¿Cree el Comisario que en el futuro la ayuda estructural habrá de modificarse de forma que se dé prioridad a nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo en lugar de transferir puestos de trabajo de un lugar a otro? 
(sin micrófono )... a causa de la afirmación de mi cultura y mi idioma, por desgracia representa en este momento la observación de que los principales problemas sociales causados por el fenómeno de la deslocalización se están viendo en Portugal. 
Se están viendo en Portugal sin que la Comisión haya tomado las debidas precauciones a tiempo- coincido con las colegas que ya lo han dicho antes- pero sobre todo, como resultado de que en Portugal las reglas están subordinadas a una forma totalmente excesiva de fundamentalismo financiero, que no tiene en cuenta la economía real ni a las personas. 
Señor Presidente, señor Comisario, el refuerzo de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, especialmente en el contexto de los despidos colectivos, las transferencias de empresas y las insolvencias como resultado del cambio industrial, se enmarca en directivas que los Estados miembros han de respetar, transponiéndolos rápida y eficazmente a la legislación nacional, algo que no siempre sucede y que debe ser objeto de una acción especial por parte de la Comisión. 
Toda esta disciplina y armonización legislativa se vuelve más necesaria ahora que- afortunadamente- asistimos a un fenómeno de integración de las economías europeas que ha dado lugar a un elevado grado de inversión extranjera en producción. 
Es indiscutible que el saldo para el desarrollo de las diversas regiones europeas es altamente positivo, pues se conocen muchos casos de éxito de un tipo u otro que han contribuido al desarrollo económico y social de regiones que, sin esta inversión, podrían estar condenadas al estancamiento y al retroceso. 
Por desgracia, también vemos con frecuencia situaciones de aprovechamiento indebido de las ventajas materiales obtenidas sin ninguna preocupación por contribuir a reforzar la cadena de valor producida en la región y, en concreto, sin ninguna preocupación social. 
Gran parte de la responsabilidad es de los propios Estados miembros, que facilitan la puesta en marcha y el funcionamiento de algunas unidades de producción a niveles inimaginables, otorgando prioridad a los intereses inmediatos. 
El aumento en la deslocalización industrial que vemos en algunos países europeos y, si podemos generalizar, sobre todo, en las economías menos desarrolladas como la de Portugal, es totalmente inaceptable. 
Nada, ni siquiera el actual clima de estancamiento económico en Europa, justifica la conducta ilegal e inmoral en Portugal de algunas empresas respaldadas por capital extranjero. 
Han hecho sus inversiones libremente, las empresas han sido acogidas de buena fe y con grandes expectativas, y la ayuda concedida es normalmente generosa y se financia parcialmente de las arcas públicas. El constante menosprecio de los intereses de las comunidades regionales, de los individuos y de la propia Unión es por lo tanto completamente inaceptable. 
Esta ayuda ha de estar condicionada a acuerdos a largo plazo en materia de empleo y desarrollo local, lo cual significa que no ha de concederse ayuda a empresas que no respeten estos compromisos. 
Asimismo empieza a ser necesario, como hemos manifestado en la propuesta de resolución, elaborar un código de conducta que regule las condiciones para deslocalizar puestos de trabajo y que también nos permita controlar las prácticas virtuales de empresas incumplidoras. 
Por ello es preciso otorgar un papel especial al Observatorio Europeo del Cambio Industrial, que puede ayudar a definir unas políticas alternativas para casos de deslocalización. 
Asimismo empieza a ser necesario incrementar y mejorar el uso del Fondo Social Europeo, concentrándolo en particular en la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores implicados. 
Por último, es preciso promover y desarrollar programas eficaces que se concentren en la investigación y el desarrollo que hagan buen uso de los recursos humanos y mejoren las condiciones de acogida para las economías receptoras, sobre todo por parte de las autoridades nacionales de los países amenazados. 
Señor Comisario, quisiera aprovechar la oportunidad para transmitir nuestra preocupación por el deterioro de la actual situación social que están provocando en Portugal algunas empresas subvencionadas por la Comisión. 
A pesar de todo, estoy plenamente convencido de que la Comisión es sensible a la situación y que encontrará las medidas adecuadas para remediar la situación, teniendo en cuenta las leyes y los intereses de la Unión. 
Señor Presidente, esta resolución da por sentado que las instituciones europeas conceden ayuda pública a empresas privadas, aunque deseen tener cierto control del uso de esta ayuda. 
Personalmente estoy en contra del uso de fondos públicos para incrementar los beneficios privados. 
El dinero público, tanto si pertenece a los Estados miembros como a las instituciones europeas, debería reservarse para los servicios públicos. 
Por supuesto, por lo menos, deberíamos exigir que las empresas que no cumplen sus obligaciones y en particular las que aplican despidos después de recibir dinero público, reembolsen las subvenciones que han recibido. 
Del mismo modo en que, por lo menos, deberíamos denegar la concesión de subvenciones a empresas que, habiendo recibido ayuda en un Estado miembro, transfieren la producción a otro Estado. 
Sin embargo, el problema real ni siquiera es éste. 
Es inaceptable que un patrono o un consejo de administración pueda decidir despedir a trabajadores simplemente para incrementar los beneficios de la empresa. 
Es inaceptable que se destruyan vidas y se arruinen regiones para pagar unos mayores dividendos a los accionistas. 
Señor Fischler, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿de qué sirven las instituciones europeas si son impotentes frente a este problema fundamental? 
¿Qué poder tienen si no pueden o no quieren obligar al menos a las grandes empresas que consiguen beneficios a mantener a sus empleados, prohibiéndoles poner en práctica los despidos masivos? 
Señor Presidente, es muy interesante que nuestros colegas portugueses hayan llamado nuestra atención sobre este tema y hay que decir que hemos tenido numerosas contribuciones suyas. 
Quiero enfocar esta cuestión desde una perspectiva muy diferente. 
Debo subrayar que no puedo defender a empresarios que se comportan de manera irresponsable o que toman ayudas estatales y luego no realizan el trabajo correspondiente. 
Si estudiamos las condiciones de las ayudas estatales- y les aseguro que he visto algunas de las solicitudes para mi propia región -, existen bastantes procedimientos para recuperarlas. 
Las autoridades portuguesas disponen de muchas maneras. 
Digo a casi todos mis colegas que han hablado en este debate que se están alejando del problema. 
Por esto quiero intervenir. 
Podría informar a esta Cámara todos los meses sobre casos que suponen más pérdidas de puestos de trabajo de las que estamos hablando ahora: las empresas que necesitan reestructurarse, empresas que operan en el mercado mundial. 
No hemos oído pronunciar a nadie la palabra «mercado». 
Les recuerdo que trabajamos en un mercado. 
Las empresas deben producir bienes que los clientes puedan permitirse pagar, obteniendo unos beneficios, si no no podrían seguir dando trabajo a otras personas. 
Ahora vivimos en un mercado mundial en el que las empresas han de ser competitivas. 
Es completamente erróneo argumentar- como han hecho algunos colegas de la izquierda de esta Cámara- que cada cierre se debe a que una empresa «quiere aumentar su resultado neto». 
Los cierres que he visto se han debido a que la empresa quiere mantenerse a flote en el negocio, para seguir dando empleos de alta calidad. 
He estado en empresas donde me han dicho: «Este es el componente que estamos fabricando ahora y este es el que podemos encontrar ahora en China o Indonesia. 
Son de la misma calidad, pero puedo comprar este producto completamente acabado al precio que he pagado la materia prima en el Reino Unido.» 
Esta es la realidad. 
¿Qué vamos a hacer al respecto? 
Las empresas que se enfrentan a este tipo de competencia deben averiguar las formas en que pueden reestructurarse, invertir, cambiar el proceso, introducir investigación y desarrollo. 
El Sr. Santos ha sido el primero que ha mencionado este aspecto. 
Disponemos de fondos del sexto programa marco. 
Disponemos de fondos de investigación que proporcionar a las empresas para el completo rediseño y reconfiguración de los procesos. 
Las industrias y los sectores vulnerables deben colaborar mucho mejor. 
Quisiera que transmitieran el mensaje al Comisario Monti- quien creo que debería estar aquí- de que debemos animar a las industrias a que trabajen conjuntamente en la reconfiguración de sus procesos para fabricar productos de mejor calidad de forma más competitiva y a un precio mejor. 
Me ha sorprendido ver que se había quitado la referencia en mi resolución a la producción a un coste más bajo. 
Producir bienes a un coste más bajo es crucial. 
Procedo de una región en la que existe una industria tradicional, la cerámica, y que se enfrenta a este tipo de presión. 
Esta industria está empezando a reconfigurarse y a colaborar con el apoyo del Gobierno británico, utilizando fondos europeos, para resolver los problemas. 
El otro día fui a visitar una empresa que hace productos de cerámica en competencia con productores portugueses que tienen menores costes. 
Esa empresa ha invertido 55 millones de euros para reconfigurar su proceso. 
Ha perdido empleos a raíz de ello, pero ha colaborado con un sindicato a tal fin. 
Este es el tipo de cambio fundamental que queremos. 
Esto es lo que la Comisión debe alentar. 
No queremos más debates tediosos en esta Cámara sobre la intervención estatal, o sobre críticas a las direcciones de las empresas. 
Si nos apartamos del tema y no conseguimos que la industria europea sea competitiva, seguiremos teniendo este tipo de problemas. 
Señor Presidente, señor Comisario, durante el último periodo parcial de sesiones, los trabajadores de la siderurgia vinieron a manifestar su angustia por la reestructuración de Arcelor. 
Salieron del Parlamento estupefactos, asqueados por no haber sido oídos, y algunos anunciaron que volverían, pero sólo para causar daños. 
Los estibadores estuvieron aquí esta semana, y casi lo destrozan todo. 
Si Europa sigue ignorando el impacto social de las políticas de liberalización que está aplicando, habrá más explosiones. 
Por supuesto, Europa no es responsable de estas reestructuraciones incontroladas, pero, al menos, deberíamos intentar regularlas. 
Sin embargo, por ahora hay una total negativa a hacerlo. 
La Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, la Sra. Diamantopoulou, ya ha anunciado que no habrá directiva al respecto. 
Tampoco se elaborará un código europeo de buena conducta para las empresas. 
Pero cuando no hay nada y no hay salida política para la desesperación, la violencia se convierte en el último recurso. 
Hoy, aunque no le guste al Sr. Harbour, la reestructuración de grandes empresas se ha vuelto activa, es decir, lejos de satisfacer la necesidad de adaptarse a las fluctuaciones del mercado, responde únicamente a cálculos financieros. 
Estos cálculos se basan en las cotizaciones y anticipan los beneficios que pueden obtenerse a muy corto plazo con un recorte masivo de los costes de personal. 
Por último, incluso en el caso de planes sociales caros, los cálculos son rentables y se obtiene una rentabilidad en una media de dos años. 
Sin embargo, esta operación bursátil olvida por completo a los hombres y mujeres cuyas vidas están destruyendo y el aumento del estrés y de la carga de trabajo que generan para los que describen como supervivientes. 
Asimismo ignoran los costes externalizados como la ayuda pública y el subsidio de desempleo. 
Cabría preguntarse cuál es el papel de Europa en estas intrigas internas de los Estados miembros. 
Quizás ninguno, salvo que el vasto mercado y las reglas de libre competencia que apoya crean espacios donde, aparentemente, todo está permitido. 
El ejemplo portugués de empresas que se deslocalizan es tan sólo una gota en el océano, pero es representativo. 
Europa ha de dar respuestas genuinas a esta tendencia, que no es un accidente económico, sino el resultado de planes de acción financieros, que sólo pueden conducir a la violencia. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero hacer la observación fundamental de que también la Comisión aplaude y apoya su iniciativa de abordar esta cuestión sumamente difícil. 
También podemos aceptar la mayoría de los puntos y apoyar los que se incluyen en la propuesta de resolución. 
Sin embargo, quisiera responder en tres apartados independientes a las preguntas que han formulado diversos oradores, preguntas que agradezco mucho, pues han conducido a un debate muy equilibrado. 
En primer lugar, creo que a pesar de nuestras políticas estructurales y de apoyo, no podemos ignorar el hecho de que nos encontramos en un sistema de economía de mercado y que la principal tarea ha de ser garantizar que este sistema de economía de mercado funcione. 
Esto no tiene nada que ver con el liberalismo de Manchester, sino más bien con la adherencia a, por ejemplo, nuestras reglas de competencia europeas, pues si no se pudiese garantizar que la competencia funciona, se contradiría toda nuestra política de apoyo y toda la política estructural y de cohesión. 
Creo que es algo que no podemos permitir. 
La consecuencia es que las pruebas que indican la importancia de que tengamos una economía de mercado que funciona son muy importantes y no podemos permitir que se pasen por alto. 
En segundo lugar, cabe preguntarse qué podemos hacer para garantizar que no se utilice mal la ayuda, sino que se aplique para la finalidad para la que fue concedida. 
En relación con este punto, durante mi primera intervención he descrito los elementos de las reglas actuales, y ni que decir tiene que, en este ámbito, la Comisión ha de garantizar que si no se cumple una u otra regla- por ejemplo, cuando una empresa, en contra de lo establecido en su acuerdo con el Estado miembro en cuestión, se traslada a otro lugar antes de la fecha permitida- entonces, se tendrá que reembolsar la ayuda. 
A la afirmación hecha por algunos de ustedes de que sobre todo se necesitan sanciones, solo puedo decir que, actualmente, la devolución es la sanción. 
En estos momentos no existen sanciones adicionales. 
Se trata de una cuestión que quizás debería debatirse en la Convención, pues si se buscaran sanciones adicionales, por ejemplo de índole financiera, sería preciso estipularlas en el Tratado. 
Tal posibilidad no existe en la actualidad en el Tratado. 
La tercera cuestión que quisiera abordar es la de si se da un trato preferencial a empresas nuevas. 
Para empezar, no tiene mucho sentido en este contexto insistir en que una empresa se haya establecido recientemente. 
Mucho más interesante es centrarse en la consideración de cuántos nuevos puestos de trabajo generará el apoyo a un proyecto. 
Este es el factor decisivo. 
De lo que se trata es de incrementar el nivel de empleo en estas regiones. 
Han hecho ustedes diversas sugerencias pensando en el futuro, y quiero decir algo al respecto. 
Uno de los puntos de su propuesta de resolución es la exigencia de que la Comisión elabore una lista de empresas que han sido declaradas culpables por un tribunal de justicia. 
Podemos ver dificultades en lo que respecta a la protección de datos. 
Es un hecho, y hemos de aceptarlo. 
Aparte de ello, este debate llega en el momento oportuno, pues hoy tendremos ocasión de debatir la política estructural en el contexto del nuevo informe de cohesión. 
Por ello es apropiado que se hagan propuestas sobre cómo mejorar las reglas de concesión de financiación estructural. 
Gracias, Comisario Fischler. 
He recibido cinco propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
B5-0170/2003 del Sr. Corbett y el Sr. Swoboda, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre los preparativos para las elecciones en Camboya; 
B5-0174/2003 de la Sra. McKenna y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales del 27 de julio de 2003; 
B5-0176/2003 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales del 27 de julio de 2003; 
B5-0177/2003 del Sr. Vatanen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales del 27 de julio de 2003; 
B5-0180/2003 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Camboya; 
B5-0186/2003 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales. 
Señor Presidente, acojo favorablemente esta resolución, que destaca el declive de la situación política en Camboya. 
La situación debe cambiar antes de que el país celebre sus elecciones generales en el mes de julio. 
Aunque nosotros como demócratas acogemos con satisfacción estas elecciones, no tendrán sentido si los activistas políticos continúan siendo intimidados y acosados. 
Los informes que afirman que el proceso de registro de los votantes es injusto y antidemocrático son causa de grave preocupación, y deben dar pie a acciones efectivas. 
En nuestra resolución urgimos a las autoridades camboyanas a que aseguren unas elecciones libres y justas, así como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad religiosa, entre otras. 
En realidad, sin embargo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para presionar a las autoridades a fin de que hagan estos cambios. 
La Unión Europea debe colaborar con la ONU y otras organizaciones internacionales sobre el terreno para seguir los acontecimientos e intentar encontrar soluciones antes de que el país pierda toda esperanza de celebrar elecciones libres y democráticas. 
Actualmente, la libertad de expresión está siendo pisoteada por las autoridades camboyanas. 
El estallido de violencia que tuvo lugar en Phnom Penh es una reacción a los comentarios de una actriz tailandesa de que Angkor Wat debería ser devuelto a Tailandia. 
Esto debe ser condenado. 
Hasta ahora, la solución de las autoridades a la violencia en Phnom Penh ha sido arrestar a los periodistas que publicaron la noticia y cerrar las fronteras con sus vecinos tailandeses. 
Es más, la única emisora de radio independiente de Camboya fue clausurada, acusada de incitar a los disturbios. 
El Gobierno camboyano reaccionó a este sentimiento antitailandés entre su población expulsando a cientos de tailandeses del país. 
Estos abusos de la libertad y estas claras muestras de xenofobia deben cesar inmediatamente. 
Así pues, aplaudo esta resolución y hago un llamamiento a la Unión Europea en su conjunto para que mantenga su vigilancia de la situación en Camboya, y hacer todo lo que podamos para garantizar unas elecciones democráticas este verano. 
Señor Presidente, señor Comisario, lamentamos que, en el momento de esta nueva resolución sobre un país del Sudeste asiático, una vez más nuestro Parlamento tenga que condenar unos déficits graves y crecientes en materia de respeto de la democracia y los derechos humanos. 
Camboya, a pesar de las prometedoras perspectivas que podrían haberse previsto en otro tiempo, está quedando peligrosamente sometida bajo la influencia de una junta autoritaria, similar a la de sus países vecinos, Lao y Myanmar. 
Mientras la democracia apacigua las guerras, la yuxtaposición de regímenes despóticos supone aquí una peligrosa amenaza para toda esta subregión asiática. 
¿Cómo si no podemos interpretar la crisis que se ha abierto entre Camboya y Tailandia, que ha provocado el saqueo de la embajada de Tailandia y de posesiones tailandesas en Camboya y el cierre de las fronteras terrestres entre ambos países? 
Este conflicto fronterizo refleja lo que sucede a diario en la sociedad camboyana, que es un mosaico de etnias y de diversidad cultural y religiosa, que se ha visto dura y deliberadamente debilitado por el líder golpista Hun Sen. La violencia de Estado y todo tipo de persecuciones han desembocado recientemente en el asesinato en la calle del Sr. Om Radsady, asesor presidencial de la Asamblea Nacional. 
Europa ha de usar los numerosos canales disponibles, a fin de estabilizar este país, y también toda la región, sobre todo en tiempos de elecciones. 
No olvidemos que Camboya es el principal beneficiario de ayuda de esta región. 
Tanto la situación en Camboya como la situación con respecto a sus relaciones con sus vecinos exigen hoy nuestra atención. 
Las continuas tensiones con Tailandia y una atmósfera de intimidación política caracterizan el período previo a las elecciones generales del 27 de julio. 
Por ello, la presente propuesta de resolución es oportuna. 
La situación religiosa en Camboya también causa preocupación, lo cual es curioso, pues hasta ahora el país se distinguía para bien de sus vecinos Lao y Viet Nam en lo que se refiere a la libertad religiosa. 
Aun así, las iglesias cristianas están preocupadas, dado que aumentan los conflictos entre budistas y cristianos. 
Nuevas directrices del Ministerio de Asuntos Religiosos también amenazan con reducir mucho la libertad de que gozan los cristianos para practicar su religión en público, ofrecer enseñanza cristiana o construir nuevas iglesias. 
La resolución pide con razón al Gobierno camboyano que retire estas directrices. 
Sinceramente espero que el Consejo y la Comisión apoyen activamente este llamamiento. 
La resolución contiene otro llamamiento a las autoridades camboyanas que también cuenta con mi pleno respaldo. 
Han de tomar todas las medidas necesarias para frenar el maltrato a los niños. 
Por desgracia, el tráfico de mujeres y niños es, en cualquier caso, un creciente problema en Camboya. 
Personas con acceso a información confidencial recalcan que el Gobierno nacional podría hacer más al respecto. 
Los Estados Unidos comparten esta opinión. 
Su embajador ha hecho muy recientemente la siguiente advertencia al Gobierno camboyano: recibirán menos ayuda si no consiguen resolver el problema. 
Especialmente en estos tiempos de distanciamiento transatlántico, Bruselas ha de constituir un frente unido con Washington a propósito de esta cuestión. 
Señor Presidente, esta Asamblea ha prestado mucha atención a Camboya desde los días de Pol Pot, el comunista de la Edad de Piedra con un doctorado en filosofía por la Sorbona. 
Desde entonces, hemos hecho campaña a favor de la libertad de los camboyanos, incluso después de que el Jemer Rojo fuera sustituido por la ocupación vietnamita, e incluso cuando la situación parecía tan desesperada como en la lucha contra el régimen impuesto por el Jemer Rojo, seguimos apoyando los derechos humanos de los camboyanos. 
Lo hicimos en estrecha colaboración con Son San, un veterano de la democracia camboyana, que ha visitado con frecuencia esta Asamblea. 
Lo que más preocupa es que el actual deterioro de la situación vino precedido de signos de esperanza en forma de las elecciones locales del pasado año, que ofrecieron una base firme, por lo menos en los términos más generales, para el inicio de la democracia, que sólo puede establecerse desde el suelo hacia arriba, es decir, desde las comunidades locales, en muchas de las cuales? afortunadamente? está realmente creciendo. 
Lo que empeora aún más la cuestión es que la represión desde el centro hacia fuera, es decir, por parte del Gobierno, está aumentando en estos momentos. 
Esto está relacionado con el temor del régimen por los movimientos democráticos y la oposición; tiene que ver con la inestabilidad resultante de la cuestión no resuelta de la sucesión al trono, y con muchos conflictos étnicos y religiosos, sobre los cuales he de decir, en respuesta al Sr. Belder, que estos conflictos no se producen únicamente entre cristianos y budistas, sino que creyentes, tanto budistas como cristianos, son perseguidos, y hemos de defenderlos a ambos. 
Por esta razón, quiero dejar claro que, aunque nuestro acuerdo de cooperación con Camboya fue un paso adelante, fue también una garantía de nuestra confianza, y tal garantía sólo está justificada si se prosigue sin interferencias con los cambios iniciados por las Naciones Unidas, con el Estado de Derecho y con el inicio de la democracia. 
Sin embargo, si las elecciones del 27 de julio se aprovechan para lograr que los líderes de la oposición teman por sus vidas, y para intimidar a grupos religiosos y minorías étnicas, se tratará de un cambio lamentable que presagia una reacción temible y algo que no podemos aceptar. 
Así pues, estamos a favor de apoyar a la incipiente democracia y de cooperar con ella, pero también hemos de dejar claro a nuestros socios camboyanos que, si ponen en peligro su democracia, también estarán poniendo en peligro la cooperación con la Unión Europea. 
Señor Presidente, estoy encantado con los avances realizados en materia de cooperación económica con Camboya y otros países asiáticos, y estoy también a favor del apoyo financiero que concede la Unión Europea a Camboya, pero con una reserva, y enseguida me referiré a ella. 
Quisiera recordarle que de todos los países a los que la Unión Europea concede apoyo financiero, Camboya es el que más apoyo recibe por habitante. 
Sin embargo, estoy muy preocupado por la situación de los derechos humanos en Camboya. 
Todos sabemos que prácticas como la tortura de presos, la implicación del ejército y de la policía en el tráfico de mujeres y niños, y la detención durante un tiempo excesivo antes del juicio son moneda de uso corriente. 
Me refiero, en concreto, a las recientes noticias acerca del asesinato de Om Radsady, el expresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento camboyano, de las amenazas contra la princesa Vacheahra, actual presidenta de esta Comisión, y de la continua violación de los derechos de los partidos de la oposición, especialmente del partido de Sam Rainsy, al que se acusa de ser el responsable del ataque contra la embajada tailandesa en Phnom Penh. 
Señor Presidente, a la luz de estos sucesos, exijo que no se permita que la ayuda de la Unión Europea a Camboya sea incondicional y que nuestros representantes en Phnom Penh ejerzan una presión expresa sobre el Gobierno camboyano para que se esfuerce al máximo por mejorar la situación de los derechos humanos en su país. 
Con vistas a las próximas elecciones, la Unión Europea ha de exigir también que se garanticen unas elecciones libres, justas y democráticas, así como la seguridad de los líderes de la oposición: de lo contrario, la Unión Europea debe revocar, de inmediato, su acuerdo de cooperación con Camboya. 
Sería una total falta de credibilidad que la Unión Europea, que siempre ha defendido la mejora de los derechos humanos y ha fomentado la democracia en otras partes del mundo, concediera tales ayudas financieras a un país que no puede garantizar ninguna de estas cosas. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está totalmente de acuerdo con el Parlamento, en el sentido de que las recientes muertes violentas de muchos políticos camboyanos, a las que se han referido varios diputados, son motivo de gran preocupación. 
La Comisión espera que el clima político no se deteriore más, en un momento en que se están haciendo preparativos para las próximas elecciones legislativas en Camboya. 
La Comisión expresa también la esperanza de que la investigación iniciada por el Gobierno Real sobre el trasfondo de los disturbios del 29 de enero de este año ayude a estabilizar más el país. 
Les aseguro que la Comisión, en estrecha consulta con los Estados miembros de la UE, está siguiendo el curso de los acontecimientos en Camboya con suma atención. 
Además, la Comisión está preocupada por la situación de los medios de comunicación en Camboya. 
Es cierto que se permite la libre expresión de la opinión en la prensa, pero los medios de comunicación públicos siguen estando bajo control gubernamental en un inmenso grado. 
Esto ya lo señaló la comisión de la UE enviada para observar las elecciones locales del año pasado, y también la Comisión, en sus representaciones ante las autoridades camboyanas. 
Una misión preparatoria, dirigida por la Comisión y compuesta por expertos en elecciones y representantes de los Estados miembros, permaneció en Camboya del 24 de enero al 4 de febrero. 
Sobre la base de la información que trajeron, se tomará una decisión sobre si vamos a apoyar o no el proceso electoral (y cómo hacerlo) , y ante todo, sobre si tiene sentido, o si es aconsejable o viable, enviar una misión europea para observar las elecciones del 27 de julio. 
Todas las personas con las que hemos mantenido un diálogo en Camboya se han declarado a favor de que la UE se vea implicada en el proceso electoral y han expresado la opinión de que la misión de los observadores durante las elecciones locales del año pasado había contribuido mucho a fomentar un clima de confianza y de transparencia durante el proceso electoral. 
El resultado de la misión preparatoria, que llamó la atención tanto sobre aspectos positivos como dudosos de los preparativos de las elecciones, hizo que los Estados miembros de la UE apoyaran la recomendación de la Comisión de enviar una misión para observar la próximas elecciones. 
La Comisión señala con satisfacción que el Parlamento ha apoyado esta decisión. 
Paso, a continuación, al problema de los impedimentos civiles impuestos a las asociaciones cristianas. 
Un decreto del 14 de enero para la prevención de conflictos entre agrupaciones religiosas ha autorizado, y cito: «todas las actividades relacionadas con la propaganda y el proselitismo religioso, incluida la difusión de folletos informativos, sólo dentro de las instituciones religiosas». 
Sin embargo, es posible obtener permiso del Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos para realizar tales actividades en público. 
Estas disposiciones no sólo se aplican a los cristianos, sino también a todos los grupos religiosos, y se introdujeron para reducir el riesgo de conflictos y enfrentamientos motivados por la religión. 
En ausencia de un análisis jurídico profundo, parece que este decreto, al igual que otras medidas promulgadas hasta la fecha por el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, no constituye necesariamente una violación de la Declaración de los Derechos Humanos o de la Constitución camboyana. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
(B5-0171/2003) de la Sra. Kinnock, el Sr. Veltroni y el Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre Myanmar; 
(B5-0173/2003) de la Sra. McKenna y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Myanmar; 
(B5-0178/2003) de la Sra. Maij-Weggen y el Sr. Van Orden, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la renovación y el fortalecimiento de la Posición común de la UE sobre Myanmar; 
(B5-0181/2003) de la Sra. Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la renovación de la Posición común de la UE sobre Myanmar; 
(B5-0185/2003) de la Sra. Malmström, el Sr. Maaten y el Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la renovación y el fortalecimiento de la posición común de la UE sobre Myanmar. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, dada la situación en Myanmar, como nos la ha descrito la Sra. Napoletano, pueden ustedes imaginarse qué expectativas y esperanzas suscitará en la sociedad civil del país esta firme resolución sobre Myanmar, donde no se respeta el Estado de Derecho; y qué temores provocará en la junta militar que actualmente está en el poder, si esta resolución determina la política de la UE con respecto a Myanmar. 
Hasta ahora, las medidas tomadas por la Unión Europea para mejorar las condiciones de vida en Myanmar, para intentar aliviar la situación de sus millones de habitantes, se han limitado a declaraciones de principios y a declaraciones políticas que nunca se han visto acompañadas de hechos. 
Ahora está involucrada la responsabilidad política y moral de la UE. Quizás debería estar involucrada hasta el punto de llevar a cabo acciones judiciales. 
¿Acaso las grandes inversiones realizadas por los Estados miembros, independientemente de cualquier evolución del régimen militar, no representan una colaboración de facto en el mantenimiento de la junta en el poder? 
¿Acaso las empresas europeas no explotan cínicamente la mano de obra de este Estado-prisión, que se ha convertido en un gigantesco campo de trabajos forzados, en el que no se aplica el concepto de ciudadanía? 
Este país está, sin duda, alejado del continente europeo y de la legislación europea. 
Sin embargo, a pesar de que somos conscientes del carácter totalitario del régimen, y de que las propuestas de resolución proceden de todos lados, bajo el sol de Myanmar perdura la situación actual, a saber: la ausencia de un Estado de Derecho. 
Hemos de activar la palanca económica e industrial de la Unión Europea para prohibir cualquier inversión por parte de los Estados miembros en regímenes no democráticos. 
Hemos de garantizar que la política industrial de los Estados miembros sea moral. 
Hemos también de utilizar la fuerza de la acción diplomática y la política comunitaria en toda esta región asiática, que ha compartido historia con algunos Estados miembros, y para cuyo desarrollo siguen siendo importante las relaciones con Europa. 
Debemos considerar a los criminales que están en el poder en Myanmar en el contexto actual, en el contexto de la Corte Penal Internacional que ahora funciona de manera permanente para entablar acciones judiciales contra todos los individuos acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
Se han acabado los tiempos de las declaraciones de principios. 
La Unión Europea debe más que esto a la ganadora del premio Sajarov y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, a los 1 200 presos políticos, y a través de ellos, a los millones de ciudadanos de Myanmar. 
La presente resolución es muy firme y muy completa. 
Cada apartado debería servir de marco para una verdadera política comunitaria sobre la junta militar, y por consiguiente, a favor de la sociedad civil. 
Señor Presidente, a menudo se nos presenta un dilema cuando tratamos con regímenes perversos y repugnantes. 
Algunos harán un llamamiento al diálogo, querrán exponer sus preocupaciones e instar al régimen a que cambie sus formas. 
Otros, los realistas, queremos acciones más duras y optamos por el aislamiento del régimen y por las sanciones. 
Cada situación es distinta y requiere medidas diferentes. 
Se puede decir con cierta seguridad que los tiranos rara vez atienden a razones y responden únicamente cuando ven seriamente amenazados sus intereses vitales, a menudo personales. 
La Unión Europea y la comunidad internacional más amplia pueden ser órganos poderosos cuando actúan unidos, con coherencia y decisión. 
Cuando están divididos o profieren amenazas vacías, enviando mensajes diferentes a través de otros canales, entonces los tiranos no ven ninguna necesidad de responder. 
Esto lo estamos presenciando en Irak. 
Está claro que Saddam piensa, aunque se equivoca, que se le va a permitir salirse con la suya. 
En ocasiones se toman medidas duras, pero apenas hay resolución a la hora de aplicarlas, o bien hay esfuerzos deliberados por socavarlas. 
Este sería el caso de Zimbabwe, donde el propio destinatario de las sanciones de la UE ha obtenido una exención específica para viajar por todo lo alto a una capital europea. 
Ahora de nuevo volvemos a Myanmar, otro régimen abominable, que constituye otro caso en el que los esfuerzos de la Unión Europea y de la comunidad internacional para contribuir al cambio han dado pocos resultados tangibles. 
Llevamos muchos años haciendo esto. 
El Parlamento viene adoptando resoluciones y el Consejo posiciones comunes desde 1996. 
¿Dónde está la aplicación y la resolución para obtener algunos resultados reales? 
Las actuales sanciones contra el régimen de Myanmar expirarán el 29 de abril. 
El Consejo debe renovar las sanciones, pero debería endurecerlas, introducir nuevas medidas, como la prohibición de las inversiones, eliminar las exenciones a la prohibición de viajar y extenderlas para incluir a todos los miembros de la junta militar. 
Las sanciones deben reforzarse seriamente. 
Además, insto a la Comisión y al Consejo a que evalúen por qué las acciones emprendidas hasta la fecha han sido ineficaces y hagan recomendaciones para poner remedio a la situación. 
Señor Presidente, la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen militar de Myanmar se prolonga desde hace demasiados años? el Parlamento debería involucrarse, pero parece como si no existiera? , aunque sin duda se han producido mejoras en los ámbitos de la vida política y social, y se han realizado avances en la esfera de las libertades individuales, sobre todo con la puesta en libertad de una mujer admirable que dirige la resistencia democrática y no violenta con determinación y dignidad: Aung San Suu Kyi. 
Sin embargo, aún no es libre y no puede moverse con libertad. 
No obstante, en realidad Myanmar sigue sufriendo la represión contra las minorías étnicas, las violaciones y la violencia contra las mujeres. 
La eliminación de los disidentes políticos y las ejecuciones sumarias no se han detenido. 
La tortura, la detención y la mano de obra forzada son algo habitual. 
A pesar de los desmentidos del Gobierno, creo que se sigue obligando a niños a unirse al ejército y también, lamento decirlo, a las fuerzas militares rebeldes. 
Hay miles de personas que sufren y sobre las cuales no sabemos nada por los medios de comunicación, al contrario, me alegra decirlo, que en el caso de los 13 años de arresto domiciliario impuestos a la premio Nobel de la Paz. 
Consideremos, por ejemplo, el trágico sistema de los niños-soldado. 
«Es una buena idea reclutar a niños porque hacen el mismo trabajo que los adultos, pero al ejército enemigo le cuesta más verlos» , tuvo el valor de decir un funcionario. 
El trabajo forzado sigue siendo algo habitual: estudios recientes de Amnistía Internacional han demostrado que cerca del 90% de la población del estado de Shan está sometida a trabajos forzados. 
Estas personas no tienen opción: o el trabajo forzado o la cárcel. 
Su trabajo, por el que no son remunerados, consiste en construir infraestructura militar, carreteras, edificios y campos militares, e incluso en realizar tareas militares. 
Trabajan sin descanso de la mañana a la noche, sin alimentos salvo una pequeña cantidad de arroz tostado. 
A pesar del hecho de que el Código Penal de Myanmar ha prohibido el trabajo forzado, la situación no ha cambiado. No ha cambiado, a pesar de la presencia de la Organización Internacional del Trabajo. 
Incluso los recientes esfuerzos del Gobierno tailandés se han visto frustrados por la categórica oposición de las autoridades de Myanmar, que se han negado a conceder permisos a miembros de la oposición política para abandonar el país, a fin de debatir los problemas económicos. 
Lo peor de todo es el continuo abuso de poder por parte del ejército, los servicios de inteligencia militar, la policía y otros cuerpos de seguridad. 
Creo de verdad, como ya han dicho otros diputados, que la Unión Europea debe seguir usando su influencia, con el fin de hacer presión para que se reanuden cuanto antes las negociaciones entre las agrupaciones democráticas, las minorías étnicas y el Estado, y de presionar a las autoridades, continuando con la actual política comercial con respecto a Birmania, y, a ser posible, tomando medidas aún más firmes para frenar, en concreto, el trabajo forzado. 
Ha de procurar también... 
(El Presidente interrumpe a la oradora.) 
Los generales de Myanmar siguen declarando la guerra a su población. 
No les importa nada el resto del mundo. 
El régimen militar sigue batiendo todos los récords en lo que respecta a violación de derechos humanos, presos políticos, trabajo forzado, niños-soldado, censura de medios de comunicación, violación de las libertades religiosas y violencia contra las minorías. 
A la hora de fijar una nueva posición común, la Unión Europea ha de hablar con claridad. 
Ya va siendo hora de que los generales pongan en libertad sin condiciones a los 1 200 presos políticos que mantienen encarcelados en terribles circunstancias y a los que someten a torturas. 
El Consejo y la Comisión deben analizar muy detenidamente la violación sistemática de las mujeres y la esclavitud sexual, y han de abogar por una investigación internacional al respecto. 
La OIT ha de tener acceso a todas las zonas donde existen trabajos forzados. 
La Comisión Europea ha de denunciar estos abusos ante la OMC. 
La Unión Europea también ha de exigir que el régimen ponga fin a la impunidad que se aplica a todos aquellos que son culpables de tortura, trabajos forzados, deportaciones o ejecuciones ilegales. 
Por último, señor Presidente, es de suma importancia que los refugiados de Myanmar en Bangladesh no sean repatriados a la fuerza. 
Aunque puede ser cierto que se ha concedido un poco más de libertad de movimientos a la NLD de Aung San Suu Kyi, esto parece más bien una fachada que un cambio significativo en la política. 
La Unión Europea ha de reforzar las sanciones contra Myanmar. 
Es preciso introducir la prohibición de inversiones extranjeras. 
Hay que denunciar a las empresas europeas que tienen sangre de ciudadanos de Myanmar en sus manos para servir a sus accionistas. 
Por desgracia, sigue habiendo Estados miembros que valoran más sus intereses comerciales que una política de derechos humanos coherente. 
El pueblo de Myanmar sólo tendrá una oportunidad de derrocar a los generales si cuentan con un amplio apoyo internacional. 
Señor Presidente, Señorías, los grupos de trabajo competentes del Consejo están elaborando, en la actualidad, una nueva Posición común de la Unión Europea sobre Myanmar, dado que la existente vencerá el 29 de abril. 
Como saben Sus Señorías, la Posición común se ha reforzado en diversas ocasiones desde 1996. 
Al hacerlo, la Comisión y los Estados miembros han intentado elaborar sanciones con un objetivo preciso: que afecten a las personas a las que queremos castigar y eviten efectos negativos en ciudadanos inocentes de dicho país. 
Asimismo, se ha estipulado que, también en el futuro, el Consejo responderá adecuadamente a los cambios tanto favorables como adversos en Myanmar. 
Creo que el Parlamento comprenderá por qué la Comisión no puede anticiparse a los resultados de los actuales debates, pero puedo asegurarles que, cuando se amplíe la Posición común, se reexaminará el conjunto de líneas de actuación de que disponemos. 
En lo que respecta a la ayuda humanitaria, la Comisión y los Estados miembros comunitarios ya han reafirmado, en diversas ocasiones, su disposición a proporcionar ayuda humanitaria a los sectores más necesitados de la población birmana. 
Me gustaría confirmar, por lo que se refiere a los trabajos forzados, que la Comisión apoya incondicionalmente tanto la resolución más reciente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, como la postura de la OIT en defensa de unas normas de trabajo internacionales. 
Su declaración expresa sobre la situación en Myanmar conllevó la aprobación por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo de una resolución sobre Myanmar que ahora se está aplicando. 
Volviendo a la propuesta de que el problema de los trabajos forzados sea considerado por la OMC, la Comisión la examinará más detenidamente, teniendo en cuenta, como cuestión prioritaria, los próximos debates de la OIT, a finales de mes, y la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará en junio. 
La Comisión no tiene reservas acerca de favorecer una cooperación más estrecha entre la OMC y la OIT, y aplaude la cooperación informal que ya tiene lugar en cierta medida. 
La Comisión también es partidaria de una investigación internacional independiente sobre las acusaciones lanzadas contra las fuerzas armadas, concretamente las referentes a la violencia sexual y otras violaciones de los derechos de la población civil. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
B5-0172/2003 de la Sra. Karamanou, la Sra. Gröner, la Sra. Ghilardotti, la Sra. Prets, el Sr. Veltroni y el Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre el caso de Amina Lawal, condenada a muerte por lapidación, en Nigeria, por adulterio; 
B5-0175/2003 de la Sra. Maes, el Sr. Rod y la Sra. Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria y, en concreto, el caso de Amina Lawal; 
B5-0179/2003 del Sr. McCartin, el Sr. Posselt, el Sr. Sacrédeus y la Sra. Scallon, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el caso de la nigeriana Amina Lawal, sentenciada a muerte por lapidación en Nigeria; 
B5-0182/2003 de la Sra. Ainardi, la Sra. Eriksson, la Sra. Morgantini, la Sra. Fraisse, la Sra. Uca y la Sra. Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Nigeria: el caso de Amina Lawal; 
B5-0183/2003 del Sr. Collins y la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre el caso de la Sra. Amina Lawal en Nigeria; 
B5-0184/2003 de la Sra. Sanders-ten Holte y el Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria y, en concreto, el caso de Amina Lawal. 
Señor Presidente, señor Comisario, la cuestión de las mujeres sentenciadas a muerte por lapidación en Nigeria, que ha indignado a la opinión pública del mundo entero, se debatió aquí en el Parlamento el pasado mes de septiembre. 
Y sin embargo, señor Comisario, clamábamos en el desierto. 
Amina Lawal, la pobre mujer que cometió el terrible delito de creer que tenía el derecho de autodeterminación sobre su propio cuerpo, ha de comparecer ante el Tribunal de Apelación Sharia el 25 de marzo. 
Según la ley islámica, es culpable de traición. 
¿Cómo puede suceder esto en el siglo XXI y ser ignorado por las potencias del planeta? 
Qué lástima que el Comisario no esté escuchando. 
¿Cómo, señor Comisario, pueden violarse de semejante manera, infringirse de este modo, las libertades y los derechos fundamentales de las mujeres, y dejarse que sean las organizaciones de mujeres, la opinión pública y los medios de comunicación los que ejerzan presión? 
¿Qué han hecho los dirigentes políticos de la Unión Europea? ¿Qué han hecho la Comisión y el Consejo? 
¿Qué sanciones hemos impuesto a Nigeria, un país con el que tenemos vínculos económicos y comerciales? 
¿De qué sirven las disposiciones del Acuerdo de Cotonú sobre el respeto por los derechos humanos de las mujeres, señor Comisario, si no hay sanciones? 
Por último, ¿qué tiene Nigeria: un régimen laico y democrático o una teocracia? 
¿Tiene el país un Gobierno o es regido por los mullahs? 
Señor Presidente, casi he acabado mi intervención; el Comisario no ha escuchado ni una palabra de lo que he dicho y, por ello, no podrá contestar a las preguntas que le he formulado. 
Mi intervención tenía la forma de una serie de preguntas para los dirigentes europeos, que no han hecho absolutamente nada para detener los crímenes que se comenten contra las mujeres en Nigeria. 
Nigeria es signataria del Acuerdo de Cotonú, que contiene disposiciones acerca del respeto por los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y no obstante, en lo que respecta a la Comisión, es como aquello de: «ojos que no ven, corazón que no siente». 
Los dirigentes políticos no han hecho nada y toda la cuestión se ha dejado en manos de las organizaciones de mujeres y de los medios de comunicación, es decir: la presión de la opinión pública mundial. 
Esta presión es muy fuerte y produce resultados pero, en última instancia, los líderes políticos europeos también han de hacer algo e insistir en que el Gobierno nigeriano haga lo debido para proteger los derechos de las mujeres en Nigeria. 
Y también quiero decirle lo siguiente, señor Comisario: a fin de cuentas, ¿qué es Nigeria? 
¿Un régimen democrático, un régimen laico o una teocracia? 
Porque el 25 de marzo, el caso de Amnina Lawal se examinará ante el Tribunal de Apelación Sharia. 
No tenemos ni idea de lo que sucede en Nigeria. 
Hace tres años, celebrábamos la vuelta de la democracia en Nigeria y la existencia de un Gobierno elegido democráticamente. 
Y sin embargo, este Gobierno es totalmente incapaz de imponer la constitución y las leyes en el país Los mullahs gobiernan el país y están sentenciando a mujeres a morir lapidadas porque, según afirman, mantuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
Queremos que la Comisión y el Consejo intervengan de una vez. 
Los dirigentes han de adoptar una postura en contra de estas cuestiones. 
Esto es lo que le pedimos, señor Comisario. 
Señor Presidente, señor Comisario, comprenderán ustedes que ésta es una cuestión que nos atañe en gran medida, y yo también suscribo, no sólo la indignación de la Sra. Karamanou por los colloques singuliers organizados en su banco y de los cuales usted, como Comisario, no siempre es responsable, sino también el contenido. 
Gracias a la campaña internacional pudimos ayudar a Safiya Husseini a escapar de la lapidación a la que se le había condenado, a pesar de que había sido violada. 
Sin embargo, se salvó por razones de procedimiento y esto significa que el peligro no ha desaparecido para Amina Lawal, a quien se concedió una apelación el 19 de agosto y cuya sentencia se confirmará probablemente el 25 de marzo. 
Así pues, le queda poco tiempo, señor Comisario. 
Fue condenada en Katsina, una de las doce regiones septentrionales donde, en los últimos 3 años, ha entrado en vigor la ley sharia. 
La pena de muerte, la mutilación de las mujeres y la flagelación, así como la discriminación que acompaña a todo eso, han pasado a ser algo habitual. 
Esto convierte, de inmediato, en letra muerta la Constitución de Nigeria, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los demás tratados que ha ratificado Nigeria. 
Dentro de unas semanas, se celebrarán elecciones presidenciales en Nigeria. 
Los disturbios asociados con la introducción de la sharia ya han causado varios miles de víctimas. 
Recientemente, 220 personas murieron en disturbios en torno a un concurso de belleza. 
La atmósfera la definen la crisis económica, el desempleo, la falta de seguridad y una extendida corrupción. 
Por desgracia, existe un enorme peligro de guerra civil en este vasto y densamente poblado país africano. 
Y aquí estamos sometiendo a votación a otra resolución. 
Señor Comisario, hicimos esto el 15 de febrero de 2001, el 15 de noviembre de 2001, el 11 de abril de 2002 y en septiembre de 2002, y los países ACP, el 21 de marzo de 2001, y ahora vamos a someter a votación a otra resolución pero, al igual que la Sra. Karamanou, le pido que tome cartas en el asunto, no sólo para salvar la vida de esta pobre mujer, sino también para salvar a este país africano densamente poblado de conflictos sangrientos que podrían provocar miles de víctimas. 
Señora Presidenta, el año pasado tuve la ocasión de leer algo sobre este caso e hice lo único que podía hacer en aquel momento: lo planteé en mi Grupo. 
Tuvimos un debate dentro del Grupo y con otros Grupos de este Parlamento y aprobamos una propuesta de resolución sobre la difícil situación de Amina Lawal. 
La propuesta señala de forma clara lo que creemos que debe hacer el Gobierno de Nigeria, de acuerdo con sus obligaciones internacionales y las exigencias de su propia constitución federal. 
Debe utilizar su poder legítimo para proteger a Amina Lawal y otras mujeres nigerianas que se hallan en situaciones similares frente al tratamiento cruel, degradante e inhumano de la sharia. 
Reconocemos la soberanía del pueblo nigeriano y de su Gobierno federal, y además somos cada vez más conscientes de que existe una comunidad mundial y de que cada ciudadano de dicha comunidad debe contar con nuestra solidaridad y respeto. 
Recuerdo que cuando cayó el muro de Berlín, un líder africano lamentaba el hecho de que la Unión Europea se volviera al Este como un hombre que mira a una nueva chica guapa que acababa de aparecer, olvidándose de África y dejándola de lado. 
Cuando hayamos completado el proceso de ampliación tendremos más poder económico y político. 
Podemos volver entonces a fijar nuestra atención en África y, a la vez que reconocemos la soberanía de las naciones africanas, debemos decir que nuestra ayuda al desarrollo estará sujeta a algunas condiciones. 
Debemos recordar este caso y otros similares, así como la delicada situación de todas las mujeres bajo la sharia en el continente africano. 
No estamos intentando imponer nuestra voluntad a un Estado soberano, pero les diremos que hay un precio que pagar. 
África necesita nuestra ayuda y se la prestaremos generosamente, pero África debe corresponder tratando a sus ciudadanos humanamente. 
Señor Presidente, en septiembre del año pasado, el Parlamento aprobó una resolución en la que se condenaba la sentencia de muerte dictada contra la Sra. Amina Lawal. 
Desde entonces, ha habido una fuerte presión internacional de todos lados para ayudar a la Sra. Lawal, y con razón. 
Por supuesto, su caso es excepcionalmente terrible: una madre que se enfrenta a la pena de muerte. 
El caso Lawal se ha visto como un caso que puede sentar un precedente tanto dentro como fuera de Nigeria. 
Nigeria es un país aconfesional, y así debería seguir siendo. 
Llevar a cabo esta sentencia de muerte sería una señal de que se aplican diferentes leyes a los musulmanes de Nigeria que a los cristianos, y eso no puede permitirse. 
Hay que impedir también que se crea la impresión de que la violación de los derechos humanos y la pena de muerte son aceptables. 
El Gobierno nigeriano ha de garantizar que cumplirá sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 
En menos de dos semanas, se celebrará la audiencia sobre la apelación de la Sra. Lawal contra su inhumano castigo. 
Esperemos que gane la apelación, pero de lo contrario, me gustaría recordarle al Presidente Olusegun Obasanjo sus propias palabras. 
En enero de este año, durante los disturbios en torno al concurso de Miss Mundo, dijo, y cito textualmente: «Nadie será lapidado en mi país». 
Mi llamamiento al Presidente es sencillo: mantenga su palabra. 
El Gobierno nigeriano tiene suficientes medios para evitar que este caso acabe en tragedia. 
Esperamos ver cómo actuará el Gobierno nigeriano después de la apelación del 25 de marzo. 
En el Parlamento consideramos los derechos humanos como una de las piedras angulares de las buenas relaciones entre la Unión Europea y los demás países. 
Expreso mi esperanza de que el caso Lawal no ensombrezca las relaciones entre la Unión y Nigeria. 
Por último, señor Presidente, el Presidente Obasanjo tuvo palabras de agradecimiento cuando recibió el Premio Libertad de la Internacional Liberal hace unos años, antes de convertirse en presidente de ese país. 
Que ahora obre en consecuencia. 
Señora Presidenta, Amina Lawal, una mujer nigeriana analfabeta de 31 años de edad, se está preparando para morir por haber cometido un delito de adulterio. 
Ella declara que fue violada por un amigo y que por ello tuvo una hija. 
La sentencia de muerte por lapidación, que tiene lugar enterrándola viva hasta el cuello e invitando a los presentes a apedrearla, fue aplazada hasta después del nacimiento de su hija. 
Algunos lugareños afirman que algunos miembros del tribunal local de la sharia que juzgaron a Amina han mantenido relaciones adúlteras que en ocasiones han dado lugar al nacimiento de niños. 
La sharia ha sido introducida recientemente en algunas zonas de Nigeria en el marco del proceso de islamización. 
Grupos cristianos han criticado al Gobierno nigeriano por no haber declarado que esos castigos son contrarios a la constitución federal, aunque el Presidente Obasanjo ha afirmado que llorará si se ejecuta esta sentencia. 
Esta ha sido retrasada hasta el año 2004 para que pueda amamantar a su hija. 
En mi opinión, es incuestionable que Nigeria violará una serie de obligaciones recogidas en tratados internacionales, entre los que se incluye la Convención contra la tortura y el Pacto de derechos civiles y políticos, de las Naciones Unidad, tratados de los que Nigeria es signataria. 
Incluso en Irán no se ha producido ninguna lapidación en casi dos años, y el juez decano de este país ha declarado recientemente que dicho castigo es ilegal. 
En este caso no se trata sólo de la pena muerte en sí misma, que sigue siendo legal en el derecho internacional para los crímenes más graves. 
Se trata de un castigo desproporcionado y gratuito contra una joven madre. 
Tampoco es una cuestión feminista. 
Nigeria debe entender que su relación con el mundo civilizado no seguirá siendo la misma si se ejecuta esta sentencia y personalmente abogaré por la expulsión de este país de la Commonwealth y por un programa inmediato de sanciones selectivas y prohibiciones de viajes a los líderes nigerianos. 
También haré un llamamiento a la Presidencia griega del Consejo para que convoque al embajador nigeriano y le transmita la opinión firme de esta Cámara en contra de tan injusto castigo. 
Señora Presidenta, el caso de las lapidaciones en los Estados del norte de Nigeria, basadas en la aplicación de la sharia por tribunales penales musulmanes, es una flagrante violación de los derechos humanos que tenemos que denunciar con toda nuestra energía, como muy bien ha hecho en la tarde de hoy la Sra. Karamanou, en nombre de nuestro Parlamento Europeo. 
En primer lugar, porque no podemos aceptar la pena de muerte; en segundo lugar, porque la aplicación de la sharia afecta a mujeres indefensas, acusadas de hechos como el adulterio, que no pueden ser considerados delitos; y, en tercer lugar, porque, además, en el caso de Amina Lawal, ésta no ha disfrutado de las mínimas garantías procesales durante el juicio. 
El caso de Amina Lawal es dramático y urgente porque, tras varios aplazamientos, la sentencia es inminente: el 25 de marzo. 
Pero no es el único caso, Sarimu Mohamed, Safiya Hussaini, Bariya Ibrahima y Adama Yunusa también han sido condenadas a penas de prisión después de una serie de campañas internacionales para evitar estas lapidaciones. 
En ninguno de estos casos, ha habido sanciones para los hombres implicados en el adulterio. 
La vulnerabilidad de las mujeres bajo la ley penal islámica, las torturas y el trato degradante al que son sometidas constituyen una violación inaceptable de los derechos humanos y que debería tener consecuencias en las relaciones de la Unión Europea con Nigeria y con cualquier otro país que aplique la sharia. 
Nigeria es uno de los países con mayor analfabetismo del mundo. 
Las mutilaciones son rituales, hay millones de desplazados por motivos religiosos y se aplica la ley islámica en ciertos Estados, en clara discriminación de una parte de la población y sin ninguna reacción por parte del Gobierno central. 
La Unión Europea, en aplicación de los Tratados que establecen claramente cuáles son los principios que rigen sus relaciones con terceros Estados, y, a pesar del petróleo nigeriano, debe ejercer toda su capacidad diplomática para impedir la aplicación de la pena de muerte a Amina Lawal y condenar con todas las consecuencias la eventual lapidación. 
Más de un millón y medio de personas han protestado ante las autoridades nigerianas y, gracias a esta acción popular, se han impedido otras lapidaciones, pero de lo que se trata en este momento es de salvar a Amina Lawal y para ello hay que abolir y, en su caso, perseguir la sharia. 
Señora Presidenta, es preciso detener ahora la lapidación de mujeres. 
Es indignante que sigan existiendo lugares en el mundo donde la lapidación de mujeres es una forma legal y aceptada de pena de muerte. 
El caso de Amina Lawal vuelve a hacer necesario tomar todas las medidas posibles para recalcar el rechazo de la UE ante semejantes métodos salvajes e inhumanos. 
Nigeria no es el único país del mundo donde tienen lugar este tipo de crueldades. 
Por supuesto, la lapidación ha de prohibirse en todos los países del mundo, pero el terrible caso de Amina Lawal constituye una buena oportunidad de hacer constar nuestro firme rechazo a la lapidación de mujeres. 
En Nigeria, es preciso poner fin a la diferencia entre la legislación aplicable a escala nacional y a escala regional. 
Es desconcertante que no existan garantías de que Amina Lawal comparezca ante un tribunal nacional, a pesar de que la Constitución nigeriana garantiza su vida y su dignidad. 
Es importante que nosotros, aquí en el Parlamento Europeo, aprovechemos la oportunidad que tenemos de expresar nuestro rechazo y sigamos ejerciendo presión en la sociedad nigeriana, pues no se trata simplemente de una discriminación totalmente inaceptable entre hombres y mujeres provocada por la ley sharia en diversos países: es una cuestión de humanidad y decencia. 
Sigue siendo necesaria una larga y dura batalla para garantizar que los derechos humanos sean aceptados y respetados en todos los países del mundo. 
Señora Presidenta, acojo con satisfacción esta resolución común en favor de Amina Lawal Kurami. 
This is the second time we will adopt a resolution on behalf of Amina Lawal. 
No me cabe la menor duda de que la primera, en septiembre de 2002, contribuyó en gran medida a la petición internacional de clemencia que ha ayudado a garantizar su seguridad hasta la fecha. 
En aquel momento se me pidió que lanzara una petición en su favor. 
Me gustaría dar las gracias a los miles de personas que han respondido, tanto en el año 2002 como en la reciente petición de las últimas semanas. 
También quiero dar las gracias a la oficina europea que se ocupa de los derechos humanos en Nigeria. 
Ser condenada a muerte por lapidación por haber tenido un hijo fuera del matrimonio constituye una vulneración de los derechos humanos acordados internacionalmente. 
Me doy cuenta de que esta ejecución no se produce por deseo del Gobierno nigeriano. 
Doy las gracias en particular al embajador nigeriano en Irlanda, Su Excelencia el señor Elias Nathan, quien públicamente ha pedido clemencia para esta madre. 
Queremos hacer un llamamiento al Tribunal Superior de la Sharia de Katsina para que respete y mantenga los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que Nigeria ha firmado y que garantice el rechazo de cualquier ley sharia que vulnere estos derechos. 
La legislación regional debe estar en consonancia con las leyes internacionales vigentes en el territorio nacional de Nigeria. 
Soy consciente de que la señora Lawal no ha sido retenida o detenida desde la pronunciación de su sentencia en marzo de 2002. 
Y estoy agradecida por ello. 
Pero es fácil imaginar el trauma que ha sufrido teniendo una sentencia de muerte sobre su cabeza durante el último año. 
Ciertamente se ha sentido enferma y ha acudido a diferentes hospitales para recibir tratamiento durante este periodo tan difícil. 
Pese a que Amina Lawal tendría derecho a recurrir su veredicto ante un tribunal no religioso, lo cierto es que ya ha sufrido bastante. 
Solicito clemencia para ella y la garantía de que no será ejecutada bajo ninguna circunstancia. 
Asimismo, debemos recordar que no es la única mujer que se encuentra en esta situación. 
Cuando se me pidió que iniciara una petición a favor de Safiya Husseini por un delito similar, me informaron de que al menos cuatro mujeres estaban esperando la misma sentencia (Amina Lawal era una de ellas) y de que algunos chicos de 12 a 16 años de edad estaban esperando la amputación de sus manos por robo. 
Aunque respetemos la soberanía nacional, estoy segura de que existe una solución mejor para Nigeria y su pueblo. 
Solicitamos una respuesta inmediata y duradera a nuestra resolución parlamentaria. 
Señora Presidenta, una vez más el Parlamento se ha visto impulsado a condenar y tiene la obligación de condenar la intolerable situación de una mujer llamada Amina Lawal, que ha sido condenada a muerte por lapidación en Nigeria, por haber ejercido su libertad. 
Qué puedo decir, qué puedo añadir a todo lo que acaban de manifestar mis colegas, excepto reiterar mi condena por esta situación intolerable para una mujer que justifica que siga siendo necesaria la lucha que se libra en los días internacionales de la mujer. 
Esta situación intolerable nos obliga a reafirmar nuestra radical oposición a la pena de muerte y nos obliga a recordar que un tribunal de justicia, ya sea en Nigeria o en cualquier otro Estado del mundo, no puede basarse en principios religiosos y negar todos los principios relacionados con el respeto absoluto de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana. 
Esto, por desgracia, nos envía de nuevo al oscurantismo de la Edad Media que también vivieron nuestros países. 
Hemos de condenar, una y otra vez, esta situación intolerable para una mujer, y confirmar nuestra adhesión al principio de laicidad como principio de organización mayor en unos Estados modernos y democráticos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el Gobierno nigeriano debería declarar que la aplicación de la ley sharia por un tribunal de justicia regional es contraria a la Constitución de su país. 
En este sentido, le recordamos, en concreto, que el respeto de los derechos humanos constituye un elemento fundamental de los acuerdos firmados con terceros países. 
Al margen de la situación de Amina Lawal en Nigeria, todos aquellos hombres y mujeres en el mundo a quienes se niegan sus derechos fundamentales esperan que la Unión Europea traduzca en actuación las resoluciones que aprueba, sesión tras sesión, en esta Asamblea. 
Asimismo, estoy plenamente de acuerdo con las preguntas formuladas por la Sra. Karamanou. 
Además de aprobar resoluciones, señor Comisario? aunque esto también va dirigido a los representantes del Consejo? , ¿qué estamos haciendo realmente? 
Señora Presidenta, estamos preocupados por salvarle la vida a una persona inocente y por un juicio completamente injusto. 
Sin embargo, lo importante es también? y me dirijo al Comisario Fischler? abordar la ley sharia y la islamización de partes de África Central donde este caso es uno de entre muchos y donde podemos esperar que incidentes de este tipo se repitan una y otra vez. 
Hay que cuestionar clara, firme, paciente y constantemente si la ley sharia es, de verdad, compatible con los derechos humanos y el Convenio de la ONU sobre Derechos Humanos. 
Somos un grupo de diputados que ha escrito a las embajadas de Nigeria en la Unión Europea y en el resto del mundo y les ha pedido que se ocupen de este caso. 
Hemos de hacer todo lo posible para influir en el Tribunal Supremo de Nigeria. 
Como dice la resolución, debemos también abordar la cuestión de que todos los nigerianos puedan gozar de los mismos derechos y de la misma protección en virtud de la Constitución, al margen de si son musulmanes, cristianos, miembros de otra religión o de ninguna. 
Asimismo, debemos poder cuestionar si es razonable que la ley sharia esté tan reñida con el ordenamiento internacional y la dignidad humana. 
Hemos de hacer todo lo posible por formular la siguiente pregunta: ¿dónde, entre los musulmanes creyentes, están las voces en África y Europa que dicen que esta situación es incompatible con lo que ha de ser el núcleo de toda fe religiosa, concretamente el amor y la tolerancia? 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión comparte, por supuesto, las preocupaciones del Parlamento acerca del tipo de castigos infligidos en el norte de Nigeria, en virtud de la ley sharia. 
En toda una serie de casos, entre ellos el de Amina Lawal, la Comisión ha elevado protestas formarles ante el Gobierno nigeriano, y nuestro Presidente Prodi se ha dirigido directamente el Presidente Obasanjo, quien también ha expresado su oposición a estos castigos y ha señalado que todo demandante tiene derecho a llevar su caso al Tribunal Supremo. 
La Comisión también aplaude la declaración hecha el año pasado por el Ministro nigeriano de Justicia acerca de que no era justo discriminar a los musulmanes imponiéndoles sentencias diferentes por el mismo delito. 
Como ya han mencionado varios miembros de esta Asamblea, la apelación de Amina Lawal se examinará el 25 de marzo. 
Se ha permitido que Amina Lawal tenga un abogado, y también se le dará la oportunidad de llevar su apelación a un tribunal aún más alto si es preciso. 
A través de nuestra delegación en Abuja, estamos siguiendo muy de cerca los avances realizados en este caso, pero evitamos hacer referencias directas a casos que aún están sub judice y preferimos ejercer presión en el Gobierno federal para, por lo menos, abolir la pena de muerte para todos los delitos. 
La ley sharia es una cuestión compleja y delicada en Nigeria. 
La postura también es muy problemática en cuanto al Derecho constitucional, porque la ley sharia del estado contraviene tanto la Constitución como las obligaciones internacionales asumidas por el Gobierno federal de Nigeria. 
Desde un punto de vista social, Nigeria está dividida entre musulmanes en el norte y cristianos en el sur, y las elecciones que han de celebrarse el año que viene significan que la cuestión está muy cargada políticamente y es muy delicada. 
Un estudio financiado por la Comisión ha llegado a la conclusión de que la aplicación de la sharia en el Derecho penal se vuelve más problemática debido a que el Derecho penal está mal elaborado y es aplicado sin coherencia por jueces poco preparados. 
La UE ha elaborado una posición común sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Nigeria, ha redactado protestas formales de la Troica sobre la pena de muerte y ha hecho una declaración oficial ante la Comisión de Derechos Humanos. 
Se está prestando toda la atención posible al respeto por parte de Nigeria de los principios del Acuerdo de Cotonú. 
La Comisión también se ha implicado inmediatamente y, el año pasado, firmó con Nigeria un Documento de Estrategia Nacional y un programa de cooperación, entre cuyos ámbitos clave se encuentran los derechos humanos y la buena gobernanza, y en los cuales se estipula también el apoyo a la sociedad civil. 
Además, Nigeria es uno de los países de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, y dentro de poco se aprobarán una serie de proyectos en apoyo de la reforma gubernamental y judicial. 
De este modo, esperamos poder ejercer una influencia positiva en el modo en que el Gobierno federal nigeriano y los estados federales de Nigeria comprenden y ponen en práctica los derechos humanos fundamentales, y gracias a esta influencia se espera que las cosas cambien para mejor. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en breve. 
Señora Presidenta, quiero informarle, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, de que voy a presentar una enmienda oral que implicaría que el nombre EFTEC se añadiera a los apartados 9 y 16. Se trata del nombre de la empresa sueca que está experimentando problemas similares a los de las empresas a las que hace referencia la propuesta de resolución conjunta. 
¿Hay alguna objeción a la presentación de esta enmienda oral? 
(El Parlamento da su consentimiento a la admisión de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
La delegación de los moderados ha votado hoy a favor de la resolución sobre el cierre de empresas tras la concesión de ayudas financieras de la UE. 
Los moderados consideramos gratificante que, con esta resolución, el Parlamento Europeo preste atención a las consecuencias perjudiciales que, a menudo, aparecen en relación con los Fondos Estructurales de la UE. 
Creemos que los Fondos Estructurales provocan un tiovivo de subvenciones grande y difícil de manejar, cuando se utiliza para ayudar a empresas, hace que el desempleo se transfiera entre los Estados miembros de la UE y causa una distorsión de la competencia para las empresas. 
En lugar de ello, lo que hace falta como base para crear más puestos de trabajo es la liberalización, impuestos más bajos y menos barreras al comercio. 
Si la Unión Europea quiere tener la oportunidad de alcanzar el objetivo de Lisboa, habrá que interrumpir cuanto antes las actividades de ayuda de los Fondos Estructurales. 
Señora Presidenta, esta mañana pedí que se retiraran los carteles que cuelgan de las ventanas de los despachos de algunos diputados porque dañan la dignidad del Parlamento. 
Ahora, justo antes de la votación, sigue habiendo muchos carteles en las paredes. 
Si permitimos esto, se pondrá de moda esta práctica y el Parlamento acabará pareciéndose a un tablón de anuncios o a una valla publicitaria cubierta de carteles. 
Esto no redunda en interés de esta Asamblea. 
Pido que se tomen medidas con el máximo rigor. 
Señor Knolle, nos pondremos en contacto con los departamentos competentes para asegurarnos de que se han aplicado las instrucciones. 
Éste era el último punto del orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 22.29 horas) 
Bienvenida 
Quiero dar la bienvenida a nuestra tribuna de visitantes ilustres al Sr. Rolandas Paksas, Presidente de Lituania, quien realiza aquí en Bruselas su primera visita fuera de Lituania desde su reciente elección. 
El único punto del orden del día de hoy es la guerra en el Iraq. 
(Varios diputados del centro y la izquierda sostienen pancartas en las que se denuncia la intervención militar en el Iraq) 
Señorías, sé que algunos de ustedes tienen sentimientos muy profundos en torno a esta cuestión, pero hoy les pido que actuemos, como Parlamento, con decoro y dignidad a la vista de la gravedad de la situación. 
Señor Presidente, muy brevemente, tomo la palabra en relación con la observancia del Reglamento: creo que es muy encomiable celebrar un debate como el que usted ha convocado, pero los parlamentos deben expresar su posición por medio de una votación. 
Debemos ofrecer a los distintos grupos la oportunidad de presentar resoluciones y expresar las conclusiones de este debate a través de una votación. 
De lo contrario, nuestro debate carecerá de efecto. 
Señor Presidente, me sumo a estas palabras. 
Creo que necesitamos una resolución para definir la posición del Parlamento en una guerra que va a destruir una nación. 
(Aplausos de la izquierda) 
Quisiera recordarles que el Presidente está facultado para convocar una reunión como ésta, previa consulta con la Conferencia de Presidentes. 
Hubo un acuerdo para celebrar esta sesión extraordinaria en el día de hoy. 
La semana que viene tendremos ocasión de escuchar al Primer Ministro Simitis y al Presidente Prodi y, si los Grupos y los diputados así lo desean, podrán manifestarse por medio de una resolución y una votación. 
La decisión de la Conferencia de Presidentes acerca de la sesión de hoy contempla un debate sin resolución. 
Por ello me ajustaré a esa decisión y a los procedimientos correspondientes. 
Doy la palabra al Sr. Papandreou, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, damas y caballeros, Señorías, sé que los ánimos están muy exaltados y soy consciente de la importancia que tuvieron las iniciativas del Parlamento Europeo en las últimas semanas, cuando todos intentamos llegar a una solución diplomática y pacífica de la crisis en el Iraq. 
Los ánimos están muy exaltados porque, cuando la diplomacia termina y comienza la guerra, ha llegado un momento triste y desalentador. 
Como ha dicho el Presidente, la crisis del Iraq ha originado numerosos debates acalorados en esta Cámara, dentro de la comunidad internacional y en el marco de las Naciones Unidas. 
Hemos obrado sobre una base común para alcanzar un objetivo común, expresado al menos en dos ocasiones, una en el Consejo de Relaciones Exteriores y otra, más tarde, en la cumbre: el objetivo del desarme y el cumplimiento a rajatabla de las resoluciones de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, la necesidad de agotar todos los esfuerzos diplomáticos antes de recurrir a la violencia. 
La Presidencia griega ha apoyado este objetivo, hemos tomado iniciativas y nos hemos reunido con todos los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en numerosas ocasiones. 
Asimismo hemos celebrado varias reuniones con los dirigentes de los Estados Unidos, con Kofi Annan y los inspectores. 
Tanto la Presidencia como otros miembros del Consejo que actuaban en nuestro nombre han realizado numerosos viajes a los países árabes de Oriente Próximo, donde nosotros y el Sr. Chris Patten, que nos acompañaba, nos hemos reunido con los Ministros de Asuntos Exteriores y los dirigentes de la Liga Árabe en Sharm el Sheik. 
Hemos impulsado una importante iniciativa para enviar un mensaje específico al Iraq en nombre de la Liga Árabe, iniciativa que tomó cuerpo pero que desgraciadamente se agotó, y los debates en casa sobre lo que había que hacer, sobre los siguientes pasos a dar y la manera de hacer frente a esta crisis también se vieron erizados de dificultades. 
No es el momento de abordar los detalles ni de imputar responsabilidades por las oportunidades que aprovechó la comunidad internacional y las que no aprovechó en su intento de favorecer una solución pacífica de este conflicto. 
Sin embargo, lo que sí quiero decir es que hemos mantenido un acalorado debate que tendrá importantes resultados y graves consecuencias sobre el devenir de los acontecimientos. 
Debemos examinar las implicaciones de esta crisis en el interior de la Unión Europea, de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, y decidir cómo afrontarlas. 
Quisiera señalar que las posiciones adoptadas por los Ministros de Asuntos Exteriores en su reunión del otro día destacan estos desacuerdos, estas percepciones distintas de lo que constituye una guerra justa. 
Se manifestaron opiniones divergentes acerca de la conveniencia de la intervención, sobre las repercusiones de intervenir o no intervenir, y sobre la estabilidad de la región. 
Y aún así, dentro de estos desacuerdos de que ha hablado el Presidente- y por qué intentar ocultar este hecho, que es de dominio público -, la Presidencia, todos nosotros, en particular el Consejo y el Parlamento Europeo, debemos decidir qué camino tomar a partir de ahora. 
Porque el hecho es que las hostilidades ya han comenzado. 
Una de nuestras principales consideraciones a la hora de decidir los pasos que debemos tomar, como ha señalado con toda razón el Sr. Cox, es que debemos utilizar esta crisis como un trampolín para llevar a cabo una seria reflexión. 
Eso es lo que queremos nosotros y la abrumadora mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea, una reflexión seria sobre la reforma institucional y la voluntad política fundamental de unirnos tras una única política exterior, una política exterior de la Unión Europea que hable con una voz unida y efectiva sobre los asuntos internacionales, a escala internacional, en el escenario internacional. 
En segundo lugar, debemos examinar los problemas a los que tendrá que hacer frente la región del Golfo en el futuro inmediato, problemas como una posible crisis humanitaria. 
Parafraseando lo que dijo? ofi Annan ayer en el Consejo de Seguridad, diré que la comunidad internacional quizá se una finalmente en torno a la suerte del pueblo iraquí. 
Debemos reconocer que, en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores, en la reciente reunión del Consejo, que tuvo carácter informal, pero fue, no obstante, una reunión importante, se propusieron varios planteamientos que deberán examinarse y que nos orientarán a la hora de decidir nuestros siguientes pasos. 
Antes que nada, tenemos que abordar los enormes problemas humanitarios que generará la guerra en el Iraq, en particular sus repercusiones sobre los países vecinos y los problemas que quizá tenga que afrontar la propia Unión Europea si se produce una oleada de refugiados. 
Otra consideración importante es la necesidad de asegurar la soberanía e integridad territorial del Iraq. 
Un tercer problema igualmente importante es la estabilidad de la región en su conjunto. 
Una guerra puede desestabilizar y provocar problemas en los países vecinos, uno de los cuales, Turquía, es candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
En la reunión del Parlamento Europeo celebrada en Estrasburgo hace unos días, tuvimos la oportunidad de debatir la cuestión kurda y el temor de que esta crisis abra otro frente en esta guerra. 
Sin embargo, al mismo tiempo debemos considerar las repercusiones que tendrá está guerra, las consecuencias que tendrá para la propia Turquía, ya que debemos proteger los avances que este país realiza para acercarse a Europa y su movimiento a favor de la reforma. 
Otra consideración importante para esta región, para la estabilidad en Oriente Próximo, es el problema de Oriente Próximo y el propio proceso de paz. 
Por lo que se refiere a este proceso, la Unión Europea apoya unánimemente el llamado «mapa de carreteras» , que desea que no sólo se publique, sino que se aplique lo antes posible. 
Pase lo que pase en el Iraq, necesitamos poner de relieve el papel sumamente importante que desempeñan las Naciones Unidas en todo este proceso. 
Afortunadamente, en este punto también hay unanimidad. 
Incluso si no hemos sido capaces últimamente de mantener a las Naciones Unidas en primera línea, debemos intentarlo de ahora en adelante, y asegurarnos de que las Naciones Unidas ocupen la posición que se merecen. 
Considero que, en este marco, tendremos que hacer frente a dos problemas importantes. 
En primer lugar, las relaciones transatlánticas, las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Como todos sabemos, los Estados Unidos ha atravesado una grave crisis, y sigue en ella. 
De este no cabe ninguna duda. 
Por ello ha llegado el momento de debatir con franqueza los verdaderos problemas y desafíos de la actualidad, un debate honesto sobre la forma en que pretendemos hacer frente a los principales problemas, desde las armas de destrucción masiva hasta el medio ambiente, la pobreza y la desigualdad; ha llegado el momento de entablar un diálogo honesto con los Estados Unidos, un diálogo que, esperamos, nos ayudará a encontrar una manera de cooperar realmente en materia de seguridad, en la promoción de una auténtica paz y de una auténtica gobernanza mundial basada en los valores de la Unión Europea, valores que compartimos en la Unión Europea y que sustentan la Comunidad en que vivimos. 
El hecho de que hayamos estado cooperando muy estrechamente con el mundo árabe durante las últimas semanas también reviste una enorme importancia. 
Esta cooperación, señor Presidente, Señorías, ha demostrado que el conflicto del Iraq no es ni debe ser una guerra o conflicto entre culturas. 
Por el contrario, debemos reforzar estos lazos con el mundo árabe y musulmán. A este respecto necesitamos un diálogo cultural en profundidad, un dialogo cultural que señale los problemas de la humanidad de los que somos conjuntamente responsables y que nos permita, dentro de esta responsabilidad común, deliberar sobre la mejore manera de hacer frente a estos problemas y sobre los valores comunes que deben guiarnos al hacerlo. 
Quiero señalar aquí que tengo la sensación, quizás un rayo de optimismo en este día oscuro y difícil, de que la voluntad de los Estados miembros y, en mi opinión, de nuestros ciudadanos es que la Unión Europea debe utilizar la crisis del Iraq- que ha dado lugar a tantos debates y que sin duda seguirá haciéndolo en las próximas semanas y meses, incluso años- para sacar importantes conclusiones sobre sus propias instituciones, sobre su papel, sobre los desafíos a los que nos enfrentamos y sobre la forma en que podemos hacer frente a esta situación de forma más efectiva. 
Todo lo que puedo decir es que esto es lo que siento, que ésta fue la voluntad manifestada durante los debates del reciente Consejo de Asuntos Exteriores. 
Un sentimiento en el sentido de que, a pesar de que estamos amargados y desalentados por no haber llegado a un acuerdo en relación con el Iraq, no debemos dejar que esto nos divida y debemos centrarnos en los ámbitos en los que podamos emprender una acción común mediante el análisis de estos problemas y la toma de decisiones. 
Estoy seguro de que este mensaje, este objetivo será apoyado por el Parlamento Europeo, que ha luchado ardua y prolongadamente a favor de la política exterior común, de una presencia europea más firme en el escenario internacional y la integración de la Unión Europea, y que desempeñara un papel decisivo en este aspecto. 
Señorías, les doy las gracias y espero sus comentarios. 
. Señor Presidente, como ha dicho usted antes, el Parlamento debatió la semana pasada sobre la crisis del Iraq durante casi cuatro horas y media. 
Fue un debate muy positivo y responsable. 
Una semana más tarde, francamente no estoy seguro, desde la perspectiva de la Comisión, de lo que puedo agregar a lo que ya dije la semana pasada, pero ese tipo de consideraciones muy pocas veces han llevado a los políticos a guardar silencio. 
(Risas y aplausos) 
Ni siquiera a los rectores de universidad. 
Patten, Comisión. 
Pero al menos le ahorraré una molestia al Presidente y no pronunciaré este discurso en latín. 
Puedo expresar brevemente una o dos ideas más que espero aporten cierto contexto para el resto de este debate, que sin duda, señor Presidente, ha convocado usted con toda la razón de común acuerdo con los Presidentes de los Grupos. 
Sea cual sea el resultado de la guerra que ya ha comenzado en el Iraq- y todos debemos rezar para que la fase militar sea lo más corta y menos sangrienta posible -, no podemos negar que ha sido un trance muy malo para la política exterior y de seguridad común, un trance muy malo para la Unión Europea en su conjunto, y un trance muy malo para la autoridad de Naciones Unidas, para la OTAN y para las relaciones transatlánticas. 
Voy a hacer un alto para señalar una cuestión acerca de las relaciones transatlánticas. 
Muchas de las cosas que deseamos conseguir como europeos serán más fáciles de lograr si somos capaces de colaborar con los Estados Unidos. 
(Aplausos) 
También podemos decir que la mayoría de las cosas que desean los Estados Unidos serán más fáciles de alcanzar si este país colabora con la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Y por último, resulta indiscutible que el mundo será un lugar más próspero, seguro y estable si los Estados Unidos y la Unión Europea trabajan juntos. 
(Aplausos) 
Así pues, el futuro de las relaciones transatlánticas es motivo de verdadera preocupación para todos nosotros y, desde luego, el Ministro de Asuntos Exteriores ha hecho muy bien en referirse a ellas de forma tan elocuente en su intervención. 
La Presidencia griega ha realizado esfuerzos heroicos por mantener una posición común. 
La declaración del Consejo Europeo del 17 de febrero era, en mi opinión, extremadamente ponderada. 
Los Estados miembros coinciden en la apreciación de la amenaza que supone la proliferación de armas de destrucción masiva, en la necesidad del desarme completo y efectivo del Iraq, en que Naciones Unidas deben seguir siendo el vértice del orden mundial; coinciden, de hecho, en que la fuerza sólo debe utilizarse como último recurso. 
Sin embargo, discrepaban- demasiado abiertamente- acerca de cuándo se alcanzaría ese momento. 
¿Cómo podemos reparar los daños? 
¿Cómo podemos salir, no sólo recuperados, sino fortalecidos de las tribulaciones de las últimas semanas? 
Debemos recordar hasta qué punto cooperamos estrecha y eficazmente- no sólo en el seno de la Unión Europea, sino también a través del Atlántico- en toda una serie de cuestiones internacionales. 
Debemos redoblar nuestros esfuerzos. 
En los Balcanes, por ejemplo, cooperamos plenamente a favor de la estabilización económica y política. 
Estuve en Serbia la semana pasada y pude observar la determinación de los hombres y mujeres de ese país para garantizar que la frágil estabilidad existente no sufra un retroceso debido al despreciable asesinato de Zoran Djindjic. 
Espero que en el Consejo Europeo que tendrá lugar hoy y mañana, los Jefes de Estado y de Gobierno renueven su promesa de mantener el impulso del desarrollo y de la asociación entre esos países y la Unión Europea. 
Asimismo debemos mantenernos muy atentos con respecto a Afganistán, país sobre el cual celebramos una reunión de donantes aquí en Bruselas a principios de la semana, cosa que constituye un reconocimiento del destacado papel que desempeñamos bajo los auspicios de las Naciones Unidas en la reconstrucción de este país, que todavía se enfrenta a problemas terribles. 
Tras los combates de 2001, la Unión Europea se comprometió a permanecer en ese país durante un largo periodo para ayudar a alcanzar la estabilidad y el buen gobierno. 
Esta Cámara contribuyó a conceder los recursos para cumplir esta promesa. 
Debemos mantenernos en esta línea. 
Y repetiré lo que ya dije ante esta Cámara la semana pasada, que debemos mantener el impulso de nuestra propia ampliación. 
La decisión de integrar diez nuevos Estados miembros no es un capricho que unos acontecimientos inconexos podrían cuestionar. 
Se trata de una opción estratégica para nuestro continente. Y una opción de proporciones históricas. 
Debemos seguir adelante impertérritos, como debemos continuar la labor que anunciamos en nuestro documento, publicado la semana pasada, sobre una Europa más amplia. 
En esa comunicación se establece una visión sobre el modo en que nuestros vecinos- no sólo los del este, sino también los del sur- podrán compartir nuestra prosperidad y estabilidad si están dispuestos a adoptar nuestros valores y nuestra legislación. 
Nuestras propuestas para una «Europa más amplia» implican la creación de un espacio económico y social común, en el que todos los países participen de pleno derecho en el mercado interior y, en su caso, en las cuatro libertades. 
Asimismo debemos seguir haciendo avanzar el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Resulta alentador que el Presidente de los Estados Unidos esté dispuesto ahora a recorrer el mapa de carreteras para llegar a una solución basada en dos Estados, solución que fue elaborada, hay que reconocerlo, hace varios meses en el marco del cuarteto internacional. 
Sin embargo, debemos asegurarnos de que esto conlleve la aplicación de estas ideas con carácter urgente, y no un largo debate con las partes acerca de su validez. 
Estos debates han resultado sumamente frustrantes en el pasado, pues las partes han intentado poner condiciones incompatibles para su cooperación. 
Realmente no podemos permitir que este proceso de paz sea, una vez más, objeto de un proceso condicional, de forma que no haya paz, sino más derramamiento de sangre. 
(Aplausos) 
En un plazo más inmediato, toda la Unión Europea debe intentar basarse en lo que compartimos dentro de nuestro enfoque del conflicto que acaba de comenzar en el Iraq. 
La Comisión ha estado trabajando duramente entre bastidores, en cooperación con los organismos internacionales, con vistas a contribuir a la ayuda humanitaria que pueda resultar necesaria. 
He discutido personalmente sobre estas cuestiones en Jordania, Turquía y el Irán en las últimas semanas. 
ECHO, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión, ha reforzado su presencia en la región. 
Ahora, la Oficina Regional de Ammán, que abarca el Iraq y todo Oriente Próximo, cuenta con cinco asistentes técnicos en comisión de servicios, otro experto se halla destinado en Jerusalén y un séptimo se encuentra de reserva en Ammán. 
Asimismo, ECHO mantiene un contacto periódico con las organizaciones de ayuda humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. 
Desde enero de este año, ECHO ha realizado tres misiones al Iraq para evaluar la situación y preparar las posibles operaciones. Igualmente ha efectuado varias misiones a países vecinos. 
Además de los 15 millones de euros destinados a las operaciones humanitarias en el Iraq en 2003, la Comisión tiene las competencias necesarias para aprobar ayudas de emergencia por otros 3 millones de euros en menos de 72 horas. 
Además, si se produjese una crisis en un país vecino, podrían concederse otros 3 millones de euros a tal fin. 
En función de la magnitud de las necesidades, es posible que tengamos que pedir fondos adicionales para fines humanitarios con cargo a la reserva de emergencia. 
A la luz de experiencias anteriores- ECHO ofrece ayuda humanitaria al Iraq desde 1992- prevemos que la contribución de la Comisión probablemente se concentrará en sanidad, agua y saneamiento. 
Algunas organizaciones internacionales y ONG también prevén una escasez de alimentos debido a la interrupción del programa «Petróleo por alimentos». 
Ésa es una cuestión que deberemos examinar en su momento, si surge dicho problema. 
En el marco de todos estos esfuerzos, ECHO colaborará estrechamente con los organismos de Naciones Unidas y participará en los intercambios de información sobre el terreno. 
Estoy seguro de que nadie en esta Cámara subestima el valor y el compromiso de nuestros equipos de ayuda humanitaria presentes sobre el terreno. 
Creo que todos nosotros tenemos buenas razones para estar orgullosos de ellos, orgullosos de la labor que ya han realizado en esa región y orgullosos de la labor que, desgraciadamente, tienen que hacer en demasiadas partes del mundo. 
(Aplausos) 
También debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a Turquía a soportar las presiones políticas que han generado los recientes acontecimientos y para ayudar igualmente a los demás vecinos del Iraq, desde Jordania y Siria hasta el Irán. 
Como ya he dicho, durante mis recientes visitas a esa región tuve la oportunidad de comprender mejor los efectos que la guerra en el Iraq podría tender sobre estos países. 
La Comisión no dejará de seguir de cerca y evaluar la situación, y examinará, junto al Consejo, las posibles respuestas de la UE. 
En las circunstancias actuales, tengo que decir que me complace mucho que hayamos tomado la iniciativa de desarrollar nuestras relaciones con el Irán de una forma bien informada y sin pasar por alto los desacuerdos que tenemos con ese país. 
Creo que ha sido muy sensato intentar desarrollar nuestras relaciones con el Irán. 
En un artículo aparecido esta semana en un prestigioso diario, el columnista nos recordaba que tras las plagas y desgracias que han salido de la caja de Pandora, ha quedado la Esperanza para aliviar a los afligidos. 
Así pues, quizá debamos aferrarnos a la esperanza de que la guerra termine pronto y con un mínimo de bajas, extremo que defienden, independientemente de sus opiniones sobre el conflicto, todos aquellos que tienen compatriotas en el frente. 
(Aplausos) 
Debemos esperar asimismo que sea posible ofrecer ayuda humanitaria con rapidez y eficacia, bajo auspicios internacionales, donde más se necesite. 
Debemos esperar que la reconstrucción política y económica del Iraq pueda comenzar pronto, también bajo auspicios internacionales. 
Una cuestión que expresé la semana pasada- y espero que esta Cámara me disculpe por repetirla- es que si después de la guerra el Iraq es administrado en virtud de un mandato de Naciones Unidas, como sucede en Timor Oriental, Kosovo y Afganistán, espero que se reconozca en tales circunstancias que parte del crédito corresponderá a aquellos que han insistido en ello desde un principio. 
Así pues, debemos esperar que la reconstrucción bajo auspicios internacionales pueda empezar, garantizando la integridad territorial del Iraq y otorgando a los iraquíes la responsabilidad sobre este proceso. 
Asimismo debemos esperar que aquellos que creen que la verdadera opción para el mundo árabe se sitúa entre el despotismo prooccidental y la democracia antioccidental no tengan razón; esperar que las repercusiones regionales sean benignas o, si no lo son, que sean limitadas; esperar que la crisis actual sirva para galvanizar el proceso de paz de Oriente Próximo tras un período desesperadamente sombrío en el que las cosas han marchado hacia atrás; esperar que aquellos que creen que esta guerra será un golpe contra el terrorismo internacional- en lugar de avivar sus llamas- tengan razón, y esperar, por último, que las numerosas instituciones y relaciones que han sido puestas a prueba en las últimas semanas, entre ellas la Unión Europea y la política exterior y de seguridad común, salgan fortalecidas al reconocer lo mucho que necesitamos este aparato de gobernanza internacional. 
Quisiera que esta Cámara se quedara con este último pensamiento: el reto al que nos enfrentamos hoy día, el reto al que haremos frente en las próximas semanas y meses, va más allá de lo que Winston Churchill denominó en una ocasión «los ingratos desiertos de Mesopotamia». 
En los próximos meses nos enfrentaremos a una elección muy clara. 
¿Vamos a regresar a la manera en que se gobernaba o más bien se desgobernaba el mundo en el siglo XIX, un mundo de soberanías nacionales rivales y equilibrios de poder? 
¿O bien intentaremos reconstruir las instituciones y hábitos de gobernanza mundial que tanto ha costado erigir en la última mitad de siglo? 
Ésta es la clara opción que tenemos frente a nosotros. 
Y yo sé por qué lado me inclino. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del consejo, señor Comisario, Señorías: cuando lo que está en juego son cuestiones de guerra y paz, éstas tienen un profundo efecto sobre nosotros, sobre nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestras emociones. 
Lo que pido a todos es que llevemos a cabo este difícil debate con una actitud de mutuo respeto, considerando que- a pesar de que nuestros pareceres difieran- todos nosotros somos hombres y mujeres de buena voluntad. 
Y hago tanto hincapié en ello porque aquí, en el Parlamento Europeo, siempre que han estado en juego cuestiones relacionadas con el futuro de Europa, siempre hemos logrado alcanzar una posición común. 
Si bien existe un litigio en torno a la crisis del Iraq, no debemos permitir que ello divida al Parlamento Europeo sobre cuestiones fundamentales, al contrario, cuando se trata de esas cuestiones fundamentales, debemos continuar juntos el camino hacia el futuro. 
(Aplausos de la derecha) 
Señorías, cuando consideramos, en nuestra situación actual, los hechos de esta noche, tenemos que llegar a sus causas profundas. 
Permítanme repetirlo, lo que ha sucedido esta noche y lo que sucederá en los próximos días y semanas, no ocurriría de no ser por el régimen criminal de Sadam Hussein, con sus torturas, su servicio secreto, sus muertes y asesinatos. 
Sadam Hussein es el responsable de los acontecimientos que nos rodean. 
(Aplausos de la derecha) 
Lamentamos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya logrado ponerse de acuerdo en torno a la actitud que debía adoptar para desarmar al Iraq. 
(Interrupción: ¿Por qué será?) 
Realmente lo lamentamos profundamente. 
El Papa Juan Pablo II... 
Es cierto, en esta cuestión el Papa está más cerca de algunos que de los que me criticarán por citarlo. El Papa Juan Pablo II ha dicho a través de su portavoz: «Quienes deciden que se han agotado todos los medios disponibles del derecho internacional asumen una grave responsabilidad ante Dios, ante su conciencia y ante la historia.» 
El presidente norteamericano, George Bush- quien ha pasado por la experiencia del 11 de septiembre, que para la psicología de los norteamericanos significa que ese país se encuentra en guerra- asume sin duda esa responsabilidad y, sobre todo, la asume junto con otros. 
El presidente Bush ha dicho esta noche: «No tenemos ambiciones en el Iraq, salvo acabar con la amenaza y devolver el control sobre el país a su propio pueblo.» 
Si éste es el objetivo, nuestro Grupo lo apoya totalmente, pues ésta es una cuestión en la que no se puede ser neutral. 
(Aplausos de la derecha) 
Señorías, el antiamericanismo carece de fundamento. 
Aunque hablo aquí como europeo, es algo que puedo decir en mi calidad de ciudadano alemán. 
Habríamos preferido que se actuara a través de las Naciones Unidas, pero cuando tenemos que hacer frente a la amenaza del antiamericanismo, no debemos olvidar que fueron los norteamericanos los que liberaron a las personas que aún quedaban en los campos de concentración nazis. 
(Aplausos de la derecha) 
Hoy recordamos al presidente norteamericano Ronald Reagan, quien dijo a mediados de los años ochenta: «Señor Gorbachov, derribe el muro» , y fue tratado con desprecio por ello. 
En esa época, a muchas personas les pareció ridículo, como un espejismo; y sin embargo, sin los norteamericanos- y por supuesto sin Gorbachov- no habría sido posible esta transformación de Europa. 
Es eso lo que debemos recordar hoy. 
(Aplausos de la derecha) 
Ahora bien, puedo decirles, Señorías, con toda seriedad, que hay muchas cosas que podemos criticar en una potencia mundial como los Estados Unidos y que también hay mucho con lo que no estamos de acuerdo. 
No nos parecería bien que hubiese una única superpotencia y que los demás no pudieran influir en absoluto. 
Es por ello que, en estas horas difíciles, lo que nosotros europeos debemos hacer es criticar menos a los norteamericanos y preguntarnos más, como europeos, qué podemos hacer para estar unidos, para ser fuertes y para ser capaces de influir en nuestros amigos norteamericanos. 
Ésa es una responsabilidad con la que cargamos hoy en día. 
(Aplausos de la derecha) 
Apruebo sin reservas lo que han dicho el Sr. Papandreou y el Comisario Patten, en el sentido de que debemos instar a nuestros amigos norteamericanos a que la solución pacífica en Oriente Próximo debe ser algo más que meras palabras. 
Israel tiene derecho a vivir dentro de fronteras seguras, pero el pueblo palestino tiene igualmente derecho a vivir dentro de fronteras seguras y con dignidad, y nosotros- europeos y norteamericanos por igual- debemos cumplir nuestro papel para hacerlo realidad. 
(Aplausos de la derecha) 
Señorías, permítanme terminar haciendo referencia al gran logro de la Unión Europea, que es por lo que apelo a todos nosotros para que no permitamos dividirnos, independientemente de los desacuerdos de cada momento. 
Esta Europa, esta Unión Europea, vive en paz hoy día porque, en nuestra Unión Europea, lo que prima es la ley, y no es la ley del más fuerte. 
En el futuro debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se establezcan ejes entre capitales, con una ciudad enfrentada a otra; en lugar de ello, nosotros, los europeos, debemos actuar como una comunidad. 
Eso es lo que debemos exigirnos en este momento. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, ésta es una hora grave. 
La crónica de una guerra anunciada se hace realidad. 
En nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, lamento profundamente el fracaso de la vía pacífica y espero que no se produzca una destrucción masiva de la población civil, con un reguero de muerte y destrucción sobre una población cuya mitad tiene menos de quince años. 
El pueblo iraquí está sufriendo un doble castigo: el que sufre bajo Sadam Hussein, más el que se le añade con una guerra injusta. 
Ante esta gravísima situación, apelamos de nuevo a los Gobiernos de los Estados miembros de nuestra Unión y de sus futuros miembros para que no participen en una guerra preventiva unilateral, moral y legalmente dudosa, y contraria a la opinión de la mayoría de los europeos. 
(Aplausos de la izquierda) 
Nuestro Grupo reitera su llamamiento al Consejo Europeo que se reúne hoy para que redoble sus esfuerzos, se sobreponga a la presente división y encuentre una voz europea unida. 
Nuestra Unión es una comunidad de valores regida por el Derecho, y los Estados miembros tienen la obligación de guiarse por la solidaridad y los compromisos mutuos que están inscritos en los Tratados y que inspiran la PESC. 
En este momento nuestra situación es realmente muy difícil. 
La Unión Europea está dividida, las Naciones Unidas están bloqueadas y estamos viviendo esa lógica de una guerra anunciada. 
Sin embargo, no debemos ceder ni al pesimismo ni al derrotismo. 
Michel Rocard ha dicho con razón que ninguno de nuestros Gobiernos discute que Sadam Hussein sea un criminal de guerra peligroso, que ha buscado en el pasado dotarse de armas de destrucción masiva por todos los medios, que su palabra y su firma no pueden inspirar confianza y que el dictador debe ser sometido a la justicia de la Corte Penal Internacional- cosa que votó este Parlamento en el mes de enero con la oposición del PPE. 
Eso es algo en lo que tenemos que perseverar. 
La diferencia entre nosotros está en el ritmo y en los medios. 
Es decir, tenemos que ser capaces de preguntarnos por qué los europeos nos hemos dividido tan radicalmente. 
Y ésa es nuestra responsabilidad. 
Y ante esto comparto el juicio del Presidente del Partido de los Socialistas Europeos, Robin Cook, cuando ha dicho, en la Cámara de los Comunes, que nuestros intereses se encuentran mejor protegidos por acuerdos multilaterales y por un orden mundial regido por reglas que por acciones unilaterales. 
(Aplausos de la izquierda) 
La cuestión, Señorías, no es si somos más o menos amigos de los Estados Unidos. 
Somos socios leales y no vasallos. 
(Aplausos de la izquierda) 
La diferencia está en este momento en que no compartimos la doctrina del ataque preventivo de la Administración Bush. 
Y yo no puedo aceptar que Jimmy Carter sea menos norteamericano porque defiende que esta guerra es injusta. 
Es absolutamente absurdo. 
(Aplausos de la izquierda) 
Y hay otro elemento más, y es que la actual Administración estadounidense pretende rediseñar todo el mapa de Oriente Medio, un siglo después de que dos potencias coloniales europeas- Gran Bretaña y Francia- se distribuyeran Oriente Medio con tiralíneas, y basta con ver el mapa. 
Eso no corresponde al mundo de hoy. 
Y lo que es absolutamente obsceno es que se nos diga, como todos sabemos, que ya está repartido el mercado de la reconstrucción del Iraq- y en cabeza se encuentra la empresa que presidía el Vicepresidente de los Estados Unidos hasta hace dos años. 
Eso es inaceptable. 
Señor Comisario, mi Grupo votará la ayuda humanitaria administrada por civiles en el Iraq. 
Sobre la reconstrucción, habrá que discutir, no sea que nos toque a nosotros pagar los platos rotos de las aventuras de otros, como está ocurriendo, por ejemplo, en Palestina. 
(Aplausos de la izquierda) 
Por lo tanto, ésa es una responsabilidad que tiene la Comisión. 
Y permítanme: yo comprendo que, después del 11 de septiembre, en los Estados Unidos haya temor, pero un gran norteamericano, un gran Presidente norteamericano, Franklin Delano Rooselvelt, en el momento en el que lanzó a los Estados Unidos a la noble causa de la liberación de Europa- y hago excepción de mi país, desgraciadamente- dijo que sólo hay que tener miedo del miedo mismo. 
Y por lo tanto, no se puede vivir del miedo y del temor. 
Hay que vivir en términos positivos. 
Y cuando se apela al diálogo con otras culturas, yo le tengo que decir, señor Poettering, que el diálogo con el Islam- no sólo con el pueblo árabe- tiene que inspirarse en algo positivo, y un gran poeta árabe de mi país, un cordobés, Ibn-Hamz de Córdoba, dijo con razón que la flor de la guerra es infecunda, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. 
(Aplausos de la izquierda) 
No se puede empezar a dialogar a partir de la amenaza y a partir de la guerra. 
Permítanme añadir, en relación con lo ocurrido en el Consejo de Seguridad- y hay muchos países que se han negado a verse sometidos a la presión -, que, como ha dicho también Robin Cook, no podemos ignorar lo fundamental, y es que, si realmente creemos en una comunidad internacional fundada en normas e instituciones vinculantes, no podemos simplemente apartarnos de ellas cuando producen unos resultados desfavorables para nosotros. 
Eso es algo fundamental. 
Si creemos en las Naciones Unidas, tenemos que apoyarlas y tenemos que fortalecerlas. 
No podemos, unilateralmente, asumir la responsabilidad de decir que lo que se ha hecho hasta ahora no tiene sentido. 
Si todos queremos la paz, si estamos en contra de los tiranos sanguinarios, si estamos a favor de una política activa de destrucción de las armas de destrucción masiva, tenemos que ser capaces, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de unirnos de nuevo, y lo que le pide mi Grupo encarecidamente es que lleve este mensaje, esta exigencia, que apoyan millones de conciudadanas y conciudadanos europeos, para que el Consejo Europeo deje dar el espectáculo, seamos capaces de unirnos, seamos capaces también de relanzar seriamente el proceso de Oriente Medio- que es absolutamente clave- y de asegurar nuestro futuro como una Unión Europea fuerte, consolidada y capaz ante sí misma y ante el mundo. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, quisiera empezar dándole las gracias por convocar este debate, esta sesión extraordinaria. 
Al inicio de la primera Guerra del Golfo se celebró una sesión similar. 
Señor Presidente, la declaración de guerra del Sr. Bush es ilegal. 
El Gobierno británico resulta bizantino en sus intentos patéticos de justificar el ataque militar. 
Las Naciones Unidas no han fracasado. 
Han representado correctamente a la opinión pública de todo el mundo. 
Los procedimientos actuales, con todas sus limitaciones, habrían sido más que suficientes para impedir el estallido de la guerra, para garantizar la continuación de las inspecciones, y estamos convencidos de que habrían desembocado en el desarme de Sadam Hussein y, por qué no, también en su enjuiciamiento por un tribunal internacional, si sólo los Estados Unidos y el Reino Unido hubieran acatado las reglas, 
si sólo los otros Estados vasallos de los Estados Unidos, especialmente los que son Estados miembros actuales y futuros de la Unión, hubieran dado prioridad al derecho frente a su gratitud a los Estados Unidos, lo que es comprensible pero pertenece a una época ya pasada y se debió, en particular, a una administración de calibre mucho más superior que la que actualmente ocupa el poder. 
El futuro augurado por el ataque de esta noche es un futuro de guerra. 
Todos nos preguntamos quién es el próximo en la lista del programa de la campaña electoral del Presidente Bush, pues su lista no tiene nada que ver con el incumplimiento del derecho internacional o de las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
En 35 años se han incumplido al menos 106 resoluciones: 31 por Israel, 23 por Turquía, 18 por Marruecos, 16 por el Iraq, etcétera. 
Esta acción completamente arbitraria, la falta de credibilidad de los discursos del Presidente Bush sobre la democracia y el derecho ahora nos dejan desconcertados y nos exigen actuar. 
No somos norteamericanos, somos europeos, y hoy debemos afrontar el hecho de que se ha puesto en ridículo no solo al derecho internacional, sino también al derecho europeo. 
Pensamos que todas las disposiciones del Tratado tienen la misma categoría y todas deben respetarse, incluido el artículo 19, que obliga a los Estados miembros del Consejo de Seguridad a respetar y defender las posiciones y los intereses de la Unión. Lo que claramente no han cumplido. 
(Aplausos) 
Nos gustaría que la Comisión, la guardiana de los Tratados, y el Parlamento lo dijeran alto y claro. 
La Unión Europea, señor Comisario Patten, no puede verse reducida al papel de una agencia humanitaria 
(Aplausos) 
y el Parlamento no puede verse reducido al papel de consejo asesor de una agencia humanitaria. 
Creemos que el apoyo del Reino Unido y España a un ataque al que incluso su propia población se opone es imprudente, ilegal e incomprensible. 
(Aplausos) 
Nos parece que el comportamiento incoherente del Gobierno italiano, que va a ejercer la próxima Presidencia de la Unión, de la que es miembro fundador, ha aumentado la confusión imperante, pero también creemos que Francia y Alemania también han incumplido el artículo 19 al no intentar buscar un acuerdo entre los 15 Estados miembros o con la Presidencia griega, que desde el principio ha intentado establecer una función merecedora de este nombre para la Unión Europea. 
Nos negamos a aceptar la alternativa que nos impone la situación: la alternativa entre una posición que es correcta pero totalmente ineficaz, como la posición de Francia y Alemania, que no han logrado impedir la guerra, y una posición que es errónea, como la del Reino Unido y España, que desconcierta a la gente, propicia la guerra y prepara el camino para nuevas guerras. 
Si la Unión Europea tuviera un asiento permanente en las Naciones Unidas, si las instituciones compartidas y las normas vinculantes le hubieran obligado a adoptar una posición unitaria desde el principio, nos atrevemos a creer incluso ahora que anoche la guerra no habría empezado. 
Este es nuestro desafío, el de la Convención, aunque no siempre parezca ser consciente de ello. 
Sin embargo, debemos enviar señales más urgentes y apremiantes, y la primera se refiere a Oriente Próximo. 
Independientemente del anuncio tardío sobre el mapa de carreteras, no creemos que la administración Bush intente realmente instaurar la paz en Oriente Próximo y poner fin a las operaciones militares de Israel. 
Corresponde claramente a la Unión Europea asegurarse de que verdaderamente se aplica el mapa de carreteras. 
Señor Presidente, estamos esperando una iniciativa a este respecto. 
El segundo mensaje nos concierne a nosotros mismos. 
Sería error un grave, muy grave, posponer el Foro Euromediterráneo que va a celebrarse en Creta a final de mes. 
Sería otra señal innecesaria de impotencia, algo que realmente no nos podemos permitir en estos momentos. 
(Aplausos) 
Señores Presidentes, Señorías, esta mañana me siento triste e incómodo. 
Me siento triste porque, tal y como ya han dicho otros oradores, la guerra siempre es una señal de fracaso y porque, por desgracia, lo que ocurre seguro que nos llena de tristeza y también nos deja insatisfechos. 
Sin embargo, me siento un poco incómodo porque realmente creo que a todos en cierta medida nos han tomado el pelo. 
Durante semanas y meses hemos estado ocupados esforzándonos al máximo por lograr el desarme del Iraq de forma pacífica, mientras que en realidad, la decisión de los Estados Unidos sobre la intervención militar, en mi opinión, ya había sido tomada hace tiempo. 
Para convencerse de ello basta con leer el informe publicado por el Institute James Baker el pasado diciembre, que establecía qué principios de la política de los Estados Unidos en relación con el Iraq deberían seguir a la guerra. 
Por lo tanto, creo que la decisión de utilizar la fuerza se tomó hace varios meses. 
Nos animaron a hablar del desarme por medios pacíficos, lo que dio tiempo a los Estados Unidos para reunir a sus fuerzas. 
Dicho esto, la cuestión que ahora afrontamos, como ha indicado el Comisario Patten hace un momento, no es si Europa quiere estar con los norteamericanos o contra ellos; si queremos o no llevarnos bien con los norteamericanos. 
La cuestión es mucho más sencilla: ¿quieren ustedes, queremos, una Europa independiente de los Estados Unidos? 
Si la respuesta es «sí» , entonces la pregunta hay que formularla al público, y en los últimos días hemos podido ver que la gente quiere hacerse oír y contestar. 
Solo el público nos permitirá seguir adelante con la construcción de una Europa independiente, en otras palabras, una Europa que no sea enemiga de los Estados Unidos, sino su asociada en las mismas condiciones. 
Hoy nos han dicho que el Iraq está dividiendo a la Unión Europea. 
Esto no es cierto, señores y señoras. 
El asunto iraquí simplemente muestra la verdadera imagen. 
La Unión Europea está profundamente dividida. 
Algunos Estados siempre darán prioridad a la alianza con los Estados Unidos en detrimento de la construcción de una Europa independiente. 
Ésta es la realidad de la situación. 
El hecho de haber presenciado el espectáculo que todos conocemos se debe a que nosotros y nuestros Gobiernos nunca hemos tenido el valor de celebrar un debate sobre esta cuestión. 
No es culpa ni de Francia ni de Alemania. 
Es culpa de todos los líderes de los países de la Unión Europea de los últimos cuarenta años, que nunca han ido al fondo del asunto. 
Tendremos que decidir hacerlo nosotros mismos. 
Sin embargo, si queremos tener una Europa independiente, también debemos saber que habrá que pagar un precio. 
No se puede querer que Europa sea independiente y al mismo tiempo depender totalmente de los Estados Unidos para su seguridad, porque son los Estados Unidos quienes llevan el peso de la organización de operaciones militares cuando hay problemas graves. 
Si la Unión Europea desea existir, hay que darle los medios para ello. 
Esto es lo que hay; esta es la verdadera situación. 
Todo lo demás es incidental. 
Está muy bien celebrar reunión tras reunión, y que la Unión Europea se vea a sí misma como una especie de súper ONG, pero dada su historia, sus ambiciones deberían ser otras. 
Señor Presidente, como la mayoría de los Grupos, el Grupo EDD está dividido. 
A algunos la guerra nos parece inevitable, a otros no nos lo parece. 
Nuestra tarea común es limitarla todo lo posible y advertir a los países vecinos que no interfieran. 
Roguemos que esta guerra termine lo antes posible para evitar que haya más víctimas entre los inocentes. 
Hemos de aprender de esta situación y aguardar una paz duradera en toda la región, incluida la paz entre Israel y Palestina. 
Los Estados miembros de la Unión Europea pueden prestar asistencia mediante ayudas al desarrollo, y la apertura de nuestros mercados debería llevar prosperidad a la región. 
Este enfoque quizá sea el único medio de evitar una escalada del terrorismo. 
La lección que debemos aprender es que todos apoyamos a la Organización de las Naciones Unidas y que deseamos reformarla para garantizar que nuestra institución común para la paz sea capaz de mantener la paz. 
Kofi Annan quiere que una fuerza de reacción rápida intervenga por la paz. 
¿Por qué no apoyamos esto en lugar de crear una fuerza militar común de la Unión Europea? 
Para concluir, es evidente que una política exterior y de seguridad común decidida por mayoría cualificada no es una solución. 
En el Consejo Europeo no existe mayoría cualificada entre quienes apoyan la guerra, ni entre quienes se oponen a ella. 
El grupo de cinco tiene una minoría de bloqueo y el grupo de 10 también. 
Una política exterior común que siga las nuevas reglas de mayoría cualificada sería una cesta vacía. 
El único enfoque realista es que la Unión Europea continúe con el consenso y deje las cuestiones de la guerra y la paz a las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías, durante diez años no han hecho ustedes nada por prepararse para una situación posterior a Sadam Hussein, para establecer la protección de la vida y del derecho en el Iraq y Oriente Próximo, y ahora, gracias a ustedes, aquí estamos hablando de lo que hacer después de la guerra. 
La guerra es un regalo para nosotros de parte de la Europa cumplidora de la ley, su Europa. 
Permítanme decir que nosotros, los no violentos, los protestantes ghandianos, lucharemos desde este mismo momento para garantizar que la guerra y otras medidas empleadas no continúen ni un minuto más una vez desarmado Bagdad, ni un minuto más. 
¿Tendremos la fuerza suficiente? 
No vamos a gritar «¡Paz! » y luego matarla como hicimos hace 70 años. 
¿Dicen ustedes que actuamos ilegalmente? 
Tan ilegalmente como de Gaulle. 
Son ustedes tan cumplidores de la ley como Vichy. 
Actuamos tan ilegalmente como la resistencia iraquí, tan ilegalmente como la resistencia europea. 
Ahora anunciamos que vamos a lanzarnos a la batalla sin demora y a luchar por la paz basada en la libertad y el Estado de derecho. 
Europa cobarde, Europa de Vichy. 
No es la Europa de quienes han sufrido la lucha contra el fascismo, la Europa de Altiero Spinelli, la Europa de Ernesto Rossi, la Europa de quienes nos concedieron genuinamente el derecho a mirar a la cara a los herederos de Lafayette, lo que no consiguen hacer con su desprecio fascista, comunista, papista del mundo de la reforma internacional liberal y religiosa. 
Señor Presidente, los pensamientos y los ruegos de mis colegas conservadores británicos de hoy son para los hombres y las mujeres del ejército de mi país sobre el que ha recaído la enorme y peligrosa responsabilidad de despojar a Sadam Hussein de sus armas de destrucción masiva. 
Hace tiempo que la comunidad internacional ha reconocido la amenaza que constituye Sadam para la seguridad de nuestro mundo, pero nuestras instituciones por desgracia no han logrado aplicar sus decisiones y desarmar al Iraq tal y como ha pedido la ONU en 17 resoluciones. 
He de decir que, al escuchar el debate, dudo de si algunas personas han querido que se cumplieran estas resoluciones. 
Sin embargo, hoy no es el día apropiado para argumentar nuestras diferencias con respecto a los motivos para ello. 
Tal y como ha dicho el Comisario, la ONU, la OTAN y Europa deberán aprender de cara al futuro. 
Esto incluye la práctica realidad de llegar a un consenso total europeo cuando existe una clara división; incluso hay divisiones en este debate. 
El claro apoyo dado por mi partido al Gobierno británico y la ayuda prestada al Primer Ministro, Tony Blair, para garantizar un mayor voto de confianza en nuestro Parlamento el pasado martes por la noche, se debe a que nuestra responsabilidad principal es la defensa y la seguridad de nuestros ciudadanos y la protección de nuestros valores democráticos, los verdaderos valores que defienden la libertad de participar en manifestaciones como las que hemos visto en toda Europa en los últimos días. 
Ahora que ha empezado la guerra, el mundo mira hacia otro lado, pero celebro la publicación del mapa de carreteras para la paz en Oriente Próximo y creo que no debería dársele el enfoque cínico que se le ha dado en este debate de hoy. 
Si nos hemos comprometido con la paz en Oriente Próximo, todos deberíamos dar la bienvenida a este anuncio. 
También acojo con satisfacción el reconocimiento del papel de la ONU en la reconstrucción del Iraq posterior a la guerra. 
Me han animado mucho las palabras del Comisario Patten de hoy sobre la reconstrucción después de lo que me pareció, la semana pasada, un mensaje bastante diferente. 
No hay duda alguna de que disfrutamos de paz, democracia y libertad de expresión porque la historia europea nos ha informado de que la última generación, incluidos los Estados Unidos liderados por Roosvelt, luchó por proteger estas libertades. 
Si ahora no nos enfrentamos a Husein, estas libertades podrían peligrar en el futuro. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quisiera expresar nuestro enfado, nuestra amargura y nuestra firme condena ante el grave incumplimiento del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas que cometen todos los países que se han embarcado en esta guerra. 
Me parece alarmante saber que en este Parlamento hay quien está dispuesto a aceptar responsabilidades políticas. 
¿Acaso no habíamos acordado, me parece, trabajar a través del Consejo de Seguridad? 
¿Apoyar a Kofi Annan, a Hans Blix y a los inspectores de armas en su intento por desarmar a Sadam Hussein? 
¿Llevar a Sadam ante un Tribunal Internacional de Justicia? 
¡Fantástico! 
Pero entonces todo esto iba a hacerse a través del Consejo de Seguridad. 
Ahora comprobamos que ya no se sigue la ruta del Consejo de Seguridad, se ha adoptado una medida unilateral favorable a la guerra y he podido oír a algunos decir que aceptan responsabilidades políticas por ello. 
Mi Grupo, y espero que la mayoría de este Parlamento, no desea aceptar ninguna responsabilidad política por esto. 
Lo que implica que en esta Asamblea exhortamos a los Estados miembros, a todos los Gobiernos de Europa, a que no contribuyan ni política ni militarmente a esta guerra. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, esto quiere decir que, al mismo tiempo que el proceso de desarme empezaba a dar sus frutos y Hans Blix y Kofi Annan invitaban a la comunidad internacional a respetar el derecho internacional, este derecho internacional hoy ha recibido un duro golpe. 
Esto en primer lugar. 
Por supuesto, somos todos responsables de la reconstrucción, por supuesto todos estamos del lado del derecho internacional y del enfoque multilateral. 
Por este motivo también opinamos y digo aquí que Europa no debe ser la víctima de la Pax Americana de los Estados Unidos. 
De nuevo hemos de buscar la unidad en el seno de Europa. 
De nuevo hemos de buscar la voz única, y esta voz única es la de la prevención de conflictos, la de la contribución al derecho internacional y la del enfoque multilateral. 
También es la voz que una y otra vez aceptará en última instancia la responsabilidad mundial de este diálogo internacional, de un diálogo dentro del Islam y, de nuestro mundo, de la cooperación con el mundo árabe, pero como ha dicho acertadamente el presidente de mi Grupo, Enrique Barón Crespo: «No se puede empezar a dialogar a partir de la amenaza y a partir de la guerra.» 
(Aplausos de la izquierda) 
Empezando por esta idea básica, señor Presidente, quiero decir otra vez que nuestros Estados miembros, si creemos que necesitamos un enfoque común, deberían adherirse a los artículos de nuestro Tratado constitutivo de la Comunidad. 
Entonces, a pesar de todas las diferencias, en realidad también debemos buscar esa esfera común. 
Esa esfera común era y es el Consejo de Seguridad, es el derecho internacional y nunca podrá serlo una medida unilateral. Por supuesto, nuestra exigencia común es que se limite la guerra. 
Es, por supuesto, el fortalecimiento de Europa. Es, por supuesto, que se hagan esfuerzos en la realidad que estamos viviendo hoy por garantizar que otra vez emprendemos las iniciativas internacionales. 
El Presidente en funciones, Sr. Papandreou, ha dicho con razón que hoy con los líderes tendremos que elaborar otra vez medidas. 
Pero también intentar oír la voz de nuestros pueblos en Europa, que esta vez van por delante de nuestros líderes, que han entendido el tipo de Europa que quieren. 
Como hoy están ustedes juntos como líderes, respeten esta voz de la población europea y fíjense que esta voz está del lado de la paz y del derecho internacional. 
Los Estados Unidos, señor Presidente, pueden ser capaces de empezar una guerra unilateralmente, pero ni los Estados Unidos ni ningún otro país individual puede establecer la paz en este mundo unilateralmente. 
Para ello necesitamos a una Europa fuerte y a unas Naciones Unidas fuertes. 
Espero que nuestros líderes europeos escuchen hoy esta voz. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, el ataque unilateral perpetrado por los Estados Unidos muestra una vez más que las Naciones Unidas no han sido un instrumento válido. 
La Unión Europea demuestra también que la Política Exterior Común no ha sido común. 
Hemos quizás de recordar aquel 30 de agosto de 1954 en que se hizo imposible una Unión Europea de defensa. 
Lamento la carta de los ocho miembros. 
Lamento también que el Gobierno español haya gastado más energía en justificar la legitimidad del uso de las armas que en buscar soluciones diplomáticas al conflicto. 
Me congratulo de que el Parlamento de Cataluña haya adoptado una resolución en que se solicitaba que el Gobierno español apoyase el papel del Consejo de Seguridad para que continuara el trabajo de los inspectores, para que se rechazase el uso de la fuerza al margen de las Naciones Unidas, y me congratulo de que las manifestaciones en la calle, en la ciudad de Barcelona y en otras capitales de Cataluña, hayan demostrado que nuestro país estaba en contra de la guerra y de acuerdo con su Parlamento. 
Señor Presidente, la guerra ha empezado y los diez primeros iraquíes han muerto en Bagdad. 
Son hechos. 
A partir de ahora hablarán las armas y las palabras se convertirán en armas; ya no son fiables. 
Centrémonos en los hechos y se mostrará con claridad la verdadera agenda empleada. 
¿Cuál debe ser nuestro plan? 
Nuestros ciudadanos están profundamente desilusionados, señor Presidente en funciones, porque Europa con sus poderosas instituciones ha sido incapaz de evitar esta guerra. 
Nuestros políticos europeos tendrán que responder de su impotencia ante sus ciudadanos. 
Nuestros políticos europeos tendrán que encontrar soluciones si quieren responder realmente de esto en el futuro. 
En segundo lugar, la guerra mata, y en particular a ciudadanos inocentes, a mujeres y niños. 
En la Unión Europea hemos de intentar aliviar la miseria y mitigar el sufrimiento. 
La guerra destruye y, como ha dicho el Sr. van den Berg, por lo tanto tendremos que construir un marco internacional para la reconstrucción. 
En tercer lugar: las personas saben dónde empieza la guerra, pero nadie sabe dónde puede acabar. 
Los kurdos del norte del Iraq temen perder la pequeña libertad y autonomía que han construido con tanto sufrimiento y que les ha costado tantas vidas. 
Otra vez temen encontrarse entre la espada y la pared. 
¿Se sacrificará a los kurdos para hacer un favor a Ankara? 
Los kurdos turcos tienen miedo de ser aplastados militarmente. 
Los kurdos del norte del Iraq temen una ocupación permanente. 
La oposición iraní teme que los mulás aprovechen la oportunidad para destruirlos. 
¿Se limitará la Unión Europea a ver cómo se margina totalmente a la oposición en el Iraq? 
En Oriente Próximo las frustraciones se intensificarán más que nunca. 
Solamente una solución con un Estado palestino, que sin duda está al caer, puede poner fin a estas frustraciones. 
Señor Presidente, ahora que las Naciones Unidas han quedado fuera de juego, la OTAN no puede hacer nada, y la Unión Europea se está deshaciendo, la revelación del día, Señorías, no es la guerra o, para ser más precisos, la «cacería de ratas» internacional que según la información que tenemos ha empezado esta noche, aunque esta información es errónea porque hace doce años que el Iraq es bombardeada cada día por el imperio, o mejor dicho por el imperio y sus lacayos. 
La revelación del día no es tampoco la locura del imperio, este imperio americano al que durante años los europeos, como cobardes, hemos entregado las llaves del mundo mientras, a pesar del cambio hacia el totalitarismo, lo admiramos fascinados por su cultura, sus imágenes y su lenguaje. 
No, la novedad del día es que el viejo sueño del multilateralismo y la seguridad colectiva, que nos inspiró durante todo el siglo veinte, se ha hecho añicos. Igual que ocurrió con la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas se están desmoronando. 
La comunidad internacional no es más que una fórmula hueca que sirve de soporte al imperio y sus lacayos anglosajones. 
El resto son Estados, y sólo queda Francia, con la ayuda de Bélgica y Alemania, para salvar el honor de Europa. 
En consecuencia, en este debate ligeramente ridículo, sólo se puede decir una cosa: «¡La Unión Europea ha muerto! 
¡Viva la soberanía de las naciones del mundo! 
¡Viva la nación iraquí! 
¡Y viva Francia!» 
Presidentes, de modo que nada ha podido disuadir al Gobierno americano, y a sus cómplices británico y español, de desatar una guerra preventiva contra el Iraq con el pretexto- que todos sabemos que es falso- de que el Iraq constituye una amenaza inminente para los Estados Unidos e incluso para todo el mundo. 
De hecho, como ha dicho el Sr. Coûteaux, desde la Guerra del Golfo los Estados Unidos ya han estado efectuando operaciones militares contra objetivos iraquíes, especialmente desde el aire, ocasionando pérdidas de vidas civiles, y lo ha hecho en época de paz. 
Al mismo tiempo, por haber impuesto un embargo brutal, los Estados Unidos son también culpables de un autentico genocidio que, según las propias Naciones Unidas, ha causado la muerte de más de un millón de niños iraquíes. 
La intención de asesinar a los líderes políticos iraquíes, tal como se ha declarado cínicamente hoy en las primeras horas del conflicto, representa una nueva fase de este descenso hacia la barbaridad. 
A partir de ahora los líderes de la coalición no podrán indignarse ni asombrarse cuando se conviertan en los principales objetivos de las represalias terroristas. 
Esta crisis ha demostrado la absurdidad de la Unión Europea, desgarrada por las posturas opuestas de sus miembros, y ha demostrado también que, con unos poderes de categoría media e incapaz de convertirse en una potencia importante, se puede crear una organización sin ningún poder en absoluto. 
Quienes en nuestros países luchan por la paz deberían pedir que se celebre una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como se hizo durante la Guerra de Corea. 
Quizás lo único que se puede hacer allí es hablar, pero al menos será hacer algo para conseguir la paz. 
Señor Presidente, todos lamentamos el fracaso de Europa en esta crisis y la constatación de que los instrumentos existentes para coordinar nuestra política exterior no se han mostrado efectivos. 
Nuestro Grupo, sin duda, desea una posición autónoma de la Unión Europea en el mundo sustentada en la defensa de intereses legítimos, pero también en valores como la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad, es decir, todo aquello que el régimen de Sadam Hussein ha masacrado en su propio país y todo aquello que compartimos con los Estados Unidos. 
Y, por lo tanto, en mi Grupo apostamos por reforzar el vínculo transatlántico que nos ha unido en otros momentos, también difíciles, de nuestra historia, como ha dicho el Presidente de la Generalitat de Cataluña. 
A pesar de las evidentes divergencias en el seno de la Unión Europea, hay algunas cosas que creo que ahora más que nunca estamos obligados a hacer juntos. 
Redoblar nuestros esfuerzos para contribuir a retomar el camino de la paz en Oriente Próximo, o eliminar los focos de tensión en el Magreb y, desde luego, prestar nuestra ayuda humanitaria durante el conflicto y, después, a la reconstrucción humana, política y económica del país, como ha señalado la Presidencia de la Unión. 
Yo invito a la Comisión Europea a que reflexione sobre si se precipitó en algunas de sus declaraciones al respecto. 
En momentos como éstos es más fácil mirar hacia otro lado, es más cómodo esconderse detrás de una pancarta que enfrentarse a la tiranía. 
A veces es más rentable también. 
Lo que sí es exigible es el respeto a la opinión ajena. 
La experiencia nos demuestra sin embargo, señor Presidente, que la fuerza frente a la opresión es la única respuesta, y nosotros solamente somos vasallos de nuestras convicciones democráticas. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, si tuviéramos que elegir entre la democracia estadounidense y la dictadura iraquí, la elección sería fácil. 
Si tuviéramos que elegir entre la alianza transatlántica y los dictadores, la elección sería fácil. 
Pero en realidad tenemos que elegir entre Kofi Annan y George Bush, tenemos que elegir entre el Primer Ministro Simitis y el Presidente Prodi, que son los líderes de la Unión, por un lado, y Tony Blair y José María Aznar por otro. 
Kofi Annan representa la ley. Bush no. 
El Primer Ministro Simitis y el Presidente Prodi representan a la Unión. Los otros no. 
¿En nombre de quién presentó George Bush el ultimátum a Sadam Hussein? 
¿En nombre de quién Tony Blair y José María Aznar hicieron caso omiso del documento firmado en el Consejo Europeo el 17 de febrero? 
Habíamos programado el Foro Euromediterráneo para la próxima semana en Grecia, como usted sabe, señor Presidente, para hablar de la paz, el progreso social y la coexistencia pacífica. 
Muchos diputados de países árabes y de la Unión Europea se preguntan cómo podrán participar en la próxima asamblea parlamentaria euromediterránea si están cayendo bombas en Bagdad, si Kofi Annan, el derecho y las Naciones Unidas se han visto brutalmente relegados por la arrogancia de George Bush, si estamos al principio de una guerra que es unilateral, preventiva, injusta, ilegal y, como se ha dicho, inmoral y criminal. 
Aunque el dictador caiga pronto, la naturaleza arrogante de esta acción permanecerá. 
En 1991 existían las Naciones Unidas. 
En 1995 y 1998, las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea fueron unánimes. 
En 2001, todo el mundo apoyó a George Bush y a los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. 
El Presidente de los Estados Unidos ha derrochado un inmenso capital político y moral, ha asestado un golpe a las Naciones Unidas, ha dividido a la Unión Europea, ha ensanchado el Atlántico y ha conseguido que las relaciones con el mundo árabe sean más difíciles. 
Ha causado muchos destrozos. 
En realidad, señor Presidente, la guerra estalló ya el 17 de septiembre de 2002, cuando se anunció al mundo la nueva estrategia del planteamiento Bush. 
Había un país, los Estados Unidos, que tenían un gran poder, derivado de la guerra para liberar Europa, África y Asia del fascismo, de la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría, y ahora este poder corre el riesgo de convertirse en dominio basado en el uso de la fuerza. 
De esta forma, los Estados Unidos han renunciado a su papel histórico y, siendo así, podría ser el inicio de una grave crisis, una crisis que, como ha dicho Norman Mailer, podría afectar a la democracia de los Estados Unidos y, si afecta a la democracia de los Estados Unidos, también podría afectar a la democracia en Europa, e incluso podría verse amenazada nuestra libertad. 
Por lo tanto, Presidente Cox, señor Papandreou, expliquen claramente al Consejo, dejen claro ante el Consejo hoy y mañana, que con la guerra de George Bush Europa ha salido perdiendo. 
Hemos perdido. 
Aunque el dictador caiga, debo insistir, hemos perdido. 
Los europeos, que son verdaderos amigos de los americanos, de los ciudadanos de los Estados Unidos, no pueden apoyar a George Bush. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, decidimos que nunca volvería a existir un Auschwitz, que nunca volvería a haber una guerra. 
Debemos construir esta nueva Europa y darle una nueva Constitución que conserve estos dos pilares: nunca más un Auschwitz, nunca más una guerra. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, «el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha estado a la altura de sus responsabilidades, de modo que asumiremos las nuestras». 
Con esta observación, triste pero totalmente justificada, el Presidente Bush notificó la liberación del Iraq, de la región y del mundo de Sadam Hussein. 
La acción militar contra este despiadado tirano no sólo está plenamente justificada, sino que es incluso una obligación ineludible. 
Las resoluciones de las Naciones Unidas son claras al respecto. 
La oposición organizada por algunos Estados miembros no ha hecho nada, por decirlo suavemente, a favor de la credibilidad de las Naciones Unidas como órgano de mantenimiento de la paz. 
Ya era hora de que pasáramos a la acción contra el peligro local, regional y global que representa este tirano cruel con sus armas de destrucción masiva. 
Al mismo tiempo, es sumamente importante reparar las deterioradas relaciones transatlánticas. 
Recuperemos- en Europa, en América y en todas partes- nuestra unanimidad y comprometámonos juntos a conseguir un Iraq libre y democrático. 
Rogamos compasión para el pueblo iraquí, los soldados y sus familias. También rogamos para que en el Parlamento Europeo, junto con el Presidente Bush, reconozcamos que dependemos de Dios. 
Señor Presidente, a pesar de los errores, la culpabilidad y la incoherencia geopolítica de los Estados Unidos, Europa no debe perder su capacidad de clarividencia ni dejar de darse cuenta de la gravedad de la amenaza que Bagdad suponía para nosotros. 
¿Ya hemos olvidado el 11 de septiembre? 
La política exterior europea, si es que existe, no se puede reducir a la admirable e ineficaz acción de unos pacifistas de miras estrechas, que en sus manifestaciones nunca han condenado de verdad a Sadam Hussein ni el uso de armas de destrucción masiva. 
Incluso hoy, hemos oído palabras halagadoras dirigidas al mundo árabe. 
Yo les pregunto: ¿han visto u oído la televisión árabe? 
Está proclamando en voz alta y clara lo que las multitudes árabes, incluso los inmigrantes que viven en nuestras ciudades, quieren oír. 
Pero cuando Sadam Hussein levante la espada amenazadora del islam y proclame la yihad, seremos nosotros, los europeos, su objetivo más próximo y directo. 
Ojalá Dios impida un desastre en Londres, Milán o Bruselas como el que ocasionó el fanatismo árabe el 11 de septiembre en Manhattan. 
Que Dios proteja a la joven Europa, y a los jóvenes europeos que, me temo, lucharán en primera línea o, como nuestras excelentes tropas alpinas, trabajarán para la paz en Afganistán. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías, toda guerra es una derrota moral para la política y, en este caso, la guerra es también una expresión de la debilidad de Europa. 
La buena noticia que esto comporta es que la guerra significará el final de Sadam Hussein, que tiene la vida de tantas personas en su conciencia, y que haría todavía más estragos. 
Aún así, muchos ciudadanos tienen dudas cuando piensan si este loable objetivo justifica los sacrificios que implica. 
Consideremos por ejemplo los problemas relacionados con la estabilidad de la región, el tema de la legitimidad de una guerra iniciada con acciones unilaterales, y las consecuencias para las Naciones Unidas. 
Yo todavía no he resuelto mis propias dudas al respecto. 
Debemos estar dispuestos a ofrecer ayuda de inmediato para las personas después de la guerra y para estabilizar la región. 
Aquí es donde nosotros, los europeos, tenemos que hacer el esfuerzo y conseguir que el cuarteto se ponga manos a la obra para resolver los problemas en Oriente Próximo. 
Pero, sobre todo, debemos hacer nuestros propios deberes. 
No parece que ninguno de los Gobiernos de Europa pueda salir especialmente bien parado de la situación actual, y deberíamos reconocer que sólo juntos podemos desempeñar un papel en temas como la guerra y la paz, que, por lo tanto, la Convención debería llegar a una conclusión satisfactoria, y que incluso la política exterior debe basarse en decisiones tomadas por mayoría cualificada, para que Europa pueda hablar pronto con una sola voz. 
Ésta debe ser también la base sobre la que podremos reforzar de nuevo nuestras relaciones transatlánticas, que nos vinculan a la gran democracia del otro lado del océano; pero estas relaciones deben basarse en nuestra propia fuerza, de la que deben depender todas nuestras relaciones. 
Creo que entonces las democracias de ambos lados del océano podrán ponerse a trabajar para establecer un orden mundial justo, porque no puede haber orden mundial basado en la violencia. 
Hay que encontrar otros caminos y otras formas de crear este orden mundial, y esto es algo que debemos conseguir juntos. 
Señor Presidente, me niego a ser considerado amigo de Sadam Hussein- que es y será siempre un criminal- sólo porque estoy a favor de la paz. 
Me opongo a esta guerra porque está teniendo lugar fuera del marco de las Naciones Unidas, y si rechazamos la gracia de Dios sólo queda la ley de la jungla y la ley del más fuerte; sólo queda la ilegitimidad moral, jurídica y política. 
En este contexto, la decisión de determinados Gobiernos de permitir que las tropas estadounidenses utilicen sus bases aéreas y su espacio aéreo, como ha hecho incluso el renegado Gobierno italiano, se contradice con los principios generales del derecho internacional en que se basa la Carta de las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, yo y mi partido- l ' Italia dei valori -, que se opuso vehementemente y de forma inmediata al conflicto, estamos adoptando ahora una postura contraria a los viles trucos de los Gobiernos que dicen no ser belicistas pero que están ayudando a los que son belicistas: un papel que suele reservarse a los que fomentan los actos criminales. 
Hasta ahora, estos Gobiernos nos habían asegurado que respetarían la voluntad de las Naciones Unidas, pero ahora que las Naciones Unidas se han negado a autorizar el ataque, han incumplido su promesa. 
Evidentemente, señor Presidente, pensaban, como piensan ahora, en la futura distribución del botín de guerra y esperan, como perritos mendigando bajo la mesa de su amo, que caigan algunas migajas de la mesa de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, en el debate de hoy yo creo que hay que constatar una doble frustración. 
Frustración, en primer lugar, porque lamentablemente no ha sido posible la paz. 
Y yo quisiera decir que la paz no constituye el patrimonio exclusivo de ningún grupo político, de ningún miembro de este Parlamento, ni de ningún gobierno. 
La paz es un valor universal que se vive, se manifiesta y se explicita a través del ámbito individual de la conciencia ética de cada individuo. 
Frustración también, señor Presidente, por el pobre papel que ha desempeñado la Unión Europea en este conflicto. 
Pero este hecho se puede afrontar de dos maneras: a través de un debate maniqueo, estéril y cainita, reprochándonos los unos a los otros las insuficiencias y la irrelevancia de nuestra presencia o, como decía el Presidente del Consejo, sacando conclusiones para no volver a incurrir en los mismos errores. 
Y es evidente que partiendo de nuestras propias incapacidades, señor Presidente, hoy por hoy, en materia de seguridad y de defensa no hay alternativa, nos guste o no, al eje euroatlántico. 
Además, señor Presidente, como se ha dicho esta mañana aquí, el problema de la crisis iraquí no se plantea en Washington, no se plantea en Londres, no se plantea en Madrid, no se plantea en París, no se plantea en Berlín: el problema está en Bagdad y se llama Sadam Hussein. 
Señor Presidente, tenemos que movilizar todos nuestros medios. 
Hacer de la necesidad virtud y tratar de que las discordias del presente se conviertan en las armonías del futuro. 
Un futuro, señor Presidente, que nadie nos va a regalar, un futuro que nosotros tenemos que conquistar y en el que podemos influir para bien o para mal. 
Y para conquistar ese futuro tenemos dos alternativas, señor Presidente: o realizamos nuestros mejores sueños de una Europa unida, de una Europa que en su unidad y dentro de su diversidad hable con una sola voz, o tendremos que aprender a vivir con nuestras peores frustraciones. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, esta guerra era una conclusión conocida de antemano. 
Se ha hecho caso omiso de las protestas populares y se ha prescindido del respaldo de las Naciones Unidas. 
Mi primera pregunta es: ¿y ahora, hacia dónde? 
¿Hacia dónde se dirige el mundo y qué posición ocupamos nosotros, como representantes del pueblo y como hombres y mujeres responsables, simplemente hombres y mujeres responsables, que presenciamos esa peligrosa evolución? 
Mi segunda pregunta: si sólo, y repito, si sólo vamos a responder a este giro de los acontecimientos con nuestros deseos o nuestra intervención para que esta guerra acabe lo antes posible, ¿después qué? 
¿Qué otras conclusiones conocidas de antemano se van a aplicar utilizando el mismo modus operandi, mientras nosotros volvemos a limitarnos a desear que acabe pronto? 
El Presidente Bush sostiene que lucha contra el dictador y la dictadura, que compara con la democracia a la que él y todos nosotros servimos. 
Tercera pregunta: ¿es nuestra democracia tan superior que tenemos que despreciar las reacciones de personas de todo el mundo, pisotear el derecho internacional y hacer caso omiso del desprecio mostrado por las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad? 
¿Es ésa la diferencia entre democracia y dictadura? 
¿Es ésa la diferencia entre dictadores y demócratas? 
Cuarta pregunta: esta vieja Europa, como la denomina tan despectivamente el Sr. Rumsfeld, está haciendo un enorme esfuerzo por demostrar que, con paz, democracia y solidaridad, puede avanzar y ser un ejemplo para el mundo de cómo se pueden resolver las diferencias internacionales de forma pacífica. 
¿Vamos a permitir que se nos impongan planes o resultados inevitables sobre sus divisiones o el debilitamiento de su unidad en el largo y complicado camino hacia la reconstrucción de nuestro futuro mediante la tolerancia y la rebaja de nuestras reacciones? 
He formulado cuatro preguntas que me llevan a una conclusión muy sencilla. Una reacción vigorosa hacia amigos y aliados que arrastran al mundo a la ruina en aras de los malentendidos intereses de una superpotencia que ha perdido el rumbo y nos pide, nada más y nada menos, que le acompañemos en sus chapuceras medidas. 
Nosotros también tenemos responsabilidades hacia este mundo, surgidas de la democracia a la que servimos y defendemos. 
¡Abajo la guerra! 
¡Larga vida a la paz entre las naciones! 
Señor Presidente, me temo que todos los esfuerzos realizados para cerrar la crisis del Iraq sin utilizar la fuerza han fracasado. 
De ahí que se esté llevando a cabo una intervención que, me gustaría recalcar, se basa como mínimo en tres resoluciones de las Naciones Unidas: la 1.441, la 678 y la 686. 
Comparto la opinión del Sr. Poettering sobre Sadam Hussein: él es el responsable de los acontecimientos actuales. 
Podría haber evitado un conflicto armado poniendo fin a su sangrienta dictadura, como le sugerimos hasta ayer por la tarde no sólo muchos de los diputados de este Parlamento, sino también el Gobierno de Arabia Saudí y otros países árabes. 
No podemos comparar al Presidente Bush con Sadam Hussein. 
No podemos comparar al Presidente de la mayor democracia occidental con un sangriento criminal autócrata que ha aniquilado toda traza de democracia en el Iraq y que es el único dictador que ha utilizado armas de destrucción masiva. 
Me temo que Europa ha demostrado su división sobre este asunto. 
Nuestra inmediata obligación es intentar restaurar la unidad de la Unión. 
El Consejo Europeo de hoy, señor Papandreou, puede ser el comienzo de un nuevo esfuerzo para dotar a Europa de una política exterior y de defensa común. 
Podemos tomar medidas prácticas para reforzar de nuevo la acción comunitaria, Comisario Patten, una vez que concluya el conflicto iraquí. 
La Unión, junto con las Naciones Unidas, debe asumir el liderazgo de la construcción de la nueva democracia iraquí. 
Así tendrá un papel principal que desempeñar, lo que significará, entre otras cosas, tomar medidas enérgicas y coherentes para luchar contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Sin embargo, esta Europa fuerte desde el punto de vista político habrá de ser un interlocutor en pie de igualdad con los Estados Unidos, otro importante líder de la política internacional, pero no podemos, como ha dicho el Presidente Prodi, esperar construir la Europa del mañana desde una posición de oposición a los Estados Unidos. 
Asimismo, se han hecho varias críticas al Gobierno italiano que no merecen una respuesta, puesto que son infundadas y se han expresado toscamente tal y como lo suelen hacer los que dan preferencia a los intereses partidistas por encima de los intereses nacionales y europeos. 
Señor Presidente, Señorías, ha acabado el tiempo de las ilusiones, y ahora debemos hacer frente a la realidad. 
El régimen criminal de Sadam Hussein debe ser desarmado. 
Eso es lo que deseamos la mayoría de los diputados de esta Cámara y a lo que se han comprometido las Naciones Unidas en las casi innumerables resoluciones de su Consejo de Seguridad. 
Todo indica que no habría sido posible desarmar a Sadam Hussein sin la utilización de medios militares, con independencia de que se hubieran dedicado otros cuatro, ocho o doce meses a intentarlo. 
Por lo tanto, lo que importa ahora es que esta guerra termine rápidamente, evitando causar daños, si es posible, a los que no participan activamente en la misma. 
Mis pensamientos están ahora con los soldados que deben pasar por esta guerra, así como con sus familias y las de aquellos que serán las víctimas y tendrán que sufrir. 
Creo que una de las ilusiones que debemos desechar es el papel de la Unión Europea. 
El papel que ha representado en esta crisis ha sido lamentable, puesto que se ha mostrado dividida y ha carecido de toda capacidad de acción y toda influencia para lograr los objetivos que supuestamente pretende lograr. 
Ésa es una de las principales razones por las que la Unión Europea debe, en el periodo de posguerra, comprometerse a hacer una sustancial aportación a fin de capacitar al pueblo del Iraq para establecer un estado y un orden social que ellos mismos elijan y que esté dispuesto a vivir en paz con el mundo. 
Está visto, sin embargo, que los europeos han fracasado. 
¿Cuándo aprenderán por fin los europeos que el mundo no les escuchará hasta que no hablen con una sola voz? 
Señor Presidente, esta mañana empezó la guerra que debe dar lugar a un desarme real del Iraq y que se ha concebido para poner fin al reino del terror que Sadam Hussein ha impuesto sobre ese país durante muchos años. 
Es muy lamentable que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya podido conseguir ese desarme a pesar de las 17 resoluciones aprobadas desde 1991 y los muchos equipos, con cientos de inspectores, que han estado en el Iraq desde entonces. 
Sadam Hussein ya ha librado tres guerras: contra el Irán, contra Kuwait y contra los kurdos, utilizando armas químicas en su propio país. 
Estas guerras han provocado millones de muertes y también millones de refugiados, 50 000 de los cuales viven en los Países Bajos. 
Mientras tanto, hay muchos indicios de que estas armas químicas y biológicas se han puesto también en manos de organizaciones terroristas. 
Ya vimos lo que esos grupos son capaces de hacer el 11 de septiembre en Nueva York. 
Ésa es la razón política por la cual yo apoyo esta acción y por la que también querría expresar mi lealtad hacia los muchos soldados, también europeos, que tienen que llevar a cabo esta complicada tarea. 
Yo todavía era una niña cuando soldados estadounidenses, canadienses, británicos y polacos arriesgaron sus vidas para liberar a Europa y a mi propio país en 1945. 
Desde entonces, con frecuencia me he preguntado cuántos millones de vidas se podrían haber salvado si hubiéramos intervenido ya en la década de 1930. 
Así es como veo esta acción, como una acción encaminada a evitar desastres mucho mayores en el futuro. 
Deseo expresar mi solidaridad a la población iraquí, que ya ha sufrido tanto, pero para quienes quizá haya una luz al final de un largo túnel. 
Por último, quiero decir que, una vez que esta guerra concluya, será muy necesario curar las heridas. 
El Iraq necesitará mucha ayuda. 
Los Estados miembros de la UE tendrán que reflejar su comportamiento de la última semana en el Consejo de Seguridad. 
Tendremos que tender la mano a los habitantes del mundo árabe, puesto que esta guerra no está dirigida contra ellos, sino contra el demonio iraquí al que debemos parar antes de que sea demasiado tarde. 
Eso es de lo que trata este conflicto y ésa es la razón por la que políticamente deseo, conjuntamente con el Gobierno holandés, apoyar a esos países que la pasada noche iniciaron esa acción para desarmar al Iraq. 
Señor Presidente, en los últimos meses se ha demostrado muy claramente que la política de exterior y seguridad común está vacía de todo contenido. 
Cabría esperar que los Estados miembros de la UE se mantuvieran hombro con hombro cuando la democracia se ve desafiada por la dictadura. 
Cabría esperar que los Estados miembros de la UE fueran capaces de mantenerse unidos a la hora de escoger entre libertad y opresión pero, por desgracia, algunos de ellos han dejado claro que, en política exterior, no se guían principalmente por lo que se considera correcto y apropiado. 
Ha sido muy gratificante ver que la mayoría de los nuevos Estados miembros se alineaban claramente con los valores que constituyen la base de nuestra cooperación europea, pero ha sido lamentable ver que algunos de los más antiguos Estados miembros reaccionaban ante la postura de esos países con amenazas y chantajes. 
Podemos preguntarnos qué derecho tenemos a pedir a países que han sufrido décadas de dictadura que abandonen sus ideales democráticos. 
Tardarán tiempo en cicatrizar las heridas sufridas por la cooperación europea en las últimas semanas y meses. 
Aún así, tenemos que trabajar con más decisión que nunca para construir una UE capaz de hablar con una sola voz y de actuar con idénticos mismos objetivos en todo el mundo. 
Pero esa voz y esos objetivos tienen que ser tales que podamos sentirnos orgullosos de ellos. 
Tiene que ser una voz que se alce en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, y no sólo en nuestro propio continente. 
Lo primero que podemos hacer es ayudar a construir un Iraq liberado, tanto en términos económicos como por medio de ayudas prácticas para construir la primera democracia del Oriente Próximo árabe. 
Señor Presidente, Señorías, la cumbre se reunirá esta noche. 
Debatirá exactamente lo mismo que hemos debatido aquí esta mañana. 
El presidente de esta Cámara, el Sr. Pat Cox, tendrá la oportunidad de intervenir en esa cumbre en representación del Parlamento Europeo y esperamos sus comentarios con interés. 
Pero puedo asegurarles que la Presidencia griega transmitirá las opiniones expresadas en esta Cámara, esta Cámara democrática en la que está representada la opinión pública europea, en la reunión de esta noche. 
Aquí también ha habido diferencias de opinión. 
Pero eso es una ventaja, no un inconveniente. 
Constituye el principio básico de la democracia. 
Nuestra apuesta, nuestro desafío, es encontrar la síntesis a partir de esta tesis y antítesis democrática, la voluntad común para seguir avanzando. 
La presidencia les asegura también que hará todo lo posible por ayudar a conseguir esta aspiración y encontrar esa síntesis. 
Sabemos, como saben los Quince, que somos en todo momento responsables de avanzar y conseguir esa voluntad común. 
Muchas de Sus Señorías han hablado de la necesidad de escuchar la voz de los ciudadanos europeos y su unidad y voluntad común. 
Posiblemente, cuando consideremos el futuro de Europa, tengamos que considerar la manera de otorgar un mayor peso a esa voz, la voz de los ciudadanos, en nuestras instituciones y decisiones, y la manera de asegurar a nuestros ciudadanos una participación más seria en todo el proceso. 
No obstante, son muchos los mensajes comunes que se derivan de esas percepciones diferentes. 
Por supuesto, el primero de ellos ha sido una decepción aguda ante el fracaso de los esfuerzos diplomáticos. 
El segundo ha sido la necesidad de nuestra presencia humanitaria. 
El Comisario Chris Patten ha hablado de ello. 
Y al margen de la postura que cada cual respecto a la guerra, creo que es moral y políticamente correcto afirmar que la Unión Europea no dará la espalda a ningún problema humanitario que este conflicto pueda causar. 
Tenemos que dirigir nuestra atención a la población iraquí. 
Hambre, refugiados, frío, posibles problemas en el norte del Iraq, grupos vulnerables, poblaciones desplazadas, son algunos de los problemas que se producirán. 
Me gustaría insistir en que ya mantenemos una excelente cooperación con la Comisión y con Chris Patten en estas cuestiones y, como él bien ha dicho, la Unión Europea puede sentirse orgullosa de su actuación en este terreno. 
Aunque aspiremos a convertirnos en una pieza más importante del tablero internacional, podemos estar orgullosos de la importante labor humanitaria realizada por la Unión Europea en todos los rincones del mundo, dondequiera que se la necesite. 
En tercer lugar, se han hecho numerosas referencias a la reconstrucción. 
Muchos Estados miembros se han resistido a utilizar o discutir esta palabra, ya sea, en primer lugar, porque la guerra apenas sí ha comenzado y, en segundo lugar, porque se muestran comprensiblemente reacios a pedir a la Unión Europea que repare los daños cuando todo haya terminado, sobre todo tratándose de una guerra que la Unión Europea no ha aprobado. 
Pero también aquí tenemos una importante responsabilidad. 
En primer lugar, una responsabilidad porque queremos que todo lo que suceda en la región, y en el Iraq en particular, esté dirigido por un organismo central, esté dirigido por la ONU, y si participamos en la reconstrucción, podremos insistir en que la Unión Europea sólo realizará una contribución importante si las Naciones Unidas participan y dirigen el proceso, sea cual sea ese proceso. 
En consecuencia, tenemos la responsabilidad de garantizar que la ONU asuma el liderazgo y, por lo tanto, tenemos también la seria responsabilidad de participar en el proceso de reconstrucción, sea cual sea, cuando la guerra termine. 
Tenemos también una gran responsabilidad, como han recordado muchos de ustedes, hacia los países vecinos. 
Nos mantenemos en contacto con ellos y creo que, sobre todo Turquía, necesita nuestra ayuda especialmente para seguir progresando en el proceso de adhesión, ya que seguro que se verá afectada de una manera u otra por la crisis del Iraq. 
Algunas de sus Señorías han dicho que actualmente el diálogo con el mundo árabe resulta difícil. 
A mí me parece más bien lo contrario, porque la Unión Europea tiene autoridad en el mundo árabe. 
Las iniciativas adoptadas por la Unión Europea, nuestra buena relación con ellos, demuestran que no existe una división cultural. 
Hasta los ciudadanos que claman por la paz en nuestras calles así lo han demostrado. 
La invitación extendida a la presidencia de la Unión Europea por los líderes del mundo árabe para visitar Sharm el Sheik no es una feliz coincidencia. 
Celebro también las iniciativas del Parlamento Europeo de organizar encuentros con los parlamentarios, al margen de cuándo tengan lugar. 
El diálogo es esencial para empezar a debatir cuestiones fundamentales, cuestiones que eviten posibles crisis futuras, cuestiones como la pobreza y la cooperación económica, los derechos humanos y la democracia, la situación de la mujer, la seguridad y las iniciativas conjuntas para combatir el terrorismo, la inmigración ilegal y muchos otros problemas. 
Por supuesto, nuestros avances en el proceso de paz en Oriente Próximo junto con el Cuarteto, y con el respaldo unánime de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y los Quince, son apreciados por todas las fuerzas que trabajan por la paz, por Israel y por el mundo árabe. 
Finalmente, se ha transmitido un mensaje importante sobre nuestras relaciones con Estados Unidos. 
Numerosos oradores han insistido en que lo importante no es que estemos a favor o en contra de los americanos. 
Ese no es el problema. 
El problema no es que seamos amigos o no. 
Como han dicho el Sr. Barón Crespo y otros oradores, somos aliados, y los aliados tienen que hablar en igualdad de condiciones. 
Hablar en igualdad de condiciones significa, como ha dicho el Sr. Poettering, que nosotros también necesitamos una Unión fuerte. 
Tenemos que hablar con una sola voz y tenemos que ser capaces de asumir cada vez más responsabilidades en los asuntos internacionales. 
Tenemos que considerar seriamente el futuro desarrollo de nuestra política exterior y de defensa y necesitamos mantener un diálogo sistemático con los Estados Unidos. 
Por cierto, cuando nos reunimos hace unos meses, los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso discutieron acaloradamente el tema de la Corte Penal Internacional y nuestra posición al respecto. 
Discutí el asunto con ellos, expresé las opiniones de la Unión Europea y me di cuenta de que ellos no sabían en realidad lo que nosotros pensamos, cuál es nuestra postura y por qué creemos que ese tribunal es tan importante. 
No sé a cuántos convencí, pero lo que sí sé a ciencia cierta es que se fueron pensando más en nuestra posición que antes. 
Sé también que el Sr. Pat Cox ha tomado ya medidas para entablar un debate entre el Parlamento Europeo y el Congreso y celebro esas iniciativas, que debemos apoyar y, por supuesto, intensificar. 
Tenemos que colaborar con Estados Unidos si queremos que se adopte un enfoque multilateral de los problemas, y no he oído a nadie manifestarse en contra de la cooperación multilateral en el seno de la comunidad internacional. 
Un enfoque multilateral de los problemas actuales significa, en definitiva, respetar un principio sencillo, el principio del «peso de la ley» en lugar de la «ley del más fuerte». 
Así es la Unión Europea. 
Una comunidad de valores. 
Una comunidad de principios. 
Eso es lo que nos une. 
Diferentes naciones, diferentes lenguas, incluso diferentes tradiciones, pero una voluntad común basada en principios, basada en esos valores. 
Y sobre esos valores estamos construyendo la Europa de los 15, la Europa de los 25. Luego vendrá la Europa de los 28 o quizá de más, si incluimos a los Balcanes occidentales. 
Hemos hecho un enorme trabajo por la paz basándonos en esos principios. 
Queremos continuar con este magnus opus ampliando y promoviendo nuestro cometido internacional. 
Y podemos asegurar que el Iraq y la manera de afrontar el problema del Iraq constituye una excepción en la comunidad internacional, y no la regla, salvaguardando así el intergubernamentalismo global, aclamado por un número cada vez mayor de voces, y aplicando los principios básicos que hemos adoptado y respetamos, tanto el Consejo, como el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Señorías, es posible que tengamos nuestras diferencias, pero saldremos de esta crisis decisiva- éste es el mensaje que recibo de mis colegas y de nuestros ciudadanos, a los que todos nos debemos- con una voluntad política renovada, decididos a construir una Europa más fuerte y unida. 
No sé si eso lo conseguiremos hoy, mañana o dentro de unos meses. 
Pero el ímpetu está ahí. 
El ímpetu está ahí y creo que es nuestra responsabilidad poner todo de nuestra parte en el debate que tenga lugar en la Convención sobre el futuro de Europa y, por supuesto, más adelante, en la Conferencia Intergubernamental, para que podamos hablar de una Europa que defiende la democracia, el progreso y la paz tanto en nuestro propio continente como en todo el mundo. 
Por eso soy optimista, sobre todo después de nuestro debate, y pienso que los líderes de la Unión Europea, el Consejo Europeo, transmitirán un mensaje de unidad, cooperación y determinación para afrontar con eficiencia los problemas que depare el futuro, y que el Parlamento Europeo desempeñará un papel decisivo allanando el camino. 
Señor Presidente, con independencia de lo que el Parlamento piense o deje de pensar sobre mí, creo que debe reconocer que siempre me he tomado muy en serio esta Cámara y también la cuestión de la responsabilidad democrática. 
Un día- y lo dejaré para el final porque posiblemente sean unas declaraciones muy poco populares y puede que se me acuse de lesa majestad -, justo antes de abandonar la Comisión Europea el próximo mes de noviembre, pronunciaré un breve discurso ante esta Cámara sobre lo mucho mejores que son los debates cuando las personas que intervienen tienen luego la cortesía de quedarse y escuchar las respuestas. 
Me gustaría responder a tres de las cuestiones que se han planteado en este debate. 
Han sido planteadas en un caso por alguien que todavía está aquí, y otra persona que ha planteado una cuestión a la que responderé era una de varias que han mencionado las relación con los Estados Unidos. 
Empezaré con la discusión sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción. 
Mi honorable amigo, el Sr. Evans, que muy a su pesar no ha podido quedarse con nosotros, ha afirmado que percibe una diferencia entre los comentarios que hice la semana pasada sobre la reconstrucción y la ayuda humanitaria y lo que he dicho hoy aquí. 
Quiero hacer algo que siempre le solía criticar al Primer Ministro laborista, Harold Wilson: voy a leer una de mis propias intervenciones. 
Me gustaría simplemente leer textualmente lo que dije la semana pasada y luego pasar a otra cuestión. 
Hablando sobre la ayuda humanitaria, dije: «Una cosa es la ayuda humanitaria inmediata, pero seguramente nos pedirán muchas más cosas. 
Como el Parlamento sabe también, el presupuesto europeo para las relaciones exteriores está ya muy comprometido. 
Sean cuales sean las circunstancias, será muy difícil lanzar nuevos programas a gran escala en el Iraq y en los países vecinos del Iraq. 
Ya hemos recibido a delegaciones, por ejemplo, del Gobierno jordano. 
Pero a la Unión Europea le resultará mucho más difícil cooperar plenamente y a gran escala- también en el proceso de reconstrucción a largo plazo- si los acontecimientos se suceden sin la debida aprobación de la ONU y si los Estados miembros siguen estando divididos.» 
Y proseguía diciendo: «Sólo quiero comentar un hecho: si estalla la guerra, será mucho más fácil convencerles a ustedes- la autoridad presupuestaria de la Unión Europea- de que sean generosos si no se cuestiona la legitimidad de la acción militar emprendida, el nuevo orden político que surja de ella o la responsabilidad del proceso de reconstrucción. 
No estoy exponiendo un argumento de carácter jurídico. 
Simplemente expongo una opinión política que no es ni una gran novedad ni una sagacidad. 
A mí me parece muy obvia.» 
Celebro que, desde entonces, otros hayan adoptado una postura similar. 
Después del conflicto habría que adoptar una nueva resolución de la ONU que contemple no sólo la ayuda humanitaria, sino también la administración y la gobernanza del Iraq. 
Esto exige la debida autorización de la ONU. 
Estas no son palabras mías; son del discurso pronunciado por el Primer Ministro británico, Tony Blair, en la Cámara de los Comunes esta semana. 
Afirmo sin ningún ápice de ironía que me alegro de que la argumentación que algunos de nosotros llevamos defendiendo desde hace semanas, o incluso meses, esté empezando ahora a tomar vuelo. 
Me pregunto, sólo de pasada, si esto habría ocurrido si no lo hubiéramos planteado nosotros primero. 
En segundo lugar, quiero decir brevemente algo sobre los Estados Unidos y nuestras relaciones con este país. 
Criticar a los Estados Unidos no es lo mismo que tener una política exterior europea. Tampoco se puede decir que discrepar de la cosmovisión de Richard Pearle o Robert Kagan signifique ser antiamericano. 
Millones de norteamericanos discrepan del Sr. Pearle y del Sr. Kagan. 
(Aplausos) 
No creo que nadie les acuse de ser antiamericanos. 
¿Acusamos nosotros a la mayor parte de la última administración democrática de ser antiamericana? 
¿Acusamos nosotros a muchos de los republicanos actuales de ser antiamericanos? 
Si aceptar cualquier cosa que tenga que decir Richard Pearle es el precio a pagar para demostrar que creemos firmemente en la relación transatlántica, mejor sería recurrir a Brent Scowcroft o a muchas de las más distinguidas figuras de las anteriores administraciones republicanas. 
Por decirlo sin asperezas: no estoy dispuesto a que se juzgue mi relación con los Estados Unidos en función de si estoy o no de acuerdo con Richard Pearle. 
(Aplausos) 
Y como hoy me ha dado un ataque de franqueza, haré un tercer comentario. 
Se ha discutido mucho en la Convención- que prosigue bajo su distinguida presidencia- sobre el futuro de la política exterior y de seguridad común, discusiones en las que yo también he participado, sobre el uso del voto por mayoría cualificada, sobre la fórmula del doble mandato, entre otras muchas cuestiones. Ha sido un debate muy interesante para todos los que hemos participado en él. 
Pero permítanme que recuerde a la Cámara lo que ya dice el Tratado. 
Su Señoría se ha referido en su excelente intervención al artículo 11. 
El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11 dice así: «Los Estados miembros trabajarán conjuntamente para intensificar y desarrollar su solidaridad política mutua. 
Se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de la Unión o que pueda perjudicar su eficacia como fuerza de cohesión en las relaciones internacionales». 
No sé como se traduce eso, pero mi difunto padre habría dicho que se fueran a tomarle el pelo a otro. 
El cambio institucional puede ayudar, desde luego, a crear voluntad política. 
No lo dudo. 
Pero no se puede crear voluntad política sólo por medio del cambio institucional, y el cambio institucional no puede sustituir a la voluntad política. 
Me temo que ésta es una lección que he aprendido en los últimos tres años y medio a base de cometer errores. 
(Aplausos) 
Con esto concluye nuestro debate extraordinario. 
Quisiera dar las gracias a todos los colegas que han intervenido y también al Consejo y a la Comisión por su participación. 
El debate ha puesto de manifiesto que siguen existiendo muchas diferencias, pero también que esas diferencias se basan en convicciones honestas y profundas, aunque también diferentes. 
Les agradezco el tono tranquilo, reflexivo y respetuoso con que ha transcurrido el debate. 
(Se levanta la sesión extraordinaria a las 11.45 horas) 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Con gran tristeza por haber comenzado ya la guerra del Iraq, estamos presentes en lo que, pese a todo, es una importante sesión extraordinaria, en la que participamos, junto con nuestro Grupo, en un último intento desesperado de aunar fuerzas contra la guerra. 
La protesta sigue sirviendo de algo en este momento especialmente grave para la política internacional, marcado por la guerra unilateral e ilegal emprendida por los Estados Unidos y sus aliados haciendo caso omiso de la Carta de las Naciones Unidas y la voluntad del Consejo de Seguridad, que provocará una catástrofe humana y causará la muerte de miles de inocentes. 
Es inadmisible y especialmente reprochable que algunos Gobiernos europeos, especialmente el de Portugal, tengan que relacionarse, a través de la famosa Cumbre de las Azores, con esta guerra que ha sido condenada por una parte de la opinión pública y que ha motivado la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de mi país. 
Es inaceptable que, haciendo caso omiso de la posición del Parlamento Europeo- que se opone a la guerra sin el respaldo de las Naciones Unidas -, algunos Gobiernos europeos tengan que persistir en su apoyo a la Administración de Bush, cuyo objetivo real no ha sido nunca desarmar al Iraq, sino derrocar el régimen iraquí, instalar allí un protectorado norteamericano y controlar la riqueza del Iraq, sobre todo en forma de petróleo. 
Seguiremos oponiéndonos a la guerra y defendiendo la paz. 
. Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 20 de marzo de 2003. 
Nos sentimos hoy consternados al conocer la noticia de la muerte, tras larga enfermedad, de nuestro antiguo colega, el Sr. José Aurelio de Barros Moura, acaecida el 25 de marzo de 2003. 
El Sr. Barros Moura formó parte de esta Cámara entre 1986 y 1989, y de nuevo, entre 1994 y 1999, en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Desempeñó el cargo de vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 
Todos los colegas que lo conocieron y trabajaron con él apreciaron mucho sus cualidades personales, su buen carácter y su franqueza. 
Por encima de todo, lo recordamos como un hombre de profundas convicciones y como un firme y comprometido defensor de la integración europea. 
Pongámonos en pie y guardemos un minuto de silencio. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señor Presidente, usted siempre ha demostrado una gran sensibilidad cada vez que, en cualquier lugar del mundo, se producen muertes a causa de la violencia política, incluso si el número de víctimas se reduce a una sola persona. 
Quisiera proponer, tras la muerte hoy, en un mercado de Bagdad, de 15 civiles inocentes y de soldados de ambos bandos, que guardemos un minuto de silencio por las víctimas de la guerra en el Iraq. 
. Señor Alavanos, esta Cámara comparte sus sentimientos por todas las víctimas y bajas de esta guerra, y confío en que, en el transcurso del debate de esta tarde, otros colegas aprovechen la oportunidad para expresar la misma solidaridad que usted ha demostrado hoy. 
Señor Presidente, en la sesión de Estrasburgo, le pedí que se interesase por la suerte de algunos disidentes del Movimiento Cristiano de Liberación, que habían sido detenidos en Cuba. 
En las últimas semanas, y desde ese momento, se ha producido una ola de nuevas detenciones que ha afectado a periodistas, a disidentes y a defensores de los derechos humanos. 
Y todo ello, señor Presidente, en un momento en que la Comisión ha abierto una oficina permanente en Cuba y en que muchos miembros de esta Cámara contemplábamos con simpatía una eventual incorporación de Cuba a la Convención de Cotonú. 
Por ello, señor Presidente, y con independencia de que sea muy importante preservar el diálogo y la capacidad de diálogo con el pueblo de Cuba y con su Gobierno, yo le pediría que se interesase usted por la suerte de estas personas y pidiese la liberación de los periodistas, de los disidentes y de los defensores de los derechos humanos en ese país. 
. Esta semana he comunicado al jefe de la misión de la República de Cuba literalmente las preocupaciones que usted mencionó la última vez. 
Le he explicado con todo lujo de detalles nuestras inquietudes, y de esta correspondencia recibirá usted una copia. 
Señor Presidente, muchos diputados y trabajadores de esta Cámara se hallan sumamente afectados por la guerra y desean expresar su más sincero pésame para las víctimas. 
Por eso, muchos diputados y trabajadores de esta Cámara han decidido llevar brazaletes negros durante el período parcial de sesiones de esta semana. 
Quisiéramos pedirle su comprensión hacia esta señal de solidaridad con las víctimas y con la opinión pública, que se ha declarado en contra de esta guerra. 
Hablaré más tarde de la cuestión del Iraq pero, mientras nuestra atención se centra en este país, se cometen atrocidades en otras partes del mundo. 
Me refiero, en particular, a Zimbabwe, donde en los últimos días la policía ha detenido a más de 500 personas- incluidos algunos diputados- y los hospitales han atendido a más de 250 personas heridas de gravedad. 
Nos hallamos ante otro caso en que la incapacidad de los Gobiernos de la Unión Europea de hablar con una sola voz y aplicar políticas firmes ha favorecido a otro tirano (en este caso, Mugabe). 
Quiero pedir al Consejo que redoble sus esfuerzos para lograr un cambio positivo en Zimbabwe. 
. Señorías, como ustedes saben, nuestro Reglamento permite realizar una serie de intervenciones breves al inicio de cada período parcial de sesiones. 
He dado paso ya a algunas intervenciones, pero hay muchos más diputados que desean tomar la palabra. 
Propongo a aquellos que aún deseen intervenir que expongan sus cuestiones de observancia del Reglamento después de nuestro debate. 
La Presidencia del Consejo se encuentra hoy aquí, entre nosotros, y creo que lo más conveniente, en términos de dignidad de esta Cámara, sería proseguir con el orden del día. 
. Mediante carta de 7 de marzo de 2003, el Sr. Olivier Dupuis realizó una demanda de amparo de su inmunidad parlamentaria, en un caso pendiente de juicio ante un tribunal de Roma. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento, he remitido esta petición a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Señor Presidente, un diputado de esta Cámara, el Sr. Cappato, lleva tres días detenido por las autoridades británicas. 
Quisiera saber si todavía existe la inmunidad parlamentaria en Europa y si ser nombrado «Europeo del año» , como ha ocurrido en el caso del Sr. Cappato, implica ir directamente a la cárcel, en cuyo caso más valdría no aspirar al premio. 
Señor Presidente, me gustaría referirme a las palabras del Sr. Bigliardo y a la carta que usted ha recibido, a propósito de la inmunidad del Sr. Dupuis. 
También el Sr. Pannella ha sido condenado a cuatro meses de prisión, conmutados por ocho meses de libertad condicional, por una desobediencia civil relacionada con las drogas. 
Tiene que informar a las autoridades italianas de todos sus movimientos y solo puede permanecer en las sedes del Parlamento Europeo de Bruselas y Estrasburgo un total de siete días al mes. 
El Sr. Pannella, el Sr. Cappato y el Sr. Dupuis han aceptado estas condenas sin plantear la cuestión de sus inmunidades parlamentarias. 
No estamos preocupados por ellos, sino por el Parlamento y por la defensa de su labor y sus sesiones plenarias. 
. Quisiera señalar, llegado este momento, que si Sus Señorías desean plantear otros casos de demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria, les invito a que los aborden con la comisión competente, a saber, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
. Sabemos que este asunto suscita una gran emoción, pero todos tenemos el derecho a que se nos escuche en calma y con respeto. 
Ruego a Sus Señorías que muestren el debido respeto al Primer Ministro. 
Más adelante tendrán la oportunidad de tomar la palabra. 
El Consejo Europeo ha llegado a la conclusión de que la desaceleración económica se está prolongando más de lo previsto y que las perspectivas actuales de recuperación se hallan comprometidas a causa de la guerra, la inestabilidad política a escala mundial y la incertidumbre económica. 
El Consejo Europeo ha llegado también a la conclusión de que se han realizado avances significativos con respecto a la agenda de Lisboa, que ahora inicia su cuarto año. 
Por ejemplo, se han creado cinco millones de nuevos puestos de trabajo desde los comienzos de la Estrategia de Lisboa- 500 000 de ellos en 2002, a pesar de la situación económica menos favorable- y el paro se ha reducido en dos millones. 
No obstante, queda mucho por hacer para cumplir los objetivos de Lisboa. 
Se requerirá un gran esfuerzo para seguir adelante con nuestras reformas económicas y sociales. 
El Consejo Europeo ha fijado cuatro prioridades: la primera es hacer crecer el empleo y aumentar la cohesión social, mediante la reforma de los regímenes fiscales y de los sistemas de prestaciones sociales, mediante el incremento de los incentivos a la participación en el mercado laboral y de los incentivos para lograr que los mercados laborales se adapten mejor a las diversas condiciones económicas y, naturalmente, prestando atención a la cohesión social. 
La segunda prioridad es promover la innovación y el espíritu empresarial, lo que implica aumentar el gasto de las empresas en investigación, facilitar la creación de empresas que hagan hincapié en la innovación, mejorar su acceso a la financiación, reducir las cargas administrativas y fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes. 
La tercera prioridad es potenciar el mercado único e interconectar a Europa. 
Es necesario abrir los mercados europeos de la energía, el transporte y los servicios financieros, así como mejorar el marco regulador y la protección de los consumidores. 
La última prioridad es la protección medioambiental para el crecimiento y el empleo, lo que implica tomar medidas en el ámbito medioambiental y promover nuevas inversiones en tecnologías limpias y más eficientes desde el punto de vista de los recursos. 
Llegados a este punto, Señorías, me gustaría decir que, como muestran las conclusiones, se ha realizado un gran avance con respecto a la Estrategia de Lisboa durante la Presidencia griega. 
Se han logrado grandes resultados, entre los cuales cabe mencionar haber llegado a un acuerdo sobre una mejor coordinación de las políticas presupuestarias y sobre una patente comunitaria transparente y barata, en gestación durante catorce años, haber puesto en marcha un mercado financiero integrado a escala europea, haber marcado las pautas de la revisión de la Estrategia Europea de Empleo, haber establecido una Cumbre Social Tripartita, haber alcanzado un acuerdo sobre la fiscalidad de la energía, y haber fijado objetivos en ámbitos como las energías renovables, el aumento de la eficiencia energética y los biocarburantes. 
El Consejo Europeo ha hecho públicas algunas directrices. 
Las conclusiones contienen pautas acerca de cómo cumplir los objetivos que he mencionado. 
En el año 2003, la Unión Europea habrá racionalizado los instrumentos clave de coordinación política. 
¿Cuáles son? 
Las orientaciones generales de política económica, las directrices para las políticas de empleo y la estrategia para el mercado interior. 
El Consejo ha ordenado que estas herramientas se racionalicen y se coordinen, y que tengan una perspectiva trienal, con el fin de hacerlas más eficaces. 
El Consejo ha tomado una serie de decisiones en ámbitos concretos como el empleo y la modernización del modelo social europeo. El Consejo ha instado a los Estados miembros a que impulsen aún más la reforma de los mercados laborales nacionales. 
Como he afirmado, ha hecho hincapié en la necesidad de reformar los regímenes fiscales, con el fin de promover el empleo y aumentar la demanda de mano de obra en Europa, mejorar los sistemas de formación de salarios para que tengan en cuenta la relación entre los salarios, la estabilidad de los precios, la productividad, los niveles de formación y las condiciones del mercado laboral. Asimismo ha subrayado la necesidad de modernizar la legislación sobre empleo, teniendo en cuenta la necesidad de una mayor flexibilidad y seguridad, y mejorar la movilidad laboral entre profesiones, sectores y regiones, y a través de las fronteras, por ejemplo incrementando la transparencia y el reconocimiento entre sistemas de formación profesional. 
Por último, en este ámbito, el Consejo Europeo ha invitado a la Comisión a que cree un Grupo Europeo de Empleo de carácter especial, presidido por el Sr. Wim Kok, para que proponga medidas concretas encaminadas a hacer crecer el empleo. 
El Consejo ha tocado también todos los demás ámbitos que constituyen la Estrategia de Lisboa, es decir, el conocimiento, la innovación, el espíritu empresarial y la competitividad, y ha fijado algunos plazos para concluir varias reformas. 
Finalmente, quisiera mencionar que se ha marcado como objetivo ofrecer una respuesta global en materia de seguridad marítima, tras el accidente del Prestige. 
Señorías, estos han sido- muy brevemente- los resultados de los debates sobre la Estrategia de Lisboa. 
A continuación quisiera referirme a la cuestión del Iraq. 
Es bien sabido que todos los Estados miembros de la Unión Europea pedían que el Iraq se desarmara y se deshiciera de todas las armas de destrucción masiva que pudiera poseer. 
Es bien sabido también que existían grandes discrepancias acerca de cómo y cuándo debía tener lugar el desarme. 
Este asunto se debatió, una y otra vez, en el Consejo de Seguridad sin que se llegara a ningún acuerdo. 
Al contrario, las discrepancias se hicieron más profundas. 
Al contrario, ha llegado a la conclusión de que, con el inicio del conflicto militar, es necesario establecer principios para abordar la situación provocada por el estallido de la guerra y que debemos pensar en el futuro y en las secuelas de la crisis, con el fin de evitar nuevas divisiones, de fijar objetivos comunes y claros, de limitar las repercusiones de la contienda e impedir una sucesión de crisis en cadena y de poder trabajar, una vez concluya la guerra. 
Ese es nuevo objetivo: paz y progreso para la región. 
Al principio, este esfuerzo se ha realizado con dudas. 
No obstante, el Consejo ha alcanzado una posición común en la que señala, entre otras cosas, la necesidad de proteger la integridad territorial del Iraq, de enviar ayuda humanitaria tras el conflicto y de ser solidarios con los países afectados por la guerra, así como el papel central desempeñado por las Naciones Unidas tanto en la crisis iraquí como en el sistema internacional en general. 
Según las conclusiones de la Cumbre, el Consejo de Seguridad tendrá que otorgar a las Naciones Unidas un mandato para la posguerra. 
Otras cuestiones tratadas han sido la necesidad de dar un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, nuestra determinación de reforzar la política exterior y de seguridad común y la importancia de la relación transatlántica. 
¿Será que hemos intentado hipócritamente esquivar el problema principal, como algunos han sugerido? 
No, no es así. 
Las diferencias de opinión con respecto al problema principal eran evidentes, al igual que el punto muerto al que se había llegado. 
No tenía ningún sentido debatir esto. 
Teníamos que centrar nuestra atención en otra cosa: en lo que es importante para el futuro, y eso es lo que hicimos. 
¿Habrían preferido quizás algunos que aumentaran las discrepancias y se echara más leña al fuego? 
Creemos que, ahora que la guerra ha suscitado aún más preguntas, la Unión Europea tiene la obligación de lanzar un mensaje acerca del restablecimiento de la paz en la región y de la manera de hacer frente a las secuelas de la guerra. 
El futuro es tan importante como el presente. 
Si no lo encaramos adecuadamente, nos encontraremos en terreno resbaladizo. 
¿Está dividida la Unión Europea en este momento? 
No obstante, la solución no es profundizar en la división, la solución reside en tratar de ver en qué ámbitos podemos trabajar juntos y remar en la misma dirección. 
La decisión sobre el Iraq ha sido una decisión basada en la premisa de que la Unión Europea tiene y debe tener voz en la escena internacional. 
Es, por tanto, un símbolo de los esfuerzos realizados para crear una relación euro-atlántica equilibrada, en la que Europa preserve su independencia, emprenda iniciativas especiales y tenga su propio papel. 
El hecho de que deseamos que Europa sea independiente queda claro en otro punto de las conclusiones que se refiere al aumento de la capacidad investigadora en el sector militar y a la creación de una agencia europea de desarrollo y adquisición de capacidades de defensa. 
Señorías, ¿cuál es nuestro objetivo? 
Lograr que las relaciones internacionales se desenvuelvan de una manera más ampliamente aceptable, lo antes posible. 
Esto presupone que las Naciones Unidas, a través de sus instituciones, diseñen las líneas maestras de lo que va a suceder en el Iraq después de la guerra. 
La reinstauración de un ordenamiento jurídico internacional que no se cuestione será posible si se pone de manifiesto que las Naciones Unidas vuelven a asumir un papel destacado. 
La decisión hace hincapié en el papel primordial de las Naciones Unidas. 
Debido a las diferencias de opinión con respecto al Iraq, muchas personas han llegado, por desgracia, a la conclusión de que no contamos con una política exterior común, pero eso no es del todo cierto. 
En otros asuntos, y en algunos aspectos de cuestiones más generales, se está perfilando la política exterior de la Unión Europea. 
Asimismo, se están perfilando las políticas de otros ámbitos. 
Y en otros ámbitos hay también divisiones: desde la política agrícola común hasta la política de inmigración. 
Y, sin embargo, nadie ha dicho nunca que la Unión Europea fuera superflua porque no conseguía llegar a un acuerdo sobre la directiva relativa a las condiciones laborales de los trabajadores de empresas de trabajo temporal, o sobre la manera de abordar la cuestión de los inmigrantes que piden asilo por razones económicas o, por último, sobre los cambios en el Pacto de Estabilidad. 
Señorías, la Unión Europea se halla en constante cambio. 
Por eso, su evolución es un reto, un reto sobre el que meditar y al que aplicar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro trabajo, en pos de un futuro de prosperidad y seguridad. 
La guerra en el Iraq, una cuestión a la que tenemos que hacer frente, es parte de ese reto, y por este motivo, no podemos limitarnos a aplaudirla o condenarla. 
Debemos examinar también las perspectivas de futuro de Europa y del mundo. 
Nuestro deseo, en el mundo de hoy, es acabar con la guerra, el terrorismo y las amenazas contra el hombre y el medio ambiente, mediante la creación de normas de intergubernamentalismo mundial. 
Las Naciones Unidas no han logrado convertirse en una institución convincente y eficaz, aunque se les ha encomendado la labor de tratar cuestiones que son fundamentales para la comunidad internacional, y va a pasar mucho tiempo hasta que eso cambie. 
El chovinismo es una fuerza muy poderosa, y por ello, tenemos la obligación política de seguir reforzando el papel de la Unión Europea, ayudando a consolidar el proceso de paz, cooperación y progreso a escala europea y mundial. 
La Cumbre de Bruselas ha demostrado que, a pesar de nuestras diferencias, seguimos pensando que Europa representa el mejor modo de impedir que una nueva superpotencia monopolice el planeta. 
La capacidad de Europa de participar e influir en un mundo multipolar debe mantenerse viva, por medio de iniciativas, de la cooperación y de la confianza en nuestro futuro en común. 
El Consejo de primavera de Bruselas quizás no haya dado respuestas a las preguntas planteadas, pero ha elaborado directrices que nos permitirán llevar a la práctica el papel de Europa si cooperamos, si vivimos todos juntos en paz y armonía y si luchamos a favor de un mundo multipolar. 
Señor Presidente, como defensor del esfuerzo bélico de la coalición, cuando mostré mi pancarta en la que se decía «¡Fuera Sadam! », los vicepresidentes Dimitrakopoulos y Provan me pidieron que la retirara, ya que iba en contra del Reglamento de esta Cámara. 
¿Sería posible ser coherentes a este respecto? 
(Reacciones diversas) 
. 
Tiene usted toda la razón: el Reglamento especifica que no se deben mostrar pancartas en esta Cámara. 
Ruego a Sus Señorías, a las que se ha permitido exhibir sus mensajes, que ya han quedado claros, que tengan en cuenta el decoro del Parlamento y retiren los carteles. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quisiera comenzar mi intervención dándole las gracias a la Presidencia griega del Consejo y a usted, señor Simitis. 
En estos tiempos de grave crisis, en lugar de dividir a Europa, debemos unirnos todos, y es evidente que eso es lo que usted intenta. 
Puesto que esta Europa nuestra no pertenece a nadie en concreto, sino a todos, mi deseo para usted y para todos los que estamos aquí reunidos es que, en las semanas que restan para el final de su Presidencia, logre guiar a esta Unión Europa en la dirección correcta para el futuro. 
(Aplausos de la derecha) 
En estos momentos, pensamos en las tropas de la coalición desplegadas en el Iraq, en cuyas filas hay alrededor de 30 000 efectivos pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea. 
Pero la dignidad humana no admite distinciones, y también pensamos en los soldados iraquíes que sufren a manos de un régimen de naturaleza criminal. 
Confío en que se haga realidad lo que ha quedado expresado tan bien en las conclusiones de la Cumbre de Bruselas y que todos los iraquíes puedan vivir, muy pronto, con dignidad, y en libertad y prosperidad, regidos por un Gobierno representativo que esté en paz con sus vecinos y sea un miembro activo de la comunidad internacional. 
Este debe ser nuestro objetivo, y Europa no debe desentenderse de él a estas alturas, al contrario, hemos de unirnos para ayudar a llevar la paz a Oriente Medio. 
Pese a que existen diferencias de opinión en nuestro Grupo, como existían antes de la guerra, la mayoría de nosotros pensamos que hay algo que deberíamos decirles a nuestros amigos estadounidenses: que aunque organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OTAN y, naturalmente, esta estructura europea integrada, la Unión Europea, pueden tener sus defectos debido a que las manejan seres humanos, sí que estamos de acuerdo en que tienen una visión de futuro, y sean cuales fueren las imperfecciones de estas estructuras de paz, no vamos a permitir que nadie ponga en peligro a estas instituciones, cuya razón de ser no puede cuestionarse. 
Richard Perle ha afirmado que tanto la ONU como la OTAN han perdido su importancia y que no tienen sentido en el siglo XXI. 
Me gustaría responderle diciendo que si ponemos en tela de juicio a la Alianza Atlántica, ¿qué mensaje estamos lanzando a las gentes de Europa central, a los polacos, y a los eslovenos, que acaban de celebrar su referéndum? 
Ahí es donde buscan seguridad frente a las amenazas. 
Por eso, hemos de reflexionar sobre la manera de mejorar estas instituciones, pero no debemos cuestionar su existencia. 
(Aplausos de la derecha) 
Evidentemente, son necesarias unas relaciones transatlánticas adecuadas y una asociación transatlántica. 
Nadie tiene ninguna duda acerca de mi postura con respecto a la cuestión del Iraq, y por eso, les digo a mis amigos estadounidenses que la Unión Europea es también beneficiosa para su país. 
Los estadounidenses no deberían contemplar sus relaciones con Europa únicamente en términos de relaciones entre los Estados Unidos y Francia, los Estados Unidos y el Reino Unido, los Estados Unidos y Alemania, los Estados Unidos y Grecia, y así sucesivamente. 
Vamos a reunirnos pronto con ellos en el foro de la Organización Mundial del Comercio, donde la Unión Europea debe- y así lo hará- presentar un frente unido. 
Por consiguiente, les ruego a nuestros amigos estadounidenses que se tomen en serio a la Unión Europea. 
Es la manera de aumentar nuestra influencia en el mundo, la manera de que vivamos en paz y armonía los unos con los otros y de que mantengamos unas buenas relaciones con los Estados Unidos de América, bien delimitadas y basadas en la asociación. 
(Aplausos de la derecha) 
El Presidente de la Comisión ha alabado la iniciativa belga sobre política de defensa. 
Durante diez años fui presidente de la Subcomisión de Seguridad y Desarme del Parlamento, y sé de lo que hablo cuando digo que apoyo plenamente lo que están tratando de hacer, pero no estoy seguro de que celebrar una reunión con unos pocos, aquí en Bélgica, sea el mejor modo de abordarlo. 
Fuimos sumamente críticos cuando el Primer Ministro británico envió invitaciones para cenar en el número 10 de Downing Street a unos sí y a otros no Si esto se pone de moda hasta en los Estados del Benelux, entonces mi mayor temor es que terminen formándose nuevas comunidades en el sur, en el este y en el oeste, comunidades de socialdemócratas y comunidades de demócrata-cristianos, algunas de ellas superponiéndose entre sí. 
Debemos hacer uso de las instituciones comunitarias y trabajar todos juntos en ellas. 
(Aplausos de la derecha) 
Permítanme unos comentarios sobre el proceso de Lisboa; aunque le estoy agradecido al Presidente del Consejo Europeo por mencionar este asunto, hace tiempo que nos parece demasiado grandilocuente la afirmación de que vamos a convertirnos en la zona económica más próspera del mundo. 
Esto siempre me recuerda un poco a Nikita Jrushchov que, en los años sesenta, quiso adelantar a los Estados Unidos, y ya sabemos cuál fue el resultado. 
La meta es acertada, pero lo que ahora importa es poner en marcha los instrumentos, y aquí es donde varios Estados miembros no están haciendo lo que tienen que hacer. 
Me habría gustado que se hubiera dicho algo más sobre la estabilidad monetaria. 
Se está comentando mucho acerca de la flexibilidad del Pacto de Estabilidad. 
Pensemos tan solo en la importancia que tiene el euro para nosotros hoy en día. 
Imaginemos cómo habrían sido las cosas si nunca hubiera existido: ¿cuál sería entonces el valor actual de nuestras monedas en relación con las demás? 
Por este motivo, debemos defender la moneda única europea, y es necesario que esta sea estable. 
Lo que es fundamental es la mundialización, a menudo criticada, a veces con razón y a veces sin ella. 
Las grandes empresas son capaces de buscar por sí mismas una ubicación para sus negocios donde los impuestos sean lo más bajos posibles, algo que las pequeñas y medianas empresas no pueden hacer. 
Por tanto, las reformas estructurales deben permitir que inviertan las pequeñas y medianas empresas, que se reduzcan los impuestos y que, de este modo, se creen puestos de trabajo. 
A este respecto, los Gobiernos deben hacer algo, de una vez por todas. 
Permítanme hacer dos comentarios a modo de conclusión. 
Espero que se haga realidad el estatuto de los partidos políticos europeos antes de que concluya la Presidencia griega, y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, le pido que haga todo lo posible para que logremos algún avance con respecto al paquete financiero, ante la perspectiva de la ampliación. 
No vamos a aceptar ningún recorte de los derechos del Parlamento por lo que se refiere al Presupuesto, pero tampoco queremos que la ampliación sufra un retraso: deseamos cumplir el calendario. 
Le deseamos éxito en esta tarea. 
Quisiera rogarle también al Presidente de la Comisión que nos esforcemos todos al máximo para preservar los derechos del Parlamento y evitar la discriminación contra los países candidatos. 
Vamos a seguir luchando por esto, y le pedimos que lo ponga en práctica. 
De este modo, obtendremos el triunfo bajo la Presidencia griega del Consejo, un triunfo que deseo no solo para usted, sino también para todos nosotros, de todo corazón. 
Señor Presidente, la guerra contra el Iraq eclipsó, inevitablemente, la agenda del Consejo sobre la importante reforma económica. 
Es natural que, en estos momentos, los asuntos económicos pasen a un segundo plano, frente a las cuestiones de vida o muerte. 
No obstante, dado el efecto negativo que el conflicto podría tener en la economía de la Unión, no debemos distraernos y permitir que las reformas necesarias para revitalizar nuestra economía se demoren aún más. 
Por tanto, antes de referirme a la guerra contra el Iraq, quisiera decir unas palabras sobre la reforma económica. 
Lo cierto es que el proceso de reforma económica tiene los días contados: con la Unión Europea lista para ampliarse a 25 miembros, tendremos que correr para quedarnos quietos. 
Quisiera mencionar tan solo tres ejemplos. 
En primer lugar, nuestras inversiones en investigación y desarrollo suponen solo el 1,9 % del PIB, muy por debajo de los recursos destinados en los Estados Unidos y el Japón, y puesto que solo dos de los países candidatos gastan más del 1% de sus PIB en investigación y desarrollo, nos va a resultar difícil alcanzar el objetivo de Lisboa del 3% para el año 2010. 
Tomo mi segundo ejemplo del Consejo de Barcelona, donde los líderes europeos se comprometieron a reducir el porcentaje de leyes sin aplicar sobre el mercado único por debajo del 1,5 %: en lugar de ello, la proporción se incrementó, el año pasado, a más del 2%. 
Como los nuevos Estados miembros, naturalmente, van a experimentar algunos problemas a la hora de poner en práctica la legislación durante los primeros años, este déficit de aplicación corre el riesgo de aumentar aún más si no redoblamos nuestros esfuerzos. 
No se lograrán avances si se imitan las tácticas empleadas por el Sr. Berlusconi en su vergonzoso intento de defender las subvenciones ilegales a la leche, a expensas de un acuerdo sobre la fiscalidad de los ahorros. 
Esto no augura nada bueno para la Presidencia italiana. 
En tercer lugar está el aumento del empleo. 
Es admirable que, el año pasado, lográramos crear medio millón de puestos de trabajo, a pesar de la desaceleración económica. 
No obstante, la magnitud de la tarea que tenemos por delante salta a la luz cuando observamos que el paro en la UE, en su conjunto, creció el año pasado hasta casi el 8%. 
En lo que se refiere al empleo, el Consejo parece haber seguido la antigua máxima: «En caso de duda, crea un grupo de trabajo». 
Le deseo lo mejor a Wim Kok en su cometido, pero veo muy difícil que pueda dar con soluciones mejores que la fórmula probada y fiable de reducir la fiscalidad del trabajo e incrementar la flexibilidad del mercado. 
En cuanto al Iraq, acojo con satisfacción la amplitud de miras de las conclusiones del Consejo Europeo, negociadas por el Presidente en ejercicio, y el hecho de que hagan hincapié en la ayuda humanitaria, en la reconstrucción del Iraq y en el papel central que deben desempeñar en esta las Naciones Unidas. 
Es preciso que llegue la ayuda humanitaria. 
La situación en Basora nos hace comprender su importancia. 
El horror transmitido a través de las pantallas de nuestros televisores nos muestra lo necesaria que es la actuación de las organizaciones de ayuda humanitaria. 
Aplaudo la propuesta del Sr. Prodi de destinar 3 millones de euros a ayuda humanitaria inmediata por medio de la Cruz Roja. 
Los demócratas liberales van a apoyar la rápida aprobación por parte de esta Cámara de su propuesta de movilizar 70 millones más de la reserva para emergencias del presupuesto. 
La UE ha salido perjudicada por las divisiones de las últimas semanas. 
Esto podría presagiar un nuevo esfuerzo por curar las heridas políticas, pero es difícil no estar de acuerdo con el Primer Ministro de Luxemburgo cuando afirma que los problemas no pueden resolverse si no se debaten. 
Comparto la opinión del Consejo de que es necesario reforzar las relaciones transatlánticas. 
Nuestro diálogo debe ampliarse y abarcar la reforma de las Naciones Unidas y el papel del Derecho internacional, pero los Estados Unidos deben aceptar que no es posible alcanzar nada duradero sin instituciones ni normas. 
Mi Grupo acoge también con agrado la propuesta belga de celebrar una reunión ministerial sobre Corea del Norte. 
Si la situación en el Iraq se hubiera debatido en la Cumbre de Sevilla, como propuso el Sr. Verhofstadt, quizás ahora no estaríamos hechos un lío. 
Debemos aguardar y ver si 2003 es un annus mirabilis o un annus horribilis para la Unión Europea, pero puesto que estamos en el Año de la Cabra, quisiera felicitar a la Presidencia griega por su tenacidad, perseverancia y determinación para lograr la aprobación de esta agenda. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Sr. Simitis, Presidente en ejercicio del Consejo, ha citado una afirmación contenida en las conclusiones de la Cumbre acerca de que se debe preservar la integridad territorial del Iraq. 
No obstante, creo- y de ahí mi descontento- que debería haber mencionado que esta integridad territorial sufre, en estos momentos, un ataque a gran escala, y que nuestra tarea más importante es poner fin a la guerra. 
En mi opinión, a medida que transcurren los días, se hace más patente que esta guerra se está volviendo cada vez más inhumana y más contraria al Derecho internacional. 
El Sr. Rumsfeld, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, la ha descrito- lo hizo ayer- como un acto humanitario, una declaración que me parece de un cinismo inhumano. 
Pienso que, cuando los Estados Unidos iniciaron la guerra hace una semana, infringieron el principio jurídico más importante para toda nación civilizada: la obligación de resolver los conflictos por medios pacíficos. 
Esto es una tragedia, sobre todo porque no solo han incumplido esta obligación y han violado el Derecho internacional, sino también porque han echado por tierra una oportunidad extraordinaria de lograr el mantenimiento de la paz. 
Pienso que cualquier política exterior común de la Unión Europea- y a esto se ha vuelto a aludir hoy- no debe limitarse a ser común; ha de representar también una alternativa que contrarreste el unilateralismo estadounidense, su política de intimidación militar y su desprecio por el Derecho y los Tratados, mediante el fortalecimiento de las Naciones Unidas, mediante la defensa de su Carta y del Derecho internacional y mediante el cumplimiento de la prohibición internacional del uso de la fuerza. 
Cualquier política de este tipo debe abordar conflictos- y no solo los conflictos en sí, sino también sus causas- y promover la cooperación entre todas las partes. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría- y no quiero repetirme demasiado- llamar ahora su atención sobre tres problemas primordiales. 
Para empezar, mi Grupo sigue insistiendo en que se ponga fin a esta guerra inmediatamente. 
Aunque el número de civiles y soldados que han perdido la vida o han sido heridos a consecuencia de los bombardeos u otras operaciones militares es elevado, ni las declaraciones del Consejo, ni las declaraciones a la prensa, ni las estadísticas hacen referencia alguna a los miles de niños iraquíes que están muriendo, en estos momentos, a causa de la contienda. 
En segundo lugar, no hay ninguna duda de que, al iniciar esta guerra, los Estados Unidos han violado el Derecho internacional. 
Incluso ahora están amenazando abiertamente con volver a quebrantar el Derecho internacional. 
La semana pasada, y sin tapujos, el Sr. Rumsfeld, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, ordenó que las fuerzas desplegadas en la región del Golfo Pérsico se equiparan con gas CS. 
Sabe usted muy bien, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que no se contemplan excepciones en la prohibición de uso, en conflictos armados, de gases, aunque no sean mortales, como es el caso del gas CS, tal y como estipula el Protocolo de Ginebra y el artículo 1 de la Convención sobre Armas Químicas. 
Le pido que condene esta violación de estos importantes tratados internacionales, este desprecio hacia ellos manifestado por el Gobierno estadounidense, y que lo haga de manera rotunda. 
En tercer lugar, en el Iraq hay decenas de miles de iraníes que se oponen al régimen de su país, además de refugiados kurdos de Turquía. 
Viven en campamentos de refugiados, y a la opinión pública internacional no le preocupa qué va a ser de ellos. Se hallan en grave peligro a causa de la guerra, y pesa sobre ellos la amenaza de la masacre. 
Le ruego que haga todo lo posible para que su difícil situación pase a ser del dominio público y que les diga a sus socios iraníes, turcos, estadounidenses y británicos que la Unión Europea no va a perder de vista la suerte de estas personas. 
Ante todo, señor Simitis, tenga la valentía de exigir que los Estados Unidos acaben con esta guerra. 
Señor Presidente, hace poco participé en un debate celebrado en una escuela alemana. Para mi sorpresa, me topé con una pancarta que me hizo recordar la época lejana en la que participaba en manifestaciones. 
Escrita en esta pancarta rezaba la siguiente frase: «Bombardear por la paz es como hacer el amor por la virginidad». 
No la cito tal y como apareció escrita en inglés para mantener algo de elegancia. 
Estoy seguro de que no tendrán ninguna dificultad en entenderla. 
Señor Presidente, tiene usted razón al afirmar que esta guerra es un desafío intelectual: yo añadiría que también físico. Es obvio que estamos permitiendo que nuestras discrepancias nublen nuestra capacidad intelectual. 
Resulta obvio también que algunas declaraciones del Consejo son absolutamente surrealistas, al igual que algunas declaraciones de diputados de esta Cámara. 
Es evidente, Sr. Watson, que estamos a favor de la ayuda humanitaria y que esto es lo único sobre lo que todos estamos de acuerdo. 
No obstante, el problema que se nos plantea hoy es muy simple: ¿se va a pronunciar mañana claramente el Parlamento sobre esta guerra o no? 
¿Será mañana el Parlamento tan ridículo como el Consejo de Ministros o el Consejo de Asuntos Generales, o lograremos una mayoría? 
A aquellos que no desean una mayoría a cualquier precio quisiera decirles algo: reflexionen un momento. 
Se pueden tener dos posturas: la primera es la de la coalición de aquellos que están a favor de la guerra porque la consideran necesaria, como se ha afirmado antes. 
Que voten a favor de una resolución que diga lo siguiente: prosiga su gran labor, señor Rumsfeld, o señor Fulano de Tal; la razón está de su parte; liberen, en el nombre de Dios, al mundo entero y demuestren que se puede hacer el amor sin perder la virginidad. 
Están en su derecho. 
La segunda postura consiste en obtener una mayoría en esta Cámara para decir no a la guerra, una mayoría como la que se logró, a finales de enero, para señalar que la guerra era ilegítima. 
(Aplausos) 
Para obtener una mayoría en contra de la guerra, será necesario un acuerdo. 
Si no lo alcanzamos, demostraremos la misma incapacidad intelectual que el Consejo de Bruselas. 
Este es el problema al que nos enfrentamos hoy. 
Sin embargo, la cosa es sencilla: unos dicen que la guerra no está legitimada por las Naciones Unidas, y otros, que es ilegal e ilegítima. 
Yo sostengo que es lo mismo y que solo los ideólogos de esta Cámara pueden querer demostrar que hay diferencias de significado entre ambas frases. 
Evidentemente, una vez constatado que esta guerra no está legitimada por las Naciones Unidas, podemos decir que es ilegítima. 
Por tanto, si logramos la aprobación de esta propuesta, habremos ganado una batalla. Eso es obvio. 
Volviendo al texto de la resolución, hay un debate acalorado acerca de la elección de las palabras. Se trata de decidir si lamentamos profundamente o si condenamos el hecho de que el Reino Unido, los Estados Unidos, España, Italia, Polonia- y no recuerdo exactamente qué otros Estados- decidieran unilateralmente que la guerra estaba justificada y que seguían adelante con su postura. 
A mi modo de ver, lo importante es decir, en esta resolución, que deberían haber continuado las inspecciones y que discrepamos con aquellos que las han detenido y han recurrido a la guerra. 
Por consiguiente, no creo que sea una cuestión de vocabulario. 
Si el Consejo de Seguridad no votó a favor de la resolución presentada por los Estados Unidos, el Reino Unido y España no fue a causa del veto de Francia o de Rusia. El motivo fue que no había una mayoría moral a favor de la guerra, en el seno del Consejo de Seguridad. 
¡Esa es toda la verdad! 
(Aplausos) 
Así, Chile y México tuvieron la valentía de presentar una resolución que, acertadamente, abogaba por proseguir con las inspecciones (no hay que olvidar que ambos países dependen económicamente de los Estados Unidos). 
Por tanto, esta Cámara, al votar mañana, se va a pronunciar también sobre esta mentira urdida y perpetuada por los Ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de España y de otros países. 
La mayoría moral que, en el Consejo de Seguridad, se expresó a favor de la intervención en Kosovo- 13 votos frente a 2 -, no ha existido en el caso de la intervención en el Iraq. 
Esto es una verdad histórica. 
Lo demás es una descarada mentira concebida por Jefes de Gobierno temerosos de su propio pueblo. 
Hay que llamar a las cosas por su nombre. 
Por último, espero que el Parlamento vote mañana con sentido común y podamos, de esta manera, derrotar y relegar a una minoría a aquellos que defienden la guerra. 
Si ganamos, habremos ganado algo más que una batalla dialéctica, y cada Grupo podrá entonces recurrir a su ideología para defender el punto de vista común. 
Si somos capaces de llegar a un acuerdo, estoy seguro de que podremos obtener mañana esta victoria moral sobre aquellos que abogan por la guerra. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, no podemos negar ni por un instante que las últimas semanas han socavado la imagen de la Unión Europea. 
La política de consenso- parte esencial de las políticas llevadas a cabo por la Presidencia griega- no llegó a hacerse realidad, debido a los puntos de vista enfrentados de los distintos países europeos con respecto a la guerra en el Iraq. 
El Gobierno griego trató valientemente de fijar una postura política común sobre el Iraq y Europa, pero a pesar de sus esfuerzos firmes y decididos, no se pudo cumplir este objetivo. 
Hay que elogiar al Gobierno griego por su enfoque comedido durante estos tiempos agitados para la Unión Europea. 
Expresado de manera sencilla y directa, estamos hoy aquí reunidos para intentar volver a la normalidad, tras una dolorosa experiencia para todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
No debemos olvidar que la Unión Europea ha padecido dificultades en el pasado y siempre ha logrado sobreponerse a la adversidad. 
Este es el meollo de los retos a los que nos enfrentamos ahora. 
La Unión Europea lleva 50 años proporcionando estabilidad política a los ciudadanos europeos. 
No debemos, ni podemos, perder de vista este hecho, pero hemos de contemplarlo todo desde una perspectiva más amplia. 
La Unión Europea, como entidad política y económica, ha aportado prosperidad, así como una meta política, a los ciudadanos de Europa. 
Contamos con un mercado interior, disponemos de una moneda única europea, y la Unión está a punto de ampliarse a 25 Estados miembros. 
Todos estos son verdaderos logros políticos que están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas personas en Europa. 
Todos nosotros podemos estar orgullosos de estos éxitos, ya que todos hemos desempeñado un papel clave a la hora de convertirlos en realidad. 
Los acontecimientos de las últimas semanas han hecho tambalear los cimientos de la Unión Europea. 
Ahora debemos procurar recomponernos y desempeñar un papel destacado en la prestación de toda la ayuda humanitaria que precise el pueblo iraquí en los próximos meses. 
Acojo con satisfacción las conclusiones de la Cumbre de Bruselas y el compromiso de la Unión Europea de reconstruir los vínculos con los Estados Unidos y apoyar la relación transatlántica. 
Los Estados Unidos y Europa pueden lograr muchas más cosas trabajando unidos que actuando en contra de los intereses de la otra parte. 
Es preciso recuperar urgentemente esta relación. 
La Unión Europea ha de cumplir sus obligaciones políticas y morales asegurándose de que los problemas de carácter humanitario del Iraq se aborden con energía y determinación. 
Debemos continuar trabajando con las Naciones Unidas, cuya autoridad también se ha socavado gravemente en los últimos tiempos. 
Al igual que muchos colegas reunidos hoy aquí, deseo con todas mis fuerzas que la guerra en el Iraq termine lo antes posible. 
El ambiente en esta Cámara es hoy apagado, pero no debemos ocultar el hecho de que la Unión Europea tiene que desempeñar un papel destacado a la hora de garantizar que las necesidades de ayuda humanitaria del pueblo iraquí se cubran por completo. 
Este es nuestro deber, un deber que, la semana pasada, los líderes de la Unión Europea reconocieron que teníamos que cumplir. 
Pienso que el Parlamento Europeo debe tomar hoy una postura política similar. 
Señores Presidentes, me parece que hay un cierto masoquismo en encadenar así los debates en las cumbres europeas. En realidad, como ha indicado la Presidencia griega, no son más que cumbres de la hipocresía. 
El colmo, en esta crónica de una división anunciada, es que Europa, por una vez, si bien no ha hablado con una sola voz, sí que ha dicho lo mismo. Me refiero a la Europa institucional. 
Todas las instituciones se pronunciaron a favor del mismo enfoque: el Parlamento Europeo, el 31 de enero; el Consejo Europeo, el 17 de febrero; y la Comisión, por medio de las palabras del Sr. Patten y de las suyas, señor Prodi. Todas se declararon a favor del planteamiento por el que abogaban Francia, Alemania y Bélgica, que suponía dar prioridad al Derecho defendido en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por una vez, la Europa institucional estaba en sintonía con los deseos de los ciudadanos europeos, que en su inmensa mayoría, yo diría que unánimemente, apoyaban este mismo enfoque. Esto marcó el posible nacimiento de una opinión pública europea en cuestiones políticas. 
So what? 
(¿Y qué? ) Señor Prodi, se atribuyen a Mussolini palabras llenas de desengaño. 
Él habría dicho: en el fondo, gobernar Italia no es tan difícil; el problema es que no sirve para nada. 
En vista de las circunstancias, me parece que Europa se está convirtiendo en una Italia multiplicada por 15, que en el futuro serán 25. 
El problema no es tan simple como cree el Sr. Simitis, es mucho más complejo. 
No se trata de una reunión maratoniana sobre cuestiones agrícolas en la que haya que arbitrar entre zanahorias y nabos. 
Señor Simitis, sus comentarios han sido indignos del cargo que ocupa. 
Por primera vez desde el Tratado de Roma, Europa se encuentra divida con respecto a los objetivos, y no con respecto a los métodos, los medios o el calendario. 
Una mitad de Europa se ha convertido en adversaria de la otra. Ese es el problema: hay dos concepciones del Derecho, dos visiones del mundo, dos cosmogonías (esta palabra viene del griego, señor Simitis). 
En esta misma Cámara, ha podido ver pancartas que decían, por un lado, «Paremos a los asesinos» , y por otro, «Demos una oportunidad a la guerra». 
¿Cree, de verdad, que se trata de zanahorias y nabos, cuando todavía no estamos de acuerdo acerca del final de la película? 
Señor Simitis, la demagogia europea sigue siendo demagogia política. 
Señor Prodi, usted se ha referido a un sistema de defensa europeo. 
Hemos hablado mucho sobre ello. 
¿Por qué no? 
Efectivamente, la última esperanza de Europa es crear un sistema de defensa europeo. 
No obstante, tengo que decirle que este debate tendrá lugar en otros foros, incluida la Convención. 
Tan quimérico es querer crear un sistema de defensa europeo dentro de la OTAN, como haber pretendido, en su día, crear la moneda única en Fort Knox. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, tras su brillante y solemne digresión teológico-goliarda, que ha puesto sobre la mesa el problema fundamental de los debates teológicos y bizantinos acerca del sexo de los ángeles- cómo hacer el amor sin perder la virginidad -, Daniel Cohn-Bendit ha expresado su deseo de lograr mañana la mayoría moral en esta Cámara. 
¿Por qué no decir ética, Dany? 
Mañana nuestra tarea no será conseguir una pequeña mayoría política laica con respecto a determinados objetivos, sino construir aquí una mayoría moral. 
¡Váyanse a hacer gárgaras con sus éticas, sus morales, sus búsquedas de lo absoluto y sus digresiones! 
Mañana nuestra tarea laica- o cristiana, si lo prefieren- es hallar, como estamos haciendo en Italia mediante la concreción de uno o dos objetivos políticos viables para el futuro, un camino que nos permita, en lugar de quedar anclados en el mundo de su Múnich del 38, Dany, entrar en un mundo en el que, el sábado, luchemos todos juntos por la libertad de los italianos, la libertad de los alemanes o la libertad de los iraquíes, en vez de sacrificarlo todo en aras de una paz, en aras de un absoluto cuyos contornos son incapaces de definir. 
Evidentemente, nosotros deseamos la paz, pero no la paz del descanso eterno. 
Y no es que la muerte comience con las pistolas o los misiles estadounidenses o israelíes: la muerte comienza con todas las víctimas de Pol Pot, con aquellos cuyos nombres ni siquiera recordamos, con las gentes del Volga y el Don deportadas hace 80 años, con las 500 000 personas exterminadas y masacradas por Sadam en los últimos 10 años. 
¡Deje sus moralismos y sus absolutos! 
Acepto y me parece muy bien que algunos comunistas se conviertan y pasen de ser comunistas a ser liberales, pero no consiento que pretendan seguir censurándome como hacían siendo comunistas, y me acusen de no ser ni lo bastante liberal ni lo bastante no violento. 
¡Yo! 
Me gustaría plantear una enmienda a su propuesta, señor Presidente, una enmienda que, en Italia- y se lo hago saber también al Presidente en ejercicio del Consejo, para que la estudie- ha obtenido ahora la mayoría absoluta en el Parlamento: se trata de una idea sencilla que consiste en llevar a cabo negociaciones, incluso con Sadam, con el propósito de liberar al Iraq, unas negociaciones que son posibles, aquí y ahora, y por las que han abogado laicamente, demostrando humildad y valentía, el Presidente Mubarak, Tony Blair y otros líderes políticos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, cuando debatimos la crisis iraquí en Estrasburgo, hace quince días, había todavía una pequeña esperanza de que, al final, fuera posible evitar la violencia y agotar todas las vías para resolver los problemas de manera pacífica, como estipulaban las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en especial la Resolución 1441. 
Por desgracia, el denominado nuevo dogma estratégico hizo añicos esta esperanza, y la opinión pública mundial está siendo testigo de un conflicto militar que, además de las bajas civiles y militares, que lamentamos profundamente, ha infligido daños colaterales a instituciones y parámetros básicos de la esfera internacional, como la ONU- defensora de las prerrogativas fundamentales del ordenamiento jurídico internacional -, las relaciones transatlánticas- que son indispensables para el equilibrio internacional- y, por último, la cohesión de la Unión Europea, al menos en el ámbito de la política exterior, que es vital si deseamos tener una presencia influyente en la escena internacional. 
Todos estos elementos institucionales han sido gravemente dañados y están siendo sometidos a una prueba muy dura, de modo que su futuro, o al menos su capacidad de desempeñar eficazmente su papel específico en la esfera internacional, pende todavía de un hilo. Tienen que enfrentarse a muchas verdades desagradables, ahora y a largo plazo, y la más importante de ellas es, naturalmente, el hecho de que la autoridad y el mismo espíritu de la ONU han quedado socavados, y aquellos que son partidarios del unilateralismo y el autoritarismo, en detrimento de la lógica y la legalidad, a la hora de actuar para resolver problemas que, sin duda, son muy reales, han dejado sus normas y sus principios hechos jirones. 
No obstante, de nada sirve limitarnos a un diagnóstico de la trágica situación actual y a un pronóstico de sus perspectivas poco favorables. 
Al contrario, tenemos que centrarnos en el futuro y apoyar a la inmensa mayoría de naciones y Gobiernos, intentando, antes incluso de que termine la guerra- que todos esperamos que ocurra lo antes posible -, devolver el prestigio perdido a las Naciones Unidas- que se han comprometido a restablecer la normalidad en el Iraq -, reforzar las relaciones transatlánticas dentro de un marco de cooperación y partiendo de la igualdad, y consolidar la unidad Europea, para que los tristes acontecimientos de los que hemos sido testigos en los últimos días no se conviertan en un precedente y pasen a la historia como un ejemplo a evitar. 
Señores Presidentes, los embotellamientos de Bruselas representaron el único resultado tangible de la Cumbre. 
Se sabía de antemano que en la Cumbre surgirían discrepancias en torno a la cuestión del Iraq, que se llegaría a un punto muerto y que la Unión confirmaría su escasa talla política. 
Sin embargo, que el supuesto gigante económico se conforme con el mínimo común denominador en sus conclusiones económicas, sociales y medioambientales es descorazonador. 
Pese a que el mundo se halla bajo la amenaza de una grave recesión como consecuencia de una guerra en el Iraq que probablemente va a durar más tiempo del previsto, no hay más que palabras vacías. 
No se puede culpar a la Presidencia, pero esta ha tenido a bien obsequiarnos con 37 páginas de conclusiones, que contienen 12 640 palabras. 
¿Hace falta recordar que Moisés sólo necesitó unas pocas palabras para redactar los 10 mandamientos? 
Sin embargo, en sus conclusiones, la Cumbre ha tenido un momento de lucidez. 
El apartado 9 dice lo siguiente: «No obstante, aún queda mucho por hacer. 
En especial, ha llegado la hora de que la Unión y los Estados miembros cumplan sus compromisos traduciendo las palabras en hechos». 
Con respecto a los hechos, el Consejo Europeo ha invitado a la Comisión a que examine varios problemas. 
Hasta la cumbre de primavera de 2004, los ciudadanos europeos pueden esperar, al menos, 17 nuevos planes de acción, planes de trabajo y otros informes. 
Revuelto en este batiburrillo comunitario se encuentra el nuevo Grupo de Empleo, así como el deseo de que las orientaciones generales de política económica sean más concisas y de que las recomendaciones sobre reformas económicas vayan acompañadas, si es necesario, de plazos concretos. 
Se ha invitado a la Comisión a que elabore un informe acerca de cómo podría reforzarse el uso de indicadores estructurales. 
Va a haber un plan de acción sobre el espíritu empresarial y otro sobre la simplificación y la mejora del marco regulador. 
En lugar de una directiva marco sobre los servicios públicos, acordada primero en Niza y, de nuevo, en Barcelona, tendremos un Libro Verde sobre esta cuestión. 
La lista de requisitos incluye incluso un estudio sobre la manera en que la Unión Europea podría ayudar al pueblo iraquí a vivir con dignidad, en libertad y prosperidad. 
En respuesta al informe Van Miert sobre los enlaces que faltan en las redes transeuropeas, con vistas a la ampliación, se ha invitado al llamado Consejo de Competitividad a que detalle las orientaciones que se necesitan en términos de conectividad. 
La ausencia de conectividad implica menos intercambios, menos crecimiento. 
No obstante, el Consejo no ha tomado ninguna decisión para remediar las evidentes insuficiencias estructurales de la Unión ampliada. 
En estos tiempos de penurias presupuestarias, los Estados se conforman con coger un montículo de visión limitada y transformarlo en una cumbre. 
Mientras la Unión se vea obligada a arreglárselas con el 1% del PIB comunitario, estará condenada a realizar gestos inútiles. 
El Sr. Poettering teme por el euro. 
Tengo que decir que nuestra moneda única se está comportando bastante bien frente al dólar y otras monedas internacionales, pese al déficit francés y alemán. 
Si la estabilidad monetaria es efectivamente un bien público que hay que defender, entonces circunstancias excepcionales exigen medidas audaces. 
El coste de la guerra y, posteriormente, de la paz va a ser una carga muy pesada para la economía mundial. 
Es primordial una política de relanzamiento económico si Europa desea evitar una profunda recesión. 
¿Qué está esperando la Comisión, señor Presidente, para aplicar la flexibilidad contemplada en la resolución del Consejo de Amsterdam, en caso de recesión, y para fomentar la inversión pública y privada, de conformidad con el artículo 11 del reglamento del Consejo de fecha de ese mismo 7 de julio de 1997? 
¿Hace falta, para pasar a la acción, esperar a una declaración oficial de que nuestras economías atraviesan por dificultades? 
. Va a tener que elaborar un informe para contestar a esa pregunta, señor Goebbels. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor presidente de la Comisión, Señorías, en primer lugar, deseo sumarme a lo expresado por el presidente de mi Grupo, el Sr. Watson, condenando, evidentemente, el conflicto en el Iraq, reclamando los acuerdos, siempre en el marco de las Naciones Unidas, y comprometiendo a la Unión Europea a recuperar la unidad y a contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas para poder, realmente, consolidar y garantizar un proceso de paz y de estabilidad. 
Ya que la Unión Europea no ha sido capaz de mostrar tal unión y, desgraciadamente, no ha podido tener la incidencia que querríamos, espero al menos que ahora seamos capaces de, primero, recuperar la unidad y, segundo, liderar la paz. 
Querría felicitar a la Presidencia griega por los resultados del Consejo de la semana pasada en Bruselas, dedicado, precisamente, al análisis del proceso llamado de Lisboa, del cual no podemos sentirnos satisfechos- ya lo comentamos y debatimos en Estrasburgo- porque nuestro diferencial de productividad y de competitividad con los Estados Unidos, lejos de reducirse, se está acrecentando. 
Entendemos que es debido a que no se han llevado a cabo las reformas estructurales adecuadas, no se ha tenido la disciplina comprometida en aspectos claves como la promoción de actividades de investigación y desarrollo, o el fomento de la creación de nuevas empresas capaces de incorporar las innovaciones y los nuevos procesos tecnológicos. 
Creo que es en este ámbito de las reformas estructurales, del fomento de las actividades de innovación y desarrollo y del fomento de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, ligado a las propuestas de mejora social, donde encontraremos las claves para poder realizar, de verdad, los compromisos del proceso de Lisboa. 
Señor Presidente, en esta Cumbre de primavera era necesario que el Consejo fuera capaz de invertir las orientaciones políticas neoliberales y adoptar una política que diera prioridad al empleo, a la inversión pública, a la inclusión y a la cohesión económica y social, con el fin de encarar de frente la desaceleración económica, el paro, la pobreza y la exclusión social, que se mantienen a unos niveles elevados en la Unión Europea. 
Por desgracia, no fue capaz. 
En lugar de detener el proceso de liberalización de sectores y servicios públicos esenciales, está siguiendo la agenda de la UNICE e insiste en acelerar las reformas económicas consistentes principalmente en la agilización del proceso de liberalización de sectores y servicios, en la competitividad de las empresas, en el refuerzo de la coordinación de las políticas presupuestarias y en la estrategia del Mercado Único, relegando continuamente el ámbito social a un segundo plano, subordinando los objetivos del mercado laboral, de la educación y de la sociedad al espíritu empresarial, e insistiendo en la rápida inclusión de las pensiones en el plan de acción sobre servicios financieros, abriendo así el camino a su privatización. 
De este modo, adultera principios establecidos en el Tratado e impide su aplicación, en concreto en los ámbitos de la cohesión económica y social, la solidaridad, la protección del medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria, los servicios públicos y los derechos sociales, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, lo que es inaceptable. 
En vez de suspender el Pacto de Estabilidad para revisar los criterios irracionales de convergencia nominal y de apostar por una política de desarrollo económico capaz de hacer frente a la incertidumbre y la inestabilidad internacional- que esta guerra injusta, ilegítima e ilegal contra el Iraq ha agudizado -, el Consejo reitera la necesidad de cumplir estos objetivos. 
De esta manera, está corriendo un tupido velo sobre las graves dificultades a las que se enfrentan algunos Estados miembros y las graves consecuencias económicas y sociales que está ocasionando la obsesión por recortar la inversión y el gasto público, impidiendo que se cumplan los objetivos de creación de empleo de calidad y haciendo que aumenten las tensiones sociales y la inestabilidad laboral. 
Incluso cuando el Consejo reconoce la necesidad de presentar una declaración sobre los servicios de interés general, pospone su elaboración hasta el siguiente Consejo de la Competencia, subordinando así estos servicios a las reglas de la competencia, lo que no es aceptable porque acrecienta las desigualdades sociales. 
En lugar de aplicar medidas urgentes, como solicitó el Parlamento en el último período parcial de sesiones de Estrasburgo, con el fin de hacer frente al aumento de las reestructuraciones, de las deslocalizaciones y de los cierres de empresas europeas y multinacionales, que están despidiendo a miles de trabajadores y están cuestionando el desarrollo regional de vastas zonas en crisis donde escasean las alternativas de empleo, el Consejo ha optado por dar una prioridad absoluta a la competitividad de las empresas, insistiendo en las reformas estructurales del mercado laboral, en la movilidad de los trabajadores y en hacer más flexible y precario el empleo para que se adapte a la situación económica actual. 
De ahí que se siga planteando la pregunta sobre la razón de ser de la creación del Grupo de Empleo: me gustaría que el Consejo explicara si se va a crear para aplacar los temores de aquellas personas que aún se preocupan mínimamente por los problemas de millones de parados o si la intención es simplemente hallar maneras de perfilar la puesta en práctica de la Estrategia Europea de Empleo, con el objeto de facilitar la aplicación de sus orientaciones cada vez más neoliberales. 
Señor Presidente, quisiera, antes de nada, recordar a las víctimas iraquíes olvidadas, sobre todo a los niños, que son víctimas de un Gobierno militarista, de un imperio que, más que en su cenit, se halla en su declive. 
George Bush, el presidente de los Estados Unidos, constituye precisamente la prueba más clara de la crisis por la que atraviesa el país. 
Esta Cámara no debe transigir con la guerra y debe pedir que se reúna inmediatamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exigir un alto el fuego. 
Como gallego, como ciudadano del Estado español, quisiera expresar mi rechazo hacia José María Aznar, un presidente que, de manera desleal, está poniendo en tela de juicio a la Unión Europea; un presidente que, ridículamente, se cree protagonista, junto con Bush y Blair, de una nueva Yalta, esta vez en las Azores. 
Su actitud es ridícula y paranoica. 
Se trata de un presidente que, cien años después, quiere convertir al Estado español en una nueva colonia de los Estados Unidos, en un nuevo Puerto Rico. 
Señor Presidente, quiero unirme a mis colegas y acoger con satisfacción algunas de las conclusiones del Consejo Europeo, pero quisiera también criticar otras o advertir contra ellas. 
El objetivo del Consejo de primavera estaba claro desde el principio: debía ser un foro económico, una oportunidad de revisar la fase que habíamos alcanzado y también de trazar un nuevo camino para el futuro, en particular examinando de nuevo la estrategia de Lisboa y fijando los cambios que era necesario efectuar para seguir acercándonos a ese objetivo. 
Además, debería haber representado una oportunidad para subrayar la necesidad de mantener el crecimiento económico y del empleo, así como de garantizar la calidad de vida, un empleo de calidad y derechos de pensiones para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Como todos sabemos, nos enfrentamos a incertidumbres económicas y a riesgos políticos a escala mundial que hacen que estos cambios sean difíciles. 
En la Unión Europea deberíamos reconocer que nuestras manos están atadas, hasta cierto punto, a los logros que podamos alcanzar. 
No obstante, nuestro sistema crea oportunidades que nos permiten apoyarnos en los cambios positivos. 
La dimensión económica y la dimensión social están entrelazadas en lo que se refiere a la consecución de los objetivos para el año 2010. 
Para crear y mantener puestos de trabajo, la Unión Europea debe convertirse en la zona económica más competitiva del mundo, y me complace la decisión del Consejo de crear el Consejo de Competitividad. 
Además de esto, es necesario hacer hincapié en la cuestión de la educación y la formación que se imparte a los ciudadanos. 
La lectura y la escritura, los avances digitales, la formación profesional y el aprendizaje permanente deben considerarse fundamentales para proporcionar a los europeos los instrumentos necesarios para que puedan hacer frente a las exigencias de un escenario económico en constante cambio. 
Debemos apoyar a las empresas. Debemos ser más flexibles y no elaborar normativas que alejen de la Unión Europea las inversiones y se las lleven a lugares cuya mano de obra es barata. 
Debemos también asegurarnos de que la Comisión cumpla su misión con respecto a la evaluación de impacto llevada a cabo por ella sobre la legislación propuesta y las consecuencias que tendrá sobre la industria. 
El empleo es el medio para terminar con la pobreza y la marginación social. 
No obstante, este objetivo no se logrará con cualquier tipo de empleo. 
Dependerá de la calidad del empleo y de la calidad de los derechos. 
La cooperación social ha demostrado ser un modelo idóneo para superar las dificultades en el lugar de trabajo, garantizando la debida representación de los trabajadores y que las empresas gocen de libertad y flexibilidad para seguir avanzando. 
Hay otras dos breves observaciones que me gustaría realizar: en primer lugar, uno de los elementos clave debe ser la protección de nuestro medio ambiente. 
Debemos asegurarnos de que, cuando pongamos nuestros países y nuestro continente en manos de las generaciones futuras, estos se encuentren en una situación mejor que la que los caracterizaba cuando los heredamos. 
Finalmente, quisiera hacer un comentario personal relativo al Iraq. 
Independientemente de lo que esté bien y lo que esté mal con respecto al conflicto en el Iraq, lo más importante ahora- y felicito a la Presidencia griega por tratar de alcanzar un consenso en esta materia- es unir a toda Europa en lo que se refiere a la ayuda humanitaria, facilitando la reconstrucción del Iraq y garantizando que su pueblo cuente con los instrumentos adecuados para tomar sus propias decisiones. 
Señor Presidente, la Cumbre de Bruselas abordó el crecimiento económico de Europa sin tener en cuenta las consecuencias de la guerra en el Iraq, como si lo primero no estuviera íntimamente ligado a lo segundo. Fue casi surrealista. 
La cuestión de la guerra, de capital importancia, fue relegada a los puntos anexos, lo que confirma, si es que había necesidad de ello, que la Unión Europea no es nadie en el ámbito de la diplomacia internacional. 
A la vista de las conclusiones relativas al Iraq, parece más bien una ONG humanitaria. 
Por lo que se refiere a la exaltación de la PESC en la conclusión 69, esta responde claramente a lo que los escritores surrealistas denominaban escritura automática. 
La pregunta es si beneficia realmente a Europa recurrir a este lenguaje estereotipado para disimular el cisma actual. Desde que surgió la cuestión del Iraq, nuestro continente se ha convertido en un simbólico campo de batalla en el que lidian dos posturas acerca de cuál debe ser el papel de Europa en el mundo y cómo debe organizarse el sistema internacional. 
Europa es, en la actualidad, objeto de un debate de suma importancia con implicaciones para el futuro de toda la comunidad internacional. Se discute si Europa debería ser independiente o estar alineada, si debería imperar el unilateralismo o el acuerdo entre naciones. 
Junto con los Estados Unidos, Europa es, por medio de dos troicas, uno de los principales interlocutores. Por un lado está la troica París-Berlín-Moscú, y por otro, la troica Londres-Madrid-Roma, cada una de las cuales tiene su razón de ser y sus apoyos, que se recogen, por una parte, en el memorando de Nueva York, y por otra, en la Declaración de las Azores. 
¿Por qué la única manera de abordar la existencia de estos dos puntos de vista es la lamentación? 
Así se demuestra tener una visión monolítica de Europa, cuando la diversidad siempre ha sido nuestro rasgo distintivo. 
Mereceríamos el calificativo despectivo de la vieja Europa si señaláramos que no deseamos seguir siendo el lugar privilegiado donde pugnan diferentes concepciones acerca del orden mundial y que no pensamos sino en rehuir la confrontación, en aras únicamente de un consenso débil e insignificante. 
Puede que Robert Kagan tuviera razón: poco importa que lo que diga Europa no tenga repercusión alguna, con tal de que lo diga con una sola voz. 
¿Es este realmente nuestro objetivo? 
¿Ser europeo consiste en ahogar cualquier diferencia de opinión? 
¿No se podría aplicar también el espíritu de la libre competencia a la política exterior? 
Señores Presidentes, la Unión Europea fallaría a los ciudadanos europeos si, en eras de la uniformidad, alejara a Europa de los grandes debates sobre el futuro del mundo y le impidiera ocupar un lugar privilegiado en ellos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, como ha señalado el Presidente en ejercicio, el propósito de los Consejos de primavera es examinar y potenciar la economía europea. 
El estado de guerra en el que nos hallamos inmersos en la actualidad, y que no nos han impuesto los estadounidenses, ni su nación ni su pueblo, sino el Gobierno Bush, con su política unilateral y arrogante, y algunos Gobiernos europeos que se han encargado de dividir a la Unión, amenaza con distraernos de nuestro programa. 
Por lo que a nosotros respecta, no perder de vista el programa a largo plazo de la Unión Europea no es una política formalista, sino una manera de mantener y comenzar a restablecer la gravemente dañada unión de Europa. 
Cuando se desea unidad, no se empieza, no se debe empezar, por aquello que divide, sino por aquello que une. 
Y por mucho que nuestra política exterior nos divida ahora, nuestra política económica es igual de capaz de unirnos. 
Si queremos cumplir este objetivo verdaderamente admirable y ambicioso, debemos racionalizar la labor macroeconómica, integrar el mercado de los servicios financieros en Europa y reforzar el espíritu empresarial, la investigación, la educación y la integración de las redes europeas. 
Pero, ¿cómo podemos integrar las redes europeas si, como ha señalado el Presidente de la Comisión, solo gastamos 20 millardos de euros al año y vamos a tardar veinte años en completar el programa? 
Todos estos objetivos encomiables figuran en la Estrategia de Lisboa. No obstante, tenemos que admitir que, en el tercer año, y en algunos ámbitos como la educación, por ejemplo, las cosas no están saliendo como estaba previsto. 
Aquellos que apoyaron la Estrategia de Lisboa para regenerar la economía europea tenían razón en una cosa: su programa, con los recursos que tenían que destinarse, era un programa con resultados a largo plazo. 
Sin embargo, necesitamos medidas que tengan un efecto inmediato en la situación actual, dominada por la amenaza de recesión que planea sobre la economía mundial, para poder tomar un nuevo impulso que permita la compleción de la Estrategia de Lisboa. 
Para que esto ocurra así, tenemos que zafarnos del espíritu derrotista que nos acosa en el presente y volver a imbuirnos del espíritu de determinación de Lisboa, aunque las desastrosas circunstancias actuales de la Unión pueden resumirse en las siguientes palabras de Kipling: «Si puedes soportar la visión de la destrucción del trabajo de toda una vida y agacharte de nuevo, reconstrúyelo con herramientas desgastadas». 
Esa es precisamente la situación en la que nos hallamos ahora. 
Esa es nuestra obligación. 
Si luchamos por ello, amanecerá el día en que la verdad también prevalecerá para nosotros en Europa. 
Señor Presidente, naturalmente habría sido preferible que se hubiera concedido más tiempo a los inspectores de armamento, que Sadam Husein hubiera respetado las resoluciones y que la ONU hubiera autorizado la intervención en el Iraq. 
No obstante, la guerra ya ha comenzado y debemos mirar al futuro. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas espera que esta guerra sea corta, que se produzca el menor número posible de bajas civiles, que Turquía no entre en el Kurdistán y que podamos llevar pronto al dictador iraquí ante el tribunal de La Haya. 
Aquellos que portaban, aquí en la Cámara, pancartas que decían «¡Detengamos la matanza! » deberían acordarse de los muchos miles de personas que han sido asesinadas o expulsadas por Sadam Husein. 
En el período de posguerra comenzará un arduo trabajo: en primer lugar, por supuesto, en forma de ayuda humanitaria. 
Posteriormente, el Iraq debe ser reconstruido. 
Han de crearse instituciones democráticas y estables para que el pueblo iraquí pueda vivir, al fin, en paz y libertad. 
La ONU debe asumir la responsabilidad, en última instancia, de esta labor, y la UE ha de realizar una contribución generosa. 
El Iraq no debe convertirse en un protectorado estadounidense. 
Y lo que es más: hay que infundir nuevo aliento en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
Las relaciones transatlánticas, que están deterioradas, deben volver a la normalidad. 
La ONU tiene que reformarse, y debemos iniciar un debate sobre las implicaciones reales del Derecho internacional y sobre cómo podría proteger a los pueblos en el futuro. 
Por último, la UE debe organizarse y demostrar que ha aprendido algo de la debacle de las últimas semanas. 
Necesitamos una política exterior común. 
Podemos llevar a cabo numerosos cambios institucionales pero, mientras haya una falta de voluntad política, no se escuchará a la UE en el ámbito de la política exterior. 
Me pregunto cuándo nos tocará a nosotros, cuándo los B52 o las mortíferas armas de la guerra cibernética atacarán nuestros edificios, o puede que los de Francia, con la ayuda quizás del Reino Unido y otros países. 
No. 
Del fundamentalismo del consejo de Bush se puede esperar incluso esto. 
He visto la cabeza lacerada de un niño iraquí, lacerada por las armas de aquellos que se autoproclaman liberadores. 
Estos cuerpos y estas imágenes no son diferentes de los de la niña kurda envenenada por las armas químicas de Sadam, del chiquillo palestino masacrado por el ejército israelí, de la niña israelí asesinada por un suicida o de los cuerpos de las víctimas de las Torres Gemelas. 
Con esta guerra, han caído las máscaras. 
Los Estados Unidos no respetan el Derecho internacional: pensemos en Kioto, el Tribunal Penal Internacional, la pena de muerte, la guerra de las galaxias o el uso de armas de destrucción masiva. 
El militarismo estadounidense es un peligro para la comunidad internacional; una política de dominación y muerte es una danza macabra entre el terrorismo y esta política. 
No obstante, también de los Estados Unidos, de su pueblo, surge una esperanza y una alternativa: grandes multitudes están diciendo «no» a la guerra, «no» al terrorismo y «no» a la venganza, al igual que en el resto del mundo. 
Y nosotros, ¿qué debemos y podemos hacer? 
¿Cómo podemos lograr que los países que llevan a cabo esta guerra acaten el acuerdo ratificado en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? 
Europa no puede decir simplemente: nos encargaremos de la reconstrucción. 
Debemos encaminar nuestros esfuerzos a detener esta guerra ilegítima. 
El presente, señor Simitis, es pasado y también futuro. 
Por eso, debemos impedir que mueran ciudadanos iraquíes, británicos y estadounidenses. 
La ONU debería ser la encargada de actuar: convoquemos entonces al Consejo de Seguridad y a la Asamblea de las Naciones Unidas. 
Europa debe estar unida, por supuesto, pero debe estar unida para decir «no» y para parar esta guerra. 
Rabiya, una muchacha iraquí, me dijo con mucha intensidad: «Estáis matando también nuestros sueños; estáis matando el sueño de que, algún día, podamos liberarnos de la dictadura de Sadam Husein». 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, durante la guerra el Congreso se divierte, se decía en 1815: esta es la evocación histórica que podría lanzarse a la cara de los miembros del Consejo, en cuyo indecente documento de síntesis, la palabra Iraq solo se menciona a partir de la página 32 de las 37 que componen las conclusiones de la Presidencia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, su lamentable declaración oral es la constatación del fracaso y la impotencia de la Unión. 
La guerra se está librando. Es un acontecimiento de la mayor importancia, del que los miembros de la Unión, con el Reino Unido a la cabeza, son responsables. 
Usted dice que no podemos hacer nada al respecto y que es mejor cambiar de tema. 
Sin embargo, mucho habría que decir, ahora que han salido a la luz las mentiras de las que se ha servido el imperio anglo-americano para justificar su brutal agresión. Se ha dicho que tiene como objetivo permitir el desarme del Iraq por parte de la ONU. 
¡Mentira! La guerra había sido proyectada desde el principio, pasara lo que pasara, como se ha revelado ahora. 
Usted se ha atrevido a decir que el Consejo de Seguridad estaba bloqueado, porque no había votado a favor de una resolución que autorizara la guerra. 
¡Mentira! 
El Consejo de Seguridad no estaba bloqueado: había adoptado un procedimiento que estaba funcionando. 
El Iraq estaba debilitado, le habían hecho pasar hambre sistemáticamente durante diez años y le habían obligado a desarmarse a cambio de promesas de paz. Se suponía que se iba a desmoronar durante las primeras horas del conflicto. 
¡Mentira! 
El Iraq está resistiendo, a menudo heroicamente. 
La población iraquí iba a recibir a las tropas imperiales como si se tratara de un ejército liberador. 
¡Mentira! 
Se me viene a la cabeza la declaración de Tony Blair del 5 de febrero. El Primer Ministro británico se puso en evidencia a sí mismo al presentar un informe que justificaba la agresión, y del que 11 de las 19 páginas de que constaba procedían de un trabajo académico que se remontaba a diez años atrás. 
A día de hoy, las únicas armas de destrucción masiva que hay son los miles de bombas y misiles sofisticados del imperio anglosajón que están arrasando las ciudades iraquíes. 
Como jurista, doy fe de la cínica violación de todas las disposiciones jurídicas que los propios británicos y estadounidenses habían establecido para evitar la guerra. 
Como europeo, lamento el odio hacia Occidente que van a desencadenar los bombardeos del imperio, un odio que, por desgracia, está justificado. 
Como cristiano, me horroriza que una guerra que no es justa, desde ningún punto de vista, pueda hacerse en nombre de Dios. 
Al pan, pan, y al vino, vino: Tony Blair es un asesino mundano. 
En cuanto a George Bush, que deje de invocar a Dios, a menos que sea para rogarle que la sangre de iraquíes inocentes no manche las manos del pueblo estadounidense. 
Señor Presidente, Señorías, no estoy nada de acuerdo con las palabras del Sr. Oostlander. 
Yo tampoco he pensado mucho en las pancartas que hay detrás de mí, sobre todo porque su Grupo tiene desplegadas menos pancartas. Debería hablar con su colega el Sr. Helmer, que sostiene una pancarta con la palabra «Blitzkrieg». 
Ahora cualquiera puede recurrir a pancartas para expresar su postura intelectual, y eso es lo que ha hecho hoy el Sr. Helmer, como si fuera el heredero intelectual de aquellos que, en su día, alzaron estas pancartas. 
Señor Oostlander, si usted cita a Max van der Stoel y afirma que el fundamento jurídico no es convincente, pero que, desde el punto de vista moral, la intervención está justificada, también puede darle la vuelta a este argumento y decir que una intervención solo se justifica si el fundamento de derecho es convincente. 
Aunque solo haya un pequeño atisbo de duda, está asumiendo la responsabilidad de poner en peligro a vidas humanas. 
La guerra siempre debe ser el último recurso de la política, pero no puede serlo mientras haya dudas. 
Si ha habido alguna vez una guerra que se podía evitar, era esta. 
Hace unos días, Señorías, se nos ofreció la posibilidad de tomar una decisión basada en informes de dos respetables diplomáticos, el Sr. Blix y el Sr. El Baradei. 
Afirmaron, o más bien el Sr. El Baradei afirmó, que no había armas nucleares y que no habían hallado ninguna, y el Sr. Blix declaró que esta misión había sido un éxito y que seríamos capaces, en un plazo de dos meses, de desarmar pacíficamente al Iraq. 
Los dos caballeros que realizaron estas propuestas no eran socialistas radicales, ni agitadores antiestadounidenses: al contrario, eran diplomáticos muy respetables de las Naciones Unidas que nos estaban mostrando un camino pacífico a seguir que contaba con el respaldo mayoritario del Consejo de Seguridad. 
No obstante, también había una minoría, a la que el Papa podría haber dado su bendición apostólica si no hubiera votado a favor de la guerra, porque esta minoría se articuló en torno a una coalición- de testarudos más que de voluntariosos- que deseaba que esta guerra tuviera lugar, pasara lo que pasara. 
No estoy poniendo en entredicho a los numerosos diputados de esta Cámara que creen, desde una profunda convicción, que solo podemos deshacernos de este dictador de pacotilla por medio del uso de la fuerza. 
Esta es una manera de ver las cosas, pero no cambia, en lo más mínimo, el hecho de que estos dos caballeros a los que acabo de mencionar nos mostraron una senda pacífica, y he escuchado a todos los parlamentarios de esta Cámara- incluidos los de su Grupo, señor Poettering- que han dicho que este es el camino que debe seguirse. 
Si esta es la senda correcta, ¿por qué no tienen la valentía de decir que la guerra es el camino equivocado? 
Al fin y al cabo, esta sería la conclusión lógica a la que se llegaría. 
Permítanme decir nuevamente que aquellos que van en contra de la razón al optar por este camino cargan también con la responsabilidad de las consecuencias sangrientas que pueda traer, consecuencias de las que vamos a hablar durante mucho tiempo, porque todos las vamos a sufrir. 
Señorías, quisiera agradecerles sus intervenciones, y me gustaría también dar las gracias a todos los que han mencionado a la Presidencia griega. 
Voy a tratar de responder brevemente a dos o tres preguntas. 
Muchos de ustedes han instado directamente a la Presidencia griega a que tome la iniciativa y exponga su postura o recurra a las Naciones Unidas. 
Pero, ¿cuál es el papel de la Presidencia? 
El papel de la Presidencia, no solo de la Presidencia griega, sino de cualquiera, no es decidir cuál es la postura de la Unión Europea; no es aplaudir una opinión y condenar otra; no es exponer su propio punto de vista, porque Grecia también tiene una opinión, pero no puede presentarla como si se tratara de la postura de la Unión. 
El papel de la Presidencia es tratar de conciliar diferentes puntos de vista y seguir las normas, con el objeto de obtener un resultado en forma de una postura que cuente con un respaldo unánime o mayoritario. 
Si no es capaz de lograr esto, entonces no vale para nada. 
Por tanto, el papel de la Presidencia, y quisiera hacer hincapié en ello, es defender una importante virtud: la virtud de la cooperación, la virtud del esfuerzo conjunto y de la actuación en equipo. 
Eso es lo primero que tiene que hacer. 
Y en eso está trabajando la Presidencia porque, de lo contrario, acabaría consiguiendo justo lo contrario de lo que pretende: la división. 
Y nosotros no deseamos la división, sobre todo en estos tiempos difíciles. 
Mi segundo punto tiene que ver con que algunas de Sus Señorías se han referido a la política exterior de la Unión, señalando de nuevo que esta brilla por su ausencia y que no se ha hecho nada. 
Hemos oído decir al Presidente de la Comisión que una fuerza comunitaria de mantenimiento de la paz va a relevar, con mucha probabilidad, a las tropas de la OTAN en Skopje, esta semana. 
Esto no tiene precedentes y es el resultado de un gran esfuerzo realizado en el ámbito de la política exterior. 
Cualquiera que haya escuchado a los líderes de los países balcánicos en los últimos quince días, tras el asesinato del Primer Ministro serbio, se habrá dado cuenta de que los Balcanes occidentales tienen depositadas muchas esperanzas en la Unión Europea. 
¿Por qué? 
Porque la Unión Europea ha aplicado una política exterior. 
Podría mencionar otros ejemplos de esta presencia verdaderamente creativa de la Unión Europea. 
¿Su número es escaso? 
Y hemos sido incapaces de alcanzar una postura común acerca de la cuestión básica y moral de la guerra o la paz, al igual que en muchos otros asuntos. 
Sin embargo, esto no significa que debamos considerar que hemos fracasado y dejar de esforzarnos en el ámbito de la política exterior común. 
Tenemos que hacer ese esfuerzo. 
Estoy de acuerdo- y este es mi tercer punto, porque he escuchado muchas opiniones que no son realistas- con lo que ha dicho el Sr. Cohn-Bendit acerca de que los acuerdos son necesarios. 
Son también necesarios porque mañana van a debatir la cuestión del Iraq. 
Hay algunos asuntos en los que creo que- si aprueban una resolución- la Presidencia, la Comisión y la Unión Europea serán capaces de realizar avances, como por ejemplo, en la necesidad de proteger la integridad territorial del Iraq (incluso, como ha señalado un diputado, en la frontera con Turquía) , en la necesidad de hacer frente a los graves problemas humanitarios haciendo llegar la ayuda, y en el papel primordial de las Naciones Unidas en la reconstrucción política, económica y social del Iraq. 
Si nos pronunciamos aquí de manera clara y rotunda, crearemos marcos y compromisos. 
Y, por supuesto, no debemos olvidar el proceso de paz en Oriente Próximo y la importancia de las relaciones transatlánticas. 
La política exterior de la Unión, como cualquier otra política, es producto de la creación. 
Este esfuerzo está plagado de triunfos y reveses, pero la política, al final, se crea. 
Y es de nosotros de quien depende. 
Si decimos simplemente que las cosas le vienen grandes a la Unión Europea y arrojamos la toalla, entonces es que no deseamos una Unión. 
¡Pero sí que deseamos una Unión! 
Y queremos una Unión fuerte. 
Eso es por lo que estamos luchando y eso es por lo que debemos luchar. 
Por último, me gustaría referirme a varios comentarios que se han hecho acerca de la política económica. 
En primer lugar, el texto de la Presidencia es extenso porque es ahora costumbre en la Unión que, en cada Consejo de primavera, se reiteren todas las resoluciones previas para que consten. 
En segundo lugar, hay muchas preguntas, alusiones y cuestiones que remiten a las comisiones, pero si leen el texto o los textos a los que se refieren- como, por ejemplo, las resoluciones del Consejo Ecofin -, verán que mucho de lo que se plantea ya tiene respuesta. 
El Pacto de Estabilidad, por ejemplo, fue examinado por los Ministros de Economía, que han dicho que debe mantenerse, que no es el momento ni el lugar para ser flexibles y que hay un riesgo de inflación. 
Ustedes deben decidir si tenían o no razón. 
Se examinó: eso lo deja claro el texto. 
También deja claro el texto que la guerra puede desbaratar los mejores planes. 
Es importante guardar la calma. 
Es importante no dejarse llevar por el pánico, no creer que es necesario tomar medidas aquí y ahora, allí o en todas partes. 
Tenemos que seguir avanzando con paso seguro por el camino que hemos trazado. 
Creo, Señorías, que este es uno de los principales mensajes que se pueden extraer de los esfuerzos realizados en Bruselas: que a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, tenemos muchas cosas en común que no podemos apartar a un lado, y que, por este motivo, sobre todo en estos tiempos difíciles, debemos tratar de expresar lo que tenemos en común y caminar todos juntos hacia adelante. 
Señor Presidente, la resolución que el Parlamento va a aprobar mira al pasado, y creo que deberíamos, más bien, centrar nuestra atención en el futuro. 
Desde mi punto de vista, es incomprensible que, en los últimos días, tanta gente haya dedicado tantos esfuerzos a encontrar la manera de condenar la decisión tomada por los Gobiernos estadounidense y británico de intervenir militarmente en el Iraq, una acción con la que mi país está de acuerdo. 
Si teníamos de hecho que mirar al pasado, podríamos haber hecho mejor uso de nuestro tiempo y de nuestras energías buscando la manera de condenar al régimen iraquí que, durante 12 años, ha hecho caso omiso de todas las resoluciones de la ONU. 
La coalición no es responsable de la guerra en el Iraq: lo es Sadam Husein y su régimen. 
Por tanto, debo votar en contra de la conclusión número 3, y me siento incapaz de condenar o lamentar la decisión tomada por la coalición. 
Fue Sadam Husein quien le obligó a tomarla. 
Por un giro desafortunado de los acontecimientos, Sadam Husein ha logrado dividir al mundo, y confiamos en que llegue pronto el día en que comparezca ante un tribunal internacional y sea juzgado por sus crímenes contra la humanidad. 
Ahora debemos mirar hacia adelante, como hace en parte la resolución, algo que me complace. 
De lo que se trata ahora es de impedir, en la medida de lo posible, el sufrimiento tras la guerra. 
El pueblo iraquí ya ha sufrido suficiente. 
Por tanto, debemos estar preparados para acudir en su ayuda, sin dilación. 
Debemos asumir la responsabilidad conjunta de la paz y la libertad en el Iraq. 
Hemos de ayudar al pueblo iraquí a que disfrute de una vida digna en una sociedad democrática, en una comunidad basada en el Estado de Derecho en la que se observen los derechos humanos y se respete a las minorías. 
Este es el aspecto más importante de la resolución sobre la que vamos a votar. 
Señor Presidente, una nueva resolución sobre el Iraq no puede ser más conciliadora que la resolución que adoptamos hace unas semanas por amplia mayoría. 
Aquella resolución estuvo y sigue estando en consonancia tanto con los problemas reales del mundo como con el sentir y las reacciones de los ciudadanos de nuestros países, quienes, en su reacción ante esta guerra ilegal, inmoral, preventiva y, por tanto, subyugadora, se expresaron como ciudadanos europeos y formularon la única base seria y segura sobre la que podemos continuar construyendo Europa. 
A muchos de los aquí presentes nos preocupa el futuro del mundo y de Europa. 
Hay otros, sin embargo, cuya única preocupación consiste en justificar a sus Gobiernos, sancionar a posteriori decisiones que provocarán la desaparición del sistema mundial moderno y de la comunidad internacional, sin duda un nombre inapropiado en estos momentos. 
El tedéum por la desaparición de la ONU ofrecido con plena franqueza por el Sr. Pearl se aplica indudablemente también a la marginación de la Unión Europea, tanto a la antigua como a la nueva, sea cual sea la opinión de algunos de los países candidatos. 
Esta humillación continuará si de alguna manera sancionamos a posteriori la invasión del Iraq. 
No cabe duda quién se impondrá militar y tecnológicamente: los invasores. 
Pero ¿por qué razón deberíamos transformar su supremacía técnica en victoria política sintiéndonos obligados a aprobar la guerra una vez que ha terminado? 
La única obligación histórica que tenemos es la de preparar nuestra contribución a un mundo más equilibrado, en la medida que esto aún sea posible; dar un salto importante, lo más pronto posible, en el camino hacia la unificación política, particularmente en el terreno de la política exterior y de defensa. 
Los que no tengamos intención de permitir que Europa y el mundo se conviertan en una especie de Parque Jurásico debemos seguir adelante. 
Los que deseen ir más allá deberán resolver las contradicciones en las que se ven enredados por sus opciones egoístas y divisoras. 
Un gran dramaturgo británico, Harold Pinter, declaró, y algunos diputados harían bien en recordarlo, que a menos que Europa reúna la solidaridad, la inteligencia, el valor y la voluntad para hacer frente y resistir al poder de los Estados Unidos, se hará merecedora de la definición de Alexander Herzen: «No somos los médicos. Somos la enfermedad». 
Señor Presidente, ¿cuántas víctimas inocentes más tendrán que añadirse a la lista de las que ya han caído? 
Pienso especialmente en los niños kurdos, risueños y llenos de vida, como los que conocimos hace solo unas semanas en el campamento de Magmur, justo al sur del paralelo 36. 
Aun con la aprobación del Consejo de Seguridad, esta guerra habría sido de todas formas ilegítima, pero ahora es a la vez ilegal e ilegítima. 
También es, por desgracia, una barbaridad. 
La potencia de las bombas arrojadas por los norteamericanos y británicos sobre ese desventurado país sin duda ha superado a la de Hiroshima y Nagasaki. El Presidente Bush ha hablado de una cruzada. 
Es indudable que esta correrá la misma suerte que la última. 
Aplaudo la valerosa resistencia del pueblo iraquí. 
Pido a mis amigos kurdos que no confíen demasiado en las promesas de los Estados Unidos. 
Ellos saben el valor que tienen esas promesas. 
Espero que algún día, los responsables de esta guerra, Bush, Aznar y Blair, respondan de sus actos ante un tribunal internacional. 
Por último, permítanme citar al periódico redactado en euskera, Euskaldunon Egunkaria, un periódico que la prepotencia de un juez y del Ministro del Interior español han condenado al silencio: «La lucha del pueblo por la libertad no reconoce fronteras nacionales». 
Señor Presidente, Señorías, las resoluciones que adoptamos no se tornan más convincentes cuanto más nos fustiguemos unos a otros en tono moralista con juicios sobre lo que está bien y lo que está mal. 
Deberíamos ayudar a buscar formas de salir de la crisis. 
En primer lugar, hay que poner fin a la guerra tan pronto como sea posible, con el mínimo perjuicio para la población y desarmando a Sadam Husein y su régimen criminal. 
Segundo, el pueblo iraquí debe tener la oportunidad de tomar sus propias decisiones, y las Naciones Unidas, en lugar de una de las partes beligerantes, deben asumir la responsabilidad de la reconstrucción del país. 
En tercer lugar, la Unión Europea debe contribuir decisivamente a esta reconstrucción, siendo de su propio interés primordial que arraigue el desarrollo pacífico tanto en el Iraq como en todo el Oriente Próximo. 
Actualmente nos estamos dando cuenta hasta qué punto nos afecta cuando sucede lo contrario. 
En cuarto lugar, debemos reforzar la asociación transatlántica y reconstruir una relación de confianza con los Estados Unidos de América, que continuará siendo, en el futuro próximo, la única potencia capaz de garantizar el orden y la seguridad a escala mundial y regional. 
Todo el mérito de esto se debe a los norteamericanos, a los que los alemanes debemos mucho, ya que defendieron nuestra libertad en un momento en el que esta se encontraba amenazada por el comunismo soviético. 
En ese momento sus soldados tenían la responsabilidad de garantizar la libertad de nuestra capital, Berlín. 
Por esas razones mantengo mi solidaridad con los Estados Unidos, aun cuando esta solidaridad atraviese de vez en cuando por momentos críticos. 
La solidaridad de esta clase no debe abandonarse de plano cuando existen diferencias de opinión, ya que no vemos ninguna alternativa a la Alianza Atlántica, como tampoco hay alternativas a la unificación europea. 
Señor Presidente, quisiera que rememorásemos el 11 de septiembre de 2001. 
Tras aquellos acontecimientos, todos estuvimos de acuerdo en afirmar que el mundo había cambiado. 
Comprendimos que el terrorismo internacional, un terrorismo bien financiado y organizado, sin ningún objetivo político claro aparte de crear el caos, requería un nuevo enfoque en materia de seguridad. 
Estaba claro que no podíamos seguir manteniendo un planteamiento pasivo. 
No podemos continuar lanzando críticas desde la barrera, cuando nos enfrentamos a regímenes peligrosos y represivos dispuestos a asesinar a su propio pueblo, a amenazar la seguridad regional y a alimentar al terrorismo. 
Vimos que era necesario un enfoque activo, así como elaborar un concepto de justicia internacional para todos los pueblos y construir un sistema de seguridad mundial basado en la participación activa. 
Así obramos con respecto al Afganistán, pero ahora, frente a una crisis llena de peligros y dificultades, parece que nos hemos refugiado en la cómoda zona de nuestras viejas certezas. 
En particular, nos hemos replegado a la actitud de la guerra fría con respecto a los Estados Unidos. 
Pensamos que en la relación transatlántica hay una descompensación: para que una parte gane, la otra tiene que perder. 
Si continuamos ese proceso, el mundo se convertirá en un lugar mucho más seguro, ya que cada cuestión y cada crisis contribuirá a la división al tratar nosotros de reunirnos en torno a polos separados. 
La asociación transatlántica es necesaria en beneficio de la seguridad mundial. 
Debemos asegurarnos de conseguir garantías y acuerdos mundiales para el futuro y de que no reavivemos viejas batallas. 
Podría ser que las estructuras que creamos después de la Segunda guerra mundial no sean adecuadas para el mundo que surgió tras el 11 de septiembre. 
En ese caso, deberíamos trabajar para el futuro, pensando en cómo podemos reconstruir el Iraq con el apoyo de las Naciones Unidas y en cómo podemos garantizar la paz en este país, respetando el derecho del pueblo iraquí a decidir su propio futuro. 
En estos momentos, muchos miles de hombres y mujeres de mi país arriesgan sus vidas para liberar a un pueblo de la tiranía. 
Muchas personas no están de acuerdo con esta guerra, y yo respeto sus puntos de vista, pero pido a esta Cámara que respete la postura de los hombres y mujeres cuyas vidas están en peligro. 
Sinceramente, me sorprende que, en medio de tantas alusiones a la legalidad, no haya oído una sola palabra sobre el tratamiento por parte del Iraq de los prisioneros de guerra, que contraviene la Convención de Ginebra. 
No he oído una sola palabra de condena por las matanzas perpetradas en Basora por las tropas iraquíes contra su propio pueblo. 
Imagínense cómo se sentirán las tropas británicas viendo lo que ocurre y siendo incapaces de pararlo. 
Señor Presidente, en nombre de los diputados del Partido Comunista de Grecia, antes que nada quiero protestar por el hecho de que el Presidente Cox impidiera una manifestación de oposición a la guerra, produciendo un enfrentamiento de los diputados con el personal. 
Incluso hoy mismo, mientras la agresión imperialista arrasa Bagdad y Basora, el Sr. Simitis, obviando el hecho de que mientras hablamos se está asesinando a una nación en el Iraq, está preocupado únicamente por cómo pueden aumentar sus beneficios las grandes empresas. 
El Sr. Simitis no ha tenido la sensibilidad de expresar la más mínima crítica a los invasores por respeto a la opinión de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, los millones de personas que denuncian esta incursión imperialista ilegal y criminal y que piden el cese inmediato de la misma. 
Por supuesto, ha mencionado la necesidad de restaurar la paz en la región, una vez que los imperialistas han ganado, claro, pero su principal preocupación radica en cómo se va a dividir al Iraq. 
La complicidad de la Unión Europea ha sido confirmada asimismo por el Consejo Europeo, que básicamente ha dado cobertura a los miembros de la Unión Europea que han tomado parte activa en la guerra y a todos los demás países que han ofrecido todo tipo de apoyo a los invasores, siendo el primero de la lista el país de la Presidencia. 
Y son igualmente culpables de complicidad los que firman y apoyan propuestas de resolución en el Parlamento Europeo que no condenan de forma clara y abierta este crimen y piden su cese inmediato. 
La guerra sucia imperialista se ha encontrado con la resistencia heroica de una nación que defiende su independencia nacional, ha despertado las conciencias y ha provocado continuas y multitudinarias manifestaciones de protesta. 
La guerra ha sido una excelente oportunidad para reforzar la así llamada estrategia de Lisboa y promover medidas para intensificar el ataque que, en nombre de la competitividad, está afectando directamente a los derechos laborales, sociales, de seguro y de pensiones de los trabajadores. 
Esta política no quedará sin respuesta. 
Los trabajadores, los jóvenes y todas las naciones se están levantando en protesta y formando sus propias concentraciones, sus propios frentes contra este huracán imperialista a fin de cambiar la relación de fuerzas y derribar este sistema corrupto y bárbaro. 
Señor Presidente, debo reconocer que parece un poco surrealista querer hablar de otros aspectos de la Cumbre aparte de la cuestión del Iraq, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los otros asuntos que abordó la Cumbre no van a ayudarnos exactamente a lograr un mundo más pacífico o igualitario. 
Deseo referirme a ciertos aspectos en los que, por una vez- al contrario que en la Cumbre de primavera del año pasado -, analizamos cuestiones relacionadas con la justicia mundial, hasta cierto punto. 
Por ejemplo, en el apartado 60 y siguientes de las Conclusiones de la Presidencia se mencionaba el fomento del desarrollo sostenible a escala mundial. 
Estas Conclusiones hablaban del aumento de la responsabilidad empresarial, social y medioambiental, tanto en el ámbito comunitario como internacionalmente. 
Confío en que se aplique a cuestiones como la concesión de contratos de manera justa y transparente, en lugar de beneficiar a los amigos ricos. 
Las Conclusiones mencionan también el modo de promover el comercio justo y sostenible. 
Me pregunto si hemos inmunizado alguna de las demás políticas concebidas en esta Cumbre de primavera frente a esas ambiciones o a la ambición de fomentar créditos a la exportación que sean compatibles con el desarrollo sostenible, cuando algunos Estados miembros pagan más del 50% de sus créditos a la exportación para permitir que la venta de armamento siga adelante. 
Espero que las llevemos adelante con seriedad, ya que es necesario examinar este ideal de convertirnos en el continente más competitivo internacionalmente del mundo, preguntándonos a nosotros mismos cuáles son las consecuencias para los perdedores a escala mundial, si nosotros somos los ganadores a escala mundial, y cómo va a hacer que aumente la estabilidad, la igualdad y la justicia en el mundo. 
Señor Presidente, quisiera hacer un llamamiento a la calma y a la tolerancia en esta Cámara, porque estas son las bases de la integración europea. 
El Grupo del PPE ha intentado presentar una propuesta de resolución sobre la base de la declaración del Consejo, pero lamentablemente a estas alturas parece imposible el consenso, y es que algunos, con sus planteamientos, parece como si nos quisieran llevar en la práctica a pedir la incorporación de la Unión Europea al movimiento de países no alineados. 
Por el contrario, en mi Grupo, apostamos con el Consejo por fortalecer el eje transatlántico como prioridad estratégica de la Unión Europea y por eso es un poco insólito oír a la Comisión elogiar una iniciativa de defensa común extracomunitaria, es decir, fuera de los entornos de la Unión Europea. 
El Consejo se ha detenido en debatir sobre el tan esperado día después y ha reclamado claramente la participación de la Unión Europea en la reconstrucción del Iraq, por lo que quiero felicitarle, pero hoy lo que se nos exige es contribuir a la ayuda humanitaria para los más necesitados. 
Me hubiera gustado oír alguna concreción al respecto de lo que está haciendo la Comisión. 
Y otra cuestión que tampoco puede esperar es el final del conflicto en el Oriente Medio y también aquí me hubiera gustado oír alguna contribución de la Comisión. 
A nadie en sus cabales, señor Presidente, le gusta ni esta ni ninguna otra guerra, pero no podemos ser neutrales ante el terrorismo internacional, ni ante las amenazas a nuestra seguridad, ni tampoco ante la completa falta de libertad en la que hasta ahora vive el pueblo iraquí. 
Señor Presidente, Señorías, el problema del Iraq parece haber dividido el mundo en dos campos opuestos. 
Sin embargo, en toda Europa y en todo el mundo se han alzado manifestantes por la paz para protestar contra la mayor potencia militar del mundo. 
Los Estados Unidos han atacado al Iraq sin el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, pero ahora sabemos que hace tiempo que tenían preparados sus planes de batalla. 
Confiábamos en que era posible una solución pacífica en el Iraq gracias a la intervención de los inspectores, pero la decisión ya había sido tomada. 
Todas las guerras en Oriente Próximo han acabado siempre en desastre. 
Nuestra construcción de Europa se basa en el derecho, no en la fuerza. 
Sí, pero no podemos negar que la Unión Europea está atravesando una crisis real. 
¿A qué derecho nos estamos refiriendo? 
¿Cómo podemos olvidar el artículo 11 del Tratado de Maastricht, que obliga a todos los Estados miembros a definir y poner en práctica una política de seguridad común de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas? 
Se ha incumplido la Carta de la ONU. 
El artículo 2 de dicha Carta pide a todos los Estados que se abstengan de recurrir a la amenaza contra la integridad territorial o política de cualquier Estado así como al uso de la fuerza contra dicha integridad. 
¿Qué ha ocurrido con nuestro respeto de dicho artículo? 
¿Significa esto que ya no hay leyes, tratados ni cartas que puedan resistir la ley de la potencia más fuerte? 
Resulta una idea aterradora. 
Sería una derrota para la democracia y no estamos dispuestos a aceptarlo. 
Esta guerra es un desastre desde el punto de vista moral. 
No se pueden pisotear de esta forma todos los grandes principios de nuestra civilización. 
¿Cuál es el precio que tendremos que pagar por esta incapacidad de aprender las lecciones del pasado y por el hecho de que hemos retrasado durante mucho tiempo la construcción de una Europa política capaz de hacer frente a los Estados Unidos? 
Es hora de reaccionar si deseamos una Europa fuerte e independiente. 
Es hora de establecer una política de defensa común y para ello será necesario que nos dotemos de los instrumentos para llevarlo a cabo. 
Necesitamos avanzar, que la Convención sea un éxito y que también lo sea nuestro futuro en común. 
Señor Presidente, si los líderes de la UE cumplieran de verdad los objetivos marcados la semana pasada acerca del papel central de la ONU, de la capacidad europea en política exterior y de defensa y del fortalecimiento de la asociación transatlántica, la mayoría de los ciudadanos gritarían de entusiasmo. 
Pero nuestros líderes nos están defraudando. 
Uno de los pocos aspectos positivos de esta guerra ilegítima es que hasta en el Reino Unido un mayor número de personas se dan cuentan de la importancia de que la Unión Europea hable con una sola voz. 
Chirac debería darse cuenta de que convertir en rivales a la UE y a los Estados Unidos es algo que no requiere un gran esfuerzo mental. 
Es necesario que Blair comprenda que la asociación con Washington pasa por Bruselas. 
En cuanto a la cuestión del Iraq, se echó de menos en las conclusiones de la Cumbre una referencia al mantenimiento de las competencias transferidas a los kurdos del norte. 
A los kurdos se les ha traicionado con mucha frecuencia, pero esta vez debemos asegurarnos de que se respete su libertad y su identidad. 
Deben gozar de autonomía dentro de una república democrática federal del Iraq. 
Estoy de acuerdo por completo con que el Iraq debe acatar las Convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra, pero es hipócrita que Rumsfeld insista en ello mientras se deniega esta protección a los prisioneros retenidos ilegalmente en la bahía de Guantánamo. 
Señor Presidente, la guerra desatada contra el Iraq es una guerra imperialista. 
Se está masacrando a una nación para que media docena de consorcios, sean o no compañías petrolíferas, puedan redistribuir las cartas y repartirse el mercado entre sí. 
La guerra actual guarda relación directa con tantas otras guerras desencadenadas en el pasado por las grandes potencias, Gran Bretaña y los Estados Unidos, pero también por Alemania y Francia, que en ocasiones han actuado en conjunto y otras se han enfrentado entre sí para explotar Oriente Próximo y saquear sus riquezas. 
Palabras como libertad, democracia y la condena de la dictadura de Sadam Husein son mera hipocresía para ocultar una guerra de bandidaje. 
Mientras los ejércitos de las dos mayores potencias del mundo siguen devastando Bagdad con bombas y obligando a los habitantes de Basora a morir de hambre y de sed, las principales empresas de estas potencias se están repartiendo jugosos contratos, como buitres que luchan por el cuerpo de un país al que están asesinando. 
En el Consejo Europeo se reunieron los ministros de los países que toman parte en la agresión contra el Iraq y los que se declaran en contra de la guerra para sacar una única declaración, como si nada hubiese ocurrido. 
¿Qué mejor ilustración se podría ofrecer del hecho de que, a pesar de las diferencias de opinión, son, ante todo, cómplices? 
Señor Presidente, por supuesto que es necesario un proceso democrático en el Iraq, pero la guerra nunca es una solución. 
Es injusta, porque mata a gente inocente y, como dice el proverbio árabe, un asesino nunca es un benefactor. 
A pesar de que la opinión pública ha rechazado de forma masiva esta guerra, el Consejo permanece en silencio, cuando deberíamos haberla condenado. 
Es simplista creer que el objetivo de los Estados Unidos es controlar los recursos energéticos. 
Debemos admitir que Bush ha logrado una doble hazaña. Ha conseguido que la gente olvide no solo que su país está atravesando una crisis económica y social, sino también que el ejército israelí asesina diariamente a docenas de palestinos. 
Israel continúa violando con total impunidad el Derecho internacional. 
La americanización del mundo y la redistribución del mapa geopolítico de Oriente Próximo: ¿no son estos los objetivos reales? 
La Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental en la reconstrucción de la paz. 
Debe ayudar a crear las condiciones en las que se respeten los derechos de las naciones y se garanticen la integridad y la soberanía de los Estados. 
Para ello, sin embargo, urge contar con una política exterior y de defensa común. 
El futuro de Europa depende de esto. 
¿Deseamos tener una Europa de soldados al servicio de un imperio norteamericano o una Europa de ciudadanos independientes que respeten los derechos fundamentales? 
En la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados miembros deberán tomar una iniciativa de gran alcance a fin de imponer la fuerza de la ley frente a la ley de la fuerza. 
Señor Presidente, han surgido divisiones dentro del Consejo sobre las decisiones tomadas esta semana, pero, si nos interesa tener una Europa que influya políticamente, debemos mirar al futuro y trabajar por la Europa del futuro. 
Europa debe contar con una política exterior única y una política de defensa única para desempeñar un papel destacado en la escena internacional y ser capaz de garantizar la paz fuera de sus fronteras. 
Tendremos que lograr este objetivo en el segundo semestre de este año y, en este sentido, debo responder a las desagradables palabras del Sr. Watson, quien evidentemente conoce poco y tiene dificultades para reconocer lo que significa ser proeuropeo. 
Está claro, en lo que a él respecta, que ser proeuropeo significa decir siempre que sí, pero si en ocasiones decimos que no, podríamos construir una Europa mejor. 
Sería un error político de extrema gravedad no solventar las divisiones actuales. 
Las declaraciones del Gobierno italiano que se mueven en esta línea ciertamente nos dan esperanza y creo que el Presidente Prodi estará de acuerdo con el Primer Ministro italiano cuando se reúna con él el viernes en Roma. 
Sin embargo, la Europa política fuerte e influyente del futuro no puede constituirse desde una postura antiamericana. 
Es conveniente señalar este hecho en esta Cámara, porque aún quedan en Europa los que sitúan en el mismo nivel la mayor democracia occidental y el régimen criminal y déspota de Sadam Husein. 
El asesino se llama Sadam Husein. No podemos ni debemos adherirnos al lema «Ni Bush ni Sadam». 
Cuando Europa haya redescubierto los motivos para una unidad fuerte, tendrá que participar directamente, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en la construcción de la nueva democracia iraquí, una vez haya contribuido en las necesidades humanitarias, resultado de un conflicto que podría haber evitado Sadam Husein si hubiese aceptado la propuesta de exilio, mencionada varias veces por el Sr. Pannella. 
Deberá ser una Europa que mantenga relaciones con los países moderados del mundo árabe, que luche por la seguridad de Israel y por la construcción de un nuevo Estado palestino. En resumen, una Europa que garantice la paz en el Mediterráneo y en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, el 17 de febrero el Consejo Europeo declaró que las Naciones Unidas debían permanecer en el centro del orden internacional y que deseaba lograr el objetivo de desarmar pacíficamente a Sadam Husein, afirmando que esto es lo que deseaban los ciudadanos europeos; expresó su apoyo a los inspectores de la ONU aunque indicó que no deseaba que las inspecciones continuaran indefinidamente y, de hecho, los inspectores habían propuesto un plan para el desarme que también contaba con un límite de tiempo. 
Hoy nos encontramos aquí en el Parlamento, también en nombre de esos ciudadanos europeos, de esa opinión pública a la que se refería el Consejo, para responsabilizar en primer lugar a todos los Gobiernos europeos que han apoyado, están contribuyendo y están participando en una guerra unilateral que condenamos sin reservas. 
Estamos en el séptimo día y los dramáticos acontecimientos nos indican que no será una blitzkrieg. 
No obstante, nuestra posición antibélica no significa que nos posicionemos de parte de ese régimen, que deberá dar cuenta de todos sus crímenes ante tribunales internacionales, ni significa que seamos indiferentes ante la peligrosa vía que se está abriendo con la violación del Derecho internacional y otras muchas infracciones, como el uso de armas prohibidas, el sufrimiento infligido al pueblo iraquí, el trato de los prisioneros y la suerte del pueblo kurdo. 
Después, está Oriente Próximo. 
Determinados cuarteles intervencionistas han señalado que esta guerra resolverá la cuestión de Oriente Próximo. 
No creemos que este sea el caso. 
Las cosas están empeorando cada vez más: por una parte, esta guerra está ayudando al grupo extremista Hamás y, por otra parte, el ejército israelí sigue adelante con sus acciones. 
Por último, quisiera preguntar a los Gobiernos europeos: ¿qué están ganando con esta terrible experiencia? 
Quisiera decir a los Estados miembros: incorporen, introduzcan elementos federalistas en su política exterior europea. 
Si no lo hacen, no conseguiremos tener una política común. 
¿No se dan cuenta de que, incluso sin poderes, la Comisión es actualmente un punto de referencia cuando se ha destruido el papel del Alto Representante debido a sus diferencias? 
Una vez más, y esto ya ocurrió en los Balcanes, no podemos hacer nada y nos hallamos en un momento sumamente crítico. 
Recuerden que la suma de 15 ó 25 políticas nacionales que responden a intereses muy arraigados nunca constituirán una política exterior europea. 
Señor Presidente, hablo en nombre de la delegación conservadora británica en un momento en que está teniendo lugar una guerra en el Iraq- en nombre de todos nosotros -, con el fin de acabar con una amenaza para nuestros pueblos y de librar a los iraquíes de un tirano. 
Es una auténtica vergüenza que haya tantos defensores de Sadam Husein en esta Cámara. 
Escuchándoles comprendo ahora el concepto de la gran mentira. 
Quiero rendir homenaje a las tropas británicas, estadounidenses y de otros países que combaten en el Iraq y expresar mis condolencias a las familias de nuestros soldados que han perdido a seres queridos. 
Mi circunscripción de Anglia Oriental ha sufrido la pérdida de la tripulación de un caza tornado perteneciente a las Fuerzas Aéreas Británicas de Marham, en Norfolk. 
La 16ª brigada aérea de asalto, con base en Colchester, también se encuentra en primera línea de combate, junto con unidades de todo el Reino Unido. 
Agradecemos el gran apoyo moral y práctico brindado a la coalición por los Gobiernos de España, Portugal, Dinamarca, Italia, los Países Bajos, Bulgaria y muchos otros países europeos. 
No obstante, esta contienda se podría haber evitado si la comunidad internacional hubiera hablado con verdadera resolución y hubiera dejado claro a Sadam que estaba unida en su determinación de desarmar a su régimen sin tardanza. 
Tengo que decir que las maniobras diplomáticas que tuvieron lugar en los prolegómenos de la guerra del Iraq estuvieron caracterizadas por el antiamericanismo. 
Se trata del mismo antiamericanismo virulento que mueve a muchos diputados de esta Cámara y a muchas otras personas a tratar de crear estructuras comunitarias separadas que sustituyan a aquellas en las que nuestros amigos estadounidenses desempeñan un papel clave. 
Me refiero especialmente a la política de defensa y seguridad europea, que no trata de la seguridad, sino de todo lo que rodea al Estado europeo. 
No crea una mayor capacidad militar, sino estructuras duplicadas que alimentan la división y de las que quedan deliberadamente excluidos importantes aliados. 
Vivimos tiempos en los que es preciso hacer todo lo contrario. 
Cuando haya terminado la guerra en el Iraq, los estadounidenses y los europeos de ideas afines deben alcanzar todos los compromisos políticos y materiales necesarios para revitalizar la alianza transatlántica antes de que sea demasiado tarde. 
Es preciso reconstruir una cultura estratégica occidental. 
Señor Presidente, Thomas Friedmann, un norteamericano, expresó la opinión de que esta guerra no es una guerra de necesidad, sino una guerra claramente deliberada. 
En «Le Monde» , Alain Pellet ha expresado su punto de vista de que la agresión sigue siendo agresión, incluso si es de parte de un gran imperio democrático y está dirigida contra una sangrienta tiranía. 
Este es concretamente el caso cuando dicha agresión da comienzo en el mismo momento en el que el Consejo de Seguridad y los inspectores están logrando controlar el régimen de Sadam Husein y empezando a desarmarlo. 
Me deja especialmente perplejo el hecho de que una parte de los Gobiernos europeos sean la causa de numerosas muertes y lesiones y, de hecho, de la destrucción masiva de un país ya empobrecido, o al menos que consideren esto como algo aceptable, ya que las guerras privadas de este tipo pueden volverse terriblemente contagiosas. 
Me tranquiliza, sin embargo, el hecho de que los ciudadanos europeos condenan esta guerra y no desean bailar ciegamente y sin atisbo de crítica al son de la música de la administración estadounidense. 
Los ciudadanos europeos nos dan un motivo de esperanza y su deseo ferviente de paz debería ser la base sobre la que construir una política exterior y de seguridad común. 
Sin embargo, la condición de superpotencia militar de los Estados Unidos supone que no podrá funcionar sin un componente militar. 
No tenemos más que estar dispuestos para consultarnos mutuamente sobre dónde debemos concentrar nuestro gasto militar. 
La siguiente prueba de nuestra entereza, no obstante, ya la tenemos ante nosotros. 
Cuando empresas cercanas a la administración norteamericana, como una filial de Halliburton, obtienen contratos públicos por importe de millardos, y, según artículos de prensa, cuando empresas británicas también hacen cola en los Estados Unidos para conseguir su parte del pastel, Europa está organizando la ayuda humanitaria, pero no se debe detener ahí. 
Debemos utilizar un mandato del Consejo de Seguridad para lograr un papel sustancial en la reconstrucción del Iraq, de un Iraq en que todos, suníes, chiíes y kurdos, puedan vivir en libertad y en paz, libres de la dictadura tanto dentro como fuera de sus fronteras. 
Dando por sentado, como yo lo hago, que nadie tendrá la firmeza necesaria para aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Palestina e Israel, tendrá que ser de nuevo Europa la que tenga que tomar medidas a favor de una solución justa en Oriente Próximo. 
Espero, no obstante, que Gran Bretaña y los demás defensores de esta guerra norteamericana piensen por un momento en Europa y poco a poco se den cuenta de que, en la coalición de voluntarios, la única voluntad que cuenta es la de los Estados Unidos. 
No creo que Europa exista para recoger las migas que otros dejan caer. 
Al contrario, ¡necesitamos nuestra propia identidad y nuestra propia política exterior y de seguridad común! 
Señor Presidente, en plena consonancia con los ciudadanos europeos, el pasado 30 de enero el Parlamento Europeo, con una cómoda mayoría, se declaró en contra de la acción militar unilateral en el Iraq. 
Esa guerra, declaramos, no sería conforme al Derecho internacional ni a la Carta de las Naciones Unidas. 
Actualmente se está librando una guerra ilegal y neocolonial. Cada día nos muestra su cara real. 
En lugar de condenarla y exigir al Consejo de Seguridad que garantice que se respeten de inmediato la paz internacional y regional, el Consejo Europeo del 20 de marzo solo ha sido capaz de llegar a un acuerdo en torno a una especie de declaración anodina. 
Esta declaración alega que las Naciones Unidas deben continuar desempeñando un papel principal durante y después de la crisis. 
En este caso la palabra «continuar» parece sin duda un chiste malo que se deslizó en el texto por error, ya que antes de la crisis, como todos sabemos, los Estados Unidos no habían respetado y habían apartado a las Naciones Unidas a un lado con la complicidad de dos Estados miembros de la Unión Europea. 
La ausencia de propuestas formales de la Comisión y la regla de la unanimidad explican sin duda por qué el Consejo Europeo fue incapaz de velar por los intereses de la Unión Europea e incapaz de decir, en voz alta y clara, que los intereses de la Unión se encuentran mejor protegidos por la acción multilateral y que el Estado de Derecho siempre es preferible a la ley de la potencia más fuerte. 
El Presidente Bush ya tiene la guerra que siempre había deseado, la guerra que decidió librar hace tiempo. 
Como lo describió un periódico francés, hace las veces de un Doctor Strangelove moderno. 
Ahora tenemos pruebas fehacientes de que algunos Estados miembros no desean una política exterior y de seguridad común independiente. 
Pues bien, la Europa política se construirá sin ellos, de la misma forma en que se hizo la unión monetaria. 
Señor Presidente, hace ya unos años que se establecieron los objetivos de Lisboa. 
Desde entonces se ha hablado mucho de la importancia del proceso de Lisboa. 
El objetivo era alcanzar económicamente a los Estados Unidos hasta el año 2010. 
Por desgracia, parece que casi todo ha quedado en palabras. 
Aún no he visto las reformas necesarias del mercado laboral, una condición para el crecimiento y la creación de empleo. 
Tampoco se ha producido la liberalización, igualmente importante, de los mercados del gas y la electricidad, por ejemplo. 
La comparación con los Estados Unidos demuestra a las claras que aún estamos lejos de alcanzar los objetivos marcados en Lisboa. 
En los Estados Unidos se considera que la situación económica es muy preocupante, a pesar de que el crecimiento es significativamente mayor allí que en la UE. 
Los norteamericanos han dejado claro que no se sentarán a mirar cómo se deteriora la economía, sino que han respondido con grandes recortes fiscales. 
Esto es algo que los Estados miembros de la UE también deberían hacer, y con carácter urgente. 
Si un país como los Estados Unidos, que aplica unos impuestos relativamente bajos, puede reducirlos aún más, es muy probable que lo mismo puedan hacer los Estados miembros de la UE, en los que los impuestos son bastante más altos. 
En el Consejo Europeo se trató de una estrategia de empleo, pero esta nunca proporcionará más crecimiento y menos desempleo. 
No existen atajos. 
No necesitamos más palabras bonitas ni declaraciones llenas de orgullo. 
Lo que necesitamos es acción. 
Siempre que la UE se limite a hablar mientras que los Estados Unidos actúan, la diferencia económica se agrandará aún más, para ventaja de estos últimos. 
El año 2010 seguirá alejándose cada vez más al futuro. 
Señor Presidente, me complace que el Comisario Prodi haya señalado la discrepancia existente entre el coste económico de esta guerra y los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la humanidad. 
Hay algo surrealista- y, en efecto, sonrojante- en despilfarrar dinero en una guerra provocada a posta y en conceder más tarde jugosos contratos a las empresas nacionales favoritas para reparar el daño causado por esa misma guerra. 
(Aplausos de la izquierda) 
Paso, no obstante, a referirme a la parte económica de la Cumbre de primavera, que se centra en dos aspectos: los avances en la innovación y la empresa, y la protección medioambiental. 
Cada Cumbre de primavera me parece una repetición sin fin del Libro Blanco de Delors. Esto también es algo surrealista. 
En lo que se refiere a la investigación y el desarrollo, permítanme ser positiva. 
Me satisface que el Comisario Prodi vaya a someter a examen el Banco Europeo de Inversiones porque, francamente, esta institución es incapaz de ayudar a empresas que podrían ser innovadoras y competitivas si se les echara una mano. 
Bien hecho. 
En lo que respecta a la protección medioambiental, permítanme hacer hincapié en la energía inteligente, para la que soy la ponente en esta Cámara. 
Se trata de un programa presentado por la Comisión con muchos meses de retraso (debería haber comenzado en enero de este año). 
Esto no es eficaz, ni seguramente competitivo ni dinámico, a la manera de la Declaración de Lisboa. 
El Consejo, me entristece decirlo, ha recortado este programa. 
Como ponente, estoy sopesando, en la actualidad, si acepto un programa reducido que se lleve efectivamente a cabo o si defiendo otra alternativa. 
Hay que dejar claro que nuestras palabras no se traducen en hechos. 
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en aceptar que si Europa no se expresa con unanimidad, será una Europa sin poder, aunque también en este debate parece que el Parlamento Europeo tiene dificultad para hablar con una sola voz. 
Si no queremos que la guerra detenga el avance hacia el Tratado Constitucional y hacia las políticas exterior y de defensa comunes, debemos tapar esta grieta que ha dividido a Europa y que se ha profundizado en las últimas semanas. 
Llegamos a un acuerdo para condenar el régimen de Sadam; pero hemos tenido opiniones diversas sobre una guerra unilateral y preventiva, ya que sobre todo son las víctimas inocentes las que pagan el precio de la guerra y que la situación de posguerra aún está sumido en la incertidumbre. 
Pero ¿qué hay que hacer ahora en términos realistas? 
Debemos evitar que se pongan más trabas al diálogo entre antiguos aliados, que sienten el peso de su responsabilidad sobre el futuro del mundo. 
Debemos participar en el suministro de ayuda humanitaria, otorgando a las Naciones Unidas el papel central del mandato, también en la fase siguiente, la reconstrucción del Iraq. 
Debemos cerrar las grietas entre europeos, empezando por los aspectos que nos unen. 
Se trata de un desafío que el Consejo Europeo de primavera intentó mantener sobre el tapete y el motivo por el que el Presidente Prodi también nos recordó la carga que supone la guerra para la recuperación económica de Europa. 
Es el desafío que también el Parlamento debe abordar. 
Debemos avanzar hacia la paz, empezando por la paz en Oriente Próximo, y hacia la unidad política de Europa. 
Señor Presidente, no sé si vale la pena mencionar o pasar por alto las delirantes manifestaciones de algún diputado que hemos oído en esta Cámara, en el sentido de decir que hay que llevar a la Corte Penal Internacional a algunos líderes occidentales. 
Estas manifestaciones son sectarias, son irresponsables y se deslegitiman por sí mismas, en la medida en que no se pide lo mismo para el único responsable de esta crisis, que es Sadam Husein. 
Porque la Unión Europea es hoy una potencia económica, una potencia comercial, financiera e industrial; pero, desgraciadamente, no pesa en la esfera internacional con arreglo a ese peso y no hay, hoy por hoy, alternativa en lo que se refiere a los aspectos de seguridad y de defensa, señor Presidente, al eje transatlántico, seguramente por incapacidad y por culpa nuestra, por la culpa de todos. 
Por eso, señor Presidente, quisiera denunciar el cinismo y la hipocresía de muchos de nuestros colegas, que dicen y se llenan la boca de que hay que tener una política de seguridad y de defensa común y que, cuando llegan a sus circunscripciones, no son capaces de pedirles a sus ciudadanos que doten esa política de seguridad y de defensa con los medios necesarios, olvidando que la fuerza de Europa es su unión y su fragmentación, su debilidad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, ante las circunstancias presentes, podría parecer que la nueva confirmación de los objetivos de Lisboa tiene una importancia un tanto secundaria, ya que desde luego todos estamos preocupados por la guerra, sus enormes consecuencias políticas y la tragedia humana. 
No obstante, estoy aquí para hablar de Lisboa y pienso que el acuerdo alcanzado en el Consejo sobre una acción común de los Gobiernos europeos constituye un elemento significativo para la estabilidad política, teniendo en cuenta la división actual en Europa. 
En estos momentos difíciles, era importante que los Gobiernos europeos expresaran una voluntad política común para proseguir con sus esfuerzos en el ámbito social. 
Resulta igualmente importante que estos objetivos se vinculen estrechamente con la educación y la investigación. 
Esto concuerda con las expectativas de los ciudadanos europeos, quienes saben muy bien que no podemos crear más y mejores empleos y lograr un mayor crecimiento económico sin educación e investigación. 
Naturalmente, tendremos que ser extremadamente críticos a la hora de cumplir los objetivos. 
Llevamos un retraso considerable, como todos admiten, lo que debería impulsarnos a redoblar los esfuerzos. 
A fin de progresar, necesitamos más programas de inversión y cooperación en todos los sectores, incluida la formación y el aprendizaje permanente que, junto con la educación y la investigación, son vasos comunicantes. 
La educación debe demostrar que sabe cómo incorporar las ciencias y la cultura europeas, el proceso de aprendizaje, a fin de producir estudiantes preparados con expectativas laborales. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme que incline la cabeza y dirija mis pensamientos a las víctimas civiles y militares de todos los bandos; lamento profundamente todo el sufrimiento causado en los primeros días de la guerra, que esperemos que acabe rápidamente. 
En general, este conflicto me hace pensar en tres cosas. 
En primer lugar, ¿cómo podemos aprender de nuestras divergencias, de modo que la Unión Europea pueda encontrarse por fin de nuevo a sí misma y hablar con una sola voz en los asuntos internacionales? 
La Unión Europea se fue construyendo con el tiempo y a pasando por varias pruebas. 
A menudo se han producido grandes avances después de graves crisis. 
La prueba que Europa está pasando en la actualidad no es la primera y con toda seguridad no será la última. Por tanto, debemos ser optimistas. 
Lo más importante es examinar y comprender, después de la guerra, los motivos de nuestras actuales divergencias. 
¿Son motivos fundamentales? 
¿Son nuestras posturas irreversibles e irreconciliables? Si lo son, causarán serias dificultades en el futuro. 
A mi entender, urge que Europa, sin dañar las relaciones trasatlánticas, se provea de los medios necesarios para lograr independencia y eficacia, además de una política exterior y de defensa común. 
Independencia no significa que haya que romper alianzas. 
Mi segunda idea se refiere al futuro del Iraq. 
Esta vez, las Naciones Unidas deben desempeñar plenamente el papel que les corresponde en la reconstrucción del Iraq, de modo que el país pueda dotarse de un gobierno representativo que desee vivir en paz con sus vecinos y que sea capaz de participar activamente en la comunidad internacional. 
La reconstrucción debe realizarse, ante todo y sobre todo, en beneficio de los iraquíes, que han sufrido tanto durante tantos años. 
Ellos deben por fin poder beneficiarse de la riqueza de su país, que es enorme. 
En tercer lugar, me pregunto si tenemos capacidad para acoger como es debido a los países candidatos el año que viene. 
¿Estamos preparados? 
Esto es lo que deberíamos preguntarnos. 
A fin de acoger a los países candidatos en las mejores circunstancias posible, creo que deben cumplirse tres condiciones. 
Primero, necesitamos reconciliarnos en torno a nuestros valores. ¿Por qué no deberían ser los valores de la vieja Europa? 
Segundo, nuestras instituciones, que encuentran dificultades para funcionar con tan solo quince Estados miembros, necesitan cambiar, lo que significa que la Convención debe concluir su trabajo con las mejores condiciones posible. 
He descrito el problema, pero no es mi tarea aportar la solución. 
Mi gran esperanza es que, después de esta guerra y una vez superada esta crisis, la Unión, ya sea con quince o con veinticinco Estados miembros, sea independiente y sea capaz finalmente de expresarse con una sola voz. 
Señor Presidente, no hay ninguna división entre Europa y los Estados Unidos, como se está afirmando. 
La fractura tiene lugar entre Francia y Alemania, principalmente, y otros 19 nuevos gobiernos europeos proestadounidenses. 
Es necesario esforzarse ahora por moderar la retórica a ambos lados del Atlántico. 
Aplaudo la valentía de los países candidatos que han respaldado la coalición con fuerzas especiales. 
En una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, la semana pasada, se acusó al Reino Unido de ser un Estado delincuente presidido por un criminal de guerra. 
Esto demuestra el tono surrealista que ha alcanzado el debate. 
Al unirse a Alemania de la manera en que lo ha hecho, Francia ha alejado a los Estados Unidos, ha debilitado a la ONU, ha enviado el mensaje equivocado- un mensaje de división- a Bagdad y ha puesto de manifiesto la imposibilidad de que, alguna vez, se llegue a contar con una política única de defensa y relaciones exteriores. 
Sadam Husein lleva años tratando de adquirir ilegalmente armas de destrucción masiva. 
Cambiar el régimen es el único modo de garantizar el desarme y la paz en el Iraq y de impedir que prosigan las brutalidades contra su pueblo a manos del Carnicero de Bagdad. 
Los aliados van a instaurar un Gobierno representativo, y deben impedir la salida de refugiados y la inestabilidad en la región, además de facilitar el regreso de los exiliados iraquíes para que reconstruyan su país en paz. 
Debemos asegurarnos de que su inmensa riqueza petrolífera se emplee para crear prosperidad en beneficio de su pueblo y no para adquirir armamento. 
Esta guerra está justificada desde un punto de vista moral y político, y su legalidad emana de las resoluciones 678, 687 y 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
No obstante, los apaciguadores de esta Cámara quizás quieran explicar por qué apoyaron la guerra de Kosovo, en la que no tuvieron nada que ver las armas de destrucción masiva, ni estaba en peligro ningún Estado vecino, y que no contó con la autorización de la ONU, y sin embargo, les cuesta tanto actuar contra un dictador genocida que ha iniciado dos guerras con un balance de casi un millón de muertos y que ha gaseado a su propio pueblo. 
Debemos poner punto final a esta tiranía y liberar al pueblo iraquí, de una vez por todas. 
En cuanto al Proceso de Lisboa, me complace que vuelvan a formar parte de la agenda el mercado único y la necesidad de llevar a cabo evaluaciones del impacto legislativo. 
Mi partido va a continuar oponiéndose a la armonización fiscal. 
No obstante, en este ámbito en particular, el movimiento se va a demostrar andando. 
. El debate queda cerrado. 
He recibido 12 propuestas de resolución, 6 sobre el Iraq y 6 sobre otros asuntos tratados en el Consejo Europeo, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0077/2003) del Sr. Brok y el Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y la Comisión de Presupuestos, con recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo sobre la incorporación de un marco financiero en el proyecto de Tratado de Adhesión. 
Debo informar a la Cámara de que la Presidencia griega comunicó al Parlamento Europeo, hace algún tiempo, que el Presidente en ejercicio del Consejo tendría que marcharse al aeropuerto justo después de su intervención para poder llegar esta noche a Grecia y asistir mañana a la reunión del Consejo y los representantes de América Latina. 
La Presidencia confía en que la Cámara lo entienda. 
Señor Presidente, Señorías, no necesito emplear todo mi tiempo de uso de la palabra, señora Comisaria, ya que esta es una cuestión de dominio público. 
La cuestión que estamos abordando es que la redacción del artículo 32 y la integración del anexo XV en el derecho primario suponen una vulneración por parte del Consejo de su acuerdo con el Parlamento. 
Esto tiene que ver con que el Parlamento y los países candidatos no reciben el mismo trato que los demás Estados miembros. 
Esta circunstancia supone claramente un problema jurídico, y es también un problema por lo que respecta a una cuestión fundamental. 
Los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa deseamos que los países candidatos reciban el mismo trato, pero como se trata de derechos esenciales del Parlamento también apoyamos, y de manera especial, la posición de la Comisión de Presupuestos, puesto que la legislación presupuestaria es prerrogativa de cualquier Parlamento y no debe dejarse de lado, ni siquiera en una situación como esta. 
No entiendo al Consejo. 
Aunque nuestras conversaciones hicieron referencia a muchas opciones y posibilidades, que también se recogen en el proyecto de resolución que vamos a someter a votación mañana, el Consejo no ha adoptado ninguna, aunque hacerlo habría nos habría permitido llegar ya a un entendimiento. 
El Consejo es responsable de ello. 
Soy perfectamente consciente de que la Presidencia griega del Consejo está haciendo todo cuanto está en su mano por resolver este problema, por lo que no estoy atacando a la Presidencia: se trata, más bien, de la conducta de varios Gobiernos de los Estados miembros. 
Me da la sensación de que el Gobierno de mi propio país también tiene un papel en esto, y no uno del que pueda estar enteramente satisfecho. 
Me parece una treta ruin enfrentar a diez países- que han pasado, por medio de un gran proceso de transformación, de padecer la dictadura a recibir la invitación de ingresar en la Unión Europea- a una situación que les hace sentirse inseguros, y al mismo tiempo, recortar los derechos del Parlamento, aunque fue la llegada de la democracia lo que resultó crucial para superar la dictadura. 
Me deja perplejo que el Consejo se comporte así. 
Quisiera pedir a los representantes de la Presidencia que informen a sus colegas de que no permitiremos que el proceso de unificación europea se vaya a pique por unos inspectores fiscales que examinan ciertos aspectos de la administración del poder. 
Sabemos perfectamente que, desde el punto de vista financiero, no podemos llevar esto demasiado lejos; sería desproporcionado aprovecharse excesivamente de un presupuesto, porque no es eso lo que pretendemos. 
Estamos trabajando por un derecho y una cuestión de principios. 
Creo que el Consejo debe ser capaz de pensar con la suficiente creatividad como para permitirnos resolver este asunto, de modo que se cumplan los requisitos de derecho y el 9 de abril podamos dar luz verde, en el Parlamento Europeo, a los tratados de adhesión que se firmarán, en Atenas, el 16 de abril. 
Pase lo que pase, queremos que se respete esa fecha: es una obligación que nos ha impuesto la historia. 
¿Que impresión causará si, debido a desacuerdos sobre el Presupuesto, votamos el 9 de abril a favor de un aplazamiento y los húngaros celebran su referéndum el 12 de abril? 
¿Sacrificaremos un momento histórico por una cuestión financiera como esta? 
Les insto, por tanto, a que aprieten el acelerador y se den prisa, de modo que podamos alcanzar rápidamente una decisión sobre este asunto y quedemos a la altura de nuestra histórica misión. 
Brok y Wynn contiene algunas afirmaciones fundamentales. La primera, que figura en el apartado uno, es nuestro compromiso de que la ampliación tendrá lugar el 1 de mayo de 2004. 
Seamos claros: se trata de un objetivo que todos queremos cumplir. 
No obstante, no quiero que, cumpliendo este objetivo, se sacrifiquen, por lo pronto, los derechos del Parlamento. 
En estos momentos se libra una batalla entre dos instituciones para concretar cuáles son los derechos del Parlamento y cuáles no. 
Está por ver si el Consejo respeta nuestros derechos y nuestras prerrogativas. 
Los apartados 3 y 4 explican muy bien algunos aspectos muy claros. 
El apartado 3 advierte a los Estados miembros de que, de mantenerse el artículo 32 y el anexo XV en el Tratado de Adhesión en su forma actual, el Parlamento considerará esto una violación de sus prerrogativas en asuntos presupuestarios. 
El apartado 4 dice que el Parlamento «considera que el enfoque de los Estados miembros vulnera el principio de cooperación leal entre las Instituciones» y que «interpreta este enfoque como una señal de que el Consejo pretende abandonar el Acuerdo Interinstitucional y las perspectivas financieras incluidas en el mismo». 
No son amenazas, sino afirmaciones. 
Les garantizo que no habrá Acuerdo Interinstitucional si el anexo XV se incluye en los tratados sin modificar o sin que haya garantías de que quedarán a salvo los derechos del Parlamento. 
Paso, a continuación, a los apartados 6 y 7 del texto actual del informe. 
Los Grupos del PPE-DE y del PSE van a enmendar los apartados 6 y 7, con objeto de suprimir las cifras, suprimir el apartado 7 y añadir una declaración que vuelva a mencionar nuestros derechos, porque esto es de lo que se trata en este debate. 
Mañana vamos a celebrar un diálogo tripartito y esperamos poder alcanzar un acuerdo sobre un proyecto de declaración. 
Si logramos dicho acuerdo, sería lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar, porque lo que estaríamos haciendo sería acordar una declaración sobre cómo violar el Tratado. 
Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a acordar cómo violar el Tratado, a causa del anexo XV. 
El Parlamento y la Comisión de Presupuestos llevan muchos años luchando a favor de los derechos y las prerrogativas de esta institución. 
No vamos a vender estos derechos por 30 monedas de plata. 
Aunque podamos llegar a un acuerdo sobre las cifras para la categoría 3 en esta declaración, no lo interpreten como una señal de que el Parlamento se está vendiendo por un poco de dinero. 
No pretendo que se me conozca como el presidente de la Comisión de Presupuestos que vendió estos derechos por una cantidad de dinero tan pequeña. 
Mi misión como presidente es asegurarme de que se mantengan los derechos y los privilegios por los que tantos años llevamos luchando, y eso es lo que tengo la intención de hacer. 
Lo dejo claro ahora, al igual que hice en la Comisión de Presupuestos: en caso de que el anexo XV se mantenga en su forma actual y de que carezcamos de garantías acerca de nuestros derechos, votaré en contra de los documentos de los Tratados de Adhesión. 
Quizás sea la única persona de esta sala que lo haga, pero sí que votaré en contra, porque es algo que me parece sumamente importante. 
De alcanzar un acuerdo en el diálogo tripartito mañana, podremos celebrarlo todos. Habrá algo por lo que sentirse contento. 
Si no llegamos a un acuerdo, quisiera comunicar a la Presidencia griega que, en caso de celebrarse otro diálogo tripartito la semana que viene, podrá tener lugar en Atenas, ya que dos de las personas que pertenecemos a ese órgano nos encontraremos allí esos días. 
Podemos celebrar el diálogo tripartito en Atenas y volver a intentarlo. 
Si, al final, el acuerdo no es posible- y esto es lo importante -, no tengo la menor duda de que esta Cámara no retrasará la votación del 9 de abril. 
Lo fundamental para el Parlamento, como ha afirmado Elmar Brok, es llevar a cabo la ampliación. 
No obstante, les digo una cosa, Señorías: no tendrán Acuerdo Interinstitucional y se declarará una guerra con respecto al presupuesto para 2004. 
Señor Presidente, Señorías, los ponentes, el Sr. Brok y el Sr. Wynn, que presiden respectivamente la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y la Comisión de Presupuestos, han subrayado un aspecto muy importante del proceso de ampliación en sus informes: las perspectivas financieras de la ampliación. 
En cuanto a la cuestión del ajuste de las perspectivas financieras para que tengan en cuenta la ampliación, les aseguro que la Presidencia griega? y estoy encantado de que los oradores así lo hayan reconocido? ha demostrado que tenía la voluntad política de resolver el problema que surgió con el Parlamento, desde el principio. 
Como Presidente en ejercicio, les aseguro, una vez más, que el ajuste de las perspectivas financieras se efectuará aplicando plenamente el artículo 25 del Acuerdo Interinstitucional. 
Me gustaría dejar claro también que nadie del Consejo cuestiona las prerrogativas del Parlamento en cuestiones presupuestarias establecidas en el Tratado o las perspectivas del Acuerdo Interinstitucional. 
Me gustaría informar a la Cámara, con respecto al asunto del ajuste de las perspectivas financieras, de que la Sra. Schreyer hizo una presentación inicial de la propuesta de la Comisión sobre cuestiones presupuestarias, en Atenas, el 20 de febrero. 
La Presidencia solicitó que este punto se volviera a presentar en el diálogo tripartito que tendrá lugar en Bruselas el 27 de marzo- mañana, de hecho -, con vistas a resolver la cuestión. 
Sabemos, y sé personalmente, que se trata de un problema importante y complicado. 
Entendemos la preocupación del Parlamento Europeo, y de acuerdo con nuestro programa, cuando este diálogo tripartito tenga lugar mañana, quiero ser optimista y pensar que se llegará a un acuerdo y que continuará la positiva cooperación mantenida entre las autoridades presupuestarias, a lo largo de muchos años, en virtud del procedimiento presupuestario. 
Puesto que habrá negociaciones sobre la cuestión mañana, prefiero no añadir nada más hoy. 
Sin embargo, quiero asegurarles, una vez más, que la Presidencia y el Consejo tienen la voluntad política de resolver el problema. 
Por tanto, y para terminar, me gustaría decir que confío en que se eliminen los obstáculos para el voto favorable del Parlamento Europeo el 9 de abril y que tengamos el placer de asistir al acto de firma, el 16 de abril en Atenas, en presencia del Presidente del Parlamento Europeo, en este momento histórico para la Unión Europea. 
Señor Presidente, en el transcurso de los últimos meses he tenido el privilegio, en varias ocasiones, de manifestar ante el Parlamento que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya firmemente la adhesión de 10 nuevos Estados miembros a la UE el 1 de mayo de 2004. 
Durante las últimas semanas, nuestro Grupo ha apoyado activamente todo el trabajo preparatorio para conseguir que el Parlamento Europeo dé su aprobación a los Tratados de Adhesión con los 10 futuros Estados miembros. 
Deseamos, de todo corazón, que la firma oficial del Tratado de Adhesión tenga lugar el 16 de abril en Atenas. 
En cada ocasión, he hecho hincapié en la importancia de este proceso de ampliación para un mayor desarrollo de la UE y en su contribución al fortalecimiento de las estructuras democráticas. 
Por tanto, quizás sorprenda a algunos mi afirmación de que no hay que descartar por completo un retraso en las fases finales del proceso de ampliación. 
Esto no se debe a que no queramos que estos países ingresen en la UE, o a que no estemos satisfechos con las negociaciones, o a que hayamos encontrado algunos argumentos institucionales o técnicos para reconsiderar nuestros compromisos previos con el proceso de ampliación. 
El derecho de decisión del Parlamento Europeo en cuanto al presupuesto, incluidas las perspectivas financieras a largo plazo, es uno de sus derechos fundamentales. 
El recorte de estos derechos por decisión del Consejo Europeo debe contemplarse como un serio intento de limitar el funcionamiento y los fundamentos democráticos de la Unión Europea. 
La decisión del Consejo de incluir, por primera vez, en el marco de los tratados, los resultados de las negociaciones en los aspectos finales de la adhesión, debe considerarse un grave recorte de los derechos del Parlamento en materia de presupuestos. 
Nuestros colegas de los futuros Estados miembros han de ser conscientes de que este intento de recortar uno de los derechos fundamentales del Parlamento es inadmisible, especialmente en un momento en que la Convención Europea está estudiando una mayor democratización de las instituciones europeas. 
Consideramos que es un objetivo compartido. 
Para aquellos que ya forman parte de esta Cámara, y también para aquellos que pronto lo harán, los derechos del Parlamento se van a reforzar como resultado del proceso de ampliación, y no a debilitar. 
No solo nos importa que el Parlamento disfrute de estos derechos: creemos además que el Parlamento debería poder ejercerlos. 
Por eso, opinamos que el marco financiero que surja de las negociaciones debe considerarse una cantidad mínima, y no una cantidad máxima. 
Nuestro Grupo no desea bloquear la ampliación. 
No queremos retrasar la ampliación. 
Tenemos un objetivo común para hacer de este proceso un éxito. Parte de este éxito debe ser fortalecer, y no debilitar, los derechos del Parlamento Europeo. 
Estamos convencidos de que los futuros eurodiputados de los nuevos Estados miembros van a apoyar nuestras peticiones. 
Estoy seguro de que el Consejo dará con una solución para acabar con este conflicto innecesario, pero debe respetar por completo los derechos del Parlamento en materia de presupuestos, para poder asegurarnos de que la fase final del proceso de ampliación proceda sin retrasos. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar a mis colegas Terence Wynn y Elmar Brok por su iniciativa de presentar esta propuesta de resolución que, sin lugar a dudas, reviste una gran importancia y resulta sumamente oportuna. 
Ya expresé mi conformidad con esta línea de actuación en el intercambio de opiniones mantenido sobre este asunto en la Conferencia de Presidentes de Comisiones. 
Reafirmo ahora esa misma conformidad- con especial agrado y empeño, en mi nombre y en el de mi Grupo- con la manera clara y rigurosa en que se aborda la cuestión en la resolución presentada. 
En efecto, no podemos aceptar fácilmente que la posición del Consejo limite, de forma clara, y relegue a un segundo plano los poderes del Parlamento Europeo, violando a todas luces los Tratados y el Acuerdo Interinstitucional sobre cuestiones presupuestarias. 
Tampoco podemos permanecer indiferentes ante el hecho de que se estén vulnerando el principio de igualdad de los Estados miembros y la norma de unidad presupuestaria. 
Aún más inaceptable resulta que se establezcan como asignaciones máximas montantes que, ni siquiera, deberían considerarse como el mínimo necesario para concretar la ampliación. 
No me voy a extender más sobre este asunto de las cantidades asignadas a la ampliación, puesto que nuestra postura al respecto ya es de sobra conocida, pero merece la pena señalar, no obstante, que si algo se puede recalcar con relación a la postura adoptada en la propuesta de resolución sobre el aumento de las asignaciones para la categoría III de las perspectivas financieras son los términos establecidos y la manifiesta lucidez del enfoque de la cuestión. 
No creo que el Parlamento Europeo pueda ir más allá de lo que ya lo hace en la propuesta de resolución. 
Obviamente, este no es el momento de cuestionar la ampliación ni el calendario previsto para su ejecución. 
Resulta crucial, sin embargo, al menos en esta fase final del proceso, que se garantice un mínimo de respeto, objetividad y transparencia para los países candidatos y que se ponga fin a la política avara de proporcionar medios limitados que ha caracterizado al proceso de ampliación desde el inicio. 
Asimismo, es fundamental, a nuestro modo de ver, y por esta misma razón, que la postura firme y rigurosa del Parlamento Europeo no se venga abajo ante el primer signo de rechazo o respaldo limitado por parte del Consejo, el cual, a propósito, debe asumir plenamente sus responsabilidades por las consecuencias potenciales de su inaceptable actitud, que incumple, a todas luces, las normas y prácticas que se han acordado y firmado. 
Señor Presidente, Señorías, no debemos correr el riesgo de desencadenar una guerra interinstitucional en un momento en que una guerra real está haciendo estragos. 
Pienso que el Consejo, bien representado hoy aquí por la Presidencia griega, está calibrando qué grado de unanimidad revelan las intervenciones de los representantes de los grupos políticos del Parlamento, para así poder determinar en qué aspectos es absolutamente necesario que ajuste sus objetivos. 
El Parlamento debe defender sus prerrogativas y es razonable que lo haga. 
La Comisión, por su parte, debe defender el espíritu y la letra de los Tratados. 
Todo esto forma parte de nuestros acuerdos y de la cooperación leal entre instituciones. 
Podemos comprender las razones políticas que indujeron al Consejo a adoptar ciertas medidas en Copenhague. 
Sin embargo, esto no se puede hacer a expensas de la integridad de las prerrogativas de las instituciones, empezando por el Parlamento. 
Por esto yo insto sinceramente a la Presidencia griega- con la seguridad de que me escuchará- a que haga cuanto esté en su mano para que podamos salir de este atolladero, de manera que la ceremonia de Atenas se pueda celebrar y no se vea empañada hasta cierto punto por un conflicto que, de lo contrario, correría el riesgo de poner en entredicho, bien la ampliación- lo cual ninguno de nosotros desea -, bien el espíritu de los acuerdos interinstitucionales que tenemos establecidos. 
Señor Presidente, señorías, señora Comisaria, representantes del Consejo, creo que a estas alturas del debate ya no hay ningún diputado que no sepa que la inclusión del Anexo XV es una torpeza. 
Es una torpeza jurídica porque cuestiona derechos del Parlamento Europeo, y es una torpeza política porque pone en un riesgo absurdo la imagen de este Parlamento, del propio Consejo, de la Comisión como guardiana de los Tratados y, en general, del conjunto del proceso de la ampliación. 
Esta torpeza nos afecta a todos, y tengo que señalar que nos duele particularmente a aquéllos que hemos defendido siempre la utilidad y vigencia de un Acuerdo Interinstitucional que diera estabilidad y credibilidad al marco financiero de la Unión. 
Nos creímos que el Acuerdo Interinstitucional vinculaba a todas las partes, y ahora descubrimos con gran irritación que a ciertos funcionarios del Consejo parece vincularles solo cuando les resulta conveniente. 
Mi Grupo entiende que una aplicación tan delicada necesita un marco financiero estable, duradero, creíble y respetado por todos. 
No hacía falta incluir el anexo en el Tratado, bastaba con haber tenido confianza en el Acuerdo Interinstitucional y, señores del Consejo, ustedes no la han tenido. 
Hay encima de la mesa una nueva propuesta de negociación, propuesta que admite finalmente que el Anexo XV entre en el Tratado de Adhesión, aunque solo sea porque ustedes, señores del Consejo, ya no pueden dar marcha atrás de la torpeza cometida. 
Pero en su mano está que el daño no sea mayor y acepten la oferta que mañana llevan al diálogo tripartito nuestros representantes porque si no, si ustedes añaden rigidez e intransigencia a lo que hoy es simplemente una torpeza, entonces entraremos en un escenario peor, en el cual, tal vez, el más perjudicado, la víctima colateral, sea el Acuerdo Interinstitucional en el que algunos creemos casi ciegamente. 
Se lo podría decir más alto, pero resultaría difícil decírselo con más claridad. 
Señor Presidente, jamás pensaba que tuviera que hacer la intervención que voy a hacer, porque los que, como usted y yo, hemos sufrido largos años de dictadura, hemos apoyado calurosamente la reunificación de Europa, de una Europa democrática, cuando los países de la otra parte del continente han alcanzado ellos también la democracia. 
Y en ese sentido, vimos muy bien los resultados de los Consejos de Bruselas y de Copenhague. 
Los resultados eran satisfactorios, quizás no eran magníficos, pero eran unas conclusiones aceptables y respetuosas con los equilibrios institucionales. 
Pero bruscamente hemos descubierto este texto de proyecto de Tratado, y lo subrayo porque aún no está firmado y por tanto todo es aún modificable. 
Todo, incluso la supresión del Anexo XV, tantas veces mencionado. 
Porque ahí se fijan importes de partidas presupuestarias o la directriz del gasto agrícola, es decir, se están congelando los derechos del Parlamento Europeo, en algunos casos hasta el 2007 y en otros hasta el 2013. 
Es inconcebible, estamos en el túnel del tiempo, hemos retrocedido a 1970 y me parece absolutamente insoportable. 
Me han hecho recordar, y perdone, pero no es una alusión personal al amigo del Consejo, el libro de Carlo M. Cipolla sobre las leyes fundamentales de la estupidez humana (Allegro ma non troppo). 
Y es el caso. 
Se ha introducido algo intentando perjudicar al Parlamento y lo que se ha hecho es perjudicar el proceso de ampliación, poner trabas inesperadas cuando todos pensábamos que lo íbamos a resolver. 
Han creado un conflicto sin precedentes por apartarse de los precedentes, porque en el Tratado de Ampliación con Suecia, Finlandia y Austria no hay Anexo XV, es un invento nuevo y esto es lo que crea realmente el problema. 
Señorías, el Parlamento- y lo han reiterado otros colegas- está comprometido con que la ampliación tenga lugar el primero de mayo de 2004, pero no tenemos ningún compromiso con una celebración, en la que quisiéramos participar, el 16 de abril a la sombra de la Acrópolis. 
Esperamos poderlo hacer; pero no podemos aceptar la creación de diferentes clases de Estados miembros, no podemos aceptar limitaciones de las competencias del Parlamento Europeo y, por lo tanto, sepan que no estamos discutiendo de dinero sino de competencias y, Señorías, no estamos dispuestos a vender los derechos del Parlamento por un plato de lentejas. 
Señor Presidente, a mí también me parece lamentable, además de totalmente innecesario, que debamos mantener este enfrentamiento a causa del presupuesto. 
Resulta difícil de entender por qué el Consejo menosprecia las competencias del Parlamento y no procede a la revisión de los acuerdos presupuestarios plurianuales, o de las perspectivas financieras, como habría sido de esperar y como se hizo en el caso de las ampliaciones anteriores. 
El Parlamento ha demostrado, sin duda, una gran comprensión hacia la necesidad de no reabrir las difíciles negociaciones relativas al presupuesto agrícola y los Fondos estructurales, pero hemos señalado que se deben examinar los puntos indicados de la rúbrica «Políticas internas» , o categoría 3 de gastos, puesto que plantean una serie de problemas y, si no ajustamos el presupuesto en los próximos años, ello podría afectar a ámbitos de alta prioridad, como el diálogo social, la seguridad interior, la formación, la cooperación policial y pondría en peligro la creación de un medio laboral seguro, y no podríamos cumplir nuestras prioridades políticas. 
Permítanme que les dé un ejemplo. 
Muchas personas corrientes temen que la ampliación suponga una competencia de los nuevos Estados miembros bajo la forma de empresas que se desentienden del medio laboral. 
Evidentemente, los nuevos Estados miembros deben aplicar la legislación de la Unión relativa al medio laboral, pero lo que de verdad cuenta es lo que allí sucede en las empresas. 
Es preciso modificar la cultura y promover una mayor sensibilización, tanto de las empresas como de los trabajadores, con respecto a la necesidad de un medio laboral seguro, y esto podemos hacerlo a través de nuestra agencia de Bilbao y del diálogo social. 
Sin embargo, ello requiere un ajuste del presupuesto, en parte porque a partir de finales de este año se va a acabar la ayuda de preadhesión bajo la forma del programa Phare y el trabajo en este ámbito quedará reducido, de hecho, a cero si no adoptamos medidas. 
El Consejo debe respetar las competencias del Parlamento, el artículo 272 del Tratado y el Acuerdo Interinstitucional. 
Cualquier otra respuesta sería inaceptable y equivaldría a una declaración de guerra. 
Señor Presidente, debo reconocer que estoy asombrado ante la polémica que ha iniciado el Parlamento Europeo contra el anexo XV del Tratado de Adhesión, al cual se acusa de violar el Acuerdo Interinstitucional del 6 de mayo de 1999 y al mismo tiempo también las competencias de esta Asamblea, al establecer unos importes máximos para gastos adicionales relacionados con la incorporación de nuevos Estados miembros para el período 2004-2006. 
Es cierto que no se siguió el procedimiento presupuestario normal en la Europa de los Quince, en el que el Parlamento dispone del derecho de codecisión. 
Pero, ¿era realmente pertinente, si se considera que estamos hablando de una futura Europa con veinticinco miembros? 
Por último, ¿la decisión no se va a adoptar de manera mucho más solemne y legítima por medio del propio Tratado? 
Si se hubiesen mermado las competencias del Parlamento en beneficio de un comité de ministros, de un comité oscuro, podría entender sus protestas. 
Pero en este caso, la decisión la adoptarán los pueblos. 
¿Cómo puede protestar el Parlamento Europeo cuando los propios pueblos deciden sobre una cuestión? 
Una vez más estamos viendo los efectos de la práctica del Parlamento de mirarse el ombligo y de su lucha perpetua por aumentar sus privilegios, que le están haciendo perder de vista la legitimidad innegablemente superior de los pueblos y también el interés general de que el proceso de la ampliación progrese sin sobresaltos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 19.40, se reanuda a las 21.00 horas) 
Informe (A5-0069/2003) de los Sr. Malcolm Harbour, Manuel Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (COM (2002) 213- C5-0262/2002- 2002/0100 (CNS)) 
Pregunta oral (O-0019/2003- B5-0087/2003) a la Comisión sobre la reforma del Estatuto 
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Harbour las amables declaraciones que ha hecho. 
Creo que los dos ponentes, en efecto, hemos trabajado conjuntamente tratando de hacerlo lo mejor posible. 
Éramos dos ponentes de dos países diferentes, de dos fuerzas políticas diferentes, con sensibilidades distintas, lo cual nos ha permitido acercarnos al tema con bastante imparcialidad. 
Pero el punto de partida ha sido el trabajo del Comisario Kinnock, que nos ha hecho unas propuestas bastante equilibradas también, dirigidas a una flexibilización de la administración, a la posibilidad de conseguir buen personal, de promocionarlo en función de sus méritos y sus cualificaciones, y creo que sobre ese punto de partida era fácil seguir trabajando. 
Nosotros, los ponentes, tuvimos ocasión de entrevistarnos con representantes de funcionarios y de las Instituciones y comprobamos que el trabajo hecho por la Comisión era bueno, y en este momento me da la impresión de que este paquete, que es un paquete muy bien pensado y muy bien trabajado, podría realmente ajustarse a las necesidades de la función pública en la Unión Europea. 
A mí me gustaría hacer un llamamiento y un recordatorio a la labor que han hecho los funcionarios en la Unión Europea. 
En este momento la Unión Europea tiene 25 000 funcionarios para administrar un presupuesto que, aunque no exagerado, es importante, en una Comunidad que agrupa a quince países con 380 millones de habitantes. 
La cifra de funcionarios que tiene la Unión Europea es muy inferior a la que tendría una municipalidad importante, con un presupuesto quizás bastante superior a la que tendría esta. 
Por tanto, creo que los funcionarios de la Unión han hecho una gran labor, y que en este momento no tendría ningún sentido hacer una reglamentación que fuera a perjudicar la situación de los funcionarios o crear situaciones que dieran lugar a conflictos en el ámbito laboral. 
Por eso me refiero, en los mismos términos que ha hecho el Sr. Harbour, a unas declaraciones del Consejo que parece que van dirigidas a recortar de una manera cicatera el plan de pensiones, en total contradicción, además, con las propuestas que nos vienen de la Comisión. 
Dicho esto, las enmiendas a las que ha hecho referencia el Sr. Harbour, son enmiendas que yo creo que son razonables, que son debidas. 
El Sr. Harbour ha hecho referencia especialmente a una, que es la de los coeficientes correctores; no tiene ningún sentido que cuando una persona se jubila de las instituciones comunitarias, teniendo la posibilidad de elegir residencia en cualquier país, se fije su indemnización en el país en el que decida fijar la residencia. 
La Unión Europea, como cualquier Administración, debe pagar a todos los funcionarios la misma indemnización y dejar que estos decidan cuál va a ser el lugar de su residencia definitiva, que podrá ser más frío, más caliente, más barato o más caro, pero dejemos al funcionario que decida libremente lo que quiere hacer. 
Me gustaría también hacer otra referencia a una cláusula para mí bastante importante, y es que teníamos en el Estatuto de los funcionarios una norma anacrónica, una especie de nihil obstat eclesiástico, en virtud del cual un funcionario de las Instituciones no podía escribir una obra sin contar con la autorización de un superior jerárquico. 
Yo creo que en este momento vivimos en una sociedad lo suficientemente libre y que los funcionarios son lo bastante responsables como para saber sobre lo que tienen que escribir, y si hacen algo que daña a las Instituciones, ya se verá si tiene carácter penal o si se trata simplemente de unas observaciones a las que tienen derecho. 
No creo que sea el momento de establecer censuras previas y, además, creo que en la práctica es imposible, porque yo no veo a los funcionarios de la Comisión leyendo las obras y trabajos de sus subordinados sobre temas que pueden ser tan pedestres como la estructura de la Comisión o la estructura del Parlamento Europeo. 
Hay también algunas propuestas de modificación en el Estatuto, relativos a las personas gays y lesbianas, es decir a personas con una orientación sexual diferente. 
Hemos buscado una fórmula de flexibilidad para impedir que, como consecuencia de la aplicación de criterios legales muy estrictos, a un funcionario con una orientación sexual determinada, le sea imposible obtener los beneficios de la convivencia con otra persona por esa orientación sexual. 
Creo en definitiva, señor Presidente, que nuestras propuestas son equilibradas, que el Parlamento podría aprobarlas sin ninguna dificultad, y que tanto la Comisión como el Consejo deberían ver en ellas un espíritu de colaboración del Parlamento, con lo cual yo espero que el Consejo, en definitiva, apruebe el paquete tomando en cuenta las enmiendas que nosotros proponemos. 
Muchas gracias, señor Presidente, por la atención, y espero también que mañana la exposición sobre el tema de la pregunta oral aclare un poco la situación con respecto a esa amenaza al sistema de pensiones de los funcionarios comunitarios. 
Señor Presidente, Señorías, lo primero que quiero hacer y no como un ritual, sino muy sinceramente, es agradecer a los ponentes el gran informe que han elaborado, lo que se ha traducido en un consenso muy amplio en un tema ciertamente arduo, difícil y complejo. 
Igualmente, agradezco a la Comisión el largo esfuerzo de entendimiento y de negociación que ha conducido a este resultado. 
Mi colega, el Sr. Corbett, que era el ponente para opinión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha tenido la amabilidad de cederme su tiempo de palabra, lo cual indica que también en esa comisión nos hemos movido con gran concordia y, por eso, un miembro de este Grupo viene a sustituir a un miembro del otro Grupo. 
Porque hemos entendido, como entienden los ponentes, que de lo que se trataba era de introducir algunas modificaciones para hacer aún más eficaz la propuesta de la Comisión. 
Algunas modificaciones han sido explicadas hace unos momentos por los dos ponentes. 
Yo quiero referirme a una, que me parece muy importante para este Parlamento y para todas las instituciones, que distingue entre el apoyo a las decisiones sobre el personal por un órgano institucional y la decisión en sí, que tiene que ser de cada una de las instituciones. 
En cuanto a la de eliminación de los correctores de las pensiones, suscribo cuanto han dicho los dos ponentes y añado una cosa: quienes han cotizado por igual durante su vida laboral y funcionarial tienen el derecho de tener las mismas pensiones a su término. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha contribuido así a un informe que será votado, señor Presidente, por el Grupo PPE con la convicción de que sirve para mejorar la propuesta de la Comisión y contribuir a que el servicio público europeo, que ya tiene una gran calidad- y en eso me sumo a lo que decía mi predecesor en el uso de la palabra -, sea aún más dinámico y eficiente con estas reformas, que es lo que, en definitiva, se pretende. 
Que esté en condiciones de incorporar la nueva savia de los funcionarios procedentes de los diez países que van a firmar el mes que viene su adhesión a la Unión Europea. 
Porque una Unión que va a reunificarse, que va prácticamente a doblar su tamaño y a aumentar en un tercio su población va a tener que incorporar un sistema complejo, con sus normas administrativas a un conjunto de nuevos funcionarios que vienen de culturas distintas y que tienen que asimilar la cultura de la función pública europea. 
Por eso, creo que ha sido un acierto el no proceder a una reforma revolucionaria, sino a una reforma progresiva, a una reforma que tienda a eliminar, como elimina, los conceptos más anticuados, pero que beneficie a los nuevos funcionarios con todo el rico acervo de experiencia de los que ya están, de los que durante mucho tiempo han servido a la Unión Europea y han conseguido que esta Unión sea algo más que una mera alianza o una mera suma de países, que sea algo importante que ha reportado mucha paz y muchos beneficios a sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, quisiera expresar mi satisfacción por el trabajo que han realizado nuestras comisiones y, especialmente, los ponentes, Sres. Harbour y Medina Ortega. 
Gracias a este trabajo, el proyecto de reglamento que usted ha elaborado, señor Comisario, constituye- junto con las enmiendas que espero que haga suyas- un conjunto equilibrado que dotará al personal de nuestras instituciones de un Estatuto que aunará la tradición y la modernidad. 
La tradición es importante, pues nos identificamos con la idea de mantener los grandes principios de una función pública independiente de los grupos de presión u otras influencias, una función pública competente y reclutada por medio de concursos objetivos y rigurosos, y una función pública cuyos derechos y deberes estén perfectamente claros. 
Pero también estamos a favor de la modernidad. 
Después de más de treinta años de buen y leal servicio, el Estatuto de la función pública europea requería una seria reforma. 
Dicho esto, cada innovación se debe evaluar en función de los objetivos perseguidos. 
Por ejemplo, el recurso a una nueva categoría de personal, concretamente el personal contratado, aunque pueda ser muy útil, no debe conducir a un abuso de dicha fórmula, pues esto podría obrar en detrimento de las condiciones de contratación y socavaría el funcionamiento de nuestras instituciones. 
Por otra parte, aunque podemos felicitarnos por el equilibrio conseguido, es importante que el Consejo no altere ese frágil equilibrio. 
Mi preocupación responde a las reacciones del Consejo, en particular en relación con dos cuestiones importantes, marginales con respecto al Estatuto, pero que el Consejo desea añadir para dar un tratamiento global. 
Estas son el mecanismo de adaptación plurianual de la remuneración, por un lado, y sobre todo, el régimen de pensiones. 
Este último tema nos preocupa bastante, señor Comisario, pues vemos que el Consejo está vinculando la aprobación del Estatuto a la de un nuevo régimen de pensiones, mientras que usted aún no ha dicho nada concreto sobre las pensiones, y ya sabemos cuán delicado es este asunto. 
Por esto, varios grupos, entre ellos el nuestro, han presentado una pregunta oral sobre las pensiones, con objeto de que pueda aportarnos la información que necesitamos antes de dar la luz verde definitiva a la reforma del Estatuto de los funcionarios. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al igual que los oradores que me han precedido, quiero dar las gracias a todos quienes han intervenido sobre este tema, que hemos dicutido ya en muchas ocasiones. 
Asimismo comparto la opinión del Comisario Kinnock de que nos hemos acostumbrado a colaborar y se han creado unos lazos muy especiales. 
Sin embargo, inrtervengo ahora en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos y, como tal, acojo con satisfacción las garantías de la Comisión con respecto al coste de la reforma del reglamento de personal de la administración pública europea. 
Si se confirman las hipótesis de trabajo, la reforma en su conjunto supondrá un coste limitado para el presupuesto de la Unión y, en todo caso, deberá ser posible financiarla en el marco de la perspectiva financiera actual. 
Esto es absolutamente esencial y por tanto quiero elogiar la labor del Comisario Kinnock en este terreno. 
Esta conclusión inicial me da pie, sin embargo, a realizar unos pocos comentarios adicionales. 
Antes que nada, en la medida en que el paquete de reforma negociado con los sindicatos respeta el principio de rigor, me parece que no hay necesidad de que el Consejo reclame que esos derechos adquiridos por los funcionarios en relación con las pensiones se pongan de pronto en tela de juicio. 
La necesidad de ahorrar en pensiones no es urgente, y si el Consejo realmente desea encontrar la manera de ahorrar, no tiene más que aprobar rápidamente nuestras propuestas sobre la normativa aplicable a nuestos asistentes parlamentarios. 
En segundo lugar, pensamos que las pensiones no debieran ser un tema tabú. 
Son mejorables y me parece, por ejemplo, que no hay por qué seguir utilizando los coeficientes de corrección. 
Asimismo me habría gustado que se hubieran creado mecanismos que aseguraran la viabilidad a largo plazo del actual sistema de pensiones, precisamente porque tenemos que proteger los intereses de los funcionarios. 
Sin embargo, esto no es posible sin actuar gradualmente, durante un tiempo, y sobre todo con un espíritu de consulta y diálogo. 
En tercer lugar, por último, a una escala más amplia no hemos de perder de vista los objetivos de esta reforma, que nos llevaron a favorecer la reforma en general y la reforma del estatuto del personal en particular. 
Se trata, como siempre debería ser, de mejorar la eficacia y el rendimiento de las instituciones europeas al servicio de la Unión. 
A la luz de esos objetivos evaluaremos la idoneidad de cada medida y juzgaremos el éxito de la reforma. 
Señor Presidente, la Comisión Europea, aunque haya quien diga lo contrario, es una realidad de la vida política y cuenta con un floreciente sector público, cuyo elemento principal es su administración separada, que está creciendo rápidamente Sin embargo, a pesar de la continúa expansión de esta administración y de que esta está asumiendo nuevas tareas, todavía no se han realizado las adaptaciones necesarias. 
Las normas que regulan su dotación de personal requieren más que nunca una reforma si queremos modernizar con éxito su política de personal. 
Todos sabemos que el progreso tecnológico ha vuelto inoperantes las estructuras de personal tradicionales, como ya comprendió hace algún tiempo el sector privado. 
También sabemos que la Unión Europea está impulsando una serie de políticas, como por ejemplo medidas encaminadas a mejorar la calidad del empleo, luchar contra la discriminación, conciliar la vida laboral y familiar e introducir formas de empleo flexibles. 
Resultaría extraño si no consiguiese integrar en su propio mecanismo burocrático todas las políticas que está promoviendo en la sociedad y las empresas europeas, y si no diese ejemplo de un nuevo nivel de calidad en la administración pública. 
Como el tiempo de que dispongo es breve, voy a centrar mi intervención en tres enmiendas. 
La primera es la que introduce un coeficiente corrector que se aplicará para el cálculo de las pensiones sea cual sea el lugar de residencia del titular de la pensión. 
La propuesta de la Comisión, que introduce un coeficiente corrector destinado a adecuar las pensiones según su nivel adquisitivo en el lugar de residencia del titular de la pensión, es contraria al principio comunitario de igualdad y al derecho a la libertad de residencia. 
Apoyo la enmienda de nuestro Grupo encaminada a garantizar un clima pacífico en los servicios administrativos de las instituciones. 
Es importante destacar que, en el nuevo mundo laboral que se está configurando, la preservación de la confianza mutua entre todas las partes es la clave para incrementar la productividad. 
Finalmente, creo que deberíamos votar a favor de la enmienda de nuestro Grupo que sustituye los contratos por un período fijo por contratos de duración indeterminada cuando los contratos de cinco años se hayan renovado por otros cinco años más. 
Creo que esta medida, combinada con la contratación de agentes contractuales, permitirá conseguir flexibilidad con el grado de protección requerido. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me sumo, evidentemente, a los agradecimientos de otros oradores a nuestros dos ponentes, pero también quisiera rendir tributo a los funcionarios europeos. 
Imaginen lo que significa: 25 000 personas gestionan este continente improbable que cada día se inventa un nuevo futuro. 
Es una tarea ingente que de momento se está cumpliendo a la perfección. 
Doy las gracias, por lo tanto, a los funcionarios que nos apoyan. 
El informe contiene elementos interesantes y equilibrados, señor Comisario, sobre todo una vez incorporadas las enmiendas que propone el Parlamento. Estas son adecuadas para conseguir una función pública europea más dinámica. 
No voy a repetir lo que otros diputados ya han expresado mejor de lo que podría hacerlo yo. 
Me concentraré en las enmiendas 58 y 59, que nos permitirían tratar a los asistentes parlamentarios como agentes contractuales de las Comunidades. 
Dichas enmiendas son muy positivas. 
Fueron presentadas- y me dirijo ahora a los escaños del Consejo, para que pueda tomar nota- por los cinco grandes Grupos de esta Cámara. 
Por lo tanto, invito al Consejo a que las examine con mayor detención antes de descartarlas con desdén. 
Si el Consejo necesita unos momentos de reflexión, esto no le exime en absoluto de sus responsabilidades ante el Parlamento Europeo en lo que respecta al Informe Gillig, un informe sobre el mismo tema que lleva demasiado tiempo en espera de ser considerado. 
Dicho informe permitió enmendar una norma, con objeto de ofrecer a nuestros asistentes la posibilidad de optar por la cobertura de su seguridad social nacional. 
El hecho de que el Consejo aún no haya respondido pone de manifiesto una falta de respeto hacia el acuerdo que suscribió con el Parlamento y que le sitúa en una posición totalmente insostenible desde el punto de vista jurídico. 
En mi calidad de Vicepresidente responsable de este asunto, cuya paciencia les aseguro que ya está casi agotada, si este bloqueo persiste, me veré obligado a denunciar pública y contundentemente su carácter y a sus responsables. 
Llegado el caso, no es nada seguro que algunos Estados miembros, que se presentan como fervientes defensores de la política social y la transparencia, puedan lograr salir del trance con sus pretensiones aumentadas o ni siquiera intactas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0063/2003) de la Sra. Van Brempt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre una estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas (2002/2277 (INI)) 
Señor Presidente, señora Comisaria, la estrategia temática para el uso sostenible de plaguicidas, presentada por la Comisión y que la señora Comisaria nos acaba de desgranar es, sin duda, una declaración programática de las actuaciones que la Comisión piensa desarrollar en un futuro próximo, bien mediante disposiciones propias, bien mediante propuestas legislativas al Parlamento y al Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
En conjunto se trata de un documento destinado a satisfacer las preocupaciones de la población por los posibles efectos negativos de los plaguicidas en la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente, sobre todo- y esto quiero recalcarlo- cuando no se hace de ellos un uso racional y un uso legal. 
No obstante, la propuesta de la Comisión tiene importantes lagunas, por lo que ha recibido un elevado número de observaciones que el Ejecutivo comunitario deberá tener en cuenta a la hora de proponer, negro sobre blanco, medidas concretas. 
Entre las distintas observaciones planteadas, quisiera destacar algunos puntos que, para mí, son relevantes. 
En primer lugar, el proyecto de la Comisión no contempla de forma diferenciada las problemáticas que se derivan del uso de los plaguicidas en las distintas regiones europeas. 
Un tratamiento indiferenciado como el que se hace en este momento conduce a conclusiones falseadas a la hora de aplicarlas a las distintas zonas. 
En segundo lugar, no queda claro si la agricultura ecológica constituye el objetivo que la Comisión pretende desarrollar en un futuro como modelo de agricultura que debería extenderse a todo el ámbito territorial de la Unión Europea. 
Señorías, habría que desmitificar la agricultura ecológica. 
No quiero recordar a nadie el caso del nitrofeno. 
Habitualmente se confunde naturismo con protección del medio ambiente. 
El petróleo, la estricnina, la cicuta e incluso el ántrax son naturales, pero inaceptables si se vierten en el medio ambiente. 
La agricultura ecológica es una agricultura naturista, pero no por eso es la más deseable y la más deseada en todo momento. 
Tampoco aparece mencionada en la propuesta de la Comisión ninguna idea concreta acerca de cuál debería ser la política comunitaria respecto de la denominada producción integrada, un camino importante que no puede quedar olvidado, sobre todo en el uso de productos fitosanitarios. 
La propuesta no tiene en consideración el potencial que tenemos en nuestras manos para reducir notablemente el uso de pesticidas recurriendo a los productos transgénicos que, sin duda, requieren una normativa muy transparente para poder garantizar la ausencia de efectos colaterales negativos. 
Para terminar mi intervención, quisiera destacar otro aspecto sobre el que la Comisión no da respuesta. 
Se trata de la orientación a seguir a la hora de establecer indicadores apropiados para medir la eficacia de las diferentes acciones previstas para la consecución de los objetivos marcados en el documento de la Comisión. 
Todas esas exigencias, Señorías, deben hacerse extensivas tanto a los países candidatos como al resto de los países que comercian con la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera argumentar de modo realista, y no emocionalmente, ni mucho menos en términos ideológicos. 
Los agentes fitosanitarios contienen sustancias que protegen a las plantas cultivadas y las mantienen libres de plagas y enfermedades, y se pueden aplicar y utilizar de muchas maneras. 
A menudo son indispensables en la horticultura, la fruticultura y la viticultura, ya que el rendimiento económico para el productor depende esencialmente de la obtención de una buena cosecha, que es la base de los ingresos y la supervivencia de una empresa. 
Por lo tanto, no podemos privar a los usuarios de la opción de emplear agentes fitosanitarios. 
Todos tenemos claro que los efectos de los agentes fitosanitarios no son exclusivamente beneficiosos. 
También pueden implicar riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. 
Hace diez años, adoptamos una directiva comunitaria específica sobre los agentes fitosanitarios, que estipula de manera muy concreta qué agentes activos se pueden utilizar en cada planta y para qué fines. 
La Comunicación de la Comisión complementa dicha Directiva, tiene como objetivo una gestión más adecuada de los riesgos y, por lo tanto, constituye un paso en la dirección absolutamente adecuada. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos apoya las medidas con vistas a la formación permanente de los agricultores en la aplicación técnicamente adecuada y con fines precisos de los agentes fitosanitarios, el fomento de planteamientos alternativos como la llamada gestión integrada de cultivos, la armonización de los tipos del IVA aplicables a los agentes fitosanitarios con objeto de eliminar las distorsiones de la competencia existentes en el mercado interior, la eliminación escrupulosa de los envases y la inspección técnica de la maquinaria agrícola, pues consideramos especialmente importante preservar la pureza del agua potable. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya, en principio, el uso adecuado y actualizado de agentes fitosanitarios. 
Los riesgos solo se podrán reducir mediante la máxima cooperación entre productores, usuarios y autoridades. 
El informe de la Sra. Van Brempt va más allá de la Comunicación de la Comisión. 
En particular, una reducción jurídicamente vinculante del uso de agentes fitosanitarios en un 50% entrañaría riesgos adicionales. 
Los expertos han advertido de que una reducción semejante fomenta el desarrollo de resistencias. 
La consiguiente mayor presencia de malas hierbas obliga a utilizar luego los agentes fitosanitarios en mayor cantidad. 
Sin embargo, como ha señalado antes la Sra. Redondo Jiménez, el uso de un agente activo depende sobre todo de la localización, de las condiciones meteorológicas locales y del estado general de desarrollo y de salud de las plantas. 
Un impuesto especial sobre los agentes fitosanitarios ciertamente no minimizaría los riesgos reales, como tampoco lo harían la introducción de un pasaporte para los plaguicidas ni una prohibición total de la fumigación aérea. 
Cualquier prohibición de ese tipo impondría serias limitaciones, sobre todo a la viticultura. 
Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos no puede apoyar los puntos del informe de la Sra. Van Brempt que acabo de citar. 
Por consiguiente, pido a los colegas de la Asamblea que apoyen un enfoque realizable y factible, un enfoque que reduzca los riesgos sin obstaculizar el trabajo de los usuarios, pues los agricultores de Europa que cultivan frutas, hortalizas y cereales producen alimentos para todos nosotros. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión apoya la sostenibilidad en toda la economía, lo cual ante todo significa reducir el consumo de recursos y suprimir lo más pronto posible las actividades económicas perjudiciales para el medio ambiente mediante la aplicación de normas progresivas. 
Para ello, debemos eliminar las barreras que nosotros mismos hemos erigido, que en el caso de la política medioambiental son sobre todo de ámbito nacional. 
Es indiscutible que la actividad central de la agricultura es la producción de alimentos saludables, seguros y de alta calidad, pero aun así- o justamente por este motivo- tenemos que poder decir que pocos agricultores discuten que, en interés de la viabilidad de la producción de alimentos, se hace necesario aplicar agentes fitosanitarios a las plantas cultivadas con el fin de evitar una merma del rendimiento o de la calidad debido a las enfermedades, plagas y malas hierbas. 
La población asocia la palabra «plaguicida» con la presencia de venenos en el suelo, las plantas y los alimentos; esta se ha convertido en un grito de guerra para muchas personas, que se enfrentan con los agricultores, pero la realidad es muy distinta. 
El cultivo de frutas y hortalizas y la producción de vino resultan inabordables sin agentes fitosanitarios. Por lo tanto, la única posibilidad es usar la cantidad mínima de agentes químicos para proteger las plantas de los agentes patógenos, las plagas y la invasión de malas hierbas y emplear simultáneamente alternativas biológicas y mecánicas más potentes. 
A mi parecer, un elemento fundamental de una estrategia fitosanitaria sostenible es que el cultivo integrado llegue a ser el modo de producción normal en la sociedad. 
Esto minimizará los efectos adversos de los agentes fitosanitarios en toda la agricultura. 
Una economía rural ecológica no permitirá alcanzar, en cambio, este objetivo con la amplitud necesaria. 
Se trata de una constatación, sin que ello suponga negar la necesidad de apoyar la economía rural ecológica. 
Me parecen necesarios y creo que merecen ser apoyados los siguientes aspectos concretos. 
La armonización de los contenidos máximos de residuos en los alimentos de origen vegetal a escala de toda la Unión es indispensable para proteger a los consumidores del mercado interior europeo. 
También es necesario armonizar el procedimiento de autorización de los agentes fitosanitarios. 
Mientras tanto, todos los Estados miembros deberían aceptar el principio del reconocimiento mutuo. 
Esto es necesario para promover la igualdad de oportunidades en el marco de la competencia. 
A la vista de los actuales problemas de la fruticultura y la horticultura, pido encarecidamente que, antes de introducir el principio de sustitución, se analicen los efectos de la reducción del número de productos autorizados en la Unión Europea, de más de 800 a unos 300 hasta finales de 2000. 
Los procedimientos de notificación existentes se han establecido con unos plazos totalmente insuficientes. 
Debido a ello, nos encontramos con restricciones, normas de aplicación con límites de tiempo o adeudos, como la peor solución alternativa, ¡que ni siquiera es tal! 
Según el planteamiento actual, los fabricantes de agentes fitosanitarios están obligados a garantizar que sus productos cumplan las normas de seguridad establecidas. 
Los escándalos públicos demuestran la ausencia de una legislación coherente de estos procedimientos. 
Estoy convencido de que solo se conseguirán soluciones serias y auténticas cuando un etiquetado obligatorio exija que los fabricantes de precursores ofrezcan a los usuarios finales toda la información que requieren. 
Señor Presidente, Señorías, aunque los escándalos alimentarios son temas de discusión frecuentes en esta Asamblea, no estamos mencionando el escándalo cotidiano de la presencia lamentablemente excesiva de plaguicidas en nuestros alimentos. 
Varios oradores ya han señalado que está demostrado que los plaguicidas pueden provocar cáncer. 
Hay estudios que han demostrado- en Noruega, por ejemplo- que el riesgo de cáncer es significativamente superior entre los hijos de trabajadores agrícolas. 
Otros estudios de carácter parecido demuestran que existe una clara relación causal. 
Por lo tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, y la Comisión también debe emitir un mensaje claro y decretar la obligatoriedad de los programas de reducción del uso de plaguicidas. 
Países como Dinamarca y Suecia han demostrado que dichos programas pueden conseguir reducir el uso de plaguicidas hasta en un 70% en un plazo de solo unos pocos años, sin que esto implique una reducción del rendimiento. 
Un estudio de la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos dejó claro hace años que un 90% de los plaguicidas son innecesarios. 
¡Figúrense, un 90% de los plaguicidas son innecesarios! 
Los agricultores que piensan que «más es mejor» , a pesar de que lo cierto es justamente lo contrario, al final también acaban saliendo perjudicados. 
Por consiguiente, yo quiero manifestar una vez más con toda claridad que nuestro Grupo- como ya demostramos en su momento en el informe del Sr. Lannoye- defiende la reducción del uso de plaguicidas y desea que se aplique un impuesto especial que garantice que sus precios reflejan la realidad ecológica, pues al final son los consumidores quienes tienen que pagar el agua del subsuelo a un precio más caro debido a que los plaguicidas siguen siendo baratísimos y se utilizan en cantidades ingentes. 
Como un aspecto fundamental, deseamos que el etiquetado asegure una mayor transparencia. 
Nos encontramos con el problema de que las autoridades de control de los Estados miembros se mueven a ciegas en el caso de los plaguicidas ya que, por citar un ejemplo, las autoridades alemanas no saben qué plaguicidas se usan en España o en Grecia. 
Por consiguiente, para que sea posible cualquier clase de control eficaz, necesitamos algún tipo de etiqueta, una especie de pasaporte. 
Creo que en verdad debemos hacer un gran esfuerzo en este sentido, pues a la larga el uso excesivo de plaguicidas obliga a contemplar también los costes sanitarios que implica. 
Sobre todo, le pido, señora Comisaria, que su estrategia permita conseguir una reducción real del uso de plaguicidas y haga posible un etiquetado más amplio, en beneficio de los consumidores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema del uso de plaguicidas agrícolas y no agrícolas se vuelve a plantear hoy por la vía del desarrollo sostenible. 
Comparto algunas de las observaciones de la ponente. 
La contaminación de las aguas superficiales es motivo de preocupación desde el punto de vista de la salud humana y animal. 
Es necesario controlar el contenido de plaguicidas de las frutas y verduras, así como en los alimentos de origen animal. 
Los consumidores tienen derecho a estar informados. 
También comparto su análisis sobre los organismos genéticamente modificados. 
Nada indica que su uso generalizado se vaya a traducir en una reducción del uso de plaguicidas. 
Más allá de estas coincidencias, voy a exponer varios aspectos en los que discrepamos. 
En primer lugar, por lo que respecta a la fiscalidad, no nos parece aceptable que se prive a los Estados miembros de la posibilidad de aplicar tipos reducidos del IVA. 
Esto supondría privarles en la práctica de una de sus competencias soberanas. 
Además, como han señalado otros dos oradores, la reducción del uso de plaguicidas a la mitad dentro de los próximos diez años solo será factible si se dispone de productos sucedáneos fiables y menos nocivos que, en particular, no generen costes de producción adicionales incompatibles con un mercado ya vulnerable. 
También me opongo a una prohibición general de la fumigación aérea en ciertas zonas remotas e inaccesibles, como las regiones de montaña, y bajo condiciones climáticas extremas que hacen ineficaces las formas habituales de protección. 
Esta forma de fumigación es a menudo la única alternativa. 
Finalmente, el aspecto que plantea más dudas para nuestra delegación está relacionado con el programa Natura 2000. 
La actividad agrícola seguramente se reducirá en las parcelas clasificadas. Lamentablemente, este es el propósito. 
Por nuestra parte, desearíamos que se permita la continuidad de esta actividad económica y también de actividades de ocio, como la recolección de alimentos, la caza, el excursionismo, la pesca y el montañismo, anteriores a la clasificación de los terrenos, y quisiéramos que se evite que unas medidas de protección excesivas acaben provocando a la larga su desaparición. 
Si el Parlamento rechaza esa posibilidad, estará condenando al fracaso la aplicación eficaz de las medidas protectoras. 
El blanco es ahora la agricultura, pero ¿qué otras actividades se prohibirán mañana por considerarlas perturbadoras? 
Finalmente, en nombre del mundo rural al cual intento defender aquí, permítanme que manifieste mi preocupación por el camino que ha elegido seguir la ponente. 
Señor Presidente, naturalmente acojo con satisfacción el trabajo realizado para elaborar la propuesta de resolución pero, después de considerarlo muy atentamente, también tengo algunas dudas significativas, que espero que no sean resultado de una acumulación en mi inconsciente. 
De hecho, cada vez que hablamos de estos temas, parece ser casi como un odio contra los agricultores que compran y utilizan productos fitosanitarios para garantizar el rendimiento de sus cultivos y excluir los problemas cualitativos ocasionados por las plagas y enfermedades. 
Esto me plantea un interrogante fundamental, a saber: si es posible separar la calidad del concepto de rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 
Es evidente que cuando hablo de calidad- en el sentido más amplio del término -, me refiero a las diversas fases de la cadena de producción. 
Al examinar la propuesta de la Comisión, no he podido encontrar un análisis adecuado de los costes y beneficios asociados a las iniciativas propuestas en el marco de las estrategias temáticas que se han sometido a nuestra consideración. 
En nuestra posición parlamentaria hemos incluido este aspecto, pero al seguir la ilación lógica, me pierdo, pues a continuación me gustaría comprender el razonamiento que hay detrás del punto 2 de la propuesta de resolución- me refiero a la enmienda 10 -, que propone como objetivo mínimo una reducción del uso de plaguicidas en un 50%. 
Me parece una cifra completamente arbitraria, que no tiene en cuenta los aspectos cualitativos de los productos fitosanitarios y, sobre todo, descuida los aspectos económicos de la protección de los cultivos. 
Un último aspecto que deseo destacar es relativo a los organismos genéticamente modificados, un asunto delicado y problemático, que demasiado a menudo se aborda de manera demagógica en vez de tratarlo desde un punto de vista científico. 
En mi opinión, la aplicación del principio de cautela requiere un grado de coherencia adecuado con los estudios de la Unión ya en curso y que todavía no se han completado. 
La Comisión ha adoptado una posición muy seria y prudente al respecto al indicar en los ensayos sobre el terreno cuándo hay que evaluar el uso de organismos genéticamente modificados conjuntamente con el riesgo asociado al uso de plaguicidas. 
Esta es la vía adecuada para obtener respuestas concretas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señoría, la Comisión ya ha conseguido una cosa, señora Comisaria, concretamente, un proceso de debate y de consulta amplio con todos los grupos afectados. 
Esto es muy de agradecer. 
La Unión Europea ha elaborado y aplicado en el curso de los años muchas directivas y reglamentos relativos a los plaguicidas, algunos sobre su comercialización, otros sobre la prohibición de la misma, pero también sobre su uso. 
Por lo tanto, me parece que ya es hora de proceder a una plena aplicación de las normas existentes y a su evaluación. 
Es necesario mejorar el sistema de aprobación. 
Uno de los principios indispensables del mercado interior es, a mi parecer, la existencia de procedimientos comunitarios de autorización de la comercialización. 
Sustancias autorizadas en Italia, Luxemburgo y Bélgica, por ejemplo, no pueden estar prohibidas en Austria o Alemania. 
En mi opinión, una mera estrategia de reducción- la Sra. Van Brempt propone una reducción del 50% en su informe- no es eficaz. 
Cualquier reducción de las cantidades utilizadas dependerá siempre de la eficacia de los agentes empleados. 
Es evidente que los cultivos integrados han pasado a formar parte de la actividad agrícola habitual. 
Hay que promover métodos de cultivo con un uso reducido de plaguicidas e impulsar más activamente su desarrollo, a la vez que se minimizan sus riesgos y se garantiza la necesaria protección de los cultivos agrícolas rurales. 
Por esto resulta contraproducente que se impida la aplicación profesional y para fines bien definidos de plaguicidas mediante helicópteros. 
En el caso de la fumigación aérea, un comité de expertos decide la conveniencia de aplicar dicho tratamiento- y, en caso afirmativo, en qué momento y en qué dosis- desde el punto de vista de la protección integral de las plantas. 
Me parece más seguro que si cada pequeño viñador o viticultor decide por su cuenta y acaba envuelto en una nube del agente fitosanitario que está aplicando desde lo alto de un despeñadero. 
Me opongo firmemente a la introducción de impuestos especiales y gravámenes sobre los agentes fitosanitarios. 
Un aumento de los costes se traduce en una pérdida de competitividad más que en una reducción real del uso de plaguicidas. 
Para acabar, quisiera añadir que no es aceptable que el sector agrícola europeo pueda importar de terceros países alimentos y alimentos para animales tratados con agentes activos prohibidos en la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0044/2003) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2002) 459- C5-0382/2002- 2002/0206 (COD) ) por la que se limitan la comercialización y el uso del nonilfenol, de los etoxilatos de nonilfenol y del cemento (vigésimo sexta modificación de la Directiva 76/769/CEE del Consejo). 
En primer lugar quiero dar las gracias a Sus Señorías por su interés por esta propuesta y sobre todo al Sr. Lannoye, el ponente, por su labor constructiva. 
Esta es una Directiva importante, puesto que introduciría una prohibición para el agente de limpieza «nonilfenol» , que, según se ha descubierto, supone un riesgo inaceptable para el medio acuático. 
Es una propuesta de gran alcance, puesto que prohíbe la comercialización y el uso de nueve aplicaciones distintas en las que se podría producir una emisión de la sustancia al medio acuático. 
La Directiva propuesta fomentará, por lo tanto, la comercialización y utilización de alternativas más seguras. 
Asimismo, la propuesta establece un estricto límite para el cromo (VI) en el cemento, puesto que se ha demostrado que provoca eccemas alérgicos y eccemas que incapacitan a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores que utilizan cemento. 
En la UE, cada año se producen cientos de nuevos casos de invalidez que suponen elevados costes para los sistemas de seguros laborales. 
La Directiva propuesta no solo contempla la protección de la salud humana y del medio ambiente, sino que también protege el mercado interior, ya que introduciría normas armonizadas en toda la Comunidad. 
El procedimiento de negociación que está a punto de concluir se ha beneficiado de la estrecha colaboración entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Estoy muy contento con este satisfactorio trabajo conjunto y espero que ahora podamos dar por finalizada esta importante Directiva. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con todas las enmiendas propuestas por el Sr. Lannoye con vistas a este compromiso, con el fin de que esta importante Directiva pueda aprobarse definitivamente en su primera lectura. 
Señor Presidente, hoy no me faltarán palabras de agradecimiento. En nombre de todos mis colegas, quiero agradecer la propuesta de la Comisión. 
Es una propuesta excelente y disponer de entrada de una base de discusión muy adecuada facilitó la tarea de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Al igual que el Comisario, quiero recordar a la Asamblea que los nonilfenoles y los etoxilatos de nonilfenol? los llamaré por sus siglas, NPE, para facilitar el debate? están catalogados como sustancias muy tóxicas para los organismos acuáticos. Estas sustancias se acumulan biológicamente en las especies acuáticas y también se ha demostrado que tienen efectos endocrinos perjudiciales. 
La Directiva marco sobre el agua de 2000 los clasifica como sustancias peligrosas. 
La Comisión propone que se suprima el uso de dichas sustancias en ocho ámbitos específicos y la Comisión de Medio Ambiente propone, sobre esa base, una ampliación del campo de aplicación que incluya su uso como componentes en los plaguicidas y también como sustancias activas y componentes en los biocidas. 
También propone que el límite de concentración aplicable a los NPE se equipare al propuesto para los nonilfenoles, o NP, o sea, que se base en un valor límite del 0,1 %. 
Solicita asimismo una modificación de la Directiva sobre sedimentos de aguas residuales con objeto de introducir un valor límite de concentración para el contenido de dichas sustancias en los sedimentos de aguas residuales. 
En cuanto al cemento, este puede provocar reacciones alérgicas al entrar en contacto con las manos cuando contiene cantidades no despreciables de cromo VI. 
Desde luego, es necesario adoptar mas medidas de protección personal, como puede ser el uso guantes, pero se ha comprobado que estas no bastan para evitar reacciones de ese tipo. 
La incorporación de un agente reductor, por lo general sulfato ferroso, reduce el cromo VI a una forma química inocua. 
La Comisión de Medio Ambiente propone que el uso de un agente reductor se haga extensivo a todos los cementos que contengan más de dos partes por millón (ppm) de cromo VI, con una excepción limitada a los casos en los que el cemento se emplee en sistemas de circuito cerrado totalmente automatizados. 
Se trata de una medida esencial tanto para los trabajadores afectados- y ahora pienso, en particular, en los trabajadores de la construcción- como para el erario público, que tiene que pagar cantidades considerables en concepto de indemnización a los afectados por dermatitis alérgicas. 
Quisiera señalar que se dispone de una cifra para Alemania de 36 millones anuales pagados en concepto de indemnizaciones, cantidad que permite evaluar el impacto económico del problema. 
También quisiera recordar que el cromo VI es una sustancia cancerígena y mutagénica, cuya presencia en el polvo se sospecha que puede provocar cáncer pulmonar y de las vías respiratorias. 
La Comisión de Medio Ambiente pide, por lo tanto, dos cosas. 
En primer lugar, en relación con la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos, pide una modificación que introduzca un valor límite para la concentración de polvo en la atmósfera. 
En segundo lugar, pide que, en otros sectores que utilizan cromo VI en diversos productos, se prevean iniciativas legislativas del mismo tipo que las adoptadas para los vehículos que han alcanzado el final de su vida útil y para los equipos eléctricos y electrónicos. 
La propuesta de la Comisión era muy buena de entrada, como ya he dicho, lo cual facilitó nuestra tarea y nos permitió realizar consultas antes de la votación en el Pleno, después de discutirlo con los representantes del Consejo, con objeto de alcanzar un acuerdo en la primera lectura. 
El resultado de la votación en la Comisión de Medio Ambiente nos permitió dar este paso, que fue aceptado por los responsables de los diferentes grupos políticos en dicha comisión, por lo cual les estoy agradecido. 
De este modo pudimos obtener el acuerdo de las tres instituciones, aunque no sobre todos los puntos, pues es evidente que todavía existen discrepancias sobre diversos aspectos, pero al menos alcanzamos un acuerdo sobre los aspectos esenciales antes de la votación en el Pleno. 
En mi tierra tenemos un refrán que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Por mi parte, siempre he pensado que en este caso lo bueno consistía en obtener un resultado, puesto que el objetivo era, en esencia, agilizar la aplicación de los textos adoptados. 
Por lo tanto, quiero expresar mi agradecimiento, oficial y muy sincero, al Comisario y a los responsables de la Comisión, y también a la Presidencia griega del Consejo, por habernos permitido alcanzar un acuerdo global que se someterá a votación mañana. 
De este modo, será posible aplicar muy pronto la propuesta que personalmente considero más importante, a saber, la que tiene como finalidad erradicar una enfermedad profesional, la dermatitis alérgica causada por la presencia de cromo VI en el cemento, que figura entre las más perjudiciales y también las más costosas para la sociedad. 
Señor Presidente, estoy muy satisfecho de que los Grupos parlamentarios hayan llegado a un compromiso sobre este informe, que en realidad encierra dos informes en uno. 
Siento haber tenido que mostrarme tan inflexible y testarudo al principio de las negociaciones, pero me complace afirmar que una vez que los Verdes empezaron a mostrar cierta sensatez por una vez, nosotros también pudimos mostrar cierta flexibilidad. 
Con la aceptación por parte del Consejo de este compromiso, las medidas incluidas en este informe pueden ponerse en práctica sin demora. 
Hemos llegado a acuerdos sobre tres cuestiones importantes: en primer lugar, la cuestión del cemento. 
Nadie rebate el hecho de que el cromo (VI) causa dermatitis pero, por supuesto, no podemos olvidar que solamente el 50% de los casos de dermatitis están relacionados con esta causa concreta. 
Como ha dicho el ponente, rebajar el cemento con sulfato ferroso neutraliza este problema. 
La sugerencia inicial de la Comisión era que limitáramos esta reducción al cemento destinado al uso manual. 
Sin embargo, todo el Parlamento acordó que se trataba de algo muy complicado de definir puesto que, por ejemplo, cuando se vierte cemento en un gran puente en una autopista o se coloca un suelo de grandes dimensiones, se necesita cierta cantidad de trabajo manual para el enlechado o el acabado. 
El compromiso al que llegamos fue que solo quedarían exentos los usos en aplicaciones industriales cerradas, como por ejemplo la fabricación de bloques de hormigón, dinteles de hormigón y otros productos de ese tipo. 
El segundo problema relacionado con el cemento eran los riesgos de la exposición a largo plazo. 
El ponente ha mencionado los problemas carcinógenos y mutagénicos del cromo (VI) , pero, por supuesto, nadie afirma de forma realista que los niveles de cromo (VI) del cemento supongan un riesgo. 
Sin embargo, tenemos que analizar el problema sin causar preocupaciones innecesarias a los trabajadores del sector y sin disparar la alarma en sector de los seguros. 
Es importante que fijemos valores límite y que lo hagamos de una forma sensata, aunque en el Reino Unido ya tenemos valores límite fijados. 
En cuanto al nonilfenol, se trata de un producto que contamina el agua y, aunque muchos miembros de la comisión intentaron hablar sobre los riesgos para la salud y de introducir otros factores, debemos concentrarnos en nuestro objetivo actual, que es garantizar que el nonilfenol no llegue a los cursos de agua y prohibirlo en las aplicaciones en las que no queda otra alternativa. 
Necesitamos excepciones y abordamos el problema de utilizar el etoxilato de nonilfenol como componente en pesticidas. 
El compromiso es permitir que siga siendo un componente de los actuales pesticidas hasta que expiren sus licencias, pero prohibirlo en los nuevos pesticidas. 
Por otra parte, seguimos permitiendo su uso en espermicidas para la fabricación de preservativos cuando no hay ninguna alternativa. 
Estoy satisfecho de que llegáramos a un acuerdo y hayamos podido evitar una segunda lectura y un posible procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, me gustaría expresar nuestra satisfacción por este informe y por el trabajo realizado, sobre todo por el ponente, pero también por todas las demás personas involucradas, para llegar a un acuerdo en primera lectura y, por lo tanto, acelerar la aplicación de esta propuesta. 
En primer lugar, en lo que respecta al cemento, hemos hecho avances sustanciales. 
El problema se ha reconocido e identificado en toda Europa. 
El cemento es una causa primordial de eccemas entre los trabajadores cuya labor exige la utilización habitual de cemento. 
Diversas experiencias y diversos proyectos de construcción que han utilizado cemento con sulfato ferroso incorporado han demostrado que una utilización sensata de este cemento reduce significativamente la incidencia de los eccemas en el sector. 
Es evidente que hacer obligatorio el uso de este cemento podría suponer una mejora considerable para muchos trabajadores de toda Europa. 
Aunque hemos tenido que aceptar algunos compromisos para llegar a un acuerdo en primera lectura, hemos alcanzado un compromiso razonable; no obstante, debemos seguir analizando los problemas relacionados con el uso de cemento en sistemas cerrados. 
En realidad, no creo que haya visto nunca un sistema cerrado en una fábrica de ninguna parte en el que no se produzcan fugas de cemento, el cemento se cuele por agujeros o salga a chorros por algún punto del sistema, entrando en contacto con los trabajadores con bastante frecuencia. 
Debemos seguir analizando este problema. 
En lo que respecta al etoxilato de nonilfenol, también en este caso hemos hecho avances significativos, aunque lamentablemente no pueden dar lugar a una inmediata aplicación de controles completos del mismo. 
No obstante, el compromiso al que hemos llegado es razonable. 
En primer lugar, solo hemos autorizado que se siga utilizando para aquellos usos en los que es realmente inevitable, por ejemplo en espermicidas, y en que seguimos intentando encontrar alternativas adecuadas y, en segundo lugar, cuando hemos decidido suspender el uso de esas sustancias, por ejemplo como componentes en pesticidas, hemos establecido un plazo razonable para la eliminación progresiva y hemos dado una oportunidad razonable al sector para proponer nuevas fórmulas que sean apropiadas y eficaces sin utilizar el etoxilato de nonilfenol, lo que también es un compromiso razonable. 
En conjunto, mañana por la mañana todos podremos alabar este informe presentado ante la Cámara y considerarlo un trabajo bien hecho, felicitar al ponente y esperar que se produzca una pronta aplicación de esta propuesta, un sustancial ahorro de costes y una compensación de las lesiones laborales causadas por el cemento y los daños a la salud humana causados por el etoxilato de nonilfenol. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la presente propuesta de directiva persigue unos objetivos ambiciosos: la protección de la salud y del medio ambiente. 
Podemos estar fácilmente de acuerdo con la propuesta y con el ponente en lo que se refiere a las precauciones que es necesario adoptar con el nonilfenol y los etoxilatos de nonilfenol, cuyos riesgos son bien conocidos y solo se pueden abordar por medio de una propuesta de directiva. 
No obstante, tenemos serias reservas, por diversos motivos, en cuando a la necesidad y oportunidad de la directiva en lo que respecta al cemento. 
En primer lugar, nos parece técnicamente erróneo y políticamente sorprendente que un mismo texto legislativo contemple productos indiscutiblemente peligrosos y el cemento. 
En segundo lugar, creemos que el tiempo que lleva aplicándose la Directiva 2001/60/CEE sobre el etiquetado es claramente insuficiente para poder extraer conclusiones seguras con respecto a si resulta adecuada o no para reducir o eliminar los casos más preocupantes en este ámbito. 
En tercer lugar, la información disponible no nos permite corroborar, con la seguridad que parecen tener algunos diputados, que se haya realizado una auténtica evaluación rigurosa de los riesgos del cromo VI, los cuales, como es sabido, todavía son objeto de controversia entre los especialistas. 
Por último, consideramos que si se aprueban estas limitaciones, se habrá aceptado en cierto modo una forma de discriminación que favorece, a través de las excepciones, a los productores y al comercio de cemento a granel, en detrimento del cemento ensacado. 
Por esto nos oponemos, en particular, a las enmiendas 31, 32, 33, 34 y 43, y si estas se aprueban, sintiéndolo mucho, nos veremos obligados a votar en contra del informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0064/2003) del Sr. Nisticò, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3606/2003- C5-0016/2003- 2001/0110 (COD) ) por la que se modifica por vigesimotercera vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción). 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados por su interés por esta propuesta y sobre todo al Sr. Nisticò, el ponente, por su constructiva labor. 
Estamos ante una importante Directiva, puesto que prohibiría las sustancias que se han identificado y clasificado como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, también llamadas sustancias CMR. 
Es una propuesta de gran alcance, dado que prohíbe la venta al público de esas sustancias y todos sus posibles preparados. 
Por consiguiente, la Directiva propuesta fomentará la comercialización y utilización de productos alternativos más seguros. 
Asimismo, la Directiva que debatimos no solo establece normas para la protección de la salud de los consumidores, sino que también preservará el mercado interior, puesto que introducirá normas armonizadas en toda la Comunidad. 
Los argumentos en favor de una prórroga de la prohibición de los productos comercializados para su uso por los consumidores son comprensibles. 
No obstante, es necesario un análisis de las pruebas científicas, los factores de emisión y las situaciones de exposición. 
La Comisión abordará las preocupaciones del Parlamento analizando con seriedad los posibles productos problemáticos que podrían crear riesgos inaceptables para la salud y el medio ambiente. 
Me complace que este procedimiento de evaluación de riesgos se aclare precisamente en el nuevo tercer considerando. 
En conclusión, la Comisión acepta el nuevo tercer considerando, y espero que esta Directiva pueda llegar ahora a buen puerto. 
Señor Presidente, inmerecidamente, hoy me toca sustituir al ponente, Sr. Nisticò, que no puede estar presente, y puede tener usted la seguridad, señor Comisario Liikanen, de que le transmitiré sus palabras de agradecimiento y su felicitación. 
Por lo tanto, voy a describir muy brevemente, para informar a sus señorías, la medida que vamos a votar mañana y que, como ya ha señalado el Comisario Liikanen, constituye un terreno de encuentro, que la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación ha apoyado y suscrito y que recomienda que la Asamblea vote positivamente mañana. 
Como ya ha manifestado el Comisario Liikanen se trata de una modificación, de la vigesimotercera modificación, de la Directiva 76/769 que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción). 
La propuesta, basada en el artículo 95 del Tratado, persigue dos objetivos principales: salvaguardar el mercado interior mediante la introducción de disposiciones armonizadas sobre la comercialización y el uso de las sustancias antes citadas y conseguir un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente. 
Conviene señalar que se trata, concretamente, de 25 sustancias, 14 de ellas clasificadas en la categoría 2 de carcinógenos- entre ellas algunas sales de cobalto, el cadmio, el benzopireno, agentes colorantes azoicos, etc.-, tres clasificadas como mutagénicas y ocho clasificadas como tóxicas para la reproducción. 
Por ejemplo, se ha comprobado que el cobalto provoca efectos carcinogénos en animales de laboratorio y en los humanos, en particular cáncer pulmonar y tumores de los tejidos del miocardio; el polvo de cadmio puede causar, por su parte, cáncer testicular, además del pulmonar. 
Por lo tanto, como se desprende de estos breves ejemplos, se trata de sustancias altamente peligrosas. 
Durante este año y medio o dos años de trabajo, el Parlamento aprobó en la primera lectura, en febrero de 2002, dos enmiendas que el Consejo aceptó parcialmente en junio de 2003 cuando adoptó su posición común. 
En su segunda lectura en 2002, el Parlamento aprobó una enmienda a los considerandos. 
Hemos llegado, por lo tanto, a la parte final de esta conciliación a tres bandas y, como ya se ha recordado, el problema todavía pendiente no está relacionado con las sustancias, sino con los productos que puedan contenerlas. 
Ahora bien, el acuerdo sobre el único punto objeto de discusión durante la conciliación estipula que la Comisión presentará lo más pronto posible una propuesta legislativa por la que se prohibirá el uso de productos- en este caso, productos- que contengan sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, siempre que existan pruebas- y el ponente considera muy importante destacar este punto- de que dichos productos liberan este tipo de sustancias, con los consiguientes riesgos para el público en general. 
Por esto la Delegación considera que los resultados obtenidos son satisfactorios para el Parlamento y recomienda su aprobación a la Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, representantes del Consejo, Señorías, ha llegado el momento de pronunciarnos sobre el informe del Sr. Nisticò, un informe importante ya que, como se acaba de señalar, su objetivo es prohibir la comercialización de sustancias clasificadas recientemente como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. También se trata- y quisiera subrayarlo- de la vigesimotercera modificación de la Directiva. 
Evidentemente, debemos acoger con satisfacción la decisión de la Unión Europea sobre esta cuestión y también el hecho de que esta se plantee periódicamente, a medida que aumentan los conocimientos al respecto. 
Los ejemplos que ha citado el Sr. Lisi ilustran bien la necesidad de prohibir estas sustancias peligrosas. 
No obstante, durante el procedimiento de conciliación, el Consejo se mostró reacio a aprobar la propuesta de ampliar el objeto del texto a los productos, con objeto de evitar una legislación que, en su opinión, sería demasiado compleja, con el riesgo de que resultase imposible su aplicación. 
El argumento de que las sustancias en cuestión están presentes en 30 000 productos y que la evaluación de un número tan elevado de productos resultaría difícil parece ciertamente razonable. 
Sin embargo, sin duda podríamos pedir que de ahora en adelante se proceda a la evaluación de los nuevos productos que salgan al mercado y que contengan las sustancias en cuestión. 
Además, la Comisión se ha comprometido a presentar, una vez concluido el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, una propuesta legislativa por la que se prohiba el uso de productos que contengan sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, cuando se haya demostrado científicamente que la exposición del público en general a dichas sustancias entraña riesgos. 
Es deseable que esta propuesta, que concuerda con nuestros deseos, se concrete lo más pronto posible. 
En cuanto al método de trabajo, quiero recordar a la Asamblea que, si bien el informe se refiere a la vigesimotercera modificación de la Directiva encaminada a prohibir la comercialización de sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, la Comisión de Medio Ambiente ya está examinando la vigesimoquinta modificación de dicha Directiva. 
Evidentemente, la vigesimoquinta modificación se refiere a otras sustancias y preparados, pero ¿no sería preferible coordinar la adopción de los diferentes textos, sobre todo cuando estos se refieren a productos peligrosos para los seres humanos y para el medio ambiente? 
Las sustancias carcinógenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, los productos químicos y los plaguicidas se deberían considerar todos desde la misma perspectiva, a saber, la de la seguridad y de los riesgos que presentan para los seres humanos y para el medio ambiente. 
Existe, además, otro tema que vamos a tener que tomar en consideración cada vez más de ahora en adelante: el de los riesgos y la carga de la prueba. 
Una empresa que pone un producto en el mercado tiene que garantizar a los consumidores que este no es nocivo. 
No es tarea de los consumidores demostrar que el producto es peligroso. 
No se debería tener que prohibir un producto cuando ya está en el mercado porque se ha demostrado en la práctica que es nocivo, sino que se debería prohibir antes de que se llegue a comercializar. 
Señor Presidente, el Sr. Nisticò no está presente, pero por nuestra parte tenemos que discutir la vigesimotercera modificación de esta directiva que limita el uso y la comercialización de sustancias y preparados peligrosos clasificados como carcinógenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. 
Mi Grupo y yo mismo estamos, naturalmente, a favor de que se añadan otras 25 sustancias a la lista prohibida. 
Personalmente, también soy ponente para la vigesimoquinta enmienda de dicha directiva, que añade un nuevo grupo de sustancias a la lista. 
Este no es en absoluto el aspecto discutible de la presente recomendación. 
Mi crítica va dirigida más hacia lo que no se incluye y hacia los defectos de la legislación actual. 
La designación «sustancias y preparados» no incluye en absoluto el uso de sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción en productos de consumo, o sea, en los productos con los que entramos principalmente en contacto en nuestra calidad de consumidores y a través de los cuales estamos expuestos a dichas sustancias peligrosas, por ejemplo cuando compramos juguetes, tejidos, nuevos revestimientos de suelos, etc. La directiva no contempla, por consiguiente, la fuente principal de las sustancias a las que estamos expuestos, o sea, de las sustancias carcinógenas y otras sustancias peligrosas. 
En la primera lectura, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión la ampliación de la directiva a la venta de productos de consumo, y solicitamos que se presentase una propuesta en 2002. 
En la posición común, el Consejo manifiesta que para poder imponer limitaciones a los productos se requiere una evaluación de riesgos completa. 
Además, ofrece el sorprendente argumento de que esta resultará realmente difícil debido al gran número de productos existentes. 
Como es evidente, justamente por esto se requiere, de hecho, una directiva, esto es, para que la gente no siga estando expuesta a sustancias carcinógenas a través de los productos de consumo. 
La conciliación, sobre la que ahora debemos adoptar una posición, junto con la recomendación del Sr. Nisticò, constituye un compromiso que yo considero totalmente contrario a la nueva política en materia de sustancias químicas que hemos adoptado, la cual propone- mediante la llamada inversión de la carga de la prueba- que no se autorice el uso en los productos de sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción a menos que se haya demostrado que estas son seguras. 
El resultado conseguido no es una inversión de la carga de la prueba sino, por el contrario, unas restricciones que solo se aplicarán si una evaluación demuestra que existe un riesgo. 
En otras palabras, tenemos precisamente la política que todas las instituciones han reconocido que no es eficaz para proteger la salud de las personas. 
Lamentablemente, transcurrirán bastantes años antes de que entre en vigor una política con respecto a las sustancias químicas. 
Para proteger la salud de las personas, son verdaderamente necesarias medidas que contemplen de manera inmediata las sustancias carcinógenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción contenidas en productos de consumo. 
Por consiguiente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no va a votar a favor de la recomendación. 
Señor Presidente, me alegro de que se haya presentado este informe y algunos otros que han pasado por esta Cámara durante los últimos meses. 
También acojo con agrado el informe de la Sra. Schörling, que votaremos en la sesión plenaria de Estrasburgo dentro de un par de semanas. 
Estamos cimentando un sólido trabajo y un sólido conjunto de información, y estamos sentando algunos precedentes muy importantes según avanzamos hacia el establecimiento y el lanzamiento de la nueva política sobre productos químicos que esperamos que la Comisión presente en breve. 
Lo que está quedando claro para todos nosotros es, simplemente, que el actual análisis de los productos químicos y los productos químicos que están en el mercado en estos momentos no son satisfactorios. 
En el caso de muchos de los productos químicos que hay en el mercado en este momento, simplemente no sabemos si son peligrosos o seguros. 
Necesitamos un sistema nuevo. 
Nos congratulamos por el nuevo sistema que se va a implantar y, por así decirlo, en el último suspiro del antiguo sistema, tengo que decir que recuerdo más enmiendas a la Directiva original de las que desearía recordar, aunque no llevo aquí suficiente tiempo para recordar la Directiva original, y siempre he opinado que no hemos sido lo suficientemente coherentes en lo que hemos hecho. 
Estoy de acuerdo con algunas de las observaciones de la Sra. Schörling. 
Necesitamos una nueva política sobre productos químicos. 
Estamos esperando esa nueva política sobre productos químicos, Comisión, ¿dónde está? 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0086/2003) presentada por el Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Pesca, a la Comisión, sobre las dificultades en la ejecución del Reglamento (CE) nº 2561/2001 de reconversión de la flota que faenaba al amparo del Acuerdo de pesca con Marruecos. 
Señor Presidente, cuando la UE no fue capaz de renovar el convenio pesquero con el Reino de Marruecos, quedó claro que esa carencia tendría enormes efectos socioeconómicos dentro de la Comunidad. 
El anterior convenio con Marruecos venció en noviembre de 1999. 
En ese momento, era el mayor convenio internacional entre la Comunidad y un tercer país. 
Un gran número de barcos y puestos de trabajo comunitarios dependían del mismo, principalmente en España, pero también en Portugal. 
A falta de un nuevo convenio, un número significativo de buques comunitarios de Galicia, Andalucía y Portugal que trabajaban dentro de este marco se vieron obligados a suspender su actividad pesquera. 
Reconociendo las dificultades causadas por la falta de un convenio de pesca, la Comunidad acordó dedicar más de 190 millones de euros a promover la reconversión de los barcos pesqueros que habían trabajado en aguas marroquíes. 
El 94,6 % de ese dinero se destinó a España y el resto a Portugal. 
Sin embargo, cuando el pasado noviembre se produjo el desastre del Prestige y las costas de Galicia quedaron cubiertas por capas de negro petróleo, empezamos a buscar ayudas de emergencia para aliviar el catastrófico sufrimiento de las comunidades pesqueras de esa región. 
Descubrimos que 30 millones de euros del dinero destinado a tratar el problema marroquí no se habían gastado todavía en ese momento. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo acordó en su sesión plenaria de diciembre de 2002 que deberíamos reprogramar ese dinero de inmediato para ayudar a los afectados por el desastre del Prestige en Galicia. 
No obstante, el hecho de que el fondo para el problema de la ausencia de convenio con Marruecos no se hubiera gastado suscitó varias importantes preguntas. 
En una reunión de la Comisión de Pesca en febrero de 2003, representantes del sector y de la Junta de Andalucía describieron los problemas que tenían para aplicar este Reglamento. 
Pronto se hizo evidente que los criterios de acuerdo con los cuales los pescadores podían solicitar esta ayuda eran demasiado complejos y habían resultado tan rígidos que muy pocos pescadores habían conseguido beneficiarse de ese dinero. 
Los representantes sectoriales dijeron a nuestra comisión que los posibles beneficiarios no están accediendo a las medidas de compensación debido a unas normas y unos plazos excesivamente estrictos fijados por la Comisión. 
Por ejemplo, solo se dan ayudas públicas a los pescadores que se han comprometido a desguazar los barcos o a cambiar su finalidad, o han acordado el traslado permanente del buque a un tercer país a través de acuerdos de constitución de empresas conjuntas. 
En concreto, los marineros que perdieron sus trabajos no pueden solicitar la prima individual de 12 000 euros salvo que el armador decida trasladar o desmantelar el barco. 
Eso significa que muchos pescadores que viven en las regiones que resultaron afectadas por la imposibilidad de cerrar un acuerdo con Marruecos siguen sin recibir ayuda financiera. 
No necesito recordar a la Cámara que en nuestra sesión plenaria de marzo de 2003, celebrada en Estrasburgo hace dos semanas, el Parlamento Europeo apoyó, por una abrumadora mayoría de 507 votos a favor y seis en contra, una resolución que proponía que se pagaran 150 millones de euros en compensación a los marineros afectados por las draconianas medidas de recuperación del bacalao vigentes en el Mar de Irlanda y el Mar del Norte. 
Sé que seguimos negociando con la Comisión y con el Consejo de dónde se podría sacar esa ayuda de emergencia, pero confío en que no vayamos a repetir los errores que hemos cometido con el fondo para la ayuda a los perjudicados por la ausencia de acuerdo con Marruecos. 
Debemos asegurarnos de que cuando en el futuro identifiquemos la necesidad de ayuda urgente en el sector pesquero, esa ayuda se ponga en práctica con equidad y rapidez. 
Asegurémonos de que los trámites y la burocracia se reduzcan al mínimo. 
Acabo de volver esta misma tarde de Galicia, donde he asistido a reuniones y visitas con miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo para ver por nosotros mismos las operaciones de limpieza tras el desastre del Prestige. 
Todos hemos oído demasiado vívidamente la desesperada situación en que se encuentran las comunidades pesqueras que se han visto obligadas a amarrar sus barcos, sin haber hecho nada para merecerlo, desde el pasado noviembre. 
A pesar de que esta Cámara acordó reprogramar 30 millones de euros el pasado mes de diciembre, ese dinero no se ha librado todavía. 
¿Por qué no? 
¿Quién está trabajando en los detalles de este paquete de ayudas? 
¿Dónde están los obstáculos? 
¡Recortemos los trámites para conseguir que las ayudas se vayan entregando! 
Espero que aprendamos de las lecciones de la situación derivada de la falta de acuerdo con Marruecos y que en el futuro hagamos bien las cosas. 
Señor Presidente, Señorías, en enero de este año, mis colaboradores visitaron, junto con las autoridades españolas, las zonas de España afectadas que son objeto del debate de hoy y convinieron en que los fondos asignados para el desguace definitivo de algunos buques, la modernización de otros y la creación de sociedades mixtas, se están utilizando de manera satisfactoria. 
Sin embargo, no se puede decir lo mismo sobre el uso de los fondos destinados a medidas sociales y en este ámbito es donde hay problemas. 
Los pescadores no están utilizando plenamente los fondos asignados para medidas sociales debido a la imposibilidad de cumplir ciertas condiciones de nuestro Reglamento. 
En efecto, los pescadores que han perdido el empleo debido a la no renovación del Acuerdo de pesca con Marruecos solo reciben una indemnización compensatoria si su empleador autoriza el desguace del buque o crea una sociedad mixta. 
Pero si el buque continúa faenando en aguas de otros países terceros- o en aguas comunitarias -, bajo una licencia privada, por ejemplo, no tienen derecho a percibir ninguna indemnización compensatoria. 
En el fondo, esto también es lógico, pues esos buques continúan desarrollando una actividad en el sector pesquero y, por lo tanto, cabe presumir que sus tripulaciones continúan empleadas. 
Ahora hemos acordado con las autoridades españolas que estas comunicarán a la Comisión en qué casos y por qué motivos se han generado problemas sociales debido a que los buques no se han desguazado y no ha sido posible acudir a las ayudas de los Fondos estructurales. 
En lo que se refiere a los puntos 1 y 2 de su propuesta de resolución, puedo asegurarles a Sus Señorías que adoptaremos una solución sin demora, tan pronto como hayamos recibido todos los datos solicitados al Gobierno español y podamos examinarlos. 
El punto 3 de su resolución guarda, evidentemente, alguna relación con lo anterior. 
Si la Comisión llega a la conclusión de que nos corresponde adoptar una decisión favorable, también modificaremos, naturalmente, las modalidades de devolución a fin de que los pescadores reciban igualdad de trato. 
Señor Presidente, gracias Comisario, gracias también el presidente Stevenson por la solidaridad que ha mostrado con Galicia en nombre de la Comisión de Pesca de este Parlamento, queridos colegas, -escasos a esta hora de la noche -, yo quiero señalar que la renovación del acuerdo con Marruecos fue una de las dedicaciones máximas de nuestra Comisión de Pesca. 
Cuando este acuerdo no se logró nos volcamos en conseguir que el presupuesto que estaba asignado para ese acuerdo revirtiese en los propios pescadores que estaban afectados. 
Tras arduas negociaciones políticas y presupuestarias conseguimos ese dinero, pero la aplicación práctica de la reglamentación aprobada ha demostrado la necesidad de mejorarla para que ningún potencial beneficiario se vea privado ni de un solo euro que le pueda corresponder; para ello luchamos denodadamente. 
La propuesta que hemos presentado ha sido mejorada con las aportaciones del Grupo Socialista, en un rápido consenso, por lo que creo que debemos todos felicitarnos. 
Y creo que la Comisión debe aceptar plenamente estos planteamientos que votaremos mañana para que se modifique, en consecuencia, el Reglamento (CE) n° 2561/2001 y conseguir así una mejor cobertura social, que es lo que todos queremos, tanto la Comisión como nosotros, y creo que se debe de conseguir. 
Señor Presidente, el 15 de noviembre de 2001 yo fui ponente del informe sobre el Reglamento (CE) n° 2561/2001 para la reconversión de los buques y de los pescadores dependientes del Acuerdo de pesca con Marruecos, y el Parlamento aprobó, en aquel momento, una serie de enmiendas que se parecen mucho a la propuesta de hoy, tendentes a hacerlo más flexible y a que sirviera, efectivamente, para poder reconvertir esta flota comunitaria que, como sabe bien el Comisario, es una flota que tiene su origen en Andalucía, en Canarias, en Galicia y en Portugal, y que se quedó sin ese caladero donde tradicionalmente faenaba. 
El Consejo adoptó este Reglamento aceptando, aunque muy parcialmente, alguna enmienda del Parlamento, por lo que el texto aprobado, con el paso del tiempo, se reveló como lo que ya habíamos anunciado: demasiado rígido e incapaz de posibilitar el acceso a las ayudas para su reconversión a una parte importante del sector afectado. 
La Comisión de Pesca del Parlamento visitó estos dos últimos años Galicia y Andalucía, y pudo comprobar que esta no renovación afectaba gravemente a 400 barcos, a 4 300 pescadores y a comarcas enteras en Galicia y en Andalucía, además de a toda una serie de industrias conexas que quedaban también paralizadas. 
En diciembre pasado, se desvió una cantidad de 30 millones de euros en favor de los afectados por la catástrofe del Prestige: 30 millones de euros que, sobre todo, ponían de manifiesto que este dinero no se estaba pudiendo gastar y que este Reglamento era inadecuado. 
La propuesta de Resolución que presenta la Comisión de Pesca emplaza justamente a la Comisión a promover una modificación, a adecuar este Reglamento para suprimir estas rigideces. 
Y pedimos a la Comisión que presente una propuesta con carácter urgente, que modifique el actual Reglamento y que solvente los problemas que hoy por hoy plantea su aplicación a tripulantes, sobre todo, porque las ayudas no deben estar vinculadas a la decisión del armador. 
La Comisión nos dijo hace unas semanas que no podía proponer modificaciones al Reglamento porque las autoridades españolas no habían remitido la información requerida a la Comisión. 
La Directora General de Pesca de la Junta de Andalucía nos dijo, en la reunión de la Comisión de Pesca, que las autoridades españolas no habían facilitado a la propia Comunidad Autónoma la relación de tripulantes de esa región que habían cobrado los seis meses de paralización temporal, por lo que en Andalucía no conocían ni siquiera el número exacto de tripulantes que tenían derecho a las ayudas, de tal manera que tuvieron que poner en marcha seis oficinas, localizadas en los puertos más afectados, con el fin de informar sobre estas ayudas, con un total de 12 personas trabajando, una inversión propia de 721 000 euros y un teléfono gratuito. 
No pedimos más dinero, sino una normativa más adecuada para que la cantidad que acordamos sirva eficazmente para lo que realmente había sido destinada. 
Señor Presidente, tomo la palabra con indignación y pena cada vez que intervengo para referirme a la muerte anunciada de una industria- la industria pesquera- que ha sido y debe seguir siendo económicamente importante para mi país. 
El Acuerdo de pesca comunitario con Marruecos expiró el 30 de noviembre de 1999. 
Portugal es vecino de dicho país, tiene una vocación marítima evidente y una parte considerable de su flota pesquera participaba directamente en las actividades pesqueras cubiertas por dicho Acuerdo. 
Los pescadores portugueses y españoles se han visto duramente afectados por la no renovación del Acuerdo, pues en muchos casos se han encontrado en la imposibilidad de pescar, es decir, de trabajar. 
No quisiera volver a recordar la valoración política que hicimos en su momento del fracaso encabezado por el Comisario Franz Fischler, que hoy se ha olvidado por completo de los pescadores portugueses. 
Lo que quiero destacar es la inacción y la falta de diligencia en dicho momento, a las que podemos añadir la inepta formulación de las medidas de apoyo a los armadores y pescadores afectados. 
Estas personas se han visto privadas del derecho a pescar y a trabajar, y pese a las medidas de apoyo para la reconversión de la flota y para el pago de primas individuales previstas para compensarles, se han dado de bruces contra una legislación comunitaria poco flexible e inadecuada, cuya aplicación plantea dificultades casi imposibles de resolver. 
Es lamentable que una legislación que debería tener como objetivo resolver situaciones como la presente, haya contribuido a complicar todavía más la vida de los pescadores afectados. 
La falta de flexibilidad del Reglamento de 2001 y las diversas dificultades administrativas en lo que respecta a los plazos de ejecución han impedido o podrían invalidar el acceso de los pescadores a las medidas de apoyo excepcionales previstas, particularmente a las medidas socioeconómicas, cuya asignación depende de unas condiciones que sus beneficiarios no pueden cumplir. 
Por esto, es esencial que la Comisión corrija este estado de cosas y es preciso que presente urgentemente una propuesta de modificación del Reglamento que resuelva los problemas de aplicación que han surgido, en particular mediante una modificación de los requisitos para la asignación a los pescadores de las primas que les corresponden. 
En efecto, condicionar al desguace de los buques la asignación de la prima individual de 12 000 euros a cualquiera que no sea armador, sino un simple trabajador, equivale a quitar con una mano lo que se ha dado con la otra. 
Acabo, señor Presidente, señor Comisario, con la esperanza de que esta situación se corrija como es debido y la Comisión presente rápidamente su propuesta encaminada a corregir eficazmente las injusticias creadas tras la expiración del Acuerdo de pesca entre la Comunidad y Marruecos. 
Señor Presidente, señor Comisario, ahora ya podemos evaluar la aplicación de estas medidas. 
Dos consideraciones son sumamente significativas, a mi parecer. 
La primera y tal vez la más importante- que ya han mencionado varios oradores- es la excesiva rigidez en lo que respecta a las condiciones para el pago de la ayuda de 12 000 euros a los tripulantes. 
Como es sabido, para que esas personas puedan cobrar ese dinero, es preciso que los buques en los que trabajaban se hayan desguazado o se hayan integrado en sociedades mixtas. 
El Comisario ha manifestado, no obstante, que la Comisión considera que si los buques no se han desguazado ni integrado en sociedades mixtas, esto significa que están faenando en otra parte y, por lo tanto, los tripulantes están empleados. 
Se trata, sin embargo, de una suposición equivocada, pues aunque en algunos casos los armadores efectivamente consiguen enviar sus buques a faenar en otros caladeros, solo logran obtener una rentabilidad parcial o una alternativa parcial a la que antes obtenían en los caladeros de Marruecos. 
En otros casos, los armadores mismos están a la espera de encontrar una alternativa para el futuro. 
Mientras esperan o mientras disponen de una alternativa parcial, los tripulantes o pescadores de los buques que antes faenaban en Marruecos están en el paro e inactivos. 
Por esto es necesario que se revise urgentemente la situación y no se sacrifique a los tripulantes, que no tienen ninguna culpa. 
El segundo elemento de rigidez está relacionado con el hecho de que, cuando expiró el Acuerdo con Marruecos, algunos armadores estaban construyendo buques para pescar en aguas de dicho país. 
Al expirar el Acuerdo, estos tuvieron que reconvertir los buques y reequiparlos para faenar en otros caladeros. 
Este reequipamiento de los buques incrementó los costes, incremento que pagaron los armadores. 
Creo que sería justo que la Comunidad cofinanciase este incremento de los costes para los armadores, en el marco del presente Reglamento o de cualquier otro. 
Para acabar, quiero manifestar, como ya han hecho otros oradores, que estos asuntos se tienen que resolver. 
No costará más dinero; lo que se requiere para resolver estos problemas es flexibilidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quiero felicitar a la Comisión de Pesca y, muy especialmente, a su presidente, nuestro estimado colega Struan Stevenson, por la oportunidad del presente debate, ya que este tiene como tema un asunto que nuestra Comisión de Control Presupuestario seleccionó- como sabe, de hecho, muy bien el señor Comisario- como el tema más importante, el tema de la infrautilización del Presupuesto, que en 2001 se elevó a más de quince millardos de euros. 
Debo añadir que antes de acudir a este debate he consultado los últimos datos sobre la utilización de esta línea presupuestaria, que la Comisión nos remite regularmente, y he constatado que, aparte de los anticipos iniciales, no aparece registrado ningún otro pago a cuenta. 
¡Esta es la situación al cabo de más de un año de funcionamiento del programa! 
Creo que este dato, más que ningún otro, también es muy significativo desde el punto de vista de las dificultades con que se está topando la puesta en marcha del programa. 
Y como nos han explicado tan brillantemente nuestros colegas, en particular la Sra. Miguélez Díaz, el problema no es que no haya habido necesidad de aplicar el programa. 
La necesidad existe, pero el problema está en que no se le concedió la debida atención en el planteamiento del Reglamento, que es demasiado engorroso y no se elaboró teniendo en mente la situación real. 
Le pido, por tanto, al señor Comisario, que tenga debidamente en cuenta lo que han manifestado nuestros colegas, que me parece extraordinariamente apropiado. 
Sería muy lamentable que nos encontrásemos ante un nuevo caso flagrante de infrautilización presupuestaria, de la incapacidad de las instituciones europeas para responder a una necesidad real. 
Insto, por tanto, al señor Comisario, a que reconsidere este problema con la máxima atención. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que aclare brevemente los hechos. 
En primer lugar, hasta la fecha no ha habido ninguna queja ni ningún problema en relación con los fondos destinados a Portugal, donde se ha utilizado todo el dinero disponible. El Gobierno portugués tampoco nos ha manifestado ninguna queja por un mal funcionamiento en algún aspecto. 
En segundo lugar, es cierto que hasta ahora se han pagado anticipos, pero el pago final no se ha realizado porque hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud, ni de España, ni de Portugal. 
Solo podemos proceder al pago una vez recibida la correspondiente solicitud, es decir que estas quejas tal vez no se deberían dirigir a la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis en los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0027/2003) del Sr. Caudron, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la participación de la Comunidad en un programa de investigación y desarrollo, ejecutado por varios Estados miembros y Noruega, y destinado a desarrollar nuevas intervenciones clínicas a fin de luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis gracias a una cooperación a largo plazo entre Europa y los países en desarrollo (COM (2002) 474- C5-0392/2002- 2002/0211 (COD)) 
- (FR) Señor Presidente, Señorías, en 2001, 14 Estados miembros de la UE y Noruega tomaron la iniciativa de aunar sus esfuerzos de investigación e intervención clínica en la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis en los países en vías de desarrollo, en el marco del programa EDCTP. 
El objetivo de este programa de investigación es acelerar la elaboración y la evaluación de nuevas vacunas y fármacos mediante la cooperación entre Europa y unos quince países en vías de desarrollo del África subsahariana. 
La Comisión cree que asociarse a una iniciativa de esta índole beneficiará a la Comunidad, especialmente en el marco de la creación de un Espacio Europeo de Investigación. 
Ha propuesto para ello recurrir al artículo 169 del Tratado, según el cual la Comunidad, al aplicar el programa marco, puede participar en programas de investigación emprendidos por varios Estados miembros. 
Concretamente, la propuesta de la Comisión tiene como objetivo permitir esta participación comunitaria, para la que se ha previsto una aportación económica de 200 millones de euros dentro del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
Quisiera hacer hincapié en el interés institucional de esta propuesta, que constituye la primera utilización concreta del artículo 169 del Tratado. 
La creación del programa de ensayos clínicos, el EDCTP, es un ejemplo de puesta en práctica del Espacio Europeo de Investigación. 
Representa un verdadero valor añadido para Europa y los países en vías de desarrollo, y me gustaría mencionar algunos aspectos de esta iniciativa. 
Este programa nos permitirá integrar los esfuerzos de cada país y de la Comunidad entretejiendo y agrupando unas actividades que, hasta ahora, habían estado dispersas y habían carecido de coordinación. 
La plataforma que se va a crear permitirá transferir con más rapidez los resultados de la investigación, en beneficio del desarrollo clínico de los países más desfavorecidos, y quiero recalcar que se hará con la plena participación de dichos países. 
Mejorará el impacto de la inversión pública mediante un planteamiento más coherente y enfocado. 
Nos permitirá reunir los conocimientos y los recursos suficientes para realizar ensayos clínicos a gran escala, optimizando el uso de los resultados de la investigación europea, especialmente de la pública. 
Reforzará la capacidad de desarrollo clínico de los países más desfavorecidos, por lo que se refiere a la infraestructura y la formación. 
El EDCTP representa un nuevo planteamiento que hará que la industria y el sector público compartan riesgos y desarrollen nuevos tipos de cooperación, de la que hay una necesidad urgente para combatir los efectos desastrosos de estas enfermedades. 
La industria tiene un papel claro que desempeñar en todas las actividades del programa EDCTP. 
El programa financiará proyectos de investigación y desarrollo para los que la industria no prevé ningún beneficio a cambio de su inversión. 
La financiación pública hará que la investigación resulte más atractiva para la industria, sin ocupar el puesto de ella. 
La creación de una nueva cooperación sólida y eficaz entre el sector público y el privado es una condición esencial para el éxito del programa. 
Para concluir, señor Presidente, Señorías, por primera vez en la historia de la investigación europea, estamos en condiciones de adoptar un programa ambicioso que agrupa las actividades de investigación de los Estados miembros y establece una auténtica colaboración entre Europa y África en materia de ensayos clínicos, una cooperación que espero que reciba su apoyo y pueda ponerse en marcha lo antes posible. 
Aprovechemos hoy esta oportunidad y dotémonos de los medios necesarios para sacar de ella el máximo partido. 
Nos lo agradecerán los investigadores de África y de Europa y, sobre todo, los pueblos del África subsahariana, en los que estas terribles enfermedades se cobran numerosas víctimas. 
- (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en unos momentos en que muchas personas están condenando, y con razón, una guerra que ya ha matado a cientos de personas, me gustaría comenzar mi intervención de esta mañana mencionando unas cifras igualmente terribles. 
En la actualidad, más de 40 millones de personas son portadoras del virus VIH, de las cuales 36 millones viven en países en vías de desarrollo, 28 millones solo en el África subsahariana. 
La malaria, una enfermedad que reapareció en los años setenta, mata aproximadamente a un millón de personas al año. 
Por último, se conocen actualmente 8 millones de casos de tuberculosis, que provoca la muerte de 2 millones de personas al año, de las que 1,9 millones pertenecen a países del Sur. 
Estas tres terribles enfermedades- que, por cierto, no son en absoluto las únicas que diezman a las poblaciones de los países pobres- impiden el desarrollo de los países afectados y los mantienen en un estado de pobreza que, a su vez, les imposibilita crear un sistema sanitario que merezca tal calificativo. 
La humanidad debe romper este círculo vicioso mortal si desea sobrevivir. 
Con estas terribles cifras en mente- y en el corazón -, la Comisión, el Comisario Busquin, el Parlamento Europeo y el Consejo han acordado y concebido un programa de 600 millones de euros enmarcado en el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo, del que me han nombrado ponente general. 
Se trata de poner en marcha un nuevo instrumento, en virtud del artículo 169- por primera vez, tal y como nos ha recordado el Comisario -, con la participación financiera de varios Estados miembros, de Noruega, de la Comisión y, espero, del sector privado. 
Me complace, y me llena de orgullo, que me hayan nombrado ponente, y quiero agradecer sinceramente a los colegas de mi nuevo grupo que hayan confiado en mí para esta nueva tarea. Quisiera dar las gracias también a los demás diputados que me han ayudado, sin olvidarme de los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, ni de mi ayudante. 
Desde el principio, hemos trabajado colectivamente y con diligencia. 
El 28 de agosto de 2002, la Comisión se dirigió al Parlamento, y este, sin perder tiempo, celebró tres reuniones en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía los días 7 de octubre, 11 de noviembre y 2 de diciembre de 2002, antes de someter a votación a este informe y sus enmiendas, el 23 de enero de 2003- es decir, al cabo de seis meses -, teniendo en cuenta las opiniones de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, representada por la Sra. Sandbaek, de conformidad con el procedimiento Hughes reforzado, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, representada por la Sra. Evans, y de la Comisión de Presupuestos, representada por el Sr. Hudghton. 
Después de estas votaciones, el 11 de febrero se celebró en Estrasburgo una reunión tripartita con la Comisión y la Presidencia griega. 
Por tanto, he trabajado velozmente, resaltando la importancia de una cooperación Norte-Sur y enfocando nuestra actuación hacia los ensayos clínicos y hacia las estructuras de recepción que hay que reforzar en los países del Sur, y en particular, en los países del África subsahariana. 
Era importante evitar la ampliación de su ámbito de aplicación y el riesgo de que se diluyera. 
Debemos escuchar a las primeras víctimas de estas terribles enfermedades y a las personas que las están ayudando a luchar contra ellas. 
Debemos elaborar nuevos productos adaptados a las necesidades de las poblaciones de estos países y tenerlos en cuenta cuando definamos las prioridades. 
Finalmente, y por encima de todo, debemos actuar con rapidez. 
En la reunión tripartita del 11 de febrero de 2003, pedimos al Consejo que añadiera otras enfermedades infecciosas en un nuevo considerando. 
Pedimos unas disposiciones para facilitar el acceso de las poblaciones a estos nuevos productos. 
Pedimos también la implicación de las ONG y de la OMS y, finalmente, algunos diputados pidieron que se insistiera al sector privado para obtener su apoyo. 
A continuación, di las gracias a la Presidencia Griega, al Consejo y a la Comisión, y mis compañeros se mostraron satisfechos por la manera en que el Consejo había acogido nuestras peticiones. 
En consecuencia, redactamos unas enmiendas de transacción en las que, por supuesto, todos hicieron ciertas concesiones para poder llegar a un acuerdo global en primera lectura. 
Por lo tanto, les invito a que las apoyen hoy, aunque reconozco que algunos puntos son insatisfactorios, y yo mismo tengo ciertas reservas. 
No obstante, es necesario tomar rápidamente una decisión si queremos actuar sin pérdida de tiempo. 
Cada día que pasa, miles de hombres, mujeres y niños mueren a causa de estas enfermedades. 
Sí, es preciso actuar con rapidez y hacer todo lo posible para que este programa sea un éxito, de modo que pueda servir de ejemplo y abra el camino a otros programas del mismo tipo para otras enfermedades relacionadas también con la pobreza. 
Quizás estas otras enfermedades sean menos conocidas, y quizás no tengan tanta repercusión en los medios de comunicación, pero son igual de terribles y mortíferas: destruyen vidas y, en consecuencia, sociedades. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Caudron, el ponente general, la labor que ha realizado en relación con este informe tan importante. 
Crea un nuevo fondo para un nuevo proyecto, pero está pensado para poder vincularlo al trabajo existente que ya está en marcha en los Estados miembros participantes y en Noruega en relación con la investigación de estas enfermedades. 
Las estadísticas son bastante espantosas: el 90% de los portadores del virus VIH de todo el mundo viven en los países en desarrollo, al igual que el 95% de los enfermos de tuberculosis. 
Es evidente, pues, que queda mucho por hacer para resolver estos problemas. 
La Comisión de Presupuestos ha aprobado- sin votos en contra- la aportación propuesta de 200 millones de euros de la UE que, por supuesto, se suman a los 60 millones de euros que la UE ha prometido al Fondo Mundial para la Salud. 
Por supuesto, el Fondo Mundial para la Salud no se puede utilizar con fines de investigación. 
Es importante que toda nueva labor- o la consolidación y coordinación de la labor en curso- en el campo de la investigación de estas enfermedades se centre en las necesidades y las condiciones existentes en los países en desarrollo. 
Esa es la idea subyacente a la propuesta. 
Me complace ver que el Parlamento, en varias fases, ha explicado con detalle cómo puede y debe gestionarse este proyecto y cómo se podrá informar y se informará, espero, de su progreso. 
Si tenemos que destinar un total de 600 millones de euros, tal como prevé el proyecto- 200 millones de euros de la UE, 200 millones de euros de los fondos existentes de los Estados miembros, 200 millones de euros de otros donantes y del sector- es importante que se gasten de forma inteligente y satisfactoria. 
Sería de esperar que como una proporción significativa de este dinero proviene de financiación pública- dinero del contribuyente -, la propiedad de los nuevos procedimientos permanezca en el sector público y estos se puedan poner a disposición de quienes realmente más los necesitan a bajo coste. 
Señor Presidente, excepcionalmente hablaré en inglés porque al final de mi aportación voy a hacer una pregunta al Sr. Busquin, y quiero estar segura de que la comprende. Me gustaría recibir una respuesta muy clara. 
En primer lugar, quiero decir que este programa es muy loable y digno de encomio. 
Es una iniciativa que hacía mucha falta y que merece una gran atención y apoyo. 
Para reforzar el impacto de la aportación europea, debemos mejorar lo que ya se está haciendo, y esto debe comportar más coordinación y consulta. 
Hay que incrementar la inversión material e inmaterial en el control de las principales enfermedades contagiosas de los países acosados por la pobreza y, lo que es más importante, se necesitan aquí y ahora más herramientas para prevenir y combatir las tres enfermedades. 
Se necesitan urgentemente vacunas, fármacos y microbicidas baratos, eficaces, asequibles y seguros para prevenir o paliar el efecto de la malaria, el VIH y la tuberculosis. 
Es imperativo garantizar que los beneficiarios, los usuarios finales de estas nuevas herramientas, se impliquen plenamente en su evaluación clínica y su aplicación. 
Por lo tanto, resulta alentador que la propuesta de la Comisión para un Programa Europeo de Ensayos Clínicos en los Países en Desarrollo (EDCTP) incluya un tema tan importante como la capacitación humana en las sociedades más afectadas por estas tres enfermedades. 
Sin embargo, es descorazonador que, al cabo de dos años, la Comisión todavía no haya facilitado información sustancial sobre la actividad común de los Estados miembros, la misma actividad que constituye la base para movilizar el artículo 169. 
Que yo sepa, en la actualidad la Agrupación Europea de Interés Económico es una estructura carente de todo contenido programático definido. 
Y esta es mi pregunta: ¿Podría la Comisión citarme ejemplos de cómo hasta la fecha los Estados miembros han colaborado y han realizado conjuntamente actividades dentro del concepto del EDCTP? 
¿Se ha comprometido alguno de los Estados miembros- y quiero decir comprometido, y no identificado, porque sé que todos los Estados miembros han identificado programas- con alguno de los programas identificados hasta la fecha? 
Necesitamos ejemplos creíbles de los logros conjuntos de los Estados miembros para evitar que se ponga en tela de juicio la sostenibilidad de la iniciativa y que la propuesta se considere una mera ilusión. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Caudron por su trabajo. 
Agradezco muchísimo esta iniciativa, que realmente podría ser un paso adelante en la batalla contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis en los países en desarrollo. 
Como ya se ha dicho, es un problema que crece con rapidez, y suele afectar a los más pobres y más vulnerables de la sociedad, a quienes tienen menos acceso a la atención sanitaria y a la educación, y que en muchos casos son mujeres. 
De hecho, ellas constituyen dos tercios de los pobres del mundo y soportan la carga principal de la pobreza. 
Por lo tanto, el papel de las mujeres como pacientes, principales cuidadoras, educadoras y miembros activos de las comunidades de los países en desarrollo es esencial para encontrar soluciones acertadas. 
Si observamos la evolución del VIH/sida, hasta el año 2000, 9 millones de mujeres y 4,3 millones de niños murieron de sida, y estas cifras van en aumento. 
En el África subsahariana, un 55% de los adultos infectados de VIH son mujeres. 
Las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de infección del VIH por motivos biológicos y sociales, debido a la falta de control de su salud sexual y la falta de acceso a información preventiva. 
De modo que la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se ha centrado en asegurar que los fármacos y el tratamiento sean accesibles, que los programas estén pensados para los habitantes de los países en desarrollo, y que los productos desarrollados y utilizados en los ensayos clínicos sean adecuados para uso local. 
Es esencial pensar en cuestiones simples y prácticas como la forma de almacenar los fármacos con seguridad y de administrarlos o tomarlos. 
Éste es el motivo por el que grupos de base como las organizaciones de mujeres deben participar a fondo en el desarrollo de los programas y en el propósito de que los profesionales de la salud reciban la formación adecuada sobre el uso de los productos, tanto si es en casa como en la comunidad o en instituciones. 
Hay que desarrollar la formación, la capacitación y la infraestructura necesarias para permitir que estos ensayos clínicos se lleven a cabo de forma eficiente y asegurar el éxito de este programa a largo plazo. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis felicitaciones al ponente, el Sr. Caudron, por los excelentes resultados conseguidos con respecto a un programa que, por encima de la retórica, puede definirse muy bien como un reto para la civilización, por así decirlo, y que aboga por una relación de igualdad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. 
Además, lo mejor es que la propuesta de la Comisión constituye una novedad sin precedentes, por el hecho de que, aunque la formulación del artículo 169 es magnífica, en la práctica es la primera vez que se aplica, y siguiendo esta línea, estamos tejiendo una verdadera cooperación para abordar un problema real entre el Norte y el Sur. 
Esta iniciativa es tan astuta, que debería repetirse tanto en el ámbito de la investigación como en otros ámbitos clave de las relaciones exteriores de la Unión. 
Aunque estoy de acuerdo con la postura expresada por el ponente, quiero hacer tres breves observaciones: en primer lugar, creo que fue una decisión positiva no ampliar el programa para incluir a otras enfermedades relacionadas, no porque sean menos importantes, sino porque no deberíamos dispersar nuestros recursos y esfuerzos. 
Además, los resultados se podrán utilizar para mejorar el tratamiento de otras enfermedades y pueden constituir la base de nuevas actividades de investigación, contribuyendo así a resolver otras cuestiones sanitarias relacionadas con los problemas que padecen los países en vías de desarrollo. 
En segundo lugar, en relación con la enmienda 13- la participación del sector privado -, creo que es especialmente importante implicar al sector privado en el programa, porque así podremos disponer de fondos adicionales, fomentando que las empresas inviertan más dinero en enfermedades que afectan a los países en vías de desarrollo. 
En ese sentido, podría ser un estímulo muy interesante reflexionar sobre los mecanismos de diferenciación fiscal. 
El tercer punto se refiere a la protección de la propiedad intelectual. 
La participación de la industria farmacéutica es fundamental para el éxito del programa. 
Debemos contar con unos precios diferenciados para las medicinas que se venden en los países en vías de desarrollo, y en mi opinión, son necesarias también etiquetas diferentes para evitar el fraude. 
Señor Presidente, yo también quisiera sumarme, como es lógico, a la felicitación al ponente- el Sr. Caudron- que ha hecho un excelente trabajo mejorando, en lo que cabe, la propuesta de la Comisión, que también es una propuesta de trascendencia y que inaugura de forma piloto lo que puede ser una nueva relación entre la Unión Europea y los países del Tercer Mundo en cuestiones compartidas de preocupación mundial. 
También ha suscitado propuestas y debates en el resto de comisiones, como hemos visto en la Comisión de Desarrollo, con la ponente de opinión, la Sra. Ulla Sandbaek, y sus preguntas pertinentes. 
Efectivamente, como decía el Sr. Caudron, estamos en un momento muy peculiar, muy álgido, de lo que supone la relación del Primer Mundo con el Tercer Mundo, porque nuestra principal preocupación es la de fomentar un tipo de relación humanitaria, un tipo de relación que tenga conexiones con los padecimientos del Tercer Mundo, y por ello, en este momento, la primera preocupación de la Unión Europea debería ser parar esta guerra atroz que se desarrolla en el Iraq y que es una vergüenza y una obscenidad para Occidente. 
Es una forma de cooperar y, junto con esta petición que debería hacer la Unión Europea, este tipo de programas como el que estamos viendo, son ejemplo de lo mucho que la vieja Europa, que la Unión Europea, puede aportar a un mundo distinto del que se propone en otros ámbitos. 
Yo quería señalar la pertinencia de la propuesta que se hace, porque supone ir al corazón mismo del problema de estas tres grandes enfermedades que, en los sucesivos informes de la OMS, se ha revelado como las más importantes, causando mortalidad y sufrimiento en todo el mundo. 
Querría señalar asimismo que el círculo de Horwitz, el círculo de pobreza y enfermedad, no es un círculo que se tenga que atacar solamente por un frente, y que aunque es verdad que es necesario aumentar la capacidad económica del conjunto de países para poder disminuir las enfermedades, también lo es que hay que ir a cuestiones concretas que permitan investigar, facilitar el acceso a los medicamentos, lograr una cooperación distinta y poner en cuestión incluso, a veces, aspectos como el de la propiedad intelectual. 
Porque los que somos investigadores, médicos y catedráticos sabemos que el conocimiento que tenemos hoy no se debe solo a nosotros, sino que es la herencia de siglos de esfuerzo de la inteligencia humana para poder mejorar las condiciones de la Humanidad y, por lo tanto, no es exclusivamente propiedad de una industria, sino que proviene de un acervo común. 
Por ello es importante el que programas como estos puedan servir para inaugurar etapas nuevas de relación del patrocinio, precisamente por esta herencia que yo creo que tenemos, por esta deuda histórica con el África Subsahariana por la etapa anterior de colonialismo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a Gérard Caudron por su informe sobre la primera aplicación del artículo 169 del Tratado en el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
En efecto, su labor ha promovido una excelente cooperación entre nosotros y ha facilitado el éxito de esta excelente propuesta. 
Ello se debe a la valiente iniciativa tomada por el Comisario Busquin, e implica asignar un total de 600 millones de euros a investigación a gran escala, con el objetivo de combatir el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis, en el marco del programa EDCTP. 
Dada la importancia de este objetivo y los medios puestos en juego para conseguirlo, es vital que insistamos en las normas éticas que deben respetarse en el ámbito de la investigación. 
Asimismo, debemos insistir en que los resultados de esta investigación se pongan a disposición del interés general, y debemos colaborar con los países en vías de desarrollo y fomentar el progreso científico y técnico de estos países. 
Los principios éticos en cuestión son los que establecen el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales, así como los definidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos de la investigación médica en seres humanos. 
El programa Cooperación de Europa y los Países en Desarrollo sobre Ensayos Clínicos debe aplicar las buenas prácticas clínicas definidas en la Directiva 2001/20/CE sobre la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano en la Unión Europea. 
El programa EDCTP debería promover la formación de especialistas y el desarrollo de las capacidades en los países más desfavorecidos, intensificar la transferencia de tecnologías a estos países, así como movilizar recursos adicionales para luchar contra estas enfermedades. 
La Comunidad velará por que estas decisiones estratégicas, así como la aplicación de los programas respondan al objetivo de poner en el mercado productos que sean, a la vez, eficaces, lo más asequibles posibles y fáciles de usar, adaptados a las condiciones específicas de los países en vías de desarrollo. 
Estas decisiones deben implicar la participación activa de las partes interesadas de los países en vías de desarrollo, de expertos científicos del Norte y el Sur, de representantes de grupos de pacientes, de las ONG y de la OMS. 
Por último, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea espera que los resultados obtenidos con este programa se consideren un bien público y que, por tanto, no estén sujetos a normas de propiedad intelectual como las que se definen en los acuerdos TRIPS, con el fin de garantizar que los países en vías de desarrollo tengan acceso a los tratamientos resultantes de esta investigación al precio más bajo posible. 
Señor Presidente, en la actualidad más de 40 millones de personas de todo el mundo están enfermas de sida. 
En el continente africano, esta epidemia ya está amplificando el impacto del hambre que en la actualidad amenaza a tantos países de África. 
En todo el mundo solo se invierten 3 millardos de dólares al año en el intento de detener el avance del sida. 
Esta cifra debe aumentar al menos hasta los 10 millardos de dólares anuales si queremos combatir la enfermedad con eficacia. 
Tenemos la tecnología y los tratamientos necesarios para combatir enfermedades como el sida. 
Sin embargo, los Gobiernos de los países en desarrollo no pueden permitirse pagar los elevados precios de las medicinas que necesitan para combatir la enfermedad. 
Hay que dar a los países en desarrollo el derecho a distribuir estas medicinas tan necesitadas a sus propios ciudadanos según sus propias condiciones de licencia. 
Esto solo se podrá conseguir si los países miembros de la Organización Mundial de la Salud se ponen de acuerdo. 
La Unión Europea debe batallar en primera línea para lograr que el Gobierno estadounidense acepte un acuerdo que garantice la distribución de fármacos que, en los países en desarrollo, podrían atajar y eliminar enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis. 
El tiempo es esencial en este sentido, porque cuanto más nos retrasemos, más vidas se perderán. 
Señor Presidente, felicidades al Sr. Busquin y al Sr. Gérard Caudron. 
Gérard ha trabajado con rapidez, pero no ha sido chapucero ni irreflexivo. 
A pesar de haber trabajado con rapidez, hemos conseguido logros importantes. 
Esto es innovación. 
Es un nuevo modo de utilizar del artículo 169, que comportará un apoyo considerable, con 200 millones de euros de la UE más 200 millones de euros de los Estados miembros y esperamos al menos una cantidad equivalente procedente del sector. 
En este terreno, el mercado ha fallado, como suele ocurrir, y hasta el momento ha habido cierta carencia de liderazgo público, con un cuello de botella particular en el tema de los ensayos clínicos para encontrar nuevos productos. 
Hemos oído que es la principal causa de mortandad, que cada año mueren 5 millones de personas, un 95% de las cuales en países pobres. 
Ayer mostramos públicamente nuestro dolor por las víctimas de la irresponsable e inmoral guerra del Iraq llevando brazaletes negros. 
Deberíamos llevarlos cada día en honor a las víctimas de esas enfermedades asesinas. 
Por supuesto, se trata de un ataque con muchos frentes. 
Otros oradores ya han hablado de ello. 
Se necesitan otras acciones, pero esta acción concreta es la investigación. 
Servirá para realizar ensayos clínicos que permitan el desarrollo de nuevos productos, en especial una nueva vacuna para la tuberculosis, mejores instrumentos de diagnóstico y cócteles de medicamentos para el VIH/sida que sean más fáciles de tomar y tengan menos efectos secundarios. 
Esto es lo que queremos en definitiva. 
Este será el resultado de estos ensayos clínicos. 
Nos hemos propuesto que este sea nuestro objetivo. 
A pesar de la complejidad del problema, tengamos en cuenta en todo momento lo que queremos conseguir al final. 
Debemos reforzar la capacidad de investigación clínica en los países en desarrollo. 
Una de las tragedias de nuestro planeta es el desperdicio de inteligencia humana y creatividad en países que han sido discriminados políticamente, si no minados por la pobreza. 
Debemos fomentar la inteligencia y la creatividad creando infraestructura, formación y todo lo demás. 
Todo ello debe afianzarse en los países en desarrollo para garantizar que si encontráramos todas estas cosas, si encontráramos una vacuna mejor para la tuberculosis, fármacos mejores para el VIH/sida y mejores pruebas de diagnóstico, estarían a disposición de quienes las necesitan. 
Sería la mayor de las obscenidades realizar todo este trabajo, descubrir los productos y comprobar después que quienes los necesitan no pueden utilizarlos. 
Estoy muy contenta de que se haya insistido en ello y agradezco muchísimo el trabajo de Gérard Caudron así como, por supuesto, el del Comisario Busquin. 
Señor Presidente, quisiera empezar mi intervención felicitando a todos los que han participado en esta tarea- el Sr. Caudron, la Sra. Sandbæk, la Comisión y el Consejo -, porque se trata de un programa de acción muy importante. 
Hemos prometido a los países en vías de desarrollo que vamos a erradicar allí la pobreza, algo que no será posible si no vencemos a enfermedades como el VIH/sida y la malaria. 
Creo que, ahora que se ha debatido en el Parlamento, la propuesta es mejor de lo que parece, porque la de la Comisión ponía mucho énfasis en aspectos puramente médicos. 
No obstante, al igual que otras personas que han intervenido en este debate, creo que el éxito depende fundamentalmente del trabajo preventivo y de los esfuerzos que se hagan antes de que estalle la epidemia. 
Por supuesto, la cuestión del acceso y los precios tiene una gran importancia. 
Lo que no debemos olvidar es que el tratamiento con lo que se conoce como medicamentos de efecto retardante constituye, sin embargo, una forma muy complicada de medicación que también requiere un sistema médico y de atención sanitaria que funcione. 
Finalmente, quiero plantear la misma cuestión que la Sra. Sandbæk ha formulado a la Comisión: ¿se ha empezado ya a hacer algo? 
¿Qué han hecho los Estados miembros? 
¿Qué ha hecho la Comisión, en términos prácticos? 
Ya no basta con intenciones nobles y palabras bonitas sobre el papel. 
Lo que necesitamos sin demora son acciones prácticas. 
Señor Presidente, hay ocasiones en que las palabras pierden significado y la falta de acción quita credibilidad a lo que decimos. 
Esperemos que esta no sea otra de dichas ocasiones. 
Si la política es el arte de lo posible, desafiémonos a nosotros mismos a hacerlo mejor, a responder de forma más positiva y atenta a las desesperadas peticiones de los condenados a morir de sida, enfermedad y hambre. 
Demos significado al artículo 2 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que es el derecho a la vida. 
Me parece increíble que podamos encontrar millones para infligir la tortura de la guerra a la humanidad y no dispongamos de recursos para resolver las necesidades humanas básicas de quienes viven en la profundidad de la pobreza y la desesperación. 
¿Es la política realmente el arte de lo posible o hemos perdido de vista los principales valores de la sociedad a la que pretendemos representar? 
Señor Presidente, Señorías, el sida, la malaria y la tuberculosis son una sentencia de muerte para aquellos que las contraen, sobre todo en los países pobres, pero ya no existe ninguna justificación para que alguien tenga que morir de malaria o tuberculosis. 
Éstas y otras enfermedades infecciosas se pueden curar con medicamentos eficaces. 
A través del programa de investigación, la Unión Europea está contribuyendo económicamente a luchar contra estas enfermedades, y esperamos que, gracias a este, las personas enfermas de sida de los países en vías de desarrollo tengan la oportunidad de conseguir fármacos eficaces y asequibles para tratar su terrible dolencia. 
La Comisión de Presupuestos ha acogido con agrado este informe de manera unánime. 
Sin embargo, deberíamos tener claro que destinar fondos al programa de investigación no resuelve por sí solo los problemas. 
La pobreza, el subdesarrollo, la falta de educación y la falta de interés político favorecen la expansión del sida, la malaria y la tuberculosis. 
A propósito de ello, todas aquellas personas que ocupan cargos de responsabilidad deben comprometerse aún más. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que tenemos ante nosotros es muy importante. 
La tuberculosis, el sida y la malaria no son solo una causa de sufrimiento para muchas, muchísimas personas, sino que se han convertido también en obstáculos reales para el desarrollo económico, social y cultural de regiones enteras de nuestro planeta. 
Además, echan a perder otras iniciativas que estamos emprendiendo para crear un mundo más justo. 
Por lo tanto, es fundamental que la iniciativa que estamos examinando hoy, que tiene como objetivo combatir estas lacras relacionadas con la pobreza inyectando sumas considerables de dinero- más de 800 millones de euros- en la fabricación de nuevos fármacos, se apruebe en primera lectura y se ponga en práctica lo antes posible, porque la situación es urgente. 
Está en juego la vida de 5 millones de personas al año. 
Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de esta importante iniciativa, porque es un verdadero modelo de programa de investigación que debe ser gestionado conjuntamente por la Unión Europea, los Estados miembros y los países asociados, y tenemos derecho también a confiar en que inspire otras medidas, para que se preste una atención parecida a otras enfermedades que están cobrando un peaje muy caro a los países más pobres de nuestro planeta. 
Sin embargo, esta iniciativa es también un modelo para la nueva filosofía que hace falta aplicar a las relaciones Norte-Sur, unas relaciones que no impliquen la explotación, el dominio o la ayuda paternalista, sino que se basen en la cooperación, de cara a promover la independencia tecnológica y el desarrollo de los países en cuestión, así como su participación activa en la aplicación y la coordinación del programa. 
Por el mismo motivo, deberíamos considerar el precio de los medicamentos patentados y la puesta en marcha de servicios sanitarios de carácter público. 
Naturalmente, estoy pensando en el AGCS y el TRIPS, en los que el concepto de cooperación se ha abandonado en favor de ideas sobre la propiedad intelectual y la liberalización. 
Quiero abogar, una vez más, por la cooperación y el desarrollo de sinergias dentro de la Comisión. 
Por último, señor Presidente, deseo dar las gracias al Comisario Busquin por habernos proporcionado, a través del Sexto Programa Marco, los recursos necesarios para desarrollar este programa, y también quisiera dar nuevamente las gracias al Sr. Caudron por la calidad de su trabajo. 
Me gustaría decir también que esto no es más que el principio de un largo trayecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el estudio de la Comisión, que apoya esta propuesta, es a la vez aterrador y alentador. 
Es aterrador porque presenta una visión dramática de la situación sanitaria que se vive en los países donde se concentran las tres principales plagas de este siglo, de las que estamos hablando- el sida, la malaria y la tuberculosis -, que se cobran más de cinco millones de víctimas cada año. 
El sida es el azote más reciente, y un 90% de los casos corresponden a países en vías de desarrollo, mientras que el 70%, al África subsahariana: hay más de 40 millones de personas infectadas. 
La malaria volvió a brotar en los años setenta y se cobra cada año un millón de víctimas. 
La tuberculosis, que se ha erradicado en los países occidentales, mata a dos millones de personas al año, quizás también, al igual que ocurre con la malaria, a causa de la irresponsabilidad de los denominados países desarrollados, que bajan la guardia. 
Alentadoras son las cifras del nuevo esfuerzo realizado por todos los Estados miembros, que han destinado 600 millones de euros para investigación, además de los 100 millones estipulados en el Quinto Programa Marco. 
Es importante ahora que este programa llegue directamente a los destinatarios, superando el problema habitual del coste extremadamente elevado de los medicamentos, sobre todo para unos países cuyos presupuestos son muy reducidos y que necesitan una gran ayuda por nuestra parte. 
Por lo tanto, quiero reiterar una propuesta, que ya se ha avanzado, para reducir estos costes: abolir todos los cánones que se pagan por los fármacos y responsabilizar, si es posible, no solo a las empresas farmacéuticas de la Unión Europea, sino a las de todo el mundo. 
En resumen, es importante que nuestra actividad política no sea, nuevamente, estéril y limitada al debate en esta Cámara: que, por una vez, los Estados miembros y otros países, en colaboración, procuren tomarse las cosas en serio, para que demos ejemplo de pragmatismo y responsabilidad. 
Ciertamente, la Carta de los Derechos Fundamentales es más importante que las reglas de mercado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quiero dar las gracias al ponente por sus interesantes historias, pero le vamos a dejar que se quede en su pequeño mundo. 
El sida, la tuberculosis y la malaria son enfermedades relacionadas con la pobreza, y de hecho, como ya se ha mencionado aquí, cinco millones de personas mueren cada año por su causa, sobre todo en el África subsahariana. 
Es un círculo vicioso. 
La pobreza es un obstáculo para el desarrollo de un sistema viable de tratamiento médico, y a su vez, las enfermedades impiden el desarrollo y la eliminación de la pobreza. 
Necesitamos una acción rápida, recursos adecuados y un sistema global de cooperación para romper este círculo vicioso. 
Es preciso un nuevo tipo de cooperación. 
¿Cuándo contaremos con 300 000 personas combatiendo la enfermedad en los países pobres? 
Este proyecto nuestro no tiene precedentes por lo que se refiere a sus objetivos y su ámbito de alcance. 
Hasta la fecha, la falta de cooperación y la falta de instalaciones y personal cualificado para los ensayos clínicos, en los países en vías de desarrollo, han constituido un obstáculo para la inversión. 
Debemos hacer algo al respecto, combinando experiencia y recursos. 
Es necesario también lograr que nadie obtenga beneficios con los medicamentos destinados a los países pobres, que son, literalmente, un factor de vida o muerte. 
El sida, la tuberculosis y la malaria revelan la existencia de una crisis en la sociedad, ya que son responsables de la muerte de muchas personas. 
Lo que quiero preguntar a la Comisión es lo siguiente: ¿sería posible crear en la Unión equipos que se ocuparan de la crisis social: por ejemplo, grupos de cien mil personas formados por médicos, enfermeras, ingenieros y maestros? 
¿No podría ser esto lo que necesitamos en la Unión Europea para ayudar a los demás? 
Señor Presidente, yo también acojo con mucho agrado la medida que se debate hoy aquí, precisamente porque satisface una serie de requisitos que, por lo que veo, son conocidos por todos los diputados que han decidido hablar de ellos esta mañana, en la Cámara. 
El primer motivo de satisfacción es el hecho de que este informe dé un impulso a la investigación en sectores, como el farmacéutico, en los que Europa hace muy poco. 
En mi opinión, el Sexto Programa Marco y los recursos que se han puesto a disposición con arreglo a este programa son un testimonio del deseo de Europa de asignar unos recursos considerables a la investigación en este ámbito, lo que no tiene solo un valor económico, sino también social y político. 
No es una casualidad que obtener patentes y tener la posibilidad de producir medicamentos y poder influir en su coste, especialmente en los países en vías de desarrollo, implique, por una parte, seguir adelante con una política de desarrollo para nosotros y, por otra parte, de ayuda para los países en vías de desarrollo. 
Muchos diputados han resaltado que esta investigación, que se propone ayudar a combatir enfermedades aumentando el grado de conocimiento para poder producir nuevos fármacos y mejorar los existentes, se combina con otras políticas que nosotros, al igual que Europa, debemos impulsar en los ámbitos de la educación y el empleo, porque la educación, el empleo y la salud son los únicos factores que pueden contribuir a la democracia en estos países que ven a Europa como un punto de referencia cada vez más claro. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente, el Sr. Caudron. 
Creo que este informe es el resultado del excelente trabajo que ha llevado a cabo como ponente sobre el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, al que, además, contribuí como ponente de opinión para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, en su fase inicial. 
La cooperación que estamos estableciendo al aplicar el artículo 169 es una novedad, parece ser que sin precedentes, y por lo tanto la acogemos con sumo agrado: es una aportación auténtica y tangible para luchar contra las enfermedades relacionadas con la pobreza, una lucha en la que la Unión Europea ha asumido sus responsabilidades ocupando una posición de primera línea como primer donante del mundo. 
El presupuesto asignado- 600 millones de euros- se suma a una serie de iniciativas puestas en práctica desde Durban con el fin de reforzar y hacer más eficaz la lucha contra estas enfermedades que principalmente afectan a los países en vías de desarrollo: mencionaré tan solo el Fondo Mundial, creado en la cumbre del G8 en Génova, y el programa de acción de la Comunidad Europea. 
Esta continuidad es ciertamente un signo muy positivo, pero cada vez es necesario hacer más: en África, cada minuto mueren de sida cinco personas; en 2001, la malaria y la tuberculosis se cobraron un millón y dos millones de víctimas, respectivamente. En resumen, estas tres enfermedades están ralentizando, de hecho, el desarrollo de los países afectados y están contribuyendo a mantenerlos en la pobreza. 
Por este motivo, es necesario, o más bien indispensable, invertir y centrar todos los esfuerzos en obtener una respuesta sistemática de toda la comunidad internacional. 
Esta cooperación coordinada entre los Estados miembros, la Unión Europea y el sector privado, que se vale de un nuevo planteamiento coordinado para una estrategia comunitaria a largo plazo en la lucha contra estas tres enfermedades, tiene el gran mérito de implicar activamente a los propios países en vías de desarrollo, lo que permite conseguir mejoras reales. 
Por lo tanto, para que esta participación sea eficaz y eficiente, es fundamental que tenga lugar con la máxima transparencia, para que los esfuerzos y los recursos desplegados sean tangibles. 
- (FR) Señor Presidente, Señorías, quiero darles las gracias sinceramente por sus aportaciones. 
Como ha afirmado el ponente, el Sr. Caudron, al inicio de su intervención, creo que nos estamos enfrentando a un reto en el que el tiempo desempeña un papel primordial. 
Por eso, la voluntad del Parlamento, del Consejo y de la Comisión de trabajar juntos para tratar de coordinar sus esfuerzos lo más rápidamente posible es, tal y como yo lo veo, un factor determinante para el éxito de esta acción, que evidentemente no va a resolver todos los problemas, pero que va a mejorar la eficacia de los esfuerzos de Europa en el ámbito de la investigación y el desarrollo. 
Lo que marca la diferencia en este programa es que implica la participación de socios de África, donde se va a poner en práctica el proyecto. 
Volviendo a sus distintas aportaciones, creo que las enmiendas de transacción que van a someter a votación en breve reflejan, en gran medida, las preocupaciones y las aspiraciones que han expresado individualmente. 
Como ya he dicho, es evidente que este proyecto no podrá resolver todos los problemas, pero es un paso adelante que debería proporcionarnos un modelo para otras acciones en el futuro. 
No obstante, ante todo necesitamos poner en práctica este programa. 
Por eso, quiero decir, en nombre de la Comisión, que aceptamos las 36 enmiendas de transacción, que reflejan el espíritu de la propuesta original de la Comisión, a la vez que la mejoran y la enriquecen. 
Quisiera resaltar, una vez más, la calidad de la labor del Parlamento y el apoyo que la Comisión ha recibido. 
No solo hemos contado con apoyo, sino que nuestra propuesta también se ha visto mejorada y reforzada, lo que la ha hecho más llamativa. 
Pienso que el hecho de que sea más llamativa es muy importante, porque es un nuevo punto de partida para nosotros. 
Así que ahora depende de los Estados miembros demostrar la misma determinación y voluntad, lo que ha constituido siempre un problema cuando hemos intentado hacer algo nuevo. 
El propio programa marca una etapa decisiva. 
Quisiera mencionar también, dado que algunos de ustedes han planteado la cuestión, que el programa forma parte del programa de acción de la Comisión, en un sentido más amplio. 
Obviamente, al abordar el sida, la malaria y la tuberculosis estamos entrando en el ámbito de la investigación, pero también en otros ámbitos como el desarrollo y el comercio. 
Por tanto, no se trata de una iniciativa aislada: vamos a integrar el programa en la estrategia global de la UE en este campo. 
Por la misma razón, quisiera decir que el programa conjunto, que es la fase en que nos embarcamos ahora, se está creando tomando como base los programas de cada Estado miembro. 
Ya tenemos un gran conocimiento de estos programas, señora Sandbæk, y por eso sabemos que hay alguna duplicación de esfuerzos. 
Era de esperar, pero eso demuestra que no somos todo lo eficientes que deberíamos ser. 
Depende ahora de nosotros y de los Estados miembros corregir ese fallo. 
Quisiera decir, además, que, en aplicación del artículo 169 del Tratado, debemos contar con una base jurídica para actuar. 
La Comisión tendrá, por tanto, que esperar a la firma del acuerdo tripartito entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, para hacer que los Estados miembros apliquen, sin tardanza, el programa conjunto. 
Nosotros solo aportaremos nuestra contribución económica cuando el programa conjunto esté en marcha. 
Una vez dicho esto, señora Sandbæk, permítame responder a su pregunta específica. En la actualidad, hay varias acciones concretas en marcha, especialmente en el ámbito de los medicamentos contra la malaria. 
Alemania, el Reino Unido y España ya se han puesto manos a la obra en tres centros médicos de África. 
Un segundo ejemplo muy concreto es el de la escuela de salud de Viena, que está formando a investigadores africanos en la metodología de los ensayos clínicos. 
He aquí algunos ejemplos de este tipo de actividades. 
Quisiera acabar dando las gracias, de todo corazón, al ponente, el Sr. Caudron, y a sus ponentes alternativos, el Sr. Nisticò, el Sr. Piétrasanta, la Sra. Corbey y la Sra. Flesch, y a todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, incluyendo su presidente, el Sr. Westendorp y Cabeza. 
Por supuesto, también quiero dar las gracias a las demás comisiones por sus aportaciones. 
Se me viene a la cabeza la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y su ponente de opinión, la Sra. Sandbæk, así como la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Quisiera añadir que la cooperación con las sucesivas presidencias- es decir, la danesa y la griega- ha contribuido, en gran medida, a que se pueda alcanzar la mejor solución posible para todos. 
El Sr. Caudron ha sido un testigo privilegiado de ello. 
Por tanto, quiero dar las gracias a las Presidencias danesa y griega. 
Por último, señor Presidente, Señorías, creo que todos hemos comprendido la magnitud de la tragedia de la que son responsables estas enfermedades en los países en vías de desarrollo, y especialmente en África. 
Por tanto, esperamos que este experimento sea concluyente y que abra el camino a otras iniciativas similares sobre enfermedades a las que ahora no se presta atención. 
Y digo esto como respuesta a varias preguntas. 
Creo que, con este primer ejemplo, podremos demostrar que, gracias a iniciativas llevadas a cabo en virtud del artículo 169, disponemos ahora de un instrumento adicional que nos permitirá acometer otras acciones aún más eficaces a escala europea. 
Deberíamos examinar las posibilidades que nos brinda esta perspectiva. 
En cualquier caso, deseo darle las gracias al Parlamento por su gran aportación. 
Señor Presidente, en diciembre de 2001, la Comisión aprobó su Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo. 
Este hecho provocó un amplio debate entre profesionales y profesores de universidad, más allá de los círculos judiciales. 
Tal era la intención de la Comisión, y quisiera darle las gracias por ello. 
El Parlamento Europeo también se implicó en el debate. 
Antes incluso de que apareciera el Libro Verde, pidió en varias resoluciones que se llevara a cabo una mejor protección de las finanzas de la UE mediante la creación de un Fiscal Europeo para cuestiones financieras que resolviera el creciente número de casos de delitos transfronterizos que afectan al presupuesto de la UE. 
Ha llegado el momento. 
La UE se halla a las puertas de la ampliación, y el año que viene ingresarán diez nuevos Estados. 
El presupuesto de la Comunidad seguirá creciendo, y la administración del dinero europeo se volverá aún más compleja. 
Al mismo tiempo, la delincuencia transfronteriza aumentará a medida que la tecnología moderna permita una profesionalización cada vez mayor de esta. 
La fragmentación territorial de los derechos penales y las dificultades para la cooperación judicial entre los Estados miembros son la causa de que casi nunca se detenga, y aún menos se condene, a los delincuentes. 
Las estadísticas señalan que el presupuesto de la UE pierde alrededor de un millardo de euros al año debido al crimen organizado internacional. 
Es posible que este dinero esté financiando otras estructuras delictivas. 
El contrabando de tabaco es el mejor ejemplo. 
El dinero de los contribuyentes europeos se pierde y no se puede dedicar a los auténticos objetivos de la UE. 
Repito: se pierde, porque incluso hoy día, en Europa, no disponemos aún de unas estructuras eficaces para llevar ante los tribunales a aquellos que cometan delitos financieros en la UE. 
El Consejo reconoció el peligro, en la medida en que incorporó la protección de los intereses financieros al primer pilar del Tratado de Maastricht y consagró la cooperación con la Comisión en el Tratado de Amsterdam. 
Con el informe de hoy de la Comisión de Control Presupuestario, el Parlamento se une a los 72 dictámenes de diversa procedencia que la Comisión ha recibido y ha examinado, hasta el momento, en relación con el Libro Verde. 
Les rogamos que tengan en cuenta que nuestro informe es un informe de propia iniciativa, y no un informe legislativo. 
Los miembros de esta comisión nos hemos tomado nuestro tiempo para preparar un análisis profundo sobre «la creación de un Fiscal Europeo» , hemos encargado a expertos que realicen estudios externos y hemos organizado una audiencia con los Parlamentos Nacionales y los representantes de la sociedad civil. 
En este informe, presentamos alternativas y pedimos a la Comisión que realice mejoras, en especial por lo que se refiere a la protección de los derechos básicos y los derechos de defensa y supervisión del Fiscal Europeo y sus vínculos con las estructuras existentes. 
Queremos vínculos con las estructuras existentes de la OLAF, Eurojust y Europol. 
De esta forma, deseamos evitar la duplicación, pero a la vez, deseamos que el Fiscal sea un instrumento eficaz para la protección de las finanzas comunitarias a escala europea. 
Existen propuestas claras en relación a cómo podría cooperar el futuro Fiscal Europeo con las autoridades nacionales de los Estados miembros. 
La máxima aquí es el principio de subsidiariedad. 
Todas las preguntas sobre cómo debería funcionar la Fiscalía Europea se pueden resolver mediante el derecho secundario. 
Me gustaría dar las gracias a mis colegas de la comisión, así como a los de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la Comisión de Peticiones por su cooperación positiva y constructiva. 
Sus propuestas se han incorporado a este informe. 
Nuestra principal preocupación es que se establezca en el Tratado una base jurídica adecuada para la creación de esta Fiscalía Europea, y que el Consejo nombre a este nuevo órgano con el consentimiento del Parlamento. 
La revisión de los tratados sigue siendo un requisito previo esencial, porque solo una reforma de los tratados puede legitimar la propuesta. 
Pedimos a la Convención Europea que proporcione esta base jurídica para la creación de un Fiscal Europeo que proteja los intereses financieros de la UE, de modo que se pueda incluir en la agenda de la Conferencia Intergubernamental de 2004. 
Como he dicho antes, ha llegado la hora. 
Queremos que se creen los medios necesarios en la Unión Europea y que esta refuerce y garantice la protección de los intereses financieros comunitarios antes de que tenga lugar la ampliación. 
Todos queremos un espacio de libertad, seguridad y justicia donde se ponga fin al fraude y a la corrupción que se comete a expensas del presupuesto de la UE y, por tanto, del contribuyente europeo. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la ponente y la felicito por su informe. 
La cuestión de la creación de un Fiscal Europeo para luchar contra el fraude es un ejemplo de los problemas, de la lentitud y de la inadecuación de la integración de la Unión Europea. 
Para todos es evidente la amplitud y la gravedad del fraude cometido en detrimento de los intereses financieros comunitarios. 
Igual de obvia es la falta de eficacia de los esfuerzos realizados para combatir este tipo de delincuencia, que en general queda impune. 
El Parlamento Europeo condenó, hace más de doce años, la gravedad de la situación. 
Años de concienzuda investigación han desembocado en la redacción de una propuesta concreta y factible para la creación de un Fiscal Europeo que combata el fraude, según los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, con un corolario de disposiciones penales y procesales capaces de resolver, de manera justa, gran parte de los problemas que plantea la necesidad de una iniciativa penal centralizada y de que las sentencias penales se reserven a los jueces nacionales. 
La base jurídica para esta creación de una Fiscalía Europea fue propuesta por la Comisión en la Conferencia Intergubernamental de Niza que, por desgracia, también en este ámbito, fracasó por falta de un deseo común de los Gobiernos y de una perspectiva europea en estas cuestiones. 
El arranque de la cooperación judicial intergubernamental por medio de Eurojust ha creado unas expectativas más ambiciosas y menos realistas, a la vez que ha traído consigo nuevas excusas para nuevos retrasos. 
Ya ha pasado el tiempo de los retrasos: debemos poner en práctica iniciativas que garanticen un nivel uniforme de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en los procedimientos penales y unas normas mínimas para la admisibilidad de las pruebas; y la Convención sobre el Futuro de Europa debe proponer una base jurídica adecuada en la Constitución Europea que sea suficientemente flexible para permitir la creación de un Fiscal Europeo que combata el fraude, capaz, en el futuro, de evolucionar en el ámbito de Eurojust y adquirir unos objetivos más amplios en relación con la lucha contra la delincuencia transfronteriza. 
Señor Presidente, Señorías, como ya se ha dicho, el fraude y el delito económico y financiero representan un perjuicio de grandes proporciones para los intereses financieros de la Unión Europea, y según las estimaciones estamos hablando de 1000 millones de euros al año. 
Ciertamente, con la ampliación esta situación no va a mejorar, ya que fragmentará aún más el espacio judicial europeo, aumentará el número de órganos administrativos implicados en la gestión de los fondos comunitarios y, en consecuencia, incrementará el riesgo de fraude. 
Como sabemos, este fraude y esta delincuencia preocupan al Parlamento Europeo desde hace mucho tiempo, y el artículo 280 del Tratado de Amsterdam otorgó a la Comunidad competencias para tomar medidas eficaces y equivalentes en todos los Estados miembros. 
Por lo tanto, doy todo mi apoyo al Libro Verde de la Comisión sobre la creación de un Fiscal Europeo encargado de defender los intereses financieros de la Comunidad, así como al informe de la Sra. Theato. 
Apoyo también la incorporación de un nuevo artículo 280 bis al futuro tratado constitucional, una idea que, de hecho, fue rechazada por la última Conferencia Intergubernamental, a pesar del respaldo de esta Cámara en el año 2000. 
En definitiva, la creación de un Fiscal Europeo es algo muy necesario, pero debemos garantizar su legitimidad democrática logrando que el Parlamento Europeo dé su aprobación para su nombramiento. 
Es conveniente también insistir en la necesidad de que el Fiscal Europeo y sus fiscales delegados tengan un estatuto que garantice una total independencia con respecto a las partes en litigio, a los Estados miembros y a las instituciones y órganos comunitarios. 
Además, es fundamental garantizar la uniformidad de su actuación en el conjunto del espacio judicial europeo, recurriendo para ello al principio de legalidad de las actuaciones judiciales e imponiendo unas normas estrictas para la desestimación condicional de casos. 
Debemos apoyar también la creación, dentro del Tribunal de Justicia, de un tribunal comunitario responsable de preparar los casos penales. 
Finalmente, por supuesto también será importante garantizar una mejor coordinación- de hecho, la mejor coordinación posible- entre el Fiscal Europeo y las estructuras de la OLAF, Eurojust y Europol. 
Como la Sra. Theato acaba de decir, hemos hecho un llamamiento a la Convención, y esperamos que asuma nuestros puntos de vista. 
Señor Presidente, quisiera comenzar mi intervención felicitando a la Sra. Theato por su excelente trabajo. 
En su dictamen, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha apoyado la creación de un Fiscal Europeo. 
La ha apoyado porque cree que los problemas a los que la Unión Europea se enfrenta en la actualidad requieren una solución y un planteamiento más sistemáticos. 
La primera cuestión tiene que ver con la jurisdicción del Fiscal Europeo. 
Por supuesto, todos estamos de acuerdo en que el punto de partida era combatir el fraude, contra el que tiene que hacerse algo de inmediato. 
Es un triste hecho, por desgracia, pero no deja de ser un hecho. 
Sin embargo, la comisión señaló que las relaciones transnacionales y las estructuras colectivas a las que recurren los Estados miembros implican que hay que adoptar un planteamiento evolutivo con respecto a la jurisdicción del Fiscal Europeo, para que, si es necesario, en una fecha posterior se puedan añadir competencias para luchar contra otros delitos: desgraciadamente, como todos sabemos, el sistema internacional actual siempre está inventando nuevos delitos. 
La segunda cuestión planteada por la Comisión de Asuntos Constitucionales se refiere al papel del Parlamento en relación con el Fiscal Europeo. 
Creemos que el Parlamento Europeo, que fue el primero en hacer hincapié en los problemas del delito paneuropeo, debería ser la institución ante la que el Fiscal Europeo rindiera cuentas. 
En tercer lugar, la creación de un Fiscal Europeo está estrechamente ligada a la elaboración del Derecho penal europeo, una elaboración que es inevitable, y por último, pienso que es importante señalar, en el marco de la estructura de relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, de qué manera se relacionará el Fiscal Europeo con los fiscales nacionales. 
Señor Presidente, señora ponente, Señorías, siento mucho no haber podido estar presente durante su intervención, señora Theato. 
Tenía una reunión tripartita, aquí en la Cámara, que acaba de terminar. 
Combatir el fraude cometido contra el presupuesto europeo es y sigue siendo una de las preocupaciones más importantes de la Comisión. 
Sabemos que podemos contar plenamente con el Parlamento, ya que ha tomado y está tomando muchas iniciativas al respecto. 
Todos sabemos que la única forma adecuada y eficaz de combatir los delitos contra las finanzas de la Comunidad es que exista un enjuiciamiento penal coherente. 
Por este motivo, en el año 2000, la Comisión propuso incluir en el Tratado de la CE una disposición para la creación de una Fiscalía Europea. 
En aquel momento, el Consejo decidió no incluirla. 
Fue en diciembre de 2001 cuando la Comisión presentó el Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, que se está debatiendo hoy y es el asunto sobre el que versa el informe. 
Basándose en este Libro Verde, la Comisión inició, en 2002, un proceso de debate. 
El Parlamento Europeo, y en concreto la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, ha realizado una importante contribución al debate, además de darle un impulso. 
Señora Theato, todos los que estamos aquí sabemos que no habríamos avanzado tanto en el proyecto de crear un Fiscal Europeo sin su compromiso y sin su apoyo activo. 
Me gustaría darle las gracias por ello, en nombre de la Comisión. 
La semana pasada, la Comisión presentó un informe de seguimiento del Libro Verde donde resumía los resultados de la consulta pública. 
La mayor parte de las personas que participaron en el debate y en el proceso de consulta muestran una actitud básicamente positiva hacia el Fiscal Europeo. 
Como todos sabemos, los Gobiernos tenían más reservas al respecto que los profesionales del Derecho, que las organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, que las personas que tienen que tratar cada día esta cuestión. 
Pero solo una minoría se expresa totalmente en contra del proyecto. 
Sin embargo, y por encima de todo, la aceptación del proyecto de creación de un Fiscal Europeo ha aumentado considerablemente a medida que ha ido avanzando el año. 
Por lo tanto, la Comisión reafirma su propuesta de creación de un Fiscal Europeo. 
Este resultado es aún más importante, ahora que- como alguien ya ha afirmado- la Convención ha entrado en su fase crucial. 
En estos momentos se están debatiendo las propuestas concretas de constitución. 
La semana pasada, el Presidium de la Convención propuso incluir un artículo 20 sobre la Fiscalía Europea en el Título «Justicia y Asuntos de Interior» , y el Pleno de la Convención dará su opinión al respecto la próxima semana. 
En esta fase crucial es básico que el Parlamento y la Comisión remen en la misma dirección y envíen un mensaje claro a la Convención. 
Ya es motivo de cierta satisfacción que nuestra preocupación común haya hecho posible que la Fiscalía Europea cuente con su propio artículo en el proyecto de Tratado. 
El debate ha contribuido a lograr esto, y en gran medida es mérito suyo. 
Sin embargo, la Comisión opina que la propuesta del Presidium no llega lo suficientemente lejos. 
Se queda corto con respecto al objetivo real. 
Lo que se propone es una cláusula que otorgue poderes al Consejo para crear la Fiscalía Europea por unanimidad, en el futuro. 
Con una cláusula de este tipo, el Fiscal Europeo podría muy bien llegar a convertirse en una promesa vacía, en una Unión ampliada de 25 o más Estados miembros. 
Ése es el riesgo que corremos. 
Por tanto, debemos incorporar la Fiscalía Europea al propio Tratado: de lo contrario, es de temer que el proyecto se posponga indefinidamente. 
Me complace que el Parlamento y la Comisión estén completamente de acuerdo sobre esta cuestión política tan importante. 
Espero que se presenten un gran número de enmiendas en la sesión plenaria de la Convención del 3 y el 4 de abril con el fin de crear una Fiscalía Europea en el propio Tratado. 
Por consiguiente, la Comisión agradece el apoyo del Parlamento Europeo, que el informe de la Sra. Theato expresa muy claramente. 
La felicito de todo corazón por este informe, sabiendo cuánto compromiso personal hay detrás de él. 
En la fase de toma de decisiones de la Convención, que ahora tenemos ante nosotros, es de la máxima importancia que el Parlamento envíe un mensaje claro. 
Como ya he dicho, la Comisión está de acuerdo con los puntos esenciales del informe de la Sra. Theato sobre el Libro Verde. 
No obstante, no estamos completamente de acuerdo con todos los puntos. 
Por ejemplo, todavía estamos debatiendo si existe la necesidad de contar con una Sala de Cuestiones Preliminares, si el control de los tribunales nacionales sobre las decisiones del Fiscal es suficiente o no, y si se puede transferir. 
Por lo que se refiere a Eurojust, la Comisión también considera que es deseable que la Fiscalía Europea esté próxima a dicha institución. 
Hablamos más de esta cuestión en nuestro informe de seguimiento. 
Todavía tenemos dudas sobre si esto se puede lograr por medio de un Eurojust reforzado que asuma las tareas de la Fiscalía Europea. 
Esto es algo que se está debatiendo. 
Ambas funciones- el enjuiciamiento penal central de delitos contra los intereses financieros de la Unión y la coordinación de las autoridades nacionales de enjuiciamiento penal en otros ámbitos de la delincuencia- se podrían agrupar en una estructura común, bajo el mismo techo, por así decirlo. 
Transferir Eurojust al primer pilar es, en este sentido, una condición necesaria, pero no suficiente. 
Esto también tiene que quedar muy claro. 
La Comisión también está de acuerdo con el informe en que algunas cuestiones relacionadas con la creación de la Fiscalía Europea tienen que debatirse más a fondo. 
Así sucede con la cuestión del derecho secundario. 
En nuestro informe de seguimiento señalamos que queríamos examinar más pormenorizadamente los siguientes asuntos: la cuestión de las pruebas, para que las pruebas que se recojan legalmente en un Estado miembro puedan admitirse en otro Estado miembro, y las garantías de procedimiento para el acusado, sobre lo que está teniendo lugar una consulta especial basada en otro Libro Verde presentado por mi colega el Sr. Vitorino. 
La Comisión accederá a la petición de la Comisión de Control Presupuestario y estudiará a fondo estas cuestiones en el transcurso de este año. 
Para ello, se guiará por las propuestas presentadas por la Convención y, en particular, también por la labor en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. 
Sin embargo, lo importante ahora es que una autoridad europea de enjuiciamiento penal se incorpore al propio Tratado Constitucional con una base jurídica para desarrollar el derecho secundario que después será necesario. 
Es la única forma de abordar con eficacia, desde el punto de vista del derecho penal, las dificultades actuales en la lucha contra el fraude y la corrupción, que constituyen una sangría para el presupuesto de la Comunidad. 
Si queremos ayudar a construir una Europa más popular entre los ciudadanos y los contribuyentes, debemos enviar una señal clara con el futuro Tratado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, con este informe que presenta la Sra. Theato, el Parlamento hace un llamamiento a la Convención para que se incluya una modificación del artículo 280 que permita la creación de un fiscal europeo. 
En el fondo de todo este asunto está la preocupación por proteger los intereses financieros de los contribuyentes europeos. 
El Parlamento Europeo hace tiempo que reclama la creación de un fiscal europeo con competencias para los intereses de la Unión. 
Es importante señalar las diferencias existentes en los Estados miembros, lo que lleva a una escasa eficiencia. 
Se trata de conseguir una mayor cooperación europea y avanzar en la construcción de un espacio judicial europeo. 
La función del fiscal europeo sería perseguir el fraude transnacional adoptando normas concretas que hagan posible luchar contra este, incluso desde la tipificación del delito. 
El nuevo Tratado constitucional debe dejar clara la base para este fiscal europeo, que descansará sobre los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, solucionando los problemas que plantea el fraccionamiento del actual sistema penal europeo. 
Se trata de conseguir un sistema transparente que conserve el equilibrio entre la eficacia y el procedimiento de investigación, en el caso de delincuencia transnacional, y el respeto de los derechos fundamentales, con una coherencia y colaboración entre las estructuras ya existentes: OLAF, Eurojust, Europol. 
El Grupo popular ha presentado algunas enmiendas que están dirigidas, precisamente, a profundizar en esta clarificación, por lo que pido a los demás grupos que las apoyen. 
Para finalizar, quiero resaltar la vocación de este informe de contribuir al proceso constitucional en marcha para que logremos una clarificación en este asunto del fiscal europeo, de enorme importancia para el futuro de la Unión. 
Tengo que felicitar a la Sra. Theato que ha realizado un enorme trabajo, no exento de dificultades, y que espero que consiga el objetivo propuesto. 
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo apoya plenamente el informe de la Sra. Theato y desea felicitarla por su labor. 
Creo que no es por casualidad que la Comisión de Control Presupuestario presente reiteradamente estas iniciativas, dado que estamos comprendiendo, por la experiencia, que es imposible proteger un presupuesto que ha crecido hasta los 100 000 millones de euros con los fondos de hace 50 años, es decir, con los fondos nacionales. 
Esta afirmación clara e iniciativas como la del informe Theato son algo que debemos a nuestros contribuyentes. 
Ellos saben que ha habido iniciativas como la OLAF. 
Sabemos que no todo es perfecto. 
Hay niveles intermedios, y creo que un Fiscal Europeo de este tipo no va a ser tampoco lo más perfecto de todos los tiempos. 
No obstante, será un paso muy importante para la protección de los contribuyentes europeos. 
Y es importante, por encima de todo, que el Parlamento deje claro que esta institución tendrá una base democrática. 
Europa también tiene instituciones, como Europol, que no están sujetas al control parlamentario, y por tanto, no es de extrañar que la gente sepa por los medios de comunicación que los Estados miembros aparentemente permiten que Europol, a puerta cerrada, maneje unas fabulosas sumas de dinero. 
Obviamente no hay transparencia porque el Parlamento no desempeña ningún papel, y creo que es importante que esto no ocurra en el caso del Fiscal Europeo. 
En varias ocasiones, y en otros informes, ya hemos indicado que deseamos este artículo 280 bis. 
El Parlamento volvió a someterlo a votación hace dos semanas en Estrasburgo, y espero que el Parlamento también respalde el apartado 3 de la ponente, que aborda esta cuestión. 
De vez en cuando, algunos ejemplos concretos dejan claro lo importante que es para nosotros un Fiscal Europeo. 
No hace mucho, hicimos un llamamiento al Estado miembro más pequeño, Luxemburgo, para que actuara en un caso- el denominado asunto Perilux- que lleva años pendiente en la Fiscalía de Luxemburgo. 
Están envueltas, en este caso, grandes sumas de dinero de los contribuyentes europeos. 
Luxemburgo no responde, y debemos resaltar desde aquí, una vez más, lo importante que sería contar con un Fiscal Europeo que pudiera dar tirones de oreja a aquellos Estados miembros que no se tomaran demasiado en serio los intereses de los contribuyentes europeos. 
Estos casos se repiten a menudo, y es especialmente irritante en el caso de Luxemburgo, porque los tribunales belgas ya han llegado a conclusiones. 
De nuevo, mis más sinceras felicitaciones, y creo que esta Cámara va a tomar hoy una decisión correcta e importante sobre este informe. 
Señor Presidente, Señorías, después de la creación de la OLAF, la creación de una Fiscalía Europea sería el siguiente paso lógico para combatir, en interés del contribuyente europeo, el fraude financiero en la UE. 
En nombre de mi Grupo, quisiera agradecer sinceramente a la ponente, la Sra. Theato, la valentía y la persistencia con las que defiende esta cuestión desde hace años, y también quiero incluir expresamente en mi agradecimiento a la Comisaria Schreyer por su apoyo en la lucha a favor de una Fiscalía Europea, en el Libro Verde y en incontables audiencias. 
Por desgracia, seguimos sin contar con una política comunitaria en los ámbitos europeos de la justicia y los asuntos de interior. 
El tercer pilar no solo excluye al Parlamento de ámbitos importantes de codecisión y control parlamentario, sino que además es la causa de muchos déficits democráticos de la política judicial y de justicia europea. 
La creación de la OLAF como una oficina europea contra el fraude sin acompañamiento judicial crea un vacío jurídico a escala europea. 
Una vez más, hemos dado el segundo paso antes que el primero. 
Lamentablemente, la Convención no parece comprender tampoco la gravedad del problema. 
¿Qué otra explicación puede tener el hecho de que el Presidium de la Convención insista de nuevo en que debe haber unanimidad en el Consejo para tomar una decisión acerca de la creación de una Fiscalía Europea? 
El Consejo ha demostrado, en el pasado, falta de decisión al respecto y, por desgracia, ha demostrado también, en repetidas ocasiones, falta de decisión a la hora de trabajar en la prevención del fraude y la protección de los intereses financieros de la UE. 
Por tanto, demostremos una gran unidad y logremos una amplia mayoría hoy en el Parlamento. 
Creo que necesitamos urgentemente esta amplia mayoría para demostrar al Pleno de la Convención, en particular, que estamos en contra de dicha unanimidad y que creemos que la Fiscalía Europea debe ocupar un lugar destacado en el nuevo Tratado, que la creación de esta Fiscalía Europea debe decidirse por mayoría cualificada y que el Parlamento debe disponer también de un derecho de codecisión en este ámbito. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Theato, por su trabajo en torno a esta propuesta, a pesar de que no estoy de acuerdo con ella. 
Uno de los factores más importantes a la hora de estudiar la creación de nuevos cargos o nuevas instituciones de conformidad con los Tratados europeos es que, ante todo, debemos plantearnos determinadas cuestiones. 
Son cuestiones básicas. 
¿Hay una demanda pública al respecto? 
No. 
¿Será más eficiente? 
No. 
¿Mejorará la administración de justicia? 
No. 
¿Asegurará de forma más eficaz los intereses financieros de la Comunidad Europea o de las instituciones europeas? 
La razón es que ya tenemos, en cada uno de los Estados miembros, fiscales públicos con competencias especiales en sus propios ámbitos para tratar el fraude y los enjuiciamientos penales, y para entender de las normas y los trámites para la obtención de pruebas en cada uno de los Estados miembros. 
Debemos asegurar que entre todos estos cargos de fiscales públicos exista el entendimiento necesario de cuáles son los intereses financieros de la Unión Europea. 
Debe haber una mayor cooperación entre la OLAF, el Tribunal de Cuentas y los fiscales nacionales al entablar acciones judiciales en los tribunales nacionales y, además del sistema Eurojust, deberían existir más oportunidades para compartir intereses, para compartir formación y para compartir el entendimiento entre los miembros judiciales de cada Estado miembro, de forma que al final se pueda llegar a una comunidad. 
Estoy algo decepcionado por uno de los comentarios del informe, donde se dice que hay que crear normas comunes sobre la prueba. 
En el sistema jurídico británico, que es el sistema del derecho consuetudinario, las normas relativas a la prueba se crearon hace 322 años- ¿y ahora vamos a crear unas normas comunes sobre la prueba queramos o no? 
Es importante recordar que los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a una representación adecuada de sus intereses. 
Tienen derecho a que se protejan sus impuestos, pero la mejor forma de proteger a los contribuyentes y los intereses de los contribuyentes reside en el plano nacional. 
Señor Presidente, no puede haber nadie en esta Cámara que no conozca la norma más importante en política: cuando estás en un agujero, deja de cavar. 
También hay un chiste sobre un turista que, perdido en las profundidades de Irlanda, preguntó a un lugareño cómo podía llegar a Tipperary, y la respuesta fue que «yo no partiría de aquí». 
De modo que, perdida en el fondo del agujero, la Sra. Theato parte de ahí y declara en su exposición de motivos que «la necesidad de una protección penal especial de los intereses financieros de las Comunidades es una antigua constatación». 
Estoy de acuerdo, pero si no hubiera fondos comunitarios, no habría intereses financieros comunitarios y, por lo tanto, no habría necesidad de protegerlos. 
Ese es el lugar de donde yo vengo. 
Nunca ha tenido sentido entregar dinero a una organización que lo gasta de tal forma que evade la reforma y no lo puede justificar. 
Ese es el «agujero». 
La respuesta es: dejar de cavar. 
Dejar de dar dinero a la Comunidad. 
En cuanto a la creación de un Fiscal Europeo: quizá este sea el destino que Su Señoría desea, pero mi consejo es que, si yo fuera usted, no partiría de aquí. 
El sistema esencialmente corrupto y sin control, ese es el problema. 
Pero hay que atacar la causa, no el sistema. 
Señor Presidente, por supuesto la protección de los intereses financieros debe seguir siendo uno de nuestros principales objetivos. 
A este respecto, damos nuestro apoyo a la creación de una Fiscalía Europea, pero después de extensos debates creemos también que esta no va a ser una panacea para el futuro. 
Debemos seguir desarrollando también las alternativas existentes. 
Con ello me refiero a reforzar la OLAF y fomentar una mayor cooperación dentro de la maquinaria oficial. 
Es de destacar, por ejemplo, que los Países Bajos declaran cuatro veces más casos de fraude que, por ejemplo, España o Grecia. 
Si los Estados miembros son incapaces de hacer nada con respecto a sus casos de fraude, entonces deben exponerse a que se les recorten sus subvenciones o a que se les haga pagar por las pérdidas ocasionadas a la UE como resultado de la falta de control de sus autoridades. 
Señor Presidente, como antiguo fiscal ocasional que he sido, creo que el caso del Fiscal Europeo se ha tratado de forma muy poco eficaz. 
Como miembro de la Convención Europea creo que nuestro trabajo es buscar formas de no añadir más burocracia institucional, sino intentar simplificar las cosas de modo que los ciudadanos de Europa estén protegidos y más en contacto con quienes les representan. 
Soy incapaz de ver las ventajas de este cargo concreto, aunque, como acaba de decir uno de mis colegas, esté integrado en otra institución. 
Plantea dificultades en relación con el coste y la burocracia. 
Como se ha sugerido, plantea dificultades en relación con el encaje de esta función concreta en los sistemas jurídicos de Europa, que son muy diferentes en sus efectos, en las pruebas que admiten y en la naturaleza del propio proceso de enjuiciamiento. 
En mi opinión, plantea también una dificultad en cuanto a la base jurídica. 
Además, si vamos a permitir que las organizaciones que ya existen en estos momentos se reformen, esto no les ayudará en el proceso. 
Lo que necesitamos es más cooperación entre los Estados y la Comisión, entre autoridades. 
Debemos clarificar los mecanismos contables internos, e imponer multas más graves a los Estados que no aborden como es debido el tema del fraude. 
Debemos fomentar que los Estados actúen con más contundencia y potenciar el papel del Tribunal de Cuentas. 
Necesitamos más reformas internas. 
En mi opinión, la estrategia de reforma de la UE está bloqueada en la actualidad, y hay que resucitarla. 
Francamente, no tiene sentido tratar a los Estados miembros de la UE como a niños traviesos, quitarles los juguetes y ponerles una nueva niñera inadecuada y sobrada de trabajo. 
Si respetamos nuestra pertenencia a la UE, deberíamos respetar también nuestra capacidad de enjuiciar con eficacia y abordar el fraude y la reforma como es debido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, es innegable que, cuando se cometen delitos de naturaleza penal y las autoridades nacionales son incapaces de resolver los problemas, la protección de los intereses financieros comunitarios no funciona o funciona bastante mal, por lo que la situación actual es insostenible, como nos ha recordado el Sr. Bösch, hace un momento, en relación con la situación en Luxemburgo. 
Nuestra ponente, Diemut Theato, nos ha estado pidiendo incansablemente que se cree un Fiscal Europeo para hacer frente a esta situación. 
La Comisaria Schreyer también ha apoyado esta iniciativa, y por eso, quisiera felicitar a ambas por su trabajo y dedicación. 
Sin embargo, y con toda la amistad, consideración y estima que tengo por ellas, quiero hacer hincapié en dos aspectos de esta cuestión que me parecen fundamentales. 
Creo que los ciudadanos europeos no comprenderían que nuestras instituciones decidieran, una vez más, considerar solo los asuntos económicos, sin prestar atención al concepto de ciudadanía. 
No creo que sea aceptable crear un Fiscal Europeo que proteja nuestros intereses financieros, pero que haga caso omiso, por ejemplo, de los delitos relativos a la trata de seres humanos, especialmente de niños. 
Por otro lado, la cantidad de órganos europeos que trabajan en el ámbito de la prevención, la lucha y el castigo del crimen- Europol, Eurojust y la OLAF -, así como lo complejo que resulta definir el ámbito de actuación de cada uno de ellos, aconsejan cautela en este terreno. 
La peor situación a la que podríamos enfrentarnos sería que aumentara la entropía del sistema, que los diversos órganos se preocuparan solo de sus propias competencias y que la lucha contra el delito económico a escala europea no fuera eficaz. 
Quisiera decir unas palabras finales para expresar mis reservas con respecto a los principios de confidencialidad de la justicia y de independencia de los fiscales cuando se adoptan como principios absolutos, como ha ocurrido, en este último caso, con el Libro Verde de la Comisión. 
Basta con recordar los desalentadores resultados obtenidos en mi país, en este ámbito, para entender la necesidad de no cometer los mismos errores. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Kirkhope, quien ha intervenido hace unos momentos, yo también fui fiscal, pero llegué y he llegado de nuevo a conclusiones diametralmente opuestas. 
Pido a todos aquellos que creen realmente en la integración europea que sean coherentes y apoyen el plan para una Unión Europea más fuerte, dotada de todos los medios necesarios para ejercer una influencia real sobre el azote del fraude, perjudicial para los intereses financieros de la Unión, puesto que, hasta la fecha, los Estados miembros no han protegido estos intereses de forma adecuada con sus leyes. 
Es un hecho que cada año la cifra de fraude perjudicial para los presupuestos comunitarios- y en última instancia, perjudicial para los contribuyentes europeos- se eleva a un millardo de euros aproximadamente, como se afirma acertadamente en la propuesta de resolución presentada por la Sra. Theato- quien tiene mi admiración y respeto -, y todos los estudios confirman que este fenómeno aumentará de forma constante. 
Por esta razón, los instrumentos legales actuales para combatir el fraude, como las convenciones y protocolos ratificados por los Estados miembros, la compleja naturaleza de la puesta en práctica de la asistencia mutua en materia penal, la naturaleza de OLAF que, por mandato, tiene que limitarse a meros controles administrativos y, sobre todo, la fragmentación del espacio penal europeo resultan totalmente insuficientes para combatir eficazmente este fenómeno, y las excusas que se han ofrecido hasta ahora tampoco me convencen de que haya que abandonar la idea del Fiscal Europeo. 
Sin embargo, la mera decisión de principio no es suficiente: si realmente estamos a favor de establecer un Fiscal Europeo, tenemos que ser coherentes y dotarle de los medios necesarios para funcionar. 
Por ello tenemos que definir con la máxima precisión, en el ámbito comunitario, los crímenes y sanciones estipulados para los actos delictivos y, además, establecer disposiciones comunes en materia de derecho penal y derecho procesal europeos en asuntos penales. 
En consecuencia, al igual que la ponente, la Sra. Theato, creo que en cumplimiento de la separación de poderes, el Fiscal Europeo y los vicefiscales europeos tienen que ser independientes y desempeñar su mandato sobre la base del principio de obligatoriedad. 
Es más, las acciones del Fiscal Europeo deberán estar sujetas a revisión judicial, tanto respecto de las investigaciones como de los juicios. 
En conclusión, los ciudadanos honestos de la Unión no pueden sino aplaudir la creación de un instrumento que combate a las personas deshonestas en todo momento y en todo lugar. 
Señor Presidente, parece que la protección de los intereses financieros de la Unión Europea sirve de excusa para la creación de un superfiscal- este parece ser el objetivo principal -, estrechamente vinculado con el establecimiento de la orden de detención europea, en una línea que intenta sustituir las jurisdicciones nacionales: una línea a la que el Gobierno italiano se ha opuesto claramente, dando explicaciones precisas en varias ocasiones. 
La suerte ha querido que la Presidencia de la Convención haya vuelto a plantear la propuesta de creación de un Fiscal Europeo: el artículo 20 proclama una legislación europea que cree la figura del Fiscal Europeo, cuya estructura deberá decidirse por mayoría. 
Esto da lugar a otras preocupaciones, especialmente porque surgen muchas cuestiones delicadas referentes al Fiscal, como el principio de la libre circulación de las pruebas, en la medida en que esto signifique que se pasen por alto las condiciones para la admisibilidad de las pruebas establecidas específicamente en el sistema jurídico del Estado particular en el que se pronuncie la sentencia. 
El crimen internacional no se combatirá destruyendo las tradiciones jurídicas nacionales, sino mediante controles adecuados y con medidas eficientes y eficaces que combatan, prevengan y eliminen el crimen financiero internacional. 
Señor Presidente, me ha complacido escuchar que hace dos días las autoridades belgas hayan acusado de fraude a la ex Comisaria Sra. Cresson, cuatro años después de que sus fechorías hubieran acabado con la Comisión Santer. 
Esto también demuestra la necesidad urgente de crear un Fiscal Europeo que lleve a juicio única y exclusivamente los casos de fraude relativos al dinero europeo, y que lo haga tan pronto se cometa el delito, porque solo podemos esperar un efecto preventivo si se enjuicia y condena con rapidez. 
Si bien en principio yo sería la última persona en defender una mayor transferencia de poderes a la UE, en este caso excepcional está justificado porque todos- y subrayo todos- los órganos responsables de la protección del dinero europeo hasta la fecha han fracasado de forma lamentable, sobre todo la Comisión actual, que se ve reducida por esta tarea a lanzar improperios. 
Sin embargo, la necesidad de acción es mayor que nunca, porque el volumen del fraude, de la mala administración y del nepotismo aumentan. 
Basta con mencionar los tejemanejes recientes en la Oficina de Estadística Europea, EUROSTAT. 
En su mayoría, los fiscales nacionales no pueden hacer frente a la situación. 
Pero pescar al pequeño ladrón y dejar que el pez gordo escape está teniendo un efecto devastador en la confianza que los ciudadanos europeos han depositado en las instituciones europeas. 
Por lo tanto, hago un llamamiento al Consejo y a la Convención: no necesitamos más libros verdes. 
Lo que necesitamos una base jurídica clara que defina nítidamente la tarea a realizar. 
De esta forma no habrá lugar para más objeciones por parte de los Estados miembros individuales. 
Este primer paso tiene que darse ahora con la revisión de los tratados y la ampliación hacia el este. 
Si lo logramos, esta institución estará inseparablemente vinculada a los esfuerzos de la Sra. Theato, y de nuevo le doy las gracias por su ahínco. 
Señor Presidente, hoy en la Unión Europea tenemos un mercado abierto, pero esto significa que el mercado también está abierto para los defraudadores. 
En realidad, la mayor parte del fraude contra la UE procede del dinero no recaudado. 
La Comisión ha estimado que en el presupuesto de la UE se han perdido 90 millardos de euros solo con el contrabando de cigarrillos. 
Hemos puesto en marcha algunas medidas para evitar que siga habiendo fraude. 
Se ha creado la OLAF, que hace su trabajo y pasa el expediente a los Estados miembros, donde acaba en un cajón. 
Podríamos sancionar al Tribunal de Cuentas, pero todavía hay que responder a esta pregunta: ¿quién demanda? 
Podríamos presentar más pruebas de fraude, pero sigue planteándose la pregunta: ¿quién demanda? 
Se ha creado Eurojust, pero de nuevo: ¿quién demanda? 
La respuesta, que es más factual que teórica, es: casi nadie. 
Los Estados miembros no se toman en serio la lucha contra el fraude en la UE. 
Han tardado cinco años en ratificar el Convenio sobre la protección de los intereses financieros. 
El procesamiento de personas que roban a la UE es absolutamente mínimo. 
El sistema actual no funciona. 
Es extremadamente difícil perseguir el fraude transfronterizo, en parte porque las pruebas practicadas en un Estado miembro no cuentan en otro Estado miembro. 
Lo que tenemos ahora sobre la mesa es un Libro Verde. 
Es esencial que los poderes del Fiscal Europeo se limiten a los intereses financieros del presupuesto de la UE. 
Cualquier otro poder que abra la puerta a grandes complicaciones y graves implicaciones constitucionales- motivo por el que en el apartado 4 se pide la creación de un espacio judicial- no tiene sentido. 
Si ahora ya hay problemas, imagínense lo difícil que será después de la ampliación. 
Si realmente queremos combatir el fraude, debemos aceptar que el sistema actual no funciona, y hasta que no tengamos una alternativa aceptable, debemos seguir con esto. 
Señor Presidente, el primer punto que quisiera tratar en relación con la lucha contra el fraude es que se trata de un problema que requiere atención urgente. 
En la actualidad no existe ninguna institución legal competente que lleve a cabo investigaciones en el seno de los órganos comunitarios, debido al estatuto privilegiado de estos. 
Si hay una tarea que pueda justificar la existencia de un Fiscal Europeo, es sobre todo esta. 
Aparte de ello, respecto de la posible creación futura de un órgano supranacional responsable de llevar a cabo investigaciones y de demandar a los Estados miembros en caso de violaciones que lesionen los intereses financieros comunitarios, creemos que la operación propuesta presenta más inconvenientes que ventajas. 
Naturalmente, en algunos casos los cambios en ámbitos jurídicos nacionales pueden entorpecer el proceso de enjuiciamiento. 
Sin embargo, el propósito de Eurojust es remediar este problema respetando la competencia nacional. 
En primer lugar, tenemos que permitir que actúe y se desarrolle antes de juzgar su eficacia. 
El Fiscal Europeo supranacional propuesto por la Comisión, mientras tanto, nos conduciría a un agujero negro administrativo, porque no solo tendríamos que armonizar los cargos, las sanciones, las restricciones y todo tipo de procedimientos, como la admisibilidad de las pruebas, sino que también tendríamos que considerar el asunto de la protección de la libertad individual para todos los actos coercitivos exigidos por el Fiscal Europeo: registros, incautaciones, escuchas telefónicas, órdenes de detención, revisiones judiciales y detenciones preventivas, sin mencionar, por supuesto, la importante cuestión del control democrático que tendría que establecerse. 
Señor Presidente, se trata de un asunto enorme, y aliento encarecidamente a mis colegas diputados a que opten por Eurojust en su lugar, porque podría alcanzar los mismos resultados sin problemas de desestabilización. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Theato por su informe. 
Creo que ha cristalizado una gran parte de la ardua labor que se ha realizado sobre este tema. 
Ha propuesto lo que creo que es una propuesta convincente a la Convención Europea para incluir esta disposición en un tratado modificado. 
Al discutir este tema, no deberíamos dar la sensación- como creo que algunas personas han hecho y han intentado- de que, de una forma u otra, la tesorería de la Unión Europea es un barco con más fugas que los de los Estados miembros u otras tesorerías similares en todo el mundo. 
No somos ni mejores ni peores, pero nos medimos con el rasero de los más altos niveles de responsabilidad. 
Por otra parte, la mayoría de los argumentos que se han presentado contra esta idea son argumentos políticos, ideológicos. 
Los argumentos pretenden provocar a las personas preocupadas por una transferencia de poder y de competencias de los parlamentos nacionales a Europa y la creación de más burocracia innecesaria. 
Yo no lo veo así en absoluto. 
Hemos transferido a esta Unión un 1% de nuestra recaudación nacional, que se utiliza en interés de las políticas comunitarias. 
Hemos asegurado el control financiero para gestionarlo. 
Hemos creado la OLAF para investigar más a fondo los presuntos problemas. 
Pero no damos el paso final, que es crear los medios para procesar a las personas que consideramos culpables de infringir nuestras leyes. 
Lo he experimentado en mi vida diaria; he visto casos en los que compañías e individuos han sido considerados culpables de abusar de los fondos de la Comunidad. 
He visto situaciones donde un gran número de personas de un sector concreto, bien financiado por la Unión, parecen capaces de infringir continuamente nuestras normas y reglamentos sobre el gasto del dinero. 
En un caso veo cómo el contribuyente público de un Estado miembro es obligado a pagar mediante compensación de cuentas por los delitos de una determinada empresa. 
En otras situaciones, veo cómo se dejan de pagar impuestos, y el Gobierno nacional, de nuevo, pasa factura. 
Si tuviéramos un Fiscal Europeo que gestionara nuestros propios recursos- no queremos que vaya más allá -, creo que mejoraría el enfoque de las autoridades de los Estados miembros que en realidad gastan este dinero. 
También creo que la OLAF se sentiría menos frustrada cuando, después de haber procedido y descubierto situaciones suficientemente graves como para denunciarlas ante los fiscales nacionales, esto no ocurre. 
Si tuviéramos un Fiscal Europeo, podríamos convencer a nuestros contribuyentes de que llevamos los asuntos a buen puerto. 
Señor Presidente, Señorías, las circunstancias de este debate no son ciertamente las mejores para expresar los pensamientos propios. 
En nombre de los Radicales Italianos, continuaremos oponiéndonos de forma sistemática a la idea de la creación de un Fiscal Europeo que no venga acompañada de los instrumentos y disposiciones que forman parte del patrimonio jurídico y cultural de nuestros países. 
¿Cómo podemos pensar solo en un Fiscal Europeo sin los mecanismos de enjuiciamiento, recurso y defensa inherentes y peculiares del sistema jurídico de cada país? 
Una huida hacia delante de este tipo solo hará aún más justicialista la estructura que estamos intentando dar a Europa y exportará un modelo de justicia a la italiana con el que todos estamos familiarizados y que tanto ha dañado a nuestro país. 
Por estas razones votaremos en contra del informe Theato, contra el que ya hemos votado en comisión, no porque la idea en sí carezca de fundamento, sino porque carece de todos los atributos que la hagan efectivamente justa, como también debería ser la justicia en el ámbito europeo. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Theato por el informe que apoyé ya en la Comisión de Control Presupuestario y que espero apoyar en este Pleno igualmente. 
Quisiera encuadrar el informe en su contexto y tener en cuenta que se trata de conseguir una posición del Parlamento Europeo respecto al Libro Verde de la Comisión sobre el fiscal financiero europeo. 
Con esta publicación, la Comisión pretende establecer un debate muy amplio, amplísimo, sobre todas las cuestiones relativas a esta figura y ello le lleva a incluir algunos extremos que, si se tratara de un proyecto legislativo, serían considerados toscos, con lagunas, y criticables en muchos aspectos. 
Sin embargo, el Libro Verde, en definitiva, se resume en la idea, en la hipótesis intelectual de pensar que la defensa de los intereses financieros comunitarios y, por tanto, transnacionales, puede ser quizás mejor defendida por una figura también comunitaria del mismo ámbito. 
La ponente se encuentra condicionada por esta estructura y, por consiguiente, tiene que responder a los asuntos más relevantes del Libro Verde y, por otra parte, entresacar de esa información complementaria y prematura la idea esencial, que es la de obtener una base jurídica necesaria para continuar un análisis sosegado. 
Hay dos razones de oportunidad que aconsejan este tratamiento y la aprobación de este informe. 
Por un lado, la actual Convención y la próxima Conferencia Intergubernamental que marcarán el futuro del Derecho comunitario y, por otro lado, la inminente incorporación de los nuevos miembros que deberían encontrarse, en su ingreso, con una base jurídica que les permitiera incorporarse a este trabajo colectivo de configurar, en su caso, la figura de un fiscal financiero europeo. 
Señor Presidente, el informe Theato sobre el Libro Verde de la Comisión en materia de protección de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo ha sido objeto de una larga preparación y un largo debate. 
Al principio estábamos de acuerdo, con la condición de que la figura del Fiscal se limitase, y todavía se limita, exactamente, a los intereses financieros comunitarios. 
Sin embargo, durante el debate y las evaluaciones llevadas a cabo por las comisiones parlamentarias, la medida original ha estado a punto de distorsionarse y de adoptar una forma diferente y peligrosa en el contexto institucional europeo. 
Por esta razón, en un primer momento la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior elaboró una opinión negativa, pero, a continuación, gracias a los inteligentes pasos dados por el Sr. Lehne y las explicaciones de la presidenta, la Sra. Theato, definió una opinión de compromiso e intentó devolver la institución que queremos regular a la propuesta original. 
Posteriores discusiones con la Sra. Theato nos han permitido alcanzar una posición unitaria y de compromiso, que esperamos ver ratificada en la Cámara esta mañana. 
Con mucho tiento, la Sra. Theato ha asumido este asunto porque, de hecho, el sistema jurídico de la Unión Europea no incluye competencias en materia de derecho penal y procesal, o un poder judicial dotado de todos los grados de jurisdicción que garanticen un pleno derecho de defensa. 
Señor Presidente, Señorías, en ausencia de tales condiciones, la creación de un Fiscal Europeo independiente y sin control dañaría el ya frágil equilibrio interinstitucional entre la Unión y los Estados en un ámbito tan delicado como la justicia: por lo tanto, sería ilógico y no tendría justificación. 
En particular, la creación de dicho órgano resulta prematura si consideramos que todavía no hemos alcanzado los objetivos de cooperación judicial, por no hablar de la armonización de las normas sobre cuestiones de derecho penal de los Estados miembros. 
En el contexto de Eurojust- que realmente tiene un problema de subsidiariedad y un gran problema de coordinación de los Estados europeos- y solo en este contexto podemos realmente conseguir un resultado significativo y homogéneo que respete a los Estados y, al mismo tiempo, proporcione las garantías que ha de tener la Unión Europea. 
Nosotros votaremos en este sentido, y propondremos estas enmiendas a la Convención, que por supuesto no pueden incorporar un Fiscal Europeo, un superfiscal sin restricciones, que iría en contra de todas las garantías que, sin embargo, existen en Europa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en breve. 
Señor Presidente, esta mañana los eurodiputados del Partido Popular, cuando hemos mirado en los buzones que están aquí al lado del Hemiciclo, hemos descubierto un cartel con nuestro nombre y con la palabra asesino. 
Creo que hasta ahora, señor Presidente, solamente nuestros colegas en el País Vasco estaban acostumbrados a esto, a ver sus nombres en las dianas pintadas en la calle, y por algunos de ellos, señor Presidente, hemos guardado un minuto de silencio aquí en esta Cámara. 
Creo que esto es incompatible con el espíritu en el que se fundó la Unión Europea, como también es incompatible- y lo digo con todo mi respeto- con algunos carteles que vimos ayer, aquí, en el Pleno. 
Por lo tanto, señor Presidente, le pido que haga un llamamiento a la tolerancia, que es la base de la integración europea. 
La reacción de los colegas ya dice mucho a favor de su llamamiento a la tolerancia. 
En relación con el incidente que menciona, lo condeno plenamente. 
Quien sea que lo haya hecho se ha comportado de forma inaceptable y vergonzosa. 
Un parlamento es la tribuna de los ciudadanos, y sus diputados tienen pleno derecho a expresar sus preferencias y análisis políticos, y a hacerlo con serenidad, dignidad y tolerancia respetuosa hacia los demás. 
A la luz de lo que ha comunicado esta mañana, señor Galeote Quecedo, propongo pedir a los servicios de la sala que intenten descubrir cómo ha podido ocurrir este incidente y quién lo ha perpetrado, de modo que si es posible aprendamos una lección de ello. 
Si tenemos que modificar el Reglamento para hacer frente a incidentes vergonzosos de este tipo, estoy decidido a que lo hagamos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, había pedido la palabra para expresar mi condena ante estos hechos intolerables, para expresar mi solidaridad con los colegas del Partido Popular, y quería hacer la propuesta que usted mismo ha hecho. 
Yo la apoyo en nombre de mi Grupo. 
No existe ningún tipo de justificación para la vergonzosa conducta de la que hemos sido testigos hoy aquí. 
Señor Presidente, no acabo de entender la razón por la que votaremos sin ningún tipo de explicaciones, puesto que el Sr. Brok y el Sr. Wynn han tomado parte en un diálogo a tres bandas esta mañana en nombre de las comisiones. 
Creo que el Parlamento debería disponer de más información sobre los resultados de este diálogo antes de tomar una decisión. 
Señor Presidente, Señorías, respecto de las negociaciones de esta mañana puedo informarles de que, de momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo y que el diálogo a tres bandas continuará el próximo martes. 
En mi opinión hay perspectivas de acuerdo, pero también creo que la aceptación de esta recomendación es un instrumento decisivo que garantizará nuestros objetivos en este asunto, es decir, la igualdad para el Parlamento y los países candidatos en el procedimiento presupuestario. 
Por lo tanto, les ruego que tomen esto como una intervención a favor de la resolución. 
. 
(ES) Señor Presidente, de conformidad con el artículo 69 de nuestro Reglamento, la Comisión podría expresar su posición sobre las enmiendas del Parlamento y, en el caso de que no aceptara todas las enmiendas del Parlamento, los ponentes- porque estoy de acuerdo con el coponente, Sr. Harbour, a este respecto- pediríamos el aplazamiento de la votación sobre la propuesta de resolución legislativa, en aplicación del apartado 2 del artículo 69. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer muy brevemente al Sr. Harbour y al Sr. Medina Ortega su efectiva y ardua labor al redactar este informe. 
Durante el amplio debate sobre el informe, y también durante el debate útil y abierto sobre la cuestión oral relativa a las pensiones que tuvimos ayer por la tarde, detallé muchas de las enmiendas que la Comisión puede aceptar de buena gana y también indiqué las que no podemos aceptar. 
Las enmiendas que la Comisión no puede aceptar- la lista no es muy larga- son las enmiendas 16, 22, 23, 24, 37, 39, 53, 55 y 63. 
¡No es una lista larga, y se traduce fácilmente a todos los idiomas! 
Voy a prestar atención especial a la enmienda sobre los asistentes de los diputados, puesto que se trata de un asunto que preocupa a esta Cámara. 
En esta cuestión solo puedo repetir que la Comisión es consciente de las preocupaciones planteadas en el Parlamento y las comparte. 
Por consiguiente, espero que las declaraciones acaben por resolver esta importante cuestión del empleo mediante la ruptura positiva del bloqueo interinstitucional. 
Al posponer la votación sobre la resolución legislativa, entiendo que la Cámara busca una oportunidad para ejercer presión sobre los asuntos pendientes en una etapa posterior. 
Espero no extralimitarme de mis funciones si insto a la Cámara a que siga el curso que se ha marcado de manera oportuna. 
Estoy completamente seguro de que los ponentes comprenden bien la necesidad de hacerlo. 
Espero con interés esa votación final. 
. 
(ES) Señor Presidente, como hemos oído, ¡menos mal que el señor Comisario tenía pocas enmiendas que no aceptara! 
En todo caso, pediría, en nombre propio y en el del otro coponente, el Sr. Harbour, que se devuelva a comisión y espero que pronto podamos traer el paquete legislativo de nuevo al Pleno del Parlamento. 
Señor Presidente, puedo ver pensionistas de ambos sexos entre la densa muchedumbre del público. 
Estaba pensando en ellos cuando he votado a favor de la introducción de un marco financiero en el Tratado de Adhesión, porque mi objetivo personal y el objetivo del Partido de los Pensionistas es tener pensiones seguras, que permitan a los ancianos vivir con dignidad, también en los países candidatos. 
Asimismo, espero un aumento inmediato de la financiación para la construcción de infraestructura para las industrias, y en consecuencia para el bienestar de todos los trabajadores, desempleados y pensionistas, incluidos los de los otros dos países candidatos que no entrarán en la Unión Europea en el año 2004, Rumania y Bulgaria. 
- (FR) Hemos votado en contra del informe Brok porque la lucha egoísta del Parlamento Europeo por impedir la amputación de sus prerrogativas presupuestarias le ha conducido a una posición absurda: impedir que las personas, mediante la adopción del Tratado, tomen una decisión presupuestaria en lugar de sus representantes. 
Este resultado muestra claramente hasta qué punto esta Cámara está guiada por juicios estrechos de miras, principalmente inspirados en su obsesión por restar poder a los Estados miembros. 
¿Cómo podemos pretender que la gente esté interesada en este tipo de debates? 
Asimismo, este asunto debería darnos la oportunidad de cuestionar el fundamento de las Perspectivas Financieras plurianuales establecidas por un acuerdo interinstitucional de 1988. 
Son muy ambiguas. 
Decididas en el ámbito europeo, desde entonces se han usado para convencer a los parlamentos nacionales de que ya no tienen ningún poder de decisión real a la hora de establecer su contribución anual a la Unión. 
Además, probablemente van en detrimento del mismo presupuesto europeo, puesto que limitan las oportunidades de ajustarlo anualmente según necesidad. 
Por todas estas razones, si las Perspectivas Financieras son víctima de la crisis actual entre el Parlamento Europeo y el Consejo, no nos lamentaremos. 
. 
(PT) Acojo con satisfacción y apoyo este resultado del proceso de conciliación. 
Suscribo enteramente la determinación de mejorar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores, impidiendo, como hace esta nueva Directiva, que las sustancias clasificadas como cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción y los preparados que contengan estas sustancias se comercialicen para el uso del público en general. 
De hecho, como ya sabemos, la «comercialización» supone una mayor responsabilidad de garantía de que el producto en cuestión cumplirá el fin al que se destina sin comprometer la salud y la seguridad públicas (de personas y bienes). 
Este término da a entender al público de que ciertos productos son «fiables». 
Por lo tanto, esta confianza tiene que ir acompañada tanto de la provisión como del listado de estos productos o sustancias- una medida propuesta por la Comisión, que acojo con satisfacción -, teniendo en cuenta que la nueva estrategia de la UE en materia de productos químicos implicará el registro de 30 000 sustancias aproximadamente, y de una evaluación preliminar de los riesgos inherentes a cada sustancia. 
De hecho, el control, registro y manipulación de productos y sustancias químicas tiene que estar contemplado en un conjunto de normas claras, fáciles de entender y adecuadas al fin al que se destinan dichos productos. 
Señor Presidente, como explica este informe, el cemento que se utiliza en la construcción contiene cromo IV, que causa enfermedades laborales, conocidas por todos los albañiles, y denominadas dermatitis del cemento. 
Por lo tanto, yo no podía sino votar a favor de esta Directiva que limita e intenta reducir la peligrosidad del trabajo de los albañiles que construyen todo lo que nos rodea. 
Sin embargo, como representante del Partido de los Pensionistas quisiera pedir que en Europa se adopte una directiva que reduzca la jornada laboral- para actividades laborales perjudiciales, como la albañilería- de manera que tengamos menos enfermedades laborales. 
. 
(PT) Si bien entiendo la necesidad de aplicar el principio de cautela para reducir los riesgos inherentes al contacto del cromo con la piel de los trabajadores de la construcción y la industria del cemento, considero que esta propuesta de Directiva no lo asegura de la mejor forma. 
En primer lugar, porque no se han tenido suficientemente en cuenta los resultados del Reglamento anterior (CE 2001/60). 
En segundo lugar, porque no se basa en métodos armonizados para determinar los niveles de cromo, que en consecuencia podrían distorsionar la competencia y reducir la seguridad de los trabajadores. 
En tercer lugar, porque establece una derogación inaceptable para el cemento no ensacado. 
Sabemos que la falta de objetividad en la aplicación del principio de cautela ha provocado innumerables casos de incumplimiento. 
Temo que ocurra lo mismo con este Reglamento. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente. 
Durante mucho tiempo hemos propugnado el desarrollo de la investigación sobre métodos clínicos en la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis en los países en desarrollo. 
El empobrecido tercer mundo- en la actualidad se trata de la parte del planeta que más sufre la muerte y la miseria provocadas por el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis- ha depositado buena parte de su esperanza en nuestra capacidad de aportar financiación para la investigación y medicamentos eficaces, fáciles de usar y asequibles. 
Acojo favorablemente el hecho de que se destinen 600 millones de euros a la lucha contra estas enfermedades, de los cuales 200 millones provienen de la UE. 
Sin embargo, es importante reconocer que, si bien se trata de un paso muy bienvenido, representa una cantidad pequeña comparada con el coste que tendrá que soportar el mundo si estas enfermedades no se controlan. 
Señor Presidente, veo que mis explicaciones de voto anteriores se han tenido en cuenta en la elaboración de esta disposición. 
En otras ocasiones he pedido que los fondos que cada uno de los 15 Estados miembros gasta en investigación científica se combinen con objeto de no malgastar el dinero, de manera que se pueda utilizar más para realizar descubrimientos científicos rápidos que beneficien a todos los europeos. 
Con esta decisión, los 200 millones de euros que aportan los Estados miembros se combinan con los 200 millones de euros que aporta la Unión Europea y los 200 millones del sector privado destinados a la investigación que nos permita encontrar tratamientos más eficaces para el sida, la tuberculosis y la malaria. 
Por lo tanto, he votado con gran placer a favor del informe Cauldron. 
. (FR) El retorno del sida, la malaria e incluso la tuberculosis es un síntoma de la pobreza que el libre comercio mundial y el ultraliberalismo incontrolado causan en algunas naciones. 
Estas tres pandemias nos recuerdan que el planeta es como otra lanzadera espacial Columbia. 
Cuando en Vietnam se declara una forma atípica de neumonía en el año 2003, el resultado es la muerte, ya sea en Hong Kong o en Francia. 
Esto demuestra que la salud es un bien público mundial. 
Hace meses que se discute el problema en el seno de la OMS: Washington impide obstinadamente que los países pobres tengan acceso gratuito a los medicamentos genéricos. 
Los Estados Unidos están vetando los derechos de propiedad intelectual y las patentes sobre moléculas que salvan vidas. 
Sin embargo, en el año 2001, cuando ellos sufrían la amenaza del carbunco, quisieron que los laboratorios Bayer renunciaran a la patente de la ciclosporina. 
En otras palabras, la asociación entre Europa y los países en desarrollo es claramente una iniciativa positiva pero insuficiente. 
El mundo sufre una falta de imaginación social. 
Tenemos que ser conscientes de que los problemas a gran escala, como las pandemias, la inmigración o la escasez de agua potable son mundiales, mientras que las soluciones pueden encontrarse en el seno de cada país. 
El desafío está en examinar las soluciones a estos problemas a escala mundial; de lo contrario, estos acabarán aplastando a los que son cortos de miras y solo piensan en su propio país. 
. 
(PT) Nuestro compromiso de combatir las enfermedades transmisibles, en particular las enfermedades asociadas a la pobreza, como el sida, la tuberculosis y la malaria, y de mejorar los niveles de vacunación y asistencia sanitaria mediante la financiación de programas sanitarios por los países más desarrollados, eliminando las barreras de acceso (licencias y patentes) a los productos farmacéuticos con que se topan los países en desarrollo y las barreras a las que se enfrentan las asociaciones internacionales en el desarrollo de las nuevas generaciones de productos, es esencial. 
Una vez más, quisiera señalar que el 70% de los infectados de sida viven en el África subsahariana y que el sida, la tuberculosis y la malaria suponen 5 millones de muertes anuales. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción la propuesta de la UE de participar en programas de investigación de nuevas intervenciones clínicas que combatan el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis. 
Sin embargo, esta participación no puede sustituir los compromisos financieros de la UE para combatir estas enfermedades. 
Felicito al Sr. Caudron por su buen trabajo. 
. 
(PT) Apruebo la propuesta y las enmiendas del Parlamento porque creo que mejoran una importante propuesta de la Comisión, estableciendo una respuesta viable y oportuna para resolver un problema grave y universal: un programa de investigación a largo plazo destinado a impulsar las nuevas intervenciones clínicas para combatir las enfermedades asociadas a la pobreza en los países en desarrollo. 
Asimismo, apoyo el informe porque se refiere a una propuesta de la Comisión en la que convergen las contribuciones financieras de fuentes tan diversas como la UE, los programas de investigación nacionales de los diferentes Estados participantes y del sector privado, implicando a los propios países afectados en el programa. 
El aumento exponencial de la dotación para este programa en comparación con el programa anterior, junto con la preocupación constante de que los resultados de la investigación sean verdaderamente accesibles a las poblaciones de los países en desarrollo, hace más probable la eficacia de los programas. 
Sin embargo, quisiera señalar que debido a la dotación aportada, esta forma de cooperación europea requiere que se realice un seguimiento exhaustivo de la aplicación de los fondos comunitarios. 
- (PT) La gravedad de las epidemias de VIH/sida, malaria y tuberculosis y la necesidad de aumentar los niveles de ayuda nacional, regional e internacional son innegables. 
Cada año mueren millones de personas en los países más pobres. 
Estoy totalmente de acuerdo con el desarrollo de este programa en sus diferentes vertientes, estrechamente ligadas e interdependientes: el fomento de la prevención y el tratamiento, la mayor accesibilidad a los medicamentos esenciales y la intensificación de la investigación y el desarrollo. 
En relación con el informe Attwooll sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones (A5-0043/2003) , he votado en contra de la enmienda 13, que permite desembarcar por separado las aletas y otras partes del cuerpo. 
El procedimiento frustra todo intento de controlar el número de tiburones que se capturan. 
Debería ser un consuelo que la Comisión y el Consejo determinen el contenido final del Reglamento. 
Sin embargo, por desgracia no es así. 
El Reglamento propuesto se inició con una petición presentada por la Fundación del Tiburón a la Comisaria de Medio Ambiente, la Sra. Wallström, y con una pregunta que yo presenté en la Comisión de Medio Ambiente. 
Estoy seguro de que la Comisaria Wallström se sentirá defraudada por la Dirección General de Pesca. 
Que un funcionario de la Unidad de Conservación de la Dirección General deseche las preocupaciones con las palabras «tengo que confiar mucho más en la opinión de nuestra industria pesquera si lo que quieren es obtener buenas ganancias de sus desembarcos» , me sugiere que tiene una extraña idea de la conservación. 
Quizás el Comisario Fischler debería encargarle la inspección de los mataderos. 
Los ciudadanos europeos que intentan proteger las especies en peligro de extinción no pueden confiar en una Dirección General de la Comisión que parece haber vendido su alma para servir a los intereses de la industria pesquera española. 
. 
(PT) He votado a favor de este informe. 
Si bien hay que respetar el gusto personal y la herencia gastronómica de algunas comunidades y grupos étnicos, y por supuesto los respeto, existen no obstante unos requisitos mínimos para la captura y preparación de las especies destinadas a satisfacer estos apetitos y gustos. 
La práctica de quitarles las aletas a los tiburones y echar el resto del cuerpo al mar, a veces mientras el animal aún está vivo, se considera una amenaza para la supervivencia de algunas especies de tiburón y, además, reviste una carga de barbarie totalmente incompatible con los principios y las declaraciones defendidos durante el proceso de integración europea. 
Por lo tanto, el informe presentado por Elspeth Attwooll (ELDR, Reino Unido) , en nombre de la Comisión de Pesca, que acoge favorablemente la propuesta de reglamento de la Comisión para prohibir esta práctica, merece mi pleno apoyo. 
Señor Presidente, la enmienda 2 al considerando 2 (b) del informe del Sr. Harbour y del Sr. Medina Ortega elimina la ponderación de las pensiones en función del lugar de residencia del pensionista, de forma que se paguen las mismas pensiones por las mismas cotizaciones. 
Se trata de un principio económico sólido que yo quisiera que se aplicara en toda Europa. 
Como sabemos, lamento decir que hay ciudadanos, en algunos Estados, sin ir más lejos Italia, que no han cotizado nunca y sin embargo reciben la misma pensión que los ciudadanos que han pagado montones de cotizaciones. 
¡Todos los 15 Estados miembros deberían seguir el ejemplo de Europa! 
En la propuesta de reforma del Estatuto del personal se pide a la Unión Europea que aplique internamente las opciones generales que se toman en las grandes empresas, porque promueve recortes de los servicios públicos y ataca los derechos de los trabajadores. 
Los esfuerzos por reducir los salarios y los subsidios, imponer nuevos impuestos y reducir drásticamente las pensiones y los derechos a pensión forman parte del ataque a los derechos de los trabajadores. 
Se promueve la eliminación de servicios y un mayor favoritismo y dependencia dentro de un marco de recortes de la función de los servicios públicos, y una peculiar especie de patrocinio más enérgico que servirá a los intereses de los grupos de presión, las grandes empresas y las familias políticas fuertes. 
La mayoría de trabajadores y sindicatos de las diferentes instituciones de la Unión Europea se oponen a la propuesta del Sr. Kinnock. 
Sin embargo, el Sr. Kinnock emplea los trucos habituales, con la connivencia de algunos líderes sindicales, en un esfuerzo por asestar un duro golpe a la administración pública europea y dar ejemplo a las administraciones públicas nacionales. 
Apoyamos las reivindicaciones justas de los trabajadores y su movimiento. 
Consideramos que el Parlamento Europeo debe defender la opinión de que este asunto requiere el procedimiento de codecisión y no puede permitir que la Comisión y el Consejo tomen decisiones sin ningún tipo de control en un asunto que, por añadidura, también afecta al buen funcionamiento del Parlamento. 
- (SV) Aprovechamos esta oportunidad para explicar nuestras razones para votar en contra de la enmienda 58 al apartado 4 del Anexo II, y de la enmienda 59 al apartado 34 del Anexo II. 
No creemos que la cuestión de la categoría de los asistentes deba tratarse en el marco del informe sobre el Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas. 
Creemos que el asunto debería debatirse en el marco de un estatuto de los asistentes o en las discusiones sobre el Estatuto de los diputados. 
Creemos que la mejora y clarificación de las condiciones de trabajo de los asistentes es un asunto importante, pero no creemos que deba discutirse en este informe. 
Dudamos de que la enmienda 58 sea relevante y proteja los intereses de los asistentes. 
Por lo tanto, creemos que el asunto debería analizarse más a fondo y debatirse por separado en otra ocasión. 
Hemos votado en contra de la enmienda 64, si bien intenta crear un sistema «menos desigual» para los empleados del Parlamento. 
En general, queremos que el personal tenga los mismos derechos en cuanto al salario, por lo que podríamos haber votado a favor de la enmienda si el 16% se hubiera dado a todos los nuevos miembros del personal independientemente de su origen. 
Señor Presidente, tengo que admitir que he echado una pequeña siesta durante las votaciones y, mientras dormía, he soñado que los 15 Jefes de Estado reunidos en Bruselas para este Consejo Europeo sostenían una animada discusión. Uno de ellos decía a los demás: «Para equilibrar el saldo de las pensiones, deberían ustedes hacer lo mismo que nosotros solíamos hacer y seguimos haciendo en Italia. 
En Italia, cuando elegimos al Ministro de Hacienda, le sometemos a un examen médico. Le tomamos una radiografía del tórax para ver si tiene el corazón de piedra. 
Le examinamos los ojos para ver si tiene las pupilas cuadradas para cuadrar las cuentas. A continuación, le hacemos un análisis de sangre para ver si tiene una alta resistencia al alcohol, porque, en algunos círculos gubernamentales, se brinda cada vez que muere un pensionista. 
Hemos elegido a nuestro Ministro de Hacienda de esta manera, así que no tenemos de qué preocuparnos. 
¡Deberían ustedes hacer lo mismo!» 
- (FR) El Consejo de Bruselas ha eliminado del orden del día el discurso de Valéry Giscard D´Estaing, Presidente de la Convención, so pretexto de que el tema del Iraq era más urgente. 
Sin embargo, de hecho, el Consejo apenas ha discutido el tema del Iraq, para no exacerbar la división existente. 
Podemos preguntarnos si el aplazamiento del discurso del Presidente de la Convención podría ser indicativo de un profundo malestar, por dos razones. 
La primera, por supuesto, se refiere a la crisis del Iraq, que demuestra la imposibilidad de una política exterior unificada y que probablemente conducirá a la formación de al menos dos Europas, con una división vertical u horizontal. 
Sin embargo, en estos momentos esta posibilidad no entra dentro de los planes de la Convención, que sigue guiándose por el modelo unificado. 
La segunda razón se refiere a la presencia, o a la ausencia, de los países candidatos en las reuniones del Consejo. 
Es cierto que aún no son miembros, pero ¿se puede discutir sobre la Convención sin ellos? 
Si es así, ¿no debería decirse claramente que serán signatarios de pleno derecho del futuro Tratado llamado «constitucional» ; en otras palabras, que este Tratado sólo podrá concluirse después del 1 de mayo de 2004, cuando sean miembros? 
Esta es nuestra posición. 
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(ES) El entorno económico cada vez más abierto y competitivo en que debe operar hoy el mundo empresarial y la necesidad de promover un crecimiento económico capaz de garantizar el mantenimiento de la ocupación y el bienestar social de los ciudadanos, justifica plenamente la estrategia y los acuerdos que el Consejo Europeo ha adoptado para dar un nuevo impulso a dicha estrategia. 
Unos acuerdos que debían haber sido mucho más ambiciosos en cuanto a su alcance y ámbitos propuestos, vistos los retrasos acumulados a la hora de llevar a la práctica las medidas acordadas en Lisboa. 
De ahí que haya votado a favor de la resolución, pero lamento que en la misma no se haya querido incluir una referencia a la necesidad de garantizar un acceso a los mercados de los países terceros en condiciones de reciprocidad y en el pleno respeto de las normas que rigen el comercio internacional, aspecto este fundamental. 
Para mantener y mejorar el empleo las medidas propuestas de poco servirán en efecto, por necesarias que sean, si luego nuestras empresas no pueden exportar debido a una competencia desleal en materia de comercio exterior que la UE tiene la obligación de controlar. 
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(EL) La cumbre de Bruselas no ha pronunciado una sola palabra de condena, ni siquiera moderada, de este crimen contra el pueblo iraquí. 
Solo ha centrado su atención en la guerra imperialista para expresar su miedo a que disminuyan los beneficios de las grandes empresas y para proponer medidas preventivas de cara a intensificar su ataque contra el pueblo llano. 
En nombre de los engañosamente llamados «objetivos de Lisboa» , que con contrarios al pueblo llano, ha decidido fomentar medidas y políticas en nombre en la competitividad y el espíritu empresarial, que van en detrimento del empleo y de los derechos sociales y de pensiones. 
Se han emitido directrices para extender y ampliar el empleo a jornada parcial y el trabajo temporal, los sistemas de agencias de empleo temporal y relaciones laborales flexibles, aboliendo básicamente los convenios colectivos, recortando todavía más el gasto social, traspasando la riqueza de las personas al capital privado, «liberalizando» el sector público y los servicios públicos, y favoreciendo que la salud y la sanidad se conviertan en mercancías y la seguridad social se privatice. 
Por supuesto, se engañan si piensan que distraerán a los trabajadores mediante falsas promesas y trucos de relaciones públicas. 
Son ellos los que empiezan a pasar apuros a causa de la recesión, la continua erosión de los ingresos y el descenso del nivel de vida. 
Están organizando y reforzando su combate contra las opciones tomadas por las grandes empresas y la Unión Europea. 
Están surgiendo grupos de base cada vez más radicales y la ola de oposición a las crueldades del capitalismo está creciendo en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
. (FR) Se nos ha invitado a pronunciarnos sobre el resultado del Consejo Europeo sobre la Estrategia de Lisboa. 
Hemos observado que, una vez más, los Jefes de Estado y de Gobierno están siguiendo la ideología liberal de la integración europea. 
El objetivo del Consejo de Lisboa de marzo de 2000 fue establecer la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenido, con empleos cada vez mejores y mayor cohesión social. 
Tres años después, los resultados distan mucho de ser concluyentes, por decir algo. 
Mientras en Europa aumenta el número de expedientes de despido, el crecimiento en la zona euro se frena- un 1% en lugar del 1,8 % estimado- y mientras se cierran las fauces del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Quince continúan liberalizando los ferrocarriles, la energía y el transporte aéreo, desregulando la protección social y haciendo más flexible el mercado de trabajo. 
Esta es la razón por la que no apoyamos las conclusiones del Consejo. 
Ahora urge un cambio total de rumbo hacia una mayor democracia y control ciudadano, más servicios públicos, mayor protección social basada en la solidaridad y mayor igualdad entre hombres y mujeres, entre nacionales e inmigrantes. 
. 
(PT) La dimensión medioambiental todavía no está suficientemente integrada en la Estrategia de Lisboa. 
Por lo tanto, creo que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros tienen que asegurarse de que antes de la Cumbre de Primavera de 2004 se cumplan tres objetivos: en primer lugar, la ampliación de la lista de indicadores estructurales que sirve de base para la evaluación de los resultados de los Estados miembros, incluidos los nuevos indicadores medioambientales que valoran la situación europea en ámbitos como los recursos hídricos, la biodiversidad, la degradación del suelo, la contaminación química y la seguridad alimentaria. 
En segundo lugar, la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible tiene que actualizarse a la luz de los compromisos establecidos en la Conferencia de Johanesburgo, y hay que crear mecanismos de control que evalúen el cumplimiento por parte de la Unión Europea de los objetivos mundiales. 
En tercer lugar, también en lo que respecta al medio ambiente, la estrategia de Lisboa tiene que proporcionar un verdadero plan de acción, incluyendo políticas, objetivos y calendarios de aplicación. 
Muchos de estos objetivos han sido debatidos en varias ocasiones en las cumbres europeas, pero finalmente han caído en el olvido. 
Ahora es el momento de incluirlos en la Estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente, en este octavo día de intervención en el Iraq, quisiera expresar mi tristeza por el sufrimiento de los civiles afectados por este conflicto. 
Sin embargo, al mismo tiempo, creo que es necesario señalar que el régimen de Sadam Husein ha conducido directamente a este resultado a causa de las masacres que ha cometido, en particular utilizando armas de destrucción masiva, y de su táctica dilatoria incesante en respuesta a las peticiones de desarme y a un cambio de comportamiento. 
Aún hoy está empeorando las cosas para sí mismo con su estrategia de llevar la guerra a las ciudades a fin de tomar a la gente por rehén y utilizarla de escudo humano. 
Como ya he dicho, lamento la forma en que se han llevado los debates de las Naciones Unidas en los últimos meses. 
Sin embargo, hoy tenemos que expresar nuestra solidaridad con nuestros aliados, cuyas tropas están luchando sobre el terreno y, quiero decirlo especialmente aquí, con nuestros colegas británicos. 
Como el Consejo de Bruselas del pasado 20 de marzo, esperamos que este combate dé lugar a un Iraq libre y soberano, cuyo régimen no suponga una amenaza para sus vecinos ni para su propia población. 
¿Cuál ha sido mi voto en el gravísimo asunto del Iraq? 
Bien, señor Presidente, anoche dormí muy bien y, una vez más, tuve un sueño. Había un cuadrilátero de boxeo. 
Los dos boxeadores eran el Presidente George Bush y el Presidente Sadam Husein. El árbitro era el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 
Miss Europa, vestida con una minifalda, era la chica del cuadrilátero, y sostenía un cartel que ponía «primer asalto». 
Sadam Husein derribó inmediatamente a George Bush, que perdió el primer asalto entre aplausos de todos los pacifistas del mundo. 
Cuando vi a George Bush en el suelo, me dio lástima, decidí correr en ayuda del cowboy y voté a favor de expresar nuestro apoyo a los Estados Unidos de América, que en el pasado han salvado a Europa de los dictadores. 
Señor Presidente, lamento que esta Cámara haya sido incapaz de adoptar una posición clara sobre el Iraq. 
Por lo tanto, quisiera exponer mi opinión para que conste en acta. Creo que esta guerra es ilegal, inmoral y políticamente contraproducente. 
Asimismo, creo que tenemos que aprovechar la crisis actual de la política exterior y de seguridad para unir a Europa en materia de política exterior y de seguridad, no en contra de los Estados Unidos, sino como un socio seguro de sí mismo; por desgracia, hoy en día aún no lo somos, y es por culpa nuestra. 
Señor Presidente, hoy lamento profundamente el resultado de la votación sobre la propuesta en esta Cámara. 
Es trágico constatar que, como el Consejo, también el Parlamento ha decidido callar. 
En este momento, la Cámara desierta es el símbolo trágico de nuestro comportamiento en esta crisis internacional tan terrible. 
Esta muestra de impotencia solo causa dolor a todos aquellos que siempre han esperado y siguen esperando que Europa sea para el mundo un ejemplo de equilibrio, progreso, paz y garantía del respeto de los derechos de los pueblos y del Derecho internacional. 
A pesar de que no se ha aprobado ninguna resolución, ha habido votos significativos: el más importante es que el Parlamento ha optado por amplia mayoría por una política exterior y de seguridad común con ámbitos de cooperación reforzada. 
Este es el único rayo de esperanza en la desesperación que sigue a una votación que no nos honra. 
Señor Presidente, no poseo el talento del Sr. Fatuzzo para expresar los sentimientos que podamos tener hacia los soldados de las democracias que actualmente están luchando en el desierto contra un enemigo multiforme, pero también quisiera expresar mi tristeza de que el Parlamento haya sido incapaz de realizar una declaración formal. 
Sin embargo, como acaba de decir el Sr. Procacci, se han logrado votaciones importantes. 
Creo que la resolución del Grupo de los Liberales se acerca a lo que habría sido la posición del Parlamento, rechazando, en particular, el tipo de histeria que vemos en este momento demasiado a menudo. 
Yo añadiría que el fracaso de Europa, si Europa ha fracasado- y esta sala vacía parece ser una prueba de ello- es ciertamente, respecto del proceso de negociación que ha precedido al inicio de las hostilidades, un fracaso claro del enfoque intergubernamental. 
La forma en que nuestros Gobiernos han dado prioridad a las posiciones nacionales y la idea, ilusoria o real, del interés nacional por encima del interés europeo nos muestra que, si las crisis han de ser fecundas, necesitamos lanzar una nueva política exterior y de seguridad europea basada en un nuevo federalismo para el nuevo siglo. 
Señor Presidente, con su inverosímil, prolija, confusa, ambigua e hipócrita resolución común, los Socialistas, los Verdes y los Liberales han fracasado estrepitosamente. 
Han conseguido lo imposible en las circunstancias actuales, elaborando una resolución que no contiene ni un solo considerando de condena a la beligerancia militar angloamericana y ni un solo artículo exigiendo que cese. 
Su indignación virtuosa se dirige únicamente hacia las autoridades iraquíes, a quien se pide que no utilicen sus armas, mientras prometen que, de todas maneras, se les llevará ante un tribunal internacional, lo cual roza el ridículo. 
¿Desde cuándo, conforme al Derecho internacional, destruir una nación con bombas es una manera legítima de cambiar un gobierno, incluso si se trata de un gobierno autoritario como lo son para el caso todos los demás gobiernos de la región? 
¿Significa que todos los mecanismos del derecho y de la seguridad colectiva pueden violarse al capricho de los poderosos? 
Este es el único asunto que había que abordar hoy. 
Ustedes no han querido abordarlo. 
Ustedes no han querido una resolución. 
Es un día negro para el Parlamento. 
Señor Presidente, mis posiciones en las votaciones de hoy sobre la crisis del Iraq han estado basadas en un principio de solidaridad innegable. 
Ahora que la guerra ha comenzado, debería ser el momento de la unidad, se esté o no de acuerdo con la guerra. 
Cuando uno de los Estados miembros, Gran Bretaña, está en guerra, nuestro deber es respaldarle. 
Cuando cualquiera de nuestros aliados en la Alianza Atlántica reclama nuestra solidaridad, tenemos que respaldarle, en especial durante los momentos más duros, para que podamos contar con ellos en caso de que se ponga en juego nuestra propia seguridad. 
Los que piensan que la Resolución nº 1441 es insuficiente deberían recordar las 16 resoluciones anteriores y los cerca de 7 000 inspectores que en los últimos doce años han pasado casi siete años inspeccionando, sin resultados visibles. 
Los que aún prefieren que continúen las inspecciones, blandiendo la amenaza retórica del uso de la fuerza, deberían recordar que la desunión de la comunidad internacional revelada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido el arma más letal jamás ofrecida a Sadam Husein. 
A los que, aunque con toda legitimidad, solo se preocupan por las consecuencias humanitarias de un conflicto armado- que nos preocupan a todos -, les diría que nos oponemos a la cruda realidad de la población iraquí, que durante décadas ha sido víctima de una limpieza étnica silenciosa y continua y a las consecuencias devastadoras de una dictadura despótica, cruel e impredecible. 
Todos queremos la paz, en cuanto sea posible, pero la paz que yo quiero ver es un paz segura, sin las amenazas de terrorismo o el uso de armas de destrucción masiva, una paz en libertad no solo para nosotros, sino también para los iraquíes, así como prosperidad debidamente compartida con los que más la necesitan. 
. 
(EL) La Presidencia griega del Consejo mantiene que está dando un gran salto adelante para superar las grandes diferencias en el seno de la Unión Europea sobre el Iraq. 
Olvida a las víctimas inocentes en Bagdad, el asedio inexorable de Basora y los ríos de sangre, y en su lugar habla de los que gobernarán Iraq después de la guerra, los Estados Unidos o las Naciones Unidas. 
De hecho se trata de un retroceso al siglo diecinueve y principios del veinte, cuando Francia, Gran Bretaña y España se peleaban y regateaban por el control de Marruecos, Libia y Egipto. 
La Unión Europea no puede asustarse por lo que está pasando; tiene que exigir que se detenga esta guerra ilegal, conforme al artículo 11 de los Tratados, que requiere que su política exterior esté en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe condenar al Gobierno británico. 
Por supuesto, Tony Blair está preparando su viaje a Atenas para dentro de unos días, a fin de asistir a la firma del Tratado por parte de los 10 nuevos Estados miembros el 16 de abril. 
Para los griegos es persona non grata. 
Si el invasor del Iraq con las manos manchadas de sangre pone el pie en la tierra de la libertad griega, puede estar seguro de que nunca se olvidará del recibimiento que los griegos le tienen preparado, un recibimiento pacífico, por supuesto, pero con banderas y voces en alto. 
. 
(EL) Independientemente de que el Parlamento Europeo haya sido incapaz de aprobar una resolución sobre el Iraq, la forma en que la mayoría de diputados han votado sobre las distintas enmiendas indica cómo está abordando esta nueva demostración de barbarie imperialista. 
Todas las enmiendas que condenan la guerra por injusta e ilegal y que instan a los Estados miembros a no dar facilidades a los invasores han sido rechazadas. 
En una distorsión de la verdad sin precedentes, la mayoría de los diputados incluso han votado en contra de las enmiendas que simplemente declaraban lo obvio, que esta guerra se está llevando a cabo sin el respaldo de las Naciones Unidas, que la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad se oponen a ella y que ha incitado a millones de personas a tomar las calles y protestar. 
En cambio, las enmiendas aprobadas demuestran que el Parlamento Europeo está interesado en la llamada «reconstrucción» del Iraq, es decir, el reparto del botín, y la mayor militarización de la UE mediante el refuerzo de la PCSD. 
Creemos que cuanto más se manchen las manos de sangre iraquí los imperialistas norteamericanos y británicos, más aún caerán las máscaras de los llamados imperialistas europeos moderados. 
El único oponente capaz de poner fin a la guerra y derrocar a los poderes que la apoyan es el movimiento popular antiimperialista. 
. (FR) He votado en contra de la propuesta de resolución común sobre el Iraq porque se desmarca de la posición adoptada por este Parlamento el pasado 30 de enero. 
La nueva resolución no condena esta intervención militar unilateral, que se ha producido sin el respaldo de las Naciones Unidas, algo que yo considero fundamental. 
Algunos diputados parecen más sensibles al lenguaje de la fuerza y a los hechos consumados de esta guerra, que al Derecho internacional y a la opinión pública que se manifiesta en la calle. 
Mientras las bombas destruyen Bagdad y se hace caso omiso al Derecho internacional, el Parlamento Europeo se contenta con lamentar la guerra y el hecho de que no hayan continuado las inspecciones y con pedir a los beligerantes que no utilicen armas de destrucción masiva. 
Sin duda, esto habrá llenado de consternación a los ciudadanos. 
Es preferible no aprobar ninguna resolución a contar con un compromiso cojo. 
Quisiera dejar constancia de mi absoluto rechazo a la guerra contra el Iraq, que viola el Derecho internacional y la justicia natural. 
La acción unilateral de los Gobiernos norteamericano y británico pone en peligro la paz mundial, la estabilidad regional y socava la autoridad de las Naciones Unidas. 
Me decepciona profundamente que algunos Estados miembros y países candidatos presten apoyo militar al conflicto. 
Y me decepciona aún más la postura hipócrita del gobierno irlandés. 
Hace alarde de un compromiso ficticio con la neutralidad, mientras permite que los aviones militares norteamericanos usen el aeropuerto de Shannon a pesar de la condena clara por el pueblo irlandés de la acción en la que están implicados estos aviones. 
Insto al Parlamento a que exija el final inmediato de esta guerra ilegal. 
El Parlamento debe hacer un llamamiento para que se reúna el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tomar las riendas de la situación y encargar al Secretario General que inicie los pasos necesarios para detener la guerra. 
Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería autorizar el despliegue de inspectores de los derechos humanos de las Naciones Unidas por todo el Iraq. 
Las autoridades iraquíes y kurdas deberían dar a los inspectores pleno acceso y cooperar con ellos a fin de proteger a la población iraquí, incluida la población kurda del norte del Iraq, que ahora sufre un riesgo potencial de ataque por parte de Turquía. 
. (FR) Es de desear que las hostilidades en el Iraq concluyan rápidamente y que los daños colaterales se reduzcan al mínimo. 
En este contexto, hemos votado a favor de poner en marcha urgentemente un programa humanitario que pueda hacer llegar, sin tardanza, ayuda al pueblo iraquí. 
En una perspectiva más amplia, nos gustaría que se elaborara un proyecto de reconstrucción del Iraq bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Además, es necesario conseguir el compromiso de las autoridades turcas de que no van a tomar ninguna medida que pueda provocar un nuevo conflicto en el norte del Iraq. 
. 
(PT) A pesar de la tragedia humanitaria que está causando la guerra contra el Iraq, la mayoría del Parlamento Europeo no ha aprobado, por desgracia, las propuestas de nuestro Grupo que tenían como fin condenar esta guerra injusta, ilegítima e ilegal, que se ha decidido unilateralmente, incumpliendo el Derecho internacional y en contra de la opinión mayoritaria de los pueblos del mundo entero. 
Las propuestas que reclamaban el final de los bombardeos y el retorno a la legalidad internacional han sido también rechazadas, así como las que señalaban que la guerra en curso es una catástrofe para toda la región y para el mundo entero porque constituye una amenaza para la seguridad internacional y acarrea el riesgo de crear una inestabilidad permanente en la región, de causar la fragmentación del Iraq y de agudizar la tensión, dando lugar también a un resurgimiento del terrorismo. 
Así pues, ha quedado tan poco, que sería preferible mantener la posición adoptada el 30 de enero, en la que la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo afirmaba su deseo de que las Naciones Unidas continuaran desempeñando un papel fundamental en el orden mundial y condenaba rotundamente una guerra unilateral. 
Vamos a seguir luchando en contra de la guerra, para conseguir su cese inmediato por el bien de la paz. 
Esperaba que el Parlamento Europeo hiciera lo que debe para salvar las diferencias entre nuestros países en este tiempo de crisis internacional, y como cualquier diputado racional de esta Cámara creo que hay que hacer todo lo posible por evitar la guerra cuando sea posible. 
Sin embargo, al presentarse una enmienda que de manera específica condena la decisión de llevar a cabo una acción militar que ya ha comenzado, y que implica a algunos de nuestros países, me ha resultado imposible apoyarla. 
Los diputados al Parlamento Europeo deberíamos centrarnos en la tarea común de buscar el final más rápido posible al conflicto con el mínimo de víctimas, en la asistencia humanitaria a la población iraquí y en los planes para reconstruir el país bajo los firmes auspicios de las Naciones Unidas. 
Europa no influirá realmente en América o en los asuntos mundiales a menos que seamos capaces de resolver nuestras diferencias y hablar con una sola voz. 
Esta es la lección que tenemos que aprender del fracaso de hoy al no haber sabido encontrar una resolución común aceptable. 
. (IT) El Parlamento Europeo no puede seguir dividido con respecto a la tragedia del Iraq y de Oriente Medio y exponer distintas posiciones por razones ideológicas y de oportunismo. 
Muchos puntos de varias de las resoluciones presentadas mantienen la discrepancia entre lo que es una posición partidista y lo que debería ser un mensaje político encaminado a la consecución de la paz, a la eliminación de una sangrienta dictadura y a la reconstrucción, bajo los auspicios de la ONU. 
Con este fin, deberíamos empezar a centrarnos, a partir de ahora, en aliviar el sufrimiento de los niños y los ancianos. 
Debemos condenar, una vez más, el sectarismo de aquellos que, en todo momento, piensan que deben representar a su propia facción política, y que, por razones de política de partidos, impiden que se alcancen posiciones comunes. 
En un debate de ayer sobre la situación en el Iraq, un colega francés muy respetado dijo que no era el momento de buscar culpables cuando había hombres, mujeres y niños que estaban muriendo en esta trágica guerra. 
Es hora de centrarnos en las necesidades humanitarias de este sufrido pueblo y en la reconstrucción de este hermoso país. 
Tenemos que comprometernos a dar nuestro máximo apoyo, financiero y de cualquier otro tipo para conseguirlo. 
Tenemos que asegurarnos de que mostramos nuestro más profundo respeto por las diferentes tradiciones religiosas de este país y de esta antigua civilización que tanto ha dado al mundo. 
Las palabras por sí solas contribuyen muy poco a la resolución de este conflicto. 
Para los que nos sentimos obligados a mirar con impotencia, el Papa Juan Pablo II, uno de los máximos líderes mundiales, que sistemáticamente ha tendido la mano a la comunidad musulmana, nos ha pedido que ayunemos y oremos por un rápido final de la guerra. 
. (FR) Las diversas propuestas de resolución sobre la situación en el Iraq han sido rechazadas, una tras otra, por los diputados del Parlamento Europeo, que han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre una sola posición clara acerca de esta cuestión, a pesar de su importancia para todos nuestros ciudadanos. 
Por tanto, y al igual que las demás instituciones europeas, el Parlamento parece el lugar por excelencia de la contradicción y la impotencia. 
Eso debería dar que pensar a los que, desde la Convención, desean aumentar el poder del Parlamento. 
El Sr. Simitis nos dijo ayer que el Consejo Europeo de Bruselas había evitado cuidadosamente abordar el quid de la cuestión. 
El reparto de votos hoy en el Parlamento no solo invalida el resultado de la votación de la última resolución, sino que también subraya la amplitud y la radicalidad de las diferencias de opinión que separan a los diversos pueblos de Europa en lo que respecta a la situación internacional. 
Estamos muy lejos de alcanzar el deseado objetivo de un pueblo europeo, o de lo que se ha venido a llamar una opinión pública europea, que se supone que está reflejada en el Parlamento Europeo. 
La imposibilidad de definir una posición sobre el Iraq demuestra claramente que, aunque el Parlamento Europeo puede ser un foro útil de debate e intercambio de puntos de vista, en él no pueden formularse políticas. 
Es evidente que la política exterior sigue siendo patrimonio de los pueblos y los Estados nacionales que encarnan su voluntad. 
. 
(PT) Me he abstenido en la votación porque la resolución que se ha presentado no es tan decisiva como podría ser con respecto a la postura estadounidense relativa a los ataques preventivos. 
Quiero hacer hincapié en la solidaridad que debemos demostrar hacia el pueblo iraquí y hacia los familiares de los jóvenes soldados estadounidenses y británicos que han muerto en esta guerra injusta. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción una política estricta destinada a restringir el uso de los plaguicidas. 
Según la Organización Mundial de la Salud, son responsables cada año de un gran número de enfermedades e incluso de muertes en todo el mundo, y su uso ha aumentado de manera regular. 
Esta legislación reducirá el riesgo de los plaguicidas para la salud humana y el medio ambiente y está encaminada a reducir a la mitad las cantidades usadas en un plazo de diez años. 
Esto solo se podrá conseguir creando un marco para impuestos y otros gravámenes sobre los plaguicidas; apoyo el plan encaminado a impedir que los Estados miembros reduzcan el IVA de los plaguicidas. 
Los fabricantes o los importadores deberían asumir la responsabilidad de la recuperación y la eliminación segura de todos los envases de plaguicidas, de los plaguicidas caducados y de los plaguicidas retirados del mercado. 
Acojo con satisfacción los objetivos de reducir los niveles de sustancias activas dañinas y en particular la sustitución de las más peligrosas por alternativas más seguras y no químicas, y la promoción de los cultivos libres de plaguicidas. 
Señor Presidente, por supuesto es positivo que Europa esté intentando limitar los productos nocivos que se utilizan en la agricultura para matar parásitos y conseguir que las frutas, las verduras y todos los productos de la tierra sean lo más exuberantes posibles y se obtengan en la mayor cantidad posible. 
Sin embargo, me pregunto? y no sé si usted se está preguntando lo mismo, señor Presidente, y si los Verdes, en especial, se lo están preguntando? por qué no incrementamos la labor científica e investigadora para crear organismos modificados genéticamente (OMG) en la agricultura, con el fin de producir plantas, frutas y productos agrícolas en ingentes cantidades y de gran calidad que sean resistentes a los parásitos, de modo que deje de ser necesario utilizar los plaguicidas, que son verdaderamente nocivos. 
. (FR) He apoyado la enmienda del Sr. Mulder que pretende suprimir el apartado 30 del informe Van Brempt porque me parece ridículo seguir invocando el principio de cautela con los OMG. 
Durante 12 años se ha demostrado, en muchas partes del mundo, que la utilización de plaguicidas puede reducirse gracias a las mejoras genéticas, y nada indica que los OMG no sean una alternativa agrícola sostenible. 
Europa ha conocido las vacas locas, los pollos con dioxina y otras delicias de este tipo. 
En el resto del mundo, se están cultivando más de 50 millones de hectáreas de plantas mejoradas genéticamente, utilizando menos productos químicos y plaguicidas, y sin ninguna contraindicación comprobada científicamente. 
. (FR) He votado a favor de este informe. 
Es fundamental recordar que se trata, ante todo, de un problema de salud pública. 
Cada vez más enfermedades están relacionadas, sin duda alguna, con la utilización excesiva de plaguicidas. 
Conviene ejercer presión sobre quienes usan estos plaguicidas para que racionalicen y reduzcan significativamente su empleo. 
En la medida de lo posible, debería promoverse el recurrir a soluciones alternativas de protección de los cultivos. 
Somos conscientes de la responsabilidad de los profesionales agrícolas, cuyo deseo es producir productos de gran calidad preservando, al mismo tiempo, su forma de vida. 
Los riesgos medioambientales, a este respecto, son altos: la calidad del agua y del suelo está empeorando debido a la utilización excesiva de plaguicidas, con frecuencia con trágicas, y en ocasiones desconocidas, repercusiones para la salud humana. 
Es de suma importancia que la investigación continúe en este ámbito. 
Por eso, creo que, en esta fase de la investigación, resulta prematuro descartar el uso de OMG como medio para luchar contra los organismos dañinos. 
Controles estrictos e independientes, unidos a la exitosa aplicación de estos nuevos métodos, permitirá que la agricultura orgánica se desarrolle racionalmente. 
El objetivo básico de la estrategia es reducir el efecto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente. 
Los plaguicidas son productos caros y los agricultores solo los usan cuando es necesario. 
No podemos pasar por alto el hecho de que los plaguicidas desempeñan un papel importante en la agricultura moderna. El uso eficaz de los plaguicidas puede aumentar la productividad de las semillas y ayudar a mantener criterios estrictos de calidad y seguridad alimentaria. 
Los plaguicidas desempeñan un papel importante en estos elementos exigidos por los consumidores europeos. 
La sugerencia de reducir el uso de los plaguicidas en un 50% no está basada en datos científicos. 
Se trata de una cifra que, de alguna manera, da la impresión de que el uso de los plaguicidas es intrínsecamente malo. 
No es este el caso. 
La reducción de riesgos se puede conseguir mejorando los controles sobre la distribución y el uso de los plaguicidas, así como sustituyendo las sustancias más peligrosas por alternativas más seguras. 
Los programas de educación y formación también desempeñan un papel importante en la introducción de prácticas de cultivo alternativas. 
Y, por supuesto, sin duda existe la posibilidad de utilizar fondos del segundo pilar de la PAC con este fin. 
Asimismo, tenemos que recordar que ya existe un marco reglamentario para la comercialización y el uso de productos de protección de cultivos conforme a la legislación europea. 
Cualquier estrategia futura tiene que ser compatible con el marco existente. 
. 
(PT) La agricultura de la Unión Europea depende cada vez más de los plaguicidas (327 000 toneladas en 1999). 
Aunque comprendemos la importancia de estas sustancias para el control de las plagas, lo cierto es que existen alternativas, sobre todo en el ámbito de la agricultura orgánica. 
Pese a que existe la creencia de que la agricultura no puede ser rentable sin la utilización intensiva de plaguicidas, eso solo es verdad si no se incluyen en el precio final de todos los productos sus costes medioambientales. 
Así, los plaguicidas conllevan enormes costes para el medio ambiente (contaminación de las aguas subterráneas y pérdida de biodiversidad) y para la salud humana (trastornos endocrinos, infertilidad y cáncer). 
Merece la pena recordar que, según la OMS, cada año los plaguicidas causan enfermedades a tres millones de personas y la muerte a 220 000 personas en todo el mundo. 
Por lo tanto, acojo con agrado esta Comunicación de la Comisión Europea, así como el informe de la Sra. Van Brempt, que tienen como objetivo lograr que se revise la legislación europea en materia de uso de plaguicidas. 
Es de vital importancia que, en esta futura legislación, se definan objetivos, calendarios y medios para garantizar el cumplimiento del objetivo de reducir en un 50% la utilización de plaguicidas en la UE para 2010. 
. 
(PT) Me he abstenido en la votación de este informe, a pesar de que creo que, en general, va en la dirección correcta para cumplir los ambiciosos objetivos fijados en el Consejo Europeo de Gotemburgo con el fin de promover el desarrollo sostenible, haciendo de este un criterio que debe tenerse en cuenta en todas las acciones comunitarias. 
En primer lugar, de acuerdo con la opinión de la Comisión de Agricultura: «La Comunicación está basada en el estudio elaborado por instituciones holandesas y sin consultar a las autoridades de todos los Estados miembros. 
Refleja en consecuencia la problemática medioambiental de un determinado sistema de producción sin que las medidas expuestas sean del todo apropiadas a las peculiaridades de las distintas regiones europeas». 
Creo, sin embargo, que el informe va demasiado lejos y es poco realista cuando sugiere la prohibición de determinados productos, y tengo muchas reservas con respecto a la utilización de mecanismos tributarios, mediante el cobro de impuestos como medida disuasoria, ya que, como sabemos, la fiscalidad no es una de las competencias y atribuciones de la Unión Europea. 
Estoy en desacuerdo también con las referencias hechas a la inclusión de los OMG en esta disposición, puesto que, debido a su especial naturaleza, merecen que se aborden por separado. 
Sin embargo, sí acojo con agrado la propuesta de la ponente de crear bases de datos que contengan todos los datos de observación nacionales y todas las alternativas no químicas disponibles? 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Como creo que usted ya sabrá, señor Presidente, estoy aquí porque he sido elegido por los pensionistas para representar al Partido de los Pensionistas italiano. 
Tengo que decir que, aunque esta no es una de las cuestiones de las que suelo hablar a los pensionistas, tanto el Partido de los Pensionistas como yo mismo estamos a favor de la creación de un Fiscal Europeo, pero solo una vez que contemos con un código penal y un código de procedimiento penal europeos. 
He escuchado a un diputado italiano decirle a otro: «¿Por qué nos oponemos a la creación de un Fiscal Europeo? ». 
«¡Es natural! 
Los fiscales en Italia? a los que tanto criticamos por su parcialidad? son, sin duda, mejores que el Fiscal Europeo que se crearía mediante esta directiva.» 
Por lo tanto, he decidido seguir la misma línea que estos diputados italianos, porque la justicia es, sin duda, la garantía más importante para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. 
- (SV) Hemos votado a favor del informe que propugna la creación de un Fiscal Europeo. 
Es importante que haya un fiscal supranacional capaz de proteger los intereses financieros de la UE. 
El sistema actual genera, con frecuencia, problemas debido a que los Estados miembros tienen distintas normas. 
Por lo tanto, es necesario un Fiscal Europeo que pueda combatir eficazmente el fraude contra los intereses financieros comunitarios. 
Es todavía demasiado pronto para expresar una opinión sobre las normas concretas que deberían ser de aplicación a este fiscal, pero nos anima el hecho de que haya comenzado el debate. 
Sin embargo, ahora mismo es importante recalcar que la fiscalía europea deberá dedicarse exclusivamente a proteger los intereses financieros comunitarios, sin ir más allá. 
- (FR) Hemos votado en contra del informe Theato porque la creación de un Fiscal Europeo serviría fundamentalmente para aumentar el poder de Bruselas. 
Sin lugar a dudas, este objetivo explica el sorprendente empeño de la Comisión por hacer avanzar esta propuesta. 
En efecto, ya la había presentado ante la Conferencia Intergubernamental responsable de la redacción del Tratado de Niza, que la rechazó. 
Los Gobiernos optaron entonces por la opción mucho más sensata del Eurojust, es decir, por mejorar la cooperación no supranacional entre los sistemas judiciales nacionales. 
La Comisión vuelve ahora a la carga con un Libro Verde, y por supuesto, el Parlamento Europeo le pisa los talones. 
Por desgracia para ellos, el grupo de trabajo competente de la Convención no aprobó esta propuesta debido a una excesiva división. 
¡Da igual! 
El Presidium la repescó por iniciativa propia y la incluyó automáticamente en su proyecto de Constitución europea. 
Detrás de este empeño se halla, una vez más, una simple lucha por el poder. 
Para los federalistas, el Fiscal Europeo tendría la principal ventaja de abrir las puertas de los sistemas judiciales nacionales y de dar lugar a una serie de reformas en cadena hasta lograr la plena integración. 
Nosotros, por el contrario, debemos hacer prevalecer la idea de una red de sistemas nacionales que cooperen entre sí. 
Los miembros de la delegación del Partido Moderado deseamos dejar claro que estamos a favor de la creación de un fiscal para delitos contra los intereses financieros comunitarios. 
Sin embargo, no apoyamos la creación de un Fiscal Europeo con atribuciones más amplias. 
En el Partido Laborista Parlamentario Europeo creemos que, en nuestra calidad de diputados, tenemos la obligación de proteger el dinero de los contribuyentes europeos. 
Creemos que el enfoque poco sistemático para abordar el fraude en el seno de la UE ha sido insuficiente y, aunque estamos de acuerdo con el establecimiento de Eurojust, OLAF, el refuerzo del Tribunal de Cuentas y el blindaje de la legislación frente al fraude, no creemos que estas medidas atajen el problema del enjuiciamiento penal del fraude en la UE. 
El papel del Fiscal Europeo debería limitarse estrictamente a proteger las finanzas de la UE. 
No creemos en el establecimiento de un espacio judicial europeo. 
El papel del Fiscal Europeo debe ser coordinar la acción judicial, pero la acción judicial en sí misma debería ser responsabilidad de los Estados miembros, que tendrían la obligación de procesar. 
A pesar de las reservas sobre ciertos detalles que recoge el Libro Verde, creemos que es importante que se establezca un Fiscal Europeo antes de la ampliación, con las complicaciones añadidas de enjuiciar el fraude en diez países más. 
Si nos tomamos en serio la protección de los intereses financieros de la UE, tenemos que aceptar que el sistema actual no funciona, y hasta que no tengamos una alternativa sobre la mesa, hemos de seguir adelante con este informe. 
. (IT) En vista de la labor que está desarrollando la Convención en los ámbitos de la justicia y la seguridad, la propuesta de crear un Fiscal Europeo conlleva el riesgo de ampliar las diferencias existentes entre las distintas posturas que ya se han manifestado dentro de la propia Convención. 
La necesidad de un órgano comunitario que aborde y solucione el problema concreto del fraude comunitario puede cubrirse mediante Eurojust, y es evidente que cada vez se hace más necesario reforzarlo. 
Por esta razón, y a pesar de apoyar el espíritu de parte de la propuesta- y me refiero a la necesidad de un instrumento comunitario -, no estamos de acuerdo con el instrumento sugerido, de modo que nos vamos a abstener. 
. 
(DE) El fraude en los resultados comunitarios produce pérdidas en la región por valor de un millardo de euros al año. 
A pesar de las mejoras en la lucha contra el fraude, es casi imposible controlar la malversación o la incorrecta aplicación del dinero comunitario. 
Llegados a este punto, tengo que repetir mi vieja crítica de que el abuso estructural es inherente al sistema. 
Los sinvergüenzas listos siempre van un paso por delante de las autoridades. 
Por eso, creo también que son necesarias reformas de gran alcance. 
Además, los ciudadanos son incapaces de entender cómo, por un lado, se pueden hacer más estrictos unos presupuestos nacionales austeros mientras, por el otro, el dinero comunitario desaparece. 
Y la ampliación da una nueva dimensión al problema. 
Apoyo expresamente las medidas que la Sra. Theato propone en su informe, pero sigo manteniendo que solo una reforma radical de las subvenciones comunitarias podrá llegar a la raíz del problema. 
. 
(PT) A pesar de mi preocupación por las graves irregularidades detectadas en la gestión, utilización y protección de los intereses financieros comunitarios, y de mi convicción de que los objetivos y valores de la Unión están en peligro si no se combate el fraude- una lucha que es merecedora de una política coherente y coordinada -, he votado en contra de este informe. 
Estar de acuerdo por principio con la necesidad de hacer frente a esta forma de delito no significa que tengamos que menospreciar las diversas soluciones penales de los Estados miembros, que se derivan de sus sistemas y tradiciones judiciales, ni mucho menos desacreditar su capacidad para impartir justicia, recurriendo a la cooperación siempre que sea necesario (artículo 31 del TUE). 
La tentativa de absorber las funciones de los Estados miembros presentada en el informe, invocando imperativos de eficacia y con el pretexto de luchar contra los delitos financieros, es, en mi opinión, otro obstinado ataque federalista, que rechaza otras soluciones accesibles y eficaces y rebate el papel crucial e irreemplazable de los Estados como conductores de la integración europea y ejecutores privilegiados del derecho. 
La idea expresa de crear un sistema europeo de derecho penal y derecho procesal penal que supere, con mucho, los límites estrictos de este informe (y las disposiciones de los Tratados) es una prueba evidente de ello, dado que no se ha producido ningún debate amplio y profundo, ni se ha hablado seriamente, sobre todas las implicaciones derivadas de dicha idea. 
- (SV) He votado a favor del informe. 
La razón de mi postura es el trágico hecho de que el fraude contra la UE asciende a alrededor de un millardo de euros al año. 
Además, esta cantidad aumenta cada año. 
Las grandes diferencias que existen entre los sistemas nacionales dificultan los procedimientos judiciales. 
Además, los Estados miembros se han mostrado claramente incapaces de tomar medidas jurídicas contra el fraude. 
Hay que hacer algo. 
Crear una fiscalía especial para luchar contra los delitos financieros cometidos contra la UE sería, por tanto, un paso adecuado y necesario. 
He votado en contra del apartado 1, que habla de «[... ] disposiciones comunes de Derecho penal sustancial y procesal en la Unión Europea». 
Lo mismo cabe decir del apartado 4, en el sentido de que el Parlamento Europeo considera que «[?] además de un espacio europeo de libertad, se ha de crear un espacio judicial europeo». 
En ambos casos, se trata de peticiones con un alcance demasiado grande y que se entrometen en la administración de la justicia por parte de los Estados miembros. 
La cláusula 7 del apartado 21 allana el camino para que el actual sistema «[?] [se] ampl [íe] ? si procede? a otros delitos». 
Esta redacción permitiría que el mandato de un futuro Fiscal Europeo se ampliara para incluir nuevos ámbitos de responsabilidad, más allá de los delitos financieros contra la UE. 
Aparte de que esta es, desde el punto de vista de los principios, una propuesta muy dudosa, debe analizarse pormenorizadamente antes de que se presente. 
. (SV) La propuesta de un fiscal común para delitos financieros es el primer paso hacia la creación de una fiscalía común para otros delitos también, algo que no puedo aceptar. 
En la situación actual, no hay ninguna razón para crear un Fiscal Europeo. 
Es más importante evaluar a dónde nos ha llevado la cooperación intergubernamental. 
Además, es demasiado pronto para evaluar Eurojust, que parece estar funcionando bien. 
Es también posible seguir profundizando en la cooperación intergubernamental en este ámbito. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.00 horas.) 
. Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 27 de marzo de 2003. 
. Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día, elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 3 de abril de 2003 de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento. 
Se han propuesto los siguientes cambios: 
Lunes 
En relación con el informe del Sr. Medina Ortega sobre la comunicación de la Comisión «Simplificar y mejorar el marco regulador» , he recibido una petición del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos para la devolución de dicho informe a la comisión, de conformidad con el apartado 1 del artículo 144 del Reglamento. 
Señor Presidente, después de la discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y, como consecuencia, además, de la presentación de nuevos documentos de la Comisión relativos al mismo tema de la mejora de la reglamentación comunitaria, mi Grupo político entiende que procede devolver el informe a comisión, al objeto de presentar en el Pleno una propuesta que pueda contar con el más amplio apoyo posible. 
. Puesto que nadie quiere intervenir en contra de esta petición, el asunto se devuelve a comisión. 
Miércoles 
He recibido una petición del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para incluir las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la ayuda humanitaria al Iraq. 
Señor Presidente, Señorías, la situación humanitaria en el Iraq está clara para todos nosotros. 
Por esta razón, nuestro Grupo todavía cree en la importancia de una declaración por parte de la Comisión y del Consejo sobre las perspectivas de ayuda humanitaria al Iraq y sobre las decisiones iniciales que estas dos instituciones han tomado al respecto. 
Por lo tanto, pedimos que este punto se añada al orden del día. 
Señor Presidente, la situación humanitaria en el Iraq antes de la guerra era terrible a causa del embargo. Ahora es desastrosa. 
Sin embargo, hace mucho tiempo que todos somos conscientes de ello. 
No es una situación nueva. Cuando nuestra delegación de 31 diputados del Parlamento Europeo viajó a Bagdad hace dos meses, los organismos de las Naciones Unidas con los que nos reunimos ya nos previnieron. 
Sus representantes nos dijeron que si había guerra, la situación sería desastrosa. 
Por lo tanto, me alegra decir que la Organización de las Naciones Unidas no esperó a recibir el apoyo de Europa para abordar la situación humanitaria. 
En consecuencia, creo que Europa, que ha sido incapaz de condenar esta guerra y de exigir su fin, no debería tratar de limpiar su conciencia debatiendo la situación humanitaria en esta Cámara. 
Por supuesto, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero no tiene sentido hacer una declaración sobre esta cuestión, que debería haberse hecho hace mucho tiempo. 
Por lo tanto, estoy en contra de dicha declaración. 
Señor Presidente, la propuesta presentada por nuestro Grupo la semana pasada de debatir la ayuda humanitaria al Iraq fue rechazada con argumentos como «era precipitado» , «no habíamos pensado en ello» , o «quizá cuando acabe la guerra». 
Señor Presidente, creo sinceramente que esto no es serio. 
Nuestro Grupo cree que este debate debe iniciarse lo antes posible. 
Señor Presidente, recuerdo que hace muy pocas fechas este Parlamento aprobó una resolución común donde se afirmaba que estas crisis no tenían precedentes y que requerían una actuación urgente. 
Y no solamente es necesario desde el punto de vista humanitario y solidario, sino desde el punto de vista político, porque también tenemos que recomponer la unidad de acción de la Unión Europea ante este conflicto, esta crisis, y esta guerra. Y la mejor forma sería que habláramos y que nos pusiéramos de acuerdo sobre la ayuda humanitaria. 
Señor Presidente, quisiera protestar contra la decisión tomada por una mayoría de la Conferencia de Presidentes de no enviar una delegación del Parlamento Europeo a la primera vista del juicio a Leyla Zana, galardonada con el Premio Sajarov. 
Me alegra que el Grupo Liberal y el Grupo GUE se hayan opuesto a esta decisión, pero los Conservadores, los Socialistas y el Grupo de los Verdes han insistido en cancelar la delegación. 
Las autoridades turcas han presionado para que no asistiera, pretextando que en Turquía se vive un momento delicado. 
Es cierto, pero puesto que la mayoría de ciudadanos europeos comparten la opinión de la población turca sobre el Iraq, la UE como tal no debería ser más o menos popular de lo habitual. 
Siempre es un momento delicado para abordar el tema de los derechos humanos y de los derechos de los kurdos en Turquía, pero si no lo hacemos, defraudamos a la propia Turquía y su posibilidad de entrar en la UE. 
Por lo tanto, espero que esta Cámara deplore conmigo la decisión mayoritaria de la Conferencia de Presidentes. 
Entiendo que se enviará una delegación a la segunda vista del día 25 de abril de 2003, y espero que no se encuentren argumentos para cancelarla. 
La primera decisión ha sido sumamente deplorable. 
Señor Presidente, en el momento más crítico de la doble crisis de las vacas locas y de la fiebre aftosa en octubre de 2001, la Comisión fue incapaz de controlar el mercado de la carne de bovino. Eso llevó al colapso de los precios de coste y a un aumento de los precios de venta al público. 
Ante esa situación, los sindicatos franceses asumieron sus responsabilidades, tomando parte, a petición expresa del gobierno de Jospin, en negociaciones para prevenir el colapso del segmento superior del mercado estableciendo un precio mínimo. 
Para nosotros, se trata de una actitud responsable. 
La Comisión no comparte ese punto de vista y ha penalizado duramente lo que considera un acuerdo sobre el precio de la carne. 
El hecho de que estos sindicatos hayan protestado en contra de la reforma de la PAC no significa que la Comisión tenga que hacerlos desaparecer. 
Por esta razón, Señor Presidente, le solicito que pida a la Comisión que reconsidere esa vergonzosa decisión, ya que supone un verdadero ataque a la libertad de los sindicatos. 
Le ruego también que la invite al Parlamento para dar una explicación, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento. 
La Unión Europea solo puede funcionar si sigue siendo humanista y solidaria. 
. Investigaré este asunto a la luz de sus comentarios. 
Señor Presidente, la semana pasada, en el cementerio de Etaples, se profanaron las tumbas de soldados británicos e irlandeses en respuesta a la guerra en el Iraq. 
Señor Presidente, espero que se sume al sentimiento de horror y preocupación que ha provocado esa profanación, que llega en un momento en el que los soldados británicos están combatiendo en una guerra que, sea cual sea la controversia sobre su desencadenamiento, enfrenta a las democracias contra el fascismo totalitario. 
No hablo solo como francés y como anglófilo, sino como militante europeo que, a un año del centenario de la Entente Cordiale, quisiera que usted, Señor Presidente, implicara a nuestra institución en la conmemoración de un acontecimiento que condujo a un siglo de comunidad de sangre y gloria, siendo por tanto fundamental para la creación de la Unión Europea. 
. Señor Nordmann, en nombre de esta Cámara y en mi calidad de Presidente, me complace sumarme personalmente y en nombre de la Presidencia a sus observaciones. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, yo también deseo sumarme a estas observaciones. 
Sin embargo, quisiera plantear que el SRAS puede suponer una amenaza para Europa en ausencia de un poder europeo que aborde este asunto de manera conjunta y coordinada. 
Soy consciente de que habrá un debate sobre este asunto, pero por desgracia no tendré la oportunidad de expresar mi opinión en él. 
Insto al Consejo a convocar una reunión urgente e informal de Ministros de Sanidad europeos con objeto de coordinar una respuesta europea. 
Pido a esta Cámara y a todos los Estados miembros que apoyen la iniciativa del Comisario Byrne para corregir nuestros Tratados de manera que, al menos, dispongamos de los mismos poderes para abordar la enfermedad humana que los que ya tenemos para abordar la enfermedad animal. 
. Señor De Rossa, estoy seguro que a falta de su participación en la respuesta a las declaraciones del Comisario, la Comisión tomará nota de sus comentarios. 
Señor Presidente, quisiera llamar su atención, según ha confirmado la prensa israelí y la prensa extranjera, sobre el hecho de que el miércoles por la mañana las fuerzas israelíes invadieron el campo de refugiados de Tulkarem. 
Los soldados ordenaron a todos los hombres y niños de 15 a 55 años de edad que abandonaran sus hogares y se congregaran en dos lugares del campo. Se les retuvo durante varias horas y se les interrogó uno por uno. 
El ejército detuvo a 11 hombres, de quienes dijo que eran terroristas buscados. 
Los demás hombres y niños fueron transportados en autobuses y camiones varios kilómetros fuera de Tulkarem, donde se les dijo que bajaran y que tenían prohibido volver a sus hogares durante los tres días siguientes. 
El ejército les dejó allí con lo puesto, sin ningún tipo de provisiones para los tres días de exilio forzoso. 
Mientras tanto, algunas mujeres del campo de refugiados de Tulkarem fueron a llevar algunas provisiones básicas y comida a sus maridos, hermanos e hijos, pero se encontraron con que los soldados también les prohibieron volver al campo, con lo cual también ellas se convirtieron en desplazadas. 
Un coronel del ejército israelí se ha responsabilizado públicamente de esta acción, que es por supuesto contraria a la cuarta Convención de Ginebra, de la cual Israel es país signatario. 
Ha declarado que se trata de una acción correcta y acertada que ha dado buenos resultados. 
. Tomo nota de sus comentarios; plantearé la cuestión a las autoridades israelíes y le comunicaré el resultado. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera llamar su atención sobre un artículo del periódico español El País del 30 de marzo titulado «Espionaje a media docena de países en la sede del Consejo. 
La UE alega que Israel ha espiado». 
Señor Presidente, no soy tan inocente como para pensar que se trata de un incidente aislado, y reconozco que los servicios de inteligencia de todo el mundo acostumbran a recopilar información para sus Gobiernos. 
Sin embargo, quisiera preguntarle qué medidas han tomado los servicios de seguridad del Parlamento para detectar dispositivos de espionaje y micrófonos ocultos similares en las nuevas oficinas del Parlamento. 
En vistas del informe de la comisión parlamentaria sobre Echelon, deberíamos abordar la cuestión de urgentemente. 
Señor Presidente, Señorías, independientemente de los acuerdos a los que podamos llegar el próximo jueves en la resolución sobre Cuba, le pido una acción personal urgente para interesarse por la situación de los 78 detenidos, acusados de conspiración basándose en la ley de protección de independencia nacional y de la economía de Cuba de 1999. 
Según un periódico español la acusación principal contra uno de los detenidos, Raúl Rivero, es conspirar por cuenta de una agencia subversiva francesa que es Reporteros sin Fronteras. 
Ya se ve la paranoia actual de la dictadura castrista. 
Como están sometidos, además, a juicios sumarísimos, creo que es urgente que intervenga para que mejoren la situación y las condiciones en las que se encuentran estos acusados. 
. El Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, entre otros, se han referido a este grupo en más de una ocasión en esta Cámara en el pasado reciente. 
He escrito a las autoridades cubanas en términos muy claros sobre el asunto, pero aún no he recibido una respuesta. 
Comunicaré la respuesta a los diputados interesados en el asunto cuando la reciba. 
Ya hemos intentado intervenir en el asunto. 
Señor Presidente, condenamos la actitud desdeñosa del Secretario de Estado norteamericano hacia sus aliados europeos en la OTAN y la Unión Europea al negarse a descender de su trono y recibir a la troika de la Unión Europea y sus homólogos en el cuartel general de la OTAN en su calidad de nuevo soberano. 
El Sr. Powell ha pedido que la Organización de las Naciones Unidas autorice la sucia guerra imperialista y ratifique el papel crucial de los Estados Unidos en el reparto del botín del pueblo iraquí. 
A cambio, ha ofrecido a los países de la Unión Europea y la OTAN unas migajas del botín del Iraq, que está manchado de sangre, con la condición de que financien la llamada ayuda humanitaria. 
El Consejo nos debe una explicación de por qué nadie ha dicho una sola palabra de condena contra la guerra durante la reunión con el Sr. Powell. 
¿Cuál es el nuevo papel de la Organización de las Naciones Unidas al que la Presidencia griega ya está haciendo referencia? 
Debe explicarnos si, a pesar de las numerosas manifestaciones masivas en Europa, la Unión Europea está dispuesta a desempeñar el papel de directora de pompas fúnebres y seguir al pie de la letra las instrucciones de los Estados Unidos, como destacados cargos públicos nos han dado a entender en sus declaraciones. 
Esta postura política, que sirve directamente a los intereses de las grandes empresas, provocará una reacción popular aún mayor. 
. Me parece que la Cámara ya ha hablado del debate sobre violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho. 
Este debate se celebrará, pero no creo que deba mermar la posibilidad de una reflexión más pormenorizada por parte de los colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, si dicha comisión desea hacerlo con vistas a organizar un intercambio de opiniones con las demás instituciones. 
Señor Presidente, permítame expresar en esta casa- que considero la mía desde hace diez años- el horror que me produce la muerte y mutilación de víctimas inocentes en el Iraq. 
Todas ellas tienen nombre y apellidos, como usted y como yo y no son, en absoluto, una estadística. 
Quiero expresar la angustia porque, aunque suenen ya clarines de victoria, todavía no sabemos cómo va a acabar este desastre; y la pena, porque este Parlamento no haya sido capaz de hacer de caja de resonancia de los millones de europeos que hoy se pronuncian en contra de esta guerra en toda Europa. 
Lamento mucho que este Parlamento no haya sido capaz de redactar una resolución que dijera algo muy simple: «Paren la guerra, paren la matanza». 
Quiero expresar también el sobrecogimiento que me invade desde hace días al ver que, de forma obscena y clara, el Gobierno de los Estados Unidos está repartiéndose el botín de los beneficios de la reconstrucción. 
Me parece una vergüenza que este Parlamento no haya condenado ni siquiera eso: esa obscenidad impresentable de repartirse el botín por encima de los muertos, no solo del Iraq, sino de los jóvenes soldados británicos y norteamericanos que también pierden la vida. 
Señor Presidente, no podía hacer otra cosa más que expresarlo. 
. Comparto su sentimiento general de decepción por el hecho de que la Cámara no haya sido capaz de ponerse de acuerdo en torno a ninguna de las diversas opciones disponibles. 
A efectos de nuestra preparación para estos debates, quizá ello exija cierto grado de serenidad, así como el decidido apasionamiento y el compromiso que ponemos en estos asuntos. 
Señor Presidente, solo quisiera responder a la intervención de la baronesa Ludford, quien ha comentado el hecho de que, en mi calidad de Presidente de la delegación de la UE que viajó a Turquía, tendría que haber pedido que no se enviara ninguna delegación al juicio de Leyla Zana. 
Eso es incorrecto. 
Señor Presidente, yo le escribí a usted una carta pidiendo que se aplazara el viaje de la delegación, no que se cancelara. 
Se trata de una importante diferencia, porque yo también soy consciente de la importancia de esta delegación. 
Es importante saber cuándo viajará esa delegación y quién formará parte de ella. 
No es cierto que solo los Demócrata-Cristianos, los Socialistas y los Verdes pensaran que el 28 de marzo no era una fecha particularmente adecuada. 
Es mucho más importante el hecho de que la misma Sra. Zana nos hiciera saber a través de su abogado que no era una buena idea acudir a su juicio el 28 de marzo. 
Me parece extraño que algunos Grupos de este Parlamento, y ahora también la baronesa Ludford, quieran asistir a toda costa porque el Parlamento haya decidido ir. 
Por otra parte, lo que piensa la persona a la que vamos a visitar y a quien queremos apoyar es, en mi opinión, muy importante. 
Ella nos ha dicho en repetidas ocasiones que sería mucho mejor que fuéramos más adelante con toda la delegación parlamentaria. 
Así es como están las cosas, y creo que es una lástima que la baronesa no las haya explicado de manera positiva. 
Señor Presidente, en un tono más distendido, es ya costumbre que los períodos parciales de sesiones de primavera del Parlamento se vean asediados por grupos de escolares, y por grupos de alumnos y estudiantes de toda Europa. 
Es la época de los viajes escolares organizados. 
Sin embargo, no todos pueden aprovechar esta gran oportunidad que ofrecemos a todos nuestros jóvenes europeos: en efecto, los alumnos y estudiantes de las regiones más lejanas no pueden viajar por razones económicas, debido a los costes. 
Hasta hace algunos años, el Parlamento proporcionaba ayuda tangible y subvenciones a las escuelas y a los escolares de toda Europa; pero después, para ahorrar dinero, se cortaron estas subvenciones. 
He estudiado brevemente esta cuestión y he descubierto que siguen concediendo algunas subvenciones a las regiones- a las autoridades regionales -, pero que estas se encargan de administrarlas. 
Señor Presidente, no me parece correcto que los escolares que viven lejos no tengan la misma oportunidad que los que viven cerca de venir y ver cómo trabajamos y qué hacemos, como hubieran podido hacer hace algún tiempo. 
Creo que, de todo el dinero que podamos gastar en grupos de visitantes, el que gastemos en los jóvenes es, sin duda alguna, el más importante y el que justifica un pequeño sacrificio. 
. Señor Santini, pediré a los servicios que le preparen una nota sobre la evolución de los diferentes elementos del presupuesto en los últimos años. 
En mi función de Presidente, he tenido la oportunidad de conocer a un buen número de grupos escolares, y sé que seguimos invirtiendo mucho dinero en el programa Euroscuola para los niños de las escuelas de la Unión. 
Este programa se extenderá pronto a los escolares de los países candidatos. 
Pediré a los colegas que le comuniquen cualquier otro cambio y estudiaré si debemos tratar este asunto. 
Señor Presidente, siempre me he esforzado desde mi Grupo político en tratar de apoyar el diálogo entre este Parlamento y las autoridades y el pueblo de Cuba. 
Pero creo, Señor Presidente, que este Parlamento no debe dejar de alzar su voz en estas circunstancias, cuando se ha producido una oleada de detenciones de pacíficos disidentes, de defensores de los derechos humanos y de periodistas independientes, como Raúl Rivero y Ricardo González Alonso, para los que el fiscal pide penas de entre 20 años y cadena perpetua, en un procedimiento sumarísimo, al que no han podido asistir ni representantes de los medios de comunicación ni representantes diplomáticos acreditados en La Habana. 
Señor Presidente, conozco y apoyo desde mi Grupo político la iniciativa que presenta la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de mantener un debate en el mes de mayo sobre esta situación, pero creo, señor Presidente, que este Parlamento no estaría a la altura de las circunstancias, y prestaría un flaco servicio a la causa de la libertad si no alzase su voz para condenar estos hechos y todos los actos de violencia que se hayan producido o se puedan producir en Cuba, para transmitir a los familiares de las víctimas y de los detenidos su solidaridad, y para ser muy firme en la exigencia ineludible de la libertad. 
. Por lo que respecta a su sugerencia para una fecha en mayo, me complace que el presidente de su Grupo, el Sr. Poettering, estuviera escuchando. 
Dicha propuesta debe formularla su Grupo o cualquier otro Grupo parlamentario a través de la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, ha hecho usted un llamamiento a la serenidad en estos debates, pero las bombas no crean un clima de serenidad. 
Condeno la profanación de los cementerios en Inglaterra, que considero deplorable. 
Sin embargo, hoy, a la vista de la guerra, mis sentimientos de horror no están motivados por eso, sino por las miles de víctimas iraquíes y por los bombardeos intensivos que están sembrando el terror en Bagdad y en Basora y matando a hombres, mujeres, niños y ancianos. También están motivados por la escasez de agua, que puede provocar epidemias. 
He observado que la indignación de algunos diputados de esta Cámara es selectiva. 
Personalmente condeno esta guerra, los monopolios petroleros y otros intereses de los Gobiernos británico y norteamericano, que están aterrorizando a toda una nación y que ya se están repartiendo los beneficios de la reconstrucción. 
Señor Presidente, algunos diputados han expresado su preocupación sobre la situación humanitaria en el Iraq. 
Podemos afirmar con confianza que la situación de la población iraquí mejorará enormemente con la destitución de Sadam Husein y su régimen tiránico. 
Esta Cámara debería felicitar las acciones de las fuerzas armadas de la coalición, en particular de los Estados Unidos y el Reino Unido, que han sido fundamentales para provocar la caída de ese régimen terrorífico. 
Lamento que los que apoyan a Sadam en esta Cámara estén desconcertados. 
Debemos felicitar a las fuerzas armadas de la coalición por su moderación y su acierto. 
Señor Presidente, quiero insistir en que la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Cuba exige un debate en profundidad, y me alegraría, por tanto, que prosperara la idea de una pregunta oral con un debate profundo sobre el tema. 
Pero también quiero insistir en que una cuestión no elimina la otra. 
Por ello, creo que la gravedad de los juicios sumarísimos que acaban de tener lugar, la gravedad de las detenciones a que han estado sometidas personas que simplemente han ejercido el derecho a la libertad de expresión, o bien el derecho de utilizar la propia legalidad vigente para poder ganar espacios de libertad, exige que este Parlamento levante inmediatamente su voz para dar un signo de esperanza a estas personas que están atravesando momentos dolorosísimos, de grave preocupación y, creo que será muy positivo el que podamos el jueves condenar lo que está ocurriendo en Cuba. 
Señor Presidente, yo también quisiera pedirle que enviara un mensaje al Presidente de los Estados Unidos, Sr. Bush, y al Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Blair, reconociendo su extraordinario logro, ya que, tras solo dos semanas de guerra, estamos comenzando a ver a la población iraquí liberada de uno de los tiranos más sangrientos del mundo, y con un número muy bajo de víctimas civiles y militares, si tenemos en cuenta las enormes dimensiones de la tarea. 
Toda pérdida de vida inocente es una tragedia, pero Sadam Husein ha ejecutado y torturado a más personas en las dos últimas semanas por deserción y por dar la bienvenida a nuestras tropas de las que la alianza pueda haber matado de forma accidental a raíz de las hostilidades militares. 
La guerra siempre se cobra un precio en términos de sufrimiento humano, pero la libertad y la seguridad global de todos nosotros aquí y ahora no tiene precio. 
. De conformidad con el orden del día se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de informar a esta Cámara sobre las circunstancias que rodean a la afección llamada síndrome respiratorio agudo severo, o SRAS, si utilizamos el acrónimo. 
Puede desglosarse en una serie de preguntas diferentes: ¿Qué es? 
¿De dónde viene? 
Este síndrome es una enfermedad respiratoria que se ha descrito recientemente en Asia, Norteamérica y Europa. 
La enfermedad comienza normalmente con fiebre, algunas veces asociada a otros síntomas como escalofríos, dolor de cabeza y dolores corporales. 
De dos a diez días después, los enfermos de SRAS pueden desarrollar tos, que puede derivar en dificultades respiratorias. 
Entre un 10 y un 20% de los casos, los pacientes necesitan respiración asistida. 
Se calcula que un 4% de los casos de SRAS son mortales. 
En la actualidad, ningún tratamiento ha demostrado fehacientemente que mejore la condición de las personas con SRAS, aparte de los cuidados intensivos y de apoyo. 
En relación con el agente causante, los científicos han detectado un virus hasta ahora desconocido, perteneciente a la familia de los coronavirus, en pacientes con SRAS. 
Si bien el nuevo coronavirus aún constituye la hipótesis principal de la causa de SRAS, se están investigando otros virus como causas potenciales. 
Sobre la transmisión, la principal vía de contagio es a través de unas secreciones respiratorias llamadas gotitas, es decir, se transmite cuando alguien con SRAS tose o estornuda gotitas en el aire y otra persona las respira. 
Sin embargo, no se pueden descartar otras vías de contagio, como el contacto íntimo directo con la persona infectada. 
En particular, se sabe que trabajadores sanitarios y personas que conviven con un paciente de SRAS se han infectado. 
Sin embargo, existe preocupación sobre otras vías potenciales de contagio. 
En cuanto al origen: recientemente, el Gobierno chino ha autorizado a un equipo de investigación de la OMS a viajar a la provincia de Guangdong. 
Actualmente, los científicos especulan con que el virus del SRAS saltó a los humanos a través de una especie animal o se mutó en una forma más virulenta. 
Continuando su labor, el equipo de la OMS visitará Foshan City, donde se produjo el primer caso de SRAS. 
En cuanto a las cifras en la Unión Europea, los 15 Estados miembros han notificado a la Comisión un total de 46 casos- 19 probables y 27 sospechas -, ninguno de ellos mortal. 
Asimismo, es importante destacar que no ha habido transmisión local dentro de la Unión Europea. 
En los países candidatos, la AELC y otros países europeos, 14 Estados han notificado un total de ocho casos- tres probables y cinco sospechas -, ninguno de ellos mortal. 
En los demás países, hasta la fecha se han notificado un total de 2 396 casos, incluidas 89 muertes. 
Los factores desconocidos de esta enfermedad, combinados con su propagación mundial, han despertado inevitablemente la atención de los medios de comunicación. 
Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho que si bien llaman al SRAS la «neumonía asesina» , las estimaciones indican que mata a menos gente que la gripe «normal». 
Sin embargo, el SRAS demuestra muy claramente que vivimos en un medio ambiente verdaderamente global, donde el aumento de la movilidad de las personas también permite que las enfermedades se muevan más libremente que nunca. 
Puesto que en el mundo actual resulta muy fácil viajar, se necesita una mayor disposición internacional para abordar la amenaza de las enfermedades transmisibles. 
En la Unión Europea, la vigilancia y la coordinación en el ámbito comunitario tienen que reforzarse para abordar la amenaza para la salud pública. 
Vengo subrayando esta necesidad desde hace algún tiempo; en la Convención Europea, el informe elaborado por el Sr. Katiforis ha reconocido esto y espero que la Convención lo trate en sus discusiones. 
La Red Europea de Enfermedades Transmisibles comenzó su andadura hace tres años con objeto de detectar y controlar las enfermedades transmisibles en las personas, al margen de la causa y la vía por la que se transmiten. 
Esta red sirve para estudiar e investigar los brotes. 
Esto también implica identificar la causa y definir las medidas de control. 
El papel de la Comisión es coordinar y apoyar estas actividades. 
Este brote de SRAS pone a prueba las capacidades reales de los dos pilares de la Red: la vigilancia epidemiológica y la alerta temprana. 
El comité de la Red, junto con la Comisión, ha definido y puesto en marcha un sistema de vigilancia eficaz. 
Este sistema registra todos los presuntos casos de SRAS y da una visión completa y clara de la evolución del brote. 
Por supuesto, tenemos que ser precavidos y pecar más bien por exceso de seguridad. 
Este enfoque parece eficaz: la mayoría de los presuntos casos resultan ser otra cosa. 
Sin embargo, no hay razón para la complacencia. 
La estrategia de vigilancia de la Unión Europea en relación con el SRAS está totalmente conectada con la vigilancia mundial coordinada por la Organización Mundial de la Salud. 
El segundo elemento de esta estrategia es la prevención. 
Tenemos que colaborar para reducir la exposición a la enfermedad. 
Debemos disuadir o posponer los viajes innecesarios a las zonas afectadas. 
A este respecto, la OMS ha señalado Hong Kong y la provincia de Guangdong en China. 
Esto se revisa constantemente y se seguirá informando si la situación en otras regiones justifica las restricciones al desplazamiento. 
De manera similar, todos estamos de acuerdo en que es importante realizar comprobaciones de salud en las zonas afectadas y facilitar información a los pasajeros y al personal de vuelo. 
La Comisión cumple su papel de coordinador y favorece que haya enfoques y criterios comunes. 
A lo largo de las tres últimas semanas, mis servicios han intentado articular las medidas nacionales con las mundiales, mediante reuniones regulares, audio-conferencias y consultas con los Estados miembros, los países candidatos y la OMS. 
Por supuesto, el SRAS entraña otras dimensiones, además de las implicaciones para la salud pública. 
El brote de SRAS ya ha tenido un impacto político y económico. 
La información turística ha afectado los viajes en avión y al turismo en Asia. 
Se han pospuesto las ferias industriales y reuniones y se pronostica que puede verse afectado el crecimiento económico de Asia. 
Por supuesto, si los afectados hubieran informado antes a la OMS, muchos de estos efectos podrían haberse mitigado. 
Es una lección crucial para el futuro. 
Debo subrayar que la capacidad de la Comisión de ampliar su papel coordinador y facilitador está llegando al límite. 
En ausencia de nuevas disposiciones para aunar la competencia existente no podremos ir más allá de nuestros actuales esfuerzos. 
En varias ocasiones he hecho referencia a nuestros planes para reforzar nuestra capacidad de abordar las enfermedades transmisibles. 
En mi opinión, la manera más eficaz de reforzar las actividades de la Comunidad es establecer un Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. 
Muchos de ustedes ya saben que hemos avanzado mucho en la elaboración de la legislación que nos lo permita, que presentaré dentro de un par de meses. 
Mi propuesta será el establecimiento de dicho centro para el año 2005. 
El centro intensificará la vigilancia. 
Coordinará y facilitará respuestas comunes, y colaborará con los Estados miembros, terceros países y organizaciones internacionales, en particular con la OMS. 
No sustituirá a las capacidades nacionales existentes, sino que las unirá para actuar como referencia y punto de coordinación tanto en situaciones rutinarias como de crisis. 
Asimismo, desempeñará un papel importante en la Europa ampliada. 
En el ámbito multinacional, se puede decir que la situación del SRAS está bajo control, pero no mejora, como se había esperado en un principio. 
En Europa, la situación aún parece manejable. 
Sin embargo, los procedimientos de control estrictos tienen que continuar. 
En la lucha por combatir la enfermedad es esencial que cualquiera que haya viajado a las zonas infectadas y crea tener los síntomas consulte a su médico. 
No podemos descuidar el apoyo que la UE y sus Estados miembros pueden prestar a los países afectados en la búsqueda de la causa y el remedio. 
Aún se está debatiendo si el agente responsable se acerca más al resfriado común o al coronavirus. 
A este respecto, tenemos que continuar apoyando a la OMS en sus esfuerzos. 
Finalmente, puedo asegurarles que la Comisión, junto con los Estados miembros y en estrecha colaboración con los países candidatos y la OMS, continuará haciendo todo cuanto esté en su mano por detener la propagación del SRAS. 
En respuesta a lo que ha dicho antes el Sr. De Rossa, puedo decir que ha habido discusiones preliminares para organizar una reunión del Consejo en un futuro inmediato con objeto de seguir discutiendo este asunto. 
Señor Presidente, hoy disponemos de una oportunidad excelente para debatir y comprender algunas cuestiones básicas de salud pública y para formularlas en el ámbito europeo. 
Puesto que he tenido el honor de actuar como ponente de salud pública en la Unión Europea, quisiera decir que es muy importante que una de las tres líneas de acción de este programa en los próximos cinco años se centre en un sistema de respuesta rápida a los riesgos sanitarios. 
Quisiera comentar dos o tres puntos, para luego retomar lo que el Comisario ha dicho sobre un centro, que ahora es fundamental, si queremos abordar eficazmente los riesgos sanitarios. 
Como ya saben, la movilidad actual, con millones de personas viajando a todos los rincones del planeta, ha conllevado un aumento enorme de las enfermedades infecciosas. 
Lo hemos visto en el caso del síndrome respiratorio agudo severo. 
Comenzó en una provincia de China y ahora hay casos incluso en Europa. 
El segundo punto importante es que surgen epidemias repentinas de enfermedades nuevas. 
En los últimos veinte años han aparecido treinta enfermedades nuevas, o variaciones de enfermedades ya conocidas causadas por virus mutantes, o incluso han resurgido viejas enfermedades como la tuberculosis, por poner un ejemplo. 
Todo ello exige una vigilancia y un seguimiento constantes, así como una respuesta organizada y coordinada. 
Nos enfrentamos también a la conocida resistencia que las bacterias están desarrollando a los antibióticos. 
Hoy en día, un paciente acude al hospital para ser tratado de una enfermedad y resulta que se contagia con un germen hospitalario, en ocasiones de manera muy, muy grave. 
Esas bacterias, que no podemos tratar con antibióticos, también constituyen un peligro y necesitamos que los investigadores se ocupen de ellas. 
Para concluir, un último punto: el terrorismo biológico. 
El terrorismo biológico, término referido al uso que los terroristas hacen de esporas de bacterias o de virus o cualquier otro método, también supone una amenaza que exige una respuesta coordinada y adecuada. 
Volviendo a lo que el Comisario ha dicho antes, lo que acabo de decir confirma la necesidad mencionada antes de un centro europeo que disponga de las instalaciones necesarias, de una red de laboratorios, para estudiar, vigilar y coordinar estas respuestas, de manera que podamos investigar las enfermedades de forma rápida y conocer lo antes posible sus causas y su tratamiento. 
Por todo ello, tenemos que insistir en la creación de un centro así. 
En noviembre se celebró un simposio sobre este centro en el Parlamento Europeo, bajo los auspicios del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, al que asistieron treinta grandes eminencias en epidemiología. 
Permítanme que les lea su conclusión, fechada en noviembre, o sea, antes del SRAS. 
Dice lo siguiente: 
Señor Presidente, me temo que tengo que decepcionar al Sr. Trakatellis, lo cual me resulta relativamente fácil si lo que espera es que los miembros de la Convención nos estén escuchando y empiecen de pronto a considerar la política sanitaria como una prioridad. 
No creo que lo hagan. 
Tras escuchar con atención al Sr. Byrne y al Sr. Trakatellis, estoy de acuerdo con ellos y, aunque muchas de las medidas a las que se han referido son evidentemente necesarias, lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente. 
El actual sistema europeo de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles puede ser tan bueno, en términos de calidad, fiabilidad y rapidez, como lo sean los sistemas nacionales, y estos difieren en todos sus aspectos. 
Por esta razón, estoy de acuerdo en que debería crearse un centro de investigación científica. 
Pero eso no será más que una gota en el océano. 
Señor Trakatellis, estoy segura de que usted desea más investigación, y estoy también segura de que la Sra. Malliori también lo desea, pero eso no es lo que realmente necesitamos. 
Hasta ahora, la Unión Europea ha descartado específicamente la posibilidad de una legislación armonizada. 
Nuestro sistema para combatir las enfermedades transmisibles dice expresamente que no se armonizará la legislación nacional. 
Comisario, usted ha dicho antes que lo más importante ahora es la prevención, que tenemos que reducir, por ejemplo, la exposición a determinadas enfermedades. 
¿Qué ocurrirá si la peste regresa a Europa o si se declara de nuevo en otro lugar? 
¿Y si la polio, la parálisis infantil, vuelve a extenderse? 
Les puedo decir claramente que no estamos preparados. 
Un sistema epidemiológico que determine, por ejemplo, la recomendación de no viajar a determinadas regiones en unos países, pero no en otros, o la vigilancia de los aeropuertos en algunos países europeos, pero no en otros, servirá de muy poco. 
Por eso tengo que decirles claramente que lo único que tenemos que hacer, si bien debemos estar todos de acuerdo en ello, es incorporar al Tratado competencias en política sanitaria. 
Señor Trakatellis, yo sería la primera en aplaudir con entusiasmo si consiguiera que su Grupo aceptara esto. 
No he leído muchas declaraciones sobre la Convención en la que se exprese este deseo; la Sra. Grossetête seguro que sí, y usted mismo quizá. 
En cuanto a usted, Señor Poettering- y veo que me está escuchando- ¿cree que la Comunidad debería tener competencias en política sanitaria? 
¡Estamos impacientes por saberlo! 
Quizá no lo haya hecho al más alto nivel, pero mi Grupo ha dicho claramente que no queremos más centros que sirvan de excusa. 
La Unión Europea tiene que tener las debidas competencias para abordar estos problemas. 
¿Qué diremos a los ciudadanos en las elecciones europeas del próximo año? 
¿Tenemos realmente las mismas normas- o cuanto menos unas normas mínimas- de higiene, que nos permitan combatir las enfermedades y vencerlas? 
Señor Trakatellis, ha preguntado usted si los pacientes que son hospitalizados pueden ponerse más enfermos aún. 
Por supuesto que sí, porque no existen unas normas de higiene equiparables en los hospitales. 
¿Es esa la Unión Europea en la que queremos que vivan nuestros ciudadanos? 
¡No! 
Queremos no solo competencia y mercado interior, sino también seguridad social y asistencia sanitaria. 
Hasta la fecha, no lo hemos conseguido. 
Si tomamos el caso del SRAS como ejemplo y queremos que sirva de algo, tenemos que conseguir que la Unión Europea asuma competencias obligatorias en materia de política sanitaria. 
Señor Byrne, le pido con carácter de urgencia que nos apoye en esta cuestión y lleve a oídos de la Comisión y del Sr. Prodi, quien siempre se ha mostrado receptivo al sentir de los ciudadanos, una necesidad también compartida por la Agencia Europea de Alimentos, que es la autoridad competente en materia de seguridad alimentaria: la necesidad de una competencia comunitaria. 
Señor Byrne, le apoyaré si, en los próximos debates presupuestarios, usted exige más personal y duplica su previsión presupuestaria. 
Ahora bien, es usted el que debe reunir el valor para hacer algo así. 
Señora Presidenta, en las últimas semanas parece como si hubiéramos sucumbido a una nueva amenaza completamente nueva y comparable a otras nuevas enfermedades impredecibles como el sida, el ébola y la enfermedad del legionario. 
Sin embargo, hemos podido prepararnos. 
Desde la epidemia de gripe de 1918, que provocó la muerte de un número sin precedentes de personas en Europa, sabemos que la composición del virus de la gripe puede cambiar constantemente. 
La vacuna preventiva contra la gripe solo protege contra las formas conocidas, y no contra nuevas formas. 
Tradicionalmente, muchas epidemias se han desarrollado en el centro de China y después se han extendido de manera gradual desde el este asiático hacia Occidente. 
La única novedad de la epidemia actual es que no se está extendiendo de forma gradual por tierra, sino rápidamente por aire desde Hong Kong y Singapur. 
Hace algunos años, un virus de la gripe de composición desconocida amenazó con extenderse desde Hong Kong a todo el mundo. 
Ya entonces se pensó que la composición del virus estaba parcialmente influida por una enfermedad propia de las aves. 
Lo que en aquel entonces pudimos evitar a tiempo, está ocurriendo hoy. 
No se está examinando y aislando a tiempo a las personas con riesgo de contraer la enfermedad, y se ha seguido viajando a los focos de infección durante demasiado tiempo. 
Probablemente no se habría podido impedir la aparición de este virus ni tampoco prevenir su propagación en China desde un principio. 
Sin embargo, el hecho de que se hayan descubierto casos no solo en Asia, sino también en Europa y Canadá, tiene todo que ver con una política demasiado liberal y tolerante. 
Los intereses comerciales que requieren un contacto intensivo con el este asiático tienen que subordinarse a la lucha y al control de esta enfermedad. 
Quisiera pedir a la Comisión que consulte con los Estados miembros sobre la posibilidad de restringir los viajes en avión e imponer unas normas rigurosas de cuarentena para todos aquellos que lleguen a Europa procedentes de las zonas infectadas. 
El SRAS es un problema muy grave. 
Han muerto casi cien personas, y miles están infectadas. 
Los antibióticos no funcionan y todavía no existe un medicamento antiviral, por lo que tenemos que ser extremadamente precavidos. 
El 19 de marzo, la red europea de enfermedades infecciosas importadas declaró que el SRAS sólo puede transmitirse a través del contacto directo. 
Pero no lo sabemos con seguridad. 
Tenemos que aplicar el principio de cautela. 
La manera en que el SRAS se está propagando plantea muchas preguntas. Por lo tanto, es hora de que la Unión Europea tome medidas. 
Mi Grupo, los Verdes, sugiere cuatro medidas. 
En primer lugar, todas las líneas aéreas que vuelen a Europa con pasajeros de China, Hong Kong, Vietnam, Taiwán y Singapur tienen que exigir a todos los pasajeros que se sometan a un examen médico antes de viajar a Europa y, en caso de duda, los pasajeros de esos países tienen que quedarse en tierra. 
En segundo lugar, las autoridades europeas tienen que recomendar a los ciudadanos que no viajen de Europa a esos países. 
En tercer lugar, la Presidencia griega tiene que convocar pronto una reunión de ministros de salud europeos para realizar nuevas consultas sobre la forma de tratar el SRAS. 
En cuarto lugar, puesto que los problemas de salud no respetan fronteras, como tampoco las respetan los problemas medioambientales, la asistencia sanitaria tiene que ser competencia europea, del mismo modo que lo es el medio ambiente. 
Un centro europeo para combatir las enfermedades infecciosas no es suficiente. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, quisiera comentar una serie de puntos en nombre del Grupo UEN. 
Hace un año y medio, formulé una pregunta a la Comisión que aludía a la posibilidad de este tipo de incidentes, porque en todo el mundo se manipulan virus, bacterias y sustancias tóxicas sin nuestro conocimiento. 
La infección viral actual, llamada SRAS, ha causado una verdadera ola de pánico en todo el mundo por miedo a que se extienda rápidamente. 
Ante todo, el miedo se debe a que, por ahora, sabemos poco acerca de la infección o, por lo menos, no lo suficiente como para estar seguros de librarnos de ella. 
Parece que la infección se ha originado en la provincia china de Guadalong, desde donde se ha extendido a las grandes ciudades de Extremo Oriente: Hong Kong, Singapur, Bangkok, Shanghai y Pekín, y desde allí al resto del mundo, causando infección y muerte. 
Como saben todos ustedes, en esas zonas no existe demasiado control en términos de higiene o del uso de medicamentos adecuados para combatir esas enfermedades. 
No conocemos el agente causante de esta infección viral. 
Posiblemente apareció como resultado de la mutación de un virus animal, un coronavirus. 
Se cree que un virus escapó cuando un científico lo manipulaba para crear la vacuna o modificarlo. 
Parece ser que el científico murió a causa del virus. 
Sabemos que la infección se propaga- tomen nota- por transmisión directa, pero también por transmisión ambiental. 
La única manera de diagnosticar el síndrome sigue siendo por su sintomatología, ya que no se dispone de equipos de diagnóstico clínico. 
No hay ningún tratamiento aplicable. 
Los pacientes infectados solo pueden recibir tratamiento coadyuvante, porque los médicos aún no han identificado los agentes antivirales activos que podrían combatirla. 
Es evidente que, al no poderse identificar todavía el agente causante, los ciudadanos de la Unión Europea y del resto del mundo se enfrentan a grandes dificultades en términos de las acciones necesarias, sobre todo en vista de toda una serie de factores importantes que son responsables de la propagación del virus. 
Parece ser que el origen de la propagación del virus se sitúa en uno de los mayores centros financieros de Extremo Oriente, por el que pasan una gran cantidad de personas y de mercancías: China, un país que solo hoy ha consentido el intercambio de información- no existe conexión de Internet entre Cuba y China. 
En primer lugar, la creación de un grupo de trabajo de expertos- no un órgano ni una comisión- para que vigile la propagación de la enfermedad dentro de la UE. Cuando entro en el quirófano, quiero a un cirujano jefe y a un ayudante; no quiero a un estudiante. 
Estas estrategias de organización e información son esenciales si queremos actuar de inmediato cuando dispongamos de una vacuna. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, como si la guerra no fuera suficiente, al mismo tiempo ha aparecido otra causa que aumenta el número de víctimas. 
Hasta la fecha, el síndrome respiratorio agudo severo ha atacado a 2 416 personas de todas las edades y ha causado 89 muertes, principalmente en Asia. 
Por supuesto, es importante que las autoridades de China, el país donde primero se declaró la epidemia, hayan permitido a los expertos de la Organización Mundial de la Salud, aunque con retraso, visitar el sur del país y ayudar a investigar los factores que causan la enfermedad y sus vías de transmisión. 
La velocidad a la que se está propagando la enfermedad demuestra que es muy importante notificar de inmediato todos los nuevos casos. 
Por eso creo que la Comisión Europea debería utilizar todos los medios a su alcance para persuadir a terceros países de que informen de inmediato a los organismos competentes y de que cooperen con ellos de forma eficaz, independientemente de que hayan firmado o no un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de la Salud. 
Existen 46 casos dentro de la Unión Europea que afectan a personas que han viajado a alguno de los países en los que la epidemia es endémica, pero hasta la fecha no se ha informado de ningún caso de transmisión secundaria o de muerte. 
Confío en que estas cifras alentadoras se deban no solo al sistema de alerta temprana, que ha sido de gran ayuda para tomar precauciones, sino también al alto nivel de asistencia sanitaria de los hospitales. 
Una mayor cooperación entre los Estados miembros y la Organización Mundial de la Salud permitirá un intercambio de información continuo, de forma que se puedan tomar las medidas adicionales que se consideren necesarias cuando se disponga de nueva información. 
Me refiero únicamente al aspecto de salud pública del problema. No voy a entrar en las repercusiones económicas causadas por la restricción de los viajes y el turismo a las zonas de alto riesgo. 
Señor Comisario, como ha hemos dicho en otras ocasiones, la aparición de nuevas amenazas para la salud pública exige con urgencia la creación de sistemas que puedan responder rápidamente, de inmediato y con eficacia a los peligros y a los desafíos cotidianos. 
En este sentido y además de las medidas ya adoptadas, existen una serie de acciones que se consideran recomendables. Son las siguientes: 
la creación y puesta en marcha inmediatas de un centro europeo para controlar y vigilar las enfermedades infecciosas, similar al CDC de los Estados Unidos. 
Es importante que en el marco de dicho centro funcione una red de laboratorios que investigue las epidemias y realice investigaciones relacionadas; 
la creación de un equipo de expertos que pueda tomar las medidas oportunas en el caso de epidemias por causas naturales en lugar de como resultado de una acción deliberada, como ya se ha establecido para el terrorismo biológico. Finalmente: 
la concesión de créditos destinados al apoyo técnico que requieren las acciones antes mencionadas. 
Señor Comisario, como ya sabe usted, la Presidencia griega está intentado reforzar el fundamento jurídico en el ámbito de la salud pública. 
Confío en que esta desafortunada situación haga más clara esta necesidad y sirva para convencer a los que no están de acuerdo. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero pedir disculpas al Sr. Comisario por haber tenido que abandonar la Cámara durante su discurso. 
Hace 80 años existía un vínculo entre las guerras importantes, las catástrofes y una pandemia. 
A estas alturas, nadie sabe con exactitud la naturaleza y la posible expansión del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
En apariencia, se resiste al tratamiento con antibióticos, tiene un desarrollo variable y no cumple necesariamente las expectativas en relación con la vulnerabilidad de los pacientes afectados. 
Las personas sanas sucumben tan rápidamente como los ancianos y los niños, o incluso más. 
Ante estas circunstancias, señor Comisario, usted se enfrenta por primera vez a la dimensión humana de lo que ha tenido que afrontar en tres o cuatro ocasiones en el ámbito de las enfermedades animales. 
La mayoría de las personas presentes en esta Cámara, como la Sra. Malliori, buscan ahora en esta grave crisis el modo de establecer un sistema de detección rápida reuniendo todas las medidas preventivas que los países de la Unión Europea puedan aplicar. 
Como acaba de decir la Sra. Malliori, si a pesar de todas las posibles tragedias podemos considerar esta coyuntura como una oportunidad para llevar a cabo, en una especie de centro de salud europeo, un proceso de control y análisis de esta amenaza que es, sin lugar a dudas, más grave y menos conocida que cualquiera de las que se han producido en los últimos años, entonces al menos lograremos sacar algo bueno de esta catástrofe. 
Gracias al análisis de los datos que han llegado hasta el Sr. Comisario procedentes de Asia, sabemos lo suficiente sobre la naturaleza del brote que se produjo en la provincia de Guangdong el año pasado, y ahora podemos analizar hasta qué punto puede haber recorrido un ciclo propio con el fin de determinar de qué forma se puede detectar la enfermedad y aislarla aquí, en Europa Occidental. 
Parece como si existiera una serie de peculiaridades sobre esta enfermedad y, ahora que no estamos todavía muy afectados, me gustaría pensar que podemos analizar con detenimiento los casos que se han dado en la Unión Europea. 
Estamos en mejores condiciones que la mayoría para convertir esta pandemia que nos amenaza a todos en una epidemia curable. 
Señora Presidenta, como miembro de la delegación del Parlamento para las relaciones con la República Popular China, acojo favorablemente la declaración y las garantías expresadas por el Sr. Byrne. 
La declaración de la Comisión y nuestro debate de hoy destacan un problema importante que todo el mundo- de hecho, toda la humanidad- debería tener en cuenta. 
Deberíamos estar alertas y ser conscientes de los peligros que entrañan los brotes repentinos de enfermedades altamente contagiosas y peligrosas que pueden extenderse de forma rápida por todo el planeta. 
Con los sistemas de transporte modernos, todos deberíamos ser conscientes de los problemas potenciales. 
Un brote peligroso con implicaciones mundiales puede llegar a ser muy difícil de detectar, en especial en las primeras fases de la enfermedad en zonas remotas. 
Sin embargo, debemos felicitar a las autoridades chinas por su cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus investigaciones acerca de las características específicas de la enfermedad y de sus diferentes modos de transmisión. 
Esperamos que las autoridades chinas refuercen aún más la cooperación con respecto a esta cuestión. 
Como ocurre ante todos los brotes de este tipo, debemos aprender la lección. 
En concreto, pediríamos a las autoridades chinas que den ejemplo al mundo y realicen una investigación completa, pública y transparente sobre el brote de esta enfermedad y sus medios de transmisión. 
Esperamos que en esta operación participen, llegado el caso, los organismos internacionales, en especial la OMS, para asegurar que todo el mundo aprenda de la experiencia china a la hora de tratar este tipo de incidencias. 
En el futuro se espera que ocurran más casos de este tipo, ya que, en otros lugares y en otros momentos, pueden surgir con toda certeza casos de contagio epidémico rápido y repentino de enfermedades prácticamente desconocidas para nosotros. 
En el interés de Europa y de todo el mundo, China nos está mostrando lo que hay que hacer en estas circunstancias. 
Señora Presidenta, es especialmente oportuno que hoy, día mundial de la Salud, tratemos este tema detenidamente en el Parlamento. 
Responderé a una serie de cuestiones que me han planteado. 
En particular, la del Sr. Whitehead, sobre la necesidad de establecer un sistema de respuesta rápida. 
Ya disponemos de uno- la red de enfermedades transmisibles- que lleva a cabo una labor muy útil en este ámbito y que ha desarrollado un inestimable trabajo en respuesta a este brote de SRAS. 
Mantenemos un estrecho contacto con la Organización Mundial de la Salud, y no nos limitamos a la mera relación entre instituciones. 
Desde el año pasado tiene lugar un intercambio de expertos, que ha llevado a algunos profesionales de la OMS a venir a trabajar con nosotros y a nuestros profesionales a ir a trabajar con ellos. 
Este intercambio facilita mucho la transmisión de información y conocimientos entre las instituciones. 
La OMS ha trasladado un equipo a China, donde está desarrollando una importante labor para determinar qué más queda por hacer. 
Repasaré todas estas cuestiones con la Dra. Brundtland, Directora General de la OMS, cuando me entreviste con ella en la reunión que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. 
También considero especialmente oportuno que muchos de entre ustedes hayan querido saber en qué medida podemos ampliar nuestras competencias a escala europea. 
Sobre este aspecto, soy un poco más optimista que algunos de los que han intervenido en este debate. 
Llevo hablando desde hace bastante tiempo sobre este tema con algunos diputados de esta Cámara y con una serie de ministros. 
Me complace decir que esta idea ha logrado abrirse camino en diferentes foros, entre otros en la comisión presidida por el Sr. Katiforis en su informe presentado a la Convención hace algunas semanas. 
El informe contenía una serie de recomendaciones que vienen a decir que debería haber algo en los Tratados que permitiera ampliar las competencias en el ámbito de la salud pública, lo que nos permitiría establecer el fundamento jurídico necesario para llevar adelante una legislación armonizadora en el ámbito de la salud pública. 
Como ha dicho alguien en el debate, tenemos más poderes sobre la salud animal que con respecto a la salud humana y sé que esto preocupa a muchas personas en esta Cámara. 
Yo también estoy preocupado. 
He planteado esta cuestión repetidas veces en las reuniones de la Comisión. 
Me complace mucho poder decir ante esta Cámara que es política de la Comisión propugnar esta cuestión en la Convención. 
Ya la hemos propugnado en la comisión parlamentaria del Sr. Katiforis y en otros foros. 
Una de las cuestiones en las que actualmente trabajamos en mi Dirección General es la formulación de un nuevo artículo 152, que sería recomendable incluir en un nuevo tratado constitucional; esto nos proporcionaría el tipo de fundamento jurídico que, como muchos de ustedes han argumentado aquí esta tarde, es necesario para establecer una base suficiente para armonizar la legislación en el ámbito de enfermedades transmisibles y otras áreas. 
Albergo un prudente optimismo de que la Convención asuma estas ideas, que estas se plasmen en un informe final y que por último se discutan en una Conferencia Intergubernamental, y espero que al final encuentren su lugar en la redacción definitiva de la Constitución que en último término propondremos a los ciudadanos de Europa. 
. El debate queda cerrado. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación en segunda lectura (A5-0083/2003) del Sr. Grosch, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo [8938/1/2002- C5-0615/2002- 2001/0033 (COD) ]. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ahora que hemos alcanzado la fase de la segunda lectura, la Posición común ha tenido un resultado muy positivo que mañana podremos votar, gracias al apoyo de la Comisión y de su personal, así como a la buena disposición de los diputados para no perderse en los detalles durante el debate. 
Creo que las directivas sobre cualificación básica- como se denomina ahora- y formación están muy relacionadas con los tiempos de conducción y descanso, la atestación de los conductores y ahora la formación profesional. 
En cierto modo, se trata de un paquete de medidas sociales para el transporte por carretera que, por una parte, garantiza una liberalización adecuada del sector y, por otra, evita que esas limitaciones en el trabajo se realicen a expensas de la seguridad, la calidad del trabajo o la formación. 
A sabiendas de lo intensa que es la competencia, en particular en el transporte por carretera, concedemos la máxima importancia a estas medidas de control. 
Aquí en el Parlamento creemos que la Posición común es básicamente satisfactoria. 
Se han aprobado dos tercios de las enmiendas propuestas a una velocidad y dentro de un calendario bastante sorprendente para esta Cámara. 
Se ha eliminado el solapamiento con el permiso de conducir, lo que significa que aquellas personas que tengan la formación adecuada para su permiso de conducir no tendrán que certificar su cualificación básica. 
Para nosotros era muy importante que el factor decisivo no fuera el país de origen de los conductores, sino el lugar en el que conducen, la empresa o su país de origen en los Quince. 
Los ciudadanos procedentes de terceros países también tendrán que adquirir esa cualificación básica. 
Los programas ya no son tan estrictos. 
Se han establecido objetivos de aprendizaje incluso para la formación continua. 
El ritmo de siete horas anuales es una buena solución tanto para la formación continua como desde el punto de vista de las empresas. 
Podemos suponer también que esto se ha armonizado con las nuevas disposiciones sobre la admisión a la profesión, lo que significa que, tampoco en ese sentido quedan puntos débiles. 
Nos parece lamentable que no exista una garantía de movilidad durante la formación. 
En breve debatiremos un proyecto que insta a los estudiantes a estudiar por toda Europa, mientras que los conductores no podrán hacer lo mismo. 
Como habitante de una zona fronteriza, lo lamento profundamente, pero entiendo que pueda haber aún problemas con los controles en algunos casos. 
De cualquier modo, no abandono la esperanza porque, al final de una evaluación que debería durar dos años, la Comisión, apoyada por el Consejo, quizá proponga aumentar algo más la movilidad. 
Lo que nos parece todavía más lamentable es que se haya establecido un examen sin formación, que tendrá que realizarse no en el país de residencia del conductor, sino en el que esté establecido el empresario. 
Sin embargo, esperamos que esto se reconsidere durante la evaluación, porque creo que la enmienda que hemos presentado es importante. 
Después de dos años de puesta en práctica, se evaluará no solo su grado de aplicación en los Estados miembros, sino también hasta qué punto se han alcanzado los objetivos, y al referirse únicamente a los exámenes, se tratará de un aspecto muy importante, desde luego. 
El cambio que proponemos es el que acabo de mencionar. 
Por supuesto, se trata también de incluir, como parte de la formación de los conductores, la criminalidad en el sentido más amplio del término, pues muy a menudo son víctimas de algunos delitos. 
Los centros de formación tienen que ser de calidad; mi colega ya ha incorporado este requisito en los considerandos, y creo que es importante que se haga referencia a ello. 
En cuanto a los plazos de tiempo, deseamos que esta directiva se trasponga lo antes posible. 
Pero por otra parte, creo que hay que considerar las cosas con pragmatismo porque, en nuestro experimento con el permiso de conducir, los plazos de tiempo quizá parezcan demasiado largos. 
No obstante, yo pediría que, suceda lo que suceda, no se reduzcan esos plazos. 
La flexibilidad es importante, pero la cuestión fundamental es que, por muy buenas que sean estas directivas y por mucho consenso que exista respecto a su adopción, no conseguirán nada si- como ya se ha convertido casi en un tema recurrente en esta Cámara- no hay controles posteriores y si no se aplican correctamente. 
Por lo tanto, volvemos a hacer un llamamiento a la Comisión y, a través de ella al Consejo y a los Estados miembros porque, si queremos crear un mercado liberalizado para el transporte europeo, en el que también se pueda desempeñar este trabajo en condiciones adecuadas y justas y en el que se reciba también la formación adecuada, estos textos solo se quedarán en buenas intenciones si los Estados miembros no están dispuestos a aplicarlos de manera sistemática. 
Concluiré con una referencia a los permisos CEMT. 
Espero que pronto podamos dar también algunos pasos a este nivel, donde continúa la competencia desleal, de forma que, en algunos casos, pueda tenerse en cuenta todo el buen trabajo preparatorio que hemos llevado a cabo. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me gustaría felicitar al Sr. Grosch por su excelente informe, que demuestra que todos compartimos la misma opinión sobre la formación de los conductores profesionales y la necesidad de mejorar la seguridad de nuestras carreteras. 
La adopción de esta Directiva será un importante paso adelante y contribuirá a la armonización de las condiciones sociales, a una mayor calidad de los conductores profesionales y a unas mejores normas en el transporte por carretera en general. 
La Comisión cree que la Posición común del Consejo, que tiene en cuenta en gran medida la primera lectura del Parlamento, constituye un intento bien equilibrado de alcanzar estos objetivos, por lo que deberíamos intentar no desbaratar este equilibrio y tratar de adoptar esta Directiva en esta segunda lectura. 
Algunas de las enmiendas propuestas mejoran la Posición común del Consejo y la Comisión las acoge positivamente. 
Sin embargo, hay algunas que la Comisión no puede aceptar, como son la 3, la 4, la 8 y la 9. 
Las enmiendas 3 y 4 deben rechazarse por dos razones: en primer lugar, porque no son viables en la práctica. 
En efecto, en 13 Estados miembros no existe hoy una formación obligatoria y solo podrían formar a entre 5 y 10% aproximadamente de los conductores afectados, por lo que a estos 13 países les sería imposible proceder a una transposición correcta de la Directiva en dos años. 
En determinados países, especialmente los de estructura federal, una transposición de un acto tan complejo y nuevo de Derecho comunitario ni siquiera sería posible por razones de procedimiento, y sólo traería como resultado más adelante procedimientos de infracción por falta de implementación. 
Además, si estas enmiendas son adoptadas, podríamos acabar en un procedimiento de conciliación con el Consejo, con la perspectiva de conseguir la transposición a la legislación nacional sólo un año antes, del que seis meses se perderían, en cualquier caso, con la conciliación y con lo cual, al final la ganancia es nula. 
Las enmiendas 8 y 9 han sido ambas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura también. 
Fueron rechazadas por la Comisión, y el Consejo tampoco las retuvo en su Posición común. 
La enmienda 8 procura autorizar a un individuo a obtener la cualificación inicial o la formación periódica en el Estado miembro de su elección. Esto podría permitir a los conductores eludir normas más exigentes. 
La 9 prevé el control por las autoridades competentes de la calificación de los exámenes. Esto supone que los exámenes pueden realizarse por otras autoridades distintas de las competentes. 
Los exámenes deberían ser realizados por las autoridades competentes o por entidades que estén bajo su control directo. Por tanto, el control solicitado es innecesario. 
Por eso, Señorías, hago un llamamiento para que estas dos enmiendas no nos hagan perder la oportunidad de aprobar este expediente en segunda lectura y, por lo tanto, no retrasen todavía más su adopción por parte de este Parlamento y del Consejo así como la transposición posterior. 
Señor Presidente, Señorías, su voto de mañana tendrá una gran influencia en el proceso legislativo. Podrá facilitar una adopción rápida de la Directiva y, con ello, la mejora de las condiciones de millones de conductores de camiones y autobuses que trabajan en nuestros Estados miembros. 
Cuento con su ayuda para conseguirlo. 
Quiero decir al ponente que tiene toda la razón, que la eficacia de todas estas medidas se evaluará en función de la capacidad de control de los distintos Estados miembros en sus distintas áreas de responsabilidad. 
Para ello, estamos analizando las posibilidades de ver cómo podemos converger más en el tipo de control que se efectúa en los distintos Estados miembros de las normativas y de las exigencias que hemos acordado a nivel comunitario. 
No se le oculta al señor ponente que es una tarea compleja, pero quiero decirle que- como he reiterado en distintas ocasiones- espero aportar lo antes posible a este Parlamento y al Consejo una propuesta sobre la materia. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar agradeciendo al ponente, el Sr. Grosch, su excelente cooperación tanto durante la primera lectura como ahora en la segunda lectura. 
Imaginemos que tuviéramos que crear hoy un sistema de transporte por carretera. 
¿Sería ese sistema de transporte igual al actual? 
Lo dudo. 
Tendríamos unos requisitos de seguridad bastante más estrictos, construiríamos nuestras carreteras de manera diferente y, definitivamente, exigiríamos una formación adecuada a los que trabajan en la construcción de carreteras. 
Por eso es importante esta Directiva, porque lo primero que tenemos que hacer es establecer una serie de requisitos para los conductores de los vehículos que transportan mercancías o pasajeros por carretera, unos requisitos que sean más estrictos en lo que se refiere, por ejemplo, a la seguridad. 
En segundo lugar, nuestra Directiva debería mejorar el reconocimiento que recibe su profesión. 
Creo que esto es muy importante, porque la calidad sólo puede ser garantizada por los que hacen el trabajo. 
En tercer lugar, los conductores bien formados harán, obviamente, un mejor trabajo desde el punto de vista de la seguridad, porque serán más conscientes y se implicarán más en las consecuencias de las diferentes situaciones. 
Esto también se refleja en la Directiva. 
Al igual que el resto del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, me hubiera gustado evitar la conciliación en lo que respecta a esta Directiva. 
Lo hubiera querido si la formación se hubiera incluido dentro del horario laboral. 
Hemos presentado una enmienda en este sentido, pero lamentablemente ha sido rechazada. 
Tras haberlo estudiado con detenimiento, hemos aceptado la posibilidad de elegir entre los exámenes y los cursos, porque sabemos que son muchas las personas que necesitan formación. 
Lo importante ahora es ofrecer cursos de formación de alta calidad y que existan centros de formación autorizados. 
Por lo tanto, es importante que no se acepte la enmienda 8, porque implicaría un peligro de competencia social desleal en lo que respecta a las condiciones de formación, ya que se elegirían los cursos más cortos y los lugares más convenientes. 
Aunque estamos de acuerdo en que pueda elegirse entre exámenes y cursos, no podemos estarlo también en que pueda elegirse el país en el que se realizarán los cursos. 
Esto no es posible. 
Por lo tanto, no creo que debamos aceptar la enmienda 8. 
Finalmente, espero que podamos evitar la conciliación. 
El Comisario ha dicho que el programa de seguridad en carretera se pondrá en marcha muy pronto, lo cual agradezco sinceramente. 
Hemos esperado mucho tiempo para ello y lo estudiaremos con gran interés. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Grosch por su excelente trabajo con este informe y por sus esfuerzos por obtener el apoyo real del Parlamento para la aprobación de algunas enmiendas o para su retirada. 
Parece ser que la formación profesional obligatoria de los conductores será una realidad dentro de poco. 
Es hora de que los conductores profesionales tengan que recibir formación obligatoria además de aprobar los exámenes de conducción. 
La seguridad en las carreteras para los conductores y otros usuarios es importante. 
Por desgracia, los accidentes en los que se ven involucrados camiones suelen causar víctimas mortales. 
La votación de esta Directiva mañana dará un importante empuje a la profesión de los conductores. 
La experiencia en los Países Bajos nos enseña que los conductores que reciben formación profesional tienen un mayor nivel de satisfacción laboral. 
Conducir un camión es una profesión con sus propios desafíos. 
Es importante para el sector que las personas que deciden hacerse conductores profesionales permanezcan en el sector. 
Esta continuidad aumentará si los conductores son conscientes de la gran importancia social de su profesión. 
El propio sector está buscando buenos conductores profesionales. 
Después de todo, si no hubiera transporte, la economía se paralizaría 
He presentado dos enmiendas a este informe en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, relativas al control de la calidad de la formación y a la oportunidad de formarse en otros Estados miembros. 
Me parece mucho más importante que el informe se acepte mañana y pueda empezar a aplicarse. 
Espero que pueda entrar en vigor rápidamente. 
Mis propuestas iban, simplemente, demasiado lejos. 
Al igual que el Sr. Grosch, espero que la votación en el pleno de mañana sea favorable. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Grosch por limar las asperezas sociales de la liberalización y poder combinar estos dos elementos de una vez por todas. 
Creo que el objetivo de la Directiva está muy claro. 
Queremos mejorar la seguridad de las carreteras. 
Queremos también mejorar las condiciones en nuestras carreteras por medio de la formación, porque si los conductores saben cómo funcionan, podrán influir en ellas. 
Por supuesto, se trata en definitiva de un paquete social. 
No entraré en detalles. 
Creo que es positivo que el Sr. Vermeer haya retirado un par de enmiendas que podrían haber dado lugar a la competencia social desleal de la que hemos hablado antes. 
Sin embargo, hay una trampa, y quisiera hablar al Comisario brevemente sobre ella. 
Se trata de lo siguiente: en estos últimos días, el caso del transportista Willi Betz nos ha demostrado que hay problemas con los permisos CEMT. 
Todos sabemos que el certificado del conductor sobre el que el Sr. Van Dam ha estado trabajando, y que se basa en los permisos comunitarios, entró en vigor el 19 de marzo. 
Aún es posible evadir los permisos CEMT, como ha mencionado el Sr. Grosch al final de su discurso. 
Quisiera preguntar al Comisario cómo podemos conseguir que la CEMT preste atención a la formación especializada y a la formación continua que nosotros demandamos para los conductores de los Estados miembros y los conductores que trabajan para empresas establecidas en los Estados miembros; de lo contrario, nos quedaremos con un problema sin resolver. 
Por esta razón, quisiera pedirle que preste atención a esta cuestión. 
En segundo lugar, creo que estamos tratando de asuntos sociales y en breve plantearé la cuestión de si no deberíamos tratarlos a través de la Comisión RETT o la DG EMPL. 
Volveré a insistir más adelante en esto. 
Señora Presidenta, hace unos meses debatimos el informe Markov sobre los tiempos de conducción y de descanso en el sector del transporte por carretera. 
Una de las razones para limitar los tiempos de conducción es que conducir un vehículo durante largos períodos de tiempo puede crear riesgos para la seguridad en la carretera. 
Sin embargo, para ser sincero tengo que decir que la seguridad en las carreteras no depende sólo de la buena forma mental y física de los conductores, sino también de su buena cualificación profesional. 
Por esta razón apoyamos la propuesta de establecer unos requisitos mínimos para la formación de los conductores profesionales. 
Hasta la fecha sólo dos Estados miembros disponen de este tipo de formación. 
Su ampliación a todos los Estados miembros promoverá de forma significativa la calidad profesional de los conductores y la seguridad en nuestras carreteras a unos niveles equiparables. 
Es importante que esta formación abarque tanto las capacidades del conductor individual como la práctica cotidiana. Para ello se requiere un programa de formación flexible. 
Por lo tanto, a este respecto estoy satisfecho con los diferentes métodos de formación propuestos por el Consejo. 
Mientras que los planes originales hacían hincapié en la asistencia, ahora lo hacen en la demostración de habilidades personales durante el examen. 
Por lo tanto, los órganos supervisores responsables de garantizar la calidad de estos exámenes tienen ante sí una tarea importante. 
Es importante también mantenerse al día de las novedades en técnicas de formación. 
La formación no podrá abarcar todas las situaciones de tráfico concebibles. 
La combinación de numerosas situaciones de tráfico en un simulador constituye, por tanto, un paso en la dirección adecuada. Hay que fomentar el uso de simuladores en la formación para preparar a los conductores lo mejor posible y que sepan hacer frente a todas las situaciones posibles. 
No sólo debemos prestar atención a la seguridad en las carreteras, sino también a la seguridad personal de los conductores. 
Los días 14 y 15 de octubre, el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores advirtió que los vehículos pesados que transportan mercancías valiosas están convirtiéndose cada vez con mayor frecuencia en objetivo de las organizaciones criminales. 
Las señales de las compañías de seguros están claras. 
Esto comporta riesgos considerables para los conductores. 
Para combatir estas actividades criminales, los cursos de formación deben prestar atención también a las medidas preventivas. Se trata no sólo de proteger la carga, sino también al conductor. 
En conclusión, consideramos que la Posición común, incluidas las enmiendas propuestas, constituyen una buena base para la formación de los conductores en toda la Unión Europea. Permitirá a los Estados miembros establecer y mantener una formación orientada a la práctica. 
Muchas gracias al ponente por su excelente trabajo. 
Señora Presidenta, yo también quisiera comenzar felicitando y agradeciendo al ponente, el Sr. Grosch, su trabajo en la primera y segunda lectura, así como su deseo de escuchar las sugerencias de los colegas, consiguiendo un resultado que ha recibido un amplio apoyo y que, por tanto, tiene excelentes posibilidades de ser aprobado en la votación de mañana en el pleno. 
Señorías, estamos debatiendo una cuestión que siempre es muy trágica y relevante. 
Una vez más, en mi país, el sábado pasado por la noche, hubo otro caso de lo que llamamos carnicería de sábado noche. Cuatro jóvenes murieron en las carreteras. 
Estos incidentes se han convertido en algo habitual, ocurren con una frecuencia trágica y han aumentado la alarma social ante las muertes evitables que se producen en nuestras carreteras. 
No cabe duda de que una de las soluciones más eficaces reside en la formación. 
Al igual que la Sra. Sommer, he manifestado mi oposición a la creación de una Agencia Europea de Seguridad en la Carretera. 
No necesitamos más órganos centralizados, que probablemente supondrían más burocracia. Lo que necesitamos son políticas en materia de seguridad en las carreteras. 
Es algo diferente. 
Hoy me complace decir que, con esta Directiva, estamos progresando en un ámbito clave hacia el objetivo que todos nos tenemos que marcar: la seguridad en las carreteras. 
¿Por qué se trata de un factor clave? 
Porque, como ya han reiterado muchos diputados, esta Directiva promueve la formación continua, como debe ser. 
El requisito de aprobar un examen de conducir ya no constituye una garantía suficiente: tenemos que asegurarnos de que las personas cuyo trabajo sea la conducción, como los conductores profesionales y los camioneros, se sometan a un seguimiento constante, por su propia seguridad ante todo, pero también por la seguridad de otros usuarios de las carreteras. 
Asimismo, quisiera dar las gracias al ponente y a la Comisión, que ya ha comenzado a cooperar, porque si vamos a exigir formación, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que significa. 
Tiene que ser una iniciativa seria, no una mera formalidad, de manera que las estructuras que nuestros Estados miembros certifiquen como capacitadas para impartir la formación y acreditar con la necesaria autorización, tienen que ser centros responsables de profesionalidad demostrada y consolidada. 
En este sentido, al menos en mi país, la experiencia de las autoescuelas es un factor muy útil que debería aprovecharse. 
De esta manera, creo que la Directiva ayudará a conseguir una formación eficaz y a mejorar la seguridad de nuestras carreteras. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, yo también quiero agradecer al Sr. Grosch el excelente y útil trabajo que ha realizado en la preparación de este importante informe. 
La Directiva servirá para mejorar la cualificación profesional de los conductores así como la seguridad de las carreteras, como ya se ha dicho. 
Un reglamento armonizado relativo a la cualificación profesional inicial mejorará la posición social de los conductores y reforzará el respeto a la profesión. 
Asimismo, la mejora de la formación básica permitirá a los Estados miembros reducir la edad mínima de los conductores de las distintas clases de vehículos, haciendo más atractiva la profesión y aumentando la oferta de mano de obra en el sector del transporte. 
Puesto que el Consejo ha tenido muy en cuenta las enmiendas de la comisión en la Posición común, deberíamos evitar la conciliación y avanzar rápidamente en esta cuestión. 
En mi opinión, deberíamos considerar seriamente la posibilidad de adelantar un año la fecha límite para la transposición de las medidas a la legislación nacional. 
Los Estados miembros han insistido en los problemas que planteará un calendario más estricto, puesto que la Directiva exige un gran trabajo de reorganización en el terreno de la formación. Por lo tanto, los Estados miembros necesitan tiempo para aplicarla. 
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitar al ponente por su informe. 
La formación obligatoria para los camioneros es algo que realmente necesitamos y que deberíamos haber establecido hace mucho tiempo. 
A veces me sorprende lo atrasada que está Europa en materia de seguridad de las carreteras. 
Después del problema con los tiempos de conducción, este problema también necesita abordarse de forma urgente. 
Si hay que resolver una serie de problemas, tenemos que aprobar el informe mañana. 
En primer lugar, el sector del transporte puede hacerse más profesional. 
Debemos tener mejores conductores en nuestras carreteras. 
La profesión de camionero debe hacerse más atractiva y respetable. 
Los cowboys no tienen cabida en nuestras carreteras. 
En segundo lugar, los cursos de formación para conductores deben prestar atención también al uso racional de la energía. 
Los experimentos demuestran que incluso los conductores experimentados pueden reducir permanentemente su consumo de combustible hasta un 30% después de recibir tan sólo un día de formación adicional. 
Esto es importante para un sector tan afectado por Kyoto. 
En tercer lugar, y quizás el punto más importante: la seguridad en nuestras carreteras también mejorará. 
Estoy pensando ahora en la formación sobre el uso de los sistemas obligatorios para los puntos ciegos y otras tecnologías de seguridad en los camiones, así como a la enseñanza de un estilo de conducción más defensivo que beneficie a los usuarios más vulnerables de las carreteras en general, y a los ciclistas en particular. 
. 
(ES) Señora Presidenta, Señorías, quiero agradecer todas las intervenciones que se han producido, y muy especialmente las de los parlamentarios que han anunciado la retirada de una serie de enmiendas, precisamente para facilitar la aprobación de este texto en segunda lectura. 
Quiero agradecer una vez más al ponente, Sr. Grosch, su magnífico trabajo, que ha permitido, entre otras cosas, el consenso que probablemente se producirá mañana en la votación. 
También quiero señalar que he tomado buena nota de lo que ha planteado el Sr. Bouwman sobre la regulación dentro de la CEMT. 
Me parece importante que llevemos allí las exigencias y los planteamientos que estamos haciendo en el ámbito de la Unión Europea, pero quiero decirle que con esta propuesta, y la otra que hicimos en su momento, aplicamos todas las exigencias no sólo a los conductores de nacionalidad de cualquiera de los países de la Unión Europea, sino también a aquellos conductores de terceros países que operan en la Unión Europea, en compañías de la Unión Europea. 
Este tipo de regulación, busca una mayor seguridad- y con eso le contesto a la segunda pregunta que ha planteado. 
Es fundamentalmente desde el punto de vista de la seguridad como se puede enfocar este tipo de cuestiones desde la Dirección General de Transportes. 
Esta Dirección General se ocupa de los aspectos de seguridad, no de los aspectos sociales, salvo en la medida en que tengan relación con la seguridad. 
En este caso concreto, en el Parlamento, si se hubieran tratado únicamente aspectos sociales, le habría correspondido a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y no a la de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Espero que mañana haya un acuerdo que permita aprobar este texto en segunda lectura, mejorar la seguridad y evitar la competencia desleal en transporte por carretera. 
Reitero el agradecimiento a todos los intervinientes, al ponente y a aquellos que han anunciado la retirada de las enmiendas que va a permitir este acuerdo mañana, y tomo buena nota de las reflexiones que me han hecho al hilo de esta discusión para futuras propuestas de la Comisión. 
. Gracias, Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0087/2003) de la Sra. De Sarnez, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de cara a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus World) (2004-2008) (COM (2002) 401- C5-0360/2002- 2002/0165 (COD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en los tiempos difíciles que vivimos, creo que la voluntad de la Comisión de hacer de la Europa del conocimiento una prioridad estratégica de la Unión, reiterada en muchas ocasiones desde hace varios años, adquiere ahora una relevancia mayor que nunca. 
El programa Erasmus World que estamos debatiendo esta noche es perfectamente compatible con ese objetivo. 
Por lo tanto, es una buena noticia para Europa. 
El programa tiene dos objetivos principales, íntimamente relacionados: hacer más atractiva la enseñanza superior europea a los estudiantes y a los profesores universitarios de otras partes del mundo y estrechar los vínculos entre las universidades europeas para mejorar la calidad y la competitividad de la enseñanza superior europea. 
De hecho, al estrechar los vínculos entre ellas, por una parte, y sus vínculos con el resto del mundo, por otra, nuestras universidades mejorarán la calidad del servicio que prestan. 
Como ha dicho la Sra. Reding, Erasmus World es el instrumento que Europa necesita, tanto interna como externamente, para responder de forma coherente a la mundialización en el sector de la educación. 
Al abrir nuestras universidades al mundo, también estamos abriéndolas a Europa. 
En cuanto al nombre del programa, proponemos que, en lo sucesivo, pase a llamarse Erasmus Mundus. Esto hará posible que se respete y mantenga el principio de diversidad cultural, que consideramos de máxima importancia y que es la fuerza impulsora de nuestra Unión. 
El presente programa abarca el período de 2004 a 2008 y propone cuatro acciones muy específicas. 
En primer lugar, la creación de 250 cursos de máster, que llamaremos Másters Erasmus Mundus. 
Estos cursos se seleccionarán para un período de cinco años y en ellos participarán como mínimo tres instituciones de enseñanza superior de tres Estados miembros diferentes. 
Una vez concluidos, se entregarán diplomas reconocidos oficialmente. 
Estos másters están abiertos a estudiantes y profesores universitarios de terceros países y quisiera que también estuvieran abiertos a estudiantes y profesores universitarios de la Unión Europea, para que también ellos puedan aprovechar esta «gira por Europa». 
El título de Máster se otorgará en función de la calidad de la enseñanza, pero también tendrá en cuenta la calidad de las instalaciones que acojan a los estudiantes. 
El proceso de selección tiene que efectuarse mediante un jurado de alto nivel formado por personalidades destacadas del mundo académico. 
Al final de su curso, los estudiantes tendrán que haber aprendido al menos dos idiomas. 
De hecho, el aprendizaje de idiomas tiene que seguir siendo una prioridad de la Unión Europea. 
Como ha dicho el Sr. Prodi, el aprendizaje de idiomas es una de las maneras más importantes de promover el verdadero entendimiento intercultural. Tenemos que continuar promoviendo el aprendizaje de idiomas por todos los medios posibles, y este programa nos proporciona una oportunidad ideal para hacerlo. 
En segundo lugar, la creación de un sistema de becas. 
Se ofrecerán becas importantes a 4 200 estudiantes de terceros países, directamente o como parte de un programa de asociación entre sus universidades de origen y las que participan en el máster. 
Asimismo, se ofrecerán becas a 1 000 profesores universitarios de terceros países, que serán invitados a Europa para labores de enseñanza o investigación con una duración media de tres meses. 
En tercer lugar, la creación de alianzas para reforzar y promover el entendimiento intercultural. 
De esta forma, se promoverá la cooperación de las instituciones de enseñanza superior con universidades de terceros países. 
Por último, la última acción final es la promoción internacional de la enseñanza superior europea. Se creará una página web específica para el programa, que proporcione información actualizada sobre los Másters Erasmus Mundus. 
Para alcanzar estos objetivos, creemos que es apropiado dotarnos de los medios necesarios. 
Por ello hemos propuesto aumentar el presupuesto a 300 millones de euros, asegurándonos de que los programas ya existentes no sufran menoscabo alguno y teniendo en cuenta los recursos apropiados y las condiciones que determine la autoridad presupuestaria. 
Nuestra cooperación con los miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, así como con los ponentes de opinión en todas estas cuestiones, ha sido muy productiva. 
Quisiera darles las gracias. 
Para terminar, quisiera expresar mi deseo de que, en el futuro, los estudiantes jóvenes, los universitarios y los investigadores de la Unión Europea y del resto del mundo encuentren en nuestro continente una fuente de aprendizaje, formación y el entendimiento mutuo. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias a la ponente de todo corazón por la excelente calidad de su trabajo y por el apoyo que ella y sus colegas han dado a la Comisión a través de su trabajo. 
Creo que hoy vamos a tomar una decisión que afecta a un gran programa. 
Erasmus era uno de los programas emblemáticos en este sector, y continúa siéndolo. 
Cuando hablamos de Europa a los ciudadanos y les pedimos que nombren un programa europeo, Erasmus es el programa que está en boca de todos y en todos los corazones. 
Es muy importante hablar de corazones, porque la identificación con Europa implica también a los sentimientos, sobre todo al sentimiento de pertenecer a una gran familia. 
Solo hay que ver la película de Klapisch, Una casa de locos (l´Auberge espagnole) , para entender la importancia que tiene para los jóvenes reunirse en torno a ideales y estudios comunes. 
Por lo tanto, hoy ampliamos Erasmus, el programa emblemático de la Unión Europea. Lo ampliamos a todo el mundo, lo cual es muy positivo porque, como bien ha dicho la ponente, vivimos en una época en la que tenemos que tender puentes en lugar de erigir muros. 
Este proyecto se basa en el respeto total a las competencias de los Estados miembros y a la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. 
Señor Presidente, resumiré el contenido del proyecto en unas pocas palabras, porque su ponente ya ha hablado de ello. 
En primer lugar, cuando hablamos de másters de la UE, nos referimos al cuarto y quinto año de estudios universitarios. 
En estos másters tienen que participar por lo menos tres instituciones de enseñanza superior de tres Estados miembros diferentes. Su programa de estudios tiene que incluir un período de estudio en al menos dos de esas instituciones. 
Es muy importante, y en este punto estoy de acuerdo con la Sra. De Sarnez y sus colegas diputados, que estos jóvenes, que estudiarán en distintas universidades durante su «gira por Europa» , no solo aprendan matemáticas o derecho, sino también la diversidad cultural europea. 
Se trata de un mensaje muy importante que queremos transmitir a los jóvenes europeos y a los de terceros países. 
En segundo lugar, existe un sistema de becas asociado a los másters europeos para los jóvenes y profesores universitarios de terceros países. 
Asimismo, y esto concierne a los europeos en particular, se han establecido alianzas entre estos másters europeos y las instituciones de enseñanza superior de terceros países, para tratar de promover la apertura de la educación europea y reforzar su presencia en el mundo. 
Estas alianzas también ofrecen a nuestros estudiantes europeos la oportunidad de estudiar en el extranjero. 
Por supuesto, tenemos que aumentar el atractivo de nuestra enseñanza superior mediante actividades encaminadas a la promoción de nuestras universidades. 
La propuesta incluye medidas de apoyo técnico, y se ha fijado el presupuesto en 200 millones de euros. 
Señor Presidente, quisiera explicar brevemente lo que la Comisión piensa hacer con las numerosas enmiendas presentadas, para que los oradores hablen con conocimiento de causa. 
En primer lugar, mencionaré la enmienda 1 presentada por el Parlamento. 
Esta es la última vez que digo Erasmus World. 
El Parlamento ha propuesto Erasmus Mundus, y Erasmus Mundus será. 
Todos ustedes saben muy bien la importancia que concedo a la pluralidad lingüística. 
Si creamos un programa Erasmus Mundus en el que participarán una serie de universidades de distintos países, la diversidad lingüística tiene que formar parte de él, porque constituye la base de la diversidad cultural. 
Por lo tanto, aprobaré la enmienda 4 y el contenido de la enmienda 53, o las enmiendas 67, 69 y 77 que a la larga las sustituirán. 
Supongo que volverán a redactarse para evitar cualquier prejuicio respecto al idioma utilizado en la enseñanza. 
Asimismo, aceptamos el contenido de la enmienda 29, o de las enmiendas 70 y 76 que la sustituyen, y la enmienda 51. 
Sin embargo, para mantener la coherencia interna del texto, tienen que combinarse con la enmienda 53. 
No puedo aceptar la enmienda 68 porque intenta eliminar la promoción de la competencia lingüística y el entendimiento intercultural, algo totalmente contrario a la dirección que queremos tomar. 
Ahora quisiera hacer referencia a la formación profesional. 
Entiendo a los diputados que quieren impulsar la formación profesional. 
Pero el programa Erasmus Mundus se refiere a la enseñanza superior. 
Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 12, 15 ó 45. 
Podemos aceptar parcialmente las enmiendas 18 y 46, eliminando las referencias a la formación. 
Respecto de la fuga de cerebros, siempre hemos basado nuestras reflexiones en el principio de que Erasmus Mundus atraerá a jóvenes de terceros países a Europa y después les animará a regresar a sus respectivos países, porque es allí donde tienen que construir utilizando todo lo que hayan aprendido en Europa. 
A este respecto, la Comisión puede aceptar la esencia de la enmienda 24, pero volviendo a redactarla. 
Por otra parte, no podemos aceptar la enmienda 7, porque el objetivo de este programa no es la cooperación para el desarrollo. Tampoco podemos aceptar la enmienda 78, porque el programa no puede proporcionar a los estudiantes de terceros países ayudas para que regresen a su país de origen. 
Respecto a la igualdad de oportunidades, como mujer que soy, comparte lógicamente la defensa de la igualdad de oportunidades para la mujer, pero quizás no sea ese el objetivo de Erasmus Mundus. 
La enmienda 5 me parece equilibrada, así como la enmienda 23, al menos en esencia. 
Por otra parte, creo que las enmiendas 61, 64 y 65 corren el peligro de atraer una atención operativa excesiva sobre estas cuestiones. 
En cuanto a la comitología, no podemos aceptar la enmienda 42, que trata de que los órganos competentes participen en el trabajo de la comisión. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 33, que contempla una participación excesiva de esos órganos en la ejecución del programa. 
En cuanto al presupuesto, comprendo perfectamente lo que ha dicho la ponente. 
Por el momento, la Comisión solo puede mantener su propuesta inicial. 
Sin embargo, podría revisar su posición ante un posible incremento en el umbral presupuestario del título 3. 
Muchas de las enmiendas tratan de aclarar, simplificar o reforzar el texto. 
La Comisión las acepta, con la excepción de las enmiendas 27 y 30, cuyo intento de simplificar el texto afecta a su contenido. 
Por supuesto, el papel de la Comisión en los programas está establecido en el artículo 149 del Tratado, y también está determinado por el respeto a la autonomía de las instituciones de enseñanza superior, que es una condición imprescindible. 
Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar ninguna enmienda que ponga en peligro esa autonomía. 
Se han aceptado la mayor parte de las enmiendas relativas al proceso de selección, a excepción de las enmiendas 52, 54 y 58, porque imponen criterios contrarios al objetivo principal de la calidad- y la calidad es muy importante para Erasmus Mundus -, así como las enmiendas 55 y 57, porque introducen un nivel de detalle excesivo para un texto legislativo. 
Tampoco podemos aceptar el concepto de regiones específicas contenido en la enmienda 3. Lo mismo ocurre con la enmienda 6, que hace referencia prematura a futuros programas, y con las enmiendas 19, 72 y 73, porque restringen la definición de académicos invitados. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 74, porque impide el acceso de entidades privadas a la acción 4. Este también es el caso de las enmiendas 71 y 75, que intentan eliminar los Másters Erasmus Mundus. 
De hecho, todo el programa está articulado alrededor de esos másters. 
En resumen, la Comisión puede aceptar 39 de las 66 enmiendas iniciales y 5 de las 12 enmiendas presentadas tras la votación en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
En relación con el calendario, el objetivo es el año académico 2004-2005, lo que significa que las propuestas deberían solicitarse en noviembre de este año. 
El proceso de aprobación no puede retrasarse y, por tanto, confío en que el Parlamento y el Consejo sean lo más rápidos posible. 
Señor Presidente, tenemos la oportunidad de hacer algo importante: un programa que será entendido y apreciado por los ciudadanos y que beneficiará a las generaciones futuras, sobre todo en lo que respecta al entendimiento. 
Hoy estamos tendiendo una mano, y estoy segura de que muchos otros harán lo mismo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar a la Sra. De Sarnez por su excelente informe y darle las gracias por toda la colaboración tan efectiva y constructiva que nos ha brindado. 
El programa de Erasmus World, que es tan importante para el futuro de la Unión Europea, muestra lo importante y lo razonable que es que se mantenga una buena cooperación entre la Comisión y las comisiones parlamentarias. 
La propuesta de la Comisión ha sido complementada con las enmiendas presentadas que, además, le han otorgado una base más amplia, sobre todo en lo referente al aspecto financiero, concediéndole hasta 300 millones de euros, en lugar de la cantidad propuesta de 200 millones de euros. 
Los nuevos programas, y en especial los del ámbito de la educación, la cultura y la juventud, que suponen una inversión importante en nuestro futuro, vuelven a plantear el aspecto clave de dónde conseguir el dinero, puesto que no hay nada bajo el epígrafe pertinente previsto para este fin. 
¿De dónde se supone que saldrá el dinero si no estamos dispuestos a hacer recortes en los presupuestos de otros programas similares que se encuentran bajo el mismo epígrafe? 
Hay que plantearse esta pregunta y tratar de darle respuesta en este Pleno en más de una ocasión; veo aparecer el mismo problema en el informe del Sr. Mauro sobre eLearning. 
Es política tradicional de nuestro Parlamento defender los programas existentes. 
De hecho, en su capacidad legislativa el Consejo puede comprobar la importancia de estos programas, pero como autoridad presupuestaria no está dispuesto a destinar más fondos al Título 3. 
Las perspectivas financieras actuales, vigentes hasta finales de 2006, dejan poquísimo margen previsible para maniobrar. 
En cualquier caso, este aspecto afectará a los tres primeros años del programa Erasmus World. 
Sin embargo, la estrategia de Lisboa, que es la que estamos siguiendo, podría convertirlo en una buena oportunidad para mostrar nuestras verdaderas intenciones. 
¿Cuáles son las prioridades que queremos establecer en la distribución de los fondos disponibles, si queremos conseguir convertirnos en una sociedad basada en el conocimiento que sea competitiva y dinámica, tal como lo han reafirmado, una vez más, todos los presentes en la Cumbre de Bruselas hace unas dos semanas aproximadamente? 
Teniendo esto en cuenta, deberíamos insistir en que este nuevo programa tan importante reciba la financiación que merece de 300 millones de euros. 
Permítanme entonces repetir mi llamamiento urgente al Consejo para que se una a nosotros en nuestra tarea de proseguir con este proyecto. 
Como miembro de la Comisión de Presupuestos, he de repetir que la situación actual dará lugar muy probablemente a una redistribución de los fondos del Título 3 con el fin de garantizar el cumplimiento del límite financiero superior. 
De entrada podría tener sentido redistribuir los fondos de los programas de acción para los que todavía no se haya previsto un marco financiero en las perspectivas financieras o para los que haya que decidir sobre dicho marco por la vía de la codecisión después de 2007. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. De Sarnez por el estudio tan exhaustivo que ha realizado sobre el programa Erasmus World y por su excelente grado de cooperación, a pesar de que no hemos conseguido alcanzar un acuerdo en bastantes aspectos. 
Sin embargo, lo más importante de todo es que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte ha logrado tramitar la propuesta de la Comisión con prontitud. 
Además, espero que se logre alcanzar un consenso con el Consejo de forma rápida para que el programa pueda ponerse en marcha a principios del año que viene. 
Existe una clara necesidad de hacer de Europa un lugar más atractivo y de reforzar la identidad de la enseñanza superior europea. 
En la actualidad, la mayoría de los estudiantes que participan en intercambios internacionales van a los Estados Unidos. 
Ese país recibe tradicionalmente a muchos estudiantes extranjeros gracias a las becas Fulbright, por ejemplo. 
Cada año, más de medio millón de jóvenes procedentes de diferentes países estudian en los Estados Unidos. 
En Europa, el número de estudiantes procedentes de países no comunitarios es de unos 400 000, de los cuales más de tres cuartos van al Reino Unido, Francia o Alemania, es decir, a los tres grandes Estados miembros. 
En la actualidad, por tanto, apenas se aprovechan las oportunidades que ofrecen las universidades europeas. 
Lo mismo ocurre con el valor añadido que podría alcanzarse por medio de la interconexión de las universidades. 
El programa de máster Erasmus Mundus pretende subsanar estos defectos mediante la creación de una titulación de máster de la Unión Europea destinado a estudiantes procedentes de terceros países en asociación con tres instituciones educativas superiores europeas. 
En la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte hemos prestado mucha atención a la diversidad lingüística en Europa. 
Quizás sea esta la razón por la cual la mayoría de la comisión parlamentaria ha decidido añadir al artículo 4 el apartado en el cual se establece que el propósito del programa es la «promoción de las habilidades lingüísticas, en especial, mediante el uso de dos lenguas habladas en los países en los que se ubican las instituciones implicadas en el programa Erasmus Mundus». 
Me temo lo peor, ya que considero que una norma tan restrictiva es contraria a los objetivos del programa. 
El programa Erasmus Mundus no es un programa de lenguas; su objetivo es realzar el atractivo de la enseñanza superior europea. 
Por ejemplo, imaginemos que un curso de biotecnología en el marco de un programa de máster se imparta en asociación con instituciones de enseñanza superior de Finlandia, Letonia y Estonia. 
Estoy segura de que la exigencia de estudiar la lengua de estos países no ayudaría mucho a realzar el atractivo del programa de cara a los jóvenes interesados en biotecnología. 
No es un problema que afecta únicamente a los países del norte de Europa, sino que también afecta, por ejemplo, a países como Portugal y Grecia. 
Espero que en la votación de la sesión plenaria se elimine este requisito, definido de forma tan precisa en la actualidad. 
Señor Presidente, aunque me pregunto si en realidad es tan importante discutir si el programa propuesto por la Comisión se denomina Erasmus World o Erasmus Mundus, me gustaría dar las gracias a la Sra. De Sarnez por la elaboración de este informe tan exhaustivo. 
La propuesta de la Comisión ha llegado justo en el momento oportuno. 
Europa quiere convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo y, por tanto, es bueno que se reafirme como un continente que goza de una alta calidad en la enseñanza universitaria, de modo que los estudiantes extranjeros prefieran venir a estudiar aquí. 
La promoción de la cooperación mutua solo puede redundar en beneficio de las universidades. 
Aunque en algunos sectores de mi país se sugiere que no es necesario aprender dos lenguas extranjeras, me gustaría volver a expresar una vez más mi apoyo a la propuesta del Parlamento Europeo por la que se concede a los estudiantes de terceros países la oportunidad de aprender las lenguas de dos países de acogida a través de este programa. 
Basta echar un vistazo a este Parlamento para darse cuenta de lo necesaria que es esta medida. 
El conocimiento de lenguas no solo ayudaría a los estudiantes a ser más competitivos en el mercado laboral, sino que, además, incrementaría su bagaje cultural. 
Aun así, quisiera añadir una última observación sobre este informe. 
El programa está concebido para estudiantes y universidades de todo el mundo y me gustaría instarles a que prestaran especial atención a las universidades de los países en desarrollo. 
La educación es la mejor arma para luchar contra la pobreza. 
Si concedemos a los estudiantes de los países en desarrollo la oportunidad de completar su formación en la Unión Europea, contribuiremos a la distribución de conocimientos en sus países de origen. 
Por supuesto, debemos asegurarnos de que no se queden en Europa, porque el programa no pretende fomentar la fuga de cerebros. 
Si las universidades europeas están dispuestas a colaborar con las universidades de los países en desarrollo, esta será una razón suficiente para que los estudiantes quieran volver a sus países y transmitir los conocimientos adquiridos a sus compatriotas. 
De este modo podremos, por medio de este programa, contribuir de forma significativa a mejorar la calidad de vida en todo el mundo, incluidos los países en desarrollo. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, quizás la expresión «sociedad basada en el conocimiento» merece ser examinada con más detenimiento. 
Soy investigadora científica en mi país y no puedo dejar de estremecerme al oír la expresión «sociedad basada en el conocimiento». 
En este sentido, creo que es importante subrayar dos puntos. 
En primer lugar, ¿cuál es la lengua del conocimiento? 
Si Europa puede aportar algo al mundus, al mundo, es precisamente su diversidad lingüística. 
Ya se ha repetido una y otra vez, y yo reitero que es esencial que la diversidad lingüística vaya de la mano de la diversidad cultural. 
Si tenemos un proyecto europeo, si además queremos demostrar lo que Europa es capaz de transmitir al mundo y recibir a cambio, lo conseguiremos por medio de la pericia lingüística, que está tan bien representado en el Parlamento. 
Todo lo que pedimos es que ocurra lo mismo en las universidades. 
Señora De Sarnez, muchas gracias por haber hecho hincapié en este punto. 
Ahora bien, la lengua del conocimiento es una cosa, pero el conocimiento en sí mismo es otra muy distinta. 
Señora Comisaria, usted ha dicho que acepta algunas enmiendas, pero otras no. 
Le complace decirnos que la igualdad de oportunidades es esencial, pero no parece muy interesada en hacer demasiado hincapié en ello. 
Usted acepta- y estas eran mis enmiendas, precisamente- que en general haya un objetivo de distribución equitativa entre las denominadas disciplinas de ciencias «duras» y las ciencias «literarias» , pero a su vez admite que, si no le he entendido mal, no quiere que sea un criterio de selección. 
Me complace no ir más allá de los principios y las directrices. 
Sin embargo, para permanecer en el mundo de la investigación y de la enseñanza superior, somos muy conscientes de que en algunas ocasiones existen restricciones y de que hay que hacer más hincapié en los objetivos y decir algo más que unas cuantas palabras. 
En lo que respecta a las humanidades, piensen en el Sexto Programa Marco de Investigación. 
Hasta el Quinto Programa Marco, las humanidades se consideraron un medio, en lugar de un objetivo para la investigación; podían servir de ayuda a las otras ciencias, pero no se las consideraba separadas de las demás ciencias en lo que respecta a la financiación de su investigación. 
A partir del Sexto Programa Marco de Investigación, el campo de las humanidades goza de un reconocimiento más claro y he de decir que esto me complace mucho. 
Señora Comisaria, me gustaría que los puntos referentes a la igualdad de oportunidades, como la existencia de un equilibrio entre todas las ciencias y disciplinas, fueran algo más que simples palabras. 
Me gustaría que fuera posible promover estas disciplinas en relación con la circulación de estudiantes, jóvenes investigadores y futuros investigadores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora De Sarnez, Señorías, me alegra que este programa se llame «Erasmus Mundus». 
Me alegra porque hace referencia a una raíz común, de la que brotó la diversidad lingüística y cultural de la Unión Europea. 
En cuanto a la diversidad, quiero hacer hincapié en que nos complace mucho la idea de plasmar este antiguo objetivo de la Unión Europea en la exigencia de un conocimiento escrito y oral en dos lenguas de la UE, además de la lengua materna. 
Es un objetivo que debemos perseguir sistemáticamente. 
Mis colegas ya lo han mencionado tantas veces: la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza son los objetivos por los que se espera que luche la Unión Europea. ¿Qué más puede esperarse de nuestra Unión Europea? 
¿Para qué más podemos servir de motor? 
¿Qué es lo que esperamos de nosotros mismos y qué tenemos que ofrecer? 
Se trata de ofrecer un ámbito de tolerancia, un espacio lleno de respeto- algo que no puede funcionar sin educación -, así como un espacio para el diálogo intercultural y la competencia intercultural, que no puede funcionar sin educación. 
Esto también me lleva a implorar al Consejo, ya que esto solo puede funcionar si estamos dispuestos a invertir de inmediato, si dotamos de fondos al Título 3 en lugar de simplemente ponerle un tope y decir que exprimiremos los fondos de otra cosa. 
Mientras no definamos lo que queremos decir con «otra cosa» tendremos todavía mucho de qué hablar. 
Como ha dicho la Sra. Wenzel-Perillo, esta cuestión se planteará en esta Cámara más de una vez. 
Hemos de mostrar nuestras verdaderas intenciones. 
La inversión en educación que realizamos hoy nos recompensará con una cosecha que nos llenará de alegría, no solo dentro de la UE, sino también más allá de sus fronteras. 
Eso es lo que se espera de Europa. 
Señor Presidente, uno de los logros clave de la Unión Europea ha sido la capacidad que ha demostrado para fomentar programas de cooperación educativa. 
Ahora existen programas de ámbito europeo que intervienen en todos los aspectos de nuestro sistema educativo. 
Vivimos en un mercado interior en el que existe la libre circulación de personas. 
Si la Unión Europea como entidad política crece y prospera, debemos asegurarnos de que los escolares tengan la oportunidad de aprender otras lenguas y de conocer los sistemas educativos de otros países de la Unión Europea. 
Fomentar la interacción social y educativa entre estudiantes solo puede tener efectos positivos. 
Desde la perspectiva irlandesa, la inversión en educación ha hecho posible abordar el desempleo y la emigración y ha permitido que nuestra población activa más joven y dinámica participe de un modo muy significativo en el desarrollo económico. 
El Programa Erasmus de la Unión Europea es uno de los programas educativos más conocidos en el ámbito de la Unión Europea. 
Funciona desde mediados de los años 80 y ofrece oportunidades educativas a los estudiantes de toda la Unión Europea y a los de los países candidatos para estudiar en diferentes Estados miembros. 
Desde que se inauguró el programa Erasmus de la UE, más de un millón de estudiantes en Europa han participado en esta importante iniciativa educativa. 
De hecho, en la actualidad, más de 100 000 estudiantes participan en este programa cada año. 
El informe que estamos tratando hoy se refiere a la puesta en marcha de una nueva iniciativa Erasmus World, que se va a poner en marcha en el año 2004. 
La Comisión Europea propone un presupuesto de más de 200 millones de euros destinados a administrar la iniciativa Erasmus World de la UE para el período 2004-2008. 
Entre los elementos clave de esta iniciativa, tal como se ha destacado, se incluyen los intercambios educativos entre universidades de Europa y otros centros de enseñanza del resto del mundo. 
Además, se concederá apoyo financiero tanto a los estudiantes como a los miembros del personal docente que participen en la iniciativa Erasmus World. 
También se facilitarán fondos para conferencias y seminarios con el fin de fomentar la movilidad educativa de los estudiantes entre la Unión Europea y las universidades de todo el mundo. 
Esta iniciativa es otro claro ejemplo del intento de la Unión Europea de llevar adelante propuestas que ayuden a fomentar y a aumentar el nivel de la educación en la Unión Europea y más allá de sus fronteras. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero subrayar el hecho de que la Sra. De Sarnez, al utilizar la denominación «Erasmus Mundus» , ha hallado la palabra justa y me alegro mucho de que así haya sido. 
No necesita explicación; está claro que es más descriptiva que la denominación Erasmus World, ya que «Mundus» muestra que tenemos una multiplicidad de lenguas y que no nos expresamos en una única lengua, la denominada lengua franca, el inglés. 
Por lo tanto, me alegra mucho que hayamos elegido la palabra latina. 
El informe de la Sra. De Sarnez ha retomado tres puntos que son fundamentales para nosotros en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, como también para mi Grupo. 
El primero es la dimensión europea y el valor europeo que añade la oportunidad de movilidad a la educación. 
En segundo lugar, Europa adquiere una presencia destacada en la escena internacional, convirtiéndose en una entidad más atractiva y también más competitiva, en especial en el ámbito de la enseñanza universitaria. 
El tercer punto es la insistencia en el aprendizaje de las lenguas, y en este punto quiero contradecir a todos los que han dicho que este aspecto no es tan importante. 
Me complace saber que existe una enmienda adicional, ya que el aprendizaje de las lenguas de nuestras regiones ayuda a las personas que vienen aquí perciban su diversidad cultural. 
En cuarto lugar, el incremento presupuestario a 300 millones de euros refleja el deseo de crear un verdadero espacio educativo europeo. 
Si un domingo hablo de la importancia de este aspecto, si hago declaraciones sobre ello en Bolonia o en Lisboa, pero el lunes no aporto el dinero necesario, entonces la palabra escrita no sirve para nada. 
Por este motivo deberíamos recordar a nuestros patrones del Consejo que ahora tienen que poner su parte para responder a las grandes expectativas que tienen puestas en ellos mismos. 
El contundente éxito del programa Sócrates/Erasmus, sobre el que he hecho de ponente en más de una ocasión, es la inspiración subyacente al programa. 
Erasmus ha permitido estudiar a un millón de estudiantes, y ambos programas, que se complementan, permiten obtener un título adicional en el extranjero. 
También facilitan el acceso a las lenguas europeas, a la cultura europea y a los valores europeos. 
Son indispensables en lo que a comprensión y diálogo cultural se refiere, conceptos a los que hemos aludido en una serie de ocasiones en el día de hoy. 
Esto significa que el limitado presupuesto del que disponemos debe nutrirse de fondos. 
Esto es un obstáculo. 
También hay una falta de demanda por parte del profesorado, que acusan el inconveniente de que normalmente, en sus universidades, no se les reconoce lo que hacen en el extranjero. 
Con los nuevos programas en mente, que pronto se pondrán en marcha, tenemos que plantearnos de qué modo podemos uniformizar estos programas. 
También me gustaría realizar otro llamamiento que hoy todavía no he escuchado. 
Es un llamamiento a la Convención de que estas medidas- Sócrates, Erasmus, Erasmus Mundus- no deberían ser simples medidas de apoyo, sino más bien competencias complementarias, que nosotros apreciemos y que constituyen el corazón de la Unión Europea. 
Esto lo podrían descubrir si finalmente se deciden a hablar con el público en lugar de andar siempre hurgando en los libros. 
Señor Presidente, el largo y sonoro aplauso que ha recibido la presentación del informe de la Sra. De Sarnez indica su gran valor y su excelente calidad. 
Ya se ha mencionado el valor añadido europeo con respecto a Erasmus Mundus. 
Existe, además, un valor añadido parlamentario con las enmiendas que introducirá el Parlamento en esta respuesta europea al reto de la competencia mundial entre universidades. 
Este reto responde a la fuga de cerebros mediante la atracción de cerebros, sin imitar fórmulas ajenas, mientras promovemos un objetivo específico: la diversidad lingüística. 
Una Europa basada en el conocimiento es una Europa multilingüe, el desarrollo de un sistema original de intercambio entre universidades, una perspectiva que considera la organización de una Unión Europea académica como red: estos son los elementos innovadores. 
¿Qué es lo que pedimos para alcanzar este objetivo? 
Un pequeño aumento del presupuesto, un poco de oxígeno presupuestario para Erasmus Mundus, un pequeño paso financiero, señor Presidente, para poder dar un gran paso hacia la excelencia académica. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en la actualidad nuestros pensamientos solo pueden dirigirse al pueblo del Iraq, que está siendo masacrado por los invasores británicos y estadounidenses, bajo la mirada cómplice de la Unión Europea, interesada únicamente en hacerse con una parte del botín. 
Sin embargo, nos piden que opinemos sobre otros aspectos, como el tema que estamos examinando. 
La propuesta de decisión que estamos debatiendo presenta un curso de máster de la Unión Europea y, en segundo lugar, establece el acceso a este título de los estudiantes y profesores de terceros países. 
Lo primero, que constituye una violación flagrante del artículo 149 del Tratado, es otro paso más hacia la imposición de un modelo de enseñanza superior específico, que no es otro que el conocido modelo de Bolonia. 
El programa no se ha abierto a terceros países con el fin de desarrollar su mano de obra. 
Se utiliza como tapadera para impulsar el curso de máster y como mecanismo de penetración cultural de la Unión Europea, como prerrequisito de penetración económica y refuerzo de su influencia política en el ámbito internacional. 
Como es lógico, el texto establece que el éxito político y comercial de Europa en el mundo depende de un mejor entendimiento y de los vínculos que tengan con Europa los futuros responsables de la toma de decisiones en los terceros países. 
El objetivo básico de la Unión Europea en el ámbito de la educación consiste en dotar a los monopolios europeos de mano de obra barata que, más que conocimiento, dispone simplemente de la cualificación requerida en un momento dado. 
Esta es la razón por la que se hace necesaria la convergencia de estructuras de estudios según la norma de Bolonia, que establece ciclos de estudios de tres años para la gran mayoría de estudiantes, dos años de especialización para una serie de seleccionados y tres años de doctorado para la flor y nata. 
En Grecia, concretamente, donde todavía no se han reconocido oficialmente los títulos universitarios para los ciclos de tres años, la adopción de la propuesta que estamos examinando aceleraría las reformas pertinentes. 
Además, la Unión Europea está intentando, con la propuesta de decisión, promocionar el mercado de la enseñanza superior europea en el marco de la competencia con los Estados Unidos. Por supuesto, esto depende de la creación de este tipo de mercado y de la adaptación de las universidades europeas a sus leyes y prioridades. 
El resultado dará lugar a la completa comercialización de la educación, tal como podemos comprobar con el indicador de calidad de los cursos mencionado en el texto, como si se tratara de coches o naranjas. 
La garantía de calidad y los mecanismos de evaluación analizados hoy aquí son auténticos mecanismos destinados a hacer que la educación responda a las necesidades de la industria. 
El Partido Comunista de Grecia se opone categóricamente a la propuesta de decisión porque interfiere en los currículos, refuerza la privatización y la comercialización de la enseñanza superior y fomenta la división entre los estudiantes universitarios en dos ciclos, que según el modelo de Bolonia subyuga a los estudiantes a las exigencias de las multinacionales, en contra de los intereses de los estudiantes, de los profesores y los ciudadanos de la Unión Europea. 
Lo menos que se puede pedir es que se elimine la primera acción, los cursos de máster europeos, a cuyo efecto he presentado una enmienda. 
Señor Presidente, acojo favorablemente la propuesta de la Comisión que presenta un programa destinado a fomentar la movilidad de universitarios y alumnos en todo el mundo. 
Quiero felicitar a la Sra. de Sarnez por el trabajo que ha realizado para este informe. 
Las universidades europeas tienen mucho que ofrecer al mundo en lo que a prestigio científico y docente se refiere. 
Por lo tanto, acojo favorablemente un programa que destaca y refuerza el atractivo de la enseñanza superior europea. 
Además, dicho programa permitiría que este sector compitiera con otros países, en especial con los Estados Unidos y Canadá, al atraer a los estudiantes dotados y motivados, así como a becarios de terceros países. 
A este respecto acojo favorablemente la propuesta por la cual se incrementa el presupuesto multianual de 200 a 300 millones de euros. 
Este dato es muy importante, puesto que no quita dinero ni impide el desarrollo de otros programas importantes, como Sócrates o Leonardo da Vinci. 
No obstante, el programa Erasmus Mundus no debería beneficiar solo a las universidades europeas, sino que, además, debe contribuir a mejorar los niveles de vida, a desarrollar los recursos humanos y a elevar los umbrales de pobreza en los terceros países. 
Reitero las palabras de otros oradores en el sentido de que es muy importante para nosotros desarrollar las capacidades lingüísticas de nuestros estudiantes en toda la Unión Europea. 
No tiene sentido hablar de la Europa de la diversidad si no damos a las personas la preparación lingüística adecuada para reforzar este objetivo. 
Señor Presidente, existe un grado de conflicto latente entre el principio de competencia y el principio de cooperación. 
La Unión Europea quiere que su sistema universitario compita con el de los Estados Unidos, no solo alcanzando niveles de excelencia, sino también atrayendo a estudiantes procedentes de terceros países. 
Cuanto más capaz sea de realizar esto, mayor será el equilibrio entre una alianza crucial transatlántica y la propia civilización occidental. 
Además, reforzaría las bases de la democracia. 
Que yo sepa, el objetivo que persiguen las políticas de las universidades norteamericanas destinadas a captar y retener las mentes más privilegiadas, responde más a sus propios intereses que a los de los países de los que proceden dichos estudiantes. 
La cooperación, en este caso, queda postergada ante la competencia. 
Las ideas de la Comisión en este ámbito son algo más cautas, porque se refieren al fomento de los «enfoques cooperativos» , es decir, los enfoques que prevén en última instancia asegurarse de que los nacionales procedentes de terceros países que vienen a cursar estudios universitarios en Europa, vuelvan a sus países de origen. 
Sin embargo, hay otros aspectos que han dado una clara ventaja a los Estados Unidos, puesto que si tenemos que afrontar el mismo problema en Europa, habrá que prestar especial atención a esos aspectos. 
Entre otras cosas, se trata de la lengua, la calidad de la enseñanza y la reputación de las instituciones y de los programas, la variedad de temas que abarcan estos programas, el reconocimiento de los títulos emitidos en el país de origen, la legislación sobre la residencia, los costes de matriculación y la disponibilidad de becas. 
El uso de una única lengua, la enorme competencia entre instituciones universitarias y las grandes diferencias de calidad, la constante preocupación por captar las mentes más privilegiadas a las que me he referido antes, además de la gran diversidad de costes de matriculación y de precios de los cursos, que por lo general son muy altos, caracterizan un sistema educativo que atrae a muchos más estudiantes procedentes de otros países que lo que lo hace el sistema educativo europeo. 
En Europa, surge inmediatamente otro problema derivado del número desproporcionado de estudiantes que solicitan estudiar en el Reino Unido, Francia y Alemania, en comparación con los que solicitan ingresar en las universidades de otros Estados miembros. 
Cerca de tres cuartas partes de estos estudiantes solicitan su ingreso en universidades de estos tres países. 
A este dato hemos de añadir la cuestión del mosaico lingüístico de Europa- para la cual, en lo que se refiere a la enseñanza superior, no se ha encontrado todavía una solución universal y satisfactoria- con el fin de asegurar una distribución equilibrada de los estudiantes potenciales. 
Ni que decir tiene que el aprendizaje de lenguas para los estudiantes universitarios no significa lo mismo que aprender simplemente los rudimentos de la lengua del país de acogida. 
Por muchos cursos que se impartan en la lengua del país de acogida antes de que los estudiantes accedan a un curso avanzado y por muchos cursos paralelos que las universidades ofrezcan a sus estudiantes extranjeros, es poco realista pensar que en un corto espacio de tiempo podremos invertir la tendencia que beneficia al Reino Unido, Francia y Alemania. 
Este relativo escepticismo, señor Presidente, no es razón para votar en contra de este excelente informe elaborado por la Sra. De Sarnez o para dejar de aplaudir la excelente iniciativa de la Comisión. 
Sin embargo, sí es razón para intentar dar solución a la serie de problemas a los que me he referido- una solución que todavía está lejos de ser satisfactoria- y también, por esta misma razón, para intentar asegurar que a este conjunto de problemas se le asigne una partida presupuestaria adecuada. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el número de estudiantes móviles es ahora mayor que nunca, pero en la situación actual la mayoría de los intercambios de estudiantes no elige Europa como lugar para estudiar. 
Creo que una de las razones de esto es que no hemos logrado del todo combinar las fuerzas individuales, la diversidad de la educación que tenemos que ofrecer y también nuestra experiencia en la interconexión. 
La promoción de la cooperación con terceros países también mejorará aún más la calidad de la enseñanza universitaria europea. Desde mi punto de vista, existe además una falta de identidad europea claramente diferenciada en lo que a enseñanza superior se refiere. 
Este dato es quizás la razón por la que muchos estudiantes y científicos deciden estudiar e investigar en Estados Unidos. 
Creo que este atractivo programa de educación de alta calidad podrá hacer algo para compensar esta tendencia. 
En este punto, quiero agradecer sinceramente a la Comisión y también a la ponente, la Sra. De Sarnez, esta iniciativa. 
La Sra. De Sarnez merece también un agradecimiento especial por haber conseguido negociar un compromiso aceptable con la Comisión de Presupuestos, con el fin de que el programa «Erasmus World» no se financie en detrimento de los programas ya existentes. 
Hemos oído decir frecuentemente que en la educación de los jóvenes, por ser una inversión en el futuro, no se debe reparar en gastos. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente, Sra. De Sarnez, por el excelente trabajo que ha realizado. 
Señorías, creo que el informe Erasmus es un paso más hacia delante porque ahora mismo, aunque hay libre circulación de trabajadores no hay libre circulación de estudiantes en la Unión Europea. 
Digo esto porque, no nos engañemos, los estudiantes de un país no pueden trasladarse a seguir estudiando o a trabajar a otro país por diferencias de curriculum escolar y por falta de reconocimiento de estudios y de títulos. 
El programa Erasmus mundus, por fin, va a tratar de superar estos obstáculos, contribuyendo al desarrollo de la enseñanza de calidad y permitiendo la libertad de movimientos en la zona europea. 
Esto, además, va a contribuir a mejorar dos aspectos vitales para los ciudadanos de la Unión Europea: el entendimiento de nuestras distintas culturas europeas y un tema tan importante como el conocimiento de las lenguas. 
En cuanto a las culturas, tenemos que ser conscientes de que si queremos una Europa unida tenemos que invertir en ello. 
No hay nada gratis en este mundo. 
Y esto lo tenemos que reflejar en los presupuestos de la Unión Europea invirtiendo más en la educación y en la cultura de nuestros jóvenes europeos porque, no nos olvidemos, ellos son el futuro de la Unión Europea. 
Respecto a las lenguas, coincido con algunos compañeros en que es imprescindible que los futuros ciudadanos de la Unión Europea hablen uno o dos idiomas, aparte del suyo propio, ya que estos podrán circular libremente de un país a otro sin encontrarse los obstáculos que supone el no hablar lenguas de otros países. 
Por lo tanto, Erasmus mundus es un gran paso hacia delante, tiene en cuenta las distintas culturas. 
La movilidad de estudiantes ayudará al entendimiento entre las distintas culturas y a mejorar el conocimiento de los idiomas; preparará a los ciudadanos para que trabajen en una sociedad mundial; creará una bolsa de trabajo en cada centro- esto es muy importante ya que ayudará a los jóvenes a encontrar su primer empleo que siempre es tan difícil -; colocará también a la Unión Europea en el mapa de los estudios avanzados, porque había otros países que nos estaban ganando el terreno en este sentido. 
También va a involucrar al sector empresarial, lo que creo que es muy positivo, ya que luego muchos de esos jóvenes tendrán que entrar a trabajar en el mundo de la empresa. 
Por ello, quiero felicitar a la Comisión por su iniciativa y a la ponente, Sra. De Sarnez, por su excelente informe y por todo el trabajo que ha desarrollado para que pueda salir adelante. 
Solo espero que el éxito del programa Erasmus mundus sea el comienzo del éxito de muchos más programas en el futuro. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena a la Comisión, porque creo que este proyecto- que ya bautizamos, gracias a la feliz ocurrencia de la Sra. De Sarnez, como Erasmus mundus- es coherente con el resto de su política, pues nos abre al mundo, reconoce que existe una globalización que debemos afrontar con unas políticas activas y positivas, y al mismo tiempo, reconoce la importancia que está adquiriendo y que debe adquirir en Europa el tercer ciclo, así como los «master» europeos. 
Creo que es un documento renovador e importante. 
También felicito a la Sra. De Sarnez por su sentido común y su espíritu abierto, porque es así como podemos trabajar conjuntamente. 
Algunos puntos me parecen interesantes, pero me preocupan. 
En este sentido, no le doy la razón a mi amigo, el diputado comunista Konstantinos Alyssandrakis. 
Creo que los programas de tercer ciclo y los «master» europeos deben servir para que las universidades se asocien entre sí; para que libremente utilicen el escenario mundial para unirse entre ellas, sin controles externos, salvo los indicadores de calidad. 
Creo que no existe ninguna autoridad política que pueda determinar los límites al conocimiento y a la asociación. 
Por otra parte, creo que en un momento tan dinámico como el que vive la sociedad actual, no podemos trabajar si no dejamos a la gente que se asocie y a las universidades que se encuentren, que busquen puntos en común y que decidan. 
Nosotros debemos simplemente «bendecir» -aunque sea una palabra muy clásica- sus actuaciones. 
Lo que sí me preocupa- y se lo digo a la Comisión- son los indicadores de calidad, porque tengo miedo a las fronteras de los Estados y de los países. 
A este respecto, me atrevería a sugerir que hay que apoyarse más en la asociación de universidades europeas y en unas instituciones de carácter europeo, que pueden servir, junto con los Estados, como expertos, como entidades state holders y como auténticos beneficiarios del programa. 
Estas entidades deben colaborar realmente en estos proyectos y de esta manera incluso aligerarán el trabajo de la Comisión. 
Por otra parte, creo que es muy importante crear incentivos institucionales. 
En este programa no solo hay que apoyar a los alumnos, sino también premiar a aquellas universidades que se junten y se encuentren, y a aquellas que gestionen mayor número de intercambios con terceros países, porque hay que crear ilusión; hay que dinamizar ese proceso que, a través del programa Erasmus ha sido un éxito, aunque muy lento. 
Solo si asumimos las dificultades que tienen las universidades para llevar a cabo esa política de aproximación y les ayudamos en esa nueva experiencia, triunfaremos. 
Por último, creo también que debe haber más ayuda para los alumnos más pobres, puesto que muchos de ellos no se pueden incorporar a los programas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0080/2003) del Sr. Mauro, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa eLearning) (COM (2002) 751- C5-0630/2002- 2002/0303 (COD) ). 
Señor Presidente, antes de centrarme en algunos puntos concretos, me gustaría decir informalmente «gracias» a la Comisión Europea, representada por la Sra. Reding y sus colegas, a la Presidencia griega, representada por el Ministro de Educación, y al Sr. Tsiakaris, Presidente de la Comisión de Educación. 
La gran habilidad en particular que han demostrado en estos dos meses de intenso trabajo nos ha permitido respetar los plazos que nos habíamos fijado para adoptar este informe que, como he de puntualizar, ha sido elaborado en un espacio de tiempo muy limitado. 
Me gustaría señalar también que las enmiendas realizadas a la propuesta de la Comisión Europea han sido acordadas tanto con los servicios de la Comisión como con los representantes del Consejo. 
Todos somos perfectamente conscientes de que nuestro mayor logro en la adopción de este programa será precisamente el lanzamiento de las respectivas convocatorias de propuestas en un breve lapso de tiempo. 
Desde el Consejo de Lisboa en marzo de 2000 hasta hoy se ha progresado enormemente en lo que respecta al eLearning y hemos avanzado desde la propuesta de acción destinada a aplicar la nueva tecnología en el ámbito de la educación hasta una resolución legislativa que nos conducirá a la adopción de un auténtico programa plurianual. 
Como ya he mencionado con anterioridad durante el trabajo en torno a la primera comunicación de la Comisión, se ha hecho hincapié especialmente en el papel que desempeña el profesorado como canal de desarrollo de la alfabetización digital en nuestras escuelas. 
Esta es la razón por la cual el tema de la formación del profesorado o, en cualquier caso, el que atañe a su preparación para el uso de las nuevas tecnologías, es una prioridad absoluta, y los esfuerzos que se pueden vislumbrar en algunas páginas de la propuesta de la Comisión merecen aplauso y apoyo. 
Sin embargo, considero oportuno introducir algunas modificaciones en la propuesta de la Comisión, en particular en lo referente al presupuesto plurianual. 
La pregunta que me he planteado desde el principio de nuestro trabajo es: ¿qué presupuesto puede considerarse «apropiado» para un ambicioso programa plurianual como este? 
No resulta fácil responder a esta pregunta, porque los recursos destinados a cultura y educación son siempre particularmente escasos. 
Lo que me ha animado y me lleva a perseverar en este asunto ha sido la propuesta realizada por la propia Comisión Europea en el presupuesto de 2003: en el presupuesto de 2003 se consignan 18 millones de euros de créditos de compromiso en la línea presupuestaria B3-1000 para los preparativos. 
El razonamiento que subyace a mi decisión de enmendar la propuesta actual de la Comisión de 36 millones de euros es la siguiente: ¿no sería insólito gastar menos cada año en un programa plurianual que en las acciones preparatorias que lo han precedido? 
En este sentido, creo que la Comisión debería estarme agradecida por señalar que, en realidad, los 18 millones de euros multiplicados por tres dan 54 millones de euros, que es una cifra más adecuada. 
La pregunta sobre la distribución del presupuesto merece mayor atención. 
En principio, en la propuesta de la Comisión, el 25% del presupuesto estaba destinado a combatir la brecha digital. 
Quiero aclarar por qué he propuesto reducir esta cantidad en mi enmienda. 
Estoy absolutamente convencido de la necesidad de combatir las causas sociales que provoca la brecha digital. 
También estoy convencido de que la financiación debería buscarse dentro de otros instrumentos comunitarios- los Fondos estructurales, el Fondo Social Europeo y el programa Leonardo da Vinci-. porque si esperáramos a utilizar los fondos destinados a eLearning para responder a la necesidad de reducir la brecha digital, incluso cubriendo solo los aspectos más básicos, se agotaría casi la totalidad del presupuesto destinado a las acciones de eLearning. 
En lo que respecta al hermanamiento electrónico entre escuelas europeas, de conformidad con los objetivos adoptados en la resolución anterior del Parlamento Europeo, quiero destacar que la formación del profesorado sigue siendo un aspecto prioritario en el programa. 
Me gustaría que reflexionaran sobre el hecho de que, en promedio, un 90% de las escuelas primarias, un 98% de las escuelas secundarias y un 99% de las escuelas profesionales y técnicas de los Estados miembros estaban conectadas a Internet en 2002. 
Sin embargo, solo un 39% del profesorado de primaria, un 50% del de secundaria y un 58% del profesorado de las escuelas profesionales y técnicas utilizaban Internet como instrumento docente. 
En realidad, estos promedios ocultan grandes diferencias entre los Estados miembros: mientras que en Dinamarca los índices de utilización media de Internet en la enseñanza alcanzan aproximadamente un 75%, la cifra correspondiente en Grecia es de apenas un 9%. 
Estas cifras, que ya lo dicen todo, apuntan a dos conclusiones. La primera se refiere a la utilización de Internet como herramienta de enseñanza. 
No se trata solo de una cuestión de disponibilidad de infraestructura o de equipamiento escolar; en ocasiones se trata de un problema relacionado con la formación de los docentes y de la organización de las educación. 
La segunda conclusión hace referencia a la utilización de recursos tecnológicos. 
El objetivo puede llegar a ser el intercambio de buenas prácticas metodológicas y didácticas entre el profesorado de los diferentes Estados miembros o la puesta en marcha de «aulas de formación virtual». 
Por estas razones, considero que la propuesta de la Comisión debería dar más importancia al descubrimiento de las modalidades más eficaces para la docencia y fomentar la diseminación de buenas prácticas en este sector. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme dar las gracias al ponente por la gran calidad de su trabajo y por su inestimable contribución, no solo a este proyecto, sino también al plan de acción de eLearning, que fue el tema de su primer informe en 2001. 
Esta propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, con la que se pretende establecer el Programa eLearning, completa la acción emprendida en el Consejo de Lisboa acerca de la integración de las nuevas tecnologías en los sistemas de educación y de formación en Europa. 
El objetivo consiste en alcanzar la integración de forma rápida y eficaz, pero también de forma crítica y cuidadosamente planeada. 
En primer lugar, la propuesta de la Comisión es ante todo una respuesta al mandato de Lisboa, que se amplió en Estocolmo y Barcelona. Por tanto, contiene un mensaje político que destaca la importancia de superar los retos que plantean las nuevas tecnologías para crear una Europa basada en el conocimiento. 
El nuevo programa está concebido para completar y reforzar las acciones de programas existentes. 
Podrían experimentarse nuevas formas de cooperación y, de este modo, facilitar información útil sobre la nueva generación de programas después de 2006. 
Señor Presidente, la propuesta de programas también es el resultado lógico de las acciones preparatorias llevadas a cabo en los últimos tres años al amparo de los créditos presupuestarios propuestos por el Parlamento, que no podían realizarse sin un fundamento jurídico. 
Este programa tiene tres pilares fundamentales. 
El primero es la alfabetización digital, una nueva serie de habilidades esenciales para la sociedad basada en el conocimiento. 
Las escuelas deben formar alumnos con este tipo de habilidades, al igual que les enseñan a leer y a escribir. 
Aparte de las escuelas, este aspecto también afecta a la ciudadanía y a la sociedad en general. 
Por tanto, la alfabetización digital debe formar parte del aprendizaje permanente. 
El segundo pilar es el campus virtual. 
La incorporación de nuevas herramientas y métodos de eLearning afecta tanto a las universidades tradicionales como a las universidades a distancia. 
Estas nuevas herramientas y métodos contribuyen de forma extremadamente positiva a mejorar la alta calidad de las universidades europeas y su competitividad a escala internacional. 
Creo que la tercera acción es la más importante, porque afecta a nuestros hijos. 
Me complace constatar el interés del Parlamento por esta acción. 
Consiste en hermanar escuelas a través de Internet, iniciativa que, de hecho, reclamó el Consejo de Barcelona. 
A petición suya, esta acción tiene ahora el claro propósito de servir de palanca para la formación del profesorado en el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de enseñanza que aportan las tecnologías de la comunicación y la cooperación europea. 
Como suele ocurrir siempre con este tipo de programas, deberíamos considerar las acciones transversales y la asistencia técnica. 
Hay que sacar más partido de los resultados y hay que fomentar la transferencia de la experiencia adquirida hasta el momento. Esto debería conseguirse no solo por medio de varios instrumentos y programas de eLearning, sino teniendo en cuenta los instrumentos y programas similares que existen en los Estados miembros. 
Por tanto, se prestará atención especial a la información y a la comunicación. 
A este respecto, me gustaría decir que ya se ha creado el portal de eLearning. 
Inauguré el portal hacer más de tres meses en el acto de Learntech en Karlsruhe y el número de visitantes ya es bastante satisfactorio. 
Señor Presidente, me gustaría hablar de las propuestas presupuestarias presentadas por el Parlamento Europeo, con las que demuestra su apoyo a la propuesta de la Comisión, y me gustaría, además, agradecerle al Parlamento este gesto. 
El Parlamento es bastante consciente de que, en esta fase, la Comisión solo puede mantener su propuesta inicial, que podría ser revisada a la luz de un posible incremento del límite superior del presupuesto destinado al Título 3 para el período 2004-2006. 
También me gustaría decir a su ponente que la Comisión acepta 24 de las 29 enmiendas presentadas por el Parlamento, lo que demuestra el sólido consenso que existe entre el Parlamento y la Comisión. 
Este es el motivo por el que espero que las negociaciones concluyan lo antes posible de acuerdo con los procedimientos interinstitucionales vigentes. 
Además, me complace comprobar, señor Presidente, el perfecto acuerdo alcanzado entre nuestras dos instituciones con objeto de progresar hacia una Europa de los ciudadanos y, en particular, de los ciudadanos más pequeños, cuyas escuelas formarán parte de una red en las operaciones de hermanamiento. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe del Sr. Mauro contiene propuestas destinadas a hacer que este programa sea más eficaz. 
La Comisión ya lo había planteado muy bien, pero las propuestas del Sr. Mauro lo han mejorado aún más. 
Por encima de todo, creo que la asignación de fondos- tal como él la plantea- permite que este programa cumpla en mayor medida nuestras expectativas. 
No veo cómo estos míseros recursos nos permitirán reducir lo que se denomina la «brecha digital» , que es una realidad y consiste en el hecho de que, en algunos países, muchas escuelas están equipadas con ordenadores y en otros muy pocas disponen de ellos. 
Esta es la razón por la que hemos intentado hacer algo, por lo que también agradezco al Sr. Mauro el que les haya abierto los ojos ante este hecho. 
Nuestra enmienda se encuentra entre las veinticuatro que intentan conseguir más escuelas intercomunicadas y conseguir más inversión para dotarlas de ordenadores. 
La otra pregunta, sobre cómo reducir la brecha digital entre unas naciones y otras, no puede obtener respuesta en esta ocasión. 
Es una laguna que quizás pueda cubrirse con el dinero procedente del Fondo de Cohesión o del Fondo Social y Regional. 
Este enfoque del Programa eLearning, como ya ha dicho usted con anterioridad, debe orientarse cada vez más a la creación de sinergias entre los programas existentes y el Programa eLearning. 
Si concedemos especial importancia a las escuelas interconectadas en red, esto puede vincularse firmemente con el programa «COMENIUS» , cosa que, de hecho, ha funcionado hasta ahora, probablemente sin ningún tipo de apoyo. 
Lo he podido comprobar en muchos colegios que he visitado en el marco del programa COMENIUS. 
Por tanto, creo que a partir de este programa podemos forjar una nueva asociación, que permita promover el eLearning como ayuda para el aprendizaje de lenguas, así como para el diálogo intercultural, sobre todo en los colegios. 
Cuando hablamos del campus virtual, esto tiene que ver, por supuesto, con lo que decíamos antes en relación con el informe de la Sra. De Sarnez. 
Debe existir una estrecha relación con Erasmus y Erasmus World. 
Si queremos conseguir los mejores resultados, debemos combinar la movilidad virtual y la movilidad física. 
Además, quiero subrayar lo que ha dicho antes el Sr. Mauro. 
Hay una carencia absoluta de profesores, por lo que se debe intentar, con ayuda de este programa, compensar esta falta. 
El profesorado no debería ir por detrás de sus alumnos, sino un poco por delante de ellos para estimularlos más en este ámbito. 
El Programa eLearning- tal como se plantea en la actualidad- es un complemento importante para todos los programas educativos existentes hoy en día. 
De nuevo, mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por el trabajo realizado. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar y agradecer al Sr. Mauro el informe que tenemos sobre el tapete. 
Hablamos de un programa pequeño y barato que, aún así, costará 54 millones de euros, pero que constituye un paso en la buena dirección y ya era hora que lo diéramos. 
Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones son un tema apasionante e importante y por esta razón es crucial integrarlas en los sistemas de educación y formación. 
El programa del que estamos hablando no debe en ningún caso sustituir, sino apoyar y complementar las iniciativas de los Estados miembros. 
Quiero retomar el discurso por donde el Sr. Mauro y la Sra. Prets lo han dejado y, modestamente, diré que en Dinamarca hemos recorrido un largo camino en el ámbito de las nuevas tecnologías educativas, ya que un 70% de las escuelas primarias, un 81% de las escuelas secundarias y un 92% de los cursos de formación profesional y técnica destinados a jóvenes, tienen acceso diario a Internet. 
No obstante, cada uno tiene algo que aprender, por lo que es importante ser capaz de usar el programa para apoyar la promoción y la difusión de las mejores prácticas, por ejemplo apoyando el hermanamiento escolar. 
Es muy importante compartir experiencias, en particular en las nuevas tecnologías, y esto vendrá fomentado, de hecho, por la propia Internet. 
En efecto, la ayuda mutua y el libre intercambio de ideas forman parte de la espléndida filosofía de Internet. 
Estoy bastante seguro de que muchos profesores se han beneficiado del intercambio de experiencias con sus alumnos, pues el hecho es que, en este ámbito, los jóvenes tienen, en muchos casos, mucho más conocimientos y experiencia que sus profesores. 
Esto también habrá de tenerlo en cuenta este programa. 
La educación ha ocupado un lugar privilegiado en la agenda de los Consejos Europeos de Lisboa, Estocolmo y Barcelona y, con la adopción del informe del Sr. Mauro, estamos dando un paso, aunque sea modesto, en la dirección correcta a fin de dar cumplimiento a las importantes decisiones tomadas en estas cumbres. 
Señor Presidente, la alfabetización digital es, por supuesto, uno de los requisitos esenciales necesarios para estar totalmente integrado en la sociedad del conocimiento de nuestros días. 
La falta de acceso a Internet y la ausencia de conocimientos sobre tecnologías de la información y comunicación (TIC) se convertirán en una barrera para la integración social y el desarrollo personal. 
Un gran número de empleos del sector servicios y de la industria implican que sus trabajadores posean conocimientos relacionados con las TIC; esta es la razón por la que es esencial un programa como el de la enseñanza electrónica para alcanzar plenamente el objetivo de la cumbre de Lisboa 2000, por el cual se pretende conseguir que Europa sea la economía basada en el conocimiento más competitiva en 2010. 
Estoy de acuerdo con el ponente, el Sr. Mauro, en que deberíamos enseñar las TIC desde una edad muy temprana hasta la universidad y asegurar que los colegios y universidades y, sobre todo, el propio profesorado, sean capaces de usar todas las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, no podemos olvidar que hay muchos grupos desfavorecidos que no pueden beneficiarse de las facilidades educativas y de formación tradicionales, que debido a ello están convirtiéndose en un sector social y culturalmente aislado porque son analfabetos digitales. 
Apoyo lo que ya se ha dicho sobre la importancia de mantener el 25% del presupuesto para superar la brecha digital. 
En muchas zonas, y no solo en los países candidatos, sino también la zona de Gales de la que provengo, que pertenece al Objetivo 1, es muy importante para nosotros mantener ese 25%, porque muchas de esas comunidades no han logrado reducir la importante brecha digital. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la propuesta de la Comisión sobre el Programa eLearning demuestra que se están aplicando las decisiones de la Cumbre de Lisboa, incluso si los ambiciosos objetivos de la estrategia sobre el pleno empleo y el éxito económico pasan por momentos difíciles debido a la incertidumbre de la economía mundial. 
El Programa eLearning es también un buen ejemplo de la excelente colaboración entre el Parlamento y la Comisión. 
A iniciativa del Parlamento, y por segundo año consecutivo, el presupuesto de la UE ya dispone de una línea presupuestaria especial para apoyar el eLearning. 
Este año se han asignado 18 millones de euros a esta línea, B 3-1000. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Medios de Comunicación y Deporte ya ha expresado su preocupación por el hecho de que la propuesta de la Comisión significa que cada año se gastará en el programa menos de lo que se ha concedido este año para los preparativos. 
Por esta razón, la comisión parlamentaria propone que el presupuesto global se incremente de 36 millones a 54 millones de euros. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte es consciente de que el gasto en esta categoría de actividad debe amoldarse al margen de maniobra reservado para el título 3 en las perspectivas financieras, que es muy limitado. 
Tampoco es nuestro deseo regatear la financiación de los programas plurianuales que ya han sido aprobados. 
No obstante, quiero llamar la atención de todos ustedes sobre el hecho de que la opinión de la Comisión de Presupuestos también hace referencia a la discrepancia entre la propuesta de la Comisión y las acciones preparatorias. 
Esta es la opinión de la Comisión de Presupuestos y por lo tanto, esta debería ser la verdadera justificación para incrementar el crédito, como propone la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Por otro lado, implica un importe tan insignificante que probablemente entre dentro del margen de error del título 3. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte quiere hacer hincapié en la importancia del hermanamiento de escuelas a través de Internet. 
Esta comisión quisiera que se incluyan en este plan las escuelas de enseñanza primaria y secundaria. 
La inclusión de escuelas primarias está, en mi opinión, justificada por muchas razones. 
La conexión en red por medio de Internet ofrecerá nuevas oportunidades a las pequeñas escuelas situadas en regiones remotas de realizar estudios internacionales y aprender lenguas y culturas extranjeras. 
Como las escuelas primarias abarcan un amplio grupo de edad, hay buenas razones para poner a su disposición estos medios, también para evitar la brecha digital, que es el otro objetivo del programa. 
Para que todos participen en la sociedad de la información, es vital que haya un número suficiente de profesores capacitados para las tecnologías de la información. 
La utilización de ordenadores como herramienta educativa es todavía muy limitada. 
En 2002, una media del 90% de las escuelas primarias tenían conexión a Internet, pero solo el 39% del profesorado usaba Internet en sus clases. 
Como ya hemos podido oír aquí, existen todavía muchas diferencias en la amplitud en que se utiliza Internet en los distintos países. 
Estas solo se reducirán si actúan los Estados miembros. 
El pleno desarrollo del Programa eLearning se basa en el compromiso de apoyar el uso equitativo de las tecnologías de la información y aportar ejemplos de cómo pueden usarse. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por su excelente informe. 
No mencionaré más que tres puntos. 
En primer lugar, me parece muy buena idea incluir la educación primaria en el programa, pero también quiero hablar en nombre de la gente mayor y de la población que vive en zonas remotas. No debemos olvidar a estas personas, que podrán beneficiarse del aprendizaje permanente y transmitir su conocimiento y experiencia a las generaciones siguientes. 
El segundo punto es la importancia de promover el hermanamiento entre escuelas. 
Existen grandes diferencias- como ya se ha mencionado- entre las distintas regiones de Europa con respecto al nivel de conocimiento y de uso de las tecnologías de la información en la educación, lo que dificulta que las escuelas colaboren. 
Una vez más, quiero insistir en que dilucidemos la situación actual y también impliquemos a los Estados candidatos en ello, porque es la única manera de que seamos capaces de aplicar un enfoque más orientado a los colegios que van a la zaga, lo que les permitirá aumentar considerablemente la gama de opciones disponibles. 
Mi tercer punto es que no solo se trata de cantidad, sino también de calidad. 
Espero que el sector privado, que ha creado el grupo de trabajo llamado Grupo Industrial de eLearning, desempeñe un papel importante. 
La colaboración entre el sector privado y el sector público es, en mi opinión, una idea excelente, pues nos permitirá convertirnos en la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo, que es lo que pretendemos. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente, a nuestro compañero Mario Mauro. 
Me acuerdo de hace 20 ó 30 años cuando en el colegio nos pedían que hiciéramos un dibujo de lo que pensábamos que iba a ser el siglo XXI y todos nos imaginábamos marcianos, ovnis, platillos volantes, coches muy modernos, trenes muy modernos, coches eléctricos... y sin embargo nadie fue capaz de acertar con lo que ha sido la verdadera revolución de este siglo: los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Y aunque sea muy difícil seguir el ritmo a cambios tan vertiginosos, estamos obligados a que los ciudadanos de la Unión Europea, sobre todo los niños y los jóvenes, se puedan educar en las tecnologías de los tiempos que corren. 
Esto supone un coste, ya que necesitan ordenadores, equipos multimedia, una conexión a Internet, además de una cosa muy importante que son profesores cualificados que les puedan enseñar. 
Señorías, no podemos escatimar en temas de vital importancia como este. 
Tenemos que pensar que si, los niños de hoy, mañana, llegados a adultos, no saben manejar las nuevas tecnologías, van a ser casi como un niño de hoy que sea analfabeto. Y esto no lo podemos permitir. 
Con ello quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con el ponente en que es prioritaria y necesaria la formación de profesores para impartir clases en nuevas tecnologías. 
También estoy totalmente de acuerdo con él en que el presupuesto debe de ser mayor que los 36 millones de euros que propone la Comisión Europea, ya que resulta verdaderamente contradictorio gastar más dinero en las acciones preparatorias de un programa que en el programa en sí. 
También quiero apoyar el hermanamiento electrónico entre escuelas europeas porque me parece una manera excelente de conseguir colaboraciones entre colegios de distintos rincones de toda Europa, y esto nos va a ayudar a fomentar el diálogo intercultural, el aprendizaje de los idiomas y también facilitará intercambios entre niños que se conocen a través de las nuevas tecnologías y que tienen ganas de conocerse personalmente. 
Señor Presidente, acojo favorablemente este informe y la respuesta de la Comisión a las enmiendas del Parlamento. 
Sin embargo, incluso en el caso de conseguir el incremento presupuestario previsto en este informe, aumentándolo hasta 54 millones de euros, solo estaríamos rascando en la superficie. 
Si nos tomamos en serio los objetivos fijados en el proceso de Lisboa, entonces no solo necesitaremos aumentar nuestro presupuesto a escala europea, sino que también debemos encontrar la manera de asegurar que los Estados miembros estén tratando seriamente estas cuestiones. 
Soy consciente del hecho de que, por ejemplo, el profesorado en Irlanda ha adquirido los conocimientos y la preparación suficientes por su propia cuenta. 
Gracias a sus sindicatos, han adquirido la formación necesaria para poder transmitirla a sus alumnos. 
Esta no es la forma más satisfactoria de alcanzar los objetivos del proceso de Lisboa. 
Aplaudo la propuesta de dedicar un cuarto del presupuesto a reducir la brecha digital. 
Es un asunto económico: asegurarse de que los estudiantes, cuando accedan al mercado laboral, sean capaces de participar en él. 
También parece obvio que las personas que no poseen los conocimientos técnicos necesarios para manejar la tecnología no solo no podrían participar económicamente en la sociedad, sino que, además, no podrían participar en sus procesos democráticos. 
Sin duda, este es el umbral de exclusión de ciudadanos de la sociedad. 
En las escuelas irlandesas existe una clara necesidad de mejores recursos informáticos. 
Como he dicho con anterioridad, 2 500 profesores de escuela irlandeses participaron en programas de desarrollo el año pasado. 
Apoyo plenamente el aumento presupuestario. 
Apoyo la idea de desarrollar acciones concertadas entre la Comisión, los Estados miembros y otros socios en el ámbito de la educación para examinar las experiencias nacionales y promover las mejores prácticas con respecto al uso de la enseñanza electrónica y combatir la brecha digital. 
Sé que la propuesta dará el ímpetu tan necesario a la enseñanza electrónica en las escuelas. 
Espero que así sea en Irlanda. 
Personalmente me gusta la idea del hermanamiento electrónico. Espero que se utilice a fondo. 
Me parece sorprendente, dado que Irlanda depende en gran medida de la tecnología para su desarrollo y crecimiento económico, que la política educativa irlandesa haya financiado y abordado tan mal esta cuestión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Consejo Europeo de Lisboa, en aquella época, se preocupó debidamente por la posición internacional de Europa y discutió las posibilidades de las nuevas tecnologías. 
El surgimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) es muy importante; no somos capaces de imaginarnos la vida sin ellas y tienen infinitas implicaciones en diferentes áreas, incluida la educación. 
Las TIC hacen surgir nuevas demandas en el ámbito de la educación que, por tanto, también afectan al profesorado. 
Los estudiantes deben prepararse para participar en una sociedad del conocimiento. Sin embargo, esto no quiere decir solo que haya que realizar un esfuerzo adicional; también aporta riqueza a la educación. 
Después de todo, también se abren nuevas posibilidades para la transmisión de conocimientos. 
No podemos descartar el hecho de que las TIC cambien radicalmente la estructura de la educación en el futuro. 
En el año 2002 formulamos nuestros primeros pensamientos en materia de eLearning y ahora hay que seguir construyendo nuestro plan de trabajo sobre esta base. 
Se trata de un plan importante y ambicioso para aplicar una infraestructura de TIC de alta calidad a un precio razonable y también en un período de tiempo razonable para mejorar la calidad y el acceso a las TIC en la enseñanza, lo que supone un enorme reto. 
Desde el principio quedó claro que esto no podía consistir solo en poner a disposición el equipamiento necesario y ser capaz de manejarlo. 
Es igualmente importante comprobar el grado de conocimiento que tienen el profesorado y los estudiantes aceca del uso del equipo informático como herramienta educativa en el proceso de aprendizaje. 
Esto nos conduce a las dimensiones didácticas, pedagógicas y educativas del eLearning. 
Me alegra que este informe haya prestado atención a este aspecto. 
Después de todo, la cuestión del «para qué» también es importante. 
La educación no solo se refiere a la transmisión de conocimientos, sino también a las habilidades de comunicación y a las habilidades sociales, que son importantes para el desarrollo personal. 
Debería contribuir igualmente a la creación de un sentimiento de ciudadanía, a una implicación social y, con respecto a Europa, a un respeto de la diversidad cultural. 
¿Podría también utilizarse para esto? 
El informe ofrece buenos puntos de partida para ello, en especial cuando habla de disponer de programas de software, cuando se refiere a los contenidos y cuando habla de la importancia de formar al profesorado. 
Estoy convencida de que este plan es una oportunidad excelente para permitir que las generaciones más jóvenes se familiaricen con las nuevas tecnologías y para fomentar un nuevo diálogo intercultural, que es muy importante para Europa. 
La paz no es algo que podamos dar por hecho; es algo en lo que hay que trabajar cada día para conseguirlo. 
En Europa lo hacemos mediante el diálogo y la cooperación, y parece que es una buena fórmula. 
Sin embargo, también requiere compromiso por parte de las generaciones futuras. 
Para estimular el interés de todos ellos y para motivarlos, es importante que la gente llegue a conocerse y se entienda. 
Para alcanzar este objetivo, el contacto a través de las fronteras internacionales y la experiencia tienen gran importancia. 
El programa eLearning ofrece nuevas oportunidades en esta área. 
Como ya se ha dicho con anterioridad, todos sabemos el éxito que han tenido estos programas de intercambio y la gran experiencia que pueden adquirir tanto escuelas como estudiantes. 
Las TIC incrementan las oportunidades en este ámbito por medio de campus virtuales, del hermanamiento de colegios a través de Internet y de la promoción de asociaciones de profesores. 
Sin embargo, como ya ha dicho mi colega, la Sra. Hieronymi, la interacción virtual no puede sustituir a los intercambios reales, a pesar de que aquellos pueden ser un refuerzo importante para estos últimos. 
Por tanto, doy las gracias al ponente por su excelente trabajo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.48 horas) 
Aprobación de la gestión 2001 
Señor Presidente, aunque las críticas del Tribunal de Cuentas acerca del control interno de la Comisión y de sus sistemas de seguimiento son feroces y directas, en mi opinión debemos recomendar al Parlamento que apruebe la gestión de la Comisión por lo que respecta a la ejecución de los sextos, séptimos y octavos Fondos de Desarrollo para 2001. 
En mi informe, me he centrado en algunos conceptos básicos clave de la actual política de desarrollo y he tratado de investigar si estos conceptos básicos dan lugar a requisitos especiales, o si plantean algunas cuestiones, por lo que se refiere a los controles sobre el uso de los fondos. 
A este respecto, quisiera hacer hincapié en varios puntos: 
Implicación: la implicación es de gran importancia si queremos gestionar eficazmente la ayuda al desarrollo. 
Lo cierto es que pueden entrar en conflicto con las prioridades nacionales y locales los requisitos legítimos de los donantes, una política de reducción de la pobreza, los aspectos medioambientales, etc. 
Apoyo presupuestario: el apoyo presupuestario es otro concepto que atrajo mi atención durante mi trabajo en el informe. 
Por lo que veo, en principio no hay ninguna razón- no desde el punto de vista del control- para evitar el apoyo presupuestario. 
No obstante, la Comisión debe asegurarse de que, en el futuro, quede claro cuándo y en qué condiciones el apoyo presupuestario es una forma eficaz de ayuda. 
Descentralización: la ampliamente debatida descentralización que la Comisión ha puesto en práctica se basa en que se tomen más decisiones sobre el terreno, en lugar de aquí y en Bruselas. 
Apoyo este principio, pero la Comisión debe asegurarse de que los problemas actuales con las disposiciones de auditoría que se padecen en la sede central no se exporten a las delegaciones. 
Infrautilización: la ejecución de los pagos procedentes de los fondos tiene lugar demasiado lentamente. 
¿Es posible que, para 2001, hubiera una suma total pendiente de unos 8500 millones de euros para obligaciones y proyectos que aún tenían que llevarse a cabo? 
Además, me parece alarmante que los tres fondos efectivos para el ejercicio 2001 lleven ejecutándose 16, 11 y 4 años respectivamente. 
Me parece también incomprensible y supone una gran carga burocrática que, en términos administrativos, la ejecución deba tener lugar mediante tres fondos a la vez. 
Espero que la Comisión presente, en breve, un plan realista para agilizar la ejecución y simplificar la gestión de los fondos. 
La declaración de los directores generales: con objeto de que este documento tenga alguna relevancia, espero que la declaración del año que viene explique claramente qué significa «seguridad razonable». 
Es necesario establecer un límite sobre el número de reservas que se pueden expresar y sobre cuándo pueden tener consecuencias estas reservas. 
Los vínculos exteriores de la Comunidad se hallan actualmente divididos en no menos de seis servicios diferentes. 
Se supone que se examinó este hecho en 2002, pero no hemos visto todavía los resultados de dichas evaluaciones. 
Seguimos esperando. 
En su auditoría financiera, el Tribunal de Cuentas critica duramente la estructura de control interno de la Comisión y sus mecanismos de seguimiento. 
Esto es de lamentar, es incluso criticable, ya que implica que no somos capaces de analizar si estamos sacando el máximo partido al dinero. 
Por último, con respecto al presupuesto, depende ahora de la Comisión elaborar planes de acción concretos y fijar plazos para incorporar, por fin, los Fondos de Desarrollo al presupuesto general. 
Es absolutamente inadmisible que el dinero de los contribuyentes no se emplee de la manera más eficaz posible, y el responsable no es la Comisión- a la que se culpa con tanta frecuencia -, sino los Gobiernos de algunos Estados miembros. 
Mi informe sobre los Fondos de Desarrollo es solo una parte del procedimiento global de aprobación de la gestión. 
Este procedimiento constituye una oportunidad de que el Parlamento compruebe la capacidad de la Comisión de gestionar el dinero de los impuestos de la UE. 
A este respecto, me sorprende que el ritmo de reformas en la Comisión esté reduciéndose en algunos ámbitos. 
A la vista de muchas de las cifras que estamos debatiendo, es fundamental que tengamos un sistema contable en el que podamos confiar. 
Esto no es así en la actualidad. 
La presente Comisión sustituyó a la Comisión Santer, que se había quedado atascada. 
Cabe preguntarse si le está sucediendo lo mismo a esta Comisión. 
En los ámbitos en que he estado trabajando, ha tenido la oportunidad, el tiempo suficiente y la capacidad de reformar la administración de la UE. 
Queda mucho por hacer, y tengo que decir que el deseo del Sr. Prodi de permanecer cinco años más como Presidente de la Comisión es de un optimismo excesivo. 
Si se hubiera cumplido con lo prometido, si se hubiesen llevado a cabo las reformas y si se hubiera demostrado la voluntad y la capacidad de acabar con las viejas e ineficaces prácticas administrativas, habría razones para desearle todo el éxito del mundo, pero esto no parece ser así por ahora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, querido Helmut, queridos colegas socialistas y de otras formaciones políticas que han trabajado con nosotros, pienso que podemos estar satisfechos del trabajo que hemos realizado hasta la fecha, a propósito de la aprobación de la gestión de 2001, que contó con un amplio consenso en Cotonú y que no obtuvo el respaldo únicamente de aquellos que, por prejuicios ideológicos en contra de las instituciones europeas, consideran que este ejercicio es más un medio de combatir su fortalecimiento que un instrumento para corregir sus errores. 
Tenemos ante nosotros una serie de problemas y de recomendaciones que constituyen un verdadero programa de trabajo. Aunque no es perfecto, estoy convencido de que nos permitirá tanto a la Comisión como a nosotros mismos realizar grandes avances en la mejora de la ejecución presupuestaria. 
Por eso, deseo dedicar más atención al trabajo que nos aguarda que a la repetición de lo que ha quedado atrás. 
Nuestra primera prioridad es la modernización y corrección del sistema contable comunitario. Esta modernización debe tener lugar tanto con respecto a los objetivos a medio y largo plazo, como por lo que se refiere a la corrección urgente e inmediata de sus mayores anacronismos. 
Tras las medidas que se han tomado ya en relación con la seguridad y la inviolabilidad de los datos, es imperante acabar con los distintos y contradictorios sistemas de contabilidad que, como ha reconocido el Director General de Presupuestos en su último informe anual, ponen en duda la sincronización y la coherencia de los datos contables, sustituyéndolos por un único sistema comprensible, fiable y transparente que puedan consultar, entender y emplear todos aquellos que tienen que ver con el presupuesto. 
Es de suma importancia poner fin, sin dilación, a los mecanismos que permiten que el 20% de los créditos recuperados por irregularidades en la sección de Garantía del FEOGA desaparezca sin dejar rastro alguno en los libros comunitarios, en sumas y para fines que la Comisión no conoce y ni mucho menos controla. 
Después tenemos el problema más arraigado y difícil de corregir: la infrautilización sistemática del presupuesto, que en 2001 sobrepasó los 15 000 millones de euros, una suma colosal que por sí sola excede el presupuesto de varios Estados miembros actuales. 
Me gustaría reiterar que debe ponerse fin a la irresponsabilidad que, con frecuencia, campea en este ámbito, en las instituciones comunitarias, y que siempre atribuye la culpa a los demás. 
Es a la Comisión a la que compete proponer el marco reglamentario en el que desarrollar los programas de ejecución del presupuesto; es a la Comisión a la que compete realizar propuestas presupuestarias tanto en términos anuales como en términos de perspectivas financieras; es, por tanto, a la Comisión a la que compete asegurarse de que los programas presupuestarios sean factibles y realistas. 
Si la autoridad legislativa y presupuestaria desea presentar ante la Comisión propuestas que esta considere inviables, la Comisión no tiene más que hacer valer su derecho de iniciativa y rechazar que dicha propuesta se convierta en legislación. 
Para la mayoría de los créditos comunitarios hay poderes de codecisión con estructuras de ámbito nacional, regional o de otro tipo. 
No obstante, si existen problemas de ejecución por parte de los socios de gestión, la Comisión debe hacerlos públicos de manera transparente y a su debido tiempo, permitiendo así que se tomen las medidas correctivas adecuadas. 
Lo que es inaceptable es que, ante unas ejecuciones presupuestarias francamente mediocres que implican a casi todos los socios no comunitarios de la gestión de los programas, la Comisión siga pretendiendo que no es su responsabilidad y que no hay nada que deba hacer al respecto. 
Hemos dedicado una atención especial, en este ámbito, al programa de ayuda estructural para la agricultura de los países candidatos (el programa SAPARD). 
Acogemos con mucho agrado y grandes expectativas las garantías expresadas por el Comisario Fischler acerca de que va a dar prioridad absoluta a la ejecución de este programa. 
Estaremos atentos a los resultados. 
Por nuestra parte, creemos también que debemos esforzarnos al máximo por concienciar a nuestros colegas de las delegaciones interparlamentarias de la necesidad de agilizar la aplicación del programa. 
Por último, quisiera llamar la atención acerca de la necesidad de tomar medidas urgentes sobre la manera de relacionarse la Comisión con las empresas con las que mantiene relaciones contractuales. 
Es francamente lamentable que la Comisión no sea capaz, ni siquiera, de contabilizar el número de contratos con terceras partes a través de los que ejecuta una parte muy sustancial de su propio presupuesto y que, por tanto, sea menos capaz aún de establecer un mecanismo apropiado de control ex-post no solo de la legalidad y la regularidad, sino también de la transparencia y la eficacia de dichos contratos. 
Resulta sintomático que, en relación con Eurostat, un órgano en el que el Parlamento centró su atención en el informe reciente de nuestro colega el Sr. Bösch, se haya llegado ya a la conclusión de que no es posible concluir, en los plazos previstos, una auditoría de estos contratos firmados en los últimos años, debido a que estos totalizan más de 2000. 
La llamada externalización, es decir, la gestión de los servicios comunitarios por órganos ajenos a la Comisión, es indudablemente una política que no solo hay que mantener, sino que hay que desarrollar también en muchos casos. 
No obstante, esta externalización debe supervisarse de manera más activa y coherente, y no meramente formal. 
Así, la aprobación de este informe constituirá, más que un punto de llegada, un punto de partida. 
Espero poder seguir contando, en esta labor, con la cooperación de la que he disfrutado, hasta la fecha, de los servicios de la Comisión, en particular de las Direcciones Generales de Presupuestos y de Agricultura, a las que deseo públicamente dar las gracias. 
Cuento igualmente con la cooperación de Cotonú en su conjunto. 
. 
(ES) Señor Presidente, señora Comisaria, me referiré al informe sobre otras instituciones que comprenden el Consejo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo. 
En lo relativo al Consejo, por primera vez este Parlamento concede la aprobación de la gestión. 
Hasta ahora, no se había negado, pero había un acuerdo entre caballeros por el que el Parlamento no se pronunciaba respecto a la aprobación de la gestión. 
Ahora bien, hay una propuesta para que, próximamente, cuando la Convención culmine sus trabajos, se incluya dentro de la Comisión la política exterior y de defensa que en este momento corresponde al Consejo; a partir de ese momento, esta materia estará sometida a la aprobación de la gestión, al mismo nivel que las otras instituciones que dependen exclusivamente de la Comisión. 
Por tanto, la Comisión de Control Presupuestario ha considerado oportuno que este año ya se incluya la aprobación de la gestión del Consejo, con las matizaciones que voy a resumir a continuación. 
Es una satisfacción para la comisión comprobar que la colaboración en las respuestas y la mejora para el próximo ejercicio son uno de los objetivos del Consejo, así como la superación de las diferencias que ha habido entre el inventario físico y el inventario contable. 
Creemos que en el Consejo se deberían aplicar los criterios de la reforma interna de la Comisión en lo que se refiere a la política de personal, es decir, que las cualificaciones del personal y la permanencia en determinados puestos de alto nivel y, por tanto, de gran responsabilidad dentro del Consejo, deberían seguir los mismos criterios que la Comisión, en cuanto a la no permanencia durante mucho tiempo y a las clasificaciones profesionales. 
No tenemos, en este momento, mucho conocimiento respecto a la política exterior y de defensa. 
Como he dicho antes, hasta ahora el Consejo ha tenido una consideración aparte, nosotros pensamos que debería gestionarse de una manera más eficaz y más transparente. 
Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, se concede la aprobación de la gestión, también con algunas observaciones que brevemente voy a señalar. 
Constatamos que ha habido mejoras importantes en la gestión contable del inmovilizado y en la presentación del inventario como se había solicitado. 
También tomamos nota de la solución de todos los problemas inmobiliarios que se referían al Palais y a todo el entorno inmobiliario donde está ubicado el Tribunal de Justicia. 
Había muchas lagunas en cuanto a la información de estos procesos, pero ya se han resuelto y por tanto nos congratulamos. 
También vemos con satisfacción que han aumentado los casos tramitados, pero el funcionamiento del Tribunal sigue siendo lento, lo que nos lleva a pensar que quizá carezca de recursos suficientes. 
Nos gustaría conocer la situación exacta y las peticiones de esta institución, a fin de contribuir a la resolución de las dificultades. 
También se le concede la aprobación de la gestión al Tribunal de Cuentas y tenemos que felicitarnos por la presentación pública del informe de dicho tribunal, que se ha hecho oportunamente en el mes de noviembre ante el Parlamento Europeo y ante los medios, lo que es una forma de actuar transparente y clara. 
Invitamos al Tribunal de Cuentas a mantener esta política. 
Aunque a veces, por dificultades de traducción, se retrase el momento, cuanto antes se haga esta presentación, mejor será. 
Nos congratulamos también de los esfuerzos que ha realizado para que la declaración de fiabilidad sea un instrumento que permita conocer las mejoras en la gestión y el control. 
Nos parece que este esfuerzo debe mantenerse, porque es una de las mejores formas de conocer la situación en la que se encuentran las instituciones. 
Sabemos también que en el Tribunal de Cuentas hay problemas de personal; éste, que debe ser altamente cualificado, no permanece en el mismo por mucho tiempo- quizá por cuestiones de promoción personal o de carrera profesional- y deberíamos pensar en solucionar estos problemas, para que este personal sea más estable y facilite el trabajo del Tribunal. 
También habría que pensar si no se debería recurrir, en algún caso, a contratos temporales o a algún tipo de externalización. 
Saludamos también las mejoras relativas a la información sobre el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas. 
Muy brevemente, me referiré al Comité Económico y Social cuya gestión también aprobamos. 
Se han resuelto todos los problemas que había en el pasado, lo que nos produce una gran satisfacción. 
Este Comité ha presentado sus cuentas y toda su gestión de una manera clara, y, al contrario de lo ocurrido en el pasado, no tenemos ningún inconveniente en concederle la aprobación este año. 
Lamento decir que no ha sido así en lo que se refiere al Comité de las Regiones, y que no podemos concederle la aprobación en este Pleno. 
Por tanto, solicitamos su aplazamiento. 
Fuera ya del plazo para el que se habían realizado los informes, después de que se hubiera solicitado a través de un cuestionario una serie de informaciones- como al resto de las instituciones -, hemos recibido un informe de auditoría que se refiere al año 2001 en el que hay bastantes deficiencias graves en todo lo que se refiere al cobro y la presentación de recibos, de viajes, de dietas y de otro tipo de emolumentos. 
Por lo tanto, a pesar de que el Comité de las Regiones nos ha hecho llegar su Reglamento modificado con fecha posterior, nos parece más oportuno dejar la aprobación aplazada hasta el mes de octubre y, mientras tanto, elaborar un informe que nos permita tener un mayor y más claro conocimiento de las cuentas del Comité de las Regiones. 
En lo que respecta al Defensor del Pueblo Europeo, quiero poner de manifiesto su magnífica colaboración con la Comisión de Peticiones de este Parlamento y el buen trabajo que realiza, a pesar de los escasos medios con los que cuenta. 
Naturalmente, también él recibirá nuestra aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada quisiera dar las gracias, de todo corazón, por la excelente cooperación que he recibido no solo de Sus Señorías, sino especialmente del Secretario General y sus servicios. 
Estoy en condiciones de informarles de que recibimos una respuesta a nuestro cuestionario antes incluso de navidad y de que las respuestas a dichas preguntas han contribuido a que sea posible incorporarlo a la resolución. 
Creo que es una de las primeras ocasiones en que esto ha sido posible en una fase tan temprana, y me gustaría dar las gracias por ello. 
He contemplado mi informe como una especie de informe anual sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo en 2001. 
Comienza por lo más importante. 
Recomienda a todos que aprueben la gestión del Secretario General por su labor en 2001. 
Mi informe consta de 120 apartados, y por este motivo es muy difícil explicarlo todo, de modo que voy a aclarar solo algunos aspectos, empezando por la política de personal. 
Quisiera entrar en más detalles sobre la política de igualdad de oportunidades, sobre el acceso de la mujer a altos cargos de esta Cámara. 
El Parlamento se ha declarado a favor de ello muchas veces, pero sigue siendo una cuestión peliaguda. 
Como señalo en mi informe, conjuntamente con la Comisión de Control Presupuestario, este objetivo no se ha cumplido. 
Solo el 22% de los funcionarios de grado A son mujeres. 
Ninguno de los tres directores generales nombrados recientemente es una mujer, y en 2001, solo se ascendió a la categoría A al 14,3 % de las mujeres que podían optar a ello, frente al 30,8 % de hombres. 
Por tanto, pienso que tenemos que apoyar medidas de discriminación positiva. 
A igualdad de méritos, se debe aplicar sistemáticamente el principio de dar preferencia a la mujer, a la hora de cubrir puestos de nivel superior, hasta lograr el equilibrio. 
Otra cuestión peliaguda es el nombramiento de altos funcionarios. 
Recomiendo que se abandone la práctica tradicional aceptada de componer conjuntos equilibrados desde el punto de vista geográfico y político, pues no creo que sea positiva. 
Debemos pasarnos a una política de nombramientos basada en los criterios de las cualificaciones, los méritos y las capacidades. 
Una segunda parte importante de mi informe se refiere a la política inmobiliaria. 
En primer lugar está el hecho de que contamos con tres lugares de trabajo. 
En el anterior informe de aprobación de la gestión, se pidió a la Mesa y al Secretario General que elaboraran un estudio al respecto. 
Dicho estudio está ahora disponible y revela que el coste de tener tres lugares de trabajo se eleva a 169 millones de euros al año: 120 millones corresponden a la infraestructura, 40 millones al personal de apoyo y las misiones y 9 millones a gastos varios. 
Debido al traslado del personal a Estrasburgo se pierden 25 855 días al año, lo que supone un coste para el contribuyente de casi 4 millones de euros. 
No hace falta decir que esto lleva consigo un problema de imagen. 
Cada vez que recibimos a grupos de visitantes, tenemos que volver a explicarlo todo. 
Esto no solo ocasiona un problema de imagen, sino que también origina un gasto de tiempo y de dinero. Se escapa a nuestro control. 
De ahí la recomendación, dirigida a aquellos diputados que sean miembros activos de la Convención, de que planteen esto y se aseguren de que la posibilidad de modificar el artículo 289 del Tratado UE se contemple durante la preparación del proyecto de Constitución. 
Sé que sigue siendo un grave problema, ya que una propuesta de esta índole debe pasar por la Conferencia Intergubernamental, donde varios Estados miembros tienen derecho de veto. 
De todas maneras, merece la pena intentarlo. 
Otro aspecto de la política inmobiliaria tiene que ver con la zona pavimentada que se ha construido sobre la estación Bruselas-Luxemburgo. 
El Gobierno belga tiene una serie de obligaciones al respecto y, de hecho, debería sufragar los costes. 
Se han enviado dos cartas al Primer Ministro belga, pero no hemos obtenido respuesta. 
Por tanto, le pido al Gobierno belga que cumpla con sus obligaciones y nos abone la suma de 4,74 millones de euros. 
He dedicado también unos apartados a los edificios D4 y D5. 
Señor Presidente, usted es el vicepresidente responsable de la política inmobiliaria, y le digo con toda franqueza que, en mi opinión, usted y la Administración han llevado bien las cosas. 
Creo que han hecho todo lo posible por ejecutar este proyecto de edificación de acuerdo con las normas correspondientes. 
No obstante, me parece- y así lo hago constar en mi informe- que varias cosas han ido mal, no por parte del Parlamento, sino de Bélgica. 
Nos han puesto ante un hecho consumado, en contra de nuestra voluntad. 
El Gobierno belga acordó, en un primer momento, que los terrenos se concedieran gratuitamente, pero estos terminaron en manos de promotores privados, lo que complicó aún más nuestra tarea, y eso es algo que lamento. 
Por último, señor Presidente, me gustaría decir unas palabras más sobre la política medioambiental, que es muy importante. 
En mi informe, describo las numerosas medidas positivas que se han tomado con respecto a los edificios D4 y D5. 
Se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar el uso, en breve, de energías renovables, la instalación de placas solares, etc. Pienso que deberíamos elaborar un verdadero plan de política climática para nuestra institución, con objeto de que el Parlamento contribuya también a cumplir los compromisos de Kioto. 
Apenas el viernes de la semana pasada, la Comisión presentó un estudio en el que se señalaba que, si todos los edificios gubernamentales de la Unión Europea emplearan energías renovables, esto representaría un logro del 18% de los compromisos asumidos por Europa en Kioto. 
Es preciso dar ejemplo; es necesario que el Parlamento dé este paso y cuente con un verdadero plan de política climática. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir unas palabras sobre la aprobación de la gestión de la Comisión. 
Me gustaría recomendar que la gestión se apruebe a tiempo este año. 
Todos sabemos que hay problemas con los sistemas contables e informáticos de la Comisión, gracias a los informes del Tribunal de Cuentas. 
No es ningún secreto que hace tiempo que la Comisión debería haber hecho algo para solucionar el problema. 
Creo que la Comisión se ha percatado ahora de la gravedad de la situación y ha comenzado una amplia reforma. 
Posponer la aprobación de la gestión hasta octubre no cambiaría nada. 
Sería mucho más eficaz nombrar a expertos externos para evaluar la reforma propuesta y que el Parlamento procurara que la Comisión se atuviera a su calendario. 
También se debería aprobar a tiempo la gestión de la Comisión debido a sus admisiones en el caso Eurostat, que es un escándalo y lo lleva siendo durante años. 
Eurostat ha firmado contratos con empresas que le han dado gato por liebre y le han estafado. 
A la Comisión le ha quedado esto claro ahora y, tras la presión ejercida por el Parlamento, ha puesto fin a todos los contratos con las compañías. 
Creo que deberíamos premiarla por ello. 
Es muy poco habitual que una institución como la Comisión reconozca un error, pero así ha sido en este caso. 
Ahora enviará, por fin, un mensaje a otras empresas para advertirles de que no pueden salirse con la suya y estafar a la UE en contratos firmados con sus instituciones. 
El caso Eurostat no habría salido nunca a la luz si no hubiera sido por una empleada. 
Quisiera resaltar el papel de Dorte Schmidt-Brown y su gran integridad profesional y personal. 
Confío en que la Comisión halle la manera de indemnizarla. 
De esta manera, dejaría claro a los empleados de la Comisión que va en serio cuando dice que no tolerará la estafa y el fraude. 
He recomendado que se apruebe la gestión de tres organismos: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, la Agencia Europea de Reconstrucción y el Cedefop. 
Los restantes organismos deben esperar. 
No fue hasta hace poco que se tomó una decisión final para aprobar la gestión de otros cinco organismos. 
Necesitamos tiempo para analizar como es debido las respectivas gestiones antes de aprobarlas. 
En consecuencia, lo que recomiendo es que se posponga la aprobación por razones técnicas. 
Hay algunos problemas que son comunes para todos los organismos. 
Básicamente creo que la Comisión debería echar el freno y llevar a cabo un análisis de costes y beneficios de todos los tipos de organismos y de la interacción entre ellos. 
Puede ser que se hayan creado organismos que demuestren, más tarde, haber cumplido su papel. 
Quizás sea necesario fusionar algunos de los organismos. 
Debemos evaluar constantemente si los organismos proporcionan algún valor añadido. 
No debemos contar con organismos solo para que todos los Estados miembros tengan su «niño pequeño». 
Muchos organismos tienen administraciones muy grandes, lo que no es necesariamente su culpa. 
A menudo, se imponen a los organismos cargas administrativas que son más propias de una gran estructura como la Comisión. Por tanto, se deben considerar varias soluciones. 
Podrían transferirse más competencias a los organismos. 
Se podría examinar la posibilidad de delegar algunas cuestiones de las que se encarga actualmente la Comisión, como por ejemplo la educación y la sanidad. 
Debemos evitar solapamientos entre la labor de la Comisión y la labor de los organismos. 
Hemos de considerar con detenimiento si es necesario crear más organismos de ejecución. 
¿No se podrían transferir las competencias a los organismos con que ya contamos? 
Los organismos deben también poner en práctica ahora el nuevo Reglamento Financiero, algo que ya ha tenido lugar en el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia de Viena. 
Entre otras cosas, esto significa que los organismos son ahora responsables de su propio control financiero. 
Hemos aceptado esto como parte del nuevo Reglamento Financiero. 
No obstante, me preocupa el riego de que se interrumpa el control. 
El Servicio de Auditoría Interna de la Comisión simplemente carece de los recursos necesarios para examinar cada transacción y el Tribunal de Cuentas efectúa muy pocos controles. 
Por tanto, dependemos mucho del funcionamiento adecuado del sistema de control interno de los organismos. 
La Agencia Europea de Reconstrucción se ha desenvuelto bien, por lo general, pero desgraciadamente se ha producido un caso muy grave de fraude en el sector energético. 
Ningún empleado de la agencia participó en el fraude. 
En última instancia, sin embargo, la agencia es responsable del control de los fondos comunitarios gastados. 
Le he pedido a la Comisión que proponga una reducción paulatina de la financiación comunitaria futura en el sector energético de Kosovo si la situación actual se mantiene. 
Es muy lamentable que la agencia haya suscrito varios acuerdos de empleo privados sin cumplir las normas referentes a las convocatorias de concurso público. 
No obstante, es la Comisión la que obligó a la agencia a firmar los contratos. 
No es ilegal suscribir contratos directos, pero deben restringirse a casos especiales y realizarse de manera totalmente abierta. 
Podría dar dos ejemplos, pero no los voy a mencionar para no hacer pasar vergüenza a nadie. 
Estas normas no se respetaron en algunos contratos firmados en 2001, y quisiera decirle a la Comisaria que esto no debe volver a pasar, pues, de lo contrario, habrá problemas. 
Debemos asegurarnos de que los organismos cumplan las normas relativas a las convocatorias de concurso público. 
Sé muy bien que las normas pueden resultar muy burocráticas y complicadas. Esto es algo que debemos analizar, pero mientras tengamos estas normas, debemos acatarlas. 
Muchísimas gracias, señor Blak, por su cooperación. 
Sus colegas saben- sobre todo los de la Comisión de Control Presupuestario- que cada segundo de Pleno cuesta casi 10 euros. 
Por lo tanto, supongo que apreciarán el tiempo de que disponen. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las críticas deben expresarse con claridad. 
En la Comisión de Control Presupuestario, nuestra misión es examinar y evaluar, cada año, las cuentas de la Comisión, y en esta tarea el informe anual del Tribunal de Cuentas constituye una valiosa herramienta de orientación. 
Hemos hallado también aspectos criticables relativos a la aprobación de la gestión de 2001 y los hemos expuesto de manera clara. 
No obstante, prefiero que entren en pormenores los colegas que han hablado en sus informes de las instituciones en cuestión. 
Quisiera referirme a algo de lo que, en general, podemos estar satisfechos. 
Como ponente para el presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, tengo pocas reservas acerca de recomendar la aprobación de la gestión. 
He aquí un ejemplo- y casi lamento que el Tratado de la CECA expirara en julio del año pasado, después de 50 años- de cómo es perfectamente posible presentar un presupuesto equilibrado y correcto. 
Cuando, tan solo cinco años después del final de la guerra, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman sugirió la unión de las industrias del carbón y del acero de Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, demostró una gran visión y, al mismo tiempo, corrió un gran riesgo. 
Teniendo como objetivo principal preservar la paz en Europa, la CECA representó el primer paso para crear una comunidad europea de Estados. 
Cincuenta años después, puede afirmarse que el experimento fue un éxito, y hoy en particular, quisiera hacer hincapié en esa iniciativa para mantener la paz y favorecer el entendimiento entre las naciones. 
Además de la política industrial, la CECA tuvo también, desde el principio, un fuerte componente social que no debe subestimarse. 
Cientos de miles de trabajadores del acero y del carbón se beneficiaron de las ayudas de adaptación concedidas para hacer frente al cambio estructural. 
Quisiera mencionar también el importante componente investigador, que se tradujo, por ejemplo, en la promoción de técnicas innovadoras de producción o en el desarrollo de soluciones respetuosas con el medio ambiente. 
Según los cálculos, los beneficios obtenidos multiplicaron por diez el dinero invertido, y esto es algo de lo que sentirse satisfechos. 
Tras realizar una concienzuda investigación, permítanme expresarlo de la siguiente manera: sin el éxito de la CECA, podemos estar seguros de que algunas cosas en Europa habrían sido diferentes y no habrían ido tan bien. 
En mi informe, he examinado las medidas necesarias que tienen que acompañar a la finalización de las actividades de la CECA. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar la ejemplar cooperación recibida del Tribunal de Cuentas y de la Comisión y la buena disposición de ambos para proporcionarme la información requerida. 
Me gustaría mencionar algunos puntos que, en mi opinión, es necesario tratar. En primer lugar, debería elaborarse una publicación, una auténtica publicación merecedora de ese nombre, que describiera la labor desarrollada por la CECA y los logros obtenidos por ella. 
¿Por qué no han de reconocerse los éxitos cuando estos tienen lugar y tomar constancia de ellos por escrito para las generaciones futuras? 
En segundo lugar, la Comisión debe mantenernos informados de la reorganización del personal: estos hombres y mujeres poseen una valía de la que no deberíamos desprendernos y que no deberíamos ocultar. 
Necesitamos también información detallada, naturalmente, sobre los créditos pendientes de liquidación aún después de que haya expirado el Tratado de la CECA (algunos de estos se prolongan hasta el año 2027, como las aportaciones para préstamos a funcionarios, y hasta el año 2017, como el crédito para el Eurotúnel) y necesitamos información sobre la cancelación de todas las sumas de la reserva, que evidentemente no va a ser necesaria en el futuro. 
Son lo que se conoce como «recursos inactivos». 
LA CECA- y me estoy repitiendo- fue un modelo de paz y progreso en Europa. 
Aún después de que el Tratado de la CECA haya expirado, su espíritu debe permanecer vivo. 
Me complace que, aún después de que la CECA haya llegado a su fin, vaya a haber un fondo de investigación que realice una importante contribución en el sector del carbón y el acero, y que en este vayan a participar también los países candidatos, y de buen grado. 
No obstante, les prometo que en la Comisión de Control Presupuestario vamos a mantener los ojos muy abiertos en este ámbito, en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, como parte del procedimiento de aprobación de la gestión, la Comisión y los demás órganos, así como las demás instituciones, tienen que rendir cuentas ante el libremente elegido Parlamento Europeo por el uso realizado de los recursos presupuestarios de la Comunidad. 
El Parlamento ejerce un control sobre estos en nombre de los ciudadanos de la Unión. 
En el ejercicio 2001, se gastaron 79 400 millones de euros de ese presupuesto. 
Además, hubo gastos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
Quisiera, llegados a este punto, darle las gracias al ponente general, el Sr. Casaca, por su trabajo concienzudo y exhaustivo. 
En nombre de la Comisión, me gustaría dar las gracias también a los ponentes- el Sr. Staes, la Sra. Avilés Perea, el Sr. Blak, el Sr. Sørensen y la Sra. Langenhagen- por su labor esmerada y meticulosa, así como expresar el respeto que siento por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, por su manera de conducir este difícil procedimiento, y finalmente quisiera agradecer a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos su gran trabajo. 
Además de los cientos de páginas de los estados financieros, los ponentes y la Comisión de Control Presupuestario tuvieron también que examinar el informe anual del Tribunal de cuentas y cientos de páginas de respuesta a las 267 preguntas planteadas a la Comisión, y la Comisión de Control Presupuestario celebró audiencias con ocho miembros de la Comisión. 
El presupuesto europeo abarca un amplio espectro de programas de gasto, desde las subvenciones para los productos lácteos, pasando por las primas para el sacrificio del ganado, las subvenciones para la apicultura, las medidas de reestructuración del sector pesquero, los programas de intercambio de jóvenes y el apoyo a la investigación en biotecnología, hasta la ayuda para escolarizar a niñas en el Afganistán y la ayuda alimentaria en el África meridional. 
Todos estos programas tienen diferentes normas. 
Personas diferentes gestionan los programas y manejan el dinero, y el riesgo de cometer un error también difiere. 
El examen llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas y el Parlamento tuvo presente todas estas variadas tareas. 
No obstante, debo centrarme en algunos puntos que han demostrado ser los más importantes del procedimiento de aprobación de la gestión, a saber, las normas contables y el sistema contable, los contratos con la Oficina Estadística y la cuestión del ritmo de ejecución del presupuesto. 
Según el Tribunal de Cuentas, y por lo que se refiere a la contabilidad, la cuenta de gestión del ejercicio 2001 refleja fielmente los ingresos y los gastos, como se confirma en el informe del Sr. Casaca, que ha vuelto a pedir que se reforme el balance financiero. 
El informe del Sr. Casaca describe pormenorizadamente la próxima reforma. 
En la Comisión de Control Presupuestario, tuvimos la oportunidad de debatir ampliamente la reforma propuesta y los pasos concretos a dar. 
Se trata de un proyecto que abarca todos los servicios y organismos. 
Nuestra contabilidad es ya ejemplar, por lo que respecta a la publicación, pues cada mes publicamos en internet las cifras de la cuenta de gestión basada en el principio de caja. 
Lo menciono porque la propuesta de la Comisión de obligar a las sociedades anónimas a publicar informes trimestrales provocó un encendido debate acerca de si esto era razonable. 
La propia Comisión publica sus cifras mensualmente. 
Comparándonos con los Estados miembros, al analizar algunos aspectos del balance financiero, no tenemos nada de lo que avergonzarnos. 
Pero, ¿es esto suficiente? 
No. 
Debe quedar claro en el sistema contable si un pago es un pago final o un pago anticipado que se pueda reclamar si el programa no va bien. 
El sistema contable debe disponer de una entrada tanto en la parte de los activos como en la de los pasivos, tan pronto como se suscribe un compromiso financiero, por ejemplo, y no esperar hasta que el pago se haya efectuado. 
Nuestro sistema contable debe basarse en la acumulación, y los servicios que gestionan los recursos deben tener acceso directo al estado de las cuentas de sus programas. 
Esta es la única manera de que nuestra gestión financiera sea óptima. 
Claro está, supone un reto para los sistemas de información y de tecnología subyacentes. 
Naturalmente, la Comisión cumplirá, con mucho gusto, la petición de la Comisión de Control Presupuestario de elaborar un informe trimestral de progresos acerca de la reforma. 
También hemos aceptado seguir la sugerencia del ponente, el Sr. Casaca, de iniciar un programa piloto por el que a los receptores de pagos se les informe por escrito tan pronto como el funcionario competente haya solicitado el pago, algo que aportará una mayor transparencia. 
No obstante, no hay que perder de vista que solo el 20% del presupuesto lo gestiona la Comisión y que, por lo que se refiere al efectivo, la mayor parte del presupuesto permanece, en la práctica, en las arcas de los Estados miembros. 
El Tribunal de Cuentas Europeo examina anualmente la gestión del efectivo llevada a cabo por la Comisión. 
Pese a ello, vamos a presentar ante el Tribunal de Cuentas la petición del Parlamento de que se realice una auditoría externa. 
Vamos a basar también la reforma en las normas fijadas en 2000 y 2001 por la Federación Internacional de Contables. 
No obstante, quisiera, llegados a este punto, realizar una observación esencial: en la vieja Europa- si me permiten la expresión -, y en la Unión Europea también, las principales normas de contabilidad las ha establecido, hasta la fecha, el Derecho público y no una asociación de este tipo. 
La pregunta fundamental es si queremos desviarnos de esta costumbre. 
En mi opinión, deberíamos preservar la costumbre de que el legislador público participe en las decisiones acerca de los principios que deben aplicarse a la contabilidad del presupuesto público. 
Naturalmente, tenemos la gran ventaja de contar con un organismo público independiente, el Tribunal de Cuentas Europeo, como nuestro auditor externo. 
En una época en la que, en los Estados Unidos por ejemplo, los organismos públicos auditores se están reforzando frente a los auditores privados, debido a escándalos como el de Enron, es claramente una ventaja disponer de un auditor público que esté obligado a permanecer independiente. 
En respuesta a las preguntas del ponente general sobre los contratos con Eurogramme, la Comisión ha acordado suspender todos los pagos a esta empresa, por el momento, y examinar todos los contratos firmados con esta. 
Se pondrá término a los contratos siempre que esto no conlleve costes adicionales. 
Ahora le están pidiendo también a la Comisión que examine, para julio de este año, todos los contratos firmados por la Oficina Estadística desde 1999. 
Se trata de 2660 contratos, por lo que la tarea no se podrá completar para julio. 
No obstante, como deseamos responder a la preocupación del Parlamento, tendremos que dar con una solución factible, por ejemplo mediante una muestra. 
La Comisión presentará a la Comisión de Control Presupuestario una lista de estos contratos en la próxima reunión y sugerirá una manera de incrementar el control. 
Los acontecimientos en torno a Eurogramme o Eurostat han demostrado también que la cooperación con la OLAF en cuestiones informativas tiene que desarrollarse de manera menos ambigua. 
La OLAF sigue controlando la información procedente de sus propias investigaciones y, aunque hay que proteger siempre la independencia de este organismo, ha quedado claro que, al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que las conclusiones de la OLAF se pongan en conocimiento, sin demora, de las autoridades que gestionan fondos, para que se tomen a tiempo medidas destinadas a protegernos del fraude al presupuesto. 
Por lo que se refiere a la ejecución de los recursos presupuestarios, tan solo quiero decir unas palabras sobre el programa SAPARD. 
A propósito de este, la Comisión ha prometido a la Comisión de Control Presupuestario y al Parlamento que dará la máxima prioridad a la mejora de la ejecución del programa. 
Mi colega, el Sr. Fischler, ha puesto ya en práctica algunas de las medidas prometidas a la Comisión de Presupuestos. 
Justo el día antes de que esta Cámara dé su conformidad a los Tratados de adhesión, se deberá hacer todo lo posible para que la ayuda de preadhesión se haga, por fin, efectiva para la agricultura, de forma inmediata. 
Muchas gracias, señora Langenhagen, por su positivo informe y por sus positivos comentarios acerca de la CECA. 
Ahora tiene el informe que nos pidió sobre las actividades de préstamo, pero probablemente no sea posible llevar a cabo la publicación sugerida por usted sobre las actividades de la CECA, desde su creación en 1952, en todas las lenguas oficiales, antes de que acabe el año, porque algunos de sus cargos están ya en otros organismos. 
No obstante, estoy completamente de acuerdo con usted en que esta experiencia y esta información sobre esta importante parte de la historia de la senda común europea debería estar disponible en todos los países, y los ciudadanos deberían saber cómo la idea de la cooperación económica condujo a un verdadero proyecto por la paz. 
No deberíamos permitir que todo esto caiga en el olvido, y vamos a estudiar la manera de retomar esta idea y hallar un modo factible de ponerla en práctica. 
Señor Blak, el control de los organismos abarca ahora un extenso conjunto de diferentes actividades, y su labor, por la que la Comisión le da las gracias, ha sido muy amplia. 
El nuevo Reglamento Financiero estipula que la creación de un nuevo organismo debe estar precedida de un análisis de costes y beneficios, y acojo con agrado el hecho de que el Parlamento desee que este principio se aplique estrictamente, y con respecto a los organismos existentes, las auditorías durante las evaluaciones de los análisis de costes y beneficios siguen siendo la mejor manera de hacerlo, y están diseñadas también, naturalmente, para evitar la duplicación. 
Esto es algo muy importante cuando se trata del uso de recursos presupuestarios escasos. 
Con respecto al ámbito de la política exterior de la Agencia de Reconstrucción, la Comisión no está de acuerdo en que haya suficientes motivos para realizar una investigación administrativa. 
No obstante, examinaremos lo que usted menciona y le pasaremos un informe. 
En política exterior, en general, la Comisión ha cumplido la petición del Parlamento de detener la transferencia de competencias a las Oficinas de Asistencia Técnica. 
El número de OAT se ha reducido de 126 en septiembre de 2000 a 12 a finales de 2002, lo que demuestra que hemos tomado el camino que el Parlamento deseaba. 
Esto ha ido de la mano de un apreciable cambio en la gestión de los programas de ayuda auxiliares, es decir, de la descentralización. 
Esto también es cierto en el caso del Fondo Europeo de Desarrollo, para el que el Sr. Sørensen es ponente, y quisiera darle las gracias, de nuevo, por su exhaustivo informe. 
La Comisión de Control Presupuestario hace especial hincapié en la necesidad de que los miembros de las delegaciones reciban una formación adecuada para llevar a cabo las labores de gestión que se les exigen ahora. 
La Comisión elaboró un nuevo manual al respecto en 2002, y ahora se ha implantado el nuevo Sistema de Información Común Relex para la gestión financiera de los programas externos, cuyas bonitas siglas en inglés son CRIS. 
Cada delegación tiene que enviar ahora un plan de auditoría, cuyo objetivo es garantizar la supervisión adecuada de los programas de ayuda. 
En su Libro Blanco sobre la reforma elaborado en el año 2000, la Comisión hizo una lista de todas las medidas necesarias para completar la reforma de la Comisión. 
Se han tomado ya 87 de las 96 medidas, y la Comisión ha informado de ellas pormenorizadamente. 
Un principio rector de esta reforma es la clara asignación de responsabilidades para el uso de los recursos financieros de la Comunidad. 
Los directores generales tienen ahora que informar, cada año, de cómo se han aplicado las normas de control. 
¿Qué administración pública exige a sus instituciones que publiquen este tipo de informes, en los que también se tiene que dar cuenta de los puntos débiles? 
¿Qué administración controla, a la vista de todos los ciudadanos, si se han tomado las medidas necesarias para mejorar la gestión financiera? 
Creo que la transparencia, en sí misma, es un elemento clave de la reforma. 
El nuevo Reglamento Financiero lleva en vigor desde el 1 de enero de 2003. 
Esta ambiciosa reforma es el fruto del arduo trabajo realizado conjuntamente por la Comisión y el Parlamento en 2001 y 2002, y quisiera mencionar también al Consejo. 
La reforma del sistema contable está en pleno desarrollo y debe completarse antes de finales de 2004. 
La Comisión contará entonces con un servicio reformado de arriba abajo y dispuesto a afrontar los nuevos retos de la ampliación. 
La Comisión de Control Presupuestario y esta Cámara han apoyado y alentado siempre a la Comisión en este asunto, y con este procedimiento de aprobación de la gestión, el Parlamento ha dado un impulso renovado a la reforma. 
Señor Presidente, señora Comisaria, también podemos votar a favor de la aprobación de la gestión desde el punto de vista de la política exterior. 
Quisiera darle las gracias especialmente al Sr. Casaca por su estrecha cooperación. 
Tiene usted razón, señora Comisaria, en que la desconcentración o descentralización, así como el refuerzo de las delegaciones, han puesto en marcha un gran proceso de reforma del gasto en política exterior. 
Esta descentralización ha sido un éxito rotundo, como he visto con mis propios ojos en algunos lugares. 
No obstante, quisiera plantear tres problemas y, en cierta manera, como una especie de estrategia preventiva pacífica, señalar que vamos a prestar una atención especia a ellos. 
El primero tiene que ver con Palestina. 
A veces, se han escuchado críticas en esta Cámara, que de momento han demostrado ser infundadas, y es positivo que el Parlamento haya creado un grupo de trabajo para analizar las cosas. Porque si, al igual que yo, estamos completamente a favor de la ayuda para Palestina, tenemos que asegurarnos de que todo se haga de forma correcta. 
El nuevo Ministro de Economía y el nuevo Primer Ministro de la Autoridad Palestina constituyen una buena señal, pero vamos a seguir de cerca el transcurso de los acontecimientos. 
El segundo problema se refiere al programa KEDO. 
Claro está que es un programa complicado, sobre todo en estos tiempos, pero es un programa muy importante. 
Hemos recibido una respuesta de la Comisión relativa al año 2001, de la que hemos tomado nota, pero con la que no estamos ni mucho menos satisfechos, y eso significa que vamos a examinar detenidamente el año 2002 y los años siguientes para comprobar que nuestro dinero se utiliza realmente para fines pacíficos. 
Esto es algo muy importante, teniendo en cuenta los hechos que se están sucediendo en Corea del Sur y Corea del Norte. 
El tercer aspecto tiene que ver con la ayuda de preadhesión. 
Aunque usted ha mencionado el programa SAPARD, en particular, creo que hay también deficiencias en los demás programas. 
En vista de que Bulgaria y Rumania permanecerán en él aún después del ingreso de los demás países, y que, con toda probabilidad, también formarán parte de él Turquía y algunos países balcánicos como Croacia, por ejemplo, no podemos contentarnos con modificar únicamente el programa SAPARD. 
Debemos estructurar estas ayudas de preadhesión y hacerlas más flexibles, si queremos que sean un éxito. 
No obstante, accedemos a aprobar la gestión del ejercicio 2001, pero avisamos de que vamos a seguir muy de cerca estas tres cuestiones en los próximos meses. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, quisiera comenzar simplemente con unos comentarios de tipo general sobre los Fondos Estructurales. 
El año 2001 fue cualquier cosa menos un buen año para los Fondos Estructurales. Eso demuestra- y en esto no hay peros que valgan- que los principales objetivos de la reforma de los Fondos Estructurales de 1999 no se cumplieron. 
En primer lugar, y al igual que en la anterior reforma, se produjeron muchos retrasos a la hora de pasar del viejo al nuevo período de programación. 
En segundo lugar, los procedimientos de autorización y de gestión no se han simplificado como se había planeado originalmente. 
En tercer lugar, el planteamiento de descentralizar la gestión diaria de los fondos y, al mismo tiempo, reforzar los controles ha fracasado. 
La situación es ciertamente alarmante. 
Los Estados miembros no han gastado, ni mucho menos, todo el dinero a su disposición. 
Esto es así tanto para el período de 1994 a 1999, como para el nuevo período de los Fondos Estructurales. 
En 2001, por ejemplo, solo se solicitó la mitad del dinero previsto originalmente por los Estados miembros. 
Todos sabemos lo que eso significa. 
Por eso, la próxima reforma de los Fondos Estructurales, que abarcarán no a 15 sino a 25 Estados, tendrá que volver a los principios que deseábamos aplicar en la última reforma. 
Estos principios son: en primer lugar, concentración en un número reducido de prioridades claras; en segundo lugar, simplificación de la gestión de los recursos; y en tercer lugar, una mayor consideración de los resultados alcanzados a la hora de repartir los fondos, algo que he pedido, en vano, en reiteradas ocasiones. 
A continuación, paso al propio Fondo Social Europeo. 
Permítanme, por favor, dejar absolutamente claro que, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, estamos muy preocupados por los- a veces- graves casos de mala gestión del dinero procedente del Fondo Social por parte de los Estados miembros y que damos todo nuestro apoyo a la Comisión, señora Comisaria, por lo que se refiere a sus investigaciones y controles. 
Hay veces en que tenemos la sensación de que algunos Estados miembros no quieren hacer un esfuerzo por mejorar las cosas. 
Como ponente para la última reforma del Fondo Social, me preocupa enormemente leer lo que el Tribunal de Cuentas ha escrito ahora, en su informe especial, sobre el uso del «capital social de riesgo» , un instrumento que esta Cámara hizo aprobar especialmente para obligar a los Estados miembros a destinar una cantidad adecuada de fondos, en forma de «subvenciones» , a ONG y asociaciones locales. 
El Tribunal de Cuentas señala que los Estados miembros apenas han hecho uso de este instrumento, y en dos países, Alemania y Austria, no se ha empleado en absoluto. 
De verdad que no lo entiendo. 
Por otro lado, tengo que preguntarle a la Comisión por qué no nos informó antes de esta intolerable situación. 
Lo cierto es que algunos Estados miembros han infringido claramente el Reglamento del Fondo Social. 
Por tanto, apelo a la Comisión y a los Estados miembros para que den, sin tardanza, con una solución aceptable para todas las partes. 
Esta tarde, la Comisión va a presentarnos su propuesta de directrices de empleo. 
Por primera vez, vamos a contar con directrices de empleo para tres años. 
Esto nos dará la oportunidad, por fin, de convertir el Fondo Social Europeo? el único instrumento del que disponemos, a escala europea, en el ámbito de la política del mercado laboral? en parte integrante de la estrategia de empleo, porque entonces dejaremos de tener diferentes períodos de validez. 
Tenemos ahora, por primera vez, la oportunidad de hacer encajar coherentemente la estrategia de empleo con las medidas del Fondo Social, con el fin de reducir el desempleo y? 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
. (ES) Señor Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer expresó- y agradezco al ponente, Sr. Casaca, que las haya incluido en su informe- una serie de consideraciones, que voy a señalar. 
Por una parte, estamos satisfechos de los esfuerzos que ha realizado la Comisión durante el ejercicio 2001 para integrar el aspecto de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas de la Unión y, en particular, en los nuevos ámbitos como el comercio internacional, los contratos públicos, la política de asilo y el medio ambiente. 
Esta es una buena forma de trabajar para conseguir el objetivo de igualdad de oportunidades que, como todos ustedes saben, está contemplado en el Tratado como uno de los objetivos que hay que cumplir en todas las actividades comunitarias. 
A este respecto, tengo que señalar, como ya lo han hecho otros colegas, los problemas que se han presentado en la gestión de los Fondos estructurales. 
He sido responsable de un informe de iniciativa sobre el cumplimiento del objetivo de igualdad en los Fondos estructurales, ya que es un programa importantísimo que lamentablemente no se ejecuta adecuadamente y que deja fuera criterios tan importantes como este de la igualdad de oportunidades. 
Esperamos que en el futuro se adopten más iniciativas y se simplifiquen los procedimientos, para que estos Fondos sean utilizados adecuadamente para lograr este objetivo. 
También nos parece inaceptable que, aunque el Fondo Social Europeo tiene como objetivo establecido el 15% de los gastos totales para fomento del empleo de las mujeres, solo se haya destinado el 6%. 
Por tanto, aunque el 15% no es un porcentaje especialmente alto, nos parece que el hecho de que ni siquiera se haya alcanzado la mitad, debe corregirse en el futuro, ya que una de las herramientas más importantes para la integración de hombres y mujeres, para la igualdad, siempre es el empleo. 
Nos satisface también el desarrollo del programa Daphne, que ha concluido a finales de 2002 y cuya nueva fase ya está en marcha. 
Hemos expuesto una serie de consideraciones sobre la prórroga del programa Daphne, que esperamos sean tenidas en cuenta en el informe de la Comisión y en la nueva fase de este programa, tan importante para luchar contra la violencia ejercida sobre las mujeres y que tan buenos resultados ha dado, por lo cual felicito a la Comisión. 
Finalmente, nos gustaría que en la gestión financiera de la Comisión figuren claramente los esfuerzos que se hacen para destinar una parte del presupuesto de los programas comunitarios a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Esperamos que esto se tenga en cuenta en el próximo ejercicio presupuestario. 
Señor Presidente, Señorías, han oído las noticias. La Comisión de Control Presupuestario propone aprobar la gestión del ejercicio 2001 de todas las instituciones, excepto el Comité de las Regiones, que tiene hasta el otoño para acabar sus deberes: debe eliminar las contradicciones existentes en las dietas de estancia y de viaje y en otros apartados, así como emprender una auditoría exhaustiva. 
Propone también posponer la aprobación de la gestión de cinco organismos que reciben dinero del presupuesto de la UE hasta que se armonicen sus actos constitutivos con el nuevo Reglamento Financiero. 
No obstante, permítanme comenzar mi intervención dándoles las gracias a todos los ponentes, por su trabajo concienzudo y responsable, y a los miembros de las comisiones, por su cooperación constructiva, y especialmente a las secretarías de las comisiones, por su gran apoyo. 
Hemos abierto nuevos caminos con el procedimiento de aprobación de la gestión de 2001 porque han entrado en vigor normas que no son siempre claras y que pueden traer consigo dificultades. 
La primera cuestión se refiere a la votación de la reunión de abril. 
La Comisión de Control Presupuestario tiene dos alternativas: o bien, proponer que se apruebe la gestión, o bien, proponer que se posponga. 
Si, en el segundo caso, el Pleno rechazara la propuesta, la gestión se consideraría aprobada. 
Se trata de un voto implícito de aprobación que, a mi modo de ver, no hace justicia a la importancia del procedimiento de aprobación de la gestión. 
¿Qué quedaría entonces de una decisión original estricta que tendría que suavizarse mediante el ajuste a una decisión indirecta de aprobación de la gestión? 
¿Siguen siendo correctas las cuentas, en tal caso, ahora que, a diferencia del caso anterior, tenemos que presentar cuentas para cada informe de aprobación de la gestión, algo que parece discutible? 
No obstante, todas las aprobaciones de la gestión deben publicarse en el Diario Oficial. 
Ayer por la tarde, la Comisión de Control Presupuestario tuvo que acatar otra norma nueva. 
Todas las enmiendas presentadas para el Pleno tuvieron que examinarse. 
La manera en que se supone que hay que hacerlo no se explica en ningún sitio. 
Por tanto, procedimos de forma pragmática y, teniendo en cuenta la anterior votación de la Comisión de Control Presupuestario sobre propuestas presentadas de nuevo, sometimos a votación nuevas propuestas, de las que solo había un número reducido. 
Hay algo que está muy claro: el Pleno y los Grupos son los dueños de la situación. 
Nuestra comisión puede hacer propuestas pero no fijar parámetros. 
Creo que esta nueva norma complica el procedimiento de aprobación de la gestión. 
Sin las novedades aludidas, quizás habría votado a favor de un aplazamiento del informe Casaca, porque el ponente ha enumerado los defectos de la Comisión clara y pormenorizadamente, mientras que los demás ponentes se han limitado a comentarlos. 
Estos defectos tienen que ver especialmente con el sistema contable: las decisiones del personal son discutibles y las reformas se han emprendido demasiado tarde y con poco entusiasmo, a pesar de los reiterados avisos del Tribunal de Cuentas. 
Si voy a votar a favor de la aprobación de la gestión, pese a todo esto, es porque no quiero correr el riesgo de que suceda lo que he descrito al principio. 
La Comisión no debe tomar esto como una carta blanca: debe cumplir nuestras peticiones de manera meticulosa, rápida y, por encima de todo, transparente. 
No queda mucho tiempo hasta el próximo procedimiento de aprobación de la gestión, que comenzará en noviembre. 
Esperamos que se produzcan resultados positivos para entonces o, de lo contrario, repetiremos todas nuestras quejas y lo haremos con condiciones aún más estrictas. 
Los puntos se mencionan a continuación: el procedimiento con respecto a Eurostat todavía no ha concluido, aunque se han dado los primeros pasos, y lo que la Comisión de Control Presupuestario solicita es que expertos externos examinen todas las alternativas de presentación de las cuentas y de su reforma. 
Estas deberán debatirse posteriormente en una audiencia. 
Una propuesta a tal efecto se va a presentar hoy, otra vez, de forma extendida. 
Les pido que voten a favor de ella. 
Permítanme dar las gracias nuevamente a todos aquellos que han participado en esta colosal tarea. 
Señor Presidente, ahora que los ponentes han hecho comprender algunas cosas a la Comisión, quisiera centrarme en los aspectos políticos del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Los diputados de esta Cámara usan claramente distintas varas de medir por lo que se refiere al procedimiento de aprobación de la gestión, así como distintos usos políticos de este. 
Nuestro criterio es que se apruebe la gestión en aquellos casos en que se haya expresado un compromiso claro de solucionar las deficiencias admitidas y no se haya producido una conducta indebida grave. 
Que yo sepa, es también cierto que para lograr este compromiso, los ponentes han realizado un gran número de ofertas que no se podían rechazar. 
Creo que esta es una forma sensata de proceder. 
Para nosotros, hay siempre dos alternativas cuando se trata de un procedimiento de aprobación de la gestión. Estas opciones son, en palabras del Reglamento, aplazar la aprobación de la gestión o conceder dicha aprobación. 
No obstante, tenemos también que dejar claro que por nuestra experiencia de cuatro años sabemos que algunos diputados de esta Cámara- y me refiero a los autoproclamados euroescépticos- han tratado siempre de reducir el procedimiento de aprobación de la gestión a una sola alternativa, a saber, conseguir el mayor número de votos posible para asestarle una puñalada a la Comisión, con la esperanza de que algún día se desplome. 
No creo que eso sea lo que entendemos por «tener en cuenta». 
Siempre hay dos opciones y no solo una. 
Tomemos el ejemplo del sistema contable. 
Siempre hemos partido de la suposición de que el Tribunal de Cuentas halla deficiencias que deben solventarse. 
Hemos pedido más pruebas para afirmaciones que van más allá, afirmaciones que se propagan con especial «ímpetu» en un país u otro, en publicaciones que, para mi sorpresa, se siguen llamando periódicos, pero estas pruebas nunca se han presentado. Es importante señalar esto. 
Como ponente general, el Sr. Casaca fijó condiciones claras, que se acordaron, en líneas generales, con los representantes de los distintos Grupos y fueron aceptadas por la Comisión. 
Nos ha complacido mucho oír hoy esto, de nuevo, de boca de la Sra. Schreyer y, por tanto, estamos a favor de la aprobación de la gestión. 
En el año 2002, fuimos testigos de los intentos sistemáticos de relacionar una disputa del personal de la Comisión con el encubrimiento de un posible fraude en el sistema contable. 
En sí misma, esa disputa del personal no habría causado mucho revuelo en la prensa. 
No obstante, lo vuelvo a repetir: el intento de establecer una conexión entre ambas cosas fracasó. 
Dicha conexión nunca se llegó a probar y, al final, todo quedó en una disputa del personal. 
Sin embargo, una disputa del personal no es razón para rechazar la aprobación de la gestión en un sistema en el que estos procedimientos de aprobación de la gestión existen. 
Al contrario, cuanto más histérico se volvió el intento de convertir en algo más la disputa del personal, más evidente se hizo, incluso para algunos periodistas, que no había nada más. 
Algunos diputados de esta Cámara, en particular, se dieron cuenta de que se estaba intentando orquestar algo cuando, una semana antes de la votación en comisión, un periódico de pronto catalogó como nuevo un documento que se había distribuido en el Parlamento unos meses antes. 
En este momento, puede decirse, a mi modo de ver, que hicimos lo correcto y que hemos demostrado que los autoproclamados euroescépticos pueden reducirse a su núcleo duro si someten a votación su verdadera agenda. 
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias por su labor a los ponentes y felicitarles por el resultado, en especial al Sr. Casaca, que se ha encargado este año del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión. 
Lo excepcional de este debate es que, en vísperas de las elecciones europeas del próximo año, la Comisión, una vez más, no ha recibido una Declaración de Fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas Europeo. 
No obstante, mi Grupo se va a alinear con aquellos que desean aprobar su gestión. 
¿Qué razones tenemos para hacer esto, pese a la negativa, o inexistente, Declaración de Fiabilidad? 
En primer lugar, muchos informes del Tribunal de Cuentas han revelado que se han producido mejoras en la gestión de la Comisión. 
En segundo lugar, se ha aprobado un Reglamento Financiero. 
Creemos que es necesario esperar para que el Reglamento surta efecto, y le estamos dando a la Comisión el tiempo necesario para ello. 
Nuestro tercer argumento para aprobar la gestión es que, si no lo hacemos ahora, en vísperas de la ampliación, los nuevos Estados miembros recibirán una impresión muy mala: parecerá que estamos enviando a la Comisión a casa. Eso es algo que no podemos hacer. 
Nuestro argumento final para aprobar la gestión es que nos ha parecido muy positiva la actitud de la Comisión con respecto al Parlamento en los últimos años. 
Cuando se ha solicitado información, esta se ha proporcionado a tiempo y de manera satisfactoria, e incluso la reacción ante los informes de iniciativa propia del Parlamento ha sido muy positiva. 
En consecuencia, recomendamos la aprobación de la gestión. 
La pregunta crucial para nosotros sigue siendo la siguiente: ¿qué tiene que hacer la Comisión para obtener una Declaración de Fiabilidad positiva? 
El Tribunal de Cuentas no lo dice en sus informes. 
Cada año, nos aguarda una nueva sorpresa en sus informes y se da a conocer otra lista amplia de aspectos que marchan mal. 
Me parece bien que la Comisión esté ahora en conversaciones con el Tribunal de Cuentas y que vaya a informar posteriormente al Parlamento de los criterios y los plazos de los que se va a valer para conseguir una Declaración de Fiabilidad positiva. 
Quisiera decir unas breves palabras sobre la agricultura. 
La característica más llamativa de la política agrícola actual es que ya no se basa en el apoyo a los precios, sino más bien en las ayudas a la renta: el sistema integrado de gestión y control. 
Lo irritante es que se aplica de manera diferente en cada país de la Unión Europea, lo que es inadmisible. 
En una Europa unida, se debería emplear el mismo sistema. 
Por tanto, quisiera llamar la atención de la Comisión, una vez más, sobre un informe de iniciativa propia- que da la casualidad de que elaboré yo, y que fue aprobado por el Pleno- en el que señalamos que, si la gestión del gasto agrícola en los Estados miembros actuales y futuros no está en orden, la Comisión debe suspender los pagos adelantados, con mucha más frecuencia, hasta que el sistema funcione, en lugar de llevar a cabo controles posteriores y presentar cargos penales. 
Señor Presidente, los diputados del Parlamento Europeo tienen buenos motivos para ejercer la autocrítica en este debate. 
Como antiguo miembro de la Comisión de Control Presupuestario, soy también culpable. 
No extraje las conclusiones correctas de los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas acerca de los defectos del sistema contable. 
No creí que las cuentas de la Comisión pudieran estar tan mal organizadas en un presupuesto de casi 100 000 millones de euros. 
Echando la vista atrás, el Tribunal de Cuentas proporcionó a los diputados de esta Cámara toda la información pertinente, y basándonos en ella deberíamos haber reaccionado antes a propósito de los puntos débiles del sistema. 
No estuvimos a la altura de la tarea. 
Somos responsables de los puntos débiles de los procedimientos de seguimiento, y la propia Comisión, de los puntos débiles del sistema. 
Los problemas no son casos concretos de negligencia: son inherentes al sistema contable. 
Las medidas tomadas por la anterior jefa contable, Martha Andreasen, hicieron posible que los problemas salieran a la luz. 
Hace tan solo un momento, la Sra. Andreasen me ha dicho que el emperador no tiene traje, que el sistema contable de la Comisión está corrompido hasta la médula y que es necesario rectificar las cosas cuanto antes. 
Es gracias a ella por lo que podemos ahora hablar de los problemas reales ante los que hacíamos la vista gorda. 
La Sra. Andreasen fue despedida por su gran celo, lo que constituyó una injusticia. 
La Comisión ha cometido un error al proteger a funcionarios que deberían haber sido despedidos por su total incompetencia profesional por lo que se refiere a sus habilidades contables. 
En lugar de ello, despidieron a la Sra. Andreasen. 
Los políticos no nos damos cuenta de los problemas cuando estos se hallan demasiado cerca o son demasiado grandes. 
No advertimos a tiempo los defectos del sistema contable de la Comisión, pero como ahora sí somos conscientes de ellos, tenemos que rectificar las cosas. 
Además, tenemos que limpiar la reputación mancillada de la Sra. Andreasen. 
No debemos limitarnos a rescatar a comisarios socialdemócratas y verdes con votos socialdemócratas y verdes del Parlamento. 
Como diputados del Parlamento Europeo, deberíamos sentir vergüenza del papel que hemos desempeñado. 
El informe de la Comisión de Control Presupuestario enumera muchos defectos, lo que no deja bien parado ni al sistema contable de la Comisión ni a nosotros mismos. 
Si nos fueran a eximir de nuestras responsabilidades con respecto a nuestra actuación, yo votaría en contra de ello. 
Señor Presidente, no es cuestión solo de educación dar las gracias al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y a todos los ponentes. 
Al contrario que el Sr. Seppänen, pienso que la Comisión de Control Presupuestario ha realizado un trabajo concienzudo y que, también en el pasado, ha tratado de sacar a la luz, a tiempo, cualquier problema. 
Antes incluso de que la Sra. Andreasen apareciera en los titulares de los periódicos, celebramos una audiencia en la Comisión de Control Presupuestario sobre el sistema contable y debatimos la cuestión con el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y con el Tribunal de Cuentas. 
Quisiera hacer especial hincapié en que los distintos ponentes, sobre todo el Sr. Casaca, se han esmerado mucho por comprobar cada detalle de este año y han escrito un informe muy crítico, un informe que no rehuye mencionar los problemas, pero que también deja claro que la Comisión se está esforzando por resolverlos. 
Por este motivo, nuestro Grupo va a apoyar también la recomendación de aprobación de la gestión. 
Al contrario que algunos oponentes de la UE, no creemos que esta recomendación de aprobación de la gestión sea una manera de tapar los hechos: se basa en un minucioso examen y en una evaluación crítica de la situación. 
Estamos a favor también de posponer la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones, porque todavía no ha resuelto satisfactoriamente los reiterados problemas con las cuentas de gestión, que deben solucionarse, de una vez por todas. 
No obstante, estamos particularmente preocupados por el SAPARD, que es un programa muy importante que tiene como objetivo preparar a los países candidatos para la ayuda futura del sector agrícola: por desgracia, solo se ejecutó el 9% en 2001. 
Las graves dificultades financieras del programa SAPARD no son una casualidad. 
El programa tenía que preparar a las zonas agrícolas y rurales para la adhesión, por medio de medidas para modernizar las explotaciones agrícolas y las industrias rurales y mediante la creación de la infraestructura necesaria y el suministro de información adecuada sobre el desarrollo rural. 
Tenía también que lograr que la población rural participara activamente en el diseño y la planificación de dicho desarrollo, que los Estados miembros estamos ya financiando a través del «segundo pilar» y el programa Leader. 
Por desgracia, las cosas no salieron como se esperaba. 
Durante las negociaciones de adhesión, la Comisión dio prioridad claramente a la aplicación del acervo comunitario. 
Utilizó el SAPARD como una especie de programa de formación para las administraciones de los países candidatos y como un globo de pruebas para la aplicación del acervo. 
El coste administrativo del programa alcanzó unas proporciones gigantescas y retrasó demasiado tiempo la autorización de las agencias. 
En el caso de Eslovenia, por ejemplo, crear la administración para el SAPARD ha costado más dinero del que jamás se haya proporcionado al país. 
Así pues, en lugar de conseguir que las gentes de las zonas rurales de los países candidatos estén deseando asociarse con los Gobiernos y las ONG, las expectativas se han visto amargamente defraudadas de manera casi general, y las experiencias negativas con el SAPARD han beneficiado, por desgracia, a aquellos que se oponen a la adhesión a la UE. 
La Comisión ha anunciado ahora que va a celebrar, esta primavera, una conferencia sobre el futuro de los programas SAPARD y Leader en los nuevos Estados miembros y que posiblemente va a modificar los reglamentos del SAPARD. 
Creemos que es algo necesario y urgente, y cuenta con nuestro apoyo. 
Quisiera concluir realizando una observación más. 
La Comisión cuenta con algunos funcionarios valientes, y decididamente no me refiero a la Sra. Andreasen, con funcionarios valientes que han incluido en la agenda la cuestión del Eurostat y que han tratado de resolver este problema por los cauces internos. 
Espero que el Parlamento y la Comisión aprecien, alaben y apoyen, en el futuro, esta valiente labor más que los titulares falsos de los eurófobos, que los titulares falsos de la Sra. Andreasen, que está permitiendo que la utilicen primordialmente los enemigos de la UE. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes por los siete informes que estamos debatiendo hoy. 
Estos informes se centran, una y otra vez, en los principales problemas que afectan a la gestión financiera de los ingentes fondos que los contribuyentes de los quince Estados miembros aportan a la UE. 
Algunas de las cuentas son razonablemente satisfactorias pero, por desgracia, esto se aplica, sobre todo, a servicios pequeños, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Comité Económico y Social, al Defensor del Pueblo Europeo, al Parlamento y a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
No obstante, hay que decir que la situación sigue siendo completamente insatisfactoria en los grandes ámbitos que son competencia de la Comisión. 
En el extraordinario informe del Sr. Casaca, se hace hincapié en que, aunque las cuentas, en su conjunto, son formalmente correctas por lo que se refiere a los ingresos, al pasivo y a los gastos administrativos, no se puede decir lo mismo todavía de los demás pagos. 
En el informe se señala también que, en los últimos seis años, apenas se han tenido en cuenta los comentarios del Tribunal de Cuentas sobre el sistema contable. 
Se subraya el hecho de que, con respecto al cierre de las cuentas de 2001, la Comisión infringió el Reglamento Financiero, y página tras página, leemos observaciones de peso que deberían hacernos adoptar una posición muy diferente que vaya más allá de lo que estamos haciendo en la actualidad. 
Se siguen cometiendo demasiados fraudes y demasiadas estafas, y cuando salen a la luz gracias a una funcionaria honrada- ya sea Dorte Schmidt-Brown o Marta Andreasen -, la persona en cuestión es despedida y, con frecuencia, acaba con la reputación por los suelos. 
Se dice que dicha persona no está «bien de la cabeza» y se da un ascenso a los responsables. 
Fíjense que la Comisaria de Presupuestos, la Sra. Schreyer, no ha respondido a la petición del Sr. Blak de que se indemnice a Dorte Schmidt-Brown. 
Los comentarios del Sr. Blak cuentan con mi apoyo. 
La Sra. Schreyer va a tener la oportunidad de intervenir de nuevo y de responder a la petición expresa del Sr. Blak. 
Pienso que hay falta de voluntad en el Parlamento para corregir la mala gestión económica- del todo inaceptable- que estamos presenciando con respecto a grandes apartados de los fondos comunitarios. 
La UE no se creó ayer. 
La UE no es una unión de países inestables en vías de desarrollo. 
La inmensa mayoría de los Estados miembros cuentan con administraciones nacionales que funcionan de manera mucho más responsable y precisa que la UE. 
No obstante, la realidad es que en la administración de la UE, la responsabilidad es un concepto que no está definido en absoluto. 
Es evidente que la Comisión no tiene control alguno sobre los directores generales y sus funcionarios, y a pesar del número de veces en que el Parlamento se queja de fallos y deficiencias, estos no se corrigen adecuadamente. 
Siempre parece estar presente la mentalidad de que este no es nuestro dinero y de que las personas en cuestión no rinden cuentas de la misma manera en que los funcionarios y los políticos nacionales rinden cuentas por los presupuestos de los Estados. 
La UE habla de una mayor democracia, de una mayor transparencia y de una UE para los ciudadanos, pero lo cierto es que la UE es todo lo contrario: cuanta más UE, menos democracia, menos transparencia y menos responsabilidad, pero los ciudadanos están demasiado lejos como para darse cuenta de ello. 
El Parlamento perjudica a la UE haciendo la vista gorda, año tras año, ante el hecho de que las reformas solicitadas por el grupo de sabios en 1999 todavía no se han llevado a cabo. 
La mayor parte de los diputados votaría, sin duda, a favor de todos los presupuestos porque no se atreve a decirles a sus ciudadanos que la administración de la UE no funciona bien del todo. 
Por tanto, la Comisión puede aceptar las críticas fácilmente. 
No pasa nada, aunque las reformas se aplazan año tras año. 
No obstante, estamos enviando el mensaje equivocado al aprobar todas las cuentas. 
Seremos unos irresponsables si les decimos a nuestros votantes que estas están bien, porque no lo están en absoluto. 
Partiendo de ello, algunos de nosotros queremos votar en contra de los informes relativos a la Comisión, a los Fondos de Desarrollo y a los organismos, pero vamos a votar a favor de los informes que recomiendan posponer la aprobación de la gestión. 
Por último, quisiera dar las gracias a los ponentes por la excepcional labor que han realizado en estos informes tanto ellos como sus ayudantes. 
Señor Presidente, voy a insistir, igual que mis colegas, en lo que se ha dicho en cuanto al trabajo realizado en los informes de este año. 
Y por tanto, quiero transmitir, también, mi felicitación al ponente para el fondo, el Sr. Casaca, así como a los otros ponentes, como el Sr. Blak, el Sr. Sørensen, el Sr. Staes y la Sra. Langenhagen, que han hecho un excelente trabajo, cada uno de ellos en el ámbito que les ha correspondido. 
He podido observar personalmente cómo los ponentes, que tenemos la obligación de realizar el control de la gestión en los distintos ámbitos, recibimos presiones externas, recibimos presiones de los propios grupos políticos para que nuestro trabajo tenga una orientación determinada. 
Es necesario hacer abstracción de esas presiones para poder realizar un trabajo riguroso y objetivo que es lo que, en mi opinión, los diferentes ponentes han conseguido este año. 
Se han planteado problemas muy graves y, en particular, en el informe del Sr. Casaca han surgido problemas en lo que se refiere a la contabilidad, al programa Sapard y a Eurostat, por ello, el ponente ha tenido que hacer un esfuerzo especial para conseguir que se encuentren soluciones que permitan, concediendo la aprobación del control de la gestión a la Comisión, encontrar soluciones eficaces para el futuro. 
Creo que ello ha exigido un trabajo importante que el Sr. Casaca ha hecho de una manera excelente y por el que, por tanto, insisto en que debemos felicitarlo. 
También los otros ponentes han sufrido presiones externas. 
Hemos estado sometidos durante este año a presiones por parte de la prensa con noticias, que a veces eran ciertas, a veces estaban manipuladas, que han intentado influir en nuestro trabajo. 
A mí, señora Comisaria, no me gusta que me influyan en estos trabajos, quiero tener un criterio propio, hacer estudios propios, analizar muy bien lo que ocurre y, por tanto, tengo que agradecer que la Comisión haya prestado una colaboración enorme para aclarar todas estas cuestiones, para que el Parlamento pueda tener una opinión propia a la hora de emitir su dictamen. 
Ésa es la línea en la que yo he trabajado y, por tanto, mi Grupo va a conceder la aprobación de la gestión a la Comisión este año. 
En los diferentes informes hemos seguido el mismo criterio porque nos parece que este es un trabajo de responsabilidad por parte del Parlamento en el que hay que hacer un análisis muy riguroso. 
Nosotros defendemos los intereses de los ciudadanos europeos pero, sobre todo, hemos de tener en cuenta las consecuencias de lo que se decida en este Parlamento. 
Por tanto, la responsabilidad y el rigor a la hora de realizar el trabajo tienen que imponerse. 
Esa ha sido mi forma de trabajar, creo que la misma en el resto de los ponentes y, por tanto, aunque ha sido un año especialmente complicado y duro- todos los miembros de la comisión lo sabemos- hemos tenido la suerte de contar con la dirección de nuestra presidenta, que en todo momento ha hecho un buen ejercicio de su responsabilidad y creo que el resultado final será satisfactorio. 
Señor Presidente, Señorías, estamos hablando aquí de un período de reforma y de cómo evaluarlo. 
Dicho período no ha terminado todavía, por supuesto, de manera que también está justificado que una vez más echemos algunas flores a la Comisión por adelantado. 
El hecho de que estemos devolviendo a los Estados miembros miles de millones de euros porque no somos capaces de poner en práctica algunos programas no significa que seamos especialmente austeros, sino simplemente que no somos capaces de poner en práctica políticas que hemos acordado. 
Pero esto no solo es cuestión de los Estados miembros, señora Comisaria; el hecho de que las organizaciones de protección del medio ambiente vean cómo de un año para otro se les retira- de forma más o menos deliberada- el apoyo que estaban recibiendo tiene que ver algo también con la infrautilización del presupuesto europeo. 
El hecho de que los firmantes de una solicitud para un proyecto hayan de esperar años para que se les conceda el dinero del contribuyente europeo, tampoco guarda ninguna relación con el ahorro o la buena gestión. 
Señora Comisaria, usted ha planteado el tema de Eurostat. 
No tiene nada que ver con la OLAF; se sabe que la OLAF ha informado a la Comisión. 
Pero si el Secretario General de la Comisión no sabe dónde está el despacho del Sr. Solbes Mira, ese es un problema de la reforma interna de la Comisión. 
Tendrán que vigilar esas cosas en los próximos años. 
La OLAF está haciendo un espléndido trabajo aquí. 
Hasta ahora se han presentado dos denuncias en Luxemburgo. 
Solo nos queda insistir en que Luxemburgo cumpla con sus obligaciones, haga el seguimiento de las denuncias que afecten a la protección de los contribuyentes europeos y, en última instancia, formule las acusaciones pertinentes. 
Ahí está PerryLux, un caso tremendamente deplorable, que ya tiene un par de años y respecto al cual Luxemburgo aún no ha hecho absolutamente nada. 
Quiero hacer desde aquí un llamamiento a Luxemburgo para que se tome algo más en serio que hasta ahora la protección de los intereses de los contribuyentes europeos. 
No podemos tolerar una situación en la que se beneficien de disponer de miles de funcionarios de la Unión Europea destinados en Luxemburgo, pero que eludan toda responsabilidad a la hora de salvaguardar los intereses de los contribuyentes europeos. 
Hemos mencionado un punto- y esto se lo quiero decir al Sr. Blak- sobre las Agencias. 
¿Sabe lo que son los superusuarios? 
Volvemos a toparnos con la reforma, señora Comisaria. 
Son individuos que habilitan a una misma persona para realizar las funciones de gestor de recursos, de responsable de autorizaciones, de controlador financiero y de contable. 
Cualquiera que tenga algo ver con el mundo de la auditoría sabe que eso supone abrir de par en par las puertas para la posible malversación de fondos. 
En nuestras Agencias tenemos situaciones de ese tipo. 
Hay que terminar con ello. 
El Sr. Blak ha planteado muy justificadamente tal situación en sus informes. 
Quiero instar a todo el mundo aquí hoy a que, si tal situación vuelve a repetirse el año que viene, adoptemos la postura de rechazar las cuentas de esas Agencias. 
Un último comentario. Hemos decidido aplazar la aprobación de las cuentas del Comité de las Regiones. 
Las últimas noticias procedentes del Comité de las Regiones apoyan nuestra decisión. 
Resulta inconcebible que se trate ahora de castigar al mensajero de tan nefastas nuevas, al controlador financiero, por lo ocurrido allí. 
Esa no es la forma correcta de proceder. 
Otros oradores se pronunciarán con mayor extensión sobre el tema. 
A mi solo me queda advertir al Comité de las Regiones y a su Secretario General para que no sigan por ese camino, porque no dudaremos en extraer las conclusiones lógicas. 
Señor Presidente, no dispongo de tiempo suficiente para rebatir los ataques a las críticas formuladas por el Sr. Kuhne y la Sra. Avilés Perea. 
Cuatro años después de las revelaciones de Paul van Buitenen, que desembocaron en la dimisión de la Comisión precedente, la utilización de un sistema informático inadecuado de contabilidad sigue minando la fiabilidad de las cuentas. 
Dicho sistema está formado por una serie de módulos no integrados y se ha revelado incapaz de detectar errores o acciones ilegales. 
Los funcionarios que detectan estas deficiencias y están dispuestos a colaborar en la búsqueda de una solución rápida no reciben ningún reconocimiento, sino que son objeto de castigo. 
Durante años se han venido aplazando las soluciones para fechas posteriores y hasta 2005 no sabremos si realmente se ha resuelto algo. 
Los Estados miembros no se hallan presionados por los innumerables procedimientos de infracción por incumplimiento del Reglamento, puesto que no han dado lugar a demasiadas investigaciones o sanciones. 
Una situación análoga dentro de un Estado miembro o una región de un Estado miembro provocaría probablemente el rechazo de las cuentas anuales. 
¿Por qué tenemos entonces que aprobar nosotros un documento relativo a la Comisión antes de que se hayan resuelto todos los problemas? 
En mi opinión, la aprobación de la gestión de la Comisión en este momento enviaría un mensaje erróneo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la ejecución del presupuesto por parte de la Comisión ha sido muy cuestionable desde hace años. 
Durante su toma de posesión en 1999, esta Comisión prometió solemnemente que habría un cambio para mejor. 
Sin embargo, hoy, cuatro años más tarde, está aún por ver una Declaración de Fiabilidad por parte del Tribunal de Cuentas europeo. 
Una vez más tenemos que contentarnos con una declaración de que la Sra. Comisaria va a hacer realmente cuanto esté en su mano para mejorar la situación y con su promesa de que en 2005 estará funcionando un sistema contable moderno. 
No hemos escuchado ningún compromiso formal para 2003 y 2004; no lo hemos escuchado ni siquiera cuando solicitamos expresamente a la Sra. Schreyer que afrontara los problemas urgentes de manera inmediata. 
Por consiguiente, el aplazamiento de la aprobación de la gestión constituye en el fondo el proceder lógico. 
El informe del Sr. Casaca proporciona una amplia base para ello. 
Así podremos ver si la Comisión hace verdaderamente algún progreso en los próximos seis meses. 
La mala gestión por parte de la Comisión empaña la reputación de todas las instituciones europeas. 
A pesar de ello, la mayoría de este Parlamento parece inclinarse por permanecer en el misterio. 
¿Favorece eso a los intereses del votante, del contribuyente? 
Estamos convencidos de que no. 
Por último, quiero plantear el tema de la contable interna, la Sra. Andreasen. 
Tanto el informe interno del auditor como los planes de modernización demuestran que sus críticas están bien fundadas. 
Por consiguiente, parece razonable que la Comisión salga de su atrincheramiento, admita abiertamente que se ha equivocado y detenga el expediente disciplinario, en lugar de disparar contra el mensajero del Comité de las Regiones. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a los ponentes. 
He sido testigo de excepción de su esfuerzo, y de su coordinación con todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. 
Los felicito al tiempo que me centro en el informe del Sr. Casaca, cuyo carácter positivo suscribo por las razones que paso a explicar. 
En primer lugar, por la actitud globalmente positiva de la Comisión en la colaboración de la redacción de este informe y en la respuesta a cuantas preguntas se le han formulado. 
Pero además, porque esta aprobación, o este informe, ha venido precedido de un análisis, no solo de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, sino también de las preguntas formuladas en el cuestionario, las respuestas ofrecidas por la Comisión, así como los documentos de trabajo formulados por algunos de los miembros de esta comisión. 
Se trata, no obstante, de una aprobación vigilante, que va acompañada de un sinfín de recomendaciones que la Comisión haría mal en desconocer, estoy seguro de que no será así y de que colaborará en ese sentido. 
Entre ellas cito brevemente las siguientes: en primer lugar, procurar eliminar las reservas en cuanto a la fiabilidad de las cuentas. 
Probablemente con la solución que ofrece el Sr. Mulder- a la que acaba de hacer referencia- en un diálogo abierto y constructivo con el Tribunal de Cuentas. 
Pero también debe ser consciente la Comisión- lo es sin duda- de la profunda preocupación de la Comisión de Control Presupuestario y estoy seguro que del Pleno de esta Cámara, por las deficiencias del sistema contable y la imperiosa necesidad de acertar en el modelo de contabilidad elegido. 
De ahí que hayamos presentado una enmienda para este Pleno, para que haya una auditoría acompañada de una audiencia, donde los protagonistas que en su momento tenemos que juzgar esta contabilidad, podamos expresar nuestras opiniones al respecto. 
Por otra parte, yo también señalaría la cautela en cuanto a la configuración de las agencias ejecutivas, la necesidad de poner límites a la infrautilización de los créditos, sobre todo en el ámbito de los Fondos estructurales, y el cumplimiento de los objetivos del Programa Sapard, sobre todo en su aspecto positivo de crear estructuras administrativas de apoyo en los países de inmediata incorporación a nuestro entorno. 
Señor Presidente, en la Carta de los Derechos Fundamentales, que todos tenemos en muy alta y justificada estima, el artículo 41 consagra el derecho a una buena administración. 
Cabría considerar como algo natural que aquí, en Europa, cada Estado miembro dispusiera de una administración justa e imparcial, que velara por los intereses de sus ciudadanos. 
En el terreno específico de la administración presupuestaria, algunas virtudes como la austeridad, la eficacia, la rectitud y la fiabilidad son especialmente apreciadas. 
Pero la realidad es que, por octava vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas europeo se ha negado a emitir una declaración de fiabilidad a la Comisión, certificando que esta última ha administrado con prudencia y austeridad el dinero de los contribuyentes europeos. 
Las deficiencias contables que una mujer valerosa, una funcionaria de alto rango en la Comisión, sacó a la luz en la primavera de 2002 son escalofriantes, incluso para quienes poseen escasos conocimientos de contabilidad. 
La Comisión no había efectuado una auditoría de caja en los últimos diez años. 
En Eurostat, la Oficina Estadística Europea, los tratos de favor y la mala administración han sido evidentes y habituales, y han tenido un efecto devastador en el presupuesto comunitario. 
A pesar de todo ello, la Comisión no considera necesario adoptar acciones drásticas para poner remedio a la situación. 
Por el contrario, los funcionarios que sacan a la luz las deficiencias en vez de prestarse a ocultarlas, quedan apartados y son objeto de expedientes disciplinarios. 
Esta no es la manera- y dirijo estas palabras especialmente a la señora Comisaria- de que la Comisión cumpla con sus obligaciones. 
En el caso de que el Parlamento, como organismo de supervisión, tolere esta situación, estará incumpliendo igualmente su cometido. 
Me expreso de forma tan contundente porque soy un europeo convencido y porque quiero que esta Europa tenga un futuro y que se gane la confianza de nuestros ciudadanos. 
A la hora de administrar su propio presupuesto, creo que el Parlamento Europeo tiene que actuar de manera ejemplar. 
Siempre que en esta Cámara aprobamos nuestra propia gestión o la de nuestro Secretario General, nos queda un regusto amargo. 
Verdaderamente creo que esa tarea debería hacerla una institución diferente. 
Permítanme, sin embargo, referirme a los detalles del informe sobre el Parlamento. 
Las deficiencias encontradas nos resultan conocidas de tiempo atrás. 
Las decisiones acerca del personal tienen que ser más transparentes y la adjudicación de los contratos tiene que estar al margen de cualquier reproche. 
En nombre de mi Grupo, apoyo expresamente las demandas plasmadas en el informe. 
Y tengo la sensación de que las decisiones relativas a la adquisición y construcción de edificios, sobre todo en Bruselas, no siempre se pueden explicar. 
En cuanto a la aprobación de la gestión de las tres Agencias, resulta justificada nuestra preocupación por el posible solapamiento de responsabilidades y la posible redundancia de esfuerzos. 
La adaptación de sus responsabilidades a las necesidades de una UE ampliada sigue siendo igualmente muy poco satisfactoria. 
La adjudicación de contratos de consultoría mediante un acuerdo privado por parte del organismo conocido como la Agencia Kosovo, que en uno de los casos suponía unos honorarios mensuales superiores a los 25 000 euros, fue sin lugar a dudas el resultado de las presiones ejercidas por la Comisión, una influencia perniciosa, en mi opinión, que nos pone sobre aviso respecto a las negociaciones de la Comisión con las Agencias en general. 
Me pregunto si es necesario tener todas esas Agencias, que florecen como hongos por toda Europa. 
¿Existe alguna razón para que cada uno de los Estados miembros tenga que acoger al menos a uno de tales organismos? 
¿Podemos permitirnos mantener esos organismos y los necesitamos para algo? 
Creo que la Comisión los utiliza para eludir toda responsabilidad, pero luego interfiere de manera arbitraria en su actividad en ocasiones específicas. 
Esta situación provoca el descrédito total de la labor de las Agencias y nosotros en el Parlamento deberíamos oponernos decididamente a toda política de externalización, o dicho de otra manera, de contratar con organismos externos la ejecución de tareas propias de la Comisión, una política que viene siendo propugnada por el Consejo y la Comisión como el camino a seguir en el futuro. 
Señor Presidente, el 1 de abril hemos celebrado la entrada en vigor del Acuerdo Cotonú y el hecho de que dé luz verde al noveno Fondo Europeo de Desarrollo. 
Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a la aprobación de las cuentas del séptimo, octavo e incluso sexto Fondos Europeos de Desarrollo, y el aspecto que más se destaca es que una gran parte de dicha dotación no se ha invertido y que, por tanto, el Fondo se ha infrautilizado. 
La Comisión es una de las principales administradoras de los fondos de desarrollo en todo el mundo. 
El presupuesto administrado por la Comisión sobrepasa el 10% de todas las ayudas mundiales al desarrollo. 
Por tanto, recomendamos prestar mucha atención a los valiosos comentarios formulados tanto por la Comisión de Desarrollo y Cooperación como por la Comisión de Control Presupuestario. 
Se han cometido numerosos errores y carecemos de indicadores mensurables. 
A eso se suma la falta de coordinación con los Estados miembros, que se traduce en que la complementariedad entre la Comisión y los Estados miembros se queda a menudo en papel mojado. 
El Consejo no se centra en los temas estratégicos, pero está implicado en los 50 comités de gestión creados para hacer posible la microgestión de los diferentes proyectos. 
Existen fuertes críticas sobre la forma en que realizamos nuestro autocontrol. 
El único control que hacemos es de la legalidad, mientras que muchos contribuyentes se preguntan si realmente tenemos algo que exhibir en relación con nuestra labor de desarrollo. 
Por consiguiente, quiero unir mi voz a la de la Comisión de Control Presupuestario en su deseo por incluir en el presupuesto el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Me gustaría insistir en algo que considero muy peligroso: me refiero a los riesgos de la ayuda presupuestaria directa. 
Existe una tendencia creciente a favor de la misma y entiendo, lógicamente, que a primera vista parezca más simple. 
La ayuda presupuestaria directa asciende ya a 2 604 millones de euros, aunque sabemos que entraña grandes riesgos, que la ponente ha expuesto muy acertadamente. 
Para empezar está el riesgo de la sustitución. 
Dentro del contexto de la lucha contra la pobreza, queremos que el 35% de los fondos se destine a la infraestructura sanitaria y social- educación, en concreto- pero observamos que los países encuentran mucho más sencillo gastar el dinero en armamento. 
Valgan como ejemplo Uganda y Rwanda, que seguramente figuren en los registros de la Comisión como países cumplidores de todas las reglas. 
Sin embargo, deberíamos echar un vistazo a lo que esos países están haciendo en Congo Oriental y constatar la culpabilidad de ambos a la hora de saquear el país. 
Estamos proporcionando ayuda presupuestaria a países como esos. 
No estamos dedicando suficiente atención a las condiciones, ya que el informe las tilda- con toda razón, en mi opinión- de pobres y mal estipuladas. 
Lo que observamos es una falta de control de la gestión y la ejecución, por no hablar de las posibilidades de corrupción que se toleran y encubren como resultado de ello. 
En resumen, señora Comisaria, quisiera instar a que el Fondo Europeo de Desarrollo y el dinero que administra la Comisión para el desarrollo y la cooperación se someta a examen, no solo desde el punto de vista de la legalidad, sino del de los resultados alcanzados en relación con la prioridad que nos marcamos todos, a saber, la erradicación de la pobreza. 
- (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme manifestar mi más sincero agradecimiento por este animado debate. 
En este momento no puedo detenerme en cada una de las intervenciones, pero puedo comentar algunas cuestiones, empezando por algunas de las planteados por la Sra. Maes durante su intervención. 
Espero que la Convención garantice que el Fondo Europeo de Desarrollo no tenga un presupuesto independiente con sus propias reglas- muchas de ellas, complejas -, puesto que eso ha contribuido a una ejecución tan deficiente del mismo. 
Espero que la Convención tome la decisión de eliminar este fondo independiente del tratado constitucional, a fin de convertir la ayuda al desarrollo en parte integrante del presupuesto europeo. 
Quisiera asimismo puntualizar lo siguiente al Sr. Heaton-Harris: el gasto durante el ejercicio financiero europeo 2001 no fue de 98, sino de 79 millardos de euros. 
De hecho, en este debate ha quedado suficientemente reseñado que el presupuesto era relativamente reducido y que no llegó a gastarse en su totalidad. 
Respondiendo a la observación del Sr. Casaca, permítanme retomar el punto de que los recursos que los Estados miembros pueden retener cuando se reclaman los fondos asignados a las subvenciones agrícolas, en realidad van a parar a los presupuestos de los Estados miembros. 
En otras palabras, los Estados miembros están autorizados a utilizar como quieran ese 20%, que pueden retener en concepto de gastos administrativos, ya que se les exige naturalmente hacer frente a los costes administrativos incurridos por la agencia pagadora y estos fondos están destinados efectivamente a ayudar a sufragar tales costes administrativos. 
En cuanto a los comentarios del Sr. Blak acerca del antiguo jefe del proyecto Dotcom, quiero decirle que ese asunto está siendo ahora examinado de nuevo por el Vicepresidente Neil Kinnock. 
La cuestión de hasta qué punto se concede la subvención conforme al articulo 24 del Reglamento de Personal está siendo actualmente objeto de estudio. 
Unas palabras para el Sr. Camre: ha vertido usted unas acusaciones contra personas del equipo de colaboradores de la Comisión, señor Camre, que me veo obligada a refutar. 
Quiero subrayar una vez más que, ante alguna sospecha de irregularidad- concretamente, de fraude -, existe la obligación de informar a la OLAF, que se encargará entonces de efectuar las investigaciones pertinentes. 
No solo contamos con la OLAF, sobre la que he presentado hace poco un informe, para labores de vigilancia: también tenemos el Servicio de Auditoría interno y hemos establecido funciones de inspección en todas las Direcciones Generales. 
La situación descrita por el Sr. Bösch, en la que una misma persona actúa tanto como administrador de recursos como de inspector de finanzas, ya no es admisible con el nuevo Reglamento Financiero; ahora esas funciones tienen que ser ejercidas por personas diferentes. 
Lo mismo cabe decir de las Agencias; como quizá sepan, durante las últimas semanas se han efectuado los ajustes necesarios para adecuar los Reglamentos implicados, incluidas las disposiciones contenidas en los estatutos de las Agencias, con el nuevo Reglamento Financiero. 
En cuanto al sistema contable, permítanme volver a recordar que en el año 2000 encargamos un estudio para revisar dicho sistema. 
Una vez recibidas las conclusiones, el Director General y yo volvimos a modificar las propuestas de revisión del Reglamento Financiero e incorporamos nuevas reglas contables. 
Eso fue en 2001. 
Quiero volver a expresar mi agradecimiento al Sr. Dell ' Alba por su reconocimiento al Sr. Mingasson, que verdaderamente ha hecho contribuciones muy valiosas para la Comisión y que siempre ha sido un firme defensor de una mayor implicación parlamentaria en el proceso presupuestario. 
Gran parte de la «normativa blanda» que hemos introducido en este terreno en los últimos años para permitir una mayor participación parlamentaria en el proceso se debe a su esfuerzo. 
Y, también en el año 2001, la Comisión publicó un informe de trabajo acerca de la reforma del sistema contable. 
Pero las tareas que tendrían que haberse hecho en respuesta a ese informe se demoraron varios meses debido a la situación que todos ustedes conocen. 
Se ha realizado un esfuerzo ímprobo para recuperar el tiempo perdido. 
La Comisión de Control Presupuestario, como es sabido, ha acogido con beneplácito las propuestas sobre reforma y especialmente el plan de trabajo que establece la secuencia de medidas específicas previstas. 
La aseveración de la Sra. Stauner de que no se ha efectuado ninguna auditoría de caja en los últimos diez años carece totalmente de fundamento. 
El Tribunal de Cuentas europeo realiza una auditoría de caja todos los años como componente elemental, por así decirlo, de su función auditora. 
El Tribunal de Cuentas ha informado una vez más a la Comisión de Control Presupuestario sobre su auditoría anual. 
Considero que no debe menospreciarse aquí la labor del Tribunal de Cuentas europeo. 
El debate de hoy ha sido muy animado, ha estado a la altura de la intensidad de todo el proceso de reforma y ha sido un fiel reflejo de la forma intensiva, comprometida y meticulosa en que el Parlamento ha realizado todo el proceso de aprobación de la gestión. 
Se trata, obviamente, de reformas muy exhaustivas y el apoyo crítico por parte del Parlamento resulta vital para poder llevarlas a la práctica. 
Quiero dar las gracias al Parlamento y, concretamente, a la Comisión de Control Presupuestario, por su apoyo crítico pero decidido. 
Señor Presidente, manejamos una agenda muy apretada y ambiciosa, pero el Reglamento Financiero- que, como todos ustedes saben, ha sido totalmente revisado con la ayuda del Parlamento y que ya ha entrado en vigor- impone la obligación estatutaria de realizar dichas reformas antes del año 2005. 
Así lo prometimos explícitamente ante el Parlamento y la Comisión de Presupuestos. 
Por consiguiente, vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para alcanzar ese objetivo y les mantendremos informados constantemente de nuestro progresos. 
Si ponemos todo de nuestra parte, creo que este proceso de reforma puede llegar a feliz término. 
La Comisión Prodi ambiciona que todo el proceso de reforma de la Comisión quede concluido satisfactoriamente a finales de 2004. 
Señor Presidente, quisiera referirme muy rápidamente al hecho de que los oradores del Grupo del Partido Socialista Europeo apenas han hecho alusión al contenido de la aprobación de la gestión, limitándose a tirar piedras contra quienes están controlando este proceso con ojo crítico. 
La Sra. Morgan ha puesto la guinda al pastel con su calificación de hipócrita. 
. El debate queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 11.20, se reanuda a las 11.30 horas) 
- (DE) Señor Presidente, a la vista de la creciente importancia de la justicia reparadora, estoy muy agradecida al Reino de Bélgica por su iniciativa en esta materia. 
El objetivo consiste en establecer una red europea de puntos de contacto nacionales, diseñada para permitir un intercambio permanente de información relativa a la justicia reparadora y a uno de los métodos aplicados con más frecuencia para la resolución de conflictos, a saber, la mediación. 
Señorías, cualquier ciudadano de la Unión se puede desplazar libremente dentro de sus fronteras, pero por la misma razón puede convertirse en víctima de un hecho delictivo en cualquier Estado miembro. 
Algunos de los Diputados de esta Cámara y del personal de la misma han tenido experiencias personales penosas en las inmediaciones del edificio del Parlamento en Bruselas. 
Por otra parte, no creo que tenga mucho sentido seguir creando cada vez más organismos europeos nuevos. 
Por este motivo, he propuesto que la secretaría de la red de contactos se establezca como parte de la secretaría ya existente de la red europea de prevención de los delitos. 
Así se reducirán al mínimo los costes operativos, además de fomentar al máximo los efectos de sinergia entre las dos redes. 
Asimismo, he concretado mejor los objetivos de la iniciativa y he propuesto un fundamento jurídico diferente. 
Ahora bien, debe decirse que la creación de una red de puntos de contacto no puede constituir un fin en sí misma. 
La formación de un foro así constituye solo un primer paso. 
Así pues, nuestra tarea consistirá en promover nuevos avances en cuanto a la protección de las víctimas en cooperación con el Consejo y la Comisión. 
Europa tiene la oportunidad de adoptar medidas legales que conduzcan a una auténtica armonización racional del trato que reciben las víctimas de hechos delictivos en los Estados miembros. 
Señor Presidente, los ponentes alternativos y yo queremos proponer que se confiera a la enmienda 15 la condición de anexo. 
La enmienda 15 afecta entonces al apartado 65 b. 
Al mismo tiempo, deseo hacer un comentario acerca de la votación del apartado 66. 
Proponemos una votación en dos partes y recomendamos rechazar la primera parte del párrafo 66 y aceptar la segunda, que comienza por «lamenta asimismo que, incluso tras las promesas etc.» 
. 
(PT) Considero de máxima importancia que se establezcan y consoliden unos criterios objetivos para definir las regiones candidatas y unas reglas jurídicas claras para la modificación futura del sistema. 
La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) ha proporcionado desde la década de los setenta un método coherente único para la división geográfica del territorio de la Unión Europea. 
Constituye un elemento importante para las estadísticas regionales y proporciona la base para fijar la elegibilidad regional a la hora de obtener fondos estructurales. 
La aprobación de este Reglamento proporcionará, por vez primera, un fundamento jurídico claro y adecuado para establecer una clasificación de las Unidades Territoriales Estadísticas en toda la Comunidad, que hasta el momento ha sido objeto de negociación entre la Eurostat y los Estados miembros. 
Celebro en particular el amplio consenso de las tres instituciones respecto al texto tras la primera lectura en el Consejo, que ha aceptado plenamente la postura del Parlamento, adoptada en primera lectura. 
Por último, considero que la propuesta de crear un nivel 4 es importante, ya que existe la necesidad evidente de crear subdivisiones territoriales, pues de lo contrario seremos testigos de unos niveles inflados de riqueza en zonas constituidas por un centro de gran crecimiento y otras áreas con tasas de crecimiento muy bajas, muy por debajo de los niveles medios alcanzados en la zona... 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento) 
. 
(PT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la evaluación de la ponente, que ha recibido u amplio apoyo por parte de la Comisión. 
Para consolidar, profundizar y agilizar el mercado interior, es fundamental que se eliminen los trámites burocráticos que entorpecen la circulación de bienes sujetos a impuestos y se garanticen unos controles fiscales que disuadan de la evasión de impuestos y el fraude fiscal. 
A la vista de los modernos instrumentos que existen actualmente, parece deseable proceder a una centralización de los datos que permita interconectar entre sí a los organismos de los diversos Estados miembros. 
Ese es el objetivo de la propuesta de la Comisión, a través de un sistema de mensajería automatizado en tiempo real- EMCS (Excise Movement and Control System) -para hacer un seguimiento de los movimientos de las mercancías, integrado asimismo en el nuevo sistema de tránsito informatizado (NCTS) , que también está a punto de introducirse. 
En cuanto a las dudas suscitadas sobre la legitimidad de tal acción comunitaria en el ámbito de la fiscalidad, pienso que el problema queda definitivamente resuelto con la selección de un fundamento jurídico, dejando claro que se trata de una iniciativa administrativa para controlar la fiscalidad y mejorar el mercado interior, en ningún caso de una armonización fiscal. 
He apoyado también, en particular, la sugerencia de la ponente de aumentar la participación de los países candidatos antes de su adhesión a la Unión. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Sørensen se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo, así que hablemos de desarrollo. 
El Sr. Mario Collesano, jefe y representante de la sección siciliana del Partido de los Pensionistas, me llevó al aeropuerto Falcone-Borsellino en Palermo. 
Mientras hablábamos del informe sobre el Fondo Europeo de Desarrollo, me aconsejó no solo votar a favor del mismo, sino preguntar también al Parlamento qué ocurre con las ayudas al desarrollo, ya que sabemos que los fondos destinados al desarrollo de las regiones de Italia meridional, por ejemplo, salen de Bruselas y Estrasburgo pero nunca llegan a los ciudadanos europeos de Sicilia, Calabria o las regiones del sur de Italia, ni a los ciudadanos europeos de otras muchas regiones cuyo desarrollo está retrasado. 
Señor Presidente, yo también he estado en Nápoles, en la bella Nápoles, donde me despidió en el aeropuerto el jefe de la sección siciliana del Partido de los Pensionistas, el Sr. Fortunato Sommella. 
Pidiéndome que votara a favor del informe relativo, entre otras cosas, al presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente, me despidió con estas palabras: «En cuanto al medio ambiente, recuerde que en Nápoles estamos esperando y rezando para recibir subvenciones y ayudas de Europa que nos permitan regenerar la bella colina de Camaldoli, que domina el Golfo de Nápoles, a fin de que el sol napolitano pueda lucir sobre el Parlamento Europeo lo mismo que aquí. 
Voy a enviar el sol napolitano a Estrasburgo para que luzca el día que usted intervenga, señor Fatuzzo» y, efectivamente, como puede comprobar, señor Presidente, el sol de Nápoles está brillando incluso en este día de frío en Estrasburgo. 
. 
(PT) Comparto la convicción del ponente en cuanto a la importancia de Macao como puente entre la UE y la República Popular China debido a su historia y sus vínculos culturales con Europa, especialmente con Portugal. 
Coincido con su apreciación de los acontecimientos positivos que están teniendo lugar en la Región Administrativa Especial de Macao (RAEM) y constato que funciona la fórmula de «un país, dos sistemas». 
De manera análoga, estoy de acuerdo con la prioridad que el ponente atribuye a la designación de un responsable de la cooperación UE-Macao en la RAEM, reiterando la posición ya adoptada por el Parlamento Europeo y que he invocado en varias preguntas dirigidas a la Comisión. 
Quiero hacer hincapié en la necesidad de promocionar y diversificar la cooperación entre la UE y Macao y espero que este informe y su aprobación supongan una contribución esencial para la implicación de todos los organismos de la UE a la hora de promocionar esta cooperación. 
Celebro la oportunidad y claridad del informe y agradezco al ponente el apoyo que ha prestado al Grupo de Amistad Parlamento Europeo/RAEM, que yo mismo fundé hace poco tiempo. También quiero expresarle mi gratitud por su respuesta favorable a las enmiendas que he presentado. 
Una de esas enmiendas subraya la importancia especial que las autoridades chinas conceden al idioma portugués y el enorme reconocimiento otorgado por el Parlamento Europeo al portugués que es, en cuanto a número de parlantes, la tercera lengua europea de comunicación universal. 
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(PT) Coincido plenamente con el contenido de este informe. 
En particular, suscribo la declaración del ponente en el sentido de que el Derecho Comunitario es excesivamente profuso, demasiado complejo y equívoco, y que la inflación legislativa debilita al Estado de Derecho y aleja a los ciudadanos de sus instituciones. 
En el terreno específico de unos principios tan importantes como son los de la subsidiariedad y proporcionalidad, considero que el Informe Anual de la Comisión- Legislar mejor- podría suponer una aportación decisiva, reflejando la experiencia práctica de quienes se enfrentan a diario con la aplicación práctica de estos principios y pudiendo mejorar progresivamente su finalidad y su alcance. 
Pienso que esta es la justificación del presente informe, ya que la simple enumeración de las acciones de la Comisión no constituye un informe sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
En el ámbito del principio de subsidiariedad, acojo favorablemente la atribución a los parlamentos nacionales de una función de control a través de un sistema de alarma anticipada, la obligación por parte de la Comisión y de la Unión Europea de justificar todas sus propuestas y, en general, todas las medidas que favorezcan una mayor transparencia a la hora de invocar y aplicar el principio. 
Además, y dentro de este enfoque de auténtica subsidiariedad, hace algún tiempo defendí en esta Cámara la creación de una Comisión de Subsidiariedad en el Parlamento Europeo, para mejorar nuestros... 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento) 
Señor Presidente, el informe Grosch propone justificadamente introducir un examen adicional para los conductores de vehículos de mercancías y de pasajeros que circulan por Europa. 
¿Es peligroso conducir esos vehículos? 
¡Se me ocurre que también es una profesión peligrosa y además muy difícil estar al mando de cualquier gobierno en Europa! 
¿No sería una buena idea, por tanto, organizar también exámenes y cursos de formación para los Jefes de Gobierno y los ministros de los Estados europeos, quienes se encuentran al mando de los distintos países y tienen que realizar un trabajo tan difícil? 
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(PT) La adopción de la Directiva sobre la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera dotará a la UE de un arma vital en la lucha para prevenir los accidentes de tráfico que afectan a vehículos pesados. 
Portugal siempre ha destacado respecto a otros Estados miembros en lo concerniente a las estadísticas de la mortalidad en sus carreteras. 
Solo en 2001, se produjeron más de 42 500 accidentes, 5 800 de los cuales causaron muertos o heridos graves. 
Un elevado porcentaje de esta siniestralidad está provocado por vehículos que transportan pasajeros o mercancías pesadas. 
Por eso acojo favorablemente este informe, que contribuye a mejorar la seguridad en las carreteras, por una parte mediante nuevas tecnologías tales como los simuladores de conducción y, por otra, a través de cursos de formación continua para los conductores profesionales. 
Mi única lamentación es que la Directiva se aplique solo a los nuevos conductores que comiencen a ejercer esta profesión cinco o seis años después de su entrada en vigor. 
Teniendo en cuenta la tasa de siniestralidad de la profesión y su dificultad para atraer a nuevos trabajadores, considero demasiado largo ese plazo. 
También estoy de acuerdo en que los conductores reciban formación especial como medio para combatir la lacra del crimen organizado, la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. 
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(PT) Tenemos ante nosotros un proyecto de Directiva que pretende establecer el principio de un sistema de cualificación inicial y de formación continua obligatoria para los conductores en todos los Estados miembros, diferente de la formación requerida para obtener el permiso de conducción. 
El tema tiene una gran relevancia para la mayoría de los Estados miembros, tanto actuales como futuros, dado que ese tipo de formación solo es obligatoria en Francia y en los Países Bajos. 
Una vez analizada la propuesta de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, que estamos debatiendo ahora, queda claro que ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo relativas a la libertad de decisión de los Estados miembros sobre el cumplimiento de los requisitos de formación inicial, que pueden consistir en la asistencia a los cursos de formación y la aprobación de un examen posterior, o solo este. 
A continuación vendrá un período inicial de ocho años, al cabo del cual la Comisión procederá a analizar la equivalencia de los diferentes sistemas y de su eficacia desde el punto de vista del nivel de cualificación exigido. 
Es muy importante que la entrada en vigor de esta Directiva no sea retroactiva y, en consecuencia, que ninguna disposición derivada de la misma pueda aplicarse a los conductores que ya ejercen la profesión. 
Por el contrario, comprendemos perfectamente que esta Directiva se aplique a todos los conductores que se inicien en la profesión al menos cuatro años después de su entrada en vigor. 
Estos aspectos han sido determinantes para... 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
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(PT) La adopción de cualquier medida destinada a mejorar la seguridad del tráfico rodado debe acogerse con gran satisfacción. 
Estas medidas constituyen un desafío urgente: los accidentes de carretera son la causa más importante de pérdida de vidas humanas en Europa. 
Por tanto considero perfectamente apropiada la formación continua obligatoria de los conductores de vehículos pesados de mercancías en todos los Estados miembros. 
En cuanto al transporte de mercancías, llevo mucho tiempo reclamando que se conceda prioridad al restablecimiento del transporte por ferrocarril y a la revitalización del transporte marítimo de corta distancia (o cabotaje) y la navegación fluvial, en vez de centrar la atención en el más que sobrecargado sistema de carreteras. 
Por dicha razón, y además de la propuesta que nos ocupa, apoyo todas las medidas que favorezcan este nuevo equilibrio entre los medios de transporte y un mejor uso de las redes de transporte en el ámbito europeo. 
Este es un informe de la Sra. De Sarnez sobre Erasmus World. 
La expresión «Erasmus World» me recuerda a Fantasy World, Adventure World y Future World, o sea, Disney World. 
Se trata de un programa para gente joven, ¿pero cuándo tendremos un programa «Mundo Matusalén» , 200 millones de euros destinados no solo a la cultura y la cooperación a través de ayudas a los jóvenes, sino también para el intercambio cultural entre los mayores, que tanto viajan por todo el mundo? 
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(PT) La Unión Europea debe responder a las exigencias de una sociedad que se asienta sobre el conocimiento y está abierta al mundo. 
El programa Erasmus World nos permitirá responder a estos retos fomentando la calidad de la enseñanza superior y los intercambios culturales en cooperación con terceros países. 
De ahí la importancia de este informe, que cuenta con mi apoyo. 
Debemos reconocer que la enseñanza superior europea es de gran calidad y está a la altura de las necesidades del mercado laboral. 
El éxito de este programa solo puede garantizarse mediante un incremento del presupuesto que dote a los diversos proyectos de los fondos adecuados, así como con una rigurosa selección de los candidatos, las instituciones y el personal docente. 
Las becas que se concedan deben permitir la participación de todas las categorías de candidatos en estos intercambios. 
Resulta particularmente importante la divulgación de este programa mediante proyectos de comunicación e información y la elaboración de instrumentos de trabajo comunes que no constituyan ningún obstáculo para la movilidad de los candidatos. 
Por último, el nombre «Erasmus Mundus» es especialmente acertado, porque confiere al programa una dimensión mundial sin favorecer el idioma de ningún Estado miembro. 
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(PT) Felicito a la Sra. De Sarnez por el excelente informe que ha elaborado sobre la propuesta de decisión que establece un programa para mejorar la calidad en la enseñanza superior y fomentar el entendimiento intercultural a través de la cooperación con terceros países (Erasmus World) , al que otorgo mi apoyo pleno, sobre todo en lo que concierne a la necesidad de fomentar y consolidar la cooperación con terceros países en ámbitos como la educación. 
Quiero asimismo subrayar que este programa tiene que permitirnos de verdad crear un sistema europeo de enseñanza superior que sea eficaz y reconocido por la calidad de su formación y la acogida que ofrece. 
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(PT) Si alguna reforma tiene la potestad de modificar el semblante de nuestro país en el plazo de generaciones, esa es la reforma educativa. 
Por consiguiente, y pensando también en nosotros, he utilizado mi voto para adherirme a este programa Erasmus World. 
Aunque el programa se basa en una cooperación más estrecha con terceros países, su objetivo primordial es contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza superior y de la educación en general dentro de la Unión Europea. 
Ésta es la conclusión que nos vemos obligados a extraer si consideramos que el programa pretende: 
preparar a los ciudadanos de terceros países así como a los europeos para vivir y trabajar en una sociedad global basada en el conocimiento; 
reforzar la posición de Europa como centro de excelencia para la enseñanza superior; 
fomentar el entendimiento mutuo entre pueblos y culturas mediante los intercambios y la cooperación estructural. 
Para finalizar, quiero resaltar lo que parece un apoyo financiero adecuado para la creación de cursos, títulos, bolsas de estudio, asociaciones, conferencias, seminarios y todas las demás acciones que han de convertir esta iniciativa en una realidad. 
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(PT) Coincido plenamente con el contenido de este informe, ya que creo que mejora el texto propuesto por la Comisión y, sobre todo, porque se centra en un tipo de iniciativa cada vez más importante, como el programa «Erasmus». 
La sociedad global actual nos exige mejorar continuamente nuestra preparación de cara a los retos que debemos afrontar. 
Además de abrirse dentro de la Unión, la educación universitaria europea tiene que abrirse igualmente al mundo de los terceros países, contribuyendo así a que las universidades europeas se conviertan en centros de excelencia para la enseñanza superior. 
Este último objetivo proporcionará también un empuje notable a las propias universidades europeas, que adquirirán mayor visibilidad. 
Sin embargo, la apertura a los países no pertenecientes a la Unión no debe reducir el alcance, la expansión y el atractivo del programa Erasmus para los propios europeos. 
De hecho, debemos realizar un esfuerzo adicional para garantizar que el programa pueda ser una opción real para todo el mundo y, de hecho, ¿por qué no habría de convertirse en un componente normal de la educación universitaria en Europa? Tenemos que desarrollar medidas que potencien los efectos positivos de este tipo de programa, sin permitir que su incremento en número conduzca a un deterioro de su calidad. 
Señor Mauro, usted ha propuesto y ha logrado obtener del Parlamento Europeo la asignación de 54 millones de euros para educación y formación, gracias a la cual los profesores podrán aprender cómo enseñar a los estudiantes las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Como representante del Partido de los Pensionistas y los mayores de Europa, yo también solicito 54 millones de euros para formar a los profesores en cómo enseñar a los pensionistas y los mayores. 
Espero que el Parlamento- que hoy está representado aquí en gran número- atienda mis palabras y que, en la primera oportunidad que se le presente, vote a favor de asignar también 54 millones de euros a la educación de los mayores. 
El objetivo global del programa eLearning consiste en fomentar la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas europeos de educación y formación, para favorecer: 
un mayor diálogo intercultural 
el aprendizaje de idiomas 
el aprendizaje durante toda la vida y 
el intercambio de buenas prácticas. 
Las enmiendas presentadas mejoran la propuesta de la Comisión y este informe proporciona un empuje considerable para la consecución del objetivo de una sociedad basada en el conocimiento. 
En términos presupuestarios, el porcentaje destinado a las acciones preparatorias debe incrementarse y el porcentaje previsto para combatir la fractura digital debe reducirse, ya que existen otros instrumentos comunitarios más indicados para darle respuesta. 
Es esencial que se aumenten los fondos destinados al hermanamiento de las escuelas europeas a diferentes niveles dentro del sistema educativo. 
Una gran mayoría de las escuelas en los Estados miembros están conectadas a Internet, pero pocos profesores utilizan ese recurso como herramienta pedagógica. 
Hay que concienciar a los profesores de la importancia y del valor añadido, tanto para los estudiantes como para ellos mismos, que entraña la integración de Internet en la educación. 
Inmediatamente después de la Cumbre de Lisboa se adoptaron «e-Europe 2002» y los planes de acción para «e-Europe 2005» con el propósito de aprovechar la contribución que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden hacer al crecimiento económico. 
La educación electrónica o «eLearning» trata de utilizar estas tecnologías en la educación y la formación. 
Solo que, para quienes se han concentrado tanto en este terreno, debe decirse que las dotaciones implicadas son demasiado pequeñas, sobre todo dado el deseo de fomentar la integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los diferentes sistemas de educación y formación europeos, incrementando con ello su calidad y facilidad de acceso. 
Como señala el ponente, es muy importante centrarse en la formación de los profesores y no solo en la conexión de las escuelas a Internet. 
Basta mirar los datos publicados sobre las conexiones de las escuelas y la utilización de Internet por los profesores para comprender las enormes discrepancias y notables desigualdades que siguen existiendo en la Unión Europea. 
El informe procura, por tanto, ampliar y mejorar la propuesta de la Comisión, razón por la cual hemos votado a favor del mismo, aunque no llega todo lo lejos como nos hubiera gustado, puesto que nos parece importante que todos los estudiantes dispongan de igual acceso a Internet, lo cual dista mucho de ser el caso. 
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(PT) Felicito al Sr. Mauro por el excelente informe que ha elaborado sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la adopción de un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación de Europa (programa eLearning) , que apoyo totalmente, sobre todo en lo referente a la necesidad de desarrollar las nuevas tecnologías en regiones remotas. Quisiera también llamar la atención en particular sobre el papel que las nuevas tecnologías pueden desempeñar en las regiones ultraperiféricas que, debido a todas las limitaciones a las que se enfrentan y su situación actual, precisan ayudas para prepararse de cara a la era digital. 
Con relación a este programa, subrayaría la importancia de la formación del personal docente, sin la cual no podrá desarrollarse una política educativa eficaz ni hacer extensivo este programa para abarcar la escuelas primarias. 
También deseo expresar mi apoyo a la atención que este programa presta al uso de las nuevas tecnologías por parte de los discapacitados, así como la necesidad de desarrollar proyectos para enseñar las nuevas tecnologías a los mayores. 
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(PT) Lo mismo que dije en mi explicación de voto para el informe De Sarnez resulta aplicable aquí, en relación con una iniciativa pensada para incentivar la integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los sistemas de educación y formación europeos, mejorando su calidad y facilidad de acceso. 
Es particularmente significativo que el informe subraye el hecho de que el programa no pretende sustituir, sino apoyar y complementar, las acciones de los Estados miembros en este campo. 
El programa subvencionará proyectos piloto, actividades de investigación y seguimiento, acciones estratégicas de redes y asociaciones europeas, organizaciones europeas enfocadas a constituir «plataformas» y la prestación de asistencia técnica y administrativa en diferentes sectores. 
Por tanto, solo me cabe votar a favor del informe. 
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(PT) He votado a favor del informe porque creo que ya ha contribuido a enriquecer el debate y la reflexión acerca de las mejores vías para llevar a la práctica las ambiciosas metas fijadas en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo 2000 sobre «Una Europa de innovación y conocimiento». 
Con el programa eLearning (enseñanza electrónica) , integrado en la iniciativa e-Europe (acelerar la adopción de las tecnologías digitales en toda Europa y garantizar que todos los europeos disponen de las competencias necesarias para utilizarlas) , la Comisión ha propuesto un marco fecundo para la creciente utilización de las nuevas tecnologías en la educación y la formación. 
Los efectos están ya comenzando a ser visibles. 
En consecuencia, la Comisión Europea debería considerar un aumento del presupuesto para este periodo trianual, tal como aconseja el ponente y la Comisión de Presupuestos. 
Este tipo de inversión constituye una de las mejores garantías para consolidar una auténtica «Europa dinámica (?) basada en el conocimiento». 
Algo de enorme importancia es la advertencia del ponente de que necesitamos redoblar los esfuerzos en la formación de los profesores, ya que, según revelan las estadísticas, en algunos casos se dispone de recursos, pero apenas se hace uso de ellos. 
La creación de servicios y programas educativos europeos, que aceleren la conexión a Internet de colegios y profesores, a través de plataformas europeas y aulas virtuales: estas son algunas de las respuestas necesarias, en el intercambio de buenas prácticas... 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento) 
- (DA) El principio de la «justicia reparadora» es bueno y eficaz y debería fomentarse abiertamente. 
Hemos votado hoy a favor de un intercambio de experiencias en el ámbito intergubernamental. 
Rechazamos enérgicamente una armonización del derecho penal y el deseo de permitir a la UE formular sus propios planteamientos y políticas en materia de justicia reparadora. 
Hemos votado a favor de conservar el fundamento de la iniciativa belga relativa a la financiación por medio de contribuciones voluntarias de los Estados miembros y a la coordinación y, por tanto, hemos votado en contra de la enmienda del informe que pretende crear una secretaría controlada por la Comisión y financiada con cargo al presupuesto general de la UE. 
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(PT) He votado a favor de este informe. 
Comparto en gran medida la preocupación de la ponente ante la necesidad urgente de que los tribunales penales den una mejor respuesta a las necesidades de las víctimas, que a menudo se ven relegadas a un nivel meramente instrumental frente a la dicotomía Estado/infractor, que se ha convertido en el aspecto central de los asuntos y procesos penales. 
Considero que la aplicación de la justicia reparadora, con la debida atención a la adecuación y la proporcionalidad, puede ser una forma eficaz de hacer frente a esa situación y, en la medida que resulte aceptable, hacer responsables a los infractores de reparar o reducir los efectos prácticos del delito cometido. 
La creación de una red europea de puntos de contacto nacionales, que contemple las diferentes soluciones de los Estados miembros en materia de justicia criminal interna, que han surgido de sus sistemas y tradiciones jurídicas, mejorará el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas sin destruir la individualidad de los sistemas jurídicos nacionales ni crear estructuras artificiales que entren en conflicto con ellos. 
Debo subrayar, sin embargo, que esta vasta iniciativa de todos los partidos en el campo de los procesos penales no tiene que descuidar, en ningún caso, el bien común, en sus vertientes de orden público y paz social, so pena de sacrificar el fin último de las normas del derecho penal. 
- (DA) Hemos votado a favor del informe para garantizar una solución al problema de los ciudadanos de Kaliningrado. 
El problema real, no obstante, es el cierre de las fronteras exteriores para la cooperación de Schengen. 
Kaliningrado es solamente un ejemplo concreto de las consecuencias que la Fortaleza Europa tiene para los ciudadanos pobres fuera de la UE. 
Con el establecimiento de la Fortaleza Europa estamos construyendo un nuevo Telón de Acero en Europa. 
El cierre de las fronteras entre Rusia y Polonia y Lituania es tan antinatural para los ciudadanos de esos países como lo fue el Muro de Berlín para los berlineses. 
- (DE) Al igual que en los últimos años, he votado en contra de la aprobación de la gestión de la Comisión en 2001. 
La Comisión Prodi ha vuelto a fallar una vez más en el cumplimiento de su obligación de gestionar el dinero de los contribuyentes europeos con prudencia y austeridad. 
Por octava vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas europeo se ha negado a conceder a la Comisión la declaración de fiabilidad de sus cuentas. 
Las notorias irregularidades contables en la Comisión, que salieron a la luz por primera vez en la primavera de 2002, fomentan el fraude y la negligencia. 
Durante diez años, la Comisión no realizó ni una auditoría de caja. 
Se han destapado en Eurostat, la Oficina Estadística Europea, irregularidades y conflictos de intereses al más alto nivel, sin que se haya emprendido ninguna acción relevante en respuesta a tales descubrimientos. 
Una Unión Europea con este tipo de administración no puede hacer frente a las exigentes demandas que se derivan de la ampliación y del proceso continuado de integración. 
Señor Presidente, en la votación final nuestro Grupo ha votado en contra del informe Casaca. 
Lo hemos hecho con cierta renuencia, ya que el Sr. Casaca ha realizado un trabajo muy bueno: es de justicia reconocérselo. 
Compartimos el espíritu de la resolución, pero discrepamos con su conclusión final. 
En este momento, la tendencia política es a posponer seis meses la aprobación de la gestión. 
Resulta más que justificado intensificar la presión tras cuatro años de trabajos laboriosos. 
No nos dejemos engañar esta vez por las promesas y aseveraciones de la Comisión; esperemos a ver su actuación y los resultados que obtiene; de lo contrario, el Parlamento estará fallando en su misión más importante: supervisar el trabajo de la Comisión. 
Al conceder la aprobación de la gestión, la mayoría de este Parlamento ha dejado escapar la oportunidad y, por desgracia, la Comisión ha vuelto a obtener permiso para enredar durante los próximos dos años. 
Queremos distanciarnos de esta postura irresponsable y permisiva. 
Señor Presidente, anoche, la noche del 7 de abril de 2003, mientras paseaba por los alrededores del hotel en las inmediaciones de la estación de Estrasburgo, tuve un encuentro extraño. 
Me topé con el Sr. Fatuzzo tal como era el 1 de junio de 1990. No llevaba todavía mucho tiempo como diputado del parlamento regional de la región de Lombardía. 
Me paró y me dijo: «Escucha, Carlo, tú que eres ahora diputado del Parlamento Europeo, pide al Parlamento- cuando se debata el informe Avilés Perea relativo al Comité de las Regiones, entre otras cosas- que conceda mayor importancia a las regiones, que les otorgue poder legislativo, aunque solo sea un poder legislativo parcial, y que permita a los representantes electos de las regiones de toda Europa poder sentarse también en el Parlamento Europeo». 
Señor Presidente, después de dar mi paseo antes de acostarme por los alrededores del hotel, del que ya le he hablado, me fui a la cama y soñé con el informe Staes. 
El Sr. Staes entraba corriendo en el Parlamento Europeo de Bruselas- eran las 21.55 horas de la noche de un lunes -, se apresuraba a subir las escaleras para llegar a tiempo de firmar en el registro de asistencia, a fin de demostrar que había llegado a Bruselas antes de las 22.00 horas. 
Sin embargo, siento decir que no llegó a tiempo, en el sueño, y me dijo: «Señor Fatuzzo, vote por favor en contra de mi apartado 104 de la página 28, en el que se expresa mi preocupación por la ampliación del horario de apertura del registro central de firmas de 7.00 a 22.00 horas. 
De hecho, creo que sería mejor para los diputados llegar con tiempo y no tener que correr, como he tenido que hacer en este sueño». 
He tenido que dedicar todo el tiempo de mi intervención sobre el procedimiento de aprobación de la gestión al informe Casaca referente a las cuentas anuales de la Comisión Europea para 2001. 
Esto era inevitable teniendo en cuenta los ataques del Sr. Kuhne y la Sra. Avilés Perea contra funcionarios, periódicos y diputados al Parlamento Europeo que se han mostrado críticos, que piensan que la administración financiera sigue siendo susceptible al fraude. 
En consecuencia, no tuve la oportunidad de expresar mi aprobación del informe Staes concerniente a la gestión de la sección I, del propio Parlamento. 
Señala, con toda razón, los gastos anuales de 169 millones de euros que se derivan de tener complejos de edificios en tres ciudades, 40 millones de euros de los cuales se destinan a personal suplementario. 
También llama la atención sobre los costes adicionales de 3,9 millones de euros que suponen los viajes de una ciudad a otra entre Bruselas y Estrasburgo y la pérdida de 25 855 jornadas de trabajo al año. 
Es necesario, por tanto, concentrar las actividades del Parlamento en una sola ciudad y permitir que sea el propio Parlamento el que decida en qué ciudad lo hará. 
Esto es mejor que establecer una división del trabajo entre Estrasburgo y Bruselas, como se indica en el Tratado de 1997 o en la futura constitución de un superestado que difícilmente se podrá modificar. 
Incluso es totalmente acertada la crítica del ponente sobre la constante necesidad de negociar con especuladores de suelo cuando hay que ampliar los edificios de Bruselas. 
Votaré a favor de esta aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Blak trata, entre otras cosas, de las condiciones de vida y de trabajo en Europa. 
Tengo que decir que, hace un momento, cuando pasaba por delante del hemiciclo, coincidí con un numeroso grupo de pensionistas y personas mayores que estaban realizando una visita al Parlamento Europeo. 
Uno de ellos me reconoció y me dijo: «Señor Fatuzzo, ¡por fin lo conozco! 
Sé que a menudo apoya los intereses de los pensionistas y las personas mayores en sus discursos, y de verdad tengo que decirle que estoy contento con la vida que llevo. 
Me gustaría que se hicieran esfuerzos- debe usted reclamarlo cuando vote el informe Blak- por asegurar que todos, jóvenes y ancianos también, tengan una vida tan cómoda como la nuestra, que nos permite venir y visitar Estrasburgo». 
Tras mi estancia en Nápoles, señor Presidente, me dirigí a Trieste, donde tomé un tren para ir a otra ciudad italiana. Me despidió el representante de la división de Trieste del Partido de los Pensionistas, el Sr. Luigi Ferone, que me dijo: «Señor Fatuzzo, sé que tendrá que votar también sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
Pues bien, podría, por favor, decirle al Parlamento Europeo que Europa debe ser una Europa de acero, porque en este caso de la guerra en el Iraq me ha parecido que era una Europa de mantequilla. 
Queremos una Europa fuerte, una Europa tan fuerte como el acero. 
¡Eso es lo que debe decir! ». 
Y eso es lo que estoy diciendo. 
. Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 19.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas). 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0085/2003) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que incluye una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la reforma de las Convenciones en materia de estupefacientes [2003/2015 (INI) ]. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a mis colegas diputados que hayan hecho posible este informe, ya que no se había pedido la opinión del Parlamento. 
Afortunadamente, sin embargo, el Parlamento no vio ninguna razón por la cual, como foro político europeo, no debiera expresarla. 
Siguiendo una iniciativa del Sr. Cappato, que contó con el apoyo de 108 diputados, el Parlamento optó por dar a conocer a los Estados miembros y los representantes de la Unión Europea su opinión con respecto a los esfuerzos que deberían realizarse de cara a la Conferencia Ministerial de las Naciones Unidas que tendrá lugar la próxima semana en Viena. 
Se trata de una conferencia importante. En ella se debatirán las estrategias para combatir enérgicamente todo tipo de drogadicción y los progresos logrados en este terreno. 
Resulta realmente extraño, por tanto, que los esfuerzos de los Gobiernos no hayan sido objeto de intenso debate en los parlamentos nacionales. Después de todo, hay quien discute el enfoque de tolerancia cero que se desprende de las tres convenciones de las Naciones Unidas. 
Las convenciones datan de 1961, 1971 y 1988. 
En 2003, sin embargo, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías revela ahora que prácticamente todos los Estados miembros de la UE han desarrollado estrategias alternativas. 
No abogan por la prohibición pura y dura, sino que están intentando evitar el mal causado por el abuso de drogas empleando métodos inteligentes. 
Opino que este es el quid de la cuestión. 
Distintas drogas tienen diferentes grupos de consumidores. 
Un adicto a la heroína, por ejemplo, busca a menudo perder la conciencia, siendo incapaz de hacer frente a la vida. 
El que se fuma un porro, por otro lado, no suele ser un forajido. 
Puede que usted o yo nos tomemos un vaso de vino para la cena esta noche, mientras que muchos jóvenes toman el segundo estimulante más consumido en Europa: el cannabis. 
Los consumidores de éxtasis constituyen un grupo totalmente diferente. 
Esa pequeña pastilla forma parte de una determinada cultura juvenil, cuyo lema es que está muy bien desmelenarse durante el fin de semana, siempre que pueda uno volver a levantarse temprano el lunes. 
Por tanto, mi conclusión es que juntar todas las drogas y a todos consumidores en un mismo grupo no nos dará la solución. 
Además, estoy convencida de que una prohibición más estricta aumentará en realidad la influencia del crimen organizado. 
Por ejemplo, es cierto que los Países Bajos es un exportador de éxtasis, pero solo desde que el Gobierno neerlandés comenzara a tomar medidas enérgicas en contra, y, debido a ello, cayó en manos de los delincuentes habituales de la «mafia de las anfetaminas». Los Países Bajos eran un mercado demasiado pequeño para su gusto, así que se dedicaron a exportarla. 
Soy consciente de que no todos los diputados suscribirán mi análisis. 
La forma de tratar el problema de la drogadicción y el modo de luchar contra el crimen organizado son temas de debate político. 
Este debate, no obstante, no debería basarse meramente en la ideología y en quimeras, sino en realidades: cómo tratar la realidad; las diversas realidades. 
Como ponente, he optado por redactar una recomendación que ayudará a ese debate político, en concreto, a seguir su cauce. 
No ha sido mi intención presentar una postura sobre el mejor método de combatir el abuso de drogas. 
En lugar de ello, he optado- con el apoyo de una mayoría de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- por defender una evaluación cuidadosa de la eficacia de las Convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes. 
Quiero decir a quienes se oponen a mi informe, y concretamente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que pedir una evaluación no implica automáticamente una modificación de las Convenciones de la ONU. 
Debemos, no obstante, estar dispuestos a examinar a fondo dichas Convenciones. 
Aquellos que están convencidos de que un enfoque represivo tiene realmente un efecto fulminante tampoco tienen nada que temer, ya que sin duda piensan que el resultado de esta evaluación será la tolerancia cero y que será también la recomendación que se haga. 
No creo que esa sea la solución, pero una evaluación, en cualquier caso, arrojará algo de claridad en este asunto. 
En los debates se me ha acusado de extremismo, y acepto plenamente esta descripción cuando se refiere a mis propias ideas sobre el modo de abordar la drogadicción. 
Después de todo, estamos hablando de un debate sobre un tema importante, y ustedes pueden pensar lo que quieran de mis opiniones. 
Sin embargo, no acepto esa etiqueta con respecto a este informe; ya que la esencia del mismo es una recomendación racional, una evaluación. 
Es una evaluación seguida de una conferencia de las Naciones Unidas en 2004 para tratar las conclusiones resultantes de aquella. 
Por tanto, se trata de una recomendación limitada y espero que puedan ustedes ver la forma de apoyarla. 
El último aspecto que deseo destacar se refiere a la clasificación de las drogas. 
La evaluación por supuesto será importante a largo plazo, y a corto plazo es importante que lleguemos a un acuerdo sobre la reclasificación de las drogas. 
Después de todo, el cannabis y la heroína se encuentran actualmente en la misma categoría y de verdad pienso que podemos estar de acuerdo en que el consumo de heroína es más perjudicial que fumar un porro. 
Propongo por tanto reiterar, como Parlamento, lo que decidimos hace dos meses en el informe Malliori sobre la prevención y reducción de riesgos asociados a la drogodependencia, y solicitar que dichos estupefacientes se clasifiquen de acuerdo con pruebas científicas de riesgo para la salud humana. 
. (PT) Señor Presidente, señora Buitenweg, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción el constante interés demostrado por el Parlamento Europeo en relación con el tema de los estupefacientes y felicita a la Sra. Buitenweg por su informe, que intenta adoptar un enfoque pragmático de las cuestiones suscitadas por las convenciones de las Naciones Unidas. 
Al igual que ocurriera en la reunión de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a los estupefacientes en junio de 1998, el Parlamento y la Comisión formarán parte de la delegación de la Comunidad para ir a Viena en abril. 
La Comisión está encantada con la presencia de cuatro representantes del Parlamento Europeo en la reunión de la Comisión de Estupefacientes, así como en el segmento ministerial. 
Como ya sabrán, el Parlamento, junto con la Comisión, formarán la delegación de la Comunidad, que tiene categoría de observadora en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 
Todos saben que la Comunidad no es parte en las Convenciones de 1961 y 1971 y solo es parte de la Convención de 1988, aunque, en este caso, con su mandato restringido a la cuestión de los precursores químicos. 
Por mi parte, quiero reiterar a la Cámara que no solo la Comisión, sino el conjunto de la Unión defiende la importancia de evaluar las estrategias que se han seguido en materia de estupefacientes. 
El pasado noviembre la Comisión llevó a cabo una evaluación intermedia del plan de acción en materia de lucha contra la droga 2000-2004 de la Unión Europea, cuyos resultados tenemos la intención de presentar en la reunión de Viena. 
Estamos, por tanto, encantados de que las Naciones Unidas hayan comenzado un proceso de evaluación similar y esperamos que las conclusiones de la evaluación del plan de acción de la Unión Europea y las propias conclusiones de las Naciones Unidas se puedan reforzar mutuamente y aportar una mayor transparencia en la clarificación de las cuestiones que están en juego en la aplicación de las convenciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cualquiera que lea por encima el informe de la Sra. Buitenweg y escuche su exposición podría pensar que estas propuestas suyas son, en realidad, muy sencillas y perfectamente aceptables. 
Se trata de un trabajo muy inteligente. 
Permítanme, sin embargo, aconsejarles encarecidamente que no lo apoyen. 
Basta con leer la última parte de este informe, en el que la Sra. Buitenweg afirma bastante abiertamente en su exposición de motivos que el cannabis se debería eliminar lisa y llanamente de la lista de sustancias controladas internacionalmente. 
En otras palabras, está pidiendo desde el principio una modificación de la Convención Única de 1961 y la eliminación del cannabis de la lista de productos prohibidos. 
La razón por la cual les aconsejo enérgicamente que no apoyen las propuestas de la Sra. Buitenweg es que el voto a favor de este informe es un voto a favor del libre acceso a las drogas y en contra de la salud y el futuro de nuestros jóvenes y nuestra sociedad. 
Si dan su apoyo a la Sra. Buitenweg, ayudarán a los traficantes a extender a Europa su gigantesco marco de operaciones y perjudicará el programa establecido por las Naciones Unidas con vistas a ayudar a los agricultores a adoptar cultivos alternativos y sacar beneficios de ellos, ya que estarán abriendo las puertas a un nuevo mercado para las drogas en Europa. 
Y, en última instancia, estarán garantizando la proliferación de las drogas en lugar de entablar una guerra total contra ellas, que es lo que debería ser nuestro objetivo. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y lo declaro aquí como su portavoz, estamos totalmente en contra del libre acceso del cannabis. 
Apoyamos el mantenimiento de la Convención Única de las Naciones Unidas. 
Lo que defendemos es la plena aplicación de esta Convención, no su modificación. 
Estamos a favor de la plena entrada en vigor del programa elaborado por la Unión Europea, que incluye simultáneamente medidas de prevención, supresión y reintegración. 
¿Por qué estamos a favor de este enfoque y por qué nos oponemos al libre acceso a los estupefacientes? 
Es muy sencillo: vean, si quieren, la terrible situación que impera en la Unión Europea, donde un tercio de los jóvenes ya han probado el cannabis. 
Casi el 8% de los jóvenes entre 15 y 19 fuman maría cada día y el 75% de la gente joven piensa que el cannabis es inofensivo, aun cuando varios estudios realizados por la profesión médica indican concluyentemente que el consumo de cannabis supone riesgos físicos y, en especial, psicológicos, y que produce adicción. 
En resumen, no hay absolutamente ninguna razón para liberalizar la venta y el consumo de ningún estupefaciente, incluido el cannabis, ni para suprimir el cannabis de la lista de sustancias prohibidas. 
Al contrario, cualquiera que sepa el daño que las drogas pueden infligir en los jóvenes estará de acuerdo en que la tolerancia cero de estupefacientes es la única respuesta. 
Esto es lo que exigimos como alternativa a las propuestas incluidas en este informe y esperamos que una mayoría de la Cámara nos apoye en la votación de mañana, porque deseamos proteger a nuestros jóvenes y, por su bien, nos oponemos totalmente a cualquier modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes. 
Por este motivo esperamos que el sentido común prevalezca en el Parlamento Europeo y que podamos llevar este punto de vista mayoritario del sentido común a la conferencia de Viena a fin de apoyar a las Naciones Unidas en sus esfuerzos por combatir los estupefacientes, así como dejar claro a la ONU que apoyamos el mantenimiento de la Convención Única y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para rechazar toda liberalización y legalización de estupefacientes. 
Resumiendo, a menos que se incluyan modificaciones radicales en el informe Buitenweg, está claro que no podremos dar nuestra aprobación. 
Señor Presidente, Señorías, quiero empezar felicitando a la Sra. Buitenweg y citando las palabras del Comisario Vitorino. 
Ha dicho que el informe de la Sra. Buitenweg adopta un enfoque pragmático y yo comparto totalmente este punto de vista. 
He estado ausente de este parlamento durante unos tres años y estoy totalmente sorprendida ante los debates acalorados y tempestuosos que ha habido en relación con este informe, incluso dentro de mi propio Grupo, debo decir sinceramente. 
Después de todo, solo estamos hablando de una evaluación y una reevaluación de los acuerdos adoptados en el pasado. 
No me puedo imaginar, por tanto, por qué no deberíamos estar a favor de ello. 
Se trata de personas que consideran perfectamente normal mandar su coche a revisión después de una serie de años y no pueden entender por qué se debería llevar a cabo una evaluación después de un período de treinta años y sacar conclusiones de la misma. 
¿De qué trata todo esto en realidad, señor Presidente? 
Se trata de que todos queremos frenar la producción, el tráfico y el abuso de drogas, en especial el abuso de drogas extremadamente perjudiciales. 
Ninguno que vote a favor del informe de la Sra. Buitenweg pretende proponer a los niños ningún tipo de drogodependencia. 
La única pregunta a que debemos responder entre todos es: ¿cuál es el mejor método? 
Yo no puedo hacerlo. 
Si pudiese- de improviso, en todo caso- como puede el Sr. Pirker, resultaría muy cómodo, y probablemente yo sería muy rica, ya que habría encontrado una solución a un problema mundial. 
Debo admitir, honestamente, que no puedo. 
Creo, sin embargo, que aquellos que pueden, los que tienen la posibilidad de llevar a cabo una evaluación basándose en datos mundiales, deberían tener la libertad de hacerlo. 
A este respecto también deseo defender una vez más las estadísticas uniformes. 
Todo aquel que se sumerja de lleno en este problema no puede escapar a la conclusión de que existen muy pocas estadísticas que sean comparables. 
Soy de la opinión de que uno solamente debería aventurarse a proponer cambios de política sobre la base de datos claros y correctos. 
Puede que una evaluación de la política actual implique confirmar esta política, simplemente por falta de una solución mejor. 
No estoy defendiendo esto, ni espero hacerlo, pero es un resultado posible de este informe. 
No entiendo, entonces, el motivo de tantas enmiendas destinadas a evitar que se presente la evaluación. 
Por tanto, ruego a los diputados que piden a otros que voten en contra del informe Buitenweg, o en cualquier caso las partes del mismo que se refieren a la evaluación, que vuelvan a pensar bien cuál es, en realidad, la mejor forma de resolver en común el grave problema de las drogas. 
Esconder la cabeza como el avestruz y pretender que el problema no existe no es el buen camino. 
Atreverse a llevar a cabo una evaluación en común, basada en datos correctos, ese es, en mi opinión, el buen camino. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el consumo y el tráfico de drogas se encuentran entre las plagas más terribles de nuestros tiempos. 
Hay poca gente, si es que la hay, en Europa que no conozca a alguien- un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, alguien cercano, un conocido- que haya sufrido la experiencia de consumir drogas y ser drogodependiente, con los efectos que ello conlleva en términos de disfunciones sociales y personales, degradación humana, deterioro de la salud, pobreza y, con demasiada frecuencia, delincuencia y muerte. 
Este es el motivo por el que la lucha antidroga sigue siendo una piedra de toque de la política pública de hoy en día; para cualquier Gobierno, para cualquier Estado responsable, no es el momento ahora de bajar la guardia en esta lucha. 
Las tres Convenciones de las Naciones Unidas que constituyen el telón de fondo de la resolución que estamos debatiendo hoy y sobre la que votaremos mañana ocupan un lugar central. 
Representan el punto culminante de una postura que nadie puede negar: la estrategia antidroga solo obtendrá algún día el éxito al 100% si se lleva a cabo de una forma organizada, a escala realmente mundial. 
El plan de acción de 1998 de la Asamblea de las Naciones Unidas representa otro paso en esta dirección, y ahora hemos llegado a la mitad del período de evaluación de diez años definido en aquel entonces. 
Pues bien, el problema sigue siendo tan grave a escala internacional que no es el momento de debilitar esta posición ni la de cualquiera de sus instrumentos. 
En los últimos años se ha puesto de moda en algunos círculos afirmar que las políticas de prohibición, juntadas bajo el término de «prohibición» , han sufrido continuos fracasos y que las propias autoridades reconocen estos fracasos. 
¡Esto no es cierto! 
Sobre todo, tampoco es correcto el impulso a favor de la liberalización que se está intentando extraer de esto. 
En primer lugar, encontrar aspectos o niveles de relativa falta de éxito no eclipsa los éxitos logrados ni la importancia crucial del marco de prohibición internacional que se ha adoptado como red de seguridad mundial; segundo, encontrar aspectos de falta de éxito porque queremos mejorar los niveles de eficacia no es lo mismo que hacer públicos los fracasos para inspirar y alimentar una rendición ante esta amenaza mundial; y en tercer lugar, detectar cualquier fracaso, por tanto, solo es útil si va acompañado de un diagnóstico serio de las causas, a fin de reforzar la resolución todavía más en la siguiente fase. 
No es difícil reconocer, por tanto, que la principal razón por la que no podemos aún declarar un índice de éxito del 100% en materia de lucha antidroga, siguiendo las líneas que establecen estas tres convenciones, es que esta lucha no se está llevando a cabo en realidad en un marco verdaderamente internacional. 
Sigue habiendo países que abierta o sutilmente operan fuera de las normas. 
Hay muchos que dedican más esfuerzo a descubrir las deficiencias y omisiones en el marco de las convenciones o a crear nuevas que a intentar aplicarlas adecuadamente. 
Este informe, o más bien la exposición de motivos, es un buen ejemplo de esto. 
Existen todavía países, incluso en la Unión Europea, como los Países Bajos, por ejemplo, que ensayan políticas en una dirección distinta, y uno podría incluso preguntarse si esto pone en duda el marco de seguridad común del espacio de Schengen. 
Sigue habiendo territorios que escapan al control de las autoridades estatales, y donde las bandas de delincuentes desafían abiertamente a la autoridad internacional. 
Sigue habiendo otros territorios y terrenos de actividad de muy diversos tipos en los que muchos países adoptan una postura débil, esto si no hacen la vista gorda deliberadamente a los tejemanejes ilícitos. 
Estos son los puntos débiles en que debemos centrar nuestra atención en el período previo a la reunión de Viena los días 16 y 17 de abril. 
Como Parlamento responsable e informado, no debemos enviar a los representantes de la Unión en esta reunión ni un solo signo equivocado, ni un solo signo de debilidad, ni un solo signo de rendición. 
Esta resolución ha empezado con mal pie. 
Ha comenzado con una iniciativa que desafía abiertamente en su totalidad las convenciones de las Naciones Unidas y su marco, aunque luego trate de circunscribir sus objetivos. 
Acto seguido, la Sra. Buitenweg ha intentado por todos los medios restringir su contenido, pero no ha eliminado el rumbo equivocado tomado inicialmente por la iniciativa ni sus riesgos. 
Después, durante los debates en comisión, se han realizado esfuerzos por reconciliar distintos puntos de vista y limitar los desacuerdos pero, a pesar de estos esfuerzos, el asunto es tan delicado que, como representante del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, he decidido proponer una resolución alternativa que pueda darnos seguridad política absoluta. 
Solicito el apoyo de la Cámara a esta propuesta. 
Toda ambigüedad en este campo llevará al desastre. 
Señor Presidente, tengo una diferencia de opinión política fundamental con la ponente, la Sra. Buitenweg. 
En la medida en que el Comisario Vitorino está de acuerdo con el enfoque de la Sra. Buitenweg, también tengo una diferencia de opinión fundamental con él. 
La Conferencia Ministerial de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes se aproxima rápidamente; o más bien, empieza hoy mismo y continuará hasta el 17 de abril. 
He seguido con creciente perplejidad las actividades de los antiprohibicionistas durante los últimos meses. 
En realidad, es muy inteligente la forma en que se las arreglan para aparecer en todos los lugares importantes. 
Su presentación de la actitud librepensadora ante las drogas casi le hace dudar a uno. 
«Es bueno dar prioridad a la salud de los adictos». 
«Es una pena que las drogas duras tengan que comprarse en el circuito ilegal». 
«Es su elección si consumen drogas en la cárcel». 
Casi podría creérmelo. 
Afortunadamente, muchos no lo hacen, a pesar de la constante presión. 
El grupo de presión antiprohibicionista tiene que sufrir algunos fuertes reveses. 
¿Quién no conoce el escándalo en torno a Mike Trace? Tuvo que despedirse de sus cargos en las Naciones Unidas y el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías cuando se conocieron sus intenciones librepensadoras. 
La conferencia sobre estupefacientes organizada por la Presidencia griega se convirtió en un fiasco para los antiprohibicionistas. 
Los Estados miembros se negaron a adoptar una declaración que promoviera, entre otras cosas, una modificación de las convenciones de las Naciones Unidas. 
Ahora el asunto ha llegado, de forma espontánea, a las puertas del Parlamento. 
El espíritu del informe Buitenweg es claro. 
Aunque no se declara en términos concretos, se insinúa que resulta inevitable una modificación de las convenciones de las Naciones Unidas en vista del fracaso de la política llevada a cabo hasta ahora. 
Se supone que la política librepensadora conseguirá logros innegables. 
A mi entender, se trata de una conclusión equivocada. 
Como ciudadano de los Países Bajos, estoy familiarizado con los pros y los contras de nuestra política. 
Ofrecemos una buena asistencia a los adictos y hemos desarrollado numerosas iniciativas positivas con respecto a la demanda, pero ahí termina todo. 
La reducción de daños por sí sola no es una solución. Implica aceptar la drogodependencia como un fenómeno social y ser mero testigo mientras otros seres humanos se destruyen. 
Es cierto que les estamos ayudando al ofrecerles jeringuillas limpias y salas adecuadas para los consumidores, pero la destrucción prosigue. 
Eliminar el hábito, si es preciso por medio de una fuerte presión, sigue siendo la mejor forma de proteger la salud de los toxicómanos. 
Es el mismo enfoque que con la adicción al tabaco. 
¿Se ha reducido en los Países Bajos, gracias a nuestra política, el número de toxicómanos en comparación con otros países? 
La respuesta es «no» ; tiene por lo menos el mismo número. 
La reducción de daños tiene su importancia al tratar el problema de las drogas, pero, al contrario de lo que sugiere el informe, nunca es una alternativa a la lucha contra el narcotráfico y la drogadicción. 
Además, no debería servir, por supuesto, de argumento encubierto para votar a favor de la modificación de las convenciones de las Naciones Unidas, ya que las enmiendas que desean los antiprohibicionistas van mucho más lejos. 
La vieja historia de la reducción de daños es solo la piedrecilla que inicia el corrimiento de tierras. 
Su objetivo es acabar con las actuales Convenciones de las Naciones Unidas y legalizar las drogas. 
Mientras tanto, la destrucción de vidas continúa. 
Como demuestran las 14 enmiendas que he presentado, no apoyo en modo o forma alguna este informe ambiguo. 
A mi entender, rechazarlo y olvidarlo rápidamente es la mejor opción. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay algunos diputados que han decidido hablar no del informe Buitenweg, sino de los motivos o de la recomendación en los que se basa. 
Estos diputados pretenden dividir la Cámara entre los que están en contra de las drogas, es decir, ellos, los que están a favor de nuestros hijos y jóvenes, es decir, ellos, y los que están a favor de las drogas y tienen manía a todos nuestros hijos. 
En primer lugar, hay que decir que en la actualidad las drogas son sus drogas; son libres: libres de ser controladas por la mafia y el crimen organizado, libres de matar por sobredosis, libres de matar con sida, libres de matar en las calles y plazas de nuestras ciudades. 
En todo caso, nosotros los antiprohibicionistas estamos en contra de sus drogas libres y criminales; estamos a favor del control, estamos a favor de la ley y del cumplimiento de la ley. 
Estamos a favor de tratar a los toxicómanos, ya tomen drogas legales o ilegales, como consumidores, en algunos casos como enfermos, pero no como delincuentes. 
No entendemos cómo se pueden aplicar sus medidas preventivas a personas que son tratadas como delincuentes. 
Me complace poder decir que hoy se invita al Parlamento Europeo a debatir lo que entra dentro de sus atribuciones: no la cuestión de las drogas prohibidas, legales y libres, por tanto, sino la evaluación y posible reforma de las políticas actuales. 
Esto es lo que hay que debatir y lo que se están negando a hacer. 
En 1998, con sus Convenciones internacionales, las Naciones Unidas decidieron lanzar un plan decenal 1998-2008 para librar al mundo de las drogas. 
«Un mundo libre de drogas: nosotros podemos». 
Un gran lema. 
Se intentaron todo tipo de cosas, hasta acuerdos económicos con los talibanes: se ofrecieron fondos europeos al régimen talibán antes del 11 de septiembre para pagar la erradicación de las plantaciones de opio. Pagamos la fumigación de los valles andinos en América del Sur. 
Cinco años después, el resultado es un aumento del consumo de drogas y la producción y diversificación del mercado. Cada vez se producen más drogas más peligrosas con nuevas moléculas y nuevas sustancias. 
Ahora, cinco años después, estamos debatiendo sobre la situación actual, no expresando puntos de vista ideológicos. 
Lo que estamos pidiendo, lo que está pidiendo el informe Buitenweg, es una evaluación de los resultados. 
Si los que están en el poder hubiesen aplicado nuestras políticas, creo que estaríamos dispuestos a aceptar ahora dicha evaluación. 
No entendemos por qué están en contra: cuando hay ideología, cuando el código moral individual de cualquiera de nosotros, y no considero el mío necesariamente peor que el suyo, se convierte en un código moral de Estado, estamos construyendo un Estado ético, y aplicar la prohibición a las drogas lleva a aplicarla a los debates y a la ciencia, con el resultado de que el cannabis y la hoja de coca reciben el mismo trato que la heroína. 
Me gustaría verles aceptar esta igualdad del cannabis y la heroína si fuese su hijo o su hija quien estuviera fumando cannabis o consumiendo heroína. 
Podría continuar, pero se me ha terminado el tiempo. 
Espero que los diputados de todos los partidos políticos decidan aceptar, al menos, el reto de debatir y evaluar la situación en lugar de sermonear con puntos de vista ideológicos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, siento mucho contrariar al Sr. Cappato, pero yo también voy a adoptar una posición que no será de su agrado. 
Este informe establece una postura básica. 
No se trata de una respuesta a la situación actual, como algunos pretenden hacernos creer. 
En realidad, durante muchos años, la ONU ha estado manteniendo una postura contra los productores y los traficantes de drogas, indicando claramente hasta qué punto son peligrosas las distintas sustancias y sosteniendo enérgicamente la necesidad de combatir el tráfico ilegal y la propagación de la delincuencia a todos los niveles. 
Después de la Convención de las Naciones Unidas de 1961, hubo otras declaraciones: en 1971, 1988 y 1998. 
Ahora, de cara a la Conferencia Ministerial que se celebrará la próxima semana en Viena, se insta al Parlamento Europeo a que presente una propuesta, a fin de expresar su postura. 
No es una tarea fácil, teniendo en cuenta lo que acabamos de oír. 
Aunque parte de estas amplias premisas y parece estar bien equilibrado, el informe vuelve después más o menos directamente a las conclusiones de siempre, que suelen dividir al Parlamento y a la opinión pública también: que las drogas blandas, en concreto el cannabis, deben liberalizarse y legalizarse y que es preciso establecer una distinción entre drogas duras y blandas. 
Algunos de los diputados han preguntado cómo podría interpretarse de ese modo el informe, pero los puntos están ahí si uno lo lee detenidamente. 
Además, se recomienda claramente el método de tratamiento con sustancias alternativas como el sistema más eficaz, la forma más directa de combatir la drogodependencia. 
También en este caso, nada más lejos de la realidad. 
Como sabemos, en muchos Estados miembros se pone en duda este método, porque no consigue la recuperación de los toxicómanos, sino que solamente dejan de ser un peligro para la sociedad. 
En otras palabras, lo importante es erradicar el problema, este tipo de método no pretende realmente conseguir la recuperación de los individuos en cuestión. 
El informe también presenta deficiencias, ya que no combina las propuestas de medidas en la situación actual con iniciativas preventivas que permitan limitar el fenómeno en el futuro. 
En cualquier caso, el intento de liberalizar el cannabis como sustancia no peligrosa resulta inaceptable, ya que no hay pruebas científicas al respecto. 
Aunque puede ser cierto, y aquí estoy abriendo una ventana a los que mantienen un punto de vista distinto, que no todos los que empiezan fumando cannabis se pasan a las drogas duras, es ya un hecho probado que todos los que ahora son esclavos de la heroína empezaron fumando maría o hierba. 
Estas diferencias de opinión ya aparecieron en el transcurso del debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y no es ninguna coincidencia que este informe se aprobara por 24 votos contra 20. 
La documentación está clara en su mayor parte, por tanto, y confirma la dificultad que hay en este tema para proclamar verdades absolutas o proporcionar soluciones indiscutibles y concluyentes. 
Señor Presidente, Señorías, dos importantes evaluaciones de las políticas gubernamentales en materia de estupefacientes conforman la base de mi crítica de este informe. 
Los intentos de los Gobiernos de suprimir el consumo de determinadas drogas son tan antiguos como su fracaso. 
Frente a esto, permítanme exponerles la idea liberal, que ciertamente no representa un ataque particularmente fuerte contra el poder del estado, de que hay cosas que sencillamente no conciernen al gobierno, como el sabor de la mermelada que nos gusta tomar, cuántas prendas de abrigo llevamos en invierno o qué sustancia narcótica deseamos fumar, esnifar, beber o inyectarnos. 
Los esfuerzos de los Gobiernos por regular el consumo individual, en efecto, acarrean graves consecuencias, ya que es un hecho que los 2.000 heroinómanos que mueren de forma espantosa cada año solamente en Alemania no acaban destruidos por la droga en sí, sino por las condiciones en las que el Estado les empuja a consumirla. 
El informe que se nos presenta hoy apenas toca este punto. 
Una política en materia de estupefacientes debe ser una política humanista, lo que significa, por ejemplo, que las drogas deberían evaluarse a la luz de los efectos reales que producen en el cuerpo humano; es decir, el efecto debería prevalecer sobre la legalidad. 
En la práctica, sin embargo, las políticas gubernamentales en materia de estupefacientes no tienen nada que ver con el humanismo y sí mucho con la creación de una nación gobernada y con la productividad de la población nacional. 
Cualquier humanista- y permítanme decir a mis colegas diputados radicales y menos radicales que no tengo en absoluto intención en este caso de lanzar ninguna crítica marxista del papel del Estado- estará de acuerdo en que resulta esencial rechazar cualquier tipo de política oficial en materia de estupefacientes. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en la Europa de nuestros días, en el mundo en que vivimos, las drogas se asocian a menudo con la delincuencia, el sida, la marginación y el desempleo. 
Las drogas son, de hecho, un problema que pone en peligro la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos y, por este motivo, el Parlamento Europeo ha asumido el compromiso de hallar una solución eficaz al problema de la droga, un problema común a todos los países y a todos los grupos sociales. 
Ya se han mencionado aquí las tres convenciones que regulan el tema de los estupefacientes: la de 1961 sobre estupefacientes, la de 1971 sobre sustancias sicotrópicas y la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estas sustancias. 
Estas tres convenciones prohíben la producción, el tráfico, la venta y el consumo de un amplio abanico de sustancias con fines que no sean médicos o científicos. 
La propuesta de la ponente, la Sra. Buitenweg, consiste básicamente en modificar la Convención sobre Estupefacientes de 1961 mediante la reclasificación de las sustancias clasificadas. 
La intención de la ponente, cosa que no oculta, es modificar la lista de sustancias prohibidas para que el cannabis se pueda sacar de la lista, lo cual, les guste o no, llevaría a la legalización del comercio de esta droga. 
Es loable que los Estados miembros que son los firmantes en estas convenciones se reúnan, como sucederá el 16 y 17 de abril, tal como el Comisario nos ha recordado, para evaluar el progreso alcanzado y las dificultades encontradas, así como para debatir si es necesario introducir modificaciones. En este proceso, siempre serán bienvenidas las nuevas estrategias en materia de lucha antidroga o el refuerzo de las ya existentes. 
Sin embargo, cuando este informe propone una reclasificación de las sustancias, lo que pretende es presionar para conseguir la liberalización del consumo de determinadas drogas. 
Esto no lo puedo aceptar. 
No creo que apoyar un impulso a favor de la liberalización de las drogas pueda o deba ser la solución de una lucha eficaz contra el creciente problema de la droga. 
Considero inaceptable que alguien pueda desear sacar la conclusión de que la Unión Europea está de acuerdo con la liberalización de las drogas cuando esto es contrario a la estrategia que se ha seguido en prácticamente todos los Estados miembros. 
Tenemos que observar las convenciones existentes y reforzar los medios para el tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos; debemos observar el principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que existen distintas políticas antidroga en los diferentes Estados miembros. 
Quiero terminar recordando que el mes pasado en esta Cámara aprobamos un informe del Sr. Pirker sobre el problema del crecimiento acelerado de la producción y el tráfico de drogas de síntesis, que aprobó extender la prohibición a sustancias que hasta el momento no están clasificadas. 
Nadie en la Europa en la que vivimos entendería que adoptáramos hoy una postura distinta. 
Señor Presidente, algunos puntos de vista del informe Buitenweg y, en mayor medida, de la propuesta del Sr. Cappato podrían ser esgrimidos fácilmente por los traficantes de drogas, la industria farmacéutica que produce sucedáneos y aquellos que prefieren que los jóvenes se encuentren bajo la influencia de la cultura de la droga que luchando por sus derechos y manifestándose contra la invasión imperialista del Iraq. 
Ni una sola referencia a las causas sociales de la drogadicción, a la prevención o a la rehabilitación. 
Se rechazan los estudios de la Naciones Unidas sobre las consecuencias negativas de la legislación y la prescripción de sustitutos y el informe incluso pone en duda su efecto perjudicial al proponer una clasificación, pero solicitando nuevos estudios de sus consecuencias. 
El Sr. Cappato llega hasta el punto de afirmar que no es en las drogas sino en la naturaleza ilícita de su consumo donde hay que buscar al culpable de la marginación de los toxicómanos. 
Aún más escandalosa es la acusación de que la prohibición es la culpable del aumento del consumo de drogas. 
De este modo, exonera a los traficantes y a la sociedad capitalista y condena a los jóvenes. 
El Parlamento Europeo tiene la oportunidad de proteger a los jóvenes de los traficantes y sus amigos votando contra el informe o reformulándolo radicalmente. 
Señor Presidente, en la Conferencia Ministerial que se celebrará la próxima semana, se debatirá la evaluación de los progresos realizados y las dificultades surgidas en la consecución de los objetivos establecidos en las Convenciones. 
Estos objetivos estaban relacionados con la reducción del uso, la venta, la producción, etc. de estupefacientes. 
Son objetivos muy acertados, como también lo es el que la Sra. Buitenweg haya elaborado un informe sobre ellos para dar a la delegación algunas recomendaciones sobre esta cuestión. 
Sus intenciones, no obstante, no se detienen aquí. 
Como verdadera política, su deseo también es proporcionar orientación. 
Su informe está formulado de forma muy inteligente, pero, en mi opinión, se basa en un punto de vista erróneo. Esta es la razón por la que soy un tanto crítico con él. 
A mi parecer, la sección clave es el apartado 7. 
Cuando se trata de evaluaciones es necesario establecer unos criterios. 
Estos se describen a grandes rasgos en el apartado 7; muy a grandes rasgos, ya que, en mi opinión, merecen una descripción más detallada. 
Creo que la investigación científica en este campo es en cualquier caso muy difícil y que se debe preparar con sumo cuidado para que en ella se respeten en todo momento los criterios establecidos. 
Todos sabemos que hoy en día cualquier estudio científico puede verse socavado por otro. 
Hasta se pueden solicitar los servicios de las instituciones para que se encarguen de esta tarea. 
Por tanto, es necesario ser sumamente cuidadosos para que todo este proceso se lleve a cabo con la mayor corrección posible, y debemos prestar atención a la advertencia del Sr. Blokland sobre el personal encargado del mismo. 
Siempre que esta cuestión se somete a debate afloran a la superficie todo tipo de emociones. 
Personalmente disfruto siendo testigo de ello. 
Acabo de oír al Sr. Robert Evans hablar con vehemencia de estos asuntos. 
Esto puede significar dos cosas, bien que existe algún tipo de convicción por su parte en este sentido, bien que desea proyectar cierta imagen de sí mismo. 
Entiendo que en los Países Bajos la idea de la autonomía del individuo, que debe estar en el centro del debate, es muy importante. 
En absoluto estoy de acuerdo con esta posición. 
Mi postura es completamente distinta en este tema: no considero que cada individuo tenga derecho a elegir su propia adicción, como he podido escuchar en un par de ocasiones en la televisión neerlandesa. 
Encuentro muy extraña una autonomía en que la renuncia a la propia autonomía es de hecho la máxima expresión de la misma. 
No me parece buena esta idea. 
Asimismo, los Países Bajos han tenido un brusco despertar. 
Todo el mundo piensa que tenemos una política maravillosamente tolerante; pero ahora a nosotros nos resulta anticuada y estamos buscando otras posibilidades. 
Lo que decimos es esto: ¿no hemos sido demasiado tolerantes? 
¿Es esta clasificación de los estupefacientes una buena idea después de todo? 
Puedo decirle, señor Evans, que los Países Bajos pueden cultivar cannabis de tal calidad y concentración que apenas es perceptible la diferencia entre este y las drogas duras. 
Además, el clima tolerante existente en los Países Bajos, donde muchos ciudadanos no consideran que delinquen cuando elaboran pastillas de éxtasis, ha dado pie a un auge de la producción y nos ha convertido, creo, en uno de los principales exportadores del mundo. 
Se podría incluso decir que esta situación beneficia a la economía neerlandesa, pero considero que es un planteamiento del todo equivocado. 
No debemos olvidar que esas pastillas de éxtasis son responsables en gran medida de la violencia sin sentido que se produce en la vida nocturna. 
Considero que debemos erradicar esta situación y propiciar una política más realista que siga la línea de la tolerancia cero. 
Señor Presidente, señor Comisario, todos reconocemos la necesidad de establecer una política coordinada a escala internacional que combata la drogadicción y los delitos relacionados con las drogas. 
La conferencia de revisión intermedia del plan de acción de las Naciones Unidas, que se celebrará en Viena, nos brinda la oportunidad de mantener un debate científicamente documentado sobre la eficacia de las medidas aplicadas hasta la fecha. 
Hay que reconocer que los objetivos fijados en la sesión celebrada en Nueva York en junio de 1998 eran bastante ambiciosos. 
Algunos pocos de los puntos del plan han dado resultado, como por ejemplo el enfoque equilibrado entre la reducción de la demanda y la reducción de la oferta y el cotejo de estadísticas para que sean comparables entre países. 
Las convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes son un marco importante para una política acertada. 
Sin embargo, creo que es preciso evaluarlas y actualizarlas teniendo en cuenta los cambios acaecidos en el entorno internacional, los nuevos datos en este sector concreto, la eficacia de los programas piloto y el ritmo al que se producen y comercializan nuevas sustancias adictivas. 
Nuestro deber es estudiar todas estas cuestiones con detenimiento y valorar si, a fin de cuentas, las convenciones vigentes están al día y son suficientes. 
Tampoco debemos olvidar que estas convenciones se elaboraron en 1961, 1971 y 1988. 
La recomendación de hoy del Parlamento Europeo apunta básicamente en esta dirección, por lo que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la ponente. 
Esta recomendación no se declara a favor ni en contra de la legalización de sustancias adictivas. 
Al contrario, reclama que nuestras políticas en esta materia tan difícil estén al día, que sean adecuadas y efectivas y, sobre todo, que prevengan los problemas y no castiguen a los consumidores. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0086/2003) de la Sra. Cerdeira Morterero, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta modificada de la directiva del Consejo acerca del derecho a la reagrupación familiar [COM (2002) 225- C5-0220/2002- 1999/0258 (CNS) ]. 
Señor Presidente, la Unión Europea cuenta con 12 millones de inmigrantes legales procedentes de países terceros. 
La entrada y la residencia por razones de reagrupación familiar constituye, en casi todos los Estados miembros de la Unión, el principal canal de inmigración legal de nacionales de países terceros. 
Esta inmigración familiar comprende tanto la reagrupación familiar sensu stricto, -la reunión de los familiares con el nacional del tercer país ya residente -, como la constitución de la familia cuando los vínculos familiares se establecen después de la entrada del nacional del tercer país. 
Las personas autorizadas a entrar como miembros de la familia representan un porcentaje sobre el total de los inmigrantes que oscila entre el 40 y 50%, con valores incluso superiores en algunos Estados miembros de la Unión como Francia o el Reino Unido. 
Sin obviar la importancia en términos cuantitativos de este aspecto de la inmigración legal, es importante, por otro lado, destacar el papel fundamental que la reagrupación familiar desempeña como medio necesario para conseguir la integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea. 
La presencia de los familiares contribuye a una mayor estabilidad y a una inserción de estas personas, al permitirles llevar una vida familiar normalizada. 
La mayor parte de los miembros de la familia que son admitidos a título del ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, disfrutan de una gran ventaja, en comparación con otros tipos de inmigrantes, ya que mantienen lazos muy estrechos con una persona- el reagrupante- ya establecido en el país de acogida, lo que facilita enormemente la posibilidad de su integración. 
La legislación relativa a la reagrupación familiar debe estar regida por dos principios que deberían también aplicarse a toda la legislación sobre la inmigración. 
Estos principios, ya reiterados en otras ocasiones, son la igualdad y la seguridad. 
No me referiré nuevamente a toda la trayectoria histórica de esta propuesta de Directiva que hoy vemos, porque ya la doy por sabida, pero no puedo dejar de referirme al primer acuerdo político en materia de inmigración legal que se alcanzó en la pasada reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del día 28 de febrero sobre la Directiva del Consejo relativa al derecho a la reagrupación familiar. 
Un acuerdo que está en muchos puntos lejos de lo que propone este Parlamento. 
Soy consciente de las dificultades de conseguir acuerdos en asuntos tan sensibles como los relacionados con la inmigración, cuyo enfoque y regulación jurídica presentan especificidades muy diferentes entre los Estados miembros. 
La propuesta tal y como hoy se presenta a este Pleno para su aprobación, incluye como miembros de la familia al cónyuge del reagrupante, así como a la pareja de hecho reconocida en el Estado miembro, independientemente del sexo; los hijos menores del reagrupante y de su cónyuge, incluidos los hijos adoptivos; los hijos menores, también incluidos los adoptivos del reagrupante o de su cónyuge cuando uno de ellos tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo; pero no hemos admitido la excepción referida al hijo mayor de 12 años respecto al que el Estado miembro podría examinar si cumple criterios de integración antes de autorizar su entrada y su residencia con arreglo a la Directiva. 
Sí se ha incluido a los ascendientes en primer grado con dificultades en el país de origen cuando no tengan otro apoyo familiar. 
Y también se ha incluido a los hijos mayores de edad con problemas de salud. 
Se reduce de 9 a 6 meses el plazo para comunicar la decisión adoptada y de 12 a 9 meses en casos excepcionales. 
Respecto a las condiciones del ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, mantenemos las razones de orden público, seguridad y salud pública a la hora de conceder el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar. 
No se podrá denegar la renovación del permiso por enfermedades posteriores a la expedición del mismo. 
Y se exime a los refugiados del requisito de tener que demostrar condiciones para mantener a sus familiares. 
He retirado todas las enmiendas referidas a la protección subsidiaria a cambio de un compromiso por parte de la Comisión para que lo antes posible se presente una directiva que armonice esta figura en la Unión Europea. 
Respecto a la entrada y residencia de los miembros de la familia, proponemos ajustar el derecho al acceso a la educación, al empleo y a la formación profesional al de los miembros de la familia del reagrupante y no al de los ciudadanos de la Unión. 
Esto permitirá evitar diferencias de trato en una misma familia. 
En caso de viudez, divorcio, separación o muerte se podrá obtener un permiso de residencia autónoma si se ha sido residente durante al menos un año. 
En general hay unos aspectos que considero positivos, como son: la exención a los refugiados del requisito de tener que demostrar condiciones para mantener a sus familiares, la adopción de criterios flexibles respecto a los refugiados en lo referente a la prueba de la relación de parentesco y la autorización de medios de prueba alternativos cuando la prueba documental no sea posible; asimismo, se otorga a los familiares, en términos generales, los mismos derechos de residencia que al cabeza de familia, se otorga a los miembros de la familia los mismos derechos relativos al acceso a la educación, actividad laboral por cuenta ajena y por cuenta propia, y a la orientación familiar y se reconocen las necesidades especiales de los menores no acompañados. 
Sin embargo, he de decir que el acuerdo político alcanzado el 28 de febrero queda lejos de lo que este Parlamento proponía en ciertos ámbitos, porque reduce su ámbito de aplicación y se exige una perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia duradera. 
Por último, reitero que he decidido retirar todas las enmiendas en las que se incluía en el ámbito de aplicación a las personas beneficiarias de protección subsidiaria a cambio del compromiso por parte del Consejo de aprobar la Directiva presentada por la Comisión el pasado 12 de septiembre de 2001, relativa a las normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar los ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otro tipo de protección internacional, donde estaría incluido el derecho a la reagrupación familiar. 
Por estas razones y las que hemos explicado ampliamente con anterioridad en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, pido el apoyo de esta Cámara a este informe. 
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(PT) Señor Presidente, señora Cerdeira Morterero, Señorías, antes de comenzar el debate sobre el informe de la Sra. Cerdeira, me gustaría agradecerle la buena calidad del mismo, felicitarla personalmente por estar aquí con nosotros y desearle una pronta y feliz recuperación. 
La nueva propuesta modificada de Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, sobre la que el Parlamento Europeo va a tomar una decisión hoy, fue aprobada por la Comisión en respuesta al mandato emitido por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Laeken el 15 de diciembre de 2001. 
El Consejo Europeo confirmó en aquella ocasión que una política común de inmigración y asilo presuponía el establecimiento de normas comunes sobre la cuestión de la reagrupación familiar. 
El Consejo Europeo reconoció, no obstante, que el progreso en este sentido había sido más lento y menos sustancial de lo esperado, y que era necesario un nuevo impulso y unas nuevas directrices para recuperar este retraso. 
Para ello, el Consejo Europeo hizo un llamamiento al Consejo de Ministros para que acelerara los trámites y aprobara las disposiciones sobre la reagrupación familiar para el mes de julio de 2003. 
La Comisión considera que la reagrupación familiar es un elemento esencial de la plena integración de ciudadanos de terceros países en las sociedades europeas. 
Por tanto, este instrumento es para nosotros un aspecto fundamental de la política común de inmigración propuesta por la Comisión y, de hecho, fue la primera de todas las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo en ejecución del mandato de Tampere. 
En esta propuesta modificada, la Comisión ha adoptado un nuevo enfoque de los puntos que durante dos años han provocado diferencias insalvables entre los Estados miembros. 
Este nuevo enfoque reconoce que la armonización de las legislaciones nacionales requerirá varias fases. 
Esta propuesta es tan solo la primera de las etapas del camino hacia esta armonización. 
A tal efecto, hemos consagrado cierta flexibilidad en varios de los instrumentos, especialmente en relación con los puntos que ocasionaron las diferencias entre los Estados miembros. 
Esta flexibilidad se sustancia de dos formas: en primer lugar, en lo que respecta al origen, mediante el uso de una cláusula de mantenimiento del statu quo, cuyo objetivo es evitar que los Estados miembros utilicen indebidamente las derogaciones introducidas posteriormente en relación con la legislación en vigor en el momento en que se apruebe esta Directiva; se trata de cierta congelación del nivel de protección de las reagrupaciones familiares existente hoy en día en la legislación de los Estados miembros. 
En segundo lugar, la Comisión introduce una cláusula de emplazamiento, que establece un período de dos años a partir de la transposición de la Directiva y que especifica exactamente qué disposiciones deben estar sujetas a revisión prioritaria a fin de abrir la segunda fase del proceso de armonización de las legislaciones nacionales. 
Se trata, por supuesto, de las disposiciones consideradas más sensibles, como la definición de los miembros de la familia y la posibilidad de incluir a los miembros de las familias de ciudadanos comunitarios que no han hecho uso de su derecho a la libre circulación. 
Los principales cambios introducidos en relación con la propuesta inicial de la Comisión se refieren a la definición de los miembros de la familia: se garantiza el derecho a la reagrupación familiar del cónyuge y los hijos menores. 
En aras a la flexibilidad se especifica que un Estado miembro puede examinar si un menor de doce años cumple el criterio de integración, pero solo si su legislación lo contempla hoy o en la fecha en que se apruebe la Directiva. 
La admisión, por otra parte, de parejas no casadas, de ascendientes y de hijos adultos queda en manos de los Estados miembros, que deben decidir sobre esta cuestión por vía de ley o reglamento. 
En cuanto a los procedimientos de reagrupación familiar, los requisitos relativos a la vivienda, recursos materiales y seguros de enfermedad seguirán siendo opcionales. 
Se espera, no obstante, que se puedan controlar después de la reagrupación, cuando se renueven los permisos de residencia de los miembros de la familia. 
Una derogación también permitirá a los Estados miembros mantener su legislación nacional relativa a su capacidad de admisión cuando examinen las solicitudes de reagrupación familiar. 
En estos casos, en función de la capacidad de recepción, las solicitudes se pueden tramitar por fases, siempre que el período de espera de los miembros de la familia no supere los tres años. 
Por último, las disposiciones en materia de reagrupación familiar de los refugiados se han juntado en el mismo capítulo para reflejar de forma más clara la naturaleza específica de su situación. 
En general, la propuesta no está a la altura de nuestras intenciones iniciales, si bien no implica ninguna obligación de armonizar a la baja los requisitos de reagrupación familiar, y para nosotros constituye un primer paso en un proceso que desearíamos más rápido, pero en el que sin duda continuaremos trabajando con convicción y perseverancia. 
Agradezco a la ponente y al Parlamento el apoyo que han dado a este debate durante los tres largos años de nuestra aventura común. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores aprobó el informe de la Sra. Cerdeira Morterero sobre la reagrupación familiar contra los votos del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que lo considera totalmente inadmisible. 
Esta es la tercera propuesta presentada por la Comisión sobre esta cuestión desde el año 1999 y, una vez que el Consejo haya aprobado esta Directiva, se incorporará en poco tiempo a la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros. 
Hoy se pide al Parlamento Europeo que emitíamos nuestra opinión sobre la posible solución, a la vez humana y realista, al problema de la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios. 
Brindaría a los ciudadanos de países no comunitarios la posibilidad de vivir con sus familias en la Unión Europea evitando al mismo tiempo el incremento drástico del nivel de inmigración a nuestros Estados miembros. 
Tras varios años de dura negociación con el Consejo, la Comisión ha aprobado finalmente un enfoque realista y viable. 
Sin embargo, mi actitud es crítica, al igual que lo fue con la propuesta inicial, con la decisión de la Comisión de no diferenciar entre las diversas razones de la inmigración. 
En consecuencia, pido de nuevo en nombre de mi Grupo que se establezcan directivas separadas sobre la cuestión de la reagrupación familiar: una para los solicitantes de asilo, otra para los trabajadores inmigrantes y una tercera para la protección subsidiaria. 
Al tratar la protección subsidiaria, que consiste en la concesión de derechos de residencia temporal a las personas que requieran protección, en una directiva independiente, la Comisión ha dado un importante paso en la dirección correcta, un paso que nosotros hemos propiciado constantemente. 
Lo lógico habría sido hacer lo propio con los solicitantes de asilo y los trabajadores inmigrantes. 
Ampliar la reagrupación a parejas de hecho y homosexuales y a sus hijos, que es lo que defiende la Sra. Cerdeira Morterero en su informe, es algo a lo que nos oponemos categóricamente. 
¿Quién, por ejemplo, se supone que verificará la existencia de tales relaciones? 
No llego a comprender por qué deliberadamente se deja tan abierta esa puerta al abuso. 
La única recomendación que puedo dar a los ideólogos de esta Cámara es que intenten ponerse en contacto con aquellos que trabajan en primera línea en los Estados miembros. 
Son precisamente los que deben enfrentarse diariamente a reglamentos poco claros y a un número considerable de casos de abuso. 
Si los ciudadanos que desean entrar de forma ilegal en la Unión Europea ya pagan a los traficantes enormes sumas de dinero, arriesgando sus propias vidas en el camino, resulta fácil imaginar cuánto dinero se intercambiará pronto para permitir entrar de forma bastante legal en la Unión Europea en calidad de lo que se llama pareja. 
La propuesta de la Comisión de que la reunificación de estas categorías de ciudadanos debe ser competencia de los Estados miembros no resulta tampoco convincente, ya que, en mi opinión, concede demasiado margen a cada uno de los países de una Europa unida de fronteras abiertas. 
En lugar de apoyar el enfoque realista y práctico que propuse en mi primer informe y que desde entonces ha obtenido un amplio respaldo en el Consejo y la Comisión, la mayoría de izquierdas continúa retozando en el campo de juego ideológico. 
Al mantener sus poco realistas propuestas, dan argumentos a los Estados miembros que no tienen deseo alguno de conceder derechos de codecisión al Parlamento Europeo en esta cuestión. 
En este caso concreto, mantengo la insólita postura de aplaudir el hecho de que en esta materia solo se nos consulte. 
El Consejo ya ha llegado a un acuerdo político para aceptar el proyecto de la Comisión. 
Cabe esperar por tanto que el Consejo, en su reunión del 8 de mayo, base su decisión en el proyecto de la Comisión, que es sin duda un documento mucho más realista. 
Por esta razón mi deseo para hoy y para el futuro es que nuestras decisiones no se enturbien con manifiestos ideológicos de partido, sino que, en los procesos parlamentarios aún pendientes, lleguemos a un acuerdo en torno a políticas constructivas, prácticas y coherentes que los ciudadanos de nuestros países puedan suscribir. 
Señor Presidente, antes de empezar mi intervención les propongo el siguiente ejercicio tanto a los presentes como a los ausentes, porque no hay nadie del Consejo, como debería ser. 
Piensen ustedes a partir de este momento que están incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva y que estamos aquí hablando de sus maridos, sus esposas y sus hijos. 
Creo que es un buen ejercicio. 
En segundo lugar, quisiera felicitar a la ponente, Sra. Cerdeira Morterero. 
Tenía un trabajo muy difícil. 
Esta Cámara recibió bien la primera propuesta de la Comisión. 
Hicimos algunas propuestas que no se han tenido en cuenta, y no solo eso, sino que de los debates del ausente Consejo nos ha llegado una nueva propuesta que nos gusta mucho menos. 
A pesar de ello, la señora ponente ha hecho un esfuerzo por ver cómo podemos avanzar, ya que pensamos que esta es una pieza muy importante de la política de inmigración que debería estar ya establecida. 
Admitimos, pues, muchas de las nuevas propuestas que nos llegan, admitimos la base misma sobre la que se fundan, admitimos el hecho de tener que demostrar la capacidad para mantener a la familia, estamos dispuestos a esperar, en virtud de un acuerdo, una nueva propuesta para la protección subsidiaria, pero hay cosas que, a pesar de todo, no podemos aceptar. 
No podemos admitir la limitación a la entrada por ninguna razón de los hijos menores de edad, nos parece obvio. 
No podemos admitir la extensión de los plazos y no podemos admitir- porque no nos gusta nada- la cantidad de excepciones que, a pesar de la buena voluntad de la Comisión, figuran en la propuesta. 
A pesar de esto, y sin mucho éxito, en el PPE-DE estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y a seguir hablando. 
Señoras y señores diputados, queridos colegas, estamos hablando- como decía- de la vida en familia. 
Imagino que el PPE-DE está de acuerdo en que esta es la base de nuestra sociedad. 
¿Podemos admitir una propuesta que eleva a tres años- tres años y nueve meses si contamos la tramitación -, el período durante el cual tiene que esperar un hombre y cada vez más- tengan en cuenta eso- una mujer, para poder tener a sus hijos con ella? 
¿Saben ustedes lo que le pasa a un niño entre los cuatro y los siete años, entre los siete y los doce? 
¿Es razonable generar tanto desasosiego entre la gente que queremos que viva entre nosotros? 
Quiero dejar aquí una pregunta: ¿No sería mejor reconocer que los humanos vivimos en familia? 
¿No podríamos hacer leyes que facilitaran la entrada a las familias? 
¿No sería esto más práctico? 
A cambio, yo estaría dispuesta a hablar de la inclusión en los cupos de las personas que vienen a trabajar, de la inclusión en el método de coordinación abierta, y en estos cupos de las personas que llegan por reagrupación familiar. 
Pero me parece que esa sería una política realmente más práctica para la integración de esos ciudadanos en nuestra sociedad. 
Señor Presidente, permítame comenzar lamentando que el Consejo haya establecido su política ya a finales de febrero sin esperar la opinión del Parlamento Europeo. 
Aunque es cierto que ha llevado mucho tiempo tramitar este informe en el Parlamento, esto no sirve de excusa al Consejo para despreciar la función del Parlamento en el proceso legislativo. 
Dicho esto, creo que la Directiva abarca un aspecto central del debate sobre la inmigración y la integración. 
Es un hecho constatado que las reagrupaciones familiares de ciudadanos de terceros países constituyen entre el 40 y el 50% del número total de inmigrantes en la Unión Europea. 
Esta Directiva ayudará a clarificar las normas, a mejorar la integración y a asegurar una distribución más justa de la carga dentro de la Comunidad. 
Al mismo tiempo, la Directiva da a los Estados miembros oportunidades suficientes para prevenir la inmigración económica inadvertida. 
Hay que hacer hincapié en que la reagrupación familiar contribuye a asegurar valores que son fundamentales para cada individuo: la unidad familiar y una vida familiar normal. 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, he apoyado la enmienda propuesta que establece una definición más amplia de la familia y que incluye a ciudadanos de terceros países con protección subsidiaria dentro de las normas de reagrupación familiar. 
Sin embargo, al mismo tiempo, no considero que sea incorrecto que fijemos ciertos requisitos para las normas sobre la reagrupación familiar. 
Aún creo que los Estados miembros deben tener la oportunidad de fijar dichos requisitos, por ejemplo en forma de un nivel normal de alojamiento, de una renta que garantice el abastecimiento de la familia y el respeto del orden público y de la seguridad, así como el establecimiento de un período de espera. 
Mi deseo es que este informe se apruebe con el máximo apoyo posible de la Cámara y que el Consejo escuche entonces en el futuro nuestra opinión. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Cerdeira Morterero pretende introducir ajustes positivos en la propuesta inicial de la Comisión, en un clima caracterizado por las leyes de seguridad y la criminalización de hecho de la emigración. 
Este es el caso, por ejemplo, de la supresión de toda discriminación en el terreno de la reagrupación familiar. 
Pero podríamos preguntarnos si en realidad no es una ganga engañosa, como ya han afirmado algunos colegas, puesto que el Consejo ya llegó a un acuerdo en febrero con el que el Comisario Vitorino estaba satisfecho. 
Por tanto, permítanme expresar mis dudas sobre el deseo de tener en cuenta la opinión del Parlamento Europeo. 
Déjenme asimismo mostrar mi gran preocupación por la tendencia que están mostrando algunos países de la Unión de endurecer sus políticas de inmigración. 
Por ejemplo, entendemos por qué el Gobierno francés ha calificado este acuerdo de elemento importante de la política de control de los flujos de migración. 
Sabemos que la armonización de la legislación nacional es necesaria, pero ¿se lleva a cabo de conformidad con los derechos y la protección de los ciudadanos de terceros países, en el espíritu de los acuerdos de Tampere o, por el contrario, la aplicación de esta Directiva será para algunos un mero pretexto para reducir el nivel de protección que ya garantizan los Estados miembros? 
Al incrementar las condiciones de entrada, por ejemplo, para los niños y seleccionar entre trabajadores cualificados o no cualificados, Europa se está convirtiendo en una fortaleza. 
Esta política no sirve en absoluto a la creación de una ciudadanía europea que defiende los valores de la tolerancia, la democracia y la solidaridad, de acuerdo en particular con la Convención de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Esta es una oportunidad única para la Unión: en vez de ello, las poblaciones inmigrantes deberían beneficiarse de la libertad de circulación y de una acogida que les permitiera participar en la vida del país y obtener ingresos razonables. 
En este caso estaríamos muy lejos de la fantasía de los invasores. 
A este respecto, en el informe de 2002 del Sistema Continuo de Información sobre Migración establecido por la OCDE se restablece la verdad. 
En Francia, le guste al Ministro del Interior o no, el número total de entradas permanentes en el país alcanzó la cifra de 119 000 personas en 2002, es decir, menos que en el año 1998, y la razón principal de esta migración es, en el 77% de los casos, la reagrupación familiar. 
Por último, siguiendo el ejemplo de las asociaciones de derechos humanos, quiero condenar hoy acciones que la Presidencia danesa permitió de algún modo en su Programa de Acción sobre el Retorno de noviembre de 2002. 
Me refiero en concreto al flete de vuelos cargados de «indeseables». 
Apenas habrá necesitado cuatro meses el Sr. Sarkozy, en Francia, para meterse de lleno en esta organización de retornos forzados, hecho vergonzoso para nuestra época actual y, sobre todo, muy alejado de una política de inmigración justa y humana. 
Señor Presidente, hoy, el Parlamento Europeo vuelve a tomar una posición acerca de la propuesta del Consejo sobre reagrupación familiar. 
A este efecto, debemos recordar que el Consejo ya ha establecido un enfoque general el 27 de febrero de este año. 
Mientras que el derecho a vivir con la propia familia es reconocido por las convenciones internacionales y se alude a ello en la Carta de Derechos Fundamentales, es lamentable ver que el enfoque del Consejo pone profundamente en duda este derecho para los residentes de terceros países. 
Si tomamos en consideración la Cumbre de Tampere, que intentaba establecer un enfoque común que garantizara, conforme a los instrumentos de derechos humanos, la integración de nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión, este nuevo enfoque es un verdadero ajuste a la baja. 
Tal como manifiestan determinados Diputados, es verdad que es mejor esta Directiva que nada cuando conocemos las dificultades a las que nos hemos enfrentado para llegar a este punto. 
Pero no podemos evitar condenar su aspecto minimalista, a pesar de toda la buena voluntad de la ponente, a quien agradecemos sinceramente su labor. 
¿Por qué excluir a personas que disfrutan del estado de protección temporal o protección subsidiaria? 
Excluidos del sistema de asilo por esta propuesta, carecen de derechos. 
También están excluidos de todas las directivas sobre ciudadanos de terceros países. 
Además, ¿por qué limitar la reagrupación familiar exclusivamente al cónyuge legal e hijos dependientes en determinadas circunstancias? 
Nada justifica admitir a menores de más de 12 años sujetos a la condición de la integración, o excluir a niños mayores de 15 años. 
La definición de un niño ciudadano de un tercer país debería ser la misma que la de otro niño europeo. 
Un niño es un niño. 
Cualquiera que sea su nacionalidad, tiene derecho a vivir con sus padres. 
Esta disposición parece ser contraria a las obligaciones internacionales de los Estados miembros para con los derechos de los niños. 
Este tipo de incongruencias no están justificadas ni son justificables. 
En cuanto a la longitud del procedimiento, tan pronto como se presente la solicitud de reagrupación familiar, debe ser posible que se aplique dentro de un plazo razonable. 
Un tiempo de espera de tres años de matrimonio es demasiado largo. 
No exigimos a los europeos que hayan estado casados durante tres años antes de que puedan vivir juntos. 
Y, sin embargo, el principio del derecho a vivir como una familia es simple. 
Cuando un extranjero con residencia legal en un Estado miembro de la Unión posee un permiso de residencia con una validez de un año, el derecho a la reagrupación familiar debe ser automático. 
Asimismo, con esta propuesta restrictiva, la vida familiar corre el peligro de convertirse en un suplicio, en especial para las mujeres. 
De hecho, la directiva estipula que la concesión de un permiso de residencia está limitada a un período de un año y que es renovable en determinadas circunstancias. 
Ahora bien, el permiso expedido debe tener la misma duración que el del cónyuge. 
El período establecido de cinco años antes de que se conceda un permiso de residencia autónomo al cónyuge es demasiado largo. 
La ausencia de autonomía legal a menudo obliga a que las mujeres dependan totalmente de sus maridos, lo cual es inaceptable en una Europa que respeta y defiende los derechos de las mujeres. 
Asimismo, dado que el acceso al empleo para los miembros de la familia no es un derecho desde el momento de su entrada en el país, se fuerza a uno de los cónyuges a soportar todos los gastos e impedir toda integración social del otro cónyuge. 
Esta propuesta de directiva es el resultado de una filosofía que discrepa con la que se aprobó el año pasado. 
No solo entra en conflicto con las conversaciones sobre integración instadas por numerosas personas involucradas, sino también incita a que los hijos de los inmigrantes reaccionen violentamente frente a la injusticia sufrida. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más solo puedo destacar que el texto que se nos ha presentado representa un cambio considerable a favor de la inmigración. 
La idea sigue siendo la misma: fomentar todavía más la inmigración en Europa y conseguir que el derecho a la reagrupación familiar sea la fuerza motriz de esta política comunitaria. 
Hace un mes, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea obtuvo un difícil consenso sobre la directiva sobre reagrupación familiar. 
Hoy la ponente propone modificar este compromiso, que considera que es excesivamente restrictivo, ya que no profundiza suficientemente en defender el derecho a la reagrupación familiar ampliada. 
Lo que se está proponiendo aquí es una ampliación de la definición del miembro de familia para incluir a las parejas no casadas, hijos mayores de edad y familiares de la línea ascendente si no disponen de ninguna otra fuente de ingresos. 
¿Pero quién va a decidir si el no disponer de otra fuente de ingresos es legalmente significativo? 
Incluso una relación homosexual, por ejemplo, se considera aquí que equivale a una relación familiar. 
Sin embargo, estipula que la relación deberá ser estable y de larga duración. 
Pero se han abierto las compuertas. Se han abierto para todos los solicitantes. 
Esto quiere decir que si solo entra una persona casi quince más podrán establecerse con ella. 
No es que seamos indiferentes al hecho de que algunas familias extranjeras tengan que vivir separadas. 
Pero si se quiere evitar que se sientan desarraigados en consecuencia, ¿por qué nunca se considera, en estos tiempos de desempleo, la posibilidad de organizar la reagrupación familiar en los países de origen? 
Y por qué no dedicarle una parte de nuestros fondos de desarrollo, ya que con demasiada frecuencia estos fondos solo sirven realmente para sacar dinero a los pobres en los países ricos con el fin de forrar los bolsillos de los ricos en los países pobres. 
¿Es este el verdadero propósito de la reagrupación familiar? 
¿No debería por el contrario centrarse en los países de origen de los migrantes? 
Denunciamos más que nunca esta inmigración de colonización, organizada por los Estados miembros con la colusión activa de las instituciones europeas: nuestro derecho de asilo es un desastre; se han abandonado los controles fronterizos; la situación de los inmigrantes ilegales está siendo legalizada; prosperan los matrimonios de conveniencia, etc. Todo esto debe parar. 
Es nuestro deber poner un punto final a esta política suicida que Europa está llevando a cabo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, este proyecto de directiva es, de hecho, el primer instrumento legal que introducimos en el campo de la inmigración legal. 
Por lo tanto, me alegra que al menos ahora en este tercer intento, la propuesta presentada por la Comisión se base en un enfoque sólido y la respaldamos, en particular, porque incorpora un gran número de nuestras propuestas parlamentarias, en especial las del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Considero que es muy estimulante, por el bien del mercado laboral en la Unión Europea, la red de seguridad social y los intereses de la Unión respecto a la integración de las personas que no son ciudadanos de la UE, que el concepto de la familia introducido en este proyecto es el de la familia nuclear, o dicho de otro modo, según se define en el proyecto, se limita a los padres e hijos menores de edad. 
También encuentro que es alentador que el Consejo haya dado su aprobación política a esta propuesta y que podamos esperar que la aprobación final de la directiva basada en esta estrecha definición de la familia se efectúe en el mes de mayo. 
Por otra parte, el informe que se halla ante nosotros y que estamos deliberando ahora es un paso atrás muy definido, un regreso a la Edad de Piedra, por decirlo así, de la política de inmigración. 
Ignora sencillamente las realidades y oportunidades que existen en nuestros Estados miembros. 
A modo de ejemplo, en la redefinición de la familia, se pide la ampliación de la directiva para las parejas no casadas, los hijos en edad adulta y otros familiares. 
Incluso llega tan lejos como pedir la inmigración de segundas y terceras esposas junto con sus hijos respectivos. 
Esto, si puedo decirlo así, se contradice con la tradición y cultura europeas. 
Pide plazos más cortos, e intenta poner coto al ámbito de actuación de los Estados miembros para imponer restricciones adecuadas a través de su propia legislación y reglamentaciones nacionales. 
La propuesta presentada a la Comisión es razonable. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos la respaldará. 
Sin embargo, rechazamos categóricamente las propuestas presentadas por la ponente, que ampliarían el concepto de familia más allá de los límites que la Unión Europea puede aceptar como base tolerable para su política de inmigración. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por este informe. 
En primer lugar, desde el punto de vista del procedimiento, aunque soy consciente que se debe a retrasos inevitables por parte de este Parlamento, resulta totalmente inaceptable que, como ha manifestado el Sr. Sørensen, el Consejo ya haya alcanzado un acuerdo general al respecto sin esperar la opinión del Parlamento. 
En segundo lugar, los colegas serán conscientes de que el Reino Unido ha optado en este momento, por razones perfectamente documentadas mediante un protocolo, por desvincularse de esta Directiva, pero espero de todo corazón que en el futuro esté en condiciones de adherirse a ella. 
Por tanto, me satisface el rumbo que ha adoptado la ponente en relación con la protección subsidiaria. 
Como ya han manifestado otros oradores, deberíamos ser conscientes de la importancia de este acuerdo, ya que es el primer instrumento legislativo que se va a aprobar para toda Europa sobre la inmigración legal. 
Si pensamos en las dificultades que la Comisaria ha tenido que afrontar para conseguir algún avance en este tema, veremos claro los enormes desafíos que nos esperan todavía. 
Las observaciones de la Sra. Klamt y su interpretación me han causado tristeza. 
Acerca de la unificación de la familia, le diría al Sr. Gollnisch que puedo entender muy bien que, si hubiera miembros de su familia que se encontraran a miles de kilómetros de distancia, no desearan la reunificación de la familia; estarían muy agradecidos por estar lejos de él. 
Pero si se tratara de miembros de mi familia que estuvieran alejados y se hallaran en alguna parte remota del mundo- con independencia del parentesco o su situación -, yo acogería con agrado este informe y esperaría que la familia pudiera reunificarse para estar juntos. 
Como ha dicho la Sra. Terrón i Cusí, hemos de ser realistas en nuestro enfoque y modernos en nuestra interpretación de las relaciones y mostrar comprensión por las circunstancias en las que se encuentran las personas en los tiempos que corren. 
Este Parlamento ha de ser realista y racional y mirar adelante. 
Me complace apoyar este informe. 
Señor Presidente, el informe incluye propuestas que, si fueran vinculantes, reducirían las dificultades que estamos experimentando con la reagrupación familiar. 
Sin embargo, no llega lo suficientemente lejos y algunas de las enmiendas propuestas son un paso hacia atrás y vamos a rechazarlas. 
El derecho a la reagrupación familiar debe ser un derecho absoluto. 
De hecho, el informe parece estar preocupado fundamentalmente por introducir limitaciones a este derecho con una gran diversidad de pretextos para impedir que facilite la denominada inmigración ilegal. 
Esta motivación, despreciable desde un punto de vista humano, reduce el alcance de los pocos aspectos positivos que contiene el texto. 
La sociedad está tan falta de valores igualitarios y existe tanta pobreza en el mundo que cada vez hay más personas pobres que intentan escapar al hambre y al sufrimiento y encontrar refugio en los países de Europa; lamentablemente, con demasiada frecuencia no lo consiguen. 
Los Estados nacionales y las instituciones europeas pueden colocar todas las alambradas de púas que quieran, tanto en su forma literal como en términos legales, para impedir que ocurra, pero no lo conseguirán. 
Las medidas represivas para apartar a las personas que huyen de la pobreza solo sirven para mostrar la inhumanidad de los que toman y apoyan este tipo de medidas. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por la labor que ha llevada a cabo y me gustaría sumar asimismo mi voz a la del Sr. Evans y refrendar todos los comentarios que ha formulado acerca de este informe. 
Mientras estaba indagando el parecer de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre temas relacionados con la migración de trabajadores, las organizaciones empresariales me dijeron que la reunificación de las familias representaba un factor crucial en la toma de decisiones personales a la hora de decidir si venir o no a trabajar a la Unión Europea. 
Querían saber si sus cónyuges o parejas tendrían la oportunidad de trabajar; querían saber qué acceso tendrían sus hijos a la educación; y también querían saber cuáles de los hijos verían denegado el permiso de inmigración y tal vez tuvieran que quedarse con otros parientes, mientras tuvieran que examinarse a la edad de quince, dieciséis y más años. 
Por tanto, si la Unión Europea está convencida de lo que dice acerca de la flexibilidad del mercado laboral y la necesidad de trabajadores de determinadas categorías, hemos de reconsiderar muy detenidamente si lo que le vamos a decir a la gente que queremos que venga a trabajar en calidad de directores de empresa, médicos, especialistas en tecnologías de la información, jefes de cocina o lo que sea, es: «lo sentimos, tiene que separar su familia, tendrá que esperar tres años antes de poder traerla aquí al completo». 
Las personas de esa valía tienen otras alternativas y optarán por no venir. 
Mi Grupo y yo no creemos que estemos hablando de familias de primera y segunda clase. 
Todas las familias desean vivir juntas y, de acuerdo con el derecho y los acuerdos internacionales, tienen derecho a permanecer unidas. 
El informe que plantea el Parlamento reconoce la existencia actual de diferentes relaciones. 
Hemos de reconocer la realidad de las cosas y tenemos que mantener unidas a las familias, sobre todo si queremos tener el tipo de economía que pensamos que merecemos. 
Señor Presidente, la propuesta de una Directiva sobre reagrupación familiar ha aparecido periódicamente como un fantasma en el Parlamento Europeo desde 1999. 
La razón de este juego de ping-pong es sencilla: en primer lugar, la Comisión presenta una propuesta extremadamente liberal; el Parlamento Europeo la aprueba y hace una mejor oferta; finalmente, el Consejo? que parece ser el más responsable de los tres? dice que no y vuelve a empezar todo el ciclo otra vez. 
Parece ser que esta vez la Comisión ha encontrado un arma invencible. 
Trata de no llamar la atención sobre la mayoría de las disposiciones impugnadas por el Consejo como si cediera, pero introduce un nuevo Artículo 19 al final del texto en el que explica que todos estos asuntos se volverán a estudiar dentro de dos años como máximo. 
Sus tácticas están claras. 
La idea es, al menos al principio, obtener la aprobación de una legislación mínima europea en materia de reagrupación familiar para que se reconozca el principio de Derecho europeo e intervención europea. 
Por consiguiente, la Comisión utilizará estos puntos en su favor para devolver el ataque, aún más dado que el Artículo 19 ya establece las disposiciones que se modificarán. 
En cuanto al Consejo, existe el riesgo de que dejen pasar el texto ya que todos dirán- tal como todos lo hacen con demasiada frecuencia -: «los puntos esenciales están seguros por el momento y en cuanto al resto ya lo veremos dentro de dos años». 
Por nuestra parte, creemos que el Consejo no debería permitir dejarse atrapar en esta cadena de acontecimientos. 
Actualmente, la reagrupación familiar tiene que ver con un ingente número de inmigrantes y es importante para cada Estado miembro conservar su capacidad de mantenerla bajo estrecha vigilancia, para poder adaptarla a su capacidad de recepción. 
La Comisión y el Parlamento Europeo sueñan con imponer una ampliación a priori de este derecho a los Estados miembros, pero es imposible que dejen que esto suceda. 
Por lo tanto, creemos que esta directiva no serviría de mucho y representaría un peligro para los Estados miembros, en particular debido a que la Convención sobre el Futuro de Europa muestra una voluntad de decidir todas estas cuestiones por mayoría cualificada. 
Señor Presidente, quisiera intervenir muy brevemente con arreglo al Artículo 122 para contestar por alusión personal, puesto que el Sr. Evans ha puesto en entredicho lo que he manifestado. 
Está usted en lo cierto, señor Evans, cuando dice que la familia de mi esposa es originaria del Extremo Oriente y debido a ello viven a más de 10 000 kilómetros de distancia. 
Adoro a mi esposa. Siento un gran aprecio por mis suegros; les visito con asiduidad en Japón y vienen a visitarme. 
Pero ni ellos, ni mis cuñados, ni los primos de mi esposa han considerado jamás que, por el hecho de que mi esposa se haya casado conmigo, tengan automáticamente el derecho de permanecer y residir de por vida en el territorio de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera empezar señalando que el establecimiento de una normativa común sobre la cuestión de la reagrupación familiar representa para nosotros un factor importante en una verdadera política de inmigración común. 
Es el resultado de las deliberaciones del Consejo Europeo de Tampere y fue confirmado recientemente en Laeken. 
Sin embargo, se trata de un tema muy sensible en el que es natural que prevalezcan las realidades nacionales. 
Por consiguiente, es difícil llegar a soluciones y compromisos, lo que responde al hecho de que esta propuesta se esté estudiando en el Consejo durante casi dos años. 
La Comisión ha presentado, por lo tanto, esta nueva propuesta; aunque esté lejos de ser ideal, no hay duda de que es factible y permitirá que se inicie el proceso de armonización de la legislación sobre la admisión, a los efectos de la reagrupación familiar. 
Debo, por lo tanto, felicitar al Comisario, el Sr. António Vitorino, por el enfoque pragmático que ha hecho posible abordar los aspectos que seguían causando problemas e incluir los compromisos que se han obtenido en el Consejo. 
Considero que esta solución de un proceso multietapa es juiciosa, ya que ofrece una gran flexibilidad sobre los aspectos que todavía se encuentran en un punto muerto, mientras que al mismo tiempo concede a las legislaciones nacionales algún espacio de maniobra. 
También le felicito por la disposición que ha calificado de encuentro, y que establece que esta flexibilidad y excepción estarán sujetas a revisión prioritaria en un plazo de dos años. 
Por todos estos motivos, al tiempo que felicito a la Sra. Carmen Cerdeira Morterero por su labor, debo criticar su intento de ampliar demasiado el alcance de la reagrupación familiar; creo que no es deseable, no solo porque no es posible en esta primera etapa dada la diversidad de legislaciones nacionales sobre este tema, sino también porque podría provocar situaciones de uso indebido incontrolado en las que el país receptor no estaría en condiciones de crear las condiciones necesarias para la plena integración y coexistencia pacífica de extranjeros y nacionales. 
También quisiera recordar que disponemos de una Directiva que intenta imponer unos estándares mínimos, según los cuales los Estados miembros, conforme a sus tradiciones y legislación nacional, tienen todo el derecho de adoptar normas más favorables en materia de reagrupación familiar. 
Espero, Señor Presidente, que a pesar de nuestras diferencias de opinión? que son normales y, en todo caso, fundamentales en una democracia? podemos esforzarnos juntos para establecer un marco legal transparente y claro que asegure que los inmigrantes legales se integren en los países receptores. No cabe duda de que la reagrupación familiar es un factor en este marco que estimulará la estabilidad personal del inmigrante y apoyará esta integración. 
. De conformidad con el orden del día, se interrumpe el debate de este informe y se reanudará a las 21.00 horas. 
. El siguiente punto del orden del día se refiere a la declaración de la Comisión sobre las previsiones económicas de primavera; orientaciones para el empleo. 
El Comisario, el Sr. Pedro Solbes Mira, tiene la palabra. 
. 
(ES) Señor Presidente, tanto yo como mi colega, la Sra. Diamantopoulou, vamos a darles cumplida información sobre las grandes orientaciones de política económica y de empleo. 
Esta tarde la Comisión acaba de tomar la decisión de adoptar su recomendación de orientaciones de empleo para el período 2003-2005. 
Se centra en la contribución que las políticas económicas puedan hacer al objetivo estratégico de la Unión establecido en Lisboa. 
Las orientaciones de política económica se engloban en un paquete coordinado de directrices, junto con las de empleo, que serán presentadas por mi colega, la Sra. Diamantopoulou. 
En el contexto de racionalización, y en atención a la solicitud formulada por el Consejo Europeo de primavera celebrado en Bruselas, las orientaciones de política económica han experimentado una serie de cambios. 
Son más concisas y se centran en las cuestiones clave de la política económica; su parte general se reduce drásticamente, al igual que el número de orientaciones que contienen y, sin embargo, siguen siendo exhaustivas y continúan abordando todos los problemas económicos, aunque de forma más condensada. 
En cuanto a las orientaciones por países, ahora se estructuran claramente en torno a los grandes desafíos de política económica específicos para cada país. Ello permite prestar también mayor atención a las cuestiones fundamentales de política económica. 
Además, las orientaciones específicas van explícitamente ligadas a las generales, de las que se derivan. 
Por último, se añade una sección específica sobre la zona euro y los desafíos a los que se enfrenta. 
No obstante, este enfoque no representa una ruptura radical con el pasado, ya que la estrategia básica desarrollada a lo largo de los últimos años, y en particular desde Lisboa, sigue siendo válida. 
Al tiempo que confirman las estrategias, las orientaciones de política económica insisten en la necesidad de que las políticas macroeconómicas mantengan la estabilidad y apoyen el crecimiento para conseguir de forma decidida las reformas económicas y para garantizar que el crecimiento sea sostenible ante las transformaciones económicas, medioambientales y sociales. 
No abordaré estos tres temas en detalle, me limitaré a hacer unos comentarios sobre cada uno de ellos. 
En cuanto a las políticas macroeconómicas, el entorno económico actual e incierto hace fundamental que las políticas inspiren confianza. 
Las políticas macroeconómicas deben guiarse por la necesidad de apoyar el crecimiento a corto plazo y, a la vez, preservar la estabilidad macroeconómica. 
En política presupuestaria eso significa que debe combinarse la flexibilidad con un ajuste creíble. 
Siempre que sea posible, los estabilizadores automáticos deberán funcionar plenamente, pero también debemos seguir avanzando en la reducción de los déficits. 
Estos principios rectores responden al acuerdo sobre el fortalecimiento de la coordinación de políticas presupuestarias recogido en la Comunicación de la Comisión del pasado noviembre. 
En particular, la necesidad de reducir, en su caso, los déficits estructurales en al menos medio punto del PIB, se incluye en la misma. 
Por otra parte, es importante que la evolución salarial sea compatible con la estabilidad de precios y los incrementos de productividad, a fin de permitir un restablecimiento de los márgenes de beneficio que propicie una expansión de la inversión generadora de empleo. 
En cuanto al segundo punto- fomentar el potencial de crecimiento- las orientaciones de política económica reconocen debidamente la necesidad de reformas estructurales. 
Si algo demuestra la debilidad de la Unión frente a una ralentización global es, sin duda, la necesidad de fortalecer aún más la capacidad de crecimiento de nuestra economía y su resistencia a los choques. 
Para estimular la creación de empleo, los Estados miembros deben mejorar el efecto combinado de los impuestos de las prestaciones sociales, actuando tanto a través de los tipos impositivos como de los criterios para la concesión de prestaciones. 
Deben fomentar una organización del trabajo más flexible, revisar la reglamentación laboral y hacer esfuerzos adecuados en educación y formación. 
Es preciso también facilitar la movilidad de la mano de obra fomentando el reconocimiento de los derechos de pensión y de la seguridad social. 
Lógicamente, dichas medidas deben complementarse con medidas activas del mercado de trabajo para ayudar a encontrar empleo. 
Las grandes orientaciones también propugnan medidas que favorecen la competencia en los mercados de productos y capital, que fomentan el espíritu emprendedor y que estimulan la transición a una economía del conocimiento. 
Para mejorar las condiciones de financiación y, en particular, el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, el plan de acción de capital riesgo debe aplicarse plenamente antes de fin de año. 
Por otra parte, recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejores normas sobre gobernanza de empresas y de una adecuada supervisión financiera. 
Por último, en cuanto a la sostenibilidad, las orientaciones abordan la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas teniendo en cuenta, sobre todo, el problema del envejecimiento de la población. 
La reforma de las pensiones debe tener por objetivo mejorar la sostenibilidad financiera, fomentar vidas laborales más largas y eliminar los incentivos a jubilaciones anticipadas, para hacer posibles unas pautas de desarrollo profesional y de empleo más flexibles. 
En línea con la Comunicación de noviembre, las orientaciones reflejan el consenso de atender más a la deuda pública y garantizar que siga disminuyendo. 
En términos de sostenibilidad medioambiental, las orientaciones mantienen que el crecimiento económico no debe ir a expensas del medio ambiente. 
Por ello, es necesario combinar los instrumentos reglamentarios con otros basados en el mercado. 
En ese sentido, los Estados miembros deberán reducir las subvenciones y exenciones fiscales y demás incentivos que tengan impacto negativo en el medio ambiente. 
Por último, también se aborda la contribución de las políticas económicas a la sostenibilidad social. 
El empleo es la mejor forma de protección contra la pobreza y la exclusión, y de la creación de empleo depende que existan condiciones favorables para la actividad y la inversión del sector privado. 
Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y permitir que los salarios reflejen las diferencias de productividad. 
La Comisión ha establecido la estrategia de una forma clara. 
Intentamos mostrar con ello la máxima firmeza a la hora de cumplirla, dando más importancia a este elemento. 
Señor Presidente, hace un mes presenté la Estrategia del Empleo revisada al Parlamento. 
Creo que hoy, con la presentación conjunta de los dos paquetes, estamos dando un paso importante y haciendo una contribución importante para la aplicación de los objetivos de Lisboa, al tiempo que tenemos en cuenta las necesidades y problemas de una Europa ampliada. 
Los indicadores y previsiones para el período de tiempo en cuestión, con indicadores de crecimiento económicos realmente preocupantes, muestran que el empleo continuó registrando un bajo índice de crecimiento en 2002. 
El aumento en el empleo fue de un 1,1 % aproximadamente, lo que representa 500.000 nuevos puestos de trabajo, si bien, naturalmente, también debemos presuponer que las previsiones de crecimiento escaso para el año próximo también repercutirán en el empleo. 
Por lo tanto, es importante que coordinemos y redoblemos nuestros esfuerzos para que impulsemos el crecimiento y ayudemos a crear puestos de trabajo. 
La propuesta que presentamos comporta un cambio fundamental si se compara con el pasado. 
Es el resultado de consultas amplias con el Parlamento, los interlocutores sociales y los Estados miembros; es el resultado de un análisis y evaluación exhaustivos de los cinco años anteriores y, cuando se presentó por primera vez en enero, contó realmente con un amplio apoyo del Consejo. 
Las orientaciones de empleo se presentan este año junto con las orientaciones económicas. 
Es significativo que hayamos dado un paso importante este año en lo que se refiere al calendario. Se evitará de este modo la confusión que ha surgido en los años anteriores, cuando existía una diferencia de seis meses entre los dos paquetes. 
También hemos dado un paso importante en cuanto al contenido, al haber obtenido un grado considerable de cohesión y compatibilidad entre los dos paquetes de orientaciones, que favorecerá una mejor coordinación y una cooperación más eficiente con los Estados miembros. 
Contiene menos orientaciones y estas son más sencillas y, naturalmente, son muy claras con respecto a los resultados que debemos alcanzar. 
Las orientaciones no son especialmente analíticas, debido a que las políticas de empleo tienen una fuerte dimensión nacional y existen cuestiones de subsidiariedad, de modo que cada país debe, hasta cierto punto, seleccionar los medios que utilizará. 
Sin embargo, disponen de orientaciones políticas claras y, naturalmente, dilucidamos resultados concretos que deben alcanzarse en cada sector, vinculados en varios casos a objetivos cuantitativos. 
¿Cuál es la nueva estructura? 
¿Cuál es el nuevo concepto del paquete de empleo? 
La base política es la interacción necesaria entre las políticas económicas, de empleo y sociales. 
Por consiguiente, existen tres objetivos: más puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo y un mercado laboral que no excluya a nadie. 
Estos tres objetivos sostienen tres prioridades que abarcan principalmente un amplio abanico de reformas. 
Estas reformas están relacionadas con las necesidades de las personas. 
En concreto, se refieren al aprendizaje permanente y los servicios que deben proporcionarse a los desempleados; se refieren a los sistemas educativos y, naturalmente, a las compañías, como puede ser el problema de la burocracia en las empresas y la cuestión de dar apoyo a las empresas y fomentar la iniciativa empresarial. 
También se refieren a un muy amplio espectro de reformas, como las reformas en la seguridad social y los sistemas de protección, la cuestión de las pensiones, la cuestión de la tributación, en especial cuando se refiere a salarios bajos. 
Y por último, se refieren a la cuestión de la igualdad de los sexos y a la participación de las mujeres en el mercado laboral, que se ha integrado en todas las políticas, aunque, naturalmente, existe una prioridad concreta relacionada con la igualdad de los sexos y de todos los grupos sometidos a discriminación. 
Naturalmente, tienen relación con las orientaciones anteriores, pero los nuevos factores se refieren principalmente a la cuestión del envejecimiento de la población, la necesidad de políticas que mantendrán a los trabajadores de más edad en el mercado laboral y la cuestión de la movilidad. 
Un nuevo factor interesante es el trabajo no declarado, que también constituye una prioridad de la Presidencia italiana. 
Sus Señorías, quisiera referirme a los objetivos cuantitativos. 
La Estrategia del Empleo se basa en el método de la cooperación abierta. 
En consecuencia, no existen sanciones ni medidas vinculantes Esto quiere decir que, si de lo que se trata es de que sea algo más que una exposición de ideas, es necesario que acordemos y nos comprometamos en obtener resultados y objetivos cuantitativos concretos. 
Por lo tanto, proponemos una serie de objetivos cuantitativos. 
La mayoría de ellos son de carácter nacional, en otras palabras, son los Estados miembros que los establecen, si bien existen indicadores para todos ellos, con la sola excepción del trabajo no declarado y el análisis serio por parte de la Comisión. 
Por último, existen orientaciones relacionadas con el modelo intergubernamental por lo que respecta a la participación de los interlocutores sociales y la reforma de los servicios de empleo y, finalmente, existe una cuestión de recomendaciones, con recomendaciones específicas para cada Estado miembro. 
Hemos tenido en cuenta el análisis del mercado laboral en cada Estado miembro y hemos considerado las recomendaciones en vista, y desde el punto de vista, de las nuevas orientaciones. 
Existen 57 recomendaciones efectuadas a los Estados miembros este año y, naturalmente, debo reiterar la compatibilidad y cohesión que existe con las orientaciones sobre el calendario a las que se ha referido el Sr. Solbes. 
Lamento que el Parlamento ande escaso de tiempo este año para dar su opinión sobre el paquete del empleo. 
Quisiera asegurarles que la Comisión se esforzará en lo posible para ayudar en esta labor del Parlamento en un corto espacio de tiempo y con la mayor eficacia posible, y espero que, a partir del próximo año, existirá una mejor comunicación y, desde el punto de vista del tiempo, más relajada entre nosotros. 
Señor Presidente, lo que los Comisarios han presentado en este Parlamento reafirma básicamente la continuación de la política del Pacto de Estabilidad, política que se acaba de presentar en la Cumbre de Bruselas para acelerar la liberalización y conseguir un mercado laboral más flexible. 
En otras palabras, se insiste más en lo mismo. 
Las consecuencias están demostrando ser catastróficas, en particular en mi país, Portugal, en el que hemos entrado en recesión técnica, nos quedamos atrás con respecto a las medias de la Unión Europea, donde el desempleo crece más rápidamente que en la Unión Europea en su conjunto y donde tenemos la tasa más alta de pobreza, incluyendo la pobreza persistente. 
Por lo tanto, es necesario un cambio de política. 
Mi pregunta es: ¿cuándo se revisará el pacto de estabilidad para que podamos estar seguros de que existe inversión pública, creación de puestos de trabajo, un mayor poder adquisitivo y medidas eficaces para tratar de resolver la pobreza y la exclusión social? 
Señor Presidente, es evidente que la Unión Europea está experimentando actualmente una ligera recesión y el futuro tampoco se vislumbra muy alentador. 
Los costes de la guerra y los costes de la paz pesarán profundamente en la economía mundial y, por consiguiente, también en la economía europea. 
¿Señor Comisario, podemos acaso permitirnos seguir asfixiándonos con una política dogmática de estabilidad, que se considera como un fin en sí misma? 
¡Naturalmente, la estabilidad es un bien público! 
Pero la política económica no debe limitarse estrictamente a combatir los déficits públicos. 
Actualmente, los Estados Unidos, paradójicamente, poseen una política económica y fiscal mucho más pragmática que Europa. 
El déficit público estadounidense, calculado conforme a los criterios de Maastricht, superaría ahora el 5%. 
¿Acaso, señor Comisario, no debería complementarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con un pacto para coordinar la política económica, lo que impulsaría el crecimiento y el empleo y contribuiría a estimular la inversión pública y privada en la investigación en infraestructuras y desarrollo regional, y en formación y el mercado laboral? 
Señor Presidente, señores Comisarios, sus Señorías, quisiera hacer dos comentarios. 
El primero es que nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales lamenta en extremo el período de tiempo excepcionalmente corto que se ha asignado a este tema. 
La Sra. Diamantopoulou ya ha señalado este punto. 
Casi se podría decir que es antidemocrático que el ponente de nuestra comisión deba entregar un informe la semana próxima, este próximo viernes, para ser más exactos. 
Podemos continuar deliberando sobre este asunto, pero, naturalmente, el plazo es demasiado corto. 
El problema es lo suficientemente grave tal como está, pero lo que es incluso peor es que se repita el próximo año, sin duda de forma más grave. 
Respecto al tema de un método abierto de coordinación, también yo, junto con muchas otras personas, queremos que se nos tome en serio. 
Por lo tanto, estos procedimientos deben cambiarse de un modo u otro, a pesar de toda la mediación que ha tenido lugar entretanto. 
Asimismo, me temo que faltan dos temas en las orientaciones para el empleo, pero, en breve, vamos a tratar sobre ellos en nuestras comisiones. 
El primer tema se refiere a que nos estamos concentrando demasiado y con demasiado énfasis en problemas a corto plazo en determinados países, que acaban de citarse. 
El segundo es el carácter no cíclico de estas orientaciones. 
. 
(ES) Señor Presidente, el debate de hoy trata precisamente de las grandes orientaciones de política económica para generar más empleo en Europa. 
Los problemas que se plantean en Europa no son, en opinión de la Comisión, problemas de una política fiscal expansiva. 
Los estabilizadores están desempeñando un papel, están permitiendo que esa política expansiva se produzca. 
Por otra parte, hasta ahora no se ha demostrado que los países que tienen políticas fiscales expansivas obtengan mejores resultados en términos de crecimiento. 
Más bien diría que la correlación es la contraria: los países que tienen políticas fiscales más sanas son los que tienen los niveles de crecimiento más alto. 
Creo que los problemas que se plantean en estos momentos no son- y lo he repetido muchas veces -, de pactos de estabilidad, sino problemas derivados de las reformas necesarias para incrementar nuestro potencial de crecimiento en Europa. 
Y ello tiene mucho que ver con las propuestas que hacemos en nuestras grandes orientaciones. 
En mi opinión, la modificación que la Comisión introdujo en el mes de noviembre sobre el pacto de estabilidad nos da margen de maniobra suficiente para hacer frente a las circunstancias actuales. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Comisaria, Señorías, no coincido con el punto de vista de mi colega, el Sr. Goebbels, en el primer aspecto, es decir, creo que hay que mantener la disciplina establecida en los pactos de estabilidad porque, efectivamente, da a la Unión Europea una solidez y una credibilidad superiores precisamente a la norteamericana, la cual, en el análisis de las economías a nivel internacional revela un déficit que causa una gran preocupación. 
Quiero insistir en la necesidad de que realmente haya una coordinación efectiva y un cumplimiento efectivo de los compromisos que se establecen en los pactos de estabilidad por parte de los Estados miembros y pienso, a raíz de las propuestas que se han hecho aquí, que si la Comisión no tiene una mayor capacidad de incidencia en este cumplimiento y en un ámbito como sería la utilización de la política fiscal impositiva, por ejemplo, realmente es muy limitada la seguridad que se tiene de que se realicen y se alcancen los objetivos. 
Insisto, y creo que el Parlamento lo apoya de manera generalizada, en el grado de cumplimiento y de realización de los compromisos de los Estados miembros, ya que, como vemos en la situación actual, desgraciadamente hay algunos y muy importantes que, en lugar de acercarse, se alejan, a la hora de dar credibilidad y solvencia. 
Quisiera empezar dando las gracias a los Comisarios. 
Quiero formular dos preguntas que se derivan de lo que se ha estado deliberando en el Parlamento. 
La primera pregunta se refiere al desafío demográfico, una de las cuestiones más importantes y quizás la más importante de todas, para el futuro de la UE. 
¿Cuáles son las iniciativas que los Comisarios están dispuestos a emprender para crear una política más orientada hacia la familia y los niños, para que la vida familiar y el cuidado de los niños pueda combinarse con la vida laboral?. 
Mi segunda pregunta se refiere a lo que la Comisaria Diamantopoulou mencionó con respecto a los trabajadores de más edad. 
En los Estados Unidos es inconstitucional forzar a las personas mayores a jubilarse. 
¿Debería también abordarse el tema de la jubilación obligatoria para las personas de edad en la Unión Europea y debería darse a estas personas la opción de continuar trabajando voluntariamente durante más tiempo de lo que lo hacen actualmente? 
Por último, solo quiero hacer hincapié en que es importante para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se sea claro y no ocuparse de política sin que se tengan unos criterios claros. 
Señor Presidente, tengo tres preguntas. 
Apruebo la coordinación de las orientaciones de la políticas económica y del empleo. 
¿Cuándo llegará el momento de integrar también las orientaciones en política social en esta coordinación? 
El crecimiento, el empleo y el bienestar social van de la mano. 
Con el crecimiento y el aumento del empleo que existe actualmente, no vamos a cumplir los compromisos sociales futuros respecto, por ejemplo, de las pensiones. 
¿Qué opina usted sobre ello, como Comisión? 
Hablamos muy a menudo sobre el capital humano y el aprendizaje permanente. 
Para que podamos hacer un mejor uso de la mano de obra, ¿qué es lo que propone, desde un punto de vista práctico, en lo que se refiere al aprendizaje permanente y la calidad en el lugar de trabajo? 
Señor Presidente, no he entendido la última pregunta del Sr. Andersson. 
La última de mis tres preguntas se refiere a que muy a menudo hablamos sobre el capital humano y el desarrollo del capital humano para aumentar la competitividad. 
¿Existen propuestas prácticas para el desarrollo del capital humano y para mejorar la calidad en el lugar de trabajo de modo que no nos ocupemos únicamente de generalizaciones? 
¿Qué es lo que se está llevando a cabo desde un punto de vista práctico, a escala europea? 
Señor Presidente, empezaré con la pregunta formulada por la Sra. Figueiredo, quien ha vinculado el aumento del desempleo en Portugal con el pacto de estabilidad. 
Creo que el análisis del mercado laboral en Portugal y las recomendaciones para este país son una lectura interesante. 
Se puede observar que existe un problema de productividad muy grave, que está relacionado con la inversión en recursos humanos, con un gran número de estudiantes que abandonan sus estudios y con un gran número de personas que no tienen estudios secundarios. 
La falta de cualificación, la ausencia de personal cualificado repercute en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y el ámbito de la innovación y la alta tecnología. 
Si uno profundiza un poco más, observará que existe un problema concreto en el ámbito de las mujeres en que, aunque existe una elevada proporción de mujeres que trabajan, si se compara con otros países, si se analiza el mercado laboral femenino, se observa que se concentra totalmente en puestos de trabajo con remuneraciones muy bajas y empleos a tiempo parcial, debido nuevamente a una ausencia de cualificación entre las mujeres. 
Por consiguiente, las políticas que deben aplicarse y en las que el gobierno portugués ha realizado, naturalmente, grandes progresos, están relacionadas con cambios estructurales que tienen que ver con los recursos humanos. 
Naturalmente, nadie cree que se trate únicamente de una cuestión de cambios estructurales, sino más bien del desarrollo general de un país, pero no podemos por ello ignorar estas políticas importantes. 
Sobre la segunda pregunta formulada por el Sr. Bouwman, creo que la estrecha cooperación que hemos mantenido desde noviembre en todas las etapas del proceso de las propuestas preparó a la comisión parlamentaria en cuestión, de modo que fue posible dar una respuesta adecuada y de modo eficiente en este corto espacio de tiempo. 
El año próximo vamos a intentar hacer un uso completo de todos los márgenes disponibles dentro del marco de la sincronización, para que el Parlamento pueda desempeñar un papel activo. 
Sobre la pregunta acerca de los trabajadores de más edad y la forma en que pueden permanecer en el mercado laboral, las empresas han utilizado los planes de jubilación anticipada en Europa como herramienta reestructuradora durante muchos años. 
Tanto en el sector público como privado, cada reestructuración de relevancia ha estado vinculada a privilegios o a un plan de pensiones a una edad muy temprana de los trabajadores. 
Debido a ello, existe un gran número de pensionistas relativamente jóvenes, de menos de 55 años y, naturalmente, hay que decir que se ha alcanzado el límite. 
Hoy en día, la situación económica es tal, en particular respecto a los sistemas de pensiones tanto en el sector público como privado, que sería muy difícil tolerar este tipo de solución. 
Por consiguiente, ante todo, la jubilación anticipada no puede ser considerada como una solución ni por parte de las empresas, ni de los trabajadores, quienes se jubilan a una edad activa y les es difícil no volver a participar en la vida económica, dado que ha aumentado considerablemente la esperanza de vida. 
Naturalmente, no podemos hablar acerca de suprimir los planes de jubilación anticipada, a menos que se acompañe de una decisión, junto con políticas para mantener a estas personas en el mercado laboral. 
A este respecto, las orientaciones que proponemos también incluyen políticas y objetivos específicos para la formación, para invertir en estas personas de modo que puedan cambiar su trayectoria profesional, para prestarles apoyo para que puedan entrar en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y establecer sus propios negocios; políticas que les mantengan activos. 
Repito que, en los 22 objetivos cuantitativos que podrán ver en los textos, existen objetivos relacionados con los trabajadores de más de 55 años y, naturalmente, uno de ellos se acordó en el Consejo de Barcelona del año pasado. 
¿Qué es lo que proponemos exactamente sobre la cuestión de invertir en recursos humanos? 
Dentro de las diez prioridades a las que nos referimos, existe la cuestión del aprendizaje permanente y una propuesta para un objetivo cuantitativo para cada inversión de cada país en el aprendizaje permanente en relación a los costes laborales totales. 
Hay que decir que, en estos momentos, las cifras en Europa son extremadamente pequeñas. 
Un 2,4 % de los costes laborales se invierte en trabajadores del sector privado; existen orientaciones y objetivos específicos para el sistema educativo y existe el objetivo de que un 80% de la población haya recibido formación equivalente a educación secundaria en 2010, para que puedan permanecer en el mercado de trabajo y que sean aptos para conseguir un empleo. 
Y creo que, si se aceptan a la larga estos objetivos cuantitativos a escala nacional, representará una fuerza política importante para los gobiernos nacionales. 
. Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
Señor Presidente, quisiera empezar comentando muy brevemente el calendario. 
Soy ponente parlamentario cuando se trata de las orientaciones que estamos deliberando en estos momentos. 
Quisiera declarar que he recibido la redacción definitiva de las orientaciones solo hace unos pocos minutos cuando he llegado al salón de sesiones antes de las 17 horas. 
Terminaré mi tarea dentro de dos días. 
Mi informe se presentará para su traducción el viernes por la mañana. 
Se trata de condiciones inaceptables, pero no debo perder más el tiempo hablando sobre esto en estos momentos. 
En vez de ello, quisiera abordar una cuestión política que creo que es fundamental. 
Creo que lo mejor de todo sobre la estrategia europea de empleo de la Comisión es el gran énfasis que se pone en el aspecto de la calidad. 
Creo que esto es, ante todo, lo que distingue básicamente nuestro propio mercado laboral del de los Estados Unidos, Japón y de todo el mundo. 
La dimensión de la calidad es crucial pero, al mismo tiempo, existe una presión para reducir los costes laborales que no tiene nada que ver con la calidad. 
¿Cómo se va a resolver esta contradicción entre esta presión para reducir los costes y las exigencias de calidad? 
Señor Presidente, señores Comisarios, me alegro mucho de que la evaluación que se ha hecho sobre la estrategia europea del empleo nos permita mejorar los instrumentos, porque esta es una gran demanda de nuestros ciudadanos. 
Quiero hacer una pregunta, señor Presidente. 
La señora Comisaria ha hablado de la fijación de objetivos en una materia en la que estos deben ser de carácter nacional. 
Mi pregunta es si, efectivamente, respecto a las tasas de ocupación, que han estado siempre referidas a escala regional y a escala europea, del año 2010 y del 2005 los Estados miembros van a estar obligados por cifras concretas, si cada Estado va a verse obligado a pasar de la literatura a las matemáticas, si vamos, efectivamente, a tener una estrategia europea del empleo a nivel estatal que no consista solamente en ideas, sino que también conlleve la exigencia de resultados, por parte del Parlamento y de las opiniones públicas. 
Señor Presidente, al margen de la crítica justificada acerca de la falta de tiempo, esta es sin lugar a dudas una ocasión importante. 
Por fin disponemos de directrices sincronizadas y tenemos que hacerlo lo mejor que sepamos, a la vista de la situación a que nos enfrentamos ahora. 
Sugiero a los Comisarios que una de las cosas que pueden hacer, desde un punto de vista práctico, para presionar a los Gobiernos nacionales a que actúen, sería asegurarse de que estas directrices se envían a todos y cada uno de los diputados de cada parlamento nacional de la Unión Europea, en lugar de remitirlas a las secretarías de los parlamentos nacionales. 
Eso se traduciría en una presión notable sobre los Gobiernos nacionales. 
En cuanto a prolongar la vida laboral, me gustaría decir a los dos Comisarios que a muchos trabajadores les preocupa el hecho de que, en lugar de disfrutar de una enseñanza continua, van a terminar trabajando durante toda su vida. 
Opino que necesitamos garantizar que las pensiones de la gente realmente mejorarán si aceptan seguir trabajando más tiempo, sobre todo aquellas personas que perciben pensiones reducidas. 
Por último, ¿vamos a tener un marco europeo para inversión en I+D, educación, formación continua, de manera que podamos crear un auténtico motor de crecimiento en Europa? 
. 
Todos tenemos en este momento el problema de las dificultades con los tiempos, pero ya contábamos con ello en el proceso de conseguir el streamlining. 
Sin duda, en la definición de los sistemas de benchmark, no existen las implicaciones desde el punto de vista de obligación comunitaria. 
Existe un sistema de revisión de las cifras y de comportamiento y, en cuanto a la necesidad que sus Señorías han planteado de disponer de las cifras, se dispone ya de gran parte de las mismas en el informe de primavera que presentamos. 
Las cifras que figuran en este no son las cifras absolutas; en muchos casos, no son las cifras agregadas comunitarias, pero sí encontramos las cifras de cada uno de los Estados miembros en cuanto a I+D y en cuanto a otros tipos de educación, que nos permiten conocer con cierto grado homogéneo de comparabilidad lo que está sucediendo en cada uno de ellos. 
Tiene la palabra el señor Alavanos para una cuestión de orden que yo le ruego que exponga brevemente. 
Señor Presidente, presenté la pregunta nº 47 sobre el tema de la protección de muros de piedras secas, bancales de baja altura construidos en las islas griegas para detener la erosión del suelo. 
Se trata de una cuestión puramente medioambiental. 
No se trata de política exterior ni de ninguna otra cuestión. 
Se debería haber incluido mi pregunta en las dirigidas a la Sra. Wallström y quisiera pedir que se incluyera, principalmente sobre la base del número que se le asignó en el momento de su presentación. 
Se trata de una cuestión que entra dentro de la competencia de la Sra. Wallström. 
Puede que los servicios del Parlamento cometieran un error. 
Le agradecería que se pudiera incluir en esta sesión, como primera pregunta para la Sra. Wallström, sobre la base del momento de su presentación y del número que se le asignó. 
Señor Alavanos tomamos muy buena nota. 
Como usted sabe la Comisión es la que nos informa al Parlamento e informa al Presidente del Parlamento. 
Yo solamente organizo el debate en esta sesión, pero tomo muy buena nota de lo que usted dice y lo traslado a la instancia pertinente, tanto a la Comisión como al Presidente del Parlamento. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0088/2003). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Quiero contestar a la pregunta del Sr. Bowe. 
Efectivamente es cierto que los Estados miembros pueden aplicar la exención del IVA a envíos comerciales de valor reducido procedentes de terceros países, pero estos umbrales de minimis, que pueden fijarse en 10 ó 22 euros, no vienen fijados por la Comisión, sino que más bien están previstos en el artículo 22 de la Directiva 83/181/CEE del Consejo. 
Es más, estos umbrales de exención son opcionales. 
Los Estados miembros pueden optar en consecuencia por aplicar el IVA a los artículos de importación que hayan sido adquiridos por correo. 
Algunos Estados miembros, como Bélgica, así lo tienen establecido. 
La Comisión es consciente de las posibles distorsiones competitivas que pueden surgir por culpa de los suministros de artículos comerciales de valor inferior a un mínimo y procedentes de terceros países. 
Un grupo de trabajo técnico, presidido por mi servicio, ha llegado a la conclusión de que se está importando regularmente desde terceros países una serie cada vez mayor de productos tales como DVD, juegos de vídeo, flores, lentes de contacto, libros y otros materiales impresos y CD. 
El nivel de perjuicio económico no se puede cuantificar sin un análisis económico más detenido. 
Por iniciativa de la Comisión, los Estados miembros han accedido a efectuar estudios económicos detallados para analizar la dimensión económica de este problema. 
Concretamente resulta necesario establecer si el posible perjuicio competitivo, creado por la aplicación de la exención fiscal de 10 ó 22 euros, supone una amenaza grave para los negocios y el empleo dentro de la Unión Europea. 
Cualquier iniciativa adicional que abarque a toda la Comunidad dependerá del resultado de dichos estudios. 
Me gustaría responder a la pregunta muy razonable del Sr. Bowe diciendo, en primer lugar, que soy consciente del problema, pero que por otra parte deberíamos saludar con beneplácito la venta de artículos a través de Internet. 
Constituye en sí mismo un fenómeno beneficioso del mercado interior y, por tanto, deberíamos intentar fomentar dicho comercio. 
Surge entonces el problema del pago del IVA y la exención de impuestos y, en consecuencia, el problema al que ha hecho referencia el Sr. Bowe. 
Como he expuesto anteriormente, no podemos proponer realmente una línea de acción útil hasta que y a menos que hayamos analizado la situación, y este análisis se base en las investigaciones de los Estados miembros sobre la magnitud del problema. 
Solo entonces, cuando dispongamos de tal análisis, podremos proponer algo útil. 
Al Sr. Bowe tal vez le interese saber que los Estados miembros estarán recabando detalles hasta julio del presente año, así que dentro de unos pocos meses debería estar reunida toda la información y entonces la Comisión podrá proponer un plan de acción útil, pero solamente en el caso de que se determine que existe una distorsión del mercado interior y, en segundo lugar, naturalmente, solo actuaremos sobre aquellos envíos comerciales que representen verdaderamente un problema. 
Al fin y al cabo, si estamos pidiendo a la gente que cumpla ciertos requisitos, es necesario verificar que son correctos y ello supone un coste para los Gobiernos implicados; esa es básicamente la razón de la regla de minimis. 
Pueden existir excepciones y es muy probable que los electores del Sr. Bowe constituyan una de ellas, pero yo le pediría al Sr. Bowe que nos conceda tiempo hasta finales de junio o julio de este año, y entonces retomaremos el tema, si el Sr. Bowe lo desea. 
Señor Presidente, la Comisión es una institución, por lo menos para mí, fundamentalmente política, y a mí me gustaría recibir del señor Comisario una respuesta política. 
Señor Comisario, he escuchado con mucha atención durante 6 minutos su respuesta, pero le pregunto ¿desde una perspectiva política, se puede sostener seriamente que la supresión de estas preferencias, mediante el mecanismo de la modulación, va a beneficiar y ayudar a un país como Colombia que tiene 26 millones de pobres y en el que se producen 30 000 muertes violentas al año? 
¿O a un país como Costa Rica, donde estos productos se cultivan en zonas sensibles, donde hay inmigrantes, cabezas de familia y mujeres? 
Creo señor Comisario, francamente, que no van a beneficiar a estos países, y no se puede establecer un parangón ni con México ni con Chile. 
Por los aspectos cuarto y quinto de mi pregunta ha pasado usted haciendo una derivación y no le voy a pedir que me conteste, pero ha hablado usted de flexibilidad y me gustaría saber ¿en qué cifra la Comisión su flexibilidad? 
¿En poder discutir en lo que se refiere a la entrada en vigor de estas medidas? 
¿Estaría dispuesta la Comisión a sustraer de este régimen los productos agrícolas sustitutivos? y, por último, ¿qué piensa hacer la Comisión cuando expire el sistema de preferencias generalizadas Droga en el año 2004? 
¿Piensa la Comisión renovarlo? 
No se me ha pasado por alto, señor Salafranca, que se supone que la Comisión es ligeramente más una institución política que una institución técnica. 
Sin embargo, por más política como pueda ser, su objetivo es aplicar los tratados, normas y legislación que la Unión Europea ha aprobado para sí misma. 
Si no lo hacemos, estamos incumpliendo nuestras obligaciones, y esto es una cuestión política, no una cuestión técnica. 
¿Va a tener efectos graves y duraderos esta modesta reducción en los aranceles aduaneros sobre la flor cortada en Costa Rica y Colombia? 
No lo creo. 
Pueden manifestar un punto de vista opuesto. 
Por ahora, lo único que puede terciar entre nuestros diferentes puntos de vistas son los precedentes. Y los precedentes nos muestran que no existen mayores riesgos. 
Sin embargo, debido a que la Comisión es consciente de la situación política, esta ha acordado retrasar la aplicación de esta graduación. 
¿Hasta cuándo? 
Nos encontramos en el proceso de debatirlo con el Consejo de Ministros, que, tal como ocurre a menudo cuando se trata de política comercial, tiene la última palabra sobre el asunto. 
¿Sería bien acogida una excepción específica para los productos agrícolas? 
Por consiguiente, no queremos ayudar a aquellos que, por así decirlo, desearían que este plan desapareciera. 
El plan vence a finales de 2004 y el año próximo vamos a tomar una decisión entre dos opciones que, actualmente, parecen ser posibilidades: o bien modificar el plan a partir del 1 de enero de 2005 o prorrogarlo durante un determinado período de tiempo. 
La elección entre estas dos hipótesis dependerá de hasta qué punto haya avanzado la ronda de negociaciones, ya que estaría bien que se conociera la tendencia general de los niveles arancelarios antes de determinar las preferencias exactas. 
La Comisión tomará esta decisión en el transcurso del próximo año. 
Pregunta nº 34 formulada por Myrsini Zorba (H-0214/03): 
Asunto: ECHO en el Iraq 
En 2002, ECHO proporcionó ayuda al Iraq por 15 millones de euros. 
Ahora, la Comisión quiere llegar a los 100 millones de euros, es decir, además de los 21 millones anunciados, conseguir 79 millones adicionales de la reserva para emergencias. 
Considerando que en las actuales circunstancias se ha incrementado considerablemente el importe de la ayuda y que ECHO está representada en la región por solo cinco personas en Ammán; 
¿Cree la Comisión que, dadas las enormes necesidades humanitarias actuales, esta representación es suficiente? 
¿Habrá un aumento de la representación de ECHO en la región, así como en el Iraq? 
¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la forma en que ECHO ha gestionado sus actividades hasta ahora? 
¿Es viable la idea de establecer una estructura más permanente en el Iraq y para la región? 
¿Existen acuerdos con las Naciones Unidas con vistas al "día siguiente"? 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Quería preguntarle concretamente, dado que la crisis humanitaria de la que hemos sido testigos durante las últimas tres semanas nos ha asombrado a todos, si ha iniciado algún diálogo con los Estados involucrados, en particular el Reino Unido, que también es un Estado miembro de la Unión Europea y, en segundo lugar, qué explicaciones ha recibido de las organizaciones no gubernamentales. 
En lo que se refiere a la ONU, estoy encantado con su posición. Coincide con la mía. 
Otra pregunta que quisiera que me respondiera es ¿qué planes se están elaborando y cuál es el punto de vista de la Comisión sobre el programa petróleo por alimentos? 
¿Cuándo cree usted que existirá de nuevo una red de distribución de alimentos, dado que es evidente que la antigua red se ha roto? 
En respuesta a la primera parte de esta pregunta adicional, en este preciso instante nos centramos en el suministro de ayuda humanitaria en la medida de lo posible. 
Estamos discutiendo sobre la obligación que tiene, en una situación de guerra, la potencia ocupante de cumplir la Convención de Ginebra y facilitar el acceso para el suministro de ayuda humanitaria imparcial y neutral. 
Tenemos buenos motivos para que este debate se tome muy en serio y lo sostenemos de un modo sistemático. 
La siguiente cuestión es asegurar que las diferentes ONG humanitarias internacionales puedan acceder sin tener que obtener la autorización de ninguna de las partes en conflicto. 
Este es el papel que nosotros, como principales suministradores de ayuda humanitaria, creemos que debemos desempeñar, y nos concentramos en ello. 
Esperamos que en breve se reanude el programa de petróleo por alimentos, que es y debe ser gestionado por las Naciones Unidas. 
El Secretario General lo ha dejado muy claro. 
Es una manera natural de organizarlo y esperamos poder verlo funcionar pronto de nuevo. 
Muchas gracias señor Nielson. 
Vamos a pasar a la segunda parte del turno de preguntas, a las que responderán los tres comisarios aquí presentes. 
Preguntas dirigidas al Sr. Liikanen 
Pregunta nº 35 formulada por Bill Newton Dunn (H-0177/03): 
Asunto: ¿Conoce el público suficientemente los números directos? 
La autoridad presupuestaria ha concedido fondos a la Comisión para que anime a todos los Estados miembros a informar al público de la existencia de números directos para que éste pueda utilizarlos cuando encuentre material desagradable en Internet. 
¿Se considera la Comisión sinceramente satisfecha de que solo una minoría conozca estos números? 
¿Cuándo cree que estos números tan útiles serán suficientemente conocidos? 
Señor Presidente, existen líneas directas para recibir informes del público sobre contenidos ilícitos en Internet. 
Tratan estos informes con arreglo a los procedimientos establecidos y los entregan, según proceda, a la policía, a proveedores de servicios de Internet y a otras líneas directas. 
Una de las tareas de los proyectos de sensibilización financiados conforme al Plan de acción destinado a promover una utilización segura de Internet es la de difundir la notoriedad de las líneas directas. 
Los gastos en el período comprendido entre 1999 y 2002 ascendieron a un total de 9 869 millones de euros. 
La Comisión considera que se trata del enfoque más eficiente. 
Por lo tanto, esta tarea dará continuidad a las notas de sensibilización en el ámbito de la Red Europea de Sensibilización que se establecerá en la segunda fase del Plan de acción comunitario destinado a promover una utilización segura de Internet 2003-2004, para el que Su Señoría actuó en calidad de ponente. 
Actualmente, el Plan de acción comunitario destinado a promover una utilización segura de Internet financia líneas directas en Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, el Reino Unido e Islandia, así como la Asociación Europea de Líneas directas. 
Los gastos del presupuesto comunitario en el período comprendido entre 1999 y 2002 ascendieron a un total de 3,9 millones de euros. 
La contribución media anual por línea directa es de 76 500 euros. 
El principal método de contacto con las líneas directas no se basa en el teléfono, sino en formularios en páginas web y correo electrónico. 
Las líneas directas han utilizado un serie de métodos para informar al público sobre la manera de ponerse en contacto con ellas. 
Por ejemplo, en España, la línea directa nacional tiene un hipervínculo en la página principal de Terra, el portal español más importante. 
La Comisión no dispone, en estos momentos, de cifras sobre la visibilidad de las líneas directas en lo que se refiere al grado de conocimiento por parte del público en general, pero en una encuesta para el Eurobarómetro a escala europea, prevista para este mismo año, se incluirá una pregunta sobre la visibilidad de las líneas directas. 
Estoy seguro de que en ese momento dispondremos de información más precisa. 
Las estadísticas muestran un aumento constante del número de denuncias en todas las líneas directas. 
En un período de seis meses, las líneas directas financiadas con cargo al Plan de acción comunitario destinado a promover una utilización segura de Internet, procesó más de 35 000 informes, de los cuales casi 19 000 atañían a la pornografía infantil. 
La Comisión considera que esta cifra es significativa y que las líneas directas valen la pena. 
La situación que refleja este número de informes es muy alarmante. 
La Comisión ha participado activamente en el impulso de medidas para abordar esta cuestión, entre otras la propuesta de una decisión marco sobre pornografía infantil. 
Nos complacerá facilitar directamente a Su Señoría más detalles sobre las acciones y actos relacionados con las líneas directas. 
Señor Comisario, muchísimas gracias, todo esto es muy prometedor. 
Cuando la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores deliberó sobre esta propuesta de la Comisión, para la que yo fui uno de los ponentes, nos dimos cuenta de que nadie en la comisión parlamentaria sabía nada al respecto; me pregunto si el público que está escuchando el turno de preguntas en la tribuna está al corriente de ello. 
Por lo tanto, todavía hay mucho que hacer. 
Le agradezco su ofrecimiento de enviarme más información. 
Acepto su ofrecimiento y puesto que nosotros, los 626 diputados al Parlamento Europeo somos el punto de contacto entre la Unión Europea y los ciudadanos, ¿podría remitirnos a cada uno una pequeña carta informándonos de ello? 
Le bastará imprimirlo en los once idiomas y así todos los diputados tendrán conocimiento de ello y podremos todos ayudar a divulgar este servicio de la Unión Europea en nuestros Estados miembros. 
Estoy dispuesto a hacerlo, pero ya que hablamos de Internet, ¿podría enviarlo por correo electrónico? 
Como continuación de la pregunta de mi colega, el Sr. Newton Dunn, quiero preguntar al Comisario si ha solicitado la cooperación con los principales proveedores de servicios de Internet para divulgar estos números. 
Esta sería sin duda una importante puerta de acceso para muchos usuarios de Internet. 
Un aspecto relacionado con esta cuestión es el tipo de cooperación que percibe que ofrecen los proveedores de servicios de Internet a la hora de suprimir los sitios ofensivos que se denuncian a través del servicio de línea directa. 
Otra cuestión relacionada es si se pueden tomar medidas contra los sitios que están siendo alimentados por otros proveedores de servicios Internet de fuera de la Unión Europea. 
La línea directa está conectada con proveedores de servicios de Internet, pero naturalmente también estamos en contacto con la Asociación Europea, por ejemplo, para pedirles que hagan circular esta información. 
Hay que recordar que cuando este plan de acción despegó hace algunos años, la sensibilización en torno a la pornografía infantil era más limitada. 
Desde entonces, el número de sitios ha ido aumentando y al mismo tiempo se ha aguzado la atención de los padres, profesores y de toda la sociedad. 
Este es sin duda el motivo de que hayamos recibido 35 000 informes, de los cuales no menos de 19 000 trataban de pornografía infantil. 
Estoy dispuesto a ponerme en contacto con los proveedores de servicios de Internet y, tal como ha dicho el ponente, voy a remitirles a todos ustedes una breve nota con los enlaces. 
Puede que también podamos plantear la cuestión a la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet, llamando la atención sobre lo que Terra, por ejemplo, está haciendo en España con la incorporación de un vínculo en el sitio web. 
No tengo conocimiento de ninguna situación en que los proveedores de servicios hubiesen rehusado actuar si se les ha informado sobre esto, pero si hay algo en particular, me complacerá informarles de ello. 
Muchas gracias Sr. Liikanen. 
Pasamos a las preguntas que vamos a trasladar a la Sra. Wallström. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Wallström 
Dado que su autora no está presente, la pregunta número 36 decae. 
Pregunta nº 37 formulada por Torben Lund (H-0179/03): 
Asunto: Alteradores endocrinos y métodos de ensayo 
En su resolución de 26 de octubre de 2000 
En junio de 2001, la Comisión aprobó una Comunicación de seguimiento al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la aplicación de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos, es decir, sustancias que interfieren en los sistemas hormonales. 
En dicha Comunicación se establecían las medidas que se emprenderían para abordar los efectos potenciales en el medio ambiente y la salud de las alteraciones endocrinas, de acuerdo con la obligación de la Comisión de proteger la salud humana y el medio ambiente en la Unión Europea. 
En este contexto, la disponibilidad de estrategias y métodos comunes de ensayo para detectar y evaluar las sustancias químicas que provocan alteraciones endocrinas constituye un requisito fundamental para poder llevar a cabo una actuación legislativa completa. 
La Comisión participa en el grupo de trabajo sobre ensayo y evaluación de alteradores endocrinos (EDTA) creado por la OCDE en 1998. 
Entre las tareas de este grupo destacan el desarrollo de una estrategia de ensayo armonizada a escala internacional y la coordinación y supervisión de las actividades de los diversos subgrupos responsables del desarrollo de nuevas directrices de ensayo o de la revisión de las ya existentes, con objeto de evaluar las propiedades potenciales de alteración endocrina que presentan los productos químicos. 
El grupo de trabajo ha llegado a un consenso sobre el desarrollo de un marco conceptual. 
Esto nos brindará la oportunidad de clasificar y dar prioridad a los productos químicos que causen preocupación, basándonos en la información existente más que en nuevos datos generados en el proceso de evaluación. 
Este marco genera información sobre datos de mecanismos in vitro e in vivo, y sobre otros efectos adversos debidos a mecanismos endocrinos y otros. 
Asimismo, el grupo de trabajo ha establecido una lista de métodos que deberán ser objeto de desarrollo y validación: una comparación de sensibilidad, relevancia y fiabilidad de los ensayos sobre los efectos de los alteradores endocrinos en la salud de los seres humanos y el medio ambiente. 
Las últimas estimaciones prevén que los primeros métodos comunes de ensayo para la evaluación de las repercusiones ambientales estarán disponibles en el período comprendido entre 2003 y 2005, mientras se prevé que algunos métodos de ensayo concluirán entre 2003 y 2004. 
Nuevos ensayos comunes validados para la evaluación de la alteración endocrina contribuirán a mejorar la detección de los alteradores endocrinos y permitirán emitir opiniones informadas sobre la posibilidad de que se produzcan efectos adversos. 
Dentro de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos, la Comisión efectuó una convocatoria específica de propuestas de investigación en 2001. 
Se destinaron 20 millones de euros a esta iniciativa y, junto con una nueva financiación en el ámbito del Quinto Programa Marco de I+D de la Comunidad Europea, actualmente disponemos de unos 59 millones de euros para la investigación sobre los efectos potenciales en la salud humana y en el medio ambiente de los productos químicos que provocan alteraciones endocrinas. 
Esta investigación incluye el desarrollo de métodos de ensayo novedosos. 
Es importante que se reconozca que la alteración endocrina no constituye un punto final toxicológico per se, como el cáncer o la alergia, sino un mecanismo de acción que puede provocar efectos tóxicos adversos. 
Dada la naturaleza de sus efectos, normalmente la mayoría de alteradores endocrinos podrían calificarse de CMR, es decir, cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción. 
Este tipo de productos químicos deberán ser autorizados con arreglo al sistema REACH previsto en el Libro Blanco sobre la Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos. 
Asimismo, se han relacionado casualmente efectos adversos sobre el sistema endocrino de la fauna y la flora con determinadas sustancias bioacumulativas y tóxicas persistentes que también deberán ser sometidas a autorización. 
Actualmente, la Comisión se plantea si conviene incluir en la propuesta de reglamento REACH una disposición para que las sustancias bioacumulativas y tóxicas persistentes, o muy persistentes y muy bioacumulativas- y, considerando caso por caso, las sustancias igual de preocupantes, como pueden ser los alteradores endocrinos que todavía no entran dentro de los criterios CMR- estén sujetas a autorización previa. 
Señor Presidente. Quisiera agradecer a la Comisaria Wallström que diera una respuesta completa. 
El motivo de mi pregunta es, naturalmente, que lleva tiempo encontrar estos métodos de ensayo reconocidos. 
Deberíamos haber dispuesto de un método para los efectos sobre la salud el año pasado, y para los efectos en el medio ambiente, ahora, en 2003-2005. 
Ahora, entiendo que los métodos para los efectos sobre la salud no se producirán hasta 2004; estas estrategias de prueba que deben desarrollarse a través de sistemas OCDE se han convertido en una especie de máquina en movimiento continuo. 
Creo que es muy alarmante, puesto que significa que no se puede hacer nada. 
A menos que las sustancias también sean tóxicas por otras razones, no podemos ni siquiera empezar a aplicar el principio de cautela, puesto que no existen métodos de ensayo reconocidos. 
Quisiera hacer una pregunta sobre lo último que ha mencionado la Comisaria Wallström, a saber la cuestión de incluir sustancias que provocan trastornos hormonales en la categoría de «sustancias peligrosas» en la nueva legislación en materia de productos químicos y como criterio de riesgo independiente, al mismo nivel que las sustancias cancerígenas o mutagénicas. 
¿En verdad es importante que se tomen medidas ahora y decir que es algo tan arriesgado que es necesario que lo incluyamos como un criterio de riesgo independiente? 
Señor Presidente, señor Lund, lo que tenemos ante nosotros es un procedimiento extremadamente complicado. 
Al mismo tiempo, es importante que la UE participe en un contexto internacional. 
Se trata de un claro problema transfronterizo. 
Es importante que nos mantengamos en el marco de las actividades de la OCDE e intentemos desarrollar estos métodos. 
No creo que nadie quiera retrasar esta tarea. 
Al contrario, todos sentimos la necesidad de presionar y asegurar que se obtienen lo más rápidamente posible estos métodos y sistemas de ensayo para trabajar con estas sustancias que interfieren en las funciones de las hormonas. 
Solo podemos prometer que vamos a esforzarnos en lo posible para asegurarnos que el trabajo da buenos resultados. 
Lo que estamos deliberando en estos momentos con respecto a la nueva legislación sobre productos químicos es que, mientras carezcamos de definiciones y métodos de ensayo claros, junto con sistemas acordados para utilizarlos, debemos actuar de modo individualizado. 
El hecho de que, en las deliberaciones habidas hasta ahora, se ha mencionado específicamente el grupo de sustancias alteradoras endocrinas es un factor que indica en dirección a una claridad futura. 
La próxima etapa consiste en trabajar lo más rápidamente posible para que podamos acordar métodos para tratar este tipo de sustancias. 
Pregunta nº 38 formulada por Jan Dhaene (H-0197/03): 
Asunto: Creación de un cuerpo europeo de protección civil 
La creación de un cuerpo europeo de protección civil es una necesidad apremiante, lo que ha quedado demostrado una vez más con motivo de la catástrofe del Prestige. 
Estos "cascos verdes" bajo bandera europea pueden prestar asistencia en cualquier parte de la Unión en caso de catástrofe y disponen de material especializado que no todos los Estados miembros pueden costear. 
¿En qué fase se encuentra la elaboración de esta propuesta? 
¿Qué Estados miembros se han comprometido a colaborar? 
¿Cuándo va a presentar la Comisión esta propuesta al Consejo? 
Tanto en el pasado como recientemente, en distintas ocasiones, se han planteado cuestiones sobre la creación de un cuerpo europeo de protección civil, o se han expuesto ideas sobre iniciativas similares en ámbitos específicos, como la creación de un servicio europeo de guardacostas Sin embargo, que yo sepa, no se ha presentado ninguna propuesta concreta. 
Debemos ser conscientes que, de acuerdo con los Tratados, las medidas de protección civil son de la competencia de los Estados miembros. 
Por consiguiente, este tipo de medidas a escala comunitaria deben cumplir estrictamente el principio de subsidiariedad. 
Asimismo, hay un gran número de sectores diferentes implicados en la protección civil. 
Las diferentes formas en que cooperan entre ellos se organizan de modo diferente según los Estados miembros. 
Por consiguiente, las implicaciones prácticas de la creación de un cuerpo de protección en toda la UE requieren un análisis a fondo. 
Sin embargo, la idea de crear este tipo de fuerza es sin duda interesante y seguiré con interés las deliberaciones sobre esta cuestión en la Convención Europea. 
Independientemente de estas deliberaciones, puedo informarle de que la Comisión ya actúa en este campo, aunque según parece es terreno poco conocido. 
A iniciativa de la Comisión se ha establecido un mecanismo comunitario para facilitar y reforzar la cooperación en el ámbito de la protección civil. 
Actualmente, todos los Estados miembros, once países candidatos y tres países del EEE participan en este marco de la UE, lo que puede constituir un método para mejorar la coordinación de la protección civil dentro y fuera de la Unión Europea. 
Uno de los elementos clave en este contexto ha sido el establecimiento, dentro de la Comisión, del Centro de Control e Información de la UE para la protección civil Este centro existe desde el 1 de enero de 2002 y se encuentra abierto permanentemente, durante las 24 horas del día. 
Una vez ha sido activado por una petición de uno de los países participantes, el centro está en disposición inmediata de pedir recursos de protección civil a los Estados miembros, tal como ya se ha identificado previamente para todo tipo de situaciones de emergencia importantes. 
Si lo desea, también puedo especificar en qué situaciones se ha utilizado este centro de la Comisión y dónde hemos intervenido. 
La Comisión considera que el Centro de Control e Información de la UE, que se agrega a todas las capacidades nacionales disponibles, representa una herramienta eficaz que responde a las preocupaciones expresadas por Su Señoría. 
Gracias por su respuesta, Comisaria, pero aún tenemos algunas preguntas que formular. 
Dice que este Centro de Respuesta de la UE es operativo, pero ¿acaso España, por ejemplo, le pidió ayuda en el momento del desastre del Prestige? 
¿Cuándo recurrieron al mismo? 
¿Qué ocurre si un Estado miembro no recurre al Centro y no puede actuar? 
Estuve en Galicia diez días después del desastre. 
Llegó el servicio de protección belga, pero no se organizó nada. 
Si se produjera un desastre, por ejemplo, en la costa de Letonia en un plazo de dos años, sería un problema. 
Creo que debemos tener a nuestra disposición un cuerpo que pueda actuar de inmediato. 
Un segundo punto es que los conocimientos técnicos que se requieren para actuar adecuada y respetuosamente con el medio ambiente deben reunirse y poner a disposición de todos los Estados miembros. 
Muchas gracias por esta pregunta, ya que verdaderamente el caso del Prestige es un claro ejemplo del valor añadido del Centro de Control e Información de la Comisión. 
Inmediatamente después del accidente del 13 de noviembre de 2002, el Centro fue activado por las autoridades españolas y, posteriormente, también por las autoridades portuguesas y francesas. 
En conjunto se registraron ocho peticiones de ayuda y su tratamiento inmediato a través del Centro de Control e Información de la Comisión hizo que fuera posible organizar y canalizar las ofertas efectuadas por todos los demás países europeos. 
Así, después del accidente se pusieron a disposición de las autoridades nacionales competentes afectadas un amplio abanico y una ingente cantidad de recursos, entre ellos 15 buques de lucha contra la contaminación por petróleo, más de 20 kilómetros de barreras flotantes y varios aviones de vigilancia especializados. 
El Centro de Control e Información también ha coordinado la ayuda prestada a los tres países, envió a un grupo de expertos comunitarios inmediatamente después del accidente y ofreció la cofinanciación junto con España de un estudio medioambiental sobre las consecuencias del mismo. 
¿Qué ocurre si uno de los nuevos Estados miembros solicita nuestra ayuda? 
Por supuesto, el Centro de Control e Información de la Comisión se utilizará del mismo modo y ofreceremos ayuda desde todos los Estados miembros. 
En estos momentos podemos movilizar y coordinar la ayuda y asistencia de todos los Estados miembros. 
Además cooperamos regularmente con las autoridades y servicios nacionales que se ocupan de la protección civil, para poder aprender unos de otros. 
También llevamos a cabo ejercicios en los que podemos simular un accidente de gran envergadura, incluso con armas biológicas y químicas. 
De este modo hemos mejorado nuestra capacidad de forma considerable, pero quizá esto no se conozca suficientemente. 
Es hora de que se haga más visible y de asegurar que realmente intervenimos inmediatamente después de que se producen accidentes. 
Todos los nuevos Estados miembros tienen conocimiento de nuestro Centro de Control e Información y ofrecemos la ayuda de todos los Estados miembros en casos como este. 
Muchas gracias señora Comisaria por su extensa y muy documentada contestación. 
Han pedido la palabra cuatro diputados y según el Reglamento solamente se pueden hacer dos preguntas complementarias. 
Yo, de acuerdo con esta política de transparencia, que tanto apreciamos, les voy a indicar el orden en que han pedido la palabra: el señor Rübig, el primero de todos, luego el señor Ortuondo, a continuación el señor Nogueira y luego el Sr. Wuermeling. 
Por lo tanto, les voy a dar la palabra a los dos primeros, el señor Rübig y el señor Ortuondo. 
No puede haber más que dos preguntas. 
Señor Rübig su pregunta complementaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, se trata de un asunto de importancia para todos nosotros que se proporcione ayuda rápida y efectiva en situaciones de desastre. 
¿Acaso no podrían considerar la compilación de un Libro Verde, en el que se enumere en beneficio de todas nuestras oficinas y de todas las organizaciones voluntarias cuáles son las opciones, o crear una plataforma virtual en la que los organismos competentes puedan coordinar sus esfuerzos en caso de producirse una situación de emergencia? 
En eso estamos. 
Toda información es buena sobre esta cuestión y tengo la intención de que sea más visible. 
Incluso con recursos escasos hemos sido muy efectivos. 
Podemos decir que es harto conocido en los Estados miembros así como en los países candidatos y, tal como he dicho, trabajamos regularmente con ellos para mejorar nuestra preparación y también para mejorar constantemente en lo referente a la prevención. 
Actualmente elaboramos una Comunicación y puede que podamos estudiarla como un primer paso para abordar la prevención y preparación para los desastres causados por los seres humanos y otro tipo de desastres. 
Si así lo desean el Parlamento y los Estados miembros, estoy dispuesta a ir más lejos, pero esta es una excelente oportunidad que se nos brinda para informar al Parlamento de lo que hemos estado haciendo, cómo podemos intervenir y cómo podemos utilizar nuestro mecanismo para la protección civil. 
Señora Comisaria, desde el accidente del Erika, el 19 de diciembre de 1999, han sido varias las iniciativas que se han tomado en el Parlamento Europeo y en las demás instituciones europeas para reforzar la seguridad marítima. 
Desgraciadamente, no debieron tomarse las medidas adecuadas, porque posteriormente, en noviembre de 2002, hemos sufrido un nuevo accidente marítimo- el del buque Prestige- y ahora estamos revisando lo que se aprobó en la primera oportunidad, derivada del Erika. 
A tal respecto, en este momento también estamos trabajando en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo en la reforma del Reglamento sobre los buques petroleros, de casco único y de doble casco, y hay una cuestión muy importante, que tiene relación con su aportación. 
Ha dicho que existe un centro de respuesta de la Unión Europea, y yo quisiera saber si en él tienen ustedes planes de emergencia establecidos, sobre todo para las zonas costeras sensibles, como las de Galicia y las de Bretaña, donde año tras año se repiten sucesivos accidentes petroleros, que provocan daños al medio ambiente. 
Señor Ortuondo Larrea, está usted totalmente en lo cierto. 
Se trata de una cuestión de aplicación. 
La Comisión actuó con una rapidez sin precedentes tras el accidente del Erika. 
En tres meses elaboramos un propuesta completa de nuevas medidas para evitar que estos horribles accidentes volvieran a producirse. 
Pero esto también implica que se apliquen; los Estados miembros deben ser serios al respecto. 
Como saben, tras el accidente del Prestige hicimos un seguimiento para asegurar que se cumplía un calendario de plazos y de que podíamos movernos con más rapidez de lo que habíamos previsto en principio. 
La respuesta de la Comisión fue muy seria. 
Fue muy rápida y nos propusimos unas tarea muy ambiciosa. 
De lo que se trata ahora es también de que se aplique en los Estados miembros. 
Los planes de emergencia son un asunto que atañe a los Estados miembros. 
Estos deben identificar las zonas más sensibles. Lo hacen con regularidad. 
Es una tarea de las autoridades de protección civil en cada uno de los Estados miembros. 
Para nosotros se trata de reaccionar lo más pronto posible, asegurándonos de que nos movilizamos y enviamos equipos, expertos o ayuda en la medida de nuestras posibilidades inmediatamente después de que se produzca un accidente. 
De ahora en adelante podremos responder en un plazo de 24 horas. 
A través de la cooperación intensiva podemos estar mejor preparados, ya que conoceremos los planes de todos y cada uno de los Estados miembros. 
La elaboración de estos planes de emergencia en cada Estado miembro es una cuestión de subsidiariedad. 
Pregunta nº 39 formulada por Alexander de Roo (H-0211/03): 
Asunto: Reunión científica en Ispra sobre el plan hidrológico nacional español 
Según informaciones publicadas en la prensa, está previsto que la Comisión y representantes del Gobierno español celebren una reunión en ISPRA con científicos destacados para debatir las pruebas científicas sobre las repercusiones del plan hidrológico nacional español. 
¿Podría confirmar la Comisión que está previsto celebrar esta reunión? 
En caso afirmativo, ¿podría indicar cuándo se celebrará y quién participará en ella? 
Asimismo, ¿podría explicar la Comisión de qué modo contribuirá esta reunión a su forma de evaluar los distintos problemas que plantea el plan hidrológico nacional español y su impacto medioambiental en España? 
El 24 de marzo me reuní brevemente con la nueva Ministra española de Medio Ambiente, la Sra. Elvira Rodríguez, y abordamos una serie de cuestiones, incluyendo el Plan Hidrológico Nacional español, y en particular, la propuesta del trasvase del río Ebro. 
Tanto la Ministra como yo reconocimos que existen una serie de cuestiones medioambientales fundamentales en las que la opinión de los expertos sigue estando profundamente dividida. 
Como Comisaria de Medio Ambiente me interesan particularmente los futuros caudales previstos para el Ebro, así como la definición del caudal necesario para proteger la condición ecológica y química del bajo Ebro y del Delta. 
Una de las ideas que surgieron de mi conversación con la Ministra fue la de organizar una pequeña reunión con algunos de los expertos principales- expertos oficiales españoles, académicos y ONG- con el fin de abordar algunas de estas cuestiones pendientes. 
Sugerí que el Instituto de Medio Ambiente en la sede del Centro Común de Investigación de la Comisión en Ispra podría ser un emplazamiento adecuado para celebrar esta reunión. 
Todavía no se han acordado ni el orden del día ni los procedimientos para la identificación de los expertos que se deben invitar a la reunión. Por consiguiente, es poco probable que se pueda organizar la reunión antes de junio. 
Señora Comisaria, quisiera formular otra pregunta sobre el caudal mínimo ecológico del Ebro. 
Ha hablado usted con la Ministra española sobre ello; sin embargo, en España existe una división de opiniones entre el Gobierno catalán- que también tiene cartas en el asunto- y el Gobierno español. 
¿Está usted al corriente de esta división de opiniones? 
Es fundamental, puesto que se refiere a la cuestión del caudal mínimo ecológico correcto del Ebro para salvar sus funciones ecológicas, que tan importantes son. 
Esto se aplica especialmente al Delta del Ebro y los lugares protegidos por la legislación europea en materia de hábitats. 
Si no está usted al corriente de esta cuestión, quisiera que le preguntara a la persona responsable del Gobierno catalán, puesto que ha hecho una declaración pública sobre la división de opiniones con el Gobierno central de España. 
Esto es muy importante. 
De esto es justamente de lo que se trata. 
Esta fue la idea de convocar una reunión. 
Nuestras opiniones sobre el tema son muy diferentes. 
Incluso los expertos son utilizados por un bando u otro. 
Queríamos reunir a los expertos de modo que pudiéramos deducir algunos hechos más y tener todas las diferentes opiniones reflejadas en una reunión, y comprobar realmente entre expertos por qué tenemos cifras y resultados tan diferentes. 
Ante todo, se trataría de una reunión técnica y científica, puesto que todo se está politizando. 
En este punto quisiéramos que hubiera un caudal de información que pudiera facilitarnos algunos datos adicionales antes de continuar trabajando sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, voy a formular dos otras preguntas muy cortas. 
La primera es, y me dirijo a la Sra. Wallström: ¿a cuánto asciende y cuál es el calendario para la financiación del plan hidrológico nacional por parte de la Unión Europea para 2000-2006? 
En segundo lugar, que también tiene que ver con el medio ambiente y España, pregunto ¿cuál es el importe previsto por la Comisión para la financiación del plan Galicia establecido por el gobierno español para recuperar la costa gallega y desarrollar Galicia tras el accidente del Prestige, también para 2000-2006, teniendo en cuenta que el gobierno español considera que son necesarios 12 mil millones de euros para este período? 
Esta es una cuestión completamente diferente. 
No se trata de una continuación del tipo de cuestión con que hemos comenzado. 
Estaré encantada de responder a todas las preguntas que Sus Señorías quieran formularme, pero deben presentarse de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Tengo la impresión de que hay una parte de la pregunta del Sr. Nogueira que es complementaria de la anterior sobre Ispra y que hay otra que no es complementaria en absoluto y que el señor Nogueira no debería haber realizado porque puede inducir a confusión. 
Le pido que repita usted la primera parte de la pregunta que era complementaria, si lo tiene a bien. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la primera parte de mi pregunta es crucial; es absolutamente fundamental. 
El plan hidrológico nacional español absorbe una parte fundamental del Fondo de Cohesión para este Estado miembro. 
La actitud de la Comisión hacia esta financiación es decisiva para que el plan hidrológico nacional español avance o no. 
Creo que la señora Comisaria es consciente de ello y debería haber clarificado y explicado este punto decisivo. 
Me complace dar una respuesta general a esta pregunta, que es que el uso de la financiación comunitaria debe cumplir también lo dispuesto en la legislación medioambiental. 
Esta es la pauta general para el uso de los fondos estructurales y otros fondos. 
La financiación se verificará a la luz de la legislación medioambiental vigente. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión, porque me da la impresión- por sus contestaciones a distintas preguntas- de que en el tema del plan hidrológico nacional español, hasta ahora ha sabido diferenciar los problemas técnicos de los jurídicos. 
Sin embargo, dada la presión y el acoso de determinados diputados que creen que los políticos tenemos derecho a entrar en la relación íntima entre los países y la Comisión en las relaciones informales y, sobre todo, a interferir en el papel de los técnicos, le pregunto a la Sra. Comisaria: ¿Está dispuesta a garantizar la libertad de trabajo de los expertos en la reunión de Ispra, que es técnica- como ella ha dicho- y a evitar la politización por intereses particulares y concretos? 
Porque nosotros también podríamos inmiscuirnos en temas, como los nitratos en los Países Bajos, entre otros. 
Mi pregunta es: ¿Está dispuesta a garantizar la libertad de los expertos para trabajar y su intimidad para que no se interfiera en su trabajo ni este sea sometido a presiones? 
Permítanme que repita que la naturaleza de esta reunión será técnico-científica. Se tratarán varios temas medioambientales relacionados con la propuesta de trasvase del Ebro. 
El objetivo es agrupar a dichos expertos para estudiar la información existente y, si es posible, aclarar los motivos de la divergencia de opiniones. 
Esta reunión no será, bajo ningún concepto, una audiencia sobre el conjunto del plan hidrológico nacional español, ni sobre el trasvase del Ebro. 
Han aparecido varias opiniones distintas y divergentes: este es el punto de partida. 
Pero reuniremos a los expertos y espero que podremos aclarar cómo han llegado a estas posiciones, qué consideraciones han tenido en cuenta, qué han calculado y qué tipo de información aportan. 
No puedo prometer que no habrá un trasfondo político. 
Este tema tiene un trasfondo político. 
Soy plenamente consciente de ello. 
Durante mucho tiempo me he reunido con personas de ambos lados en España. 
He escuchado con mucha atención ambas posturas y muchas partes interesadas distintas. 
Este es otro intento de asegurar que tenemos toda la información que podemos conseguir, especialmente sobre estos aspectos del plan que son los más importantes desde el punto de vista medioambiental. 
Muchas gracias señora Wallström por su contribución esta tarde a la información parlamentaria. 
Vamos a iniciar la última parte del turno de preguntas. 
El señor Vitorino va a contestar estas preguntas. 
Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino 
Pregunta nº 40 formulada por Bernd Posselt (H-0139/03): 
Asunto: Protección común de las fronteras 
¿Qué valoración hace la Comisión de los recientes intentos de protección común de las fronteras con los países candidatos y qué medidas se prevén en un futuro próximo con respecto a la protección de las fronteras exteriores de la UE? 
. (FR) Los diez Estados que van a incorporarse a la Unión Europea en mayo de 2004 se han beneficiado considerablemente? y seguirán haciéndolo hasta 2006? de la financiación disponible en el marco del programa PHARE y de la competencia de personal especializado apoyado por los Estados miembros a estos países como parte de iniciativas sectoriales de hermanamiento entre los Estados miembros y los países candidatos, con el fin de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y acelerar el proceso gradual de la consecución, por su parte, de la conformidad con el Acuerdo de Schengen. 
Entre 1997 y 2002, los países candidatos recibieron una asignación de más de 300 millones de euros del programa PHARE para la gestión de las fronteras exteriores. 
Rumania y Bulgaria siguen beneficiándose de la ayuda PHARE y su presupuesto nacional va a incrementarse al amparo del Programa entre 2004 y 2006. 
Por su parte, Turquía también recibirá más fondos europeos para el mismo objetivo. 
Como saben, el Artículo 35 del proyecto del tratado de adhesión prevé la creación de un instrumento financiero temporal que incluye 858 millones de euros para siete nuevos Estados miembros. 
Entre 2004 y 2006, el mecanismo de Schengen cubre el coste de la inversión necesaria para aumentar el nivel de seguridad y protección en las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la ampliación. 
Se dará prioridad a la inversión en infraestructuras, equipos, formación de guardias de fronteras, logística y operaciones. 
Todo esto es necesario para garantizar el cumplimiento de los niveles de Schengen para la protección de las futuras fronteras exteriores y, de este modo, asegurar un nivel adecuado de seguridad en la Unión Europea. 
Ahora, solo quisiera preguntar si puede responder a dos puntos concretos. 
En primer lugar, ¿cuál es la situación respecto a la formación de guardias de fronteras, en particular respecto al proyecto para una Academia Europea de Policía? 
En segundo lugar, quisiera preguntarle ¿cuándo cree que el Consejo tomará una decisión formal sobre el proyecto para un Cuerpo europeo de policía de fronteras? o es que en estos momentos solo se trata de una fantasía?? 
Soy consciente de la importancia que concede a esta pregunta. 
En cuanto a la posibilidad de crear un Cuerpo europeo de guardia de fronteras, quisiera llamar su atención sobre que el plan de acción que se propuso por parte de la Comisión, y que fue aprobado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 13 de junio de 2002, prevé intensificar la cooperación gradualmente y que se pongan en marcha poco a poco equipos comunes para que vigilen las fronteras exteriores, que conduzca, eventualmente, a la creación de un Cuerpo europeo de guardia de fronteras. 
Esto significa que todavía no se ha tomado la decisión política y que el Consejo ha manifestado que se produciría posteriormente, tras el desarrollo de operaciones de cooperación. 
Lo que puedo decir al Sr. Posselt es que ya se han iniciado operaciones de cooperación en 2002, tanto para la vigilancia de las fronteras interiores, con el establecimiento de un centro para el control de fronteras terrestres en Alemania, como para la frontera marítima del sur, en el Mediterráneo, con operaciones emprendidas conjuntamente por España, Italia, Francia, Portugal y el Reino Unido. 
Todos estos ejemplos concretos de operaciones conjuntas fueron financiados al amparo del programa ARCO. 
El desarrollo natural de estos centros para el control de fronteras y las operaciones conjuntas debería plantear la cuestión de la creación formal de una policía fronteriza. 
Pero el Consejo no ha fijado una fecha. 
Espero que se demostrará la necesidad de este tipo de policía fronteriza y que la Convención sobre el Futuro de Europa impulsará este proyecto. 
La academia de policía ya existe virtualmente. 
Seguimos apoyando la idea de que será una institución formal con oficinas centrales formales. 
Como bien saben, esta cuestión forma parte del paquete de «agencias» que está siendo analizado minuciosamente por el Consejo Europeo. 
Lamentablemente, todavía no tenemos una respuesta del Consejo. 
Señor presidente, señor Comisario, Señorías, sabemos que existen varios puntos débiles en la frontera exterior compartida, como puede ser con Eslovaquia, donde todavía existe una línea fronteriza que discurre a lo largo de cuarenta kilómetros, y que es difícil de vigilar adecuadamente. 
¿Se podría considerar que se desplegara una fuerza de este tipo a corto plazo, en especial en las zonas fronterizas vulnerables donde la ayuda y protección pueden ser necesarias? 
. (FR) Señor Presidente, señor Rübig, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que los Estados miembros han estado trabajando junto con los países candidatos sobre asuntos relacionados con la frontera terrestre durante años y que ahora forman parten de los programas de hermanamiento entre ellos, ya que la Comisión no dispone de sus propios guardias de fronteras. 
Varios Estados miembros trabajan con Eslovaquia y Polonia para vigilar las fronteras terrestres exteriores. 
En este sentido, puedo decir que la Comisión está insistiendo para que los países candidatos se comprometan a vigilar estas fronteras seriamente y que el grupo de trabajo del Consejo encargado de la evaluación de los controles fronterizos y del centro de fronteras terrestres, con sede en Alemania, supervise minuciosamente todas las cuestiones relacionadas con la futura frontera terrestre, y esto incluye la frontera verde eslovaca, pero también la frontera verde polaca, que es muy larga. 
Por consiguiente, puedo decir que aunque la Comisión no puede proporcionar guardias de fronteras, estamos apoyando todas las operaciones conjuntas que Eslovaquia y los Estados miembros están llevando a cabo y que intentan mejorar la vigilancia de esta frontera. 
Quizá también deba añadir a este respecto que creo que es correcto reconocer que todos estos países han realizado verdaderos progresos en la vigilancia fronteriza. 
Todavía no han alcanzado el nivel exigido por el Acuerdo de Schengen. 
Debido a ello la adhesión a Schengen tendrá lugar por etapas y con arreglo a un método basado en la evaluación de la capacidad real de cada país para garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la ampliación. 
Quisiera preguntar al señor Comisario si cree que las expectativas del Consejo Europeo de Sevilla sobre la cuestión de la policía de fronteras eran quizás demasiado ambiciosas. 
¿Cree que el planteamiento reactivo ha creado entre los ciudadanos europeos la expectativa de que tendremos una policía de fronteras alrededor de toda la frontera exterior de la Unión Europea ampliada en un plazo de tiempo muy breve? 
A pesar de las conclusiones de Sevilla, ¿sigue manteniendo el señor Comisario el planteamiento mucho más amplio con respecto a la legislación sobre el asilo, e incluso la inmigración ilegal, de las conclusiones de Tampere, que examinaban las causas de la inmigración en la Unión Europea? 
¿Mantiene este planteamiento mucho más amplio y seguirá reflejándose el mismo en su labor? 
Las conclusiones de Sevilla son equilibradas. 
Resaltan la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, y definitivamente es un tema que nos afecta a todos, pero a la vez resaltan la necesidad de una integración aún mejor de la política de inmigración en nuestras políticas de relaciones exteriores, incluido el impulso de una asociación con los países de origen y de tránsito para cooperar y controlar mejor la inmigración ilegal. 
En la comunicación que la Comisión emitió hace unos meses sobre política de inmigración y desarrollo, intentó ofrecerles una imagen de todo lo que se está haciendo en el ámbito de la política de desarrollo y que guarde relación con los flujos migratorios, no solo para luchar contra la pobreza, sino también para garantizar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, y garantizar que no haya «efectos llamada» que induzcan a las personas a dejar abandonar país y viajar, a veces ilegalmente, a la Unión Europea. 
Este enfoque no solo ha sido equilibrado, sino también realista. 
Estamos desarrollando todos los elementos del plan de acción, no solo la parte operativa, sino también la parte legislativa, y en varios ámbitos que usted ha mencionado, como el de la legislación en materia de asilo, hemos adoptado las normas necesarias previstas en el programa de Tampere. 
Probablemente está ocurriendo a un ritmo más lento del que prometía cierta retórica política, pero al menos puedo asegurarles que estamos progresando sobre una base sólida. 
Pregunta nº 41 formulada por Sarah Ludford (H-0141/03): 
Asunto: Delincuencia: medidas a escala comunitaria para evitar el robo de teléfonos móviles 
Son probablemente millones los robos de teléfonos móviles que se producen anualmente en la UE, con frecuencia por parte de bandas internacionales, y una reciente encuesta de Eurobarómetro puso de manifiesto que en la mayor parte de los Estados miembros entre una quinta y una tercera parte de la población teme ser víctima de tal delito. 
En el Reino Unido se ha declarado ilegal la reprogramación de un móvil robado y actualmente existe una cooperación entre los operadores británicos, a través de la GSM Association, mediante una base de datos común sobre números IMEI de teléfonos robados, lo que permite bloquearlos. 
Algunos operadores de la Europa continental se han unido también a la iniciativa, pero sólo una veintena del total de alrededor de 500 operadores europeos han comprometido por escrito su participación. 
¿Qué medidas está adoptando la Comisión para fomentar la creación de una base de datos IMEI, similar a la del Reino Unido, en la que participe el sector a escala comunitaria y que permita hacer frente a este tipo de delitos en toda la UE mediante el bloqueo de los teléfonos móviles robados? 
¿Está dispuesta la Comisión a plantearse la presentación de una propuesta, con arreglo al artículo 34 de Tratado UE, de decisión de la Unión Europea sobre un delito común de reprogramación de teléfonos móviles? 
Yo le diría a Su Señoría que la Comisión está en contacto con las autoridades del Reino Unido para tratar este tema desde el mes de julio de 2002. 
Desde entonces, la Comisión también ha llamado la atención de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia sobre la posible utilidad de unas medidas a escala de la UE para evitar el robo de teléfonos móviles. 
Ahora la Red Europea de Prevención de la Delincuencia está debatiendo este tema. 
Sin embargo, la Comisión no tiene previsto presentar ninguna propuesta sobre el tema con arreglo al artículo 34 del Tratado de la Unión Europea y, de momento, no se considera un tema prioritario para la aproximación del derecho penal substantivo. 
Los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros contemplan disposiciones que penalizan el robo, y que, por supuesto, son aplicables al robo de teléfonos móviles. 
Por lo tanto, de momento, de acuerdo con del principio de subsidiariedad, consideramos que estas disposiciones legales de los Estados miembros son suficientes para resolver este tipo concreto de delincuencia que va en aumento. 
Agradezco al Comisario su respuesta, pero debo decir, sin embargo, que me siento un poco decepcionada. 
Soy consciente de que esto se está debatiendo en la red de prevención de la delincuencia, pero a mí me parece que existen motivos para tomar medidas adicionales. 
Cada año se roban millones de teléfonos móviles. 
Según el Eurobarómetro, un tercio de los ciudadanos de los Estados miembros temen que pueden ser víctimas de este delito. 
Además, con todos los viajes que se realizan a través de la Unión Europea, el tema adquiere una dimensión transfronteriza. 
Aunque, como usted dice, el robo es delito en todos los Estados miembros, estoy hablando más concretamente del delito de reprogramar teléfonos móviles. 
Que yo sepa esto solo es ilegal en el Reino Unido. 
Y esto justificaría una propuesta de la UE que lo tipificara como delito en todas partes. 
También es una cuestión de protección de datos. 
Debemos conseguir que los comisarios de protección de datos interpreten, como sería coherente, que el número IMEI no es un dato personal, tal como se considera en Alemania. 
. 
(EN) Muchas gracias. 
Puedo confirmar que el tema de la base de datos IMEI, la base de datos de los números de Identidad Internacional de Equipos Móviles, se ha planteado en las discusiones de la Red de Prevención de la Delincuencia. 
Puedo confirmar que algunos Estados miembros están a favor de crear una base de datos de este tipo, pero otros se muestran reacios y dudan de la utilidad que podría tener. 
Por eso le he dicho que el tema todavía se está debatiendo en la Red de Prevención de la Delincuencia. 
La única mención que he hecho se refería a la posibilidad de aproximación del derecho penal, y creo que no tenemos una base jurídica específica en el Tratado. 
No creo que el artículo 34 pueda utilizarse con este fin. 
Quiero dar las gracias a mi colega, la Sra. Ludford, por plantear esta cuestión. 
Quisiera pedir al Comisario que se extienda más sobre un auténtico problema transfronterizo relacionado con el robo de teléfonos móviles: su uso extensivo en forma de fraude en carrusel contra las autoridades del IVA en varios Estados miembros. 
Está siendo utilizado por organizaciones criminales sofisticadas y, por lo tanto, es algo por lo que, espero, se interesará seriamente. 
El tema de utilizar los números IMEI es evidentemente un primer paso, y las transacciones al por mayor de teléfonos móviles solo deberían ser autorizadas si se comprueban los números IMEI para asegurar que estos teléfonos no haya sido objeto previamente de una transacción fraudulenta. 
En segundo lugar, propongo que se tomen medidas que permitan que el IVA sobre los teléfonos móviles se pague directamente a las autoridades fiscales, de modo que los criminales no puedan meter mano en los ingresos. 
Finalmente, con mucho gusto enviaré al señor Comisario documentación sobre un importante comerciante de teléfonos móviles de mi región. Las autoridades alemanas del IVA están discriminando a esta empresa. 
Esto desanima activamente a las empresas legítimas y con ello no se conseguirá más que entregar este negocio a los comerciantes fraudulentos. 
Espero que, con la ayuda de la DG Impuestos pueda tomar las medidas necesarias para impedir que las autoridades alemanas penalicen al comercio legítimo en este ámbito. 
. 
(EN) Con mucho gusto recibiré toda la información que Su Señoría pueda ofrecernos sobre las implicaciones económicas de estas actividades delictivas. 
Reconozco que las cifras son impresionantes: reconozco que un 48% de todos los robos perpetrados en el centro de Londres tienen por objeto teléfonos móviles, y la cifra en París es de alrededor del 40%. 
Soy muy consciente de que el año pasado se robaron unos 700 000 teléfonos en el Reino Unido, 150 000 en Francia y 130 000 en España. 
No niego que la dimensión transfronteriza es importante en este tipo de actividad delictiva. 
El problema es cómo priorizar las medidas que hay que tomar. 
Mi opinión es que debería darse prioridad a la cooperación operativa. 
No veo ninguna necesidad de armonizar la legislación. 
Por lo tanto, seguiremos discutiendo sobre una red europea de prevención de la delincuencia y qué actividades operativas concretas deberían llevarse a cabo para luchar contra este tipo de delito. 
El enfoque del IMEI ya se ha discutido. 
Solo podemos decidir por unanimidad y los Estados miembros están divididos en este tema. 
Sin embargo, pueden estar seguros de que no abandonaremos la cuestión. 
Pregunta nº 42 formulada por Alain Krivine (H-0174/03): 
Asunto: Charter francoalemán 
El lunes 3 de marzo de 2003 Francia y Alemania procedieron a la expulsión colectiva de 54 nacionales del Senegal y de Côte d ' Ivoire para lo que recurrieron a un vuelo charter de la compañía Euralair Horizons. 
A bordo del avión fletado por los Gobiernos francés y alemán viajaron 30 nacionales de Côte d ' Ivoire y 23 senegaleses no admitidos en el territorio francés o cuya solicitud de asilo político en Francia había sido desestimada y que permanecían retenidos en la zona de espera de Roissy, más 1 senegalés que había llegado por carretera desde Alemania, país del que había sido expulsado. 
¿Considera la Comisión que se ha respetado el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como el primer párrafo del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ratificada en la Cumbre de Niza? 
¿Estima la Comisión que se ha respetado el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales en el caso de los nacionales de Côte d ' Ivoire devueltos a un país en el que se están registrando desórdenes? 
¿Opina que también se han respetado los procedimientos de solicitud de asilo que garantiza la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero de 1967 relativos al estatuto de los refugiados? 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que se respeten los Tratados y, en particular, las disposiciones relativas al derecho de asilo y la protección en caso de devolución, expulsión y extradición? 
Señor Presidente, tal como ya se ha indicado, en el debate que tendrá lugar sobre cooperación a nivel operativo entre los Estados miembros respecto a la repatriación de residentes ilegales, los vuelos chárter conjuntos son una de las medidas para reforzar la cooperación operativa establecida en el plan de acción de repatriación aprobado por el Consejo en noviembre de 2002, basándose en una Comunicación de la Comisión. 
Hablando desde un punto de vista legal, estos vuelos chárter conjuntos significan actualmente dos o más operaciones nacionales de traslado llevadas a cabo al mismo tiempo en un único y mismo avión. 
Estos vuelos chárter conjuntos nada tienen que ver con las expulsiones colectivas, prohibidas por la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Los vuelos de repatriación conjunta, con un determinado número de personas embarcadas, se organizan por motivos logísticos, pero las decisiones de expulsión subyacentes siempre se toman a nivel individual. 
Cada caso se examina por separado, según las circunstancias personales y situación legal de cada persona. 
En otras palabras, todas las personas embarcadas en un vuelo de este tipo han sido sometidas a un procedimiento individual que ha concluido con una denegación individual de toda solicitud o recurso para obtener la residencia legal. 
Por consiguiente, las decisiones se basan en motivos individuales y no en motivos colectivos. 
En relación con el caso mencionado por el Sr. Krivin, la Comisión no ha recibido ninguna indicación y no tiene motivos para suponer que las circunstancias específicas de las personas embarcadas en este vuelo fueran objeto de una infracción de algún instrumento de Derecho internacional o, en otras palabras, que las solicitudes de las personas embarcadas en ese vuelo no se hubieran examinado por separado y, efectivamente, por los Estados miembros que aprobaron las medidas de expulsión. 
Gracias, señor Comisario, por su explicación. 
Creo que se trata de un asunto muy grave, ya que mientras he formulado esta pregunta cinco vuelos conjuntos- tal como los ha llamado usted- han salido de Francia. 
Transportan grupos de personas de la misma nacionalidad que se encuentran en las mismas condiciones, a menudo esposados, a veces amordazados, de modo que incluso dos inmigrantes murieron asfixiados. 
Debo añadir que el Gobierno ha decidido que a partir de ahora habrá un médico de la Cruz Roja en los denominados vuelos conjuntos para asegurarse de que todo funciona con fluidez. 
La pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre un vuelo conjunto y un vuelo de grupo? 
Por definición, un grupo está formado por un determinado número de personas. 
Cuando hay 42 senegaleses juntos, quién va a decidir qué criterio debe aplicarse para determinar si constituyen un grupo o un determinado número de personas? 
No conozco ningún grupo que no sea un número de personas. 
Pero tengo la desgracia de creer que cuando hay 42 senegaleses o 20 ciudadanos de Côte d 'Ivoire juntos? debo señalar que la vida de los ciudadanos de Côte d' Ivoire corre peligro en su propio país? es más o menos la misma cosa. 
Por lo que mi pregunta es la siguiente: ¿quién determina la diferencia del significado entre un vuelo conjunto y un vuelo de grupo? 
Explíquenme qué es una expulsión colectiva, es decir lo que está prohibido. 
. (FR) Con mucho gusto, señor Krivine. 
En primer lugar, un vuelo conjunto es un vuelo que ha sido organizado por dos Estados miembros como mínimo. 
Es en este nivel donde la intención es de que sea un vuelo conjunto, en el caso que nos ocupa la intención de Francia y Alemania. 
Estos dos países reunieron a un determinado número de personas en un lugar, que debían ser deportados y salieron en el mismo vuelo. 
Se trata de un vuelo conjunto desde un punto de vista organizativo. 
Respecto a la expulsión colectiva, la cual está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, la pregunta es: ¿cuándo surge la expulsión colectiva? 
No se expide una orden de deportación colectiva para cada una de las personas que forman el grupo; solo existe una sola orden que se aplica a todo el grupo de personas y que no tiene en cuenta la situación específica de cada una de las personas del grupo. 
Esta es la diferencia. 
La expulsión colectiva está prohibida. 
No está autorizada en la Unión Europea bajo ninguna forma. 
Por otro lado, si se tienen diez órdenes de deportación individuales y si ve a estas diez personas juntas, no cabe duda que forman un grupo, pero, que salgan en un vuelo conjunto o no, no se trata de una expulsión colectiva. 
Esta es la diferencia fundamental en mi opinión. 
Muchas gracias señor Vitorino por su colaboración a lo largo de esta tarde. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 43 a 80 recibirán respuesta por escrito 
. Presidente Trajkovski, sea muy bienvenido al Parlamento Europeo. 
Para mí es un gran honor y un privilegio poder presentarle en esta Cámara. 
En este Parlamento todos sabemos muy bien lo que los países de su región han tenido que pasar en la última década, y en concreto el sufrimiento provocado por las armas y la violencia que han tenido que soportar; pero aun así el suyo es un país que en la fase actual nos trae cierto mensaje de esperanza. 
La crisis de 2001 consiguió, con la asistencia activa de la comunidad internacional- incluido, y me siento orgulloso de poder decirlo, un planteamiento muy práctico y decidido de la Unión Europea -, evitar una costosa guerra civil. 
En cambio, ha dado lugar a un progreso estable en términos de democracia y en su compromiso, y el compromiso de todo su país, por el desarrollo de unas buenas relaciones con los países vecinos, respetando el Estado de derecho, fomentando la economía a través del comercio y la cooperación, y obrando sobre la base del Acuerdo Marco de Ohrid. 
Todo ello constituye un puente para que su país pueda recuperar plenamente sus conexiones internacionales y hasta un punto desde el cual podrán empezar a hacer realidad su visión europea. 
Nosotros, en esta Cámara, ofrecemos nuestro máximo apoyo a la política de la Unión que pretende desarrollar una perspectiva europea para los Balcanes Occidentales. 
Su discurso de hoy aquí, y en el contexto del progreso que en la actualidad está experimentando su país, es un paso importante hacia la UE para la región en general, así como para la Antigua República Yugoslava de Macedonia en particular. 
El reciente y despreciable asesinato del Sr. Zoran Djindjic en Serbia subraya de nuevo la necesidad de estabilidad en la región y nos recuerda nuestra obligación de actuar cuando tenemos capacidad para hacerlo y se nos presenta la oportunidad. 
La Antigua República Yugoslava de Macedonia, como todos los antiguos estados yugoslavos, ya pertenece a la familia europea. 
Así se reconoció explícitamente en el Consejo Europeo de Feira en junio de 2002. 
La Antigua República Yugoslava de Macedonia, como los demás países de los Balcanes Occidentales, tiene una perspectiva europea. 
A los que formamos esta Cámara nos complace en gran manera que la primera operación llevada a cabo por la Fuerza de Reacción Rápida de la Unión Europea haya empezado en su República. 
Ésta es la señal más clara posible del compromiso de la Unión en la zona. 
En efecto, en un momento en que estamos experimentando la sensación de que Europa no ha encontrado la forma adecuada de hacer oír su voz en la crisis del Iraq y en las Naciones Unidas, vemos a la Antigua República Yugoslava de Macedonia como uno de los éxitos de la embrionaria y emergente política exterior y de seguridad común en Europa. 
(Aplausos) 
Se encuentran ustedes ahora en el camino hacia esta visión europea que compartimos. 
Creo que el ritmo de su avance depende de ustedes, de su progreso en la reforma, de su determinación política y de su firme resolución. 
Pero con cada paso que den en esta dirección, nosotros caminaremos a su lado. 
Este es el mensaje que quisiera darles hoy en nombre de mis colegas del Parlamento. 
Pueden contar con nuestro apoyo. 
Y ahora, es un gran honor y un privilegio para mí invitarle a dirigirse a la Cámara. 
. 
(El orador empieza a hablar en macedonio. 
El siguiente párrafo es una traducción) 
Señor Presidente, distinguidos diputados del Parlamento Europeo, me complace y aprecio en gran manera tener la oportunidad de hablarles hoy aquí. 
El Parlamento Europeo encarna una visión de Europa que hoy es compartida por millones de personas, no solo de dentro, sino también de fuera de la actual Unión Europea, incluidos los ciudadanos de la República de Macedonia. 
Es una visión de un continente de diversidad, donde las diferentes tradiciones, culturas y lenguas se unen tomando como base el respeto mutuo y los intereses comunes. 
Es la visión de un espacio integrado para las personas, de libertad de circulación, de un mercado común y de políticas europeas para resolver problemas comunes. 
(El orador continúa en inglés) 
Esta visión de los padres fundadores europeos se ha convertido hoy en una realidad para los ciudadanos de la Unión Europea, para millones de estudiantes que cursan en universidades fuera de su país, para hombres de negocios vinculados por el comercio y la inversión, y para políticos y funcionarios civiles que se reúnen cada día para desarrollar respuestas conjuntas a los retos de nuestra época. 
Pronto la Unión Europea abarcará 10 nuevos países, y sus ciudadanos compartirán el sueño europeo de una paz y una prosperidad comunes. 
Los representantes electos de estos países se sentarán en esta Cámara, fruto de uno de los mayores logros de la política internacional: la cesión pacífica de soberanía sobre la base de valores compartidos e intereses comunes. 
Quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda hoy para compartir con ustedes mis ideas sobre lo que esta visión de una Europa unida significa para mi país, la República de Macedonia. 
Los ciudadanos de la República de Macedonia comparten los mismos valores y tienen los mismos intereses que los ciudadanos de estos otros países que pronto se unirán a la Unión. 
Existe un fuerte consenso político respecto a la idea de que el acceso a la Unión Europea es un objetivo político primordial. 
Existe un fuerte compromiso para hacer lo que sea necesario para cumplir los criterios de adhesión y llevar a cabo los esfuerzos requeridos. 
Hace dos años, en la Unión Europea y en la República de Macedonia algunas personas podían haber dudado de si llegarían a ver con sus propios ojos cómo la adhesión a Europa se convertía en realidad. 
Entonces el Estado se enfrentaba con la crisis más grave de su historia reciente. 
Todos nos asomamos al abismo y temíamos lo peor. 
Pero conseguimos dar un paso atrás. 
Quiero expresar el agradecimiento de los ciudadanos de mi país hacia todos aquellos que, en esta Cámara y en otras instituciones europeas y transatlánticas, se mantuvieron junto a la República de Macedonia en aquellos momentos difíciles y apoyaron nuestros esfuerzos por apartarnos del conflicto armado y conseguir una resolución política y pacífica. 
Cuando un conflicto se resuelve pacíficamente y ya no aparece en los titulares de los periódicos, a veces se olvida enseguida, pero los esfuerzos incesantes de Romano Prodi, Javier Solana, Chris Patten y Lord Robertson merecen ser recordados como una de las intervenciones más satisfactorias y oportunas que jamás hayan llevado a cabo la Unión Europea y la OTAN. 
En aquellos tiempos difíciles, Macedonia descubrió que tenía muchos amigos, inclusive en esta Cámara, donde parlamentarios de todos los Grupos políticos han mostrado su apoyo a la causa de estabilizar nuestro Estado y tranquilizar a nuestros ciudadanos. 
El papel de los representantes especiales también ha sido muy importante y se agradece en gran manera. 
Hoy, Macedonia ha vuelto a la paz y estamos más decididos que nunca a recuperar el tiempo perdido. 
Progresamos de modo constante en la puesta en práctica del Acuerdo Marco. 
Hace poco hemos firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 
Por supuesto, la República de Macedonia fue el primer país de la zona que firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea. 
Estoy convencido de que no debe perderse el impulso creado en los últimos dos años, que ha permitido que mi país pase del conflicto armado a un progreso renovado en la vía de la integración europea. 
La República de Macedonia participa en el desarrollo de una política europea de defensa y de seguridad común. 
La Asamblea ha adoptado por unanimidad el Acuerdo SOFA de las fuerzas de la UE, lo que refleja claramente la confianza en la capacidad de seguridad y defensa de Europa. 
Esta misión europea debe ser, y será, un éxito. 
Es importante, y no solo para quienes esperan que la Unión Europea desempeñe un papel activo más allá de sus fronteras. 
He resaltado el progreso que hemos conseguido en los últimos tiempos- poniendo fin a las hostilidades, reforzando el Estado de derecho, aplicando el Acuerdo Marco- y lo importante que ha sido el papel de la Unión Europea en este esfuerzo. 
Pero sería un error dormirnos en los laureles e ignorar lo mucho que queda por hacer para que no solo Macedonia, sino toda la región, avance hasta un punto donde sea inconcebible el retorno a la inestabilidad. 
Permítanme que me refiera ahora a los retos del presente y del futuro próximo. 
Permítanme que me refiera a los esfuerzos que los representantes electos de Macedonia llevaremos a cabo para superar estos retos, y que exprese unas ideas concretas sobre cómo la Unión Europea y sus instituciones pueden ayudarnos en estos esfuerzos. 
Para asegurar la inversión realizada- concretamente por la Unión Europea- en la estabilidad de toda la región, debemos ser valientes e imaginativos. 
Hay unos pasos concretos que debemos dar y que exigirán un compromiso no menor del que hemos mostrado en los dos últimos años. 
Los ciudadanos macedonios esperan con ansia la ampliación histórica de la Unión Europea en 2004 y después en 2007. 
Debemos asegurarnos de que no existe ningún temor de que, después de estas ampliaciones, los Balcanes Occidentales queden aislados del desarrollo del resto de Europa. 
Hay tres cosas que son imprescindibles: debemos continuar con nuestros esfuerzos por reforzar el Estado de derecho y combatir el crimen organizado y la corrupción, Debemos centrar nuestra atención en una gestión más eficaz de los temas de cohesión económica y social. Y debemos trabajar para hacer realidad la visión de una Europa no solo para los Estados, sino también para los ciudadanos, que permita la libre circulación de los ciudadanos de los Balcanes Occidentales a través de las fronteras de la Unión Europea. 
En la actualidad existe un claro consenso sobre la importancia de reforzar el Estado de derecho en toda la región. 
Y, sobre todo, es una responsabilidad de nuestros Gobiernos. 
Debemos reforzar nuestras instituciones, mejorar nuestra legislación y trabajar en la gestión de nuestras fronteras. 
En los últimos meses hemos visto un progreso considerable en toda la región. 
Nuestros Estados no son tan débiles como para no poder hacer frente al crimen organizado, y nuestros ciudadanos apoyan a nuestras instituciones cuando lo hacemos. 
Los Gobiernos de la región pueden hacer mucho, y se está haciendo mucho. 
La República de Macedonia se encuentra en la fase final de los preparativos para organizar una Conferencia Regional sobre Seguridad y Gestión de Fronteras en Ohrid, para avanzar en esta agenda. 
La realidad es que los efectos de la transición económica, las consecuencias de una década de hostilidades en la región, la desarticulación social, la creación de nuevas fronteras y la formación de unas instituciones nuevas y a veces débiles, plantea unos retos que solo se superarán con tiempo y mucho esfuerzo. 
Lo más importante es nuestra determinación y el apoyo de nuestros ciudadanos para superarlos. 
Asegurar una estabilidad duradera también está relacionado con el éxito en el ámbito del desarrollo económico. 
En este sentido, los Gobiernos y los ciudadanos de la región tienen grandes esperanzas puestas en la próxima cumbre de Salónica. 
A medida que pasamos de la reconstrucción después del conflicto al desarrollo, nuestros ciudadanos se centran más en los temas relacionados con la cohesión económica y social: el elevado índice de desempleo, el deterioro o la ausencia de infraestructuras y la necesidad de adaptar las cualificaciones a las nuevas realidades económicas. 
Existe una relación obvia entre el éxito de la implementación del Acuerdo Marco, el éxito de la primera misión militar de la UE y una perspectiva concreta de desarrollo económico. 
El desempleo, sobre todo entre los jóvenes, es extremadamente alto. 
La reforma económica exigirá tomar más decisiones dolorosas que pueden incrementarlo todavía más. 
Lo que otorga vital importancia al desarrollo de un sector privado enérgico, no solo por motivos económicos, sino también por motivos sociales y de seguridad. 
En los próximos años, la Comisión Europea hará un gran esfuerzo para ayudar a los nuevos países candidatos a situarse en el nivel del resto de la Unión Europea. 
También hará un gran esfuerzo para ayudar a Bulgaria y Rumania, nuestros vecinos del este, a atrapar a los nuevos países candidatos. 
En esto se basa el asombroso éxito que la Unión Europea ha tenido al ayudar a otras democracias emergentes- en nuestra región, nuestro vecino del sur, Grecia- para alcanzar y desarrollar una economía impulsada por el sector privado. 
Este es el motivo por el que nos gusta tanto la idea de la Presidencia griega de hacer que la ayuda de preadhesión llegue también a los países de los Balcanes Occidentales. 
Esperamos con ansia que en la Cumbre de Salónica el compromiso europeo para con los Balcanes Occidentales lleve a la creación de un complemento del programa CARDS, con una oferta de políticas estructurales para la preadhesión, tal como han comentado algunos Estados miembros de la UE. 
Somos conscientes de que dicha ayuda nos impondrá muchas condiciones, como la necesidad de cofinanciar proyectos con nuestros recursos. 
Sin embargo, esta condicionalidad nos ayudará a reforzar nuestras administraciones y a prepararnos para un futuro en Europa. 
No queremos que se nos trate como un caso humanitario, sino que queremos asumir los procesos de desarrollo en una auténtica asociación con las instituciones de la Unión Europea. 
Y esto me lleva a la tercera cuestión que quería plantear hoy aquí, y que reviste gran importancia para los ciudadanos de mi país y de toda la región. 
La idea y la realidad de Europa es una idea de movilidad, de libre circulación de productos y personas. 
Un régimen libre de visados sería muy beneficioso en relación con el proceso de democratización en general. 
La evolución económica y democrática positiva se verá favorecida si se simplifica el intercambio internacional y la posibilidad de que los estudiantes, los investigadores y los empresarios viajen. 
El progreso continuado y satisfactorio del proceso de reforma depende de una nueva generación de ciudadanos responsables, dotados de conocimientos y experiencia internacional. 
La República de Macedonia, con sus dos millones de ciudadanos, tiene frontera con la UE. 
Tiene sólidos vínculos comerciales con la UE. 
Antes de la desintegración de Yugoslavia, nuestros ciudadanos viajaban a todos los países de la UE sin restricciones, y la República de Macedonia no es un país de tránsito. 
He seguido con mucha atención los debates de su Parlamento sobre el tema que se ha planteado sobre nosotros, en relación con el uso del nombre constitucional, la República de Macedonia. 
Vengo de un país con una rica tradición cultural, que siempre ha abrigado valores europeos en su corazón, y solo puedo estar inspirado por estos principios que son la propia base del Parlamento Europeo y que ustedes, los diputados, salvaguardan. 
Se necesitará mucho más esfuerzo y más tiempo hasta que el Estado Macedonio pueda convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión, aunque estoy ansioso por ver el día en que los diputados macedonios puedan sentarse en esta Cámara. 
(Aplausos) 
También en este sentido espero recibir su apoyo. 
Vamos a forjar una asociación sólida y trabajar juntos para asegurar que el sueño europeo se convierta en una realidad también para los jóvenes de la República de Macedonia que ansían convertirse en ciudadanos orgullosos de la Europa del siglo XXI. 
(Aplausos) 
. Damos las gracias al Presidente Trajkovski por tomarse el tiempo para estar aquí, por compartir su visión de Europa, por su mensaje de colaboración y por la expresión de su esperanza de desarrollo y oportunidades para el futuro, tanto en su país y en su región como en sus relaciones con Europa. 
Le damos las gracias. 
(Se levanta la sesión solemne a las 12.25 horas) 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0086/2003) de la Sra. Cerdeira Morterero, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar [COM (2002) 225- C5-0220/2002- 1999/0258 (CNS) ]. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega, Carmen Cerdeira, por el excelente trabajo que ha llevado a cabo sobre esta cuestión tan importante. 
En efecto, este texto constituye la primera directiva sobre inmigración legal desde que esta materia es competencia europea. 
Sin embargo, acto seguido, quisiera decir que hay dos cosas que lamento: en primer lugar, que hayamos tenido que esperar tanto tiempo; en segundo lugar, que el resultado final sea una postura tan cautelosa, lo que es consecuencia lamentable de una política que se basa exclusivamente en el control de los flujos migratorios, a pesar de los objetivos establecidos en Tampere. 
Después de más de tres años de duras negociaciones, después de dos propuestas muy distintas, a pesar de un dictamen del Parlamento Europeo en el que se expresa un apoyo a la primera propuesta, y a pesar del excelente trabajo realizado por nuestra ponente, el texto que tenemos hoy aquí contiene unas disposiciones mínimas sobre la reagrupación familiar y, además, el Consejo no va a tener en cuenta, en absoluto, el dictamen del Parlamento Europeo, que, sin embargo- o al menos eso espero -, va a reafirmar nuestra postura anterior. 
No obstante, Tampere nos había hecho entrever otra cosa pero, por desgracia, a estas alturas tenemos la certeza de que el proceso que empezó en 1999 ha tomado unos derroteros diferentes. 
El Parlamento debe votar mañana a favor del informe de la Sra. Cerdeira y expresar así, de manera clara, su rechazo hacia una fortaleza Europa, que en la actualidad está en proceso de creación, y además debe expresar claramente su apoyo al derecho a la vida en familia, que es un derecho absolutamente esencial en todas nuestras democracias. 
Por este motivo, vamos a votar en contra- y estamos en contra- de la disposición que, en algunos casos, permite a los Estados miembros negar la entrada a niños mayores de 12 años. 
Rechazamos también la propuesta que autoriza un período de espera de tres años, y lamentablemente, nos vemos obligados a señalar que este episodio constituye una prueba más de la falta de voluntad política de los Estados miembros para compartir las competencias de inmigración. 
No es precisamente adoptando este tipo de actitud, cautelosa en exceso, como vamos a resolver el problema de la inmigración ilegal; tampoco es una forma adecuada de evitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo, algo que, sin embargo, representa uno de los principales objetivos de esta directiva. 
En resumen, entre los diversos pasos hacia atrás de la segunda directiva y los diversos... 
(El Presidente invita a la oradora a que concluya.) 
... estamos muy lejos de cumplir los objetivos fijados en 1999, en la Cumbre de Tampere, de incorporar esta cuestión al sistema comunitario como tal. 
Señor Presidente, yo también quisiera empezar felicitando calurosamente a la ponente por el excelente nivel de su informe, tal como el Comisario ha reconocido antes, y me gustaría también expresar cuánto me complace que la Presidencia Griega haya conseguido, después de largas consultas, terminar este capítulo- que no empezó pero ha terminado- de la reagrupación de las familias de inmigrantes legales, que ha estado pendiente en el Consejo durante varios años. 
Sin embargo, señor Comisario, en mi opinión deberían tomarse también muy en serio las propuestas del Parlamento Europeo. 
Como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, creo que esta iniciativa sobre la reagrupación familiar es importante porque será especialmente útil para las mujeres y los niños que normalmente no se encuentran en situación de poder seguir a sus maridos en su intento de emigrar a países de la Unión Europea en busca de un destino mejor para ellos y para sus familias. 
Hace tres años, me invitaron a una asamblea general de la comunidad de Bangladesh en Atenas. 
Entré en una sala donde había miles de personas, pero muy pocas mujeres. 
Cuando pregunté por qué las mujeres no participaban en la asamblea, me di cuenta, por primera vez, del alcance del problema. 
Respondieron que sus mujeres y sus hijos estaban en casa, en su país de origen, porque no tenían derecho a traerlos aquí. 
Por lo tanto, me complace sumamente que- aunque esta decisión del Consejo no satisface del todo al Parlamento- se haya tomado una decisión seria sobre este asunto. 
Asimismo, un punto especialmente positivo de la directiva es que se definen los derechos de los miembros de la familia reagrupada, derechos relativos a la educación y al empleo, tanto para asegurar que se integren sin problemas en la sociedad del Estado miembro como para salvaguardar sus derechos de empleo, de modo que no se conviertan en mano de obra barata para el mercado laboral. 
Finalmente, debo resaltar que la reagrupación familiar no solo forma parte de los esfuerzos para conseguir una política de inmigración cohesionadora, sino que constituye también un medio para reforzar la propia política social de la Comunidad. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, una vez más quiero dar las gracias a la Sra. Cerdeira por su informe y decir, muy sinceramente, que estoy de acuerdo con varios de los comentarios que se han hecho, en el transcurso del debate, sobre la naturaleza mínima del acuerdo al que se ha llegado. 
Puedo decirles que, después de tres años de negociaciones, estoy convencido de que era imposible ir más allá de lo alcanzado gracias al compromiso de la Presidencia Griega, tal y como ha recalcado la Sra. Karamanou. 
Pero también estoy seguro de que no será la última vez que debatiremos la reagrupación familiar. 
Es un proceso que va a evolucionar, y espero que, dos años después de haber incorporado la directiva a las legislaciones nacionales, podamos valorar el valor añadido de las normas mínimas que estamos a punto de aprobar y ver qué nuevos caminos se pueden explorar entonces con respecto a la reagrupación familiar. 
Ciertamente, creo que es un derecho fundamental, clave para el éxito de nuestra política de integración y que, a medida que los Estados miembros desarrollen sus propias políticas de integración, la reagrupación familiar se convertirá en una palanca cada vez más importante para integrar con éxito a los trabajadores inmigrantes en las sociedades europeas anfitrionas. 
Me imagino que no será posible apartarse de las líneas básicas del acuerdo político que el Consejo ha aprobado. 
Por este motivo, pediría al Parlamento que muestre comprensión hacia el hecho de que la propia Comisión no se aparte tampoco de este acuerdo político. 
No obstante, me gustaría añadir que este acuerdo político no debe representar un retroceso con respecto a lo que ya tenemos sobre la mesa. 
Por eso, por ejemplo, aunque en el pasado acepté no incluir la protección subsidiaria y a los beneficiarios de la protección subsidiaria en esta propuesta- a petición, por cierto, del Parlamento Europeo, entre otros- no creo que sea aceptable excluir a los refugiados de esta directiva. 
Y es que hemos de reconocer que los refugiados deben tener derecho a la reagrupación familiar, que este derecho debe incluirse en alguna parte de la normativa y que este instrumento es el lugar adecuado para enmarcar este derecho a la reagrupación familiar. 
Finalmente, como ha dicho la Sra. Hazan, este es el primer instrumento sobre inmigración legal. 
Creo que envía un mensaje político claro: una política de la Unión Europea sobre inmigración no puede ser solo una política represiva; debe ser también una política de inmigración legal. 
Espero que este primer instrumento- por mínimo que sea- constituya una base sobre la que podamos construir la voluntad política de adoptar las otras iniciativas legislativas de la Comisión sobre inmigración legal, porque si deseamos tener una política de inmigración que no solo sea creíble y coherente, sino también respetuosa con nuestros valores comunes, debemos contar con una gama completa de instrumentos jurídicos. 
. (ES) Señor Presidente, quiero agradecer al señor Comisario, así como al resto de los colegas que hayan permanecido aquí hasta esta hora, pero creo que la ocasión lo merecía, el tema es importante y llevamos mucho tiempo esperándolo. 
Comparto plenamente lo que ha dicho el Sr. Comisario, pero hay algunas afirmaciones que se han hecho a lo largo del debate que quisiera aclarar. 
Este informe sobre reagrupación familiar en ningún momento permite situaciones como las que el Sr. Pirker ha expuesto: la poligamia o la posibilidad de aplicar esta directiva a futuras mujeres y quiero que eso conste en acta porque me parece una afirmación muy grave que solamente puede ser fruto de la ignorancia o de la mala fe. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, me siento un poco perdido porque el interlocutor político necesario en un debate como este, el Consejo, no está aquí. 
Pienso que, en un debate sobre un tema al que el Parlamento otorga gran importancia, es necesaria la presencia de un representante de alto nivel. 
Dicho esto- y me gustaría que, al menos, constara en acta -, quisiera dar las gracias especialmente a mis colegas de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre todo al Sr. Deprez y al Sr. von Boetticher, por el duro trabajo que han llevado a cabo y que nos ha permitido alcanzar una posición común. 
En primer lugar, quisiera señalar que el Parlamento ha pedido repetidas veces al Consejo- especialmente en los informes Nassauer, Karamanou y Deprez- la reforma del Convenio Europol, con el objeto de otorgar un control y unos poderes democráticos concretos sobre Europol. 
Con estos informes, hoy pedimos, una vez más, una mayor implicación del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario de Europol, así como la financiación de este órgano a través del presupuesto comunitario. Pedimos que el Parlamento Europeo se involucre en el nombramiento y el cese del director y los directores adjuntos de Europol, y que dos representantes electos del Parlamento Europeo participen en las reuniones del Consejo de Administración. 
La Comisión Europea ya se ha manifestado sobre el asunto del control democrático, y ha propuesto la creación de una comisión mixta formada por representantes de los Estados miembros y de las comisiones del Parlamento Europeo responsables de las cuestiones policiales. 
El asunto del control democrático de Europol se ha debatido también, hace poco, en el Grupo de Trabajo de la Convención «Libertad, Seguridad y Justicia». 
Según las actas del Grupo de Trabajo, durante una audiencia el director de Europol, el Sr. Storbeck, afirmó que «el control parlamentario de Europol no está claro en la actualidad» ; señaló las dificultades que origina ser responsable ante demasiados parlamentos nacionales y afirmó que un control democrático más estricto y eficaz también sería beneficioso para Europol. 
Asimismo, mencionó el eventual control por parte del Parlamento Europeo como posible solución. 
El propio Grupo de Trabajo de la Convención ha elaborado un informe final en el que declara lo siguiente: «Las actividades de Europol deberán estar sujetas en el futuro a la responsabilidad democrática ante el Parlamento Europeo y el Consejo, así como al control judicial del TJCE, de conformidad con las normas habituales de los Tratados». 
A pesar de estas reiteradas reivindicaciones y propuestas específicas, hoy estamos debatiendo aquí un Protocolo al Convenio Europol sobre el que se consulta al Parlamento Europeo. 
Este protocolo no solo no resuelve estas cuestiones: es que ni siquiera las aborda. 
Los resultados de una comparación entre los poderes actuales de control democrático sobre Europol y las reformas propuestas en el Protocolo son de lo más decepcionantes. 
A la vista de estos hechos, en nuestra comisión- y espero que mañana en la Cámara -, observando que se ha hecho caso omiso de las reiteradas peticiones y propuestas a favor de aumentar el control de las competencias democráticas de Europol, no podemos más que condenar el hecho de que los cambios propuestos sean puramente estéticos y constituyan una burla al Parlamento Europeo y a los ciudadanos europeos que lo han elegido. 
El Consejo no ha respondido a las reiteradas peticiones del Parlamento para que se incrementen los poderes por lo que se refiere al presupuesto de Europol, así como a los procedimientos de nombramiento y cese, o para que representantes del Parlamento Europeo participen en el Consejo de Administración. 
Tampoco ha seguido la propuesta de la Comisión de crear una comisión mixta, o la opinión del director de Europol a favor de un mayor control democrático. 
En estas condiciones, el Parlamento Europeo mantendrá su papel actual con respecto a Europol: debatir sin que nadie escuche y presentar propuestas sin que nadie las lleve a la práctica. 
Inevitablemente, algún día el Consejo tendrá que darse cuenta de que un mayor control democrático y más poderes con respecto a Europol son la única garantía de una administración y un funcionamiento correctos en interés de todos. 
Nuestro rechazo hacia las iniciativas y la resolución que hemos presentado confirman esto: como he dicho, fue una decisión difícil; debatimos en comisión el asunto al menos cuatro veces pero, al final, todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo con este documento. 
Sé que ya se ha dicho muchas veces, pero no podemos permitir que el Consejo siga ignorando esta posición? que ya no es solo la posición del Parlamento? ad infinitum. 
Espero y confío en que el Comisario Vitorino sugiera una medida eficaz, dado que en el transcurso de esta legislatura ha propuesto muchas medidas eficaces. 
En este caso, acordamos un planteamiento común, un planteamiento que implicaría rechazar las iniciativas danesa y griega y aprobar nuestra propia recomendación sobre la evolución futura de Europol pero, por supuesto, a pesar del texto común, nuestros argumentos difieren en cierta medida. 
Resulta que, en el pasado, en el Parlamento Europeo nos pusimos las cosas fáciles rechazando todas las propuestas de modificación del Convenio Europol. 
Nuestra justificación era la falta de control judicial y democrático sobre Europol, porque, al pertenecer como pertenece al tercer pilar, hasta el momento Europol no ha estado sometida ni a control parlamentario por parte del Parlamento Europeo ni a control judicial por parte del Tribunal de Justicia Europeo, y ni siquiera los parlamentos nacionales tenían interés en controlarla. 
Ha habido varias ampliaciones de las competencias de Europol que en el Parlamento Europeo no hemos querido aceptar si no iban unidas a unos mayores poderes de control. 
No obstante, en la propuesta danesa, de la que soy ponente, se incluye precisamente este aumento de oportunidades de control para el Parlamento, porque, según dicha propuesta, la Cámara debe ser consultada sobre diversas cuestiones como la recogida, el procesamiento y la utilización de datos personales, la transmisión de datos a terceros Estados, el establecimiento de unas normas sobre el secreto y la protección de la confidencialidad en relación con la situación personal y, finalmente, también sobre todas las modificaciones del Convenio Europol. 
Incluso el instrumento que se propone, según el cual las autoridades nacionales podrían, en el futuro, comunicarse directamente con Europol, sería un verdadero paso adelante. 
De entrada, me parece que no tendría sentido rechazar todo esto y, aunque por principio esta ha sido la línea que hemos seguido en el pasado, he estado pensando en aceptar la propuesta, por el hecho de que debería considerarse en el contexto del debate de la Convención, donde, en estos momentos, el Grupo de Trabajo X ha propuesto la disolución del tercer pilar de la Unión Europea- Justicia y Asuntos Interiores- y la transferencia de Europol al primer pilar. 
Esto implicaría tanto el control judicial por parte del Tribunal de Justicia Europeo como un control parlamentario en forma de derechos presupuestarios del Parlamento Europeo. 
Visto de esta forma, en principio, tenía sentido afianzar un procedimiento de consulta en el Convenio Europol. 
No obstante, ahora las propuestas presentadas por el Presidium de la Convención se han puesto a la altura de la iniciativa danesa, algo que debemos especialmente al Comisario Vitorino. 
Seré sincero, señor Comisario, y reconoceré que al principio no pensé que fuera posible que la Convención accediera a someter a Europol a un procedimiento de codecisión, que en el futuro se denominaría procedimiento legislativo, con igualdad de derechos para el Parlamento y para el Consejo, pero lo que yo pedía al final de cada uno de mis discursos anteriores me ha sido concedido. 
En este aspecto, ciertamente la Convención ha demostrado que es valiente. 
Sin embargo, cuando considero las enmiendas presentadas por los miembros de la Convención, me encuentro con que unos pocos piden que el Consejo tome decisiones unánimes en este ámbito, y no encuentro ni una sola enmienda que intente limitar el papel que desea el Parlamento Europeo. 
Así las cosas, podemos asumir un amplio consenso, de modo que la iniciativa danesa, con el procedimiento de consulta que incluye, puede aparcarse. 
No obstante, es posible mejorar las propuestas del Presidium. 
Para empezar, deberíamos abolir la autoridad del Consejo para redactar directrices, al igual que deberíamos abolir, en segundo lugar, la restricción del artículo 9 sobre el control por parte del Tribunal de Justicia. 
En tercer lugar, en términos generales, la unanimidad en el Consejo en los temas relacionados con Europol, tal y como piden varios miembros de la Convención, es algo inaceptable. 
En cuarto lugar, el procedimiento legislativo debe permitir que Europol lleve a cabo sus propias investigaciones con la colaboración de los funcionarios apropiados de los Estados miembros. 
En el primer caso, una transferencia de competencias de este tipo también podría estar sujeta a la unanimidad, aunque los derechos del Parlamento no deben limitarse bajo ningún concepto. 
En quinto lugar, Europol también debe poder actuar en defensa de los intereses financieros de la UE cuando así lo solicite Eurojust o el Fiscal Europeo que se va a nombrar. 
Aquí es donde la cooperación con esta institución debe regularse en términos aún más precisos; no debe dejarse en manos de acuerdos internos, como era antes el caso. 
En sexto lugar, el control por parte de Eurojust solo tendrá sentido cuando se hayan traspasado a Europol poderes ejecutivos reales, porque antes de que eso ocurra, el hecho de que Europol siga estando sometida al control de los fiscales nacionales hará que las estructuras estén duplicadas. 
El séptimo punto es que Europol debe tener acceso a los diversos sistemas informáticos- y mencionaré solo el Sistema de Información Schengen, el Sistema de Información de Aduanas, y Eurodac -, que deben unirse para formar un solo sistema informático uniforme con diferentes derechos de acceso. 
Mi octavo punto es consecuencia directa de todo esto. 
Europol debe disponer de una protección de datos normalizada conforme a la Directiva 46/95, y necesita unas normas de lenguaje simples. 
Por último, y no por ello menos importante, hay que aplicar de forma más estricta el requisito de que los Estados miembros cooperen con Europol. 
Muchos Estados miembros todavía envían a Europol pocos datos, o simplemente no envían datos. 
Instamos al Consejo a que no siga bloqueando el uso de los recursos presupuestarios de la UE para financiar Europol en sus actividades contraterroristas hasta que la Conferencia Intergubernamental haya adoptado un tratado constitucional de este tipo. 
No podremos convencer a los ciudadanos de que su seguridad está en peligro si los ministros de Interior consideran que se han superado sus competencias. 
En cualquier caso, la Convención deja margen para una interpretación generosa. 
Al mismo tiempo, el Consejo debe prepararse para que el Convenio Europol sea trasladado a la legislación. 
Ahora está en nuestras manos asegurarnos de que la Convención sea un éxito. 
De hecho, creo que estamos predestinados al éxito, porque, sin estos avances, a largo plazo fracasaremos en nuestro intento de luchar contra la delincuencia en Europa. 
Por consiguiente, hoy también, voy a concluir con unas palabras con las que incluso el Sr. Coelho estará de acuerdo: por cierto, creo que la Convención debe ser todavía más valiente. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Turco y al Sr. von Boetticher por los informes que han redactado, que tienen como objetivo analizar las iniciativas tomadas por determinados Estados miembros tanto para mejorar el funcionamiento de Europol como para alinear los niveles de clasificación de los documentos de Europol con los niveles de clasificación de los documentos del Consejo. 
La Comisión comparte la opinión del Sr. Turco de que sería difícil que los ciudadanos de la Unión Europea entendieran que el sistema de clasificación de los documentos de Europol debe ser diferente del sistema de clasificación de los documentos de la Unión Europea. 
Como resultado de esta iniciativa, Europol tendría cuatro niveles de clasificación que corresponderían con los adoptados en la decisión del Consejo de 19 de marzo de 2001 y la decisión de la Comisión de 29 de noviembre de 2001. 
El Sr. Turco se refiere en su informe al Reglamento del Consejo nº 1049/2001. 
Quisiera llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que este reglamento aborda la cuestión del acceso público a los documentos. 
Sin embargo, no es un reglamento que establezca los niveles de clasificación de los documentos del Consejo o de la Comisión. 
En relación con las normas relativas al acceso público a los documentos custodiados por Europol, los diputados son conscientes de que la iniciativa danesa establece que el Consejo de Administración de Europol debería adoptar normas sobre el acceso a los documentos de Europol teniendo en cuenta los principios y los límites establecidos en el Reglamento nº 1049/2001. 
En opinión de la Comisión, esto significa que oficialmente el Consejo de Administración de Europol solo tiene que adoptar estas normas cuando se ratifique la iniciativa danesa. 
Sin embargo, dada la importancia de este tema. quisiera resaltar que, desde nuestro punto de vista, no hay nada que impida a Europol actuar directamente para adoptar unas normas sobre acceso a los documentos que tengan en cuenta el Reglamento nº 1049/2001, tal y como sugiere el ponente. 
En relación con el informe del Sr. von Boetticher, los objetivos de esta iniciativa son definir mejor las competencias de Europol, convertir a Europol en un punto de contacto en la Unión Europea para los temas relacionados con la falsificación del euro, mejorar los contactos entre Europol y las fuerzas policiales de los Estados miembros y, finalmente, proporcionar una mejor base para informar al Parlamento Europeo sobre las actividades de Europol. 
A mí me parece evidente que estas iniciativas que estamos debatiendo no resuelven los problemas básicos que se plantean en relación con el estatuto de Europol. 
Por supuesto, entiendo la postura del Parlamento de querer mostrar su desacuerdo con la insuficiencia de soluciones recomendando que se rechacen las iniciativas de los cuatro Estados miembros. 
Sin embargo, debemos recordar que las cuestiones planteadas por estas iniciativas son las mismas que está examinando la Convención sobre el Futuro de Europa. 
El rechazo de estas iniciativas probablemente sería un signo negativo para el cambio en la dirección correcta. 
Creo que el Parlamento está de acuerdo con la Comisión en que el Convenio Europol debe ser sustituido por un instrumento que se pueda adoptar más fácilmente y que permita un control jurídico y democrático adecuado a escala europea. 
El Convenio Europol debería sustituirse ahora mismo, hoy, mediante una decisión del Consejo, de la misma forma que Eurojust se creó tomando como base una decisión del Consejo. 
El presupuesto de Europol debería financiarse a partir del presupuesto comunitario, y la información dada al Parlamento Europeo debería considerarse desde un punto de vista distinto. 
De hecho, en la comunicación que la Comisión presentó al Parlamento sobre el control democrático de Europol, recomendábamos que se creara un organismo mixto de supervisión formado por representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. 
Finalmente, por lo que se refiere al ámbito de la protección de datos, hay que ampliar las normas que ya existen en el actual Convenio Europol. 
Con las iniciativas de los Estados miembros, estos objetivos solo se cumplen de manera muy parcial. 
No obstante, como acaba de indicar el Sr. von Boetticher, la Convención sobre el Futuro de Europa está debatiendo, en estos momentos, un proyecto de artículo sobre Europol que, a mi modo de ver, aborda con precisión los problemas que acabo de mencionar. 
No obstante, esto no debería impedir la adopción de la iniciativa de Dinamarca. 
Es cierto- y reconozco que el Sr. von Boetticher tiene razón- que el proceso de ratificación de esta Convención va a ser lento y laborioso porque sabemos que todas las convenciones que siguen el Título 6 del Tratado han sido sumamente lentas y pesadas. 
No hay más que recordar que la Convención sobre la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas no quedó ratificada por todos los Estados miembros de la Unión Europea hasta el mes pasado, y se remonta a 1995. 
Este es un buen motivo para deshacernos del instrumento «convención» dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Sin embargo, no debemos olvidar que el resultado de la Convención sobre el Futuro de Europa, es decir, el Tratado Constitucional, también se someterá a un proceso de ratificación por parte de los parlamentos de todos los Estados miembros, de los veinticinco Estados miembros, y que por lo tanto, será un proceso igualmente lento y laborioso. 
La puesta en marcha inmediata del proceso de ratificación de estas enmiendas del Convenio Europol no entra en conflicto con el Tratado Constitucional, dado que las normas del Tratado Constitucional prevalecerán sobre las normas que ahora son objeto de esta iniciativa por parte de los Estados Miembros. 
Por último, quisiera expresar mi apoyo a la postura del Parlamento cuando, en la recomendación al Consejo, se refiere al artículo 22 presentado por el Presidium de la Convención. 
Quisiera dejar claro que el objetivo con que la Comisión se ha planteado el debate sobre el Convenio es convertir a Europol en un organismo de la Unión Europea con un estatuto normal dentro de un marco institucional único. 
Esto significa financiación comunitaria, una base jurídica que se pueda cambiar más fácilmente, una ley de la Unión Europea y el uso del procedimiento legislativo normal, es decir, de la mayoría cualificada y la codecisión. 
Todos estos elementos son bienvenidos y están en consonancia con la comunicación de la Comisión de diciembre de 2002 sobre la arquitectura institucional de la Unión Europea, y creo que encajan con los objetivos de una cooperación policial más eficaz en el espacio europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Parlamento Europeo ha sido coherente al prestar su apoyo a las diversas iniciativas dirigidas a ampliar el mandato de Europol. 
Queremos ayudar a Europol a convertirse en un instrumento eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada y a asumir un papel primordial, en colaboración con las autoridades de los Estados miembros, con respecto a las investigaciones sobre las actividades delictivas transfronterizas. 
No obstante, aunque estamos de acuerdo con la introducción de poderes operativos en Europol, tal como prevé el propio Tratado de Amsterdam, también hemos indicado reiteradamente la necesidad de que el reforzamiento de su papel vaya acompañado de unas medidas que garanticen el control democrático y el control jurisdiccional. 
En este sentido, hemos rechazado continuamente todas las iniciativas que se nos han presentado pidiéndonos que nos pronunciemos sobre cuestiones de detalle relativas a Europol. 
Como representantes de los ciudadanos europeos, hemos pedido reiteradamente los poderes necesarios para que podamos ejercer el control democrático deseable sobre Europol. 
Los ponentes, el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher, tienen razón al pedirnos, una vez más, que rechacemos estas iniciativas danesas, a las que se añade ahora una iniciativa griega, para ser coherentes con las posturas que ha adoptado este Parlamento. 
Este rechazo debe utilizarse como una oportunidad para reafirmar nuestra postura. 
En primer lugar, Europol no se puede seguir manteniendo en el marco de una simple cooperación intergubernamental. 
El Convenio Europol debería sustituirse por una decisión del Consejo, de conformidad con el punto c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, que el Comisario acaba de mencionar, y que permitiría introducir cambios mediante un procedimiento simplificado y la adopción de medidas ejecutivas con una mayoría cualificada; de esta forma, se integraría en el sistema de instituciones de la Unión Europea. 
En segundo lugar, el papel del Tribunal de Justicia debe adecuarse a las disposiciones del Tratado de Ámsterdam, para que pueda haber un control judicial eficaz. 
En tercer lugar, es claramente necesario que Europol se someta a un nivel adecuado de control democrático, poniendo fin a la situación actual en la que el Parlamento Europeo ha tenido un papel puramente marginal. 
Agradecemos mucho el resultado de la labor de la Convención y la propuesta del Presidium de la Convención, que pide con claridad un paso adelante hacia la comunitarización de Europol con su incorporación al primer pilar, sustituyendo el Convenio Europol por una decisión del Consejo. 
Además, la estructura de Europol, sus métodos de trabajo, sus ámbitos de actividad y sus tareas se definirían en un procedimiento de codecisión por parte del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Por lo tanto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya la propuesta de resolución que el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher han presentado, y en la que piden al Consejo y a los Estados miembros que apoyen la propuesta de la Convención. 
Señor Presidente, voy a hacer algo inusual, pero creo que es necesario. 
Pienso que es una lástima que no pueda hacer constar en el acta mi discurso de cuatro minutos laboriosamente elaborado, pero me parece que mis palabras serían una mera repetición de todo lo que se ha dicho hasta ahora, y que es cierto. 
Por este motivo, a las diez menos veinte de la noche, no quiero repetir lo que ya se ha dicho. 
No tengo nada que añadir a las palabras del Sr. von Boetticher, el Sr. Coelho o el Comisario Vitorino. 
Estamos todos de acuerdo. 
Mi Grupo apoya la propuesta presentada por el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher, y respaldamos la postura que han adoptado. 
No creo que haya nada más que decir sobre el tema. 
Mis colegas pueden utilizar mi tiempo de uso de la palabra si realmente lo desean. 
. Muchas gracias, Sr. Ceyhun. 
Quizás podría responder a su observación comentando que el famoso comediante alemán Karl Valentin visitó una vez el Parlamento de Baviera. A mitad de un debate abandonó la sala. 
Cuando un periodista le preguntó por qué lo había hecho, el Sr. Valentin respondió que ya se había dicho todo, aunque aún no lo había dicho todo el mundo. 
Con esto en mente, muchas gracias por su aportación. 
Señor Presidente, quiero hablar sobre dos cuestiones relacionadas entre sí como son la protección de datos y la responsabilidad parlamentaria. 
La autoridad conjunta de supervisión responsable de la protección de datos está formada por una persona de cada Estado miembro. 
Se supone que debe garantizar que Europol respeta las disposiciones de la Convención sobre protección de datos. 
Debe revisar las actividades de Europol para asegurar que no se infrinjan los derechos de los individuos con el almacenamiento, el procesado y la utilización de los datos que posee. 
Debe controlar la permisibilidad de la transmisión de datos procedentes de Europol. 
Presenta informes regulares al Consejo. 
La propia Convención, en varios actos del Consejo, establece las normas sobre el uso de los datos y la comunicación de dichos datos a terceros Estados y organismos. 
Pero a juzgar por la información que el representante británico del organismo conjunto de supervisión presentó al Comité Selecto Europeo de la Cámara de los Lores, tenemos motivos para preguntarnos si podemos confiar plenamente en la minuciosidad con que la autoridad conjunta de supervisión está llevando a cabo su labor. 
Por tanto doy mi pleno apoyo a la recomendación de los informes que estamos debatiendo de que esta autoridad debería informar tanto al Consejo como al Parlamento y debería estar dispuesta a responder a las preguntas de la comisión correspondiente, que sería la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
La información que me preocupa se presentó el pasado noviembre. 
El Sr. Francis Aldhouse, Comisario Adjunto de Información del Reino Unido, respondió a varias preguntas referentes al acuerdo Europol-Estados Unidos sobre intercambio de datos personales. 
Comentó la dificultad de evaluar la suficiencia de la protección de datos en los Estados Unidos, porque no tienen ninguna ley federal ni ningún organismo de protección de datos, sino que confían en general en la jurisprudencia, la supervisión judicial y la auditoría. 
Expresó su preocupación ante la manga ancha de las disposiciones sobre la transferencia de datos y las posibilidades de abuso que supone el acuerdo Europol-Estados Unidos. 
Pero entonces, abdicando de toda responsabilidad de vigilar y mostrarse activo, concluyó: «Creo que deberíamos considerar que, especialmente entre los países de la Europa Occidental y los Estados Unidos, hay varios países que se enorgullecen de basarse en el Estado de derecho y el cumplimiento de sus acuerdos. 
Comparto la opinión de mis colegas del organismo conjunto de supervisión de que esto es aceptable.» Es decir, que confiemos en ellos. 
No creo que sea responsable por su parte abdicar de una responsabilidad como esta, y estamos hablando del representante británico en el organismo conjunto de supervisión. 
La Cámara de los Lores tampoco quedó convencida e instó al organismo a adoptar un enfoque firme de la protección de datos personales en los acuerdos con terceros países. 
Al pedir responsabilidad ante el Parlamento Europeo podemos ayudar a garantizar esto, aunque también debemos trabajar con los parlamentos nacionales. 
Una comisión mixta formada por los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo sería una medida excelente. 
Sr. Presidente, señor Comisario, Señorías, los informes que tenemos ante nosotros recurren a consideraciones de principio para rechazar las iniciativas danesa y griega sobre la evolución de Europol. 
Y eso está bien, porque la única posible respuesta a los intentos continuados de dejar que Europol siga trabajando como antes es resaltar que la Europol del futuro no debe funcionar sin la influencia y el control del Parlamento, y no lo hará si esta Cámara tiene algo que ver con ello. 
Por lo tanto, quiero dar las gracias a los dos ponentes por haber expresado de nuevo este mensaje sin ambigüedades. 
Considero que los tejemanejes en este ámbito tan delicado apenas son creíbles. 
Los informes del Parlamento han pedido, una y otra vez, un control parlamentario real sobre Europol, pero hasta la fecha no ha ocurrido nada. 
En cambio, Europol sigue reforzándose y ampliándose. 
Simplemente lo encuentro bastante escandaloso. 
En vista de lo que está ocurriendo en el trasfondo de los debates de la Convención Europea, las diversas iniciativas de los distintos Gobiernos parecen verdaderamente kafkianas, porque van más allá de las propuestas presentadas a la Convención sobre la reforma de los asuntos de interior y las cuestiones judiciales. 
Por lo tanto, como miembro de la Convención, apoyo la idea de que esta Cámara presente de nuevo su principal petición ante el Consejo y los Gobiernos, y los ponga cara a cara con ella. 
También apoyo la petición del Sr. von Boetticher de que no se incorporen enmiendas al Convenio Europol antes de que se ratifique la constitución europea. 
Creo que esto debería ser obvio si queremos tomar en serio a la Convención y su trabajo. 
Apoyo las peticiones incluidas en la propuesta de resolución, para que Europol sea transferida al primer pilar y financiada con el presupuesto de la UE, sometiéndose así al pleno control presupuestario del Parlamento, y para que la constitución contenga una base jurídica para una protección de datos clara y profundamente estricta, con acceso público a los documentos que no se puedan restringir sin justificación. 
Lo más importante, sin embargo, es algo que mis colegas ya han resaltado, es decir, que Europol debe someterse totalmente al control del Parlamento. 
Como miembro de la Convención, solo puedo pedirles que sigan observando con atención las negociaciones en curso en la Convención sobre este tema, porque, en mi opinión- si me permiten poner un ejemplo -, la idea central de las propuestas sobre Europol procedentes del Presidium de la Convención es que, en general, debería dejarse en manos de sus propios mecanismos la definición de cuál debe ser su papel preciso. 
Como no considero que esto sea aceptable, he pedido que sean solo los órganos legislativos? con lo que me refiero específicamente al Consejo y al Parlamento actuando juntos? quienes legislen para definir las funciones precisas de estas autoridades junto con todas sus ramificaciones. 
Señor Presidente, esta noche el ambiente es mucho más agradable. 
El Parlamento está tan unido ahora en el rechazo a las iniciativas del Consejo en relación con Europol, como dividido estaba esta tarde en el debate sobre las convenciones de las Naciones Unidas sobre estupefacientes. 
En ambos debates, el Parlamento ha demostrado los diversos métodos de que dispone para ejercer influencia en ámbitos donde no tiene competencia legislativa: esta tarde como foro político y público donde los debates a veces se acaloran, y ahora como defensor de los derechos de nuestros ciudadanos. 
Para todos nosotros resulta evidente que la situación actual es inaceptable, porque Europol no está sometida ni a control democrático ni a control judicial. 
Por lo tanto, no vamos a participar en el juego; no nos mostraremos sumisos al dar nuestra opinión. 
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento en especial a los dos ponentes- el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher- por garantizar un planteamiento y una solución conforme a los que, por una parte, podemos expresar abiertamente nuestras críticas- y así lo hacemos rechazando las propuestas del Consejo- y, por otra parte, podemos expresar nuestras sugerencias positivas y constructivas en una recomendación, como nuestra recomendación de que Europol forme parte del primer pilar. 
Creo que es un planteamiento muy constructivo. 
También me complace que ayer perfiláramos el texto mediante una enmienda donde se decía explícitamente que Europol debe emplear las normas europeas de transparencia en el acceso a los documentos, porque el acceso público a la información debe aplicarse también a Europol. 
Por supuesto, esto no significa que, a veces, no existan buenos motivos para mantener algo en secreto, para que no se convierta en información de dominio público, pero hay que aplicar unos criterios objetivos, y estos criterios se definen muy bien en el Reglamento (CE) nº 1049/2001. 
Hay que aplicar este Reglamento. 
Agradezco la confirmación del Comisario Vitorino de que Europol podría aplicar este Reglamento ahora, como anticipación de unas normas formales que se están elaborando. 
Finalmente, quiero intentar convencerles de que las enmiendas que mi Grupo ha presentado de nuevo son adecuadas. 
Creo que si lo consigo, se pondrá de manifiesto que este debate es radicalmente distinto al de esta tarde, porque esta tarde, ante todo, cada cual estaba absolutamente convencido de que tenía razón. 
Quiero que en la base de datos de Europol quede claro de dónde proceden los datos. ¿Proceden de investigaciones individuales, o fueron obtenidos por la policía nacional o los servicios de inteligencia? 
Esto es importante, porque en algunos países unos datos se utilizarán como prueba en causas penales y otros no. 
Si no queda claro, corremos el riesgo de que las pruebas se consideren ilegales y, por lo tanto, inadmisibles. 
Mi enmienda a la Recomendación nº 5 aboga por la claridad en relación con el origen de las pruebas, debido a la importancia de esta claridad en los casos judiciales. 
Espero recibir su apoyo. 
Señor Presidente, quiero unirme también a mis colegas y dar las gracias a los ponentes por su iniciativa y su tacto al tratar esta situación. 
Sin embargo, no opino exactamente lo mismo en relación con algunas de las intervenciones y comentarios. 
En primer lugar, deberíamos reconocer que Europol no surgió de la nada. 
Se creó siguiendo unas normas y unos protocolos acordados por los Gobiernos de los Estados miembros, en representación de los ciudadanos que les votaron, para asegurarse de que presentarían ideas y propuestas en su nombre. 
En segundo lugar, Europol, por su propia naturaleza, es una entidad reactiva más que interactiva o proactiva. 
Depende de la información que recibe de las fuerzas policiales de cada país, de la cooperación con dichas fuerzas y también de las peticiones de dichas fuerzas para llevar a cabo una acción. 
Sin embargo, dicho esto, Europol podría asumir una mayor responsabilidad. 
Es necesario poner en práctica sistemas para la protección de sus datos y que todos podamos verlos funcionar y comprender con claridad. 
También creo que en el futuro debería ser posible debatir anualmente en esta Cámara, a través de sus propias comisiones y el pleno, las actividades de Europol. 
Sin embargo, donde difiero de mis colegas es en intentar utilizar tácticas enérgicas contra los Gobiernos de los Estados miembros diciéndoles lo que pueden hacer y lo que no. 
Mi comentario final es que recientemente se ha hablado mucho en el Parlamento del trabajo en curso de la Convención Europea. 
Aunque todos esperamos con gran incertidumbre y ansiedad los resultados de la Convención, no desempeña papel alguno en la formación de la base de nuestra labor actual. 
Nosotros tenemos que ver con la legislación, los poderes y los Tratados que tenemos hoy sobre la mesa, y no con lo que se nos pueda presentar en el porvenir de conformidad con un futuro Tratado. 
Señor Presidente, Señorías, la excelente labor de Europol hace posible, entre otras cosas, la gran visibilidad de la política de seguridad interior de la Unión Europea. 
Sin embargo, debemos intentar adaptar la postura de Europol a sus tareas actuales, y proporcionarle las mejores condiciones de trabajo posibles. 
No obstante, aquí es donde aparece el problema al que nos referíamos antes, ya que, aunque transfiramos funciones al ámbito de la UE, seguimos obligados a utilizar unas herramientas proporcionadas por la cooperación intergubernamental, porque así lo requiere la base jurídica, y necesitamos resoluciones unánimes. 
Mañana decidiremos ampliar la Unión Europea a veinticinco Estados miembros añadiendo otros diez y, cuando lo hayamos hecho, deberemos pensar si este arsenal puede seguir siendo operativo con veinticinco Estados miembros. 
Mi temor es que Europol ya no pueda cumplir sus funciones, y las nuevas enmiendas no serán viables si esperamos a ser veinticinco para ratificar la convención. 
Por eso, los debates que se están celebrando en la actualidad nos exigen, de nuevo, que pidamos enérgicamente lo que los dos ponentes han pedido en su informe conjunto: la necesidad de asegurar la existencia de Europol en el futuro y la necesidad de la política de seguridad de la Unión Europea. 
Por lo tanto, debemos conseguir convencer de la necesidad de todo aquello que pedían los ponentes: comunitarización, es decir, transferencia al primer pilar; control, cuando sea necesario, por el Parlamento; asignación del presupuesto a escala europea; y, lo que es más importante, la transferencia de las competencias operativas, sujeta a los controles adecuados. 
Por supuesto, hay que añadir también lo que han mencionado otros oradores: principalmente, una coordinación más intensa entre los sistemas informáticos de datos que tenemos, para que las investigaciones sobre la delincuencia organizada y la criminalidad puedan llevarse a cabo de forma aún más eficaz. 
No tenemos ninguna necesidad de nuevos sistemas de trabajo paralelos o que se entorpezcan unos a otros: lo que necesitamos es un sistema, que todos podamos utilizar de la misma forma, combinado con un sistema único de protección de datos. 
Disponemos de una gran variedad de opciones, de las que podemos ser conscientes, pero de las que debemos hacer uso ahora si queremos aplicarlas con la ayuda de los documentos de la Convención y con el pleno apoyo de todos los partidos del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, ahora que la Oficina Europea de Policía lleva diez años funcionando como institución de control intergubernamental, vamos a incorporar la policía europea al ámbito comunitario. 
Algunos pueden objetar que, de esta forma, Europol se transferirá del tercer pilar al primer pilar, y que así se separará todavía más del control de los Estados europeos. 
Esto es cierto y, a la vez, irrelevante, porque el carácter de la Oficina de Policía no viene determinado por el organismo estatal que debe controlarla. 
Los nuevos planes para Europol son aún más repelentes de lo que los policías están obligados a ser. 
En cualquier caso, es la policía quien, al mantener el orden público, impone todas las limitaciones de empleo y ciudadanía. 
Aunque no quieran comprender la crítica racional de la sociedad burguesa, pueden, si quieren ser humanistas burgueses, negarse a apoyar estos planes, porque la verdadera naturaleza de Europol es evidente desde todos sus ámbitos de responsabilidad. 
Un puesto de honor debería ocupar la eficiente organización de la Fortaleza Europa, en otras palabras, la deportación de extranjeros y el máximo control en el espacio europeo, tan libre, seguro y justo como es. 
No solo los contrabandistas y los traficantes de personas se verán afectados por esto. 
No importa si hacen lo que hacen por convicción o porque el capitalismo les obliga a ello. 
Cada vez más ciudadanos se verán acosados por los tribunales, porque la comunitarización permitirá a la Europolicía desplegarse con más flexibilidad, y las competencias de Europol podrán ampliarse con una simple resolución del Consejo. 
Sus poderes operativos se introducirán junto con la comunitarización, lo que representará el paso final hacia la consecución de una fuerza policial de la UE con los poderes de un servicio secreto. 
En cualquier caso, la comunitarización hace que la fuerza policial sea aún más importante. 
Para estar seguros, el Convenio Europol debe retirarse y sustituirse, pero por un protocolo que lo elimine, en vez de crear la base jurídica para que haya aún más vigilancia. 
Señor Presidente, no hay motivos para dudar de los buenos aspectos democráticos y jurídicos que hay detrás de estos informes, y en concreto, de la recomendación sobre la evolución futura de Europol. 
Sin embargo, yo cuestionaría tanto el realismo de la propuesta como su inteligencia política. 
Dado que las ambiciones de la propuesta no se pueden cumplir tomando como base los tratados existentes, quienes presentan las propuestas sacan sus argumentos de las expectativas de la Convención Europea, cuyo objetivo es claramente- como se ha dicho varias veces- transferir estos asuntos del tercer pilar intergubernamental a la reglamentación supranacional. 
Una Europol supranacional no es nada menos que una fuerza policial federal. 
Es tanto un objetivo como un medio para crear un Estado federal europeo. 
La lógica que hay detrás de Europol es una lección sobre la integración de la UE. 
Se están eliminando partes aleatorias de la reglamentación que hasta ahora han sido responsabilidad de los Estados nacionales. 
Las naciones se ven obligadas a levantar sus controles fronterizos nacionales. 
La libre circulación abre las fronteras a lo que mejor funciona del mercado interior, es decir, a la delincuencia transfronteriza. 
En consecuencia, se crea Europol. 
En resumen, el Estado federal se crea derribando al Estado nacional. 
Como se ha dicho antes, sin dudar de las buenas intenciones que hay detrás de todo esto, como escandinavo estoy convencido de que los derechos de control que tenemos sobre nuestra policía danesa- que distan mucho de ser satisfactorios- sirven a la democracia y al Estado de derecho de forma mucho más segura que cualquier sistema supranacional. 
Los procedimientos de control existentes en relación con la protección de datos que se propone que continúen son una parodia del Estado de derecho. 
Como nórdico, digo que solos podemos hacerlo mejor, al menos mientras aún no hayamos malgastado todo nuestro patrimonio en términos de cultura jurídica. 
. El debate queda cerrado. 
La votación sobre los dos primeros informes que se han debatido tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La votación sobre el informe del Sr. Turco y el Sr. von Boetticher (A5-0116/2003) tendrá lugar, por motivos técnicos, el jueves a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, aunque lo que tengo que decir no es tan apasionante como lo que acabamos de discutir- al menos a primera vista -, debo decir como anterior Ministro británico de Inmigración que uno de los procesos más difíciles del sistema de inmigración se plantea cuando hay que expulsar a una persona que ha pasado por todos los trámites jurídicos y ya no tiene derecho legal a quedarse, o no ha aportado un motivo legal para quedarse en un Estado miembro, y tiene que ser repatriado a su lugar de origen. 
Por supuesto, es una decisión difícil para todas las personas implicadas en la resolución del asunto: es difícil para los funcionarios, es difícil para los propios Ministros; pero hay que hacerlo de forma que sea a la vez humana y eficaz. 
Hasta el momento, hemos tenido problemas considerables para conseguirlo, cuando los trámites de viaje requieren asistencia para trasladar a dichas personas concretas en avión y en el tránsito a través de otros países europeos en su regreso al lugar de origen. 
A causa de la falta de coordinación o cooperación, a menudo ha implicado mucho más sufrimiento para la persona afectada; y también ha implicado que la operación no se haya llevado a cabo siempre de forma satisfactoria. 
Por lo tanto, esta iniciativa alemana, de la que me complace ser ponente, pretende que este problema se resuelva de forma efectiva y eficiente. 
Lo que realmente pretendemos aquí es que las personas afectadas reciban la asistencia necesaria, si hace falta, en términos de sustento, en términos de asistencia médica, si es preciso cuando están en tránsito en aeropuertos de camino a su destino. 
Pero en particular necesitamos asegurar que las líneas aéreas que los transportan sean conscientes de lo que transportan y de la situación en el curso de los trámites. 
No siempre ha sido así en el pasado, y este informe debería ayudar a conseguir este fin. 
Asimismo, es importante que los documentos enviados con las personas afectadas se traten de forma adecuada durante el proceso de tránsito. 
Y no es en absoluto lo que está ocurriendo en la actualidad. 
Es algo que también queremos ver como resultado de este trabajo. 
La dificultad estriba en que siempre es responsabilidad de otra persona el que las cosas se hagan en la forma adecuada. 
Los funcionarios se sienten frustrados y tienen dificultades no solo en Gran Bretaña, sino también en la mayor parte de los Estados miembros de la UE. 
Sé que es una medida que será recibida con gran apoyo y entusiasmo por parte de quienes verán que, finalmente, estamos empezando a darnos cuenta de que debemos unirnos para conseguir fines como este. 
No afecta de ninguna manera a los procedimientos de cada uno de los Estados miembros, y no es tampoco una medida que pretenda ser ambiciosa y revisar todo el tema de los procedimientos de asilo como tales, o incluso los criterios del asilo. 
Esto sí sería ambicioso, y no es lo que pretendo conseguir. 
No es más que una medida simple y muy práctica que provocará el resultado que tiene que ocurrir de vez en cuando una vez agotados los procesos jurídicos adecuados. 
En resumen, me siento orgulloso de ser el ponente de este informe porque es una demostración clara de que independientemente de nuestras opiniones políticas sobre Europa y su papel en el futuro, hay muchas áreas como esta en las que podemos colaborar de forma que las cosas sean diferentes para muchas personas, tanto para las que dependen de nuestra atención como para las que tienen que poner en práctica nuestras normas y reglamentos. 
Por este motivo, aparte de los demás, estoy muy satisfecho con este informe y espero que mañana reciba la aprobación de la Cámara. 
Señor Presidente, en relación con la iniciativa alemana, la Comisión establecía en su comunicación del 14 de octubre de 2002 una política común escrita sobre los residentes ilegales, diciendo que existe una necesidad clara de mejorar la colaboración operativa entre los Estados miembros. 
El Programa de Acción del Consejo en materia de Repatriación, adoptado el 28 de noviembre de 2002, que se basa en nuestra comunicación, también pide una política global de repatriaciones de la Comunidad, que debería desarrollarse gradualmente, empezando por algunas medidas prácticas para la colaboración operativa en la materia. 
En este contexto también se hizo referencia a la iniciativa alemana para una directiva del Consejo sobre asistencia en casos de tránsito con fines de repatriación por vía aérea, que yo, como usted, apoyo. 
Felicito al Sr. Kirkhope por su informe. 
De hecho, habría que crear un marco común para las cuestiones relacionadas con el tránsito durante el proceso de repatriación. 
La Comisión ha presentado una propuesta sobre el reparto de cargas durante las operaciones de repatriación. 
Pero muchas veces es necesario utilizar aeropuertos de otros Estados miembros debido a la falta de conexiones directas con el país de origen. 
En estos casos, es importante que establezcamos un marco jurídico claro para los procedimientos de tránsito, especialmente en lo que se refiere al uso y las competencias de los escoltas durante el tránsito. 
Pero una política común de repatriación bien estructurada debería comportar además unas medidas legislativas a medio plazo que no solo faciliten la cooperación entre Estados miembros, como el reconocimiento mutuo y vinculante de las decisiones de repatriación, sino que establezcan además unas normas mínimas comunes relativas a la expulsión, la detención y la salida, para garantizar que todos los Estados miembros- no solo los 15, sino los 25- se rijan por, y respeten, las normas sobre los derechos fundamentales y humanos. 
En consecuencia, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta para una directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos de repatriación y el reconocimiento mutuo de las decisiones de repatriación antes de finales de este año. 
Por supuesto, vamos a votar en contra de este informe que, simulando una neutralidad técnica, pretende organizar deportaciones de los denominados inmigrantes ilegales. 
El hecho de que la única institución de la Unión Europea elegida por los ciudadanos justifique estas expulsiones y ayude a organizarlas demuestra que, desde un punto de vista humano o social, no vale más que las instituciones nacionales, es decir, no vale gran cosa. 
Además de ser inhumanos, somos hipócritas, porque nadie ignora que la industria, la construcción y la agricultura industrial dependen, en gran medida, de la inmigración, ya sea legal, ilegal o de temporada. 
Convertir a los denominados inmigrantes ilegales en una buena presa para la policía significa, sobre todo, entregarlos a sus empresarios atados de pies y manos: de este modo, algunos trabajadores se convierten en semiesclavos, se rebajan todos los salarios y se participa en la guerra que todos los Gobiernos de Europa están librando contra los pobres. 
Por lo tanto, protesto contra estas expulsiones y pido que todas las personas sin papeles reciban un estatuto jurídico adecuado y los mismos derechos civiles y políticos que todos los trabajadores. 
Señor Presidente, Señorías, la iniciativa que se propone pretende establecer las medidas que las autoridades podrán tomar para ofrecer asistencia durante la expulsión, con o sin escoltas, de los ciudadanos de terceros países. 
Esta propuesta es una de las numerosas iniciativas que pretenden combatir la inmigración poco ortodoxa. 
Si la Unión Europea quiere tener una política de asilo e inmigración común y quiere disponer de medios para gestionar los flujos migratorios, esta política debería respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas universalmente y aceptadas por los Estados miembros. 
Por este motivo, no podemos apoyar un planteamiento que pretende hacer de la deportación de ciudadanos de terceros países que no tienen los papeles adecuados una herramienta populista al servicio de una política represiva de la realidad de la inmigración. 
Demasiadas expulsiones por vía aérea han terminado con la muerte de seres humanos debido al trato que han recibido. 
Todo el mundo recuerda a Semira Adamou, que se ahogó en un avión en Bélgica mientras estaba siendo deportada. 
El mes pasado, en Francia, de nuevo dos inmigrantes que no tenían los papeles necesarios murieron en manos de la misma violencia. 
Hace poco, el 3 de marzo, Francia y Alemania expulsaron a un grupo de 54 senegaleses y marfileños que no habían sido admitidos en esos países, a los que se les había denegado el asilo y que habían sido retenidos en una zona de espera. 
A mí, todo esto me suena, como mínimo, a repatriación forzosa y masiva. 
¿Se respetó el artículo 4 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, y el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales, que fue ratificada en la Cumbre de Niza? 
Además, en el caso de los marfileños, fueron enviados a un país donde en la actualidad hay disturbios y una guerra civil. 
¿Se respetaron también los procedimientos de solicitud de asilo que garantiza la Convención de Ginebra con respecto al estatuto de los refugiados? 
Además, no hay ninguna garantía de que se respetara plenamente el principio de no-devolución que se reconoce en la ley de asilo. 
El planteamiento basado en la seguridad, que se nos está proponiendo hoy, está totalmente de acuerdo con las prácticas de la Unión, que, debemos admitirlo, no han permitido resolver el problema de la inmigración ilegal. 
Debemos reconocer, con urgencia, que el mito de la inmigración cero y su corolario, el planteamiento totalmente represivo, son un fracaso. 
Hasta el momento, las políticas represivas de inmigración en los Estados miembros no han provocado un descenso de la inmigración ilegal. 
Más bien al contrario: la han reforzado, haciendo que haya más inmigrantes sin los necesarios papeles, y han enviado a cientos de miles de personas a la ilegalidad, personas que ahora están en manos de redes de delincuentes explotadores, de traficantes de seres humanos y de defensores de la esclavitud moderna. 
Este fracaso exige una revisión profunda de la política de inmigración y asilo. 
Es un tema importante y complejo con el que, a largo plazo, nos jugamos mucho, y nuestras democracias deben asumir una gran parte de la responsabilidad. 
Al rechazar una política comunitaria para satisfacer las demandas nacionales de los Estados miembros, al arriesgar los derechos de los emigrantes y de sus familias, entregándolos así a la violencia de la deportación, y al negarnos a reconocer la riqueza que estos ciudadanos, sean legales o no, aportan al proyecto de integración europea, esta propuesta se basa en una filosofía que va en contra de nuestra convicción de que Europa debería ser un lugar abierto y solidario, y por este motivo, el Grupo de los Verdes la rechaza. 
Pedimos al Consejo que elabore una auténtica política comunitaria de inmigración y asilo que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Recomendamos una campaña europea que legalice la situación de todas aquellas personas que no tienen papeles, que tienen vínculos con el país anfitrión y que residen allí de forma permanente. 
Recomendamos poner fin a la injusticia que sufren unas personas a las que se castiga dos veces, o incluso tres, debido a los acuerdos de readmisión. 
Necesitamos urgentemente resolver la situación contradictoria de personas que no pueden ser deportadas pero a las que tampoco se puede dar papeles legales, reconociendo finalmente su derecho a vivir en familia. 
Después de la propuesta minimalista de directiva sobre reagrupación familiar que hemos examinado hace un rato en esta Cámara, nos podemos imaginar el tipo de discriminación que la Unión Europea quiere reservar, en el futuro, para los más marginados y los más débiles. 
Estamos en contra de estas prácticas y podemos asegurar que vigilaremos y haremos todo lo posible para garantizar que todas aquellas personas que residen en Europa puedan ser ciudadanos de pleno derecho. 
Sea cual sea su nacionalidad o su situación administrativa, estas personas deben ser tratadas con la dignidad que todos los seres humanos merecen. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0053/2003) del Sr. Bayona de Perogordo, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea (2002/2205 (INI) ). 
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, agradezco vivamente a los presentes su participación en este debate. 
El informe que se presenta a debate pretende ser la respuesta del Parlamento Europeo a la Comunicación de la Comisión de 2 de julio del año 2002 sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea. 
Para presentar brevemente el informe señalaré que una primera característica del mismo es la de situar la información como una condición de la ciudadanía. 
Tengo la esperanza de que en el futuro, tras el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Unión Europea, este derecho de los ciudadanos va a confluir con el derecho de la Unión Europea a expresarse por sí misma, lo que llamaríamos el derecho a la imagen de la Unión Europea, el derecho a que la Unión Europea explique lo que es y lo que hace, y la confluencia de estos dos derechos permita tener un fundamento jurídico firme sobre la que desarrollar una verdadera política de información y comunicación. 
El informe apuesta decididamente por la consolidación de la interinstitucionalidad en las tres fases del proceso, es decir, en la elaboración de los mensajes en el seno del Grupo Interinstitucional de Información, en la aplicación, utilizando para ello las representaciones de la Comisión y las oficinas del Parlamento Europeo, así como las autoridades nacionales, regionales y locales e interinstitucionalidad, también, en la evaluación tanto en el seno del Grupo Interinstitucional de Información como mediante la organización de un debate anual sobre la política de información y comunicación. 
En relación con las condiciones de la información, solamente me detendré en el análisis de las lenguas de información y el lenguaje accesible. 
Las lenguas no deberían ser solamente las oficiales, sino también las cooficiales y todas aquellas en las cuales el mensaje pueda llegar de manera más directa, con la participación eso sí, de las autoridades locales, regionales, nacionales y comunitarias, según el ámbito de sus competencias. 
En cuanto al contenido, solamente me fijaré en dos puntos. 
Por un lado, el contenido debería mostrar la influencia de la Unión Europea en los actos de la vida cotidiana de los ciudadanos, rechazando la imagen, que con frecuencia se tiene, de la Unión Europea como un terreno de confrontación, con intereses contrapuestos de los distintos Estados miembros. 
Por otro lado, habría que consolidar un flujo permanente de información básica para el ciudadano. 
Difícilmente puede asociarse a los ciudadanos a las prioridades que luego comentaré si desconocen el funcionamiento elemental y básico de la Unión Europea. 
En cuanto a las prioridades actuales, se asumen aquellas que ya se integran en el programa Prince, es decir, la ampliación, el futuro de Europa, el espacio de libertad, seguridad y justicia, la implantación del euro, o el papel de la Unión Europea en el mundo. 
Y se llama la atención sobre la cercanía de las elecciones de 2004 que tienen un valor simbólico porque es la primera vez en que 25 países van a elegir a sus representantes directos en esta casa. 
El análisis del informe suscita algunas cuestiones críticas. 
Por un lado, la cuestión del fundamento jurídico. 
Los tiempos no están maduros para formular ya un fundamento jurídico que dé pie a la elaboración de los programas, pero la oportunidad de la Convención y la futura Conferencia intergubernamental permiten apoyar la idea de que se consagre en la futura Constitución- dentro de la vida democrática de la Unión Europea- una mención al derecho de los ciudadanos a ser informados, para ser auténticos y verdaderos ciudadanos. 
En segundo lugar, me referiré a la cuestión de la información sectorial, que- sé perfectamente- como se han encargado de demostrar los representantes de la Comisión, que pertenece al terreno exclusivo de la Comisión. 
Lo cierto es, sin embargo, que la imagen de la Unión Europea se encuentra favorecida o dañada directamente por las acciones que emanan de las distintas políticas sectoriales. 
La coordinación de las distintas políticas sectoriales, la dirección de las políticas sectoriales hacia un objetivo común- el desarrollo de la Unión Europea- es lo que debería ser objeto, no de decisión, por supuesto, pero sí de consideración, en el seno del órgano interinstitucional de información. 
En tercer lugar, se suscita la duda de si es mejor una información sistematizada, básica, pedagógica, o el impacto de campañas espectaculares que permiten prender la atención del ciudadano y a partir de ahí buscar los elementos básicos. 
Por último, existe el filtro de las autoridades nacionales. 
Los ciudadanos perciben Europa a través de sus autoridades nacionales, que ven como éxitos lo que han conquistado frente al resto de los europeos y como perjuicio aquello que les resulta negativo. 
La asociación y la integración de los Estados miembros y de las autoridades regionales y locales es básica a estos efectos. 
Señor Presidente, Señorías, tras nuestra comunicación de 2 de julio sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea, la Comisión se complace en recibir el apoyo del Parlamento a esta iniciativa, tal como se expresa en el informe del Sr. Bayona, a quien quiero felicitar. 
De hecho, con respecto a la estrategia interinstitucional que deseamos desarrollar para reafirmar la imagen de la Unión Europea, es especialmente importante que todas las instituciones apoyen esta iniciativa y participen en la consecución de este objetivo compartido. 
A raíz de la adopción de una posición especialmente positiva por parte del Consejo de Ministros de 10 de diciembre y del primer informe del Parlamento Europeo, elaborado por el Sr. Andreasen, la Comisión acoge favorablemente el compromiso del Parlamento con esta causa y las propuestas específicas que el Sr. Bayona indica en su informe, que saben combinar los conocimientos técnicos con una conciencia del carácter políticamente delicado de esta materia. 
Me gustaría exponer este aspecto bajo dos epígrafes. 
En primer lugar, hablaré de los objetivos generales de esta estrategia conjunta y luego sobre su modo de aplicación. 
Está claro que no podemos definir y aplicar una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea sin obtener el apoyo y la participación activa del Consejo y, en particular, de los Estados miembros. 
Esto nos lleva a reflexionar por un momento, como el Sr. Bayona nos ha invitado a hacer, sobre el vínculo entre información y ciudadanía, en particular con vistas a las elecciones del año que viene. 
Para la Comisión, el principal objetivo de una estrategia activa de información y comunicación tiene que ser mejorar la percepción que el público tiene de la Unión Europea: en esencia, debería mejorar la conciencia del público de la dimensión europea de su ciudadanía. 
Por tanto, la Comisión toma buena nota de la propuesta del ponente de incluir una referencia explícita, en el texto de la Constitución que se está elaborando en la actualidad, a la necesidad de una política de información y comunicación como condición para el ejercicio de la ciudadanía europea. 
La Comisión también apoya plenamente su propuesta de que la información divulgada por la Unión debería realzar los valores europeos comunes, principalmente la democracia, el pluralismo, la seguridad, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la cohesión, etc. De hecho, el objetivo consiste, señor Bayona, en demostrar a la ciudadanía las ventajas prácticas de pertenecer a la Unión en su vida cotidiana. 
Con esta idea en mente, como usted mismo subraya, debemos seguir y ampliar la política de divulgación de la información en todas las lenguas de la Unión Europea. 
La expresión visible de esta ciudadanía debería ser la participación activa en las próximas elecciones europeas. 
No cabe ninguna duda de que este hito decisivo de la vida democrática de la Unión debería constituir nuestro objetivo común. 
Ni que decir tiene que esto de por sí ya justifica ampliamente que potenciemos nuestra cooperación interinstitucional. 
Pero ¿acaso la mejor forma de estimular al público a acudir a las urnas no pasa por facilitarle información educativa objetiva para ayudarle a comprender mejor las principales cuestiones que están en juego en el proyecto de integración europea? 
Este es el motivo por el que hemos decidido establecer cuatro grandes temas de información para 2003 y 2004 tras la gran campaña sobre el euro: la ampliación, el futuro de la Unión, el espacio de libertad, seguridad y justicia y el papel de Europa en el mundo. 
Junto a otras cuestiones, sobre todo la agenda social y económica, estos temas, en especial la ampliación y el futuro de la Unión, constituyen en la actualidad una preocupación prioritaria, debido en especial a que se desarrollan con ritmos paralelos. 
Por este motivo, son los mejores vectores para concienciar a la opinión pública nacional sobre la importancia del gran hito de 2004. 
A este respecto quiero dar todas las garantías a la Cámara. 
La Comisión respetará escrupulosamente las prioridades fijadas por el Parlamento Europeo en la votación sobre los presupuestos y no tiene intención de modificar el equilibrio- en lo que a los detalles o al cuadro más general se refiere- del programa Prince, tal como ha sido adoptado por la autoridad presupuestaria. 
No obstante, permítanme señalar- lo hago de forma completamente objetiva -, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, que la duplicación de los créditos asignados al programa Prince, aprobada por esta Cámara para el Presupuesto de 2003, nos va a plantear, desde luego, una serie de problemas prácticos a la hora de su aplicación. 
La Comisión habría agradecido que se le hubiera advertido con antelación de este estado de cosas en una reunión previa con las autoridades competentes del Parlamento, tal como se merece el espíritu de cooperación interinstitucional que debería prevalecer en la gestión del programa Prince. 
En lo que respecta a los aspectos prácticos de la aplicación, en respuesta a la petición del ponente de que, con vistas a las elecciones de 2004, se lance una campaña de información en la que se haga un uso especial de la televisión- se entiende que esta campaña debería ser promocionada y coordinada por la Comisión -, hemos decidido emitir una gran convocatoria de propuestas audiovisuales que traten tanto el tema de la ampliación como el del futuro de Europa. 
Este enfoque integrado, que refleja la naturaleza complementaria de estos dos temas, tendrá un efecto significativo y renovado de impulso del sector audiovisual en Europa. 
Este efecto lo notarán tanto los productores de programas como los distribuidores audiovisuales y nos permitirá llegar al público de forma más directa, que podrá utilizar los medios de comunicación de su elección para saber más sobre la Unión Europea. 
Como ya he dicho, el papel de la Unión Europea está mucho mejor visto en terceros países que en los propios Estados miembros. 
En nuestra última reunión del grupo interinstitucional, hemos pensado que era esencial comenzar a trabajar este año en torno a acciones informativas sobre el papel de la Unión en el mundo, dirigidas en principio a los formadores de opinión y a los intermediarios adecuados de suministro de información. 
La Comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa indica correctamente que hay que progresar de forma rápida en esta dimensión de la estrategia de información y comunicación. 
Esta afirmación se justifica todavía más a la luz de la gravedad de acontecimientos recientes. 
En este momento, y con el pleno acuerdo del Consejo, proponemos la adopción de un triple enfoque. 
En primer lugar, la mundialización, que coincide con la reunión de Cancún en otoño. 
En segundo lugar, la política de proximidad, que comportará una importancia geoestratégica renovada tras la ampliación. 
Por último, la política exterior y de defensa común y la labor inicial en torno a la política de defensa. 
Como ya saben, para ello la Comisión ha presentado un presupuesto suplementario y de rectificación. 
A partir de ahora, el trabajo que se ha llevado a cabo en torno a este nuevo tema a lo largo de este año está en sus manos. 
Señor Presidente, estas han sido, en pocas palabras, las principales observaciones de la Comisión sobre el excelente informe del Sr. Bayona. 
Como habrán podido observar, no cabe duda alguna de que nuestro enfoque conjunto, resultado de una larga experiencia interinstitucional, está dando su fruto. 
No obstante, para que sea efectivo, es fundamental que los Estados miembros sigan el ejemplo del enfoque coordinado adoptado por las instituciones. 
Solo una asociación estructurada con las autoridades nacionales competentes nos permitirá explotar todo el potencial de esta estrategia, una estrategia de la que ahora son copropietarias las instituciones y, de este modo, asegurarse de que tiene el máximo efecto en el ámbito regional e incluso local, de acuerdo con el interés general de la Unión y en beneficio de toda su población. 
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. (EL) Señor Presidente, es cierto que en la actualidad la opinión pública se ve continuamente bombardeada con una plétora de noticias, mensajes e información, debido a la multiplicidad de medios de comunicación y su fácil accesibilidad. 
Por tanto, se podría esperar, en estas circunstancias de conocimiento, información y comunicación mundiales, que cada persona tiene la oportunidad de formarse una imagen palpable de la realidad. 
Sin embargo, el resultado es un intenso incremento de la confusión en la opinión pública, con todo lo que esto implica; con ello me refiero a una imagen deformada o distorsionada de la realidad, un rechazo o aceptación acrítica de los hechos, de la información, del consejo, de las percepciones y opiniones y, por tanto, una oportunidad para llevar a la gente de la mano. 
Todo esto son consecuencias que no se pueden combatir, como sabemos por experiencia, con programas y estrategias de información individual. 
Por tanto, la información que se ofrece a los ciudadanos de la Unión Europea debería ser objetiva y no verse afectada por influencias políticas o de otras autoridades. 
Los ciudadanos deben estar informados sobre las posiciones y políticas europeas, en especial en relación con aspectos importantes como los asuntos exteriores y otros asuntos relacionados con la seguridad y la defensa de la Unión Europea. 
Debemos prestar especial atención a asuntos como la legitimidad política, el control democrático y la transparencia en la toma de decisiones. 
Además, la información debe ser clara y estar documentada. 
Esto significa que los medios de comunicación tienen que informar no de lo que ellos consideren esencial, sino de cualquier decisión tomada sobre asuntos de importancia para los Estados miembros. 
Esto proporcionará a todos los ciudadanos de la Unión Europea una comprensión más clara de las decisiones tomadas por sus instituciones, que se suelen presentar de forma errónea, creando impresiones que no tienen nada que ver con la realidad. 
Las cuestiones de máxima prioridad, como la ampliación, la relación entre las políticas europeas, la vida diaria y los problemas de la ciudadanía europea, en especial a partir de la adhesión de los nuevos países a la UE, con la que se espera que se produzcan importantes cambios en la política europea agrícola, presupuestaria y financiera, tienen que ser objeto de una información completa y sustanciada. 
Existe un grave problema en las regiones, donde la información es limitada o simplemente inexistente. 
En estas áreas es preciso establecer una cooperación más estrecha y fundamental con las agencias locales en cada Estado miembro, para que la información sea accesible a todo el mundo. 
Sería posible transmitir una información más inmediata y objetiva mediante la cobertura en vivo de los acontecimientos más importantes, como la toma de decisiones en las sesiones plenarias y en las reuniones de las comisiones, por ejemplo en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Política Común de Seguridad y Defensa, a través de las cadenas de televisión o, para evitar costes elevados, por Internet. 
La información apropiada y objetiva a los ciudadanos es una necesidad. 
La información adecuada a los ciudadanos europeos también es una condición conveniente y necesaria para ampliar la integración europea y reforzar su papel en el mundo. 
En consecuencia, hay que potenciar y sistematizar los esfuerzos y las iniciativas, debido al déficit en este sector; los ciudadanos necesitan información completa, documentada, clara y accesible. 
El informe que estamos debatiendo hoy es la sustancia misma del tema de la información y de la política relativa a esta estrategia de comunicación con los ciudadanos de la Unión Europea, y aprovecho la oportunidad para dar las gracias y felicitar al ponente, el Sr. Bayona, por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, mi colega y compañero, Juan José Bayona, por su trabajo y sus buenas ideas en este informe, y también al Comisario, Sr. Vitorino, por su iniciativa. 
Cuando se habla de Europa, a mí me recuerda en cierta manera al colegio, donde siempre decíamos "yo he aprobado" o "ellos me han suspendido". 
Aquí, cuando algo sale bien, es el país o la región en cuestión quien se echa las flores y, sin embargo, cuando algo sale mal, o hay una catástrofe, normalmente la culpa suele ser de Europa. 
Al decir "la culpa es de Europa", los ciudadanos ni siquiera saben a qué institución se refieren, porque realmente no las conocen, y no saben distinguir entre ellas. 
Tenemos que reconocer que no se lo hemos puesto nada fácil. 
Hay lenguas o idiomas en los que, a lo mejor, no es tan difícil, pero en español tenemos la Comisión Europea y las comisiones del Parlamento, el Consejo de Europa y el Consejo Europeo. 
Nosotros sabemos que no tienen nada que ver entre ellos, pero el gran público no lo sabe, y tenemos que reconocer que las coincidencias o casi coincidencias son de lo más desafortunado. 
Por ello creo que este informe sobre las estrategias de información de la Unión Europea y la posterior puesta en marcha de los programas, son tan importantes y vitales para los ciudadanos de la Unión. 
Ahora, permítanme que lleve este tema a mi terreno; el del deporte. 
No podemos olvidar que el deporte es una gran herramienta de comunicación y tiene un efecto multiplicador verdaderamente importante. 
Si desde el Parlamento apoyamos la inclusión en los nuevos tratados de la Unión Europea de un artículo referido al deporte, podemos tener unos programas deportivos con una gran repercusión, de la que todos saldríamos beneficiados. 
Además, si tenemos en cuenta que lo fundamental es educar e informar a los jóvenes, que van a ser los verdaderos protagonistas de la Unión Europea dentro de pocos años y el futuro de la misma, y que precisamente son ellos a quienes más puede llegar la información deportiva, verdaderamente lograríamos cerrar un círculo de lo más interesante y beneficioso para la imagen de todas las instituciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, protesto por el absurdo horario nocturno, casi clandestino, asignado a un debate que debería estar entre los mas importantes del año. 
Estamos, señor Presidente, ante un gran informe, oportuno y de alta calidad, por el que mi querido colega el Sr. Bayona de Perogordo merece la felicitación del Grupo Socialista, que le expreso con mucho gusto. 
Ya en el informe Andreasen este Parlamento definió junto con la Comisión una estrategia informativa para intentar llegar a todos los ciudadanos. 
Pero, a pesar de encontrarnos en pleno proceso constituyente, las encuestas siguen poniendo en evidencia cierto desinterés hacia la construcción europea. 
Podríamos resumir la situación diciendo con Marianne Thyssen "Europa está hecha, ahora hagamos a los europeos". 
En este sentido, la información que emane de nuestras instituciones no debe de ser neutra, es preciso crear en cada europeo sentimientos de ciudadanía y de pertenencia a Europa. 
Los europeos tenemos un deber histórico: podemos y debemos identificarnos entre nosotros y ello tiene que estar acompañado, fomentado o incluso provocado- si fuera preciso- por las instituciones europeas. 
A diferencia de lo que ocurre con las naciones, la construcción de Europa no se debe a sentimientos, sino a razones, no es impulsada por los pueblos, sino por las élites políticas, económicas o mediáticas. 
Siguen faltándonos muchas cosas, y entre ellas una sociedad civil europea, es decir, un sistema de organizaciones intermedias, relativamente independientes de los Estados y del mercado, capaces de informarse, de deliberar, de decidir y de actuar conjunta y trasnacionalmente. 
Por ello, deben ser tareas prioritarias para la Comisión, para los medios informativos europeos y en general para los creadores de opinión- incluidos nosotros mismos desde este Parlamento- la potenciación del espacio político europeo, el desarrollo de un imaginario y de una identidad europeos, la profundización- como ha dicho el Comisario- en un núcleo de valores comunes, el debate sobre el futuro de Europa y el enfoque europeo en todo tipo de información. 
En resumen, la tarea no debe ser afirmar una y otra vez la identidad de Europa, sino buscar, definir, y consolidar las bases a partir de las cuales los europeos pueden identificarse. 
Señor Presidente, la aprobación de este informe y el hecho de que el Comisario Vitorino haya sido encargado de desarrollar estas políticas, constituyen, a mi juicio, importantes factores de esperanza. 
Señor Presidente, comparto su preocupación y la del Sr. Aparicio Sánchez acerca del hecho de que tratemos una propuesta tan fundamental tan tarde. 
También quiero dar las gracias al Sr. Bayona de Perogordo y felicitarle por el informe en el que por fin adoptaremos una posición. 
Es un informe muy completo, y sé por experiencia que el trabajo que implica un informe así es muy exigente. 
El informe nos acerca un buen trecho a nuestro objetivo de una política de comunicación e información exhaustiva, coordinada y descentralizada o, ha dicho el Comisario Vitorino en el debate de los «Amigos de Europa» : «la lucha contra la apatía y la ignorancia con respecto a la UE». 
También me gustaría dar las gracias al Comisario Vitorino por su gran compromiso en esta cuestión. 
Asimismo he de lamentar la forma del debate que estamos teniendo en el Parlamento, porque no le permite responder a las preguntas planteadas aquí y ahora. 
A pesar de que hemos progresado bastante en este tema, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta: me referiré a algunas de ellas y también se las enviaré con mucho gusto, ya que es importante que no nos durmamos sobre los laureles en lo que respecta a la estrategia de información y comunicación, en un momento en el que hay tantas cosas en juego acerca de la ampliación y del futuro de la UE y justo cuando nos acercamos a las elecciones al Parlamento Europeo. 
Por eso pregunto: ¿hasta qué punto ha avanzado el estudio de viabilidad y las oportunidades de crear una «C-SPAN» europea que ha de implantar la Comisión Europea? 
¿En qué punto se halla la labor en torno al «Canal Europa»? 
¿Hasta dónde hemos llegado con el establecimiento de un centro común de visitantes para las instituciones en Bruselas? 
¿Hasta dónde hemos llegado con los cálculos y los costes de las iniciativas propuestas con anterioridad? 
¿Hasta dónde han llegado nuestros esfuerzos para instalar las oficinas de información de la Comisión y del Parlamento bajo el mismo techo en las capitales? 
Me consta que en Copenhague no ha ocurrido nada. 
Por último, permítanme preguntar a la Presidencia del Parlamento: ¿no sería buena idea, señor Presidente, que debatiéramos en sesión plenaria el papel que ha de desempeñar el Parlamento en la estrategia de información de aquí hasta las elecciones de 2004? 
Señor Presidente, los resultados de las encuestas realizadas en toda Europa muestran claramente que el público europeo se está distanciando cada vez más del ideal comunitario y la razón esencial de ello es que muchos ciudadanos de la UE han recibido información falsa en los últimos años. 
Por ejemplo, un 43% de los europeos siguen creyendo que para trabajar en cualquier otro Estado miembro se necesita un permiso de trabajo. 
Es lamentable que no siempre se reconozcan debidamente las ventajas que ofrece la UE. 
De este hecho se deduce claramente, y también de muchos otros ejemplos, que la política de información y comunicación actual de la UE no funciona. 
Por supuesto, la opinión pública negativa se ve reforzada por la incapacidad de la UE para deshacerse de la corrupción y para desmantelar de forma eficaz el aparato burocrático; pienso, por ejemplo, en la forma en que nuestro Parlamento se reúne en dos sedes.. 
Deberíamos ser un Estado mejor que el que los ciudadanos tienen en casa. 
Tenemos que adoptar medidas urgentes, y con ello me refiero a que la UE tiene que adoptar una posición sobre las cosas que no han ido bien, suprimirlas y reunir otro paquete de medidas adicionales. 
Por ejemplo, la UE podría explicarse en las escuelas mediante alguna asignatura específica con el fin de que los alumnos tengan más oportunidades de informarse en su localidad sobre lo que ocurre en la UE. 
Este tipo de medidas podrían ser un paso en la dirección correcta, con el que limar los prejuicios negativos sobre la UE y restablecer el apoyo público al ideal comunitario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nos hallamos en vísperas del mayor proyecto político de la Unión Europea: la superación de una división forzada de Europa en dos partes. 
Mañana decidiremos sobre la ampliación de la Unión Europea con diez nuevos Estados miembros. 
A pesar de este éxito de la Unión Europea, el Eurobarómetro publicado en marzo de 2002 muestra claramente que menos de un tercio del público interrogado se consideraba bien informado sobre la Unión Europea. 
La mayoría de los indicadores confirman que un sector muy amplio de la población, un 50%, ignora todo de la Unión Europea o es indiferente. 
La tasa de participación en las elecciones ha caído del 63% en 1979 al 49% en 1999. 
Aquí hay algo que no está bien. 
Creo que uno de nuestros problemas más importantes es el hecho de que hablamos de la Unión Europea como si se tratara de una estructura distante. 
Este aspecto también ha asomado en la intervención del Sr. Ilgenfritz. 
La Unión Europea la componemos todos nosotros. 
Creo que la causa principal de nuestros problemas es la distancia mental o emocional entre las personas, independientemente de donde vivan, y las instituciones europeas. 
No hay una voluntad política para convertir la política europea en política interior. 
La voluntad política de reducir la distancia entre los ciudadanos europeos y sus instituciones brilla por su ausencia, pero no por culpa de las instituciones europeas, sino de los Estados miembros. 
Por ejemplo, ¿afirman todos los Gobiernos que no existe competencia de la UE sin el consentimiento de los Estados miembros? 
¿Acaso se cuenta a los ciudadanos de los Estados miembros que no se puede promulgar ninguna directiva sin el consentimiento de los Estados miembros? 
¿Se dice abiertamente que la ampliación de la Unión Europea no puede seguir adelante sin el acuerdo del Parlamento Europeo, los Jefes de Estado y de Gobierno, los Estados miembros y los países candidatos? 
No, siempre que hay una duda, se dice que «la culpa es de Bruselas». 
Los ciudadanos no conocen las responsabilidades comunes que tienen los Estados miembros en todas las decisiones europeas, porque no se viven ni se comunican. 
Permítanme concluir con la pregunta de si los parlamentos regionales ejercen su tarea de control parlamentario sobre sus representantes en el Comité de las Regiones. 
No, no lo hacen. 
¿Acaso los parlamentos nacionales ejercen sus tareas de control parlamentario sobre la labor del Consejo? 
No, no lo hacen. 
¿Acaso el Parlamento Europeo cumple debidamente sus misión ejerciendo el control parlamentario sobre la Comisión y elaborando la legislación? 
No, al menos no de forma satisfactoria. 
Si no desempeñamos plenamente nuestras funciones parlamentarias en el ámbito regional, nacional y europeo, las conexiones entre ellos y el mecanismo interconectado de toma de decisiones no puede presentarse de forma transparente. 
La mejor campaña de información al público no servirá de nada si el público no es consciente de que, a través de sus gobiernos, interviene en cada decisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, a pesar de que decimos que vivimos en una sociedad de la información, la propia información nos plantea un problema ya de por sí, para el que la estrategia de comunicación de la Comisión está barajando soluciones. 
Muy acertado por otro lado, ya que la Unión Europea pretende convertirse en la sociedad basada en el conocimiento más avanzada del mundo en siete años. 
No creo que lo consiga. 
¿Por qué no? 
Porque los Estados miembros no aplican las decisiones acordadas conjuntamente en la estrategia de Lisboa. 
En consecuencia, la Comisión está preocupada por la indiferencia de nuestros ciudadanos hacia la Unión y la información sobre ella, ya que menos de la mitad de ellos participan en la votación. 
Sin embargo, ¿no ha ocurrido lo mismo en los Estados miembros, que son tan indiferentes que ni siquiera aplican lo acordado en el proceso de Lisboa? 
Además, la economía basada en la información es una cuestión relacionada con eso, la información. 
No debemos olvidar que la información no es más que una materia prima, el conocimiento es su producto y la civilización, su resultado final. 
Nuestros objetivos son buenos, pero los medios de comunicación y las personas no muestran mucho interés por ellos. 
Podríamos decir que los cerebros que se han ido ablandando con los años a base de culebrones y series de televisión, son nuestros adversarios en este frente. 
¿No podrían imaginarse el rodaje de una película de acción sobre la Unión Europea? 
De esta manera obtendríamos a la audiencia a la que de otro modo no llegamos. 
Euronews es un buen objetivo. 
Otros aspectos importantes incluyen vínculos con la vida diaria y, por supuesto, el servicio de visitantes. 
Por ejemplo, el Secretario-General ha anulado un puesto de lengua finesa y ahora no existe servicio de visitantes en finés. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Comisario Vitorino por su iniciativa, aunque sé que tiene las manos atadas por falta de presupuesto y porque lo nuevo no es tan fácil de introducir en la Unión Europea. 
También quiero felicitar al Sr. Bayona de Perogordo porque ha escuchado, ha recogido muchas opiniones y, de hecho, el documento final es un documento de consenso, enriquecido por el Parlamento que tiene muchas nuevas figuras y muchas nuevas iniciativas, y yo creo que es así como hay que trabajar con la cooperación institucional. 
A mí me parece que todavía hay que dar un paso más, porque el modelo vigente con las oficinas y el sistema actual de difusión de la política parlamentaria, es un modelo esencialmente burocrático, creo que tenemos que ir a un modelo de comunicación abierta y directa. 
Otro punto que me parece importantísimo, que también creo que hay que revisar, y sobre el que en este documento se introduce una solicitud muy clara, es el tema de las lenguas. 
La política de reforma del Parlamento sobre las lenguas reduce la igualdad entre las lenguas, crea diferencias entre unas y otras y, especialmente, en la traducción, hay una diferencia de fechas de entrega de los documentos. 
¿Qué quiere decir esto? 
Que a nivel de comunicación estamos andando hacia atrás, porque unos ciudadanos recibirán la información primero y otros después. 
Y dada la rapidez de muchos procesos habrá ciudadanos que no reciban los documentos en su idioma y no tengan ni siquiera oportunidad de llegar a tiempo de presentar enmiendas. 
Por tanto, creo que la garantía de mantenimiento de las lenguas es algo básico, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías permiten una difusión mucho más directa. 
Apoyo, por tanto, la reclamación de un refuerzo del tema de la interpretación. 
Otro tema que me parece esencial en este documento, y que es preciso tener en cuenta, es lo que señalaba un orador anterior: no hay comunicación sin participación. 
Y dadas las nuevas tecnologías y la capacidad de comunicación actual, los ciudadanos no se sentirán vinculados a estas instituciones en tanto en cuanto ellos no puedan participar en el diálogo. 
Y creo que el Parlamento y la Comisión tienen que establecer sus departamentos de comunicación que permitan- como tienen otros parlamentos nacionales- un sistema abierto a través del cual se pueda acceder desde cualquier punto y en cualquier idioma a lo que estamos haciendo. 
Las nuevas tecnologías permiten ese esfuerzo y esa inversión. 
Y me sorprende que en la reforma, incluso de los edificios, no se haya previsto ampliar las lenguas y la comunicación, sino que ha prevalecido más bien un espíritu reduccionista. 
Por tanto, solicito que se respete la igualdad entre todos los ciudadanos y la reforma de la comunicación se aborde con un enfoque más moderno. 
Señor Presidente, como todo el mundo en esta Cámara estoy preocupado por el bajo índice de participación en las elecciones europeas, pero no se trata de un fenómeno que se limite al Parlamento Europeo: es un fenómeno al que se enfrentan también los parlamentos nacionales. 
Tampoco tiene que ver con la apatía, estrictamente hablando: el mes pasado, más o menos, vimos a millones de personas que expresaban su preocupación sobre un tema que les afectaba directamente- no necesariamente de forma personal, sino en un sentido internacional más amplio- y hacían oír claramente sus voces en relación con el tema de la guerra y la paz. 
De modo que no es que las personas estén desconectadas de lo que ocurre en el mundo, pero lo cierto es que no necesariamente ven la importancia de que se les pida el voto para el Parlamento Europeo, o incluso en algunos casos ni siquiera para los parlamentos nacionales. 
Es un fallo de nuestras instituciones y es un fallo nuestro, como políticos. 
He presentado una propuesta en la Convención Europea en el sentido de que deberíamos acercar Europa a casa celebrando una Semana Europea coordinada en cada uno de los parlamentos nacionales. Durante dicha semana invitaríamos a un Comisario a un parlamento nacional para presentar el programa legislativo anual; los eurodiputados de cada Estado miembro estarían presentes en el Parlamento; y podríamos generar un cierto interés nacional por lo que está haciendo la Unión Europea y lo que el Parlamento Europeo propone hacer durante el año siguiente para controlar a la Comisión y al Consejo. 
Es una idea bastante simple pero que, en mi opinión, generaría mucho interés entre los ciudadanos de Europa. 
Insto al Comisario a que lo asuma como propuesta. 
Esto no exige ninguna enmienda constitucional, pero sería útil incorporarla en el protocolo relacionado con los parlamentos nacionales que en la actualidad estamos debatiendo en la Convención. 
Señor Presidente, quiero añadir mis felicitaciones al Sr. Bayona de Perogordo y agradecer al Comisario Vitorino la atención que están prestando a la necesidad de información. 
¿Estamos locos, debatiendo este tema aquí a estas horas de la noche? 
En realidad, son las personas que no están aquí las que necesitan comprender la importancia de explicar lo que hace la Unión Europea. 
Tenemos que hacer llegar este mensaje. 
Si no podemos hacerlo, no nos sorprendamos después si los ciudadanos de Europa se muestran más bien apáticos al respecto. 
Muchos colegas han mencionado el bajo índice de participación en las elecciones europeas, un 49% en conjunto, un 24% en mi país. 
Es un desastre total, y debería caérsenos la cara de vergüenza. 
El único consuelo que tengo es que el índice de participación en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas fue solo del 50%. 
O sea que quienes creemos en la democracia, tenemos un problema. 
La solución a este problema es explicar lo que hacemos, y esto es política de información. 
He pedido la palabra a esta ridícula hora de la noche para dejar sentadas tras cosas sencillas. 
Hablo no solo como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que está interesada en la información, sino también como miembro de la Comisión de Peticiones. 
Hemos recibido varias peticiones de ciudadanos que no son ciudadanos del Estado en el que viven. 
Tienen derecho a votar en las elecciones europeas, pero en los últimos comicios tuvieron que enfrentarse a todo tipo de problemas: un ciudadano británico que vive en Alemania dijo que hay 6 000 nacionales no alemanes con derecho a voto en su distrito, pero solo votaron 40 porque no recibieron información suficiente; un ciudadano neerlandés dijo exactamente lo mismo en una petición relativa a su situación en Francia. 
No estoy criticando a Alemania o Francia. 
Simplemente digo que si queremos que la gente vote tenemos que explicar cuáles son los procedimientos para hacerlo. 
Y esto es responsabilidad de los Estados miembros. 
Deberían asumir esta responsabilidad y explicar a todas las personas con derecho a voto en las elecciones europeas cómo pueden ejercer este derecho. 
El segundo punto del que quiero hablar se refiere a Euronews. 
En la actualidad la gente obtiene su información a través de la televisión. 
Hay un canal en Europa que proporciona información europea y, sin embargo, debo decir al Parlamento que es un canal que está en la cuerda floja. 
Puede tener éxito- y así lo espero -, pero puede que no. 
Si queremos que la gente se interese por Europa, deben saber que existe este canal. 
Se enteran de las cosas a través de la televisión, y debemos hacer que Euronews consiga tener éxito. 
Parece ser que esta noche no hay nadie aquí de la Comisión de Presupuestos, pero ellos son quienes pueden ayudar a que Euronews tenga éxito. 
En tercer lugar, el año pasado la Comisión de Peticiones visitó al Parlamento danés. 
El Parlamento danés dijo que prefiere facilitar información sobre Europa a través del parlamento nacional que a través del Parlamento Europeo. 
Si podemos animar a los parlamentos nacionales y a las autoridades nacionales a dar más información, todavía tendremos alguna esperanza. 
Si lo hacemos con muchas estrellas, la gente dirá que no es más que propaganda. 
De modo que animemos a los parlamentos nacionales a hacer el trabajo de forma tan eficiente como los daneses. 
. 
(EN) Señor Presidente, no me atreveré a hacer una declaración a estas horas de la noche. 
Solo quiero dar las gracias a los miembros de esta Cámara por las opiniones que han expresado y responder muy brevemente a dos o tres preguntas que se han planteado. 
En primer lugar, somos fieles a la estrategia de tener casas comunes entre la Comisión y el Parlamento. 
A finales del mes que viene presentaremos al Parlamento un informe sobre el estado de la cuestión en lo que se refiere a la creación de estas casas comunes. 
En dicha ocasión, tendremos oportunidad de debatir el tema que ha planteado el Sr. Andreasen. 
En lo que se refiere a la televisión, según nuestras encuestas, un 64% de los ciudadanos europeos reconocen que lo poco que saben de la Unión Europea lo saben a través de la televisión. 
Por este motivo hemos lanzado una invitación común para presentar ofertas para una estrategia audiovisual que cubra los temas referentes a la ampliación y el futuro de Europa. 
Estamos llevando a cabo el estudio de viabilidad sobre el canal Europa. 
Hemos mantenido contacto con los servicios del Parlamento Europeo y también estamos siguiendo la evolución del sector público audiovisual en Europa, incluida la situación de Euronews, para obtener una imagen global y poder evaluar mejor lo que podemos hacer en el sector audiovisual, incluida la televisión, para facilitar más información a los ciudadanos. 
Finalmente, como ha dicho el Sr. Karas, la estrategia no se puede desarrollar solo a través de las instituciones centrales de la Unión Europea. 
El reto que tenemos ante nosotros es construir una asociación con los Estados miembros, con las autoridades locales y regionales, para promover la información sobre la Unión. 
Para esta asociación hace falta confianza mutua y un cambio en la cultura de la comunicación. 
Por supuesto, como han dicho, si Europa se convierte en el chivo expiatorio de todo lo que sale mal, será muy difícil reflejar lo que hacemos en un tono positivo. 
Pero espero que al final los Estados miembros entenderán que si siguen con esta estrategia, tarde o temprano, cuando tengan que pedir a los ciudadanos su consentimiento para un proyecto europeo, ellos serán las primeras víctimas en caer. 
Por lo tanto, espero que esta estrategia mejorará poco a poco. 
Soy optimista porque, por primera vez, el Consejo trabaja en estrecha cooperación interinstitucional con el Parlamento y la Comisión para desarrollar estrategias de información y comunicación sobre los temas más importantes. 
Esta asociación, que es voluntaria, empezará a producir resultados concretos. 
Aquellos Estados miembros que produzcan resultados concretos serán el faro que guiará a los demás para que les sigan. 
Lo conseguiremos. 
. Muchas gracias, Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Comunicación del Presidente 
Está claro que ninguno de estos puntos está relacionado con la observancia del Reglamento, pero reflejan la profunda preocupación de los colegas y por ello he decidido admitirlos. 
En cuanto a los temas de hoy, como saben, estamos a punto de empezar un debate conjunto sobre dos informes y diez recomendaciones, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en relación con la ampliación más ambiciosa de la historia de la Unión Europea. 
Se trata, en la vida de nuestro Parlamento y en la vida de la Unión Europea, de una de las cuestiones más significativas que los representantes electos van a someter a votación. 
Lamentablemente tengo que comunicar que el Comité Intersindical del Parlamento Europeo ha decidido convocar una huelga para las 11:00 horas de hoy, coincidiendo con este debate. 
Quisiera comunicarles que el lunes por la noche tuve que cambiar de planes aquí en Estrasburgo con el fin de reunirme con los representantes del Comité Intersindical. 
Les comuniqué mi voluntad de intervenir en el más alto nivel posible con el resto de instituciones para expresar las preocupaciones que me habían hecho llegar. 
Quisiera señalar que en este momento no tienen queja alguna con respecto al Parlamento como empresa. 
De hecho, el Parlamento como institución es quizás su mayor aliado en cuanto al respeto de los intereses que me expresaron. 
Sin embargo, yo no estaba dispuesto a realizar esta intervención bajo coacción, así que invité a mis interlocutores del Comité Intersindical a suspender la acción propuesta. 
Ayer por la tarde me informaron de que su intención es seguir con la huelga. 
Es bastante lamentable que la labor de la democracia parlamentaria, en los tiempos que corren, tenga que ponerse en entredicho. 
I am not sure precisely what will happen at 11 a.m. today. 
I would like to appeal to you as colleagues in the House for your understanding and your assistance at that time. 
Si se da el caso de que algunas de las prestaciones de las que normalmente disponemos en los debates no están disponibles, en mi opinión deberíamos asegurarnos de que nuestro compromiso parlamentario continúe en la medida de lo posible. 
Les garantizo que el debate que estamos teniendo hoy aquí será traducido con urgencia a todos los idiomas, de modo que si se produce alguna deficiencia en los procedimientos normales de interpretación- aunque no sería lo óptimo ni concordaría del todo con el Reglamento- haré todo lo posible por informar en todos los idiomas lo antes posible. 
La decisión están en manos de los diputados de esta Cámara. 
Sus Señorías tienen derecho a invocar el Reglamento e insistir en que el Presidente suspenda la sesión en caso de que no estén disponibles todas las prestaciones. 
Todavía no sé cuál será la situación, pero en el contexto de lo que estamos haciendo hoy, nuestro deber político, si podemos, es proceder serenamente con nuestros asuntos. 
Les invito a cooperar en este sentido, votando a mediodía tal como está previsto y acudiendo a nuestra cita con la historia europea. 
Gracias, señor Presidente, por tratar los asuntos de esta manera. 
Permítame dirigirme con toda seriedad a todo el personal y funcionarios de esta Cámara: en cuanto a sus intereses legítimos, estamos de su parte, pero no utilicen este día histórico, cuando está en juego la admisión de diez países a la Unión Europea, como ocasión para propugnar intereses que pueden o no ser legítimos. 
Hoy tenemos que desempeñar nuestra labor, tenemos que votar, y les pido que asuman su gran responsabilidad para que podamos llevar a cabo nuestra misión. 
Señor Presidente, es práctica común tanto en las negociaciones sindicales como en otras negociaciones utilizar la fuerza cuando se calcula que va a causar más dificultades a aquellos con los que uno está en conflicto. 
Pero en el Parlamento, rara vez tenemos jornadas o votaciones tan significativas como la de hoy. 
La acción con la que amenazan los sindicatos no refleja de manera justa el respeto mutuo que existe entre los diferentes interlocutores de esta Cámara, ni las buenas relaciones que en general hemos mantenido. 
Tiene usted razón al proceder con nuestros asuntos, y hago un llamamiento al personal del Parlamento para que nos ayude a llevar a cabo la tarea histórica que nos ocupa hoy con la mejor voluntad por su parte. 
Señor Presidente, quiero apoyarle en nombre del Grupo socialista, recordando que hemos luchado denodadamente con otros Grupos de la casa, con la voluntad de incluir el derecho de huelga en la Carta de Derechos Fundamentales, y que esta forme parte de la Constitución Europea. 
Desde ese punto de vista, respetamos el ejercicio del derecho de huelga. 
Pero llamamos también a la responsabilidad de los trabajadores de la administración del Parlamento para que respeten, a su vez, el acontecimiento que estamos viviendo hoy. 
Por lo tanto, señor Presidente, creemos que debemos continuar con nuestro orden del día en un momento histórico. 
Aprecio profundamente estos sentimientos. 
Con todo el respeto que tenemos por el personal, también debemos respetar, si podemos, nuestra propia prerrogativa como parlamentarios. 
Quiero dar la bienvenida a la tribuna diplomática a los embajadores y representantes diplomáticos de todos los países candidatos. 
Están aquí para seguir nuestro debate. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento al personal de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y también al personal de todos los Grupos, quienes en los últimos años- al igual que los ponentes sobre los distintos países candidatos- han dedicado tantos esfuerzos a tratar esta cuestión de forma exhaustiva, de manera que siempre hemos estado en condiciones de llevar a cabo nuestra tarea por amplias mayorías. 
Permítanme igualmente expresar mi reconocimiento por la positiva cooperación con el negociador de la Comisión y agradezco personalmente al Comisario Verheugen esta colaboración. 
La tarea que nos hemos propuesto hoy hace que la reunificación de este continente esté en nuestras manos. 
Después de siglos de disputas entre los Estados nacionales, nos corresponde ahora a nosotros, no suprimirlos, sino reunirlos de tal manera que nunca más puedan hacer la guerra entre ellos. 
Estamos en condiciones de ampliar el espacio de estabilidad, paz y prosperidad del que hemos gozado en Europa Occidental en las últimas décadas a Europa Central y Oriental, y de hacerlo sin recurrir a la coacción, sino a través de la libre voluntad de los pueblos. 
Al mismo tiempo estamos en condiciones de unificar este continente europeo de tal forma que goce no solo de la fuerza que concede la paz interior, sino que también pueda realizar tareas de mantenimiento de la paz y defender sus propios intereses en el mundo exterior. 
Por ello deseamos recordar a todos los Estados miembros, presentes y futuros, en particular el artículo 11 del Tratado de Niza, que recoge la obligación de colaborar en materia de política exterior con un espíritu solidario. 
Considero que este es un punto que reviste especial importancia en este momento. 
Permítanme asimismo hacer, en este momento, una observación como ciudadano alemán. 
Esta ampliación de la Unión Europea significará que mi país ya no tendrá ninguna frontera exterior, salvo la frontera con Suiza, por lo que ya no tendrá fronteras por las que librar una guerra o que sean motivo de conflicto. 
Lo que esto significa, en términos históricos, para mi pueblo es algo sobre lo que no necesito explayarme en esta ocasión. 
Creo que de esta forma cumplimos los deseos de Konrad Adenauer, quien en una ocasión dijo que era necesario sacar a Alemania de su situación geográfica por medios políticos. 
También considero que es lo mejor que podemos hacer por el desarrollo pacífico y, en esta ocasión, quiero dar las gracias a los pueblos que están a punto de unirse a nosotros y que nos han tendido su mano. 
Son esas manos las que cogemos para aproximar aún más a nuestros pueblos, a pesar de que los Gobiernos no siempre han comprendido lo que esto significa en todos los ámbitos. 
En este contexto, permítanme dar las gracias al Presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, por la declaración que hizo en el mes de marzo de este año. 
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. 
Los países candidatos se verán obligados a hacer avances considerables en los ámbitos de la administración, de un poder judicial competente, de la lucha contra la corrupción y de la garantía de los derechos de las minorías. 
El Parlamento Europeo deberá acompañar muy de cerca el proceso de seguimiento que se pondrá en marcha a fin de asegurar que en todos los casos se cumpla el acervo comunitario, haciendo por supuesto concesiones en lo relativo a los problemas iniciales y los acuerdos transitorios que hemos adoptado. 
Esto implicará también que los ciudadanos de la Unión Europea adquirirán los mismos derechos, sin posibilidad alguna de discriminación, mediante la protección jurídica contra la discriminación, lo que comporta igualmente una seguridad crucial. 
Por ello resulta sensato reunir de esta manera a los pueblos de Europa. 
Creo que es sumamente importante que diga, en este momento, que la Unión Europea puede, por supuesto, ampliarse para incluir a otros países, y que Bulgaria y Rumania están en la lista de espera. 
Sin embargo, esta ampliación nos exige que determinemos una vez más hasta dónde puede ampliarse la Unión Europea sin exceder sus capacidades. 
Hemos creado una Unión que es algo totalmente nuevo, en comparación con todas las alianzas, pues se trata de una Unión que hace de la resolución de conflictos dentro de un Estado un instrumento para resolver conflictos entre los pueblos. 
Su ordenamiento jurídico común y sus instituciones compartidas implican que no se trata de una alianza normal, como las que han existido anteriormente. 
Para decir que la Unión Europea puede llegar hasta un determinado punto y no más, debemos esperar a ver lo que es capaz de hacer este cuasiestado. 
Además, debemos seguir con la reflexión iniciada hace poco por la Comisión sobre la forma en que organizaremos nuestras relaciones con nuestros vecinos, para evitar la construcción de nuevos muros en Europa y para permitir que aquellos que no puedan convertirse en Estados Miembros de la Unión Europea o que no quieran serlo puedan gozar de una posición privilegiada como vecinos con los que podamos coexistir en paz. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, deseo hacer un llamamiento para que aprueben hoy la adhesión de los diez países candidatos. 
Señor Presidente, Señorías, hemos logrado en el último minuto alcanzar una fórmula de compromiso sobre la adaptación de las perspectivas financieras para el período 2004-2006, garantizando de esta manera que hoy podamos hacer justicia a nuestra responsabilidad histórica y al mismo tiempo defender las competencias presupuestarias y los derechos de codecisión de esta Cámara. 
En mi calidad de ponente de la Comisión de Presupuestos sobre los acuerdos financieros para la ampliación, quiero volver a dejar claro que en estas difíciles negociaciones nunca se pretendió cuestionar los acuerdos de Copenhague con los países candidatos, sino tratar dichos acuerdos como un mínimo que todos debemos garantizar. 
Por ello, permítanme decir con toda claridad que nosotros, el Parlamento Europeo, en nuestras resoluciones anteriores- por ejemplo, en los meses de junio y septiembre del año pasado- hemos dado una y otra vez un amplio apoyo a las propuestas de la Comisión, por ejemplo, relativas a la integración gradual de los países candidatos en la Política Agrícola Común y a las normas especiales del Fondo de Cohesión aplicables a ellos. 
El hecho es que hemos logrado, en el último minuto, evitar una crisis interinstitucional, a la que nos llevó el Consejo, de forma deliberada o por negligencia, debido a su intención de que el Anexo XV adquiera la condición de Derecho primario de la UE. 
Sin duda no les habría hecho daño alguno continuar negociando, hasta la segunda lectura, sobre la adaptación de las perspectivas financieras o incluso, de haber sido necesario, recurrir al artículo 272 del Tratado, pero muchas personas lo habrían tomado por una señal errónea. 
El compromiso que tenemos ante nosotros se logró, tras un quinto diálogo a tres bandas, utilizando lo que tengo que denominar artificio jurídico y mediante renovaciones y reparaciones en un proceso que no podemos explicar correctamente al público. 
Me gustaría añadir que esto demuestra lo necesario que es reformar la forma en que se relacionan entre sí las instituciones. 
Señora Comisaria Schreyer, me gustaría decir públicamente que usted, el lunes por la noche, realizó una importante contribución en nombre de la Comisión, cuando su gran perseverancia contribuyó a alcanzar este resultado. 
Asimismo me gustaría dar las gracias a la Presidencia griega del Consejo, a la que podríamos considerar rehén del mandato de negociación del Consejo, que hizo todo lo humanamente posible hasta el final de un proceso muy difícil y permitió que llegáramos a un acuerdo. 
No obstante, de la resolución del Sr. Brok se desprende una cosa, a saber, que si se cuestiona o infringe una sola palabra de la declaración conjunta, también el Acuerdo interinstitucional se considerará caducado y violado. 
(Aplausos) 
Hemos encontrado una fórmula mediante la cual se especifica en términos claros que la adaptación de las perspectivas financieras en función del punto 25 del Acuerdo interinstitucional se lleva a cabo a propuesta de la Comisión y conjuntamente con el Consejo y el Parlamento. 
En el Título 3 sobre política interior nos hemos asegurado un margen de maniobra suficiente para los procedimientos de codecisión que deben tramitarse durante este año- en programas con un valor añadido para Europa, programas que son importantes para el público, como investigación, Erasmus, La juventud con Europa -, de forma que podamos completar la codecisión dentro de un procedimiento correcto con la dotación complementaria de 480 millones de euros a precios de 1999. 
También consideramos importante dejar claro que si, debido a una revisión de hecho de la ayuda financiera a Turquía, se realizan transferencias del Título 4 al Título 7, dicho título deberá denominarse en el futuro Estrategia de preadhesión. 
Lo que ha quedado claro es que, en este aspecto, existen dos grupos de países: Bulgaria y Rumania con ayuda de preadhesión, por una parte, y Turquía, como país candidato, por otra. 
Asimismo, debemos volver a clarificar que, en el procedimiento para el presupuesto de 2004, que ahora se desarrollará sin duda de modo normal, la cuestión de la adaptación de las perspectivas financieras pueda resolverse sin ningún tipo de discriminaciones, bien en los subtítulos, bien mediante limitaciones, frente a los nuevos Estados miembros. 
Hemos logrado defender, en un proceso muy difícil y sobre la base de las correcciones necesarias, todas las competencias presupuestarias y los derechos de codecisión del Parlamento y, al mismo tiempo, al final de este difícil proceso- a pesar de que se hallaba casi en punto muerto- las instituciones europeas han sido capaces una vez más de demostrar su capacidad de acción. 
Este hecho envía un mensaje positivo a los países candidatos y a los ciudadanos de Europa. 
(Aplausos) 
. 
(ES) Señor Presidente, hoy es un gran día, y prueba de ello es que tenemos 25 banderas que acompañan la bandera común europea. 
Ya sabe usted que soy de aquellos a los que les gustaría que solo hubiera una bandera en esta casa, pero hoy creo que se justifica la presencia de todas. 
El presupuesto no suele ser un tema emotivo. 
Pero he de reconocer que, quizá especialmente para aquellos que hemos vivido más de la mitad de nuestra vida en una dictadura, el sellar hoy el acuerdo para financiar la reunificación democrática de Europa es un tema sensible y emotivo. 
He de decir que todo iba bien, salvo una torpeza- diría- del Consejo, que empañó el final del recorrido y creó dificultades innecesarias: la introducción del anexo XV, sin precedentes en anteriores ampliaciones. 
Y este anexo afectaba a competencias básicas del Parlamento. 
Había dos alternativas igualmente válidas: considerar la presencia del anexo XV como la denuncia implícita del Acuerdo interinstitucional y proceder en consecuencia, con arreglo al artículo 172- y esto explicará el voto final de algunos colegas- y negociar con el Consejo. 
Fue esta la opción por la que optó el Parlamento, fueron negociaciones muy duras, en las que hay que reconocer especialmente el mérito del presidente de nuestra Comisión de Presupuestos, el Sr. Terry Wynn, y con las que hemos obtenido un resultado de compromiso totalmente aceptable que yo recomendaré al hemiciclo. 
Hemos logrado los objetivos que se nos fijaron y creo que hemos ido, en algún caso, más allá del ajuste de las Perspectivas Financieras por motivo de la ampliación. 
Quiero subrayar como ponente desde hace muchos años en esta materia que es la primera revisión de las Perspectivas Financieras lograda en más de una década. 
Gracias a eso podremos tener una Rúbrica 3 para las políticas interiores, que pueda operar en los próximos años, si no con holgura por lo menos con suficiencia. 
No habrá discriminación entre antiguos y nuevos Estados miembros. 
Hemos conseguido una declaración de los representantes de los Estados miembros, los que firman el Tratado- una declaración con valor interpretativo- que preserva los derechos democráticos del Parlamento y de nuestros futuros colegas que vienen de los nuevos Estados miembros. 
Hemos conseguido, asimismo, una situación nueva para Turquía, en la Rúbrica 7, que tiene un doble sentido: tiene un mensaje político para este país y nos permite un margen de maniobra en la Rúbrica 4 de política exterior. 
Por todo ello, aunque yo habría preferido- lo digo sinceramente- que se suprimiera el anexo XV, estoy en condiciones de recomendar al Pleno la aprobación de este acuerdo y creo que la Unión y el Parlamento podrán avanzar correctamente con él. 
Deseo hacer constar mi profundo reconocimiento por la labor de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y los diputados y el personal que nos han permitido llegar al punto en el que nos encontramos hoy. 
Asimismo, quiero destacar las negociaciones extraordinarias llevadas a cabo en las últimas semanas, aparte de su carga de trabajo normal, por los diputados de la Comisión de Presupuestos que, afortunadamente, han permitido a última hora un resultado satisfactorio, si no ya ideal, de nuestras reuniones. 
Señor Presidente, señoras y señores Comisarios, Señorías, en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, tengo el honor y el placer de dirigirme en esta ocasión al Parlamento Europeo sobre el importantísimo tema de la ampliación, y considero que es un privilegio para mí estar presente en el debate que celebramos hoy aquí. 
Este es un día histórico para la Unión Europea y para el Parlamento Europeo. 
Dentro de una semana, el 16 de abril, Grecia tendrá el placer, como país de la Presidencia, de acoger la histórica ceremonia de la firma del Tratado de ampliación, en el recinto histórico del Ágora situado bajo la Acrópolis. 
A pesar de que actualmente la palabra «ágora» significa mercado, el Ágora ateniense ocupa un lugar en la historia por otra razón. 
Fue ahí donde nació y se desarrolló la idea de la democracia hace 2 500 años, y el simbolismo de esta ceremonia, que hemos decidido celebrar en este lugar histórico, reside en que la democracia y los numerosos valores vinculados con la democracia son el denominador común que llega a todos los rincones de la Unión Europea. 
Somos una comunidad de valores y, si la Unión y la ampliación son un éxito, ello se deberá a que estos valores son cada vez más sólidos. 
Los países que están a punto de ingresar en la Unión Europea comparten nuestra historia, patrimonio y cultura comunes. 
Su adhesión pone fin a la división artificial de nuestro continente. 
Hoy ponemos en práctica nuestro objetivo de construir una Europa basada en los ideales de democracia, pluralismo, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y economía de libre mercado. 
La Unión Europea siempre ha perseguido este objetivo. 
Por esta misma razón, apenas caído el Muro de Berlín, la Unión respondió a este desafío y reaccionó de forma decisiva y activa a los cambios que tenían lugar en el entorno político europeo. Ofreció un marco y unas perspectivas para una Europa unificada. 
Ofreció una Europa basada en la libre elección y la solidaridad entre sus ciudadanos. Las relaciones entre la Unión y los países candidatos se han reforzado gradualmente a través de diversos procedimientos: acuerdos de asociación, diálogos estructurados sobre una serie de temas, criterios de adhesión, negociaciones de adhesión y mecanismos y procedimientos de preadhesión. 
Durante todas esas fases, la posición de la Unión Europea siempre estuvo destinada a proteger el carácter global, evolutivo y sustancial del proceso de adhesión, procurando que todos los países candidatos participasen en pie de igualdad y accediesen a la Unión Europea gozando de igualdad de oportunidades. 
Al principio de las negociaciones de adhesión, la Unión dejó perfectamente claro que la adhesión implicaba la plena aceptación de los derechos y obligaciones, actuales y futuros, relacionados con la Unión y su marco institucional, incluso en el ámbito de las relaciones exteriores, y que la adhesión implicaba la correcta aplicación en la práctica del acervo comunitario, incluido, entre otras cosas, el establecimiento de una administración pública fiable y eficaz. 
No fue fácil llevar a buen puerto estas negociaciones. 
Fueron necesarias amplias reformas económicas, a menudo dolorosas, en todos los países candidatos. 
Sin embargo, gracias a la persistencia y determinación de todas las partes, estas negociaciones fueron llevadas a cabo de una manera rigurosa, eficiente y transparente, y creo que hablo en nombre de todos los participantes en ellas cuando digo que estamos orgullosos de este proceso y de sus resultados. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi particular agradecimiento al Sr. Verheugen, Comisario responsable de las negociaciones, quien está presente aquí, por su enorme contribución al éxito de todo este proceso. 
Como ustedes saben, las negociaciones con los diez países candidatos concluyeron en Copenhague el 13 de diciembre del año pasado. 
Las condiciones de adhesión son conocidas por todos y se recogen en el proyecto de Tratado y en el Acta de Adhesión presentada ante el Parlamento Europeo. 
Estimamos que los resultados de las negociaciones reflejan la mejor conclusión posible y son un buen acuerdo. 
Como ya señalamos en 1993, la Unión debe poder absorber nuevos miembros sin dejar que la unificación europea pierda impulso. 
Los resultados de la negociación han alcanzado este equilibrio institucional. 
Existe un equilibrio entre, por una parte, el deseo de garantizar que los nuevos Estados miembros se beneficien plenamente de las diversas políticas de la Unión Europea y, por otra, la necesidad de asegurarnos de que la Unión se muestre eficiente y competitiva en el marco de la mundialización. 
Aparte de la hercúlea tarea sin precedentes realizada por el Consejo y la Comisión durante este proceso, me gustaría destacar los continuos e importantes esfuerzos que han llevado a cabo los países candidatos. 
También deseo expresar mi sincero agradecimiento al Parlamento Europeo por el apoyo político que nos ha brindado a lo largo de todo este proceso. 
En particular agradecemos el diálogo político franco y constructivo con los representantes democráticamente elegidos de cada uno de los países candidatos. 
La labor llevada a cabo por las comisiones parlamentarias mixtas resultó sumamente valiosa, al igual que la de tantas comisiones parlamentarias. 
Esta labor ha contribuido enormemente a dilucidar con precisión lo que implica la adhesión a la Unión Europea para los países candidatos. 
Hoy día, todos los ciudadanos de los países candidatos tienen su mirada puesta en nosotros. 
Algunos ya han expresado su voluntad. 
El resultado positivo de los referendos celebrados en Malta y Eslovenia constituyen una señal clara y decisiva de su confianza en la Europa del mañana. 
La ampliación nos permite mostrarnos optimistas respecto a Europa, incluso en el clima actual, en el que la economía internacional y la guerra en el Iraq ensombrecen este acontecimiento. 
No obstante, existen muchos motivos que justifican este optimismo. 
En su conjunto, la Unión Europea cuenta con unos cimientos más sanos, desde el punto de vista económico y financiero, que gran parte del resto del mundo. 
Ha logrado establecer un polo de relativa estabilidad. 
Ha creado una encomiable moneda única y un marco común para ejercer una política que garantice la fiabilidad de la UEM como polo monetario internacional. 
La Unión Europea ha desarrollado una calidad comunitaria que, a pesar de su diversidad, ha actuado como escudo contra la incertidumbre y la falta de confianza. 
La Unión Europea cuenta con un modelo de desarrollo que es único y que combina el elemento económico con un espectro más amplio de elementos sociales, que abarcan el empleo, la integración social y toda una serie de otras cuestiones. 
La Unión Europea realiza sutiles maniobras para poner en marcha la renovación de sus políticas en una serie de sectores de importancia crucial, como la política estructural o la política agrícola, con el fin de preservar su potencial de crecimiento y cohesión social, así como su capacidad para hacer frente a los retos internacionales que se le plantean. 
La Unión Europea aborda las preocupaciones internas mediante la renovación de su marco institucional, en particular a través de la extensión del proceso de integración europea. 
Por último, en una serie de cuestiones, como el comercio, los flujos de inversión, la transferencia de tecnología y la circulación de trabajadores, la ampliación está generando nuevas condiciones de funcionamiento para la Unión, creando así nuevas oportunidades para el enfoque europeo y el modelo europeo dentro del marco mundial. 
Quisiera concluir mi intervención con dos comentarios. 
El primero es decir que vivimos tiempos difíciles. 
Los Estados miembros debemos demostrar que podemos llevar a cabo una aproximación de puntos de vista mediante la autolimitación, concesiones recíprocas y la voluntad política de apoyar la dinámica de la Unión, y mediante el refuerzo de los valores de democracia, derechos humanos y solidaridad. 
Solidaridad significa, desde luego, más que negociar la financiación de los Fondos Estructurales o proteger la Política Agrícola Común y otras cuestiones. 
La solidaridad afecta a una amplia gama de políticas de la Unión. 
Mi segundo comentario es que es muy importante que, en esta fase, la Unión ampliada alcance el éxito en una serie de frentes en el futuro inmediato. 
Necesitamos reparar los daños causados por las diferencias surgidas en el ámbito de la política exterior y que marcaron la cuestión del Iraq. 
Necesitamos convencer a los ciudadanos de la Unión Europea y de los países que no pertenecen a ella que propugnamos los valores de la paz, la estabilidad, la confianza y el apoyo al crecimiento, y debemos hacer un esfuerzo sistemático y sincero para reparar nuestras relaciones con todos nuestros principales socios. 
Señorías, Europa pertenece a los ciudadanos de Europa sin excepción ni discriminación. 
Todos tienen derecho a compartir este futuro. 
La ampliación nos acerca mucho a esta meta. 
La Unión Europea está lista para acoger a sus nuevos Estados miembros, sabiendo que adquiere una nueva configuración y un nuevo impulso, ese impulso que demostraron estos países durante el período transitorio, en torno a las cuestiones y reformas económicas, políticas y sociales. 
Ahora nos corresponde a todos nosotros hacer de la ampliación un catalizador para una unificación europea más rápida, una fuerza que garantice que Europa sea capaz de hacer frente a los retos de una nueva era de relaciones mundiales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, hoy ustedes decidirán una de las cuestiones más importantes para el futuro de nuestro continente. 
Solo ustedes, diputados al Parlamento Europeo, tienen el derecho a decir sí o no a la adhesión de diez nuevos Estados miembros. 
Ningún otro parlamento de Europa tendrá la oportunidad de decir sí o no a cada uno de estos países; todos los demás parlamentos deberán limitarse a ratificar el tratado en su totalidad. 
Esto significa que esta decisión es, sin duda alguna, una de las más importantes que esta Cámara haya tomado en toda su historia. 
Así pues, nos encontramos, por el momento, al final de un camino sumamente largo, un camino caracterizado por la determinación de poner fin de una vez por todas a la división de Europa. 
Estoy eternamente agradecido por la forma en que el Parlamento Europeo nunca titubeó en su apoyo. 
Considero que cabe señalar que pocos han hecho tanto en Europa como el Parlamento Europeo para mantener viva la herida abierta de la división de Europa, incluso durante la guerra fría, planteando un futuro europeo en el que sus pueblos pudiesen determinar su destino en libertad y por medios democráticos. 
El principal tema de nuestro debate de hoy es el destino humano y la suerte de los pueblos. 
Hoy hablamos de los pueblos de Europa- más de 70 millones de personas- que han esperado este día con esperanzas y expectativas sin límites, pero cuyo valor y determinación han allanado el camino hacia una Europa libre y unida. 
Estas personas tienen, sin duda, derecho a estar entre nosotros y se han ganado un lugar en nuestro seno. 
Estos millones de personas han soportado durante muchos años el peso de reformas y cambios difíciles y radicales a fin de construir sociedades modernas. 
Si echo un vistazo a la política de reformas o al debate acerca de las mismas en uno u otro Estado miembro actual, mi comentario sería que me gustaría que esos Estados miembros aplicasen las reformas al menos con la misma fuerza, valor y determinación que hemos observado en los futuros Estados miembros. 
¿Quiénes son esos pueblos de los que estamos hablando? 
¿Cuál será su contribución a la Unión Europea? 
Los polacos tienen su historia milenaria como nación europea y, al verse obligados a vivir bajo la hegemonía comunista y la ley marcial durante muchos años, nunca se resignaron a esa suerte, sino que, en lugar de ello, se defendieron, convirtiéndose en los incontestados iniciadores del gran movimiento de Europa Central y Oriental que finalmente condujo a la caída del comunismo en Europa. 
Estamos hablando de los húngaros, quienes ya se rebelaron en 1956. 
La semana pasada pronuncié un discurso en Hungría y en él decía que no cabe duda de que todos los políticos europeos de mi generación aún escuchamos los gritos de petición de ayuda de los dirigentes de la revuelta húngara de 1956, que no podemos olvidarlos y que esos gritos de ayuda siguen representando hoy día, cincuenta años después, un modelo para las democracias europeas. 
Han tenido que pasar cincuenta años para que pudiéramos dar la respuesta correcta. 
Estamos hablando de los eslovacos y los checos, cuya tentativa, en 1968, de cambiar el curso de la historia europea tuvo como resultado un gran sufrimiento para ellos, quienes, con su Carta 77, hicieron igualmente una importante contribución intelectual a la liberación de Europa del totalitarismo y la dictadura. 
Estamos hablando de los lituanos, letones y estonios, víctimas de la Segunda Guerra Mundial, a los que nadie preguntó si deseaban formar parte de la Unión Soviética, los cuales durante décadas pugnaron desesperadamente por mantener la identidad nacional y cultural ante una política de rusificación, y lograron mantenerla. 
Cuando una u otra persona dice, como a veces sucede, que debemos tener mucho cuidado de no aceptar a Estados miembros que no compartan nuestros valores, a veces me siento tentado a preguntar quién hizo frente en una ocasión y desarmado a los tanques soviéticos. 
Eso fue lo que sucedió en Vilnius, tan solo hace algo más de diez años. 
Estamos hablando de Eslovenia, un país que intentó seguir su propio camino, incluso en la época en que Tito gobernaba Yugoslavia, y que, apenas cayó el comunismo en Yugoslavia, se dirigió con decisión hacia Europa, y tras obtener un apoyo del 90% en el referendo sobre la adhesión a la Unión Europea, ha demostrado el gran atractivo que nuestra Europa aún ejerce sobre esas jóvenes naciones. 
Por último, estamos hablando de Malta y Chipre, dos países que desean unirse a nosotros para mantener y defender nuestros valores y objetivos comunes en el Mediterráneo. 
Esos son los países y los pueblos de los que hablamos. 
Y ustedes, Sus Señorías, han acompañado durante muchos años a estos países en su travesía hacia la Unión Europea. 
Tan solo puedo confirmar lo que ya se ha dicho aquí. 
Ha habido un amplio entendimiento entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo por lo que se refiere a la estrategia y a cada una de las etapas. 
Estoy muy agradecido por la constructiva labor de equipo que ha hecho todo esto posible. 
No cabe duda de que el éxito del proyecto dependía de esta labor. 
Así pues, me toca pronunciar unas palabras de agradecimiento a usted, señor Presidente, no como una formalidad protocolaria, sino porque realmente me siento profundamente en deuda con usted, con los Presidentes de los Grupos, con el ponente y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, con los ponentes sobre cada uno de los países candidatos y con las presidencias conjuntas de las comisiones parlamentarias mixtas. 
Todos ustedes han realizado una aportación importante e indispensable al éxito que hemos alcanzado. 
No siempre me han facilitado las cosas, pero el Parlamento no está para eso. 
No obstante, me gustaría decir que sus observaciones, intervenciones y también sus críticas han contribuido a poner de relieve los problemas con mayor claridad y han permitido encontrar soluciones comunes a los mismos. 
El Presidente en ejercicio del Consejo acaba de señalar que nos encontramos en el umbral de la firma de los Tratados de Adhesión, que tendrá lugar el 16 de abril en Atenas. 
Ya ha mencionado la gran importancia simbólica de ese lugar. 
En él no solo vino al mundo la democracia, sino que también es la cuna de algunas otras viejas ideas europeas, como la idea de que las sociedades deben ser gobernadas con justicia y la idea de que es la responsabilidad de los individuos la que mantiene unida a una comunidad. 
Estas son algunas de las ideas que no deseamos abandonar. 
Por antiguas que sean, siguen siendo tremendamente actuales. 
En este lugar demostramos que las identidades y culturas nacionales europeas- que valoramos tanto y deseamos defender- surgen y florecen a partir de sólidas raíces comunes. 
Una vez firmado el Tratado de Adhesión, deberá ser ratificado. 
Estoy firmemente convencido de que todos los referendos que se celebrarán en los futuros Estados miembros tendrán por resultado un sí inequívoco y convincente a Europa, demostrando así que el proyecto europeo está cobrando un nuevo ímpetu y un nuevo dinamismo. 
No preveo que el proceso de ratificación genere dificultades políticas insuperables en los Estados miembros y estoy convencido de que la ratificación concluirá en el plazo previsto. 
No obstante, quisiera insistir en que es necesario redoblar los esfuerzos para comunicar al público e informarle, de manera que los ciudadanos de los Estados miembros puedan saber realmente lo que sucede. 
Aunque no se trata de una campaña electoral, estamos dispuestos a informar, a explicar y a responder a las preguntas que los ciudadanos tienen derecho a formular. 
Y en este punto tengo que decir algo sobre Chipre. 
Es algo que ya he dicho antes, que resulta profundamente triste que casi consiguiéramos llegar a nuestra meta, pero nos quedáramos a centímetros de ella, que era encontrar una solución política a la cuestión chipriota. 
Las oportunidades de resolver el conflicto de Chipre nunca han sido tan grandes ni tan firmes como lo son ahora, pero no debemos cejar en nuestro empeño. 
Quiero destacar una vez más la disposición de la Comisión de apoyar cualquier nuevo esfuerzo que emprendan las Naciones Unidas para encontrar, incluso ahora, una solución política duradera al problema de Chipre. 
Por ello, la Comisión hará todo lo que esté a su alcance para promover proyectos en Chipre que contribuyan a reducir y paliar las crecientes desigualdades en la isla y que fomenten la confianza entre las dos comunidades- griega y turca- que viven en ella. 
La labor en los países candidatos no ha terminado aún. 
Es necesario continuar con las reformas y no debe ahorrarse esfuerzo alguno para proseguir con los preparativos para la adhesión. 
Puedo asegurarles que la Comisión seguirá de muy cerca la forma en que se ejecutan los compromisos asumidos durante las negociaciones. 
Seis meses antes de la fecha de la adhesión, es decir, este otoño, la Comisión presentará un exhaustivo informe de seguimiento, en el que detallaremos los ámbitos en que podría considerarse la adopción de medidas cautelares de protección en el caso de que no se rectifiquen a tiempo las omisiones. 
Ya ha finalizado una primera fase de seguimiento y sus resultados fueron, podría añadir, notables si tenemos en cuenta los miles de compromisos asumidos; una vez examinados estos, encontramos tan solo 25 casos en los que tuvimos que pedir a los futuros Estados miembros que adoptasen medidas urgentes para evitar retrasos. 
Todo ello representa en conjunto un excelente resultado. 
Aparte de eso, puedo comunicar al Parlamento que en todos esos casos se han adoptado las medidas que habíamos solicitado. 
Y esto es lo que tengo que decir a los futuros Estados miembros. La construcción de una administración eficiente y de un sistema judicial que funcione correctamente debe continuar y ser apoyada, incluso después de la adhesión. 
La lucha contra la corrupción y la delincuencia sigue revistiendo una importancia esencial. 
El respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías siguen figurando en el orden del día. 
Aunque muchos países han logrado recorrer un gran trecho, siguen pendientes algunas cuestiones y siguen planteándose retos de los que tiene que ser consciente la Unión ampliada. 
Otro tanto puede decirse de la aplicación en la práctica de la igualdad de oportunidades, una cuestión que me sigue preocupando, no solo en los nuevos Estados miembros, sino también en uno o dos de los actuales. 
Se trata del impacto que tiene la transformación de una sociedad sobre sus miembros más débiles. 
Si bien estoy seguro de que el Parlamento Europeo abrirá la puerta hoy a los diez nuevos Estados miembros, también soy consciente de que, en el momento decisivo, no todas Sus Señorías, y no todo el público europeo, estarán libres de dudas respecto al proceso de ampliación. 
Algunos se preguntarán en qué nos estamos metiendo, mientras otros se preguntarán si la Unión no será sometida a una tensión excesiva. 
A ello me gustaría responder diciendo que la integración que hemos logrado hasta ahora ha sido un éxito y que hemos obtenido la paz, la reconciliación y la prosperidad. 
Al mismo tiempo, no obstante, los europeos hemos tenido que pagar un alto precio, en particular aquellos que al final de la Segunda Guerra Mundial, con sus consecuencias políticas, se vieron obligados a vivir detrás del Telón de Acero. 
Fueron ellos los que tuvieron que pagar por todos, pues Europa, dividida, no gozaba de una verdadera paz y solo conoció una libertad incompleta. 
Tan solo ahora que los pueblos de Europa Central y Oriental, que nunca aceptaron estar separados de la parte libre de este continente, nos han ofrecido esta oportunidad. 
Así pues, creo que ahora debemos aprovechar esta oportunidad para dar forma al futuro de forma que el siglo XXI en Europa se caracterice por la paz y la libertad, la seguridad y la prosperidad. 
Así que permítanme responder de forma directa a estas preguntas cruciales. 
¿Están los nuevos Estados miembros suficientemente preparados desde un punto de vista tanto político como económico? 
A ello responderé diciendo que esta es la ampliación mejor preparada en la historia de la UE. 
Las perspectivas de la ampliación se combinaron con un proceso de reforma de gran alcance en los países de Europa Central y Oriental, y orientaron esta transformación. 
No todo será perfecto y puedo predecir que habrá dificultades, pero la Comisión está firmemente convencida de que las políticas y programas comunitarios funcionarán incluso con 25 Estados miembros. 
¿Fomentarán los nuevos Estados miembros una mayor integración o bien esta se detendrá? 
La respuesta es muy clara. 
Una Comunidad fuerte redunda en interés de los nuevos Estados miembros. 
Estos reforzaran, en lugar de debilitar, la idea comunitaria, y se engañan quienes creen que se adhieren a nosotros Estados miembros que en última instancia harán que la Unión Europea vuelva a ser una mera zona de libre comercio. 
Esto no sucederá, sino que despertaremos un nuevo entusiasmo, un nuevo brío y un nuevo dinamismo. 
¿Comprenden los nuevos Estados miembros que Europa es una comunidad de valores y no un sistema de transferencia de dinero? 
La respuesta a esta pregunta es también un claro «sí». 
Ya lo dejé claro antes, cuando hice referencia brevemente al pasado de los nuevos Estados miembros. 
No necesitan que les demos lecciones de democracia. 
Asimismo esperan, por supuesto, solidaridad, pero ¿no es cierto que dicha solidaridad también redunda en nuestro interés? 
Sé que los nuevos Estados miembros no perseguirán estrechos intereses nacionales. 
¿Serán los nuevos Estados miembros parte de una política exterior común europea? 
A este respecto también digo «sí» rotundamente. 
Los problemas que tuvimos en los últimos meses no se debieron a que los nuevos Estados miembros no quisieran adaptarse, sino que se debieron a que no fuimos capaces de responder a la pregunta de cuál era la posición común europea a la que podían adherirse. 
(Aplausos) 
Lo que esto significa para los nuevos Estados miembros está claro. 
Significa que únicamente una política exterior común sólida puede protegerlos de esos conflictos y es por ello que todos ellos están a favor de ese planteamiento común. 
La última pregunta, Sus Señorías, es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. 
Mi respuesta a esa pregunta tiene que ser menos rotunda. 
Se han tomado todas las decisiones que exige la organización de la ampliación, pero creo que la ampliación hace que las reformas que habrían sido urgentes en cualquier caso hayan cobrado todavía más urgencia y de ninguna manera deban retrasarse más. 
De ahí que la labor de la Convención revista tanta importancia y que deba verse coronada por el éxito. 
Hay quien dice que hubiese sido mejor haber hecho todo esto antes. 
Quizá, pero sé que no podíamos hacer esperar aún más a los pueblos europeos que durante 13 años han estado preparándose para este gran momento. 
A ellos les digo que el hogar europeo al que van a ingresar no está todavía listo. 
Ahora tienen la oportunidad de participar en el debate y las decisiones sobre el aspecto que debe presentar ese hogar. 
Para la fecha de la adhesión de los diez nuevos Estados miembros ya habremos realizado nuevos avances en las negociaciones con Rumania y Bulgaria. 
Ambos países se están acercando a la meta. 
Pronto seremos 27 Estados miembros y solo entones acabará la presente ampliación. 
En Helsinki en 1999 se abrió la puerta a Turquía, país que ha obtuvo, el pasado mes de diciembre en Copenhague, su plan de trabajo político. 
La decisión de si Turquía cumple o no las condiciones políticas para la adhesión se tomará al final del año próximo. 
Yo aliento a Turquía a que mantenga su curso hacia Europa, y podemos confiar en que la Comisión tomará una decisión justa y objetiva. 
Los países balcánicos tienen perspectivas de adhesión. 
El tiempo que se tardará hasta que estas perspectivas se conviertan en realidad dependerá de sus propios esfuerzos por realizar las reformas. 
Señorías, aunque la inminente ampliación no garantiza la fortaleza política y económica de Europa, sí mejora nuestras perspectivas y nos permite hacer que Europa esté mejor preparada para hacer frente a los retos del siglo XXI y para ofrecer a sus ciudadanos un siglo de desarrollo en paz, de libertad personal y de oportunidades para las personas. 
Hoy, esa decisión recae sobre nosotros y por ello les pido que voten a favor. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Verheugen, Señorías, este es un día histórico y memorable, un día de gran alegría y profunda gratitud. 
En mi propio nombre, quiero decir que es para mí un honor haber sido diputado a este Parlamento desde 1979. 
Si tras la primera elección directa del Parlamento alguien me hubiese dicho: «el 9 de abril de 2003, tú decidirás si las tres repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania, los países del Pacto de Varsovia Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia, así como Malta y Chipre, se adhieren a la Unión Europea» , habría respondido: «¡Vaya sueño! ¡Es una visión fantástica! ». 
Y no obstante, este sueño, esta visión, se están haciendo realidad, por lo que debemos estar profundamente agradecidos y alegrarnos. 
También debemos volver la cabeza hacia la historia de Europa, pues no podemos dar forma al futuro sin conocer el pasado. 
Nuestros pensamientos se remontan a los terribles años criminales del nacionalsocialismo, entre 1933 y 1945. 
Nos remontamos al 17 de junio de 1953, a los tanques soviéticos en Budapest en 1956 y en Praga en 1968, y nuestras mentes retornan a los grandes movimientos liberadores de los ochenta, recordando a Solidaridad, el deseo popular de libertad en Europa Central y Oriental y el 9 de noviembre de 1989, el día en que cayó el Muro. 
Robert Schuman- cuyo nombre lleva el edificio de esta Cámara- ya dijo en los años sesenta: «Algún día, todos los europeos pertenecerán a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, en libertad y en paz.» 
Nuestro Grupo siempre ha perseguido ese objetivo. 
Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que han representado un papel en este proceso, sobre todo al Sr. Brok por su labor de ponente, pero también a los ponentes de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Böge y el Sr. Colom i Naval, y también a todos los miembros de la Comisión, a los que usted representa, señor Comisario Verheugen. 
Los países candidatos pueden echar ahora la vista atrás y ver los enormes esfuerzos que han realizado, pero todavía les esperan esfuerzos aún mayores. 
Antes que nada debemos unificar Europa y reconciliarla, tanto moral como intelectualmente. 
De ahí que nos habría complacido que el Gobierno checo, bajo su gran Presidente Vaclav Havel y su sucesor Vaclav Klaus, hubiesen tenido la entereza y el valor de expresar al menos una palabra de arrepentimiento y pena acerca de las personas que fueron expulsadas. 
Tenemos que utilizar la verdad para llegar a la reconciliación, y ahora todos debemos dirigir conjuntamente nuestra mirada hacia el futuro. 
A quienes estiman que nuestro hogar europeo aún no esta terminado y que, por lo tanto, no deberían dar su aprobación a la ampliación, les digo lo siguiente: hemos logrado poner en pie la Convención y trabajaremos muy duro para dotarnos muy pronto de una Constitución europea y para que todos los europeos realicen la travesía común hacia el futuro sobre la base del Derecho. 
Una mayoría aplastante de nuestro Grupo- casi es unanimidad- dice «sí» a cada uno de estos países, dándoles la bienvenida a la Unión Europea, a nuestra comunidad de valores. 
Llevemos todos juntos hacia el futuro a esta vieja Europa que sigue renovándose a sí misma. 
Eso es lo que deseamos para nuestro continente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, gracias por su trabajo y mis felicitaciones a su equipo. 
Señorías, hoy tenemos una cita con la historia, con nuestro futuro como europeos. 
Estamos en puertas de la mayor ampliación que hemos vivido. 
Mi Grupo, el Grupo socialista, votará para que se abran estas puertas de par en par y para que demos un grandioso salto cualitativo que permita reunirse a la mayor parte de la población y de la superficie de nuestro continente, aumentando su riqueza y su diversidad. 
Atrás quedaron las guerras preventivas, como pretexto, y de conquista, que asolaron durante siglos nuestro continente. 
Hemos impuesto la paz como regla y el destino compartido como solución y ello en una Unión basada en valores comunes, respeto de los derechos humanos, buena gobernanza, Estado de Derecho, y una unión laica en la que hay una separación entre lo espiritual y lo temporal y un respeto de las creencias religiosas. 
El Sr. Presidente del Consejo ha dicho que vamos a celebrar la semana próxima este acontecimiento en el Ágora de Atenas, que refleja la democracia y el mercado- por ahí empezamos nosotros-. 
También le quiero recordar la deuda que tenemos con Oriente Próximo- no solo en lo religioso -, el texto de Derecho más antiguo que conocemos es el Código de Hammurabi, que viene de Mesopotamia. 
Evidentemente esta fecha quedará marcada como un hito político en la historia de nuestra Unión superando Munich y Yalta. 
Europa está renaciendo como unidad geográfica y política, cumpliendo las palabras de Willy Brandt sobre la reunificación alemana "Jetzt wächst zusammen was zusammengehört". 
Quiero señalar también, como un recuerdo personal que hace 12 años, como Presidente del Parlamento Europeo, anuncié la concesión del Premio Sajarov a Alexander Dubcek, que era un preso político, un año después recibía en este Parlamento el Premio Sajarov. 
Y Walesa que era un disidente, también visitó un año después el Parlamento como presidente de Polonia. 
Ese es el salto que hemos dado y ahora tenemos que completarlo haciendo que el compartir solidariamente nuestro destino sea una realidad. 
Ahora bien, este no es un punto de llegada, es un punto de partida y estamos con un superproyecto que no tiene precedentes, que es un enorme reto para todos nosotros y en el que tenemos que superar dudas, frustraciones y temores, sobre todo en un momento en el que hay una tremenda ironía de la historia y es la profunda preocupación por parte de nuestros conciudadanos frente al unilateralismo de la administración Bush, la que ha provocado una profunda zozobra en la Unión Europea, después de que los Estados Unidos hayan sido uno de los elementos decisivos para crear esta Unión. 
En esta casa hay quien piensa que sería conveniente recuperar la unidad, rehacer lo que se ha roto antes de ampliarnos. 
Otros temen que haya más división. 
Quiero decir en nombre de mi Grupo que pensamos, después de Copenhague, que pacta sunt servanda, que tenemos que respetar nuestros compromisos. 
Y decir también a los nuevos socios que no tienen ellos la culpa de nuestras querellas internas, sino que lo que tenemos que hacer es construir conjuntamente de cara al futuro con espíritu de solidaridad y superando egoísmos nacionales por una solidaridad comunitaria. 
Y, me permitirá el Sr. Presidente del Consejo que le haga una propuesta, el próximo miércoles, el 16 de abril, en el Ágora, habrá una gran ceremonia con todos nuestros Jefes de Estado y de Gobierno, los 15 actuales y los 10 que se unen, ¿por qué no culminan ustedes esa ceremonia con una afirmación conjunta europea a partir de nuestros valores? 
Es decir, proponer una voluntad común de todos para ocuparnos del futuro del pueblo iraquí, primero a través de la ayuda humanitaria y luego asegurando su futuro en el marco de las Naciones Unidas. 
Le sugiero que se lo diga al Presidente Simitis, creo que sería muy importante. 
Y esto nos permitirá avanzar en el proyecto europeo, ir hacia una Europa unida, que funcione realmente. 
Me permitirá, Sr. Presidente, que haga referencia a la superación del conflicto presupuestario. 
Quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Presupuestos, además de al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y a todos los ponentes que hayan sido capaces de reconducir un problema que podía plantear una situación muy dura y muy difícil en nuestro seno, y que podía, además, modificar y reducir dramáticamente las competencias del Parlamento Europeo. 
Creo que si votamos que sí esta semana- y mi Grupo está a favor- conseguiremos una Europa más fuerte y más solidaria, reforzando nuestros cimientos con una Constitución, lo cual hará que el árbol de la vieja Europa reverdezca y seamos capaces de asegurar la paz para nosotros, para nuestros hijos y, también, ayudar a consolidar la paz a nivel mundial. 
Señor Presidente, este es en verdad un día histórico. 
Me siento orgullosa de estar aquí, en esta Cámara, en esta solemne ocasión en la que votaremos a favor de invitar a diez nuevos países a ingresar en nuestra Comunidad Europea. 
Es un día histórico para Europa. 
Por vez primera unimos casi la totalidad del continente por medios pacíficos, es decir, mediante acuerdos, compromisos y tratados, y no a través de la guerra y la conquista. 
Es un día histórico para el Parlamento Europeo, que durante tanto tiempo ha apoyado e impulsado el proceso de ampliación en su conjunto. 
El número de Estados miembros pasará de 15 a 25 y el número de diputados del PE de 626 a 732. 
En tan solo un mes, cuando lleguen nuestros homólogos en calidad de observadores, tendremos un anticipo de cómo funcionarán esos cambios. 
Es un día histórico igualmente para el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Nos hemos consagrado apasionadamente a la ampliación. 
Hace ya tres años empezamos a invitar a los futuros diputados europeos, en calidad de «diputados virtuales» , para que se familiarizasen con nuestros trabajos en el Parlamento. 
Posiblemente seamos el único Grupo del Parlamento que votará unánimemente y con entusiasmo a favor de los diez países candidatos, algo que me hace sentir muy orgullosa. 
Estaremos encantados de dar la bienvenida a nuestros amigos en su calidad de diputados europeos para poder trabajar por un futuro mejor para los pueblos de Europa. 
Una Europa unida nos ofrecerá oportunidades increíbles para trabajar a favor de la paz, la estabilidad y la democracia en todo el continente, para luchar contra la contaminación del medio ambiente y la delincuencia transfronteriza y para aumentar la prosperidad de todos nuestros pueblos. 
Los nuevos países aportarán perspectivas frescas e innovadoras para mejorar la cooperación y darle un nuevo impulso. 
Para ayudarnos en esa tarea, la Convención nos dará, además, una constitución dentro del marco institucional. 
A pesar de que las cosas resulten algo caóticas en un principio, si somos pacientes, de todo ello saldrá algo sumamente positivo. 
Existe un famoso poema sueco que dice que «el caos y Dios son vecinos» , y me parece que hoy hay algo de cierto en ello. 
La UE se verá implicada en un proceso constante de ampliación durante muchos años, por lo que es bueno que nos hagamos a la idea. 
Al igual que otros diputados europeos, siento cierta aprehensión por la desastrosa forma de la que el Consejo abordó el presupuesto y el acuerdo interinstitucional. 
Quiero dar las gracias a los diputados que nos permitieron encontrar una solución. 
Sin embargo, nunca ha sido posible utilizar esas cuestiones como argumento para votar en contra de la adhesión de los países candidatos. 
Incluso si deploramos que en Europa no hayamos acordado una política común en relación con la crisis del Iraq, habría sido profundamente inmoral castigar a los pueblos de los países candidatos por lo que dijeron o hicieron sus gobiernos. 
¿Cómo podemos esperar que los países candidatos apoyen una política de la UE cuando esta no existe? 
A pesar de que todos nosotros votaremos a favor en este día, tenemos nuestras críticas. 
Todavía persisten algunos problemas y deficiencias en los países candidatos, por ejemplo en materia del respeto de las minorías y de lucha contra la corrupción. El Comisario Verheugen ya lo ha destacado. 
Asimismo lamentamos profundamente que haya resultado imposible llegar a un acuerdo sobre Chipre, para que ingresara en la UE la isla unificada. 
Damos por sentado que todos los países candidatos aprovecharán el tiempo que les queda antes de convertirse en miembros de pleno derecho para hacer frente a los problemas medioambientales, para tratar de incrementar la seguridad jurídica y la protección de las minorías, para luchar contra la corrupción de una manera más eficaz y para realizar esfuerzos para luchar contra el gran número de casos de trata de seres humanos. 
Tras la ampliación, esperamos que se establezcan mecanismos para garantizar que todos los Estados miembros, tanto los antiguos como los nuevos, respeten y cumplan los valores que representa la UE. 
Los liberales nunca guardaremos silencio cuando se cometan violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho. 
Señor Presidente, la gran mayoría de mi Grupo votará en favor de la firma del Tratado de Adhesión para los diez nuevos Estados miembros. 
Sin embargo, no podemos aprobar el informe del Sr. Brok sobre las conclusiones de las negociaciones entre la Unión Europea y los países candidatos. 
Si el Parlamento no votase a favor de la ampliación, los países candidatos quedarían automáticamente excluidos de la Unión, independientemente de las opiniones de los ciudadanos de estos países. 
Independientemente de lo que pensemos acerca de las circunstancias que rodean a la ampliación, creemos que el pueblo de cada uno de estos países debería poder elegir libremente en esta cuestión. 
Por otra parte, dejando a un lado la demostración de fuerza del Consejo respecto al presupuesto, la adopción del informe Brok equivaldría a conceder un premio a los 15 Estados miembros por la manera en que llevaron a cabo y concluyeron las negociaciones de ampliación. 
Y es precisamente ahí donde hace daño el zapato. 
En nuestra opinión, tarde o temprano tendremos que modificar los objetivos fundamentales del actual proceso de ampliación y de la totalidad de la integración europea. 
Estamos de acuerdo con el Sr. Brok en que la ampliación puede contribuir, y cito textualmente, «a una Unión cada vez más estrecha entre los Estados y los pueblos de Europa». Permitirá resolver los desacuerdos mediante negociaciones dentro de instituciones comunes, fomentando así la paz y la seguridad en Europa. 
Sin embargo, mucho me temo que se confunden los deseos con la realidad y que no se están abordando las cuestiones fundamentales sobre el futuro de Europa. 
Es por ello que el Sr. Brok se muestra encantado con, y cito, «el resultado consensuado de las negociaciones». 
Nos deberíamos preguntar si el resultado realmente ha sido consensuado. 
Quizá haya sido consensuado en las reuniones oficiales, ¿pero qué sucede con los sentimientos de los habitantes de los países candidatos? 
¿Se ha olvidado esta Cámara del vehemente rechazo por parte de los países candidatos de la posición de los Quince en materia de ayudas a la agricultura, la evidente insuficiencia de los créditos disponibles hasta 2006 y las restricciones a la libre circulación de personas? 
¿No se ha pedido nunca a esta Cámara que el acervo liberal impuesto a los países candidatos tuviese más en cuenta sus problemas sociales, la situación del empleo, la fragilidad de sus economías y cuestiones nacionales específicas? 
Cada país tiene su propia historia. 
Los criterios de Copenhague exigen que los países tengan «la capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión Europea». A causa de esta exigencia, estos países se han visto obligados de hecho a privatizar y poner en peligro numerosos sectores y a liberalizar el comercio, incluso si con ello se generaba un enorme déficit comercial. 
Los bajos salarios se han convertido en una ventaja comparativa en el mercado competitivo. 
El mercado ha aumentado, pero los derechos de las personas no lo han hecho. 
¿Adónde llevará esto a Europa si permitimos que la ampliación a 25 Estados miembros proceda de semejante manera? 
Además, si Europa no tiene la confianza de los pueblos de la Unión, ¿cómo puede esperar tener una influencia en los asuntos mundiales? 
De hecho, esta experiencia nos obliga a abrir un gran debate público, tanto en los Estados miembros como en los países candidatos. En este debate debe participar toda la sociedad, no solo los Gobiernos. 
Debemos reflexionar sobre el tipo de Europa que deseamos que esté presente en la escena internacional, ante el inquebrantable y belicoso unilateralismo de los Estados Unidos. 
Debemos reflexionar acerca de la mejor manera de pasar de una Europa basada en el liberalismo a una Europa basada realmente en los valores sociales y la solidaridad. 
Asimismo, esta Cámara debería considerar la reforma de nuestras instituciones para que los ciudadanos se impliquen en el gran proceso de la transformación de Europa. 
Debemos tener en cuenta estas cuestiones cuando abordemos los principales puntos del orden del día de 2004, a saber, la ampliación, el nuevo tratado y las elecciones europeas. Debemos hacer campaña sobre estos temas en todas partes, de Estrasburgo a Varsovia y de Helsinki a Nicosia. 
Señor Presidente, Señorías, esta mañana nos han dicho muchas veces que estamos haciendo historia, pero a juzgar por el número de diputados presentes en la Cámara, se diría que lo estamos haciendo a escondidas. 
Hay más gente en las galerías que en la propia Cámara. 
Resulta evidente que estos momentos históricos nos deparan dificultades, pero esa es otra historia. 
En segundo lugar, se ha dicho que resulta evidente que la tan esperada unificación de Europa actualmente en marcha es el resultado de la lucha de los pueblos de Europa Oriental contra el totalitarismo, al igual que la Europa de la posguerra fue resultado de la guerra que los pueblos de Europa hicieron contra los regímenes fascistas que habían dominado el continente. 
Por consiguiente, la unificación europea se basa en los conceptos constitucionales y constituyentes que nos son tan caros, a saber, la democracia y el antitotalitarismo. 
Creo que no hay nadie en esta Cámara que no suscriba esta idea. Por ello, nuestro Grupo votará unánimemente a favor de que todos los países de la lista se adhieran a la Unión Europea. 
Las sociedades de los países de Europa Oriental que están a punto de entrar en la Unión resultan tan fascinantes como marcadas por el sufrimiento. 
Estas sociedades son tanto reformistas como conformistas. 
Esperan que la Unión Europea abandere una manera de vivir a la europea. 
Desean un futuro mejor. 
En parte, esperan que sus democracias obtengan la estabilidad que necesitan. 
Por ello creo que esta Cámara debe votar a favor, sin reserva alguna, para demostrar su fuerte apoyo a la ampliación. 
Sin embargo, la cuestión resulta más compleja cuando se trata de debatir sobre nuestra capacidad para la ampliación. No puedo apoyar plenamente las propuestas del Comisario Verheugen sobre este punto. 
Algunos miembros de mi Grupo votarán contra el informe Brok porque consideran que no estamos a la altura de este desafío histórico. 
No hemos sido capaces de crear la sólida Unión que necesitamos para que la ampliación tenga éxito. 
Hay una serie de ejemplos que vienen al caso. 
No solo se trata de los subsidios agrícolas, sino también de nuestra incapacidad para reformar la PAC debido a intereses nacionales egoístas. 
No hemos sabido crear una Europa social debido a los intereses nacionales egoístas. 
No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo no solo en materia de política monetaria, sino también en cuestiones sociales y políticas. 
En este día histórico es importante condensar la situación surrealista en la que nos encontramos en una sola frase. 
Tras lo que podríamos denominar una «violación institucional» , nos hemos visto obligados a llegar a un acuerdo sobre una cuestión histórica dentro del ámbito de una declaración común que dice en esencia que «de hecho no fue tan grave y no hizo daño alguno». 
Es así cómo estamos estableciendo los cimientos de la Europa del mañana. 
Me gustaría destacar que es nuestro futuro lo que está en juego, por encima de los vericuetos de estas deliberaciones a tres bandas que han durado días. 
Nuestro futuro puede condensarse en una sola frase: ¿queremos ser revolucionarios o conservadores? 
No podemos ser ambas cosas a la vez. 
La situación es muy sencilla. 
Si deseamos mantener la Europa de los Quince tal cual existe ahora, la ampliación provocará una crisis. 
Experimentaremos grandes problemas porque simplemente no funcionará. Es una locura creer que un Consejo formado por 25 miembros pueda llegar a un acuerdo por unanimidad. 
Sería una locura creer que se alcanzará la unanimidad en cuestiones complejas y, sobre todo, en política exterior. En su informe, el Sr. Brok explica que es necesario reforzar las relaciones transatlánticas. 
Yo estaría de acuerdo, pero solo si esas relaciones son objeto de una completa remodelación. 
Una Europa ampliada será totalmente distinta de la que surgió en los años cincuenta. 
Una Europa ampliada será un organismo independiente y autónomo, y espero que se sentirá orgullosa de serlo. 
Esa Europa debe hacer que los Estados Unidos cambien su actitud en una cuestión clave. Los estadounidenses deben darse cuenta de que Europa no es un aliado que les seguirá maquinal e inevitablemente. 
Deben darse cuenta de que solo les apoyaremos si creemos que debemos hacerlo. 
Tienen que comprender que cuando en Europa queramos decir que no, diremos que no. 
Este punto no figura en el informe Brok. Cualquier persona que haya estado en los Estados Unidos sabrá que los norteamericanos no comprenden fácilmente este concepto. 
Por eso me gustaría decir lo siguiente: todos los que voten en este día a favor de la ampliación, todos los que apoyen la necesidad de la ampliación, también deben apoyar un acuerdo sobre la reforma fundamental de la Europa actual. 
Señor Presidente, Señorías, hemos evitado lo peor. 
Hemos participado en este drama psicológico durante varios días, de hecho durante varias semanas. 
No cabe duda de que el Parlamento tenía derecho a que se restablecieran aquellas prerrogativas que habían sido limitadas en cierta forma. No obstante, al mismo tiempo, me felicito de que se haya impuesto el sentido común. 
Si no hubiésemos sido capaces de superar las dificultades que rodeaban la decisión que debemos tomar en este día, habría sido un auténtico desaire para toda la Unión Europea. Habría hecho que aquellos países que desean integrarse en la Unión se sintiesen rechazados y aislados una vez más. 
Somos plenamente conscientes de las consecuencias de nuestros votos. Al votar, deseamos, por una parte, cerrar las heridas infligidas en el cuerpo de la vieja Europa que, como se ha dicho, son la terrible consecuencia de la guerra. 
Como ya he dicho anteriormente ante esta Cámara, me encuentro entre aquellos que piensan que cuando cayó el Muro de Berlín deberíamos haber mostrado nuestra alegría abriendo sin demora nuestras puertas a los países de Europa Oriental. Lamento que esto no haya sido así, pues habría correspondido a nuestras tradiciones. 
Yo temía que pudiésemos enfrascarnos en interminables disputas burocráticas. 
Afortunadamente, estas ya han concluido. 
Así hemos llegado a la decisión que tomaremos hoy y que nos permitirá cerrar las viejas heridas. 
Como acabo de decir, los pueblos de los países candidatos perdieron su identidad cultural bajo sus antiguos regímenes. Nos alegramos del restablecimiento de dichas identidades y de que introduzcan un cambio importante en la Unión Europea cuando ingresen en ella. 
No sé si todos comprenden las consecuencias de este hecho. Creo que este paso fomentará la libertad y la cooperación entre los países, pero la idea federalista perderá terreno, por lo que me siento encantado. 
Me gustaría señalar que si, por casualidad, hubiésemos sido incapaces de superar las dificultades derivadas de estas últimas y arduas conversaciones, habríamos hecho el ridículo en público. 
Por ello debemos acoger con agrado la solución positiva a la que finalmente hemos llegado, incluso si no satisface a todo el mundo. 
El Parlamento tendrá otras oportunidades de defender sus prerrogativas. 
En todo caso, se hará lo que tenía que hacerse. 
Europa se reunificará. En nuestra opinión, esto representa una reunión europea y no una ampliación. 
Quienes están a punto de unirse a nosotros son nuestros conciudadanos europeos. 
Nunca debieron haber sido separados de nosotros y estamos encantados de reunirnos con ellos. 
Señor Presidente, me gustaría señalar que el primer objetivo que recoge el Tratado de la Unión Europea es promover el avance económico. 
Espero que nadie lo olvide en relación con la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
Y otra cosa: entre estos nuevos Estados miembros se encuentra Chipre. 
Mientras Chipre sea un Estado independiente, eso será cuestión de la República de Chipre, pero si Chipre ingresa en la Unión Europea, una parte de nuestra Unión estará ocupada por tropas turcas y esto me parece inadmisible. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Verheugen, si como espero el Parlamento Europeo vota hoy por una amplia mayoría a favor de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, los motivos de cada uno de los diputados para adoptar dicha decisión pueden divergir hasta cierto punto, pero coincidirán en un punto: que con nuestro voto deseamos aprovechar una oportunidad, una oportunidad histórica. 
Soy plenamente consciente del cuidado con el que debe utilizarse el término «histórico». 
Pero hay situaciones en las que sería un error ignorar la verdadera dimensión de los hechos y hoy estamos ante una de esas situaciones con secuelas históricas. 
En mi condición de ponente responsable para la República Checa, no tengo motivo alguno para reaccionar con exhuberancia y menos con euforia. 
Las numerosas y rotundas declaraciones realizadas por algunos políticos checos en el pasado, hechas con objetivos electorales, han resultado demasiado frustrantes para permitir dichos sentimientos. 
Debemos tener cuidado, no obstante, de no denegar al pueblo checo, un pueblo situado en el corazón de Europa, la adhesión a la Unión Europea simplemente porque algunos oportunistas, cuyos nombres probablemente habrán sido prácticamente olvidados dentro de diez años, han incurrido en pifias verbales. 
Seguimos creyendo que el problema no es el gran número de oportunistas, tanto grandes como pequeños, sino más bien la cuestión de que los decretos presidenciales llamados Decretos Bene? sigan teniendo efecto. 
Por lo que se refiere a este punto, los checos han contraído el compromiso de cumplir el criterio de Copenhague que establece que no puede haber discriminación contra las minorías. 
No obstante, si cualquier persona de la República Checa viola este principio tras la adhesión a la Unión Europea, esta, en su condición de comunidad de justicia, podrá tomar y tomará las medidas oportunas. 
El hecho de que ni el Gobierno ni el Parlamento de la República Checa hayan respondido hasta ahora a las resoluciones de este Parlamento resulta decepcionante y lamentable, como ya ha dejado claro el Presidente de nuestro Grupo. 
Sin embargo, no debemos subestimar el gesto político del Presidente Vaclav Klaus. 
Es una señal alentadora que hace unas cuantas semanas, en el aniversario de la ocupación alemana de Bohemia y Moravia celebrado en el mes de marzo, el más alto representante de la República Checa se lamentara de la expulsión de los alemanes de los Sudetes. 
Se trata de un paso en la dirección correcta que, esperemos, irá seguido de otros. 
En cualquier caso, seguimos necesitando paciencia en nuestro trato recíproco porque no es fácil poner plazos para llegar a un acuerdo con la historia. 
Nadie debe pensar que los checos son los únicos que tienen problemas con su pasado; este fenómeno se observa en todos los países del antiguo bloque oriental e incluso algunos Estados miembros de la Unión Europea desde hace mucho tiempo tienen en ocasiones problemas con él. 
Hay algo con lo que debemos tener cuidado al enfrentarnos al pasado. 
Tenemos razón al oponernos a las condenas colectivas, ¿pero no están haciendo lo mismo aquellos que no desean a los checos en la UE simplemente porque algunos de ellos se muestran irrazonables? 
Alguien ya ha mencionado en esta sesión que no acogemos a Gobiernos, ni a partidos o Grupos, sino a pueblos y naciones. 
En este caso, es al pueblo checo al que acogemos, y su integración en la Unión Europea debe ser y será la clave para desarrollar una nueva cultura jurídica, la cultura jurídica de la Unión Europea, también en ese país. 
Si los checos se quedan fuera, no habremos ganado nada. 
En primer lugar, si la joven generación checa puede avanzar y desarrollarse en un entorno democrático más amplio, las heridas que sin duda existen en todos los bandos se cerrarán y esperamos que un día cicatricen por completo. 
Las personas que actualmente viven en la República Checa, a las que no puede imputarse personalmente lo que sucedió antes de su nacimiento, deben recibir la oportunidad de participar en la comunidad europea de valores con igualdad de derechos y obligaciones. 
Hoy celebraremos la votación más importante de este período legislativo. 
Seamos conscientes de las implicaciones históricas de esta votación; aprovechemos esta oportunidad para votar a favor de la adhesión de la República Checa por una amplia mayoría. 
Y en mi calidad de diputado por Sajonia, me gustaría decir a mis vecinos: Drazí p? átelé, vítáme Vás srde? n?. 
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de ponente para Estonia me complace poder recomendar a esta Cámara que vote hoy a favor de la adhesión de este país a la Unión Europea. 
Cualquier persona que, como yo, haya tenido el honor de visitar ese país periódicamente por distintas razones a lo largo de diez años puede ver los avances que ha llevado a cabo Estonia desde la recuperación de su independencia. 
Si tenemos en cuenta las desventajas adicionales que Estonia tuvo que superar, en comparación con los antiguos países comunistas de Europa Central, resulta casi un milagro que Estonia se encontrase en el primer grupo que inició las negociaciones de adhesión. 
Comenzó sus reformas con dos años de retraso. 
Al haber sido anexada a la URSS, tuvo que empezar casi de cero en la construcción de estructuras estatales a escala nacional. 
Tuvo que integrar a la población rusa que se había asentado en su país durante décadas y hacer frente a los enormes daños medioambientales heredados de las fuerzas armadas de la Unión Soviética. 
A pesar de los numerosos cambios de Gobierno, el modelo estonio de reforma siempre ha sido y sigue siendo coherente: en la privatización, en la política monetaria, en las cuestiones relativas al sistema fiscal y en otros aspectos. 
Los estonios dicen un «sí» sin reservas a las oportunidades que les brinda el cambio tecnológico. 
La voluntad con que la gente ha utilizado las oportunidades de la tecnología moderna en su vida privada, en la economía y en la administración puede calificarse de ejemplar para otras partes de Europa. 
¿Qué puede hacer un país pequeño que cuenta con pocos recursos naturales sino sacar provecho a la combinación de talento y tecnología? 
La estructura de las exportaciones de Estonia demuestra que han alcanzado este valor añadido que concede la alta tecnología. 
La lucha contra la corrupción está teniendo más éxito que en otros países de la región. 
En su informe periódico de 2002, la Comisión señala que «en general, la corrupción parece mantenerse en niveles relativamente limitados en Estonia». 
El hecho de que no hayan surgido tensiones étnicas en Estonia y en los demás países bálticos, a pesar de la amplia minoría rusoparlante y del trágico papel que la Unión Soviética desempeñó en su historia, debe atribuirse a la equilibrada política seguida por los Gobiernos estonios y a su disposición a seguir las propuestas formuladas por sus interlocutores europeos en el camino hacia la UE. 
Una cosa sobre la que me gustaría hacer unos comentarios directamente a los ciudadanos estonios es el referéndum del 14 de septiembre. 
Si aún abrigan dudas acerca de si deben votar a favor, les ruego que consideren si un país del tamaño de Estonia y en su ubicación geográfica puede sobrevivir por sí solo en el mundo actual. 
Por lo que se refiere a las ventajas materiales, todas las experiencias recogidas hasta ahora demuestran que, en última instancia, todos los participantes en cada una de las ampliaciones han salido beneficiados, lo que significa igualmente que Estonia se desarrollará mejor si forma parte de la UE. 
Asimismo soy ponente alternativo para Lituania y comparto la opinión de mi colega ponente respecto a ese país, para el que recomendará la adhesión. 
El proceso de reforma de Lituania no ha sido tan coherente o dinámico como el de Estonia, sobre todo en la primera mitad de los años noventa, pero me impresionó la velocidad con la que Lituania ha recuperado el terreno perdido, en particular desde 1996, pues, como en todos estos países, había mucho que hacer en todos los ámbitos comprendidos en el acervo. 
Un problema que se planteó en particular, tanto en las negociaciones con la UE como en el debate con su propia opinión pública, fue la tarea de elaborar y financiar un plan para el cierre de la central nuclear de Ignalina y de ofrecer un futuro a la población de Visaginas y sus alrededores. 
Creo que, conjuntamente, hemos encontrado la solución correcta. 
En la cuestión relativa a un acuerdo satisfactorio para el tránsito con origen o destino en Kaliningrado, la antigua Königsberg, no debemos dejar a Lituania sola ante nuestra exigencia de que cumpla el Acuerdo de Schengen. 
No estoy satisfecho con el curso que han tomado las cosas, pues ha sucedido algo sobre lo que advertí en varias ocasiones. 
En la práctica, los viajeros tienen que hacer frente a complicaciones y pueden producirse tensiones en las relaciones con Rusia. 
Esta situación no puede favorecer a ninguna de las partes implicadas y, puesto que Belarús es el vecino oriental de Lituania, hay una incertidumbre adicional sobre el funcionamiento de todo esto. 
A pesar de todos los problemas que aún quedan por resolver, hoy estamos escribiendo un pasaje de la historia europea. 
Comparto el parecer de muchos de mis compañeros diputados en el sentido de que esta votación sobre la adhesión de diez países es la más importante del presente período legislativo. 
Me alegro de poder hacer con mi voto una contribución duradera para que avance considerablemente la rueda de la historia europea. 
Y a quienes creen que deben votar en contra les digo esto: la historia les dejará a un lado y demostrará cuán falsos eran sus motivos, tanto los aparentes como los reales. 
Todavía tienen la oportunidad de decidirse por el futuro común de una Europa más grande sin perder la cara. 
A Estonia, Lituania y los demás países les doy abiertamente una cálida bienvenida a la Unión Europea: kõike head, Eesti ja tere tulemast Euroopa Liidu y viso kogeriausio Lietuva ir sveiki atvike? 
Europos Sajung?! 
Señor Presidente, en mi condición de ponente para la adhesión de Chipre, es para mí un honor y un placer pedir a mis compañeros diputados que den su aprobación como se contempla en el artículo 49 del Tratado. 
Me gustaría aprovechar mi última intervención como ponente para dar las gracias a mis compañeros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y a la comisión parlamentaria mixta, por el gran apoyo que me han prestado a lo largo de estos años. 
También me gustaría dar las gracias a la Comisión, en particular al Comisario Verheugen, al Sr. Maurer y al Sr. Van Der Meer, así como al Gobierno de la República de Chipre y a su embajador, Sr. Theophilou, quienes nos mantuvieron constantemente informados sobre la marcha de las negociaciones. 
Todos lamentamos que el plan de las Naciones Unidas para una solución global de la cuestión chipriota, presentado por el Secretario General, no haya tenido éxito. 
La estructura constitucional propuesta para la isla reunificada correspondía al modelo de un Estado moderno, democrático y federal, y respetaba plenamente la identidad cultural y la autonomía de las dos partes de la isla. 
Asimismo ofrecía una perspectiva europea a las dos comunidades de la isla. 
Quienes rechazaron este plan de solución global porque siguen favoreciendo la existencia de dos Estados separados cargan con una pesada responsabilidad histórica. 
Como señaló el Sr. Kofi Annan en su informe de 1 de abril de 2003 al Consejo de Seguridad, el Sr. Denktash aún espera, a pesar de los profundos cambios que han tenido lugar, que la situación «sobre el terreno» quede consagrada jurídicamente algún día. 
No obstante, jurídicamente Chipre no está formado por dos Estados separados. 
La Resolución nº 541 (1983) del Consejo de Seguridad declara ilegal la proclamación de la República Turca del Norte de Chipre y pide a todos los Estados miembros que no reconozcan a ningún otro Estado chipriota aparte de la República de Chipre. 
Por consiguiente, tras la firma y ratificación del Tratado de Adhesión, la totalidad de la isla de Chipre se convertirá, jurídicamente, en Estado miembro de la Unión Europea. 
Sin embargo, mientras dure la ocupación turca no será posible aplicar de hecho la jurisdicción de la Unión Europea y el acervo comunitario a la parte norte de la isla. 
Es por ello que el Tratado de Adhesión recoge una cláusula de habilitación que permite al Consejo negociar, a propuesta de la Comisión, las adaptaciones necesarias para la aplicación del acervo comunitario a la parte septentrional de la isla una vez levantados los obstáculos que impiden la reunificación. 
El plan de paz del Secretario General de las Naciones Unidas sigue sobre la mesa. 
Se está animando a las partes interesadas- los grecochipriotas, los turcochipriotas y sobre todo Turquía -, mediante numerosos argumentos, a que superen los obstáculos que, hasta ahora, parecían insuperables. 
La Unión Europea está dispuesta a dar la bienvenida a un Chipre reunificado en cualquier momento, siempre que las normas que lo rijan sean compatibles con el Derecho internacional y con nuestros propios principios. 
Entretanto, la Unión Europea debe sentirse orgullosa por haber abierto sus puertas a un país que es indiscutiblemente europeo. 
Su contribución cultural y económica es innegable y aumentará aún más cuando se logre una paz sostenible en Oriente Próximo. 
Asimismo prevemos un fuerte ímpetu y una activa cooperación política por parte de Chipre. 
En conclusión, me gustaría señalar que, en la cuestión iraquí, Chipre se negó a permitir el acceso a su territorio a cualquier operación militar y declaró que deseaba alinearse plenamente con las posiciones comunes adoptadas por las instituciones europeas. 
En mi calidad de ponente, considero este un comportamiento ejemplar que recomendaría a todos los Estados miembros, tanto actuales como futuros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, puedo comunicarles en este día las conclusiones de un proceso que ha terminado con éxito. 
Letonia ha cumplido las condiciones para la adhesión a la Unión Europea. 
No es a mí a quien corresponden los aplausos por este éxito, sino a nuestros homólogos del Parlamento letón, al Gobierno de Letonia, al pueblo, a las administraciones letonas, a quienes debemos felicitar por el magnífico maratón que significó la adaptación de la legislación y los preparativos para la adhesión a la Unión Europea. 
Yo simplemente tuve el honor de poder participar en este éxito y de acompañarlo emocionalmente durante un breve trecho. 
Por eso, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a mis homólogos del Saeima, a los representantes del Gobierno, a las administraciones y al pueblo de Riga, Liepaja y Letgale. 
Solo he nombrado a unos cuantos, pero muchos más dedicaron su tiempo a debatir conmigo la mejor manera de dar forma a este proceso de adhesión. 
Fueron ellos los que tuvieron que hacer frente a un proceso de ajuste realmente doloroso y lo hicieron sin tener en cuenta sus derechos adquiridos. 
Todo se cuestionó, todo se examinó para ver si era adecuado para la integración en la Unión Europea. 
Así pues, lo único que puedo recomendarles es que voten a favor de la adhesión de Letonia a la Unión Europea. 
Lo que es cierto sobre otros países candidatos, lo es también en el caso de Letonia. 
También se han hecho críticas a este país porque aún existen aspectos importantes que requieren perfeccionamiento. 
Me refiero en particular a la necesidad de reforzar la administración regional, para que pueda llevar a cabo sus tareas de aplicación del acervo. 
Me refiero a que es necesario hacer más para que el sistema judicial funcione mejor; me gustaría que el programa para la integración de la población rusoparlante fuese aplicado con más entusiasmo y que se rebajaran los obstáculos para obtener la ciudadanía. 
Sin embargo, no queremos privarnos de la unificación con Letonia, con su cultura, su lengua y su voluntad de reforma, porque todo ello significa una ganancia para nosotros. 
Sin embargo, y en este aspecto coincido con algunos de los oradores que me han precedido, el problema de la adhesión reside en nosotros. 
Observémonos a nosotros dentro de la Unión Europea. 
¿Qué ha sucedido con el entusiasmo que despertaban las reformas institucionales? 
¿Dónde ha quedado el entusiasmo por la reforma de la política agrícola? 
¿Qué ha sido del valor para reformar los Fondos Estructurales? 
¿Dónde está la valentía para decir al público que tenemos que dejar de proteger nuestros intereses adquiridos, si deseamos dar forma a una Unión eficaz? 
¿Qué ha pasado con la honestidad que requiere admitir que las reformas en ocasiones hacen daño? 
Los 25 Estados miembros debemos buscar conjuntamente nuevas formas y estoy convencido de que no es Letonia quien frena este proceso, sino nosotros. 
No debemos culpar a Letonia y a su población simplemente porque la Unión sufre un letargo que le impide dar forma a este proceso histórico, pues Letonia estaba dispuesta a la reforma mientras que nosotros no lo estábamos. 
Por eso mismo debemos procurar que se introduzcan cambios en este punto y estoy convencido de que la experiencia, el entusiasmo y el valor de Letonia podrán ayudarnos en esta tarea. 
Si Letonia se convierte en Estado miembro de la Unión Europea, si su entusiasta y joven población se convierte en parte de la Unión Europea, también será parte del motor que impulsa las reformas dentro de la Unión Europea. 
Me siento muy optimista a este respecto. 
Para concluir, me gustaría dirigirles unas palabras muy personales. 
Para mí, hoy se hace realidad un deseo: que nuestros amigos de la República Checa, de Polonia y de Hungría que nos dieron a los habitantes de la RDA el valor necesario para cambiar, puedan unirse a nosotros y puedan ayudarnos a configurar Europa. 
También a ellos les debemos la reunificación de Alemania. 
No debemos olvidarlo y me gustaría decírselo en particular a aquellos diputados que están pensando en votar en contra de la adhesión de la República Checa. 
Tenemos con nuestros países vecinos una gran deuda de gratitud. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, Señorías, permítanme comenzar dando las gracias a mis compañeros diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por haberme designado ponente para Lituania, lo que me ha dado la oportunidad de participar en este debate tan importante e interesante en el Parlamento Europeo. 
También me gustaría dar las gracias al Sr. Gahler, quien acaba de exponer algunas ideas sobre Lituania, a pesar de que yo me encontrara aquí. 
Señorías, Lituania, uno de los diez países que ingresa en la Unión Europea, trae consigo el mismo bagaje histórico de cultura, conflictos e historia que el resto de Europa. 
Todos hemos decidido alguna vez cambiar este curso, reunir a todas las naciones europeas en torno a valores y principios. 
Lituania tiene sus propios problemas. 
Sin embargo, no es este el momento para debatir los avances logrados para resolver el problema de Kaliningrado o de Ignalina o ninguna otra cuestión. 
Tenemos que centrarnos en los puntos de referencia políticos que todos estamos adoptando. 
Todos hemos sentido que la Europa que estamos construyendo no es tan solo una Europa de valores, cultura, historia y aventura, sino también una Europa del futuro, una Europa de esperanza. 
Si hoy día preguntamos a las naciones europeas qué esperan de nosotros, qué manifestaciones políticas esperan de los líderes de Europa, responderán que paz, democracia, crecimiento, justicia social y libertad. 
Y es precisamente a estos valores a los que debemos responder. 
Lituania, vuelvo a decirlo, ha tenido su parte de aventura, como todos nosotros. 
Pero hoy hollamos un camino con esperanza, un camino con visiones, un camino que esperamos resulte muy interesante a lo largo de todo su recorrido. 
Yo, como griego, tengo muy presente que el nombre histórico de Europa que se aplica a todos nosotros tiene un origen griego y connotaciones de cultura y civilización. 
Europa fue consorte de Zeus y madre de Minos, Sarpedón y Radamanto. 
Sin embargo, si estudiamos la evolución histórica junto con su aspecto mitológico, veremos que esta describe contactos culturales, económicos y de otro tipo entre las naciones y los ciudadanos de la cuenca central y oriental del Mediterráneo en general. 
El elemento cultural siempre ha estado muy presente. 
La cuestión de la calidad ha estado igualmente presente. 
Señorías, permítanme decirles, precisamente debido a mis orígenes, lo conmovido que estoy porque Chipre accederá a la Unión al mismo tiempo que Lituania y los demás países, y dar las gracias al Sr. Poos en particular y a todas las instituciones de la Unión Europea por haber hecho un trabajo tan excelente al abordar una cuestión tan grave y haber encontrado la mejor solución posible. 
Chipre, la isla de Afrodita, o en palabras de un poeta moderno, «la hoja auriverde lanzada al mar». 
Señoras y señoras, hoy tenemos que mostrarnos serios y optimistas a la vez. 
Debemos dejar atrás todo lo que hemos debatido y por lo que hemos refunfuñado en algunas ocasiones y tener en cuenta que estamos definiendo una nueva percepción. 
Todos somos Europa. 
No la nueva Europa y la vieja Europa. 
Somos la Europa que construimos, lo mejor que el hombre ha brindado a la humanidad. 
Y me gustaría dirigir unas palabras a la Presidencia griega, en vista de que todos estamos de acuerdo en que es el elemento civilizador lo que nos une en Europa. 
Existen dos textos importantes, la «Tumba de Pericles» y el «Juramento a Alejandro Magno» , que sería recomendable traducir a todas las lenguas, incluidas las nuevas lenguas oficiales de la Unión Europea, para que sirvan de declaración de principios, valores y civilización. 
Permítanme concluir diciendo: bienvenida Lituania, bienvenido Chipre, bienvenidos todos los países que se adherirán a la Unión Europea este año y todos los que lo harán más tarde, en 2007, y todos los demás que acepten los principios y valores que todos compartimos. 
Señor Presidente, entre los países que se han distinguido por sus esfuerzos para adaptarse a la Unión Europa a fin de convertirse en Estados miembros figura Hungría, cuyo desarrollo y situación actual he intentado describir con objetividad para este Parlamento en mi calidad de ponente. 
Hoy ha llegado el momento de que el Parlamento Europeo, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y su Reglamento interno, formalice su posición sobre la solicitud de estos países. 
En el caso de los países de Europa Central y Oriental estamos hablando de Estados y pueblos que esperan encontrar dentro de nuestra Unión el respeto por su identidad e independencia, la seguridad colectiva y la prosperidad económica que les fueron denegados durante casi 40 años por las dictaduras comunistas. 
Por ello tenemos la enorme responsabilidad de no defraudarlos. 
Quizá sea por esto que, en un pasaje de su informe acerca de las conclusiones sobre la ampliación, Elmar Brok señala que la adhesión no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para realizar nuevos esfuerzos. 
Tenemos que reconocer la verdad que esto encierra, pero también es cierto que el paso que vamos a dar hoy constituye un hito histórico de la mayor importancia política, dadas las repercusiones que conllevará, no solo para la Unión ampliada, sino para todo el continente europeo con el cual, debido a su tamaño, comienza a confundirse la Unión. 
Por ello cabe esperar que se formulen preguntas y aumenten los temores acerca del desafío que supone unir dos mundos que, desgraciadamente, han experimentado niveles tan diferentes de desarrollo en las últimas décadas. 
Cabe destacar, no obstante, en particular en esta época de incertidumbre generada por la crisis del Iraq y en la que desfallece la confianza en nuestras capacidades, que la adhesión de estos diez nuevos países es una prueba sólida de la vitalidad de Europa, que demuestra claramente su voluntad política de responder de forma positiva y democrática a los retos que le plantea la historia. 
Señor Presidente, Hungría presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea el 31 de marzo de 1994. 
Las negociaciones de adhesión comenzaron cuatro años más tarde, en marzo de 1998. 
Desde un principio, Hungría había sido uno de los países candidatos en el que los avances habían sido más espectaculares, sobre todo en la adaptación a las exigencias del mercado interno, y este hecho contribuyó a mantener el dinamismo de las negociaciones. 
A pesar de mantener un elevado déficit en el sector público, la economía húngara se caracteriza por una de las tasas más altas de crecimiento de Europa, por la inflación más baja registrada en los diez últimos años y por un índice de desempleo relativamente reducido. Por consiguiente, es una de las economías más eficientes de la región. 
Además, Hungría ha atraído una de las tasas más altas de inversión extranjera directa entre los países candidatos y su producto nacional bruto representa casi el 13% del PNB total de los 12 países candidatos. 
Estos excepcionales resultados económicos pesaron sin duda a favor de Hungría en las negociaciones de adhesión, sobre todo si tenemos en cuenta la velocidad con la que este país se ha adaptado a los mecanismos de una economía de mercado, tras 40 años de planificación central, y el hecho de que Hungría ha pagado el precio social que este proceso ha implicado para los más desfavorecidos. 
Esto no significa, sin embargo, que haya sido fácil llegar a un acuerdo en todos los capítulos de las negociaciones. 
En ámbitos sensibles, como por ejemplo la política de competencia o la política cultural o audiovisual, o incluso en cuestiones presupuestarias y financieras, entre otras, la Comisión y las autoridades húngaras tuvieron que hacer un esfuerzo constante para intentar superar estas dificultades. 
No obstante, me gustaría recordar, aparte de los aspectos técnicos de las negociaciones, algunos hechos que han caracterizado la situación sociopolítica en Hungría durante el período en que tuvieron lugar estas negociaciones. 
En las resoluciones que ha adoptado durante los últimos años, el Parlamento ha dado prioridad a una serie de recomendaciones, en particular a las destinadas a estimular la introducción de reformas en los ámbitos de la integración de la población romaní, la mejora del diálogo social, los esfuerzos para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, el fortalecimiento de un poder judicial independiente, la creciente preocupación por reducir las desigualdades regionales y, por último, el escrupuloso cumplimiento de las normas que rigen las licitaciones públicas. 
Hemos insistido en la necesidad de establecer un marco institucional y administrativo eficaz para programar y aplicar los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. 
No cabe duda que se han realizado avances en esos ámbitos y la contribución de las autoridades húngaras ha sido considerable y sin duda proseguirá. 
Señor Presidente, hemos escuchado a diversos dirigentes políticos húngaros proclamar que Hungría está decidida a avanzar en el camino hacia la integración y que desea que la Unión sea fuerte y esté unida, sin olvidar la necesidad de mantener las identidades y culturas nacionales. 
Estos dirigentes consideran que tienen mejores oportunidades de lograr sus objetivos dentro de la Unión Europea que teniendo que hacer frente solos a los efectos, tanto favorables como desfavorables, de la mundialización. 
Ésta es la pregunta crucial que se ha formulado al pueblo húngaro, que manifestará su opinión al respecto en un referéndum que se celebrará en los próximos días. 
Señorías, el pueblo, como siempre, será soberano y tomará su propia decisión, que deberemos respetar plenamente. 
Por lo que respecta a nuestro papel, estoy seguro de que Hungría, uno de los Estados más antiguos de Europa, recuperará el 1 de mayo de 2004 su lugar en Europa, un lugar que siempre ha estado reservado para ella, como Estado miembro de la Unión Europea. 
Es por ello que, en mi calidad de ponente para Hungría en este Parlamento, tengo el honor y el placer de pedir a mis compañeros diputados que apoyen esta solicitud, que viene a poner fin a años de esfuerzos y trabajo, y que abre la perspectiva de una nueva Europa. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, y en particular nuestros queridos amigos de los países candidatos que observan con gran atención la decisión que tomaremos hoy, he participado en el proceso de ampliación desde que fui elegida diputada al Parlamento Europeo. 
He contribuido a darle forma en diversas funciones: como Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Polonia, ahora como Presidenta de la Comisión UE-República Checa y como ponente para Malta. 
Al igual que todos nosotros, estoy siendo testigo de un proceso histórico que cambiará de forma permanente la UE. 
Nunca antes se ha producido una ampliación de estas dimensiones, una adhesión de diez nuevos países de Europa Central, Septentrional y Meridional. 
Por esa razón, el Parlamento tenía derecho a mostrarse cauto, incluso antes de que lo fuesen el Consejo y la Comisión, para que Europa no volviese a quedar dividida y cada país candidato fuese considerado individualmente en función de los avances que ha logrado. 
Es para mí un honor votar a favor, junto con toda la Delegación del Partido Popular de Austria, de los resultados de Copenhague que figuran en el informe Brok y de todos los países candidatos. 
Antes que nada permítanme, en mi calidad de ponente, exponer los motivos para votar a favor de la solicitud de adhesión de Malta. 
Este pequeño Estado insular es un país situado en una delicada posición geopolítica, que ha quedado profundamente marcado por la cultura y la historia europeas. 
Al igual que todos los países candidatos, también Malta ha tenido que adoptar decisiones políticas y económicas de gran alcance para cumplir los criterios de Copenhague. 
No obstante, esas decisiones han dado lugar a la modernización de las estructuras económicas y sociales de un país que ha dado un salto considerable, pasando de una sociedad insular protegida a una economía social capaz de hacer frente a la competencia que existe en el mercado interior europeo. 
En este aspecto, la Unión Europea ha mostrado su comprensión y generosidad a Malta, por ejemplo, a través de períodos transitorios en ámbitos tan sensibles como los astilleros, las segundas residencias, incluso en las deseadas exenciones fiscales y, desde luego, con la posibilidad de conceder subvenciones agrícolas. 
Malta ha sabido reconocer esta oportunidad. 
Fue el primer país en celebrar un referéndum, en el que hubo una participación extraordinaria y un 53% de los votos a favor de la adhesión a la UE. 
Sin embargo, ese referéndum no es vinculante. 
El Tratado de Adhesión aún debe ser ratificado por el parlamento. 
En las próximas elecciones del 12 de abril se decidirá si habrá una mayoría parlamentaria favorable a dicha ratificación. 
En mi calidad de ponente siempre he intentado evitar interferir en las decisiones políticas internas del país. 
Esa sigue siendo mi postura y no quiero anticipar de modo alguno la forma en que la población maltesa votará en esas elecciones. 
Tan solo permítanme decir los siguiente: en el Parlamento Europeo siempre hemos apoyado la solicitud de Malta para adherirse a la UE y nos felicitamos de que la solicitud, que estuvo en suspenso durante dos años, fuera renovada en septiembre de 1998 y de que el Consejo Europeo de Helsinki decidiera iniciar las negociaciones de adhesión con Malta. 
Se trata de una oportunidad única para este país. 
No habrá una segunda oportunidad de este género. 
Espero realmente que podamos dar la bienvenida a Malta como Estado miembro de la UE el 1 de mayo de 2004. 
No obstante, la ampliación de la UE a los Estados bálticos, tiene una dimensión tanto noreuropea como centroeuropea. 
Ahora hablo como ciudadana austríaca. 
Hoy día, nuestro país tiene la mayor frontera exterior de la Unión y, aún así, nos encontramos en el centro de Europa. 
La ampliación desplaza a Austria de una posición en los bordes de la UE al centro de esta, el centro de un espacio del que nosotros los austríacos en especial podemos esperar estímulos económicos, crecimiento y empleo. 
El Partido Popular austríaco siempre ha apoyado a la Unión Europea y su ampliación. 
Hoy, a través de la Delegación a la que pertenezco, y en el Consejo Europeo de Atenas, a través del Gobierno federal austríaco, votará a favor de esta ampliación.. 
Sin embargo, de esta ampliación no solo esperamos ventajas económicas. 
Como Presidenta de las Comisiones Mixtas UE-Polonia y UE-República Checa, siempre he destacado este aspecto. 
Esta ampliación es una reunificación de Europa. 
Antes que nada esperamos relaciones de buena vecindad con los países con los cuales hemos estado asociados durante siglos y de los que fuimos separados como resultado de las dos Guerras Mundiales y la cruel división de Europa durante la Guerra Fría. 
No doy por sentado que podremos resolver todos nuestros problemas con nuestros vecinos inmediatamente tras la adhesión, pero sin duda podremos resolverlos mejor y más fácilmente después de ella. 
Es por ello que pido el voto a favor de todos los países candidatos y pido al Parlamento que apruebe sus candidaturas. 
Será un importante acto histórico, un acto que nos ayudará igualmente a aceptar el pasado y que facilitará a nuestros vecinos de la República Checa hacer los gestos que esperamos de ellos. 
Estoy convencido de que podemos contar con esos gestos, sobre todo después de lo que el Viceprimer Ministro checo Mare? dijo ayer a nuestro grupo. 
A este fin pido el voto a favor en nombre de mi Delegación y pido al Parlamento Europeo que apruebe las solicitudes de adhesión de los diez países candidatos. 
Señor Presidente, hoy en esta Cámara somos testigos de un acto de justicia moral. Hoy retornan a Europa países europeos, países que son tan europeos como los que ya forman parte de la Unión, pero que, por una jugada del destino, se encontraron, sin culpa alguna, al otro lado de una línea artificial trazada a través de nuestro continente. 
Saludamos su retorno con alegría y admiración, admiración por su resistencia ante tanto sufrimiento, por el heroísmo que demostraron durante las largas décadas de dictadura comunista. 
De todos los países que retornan a Europa, Polonia desempeñará un papel especial y reviste una importancia particular, no solo por ser el mayor de ellos, sino porque en Polonia- como señaló el Comisario Verheugen, a quien agradecemos la excelente labor que ha desarrollado- comenzó la lucha por la libertad de la tiranía que posteriormente sirvió de ejemplo y aliento a los demás países. 
Sin Polonia y- me gustaría si me lo permiten recordar aquí a un dirigente actualmente olvidado- sin Lech Walesa, el Muro de Berlín podría seguir aún en pie. 
En un momento tan importante para este Parlamento resultaría difícil no remontarnos a cuatro años de negociaciones de adhesión, negociaciones que a menudo fueron problemáticas, complejas, debido a las diferencias y disparidades entre los respectivos niveles de desarrollo. 
Sin embargo, si los polacos lograron superar las dificultades y alcanzar el fin de las negociaciones, ello se debe al enorme esfuerzo de la sociedad, a su entusiasmo y a la dedicación de los sucesivos gobiernos de Varsovia, todos los cuales, independientemente de sus convicciones políticas, han luchado para alcanzar el objetivo estratégico común de la adhesión de su país a la Unión Europea. 
Es evidente que no hemos llegado al final del proceso. Debemos continuar luchando e intentado modernizar el país, de forma que pueda sacar el mayor provecho de la adhesión. 
En este momento tengo que decir que seguimos abrigando algunas inquietudes, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, acerca de la transparencia de la administración pública, de la corrupción y de la independencia de los medios de comunicación, pero estoy seguro de que Polonia será capaz de alcanzar el éxito también en estos ámbitos. 
El Parlamento ha desempeñado igualmente un papel importante, al dar un potente ímpetu al proceso de adhesión. 
Hemos enviado mensajes de apoyo y aliento, y en ocasiones de advertencia, pero siempre hemos sido coherentes y nos hemos mostrado determinados, y es por ello que los ciudadanos de los países candidatos han considerado que el Parlamento Europeo es una asamblea creíble que intenta reintegrar la parte de Europa que quedó fuera de ella, a fin de hacer justicia. 
La decisión que adoptamos de abrir las puertas de Europa a países que ya eran parte del continente fue una decisión política, no económica, no una decisión basada en cifras y cálculos que no habrían justificado el presente proceso, sino una decisión basada en el ideal de la justicia. 
A este respecto me duele ver que algunos de los diputados de esta Cámara no sienten esta necesidad de justicia y están dispuestos a abstenerse en la votación de hoy o incluso a votar en contra de la adhesión, por razones que podemos respetar, pero que, yo al menos, no puedo refrendar. 
La actitud menos aceptable consiste en votar contra la adhesión como represalia, casi como una forma de castigar a aquellos países que declararon su apoyo a la intervención de los Estados Unidos en el Iraq. 
Ello equivaldría a denegar a los países candidatos un derecho que, gracias a Dios- y repito, gracias a Dios- algunos de los países de la Unión han ejercido en plena libertad. 
Si me lo permite, señor Presidente, me gustaría concluir con una nota personal, con un paréntesis. Soy mitad polaco y mitad italiano, y puedo asegurarles que, en esta cuestión- en la guerra del Iraq- me siento mucho más orgulloso de mi mitad polaca, ya que Polonia tuvo el valor de enviar 200 soldados al Iraq a combatir, al igual que en tantas otras ocasiones de su historia, por nuestra libertad, por la libertad de todos nosotros. 
Señor Presidente, las nuevas culturas ofrecerán un valor añadido y una mayor seguridad a cada uno de los Estados miembros y a la familia europea. 
Quizá sea este un momento en que el vaso se encuentra medio lleno, un momento de optimismo y ventajas, pero llegará un momento, por supuesto, en que aparezcan las dificultades y el vaso esté medio vacío. 
Los Socialistas Europeos han luchado de forma coherente y decidida a favor de la ampliación. 
Los países ribereños del Mediterráneo, que son la puerta a Europa Central, han desempeñado un importante papel en este proceso. 
Dejamos claro que deseamos abrir nuestras puertas a aquellos que deseen formar parte de nuestra familia europea, pero nadie tiene un derecho automático para ingresar en nuestro club. Como bien saben los negociadores de los países candidatos, es necesario llevar a cabo una dura labor para obtener la adhesión. 
Soy el ponente para Eslovenia, el más rico de los países candidatos, que cuenta igualmente con una tradición institucional europea. 
El principal problema durante la fase preparatoria fue la aceleración de los procedimientos judiciales y la solución de los problemas heredados del régimen anterior. 
De este modo, la situación de Eslovenia era similar, pero menos compleja, que la de algunos otros países candidatos. 
Incluso cuando Eslovenia se una a Europa, todos seguirán siendo responsables del cumplimiento de los compromisos asumidos. 
Los informes de las organizaciones internacionales sobre Eslovenia hablan de una economía de mercado que funciona y del cumplimiento de los criterios de Copenhague, que establecen las metas que deben cumplirse en el ámbito de los derechos fundamentales. 
En el informe se incluyó erróneamente un apartado sobre la lucha contra el fraude, la corrupción y el tráfico de drogas. 
Estos fenómenos siguen existiendo, pero en un grado mucho menor que en otros países, y es posible que la referencia a ellos desequilibre el texto. 
La mejor solución sería suprimir dicho párrafo. 
Quiero mencionar otro punto de carácter técnico: el término «desnacionalización» que utilicé en el texto original ha sido traducido como «privatización» , que es un concepto distinto. 
Hemos recorrido un largo trecho en el camino que conduce a la nueva Europa y la sesión de hoy es casi la última prueba del traje que vestirá esta Cámara en el futuro. 
El Parlamento va a refrendar la labor realizada por los países candidatos, que será juzgada por el Consejo Europeo. 
El Tratado de Niza fijó la vía rápida para la ampliación y el calendario a seguir. A pesar de todas las dificultades, ambos se han cumplido hasta ahora. 
Dado que en las ocasiones anteriores la adhesión a Europa conllevó ventajas económicas y reforzó la democracia y las instituciones, confiamos que esto volverá a ser así en este caso. 
. (NL) Señor Presidente, cuando el Parlamento me designó en 1997 ponente para la solicitud de adhesión de Eslovaquia a la UE, algunos de mis compañeros tuvieron compasión de mí. 
¿Acaso tenía ese país alguna oportunidad, en vista del estilo sombrío y autoritario del Gobierno Meciar? 
Si alguien me hubiese preguntado en aquel entonces si el país accedería a la UE al mismo tiempo que los otros cuatro países del pacto de Visigrad, probablemente habría respondido que no. 
Afortunadamente, las cosas salieron de otra forma y en esta solemne ocasión puedo recomendar de todo corazón que se admita a Eslovaquia a la Unión Europea. 
No es inferior en modo alguno a los demás candidatos que figuran en la lista de adhesión para el año próximo. 
Debido a que, al no cumplir los criterios democráticos, Eslovaquia fue excluida del primer grupo de negociación, la calidad de su Estado constitucional ha sido verificada y puesta a prueba en mayor medida que la de los demás países candidatos. 
En algunas ocasiones he recibido quejas de ello, pero este país ha adquirido conciencia, quizá más que otros, de la importancia de los valores en que se basa la Unión Europea. 
Tras las elecciones de 1998, que pusieron fin a la época Meciar, se produjo una mejora considerable gracias a la introducción de un presidente elegido por votación directa, la descentralización democrática de la administración, una mayor independencia del poder judicial y las medidas destinadas a mejorar la posición de las minorías. 
Por ello, estos constituyen, en cierto sentido, una amenaza para la sociedad eslovaca. 
No se trata de problemas exclusivos de Eslovaquia. Otros países candidatos también están luchando contra ellos, pero su gravedad se subestima en ocasiones. 
Por ese motivo debemos felicitarnos de que el Gobierno eslovaco haya presentado un enfoque serio al Parlamento Europeo. 
Me refiero a la lucha contra la corrupción y a la mejora de la situación de la población romaní. 
Hemos hecho grandes esfuerzos para solucionar estos dos aspectos durante los últimos años, quizá demasiados esfuerzos para algunos. 
Resolver estos problemas requiere tiempo. 
Y es posible que sea cierto, pero algo empieza a suceder gracias a nuestro incordio- si me permiten utilizar esta palabra. 
Se nos han ofrecido garantías en base a las cuales siempre podemos pedir cuentas a los nuevos Estados miembros después de su adhesión. 
El Consejo Europeo de Copenhague formuló otros dos criterios. 
He tenido la oportunidad de comprobar que Eslovaquia cumple las exigencias en materia de mercado. 
El debate interno sobre esta cuestión es tan radical en ocasiones que a veces me pregunto si la gente se ha tomado la molestia de investigar cuáles son los verdaderos principios de la economía social de mercado. 
Asimismo, Eslovaquia necesita un gobierno activo que intente alcanzar un equilibrio social y haga todo lo posible para fomentar el desarrollo de las regiones más desfavorecidas. 
Por lo que hace a su capacidad para aplicar todas las normas comunitarias, este país no es diferente de los demás países candidatos. 
Ya ha logrado mucho, pero la tarea no ha terminado y ya se ha dicho mucho acerca de ello aquí hoy, también respecto a los demás países. 
Estamos a la espera del siguiente informe periódico de la Comisión. 
Sin embargo, espero, en particular cuando se trate de prepararse para utilizar los fondos comunitarios, que los eslovacos estén listos a tiempo a fin de que realmente puedan absorber estos recursos. 
Así pues, ni mi último informe, ni la nota explicativa que redacté junto con mi recomendación carecen de críticas. 
En Eslovaquia se han acostumbrado a ello. 
En todos los años que he realizado esta tarea, he intentado presentarme como un ponente del Parlamento Europeo y no como embajador de Eslovaquia. 
Esa tarea corresponde a otros y han realizado un trabajo excelente. 
Por supuesto, no soy imparcial debido a mi intenso contacto con Eslovaquia y su gente, que no merecen en absoluto la reputación que les dio Meciar. 
Admiro la manera en que uno de los Estados más jóvenes de Europa ha sido capaz de dejar atrás un pasado complejo y la velocidad con la que se ha puesto al mismo nivel que los demás. 
Ha llegado el momento de que avancemos juntos. 
. (DE) Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo se congratula del resultado de las negociaciones con los diez países candidatos. 
Si bien resulta gratificante que esta ampliación nos permita superar el lúgubre legado de conflicto y división en Europa, debemos hacer hincapié igualmente en que este proceso todavía no ha terminado. 
Ante todo, no debemos dar por sentado que el público aceptará la ampliación, ni en los países candidatos ni en los Estados miembros. 
Creemos que en este contexto se requiere mucha información y que debemos cuidarnos de no caer en la propaganda. 
La persuasión es necesaria, y es de suma importancia, sobre todo en las zonas fronterizas, que los esfuerzos para persuadir a la población se organicen de tal manera que sean bien acogidos por el público en general. 
Hay unos pocos detalles concretos que añadir a estas observaciones de carácter general, en particular por lo que se refiere a la elección del 1 de mayo de 2004 para la fecha de adhesión. 
En relación con dicha decisión, la Comisión de Asuntos Constitucionales se felicita de que, para entonces, los observadores de los nuevos Estados miembros ya asistirán a las sesiones parlamentarias. 
Nos felicitamos asimismo de que tendremos nuevos Comisarios y nuevos miembros de la Comisión en general el 1 de mayo. 
Consideramos adecuado y correcto que la nueva Comisión entre en funciones poco después, en noviembre de 2004. 
Lamentamos profundamente, sin embargo, que todas esas decisiones se hayan adoptado sin consultar en absoluto al Parlamento Europeo. 
Pedimos al Consejo, con carácter urgente, que facilite al Parlamento información oportuna sobre la evolución del proceso de adhesión y que nos implique a su debido tiempo. 
En términos generales, esperamos que muchas de las soluciones a las que no se ha llegado hasta ahora sobre la base del Tratado de Niza resulten posibles gracias a los trabajos de la Convención Europea. 
Tomamos nota con beneplácito de que los representantes de los nuevos Estados miembros también participan plenamente en dichos trabajos. 
Contribuirán al consenso, a un consenso que hará que Europa avance. 
. 
(ES) Señor Presidente, desde la perspectiva de las competencias propias de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que tengo el honor de presidir, quiero resaltar tres o cuatro aspectos clave de este acontecimiento sin precedentes que hoy estamos debatiendo. 
En primer lugar, es importante profundizar en el debate sobre las fronteras de la Unión Europea, recientemente lanzado. 
No cabe la menor duda de que las sucesivas ampliaciones nos llevan a una pregunta: ¿hasta dónde? , ¿cuáles son los límites de la Unión? 
Conocer dónde están las fronteras de la Unión es la clave para hablar de identidad europea. 
Además, determinará la actuación futura de la Unión, en función de las posibilidades que ofrezca su nueva configuración para profundizar en el proceso de integración. 
Por otra parte, y esta es mi segunda reflexión, la ampliación constituye un desafío en términos de vigilancia y control de las fronteras exteriores. 
En el nuevo espacio de libertad que estamos construyendo, es evidente que todo lo que acceda por un Estado miembro tiene repercusiones en el resto, debido a la desaparición de los controles internos. 
Por eso, es importante ayudar a los nuevos Estados miembros a responsabilizarse de dicha tarea, ardua y costosa, de la que es un claro ejemplo la ordenación de los flujos migratorios. 
Asimismo, también han de replantearse las relaciones de cooperación con los nuevos Estados que pasarán a convertirse en fronterizos con la Unión. 
En tercer lugar, la ampliación es un reto en términos de lucha contra distintas formas de crimen organizado, como el terrorismo, la trata de seres humanos o el tráfico de drogas. 
En este sentido, son importantes el fomento de una intensa cooperación policial y judicial, el intercambio de mejores prácticas y la compatibilidad de los sistemas jurídicos. 
Así se permitirá a los nuevos Estados miembros que asuman con rapidez los niveles de garantías que existen hoy en todos los Estados miembros. 
Por último, quiero hacer un llamamiento especial a la participación activa de los diez países candidatos en los trabajos de la Convención sobre el Futuro de Europa. 
Está claro que en su seno se está proyectando lo que será la Europa del siglo XXI y, por ello, es de vital importancia que, no solo los actuales, sino también los futuros Estados miembros, que representarán a casi la mitad de la nueva dimensión de la Unión, se sientan coautores de la misma. 
En resumen, para lograr el objetivo general y que la ampliación sea un éxito, es necesario cumplir otros objetivos no menos importantes, como son fomentar la estabilidad y la seguridad, implicar a todos los Estados miembros en su configuración y en el respeto de los Derechos Fundamentales proclamados en la Carta, y explicar la construcción europea a los ciudadanos. 
En definitiva, asentar las bases de una identidad europea en continua evolución, cuyo mínimo común denominador es vital para la consistencia y perduración de aquello por lo que llevamos apostando desde hace más de cincuenta años. 
Señor Presidente, su realidad está formada en realidad por muchos años de sueños. 
El proceso de ampliación, sobre el que todos fantaseaban en el pasado, ahora está tomando cuerpo. 
En un debate como este conviene felicitar a la Comisión y a sus servicios por esta formidable tarea. 
Tenemos un Comisario que ha desempeñado y sigue desempeñando un importante papel en esta ampliación, que nos ha mantenido constantemente informados sobre sus actuaciones y con el que siempre hemos estado en la misma longitud de onda desde un punto de vista político. 
Además, la Comisión ha empleado a sus mejores funcionarios para los debates relativos a la ampliación, por lo que se ha convertido en una tarea que nunca olvidaremos. 
Personalmente solía compartir estos sueños con mis amigos checos y por ello estoy extremadamente satisfecho de que la República Checa sea uno de los primeros diez países en acceder a la Unión Europea. 
La iniciativa Balladur ha figurado en el orden del día en varias ocasiones, sobre todo en relación con las fronteras y los derechos de las minorías. 
Resulta extraño que la iniciativa Balladur siga siendo una de las piedras angulares de los criterios políticos de Copenhague. 
Y me gustaría decir algo sobre las fronteras. 
En ese momento pensamos que todos viajaban a través de Lituania y que debíamos llegar a un acuerdo con Lituania antes de que se materialice la adhesión de este país, ya que se trata asimismo de un problema de fronteras. 
En este punto, Lituania se ha adaptado muy bien a la pauta general de las negociaciones de la Unión Europea. 
Sin embargo, me gustaría señalar que el informe sobre esta cuestión se encuentra redactado en términos tan generales que en él se incluye igualmente a Letonia y Estonia, y ahora la Comisión y el Consejo tienen la oportunidad de examinar la ratificación de los acuerdos fronterizos entre Rusia y las repúblicas bálticas, las cuales han ratificado todo lo que había que ratificar, mientras que la Duma aún tiene pendiente dicha ratificación. 
¿No sería esta una buena oportunidad para asegurarse, en los acuerdos sobre el tránsito para Kaliningrado, de que también la Duma ratifica todos los acuerdos? 
Me complace ver que el Comisario asiente, al igual que el Presidente del Consejo. 
Existe otro problema fronterizo que, lamentablemente, aún no ha sido resuelto. 
En esta ocasión, sin embargo, no es Chipre, el país candidato, el que tiene la culpa, en vista de que el Presidente de Chipre aceptó hace muy poco la mediación de Naciones Unidas. 
Para nuestro mayor pesar y, sin duda, para nuestra mayor sorpresa, fue la parte turca la que no lo hizo. 
Por consiguiente, no se puede culpar a Chipre de este hecho y este país puede ser acogido de todo corazón entre los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que esté dispuesto a seguir aceptando la mediación de Naciones Unidas como ha hecho anteriormente. 
La posición de Turquía hace que nos sintamos mucho más pesimistas, ya que ese país ha infringido un criterio político importante en este ámbito. 
Me gustaría hacer un llamamiento a Turquía para que continúe cumpliendo los criterios políticos de Copenhague, entre ellos el relacionado con esta cuestión, ya que solo así podremos considerarla un auténtico país candidato que será bienvenido entre nuestras filas. 
Señor Presidente, cuando era más joven me contaba entre los que creían en una Comunidad Europea que no era un club exclusivo de Estados de Europa Occidental, sino que abarcaba toda Europa. 
Por ello estoy sumamente orgulloso de encontrarme aquí, en calidad de vicepresidente de mi Grupo responsable de la ampliación en un momento en que esa visión se hace realidad. 
Estamos presenciando una gran transformación de Europa. 
Hace 12 años, seis de los diez países candidatos ni siguiera eran Estados nacionales soberanos. 
Ahora colaborarán con nosotros a favor de la paz, la prosperidad, la estabilidad y la paz. 
El Grupo Socialista dirá «sí» a la adhesión de los diez países. 
Y no se trata de un «sí» romántico, sino de un «sí» que es resultado de 15 años de profundos cambios económicos sociales, de diez años de cooperación y preparación y de otros cinco años de duras y difíciles negociaciones. 
Es un «sí» que constituye una recompensa por las inmensas penurias que sufrieron los pueblos de los países candidatos durante su dolorosa transición económica y social. 
Se trata de un «sí» que confirma que los diez países han logrado cumplir los criterios políticos, económicos y legislativos para la adhesión a la Unión gracias a su perseverancia y su afanosa labor. 
Se trata de un «sí» que enriquecerá a la UE con las enormes tradiciones culturales e intelectuales de estos nuevos países y con su inigualable patrimonio político e histórico: los luchadores países bálticos- los Davides del Goliat que era la Unión Soviética -, la primavera de Praga, el levantamiento húngaro, la valiente Malta- la isla de la Cruz de San Jorge, el bastión de la libertad en los días más sombríos de la Segunda Guerra Mundial- y personas como mi gran amigo Vytenis Andriukaitis, de Lituania, cuya familia dirigió la resistencia contra los soviéticos y hubo de exiliarse, y para quien esto representa el final de una pesadilla. 
Ante todo esto solo puedo repetir las palabras de Shakespeare en La tempestad: «¡Oh maravilla !... 
Oh feliz mundo nuevo, que cuenta con pueblo semejante.» 
Ahora, nuestra labor consiste en construir ese feliz mundo nuevo. 
Pero este no se vendrá por casualidad. 
Los países candidatos deben seguir esforzándose para estar preparados para cumplir las obligaciones de la adhesión, en particular en lo referente a la lucha contra la corrupción. 
Debemos hacer gala de la imaginación y el valor suficientes para llevar a cabo las reformas institucionales políticas y económicas. 
Si no lo hacemos nuestro nuevo mundo feliz caerá en el estancamiento y las recriminaciones mutuas. 
Hoy es un nuevo comienzo. 
No debemos dejar pasar las oportunidades que conlleva este nuevo inicio. 
Para concluir creo que no hay mejor comentario que el de Shakespeare en Julio César: «Existe una marea en los asuntos de los hombres que, si se toma en pleamar, conduce a la fortuna; pero que si se evita, todo el viaje de la vida resulta superficial y miserable; nosotros navegamos ahora en esa pleamar y debemos tomar la corriente... para bien o perder nuestra empresa». 
Señor Presidente, hoy es un día histórico, como ya se ha dicho muchas veces. 
La Unión Europea se encuentra en el umbral de la mayor ampliación de su historia, la quinta desde que comenzó la cooperación europea en los años cincuenta. 
Por consiguiente, el modelo europeo de cooperación debe tener éxito. 
Eso fue sin duda lo que sucedió cuando el Muro cayó en 1989, cuando el entusiasmo por la adhesión en los países de Europa Oriental era enorme. 
Desde entonces, este entusiasmo por la causa europea ha disminuido un poco en los países de Europa Oriental, aunque a este respecto, esos países cada vez se parecen más a los propios Estados miembros de la Unión Europea. 
En lo que a mí respecta les doy la bienvenida de todo corazón. 
Considero que la ampliación constituye una consolidación del espacio de libertad y democracia, del espacio judicial común y un aumento de la prosperidad que esto conlleva. 
Me gustaría decir unas cuantas palabras sobre la financiación. 
En mi opinión, los acuerdos de Copenhague son aceptables. 
O al menos eran aceptables. 
Resulta particularmente decepcionante que el Consejo haya intentado socavar en el último momento los derechos democráticos de este Parlamento. 
No es un buen ejemplo que hayamos puesto muy alto el listón de las exigencias democráticas para los nuevos Estados miembros y que el Consejo haya decidido precisamente ahora intentar socavar los derechos del Parlamento. 
Afortunadamente hemos podido dar marcha atrás a todo ello. 
Y eso le ha costado dinero al Consejo. 
Tan solo espero que el Consejo adopte una posición más positiva en el futuro. 
La verdadera labor, sin embargo, está a punto de comenzar. 
Es poco probable que el sistema administrativo de los nuevos Estados miembros esté en condiciones de gestionar eficientemente los enormes flujos de recursos que recibirán. 
Se habla mucho de corrupción, aunque hay que decir que no solo en los nuevos Estados miembros. 
Todas estas deficiencias existen igualmente en los actuales Estados miembros. 
Creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para mejorar considerablemente la administración en toda la Unión Europea. 
Eso significa, por ejemplo- el mes pasado celebramos una votación sobre este tema -, crear la figura de un Fiscal europeo y reforzar Eurojust y Europol. 
Tenemos que hacer todo lo posible para luchar contra la delincuencia organizada y, junto a ello, para controlar mejor las fronteras exteriores de Europa. 
Si establecemos las normas, también debemos contar con sanciones para hacer cumplir esas normas. 
En lo que a mí respecta, estas sanciones resultan actualmente insuficientes. 
La Comisión debería tener más competencias, en particular por lo que se refiere al flujo de fondos comunitarios, para decir a un país en el que las cosas van mal- independientemente de que se trate de un Estado miembro actual o de nuevo ingreso- que vamos a dejar de realizar pagos hasta que estemos satisfechos de que se ha corregido su sistema administrativo. 
Espero que estemos en el umbral de la creación de una Europa grande y próspera, y por lo que se refiere al Parlamento, creo que cooperará plenamente para ello. 
Señor Presidente, los informes sobre la ampliación ya han sido presentados. 
Hay mucho que decir sobre ellos, pero desgraciadamente tan solo puedo abordar unos cuantos puntos. 
En relación con la República Checa, debemos entender y respetar que la historia puede verse desde dos perspectivas y que el Acuerdo de Potsdam también forma parte del Derecho internacional. 
El 4 de diciembre de 1989 pedí disculpas en nombre del Gobierno de la República Democrática Alemana a los pueblos de Checoslovaquia por los hechos acaecidos en agosto de 1968, pero al mismo tiempo no olvidé el 9 de mayo de 1945. 
Necesitamos visión y valentía para que prevalezca la sabiduría y para resistir a cualquier tentación de hacer lo que sabemos incorrecto, nadando contra la corriente de la historia y creando nuevas divisiones. 
Por lo que hace al contexto histórico, hay que tener en cuenta la historia de posguerra de toda Europa, no solo en sus dimensiones políticas, y todos nosotros debemos actuar con plena conciencia de nuestro legado histórico. 
Hay quien pide que la Unión ampliada hable con una sola voz. 
Estos llamamientos tienen sin duda razón, pero esa voz debe abogar por la paz, debe defender los derechos de las Naciones Unidas, hablar contra la nueva carrera armamentística y reunir apoyos para la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. 
Las dimensiones históricas del momento actual están fuera de toda duda. 
Sin embargo, lo que podemos cuestionar es la manera en que procede la Unión Europea, si se muestra a la altura de la misión histórica que ahora se le ha confiado en cumplimiento del destino histórico de Europa y si ha adoptado un planteamiento suficientemente equilibrado para cumplir esa misión. 
Si no lo logra, la futura evolución de la Unión será más incierta de lo que muchas personas están dispuestas a reconocer en la actualidad. 
Señor Presidente, el hecho de que haya tanto jaleo allí fuera significa, por supuesto, que aquí dentro no se presta la atención debida, y creo que lo que está sucediendo en el exterior es un escándalo. 
Aunque siento una gran simpatía por quienes sufren abusos sociales, ya es el colmo que los funcionarios mejor pagados de Europa se manifiesten de esta forma en un día en que damos la bienvenida a los pueblos peor pagados y menos prósperos de Europa. 
Hoy, sin embargo, vamos a votar a favor del futuro de 500 millones de personas, a favor de un futuro de paz y coexistencia pacífica en tolerancia y diversidad. 
El futuro no reside en un mundo en el que una única superpotencia y un par de grandes Estados miembros de Europa toman todas las decisiones. 
El futuro reside en la cooperación y coexistencia libres de muchos países pequeños. 
En este día nos gustaría dar una cálida bienvenida a todos esos pequeños y grandes países con minorías en sus territorios. 
Si bien apoyo lo que acaba de decir el Presidente de nuestro Grupo, el Sr. Cohn-Bendit, me gustaría hacer hincapié en las minorías y su suerte. 
La legislación vigente que constituye una condena resultante de la denominada culpa colectiva debe pasar a ser cosa del pasado. 
Los decretos Bene? constituyen un obstáculo para la reconciliación entre el Estado y sus propios ciudadanos, no solo en la República Checa, sino también en Eslovaquia. 
En segundo lugar, permítanme hablar de la minoría romaní, que en muchos países es objeto de una grave discriminación y sufre desventajas sociales. 
Se trata de una nación sin país, y su identidad y cultura deben respetarse y considerarse como la fuerza motora del desarrollo social y económico. 
En tercer lugar, las políticas de la Unión Soviética han dado pie a la creación de minorías rusas en algunos Estados miembros. 
Nos pronunciamos a favor del reconocimiento de todas las lenguas y de todas las minorías, pero también debemos reconocer los derechos de quienes hablan lenguas históricas para utilizarlas en sus propias regiones y que sean reconocidas, incluso como fundamento educativo. 
Esto no se aplica únicamente a los países candidatos, sino también a los actuales Estados miembros. 
El reconocimiento de los pequeños es nuestra garantía de democracia en Europa. 
Señor Presidente, en 1989 fui testigo personalmente del levantamiento que tuvo lugar en Europa Central y Oriental. 
Entre todos los gritos proferidos en ese maravilloso año, uno ha perdurado en mí: «¡Dios nos ha ayudado! ». 
Esta ayuda sobrenatural sigue siendo indispensable, sobre todo ahora que nos encontramos a punto de lograr un avance histórico en Occidente. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea se enfrenta a graves problemas diplomáticos y económicos. 
En esta fase crucial será muy importante que asumamos juntos la responsabilidad de la futura cooperación entre los Estados miembros. 
La paz y la seguridad son los objetivos primordiales de dicha cooperación, sobre todo para los países candidatos, en vista de su pasado reciente. 
En el apartado 6 del informe Brok se reconoce con toda razón este hecho elemental. 
Según dicho apartado, la Unión Europea tiene una responsabilidad especial en lo relativo al fortalecimiento de los lazos transatlánticos. 
Esto se refiere en particular a la relación entre la UE y la OTAN. 
¡Muy bien señalado! 
Sin duda, en este aspecto, las instituciones Europeas no deben defraudar las expectativas legítimas de los ciudadanos de los países candidatos de alcanzar un mundo más seguro y justo. 
Señor Presidente, Señorías, en la actualidad presenciamos al mismo tiempo la ampliación y la guerra. 
Estos dos acontecimientos nos llevan a examinar cuestiones fundamentales, como quiénes somos y qué representa realmente Europa. 
Europa representa la paz, pero con la votación por mayoría cualificada y la ampliación, Europa habría votado a favor de la guerra y hoy soldados alemanes, franceses y belgas estarían recibiendo condecoraciones póstumas. 
Asimismo, Europa representa el Derecho, el Derecho del pueblo, junto con Grotius, Vattel, Pufendorf, Molina y Suarèz. 
Sin embargo, Polonia participa en una guerra que viola el Derecho internacional y la Carta. 
Europa representa, en particular, el Derecho de las naciones de Emmanuel Kant. 
Sin embargo, los países bálticos, que son vecinos de Königsberg, hogar de la filosofía del imperativo categórico, no respetan ese Derecho. 
Por último, Europa representa la memoria, la memoria de los tanques del Imperio en Budapest (1956) y Praga (1968). Sin embargo, Václav Havel y Hungría apoyan la presencia de los tanques de otro imperio en Bagdad, que se ha convertido en un gueto. 
Varsovia ha olvidado la memoria de Europa. 
Así pues, ¿debemos ampliar la Unión para incluir a esos gobiernos que han aceptado la guerra, rechazado el Derecho que la prohíbe, ignorado el argumento moral que la condena y olvidado la historia de las invasiones que han sufrido? 
¿Debemos ampliarla para incluir a Turquía, a la frontera de Kirkuk, que está siendo bombardeada en estos momentos? 
Eso significaría una Europa de aventura con gobiernos de aventureros, lo que sin duda está muy bien, pero estos no son los valores que nos impone el artículo 2 de la Constitución. 
La ampliación significará una Europa de mentiras. 
¡Y eso es ir demasiado lejos! 
Señor Presidente, usted es ciudadano griego y en el templo de Apolo en Delfos figuraba la siguiente inscripción: nada en exceso. 
Diez países más son demasiados. 
Señor Presidente, este momento en el que a la Unión Europea ingresarán diez nuevos Estados miembros no es solo un momento histórico para la UE, sino que también plantea la cuestión de saber cuáles son nuestros valores fundamentales comunes. 
Me permito declarar ante este Parlamento que nuestros valores fundamentales comunes se manifestaron de hecho en la forma en que se suprimió el comunismo y la dictadura en los antiguos países de Europa Oriental. 
Al final, estos se desbandaron sin violencia, demostrando así que los europeos no necesitamos soluciones militares para unirnos. 
Tenemos una cultura común y una comunidad de valores que se basan en la herencia espiritual judía y cristiana, así como en una cultura de humanismo. 
Estos valores fundamentales son indispensables para que construyamos juntos una UE que va a ampliarse a 25 Estados miembros. 
Me gustaría decir algo acerca de Chipre, que es el país por el cual mostré una especial dedicación cuando se decidió la ampliación hacia el este. 
Deseo protestar contra el hecho de que la ocupación turca del norte de Chipre, que representa un 37% de la isla, amenaza de hecho el proyecto de paz de la UE. 
Nunca debemos perder de vista lo irrazonable que sería permitir que Turquía ingresase en la Unión Europea mientras siga ocupando territorio de un nuevo Estado miembro, en este caso Chipre. 
No debemos olvidarnos de Chipre y tenemos que darnos cuenta de que es absolutamente necesario que las tropas turcas se retiren del norte de Chipre, si deseamos que la decisión adoptada en Helsinki de aceptar la candidatura turca se haga realidad. 
Es muy importante que contribuyamos a hacer realidad el deseo de la mayoría de los turcochipriotas de reunificar Chipre, como pusieron de relieve las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Nicosia. 
Alemania y Berlín estuvieron divididos durante 28 años. 
Chipre y Nicosia han estado divididos durante 29 años. 
Señor Presidente, no abordaremos uno u otro punto del informe Brok. 
Lo rechazamos en su totalidad por la simple razón de que nos oponemos al principio mismo de la ampliación. 
Y ello se debe a varios motivos. 
En primer lugar, un motivo lógico, pues para nosotros, soberanistas, la actual integración de Europa es tan contraria a los intereses, principios y civilizaciones de las naciones y pueblos de Europa, tan incapaz de hablar con una sola voz en el mundo, como lo demostró la crisis del Iraq, tan mal organizada, abrumada por la burocracia y, lo que es peor, por el feudalismo- un feudalismo económico y financiero de todo tipo- que hemos llegado a desear que nuestro país, Francia, se libere de la Unión. 
No vemos razón alguna para imponer a otros esta máquina infernal que nosotros mismos rechazamos. 
El pueblo de Europa no está preparado. Es víctima de sus oligarquías, que se limitan a seguir el conformismo internacional que, una vez más conducirá al desastre, ya que nos negamos a admitir los hechos. 
Por último, el Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, dijo, concretamente y con toda razón en mi opinión, que los países de Europa Oriental y, en particular, sus oligarquías, solo desean pasar de un imperio a otro, y que en el fondo desean formar parte del imperio estadounidense, que es exactamente lo contrario de lo que consideramos la razón de ser de la Unión Europea. 
Por ello, por todas estas razones que he expuesto, no votaremos mañana a favor del informe Brok. 
Señor Presidente, mi voto a favor de la adhesión de todos los países candidatos no modifica mi rechazo permanente de la violación de los derechos humanos que implican los Decretos Bene? , que, lamento decirlo, siguen siendo políticamente relevantes en la sociedad moderna checa. 
Esperemos que la adhesión de la República Checa tenga por resultado la aplicación del Estado de derecho a una política injusta, permitiendo así a las partes interesadas- y no me refiero tan solo a los representantes de los alemanes de los Sudetes, sino también a numerosas víctimas judías que han sido escandalosamente estafadas- hacer valer sus derechos sobre la base del Derecho europeo con mayores oportunidades de éxito que hasta ahora. 
Pero a pesar de toda la racionalidad de este argumento, permítanme destacar que, al igual que muchos otros en mi país, hablo como un austriaco típico, cuya madre nació en Praga y cuyo padre nació en Viena, de forma que espero que los checos reconozcan que esta crítica procede de un amigo, en lugar de considerar que cada crítico es su enemigo. 
Señor Presidente, Señorías, los días como el de hoy son una ocasión para echar un vistazo tanto al pasado como al futuro. 
Echamos la mirada atrás y vemos los años de cambio radical de 1989 a 1991, en los que los países del antiguo Pacto de Varsovia intentaron con éxito obtener su libertad e independencia. 
Vemos un período de difíciles transformaciones, que ahora va dejando paso a un período de estabilidad en nuestro continente, una estabilidad política que anteriormente casi resultaba inconcebible. 
En este contexto es poco frecuente oír que se aplauda a los países candidatos por haber satisfecho en gran parte los criterios políticos de Copenhague desde el inicio mismo de las negociaciones. 
No se trata de un logro secundario en vista de las grandes dificultades económicas, de los efectos residuales de la economía centralizada y de un sentido de inseguridad entre la población. 
Cuando pienso en Letonia, por ejemplo- un país por el que siento una afinidad y un compromiso especiales- me pregunto cuánta fuerza de voluntad necesitaron los letones para aceptar a sus antiguos ocupantes como interlocutores y conciudadanos. 
Me refiero al referéndum del 3 de octubre de 1989, en el que un 53% del electorado letón votó en favor de modificar las leyes en materia de nacionalidad del país a fin de adaptarlas a las normas europeas, que resultan más favorables para las minorías, como la gran comunidad de rusoparlantes nativos. 
Un acontecimiento importante acaecido en los últimos años que deberíamos conservar en la nueva Unión Europea es la experiencia de intensa cooperación a través de las fronteras exteriores de la Unión. 
¡Con qué rapidez se materializaron las eurorregiones! 
Las propuestas de cooperación que han dado tantos frutos en los últimos años deberían extenderse igualmente a los vecinos que tendremos al otro lado de nuestras nuevas fronteras. 
Propuestas a favor de la gente normal de las futuras fronteras exteriores de la Unión: el pueblo de Rusia, el pueblo de Belarús y el pueblo de Ucrania. 
Las actuales dificultades no deben desanimarnos. 
Ya desde ahora debemos dirigir nuestra mirada más allá de las fronteras exteriores. 
La cooperación transfronteriza debe convertirse en un instrumento privilegiado de nuestra futura política de seguridad. 
Señor Presidente, antes que nada me gustaría decir que apoyo el proceso de ampliación y que deseo que los países candidatos formen parte de la UE; sin embargo, voy a decir algo que aparentemente contradice esta última afirmación. 
La propuesta de Tratado de Ampliación de la Comisión fue modificada por el Consejo al añadir el Anexo XV. Este Anexo, en su calidad de Derecho primario dentro del Tratado, constituye un ataque directo a los derechos del Parlamento. 
En las últimas cuatro semanas, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Presupuestos, presidí la delegación tripartita que pretendía paliar los daños causados por el Anexo XV. Y llegamos a una conclusión que considero que no es la mejor, pero sí la mejor posible. 
El proyecto de declaración acordado por el Parlamento y el Consejo incluye, en su apartado 1, un medio para hacer excepciones del Tratado, que espero salvaguarde los derechos del Parlamento. 
La respuesta más sencilla habría sido retirar el Anexo XV, pero no se hizo y, mientras perdure, considero personalmente que dicho Anexo constituye un auténtico problema. 
Ya resulta bastante negativo que el Consejo intente adoptar medidas unilaterales para adaptar las perspectivas financieras de 2004 a 2006, pero creo que la inclusión de un límite máximo garantizado para los gastos agrícolas de aquí a 2013 resulta completamente inadmisible. 
Considero que el acuerdo entre Chirac y Schröder sobre este punto es un mal asunto, un acuerdo clandestino en esta era de transparencia. 
Resulta difícil de creer que los demás Estados miembros hayan aprobado este acuerdo en Copenhague, pero que ahora quede refrendado en el Tratado es ir demasiado lejos. 
Por ello no puedo votar a favor de la ampliación, ya que hacerlo equivale a aceptar la presencia del Anexo XV en el Tratado y me resulta imposible hacerlo. 
Por esa razón me abstendré, con todo el pesar de mi corazón, en todas las votaciones finales. 
Señor Presidente, todos los países candidatos tienen algo en común: todos ellos son democracias sumamente jóvenes. 
Algunos de ellos son antiguas colonias británicas y otros se encontraban, hace algo más de una década, bajo el régimen soviético. 
Ese imperio era conocido como «Völkerkerker» , la prisión de los pueblos. 
Y ahora es la clase política de estos nuevos países la que desea ingresar en esta nueva prisión de los pueblos, la Unión Europea. 
(Murmullos de disconformidad) 
Para las elites, los políticos y los funcionarios es un bueno trato, pues significa un enorme aumento de sueldo. 
Pero para el pueblo significa regresar precisamente al sistema que acaban de abandonar: el control centralizado y sin democracia. 
Es el pueblo el que pagará el precio de las ambiciones de sus dirigentes. 
Es por ello que votaré «no» a la adhesión de los diez países. 
Estas democracias de reciente creación merecen algo mejor. 
Por lo que observé en el referéndum de Malta, las perspectivas que se prometen son bastante falsas. 
Esto solo puede llevar a la discordia y al conflicto en años venideros. 
(Reacciones diversas) 
El domingo hace dos semanas tuve el privilegio de estar en Liubliana para ser testigo del resultado de un referendo en el que el 90% de la población- no la elite- votó a favor de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, la propagación de la democracia y el establecimiento del pluralismo y el Estado de derecho en la parte oriental de Europa Central son objetivos comunes no solo de la propia región, sino del continente entero. 
Esto fue lo que dijo en mayo de 1990 el Ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Sr. Gyula Horn, al recibir el Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán. 
En esa época, los tres países bálticos todavía formaban parte de la Unión Soviética y Alemania aún no se había reunificado. 
Hoy día, ese objetivo de todo nuestro continente es una realidad, lo que hace de este un día memorable. 
En 1956, Hungría se rebeló valientemente contra la dictadura. 
Décadas más tarde, cuando el Pacto de Varsovia aún existía, ciudadanos de Alemania Oriental participaron en un picnic paneuropeo a las orillas del lago Fertö Tó, o Neusiedler See, evento en cuya organización habían participado los diputados europeos Otto von Habsburg y Bernd Posselt, antes de emprender de nuevo el camino hacia la libertad, y fueron los guardias fronterizos húngaros los que se hicieron a un lado y los dejaron pasar. 
Poco después, el Ministro de Asuntos Exteriores húngaro, junto con su homólogo austríaco, Alois Mock, desmanteló el Telón de Acero. 
Ese fue el primer paso de un proceso que culminó con la caída del Muro de Berlín. 
Por ello nosotros, diputados de este Parlamento, diremos diez veces «sí». 
En el caso de algunos países, nuestro «sí» será más apagado, más titubeante. 
El ordenamiento jurídico europeo se ha arraigado en Hungría. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el Primer Ministro húngaro expresó sus críticas por las órdenes de expulsión con mayor franqueza que el Comisario competente de la CE y que algunos otros Jefes de Gobierno. 
Y por ello diré «sí» diez veces en este día, pero mi «sí» más claro y espontáneo estará reservado para Hungría. 
Señor Presidente, Señorías, hoy tenemos una oportunidad única para unir a la mayor parte de Europa en una sola entidad política por vez primera. 
No debemos negar esta oportunidad a los pueblos de Europa, ya que todos los pueblos de este continente tienen derecho a la libertad, la paz y la prosperidad dentro de una comunidad política- y subrayo las palabras «comunidad política» -casi quince años después de la caída del comunismo. 
Mi país de origen, Austria, tiene la mayor frontera común con los países candidatos. 
Sé lo que significaba el Telón de Acero y soy perfectamente consciente también de lo que actualmente significa una frontera exterior de la Unión Europea para quienes viven a ambos lados de ella. 
Mis abuelos eran checos y húngaros. 
Nací en Austria, tan solo a unos cuantos kilómetros de Bratislava, la capital de la Eslovaquia moderna. 
También habría podido nacer al otro lado del Telón de Acero, en cuyo caso habría gozado de muchas menos oportunidades de las que me ha concedido la vida. 
Y aunque los gobiernos de algunos Estados miembros de la UE me han puesto las cosas difíciles debido a sus actos ilegales contra el Parlamento y muchos de los gobiernos de los países candidatos me han puesto las cosas difíciles al apoyar una guerra ilegal, votaré inequívocamente «sí» , al igual que todos los demás socialdemócratas austríacos, pues estoy convencido de que las puertas de la Unión Europea deben estar abiertas para los pueblos de Europa Occidental, de Chipre, a pesar de seguir estando dividida, y de Malta. 
Y con esta misma convicción debemos proseguir los diálogos que aún deben llevarse a cabo, ya sea sobre los Decretos Bene? , las centrales nucleares como la de Temelin u otras, con el convencimiento de que la continuación de este diálogo beneficiará a ambas partes, ya que de la ampliación salen ganando todas las partes. 
Saldremos vencedores y otro tanto sucederá con los nuevos Estados miembros. 
Si la solidaridad europea significa algo, ese algo debe reflejarse en la votación de hoy. 
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención dando las gracias al Comisario Verheugen, quien ha seguido muy de cerca el proceso de ampliación. 
También me gustaría dar las gracias al Sr. Brok y al Sr. Wynn- estoy de acuerdo con lo que este último dijo en su intervención- y a la Presidencia griega. 
Cada momento hace historia, pero no todos los momentos revisten la misma importancia y el presente es uno de los acontecimientos más importantes. 
Y no se trata de retórica hueca. Con esto quiero decir que soy consciente de la responsabilidad que asumimos al decir «sí» o «no» en esta cuestión. 
Estamos devolviendo gradualmente su integridad y unidad a Europa y reunificando su cultura, sus tradiciones, a sus pueblos y a sus hijos. 
Todavía no hemos terminado de construir este importante proyecto. 
Ayer recibimos la visita del Presidente de la República de Macedonia, y nuestros pensamientos se dirigen a los Balcanes, a esa región en la que contribuimos a alcanzar la paz y que empieza a establecer la democracia, el Estado de derecho, el Estado del bienestar, un tejido económico y relaciones internacionales. Luego, Moldova y Ucrania son candidatos potenciales, dando por supuesto que Bulgaria y Rumania ingresarán en la Unión dentro de cuatro años. 
Este proceso exigirá un mayor esfuerzo por lo que se refiere a Turquía, ya que este país deberá adaptar su idea de sociedad a la nuestra. 
Por último, no podemos de dejar de considerar a Rusia, país con el cual la Unión Europea mantendrá una relación orgánica cada vez más estrecha. 
Todas las semillas que ahora sembramos arraigarán si prevalece el método comunitario. 
La Unión Europea únicamente sobrevivirá y se desarrollará si, repito, el método comunitario prevalece en la Convención. 
La reciente posición adoptada por el Consejo de Presupuesto pone de manifiesto una tendencia totalmente opuesta, lo que resulta lamentable. 
Si el egoísmo de los Estados miembros conduce a que prevalezca el método intergubernamental, Europa sufrirá un ataque cardíaco, un retroceso, pero la historia continuará a pesar de ello. 
Por esa razón hago un llamamiento a los diez nuevos Estados miembros para que apoyen junto con el Parlamento una línea diferente de la que han seguido los gobiernos de los actuales Estados miembros, que tienen una visión pesimista de la Unión. 
Querido pueblo de Eslovenia, queridos pueblos de los otros nueve países candidatos, ayúdennos a construir unas nuevas instituciones europeas en las que todos podamos ser iguales y a desarrollarnos dentro del pleno respeto de la dignidad individual. 
Señor Presidente, señor Comisario, dentro de breves momentos procederemos a votar sobre los diez Tratados de Adhesión de los nuevos Estados miembros de la Unión. 
Se trata de un paso enorme y estoy muy satisfecha de vivir este momento, que es una prolongación del largo proceso de adhesión a las instituciones europeas que comenzó hace doce años, cuando Hungría se convirtió en el primer país poscomunista en ingresar en el Consejo de Europa. 
Al igual que muchos otros diputados, no obstante, siento una especie de vértigo instantes antes de dar este paso decisivo, sobre todo debido a que el estado de la Unión está muy lejos de ser satisfactorio. 
Personalmente, en nombre de la profunda amistad que me une a cada uno de los países candidatos, deseo igualmente decirles que sabemos que aún tenemos mucho trecho que recorrer y muchos esfuerzos que realizar hasta comprendernos plenamente entre nosotros. 
Es cierto que han cumplido los criterios de Copenhague y les felicito por ello. 
En realidad todavía no nos conocemos. 
Aún no vemos el mundo de la misma manera. 
No tenemos la misma visión de nuestra seguridad, de nuestras relaciones internacionales, de nuestra política exterior; en una palabra, aún debemos colmar las lagunas en nuestros corazones y mentes que crearon 50 años de separación. 
Pero a pesar de todo, debemos mostrarnos optimistas en este día. 
Se ha abierto una puerta para que se celebre una gran reunión familiar con miembros que vienen de muy lejos. 
Señor Presidente, el Movimiento de Junio desea que los países candidatos puedan decidir por sí mismos si desean formar parte de la UE. 
Por ello hoy votaremos a favor de la ampliación, pero recomendaremos que se renegocien las condiciones. 
El acuerdo en materia agrícola someterá a los nuevos Estados miembros a una dependencia desesperante y dificultará la supresión de los disparatados acuerdos en esta materia. 
Este acuerdo obligaría a los países candidatos a vender terrenos agrícolas y segundas residencias, a pesar de que el precio de la tierra en los Países Bajos es 30 veces superior al de Polonia. 
Los nuevos Estados miembros tendrán que pagar toda la cuota, mientras que mi propio país, a pesar de su riqueza, recibió un descuento del 80% en su primer año en la Unión. 
La mayoría de los habitantes de los países pobres se convertirían en contribuyentes netos, a pesar de que son las personas a las que se supone debemos ayudar. 
El Tratado de Niza y las normativas de la UE no se han publicado aún en las lenguas de los países candidatos. 
El hecho de que los países candidatos no estén en condiciones de saber lo que van a votar y de que la Comisión elabore propaganda en lugar de facilitar información objetiva resulta un escándalo para la democracia. 
Los habitantes de los países ricos deberíamos mostrarnos más generosos con nuestros vecinos pobres a fin de que puedan tener algo que agradecernos y de esa forma yo no solo votaría a favor, sino que lo haría con gratitud al dar la bienvenida a una Europa de democracias. 
Señor Presidente, nos encontramos al borde de un proceso histórico, pues nos aprestamos a votar la reunificación definitiva, en democracia, paz y prosperidad, de nuestro dividido continente europeo, con la adhesión de diez nuevos Estados miembros. 
Ahora, la UE contará con un PIB superior a 10 billones de dólares estadounidenses. 
En mi calidad de ponente alternativo de mi Grupo sobre Eslovaquia, tengo el honor de apoyar su candidatura. 
Este nuevo país, pequeño pero orgullosamente independiente, ha realizado enormes avances, desde el Divorcio de Terciopelo que tuvo lugar hace diez años, en la modernización de su economía, convirtiéndola de una economía centralizada en un mercado que funciona. 
Ha reformado su sistema de gobierno y su infraestructura civil, y ha resuelto de forma sensata los problemas que tenía con sus minorías romaní y húngara. 
Ha confundido a los expertos que predecían que nunca sobreviviría sin la República Checa y hoy me felicito con orgullo de la cooperación de estos dos países con los Aliados en Kuwait, donde llevan a cabo tareas de descontaminación contra armamento químico. 
Lamento las acciones emprendidas por aquellos diputados que votaron contra algunos países candidatos a la adhesión por su ayuda en los esfuerzos bélicos. 
En lugar de ello deberían recordar a los checos y polacos libres que contribuyeron a liberar mi país y el continente europeo de una tiranía similar hace sesenta años. 
Eslovaquia se convertirá en la frontera de la UE y no hay que olvidar que existen minorías eslovacas que viven al otro lado de la frontera con Ucrania, con las cuales los eslovacos comparten lazos históricos, ya que el territorio fue parte de Checoslovaquia hasta 1945, al igual que otras grandes partes de Ucrania Occidental fueron históricamente parte de Austrohungría, Polonia y Rumania. 
Debemos asegurarnos de que este factor quede reflejado en el nuevo documento marco de la Comisión para las relaciones con nuestros nuevos vecinos europeos, Ucrania, Belarús y Moldova, que tienen un derecho legítimo a adherirse a la Unión en el futuro si así lo desean. 
Por último, en mi calidad de conservador británico, doy la bienvenida en particular a Malta y Chipre, dos países pertenecientes a la Commonwealth cuyas históricamente ricas y emprendedoras culturas harán una aportación innovadora y valiosa a la Unión. 
Señor Presidente, como paneuropeísta he tenido la suerte de colaborar desde los años setenta para que llegase este día y de ayudar a Otto von Habsburg a que hubiese una silla vacía en esta Cámara en 1979 en protesta por la exclusión de los pueblos de Europa Central y Oriental de las Comunidades Europeas y como representación del proceso de reunificación, cuya etapa final iniciamos hoy. 
Tuve la suerte no solo de contribuir a los preparativos del picnic paneuropeo mencionado hace unos momentos, sino también de desempeñar un papel en las revoluciones democráticas en casi todos los países candidatos y en las declaraciones de independencia de Estonia y Eslovenia. 
Por este motivo permítanme declarar con franqueza que si en este día emitimos- un grupo de diputados y yo- un voto crítico sobre el informe Schröder, no pretendemos rechazar la ampliación ni desdeñar al pueblo checo, sino que protestamos, como la gente protestó en su momento, contra la injusticia, contra una injusticia que perdura, contra una grave violación de los derechos humanos y su perpetuación a través de los efectos discriminatorios que aún continúan de unos decretos injustos. 
Por esta razón, amigos míos, afirmamos categóricamente que la Unión Europea debe seguir aspirando a un ordenamiento jurídico común. 
En su condición de comunidad arraigada en el Estado de derecho, debemos asegurarnos que en nuestro ordenamiento jurídico no se integren unos decretos injustos, de la misma manera que los virus invaden los sistemas informáticos. 
Los virus ponen en peligro todo el sistema y es por eso que nosotros, junto con los países que están a punto de adherirse a la Unión, debemos luchar durante el período posterior al complejo voto de este día y después de la adhesión de los nuevos Estados miembros para detectar las injusticias donde estas sigan existiendo y garantizar que el delito sea considerado delito y la injusticia, injusticia. 
Al mismo tiempo tenemos que cooperar con un espíritu de colaboración para crear una Europa, una identidad paneuropea que se base en los fundamentos de la justicia, la paz y la libertad. 
Señor Presidente, Señorías, las posiciones que hemos adoptado son la mejor expresión de la importancia histórica que reviste este momento y es por ello que no creo que sea necesario que añada una sola palabra a lo que han manifestado los oradores acerca de la ampliación y su importancia. 
He pedido la palabra tan solo para responder a la propuesta del Sr. Crespo en el sentido de que la Presidencia debería considerar emitir una declaración sobre el papel de las Naciones Unidas y la ayuda humanitaria al Iraq el 16 de abril. 
Quiero agradecer al Sr. Crespo su interesante propuesta y señalar que ya hemos tomado la iniciativa de invitar al Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, a asistir el 17 de abril, junto con 40 Jefes de Estado y de Gobierno y 40 Ministros de Asuntos Exteriores, al Consejo Europeo de Atenas, precisamente a fin de debatir la cuestión de las Naciones Unidas y la ayuda humanitaria, y sacar el mayor provecho de esta importante reunión. 
Espero que el Sr. Annan ya haya aceptado esta invitación. 
Estamos ultimando las disposiciones para la reunión. Espero que en ella se puedan transmitir estos mensajes políticos. 
Señor Presidente, Señorías, solo me queda agradecer sinceramente a todos los que han participado en este debate la franca y convincente bienvenida que han dado a nuestros nuevos Estados miembros. 
Creo que ya hemos hablado demasiado y ha llegado el momento de actuar. 
Permítanme hacer una última tentativa de convencer a Sus Señorías que aún abrigan dudas mediante el siguiente argumento: dentro de treinta años nadie recordará el motivo de las disputas entre el Parlamento y el Consejo de las últimas dos semanas. 
También creo, Sr. Posselt, que nadie hablará de los decretos Bene? dentro de treinta años. 
Sin embargo, dentro de treinta años se seguirá recordando la decisión que se tome aquí hoy. 
(Grandes ovaciones) 
El debate queda cerrado. 
DECLARACIONES POR ESCRITO (ARTÍCULO 120) 
En principio apoyamos la ampliación de la Unión Europea, siempre que este sea el deseo de los pueblos de los países candidatos. 
Sin embargo, no podemos permitir que se pongan en peligro los intereses de Portugal. 
En el actual marco de la ampliación cabe destacar dos aspectos negativos de las negociaciones: la manera discriminatoria con la que se trata a los países candidatos, sobre todo en los ámbitos financiero y agrícola, y las consecuencias de la ampliación para Portugal. 
Si bien nos felicitamos del incremento de unos 500 millones de euros, obtenido gracias a la presión que ejerció el Parlamento Europeo, esta cantidad resulta claramente insuficiente para llevarnos a la cohesión económica y social. 
Por consiguiente, nos enfrentamos a la perspectiva a medio plazo de reducciones de los Fondos Estructurales y de las ayudas agrícolas para Portugal, cuando todos los estudios conocidos señalan que, mientras que Alemania será la más beneficiada, nuestro país será el que más perderá, debido a nuestra lejanía y a la mayor competencia a la que ahora tenemos que hacer frente de países que pagan salarios más bajos y ofrecen una mano de obra mejor cualificada. 
Los datos más recientes presentados por la Comisión demuestran con claridad que, entre todos los países, Portugal es el que tiene la estructura productiva más débil y las deficiencias socioeconómicas más graves, lo que significa que podría sufrir consecuencias muy nocivas a menos que se protejan debidamente sus intereses en las negociaciones de adhesión. 
Por esta razón nos hemos abstenido en general y hemos votado a favor en el caso particular de Chipre. 
Señor Presidente, había un acuerdo con el ponente. Su intención era presentar una enmienda oral, tras lo cual retiraríamos nuestra propia enmienda. 
Pido que se le conceda la palabra al Sr. Brok. 
Señor Presidente, quiero proponer que se adopte el punto 6 en la siguiente forma: «? reconoce que la paz y la seguridad han sido elementos determinantes de la decisión de los países candidatos de adherirse a la Unión Europea y que, por tanto, la Unión tiene una responsabilidad especial en el fortalecimiento de los lazos trasatlánticos sobre la base de la fortaleza europea y la igualdad de derechos.» 
Me imagino que entonces podremos poner fin a los recelos que otros tienen, y llegar a una postura común al respecto. 
Señor Tannock, la decisión sobre la inadmisibilidad es una disputa que tiene usted conmigo y no con los servicios. 
Quiero señalar que estamos votando sobre un calendario. 
No es costumbre en esta Cámara sustituir un calendario por un texto largo. 
Usted es libre de manifestar su posición como desee, pero se trata de fechas y calendarios, no de textos y preferencias sobre lugares. 
(Se establece el calendario de períodos parciales de sesiones del Parlamento para 2004) 
. (ES) Señor Presidente, quiero aclarar, con relación a la enmienda 32, que la que da fe es la versión española, no la alemana- donde parece que hay alguna confusión en la traducción- y que se refiere exclusivamente a los menores, no a otros cónyuges del reagrupante. 
- (FR) El informe Turco plantea la cuestión del control de Europol, como hacen también las iniciativas del Gobierno danés y del Gobierno griego. 
Sin embargo, el informe aboga por el rechazo de estas últimas. 
De todo esto se deduce que no existe un control democrático de Europol. 
Esto no llama la atención, puesto que no existe un control democrático de ninguna fuerza de policía nacional. 
En este sentido y en muchos otros, la Unión Europea es una mera yuxtaposición de Estados. 
Las instituciones europeas simplemente reproducen la falta de control democrático de las instituciones estatales. 
Sin duda, los representantes son elegidos, pero desafiaría a la Cámara a que nombrara un Estado miembro de la Unión Europea en el que las instituciones elegidas ejercen un control real sobre la policía y la jerarquía del ejército, o un Estado en el que la población en su conjunto ejerce tal control, lo cual es mucho más importante. 
Ha habido algunos intentos de cambiar la situación, pero están abocados al fracaso. En tales circunstancias, el Parlamento Europeo se no puede sino manifestar su impotencia. 
Por tanto, nos hemos abstenido en la votación de este informe. 
Hemos apoyado la postura del ponente, recomendando el rechazo de las tres iniciativas de la anterior Presidencia danesa sobre la protección de la confidencialidad de la información de Europol, la enmienda del Estatuto del personal de Europol y la enmienda del Convenio de Europol. 
Las posiciones danesas habrían impedido cualquier control democrático por parte de los parlamentos nacionales, no habrían proporcionado ninguna perspectiva de mantener informados a los ciudadanos y habrían consolidado el enfoque centralizado de la toma de decisiones. 
El propio ponente explicó en su informe que las propuestas ignoraban todas las peticiones y propuestas presentadas por el Parlamento con objeto de incrementar genuinamente su control democrático y sus poderes sobre Europol. 
En cambio, las propuestas pecaban más por el lado de la confidencialidad. 
Además, no tenían en cuenta la propuesta de la Comisión de crear una comisión mixta de los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, ni tampoco la opinión del director de Europol, que defendía un mayor control democrático. 
Por lo tanto, apoyamos el rechazo de estas iniciativas, aunque no apoyamos la totalidad de las alternativas propuestas por el Parlamento Europeo. 
Resulta chocante que las iniciativas de los Gobiernos de los Estados miembros pretendan a menudo mantener la confidencialidad de la información, proteger a sus paisanos de los ' dignatarios? y otros fenómenos que pensábamos que ya pertenecían al pasado. 
Especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el miedo al terrorismo era tan grande que se han hecho todo tipo de sugerencias que no tenían cabida en una democracia. 
Afortunadamente, el pánico ha llegado a su cota más alta, y tales iniciativas autoritarias están siendo rechazadas a menudo por la mayoría de este Parlamento. 
En este caso, el Gobierno danés propone limitar el libre acceso a los documentos y no otorga al Parlamento la necesaria capacidad de decisión respecto al presupuesto de Europol. 
Las posibilidades de control por parte de los parlamentos nacionales tampoco se refuerzan. 
Incluso el director de Europol es de la opinión de que el control democrático es insuficiente, pero el Consejo no quiere rectificar. 
El Consejo debe renunciar a esta costumbre. 
El rechazo de la iniciativa danesa en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores fue, por tanto, el primer paso en la buena dirección. 
. 
(PT) En un ámbito en el que hay una tensión compleja entre la eficacia de una fuerza de policía europea centralizada, los poderes de los Estados miembros, el marco efectivo de los Tratados y del derecho comunitario en vigor, y los problemas del control democrático, la solución de los ponentes a los que se les había confiado la evaluación de las iniciativas danesa y griega sobre Europol es simplemente instar al Parlamento Europeo a que rechace estas iniciativas y a que encomiende a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores un proyecto de recomendación general maximalista. 
Considero que este enfoque no va en la dirección acertada y está basado en premisas peligrosas e imprudentes. 
Son premisas que se inspiran únicamente en la imposición de un plan de ideología federalista sobre los intentos del Consejo, sobre la base del marco institucional actual y del marco regulado por los Tratados, de progresar realmente en este ámbito. 
Es más, si algún asunto exige la mayor prudencia y cooperación entre los Estados miembros, es precisamente la del ejercicio, los poderes y el seguimiento de la actividad policial transnacional. 
Puede que no nos guste la estructura actual basada en pilares, pero mientras exista- y esta es la estructura que existe -, este es el marco en el que tenemos que trabajar, y hacerlo de modo responsable. 
Por ello he rechazado la propuesta del ponente. 
Lo mejor que podemos hacer es que el Parlamento dé continuidad a las tres iniciativas en cuestión, proponiendo responsablemente las enmiendas que ha adoptado, respetando al mismo tiempo el marco legal... 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) Las observaciones que he realizado en la explicación de voto sobre el informe Turco también se aplican a este caso. 
De hecho, la ideología equivocada que subyace al asunto planteado incluso salta a la vista de manera más clara aquí. 
Es bastante asombroso que el Sr. von Boetticher afirme expresamente en su exposición de motivos que «reconoce la importancia de la iniciativa danesa, pues parece avanzar en la dirección correcta» , ¡para después concluir que tiene que recomendar que se rechace! 
¿Por qué? 
¡Porque piensa que sería un error adoptar enmiendas al Convenio Europol «antes de la ratificación de la Constitución europea»! 
Este juicio es desafortunado. 
Es tan posible como necesario seguir adelante dentro del marco actual, y aquí es donde deberíamos participar con responsabilidad, y a propósito, siguiendo con el método de avanzar poco a poco, puesto que es este el método que ha asegurado el éxito de la integración europea. 
Este fue precisamente el enfoque adoptado en las propuestas presentadas por las Presidencias danesa y griega. 
Sin embargo, los ponentes habrían necesitado... una Constitución. 
La línea propuesta constituye una grave desviación del plan. 
Por lo tanto, lo he rechazado, para expresar mi apoyo a la iniciativa danesa. 
El enfoque radical que se ha adoptado es extremadamente negativo, y a todas luces hace caso omiso de los intereses de los ciudadanos europeos. 
El Parlamento debería proseguir con la iniciativa y proponer responsablemente las enmiendas que considere apropiadas, al mismo tiempo que respeta el marco legal vigente. 
Esto es precisamente un Estado de derecho, y no estaría mal predicar con el ejemplo. 
El Parlamento Europeo participó recientemente en un psicodrama ridículo. 
Quisiera recordarle a la Cámara mi discurso y mi explicación de voto del 26 y 27 de marzo. 
Ahora se ha puesto freno a esto, que era lo más sensato. 
Sin embargo, incluía una declaración conjunta con el Consejo, en la que este último acepta la idea de la codecisión para la adopción de las futuras perspectivas financieras. 
Es más, aprovecha la oportunidad para proporcionar ayuda financiera a Turquía bajo el epígrafe de «preadhesión». 
No estamos de acuerdo con ninguno de estos puntos. Por lo tanto, he votado en contra del informe Böge. 
Solo una parte de estos fondos quedaría retenida. Esto se haría únicamente en beneficio de los nuevos Estados miembros y por un período limitado, con vistas a ayudarles a alcanzar el nivel requerido. 
Esto es precisamente lo que el Gobierno británico ha propuesto sabiamente en la Convención. 
En realidad, esto ya lo llevamos defendiendo desde hace algún tiempo. 
Remito a la Cámara al Libro Blanco publicado por el Grupo UEN en 1997, que evaluaba el valor de una Europa de las naciones en oposición a una Europa del Estado de bienestar. 
- (DE) No he votado a favor del informe del Sr. Böge y del Sr. Colom i Naval, que refleja el resultado de las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento. 
Mis preocupaciones no se disipan con el resultado del diálogo tripartito, cuya intención era al menos limitar el daño que el Consejo ha hecho a la democracia en la Unión Europea. 
El Anexo XV sigue estando en los Tratados de Adhesión y por ello se convertirá en legislación primaria. 
Lo demás lo considero palabras vacías. 
Solo podremos empezar a comprobar lo contrario cuando transcurran algunos años. 
Sin embargo, el Consejo ha demostrado ya que está actuando en contra del Parlamento. 
Véase también mi explicación de voto sobre los Tratados de Adhesión. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión es sobre todo una necesidad política. Personalmente, estoy a favor de unir Europa en el sentido geográfico de la palabra. 
También estoy a favor de reforzar los lazos políticos y económicos dentro de Europa. Por tanto, claramente no he apoyado a los que se oponían a cualquier tipo de ampliación. 
Sin embargo, no podía votar a favor porque la ampliación que se decidió en Copenhague no se aplicará de manera abierta y sistemática. 
En cambio, caeremos en la confusión. 
Con el tiempo, es probable que la integración europea se frene estrepitosamente a causa de la ampliación. 
La situación económica y social de casi todos los nuevos Estados miembros es precaria, como mínimo. 
Calculado en términos de poder adquisitivo, su nivel de vida supone aproximadamente un 40% de la media comunitaria. 
Sin embargo, la ayuda para la adhesión ascendía a tan solo un 0,03 % del PIB comunitario, según el informe del Sr. Wim Kok. 
En otras palabras, una miseria. 
Las asignaciones SAPARD destinadas a facilitar el ajuste estructural de la agricultura en los países candidatos, desaparecieron en un laberinto de burocracia comunitaria. 
Solo se empleó un 6,48 % de los 1 040 millones de euros asignados para el año 2000 y 2001. 
En primer lugar, y sobre todo, Europa tiene que intentar resolver sus propios problemas antes de tomar la decisión de ampliarse. 
En segundo lugar, la adhesión de los nuevos Estados miembros debe condicionarse a los resultados de los referendos de los actuales Estados miembros, y en tercer lugar, la cuestión es que los nuevos Estados miembros no están preparados todavía para esta ampliación. 
Además, quisiera señalar el hecho de que esta ampliación llega en un momento en el que Europa nunca ha estado tan dividida como lo está ahora. 
Todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer, especialmente en el ámbito de la política exterior. 
Es esencial que Europa desarrolle su propia identidad en este ámbito. 
Además, debemos poner fin al libertinaje de la política agraria europea antes de proceder con la ampliación. 
Para terminar, permítanme señalar que todavía existen demasiadas diferencias socioeconómicas entre la Unión Europea y los Estados miembros candidatos. 
Hoy, Señor Presidente, yo también he votado a favor de la adhesión de la República Checa. 
Es obvio que los checos son parte de Europa, en cuyo corazón viven. 
Ya no habría podido mirar a la cara a mis amigos y parientes en Praga si hubiera votado en contra de que se nos unieran. 
Sin embargo, mi voto favorable pretende ante todo reforzar a los que en la vida pública checa, en los partidos políticos, el parlamento y el gobierno, han reconocido que, más que tener que arrastrar el lastre de la historia hacia el futuro, un pueblo que encuentra la fuerza necesaria para hacer frente a toda su historia cosecha más honor que humillación. 
La reconciliación es el fruto de la verdad y de la voluntad de cualquier persona de ponerse, por un momento, en la piel de otra. 
Como alemán, sé que incluso nosotros, que invadimos a casi todos nuestros vecinos durante la guerra, recobramos la estima y el respeto de todos ellos no reprimiendo estos aspectos de nuestra historia o tratándolos como cuestiones meramente relativas. 
Ojalá los checos también lo intenten; hacerlo es un acto liberador. 
Señor Presidente, he votado a favor de la adhesión de todos estos países de la Europa Central y Oriental y de la adhesión de Malta y Chipre porque albergo grandes esperanzas de tener, en el futuro, un Parlamento con un mayor número de representantes de pensionistas y de partidos de pensionistas de estos Estados miembros. 
Por lo tanto, me desanimó ver que durante esta votación hubo una gran manifestación de protesta de empleados de la Unión Europea, cuya futura pensión se va a reducir. 
Por lo tanto, mientras me gustaría expresar mi sentida simpatía por ellos, espero y rezo por que el futuro Parlamento, incluidos los diputados de los Estados miembros, garanticen a los ciudadanos, empezando por los empleados de la Unión Europea, un futuro pacífico en el que se respete como es debido a los ancianos. 
Señor Presidente, me gustaría decir unas palabras a modo de prólogo, y es que apoyo con entusiasmo la ampliación, y habiendo sido, entre otras cosas, presidente de la delegación para Eslovenia, he sido un convencido defensor de esta política. 
Volviendo al tema de la República Checa, quisiera afirmar que siempre había esperado que los checos, con el tiempo, desecharían el peso muerto de la historia y harían posible que votáramos a favor de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea con alegría y con la conciencia limpia. 
Es una pena que la falta de valor de muchos políticos checos lo haya impedido; de ahí mi voto en contra, en solidaridad con el Sr. Ferber. 
Espero que los checos se sienten en un futuro a la mesa y encuentren allí una manera de repasar el pasado juntos. 
Señor Presidente, yo me he abstenido en varias de las votaciones y he votado en contra del informe Brok. 
Por lo tanto, no he votado a favor del consentimiento relativo al Tratado de Adhesión a la Unión de 10 nuevos Estados miembros. 
Esta ha sido una decisión dolorosa para mí, en términos emocionales y políticos. 
Durante más de una década, he trabajado sin descanso en el Parlamento Europeo, en Francia y en toda Europa, para que la ampliación pudiera tener lugar en las fechas previstas y en las condiciones necesarias para asegurar su éxito. 
He votado así porque me he convencido de que separar el proceso de ampliación geográfica de la Unión del proceso de profundización de sus instituciones es el desgraciado resultado de la resignación de los Estados miembros actuales y futuros a una Europa más débil con un sistema institucional fosilizado. 
Lamentablemente, las divisiones dentro de Europa se han hecho más patentes en los últimos meses. 
También lamentablemente, la Convención no ha podido progresar durante ese período. 
Y está ahora resignada a introducir simples cambios cosméticos en el sistema actual. 
Todos están resignados a que la firma del tratado constitucional no tenga lugar en diciembre de 2003, como se había previsto en un principio. 
No hay ningún error de interpretación de los signos. 
La Unión Europea ampliada estará obligada a operar de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Niza. 
Por tanto, será extremadamente imperfecta y estará condenada al fracaso. 
No he votado a favor del consentimiento porque quiero que la ampliación sea un éxito. 
Señor Presidente, como federalista europeo e independentista catalán, me he abstenido en las votaciones relativas a la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros, a pesar de que mis colegas de la Alianza Libre Europea están a favor. 
Permítanme que explique las razones de mi voto. 
Del trabajo actual de la Convención sobre la constitución se deduce que una nación sin Estado como Cataluña no saca nada con la ampliación. 
Su representación en las instituciones europeas seguirá dependiendo de la buena voluntad de los Estados miembros relevantes. 
Sin embargo, la Cámara será consciente de la actitud adoptada por el Reino de España y la República de Francia. 
La Convención no ha llevado a ningún avance respecto al reconocimiento explícito del derecho de autodeterminación y ampliación interna. 
Tampoco ha promovido la causa de que el catalán se convierta en lengua oficial a escala europea. 
En estas circunstancias, la adhesión de nuevos Estados miembros únicamente agravará la posición relativa de Cataluña dentro de la Unión. 
Por ejemplo, perderá representación y se incrementarán sus contribuciones. 
Varios de los nuevos Estados miembros no han podido ni cumplir los criterios de Copenhague respecto a los derechos de sus minorías, por ejemplo, el mantenimiento de los Decretos Bene? por parte de Eslovaquia y la República Checa. 
Por último, la postura de la mayoría de estos nuevos Estados miembros acerca de la guerra en el Iraq parece poner un signo de interrogación sobre la totalidad del proceso de integración europea. 
Todos los que quieren una Europa capaz de contrarrestar la irresponsable supremacía de los Estados Unidos tienen que arremangarse y ponerse a trabajar para una Europa europea. 
Hoy por hoy, la ampliación parece una huida hacia delante. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Brok, aunque estoy a favor de la ampliación. 
No se trata, por supuesto, de una afrenta personal al Sr. Brok. 
La razón es que su informe no tiene en cuenta el vínculo esencial que existe entre la ampliación y la profundización. 
No hay referencia alguna a los retrasos relativos a la profundización, ni a que la Convención probablemente se vaya a empantanar. 
El vínculo que se esperaba que se estableciera se ha roto. 
Esa es la razón por la que he votado en contra del informe Brok. 
Sin embargo, en mi opinión, es injusto penalizar a partes inocentes por un retraso que es enteramente fallo nuestro. 
Por ello, he votado a favor del consentimiento. 
Apoyo la ampliación y el fortalecimiento, y estoy en contra de abandonar el fortalecimiento. 
Hay peligro de que la Europa con la que nos estamos comprometiendo sea una Europa ampliada pero no fortalecida. 
Estará encadenada desde el principio. 
Señor Presidente, la razón por la que he votado en contra del informe Brok es que me opongo a tal encadenamiento. 
Señor Presidente, yo también he votado en contra del informe del Sr. Brok, a pesar de mi prolongado compromiso, y el de mi partido, con respecto a una Europa más amplia. 
Las condiciones que hemos ofrecido a los países candidatos son poco imaginativas y bastante mediocres. 
Más que nada, las naciones de Europa Central y Oriental deberían poder explotar sus ventajas naturales de bajos costes y exportaciones más baratas, fijando su precio en el mercado. 
Sin embargo, estamos obligándolos a unirse al euro, a la semana de cuarenta y ocho horas, a la Política Agrícola Común y al Capítulo Social, así como a devaluar sus recién adquiridas democracias. 
Les corresponde decidir a los pueblos de estos países. 
En los casos de Malta y Eslovenia, donde ya lo han hecho, yo también he votado «sí». 
Sin embargo, no puedo dejar de pensar que deberíamos haberles ofrecido un acuerdo más generoso y flexible. 
En la explicación de voto de diez puntos presentada por escrito por el Intergrupo SOS Democracia constan más detalles. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Brok y me he abstenido en el consentimiento. 
Esto no ha sido porque desee cerrar las puertas de Europa a los 10 nuevos miembros. De hecho, tienen un lugar legítimo entre nosotros. 
Innegablemente, esta es también su Europa. 
Sin embargo, me preocupa la estructura del edificio europeo al que esperan entrar. 
Me pregunto si Europa estará a la altura de equiparse a sí misma con instituciones suficientemente fuertes para regular las actividades de 25 Estados miembros, cifra que pronto se verá todavía más incrementada. 
Tales instituciones deben estar abiertas y ser comprendidas por todos y cada uno de los ciudadanos. 
En mi opinión, solo una constitución puede garantizar esto. 
Temo que la ampliación actual se utilice para justificar el debilitamiento. 
Me preocupa mucho navegar a lo desconocido a través de una niebla institucional. 
La intención de mi voto era expresar esta preocupación. 
Señor Presidente, he votado a favor del consentimiento, pero me he abstenido en el informe Brok. La razón ha sido la ambigüedad del texto relativo a la independencia de las políticas exterior y de defensa de la futura Unión ampliada respecto a los Estados Unidos. 
La disposición institucional y financiera de cara a la ampliación no es buena. 
Hay un riesgo real de perder terreno en cuanto a la integración política, y la programación financiera es manifiestamente insuficiente. 
Sin embargo, nuestras propias deficiencias no pueden justificar que tomemos a 10 naciones como rehenes mientras nos peleamos con el Consejo, y tampoco pueden justificar que cerremos la puerta a los futuros miembros. 
Han pasado más de 10 años desde la caída del Telón de Acero. 
Ahora es nuestro deber histórico dar la bienvenida a estos países a la Unión. 
Somos los únicos responsables del retraso de la reforma institucional. 
Tras el insatisfactorio Tratado de Niza, el retraso obligó a reunir a la Convención con el fin de dotar por fin a Europa de una constitución. 
Como muy pronto, dicha constitución será adoptada tras una breve CIG posterior a la Convención, y antes del 1 de mayo de 2004. 
Sin embargo, que nadie se equivoque con respecto lo que estamos tratando hoy. 
No estamos tomando decisiones acerca de cuestiones institucionales o perspectivas financieras. 
Estamos diciendo sí o no a que pueblos enteros ocupen su lugar legítimo en la Unión. 
Estamos decidiendo el futuro de pueblos cuyo destino histórico iba a quedar excluido del proceso de construcción de una Europa democrática durante medio siglo. 
Desde ahora los nuevos miembros lucharán a nuestro lado por el futuro de la Unión. 
Tienen que ayudarnos a no dejarnos llevar hacia una zona de libre comercio y a poner rumbo hacia la creación de un modelo social de alta calidad. 
Se unirán a nosotros en la lucha por una Europa política capaz de hablar con una voz única y fuerte en el mundo. Elaborarán con nosotros una constitución que permita a los países interesados tener libertad para establecer una política exterior y de defensa conjunta, abriendo así nuevos caminos para Europa. 
Señor Presidente, Señorías, soy agricultor de la Baja Austria y he llevado una explotación agrícola junto a la frontera durante cuarenta y tres años- justo hasta la caída del Telón de Acero -, y hoy he votado con gran convicción a favor de la adhesión de diez nuevos Estados miembros y a favor del informe Brok. 
Sé que para la agricultura, la ampliación no solo significa competencia, sino también oportunidad, y que los agricultores austriacos aceptarán estos retos y lo harán sobre la base de las medidas tomadas en la fase previa a la adhesión. 
Por lo tanto, he emitido mi voto a favor de un futuro pacífico, tolerante y social para nuestros hijos y nietos. 
Voto en contra del informe Brok dentro del marco de la resolución del Grupo GUE/NGL, y no porque esté en contra de la adhesión de los nuevos miembros, sino porque la resolución no menciona cuestiones sustanciales relativas a la ampliación: la promoción de una política elitista en los países de Europa Central y Oriental serviles a los norteamericanos; el abandono del sector público y de la propiedad pública; el liberalismo impuesto que crea insatisfacción social; la falta de recursos comunitarios importantes para ayudar a estos países en el proceso de integración; la negativa a organizar referendos sobre la ampliación en los Estados miembros. 
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(ES) Luz verde- En nombre de mi Grupo quiero afirmar mi total respaldo a una ampliación temprana subrayando el principio de igualdad de trato en relación con los criterios de Copenhague. 
Espero que la firma del Tratado de Adhesión marque la definitiva unificación de nuestro continente, dejando atrás las guerras que destrozaron nuestros pueblos y trazaron fronteras a sangre y fuego. 
La nueva y fortalecida Unión será un continente con un destino compartido en paz, en democracia y en libertad. 
Solidaridad- Esta ampliación sin precedentes trae nuevos desafíos para la Unión. 
Será necesario un espíritu de solidaridad aun más fuerte en todas nuestras políticas comunes, y un refuerzo de las capacidades institucionales de la Unión. 
Los miembros actuales y futuros tendrán que esforzarse al máximo, sustituyendo egoísmos nacionales por una solidaridad comunitaria para encontrar, como lo exigen los Tratados, una voz europea unida en los foros políticos mundiales. 
Conflicto presupuestario- Aunque se llegó a un acuerdo en el último minuto, tengo que criticar rotundamente la actuación unilateral del Consejo de incluir cifras presupuestarias en el Tratado de Adhesión. 
Se trata de una actuación sin precedentes que atenta seriamente contra las competencias presupuestarias de nuestra Cámara y el Acuerdo Interinstitucional de 1999. 
- (FR) La única cuestión planteada a la Cámara se refiere al consentimiento a la petición de adhesión de diez nuevos países a la Unión Europea. 
Sin embargo, se pide a la Cámara que suscriba el contenido del proyecto de tratado sobre la adhesión. 
Estamos a favor de unir todo el continente y de eliminar las fronteras que lo fragmentan. 
Por lo tanto, apoyamos el derecho de estos países a acceder a la Unión Europea si este es el deseo de sus pueblos. 
Por otra parte, nos oponemos totalmente al espíritu y a la letra del proyecto de tratado que las instituciones europeas pretenden imponerles. 
Respecto al contenido de este tratado, formaliza la injusta división entre las partes más ricas y las más pobres de Europa. 
La palabra integración es un eufemismo de la relación en la que la Europa imperialista se impondrá a los nuevos miembros. 
Estos últimos son en su mayoría países de la Europa del Este que los grupos financieros e industriales de los antiguos miembros consideran su coto privado. 
En cuanto a la forma, se chantajea a los nuevos Estados miembros para que acepten este tratado. 
La única alternativa que les queda es aceptar el tratado o quedarse fuera de la Unión. 
Este tratado contempla una Europa de dos velocidades por lo que respecta a los presupuestos y a la política. Propugna una Europa en la que algunos serán más iguales que otros. 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Esta es una de las cuestiones más importantes que ha tenido que tratar el Parlamento en los últimos años. 
Soy un gran defensor del proceso de ampliación, no solo por nuestra responsabilidad frente a nuestros conciudadanos europeos que han sufrido bajo regímenes totalitarios, sino también porque pienso que los nuevos países candidatos aportarán una gran dinámica al futuro desarrollo de la Unión Europea. 
De cara al futuro, también debemos recordar «el pasado» , los ideales de los fundadores de la Comunidad Económica Europea. 
La paz, la democracia y la prosperidad son tan importantes hoy como lo eran hace cincuenta años. 
Ahora tenemos la oportunidad de revitalizar el proceso y de llevar un mensaje positivo a las gentes de Europa del Este. 
Desde el principio, serán nuestros iguales, tendrán los mismos derechos que los actuales miembros. 
Finalmente, al brindar mi apoyo a este informe y al proceso de adhesión, también deseo que los países candidatos, los parlamentos y gobiernos nacionales tengan los mismos derechos de voto en la Convención Europea que los actuales Estados miembros de la Unión. 
Como dijo John F. Kennedy en su discurso inaugural: «Hoy nos encontramos en el límite de una nueva frontera, pero la nueva frontera no es un conjunto de promesas, sino un conjunto de desafíos». 
(Texto acortado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
La adhesión de estos 10 nuevos miembros ha de ser apoyada por todos aquellos que quieren estabilizar el continente en su conjunto, consolidar la democracia y la paz, reforzar la economía y el desarrollo sostenible y ser parte de una dimensión cultural y humana basada en los valores compartidos de la libertad, el respeto de los derechos fundamentales, la gobernanza y el Estado de Derecho. 
Estos nuevos Estados miembros tienen que desempeñar un papel vital en la construcción de una Unión Europea todavía más fuerte y más eficiente. 
Esto representa un reto sin precedentes en el plano político, económico y social. 
No olvidemos que si se acepta este reto, se liberará un tremendo potencial de fortalecimiento y desarrollo de la Unión Europea. 
Seremos capaces de aspirar a una Unión Europea que hable con una sola voz en el escenario político mundial y que desempeñe una función fundamental. 
No es mi deseo paralizar este proceso histórico de ninguna manera. 
No obstante, si no se adoptan la enmienda 1, la segunda parte de la enmienda 13 y la enmienda 19, me abstendré. 
Sin embargo, votaré a favor de la adhesión de cada uno de los 10 países candidatos cuando votemos las distintas recomendaciones. 
Espero que esto ayude a colocar los mejores cimientos posibles para nuestro futuro compartido. 
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(FR) Las circunstancias en las que se propone actualmente la ampliación son desastrosas. 
Lo prometido no se ha cumplido. 
Las estructuras de la Unión no se han ajustado para permitir el funcionamiento correcto con 25 Estados miembros en el futuro próximo. 
Será todavía más difícil funcionar en el futuro más lejano cuando haya 40 Estados miembros. 
Para empeorar las cosas, los fondos necesarios para la ampliación, tal y como se estipula en el tratado, no están garantizados, y esto contraviene el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Berlín. 
Por consiguiente, la Comunidad se paralizará pronto. 
De este modo, las oportunidades de crear la Europa social que tanto necesitamos se verán reducidas. 
La cohesión territorial también se verá amenazada, ahora que es más esencial que nunca. 
Además, la Comunidad que anhelábamos y por la que hemos trabajado durante 50 años no sobrevivirá a esta ampliación, sino que se verá sustituida por una Unión ligera e insulsa. 
Nos propusimos construir una catedral y terminamos en un centro comercial. 
En realidad, se nos insta a maximizar el peligro de paralizar la Unión precisamente en el momento en que se desintegran mecanismos internacionales esenciales, empezando por las Naciones Unidas. 
Esta es la razón por la que voy a votar en contra de las resoluciones sobre el consentimiento, a pesar de que apoyo la resolución que acompaña el informe Brok tras las mejoras introducidas en la Cámara. 
He votado en contra en el caso de Polonia porque pienso que su postura general sobre la cuestión de la guerra con el Iraq es inaceptable. 
He votado en contra en el caso de la República Checa porque pienso que su postura general sobre la cuestión de la guerra con el Iraq y sobre la cuestión de los decretos Bene? es inaceptable. 
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(FR) Esta quinta ampliación representa un paso gigantesco hacia delante en el ámbito geopolítico. 
Equivale a materializar una etapa significativa en la gran tarea de reconciliación europea en forma de una Unión basada en la democracia liberal. 
Eso significa democracia en las cuestiones políticas, económicas, sociales y de defensa. 
Será un catalizador para la paz y la estabilidad y ayudará a incrementar el nivel de vida de los europeos. 
La ampliación también permitirá a la Unión Europea responder más eficazmente a los retos de la mundialización. La Unión traerá valores universales mientras permanece fiel a su deber histórico para con todos los países de la cuenca mediterránea. 
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(DE) Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado la adhesión de diez Estados a la Unión Europea. 
Es un día histórico para Europa. 
Europa está unida en libertad. 
Este es un acontecimiento que los diputados de la CSU al Parlamento acogen con satisfacción. 
Durante muchos años hemos desempeñado un papel protagonista en el camino hacia este acontecimiento histórico, pero a pesar de todo el regocijo que conlleva este día, todavía existen dudas en cuanto a la República Checa. 
El pensamiento constitucional europeo no conoce la idea de que una injusticia anula otra. 
El Parlamento Europeo, en el curso de las negociaciones sobre la adhesión, fue el único que llamó la atención del público sobre la incapacidad de la legislación checa de afrontar el pasado, y, durante años, pidió que esto se subsanara. 
Las iniciativas del Parlamento no han sido asumidas ni por el Comisario Verheugen, que es responsable de estos asuntos, ni por el Gobierno alemán. 
En vano esperamos un gesto político en un espíritu de reconciliación. 
Ha ocurrido lo contrario, porque el 24 de abril de 2002, el Parlamento checo aprobó por unanimidad una resolución al efecto de que las consecuencias legales de los decretos Bene? eran «incuestionables, inviolables e inalterables». 
La República Checa es, sin duda, un país del corazón de Europa, pero no obstante hemos votado en contra de su adhesión con la intención de enviar a los políticos el mensaje de que las heridas infligidas en el pasado a los alemanes expulsados están todavía abiertas, y que debemos curarlas juntos, en diálogo unos con otros. 
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(FR) Hemos dicho «no» a los tratados de adhesión presentados al Parlamento para que dé su consentimiento. Esto se debe a que en realidad queremos que la ampliación sea un éxito y porque somos federalistas comprometidos. 
La ampliación está en peligro de convertirse en un lío, porque no se han cumplido una serie de condiciones preliminares. 
Algunas de ellas se detallan a continuación. 
Por lo tanto, no permitirá que resulten más democráticas y comprensibles. 
Tampoco permitirá que el laicismo se declare principio fundamental de la Unión. 
En cuanto a las condiciones sociales, hasta ahora no hay una disposición relativa a un tratado social que acompañe el proyecto de constitución para Europa. Tal tratado contendría garantías para abordar el peligro de reubicación de empresas y con respecto a los servicios públicos. 
Es más, el acuerdo concertado a última hora viola los derechos del Parlamento Europeo. 
Establece la ampliación en un marco financiero poco realista que discrimina a los países de la adhesión. 
Amenaza el éxito de toda la empresa, especialmente el de la PAC. El reajuste de la PAC para centrarse en el desarrollo rural también está en peligro. 
Los países candidatos están a punto de unirse a un sistema integrado que es un mero mercado. 
Esa no es la Europa que quieren los socialistas europeos. 
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(ES) Acabamos de escribir una página de la historia de nuestro continente: con nuestro voto favorable a la adhesión, hemos dado un paso definitivo en el proceso de reconciliación de los pueblos europeos; hemos reparado una injusticia de la historia; hemos hecho posible el triunfo de la política como instrumento al servicio de la paz en unos momentos en que el horror de la guerra vuelve a golpearnos recordándonos que la paz no nos viene dada, sino que hay que preservarla. 
Para que la etapa que hoy culminamos suponga realmente el reencuentro de Europa consigo misma es imprescindible que la Unión se dote de una Constitución que garantice el funcionamiento eficaz y democrático de sus instituciones y su dimensión política. 
Solo así lograremos que Europa siga siendo el sueño de libertad y de bienestar al que los países a los que hoy hemos dicho que sí se han adherido. 
Es imprescindible que no olvidemos el significado profundo de la idea europea y que reafirmemos la vivencia de aquellos valores que han hecho posible la unión del continente; la primacía de la persona y el respeto a su dignidad, la solidaridad, la justicia social y la búsqueda del bien común. 
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(DE) La votación de hoy sobre la adhesión de diez Estados de Europa Central y Oriental tiene lugar mientras ponemos los cimientos sobre los que se superará la división histórica de Europa entre Este y Oeste. 
Sin embargo, persiste la división histórica entre el mundo masculino y el femenino, tanto en Europa Oriental como en Europa Occidental. 
Mi «sí» a la adhesión de Chipre, Malta, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania está vinculado a la expectativa de que el acervo comunitario se adoptará sin reservas, y se le dará vida, puesto que se aplica al ámbito de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 
No negaré que para mí ha sido muy difícil decir «sí» a la adhesión de la República de Polonia, que, junto con el Reino Unido, participa en la guerra contra el Iraq, una guerra de agresión y contraria a la ley internacional. 
Por lo tanto, considero mi responsabilidad como socialdemócrata alemana contraponer el día de Europea de hoy, 9 de abril de 2003, a la efeméride nacionalista del 1 de septiembre de 1939, esperando al mismo tiempo paz y prosperidad para todos y un modelo social europeo basado en la cooperación. 
- (DE) No he votado a favor del informe Brok porque al menos uno de sus párrafos no menciona de manera suficientemente clara la patente violación de la ley por el Consejo. 
Véase también mi explicación de voto sobre los Tratados de Adhesión. 
. (FR) Una mirada a la turbulenta historia de Europa, llena de guerras de aniquilación mutua entre europeos, debe ayudarnos a apreciar el significado de la votación de hoy en la Cámara sobre el informe relativo a la ampliación de la Unión Europea. 
Esta ampliación de la Unión se entiende mejor como la reunificación de los pueblos de nuestro continente. Por fin todos los europeos se van a reunir para compartir valores comunes fundamentales como la libertad, la democracia, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. 
Como diputados al Parlamento Europeo deberíamos alegrarnos de haber tomado parte en este proceso, y comprometernos a asegurar su éxito. 
Sin embargo, debemos lamentar que el presupuesto destinado a esta ampliación no es suficiente para la envergadura del proyecto y para nuestro futuro común. 
Es irrisorio. Quiero recordar a modo de referencia que entre 1948 y 1951 los Estados Unidos aportaron el equivalente a 97 millardos de euros para ayudar a Europa Occidental a recuperarse de la devastación causada por la guerra. 
Esa cifra suponía un 1,5 % del PIB de los Estados Unidos. 
Entre 1990 y 1999 se invirtieron 600 millardos de euros para financiar la recuperación de la antigua Alemania del Este. 
El Consejo Europeo solo está dispuesto a destinar un 0,15 % del PIB de la Unión a la ampliación. 
De ahora en adelante debemos mostrar solidaridad al responder a retos continentales de este tipo. Conviene tener en cuenta que nuestro futuro estará vinculado inextricablemente al de nuestros nuevos amigos y vecinos, y que nos corresponde a nosotros hacer de ese futuro una realidad. 
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(DE) Observo con alegría y satisfacción que, en la votación arriba señalada, la República Checa ha obtenido el peor resultado, y por tanto ha recibido un «cañonazo de advertencia parlamentario». 
Hoy en día los políticos checos deben preguntarse por qué han obtenido resultados tan malos, con 489 votos a favor, 39 votos en contra y 37 abstenciones. 
Como miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE/República Checa, he experimentado de primera mano, durante los cuatro últimos años, la arrogancia intolerable de los checos. 
Una y otra vez, apelé a Praga para que nos encontráramos a mitad de camino en la cuestión de los horribles decretos Bene? , y de esta manera poner punto final a las desgracias del pasado. 
En todas las ocasiones, los políticos de Praga se negaron categóricamente a hacerlo. 
Mi «sí» en la votación de hoy es, por tanto, una señal para los jóvenes checos de hoy, que esperemos que pronto lleven la voz cantante en el escenario político de la república vecina de Alemania. 
Deseo a los mandatarios políticos actuales de la República Checa mucha suerte a la hora de explicar en su propio país por qué la votación del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha dado tan mal resultado para ellos. 
Quizás haya llegado ahora el momento de que empiece el diálogo por el cual el Parlamento ha estado pugnando. 
Los diputados europeos del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de la adhesión de los diez países desde un sentimiento de solidaridad con sus pueblos, que no tiene motivos para celebrar. 
Al contrario, en la fase previa a la adhesión estaba claro- cuando las empresas públicas y su riqueza se vendieron a las grandes compañías extranjeras, se abolió toda conquista socialista, se restringieron los derechos soberanos y la independencia nacional, etc.- que tienen muchos motivos para preocuparse. 
Solo las multinacionales y sus representantes en el Parlamento Europeo tienen alguna razón para celebrar. 
Los «diez» se adhieren a una Unión de Estados imperialistas pequeños y medianos que sirve a los intereses de los grandes Estados capitalistas, exacerbando así la explotación de sus pueblos y cualquier otro al que pueden poner la mano encima, tanto en competencia como en colaboración con el «gran hermano» y reconocido mandamás: los Estados Unidos. 
Como se desprende claramente del crimen contra el Iraq, la diferencia entre ciertos imperialistas eurounionistas y sus colegas americanos en la guerra no radica en el fin, sino en los medios. 
También hemos votado en contra de la adhesión de Chipre, porque, además de lo anteriormente expuesto, ha sido utilizado para presionar y legitimar el resultado de la invasión y ocupación bárbara ante la que los «sensibles» imperialistas europeos están haciendo la vista gorda. 
Los trabajadores- el pueblo- no necesitan organizaciones imperialistas para forjar su lucha común, y cerrarán el camino a la ruina a que los están llevando cambiando del rumbo de la humanidad hacia un futuro que valga la pena, un futuro socialista. 
- (DA) Los problemas básicos relativos a lo que se ha llamado ampliación al este no están resueltos. 
Por lo tanto, no hay duda de que, dadas las realidades económicas, la tradición, volviendo atrás muchos años, de la explotación por parte de la Europa Occidental de nuestros vecinos de la Europa Oriental, a la luz de las diferencias entre salarios y capital, etc., seguirá en el futuro. 
Los ajustes que realizarán con el fin de cumplir la legislación comunitaria vigente causará a los nuevos países unos cuantos problemas, pero ese hecho no se examina en detalle en el informe del Sr. Brok. 
El Movimiento Popular Contra la UE no puede apoyar la exposición y las conclusiones paternalistas del Sr. Brok, pero al mismo tiempo se abstiene de votar en contra del informe por respeto al derecho de los países candidatos de decidir por ellos mismos- a través de referendos justos e imparciales (esperamos lo mejor pero nos tememos lo peor) -si quieren ser miembros o no de la Unión Europea. 
Si los Estados miembros existentes pusieran trabas, esto se interpretaría como la construcción de la llamada fortaleza europea para los países más ricos. Estos últimos serían criticados por no ser capaces de mostrar solidaridad con otros pueblos deseosos de acceder a la Unión. 
Sin embargo, queremos manifestarnos en contra de las condiciones de esta ampliación a precio de ganga. No asegura la igualdad entre los miembros. 
Por supuesto se puede entender que los pueblos afectados estén buscando ahora una compensación en forma de derechos y fondos estructurales y agrarios. 
Desgraciadamente, la Unión Europea suele considerar a los nuevos miembros como países de segunda clase. 
Ensalza la reunificación del continente considerándola un logro político e histórico. Al mismo tiempo impide la libre circulación de personas. 
Propugna la democracia y el pluralismo, pero los objetivos de los cambios impuestos y los medios utilizados para alcanzarlos son fruto de dogmas que llevan a la regresión social. Las condiciones impuestas a los créditos y la ayuda son ejemplos de ello. 
- (NL) Mi delegación del VVD estaba y está a favor de la ampliación de la Unión Europea con la incorporación de los doce países con los que estamos negociando actualmente, especialmente por razones históricas, económicas y político-estratégicas (como, entre otras cosas, la estabilidad en la frontera oriental y la democracia en toda Europa). 
Votamos a favor de la adhesión de Malta, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Chipre, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. 
El big bang ha sido un procedimiento injusto que ha ejercido una presión innecesaria sobre la cohesión interna de la Unión al igual que en la evaluación objetiva de los Estados miembros candidatos. 
En el futuro no debemos elegir este camino, ni siquiera con un small bang. 
Cada Estado miembro candidato debe ser evaluado por sus propios méritos. 
Tan pronto Bulgaria y Rumania estén listas, deben adherirse sin necesidad de esperar a los otros. 
Por lo tanto, por lo que a nosotros respecta, de hecho la adhesión es posible antes o después del 2007. 
Respecto a la adhesión de otros países como Croacia o Turquía, la forma institucional de la Unión Europea tendrá que adaptarse primero (eficiencia, transparencia y control democrático) antes de que puedan plantearse. 
Por lo tanto, no pueden hacerse promesas hasta que la Conferencia Intergubernamental concluya de manera satisfactoria. 
Participar en la reunificación pacífica de una Europa en otros tiempos dividida es todo un privilegio. 
Hoy he votado a favor con gran satisfacción. 
Como representante del Partido Nacional Escocés, también soy muy consciente de que muchos países pequeños, que acaban de restablecer su independencia, figuran entre los que hemos admitido en la votación de hoy. 
En cambio, Escocia, que es una de las pequeñas naciones más antiguas de Europa, continúa sin ser más que una «región» de un Estado miembro, a los ojos de Bruselas. 
En esta nueva Europa ampliada, Escocia debe indudablemente aspirar a algo más. 
El pueblo escocés expresará su opinión al respecto el 1 de mayo, en las elecciones al Parlamento escocés. 
La ampliación desde el exterior está en marcha. 
También debe producirse desde el interior. 
Dado que la Convención Europea está próxima a concluir, parece evidente que una futura constitución no pondrá ningún obstáculo para la ampliación interior. 
Espero que este proceso comience pronto. 
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(DE) Nunca he visto a tantos diputados al Parlamento Europeo sometidos a tanta presión por parte de las direcciones de sus partidos nacionales. 
De ahí que el resultado de la votación no se corresponda con las convicciones honestas que muchos de nosotros tenemos. 
Lo que digo ahora lo hago también pensando en los que no se han atrevido a no hacer caso de su conciencia. 
La Unión Europea debe democratizarse antes de ampliarse. 
Esto es lo que prometimos a nuestros electores en 1999. 
Pero la Unión Europea no ha cumplido, y el Tratado de Niza es una ridiculez. 
Por eso la Unión Europea solo puede funcionar si la Convención y los Gobiernos optan por una verdadera constitución, que sea democrática y transparente. 
Aunque estoy muy a favor de la ampliación de la Unión Europea, la adhesión de diez nuevos miembros a la vez supone una carga excesiva en este momento. 
La razón por la que he votado en contra del informe Brok es que nos presenta un mundo de ilusiones. 
Ni siquiera he podido votar a favor de la adhesión de Polonia, donde demasiadas cosas se están escapando de las manos, y el Gobierno polaco participa activamente en la horrible guerra de agresión en el Iraq. 
Me he abstenido en las votaciones sobre todos los demás países, pues mi principal preocupación era la cuestión de si Occidente está preparado para el Este, y la respuesta es que no. 
Hoy es un día histórico para la Unión Europea y estoy sumamente satisfecha y orgullosa de aportar mi granito de arena al votar a favor de todos los informes sobre la ampliación que tenemos ante nosotros. 
Hoy comenzamos el siglo XXI europeo. 
En Europa, el pasado siglo se ha caracterizado por las guerras, durante la primera mitad, y por la división entre el Este y Occidente, en la segunda. 
Esa Europa ha quedado atrás, dado que hoy estamos votando por reunificar nuestro continente en paz, democracia y prosperidad. 
Diez nuevas banderas han aparecido hoy en nuestra Cámara. 
Espero dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas de estos países en este Parlamento el mes que viene, de modo que podamos comenzar a construir juntos la Europa que nuestros 500 millones de ciudadanos se merecen. 
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(DE) Hoy el Parlamento Europeo ha votado a favor de la adhesión de diez Estados a la Unión Europea. 
Este es un día histórico, no solo para Europa, sino también para mí personalmente. 
Se está superando la calamitosa división de Europa, y Europa se unifica en paz y libertad. 
Los pueblos de Europa tienen ahora la oportunidad de unirse conformando su futuro en libertad y en democracia. 
Sin embargo, hoy he votado en contra de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, y me gustaría explicar por qué lo he hecho. 
Hoy he votado en contra de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, y quiero explicar que esto no es un «no» al pueblo checo, sino una señal deliberada a los políticos que, a pesar de las muchas peticiones para que lo hicieran- entre otros, de su propio pueblo -, no han querido renunciar a ciertos pasajes de los decretos Bene? que son contrarios a los derechos humanos. 
Mi distrito electoral está en el Alto Palatinado, una región fronteriza que comparte unos 140 kilómetros de frontera con la República Checa, y donde muchos han desarrollado una nueva vida después de que se les echara de sus casas en Bohemia y Moravia. 
Sé cómo de fuertes son los lazos que unen a estos expulsados a sus anteriores hogares, y a familiares y amigos que todavía viven en la República Checa y que siguen estando sometidos a la «Ley de Inmunidad» checa. 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
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(DE) Acojo con satisfacción la adhesión, el 1 de mayo de 2004, de las Repúblicas Bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, al igual que la de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y las islas de Chipre y Malta. 
Esto pondrá fin a la calamitosa división de Europa. 
Me alegro de poder estar presente en este momento histórico. 
Sin embargo, aunque pueda alegrarme de las adhesiones, sigo teniendo dudas acerca de la República Checa. 
Al mismo tiempo que quiero que la República Checa se una a la Unión Europea, no puedo cerrar los ojos al hecho de que los decretos Bene? , que legalizaron la expulsión de determinados grupos étnicos, sigan estando en vigor hoy en día. 
Emito mi voto en contra de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. 
No considero aceptable que la República Checa siga, hasta el día de hoy, sin distanciarse de los decretos Bene? de manera apropiada y reconocer así que las expulsiones fueron una injusticia. 
Mi voto pretende ser una señal. 
Quiero llamar la atención de modo especial sobre la llamada «Ley de Inmunidad» , que sigue legitimando las más graves ofensas y crímenes del período de posguerra. 
Hace años, a iniciativa de los diputados europeos de la CSU/CDU, el Parlamento instó a la República Checa a que levantara los decretos y leyes que aún estaban en vigor, en la medida en que estuvieran relacionados con la expulsión de determinados grupos étnicos de la antigua Checoslovaquia. 
La República Checa accedió a ello, más bien al contrario. 
Además, en abril de 2002, el Parlamento checo declaró incluso unánimemente que los efectos de los decretos Bene? sobre la ley y los derechos de propiedad eran «incuestionables, inviolables e inalterables». 
Considero esto una prueba clara de que los checos no tienen previsto hacer un gesto de reconciliación política. 
Son estos antecedentes los que hacen tan necesario completar este capítulo de la historia. 
La Unión Europea es una comunidad de leyes y valores, y una de sus obligaciones elementales es la de proteger a las minorías. 
Esto deben reconocerlo todos los países que desean acceder a la Unión Europea, y es inaceptable que la República Checa ignore este hecho. 
Considero que la ampliación de la Unión Europea con otros diez países de nuestro continente es una empresa histórica que- se mire como se mire- era muy necesaria tras el colapso del sistema bipolar en Europea y el mundo. 
Su significado más profundo era y sigue siendo que esperamos dar la bienvenida a los ciudadanos de estos países a una entidad bien formada, una comunidad que unifique las economías de sus miembros y que ha proclamado su voluntad de acercarse cada vez más a la cooperación política y a la unión de Estados, naciones y ciudadanos de Europa. 
No tenemos ningún derecho histórico, moral, político o estratégico para rechazar la petición formulada libre y democráticamente por parte de las diez naciones para participar en pie de igualdad en la construcción de esta entidad. 
Al contrario, redunda en nuestro interés responder positivamente, con iniciativas y solidaridad. 
Esperamos que se exprese el mismo deseo de convergencia, general y específicamente, por parte de estos países y de sus Gobiernos, por encima de las afligidas y forzadas divergencias demostradas recientemente en el tema del plan para invadir el Iraq, divergencias que pronto demostrarán no tener sentido y carecer de valor práctico para aquellos que decidieron sobre ellas por ingenuidad o egoísmo. 
La ampliación tal y como ha tenido lugar obviamente también encierra aspectos negativos y peligros tanto para los países candidatos como para la empresa histórica de la unificación europea, dado que ha precedido a la gran unidad institucional y política necesaria? 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 137 del Reglamento) 
(FR) Desde que el antiguo bloque soviético empezó a desmoronarse, otros muchos y yo hemos luchado por facilitar la rápida adhesión de los países que están a punto de unirse a nosotros. Por ello, estoy encantado de que esto vaya a ocurrir por fin, después de tantos retrasos causados intencionadamente por los federalistas europeos. 
Los países candidatos han demostrado ser capaces de introducir los cambios necesarios con el fin de unirse a la Unión. Sin embargo, esta última es víctima una parálisis peligrosa, y la situación me preocupa. 
Yo soy de la opinión contraria. Tal y como yo lo veo, la ampliación tiene que incluir el abandono del viejo método comunitario. 
La postura adoptada por los futuros Estados miembros en la víspera de la intervención militar en el Iraq confirma mi opinión. Nuestro concepto de solidaridad europea data de los primeros días de la integración europea. 
No tiene sentido pedir más integración, un nivel supranacional y la uniformidad. 
Si intentamos crear una Europa de 25 Estados miembros, como sugiere el ponente, todo se frenará estrepitosamente. 
Europa necesita libertad y flexibilidad. Puede funcionar sin ideología. 
Debe sacar fuerzas únicamente de la diversidad de las naciones que alberga. 
. (FR) He votado a favor del tratado de adhesión de los 10 nuevos países a la Unión Europea. 
He reflexionado detenidamente antes de hacerlo, porque significa comprometer a la Unión en un proceso largo y difícil. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la creación de la Unión siempre ha sido un proceso difícil. 
Hemos de prever que también será larga. Los países de la Europa Central y Oriental que quieren acceder a nuestra Unión han realizado esfuerzos tremendos para unirse. 
Han modernizado rápidamente sus economías y han reformado sus sistemas sociales. Sus sistemas políticos se han democratizado. 
Todo esto se ha alcanzado en muy pocos años. Hay que alabar su coraje y los sacrificios que han hecho. 
Los pueblos de Europa Central y Oriental tienen un pasado muy inestable. Sus recuerdos todavía están frescos en sus mentes. 
No podemos rechazar a estas personas simplemente porque no queremos frenar nuestra idea de Europa. No tenemos derecho a hacerlo. 
La unificación de Europa es un reto histórico. 
No tenemos derecho a dejar pasar esta oportunidad. Si lo hacemos, pagaremos un precio alto. 
El proceso de ampliación debe ir de la mano con una profundización de las instituciones. Somos muy conscientes de que la profundización no tendría lugar si la ampliación no estuviera en cierne. 
Todos los que esperan honestamente el éxito de la ampliación habrán entendido que hoy es esencial votar a favor del consentimiento. Entonces seremos capaces de tender la mano de la fraternidad genuina a los pueblos de estos diez países. 
La Unión Europea se creó para promover la causa de la paz. A nosotros nos corresponde mantener vivo el espíritu de la paz y obrar por un futuro mejor para todos nosotros. 
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(DE) Acojo con gran satisfacción la votación de hoy en la sesión plenaria del Parlamento Europeo a favor de la aceptación de diez países que desean adherirse a la Unión Europea. 
La ampliación de la Unión Europea supone un beneficio tanto para la Unión Europea como para los candidatos a la adhesión, y es condición indispensable para la paz, la estabilidad y la prosperidad en una Europa reunificada. 
Sin embargo, a este respecto me gustaría reiterar la urgente necesidad de establecer, tan pronto como sea posible, un sistema armonizado en toda la Unión Europea de normas de seguridad comunes para todos los Estados miembros de la Unión Europea presentes y futuros en el ámbito de la utilización de la energía nuclear. 
Es perentorio tomar las siguientes medidas: 
Revisión del Tratado Euratom por parte de la Convención sobre el Futuro de Europa, que está actualmente en sesión; redacción y promulgación de las directivas ya propuestas por la Comisión Europea sobre la mejora de la seguridad nuclear y el establecimiento de una autoridad independiente paneuropea de inspección en el ámbito de la seguridad nuclear en los Estados miembros, en colaboración estrecha con la OIEA. 
Habiendo votado como he hecho hoy, intensificaré mis esfuerzos por una solución política justa, tan pronto como sea posible, al problema de los decretos Bene? y, en particular, de la Ley de Inmunidad nº 115, de 8 de mayo de 1946. 
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(DE) A pesar de mis serias dudas, he votado a favor de los informes sobre las solicitudes de Chipre, Malta, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Eslovenia, la República Checa y Eslovaquia. 
Mis dudas no tienen nada que ver con estos países, sino con el hecho de que el Tratado de Niza no ha capacitado suficientemente a la Unión Europea para la ampliación. 
Como todavía no sabemos el resultado de la Convención o de la consiguiente modificación del Tratado, cualquier decisión sobre la ampliación es básicamente prematura. 
Me he abstenido en la votación sobre la República de Polonia, puesto que este país está desempeñando actualmente una parte activa en una guerra contraria a la ley internacional. 
Nuestra oposición al informe Brok es coherente con nuestra oposición a la manera en que se ha llevado todo el proceso de ampliación. 
Siempre hemos defendido enérgicamente la reunificación de Europa. 
Siempre hemos intentado superar la división antinatural impuesta en Yalta. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para permitir a Europa utilizar sus dos pulmones. 
Desgraciadamente, la Unión Europea ha empezado perdiendo una oportunidad histórica. A los países de la Europa Central y Oriental se debería haber ofrecido la oportunidad de acceder a la parte intergubernamental de los tratados inmediatamente después de su liberación. 
Tras este acto formal, debería haberse ofrecido a cada Estado la posibilidad de optar por la adhesión a una u otra de las políticas comunes. Deberían haberse fijado calendarios apropiados para tener en cuenta las condiciones locales. 
Nada de esto ha ocurrido. En cambio, después de interminables negociaciones conducidas por la Comisión en su típico estilo burocrático, se ha impuesto a todos los mismos calendarios y la misma camisa de fuerza. 
Las fronteras y la protección se eliminarán de un solo golpe, y se anexarán a los tratados numerosas cláusulas de salvaguardia. De este modo, la Unión Europea habrá logrado algo bastante especial. 
Habrá logrado sustituir el gozo de la recuperación de viejos conocimientos por la preocupación generalizada. Sería irresponsable no reconocer que esta ampliación retrasada y uniforme se percibe ahora como una amenaza más que como una oportunidad para muchos, tanto en el Este como en el Oeste. 
. (NL) Hoy he apoyado la adhesión de los diez países candidatos, a pesar de que algunos de ellos todavía no cumplen todos los criterios. 
Será necesario ejercer un minucioso control exterior sobre todos estos puntos. 
Tenemos que mantener ese control estricto, porque nos interesa mutuamente. 
Debo decir a este respecto que habría sido mejor celebrar un referéndum europeo al comienzo del proceso. 
Sin embargo, ahora ya es tarde para eso- no se pueden cambiar las reglas del juego cuando ha comenzado la partida. 
También lamento enormemente que países como Polonia- sin haber realizado la consulta europea oportuna- estén participando en la guerra del Iraq. 
Pero también lo lamento en el caso del Reino Unido. 
Estoy a favor de una política exterior europea común. 
Esa es la única manera de garantizar que Europa no se convierta en una víctima permanente de la crisis del Iraq. 
Asimismo, carecemos de un gobierno democrático y poderoso para Europa. 
Desafortunadamente, nuestra carrocería todavía no es resistente a 2004. 
Ese es el gran desafío para la Convención Europea en 2004. 
Me gustaría finalizar con una importante cuestión como es la reforma de la política agraria. 
La actual política de subvenciones a los productos se ha quedado anticuada. 
Con todo, hoy voto a favor de la ampliación porque los ciudadanos de los países candidatos no pueden ser las víctimas de nuestra negligencia. 
Hemos votado a favor de la aprobación del Tratado de Adhesión de 10 nuevos Estados miembros a la Unión Europea. 
No era cuestión de suscitar dudas acerca de la ampliación hoy, que era realmente lo que estaba en juego en la votación. 
En 2004 desaparecerán la vieja Europa y la nueva Europa y serán sustituidas por una Unión que ocupará finalmente el territorio que le corresponde. Entiendo que este territorio comprende la totalidad de nuestro continente. 
De hecho, esta votación se ha producido en medio de una tensa situación internacional. Pero eso no debería suscitar dudas sobre la ampliación. 
Hoy reafirmamos nuestra confianza en la capacidad de los países candidatos para regresar a la familia europea. Dejando a un lado la tensión existente en las esferas diplomáticas, también reconocemos el gran esfuerzo político, económico y social que han realizado estos países. 
Algunos están preocupados por el hecho de que la Europa de los 25 vaya a comenzar a funcionar en un contexto de incertidumbre institucional. La futura Constitución europea probablemente no entrará en vigor hasta el 1 de mayo de 2004. 
Existían razones para retrasar las votaciones de hoy, dado que el trabajo de la Convención está avanzando muy lentamente. 
Pero no parece justo que sean los países candidatos los que carguen con las consecuencias de nuestra incapacidad para tomar decisiones y reformar las instituciones europeas. 
Realmente no creemos que eso sea justo. El hecho de confirmar la ampliación en la fecha prevista nos obliga a cumplir el calendario de reformas institucionales. 
Este es el firme mensaje político que la Cámara envía a los Estados miembros. El mensaje cuenta también con la ventaja de ser positivo. 
Señor Presidente, para mí, como diputado alemán del Parlamento, la reunificación de Europa que hemos votado hoy tiene una importancia comparable a la reunificación de mi propio país. 
Por esta razón, he aprobado las solicitudes de adhesión de hoy de todo corazón, incluida la de la República Checa. 
Sin embargo, lamento profundamente que la República Checa no haya derogado los decretos de expulsión y, en particular, la Ley de Inmunidad, que es contraria a todos los principios del derecho. 
Por eso quiero decir que he aprobado también la adhesión de la República Checa con la convicción de que, si la República Checa se convierte en un Estado miembro de la Unión Europea, podremos representar mejor y más eficazmente los intereses de los expulsados alemanes y de la minoría alemana de la República Checa, con los que me siento obligado. 
Señor Presidente, con el fin de cumplir el Reglamento del Parlamento, estoy obligado a presentar mi explicación de voto por partes. 
Me ocuparé ahora de la segunda parte. 
El Consejo de Copenhague estableció un límite de 40.800 millones de euros para las transferencias de la Unión a los nuevos miembros, hasta 2006. 
En 1999, el Consejo de Berlín había asignado 43 millardos para el mismo período, aunque para seis países. 
De ahí se deduce que la Unión tiene ahora menos dinero para ayudar a más países. 
¡No hay quien lo entienda! 
Por otra parte, este presupuesto de 40,8 millardos de euros para tres años no es tampoco lo que parece. Los 10 nuevos Estados miembros tendrán que aportar a este unos 15 millardosx de euros. 
El Sr. Kok ha calculado que las transferencias netas a los nuevos países se limitarán a unos 10 millardos de euros anuales. Eso supone menos del 0,1 % del PIB de la Unión. 
Semejante generosidad incitará a los nuevos Estados miembros a replantear su caso, una vez que hayan ocupado sus puestos en el Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, durante muchos años he defendido la ampliación de la Unión Europea mediante la adhesión de los países de Europa Central y Oriental- y, por tanto, de la República Checa. 
Sin embargo, no he votado a favor de la aprobación de la adhesión de la República Checa, fundamentalmente por los siguientes motivos. El primero es que los decretos de Bene? , en virtud de los cuales, durante 1945 y 1946, se expatriaron 3,2 millones de alemanes, negándoseles sus derechos civiles, no han quedado obsoletos. 
El segundo es que la Ley de Inmunidad, vigente en la República Checa, supone una violación de los derechos humanos, tal y como la entendemos en Europa y en todo el mundo. 
En tercer lugar, la política de derechos humanos de la Unión Europea dejaría de resultar creíble si aceptáramos una legislación vigente que no castigara los delitos cometidos contra la población civil alemana y húngara al finalizar la II Guerra Mundial. 
Por lo tanto, no se trata de historia, sino de política actual. 
Se trata de que la Unión Europea sea una comunidad de valores, de acuerdo con los criterios de Copenhague. 
Señor Presidente, Señorías, me satisface mucho que hoy se haya aprobado la adhesión de la República Checa. 
Es una pena que mis padres no vivan para presenciar este acontecimiento. 
Mi madre falleció en enero. 
Ellos fueron expulsados de su hogar y perdieron muchísimas cosas. 
Mi tío fue asesinado en un campo checo en 1946. 
Sin embargo, al haber sido educado en un entorno de tolerancia y perdón, puedo ahora decirles que quienes- en cierto modo de forma justificada- han votado hoy en contra de la adhesión de la República Checa debido a los decretos de Bene? , han olvidado una verdad fundamental: que son los ciudadanos los que son aceptados. 
Tenemos que mirar hacia adelante, en lugar de volver a la vieja política de revancha. Considero importantísimo subrayar eso. 
El hecho de que algunos miembros del CSU acaben de votar en contra se debe, sin duda alguna, a la celebración de elecciones en Baviera, donde pretenden conseguir un dominio general de ciertos círculos donde se reúnen los expulsados. 
No puedo estar de acuerdo con eso. 
Considero muy lamentable que haya personas aquí que, sin edad suficiente para tener una visión prospectiva de la historia, sigan manteniendo sus viejos deseos de venganza. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, pese a que en dicha votación se habría conseguido mayoría absoluta sin mi contribución. 
He votado a favor de la moción porque espero, deseo y ruego que, en el próximo Parlamento, elegido en 2004, en el que estará ya representada la República Checa, habrá también representantes del Partido de los Pensionistas checo, para hinchar nuestras cifras y hacer que protejamos los derechos de los pensionistas de forma más efectiva. 
Habríamos conseguido más en este ámbito en el Parlamento si hubiese más representantes de los partidos de los pensionistas europeos. 
Señor Presidente, Señorías, mi voto en contra de los diez informes de adhesión pretende expresar mi profunda preocupación por el hecho de que la Unión Europea no haya cumplido su promesa de ampliar y profundizar la Unión al mismo tiempo. 
Mi confianza en los Estados miembros de la Unión Europea está absolutamente debilitada, no solo porque su falta de unidad en cuestiones de política exterior y de seguridad ha resultado perjudicial para Europa, sino también porque, por las mismas razones, el Tratado de Niza no ha podido establecer las condiciones necesarias antes de la ampliación. 
La Convención todavía no ha obtenido un resultado y mucho menos un compromiso para que el texto del nuevo tratado se ratifique lo antes posible. 
Considero hipócrita tomar decisiones acerca de la ampliación cuando nos estamos olvidando de los problemas de la Unión Europea que siguen sin resolverse. 
Puesto que esta Cámara tiene que tomar una decisión tan importante, me gustaría haber observado una mayor determinación en lo que respecta a la defensa de sus derechos frente al Consejo. 
Para que no se me malinterprete, permítanme decir que estoy a favor de la ampliación, lo antes posible, incluso para el 1 de mayo de 2004, pero para eso necesitamos la base de un nuevo tratado, que garantice la acción común en cuestiones cruciales, aunque haya más de 25 Estados miembros. 
Ahora más que nunca, observo una falta de voluntad europea común que sea capaz de dominar las tareas de la sólida Europa del mañana. 
Señor Presidente, Señorías, soy muy consciente de la importancia histórica de la votación de hoy, que es también, sin embargo, la decisión más difícil que he tenido que tomar hasta ahora en mi carrera política. 
No he recorrido el camino más corto para tomar esta decisión. 
Tras pensarlo detenidamente, decidí votar a favor de la adhesión de la República Checa, a pesar de mi firme postura con respecto a la cuestión de Bene?. 
La Ley de Inmunidad sigue formando parte de la legislación checa. 
Es una ley injusta y una mancha deshonrosa. 
No hay lugar para ella- de ningún tipo- en una nueva Europa que se toma en serio su afirmación de valores comunes. 
Lamento mucho observar que el Gobierno checo, hasta la fecha, no ha sido lo suficientemente magnánimo como para tener un gesto. 
A pesar de todo, he votado a favor de la adhesión de la República Checa, demostrando con ello una confianza que, por lo que sé, podría verse traicionada. 
Sin embargo, me gustaría contribuir a romper el círculo vicioso de malentendidos y ayudar a terminar con las posturas inamovibles, y confío en que esta señal positiva también reciba una respuesta positiva por parte de los checos. 
Quienes rechazan una mano tendida no han comprendido el espíritu de la Europa ampliada. 
He votado a favor de todos los informes relativos a la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros. La reunificación de la Europa Oriental y Occidental supone para nosotros un reto histórico. 
La ampliación ya ha tardado demasiado. 
Como sugerimos, los países recién liberados de Europa Oriental deberían haber sido admitidos en una especie de «Confederación de la gran Europa» a comienzos del decenio de 1990. Esta confederación habría constituido un foro con un tipo de planteamiento de geometría variable. 
Pero ese planteamiento habría exigido un giro radical en el proceso de la integración europea, en el sentido de la flexibilidad. La Comisión expresó su oposición. 
Encontró la manera de imponer un planteamiento diferente. Los países del Este se vieron obligados a esperar a que el superestado estuviese preparado para poder entrar. 
Queremos insistir en que ese planteamiento es erróneo. 
Ha amargado a los países candidatos y no les ha permitido alcanzar un buen nivel. 
Sin embargo, tenemos que dar ahora nuestro «sí» , con la esperanza de que estos países puedan ayudarnos a cambiar la Unión desde dentro. 
Voy a votar en contra, pero no en contra de la República Checa en sí misma, sino en contra de las circunstancias en las que se pretende que tenga lugar esta ampliación, como ya dejé claro en mi explicación de voto sobre el informe Brok. 
En primer lugar, para no perjudicar de modo alguno a un proceso de paz que toda Europa espera que prospere. En segundo lugar, porque esta adhesión tendrá muy poca repercusión económica en los procesos de toma de decisiones. 
Mi otra excepción ha sido abstenerme respecto a la adhesión de Polonia. Polonia siempre ha tenido un papel que desempeñar en el proceso de construcción de Europa, aunque otros le hayan impedido desarrollarlo plenamente desde el comienzo. 
(DE) La reunificación de Europa es una oportunidad de importancia histórica, aunque existan dudas sobre el respeto del orden europeo por parte de la República Checa. 
Los Primeros Ministros checos han calificado las expulsiones posteriores a la II Guerra Mundial de «justas» y «necesarias» , e incluso las han defendido como ejemplos en los conflictos actuales. 
Tiene que decirse claramente que eso se opone a la declaración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea según la cual «las expulsiones colectivas queden prohibidas». 
Por esta razón la resolución del Parlamento adoptada el 20 de noviembre de 2002 establecía en su título O, que «las políticas con un sesgo étnico, y que dan lugar a expulsiones colectivas y a la destrucción de bienes culturales, son una violación flagrante de derechos fundamentales europeos y de la cultura jurídica europea común». 
Esto supone un veredicto claro. 
No pretende exigir ningún tipo de restitución, sino dejar claro que las posturas checas como las mencionadas antes constituyen una violación de los principios más fundamentales de la legislación, cuyo mantenimiento justifica la existencia de la Unión Europea. 
A pesar de que acogemos con satisfacción la declaración del Presidente Klaus de que los «acontecimientos cargados de violencia y de tragedias humanas» , que también afectaron a los alemanes de Bohemia, fueron «actos inaceptables desde el punto de vista actual» , no han dicho nada parecido ni el Gobierno checo, ni su parlamento, ni los grupos o partidos representados en él. 
Así pues, no han conseguido disipar las dudas relativas a si la República Checa respeta los principios de la cultura jurídica europea. 
Eso significa que no se han cumplido todas las condiciones para la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, por lo que no podemos votar a favor de la citada adhesión. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
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(DE) Apruebo la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, a pesar de que su adhesión deja cuestiones abiertas, cuya resolución lleva exigiendo el Parlamento Europeo, con un espíritu de reconciliación, desde hace muchos años. 
Esto es particularmente cierto en el caso de la denominada Ley de Inmunidad, nº 115, de 8 de mayo de 1946. 
Cualquier justificación que este decreto tenga para su existencia quedará obsoleta en el sistema de derecho común de la Unión Europea de forma más rápida y duradera que si se rechazase esta solicitud de adhesión. 
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(DE) Apruebo la adhesión de la República Checa porque opino que la reunificación de Europa y, por tanto, el regreso de los checos a la familia europea, no debe bloquearse por la irresponsabilidad de los políticos checos que todavía no han comprendido cómo funciona un país moderno bajo el Estado de derecho. 
Esperemos que se pueda acabar más rápidamente con la injusticia de algunos de los decretos de Bene? que continúan en vigor desde dentro de la Unión Europea, que si nos negamos a admitir a la República Checa en ella. 
. 
(DE) Me he abstenido en la votación de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. 
El factor decisivo para esta decisión ha sido el hecho de que el Gobierno de Praga no considere necesario distanciarse de los decretos del antiguo Presidente Bene? , que calificó de lícitos los más graves delitos- entre ellos el asesinato- cometidos contra los alemanes, los austriacos y los húngaros en el transcurso de su expulsión. 
No es aceptable que el parlamento checo, en abril de 2002, haya afirmado que este tipo de expulsión fue «indiscutible, inviolable e inalterable». 
Una parte esencial de mi trabajo en el Parlamento Europeo tiene que ver con garantizar la protección de los derechos humanos, el Estado de derecho y las minorías. 
Estos principios se encuentran entre los criterios de Copenhague que tienen que cumplir todos los países que quieran ingresar en la Unión Europea. 
Su capacidad de adhesión depende del cumplimiento de estas condiciones, y no solo de las establecidas por el acervo comunitario. 
Puesto que los checos no han cumplido estas condiciones, estaría totalmente justificado que yo votara en contra de la actuación de los responsables políticos de su país. 
Pero como no estamos votando sobre gobiernos, sino sobre países y sus ciudadanos, hoy he decidido abstenerme. 
Espero que los ciudadanos de la República Checa consigan, tras la adhesión de su país, entender mejor la comunidad de valores y leyes que representa la Unión Europea. 
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(DE) Apruebo la adhesión de la República Checa porque opino que la reunificación de Europa y, por tanto, el regreso de los checos a la familia europea, no debe bloquearse por la irresponsabilidad de los políticos checos que todavía no han comprendido cómo funciona un país moderno bajo el Estado de derecho. 
Esperemos que se pueda acabar más rápidamente con la injusticia de algunos de los decretos de Bene? que continúan en vigor desde dentro de la Unión Europea, que si nos negamos a admitir a la República Checa en ella. 
. 
(DE) Me he abstenido en la votación sobre la adhesión de la República Checa. 
Opino que el país no ha cumplido aún todas las condiciones necesarias para su adhesión a la Unión Europea. 
La reunificación de Europa es una oportunidad de importancia histórica. 
Se basa en un sistema de derecho común y en la reconciliación entre los pueblos europeos. 
Lamento enormemente que el Gobierno checo no haya, de momento, cambiado su postura con respecto a las expulsiones y que continúe afirmando, en la resolución parlamentaria de 24 de abril de 2002, que son «indiscutibles, inviolables e inalterables». 
Por eso se acogieron con la máxima satisfacción las declaraciones del Presidente checo, Vaclav Klaus, el 20 de marzo de 2003, cuando afirmó que la expulsión de la población alemana de Checoslovaquia, así como los actos de violencia cometidos contra los alemanes incluso tras el fin de la guerra, no eran aceptables desde un punto de vista actual. 
Cabe añadir que la sociedad de ambos países ha realizado numerosos esfuerzos por alcanzar una reconciliación definitiva. 
Sin embargo, no se ha introducido ni anunciado ningún cambio en la postura jurídica existente, como resultado de las declaraciones del Presidente. 
La actitud del Gobierno y del Parlamento checos se opone al espíritu de reconciliación y de respeto de los derechos humanos, así como al Estado de derecho que caracteriza a la integración europea. 
Me gustaría expresar mi esperanza personal de que la inminente ampliación de la Unión Europea permita al Gobierno y al Parlamento checos reconsiderar su postura, y que eso vaya seguido de las acciones y los gestos oportunos. 
. 
(DE) Hoy he votado en contra de la solicitud de adhesión de la República Checa a la Unión Europea. 
Estoy convencida de que la base más importante para la unificación de los pueblos europeos es la obligación incondicional por parte de todos ellos de respetar los principios del Estado de derecho. 
Solo sobre esa base tendrá futuro una Europa unida. 
Esta es la obligación que la República Checa no está asumiendo, al mantener los decretos del antiguo Presidente checoslovaco Bene? y, en particular, la Ley de Inmunidad (Ley Nº 115 de 8 de mayo de 1946) , que no ha sido derogada hasta la fecha. 
El efecto de esa ley es otorgar legitimidad general a los más graves crímenes y delitos cometidos tras la II Guerra Mundial. 
En el sistema del derecho común europeo no hay cabida para ningún país con leyes como esa en vigor. 
Una decisión a favor de la aceptación de la República Checa como Estado miembro sentaría también un precedente que podría ser utilizado por otros países candidatos en el futuro. 
La creación de un precedente perjudicaría durante mucho tiempo y en profundidad la credibilidad de la Unión Europea. 
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(DE) La reunificación de Europa es una oportunidad histórica, y los checos y alemanes en particular tienen las perspectivas de un rico patrimonio cultural. 
No creo que se hayan cumplido todas las condiciones para la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. Particularmente me preocupan los decretos de Bene? , que han sobrevivido hasta la actualidad. 
Los jóvenes europeos comparten un futuro común: Europa. 
Esta es una oportunidad que no quiero negar a las generaciones jóvenes de la República Checa. 
Señor Presidente, ahora presentaré la tercera parte de mi explicación de voto. 
De acuerdo con el informe del Sr. Kok, el coste de la ampliación podría incrementarse del 0,03 % del PIB de la Unión en 2003 al 0,23 % en 2013. Aún así seguiría siendo muy poco. 
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en los últimos doce años aproximadamente, Alemania ha venido dedicando alrededor del 3% de su PIB a los nuevos Länder para facilitar su ajuste estructural. Los Estados miembros se consideran contribuyentes netos. 
En cualquier caso, este último tiene un límite fijo del 1,27 % del PIB comunitario. Como consecuencia, cualquier incremento futuro de las ayudas estructurales a los nuevos países tendrá que realizarse a costa de las actuales políticas de la Unión. 
Señor Presidente, he votado a favor de la adhesión de la República de Estonia a la Unión Europea, porque, como único representante en el Parlamento Europeo del Partido de los Pensionistas italiano, espero y deseo que el próximo Parlamento Europeo también incluya a un representante del Partido de los Pensionistas estonio, que espero que pueda venir a esta Cámara para ayudarme a promover el respeto por los mayores en el futuro de Europa. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
Señor Presidente, he llegado a la cuarta parte de mi explicación de voto. 
El informe del Sr. Kok insiste en dos formas de reducir el coste de la ampliación. 
La primera de ellas implica una aplicación estricta de las normas que rigen las ayudas estructurales. Eso reduciría el coste de la ampliación hasta el 0,11 % del PIB de la Unión. 
Es probable que España, Portugal, Irlanda y Grecia se opongan a semejante acción. 
La segunda forma implica reducir las ayudas directas a la renta agraria hasta el 85% de su nivel actual. El coste de la ampliación quedaría entonces en el 0,10 % del presupuesto comunitario. 
Sin embargo, esto supondría un sacrificio para la política agraria común. Sin duda podría reformarse esta última, pero sería lamentable reducirla hasta casi su desaparición. 
En principio, el coste de la ampliación se ha establecido sólo hasta 2006. Por lo tanto, los años subsiguientes podrían convertirse en una refriega por lo que respecta al presupuesto. 
El proceso de toma de decisiones de la Unión no se habrá mejorado notablemente, por lo que solo cabrá esperar su bloqueo. 
Señor Presidente, he votado con gran entusiasmo a favor de la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea. 
Como único representante del Partido de los Pensionistas italiano de esta Cámara, espero y deseo que se elijan de la República de Chipre otros dos representantes- en este caso- del Partido de los Pensionistas chipriota: uno para defender los intereses de lo que espero que pronto sea la antigua comunidad grecochipriota, y otro en representación de lo que espero que pronto sea la antigua comunidad turcochipriota. 
Esto nos concederá más poder para defender los intereses de los mayores en toda Europa. 
Señor Presidente, me gustaría hacer constar algunas de las razones por las que he votado a favor del informe del Sr. Poos sobre Chipre. 
Me alegro de que los chipriotas reciban el apoyo de esta Cámara. 
Resulta absolutamente fundamental que se respete su deseo de unirse a la Unión Europea. 
Tengo ciertas reservas con respecto a algunos aspectos del proyecto europeo, pero no me cabe ninguna duda de que a los países que desean unirse se les permitirá hacerlo. 
Hoy es un día histórico para Chipre, así como para la Unión Europea. 
Durante demasiado tiempo, Chipre ha sido víctima de la política de potencia en Europa. 
A menudo ha sufrido a expensas de las decisiones tomadas por países más grandes y poderosos. 
Sé que la adhesión a la Unión Europea es para muchos chipriotas un camino hacia la seguridad y la estabilidad, y que conducirá a una situación en la que Chipre forme parte esencial de los procesos de toma de decisiones en Europa, con un puesto en la mesa de los responsables europeos que toman las decisiones. 
Espero que en las próximas semanas podamos ser testigos de la culminación de la adhesión de Chipre y que podamos ver cómo esta pequeña isla, que una vez fue víctima de la política europea, se convierte en una voz equitativa, respetada e influyente a la hora de moldear el futuro del continente que compartimos. 
Voy a votar a favor de la adhesión de la República de Chipre. 
Este es un momento importante en la historia de Chipre. 
La prolongada lucha de todos los diputados del Parlamento griego y de muchos de sus distinguidos amigos ha dado por fin sus frutos. 
Nuestro distinguido amigo y ponente, el Sr. Poos, ha realizado una importante contribución. 
En mi opinión, es positivo que finalmente no se haya impuesto un plan inviable diseñado por norteamericanos y británicos. 
Hoy, una República de Chipre libre y perteneciente a la Unión Europea va a tener la oportunidad de negociar una solución política justa para el problema chipriota con la fuerza ocupante, Turquía, y su representante local, el Sr. Denktash; una solución esperada por la gran mayoría de los turcochipriotas, y también por los grecochipriotas. 
- (FR) Legalmente, la República de Chipre se encuentra en una situación imposible. Eso se debe a que Turquía ha ocupado ilegalmente el norte de la isla. 
De hecho, la ocupación ha sido condenada tanto por las Naciones Unidas como por la Unión Europea. 
Una votación en contra habría penalizado al pueblo chipriota por segunda vez. Ya sometido por la ocupación turca, el pueblo sería rechazado también por la Unión. 
Habría sido mejor adoptar una posición firme en las negociaciones con Turquía. Después de todo, la fuerza es lo que mejor entiende. 
Por otra parte, la adhesión de Turquía ya está sobre la mesa. Se va a duplicar la ayuda financiera para ese país y se le ha concedido la situación de preadhesión. 
En vista de esas circunstancias, insistimos en que todos los países de Europa celebren un referéndum antes de iniciar cualquier negociación para la adhesión futura de Turquía. Permítanme que haga hincapié una vez más en la necesidad de celebrar un referéndum de este tipo antes de cualquier negociación. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
. (NL) Con respecto a la adhesión de los diez países candidatos actuales, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas piensa que estos deberían haber finalizado sus preparativos y que se debería realizar una evaluación individual, país por país. 
El 8 de abril recibí una carta del Comisario Verheugen afirmando que la frontera chipriota, que pronto se convertirá en una frontera exterior de la Unión y, en consecuencia, también de los Países Bajos, es suficientemente segura. 
Nosotros confiamos también en que se pueda encontrar una solución al conflicto de Chipre, a través de la Unión Europea. 
Nos hemos abstenido respecto a la adhesión de Chipre a la Unión Europea, aunque esto no significa que tengamos nada en contra del pueblo chipriota. 
Sin embargo, reprochamos a los líderes de la Unión Europea su irresponsabilidad. 
Este país tiene problemas sin resolver relacionados con su propia existencia. Lamentamos esa situación, que demuestra también, por si todavía quedaban dudas, la incapacidad de la Unión Europea para demostrar una verdadera voluntad política. 
La adhesión de Chipre tendría que haber dependido, sin lugar a dudas, de su reunificación. 
En lugar de imponerlo como condición para el ingreso y utilizar la adhesión de Chipre como una oportunidad para influir en la cuestión, la Unión Europea se contenta con deplorar supuestamente el hecho de estar abriendo sus puertas a un país dividido. 
¡Nos quedamos pasmados! 
Significa que se permitirá que un país sometido por la ocupación extranjera ingrese en la Unión Europea. Además, dará a Turquía otra forma de chantajear constantemente a la Unión Europea. 
Durante años, la Unión Europea ha creído que necesitábamos una Unión más profunda antes que una Unión ampliada. 
En muchas ocasiones, los Jefes de Estado y de Gobierno han mantenido que teníamos que adaptar las estructuras y los mecanismos de decisión de la Unión antes de la actual fase de ampliación o de cualquier ampliación posterior. 
De hecho, complicó el proceso de toma de decisiones del Consejo. Por lo tanto, tuvimos que crear la Convención Europea. 
Esta debería desembocar en un nuevo tratado constitutivo de la Unión, es decir una Constitución europea. 
La firma de los Tratados de Adhesión el 16 de abril será el paso definitivo para la ampliación, sin que se haya completado el trabajo de la Convención. 
La ampliación seguirá adelante, aunque la situación de las instituciones sigue rodeada de incertidumbre. Las cosas han empeorado aún más con la crisis del Iraq, que ha destruido nuestras aspiraciones de una política exterior y de seguridad común. 
Señor Presidente, he votado a favor de la adhesión de Letonia a la Unión Europea. 
Como único representante del Partido de los Pensionistas italiano de esta Cámara, espero y deseo que, en el próximo Parlamento Europeo, ampliado para incluir también a la República de Estonia, entre los representantes elegidos por los estonios se encuentre un representante del Partido de los Pensionistas que, junto con los- espero que numerosos- representantes de los partidos de los pensionistas de todos los países que se unirán al Parlamento Europeo por primera vez en 2004, pueda ayudar a defender los intereses de los mayores. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
. (NL) Con respecto a la adhesión de los diez países candidatos actuales, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas piensa que estos deberían haber finalizado sus preparativos y que se debería realizar una evaluación individual, país por país. 
Con respecto a la cuestión de si todos los países cumplen los criterios, existen dudas que han sido expresadas en repetidas ocasiones por el Parlamento Europeo. 
El 8 de abril recibí una carta del Comisario Verheugen afirmando que incluso los países que en su opinión presentaban más deficiencias, entre ellos Letonia, cumplirían los criterios de Copenhague suficientemente antes de la fecha de la adhesión. 
Las advertencias del Comisario Verheugen dirigidas a una serie de países candidatos, la decisión de la Comisión de publicar un Informe detallado de seguimiento seis meses antes de la adhesión, la supervisión de los Estados miembros actuales y los nuevos propuesta por el Grupo Liberal en el ámbito de los derechos humanos, la corrupción, la capacidad administrativa y el control financiero independiente (enmienda Malmström/Maaten) , la capacidad de la Comisión para tomar directamente medidas vigentes durante varios años contra la perturbación del mercado interior (las cláusulas de salvaguarda) y también el informe sobre la iniciativa de Mulder sobre la reforma de la aprobación del gasto agrícola son, por lo tanto, de vital importancia. 
No soy de los que quieren castigar a Polonia y a los demás países que prefieren la solidaridad con los Estados Unidos a la solidaridad con Europa. 
Cada país y cada gobierno tiene derecho a decidir si desea apoyar o no la política belicosa del Sr. Bush. 
Pero ha quedado patente que la mayoría de los países candidatos prefieren una alianza con los Estados Unidos y la OTAN a una integración europea más cercana. 
Eso ha alegrado enormemente a los representantes del Gobierno británico en la Convención Europea. 
En una entrevista concedida al Times, Peter Hain afirmó claramente que está creando una alianza con los países de Europa Central y Oriental en contra de cualquier movimiento para la creación de un superestado europeo. 
El Reino Unido y otros países no dudarán, por tanto, en utilizar su veto en la conferencia intergubernamental para ratificar las conclusiones de la Convención. 
Este veto amenaza con destruir cualquier sugerencia para establecer procedimientos de decisión por mayoría cualificada para cuestiones tales como la política exterior y de seguridad común, la política fiscal y presupuestaria, y la política económica y social. 
Estará prohibido utilizar la palabra «federal». 
No será posible acogerse a la Carta de los Derechos Fundamentales en las sentencias legales a favor de un ciudadano particular. 
Señor Presidente, hoy, 9 de abril de 2003, he votado a favor de la adhesión de Lituania a la Unión Europea. 
Por otra parte, espero que un representante del Partido de los Pensionistas lituano se una al Parlamento Europeo para ayudarme a defender los derechos de las personas mayores en toda Europa. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
Señor Presidente, me gustaría hacer un último comentario. 
En vista de la confusa situación de las instituciones europeas que he criticado hace unos momentos, creo que una Unión Europea ampliada no puede ser más que un gran mercado. 
De hecho, se convertirá en una asociación de libre comercio, que probablemente se extenderá hasta el otro lado del Atlántico. 
No es coincidencia que los mayores defensores de esta ampliación prematura sean antiguos miembros de la AELC. 
Yo no quiero ver como una Unión Europea ampliada se convierte en un gran mercado para los países ricos, diseñada con el consenso de los Estados Unidos. Por eso, Señor Presidente, sintiéndolo mucho, me he resignado a abstenerme en las votaciones referentes a la adhesión de todos los países candidatos. 
Señor Presidente, he votado a favor de la adhesión de Hungría a la Unión Europea. 
Considerando que habrá al menos 200 millones de pensionistas en la Europa ampliada, espero que, cuando los representantes húngaros se unan al Parlamento Europeo, podamos contar con un número de diputados proporcional y proporcionado al número de pensionistas europeos. 
Así pues, espero que los pensionistas de Hungría envíen a un representante al Parlamento también, para que nos ayude a proteger los intereses de los mayores en toda Europa con más energía y eficacia. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
Señor Presidente, hoy, 9 de abril de 2003, he votado con gran entusiasmo a favor de la adhesión de la República de Malta a la Unión Europea, con la esperanza de que Malta también elija a un representante del Partido de los Pensionistas para el próximo Parlamento Europeo, de forma que, junto con todos los demás representantes de los partidos de los pensionistas de todos los países candidatos, podamos defender con más eficacia los intereses de los mayores en toda Europa. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
. 
(DE) Hoy he votado en contra de la solicitud de adhesión de la República de Malta a la Unión Europea. 
El motivo de mi decisión es la insistencia de Malta en cazar aves migratorias. 
En el transcurso de las negociaciones de adhesión, Malta se había negado en redondo a ejecutar totalmente las disposiciones de protección de la Unión Europea establecidas en su Directiva sobre la protección de las aves y consiguió negociar un período de transición que permite a los malteses cazar aves hasta finales de 2008. 
Este acuerdo es una licencia para los furtivos y para quienes se dedican al comercio ilegal de animales. 
La jurisprudencia europea prohíbe estrictamente la caza en alta mar, la caza de aves cantoras con nidos y la caza masiva de aves cantoras poco comunes. 
Se trata de fundamentos jurídicos que un país candidato a la adhesión debe respetar. 
Señor Presidente, el hecho de votar en contra de la adhesión de un país por el que siento un particular respeto ha sido una difícil decisión, pero la he tomado yo solo, sin tratar de influir en mi Grupo y sin permitir que este me influyese. 
No puedo votar a favor de un país candidato que, mediante el envío de tropas combatientes, está participando activamente en una guerra ilegal, inmoral y sórdida en el Iraq, violando sin dudarlo la legislación internacional y compartiendo la responsabilidad del asesinato de miles de civiles inocentes. 
Polonia va por el mal camino, al igual que su Gobierno, y no están solos en ello. 
El pueblo polaco también prefirió seguir al Secretario de Guerra norteamericano que al Papa polaco. 
Los polacos están más orgullosos de su unidad especial- la GROM- que de sus obispos católicos, que están defendiendo la paz. 
Al hacerlo, se están excluyendo de la comunidad de valores que representa la Unión Europea. 
Hoy, tras analizarlo detenidamente y siguiendo lo que me dicta estrictamente mi conciencia, he tenido que votar en contra. 
Señor Presidente, espero que Polonia- y he votado a favor de su adhesión- también envíe a un representante del Partido de los Pensionistas polaco al próximo Parlamento Europeo, para que trabaje codo con codo conmigo en esta Cámara, de manera que tengamos un mayor poder para defender a los mayores de toda Europa. 
. 
(EL) Existen dos razones para mi voto simbólico en contra de la adhesión de Polonia. 
Una es la denominada «declaración étnica» adjunta a los Tratados de Adhesión, que contempla y legaliza la postura contra el aborto. 
La segunda es la participación de soldados polacos en la guerra contra el Iraq, en una demostración de servil preferencia por los norteamericanos y de insolente antieuropeísmo. 
Considero que estoy de acuerdo con las esperanzas y deseos de la orgullosa nación polaca, que se convertirá en miembro de la Unión Europea como país independiente, poniendo fin a un período en el que este gran e histórico país fue utilizado como satélite, recientemente por los Estados Unidos y anteriormente por Rusia y Alemania. 
. (FR) Estamos de acuerdo en que se debería autorizar el ingreso de Polonia y de todos los demás países candidatos en la Unión Europea. 
Sin embargo, las condiciones impuestas a Polonia son un ejemplo de la desigualdad del Tratado de Adhesión. 
Por ejemplo, Polonia no tendrá derecho a las mismas subvenciones agrícolas que los actuales Estados miembros, a pesar de que una gran parte de la población trabaja la tierra. 
Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea prefieren ofrecer subvenciones a sus sistemas agrarios capitalistas para garantizar sus beneficios, en lugar de ayudar a los pueblos pobres de Europa Oriental, que trabajan la tierra para poder subsistir. 
Por otra parte, los trabajadores polacos tendrán que esperar siete años antes de poder trabajar en la Unión Europea, a pesar de cómo se están manipulando los aspectos legales de la cuestión. 
La Unión Europea ha exigido muchos sacrificios a la clase trabajadora de Polonia. Es inaceptable que la Unión esté dispuesta a hacer concesiones a la Iglesia polaca. 
No solo la Unión ha expresado su acuerdo con respecto a la prohibición del aborto, restringiendo así los derechos de las mujeres, sino que también ha impuesto una prohibición preventiva sobre cualquier legislación comunitaria que modifique la legislación polaca al respecto. Como consecuencia, la Unión Europea ha dejado a las mujeres polacas en manos de una Iglesia especialmente reaccionaria. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
. 
(DE) Justifico mi voto en contra de la adhesión de la República de Polonia a la Unión Europea en estos momentos por el hecho de que Polonia es el único de los países candidatos cuyas tropas de élite están participando activamente en la guerra que se está librando en el Iraq, en contra del derecho internacional. 
. (NL) Con respecto a la adhesión de los diez países candidatos actuales, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas piensa que estos deberían haber finalizado sus preparativos y que se debería realizar una evaluación individual, país por país. 
Con respecto a la cuestión de si todos los países cumplen los criterios, existen dudas que han sido expresadas en repetidas ocasiones por el Parlamento Europeo. 
El 8 de abril recibí una carta del Comisario Verheugen afirmando que incluso los países que en su opinión presentaban más deficiencias, entre ellos Polonia, cumplirían los criterios de Copenhague suficientemente antes de la fecha de la adhesión. 
Las advertencias del Comisario Verheugen dirigidas a una serie de países candidatos, la decisión de la Comisión de publicar un Informe detallado de seguimiento seis meses antes de la adhesión, la supervisión de los Estados miembros actuales y los nuevos propuesta por el Grupo Liberal en el ámbito de los derechos humanos, la corrupción, la capacidad administrativa y el control financiero independiente (enmienda Malmström/Maaten) , la capacidad de la Comisión para tomar directamente medidas vigentes durante varios años contra la perturbación del mercado interior (las cláusulas de salvaguarda) y también el informe sobre la iniciativa de Mulder sobre la reforma de la aprobación del gasto agrícola son, por lo tanto, de vital importancia. 
Señor presidente, teniendo en cuenta que en Eslovenia ya existe un Partido de los Pensionistas- llamado DeSUS- y que forma parte de la coalición del Gobierno de ese país, espero que pueda enviar a un representante al Parlamento, de forma que los partidos de los pensionistas, no solo de Eslovenia, sino también de todos los estados de la nueva Europa que surgirá de las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, tengan un mayor número de representantes para defender los derechos de los mayores. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
He votado también a favor del informe que aprueba la adhesión de la República Eslovaca a la Unión Europea y espero que el próximo Parlamento Europeo, elegido en 2004, incluya al menos a un representante del Partido de los Pensionistas de la República Eslovaca, para que seamos más los que defendamos los intereses de los mayores en toda Europa. 
- (DE) He votado a favor de la aprobación de los Tratados de Adhesión, aunque con objeciones y por solidaridad con mis futuros colegas. 
A pesar de las advertencias y reproches de la Comisión durante el transcurso de las negociaciones, el Consejo ha insistido en cometer lo que sin duda constituye una infracción de la legislación. 
El polémico mantenimiento del Anexo XV por parte del Consejo en el Tratado de Adhesión y la posterior modificación totalmente unilateral del marco financiero de 2004-2006 constituye un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al hacerlo, ha pisoteado los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Al mismo tiempo, ha obligado al Parlamento a elegir entre luchar por sus derechos o aprobar los tratados de ampliación. 
Este comportamiento por parte del Consejo pone fin a nuestra leal cooperación con el mismo. 
- (NL) Como miembro de la delegación responsable de las relaciones con Eslovaquia, conozco los problemas de ese país con más detalle que los de los otros países candidatos. 
Veo unos partidos políticos inestables que aparecen y desaparecen, una economía enormemente colapsada con un desempleo masivo en el este y el negativa de los sucesivos gobiernos a rectificar los errores cometidos anteriormente contra miembros de las minorías nacionales. 
La nueva división en provincias no tiene para nada en cuenta el hecho de que el extremo sur de Eslovaquia habla húngaro y que la mayoría de la población quiere tener una administración y una educación en esa lengua. 
Los pueblos del este ocupados por una mayoría romaní continúan administrados por una minoría eslovaca que cree que la iluminación de las calles, los alcantarillados y los parques son solo para ellos. 
Puede que muchas personas de Eslovaquia decidan buscar trabajo en la cercana Viena. 
Con la adhesión de Eslovaquia, la Unión Europea importará los problemas medioambientales de las centrales nucleares y la presa del Danubio. 
Sin embargo, la adhesión a la Unión Europea es mucho menos polémica en una Eslovaquia internamente dividida que en los países vecinos de Polonia y la República Checa, donde es posible que la mayoría vote en contra en el referéndum que se celebrará en breve. 
Varios Grupos esperan que su situación mejore con la adhesión. 
Ya el 5 de septiembre de 2001 anticipé la posibilidad de que se sientan decepcionados, aunque respeto su elección. 
(FR) Una vez más, la votación sobre el calendario de los períodos de sesiones del Parlamento para 2004 ha sido aprovechada por quienes están en contra de Estrasburgo. Quieren reducir las sesiones parlamentarias en esta ciudad. 
Pero una vez más, esta votación contraviene el Tratado. 
El protocolo sobre la sede de las instituciones establece que se celebrarán 12 sesiones plenarias mensualmente en Estrasburgo. 
De acuerdo con los precedentes, estas se reducen a 11 en los años que hay elecciones. 
Pero el contingente que se opone a Estrasburgo ha llegado más lejos esta vez, previendo únicamente 10 sesiones en esta ciudad. 
Esto se debe, en parte, a la absurda actuación de los socialistas, que quieren cancelar la última sesión de abril porque no quieren trabajar el día 1 de mayo. 
La paradoja es incluso mayor si tenemos en cuenta que el calendario aprobado prevé la celebración de 5 períodos parciales de sesiones adicionales en Bruselas en 2004. Sin embargo, en teoría, estos períodos adicionales no deben preverse a menos que el orden del día de las 12 sesiones normales de Estrasburgo esté completo. 
Hacemos un llamamiento al Gobierno francés para que lleve esta votación ilegal ante el Tribunal de Justicia. 
El Parlamento no es una asamblea soberana. 
Solo dispone de los poderes específicos que le confiere el tratado, tratado que debe cumplir. 
En nuestra opinión, dada la particular importancia del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, no procede trabajar ese día. 
Con respecto al resto del calendario, no tenemos ninguna opinión firme ni hemos adoptado ninguna postura determinada al respecto. 
. (FR) Fiel a su línea política, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones se opondrá de nuevo a cualquier intento de reducir la duración o el número de las sesiones plenarias celebradas en Estrasburgo. 
En los últimos años, al haber proliferado los grupos de presión, se han producido movimientos a favor de trasladar el Parlamento de Estrasburgo a Bruselas permanentemente. Lo más importante es que hemos visto como las sesiones plenarias se han reducido a cuatro días y ha aumentado el número de sesiones extraordinarias celebradas en Bruselas. 
Normalmente, los años en que hay elecciones se cancela una de las sesiones plenarias celebradas en Estrasburgo. 
Pero al mismo tiempo es increíble que el número de sesiones extraordinarias se mantenga sin cambios. Se trata de una situación completamente anormal. 
Por lo tanto, he propuesto que los dos períodos de sesiones adicionales del calendario de 2004 se cancelen para restablecer la duodécima sesión de Estrasburgo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
Estoy seguro de que entienden que eso exigirá que todos asuman sus responsabilidades. 
En nuestra opinión, la situación está clara. Estrasburgo no debe quedar relegada a un anexo de Bruselas. 
Estrasburgo es y debe continuar siendo la sede del Parlamento Europeo. 
- (FR) El resultado de la votación del calendario de los períodos de sesiones del Parlamento para 2004 significa que solo se celebrarán diez sesiones plenarias en Estrasburgo. 
Los tratados y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo dejan claro que el calendario del Parlamento Europeo debe incluir la celebración de doce sesiones plenarias en Estrasburgo cada año, antes de poder prever ningún período parcial de sesiones adicional en Bruselas. Por supuesto, los años en que hay elecciones el número de sesiones plenarias celebradas en Estrasburgo se reduce a once. 
También nos hemos enfrentado a la absurda situación de que la Cámara ha votado a favor de cancelar la sesión plenaria de Estrasburgo, justo cuando tendríamos que dar la bienvenida a los representantes electos de los nuevos Estados miembros. La Cámara ha votado a favor de cancelar ese período de sesiones precisamente el día en que hemos aprobado los Tratados de Adhesión de esos países. 
Puesto que la votación del Parlamento puede considerarse ilegal, la delegación francesa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos solicita al Presidente Pat Cox que haga frente a las repercusiones de esta situación, anulando de inmediato la votación. 
Solicitamos que se convoque una Conferencia de Presidentes urgentemente, para que organice una nueva votación lo antes posible, de acuerdo con la legislación comunitaria. 
- (DA) Hemos decidido votar a favor del informe, porque creemos que es necesario garantizar un trato justo de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión. 
Sin embargo, como cuestión de principio, creemos que estos derechos están mejor salvaguardados por las disposiciones legislativas nacionales de los Estados miembros, que difieren mucho de un país a otro, pero que tienen una base democrática. 
Es más, sabemos que la propuesta hace referencia a un ámbito cubierto por el título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y que, por lo tanto, no es aplicable a Dinamarca, según establece el protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
A pesar de que los miembros del Mouvement pour la France y una gran parte de la derecha han votado en contra del informe de la Sra. Cerdeira Morterero, el Parlamento lo ha aprobado hace unos momentos. El informe aprueba la Directiva sobre la reagrupación familiar propuesta por la Comisión e incluye muchas enmiendas sustantivas. 
Básicamente, estas enmiendas amplían la definición de los familiares que pueden beneficiarse de la reagrupación familiar, permite a los ciudadanos solicitar la reagrupación familiar más rápidamente y limita las razones por las que los Estados miembros pueden rechazar estas solicitudes. 
En nuestra opinión, la propuesta inicial de la Comisión ya contenía muchas deficiencias importantes, en relación tanto con sus principios como con sus disposiciones. 
Esta votación debe enviar un claro mensaje al Consejo. 
Por supuesto, el Consejo no está obligado a aprobar las enmiendas del Parlamento, puesto que solo tiene que consultar al Parlamento sobre esta cuestión. Pero si el Consejo acepta en principio que deben existir reglamentos europeos sobre reagrupación familiar, debe darse cuenta de que está comenzando a descender por una pendiente muy resbaladiza. 
Está claro que mañana la Comisión y sus aliados seguirán presionando para que este supuesto derecho del Consejo se refuerce. No aprecian realmente lo que más favorece a los intereses de Europa. 
- (DA) Hemos decidido unirnos a la decisión de nuestro Grupo y votar a favor del proyecto de resolución del informe de la Sra. Cerdeira Morterero. 
Sin embargo, somos conscientes de que la resolución hace referencia a una situación contemplada en el título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y que no es aplicable a Dinamarca, según se establece en el protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
Todos nosotros somos conscientes de la disparidad que existe entre las declaraciones realizadas en la Cumbre de Tampere y el contenido de la propuesta de Directiva que estamos analizando y que ha llegado a nosotros después de más de tres años de debates en el Consejo y de dos enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión. 
Se dijo que cualquier política de integración debía encaminarse a garantizar unos derechos y unas obligaciones a los ciudadanos inmigrantes que fueran comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea. 
El texto que se ha presentado ha tomado la dirección opuesta. 
Como resultado de las divisiones existentes en el seno del Consejo, se nos presenta una propuesta de normativa común que ha sido armonizada a la baja, aplicando el mínimo común denominador, con una visión restrictiva del concepto de familia y con una serie de derogaciones que dejan sin resolver algunos aspectos cruciales. 
Por eso mismo, apoyamos las propuestas contenidas en este informe, que amplían el concepto de la familia, garantizan el principio de la no discriminación y evitan la derogación de legislaciones más favorables. 
Por iniciativa nuestra, el informe contiene ahora disposiciones para no añadir el examen de las solicitudes a la carga normal de trabajo de las administraciones y para eliminar el concepto subjetivo de relación duradera. También excluye la enfermedad o discapacidad sufrida tras la concesión del permiso de residencia como un motivo para denegar la renovación de dicho permiso. 
Con la introducción de estas enmiendas, el informe se distancia en términos cualitativos de la propuesta inicial y, por lo tanto, merece nuestro voto favorable. 
. 
(PT) La inmigración es un grave problema que precisa una respuesta realista y responsable por parte de las instituciones de la Comunidad. 
Abstenerse de adoptar medidas apropiadas y justas a este respecto es precisamente lo que provoca los efectos adversos que todos los ciudadanos europeos conocen. 
Lo mínimo que podemos hacer es no empeorar estos graves problemas, ahora universalmente reconocidos. 
Utilizando las palabras del Comisario António Vitorino, «convendría indicar claramente que la capacidad de acogida de las ciudades europeas es limitada». 
Es cierto que la cuestión de la inmigración no puede abordarse sacrificando el derecho a la reagrupación familiar. 
A mí me parece que está bastante claro, porque reconozco la importancia de este concepto. 
Sin embargo, solo podemos y debemos considerar el derecho a la reagrupación familiar en términos serios, sin comprometer la razón que sustenta su existencia. 
No es este el enfoque que han adoptado el informe y la resolución sobre esta Directiva, que injustificadamente hacen extensivo este derecho a situaciones personales que no implican relaciones familiares. 
Esta irresponsabilidad izquierdista solo sirve para aumentar las sospechas y la resistencia a un derecho natural fundamental Por todos estos motivos me veo obligado a votar en contra del informe. 
. Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 19.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas). 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (? 5-0111/2003) del Sr. Morillon sobre la nueva arquitectura europea en materia de seguridad y defensa. Prioridades e insuficiencias. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa empezó a trabajar en torno a este informe hace seis meses. Entonces nunca pensamos que lo publicaríamos en un momento tan dramático y doloroso. 
Hemos intentado actualizar el informe anterior de nuestra colega, la Sra. Lalumière. Esta actualización era necesaria por los acontecimientos de septiembre de 2001 y porque queríamos hacer nuestra propia aportación al trabajo emprendido por nuestros colegas en la Convención. 
Valorar algún tipo de arquitectura europea en materia de seguridad y defensa quizá sea una misión imposible. Actualmente todo hace pensar que, al menos por el momento, esta arquitectura se ha desintegrado del todo. 
Sin embargo, mis colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa tienen otra opinión. El 25 de marzo, en plena crisis, aprobaron el informe que mañana votaremos en el pleno. 
Creo que hay al menos tres factores que motivaron esta aprobación. 
El tercero procede de nuestro deseo de esclarecer la política de cooperación transatlántica. 
Nos parece que los Estados miembros quieren seguir con esta política. Muchos de nosotros esperamos que las diferencias actuales no sean tan graves como puede parecer a simple vista. 
Como ya he dicho, el primer motivo es que somos responsables ante nuestro electorado. 
Todos los indicadores que conocemos han demostrado que más de dos tercios de los ciudadanos europeos están a favor de una política de seguridad y defensa común. La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa es consciente de este dato. 
No sorprende que haya una proporción similar de miembros de la comisión parlamentaria que comparten la opinión de los ciudadanos. Esta proporción quedó patente en la votación de la comisión tras un fructífero debate sobre casi 200 enmiendas. 
En cualquier caso, el nuevo reglamento sobre el trabajo de nuestra comisión habría permitido una simple votación en el pleno. 
No obstante, todos estuvimos de acuerdo en que la cuestión era tan importante que merecía el debate que estamos celebrando hoy. También nos pareció que debíamos implicar al Consejo y a la Comisión. 
Estamos celebrando este debate para sacar conclusiones de la crisis actual sin retrasarlo más. Este es el segundo motivo. 
Europa es incapaz de hablar con una sola voz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal y como debería hacer de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Maastricht. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en la Unión Europea últimamente ha habido mucho disgusto y confusión. Aunque espero que estas dificultades solo sean pasajeras, ¿no demuestran que ahora es el momento de reformar nuestras instituciones para impedir que se repita esto en el futuro? 
Como he dicho antes, somos plenamente conscientes de que los ciudadanos de Europa, y quizá también todo el mundo, esperan que Europa ocupe su lugar en la construcción de un mundo multipolar. Nadie quiere que el futuro del mundo lo siga decidiendo únicamente el Presidente de los Estados Unidos. 
No estoy seguro. Las opciones que tiene la Unión Europea ahora están más claras que nunca. 
En este caso, los Estados miembros no podrían sermonear a los Estados Unidos sobre lo que Washington decide hacer con sus tropas. 
Por otro lado, los Estados miembros podrían por fin avenirse a hacer lo que los Estados Unidos siempre les han pedido. Cuando se trata de repartir el trabajo, los Estados Unidos no han dejado de pedir a los Estados miembros que contribuyan más a las iniciativas conjuntas. 
Comisario Patten, el Secretario General de la OTAN, Lord Robertson, habló de esto el otro día en su presencia. Criticó la brecha existente ente las ambiciones de los Gobiernos europeos y los medios que están dispuestos a dedicar para hacerlas realidad. 
La llamó la brecha de la ambición. Espero que con la crisis actual adquieran conciencia de esta brecha y empiecen a adoptar medidas para superarla. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la reciente crisis en el Iraq ha demostrado con bastante claridad en qué aspecto Europa va rezagada, especialmente en relación con la política exterior y la defensa. 
Pero no nos centremos demasiado en las debilidades de Europa. 
La crisis también puede tener un efecto creativo para las políticas europeas y, desde este punto de vista, creo que el informe Morillon ha llegado en el momento justo, aunque cuando se inició no estuviera tan claro. 
Hoy día, debido a que el sistema tradicional de dos superpotencias gemelas ha sucumbido, tenemos que encontrar nuevas estrategias y medidas de seguridad. 
En este marco, la proliferación de armas de destrucción masiva no es el único caldo de cultivo de nuevas crisis. 
Este no es el único peligro que amenaza la seguridad y la estabilidad mundiales. 
La pobreza generalizada, el crimen organizado, la violencia institucionalizada y las recesiones graves pueden tener los mismos efectos adversos en la estabilidad y la seguridad mundiales que las acciones militares o terroristas. 
No hay duda de que necesitamos examinar a la vez en qué medida y cuándo vamos a desarrollar las políticas adecuadas frente a todos estos peligros. 
Además de la respuesta que elijamos, nos parece vital apoyar la seguridad mundial, la confianza mutua, la cooperación, el consenso en las organizaciones internacionales, las alianzas y las redes. 
El método que utilicemos para tratar las amenazas a la seguridad mundial determinará nuestro futuro a medida que construyamos la paz y salvaguardemos un entorno económico saludable y encontremos respuestas convincentes a problemas políticos, económicos e incluso medioambientales a escala mundial. 
En este momento, en plena crisis del Iraq, quisiera expresar mi agradecimiento por el hecho de que el interesante informe del General Morillon ha brindado a la Presidencia la oportunidad de expresar las opiniones del Consejo sobre una cuestión tan seria para la integración europea como es la política europea de seguridad y defensa. 
Tanto el informe Morillon como otras iniciativas relacionadas, como el informe Barnier, han aportado ideas importantes que pueden ser especialmente útiles en el debate que va a celebrase en la Conferencia Intergubernamental, e incluso en la fase actual en que los organismos competentes del Consejo están tramitando textos relativos a la integración del mecanismo de la PESD, y, por supuesto, en la Convención. 
Quisiera indicar, y enseguida explicaré por qué, que algunas de las ideas formuladas en el informe Morillon están relacionadas con las iniciativas que ya se han emprendido y que están siendo examinadas por los organismos competentes de la Unión. 
Empezaré por abordar las amenazas actuales a la seguridad, la estabilidad y la paz que han adoptado una forma muy diferente de las amenazas habituales en el pasado. 
A decir verdad, el mecanismo de la PESD no fue diseñado en un principio para ocuparse de las amenazas horizontales e irracionales como el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que el mecanismo necesita adaptarse con cuidado y gradualmente al contexto actual de seguridad. 
En este marco, el primer movimiento ha sido fijar dos objetivos específicos: por un lado, el uso de fuerzas militares de la Unión para proteger a los civiles frente a un ataque terrorista y, por otro, el uso de fuerzas militares de la Unión desplegadas en zonas de crisis. 
Sin duda alguna, el desarrollo ulterior y la mejora de las capacidades militares son los aspectos centrales de la seguridad y, por consiguiente, de la defensa de la Unión. 
Estamos prestando especial atención a esta cuestión y, para continuar los esfuerzos realizados hasta la fecha, se ha previsto convocar una conferencia de capacidades para evaluar y registrar los progresos alcanzados en la aplicación del plan de acción europeo en materia de capacidades y decidir el modo proceder. 
La Presidencia ha elaborado un texto con directrices sobre lo que debe hacerse una vez que los grupos de trabajo de dicho plan hayan concluido su trabajo. 
Esperamos que estas iniciativas den un nuevo impulso a la mejora de nuestra capacidad operativa en el sector militar y, por extensión, contribuyan a fortalecer las bases para el posterior desarrollo de la PESD. 
A este respecto, también es muy importante desarrollar una fuerza de reacción rápida, y por este motivo la Presidencia española incluyó esta cuestión en las prioridades básicas del aspecto militar de la PESD. 
Los organismos políticos y militares competentes están examinado el marco operativo que regirá la formación y la actuación de las unidades de reacción rápida, y nosotros hacemos todo lo posible por completarlo para el final de la Presidencia griega. 
Es evidente que será imposible fortalecer las capacidades militares de la Unión a menos que ampliemos nuestra cooperación en el terreno del armamento. 
Naturalmente, esta iniciativa debería haberse planificado antes, pero ha llegado el momento de aplicarla y la Unión ya está abriendo nuevos caminos. 
La decisión adoptada por el Consejo Europeo en Bruselas tenía dos partes: primera, mandatar al Consejo para que examine la función de la investigación y desarrollo en materia de defensa en el marco más general de las respectivas capacidades de la Unión, y, en segundo lugar, examinar la posible creación de una agencia de armamento europea, una agencia intergubernamental europea. 
Ambas cuestiones son medidas esenciales para fortalecer la cooperación en el sector de la defensa. 
Si miramos al futuro, podemos combinar la investigación sobre defensa con las políticas de competitividad de la Unión, para alimentar a numerosos sectores y desarrollarlos y avanzar hacia una ampliación más sólida. 
Con esta misma intención se está promoviendo el desarrollo de una política espacial global para la Unión Europea, que también se aplicará en el sector de la seguridad. 
El informe Morillon también menciona esta cuestión. 
Las novedades de la última década han evidenciado que existen muchos peligros comunes y que precisamos una respuesta común coordinada. 
En este marco hemos de cultivar y promover una percepción común de la seguridad, y por ello reviste especial interés para la Presidencia crear un sistema de formación política y militar común para la gestión de crisis, y ya hemos empezado a trabajar en ello. 
La idea mencionada en el informe Morillon de crear un cuerpo civil de paz es excelente y contribuirá a que el ciudadano medio europeo sepa lo que ocurre en el ámbito de la seguridad y cómo en la práctica lo abordamos y participamos en él. 
Estamos estudiando en serio esta idea y es muy probable que la Presidencia presente el texto con las directrices relevantes. 
Sin duda alguna, el elemento constitutivo de la seguridad europea es la relación entre la Unión Europea y la OTAN. 
En cualquier caso, la opción europea en la gestión de crisis es recurrir primero a la voluntad y a la acción de las organizaciones regionales e internacionales; en otras palabras, el diálogo es prioritario. 
El reciente acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la OTAN es un paso significativo hacia la complementariedad y el apoyo mutuo entre las dos organizaciones. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar el hecho de que el informe Morillon señala la necesidad de que la acción de las dos organizaciones y sus miembros se orienten y se rijan por los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Como he dicho antes, Señorías, estas son las cuestiones apuntadas en el informe Morillon y los objetivos de la Presidencia, y de ahí nuestros esfuerzos por promoverlos. 
Sin embargo, no hay duda alguna de que el informe propone y engloba un amplio espectro de ideas relativas a cuestiones muy serias y aspectos institucionales de la PESD, que supondrán una valiosa contribución a nuestros futuros debates. 
No quiero ahondar más en cada una de las ideas del informe, a pesar de que muchas de ellas son muy interesantes, porque es preciso que la aplicación de estas ideas vaya precedida de las reformas institucionales que se debaten actualmente en el marco de la Convención y que después se debatirán en la Conferencia Intergubernamental. 
No obstante, estoy seguro de que serán útiles como fuente de inspiración y reflexión. 
Hemos llegado a un punto de inflexión crucial. 
La Unión Europea ha seguido adelante con una ampliación valiente y, en consecuencia, debe adoptar medidas firmes para ampliar sus políticas, para poder seguir avanzando sobre la base de factores distintos que en el pasado. 
La abrumadora mayoría de los europeos así lo espera, tal y como señala el Sr. Morillon en su informe. 
En estos momentos se necesita decisión y acción, y el objetivo fundamental es promover la identidad de defensa de la Unión Europea. 
Todo ello permitirá a la Unión Europea fortalecer su seguridad y consolidar su política exterior. 
Señorías, la situación actual, a pesar de su lado oscuro, puede ser el inicio de un debate intenso sobre lo que quiere hacer la Unión Europea a partir de ahora, especialmente ahora que estamos en medio de un debate abierto sobre el futuro de Europa. 
Son cuestiones excepcionales y es preciso fortalecer todas las experiencias extraídas en relación con las causas y el desarrollo de la crisis iraquí para que en el futuro podamos evitar situaciones similares y dotar a Europa de un perfil más fuerte en el sistema mundial. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar muy cordialmente al General Morillon, por su contribución tan completa- e indudablemente oportuna- al debate acerca del desarrollo de la política de seguridad y defensa europea. 
Tanto mi honorable amigo como el Ministro que ejerce la Presidencia ya han mencionado lo oportuno de este informe. 
El número de enmiendas que la comisión parlamentaria ha examinado antes de adoptar esta resolución demuestra, en muchos aspectos, un gran interés, pero también las francas diferencias de opinión con respecto a este aspecto clave de la política europea. 
Al responder hoy no debo olvidar las actuales responsabilidades de la Comisión en materia de seguridad y defensa. 
Sin duda las tendré en cuenta y si no lo hago, el Sr. Van Orden me recordará cuáles son. 
Al margen de lo que recomiende en el futuro la Convención, en la que mi colega, el Comisario Barnier, ha dirigido hábilmente los debates sobre cuestiones de defensa- y sé que ha informado a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa en el transcurso de las deliberaciones relativas a este informe -, las responsabilidades de la Comisión son en estos momentos bastante limitadas, en comparación con el abanico de cuestiones abarcadas en los textos que tenemos ante nosotros. 
La Comisión no está implicada en los aspectos puramente militares de la política de seguridad y defensa europea. 
Eso corresponde exclusivamente a los Estados miembros. 
Por lo tanto, no hablaré de las propuestas específicamente militares, incluida la creación de una fuerza militar permanente, una cláusula de defensa colectiva o una academia militar común. 
Sin embargo, el Tratado asocia la Comisión con la PESD- el artículo 27 lo hace claramente- y estamos activamente implicados en todos los debates sobre operaciones de gestión de crisis en el contexto de la PESD, en particular los relacionados con los instrumentos de gestión de crisis civiles, tales como la policía, el Estado de derecho, la administración civil y la protección civil. 
En este contexto, me satisface comprobar que la resolución que tenemos ante nosotros reconoce la importancia de las contribuciones civiles y militares a la gestión de crisis. 
Sin embargo, es imposible- y ya he realizado esta observación en numerosas ocasiones en esta Cámara- separar las cuestiones puramente militares de los asuntos relacionados sobre los que la Comisión tiene competencia y con respecto a los que tiene que hacer una verdadera contribución. 
Las cuestiones militares y no militares no se pueden poner fácilmente en cajas separadas. 
Tampoco se debería hacer, porque necesitan estar estrechamente coordinadas, al servicio de una estrategia única. 
La Comisión, por ejemplo, puede estar financiando el apoyo policial en situaciones posconflicto, como en Bosnia y Herzegovina, donde el 1 de enero la Unión Europea asumió la misión policial de las Naciones Unidas; o podemos estar organizando la formación de servicios de fronteras cuando los movimientos migratorios masivos descontrolados generan conflictos; o podemos estar ayudando a restablecer las estructuras administrativas en países que se recuperan de una crisis, como ya sucedió en los Balcanes y como está sucediendo en el Afganistán. 
La Comisión ya tiene una variedad impresionante de instrumentos y conocimientos técnicos que pueden ser utilizados en situaciones de crisis. 
Puede que se necesiten nuevos instrumentos comunitarios en el ámbito de la seguridad, como ha sugerido el General Morillon. 
Sin embargo, el requisito más importante es que todos los instrumentos disponibles deberían estar al servicio de unos objetivos políticos europeos acordados, en cualquier situación dada. 
Los actuales acontecimientos, debo decir, demuestran que ese no es ni mucho menos el caso. 
Otro ámbito en el que la Comisión tiene un importante papel que desempeñar está relacionado con la política sobre los materiales de defensa. 
En mi opinión, la producción y el comercio en el ámbito de la defensa no pueden ni deben tratarse como un coto privado dentro del mercado único. 
El abastecimiento de material de defensa, la competencia entre las empresas del sector de la defensa, la investigación y desarrollo, las exportaciones e importaciones de material de defensa, los aspectos del mercado interior en el comercio relacionado con la defensa y las mercancías de doble aplicación- militar y civil- son aspectos en que las ventajas del mercado único son importantes para la industria europea. 
Queda mucho por mejorar en este terreno. 
La Comisión aprobó recientemente una comunicación al Consejo y al Parlamento acerca de la industria de materiales de defensa, en la que apunta varios aspectos en que es posible un progreso importante, ofreciendo a los contribuyentes de la Unión Europea una mayor productividad del dinero que invierten en su seguridad. 
Las preocupaciones acerca de la duplicación y fragmentación de la producción y el abastecimiento de armas, así como la falta de interoperabilidad- denunciada en la resolución que tenemos ante nosotros- son algunas de las cuestiones clave que intentamos tratar en nuestra comunicación. 
Esperamos que el trabajo que estamos iniciando en virtud de la comunicación ayude a desarrollar una industria de defensa sólida y competitiva, unas condiciones de mercado transparentes y un clima saludable para las inversiones en investigación y desarrollo necesarias para el fortalecimiento de la PESD. 
Finalmente, gran parte de la credibilidad de la política exterior y de seguridad común de Europa depende de la capacidad militar de la Unión Europea. 
La creación de la fuerza de reacción rápida de 60 000 miembros que se formará de acuerdo con la PESD indudablemente ayudará a incrementar la credibilidad de la Unión Europea en el extranjero. 
Asimismo, el inicio de la primera operación militar de la historia de la Unión Europea en la antigua República Yugoslava de Macedonia del mes pasado, indica que la PESD no es simplemente una interpretación teórica. 
Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con mi honorable amigo, el General Morillon, en que sigue siendo difícil que nuestros aliados se tomen a Europa en serio, a menos que incrementemos nuestro gasto en seguridad. 
No basta con afirmar que Europa asumirá su parte de la factura pagando la mayor porción de la ayuda al desarrollo del mundo, por verdad que sea, ni incrementando aún más nuestra ayuda humanitaria. 
También tenemos que invertir más en el desarrollo de nuestras capacidades, tales como la capacidad de transporte aéreo, fuerzas especiales y equipos de comunicaciones para el campo de batalla. 
De lo contrario, nuestros aliados seguirán opinando que Europa vendió con demasiada facilidad su dividendo de paz tras la caída del Muro de Berlín. 
El suministro de ayuda debe seguir siendo la principal tarea de las organizaciones humanitarias, para garantizar la neutralidad, la independencia e imparcialidad de tales operaciones humanitarias. 
El respeto de estos principios resulta fundamental para satisfacer las necesidades humanitarias cada vez que se produzca una crisis. 
Así pues, la Comisión acoge con satisfacción la referencia del informe a las directrices sobre el uso de activos de defensa militares y civiles para ayudar en las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en emergencias complejas, emitidas por la ONU el 20 de marzo de 2003. 
Estas directrices establecen normas claras sobre la relación entre los agentes militares y humanitarios en las operaciones humanitarias de la ONU. 
La idea de estas directrices debería aplicarse igualmente al uso de los activos de defensa militares y civiles europeos en cualquier operación humanitaria. 
Quiero terminar con unas palabras acerca del derecho humanitario internacional, que gobierna la gestión de las hostilidades. 
Creemos que el derecho humanitario internacional está adaptado a los conflictos actuales, siempre que las partes enfrentadas y todos los signatarios de las Convenciones de Ginebra respeten sus obligaciones. 
En este punto, quiero manifestar que la Comisión aprecia el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja, defensor y guardián de las Convenciones. 
Por último, quiero decir una vez más a mi honorable amigo que este informe resulta desafortunadamente muy oportuno. 
Plantea una serie de cuestiones que meterán el dedo en la llaga de nuestra credibilidad en Europa cuando intentemos realizar una mayor contribución a los asuntos internacionales en los próximos años; sin embargo, como ya he dicho en otras ocasiones en esta Cámara, llega un momento en la política en el que uno se ve obligado a invertir su dinero donde tiene el puchero. 
Nosotros ya hemos pasado esa fase, por lo que respecta al ámbito de la seguridad. 
Señor Presidente, siguiendo con lo que ha dicho el Comisario Patten: es cierto que el informe del Sr. Morillon llega en un momento excepcionalmente bueno. 
Después de todo, en las últimas semanas hemos sido testigos de la verdadera impotencia de la Unión Europea e incluso de los Estados miembros juntos en materia de defensa. 
El reproche que se hace a los Estados Unidos de que Norteamérica no puede ser la policía del mundo suena realmente cómico si procede de quienes en absoluto están en condiciones de serlo ellos mismos, y que no suelen estar dispuestos a ello. 
Esto nos lo enseñó, en particular, la experiencia de Yugoslavia, donde no fueron la «pacificación» ni la «modestia» las que propiciaron la actitud reservada de los Estados europeos, sino el «cinismo» y la «indiferencia». 
Esta hipocresía ha ido desapareciendo lentamente de este Parlamento. 
Creo que todos hemos viso con absoluta claridad que Europa tiene responsabilidades de defensa y debe estar a la altura de ellas de una u otra forma. 
Es de esperar que así sea. 
Los beneficios de esta responsabilidad solo se manifestarán a través de las organizaciones de la Unión Europea y después a través de su cooperación con nuestros aliados transatlánticos. 
Ambos aspectos son inseparables. 
Están estrechamente unidos entre sí. 
Después de todo, cuanta mayor sea la confianza transatlántica, tanto mayor será la unidad dentro de la Unión Europea. 
Hay que destacar el hecho de que la discordia que a menudo existe en este ámbito en la Unión Europea está relacionada con nuestra actitud con respecto a Norteamérica, nuestro aliado transatlántico. 
Por lo tanto, la conexión entre ambos es un elemento muy importante, como se indica en el informe del General Morillon. 
En él se perfila un camino realista que conduce a la responsabilidad de la defensa europea, sabiendo bien que, basándose el autor en su experiencia como general, la acción militar siempre se inserta en todo lo que es necesario mediante la acción civil antes y después. 
Ahora que la muchedumbre en Bagdad saquea y roba por las calles, somos muy conscientes de ello. 
Por tanto, en realidad se precisa inmediatamente un brazo civil paralelo a una campaña militar que haya concluido con éxito. 
Este enfoque cauteloso y realista puede adoptarse, por ejemplo, mediante la investigación y el desarrollo comunes, mediante la identificación común de las necesidades militares desde una perspectiva europea. 
Naturalmente esto siempre es nuevo, y para muchos países será difícil cambiar, pero para nosotros es sumamente importante. 
También es sumamente importante para la producción. 
De esta forma es posible aumentar sustancialmente la eficacia de los esfuerzos realizados en materia de defensa. 
Si empezamos buscando una perspectiva europea de nuestra responsabilidad en materia de defensa, también podremos ganarnos la confianza de todos los Estados miembros. 
Después de todo, todos sabrán qué hacer a la hora de decidir a qué gran país seguir: Francia, Alemania, el Reino Unido o los Estados Unidos. 
Es cuestión de que en la Unión Europea todos juntos adoptemos una perspectiva europea en asuntos militares. 
El informe del Sr. Morillon da un claro impulso a esta idea. 
En realidad, sigue un método ya recomendado por el Comisario Patten, es decir, explorar los límites de lo que realmente nos permiten hacer los Tratados. 
Si uno se emplea a fondo y en cierto momento choca contra una pared, entonces ya se sabe cuál es, cómo debe ser una reforma y cómo hay que formular los cambios institucionales. 
Siempre me ha parecido un camino excepcionalmente práctico y el General Morillon también lo ha elegido. 
De momento, es evidente que las perspectivas de una responsabilidad de defensa europea no son especialmente halagüeñas. 
Habida cuenta de las últimas novedades, los Estados miembros y los miembros del propio Consejo no tienen una opinión formal del Consejo. 
De lo contrario, en estos momentos la Presidencia griega desempeñaría, por ejemplo, un papel mucho mayor en las iniciativas que se están emprendiendo en este ámbito. 
No hemos de pensar que la Unión Europea pueda dividirse en dos grupos, cada uno con una cooperación reforzada. 
En pocas palabras: es sumamente importante que la defensa europea, a petición de los ciudadanos, según escribe el Sr. Morillon, tome forma. 
Después puede hacerse un uso más eficaz de los presupuestos, lo que constituirá un beneficio inmediato para todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, dos años después de que tuviera el honor de presentar al Parlamento un informe sobre la misma cuestión, me complace apoyar sin reservas el informe Morillon. 
Espero que se aprueben las enmiendas presentadas por nuestro Grupo. Entonces podremos votar a favor de esta propuesta sin ningún problema. 
Me limitaré a destacar un serie de cuestiones que considero especialmente importantes en el contexto de estos tiempos turbulentos. 
Los acontecimientos de los últimos meses no han contribuido al desarrollo de la nueva política europea de seguridad y defensa (PESD). 
Desde el 11 de septiembre de 2001, la Unión Europea ha quedado prácticamente excluida de los asuntos políticos y militares, tanto en el Afganistán y el Iraq como en el conflicto entre israelíes y palestinos. 
Tenemos cierta participación, pero nuestra función se limita a la acción civil y humanitaria. Si bien esta tarea es importante, no es suficiente. 
Los peor es que la Unión Europea se dividiera en este período. 
A pesar de los loables esfuerzos de la Presidencia griega por impulsar la adopción de plataformas comunes, seguimos divididos en la cuestión del Iraq. 
Estamos divididos en torno a la naturaleza de las relaciones transatlánticas y la autonomía que tenemos con respecto a los Estados Unidos. Por consiguiente, también estamos divididos en relación con principios importantes como el uso de la fuerza, el papel del Derecho internacional o el de las Naciones Unidas. 
A pesar de esta sombría visión, quisiera dejar muy claro que creo firmemente que no debemos tirar la toalla bajo ningún concepto. 
Una serie de países, entre ellos Bélgica, Alemania, Francia y Luxemburgo, ya han emprendido una iniciativa para reavivar la política de seguridad y defensa. 
La Presidencia griega ha respondido positivamente a esta iniciativa. 
Hace poco el Primer Ministro Simitis dijo otro tanto. 
En las últimas semanas, la Convención europea, presidida por el Sr. Giscard d ' Estaing, no ha llegado a una decisión sobre la cuestión, ni ha dado a conocer su respuesta. Espero que ahora presente algunas de sus propuestas. 
El Sr. Dehaene y el Sr. Barnier han esbozado algunas ideas excelentes sobre las instituciones implicadas en la política exterior y la política de seguridad y defensa. Estas ideas incluyen muchas de las expresadas por el Parlamento. 
Incluye propuestas sobre los objetivos de la política exterior y seguridad común (PESC) y la política europea de seguridad y defensa (PESD) en un nuevo entorno internacional. Hay otras propuestas sobre la nueva función de la OTAN, las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN y sobre la capacidad militar, especialmente desde el punto de vista de la tecnología más avanzada, simplemente han de tomarnos en serio. 
Es evidente que no deberíamos intentar erigirnos en el rival de los Estados Unidos. Sería absolutamente estúpido, además de imposible. 
Sin embargo, hemos de tener en cuenta algunos hechos muy básicos. 
Dada su situación geográfica y sus fronteras comunes, los países de Europa dependen, de hecho, unos de otros en materia de seguridad. 
Dadas sus tradiciones, especialmente sus tradiciones culturales, los países de Europa tienen importantes activos y principios comunes que defender en el escenario internacional. 
Por último, dados los recursos y los instrumentos económicos de que disponen, los países de Europa tienen medios para promover sus ideas y defender sus intereses en todo el mundo cuando sea necesario hacerlo. Solo tienen que decidirse a hacerlo. 
En pocas palabras, si bien no pretenden dominar el mundo, es cierto que los países de Europa tienen una función que desempeñar en el mundo. No obstante, su función está lejos del servilismo o la supeditación. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, sigamos adelante por este camino. 
Es el deseo del Parlamento y les apoyaremos. 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Morillon porque justo al inicio de su informe ha indicado cuál debería ser realmente el principio rector de la política europea exterior y de seguridad. 
Incluso en sus consideraciones dice, si no recuerdo mal, que el principio rector debería ser la prevención de crisis. 
Solamente en emergencias, solamente en situaciones de crisis debe la Unión Europea contar con medios militares a su disposición. 
Este es precisamente el orden que apoya mi Grupo y también el motivo por el que, por ejemplo, apoyamos la acción de la Unión Europea en Macedonia y Bosnia. 
Demuestra que la Unión Europea, -por fin, diría yo- tiene a su disposición casi el último de los medios de toda la gama en materia de política exterior y seguridad. 
Además de la diplomacia, además de los medios económicos, ahora también los medios militares, pero, por favor, en este orden. 
Hay dos partes del informe que quisiera comentar. 
En primer lugar, el general, en mi opinión con razón, ha utilizado una enmienda para proponer que se haga más hincapié en una cuestión, más incluso que lo que hace el propio informe, a saber, que necesitamos un concepto estratégico. 
¿Qué es lo que queremos exactamente con la política de seguridad europea? 
¿Dónde queremos actuar? 
¿Qué es lo que necesitamos exactamente para ello? 
¿Cuándo queremos hacerlo? 
Todo esto me parece muy bien. 
También defiendo la revisión de las tareas de Petersberg, es decir, la descripción oficial de nuestro concepto estratégico, que en mi opinión es demasiado limitado. 
Además, estoy a favor de hacer primero esto y solamente después empezar a hablar de algo que, por ejemplo, en el informe Morillon me parecen palabras huecas, es decir, la defensa territorial. 
¿De repente tenemos que añadirlo a las tareas de la Unión Europea? 
¿Tenemos que aprobar el artículo 5 del Tratado de la UEO? 
En mi opinión, esta decisión llega demasiado pronto. 
Examinemos primero el concepto estratégico y después veamos lo que queremos hacer con estos medios europeos. 
Por lo que nos concierne a nosotros, también es demasiado pronto para decir que debemos ser capaces de asumir en 2009 una tarea del tipo de Kosovo. 
Veamos primero el concepto estratégico y después asumamos tareas específicas de este tipo. 
En segundo lugar, otro aspecto destacable del informe se refiere a la mala interpretación que suele hacerse cuando decimos, algo que en parte han reflejado las intervenciones del Sr. Patten y del Sr. Watson, que habría muy poco dinero para hacer lo que deberíamos hacer. 
El problema, mis colegas diputados, no es que haya demasiado poco dinero. El problema es que no lo gastamos suficiente ni eficazmente y que en el pasado nos hemos esforzado muy poco en relación con la especialización de tareas. 
¡Este es el problema! 
Dejemos clara esta cuestión. 
Me alegro de que el informe Morillon también haya dicho esto con claridad. 
Si hablamos de dinero, entonces estoy a favor, y afortunadamente también el ponente, de ir transfiriendo gradualmente recursos financieros de presupuestos hechos para la ocasión que a mi entender son completamente impenetrables entre Estados miembros que en modo alguno pueden ser controlados democráticamente, al presupuesto de la Unión Europea. 
Hay mucho de que hablar a este respecto, incluso si, en consecuencia, el Parlamento Europeo finalmente también logra cierto control sobre la política de seguridad europea, porque el dinero que se gasta está en nuestro presupuesto. 
Y por último, señor Presidente, lo que más temo. 
Probablemente estemos de acuerdo en este Parlamento, con el Consejo también, en aumentar la eficacia. 
Hemos de poder actuar más rápidamente y mejor. 
De acuerdo, mis colegas diputados, pero entonces, por favor, basémonos en un plan estratégico claro. 
Pero me temo que precisamente lo que esto comporta, es decir, el control democrático, es lo que falta. 
No podemos aumentar la eficacia, mejorar nuestras capacidades, sin tener claro dónde reside el control democrático de esta política de seguridad. 
Si estamos a favor de este control, y creo que la mayoría del Parlamento está a favor de decidir por mayoría, incluso en materia de política de seguridad, entonces no puede ocurrir que el Parlamento Europeo quede marginado del control democrático. 
Necesitamos eficacia, pero, por favor, junto con el control democrático, y en última instancia tendrá que tomar cuerpo aquí, en esta Asamblea. 
Señor Presidente, los últimos acontecimientos internacionales, una vez más, han puesto de relieve la necesidad de una Unión Europea que pueda actuar unida tanto en el ámbito de su propia seguridad como a la hora de proteger el derecho de todas las personas a construir un sistema pluralista que respete los derechos humanos y civiles, de una Europa que, al fin, pueda combinar la diplomacia- los servicios diplomáticos- y los sistemas de información de cada uno de los Estados individuales para alcanzar esa cooperación, que claramente requiere un diálogo continuo en el seno del Consejo sobre cuestiones de política internacional, si queremos ser capaces de adoptar decisiones que sean todo lo representativas posible de la opinión pública de toda la Unión. 
Es muy importante que volvamos a enmarcar en el Consejo todo el debate sobre política exterior y de defensa y las decisiones correspondientes. 
También es sumamente importante que creemos la figura de un único representante europeo para estas dos políticas. 
La Convención también ha abordado esta cuestión. 
De hecho, aunque sean ejercicios legítimos, las reuniones celebradas por algunos de los Estados al margen del Consejo no son iniciativas de la Unión Europea. 
Por lo tanto, es evidente que apoyamos una política europea de seguridad y defensa que, a través de un instrumento militar, especialmente, como ha propuesto el General Morillon, pueda conservar la paz y garantizar la democracia. 
Este cuerpo militar europeo coexistirá con los ejércitos nacionales de cada uno de los Estados miembros. Impulsará aún más el desarrollo de la ciudadanía europea, ciudadanía que se deriva, entre otras cosas, del orgullo que siente cada ciudadano de pertenecer a su país y a la Unión: una Unión libre e independiente autora de un proyecto de paz y respeto mutuo hacia el resto del mundo. 
Este proyecto no puede limitarse a la elaboración de documentos, declaraciones de buenas intenciones o el establecimiento de relaciones comerciales: debe proporcionar fuerzas equivalentes a la tarea de luchar contra el terrorismo para proteger nuestros valores, nuestra visión del mundo y nuestras instituciones de libertad. 
Señor Presidente, siempre es lo mismo. 
Cuando la realidad hace añicos los sueños quiméricos europeos, los «euroentusiastas» y los soñadores de entre nosotros reaparecen con más sueños, aún más absurdos. Esta implacable búsqueda a pesar de todas las evidencias sería cómica si no fuera tan grave. 
La quimera que contiene el informe Morillon es la de la defensa europea, que es además una noción desfasada. 
La defensa europea ha sido el sueño de muchas personas ingenuas durante todo el siglo veinte, pero no se ha logrado nada. 
Aristide Briand promovió la idea con el drástico resultado de hundir la resistencia y el espíritu de defensa en Francia. 
En 1948 se recuperó esta fantasiosa noción, en el Congreso de Europa celebrada en La Haya, y después lo hizo Winston Churchill en 1950, a raíz del fracaso de la Comunidad de Defensa Europea, que fue uno de sus sueños. 
Hemos de estar agradecidos al Gobierno francés porque logró detenerlo. 
Cincuenta años después, aquí estamos de nuevo. No hemos avanzado nada. 
Hemos hecho tan pocos progresos que la labor en torno a uno de los elementos clave de una política de defensa, la de crear una industria de defensa europea, no solo se ha detenido, sin que ha tomado la dirección contraria. Debemos ser conscientes de que los Estados miembros compran alrededor del 60% del armamento, no unos a otros, sino a los Estados Unidos. 
En primer lugar hemos de abordar esta cuestión si queremos considerar la posibilidad de una política de defensa. 
Por último, esta política de defensa solo es una quimera porque no podemos establecer una política de defensa sin una política exterior común. 
Esto quedó consagrado el Título V del Tratado de Maastricht en 1992. Sin embargo, nadie ha empezado siquiera a aplicarlo en ninguna crisis, ya sea en Rwanda, el Afganistán o Kosovo. 
Nos encontramos en esta situación porque todos hemos seguido a los Estados Unidos. 
Hoy día de nuevo esta política exterior y de seguridad común ha quedado hecha trizas. 
Señorías, hemos de abandonar las quimeras. 
Europa ha de construirse sobre la realidad. 
Ahora es más evidente que nunca que los Estados miembros individuales son esa realidad. Los Estados miembros no deben permitir que les priven de su esencia: la voluntad de defenderse a sí mismos y los medios para hacerlo. 
Me limitaré a expresar la esperanza de que, a la vista de sus crecientes responsabilidades mundiales, Francia pueda fortalecer sus propios medios de defensa. 
Esta es la única y mejor contribución que Francia puede hacer a lo que queda de Europa. 
Señor Presidente, como dice un humorista francés, todo está en todo y viceversa. La supuesta Unión Europea es un fiasco total en términos de crecimiento económico y empleo. 
El ponente defiende una arquitectura de defensa que reduciría sin problemas a Francia a la categoría de Bélgica o incluso menor. Lamentablemente, parece haber olvidado que es un general del ejército francés. 
Por supuesto, este es el objetivo que persiguen sin descanso todos los que, por varios motivos, piensan que puede utilizarse el concepto de «Europa como potencia» para relanzar el proceso de integración europea, que se encuentra en un estado tan lamentable. 
Sin embargo, la guerra del Iraq debería hacer ver a todas estas personas que las naciones son monstruos insensibles que solo se preocupan de sus propios intereses. 
Hemos sido testigos del duro regateo en torno al proyecto Galileo y del altísimo coste de fabricación de todo tipo de armas sobre una base multinacional. Ahí están también los problemas que deben afrontar las decenas de miles de trabajadores cuyos empleos están amenazados. 
No obstante, esta estabilidad no se logrará con más dispositivos jurídicos, una cooperación imposible, organismos incompetentes, falsas competencias y pretensiones. Independientemente de nuestras diferencias actuales sobre la situación en Oriente Próximo, todos los euroescépticos, sin excepción o reservas, lucharemos contra esta fantasiosa noción de «Europa como potencia». 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, siempre he soñado con hablar después de un De Gaulle, pero no de uno que haga discursos como este. 
Hoy, mientras debatimos el futuro de la política europea de seguridad y defensa, podemos ver los estragos que causa la guerra en el Iraq, una guerra que creímos poder evitar con medios diplomáticos. 
Pero fracasamos en nuestro intento, por nuestra desunión política y por carecer de presencia militar. 
En una época en la que están en juego la guerra y la paz, ni siquiera, y no por primera vez, estamos preparados. 
Llegamos demasiado tarde, como nos ocurrió en Bosnia, en Kosovo y en el Afganistán. 
En ninguno de estos conflictos armados la Unión Europea, como agente internacional, ha participado en la determinación del curso de los acontecimientos. 
Por eso el informe Morillon puede resumirse en la declaración de que la Unión solamente contará si tiene objetivos e intereses de política exterior claramente definidos y si posee una capacidad militar efectiva. 
Solamente una Unión como esta puede convertirse en un agente independiente en la política mundial y tener confianza en sí misma como socio en las relaciones transatlánticas. 
No pocos jefes de Gobierno, conociendo su impotencia ante la guerra del Iraq, ahora creen que deben hacer público el objetivo de una Unión de Defensa Europea. 
Me pregunto: ¿estos jefes de Gobierno no participaron en las resoluciones aprobadas en 1999 en Helsinki? 
¿Por qué no se esforzaron más por que funcione la Fuerza de Reacción Rápida de la Unión Europea, convirtiéndola en lo que estaba previsto que fuera para 2003: eficaz en el combate, equipada con tecnología moderna y dotada de estructuras de mando y capacidades logísticas adecuadas? 
¿Por qué la adaptación y la reforma de sus ejércitos nacionales no estuvieron a la altura de los nuevos desafíos que afronta la seguridad? 
¿Por qué se recortaron de esta forma los presupuestos militares? 
¿Por qué, para transportar a nuestras propias tropas en nuestro propio país, tuvimos que alquilar aviones de Ucrania? 
Desde 1999 el Parlamento viene argumentando a favor de que se complementen los instrumentos de política exterior con capacidades militares. 
Actualmente, esto también es objeto de debate en la Convención. 
Este informe también ha sido concebido para ser la respuesta del Parlamento a la pregunta, de vital importancia para el futuro, de cómo puede la Unión Europea proteger a sus ciudadanos frente a nuevas amenazas terroristas y cómo puede contribuir a la paz y la estabilidad en el mundo. 
Las guerras preventivas que carecen de toda legitimidad deben ser cosa del pasado. 
Por este motivo el informe expresa nuestro apoyo a todos los que en la Convención defienden la actualización de las tareas de Petersberg, a los que están a favor de una vanguardia de Estados miembros capaces de emprender misiones militares en casos de crisis, los que apoyan una agencia de armamento europea organizada de una manera u otra, los que defienden una cláusula de ayuda y solidaridad europeas, y los que, en particular, quieren que se introduzcan decisiones por mayoría en política exterior y una mayor cooperación en política de defensa, que son ambas cruciales. 
Sin embargo, creemos que los Gobiernos han de tener las ideas claras en relación con el hecho de que millones de personas, en vísperas de la guerra del Iraq, tomaron las calles de las ciudades europeas para demostrar su convicción de que las decisiones sobre la guerra y la paz deberían tomarlas los parlamentos y no los gabinetes. 
Quienes decidan desplegar una fuerza de reacción rápida europea en situaciones de crisis necesitan un alto grado de legitimidad democrática. 
Permítanme expresar mi última opinión, y es que todas estas operaciones de intervención rápida que han de contemplarse en el marco de la PESD contendrán un elemento civil y militar. 
Es precisamente este aspecto el que nos diferencia de la OTAN. 
En Bosnia ahora estamos representados por una misión policial. 
El año que viene es muy posible que asumamos la misión de la SFOR de la OTAN. 
La mejor forma de garantizar la cohesión entre las operaciones civiles y militares es aplicar a ambas las mismas reglas y que los costes compartidos de cada una corran por cuenta del Presupuesto de la Unión Europea. 
Aunque tiene que ver con el control parlamentario, otro resultado es el apoyo democrático y la ratificación de las acciones por parte de los Gobiernos. 
En cualquier caso, los ciudadanos de la Unión Europea ya están diciendo que «sí» al concepto de política de defensa europea esbozado en el informe Morillon. 
El 71% de ellos lo apoyan. 
Únicamente los gabinetes todavía no han caído en la cuenta. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Morillon por su excelente informe, e incluso ahora puedo decir que defiendo la mayoría de las ambiciones y propuestas que ha formulado en él. 
Ya se ha dicho que el debate llega en un momento muy oportuno. 
La guerra del Iraq ha dividido a Europa. 
Por lo tanto, se han sembrado dudas, también en la opinión pública, sobre la capacidad de la Unión Europea para hablar al mundo exterior con una sola voz. 
Por lo tanto, el debate de hoy sobre la política de defensa europea llega en un momento muy extraño. 
Sin embargo, el pensamiento no puede estarse quieto, y sin nuevas iniciativas no pueden repararse los daños causados. 
La Convención Europea está deliberando en estos momentos sobre el refuerzo de las estructuras de toma de decisiones. 
El informe Morillon contiene toda una serie de propuestas prácticas para mejorar la capacidad de defensa de la Unión Europea. 
Respaldamos la ampliación de las tareas de Petersberg, que también deben incluir la lucha contra el terrorismo. 
Es preciso prestar más atención a la fuerza de reacción rápida. 
Si quiere poder operar en el futuro con verdadera independencia, entonces la industria de defensa europea tendrá que organizarse mejor. 
Cumplir todas estas ambiciones realmente proporcionaría a la Unión Europea una capacidad militar útil. 
No convertirá a la Unión Europea en una superpotencia militar. Tampoco es esa la intención. 
En el contexto de una amplia política de seguridad, en que la prevención de crisis tiene prioridad, la Unión Europea debe poder desarrollar varios instrumentos a la vez. 
Un componente militar creíble es parte integrante de un enfoque así. 
La guerra en el Iraq nos ha hecho ser más conscientes de nuestras debilidades, pero este no es motivo para cambiar por completo la filosofía básica. 
Si se trata de mantener el orden jurídico internacional, la Unión Europea debe ser capaz, junto con otros y dentro de los marcos multilaterales, de asumir su responsabilidad. 
La propuesta de acelerar el desarrollo de la política exterior y seguridad con una avanzada de Estados miembros activos merece nuestro apoyo. 
No hay que permitir que el paso lo marque el más lento. 
Sin embargo, estoy a favor de un proceso abierto. 
Todos los que deseen participar deben tener la oportunidad de hacerlo. 
Señor Presidente, el informe Morillon considera que la defensa europea es parte de una estrategia realista y responsable de solidaridad y complementariedad con los Estados Unidos y, por lo tanto, representa una iniciativa sustancial, que implica planificación, sacrificios económicos e inversión militar. Es un paso adelante necesario y urgente basado en no subestimar las nuevas amenazas terroristas y políticas. 
Es un plan coherente que tuve ocasión de proponer el año pasado con el estudio «Una spada europea» [Una espada europea]. 
El informe evita ilusiones peligrosas que no harían del mundo un lugar más seguro y más democrático y, sin ninguna duda, tampoco contribuirían a unir más a Europa. 
Una de estas ilusiones es reavivar el pacifismo unilateral, una vuelta al pacifismo unilateral del pasado de «Antes rojos que muertos». 
Otra es la ilusión de una Europa independiente, poderosa y dotada de autoridad porque ha roto con los Estados Unidos, una ilusión que resucita las tácticas de cortocircuito del gaullismo, tan hostil a los Estados Unidos como insensible a la supranacionalidad europea, en particular en materia de política exterior y de defensa. 
Es una ilusión profundamente enraizada en el nacionalismo europeo y en ideologías que ahora están obsoletas, una ilusión que explica la extraña alianza formada entre la derecha y la izquierda en el contexto de la guerra del Iraq y que, por el contrario, exalta el principio de intervención democrática. 
Esta ilusión política es más peligrosa que el unilateralismo imperial o el pacifismo ciego: si bien en apariencia pretende guiar a Europea, en realidad la ha dividido; ha dividido a los Quince, ha ofendido a los países de Europa Oriental en el preciso momento del proceso de reunificación, ha ahondado la brecha entre la Unión y los Estados Unidos y, antes de poder ejercer el derecho al veto, ha contribuido a paralizar el Consejo de Seguridad, justificando la intervención militar fuera del contexto de la ONU. 
Antes de entregarse al desarrollo del sistema internacional, la Unión debe definir su visión política con mayor claridad, debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos, territorios y fronteras- tarea que no cumplió en los Balcanes -, ha de tomar nota de la erosión del control de armamentos y la proliferación de armas de destrucción masiva en manos de dictadores sanguinarios, y debe luchar decididamente por combatir el terrorismo, establecer la seguridad en Israel y un Estado palestino democrático. 
Si la Unión quiere ser aliada de los Estados Unidos y no su subordinada o su enemiga, ni resignada ni resentida, debe desarrollar la defensa común e ir asumiendo gradualmente el liderazgo de la Alianza Atlántica, a la que los Estados Unidos solo aportan ahora el 8% de sus fuerzas. 
Para ello puede tomar como base el acuerdo de Saint-Malo entre Francia y el Reino Unido y el informe del General Morillon, que son los principales logros de la política de seguridad europea y su desarrollo, que es preciso consolidar, desarrollar y ampliar para que incluya a toda la Unión. 
Señor Presidente, hoy deberíamos hablar sobre el modo de garantizar la seguridad europea y un futuro seguro para todos. 
Hemos podido comprobar, especialmente en los últimos años y el 11 de septiembre, que la seguridad no se consigue acumulando armamento. 
Por el contrario, podría decirse que lo que ocurre es lo contrario, pues, si existe en este planeta un país bien equipado militarmente, son los Estados Unidos que, concretamente, fueron la víctima de la acción terrorista del 11 de septiembre. Todo el armamento militar que habían acumulado no impidió la acción terrorista. 
El giro a la derecha que se ha producido a este respecto en el conjunto de los Estados Unidos no debe, por favor, acabar infectando las reflexiones sobre la política de seguridad europea. 
Hay una completa falta de proporción, tanto a escala mundial como en la Unión Europea, entre las inversiones realizadas en armamento y nuestras inversiones en una seguridad realmente sostenible. 
El problema es que el informe del Sr. Morillon no pretende alterar esta desproporción, y este es uno de los motivos por los que a fin de cuentas no estoy de acuerdo con él, a pesar de que muchos de los análisis en curso en torno a la necesidad de una identidad europea en estos ámbitos son constructivos y sanos. 
Pero si esta identidad ha de consistir en copiar algo cuya inutilidad e impotencia están demostradas, entonces habremos tomado el camino equivocado. 
Esta no es una expresión de pacifismo, pues creo que un pueblo debe poder defender sus derechos, y también creo que pueden darse situaciones en que haya que utilizar la fuerza militar para mantener la paz. 
No obstante, la amenaza que afrontamos no procede de algo que podamos combatir con armamento. 
En primer lugar, proviene de la desesperación de muchos en un mundo muy injusto, y en esto deberíamos fijarnos al definir nuestras prioridades. 
Señora Presidenta, yo quería en primer lugar agradecer al Sr. Morillon el esfuerzo que ha hecho en este informe para poder unir distintos puntos de vista. 
Ya ha explicado nuestra compañera, Pernille Frahm, que no podemos votar a favor del informe, a pesar de sus contenidos positivos, por tres razones claras. 
La primera razón es la dependencia de la OTAN, que convierte a la Unión Europea en una especie de enano al lado del gigante de Norteamérica y, por lo tanto, es imprescindible tomar conciencia de la propia personalidad de Unión Europea para poder avanzar. 
Mientras no hagamos eso no habrá futuro para la Unión Europea. 
La segunda razón es la necesidad de tener una conducta más firme una vez que ha tenido lugar la guerra del Iraq, porque, hay que decirlo con todas las palabras, el peligro en este momento para la paz en el mundo es la conducta agresiva de los Estados Unidos. 
El documento del 20 de septiembre de estrategia para la seguridad de los Estados Unidos, supone empezar guerras en todas partes del mundo. 
Seguirán Siria, Irán, Corea, quién sabe... 
No digo nombres para no poner objetivos, representa una gran inseguridad. 
Por lo tanto, la Unión Europea- y ya sería el tercer punto- debe desempeñar un papel fundamental en el fortalecimiento democrático de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. 
Asimismo, debe obrar para que cualquier conflicto que se produzca pase de forma ineludible por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad, por la legalidad internacional, que es justo lo que no hacen los Estados Unidos. 
Esa contribución de la Unión Europea supone un éxito. 
Es lo que nos han dicho muchos países de América del Sur, que, ante la presión- yo creo que no tenía ninguna justificación- del Presidente Aznar para sumar a dos miembros del Consejo de Seguridad en la guerra del Iraq, han respondido con dignidad y valentía y han dado un ejemplo a Europa, diciendo que son más importantes la paz y el Derecho internacional que las aventuras peligrosas de los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, para justificar un ejército de la Unión Europea el General Morillon escribe lo siguiente: «si los gobiernos de los Estados miembros siguiesen dejando en manos de los estadounidenses la iniciativa de emprender posibles guerras, limitándose a encargarse de los asuntos de la paz, la Unión tendría que resignarse a desempeñar el papel de los atenienses en la Roma antigua, aceptando plegare en última instancia a la voluntad de un nuevo Imperio». 
Sin embargo, yo sin duda alguna prefiero a Atenas, la cuna de la cultura y la democracia, que a la militarista Roma, que logró tener a todo el mundo en su contra y, al final, se consumió en sangre y fuego, mientras que la herencia griega florece en todos los campos, desde los Juegos Olímpicos hasta la Presidencia de la Unión Europea. 
El General Morillon quiere que la Unión Europea haga lo mismo que hicieron los Estados Unidos en Kosovo, o quizá en el Iraq o algún otro pequeño país contra el que los Estados Unidos han desatado una guerra de agresión en los últimos cien años. 
Quiere que la Unión Europea intervenga militarmente en todo el planeta, especialmente en los Balcanes, Oriente Próximo, el Cáucaso, Asia Central y África. 
Naturalmente, en un escenario como este no tienen cabida los países neutrales. 
Todos deben estar sujetos a lo que se ha llamado una cláusula de solidaridad, sin necesidad alguna de un mandato de las Naciones Unidas. 
Si la Unión Europea recorre la vía romana del General Morillon, es posible que un Presidente de la Unión Europea, un buen día, hable en pie de igualdad con el Presidente de los Estados Unidos sobre qué pobres en particular de qué país en desarrollo, rico en petróleo y minerales, serán los próximos en ser bombardeados hasta devolverlos a la Edad de Piedra. 
Sin embargo, todo intento de estar a la altura de los Estados Unidos desde el punto de vista de la tecnología militar también entraña el peligro de convertirse en una réplica de la fatal carrera armamentística de la Unión Soviética. 
Lo que es absolutamente cierto es que miles de millones de personas odiarán a los europeos, como a los norteamericanos. 
Millones de manifestantes protestarán ante las puertas de las embajadas de la Unión Europea; la Torre Eiffel sufrirá el mismo destino que el World Trade Centre; la ONU quedará socavada; se intensificará la guerra entre civilizaciones; y la decreciente población europea será la perdedora, sin importar cuántas superarmas de estilo norteamericano hayamos adquirido. 
Si el General Morillon logra lo que quiere, haríamos bien en bajar de la estantería «El declive de Occidente» , de Oswald Sprengler, para entender lo que ocurrirá. 
Si, de acuerdo con los deseos del General Morillon, intentamos construir una Roma moderna, también sufriremos el destino de Roma. 
No, habría que dar carpetazo a los planes de una superpotencia militar. 
Deberíamos escuchar a los ganadores de nuestro propio premio Sajárov y tomar en serio las palabras del Dalai Lama, que ha sido nuestro invitado de honor. 
Solamente como factor de paz tiene la Unión Europea una posibilidad de supervivencia y una justificación para su existencia. 
Al final habría que crear un cuerpo civil de paz bajo los auspicios de la Unión Europea. 
En lugar de hacer el ridículo, deberíamos aprender de los países de la Unión Europea que han logrado evitar cualquier guerra durante 200 años. 
Es la paz la característica especial de la Unión Europea. 
Dejemos a los Estados Unidos que hagan la guerra hasta que los propios norteamericanos se consuman en sangre y fuego, como les pasó a los romanos. 
Partamos mejor de la cultura y la democracia de Atenas. 
Señora Presidenta, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 recordaron al mundo que la paz y la seguridad no pueden darse por sentadas. 
En este contexto es elogiable que los países europeos reconozcan la necesidad de asumir, por su parte, una mayor responsabilidad a este respecto. 
Después de todo, su propia credibilidad y seguridad están en juego. 
Y esto no puede promoverse a regañadientes. 
El informe Morrillon declara con razón, por ejemplo, que la OTAN sigue siendo la alianza absolutamente necesaria para la defensa común, pero al mismo tiempo defiende apasionadamente el desarrollo de una política europea de seguridad y defensa independiente. 
Por no decir nada del absoluto fracaso que ha supuesto el esfuerzo realizado en materia de defensa por parte europea. 
En pocas palabras, el informe Morillon no nos muestra un camino claro. 
¿Qué es más evidente que una aportación suficiente de los Estados miembros europeos a la OTAN? 
Una cosa es segura: la evidente discordia en las filas europeas con respecto al Iraq y también la iniciativa controvertida de un grupo de países en relación con una política de defensa europea actualmente restan credibilidad a la política exterior y de seguridad común y a la política europea de seguridad y defensa como base para la seguridad de los ciudadanos de los países europeos. 
A estos ciudadanos se les sirve con una OTAN fuerte y unida. 
Señora Presidenta, entre la redacción del informe Morillon y este momento se han producido importantes acontecimientos internacionales. Por ello, las cuestiones que rodean a la defensa de Europa ya no pueden abordarse con un enfoque global y uniforme. 
No podemos pretender que la aplicación de una política exterior y de seguridad común en todos los Estados miembros siga siendo cuestión de definir una política de defensa común. En el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se han producido confrontaciones en torno a cuestiones fundamentales. 
Tras la guerra en Kosovo se está haciendo otra guerra, esta vez contra el Iraq, violando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Estas novedades han puesto de relieve las profundas divisiones en materia de política exterior entre los miembros presentes y futuros de la Unión Europea. 
Podemos ver con claridad que hay dos conceptos de Europa y de la función de Europa, dos tipos de política exterior y dos visiones del orden internacional. Hemos de tomar cartas en el asunto. 
Sería una equivocación insistir en sostener que solo es una crisis circunstancial. Sería una equivocación pensar que, una vez pasada la crisis, podríamos volver a nuestros antiguos conceptos y retomar nuestros consabidos juegos básicamente semánticos en torno a la PESC y la PESD. 
En el futuro será necesario adoptar un enfoque flexible para todo lo relacionado con los asuntos exteriores y la defensa a escala de la Unión Europea. 
Además, aumentará la eficacia y reducirá el número de palabras vacías. 
Ahora la Convención Europea debería centrar todos sus esfuerzos en seguir este camino. 
Debemos separar las propuestas contenidas en el informe Morillon que han quedado obsoletas a raíz de los últimos acontecimientos, de las que siguen siendo relevantes. 
Obsoleto me parece el apartado 54, que propone asignar a la Unión Europea un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta propuesta es claramente contraria a nuestras necesidades actuales. 
La Unión Europea debe seguir teniendo dos asientos permanentes. Los países de Europa apoyan dos concepciones diferentes y dos orientaciones diferentes. 
Tener dos asientos permite que ambas se expresen. Y considero relevante las propuestas relativas a la necesidad de cooperación en la lucha contra el terrorismo y la fabricación y adquisición de armamento. 
A raíz de las consecuencias de la guerra en el Iraq ha aumentado la importancia de la lucha contra el terrorismo. Los acontecimientos actuales también reflejan claramente los daños causados en Europa por la ideología de los dividendos de la paz. 
Por lo tanto, celebro el oportuno resurgimiento del principio de «preferencia comunitaria» en el informe Morillon. 
Solamente lamento que coincida con la desaparición del principio de otra área de importancia estratégica, en concreto, la Política Agrícola Común. La PAC significa autonomía de suministro de alimentos, o, utilizando la terminología norteamericana, el arma de los alimentos. 
La «seguridad del aprovisionamiento» , mencionada en el informe Morillon, debe aplicarse a los alimentos y al armamento. 
Debemos asegurarnos de que el Comisario Lamy lo recuerde en el marco de la ronda de negociaciones de Doha. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera expresar mi reconocimiento al General francés, como se ha dicho aquí, pero también al ciudadano y diputado ejemplar que es el ponente de este informe, el señor Morillon. 
Hoy este Parlamento ha asentado las bases para que la próxima semana el Consejo de Ministros proceda a la quinta ampliación de nuestro proyecto político, seguramente la de mayor alcance histórico, habida cuenta que nos va a permitir superar la división entre europeos que han supuesto el muro de Berlín y el telón de acero, que no eran otra cosa que un cúmulo de indignidad y, afortunadamente, ya pertenecen al Paleolítico. 
Este informe llega también en un momento marcado por los atentados del 11 de septiembre y la crisis del Iraq. 
Hoy la Unión Europea ampliada tiene una población mayor que la de los Estados Unidos, tiene un producto interior bruto similar al de los Estados Unidos y una potencia comercial e industrial superior. 
Sin embargo, es inferior en lo que se refiere a tecnología punta y a control de los mercados financieros y, evidentemente, en el ámbito militar donde las diferencias son abismales. 
Yo creo, señora Presidenta, que tenemos que partir de la constatación de que esas insuficiencias- nos guste o no- son fruto de nuestra propia incapacidad y que, hoy por hoy, no hay una alternativa eficaz en el ámbito de la seguridad y la defensa a la Alianza Euroatlántica. 
Ayer recibimos en este Parlamento la visita del Presidente de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que ha coincidido con la entrada en vigor de una misión de la Unión Europea en esta República. 
Estos son pequeños pasos, señora Presidenta, que ponen de manifiesto el deseo de la Unión Europea de ir configurándose como una Europa fuerte y como un actor en la escena internacional que sea capaz de brillar con luz propia en los ámbitos militar, económicoy cultural entre otros. 
A ese objetivo, en el ámbito de la seguridad y la defensa, responde este informe del señor Morillon que trata de establecer una serie de procedimientos que mejoren el proceso de toma de decisiones, que favorezcan la compatibilidad entre los armamentos militares, que consoliden la formación del Consejo de Ministros de Defensa y que doten a esta política de los medios financieros suficientes para llevarla adelante. 
Quisiera resaltar, señora Presidenta, que es muy curioso que los que más se han quejado del pobre papel que ha tenido la Unión Europea en esta crisis del Iraq son los que luego tienen más reticencias para volver a sus opiniones públicas y pedirles que doten a esta política de los medios financieros suficientes. 
Para terminar, señora Presidenta, quisiera decir que ni el Presidente Aznar ha presionado a nadie ni la dignidad de los Presidentes de México y Chile hubiese tolerado ningún tipo de presiones. 
Señora Presidenta, yo remitiría a los que han hecho estas afirmaciones a las declaraciones que hizo en el día de ayer el Ministro de Asuntos Exteriores de México, en las que dijo que las relaciones entre España y México están en el mejor momento de su historia. 
Señora Presidenta, sabemos que hablar de política de seguridad y defensa común en estos momentos es, para los seguidores de la escuela realista o incluso hiperrealista, una especie de ilusión. 
Sin embargo, es precisamente en el contexto actual donde este informe, con la dosis de pensamiento activo que encierra, adquiere mayor relieve. 
La sustancia de este informe justifica nuestro apoyo, porque se basa en aspectos fundamentales en torno a los que hay consenso en el Parlamento Europeo y entre los ciudadanos de la Unión, específicamente con respecto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, un marco de directrices de política exterior común que engloba la política de seguridad y defensa, la necesidad de aceptar responsabilidades europeas conjuntas en relación con la política de seguridad y defensa, empezando con el apoyo militar para misiones de ayuda humanitaria, prevención y resolución de conflictos y mantenimiento de las relaciones transatlánticas y de un enfoque multilateral. 
Sin embargo, quiero añadir un matiz crítico: quizá el informe profundiza demasiado en los detalles e incluso contiene algunos detalles poco claros. Cuando en el apartado G habla de las leyes de la guerra, por ejemplo, no está claro si critica o no la Convención de Ginebra. 
Además, en esta fase inicial yo preguntaría: ¿no deberíamos dar más importancia a la racionalización de los recursos existentes, combinando esfuerzos, evitando la duplicación y promoviendo la interoperabilidad entre los ejércitos de nuestros países? 
Por ejemplo, podría mejorarse la distribución sectorial de las partidas presupuestarias asignadas a la defensa en cada uno de los países. 
Algunos países gastan hasta el 70% o más en personal y mantenimiento. 
Quizá pudieran contribuir de forma conjunta para cubrir una prioridad, por ejemplo, una investigación científica y tecnológica sobre sistemas sofisticados y que generalmente produce resultados que pueden beneficiar a la industria y a la economía. 
Sin embargo, este es un debate sobre cuestiones muy prácticas, que solo ahora puede realmente empezar. 
Señora Presidenta, los últimos acontecimientos reflejan que los Estados miembros de la Unión Europea ahora no pueden, y no lo harán en el futuro, ponerse de acuerdo en torno a la organización de una política de defensa común. 
Los Estados miembros de la Unión Europea que pertenecen a la OTAN también han tenido opiniones profundamente divergentes sobre la guerra del Iraq, que reflejan su actitud general con respecto al nuevo orden internacional que va tomando forma. 
Esto dificulta el establecimiento de una política de defensa común. 
Los Estados miembros neutrales no han querido y no quieren que la Unión se convierta en una alianza militar o una superpotencia militar. 
En estas circunstancias, lo inteligente sería que la Unión europea se ciñera solamente a las tareas de gestión de crisis, y la OTAN continuara funcionando como un mecanismo de seguridad colectiva para los Estados miembros de la Unión Europea que desean pertenecer a tal organización. 
Alemania, Francia, Bélgica y otros países de ideología similar podrían embarcarse en un programa de estrecha y mutua cooperación militar en el marco de la OTAN y establecer una Comunidad de Defensa que actuaría como un pilar europeo sólido de la OTAN. 
Este mecanismo fortalecería la cooperación entre Europa y Norteamérica, que es importante para todos nosotros. 
Europa tendría su propia identidad de defensa en el marco de la OTAN, pero la Comunidad de Defensa cooperaría estrechamente con los Estados Unidos de América. 
Los demás Estados miembros de la Unión Europea, tanto los que pertenecen a la OTAN como los países neutrales, desempeñarían un papel de garante del mantenimiento y del fortalecimiento de la relación transatlántica. 
La creación de una Comunidad de Defensa podría dar lugar a una diferenciación interna en la Unión incluso más universal que se basara en las ideas que durante años han propuesto los principales expertos y políticos franceses y alemanes. 
Por tanto, el núcleo de la Unión tendría instituciones separadas, como, por ejemplo, ha propuesto el Ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer. 
Señora Presidenta, creo que todos los diputados al Parlamento Europeo tienen más de 18 años- nuestro promedio es de 40 ó 50 años- por lo que seguramente no estamos jugando con soldados de juguete. 
No soy un general y, por tanto, no estoy en condiciones de juzgar; simplemente hice el servicio militar sin ni siquiera llegar a ser suboficial. 
Sin embargo, mientras me dirijo a ustedes, no puedo borrar de mi mente la fotografía de la portada del The Guardian, que mostraba adónde conducen estas guerras preventivas. 
Tampoco puedo borrar de mi mente lo que he visto en televisión hace cinco minutos; una nación que no solo ha sido bombardeada durante días y días, sino que ha sido llevada al último extremo de la indignidad, saqueando, robando y todo lo demás que podemos ver en televisión. 
En estas circunstancias, ¿de verdad vamos a sentarnos, frente a los visitantes, frente a los periodistas, frente a los intérpretes, a debatir sobre armamentos y mecanismos, en lugar de examinar dónde nos encontramos? 
¿Podemos aceptar el apartado 17, donde se habla del «carácter de prevención de crisis» de la acción militar, cuando una guerra preventiva es lo que Bush y Blair han hecho en el Iraq? 
¿Podemos aceptar el apartado 9, que dice que el terrorismo ha dejado obsoleta la noción de los límites geográficos para los compromisos militares y que ha difuminado la distinción tradicional entre política de seguridad interior y exterior? 
¿Qué estamos haciendo? 
Nosotros mismos estamos abriendo las puertas a la guerra en la República Árabe Siria, la República Islámica del Irán, Corea del Norte y, después, en Francia, señor Morillon. 
En este sentido, este es un debate útil. 
Para comprobar dónde nos encontramos. 
No para decir que está mal que no estemos de acuerdo. 
Para decir cuál de los dos bandos de la Unión Europea tenía razón. 
¿El bando que violó los principios de la Carta en el Consejo de Seguridad de la ONU o el bando que aceptó y apoyó la acción bajo los auspicios de la ONU? 
Para examinar el fundamento político en el que basaremos una Unión Europea que no sea una caricatura de los Estados Unidos, sino un polo de paz, diplomacia y acción calmada del siglo XXI, que en modo alguno debe parecerse al siglo XX. 
Señora Presidenta, señor Comisario, una vez tomada conciencia de que, por mucho que fuera la primera potencia comercial, Europa no podría desempeñar ningún papel relevante en el concierto mundial si no se dotaba de una política exterior y de seguridad común, se adoptó el denominado tercer pilar en el Tratado de Maastricht e incluso se planteó el objetivo de crear una capacidad operativa militar para garantizar el mantenimiento de la paz. 
En un mundo que cada vez es más global e interdependiente, hasta ahora nuestra política ha sido desarrollar un Derecho internacional, sobre todo a través de las Naciones Unidas, pero también de otras organizaciones mundiales, de modo que hemos ido conformando un marco regulador de las relaciones internacionales, porque estamos convencidos de que es la mejor forma de prevenir y encauzar los posibles conflictos. 
Y consideramos que, en este concierto mundial, la Unión debería actuar con una voz común que le permitiera ser percibida como una potencia comercial, económica y social e, incluso, como la gran defensora de los derechos humanos del multiculturalismo y del medio ambiente. 
Sin embargo, nuestra realidad actual resulta decepcionante. 
Una vez más, la división interna ha vencido a las grandes declaraciones comunitarias de las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Me refiero a las distintas posiciones mantenidas por los Gobiernos de los Quince en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con ocasión del conflicto del Iraq. 
La actuación del Sr. Aznar, Jefe del Gobierno español, así como la de algún otro, ya sería reprobable aunque solo fuera por este aspecto de división, porque, sin esperar a que el Consejo de la Unión Europea adoptara una posición común al respecto, se apresuraron a expresar su seguidismo a pies juntillas de las indicaciones recibidas del emperador instaurador del nuevo orden mundial unilateral. 
Lo malo es que el Sr. Aznar y sus colegas han promovido una guerra ilegal, un desastre humanitario con miles de niños, mujeres y civiles muertos, mutilados y heridos, o que están pasando terror, hambre y enfermedades. 
Lo peor es que el Sr. Aznar lo ha hecho saltándose la Constitución, sin la aprobación del Parlamento ni la sanción del Rey de España y, junto con sus adláteres, en contra de la opinión mundial y de los inspectores de armamento, y que, sin contar con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dado un golpe mortal a las instituciones y al Derecho internacional y ha puesto al mundo a merced del más fuerte, haciendo derecho de la razón de la fuerza e inutilizando la fuerza de la razón y la justicia. 
En resumen, a ellos les debemos que el mundo vuelva a tener por ley la de la jungla y que se haya resquebrajado el tercer pilar de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero comenzar dando la enhorabuena al Sr. Morillon por su excelente informe. 
Su capacidad por lograr un consenso muy amplio en esta Asamblea en torno a esta importante cuestión ha quedado demostrada no solo por este debate, sino también por las relativamente pocas enmiendas que se han presentado. 
Comparando esta situación con la de debates similares de hace tan solo cinco años, vemos que en esta Asamblea existe un amplio consenso en torno a la necesidad de una contribución a la defensa europea. 
Por ello felicito al Sr. Morillon. 
Su informe es un componente básico del desarrollo de una estrategia de seguridad para la Unión Europea. 
El pasado septiembre tomamos nota de la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos. 
Semana sí, semana no, en la actualidad podemos comprobar que los Estados Unidos la aplican sistemáticamente. 
Lo que los europeos necesitamos es una estrategia de seguridad europea que responda a esto. 
Los europeos necesitamos, como el primer componente básico de nuestra política exterior común, empezar por definir juntos cuáles son nuestros intereses en materia de seguridad. 
Me parece que esto es perfectamente posible. 
En primer lugar, hay un amplio consenso en torno a la capacidad de la Unión Europea, en el marco de la OTAN, para defenderse contra cualquier agresor imaginable, ya sea con nuestros aliados o, si es preciso, independientemente. 
Celebraría mucho que la Convención adoptara una decisión para proponer una cláusula de apoyo mutuo en la nueva constitución de la Unión Europea. 
En segundo lugar, deberíamos desarrollar nuestras capacidades, por lo que todavía necesitamos tiempo para hacer las contribuciones necesarias a la gestión de crisis en la zona que rodea a la Unión Europea, que deberán ser tanto civiles como militares. 
Pero esto todavía no ha ocurrido, y todavía no hemos podido hacerlo independientemente, pero es una capacidad que hemos de desarrollar. 
En tercer lugar, en la Unión Europea deberíamos poder realizar operaciones de rescate en cualquier lugar del mundo y en todo momento, cuando afecta a la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Estos son otros tres componentes básicos de una estrategia de seguridad para la Unión Europea. 
Si creamos una, hemos de tener en cuenta la experiencia que hemos adquirido en grandes proyectos comparables, como el del mercado interior o el de la moneda europea. 
Estos proyecto tuvieron éxito solamente porque había requisitos específicos de contenido y tiempo, porque teníamos claro lo que queríamos y cuándo queríamos poder hacerlo. 
El informe Morillon aborda esta cuestión de varias formas. 
Lo que el público espera de la Unión Europea es paz, seguridad y estabilidad. 
En el Parlamento Europeo hemos de aportar nuestro granito de arena para garantizar que la Unión Europea, en conjunto, esté a la altura de estas expectativas. 
Señora Presidenta, en relación con el Iraq, he pasado de la indignación al abatimiento y de este a la determinación. 
Estoy indignado por la arrogancia y el orgullo demostrados por el Reino Unido y los Estados Unidos al desencadenar esta guerra. 
Me siento abatido por el hecho de que la Unión Europea haya sido tan impotente en sus esfuerzos por detener esta guerra y conseguir un desarme pacífico de los iraquíes. 
Sin embargo, también estoy decidido a garantizar, en la pequeña medida en la que yo pueda contribuir, que tengamos una política de defensa y exterior europea común, cohesiva, coherente y unida. 
Estoy convencido de que una Unión Europea unida podría haber detenido esta guerra, podría haber desarmado a Sadam Husein y, de hecho, podría haber desempeñado un importante papel en el establecimiento de la paz entre israelíes y palestinos. 
Esa posibilidad sigue ahí y deberíamos hacer todo lo posible por dejar a un lado nuestras diferencias relativamente pequeñas, basadas en el egoísmo nacional en muchos casos, para alcanzar una postura común para Europa. 
Tenemos un importante papel que desempeñar en el mundo y deberíamos intentar desempeñarlo ahora más que nunca. 
Frente a la mayor crisis de seguridad desde que finalizara la Guerra Fría, no hemos conseguido como Unión enfrentarnos a esa crisis de forma seria y efectiva, lo que resulta bastante lamentable. 
También sería bastante ridículo que asumiésemos que la guerra iraquí es un plan de guerra aislado. 
Es evidente que Siria, el Irán, Cuba, por supuesto, y Corea del Norte también están en la agenda. 
Es el momento de que la Unión Europea actúe unida y deje claro que no apoyaremos el tipo de acciones que se han llevado a cabo con respecto al Iraq, que nos uniremos para aplicar mecanismos de prevención de conflictos serios y pacíficos, para conseguir lo que el mundo necesita, a saber, estabilidad y paz. 
Los líderes europeos actuales solo quieren hablar con una voz cuando se trata de sus propias voces. 
Evidentemente, la política exterior y de seguridad común no es lo suficientemente importante como para hacer concesiones por ella. 
Mientras en la Unión Europea se siga renacionalizando la política exterior, la defensa común permanecerá en el aire como un bombardero sin timón y con los pilotos peleándose. 
Tanto la forzada lealtad británica a Washington como el continuo antiamericanismo francés son una mala guía para la política europea. 
Debemos estar completamente seguros de impedir que una Unión ampliada acabe estando formada por bandos proestadounidenses y bandos antiestadounidenses. 
Las buenas relaciones atlánticas son fundamentales para Europa, para Norteamérica y también para el resto del mundo. 
Si los Estados Unidos pueden imponer su Pax Americana, en parte la culpa es de los actuales líderes europeos. 
Mientras se adhieran tan abiertamente a lo que creen correcto e inviertan demasiado poco en defensa europea, estamos condenados a un papel de comparsas en el escenario mundial. 
Sin duda alguna, la Unión Europea ha de poder actuar militarmente en su propio continente, preferentemente en el contexto de la OTAN, pero también ha de hacerlo de forma independiente. 
El despliegue y el fortalecimiento de los recursos militares sientan las bases para una sólida política de seguridad común. 
El desarrollo de un concepto estratégico europeo que haga hincapié en la prevención de crisis es un objetivo excelente. 
Solo habrá resultados si los líderes europeos hablan exclusivamente con una única voz. 
De lo contrario, es mejor que guarden silencio. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, por supuesto comparto muchas de las preocupaciones de la mayoría de mi Grupo. Al igual que ellos, me preocupa especialmente una cuestión. 
Quisiera añadir que también me opongo vehementemente al principio de la guerra preventiva como la que se libra en estos momentos en el Iraq. Lamento el desacuerdo entre los países de Europa en torno a esta importante cuestión. 
He de decir que si Europa no desea reforzar este monopolio y si en Europa queremos poder resolver conflictos mediante una diplomacia eficaz y fuerte, hemos de establecer una arquitectura de defensa europea. Hemos de asegurarnos de que una defensa europea así tiene objetivos y principios claros. 
Ha de cumplir misiones específicas empleando capacidades y armas apropiadas. Ha de depender de un proceso de toma de decisiones legítimo y democrático. 
En mi opinión, los conflictos en todo el mundo tendrían que resolverse con medios diplomáticos, en particular en el marco de las Naciones Unidas. 
Con objeto de tener suficiente influencia diplomática para poder resolver estos problemas por la vía de la diplomacia, Europa precisa tener capacidad para emprender acciones militares. Creo que en Europa no deberíamos negarnos a nosotros mismos esta capacidad. 
En pocas palabras, si Europa ya no desea dejar su futuro en manos de los Estados Unidos, debe dotarse de los medios necesarios para poder al menos establecer una arquitectura de defensa europea. 
Señora Presidenta, rara vez un informe llega en un momento tan oportuno como el del General Morillon sobre la nueva arquitectura europea de seguridad y defensa, con una lista de prioridades y deficiencias, donde estas últimas son, por desgracia, más numerosas. 
Para empezar, este informe llega justo a tiempo para el debate sobre la Política Exterior y de Seguridad Común, que se ha dejado en manos de la Convención y, en segundo lugar, llega en el preciso momento en que Europa aborda la cuestión más urgente que nunca de cuál debería ser la futura dirección de una arquitectura de seguridad y defensa: ¿dentro de la OTAN o fuera de ella, en cooperación con los Estados Unidos en el marco de una alianza transatlántica, o fuera de ella como una incipiente empresa competitiva europea? 
La idea de que la política exterior y de seguridad de la Unión Europea sea un medio para prevenir conflictos y mejorar la seguridad internacional se ajusta a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y convertir esta política exterior común en condición indispensable para el desarrollo de una política de defensa europea, cuya necesidad es evidente, es motivo de controversia en esta Asamblea, por mucho que haya quedado patente desde el reciente conflicto de Kosovo que la Unión Europea ha de ser capaz de desempeñar tareas que establezcan y mantengan la paz, como ya está haciendo en Macedonia. 
Nuestros intentos en este sentido se han visto empañados por la duplicación, reflejada en el establecimiento por parte de la OTAN de su propia fuerza de intervención rápida, que constituye así un competidor para la fuerza de reacción rápida europea. 
Por lo tanto, me parece significativo que una enmienda suplementaria en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos reivindique una fuerza de intervención permanente, que, para 2009, debe poder desplegarse en cualquier conflicto similar al de Kosovo en la zona geográfica europea, ya sea cooperando con la OTAN o independientemente de ella. 
Así mostramos una actitud abierta en la búsqueda, de una vez por todas, de una forma de atajar las diferencias existentes en el seno de la Unión Europea en torno al rumbo que debe seguir. 
Desde la ratificación del Tratado de Ámsterdam, Austria ha dejado claro su deseo de implicarse en la política de seguridad europea con un espíritu de solidaridad. 
Celebramos todos los pasos que se den en dirección a algo que sea viable en la práctica, y este es otro motivo por el que apoyamos el informe del General Morillon. 
Señora Presidenta, las crisis internacionales graves tienen la costumbre de resaltar las diferencias nacionales entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Aunque la Unión desempeñó una función fundamental y satisfactoria al inicio de los conflictos en los Balcanes y el Afganistán, no fuimos capaces de actuar a tiempo y con eficacia para impedir, por ejemplo, la tragedia que se produjo en la antigua Yugoslavia. 
La guerra del Iraq también ha realzado las diferencias entre los Estados miembros, derivadas de su historia, geopolítica y prioridades políticas. 
La situación política interna de los diferentes Estados miembros echa aún más leña a la disputa. 
No hay que ser especialmente cínico para pensar que el objetivo de garantizar una seguridad europea común sigue siendo una utopía. 
Sin embargo, en estos momentos parecería que la importancia de la OTAN disminuye y que Europa debería responsabilizarse más de su propia política de seguridad y defensa. 
Por lo tanto, el encomiable informe del General Morillon llega en muy buen momento. 
Quizá la actual crisis política mundial y las imágenes amenazantes que evoca nos inspiren para hacer un verdadero esfuerzo por fortalecer la voz de Europa y su capacidad de actuar. 
No basta con fijarnos objetivos ambiciosos. 
También debemos ser resueltos y prácticos. 
Por este motivo, la Convención Europea debería fortalecer la función de la Comisión en política exterior. 
Sin embargo, por desgracia, las cosas parecen ir en sentido contrario y la opción intergubernamental ha ganado fuerza. 
Una vez más hay un choque entre lo que se dice y lo que se hace. 
Mientras la Convención sigue trabajando, ciertos Estados miembros se afanan cada vez más en esbozar una política de defensa común. 
Dar por sentado que en la Unión habrá diferencias con respecto a la velocidad con que avanzan las cosas es un enfoque realista, como el que se adoptó en relación con Schengen y la Unión Económica y Monetaria. 
Sin embargo, es importante asegurar que no se crean clubes cerrados a los que no todos tienen acceso. 
Además, sería buena idea familiarizarse más con los objetivos y las necesidades de las políticas exterior y de seguridad de los diferentes Estados miembros. 
El Ministro de Exterior griego, el Sr. Papandreou, ha propuesto un mecanismo de este tipo. 
Creo que debería ponerse en práctica. 
De la misma manera que, por ejemplo, conocemos las diferencias derivadas de la geopolítica, también podremos identificar el potencial de cooperación. 
Señora Presidenta, permítame citar a Péguy en su poema sobre Homero: «Argos le inspiró en su búsqueda de los Otros». A él remito a los detractores del informe Morillon. 
El informe Morillon no es una quimera. Se trata sin duda del documento más interesante y mejor ideado sobre la materia que he leído en varios años. 
Quisiera explicar los motivos por los que me satisface tanto este informe. Considero que tanto sus ambiciosos objetivos como su orientación realista son admirables. 
Otros han argumentado que este informe llega en el momento oportuno. 
Asimismo, algunos oradores que me han precedido han resaltado su carácter global. Yo desearía destacar su sentido de la perspectiva y su excelente descripción de las herramientas institucionales que se deben tener en cuenta. 
También desearía subrayar el modo tan creativo en que se utiliza el concepto de cooperación reforzada, aplicándolo a la defensa de forma realista y pragmática con el objetivo de establecer una verdadera estructura de defensa comunitaria. 
En algunos aspectos, este informe resulta una guía detallada para la construcción de una arquitectura de defensa europea capaz de adaptarse para hacer frente a los retos presentes y futuros, especialmente al terrorismo. 
Señora Presidenta, se suele decir que los generales se preparan para las guerras de ayer. 
Aunque no deseo que se anuncien más conflictos en el futuro, sabemos que habrá muchos. 
Un general en particular nos ha instado a prepararnos para los conflictos presentes y futuros. 
Debemos darle las gracias. 
Señora Presidenta, puedo informar de que, en estos momentos, jubilosos ciudadanos de Bagdad están derribando una gran estatua de Sadam Husein en el centro de la ciudad, en colaboración con tropas norteamericanas desprovistas de armas. 
Los conservadores británicos siempre han considerado la búsqueda de una política de seguridad y defensa europea autónoma como una de las más imprudentes ambiciones políticas de la Unión Europea. 
Otros se han confundido al imaginar que la PESD consiste principalmente en fomentar que los países europeos hagan una mayor contribución a la defensa. 
Si este fuera el caso, sería una ambición respetable. 
De hecho, complica la alianza transatlántica, no genera tropas adicionales y no tiene ningún propósito real, salvo el traspaso de las responsabilidades sobre la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa de la OTAN- donde los países europeos comparten mesa con nuestros aliados norteamericanos- a la Unión Europea, donde los norteamericanos quedan concretamente excluidos. 
Como la Presidencia ha confirmado de nuevo esta tarde, la PESD tiene que ver con la integración europea. 
Las divisiones que se produjeron en la OTAN y en otras instituciones en los prolegómenos de la guerra del Iraq fueron una consecuencia deliberada de esta política. 
La PESD no solo supone una amenaza para la OTAN, que es una organización absolutamente intergubernamental. 
El informe de mi querido amigo, el General Morillon, expone muy claramente la ambición de elevar al plano europeo la defensa en el interior de la Unión Europea. 
Advierto las reservas del Comisario Patten al respecto. 
Los conservadores británicos nos oponemos a este informe, que es una receta para un ejército de la Unión Europea y una vasta ampliación del poder comunitario en materia de defensa y seguridad. 
Propone que la Comisión Europea ostente amplias responsabilidades sobre operaciones militares, incluido el derecho de iniciativa en el ámbito de la gestión de crisis; que el presupuesto comunitario cubra los costes comunes de las operaciones militares; que debería existir una política de producción y abastecimiento común, que se basaría en «las necesidades militares de la UE como tal» ; el establecimiento de una academia militar común de la Unión Europea; una cláusula de defensa colectiva, en forma de protocolo del Tratado de la UE; una fuerza de policía y un cuerpo de guardacostas de la UE comunes, y que la Unión Europea adquiera el carácter de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Con la experiencia de la crisis del Iraq a cuestas, sinceramente espero que el Primer Ministro británico entienda el disparate y el daño que supone la creación de instituciones de defensa que simplemente potenciarían las divisiones entre los países europeos y los Estados Unidos. 
También espero, a pesar de la gran solidaridad angloamericana con respecto al Iraq, que los Estados Unidos dejen simplemente de aceptar a pies juntillas la promoción de la PESD por parte del Sr. Blair. 
Ambos deberían estar más al tanto y trabajar para consolidar una nueva Alianza Atlántica. 
La Unión Europea está anteponiendo sus pretensiones políticas a los verdaderos intereses de seguridad de los ciudadanos de sus Estados miembros. 
Señora Presidenta, la crisis en el Iraq ha situado en un lugar preferente, de la forma más dramática, la cuestión crucial de la política exterior común de seguridad y defensa de la Unión Europea. 
El informe del Sr. Morillon y el informe anterior de la Sra. Lalumière expresan las preocupaciones y las conclusiones del Parlamento Europeo. 
No obstante, manifiestan al mismo tiempo sus correlaciones políticas. 
Un ejemplo positivo es la presencia reciente de la Unión Europea en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Sin embargo, el problema persiste. 
Conclusiones y más conclusiones, propuestas, y cuando por fin se adoptan algunas decisiones, dan largas a la hora de aplicarlas. 
Permítanme preguntarles lo siguiente: ¿en qué punto se encuentra la aplicación del programa Galileo? 
¿Dónde están las famosas misiones y fuerzas de tipo Petersberg? 
¿Dónde está el Eurofighter? 
¿Dónde se encuentra el programa relativo a los grandes y pesados transportadores aéreos, a pesar del hecho de que los dos últimos no son programas de la Unión Europea? 
En ocasiones me pregunto si, realmente, no estaremos tratando de llevar agua en las jarras de las Danaides. 
Europa es una fuerza para la paz; no obstante, es preciso que se convierta al mismo tiempo en una fuerza para la seguridad y la cooperación internacional. 
Europa debe forjar su propia personalidad y actuar como un interlocutor y un socio en pie de igualdad. 
Europa necesita adoptar sus decisiones tanto en el ámbito institucional como material. 
La iniciativa puesta en marcha por Alemania y otros tres países resulta positiva en principio. 
Nos mantendremos al tanto sobre este asunto. 
Con frecuencia, nos hemos referido en esta Cámara a las antiguas ciudades de Atenas y Roma; no obstante, también hemos podido observar recientemente a algunos reyes y jefes de todos los colores, procedentes de viejos imperios coloniales del pasado, circular por las capitales de distintos países europeos en coches engalanados en oro. 
No sé si existe algún parecido con determinados líderes políticos europeos de una Europa dividida que presentan sus credenciales en Camp David o en la sede de la nueva Roma de vez en cuando. 
Finalmente, quisiera proponer, señor Comisario, señor Ministro, que consideremos si quizás no resultaría más apropiado, siquiera por razones simbólicas, que algunas de las reuniones importantes de naturaleza política se celebren en un futuro en la sede de la Unión Europea, para así representar simbólicamente nuestra igualdad, nuestro potencial y nuestras perspectivas. 
Señora Presidenta, en mi opinión los puntos analizados en este informe resultan extremadamente importantes desde el punto de vista estratégico y constituyen al mismo tiempo una de la prioridades europeas más urgentes: dotar a la Unión de capacidad para actuar en materia de seguridad y defensa, así como en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, dentro del marco de una política exterior coherente y unificada. 
Por lo tanto, apoyo el informe Morillon y secundaré todas las propuestas que den mayor credibilidad y peso a estas políticas: aumentar los presupuestos de defensa nacional dentro de esta perspectiva comunitaria; asignar una parte del presupuesto de la Unión a investigación y desarrollo; un programa de integración que ponga fin a la duplicación y la fragmentación; una cooperación ad hoc o reforzada, si algunos Estados miembros tienen razones legítimas para no participar en esta empresa; la integración efectiva y transparente de la defensa europea en una OTAN renovada y en la Alianza Atlántica consolidada, que debe mantenerse. 
Tras la grave crisis del Iraq, incluso aquellos que no apoyaban estos objetivos deben desenterrar sus cabezas de la arena. 
Hay que proponer un plan que resulte a la vez práctico y con visión de futuro, como en el caso de la Unión Monetaria. 
La Convención, señora Presidenta, debe escuchar las opiniones de la mayoría de los ciudadanos europeos que, junto con el Parlamento, solicitan una vuelta a un multilateralismo eficaz y a una Europa capaz de tomar medidas. 
Señora Presidenta, según el informe del General Morillon, existe es deseo de que la Unión Europea se militarice y de que, además, sean los defensores de la paz los que corran con los gastos. 
El hecho de que el informe se haya elaborado paralelamente a la Constitución de la Unión Europea ha permitido exigir medidas cuya aplicación era sabido que se realizaría de todas formas. 
En la Constitución se va a incluir un artículo especial sobre el tema de la solidaridad, en virtud del cual los Estados miembros se comprometen, entre otras cosas, a luchar contra la amenaza del terrorismo. 
En consecuencia, la Unión Europea abrazará el principio de la guerra preventiva. 
La avanzadilla de las tropas tendrá la oportunidad de participar en niveles de cooperación aún más elevados: cuando la gestión de crisis de la Unión Europea se amplíe para incluir la labor de fuerzas de combate, esto se podrá hacer de forma ilegal sin un mandato de las Naciones Unidas y por encima de las fronteras geográficas. 
Los países más militaristas podrán ofrecer entre ellos garantías de seguridad en forma de declaración o protocolo en virtud del artículo 5 de la Unión Europea Occidental. 
Es bueno que el Consejo tenga el poder en asuntos militares y que tenga que haber unanimidad. 
Es mejor proceder así que dejar a la Comisión decidir entre iniciar un ataque o no. 
Quisiera recordar a todos que existen países en la Unión Europea que no desean formar parte de ninguna alianza militar. 
Señora Presidenta, en vista de las divisiones y tensiones actuales, el informe del General Morillon se ha presentado en el momento oportuno. 
No dice que si Europa desea convertirse en un líder creíble en el escenario mundial, debe unirse y reforzar su capacidad militar. 
La guerra del Iraq es un hecho tan trágico que no puede sorprendernos que haya originado divisiones importantes entre los Estados miembros. Sin embargo, parece que ya se manifiestan los primeros signos de arrepentimiento y existe una fuerte tentación de unirse al lado ganador- los Estados Unidos- una vez finalizada la batalla, por así decirlo. 
Los países que se opusieron a la guerra se disponen ahora a recoger todas las migajas que caigan y a participar en la reconstrucción. 
No obstante, tal como ha afirmado el General Morillon, un general francés, pero un protagonista en Europa, es fundamental, uno no puede esperar participar en la toma de decisiones si no comparte también las responsabilidades. 
Confío en que pronto dejarán de escucharse esas opiniones políticas fantasiosas- como las que se acaban de expresar en esta Cámara- en que se afirma que los Estados Unidos invadirán Siria, Cuba y quién sabe qué otros países después del Iraq. 
La opinión pública europea no se ha dividido del mismo modo que los Estados miembros: en su mayoría se ha opuesto a la acción militar estadounidense. 
Me complace decir que ha habido Jefes de Estado y de Gobierno en Europa capaces de retar a la opinión pública e imponer su propia visión de la paz mundial: una paz que, en este caso, lamentablemente, solo se podía alcanzar a través de una guerra que resultaba necesaria para evitar mayores tragedias en los próximos años. 
Considero que cuando Europa disponga de sus propias capacidades militares- tal como solicita el informe Morillon- y su propia política exterior, se convertirá en un líder mundial. Tan solo espero que, llegado ese momento, demuestre ser capaz de adoptar las decisiones correctas. 
Señora Presidenta, hace dos mil años, el romano Cicerón afirmó que existen dos formas de solucionar un conflicto: mediante la negociación o la violencia. 
El primer método corresponde a los seres humanos y el segundo a las bestias salvajes. 
Las palabras de Cicerón siguen vigentes en la actualidad. 
¿Pretendemos solucionar los conflictos como seres humanos, mediante la negociación, o como animales, haciendo uso de la violencia? 
¿Confiará la Unión Europea en la resolución activa y preventiva de conflictos o en el aumento de recursos para la lucha, es decir, para el uso de métodos militares? 
¿Acaso este tipo de métodos permitirán resolver realmente los conflictos presentes y futuros? 
No lo creo. 
¿Qué lecciones podemos aprender de la guerra que acontece en el Iraq y de la división en la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? 
Desde mi punto de vista, la Unión Europea debería aumentar su participación internacional, consolidar las Naciones Unidas y reforzar su capacidad para prevenir y solucionar conflictos, en lugar de derrochar más poder y recursos en una defensa militar común que, tal y como ha afirmado el Comisario Patten, sigue girando en última instancia en torno a los asuntos nacionales. 
La Unión Europea debería hacer una declaración pidiendo que la reconstrucción del Iraq se lleve a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Una parte beligerante no es imparcial y, por tanto, no se le puede confiar esta reconstrucción ni responsabilizarse de ella. 
Mi propio país, Suecia, aboga firmemente por las misiones de prevención de conflictos, mantenimiento de la paz y gestión de crisis. 
Ni mi país ni yo apoyamos una defensa común, ni tampoco una financiación común de dicha defensa. 
Del mismo modo, tampoco apoyamos la idea de que determinados países puedan tomar la iniciativa en las tareas de defensa común, ni la introducción de una cláusula de defensa colectiva. 
La guerra es un asunto demasiado serio como para confiarla a las fuerzas militares o a mi estimado colega diputado, el General Morillon. 
Lo verdaderamente importante en este momento es defender la legislación internacional, consolidar las Naciones Unidas y su labor, y que la Unión Europea desarrolle una capacidad considerable para identificar, prevenir y poner fin a los conflictos. 
En este ámbito, la Unión Europea puede realizar esfuerzos notables en pro de la paz. 
Hace ya dos mil años, Cicerón sabía que solo las bestias salvajes tratan de resolver los conflictos a través de la violencia. 
Ya es hora de que la Unión Europea se centre en resolver los conflictos en lugar de entablarlos. 
Señora Presidenta, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al Sr. Morillon por su informe y por la oportunidad del mismo, en dos aspectos: la política común de defensa es un tema pendiente de la Unión Europea y la situación coyuntural de la cual otros diputados han hablado ya. 
En este momento, la crisis del Iraq es un problema que nos afecta a todos. 
Pero en la Unión Europea, aunque el problema es común, las soluciones han sido distintas, porque la Unión no ha dispuesto ni de una política exterior ni de una política de defensa comunes. 
Hay que recordar, quizá, que los padres de Europa, en 1954, intentaron crear la Comunidad Europea de Defensay aquella vez no funcionó. 
Este informe es un paso positivo como lo fue también el informe que presentó en esta Cámara hace unos años la Sra. Presidenta. 
Es un camino largo en el que debemos trabajar, para que Europa pueda dotarse de una política común de defensa, que no hay que realizar contra nadie, sino en colaboración con los aliados y también con la alianza en el otro lado del Atlántico. 
No es una política contra la OTAN, sino que debe hacerse también con su cooperación. 
Del mismo modo que en el año 2002 hemos conseguido implantar una moneda única, en la que aunque por ahora no estén integrados todos los países, todos están en vías de estarlo, hemos de crear la política de seguridad y de defensa común, a sabiendas de que costará dinero y con el convencimiento de que la Unión Europea dispondrá de los medios necesarios para lograrlo. 
La Convención debe tenerlo en cuenta en la elaboración del Tratado de la Unión. 
Señora Presidenta, tras el hundimiento del socialismo y la descomposición de la Unión Soviética, se ha desatado una carrera por el reparto de los nuevos mercados y la riqueza de los antiguos países socialistas, así como por la redistribución de los mercados ya repartidos. 
Por lo tanto, existe una seria competencia entre los Estados miembros de la Unión Europea y con los Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, se ha lanzado un ataque general en el seno de la Unión Europea contra los derechos adquiridos por los trabajadores. 
Para poder alcanzar estos objetivos, se está fomentando la política europea de defensa y seguridad, de la que trata el informe Morillon. 
Por supuesto, tal y como aclara el informe Morillon, no hay necesidad de cortar las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN y los Estados Unidos. 
Al contrario, habla de un refuerzo mutuo y de una colaboración estrecha con la OTAN, ya que se considera que esta organización es el vínculo indispensable que une a los Estados Unidos con los intereses de seguridad europeos. 
Asimismo, afirma que esto no podría ser de otro modo ya que, entre otras razones, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea representan la mayoría de los miembros de la OTAN, que, sin embargo, está gobernada y dirigida por los Estados Unidos. 
Estos vínculos son según él suficientes para probar la misión y la naturaleza verdaderas de la famosa PESD. 
Podemos estar seguros de que los ciudadanos no albergan ilusiones. 
Cuentan con la amarga experiencia de la OTAN y ya han podido experimentar la política de la Unión Europea en cuestiones de seguridad y defensa. 
Las proclamaciones realizadas tras los sucesos del 11 de septiembre- «todos somos americanos» -todavía resuenan en sus oídos. 
El pueblo ha vivido recientemente la firma en Praga por parte de los Estados miembros de la Unión Europea de la nueva política agresiva de la OTAN sobre ataques preventivos, que es precisamente lo que los imperialistas estadounidenses y británicos están haciendo actualmente en el Iraq y harán en cualquier otra parte en un futuro, si la gente se lo permite. 
Además, los ciudadanos saben que, aunque las propuestas para potenciar el armamento mediante el aumento de las fuerzas militares pueden garantizar la rentabilidad futura de la industria armamentística europea, esto no augura nada bueno para su seguridad, para los ingresos de las personas ni para la paz. 
Resulta vergonzoso que estas propuestas hayan sido y sean realizadas por el Gobierno griego, que se enorgullece con todo descaro de que la maquinaria de guerra se encontrará preparada antes de que finalice la Presidencia griega. 
Esto no es una política de defensa y seguridad, sino que se trata de una política de agresión e inseguridad. Por esta razón precisamente esta política resulta contraria a la opinión de nuestros ciudadanos, que luchan contra ella. 
El crimen perpetrado en el Iraq mientras hablamos vuelve a darnos una idea, tras los conflictos de Yugoslavia y el Afganistán, del propósito de estas políticas. 
Nuestros ciudadanos exigen una política diametralmente opuesta, un política de paz, de coexistencia pacífica de las naciones, de resolución de las disputas sin necesidad de recurrir a la guerra y la violencia, una política de desarme y paz. 
Sin embargo, es seguro que al final impondrán esta política, por más que reaccionen sus opositores. 
Señora Presidenta, para empezar, quisiera felicitar al Sr. Morillon por su informe, que refleja la habitual mezcla equilibrada de imaginación y realismo, de visión de futuro y pragmatismo. 
En efecto, deseo por su bien que incluso nuestro colega diputado el Sr. Korakas lo lea detenidamente, ya que de ese modo llegará a una opinión diferente. 
Claramente, la verdadera cuestión a la que nos enfrentamos- por decirlo de forma provocadora- es la siguiente: ¿debería la Unión Europea convertirse en una potencia militar? 
Estoy de acuerdo con el orador anterior, el Sr. Laschet: desgraciadamente, Europa no ha desempeñado ningún papel en el escenario mundial durante las últimas semanas o meses. 
Esto es un hecho. 
Por supuesto, es principalmente una cuestión de voluntad, tal y como afirma el Comisario Patten. 
¿Deseamos realmente asumir un papel de este tipo? 
En mi opinión- como pone de manifiesto el informe Morillon, que después de todo ha sido adoptado por amplia mayoría -, en esta Cámara tenemos la voluntad de desempeñar un papel apropiado en los asuntos mundiales. 
¿Puede una capacidad militar contribuir a ello? 
Desde mi punto de vista, la respuesta es «sí». 
Una capacidad militar puede ayudar si existe una política exterior y de seguridad común. 
Aunque no puede sustituir a una política de este tipo, puede realmente apoyarla y respaldarla. 
No obstante, yo también soy escéptico ante una carrera armamentística. 
Resultaría bastante atroz argumentar que en el pasado nos vimos involucrados en la carrera armamentística porque teníamos que mantener el paso con un adversario, y que ahora debemos participar en dicha carrera porque tenemos que mantener el paso con un aliado, concretamente los Estados Unidos de América. 
No obstante, si lo leemos correctamente, el informe Morillon declara principalmente- no exclusiva, pero sí principalmente- que la tarea debe consistir en coordinar nuestros gastos de defensa para que así, inicialmente, podamos lograr un impacto mucho mayor y más eficiente con la misma cantidad de dinero. 
En segundo lugar, también es sin duda importante identificar las lagunas que los europeos puedan cubrir. 
En realidad, existen dos opciones alternativas que hay que tener en cuenta. 
En mi opinión, dejar las cosas como están no es una opción. 
La primera de ellas consiste en que nos convirtamos en una potencia militar como los Estados Unidos, si bien es cierto que bastante menos poderosa, menos imperialista y menos eficiente; esto lo considero inaceptable. 
La otra opción pasa por adquirir una capacidad militar que respalde a una política exterior y de seguridad común, tal y como explica el Sr. Morillon en su informe, de modo que dispongamos de la capacidad para actuar eficientemente en el marco de una política multilateral. 
Actualmente no disponemos de esta capacidad. 
El informe Morillon identifica los métodos que nos permitirán actuar de manera eficiente en un marco multilateral y, por este motivo, apoyamos clara y rotundamente este informe. 
Señora Presidenta, el General Morillon ha escrito un informe interesante y creíble. 
Ciertas partes del mismo pueden influir en la Convención. 
Las industrias de defensa europeas son la clave del desarrollo de la política de defensa europea común, que debe formar parte de la cooperación transatlántica. 
Es preciso desarrollar y mantener una potente industria de defensa europea, basada en la investigación avanzada y en la sana competencia. 
Deberíamos intentar abolir el proteccionismo en toda actividad comercial, incluido el comercio de armamento, y lograr que los Estados Unidos abran completamente su mercado armamentístico. 
El sistema actual resulta ineficiente y costoso. 
Los contribuyentes tienen derecho a exigir que cada euro se utilice de la forma más eficaz posible. Esto, a su vez, nos exige que adoptemos una forma de pensar europea. 
La creación de una agencia común para los recursos y materiales de defensa es una necesidad incuestionable. 
¿Realmente piensan los contribuyentes europeos que pagar por el desarrollo de tres nuevos y ultramodernos aviones de combate resulta racional y eficiente? 
Las industrias de defensa europeas corren el riesgo de convertirse en plantas de montaje en lugar de centros de investigación de alta tecnología. 
En tal caso, Europa acabaría debilitándose y siendo más dependiente. 
Sin embargo, no creo, bajo ninguna circunstancia, que debamos aumentar nuestra potencia sin contar con Gran Bretaña. 
Ahora debemos centrarnos en aspectos constructivos y basarnos en métodos y definiciones comunes. 
Solo con un presupuesto ampliado para los materiales de defensa y con una industria de defensa europea orientada a la investigación en el marco de una política de defensa común, podremos convertirnos en un verdadero, efectivo y fiable aliado de los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, quiero felicitar a mi respetado colega, el General Morillon, por su informe. 
Como ya han dicho algunos oradores anteriormente, se debate en un momento oportuno. 
Soy un gran defensor del establecimiento de una política de defensa europea, porque creo que es una parte tan fundamental de la integración europea como la moneda única. 
Por otra parte, si queremos aprender alguna lección del actual fracaso y confusión en que se encuentra la Unión Europea, entonces la Convención Europea y la CIG posterior deberán tener en cuenta los argumentos avanzados en el núcleo de este informe. 
Apoyo firmemente la alianza transatlántica entre la Unión Europea y los Estados Unidos, aunque no en su forma actual, en la que simplemente se espera de nosotros que aprobemos los objetivos de política exterior de los Estados Unidos, aún cuando no estemos de acuerdo con ellos. 
Deberá establecerse un nuevo equilibrio, basado en una verdadera asociación, en la que ambas partes determinen los objetivos políticos acordados. 
Sin embargo, tenemos que aceptar que no existe absolutamente ninguna oportunidad de influir en los Estados Unidos cuando dependemos tanto de ellos. 
También tenemos, como propone el General Morillon, que «compartir la carga». 
Asimismo, debemos reconocer que toda política de defensa de la Unión Europea debe basarse en una política exterior y de seguridad común que sea coherente. 
No creo que nuestras actuales dificultades con respecto a nuestra respuesta dividida frente a la crisis del Iraq deban dar lugar al pesimismo y a la parálisis. 
Por el contrario, deberían dar lugar al imperativo político de garantizar que no vuelva a suceder. 
Si realmente queremos ejercer influencia a escala mundial, entonces los líderes de la Unión Europea deben comprometerse a fusionar las funciones del Alto Representante y del Comisario de Relaciones Exteriores, que deberá estar atendido por una sola administración que cuente con recursos suficientes, y a utilizar todos nuestros instrumentos en los ámbitos políticos- tales como comercio, desarrollo, medio ambiente, justicia y asuntos interiores- para apoyar unos objetivos políticos claros que forman el núcleo de nuestra política exterior. 
Cabe esperar que cuando avancemos hacia la creación de estructuras de defensa, no olvidemos la importancia de la prevención de conflictos y también de una constante inversión en nuestra política con respecto a la democratización y los derechos humanos, porque son los abusos en estos ámbitos los que dan lugar a conflictos en muchas partes del mundo. 
Señora Presidenta, yo también apoyo el excelente informe elaborado por nuestro colega el Sr. Morillon, que integra a la perfección el atlantismo y eurogaullismo. 
Desde la posición de alguien que se considera bastante más eurogaullista que el Sr. Morillon, admito que ha conseguido combinar estos dos elementos de la política exterior y de seguridad europea de un modo excelente. 
No podemos discutir el asunto de la defensa europea como si debatiéramos la necesidad de una directiva europea sobre la mermelada. 
Lo que está en juego es la verdadera razón de ser de la integración europea. 
No soy el único que piensa de este modo; muchos de nuestros ciudadanos comparten esta opinión, tal y como confirman las encuestas. 
El auténtico propósito de la integración europea es la paz y la seguridad, tanto interna como externamente. 
Por este motivo, ha llegado la hora de que avancemos en la política exterior y de seguridad europea, y no soy tan pesimista al respecto como muchos otros diputados de esta Cámara. 
Sí, es cierto que nuestros Gobiernos han dado una imagen patética. 
Sin embargo, si se observa la opinión pública de las distintas naciones, resulta evidente que en los temas principales- incluida la guerra del Iraq- existe una unanimidad bastante mayor entre las naciones que entre los Gobiernos. 
Desde mi punto de vista, necesitamos mecanismos e instituciones que no solo capten la voluntad común de las naciones, sino que influyan de forma activa en la misma y la forjen, ya que no podemos simplemente dejarnos llevar por el clima actual. 
Necesitamos una estrategia responsable a largo plazo que sirva de base para una política exterior y de seguridad común. 
Considero que la Convención constituye la última oportunidad, en la gran comunidad de los quince Estados miembros- que pronto serán veinticinco o treinta -, de alcanzar una política exterior y de seguridad común. 
Espero que los resultados sean positivos. 
No deseo una Europa nuclear, un núcleo europeo, ni tampoco una Europa fragmentada. 
Aunque si este círculo más amplio de Estados miembros no consigue progresar, tendrá que desarrollarse una Europa nuclear. No obstante, esto significa una Europa nuclear abierta a todos aquellos que deseen participar en una política exterior y de seguridad común. 
Permítanme aclarar otro punto: creo que necesitamos a la Alianza Atlántica. 
Sin embargo, tal y como afirmó una vez Franz-Josef Strauss, el difunto presidente de mi partido: «La Alianza Atlántica solo tendrá futuro si se basa en dos pilares igualmente fuertes y duraderos: un pilar americano y un pilar europeo». 
El hecho de que no exista este pilar europeo no es culpa de los estadounidenses, sino nuestra, como europeos. 
Tras la ampliación acordada hoy, el número de nuestros ciudadanos será mayor que el de Rusia y los Estados Unidos juntos. 
Por lo tanto, va siendo hora de que hagamos algo con respecto a nuestra política exterior y de seguridad, y esto incluye aumentar los gastos y crear las estructuras apropiadas. 
Con esto no quiero decir estructuras de agresión, sino estructuras que permitan construir activamente la paz. Aunque, lamentablemente, no logramos cumplir este objetivo antes de la guerra del Iraq, esta ha sido la misión de la Unión Europea desde que la pusieron a andar nuestros padres fundadores en 1952. 
Señora Presidenta, nadie tiene que convencer a los Demócratas suecos acerca de la necesidad de una política exterior y de seguridad común. 
Si la Unión Europea pretende aumentar su influencia, sus Estados miembros deben cooperar. 
La política común resulta especialmente importante para los países pequeños de la Unión Europea. 
Por desgracia, la política exterior y de seguridad común se ha hecho añicos en los últimos meses. 
Es de esperar que sea posible unir a la Unión Europea en el proceso de creación de la política común ahora que la gente en el centro de Bagdad se alegra de la caída de Sadam Husein y trata de tumbar su gigantesca estatua. 
Hace unas horas, la gran mayoría de nosotros ha votado a favor de una gran ampliación de la Unión Europea. 
Esta ha sido quizás la decisión política más importante en que muchos de nosotros jamás hayamos participado. 
Gran parte de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea han otorgado máxima prioridad a la pertenencia a la OTAN para responder a sus necesidades de seguridad. 
Tras el período de la Guerra Fría, la OTAN se ha transformado en una organización de seguridad paneuropea. 
Debemos tener en cuenta este hecho a la hora de desarrollar la política de seguridad común de la Unión Europea, que no debe oponerse a la de la OTAN. 
Todo lo contrario, es preciso estrechar la cooperación. 
Confío en que mi propio país elija la misma solución de seguridad que, por ejemplo, nuestros vecinos bálticos, es decir, la pertenencia a la OTAN. 
No creo que el propósito de la política de seguridad de la Unión Europea deba consistir, en primer lugar, en desarrollar una potente capacidad militar conjunta. 
Los recursos militares comunitarios deben concebirse como esfuerzos complementarios para el fomento de la paz y para la protección de las personas en zonas devastadas por la guerra, así como esfuerzos complementarios conjuntos para la lucha contra el terrorismo y la asistencia urgente en casos de catástrofes. 
Por supuesto, la cooperación con la comunidad mundial debe ser un punto clave a este respecto. 
Señora Presidenta, Señorías, las enormes dificultades encontradas ponen de manifiesto la existencia de determinadas tendencias que no debemos ignorar. 
Los vínculos históricos y privilegiados que unen a Gran Bretaña y los Estados Unidos no son nada nuevo. 
La actitud atlantista de los países candidatos se basa en nuestras propias debilidades y en el hecho de que no confían en la capacidad de Europa para defenderlos. 
Lamentablemente, están en lo cierto. 
Ya es hora de que se saquen las conclusiones de esta crisis, la cual puede que resulte incluso beneficiosa, del mismo modo que otras crisis anteriores que nos permitieron avanzar. 
La primera es la de aquellos que defienden simplemente la existencia de una amplia zona de libertad económica, manteniendo las políticas exteriores y de defensa alineadas con las de los Estados Unidos y la OTAN. La segunda es la visión de una Europa poderosa, no solo desde el punto de vista económico, sino también político, y que participa de forma plena en el escenario mundial, en asociación con sus aliados y no bajo su tutela. 
Para esta Europa que acabo de describir, que es la que yo desearía ver, resulta esencial el establecimiento de una política exterior y de defensa común. 
Si disponemos de la voluntad política para lograrlo, esta defensa común aportará un formidable potencial de unificación y nos permitirá armonizar finalmente nuestros recursos humanos y materiales en todos los ámbitos, especialmente en investigación, sistemas armamentísticos e información, lo que conllevará inestimables repercusiones civiles, económicas y sociales. 
Por este motivo, estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones del trabajo realizado por el Comisario Barnier en relación con la Convención. 
Al mismo tiempo, y sobre todo, apoyo el excelente informe del General Morillon, quien ha sabido tratar este tema tan delicado con la competencia que le caracteriza, además de tacto y sensibilidad. 
Debemos reunirnos nuevamente y seguir adelante, si es posible. Yo no he olvidado la cumbre de Saint-Malo, mientras que otros pretenden actuar como si nunca se hubiera producido. 
Si siguen prefiriendo navegar en alta mar, espero que lleven grandes velas. 
Estoy convencido de que un día volverán a nuestra orilla. 
Nosotros, los demás, que representamos con diferencia la gran mayoría, preferimos una Europa libre, solidaria y creíble, una Europa que deje sentir su influencia en asuntos relacionados con la paz y el destino del mundo. 
Este es el deseo de numerosos países del mundo, países que esperan que Europa desempeñe la función que le corresponde. 
Asimismo, soy consciente de que es el deseo de los ciudadanos europeos, como han venido demostrando muchos de ellos en las últimas semanas. 
Gracias, señor Martín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0088/2003). 
Damos la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo, señor Yiannitsis. 
Ven ustedes que hoy comenzamos con retraso, pero con menos retraso que otras veces. 
A ver si es una buena señal de la buena marcha de nuestros trabajos. 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Bart Staes (H-0133/03): 
Asunto: Dossier sobre el secuestro del voluntario de Médicos sin Fronteras Arjan Erkel 
Arjan Erkel es voluntario de Médicos sin Fronteras y coordinador general de dicha organización en Daguestán. 
El 12 de agosto de 2002 fue secuestrado en Makhachkala, capital de Daguestán. 
Seis meses después, Médicos sin Fronteras sigue sin tener noticias sobre su paradero, su seguridad y su estado de salud. 
El Parlamento Europeo aprobó ya una resolución en la que se solicitaba al Gobierno ruso que hiciera todo lo posible por la pronta liberación del señor Erkel. 
¿Podría indicar el Consejo si ha planteado la cuestión del secuestro de Erkel en sus contactos con las autoridades rusas? 
¿Qué resultados ha dado hasta ahora el diálogo con las mismas y qué medidas adoptará el Consejo en los próximos meses y semanas para hacer posible la liberación del señor Erkel? 
Señor Presidente, el Consejo está al tanto del secuestro del Sr. Erkel y ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación en distintos niveles. Asimismo, el Consejo emitió una declaración sobre dicho secuestro el 31 de enero de este año. 
La cuestión del Sr. Erkel fue planteada por el embajador griego en Moscú durante su encuentro con el Viceministro de Asuntos Exteriores ruso, el Sr. Tsizov, el 14 de enero. 
Igualmente, este problema se mencionó durante la troika de líderes políticos con Rusia el día 16 del mismo mes. 
Se instó a las autoridades rusas a que realizaran todos los esfuerzos posibles por garantizar que el Sr. Erkel fuera liberado sano y salvo. 
La misma demanda volvió a formularse durante la reunión de la troika ministerial con Rusia en Atenas el 24 de enero, cuando la parte rusa prometió analizar el asunto. 
Finalmente, el embajador griego planteó de nuevo este problema en Moscú durante otro encuentro celebrado con el Viceministro de Asuntos Exteriores ruso, el Sr.? sizov, el 18 de marzo de 2003. Este respondió entonces que las investigaciones seguían en curso y que las autoridades rusas estaban haciendo todo lo posible por solucionar el asunto, pero que por el momento no disponían de información sobre el paradero del Sr. Erkel. 
El Consejo expondrá la cuestión de este secuestro durante la próxima reunión del Consejo de Cooperación con Rusia que tendrá lugar los días 14 y 15 de abril, es decir, la semana que viene, con la esperanza de poder garantizar una liberación segura. 
Señor Presidente, aunque agradezco mucho a la Presidencia su respuesta, claro está, debo expresar sin embargo mi desilusión. 
Se trata de una respuesta típica, una respuesta fría, en la que no se manifiesta señal alguna de compromiso. 
La gente habla, la gente se comunica, pero no hay avances. 
Soy presidente de la delegación para la Comisión de Cooperación Parlamentaria entre la Unión Europea y Rusia, y ahora empiezo a descubrir la cultura y la metodología que hay que aplicar a la hora de resolver problemas de este tipo. 
Considero que en este caso conviene realmente algo de energía, algún compromiso. 
Cientos de miles de personas han firmado peticiones que están llegando a un sitio web independiente de Médicos sin Fronteras. 
Cientos de miles de ciudadanos europeos desean que desde el ámbito político se haga todo lo posible para que los rusos traten de resolver concretamente este problema. 
La realidad es que nuestros colegas rusos solo abordan esta cuestión como si se tratara de un asunto criminal habitual, cosa de cada día. 
Por lo tanto, quisiera pedir a la Presidencia griega que muestre un compromiso mayor al respecto y que garantice la adopción de medidas efectivas. 
Quisiera decir a Su Señoría que todos consideramos que este tipo de incidente, el secuestro de una persona cuya intención era ofrecer su ayuda, constituye un acto de salvajismo que debemos hacer todo lo posible por resolver. 
Le estaría agradecido a Su Señoría si, además de manifestar su crítica, pudiera proponer alguna medida específica para la consecución de este objetivo común en el que estamos totalmente de acuerdo. 
Quiero recordarles a las señoras y señores diputados una cosa: para este turno de preguntas nos regimos por un Reglamento, por un Anexo y por unas recomendaciones. 
Las recomendaciones, aprobadas por el Pleno del Parlamento, indican que las preguntas complementarias deben ser concisas y formularse en forma interrogativa y sugiere que su duración no exceda de treinta segundos. 
Van a tener ustedes un minuto, como siempre, pero les ruego que se atengan al minuto en la pregunta complementaria y que cumplan con esta Resolución del Parlamento. 
Pregunta nº 2 formulada por Mihail Papayannakis (H-0135/03): 
Asunto: Balcanes occidentales y criterios de Copenhague 
¿Qué opinión general le merecen al Consejo las perspectivas de negociaciones de adhesión con los países de los denominados Balcanes occidentales y las cuestiones políticas conexas vinculadas a la aplicación práctica de los criterios de Copenhague, y, en particular, a las garantías de libertad de circulación y de residencia, así como la eliminación de obstáculos para la circulación de personas que sean antiguos o recientes refugiados de dichos países o de los países vecinos? 
¿Se han realizado ya previsiones respecto a esta cuestión o algunos trabajos preparatorios a fin de facilitar las políticas que resultarán absolutamente inevitables tras la posible adhesión a la UE de cada uno de estos países? 
Señor Presidente, el Consejo está de acuerdo con la importancia que Su Señoría otorga al derecho de los refugiados y exiliados de volver a sus países, que es un derecho humano fundamental. 
En virtud del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado europeo que respete los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar convertirse en miembro de la Unión. 
Es decir, aquellos Estados que cumplan principios como la libertad, la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. 
El Consejo quisiera recordar a Su Señoría que, desde el Consejo Europeo de Feira, los países participantes en el proceso de estabilidad y asociación son candidatos potenciales a la adhesión a la Unión Europea. 
Croacia, por ejemplo, solicitó su adhesión el 21 de febrero. 
Esta perspectiva europea fue ratificada recientemente durante el Consejo Europeo de Copenhague, celebrado el mes de diciembre pasado. Asimismo, durante este encuentro se reiteraron los criterios del Consejo Europeo de Copenhague de 1993, algunos de los cuales son criterios políticos y deben ser cumplidos por cualquier país que pretenda formar parte de la Unión Europea. 
Aún es demasiado pronto para anunciar las posibles fechas de inicio de las negociaciones de adhesión con los países de los Balcanes Occidentales. 
Mientras tanto, el proceso de estabilidad y asociación sigue acaparando la atención de la Unión en la zona. 
Se trata de un enfoque a largo plazo, cuyo propósito consiste en apoyar las reformas necesarias y que sean acordes a la Unión Europea. 
El ritmo al que cada país atraviesa las diferentes etapas del proceso varía en función de su creciente capacidad de asumir las obligaciones que se derivan del establecimiento de vínculos cada vez más estrechos con la Unión, así como del cumplimiento de las condiciones previas determinadas por el Consejo en abril de 1997. 
El Consejo estudia el progreso realizado por cada país todos los años y estos datos se utilizan para adoptar decisiones relativas al desarrollo futuro de las relaciones. 
El examen más reciente llevado a cabo en el Consejo tuvo lugar el 13 de mayo de 2002. 
El próximo se realizará a mediados del año 2003 y permitirá evaluar el progreso experimentado durante este período por los distintos países del proceso de estabilización y asociación. 
Asimismo, quisiera decir que el Consejo decidió el 22 de julio de 2002 que la Unión Europea aprovecharía la misma ocasión para evaluar el progreso realizado en relación con el regreso de los refugiados y exiliados. 
En cualquier caso, este tema se debate regularmente en la Unión, en función de las necesidades, durante los contactos mantenidos con los países de la zona. 
Por lo tanto, la Unión Europea dispone actualmente de una serie de medios que le permiten controlar la aplicación de las políticas a las que se refiere Su Señoría en su pregunta. 
Señor Presidente, naturalmente, resulta obvio que, una vez adheridos, e incluso ahora con vistas a su adhesión, todos estos países están obligados a salvaguardar la libertad de circulación y establecimiento de las personas. 
En este sentido, el concepto de refugiado no tendrá significado alguno entre estos países ni, por supuesto, entre estos países y los quince miembros actuales de la Unión. 
Teniendo en cuenta esta situación, ¿acaso tiene sentido que todavía existan refugiados de ascendencia griega en algunos de estos países, como la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que no pueden entrar en Grecia? 
Este es un triste legado de la guerra civil. 
Triste para todos nosotros, a pesar de que dicha guerra acabó hace ya cincuenta y cuatro años. 
La exigencia de su derecho de libre entrada en Grecia es apoyada por un gran número de personas de todas las ideologías políticas, tal y como pude apreciar durante las reuniones en Florina y en otros lugares. 
¿Está incluida esta cuestión en su posición general? 
Esa es una cuestión diferente. 
En ese caso se aplica la legislación griega y, en consecuencia, no se trata de un problema general relacionado con la política de la Unión Europea con respecto a los Balcanes Occidentales. 
Señor Presidente, no sé si está enterado de que he recibido una nota de la Presidencia relativa a una pregunta que formulé al Consejo, a la que debía responder hoy. En la nota se afirma que dicha pregunta resulta inaceptable porque, aparentemente, en ella se formulan acusaciones de mala fe o un proceso de intenciones en relación con las palabras pronunciadas por el Presidente del Gobierno español, el Sr. Aznar. 
Como todo el mundo sabe, en una conferencia de prensa con el Sr. Blair, el Sr. Aznar amenazó a Chile y a México diciendo que, si no votaban a favor de la postura de la coalición en el Consejo de Seguridad, algunos Estados podrían bloquear el avance de los acuerdos que mantienen con la Unión Europea. 
No creo que esto represente una amenaza; se trata simplemente de la verdadera intención del Sr. Aznar. 
Por este motivo, mi pregunta no ha sido aceptada. 
A pesar de ello, la he formulado de forma diferente. 
Señor Presidente, ¿sabe si podré presentar hoy mi pregunta? 
En cualquier caso, señor Presidente, quisiera saber si ya se han examinado las preguntas planteadas en esta sesión para comprobar si se ha realizado alguna otra acusación de mala fe. 
Porque las ha habido y todas ellas son legítimas. 
No llego a comprender en qué se basa la decisión del Presidente de rechazar mi pregunta porque, cuando me referí al Sr. Aznar, lo hice de forma objetiva y clara: sin lugar a dudas, la intención del Sr. Aznar era amenazar a Chile y México, países que, además, son de habla hispana, lo cual hace que la situación resulte aún más inaceptable. 
Quisiera saber, señor Presidente, si me permitirá formular esta pregunta y si, en todo caso, se han estudiado las demás preguntas para determinar si cometen la misma falta. 
Hubiese agradecido que planteara usted esta cuestión cuando llegásemos a la pregunta para respetar el orden del día, no en el momento que usted decida. 
Usted está informado, estimado colega, señor Nogueira, de que el Presidente del Parlamento en el uso de sus atribuciones y de acuerdo con el Reglamento, y así se le ha comunicado esta mañana- como ya hemos comentado usted y yo fuera del hemiciclo- ha declarado la pregunta nº 13 que usted ha hecho no admisible porque contiene afirmaciones o juicios, en los cuales yo no voy a entrar. 
Hágase usted la idea, por ejemplo, de que es un diputado finlandés y yo soy un diputado alemán, para no entrar en un tema de discusión en España. 
Estoy hablándole solamente del Reglamento. 
Tengo que decirle, ya que me pregunta mi opinión, que yo al leer la nota del señor Presidente y al leer la pregunta, comparto la opinión del señor Presidente del Parlamento. 
Creo que también se han dirigido a usted de la oficina del Presidente para decirle que si usted reformula la pregunta y la presenta para el próximo mes será atendido. 
Siempre de acuerdo con las normas que nos hemos dado, y me va a permitir que no opine sobre las preguntas que hacen otros diputados, porque no es mi labor, y menos en términos de si han "pecado". 
Yo aquí solamente organizo el debate, no tengo ninguna obligación de definir pecados, o conductas pecaminosas o irregulares, en absoluto. 
Yo valoro mucho sus contribuciones pero hoy su pregunta ha sido declarada no admisible. 
Hay otra cuestión de orden, presentada por el señor Staes, que tiene la palabra. 
Señor Presidente, quisiera pedir disculpas por no haber sido suficientemente conciso antes y no haber respetado del todo las reglas. Lo siento. 
El Presidente del Consejo me acaba de plantear una pregunta. 
Ha dicho lo siguiente: usted hace un juicio de valor y realmente quisiera que me dijera, señor Staes, ¿qué podemos hacer en la práctica? 
Quisiera preguntar al Presidente del Consejo si él o su representante estarían dispuestos a recibirme junto con una delegación de directivos de Médicos sin Fronteras, de modo que aclaremos lo que podría suceder concretamente antes de la reunión de los días 14 y 15 de abril o algunos posibles encuentros con los rusos. 
Si recibimos una respuesta a esto, querrá decir que he sido conciso y que tendré una buena respuesta a mi pregunta. 
El señor Presidente en ejercicio del Consejo, si lo cree conveniente, al final de este turno le podrá contestar a usted de forma directa y personal, pero aquí hay un orden de preguntas, seguimos unas normas y les ruego a todos que las respeten. 
No es un debate de otro tipo. 
Es un turno de preguntas con su orden, y les pido que no se produzca una situación en la que otros colegas no puedan plantear sus preguntas porque estamos utilizando el tiempo de otra manera. 
Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-0136/03): 
Asunto: Detención ilegal de un ciudadano griego en el aeropuerto de Amsterdam 
El ciudadano griego Themistoklís Koltsidópoulos, estudiante de la Universidad de El Pireo, viajaba a Escocia en un vuelo de la KLM con escala en Amsterdam. 
Estando en la zona de tránsito durante el transbordo en el aeropuerto Schiphol de Amsterdam, a causa de su tez morena y bajo la acusación ficticia de falsificación de pasaporte y permiso de conducir, fue detenido ilegalmente por las autoridades policiales neerlandesas junto con otro viajero griego, igualmente de tez morena, pese a que múltiples documentos personales demostraban el carácter infundado de la acusación. 
Durante su detención ilegal, se le denegó la posibilidad de comunicarse con las autoridades griegas y no se le permitió ponerse en contacto con los suyos para informarles de su detención. 
Asimismo, durante las más de diez horas que duró la detención, hubo de pagar su comida de su propio bolsillo, y fue devuelto a Grecia a sus propias expensas. 
Por último, no pudo recuperar los documentos personales (permiso de conducir, pasaporte griego, carnet de estudiante, etc.) que se le habían confiscado. 
Teniendo en cuenta el artículo 18 del Tratado y la frecuencia con que se repiten en el aeropuerto de Amsterdam actuaciones semejantes de las autoridades policiales neerlandesas contra ciudadanos griegos, tal como se ha denunciado ante las autoridades griegas responsables de la emisión de pasaportes, ¿puede indicar el Consejo qué medidas piensa adoptar para impedir el ejercicio abusivo de "derechos" por parte de las autoridades neerlandesas en detrimento de los ciudadanos europeos? 
¿Qué posibilidades tiene en la práctica el ciudadano arriba mencionado para defenderse y para exigir una indemnización por las penalidades y el posible perjuicio económico sufridos? 
Señor Presidente, quisiera indicar a Su Señoría que el Consejo no hace comentarios sobre incidentes aislados relacionados con el ejercicio de la jurisdicción de los Estados miembros para mantener la ley y el orden. 
Se trata de una práctica habitual del Consejo. 
Responderé como Viceministro de Asuntos Exteriores griego. 
Estudiaremos el asunto y, si realmente existe un problema de este tipo, no dudaremos en ver qué soluciones podemos ofrecer. 
Esta declaración la realizo desde mi posición como representante nacional y no en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo. 
Pregunta nº 4 formulada por Bernd Posselt (H-0138/03): 
Asunto: Adhesión de Croacia a la UE 
¿Qué opinión le merecen a la Presidencia del Consejo los planes de Croacia de adherirse a la UE y qué pasos van a darse a continuación? 
Señor Presidente, el pasado 21 de febrero, durante su visita a Atenas, el Primer Ministro croata presentó una solicitud de adhesión de su país a la Unión Europea. 
La Presidencia griega pretende debatir la solicitud croata en el Consejo de Asuntos Generales de abril y hacerla llegar a la Comisión una vez examinados detenidamente los parámetros legales del asunto y, por supuesto, tras consultar a sus socios. 
Esta cuestión se analiza hoy en el Coreper y, como ya he dicho, esperamos debatirla en el Consejo la próxima semana. 
En función de la opinión de la Comisión, que esperamos sea emitida relativamente pronto, el Consejo estudiará el grado de observancia de los criterios políticos establecidos en Copenhague por parte de Croacia, que podrá entonces entrar en el proceso de adhesión. 
Grecia como país apoya la candidatura de Croacia. 
Aún es demasiado pronto para que yo, desde mi cargo de Presidente en ejercicio del Consejo, declare si el resultado de las negociaciones, cuya fecha de inicio está sin determinar, ya que tenemos que esperar a que la Comisión Europea emita su opinión, permitirá a Croacia convertirse en un Estado miembro el 1 de enero de 2007. 
Aunque todo es posible, por ahora no creo que sirva de nada ni que exista razón alguna para que yo afirme si esto será así o no. 
Por supuesto que es posible, pero nadie sabe si este calendario es realmente viable. 
Además, como todos bien sabemos, las negociaciones de ampliación con un país requieren generalmente mucho tiempo, se extienden durante largos períodos. Es preciso consultar y negociar una gran cantidad de cuestiones, y completar este proceso suele llevar bastante más tiempo del que se piensa inicialmente que será necesario. 
Señor Presidente, el Consejo supervisa de manera constante y detenida el problema del Sahara Occidental. 
La Unión Europea desea alcanzar una solución pacífica para el conflicto a la mayor brevedad posible. 
Por lo tanto, la Unión apoya al mismo tiempo los esfuerzos de las Naciones Unidas y, más concretamente, del enviado personal del Secretario General de esta organización, el Sr. James Baker, por encontrar una solución viable regida por un espíritu de pleno cumplimiento del orden jurídico internacional. 
El Sr. Baker presentó el pasado 16 de enero de 2003 una propuesta de solución política del conflicto que garantiza la autodeterminación de conformidad con la resolución nº 1 429 del Consejo de Seguridad de 30 de julio de 2002. 
Planteó su propuesta a las partes implicadas y a los países vecinos durante su visita a la zona entre los días 14 y 17 de enero de 2003, tras la cual se ha ampliado dos veces el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental, una hasta el 31 de marzo y la segunda hasta el 31 de mayo, con el fin de facilitar a las partes involucradas el tiempo necesario para estudiar la propuesta y formular sus respuestas. 
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea, durante sus encuentros con los representantes de las partes, incluida la reunión reciente del Consejo de Asociación con Marruecos el pasado mes de febrero, les ha instado a que examinen la propuesta del Sr. Baker con predisposición favorable. 
Tal y como apuntaba el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe del 16 de enero, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad han venido esforzándose activamente durante los últimos veinte años para tratar de ayudar a las partes implicadas a encontrar una solución a este conflicto. 
Todas las posibles soluciones se han expuesto a las partes implicadas, de las que depende ahora exclusivamente mostrar la sabiduría política necesaria y aprovechar esta nueva oportunidad para ofrecer a la población del Sahara Occidental un futuro mejor. 
Las recientes declaraciones sobre el aumento de los contactos entre Marruecos y Argelia, así como la voluntad manifiesta de ambos bandos de discutir todas las cuestiones, incluido el problema del Sahara Occidental, abre una puerta a la esperanza. 
Puesto que los debates sobre la resolución definitiva de la cuestión sahariana se están llevando a cabo en el marco de las Naciones Unidas y se encuentran actualmente en una fase crucial, el Consejo no considera necesario adoptar una postura sobre el asunto de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental. 
Independientemente de la solución política del conflicto, la cuestión de los derechos humanos constituye un factor de importancia fundamental para la Unión, así como una fuente de preocupación permanente. 
En un intento por separar la dimensión humanitaria del conflicto de la dimensión política, en la medida en que esto sea posible, la Unión Europea siempre ha rogado a las partes involucradas que adopten medidas de carácter humanitario para así facilitar la recuperación de la confianza entre las personas y las poblaciones afectadas. 
La Unión ha realizado repetidas gestiones ante las partes involucradas con este propósito. 
Estos esfuerzos volvieron a dar resultado con la liberación de cien prisioneros de guerra marroquíes el 26 de febrero por el Frente Polisario. 
Tras este acto, la Unión Europea expresó su satisfacción. 
No obstante, dado que aún quedan retenidos unos 1 160 prisioneros de guerra, la Unión ha recalcado que, aunque este gesto no ha sido suficiente, representa un avance que podría fomentar al mismo tiempo el diálogo y la confianza entre todas las partes. 
Las cuestiones humanitarias relacionadas con el conflicto en el Sahara Occidental, incluido el problema de los desaparecidos, se plantean también sistemáticamente en el ámbito del diálogo político sostenido por la Unión Europea dentro del marco de los acuerdos de asociación firmados con sus socios del sur del Mediterráneo. 
Durante la última reunión del Consejo de Asociación con Marruecos en Bruselas el 24 de febrero, el Consejo destacó, entre otros aspectos, la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Sahara Occidental. 
Asimismo, solicitó el establecimiento de una cooperación continuada con el Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de llegar al fondo de la cuestión de los saharauis desaparecidos. 
El Consejo también ha prestado atención en numerosas ocasiones a la resolución nº 1 359 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se insta urgentemente a las partes involucradas a que resuelvan el asunto de las personas desaparecidas y cumplan lo establecido en el derecho humanitario internacional. 
El Consejo no dispone de información sobre el asunto de la «prisión negra» de El Aaiun, ni de datos suficientes para llegar a una conclusión sobre las circunstancias reales del arresto y la condena de los prisioneros saharauis. 
La Unión Europea, a través de la agencia de ayuda humanitaria de la Comunidad Europea, constituye el donante de ayuda humanitaria más importante para el pueblo saharaui. 
Sus Señorías pueden consultar a la Comisión si desean obtener más información sobre la cantidad exacta de ayuda proporcionada por la Unión. 
Señor Presidente, le agradezco su contestación, pero la pregunta 5, que yo había hecho, era muy concreta. 
Como usted sabe, la población saharaui vive casi exclusivamente de la ayuda que la Unión Europea le da a través de ECHO. 
Mi pregunta era si el Consejo va a apoyar que se continúe prestando ayuda humanitaria a la población saharaui mientras dure todo el proceso del que usted nos ha hablado. 
No logro entender la razón por la que Su Señoría cree que el Consejo modificará su política sobre el asunto de la ayuda humanitaria. 
Debemos apoyar este tipo de ayuda de acuerdo con las propuestas recibidas desde la Comisión Europea. 
La cuestión radica en cuáles son las intenciones de la Comisión Europea, no las del Consejo. 
En cualquier caso, la relación entre causa y efecto, el orden lógico, es diferente del orden en el que se ha planteado la pregunta complementaria. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, comprendo que son muchas las preguntas sobre el mismo tema, pero son diferentes. 
Cuando nosotros creemos que en las instituciones europeas hay un tema estancado, solemos hacer lo que estamos haciendo hoy para procurar que salga algo en claro. 
En mi pregunta, recuerdo que está vigente el plan de las Naciones Unidas para un referéndum justo para el Sahara y usted responde que en la reunión que tuvieron con los países el Mediterráneo y, en concreto, con Marruecos y con los países de asociación, se hizo un llamamiento a que se respetaran los derechos humanos. 
Hemos de presionar de forma más enérgica. 
No es una pregunta, pero de todas formas el señor Yiannitsis tiene la capacidad de contestar, si lo cree conveniente, o añadir algo. 
Señor Presidente, a todas luces esto no es una pregunta y por supuesto el Consejo Europeo está interesado en ejercer presión sobre ambos bandos. 
Mi comentario sobre la ayuda humanitaria en estas situaciones se aplica precisamente a las dos partes. 
La presión se dirige a los dos lados, incluido Marruecos, al que ha hecho referencia Su Señoría. 
En consecuencia, no veo motivo alguno de desacuerdo al respecto. 
Señor Presidente, en efecto, el Sr. Baker ha hecho algunas modificaciones a su plan de paz inicial. 
Desde mi punto de vista, lo importante es que el Consejo no las contemple como una estatua de sal, sino que trate de actuar para que ese plan se ajuste a las resoluciones de Naciones Unidas que prevén para el pueblo saharaui un referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental. 
Vuelvo a preguntarle lo siguiente: ¿Está el conflicto del Sahara Occidental ya oficialmente en la agenda de política exterior del Consejo? y si está, ¿a qué niveles? 
¿Se están haciendo gestiones desde el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común? 
¿Las está efectuando la Presidencia del Consejo? 
¿Sabe el Consejo si la Comisión las está llevando a cabo? 
¿Sabe el Consejo que el Reino de Marruecos ha impedido la salida de una delegación que iba a dar testimonio sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra? y, en ese caso, ¿qué opinión le merece? 
Señor Presidente, no sé si Marruecos ha impedido a una delegación viajar a Ginebra. 
Asimismo, me resisto a comentar iniciativas que tiene previsto tomar el Sr. Solana para volver a plantear esta cuestión de nuevo en el Consejo. 
Por supuesto que este asunto interesa al Consejo, pero en estos momentos no estoy en condiciones de decir cuándo se incluirá en el orden del día y cuándo no. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera darle las gracias por sus respuestas, especialmente por la relativa a la autodeterminación del pueblo saharaui. Finalmente, esta cuestión está siendo estudiada ahora, aunque planteé una pregunta sobre el asunto en la última sesión. 
En mi última pregunta por escrito, he expresado una gran preocupación por el hecho de que el Consejo no haya dado continuidad a esta cuestión. 
Por otro lado, me inquieta un poco el efecto que pueda tener su respuesta general ya que, entre otras cosas, ha afirmado que corresponde a las partes implicadas demostrar su sentido común. 
¿De qué modo se manifiesta en esta postura el respeto de la legitimidad internacional? 
Sin duda, la Unión Europea debe desempeñar un importante papel en este asunto, en concreto en lo que respecta a la relación con sus socios. 
Por supuesto, me refiero en particular a Marruecos, con el que hemos firmado un acuerdo de asociación. 
En mi opinión, sería recomendable que la Unión Europea mantuviera un diálogo franco y crítico con nuestro socio. 
El acuerdo de asociación firmado con Marruecos incluye un artículo de cuidada redacción, el artículo 2, relativo al respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental. 
Simplemente, quisiera repetir mis dos preguntas anteriores. ¿Pretende el Consejo Europeo reaccionar ante los actos de acoso, en particular ante las medidas adoptadas para despedir a varios representantes saharauis que se reunieron con una delegación especial del Parlamento Europeo hace aproximadamente un año? 
¿Tiene intención el Consejo de protestar contra las sentencias de diez años de prisión impuestas a tres saharauis en el mes de marzo? 
¿Se encuadran estas preguntas dentro del ámbito del respeto de los derechos humanos y del artículo 2 del acuerdo de asociación con Marruecos? 
Mi respuesta, que creo que debe haber quedado clara, es que el Consejo, que naturalmente también tiene el acuerdo de asociación con Marruecos en sus manos, está agotando todos los medios de persuasión que tiene a su disposición para lograr el respeto de los derechos humanos y una solución de este importante problema, y para condenar incidentes como aquellos a los que han hecho referencia Su Señoría y sus colegas. 
En consecuencia, solo puedo repetir estas conclusiones y declaraciones en lo que respecta a la política del Consejo. 
Esta institución está realizando todos los esfuerzos posibles y seguirá actuando del mismo modo, para así poder hacer frente a este tipo de incidentes, ya sea en el Sahara Occidental o en cualquier otro lugar del mundo. 
Permítanme recordarles que quizás seamos el único organismo internacional en todo el mundo que, con tanta paciencia y los pocos recursos de que dispone, trata de cimentar, establecer y salvaguardar los derechos humanos y las libertades. 
Agradezco la información que nos ha dado el Presidente en ejercicio, pero hay una cuestión que no queda clara. 
El modelo seguido por los Estados Unidos en relación con Palestina no es eficaz. 
El tributo de sangre que pagó el pueblo de Timor Oriental demuestra que en el Sahara Occidental se puede producir una cosa parecida. 
¿No es obligación de la Unión Europea evitar conflictos y crisis? 
Por lo tanto, ¿no debería el Consejo de la Unión Europea tomar políticamente en sus manos este asunto, de acuerdo con las Naciones Unidas, en lugar de refugiarse en cuestiones- casi diría- técnicas? 
Entre las obligaciones del Consejo se encuentra la de tratar problemas como el que estamos debatiendo hoy. 
Quisiera que Su Señoría tuviera en cuenta el hecho de que resulta fácil decir que habría que ir más allá, por distintas vías, de estos u otros límites e instrumentos que están a disposición del Consejo. Sin embargo, aquí ha habido un gran número de debates, incluso hoy, en esta Cámara, que prueban que la Unión Europea no es una superpotencia, no es una agencia que puede intervenir cuando y como quiera con el fin de imponer sus opiniones y valores. 
Por consiguiente, lo que puede hacer es seguir luchando del mismo modo y organizarse para lograr reforzar su posición en el escenario internacional, ocupar un lugar más destacado, perfilarse más y ejercer mayor influencia en los asuntos de su interés. 
El hecho de que yo esté dispuesto o no a intervenir personalmente no es un asunto que me atañe personalmente. 
Estudiaré la cuestión y si hay algo que el Consejo pueda hacer al respecto, nos ocuparemos de ello. 
Me gustaría comentar que procedo de un país que también ha atravesado por circunstancias similares y que somos muy sensibles a este tipo de situaciones en el plano personal. 
Sin embargo, no estoy aquí a título personal, aquí intervengo en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo. Por lo tanto, debo respetar la opinión común y la posición común de esta institución y obrar dentro de ese marco. 
Señor Presidente, señor Yiannitsis, Presidente en ejercicio del Consejo, ¿se ha dado usted cuenta dónde estamos sentados los diputados que le hacemos las preguntas? 
¿Se ha planteado el Consejo de la Unión Europea algún tipo de control sobre las multinacionales europeas, en concreto las petroleras, para evitar que se exploten los recursos naturales del Sahara Occidental mientras dura el proceso de autodeterminación, al margen, por supuesto, de las conclusiones a que llegó el servicio jurídico de las Naciones Unidas al respecto? 
¿Qué garantías podemos dar al pueblo saharaui desde el Consejo de la Unión Europea de que no permitiremos que sus recursos naturales sean explotados, con nuestra connivencia, por multinacionales de esta Unión Europea, mientras dura el proceso de autodeterminación? 
Quizás Su Señoría podría indicarme cómo es posible hablar al micrófono y mirar a alguien situado detrás de mí al mismo tiempo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no sé si mi ironía le ha molestado; en todo caso, le pido disculpas, era una cosa simpática. 
Le pido por favor que responda a mi pregunta ¿qué garantías se les pueden dar a los saharauis, desde el Consejo, de que nuestras multinacionales no van a explotar sus recursos básicos naturales mientras dure el proceso de autodeterminación? 
Le reitero mis disculpas si se ha sentido ofendido; en todo caso, no he entendido su respuesta. 
A veces puede variar el sentido de una lengua a otra. 
Si el señor Yiannitsis quiere contestar puede hacerlo. 
No sé si ha habido algún malentendido. 
En tal caso, lo lamento mucho. 
Lo que yo he entendido de la traducción es que Su Señoría preguntaba por qué, cuando hablo por el micrófono, no miro a la persona que ha planteado la pregunta y a quien se dirige la respuesta. 
Es muy simple: porque cuando la persona que ha hecho la pregunta se encuentra en aquella parte, no puedo verla. 
Lo siento mucho, pero eso es lo que entendí de la traducción. 
Con respecto a la cuestión de explotar los depósitos y recursos naturales, el Consejo, precisamente porque esta fase de las negociaciones es muy delicada, no considera recomendable que se fomenten actividades de este tipo. 
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que ya no es la décimotercera, porque como les he explicado, ha sido declarada no admisible, de acuerdo con el Reglamento. 
La declaración sobre la competencia de las Comunidades Europeas en relación con los asuntos regidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, y el Acuerdo de 28 de julio 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha convención, establece la lista de asuntos que son competencia exclusiva de la Comunidad o competencia conjunta de esta con sus Estados miembros. 
Sin embargo, la definición de los límites de las aguas territoriales y de la zona económica exclusiva no figura en esta lista de asuntos sobre los que la Comunidad tiene competencia. 
En lo que respecta a los asuntos expuestos en el preámbulo de la pregunta relativa a la condición del Sahara Occidental en virtud del derecho internacional, el Consejo quisiera recordar a Su Señoría que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, como organización internacional implicada en la investigación y resolución del conflicto en esa zona, hacer cumplir las normas internacionales que se derivan del Derecho del Mar. 
Por consiguiente, las preguntas planteadas no entran dentro de la competencia del Consejo, sino que corresponden a la jurisdicción del Reino de España, el Reino de Marruecos y la Organización de las Naciones Unidas. 
Quiero preguntar si la Unión Europea, a la luz de la información que hemos recibido, puede dirigirse a las Naciones Unidas, para, al menos, responder de manera constructiva en relación con la condición futura del pueblo saharaui. 
Desde la década de 1960 se les ha prometido un referéndum y ha habido debates y un callejón sin salida que está provocando una situación muy difícil para una población numerosa que está viviendo en campos de refugiados. 
¿Sería posible que la Unión Europea, a través de usted, señor Presidente, se dirigiese, aunque sea por carta, a las Naciones Unidas, para expresar nuestra preocupación acerca de esta cuestión tan importante? 
Sobre este asunto, debo afirmar que necesito consultar al Consejo para poder responder si esta institución está dispuesta a mandar a las Naciones Unidas a un enviado de este tipo, en calidad de observador, con el fin de colaborar en este sentido. 
Pregunta nº 15 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0157/03): 
Asunto: Prevención del acoso sexual en los ejércitos 
A la vista de la actual situación: ¿no sería recomendable la coordinación y extensión de las normativas preventivas del acoso sexual en los ejércitos, especialmente las que han dado buenos resultados en algunos Estados miembros? 
¿Sabe el Consejo que, por el contrario, a la soldado Quiñoa, tras ser víctima de violación y abusos por su superior en el 2000, se la ha mandado a su casa sin ' destino? y sin ninguna reparación del daño causado? 
¿Sabe que en España con un 9,3 % de mujeres en el ejército aún no se ha creado ningún ' Comité para la Coordinación y Asesoramiento de la mujer en las fuerzas armadas? (semejante al que la OTAN estableció en 1961)? 
Quisiera indicar en particular a Su Señoría que los asuntos de carácter disciplinario relacionados con las fuerzas armadas nacionales, como las cuestiones de acoso sexual, entran dentro de jurisdicción y la responsabilidad de cada uno de los Estados miembros. 
No obstante, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que desde el mes de septiembre del año pasado está en vigor la Directiva 2002/73 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
En esta Directiva se presenta una definición del acoso sexual y se estipula que «el acoso y el acoso sexual en el sentido de la presente Directiva se considerarán discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, se prohibirán». 
Los Estados miembros están obligados a cumplir lo dispuesto en esta Directiva antes del 5 de octubre de 2005. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿considera conveniente la adopción de medidas de prevención del acoso sexual en el ejército, que eviten la indefensión y agresión que ha sufrido Dolores Quiñoa? 
Tenga en cuenta, señor Presidente en ejercicio, que en lo que se refiere a España las víctimas están indefensas y hay impunidad para los agresores como el teniente Iván Moriano. 
Considere, señor Presidente, que el número de casos que no afloran por vergüenza, miedo, o temor a represalias es elevadísimo. 
Por último, observe que el número de casos que llegan a conocerse es muy alto y con tendencia a incrementarse. 
En Estados como Irlanda, Reino Unido, Suecia, Grecia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Francia, Italia o Bélgica, usted sí tiene competencias de coordinación y armonización. 
En Irlanda, por ejemplo, de 60 mujeres militares entrevistadas 28 habían sufrido acoso sexual. 
En el Reino Unido, solo en el año 2000, los tribunales militares conocieron de 192 crímenes violentos y 34 de ellos eran de carácter sexual. 
Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, hace falta coordinar y armonizar una normativa preventiva, por favor no se escabulla de su responsabilidad. 
Quisiera recordar a Su Señoría que, tal y como he indicado, la jurisdicción y la responsabilidad en asuntos de este tipo corresponde en principio a los Estados miembros. 
Existe el derecho penal y otras formas de derecho que claramente se relacionan con el tema, y que deben aplicarse. 
Si no se aplican, existen organismos internacionales y europeos encargados de proceder contra los Estados miembros. 
En el ámbito de la Unión Europea, tal como he mencionado, se han promovido determinados acuerdos que se pueden utilizar para hacer frente a este tipo de situaciones. No obstante, la Directiva a la que he hecho referencia anteriormente no habría servido de nada en relación con el incidente señalado por Su Señoría. 
Se trata de situaciones completamente diferentes. 
Creo que la capacidad de la Unión Europea para intervenir en estos asuntos, independientemente de las preferencias, tendencias o deseos personales de cualquiera o del Consejo, queda establecida en los Tratados de la Unión. Debemos estudiar estos documentos para comprobar lo que le está permitido y si existe alguna facultad que pudiera utilizarse, pero ne este momento no estoy en condiciones de afirmar que exista ni veo de dónde podría derivarse. 
Esta es una razón más para argumentar que con motivo de la revisión que lleva a cabo actualmente la Convención, los derechos humanos y una serie de asuntos similares deben ser completados y examinados a escala de la Unión. 
Pregunta nº 16 formulada por Gerard Collins (H-0160/03): 
Asunto: Reunión con los embajadores de los países árabes 
El 10 de marzo de 2003 el Alto Representante de la PESC se reunió en Bruselas con los Embajadores del Cuerpo Diplomático árabe acreditado en dicha ciudad para mantener un intercambio de puntos de vista sobre los últimos acontecimientos de las relaciones UE-países árabes, el Proceso de Barcelona y diferentes cuestiones de la actualidad internacional, incluidas las relativas al Oriente Medio y al Iraq. 
¿Está el Consejo en condiciones de facilitar información más detallada sobre los resultados de la reunión y, en particular, sobre los hechos que se están registrando en el Oriente Medio y en el Iraq? 
Señor Presidente, Su Señoría sin duda sabrá que el Sr. Solana, Secretario General y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, mantiene un diálogo constante con numerosos y diversos agentes y representantes de la zona, y que se reúne regularmente con los embajadores del cuerpo diplomático árabe. 
El Consejo es informado acerca de estos encuentros en la medida de lo necesario. 
Asimismo, el Consejo desearía aclarar a Su Señoría que el Sr. Solana informa en repetidas ocasiones al Parlamento Europeo de los últimos avances en la zona y, lógicamente, seguirá haciéndolo. 
Propongo a la Presidencia que, con respecto a las numerosas dificultades reales que existen actualmente entre los países árabes y los occidentales, puede que sea necesario estudiar cómo se podrían mejorar las relaciones entre la Unión Europea y estos países. 
Recientemente, en la inauguración de una exposición en Bruselas por parte del embajador de uno de los países árabes, este aprovechó la oportunidad para decirme lo difíciles que estaban las cosas para él y sus colegas. 
Reconoció que los encuentros con el Sr. Solana eran útiles, aunque recomendaba más reuniones, más discusiones y más debates, debido a los tiempos extremadamente difíciles y extraños que estamos viviendo. 
Quizás el Presidente en ejercicio podría analizar cómo podemos ayudar a colmar la brecha que hay que colmar, particularmente en relación con el problema palestino y con la falta de progreso en este terreno. 
Estoy de acuerdo con Su Señoría. 
Permítanme recordarles los esfuerzos realizados por la Presidencia griega, los desplazamientos y contactos del Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Papandreou, incluidos los llevados a cabo en colaboración con los Ministros de Asuntos Exteriores de otros países, a fin de organizar reuniones con los países árabes y procesos consultivos continuados, precisamente sobre los asuntos candentes de la zona. 
Agradezco al Sr. Collins que haya planteado esta pregunta en un momento tan delicado de la crisis del Iraq. 
Quiero pedir al Presidente en ejercicio que comunique la opinión de muchos de los diputados- incluidos, sin duda, el Sr. Collins y yo mismo- de que la Hoja de Ruta hacia la paz debería hacerse realidad; y también, en nuestro nombre, que informe al Sr. Solana de que deberíamos multiplicar nuestros esfuerzos por conseguir que se haga realidad, dada la delicada situación de la región tras la crisis del Iraq. 
La posición adoptada por Su Señoría no es, claro está, una pregunta. Sin embargo, quisiera señalar que el Consejo ha adoptado recientemente la posición de que la cuestión de Oriente Próximo, la cuestión palestina, debería ocupar un lugar destacado en el plan de acción. 
Es preciso encontrar una solución. 
Hay dar a conocer la hoja de ruta y darle carácter vinculante, e intentar llegar a un resultado dentro de un período de tiempo razonable de acuerdo con la misma. 
A este respecto, estoy en condiciones de afirmar que el Alto Representante, el Sr. Solana, y el Consejo desean trabajar para alcanzar este objetivo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 17 decae. 
Pregunta nº 18 formulada por Brian Crowley (H-0164/03): 
Asunto: Fondo de investigación y de desarrollo de las energías alternativas 
Teniendo en cuenta el precio elevado del petróleo en los mercados internacionales, ¿considera el Consejo que ha llegado el momento de crear un Fondo de investigación y desarrollo de la UE en el ámbito de las energías alternativas dotado con recursos suficientes? En caso afirmativo, ¿tiene intención de solicitar a la Comisión que presente las propuestas necesarias en el marco del presupuesto para el ejercicio 2004 y siguientes? 
Quisiera recordar a Su Señoría el contenido del apartado 3 del artículo 163 del Tratado, en el que se declara lo siguiente: «Todas las acciones de la Comunidad que se realicen en virtud del presente Tratado, incluidas las acciones de demostración, en el ámbito de la investigación y del desarrollo tecnológico se decidirán y se ejecutarán de conformidad con lo dispuesto en el presente título» , es decir, con el título XVIII sobre investigación y desarrollo tecnológico, especialmente en lo que respecta a los programas marco plurianuales mencionados en el artículo 166. 
Por consiguiente, la labor de investigación y desarrollo en el ámbito de las fuentes de energía alternativas se dirigen y financian dentro del programa marco. 
El programa marco actual se presentó en virtud de la Decisión 1513/2002 correspondiente al sexto programa marco de la Comunidad Europea para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, contribuyendo a la creación del Espacio Europeo de la Investigación y a la innovación durante el período 2002-2006. 
El programa marco, bajo la prioridad temática «desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas» , proporciona fondos para la investigación y desarrollo de sistemas de energía sostenibles en los siguientes sectores: energía limpia, en particular las fuentes de energía renovables y su integración en el sistema energético, inclusive el almacenamiento, la distribución y su uso; eficiencia energética y ahorro de energía, inclusive mediante el uso de materias primas renovables; carburantes alternativos; pilas de combustible, incluidas sus aplicaciones; nuevas tecnologías de distribución, transporte y almacenamiento de energías a escala europea, en particular la tecnología relacionada con el hidrógeno; conceptos nuevos y avanzados en tecnologías de energía renovable con un importante potencial energético futuro y que exigen esfuerzos de investigación a largo plazo; vertido de dióxido de carbono asociado a plantas de combustibles fósiles más limpios. 
Se ha destinado una cantidad de 810 millones de euros para estas actividades de investigación durante el programa marco. 
Asimismo, quisiera recordar que en el sexto programa marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que también abarca el período de 2002 a 2006, se ha destinado un presupuesto de 750 millones de euros para la investigación en el sector de la fusión termonuclear. Esto podría contribuir a garantizar el suministro energético a largo plazo y, en consecuencia, a satisfacer los requisitos de desarrollo sostenible para la producción centralizada fiable de electricidad para cubrir la carga básica. 
En las decisiones específicas por las que se establecen estos programas figuran más detalles sobre las investigaciones que se llevarán a cabo y las asignaciones financieras. 
Por consiguiente, creo que el Consejo, en virtud del procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo, ha aportado un volumen importante de fondos para la investigación sobre fuentes de energía renovables y alternativas, y sobre la eficiencia y el ahorro energético. 
Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por su detallada respuesta. 
No estoy del todo de acuerdo con usted en que la fusión termonuclear sea una fuente de energía alternativa, porque ya existe. 
Sin embargo, hay tres razones por las que hago esta pregunta. 
La primera de ellas es que, en el discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció el Presidente George Bush en enero de este año, se comprometió, y el Congreso lo aprobó algún tiempo después, a destinar 7 800 millones de dólares en los próximos diez años a la investigación de automóviles propulsados por motores de hidrógeno. 
De acuerdo con la hoja de ruta que propusieron, en el año 2025 empezarán a fabricarse los primeros automóviles a gran escala y en el año 2035 se habrá generalizado su uso en los Estados Unidos. 
La segunda razón es, como hemos podido comprobar con el reciente conflicto del Iraq, la inestabilidad del precio del petróleo y el efecto que ello puede tener en las economías europeas que tanto dependen de los combustibles fósiles. 
En tercer lugar, están nuestros compromisos con Kioto y con una tecnología basada en combustibles limpios, que haga uso de la energía del viento, el agua, el aire y el sol. 
Se pueden considerar otras alternativas y crear un fondo especial para no quedarnos rezagados respecto a los progresos que están teniendo lugar en América en este campo. 
Esas son las razones de mi pregunta. 
Quisiera volver a señalar que no es ninguna pregunta nueva en este caso. 
No obstante, me gustaría también indicarle a Su Señoría que no debemos comparar el gasto que realiza la administración estadounidense en el sector de las fuentes de energía alternativas con el de la Unión Europea. 
Es preciso sumar el gasto realizado por la Unión Europea al gasto nacional que efectúan los Gobiernos de los actuales quince Estados miembros, o de los veinticinco que habrá en un futuro, para así poder obtener una cifra comparable. 
Dicho esto, todo el mundo reconoce y admite la necesidad de promover fuentes de energía alternativas que permitan hacer frente a los problemas de contaminación medioambiental y a otras cuestiones que perjudican al medio ambiente. 
Opino que este asunto tiene que ver con propuestas de la Comisión Europea relativas al modo en que se pueden considerar estas iniciativas. 
Dicho esto, como ocurre con otros asuntos, hasta que no consulte a los miembros del Consejo, la Presidencia no puede responder sí o no a una cuestión que no ha sido discutida. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 19 decae. 
Pregunta nº 20 formulada por Liam Hyland (H-0167/03): 
Asunto: Agricultores de edad avanzada y debate demográfico 
La Comisión ha expresado su preocupación por las repercusiones que tiene el envejecimiento de la población sobre cuestiones relacionadas con los mercados laborales y el potencial de crecimiento y ha señalado que debe haber un incentivo económico claro para que las personas no abandonen el mercado laboral. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han fijado el objetivo de que Europa se convierta en un área dinámica aumentando las tasas de crecimiento potencial hasta el 3% en el año 2010. 
¿Podría indicar el Consejo de qué modo se inscriben el sector agrícola y los agricultores de edad avanzada en este debate demográfico? 
Considerando el impacto del envejecimiento de la población en los mercados laborales y su posible repercusión sobre el desarrollo y la sostenibilidad de los sistemas de protección social, los Estados miembros acordaron en Estocolmo aumentar un 50% hasta el año 2010 la tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad. El Consejo Europeo reunido en Barcelona instó a que la actual edad media de jubilación se retrasara gradualmente un total de unos cinco años hasta ese mismo año 2010. 
De acuerdo con el informe conjunto sobre empleo correspondiente al año 2002, todos los Estados miembros consideran que los trabajadores de mayor edad son la fuente principal de mano de obra. 
Por lo tanto, han adoptado medidas para convencer a este sector de que no opte por la jubilación anticipada, o bien para ofrecer incentivos para que permanezcan en activo durante más tiempo. Paralelamente, tratan de crear un marco que facilite la jubilación gradual a partir de un empleo activo, combinando de ese modo ambos enfoques. 
En su aportación al Consejo de primavera de 21 de marzo de 2003, el Consejo incluyó el aumento de la oferta de empleo y la participación de todos los grupos, así como el fomento de una vida laboral más prolongada, entre sus nueve prioridades, para así poder alcanzar los tres objetivos principales de la estrategia europea de empleo. 
El Consejo espera que la Comisión incluya esta prioridad entre las directrices de empleo y la Comisión confía en presentar dichas directrices en abril de 2003. 
Por último, el Consejo reconoce la importancia de mantener las actividades agrícolas para así poder alcanzar un desarrollo equilibrado en este sector en la Unión Europea y evitar una disminución de la población en las zonas rurales. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su exhaustiva respuesta. 
Estoy seguro de que conoce el envejecimiento progresivo de los agricultores europeos. 
De hecho, una de las grandes amenazas para la continuidad de la agricultura es la edad cada vez más avanzada de nuestros agricultores. 
Por otra parte, tenemos un régimen de jubilación anticipada para los agricultores, que es un régimen excelente, pero que obliga a los agricultores a retirarse totalmente de las actividades agrarias. 
En el contexto del análisis propuesto o de la revisión del régimen de jubilación anticipada para los agricultores, sugiero al Presidente en ejercicio que quizá debiera considerar la posibilidad de permitir que los agricultores no abandonen totalmente su actividad, sino que mantengan un empleo parcial, ya que eso tiene una importancia extrema incluso desde el punto de vista psicológico. 
No tiene sentido obligar a los agricultores que se jubilen acogiéndose al régimen de jubilación agraria a abandonar totalmente una profesión a la que han dedicado toda su vida. 
Señoría, creo que se podría estudiar la idea que acaba de exponer. 
Me parece que todos sabemos cuán complicado resulta tratar de reducir la protección en el sector agrícola sin provocar un éxodo de la agricultura, por un lado, y decidir cómo abordar la cuestión de la edad de jubilación, por otro lado, dado que la población de nuestro continente está envejeciendo y eso está socavando la base del sistema de pensiones. 
Hay varios problemas relacionados con la tasa de empleo, que también estamos intentando aumentar. 
Me he referido, mediante un ejemplo, a ciertas situaciones que resultan difíciles de conciliar. 
Es necesario encontrar el equilibrio óptimo, por decirlo así. 
La propuesta realizada al respecto adopta este enfoque, tal y como yo lo veo, y estoy seguro de que la Comisión podría analizarla y evaluarla por lo que se refiere a las propuestas de directrices de empleo. 
Estas propuestas también supondrán una reforma importante de las directrices de empleo decididas hace cinco años en Luxemburgo. 
Pregunta nº 21 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0169/03): 
Asunto: Alfabetización informática en las escuelas y las universidades 
Teniendo en cuenta la importancia de garantizar la alfabetización informática generalizada, desde una edad muy temprana, para garantizar que todo el mundo desarrolle la capacidad necesaria para servirse de Internet, ¿puede indicar el Consejo si ha evaluado la propuesta de la Comisión relativa a un programa para combatir el analfabetismo informático, promover las universidades virtuales y los hermanamientos virtuales de escuelas? 
¿Qué medidas considera que deben adoptar los Estados miembros para asegurar que las escuelas y universidades en toda la Unión Europea desempeñen plenamente su función para contribuir al éxito de este programa? 
En opinión del Consejo, ¿qué pasos se deberían dar a continuación? 
El Consejo quisiera manifestar que, en este momento, no está en condiciones de poder comentar el contenido de su posición sobre este programa, puesto que la propuesta relativa a eLearning se está debatiendo tanto en el Consejo como en el Parlamento. 
Quiero agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Sin embargo, estoy decepcionado por no haber recibido más pruebas de que se esté avanzando en la alfabetización informática. 
Hay cosas que están sucediendo en este importante campo. 
A estas alturas, me gustaría que el Consejo ofreciera ciertas esperanzas en un terreno muy importante en el que, evidentemente, no se está trabajando lo suficiente para promover este importante aspecto de la educación. 
Este campo totalmente revolucionario- como bien sé yo, que he sido profesor- encierra el potencial para combatir el analfabetismo digital. 
El Consejo debería comprometerse de lleno y proponer en un breve plazo de tiempo planes que permitan realizar un progreso definitivo en este importante terreno. 
Señoría, comprendo su preocupación por la formación y la alfabetización informáticas, así como por la necesidad de fomentar la alfabetización informática en los centros educativos. 
Son cuestiones que también me preocupan, puesto que aún conservo mi cátedra en la Universidad de Atenas, aunque mis deberes ministeriales me impiden ejercer. 
Puedo decir que la Unión Europea y el Consejo tienen un claro interés por aumentar el nivel de conocimientos, en el marco de la estrategia global de Lisboa? éste es uno de los objetivos básicos de dicha estrategia? , y efectivamente, el conocimiento, en la actualidad, está adoptando la forma a la que usted se ha referido. 
El Consejo no puede comentar la propuesta y el programa específicos porque, como ya he señalado, se están debatiendo en ambas instituciones. 
No obstante, puedo decir que, en el ámbito de la política general, se sabe y es palpable, como se aprecia en numerosas iniciativas, que nos interesa promover la competitividad de la Unión y, por lo tanto, los factores clave que fortalecen dicha competitividad, que actualmente incluyen, sin duda, los factores a los que se alude en la pregunta. 
Pregunta nº 22 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0172/03): 
Asunto: Mandato de las Naciones Unidas para la Ex República Yugoslava de Macedonia 
El 27 de enero, presenté una pregunta oral al Consejo en la que preguntaba si la operación de la UE en la Ex República Yugoslava de Macedonia tenía el mandato de las Naciones Unidas, y si, en caso negativo, estaba previsto solicitar tal mandato con el fin de garantizar el éxito de la operación. 
Dado que el turno de preguntas del período parcial de sesiones de febrero del Parlamento se anuló y que el Presidente, en virtud del apartado 2 de las directrices relativas al desarrollo del turno de preguntas, no la inscribió en la lista de preguntas de marzo, presento de nuevo la pregunta. 
Contrariamente a lo afirmado por un representante del Presidente, esta pregunta, que no pude finalmente presentar, no recibió respuesta en el período parcial de sesiones de marzo bajo el punto 31. 
Señoría, el Consejo tiene el placer de informarle de que la operación Concordia, liderada por la Unión Europea, se llevará a cabo tras la petición formulada por la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
A pesar de las circunstancias, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, el 26 de septiembre de 2001, la Resolución 1371, en aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid, firmado en agosto de 2001. 
En esta resolución se indica que el Consejo respaldó los esfuerzos de los Estados miembros y de las organizaciones internacionales competentes por apoyar la aplicación del Acuerdo. 
A este respecto, también señala que apoyó firmemente la implantación de una presencia plurinacional en la Ex República Yugoslava de Macedonia para contribuir a la seguridad de los observadores, tal y como solicitó el Gobierno de dicho país. 
Señor Ministro, usted ha hablado de esto, de aquello y de lo de más allá, y en mi país diríamos que no ha hablado más que de «leña y paja». 
No ha contestado, en absoluto, a mi pregunta. 
Sería de agradecer que, cuando acudiera al Parlamento, se leyera las preguntas y respondiera a ellas. 
Mi pregunta es si considera usted que la operación de mantenimiento de la paz que la Unión Europea va a iniciar en la Ex República Yugoslava de Macedonia tiene un mandato de las Naciones Unidas. 
Le ruego que responda a la pregunta. 
Creo que mi respuesta a la pregunta de Su Señoría ha sido muy clara y muy concreta. 
Que le haya satisfecho o no, ya no es cosa mía. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nº 23 a 31 recibirán respuesta por escrito 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0103/2003) del Sr. Liese, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la verificación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (COM (2002) 319- C5-0302/2002- 2002/0128 (COD) ). 
Señor Presidente, celebro estar aquí hoy para debatir la propuesta de la Comisión relativa a una directiva que establece los requisitos de calidad y seguridad para los tejidos y células humanos, remitida al Consejo y al Parlamento Europeo en junio del año pasado. 
Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento al ponente, el Sr. Liese, y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por lo mucho que han trabajado en esta importante y ambiciosa directiva: importante porque abarca un campo muy prometedor de la medicina; y ambiciosa porque constituye un elemento crucial de nuestra estrategia de salud global. 
Quiero también rendir tributo al excelente y valioso trabajo del Consejo de Europa en materia de tejidos y células. 
Nuestra propuesta de directiva se basa en esos logros. 
Esta propuesta asegura que el creciente número de pacientes tratados con tejidos y células humanos puedan confiar en la seguridad de tales sustancias. 
Es una consecuencia lógica de la directiva sobre la calidad y la seguridad de la sangre. 
Los tejidos y las células humanos se han convertido en una parte importante de la asistencia sanitaria. 
Su uso terapéutico sigue aumentando tanto en número de aplicaciones como en amplitud del espectro en que pueden utilizarse. 
Con los avances tecnológicos, este campo se está desarrollando rápidamente. 
Sin embargo, el hecho de que la utilización de estos tejidos y células puedan causar la transmisión de enfermedades ha centrado la atención en la necesidad de aumentar las medidas de seguridad. 
La propuesta de la Comisión establece los requisitos para la donación, suministro y comprobación de todas las donaciones de tejidos y células destinadas a ser aplicadas en el organismo humano. 
Se establecen normas de calidad y seguridad, con independencia de que los tejidos y células se utilicen como material fuente para transplantes, o para la preparación de medicamentos y equipos médicos. 
Cuando se utilizan específicamente para transplantes en el cuerpo humano, la Directiva introduce requisitos para todas las células y los tejidos humanos en las etapas adicionales de procesamiento, conservación, almacenaje y distribución. 
Permítanme que comente ahora algunas de las cosas que más les preocupan. 
Una de ellas es la mejor forma de abordar la cuestión de las células madre embrionarias. 
Esta cuestión ya se ha abordado en el marco de la investigación científica. 
En la decisión del Sexto Programa Marco de Investigación, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han acordado que los Estados miembros son libres de regular o prohibir el uso de tales células, y que su decisión se respetará en el ámbito comunitario. 
Se espera que a finales de año se hayan adoptado decisiones concretas en esta materia, y este será el contexto apropiado para abordar la cuestión. 
Por tanto, no parece apropiado utilizar esta Directiva de salud pública para prejuzgar y adelantarse a ese acuerdo. 
Se ha expresado también cierta inquietud con respecto a los órganos. 
Los órganos están excluidos de esta propuesta. 
Algunos de ustedes han criticado esa exclusión, pero yo sigo convencido de que no conviene incluir los órganos en el ámbito de la presente Directiva. 
Los problemas que hay que resolver en materia de transplantes de órganos son muy diferentes. 
No debemos olvidar que el principal problema sigue siendo la escasez de órganos, cuyo resultado es la muerte de muchos pacientes. 
Sin embargo, los transplantes requieren un enfoque político diferente debido a su naturaleza específica. 
Puesto que el transplante de órganos es un tema altamente especializado por sí mismo, la Comisión está realizando actualmente una evaluación científica de las alternativas existentes. 
Todavía no hemos concluido nuestra evaluación. 
Siguiendo el ejemplo de la Directiva sobre la sangre y esta propuesta sobre los tejidos y las células, nos gustaría sentar primero las bases científicas correctas, antes de presentar un instrumento jurídico en un área tan delicada. 
Puedo asegurarles que doy la máxima importancia a esta cuestión y que la estoy siguiendo de cerca. 
Otros motivos de preocupación con las importancias y las exportaciones. 
Hay que reconocer que la importación de tejidos y células procedentes de terceros países es cada vez mayor. 
Para proteger la salud de los pacientes en la Unión Europea, tenemos que asegurar la aplicación de estrictas normas de calidad y seguridad a esas importaciones. 
La propuesta prevé un mecanismo para establecer un procedimiento de la UE que permita adoptar un enfoque coherente de la autorización de las importaciones y exportaciones. 
Es también importante asegurar que no se exporten tejidos ni células de mala calidad a terceros países. 
Podría aceptarse cierta flexibilidad en el cumplimiento de la legislación de terceros países, pero siempre que se garantice el mismo nivel de seguridad. 
Las consideraciones éticas relacionadas con el uso de tejidos y células son también delicadas. 
Pero precisamente debido a eso, tenemos que respetar rigurosamente los límites del Tratado. 
Por bienintencionadas que sean nuestras razones, tenemos que actuar dentro de las competencias propias de la Comunidad. 
Llegados a este punto, quiero subrayar un aspecto fundamental. 
El artículo 152 pretende regular las cuestiones de salud pública. 
No contempla una regulación en profundidad de las cuestiones éticas. 
La Comisión considera que la propuesta refleja un compromiso equilibrado, que llega hasta el mismo límite de lo que es legalmente aceptable a la vista de las restricciones del Tratado. 
Los correspondientes documentos del Consejo de Europa y el Grupo Europeo de Ética han insistido en el principio de las donaciones sin ánimo de lucro. 
Por lo tanto, nosotros consideramos necesario que la Directiva no contradiga ese principio. 
Este principio de ausencia de ánimo de lucro se aplica solo al acto de la donación, no a su posterior procesamiento, manipulación, comprobación o fabricación de productos. 
Por ejemplo, es inaceptable obtener una válvula cardíaca de un donante fallecido y venderla. 
Pero las válvulas del corazón suelen tratarse para garantizar la ausencia de agentes infecciosos y preservarlas para que puedan conservarse durante un período de tiempo más largo. 
Estos y otros procesos que sirven para mejorar la calidad de la válvula pueden realizarse, por supuesto, con fines comerciales. 
La propuesta de la Comisión ofrece, por tanto, la oportunidad a las empresas privadas de acreditarse como un banco de tejidos, al igual que los organismos públicos. 
Y al margen de las donaciones, no restringe los servicios ni el procesamiento ulterior de los tejidos que quiera realizar una empresa privada. 
Finalmente, otra importante consideración ética es la cuestión del consentimiento de los donantes. 
El Convenio Internacional de Derechos Humanos y Biomedicina exige la obtención del consentimiento de los donantes después de haber recibido información apropiada. 
Aunque esta propuesta respeta plenamente estos principios establecidos, no impone unas reglas éticas específicas. 
Los Estados miembros son los que tienen que establecer esas reglas éticas detalladas, en línea con los requisitos de subsidiariedad. 
Al final de este debate explicaré la posición de la Comisión sobre las enmiendas propuestas en el informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que participaron en los intensos debates que contribuyeron a la elaboración de este informe. 
Entre estas personas están los colegas de esta Asamblea- e la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pero también de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, con su ponente, el Sr. Bartolozzi- todos aquellos que nos ayudaron, en la Comisión y aquí en el Parlamento, a remar en la misma dirección. 
Hemos dejado atrás un intenso proceso de debate, que culminó el 29 de enero con una audiencia pública en la que participaron más de trescientos expertos de la UE y los Estados Unidos. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor apoya la propuesta de la Comisión, pero también comparte la opinión de muchos expertos, como por ejemplo el Comité Permanente de Médicos Europeos, que consideran que la propuesta tan solo se orienta en la dirección adecuada. 
Dicho con otras palabras: la propuesta de la Comisión es buena, pero se queda corta. 
Por ello, hemos introducido una serie de modificaciones detalladas con respecto, por ejemplo, a la cuestión de las donaciones voluntarias y no remuneradas. 
Queremos que los Estados miembros no solo promuevan este principio- como sugiere la Comisión -, sino que también lo salvaguarden. 
No obstante, las compensaciones para los donantes deberían estar expresamente autorizadas. 
Debería prohibirse el comercio de células y tejidos no modificados, tal y como exige la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Sin embargo, queremos dejar claro que el trabajo con células y tejidos es una tarea en la que deben participar tanto el sector público como el privado, tal y como ha explicado ya el señor Comisario. 
Nuestra formulación nos parece algo más clara y precisa. 
No podemos excluir de este ámbito a la industria, pues si esta respeta las normas, su participación impulsará la innovación. 
Queremos que se redacte con mayor precisión el principio del consentimiento informado, pues solo así ofrecerá la protección necesaria, y proteger a las personas legalmente incapaces de dar su consentimiento por sí mismas es una cuestión que nos preocupa de verdad. 
En cuanto a los delicados ámbitos de la investigación con embriones humanos y su clonación, algunos miembros de nuestra comisión también hicieron propuestas al respecto. 
En mi proyecto de informe no he abordado este asunto, pero considero que el texto que aprobó finalmente nuestra comisión constituye un buen compromiso europeo. 
Por ejemplo, la redacción de la enmienda 30 coincide exactamente con la ya acordada por la Comisión, el Consejo y el Parlamento en el Sexto Programa Marco de Investigación. 
Nuestra comisión no ha aprobado ninguna otra enmienda de gran alcance. 
Al fin y al cabo, la cuestión sobre qué pasa con el gran número de embriones sigue sin resolverse en el contexto del Sexto Programa Marco de Investigación y se tiene que seguir debatiendo. 
Como muchos de ustedes saben, mi postura personal al respecto es muy rigurosa. 
Considero que la investigación con células madre embrionarias es el camino equivocado, aunque pienso que no podemos ir más allá de lo previsto por nuestra comisión y que debemos dejar un margen para que los Estados miembros decidan si quieren prohibir o autorizar, por principio, dicha investigación. 
La enmienda 19, relativa al ámbito de aplicación de la directiva, ha suscitado un gran debate. 
Lo que se discute es si la directiva debería abarcar también la investigación in vitro, además de los ensayos clínicos. 
Nuestra comisión es partidaria de que la directiva incluya también la investigación in vitro, pero solo en lo que respecta a la donación y la obtención de células y tejidos. 
Esta iniciativa de nuestra comisión responde al hecho de que pensamos que la protección de los donantes se debe contemplar con independencia de si el tejido se utiliza para trasplantes o para la investigación. 
El donante debe ser protegido en todos los casos y se deben respetar sus derechos. 
¿Cómo podemos justificar ante la opinión pública que el donante tenga derecho al «consentimiento informado» y que el comercio de sus células y tejidos no esté autorizado cuando se trata de trasplantes, pero que todos estos derechos se puedan pasar por alto cuando el objetivo sea la investigación? 
En verdad, no podemos presentar ante los ciudadanos semejante propuesta. 
La enmienda 19 constituye, por lo tanto, un buen compromiso. 
Hay quienes afirman que el artículo 152 no ofrece un fundamento jurídico adecuado para las propuestas más ambiciosas de nuestra comisión. 
He hablado con numerosos juristas y mi opinión al respecto es que el fundamento jurídico es totalmente válido para las propuestas más ambiciosas que hemos presentado, pues todo lo que hemos propuesto no afecta a aspectos exclusivamente éticos, sino a aspectos éticos relacionados con la salud de los donantes y los receptores. 
A diferencia de lo que sucede con la cuestión del anonimato o la reconstrucción del cadáver- asuntos que la Comisión ha tratado, efectivamente, en su propuesta -, la relación con la salud pública se puede exponer de manera mucho más clara en las cuestiones que hemos abordado. 
Por tanto, le pido a la Comisión que reconsidere su postura reticente en relación con este asunto. 
Deberíamos enviar un mensaje claro a las demás instituciones y aprobar el informe de esta comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, esta propuesta de directiva tiene como finalidad establecer unas normas de seguridad y de calidad, con vistas a la regulación de las actividades terapéuticas basadas en el uso de tejidos y células de origen humano, actividades que se desarrollan cada año en Europa y que conciernen a cientos de miles de pacientes. 
Además, este ámbito está destinado a expandirse, no solo en el campo tradicional de los trasplantes- de córnea, de piel o de válvula cardiaca, por ejemplo -, sino también, gracias a los avances de la biotecnología, en los de la cirugía reconstructora, la medicina reproductiva y el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes y el Parkinson. 
Por tanto, reviste un interés indudable para las empresas y los centros de investigación europeos, y se debe permitir su desarrollo. 
No obstante, es fundamental el respeto por los imperativos éticos en el uso de tejidos y células de origen humano. 
Por tanto, la propuesta de directiva en cuestión establece normas estrictas de seguridad y calidad de las sustancias de origen humano, con el fin de proteger la salud. Sin embargo, estos imperativos éticos se deben definir mejor. 
En primer lugar, se ha de garantizar una total seguridad desde el punto de vista sanitario, con objeto de evitar o reducir el riesgo de transmisión de enfermedades en el caso también de células y tejidos humanos procedentes de terceros países. En segundo lugar, se debe garantizar, en la extracción, el respeto por el cuerpo del donante, ya sea vivo o muerto. 
En este sentido, es especialmente importante la obligación de contar con el consentimiento informado del donante o de sus familiares más próximos, así como la prohibición de la extracción de células o tejidos de fetos procedentes de interrupciones voluntarias del embarazo o de la clonación de células humanas. 
En tercer lugar, hay que respetar la vida privada y la protección del carácter confidencial de la información recabada con ocasión de la extracción de tejidos. 
La donación debe ser anónima tanto por lo que se refiere al donante como al receptor (con la excepción de las exigencias relativas a la trazabilidad). 
Los datos personales y familiares no se pueden divulgar a terceros (por ejemplo, a empleadores o a empresas de seguros) , especialmente para evitar el riesgo de discriminación injustificada. 
En cuarto lugar está la gratuidad de la donación, que debe ser un acto voluntario de solidaridad humana que, no obstante, los Estados miembros pueden alentar de manera adecuada con medidas específicas y con una información correcta. 
Es necesario mantener este requisito, especialmente en el caso de importaciones de terceros países. 
Sobre la base de estas consideraciones, creo que la directiva, en su conjunto, representa un paso adelante en el proceso de armonización de las normativas de los Estados miembros, que van encaminadas a reforzar la protección de la salud de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero unirme al ponente en la buena acogida de este informe de la Comisión. 
Es una medida importante para regular la calidad, la seguridad y los procedimientos de células y tejidos utilizados en transplantes. 
Lo importante es proteger la salud humana. 
Me hago eco de las felicitaciones del Comisario al ponente, el Sr. Liese, porque ha sabido sortear hábilmente las dificultades, reforzando la protección de la salud humana, asegurando el consentimiento informado y evitando la mayor parte de los escollos de anteriores debates en este campo del empeño humano. 
Las enmiendas presentadas y firmadas por el Sr. Liese y el Sr. Nisticò indican que se trata de una medida respecto a la cual se ha realizado un enorme esfuerzo para llegar a un consenso de ideas y opiniones. 
Lo cual dice mucho a su favor. 
La propuesta de la Comisión es buena, pero quizá podría mejorarse. 
El informe presentado al Parlamento introduce mejoras en algunos aspectos, pero posiblemente queden algunas cuestiones que tengan que aclararse. 
Es posible que algunos cambios no sirvan para nada. 
Las nuevas enmiendas, como la que excluye a la industria mencionada por el Comisario cuando ha hablado del temor de la industria a que las actividades comerciales se vean afectadas o restringidas, deben acogerse también con satisfacción. 
Reconozco que la enmienda 7, que incluye la investigación en el ámbito de la Directiva, plantea un problema. 
Algunos podrían manifestar cierta sorpresa, quizá con razón. 
Es una cuestión que, desde luego, preocupa a las instituciones benéficas sanitarias y a los investigadores. 
Tenemos que considerar si la investigación tiene cabida o no en esta medida. 
Por otra parte, existen otras cuestiones que hay que aclarar del modo en que se hace en esta propuesta. 
No debemos incluir los órganos en esta Directiva relativa a células y tejidos. 
Los órganos quedan para otra ocasión. 
Tampoco es el momento de permitir ahora la obtención de células y tejidos procedentes de embriones humanos clonados o embriones humanos y animales híbridos que puedan utilizarse para transplantes. 
La muerte de Matilda, la oveja australiana que se desintegró, es una terrible advertencia de que se trata de un campo muy nuevo de la ciencia y la experimentación y, al margen de otras consideraciones éticas, un campo que no debe permitirse por ahora, aunque solo sea por sus posibles consecuencias, graves e inciertas, para la salud humana. 
Otra cuestión importante se refiere a las donaciones remuneradas. 
Este problema se planteó en el informe sobre la sangre del Sr. Nisticò. 
Ya entonces se reconocía que tenemos diferentes tradiciones y necesidades. 
Es preferible, pero no siempre posible, que las donaciones sean voluntarias. 
Tendremos que volver a examinar esta cuestión para ver si encontramos una fórmula compatible con nuestras muchas tradiciones y necesidades. 
Sospecho que terminaremos no muy lejos de la excelente fórmula que el Sr. Nisticó proponía en su Directiva sobre la sangre y los hemoderivados. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE, acojo con satisfacción esta propuesta y muchas de las enmiendas presentadas por mis colegas, así como las presentadas por el ponente, que se ha esforzado mucho por encontrar la manera de avanzar en este terreno. 
La propuesta es, desde luego, necesaria para establecer unas normas mínimas en toda la UE sobre la utilización de células y tejidos humanos. 
Existe un creciente comercio internacional de células y tejidos humanos en Europa para fines de investigación en los laboratorios y centros sanitarios y para la fabricación de productos médicos y farmacéuticos. 
Ahora tenemos que crear un marco europeo capaz de controlar todo eso. 
Actualmente se controla sólo mediante un mosaico de leyes nacionales. 
Pero el creciente comercio impone la necesidad de unas normas básicas que garanticen la salud humana, y unas normas de seguridad que regulen la donación, la obtención, la retribución y el consentimiento. 
Tenemos que establecer un marco europeo claro en el que pueda operar la industria, en el que los ciudadanos puedan tener confianza y en el que pueda garantizarse la seguridad pública. 
Tenemos que protegernos de los mercados lucrativos que podrían explotar a los ciudadanos más vulnerables y del riesgo de transmisión de enfermedades o infecciones. 
Tenemos que basarnos en el principio de ausencia de ánimo de lucro y aplicarlo a todas las donaciones en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Existe el peligro de que algunas personas, llevadas por sus necesidades económicas, se vean tentadas a donar células, ya sea en la Unión Europea o en el mundo en desarrollo, para obtener una retribución económica. 
Tenemos que encontrar la forma de evitar que eso suceda. 
Tenemos que conseguir el equilibrio adecuado. 
Queremos evitar la venta de tejidos humanos por dinero, pero dejando abierta la puerta a una retribución económica limitada de los donantes. 
A mí me parece razonable que, si se necesitan dos semanas de baja laboral para un transplante de médula ósea, se pague algún tipo de indemnización a la empresa. 
Estas nuevas normas establecerán los criterios mínimos de seguridad necesarios para la utilización de tejidos y células en toda Europa. 
Es fundamental que existan unas normas mínimas que regulen la donación y retribución y que se basen en un sistema sin ánimo de lucro. 
Deberíamos establecer también unas normas claras sobre la investigación con células madre, entre ellas las células madre embrionarias, pero excluyendo la clonación para fines de reproducción humana. 
Si conseguimos establecer esas normas mínimas de consentimiento del donante, protegeremos a los más vulnerables que podrían verse presionados para donar células. 
Ahora bien, no puedo apoyar plenamente todas las enmiendas presentadas por algunos de mis colegas. 
Las enmiendas que tratan, por ejemplo, de prohibir o restringir totalmente el uso de células madre embrionarias, le hacen un flaco favor a la población europea. 
No protegen la salud humana, ni protegen a los más vulnerables. 
Quisiera que Sus Señorías y los grupos de presión que defienden tan enérgicamente la necesidad de respetar unos principios éticos, fueran igual de enérgicos en su defensa de los enfermos y los vulnerables, como mi joven elector Zain Hashmi, quien esta semana ha conseguido, con la ayuda de sus padres, permiso para utilizar estas nuevas tecnologías para proteger su vida y poner a salvo su futuro. 
Sin este tipo de nuevas tecnologías, el futuro de jóvenes como él sería muy triste. 
Espero sinceramente que consigamos sacar adelante esta propuesta con medidas acertadas, teniendo en cuenta los objetivos fundamentales de proteger la vida y la seguridad del ser humano y de proteger a los ciudadanos en general y a las personas más vulnerables de la explotación. 
Pido a la Cámara que vote a favor del informe, pero no de todas las enmiendas. 
Señor Presidente, en primer lugar, al igual que los oradores que me han precedido, quisiera felicitar a nuestro ponente, el Sr. Liese, por los numerosos contactos que ha mantenido, desde el principio, con todas las partes interesadas y, por supuesto, con los diferentes ponentes alternativos para elaborar el presente informe, que es equilibrado en su conjunto. Fue un compromiso difícil de alcanzar entre los partidarios de la subsidiariedad, los defensores de la ética a cualquier precio y todos aquellos, entre los que me incluyo, que deseamos responder a las expectativas y esperanzas que han depositado en nosotros millones de pacientes de Europa, sin obstaculizar el desarrollo del sector biotecnológico europeo. 
Es cierto que se ha prolongado y mejorado la vida de los pacientes gracias a los transplantes de córnea, de válvulas cardíacas, de huesos, de tendones y de piel. 
Por citar sólo un ejemplo, la reparación de lesiones causadas por quemaduras graves afecta a casi 20 000 ciudadanos europeos cada año, mientras que 60 000 diabéticos sufrieron una amputación en 2002 debido a la ausencia de un procedimiento eficaz para la reconstrucción de la piel. 
Debe quedar claro que todas estas personas que están esperando un tratamiento no lo recibirán, o el que reciban será inadecuado, si el Parlamento Europeo adopta mañana una postura moralista y prohíbe, directa o indirectamente, la investigación con células madre y con embriones y la terapia germinal. Por ello, la mayoría del Grupo Liberal se opone firmemente a una treintena larga de enmiendas, en particular a las enmiendas 30, 31, 36, 37, 46 y 50, pero no las voy a enumerar todas ahora. 
Es necesario recordar algo fundamental: estamos debatiendo una cuestión de salud pública, sobre la base del artículo 152 del Tratado. 
Por tanto, es una cuestión de criterios de calidad, de normas de aprobación, de titulación, de formación del personal, de pruebas de trazabilidad y de creación de una red europea que agrupe los registros de los bancos de tejidos nacionales. 
Este es el núcleo central de la propuesta, y he oído hablar muy poco de él, pues las cuestiones éticas han ocupado el primer plano. 
No obstante, alcanzamos en comisión un compromiso sobre las donaciones de órganos, sobre la cuestión sumamente delicada de las donaciones voluntarias y no remuneradas, sobre las donaciones de sangre del cordón umbilical y sobre el acceso equitativo para todos los pacientes a los diferentes tratamientos. 
Estamos decididos a no permitir que estos avances queden aquí reducidos a nada debido a que algunas personas confunden al Parlamento Europeo con el Consejo de Europa. La armonización de la ética no figura entre los objetivos o las aspiraciones de Europa, y la conciencia en el terreno de la ciencia jamás ha curado a nadie. 
Por todos estos motivos, el Grupo Liberal, en defensa propia, se reserva el derecho de votar en contra de este informe y recuperar la propuesta equilibrada de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Liese, Señorías, estamos al corriente del desarrollo de tratamientos basados en el uso de tejidos y células de origen humano. 
Cada año se cuentan por cientos de miles. 
En consecuencia, era urgente que la Comisión propusiera un proyecto de directiva encaminado a establecer nuevas normas de calidad y de seguridad con el fin de aumentar la confianza de los ciudadanos en el uso de estos tejidos y estas células en el cuerpo humano. 
Por lo tanto, apruebo sin reservas la iniciativa de la Comisión y la apoyo. 
Lamentablemente, como ya se ha dicho esta tarde, hay demasiadas enmiendas, que apuntan en todas direcciones, y así corremos el riesgo de modificar la naturaleza del proyecto original y de privarnos de una reglamentación que, sin embargo, es urgente y necesaria. 
Por eso, esta tarde, en este debate, quisiera recordar a la Asamblea, en nombre del Grupo GUE/NGL, los tres principios fundamentales por los que me opongo a muchas de las enmiendas. 
El primero es que no debemos aprovechar el proyecto de directiva, que nadie niega que no sea necesario, para ampliar su ámbito de aplicación con el fin de incluir sectores que requerirán una reglamentación especial o que ya la tienen. 
Por encima de todo, no debemos utilizar este proyecto como un medio para abrir debates sobre las células madre, las embrionarias y las supernumerarias, sobre la investigación en estos ámbitos o incluso sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 
Muchas enmiendas tienen estos objetivos, más o menos camuflados en medio de buenas intenciones, y por eso no vamos a votar a favor de ellas. 
El segundo principio es que la investigación y la ciencia deben estar regidas por unas normas éticas, con objeto de evitar actuaciones irresponsables que pongan en peligro a la especie humana, pero no se deben ver coartadas por prohibiciones religiosas, vengan de donde vengan. 
Esta es una norma básica del laicismo. 
Es una condición necesaria para garantizar el progreso. 
También en este caso, no faltan las enmiendas que es preciso rechazar en nombre de este principio. 
El tercer principio es que el cuerpo humano no debe ser objeto de venta, ni de compra, ni de robo. 
Todos deberíamos estar de acuerdo, al menos, en este punto y también en que este principio implica, en primer lugar, la voluntad real y explícita del donante y, en segundo lugar, la protección explícita del anonimato del donante y del receptor. Cualquier excepción sería fuente de todo tipo de abusos y excesos. 
Sin embargo, esto no impide una trazabilidad que garantice la posibilidad de controlar la calidad de los trasplantes. 
En tercer lugar, la gratuidad de las donaciones no se debería discutir siquiera: el cuerpo no es una mercancía. 
En conclusión, reitero que el desarrollo de estos tratamientos terapéuticos ha alcanzado una dimensión tal, que exige una directiva europea. 
No obstante, este desarrollo exige también, al mismo tiempo, del Parlamento Europeo? es decir, de nosotros? un rigor y un respeto hacia los grandes principios que muchos compartimos y que no podemos permitir que se pongan en entredicho, aunque sea de manera insidiosa. 
Señor Presidente, acogemos con satisfacción muchos de los puntos del informe del Sr. Liese. 
En particular, apoyamos las enmiendas encaminadas a excluir del ámbito de aplicación de la directiva a los tejidos y células procedentes de embriones humanos o de técnicas genéticas, en la medida en que no existe ninguna legislación europea que defina el uso de la terapia genética. 
No obstante, hay un compromiso que nos plantea algún problema, a saber: el relativo a la donación voluntaria y no remunerada de células y tejidos humanos. 
Queremos garantizar la gratuidad de dichas donaciones. 
Para lograr dicha garantía, es necesario definir en esta directiva, de manera precisa, las compensaciones legítimas y aceptables, que a nuestro parecer serían el reembolso de los gastos de desplazamiento y de los ingresos perdidos durante el tiempo requerido para el desplazamiento, la donación y cualquier período de descanso necesario, más algún pequeño regalo, pero nada más. 
De lo contrario, dejaríamos abierta la puerta al pago de una gratificación- o incluso de una remuneración- por dichas donaciones, con todos los abusos previsibles que esto traería consigo por lo que respecta a la calidad y la seguridad, y el riesgo que crearía para los donantes y los receptores. 
Como ha manifestado el orador que me ha precedido, el cuerpo no es una mercancía. 
Nuestras células y nuestros tejidos no están en venta. 
Otro principio fundamental de la directiva es el del anonimato, que debe ser compatible con la trazabilidad de los tejidos y las células. 
La propuesta de la Comisión Europea, mejorada con las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, ha conseguido tener en cuenta ambos principios. 
El Pleno de esta cámara no debería poner en entredicho este frágil equilibrio mediante la aprobación de enmiendas que intentan suprimir el anonimato de los donantes de gametos y, por lo tanto, de las donaciones de esperma, o permitir el acceso de los ciudadanos a los registros de distribución de tejidos y células, y me refiero a una enmienda en particular. 
El argumento de la transparencia es desacertado en este caso. 
La necesidad de hacer un seguimiento de las células y los tejidos destinados a trasplantes, desde el donante hasta el receptor, no debería ir en detrimento del anonimato. 
Eso abriría una puerta a posibles abusos éticos, eugenésicos o incluso raciales. 
Finalmente, quisiéramos pedirle a la Comisión- que no quiso incluir los órganos en el ámbito de aplicación de la presente directiva- que proponga con urgencia un texto específico que establezca las normas de calidad y seguridad relativas a los órganos. 
Deberíamos continuar trabajando en esta dirección, incluyendo durante las posteriores lecturas. 
Señor Presidente, felicito al ponente, el Sr. Liese, por su excelente trabajo en un tema tan delicado y técnico. 
Sé que ha consultado ampliamente con los Grupos políticos para conseguir que su informe refleje al máximo posible las distintas inquietudes y opiniones. 
Felicito a la Comisión por haber tomado esta iniciativa de conformidad con el artículo 152. 
Se trata de un terreno relativamente nuevo para la legislación comunitaria. 
Es importante, como lo fue con la Directiva sobre la sangre, hacer bien las cosas. 
Es también importante que las medidas adoptadas en el campo de la medicina estén debidamente ubicadas dentro del marco ético. 
Este marco tiene que tener en cuenta, lógicamente, las costumbres nacionales. 
La Comisión es muy consciente de la rapidez y la eficiencia con la que se ha considerado esta propuesta en el Parlamento. 
Espero sinceramente que se apruebe el excelente conjunto de enmiendas propuestas por el ponente en nombre de la comisión parlamentaria. 
En algunos aspectos, el Parlamento ha mejorado claramente la propuesta original. 
En lo que respecta a los principios éticos, acojo con satisfacción el lenguaje más específico utilizado para reforzar el principio de las donaciones voluntarias y no retribuidas de células y tejidos. 
La atracción del tipo inadecuado de donantes por convertir la donación de tejidos en una actividad económica conllevaría riesgos evidentes para la salud pública. 
Soy firmemente partidario de reforzar el principio del consentimiento para dar la máxima protección a los donantes. 
En este sentido, es importante que se excluya el uso de tejidos procedentes de fetos abortados. 
Me opongo también a la idea de crear vida humana para el único fin de obtener tejidos, destruyendo acto seguido esa vida humana. 
Eso constituiría una violación total de los conceptos de la dignidad humana y el derecho a la vida consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Apoyo también las enmiendas que excluyen del ámbito de la presente Directiva todas las células y tejidos procedentes de material clonado. 
Este Parlamento ha manifestado en repetidas ocasiones su oposición a la clonación humana. 
Quiero preguntarle a la Comisión cuándo podemos esperar una propuesta de Directiva sobre el transplante de órganos. 
Insto a la Comisión a que se comprometa con el Parlamento en ese sentido antes de que emitamos nuestro voto sobre la presente propuesta. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera dar también las gracias al ponente, el Sr. Liese, por el excelente trabajo de información y de análisis que ha realizado, en colaboración con todos sus colegas, pero también con expertos de muy alto nivel. 
La terapia celular y los injertos de tejidos son campos que ofrecen la esperanza de poder tratar enfermedades incurables que dejan a muchas personas sumidas en el sufrimiento y la inquietud. 
Sin embargo, el dominio de esta técnica no es suficiente para responder a las expectativas de las personas enfermas. 
Por este motivo necesitamos la presente propuesta de directiva, que tiene como finalidad garantizar un marco normativo en materia de seguridad y calidad aplicable a las células y los tejidos humanos. 
En lo que respecta a las donaciones voluntarias y no remuneradas y al anonimato de los donantes, la directiva no puede imponer obligaciones a los Estados miembros en virtud del Tratado europeo, sino que solo puede formular recomendaciones. 
Las donaciones deben ser gratuitas. 
¿Quién puede concebir siquiera la posibilidad de un comercio de productos humanos? 
Salvar una vida es una acción desinteresada que se realiza sin aspirar a ninguna recompensa. 
La donación también debería ser voluntaria y, por lo tanto, es necesario el consentimiento informado y por escrito del donante vivo. 
Por eso, es fundamental informar a la sociedad acerca de la conveniencia de dichos tratamientos y de las responsabilidades que recaen sobre cada uno, en un espíritu de solidaridad, puesto que se trata de una vía para mejorar la salud de miles de seres humanos. 
Los ciudadanos de nuestros países no son suficientemente conscientes de los beneficios que reportan las donaciones de células y tejidos humanos. 
¿Cuántas vidas se han salvado, a cuántos pacientes se ha tratado, mediante los transplantes de médula ósea? 
La directiva debería ir acompañada de una información mucho más detallada. 
Esta debería ser más fidedigna y estar basada en auténticos estudios científicos. 
Por ejemplo, ¿cuántas veces nos han dicho que las células madre embrionarias permitirían tratar enfermedades incurables, sin que hasta ahora se haya publicado nada que lo demuestre? 
Sería falso afirmar que la prohibición del uso de células embrionarias impediría salvar vidas humanas. 
Existen otras alternativas, en particular algunas técnicas que emplean células madre adultas. 
Además, esta observación plantea el interrogante de exactamente qué células quedan incluidas en la propuesta de directiva. 
Por mi parte, me voy a atener a la postura del Gobierno francés sobre tres aspectos. 
Conforme al apartado 4 del artículo 152 del Tratado, no nos corresponde regular el uso de ningún tipo de células, como las células germinales o las células embrionarias, por medio de la presente directiva. 
Esto entra dentro de las competencias de los gobiernos nacionales, al igual que los aspectos éticos relativos a los embriones. 
Finalmente, el ámbito de aplicación de la directiva no incluye a los gametos. 
Voy a votar a favor del informe, pero seguiré prestando una gran atención a la cuestión del respeto de la dignidad, tanto del donante como del receptor. 
Señor Presidente, señor Comisario, espero de todo corazón que este informe, en el que el Sr. Liese ha invertido tanta energía, tenga un parto natural sin necesidad de fórceps, como ocurrió con el informe sobre la sangre, que fue objeto de una larga controversia pero para el que, después de muchos años, conseguimos hallar una solución, gracias a la cooperación activa, inteligente y entusiasta entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
En primer lugar, me parece acertado- como ha dicho el Sr. Liese- que la donación de tejidos y células tenga un carácter voluntario y gratuito, principio que ya suscribimos cuando se aprobó el informe sobre la sangre. No obstante, en aquellos casos en que la industria haya contribuido a mejorar la calidad y la conservación de las células y los tejidos, por ejemplo mediante la aplicación de técnicas de ingeniería genética para conseguir la histocompatibilidad de los tejidos, es justo que se reconozca una compensación adecuada. 
En segundo lugar, espero que se apruebe la enmienda 83, que he presentado junto con el Sr. Liese. 
En ella se pide a la Comisión que elabore lo más pronto posible una nueva normativa sobre el uso de la retrodiferenciación para crear células madre a partir de células adultas. 
La retrodiferenciación de células adultas, que se consigue transfiriendo su núcleo, en lugar de a un ovocito sin núcleo, a un medio rico en nutrientes y otros factores de crecimiento, tal vez permitiría superar los actuales problemas éticos en relación con el uso terapéutico de células madre procedentes de embriones humanos. 
En tercer lugar, por lo que se refiere al uso de células madre para fines de investigación, espero que se mantenga en vigor la normativa establecida en el Sexto Programa Marco y que hoy no se introduzca subrepticiamente nada que no esté contemplado en ella. 
Finalmente, en cuarto lugar, apoyo la propuesta de la Comisión de que se incluya dentro del ámbito de aplicación de la directiva el uso de células y tejidos para fines de investigación cuando esta se realice en seres humanos, pero no cuando la investigación experimental se lleve a cabo in vitro o sobre modelos animales. 
Por consiguiente, quisiera pedirle al ponente, el Sr. Liese, que, en caso de que se aprueben las enmiendas 7 y 19, haya una mayor flexibilidad en la segunda lectura, con objeto de evitar que procedimientos administrativos rígidos frenen la investigación en Europa en ámbitos clave, como por ejemplo la farmacogenética y la farmacogenómica, que tienen como finalidad desarrollar nuevos medicamentos mucho más eficaces y sin efectos tóxicos. 
Señor Presidente, ante todo, quisiera felicitar a la Comisión por la propuesta y también por la intervención del Sr. Comisario con la que ha sido presentada en esta Cámara. 
El Sr. Liese sin duda se ha esforzado y continúa esforzándose por alcanzar un compromiso aceptable en el Parlamento, pero me parece que la principal amenaza que se cierne sobre dicho compromiso y sobre el meticuloso trabajo de la Comisión y de muchos colegas es el intento- por parte de algunos diputados- de incluir en el informe cuestiones que no guardan ninguna relación con la directiva. 
En particular, considero que la opinión del Sr. Bartolozzi y la postura de muchos diputados que han intentado y continúan intentando introducir subrepticiamente en la directiva la cuestión de la interrupción del embarazo y la de las células madre embrionarias ponen seriamente en peligro la buena labor que están tratando de realizar muchos colegas. 
Por nuestra parte, en calidad de diputados radicales de la Lista Emma Bonino, nos veremos obligados a votar en contra de todas las enmiendas que pretenden incorporar, de esta manera, dichas cuestiones. 
Esto no significa- y me dirijo ahora a la Sra. Montfort y a los demás diputados que han planteado esta cuestión- que afirmemos que las células madre embrionarias son la respuesta mágica a todas las enfermedades y todos los problemas relacionados con los genes: simplemente consideramos que no se debería suprimir esta vía de investigación mediante una directiva dedicada a otras cuestiones, que intenta regular con pragmatismo un mercado prometedor y una actividad necesaria para la vida y la salud de muchos ciudadanos europeos. 
No debemos convertirnos en un Parlamento empeñado en dirimir en cada votación un principio moral, como si se quisiera establecer un «código moral único europeo». 
Preocupémonos, más bien, por encontrar soluciones políticas, pragmáticas y prácticas para los problemas que plantea la directiva y que la Comisión intenta resolver mediante ella. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero subrayar el excelente trabajo de nuestro colega, el Sr. Liese, quien ha completado y mejorado la propuesta de la Comisión, que me parece muy adecuada, tanto en su planteamiento como en su alcance. 
Fue precisamente durante la Presidencia española de la Unión Europea cuando se promovió esta Directiva. 
No en vano por décimo año consecutivo, en 2002, España ha continuado siendo un referente mundial en donaciones y transplantes. 
Por tanto, conocemos muy bien este tema, al igual que toda la problemática de los transplantes de tejidos, células y órganos, que, en los últimos años han experimentado unos avances técnicos muy significativos, así como también se ha producido una mayor concienciación de la población sobre la necesidad de constituirse en donantes potenciales. 
Todo ello hace conveniente el que se cuente con una normativa específica, de ámbito europeo, que regule estas actividades y que garantice su realización dentro de un marco adecuado en todos los Estados miembros, desde el punto de vista ético, sanitario y social. 
Los procedimientos de donación y transplante son, como se ha dicho ya, el resultado de la solidaridad general, del esfuerzo de todos los que colaboran de forma altruista y desinteresada en el sistema de donación y, por eso, es tan importante mantener e incluso motivar y aumentar la voluntariedad para hacerse donante de forma gratuita y, sobre todo, para que la familia del donante respete su voluntad, llegado el momento. 
Se ha debatido ampliamente la conveniencia de incluir en esta Directiva el transplante de órganos. 
Pienso que se necesita una regulación comunitaria del transplante de órganos, pero incluirlo en esta Directiva sería un error, pues obligaría a realizar modificaciones sustanciales en la misma, con resultados inciertos para el correcto tratamiento de los transplantes de órganos. 
Creo, por ello, que la enmienda nº 6 ofrece una solución adecuada y emplaza debidamente a la Comisión a presentar en 2003 una propuesta sobre esta materia. 
Por el contrario, creo que, respecto a la propuesta inicial de la Comisión, que excluía de la Directiva las células que se vayan a emplear en la fabricación de medicamentos, la enmienda 21, que las incluye, es más acertada. 
Pero, posiblemente, el aspecto más controvertido de la Directiva sea, efectivamente, el uso de tejidos y células procedentes de seres humanos clonados, debido a las importantes implicaciones éticas y morales. 
Creo que la enmienda nº 30 establece unas condiciones básicas de respeto por la dignidad humana que deberían prevalecer en todos los Estados miembros, independientemente de que cada uno pueda ser más o menos estricto, a partir de este compromiso básico común. 
Por último, deseo transmitir mi total apoyo desde este Parlamento a todos los ciudadanos europeos anónimos que hacen posible, mediante la donación de tejidos, células u órganos, el milagro de transmitir a un organismo enfermo un soplo de vida y esperanza. 
Señor Presidente, señor Comisario, representantes del Consejo, Señorías, según indica su título, el informe nos propone abordar las normas de seguridad y de calidad para las células y tejidos humanos. 
Sin embargo, tenemos muy presente que un texto de estas características no podía dejar de hacer referencia a los principios éticos, y por eso, una gran parte del debate ha girado en torno a ellos. 
Dado nuestro interés por el concepto de donación voluntaria, anónima y no remunerada, habríamos deseado una postura más firme al respecto, deseo que ya expresamos cuando se sometió a votación al informe sobre la sangre y que tuvimos oportunidad de reiterar cuando examinamos el informe sobre los órganos. 
Por tanto, lamentamos que los objetivos de la donación voluntaria, anónima y no remunerada sean objeto de meras recomendaciones y no de compromisos claros, pues la ausencia de un calendario para alcanzar dichos objetivos implica que los Estados miembros no estarán obligados a adoptar todas las medidas necesarias para desarrollar proyectos y políticas con vistas a cumplirlos. 
Lamentamos esto, y por eso, pedimos a la Comisión que realice una evaluación periódica de los avances logrados en este ámbito en los Estados miembros. 
No debemos pasar por alto el hecho de que la seguridad y la trazabilidad de las donaciones estarán mejor garantizadas cuando estas procedan de un país de la Unión Europea sometido a nuestra legislación. 
Otro de nuestros objetivos debería ser la autosuficiencia a escala de la Unión Europea. 
Por otra parte, el tráfico asociado al comercio de células y tejidos en algunos países terceros debería obligarnos a extremar la vigilancia en las importaciones de dichos productos, pues si bajamos la guardia se nos podría considerar cómplices pasivos de dichas actividades. 
Además, la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea declara la prohibición de utilizar el cuerpo humano o partes de este con fines lucrativos. 
Por eso, deberíamos votar a favor de las enmiendas 77 y 1. 
En cuanto al anonimato de los donantes en el caso de los gametos y a la propuesta de que este se suprima, me pregunto si, en tal caso, no se correría el riesgo de que los donantes de esperma y de ovocitos, que aun ahora son insuficientes para satisfacer la demanda, se lo pensaran dos veces. 
Finalmente, me parece importante que los Estados miembros y la Comisión creen un banco de datos centralizado que reciba toda la información disponible sobre los establecimientos acreditados, sobre los productos tratados y sobre la biovigilancia. 
Señor Presidente, lamento que esta Directiva no se remitiera a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
La propuesta de Directiva «relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la verificación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos» es un instrumento jurídico muy importante que acogemos con gran satisfacción. 
He citado el título completo de esta Directiva porque es importante saber lo que engloba y lo que no engloba. 
En concreto, el considerando 6 dice así: «La presente Directiva no cubre la investigación con células y tejidos humanos». 
Se trata de una medida de salud pública de conformidad con el artículo 152 del Tratado. 
Lamentablemente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en su enmienda 7, hace la propuesta totalmente inaceptable de modificar el considerando 6 de modo que rece así: «la presente Directiva cubre asimismo la investigación con células y tejidos humanos». 
En esa misma línea, la enmienda 9 al apartado 1 del artículo 2 propone eliminar la frase restrictiva de «para su aplicación en el cuerpo humano» , dejando con ello abiertas todas las disposiciones de la Directiva a la investigación in vitro en laboratorios, o incluso en las aulas de los colegios, siempre que exista aplicación al organismo humano. 
No dispongo de tiempo para referirme a todos los problemas que plantea este informe. 
Plantea dificultades técnicas relacionadas con el consentimiento de los donantes y su anonimato. 
Hace incursiones muy cuestionables en el terreno de la ética, que son irrelevantes para los fines y el fundamento jurídico de esta Directiva. 
Hasta la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha considerado adecuado que se incorpore el término legalmente indefinido de «principios éticos fundamentales» en lo que se supone que es un texto legislativo legal. 
Y lo que es muy importante, trata de imponer prohibiciones europeas a aspectos éticos de la investigación y el tratamiento médico, que son claramente objeto del principio de subsidiariedad y respecto a los cuales los Estados miembros siguen teniendo derecho a decidir. 
Siento el mayor de los respetos por mi colega, el Sr. Liese, y le creo cuando nos asegura que ha tratado de mantener un enfoque equilibrado del tema. 
Lamentablemente, el resultado incluye muchos aspectos inaceptables. 
Solo si se eliminan antes de la votación final, podré votar a favor de su informe. 
Señor Presidente, valoro mucho y apoyo plenamente el trabajo realizado por el Dr. Liese para elaborar el presente informe, en el cual se establecen las directrices para el procesamiento de tejidos humanos en la Unión Europea, a la que también llamamos una comunidad de valores. 
Puesto que la cuestión es muy amplia, voy a centrarme tan solo en un aspecto: el procesamiento de células madre. Este enlaza directamente con el trabajo que intentamos realizar, hace dos años, en la Comisión temporal sobre genética humana del Parlamento. 
Lo entendimos perfectamente: el aspecto comercial resultó ser el ámbito más delicado. 
Los inversores estaban a la expectativa. Dichas expectativas no tenían mucho que ver con los nuevos avances médicos, sino más bien con la posibilidad de ganar grandes cantidades de dinero. 
La siguiente propaganda comercial se aplica al ámbito de la ingeniería genética: se espera ganar, al menos, tanto dinero con ella como con las tecnologías de la información. 
A fin de cuentas, los descubrimientos reales de los estudios de investigación no son demasiado importantes. 
Mientras aguardábamos esta propaganda, olvidamos por completo que también existe una alternativa a la clonación de células madre embrionarias: el tratamiento con células madre adultas. 
Evidentemente, las células madre embrionarias tienen una mayor capacidad de diferenciarse para constituir cualquier tipo de tejido. 
No obstante, algunos estudios recientes también han abierto posibilidades prometedoras para el uso de células madre adultas. 
Las primeras células del embrión humano son «totipotentes» , es decir, que pueden diferenciarse para constituir cualquier tipo de célula. 
En cambio, las células madre pluripotentes pueden diferenciarse para constituir cualquier tipo de célula, pero ya no pueden emplearse para crear a un nuevo ser humano. 
Las células madre multipotentes solo pueden producir células de un determinado tipo de tejido, como células nerviosas, hepáticas o sanguíneas. 
Estas también se encuentran en células adultas y son las más interesantes desde el punto de vista de la clonación terapéutica. 
Las investigaciones más recientes indican que algunas células madre que se consideraban multipotentes bien podrían ser pluripotentes. 
Eso implicaría que, al fin y al cabo, ya no sería necesario producir cadenas de células madre procedentes de embriones humanos. 
El informe del Sr. Liese reconoce muy bien la situación real y, al mismo tiempo, reconoce también los problemas éticos que plantea el procesamiento de embriones. 
Es importante recordar que un enfoque médicamente sensato y un enfoque éticamente prudente no tienen por qué excluirse. 
Los democratacristianos apoyamos rotundamente la investigación, a la vez que deseamos preservar la inviolabilidad de la dignidad humana desde sus frágiles orígenes. 
Señor Presidente, el informe y la propuesta de directiva son importantes desde el punto de vista de la salud y de la seguridad. 
El ponente, el Sr. Liese, ha incorporado algunas dimensiones importantes al optar por abordar también los aspectos éticos de algunas cuestiones. 
En primer lugar, se ha incorporado un nuevo considerando introductorio, tomado de la Carta de los Derechos Humanos, que dice así: «El cuerpo humano es inviolable e inalienable. 
El cuerpo humano no puede ser objeto de un derecho patrimonial». 
En segundo lugar, la enmienda 79 propone la elaboración de un código de conducta, a ser posible en el marco de las Naciones Unidas, encaminado a proteger la dignidad humana. 
La enmienda señala que se deberían tener en cuenta varios principios: por ejemplo, el relativo a la prohibición de que el cuerpo humano o partes de este se conviertan en objeto de lucro, el del consentimiento informado y el relativo a la prohibición de la clonación. 
En tercer lugar, la enmienda 46 señala que no estará permitido extraer tejidos de fetos procedentes de una interrupción voluntaria del embarazo. 
Esta postura es importante si se desea impedir la utilización de un argumento práctico distorsionado para presionar a una persona ante una posible decisión con respecto a un aborto. 
En cuarto lugar, la enmienda 31 incluye requisitos relativos a la regulación, en particular, del uso de células germinales, células madre embrionarias y células madre fetales. 
En los Estados miembros donde todavía no exista, es necesaria una regulación especial del uso de células de origen delicado desde un punto de vista ético. 
La enmienda 82 se refiere a la cuestión del consentimiento de los donantes. 
Es necesario aclarar qué requisitos son aplicables en el caso de las donaciones y qué implica el requisito obligatorio del consentimiento. 
Existen aspectos importantes que es preciso aclarar en relación con los requisitos aplicables en el caso de las personas legalmente incapaces de dar su consentimiento, ya sean personas fallecidas como personas vivas, según sea el caso. 
En sexto lugar, la enmienda 41 introduce aclaraciones importantes y se ocupa del carácter voluntario de las donaciones. 
Al mismo tiempo, se asigna a los Estados miembros la responsabilidad de elaborar una normativa más detallada. 
Recomiendo sinceramente el informe del Sr. Liese. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Comisario y al Sr. Peter Liese. 
Cuando se aprobó en comisión la enmienda 30, sentí una verdadera necesidad de añadir aquí que los Estados miembros deberían mantener, al menos, la prohibición de llevar a cabo investigaciones que impliquen la destrucción de embriones humanos. 
Verán, quisiera ejercer uno de los grandes logros de nuestro continente europeo. 
Desearía ejercer los logros de la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. 
Por favor, no intenten salir del paso alegando que no estamos aquí para predicar una moral. 
¿Qué otra cosa está en juego cuando se destruyen embriones? 
No es necesario ningún tipo de armonización, puesto que todos compartimos una serie de normas éticas, entre las que figura el siguiente principio: ¡no matarás! 
Respeto sus opiniones, pero les ruego que, a su vez, respeten la opinión de otros que declaran: ¡no mataré! 
Alguien me dijo, en una ocasión, que en el momento mismo en que el óvulo y el espermatozoide se unen, se crea una persona única? no simplemente un ser cualquiera, sino una persona con un color de pelo concreto y cualidades individuales? , es decir, un ser humano. 
Ya sé que existen los famosos catorce días, señor Purvis. 
Me temo que no estamos totalmente de acuerdo en este aspecto. 
¿Ha tenido lugar la individuación o no? 
¿No estaré matando ya? 
Por favor, les ruego que reconozcan que hay personas que temen verse obligadas a matar. 
No obstante, es posible que todo este debate sea completamente innecesario. 
Permítanme que les comunique que el profesor Huber, de la Universidad de Viena, presentó hace unos días los resultados y los hallazgos más recientes de sus investigaciones. 
Tras muchos años de trabajo con la sangre extraída del cordón umbilical, ha logrado enormes éxitos que le permiten abrigar la esperanza justificada de que, dentro de pocos años, podrá generar órganos a partir de ella. 
Señor Presidente, este interesante debate ha puesto de manifiesto lo importante y delicada que es la propuesta. 
Observo que muchos de ustedes, incluido el Sr. Liese, están decepcionados porque la Comisión no se ha ofrecido a ir más allá en cuestiones éticas. 
Y no es porque no nos parecen importantes las consideraciones éticas; más bien al contrario. 
Es precisamente porque las consideraciones éticas son tan importantes para nuestros ciudadanos que no podemos pasarnos de la raya. 
La Comisión tiene que velar por la aplicación de los Tratados. 
Tenemos que seguir los consejos de nuestro servicio jurídico; consejos de los que también se ha hecho eco el servicio jurídico del Consejo. 
Como ya dije en mi primera intervención sobre este tema, la propuesta de la Comisión pretende llegar hasta el límite de lo que es legalmente aceptable, respetando las limitaciones del Tratado. 
Simplemente no podemos llegar más allá de eso. 
Dicho lo cual, les pediría que consideraran que, excluidas las enmiendas que quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 152, podemos aceptar, en su totalidad o en parte, casi todas ellas. 
Celebro observar que la mayoría de esas enmiendas mejoran sustancialmente la Directiva. 
El artículo 152 sigue permitiendo que adoptemos todas las precauciones necesarias para aplicar el requisito básico del Grupo Europeo sobre Ética: la protección de la salud del receptor. 
Paso ahora a considerar en detalle las enmiendas que tenemos sobre el tapete. 
Respecto al ámbito de aplicación de la propuesta, puedo aceptar algunas aclaraciones, pero el texto tiene que garantizar la claridad legal. 
Algunas enmiendas tratan de restringir el uso de determinados tipos de células, como las células procedentes de la clonación o de abortos. 
Comparto muchas de sus inquietudes con respecto a estas cuestiones. 
Sin embargo, con esta propuesta no tratamos de imponer ni de prohibir el uso de determinados tipos de células, porque la UE no tiene competencias para hacerlo. 
No es legalmente posible, ni conveniente, que la Comunidad actúe en un terreno en el que lo harán mejor los Estados miembros. 
Quiero insistir en que las decisiones sobre el uso de un tipo específico de células y tejidos, sea cual sea ese tipo, recaen en nuestros Estados miembros. 
Pero en el caso de que se autorice un uso específico de esas células en un Estado miembro, entrará en juego la Directiva, exigiendo la aplicación de todas las disposiciones necesarias para proteger la salud pública. 
Con respecto a la exclusión de los órganos de la propuesta, insisto en que la Comisión no tiene la intención de olvidarse del tema de los órganos. 
Doy la máxima importancia a la necesidad de adoptar una propuesta legislativa que tenga una sólida base científica y seguiré de cerca el tema. 
Actualmente estamos trabajando en la obtención de información y asesoramiento científico que nos permita proponer más legislación a lo largo de estas mismas líneas. 
Eso llevará un tiempo. 
Pido a Sus Señorías, y en particular al Sr. Blokland y al Sr. Ó Neachtain, que se lo piensen dos veces antes de cuestionar esta medida legislativa o incluso de votar en contra de este informe e instrumento legislativo, porque la Comisión no puede moverse a la velocidad que la gente considera más apropiada. 
Como representantes de nuestras distintas instituciones, los unos respetamos las instituciones de los otros. 
Nadie respeta los derechos de esta institución más que yo. 
Pero exijo el mismo respeto por mi institución, y eso incluye el derecho de iniciativa. 
Es uno de los requisitos fundamentales del método comunitario que todos disfrutamos y apoyamos. 
Una de las justificaciones para mantener este derecho de iniciativa es que la Comisión presenta una propuesta en cuando la tiene preparada, como en esta ocasión. 
He dicho que prepararé esa propuesta, pero no puedo hacerlo ahora mismo. 
No puedo prometer que remitiré una propuesta legislativa a esta Cámara antes del verano. 
Si, con esa información, creen ustedes necesario votar en contra de esta legislación, háganlo. 
Pero yo les pediría que no lo hicieran. 
Por cierto, el tema del tráfico de órganos es objeto de una nueva iniciativa de la Presidencia griega, de conformidad con el título 4 del Tratado de la UE. 
Esta iniciativa, que apoyo plenamente, pretende que el tráfico de órganos se considere un delito penal en todos los Estados miembros. 
Además, esperamos que una conferencia sobre el transplante de órganos, organizada por la presidencia italiana en Venecia el próximo mes de septiembre, nos ayude a decidir la manera de seguir avanzando en este terreno. 
Mientras tanto, la Comisión está reuniendo información sobre la situación actual del transplante de órganos en los Estados miembros y los países candidatos. 
Una vez más, pido a Sus Señorías que consideren sus respectivas responsabilidades y no rechacen este instrumento legislativo por la opinión que tengan sobre la rapidez con la que deberíamos estar avanzando en este terreno. 
Volviendo a las consideraciones éticas, he dejado claro que, debido a la posición legal en la que han insistido repetidamente los servicios jurídicos del Consejo y la Comisión, no puedo estar de acuerdo con muchas de las enmiendas presentadas hoy. 
Dichas enmiendas se refieren, en particular, a la donación voluntaria no remunerada, al principio de obtención sin ánimo de lucro y a los requisitos para el consentimiento de los donantes. 
La cuestión de la donación voluntaria no remunerada se debatió a fondo durante el procedimiento de codecisión sobre la Directiva relativa a la sangre. 
A la vista de esta experiencia, y también de los resultados del debate mantenido en el seno del grupo sobre salud del Consejo, creo que nos ahorraríamos un tiempo crucial si el Consejo y el Parlamento no trataran de reanudar ese debate y aceptaran en su lugar la solución para la sangre, como han dicho ya algunos oradores. 
Respecto al consentimiento de los donantes, ya dije que, según la propuesta, la utilización de células y tejidos humanos ha de tener lugar en unas condiciones tales que se vele por los derechos y la salud de todas las partes, debiendo obtenerse el consentimiento de donantes y receptores y respetarse el Convenio Internacional de Derechos Humanos y Biomedicina. 
Con estos principios básicos incorporados a nuestra propuesta, cumplimos la normativa internacional. 
Los Estados miembros son los que tienen que adoptar disposiciones más detalladas. 
Yo no recomiendo que vayamos más allá de eso. 
Las disposiciones legales sobre el consentimiento varían en cada Estado miembro. 
Por ejemplo, si el donante ha fallecido, en algunos países se presupone que ha dado su consentimiento, mientras que otros no. 
Por otra parte, las cuestiones relativas al consentimiento están debidamente reguladas en todos los Estados miembros y en los países candidatos, de manera que, en mi opinión, el valor añadido de unas disposiciones vinculantes en el ámbito de la UE es muy cuestionable. 
En conclusión, me complace poder aceptar, al menos en principio, la mayoría de las enmiendas técnicas presentadas hoy. 
Se facilita por escrito al Parlamento un listado completo de la posición de la Comisión respecto a cada una de las enmiendas. 
Espero que así conste en el acta de esta sesión. 
Este expediente es una de las prioridades de la Presidencia griega en el sector sanitario, con el que esperamos que se pueda llegar a una posición común en el Consejo, una vez conocido el dictamen del Parlamento. 
Con esta propuesta, la Comunidad puede establecer normas nuevas e importantes para proteger la salud de nuestros ciudadanos. 
Les agradezco de nuevo a todos el esfuerzo que han hecho en torno a este expediente. 
Confío en que todos ustedes compartan mi deseo de llevarlo a buen puerto. 
La protección y la mejora de la salud pública constituyen, después de todo, el centro mismo de las preocupaciones y expectativas de nuestros ciudadanos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0102/2003) de la Sra. Evans, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial y se modifica la Directiva 92/65/CEE (PE-CONS 3610/2003- C5-0061/2003- 2000/0221 (COD) ). 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecerle a la ponente, la Sra. Evans, y a la delegación de Conciliación, el excelente trabajo que han realizado de allanar el camino para un acuerdo definitivo sobre este delicado expediente. 
Soy consciente de los importantes esfuerzos que han hecho tanto el Parlamento como el Consejo para alcanzar un compromiso satisfactorio. 
El resultado es un texto equilibrado que tiene en cuenta las diferentes posiciones e intereses de cada parte frente al objetivo de la armonización progresiva de las cuestiones veterinarias que plantean los desplazamientos de animales de compañía. 
El 18 de febrero, el Comité de Conciliación eliminó algunos de los obstáculos finales que impedían alcanzar un acuerdo. 
Sin embargo, respecto a las enmiendas que hacen referencia a la comitología, la Comisión opina que no respetan la Decisión 1999/468/CE, puesto que el artículo 8 de esa Decisión debe abarcar tan solo medidas de aplicación dirigidas a objetivos de salud pública. 
Por ello, la Comisión desea hacer la siguiente declaración. «La Comisión considera que el texto de los apartados 2 (1) y 3 (1) del artículo 24 de este Reglamento, no es conforme con la Decisión 1999/468/CE, puesto que el artículo 8 de esa Decisión se refiere únicamente a medidas de aplicación dirigidas a objetivos de salud pública. 
En consecuencia, la Comisión se reserva el derecho a adoptar las medidas oportunas.» 
Volviendo al resultado positivo del procedimiento de conciliación, repito que este Reglamento constituye una noticia excelente para los propietarios de animales de compañía. 
El acuerdo alcanzado por las tres instituciones sobre este Reglamento constituye un hito en la realización del mercado interior y probablemente el más delicado en el campo zoosanitario, debido a los problemas que existen en algunos Estados en relación con la rabia. 
El progreso se ha visto facilitado por el espectacular éxito que han tenido en la última década nuestros esfuerzos por erradicar la rabia en la Unión Europea. 
De hecho, estamos ya próximos a la erradicación total. 
Para concluir, este Reglamento tendrá una gran repercusión en millones de ciudadanos europeos, que ahora podrán viajar con sus animales de compañía, mejorando con ello su percepción de una Europa unida que responde directamente a sus deseos. 
. (EN) Señor Presidente, el acuerdo alcanzado en torno a este informe en el Comité de Conciliación a finales de febrero constituye una excelente noticia para todos los propietarios de animales de compañía, que en breve podrán viajar más fácilmente con sus animales por toda la Unión Europea. 
Lo que se ha dado en llamar el sistema de pasaportes para animales de compañía hará más fácil cruzar las fronteras y al mismo tiempo garantizará la aplicación de unas normas estrictas de seguridad y la protección de la salud pública. 
Conviene recordar de nuevo que la Comisión ha podido presentar esta propuesta gracias al gran éxito de las medidas adoptadas para controlar la rabia en los últimos años. 
Gracias a las campañas de vacunación, el número de casos de rabia en gatos y perros se ha reducido de unos 500 en 1991 a solo 5 en 1998 y, como ha dicho el señor Comisario, la enfermedad casi se ha erradicado. 
Este éxito ha permitido a los Estados miembros adoptar un conjunto de normas comunes sobre los desplazamientos de animales de compañía que acogemos con satisfacción. 
Salvo en los Estados miembros que requieren un estatuto especial- Reino Unido, Suecia e Irlanda durante cinco años -, en los otros 12 países de la UE el único requisito para poder introducir perros, gatos y hurones en otro Estado miembro será una prueba de vacunación válida contra la rabia en forma de un pasaporte, siempre que los animales lleven también un microchip electrónico para su identificación, aunque algunos Estados miembros podrán seguir utilizando tatuajes durante un período de transición de ocho años. 
Transcurrido ese tiempo, solo se permitirán los microchips, por considerarse un método más humano y eficaz. 
Además de eso, los microchips permiten registrar los datos del propietario del animal, facilitando así el rastro de los animales perdidos y ayudando a combatir el comercio ilegal de animales de compañía. 
Es muy importante que podamos distinguir entre desplazamientos comerciales y no comerciales de animales. 
El Reino Unido, Suecia e Irlanda pueden seguir manteniendo en cuarentena a los animales procedentes de países no pertenecientes a la UE en donde la rabia es endémica, pero cuando se trate de animales procedentes de otros países de la UE y países donde la enfermedad está ya controlada, exigirán su vacunación y una prueba de inmunidad posterior antes de viajar. 
Me gustaría insistir brevemente en dos cuestiones fundamentales que se plantearon durante el debate de este informe. 
Una de ellas es el Código Zoosanitario Internacional de la OIE que el Parlamento quiso aplicar en su totalidad cuando elaboró la lista de terceros países en los que se considera erradicada la rabia. 
Esta es la posición que el Parlamento ha manifestado en anteriores debates. 
Sin embargo, muchos países abandonan ahora la aplicación del código y la condición estricta de erradicación de la rabia; de manera que la adopción del código podría excluir innecesariamente a algunos países de este sistema de libre circulación de animales de compañía. 
Pero lo más importante es que podría ser menos eficaz para detener la propagación de la rabia. 
Tenemos que adoptar la redacción utilizada en la posición común. 
Igualmente, aunque el Parlamento ha manifestado su preocupación por la inclusión de animales menores de tres meses en el sistema, ya que podrían no haber sido vacunados todavía, se nos ha asegurado que no suponen ningún riesgo zoosanitario, de manera que puede aprobarse su inclusión en 12 de los 15 países. 
Se ha debatido mucho sobre el papel del Parlamento en la aprobación de una prórroga del período de transición de cinco años para el Reino Unido, Suecia e Irlanda. 
Celebro que se haya alcanzado un acuerdo al respecto, puesto que es sumamente importante que las decisiones relacionadas con un informe aprobado por el procedimiento de codecisión se sometan también a codecisión cuando tengan que ser modificadas o revisadas. 
La Comisión dispondrá de tiempo suficiente para consultar al Parlamento y al Consejo después de la evaluación científica de este sistema que tendrá lugar en 2008. 
Igualmente, el procedimiento de comitología se limita ahora a la adopción de medidas que el Parlamento acepte, y la delegación ha tenido en cuenta la declaración de la Comisión al respecto. 
Una cuestión controvertida es la inclusión de los hurones en el sistema. 
La propuesta original de la Comisión incluía a los hurones en una categoría de animales de compañía que no necesitaban ningún requisito zoosanitario específico, pero la posición común modificó posteriormente esta situación al colocar a los hurones en una categoría diferente en la que se exige vacunación e identificación. 
Aunque muchas de Sus Señorías han manifestado su sorpresa ante el hecho de que los hurones se consideren animales de compañía, puedo asegurarles que en Gales, región a la que yo represento, hay muchos propietarios de hurones que acogerán con satisfacción este acuerdo. 
El Reglamento ha cambiado considerablemente desde que la Comisión publicó por primera vez su propuesta, habiendo incorporado algunos aspectos relacionados con los requisitos zoosanitarios y que afectan al fundamento jurídico utilizado, pero hemos sentado ya las bases para un sistema bueno y eficaz que satisfaga a todos. 
Finalmente, quiero dar las gracias a mis colegas de otros grupos por su cooperación: al intergrupo sobre bienestar de los animales por su apoyo; a otras organizaciones que nos han proporcionado información y asesoramiento; y también a la Comisión y al Consejo por lo que terminó siendo una conciliación sencilla. 
Ahora tenemos que asegurarnos de que los ciudadanos conozcan el sistema y los preparativos necesarios para poder viajar con sus animales de compañía. 
Espero ver, en mis viajes de acá para allá, a muchos propietarios de animales de compañía haciendo uso de estas nuevas normas que nos beneficiarán a todos. 
Señor Presidente, a los políticos se nos recuerda a menudo el consejo que daba un viejo actor de no subirse nunca al escenario con niños ni con animales. 
Me temo, Señor Comisario, que usted y yo, de una manera u otra, subimos al escenario con animales todo el tiempo. 
Pero esta vez ha sido una variante del tipo de problemas sanitarios y enfermedades con los que estamos tan familiarizados y, en nombre de mi Grupo, quisiera agradecer calurosamente a la Sra. Evans la habilidad con la que ha negociado el proceso de codecisión. 
Ella ha dicho con mucha modestia que fue una tarea sencilla. 
Ningún procedimiento de codecisión que consigue llegar tan lejos es así de sencillo. 
Hay que saber cuándo avanzar, cuándo ceder un poco y cuándo darse cuenta de la oportunidad de llegar a un compromiso. 
No puedo decir que estoy totalmente satisfecho con el modo en que han transcurrido todas las partes de este procedimiento. 
No estoy totalmente satisfecho con la posición adoptada respecto a los hurones. 
Yo me he sentido muy inseguro en presencia de hurones. 
Tampoco estoy satisfecho con las disposiciones relativas a los animales menores de tres meses. 
Tengo mis dudas sobre las razones de lo que hemos hecho; pero probablemente también la Comisión estaba algo incómoda por el hecho de que hubiéramos extendido al procedimiento de codecisión toda reconsideración de las excepciones para el Reino Unido, Suecia e Irlanda, que seguirán al resto al cabo de cinco años. 
En otras palabras, el proceso normal de concesiones mutuas, el tipo de cosas que hasta hace unos años, hasta que no existieron la Comisión actual y el Parlamento actual, eran impensables. 
Pero el sistema funciona solo cuando hay buenos ponentes capaces de esquivar estos escollos. 
También ha realizado una modesta contribución a la felicidad humana en general. 
Existen muchas personas, sobre todo personas solas, que dependen mucho de los animales con quienes comparten sus vidas. 
Si osáramos creer que los animales son seres que sienten, podríamos afirmar que hemos contribuido también a la felicidad animal. 
Eso es, desde luego, lo que piensa mi perro, que es el orgulloso amo de dos seres humanos. 
Señor Presidente, la cuestión que tenemos sobre la mesa no es la mejora del bienestar de los animales, sino la conveniencia de sus propietarios, a expensas de ellos. 
Por lo demás, en la Unión Europea se insiste mucho en la necesidad de mejorar el bienestar de los animales. 
El desplazamiento de un gran número de animales de compañía no favorece su bienestar. 
Al contrario, puede generar un estrés innecesario. 
Fido y Kit están mejor en casa. 
En el peor de los casos, el transporte puede tener como consecuencia la propagación de enfermedades, como la rabia, por países hasta ahora libres de ellas, incluyendo posiblemente algunos de los nuevos miembros de la UE. 
La propuesta tiene como finalidad armonizar las disposiciones europeas. 
Suecia, el Reino Unido e Irlanda cuentan, en la actualidad, con requisitos más estrictos sobre importación de animales de compañía. 
Ahora se verán obligados a retirar, en un plazo de cinco años, sus razonables requisitos. 
Tiene sentido imponer requisitos veterinarios en relación con el transporte de animales. 
La UE debería aprobar un conjunto de normas mínimas e instar a los países de la Unión a que sigan el ejemplo de Suecia, el Reino Unido e Irlanda. Sería una propuesta que antepondría la salud y el bienestar de los animales a la libertad de circulación de sus propietarios. 
En principio, es un error pedir a los países de la UE con normas exigentes en este ámbito que suavicen sus requisitos con objeto de promover la libertad de circulación. 
Tal vez parezca un asunto secundario a primera vista, pero se trata de una cuestión importante desde el punto de vista de los principios. 
Si el Parlamento vota a favor, estará adoptando el principio de la armonización conforme al mínimo común denominador, a la vez que abolirá el derecho de Suecia, el Reino Unido e Irlanda a situarse en la vanguardia en este ámbito. 
En consecuencia, he solicitado una votación nominal. 
Por mi parte, quiero instarles a que voten en contra de la propuesta relativa a la libre circulación de animales de compañía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Quiero empezar agradeciendo a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, en particular a la Sra. Auroi, el enfoque positivo adoptado frente a la propuesta de la Comisión. 
Esta propuesta consta solo de una enmienda añadida al último punto del artículo relevante de diez Directivas sobre la comercialización de semillas y materiales de multiplicación. 
La finalidad de la propuesta es sencilla: crear un fundamento jurídico claro para financiar ensayos comparativos comunitarios. 
Esta iniciativa concuerda con la propuesta del Parlamento Europeo de aumentar la transparencia del presupuesto de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la voluntad de la Comisión es retocar diez directivas, la primera de las cuales data de 1966, relativas a las pruebas comparativas comunitarias para la comercialización de diversos tipos de semillas convencionales. 
Como ha afirmado la Comisión durante los últimos veinticinco años, cultivos agrícolas como los cereales y las plantas forrajeras, oleaginosas y textiles han sido sometidos a pruebas comparativas comunitarias sobre la base de la legislación aplicable. 
Esta actividad ha adquirido una mayor importancia en los últimos años, tras la aprobación de una nueva legislación relativa a la comercialización de los materiales de reproducción de las frutas, las hortalizas y las plantas ornamentales, que establece, entre otras cosas, las modalidades de pruebas comparativas comunitarias. 
Es un hecho reconocido que este sistema de control a posteriori de las semillas y los materiales de reproducción comercializados en la Comunidad constituye una herramienta muy importante de armonización de la comercialización por parte de los Estados miembros. 
Sin embargo, los retoques previstos no serían completos ni pertinentes si las pruebas comparativas financiadas por la Unión Europea se limitasen a las semillas y las plantas actualmente certificadas que figuran en el Catálogo común de la Unión. 
La propuesta de la Comisión debe tener en cuenta las disposiciones legislativas aprobadas recientemente, en el ámbito de los productos transformados, sobre la presencia accidental o técnicamente inevitable de semillas genéticamente modificadas entre las semillas de variedades convencionales. 
En este sentido, se debe incluir la delicada cuestión del riesgo de contaminación de las semillas tradicionales por los OMG en las directivas relativas a la comercialización de las semillas que se están debatiendo hoy. 
Esta cuestión no se puede tratar en comisión, porque así se excluiría del debate a los diputados del Parlamento Europeo y se les impediría presentar propuestas al respecto. 
Permítanme que retome brevemente el primer punto, en el sentido de que las pruebas comparativas financiadas por la Unión Europea no se deberían limitar a las especies incluidas en el Catálogo común. 
Las variedades de conservación y las semillas procedentes de la agricultura biológica también se deberían beneficiar de las pruebas. 
Estas variedades y estas semillas se deben analizar en unas condiciones que correspondan a dichos sistemas agrícolas y, por lo tanto, requieren una mayor financiación. 
Hay que saber que estas semillas no pueden quedar envueltas y que deben estar exentas de todo rastro de OMG. 
Son necesarias pruebas del mismo tipo para las plantas que corren el riesgo de quedar contaminadas por OMG. 
En efecto, la presente propuesta de directiva ofrece la ocasión de regular definitivamente las cuestiones relativas a la presencia probada de semillas genéticamente modificadas entre las semillas convencionales. 
La Comisión trabaja desde hace tiempo en una directiva que regule las condiciones y los requisitos suplementarios por lo que se refiere a la presencia de semillas genéticamente modificadas en partidas de semillas, a los lugares de siembra y a los detalles de marcado de estas semillas. 
Por desgracia, el proyecto de la última directiva no tiene suficientemente en cuenta la Directiva 2001/18, ya en vigor, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
Volviendo al segundo punto, es importante que las especies y variedades de conservación mencionadas en la Directiva 98/95 se definan y se analicen con vistas a su comercialización, conforme a criterios específicos, lo cual requerirá un reglamento de aplicación que todavía estamos esperando. 
Del mismo modo, las semillas de cosecha propia o las semillas de origen local deben poder beneficiarse de una flexibilidad especial y ser objeto de contratos específicos relacionados con la Directiva 98/95. 
En cuanto a mi tercer punto, el debate democrático desempeña aquí un papel destacado. 
En los artículos modificados es importante renunciar, como he intentado hacer yo, a hacer cualquier referencia a una trazabilidad precisa. 
Por eso, es importante señalar, semilla por semilla, que en caso de hallar rastros accidentales o técnicamente inevitables de OMG en ellas, se podrá establecer un umbral por debajo del cual las semillas podrán comercializarse. 
El nivel de dicho umbral, que quedará establecido de conformidad con el artículo 21, será tan bajo como lo permita el estado de los conocimientos científicos más recientes. 
Además, se deberán adoptar medidas adecuadas durante el transporte y almacenamiento de las semillas tradicionales, para que se pueda demostrar el carácter accidental o técnicamente inevitable de cualquier contaminación por OMG. 
De hecho, aunque la directiva ya establece que las semillas modificadas genéticamente se deben etiquetar, no ofrece ninguna solución para el problema del riesgo de que haya rastros en las semillas tradicionales, y la norma dice que estas semillas no deben contener, en principio, ningún tipo de OMG. 
Esta norma es sumamente importante para la agricultura, porque la propagación de semillas contaminadas podría tener consecuencias económicas imprevisibles, tanto para los agricultores como para los productores de alimentos. 
Finalmente, la directiva ya establece que la Comunidad podrá aportar una contribución económica para la realización de las pruebas mencionadas en los apartados 1 y 2. 
Debería ser posible que se otorgase el mismo trato a las pruebas comparativas específicas necesarias para las semillas y las plantas producidas y cultivadas para la agricultura biológica, así como para la utilización y la conservación de la diversidad genética de las plantas. 
Por consiguiente, y en interés de la transparencia, será necesario establecer, en el futuro, un fundamento jurídico claro para una aportación económica, del montante que sea, y esto requerirá prever, por lo tanto, unas medidas financieras comunitarias aplicables a dichas pruebas comparativas que incluyan los gastos obligatorios necesarios con cargo al presupuesto comunitario. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión su presencia en este debate. 
Como ha dicho el Comisario Byrne, estamos hablando de la comercialización de semillas y me siento algo decepcionado por la decisión de la Sra. Auroi de incluir los organismos modificados genéticamente. 
Este informe trata de la comercialización de semillas tradicionales y convencionales, y los organismos modificados genéticamente quedan fuera del tema que estamos debatiendo hoy. 
Le digo esto a la Sra. Auroi como fabricante de semillas y como cultivador de semillas. 
Nosotros dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a garantizar que nuestros productos estén totalmente libres de cualquier contaminación y así es como se cultivan las semillas convencionales y tradicionales. 
La decisión de incluir los organismos modificados genéticamente en este instrumento legislativo es errónea. 
Es errónea también porque, de hecho, el siguiente instrumento legislativo que propondrá la Comisión tratará sobre semillas de especies modificadas genéticamente, después de los dos informes que tienen que ser remitidos al Parlamento, uno de los cuales es el informe del Sr. Trakatellis que está actualmente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y que el Comisario Byrne conoce muy bien. 
Por eso, no me parece oportuno sacar eso a colación ahora, razón por la cual espero que el Parlamento apruebe mis enmiendas, además de aceptar los principios establecidos por la Sra. Auroi de que debemos ser conscientes de los problemas que plantea la contaminación por organismos modificados genéticamente. 
He intentado contribuir a esta propuesta con un enfoque algo más pragmático, y espero que esta Cámara vote a favor de mis enmiendas al informe de la Sra. Auroi que, aunque aprueban en general su contenido, en la práctica permitirán a la Comisión presentar la propuesta que debe remitir después de los dos informes al Parlamento. 
Por eso es muy importante que analicemos estos informes. 
La Sra. Auroi debe saber que todos somos conscientes del riesgo de contaminación por organismos modificados genéticamente, pero esa contaminación todavía no ha sucedido y no existe ninguna seguridad de que suceda en el futuro; todas las personas que se dedican a la fabricación de semillas están preocupadas por esa posibilidad, pero, por favor, esperemos a que la Comisión proponga la legislación correspondiente, momento en el que podremos tomar una decisión al respecto. 
Señor Presidente, retocar la normativa, como pretende la Comisión en la presente propuesta, merece el apoyo de esta Asamblea. 
En lugar de diez directivas, en adelante habrá una sola. 
En esta nueva directiva también se podrán tener en cuenta los avances más recientes en el campo de las semillas. 
Lamentablemente, los planes de la Comisión se quedan cortos. 
La ponente argumenta, con razón, que la nueva directiva es incompleta, ya que no toma en consideración las exigencias específicas de la agricultura biológica. 
En este tipo de agricultura, las semillas no pueden contener OMG ni pesticidas. 
Se debe impedir la comercialización de semillas no modificadas genéticamente contaminadas por OMG. 
Nosotros, por principios, estamos en contra de la introducción de OMG, pero al margen de este hecho, la UE está obligada a garantizar de manera permanente la existencia de una línea de cultivos libres de OMG. 
Los conocimientos más recientes deben ser el único criterio determinante para fijar el valor límite por debajo del cual se podrán comercializar, a pesar de todo, las semillas contaminadas. 
A fin de cuentas, todos sabemos qué efecto tiene la presencia de un calcetín de color en una colada de ropa blanca. 
Señor Presidente, quisiera comenzar mi intervención dando las gracias por partida doble: en primer lugar, a nuestra ponente, Danielle Auroi, por el trabajo que ha realizado con este informe, en el cual queda patente su gran esfuerzo por intentar sintetizar y ampliar el ámbito de alcance de estas directivas; en segundo lugar, a la Comisión, porque creo que es muy positivo que haya presentado estas propuestas encaminadas a establecer una base jurídica clara y transparente para la financiación de las pruebas comparativas para semillas y plantas. 
Considero, por tanto, que vamos por buen camino y que esto es exactamente lo que se desea. 
No obstante, lo cierto es que existen algunas discrepancias sobre hasta dónde debe llegar esta labor. 
Ahí coincido con varios oradores y con la propia ponente en que es necesario considerar toda la cuestión de las pruebas para semillas y plantas desde una perspectiva más amplia. 
Por consiguiente, debemos abordar este asunto de una manera más adecuada a la realidad. 
Naturalmente, luego podemos discrepar en cuanto a si se debe regular o no la cuestión de la mezcla de semillas puras con otras que contengan OMG. 
Mi opinión al respecto no se basa en la ideología y, al igual que la Sra. Keppelhoff-Wiechert, pienso también que debemos seguir a la ciencia y acordar un límite que no entrañe ningún riesgo de contaminación excesiva. 
Sin embargo, también estoy de acuerdo en que es necesario garantizar que podamos contar con semillas puras, no contaminadas por OMG en la medida de lo posible. 
Por eso, tal vez valdría la pena prever una financiación especial exclusivamente para las semillas que no contengan OMG, que contemple, por supuesto, a la agricultura biológica, pero también a la agricultura tradicional, que utiliza semillas y variedades tradicionales, regionales y locales que no tienen una gran salida comercial, pero que, desde el punto de vista genético, merecen una protección. 
La Comisión agradece la amplia aceptación de su propuesta y ha examinado con detalle todas las enmiendas presentadas. 
Tengo que dejar claro desde el principio que muchas de las enmiendas quedan fuera del ámbito de la propuesta original de la Comisión. 
La petición de asegurar la inclusión en las pruebas comparativas comunitarias de semillas producidas orgánicamente y semillas destinadas a la conservación de los recursos fitogenéticos, merece ser considerada. 
Pero la propuesta de adoptar medidas específicas en estos ámbitos tiene que considerarse con prudencia para evitar el riesgo de que se solapen con medidas ya existentes. 
Por ese motivo, se aceptan las enmiendas 2, 4, 5, 6, y las partes correspondientes de las enmiendas 12 a 17, 19 a 21 y 24 a 29, con una redacción distinta. 
La imposición de una contribución financiera comunitaria que se establece en parte de las enmiendas 12 a 17, 19 a 21 y 24 a 29, puede aceptarse solo como una recomendación general a la Comisión, también con una redacción distinta. 
Con respecto a la enmienda 22, el Consejo ha adoptado ya el fundamento jurídico para la adopción de medidas relativas a la comercialización de semillas y plantas para la conservación y la diversidad de los recursos genéticos en Europa (por ejemplo, el artículo 21 de la Directiva 2002/54/CE del Consejo sobre la comercialización de semillas de remolacha). 
Así pues, el principio es aceptable, pero no la enmienda como tal. 
Debo añadir que se trata de un área a la que la Comisión está prestando una especial atención. 
Las enmiendas 7 a 11 no pueden ser aceptadas. 
La referencia a una contribución financiera y a otros compromisos de los Estados miembros debe tener en cuenta las competencias específicas de estos. 
Permítanme que pase ahora a la importante cuestión de la presencia adventicia y técnicamente inevitable de organismos modificados genéticamente en las semillas de variedades de plantas convencionales. 
Esta es una cuestión totalmente diferente de las pruebas comparativas que estamos debatiendo hoy. Por ello se aborda en otra propuesta, en el contexto de las directivas relativas a la comercialización de semillas. 
Se está preparando una propuesta de Directiva de la Comisión cuya finalidad será establecer valores límites en este sentido. 
Por tanto, no pueden aceptarse las enmiendas 1, 3, 23 y las partes correspondientes de las enmiendas 12, 13, 18, 19 a 21 y 24 a 29. 
En cuanto a las enmiendas 24 a 29, no se aceptan porque repiten exactamente lo mismo que propone la Comisión. 
He explicado en varias ocasiones lo que la Comisión pretende hacer con este expediente. 
Puesto que los valores límite de organismos modificados genéticamente en las semillas se basan en los valores límite que aparecen en el etiquetado de los alimentos, y estos últimos valores volverán a debatirse en los próximos meses en el Parlamento con motivo de la segunda lectura de la propuesta de Reglamento relativo a los alimentos y piensos modificados genéticamente, la Comisión esperará al resultado de esos debates antes de estudiar la cuestión de los valores límite de organismos modificados genéticamente en las semillas. 
Como ya sabe el Parlamento, se está preparando un instrumento jurídico relacionado con esta cuestión. 
En este sentido, debo referirme a los comentarios del Sr. Graefe zu Baringdorf con respecto a la coexistencia. 
Esta cuestión ha sido tratada por mi colega, el Comisario Fischler, que en las próximas semanas presentará una comunicación a la Comisión sobre el tema en la que espero que haga referencia a esta situación. 
Se facilita por escrito al Parlamento un listado completo de la posición de la Comisión respecto a cada una de las enmiendas. 
Espero que así conste en el acta de esta sesión. 
Finalmente, quisiera reiterar mi compromiso, antes de que la Comisión adopte ninguna Directiva sobre el tema, de escuchar las opiniones de todas las partes interesadas y, en particular, del Parlamento Europeo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0049/2003) de la Sra. Ferreira, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios [COM (2002) 375- C5-0341/2002- 2002/0152 (COD) ]. 
En julio de 2002, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modificaba la Directiva 94/35/CE sobre edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. 
El principal objetivo de esta propuesta es autorizar dos nuevos edulcorantes que han obtenido un dictamen favorable del Comité científico de la alimentación humana: la sucralosa y la sal de aspartamo y acesulfamo. 
Además, la Comisión propone reducir la ingesta de ciclamato, como un edulcorante ya autorizado, para el que el Comité científico de la alimentación humana ha reducido considerable la ingesta diaria admisible. 
Para ello, la Comisión propuso reducir la cantidad de ciclamatos permitidos en bebidas no alcohólicas y prohibir su utilización en otra serie de alimentos, como productos de confitería, chicles y helados. 
La Comisión propuso también decidir en comitología si una sustancia se ajusta a la definición de edulcorante tal como se establece en la Directiva. 
Ese tipo de decisión es de naturaleza técnica y puede adoptarse ya en comitología para todos los demás aditivos alimentarios conforme a la legislación vigente. 
Es necesario disponer de una herramienta formal para incluir algunas sustancias en el ámbito de aplicación de la legislación sobre aditivos alimentarios. Esto favorece la protección de los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, representantes del Consejo, Señorías, ante todo quisiera agradecer a mis colegas y a la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y también al personal de la dirección general competente, su magnífica cooperación. 
Como acaba de explicar el señor Comisario, el Parlamento Europeo debe pronunciarse acerca de la segunda modificación, desde su aprobación en 1994, de la directiva sobre edulcorantes. 
La dirección general competente propone la inclusión de dos nuevos edulcorantes, la sucralosa y la sal de aspartamo y acesulfamo, en la lista de edulcorantes ya autorizados en la Unión Europea. 
La propuesta se presenta tras el dictamen favorable sobre ambos edulcorantes emitido por el Comité científico de la alimentación humana en 2000. 
Como parte de esta segunda revisión de la directiva sobre edulcorantes, la Comisión Europea también ha propuesto revisar el uso de un tercer edulcorante, el ácido ciclámico. 
Tras una nueva evaluación de dicho edulcorante por el Comité científico, la Comisión propone que se reduzcan las dosis máximas de empleo de ciclamatos en determinados alimentos y bebidas. 
Algunos estudios, en particular los realizados en Dinamarca, demuestran que un niño de 15 kilos o menos puede alcanzar rápidamente el umbral de ingesta diaria admisible (IDA) , lo que puede comportar un riesgo para su salud. 
Finalmente, la última modificación de esta directiva que propone la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores se refiere a la comitología. 
La Comisión, como usted acaba de recordarnos, desea que se le otorgue la capacidad de decidir si una sustancia pertenece a la categoría de los edulcorantes sin pasar por el procedimiento de aprobación del Parlamento Europeo. 
Sobre esta cuestión de la comitología, la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor arrojó un resultado claramente contrario a la transferencia de dicha capacidad a la Comisión con carácter exclusivo. 
Aunque los eurodiputados son conscientes del carácter técnico de este tipo de decisión, la ponente considera que el Parlamento Europeo debe conservar esta prerrogativa, ya que los dictámenes científicos pueden ser objeto de polémicas. 
Además, dicha modificación se volverá a proponer cuando se proceda a la revisión de la directiva marco de la que se deriva la directiva sobre edulcorantes. 
La ponente preferiría esperar a que se proceda a dicha revisión más general. 
En cualquier caso, el hecho de que no se haya presentado ninguna enmienda relativa a este punto parece indicar que los diputados europeos también prefieren esperar hasta la próxima revisión legislativa general. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor votó a favor de la petición de autorizar la comercialización de los dos nuevos edulcorantes, pero también votó a favor de una enmienda que solicita una reevaluación de ambas sustancias a los tres años de la entrada en vigor de la directiva revisada. 
La ponente tiene presentes las disposiciones de la directiva, en particular en lo que respecta al sistema de vigilancia, pero prefiere recordar a la Comisión Europea y a los Estados miembros sus obligaciones en materia de vigilancia de edulcorantes y recogida de datos. 
Se debe organizar la recogida de datos sobre el consumo real en la Unión Europea y sobre los posibles efectos del consumo de edulcorantes para la salud humana, en cuanto salgan al mercado productos que los contengan, a fin de que sea posible reevaluar la información existente dentro de los plazos fijados. 
Es preciso reconocer, no obstante, que los Estados miembros no están haciendo lo suficiente para recabar esta información, y la Comisión Europea no siempre dispone de los medios para garantizar que los Estados miembros cumplan las disposiciones de la directiva, en particular por lo que respecta a mantener informada a la Comisión. 
La ponente es muy consciente de la distancia que media entre la aprobación y la aplicación de la legislación, y creo que también forma parte de la labor del Parlamento recordar la necesidad de que la ley se aplique. 
En cuanto a los ciclamatos, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor votó a favor de que se adopte una posición más estricta que la recomendada por la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores. 
Nuestra comisión propone, en efecto, una reducción de la tasa de ciclamatos a 250 mg y que dicha disposición se haga extensible a todas las bebidas. 
Esto es necesario, ya que es muy fácil que se sirvan bebidas con ciclamatos a los niños, debido a la propia naturaleza de dichas bebidas. 
Además, esta mayor reducción también es necesaria porque tiene más en cuenta el paso de una IDA temporal a una IDA permanente más baja adoptada por el Comité científico. 
Atendiendo a ello, la ponente apoya la enmienda 9, presentada por la Sra. Schörling. 
Antes de concluir, quisiera mencionar la cuestión de los productos de panadería fina. 
Se han propuesto dos enmiendas. 
No voy a disimular mi preferencia por la que hemos propuesto mi grupo político y yo, porque es fruto de un trabajo colectivo y porque pienso que los consumidores deberían saber qué ingredientes o productos contienen los alimentos que les son vendidos. 
No obstante, estoy también dispuesta a aceptar la enmienda 12 con una enmienda oral que se propondrá mañana. 
Esta nos permitirá encontrar una solución para esta categoría de alimentos, y a mi modo de ver, ambas enmiendas proponen una solución aceptable. 
Por consiguiente, espero que los votos de los colegas nos permitan proponer una solución al Consejo en relación con este punto. 
Después de haberme referido a los aspectos técnicos de mi informe, permítanme que acabe mi presentación recordando, de manera más amplia, el asunto de la protección de los consumidores, que en este caso está vinculada a cuestiones de salud pública. 
En efecto, soy muy consciente de que los edulcorantes pueden hacer más cómoda la vida a las personas que, por su estado de salud, necesitan seguir una dieta especial. 
Con todo, la existencia de productos que contienen edulcorantes no debe ocultar el grave problema de salud pública que supone la obesidad. 
Este problema de salud pública está asociado, naturalmente, a los hábitos alimenticios y a la educación en materia de nutrición y salud. 
Por tanto, está también vinculado a nuevos hábitos de consumo y a la presencia en el mercado de productos cada vez más dulces, que los niños consumen en cantidades excesivas y que, a menudo, son objeto de una publicidad engañosa. 
Por eso, quisiera llamar, de nuevo, la atención de la Comisión sobre este problema, aunque sé que el Sr. Byrne ha afirmado ya que lo tiene muy en cuenta. 
Antes de ceder la palabra a los demás oradores, quisiera tan solo expresar mi vivo deseo de que alcancemos un acuerdo con el Consejo en la segunda lectura, y espero que la votación de mañana lo permita. 
Espero que su generosidad se extienda a la ingente tarea que representa para mí sustituir a la Sra. Oomen-Ruijten- ausente debido a su triste enfermedad- como ponente alternativo sobre esta propuesta. 
Empezaré agradeciendo a la ponente sus comentarios y su trabajo en la comisión. 
Tengo que decir que muchos han cuestionado la necesidad de algunos aspectos de esta propuesta. 
Si realmente necesitamos esta Directiva, es importante que la dotemos de una base científica. 
No debemos cuestionar las opiniones de los asesores científicos de la Comisión. 
Según ellos, estos productos son seguros y la Comisión hace bien en aceptar su consejo. 
La sucralosa no plantea problemas: se obtiene del azúcar, no tiene valor energético, no produce caries ni supone un riesgo para los que vivimos con diabetes, y eso es algo que me interesa personalmente. 
De hecho, si pudiera mejorar también mi capacidad intelectual, me quedaría aquí masticando sucralosa toda la noche. 
Ya se ha aprobado en cerca de 45 países. 
En el pasado, los ciclamatos han sido debidamente tratados con precaución. 
Sin embargo, la ciencia nos dice ahora que todo lo que se necesita es reducir el nivel permitido de 400 mg/l a 350 mg/l. Una reducción por debajo de ese nivel no tendría ninguna base científica, excepto una pequeña muestra de 43 niños en Dinamarca que fue rechazada por las autoridades alimentarias y veterinarias danesas. 
La ingesta diaria admisible- IDA- no es solo la medida que proponen la FAO y el Comité de Expertos de la OMS sobre Aditivos Alimentarios, sino que además establece un nivel de ingesta; es decir, no un máximo en un mismo día, sino una media durante toda la vida. 
La IDA propuesta es de 7 mg/kg de peso corporal. 
Así que todo parecía bastante sencillo hasta que llegó la propuesta de la ponente de reducir la cifra a 250 mg, y que hizo que se le cruzaran los cables a la Comisión. 
Una funcionaria habitualmente sensata, prudente y objetiva, respetada por todos y, de hecho, estimada en el mundo de los alimentos y la seguridad alimentaria, se dejó arrastrar y declaró que la Comisión aceptaría los 250 mg. Luego tuvo que admitir que esa cifra no se basaba en ninguna prueba científica. 
Este es un precedente muy peligroso. 
Si la Comisión ignora el consejo de sus propios científicos, ¿en quién podremos confiar? 
La Sra. Oomen-Ruijten y yo opinamos que las peticiones de un nuevo informe sobre la reconsideración de la aprobación del aspartamo están totalmente fuera de lugar. 
En diciembre de 2002, el Comité científico de la alimentación humana, en colaboración con las autoridades alimentarias francesas y británicas, concluyeron que no había razón alguna para reconsiderar la autorización del aspartamo. 
Por consiguiente, es totalmente innecesario cuestionar la validez de la conclusión del comité científico independiente de la Unión Europea- el Comité científico de la alimentación humana- de que el aspartamo es una sustancia segura para el consumo humano. 
Hay que tener en cuenta que cuando se aprueba una sustancia como el aspartamo, el Comité científico de la alimentación humana establece una ingesta diaria admisible en la que se incluyen las fases vulnerables de la vida a un nivel tal que hasta los individuos que más cantidad consuman de la sustancia no sobrepasen el 30-40% de esa ingesta máxima. 
Un nuevo informe sobre la evaluación del aspartamo simplemente generaría una publicidad negativa. 
Daría lugar a rumores y a una sensación de incertidumbre entre los consumidores, al volver a cuestionarse sin ninguna razón de peso una sustancia considerada segura por un comité científico independiente. 
Me gustaría añadir simplemente que mi buena amiga, la Sra. Oomen-Ruijten, que, junto con la Sra. Ayuso González, han presentado la enmienda 12 mencionada por la Sra. Ferreira, me ha pedido que comente que ella piensa que existe un problema de traducción- al menos en la versión inglesa- y que la categoría de «productos de panadería fina, de valor enérgico reducido o sin azúcares añadidos» es una adición al texto anterior, no una sustitución del mismo. 
Les planteo esta cuestión y la dejo en sus buenas manos, señor Presidente, instando a los servicios, si es posible, a que la consideren antes de que procedamos a su votación mañana. 
Señor Presidente, siempre resulta agotador seguir al Sr. Bowis cuando intenta convencer a la Cámara de algo. 
Sin embargo, yo suelo compartir la opinión del ponente y de los miembros de mi Grupo político en la Comisión de la que todos somos miembros. 
Todas las mañanas me despierto, como el Sr. Bowis, y me digo a mí mismo: «No soy un científico». 
No tengo derecho a cuestionar lo que dicen lo científicos. 
Pero sí tengo derecho a adoptar una visión a largo plazo y buscar segundas opiniones, y en el caso de que existan dudas respecto a un nuevo producto, aunque estas se disipen en buena parte cuando empiece a utilizarse dicho producto, como ha ocurrido con la sal del aspartamo, que ahora se utiliza en cientos de productos de confitería y de otro tipo, considerar la necesidad de realizar una revisión periódica de la nueva sustancia. 
No creo que ninguno de nosotros sepa, porque formamos parte de este gran experimento, cuánto ha cambiado el metabolismo humano con todos estos nuevos productos artificiales, muchos de los cuales comportan grandes ventajas, como evidentemente es el caso de la sal del aspartamo para el Sr. Bowis, pero que también pueden causar inquietud. 
Probablemente el Sr. Bowis habrá recibido, como yo, varias cartas de la Red de Supervivientes a los Aditivos, en las que se narran terribles historias sobre las consecuencias adversas que ha tenido la sal del aspartamo en algunos de ellos. 
Nosotros no proponemos que se cuestione lo que dice el comité científico y nuestro propio Organismo para el Control de Alimentos en el Reino Unido. 
Simplemente decimos que con el tiempo tendremos que revisar su situación, cuando su uso se haya generalizado y forme parte de ese gran experimento en la población. 
Mi segundo y último comentario se refiere a la reducción de los niveles de ciclamato. 
El Sr. Bowis dice que esa reducción ha sido el resultado de un debate en el seno de la Comisión. 
Algún irresponsable de la Comisión pensó que el límite de 250 mg sería aceptable. 
De hecho, y como probablemente sepa el Sr. Bowis, el Gobierno del Reino Unido- según las recomendaciones que circulan entre nosotros y que a veces se aceptan más a menudo en ese lado de la Cámara que en este- opina también que podría ser necesaria una reducción a 250 mg. 
¿A qué se debe eso? 
Se debe a que la exposición durante toda la vida tiene que considerarse bajo el prisma de la intensidad de la ingesta. 
Hemos de tener en cuenta el uso extensivo que pueden hacer, en particular, los niños de muy corta edad de productos aromatizados y edulcorados con esas sustancias. 
Creo que deberíamos rebajar el límite a 250 mg y celebro que otros opinen lo mismo, aunque entre ellos no esté el Sr. Bowis. 
Señor Presidente, espero que no sea más estricto conmigo que con los demás oradores. 
No obstante, voy a tratar de respetar mi tiempo de uso de la palabra. 
¿Cuáles son los problemas principales que destaca el informe? 
Creo que la Sra. Ferreira, que ha realizado un trabajo muy serio sobre esta materia, los ha expuesto muy bien. 
Por tanto, quisiera exponerles mi opinión sobre los aspectos que me parecen más importantes, empezando por la inclusión en la lista de edulcorantes de uno nuevo llamado sucralosa, y me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la sucralosa no es una sustancia corriente. 
Es un organoclorado que se obtiene por medio de la transformación del azúcar con la adición de tres átomos de cloro. 
Permítanme que les indique que los organoclorados son sustancias que suelen ocasionar problemas para el medio ambiente e incluso para la salud. 
Por tanto, me deja estupefacto una propuesta que parece tratar como un hecho sin importancia la inclusión de esta nueva sustancia en la lista de edulcorantes autorizados. 
Además de esta observación, también quisiera señalar que la IDA? la ingesta diaria admisible? que se propone para este edulcorante es tres veces superior a la propuesta por la Food and Drug Administration en los Estados Unidos. 
En consecuencia, me parece que existen suficientes incógnitas en relación con este nuevo edulcorante como para justificar que no aceptemos su inclusión en la lista de sustancias autorizadas. 
Mi segundo punto se refiere al aspartamo. 
A pesar de las consideraciones que ha expuesto el Sr. Bowis, coincido con la ponente en que la enmienda 4 está plenamente justificada. 
Una reevaluación del aspartamo no me incomoda en absoluto. 
No pondría en duda la honestidad con la que se ha obrado hasta ahora. 
Simplemente indicaría que los conocimientos pueden evolucionar y que esta evolución a veces nos lleva a cuestionar las autorizaciones concedidas con anterioridad. 
Por tanto, personalmente, la propuesta me parece correcta. 
Mi tercer punto se refiere a los ciclamatos. En relación con este asunto, la Comisión Europea propone una modificación de la dosis máxima de empleo en las bebidas a base de agua, que se reduciría de 400 mg/l a 350 mg/l. 
La propuesta de la Sra. Ferreira es más ambiciosa, y yo creo que tiene razón. 
Aun así, me parece que, dado el papel de los ciclamatos y el hecho de que están prohibidos? o al menos, no autorizados? en los Estados Unidos, deberíamos preguntarnos por los posibles riesgos de este edulcorante. 
Permítanme que llame su atención sobre el hecho de que los edulcorantes y, por lo tanto, los ciclamatos se pueden encontrar, a menudo, en bebidas y otros productos de gran consumo entre los niños pequeños, de manera que estos pueden llegar a superar fácilmente la ingesta diaria admisible de este tipo de edulcorante. 
En consecuencia, creo que sería deseable que fuésemos aún más ambiciosos, y espero que apoyemos la enmienda de la Sra. Schörling, que propone que la dosis máxima se fije en 100 mg/l. Creo que es una propuesta realista. 
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, quiero felicitar a la Sra. ponente porque, en mi opinión, los edulcorantes son una materia nada fácil. 
Considero que la propuesta de la Comisión se ajusta al rigor científico necesario para este tipo de cuestiones. 
Me voy a referir al aspecto más polémico de este informe: los ciclamatos. 
La propuesta inicial de la Comisión era fijar una dosis máxima de 350 mg/l, de acuerdo con el dictamen del Comité científico de alimentación humana. 
No obstante, la Comisión cambió de opinión acerca de la dosis máxima y, después de proponer inicialmente 350 mg/l ha pasado a apoyar la propuesta de los 250 mg/l. 
¿Por qué? , señor Comisario, es la pregunta que nos hacemos todos. Se nos dijo que había un compromiso en el Consejo para llegar a los 250 mg/l, es decir, se han mezclado argumentos políticos y científicos. 
Por razones políticas no debemos apoyar esta cifra, debemos ser rigurosos y apoyar la propuesta inicial de la Comisión. 
Por ello, pido el rechazo de las enmiendas 8 y 9, porque creo que carecen de una base científica sólida. 
En un asunto tan técnico, como el caso de los aditivos, el Parlamento Europeo, ni puede ni debe hacer caso de opiniones o compromisos políticos. 
Si la Comisión cree que una dosis máxima de empleo de 250 mg/l para los ciclamatos es más adecuada, entonces debe retirar su propuesta inicial y presentarnos una nueva, en la que nos explique con argumentos científicos el porqué nos propone una nueva dosis más baja. 
Las razones para reducir todavía más la dosis son totalmente inconsistentes. 
Se ha hecho referencia un estudio llevado a cabo en Dinamarca en el año 2001. 
Este estudio se basó en una muestra excepcionalmente pequeña de niños que consumían edulcorantes y, lo más importante, no estaba diseñado como un estudio de ingesta, sino para analizar la incidencia de edulcorantes en las bebidas sin alcohol en Dinamarca. 
Una mera extrapolación de un estudio así no puede utilizarse como fundamento para la reducción del nivel máximo de ciclamatos permitido en las bebidas refrescantes en la Unión Europea. 
Además, la Danish veterinary and food administration afirmó en una nota de prensa sobre la publicación de este estudio que, dado que el estudio de la IDA estaba basado en una ingesta segura a lo largo de toda la vida, no habrá consecuencias negativas para la salud de los niños de uno a tres años que puedan exceder temporalmente la IDA. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Parlamento Europeo su colaboración en esta propuesta. 
En particular, quisiera rendir tributo a la ponente, la Sra. Ferreira, por su trabajo en torno a este expediente. Ha prestado un gran apoyo a la propuesta de la Comisión. 
Ha aceptado la autorización propuesta de dos nuevos edulcorantes y la reducción del uso de otro edulcorante que ya estaba autorizado. 
En este último caso, la ponente ha querido ir más allá todavía que la propuesta de la Comisión y ha propuesto que se reduzca el nivel de ciclamatos tanto en las bebidas no alcohólicas como en los zumos y las bebidas lácteas a 250 miligramos por litro (enmiendas 1 y 8). 
La Comisión puede aceptar estas enmiendas. 
Me han pedido que les de más detalles al respecto y me complace poder hacerlo. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Bowis cuando dice que no debemos cuestionar a los asesores científicos. 
Sin embargo, aún aceptando su consejo sobre la ingesta diaria admisible, los responsables de controlar el riesgo- la Comisión, el Consejo y el Parlamento- tienen la obligación de establecer las dosis máximas permitidas en determinados alimentos. 
Esa es siempre una tarea difícil. 
Sin embargo, la Comisión, al proponer que se acepte un límite inferior de 250 miligramos por litro en las bebidas no alcohólicas, no ha actuado así por el capricho de una funcionaria. Esa decisión se tomó después de un detenido examen de las pruebas científicas y los estudios de ingesta, y después de escuchar las opiniones de los Estados miembros y del Parlamento. 
Permítanme que aclare lo siguiente. 
Tiene que haber una clara distinción entre la ingesta diaria admisible de un aditivo alimentario, que se basa puramente en la ciencia, y el nivel de uso máximo permitido de un aditivo alimentario en un cierto alimento, que se determina teniendo en cuenta una serie de criterios establecidos en la legislación. 
No existe ningún mecanismo científico para traducir la ingesta diaria admisible en un nivel de uso máximo. 
En el caso que nos ocupa, el Comité científico de la alimentación humana ha reducido la ingesta diaria admisible de ciclamatos de 11 a 7 miligramos por kilogramo de peso corporal. 
Las bebidas no alcohólicas contribuyen en gran medida a la ingesta de edulcorantes y también son consumidas por niños. 
Además, los Estados miembros han comunicado que posiblemente en sus países se sobrepase la ingesta diaria media de ciclamatos. 
Por estos motivos, la Comisión puede apoyar esta nueva reducción de los niveles de ciclamatos. 
Sin embargo, el Parlamento ha introducido algunas enmiendas adicionales a la propuesta de la Comisión. 
La enmienda 4 pide que se reconsidere la autorización de dos edulcorantes: aspartamo y esteviósido. 
Además, la enmienda exigiría a la Comisión presentar un informe sobre el proceso de autorización del aspartamo por el Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos. 
La Comisión no puede aceptar esta enmienda por las siguientes razones. 
A petición de la Comisión, el aspartamo ha sido reevaluado por el Comité científico de la alimentación humana en colaboración con las autoridades británicas y francesas en materia de seguridad alimentaria. 
Para ello, los científicos han revisado toda la literatura científica publicada desde el último dictamen sobre el aspartamo, que supone unos 150 artículos. 
El dictamen resultante, adoptado en diciembre del año pasado, volvió a confirmar claramente la seguridad del aspartamo y que la ingesta de este edulcorante sigue estando por debajo de la ingesta diaria admisible. 
Así pues, la Comisión no considera justificado realizar otra evaluación de este edulcorante, ni restringir sus condiciones de uso. 
Las hojas de Stevia y el edulcorante que se extrae de esta planta, el esteviósido, han sido también examinados a fondo por el Comité científico de la alimentación humana. 
El Comité tiene serias dudas sobre la seguridad del esteviósido y no lo consideró aceptable para uso alimentario. 
Así pues, la Comisión no ha propuesto nunca la autorización de este edulcorante. 
Hasta la fecha no se han presentado a la Comisión nuevos datos científicos que justifiquen una reevaluación del esteviósido. 
Volviendo a la petición de examinar el procedimiento de autorización del aspartamo en los Estados Unidos, no es competencia de la Comisión indagar cómo se ha concedido una autorización en un tercer país. 
En lo que respecta a la protección del consumidor, me gustaría tranquilizar a Sus Señorías en el sentido de que las propuestas para la autorización de aditivos alimentarios conforme a la legislación de la UE se basan en una evaluación del riesgo realizada por el Comité científico de la alimentación humana y, en el futuro, por las autoridades europeas de seguridad alimentaria. 
Si el resultado de esa evaluación del riesgo es favorable, la Comisión propone el uso de un aditivo después de verificar si se cumplen todos los criterios para la autorización de un aditivo alimentario. 
Las condiciones de uso propuestas se basan en la necesidad tecnológica y en los datos sobre ingestas recabados por los Estados miembros. 
Este proceso de análisis del riesgo es totalmente independiente de lo que se hace en otros países. 
La Comisión está satisfecha con la transparencia e independencia de este proceso en la UE. 
La enmienda 5 trata de la revisión de las condiciones de utilización de los dos nuevos edulcorantes propuestos. 
Esta enmienda duplica los requisitos que ya existen en la legislación sobre aditivos alimentarios. 
De hecho, la revisión de los aditivos alimentarios autorizados es un requisito establecido en la directiva marco general y en las tres directivas específicas sobre las distintas clases de aditivos. 
Esta revisión se hace periódicamente. 
La directiva marco establece que los aditivos alimentarios se reevalúen siempre que sea necesario. 
El artículo 8 de la Directiva relativa a los edulcorantes obliga a los Estados miembros a vigilar periódicamente la ingesta de edulcorantes. 
Esta vigilancia tiene que recabar datos sobre la ingesta tanto en adultos como en niños. 
Por consiguiente, la Comisión está en condiciones de saber si el consumo de aditivos específicos sobrepasa los niveles de seguridad tanto en adultos como en niños. 
En caso necesario, la Comisión propondrá restricciones en las pautas de uso actualmente autorizadas, sobre todo para garantizar unos niveles seguros de ingesta en la población infantil. 
Además, no es realista establecer un plazo de tres años para esta actividad. 
Por el contrario, la obtención de datos sobre los dos edulcorantes antes de que estén plenamente introducidos en el mercado puede hacer que se subestime su ingesta. 
Por consiguiente, dado que esta enmienda duplica los requisitos actuales y establece un plazo poco realista, la Comisión no puede aceptarla. 
Otras dos enmiendas (enmiendas 2 y 3) rechazarían el procedimiento de comitología para las decisiones de si una sustancia debe o no considerarse un edulcorante con arreglo a la Directiva 94/35/CE. 
Esta es una decisión puramente técnica, necesaria para que algunas sustancias entren en el ámbito de aplicación de la Directiva, ya que de lo contrario eludirían las estrictas normas establecidas para los edulcorantes, por considerarse simples ingredientes alimentarios. 
Por todo ello, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 2 y 3. 
Se han presentado algunas enmiendas a la propuesta de la Comisión cuya finalidad es aclarar el significado de la definición de la categoría de alimentos «productos de panadería fina» destinados a alimentación especial. 
La intención de la propuesta de la Comisión era que los Estados miembros realizaran una interpretación más homogénea de esta categoría de alimentos. 
Sin embargo, hasta la fecha el Consejo no ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre el texto propuesto por la Comisión, ni sobre ningún otro texto alternativo. 
Por consiguiente, la Comisión puede aceptar que se elimine la propuesta sobre los productos de panadería fina (enmienda 7). 
Sin embargo, los textos alternativos propuestos en las enmiendas 12 y 13 son poco claros y podrían dificultar la aplicación de la Directiva. 
Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 12 y 13, aunque tomo nota del comentario del Sr. Bowis sobre la enmienda 12, que podría cambiar la opinión de la Comisión. 
Finalmente, se han presentado dos enmiendas con vistas de prohibir los ciclamatos y la sucralosa. 
Estas dos sustancias han sido evaluadas por el Comité científico de la alimentación humana y se les ha asignado una ingesta diaria admisible. 
Eso significa que son sustancias seguras si su consumo se mantiene por debajo de la ingesta diaria admisible. 
Para asegurar esto, la Comisión ha estimado el consumo de sucralosa y ha adoptado medidas para reducir el consumo de ciclamato. 
El Parlamento propone reforzar estas medidas y la Comisión apoya su propuesta. 
Pero la Comisión considera que estos edulcorantes son básicamente seguros, de manera que no existen razones para privar a los consumidores y a la industria alimentaria de su utilización. 
La Comisión no puede aceptar, por tanto, las enmiendas 9, 10 y 11. 
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 6, 7 y 8, pero no las enmiendas 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 13. 
. Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas). 
. 
(DE) He votado a favor de los informes sobre la ampliación por la razón de que para mí esta ampliación, con la adhesión de los países de Europa Central y Oriental, al igual que la de Chipre y Malta, que pertenecen a Europa, es correcta y una necesidad imperiosa. 
En vista del hecho de que el Telón de Acero se derrumbó hace casi quince años, no procede considerar con pobreza de espíritu las dificultades de todo tipo, especialmente financieras, aunque sin duda son muchas. 
Tenemos una responsabilidad histórica. 
Hay personas que por fin viven en libertad y en democracia- cosa que se debe en parte a nuestra postura valiente en la OTAN en la década de los 80, al lograr que se aceptara su decisión de desplegar misiles en Europa Occidental si fracasaban las conversaciones de reducción de armamentos- y no podemos decirles que los muchos problemas que comporta la ampliación implican que deben quedarse fuera. 
No podemos ocuparnos de todos estos problemas a la vez porque carecemos de los medios necesarios para ello, o en cualquier caso la voluntad de poner los medios. 
También puede ser que muchos no quieran compartir en un espíritu de solidaridad, o que no hayamos podido movilizar el apoyo a esa solidaridad entre los ciudadanos de los Quince Estados de la Unión Europea. 
Espero que todos nosotros- en los Estados miembros actuales y futuros, y en particular nuestros Gobiernos- podamos armarnos del coraje político necesario para tomar las decisiones apropiadas con el fin de hacer de la Unión ampliada un hogar para la libertad, la paz y la prosperidad, que pueda ser un ejemplo en un mundo marcado por las crisis, las guerras, la pobreza y la falta de libertad. 
- (FR) He votado a favor del informe del Sr. Gahler sobre la inclusión de Estonia en la ampliación de la Unión, como también he votado a favor de la adhesión de los otros 9 países candidatos. Sin embargo, lamento que, paralelamente, en el informe del Sr. Brok, el Parlamento Europeo esté tratando de aprovechar la situación para obligar tanto a los antiguos como a los nuevos miembros a asumir compromisos hiperfederalistas. 
Como ha dicho claramente el Sr. Brok esta mañana, si es que he entendido bien al intérprete, vamos a establecer prácticamente un verdadero Estado. 
Por el contrario, a los miembros del intergrupo SOS Democracia, entre los que me incluyo, nos gustaría que la ampliación fuera una oportunidad para reorientar a la Unión Europea hacia una mayor flexibilidad. 
Esa es la razón por la que acompañamos nuestra aprobación en principio con un texto en el que se citan diez requisitos esenciales para una Europa más libre. 
En particular, solicitamos que el tratado básico que resultará de la actual Convención y de la futura CIG se firme únicamente tras la ampliación, es decir después de mayo de 2004, cuando la Unión cuente con 25 miembros. 
De esta forma, los nuevos Estados miembros podrán participar plenamente en la redacción final del texto. Eso nos permitirá detener la estrategia federalista que pretende condicionar nuestras elecciones futuras. 
Detergentes 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0105/2003) de Mauro Nobilia, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a detergentes [COM (2002) 485- C5-0404/2002- 2002/0216 (COD) ]. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y en particular a sus respectivos ponentes, el Sr. Nobilia y el Sr. Purvis, por su labor abierta y constructiva en esta propuesta. 
La naturaleza y la cantidad de las enmiendas propuestas indican que se han dedicado muchas reflexiones y muchos esfuerzos al análisis de la propuesta de la Comisión. 
A este respecto, estoy seguro de que la audiencia pública organizada en febrero- en la que tuve el placer de participar- sirvió de introducción útil a las cuestiones extremadamente técnicas que se abordan en esta propuesta. 
Los objetivos de la propuesta de la Comisión pueden describirse en pocas palabras. 
Están resumidos con precisión en el informe del Sr. Nobilia. 
Son los siguientes: en primer lugar, introducir ensayos más estrictos de la biodegradabilidad de los tensioactivos de los detergentes; segundo, ampliar el ámbito de aplicación para incluir las cuatro categorías de tensioactivos, en lugar de solo dos, como sucede actualmente, y tercero, establecer un sistema obligatorio de etiquetado del que se beneficien el consumidor y el medio ambiente. 
Las dos primeras medidas aumentarán significativamente la protección del medio acuático con respecto a la toxicidad, y la tercera también beneficiará a la salud de los consumidores con respecto a las alergias. 
Además, la propuesta reúne toda la legislación comunitaria sobre detergentes en un solo texto, de modo que su uso resulte más fácil, así que se trata de un esfuerzo importante por simplificar la legislación comunitaria. 
Además de presentar el contenido de la propuesta, me gustaría decir unas palabras sobre el contexto legislativo más general. 
Lo hago para explicar por qué algunas cosas no se han incluido en la propuesta. 
En primer lugar, esta propuesta complementa, pero no sustituye, a la legislación horizontal sobre productos químicos, en particular a las Directivas sobre sustancias y preparados peligrosos. 
De hecho, los detergentes no son peligrosos a efectos de la Directiva de preparados peligrosos. 
Necesitamos complementar la legislación horizontal general, no porque los detergentes sean especialmente peligrosos, sino porque se vierten al medio acuático en grandes cantidades. 
La legislación está justificada incluso para un preparado químico poco peligroso, si puede plantear un riesgo para el medio ambiente si se libera en cantidades suficientemente grandes. 
Necesitamos un reglamento sobre detergentes para cubrir esta limitación de la legislación horizontal en cuanto a este sector específico. 
La legislación sobre detergentes, por tanto, debe abordar ciertas cuestiones específicas, principalmente, por supuesto, la biodegradación de los tensioactivos. 
Resulta importante que esta propuesta no se considere una posición definitiva en materia de detergentes, sino un instrumento para situar los detergentes en el sector armonizado del mercado interior y para abordar las responsabilidades consiguientes. 
Esta propuesta proporciona un marco para abordar las cuestiones relativas a los detergentes, cuando y como resulte necesario. 
Asimismo, proporciona un instrumento para mantener la legislación actualizada en consonancia con el progreso técnico y el mayor conocimiento del medio ambiente y las mayores inquietudes respecto al mismo. 
Otras cuestiones relacionadas con los detergentes que no se contemplan en este propuesta serán, no obstante, cubiertas por la legislación horizontal; por ejemplo, en la última sesión tuvimos el informe del Sr. Lannoye sobre el nonilfenol y el próximo debate de hoy se referirá al informe de la Sra. Schörling sobre sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. 
Otra característica importante de la propuesta se refiere a las excepciones de los tensioactivos que superan los antiguos ensayos de biodegradabilidad, pero no los nuevos. 
Las excepciones solo se concederán a los tensioactivos que puedan demostrar, mediante una evaluación del riesgo complementaria, que no suponen ningún riesgo para el medio ambiente. 
En ningún caso se concedería dicha excepción para el uso de un detergente para lavadoras corriente. 
Esto únicamente se aplicará a usos industriales e institucionales en los que se hayan declarado los tonelajes y se hayan considerado en la evaluación de riesgos. 
La evaluación de riesgos complementaria debe proporcionar suficiente información para que el riesgo para el medio ambiente pueda evaluarse debidamente. 
Al mismo tiempo, deberían evitarse las pruebas innecesarias. 
A este respecto, los ensayos de toxicidad solo serán necesarios si un Estado miembro los solicita específicamente en los casos en que queden dudas. 
Se estima que los ensayos necesarios son los que se precisan como mínimo para una evaluación fiable, al tiempo que se minimiza la cantidad de los ensayos con animales y se limita el gasto global de los ensayos. 
La Comisión cree que esta propuesta supone un equilibrio justo y adecuado entre los pilares económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible. 
Asegurará el alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana exigido en el Tratado y lo hará a un coste razonable. 
Señora Presidenta, señor Comisario, no quiero emplear mi tiempo de uso de palabra para dar una explicación técnica de la labor llevada a cabo y de su relevancia porque creo que todos conocen sobradamente estos aspectos; esto no es una asunción por mi parte, sino un reconocimiento de los prodigiosos esfuerzos de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, manifestados, principalmente, con la presentación de un gran número de enmiendas. 
Tan solo puedo agradecérselo, porque no hay duda de que, además de la intención general de introducir las ideas propias en un informe, el fin último es mejorar el propio informe y su eficacia por el bien de todos. 
Del mismo modo, no puedo dejar de dar las gracias a los ponentes alternativos de todos los grupos políticos por la sensibilidad y la buena voluntad que mostraron al elaborar al menos ocho enmiendas transaccionales para incluir conceptos, objetivos y propuestas. 
Mi opinión personal, por tanto, es que el resultado de la labor de la Comisión de Medio Ambiente, que se presenta ahora a la Cámara, cuenta con un respaldo más amplio de lo que se podría haber esperado cuando la Comisión presentó su propuesta al Parlamento. 
Como dije anteriormente, no lo digo por vanagloriarme, sino para reconocer la labor de todos los miembros de la comisión que han trabajado en el informe. 
Por supuesto, no podemos sostener que el informe cubre todos los aspectos de la cuestión de los detergentes. 
Aún tenemos que analizar una serie de cuestiones y expresar una postura respecto a las mismas. 
Debemos decidir qué línea seguiremos respecto a los fosfatos, la biodegradabilidad anaeróbica de los tensioactivos y qué listón fijaremos con respecto a la biodegradabilidad de otros componentes de los detergentes. 
Por cierto, a todos les pareció necesario establecer un plazo para que la Comisión expresara su opinión sobre el resto de la cuestión. 
Puede decirse, no obstante, que nuestro objetivo fundamental al modificar la propuesta en cuestión era que el texto y los instrumentos relacionados resultaran más útiles, más funcionales y más cohesivos. 
Ésta fue, en cualquier caso, la línea que seguimos en nuestro trabajo. 
Debo subrayar que, además de intentar que las normas propuestas fueran más utilizables, funcionales y cohesivas, nos ocupamos de perseguir dos objetivos adicionales. 
El primero era utilizar la sensibilidad práctica con respecto a las pequeñas y medianas empresas, un ejemplo particularmente bueno de lo cual fue el establecimiento de las excepciones, sin desatender- esperamos- la necesidad de proporcionar una protección cada vez mayor del medio ambiente, la salud pública y el bienestar de los animales. 
El segundo, en el contexto del sistema de etiquetado- por fin vinculante- se refiere a la meta de una información cada vez mayor por parte de los consumidores a la hora de elegir, sin menospreciar la importante labor de las organizaciones de protección del consumidor, sino, por el contrario, valorándola. 
Dicho esto, me gustaría centrarme brevemente en el hecho de que el reglamento en cuestión no cubre todas las cuestiones relacionadas con los detergentes, y no estoy criticando la labor de la Comisión, sino señalando dos aspectos característicos de esta disposición y de las anteriores en materia de detergentes. 
El primero- como sugerí al inicio de mi intervención- es el enfoque subyacente de la cuestión: la Comisión adoptó el enfoque de la introducción gradual de legislación. 
El segundo, que prácticamente justifica el primero, es la necesidad de recurrir a un tercer organismo, en este caso un comité científico, para aplicar la legislación. 
Al modificar el reglamento en cuestión, hemos intentado evaluar las tareas confiadas al comité y presentar a esta Cámara, para que las estudie y vote al respecto, aquellas que tenían una naturaleza más política que técnica. 
El ponente y los ponentes alternativos colaboraron para conseguir llevar a cabo también esta tarea. 
No obstante, puesto que verdaderamente hay aspectos políticos y técnicos y puesto que es cierto que la labor desempeñada por la Comisión de Medio Ambiente ha sido productiva y ha gozado de un apoyo excepcionalmente amplio, me resulta difícil entender que algunos de mis colegas, sin ánimo de mermar el derecho individual de hacerlo, hayan presentado enmiendas adicionales en el pleno. 
En cualquier caso, a este respecto, debo decir que apoyo las enmiendas 47, 52, 53 y 60, que incuestionablemente realizan contribuciones adicionales importantes que complementan las disposiciones actuales. 
Debo decir, asimismo, que mis sentimientos son esencialmente neutrales en lo que respecta a las enmiendas 56 y 61, que simplemente cambian la posición de puntos dentro del propio reglamento, mientras que debo expresar un rechazo firme del resto de las enmiendas, no porque desapruebe- y ya concluyo- su contenido en principio, ni porque pongan en tela de juicio el consenso expresado en la comisión, sino porque, de aceptarse, no alcanzarían lo que constituye innegablemente el objetivo deseado del texto, es decir, una mayor protección, sino que comprometerían su cohesión, funcionalidad y utilizabilidad, que ya mencioné anteriormente y que resultan coherentes con la introducción gradual de la legislación en la que se basa el enfoque científico. 
Señora Presidenta, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía acoge con satisfacción esta Directiva. 
Modernizará y renovará por completo la legislación en materia de detergentes. 
Supone un avance para productores y consumidores, así como para el medio ambiente. 
Sin embargo, al examinar la propuesta observamos algunas carencias que, me complace decir, se rectificarán con muchas de las enmiendas propuestas en el informe del Sr. Nobilia. 
La propuesta de la Comisión no diferencia, por ejemplo, entre un producto para lavadoras fabricado y comercializado por una empresa internacional en grandes cantidades para un mercado de consumo a gran escala y un producto especializado fabricado en pequeñas cantidades, a menudo por PYME, para usos específicos. 
Algunos ejemplos de tales usos son los empleados para la limpieza de los equipos en la industria láctea o de los teatros. 
Los productos del primer tipo pueden someterse fácilmente a las disposiciones del proyecto de directiva con sus procesos de ensayo y sus procedimientos para conceder excepciones, y siempre hay muchas alternativas, pero para el producto especializado esto puede suponer un obstáculo que elimine un producto útil, incluso fundamental. 
Me complace por tanto que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor haya aceptado en esencia nuestra propuesta de un procedimiento para conceder excepciones escalonadas al que se puedan acoger estos fabricantes. 
Asimismo, propusimos una cláusula de suspensión, de modo que el procedimiento de comitología caduque automáticamente a los ocho años y solo se renueve si resulta adecuado en ese momento. 
Esta idea se basa en el procedimiento introducido por primera vez en el área de los servicios financieros para que el Parlamento ejerciera cierto control sobre los crecientes sistemas de comitología que se están desarrollando en la Unión Europea. 
En nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, me complace recomendar el apoyo al informe del Sr. Nobilia, pero entiendo que las enmiendas 5, 15, 20, 33 y 40 se solapan indebidamente con otra legislación relevante y deberían rechazarse. 
Del mismo modo, no podemos apoyar las medidas presentadas por el Grupo Verts/ALE en el último minuto. 
Por lo demás, podemos apoyar plenamente el informe del Sr. Nobilia. 
Señora Presidenta, Comisario, me complace tener la oportunidad hoy de hablar sobre esta Directiva, no tanto por un interés personal por la cuestión de los detergentes, sino simplemente porque este informe muestra que la Unión Europea está abandonando la política de final de la vida útil y está buscando, cada vez en mayor medida, el desarrollo de productos modernos y compatibles con el medio ambiente que sean económica y socialmente sostenibles. 
Esto supone que necesitamos motivar a la industria para hacer una transición progresiva a otros productos y, en última instancia, que no dependa de los catalizadores o de las plantas de tratamiento de residuos o de los grandes dispositivos de escape. 
Desde el inicio del proceso, por el contrario, queremos pasar a nuevos productos que sean sostenibles. 
Esta directiva supone un paso adelante en lo que se refiere al mercado interior, porque su consecuencia será que muchos reglamentos nacionales europeos se armonizarán, siendo el objetivo alcanzar criterios de aprobación equivalentes y comparables y, particularmente, eliminar las distorsiones de la competencia en esta área. 
Por ello, Comisario, me complace enormemente que estuviera presente en la audiencia del grupo del Partido Popular Europeo y que la colaboración entre los ecologistas y su departamento se haya desarrollado tan extraordinariamente en los últimos años. 
Esta política no solo beneficiará a los consumidores, sino también al medio ambiente, a la política del agua y, sobre todo, al mercado interior, algo con lo que estoy especialmente comprometido. 
No cabe, por ejemplo, ninguna duda de que la biodegradabilidad debe revalorizarse progresivamente. 
El Sr. Nobilia ha presentado una propuesta muy buena y no puedo dejar de apoyarla. 
Si se me permite, sobre la marcha, considerar las enmiendas formuladas por los Verdes, no creo que todas sean erróneas, pero, una vez más, su tendencia es la de permitir a los grandes agentes prestar estos servicios, de modo que inevitablemente se deja a un lado a los pequeños. 
Este es un ejemplo clásico de una política militante contra la pequeña empresa, porque solo las grandes empresas serán capaces de superar estos obstáculos. 
Como ya ha señalado el Sr. Purvis, se corre el peligro de que una legislación de estas características haga precisamente lo que no debemos, relegando a un rincón a aquellos a quienes de hecho animamos a aprovechar los nichos. 
Por supuesto, los detergentes no son el final de la historia y ya hemos declarado la guerra a los fosfatos. 
Cada fabricante debería saber que el fin está cada vez más cerca, pero dentro de un calendario apropiado, no de la noche a la mañana, de forma que las empresas se puedan ajustar. 
Esa es la estrategia excepcionalmente importante y fundamental que debemos seguir. 
La lección que he tenido que aprender es que quienes nos sentamos en esta Cámara no deberíamos llenarnos de ínfulas. 
Como legislador, o colegislador, soy incapaz de establecer desde qué punto las etiquetas de los detergentes deberían indicar el contenido de perfumes. 
Algunos sugieren 50 miligramos, mientras que otros proponen 500. 
El Sr. Nobilia ha optado por la única alternativa razonable al proponer que los expertos se encarguen de esta cuestión. 
Si pueden tomar una decisión, la directiva europea estará orientada en la dirección apropiada. 
Me he quedado perplejo al enterarme por estudios sobre este asunto de que los mayores peligros relacionados con los detergentes tienen que ver con nuestra evidente incapacidad de utilizarlos en la justa medida. 
Todos los afectados- y me cuento entre ellos- parecen creer que siempre deben poner la misma cantidad de detergente en la lavadora, por lo que, si el tamaño de la colada varía- si, por ejemplo, es inferior en peso- la cantidad de detergente empleada es excesiva. 
Todos tenemos que poner nuestro grano de arena. 
Debo admitir que no me he ocupado muy a menudo de cargar una lavadora. 
Estoy deseoso de aprender cómo hacerlo y quiero motivar a mi mujer para que me enseñe. 
Así pues, todos debemos participar, no solo el legislador, no solo la industria, sino también los ciudadanos de a pie. 
Estaremos en el buen camino si entendemos esto. 
Señora Presidenta, me gustaría, una vez más, manifestar todo mi apoyo a la propuesta de la Comisión, que combina en este reglamento las cinco directivas actuales sobre la biodegradabilidad de los tensioactivos, y mi reconocimiento de la labor del ponente, que ha contribuido a que la propuesta fuera más cohesiva, manteniendo una relación muy constructiva con los otros grupos, lo cual supone que el resultado final que estamos sometiendo a votación en el pleno cuente con un amplio respaldo. 
Los aspectos clave de este reglamento son la salud, la seguridad del consumidor y la protección y el respeto del medio ambiente. 
Las enmiendas que hemos vuelto a presentar en nombre de mi grupo pretenden precisamente proporcionar mayores garantías de la consecución de estos objetivos y de los objetivos basados en los tres principios que constituyen la base de la labor de la Comisión de Medio Ambiente: el principio de cautela, el principio de que quien contamina paga y el principio de sustitución. 
El hecho de que el ámbito de aplicación del reglamento se haya limitado a la biodegradabilidad de los tensioactivos de los detergentes no restringe la aplicación de estos principios. 
De hecho, creo que la biodegradación anaeróbica, la biodegradación de los principales ingredientes orgánicos y la biodegradación de los fosfatos deberían regularse específicamente, porque así se complementaría el reglamento de detergentes. 
Además, estoy de acuerdo con el principio de que debería preverse la posibilidad de introducir legislación sobre productos individuales, con vistas a imponer requisitos más rigurosos en el campo de la seguridad, el uso y la protección medioambiental que los establecidos por la legislación horizontal. 
Por esto todos instamos a la Comisión a que presente una nueva propuesta legislativa para eliminar gradualmente estas sustancias o para limitar las aplicaciones específicas dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de este reglamento. 
Por último, creo que resultaría apropiado prever un sistema de etiquetado único para este tipo de productos de uso diario, porque permitiría al consumidor reconocer los productos menos nocivos para el medio ambiente, y al productor promocionarlos. 
Señora Presidenta, estoy seguro de que todos los diputados estarán contentos de contribuir al propósito del Comisario de reducir el número de instrumentos legislativos vigentes, en este caso reduciendo cinco o seis Directivas a una sola. 
Los diputados han recibido críticas de la Oficina Europea del Medio Ambiente por ser menos ambiciosos, y en particular por no insistir en la supresión progresiva de los fosfatos en la Unión Europea. 
Se dice que nos hemos vendido a los fabricantes de detergentes. 
Según el color del cristal con que se mire, una bañera de agua caliente puede estar medio llena o medio vacía; personalmente considero que los cambios propuestos por el ponente, que cuenta con apoyo en los distintos partidos, son un caso de bañera medio llena. 
Representan un paso adelante significativo, fijando requisitos más estrictos para el uso de detergentes especializados, mejorando las propuestas de etiquetado de alérgenos potenciales, asegurando que se preste atención al desarrollo de ensayos que no empleen a animales y sentando las bases para la eliminación de los fosfatos, habida cuenta de las pruebas científicas. 
Estas propuestas son realistas y prudentemente ambiciosas, y suponen una mejora, en mi opinión, de las propuestas de la Comisión. 
Sin embargo, soy muy consciente de la necesidad de asegurar que obtengamos un apoyo multipartidista, si queremos que esta Cámara ejerza sus poderes para mejorar la legislación medioambiental. 
En ocasiones, podemos hacer gestos en primera lectura, consiguiendo enmiendas importantes para una reforma radical, pero de poco sirven si no llegamos a un acuerdo en segunda lectura, si no podemos conseguir la mayoría cualificada y para progresar debemos tener en cuenta tanto nuestras ambiciones medioambientales como las inquietudes legítimas de la industria. 
El día después de haber votado a favor de la ampliación de la Unión Europea, soy muy consciente de que las dificultades crecerán con el paso del tiempo. 
Corremos el grave peligro de tener que avanzar al ritmo del más lento de los diputados, a no ser que logremos unir esta Cámara en cada ocasión. 
Mi principal inquietud en este momento es que tenemos un número cada vez mayor de Estados miembros que sencillamente no cumplen ni siquiera la legislación que ya tenemos en los marcos normativos. 
En el Reino Unido hay actualmente nueve Directivas medioambientales que ya deberían haberse transpuesto desde que el Comisario asumió su cargo y ninguna de ellas se ha puesto aún en práctica. 
Los Ministros asisten al Consejo de Ministros, firman los documentos acordados por codecisión y después sencillamente no mantienen su palabra. Siguen los procedimientos establecidos, violan el espíritu de las normas. 
El problema por tanto no es si la bañera de agua caliente está medio llena o medio vacía, sino que muchos Estados miembros ni siquiera ponen el tapón en la bañera, para empezar. 
Esta debería ser la principal preocupación, no solo de la Oficina Europea del Medio Ambiente, sino también de los integrantes de esta Cámara y de la Comisión que se preocupan por asegurar que avanzamos juntos para mejorar el medio ambiente europeo. 
Señora Presidenta, me gustaría manifestar mi gratitud al Comisario. 
Resulta muy conveniente simplificar la legislación, de cinco elementos a solo uno. 
Sin embargo, el Comisario también ha dicho que esto es bueno para el mercado interior. 
Desgraciadamente, no es así, porque el mercado interior tiene que enfrentarse a cosas muy distintas. 
Alemania, Italia y una serie de otros países han prohibido los fosfatos en los detergentes. 
En algunos otros países, como el mío, hay una prohibición voluntaria. 
En otros países, en particular los escandinavos, los fosfatos se eliminan en el sistema de depuración de aguas residuales. 
En el sur de Europa y, desgraciadamente, también en Europa oriental, se permiten los fosfatos. 
No puede sostener por tanto que esta situación sea buena para el mercado interior. 
Todos los grupos han llegado, no obstante, a un acuerdo sobre ocho puntos y este es uno de ellos. 
Estoy muy feliz al respecto. 
Instamos a la Comisión a volver a examinar las pruebas científicas que demuestran que los fosfatos sí causan un problema, no solo en los detergentes clásicos. 
Después de todo, disponemos de suficientes alternativas. 
Éste era el gran problema hace 30 años, que todos aquellos detergentes contuvieran demasiados fosfatos, de modo que el jabón llegaba a los ríos en todos los lugares, generando espuma y algas verdes. 
Ahora, no obstante, tenemos pastillas para lavavajillas, que no existían hace 30 años y que aún contienen muchos fosfatos, incluso en aquellos países que ahora han prohibido los fosfatos. 
Por eso me he sumado al acuerdo. 
Examinen de nuevo la situación con detenimiento y denle tres años a la industria para buscar alternativas. 
Puede hacerse. 
Ya se demostró que era posible en el caso de los detergentes corrientes, de modo que también debe serlo para estas pastillas de lavavajillas. 
Hay otro problema más. 
Resulta manifiestamente ridículo que se permitan en los detergentes sustancias peligrosas, carcinógenas. 
Me alegra que la mayoría de este Parlamento probablemente se declare en breve a favor de que no se permita la presencia de estas sustancias en los productos corrientes, de uso diario, que todo el mundo utiliza. 
Por supuesto, nos estamos adelantando a la legislación sobre química que aún está por llegar, pero no es culpa nuestra que la Comisión haya esperado tanto para presentar esta legislación. 
De hecho, aún no la tenemos y en todo el Parlamento, desde todos los partidos políticos, estamos esperando que la Comisión realmente presente esta nueva legislación antes del verano. 
Por último, la cuestión de los perfumes. 
Las sustancias que provocan alergias, no en todo el mundo, pero sí en ciertas personas que no las pueden soportar, sencillamente no tienen lugar en los detergentes. 
Bien, no es eso lo que hemos decidido. 
Lo que hemos decidido es que los fabricantes de detergentes deben indicar claramente que estas sustancias están presentes. 
Esto le da a la gente la oportunidad de elegir si utilizan o no los detergentes que las contienen y en cualquier caso probablemente haga que los grandes fabricantes de detergentes terminen eliminándolas. 
Señora Presidenta, el ponente, el Sr. Nobilia, ha demostrado una vez más que las cuestiones técnicas complicadas pueden afectar a un asunto cotidiano como los detergentes. 
Estoy de acuerdo con la línea establecida por el ponente. 
Si queremos evaluar los detergentes con vistas al comercio y el uso, debemos examinar particularmente sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. 
Puede concederse una exención de las restricciones de comercio y uso en el caso de aplicaciones necesarias para las que no existan alternativas más seguras. 
Con esta disposición, no obstante, debemos asegurarnos de que el volumen de ventas y uso en el territorio de la Unión Europea se mantenga a un nivel lo suficientemente bajo como para que no suponga una amenaza para el medio ambiente y la salud. 
Otro punto importante se refiere a los fosfatos. 
En algunos Estados miembros ya se han prohibido. 
Una prohibición comunitaria resulta bastante prematura por el momento, en mi opinión, pero hay que examinar esta cuestión con detenimiento. 
Si existen otros aspectos para los que los Estados miembros han formulado una legislación más estricta, dichos Estados no deberían verse forzados a modificar su legislación. 
Por último, quiero expresar mi aprobación al ponente respecto al etiquetado. 
Para la gente común resulta a menudo incomprensible y engañoso. 
Debería bastar con textos sencillos sobre productos que han sido aprobados tras una evaluación rigurosa. 
Si el consumidor curioso desea saber más, deben consultar al fabricante a través de su página web o por teléfono. 
Señor Comisario, esta propuesta de reglamento, diseñada para simplificar la legislación existente, entra completamente dentro del marco del desarrollo sostenible, simplemente porque se refiere a una cuestión medioambiental, que también puede relacionarse con la salud pública y la política del consumidor. 
Además, esto demuestra claramente los vínculos entre estas tres competencias o áreas. 
Sin embargo, también es una cuestión relacionada con el mercado interior y- como el Sr. Florenz ha descrito con tanta claridad- todas las consecuencias económicas de este tipo de decisión resultan evidentes. 
Este es pues un problema medioambiental, puesto que supone ejercer presión en los distintos agentes implicados para reducir significativamente el uso de los detergentes, que, cuando es excesivo, tiene consecuencias nocivas para el agua. 
Asimismo, es una cuestión de salud pública. 
¿Estamos midiendo realmente las consecuencias para la salud humana de la contaminación del agua provocada por el agua de enjuagado residual que contiene detergentes? 
Todos queremos reducir significativamente las cantidades empleadas y la toxicidad de los distintos ingredientes de los detergentes. 
Sin embargo, necesitamos establecer objetivos en esta área que sean ambiciosos pero que entren dentro de nuestro alcance. 
A este respecto, también entra en juego la política del consumidor, puesto que corresponde a los consumidores, en otras palabras, a cada uno de nosotros, racionalizar el uso de detergentes. 
Esto se consigue, concretamente, reduciendo las cantidades empleadas y utilizando los productos de una forma más eficiente. 
Para ello, los consumidores deben tener acceso a una mejor información respecto a las instrucciones y las condiciones de uso y ser verdaderamente conscientes de sus grandes responsabilidades en esta área. 
Empresas del sector ya han hecho esfuerzos a este nivel, mediante códigos de buenas prácticas o la organización de campañas para aumentar la información y la concienciación de los consumidores. 
Estas iniciativas, no obstante, son indudablemente insuficientes con relación a las cuestiones medioambientales en juego y los resultados actuales. 
Por eso apoyo al ponente, el Sr. Nobilia, en este campo, puesto que va más allá que la Comisión. 
Sin dejar de ser consciente de la necesidad de respetar los secretos comerciales, naturalmente- a veces abordamos áreas que podrían ser delicadas -, nos gustaría pedir más información. 
Nos gustaría que toda la información posible se enviara inmediatamente al personal médico, que puede verse en la obligación de responder y de tomar decisiones en este campo. 
Por supuesto, me gustaría señalar que el personal médico también debe respetar el secreto profesional. 
Resulta esencial continuar con la investigación en este sector para encontrar sustancias que sean igualmente efectivas en cuanto a higiene, pero menos nocivas para el medio ambiente. 
Debemos encontrar productos que sean más biodegradables. 
Más específicamente, con respecto a la cuestión de los experimentos con animales- ya hemos hablado bastante al respecto en esta Cámara, entre otras ocasiones, cuando tuvimos que tomar una decisión sobre los productos de cosmética- debemos fomentar el uso, cuando sea posible, de métodos de ensayo in vitro y de otros métodos alternativos. 
Las distintas iniciativas tomadas deben, por supuesto, llevarse a cabo en estrecha relación con la legislación europea, incluida la legislación que estamos preparando en el campo de sustancias químicas, de modo que podamos adoptar políticas coherentes. 
Señora Presidenta, celebro esta propuesta. 
Ya era hora de que hiciéramos algo con respecto a los detergentes, puesto que existe un problema de primer orden relacionado con ellos y con su impacto en la calidad del agua en toda Europa. 
En todos nuestros sistemas hídricos, nuestros grandes ríos e incluso en el mar pueden apreciarse los efectos de estas sustancias vertidas en el medio ambiente a diario. 
Por tanto, acojo con agrado las propuestas que amplían los ensayos de biodegradabilidad, fijan normas en general más estrictas en materia de biodegradabilidad y exigen una información y un etiquetado más claros. 
Todo esto está muy bien, puesto que simplifica y clarifica los procedimientos administrativos de la propuesta. 
El ponente y los ponentes alternativos han trabajado realmente bien juntos para elaborar un paquete que merece el apoyo de esta Cámara. 
Me gustaría hacer una pregunta, no obstante. 
¿Podemos estar satisfechos con lo que se ha hecho, en particular por lo que respecta a la cuestión de los fosfatos? 
Los fosfatos son la cuestión clave que alberga esta propuesta. 
Los fosfatos son el desencadenante y a menudo la causa evidente de la eutrofización en muchas aguas de diversos tipos en la Unión Europea. 
Sabemos que los detergentes son una de las principales fuentes de fosfatos. 
Eliminar los fosfatos de los detergentes probablemente reduciría el nivel de fosfatos en nuestros ríos, lagos y océanos, hasta el punto de que no tendríamos que preocuparnos más del problema de la eutrofización. 
Esta propuesta no afronta por completo esa cuestión. 
No podemos dejarlo para otro día. 
Si lo hacemos, nos encontraremos con que, a causa del desarrollo de la Europa Central y Oriental, habrá un problema persistente de eutrofización provocado por los fosfatos en los ríos de toda la Unión. 
Si existe algún problema respecto a esta propuesta en su estado actual, es que no hemos hecho bastante en lo que se refiere a los fosfatos. 
Debemos tomar medidas con respecto a esta cuestión. 
Señora Presidenta, la elaboración de este informe ha sido una verdadera aventura. 
Al igual que mis compañeros de esta Cámara, estoy muy complacida de que consigamos una directiva que haga más estricta la normativa sobre detergentes, porque esto es algo que indudablemente resulta necesario. 
Puede cuestionarse, no obstante, como hizo el anterior orador, si resulta suficiente. 
Mi respuesta es que una declaración más rigurosa que la que se ha hecho habría sido conveniente. 
Creo que las enmiendas que hemos presentado pueden resultar beneficiosas principalmente respecto a dos puntos: el etiquetado medioambiental, cubierto por la enmienda 48, y el valor del umbral para sustancias biodegradables, cubierto por la enmienda 55. 
La exigencia de biodegradabilidad constituye, definitivamente, una parte importante de esta legislación, pero el requisito debería recogerse en un artículo, en lugar de en un anexo. 
Esto también resultaría apropiado a la luz del procedimiento de codecisión y de la influencia del Parlamento Europeo en la legislación. 
La propuesta de la Comisión sostiene que si un tensioactivo supera la prueba de biodegradabilidad final, no serán necesarias más pruebas antes de que la sustancia salga al mercado. 
No creo que esto resulte suficiente. 
El hecho de que un detergente haya superado la prueba de biodegradabilidad no elimina la posibilidad de que haya generado otros metabolitos difíciles de descomponer y que puedan causar problemas importantes para el medio ambiente. 
Los estudios suecos han demostrado que los detergentes contienen muchas más sustancias químicas e ingredientes de otro tipo que no habían contenido anteriormente. 
Por tanto, no basta con examinar la biodegradabilidad. 
Unas pocas observaciones sobre el etiquetado, que es algo que defiendo. 
Los consumidores deben poder elegir. 
Las elecciones medioambientales responsables, firmemente defendidas por la Asociación Sueca para la Protección del Medio Ambiente, han llevado a que tengamos, creo, los detergentes más seguros que se compran y venden actualmente en el mundo. 
Son los consumidores quienes, a través de sus elecciones, han impulsado este desarrollo. 
Quiero por tanto que voten a favor de la enmienda 48. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar al ponente por la elevada calidad de su trabajo y su voluntad de reintroducir en el texto del reglamento el Artículo 174 del Tratado, referido a política medioambiental. 
Un reglamento, en particular en este campo, no debe limitarse a asegurar la libre circulación de detergentes dentro del mercado interior. 
En pocas palabras, el Artículo 95 no debe primar sobre el uso prudente y racional de los recursos naturales. 
Eso supondría perder todo el sentido de la proporción. 
El nuevo reglamento tendrá muchos efectos beneficiosos. 
Mencionaré solo dos. 
La mejora del etiquetado que garantiza a los consumidores la información más específica posible gracias a etiquetas claras y legibles. 
La restricción del uso de sustancias peligrosas conocidas como tensioactivos, que son perjudiciales para el medio ambiente, puesto que apenas son biodegradables y resultan peligrosas en lo tocante a salud pública para quienes manejan estos detergentes a diario. 
Estoy pensando particularmente en las sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas cuyo carácter nocivo está reconocido. 
Este informe también plantea la cuestión de prohibir los ensayos con animales. 
Mi postura al respecto no ha cambiado. 
Estoy a favor de prohibir los ensayos con animales, siempre y cuando se pueda recurrir a ensayos alternativos viables, en particular por lo que respecta a los metabolitos. 
Debemos evitar el error cometido en la revisión de la directiva sobre productos cosméticos, que prohibió dichos ensayos sin asegurarse de que existieran métodos alternativos fiables. 
Con respecto a las excepciones, solo los Estados miembros deben controlar las autorizaciones de comercialización. 
En este punto, estoy de acuerdo con el enfoque del ponente. 
Debemos tener cuidado de no dañar a pequeñas y medianas empresas en un mercado de los detergentes dominado por cuatro o cinco pesos pesados, para los que esta nueva legislación no supondrá un problema particular. 
Por otra parte, las PYME que producen pequeñas cantidades de detergentes especializados, conocidos como productos industriales o comerciales, actúan en segmentos marginales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, estamos examinando una propuesta de reglamento de la Comisión, destinada a la revisión y actualización de la legislación sobre detergentes, en consonancia con una tendencia que ha existido desde 1973. Esta propuesta también pretende contribuir a la libre circulación de los detergentes en el mercado interior. 
Felicito al Sr. Nobilia por el informe que nos ha presentado, que apoyo plenamente. 
Al igual que el Sr. Purvis, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, al que deseo felicitar aprovechando esta oportunidad, creo que este reglamento supone un avance tanto para los productores como para los consumidores de detergentes. 
Deseo, no obstante, hacer una serie de observaciones sobre dos cuestiones que considero extremadamente importantes y sobre las que he presentado propuestas de enmiendas en la Comisión de Industria. 
En primer lugar, celebro el hecho de que el preámbulo del reglamento reconozca expresamente la necesidad de realizar una evaluación de las cuestiones relacionadas con el contenido de fosfatos y la biodegradabilidad de los detergentes y obligue a la Comisión a informar al Parlamento y al Consejo, en el plazo de tres años, de los resultados de esta evaluación. 
Por consiguiente, estaremos en posición de evaluar la necesidad futura de regulación en este campo. 
La segunda cuestión, que desgraciadamente no se adoptó en la comisión, se refiere a la obligación de los fabricantes de proporcionar a profesionales de la atención sanitaria una hoja informativa en la que se detallen todos los ingredientes de un detergente. 
En esta área, creo que resulta crucial permitir a los Estados miembros, por una parte, designar al organismo o los organismos responsables de la recepción de esta información y, por otra, tomar las medidas necesarias para asegurarse de que los organismos y los profesionales de la atención sanitaria encargados de recibir esta información proporcionen las garantías necesarias de confidencialidad. 
Esta información solo puede emplearse cuando exista una necesidad médica de tomar medidas preventivas y curativas, en particular en casos de emergencia, siendo los Estados miembros responsables de asegurar que esta información no se emplee para otros fines. 
La información sobre los preparados es extremadamente delicada y solo puede transferirse a organismos o profesionales de la asistencia sanitaria que deban respetar el secreto profesional. 
Además, dicha información debe emplearse exclusivamente para tratar a las personas enfermas. 
Señora Presidenta, yo también creo que esta es una buena propuesta. 
Resulta importante que garanticemos la libre circulación de detergentes, pero creo que resulta aún más importante que los detergentes que sacamos al mercado no dañen ni el medio ambiente ni la salud pública y que, como consumidores, siempre deberíamos conocer la naturaleza de los artículos cotidianos que compramos en las tiendas. 
Puedo apoyar las propuestas relativas a las prohibiciones de uso de sustancias carcinógenas y tóxicas en los detergentes y asimismo puedo apoyar la propuesta complementaria para que la prohibición incluya las sustancias químicas que son difíciles de descomponer, junto con las sustancias químicas que provocan trastornos hormonales. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que aquellos Estados miembros que han aplicado normas restrictivas al uso de fosfatos en detergentes deben ser capaces de mantenerlas y creo que es importante que, en el ámbito comunitario, abordemos la cuestión de los fosfatos. 
En cuanto al etiquetado, resulta naturalmente importante que los consumidores dispongamos de información sobre las características de las sustancias que contienen los detergentes, incluidas las que provocan alergias. 
Respecto al sistema de etiquetado medioambiental comunitario, me gustaría señalar que estas sustancias están cubiertas por este sistema, pero aparentemente no todos los fabricantes creen que merezca la pena formar parte del mismo. 
En gran medida, utilizan sus propias etiquetas y por tanto puedo apoyar la enmienda 48, basada en la idea de que, si se emplean otras etiquetas medioambientales, debe señalarse en qué se diferencian de la etiqueta medioambiental oficial comunitaria. 
Por último, me gustaría decir, sobre la cuestión de los experimentos con animales, que puedo apoyar las enmiendas concebidas para restringirlos. 
En la medida en que haya métodos alternativos, debemos intentar emplearlos y, en última instancia, debemos pensar también en presionar a la industria y a los fabricantes para desarrollar métodos alternativos en aquellos casos en que no existan, de forma que se eviten tantos experimentos con animales como sea posible. 
Señora Presidenta, yo también encuentro que la propuesta resulta decepcionante. 
Ya era hora de que se acabara con las sustancias carcinógenas. 
La eliminación de los fosfatos es de hecho una necesidad y es una tragedia que no la hayamos conseguido introducir. 
Además, en lo que se refiere a la eliminación progresiva, el Reglamento está muy a la zaga de otras disposiciones, como, por ejemplo, las directivas marco del agua. 
El etiquetado es únicamente un primer paso. 
Aunque debe darse la mayor prioridad a la libertad de elección, mi crítica es que se ha prestado muy poca atención en este debate al examen de la relación causal entre las alergias, la sensibilidad a las sustancias químicas y la exposición a estas. 
Este Reglamento hace mucho respecto a los efectos en el agua y muy poco- prácticamente nada, de hecho- sobre una evaluación de la exposición que cubra a los consumidores y a aquellos que trabajan en el proceso de producción. 
Permítame concluir, señor Comisario, presentándole una petición. 
Tardamos mucho en presentar una enmienda, pero le pido que la considere igualmente. 
Sabemos que una serie de empresas ya están añadiendo componentes amargos al líquido lavavajillas para evitar que los niños lo beban accidentalmente. 
Aún se producen demasiadas muertes infantiles por ingestión de líquidos lavavajillas o fluidos de limpieza. 
Le pido que lo tenga en cuenta, aún sin una enmienda sobre la cuestión, y que considere la posibilidad de pedir a las empresas componentes amargos para reducir así el número de muertes infantiles. 
Señora Presidenta, este informe es un buen ejemplo de la cooperación que supera las fronteras de los partidos políticos y le doy las gracias por ello a mi colega, Mauro Nobilia. 
A mí misma me ha complacido seguir la línea marcada por el ponente alternativo de mi propio grupo, mi colega Karl-Heinz Florenz. 
Una buena labor por parte de un hombre que ha confesado que solo ha utilizado una lavadora dos veces en su vida. Así, va tomando forma un informe bastante bueno, equilibrado. 
Esto puede sonar innecesariamente solemne, considerando que estamos hablando de detergentes, pero cuando piensa en los efectos sobre el medio ambiente, esta cuestión cotidiana resulta importante. 
Estamos haciendo un progreso técnico razonable, de modo que el uso de los detergentes pueda constituir una carga sobre el medio ambiente tan pequeña como sea posible. 
Se ha prestado, no obstante, menos atención a la función del usuario de detergentes. 
Creo que el comportamiento del consumidor en el futuro tendrá el impacto más relevante en la carga medioambiental generada por los detergentes. 
No basta con escoger un paquete con etiqueta medioambiental de entre los que hay en la estantería: la gente también debe ser capaz de utilizar el producto correctamente. 
No resulta tan fácil como parece, no obstante. 
En primer lugar, la cantidad a emplear depende de la dureza del agua. 
Esto puede variar considerablemente de las áreas de agua más dura a las de agua más blanda. 
Por supuesto, no obstante, resultaría muy frustrante producir muchos tipos distintos de empaquetado de acuerdo con la dureza del agua. 
La carga de ropa y lo sucia que esté también afecta a la dosificación. 
Lo que se indica en el Anexo VIII, aunque mejorado por la enmienda de la comisión, resulta aún demasiado aproximado a este respecto. 
Las medias no son una solución adecuada cuando la cantidad justa resulta crucial desde el punto de vista del consumidor y del medio ambiente. 
Otro factor que dificulta la cuestión de la correcta dosificación es el creciente mercado de concentrados. 
Resulta muy difícil decidir la dosis para concentrados cuando se está acostumbrado a utilizar cantidades mayores. 
El uso de concentrados reportaría muchas ventajas, no obstante, al consumidor y al medio ambiente: habría menos paquetes en existencias y se ahorrarían sumas significativas en costes de transporte. 
Por esta razón, deberíamos apoyar el cambio a los concentrados, pero únicamente si el consumidor sabe utilizarlos correctamente. 
Aunque la directiva sobre orientación a los consumidores aún está a medio hacer, creo que los fabricantes de detergentes podrían aumentar voluntariamente la concienciación del consumidor y reducir así la carga sobre el medio ambiente. 
Los organismos nacionales de consumo podrían organizar campañas que orientaran a los usuarios de detergentes. 
Espero que así sea. 
No pueden lavarse las manos con respecto a esta cuestión. 
Señora Presidenta, los productos de limpieza son necesarios, pero también son una fuente de contaminación. 
Todo puede estar más limpio y debemos mostrar la voluntad política necesaria a este respecto hoy. 
En primer lugar, me gustaría dar sinceramente las gracias al Sr. Nobilia y los ponentes alternativos. Han realizado un buen trabajo de cara a mejorar la propuesta de la Comisión. 
En lo que se refiere a los fosfatos, no obstante, aún queda mucho por hacer. 
Hay cuatro observaciones que me gustaría hacer. 
En primer lugar, debemos prever una investigación válida y adecuada para acabar con las lagunas de conocimiento. 
Los ensayos de toxicidad son convenientes y no pueden dejar de efectuarse. 
Las enmiendas a este respecto están en consonancia con la política de eliminar la falta de conocimiento sobre sustancias químicas. 
En segundo lugar, los criterios deben ser claros. 
Una degradabilidad del 60% por sí misma no basta. 
Se trata de lo que el resto contenga. 
Los restos no pueden contener en ningún caso sustancias muy persistentes o que provoquen trastornos hormonales. 
La enmienda 49 del Grupo del Partido Socialista Europeo es muy clara al respecto. 
En tercer lugar, debe quedar claro que las excepciones únicamente se permiten en condiciones muy estrictas. 
Debe tratarse por supuesto de un uso industrial y las ventas totales no deben constituir una amenaza al medio ambiente o a la salud pública. 
Los beneficios medioambientales también deben demostrarse. 
Las excepciones solo pueden hacerse si resultan ventajosas para el medio ambiente y por supuesto para la salud pública. 
Asimismo, debe quedar claro que en ninguna circunstancia pueden entrar en juego criterios económicos. 
La enmienda 47 es por tanto mucho más clara que otros textos. 
Por último, debe proporcionarse una información clara, honesta y transparente. Nada de etiquetas verdes engañosas, sino información honesta. 
Los fabricantes deben asociarse en la medida de lo posible a la marca medioambiental europea. 
La marca medioambiental europea debe constituir en cualquier caso un punto de referencia. 
Es la única forma de generar claridad para los consumidores. 
Señora Presidenta, cuando entramos esta mañana había un olor palpable de cigarros puros en esta Cámara. 
Por un momento pensé que se trataba de un nuevo ingrediente del que se estaba haciendo una demostración en los detergentes que se habían usado para limpiar la Cámara por la noche. 
Sospecho que tiene que ver más bien con el cumplimiento de la directiva parlamentaria sobre el aire puro, por contraposición a la directiva parlamentaria de aire caliente que a menudo distingue nuestros debates. 
Sin embargo, de lo que discutimos esta mañana es de los detergentes, y debemos recordar, como apuntó el Sr. Florenz, de qué está hecha esa industria: en particular, en el sector especializado- el ámbito no doméstico -, dos tercios de la producción de este sector corresponden a pequeñas empresas que emplean a unas 20.000 personas en toda la Unión Europea. 
Por esa razón, todo el mundo tiene razón al felicitar al Sr. Nobilia, nuestro ponente, por su hábil forma de conseguir un equilibrio entres las cuestiones medioambientales, la elección y la información del consumidor y los intereses de la industria, para elaborar una propuesta en torno a la cual nos podemos unir hoy. 
Le felicito por la habilidad con que ha negociado las enmiendas transaccionales que se aprobaron en la comisión. 
Estas se refieren a una serie de ámbitos, incluida la evaluación complementaria del riesgo de tensioactivos que no superan los últimos ensayos de biodegradabilidad, de modo que un enfoque con distintos niveles pueda tener en cuenta la exposición y el riesgo. 
También estuvo acertado al proponer una redacción más restrictiva que la de la Comisión respecto al acceso del personal médico a las listas detalladas de ingredientes, asegurando no solo el acceso de los médicos, sino también la confidencialidad de la información. 
Estuvo acertado al reforzar el acceso de los consumidores a la información, asegurando que las listas completas de sustancias añadidas a los detergentes sean fácilmente accesibles para los consumidores. 
A continuación llegamos al compromiso sobre los fosfatos. 
Incorporo una serie de enmiendas, incluida la mía. 
Estoy seguro de que tenía razón al pedir al Comisario que examinara los argumentos y volviera con una propuesta dentro de un plazo de tres años. 
Los argumentos merecen toda la atención, pero también debemos ser conscientes de los beneficios de los fosfatos. 
Sabemos por nuestros colegas escandinavos que, siempre y cuando haya un tratamiento adecuado de las aguas, residuales o no, los fosfatos pueden ayudar a reducir la cantidad de detergentes empleados y también la temperatura del agua necesaria para lavar. 
No sé, señora Presidenta, si usted es una de las muchas personas que emplean en la actualidad las pastillas de detergente en las lavadoras, pero se ha observado una tendencia a favor de las pastillas que contienen fosfato, lo cual puede aumentar la eficiencia. 
Convendría recordar la investigación llevada a cabo por Suecia y los Países Bajos. 
La junta de aguas de Estocolmo descubrió que con los sucedáneos de los fosfatos había una media de diez veces más sólidos suspendidos en sus vertidos, lo cual conducía a un aumento sustancial de los sedimentos, mientras que se observó que los productos con fosfatos eran menos nocivos en cuanto a ecotoxicidad para los microorganismos. 
La investigación del Instituto holandés de Ciencias Medioambientales mostró que el uso de detergentes sin fosfatos no producía una mejora de la calidad de las aguas superficiales y, en muchos casos, agravaba la eutrofización que se producía cuando se empleaban detergentes con fosfatos. 
La razón de ello es que las alternativas eran tan tóxicas que acababan con el zooplancton vital que se alimentaba de algas y fitoplancton del agua dulce equilibrada naturalmente. 
Tenemos ante nosotros una propuesta sensata. 
No acepto las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes, que van demasiado lejos, particularmente en cuanto a las propuestas, algo absurdas, del ecoetiquetado. 
Esta es una medida que podríamos haber solventado en una lectura. 
Le deseo lo mejor y felicito una vez más a nuestro ponente. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que el reglamento objeto de debate resulta extremadamente importante y se necesita urgentemente. Asimismo creo que el Sr. Nobilia- a quien felicito- ha desarrollado una labor eficiente, como el Sr. Bowis, que intervino antes que yo, ha dicho, demostrando una gran sensibilidad, y que el resultado es positivo para todas las partes implicadas. 
Creo que resulta extremadamente importante que nos demos cuenta- y estoy absolutamente convencido de ello- de que aún queda mucho por hacer en cuestiones medioambientales. 
Creo que la Unión Europea es la fuerza motriz en esta cuestión, aunque los fosfatos, por ejemplo, ya llevan prohibidos algún tiempo en una serie de países. 
Italia es uno de esos países y mientras era diputado en el Parlamento italiano, formando parte de hecho de la comisión responsable, colaboré en la preparación de textos legislativos a tal efecto. 
Creo que los demás países, que aún no han adoptado legislación a este efecto, deberían ponerse a la misma altura tan pronto como sea posible, no solo para emplear y demostrar una mayor sensibilidad, sino también para asegurar que haya una mayor atención a los requisitos medioambientales y, además, para proporcionar al consumidor más información. 
No estoy de acuerdo con algunas objeciones planteadas en esta Cámara, incluidas las planteadas por un miembro del Grupo de los Verdes, que, como siempre, cuando no es el incitador de propuestas, solo ve los puntos negativos- un vaso medio vacío, por así decirlo- y no los positivos. 
Yo siento, no obstante, que este reglamento contiene muchos puntos positivos, en lo que se refiere a todas las partes, de hecho, y en mi opinión, la cuestión de los ensayos de toxicidad ya se ha abordado en la directiva de sustancias peligrosas, de modo que no es necesario que esas disposiciones se dupliquen en el reglamento. 
A continuación, me gustaría centrarme en una cuestión planteada recientemente por una serie de expertos y científicos: el aumento de sustancias hormonales en nuestras aguas y los significativos efectos en la fauna acuática, como el cambio de sexo de los peces y las consiguientes dificultades para reproducirse. 
Creo que este problema merece una mayor atención en el futuro. 
Por último, siento que son necesarios conocimientos en una serie de áreas para poder emitir una opinión sobre estas cuestiones. 
Saber cómo utilizar una lavadora no es suficiente. 
Este asunto afecta a todos los consumidores y, aunque este reglamento reviste una naturaleza algo técnica, en última instancia afecta a todos los consumidores, en otras palabras, a todos los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, he seguido con gran interés el debate y he tomado nota de las diferentes inquietudes manifestadas. 
Quizá pueda agrupar las cuestiones en seis grupos de enmiendas que podría comentar uno a uno. 
En primer lugar, una serie de enmiendas intentan mejorar la redacción del texto de la Comisión y pueden aceptarse. 
Las enumeraré más adelante. 
En segundo lugar, una serie de enmiendas están vinculadas con otra legislación. 
En cuanto a los ensayos con animales, los objetivos de la Comisión son los mismos que los del Parlamento. 
Diferimos en cuanto a la forma de reflejar estos objetivos en la legislación. 
La Comisión no puede aceptar enmiendas que introduzcan declaraciones políticas que vayan más allá del alcance de esta propuesta. 
Muchas sustancias y preparados ya se encuentran adecuadamente regulados por la legislación horizontal en materia de productos químicos. 
Resulta innecesario e indeseable mencionarlos de nuevo en la legislación sobre detergentes. 
En tercer lugar, parece haber un deseo de introducir medidas sobre fosfatos, biodegradabilidad anaeróbica e ingredientes orgánicos distintos de los tensioactivos. 
La Comisión cree que estas cuestiones no necesitan que se tomen medidas de forma tan urgente como para impedirnos establecer una base científica firme para la legislación. 
La extensión de los ensayos de biodegradabilidad a todas las sustancias y preparados sería una medida desproporcionada e injustificada en este momento. 
Volveré a los fosfatos más adelante. 
En cuarto lugar, respecto al etiquetado, la legislación sobre detergentes es complementaria a la legislación horizontal sobre productos químicos y por tanto debe ser compatible con esta. 
Es preciso legislar por separado, y así se hace, sobre los cosméticos y detergentes. 
La comparación entre un líquido lavavajillas, que es un detergente, y un champú químicamente similar, resulta tentadora, pero se trata de un caso excepcional. 
Ningún tensioactivo de un detergente industrial se utilizaría en un producto cosmético, del mismo modo que ningún tensioactivo cosmético sería de utilidad en un detergente para lavadoras y mucho menos en uno industrial. 
El propósito de la hoja informativa sobre ingredientes es proporcionar información a quienes la necesiten, a saber, los médicos que traten a pacientes que sufran alergias. 
Los fabricantes tienen un interés legítimo en asegurarse de que se mantenga la confidencialidad. 
Los Estados miembros también tienen derecho a pedir información sobre los ingredientes a los fabricantes para emplearla en sus centros de toxicología. 
En quinto lugar, las excepciones. 
La introducción de un límite vitalicio para que los fabricantes presenten la información adicional solicitada por los Estados miembros es una buena idea. 
De acuerdo con nuestros expertos jurídicos, los criterios para denegar excepciones deben manifestarse explícitamente en el texto, pues de lo contrario la decisión de denegar una excepción puede no ser aceptable para un tribunal. 
Un conjunto mínimo de datos es necesario para evaluar la petición de excepción, es lo que hemos especificado en el anexo IV; si, además, un Estado miembro requiriese información adicional para una evaluación, puede pedir tanta o tan poca como necesite. 
De esta forma establecemos un enfoque escalonado. 
Por último, los fosfatos. 
La Comisión ha prometido en el considerando 31 tomar medidas sobre los fosfatos si existe una base científica sólida para hacerlo. 
La prioridad de la Comisión en esta cuestión es establecer una base científica sólida para actuar a nivel comunitario. 
No hay una necesidad urgente a nivel comunitario respecto a esta cuestión. 
Los Estados miembros que se sienten particularmente vulnerables ante los efectos medioambientales de los fosfatos ya han tomado medidas nacionales. 
En algunos casos, se hizo hace muchos años y la situación en dichos países se ha estabilizado. 
Cualquier acción a escala comunitaria debe demostrar claramente el valor añadido de la situación actual. 
Esperamos contar con un dictamen definitivo del Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente sobre los fosfatos de los detergentes antes de fin de año. 
Por último, quiero decir que la Comisión puede aceptar total o parcialmente las enmiendas 2, 4, 8, 17 a 19, 22 (parcialmente) , 27 (parcialmente) , 34 a 37- pero únicamente una parte de la enmienda 37- y 53. 
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 3, 21, 31, 45, 46 y 52. 
Las demás enmiendas no resultan aceptables para la Comisión. 
. Gracias, Sr. Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
. El siguiente punto es la recomendación para la segunda lectura (A5-0099/2003) de la Sra. Schörling, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo con vistas a adoptar una Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo que modifique, por vigésimoquinta vez, la Directiva 76/769/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción- c/m/r) (15703/2/2002- C5-0013/2003 y 15703/2/2002 REV 2 COR 1- C5-0013/2003/COR- 2002/0040 (COD) ). 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y en particular a su ponente, la Sra. Schörling, por la forma tan constructiva con que han abordado esta propuesta. 
La finalidad de la Directiva propuesta es garantizar la libre circulación de sustancias y preparados químicos y mejorar la protección de la salud y la seguridad del consumidor prohibiendo que se pongan en el mercado sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción para uso del público en general. 
La Directiva propuesta, por consiguiente, introducirá normas armonizadas en toda la Comunidad. 
El 12 de febrero de 2002, la Comisión propuso una Directiva para actualizar la lista de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción con la incorporación de 44 nuevas sustancias. 
Al incluir estas sustancias y preparados (como pegamentos, productos de limpieza y pinturas) , la propuesta de la Comisión aborda las situaciones que comportan mayores probabilidades de exponer a un riesgo a los consumidores. 
Esta es la quinta vez que la Comisión propone una actualización de la lista de estas sustancias. 
Si se identifican riesgos de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, estos usos se restringirán separadamente, caso por caso, sobre la base de una evaluación del riesgo. 
Para terminar, la Comisión cree que su propuesta no solo contempla la protección de la salud de los consumidores, sino que también preserva el mercado interior mediante la introducción de normas armonizadas. 
Por tanto, les pediría que apoyaran la adopción de esta importante medida. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas, celebro y apoyo esta propuesta. 
Supone un paso adelante que 44 nuevas sustancias reconocidas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción se hayan añadido a la lista de sustancias prohibidas y se eliminen de los productos y de otros usos en el seno de la Unión. 
Supone ciertamente un paso adelante en la protección de la salud humana. 
La cuestión de los cosméticos parece haberse resuelto y podemos mostrarnos satisfechos con el acuerdo. 
Este también es un importante paso adelante para la salud de los usuarios de cosméticos. 
En cuanto a la cuestión de las sustancias químicas contenidas en los productos, acepto la opinión expresada en el informe del Parlamento de que deberíamos empezar a estudiar de cerca esta cuestión. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con la Comisión en que esta cuestión tiene implicaciones mucho mayores que controlar las 44 sustancias químicas de nuestra propuesta actual y sus peligros potenciales. 
Ahora está claro que esta cuestión va a ser abordada en la futura política de productos químicos. 
Podemos por tanto estar satisfechos de haber realizado un buen progreso con esta propuesta y podemos retomar la cuestión de las sustancias químicas contenidas en los productos, y otras cuestiones, cuando abordemos la propuesta de política de productos químicos que entendemos que la Comisión publicará el 7 de mayo para una consulta más amplia. 
Espero que podamos empezar a trabajar sobre esta cuestión en otoño de este año. 
Por tanto, en nombre del Grupo de los Socialistas, recomiendo la propuesta y sus resultados a la Cámara y espero continuar nuestro diálogo y cooperación constructivos con la Comisión. 
. Muchas gracias, señor Bowe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
. El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la crisis del mercado internacional del café. 
Señor Presidente, la Comisión es plenamente consciente de las dificultades planteadas por la caída de los precios mundiales del café para muchos agricultores de los países en vías de desarrollo que viven de este producto. 
Han recibido propuestas de Estados miembros y ONG de iniciativas para afrontar la crisis. 
Actualmente apoyamos iniciativas en el contexto de la Organización Internacional del Café, la plataforma de diálogo entre países exportadores e importadores de café, tanto en el sector público como en el privado. 
Apoyamos la resolución 407 de la OIC y hemos pedido a la Federación Europea del Café que lleve a cabo una supervisión independiente. 
Asimismo, hemos retomado la cuestión de la pertenencia a la OIC con los Estados Unidos. 
Tal y como propuso el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el 19 de noviembre de 2002, hemos pedido a la OIC que realice un análisis comparativo a escala mundial de las zonas de cultivo del café. 
En la OIC, esta iniciativa cuenta con el apoyo entusiasta de los países productores de café. 
De hecho, el problema no es solo el café. 
Afecta a muchos otros productos primarios y a los países que dependen de ellos. 
Por tanto, no deberíamos considerar la cuestión del café como algo aislado. 
Estamos a favor de una estrategia a largo plazo y coherente para abordar los problemas de los países dependientes de determinados productos, partiendo de los amplios esfuerzos en curso. 
La caída y la volatilidad de los precios son una amenaza de primer orden para el desarrollo sostenible de algunos de los países más pobres del mundo. 
La solución a largo plazo es doble: puesto que los productos básicos tradicionales siguen siendo la principal fuente de empleo, de ingresos y de divisas para muchos países en vías de desarrollo, los esfuerzos también deben incluir el aumento de la competitividad de los productos tradicionales. 
Por otra parte, también hay que desarrollar cadenas de productos no tradicionales. 
Dos comunicaciones recientes de la Comisión, sobre desarrollo rural y sobre comercio y desarrollo, establecen un claro marco político para afrontar el problema de la dependencia de determinados productos. 
A la vista de esto, no estamos convencidos aún de que resulte necesaria una comunicación específica sobre esta cuestión, como algunos han sugerido. 
Estamos ultimando ahora un documento de trabajo analítico sobre los principales desafíos relacionados con los productos. 
Se analizan algunas de las cuestiones de la resolución del Parlamento Europeo. 
Tras el debate sobre este documento de trabajo analítico, evaluaremos la necesidad de una comunicación aparte. 
Sin embargo, el margen de maniobra es muy limitado. 
La mayoría de los países dependientes del café están entre los países menos desarrollados o forman parte del grupo ACP. 
Con la iniciativa ' Todo menos armas? , la Comunidad ha abierto todos los mercados a los países menos desarrollados e intentará que otros países- desarrollados y en vías de desarrollo- sigan nuestro ejemplo. 
Los países ACP también tienen un alto nivel de acceso al mercado comunitario de conformidad con los acuerdos actuales, y el acceso mejorará en virtud del Acuerdo de Cotonú. 
Sin embargo, el acceso a los mercados no es suficiente por sí solo. 
Para aumentar la competitividad del sector cafetero y aumentar la base de las exportaciones en los países en vías de desarrollo, también necesitamos apoyar de la plena integración de las cuestiones relativas a los productos en las estrategias de desarrollo a largo plazo de los países en vías de desarrollo. 
Tal y como se menciona en la resolución del PE, los esfuerzos deberían incluir el apoyo a los esfuerzos de los productores encaminados a la diversificación, el refuerzo organizativo y la entrada en los mercados especializados. 
Los futuros acuerdos de asociación económica con los ACP, así como una ayuda al desarrollo exhaustiva y coherente, serían de gran ayuda para la aplicación de las estrategias. 
La intervención directa en los mercados de productos mediante el apoyo a los precios o la destrucción de existencias no es una solución sostenible. 
Además, el Acuerdo de Cotonú incluye un mecanismo que se puede emplear para mitigar los efectos adversos de las fluctuaciones de los ingresos por exportación de los países ACP: el sistema FLEX. 
Los países cuyos ingresos por exportación se vean afectados por la caída de los precios del café o de otros productos pueden solicitar financiación, compensatoria de acuerdo con esta medida y algunos ya lo han hecho. 
La Comisión sigue abierta a las propuestas de iniciativas de todos los agentes. 
Asistiremos a la próxima mesa redonda OIC/Banco Mundial y a la posterior reunión OIC/Consejo en Londres y esperamos un debate positivo y constructivo que mejore la situación de los cultivadores y los jornaleros del café en los países en desarrollo. 
Señor Presidente, la semana pasada, en la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE adoptamos por unanimidad una resolución sobre el café. 
Solicitamos que se tomaran medidas urgentes para aliviar el impacto de la inestabilidad del precio de los productos en los países ACP. 
Nos hemos unido al coro de voces del Parlamento español y del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que piden un cambio. 
Veintisiete países ACP dependen del café. 
Es este trasfondo de la cuestión, que el Comisario ha expuesto someramente, lo que explica por qué es tan grave que los precios mundiales del café hayan caído más de un 60% en la última década. 
Hoy, el Parlamento, en su resolución, pide que se tomen medidas. 
La comunidad internacional, incluida la UE, tiene ahora la responsabilidad de afrontar el derrumbe de los precios mundiales del café y aliviar el terrible sufrimiento del que hablaba el Sr. Wijkman, el de 25 millones de agricultores pobres y las comunidades en que viven y que dependen del café. 
La UE presume de tener un enfoque de la solidaridad internacional que combina el comercio y la ayuda. 
De hecho, es algo que pretendemos hacer y para lo que contamos con los instrumentos políticos necesarios. 
Los Estados miembros de la UE suman 15 de los 21 países importadores que son miembros de la Organización Internacional del Café. 
Ello nos convierte en un agente clave en el mercado, con responsabilidades cruciales ante los países productores de café. 
Celebramos el hecho de que en noviembre el Consejo considerara seriamente la cuestión de la dependencia del café. 
Sin embargo, desde entonces no se ha hecho mucho, a pesar de que la Comisión se haya sumado al apoyo a un programa de calidad de la OIC. 
El Comisario ha mencionado la comunicación, que claramente no estará sobre el tapete a tiempo para la mesa redonda de alto nivel de la OIC y de todo el mundo que tendrá lugar en Londres. 
Así lo solicitamos en nuestra resolución y lamentamos que no vaya a suceder. 
La verdad es que, a pesar de la situación del mercado, las compañías cafeteras van bien, gracias. 
En el mercado libre, su capacidad para llegar a todas partes les da unas opciones sin precedentes. 
Hace diez años, los países productores de café recibían alrededor de un tercio de cada dólar que se gastaba en café. 
Ahora reciben menos de ocho centavos. 
El año pasado, en Uganda conocí a un agricultor que vendía un kilogramo de granos de café por 150 chelines ugandeses. 
Más tarde, pagué mil chelines ugandeses en el hotel Sheraton por una taza de café. 
Las cuatro grandes empresas juntas compran prácticamente todos los granos de café que se producen en el mundo. 
Las empresas tostadoras deben responsabilizarse más de pagar a los agricultores un precio justo por lo que cultivan, para permitirles enviar a sus hijos al colegio, pagar la asistencia sanitaria y tener comida en la mesa. 
Cunde un terrible sufrimiento humano en el corazón del negocio del café y debemos presionar a las empresas para que hagan más y se preocupen más. 
La UE tiene una autoridad real en la OIC y tenemos la responsabilidad en la mesa redonda de reunirnos para forjar políticas que den a los agricultores una oportunidad de vivir sus vidas con dignidad y seguridad económica. 
Quiero saber si la Comisión está preparando un plan de acción específico para esta reunión, porque no basta con asistir. 
Queremos una declaración y un plan de acción. 
Asimismo, quiero saber- y esto también está recogido en nuestra resolución- si enviaremos a un representante de alto nivel. 
¿Irá el Comisario? 
¿Irá el Director General? 
¿A qué nivel estará representada la Unión Europea para que podamos tener un plan de acción claro y ambicioso? 
Entonces podremos seguir todos disfrutando de una buena taza de la bebida más popular del mundo: café. 
Señor Presidente, el mercado del café está experimentando actualmente una crisis grave. 
Los trabajadores del sector del café ya no pueden vivir de la producción. 
Los precios de mercado, establecidos por cuatro multinacionales de primera fila, que consiguen beneficios escandalosos, son demasiado bajos para que los agricultores obtengan los beneficios necesarios para proseguir con su actividad. 
Además, puesto que el café se produce con un rendimiento demasiado elevado, la propia calidad está disminuyendo. 
Como consecuencia de la ausencia de un sistema internacional para estabilizar los precios del café y de las materias primas en general, la situación de los agricultores del café no es viable. 
Debemos poner fin a esta espiral de productivismo, que, desafiando la legislación social y medioambiental, está llevando a la pobreza a millones de agricultores en los países pobres. 
Algunos pueden sostener que es pura coincidencia que esta crisis tenga lugar ahora que el sistema Stabex ha desaparecido del acuerdo de Cotonú. 
El nuevo sistema de pago rápido, además, hace que resulte imposible ayudar a los países productores de café. 
Como principal importador de café, la Unión Europea tiene la mayor responsabilidad de cara a la resolución de esta crisis. 
La Unión Europea debe establecer un programa urgente, financiado con fondos sobrantes de los FED, para compensar la caída de las rentas de las personas y los países afectados. 
Instamos a la Comisión a que elabore una comunicación sobre productos básicos urgentemente. 
De igual modo, la Comisión debe apoyar el programa de mejora de la calidad de la Organización Internacional del Café. 
A más largo plazo, la Unión Europea debe ejecutar, por ejemplo en el marco de los planes de desarrollo nacional y regional, una serie de medidas destinadas a combatir la volatilidad de los precios del café y de otros productos básicos. 
La Unión Europea debe apoyar la diversificación de la producción de los agricultores del sur y la agricultura de alta calidad y contribuir a aumentar el poder de los agricultores del café frente a las industrias agroalimentarias. 
En particular, la Comisión debe apoyar el establecimiento de estructuras de comercio justo y facilitar el acceso al mercado de los productos de comercio justo. 
Una comunicación de la Comisión a este respecto se está haciendo cada vez más necesaria. 
La cuestión de la estabilización de los precios de las materias primas, de las que dependen la mayoría de los países menos desarrollados, debe enfocarse en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales. 
La «ronda de desarrollo» promovida en Doha parece particularmente apropiada, si queremos que los países en vías de desarrollo se beneficien verdaderamente del comercio mundial, que por el momento les resulta bastante perjudicial. 
Los aranceles aduaneros aún en vigor para los productos cafeteros deben por tanto eliminarse. 
La Unión Europea debe utilizar todo su poder en la conferencia ministerial de la OMC en Cancún para asegurar que el comercio con los países en vías de desarrollo se vuelva más justo. 
Además, celebramos la propuesta francesa de añadir la cuestión de las materias primas al orden del día de la próxima cumbre del G8. 
Las grandes empresas cafeteras que son Nestlé, Kraft, Sara Lee y Procter y Gamble no pueden seguir llenándose los bolsillos impunemente. 
Deben aceptar la adopción de códigos éticos de acuerdo con la OIT y la ONU y pagar un precio justo por las materias primas, un precio que refleje los costes sociales y medioambientales del cultivo y la producción de café. 
Si queremos que los agricultores y los trabajadores del sector del café reciban una remuneración justa, el comercio justo no es una opción más, sino la única solución global sostenible. 
Señor Presidente, no son las grandes empresas internacionales quienes están sufriendo por la crisis del café. 
Por el contrario, son ellas quienes ejercen tanta presión sobre los precios que los agricultores apenas ganan nada por el café que producen. 
¿Cómo pueden salir impunes? 
En una reunión en el Parlamento Europeo para debatir la crisis del café, Louis Belinda de Uganda daba la siguiente respuesta: «No tenemos alternativa al cultivo de café. 
Hemos probado con la pesca, pero los reglamentos de la UE lo impidieron. 
Hemos experimentado con la agricultura tradicional, pero las exportaciones comunitarias de carne y leche a precios de dumping suponen que no podemos vender nuestros bienes a otros países africanos. 
Probamos con el azúcar, pero la subvención a las exportaciones de la UE no nos dejó una sola oportunidad». 
Así, no resulta cierto, Comisario Liikanen, que la iniciativa «todo menos armas» resuelva el problema, porque la política agrícola comunitaria destruye la capacidad de los agricultores del café de diversificarse y recurrir a otras formas de trabajo. 
Por tanto, la UE es responsable en gran medida del hecho de que 25 millones de agricultores del café se enfrenten ahora a la amenaza de la pobreza extrema, aún más teniendo en cuenta que la propia UE dio a los países en vías de desarrollo el fatídico consejo de centrar sus esperanzas en la producción de café. 
La UE debe, y así lo hará, asumir sus responsabilidades en esta área. 
El Fondo de Desarrollo tiene un superávit de 7.500 millones de coronas danesas; ¿por qué vacila entonces a la hora de tomar medidas cuando los agricultores del café pasan hambre? 
El Sr. Wijkman tenía una solución en la que se recurría a los hongos. 
Creo que esa idea resultaba muy interesante y espero que la Comisión la examine. 
No obstante, hay que garantizar unos ingresos mínimos para los agricultores del café aquí y ahora. 
Eso podría conseguirse mediante la subvención de instituciones como la de Max Havelaar, pero la UE también debería, tan rápido como sea posible, aumentar la influencia de los productores de café en el mercado reforzando su capacidad de negociación? a través del apoyo al desarrollo de cooperativas? y dándoles la oportunidad de generar mejores productos y de tener acceso a créditos. 
Resulta bastante inmoral que los gigantes internacionales del café puedan explotar la crisis para aumentar aún más su superávit, que ya es demasiado elevado. 
También me gustaría escuchar algunas respuestas a las preguntas de la Sra. Kinnock. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, ¿se mantiene el precio del café a costa de nuestras conciencias? 
El café es uno de los productos básicos cuya exportación constituye para muchos países pobres y con un alto nivel de endeudamiento la principal fuente de ingresos. 
Países como Burundi, Etiopía y Uganda obtienen de las exportaciones de café más del 50% de sus ingresos. 
La situación del mercado mundial del café, por tanto, no es una cuestión secundaria, menor. 
Está en el mismo núcleo de la injusticia mundial, que condena a millones de personas a la pobreza y la angustia. 
A este respecto, la crisis del café es una muestra clara del fracaso de la política mundial de liberalización exacerbada y de dar prioridad a las fuerzas del mercado. 
De hecho, son las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC quienes animan a estos países a seguir una política económica orientada hacia el mercado exterior. 
Ahogados por la deuda y sometidos a las órdenes del FMI, que a veces actúa como el usurero mundial, estos países se arrojan con todas sus ansias a la producción en sectores en los que ya poseen una ventaja relativa respecto a los países desarrollados. 
En el caso del café, esta ventaja son las condiciones climáticas favorables. 
La OMC les promete entonces acceso libre a los mercados mundiales. 
Debido a la ley de la oferta y la demanda, no obstante, el valor de mercado es inestable y, cuando los precios caen, las multinacionales que controlan el mercado toman medidas para conservar sus márgenes de beneficio. 
La totalidad de la caída del valor de mercado se transfiere así a los pequeños agricultores y los trabajadores de las plantaciones, de modo que los consumidores en los países desarrollados ni siquiera aprecian una caída en el precio de su café. 
Por no hablar de las condiciones de trabajo de las mujeres y del trabajo infantil. 
Esto ha sido demostrado. 
El final de la injusticia mundial no se puede conseguir mediante una mayor liberalización, un mayor comercio libre o una mayor desregulación, más bien al contrario. 
Lo que los agricultores del café necesitan es un mercado internacional del café regulado en mayor medida, para evitar que se asiente la sobreproducción, de modo que se controle y garantice la calidad de los productos, de modo que los beneficios de este sector se repartan de forma justa y de modo que se garanticen condiciones de trabajo aceptables. 
Esperemos acordarnos de esta lección en la próxima mesa redonda de la Organización Internacional del Café, en la próxima cumbre del G8 y, lo que es más importante, en la próxima conferencia ministerial de la OMC en Cancún en septiembre. 
Permaneceremos muy atentos, Comisario. 
¿Cómo podíamos dejar de ser conscientes de esta circunstancia cuando estos precios son los más bajos en términos reales desde hace un siglo? 
Todas las agrupaciones políticas son conscientes del desastroso impacto que esta caída de los precios del café tendrá en la economía de varios de los países más pobres del mundo. 
Al mismo tiempo, sin embargo, todos alzamos los brazos al cielo en señal de impotencia y proponemos que una cumbre internacional particular podría añadir la cuestión a su orden del día y damos buenos consejos sobre reconversión y diversificación y proponemos cursos de divulgación para los campesinos que estamos ahogando e instamos a que se libere una limosna para ayudar a los países más afectados. 
Sin embargo, cuatro trusts internacionales? Nestlé, Kraft, Sara Lee y Procter y Gamble? controlan la mitad de todas las ventas mundiales de café. 
En otras palabras, esto supone que los precios son establecidos por estos cuatro trusts. 
Son ellos quienes reducen el precio pagado a los agricultores para conseguir beneficios cada vez mayores. 
Con el objeto de pagar mayores dividendos a sus accionistas, dejan en una situación precaria a docenas de países pobres y por tanto a decenas de millones de agricultores y sus familias. 
He observado que el Parlamento Europeo y los Jefes de Estado se ven reducidos a la impotencia a la hora de reducir a estos cuatro trusts y se contentan con pedir caridad. 
La resolución común, no obstante, se atreve a recomendar un aumento del poder de los agricultores del café en el mercado. 
Como si los pobres campesinos de Ruanda, Etiopía o Haití pudieran enfrentarse a Nestlé y sus homólogos, cuando el Parlamento Europeo no se atreve a hacerlo. 
Si eso no es hipocresía, no sé lo que es. 
El simple hecho de que la resolución común mencione a los cuatro trusts del café responsables de las reducciones del precio hace que se erice la piel de los representantes del grupo ELDR, hasta tal punto que piden que el apartado que menciona a los trusts se elimine. 
Adelante, oculten los nombres de estos trusts, pues no puedo soportar verlos. 
El Parlamento está lleno de hipócritas. 
Y lo que es cierto respecto al café también lo es respecto a otras materias primas, particularmente el petróleo. 
Quienes han bombardeado el Iraq, matando a civiles, mujeres y niños sostienen que lo hacen para liberar al Iraq de su dictador. 
Sin embargo, Sadam Husein, quien masacró a su propio pueblo, fue su secuaz. 
Fueron ellos quienes le proporcionaron armas y le animaron a declarar la guerra a Irán. 
Son ellos quienes le vendieron armas para masacrar y gasear a los kurdos y tienen la osadía de presentar las tropas invasoras como libertadores, cuando todo lo que están haciendo es ocuparse del trabajo sucio de los monopolios del petróleo y de las armas. 
Con el objeto de poner fin a este saqueo del planeta para aumentar la riqueza de unos pocos trusts, con el objeto de poner fin a la desigualdad flagrante entre los ricos de los países ricos y los pobres de los países pobres y con el objeto de evitar que los pobres se mueran de hambre o sean masacrados en guerras concebidas para mantener esta situación, no tenemos otra opción que poner fin a este sistema económico internacional. 
Señor Presidente, agradezco la declaración de la Comisión, que demuestra que podría hacer mucho más de lo que hace. 
Interviniendo al final de este debate, me resulta inevitable repetir muchos de los temas que mis colegas ya han planteado aquí esta mañana. 
Sin embargo, eso demuestra la fuerza y la unidad de las inquietudes de este Parlamento en torno a esta cuestión y nuestra firme determinación de hacer algo al respecto. 
La situación actual, en la que los precios del café son los más bajos en términos reales de los últimos 100 años por lo menos, sitúa, como otros diputados han señalado, a más de 25 millones de familias pobres al borde la ruina, incapaces de ganarse el sustento, de enviar a sus hijos a la escuela, de comprar las medicinas más básicas. 
Al mismo tiempo, cuatro empresas controlan más de la mitad de las ventas de café en el mundo y sus ingresos han ido ascendiendo hasta los 100 millardos de dólares estadounidenses al año, mientras que algunas de las familias más pobres del mundo han visto desvanecerse los suyos. 
En esta Cámara, a menudo nos enfrentamos a los desastres con una sensación de desesperanza, de impotencia, nos preguntamos qué podemos hacer respecto a esta cuestión y no se nos ocurre nada. 
Sin embargo, en esta ocasión la cosa es muy distinta: hay mucho que la Unión Europea podría y debería hacer para abordar esta cuestión particular. 
La UE tiene los recursos y las políticas para marcar una diferencia positiva en favor de estas familias, así como la responsabilidad de hacerlo. 
Los Estados miembros de la UE representan suman 15 de los 21 países importadores que son miembros de la Organización Internacional del Café. 
Adquirimos prácticamente la mitad de las importaciones de café de todo el mundo. 
Esta circunstancia nos da una influencia potencial extraordinaria y deberíamos aprovecharla. 
Parece que todo lo que falta ahora mismo es voluntad política, y la Comisión debería hacer gala de mayor celeridad y mayor compromiso visible de hacer algo respecto a esta cuestión, a medida que la crisis del mercado mundial del café se convierte en una catástrofe internacional. 
Así que esperamos con ansia esta comunicación sobre los productos básicos que la Comisión ha prometido. 
Asimismo, queremos ver algunas medidas más inmediatas. 
Celebramos el compromiso del Comisario Nielson, contraído en noviembre del año pasado, de examinar las posibilidades de liberar y reasignar fondos antiguos del FED. 
No se han gastado 11 millardos de euros correspondientes al sexto, séptimo y octavo FED. 
Esto nos facilita los recursos para hacer algo importante y deberíamos concentrarnos en iniciativas de rápida diseminación, concebidas para proporcionar un apoyo presupuestario descentralizado a zonas en las que se cultiva café, para mitigar los efectos de la crisis cafetera en el acceso a la asistencia sanitaria y la educación. 
Debemos prestar un apoyo financiero adicional a los gobiernos ACP, proporcional a los ingresos que están perdiendo a causa de la crisis cafetera actual. 
Asimismo, la Comisión debe prestar un mayor apoyo al café comercializado de forma justa y facilitar su acceso a los mercados comunitarios. 
No menos relevante resulta el hecho de que el caso del café ilustra la cuestión más general de los precios de los productos y su derrumbe. 
¿Por qué esta cuestión no está incluida en la agenda de la OMC? 
Mucha gente critica a la OMC porque considera que su actividad está centrada en el norte y no en el sur. 
El hecho de que los precios de los productos no estén en su agenda refuerza esa idea. 
Me gustaría preguntarle lo siguiente al Comisario: ¿apoyará la Comisión la propuesta de África Oriental de incluir los productos de exportación en el orden del día de próxima reunión de la OMC en Cancún, de forma que podamos demostrar que la llamada ronda de desarrollo de Doha es algo más que retórica, una iniciativa real? 
Señor Presidente, Señorías, la crisis del café es sintomática de las relaciones entre los países del sur y los del norte. 
El norte explota monocultivos y, para colocarse en situación de ventaja, se aprovecha de las materias primas que producen, a precios mínimos, en las condiciones más adversas y en un entorno marcado por la pobreza. 
Los hábitos de gasto de los consumidores y la política del consumidor en el seno de la Unión Europea también deben tenerse en cuenta en este contexto. 
Las políticas apoyan el deseo de los consumidores de obtener materias primas de los países en vías de desarrollo al menor precio posible, mientras que nuestras propias políticas agrícolas se defienden con extraordinario vigor y- sigo siendo cortés- nos concentramos en mantener los precios estables. 
Resulta inevitable que una incongruencia así llegue a su fin y esto forma parte de un plan de acción de la Unión Europea. 
En esencia, las relaciones económicas se limitan a la explotación de materias primas, siendo el café un ejemplo más, mientras que estas materias se procesan y utilizan, adquiriendo así un valor añadido a través del proceso de producción, en los países industrializados. 
Mientras esta incongruencia se mantenga, la relación económica de los países del norte y del sur se verá acuciada por problemas constantes. 
Hablamos de la diversificación, y con razón, porque es un requisito importante, pero también hay que darle sustancia. 
No basta con considerar este concepto aisladamente y pensar que es el remedio de todos los males. 
También debemos pensar qué forma debe tomar esta diversificación y permítanme dejar claro que esto conllevará la posibilidad de que las materias primas se procesen en el país en vías de desarrollo en el que se producen, donde deberían producirse también, al menos, bienes semifabricados, porque esta es la forma de crear valor añadido. 
Esto también exigirá la voluntad por nuestra parte de pagar un precio adecuado por estos productos. 
¿En qué institución de la Unión Europea, por ejemplo, se puede encontrar café que se haya comercializado de forma justa? 
¿En qué instituciones políticas de nuestros Estados miembros? 
¿En qué bar o restaurante de este Parlamento se sirve café comercializado de forma justa? 
Podría dar cualquier número de ejemplos. 
Cualquier plan de acción de la Comisión debe incluir necesariamente una propuesta de cómo los bienes pueden comercializarse de forma justa en las presentes condiciones. 
No puedo pensar en un concepto concluyente para esto, que permitiera ahora mismo que los agricultores tuvieran una parte justa de sus productos si la infraestructura de comercio justo se utilizara y extendiera. 
En esta área, estamos en deuda con los países en vías de desarrollo. 
Espero que la paguemos con una respuesta. 
Señor Presidente, me complacerá transmitir el mensaje de este debate a mis colegas, el Sr. Lamy y el Sr. Nielson. 
Haré, no obstante, algunos comentarios. 
Deben recordar que el problema real del sector del café es la falta de demanda. 
La oferta está esencialmente por encima de la demanda y por esa razón las negociaciones comerciales no son la única solución. 
Es muy importante que los debates en el contexto del Banco Mundial/OIC, o en la propia OIC, generen soluciones. 
El problema actual es que los Estados Unidos, el segundo mayor consumidor de café, está fuera de la OIC. 
Mientras los Estados Unidos no se planteen reconsiderar su posición en el contexto de la OIC, las medidas no tendrán el mismo impacto internacional. 
En cuanto a la propuesta de elaborar un plan de acción antes de la próxima reunión y al nivel de la participación de la Comisión, trasladaré las preguntas de la Sra. Kinnock al Sr. Lamy y al Sr. Nielson. 
Estoy seguro de que contestarán como es debido. 
. Muchas gracias, señor Comisario. 
Como conclusión de este debate, he recibido seis propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0099/2003) de la Sra. Schörling, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la posición común del Consejo con vistas a adoptar una Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo que modifique, por vigésimoquinta vez, la Directiva 76/769/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción- c/m/r) (15703/2/2002- C5-0013/2003 y 15703/2/2002 REV 2 COR 1- C5-0013/2003/COR- 2002/0040 (COD)) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0102/2003) de la Sra. Jillian Evans, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial y se modifica la Directiva 92/65/CEE (PE-CONS 3610/2003- C5-0061/2003- 2000/0221 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0103/2003) del Sr. Liese, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la verificación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (COM (2002) 319- C5-0302/2002- 2002/0128 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0049/2003) de la Sra. Ferreira, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios (COM (2002) 375- C5-0341/2002- 2002/0152 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0105/2003) del Sr. Nobilia, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a detergentes (COM (2002) 485- C5-0404/2002- 2002/0216 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0104/2003) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo sobre la asistencia durante el tránsito en el marco de medidas de expulsión por vía aérea (14848/2002- C5-0011/2003- 2003/0801 (CNS)) 
(Tras el rechazo de la propuesta, y ante la ausencia del Consejo, se devuelve el informe a la comisión) 
Informe (A5-0078/2003) de la Sra. Auroi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican con respecto a las pruebas comparativas comunitarias la Directiva 66/401/CEE relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras, la Directiva 66/402/CEE relativa a la comercialización de las semillas de cereales, la Directiva 68/193/CEE referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid, la Directiva 92/33/CEE relativa a la comercialización de plantones de hortalizas y de materiales de multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas, la Directiva 92/34/CEE relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutas destinados a la producción frutícola, la Directiva 98/56/CE relativa a la comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales, la Directiva 2002/54/CE relativa a la comercialización de las semillas de remolacha, la Directiva 2002/55/CE referente a la comercialización de semillas (COM (2002) 523- C5-0476/2002- 2002/0232 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Recomendación al Consejo (A5-0116/2003) de los Sres. von Boetticher y Turco, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, sobre el desarrollo futuro de Europol (2003/2070 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la recomendación) 
Informe (A5-0085/2003) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, incluida una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la reforma de las convenciones sobre las drogas (2003/2015 (INI)) 
(El Parlamento rechaza la resolución) 
Informe (A5-0053/2003) del Sr. Bayona de Perogordo, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea (2002/2205 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0111/2003) del Sr. Morillon, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la nueva arquitectura europea de seguridad y defensa: prioridades y lagunas (2002/2165 (INI)) 
Antes de la votación de la enmienda 9: 
Señor Presidente, con respecto a la enmienda 9, propongo añadir la siguiente frase: «espera que otros Estados miembros acepten sumarse». 
Se refiere a la iniciativa presentada por Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo. 
Señor Presidente, la redacción de este considerando resulta bastante torpe. 
Sugeriría que se modificara como en las hojas de voto: «convencido de que, debido a que actualmente las leyes de la guerra no son adecuadas para hacer frente a las nuevas situaciones en las que las poblaciones civiles son las principales víctimas de los conflictos, conviene confiar a las Naciones Unidas la misión de definir la mejor aplicación de las normas humanitarias internacionales cada vez que se prevea una operación multinacional; deseando que la Unión Europea apoye los correspondientes esfuerzos de las Naciones Unidas... ». 
Creo que esta enmienda debería satisfacer al Partido Socialista. 
Señor Presidente, me gustaría recalcar el hecho de que resulta muy típico del alejamiento del Parlamento con respecto a la realidad el haber votado el informe Morillon al final de la sesión, después de la votación sobre detergentes y vehículos de motor. 
Señor Presidente, el objeto de la propuesta de directiva, como todos sabemos, era la investigación científica. 
Comprendía numerosas obligaciones y, peor aún, muchas prohibiciones. 
El campo de la ciencia, no obstante, por su propia naturaleza, no se presta a la regulación, porque suele ser impredecible. 
Por eso he votado contra varios artículos y contra la propuesta en su totalidad, porque resulta peligroso votar normas que dan la impresión de que se pueden aplicar, cuando en realidad no es así. 
Eso trastorna el sistema jurídico. 
- (FR) Estamos en contra de la clonación reproductiva. 
Estamos indignadas, no obstante, de que el Parlamento Europeo desee utilizar ciertas frases que parecen proteger al individuo o condenar los beneficios para prohibir en la práctica, una vez más, la clonación terapéutica y, de forma más general, la investigación médica sobre células y tejidos humanos. 
Esto escandaliza y repugna, con razón, a muchos investigadores de toda Europa, a los que se les puede prohibir que prosigan con su labor, impidiendo así que presten ayuda científica a víctimas de enfermedades graves que aún no se pueden curar. 
Impedir la investigación en este campo supone prohibir por adelantado, en nombre de ideas reaccionarias, todo lo que en un futuro podría ayudar a tratar o curar estas enfermedades. 
Por solidaridad con los investigadores y con quienes sufren estas enfermedades, hemos votado contra este informe y contra todas las enmiendas, muchas de las cuales están formuladas de forma ambigua y solo pretenden empeorar la situación. 
- (PT) El desarrollo de los medios de producción basados en las nuevas tecnologías ha alcanzado un elevado estado de desarrollo que no casa bien con los intereses privados de quienes poseen los medios de producción. 
El capitalismo ha aplicado los conceptos de propiedad y comercialización a la vida y la herencia natural. 
Condenamos rotundamente el que se patente y comercialice la vida, el ser humano y toda la herencia natural. 
La cuestión de los derechos de propiedad ha creado confusión respecto a lo que es un descubrimiento y lo que es un invento. 
Los descubrimientos científicos deben estar respaldados por la investigación y considerarse un bien público. 
La vida existe y sus leyes no se inventan. 
Se descubren. 
El problema es que la mayor parte de la investigación que se lleva a cabo actualmente no es pública. 
La realizan grandes multinacionales deseosas de apropiarse de todo y de hacer que sus adquisiciones sean rentables, cuestionando descubrimientos y avances que pertenecen a la humanidad y a las personas. 
En este contexto, la venta, incluso cuando se hace voluntariamente, de tejido y células humanas (como sangre, por ejemplo) debe prohibirse totalmente. 
La investigación en el campo de las ciencias de la vida y la biotecnología debe ser esencialmente pública y todos deben beneficiarse de esta investigación, no solo quienes pagan. 
- (FR) El informe sobre la calidad y la seguridad de los tejidos y las células se refiere a una propuesta bastante técnica, pero extremadamente delicada, de directiva. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, no obstante, han convertido esta directiva en un manifiesto, mezclando consideraciones éticas con un verdadero ataque a la investigación en el campo de las ciencias de la vida, sin mostrar ningún tipo de consideración por el principio de subsidiariedad. 
Si nadie del Parlamento Europeo desea defender la clonación humana, no podemos resolver esta cuestión por la puerta de atrás, en otras palabras, mediante el rodeo de un considerando o artículo referidos a otra cuestión. 
Sobre todo, no podemos alzar barreras comunitarias a la investigación de las células madre embrionarias. 
Si algunos Estados desean prohibir este tipo de investigación en el ámbito nacional, son libres de hacerlo y no necesitan la autorización del Parlamento Europeo. 
En cualquier caso, la revolución biotecnológica tendrá lugar con o sin Europa. 
Sería por tanto preferible que Europa no se viese envuelta en más acciones de retaguardia. 
. (NL) Con este informe, el Parlamento Europeo ha ido una vez más demasiado lejos con la regulación. 
Cuando decidimos que es importante que «se respeten los principios éticos fundamentales» nos movemos en un terreno inestable. 
Del mismo modo, nociones como «altruismo» y «solidaridad» no pueden plasmarse en la legislación. 
Como Parlamento Europeo, no debemos empezar a decidir qué normas éticas se aplican en los Estados miembros. 
¿En qué estamos pensando, al definir la noción de «ética» de Finlandia a Grecia? 
Los países deben decidir por sí mismos qué normas éticas quieren emplear. 
Blindar la legislación tiene de hecho un efecto negativo. 
Pone obstáculos a que los países y los donantes salven vidas. 
Esta es la razón de que haya votado contra el informe Liese. 
- (NL) En septiembre de 2000, el ponente Liese consiguió el apoyo de una reducida mayoría de este Parlamento para su rechazo al uso de material humano como medio para curar enfermedades y rectificar anomalías del cuerpo humano. 
Incluso se prohibió la investigación científica con este fin. 
Esta postura fue rechazada por la Izquierda Unitaria, los social-demócratas y los liberales. 
No obstante, consiguió una mayoría porque los verdes apoyaron a los demócrata-cristianos. 
Tampoco mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, está en absoluto a favor de la clonación terapéutica de las personas. 
La clonación comercial e industrial o la clonación para crear personas con ciertas características también nos resultan inaceptables. 
No obstante, debe encontrarse una solución para las personas que necesitan un nuevo corazón, riñón o hígado y para quienes padecen la enfermedad de Parkinson. 
Esta vez, el Sr. Liese ha seguido una vía ligeramente más intermedia y ha pactado con los social-demócratas. 
Aunque este acuerdo puede asegurar una amplia mayoría, no lo apoyo. 
Ahora se trata sobre todo de centralizar todas las decisiones en el ámbito comunitario y hacerlas uniformes, a expensas de la libertad de los Estados miembros. 
Esta propuesta proporciona muy pocas soluciones y demasiadas prohibiciones. 
Esto evitará que los Estados miembros adopten una postura de vanguardia en la difícil búsqueda de soluciones. 
- (PT) En el debate sobre esta directiva que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo en los últimos meses hay dos cuestiones sobre las que no se ha llegado a un consenso en relación con su respeto de los principios a los que se acaba de hacer referencia. 
Me refiero a la donación voluntaria y no remunerada de células madre extraídas de embriones humanos y al uso de esas células. 
Respecto a la primera cuestión, creo que, con el fin de evitar la comercialización del cuerpo humano, debemos hacer algo más que limitarnos a recomendar a los Estados miembros que fomenten la donación voluntaria y no remunerada. 
La directiva debe señalar, de forma clara e inequívoca, que la donación de tejidos o células solo puede hacerse por la libre voluntad del donante y siempre sin pago alguno, salvo una compensación para rembolsar los gastos de desplazamiento o algún pequeño refrigerio. 
Respecto a la segunda cuestión- células madre embrionarias -, creo que la directiva debe ser prudente, obligando por un lado a los Estados miembros a prohibir tanto la clonación terapéutica como la reproductiva, pero permitiéndoles, por otra, decidir si permiten o no la investigación de embriones supernumerarios, esto es, embriones creados para fines de fertilización in vitro, pero que ya no pueden implantarse en sus padres genéticos y por tanto se congelan, a la espera de su posterior destrucción. 
- (DA) El Movimiento de Junio apoya una reducción significativa de los valores límite de ácido ciclámico y votará a favor de la mayor reducción posible de los límites y a favor de las enmiendas a la totalidad del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión. 
La propuesta añadía dos edulcorantes más a la lista positiva de edulcorantes permitidos. 
El Movimiento de Junio no desea contribuir a la ampliación de la lista positiva de edulcorantes permitidos. 
El Movimiento de Junio votará por tanto en contra de la propuesta en su conjunto. 
- (PT) Algunas personas tienen necesidades dietéticas especiales y los edulcorantes proporcionan ventajas considerables para estas personas, permitiéndoles consumir productos con menos calorías. 
Sin embargo, el consumo de estos productos que contienen edulcorantes, como bebidas a base de leche y zumos de frutas, puede provocar problemas de salud en niños y por tanto deben consumirse con precaución. 
La labor de la Sra. Ferreira debe acogerse positivamente y me gustaría subrayar, en particular, su propuesta de que la dosis de ácido ciclámico se reduzca a 250 mg/l. Otra propuesta que deseo aplaudir es la de fomentar el mejor etiquetado de productos que contengan aspartamo, de modo que el consumidor tenga una información más precisa sobre la dosis diaria aceptable. 
. 
Se refiere principalmente a la comercialización en la Unión de dos nuevos edulcorantes, la sucralosa y la sal de aspartamo y acesulfamo, dos sustancias cuya contribución a la salud, particularmente la de los diabéticos y los obesos, debería subrayarse. 
El Grupo Liberal lamenta la adopción, por un voto, de la enmienda 4, que aboga por una reevaluación de la autorización del aspartamo y un etiquetado mejorado y específico, para los productos que contengan este edulcorante. 
Esta decisión es contraria a los dictámenes del Comité Científico Europeo sobre Alimentación Humana, un organismo totalmente independiente, y de varios organismos nacionales, que confirmaron la inocuidad del aspartamo. 
Al Grupo de los Verdes/ALE, que está en favor de la ley natural, se han sumado los socialistas en la difusión de los rumores que circulan por Internet con respecto al riesgo que entraña esta sustancia. 
Añadiría que los edulcorantes (que también se encuentran en los dulces y los chicles) no son perjudiciales para los dientes. 
Precisamente ahí- según han confirmado todos los dentistas europeos- radica la verdadera revolución en relación con el azúcar tradicional, que causa estragos en los dientes de nuestros hijos. 
Dicho esto, antes de discutir la cuestión, debemos ser conscientes de que el verdadero problema planteado por los edulcorantes no es su supuesta toxicidad, sino el riesgo de fomentar este gusto por el azúcar, que es un verdadero signo de nuestra época. 
- (PT) Felicito al Sr. Nobilia por su informe. 
En consonancia con el principio de cautela y con vistas a proteger el medio ambiente, debemos impulsar el establecimiento de los umbrales de biodegradabilidad y la aplicación de nuevas técnicas para la medición de la biodegradabilidad de los tensioactivos de los detergentes. 
La legislación actual no cumple plenamente estos objetivos. 
Por tanto, celebro la nueva legislación porque: aumenta el número de tensioactivos que serán controlados y medidos, introduce una nueva técnica para medir la biodegradabilidad, armoniza los sistemas de evaluación del riesgo y promueve un nuevo sistema de etiquetado. 
Creo, no obstante, que la directiva se queda corta respecto a la limitación de fosfatos en los detergentes. 
Estoy de acuerdo con la iniciativa tomada por Alemania de proponer una directiva que posibilite la mejora de la organización del tránsito de ciudadanos de terceros países expulsados de un Estado miembro, cuando el avión que les transporta debe detenerse en el territorio de otro Estado miembro. 
Con respecto a la forma, este texto hace un uso inteligente del derecho de iniciativa que el Artículo 67 del Tratado CE reserva provisionalmente en este campo para los Estados miembros. 
En teoría, este derecho debería haberse abolido el 1 de mayo de 2004 y el monopolio de la iniciativa debería volver plenamente a la Comisión. 
Esperamos que los Estados miembros puedan parar este desastroso proceso en la próxima conferencia intergubernamental. 
Lamento decir que la izquierda se ha aprovechado de esta oportunidad para presentar enmiendas que restringen el derecho de expulsión, incorporando incluso una opinión minoritaria que solicita «la suspensión total de las deportaciones (al país de origen) [... ] y el derecho de permanencia duradero para todas las personas en Europa». 
En este caso, también hay muestras de un modo de pensar que influye insidiosamente en muchas propuestas europeas, como el mismo texto sobre reagrupación familiar que el Parlamento adoptó ayer. 
Por tanto, nos hemos visto obligados a votar en contra del informe Kirkhope, el cual, por un extraño giro de los acontecimientos, ha terminado por ser rechazado. 
. 
(FR) El Gobierno francés, junto con el alemán, ha retomado las expulsiones en grupo mediante vuelos chárter de inmigrantes de fuera de la Comunidad. 
Las escandalosas condiciones de estas expulsiones, por no mencionar el encarcelamiento en los países de destino, que han producido muertes en el tránsito, han salido a la luz. 
En este contexto se ha obsequiado al Parlamento Europeo con un proyecto de directiva del Consejo, destinada a regular y armonizar la asistencia, dentro del marco de la repatriación con o sin escolta, en aeropuertos de tránsito dentro de la Unión Europea. 
El informe que ha sido propuesto para dar validez a esta codificación de las expulsiones es, no obstante, de una hipocresía extraordinaria. 
No dice una palabra sobre el hecho de que las expulsiones colectivas están prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales, asumiendo así que los servicios de policía nacionales respetan los derechos individuales de los inmigrantes. 
Asimismo, reitera que los derechos soberanos de los Estados miembros- en particular con vistas al uso de la fuerza directa contra inmigrantes irregulares de terceros países que se resistan a la expulsión- deben permanecer intactos. 
Por todas estas razones, hemos votado en contra de esta resolución y seguiremos apoyando a quienes quieran poner fin a estas expulsiones. 
- (PT) La Comisión lanza ahora este debate, tarde y no a vista de toda la opinión pública, cuando ya ha cedido a las presiones de las multinacionales de la biotecnología para levantar la moratoria sobre OMG. 
Además, la forma en que está abordando la llamada «coexistencia» de dos formas de cultivo se debe fundamentalmente a factores económicos. 
Esta contaminación resulta incontrolable. 
Fíjense en la experiencia de los Estados Unidos o Canadá y de los países que se ven forzados a introducir OMG, a través de las ayudas alimentarias, haciendo que las políticas alimentarias estatales y los agricultores dependan de las grandes multinacionales alimentarias. 
Este informe aborda la cuestión de las semillas, que sostiene toda la producción agrícola. 
Su contaminación supone una contaminación de la fuente, impidiendo así toda coexistencia simultánea de una agricultura orgánica y convencional. 
Este informe supone un «mal menor» , habida cuenta de que las enmiendas del ponente se refieren a la contaminación de las semillas por OMG y al establecimiento de una cantidad mínima técnicamente detectable como umbral de la presencia accidental de OMG. 
Aunque suponga un paso atrás, es una forma de hacer frente a las presiones de las multinacionales y a los intentos de la Comisión de aumentar estos umbrales, que harían que se extendiera la presencia de OMG, lo cual resultaría incompatible con el principio de cautela y con las garantías de que los consumidores tengan alimentos verdaderamente libres de OMG. 
El examen de este texto sobre las pruebas comparativas y la comercialización de semillas debería constituir una oportunidad de recordar ciertas orientaciones relacionadas con las semillas. 
Deben tomarse todas las medidas posibles para conservar la biodiversidad de las plantas cultivadas. 
Regida únicamente por la libre competencia, la selección genética tiende a concentrarse en unas pocas empresas, el número de variedades en el mercado se restringe y las variedades locales desaparecen. 
Los productores de semillas tienden naturalmente a dar preferencia a variedades cautivas, híbridas o modificadas genéticamente, que les permiten estar seguros de que su producción será viable. 
Por tanto corresponde a los Estados miembros mantener la dimensión de servicio público en la selección de plantas, asegurar que se conserven las variedades locales en peligro y permitir la producción de semillas de cultivo. 
Por último, debemos ser muy cautelosos con respecto a la envoltura de semillas con productos fitosanitarios, una técnica que puede resultar perjudicial para el medio ambiente y la fauna. 
Esto resulta particularmente cierto en el caso de envolturas que contengan poderosos insecticidas sistémicos, que tienen efectos desastrosos en los insectos polinizadores, particularmente las abejas domésticas. 
Nos gustaría recalcar una vez más que nos oponemos totalmente a cualquier intento de legalizar el uso de organismos modificados genéticamente. 
Creemos que las semillas de siembra deberían estar completamente libres de cualquier rastro de OMG. 
Nos gustaría señalar que propuestas como las recogidas en este informe, que establecen límites más elevados para la contaminación permisible en semillas de siembra, allanan el camino para la legalización gradual y completa de OMG, con consecuencias imprevisibles para la agricultura, el equilibrio del ecosistema y la salud de los consumidores. 
Si aceptamos un límite más elevado para la contaminación hoy, incluso uno bajo, mañana nos veremos forzados a revisarlo al alza, lo cual nos llevará a un círculo vicioso de ajustes que, en última instancia, dará lugar a la plena legalización de los OMG. 
Cualquier desviación del principio de que las semillas de siembra que contengan OMG no deben comercializarse dará lugar, al margen de otras cuestiones, a la erosión genética de especies y variedades no modificadas genéticamente, con repercusiones imprevisibles para la biodiversidad. 
Propuestas como estas responden únicamente a las demandas de las empresas de biotecnología, principalmente multinacionales estadounidenses, y a la intensa presión que ejercen con el objeto de asegurarse mercados y beneficios aumentando la dependencia de los agricultores de las semillas de las que estas empresas tienen en exclusiva los derechos de producción y venta y de los productos agroquímicos relacionados. 
- (PT) Estamos oyendo el último eco de las observaciones hechas ayer sobre los informes Turco y von Boetticher. 
De hecho, esta propuesta de recomendación es una consecuencia del rechazo de las iniciativas danesa y griega y el corolario del ejercicio de imaginación y el juego de fantasía que ambos ponentes han estado llevando a cabo. 
Merece la pena señalar la razón por la que consideraban que estas iniciativas estaban equivocadas, que no es otra que la de creer que sería un error adoptar enmiendas al Convenio de Europol «antes de la ratificación de la Constitución Europea». 
Así, están proponiendo que esta área, que forma parte del segundo pilar, se transfiera a la esfera de la competencia comunitaria, es decir, al primer pilar, «comunitarizándola». 
Ahora bien, el Parlamento Europeo no es la Convención, no es la CIG y por tanto esto no es lo que deberíamos estar haciendo si queremos trabajar seriamente, con el bienestar de nuestros ciudadanos en mente. 
Como señalé en mis explicaciones de voto de estos informes, es posible y necesario avanzar dentro del marco jurídico actual- esa era la intención de las cuatro iniciativas de las Presidencias griega y danesa-. 
Esta es la esfera en la que deberíamos participar de forma responsable, adhiriéndonos, por cierto, al enfoque de dar pasos pequeños. Este es el método con el que hemos logrado la integración europea. 
Por coherencia, por tanto, he votado en contra de la recomendación. 
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(EN) Aunque siempre me complace tener la oportunidad de debatir la cuestión de las drogas y de la drogadicción, creo firmemente que no se han presentado argumentos para la liberalización de la actual política sobre drogas. 
Cada uno de nosotros ha de preocuparse por quienes sufren los horrores de la adicción y hemos de hacer todo lo posible por ayudarles a superar esta adicción: facilitar el uso de las drogas no es una manera de ayudarles. 
Las actuales Convenciones de la ONU establecen unas directrices claras para que todos los países apliquen su propia ley nacional y sus procedimientos para hacer que se cumpla. 
A pesar de lo que algunos puedan decir, estas acciones han tenido éxito a la hora de ayudar a reducir el suministro, de intercambiar información sobre buenas prácticas y sobre las actividades del tráfico de drogas y los narcotraficantes. 
¿Cuál es la mejor forma de conseguir este objetivo? 
¿Ayudándoles a que se perjudiquen a sí mismos o ayudándoles a evitar que se pongan en peligro? 
Creo que hemos de proteger al máximo a las personas frente a los peligros de las drogas. 
Por último, en un momento en que intentamos informar adecuadamente a las personas de los peligros del tabaco y reducir el consumo de tabaco, parece ilógico que intentemos legislar a favor de la liberalización de las drogas. 
(Texto acortado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (PT) Este informe hace una evaluación bastante positiva de la situación actual y de las propuestas presentadas en la Conferencia Ministerial de la ONU, que tendrá lugar los días 16 y 17 de abril en Viena. 
No obstante, deberían incluirse otras recomendaciones, particularmente sobre la necesidad de cambiar el marco del comercio internacional, que está económicamente desequilibrado, sobre la solución al problema del endeudamiento de los países subdesarrollados, sobre el fomento de la sustitución de cultivos de drogas por cultivos de granja y sobre el uso de productos para sustituir al consumo de drogas. 
En nuestra opinión, podría resultar útil condenar la Convención de la ONU de 1988 si pretendemos evitar la penalización del consumo de drogas y la posesión de pequeñas cantidades para consumo personal, como ya sucede en Portugal, de modo que rechazamos las posturas que pretenden impedir las modificaciones de esta Convención. 
Respecto a las denominadas tablas de drogas, reconocemos que resulta necesario un ajuste a la situación actual, aunque este debe hacerse sobre una base científica, particularmente con vistas a cambiar la posición de drogas dentro de la tabla. 
- (PT) Como he dicho durante el debate, no hay tiempo para flaquear o dar la idea de que nuestra determinación a la hora de combatir las drogas y la lacra que representan está disminuyendo. 
Dadas las perspectivas de la próxima reunión en Viena, el Parlamento Europeo no debería enviar una sola señal de duda o debilidad, o de retirada. 
Tampoco debería crear ambigüedades para el futuro ni más escapatorias y maneras de evadir la disciplina global definida en las Convenciones de las Naciones Unidas que tenemos ante nosotros. 
Por consiguiente, dado que mi propuesta alternativa de resolución no ha sido aprobada? aunque estoy satisfecho y doy las gracias a los diputados que la apoyaron, en vista de los muchos votos que recibió en el Pleno? , la mejor solución habría sido, en realidad, que el Parlamento no hubiera aprobado nada y hubiera rechazado claramente la propuesta presentada por la ponente, y por extensión, todo el procedimiento de iniciativa del que forma parte. 
Estoy satisfecho de que esto sea lo que ha sucedido. 
Todos aquellos que representan al Parlamento Europeo en la reunión de Viena han de tener en cuenta este resultado y, adhiriéndose al método democrático, han de respetar escrupulosamente el hecho de que el Pleno ha rechazado las ideas y las propuestas realizadas por la Sra. Buitenweg y el Sr. Cappato. 
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(EN) Los diputados sensibles a las opiniones de sus electores comparten su profunda preocupación por la amenaza que suponen las drogas y el narcotráfico para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad en general. 
La policía y las autoridades, los tribunales y los servicios de prisiones soportan una pesada carga en su intento de mantener y aplicar la ley y de proteger a nuestros ciudadanos frente a esta amenaza. 
Merecen nuestro apoyo y sin duda pueden contar con el mío. 
Hoy nos enfrentamos a una propuesta para revisar objetivamente la cuestión de si las Convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1998 en materia de drogas funcionan debidamente. 
Es posible que, después de una profunda investigación, la comunidad internacional tenga que adoptar nuevos enfoques en relación con determinados problemas y anomalías. 
Las pruebas decidirán si ello es necesario o no. 
Necesitamos una investigación para determinar hacia qué lado apuntan las pruebas. 
Por el contrario, partir unilateralmente de las Convenciones sería inaceptable. 
Es preciso respetar firmemente la ley, tanto a escala nacional como internacional, hasta que llegue el momento, en su caso, de que se modifique por razones de peso. 
Por ello he votado a favor del informe Buitenweg, y anteriormente firmé la declaración del Sr. Cappato que dio pie al informe. 
Como bien sabe el Sr. Cappato, no soy un defensor dogmático y a ciegas de las soluciones que recomienda. 
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(FR) El informe que estamos examinando hoy intenta ser moderno y liberal. 
Pide la reforma de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas y otros estupefacientes, pues se considera que son demasiado severas y represivas, en concreto para los usuarios del cannabis. 
El objetivo deseado es un mercado de drogas libre y liberalizado, y un uso despenalizado de las drogas. 
¿Cómo no vamos a estar indignados y horrorizados ante tales sugerencias? 
¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que el daño causado por el consumo de drogas y el consumo de otras sustancias psicotrópicas es cada vez mayor en términos de delincuencia, tráfico y muerte? 
¿Cómo es posible que no aceptemos el hecho de que el consumo de drogas aumenta exponencialmente con la tolerancia? 
En este sentido, me gustaría felicitar a mi colega finlandesa, la Sra. Matikainen-Kallström, que ha adoptado una postura valiente a favor de una política de tolerancia cero con respecto a las drogas. 
Es claramente la única actitud responsable que puede adoptarse sobre esta cuestión. 
No debemos tocar las convenciones internacionales que establecen normas y principios para luchar contra las drogas. 
La política de combatir el consumo y el tráfico de drogas ha de seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros. 
En concreto, no es tarea de Europa decretar, sobre la base de estudios científicos que solo tienen valor hasta que los siguientes estudios los ponen en tela de juicio, que fumar cannabis es bueno. 
- (NL) El consumo de drogas, sean duras o blandas, saca a las personas de actividades útiles y perjudica su salud. 
Por ello, sería maravilloso que no existieran las drogas o que nadie las necesitara. 
Por desgracia, la realidad es diferente. 
Los acuerdos internacionales que obligan a los Estados a aplicar la tolerancia cero no producirán un mundo libre de drogas. 
Muchos jóvenes experimentan el consumo de drogas blandas como una libertad inalienable, y también hay quienes se aprovechan y hacen que las personas dependan del consumo de drogas duras y caras. 
Una prohibición total de las drogas blandas simplemente hará que los jóvenes se rebelen y facilitará que pasen a consumir drogas duras. 
Defiendo el sistema neerlandés, no porque esté buscando un alto grado de libertad individual, sino porque ayuda a evitar problemas insolubles. 
Mi Grupo de la Izquierda Unitaria Europea ha introducido dos extremos en este debate. 
La Sra. Schröder se ha convertido en la portavoz de la juventud rebelde y defiende la total libertad sin ningún tipo de normativa por parte del Gobierno. 
El Sr. Alyssandrakis, como comunista tradicional, solo puede ver a los peligrosos barones de las drogas que han de ser eliminados sin piedad. 
Ambos cuentan con parte de la verdad, pero no dicen nada del resto. 
El informe de la Sra. Buitenweg propone un buen término medio, uno con el cual los Países Bajos han tenido buenas experiencias. 
Hasta ahora he apoyado este camino y seguiré haciéndolo. 
- (PT) Nuestra política para combatir la adicción a las drogas ha demostrado ser un fracaso. 
Por ello, creo que es importante emplear la reforma de las convenciones sobre drogas para, en primer lugar, considerar la despenalización del consumo de algunas drogas y legalizarlas; en segundo lugar, proceder a la elaboración de políticas de prevención racionales basadas en los conocimientos científicos sobre cada droga y no en el enfoque emocional y radical que, al tratar del mismo modo todas las drogas, acaba eliminando la credibilidad de la acción preventiva; y en tercer lugar, estimular el desarrollo de una política de reducción de daños que tenga en cuenta los resultados positivos alcanzados en los experimentos piloto llevados a cabo en Berna y Liverpool, que implican la administración, bajo control médico, de opiáceos a pacientes con un largo historial de fracasos en el tratamiento. Estos resultados incluyen un descenso en la tasa de criminalidad, en el número de sobredosis y en el número de casos de transmisión de VIH, tuberculosis y hepatitis B y C. 
- (FR) El objetivo del presente informe es salir en defensa de una mejor estrategia de información y comunicación para la Unión Europea. 
¿Por qué no? 
Sin embargo, si el objetivo, como se afirma en un apartado, es convencer a todos los europeos de las virtudes de la Unión Europea en el ámbito de «la seguridad, la solidaridad, la igualdad de oportunidades [y] la cohesión» , este no es un buen comienzo. 
Por ejemplo, ninguna estrategia de comunicación puede esconder el hecho de que uno de cada ocho trabajadores de la Unión está condenado al desempleo, y muchos a la pobreza. 
Si la Unión Europea pusiera en práctica una política que se opusiera a los despidos masivos, obligando a los patronos a utilizar los beneficios actuales y pasados para garantizar que se mantendrán los empleos, y si el desempleo se redujera a consecuencia de ello, no sería necesaria una estrategia de comunicación: ¡Bastaría con el boca a boca! 
- (PT) Por supuesto, no discutimos la necesidad de que los ciudadanos de los diversos países que componen la UE estén mejor informados acerca de las políticas que se promueven en sus países y, por descontado, sobre las consecuencias de dichas políticas. 
De hecho, es todo lo contrario. Sin embargo, creemos que no basta con «estar informado». 
Damos prioridad a la necesidad de un verdadero debate participativo en el que se expresen las diferentes posturas políticas, sobre todo porque las cuestiones que estamos debatiendo en estos momentos tienen una importancia clave para el futuro de cada país. El informe que acaba de presentarse no logra este objetivo, y se preocupa de aumentar la popularidad de la UE por medio de campañas de propaganda, cuando, en nuestra opinión, la cuestión clave tiene que ver con las opciones políticas fundamentales adoptadas a escala comunitaria, que son neoliberales, federalistas y militaristas. 
En primer lugar, la cuestión no es «cómo organizar mejor la propaganda» , tomando la campaña del euro como ejemplo para la «ampliación» o para el «papel de Europa en el mundo». 
Además, quiero hacer un comentario sobre el modo en que la Oficina de la Comisión Europea en Portugal lleva sus asuntos, emprendiendo iniciativas sobre cuestiones importantes que se están debatiendo en la UE, mientras discrimina a quienes, como nosotros, adoptamos un punto de vista más crítico. 
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(FR) El resultado de una votación sobre un informe que propone medidas diseñadas para ofrecer una mejor información a los ciudadanos europeos sobre el funcionamiento de la Unión Europea debería, en teoría, ser predecible. 
No obstante, este no es, en absoluto, el caso con este texto, que se basa por completo en la preocupación sobre el déficit de popularidad de la Unión Europea y la disminución de la participación en las elecciones europeas. 
Principalmente lo achaca a la falta de información y a enfoques que tienden a retratar a la Unión como un permanente campo de batalla entre intereses nacionales. 
Como soluciones, propone campañas de comunicación a fin de promover unos valores europeos comunes y las ventajas prácticas de la pertenencia a la Unión para la vida cotidiana. 
Creemos que la falta de popularidad de la UE se debe al hecho de que sus actuales prioridades no son la democracia ni la solidaridad, sino fomentar el libre comercio, poner en peligro los servicios públicos y convertir a Europa en una fortaleza policial. 
Por consiguiente, la cuestión no es cómo organizar mejor la propaganda institucional que está muy alejada de la realidad, sino encontrar maneras de presentar claramente a los ciudadanos los debates sobre la Europa del mañana y permitirles que sean oídos a todos los niveles. 
Por esta razón, no hemos votado a favor del informe. 
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(FR) No pude más que horrorizarme cuando leí este informe. 
Este documento cruza descaradamente la línea entre la información y la desinformación, entre la comunicación y la propaganda. 
De hecho, propaganda es la palabra correcta cuando leemos, por ejemplo, que la estrategia de comunicación de la Unión Europea debe contar con el apoyo de los formadores de opinión, dirigir la información a diferentes grupos de población utilizando medios atractivos como el deporte y formular mensajes de forma que puedan incluirse fácilmente en los sistemas educativos. 
El enfoque casi científico, el reclutamiento de formadores de opinión para que trabajen para la causa, la explotación de todos los recursos disponibles y el pernicioso deseo de manipular a las mentes más débiles utilizando los sistemas educativos, todo eso huele a propaganda totalitaria. 
Esta Asamblea debería avergonzarse de aprobar un informe que invita a las instituciones europeas a saquear el dinero público a fin de satisfacer el deseo de poder de una oligarquía que desea someter la realidad a sus propios sueños imposibles (ciudadanía, concienciación o constitución europea). 
Sin embargo, a pesar de la abundancia de medios a disposición de la máquina proeuropea, me gustaría creer que las personas no dejarán que les engañe este federalismo subliminal. 
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(PT) Nadie niega ya que hay un déficit de información en relación con la Unión Europea, el modo en que funciona y su utilidad. 
Baste con recordar que el 50% de los europeos ignoran o son indiferentes a la Unión y que el nivel de participación en las elecciones al Parlamento Europeo cayó del 63% en 1979 al 49% en 1999. 
Este déficit de información contribuye a crear un verdadero abismo entre los ciudadanos europeos y las instituciones comunitarias. 
Éste es el contexto que forma el telón de fondo de la estrategia de la Comisión Europea sobre información y comunicación en la UE. 
El acceso a la información es crucial para el pleno ejercicio de la ciudadanía europea. 
Por esta razón, una política de información eficaz ha de basarse en la «afirmación de sus valores comunes» como la democracia, el pluralismo, la diversidad cultural, la cohesión y la solidaridad. 
Más importante aún es demostrar, dando ejemplos prácticos, las ventajas cotidianas que se obtienen al integrar a la UE, como el euro, la ciudadanía y la libertad de circulación. 
A fin de mejorar la eficacia de las campañas informativas de la UE, cada mensaje ha de ser claro, imparcial y accesible, y ha de estar disponible para cada ciudadano en su propia lengua. 
Por último, las campañas de información deben ser coordinadas, a escala comunitaria, por instituciones europeas, permitiendo así que se identifiquen mejor las necesidades. Sin embargo, al mismo tiempo, tales campañas han de descentralizarse a escala nacional y regional. 
- (DA) Hemos votado a favor de toda la propuesta de resolución porque es muy prometedora en un momento en que es muy necesario reforzar la política de defensa y de seguridad de la UE. 
En lo que respecta a la defensa colectiva, damos importancia a que la OTAN siga siendo el vínculo indispensable que una a los Estados Unidos con los intereses de seguridad de Europa, y seguimos concediendo mucha importancia al mantenimiento de unas buenas relaciones transatlánticas. 
Sin embargo, no podemos apoyar que se pida a los Estados miembros y a los países candidatos que apliquen el principio de preferencia comunitaria en la compra de armas, a fin de garantizar, de este modo, la seguridad de suministro. 
Como liberales, apoyamos en este caso también el principio de la economía de libre mercado, pues esto es lo que garantizará las compras de armas de la mayor calidad. 
No hemos querido votar a favor del deseo de añadir al Tratado, en forma de protocolo, una cláusula de defensa colectiva para aquellos Estados miembros que deseen compartir las obligaciones establecidas en el Artículo V del Tratado de Bruselas, poniendo fin así a la Unión Europea Occidental. 
Creemos que la responsabilidad de la seguridad danesa reside, en primer lugar, en la OTAN. 
- (FR) El informe Morillon propone una arquitectura de seguridad y defensa europea nueva, unitaria y centralizada, que parece ser anticuada y poco realista. 
De hecho, el informe es del todo coherente con el marco comunitario. 
No presta atención a lo que debería ser el principal objetivo: la libre participación de países y una geometría variable de asociaciones. 
Solo hay una referencia a la «abstención constructiva» , la ligera flexibilidad introducida por el Tratado de Ámsterdam para preservar el marco centralizado general. 
Sin embargo, por otro lado se hace hincapié en la necesidad de desarrollar las competencias de las instituciones europeas existentes y en la inclusión de costes en el presupuesto comunitario (apartados 40, 56 y 57 de la resolución). 
La crisis del Iraq ha demostrado la medida en que esta organización está desfasada. 
Sin embargo, sea como fuere, este informe no es realista, pues reafirma tanto la competencia de los parlamentos nacionales con respecto al uso de las fuerzas nacionales como la del Parlamento Europeo en relación con la aprobación de operaciones. 
Todo esto es contradictorio. 
La única solución posible es que las naciones tengan una mayor autoridad y que sus parlamentos asuman la principal responsabilidad. 
El resto debería derivar de ello. 
- (FR) Defender un ejército común europeo, como hace el informe, no deja de tener gracia, en un momento en que el ejército del Reino Unido está justo detrás del ejército estadounidense en una terrible guerra en el Iraq, mientras que los demás ejércitos, por elección política o falta de capacidad, muestran su oposición a la guerra. 
Por consiguiente, ¿qué habría hecho un ejército europeo unido? 
No obstante, detrás de esta tragicomedia se encuentra la idea de que el militarismo supraeuropeo debería añadirse a diferentes militarismos nacionales 
Rechazamos ambas formas porque estos militarismos consisten solamente en que las personas paguen, a veces con sangre, pero siempre con impuestos, las guerras emprendidas en beneficio de unos cuantos grandes monopolios. 
¡Que nadie abogue por la necesidad de defender a su país a escala nacional y a escala continental! 
El ejército francés, por ejemplo, no ha necesitado defender a su país desde 1945. 
Por otra parte, ha librado muchas guerras coloniales o ha participado en bandidajes armados disfrazados de guerra en todo el mundo. 
Por ello, hemos votado en contra de este informe. 
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(FR) La actual división entre los Estados miembros sobre cuestiones clave de política exterior es lamentable. 
Impide que la Unión se convierta en un actor creíble en la escena internacional. 
Sin embargo, si queremos que la Unión se convierta en un actor creíble, tendremos que adoptar una postura única y hablar con una sola voz. 
Si queremos que la Unión Europea defienda sus objetivos y sus valores en la escena internacional y contribuya a la paz, la libertad y la estabilidad en el mundo, de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, necesita urgentemente desarrollar una verdadera PESD como parte integral de la PESC. 
Esta PESD ha de basarse en el principio de seguridad, una seguridad que sea común a Europa y al resto del mundo, una seguridad sostenible basada en la igualdad, la justicia y la reciprocidad, una seguridad basada en el respeto por los derechos humanos, el control democrático y el derecho internacional. 
La Unión debería ser un actor creíble en la escena internacional, pero también un socio libre de los Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica. 
Este es el mensaje clave de este informe, y es por ello que lo voy a apoyar. 
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(FR) Para conseguir que su voz se oiga mejor, Europa ha de reforzar su política exterior y de seguridad común, también con respecto a la gestión de crisis militares. 
La Unión Europea solo puede existir y hacer que sus decisiones cuenten en el diálogo fundamental con los Estados Unidos, dentro de un marco global multipolar, si asume con más resolución sus responsabilidades con respecto a su propia seguridad. 
El Tratado de la Comunidad Europea de Defensa (CED) sigue siendo una fuente útil de inspiración. 
La Comisión Europea podría gestionar los aspectos tecnológicos e industriales sujetos a las normas de competencia. 
Debería crearse un Consejo de Ministros de Defensa en cooperación con los parlamentos nacionales, mientras que el Parlamento Europeo debería ser un órgano democrático de control y codecisión. 
Organizada de este modo, la Unión Europea dispondría de los medios para convertirse en una unidad global, en el ámbito político, económico, monetario y social, y de las relaciones exteriores y de defensa. 
- (PT) Incluso con las considerables diferencias en las posturas de los Gobiernos de los Estados miembros sobre la injusta, ilegítima e ilegal guerra preventiva contra el Iraq, la mayoría de los miembros siguen insistiendo en dar su apoyo a las crecientes capacidades militares de la UE y crear una política exterior, de seguridad y de defensa común que tenga todos los recursos que necesita. Rechazamos este enfoque, tanto por representar un claro ataque a la soberanía de cualquier país como por su potencial para crear una Europa basada en el uso de la fuerza. 
Estos Estados miembros también piden, por consiguiente, una colaboración más estrecha con la OTAN, una fuerza militar que emprenda acciones independientes y que sea operativa a partir de 2004, y una agencia de armamento financiada con el presupuesto comunitario, algo que también rechazamos. 
Por consiguiente, hemos votado en contra del informe. 
Pedimos la paz y la cooperación, no la guerra. 
Los conflictos han de resolverse por la vía diplomática, no por medio del uso de la fuerza. 
La carrera armamentística no solo implica pasar a este ámbito recursos que son esenciales para el desarrollo y para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, sino que también puede provocar la guerra y la destrucción de la humanidad. Rechazamos por completo este enfoque. 
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(FR) El informe del General Morillon especifica las ambiciones de una política de seguridad y de defensa para la Unión Europea. 
Después de recomendar ciertas precauciones, como la necesidad de basar esta política en la igualdad, la justicia, la reciprocidad, los derechos humanos, el control democrático y el derecho internacional, y contribuir a la libertad, la paz, etc., el informe establece sus bases prácticas, con su punto de vista subyacente del mundo en términos de vigilancia: la inestabilidad causada por el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el tráfico de armas, drogas y seres humanos, y la inmigración ilegal, todo ello causado, en resumidas cuentas, por la maldad humana, en general, y no por la opresión o las desigualdades entre el Norte y el Sur. 
La solución propuesta es, por consiguiente, reforzar las capacidades militares disponibles para la Unión, lo cual exige desarrollar cuanto antes una cultura de seguridad europea. 
El informe cree incluso que una fuerza militar europea debería poder realizar en 2009 una operación del nivel y la intensidad del conflicto de Kosovo dentro del territorio europeo. 
Por estas razones, hemos presentado una enmienda previa que pide que se rechace la guerra como medio para resolver los conflictos internacionales. 
Dado que ha sido rechazada, vamos a votar en contra del informe Morillon. 
- (NL) Parece que la Unión Europea se está convirtiendo en un superestado federal. 
En las federaciones, muchos poderes están en manos de los Estados individuales, pero solo la federación decide sobre la política exterior y de defensa. 
Por otro lado, los Estados miembros de la UE han conservado hasta ahora sus propios ministros de Asuntos Exteriores, sus propias embajadas, sus sedes independientes en las Naciones Unidas y sus ejércitos. 
Este contraste está provocando que algunos diputados de este Parlamento empiecen a trabajar en pos de un representante único de la UE en el Consejo de Seguridad y de un ejército europeo único, con miras a convertirse en la segunda superpotencia del mundo junto con los Estados Unidos de América. 
No sería una superpotencia opuesta a los Estados Unidos, sino un aliado en pie de igualdad que pudiera intervenir en el resto del mundo junto con este país. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, considera que esto es un error. 
La UE hará mejor en preocuparse por resolver los problemas transfronterizos dentro de Europa y mantener controladas a las grandes empresas internacionales que no tienen en cuenta los intereses y los derechos democráticos de la gran mayoría de las personas. 
En un contexto militar, Europa debería limitarse a la defensa de su territorio, a la ayuda puramente humanitaria fuera de Europa y, si es precio, a la ayuda en el mantenimiento de la paz a solicitud de las partes implicadas en los países candidatos, como está sucediendo ahora en Macedonia. 
- (PT) Recurriendo de nuevo al método poco limpio del centralismo europeo, el ponente ha optado- a pesar de que lo niegue- por pasar por alto la actual situación histórica, apartándose de los intereses divergentes de los Estados miembros con respecto a la PESD y excediendo en mucho los compromisos dados voluntariamente, en concreto en el Consejo Europeo de Helsinki en 1999. 
El único modo en que podríamos tener una UE con «una única voz fuerte y clara» , hoy en día, sería obligando a la mayoría de los Estados miembros a callarse. Eso sería inaceptable. 
En el actual contexto, no hay fundamentos reales para la presión de justificar la tendencia de comunitarizar el segundo pilar sobre la base de la necesidad de aumentar «la credibilidad de sus objetivos de política exterior». 
La constante comparación con los Estados Unidos de América, un Estado soberano y una nación de doscientos años de antigüedad, pone de manifiesto la dirección que el ponente quiere que tome la UE, que claramente no puedo apoyar. 
Aparte de ser una paradoja estructural, reconstruir la arquitectura constitucional europea, partiendo desde lo alto, se opone completamente al modelo defendido por los Padres Fundadores y hace que uno tema por la solidaridad y la coherencia que se han conseguido gradualmente. 
Por ello, he votado en contra del informe. 
- (FR) Lo que deberíamos recordar de esta sesión es que hemos debatido largo y tendido sobre un informe relativo a la seguridad europea cuyo contenido está, en su mayor parte, completamente desfasado, y que nos hemos abstenido, por una gran mayoría, de debatir sobre la guerra en el Iraq en un momento en que está en juego su desenlace y en que sus consecuencias afectan principalmente a nuestra seguridad. 
Asimismo deberíamos recordar el silencio del Parlamento sobre la cumbre tripartita entre Francia, Alemania y Rusia, que empieza mañana en San Petersburgo con el Secretario General de las Naciones Unidas. 
¿Se debe este silencio a que se trata de una iniciativa intergubernamental y, por tanto, ideológicamente incorrecta? 
Sin embargo, si el Parlamento estuviera realmente preocupado, como afirma, por el hecho de que Europa vaya a ejercer una influencia diplomática propia y sustancial en el período de la posguerra, daría más importancia a la Cumbre de San Petersburgo que al próximo Consejo Europeo. 
Por último, deberíamos recordar la duplicación de la ayuda financiera a Turquía, probablemente a fin de agradecer a Ankara su negativa a poner fin a la ocupación de Chipre por sus tropas. 
La ayuda no debería vincularse a la adhesión, como ha hecho el Parlamento, sino a una actitud constructiva por parte de Turquía que haga posible conseguir un Chipre reunificado antes de la entrada de Nicosia en la Unión. 
Si lo hubiésemos hecho así, habríamos contribuido de manera práctica a la seguridad europea. 
. Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 19.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas). 
B5-0210/2003 del Sr. Gasòliba i Böhm y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los derechos humanos en Guatemala; 
B5-0214/2003 del Sr. Kreissl-Dörfler y el Sr. van den Berg, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre los derechos humanos en Guatemala; 
B5-0217/2003 del Sr. Liese y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la futura política de cooperación en apoyo de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en Guatemala; 
B5-0220/2003 del Sr. Mayol i Raynal y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza libre Europea, sobre los derechos humanos en Guatemala; 
B5-0225/2003 de la Sra. González Álvarez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Guatemala. 
Señor Presidente, el Sr. Liese ya se ha referido a la conferencia que organizó nuestro grupo con él y otros diputados, en septiembre del año pasado, en la cual acordamos someter esta resolución a este Parlamento y a la Comisión. 
Todos estamos convencidos de que la extrema pobreza de la población rural que ha de ganarse la vida con la agricultura de subsistencia hace que esta sea la población más pobre del mundo. 
Por desgracia, la población rural, que en Guatemala se compone en gran parte de población indígena, no es una excepción. 
Por ello, es de extrema importancia que cada una de las frases de esta Resolución se considere con sumo cuidado. 
No tenemos tiempo para tratar cada uno de estos aspectos con detenimiento, pero es evidente que en estas circunstancias la reforma agrícola es necesaria, aunque esta palabra sea tabú. 
La población indígena es claramente la que sufre más y la que no tiene acceso a una alimentación sana, la que no tiene acceso a una buena educación y la que no tiene acceso a la tierra. 
Las mujeres son las principales víctimas de todo esto porque simplemente no cuentan, aunque en muchos casos sean ellas las que mantengan solas a familias muy grandes y extensas. 
En estos momentos, hay una oleada de violaciones de los derechos humanos, y la gente del país está actuando con total impunidad. 
En estas circunstancias, hay buenas razones para recordar la ratificación de la pertenencia al Tribunal Penal Internacional, y también quisiéramos insistir en la abolición de la pena de muerte. 
Todo ello es para recalcar que precisamente uno de los países en el que hace unos años teníamos ciertas esperanzas está amenazando con volver al estado de impunidad, convirtiéndose los acuerdos de 1996 en letra muerta. 
Donamos mucho dinero a la cooperación con estos países de América Latina. 
Asegurémonos de que nuestros acuerdos internacionales, que significan que nuestra ayuda y nuestra cooperación han de redundar en primer lugar en beneficio de los más pobres, lo hagan realmente y que el Gobierno esté obligado a prestar su ayuda en este sentido. 
Señor Presidente, en nombre de uno de los autores, el Sr. Kreissl-Dörfler, quisiera expresar el pleno apoyo del Grupo del PSE. 
Es vital que recordemos a las víctimas del actual incremento de la violencia y exijamos al Gobierno que proteja sus derechos: los derechos humanos, la libertad de asociación y la libertad religiosa. 
Igualmente estamos preocupados por la inseguridad de los indígenas y su expulsión de las tierras donde trabajan. 
Asimismo hemos de reconocer y luchar contra la discriminación que sufren los indígenas y las mujeres campesinas. 
Ha de reconocerse su trabajo y sus derechos sobre la tierra y dentro del país. 
Además, esta Asamblea expresa unánimemente su pleno apoyo al proceso de paz en Guatemala. 
Con la paz podemos reconstruir las comunidades y con comunidades reconstruidas podemos asegurar que se respeten los derechos humanos fundamentales. 
Señor Presidente, Guatemala, cuna de una antigua cultura, es un país que ha sufrido una y otra vez fuertes reveses. 
La reciente historia nos demuestra que, desde el asesinato, en la década de los setenta, del embajador alemán Graf Spreti, un diplomático y político eminente, esta región de América Central ha sido repetidas veces foco de atención de la opinión pública europea y alemana y ha sido golpeada por una crisis tras otra, para las cuales las respuestas llegaban demasiado tarde. 
Siempre tardamos demasiado en responder a los actos de violencia sangrientos, a las revoluciones y al terrorismo. 
Por ello, doy las gracias al Sr. Liese y a todos los demás que han tomado la iniciativa de presentar esta obra maestra de la diplomacia preventiva, una breve resolución que, por primera vez, no es una reacción a una crisis del tipo con el que estamos familiarizados en nuestros debates sobre cuestiones de actualidad y de urgencia, aunque por supuesto hay una crisis aguda. 
Sin embargo, en primer lugar se trata de prevención, y además, prevención por medio de acción más que de palabras. 
Aborda las cuestiones clave, siendo estas todo el ámbito de la agricultura y las reformas que necesita. 
En segundo lugar, se centra en la reforma económica y el ámbito de la legislación fiscal, que es realmente extraña. 
Lo crucial es que también enmarca el proceso de paz, al que la Unión Europea, por supuesto, también puede hacer una contribución sustancial apoyando y entablando un diálogo en el ámbito de la cooperación económica y la ayuda al desarrollo. 
Estoy muy agradecido por esta iniciativa. 
Creo que la verdadera tarea de esta Asamblea no es siempre limitarse a condenar, sino esforzarse activamente por idear estrategias para minimizar los desastres o evitarlos por completo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la población de Guatemala, al igual que la de América Latina, ha sufrido la intervención extranjera por parte del imperialismo estadounidense y la explotación por parte de la oligarquía, con trágicas consecuencias. 
Se ha visto forzada a seguir el sendero del conflicto armado a fin de defender sus derechos fundamentales Su dura lucha condujo al proceso de paz, y el Gobierno que surgió prometió promover algunas reformas que darían cierto alivio a los descendientes de los mayas y otras civilizaciones locales. 
Ahora, seis años más tarde, siguen sin haberse hecho avances con estas reformas; al contrario, reina la pobreza, especialmente entre los nativos, que constituyen la mayoría de la población. 
Se están pisoteando los derechos de empleo, se mantienen los restos del feudalismo, se echa a los agricultores de las tierras que cultivan y sus líderes están siendo asesinados por los paramilitares, que gozan de impunidad. 
Condenamos al Gobierno de Guatemala y a la oligarquía, y nos oponemos a la intervención extranjera. 
Apoyamos a las fuerzas populares del país y estamos seguros de que su lucha por el cambio democrático y social dará frutos. 
. Gracias, Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar después de este debate. 
B5-0209/2003 del Sr. Galeote Quecedo y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Cuba; 
B5-0211/2003 del Sr. Gasòliba i Böhm y otros, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los más recientes arrestos en Cuba y sobre la suspensión de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba; 
B5-0213/2003 del Sr. van den Berg y el Sr. Obiols i Germà, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre Cuba; 
B5-0218/2003 del Sr. Mayol i Raynal y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza libre Europea, sobre Cuba; 
B5-0221/2003 del Sr. Queiró y la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre Cuba; 
B5-0222/2003 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre Cuba; 
B5-0223/2003 del Sr. Wurtz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Cuba. 
Es evidente que Fidel Castro no teme a nada tanto como a su propio pueblo. 
Es por ello que tiene un miedo mortal a las reformas democráticas y que está eliminando a los oponentes. 
A la sombra del Iraq, Fidel ha visto ahora la oportunidad de poner entre rejas a más de 75 disidentes y periodistas independientes por un tiempo escandalosamente largo. 
Su único delito ha sido no estar de acuerdo con el régimen, ser francos al respecto y posiblemente contar con el apoyo de los Estados Unidos. 
Durante mi visita a Cuba en diciembre, comprendí claramente que el país desea unas mejores relaciones con la Unión Europea y que desea adherirse al Acuerdo de Cotonú. 
Para tal fin, se ha abierto recientemente la oficina de la Comisión en La Habana. 
Cuatro días más tarde se produjeron los arrestos. 
¡Qué bofetada en la cara de la Unión Europea! 
Si los detenidos políticos no son puestos en libertad, surgirá la pregunta de cuál es el sentido de un diálogo político y de una oficina de la Unión Europea. 
Tampoco será preciso mantener negociaciones con respecto al Acuerdo de Cotonú. 
Me gustaría que el Comisario Bolkestein dijera algo al respecto. 
Como ponente de derechos humanos, he hablado con muchas autoridades cubanas, incluido el Vicepresidente y el Ministro de Asuntos Exteriores. 
Por desgracia, he de decir que me confundieron con sus respuestas evasivas Los procesos políticos a puerta cerrada son antiguas prácticas soviéticas para las que ya no hay lugar en un mundo civilizado. 
El boicot estadounidense es poco sensato. 
A Cuba le encantan los dólares. 
Por ello, es necesaria una nueva invasión. No de soldados, sino de visitantes pacíficos de los Estados Unidos y Cuba. 
Demócratas del mundo, uníos... en Cuba y dad un susto a Castro, abriendo no solo el monedero, sino también la boca. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el Grupo socialista apoya plena e inequívocamente la propuesta de resolución que estamos debatiendo ahora. 
El Grupo Socialista protesta con gran indignación por la monstruosa oleada de represión que ha aplastado a todo el que se atreva a disentir, estar en desacuerdo, pensar de forma diferente o crear libremente en Cuba. 
Esta increíble oleada de represión revela, a cualquiera que siga abrigando dudas o ilusiones, el verdadero carácter del régimen político cubano. 
Se trata de un régimen totalitario que podría calificar de orweliano, es decir, del tipo imaginado por George Orwell en su obra maestra titulada 1984. 
Una vez que la música cubana, simbolizada por Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y su Buena Vista Social Club, fue liberada pensamos que también podríamos ver la liberación de la palabra hablada? la poesía? , encarnada por Raúl Rivero, un gran poeta que ha sido sentenciado a veinte años de prisión, así como la liberación del discurso político, personificado por Elizardo Sánchez y Oswaldo Payá, galardonados con el premio Sajarov. 
Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. 
Estamos decepcionados. 
El dictador cubano ha ordenado arrestar y reprimir brutalmente a disidentes políticos y miembros del proyecto Varela, recurriendo a los pretextos y medios habituales usados por cualquier dictadura ordinaria: espionaje de sus ciudadanos, prisión arbitraria, farsas judiciales y sentencias absurdas. 
No hay dictaduras buenas o malas, señor Presidente. 
No sirve de nada graduarlas en una escala de maldad y decir que la dictadura de Fidel Castro es «benigna». 
No tiene sentido que la izquierda califique de «respetable» la dictadura de Fidel Castro. 
¡Personalmente quiero protestar contra ello! 
La violación cínica, descarada y desvergonzada de las libertades fundamentales y de los derechos humanos representa ahora un desafío y una provocación lanzada por Fidel Castro a todos los ciudadanos y países democráticos. 
Hemos de aunar esfuerzos para aislar políticamente a Cuba. 
No me estoy refiriendo al aislamiento económico, porque de hecho el embargo económico de los Estados Unidos ha facilitado la mayor excusa para la dictadura cubana. 
Me estoy refiriendo al aislamiento moral y político. 
Hemos de apoyar al disidente socialista cubano Elizardo Sánchez, que ha pasado ocho años en las cárceles de Fidel y que lidera el Comité de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, cuando demuestra un valor ejemplar afirmando en una entrevista con un periódico francés sobre esta oleada de represión, que lo que está en tela de juicio en Cuba- estas son sus palabras- «es el modelo totalitario» , que ha fracasado allí, al igual que en todas partes, y lo llama un modelo obsceno, añadiendo que el régimen cubano está en fase terminal. 
Son tiempos difíciles para las dictaduras, señor Presidente. 
Espero fervientemente que la democracia triunfe en Cuba y que la admirable población cubana recupere la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación, la libertad de palabra y la libertad de viajar fuera de la isla. 
En resumidas cuentas, ruego para que la población cubana recupere los sueños en que se basaba una revolución que siempre he apoyado, pero cuyas principales ideas han sido traicionadas y negadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo único que es peor que un dictador es un dictador impenitente, y lo único que es peor que un dictador impenitente es un dictador impenitente que además es un oportunista. 
El dictador cubano Fidel Castro ha realizado esta acción con asombroso cinismo y brutalidad, aprovechándose de la crisis internacional, en la creencia de que, dado que la atención del mundo está centrada en otra parte del planeta- el Iraq -, la atención internacional se desviaría y le permitiría desatar su furia sobre los ciudadanos que no están de acuerdo con él. 
Si la situación no fuera tan trágica, podríamos decir, dada esta prueba del régimen de Fidel Castro que muestra una vez más su verdadera cara, que el comunismo y el estalinismo son como ir en bicicleta: una vez que has aprendido, no lo olvidas nunca. 
En el Grupo UEN apoyamos la propuesta conjunta de resolución, la resolución de compromiso que ha sido presentada y, sin duda, será aprobada. 
Sin embargo, quiero decir algo más acerca de la acción que creemos que hemos de emprender. 
Pensamos que en el Parlamento Europeo tenemos una responsabilidad especial, en estos momentos, porque el pasado mes de diciembre concedimos el premio Sajarov a Oswaldo Payá. 
No podemos abandonar a nuestros hermanos cubanos a su suerte, y hemos de demostrar que conceder el premio Sajarov tiene alguna finalidad. 
Una delegación del parlamento Europeo ha de viajar a Cuba, sin retraso, para reunirse con estos detenidos y, en especial, con Oswaldo Payá. 
Hemos de expresar, una vez más, nuestra solidaridad e invitar de nuevo a Oswaldo Payá a venir a Estrasburgo para el período parcial de sesiones de mayo. 
Si no puede en mayo, entonces en junio y si no puede venir en junio, que sea en julio, para decirnos lo que está sucediendo en Cuba. 
Hemos de actuar con rapidez, en solidaridad con nuestros hermanos de Cuba. 
Sabemos que la Unión Europea ya ha expresado su condena. 
Es importante y ha de aplaudirse, pero no es suficiente. 
Hemos de hacer más: queremos enviar un mensaje claro al dictador cubano y decirle que no aceptamos esto y que no transigiremos en esta cuestión. Hemos de congelar el proceso de adhesión de Cuba a Cotonú y hemos de demostrar muy claramente que estamos dispuestos a apoyar una evolución de la situación cubana hacia un régimen de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos, pero también que no transigiremos ante ningún retroceso y, en especial, ante ninguna vuelta a la brutalidad estalinista. 
Pidamos la inmediata liberación de todos los detenidos. 
Señor Presidente, una vez más el tiránico régimen de Fidel Castro ha mostrado su cara criminal. 
En la más dura ola de represión de los últimos diez años, el dictador quiere librarse de los disidentes ingratos. 
De repente, a los arrestos masivos de personas críticas con su régimen, les suceden rápidamente juicios simulados. 
A mediados de marzo fueron arrestados los supuestos «traidores». 
El pasado lunes, ya se habían fijado los primeros castigos draconianos en un proceso judicial en el que se pisotearon las normas jurídicas internacionales. 
Unos cubanos que no habían hecho más que ejercer su derecho a la libre expresión fueron acusados de actividades subversivas. 
Esta grave acusación brinda a Castro la oportunidad de imponer unos castigos excesivamente severos en virtud de la Ley 88. 
Esta violación del orden jurídico internacional es inaceptable 
Es precisamente ahora cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha sido sumamente crítica con Cuba, se está reuniendo en Ginebra. 
Es precisamente ahora cuando la Unión Europea ha abierto una representación oficial en La Habana. 
Es precisamente ahora cuando Castro está intentando aprovechar la oportunidad a la sombra de la liberación del Iraq. 
Hemos de detenerlo. 
En la resolución abogamos por la inmediata liberación de todos los detenidos y el final de estas detenciones dudosas. 
Solo entonces podrá la Unión Europea considerar si continúa el diálogo político con Cuba y la adhesión de la isla al Acuerdo de Cotonú, a lo cual quisiera añadir la solicitud de Cuba de adherirse a los países ACP. 
Señor Presidente, voy a intentar expresar el acuerdo de mi Grupo, mayoritario que no unánime. 
En primer lugar, nuestro grupo ha criticado enérgicamente unas condenas que nos parecen desproporcionadas contra los disidentes cubanos de los que se ha hablado aquí. 
En segundo lugar, hemos dicho claramente que la libertad de expresión y reunión deben ser respetadas como derechos fundamentales que son. 
Pero no podemos obviar el contexto en que se han producido estas condenas: primero, el embargo o bloqueo- como lo quieran llamar- que, desde hace cerca de cuarenta años causa graves quebrantos económicos y sociales al pueblo cubano y que la comunidad internacional viene condenando todos los años en las Naciones Unidas. 
Segundo, el hostigamiento constante del representante de los Estados Unidos en La Habana desde hace seis meses, señor James Cason, que ha utilizado enormes recursos económicos- se habla de veinte millones de dólares- en la desestabilización de las instituciones cubanas. 
Tercero, la increíble tolerancia de los Estados Unidos con quienes en el último mes han secuestrado dos aviones y un barco, poniendo en peligro cientos de vidas. 
Cuarto, el encarcelamiento de cinco ciudadanos cubanos condenados sin garantías en Estados Unidos, simplemente por intentar evitar los ataques terroristas que se produjeron hace unos meses en establecimientos turísticos que causaron graves daños, heridos y la muerte de un turista italiano. 
No tener en cuenta la situación en la isla nos llevó a no firmar esta resolución común. 
Señor Presidente, termino diciendo algo de mi exclusiva responsabilidad: me parece penoso, en primer lugar, que la mayoría de colegas, que hoy son tan duros con Cuba, votaran el año pasado en contra de la resolución que pedía la ruptura de relaciones económicas con Israel, a la vista de la sucesivas matanzas de palestinos, muchos de ellos niños- en estos tres días han asesinado a 34 palestinos. 
Y, en segundo lugar, que en la pasada minisesión, se haya votado en contra de cualquier propuesta o enmienda que intentara condenar o parar la ilegal, inmoral e injusta guerra contra el Iraq. 
No sé cómo interpretar, señor Presidente, esa actitud de doble rasero, tan injusta sobre todo para las víctimas, cientos en Palestina y, en el Iraq, no sé si llegaremos a saberlo porque, habitualmente, la historia la escriben los vencedores. 
Señor Presidente, ya se ha dicho mucho. 
Creo que hemos expresado una clara condena del régimen de Fidel Castro, pero también hemos de intentar ayudar a la población cubana, que actualmente sufre los efectos del embargo y es víctima de la opresión. 
No hemos de cometer el error de no comprender la tragedia de estas personas, y nosotros- incluida la Comisión- hemos de esforzarnos por intervenir en la situación cubana, a fin de aislar al régimen cubano manteniendo, al mismo tiempo, los derechos fundamentales y económicos de la población cubana. 
Yo he sido una de las personas que? aunque me doy cuenta de que estos pocos minutos no permiten realizar un análisis profundo de la situación en Cuba? ha defendido la necesidad de adoptar ahora una resolución sobre los arrestos y, en concreto, sobre las sentencias, que no solo son excesivas, sino también infundadas. 
Lo increíble es que estamos hablando de detenciones e incluso de penas de muerte. 
Lo increíble es que el régimen va en serio, dado que ya se han dictado sentencias de hasta 26 años. 
También quisiera señalar a Sus Señorías que la persuasión política no constituye ninguna garantía de seguridad aquí, puesto que innumerables socialdemócratas han visto el interior de las prisiones de Fidel Castro. 
Por ello, también yo considero que, a nuestra vez, hemos de enviar un mensaje claro, y hemos de esperar la reacción de la Comisión. 
Señor Presidente, por supuesto, yo también estoy muy preocupado por el arresto de más de 70 disidentes, entre ellos periodistas y líderes de los partidos ilegales de la oposición, incluidos los líderes de dos partidos liberales en Cuba, que también son miembros de la Internacional Liberal, y por las penas de prisión excesivamente largas a las que han sido condenados en procesos jurídicos celebrados lejos de las miradas públicas. 
Yo también visité Cuba hace unos años, en nombre de la Internacional Liberal. 
Fue una de las experiencias más increíbles que he tenido en el mundo. 
¡Cómo resiste aquella gente lo que les está haciendo Castro! 
Por ello, me intrigan las observaciones de la Sra. González, que se atreve a decir que lo que está sucediendo en Cuba es bueno, porque no tiene un gran concepto de los Estados Unidos, porque no está de acuerdo con la guerra en el Iraq y porque la situación en Israel no es buena. 
¡Intente decírselo a las personas en Cuba, señora! 
¡Intente explicar a estas personas que están encerradas en Cuba que todo está bien y que no pasa nada porque estén encerradas, porque a usted no le agrada la situación en otras partes del mundo! 
¡Lo que está usted cometiendo es una traición hacia la democracia, señora! 
Señor Presidente, hasta ahora he apoyado sinceramente todas las resoluciones de la ONU que exigían que se levantaran las sanciones económicas introducidas por los Estados Unidos contra Cuba. 
Esperaba que fuera posible que Cuba se convirtiera en el 78º miembro del grupo ACP, he estado muy satisfecho por el diálogo político con la UE y esperaba una rápida adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonú. 
Por tanto, lamento profundamente tener que condenar ahora vigorosamente a Cuba, y pido a este país que libere de inmediato a todos los detenidos. 
Al mismo tiempo, también quisiera pedir a la UE que decida, en su cumbre de junio, posponer la firma del Acuerdo de Cotonú con Cuba hasta que estas personas hayan sido liberadas. 
La UE enviaría una pésima señal si firmáramos un acuerdo con un país que, al mismo tiempo, está violando los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Además, la UE también debería dar pasos, por las mismas razones, para suspender los acuerdos comerciales con Israel. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero abstenerme con respecto a esta resolución. 
Veo los arrestos realizados en las pasadas semanas como una forma de agradecer nuestro apoyo a la entrada de Cuba en el ACP, una forma de agradecer la vista del Comisario Nielson hace dos o tres semanas y la apertura de una oficina de la Comisión en Cuba. 
El dictador Fidel Castro nos ha demostrado su aprecio. 
Sin embargo, esta resolución, que expresa una clara condena, no dice lo que deberíamos hacer- y el Sr. Ribeiro e Castro lo ha mencionado -: no dice lo que la Unión Europea debería hacer para poner fin a esta dictadura. 
No sugiere suspender la ayuda ofrecida por los Estados miembros así como la proporcionada por la Comisión, ni suspender las negociaciones sobre los acuerdos de Cotonú: no se proponen medidas específicas para ejercer presión sobre el Gobierno cubano. 
Resulta que, si el dictador Fidel Castro liberara a un preso en las próximas semanas, sería conveniente elaborar una resolución para demostrar nuestro aprecio. 
En mi opinión, le hacemos el juego al dictador, aunque comprendo que sea de manera no intencionada. 
El régimen se está acabando, y el gran número de detenciones constituye una señal de que Fidel Castro ha perdido el control de la situación. 
Ha llegado el momento de darle un empujón para ayudarle a salir, proponiendo a este vil personaje- puesto que es realmente vil- que se vaya al exilio, para que su país pueda, al fin, ser gobernado por quienes luchan por la democracia. 
Señor Presidente, la Cuba de Castro ha intentado mostrarse al mundo como un modelo de anticolonialismo y justicia social. 
En realidad, cientos de personas murieron en las cárceles cubanas en los primeros años de la revolución, y muchas más han sido encarceladas o han visto sus vidas arruinadas por atreverse a decir la verdad. 
Ciertamente, la revolución ha obtenido logros, pero los costes tanto económicos como políticos han sido muy elevados. 
La economía cubana está en quiebra, no a causa de las sanciones norteamericanas, sino debido al comunismo. 
¿Cuál es la ventaja de tener buenos médicos si las facilidades y los recursos médicos son inadecuados? 
Fidel Castro no ha comprendido que el mundo ha cambiado, y pocos de nosotros estábamos preparados para las recientes represalias contra 33 disidentes, los juicios secretos apresurados y la indignante petición de pena de muerte para un líder demócrata-cristiano. 
Es un paso dramático que reduce las posibilidades de que Cuba forme parte del Acuerdo de Cotonou. 
Fidel Castro ha de aprender a respetar los derechos humanos e implantar la democracia. 
En América Latina ya no hay espacio para los tiranos. 
Señor Presidente, no podemos estar de acuerdo con las detenciones y los juicios que se están produciendo en Cuba, y es algo que condenamos. 
Pero sacar estos acontecimientos del contexto en que vive ese país nos parece equivocado, injusto y, en muchos casos, malintencionado. 
Cuba está siendo víctima de una agresión norteamericana, condenada acaso más que ninguna otra por la comunidad internacional. 
El bloqueo ha adquirido en los últimos tiempos una nueva dimensión dentro de la política internacional del Presidente Bush, y no parece exagerado que las autoridades cubanas se tomen muy en serio el peligro de que la agresión que vienen sufriendo experimente un cambio cualitativo, que lleve al país a una invasión militar, dentro de la dinámica de las guerras preventivas, que se ha convertido en doctrina oficial de la Casa Blanca. 
En ese sentido, es comprensible que el Gobierno cubano y, desde luego, gran parte de su pueblo, reaccionen con mecanismos de defensa propios de una situación de guerra. 
Y no nos extraña, aunque lo lamentemos, que sus reacciones puedan ser a veces excesivas o injustas. 
Sin embargo, será difícil convencerles de que no tienen razones para actuar como lo hacen, porque el clima de guerra virtual en que Cuba ha vivido largos años, se ha convertido de pronto en un clima de guerra real. 
Tan real como la guerra del Iraq. 
Todavía más difícil será convencerles si, al mismo tiempo que se les critica, no se condenan las crecientes provocaciones que protagoniza James Cason, encargado de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos y los actos de piratería y terrorismo, como los recientes secuestros de dos aviones y un barco de pasajeros. 
Lo hacemos desde la denuncia del contexto al que nos venimos refiriendo y con el compromiso de que la Unión Europea avance en su política de cooperación con aquel país. 
Señor Presidente, quisiera iniciar mi respuesta, en nombre de la Comisión, diciendo que la Comisión está muy preocupada por las recientes detenciones y juicios contra periodistas y partidarios de la oposición por parte de las autoridades cubanas. 
La Unión Europea hizo una declaración en la que condenaba firmemente estas medidas. 
A ello le siguió una gestión de la troika en La Habana, el 26 de marzo de 2003, en la cual participó la Comisión. 
La profunda preocupación sentida se recalcó en la declaración de la semana pasada de la Unión Europea sobre derechos humanos en el mundo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
La declaración pedía la inmediata liberación de quienes la Unión considera presos de opinión. 
La situación de los derechos humanos es y seguirá siendo un aspecto importante de nuestras relaciones con Cuba. 
La Comisión Europea cree que una política de diálogo es la manera más eficaz de ayudar a impulsar una evolución positiva en este sentido. 
A fin de facilitar una transición pacífica, la Unión Europea sigue, de acuerdo con la posición común, una política de «compromiso constructivo» con Cuba. 
La posición común de la UE se distancia del uso de medidas coactivas que podrían incrementar las privaciones de los cubanos. 
En lugar de ello, da prioridad a un diálogo constructivo con las autoridades y la sociedad civil cubanas. 
En resumidas cuentas: la Unión Europea tiene la firme convicción de que una política de diálogo constructivo tiene mayores posibilidades de éxito que una política de aislamiento y embargos. 
En lo que respecta a la solicitud de Cuba de adhesión al Acuerdo de Cotonou, ello podría constituir un buen marco para seguir manteniendo y profundizar un diálogo significativo con las autoridades cubanas, en concreto en materia de derechos humanos. 
El respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho son elementos esenciales de este acuerdo. 
Por ello, la Comisión está preparando una comunicación sobre este tema, en la cual presentará una evaluación completa de la situación, incluida una evaluación del plazo más propicio para la adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonou. 
Esta es mi respuesta en nombre de la Comisión y, en concreto, de mi colega el Sr. Nielson. 
Señor Presidente, quiero expresar mi preocupación por la respuesta que ha dado la Comisión. 
Se le han formulado varias preguntas y ni siquiera ha pedido, Sr. Presidente, la liberación de las personas detenidas, deseo compartido, sino por todos, por la inmensa mayoría de los grupos políticos de esta Cámara. 
Quiero recordarle al Sr. Comisario que la Comisión no responde políticamente ante el Consejo, sino ante este Parlamento. 
Señor Presidente, lo siento, pero la Comisión no comparte la opinión que ha expresado Su Señoría. 
De hecho, la profunda preocupación que siente la Comisión se recalcó en la declaración de la Unión Europea sobre derechos humanos en el mundo en la reunión de las Naciones Unidas de la semana pasada en Ginebra. 
Dicha declaración pide la inmediata liberación de quienes la Unión considera presos de opinión. 
Ni que decir tiene que una liberación inmediata excluye la pena de muerte o cualquier otro tipo de pena. 
Este es el sentimiento de la Comisión y del Sr. Nielson, en particular. 
. Gracias, Comisario Bolkestein. 
No es posible dar paso a muchas preguntas complementarias hoy y, por consiguiente, esta es la última que voy a aceptar. 
A modo de aclaración, ¿considera la Comisión concebible que la Unión Europea permita a Cuba adherirse al Acuerdo de Cotonú mientras los detenidos políticos ahora sentenciados permanecen detenidos? 
Señor Presidente, quisiera exponer una cuestión de observancia del Reglamento. 
Sé que el Comisario Bolkestein no es el responsable de este expediente y, por tanto, no espero que me ofrezca una respuesta definitiva. 
Quisiera pedir al Comisario que transmita a la Comisión y al Comisario Nielson, en particular, mi- de hecho, nuestra- sorpresa por la explicación que se nos ha dado aquí Estamos familiarizados con la política que acababa de elaborarse para Cuba. 
Estamos familiarizados con la política, y nuestra actitud hacia Cuba era de buena voluntad. 
¡Pero el dictador Fidel Castro la ha traicionado! 
En realidad, ha cambiado la situación y, por consiguiente, es preciso cambiar esta política. 
No podemos seguir con esta política como si todo permaneciese igual cuando, en realidad, ha habido un cambio repentino. 
El Comisario Nielson ha de acudir al Parlamento, en cuanto pueda, para dar una respuesta sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, puedo asegurar a los diputados presentes esta tarde que sin duda informaré a mi colega, el Sr. Nielson, acerca de los sentimientos expresados por la gran mayoría de este Parlamento. 
Le explicaré que el Parlamento se preocupa mucho por lo que está sucediendo en Cuba. 
Sin embargo, quiero repetir que mi colega, y la Comisión en su conjunto, comparten esta preocupación. 
La principal cuestión en estos momentos parece ser la participación de Cuba en el Acuerdo de Cotonou. 
El Sr. van den Bos se ha referido a esta posibilidad y ha preguntado si esta participación en el Acuerdo de Cotonou sería posible en caso de que prosiguieran las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba. 
En lo que respecta a la Comisión, sería difícil aceptar la participación en el Acuerdo de Cotonou si se mantiene la actual situación en Cuba. 
Por ello estoy de acuerdo con el Sr. van den Bos en que ambas situaciones son difíciles de reconciliar. 
Sin embargo, una vez más, quisiera disponer del tiempo suficiente para celebrar más debates con mi colega, el Sr. Nielson, a fin de poder ofrecer una respuesta más definida. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar después de este debate. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Mientras los invasores están matando al pueblo iraquí, el Parlamento Europeo está preocupado por las «violaciones» de los derechos humanos en Cuba. 
Sabemos cómo el Parlamento Europeo y la Unión Europea interpretan los derechos humanos de Yugoslavia y de otros lugares. 
Los citan para conseguir objetivos políticos, como pone claramente de manifiesto la resolución sobre Cuba, cuya finalidad es difamar al sistema socialista del país, que ha dado a su población el nivel de vida más alto de América Latina. 
La propuesta acata la «posición común» de la Unión Europea, que supedita la cooperación con Cuba a los cambios en el sistema político del país. 
Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo hace la vista gorda a décadas de actividad subversiva de los Estados Unidos y al embargo criminal. 
Asimismo, niega a la población cubana el derecho a defender su revolución, defendiendo abiertamente a agentes y criminales extranjeros. 
Condenamos la hipocresía de los imperialistas europeos y sus socios pero comprendemos su preocupación. 
La Cuba socialista es una espina en su costado. 
Sin embargo, no podemos sino condenar a ciertos representantes de la izquierda que no dudan en aunar fuerzas con los reaccionarios, para que no parezca que se quedan rezagados a la hora de defender supuestamente los derechos humanos. 
B5-0212/2003 de la Baronesa Ludford y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las violaciones de los derechos humanos en Egipto; 
B5-0215/2003 del Sr. Cashman y otros, en nombre del Grupo del Partido de Socialista Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en Egipto; 
B5-0216/2003 del Sr. Sacrédeus y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre los derechos humanos en Egipto; 
B5-0219/2003 de la Sra. Boumediene-Thiery y la Sra. Flautre, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza libre Europea, sobre los derechos humanos en Egipto; 
B5-0224/2003 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre las violaciones de los derechos humanos en Egipto. 
Señor Presidente, el mes pasado, 21 egipcios homosexuales fueron sentenciados a penas de prisión de tres años y trabajos forzados a causa de sus inclinaciones sexuales. 
Formaban parte de un grupo de 52 homosexuales arrestados en El Cairo el año pasado. 
El 16 de enero de este año, Wissam Toufic Abyad fue arrestado y, más tarde, sentenciado a 15 meses de prisión por «conducta licenciosa repetida». 
Estos sucesos no son incidentes aislados. Forman claramente parte de una tendencia creciente, y sobre todo alarmante, que se caracteriza por un incremento en los informes de discriminación, arrestos, malos tratos y condenas injustas de homosexuales. 
Esta tendencia es aún más preocupante porque la homosexualidad no es ilegal en Egipto. 
Al mismo tiempo, el acuerdo Euromediterráneo entre la Unión Europea y Egipto está a punto de ser ratificado por ambas partes. 
El artículo 2 de dicho Convenio exige el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. 
Todo indica que Egipto no está respetando estos principios. 
Mi Grupo en el Parlamento siempre ha defendido el fomento de la tolerancia en la zona del Mediterráneo. 
Asimismo reconocemos la importancia de unas buenas relaciones entre Egipto y la Unión Europea para la estabilidad y el desarrollo de esta zona. 
Por ello, lamento mucho que estas relaciones se vean presionadas por las repetidas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades egipcias. 
Sin embargo, me complace que se haya liberado al activista de los derechos humanos Saad Eddin Ibrahim, pero quisiera añadir de inmediato que las cosas no pueden detenerse en este caso individual. 
Las autoridades egipcias han de seguir trabajando por un mayor respecto de los derechos humanos en su país, ha de ponerse fin a la persecución de los homosexuales debido a sus inclinaciones sexuales y han de protegerse sus libertades individuales. 
Por ello, hago un llamamiento urgente al Consejo y a la Comisión para que desarrollen programas en el marco de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos que tiene por objeto reforzar la democracia en Egipto. 
Insto a nuestros colegas diputados en la Delegación para las Relaciones con los países del Magreb a ampliar la cuestión de los derechos humanos en Egipto en su próxima reunión con los diputados egipcios y también a implicar a representantes de los medios sociales en este proceso. 
Si estos pasos resultaran ser inútiles, señor Presidente, quisiera abogar por posponer la ratificación del Acuerdo Euromediterráneo. 
Señor Presidente, en relación con el debate anterior, no me interesan las respuestas claras de la Comisión. 
Quiero respuestas claras de los Gobiernos que condenamos en estas resoluciones ante esta Asamblea esta tarde. 
Si estos Gobiernos, incluido el Gobierno egipcio, no se toman en serio los derechos humanos, hemos de emprender medidas adicionales, suspendiendo, si es preciso, los acuerdos que tengamos con ellos. 
Es aterrador contemplar el espantoso ataque contra minorías en Egipto. 
Se están poniendo trampas a personas en Internet debido a su homosexualidad. 
Permítame referirme a un individuo, porque de esto tratan los derechos humanos: los derechos de los individuos. 
Nosotros, en esta Asamblea, hablamos, debatimos, lo damos todo por sentado, pero estas personas se han visto privadas de todo debido a su diferencia. 
¿Escuchamos? 
No. 
Algunos de nosotros no paramos de hablar, mientras otros piden tolerancia. 
Un hombre joven, Wissam Abyad, cayó en una trampa en Internet. 
Acudió con un amigo a una cita con un supuesto homosexual. 
Fue arrestado, junto con su amigo. 
Está a la espera de un recurso. 
Pido que su sentencia se suspenda de inmediato, porque es la única salida para este hombre. 
Los casos de otros dos hombres de los 52 que fueron arrestados hace más de un año no han sido revisados. 
Están siendo sometidos, no a trabajos forzados, pero sí a trabajos duros. 
En cuanto a los tres británicos que están a la espera de juicio en Egipto y las acusaciones de tortura que han formulado, ¿se han investigado independientemente sus casos? 
Por supuesto que no. 
Se lo digo a Egipto, y lo digo como amigo: la piedra de toque de cualquier sociedad civilizada es cómo trata a sus minorías. 
Egipto ha de demostrarnos aquí, en esta Asamblea, que se toma en serio los derechos de sus minorías, ha de poner fin a la discriminación contra estas minorías, ha de excarcelar a los homosexuales y poner fin de inmediato a las investigaciones y los arrestos de homosexuales en todo Egipto, que nos preocupan en esta Asamblea. 
Señor Presidente, creo que los debates de esta tarde sugieren que tenemos una responsabilidad muy grande. 
Egipto es un país densamente poblado e importante en el mundo árabe y queremos firmar un acuerdo de asociación con Egipto. 
Ahora bien, el artículo 2 de dicho acuerdo incluye expresamente una cláusula que exige la observancia de los derechos humanos y los principios democráticos. 
Deberíamos desarrollar herramientas que puedan utilizarse para promover la aplicación de este artículo en la práctica. 
A fin de cuentas, aquí prevalece una atmósfera de todo o nada y por supuesto no es la forma adecuada de promover un buen diálogo. 
No olvidemos que también Charles Dickens fue encarcelado por homosexualidad en la Inglaterra del siglo XIX. 
Ello demuestra que la evolución es posible. 
Pero aquí tenemos claramente un caso de tres clases de violaciones de los derechos humanos. 
En primer lugar, me gustaría unirme a la protesta contra las violaciones de los derechos humanos en relación con los homosexuales, porque un país civilizado no puede entablar acciones judiciales contra el libre consentimiento de relaciones sexuales entre adultos y que además están permitidas por la ley a los egipcios. 
¿Por qué hacer intentos de intimidación recurriendo a información privada por medio del teléfono, Internet, etc.? 
Una segunda serie de violaciones tiene que ver con la Iglesia copta, una de las comunidades culturales más antiguas y una minoría en Egipto. 
Y en tercer lugar, quisiera recalcar que todos hemos sido testigos de las graves violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones a favor de la paz en el Iraq. 
Estamos sorprendidos por la manera violenta con la que la policía se opuso a los manifestantes. 
Por consiguiente, pido a la Comisión Europea que considere detenidamente cómo puede utilizar el artículo 2 en la firma del acuerdo de asociación no solo para denunciar las prácticas condenadas aquí, sino también para conseguir que cesen. 
Señor Presidente, «Egipto: donde todo el mundo sonríe» , es el lema publicitario con que se anuncia Egipto en todo el mundo. 
No hay sonrisas en los rostros de los hombres y jóvenes homosexuales de Egipto que han sido hostigados y cuyas casas han sido asaltadas, y que han sido víctimas de trampas a través de Internet bajo falsas acusaciones. 
No hay ninguna sonrisa en el rostro de Wissan Abyad, encarcelado y maltratado desde enero, después de una sola cita. 
No hay sonrisa en el rostro de Zaki ' Abd al-Malak. 
No hay sonrisas en los rostros de los 21 egipcios del infame juicio de la discoteca «Queen's Boat» , cuyas sentencias ha incrementado el tribunal de apelación a tres años de prisión y trabajos forzados. 
No hay sonrisas en los rostros de los manifestantes contra la guerra que fueron arrestados el 20 de marzo en El Cairo y supuestamente torturados. 
No hay sonrisas, como hemos oído, en los rostros de los miembros de la Iglesia Copta perseguidos por sus creencias religiosas. 
Egipto ha contribuido mucho a nuestra civilización, y ahora hemos de exigirle que siga un camino civilizado en estas cuestiones. 
No es necesario estar de acuerdo con las creencias de otras personas, con sus opiniones políticas ni sus preferencias sexuales. 
Sin embargo, si se cree en los principios fundamentales de la democracia, se ha de defender su derecho a creer, su derecho a tener opiniones, su derecho a elegir sus estilos de vida personales. 
Estos son los principios que ha de defender este Parlamento. 
Señor Presidente, he aquí otra resolución sobre Egipto. 
¿Cree usted realmente que esta vez nuestra voz llegará a los oídos de sus gobernantes? 
Porque hasta ahora nos han ignorado. 
El segundo juicio de 50 hombres acusados de homosexualidad el 15 de marzo y la sentencia de 21 de ellos a castigos aún más duros demuestra, de la forma más drástica, que este país no respeta en absoluto las libertades fundamentales, los derechos humanos o la intimidad. 
Entre los presos se encuentra un ciudadano griego, Kostas Kastanias, que tiene graves problemas de salud. 
Por desgracia, el Gobierno egipcio se niega a trasladarlo a Grecia. 
Por último, Egipto no respeta tampoco los convenios internacionales o los acuerdos con la Unión Europea, ni siquiera sus propias leyes, según las cuales la homosexualidad no constituye delito. 
Uno se pregunta quién gobierna en Egipto. 
¿Existe el Estado de derecho o es el gobierno fundamentalista no oficial el que gobierna? 
¿Con quién firma la Unión Europea los acuerdos, señor Comisario? 
¿Tiene usted planes para hacer finalmente algo con respecto a estos asuntos? 
¿Cómo tiene usted previsto utilizar la fuerza y la influencia de la Unión Europea para que Egipto respete las libertades fundamentales y libere inmediatamente a estas personas que han sido injustamente encarceladas? 
Señor Presidente, me gustaría empezar dando las gracias a la Comisión Europea por su trabajo, que ha conducido a la mejora de la situación del Profesor Saad Eddin Ibrahim, cuya liberación había pedido el Parlamento. 
Este objetivo se ha logrado gracias precisamente a la intervención de la Comisión Europea. 
Esperamos que también se pondrá la misma paciencia y estímulo en la resolución de este caso. 
Casi todo se ha dicho ya, pero quizás hay algo que hemos pasado por alto: es completamente inaceptable que no se observe estrictamente la cláusula democrática establecida en los diversos acuerdos con terceros países. 
Quisiera dejar claro a la Asamblea y a la Comisión que es totalmente inaceptable el creciente uso de dinero de los contribuyentes europeos en beneficio de los intereses de dictaduras y para financiar violaciones de los derechos humanos, borrando al mismo tiempo cualquier esperanza de libertad y democracia que puedan tener estos países. 
Esta es la prueba de ácidos: hemos de decidir si estos debates están destinados a no tener nunca efecto fuera de nuestros archivos o si queremos, de una vez por todas, dar ese salto hacia delante y tomar una decisión política clara y definitiva. 
Señor Presidente, le agradezco una vez más que me haya dado la palabra sobre este importante tema. 
Las propuestas de resolución a debatir hoy parecen motivadas en gran medida por la reciente nueva condena de 21 egipcios por «corrupción». 
Por ello empezaré refiriéndome a esta cuestión. 
La Comisión ha seguido el caso de la discoteca «Queen Boat» desde el arresto en mayo de 2001 de 52 hombres en virtud de la ley de control de la prostitución. 
Nos preocupaba la naturaleza de las acusaciones; el uso de tribunales de seguridad y la aplicación de leyes de seguridad nacional; las acusaciones de hostigamiento y trampas puestas por la policía; y las duras sentencias que dictaron. 
El lenguaje incendiario utilizado durante el juicio y en los medios de comunicación desmiente las afirmaciones egipcias de que los hombres no fueron acusados por su orientación sexual. 
A continuación, nos alentó que el presidente Mubarak ordenara que el caso se volviera a juzgar ante un tribunal de faltas. 
Pero el procedimiento y el resultado del segundo juicio fueron inesperados, dado que los 21 hombres previamente sentenciados fueron sentenciados de nuevo a la pena máxima de 3 años. 
Los 21 hombres han apelado y el veredicto de la apelación se espera provisionalmente para el 4 de junio. 
La homosexualidad sigue siendo una cuestión delicada en la sociedad egipcia. 
Pero esto no significa que la Comisión tolere el hostigamiento y la persecución de personas por motivo de su orientación sexual, o medidas que les priven de sus derechos normales. 
La Comisión seguirá controlado esta y otras acciones judiciales parecidas, y ha comunicado a menudo su preocupación a las autoridades egipcias. 
Ahora pasaré a otras cuestiones planteadas. 
Celebramos la liberación del activista demócrata Saad Ibrahim y compartimos la satisfacción de todos los verdaderos amigos de Egipto por el hecho de que se haya acabado esta larga epopeya. 
Ahora se ha hecho y se ha visto hacer justicia en la mejor tradición judicial egipcia. 
Nos llegan acusaciones de fuerza excesiva usada contra los manifestantes egipcios contra la guerra del Iraq, pero las emociones y los ánimos se encienden en tales acontecimientos y el Gobierno egipcio tiene la preocupación legítima de mantener el orden público en un momento tan delicado. 
Se trata de una situación que evoluciona rápidamente. 
Pero el orden público no debería mantenerse a expensas de la libertad de expresión o de reunión pacífica. 
El Parlamento Europeo ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los coptos egipcios y sabrá que la Comisión Europea sigue las secuelas judiciales de los acontecimientos en el Josheh en 1998 y en 1999/2000. 
Muchos oradores lamentan la reciente ampliación del estado de emergencia que se mantiene en vigor desde principios de la década de los ochenta. 
La Unión Europea está preocupada por su uso ocasional y por causas que son difíciles de justificar. 
Pero nos complace que, recientemente, el partido NDP en el poder haya propuesto limitar de forma radical el alcance del estado de emergencia y el sistema de tribunales de seguridad estatales asociados al mismo. 
En el Acuerdo de Asociación hay varias disposiciones sobre las violaciones fundamentales, por cualquiera de las partes, de elementos esenciales, uno de los cuales es el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 2). 
Lo que es más importante, el Acuerdo de Asociación contempla el diálogo político constructivo sobre derechos humanos y cuestiones afines. 
En conclusión, me gustaría repetir al Parlamento lo que el Comisario Patten ya dijo durante el debate sobre el Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto, a saber, que la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo, pero también observa desarrollos alentadores, en concreto: nueva legislación social sobre los derechos de la mujer; la supervisión de elecciones por los tribunales; propuestas del partido en el poder para poner fin al sistema de tribunales de seguridad del Estado, y decisiones por los tribunales sobre la constitucionalidad de la legislación contenciosa. 
La Comisión supervisa continuamente el respeto de los derechos humanos en Egipto. 
Cuando el Acuerdo de Asociación entre en vigor, podrá plantearse, y esperemos que resolverse, cualquier cuestión sobre derechos humanos por ambas partes ante el Comité o el Consejo de Asociación competente. 
El Acuerdo, ratificado primero aquí y el lunes por la Asamblea Popular egipcia, ofrecerá importantes garantías a ambas partes y un foro adicional para ampliar los derechos humanos y democráticos. 
Los casos individuales, como el de «Queen Boat» , se consideran uno por uno y en estrecha colaboración con los Estados miembros. 
La Comisión no duda en comunicar sus puntos de vista a las autoridades egipcias a través de los canales normales o mediante declaraciones públicas, según convenga. 
. Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar ahora. 
. De conformidad con el orden del día, procedemos a la votación 
Señor Presidente, quiero hacer una petición a la Mesa. 
La resolución sobre Cuba ha de enviarse al premio Sajarov, Oswaldo Payá. 
Mi petición es que el presidente no se limite a transmitir una comunicación burocrática, sino que envíe un mensaje sincero del Parlamento Europeo a Oswaldo Payá, que transmita todas las expresiones de solidaridad con las víctimas de la represión cubana que se han oído en el Pleno. 
. Con ello finalizan los asuntos de hoy. 
. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 16.30 horas) 
. 
(ES) Hoy, con Europa casi reunificada y con una Convención preparando la futura Constitución Europea, acercar la UE a los ciudadanos mediante una política de información que les permita conocer el funcionamiento de las instituciones comunitarias es imprescindible para dar mayor transparencia a la Unión y para el ejercicio de una verdadera ciudadanía europea. 
Sin una información adecuada, sin un conocimiento de la comunidad de la cual se forma parte, difícilmente se puede despertar aquel sentimiento de pertenencia a una comunidad, indispensable para ejercer de ciudadanos europeos. 
Por ello he votado positivamente el Informe Bayona, porque en él se traza con acierto el camino a seguir y se definen los instrumentos que posibilitarán este necesario acercamiento de los ciudadanos europeos a la Comunidad de la que forman parte. 
Me he abstenido en la votación final sobre el informe, que se ha aprobado por 275 votos a favor, 96 en contra y 11 abstenciones. 
He votado en contra del apartado poco preciso que dice que «la política exterior y de seguridad de la Unión» se debe apoyar en «capacidades políticas, económicas y militares creíbles, facilitadas por los Estados miembros y la OTAN». 
La frase podría implicar que los Estados neutrales suministraran capacidad militar. 
Proponer que los esfuerzos militares se financien por medio de fondos comunitarios o aplicar el mejor método de cooperación dentro de la esfera militar sería un camino erróneo. 
Algunos Estados miembros podrían entonces formar una alianza militar dentro de la UE. 
Tampoco he podido apoyar la propuesta de que «en el marco de la futura reforma de las Naciones Unidas, la Unión Europea adquiera el carácter de miembro permanente del Consejo de Seguridad». 
Actualmente, la UE tiene dos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad: el Reino Unido y Francia. 
Se debilitaría el papel de Europa en la ONU si los votos de estas dos naciones se reemplazaran por un único voto de la UE. 
El informe intenta vincular más estrechamente a la industria de defensa de la UE y a las organizaciones militares. 
Sin embargo, ello no debería realizarse a costa de la OTAN, sino mediante la mayor aceptación por parte de Europa de la responsabilidad dentro de la Alianza Atlántica, por ejemplo asumiendo responsabilidades por la operación en Afganistán. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 10 de abril de 2003. 
- (FR) Señor Presidente, quisiera decir tan solo que mañana, a las 15.00 horas, tendrá lugar un acto en memoria del Sr. Pierre Pradier, en la sala del Grupo Verts/ALE. 
Las autoridades competentes de los Estados en proceso de adhesión me han notificado los nombres de 159 observadores nombrados para el Parlamento Europeo. 
Esta lista completa se publicará en el Acta de la sesión de hoy. 
En nombre del Parlamento, quiero dar la más cálida bienvenida a todos nuestros observadores presentes en la sesión de hoy. 
Por nuestra parte, la decisión política de comenzar a cumplir nuestros compromisos tras la firma de los Tratados de Adhesión en Atenas constituye un acto de preintegración política. 
Les expreso mis mejores deseos para su estancia y su labor en este Parlamento. 
Estoy seguro de que, tanto para ustedes como para esta Asamblea, se trata de una oportunidad de aprendizaje muy útil a través de «aprender practicando» en relación con nuestras respectivas prioridades e intereses políticos. 
Hoy, tenemos entre nosotros a observadores de Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 
Es un momento que en este Parlamento hemos esperado y hemos estado impulsando desde hace mucho tiempo. 
Quisiera dejar constancia de mi gratitud por el gran apoyo y ayuda recibidos de los representantes de todos los Grupos políticos y de todos los vicepresidentes del Parlamento a través de su labor en la mesa, para que hayamos llegado hoy a este punto en el Parlamento. 
Esta tarde también quisiera expresar la alegría de este Parlamento Europeo por el resultado de los últimos referendos que se han celebrado, concretamente, en Lituania, donde la participación ha sido excepcional y el voto favorable ha sido excepcionalmente numeroso. 
Se trata de otro poderoso recordatorio, mientras repasamos las campañas por el referendo en cada uno de los Estados, del alcance del compromiso y del deseo de construir juntos una Europa unida. 
Quisiera decir a los observadores que mediante su labor en este Parlamento- en especial, en los Grupos políticos y en las comisiones- tendrán la oportunidad de participar activamente en discusiones sobre los resultados de la Convención Europea; en el debate sobre la incipiente política exterior y de seguridad común, incluida la naciente política de defensa; en las futuras políticas regionales y de cohesión y en la política agrícola. 
Se trata de una gran oportunidad y de un intercambio de los que todos podemos beneficiarnos. 
Estamos ansiosos por colaborar con los observadores en este Parlamento y les deseamos a todos ustedes que su estancia entre nosotros sea un éxito. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 8 de mayo de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. Se proponen los cambios siguientes: 
Señor Presidente, con respecto al orden del día de mañana martes, me gustaría hacer una petición, tanto en nombre de muchos de los diputados aquí presentes como en nombre de Aquitania, Bretaña y las costas españolas, referente a la actitud del FIPOL y las indemnizaciones francamente ridículas que nos ha propuesto tras la catástrofe del Prestige. 
¿Sería posible solicitar a la Comisión que indique su opinión y posición sobre este asunto en el contexto del debate del informe Manders que tendrá lugar el martes a las 10.00 horas? 
En respuesta a su pregunta sobre si es posible preguntar a la Comisión, la respuesta es sí. 
Permítame que pida a la Comisión para ver si, además del debate sobre el informe Manders, también puede responder a su pregunta mediante una declaración. 
(ES) Señor Presidente, quiero señalar que participo de la indignación que ha manifestado el ilustre parlamentario y que, efectivamente, las cantidades del FIPOL son netamente insuficientes- como ha quedado demostrado en este caso. 
Mañana será mi colega, la Sra. Wallström, la responsable de responderle. 
Le anuncio, sin embargo, que estamos trabajando en la organización marítima internacional por aumentar hasta los mil millones de euros esa cifra, que actualmente es absolutamente ridícula. 
Pero mañana le responderá más detalladamente mi colega, la Sra. Wallström. 
Señor Presidente, como usted mismo acaba de decir, la Conferencia de Presidentes no ha dado una respuesta satisfactoria a la petición que hemos formulado allí. 
Quisiera aprovechar la ocasión para volver a explicar brevemente ante el Pleno por qué sostenemos el criterio de que no debemos celebrar un debate sin expresar además la opinión del Parlamento. 
Ahora que ya han terminado las hostilidades y sabemos bien cómo están las cosas en el Iraq, esta Cámara puede no solo celebrar un debate sobre la situación allí, sino también adoptar una resolución que refleje su posición ante la evolución real de los acontecimientos en ese país. 
Durante la Conferencia de Presidentes he tenido la impresión de que existía cierto temor, sobre todo entre los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, a que el Parlamento termine como la última vez y sea incapaz de adoptar una resolución. 
No quiero ahondar más en los motivos, porque si lo hiciera tendría que dirigirme a alguien situado a mi derecha, pero con un poco de buena voluntad por parte de todos los grupos implicados, tenemos ahora la oportunidad de adoptar una resolución que realmente refleje no solo el consenso de este Parlamento, sino también la posición de la Unión Europea, o la exigencia por parte del Parlamento de que esta se exprese a través de una Política Exterior y de Seguridad Común, tan posible como necesaria. 
Por eso nuestro Grupo solicita que el debate vaya acompañado de una resolución. 
- (ES) Señor Presidente, la Conferencia de Presidentes decidió, mediante una votación, que este debate no sería seguido de una resolución. 
Las razones son muy claras: tras el triste papel desempeñado por la Unión Europea en la crisis del Iraq, pensamos que no es el momento de profundizar en la división, ni de imputar culpabilidades a unos y a otros, sino que es el momento de aunar voluntades y de fraguar consensos, para que el proyecto de Unión Europea avance, tras el lamentable espectáculo que dio este Parlamento en su última sesión plenaria, cuando fuimos incapaces de ponernos de acuerdo en una resolución. 
Señor Presidente, aquí somos muy partidarios de lanzarnos a la labor de arreglar el mundo pidiéndole al Consejo de Ministros que sea capaz de hablar con una sola voz en la escena internacional, pero nosotros no somos capaces de podernos de acuerdo en una resolución. 
Por lo tanto, señor Presidente, mi Grupo piensa que debate sí, que declaración del Consejo sí, que declaración de la Comisión sí, pero que resolución no, por lo menos hasta que este Parlamento sea capaz de ponerse de acuerdo en una resolución. 
. (DE) Señor Presidente, quiero hacer referencia al miércoles. 
No encuentro en el orden del día del miércoles la votación del calendario de los períodos parciales de sesiones. 
En el último período parcial de sesiones, votamos un calendario ilegítimo y quisiera preguntarle por qué no se repite la votación. 
Algunos diputados están considerando la posibilidad de recurrir esa decisión. 
Puesto que tenemos que respetar unos plazos, quisiera preguntarle cuándo se va a realizar una votación legítima del calendario de nuestros períodos parciales de sesiones. 
Sr. Posselt, hemos mantenido un amplio y profundo intercambio de puntos de vista con los diferentes Grupos políticos para ver qué formulaciones podemos presentar y esas deliberaciones entre los Grupos no han concluido. 
Mi preferencia y voluntad es presentar una propuesta satisfactoria a la Asamblea lo más pronto posible. 
Esta todavía no está suficientemente desarrollada para que pueda ser aceptada por una mayoría y, por lo tanto, la consulta entre los Grupos continúa. 
Les doy mi palabra de que estoy decidido a tratar esta cuestión con carácter de urgencia. 
Pido públicamente, aquí, en esta sesión de hoy, lo que ya solicité a título particular la semana pasada en la Conferencia de Presidentes: que los Grupos den la máxima prioridad a la obtención de resultados satisfactorios. 
Al margen de las diferentes prioridades que los diputados tengan en el Parlamento y los escaños, el Estado de Derecho debería, no obstante, cumplir un calendario: esto es ineludible e indispensable en la vida de un parlamento. 
Jueves 
Señor Presidente, en relación con la pregunta presentada sobre los servicios postales, quisiera decir en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo que nos oponemos a la inclusión de dicha pregunta en el orden del día por el siguiente motivo: el acuerdo cuya aplicación prometió la Comisión, en virtud del cual se establece una división entre actividades reservadas y no reservadas en la misma entidad jurídica, afecta básicamente a un Estado miembro, y por tanto, las dos directivas existentes ya contienen una autorización en relación con los servicios postales. 
Por consiguiente, no se requiere ningún procedimiento legislativo. 
Se trata de una cuestión de respeto por parte de un solo Estado miembro de los acuerdos postales existentes. 
En nuestra opinión, el apartado 3 del artículo 86, criticado por Sus Señorías, es perfectamente legal y, en consecuencia, consideramos que la pregunta es innecesaria. 
Señor Presidente, quisiera informar a la Cámara de que la Conferencia de Presidentes ha decidido por unanimidad incluir el informe del Sr. Herman Schmid sobre las directrices relativas al empleo en el orden del día del martes por la mañana, pendiente, por supuesto, de su aprobación esta tarde por la comisión competente. 
Permítame que le confirme que esto es así, sujeto a su aprobación por parte de la comisión. 
Señor Presidente, le agradezco que me haya concedido brevemente el uso de la palabra a propósito de sus declaraciones sobre el mandato del Sr. Jean-Marie Le Pen. El Sr. Le Pen es diputado de esta Cámara desde hace casi 20 años. 
Señor Presidente, debo decir que lamento su decisión por diversos motivos. 
En primer lugar, la sentencia que usted ha mencionado no es definitiva- como usted mismo ha dicho -, admite recurso y, de hecho, se volvió a recurrir el viernes de la semana pasada; por consiguiente, opino que el Parlamento no tendría que haber actuado precipitadamente sobre la base de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que no es firme. 
En segundo lugar, señor Presidente, de sus propias declaraciones se deduce- y eso no me lo discutirá nadie- que Jean-Marie Le Pen era diputado al Parlamento Europeo hasta el 10 de abril de 2003, en virtud de un auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. 
Para que deje de serlo, tendría que confirmarse la anulación de su mandato decretada por el Gobierno francés, anulación que se fundamentó en una inelegibilidad cumplida ya hace dos años y medio. 
El 24 de noviembre de 2000, el Sr. Le Pen recobró la totalidad de sus derechos civiles, como lo demostró su candidatura a las elecciones presidenciales francesas, a la que no se puso ninguna objeción. 
Por tanto, creo que el Parlamento no debería haberse puesto en contra del Sr. Le Pen en este proceso judicial, sino de su parte, al margen de lo que pensemos sobre sus opiniones políticas, porque mañana cualquier diputado puede ser objeto de persecución por parte de un gobierno y perder su mandato por una simple decisión gubernamental. 
Me sorprende que el Parlamento sea incapaz de someter estas decisiones a un mínimo análisis. 
Por estos motivos, señor Presidente, y por otros que tienen que ver con el incumplimiento de las disposiciones del derecho interno francés, en especial del código penal francés, y con la aplicación de una legislación anterior, en particular la ley de 1977, que en mi opinión es totalmente inaplicable en este caso, puesto que se refiere a una época en la que los diputados al Parlamento Europeo no se elegían por sufragio universal directo, sino que eran diputados de los parlamentos nacionales, creo que esta compleja cuestión se debería haber remitido, y se debe remitir, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, puesto que, hoy por hoy, es la única competente en materia de verificación de credenciales, según establece el artículo 7 de nuestro Reglamento. 
Señor Gollnisch, era importante brindarle la oportunidad de dejar constancia de su opinión, que de hecho ya conozco a raíz de anteriores intercambios de puntos de vista. 
Como Presidente de la Asamblea, me debo a los diputados individuales. 
Espero que el hecho de haber dejado hoy constancia de su punto de vista demostrará que son posibles varias interpretaciones: usted ha expuesto una de ellas. 
También creo que me debo a la institución. 
He sido informado de que en derecho, y en cumplimiento de la sentencia, actúo correctamente. 
Quisiera asegurarle de que si se diera el caso, a tenor de las apelaciones, de que los tribunales instruyeran al Parlamento para que actuara de una determinada forma, acataríamos siempre, conforme a derecho, aquello que se nos exige. 
Señor Presidente, debido a que en el Oriente Próximo se están dado pasos en la hoja de ruta hacia la paz, quisiera llamar la atención de esta Asamblea sobre los pasos de bienvenida que se están dando en el mismo proceso en Cachemira y los últimos pasos que dan los Gobiernos de India y Paquistán en este sentido. 
Sin embargo, observando la visita de Richard Armitage, Secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, a esta zona, quisiera pedirle que instara a las instituciones de la Unión para que también participen en este proceso, igual que lo hacemos en el Oriente Próximo a través del Cuarteto; puede que podamos inventar algo similar para Cachemira. 
Ante todo, los habitantes de Cachemira deberían participar en el proceso. 
Por último, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que esta cuestión se abordó en la Conferencia de Presidentes hace unos meses cuando, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, se sugirió que se enviase una delegación ad hoc al Afganistán. 
Se aprobó esta sugerencia, pero no se aprobó ninguna para Cachemira. 
¿Podría solicitarle que se incluyera de nuevo en el orden del día de la Conferencia de Presidentes de esta semana para que podamos tomar una decisión y también disponer de una delegación ad hoc en Cachemira? 
Señor Presidente, en la zona oriental de la República Democrática del Congo hay dos grupos étnicos enfrentados, los lendu y los hema. Cientos de ellos han sido ya asesinados y miles de personas han tenido que huir. 
Desde que el ejército de Uganda abandonó la región, la MONUC está presente en el lugar, pero cuenta con apenas 625 hombres frente a 25 000 combatientes. 
La MONUC no tiene suficientes soldados. 
Además, el Sr. Mbeki considera que tiene que reforzarse su mandado, pues el que tiene no les permite utilizar la fuerza para poner fin a la violencia. Así pues, la violencia sigue aumentando. 
El Consejo de Seguridad debe pronunciarse ahora al respecto. 
Ni siquiera se puede ofrecer ayuda a las víctimas de estas matanzas masivas, ya que las condiciones de seguridad no lo permiten y las organizaciones internacionales han tenido que retirarse. 
¿Podría usted, como Presidente del Parlamento Europeo, instar al Consejo de Seguridad a que haga lo necesario para que no suceda lo mismo que en Ruanda, donde se perpetraron genocidios ante los ojos de la ONU sencillamente por no tener ningún mandato y por no disponer de los recursos necesarios para detener la violencia? 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en la Unión Europea mueren 25 000 personas al año a causa de una enfermedad que, si se detecta a tiempo, tiene muchas posibilidades de curación. 
Me refiero al cáncer de mama. 
Quisiera agradecer la iniciativa de la Comisión de urgir a los Estados miembros a que establezcan las mejores prácticas para la detección del cáncer de mama. 
Lamento que la tasa de muertes en Irlanda supere dos veces y media el promedio europeo por cada mil habitantes. 
Menos de la mitad de los habitantes de Irlanda disponen de un servicio público de mamografía. 
Estoy seguro de que Irlanda no es el único país en este aspecto. 
Quisiera instar a la Comisión a que incluya en la recomendación objetivos que deban cumplir los Estados miembros, así como informes anuales sobre la consecución de estos objetivos. 
Como mínimo, deberíamos nombrar y avergonzar a aquellos Estados que no invierten en servicios sanitarios que pueden salvar vidas si se aplican como es debido. 
Señor Presidente, me alegra poder plantear este tema en presencia de la Comisaria de Transporte, la Sra. de Palacio, ya que es escandaloso que el Gobierno francés nos obligue a venir a Estrasburgo y haya ejercido presión política y emocional- algunos lo llamarían chantaje- para mantenernos aquí, pero no logra construir una línea de trenes de alta velocidad y, aun siendo el propietario de Air France, no asegura servicios aéreos decentes a esta bella pero mal comunicada ciudad. 
Señor Presidente, le presento mis respetos por haber planteado este tema de los servicios de Air France a Estrasburgo desde Londres, como refleja el Financial Times de hoy. 
Muchas gracias. 
Estamos ante la tesitura de que la filial de Air France, Britair, cancele los vuelos directos de Londres Gatwick a Estrasburgo a partir del mes que viene. 
Tengo entendido que Britair acudirá a los tribunales con el tema de las subvenciones al nuevo competidor Ryanair, que parece incumplir la normativa sobre ayuda estatal. 
En Bélgica se tramita un caso similar con respecto a Charleroi. 
Le agradecería que siguiera presionando en la medida de lo posible, quizá en colaboración con la Comisaria de Palacio, para asegurar un servicio aéreo decente mientras tengamos que venir a Estrasburgo una vez al mes, que espero no sea por mucho más tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, pido la palabra para pronunciarme con respecto a Cuba. 
En la sesión anterior, tuvimos la oportunidad de aprobar una votación para rechazar la oleada represiva del dictador cubano sobre su pueblo, que ha llevado a la cárcel a decenas de intelectuales, escritores y artistas. 
Además de eso, la dictadura cubana ha condenado a muerte a tres jóvenes que habían cometido el grave delito de secuestrar un barco, en un proceso sin garantías, sumario y cruel. 
Esta Cámara no puede mantenerse impasible ante semejante actuación de la dictadura cubana. 
Esta Cámara, que ha condenado la existencia de la pena de muerte en varios países del mundo y que ha condenado a todos los países que la aplican, no puede mantenerse impasible ante esa actuación irracional y bárbara de la dictadura cubana. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, el 8 de mayo de 1945 se produjo la rendición definitiva de Alemania. 
Durante seis años, los alemanes devastaron gran parte de Europa, saquearon, encarcelaron, deportaron, dejaron morir de hambre o mataron a millones de personas y asesinaron a millones de judíos en los campos de exterminio. 
La derrota de los alemanes se la debemos, aparte de a los ejércitos de los aliados occidentales, sobre todo al pueblo de la Unión Soviética. 
La segunda Guerra Mundial se cobró la vida de 20 millones de ciudadanos soviéticos que combatieron con el Ejército Rojo, murieron de hambre durante el sitio de Leningrado o se vieron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. 
La liberación de los campos de exterminio fue obra del Ejército Rojo. 
Hoy se le niega a sus nietos el acceso a Europa, y Kaliningrado, utilizada como indemnización territorial por la guerra de aniquilación mutua con Alemania, queda segregada de Rusia. 
Eso es algo indignante y vergonzoso. 
Quiero pedirle que guardemos un minuto de silencio en memoria de todas las personas que murieron en la guerra contra el fascismo y, especialmente, de los soldados del Ejército Rojo y de todos aquellos que hicieron posible la Europa actual. 
Señor Presidente, esta mañana la prensa nos cuenta que se ha quejado usted de que tiene que levantarse a las 4 de la madrugada para venir a Estrasburgo a trabajar. 
Espero que piense usted que merece la pena levantarse tan temprano. 
Quisiera saber, en nombre de mis colegas que acaban de tomar el último vuelo conmemorativo de Londres Gatwick a Estrasburgo, qué piensa usted hacer ante esta situación. 
La baronesa Ludford ya ha planteado este asunto. 
Sin duda, se ha puesto usted en contacto con el alcalde de Estrasburgo; muchos de nosotros le han escrito. 
Si Estrasburgo ha de ser tomada en serio como sede del Parlamento Europeo y lugar de acogida no solo de los diputados de este Parlamento y los nuevos diputados, sino también de empresarios y periodistas de todo el mundo, tendrá que hacer algo con respecto a los vuelos de Londres a Estrasburgo. 
¿Qué ocurre? 
¿Acaso vamos a encontrarnos en el último vuelo conmemorativo de Estrasburgo a Londres el próximo viernes? 
De ser así, es muy triste, y mucho más para la propia ciudad de Estrasburgo, que no tiene esperanza alguna de obtener el respaldo de ninguno de los diputados británicos a su futuro papel como uno de los lugares de reunión del Parlamento Europeo. 
En lo que se refiere a mi horario de salida, la respuesta a su pregunta es la siguiente: sí, si estoy cumpliendo con mi deber, siempre merece la pena levantarse puntualmente. 
Respecto a su pregunta sobre la correspondencia, en cuanto conocí la posibilidad de que el servicio al que se refiere podía cancelarse, escribí a las autoridades francesas en términos adecuados y estoy a la espera de una respuesta. 
Es todo lo que le puedo decir. 
Puedo exponerle los hechos. 
Con mucho gusto puedo hacerle llegar una copia de mi correspondencia y también una copia de toda respuesta que finalmente reciba. 
Señor Presidente, junto con otros pasajeros he tenido que permanecer a bordo del avión que nos ha llevado de Londres a Bruselas durante dos horas después aterrizar en Bruselas, debido a que en ese vuelo se hallaba un caballero chino que viajaba desde Toronto y que presentaba síntomas evidentes de encontrase enfermo y que era sospechoso de haber contraído el SRAS. 
Durante las dos horas que permanecimos a bordo, nos dio la impresión de que ni las autoridades sanitarias belgas ni la compañía aérea en cuestión tenían la más mínima idea de cómo debían proceder en un caso así. 
Me complace poder informarles de que las pruebas realizadas a esa persona han dado resultado negativo. 
Sin embargo, agradecería que para el caso de que se produjeran incidentes de este tipo, lo que sin duda va a suceder, si pusiera usted en contacto con la Comisión y el Consejo de Ministros, que representan a los Estados miembros, para que se pongan en práctica medidas adecuadas y que tanto las compañías aéreas como las autoridades sanitarias nacionales sepan cómo proceder si alguien que sospechan que está gravemente enfermo se encuentra a bordo de uno de sus aviones. 
Quisiera recordar a la Asamblea que está previsto que mañana haya un debate sobre esta cuestión y que quizá brinde la oportunidad a la Asamblea y a los colegas de plantearla. 
Señor Presidente, hace dos semanas fue prohibida nuestra única institución nacional, Udalbitza, y ocho de sus dirigentes fueron encarcelados. 
El pasado sábado, anteayer, decenas de miles de personas participaron en las calles de Bilbao en una manifestación, que también fue prohibida, en apoyo a los esfuerzos de Udalbitza por desarrollar un proceso democrático fundamentado en la libre voluntad del pueblo vasco. 
Udalbitza ha mejorado la construcción nacional de nuestro país, favoreciendo la acción conjunta de representantes locales en ámbitos como la cultura, el medio ambiente, el bienestar social, el desarrollo económico, la organización del territorio, el deporte y, por descontado, el fomento del idioma vasco. 
Más de ochenta mil personas han estampado sus firmas para garantizar la presencia de los candidatos locales y el crecimiento de la autodeterminación en las elecciones de este mes. 
El Poder Judicial español también las ha prohibido. 
¿Puede alguien decir qué espera la Unión Europea para reaccionar? 
Señor Presidente, yo también quisiera expresar mi más profunda satisfacción por el hecho de que los observadores de los nuevos Estados miembros del Parlamento Europeo vayan a participar de ahora en adelante en las sesiones plenarias. 
Permítame, no obstante, como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, manifestar la gran decepción que siento en relación con la composición de estas representaciones desde el punto de vista del género. 
La mujer no está suficientemente representada y, tal y como se puede comprobar en la lista distribuida, existen dos países- Estonia y Eslovenia- que no han incluido a ninguna mujer en sus representaciones. 
Considero que esto constituye un insulto para las mujeres, ausentes de las representaciones de los Estados miembros, al tiempo que supone un desprecio hacia la política de igualdad de género que la Unión Europea lleva cincuenta años promoviendo. 
Tan solo espero que esto no suceda en las próximas elecciones europeas y que las representaciones muestren un equilibrio en lo que respecta al género. 
Puesto que soy consciente, señor Presidente, de que apoya esta política, quisiera que tomara la iniciativa e informara de este asunto a sus homólogos de los parlamentos de estos países. 
El único requisito que el Parlamento fijó en su invitación a enviar observadores fue que el número de personas enviadas reflejara razonablemente el equilibrio dentro de los propios parlamentos nacionales. 
No se estipuló ninguna otra condición. 
Tomo nota de la observación que ha hecho, pero quisiera destacar que hace una semana en Bruselas mantuvimos una reunión con los presidentes de los parlamentos nacionales: el parlamento de Estonia está presidido por una mujer, como también es mujer la Ministra de Asuntos Exteriores de Estonia, por lo que puede que el equilibrio de género sea mejor que el que refleja la lista de observadores presentada. 
Señor Presidente, la multinacional Siser ha anunciado que va a cerrar su fábrica de Atenas inmediatamente. Este hecho dejará en la calle a quinientos empleados que, durante años, han trabajado en condiciones inhumanas y han permitido obtener grandes beneficios. 
La intención de Siser es trasladar la fábrica a Bulgaria o a Asia, para que pueda ser más competitiva y productiva. 
Sin embargo, esta fábrica aumentó sus beneficios en un 83% en 2002, con respecto a 2001, y obtuvo una sustanciosa subvención del Gobierno griego. 
La decisión de esta empresa se añade a una serie de decisiones similares adoptadas por otras multinacionales, las cuales han cerrado sus unidades de producción en Grecia para ubicarlas en países en los que los costes salariales son mucho menores y en los que existen, en general, condiciones que permiten una mayor explotación de los trabajadores. 
La Unión Europea no solo no hace nada para evitar que las grandes empresas tomen decisiones y medidas de este tipo sino que, al contrario, las alienta y las financia con dinero procedente de las arcas nacionales y comunitarias. 
Esta es una prueba evidente de que esta política de la Unión Europea, aunque se adorne con proclamaciones acerca de la sensibilidad de que hace gala la Comunidad, tiene un solo objetivo: garantizar los máximos beneficios posibles para las grandes empresas y, naturalmente, obtenerlos mediante la explotación intensiva de los trabajadores. 
Condenamos esta política de penetración económica y política de la Unión Europea, ya que es la causa del despido de miles de empleados en los Estados miembros y de la sobreexplotación de los trabajadores en los países donde se reubican estas empresas. 
Espero que se unirán a mí y a James Elles, así como a los demás miembros del Grupo de Cachemira, integrado por miembros de todos los partidos, al acoger con satisfacción el diálogo renovado entre la India y el Pakistán sobre el disputado territorio de Cachemira. 
Como bien sabe todo el mundo en esta Asamblea, las relaciones entre la India y el Pakistán han sido muy difíciles durante los últimos meses, y puesto que los dos países son potencias nucleares, es muy importante que este diálogo dé sus frutos. 
Insisto en las cuestiones planteadas por James Elles con respecto a la participación de los habitantes de Cachemira en este diálogo tan pronto como sea posible y al ofrecimiento por parte de la Unión Europea de prestar sus servicios como intermediario honesto, tal como se acordó en el marco de la política exterior y de seguridad común, siempre y cuando tanto la India como el Pakistán consideren necesario aceptar este ofrecimiento. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención acerca de la manera en que el Gobierno danés y varios partidos daneses están acosando, en la actualidad, al Comisario de Desarrollo, el Sr. Poul Nielson. 
Esto sucede a raíz de que, tras haber visitado el Iraq, Nielson ha expuesto una serie de hechos, tales como que el Iraq es un país ocupado, que esta situación será insostenible si no se sustituye a la potencia invasora por una fuerza de las Naciones Unidas y que todo parece indicar que los Estados Unidos se han apropiado del petróleo del pueblo iraquí. 
Quisiera preguntarle, señora Comisaria, si comparte o no mi admiración por un hombre que se atreve a llamar a las cosas por su nombre y que es fiel a sus convicciones. ¿No cree que resulta inaceptable este intento de silenciar al Comisario? 
Señor Presidente, puesto que la Cámara ha rechazado, lamentablemente, nuestra propuesta de incluir un punto sobre Guinea-Bissau en el debate de problemas de actualidad, urgencia y especial importancia, me gustaría aprovechar la ocasión solamente para llamar la atención de mis colegas sobre el deterioro de la situación en ese país, que se encuentra al borde del colapso total, e instar al Parlamento- sabiendo que ha estado evaluando la situación con respecto al proceso electoral previsto para el 6 de julio- a que siga vigilando de cerca dichas elecciones y envíe una misión de observadores. 
Esto es fundamental para garantizar al pueblo de Guinea-Bissau que pueda contar con los medios necesarios para encontrar una salida democrática a la profunda crisis que afecta al país. 
Me limitaré a señalar que toda misión observadora en este sentido debe fundamentarse en una propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa a la Conferencia de Presidentes. 
Entonces se podría tratar en la forma habitual. 
Señor Presidente, Señorías, el viernes pasado el Parlamento estuvo cerrado porque era día festivo. Concretamente, se conmemoraba el día en que Robert Schuman anunció la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1950. 
Eso está muy bien, pero lo cierto es que el hecho pasa desapercibido en la Unión Europea, sobre todo en mi país, y creo que debería hacerse algo al respecto. 
La mejor forma de transmitir a los ciudadanos el sentimiento de pertenencia a la Unión es declarar festivo ese día en todos los Estados miembros. 
Creo que deberíamos comprometernos a declarar ese día festivo en toda Europa. 
Sería estupendo que así se hiciera ya el próximo año, también en los nuevos países que están a punto de adherirse. 
Quizá el Parlamento y usted, señor Presidente, puedan tomar la iniciativa en este terreno, recordando al Consejo que se trata de una buena forma de conseguir que los ciudadanos se sientan verdaderamente comprometidos con la Unión. 
En este sentido señalo que el Parlamento, en Bruselas, tuvo una jornada de puertas abiertas durante el fin de semana anterior, no el mismo día, pero quince mil personas visitaron las instalaciones en dicha jornada. 
Sin embargo, sé que está refiriéndose usted a un aspecto más amplio. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera retomar la cuestión de Colombia. 
Creo que no podemos ocultar la inmensa preocupación que sentimos por el grave peligro que corren actualmente los rehenes. 
El intento de rescatar a los rehenes, emprendido el 5 de mayo por orden del Presidente colombiano, el Sr. Uribe, demuestra que la vida ya no vale nada en esa región del mundo. 
El Parlamento Europeo ha manifestado su apoyo en numerosas ocasiones y ha brindado su ayuda a las personas que luchan en defensa de los derechos humanos y la democracia. 
En este contexto y para demostrar que no somos un Parlamento voluble, sino que tratamos de mantenernos firmes en nuestros compromisos con la democracia y la protección de los ciudadanos en todo el mundo, podríamos recordarle a ese Gobierno que no puede recurrir a la mano dura como regla general cuando están en juego vidas humanas y hay que pagar un precio, y que lo apropiado en ese caso es respetar ante todo los deseos de las familias, que no quieren que su gobierno opte por una línea dura que le lleve a hacer demostraciones de fuerza en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, como sin duda ya saben ustedes, soy presidente de delegación en la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Federación Rusa. El año pasado hablamos varias veces sobre la situación en Rusia. 
Pero también hemos dicho en todo momento que el conflicto en Chechenia ha de solucionarse sin violencia. Acabo de enterarme que esta mañana se ha cometido un nuevo atentado en el norte de Chechenia: un comando suicida al volante de un camión se ha lanzado contra un edificio gubernamental. 
Parece ser que hay más de 30 muertos. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que, como Presidente del Parlamento Europeo, transmita nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas, así como a las autoridades locales, manifestando expresamente que el Parlamento Europeo condena cualquier forma de violencia como solución al conflicto de Chechenia y desea proseguir la vía de las negociaciones. 
Estaré encantado de hacerlo así, señor Staes. 
(Protestas del Sr. Ortuondo Larrea) 
Lo siento, pero hemos rebasado el tiempo concedido. 
¡No soy mago! 
Tendrá que hablar usted mañana. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0131/2003) de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la posición común del Consejo con miras a la aprobación de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aprobación de un programa multianual para actuar en el sector energético. Programa «Energía inteligente para Europa» (2003-2006) (15547/3/2003- C5-0037/2003- 2002/0082 (COD) ) (Ponente: Sra. McNally). 
. 
(EN) Como ponente sobre el Programa Energía Inteligente para Europa, quisiera dar las gracias a las tres instituciones por su contribución a que hayamos llegado con éxito a una segunda lectura: por descontado, la Comisión Europea, por presentar las propuestas; el Consejo de Ministros y las tres Presidencias implicadas- la española, la danesa y, sobre todo, la griega -, y en especial los diputados y el personal del Parlamento Europeo. 
Me alegra que hayamos podido alcanzar un compromiso en segunda lectura entre el Parlamento y el Consejo de Ministros, trabajando con gran celeridad y, de hecho, prescindiendo del procedimiento normal completo para los asuntos de codecisión. 
Francamente, no es esta la mejor forma de trabajar, y lamento que el Consejo de Ministros empiece a esperar por norma procedimientos acelerados. 
Son menos transparentes y menos democráticos y, a menudo, son fuente de malentendidos, en particular cuando las negociaciones se llevan a cabo- como inevitablemente ocurre- en una sola lengua. 
El título de este programa ya lo dice todo. 
Solo necesitamos imaginar el contenido de un programa denominado energía «estúpida». 
En este tipo de programa utilizaríamos carburantes fósiles, que sabemos que son finitos y que emiten CO2, lo más rápidamente posible y los quemaríamos de modo ineficiente y despilfarrador, tal como los Estados Unidos podrían enseñarnos. 
La energía «estúpida» utilizaría electricidad y gas para calentar el aire fuera de los edificios en lugar de aislar los edificios. 
Nos estimularía a conducir más automóviles más grandes a velocidades más altas para que consumamos más carburantes fósiles, a ser posible con un solo ocupante en cada coche. 
A pesar de sus elevado coste económico, su impotencia ante los residuos radioactivos y la necesidad de unos niveles de seguridad muy estrictos, la energía «estúpida» insistirá en la promoción de la energía nuclear, incluso en países con alto riesgo de proliferación de armas nucleares. 
Ya basta de energía «estúpida». 
Algunas de estas cosas las hacemos actualmente, por lo que el programa actual cobra todavía mayor actualidad y resulta aún más útil. 
En realidad se trata de un programa modesto, con una asignación de 200 millones de euros para un período de cuatro años, lo que francamente sigue siendo insuficiente. 
Espero que en el curso del programa se facilite más financiación, en especial con motivo de la incorporación de los nuevos Estados miembros. 
El programa tiene cuatro objetivos, todos ellos realmente inteligentes: el fomento de fuentes de energía renovables, eficiencia energética, transporte limpio y todo ello en países en vías de desarrollo. 
Los cuatro objetivos son importantes, y felicito a la Comisión Europea por su intención de establecer medidas de coordinación. 
Espero oír la declaración de la Sra. Comisaria, declaración que como he dejado claro es esencial si queremos llegar a un acuerdo. 
Las enmiendas del Parlamento a la posición común del Consejo de Ministros abarcan el presupuesto- hemos insistido en la necesidad de aumentar la cifra de 200 millones de euros con cláusula de revisión- y numerosas aclaraciones. 
Me complace decir que en la posición común se incorporaron 22 enmiendas parlamentarias y otras se aceptaron en negociaciones posteriores. 
Existe una lamentable omisión con respecto a la necesidad de una agencia estratégica en el ámbito energético. 
El Parlamento impulsará esta idea por otras vías. 
La Comisión ha hecho bien en plantear este programa. 
Las medidas que contempla contribuirán a la protección del medio ambiente, la seguridad del suministro y nuestra competitividad industrial. 
Complementará los esfuerzos de los Estados miembros y estimulará a los Estados miembros rezagados a realizar un mayor esfuerzo. 
No voy a nombrarlos para ahorrarles el bochorno. 
Me alegra en particular que el Programa COOPENER, modesto en sí mismo, sirva de palanca para obtener programas mejor financiados como los previstos en Johanesburgo. 
Más de 2 millardos de personas en todo el mundo no disponen de electricidad. 
Este programa será de gran ayuda. 
Un aspecto preocupante es la dificultad que parece tener la Comisión con los plazos para sus propuestas. 
Estas propuestas han sido publicadas tan tarde que no va a ser posible asignar dinero a proyectos hasta febrero de 2004. 
Espero que la Comisaria emprenderá una revisión del calendario para la preparación de una legislación que impida que se produzcan problemas de este tipo, que estoy segura son tan desalentadores para ella como lo son para nosotros. 
Sin embargo, el Programa Energía Inteligente para Europa será realmente de gran valor y espero que se apruebe tras la declaración de la Comisaria, y espero que en la votación de mañana tendrá un gran respaldo por parte del Parlamento Europeo, que seguirá el programa con gran interés. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, quiero, antes que nada, agradecer a la Sra. McNally su labor como ponente en esta Decisión. 
Me consta que ha trabajado intensamente con todos los colegas del Parlamento y del Consejo para alcanzar esta posición en la que nos encontramos. 
Creo que es importantísimo que hoy, y mañana con las votaciones, podamos concluir, de una vez por todas, la aprobación de este programa. 
La presente propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo se refiere a un programa plurianual de acciones en el sector de la energía, que debe cubrir precisamente el período 2003-2006, y de ahí la urgencia de concluir este debate. 
Tenemos cuatro campos específicos: el uso racional de la energía, la gestión de la demanda, lo que antes estaba bajo el paraguas del programa SAVE; las fuentes de energías nuevas y renovables, antes llamado ALTENER; los aspectos del transporte relacionados con la energía: el STEER; y la promoción a nivel internacional de las fuentes de energía renovables y de la eficacia energética, llamado COOPENER. 
Antes de hablar de las enmiendas quiero, brevemente, hacer una declaración sobre un tema que, según he observado, ha suscitado preocupación en el Parlamento: la coordinación del programa y su relación con otras políticas comunitarias con una dimensión energética, especialmente en los ámbitos propios del programa. 
Eso acaba de señalar la Sra. McNally, que quiere que quede claro y meridiano. 
Por ello, quiero afirmar que comparto la preocupación de sus Señorías- muy especialmente la de la ponente, Sra. McNally- y, en este sentido, considero que las consultas y la cooperación interservicios son de gran importancia y deben ser una práctica común. 
Me he comprometido plenamente a que se aumenten y mejoren estas interrelaciones en lo que respecta a la gestión de nuestro programa. 
Con ello- estoy convencida -, la ejecución de las acciones en el ámbito energético se realizará de una forma coherente con los diversos instrumentos comunitarios. 
Por lo tanto, señora McNally, a tal efecto, me propongo establecer un grupo interservicios, compuesto por todos los servicios de la Comisión cuyas políticas y programas están relacionados con el presente programa. 
Estoy hablando fundamentalmente de los servicios encargados de la cooperación al desarrollo, agricultura, desarrollo regional, medio ambiente e investigación y desarrollo tecnológico. 
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo, veo con satisfacción que, tras las últimas discusiones con el Consejo, se ha logrado un compromiso en lo que respecta a las enmiendas todavía pendientes de acuerdo. 
Quiero afirmar y confirmar el total apoyo de la Comisión al nuevo texto presentado por el Parlamento. 
Permítanme, en ese sentido, Señorías, que los felicite en nombre de la Comisión por el acuerdo alcanzado con el Consejo, en especial en lo que se refiere al presupuesto del programa, es decir, los famosos 200 millones de euros, que suponen un esfuerzo considerable. 
Muy posiblemente, la Sra. McNally- como sabemos- querría más. 
Nosotros también, pero creo que 200 millones es una cifra importante, que supone, en cuatro años, un incremento muy notable de los presupuestos con relación a lo que hemos venido utilizando en los tiempos anteriores. 
Confío en que el voto recomendado por la ponente recibirá la aprobación y en que una rápida aprobación del programa permitirá su lanzamiento sin perder los fondos correspondientes a 2003; en que habrá una aprobación global a finales de año, pues ya habremos avanzado suficientemente al respecto, y en que, por lo tanto, ya puedan ser utilizables, incluidos los fondos correspondientes a 2003. 
Quiero agradecer de nuevo el magnífico trabajo realizado por la Sra. McNally y a sus Señorías su atención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ante todo deseo unirme también a las muestras de agradecimiento a la Sra. McNally por haber tratado esta cuestión con tanto acierto en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Los debates en el seno de la Comisión de Presupuestos han tenido una especial importancia para nosotros, por tratarse de un área en la que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía concede gran importancia a la adecuada financiación de este tipo de programas. Quiero también dar las gracias expresamente a la Comisaria de Palacio por haber hecho posible que 2003 se incluya en estas consideraciones y que estos programas se pongan en marcha lo antes posible. 
Todos somos conscientes de que la crisis energética mundial determina la necesidad urgente de actuar. 
Europa depende enormemente de las importaciones energéticas. En la actualidad importa en torno al 50% de su energía y muy pronto nos encontraremos con unas tasas de incremento realmente injustificables. 
Por eso es muy importante que hagamos un hincapié especial en este programa. 
Este programa plurianual nos permitirá- o así lo espero- dar un giro fundamental a la política energética de Europa y, sobre todo, convertir el consumo de energía- una cuestión que ha sido ya objeto de numerosas Directivas marco- en una de nuestras prioridades en el futuro. 
Para ponerlo en práctica de la manera más eficaz posible en los Estados miembros, disponemos no solo de estudios comparativos cada vez mejores, sino sobre todo de modelos de buenas prácticas, y es aquí precisamente donde el programa plurianual constituye un indicador de extrema importancia para saber en qué países, con qué tecnologías y con qué procesos estamos cosechando los mayores éxitos. 
Por eso creo que este programa constituye un gran avance en la política energética europea y les doy las gracias por anticipado por su cooperación. 
La ponente ha planteado una idea interesante. 
Ha hablado de «energía inteligente» y, por contraposición, de «energía estúpida» , lo cual, en los tiempos que corren, me trae a la mente el petróleo y los «estúpidos hombres blancos» , parafraseando el título de un autor al que muchos tenemos en gran estima y que además ha sido galardonado con un Óscar. 
Así que por un lado están los «estúpidos hombres blancos» , fieles a un principio claramente establecido de consumo de energía- anticuado y conservador -, y por otro una «inteligente mujer blanca» , Europa y algo más. 
Por supuesto, las cosas no son tan sencillas. 
Creo que programas como estos nos dan la oportunidad de avanzar un buen trecho en la formulación de la vía europea. 
Considero también oportuna la creación de una Agencia Europea de Energía Inteligente, que podría convertirse en lo que era la Agencia para la Protección del Medio Ambiente americana a principios del decenio de 1970 a los ojos del resto del mundo. 
En aquella época, cuando aún no existían los Verdes y la conciencia medioambiental apenas se había desarrollado en Europa, el acceso a la información y los proyectos piloto de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente permitieron realizar algunos proyectos ejemplares. 
Nuestra agencia podría hacer algo parecido. 
Pero también sería conveniente evitar la creación de una nueva superestructura burocrática en torno a la agencia, para lo cual habría que encontrar para ella un lugar donde ya existieran esas capacidades. 
Considero que la energía inteligente implica también una transparencia inteligente en cuanto a la utilización de los recursos. 
La nueva Agencia podría servir como ejemplo de verdadera transparencia en la gestión de los fondos puestos a su disposición, evitando con ello un motivo de crítica justificada a las instituciones europeas: la falta de transparencia en la forma de gastar y utilizar los fondos, en el convencimiento de que sin transparencia, no hay democracia. 
Señor Presidente, Señorías, ya tuve la oportunidad de expresar mi opinión sobre este importante informe en la primera lectura y, por tanto, me complace poder intervenir de nuevo esta tarde. 
Para empezar, quisiera agradecer personalmente a mi colega y amiga, la Sra. McNally, la calidad de su informe y la manera en que ha sabido llevar las negociaciones con el Consejo. 
La conozco desde hace mucho tiempo y me gustaría felicitarla por su arduo trabajo, aunque a veces, cuando no a menudo, discrepo de las orientaciones liberales de algunos de sus amigos. 
A título también personal, quiero decirle a la Sra. de Palacio que, aunque nunca ha respondido a mi pregunta sobre lo que considero una contradicción entre la libre competencia, cuyo objetivo es hacer bajar los precios, y la indudable necesidad de ahorrar energía, aprecio su trabajo como Comisaria de Energía, sus innegables aptitudes y su disposición a escuchar a los demás. 
Retomando ahora el fondo del asunto, me gustaría recordar en nombre del Grupo GUE/NGL, que el programa «Energía inteligente para Europa» , que abarca el período de 2003 a 2006, sustituye a un programa que concluyó el 31 de diciembre de 2002, lo que explica la necesidad urgente que tenemos de alcanzar un acuerdo y encontrar el mejor compromiso posible. 
No nos sorprende que los debates más encarnizados hayan girado en torno al presupuesto. 
Una vez más, lamento que a escala europea, y en muchos ámbitos, no podamos con frecuencia dotarnos de unos recursos financieros que estén a la altura de nuestras ambiciones. 
No ceso de repetirlo en este Hemiciclo y ante otras instancias. 
En este caso, es aún más lamentable, toda vez que una revisión intermedia del programa actual ha revelado que los programas específicos adolecen de una grave falta de recursos. 
Al final, tras numerosas reuniones tripartitas, el Consejo y el Parlamento han logrado alcanzar un compromiso de 200 millones de euros, aunque el Consejo insistió con empeño en mantener un presupuesto de 190 millones. 
Es una cantidad insuficiente, aunque mejor que nada. 
Como ya se ha dicho, esta cantidad se repartirá entre cuatro ámbitos de acción: mejora de la eficiencia energética, fomento de las fuentes de energía renovables, aspectos energéticos del transporte y promoción de la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables en los países en desarrollo. 
Todos ellos me parecen necesarios y cuentan con todo mi apoyo. 
El Consejo ha aceptado el contenido de la mayoría de las enmiendas del Parlamento, que versan sobre las siguientes cuestiones: integración de los países candidatos, difusión de los programas, acceso a los mismos y formulación de criterios transparentes para la selección de participantes. 
Nos alegramos de ello. 
En cambio, el Consejo no ha aceptado la creación de una Agencia Europea de Energía Inteligente. 
Al igual que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, lo lamento. 
Creo que nos habría ayudado. 
El Consejo tampoco ha aceptado la creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo para coordinar las distintas áreas, pero la Sra. de Palacio nos ha tranquilizado algo al respecto. 
Quisiera terminar mi intervención haciendo hincapié nuevamente en que la energía no es un bien como los demás. 
Requiere inversiones onerosas y constantes. 
En muchos aspectos, es un servicio público que tenemos que defender a capa y espada en interés de todos los ciudadanos, en el sentido más amplio de la palabra. 
En el futuro, tenemos que ahorrar, diversificar, garantizar el suministro y evaluar los costes y las ventajas tanto a corto como a largo plazo. 
Tenemos que mirar a un futuro lejano. 
La demanda aumentará y las energías fósiles disminuirán. 
La opinión pública se opone a la fisión, de manera que tenemos que desarrollar fuentes de energía renovables y ahorrar energía. 
Por último- y con esto termino, señor Presidente- tenemos que desarrollar lo que para mí es la energía viable del futuro, la fusión, y poner en marcha de inmediato el programa ITER. 
El tiempo apremia, señor Presidente. 
Señor Presidente, se dice que el Programa «Energía inteligente para Europa» es indispensable. 
Sin embargo, cualquier mención que se haga a la energía inteligente y la exigencia de energía renovable va a ser recibida muy probablemente con sorna por parte de la gente de la calle, en lugar de percibirlo como un debate serio. 
Para la gente de la calle de estos pagos, esta política energética se manifiesta en el azote creciente de campos eólicos- que infestan progresivamente nuestro preciado paisaje -, cuyo valor económico sobrepasa de lejos el valor teórico de esta fuente que supuestamente no genera costes. 
De hecho, la energía eólica es tan costosa que sin una subvención considerable por parte de los contribuyentes y de los usuarios de energía, su utilización tendría unos costes prohibitivos. 
Puesto que estamos tratando con una fuente energética irregular- ya que el viento no sopla de modo constante, ni mucho menos -, se precisa una generación energética de apoyo convencional equivalente, que consume tanta energía como se supone que ahorra la energía eólica. 
Teniendo en cuenta que se trata de dinero de la UE e ideas imprecisas las que sostienen este programa- los dos en gran medida inseparables- mi opinión es que la política energética que estamos examinando hoy está lejos de ser inteligente. 
Como es habitual en la nomenclatura de la UE, el título expresa lo contrario de la realidad. 
Como siempre, solo puedo hacer constar mi desaprobación. 
Sin embargo, lo hago a sabiendas de que mi electorado, al menos, es más inteligente que las políticas que se elaboran en su nombre. 
Señor Presidente, el anterior Programa marco de energía concluyó a finales del año pasado. 
Puesto que el programa «Energía inteligente para Europa» destinado a sustituirlo aún se está debatiendo, no podemos acusar a la Comisión y al Consejo de actuar con demasiada precipitación. 
No obstante, el programa anterior tardó bastante más en hacer acto de aparición, de modo que ha habido algún avance, aunque sea pequeño. 
En el nuevo programa se incluye un menor número de programas distintos, lo que constituye un aspecto positivo. 
De hecho, los recursos financieros del programa marco anterior se dividieron en partes excesivamente pequeñas, por lo que no resultó fácil obtener resultados visibles. 
Los gastos administrativos derivados de la existencia de muchos programas, los honorarios de los asesores y la celebración de los distintos seminarios, que no escasean en Europa, consumen mucho dinero, quedando así menos recursos para medidas concretas. 
En el nuevo programa se van a aumentar los recursos, se van a incrementar las asignaciones totales. Asimismo, el hecho de que un programa de cinco años se sustituya por uno de solo cuatro va a implicar que cada año se disponga de dinero adicional. 
Sin embargo, la industria energética constituye un sector productivo que requiere de tanto capital, que ni siquiera la aportación de fondos adicionales solucionará los problemas a los que se enfrentan los países de la Unión Europea con respecto al suministro adecuado de energía, la seguridad del abastecimiento o el ahorro energético y la protección medioambiental. 
Los objetivos comunes fijados, tales como el uso de formas de energía renovables, son tan ambiciosos, que su consecución dependerá esencialmente de los Estados miembros. 
No podemos asignar la tarea de lograr estos objetivos solo al programa ALTENER. 
Se está proponiendo la creación de una nueva agencia especial responsable de coordinar la cooperación en el sector energético. 
No obstante, la experiencia ha demostrado que las agencias no siempre reducen la burocracia- suele ocurrir justo lo contrario -, y al Parlamento le resulta siempre más complicado supervisar a las agencias especiales que a la Comisión. 
La creación de nuevas agencias no aumenta la transparencia administrativa. 
Por lo que se refiere al trabajo realizado por la ponente, me gustaría, al igual que mi colega, el Sr. Caudron, darle las gracias en nombre de nuestro Grupo. 
. 
(ES) Quiero agradecer las intervenciones de sus Señorías y decir que, efectivamente, lo que hay que intentar es evitar la energía "estúpida", a la que se han referido anteriormente la Sra. McNally y otros oradores. 
La Sra. McNally sabe que comparto la tesis de que la Agencia europea habría sido un modo de gestión y muy posiblemente habría tenido muchos elementos positivos. 
Pero creo que con este sistema de intergrupo, de organización dentro de la Comisión incorporando todos los distintos servicios afectados, podemos superar sus preocupaciones. 
También quiero añadir brevemente que comparto plenamente lo que ha dicho el Sr. Caudron sobre el lanzamiento cuanto antes de la iniciativa ITER y de otras iniciativas. 
Respecto a los 200 millones ,... pienso, por ejemplo, en el programa COOPENER, donde estamos hablando, además, de la difusión en los países en vías de desarrollo de las tecnologías más adecuadas, de eficiencia energética, de desarrollo tecnológico, de tecnologías limpias de carbón, y algún día habrá que volver a hablar sobre esto cuando hablemos de Kyoto, porque Kyoto no afecta sólo a Europa, sino que es un problema mundial. 
Si pensamos que los países en vías de desarrollo no van a utilizar el carbón, nos equivocamos: lo utilizarán si es lo que tienen más cerca. 
Eso está claro, y en ese sentido tenemos que avanzar. 
También quiero invitarles, Señorías, como reflexión para el futuro, a que recuerden que este año el presupuesto comunitario para el año próximo va a suponer el 0,99 % del PIB con 25 Estados miembros. 
Además del 0,99 % del PIB, vamos a hacer el milagro de ser 25 Estados miembros, con 500 funcionarios más. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el propio título de la Directiva indica que se trata de un tema bastante complejo. 
Voy a tratar de explicar- como he hecho otras veces- de qué va esta Directiva con palabras muy sencillas que puedan entender los profanos en la materia. 
Estamos hablando de la generación de electricidad por los medios tradicionales de vapor, que después es suministrada para recibir un uso eficiente en la industria o para fines calóricos. 
El fomento de esta tecnología puede considerarse en consonancia con los objetivos que nosotros y muchos otros países se han marcado y que coinciden con los compromisos de Kioto. 
Contribuirá al ahorro de energía, a un uso eficiente de la misma y a la reducción de las emisiones de CO2. 
Además, la utilización de esta tecnología puede hacer más seguro el abastecimiento. 
En el contexto de este debate y de la votación, así como de las enmiendas que he presentado, mi principal preocupación ha sido que se formulara una Directiva aplicable en toda Europa, al mismo nivel y con las mismas reglas de juego. 
Esta consideración se aplica en particular a los valores de referencia utilizados para definir el ahorro energético. 
Pedimos a la Comisión que prepare, en un plazo de tiempo prudencial, un conjunto de valores de referencia europeos que faciliten las comparaciones entre Estados miembros. 
Considero importante que exista una mayor certidumbre jurídica en la Unión Europea y que la presente Directiva, suponiendo que entre en vigor después de la segunda lectura o, llegado el caso, el procedimiento de conciliación, proporcione esa certidumbre jurídica a los Estados miembros y les permitan fomentar esa tecnología. 
Se trata de un informe altamente técnico y su debate ha entrañado cierta complejidad. 
Hemos mantenido discusiones acaloradas, pero también muy limpias y mostrándonos en todo momento un gran respeto mutuo. 
No ha existido un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha como referí en una ocasión anterior, sino más bien una confrontación Norte-Sur, con cada parte convencida de que un método era mejor que el otro. 
Creo que hemos alcanzado un buen compromiso. 
Todos hemos tenido que ceder un poco, yo también. 
No todos los compromisos me gustaban, pero he tenido que aceptarlos por el bien de la causa. 
Al final del día, el resultado conseguido, cuanto menos en la comisión, con 32 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, -y aprovecho para decir que a fecha de hoy sigo sin saber por qué se han producido esas 11 abstenciones- demuestra que hemos alcanzado un compromiso razonable. 
Empezamos con 240 enmiendas, entre ellas las contempladas en mi informe. 
Mañana se presentaran a votación 11 enmiendas. 
Creo que se trata de un gran logro. 
Hemos hecho un buen trabajo y puedo decirles que aunque no apoyaré algunas de las 11 enmiendas en la votación, en líneas generales el resultado después de la primera lectura será francamente bueno. 
Sólo espero que el Consejo esté a la altura presentando una posición política razonable en mayo, o en junio a más tardar. 
Lo que el Consejo está debatiendo actualmente dista bastante de lo que hemos debatido hoy aquí, por lo que la segunda lectura será, sin lugar a dudas, interesante y muy discutida. 
Espero que la votación de mañana vaya bien y podamos aprobar el informe. 
Si así sucede, esperaré con impaciencia el debate en segunda lectura. 
Si todos trabajamos de forma conjunta y aplicada y el Consejo está de buen talante, conseguiremos antes del final de este periodo legislativo que se apruebe el informe- posiblemente en segunda lectura o tal vez después de un procedimiento de conciliación- y se cree certidumbre jurídica. 
En ese sentido, creo que hemos sido capaces de mejorar la propuesta de la Comisión haciéndola más precisa, específica y exacta, y espero que mañana sea merecedora de la aprobación general. 
. 
(ES) Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre el fomento de la cogeneración, como ha señalado el ponente, Sr. Glante, es un asunto francamente complejo. 
Los debates en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía han puesto de manifiesto, además, la diversidad de posiciones, así como las reuniones, audiencias y seminarios celebrados en los últimos meses en este Parlamento, que demuestran el interés que esta iniciativa ha despertado en distintos ámbitos de la sociedad. 
Quiero felicitar al ponente porque ha sido capaz de ir combinando y acordando con los distintos diputados interesados una solución que, al final, supone que estemos hablando únicamente de once enmiendas. 
La creación de un marco europeo para la cogeneración es, Señorías, un gran reto. 
Puedo decir con satisfacción que, en mi opinión, la propuesta de Directiva sobre el fomento de la cogeneración, que estamos discutiendo, está a la altura de las exigencias y es, además, una respuesta en un momento en que estamos hablando de la integración del mercado energético europeo y, muy especialmente, del mercado eléctrico. 
La cogeneración, como ha señalado el ponente, puede ser una forma eficaz de producir conjuntamente calor y electricidad en un solo proceso, el uso correcto y apropiado de la misma incrementa la seguridad de abastecimiento, presenta innegables ahorros energéticos y la consiguiente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Pero sabemos que se enfrenta a problemas relacionados con el mercado de la energía, ya que sus ventajas no se reflejan de igual manera en este sector. 
Ningún instrumento jurídico resuelve este problema y la Directiva crea el marco necesario para garantizar un entorno estable para las iniciativas de fomento de la cogeneración. 
En dicho marco, corresponde a los Estados hacer un mayor esfuerzo para impulsar este proceso e incrementar la producción, a través de medidas concretas, en forma de programas de apoyo económico. 
Pueden también facilitar nuevas inversiones, garantizar condiciones más equitativas y eliminar los obstáculos administrativos y de otro tipo, pero, todo ello, dentro de un mercado integrado europeo. 
Con arreglo a nuestra propuesta, los Estados miembros, a través del análisis del potencial de cogeneración de alta eficacia, están obligados a estimar la demanda de calor esperada en su territorio, que es susceptible de ser aprovechada de forma adecuada, mediante técnicas de cogeneración. 
Es el primer paso, que debe facilitar las futuras iniciativas y seguimiento en este terreno. 
Por otra parte, como consecuencia de la futura Directiva, los productores de energía y de cogeneración estarán en condiciones de solicitar una garantía de origen que demuestre que la electricidad vendida a la red procede realmente de la cogeneración de alta eficacia, de la cogeneración que genera un ahorro global energético. 
Este elemento es un instrumento para aumentar el nivel de conocimiento y transparencia del mercado y la propuesta, además, insiste en que no se deberá discriminar a los productores de energía de cogeneración respecto a las condiciones de conexión a la red eléctrica, ni respecto a la compra o venta de electricidad. 
Además, los Estados tendrán derecho a dar prioridad a la electricidad que procede de la cogeneración. 
El sector- como saben sus Señorías- ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de que existan estas medidas para que de verdad se pueda desarrollar de una manera adecuada este tipo de producción. 
Las definiciones de la cogeneración, y en particular de la cogeneración de alta eficacia, pueden parecer muy técnicas, pero adoptar una metodología común supone un paso importante, que ofrece al sector una innegable seguridad jurídica en cuanto a los requisitos de eficacia. 
Ofrece a los Estados un instrumento para elaborar programas de apoyo capaces de fomentar la cogeneración y, al mismo tiempo, evitar distorsiones en el mercado interior de la energía, e incluso distorsiones en el ámbito de la competencia, de manera más amplia. 
Señor Presidente, Señorías, les he expuesto el objetivo de la Comisión, en relación con esta propuesta, y espero el debate que va a tener lugar ahora. 
Confío, junto con el ponente, en que seamos capaces, a lo largo de esta legislatura, de aprobar en segunda lectura este texto, que me parece importantísimo para completar todas las acciones que estamos desarrollando a fin de fortalecer la eficacia energética y el ahorro energéticos y el impulso de energías renovables, como lo estamos haciendo a lo largo de estos años. 
. (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta es una directiva que ha supuesto complicados, largos y acalorados debates en el seno, sobre todo, de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Hemos intentado subrayar que la cogeneración no es un fin en sí misma sino una medida de eficiencia energética y que esta propuesta, que da continuidad a la estrategia de la Comisión de incrementar la eficiencia energética en la Unión Europea, era bien acogida pero, al mismo tiempo, presentaba una serie de problemas, tal y como la enfocaba en un principio su ponente, el Sr. Glante. 
Luego hemos visto cómo, mediante un estrecho diálogo y debate entre varios miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, presentamos una propuesta equilibrada y realmente importante desde el punto de vista de los ahorros energéticos. 
Como decía antes, la cogeneración basada en la demanda de calor permitirá, por lo tanto, optimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y equilibrar el funcionamiento del sistema eléctrico. 
Sin embargo, todo este edificio se nos pudo venir abajo si se hubiera llegado a fomentar una demanda de calor innecesaria. 
Un enfoque demasiado simplista- como creo que se planteó en un principio- nos hubiera llevado a fomentar la construcción e instalaciones de cogeneración sin que existiera por ello una demanda de calor real. 
Y eso es precisamente lo contrario de lo que- creíamos- persigue esta propuesta. 
Quiero felicitar al Sr. Glante y a todos los que han participado en las diversas reuniones que ha habido al respecto, porque el tema no era fácil de entender. 
Entre ellos, a mi colega, el Sr. Vidal-Quadras, quien ha trabajado denodadamente en esta directiva. 
Hemos repasado números, fórmulas, variables, subíndices y, finalmente, creo que hemos podido acercar nuestros puntos de vista. 
Las enmiendas de transacción suponen un buen avance para alcanzar el acuerdo final y es importante que se haya reconocido la existencia de diferentes tecnologías a lo largo y a lo ancho de la Unión Europea. 
Es cierto que cuanto más calor produce una instalación, mayor es la eficiencia global del proceso de cogeneración. 
Pero reducir toda la directiva a esta afirmación era simplista e irreal. 
Una central para la producción exclusiva de calor con una eficiencia del 80% es absolutamente ineficiente- podría decir incluso obsoleta- y, sin embargo, una central de producción de electricidad con una eficiencia del 50% puede llegar a ser muy eficiente. 
¿Y por qué todo esto? 
Pues por la sencilla razón de que la electricidad es una forma más elaborada de energía que se obtiene a partir del calor. 
Una vez que queda claro que la eficiencia global de la instalación no es un parámetro adecuado ni absoluto para determinar la bondad de la cogeneración, ¿qué nos queda? 
Nos quedan- como creo que apuntará también el Sr. Vidal-Quadras- los ahorros de energía primaria y, en consecuencia, los ahorros en las emisiones de gases. 
Este el parámetro más adecuado para medir los beneficios derivados de la cogeneración, en comparación con la producción separada de calor y electricidad. 
No debemos olvidarnos de un matiz muy importante: que la cogeneración se ha desarrollado en los diferentes Estados miembros siguiendo pautas culturales. 
En los países del Centro y Norte de Europa predomina el calor para usos municipales, y es evidente que las necesidades de calefacción y agua caliente son enormes durante una gran parte del año; en otras latitudes se ha desarrollado más una cogeneración en la que la proporción de calor es menor por razones evidentes, de forma que predomina la electricidad para usos industriales. 
El remanente es comercializado en la red. 
El Sr. Glante ha sido capaz de ver que esta propuesta necesitaba un profundo análisis antes de llegar a conclusiones definitivas. 
Sin embargo, y como ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, he de decir que esto no sucedió así en esta comisión y que la opinión aprobada en la misma, vista a la luz de lo que se propone hoy, después de los debates y de las reuniones que ha habido, carece de realismo y de rigor. 
Desde un primer momento se puso de manifiesto la complejidad de este tema y yo, como ponente apoyada por mi grupo, solicité un calendario más flexible. 
Es decir, solicité que esta propuesta se debatiera seriamente y que hubiera más tiempo para contrastar con la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía nuestras diferentes opiniones. 
Esta solicitud fue denegada y se votó precipitadamente la propuesta con el resultado que ahora les digo. 
Yo, señor Presidente, queridos colegas, creo que entre todos tenemos que tratar de evitar situaciones como esta. 
No se puede elaborar una opinión como se ha hecho en este caso con la opinión de la Comisión de Medio Ambiente sobre la cogeneración, lo que, me temo, no es un caso aislado sino que se repite con relativa frecuencia en el Parlamento. 
Por último, creo que se ha llegado a una propuesta rigurosa, proporcionada y necesaria. 
Y en ese sentido, vuelvo a felicitar al ponente y a mis colegas de la Comisión de Industria por su excelente trabajo y, sobre todo, por no conformarse con una primera propuesta y batallar y luchar para llegar a unos acuerdos en una propuesta que satisfaga a todos. 
Enhorabuena, señora Comisaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias más efusivas al ponente, el Sr. Glante, por su excelente cooperación. 
Cuando leí el informe por primera vez, tuve muy claro que iba a precisar más de un debate en esta Cámara, pero creo que todos coincidimos en la finalidad de la Directiva. 
Su objetivo consiste, simplemente, en dar prioridad al ahorro energético y a la utilización eficiente de la energía. 
Creo que, después de largos debates, hemos conseguido un elevado grado de consenso. 
El ponente presentó al principio unas 40 enmiendas, que sirvieron de base para un excelente debate. 
Tengo que decir que el ponente ha tratado muy bien los aspectos técnicos, pero también- y eso es lo más importante- la dimensión humana, consiguiendo la colaboración de todos y el esfuerzo por alcanzar compromisos. 
Al final hemos conseguido el compromiso que queríamos. 
Ahora tenemos ante nosotros una versión mucho más consolidada, una versión que creo que podemos aceptar todos. 
La votación en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha venido a demostrar también que se ha tomado la dirección correcta. 
Naturalmente, hemos preparado algunas modificaciones menores para esta lectura, pero creo que el principio básico que hemos elaborado conjuntamente para garantizar la sostenibilidad en el suministro de energía tendrá efectos de muy largo alcance. 
Para nosotros tenía la máxima importancia encontrar un sistema armonizado para el método de cálculo. 
Pero lo importante no era el sistema en sí mismo, puesto que existían muy diferentes puntos de partida y métodos posibles. 
Para nosotros era mucho más importante encontrar una base común para Europa que permitiera la aplicación del sistema armonizado en todos los países, ya fuera en la esfera Norte-Sur o en cualquier otra. 
Sabemos que en Europa existen países donde hace mucho calor y países donde existe una gran demanda térmica, ya sea para fines de refrigeración o de calefacción, de manera que se entremezclan los intereses más dispares. 
En este momento quiero dar las gracias a los denominados grupos de interés, que han realizado un trabajo realmente excepcional y nos han ilustrado ampliamente acerca de las posibilidades existentes. 
El resultado final es que hemos aprendido mucho gracias a los numerosos debates, discusiones y reuniones vespertinas, que a menudo se han prolongado notablemente mientras discutíamos estos temas. 
Nuestra meta consiste, por supuesto, en aumentar el futuro porcentaje de cogeneración del 9% al 18%. 
Debemos dejar muy claro que nuestra pretensión es duplicar esa cifra. 
En cuanto al desarrollo de las fórmulas, nos gustaría mucho que participara el grupo de trabajo del CEN junto con la Comisión, y todas las partes interesadas en la armonización, para que en el caso de una segunda lectura, como preveo, podamos debatir otra alternativa. 
Así pues, le estamos pidiendo al grupo de trabajo del CEN que nos ayude a encontrar una solución definitiva para que podamos progresar en este ámbito. 
Considero que, en principio, la cogeneración puede desencadenar un debate totalmente nuevo sobre el suministro de electricidad y energía, sobre todo si consideramos las centrales pequeñas de cogeneración. 
La gran seguridad de los pequeños circuitos es precisamente lo que les convierte en un concepto muy interesante de cara al futuro. 
Todos sabemos por las energías renovables y las diferentes centrales de cogeneración que ya existen en zonas rurales y localidades pequeñas, que la cogeneración se ha dejado sentir mucho en esos lugares y que, además, el mercado funciona, por supuesto, de una manera totalmente distinta. 
Por tanto, si consideramos no solo las grandes centrales, que llamaron nuestra atención en un principio, sino también la multitud de pequeñas instalaciones regionales o incluso domésticas que pueden existir en el futuro, es posible que consigamos algún efecto en el mercado. 
En Wels, la ciudad de la que yo procedo, están preparando un proyecto llamado «Energyland» o país de la energía. 
En realidad, Europea debería ser una «Energyland». 
Estamos tratando de situar la investigación y el desarrollo en el escenario central de esa «Energyland» y, sobre todo, en el área de la educación y la formación, para dar a conocer al conjunto de la población y, en especial, al mundo empresarial, los nuevos métodos y las nuevas posibilidades de financiación. 
En el futuro, por supuesto, tendremos que prestar más atención a la energía y a las infraestructuras del sector energético, ya que la seguridad del suministro energético y la eficiencia energética deben figurar entre los objetivos primordiales de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, no cabe ninguna duda de que el fomento de la producción de energía eléctrica por el método de cogeneración constituye un objetivo digno de ser compartido, y ello por diferentes razones. 
Por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa de la Comisión, que merece todos nuestros respetos y por la que felicitamos a la señora Comisaria. 
La producción mediante el método de cogeneración permite, en primer lugar, un ahorro de energía y, por lo tanto, se logra un objetivo de protección medioambiental, pues disminuye la producción de CO2. 
Hay otras razones que hacen este método digno de apoyo. 
En primer lugar, al producir de forma combinada calor y electricidad, se puede conseguir un abaratamiento de los costes, e incluso, si se quiere, ofrecer a los usuarios una alternativa de suministro, lo cual, en algunos casos, supone una cierta forma de introducir competencia, sobre todo en aquellos mercados- como ocurre en el mercado eléctrico de mi país- donde existe un fuerte componente oligopolístico. 
El apoyo al fomento de la cogeneración ha sido ratificado por este Parlamento en su Resolución de 25 de septiembre pasado y, en consecuencia, de forma coherente, vamos a apoyar esta iniciativa. 
Pero el problema es que, bajo el concepto de cogeneración, se esconden realidades muy diferentes que corresponden, por un lado, a países del Norte y, por otro, a países del Sur. 
Por lo tanto, era muy difícil englobar en una única propuesta realidades tan diferentes. 
En los países del Norte se utiliza la cogeneración fundamentalmente para la producción de calefacción, mientras que en los países del Sur, la cogeneración es un sistema al que acceden determinados sectores industriales que precisan una producción de calor intensivo y con el que se consigue también abaratar la energía eléctrica. 
Ejemplos de ello son la industria del papel y la de la cerámica. 
De esa realidad se deduce que las plantas de cogeneración que utilizan unos países y otros son radicalmente diferentes. 
Mientras que en las plantas dedicadas a calefacción se utilizan turbinas de vapor, y solamente es necesario generar calor durante los meses fríos del año, en las destinadas a la producción de cogeneración con finalidad industrial el calor que se necesita es de mayor intensidad, y se utiliza durante todo el año. 
Ello implica diferencias de tamaños y de sistemas, y englobarlo todo en una sola directiva ha sido difícil. 
Creo que los esfuerzos realizados por el ponente para englobar y acoger en el texto de la directiva realidades tan diferentes han sido más que notables y por ello, desde luego, lo felicito sinceramente. 
Quiero decir que, en líneas generales, apoyaremos el texto del informe con las propuestas de enmienda que se nos realicen. 
Señor Presidente, estoy seguro de que hablo en nombre de otros colegas cuando digo que esta ha sido una de las cuestiones más intrigantes y desconcertantes que he tenido que seguir. 
Para los que no son especialistas en la materia como yo, en ocasiones ha resultado ser una masa impenetrable de acrónimos y detalles técnicos y, a veces, el Sr. Glante y el Sr. Vidal-Quadras Roca parecían hablar en un idioma que quizá los seres humanos normales y en sus cabales no podrían seguir. 
Nunca hubiera pensado, por ejemplo, que algo llamado método Protermo pudiera producir tanto acaloramiento y tanta ira como lo ha hecho en las deliberaciones de nuestra comisión. 
Es lamentable que no combináramos este acaloramiento en nuestra comisión con un poco de energía mientras estábamos en ello. 
Aun así, incluso para aquellas personas como yo que no pudieron seguir cada tira y afloja, mi Grupo está ciertamente muy complacido con el resultado y se propone respaldar a la ponente en la votación de mañana. 
Nos alegra en concreto que los dos enfoques representados por los dos bandos en las deliberaciones mantenidas en nuestra comisión- por un lado, el deseo de retener una metodología para diferenciar la cogeneración de otras formas de generación, y por otro el deseo de hacer hincapié en el ahorro de energía- se hayan mantenido en los famosos Anexos dos y tres, y que se haya llegado a un cierto acomodo entre estas dos perspectivas. 
También nos complace en extremo apoyar las medidas de esta Directiva que protegen y fomentan la microcogeneración, que creemos es un componente fundamental del desarrollo de la producción combinada de electricidad y calor (CHP) y, también, por supuesto- hablo en nombre de mi Grupo y el de otros- tenemos mucho interés en que la votación de mañana sirva de punto de partida para un debate serio aunque sin duda difícil con el Consejo a fin de mantener y propugnar objetivos reales más que meramente simbólicos. 
Mi última observación es de cautela. 
Se han presentado una serie de enmiendas. 
Quisiera pedir a los colegas de otros Grupos que se abstengan de respaldar enmiendas que perturbarían este compromiso tan delicado al que hemos llegado. 
Sería, al menos para mi Grupo, una vergüenza que se hiciera peligrar un compromiso que ha llevado tanto tiempo alcanzar y que, francamente, ha tenido un parto tan doloroso. 
Señor Presidente, resulta sorprendente que las fuerzas del mercado hayan sido incapaces, por sí solas, de mejorar la eficiencia energética de los combustibles que utilizan mediante la producción conjunta de calor y electricidad. 
El calor generado en la producción de electricidad es un recurso económico, ya que se puede utilizar tanto para calentar como para refrigerar. De este modo, cabe pensar que su uso puede favorecer los intereses de las propias plantas de producción. 
La Directiva resulta necesaria no solo porque permitirá proteger el mercado único de la energía, sino también porque obligará a los Estados miembros a canalizar los recursos necesarios para garantizar un uso eficiente de los combustibles en aras de la eficiencia energética y la protección medioambiental. 
En la Unión Europea, los objetivos comunes se fijan de manera muy despreocupada. 
Se definen unos objetivos, pero no se establecen ni las sanciones ni los recursos necesarios para cumplirlos. 
Un ejemplo de objetivo fijado sobre la base de meras ilusiones es el fomento de la cogeneración, que estamos debatiendo ahora. 
Se pretende aumentar la cogeneración para que represente un 18% de la producción de electricidad en el 2010 o 2012, lo cual constituye una esperanza infundada. 
El mercado se comprometerá con la cogeneración siempre que merezca la pena desde el punto de vista económico. 
La Directiva no implicará la pérdida de control por parte de la mano oculta del mercado. 
Las pequeñas unidades de producción suelen ser innovadoras: utilizan de forma ventajosa los márgenes que no interesan a los grandes productores. 
Por esta razón, en muchas de las enmiendas se percibe que hay preocupación acerca del trato igualitario a los pequeños productores en un mercado liberalizado dominado por los grandes productores. 
Resulta razonable insistir en la idea de que se debe asegurar el acceso a la red de los pequeños productores, que deberían obtener un precio justo por la electricidad obtenida mediante la cogeneración. 
En relación con este punto, quisiera también llamar la atención sobre los problemas que surgen cuando no existe coordinación entre las distintas directivas. 
Por ejemplo, la Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero no debe ser inconsecuente con esta Directiva. 
La primera es una directiva del mercado de sintéticos, mientras que esta directiva sobre la cogeneración es financiera y técnica. 
La directiva sobre el comercio de derechos de emisión no favorece los intereses de las empresas europeas, al contrario que esta directiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debemos considerar esta Directiva como una contribución a una política energética coherente y holística en Europa. 
Esto quiere decir que está en juego una mayor protección del medio ambiente, una mayor seguridad del abastecimiento y también la coherencia en el mercado interior de la energía. 
Quiero incidir brevemente en la seguridad del abastecimiento. 
Dependemos en exceso de las importaciones de petróleo y la cogeneración puede hacer que nos resulte mucho más sencillo y rápido prescindir de ellas para las calefacciones domésticas, siendo además una alternativa mucho más sencilla que el mercado de la electricidad como forma de hacernos independientes del petróleo. 
El mercado, el mercado interior, es ciego si no le trazamos unas metas, si no le colocamos unas guías que determinen su dirección. 
Lo mismo que hicimos para las energías renovables, tenemos que hacerlo también para la cogeneración. 
A mi parecer, la propuesta de la Comisión cojea algo en ese aspecto y me alegra que mañana vayamos a alcanzar, así lo espero, la mayoría en el Parlamento para reiterar el objetivo del 18% y recalcar la contribución que puede hacer la cogeneración a nuestra entrada en la era del hidrógeno. 
No podemos permitir que el Sr. Prodi forme un grupo de expertos de alto nivel y luego no incorpore a la legislación un primer marco reglamentario que realmente nos permita crear un mercado para las pilas de combustible, con el consiguiente aumento de la demanda europea de ese tipo de pilas. 
Celebro que tanto el Sr. Rübig como otros diputados tenga tan claro este punto. 
Permítanme que hable sobre las definiciones. 
Podría pensarse que las definiciones son técnicas por naturaleza, pero lo cierto es que detrás de la técnica se oculta la política. 
El Anexo II trata de definir qué parte de la electricidad producida en una central de cogeneración es realmente electricidad cogenerada. 
Esta definición es independiente de las zonas climáticas. Solo puede existir una definición y tiene que ser válida para toda Europa. 
De no ser así, estaremos dando paso a las distorsiones de la competencia en el mercado interior europeo. 
Las enmiendas que va a presentar mañana el Sr. Vidal-Quadras Roca no son, en este sentido, nada útiles y deberían ser rechazadas. 
El Anexo III define la eficiencia energética de las plantas de cogeneración. 
En este caso existe una diferencia clara entre, por ejemplo, Grecia y los Países Bajos, ya que muchos griegos siguen calentando sus hogares de manera poco eficiente con carbón, mientras que en los Países Bajos gozamos de una eficiencia muy elevada gracias a la calefacción por gas. 
Para compensar esas diferencias climáticas se necesita tiempo y un mercado interior plenamente consolidado. Así pues, debemos darnos a nosotros mismos un cierto margen de tiempo. 
En cualquier caso, el Anexo III debe basarse en el Anexo II. La única energía eléctrica que tiene que contemplar esta Directiva es la que proceda claramente de la cogeneración. 
Si no lo hace así, se creará incertidumbre jurídica y se dará paso a las subvenciones, algunas de ellas poco eficientes y otras incluso fraudulentas. 
Si formulamos unas definiciones ambiguas, estaremos favoreciendo a los que se muestran más reacios a la cogeneración en Europa. 
Pienso que lo que todos queremos con esta Directiva es que la cogeneración se tome más en serio en el futuro y que aumenten las inversiones en esta tecnología, sobre todo en Europa Oriental. 
Señor Presidente, ante todo, quisiera dar también las gracias al Sr. Glante por su excelente informe. 
La propuesta de Directiva sobre el fomento de la cogeneración representa una parte importante de la estrategia comunitaria en materia de eficiencia y ahorro energéticos. 
La cogeneración contribuirá también a reducir los gases de efecto invernadero, como se ha dicho en esta Cámara. 
El objetivo a corto plazo debe ser desarrollar las actuales plantas de cogeneración y, en los casos en que sea posible, promover la creación de plantas de alta eficiencia. 
El objetivo a largo plazo debe ser crear un marco que garantice a la cogeneración de alta eficiencia un papel clave en el aumento de la eficiencia y el ahorro energéticos. 
Las enmiendas relativas a la microgeneración, las fuentes de energía renovables y la refrigeración urbana resultan importantes desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. 
Es posible almacenar calor en cualquier cantidad para un día o un año, al contrario de lo manifestado en la propuesta de la Comisión y en las opiniones de algunas comisiones. 
El apoyo financiero no se debería limitar solo a la tecnología de cogeneración basada en la demanda de calor útil. 
Se debe permitir la flexibilidad en el uso de las plantas de cogeneración, de acuerdo con la época del año, la jornada laboral y otras variables aleatorias. 
El calor residual producido en una planta de cogeneración puede llegar a tener aplicaciones más numerosas que las que se conocen actualmente. 
Se podría utilizar también, por ejemplo, para la refrigeración, la purificación del agua y el acondicionamiento del aire. 
Este informe es muy técnico, y la palabra finesa suuritehoinen («potente» ) aparece equivocadamente con frecuencia en la versión en finés. 
La traducción correcta es korkean hyötysuhteen («de alta eficiencia» ). 
La palabra suuritehoinen llevaría al lector a pensar que la Directiva solo se aplica a las grandes instalaciones. 
Lo importante es que existe la voluntad de apoyar a la tecnología de alta eficiencia, independientemente del tamaño. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que hemos llegado a una encrucijada de extrema importancia. 
Tenemos en nuestras manos un informe sobre la cogeneración de calor y electricidad que tiene una enorme importancia para una política energética sostenible en Europa. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Glante, como ya han hecho mis colegas, por su cooperación tan amable, agradable y constructiva. 
Quisiera pedirle que mantenga esa cooperación hasta el final para conseguir mañana un buen resultado. 
Se ha dicho, con razón, que hay que hacer mucho más hincapié en el ahorro de energía. 
Lo más importante, por supuesto, es que Europa llegue a una situación tal que podamos alcanzar nuestros objetivos de CO2. En este sentido, la cogeneración de calor y electricidad desempeña un papel muy importante. 
Pero también es muy importante que aspiremos en Europa a unas instalaciones de gran calidad, que no nos quedemos rezagados en la cogeneración de calor y electricidad, sino que pongamos el listón lo más alto posible para conseguir el máximo ahorro. 
Creo que este mensaje ha de ser transmitido por la Comisión, por el Parlamento Europeo y por el Consejo. 
La subcategoría del consumo de combustible no relacionado con la generación se ha pasado al anexo III, de manera que ahora tenemos que ordenar el anexo II un poco, simplificándolo ligeramente, más en la dirección del anexo III. Esa es también la razón, señor Glante, de que hayamos presentado tanto la enmienda 175 como la 176. 
El informe es muy técnico, pero en el fondo todo gira en torno al hecho de que necesitamos un método de cálculo común y preciso, además de armonizar los sistemas de apoyo aplicados por la Unión Europea. La enmienda 42 es fundamental. 
Es fundamental que tengamos cuanto antes, es decir, dentro de dos años, ese valor de referencia armonizado para determinar el ahorro de energía primaria conseguido con la cogeneración de calor y electricidad. 
Es también fundamental que el método de cálculo sea preciso y se armonice en toda la UE. 
El informe contiene ahora todo ese paquete de medidas, razón por la cual creo que se merece nuestro apoyo. 
Así pues, espero que el Sr. Glante consiga mañana el apoyo del Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano-Demócratas) y de los Demócratas Europeos a su propuesta. 
El Sr. Vidal-Quadras Roca nos ha explicado ya la importancia que tienen para nosotros las enmiendas 75, 76 y 81. 
Así pues, depende todo de él, de su apoyo a nuestras enmiendas, que el Grupo del PPE-DE pueda seguirle. 
Espero que así sea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en mi intervención hoy aquí sobre el informe altamente técnico del Sr. Glante, voy a exponer mi opinión en calidad de ponente alternativa de mi grupo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Nuestra posición también se caracteriza por los aspectos medioambientales. 
La opinión de la Comisión de Medio Ambiente ha sido unánime, sin ninguna voz discrepante, pese a que la votación se haya aplazado dos veces por culpa de un debate ciertamente arduo. 
La importancia de un abastecimiento energético seguro, económico, y respetuoso con el medio ambiente no admite discusión. 
La construcción de centrales basadas en el sistema de la cogeneración ofrece también la posibilidad de garantizar la producción de energía a gran escala. Frente a la producción separada de calor y electricidad, la cogeneración tiene la ventaja de hacer un uso más eficiente de los combustibles, ya sean fósiles o renovables. 
Además, el proceso de cogeneración puede evitar las emisiones de dióxido de carbono. En este sentido, la promoción intensiva de las plantas de cogeneración constituye un instrumento esencial del paquete de medidas necesarias para cumplir el protocolo de Kioto sobre el cambio climático mundial. 
Pero hasta la fecha, la Unión Europea no está haciendo pleno uso de la cogeneración como instrumento de ahorro de energía. 
Para frenar el cambio climático y ahorrar recursos, es indispensable que aumentemos considerablemente su utilización. 
Además de garantizar el suministro energético, otro objetivo fundamental del proyecto de Directiva remitido a la Comisión es la creación de un marco capaz de promover la construcción y el correcto funcionamiento de las plantas de cogeneración. 
Nosotros pensamos que el borrador presentado por la Comisión es, en principio, válido, pero tiene que mejorarse en algunos puntos, una opinión que comparten los miembros de la Comisión competente y que ha manifestado su ponente. 
En cualquier caso, queremos que se formule el ambicioso objetivo de duplicar el porcentaje que representan las plantas de cogeneración en la producción total de electricidad de la Unión Europea, pasando del 9% en 1994 al 18% en 2012. 
Para ello necesitamos una normativa transparente que establezca lo que puede promoverse como planta de cogeneración y que pueda aplicarse en todo el ámbito de la Unión Europea. 
El procedimiento en dos fases propuesto por la Comisión y su clasificación de la energía para agricultura, industria y calefacción, no hace gala de dicha transparencia; lo único que hace es imponer una excesiva carga administrativa. 
Por eso queremos instituir como norma una cifra indexada para la electricidad y una eficiencia del 80%. 
En cualquier caso, eso es lo que ha decidido la Comisión de Medio Ambiente. 
Además, las plantas de cogeneración con una producción superior a los 50 megavatios deberían tener también derecho a las ayudas máximas previstas por la UE. 
Sin lugar a dudas, el límite propuesto por la Comisión es demasiado bajo. 
Hasta las pequeñas plantas de cogeneración pueden producir 100 megavatios o más. 
Las centrales pequeñas y medianas aseguran una aplicación descentralizada que, desde luego, puede contribuir a una mayor eficacia en términos de protección del medio ambiente. 
Tenemos que frenar con redoblados esfuerzos el calentamiento creciente del planeta. Una directiva europea sensata sobre las plantas de cogeneración puede contribuir claramente a este fin. 
Señor Presidente, de entrada quiero felicitar a la ponente y a mis colegas por trabajar juntos para alcanzar la fórmula y las definiciones de un compromiso, que han abordado un conjunto de cuestiones técnicas complicadas. 
Quisiera, en particular, subrayar la importancia del objetivo del ahorro energético por encima de la eficiencia: queremos utilizar menos carburante. 
Acojo con satisfacción la conexión de este apoyo con las ventajas medioambientales que se derivarán de ello. 
Quisiera referirme a algunas preocupaciones manifestadas por una empresa de mi antigua circunscripción y, en estos momentos, de la región del sudoeste a que represento. 
Me contaron que en los últimos 20 años han suministrado equipos de cogeneración que han contribuido a un ahorro anual estimado de 700 000 toneladas de carbón, lo que supone un ahorro considerable. 
Están preocupados por el umbral de 50 MW para cumplir las condiciones para acceder a la financiación. 
Quieren que se suprima este umbral por constituir una distorsión o posible distorsión de las decisiones de inversión. 
Se muestran muy interesados en que los criterios para acceder a la financiación se basen en el ahorro de energía primaria y- un aspecto que todavía no se ha mencionado- desean que la Directiva reconozca y recompense las ventajas de utilizar calor y combustibles residuales. 
Estos pueden proceder de una gran variedad de fuentes. 
Quisiera plantear dos aspectos que me preocupan. 
En primer lugar, no debemos perder de vista los objetivos de esta Directiva ante semejante maremagnum de detalles técnicos. 
Ha habido colegas que se han referido a la complejidades que hemos estado tratando en comisión y, a veces, no se ha visto claro cuál sería el resultado. 
Recordemos que lo que buscamos es ahorrar energía primaria. 
Me preocupa el potencial de requisitos administrativos demasiado sofisticados: hay demasiadas instancias involucradas en los procedimientos de certificación y de concesión. 
Siempre se corre el riesgo de que se apague la iniciativa con demasiada burocracia. 
Sin embargo, quisiera recomendar a todos y apoyar esta propuesta. 
Esperamos obtener un buen resultado en la votación de mañana con la cooperación que hemos visto hasta ahora. 
. (ES) Señor Presidente, quiero agradecer a todos los ponentes su intervención y decirles que coincido con todos ellos. 
Lo que estamos haciendo es plantear a lo largo de todos estos años una mayor eficiencia energética, un mejor ahorro y utilización de la energía, y todo ello al servicio de un desarrollo duradero, lo que significa no sólo garantizar la competitividad y la calidad del servicio para los usuarios, sino también respetar el medio ambiente. 
Pero creo que todas sus Señorías estarán de acuerdo en que lo que no podemos, bajo la tapadera de "cogeneración", es permitir que al final se produzca un sistema donde se consume más energía de la que se consumiría de manera separada en el conjunto del proceso y además se beneficia de unas ayudas que, al final, las pagan los usuarios, el contribuyente- hay distintas posibilidades- o sencillamente los clientes de la red, provocando no sólo una mala utilización energética, un mayor consumo de energía sino, además, unas distorsiones de la competencia y una falta de competitividad de todo el sistema que creo que no benefician a nadie. 
Lo que se pretende es apoyar la cogeneración real y evitar que haya subterfugios que, so pretexto de realizar una actividad de cogeneración, lleven a cabo otro tipo de actividad. 
Insisto en dar las gracias al ponente. 
Varias de sus Señorías se han referido a las discusiones complejas y difíciles. 
Entiendo que hay bastantes aspectos que encierra una complejidad técnica importante y, por lo tanto, quiero reiterar de nuevo mi agradecimiento por el esfuerzo y la calidad del trabajo realizados, al margen de que la Comisión no pueda aceptar algunos de los elementos planteados. 
De las 85 enmiendas que quedan, la gran mayoría pueden ser aceptadas en su totalidad o parcialmente o mediante una reelaboración. 
Sin embargo, hay 28 que rechazamos totalmente. 
Les facilitaré a sus Señorías una copia completa, señor Presidente, para que no haya ninguna duda 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, ante todo quisiera agradecer la cooperación con que he contado para la elaboración de este informe, no solo por parte de la Comisión, sino también de mis colegas de la comisión parlamentaria, en la que hemos colaborado de forma extraordinaria para plantear enmiendas de transacción. 
Esto ha reforzado el informe redundando en interés del sector y de quienes participan en él. 
Hemos de tener en cuenta que este informe surgió, en gran medida, a raíz del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001. 
En cierto modo, es un intento de restituir la confianza en el mercado de los seguros en la Unión Europea. 
Esperemos que esta confianza volverá. 
He de decir de entrada que esto no supone necesariamente un problema fundamental para lo que podríamos llamar las «grandes líneas aéreas» , es decir, compañías aéreas como Lufthansa, Air France, British Airways y otras grandes empresas. 
Esto no les plantea ningún problema. 
Serán las pequeñas compañías regionales las que se verán más afectadas, y de hecho no solo ellas, sino también las escuelas de aviación y las personas que viajan en sus propios pequeños aviones, etc. Estas son las que en gran medida pueden sentir que se encuentran ante el mayor problema. 
Les podría suponer un coste añadido. 
Tal como ya he dicho, he intentado llegar a un consenso en torno a las enmiendas de transacción que sugerimos en comisión. 
Creo que lo hemos conseguido. 
Estas categorías permiten una mayor flexibilidad y estabilidad en el sector aeronáutico de aparatos de pequeño tamaño. 
También debemos tener en cuenta la ayuda considerable que se otorga a este sector en los Estados Unidos. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha sido un gran defensor de su industria, en particular desde el 11 de septiembre, y continúa siéndolo. 
No debemos permitir que nuestra industria en la Unión Europea cargue sobre sus operadores cualquier desventaja añadida. 
Al ceñirnos a las cifras de la Convención de Montreal y de la CEAC, espero que hayamos podido presentar un informe equilibrado que ojalá llegue a buen puerto. 
Todavía quedan algunas cuestiones preocupantes. 
Han sido tema de debate en comisión. 
La Sra. Foster presentó un par de enmiendas. 
Le preocupa el sobrevuelo del espacio aéreo de la Unión Europea. Es un aspecto que está bien que lo siga desarrollando. 
Debemos entender qué significa y cómo se va a controlar. 
La otra cuestión que debemos tratar realmente entre la primera y la segunda lectura- y pido a la Comisión que la tenga en cuenta- es la de una evaluación de impacto, otra cuestión que ha sido planteada en comisión. 
Retomaremos este punto en una etapa posterior. 
Hemos de conocer el coste y el efecto, los perjuicios o las ventajas que tendrá para aquellas personas que vuelan, ya sea como pasatiempo, por motivos laborales o por cualquier otra razón. 
Debemos estar dispuestos a dedicar tiempo a esta evaluación. 
A la Unión Europea no le conviene dictar leyes que pudieran poner en desventaja a las personas y hacer que la Unión Europea aparezca como una aguafiestas. 
Sin duda, no es esta mi intención. 
Seguiré defendiendo a los más vulnerables en este terreno- los pequeños operadores y las personas que disfrutan volando como deporte. 
En comisión me he reunido con muchas partes interesadas del sector. 
También me he reunido con las compañías de seguros. 
Es sorprendente que en la Unión Europea solo haya dos o tres compañías o personas que presten servicios de seguros para aviones. 
Existe muy poca competencia en este sector. 
Está bien que fomentemos la competencia, pero el calendario, los componentes y los fundamentos deben ser adecuados. 
Debemos asegurarnos de que tenemos una propuesta que estimule a otros para que participen en este sector y exista más competencia. 
Está bien que fomentemos y nos preparemos para cumplir estas condiciones. 
Ojalá que en breve seamos capaces de volver a un mercado más estable. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, muy brevemente quiero decirles que las normas comunitarias vigentes requieren simplemente que las compañías aéreas estén aseguradas, pero no fijan ningún criterio, condición o cantidad que tengan que respetar las autoridades otorgantes de los Estados de la Unión. 
Resultaba por lo tanto necesario aclarar esta situación, especialmente tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001. 
Como muy bien ha dicho el ponente, se trata de devolver la confianza y de facilitar, incluso a las pequeñas compañías, la posibilidad de tener una cobertura de seguros suficiente. 
Por lo tanto, el objetivo de la Comisión es el de velar por que todas las aeronaves que vuelan con destino a Europa estén siempre aseguradas contra diversos riesgos, incluidos los de la guerra o el terrorismo. 
Quiero agradecer al ponente, Sr. Nicholson, su trabajo constructivo, al que ha dotado de un planteamiento más equilibrado, sobre todo respecto a las cuestiones de seguro para cubrir daños a terceros. 
La Comisión tiene mucho interés en que esta propuesta se adopte rápidamente y seguirá observando el mercado de los seguros aéreos para asegurarse de que la situación actual excluye cualquier riesgo de falta de cobertura suficiente. 
Pero quiero decirle a su Señoría que, en cuanto al informe de impacto, la realidad es que antes de preparar esta propuesta, la Comisión recabó diversa información sobre la cuestión de las condiciones de aseguramiento aplicables en los distintos Estados de la Unión a través de la Conferencia Europea de Aviación Civil y de terceros países, incluyendo también todo lo relativo a los seguros asociados a los contratos de leasing, de alquiler de aviones, la Comisión ha estado siguiendo de manera muy activa el desarrollo del mercado de seguros, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. 
Primero a nivel europeo para, al final, terminar con las condiciones especiales que permitían la cobertura de cierto tipo de riesgos por el sector público, pero también a través de la Organización Internacional de Aviación Civil, que es donde entendemos que se debe afrontar este tipo de cuestiones de manera fundamental. 
La propuesta que hoy están discutiendo sus Señorías resulta, además, de las diversas discusiones que se produjeron en un grupo especial, creado precisamente para discutir los problemas de los seguros después de los acontecimientos trágicos de septiembre. 
En dicho grupo especial estaban representadas las industrias aseguradoras y las industrias aéreas. 
Por fin, quiero decirle que, tras la introducción de condiciones especiales que han estado funcionando durante un cierto tiempo después del 11 de septiembre de 2001 (hasta que entendimos que el mercado había recuperado la capacidad suficiente para cubrir todos los riesgos a unos precios razonables) , la Comisión ha llevado a cabo un seguimiento de las medidas de apoyo y de las tarifas aplicadas en los distintos Estados de la Unión, lo que nos ha permitido conocer de primera mano y de manera directa la realidad de los seguros aéreos en los distintos países de la Unión. 
Por lo tanto, en ese sentido, Señorías, señor Presidente, señor Nicholson, entendimos que no hacían falta mayores estudios de impacto, por cuanto disponíamos de una información más que sobrada para desarrollar esta propuesta. 
. (ES) Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión Europea, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por este informe, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por haber aceptado la mayoría de las enmiendas que esta Comisión había planteado en su opinión. 
Gracias también a todos los miembros de la Comisión de Transportes por aceptar una serie de puntos de vista que la Comisión de Asuntos Jurídicos entendía que eran importantes porque podían mejorar el informe que elaboraba el Parlamento. 
En segundo lugar, señora Vicepresidenta, permítame que le exprese también la enhorabuena que ya hemos hecho extensible en otras ocasiones y en otros informes, diversos y variados, puesto que, una vez más, usted ha abordado un tema complicado, conflictivo, que puede levantar ampollas en algunos sectores y grupos afectados, y ha planteado una propuesta valiente y que, en algunos casos, como usted ve, nosotros rectificamos en algún momento a la baja, aunque en otros aspectos planteamos, si quiere, una matización y cierto endurecimiento en la propuesta. 
Hay que reconocer su trabajo y su voluntad de resolver cuestiones para que los ciudadanos europeos estén mucho mejor cubiertos, para que ganen confianza en el ámbito del transporte aéreo. 
Asimismo, esta línea de confianza, de seguridad, de responsabilidad en la normativa en materia de transporte aéreo, debería extenderse a otras materias de transporte donde usted también ha planteado propuestas y donde no estamos al mismo nivel en cuanto al mercado interior y a la liberalización. 
Estamos ante una propuesta valiente, por parte de la Comisión y por parte del ponente y de la Comisión de Transportes, en donde se da un salto cualitativo en materia de seguros. 
Efectivamente, como bien han indicado tanto el ponente como usted, estamos intentando dar confianza a los ciudadanos, a los usuarios, y estamos haciendo por un lado competitivo nuestro transporte aéreo, pero a la vez estableciendo una serie de normas que marcan cuál es el camino a seguir por las compañías y que marcan también cuál es el camino a seguir por otros Estados. 
No debe temblarnos el pulso bajo ninguno de estos conceptos. 
Creo que estamos en la buena línea y que esa es la línea que hemos de seguir. 
Hemos de mejorar los textos, hemos de plantear ideas innovadoras como es el caso y ahí siempre nos encontrará, señora Vicepresidenta. 
Espero que en la votación el Parlamento ratifique la propuesta de la Comisión de Transportes, que creo que puede ser aceptada por la Comisión y que el Consejo sea capaz de seguirnos y no nos encontremos como otras veces, en que algunos temas, al final, se han quedado un poco en la cola y luego todos nos hemos arrepentido y nos hemos visto obligados a resolverlos apresuradamente. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Nicholson por su labor como ponente. 
Pienso que el informe resulta aceptable para la gran mayoría de los diputados al Parlamento Europeo, y debemos, naturalmente, dar las gracias también al Sr. Ripoll por su labor como ponente de opinión. 
Huelga decir que la presente Directiva resulta útil, sobre todo a raíz de todo lo sucedido tras el ataque terrorista sufrido por los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y de los trastornos en el mercado de los seguros. 
Asimismo, es evidente que se debe ofrecer una cobertura total en todas las categorías. De este modo, los ciudadanos europeos verán que la Unión es un organismo que cuida de todos y cada uno de ellos, que no toma una postura corta de miras sobre algunos intereses empresariales y que se preocupa por que cualquier persona que reclame al seguro tras un accidente aéreo reciba una indemnización. 
Creo que esta propuesta de Directiva introduce algunos avances al respecto. 
Por lo que respecta a nuestra comisión, saben que hemos aprobado diversas enmiendas para armonizar los requisitos de seguro con los acuerdos introducidos por la CEAC. 
Opino que debemos permanecer en estos niveles, para garantizar la armonización entre la Unión Europea y los países europeos que aún no forman parte de ella, así como la existencia de reglamentos unificados en el ámbito europeo. 
No obstante, no debemos ir más allá, porque es preciso que nuestros ciudadanos tengan una sensación de seguridad. 
Tal y como ha dicho el Sr. Nicholson, algunos ámbitos son objeto de preocupación, y creo que varios diputados desean incluso evaluar la repercusión sobre las compañías aéreas. 
La Comisaria ha hecho una referencia al respecto, y me parece que ha sido clara. 
Espero, señora Comisaria, que la información que ha facilitado sea correcta, para evitar las repercusiones sobre las líneas aéreas temidas por la Sra. Foster. Para terminar, quisiera aclarar, en nombre de mi Grupo, que nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, vamos a apoyar las enmiendas aprobadas en comisión. 
No vamos a aceptar las demás enmiendas, ya que consideramos que el texto aprobado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo es extraordinariamente equilibrado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos fijando los requisitos mínimos de aseguramiento que deben cumplir las compañías y operadores aéreos que sobrevuelan nuestro espacio o prestan servicios con destino o procedencia en la Unión Europea, a fin de garantizar su responsabilidad por los posibles daños que se causaren a pasajeros, equipaje, carga, correo o terceros. 
Para buen fin de tan loable objetivo, no debemos permitir que el Reglamento que aprobamos pueda contener definiciones imprecisas y conceptos confusos, ya que ello podría dar lugar a situaciones de indefensión o de falta de amparo, tanto para el consumidor usuario del servicio aéreo, como para terceros perjudicados, en caso de incidentes. 
Por ello, nosotros proponemos varias enmiendas, de cara a la mejor definición en el texto reglamentario de los términos "pasajero", "seguro" y "vuelo", la indemnización a terceros, en su caso, y también defendemos la inclusión entre los riesgos asegurados de otras contingencias, accidentes e incidentes fortuitos, además de los riesgos derivados de actos de guerra, terrorismo, secuestro, sabotaje, apoderamiento ilícito de aeronaves y disturbios sociales o laborales. 
Asimismo planteamos que, para las compañías y operadores aéreos matriculados en un tercer país, es decir, fuera de la Unión Europea, puedan darse también por cumplidos los requisitos de esta normativa de la que hablamos, siempre que proporcionen un certificado de seguro, emitido en las debidas condiciones reglamentarias por cualquier asegurador que estuviera autorizado a ejercer legalmente, con arreglo al Derecho comunitario. 
Igualmente, proponemos que, en todos los supuestos de aeronaves explotadas en régimen de arrendamiento, con o sin tripulación, y cualquiera que sea el plazo de éste, sean siempre las compañías u operadores que efectúen los vuelos quienes deban cumplir los requisitos mínimos del seguro. 
Finalmente, pedimos que la Comisión tome una iniciativa para armonizar la legislación relativa al aseguramiento de los riesgos en todas las terminales aeroportuarias de la Unión, de modo que no nos quedemos solamente en la cobertura de los posibles daños sufridos durante los vuelos, sino también durante todo el resto del tiempo que los usuarios permanecemos en la cadena prestadora del servicio de transporte aéreo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los graves accidentes ocurridos recientemente y sus secuelas nos han enseñado que la responsabilidad de los transportistas frente a terceros no está legislada de forma óptima. Por este motivo, no quiero en absoluto negar la necesidad de esta propuesta de Reglamento. 
Sin embargo, cuando se introduce una medida de este tipo es importante imponer los mismos requisitos a todas las compañías aéreas, sean o no transportistas de la UE. 
Al fin y al cabo, la eficacia de la medida se vería muy limitada si este Reglamento se aplicara sólo a los transportistas de la UE. 
Además, eso tendría un efecto perturbador en las ya de por sí delicadas relaciones en el sector de la aviación. 
Otro aspecto muy afectado por el contexto internacional es la cuantía de los importes asegurados. 
Las relaciones dentro del sector se enturbiarían si fijáramos unos importes considerablemente más altos que los que se han acordado en la comunidad aérea internacional 
Al margen de mi apoyo a esta propuesta, quiero hacer un llamamiento al Consejo y a la Comisión. 
En vista del malestar existente en el sector de la aviación, quiero instar al Consejo y a la Comisión a que adopten una actitud constructiva frente al sector de la aviación. 
Como resultado de una serie de crisis, parece haber surgido una situación de yoyó que pone en grave peligro la viabilidad de las compañías aéreas tanto dentro como fuera de Europa. 
Considerando la contribución de este sector al desarrollo de la Comunidad, lo mínimo que puede esperarse es una estrategia de apoyo al sector. 
Esto significa que puedo dar mi apoyo al informe, y al ponente mi gratitud. 
Sin embargo, quiero advertir que las circunstancias exigen una cuidadosa introducción del mismo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como han afirmado ya todos los oradores que me han precedido, el Sr. Nicholson ha hecho un trabajo realmente excelente, consiguiendo que gran parte de la Comisión- cuando no su totalidad- aceptara las enmiendas de transacción por él presentadas, que son muy útiles y necesarias. 
Señora Comisaria, estamos absolutamente de acuerdo con la Comisión en la necesidad y la utilidad de esta disposición; otros, antes que yo, han explicado ya los motivos. 
Tenemos que ofrecer garantías cada vez mayores a los consumidores y a los usuarios del transporte aéreo y, como ya se ha dicho, tenemos que conseguir gradualmente una situación en la que el sector esté regulado y los derechos protegidos en este campo, a fin de garantizarle las mismas posibilidades de desarrollo y recuperar la confianza de los consumidores. 
Pero también es cierto, señora Comisaria- y lamento tener que decir que no parece que sea nada nuevo- que, si bien usted tomó una dirección acertada y eficaz en lo que respecta al transporte aéreo, los servicios competentes de la Comisión adoptaron después- y no es la primera vez- un enfoque demasiado rígido en los detalles. 
Como sabe, soy ponente de la disposición relativa al overbooking y puedo decir que ya nos encontramos con ella la misma rigidez que hoy observamos en el terreno de los seguros. 
¿Qué entiendo por rigidez? 
Entiendo un enfoque demasiado simplista, que no tiene en cuenta, precisamente, los dos factores fundamentales antes mencionados. 
En primer lugar, la existencia de diferentes tipos de transporte aéreo: una cosa son las grandes compañías aéreas, otra las compañías aéreas regionales, y otra muy distinta- como en este caso- los operadores privados. El segundo elemento al que no se presta suficiente atención es el delicado momento que está atravesando el sector, no tanto por dificultades económicas coyunturales- el 11 de septiembre, Oriente Medio, la guerra en el Iraq, ahora el SARS que, como sabe, señora Comisaria, ha provocado ya el doble de daños, en términos de tráfico aéreo, que los ocasionados por el Iraq -, como por el hecho de que, ante esas dificultades económicas, las compañías aéreas norteamericanas están recibiendo un apoyo casi total y absoluto por parte del Gobierno estadounidense, mientras nosotros dejamos que la mayoría de nuestras compañías afronten solas las demandas que les imponemos y los cambios que les exigimos, por muy necesarios que sean. 
En conclusión, era necesario que se presentase una buena propuesta de Reglamento, pero creo que, también esta vez, sin la sabia intervención del Parlamento, posiblemente no se habría conseguido el buen resultado que hoy podemos adoptar y ratificar. 
Señor Presidente, me alegra que el ponente haya consultado a las partes interesadas en este asunto, aunque quiero destacar que no especifica de quién se trata. 
En mi febril imaginación, siempre equiparo a las partes interesadas con el Conde Drácula. 
Sin embargo, en este contexto considero que mis propias partes interesadas son mi electorado. 
Se me envió a este Parlamento para esforzarme en lo posible por detener el avance de la reglamentación de la UE o mitigar su efecto. 
En cuanto a esta legislación, observo que la propuesta se ajusta a las disposiciones de las Convenciones de Montreal y Varsovia. 
¡Sin embargo, los signatarios de estas Convenciones son los Estados miembros, no la Unión Europea! 
Por consiguiente, aunque, evidentemente, voy a respaldar la idea de racionalizar el seguro de la aviación, no puedo aceptar las tentativas de la Comisión de superponer una dimensión europea sobre lo que debería ser un asunto de los Estados nacionales. 
Dado que soy parte interesada, voy a hacer lo único que puedo hacer en esta Asamblea: clavar mi propio interés en el corazón de esta propuesta y votar en contra. 
Señor Presidente, ante todo quisiera agradecer a mi colega, el Sr. Nicholson, toda la ardua labor que ha realizado, y decir que voy a respaldar plenamente su petición y las de otros diputados de que la Comisión lleve a cabo una evaluación de impacto económico-financiero antes de la segunda lectura. 
Asimismo, me hago eco de las observaciones realizadas por el Sr. Lisi y otros diputados sobre el estado del sector en estos momentos. 
Huelga decir que ninguno de nosotros supone que las compañías aéreas funcionan sin los niveles adecuados de cobertura de seguro y nada indica que las compañías aéreas lo hayan hecho así alguna vez. 
Sin embargo, el proyecto de propuesta no ha tomado en cuenta el impacto financiero sobre la industria europea de la aviación. 
Las compañías aéreas ya han tenido que soportar un aumento del 300% de sus primas de seguro tras los sucesos del 11 de septiembre. 
En particular, la propuesta no se digna considerar los efectos financieros que pueden tener en las compañías regionales, el sector de la aviación general y las escuelas de aviación. 
Asimismo, el Gobierno del Reino Unido ya ha previsto que los costes adicionales para su sector serán de 50 millones de libras esterlinas, un hecho que la Comisión se obstina en ignorar. 
Mi segundo comentario tiene que ver con los niveles de cobertura de seguro propuestos y he respaldado plenamente el compromiso de los distintos partidos que una abrumadora mayoría votó favorablemente y que se ajustaba más a las especificaciones de la CEAC. 
En tercer lugar, todavía no hemos recibido una respuesta satisfactoria respecto a la aplicación práctica de esta legislación sobre la cuestión del sobrevuelo. 
Se ha llegado a acuerdos de tránsito amplios en todo el mundo durante los últimos 60 años y, por lo tanto, es imprescindible que toda la información adicional necesaria se procese sin cortapisas. 
La sugerencia de que esta información pudiera ser presentada con el plan de vuelo me parece que carece de todo sentido práctico y no responde a la importante cuestión de una aeronave que se desvíe hacia el espacio aéreo europeo en circunstancias imprevistas o inevitables. 
Mi último comentario se refiere a la cobertura de daños a terceros por actos de guerra o terrorismo. 
La Comisión sugiere con insistencia que esta legislación abrirá el mercado de los seguros que, actualmente, es un proveedor prácticamente monopolista. 
Sin embargo, no hemos visto ninguna prueba detallada que lo apoye, contrariamente a lo que ha declarado la Comisaria. 
Según los expertos, no existen productos de esta naturaleza disponibles para las compañías aéreas internacionales y no es probable que salga a la luz ninguno de ellos. 
En resumen, pido que la Comisión no solo informe a nuestra comisión parlamentaria sobre los resultados de la evaluación de impacto económico, sino que también responsa satisfactoriamente a los dos puntos adicionales que he planteado sobre el sobrevuelo y la cobertura de los seguros antes de la segunda lectura. 
Con demasiada frecuencia, la Comisión pasa por alto estas peticiones de información de nuestros miembros de la comisión parlamentaria y ya no se nos va a ignorar más. 
Por último, destacaré que esta Asamblea no debe aprobar ninguna legislación que no se pueda cumplir. 
. 
(ES) Señor Presidente, agradezco al ponente y a todos los oradores sus palabras y sus planteamientos. 
Quiero señalar que, de las 31 enmiendas planteadas por el Parlamento, hay 20 que se pueden aceptar, total o parcialmente, porque suponen mejoras o aclaraciones del texto y, concretamente, las referidas a la entrega de pruebas del seguro o las relativas al sobrevuelo y la referida, por ejemplo, a las aeronaves de terceros países. 
De esas 20 que se pueden aceptar, 15 lo son en su literalidad y 5 con unas modificaciones adecuadas. 
Señorías, tengo que señalar, sin embargo, que hay 10 que no puedo aceptar por las razones que voy a exponer a continuación. 
Por ejemplo, la enmienda 9, sobre las garantías del Estado, porque no se ajustaría a nuestro planteamiento sobre las ayudas estatales y distorsionaría claramente la competencia, o la enmienda 12, sobre la validez del seguro, que no es viable jurídicamente porque podría cancelarse el seguro durante un vuelo después de que sucedieran hechos como los acaecidos el 11 de septiembre y, por lo tanto, su aplicación sería imposible de garantizar. 
Las enmiendas 13 y 15, sobre definición de arrendamientos a corto plazo, porque entran en el ámbito de aplicación de otras normas que en este momento no están siendo objeto de revisión. 
La enmienda 18, que describe detalladamente las dudas sobre la eficacia de la cobertura, porque resulta demasiado preceptiva. 
La enmienda 25, que amplía la definición del asegurador, porque discriminaría indebidamente a aseguradores de terceros países e infringiría las obligaciones internacionales de la Comunidad en cuanto a servicios financieros. 
Las enmiendas 26 y 28, que amplían la aplicación de la responsabilidad civil y de pasajeros a los operadores aéreos, porque podrían plantear dificultades de interpretación jurídica y, en una cuestión de estas características, como muy bien ha sido señalado por el Sr. Ortuondo, es esencial que tengamos la mayor claridad, para evitar interpretaciones contradictorias. 
La enmienda 27, porque introduce bandas máximas en lugar de importes de seguros mínimos. 
La enmienda 29, en la que se insta a la Comisión a armonizar la legislación sobre seguros en los aeropuertos, porque no se ha aprobado la necesidad de requisitos de seguro obligatorio que cubra daños a terceros. 
Y la enmienda 30 no puede aceptarse porque la persona responsable, a menudo, no es la persona sujeta a la obligatoriedad del seguro. 
Quiero señalar que estamos hablando de unos umbrales inferiores a lo que plantea en este momento el mercado y decir que, desde el 9 de septiembre de 2001, los costes de los seguros han venido bajando de manera regular, aunque es verdad- y en eso tenía razón el Sr. Nicholson- que el problema lo plantean las pequeñas compañías, con las que hay una negociación caso por caso. 
El Sr. Vermeer hablaba de la cuestión de los open skies. 
Efectivamente, detrás de todo esto hay también problemas relacionados con la competencia leal, sobre todo en grandes rutas donde compiten las compañías europeas y americanas y de otros terceros países. 
Su Señoría sabe muy bien que la Comisión está tratando de conseguir un mandato de negociación con Estados Unidos y con los otros países terceros, que permita a la vez mantener el margen de flexibilidad necesario para los países a la hora de negociar nuevos acuerdos con terceros países, que no siempre son de interés comunitario en su totalidad, que sólo afectan o interesan a algunos países concretos por razones especiales, pero a la vez mantener el ámbito comunitario como responsable y detentador de la capacidad de la negociación en última instancia. 
Quiero decir a sus Señorías que, por parte de Estados Unidos, por ejemplo, se ha mostrado claramente la disponibilidad a iniciar esas negociaciones en los próximos meses, si tuviéramos un mandato en ese sentido por parte de la Comisión. 
Quisiera señalar también, en cuanto a los vuelos, que la Convención de Chicago de 1944 y el Acuerdo de Tránsito de 1994, en su artículo 5, permite explícitamente que se puedan imponer condiciones para sobrevuelos, no sólo en cuanto a pagos de ciertos tipos de cargas, sino también en cuanto a la obligatoriedad de cierto tipo de seguros. 
Por lo tanto, estos convenios internacionales permiten claramente la cobertura de los sobrevuelos. 
En cuanto a la cuestión del estudio de impacto- y con esto concluyo, señor Presidente -, hemos encargado un estudio de impacto respecto a los países terceros. 
Estamos trabajando en ello en este momento. 
Respecto a las compañías europeas, consideramos que ya tenemos la experiencia y el conocimiento necesarios. 
De todas formas, espero que, a lo largo de los próximos debates podamos ir aproximando posiciones con sus Señorías y obtener un resultado que clarifique y que establezca el nivel adecuado de garantías para todo el mundo y que devuelva y aumente la confianza en este tipo de transporte, que es lo que buscamos todos. 
-Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea del 27 de mayo de 2003. 
. 
(ES) Señor Presidente, es para mí una satisfacción tomar hoy la palabra en nombre de mi compañero, el Comisario Sr. Busquin, y en nombre de la Comisión. 
Quisiera empezar felicitando al Parlamento Europeo por sus iniciativas con el fin de llamar la atención de los Estados de la Unión, que son- recordémoslo- los protagonistas europeos en el sector espacial, pero llamando la atención de dichos Estados sobre la necesidad de tomar decisiones valientes e importantes en un sector que está en crisis, como es el sector- en este momento- del espacio. 
El amplio debate suscitado por el Libro Verde de la Comisión sobre la política espacial europea pone de relieve varios puntos. 
Citaré, en primer lugar, la necesidad de proceder a una reestructuración del sector de los lanzadores para garantizar a Europa el acceso al espacio. 
En segundo lugar, deseo- y toda la Comisión conmigo- reafirmar la urgencia que consiga un acuerdo en el seno de la Agencia Espacial Europea sobre Galileo. 
Quiero decirles, Señorías, que me parece esencial que haya cuanto antes un acuerdo en el seno de la Agencia Espacial Europea, que ya estamos esperando desde hace demasiado tiempo. 
Primero fueron unos países, ahora son otros. 
En cualquier caso, en el ámbito comunitario, nos hemos puestos de acuerdo hace ya un año largo durante la Presidencia española. 
En este momento, lamentablemente, sigue sin alcanzarse el acuerdo en la Agencia Espacial donde les recuerdo a sus Señorías que funciona el sistema intergubernamental. 
Deseo recordar, respecto al asunto Galileo, que es uno de los grandes proyectos esenciales para mantener nuestro sector espacial, que, además, si no ponemos en marcha rapidísimamente la empresa común que debe llevar a adelante este proyecto corremos el riesgo de tener dificultades a la hora de seguir manteniendo la adjudicación de frecuencias que conseguimos superando todo tipo de obstáculos en el año 2000. 
Por lo tanto, deseo una vez más insistir en el interés europeo, en la necesidad de que se llegue cuanto antes a un acuerdo sobre este punto, y en que se superen divergencias nacionales. 
Finalmente, la Comisión apoya los trabajos del convenio encaminados a inscribir el espacio como competencia compartida en el futuro del Tratado de la Unión. 
Las primeras orientaciones que resultan del proceso de consulta del Libro Verde convergen en favor de la definición de una política espacial para la Unión Europea, así como la aplicación de ésta gracias a un programa espacial ambicioso. 
Quiero, sin embargo, Señorías, antes de terminar, decir que la existencia de una política común al menos en el sector de la defensa, al menos en el sector del armamento, facilitaría enormemente también los trabajos y la actividad en el sector espacial. 
Sabemos, Señorías, que los grandes apoyos a este sector provienen, en nuestros competidores más directos, precisamente de esa fuente de financiación. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la señora Comisaria tanto el tiempo que ha dedicado a esta iniciativa como sus comentarios de fondo, que confirman la intención de la Comisión de elaborar una estrategia coherente con la prevista en el Libro verde sobre política espacial y con las iniciativas relacionadas con el proyecto común Galileo. 
Esta propuesta de resolución obedece a una preocupación creciente: cuando debatamos el Libro verde con vistas a elaborar un Libro blanco- es decir, una propuesta de la Comisión más orgánica -, no queremos encontrarnos en una situación tal que nuestros objetivos se vean amenazados por la profunda crisis que atraviesa el sector espacial europeo y, en particular, la nueva versión de Ariane; tampoco queremos- y creo que esto también preocupa a la Comisión- que la situación de punto muerto en que se encuentra el proyecto Galileo llegue a perjudicar un proyecto muy ambicioso que ha exigido una extraordinaria cooperación por parte de toda la industria europea. 
Estamos convencidos de que el espacio es un sector estratégico para Europa y que esta decisión, que se concreta en la creación de la Agencia Espacial Europea, debe confirmarse y potenciarse. 
La Agencia Espacial es un activo que no debe desperdiciarse y no es casualidad que se cite también en el reciente plan de acción para promover la investigación como una de las plataformas tecnológicas que han de tenerse en cuenta si queremos responder a las exigencias de competitividad de la economía europea. 
Actualmente, el sector espacial atraviesa un período de crisis. 
Pero tenemos que recordar que, si bien ha dispuesto de muchos menos recursos que la industria paralela de los Estados Unidos, ha sabido conquistar una cuota de mercado importante y ha sabido competir también en campos en los que operaba en paralelo a la iniciativa de los Estados Unidos, reduciendo la dependencia tecnológica que tenía Europa de ese país en sectores de la industria en los que ambos eran activos, pero encontrando al mismo tiempo el modo de colaborar positivamente con la industria norteamericana. 
Consideramos necesario confirmar esta presencia, esta iniciativa, y tengo la impresión de que la respuesta de la Comisión- aunque sea en un debate, como he dicho, imprevisto, motivado por la preocupación de no encontrarnos en una situación comprometida, y en espera de una valoración más orgánica y global- va en la misma dirección. 
Tenemos que reconocer que el desarrollo del sector espacial es muy importante para conseguir que la economía basada en el conocimiento sea una realidad práctica; que la financiación pública y la coordinación de las políticas de defensa son esenciales y que las inversiones privadas pueden ser un complemento, pero solo en algunos eslabones de la cadena de valor del sector espacial. 
Esperamos que estas reflexiones, que están en sintonía con la Comisión, sean escuchadas por el Consejo cuando se reúna el 27 de mayo para tomar decisiones. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias a la Sra. de Palacio por su intervención este lunes por la tarde, al iniciar una sesión del Parlamento sobre una cuestión de mucha actualidad. En realidad, nuestra intervención no se dirige tanto al Comisario Busquin o a la propia Sra. de Palacio como a la conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea, prevista para dentro de unos días. 
Esperamos mucho de ella. 
Creo que hay que decir que se trata de una iniciativa de actualidad. 
No pretende sustituir a los informes ni al debate sobre el Libro verde o al debate sobre Galileo. 
Sencillamente, hemos tomado conciencia, en el transcurso de las distintas reuniones, de que el sector espacial europeo atraviesa por un momento muy delicado- quizás más delicado de lo que pensábamos -, debido a los problemas de Arianespace que afectan no sólo a las lanzaderas, sino a toda la industria de los satélites. 
Por consiguiente, están en juego las capacidades y conocimientos que hemos adquirido y que son sumamente valiosos en un momento en el que están apareciendo nuevas potencias espaciales en el mundo, en un momento en el que observamos que los estudios de mercado realizados en el decenio de 1990 han dejado de trasladarse a la práctica, especialmente en el campo de las constelaciones de satélites. 
Tenemos, por tanto, que examinar lo que Europa está haciendo, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto europeo. 
En efecto, los franceses están especialmente preocupados, porque fueron ellos los que emprendieron la conquista del espacio hace algunos años, pero hoy en día, un país por sí solo no está en condiciones de mantener su capacidad espacial a escala mundial. 
Hoy, por tanto, señora Comisaria, no estoy hablando como francés, sino como un europeo que desea que pensemos en Airbus y el importante logro que supuso. 
Debemos dejar esto claro a los que digan que si el sector espacial europeo no está a la altura, comprarán en otra parte. 
Nosotros también podríamos haber comprado aviones en otro lugar. 
Pero lamentablemente, eso habría comprometido las capacidades, tecnologías y conocimientos europeos, y sobre todo, las aplicaciones civiles en todos los ámbitos, como la medicina, la informática y la aeronáutica. 
Se trata, pues, de un proyecto estratégico, no solo en el sentido militar, sino también en términos de lo que constituye el activo más valioso de Europa: su progreso tecnológico. 
En la medida de lo posible, deseamos que transmita a los Estados miembros, que también pertenecen a la AEE, nuestro deseo de poner en marcha un plan urgente para la reestructuración del sector de las lanzaderas, así como nuestro deseo de que se resuelva la crisis de Galileo. 
Usted ha hecho de sobra sus deberes en este campo. 
Por primera vez, Europa está transmitiendo un mensaje claro y ha puesto en marcha un programa espacial. Sabemos que los programas son imprescindibles, pero sabemos también que la AEE está sufriendo una crisis tras otra. 
Señora Comisaria, es muy importante, por un lado, que se logre superar esta crisis en la próxima conferencia ministerial de la AEE y, por otro lado, si no se supera, que pidamos a la Comisión que se ocupe seriamente de la cuestión. 
Sé que es complicado y que, sobre todo Alemania y Francia, no siempre ponen las cosas fáciles por lo que respecta al nombramiento de un director ejecutivo. 
Me gustaría que terminaran las pequeñas escaramuzas en este campo. 
Ahora bien, le pedimos a la Comisión que corrija los defectos de la AEE, si es que los tiene. 
Por último, queremos enviar un mensaje a la Convención sobre el Futuro de Europa para que el espacio se convierta, el día de mañana, en una competencia compartida, porque una vez más creemos que así se mantendría su carácter estratégico. 
Señor Presidente, efectivamente nos encontramos en una situación muy particular, y me alegro de que se esté celebrando este debate esta tarde aunque, por desgracia, con escasa asistencia en el Hemiciclo. 
Ante la competencia internacional que ha surgido en el campo de las lanzaderas y las graves dificultades de financiación, la industria espacial europea atraviesa una crisis muy grave y sin precedentes, por lo que necesitamos urgentemente superar esta situación, que pone en peligro la misma supervivencia de Arianespace, y encontrar soluciones. 
Quisiera insistir en el hecho de que el acceso al espacio no constituye solo una prioridad industrial: es también una necesidad para la identidad europea y para su autonomía en un campo en el que existe una gran competencia. 
El espacio significa investigación y aplicaciones civiles de gran importancia. 
A menudo, pensamos que significa la conquista del espacio pero, para mí, el espacio es, sobre todo, lo que llamamos espacio útil: telecomunicaciones, satélites de observación, medicina y prevención de catástrofes. 
Es un área de excelencia y competencia y también una importante fuente de empleo cualificado, proporcionando 35.000 puestos de trabajo directos en Europea, con un importante sector de investigación. 
Como bien pueden comprender, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de que el espacio sirva prioritariamente a objetivos pacíficos. 
Quiero unirme a otros diputados que han celebrado el hecho de que el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo haya dado prioridad al desarrollo de la política espacial europea. 
Celebro también que el futuro de la Agencia Espacial Europea figure en el orden del día de nuestro período parcial de sesiones. 
La Agencia Espacial Europea es un órgano eficaz de coordinación intergubernamental que ha contribuido al desarrollo de aplicaciones espaciales en Europa y en todo el mundo. 
Así pues, considero necesario que se formule una verdadera política espacial europea que potencie las competencias de la Unión Europea en este ámbito. 
Creo que eso no es incompatible con el mantenimiento de la autonomía de la Agencia. 
Por tanto, la Unión Europea tiene que comprometerse sinceramente con que la Agencia para que esta pueda seguir desempeñando sus funciones de coordinación y gestión de programas. 
Me gustaría incidir de nuevo en lo que otros diputados ya han dicho. 
Para establecer una política europea autónoma, tenemos que desbloquear de inmediato el proyecto Galileo y procurar- no nos cansamos de repetirlo- que los Estados miembros resuelvan sus discrepancias para llegar a un acuerdo sobre este programa y ponerlo en marcha, sin tardanza, con la reactivación de la lanzadera europea. 
No obstante, quisiera, señora Comisaria- ignoro si esto es posible -, que la Comisión realizara un estudio sobre las distorsiones de la competencia entre Ariane y las lanzaderas de otros países en el mercado comercial civil. 
Aunque comparto la preocupación y el deseo de convertir el espacio en un gran objetivo europeo y de emprender la necesaria reestructuración del sector, quisiera hacer algunas preguntas sobre la reestructuración industrial que está en proceso, ya que procedo de la zona de Toulouse. 
¿En qué condiciones se están efectuando? ¿Cuáles son sus objetivos? 
No creo que el sector espacial en Europa sufra por una competencia cada vez mayor. 
Más bien al contrario. 
Pensar así demostraría una visión a corto plazo, más que una visión ambiciosa a largo plazo. 
Creo que el verdadero objetivo para Europa tendría que ser no perder, sino seguir desarrollando las capacidades tecnológicas y humanas del sector, si lo que queremos es un sector competente, autónomo y competitivo. 
Pienso también que es importante evitar un mensaje claro al próximo Consejo de Ministros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, soy el encargado de elaborar, en nombre de la comisión competente, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el informe sobre la situación del programa Galileo y la integración en este del programa EGNOS. 
El primer debate en el seno de la comisión competente, la Comisión ITRE, tendrá lugar el 21 de mayo, y el informe se debatirá en el Pleno de noviembre. 
Permítame, habida cuenta de los problemas que usted ha recalcado, señora Comisaria, que le recuerde, en nombre de la Comisión ITRE y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el calendario del programa Galileo: otoño de 2002, puesta en marcha del proyecto común Galileo; finales de 2002, informe de la Comisión al Consejo sobre la integración de EGNOS en Galileo y el modelo de concesión; diciembre de 2002, decisión del Consejo sobre los servicios ofertados por Galileo y el plan de frecuencias de servicios; julio de 2003, Conferencia Mundial de Radiotelecomunicaciones; verano de 2003, propuesta de la Comisión al Consejo sobre la creación del futuro órgano de seguridad; otoño de 2003, informe de la Comisión al Consejo sobre la preselección de la futura empresa concesionaria; y finales de 2004, lanzamiento del primer satélite experimental. 
Si deseamos respetar este calendario, tenemos que resolver de inmediato los problemas que han llevado a la AEE a un punto muerto, por las discrepancias entre los Estados miembros respecto a la importancia que cada uno de ellos tiene en el programa. 
Es comprensible que los Estados miembros afectados quieran manifestar su opinión, pero resulta enojoso que, por un 1% o un 2% de participación, se corra el riesgo de retrasar considerablemente la puesta en marcha de este proyecto, que tiene una verdadera dimensión europea. 
Somos conscientes de la necesidad de una tecnología equivalente o superior al GPS. 
Como hemos visto con el Comisario Busquin, se han realizado importantes investigaciones para desarrollar una tecnología extraordinaria, una tecnología que será aún mejor que el GPS y que también tendrá aplicaciones fundamentales para el medio ambiente. 
Nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, creemos firmemente que el proyecto debe ser transparente, y no deseamos que se lleve a cabo precipitadamente por un posible retraso. 
Estamos plenamente convencidos de que el proyecto Galileo debe tener aplicaciones civiles, no militares. 
Más de doscientos diputados firmaron, en el mes de abril, una propuesta en contra de un retraso y a favor de acelerar la ejecución del proyecto. 
Le agradecería, señora Comisaria, que hiciera todo lo posible para avanzar en este sentido y tratar de desbloquear la situación lo antes posible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, buenas tardes. 
Señor Piétrasanta, celebro que haya hecho referencia a la enmienda que todos hemos firmado, pues viene a demostrar nuestro relativo desamparo. 
Pero por otra parte, también queremos que se sigan debatiendo estos temas. 
Señor Savary, me ha complacido que dijera que estaba hablando como europeo, no como experto ni como francés. 
Vuelve a quedar claro lo que realmente está en juego. 
De hecho, lo que estamos discutiendo esta tarde es nada menos que una de las cuestiones clave para la Europa en el siglo XXI. 
Enfrentada a la crisis de la economía europea en su conjunto y, en particular, en el sector que nos ocupa esta tarde, una Europa autónoma e independiente tiene que estar dispuesta a promover enérgicamente algunos sectores económicos y eso le llevará a reflexionar sobre sus punto fuertes originales. 
No serviría de nada, además de constituir un enorme dispendio de los fondos públicos, que durante décadas todos los Estados miembros adoptaran una política de inversiones que, en lugar de introducir nuevos ángulos, tratara de mantener las conquistas realizadas años atrás y cerrar con ello los ojos a la realidad económica. 
Como todos los oradores han recalcado esta tarde, lo que simplemente necesitamos es un enfoque moderno del futuro de Europa, tanto en la economía como en la tecnología. 
Por eso quiero romper hoy una lanza en favor de una mayor implicación de Europa en el sector espacial. 
Europa no puede perder el tren en un segmento de la alta tecnología con una clara proyección de futuro, que puede crear, y ya ha creado, importantes puestos de trabajo. 
Por eso necesitamos un mayor compromiso y un mayor apoyo a la política de investigación espacial. 
Lo que necesitamos aquí es un planteamiento estratégico de alcance mundial, en lugar de toda la serie de actividades de escaso alcance y cortas de miras que, por desgracia, vemos últimamente, al menos en mi país. 
¿Por qué el espacio? , cabría preguntarse. 
¿Qué necesidad tiene Europa de lanzarse a la inmensidad del espacio? 
¿No tiene más sentido invertir el dinero aquí en la Tierra? 
¿Disponemos realmente de ese dinero? 
He aquí mi respuesta: El dominio y el aprovechamiento del espacio constituyen la clave del éxito en el mundo de la tecnología moderna. 
Permítanme que lo explique con algunos ejemplos. 
Los satélites desempeñan un papel crucial en los sistemas que utilizamos en nuestro trabajo, ya sean sistemas de comunicaciones, de navegación o de observación. 
Según acabamos de escuchar, sectores completos dependen hoy ya de la utilización de la tecnología de los satélites y nos hemos acostumbrado a ella de tal forma, que no le prestamos mayor atención. 
Las inversiones realizadas en áreas de la ciencia como meteorología, cartografía, tráfico, medicina, etc., son muy rentables. El programa Galileo es otro ejemplo de ello. 
Pero si no se realiza una actualización constante, si no se investiga, si no se introducen innovaciones continuas, si no se presta apoyo financiero, el sector espacial europeo languidecerá o incluso llegará a desaparecer. 
Por consiguiente, tenemos que abrir un nuevo capítulo en la política espacial europea y celebro en alto grado los planteamientos positivos contenidos en el Libro verde sobre esta cuestión Para que los esfuerzos europeos en el sector espacial adquieran un nuevo ímpetu, en lugar de desaparecer en un agujero negro, es indispensable que adoptemos una estrategia coherente en materia de política espacial y que tracemos unas líneas de actuación precisas. 
Por eso decidimos que había llegado el momento de proponer al Parlamento Europeo la resolución que hoy nos ocupa. 
No debemos esperar al lanzamiento del último cohete de Europa. 
Si lo hacemos, no podremos hacer frente a la competencia de terceros países, y eso sería lo peor que nos podría ocurrir. 
Esto es todo un reto para los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA) ; Galileo se encuentra en período de pruebas y nosotros tenemos que conseguir que esta cuestión se incorpore al tratado en el que está trabajando la Convención. 
Este es el mayor y el más importante de los retos. 
En este sentido, espero que mañana se adopte una resolución común y un texto común que el martes reciba el apoyo de todo el Parlamento. 
Señor Presidente, si los discursos se vuelven repetitivos, es muy buena señal. 
Demuestra el amplio apoyo que existe. 
Queremos una política europea consolidada sobre el espacio aéreo. 
No queremos continuas estructuras ad hoc. 
Necesitamos una solución permanente. 
Tenemos que dejar esto claro en la reunión ministerial de la AEE. 
Los motivos para ello son evidentes. 
Hay un gran valor añadido europeo en el trabajo conjunto. 
Existe un acervo vigente que debe desarrollarse. 
Tenemos que tener independencia en esta parte del mundo dentro de este sector tan importante. 
Nos permite disponer de vínculos con terceros países como los Estados Unidos- por qué no- y también con Rusia y países más distantes como pueden ser Sudáfrica y algunos países candidatos. 
Permite que retengamos a nuestros científicos y tecnólogos. En caso contrario, los vamos a perder. 
Nos permite contratar a la nueva generación de científicos y tecnológos. No podremos hacerlo a menos que existan proyectos que capten la imaginación de nuestros jóvenes talentos. 
Nos permite, naturalmente, disponer de ventajas tecnológicas inesperadas en una diversidad de sectores que ya han sido citados y que mejorarán el sector de las PYME. 
Nos permite ser mucho más eficientes a la hora de llevar a cabo nuestros objetivos y políticas de la UE sobre el cambio climático, la agricultura, la seguridad y el desarrollo en los países en vías de desarrollo. 
Nos estamos moviendo cuesta arriba en un terreno muy resbaladizo contra los Estados Unidos. 
Utilizan el subsidio cruzado por la bonita suma de 31,8 millardos de euros de dinero público- que se incrementa rápidamente- frente a nuestros 6 millardos de euros, que van a la baja. 
Utilizan la contratación pública, sin sonrojarse, para el fomento de su sector espacial. 
Utilizan I+D. Mantienen un monopolio de determinados equipos electrónicos para mantenernos fuera de la explotación del sector espacial de alta tecnología. 
Ya hemos oído hablar de lanzadores y satélites. 
Es evidente que el sector de las telecomunicaciones se ha visto afectado por problemas difíciles relativos a los satélites en la Unión Europea. 
Pero no hay ninguna razón, con un giro positivo, para que no podamos lanzar con la ayuda de contratación y fondos públicos muchos más satélites en el futuro en beneficio público y de los ciudadanos. 
En cuanto a Galileo, señor Presidente, usted sabe más que cualquier otro en esta Asamblea qué es lo que se necesita. 
Me complace enormemente que el Sr. Prodi esté dispuesto a tomar la iniciativa. Contará con el respaldo de numerosas personas de este salón de sesiones. 
Por último, no debemos olvidar la astronomía y la exploración del espacio. 
Me gustaría tener más información sobre el laboratorio meridional europeo. 
Hagamos política espacial en la Convención. 
Es un ámbito ideal para la Unión Europea. 
- (NL) Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, le deseo que algún día pase sobre nuestras cabezas un satélite con su nombre. 
Esa sí que sería una bonita contribución por parte de la Comisión. 
Sea como fuere, los debates sobre la financiación de Galileo dentro de la Agencia Espacial Europea están empezando a parecer un culebrón. 
Cada vez sale un Estado miembro de entre bastidores para bloquear este acuerdo. 
Ahora, parece ser que le vuelve a tocar el turno a España de llevar la contraria. Eso resulta difícil de entender, porque precisamente Galileo es importante para la seguridad marítima. 
Por lo visto, la catástrofe ecológica del Prestige no es un argumento suficiente para el Gobierno del Sr. Aznar. 
Va siendo hora de que nuestro Parlamento dé la señal de que el juego ha terminado. 
Se trata de un compromiso muy importante, y quizá sea esa precisamente el motivo de la presión que hay en algunos países para hundir este proyecto estratégico. 
Por eso soy uno de los que han firmado esta resolución. 
Galileo tiene una importancia estratégica para la Unión- suceda lo que suceda- porque hemos de estar a la altura en materia de tecnología. 
Queremos ser independientes en materia de información para posicionamiento y no queremos ninguna fuga de cerebros ni fuga de empleos a los Estados Unidos. 
La decisión de continuar con Galileo no se ha tomado a la ligera. 
En el fondo, hay muchos argumentos a favor y en contra. 
Yo comparto los argumentos a favor de Galileo. 
En esta Cámara, quiero manifestar mi apoyo a la creación de esa red. 
Pero no hay tiempo que perder. 
La cuestión es sencilla: si Galileo no se pone en marcha cuanto antes, el sector del transporte se orientará cada vez más a las aplicaciones de GPS y Galileo seguirá sin utilizarse. Por consiguiente, es preciso que Galileo constituya a corto plazo una alternativa digna del GPS en el sector del transporte europeo. 
Este sector necesita recibir una señal clara y rápida de la Comisión, de la ESA y del consorcio de Galileo. De lo contrario, las aplicaciones no obtendrán el crédito de los futuros usuarios y Galileo cuesta demasiado dinero como para que no sea utilizado. 
Además quiero incidir en su carácter civil. Para nosotros es importante. 
Solo Galileo puede ofrecer a los usuarios la garantía de que sus sistemas seguirán funcionando el día que a los Estados Unidos les dé por actuar unilateralmente en otro lugar. 
Por cierto, la propia Comisión hace referencia en su comunicación a las consecuencias de la guerra del Iraq para el sector de la energía y del transporte. 
Así pues, no podemos perder este proyecto; los intereses nacionales deben ceder aquí ante el interés de la Unión. 
En mi país tenemos una canción popular sobre el Satélite Suzy. 
Espero que algún día también el Satélite Suzy pase por encima de nuestras cabezas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nos podemos abordar en solo unos minutos todos los problemas que aquejan a la política espacial europea. 
Hoy hablaré exclusivamente sobre los problemas relacionados con el programa Galileo. 
Ha transcurrido más de un año desde que el Consejo de Transportes adoptó este programa europeo de navegación por satélite en marzo de 2002 y, a día de hoy, no se ha podido llegar a ningún acuerdo dentro de la Agencia Espacial Europea para financiar este programa. 
Galileo vio la luz pese a la firme oposición de algunos países. 
En la actualidad, no se puede poner en marcha, sobre todo por la fuerte rivalidad entre los que desean encabezar el proyecto, pero también por su elevado coste económico. 
La industria espacial europea, como todos hemos señalado, atraviesa actualmente por una grave crisis. 
Ahora bien, supone para Europa 30 000 empleos altamente cualificados y, por eso, debemos hacer todo lo posible para preservar el extraordinario potencial tecnológico y humano que representa esta industria. 
Galileo es uno de los programas que mejor pueden contribuir a ello. Además, contribuirá a la independencia estratégica de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo ha insistido en que las empresas participen en la financiación de este proyecto común. 
Las empresas han adoptado las medidas oportunas y ahora debemos apoyar la rápida puesta en marcha del programa. 
Está en juego nuestra credibilidad. 
Hay otra razón fundamental para ejecutar sin tardanza el programa. 
Como usted ha dicho, señora Comisaria, si no enviamos una señal a su debido tiempo, no podremos aprovechar las frecuencias que se han reservado para Galileo y las posibilidades ligadas a estas. 
La Agencia Espacial Europea tiene que tomar una decisión rápidamente, y esta preocupación es compartida por muchos de nosotros, parlamentarios europeos y nacionales, que hemos preparado y difundido el documento «Galileo: il est temps d 'agir' [«Galileo: ¡es hora de actuar! »] , dirigido a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros. 
Señorías, el programa Galileo nos muestra los límites actuales de la política espacial europea. 
Debemos extraer las conclusiones pertinentes y tenerlas en cuenta en los futuros debates que conducirán a la aprobación, de aquí a finales de año, de un Libro blanco sobre el tema. 
El programa Galileo tiene que ser un éxito y enviar un mensaje positivo de Europa a favor de una política espacial ambiciosa. 
Esta Cámara tiene que prestar todo su apoyo para que el proyecto común pueda ver la luz en breve, y para que la Comisión Europea, representada por usted, señora Comisaria, comparta esta preocupación de nuestro intergrupo «Cielo y espacio» del Parlamento Europeo. 
Por otro lado, el Presidente Prodi hizo partícipe a los miembros de este intergrupo, a través de su presidente, el Sr. Savary, en una carta fechada el 30 de abril, de la posibilidad contemplada por la Comisión de poner en marcha el proyecto común de manera unilateral si en los próximos días no se alcanzaba un acuerdo en la AEE. 
Por consiguiente, hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros para que, en la conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea del próximo 27 de mayo, pongan fin a sus discrepancias sobre la financiación del programa y podamos por fin avanzar. 
-Muchas gracias, señora Comisaria, por la franqueza de sus palabras, que puedo asegurarle que son muy apreciadas. 
Señor Presidente, creo hablar en nombre de todos los aquí presentes si digo que estamos más que agradecidos a la señora Comisaria de Palacio. 
Necesitamos ese tipo de empuje y necesitamos apoyo interno. 
No se trata aquí de un simple gesto externo, sino que tiene que recibir apoyo desde dentro, y simplemente me gustaría asegurarles que vamos a seguir colaborando de lleno con ustedes. 
Queremos cumplir con nuestra parte, pero algo se nos tendrá que ocurrir para influir en los Estados miembros. 
En cualquier caso, lo intentaremos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
(Se suspende la sesión a las 9.00 horas) 
Decisión sobre la urgencia 
-Señorías, antes de debatir el informe del Sr. Manders, debemos votar la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia a la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Europea y la República de Croacia respecto al sistema de ecopuntos que ha de aplicarse al tráfico croata en tránsito por Austria. 
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, competente para el fondo. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera comentar brevemente, en cuanto a la observancia del Reglamento, la aplicación del artículo 112, y recordar al Parlamento que se trata de un procedimiento que debe aplicarse estrictamente en circunstancias excepcionales. 
Francamente, me sorprende que el Consejo invoque el artículo 112 a una cuestión de este tipo, que de todas formas habríamos podido tratar en pocas semanas sin incidir sobre esta medida que, como es sabido, está ya en vigor desde el 1 de enero. 
A este respecto tengo que decir a la Asamblea que, independientemente de la posición que exprese, ayer por la tarde la comisión competente, reunida en sesión extraordinaria a petición del Consejo, no alcanzó el quórum necesario para la votación. 
Los coordinadores presentes manifestaron su perplejidad ante la aplicación del artículo 112, precisamente porque- como ya he dicho, señor Presidente- se trata, a mi entender, de un instrumento que debe utilizarse en circunstancias excepcionales. 
Por tanto, nos sorprende verdaderamente que se haya aplicado el procedimiento de urgencia a una medida que, repito, desde el punto de vista del contenido es de menor importancia. 
Señor Presidente, el propio Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ya ha destacado que se trata, naturalmente, de un procedimiento poco habitual. 
Por otra parte, los plazos son muy cortos y en tales circunstancias se impone el recurso al procedimiento de urgencia. 
Por consiguiente, yo propongo que aceptemos la solicitud del procedimiento de urgencia. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0145/2003) del Sr. Manders, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales [COM (2002) 17- C5-0088/2002- 2002/0021 (COD) ]. 
. (NL) Señor Presidente, también yo quiero dar la bienvenida a todos los nuevos colegas y espero que también se impliquen en este complejo informe. 
Quiero dar las gracias a todos los colegas que han estado implicados en este tema y que también lo estarán en el futuro. Concretamente todos los que han integrado el grupo de trabajo para alcanzar un compromiso. 
En particular, quiero dar las gracias al Sr. Papayannakis por su excelente cooperación. Asimismo quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por la abundante información que han facilitado y la notable colaboración que han prestado. 
Señor Presidente, tanto en el ámbito jurídico como político, este es posiblemente el tema más complejo con un total- si incluyo todas las enmiendas de las comisiones- de casi 900 enmiendas que a continuación, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, se han reducido a unas 75 enmiendas. 
Ahora, en la sesión plenaria tenemos de nuevo 108 enmiendas, con las necesarias votaciones por separado. Esto significará que esta tarde será larga y laboriosa, pero creo que merece la pena. 
Quiero esbozar brevemente los antecedentes. 
Primero tuvimos el Exxon Valdes y el Erika, y después el Prestige, pero el informe también está lleno de prestigio político, ya desde 1976. 
Si se quiere ir más rápido de lo que se puede, no se logrará nada. 
Esta es mi opinión. 
Por consiguiente, hay que intentar hacer reglas que sean viables y realistas. 
El conflicto de competencias entre la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior fue el punto de partida sobre todo del sentimiento político. 
Creo que si ni siquiera los regímenes de responsabilidad deben tratarse ya en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, bien podríamos disolverla y crear otra, la Comisión de «Todos los Asuntos». 
Podría estar compuesta por 626 diputados, o incluso 735 a partir del año que viene, y entonces estoy seguro de que nunca escaparemos de ella. 
Debido al conflicto de competencias, este tema ha pasado a ser un tema controvertido y muy cargado, en el que cada cual quería colocar su propia reivindicación política con miras a perfilarse políticamente. 
Es una lástima, pues ha provocado que hasta el momento ha sido prácticamente imposible alcanzar compromisos y crear una mayor base de apoyo. 
Finalmente, he optado por un enfoque que se ha sopesado sobre la base de todas las enmiendas presentadas y que no favorece específicamente a la industria ni favorece específicamente al medio ambiente. 
He intentado encontrar un equilibrio que permita conseguir una legislación viable y realizable- pues al fin y al cabo de eso se trata -, que en última instancia pueda convertirse en un reglamento factible que conlleve un enfoque preventivo del medio ambiente y finalmente proteja el medio ambiente. 
Asimismo creo que es importante crear unas condiciones equitativas para todos, pues creo que la legislación medioambiental es parte de nuestra economía. 
Mis primeras propuestas de compromiso se basaban en ello. 
Por ejemplo, propuse que la base jurídica fuera el artículo 175. 
Cada Estado miembro desarrolla su propia sistema y, al cabo de cinco años, la Comisión, basándose en los mejores ejemplos del mercado, presentará una propuesta de legislación armonizada para la protección del medio ambiente en toda Europa. 
De este modo conseguiremos unas condiciones equitativas para todos, evitaremos el dumping ambiental y evitaremos que finalmente surjan 25 sistemas jurídicos diferentes que sin duda no fomentarán el mercado interior ni protegerán el medio ambiente. 
Comprendo que hay algunos países, entre ellos el mío, los Países Bajos, que siempre quieren ir un poco más lejos. 
Esto está muy bien. Creo que hay que permitírselo. 
Por otro lado, pienso que es preferible conseguir que los países que no llegan tan lejos alcancen un nivel más alto, lo cual en última instancia favorecerá más al medio ambiente en términos absolutos. 
Por tanto, si aplicamos el artículo 95, a la Comisión Europea le resultará más fácil, como guardiana del Tratado, llevar al Tribunal de Justicia Europeo a las partes que no cumplan las reglas, asegurando de este modo que el medio ambiente salga realmente beneficiado con esta legislación. 
En mis propuestas iniciales opté por los factores atenuantes en vez de exenciones, y creo que eso era correcto. 
Vinculé la responsabilidad por los riesgos con la defensa del estado de la técnica como factor atenuante; un atenuante del 100% significaría que el juez podría decidir no responsabilizar a alguien. 
Por desgracia, no hemos sido capaces de lograrlo. 
El ámbito de aplicación: propuse zonas, hábitats y especies protegidas con arreglo a la legislación comunitaria, y zonas protegidas con arreglo a la legislación nacional. 
Propuse que esto fuera complementario a todos los convenios internacionales para asegurar que hubiera unas condiciones equitativas y un régimen de responsabilidad similar también en este terreno. 
Por desgracia no hemos sido capaces de lograrlo. 
Me encontré aislado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Nadie, ni de derechas ni de izquierdas, quiso apoyarme. 
Para asegurar que pudiéramos tratar este asunto en la sesión plenaria de hoy, busqué y hallé apoyo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Esto implicaba que tenía que aguar un poco mis propuestas originales, pero a fin de cuentas estoy particularmente contento con lo que ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y lo apoyaré. 
Por tanto, también apoyo las enmiendas que se han presentado y que se basan en mis primeras enmiendas de transacción. 
Espero que tengamos un voto favorable y considero todo un reto poder seguir desempeñando un papel destacado en la segunda lectura en esta materia tan difícil. 
. 
(EL) Señor Presidente, Señorías, hoy estamos debatiendo un proyecto de Directiva que hemos venido esperando durante 20 años. 
La aplicación práctica del principio de «quien contamina paga» resulta más complicada de lo que imaginábamos, lo cual es razonable porque, por supuesto, necesitamos establecer tanto la responsabilidad de la reparación del daño medioambiental como encontrar la manera de que el contribuyente no cargue con la responsabilidad y el coste y de que la contaminación no solo se suprima, sino que también se prevenga. 
En consecuencia, estamos hablando de la responsabilidad objetiva de los contaminadores y de un conjunto de disposiciones que determinen el comportamiento de los operadores. 
Este proyecto de Directiva me inspira sentimientos contradictorios: por una parte satisfacción, porque quizás allane el camino de la reforma, aunque solo se quede en eso y, por otra, reservas porque los pasos propuestos son tímidos, señora Comisaria. 
Por ejemplo, tal como se define en la propuesta, la biodiversidad queda limitada a los hábitats y a las especies contempladas en las Directivas de Hábitats y Aves; dicho de otro modo, solo un 13% del territorio de la UE. 
En segundo lugar, la definición de daño medioambiental tiene que ampliarse e incluir la radiación, el daño a la calidad del aire y el daño a la biodiversidad causado por los organismos modificados genéticamente. 
En tercer lugar, la contaminación provocada por el petróleo y el daño nuclear no están incluidos con el pretexto de que ya se contemplan en las convenciones internacionales. 
Sin embargo, estas suelen regular el daño tradicional, pero no el medioambiental. 
Además, varios Estados miembros de la Unión Europea no las han firmado. Por otra parte, contienen cláusulas que prohíben expresamente la introducción de disposiciones que regulen una responsabilidad medioambiental más amplia. 
Por lo tanto, la Directiva tiene que ser clara y afirmar expresamente cuál es el régimen de responsabilidad actual. 
Asimismo, tiene que haber una disposición que permita que estas convenciones internacionales se modifiquen y tenemos que esperar las propuestas relevantes de la Comisión. 
Además, hay una disposición que exime de responsabilidad medioambiental a las emisiones o actividades para las que se ha extendido un permiso o que no se consideraban perjudiciales cuando se emitió dicho permiso. 
Son las llamadas «defensas del permiso y del estado de la técnica». 
Creo que estas excepciones socavan la fiabilidad de los objetivos de la Directiva, limitan el marco del régimen de responsabilidad y debilitan el principio de «quien contamina paga». 
Señora Comisaria, existe un estudio llevado a cabo por la propia Comisión que demuestra que 10 de los 15 Estados miembros de la Unión no tienen estipulado este tipo de excepción. 
Por lo tanto, ¿por qué la nueva Directiva debería alentar a numerosos Estados miembros a renunciar al rigor de su legislación medioambiental? 
Además, la propuesta de Directiva establece un régimen legislativo público con la autoridad competente responsable de determinar y asegurar la prevención adecuada o las medidas correctivas. 
Sin embargo, se corre el riesgo de hacer recaer la carga en el contribuyente. 
Así, la responsabilidad inicial de las medidas preventivas y correctivas debería recaer en el operador. 
La autoridad pública competente tiene que ajustarse al procedimiento de determinación y reparación del daño. 
Por otra parte, los ciudadanos solo tienen acceso indirecto a la justicia. 
La propuesta no prevé la posibilidad de que los ciudadanos recurran de forma directa a la justicia. 
Creo que esto viola la Convención de Aarhus. 
Asimismo, creo que el operador debe tener un sistema de seguro obligatorio con normas comunes para las garantías financieras. 
De este modo, no habrá distorsión de la competencia. 
De lo contrario, quizá se distorsione y, además, el sistema de prevención se debilitará y no se producirá el impacto beneficioso en la economía que todos esperamos. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de la cual tengo el honor de ser ponente de opinión, ha aprobado una opinión conforme al espíritu de estos comentarios. 
Presentamos a la Cámara, junto con otros muchos diputados de numerosos Grupos políticos, una serie de propuestas que son menos ambiciosas, pero que representan un compromiso de diferentes puntos de vista. 
Intentamos conseguir un acercamiento a las posiciones del Consejo, de forma que la Presidencia griega pueda alcanzar un acuerdo político en el Consejo de Medio Ambiente del 13 de junio. 
Señor Presidente, Señorías, el ecosistema y el flujo de materia y energía siguen un camino predecible y cuantificable al que la actividad humana tiene que adaptarse. 
No protegemos a la naturaleza poniendo simplemente una valla alrededor. 
Para poder proteger la viabilidad de Europa, necesitamos que la industria y la economía en su conjunto se vuelvan ecológicas. 
No podemos decir que no estamos ni con una ni con la otra. 
Confío en que el resultado de nuestra votación transmita un mensaje político claro a toda Europa: estamos decididos a establecer una política sustancial que garantice una mejor protección medioambiental, de acuerdo con los objetivos económicos y sociales de la Unión. 
Nuestro voto no producirá un cambio inmediato. 
Señor Presidente, señorías, si votamos a favor de las enmiendas que tenemos el honor de presentarles, creo que podemos comenzar a allanar el camino para la introducción gradual de un modelo de sostenibilidad y responsabilidad en Europa y fuera de ella. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, mañana se someterá a votación en el Parlamento la Directiva sobre la responsabilidad medioambiental y con ello pondremos punto final a un debate largo y muy controvertido, como ustedes saben. 
Permítanme que empiece por manifestar mi especial agradecimiento a nuestro ponente, Toine Manders, que ha trabajado infatigablemente durante muchos meses para sacar adelante su informe. 
Ha intentado verdaderamente tener en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas y siempre ha buscado el compromiso. 
Quiero agradecerle una vez más el diálogo constructivo que hemos mantenido. 
Antes de continuar, permítanme manifestar con toda claridad, Señorías, que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya tanto esta Directiva como la propuesta de la Comisión. 
Queremos reglas más estrictas en materia de responsabilidad medioambiental. 
Quienes causen daños ambientales en el desempeño de su actividad profesional también deben responder de ellos. 
Asimismo deberá pagarse una compensación por los daños que afecten a la biodiversidad, o sea, por los llamados daños ecológicos. 
Dado que tales disposiciones todavía no existen en los Estados miembros, nos adentramos en terreno nuevo. 
No obstante, pienso que es bueno que nos adentremos en terreno nuevo y mi Grupo apoya la responsabilidad por daños ecológicos, aunque todos sabemos que, en última instancia, su evaluación concreta va a resultar difícil. 
Yo comprendo que no siempre es posible alcanzar un consenso amplio en relación con el tema de la responsabilidad medioambiental. 
Pero justamente por esto quiero abogar con especial insistencia a favor de la aprobación del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que ha emitido una opinión clara, prudente y viable. 
El informe supone un gran paso hacia la mejora de la protección del medio ambiente y, por lo tanto, debería recibir un firme apoyo en la votación del Pleno de mañana. 
Comienza, Señorías, con las numerosas definiciones previas y que determinan el campo de aplicación de la directiva, como por ejemplo la definición de la diversidad biológica. 
En este aspecto nos adentramos en un terreno nuevo, como acabo de señalar. 
A mi parecer, tiene sentido centrarse en los hábitats naturales y las especies ya protegidos por el Derecho europeo. 
Los Estados miembros deben ser libres de establecer, además, otras zonas adicionales de protección nacional, pero ir más allá de esto rebasaría los límites de la Directiva en todos los sentidos. 
Otro ejemplo es el ámbito de aplicación de la Directiva. 
Creo que en la Comisión de Asuntos Jurídicos conseguimos alcanzar también en este aspecto un compromiso que remite al sistema de convenios internacionales y aclara la relación con los mismos. 
La idea es que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental no se aplicará en los ámbitos en los que ya existan de manera efectiva regímenes internacionales de responsabilidad. 
Creo que con ello se ha alcanzado un compromiso razonable. 
Por último, mi Grupo también apoya decididamente las exenciones de responsabilidad incluidas en el proyecto de la Comisión. 
En este punto se plantean dos cuestiones: por un lado, la «defensa del permiso» y, por otro, la del «estado de la técnica». 
Por nuestra parte, nos parece acertado que la Directiva contemple estas atenuantes de la responsabilidad. 
También consideramos acertado que se contemple una exención de responsabilidad en el caso de los agricultores que gestionen sus tierras conforme a las buenas prácticas agrarias. 
Para concluir, Señorías, quiero decirles que en la Comisión de Asuntos Jurídicos alcanzamos un buen compromiso y pedirles que mañana este compromiso obtenga también el apoyo mayoritario de esta Cámara. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, exigimos mucho de nuestro medio ambiente, a menudo demasiado. 
Ya es hora, por lo tanto, de que en la Unión Europea se establezcan unas normas rigurosas con vistas a la protección del medio ambiente, como por ejemplo unas disposiciones uniformes en materia de responsabilidad medioambiental, que hoy podemos debatir por fin en el Pleno tras largos forcejeos preliminares en las comisiones competentes. 
La responsabilidad medioambiental no tiene que ver con sancionar a la viejecita que cuando saca de paseo a su perro no recoge las deposiciones de su animalito. 
Necesitamos normas en materia de responsabilidad que obliguen a todos los causantes de daños medioambientales, sin excepción. 
Quien tenga que acabar pagando de su bolsillo por los daños y su reparación pronto se pensará dos veces cómo trata el medio ambiente y tendrá más cuidado. 
Por esto, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya una serie de enmiendas al texto de la Comisión. 
No existe absolutamente ninguna razón por la que el principio de «quien contamina paga» no deba aplicarse también a la contaminación causada por la industria del petróleo o la industria nuclear o a la liberación de organismos genéticamente modificados. 
¿Acaso los nombres Erika o Prestige no simbolizan precisamente problemas medioambientales de magnitud inaudita que todavía no se han superado? 
¿Es admisible que el Estado y, por consiguiente, el conjunto de los contribuyentes deban pagar por los errores de otros, solo porque los riesgos parecen difíciles de evaluar o de asegurar? 
¿Vamos a fomentar actitudes poco respetuosas con el medio ambiente porque determinados contaminadores están fuera del alcance de la ley de daños medioambientales? 
¡No, claro que no! 
Por consiguiente, nada más lógico que nuestra Asamblea procure que los gerentes de empresas que representen un riesgo para el medio ambiente deban suscribir un seguro o adoptar otras disposiciones financieras cautelares que les permitan pagar la reparación de los daños y la rehabilitación del medio ambiente. 
Finalmente, quisiera referirme a un último aspecto que los socialdemócratas consideramos particularmente importante. 
La responsabilidad o la factura de la reparación de los daños y la rehabilitación del medio ambiente no debe hacerse recaer por la puerta de atrás en el Estado y, por ende, en los ciudadanos. 
El principio según el cual «quien contamina paga» debe aplicarse siempre y a todos y cada uno. 
Esta es la razón por la que hemos presentado una enmienda a los artículos 4 y 5 en forma de un apartado adicional aclaratorio. 
Esta enmienda tiene por objeto permitir a las autoridades responsables adoptar las medidas necesarias sin tener que emprender ninguna acción por su cuenta o incurrir en gastos por anticipado, que pueden ser considerables y difíciles de recuperar posteriormente. 
Si el Pleno aprueba las enmiendas del Grupo del Partidos de los Socialistas Europeos y otros, en lugar de las que propone la Comisión de Asuntos Jurídicos, tendremos una normativa en materia de responsabilidad medioambiental que imputará equitativamente los costes y a la vez tendrá un efecto preventivo. 
En estas enmiendas exigimos lo mínimo que los ciudadanos y ciudadanas de Europa esperan, con razón, de una reglamentación europea sobre la responsabilidad medioambiental. 
Es preciso alcanzar ese mínimo. 
Si el resultado de las votaciones separadas implica que no se alcance, entonces, con gran pesar por mi parte, nos veremos obligados a votar en contra de esta importante Directiva. 
Señor Presidente, con esta propuesta de la Comisión Europea se intenta por primera vez adoptar un sistema integrado en la Unión Europea con miras a prevenir y reparar los daños medioambientales. 
Estoy seguro de que todo el mundo coincide en que este tipo de mecanismo es muy necesario. 
Pero por mucho que coincidamos en torno al principio, tanto más dividido parece estar este Parlamento en cuanto al ámbito de aplicación. 
¿Hasta dónde hemos de legar en la protección del medio ambiente y la obligación de reparar los daños? 
Hay numerosos puntos concretos controvertidos: la descripción exacta del daño medioambiental, la exclusión de determinados sectores industriales, el alcance del principio de «quien contamina paga» , la determinación de las garantías financieras, la asegurabilidad de los riesgos y la fijación de importes máximos en materia de reparación de daños. 
Nuestro ponente, Toine Manders, a quien felicito de todo corazón, ha intentado reconciliar puntos de vista a menudo muy dispares y el resultado es en mi opinión un informe bien equilibrado y un resultado bien equilibrado que tiene en cuenta los numerosos intereses y sectores económicos implicados en esta cuestión. 
Esto es en definitiva lo que todos deseamos: un marco europeo bueno, bien definido y uniforme que comporte un enfoque integral de los daños medioambientales, con normas europeas específicas y las mismas reglas para toda la Unión Europea; un marco en el que todo el mundo sepa exactamente a qué tiene que atenerse. 
Estoy convencido de que muchos, entre otros nuestros fundamentalistas verdes, quieren ir mucho más lejos. 
Sin embargo, la cuestión no es si esto es necesario o útil, sino si es viable en estos momentos. 
A fin de cuentas, se plantea la pregunta de si los sectores económicos pueden pagarlo o asegurarlo, o bien si seguirá siendo incalculable para ellos. 
Los que ahora quieren ir más lejos, han de darse cuenta de que posiblemente aspiran a algo inalcanzable y que corren el riesgo de quedarse con las manos vacías en la votación final. 
No debemos permitir que esto suceda. 
Lo principal ahora es conseguir un buen mecanismo general para el futuro inmediato, en que podamos abordar las responsabilidades reales. 
No podemos seguir perdiendo el tiempo. 
Señor Presidente, con esta propuesta de Directiva, la Comisión culminó finalmente, en enero de 2002, un proceso que había durando diez años. 
En efecto, en 1993 ya había un Libro Verde sobre responsabilidad medioambiental. 
El Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Medio Ambiente, urgió posteriormente en varias ocasiones a la Comisión a emprender la acción sin demora en esta cuestión. 
A todas luces no está a la altura de sus ambiciones declaradas. 
Creo que las ambiciones iniciales de la Comisión apuntaban muy alto, pero que el producto final es decepcionante. También creo que debemos señalar los factores causantes de esta decepción. 
El primero de estos factores es que la definición del medio ambiente es demasiado restrictiva. 
En el caso de la biodiversidad, por ejemplo, solo estaría protegida una parte equivalente, según los cálculos, al 20% de la biodiversidad, y la protección solo abarcaría el 13 % del territorio europeo. 
El segundo factor es el ámbito de aplicación de las propuestas. 
En el anexo I se enumeran las diversas actividades económicas a las que se aplica el principio de responsabilidad sin falta. 
Esta lista de actividades es muy restrictiva. 
Concretamente, excluye todo lo relativo a la energía nuclear y al transporte de hidrocarburos, sin ninguna justificación real. 
Se hace referencia a convenios internacionales que, efectivamente, existen, pero que no contemplan la reparación de los daños medioambientales. 
Quiero recordar lo que dijo aquí ayer uno de nuestros diputados del PPE, el Sr. Bébéar, cuando intervino para quejarse, con razón, por el escaso importe de las indemnizaciones que el FIPOL piensa pagar a las víctimas del accidente del Prestige. 
Por tanto, hemos de ser coherentes y adoptar una enmienda muy firme que exija que en caso de accidentes de este tipo, lo que no estuviese contemplado en el convenio internacional quedara cubierto por nuestra Directiva. 
Sin embargo, la propuesta de Comisión no lo hace. 
El tercer factor que debemos considerar son las exenciones previstas sobre la base de la existencia de un permiso de explotación o de la existencia de conocimientos científicos que, en el momento del accidente, no serían suficientemente relevantes para justificar la responsabilidad de la actividad económica en cuestión. 
Por ejemplo, en el caso de los OGM o de los plaguicidas que entre otras cosas son disruptores endocrinos, si seguimos ese principio prácticamente todas las actividades asociadas escaparán de la aplicación de la Directiva. 
Esto es inaceptable. 
Concluiré, señor Presidente, señalando que nuestro Grupo apoya una serie de enmiendas que siguen la línea de las propuestas del Sr. Papayannakis a la Comisión de Medio Ambiente, y que han sido retomadas por la Sra. Gebhardt. 
Pienso que estos importantes cambios son indispensables para dar un contenido real a esta Directiva. 
Señor Presidente, como sabemos, el medio ambiente no está de moda. 
También esta propuesta adolece de ello. 
Durante muchos años nos hemos ocupado de esto y siempre parece faltarnos el convencimiento para hacer realmente algo al respecto. 
También ahora impera de nuevo un gran desacuerdo sobre la manera en que debemos abordar la responsabilidad. 
La industria ha ejercido muchas presiones, con argumentos que, aun siendo comprensibles, creo que no podemos admitir. 
En particular se plantean aspectos relacionados con los seguros. Sin embargo, esto no me ha convencido para votar a favor de una suavización de la propuesta. 
Al contrario. 
Creo que una legislación fuerte en materia de responsabilidad medioambiental tendrá un efecto preventivo con respecto a los daños causados al medio ambiente y fomentará la reparación de los mismos. 
«Quien contamina paga» ha de ser la moraleja lógica. 
En los Países Bajos existe desde hace tiempo una forma limitada de responsabilidad medioambiental, basada en este principio. Funciona bien y permite ahorrar dinero. 
Creo que la propuesta de la Comisión ha cedido demasiado a las presiones de la industria. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos la ha empeorado todavía un poco más. 
Espero que con la aprobación de las enmiendas presentadas por mí y por otras personas, podamos cambiar en sentido positivo el efecto de la Directiva. 
En los próximos años veremos en la práctica si esta Directiva es viable en la Unión Europea. 
No hace falta que desde el principio rebajemos todo al mínimo común denominador. 
Si no funciona, siempre estamos a tiempo de modificar la Directiva. 
Sería una demostración de coraje que como órgano legislativo asumiéramos este riesgo a fin de evitar los riesgos de daños medioambientales. 
Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre responsabilidad medioambiental que se nos ha presentado hoy nos decepciona mucho. 
Estamos por supuesto a favor de una armonización europea en el campo de los daños medioambientales, que a menudo son transfronterizos, pero haría falta que la Directiva supusiera un progreso serio. 
Pero contiene un gran número de omisiones, exenciones, exclusiones y limitaciones de la responsabilidad que convertirían la nueva normativa en una ilusión e incluso darían pie a la confusión y a un retroceso en la protección del público, a menos que apelemos al contribuyente para cubrir las deficiencias. 
Puedo citar dos ejemplos para ilustrar esta cuestión. 
El primer ejemplo es que en el artículo 3 descubrimos que la Directiva no se aplicaría al transporte por mar de sustancias peligrosas, a los daños causados por la contaminación por petróleo ni a los daños provocados por actividades nucleares. 
El motivo sería que ya existen convenios internacionales que regulan la responsabilidad civil en todos estos ámbitos. 
No obstante, estos convenios tienen un alcance limitado, no brindan un nivel de protección suficiente o son totalmente insuficientes, como podemos comprobar estos días con las indemnizaciones irrisorias propuestas por el FIPOL tras la catástrofe del Prestige. 
Pedimos por consiguiente que esta Directiva no rehúya el problema, sino que lo afronte y aporte una verdadera protección. 
El segundo ejemplo es el de los OGM. 
La Comisión nos había prometido, al debatir la Directiva sobre la liberación intencional de OGM, que las cuestiones de responsabilidad y seguros se tratarían en la Directiva general sobre responsabilidad medioambiental, la que estamos discutiendo hoy aquí. 
Pero nos han engañado. 
Los OGM están sin duda contemplados en teoría en esta propuesta, pero en virtud del artículo 9, que declara exentas las actividades que gozan de autorización oficial, una categoría que incluye los OGM, entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre liberación intencional. 
Todo esto resulta intolerable, especialmente en un momento en que la Comisión pretende traspasar a los Estados miembros el problema de la coexistencia de cultivos OGM y tradicionales, que quiere autorizar. 
En estas condiciones, solicitamos al Consejo que no levante la moratoria hasta que las cuestiones de responsabilidad y seguros en el caso de los OGM se resuelvan claramente de modo que proporcione la máxima protección al público y al medio ambiente. 
Señor Presidente, antes de nada deseo expresar mi profundo agradecimiento- no rutinario- tanto al ponente, Sr. Manders, como a la Sra. Niebler, por el enorme trabajo que han realizado. 
Seguidamente, quisiera hacer dos comentarios: uno de carácter concreto y otro de tipo general. 
El de carácter concreto es también una respuesta a algunas intervenciones anteriores a la mía. 
Me parece que el mundo agrícola ha acogido favorablemente la propuesta de Directiva sobre responsabilidad ambiental, en particular porque la Comisión ha optado por un enfoque horizontal. 
Durante los trabajos parlamentarios se manifestaron en la comisión otros puntos de vista, de modo que en este momento resulta muy difícil aceptar la idea de una responsabilidad de los agricultores por daños medioambientales cuyas causas están fuera de su control. 
A este respecto, cualquier ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva- la obligación de una garantía financiera, la inversión de la carga de la prueba y, sobre todo, la exclusión de algunos factores de exención- dificultaría enormemente a los agricultores la gestión de sus actividades. 
En la práctica, un agricultor podría verse obligado a pagar una compensación por un daño ambiental causado por una actividad para la cual cuente con un permiso y haya respetado todas las disposiciones legales aplicables. 
Estoy seguro de que los agricultores están dispuestos a asumir sus responsabilidades, pero no cuando no pueden controlar la causa del daño. 
Por esta razón y en este sentido hemos trabajado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, desarrollando una orientación que evita graves repercusiones sobre el mundo agrícola y el entorno rural en general. 
Espero que el ponente esté de acuerdo con esta posición y que el Parlamento Europeo la ratifique. 
Por lo que respecta al comentario de tipo general, refleja también un temor. 
En mi opinión, la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva respecto de la propuesta inicial de la Comisión puede poner en entredicho la certeza jurídica del marco normativo propuesto y las garantías de seguro resultantes, dificultando de este modo la aplicación de un principio que es útil para la sociedad europea en general. 
Señor Presidente, como todo mi Grupo, he acogido con satisfacción lo esencial de esta propuesta y la oportunidad de hablar en su defensa. 
Como ha señalado mi amigo, el Sr. Lannoye, esta propuesta, si no «sabe a poco y llega tarde» , en todo caso «no sabe a mucho y llega más bien tarde». 
En cualquier caso, es un paso en la buena dirección y es muy importante para poner en práctica el principio de «quien contamina paga». 
Después de todo, la mayoría de las actividades humanas tienen algún impacto en el medio ambiente. 
La cuestión está en quién repara después los daños: ¿el causante o algún otro? 
Como muchos miembros de esta Cámara, he recibido la visita de importantes representaciones de las administraciones locales de mi propio distrito electoral en Escocia y me han dicho que si no se adopta esta Directiva, las administraciones locales y otros organismos públicos tendrán que seguir afrontando, con cargo a los ingresos fiscales generales, los problemas que otras personas tendrían que haber prevenido en un principio o afrontar en el presente. 
Tenemos que recordar que el principio de «quien contamina paga» es solo la mitad de la historia. 
El meollo de la cuestión está en que los que contaminan realizan actividades económicas que producen bienes o servicios que otras personas quieren comprar, presumiblemente al precio al que se les ofrecen. 
Si el que contamina no paga, el problema es que ofrece precios demasiado bajos. Es como si los consumidores recibieran algo gratis que luego tendrían que pagar en su calidad de contribuyentes. 
Por consiguiente, tenemos que asegurarnos de implantar un sistema que esté realmente dirigido a los productores y a las actividades que pueden adoptar mayores precauciones y suscribir un seguro adecuado para cubrir sus obligaciones financieras, de manera que la presión de las obligaciones de las pólizas de seguros y el coste de dichas pólizas recompensen a los más respetuosos con el medio ambiente y presionen al alza los precios de los menos respetuosos, creando con ello un círculo virtuoso. 
Con respecto a esa cuestión, he tenido muchas dudas durante los debates respecto a lo que se conoce por defensas basadas en el estado de la técnica y en permisos, puesto que uno de los argumentos dice que las personas deben poder trabajar ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas, por ejemplo, en un permiso cuidadosamente redactado, protegiéndose así frente a cualquier responsabilidad. 
Pero, en conjunto, he llegado a la conclusión expresada en la enmienda 104 de que estas cuestiones deben tratarse como objeto de litigio, no como objeto de exención, lo cual me parece un compromiso razonable, por lo que apoyamos plenamente la Directiva con la condición de que se aprueben las enmiendas relevantes. 
Señor Presidente, legislar sobre la responsabilidad medioambiental es abrir la caja de Pandora, considerando lo mal definido que está el daño medioambiental en la Directiva y lo impreciso que es el ámbito de aplicación de la misma, especialmente en materia de biodiversidad, ya regulada por los convenios internacionales de Berna y Bonn. 
El aspecto de la «reparación» se limitaría a las zonas Natura 2000 y excluiría las actividades no lucrativas, como el ocio, que la Directiva asimila a las actividades profesionales. 
La Directiva tampoco contempla el transporte de hidrocarburos ni los OGM. 
La reparación debe basarse en criterios objetivos y cuantificables, en la naturaleza del daño y su impacto, en el estado del medio ambiente cuando ocurre el daño y en las circunstancias locales. 
Los conceptos de estado de la técnica y del permiso deben mantenerse para aplicar eficazmente el principio de «quien contamina paga» y no permitir su sustitución por el principio de que quien paga es el contribuyente. 
La responsabilidad debe incluir los OGM, sobre todo ahora que los Estados Unidos ejercen una presión constante para levantar la moratoria sobre las importaciones en el marco de las negociaciones de la OMC. 
Más en general, ¿cuál es el interés de comunitarizar el régimen de responsabilidad, cuando la iniciativa danesa a favor de una decisión marco del Consejo para combatir el delito medioambiental grave se inscribe en el ámbito de la cooperación judicial, particularmente cuando podríamos utilizar otros instrumentos jurídicos, como el convenio de Lugano? 
Señor Presidente, señora Comisaria, esperamos desde hace mucho un régimen de responsabilidad medioambiental, un régimen suficientemente restrictivo, pero al mismo tiempo objetivo y viable, para proteger el medio ambiente sin lesionar a la economía industrial o agrícola. 
Además es esencial que la aplicación de dicha responsabilidad no provoque ninguna distorsión de la competencia. 
No obstante, debo señalar que esta propuesta me parece decepcionante y bastante ineficaz, y no responde completamente a nuestras expectativas. 
El principio de «quien contamina paga» es un principio fundamental, pero que debe acompañarse de garantías financieras. 
Esta propuesta no habla del transporte marítimo de hidrocarburos, y esto lo lamento. 
Cuando vemos el ejemplo del FIPOL, en el triste asunto del Prestige, cuando vemos el flujo incesante de incidentes de vertido de fuel en el mar, podemos pensar que todavía hay mucho que hacer para que ciertas ocupaciones sean conscientes de su responsabilidad. 
A este respecto, nuestro enojo es directamente proporcional a la amplitud de los daños causados a la biodiversidad. 
Las propuestas en este terreno son insuficientes y además me gustaría que la Sra. Comisaria nos diga qué piensa de la decisión del FIPOL. 
Por último, esta responsabilidad debe ser proporcional a la falta reconocida. 
Hay que evitar toda responsabilidad solidaria, que descargaría parte de la responsabilidad en otras personas. 
El contribuyente no tiene por qué soportar financieramente los daños causados por otros. 
En conclusión, quiero decir que la reparación no me parece la única solución. 
Tendría que haber más prevención. 
Celebro además los esfuerzos que pueden hacer en este sentido las empresas a través de los acuerdos voluntarios- de los que hablaremos próximamente -, pero insisto en que debe establecerse un sistema eficaz de garantía financiera. 
Es cuanto tenía que decir. 
Estoy convencida, para concluir, que sin duda será necesario volver a tratar este régimen de responsabilidad medioambiental. 
- (IT) Señor Presidente, la Directiva que nos disponemos a votar puede y debe representar una inflexión claramente visible para todos los ciudadanos europeos. 
Desde Seveso, pasando por las catástrofes tristemente famosas del Parque Natural de Doñana y el hundimiento del petrolero Prestige, hasta la confirmación de los devastadores efectos para la salud causados por la degradación medioambiental de la planta química de Priolo, son todos casos que exigen la adopción de un régimen europeo de responsabilidad civil por daños medioambientales. 
Es necesario que enviemos una señal política fuerte, que sirva también para bloquear algunas tendencias regresivas que se están manifestando aquí y allá. 
La Sra. Wallström, por ejemplo, sabe muy bien que el Gobierno italiano va a emprender una revisión del Código Penal que contempla, entre otras cosas, la despenalización de los delitos ambientales. 
Con mayor razón es necesario un régimen que aplique rigurosamente el principio de «quien contamina paga» y constituya así fuertes incentivos para prevenir y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. 
En efecto, la finalidad última es la prevención, no la compensación del daño. 
En función de este objetivo, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hemos intentado que se supriman algunas peligrosas exenciones que proporcionan medios de protección amplios y genéricos y que, de hecho, convierten las autorizaciones ambientales en una especie de licencia para contaminar, con el grave riesgo de anular la eficacia del sistema normativo propuesto. 
Hemos tratado de asegurar que sea el operador responsable, y no el contribuyente, el que se haga cargo de los costes de reparación del daño medioambiental. 
Además, es necesario que el régimen de responsabilidad incluya todas las actividades económicas de las que pueda derivarse un daño para el medio ambiente. 
Dicho régimen debería prever, como norma general, una responsabilidad objetiva por los daños ambientales, independientemente de que sean provocados por una actividad considerada peligrosa o no. 
Esta Directiva tiene una importancia vital. 
Largamente esperada, será un elemento fundamental de la legislación medioambiental europea, siempre y cuando se aprueben los cambios sobre los que hemos estado trabajando con las 16 enmiendas transaccionales para reforzar el texto. 
Les encarezco que aprueben las enmiendas transaccionales, que recuperan en sustancia el texto que había adoptado la Comisión de Medio Ambiente y que posteriormente anularía la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior; si no se adoptan las enmiendas, como ya ha dicho la Sra. Gebhardt, y en particular las enmiendas 99, 103 y 107, nuestro Grupo no podrá votar a favor del informe Manders. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Sr. Davies ha hablado del Santo Grial del medio ambiente. 
He de decir que también yo me alegro de que ahora se creen unas condiciones equitativas para todos los causantes de daños medioambientales. 
Esto significa que la comunidad empresarial se ajustará más fácilmente a esta Directiva. 
Sin embargo, hay dos cuestiones sobre las que quisiera llamar la atención. 
Una es la cuestión de la energía nuclear y las actividades no reguladas. 
La otra cuestión es la del transporte marítimo. 
Vivo cerca de dos centrales nucleares, concretamente la única central nuclear comercial de mi país y también la de Doel en Bélgica. 
¿Cómo está regulada esta actividad en estos momentos? 
Los propietarios de las centrales nucleares tienen una responsabilidad limitada y el Estado se hace cargo. 
En Bélgica, por ejemplo, esto asciende a 300 millones de euros por central, y en mi país la cifra es de 2,26 millardos de euros. 
Parece mucho dinero, pero de hecho es muy poco si se tiene en cuenta que estas centrales se encuentran en una zona industrial. 
No me explico que se responsabilice al ciudadano y a las empresas y que al mismo tiempo se exonere a las empresas vinculadas al Estado de este tipo de responsabilidad. 
Considero que la enmienda que pide que se revise esta cuestión al cabo de 5 años es muy flexible, y pienso que la Comisión ha de aprobarla y que nosotros también tenemos que votar sobre ella. 
Lo mismo cabe decir de la responsabilidad sobre el transporte marítimo. 
Hace dos meses pregunté sobre la responsabilidad en torno a la catástrofe del Tricolor y aún no he recibido ninguna respuesta. 
Pedimos que también esto se incluya en la Directiva y que se revisen los acuerdos internacionales y se cubran las lagunas. 
Por último, quiero referirme de nuevo a la energía nuclear. 
La energía nuclear se considera siempre una fuente de energía barata, pero si se calcularan todos los costes, incluidos los costes que tienen que ver con los daños medioambientales, cabría preguntarse si la energía eólica y otras formas de energía ecológicas no serían igual de competitivas. 
Pido a la Sra. Comisaria que cree también para esta cuestión unas condiciones equitativas. 
Señor Presidente, Señorías, numerosos oradores han destacado la importancia de esta Directiva medioambiental. 
En realidad hubiésemos debido ser suficientemente ambiciosos como para convertirla en el elemento central de nuestra legislación en materia de medio ambiente. 
Tanto más lamentable es que la industria haya conseguido introducir una serie de excepciones en esta normativa. 
De hecho, los contaminadores deberían responder de los daños que hayan causado y también deberían estar obligados a adoptar medidas preventivas. 
Dado que hay tantas exenciones y que esta Directiva solo contempla un número muy reducido de accidentes, me temo que no conseguiremos lo que nos propusimos al principio. 
Como ustedes saben, solo se contemplan los accidentes causados por negligencia o conducta dolosa, lo que significa que los daños causados a la biodiversidad debido al uso de semillas genéticamente modificadas que estén autorizadas no están incluidos en absoluto. 
Además, el hecho de que la noción de responsabilidad estricta esté vinculada a la lista de actividades peligrosas, también quedan excluidos ámbitos enteros que suponen un riesgo potencial, como la minería y la perforación de sondeo de petróleo y gas, así como una gran parte de la producción de bienes de consumo. 
Asimismo me parece un error que no exista la obligación de establecer un seguro general que cubra los daños ambientales, ya que hemos de asegurar que si se causan daños a los bienes y la salud, la responsabilidad no se limite tan solo a las zonas Natura 2000, sino que también se aplique más allá de estas. 
Sin embargo, siempre que la Comisión entre en razón, espero que lograremos hacer de esta Directiva de responsabilidad medioambiental el elemento central de nuestra legislación. Asimismo espero que no quede llena de agujeros como un queso suizo, lo que significaría que solamente se aplicaría en muy pocos casos, porque de ser esto así no lograríamos nuestros objetivos, a saber, incentivar a la industria para que adopte medidas preventivas y que el principio de «quien contamina paga» sea realmente el punto de mira de nuestra acción. 
Señor Presidente, este fin de semana en Dinamarca ha salido a relucir que el glifosato ha penetrado en depósitos superiores de aguas subterráneas. 
Esto es muy significativo en un país como Dinamarca, donde bebemos el agua directamente del grifo. 
El producto con que se fumigan los cultivos se llama Roundup y lo fabrica Monsanto. 
Roundup está aprobado y se usa comúnmente en el resto de la UE. 
No me sorprende que el veneno, cuando se difunde de forma sistemática, acabe en nuestras preciadas aguas subterráneas. 
Debería ser posible, en un caso como este, responsabilizar a Monsanto de lo ocurrido con las aguas subterráneas danesas. 
Monsanto también está detrás de la modificación genética de plantas a gran escala. 
Las plantas se modifican genéticamente para que se vuelvan resistentes, por ejemplo, al Roundup; de este modo, las malas hierbas pueden fumigarse de forma más intensa sin dañar los cultivos. 
Por lo tanto, también debería ser posible responsabilizar a Monsanto de la enfermedad y el daño permanente que causará el uso de cultivos genéticamente modificados. 
En Dinamarca hemos prohibido muchos pesticidas que están presentes en el mercado en el resto de la UE. 
La UE intenta obligar a Dinamarca a levantar la prohibición sobre algunos de estos pesticidas. 
Ha obligado a Dinamarca a usar plantas modificadas genéticamente sin responsabilizar a nadie de la contaminación provocada en el campo. 
Es totalmente inaceptable. 
Señor Presidente, desde que existe el ser humano, siempre ha contaminado. 
Ahora bien, cuantos más habitantes seamos y más sofisticados nos volvamos, peor podrá hacerse esa contaminación. 
Dada la naturaleza humana y el mundo decadente en que vivimos, es inevitable que se produzcan algunos daños. 
La prevención constituye evidentemente la máxima prioridad y, en cualquier caso, la contaminación debe reducirse al mínimo. 
Pero cuando ocurra esa contaminación, los responsables deben reparar los daños. 
No obstante, tenemos que reconocer que gran parte de las actividades que suponen una amenaza para nuestro medio ambiente pueden no solo estar ayudando a la humanidad de otras formas, sino de hecho ayudando al propio medio ambiente. 
Esta legislación pertenece al ámbito del derecho civil, no del derecho penal. 
No se trata de castigar a los infractores, sino de exigirles responsabilidades por los daños medioambientales. 
Los castigos deben imponerse a través de sanciones penales, no por la vía de la responsabilidad civil. 
Algunos piensan que esto no es más que una escaramuza en la lucha maniquea que mantiene el sector público, que es el bueno, contra el sector privado, que es el malo. 
Este tipo de lucha de clases propia del siglo XX no tiene cabida en nuestros días. 
Los dos sectores se complementan. 
Son interdependientes y deben compartir y repartirse la responsabilidad por las consecuencias de la contaminación. 
El sector privado no puede ni debe ignorar las consecuencias de sus acciones. El sector público y, en definitiva, la sociedad y el público en general, no pueden lavarse las manos y privatizar las responsabilidades incurridas en la regulación del sector privado, cuando también disfrutan de los beneficios derivados de sus acciones. 
Además, al ser la contaminación un problema práctico, las acciones correctoras también tienen que ser de carácter práctico. 
Las soluciones fantasiosas son nocivas para la propia contaminación. 
Por todo ello, los Conservadores británicos apoyamos las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior a este proyecto de Directiva. 
No son perfectas y esperamos que se mejoren en la segunda lectura, cuando el Consejo desarrolle más el pensamiento europeo sobre este importante tema. 
Pero constituyen otro paso responsable en el camino que nos lleva a afrontar las consecuencias de la contaminación en Europa y en todo el mundo. 
Señor Presidente, los objetivos de la propuesta de Directiva son muy ambiciosos y han sido diseñados para minimizar el daño medioambiental con medios preventivos y medios para repartir el coste de la reparación del daño. 
Las enmiendas que apoyamos representan un compromiso necesario, no solo para evitar que se posponga la adopción de la Directiva, sino también para asegurar que todo el sistema de protección sea viable y para prevenir distorsiones del mercado. 
Felicito a mis amigos, Sr. Manders y Sr. Papayannakis, por haber alcanzado los compromisos necesarios. 
La aplicación del principio de «quien contamina paga» es muy importante. 
Sin embargo, necesita conceptos nuevos e instituciones innovadoras muy difíciles de introducir de golpe, por mucho que las deseemos. 
Las garantías financieras obligatorias para la reparación del daño medioambiental son una condición imprescindible para la protección eficaz del medio ambiente. 
Sin duda, nuestro objetivo a largo plazo tiene que ser la introducción de un sistema de seguro obligatorio que sirva para desincentivar. 
Sin embargo, el seguro obligatorio tiene que introducirse de forma gradual en cooperación con los operadores implicados. 
Hay que tener en cuenta el hecho de que las compañías de seguros necesitan cierto tiempo para prepararse. 
Sin embargo, las fases para imponer un sistema de seguro obligatorio tienen que definirse desde ahora en el texto de la Directiva, junto al tipo de daño que cubrirá y las actividades a las que se referirá. 
Respecto de la reparación del daño medioambiental, no podemos aceptar las amplias exenciones de la responsabilidad de los operadores. 
De lo contrario, la carga financiera final pasaría al contribuyente. 
El ejercicio de actividades para las que se ha concedido permiso y que no se consideran perjudiciales en el momento en que se llevan a cabo no excluye la responsabilidad del operador; sin embargo, el hecho de que exista un permiso o de que las consecuencias perjudiciales de la actividad no se reconocieran a tiempo, podría servir de circunstancia atenuante al atribuir el coste de la reparación del daño ecológico al operador, siempre y cuando este hubiera cumplido plenamente las disposiciones de la legislación vigente o las condiciones del permiso en el desempeño de su actividad. 
Llevamos razón al aceptar los criterios de diferenciación del informe en materia de compensación, mediante los que podemos ver de forma indirecta el tamaño de la empresa, asegurando así que no se ponga en peligro la viabilidad de las empresas pequeñas. 
Lo anterior también demuestra que, si queremos que la protección medioambiental sea eficaz y se prevengan las catástrofes ecológicas, las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva tienen que revisarse de forma regular, junto con una evaluación de las últimas conclusiones científicas y de la experiencia adquirida mientras tanto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Directiva sobre responsabilidad medioambiental era el eslabón que faltaba en una política medioambiental efectiva. 
Con una Directiva fuerte y valiente podríamos reducir la contaminación y los daños ambientales y hacer pagar a los que contaminan. 
Después de veinte años de gestación, la propuesta es decepcionante, pero las enmiendas de los Verdes y de la izquierda pueden mejorarla en gran medida. 
¿Cómo es posible proteger el medio ambiente excluyendo la energía nuclear y los OGM? 
Querer proteger y restaurar la biodiversidad con una Directiva que solo establece responsabilidades con respecto a un 13 % del territorio es inaceptable. 
Lo peor, no obstante, es la hipocresía de ciertos Estados miembros sobre la cuestión de la responsabilidad medioambiental. 
Los conservacionistas franceses, que se declaran consternados por el importe de los pagos del FIPOL, harían bien en pedir al Sr. Chirac, que se enorgullece de su carta medioambiental, que cambie la postura de su Gobierno, que presiona a favor de las excepciones del permiso y en contra del seguro obligatorio. 
Esto es totalmente contradictorio con una verdadera política medioambiental, porque con permisos y sin seguro obligatorio podemos esperar docenas de catástrofes como la del Prestige y el Erika. 
Nos negamos a aceptarlo. 
Por tanto, pedimos a todos los diputados de esta Cámara que voten a favor de nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, la responsabilidad medioambiental debería ser una de las joyas de la corona de la legislación medioambiental europea, pero hasta ahora ha sido una tragedia. 
La Comisión ha necesitado 20 años para traducir en legislación el principio de «quien contamina paga». 
Pero no es la industria la que habrá de pagar, sino los Gobiernos nacionales. 
El principio de «quien contamina paga» ha sido profanado por la Comisión. 
Por desgracia, el Sr. Manders no ha hecho más que empeorar las cosas y ha dejado en los huesos una propuesta que ya de por sí era enclenque. 
No es de extrañar que toda la industria arrope al Sr. Manders. 
Si la industria tiene un permiso medioambiental, nunca tendrá que responsabilizarse. 
Un automovilista necesita un permiso de conducir para poder circular, pero si provoca un accidente, es sin duda responsable. 
En este punto interviene el seguro obligatorio de automóviles. 
Para la industria hemos de introducir exactamente las mismas responsabilidades. 
Este es el núcleo del principio de «quien contamina paga». 
Hemos de poder proceder contra los causantes de accidentes como el del Prestige, el Erika, y también accidentes nucleares y la contaminación causada por alimentos genéticamente modificados. 
Cabe esperar que los liberales de izquierdas, los socialistas, los verdes, los regionalistas, los comunistas y miembros de la derecha consigan mañana la mayoría. 
Señor Presidente, creo que es muy importante que ahora contemos con una legislación común en materia de responsabilidad medioambiental. 
La hemos estado esperando durante muchos años. 
Creo que la propuesta de Directiva de la Comisión no es plenamente satisfactoria. 
Por otra parte, la adopción del informe del Sr. Manders sin enmiendas socavaría totalmente la protección medioambiental en la UE. 
Realmente debilitaría la propuesta de la Comisión. 
Necesitamos cambios importantes. 
En primer lugar, el principio de «quien contamina paga» tiene que aplicarse sin excepción y, al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos, en la línea indicada por otras personas, que existan garantías financieras para que quien contamina pague realmente, bien mediante sistemas de seguro obligatorio o de alguna otra forma. 
Necesitamos una responsabilidad rigurosa y objetiva para las formas de destrucción medioambiental que se derivan de la actividad comercial. 
Por lo que se refiere a la cuestión de la reducción de la biodiversidad, creo que es importante que dispongamos de una definición lo más amplia posible, de forma que abarque realmente todos los hábitats y especies protegidas por la legislación comunitaria y la correspondiente legislación nacional. 
Finalmente, creo que la Directiva también debería contemplar la contaminación del campo por parte de los organismos modificados genéticamente. 
No entiendo por qué no se desea abordar dicha cuestión en esta Directiva. 
En conclusión, un comentario respecto del acceso al procedimiento de reclamación. 
Creo que, también en este ámbito, tenemos que proporcionar una cobertura tan amplia como sea humanamente posible, de forma que los ciudadanos tengan de verdad la oportunidad de presentar reclamaciones en materia de contaminación medioambiental y, por supuesto, lo mismo debería ser aplicable a las ONG u organizaciones no gubernamentales. 
Por último, un par de comentarios respecto del propio fundamento jurídico. 
Soy consciente de que, dentro de algunos años, a algunas personas les gustaría transferir el fundamento jurídico de las disposiciones en materia de protección medioambiental al mercado interior. 
En mi opinión, esto sería un craso error, y de hecho destruiría las normas que gobiernan la responsabilidad medioambiental ya establecidas en varios Estados miembros. Por lo tanto, me opongo a esto firmemente, y quisiera decir que solo podré votar a favor del informe del Sr. Manders si se modifica en relación con los puntos que acabo de mencionar. 
Señor Presidente, Señorías, ahora tenemos la oportunidad de votar a favor de una propuesta que acabará con una situación en la que los que causan la contaminación pueden evadir su responsabilidad. 
Creo que tanto los políticos como los ciudadanos de a pie están realmente sorprendidos de que esta situación se haya prolongado durante tanto tiempo y exigen que ahora se le ponga fin. 
Al mismo tiempo, también tenemos que ser coherentes y no permitir excepciones importantes en relación, por ejemplo, con los organismos modificados genéticamente, la energía nuclear y el transporte marítimo. 
Si queremos ser coherentes, tenemos que votar a favor de la enmienda 93 y las enmiendas siguientes del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y de los progresistas de otros Grupos. 
Como otros muchos ya han señalado, la enmienda 107 es muy importante, porque si realmente queremos que el principio de «quien contamina paga» se aplique en la práctica, tiene que haber garantías financieras, incluso si una empresa se va a la quiebra. 
Por lo tanto, también necesitamos desarrollar un sistema de seguros. 
Asimismo, es muy importante que el artículo 175 forme parte del fundamento jurídico, de forma que, como ha dicho el orador anterior, los sistemas vigentes no se vean perjudicados. 
Señor Presidente, un marco legislativo sobre responsabilidad ambiental es necesario porque es justo que quien contamina tenga que pagar. 
Sin embargo, esa normativa ha de ser equilibrada para tener en cuenta también las necesidades expresadas por la industria europea. 
La posición adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, resumida en el informe del Sr. Manders- a quien doy las gracias por este importante documento -, es un compromiso aceptable, aunque comporta algunos sacrificios. 
Algunas enmiendas que ahora se proponen son especialmente peligrosas, ya que impedirían la cuantificación de la cobertura de seguro por parte de los operadores. 
La definición de daño ambiental ocupa un lugar central en la estructura de la Directiva, así como la definición de biodiversidad y de daño a la biodiversidad. 
Desde mi punto de vista, las enmiendas 23, 84 y 98 son inaceptables: si un accidente no tiene efectos dañinos, no se puede hablar de daño, sino de riesgo. 
Tampoco es aceptable la enmienda 95, por cuanto olvida el principio de «quien contamina paga». 
De hecho, el concepto de responsabilidad es independiente de la relación del derecho irrevocable a utilizar un lugar. 
La definición de contaminación del suelo por OGM es impropia, por cuanto forma parte de una definición general que no enumera todas las fuentes contaminantes. 
Tiene que haber una referencia a la responsabilidad proporcional, y no solidaria, que crearía un régimen basado en la desconfianza. 
La prevención debe seguir constituyendo el objetivo prioritario de las actividades que pueden afectar al medio ambiente. 
Por último, las garantías financieras: para permitir que se consolide el mercado de seguros, hay que mantener la máxima flexibilidad incluso después del primer quinquenio de aplicación de la nueva normativa. 
Para concluir, pido a sus Señorías que apoyen el compromiso de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que representa una señal clara y fuerte a favor de la protección del medio ambiente, pero no castiga a la industria europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera comenzar felicitando al ponente, el Sr. Manders, así como al Sr. Papayannakis, por su trabajo. 
La aprobación de una Directiva sobre responsabilidad medioambiental tiene un valor enorme: aporta credibilidad al legislador en materia de medio ambiente, aumenta la protección de los ciudadanos y envía un mensaje claro a los operadores económicos de que contaminar no compensa. 
Así pues, acogí con una enorme esperanza la propuesta de Directiva, aunque considero que, a pesar de que representa un paso en la buena dirección, resulta insuficiente. 
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, al intentar resolver toda ambigüedad jurídica, acabó debilitando aún más los objetivos medioambientales. 
Por lo tanto, en lo que respecta al ámbito de aplicación de la Directiva, en primer lugar admito que es necesario aclarar la cuestión de los daños a la biodiversidad, aunque la solución no pasa, en mi opinión, por excluirlos de la Directiva. 
La pérdida de biodiversidad en la Unión Europea es una realidad y hemos de cumplir los compromisos contraídos en Johanesburgo y Gotemburgo. 
En segundo lugar considero que, además de los daños al estado ecológico y químico del agua, la Directiva también debería abarcar la merma de su volumen, tal y como establece la Directiva marco sobre aguas. 
En tercer lugar, considero inaceptable que la contaminación por petróleo en el transporte marítimo y la contaminación radioactiva causada por los reactores nucleares queden excluidas del ámbito de aplicación de la directiva. 
Estas actividades son de las más dañinas para el medio ambiente y los instrumentos internacionales no abordan debidamente la prevención y reparación de los daños provocados por estas actividades. 
Por último, señor Presidente, opino que la Directiva debe incluir disposiciones más claras con respecto a la obligatoriedad de los seguros, principalmente para los operadores con actividades más peligrosas, a fin de evitar que, en caso de insolvencia de las empresas, no acabe siendo el contribuyente el que pague la reparación de los daños. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Manders porque creo que ha cumplido admirablemente su tarea. 
No solo ha trabajado mucho y consultado ampliamente, sino que además ha conseguido que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior llegara a un compromiso equilibrado y ello a pesar de cientos de enmiendas y una gran controversia. 
Este debate deja claro que la controversia no se ha resuelto, ni mucho menos, pero lo que propone ahora el Sr. Manders es equilibrado, viable y equitativo, y prevé actualizaciones en los próximos 5 años. 
Reparar la riqueza medioambiental es importante, más que importante, y prevenir los daños lo es todavía más. 
Ni que decir tiene que un estricto mecanismo de responsabilidad puede contribuir a ello en gran medida. 
Ahora bien, con este informe, aunque aún no se haya completado la legislación, damos un paso importante hacia una mejor protección, pues no hemos de olvidar que además de la obligación de reparar, introducimos también la responsabilidad objetiva. 
Responsabilidad objetiva quiere decir que ni la culpa ni la negligencia son relevantes. 
Por supuesto que estamos acostumbrados desde hace algún tiempo a esta forma de proceder en otros sectores, pero a pesar de ello es un principio trascendente. 
Creo que hemos de aceptar este trascendente mecanismo de responsabilidad, pero al mismo tiempo estoy convencida de que la regulación ha de ser jurídicamente segura, viable, eficaz y equitativa, y por ello apoyo el informe tal y como ha salido de la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha elaborado, a mi parecer, una propuesta viable. 
Espero que el Consejo siga el ejemplo del Parlamento y adopte una decisión sin dar largas a la Directiva. 
El Parlamento Europeo debe aceptar esta propuesta como fundamento de una decisión y ampliar la Directiva a los daños medioambientales causados por actividades nucleares. 
La Directiva es importante, a mi entender, porque conferirá carácter europeo al principio de que «quien contamina paga» y hará que este sea aplicable en la práctica, y porque reforzará el modelo europeo de la economía de mercado medioambiental y social. 
La Sra. Flemming y yo presentamos 35 enmiendas en nombre de los diputados austriacos. 
Once de ellas fueron aceptadas textualmente y siete quedaron incorporadas en las enmiendas de transacción. 
Por mi parte, creo que los cinco aspectos siguientes son particularmente positivos y merecen ser destacados. En primer lugar, la Directiva será aplicable a las actividades que figuran en el Anexo I y que ahora se describen con mayor claridad gracias a nuestra enmienda. 
En segundo lugar, se establece una exención de la responsabilidad en el caso de actividades normales aprobadas por las autoridades y de las emisiones y actividades que no se consideren perjudiciales a la luz de los conocimientos científicos actuales. 
Esto crea seguridad jurídica. 
En tercer lugar, se ha impuesto el principio de la responsabilidad compartida, en lugar de la responsabilidad solidaria, lo que significa que los costes se repartirán cuando haya varios contaminadores. 
En cuarto lugar, la Directiva pretende que se subsanen los daños ambientales y, por lo tanto, se han suprimido las disposiciones relativas a la compensación por pérdidas provisionales. 
En quinto lugar, la comisión se manifiesta a favor de la cobertura financiera voluntaria y en contra del seguro obligatorio. 
Esto supone también un equilibrio entre los distintos intereses. 
Señor Presidente, Señorías, numerosas catástrofes medioambientales como la del petrolero Prestige, que naufragó frente a las costas españolas, han acelerado el progreso de la legislación en materia de responsabilidad medioambiental en la UE. 
Además, en mi propio país, Finlandia, los ciudadanos se preocupan cuando ven el lamentable estado en que se encuentran algunos petroleros que navegan ante nuestras costas. 
La salud de los ciudadanos está inseparablemente ligada al medio ambiente que les rodea. 
Por lo tanto, las cuestiones de responsabilidad medioambiental afectan mucho a los ciudadanos y también constituyen aspectos clave de nuestras políticas. 
Un tercio de las peticiones que llegaron al Parlamento Europeo el año pasado, cerca de 1 700, se referían a problemas relacionados con el medio ambiente. 
La propuesta de Directiva de la Comisión intenta asegurar que quien contamina pague los costes derivados de un futuro daño medioambiental. 
Se tratará de un marco armonizado en toda la Unión Europea, que nos permitirá evitar una situación en la que una empresa opta por establecer su domicilio social allí donde se aplica la legislación más favorable. 
Con objeto de evitar la distorsión de la competencia en el mercado interior, es importante que la Directiva se aplique de la forma más uniforme posible en los Estados miembros de la UE. 
Asimismo, es importante mantener el fundamento jurídico relativo al mercado interior, es decir, el artículo 95, tras un período transitorio de cinco años. 
Hemos discutido la propuesta de la Comisión en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y proponemos numerosas enmiendas necesarias. 
Nuestras enmiendas están encaminadas en general a aclarar la interpretación jurídica de la Directiva y a encontrar el equilibrio entre los intereses de la industria y los de los agentes medioambientales. 
Para evitar cualquier incertidumbre jurídica hemos propuesto que el ámbito de la seguridad nuclear, que ya está regulado en los acuerdos internacionales, se excluya de la Directiva. 
Actualmente se revisan las convenciones internacionales en materia de seguridad nuclear, y en ellas se incluirán disposiciones análogas en materia de responsabilidad medioambiental. 
En este momento, no sería sensato que la UE socavara la importancia de los acuerdos internacionales, puesto que se están revisando y se ampliarán a los nuevos Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de Directiva sobre la responsabilidad medioambiental presenta un enfoque equilibrado que presionará a los operadores para que prevengan la contaminación y reparen los daños, al tiempo que propone un pequeño retoque normativo para conseguirlo. 
La introducción de cualquier cambio fundamental en esta propuesta de Directiva habría supuesto una solución inviable y poco práctica en una cuestión de por sí compleja, y considero que el trabajo desarrollado por el Sr. Manders y otros miembros de la comisión constituye la mayor convergencia posible habida cuenta de esta dificultad. 
De hecho, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no ha modificado en esencia el planteamiento de la Comisión, pero ha aclarado algunos principios fundamentales. 
La Directiva no tiene efecto retroactivo. 
Las exenciones del permiso y del estado de la técnica deben mantenerse; la responsabilidad debe ser obligatoria, pero no así el seguro. 
El principio rector de la Directiva es que quien contamina debe pagar por el daño ambiental causado por su acción. 
La conciencia de las implicaciones financieras de este daño induce a realizar un mayor esfuerzo para evitar que se produzca. 
Por tanto, el principio de que «quien contamina paga» tiene por objeto abordar la reparación e incentivar la prevención. 
Un régimen obligatorio de seguridad financiera podría desestabilizar esta relación: los operadores sabrían que sus responsabilidades financieras estarían cubiertas por una póliza de seguro, un fondo o un impuesto, por lo que quedaría anulado el incentivo a prevenir el daño. 
Un sistema obligatorio de seguridad financiera equivale sin duda al principio de que «el asegurador paga» , con el riesgo de que la responsabilidad del operador se traslade a quien aporta la seguridad financiera. 
Todos nosotros debemos ser socialmente responsables de la protección del medio ambiente, porque, por su propia naturaleza, es un recurso limitado. 
Los operadores deben reconocer que sus actividades pueden tener repercusiones y que deberán reparar cualquier daño que causen de forma intencionada o por negligencia. 
En estos términos, el principio de «quien contamina paga» es aceptable. 
Gracias al enfoque razonable adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior se habrá creado una Directiva que reflejará los intereses tanto de la industria como del medio ambiente. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer a sus Señorías todas sus valiosas intervenciones y sus ideas constructivas sobre el modo de mejorar esta propuesta. 
Permítanme que empiece comentando dos cosas: el principio de «quien contamina paga» y su ámbito de aplicación. 
Algunos diputados se han referido a la larga historia de esta propuesta; en el debate han quedado reflejadas las diferentes opiniones y la necesidad de encontrar al final un enfoque equilibrado. 
Entiendo también que muchas de sus Señorías quieran ser más ambiciosas: que quieran sobrecargar esta propuesta con otras muchas cosas. 
Lo entiendo, pero es importante que nos planteemos el proceso paso a paso, porque así será más fácil desde el punto de vista práctico. 
No queremos sobrecargar la propuesta con aspectos que estamos negociando al mismo tiempo en foros internacionales. 
Estoy segura de que tendremos muchas menos posibilidades de sacar adelante la propuesta si la sobrecargamos con esos aspectos. 
El principio de «quien contamina paga» es el principio rector en que se basa toda la propuesta, y por eso se cita en el primer artículo. 
La idea es exigir responsabilidades y, por esa vía, asegurar la prevención. 
La propuesta transmite muy claramente ese mensaje. 
Consideramos también el hecho de que, en muchos casos, no se puede identificar al contaminador, o no se consigue hacerle pague. 
En tales casos, hay que encontrar un remedio. 
Queremos que exista un sistema de seguros. 
Pero creemos que deben ser las fuerzas del mercado las que creen ese tipo de sistema. 
No queremos imponerlo hoy en una situación en la que no tenemos claro que conseguiremos el efecto deseado. 
En respuesta al comentario de la Sra. Breyer: todos los accidentes están cubiertos. 
No conozco las presunciones de sus Señorías respecto a los objetivos de esta Directiva, pero las nuestras se basan mucho en el excesivo número de accidentes y casos de negligencia que se producen, y también en que detrás de la contaminación hay mucha codicia y cortedad de miras. 
Por eso hemos concebido la propuesta de esta manera. 
Así pues, todos los accidentes están cubiertos y también cubrimos los casos de negligencia; de esta forma se creará el principio de «quien contamina paga» y, al final, se allanará el camino para la prevención. 
¿Qué podemos decir de su ámbito de aplicación? 
Nosotros consideramos muy importante que exista claridad jurídica para introducir un nuevo sistema que abarque la biodiversidad, porque los daños tradicionales- daños económicos o personales- están ya debidamente contemplados en la legislación de todos los Estados miembros. 
No tenemos que trasladar esa cuestión al ámbito comunitario, pero sí queremos armonizar la legislación para que incluya los daños a la biodiversidad. 
Ese ha sido el punto de partida. 
Si queremos hacerlo así y tener un sistema creíble, necesitamos claridad jurídica y un sistema manejable y aplicable. 
Una definición demasiado amplia- se propone que abarque, en algunos casos, toda la biosfera- sería inmanejable. 
Por ejemplo ¡tendríamos que cubrir los daños a las malas hierbas! 
¿Estarían dispuestas las compañías de seguros a cubrir esos daños? 
La excavación de los cimientos de una casa ocasionaría daños a los gusanos. 
¿Queremos que se cubran esos daños? 
¿Es eso razonable? 
Primero tenemos que tener claro cuál queremos que sea el ámbito de aplicación y elaborar una definición que proporcione claridad jurídica. 
Tenemos que ver esto como un proceso gradual. 
Estoy segura de que cuando apliquemos esta Directiva, habrá más claridad jurídica. 
Ahora bien, si somos demasiado ambiciosos desde el principio y pensamos que podemos abarcar toda la biosfera, no estaremos defendiendo bien los intereses medioambientales. 
Respecto a los OGM, la contaminación nuclear y la contaminación marina: sabemos que son aspectos en que quisiéramos ser también más ambiciosos. 
Pero tenemos razones muy prácticas para no incluirlas en esta propuesta. 
Estamos negociando para mejorar la legislación en esas materias. 
Tenemos foros y convenios internacionales que abordan esas cuestiones. No queremos duplicar el trabajo: queremos ser prácticos. 
No queremos sobrecargar el sistema con esas cuestiones. 
Tenemos varios años por delante para incorporar esos aspectos. 
En cuanto a las actividades internacionales, deben existir normas internacionales. 
Como acabo de decir, los daños tradicionales están ya contemplados en la legislación de los Estados miembros. 
Pero ¿que ocurre con la contaminación petrolera o marina? 
¡El que contamina debe pagar! 
Esa es la única regla que cabe aplicar. 
Es un escándalo que hayamos dejado que las cosas llegaran tan lejos. 
Hemos sido testigos de un accidente tras otro. 
Pero, de nuevo, se trata de una actividad realmente internacional y tenemos que trabajar para adoptar una legislación internacional que aplique el principio de «quien contamina paga». 
Tengo entendido que el Director del FIPOL ha anunciado que las indemnizaciones reclamadas solamente se cubrirán hasta el 15% de ese importe. 
Eso es inaceptable. La Comisión es muy consciente de la situación y por eso hemos apoyado siempre las propuestas de aumentar los fondos disponibles a un millardo de euros. 
Tengo entendido que esta semana se celebra una conferencia diplomática en Londres para firmar un protocolo que aumentará la cuantía máxima de los fondos disponibles para indemnizaciones. 
Espero que esa conferencia sea todo un éxito; todos estamos decididos a trabajar sobre la contaminación marina y hacer todo lo que esté en nuestras manos. 
Queremos evitar los pretextos y también la absurda situación que supone la falta de aplicación de la Directiva y de los convenios internacionales. 
Por eso la Comisión considera que la Directiva debe aplicarse en todos los casos cuando los convenciones internacionales relevantes no hayan entrado todavía en vigor. 
Por ese mismo motivo y cuando los convenios relevantes no hayan entrado todavía en vigor, la Comisión no es partidaria de esperar cinco años más para aplicar la Directiva. 
Se ha sugerido también que después de un período de transición de cinco años, la Comisión presente propuestas para que la Directiva se aplique a título de complemento de los convenios internacionales cuando estos no regulen debidamente la responsabilidad o la indemnización. 
La Comisión no considera constructivo ni factible que la Directiva trate de llenar las posibles lagunas de los convenios vigentes. 
Los convenios contienen cláusulas de exclusividad vinculantes para los Estados que les impiden imponer otros instrumentos jurídicos complementarios, de manera que los Estados miembros tendrían que incumplir convenios ya ratificados para poder respetar la legislación comunitaria. 
¿Qué podemos decir del cumplimiento de la legislación y de los riesgos del estado de la técnica y del desarrollo? 
Algunas de las enmiendas presentadas tratan de mantener las llamadas defensas basadas en permisos y las defensas basadas en el riesgo del estado de la técnica o el desarrollo como defensas apropiadas y, en lo que respecta a las primeras, con una definición que especifique mejor su ámbito de aplicación. 
Otras enmiendas tratan, por el contrario, de introducir el cumplimiento de la legislación y el estado de la técnica como factores atenuantes. 
La Comisión cree que las defensas apropiadas, una vez mejorado el texto propuesto, constituyen la mejor solución en términos de asegurabilidad y certidumbre jurídica. 
Pero la Comisión considera conveniente especificar mejor el ámbito de aplicación de lo que se entiende por defensa basada en permisos y autorizaciones, para evitar cualquier posible interpretación como un cheque en blanco para contaminar, porque esa no es la idea. 
La Comisión no considera apropiado que se exijan responsabilidades a las autoridades competentes cuando los daños hayan sido causados por una actividad permitida, como tampoco considera apropiado que exista un vínculo entre la defensa basada en el estado de la técnica y cualquier sistema de gestión y auditoría medioambiental. 
Estoy segura de que estas cuestiones volverán a plantearse cuando tengamos que tomar otras decisiones sobre el tema. 
Se han presentado enmiendas para exigir una responsabilidad proporcional o bien una responsabilidad solidaria. 
La Comisión considera, no obstante, que los Estados miembros deben conservar el derecho a optar por la responsabilidad solidaria o por la responsabilidad proporcional, o por una combinación de ambas, según sus respectivas tradiciones jurídicas. 
Quiero recordarles, en este sentido, que la propuesta ofrece algunas garantías a los operadores, puesto que establece que los operadores que puedan demostrar el grado de contribución de sus actividades a los daños causados, tendrán que pagar solo los costes correspondientes a esa parte de los daños. 
Se ha sugerido que la Comisión presente una propuesta que complemente el marco reglamentario referente a las responsabilidades por daños causados por los OGM. 
Aparte de que esta exigencia supondría una intromisión inaceptable en el derecho de iniciativa de la Comisión, la Comisión está considerando actualmente la cuestión de los daños económicos a agricultores tradicionales y orgánicos en el contexto del llamado debate de la coexistencia. 
No debe prejuzgarse aquí el resultado de ese debate. 
En ese debate es donde también se tratará la cuestión de los daños tradicionales. 
Respecto a las garantías financieras: algunas de las enmiendas presentadas proponen que las garantías financieras sean obligatorias cuando la Directiva entre en vigor, mientras que otras se oponen a que dichas garantías sean obligatorias. 
Creo que podemos estar de acuerdo en que las garantías financieras se convertirán en un factor importante para la correcta aplicación de la Directiva. 
Los Estados miembros y los operadores del mercado, así como la Comisión, tendrán que desempeñar un papel importante para fomentar la creación, a su debido tiempo, de sistemas, productos y mercados de seguros financieros con ese fin. 
Dicho esto, a mí me parece claro que los Estados miembros deben tener la posibilidad de crear al ritmo que ellos mismos decidan las soluciones para las garantías financieras; unas soluciones adaptadas a sus respectivas necesidades y condiciones institucionales. 
Además, los mercados financieros deben disponer de tiempo y margen para idear soluciones de mercado en respuesta a la demanda de seguros que muy probablemente aparecerá cuando se establezca el nuevo sistema de responsabilidades. 
A la vista de todo ello, parece prematuro imponer una garantía financiera de hecho y de derecho para todos los operadores que figuran en el Anexo I en los próximos años. 
Dicho esto, sería desde luego conveniente replantearse la situación cuando la Comisión lleve a cabo su revisión general de la transposición de la Directiva. 
Existe consenso general respecto a que el principio de «quien contamina paga» debe significar que los operadores responsables de la contaminación paguen todos los daños causados al medio ambiente. 
Además, existe una clara necesidad de consenso en la Comunidad respecto a que el contaminador debe pagar el coste de los daños causados al medio ambiente. 
Por otra parte, las disposiciones contenidas en la propuesta especifican todo tipo de medidas reparadoras que debe adoptar el operador responsable. 
Algunas de las enmiendas presentadas tratan de delimitar el ámbito de las acciones reparadoras suprimiendo la reparación de las pérdidas provisionales, además de suprimir el concepto de un servicio de reparación natural. 
Si se eliminan algunos elementos de ese conjunto de acciones, el resultado inevitable sería que el contaminador no tendría que pagar todo el coste de los daños causados. 
Finalmente, en el difícil contexto en que está teniendo lugar este debate sobre responsabilidad medioambiental, la Comisión ha tratado de llegar a un equilibrio general que ya se basa en soluciones de compromiso. 
Llegados a este punto, la Comisión sigue opinando que la propuesta es justa y viable en muchos aspectos y que merece ser apoyada. 
Pero sé también que estamos todavía al comienzo del proceso legislativo y, por tanto, soy plenamente consciente de la necesidad de que todas las instituciones participen en el proceso si queremos alcanzar un consenso a su debido tiempo. 
Ahora bien, ese consenso exige necesariamente la voluntad de todas las partes de encontrar compromisos apropiados y satisfactorios. 
El debate ha puesto de manifiesto esta necesidad de tender puentes entre las diferentes opiniones y encontrar al final una solución factible. 
Entregaré la posición de la Comisión sobre todas las enmiendas a los servicios del Parlamento para su publicación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
. (FR) La propuesta de directiva sobre la responsabilidad medioambiental es muy importante para asegurar una mayor protección del medio ambiente y luchar contra todos los tipos de contaminación. 
Ya se trate de AZF en 2002 en Toulouse o de los petroleros Erika y Prestige, estas catástrofes cuestan vidas humanas y son la causa primera de daños medioambientales graves y duraderos. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior propone una postura más conciliadora con respecto a los intereses de las empresas, aguando la propuesta de Directiva inicial. 
Por el contrario, las disposiciones estipuladas deben reforzarse con medidas de protección, haciendo que quienes contaminen paguen por los daños causados al medio ambiente, facultando a las ONG y los ciudadanos para recurrir a la justicia e incluyendo en la Directiva los daños causados por los OGM. 
Tras el reciente anuncio por parte del FIPOL de un porcentaje de indemnización ridículo del 15% por los daños causados por el Prestige, que ha generado estupefacción e indignación, con razón, entre los ciudadanos y las asociaciones, Europa tiene hoy la obligación de emitir una señal muy distinta. 
Debe emitir una señal clara de justicia y determinación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0123/2003) del Sr. Sacconi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre los acuerdos medioambientales a nivel comunitario en el marco del Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador». 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Parlamento Europeo y, en particular, a su ponente, el Sr. Sacconi, el trabajo que ha realizado con este informe y la propuesta de resolución. 
Celebro el tono positivo general del informe y de la propuesta de resolución. 
El informe apoya plenamente el enfoque adoptado por la Comisión en su comunicación. 
Estoy particularmente satisfecha por el reconocimiento explícito que hace el Parlamento de los acuerdos medioambientales como un complemento útil de las medidas legislativas. 
Reitero el compromiso de la Comisión de hacer uso de acuerdos voluntarios en el ámbito comunitario únicamente en casos especiales, siempre que sean consecuentes con los criterios establecidos en la comunicación y respeten unos requisitos procedimentales que contemplen la debida participación del Parlamento Europeo. 
Lo único que lamento es que las reservas legítimas del Parlamento para ejercer su control democrático hayan dado pie, en algunos puntos, a la propuesta de introducir unos requisitos de control que no se corresponden con la naturaleza voluntaria del instrumento. 
Es importante satisfacer la necesidad de transparencia y control por un lado sin desincentivar, por otro lado, la utilización por los operadores económicos del instrumento de los acuerdos medioambientales con la imposición de requisitos excesivos. 
La Comisión tendrá que decidir entre la autorregulación y la corregulación sobre la base de una evaluación ad hoc de cada acuerdo específico, el contexto legal y la cuestión política en juego. 
No tendría sentido establecer unos criterios generales abstractos a ese fin. 
Como ya he dicho antes, la imposición de ambiciosos requisitos de control a acuerdos espontáneos que no son reconocidos formalmente por la Comisión, parece ser excesivamente oneroso y desincentivar a la industria en el desarrollo de esos acuerdos. 
La Comisión propuso unas reglas generales sobre la evaluación del impacto en su comunicación de 5 de junio de 2002. 
No tendría sentido ir más allá de los requisitos impuestos a los actos legislativos cuando se trata de acuerdos medioambientales. 
Celebro que nuestra lista provisional de áreas políticas para la aplicación del instrumento haya merecido su aprobación. 
Aprecio también la sugerencia de que los acuerdos medioambientales podrían utilizarse en los sectores que figuran en el plan de acción adoptado en la cumbre mundial de Johanesburgo. 
En conclusión, quisiera insistir en que la resolución del Parlamento me parece, en términos generales, una señal positiva que contribuirá a facilitar la aplicación de acuerdos medioambientales en condiciones transparentes y aceptables. 
Señor Presidente, me han complacido mucho los comentarios de la Comisaria Sra. Wallström. 
También estoy relativamente satisfecha con el informe del Sr. Sacconi. 
La única crítica que hago a su informe y a algunas enmiendas presentadas por el Sr. de Roo se refiere precisamente a los comentarios que también ha hecho la Sra. Wallström. 
Permítanme decir lo siguiente: hay ahora un nuevo instrumento que incluye dos tipos de acuerdos voluntarios. 
Uno de ellos se basa en la legislación en forma de corregulación, pero permite seguir avanzando sobre esta base, las cosas pueden ir más rápido, no tenemos que prescribirlo todo de una vez. 
La segunda propuesta que aparece ahora en el nuevo documento es la autorregulación totalmente voluntaria, en la que los partícipes en el mercado acuerdan algo entre ellos que puede anticiparse a lo que algún día se acordará. 
La base es la voluntariedad. 
Tengo la sensación- y esto acaba de expresarlo la Sra. Wallström- de que el miedo es a menudo el peor consejero en este Parlamento, que prescribimos tanto, que somos tan puntillosos que estamos a punto de tirar la fruta buena junto con la podrida, aunque deberíamos estar contentos con el gran número de acuerdos que hay. 
Quizás pueda decir- no en vano la Democracia Cristiana es la defensora del medio campo en mi país- que muchas cosas no se habrían producido sin la voluntariedad. 
Tomemos por ejemplo el convenio regulador sobre el embalaje. 
Este convenio regulador, un acuerdo voluntario, va mucho más lejos que lo que querrían conseguir ahora a nivel europeo los más extremistas. 
Es un acuerdo voluntario. 
Dejen paso al voluntariado, diría yo. 
Dejen que si es preciso ocupe el lugar del instrumento. 
Esta es la razón, señor Sacconi, por la cual pido que se apruebe la enmienda que he presentado en nombre de mi Grupo. 
Lo mismo puede decirse de la estrategia sobre el PVC. 
Podríamos haber logrado mucho más si el Parlamento, por cierto que con inclusión de los liberales, hubiese dicho a la sazón: vamos a pedir a la Comisión que, junto con la industria, desarrolle una nueva política para poder trabajar enérgicamente a fin de conseguir- y de hecho usted era el ponente, señor Sacconi- que se agote este PVC. 
Lo mismo puede decirse también de la seguridad de los peatones. Podríamos prevenir 2000 muertes al año si actuamos rápidamente. 
Quisiera pedir al otro Grupo que se diera más margen y fuera más confiado. 
Estoy a favor de una buena política medioambiental. 
Todos aquí lo estamos, así que aseguremos que sea buena. 
Señor Presidente, señora Comisaria, apoyo plenamente las opiniones expresadas en este informe por el ponente, Sr. Sacconi, acerca de los acuerdos voluntarios, y en especial la noción de que el supuesto básico subyacente a dichos acuerdos voluntarios tiene que ser que sirvan de complemento de la legislación vigente. 
Parece que su papel es encontrar un camino hacia la mejora de la legislación. 
Quizás el análisis de los resultados de los acuerdos voluntarios induzca a establecer leyes nuevas que vayan más allá en materia de medio ambiente que lo que ocurre en la actualidad. 
Los operadores que están dispuestos a participar en estos acuerdos voluntarios podrían considerarse una especie de pilotos. 
En el nivel de empresa esto también significará que cuando exista la voluntad de comenzar a buscar aplicaciones mejores, las empresas puedan aprovecharlo en sus propias estrategias de marketing. Esperamos que esto lleve a una situación en la que los consumidores también comiencen a exigir dichas aplicaciones en una escala más amplia. 
Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que estos acuerdos voluntarios realmente produzcan resultados y no se queden tan solo en un deseo piadoso. 
Por esta razón, realmente tenemos que medir los resultados de forma precisa y asegurarnos de que existan ciertos plazos límite en cuyo transcurso tendrán que producirse resultados. 
Hay muchos operadores en el ámbito regional y local, aparte de las empresas, que están interesados en concluir acuerdos voluntarios. 
En este sentido, si la parte signataria de un acuerdo actúa en el ámbito regional, el ámbito central también tiene que estar informado de lo que ocurre, con objeto de evitar el solapamiento y asegurarnos de que, en la medida de lo posible, se realicen los beneficios, así como responder a preguntas en materia de financiación. 
En general, creo que estos acuerdos voluntarios proporcionan un valor añadido, pero con las condiciones que también están asociadas a la propuesta de la Comisión, es decir, tenemos que mejorar la legislación, no sustituirla. 
Señor Presidente, señora Comisaria, antes de nada me gustaría felicitar al Sr. Sacconi por su excelente informe, con el que estoy totalmente de acuerdo. 
A pesar de que en el plano teórico los acuerdos ambientales voluntarios son bienvenidos, en la práctica se ha demostrado que muchos de esos acuerdos, precisamente por ser voluntarios, acaban por no cumplirse y, por otro lado, han servido a menudo de pretexto para que no entren en vigor iniciativas más ambiciosas legalmente vinculantes. 
Todos nosotros recordamos lo que sucedió con la Directiva sobre el comercio de emisiones: muchos intentaron impedir su aprobación por el hecho de que existían acuerdos voluntarios con la industria en algunos Estados. 
Por lo tanto, me parece muy positivo que la Comisión haya tomado la iniciativa de definir reglas claras para el reconocimiento de los acuerdos voluntarios en el plano comunitario. 
En mi opinión, existen algunas reglas que es necesario cumplir: en primer lugar, los acuerdos voluntarios son solo un complemento y no la base de la política ambiental; en segundo lugar, deben utilizarse únicamente cuando se haya comprobado que ofrecen ventajas con respecto a los instrumentos convencionales; en tercer lugar, deben ser promovidos únicamente en el caso de que pretendan superar lo previsto por la legislación convencional; en cuarto lugar, deben estar orientados a la investigación tecnológica y basados en criterios de evaluación comparativa: no tienen sentido los acuerdos voluntarios que no promueven las mejores tecnologías. 
Por último, tiene que haber plazos, calendarios, metas bien definidas y mecanismos de seguimiento de los resultados y para asegurar el cumplimiento. 
Señor Presidente, yo también tengo que dar las gracias al Sr. Sacconi por su excelente informe que, en mi opinión, expresa con precisión las condiciones previas y los requisitos que tienen que cumplirse si queremos que un acuerdo medioambiental se convierta en un instrumento jurídico útil. 
Quisiera decirle a la Sra. Oomen-Ruijten que creo que los acuerdos voluntarios son importantes, pero que también es importante ser claros respecto del cumplimiento de las condiciones necesarias para que los acuerdos sean provechosos, también en términos medioambientales. 
A este respecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. de Silva: los acuerdos medioambientales solo pueden ser complementarios en ámbitos en los que puedan utilizarse para llevar a cabo mejoras, o aportar valor añadido, en la esfera medioambiental, y no solo deben servir para evitar la reglamentación medioambiental en un ámbito particular. 
Además, es importante que los objetivos y los plazos límite se especifiquen minuciosamente en relación con los acuerdos, y que abarquen una muestra representativa de las empresas y actividades productivas relevantes en el ámbito en cuestión, de forma que un grupo de empresas no tenga la oportunidad de obrar a su antojo. 
Creo que también es importante que haya una total transparencia respecto de los ciudadanos, de este Parlamento, de las organizaciones medioambientales y de la sociedad civil. 
Tiene que haber transparencia en relación con los planes de suscripción de acuerdos medioambientales, pero también un margen considerable para oponerse al uso de los acuerdos medioambientales en un ámbito específico. 
Para concluir, en relación con los acuerdos, es importante que se establezca un sistema de seguimiento y sanciones, de modo que pueda controlarse si los acuerdos, y los objetivos establecidos en esos acuerdos, se cumplen dentro de los plazos estipulados. 
En mi país, Dinamarca, también hemos experimentado con acuerdos medioambientales en algunos ámbitos, por ejemplo en el del PVC, en el cual no teníamos suficientes disposiciones que regularan el seguimiento y las sanciones. 
Cuando finalizó el plazo se puso de manifiesto que no había ocurrido absolutamente nada desde el punto de vista de la mejora del uso de los materiales de PVC. 
Por lo tanto, es muy importante que estos asuntos se clarifiquen a la hora de suscribir los acuerdos medioambientales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe que ahora tenemos ante nosotros contribuye de forma importante a la simplificación y mejora de la legislación medioambiental en la Comunidad. 
Por ello, quiero dar las gracias especialmente a mi colega, el Sr. Sacconi. 
Hasta la fecha, los comentarios demuestran que los acuerdos medioambientales despiertan recelos entre un número significativo de agentes medioambientales y de la sociedad civil, incluso cuando el acto de llegar al acuerdo en sí mismo haya sido voluntario (si bien el acuerdo en sí mismo es vinculante). 
Por otra parte, la industria desea extender la práctica de llegar a acuerdos voluntarios con objeto de alcanzar resultados positivos desde el punto de vista de la flexibilidad y, por tanto, esperemos que también del medio ambiente. 
En mi opinión, ahora realmente se está salvando la distancia. 
El informe presupone que los acuerdos voluntarios se aplicarán cuando el impacto pueda evaluarse usando un método integrado, y el valor añadido para la sociedad civil pueda medirse usando indicadores de desarrollo sostenible. 
En segundo lugar, tenemos que ser capaces de definir nuestros objetivos y establecer plazos de tiempo claros para ellos. 
Además, tenemos que insistir en que el acuerdo sea representativo. 
En la práctica esto significa que los sectores mal organizados o aquellos que dan oportunidades a los operadores que «van por libre» no podrán formar parte de ningún acuerdo voluntario. 
Los acuerdos voluntarios, al igual que las medidas legislativas, deben contemplar la participación pública y garantizar la transparencia de los acuerdos. 
Además, tenemos que asegurar la naturaleza vinculante de todo acuerdo, la evaluación de los resultados y las posibles sanciones. 
Si se dan estas condiciones, el uso de los acuerdos voluntarios no presentará riesgos. 
Las condiciones mencionadas garantizarán que un acuerdo produzca un mejor resultado que los instrumentos legislativos, desde el punto de vista del medio ambiente y de la sociedad. 
Por lo tanto, también tengo que decir que debemos apoyar la enmienda propuesta por mi colega, la Sra. Oomen-Ruijten. 
El trámite de formalización de un acuerdo suele infundir en la parte signataria de dicho acuerdo un sentimiento de compromiso genuino con el objetivo. 
A menudo es más profundo que el texto del acuerdo o la ley escrita. 
De este modo, los operadores no agotarán sus recursos buscando vacíos legales; en lugar de eso, buscarán maneras de conseguir el objetivo de forma eficaz. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0128/2003) del Sr. Corbett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de decisión del Consejo [COM (2002) 719- C5-0002/2003- 2002/0298 (CNS) ] por la que se modifica la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 
Señor Presidente, antes de nada quisiera agradecer al ponente, el Sr. Corbett, el excelente trabajo que ha realizado en la preparación de este informe sobre la propuesta de la Comisión de modificar los procedimientos para ejercer las competencias ejecutivas. 
Me gustaría recordar brevemente los antecedentes y los fines de la reforma que estamos debatiendo hoy. 
Con esta propuesta, la Comisión respeta los compromisos que contrajo en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea y en su plan de acción sobre la mejora de la regulación, a saber, entre otros, dotar al Consejo y al Parlamento Europeo de los mismos derechos de control y supervisión del ejecutivo. 
Las dos ramas del poder legislativo tienen que situarse en pie de igualdad como supervisores del ejercicio de las competencias ejecutivas de la Comisión en asuntos sometidos a codecisión. 
El Parlamento Europeo debe, como colegislador, tener derecho de objeción no solo en el ámbito de los poderes delegados a la Comisión en el procedimiento de codecisión- el derecho actual de escrutinio concedido en la Decisión 1999/468/CE del Consejo -, sino también en lo que se refiere a las medidas de ejecución de actos adoptados por codecisión. 
La Comisión espera que esa reforma termine por allanar el camino a una revisión más general basada en modificaciones del Tratado. 
A este fin, la Comisión ha presentado propuestas concretas para modificar el artículo 202 del Tratado en el marco de la Convención Europea, en particular introduciendo el concepto de delegación de poderes legislativos en el Tratado. 
Insisto en la necesidad de una reforma provisional del sistema, ya que la incertidumbre que rodea a la ratificación del nuevo tratado constitucional por parte de los 25 Estados miembros no es nimia. 
Por consiguiente, la Comisión celebra el apoyo que ha recibido la propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y espera que la Cámara confirme esta posición favorable. 
. (EN) Señor Presidente, acojo con gran satisfacción la propuesta de la Comisión que, si se adopta y ajusta ligeramente, podría significar una mejora importante del sistema actual y, en definitiva, podría sentar las bases para resolver de una vez por todas este problema del llamado sistema de comitología, que lleva años planteando dificultades. 
Todos los sistemas, ya sean de los parlamentos nacionales o del Parlamento Europeo, disponen de métodos para delegar poderes en el ejecutivo: competencias ejecutivas, legislación segundaria, llámenlos como quieran. 
No voy a exponer ningún argumento teológico sobre la definición de esas competencias. 
Pero es algo normal en la práctica. 
Lo que no es normal es la forma en que lo hacemos aquí en la Unión Europea cuando creamos, paralelamente a la Comisión, comités de funcionarios nacionales que, en algunos casos, tienen poderes para bloquear a la Comisión. 
De hecho, se han creado tantos comités que se inventó el nombre de comitología para referirse a un sistema que era muy difícil de desentrañar y de abordar. 
El sistema mejoró mucho en 1999, cuando el Consejo adoptó el sistema revisado: mayor transparencia, una mayor garantía de acceso del Parlamento a todas las propuestas y a todos los documentos. 
Eso es estupendo, pero deja sin resolver dos problemas fundamentales. 
En primer lugar, las competencias de la Comisión son objeto de escrutinio no solo por los comités de funcionarios nacionales, que en sí mismos tienen capacidad para bloquear a la Comisión y revocar la decisión del poder legislativo. 
En segundo lugar, cuando se revoca una decisión, esta vuelve solo a una rama del poder legislativo, a saber, el Consejo, aunque se trate de legislación sometida a codecisión y adoptada en un principio por el Parlamento y el Consejo conjuntamente. 
Esto nos parece inaceptable. 
Queremos los mismos derechos de revocación para el Parlamento y el Consejo: el Parlamento por mayoría absoluta, el Consejo por mayoría cualificada, como ocurre ahora cuando un asunto vuelve al Consejo. 
Debemos tener derecho a revocar una medida ejecutiva. 
Si se revoca, el Parlamento y el Consejo deben tener los mismos derechos de escrutinio. 
La propuesta de la Comisión casi lo consigue. Ha estado muy cerca de lograrlo. 
La pega está en la palabra «posiblemente» que aparece en el texto de la Comisión. 
En otras palabras, la Comisión, si nos oponemos a un proyecto, posiblemente lo modificará para tener en cuenta nuestras objeciones o lo remitirá al procedimiento legislativo. 
En mi opinión y en la de la comisión parlamentaria, la palabra «posiblemente» debe suprimirse porque solo así habremos sentado las bases para la solución definitiva de este problema. 
¿Por qué insiste la Comisión en mantener la palabra «posiblemente»? 
Dice que el fundamento jurídico actual de los Tratados no permite llegar más lejos. 
Tengo que discrepar. 
Si consideramos el hecho de que la legislación se adopta en cualquier caso y en un principio por el procedimiento de codecisión del Parlamento y el Consejo, a ambos les corresponde establecer los sistemas, controles y equilibrios que consideren oportunos. 
Si se alega que dichos controles y equilibrios tienen que cumplir el artículo 202, miremos lo que dice ese artículo. 
Dice lo siguiente: «El Consejo podrá someter el ejercicio de estas competencias a determinadas condiciones». 
En esa expresión, «determinadas condiciones» , se basa todo el sistema de comitología. 
Si puede crearse un sistema tan complejo sobre la base de esa cláusula del Tratado, no hay absolutamente nada que impida al Consejo crear un sistema diferente, el sistema que nosotros proponemos, para dotar al Consejo y al Parlamento de los mismos derechos de revocación y escrutinio. 
En otras palabras, el artículo 202 es mucho más flexible de lo que parecen creer los servicios jurídicos de la Comisión. 
Por lo tanto, insto a la Comisión a que acepte nuestra enmienda relativa a la palabra «posiblemente». 
Les comunico ahora que si la Comisión no acepta la enmienda, entonces, antes de la votación final, yo, en mi calidad de ponente, volveré a remitir esta cuestión a la comisión parlamentaria, donde trataremos de proseguir las negociaciones con la Comisión al respecto. 
Hemos tratado también de modificar la propuesta de la Comisión para hacerla algo más flexible. 
Espero que la Comisión acoja eso con satisfacción. 
Simplemente proponemos dotar a la Comisión del derecho de retirar una medida de ejecución si el Parlamento se opone a ella o si el Consejo se opone a ella. 
Esto es de sentido común. 
Algunas medidas de ejecución son discrecionales, no obligatorias. 
Si pensamos que la Comisión no necesita adoptar todavía una medida de ejecución en el momento o del tipo que la Comisión plantea, y nos oponemos a ella, la Comisión debe poder retirarla. 
Esa posibilidad ya se contempla en nuestro Reglamento. 
Tengo entendido que el PPE-DE se opone a esta enmienda. 
Estoy impaciente por escuchar sus argumentos al respecto, pero está en línea con lo que el Parlamento adoptó en el informe Bourlanges hace tan solo unos meses. 
Proponemos también dotar a la Comisión del derecho a mantener una medida de ejecución con carácter provisional, cuando el Parlamento se oponga a ella, pendiente de un procedimiento legislativo completo para revisar, modificar o rechazar la medida de ejecución, otro elemento de flexibilidad que espero sea bien acogido por la Comisión. 
Finalmente, proponemos mantener los procedimientos especiales que acordamos en el marco de los llamados procedimientos Lamfalussy. 
Deduzco que este tema no es objeto de controversia. 
Celebro decir que otras comisiones, como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que tiene una gran experiencia en comitología, o la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que ha empezado a abordar los procedimientos Lamfalussy, apoyan plenamente el enfoque que ha adoptado la Comisión de Asuntos Constitucionales en esta ocasión. 
Si conseguimos encontrar una solución ahora, habremos eliminado un problema que ha complicado y bloqueado numerosos procedimientos legislativos, y habremos eliminado uno de los obstáculos para que el Parlamento esté dispuesto a delegar más competencias de ejecución en la Comisión de lo que lo está ahora con estos procedimientos. 
Si tenemos derecho de revocación como se contempla en la propuesta, podremos delegar mucho más que ahora, sabiendo con seguridad que podremos someter a escrutinio y revocación las decisiones, siempre que lo consideremos necesario. 
Señor Presidente, Señorías, hoy intervengo en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para exponer mi opinión sobre la cuestión de la comitología. 
Con ello, como por supuesto se ha mencionado al final de la última intervención, me centro particularmente en el proceso Lamfalussy y en los procedimientos Lamfalussy para la legislación por la que se crea el mercado interior de servicios financieros. 
En efecto, nuestro objetivo, al igual que el del Grupo Lamfalussy, es adoptar en este ámbito una normativa se ajuste al mercado y sea viable, estos es lo que todos nosotros deseamos y estamos intentando conseguir. 
No obstante, como es lógico, debemos examinar de cerca la forma que pueden adoptar los procedimientos en el futuro. 
Precisamente en el Parlamento debemos preguntarnos si los procedimientos futuros también cuentan con suficiente legitimidad democrática, dado que como es natural, cada vez tenemos más «normas blandas» , o sea, normas legislativas de carácter internacional. 
Solo necesito mencionar el Convenio de Basilea II o las normas internacionales de contabilidad (International Accounting Standards) , que pronto adquirirán carácter de ley en Europa, una vez la Comisión Europea haya aprobado las medidas necesarias y tras su adopción por el Consejo y el Parlamento. 
Si todo esto se desarrolla en el futuro a través de un procedimiento de comitología, en el que una directiva marco solo establezca las instrucciones generales, nos encontraremos ante un problema elemental de legitimación y el Parlamento habrá renunciado a la posibilidad de influir en el futuro en asuntos muy importantes. 
Por esta razón no puedo sino apoyar al ponente, el Sr. Corbett. 
Es fundamental que en el Parlamento Europeo conservemos nuestra capacidad de influencia a escala europea. 
Esto no significa que queramos discutir también los detalles técnicos en el Pleno o en comisión. 
No es eso lo que buscamos. 
Pero cuando pensemos que una disposición no apunta en la buena dirección es fundamental que seamos capaces de decirlo, y para ello es esencial conseguir que la Constitución que elabora la Convención nos confiera el derecho de revocación, lo que significa que cuando no estemos satisfechos con algo, podamos revocarlo, cambiar su enfoque y corregirlo. 
Por esto, es fundamental que la Comisión y la Convención nos apoyen en este aspecto y que en adelante también podamos incorporar las disposiciones pertinentes. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Corbett tiene por objeto reforzar los poderes de control del Parlamento sobre los textos de aplicación de actos legislativos elaborados por la Comisión en el marco de lo que misteriosamente se denomina comitología. 
El PPE aprueba las orientaciones del informe y sostiene en particular la idea de que en caso de desacuerdo entre el Parlamento y la Comisión sobre un proyecto de texto de aplicación, esta última no podría hacer caso omiso de esa oposición. 
Si la Comisión no está de acuerdo con el Parlamento en este punto, el PPE-DE apoyaría gustosamente que el ponente pudiera solicitar que el asunto se devuelva a la comisión. 
Sin embargo, estamos en desacuerdo con dos puntos del informe del Sr. Corbett. 
En primer lugar, este prevé que en caso de que el Parlamento no respaldase el texto propuesto por la Comisión, esta podría sencillamente retirar su texto sin elaborar uno nuevo y sin tomar ninguna iniciativa legislativa. 
Equivale a la autorización de la huelga en la elaboración de textos de aplicación, y esto no podemos apoyarlo. 
Nuestra petición de voto por separado tiene por objeto rechazar esta posibilidad. 
En segundo lugar, el informe del Sr. Corbett sugiere que en el caso de que la Comisión llegara a emprender una nueva iniciativa legislativa, porque considerara imposible superar su desacuerdo con el Parlamento mediante una simple modificación de su texto, el texto elaborado por la Comisión se aplicaría provisionalmente hasta la adopción de un nuevo texto legislativo. 
No creemos que esta solución sea aceptable. 
En efecto, nos parece totalmente abusivo permitir a la Comisión hacer caso omiso, durante un período prolongado, de la oposición del Parlamento, en caso de que el desacuerdo entre las dos instituciones fuese tan grave y profundo que no pudiera superarse mediante una simple modificación del proyecto, sino que exigiese el recurso a un procedimiento legislativo. 
Dar a la Comisión el poder de imponer, durante meses o incluso años, el texto objeto de desacuerdo, sería reconocer oficialmente que la Comisión está facultada para hacer caso omiso de la ley o violarla. 
Estas son las dos reservas que tenemos. 
No hemos presentado enmiendas, sino una simple petición de voto por separado, cuya finalidad es corregir el informe en este aspecto. Por lo demás aprobamos el informe y felicitamos al ponente por su labor, cuya calidad es notable. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Corbett. 
No se trata que digamos de una materia sencilla. 
Quizá la manera más sencilla de explicarla- puesto que a esta hora del día siempre hay algunos visitantes- es decir que hablamos sobre la construcción de un puente. 
El informe Corbett es un intento de construir un puente que nos saque de esta confusión europea de falta de competencias o misteriosas competencias de clan, que implica, como ha dicho el Sr. Radwan, que de pronto se adoptan en un nivel inferior normas que afectan directamente a las vidas de millones de personas, cuando esto carece totalmente de legitimidad democrática directa. 
Esto se debe en gran medida a la historia de la Unión Europea y su incapacidad para dotarse de una clara separación de poderes. 
Este estado de cosas hace que muchas cuestiones entren en la penumbra y se deleguen. 
En algunos casos todavía hay leyes hechas por funcionarios; en ciertos ámbitos esta práctica incluso va en aumento. 
Que el Parlamento Europeo se resista a ello constituye, a mi entender, un logro histórico y también una legitimación de su existencia. 
Pero ahora lo importante es sin duda que en la Convención, que en este momento acapara por supuesto gran parte de nuestra atención, se regule de manera mucho más clara e inequívoca qué competencias corresponden a cada cual, y esto también incluye, desde luego, como un aspecto absolutamente decisivo, la facultad del Parlamento Europeo- este órgano representativo del pueblo- de revocar los poderes de ejecución después de haber sido delegados. 
El éxito de este proyecto dependerá de esto, pero también de si logramos encontrar las palabras y expresiones- una vez el informe Corbett haya construido este puente- para explicarlo a los ciudadanos y al electorado de una forma que arroje claridad y transparencia en esta cuestión, de manera que nadie tenga ningún resquicio para hacer trampas. 
En este sentido, me mantengo firme en mi ceterum censeo: sin transparencia no puede haber democracia. 
Señor Presidente, esta propuesta me incomoda mucho, pero no parece haber una respuesta fácil. 
Por una parte, el Sr. Corbett quiere situar al Parlamento en pie de igualdad con el Consejo, sugiriendo que con ello mejoraría la responsabilidad del sistema y, por deducción, su legitimidad democrática. 
Por otra parte, el Consejo refleja la primacía de los Estados nacionales, al menos en teoría, y debe tener la última palabra a la hora de decidir si un instrumento legislativo debe tener o no fuerza legal. 
Pero, por otra parte, el problema está en que el complejo y sigiloso sistema adoptado por el Consejo no facilita el control externo, negando con ello cualquier parecido con la responsabilidad y, por tanto, con la democracia. 
Por otra parte, el Parlamento, a pesar de sus pretensiones, carece del demos europeo y, por tanto, no puede alegar que sea una institución democrática. 
Partiendo de esta base, la situación actual no es satisfactoria, pero tampoco lo es lo que se propone. 
Señor Presidente, Señorías, las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión son un tema que suena muy inocuo y, sin embargo, entraña numerosos problemas que todos los comités que se ocupan de la legislación europea tienen que abordar y así vienen haciéndolo desde hace dos décadas. 
La Decisión del Consejo de 1999 redujo la confusión babélica de las más de veinte variantes de dichos comités de la Comisión a tres procedimientos, a saber, los de gestión, reglamentación y consulta. 
La Decisión estableció asimismo los criterios para la determinación del procedimiento de comité apropiado en cada caso. 
Hubo que adaptar toda la legislación europea pertinente: varios centenares de directivas y reglamentos. 
Esta tarea concluyó en marzo de 2003, o sea, hace pocas semanas, con el informe de la Sra. Frassoni. 
Nuestro debate de hoy haría necesario volver a adaptar a los nuevos textos el conjunto de la legislación de la Unión Europea, o sea, nuevamente más de un centenar de actos jurídicos. 
Si la Convención- me refiero al artículo 202- propone soluciones alternativas a las que hoy estamos debatiendo, habría que repetir de nuevo dicho proceso de adaptación del conjunto de la legislación europea. 
Igual que ocurrió en el caso del procedimiento Lamfalussy, solo estamos debatiendo una solución transitoria. 
La enmienda 1 de la Comisión de Asuntos Constitucionales lo expresa muy claramente. 
A mi entender, la propuesta de la Comisión no cumple los objetivos de transparencia y de un mejor control legislativo de la misma en el contexto de la aprobación de las disposiciones de aplicación. 
Al contrario, los cambios propuestos están encaminados a transformar el derecho de supervisión del que dispone hasta ahora el Parlamento en un mero procedimiento de consulta. 
La propuesta de la Comisión equivale de hecho a suprimir en la práctica el procedimiento de gestión, lo que también merma considerablemente los poderes de influencia y control del Consejo y de los Estados miembros. 
Esto podría no importarnos en el Parlamento Europeo si se reforzaran en la correspondiente medida nuestros propios poderes de influencia y supervisión. 
Esto es lo que se pretende conseguir con las enmiendas del Parlamento. No obstante, la Comisión se niega a suprimir- como ya ha señalado también el Sr. Corbett- una palabra fundamental, a saber, «posiblemente». 
Esto significa que en el futuro podrá tomar en consideración tan solo posiblemente las reclamaciones del Parlamento relativas al fondo de las disposiciones de aplicación. 
Este Parlamento no puede apoyarlo y en este aspecto coincidimos plenamente con el ponente. 
Señor Presidente, como se ha recordado ya varias veces hoy, en la Convención se está debatiendo intensamente sobre la supresión de la antigua comitología. 
Creo que, en efecto, el resultado final apuntará en esta dirección. 
¿Por qué lo hacemos? 
También de esto ya se ha hablado. 
Lo hacemos porque la antigua comitología ha generado esencialmente una legislación encubierta, elaborada con métodos no democráticos y, sobre todo, faltos de transparencia. 
Nadie en el mundo exterior sabe qué se hace, cómo se hace ni por qué se hace. 
Sobre todo, nadie sabe públicamente quién ha defendido qué posiciones y por qué. 
Por esto, en la Convención vamos a suprimir la antigua comitología, pero ello solamente es posible- como también ya se ha dicho- si tenemos algo para sustituirla. 
Necesitamos delegar labores legislativas, pero con responsabilidades claras, con normas de delegación claras, con mandatos que se entiendan claramente y, sobre todo, con la posibilidad de revocación, concretamente con el mismo derecho de revocación para el Consejo y para el Parlamento. 
Ya me he referido varias veces en este contexto a los debates que tenemos en la Convención. 
Lo que nos interesa es que los ciudadanos europeos tengan claro quién asume competencias legislativas, por qué y a santo de qué, y los resultados que se perfilan en esta cuestión se conocerán en breve a modo de propuesta constitucional. 
Pero esto no significa que el trabajo dedicado al informe Corbett haya sido superfluo, sino todo lo contrario. 
Hasta que este resultado se plasme en la Constitución y se aplique, va a ser necesario contar con los resultados del informe Corbett, que apuntan en gran medida en la misma dirección que lo hablado en la Convención. 
Desde esta perspectiva, no solo felicitamos al ponente, sino que también esperamos que las propuestas resultantes sean aceptadas con la mayor unanimidad posible y que durante los próximos años una reforma razonable del enfoque que se aplica para abordar este importante tema sustituya a la antigua comitología no democrática. 
Señor Presidente, permítame que responda a algunas de las cuestiones que se han planteado. 
En primer lugar, la cuestión de si se trata o no de una solución provisional. 
En mi opinión, la propuesta de la Comisión con nuestras enmiendas puede constituir la base de una solución del problema de la comitología que sea compatible tanto con el Tratado actual como con el que probablemente resulte de la Convención Europea. 
Por supuesto, la Convención tiene que arrimar el hombro y eliminar las contradicciones evidentes entre los artículos 202 y 251 del Tratado, y quizá incorporar algunos de los principios que rigen la delegación de competencias ejecutivas en el Tratado y en la propia constitución, pero en mi opinión lo que estamos haciendo aquí podría ser totalmente convergente con la labor que está desarrollando la Convención. 
En segundo lugar, pese a la estupenda convergencia que hemos conseguido en general, quisiera mencionar la cuestión de los dos puntos sobre los que según el Sr. Bourlanges el Grupo del PPE-DE piensa votar en contra. 
Tengo que decir que discrepo con el Grupo del PPE-DE en esto y quisiera señalar que la posición que defiendo se basa en lo que aprobó el Parlamento en el informe del propio Sr. Bourlanges. 
Así pues, soy coherente con la posición del Parlamento hasta la fecha y, en definitiva, con nuestro propio Reglamento, donde instamos al Presidente del Parlamento a pedir a la Comisión que retire o modifique una medida ejecutiva cuando el Parlamento se oponga a ella, o que presente una propuesta legislativa. 
De manera que piso el terreno firme de lo que el Parlamento ha defendido siempre en esta cuestión, y espero que el Grupo del PPE-DE reconsidere su postura antes de la votación que tendrá lugar dentro de media hora. 
Asimismo, y con respecto a la cuestión de la adopción provisional de un texto pendiente del procedimiento legislativo, es importante en algunas circunstancias para evitar un vacío legal. 
La medida se aplica con carácter provisional mientras el Parlamento y el Consejo llevan a cabo un procedimiento legislativo para revisarla, modificarla o rechazarla, según lo que decidamos hacer. 
Pero en algunos casos puede que también sea importante adoptar una solución provisional, aunque no exista ningún vacío legal pendiente del procedimiento legislativo. 
En otras palabras, lo que pido es que exista un menú de opciones. 
Si el Parlamento se opone a una medida de ejecución propuesta por la Comisión, la Comisión puede retirarla- creo que, en cualquier caso, ese derecho se contempla implícitamente en el Tratado, pero hagámoslo explícito -, puede modificarla de acuerdo con nuestras objeciones, o puede presentar una propuesta legislativa. 
En este último caso, puede aplicar la medida con carácter provisional cuando así sea necesario para evitar un vacío legal, o no aplicarla cuando sea innecesario. 
Creo que es bueno que existan esas diferentes posibilidades. 
Debemos mantener la lista completa y espero que el Grupo del PPE-DE reconsidere su posición y vote en consecuencia. 
Señor Presidente, antes de nada, permítame que insista en que las enmiendas propuestas y las intervenciones de sus Señorías demuestran cuánta reflexión y cuánto esfuerzo se han dedicado a esta propuesta, cuya finalidad es reforzar el papel del Parlamento Europeo en el triángulo institucional. 
En la medida de lo posible, la Comisión tendrá en cuenta las enmiendas detalladas propuestas por la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
La Comisión puede aceptar, en su totalidad o en parte, las enmiendas 1, 2 (en parte) , 4, 7, 8, 11 (en parte) , 13, 14, 18 y 19. 
Ahora bien, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 10 y 11 (en parte) , porque podrían complicar las negociaciones de la Comisión con el Consejo. 
La propuesta de la Comisión pretende dotar al Parlamento Europeo y al Consejo de los mismos derechos, como colegisladores, de control de la Comisión; pero la propuesta no puede ir más allá del Tratado actual, que no contempla la delegación explícita de poder legislativo en la Comisión. 
La Comisión, como único poder ejecutivo, debe seguir siendo plenamente responsable de la adopción de instrumentos de ejecución. 
Esta responsabilidad política exige que la Comisión tenga libertad para tomar sus propias decisiones, considerando o no las objeciones expresadas por el legislador. 
La supresión de «posiblemente» ataría de manos a la Comisión y le impediría ejercer su responsabilidad como único poder ejecutivo. 
La posibilidad de retirada, según se formula en las enmiendas 3, 10 y 11 al informe del Sr. Corbett, significaría en realidad sustituir la libertad de decisión de la Comisión por una retirada explícita o inacción por parte de la Comisión. 
Si las opiniones de la Comisión no coinciden con las del legislador, la Comisión se vería obligada a renunciar a la adopción de una medida de ejecución. 
La sustitución de la responsabilidad y la libertad de la Comisión para adoptar una medida de ejecución a través de la opción de la inacción, transmitiría también el mensaje político equivocado a todos los interesados. 
La propuesta, por el contrario, se basa en el supuesto de que esa acción es necesaria y de que la Comisión será responsable de ella. 
Considerando el ámbito que permite el Tratado actual, la Comisión estima que esas enmiendas no son aceptables. 
La propuesta, de hecho, llega todo lo lejos que puede llegar para dotar al Parlamento Europeo de los derechos de control que, como colegislador, debe poseer. 
La reforma, como acabo de mencionar, no puede llegar más lejos de lo que llega la reforma más meticulosa realizada en el proceso de revisión del Tratado. 
En el seno de la Convención Europea, la Comisión ha sugerido explícitamente que el Consejo y el Parlamento Europeo deben tener la posibilidad, con los poderes legislativos que ostentan, de oponerse a un texto propuesto por la Comisión. 
En un escenario así, la Comisión podría renunciar a su texto, modificarlo o presentar una propuesta legislativa. 
Para terminar, puedo asegurarles que la Comisión tratará de impulsar esta cuestión en el Consejo. 
Me gustaría concluir diciendo que la Comisión necesita el apoyo del Parlamento para negociar mayores prerrogativas del Parlamento Europeo con el Consejo. 
Estoy segura de que la Comisión puede contar con el apoyo incondicional del Parlamento en el proceso de esclarecer las funciones y competencias del ejecutivo y del legislativo. 
Señor Presidente, sobre la base de las observaciones que acaba de hacer la Sra. Comisaria, me gustaría saber cuál es la posición del ponente, puesto que esto es bastante importante. 
Considero que la Sra. Comisaria no tiene razón. 
Cuando en este Parlamento objetamos, nuestras objeciones deben tenerse en cuenta. 
De lo contrario, que se nos deniegue el poder de objetar, lo que yo comprendería perfectamente. 
No obstante, la idea de que podamos objetar y que se puedan ignorar nuestras objeciones me parece grave. 
Quisiera saber cuál es la actitud del ponente, si piensa o no solicitar la devolución a la comisión. 
Señor Bourlanges, esto no guarda relación con la observancia del Reglamento. 
Señor Presidente, la Comisión se equivoca cuando insiste en mantener la palabra «posiblemente» , sobre todo cuando le estamos ofreciendo varias alternativas posibles. 
Debería estar obligada a elegir entre una de esas posibilidades y, o bien modificar su propuesta para tener en cuenta nuestras objeciones, o bien retirarla- quiero insistir en que no le obligamos a retirar la propuesta; esa es solo una de las distintas posibilidades- o presentar una propuesta con arreglo al procedimiento legislativo. 
Puesto que la Comisión tiene esas tres posibilidades, pienso de verdad que debería suprimirse la palabra «posiblemente». 
De lo contrario, tendría derecho a optar por ninguna de esas posibilidades e ignorar por completo las objeciones del Parlamento, lo cual sería profundamente antidemocrático. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.51 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Esta ovación, señora Lulling, le demuestra hasta qué punto entendemos ahora mejor la transmisión de los principales agregados de las cuentas nacionales. 
Señor Presidente, nuestro Grupo ha presentado cuatro peticiones de voto por separado. 
Tres de ellas tienen el mismo objeto, puesto que se trata de suprimir en tres lugares diferentes la expresión «bien retirará su proyecto». 
Se trata de las peticiones de voto por separado a la enmienda 3, la 10 y de una segunda petición de voto por separado a la enmienda 11. 
Cualquiera que sea su decisión, Señorías, me parecerá lógico, pero no sé si el reglamento permite que una sola votación englobe a las otras dos, para garantizar así la coherencia del texto. 
Buenas noticias: lo que es lógico también es acorde con el Reglamento. 
Por tanto realizaremos una única votación. De este modo podremos estar seguros de que todo queda como es debido. 
Señor Presidente, el Sr. Bourlanges tiene toda la razón respecto al procedimiento: sería lógico hacer una única votación, en lugar de tres votaciones sobre esta cuestión. 
Sin embargo, quiero decir que si le seguimos en cuanto al fondo, el Parlamento estaría contradiciendo lo que votamos en relación con sus propios informes y en mi informe reciente sobre la revisión del Reglamento. 
Ruego a sus Señorías que no le sigan en cuanto al fondo, aunque tenga razón en cuanto al procedimiento. 
Haremos una sola votación, teniendo en cuenta las explicaciones de fondo que acaba de dar nuestro ponente. 
Antes de la votación sobre el proyecto de resolución legislativa 
. (EN) Me gustaría que la Comisión nos dijera si puede o no aceptar las enmiendas propuestas por el Parlamento. 
Señor Presidente, la Comisión puede aceptar la enmienda 1 y en parte la enmienda 2, porque rechazamos las palabras «toda la información »... 
(Risas y aplausos) 
... ¡No es tan malo como parece! 
Las enmiendas 4, 7 y 8 pueden aceptarse, la enmienda 11 puede aceptarse en parte debido a la palabra «posiblemente» , y las enmiendas 13, 14, 18 y 19 también pueden aceptarse. 
Pero no podemos aceptar las enmiendas 3, 10 y 11 (en parte). 
Sobre esta base, señor Corbett, ¿desea invocar el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento? 
Señor Presidente, quiero invitar al Parlamento a que haga uso del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento y remita el informe de nuevo a la comisión competente para continuar las negociaciones con la Comisión. 
Lo que la Comisión acaba de decir equivale a insistir en que se mantenga la palabra «posiblemente» en el texto. 
En otras palabras, la Comisión tendría «posiblemente» en cuenta las objeciones del Parlamento y la Comisión «posiblemente» modificaría su texto para tener en cuenta nuestras opiniones. 
Eso sería inaceptable para el Parlamento y por eso le pido que devuelva el informe a la comisión competente. 
De conformidad con el Reglamento, someto la propuesta del ponente de aplazar la votación final sobre el proyecto de resolución legislativa. 
(El Parlamento decide aplazar la votación final) 
Informe (A5-0123/2003) del Sr. Sacconi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre los acuerdos medioambientales a nivel comunitario en el marco del Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador» [COM (2002) 412- C5-0622/2002- 2002/2278 (INI)] 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0124/2003) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2002 [2002/2018 (INI)] 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
. 
(PT) Deseo felicitar al ponente por las positivas propuestas incluidas en su informe, que resultan sumamente oportunas, como ya quedó demostrado por el hecho de que la delegación del Parlamento Europeo las suscribiese en el proceso de conciliación. 
El mérito de la Directiva a que apuntan estas propuestas también resulta evidente. 
Esta Directiva tiene por objeto establecer y regular un sistema formal de comunicación de incidentes ocurridos en la aviación civil, para que todos los que intervienen en ellos puedan tener acceso y conocimiento de los mismos. 
Se pretende, en realidad, que todos los agentes implicados en esta actividad aprendan de los errores de cada uno de ellos, optimizando la vertiente educativa y positiva de las malas prácticas. 
De esta forma, se contribuye al establecimiento de un sistema más seguro para todos los usuarios. 
Esta Directiva complementa la Directiva de 1994 que incluye un conjunto de medidas sobre las investigaciones de los accidentes ocurridos en la aviación civil, que seguramente no producirá muchos resultados por el número afortunadamente menor de accidentes que ocurren. 
Por su parte, el sistema de comunicación en que se basa esta nueva propuesta de Directiva tiene un mayor potencial con respecto al volumen de datos que puede facilitar. 
También hay que aplaudir la propuesta de una disposición de la Directiva que obligue a los Estados miembros a poner en marcha un sistema de eliminación de los datos personales en caso de que decidan crear un sistema de comunicación no obligatoria de datos útiles para la seguridad aérea... 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) En el ámbito de la consecución de los objetivos de la estrategia de Lisboa- que pretenden reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social en una economía basada en el conocimiento- y del método abierto de coordinación en el ámbito de la integración social, resulta imprescindible crear un marco común para la producción sistemática de estadísticas. 
El objetivo es permitir que se puedan comparar, rigurosa y oportunamente, las situaciones entre Estados miembros por lo que respecta a la distribución de la renta, el nivel de pobreza y la marginación social. 
Se trata de un instrumento de máxima importancia, con el que todavía no contábamos. 
Por este motivo, he votado a favor de esta recomendación, que acepta la posición común adoptada por el Consejo con respecto a la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Este marco prevé la utilización de indicadores comunes, la flexibilidad con respecto a la fuente de datos, así como la integración de las nuevas fuentes en los sistemas estadísticos nacionales, lo que permitirá un seguimiento real de la situación y de la evolución en los Estados miembros. 
A partir de 2003, los Estados miembros transmitirán anualmente los datos a Eurostat, que organizará estudios metodológicos para evaluar el impacto sobre la comparabilidad de las fuentes de datos nacionales e identificar las mejores prácticas a aplicar. 
. 
(PT) Estoy de acuerdo con la decisión del ponente que, optando por no elaborar un informe para la segunda lectura, aceptó sin cambios la posición común del Consejo con respecto a las estadísticas sobre la renta y las condiciones de vida en la Unión Europea. 
La unanimidad conseguida en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales viene a confirmar también la adecuación de la posición común del Consejo. 
En realidad, si se pretende realizar un informe de síntesis anual que incluya las estadísticas de la Unión, es indispensable que la compilación de los datos referentes a los Estados miembros utilice definiciones y métodos armonizados. 
De no ser así, se correría el riesgo de obtener un estudio que utiliza variables heterogéneas y diferentes en los distintos Estados miembros, dificultando por tanto las comparaciones. 
La contribución financiera que realizará la Unión a cada Estado miembro durante cuatro años, a fin de sufragar los costes derivados de los respectivos trabajos, garantiza la realización en 2007 de la primera edición de una iniciativa que llega con retraso, como pone de manifiesto el modo en que la Unión trata continuamente temas baladíes. 
. 
(PT) Apoyo el presente informe, que ha tenido en cuenta una propuesta de Reglamento que es parte integrante del «Plan de acción relativo a las necesidades estadísticas en la UEM». 
De hecho, en vista del avance que representan los objetivos de la estrategia europea del empleo, resulta determinante armonizar los datos de las cuentas nacionales sobre empleo, transmitiendo esos datos en horas trabajadas, con el fin de aclarar las relaciones laborales, conseguir que las medidas resulten consecuentes y que los objetivos sean viables. 
La iniciativa de la Comisión Europea: el futuro de la Estrategia Europea de Empleo «Una estrategia de pleno empleo y mejores puestos de trabajo para todos» (COM (2003) 6 final) estableció principalmente tres objetivos de gran alcance: pleno empleo, calidad y productividad en el trabajo y un mercado de trabajo integrador. 
Las metas de Lisboa y Estocolmo para la tasa de empleo global (una media del 67% en 2005 y del 70% en 2010 en la Unión Europea) , para el empleo femenino (57% y 60%, respectivamente) y para el empleo de los trabajadores mayores (el 50% en 2010) solo pueden, por tanto, alcanzarse en la medida en que la naturaleza concreta de las relaciones laborales o los indicadores cuantitativos, concretamente del número de horas trabajadas, se determinen con metodologías uniformes. 
. 
(PT) Este informe se encuadra en el proceso de creación de un mercado interior de la energía de la Unión Europea, de conformidad con el llamamiento del Consejo Europeo de Lisboa celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, reafirmado en los Consejos de primavera de Barcelona y Bruselas, de una aceleración del proceso de liberalización de los mercados de la electricidad y del gas, lo que implica una mayor desregulación del mercado y la intensificación del comercio transfronterizo entre los Estados miembros. 
Por otra parte, tiene por objeto acelerar la privatización de las empresas públicas, teniendo en cuenta su posición histórica dominante en este sector y la aceleración del proceso de concentración o fusiones, en el plano comunitario. 
Siempre me he manifestado en contra de este proceso, no solo por cuestiones de tipo socioeconómico y por la calidad y garantía de la prestación del servicio público, sino también porque se trata de un sector estratégico para el desarrollo, que afecta a la independencia, soberanía y seguridad energéticas. 
Así pues, la propuesta de la Comisión tiene la finalidad de adaptar las normas del IVA, en el ámbito del gas y la electricidad, a las necesidades de los mercados liberalizados. 
Las enmiendas propuestas van a hacer, en el fondo, que los impuestos cobrados reviertan a favor de los Estados miembros donde se efectúa el consumo final, facilitando el comercio transfronterizo de la energía. 
Por lo tanto, el objetivo final continúa siendo el de satisfacer las necesidades del mercado único europeo del sector de la energía. 
Los diputados moderados al Parlamento Europeo hemos votado en contra de este informe. 
Es lamentable que la industria naval de la República de Corea reciba una ayuda estatal significativa, pero esto no es motivo para financiar también la industria naval europea. 
La UE debería denunciar con firmeza el asunto en el seno de la OMC. 
El establecimiento de un consorcio europeo que intente controlar e influir en la situación del mercado no solucionará los problemas de la industria naval europea, sino que podría exacerbar la situación a largo plazo. 
La situación de la industria naval es cada vez más preocupante, debido a la importante disminución, durante el año 2002, de la demanda mundial en los astilleros. 
Los nuevos pedidos son un 60% inferiores a los efectuados en 2000, aunque para la Unión Europea esta disminución fue del 77%, a la que se une una bajada de precios. 
La aplicación unilateral, por parte de la Unión Europea, de los principios establecidos en el Acuerdo de la OCDE de 1994, que tiene por objeto la prohibición de las ayudas concedidas a la industria de la construcción naval, fue una de las principales causas, siendo insuficiente el actual mecanismo defensivo temporal ante la competencia desleal de los astilleros de Corea del Sur, con márgenes negativos que oscilan entre el 20 y el 40%, respaldados por ayudas estatales. 
La participación de la Unión Europea en el mercado de la construcción naval bajó del 19% de 2000 al 10% del primer semestre de 2002, provocando el cierre de varios astilleros europeos, el desempleo y persistiendo las amenazas, como pude comprobar en mi visita a los astilleros navales de Viana do Castelo. 
De ahí que resulte fundamental que la Unión Europea proponga nuevos mecanismos para preservar y desarrollar el sector estratégico de la construcción naval, a través de un verdadero programa comunitario que promueva la investigación y la formación profesional, y que tenga en cuenta las prioridades de modernización de las flotas comunitarias, la recuperación del sector naval, el transporte marítimo y la pesca. 
Los socialdemócratas suecos no creemos que la Comunidad deba prolongar su ayuda a las constructoras navales o introducir nuevas formas de dicha ayuda, con objeto de proteger a la industria de construcción naval frente a la República de Corea. 
La industria de construcción naval de la Unión Europea se encuentra en una situación grave, porque se ha asestado un duro golpe a la fabricación de ciertos buques debido a la competencia desleal de la República de Corea. 
Los astilleros de la República de Corea han practicado el dumping respecto de la fabricación de buques de transporte de gas, al haber ofertado precios diferentes en el mercado doméstico y para la exportación. Los precios en el mercado de exportación son del 25% al 30% más bajos. 
Por otra parte, la UE ha retirado la ayuda a su industria de construcción naval, lo que ha dado lugar a la limitación de la capacidad de producción y a problemas sociales. 
Suecia abolió estas formas de ayuda hace algunos años. 
Por lo tanto, tenemos dudas respecto de su reintroducción. 
En general nos oponemos a este tipo de ayuda estatal, pero entendemos la preocupación causada por la competencia desleal por parte de la República de Corea. 
Creemos que las cuestiones de este tipo tienen que abordarse en el seno de la OMC, en el contexto de su procedimiento de resolución de disputas. 
La restauración o prolongación de la ayuda estatal de la UE a ciertos buques no ayudaría en nada. 
En cambio, podría distorsionar los mecanismos del mercado. 
En vista de estas consideraciones, los socialdemócratas del Parlamento Europeo votamos en contra de cualquier forma de ayuda estatal a la industria de construcción naval. 
Creemos que no hay que promover dicha ayuda y, por lo tanto, votamos en contra de todo el informe. 
. (EL) La política de reestructuración de la industria de construcción naval y los consiguientes recortes han provocado decenas de miles de parados. 
La UE ha perdido la mitad de su cuota en el mercado mundial en dos años debido a la postura adoptada por la UE y por los Estados miembros que, en lugar de apoyar y mejorar este sector estratégico, están apoyando y multiplicando los beneficios de los monopolios, principalmente en Alemania y Dinamarca. 
Este sector, que en el pasado fue muy próspero, está seriamente afectado en Grecia, un país de larga tradición marítima y con una de las mayores flotas del mundo. 
Si se hubiera llevado a cabo otra política, la industria de reparación naval podría haberse convertido en un sector económico importante en lugar de desaparecer. 
En la actualidad se persigue a las pequeñas empresas, mientras los grandes astilleros se venden al sector privado por un plato de lentejas y se recortan sus actividades. 
Miles de trabajadores del sector están literalmente muriéndose de hambre y hay zonas enteras condenadas al declive, con una tasa de desempleo de más del 80%. 
Otra empresa de construcción naval, Hippokambos, acaba de cerrar, poniendo en la calle a otros 300 trabajadores. 
Los que trabajan en este sector están comenzando a darse cuenta de que no pueden esperar respuestas de la UE, de sus políticas y de los acuerdos imperialistas internacionales que se proponen, por lo que están uniendo sus fuerzas y luchando por una política diferente, antimonopolista y antiimperialista. 
. 
(PT) La estrategia europea de desarrollo sostenible adoptada en la Cumbre de Gotemburgo debe asociarse a la responsabilidad social de las empresas. 
Las empresas tienen obligaciones, además del objetivo legítimo de maximizar los beneficios. 
Actualmente, las PYME y las grandes multinacionales tienen que concienciarse de que el éxito pasa por un comportamiento responsable, tanto en el plano ambiental, como en el ámbito de los derechos fundamentales y de la promoción de la cohesión social. 
Es un hecho sabido que la responsabilidad social y ambiental refuerza la competitividad. 
Así pues, la responsabilidad social de las empresas debe ser apoyada e incentivada, y es necesario divulgar las buenas prácticas, implicando a las empresas, los interlocutores sociales e instituciones de enseñanza y formación. 
Destaco la importancia: 
de incluir las cuestiones relativas al género en los principios de la responsabilidad social de las empresas, especialmente la promoción del empresariado femenino y la conciliación de la vida profesional y privada; 
del papel del Foro multilateral europeo sobre la responsabilidad social de las empresas, que permitirá escuchar a todos los interlocutores y ayudar a definir los límites y los desafíos a los que se enfrentan las empresas, así como compartir las buenas prácticas; 
de la etiqueta ecológica europea como garantía de calidad para consumidores y empresas, dado que los consumidores valoran cada vez más la responsabilidad social de las empresas en sus decisiones de compra. 
El Parlamento Europeo debe participar en este proceso, especialmente en la reunión final del Foro y en los intercambios de información entre las instituciones. 
. 
(PT) Este informe no es más que una enorme operación de maquillaje y marketing de los empresarios, a nivel europeo, fruto tanto de las intenciones deliberadas de todo el proceso como de las orientaciones económicas y sociales de la Unión, que pretenden promover la desregulación de la economía, especialmente en el mercado de trabajo, con la flexibilidad salarial y la inestabilidad del empleo. 
A la luz del ejemplo portugués, podríamos hablar incluso de irresponsabilidad social de las empresas, con los cierres de las multinacionales, que se trasladan a países con salarios más bajos y las normas sociales y ambientales son más flexibles en lo que respecta al beneficio, condenado al paro a miles de trabajadores, comprometiendo el desarrollo de las regiones más desfavorecidas, incumpliendo contratos con las autoridades locales y los Estados que les concedieron importantes ayudas públicas y ventajas fiscales. 
La realidad demuestra que en muchas de estas empresas que se quieren promocionar internacionalmente, no existe ninguna responsabilidad social. 
Lo que hacen es aprovechar la inestabilidad del empleo, contratos temporales, salarios atrasados y condiciones de trabajo precarias. 
Despiden a trabajadores de forma abusiva e ilegal, imponen por la fuerza horarios flexibles, fomentan el trabajo infantil y hacen gala de una falta de responsabilidad por lo que respecta a la contaminación. 
Hay un clima de impunidad e incumplimiento de la normativa legal vigente que es preciso superar urgentemente. 
. 
(PT) La resolución relativa al Programa «Energía inteligente para Europa» (2003-2006) merece, en términos generales, nuestro apoyo, puesto que: 
pretende garantizar la continuidad de un programa en el ámbito de la energía que da continuidad al actual programa marco (1998-2002) en este ámbito, en el contexto del respeto del desarrollo sostenible, la garantía de aprovisionamiento energético, eficiencia energética, electricidad obtenida de fuentes de energía renovables, entre otros aspectos; 
recomienda un aumento de las dotaciones presupuestarias que se aplicarán de conformidad con este programa, aunque todavía en un nivel claramente insuficiente (de 190 a 200 millones de euros) , teniendo en cuenta la importancia estratégica de los ámbitos que abarca: eficiencia energética y utilización racional de la energía; energías nuevas y renovables; energía y transportes, y cooperación internacional, especialmente con los países en desarrollo; 
propugna un equilibrio adecuado entre el control de la ejecución del programa y la necesidad y garantía de su plena utilización, proponiendo un acceso más fácil de los candidatos. 
En lo que respecta a la creación de la Agencia Europea de Energía Inteligente, pensamos que es una cuestión fundamentalmente política y depende de la preocupación de si deberíamos contar con políticas efectivas de investigación y promoción de energías que comporten ventajas ambientales y económicas. 
. 
(PT) En general, estoy de acuerdo con el informe, aunque considero que una de las soluciones apuntadas por la ponente para aumentar la eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía renovables (la creación de una Agencia Europea de Energía Inteligente) está por demostrar. 
De hecho, la creación de otra instancia burocrática no garantiza por sí misma la optimización de los recursos, dado que, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, debería considerarse antes la posibilidad de potenciar el intercambio de informaciones entre Estados miembros y la adopción de buenas prácticas, sin modificar los ordenamientos jurídicos nacionales ni crear estructuras artificiales que se opongan a los mismos. 
A pesar de esta divergencia con respecto al método, comparto las preocupaciones ambientales y de eficiencia que manifiesta la ponente, así como la convicción de que sin la participación de organizaciones locales y nacionales no se ejecutarán debidamente las medidas recomendadas. 
Del mismo modo, considero muy acertado el interés y el especial cuidado mostrados por la ponente con respecto a los países de la ampliación y a las adaptaciones necesarias en el momento de su integración. 
. 
(PT) Estoy de acuerdo en gran medida con las preocupaciones del ponente con respecto a la necesidad de promover el uso racional de la energía y la preferencia estratégica por las formas de energía no contaminantes. 
En realidad, además de la reducción del volumen de emisiones de CO2 que propiciará, el carácter descentralizador de la cogeneración impide normalmente la creación de grandes unidades productoras de energía, reduciendo de este modo los efectos ambientales de sus infraestructuras, así como de sus líneas de transmisión. 
Del debate sobre esta cuestión se desprende claramente que no se trata fundamentalmente de una cuestión política, sino más bien técnica. De ahí que en lugar de la esperada división entre derecha e izquierda, hemos podido ver los distintos enfoques con que el norte y el sur de Europa han de abordar el problema debido a las diferencias de sus climas. 
Habrá que tener en cuenta esas diferencias, al igual que habrá que tener en cuenta la viabilidad de la exigencia de que los Estados miembros presenten informes detallados acerca de sus potenciales nacionales. 
A pesar de la percepción de que algunos procedimientos y definiciones técnicas relativas al uso de la cogeneración siguen siendo contradictorios, considero globalmente correctos los principios que presidieron la elaboración de este informe y estoy de acuerdo con el enfoque de compromiso que finalmente primó en el trabajo emprendido en la Comisión. 
Por este motivo he votado a favor. 
. (EN) Aunque no está demostrado que las compañías aéreas operan sin seguros suficientes, estamos de acuerdo en que la iniciativa de dar más transparencia a los requisitos es positiva. 
Ahora bien, nuestro futuro apoyo al proyecto de reglamento dependerá de que la Comisión afronte las importantes cuestiones a las que hizo referencia el ponente en su intervención de anoche. 
En particular, la Comisión tiene que explicar claramente cómo se aplicarán en la práctica las normas relativas a los sobrevuelos. 
Las respuestas que ha recibido la comisión parlamentaria sobre esta cuestión revelan que no ha sido objeto de la debida reflexión. 
No podemos apoyar un proyecto de reglamento imposible de ser aplicado de manera apropiada y sistemática y, salvo que la Comisión pueda dar respuestas satisfactorias sobre el modo en que se aplicará esta legislación a los aviones que penetren en el espacio aéreo europeo en circunstancias imprevistas o de que el sector se protegerá contra la guerra y el terrorismo, no podremos seguir apoyando las propuestas. 
Finalmente, tenemos que insistir en que la Comisión realice una evaluación a fondo de las consecuencias económicas antes de remitir este informe para su segunda lectura. 
El Parlamento no puede legislar sin conocer el efecto que tendrán sus decisiones en las empresas europeas y en el frágil sector de aviación. 
. 
(PT) Estoy de acuerdo con el ponente con respecto a la necesidad de aprobar un reglamento relativo a los requisitos de seguro para las líneas y operadores aéreos, proporcionando de este modo una mayor protección a los usuarios de este medio de transporte, así como su ampliación a todos los usuarios. 
También comparto la preocupación del ponente por lo que se refiere a la aplicación del principio de igualdad, acogiendo con gran satisfacción la solución que propone- que prevé un tratamiento diferenciado para pequeños y grandes operadores -, sin la cual, en la práctica, estas medidas podrían convertir este mercado concreto de modo subrepticio en un oligopolio, debido a la carga excesiva de los requisitos de cobertura del seguro. 
A pesar de estar de acuerdo en principio, lo que me lleva a votar a favor de este informe, no puedo ocultar mis dudas en cuanto a la viabilidad de algunas de las medidas que se proponen, como el seguimiento de la validez de las licencias de explotación o certificados de operador aéreo, que obligan al control permanente del cumplimiento de los requisitos previstos. 
. (FR) La propuesta de decisión sobre las competencias de ejecución atribuidas por el Consejo a la Comisión- elaborada por la propia Comisión- está en consonancia con los deseos del Parlamento Europeo, que acaba de aprobarla con entusiasmo. 
En efecto, el Parlamento deseaba desde hacía bastante tiempo obtener, en igualdad de condiciones con el Consejo, el derecho a controlar las medidas de ejecución, al menos en lo tocante a los textos adoptados por la vía de la codecisión. 
Esta ambición puede sorprender, puesto que en numerosas democracias parlamentarias, entre ellas Francia, la asamblea elegida no controla en detalle las medidas de ejecución de las leyes, reservándose únicamente, llegado el caso, el derecho de exigir responsabilidades al gobierno. 
No obstante, tal vez la actitud del Parlamento Europeo, determinada sobre todo por el deseo de competir con el Consejo, descubra, muy a su pesar, algo completamente distinto: que la Comisión no es un verdadero gobierno y que este no es un verdadero parlamento. 
Hoy, tras algunos avances, particularmente en 1999, la Comisión quiere llevar el proceso a su conclusión natural y presionar al Consejo para que conceda al Parlamento plena capacidad de control en pie de igualdad. 
Tan solo olvida una cosa: esta igualdad no está prevista en el artículo 2002 del Tratado, que otorga el poder principalmente al Consejo. 
Por ello votado contra la propuesta. 
. (FR) Hemos votado con ciertas reservas a favor del informe Sacconi sobre acuerdos medioambientales a escala comunitaria, que prevé un nuevo instrumento para simplificar y acelerar la labor legislativa en el plano europeo: los acuerdos voluntarios. 
Estos acuerdos, inscritos en el marco del Sexto programa de acción comunitaria en favor del medio ambiente, podrán adoptar dos formas: la autorregulación y la corregulación. 
No nos parece oportuno favorecer la corregulación, como preconiza el ponente. 
No tiene más valor que la autorregulación. 
La Comisión no debe erigirse en juez y parte con respecto a las condiciones necesarias para la puesta en marcha de estos acuerdos. 
Además, los acuerdos voluntarios no deben considerarse instrumentos complementarios del arsenal legislativo comunitario actual. 
Los acuerdos voluntarios son instrumentos flexibles que ocupan un lugar propio en el campo de los instrumentos legislativos. 
Nos complace que la iniciativa de la Comisión haya adoptado la forma de una comunicación no vinculante. 
Nos gustaría que la Comisión siguiera por esta vía. 
. 
(PT) He votado a favor del presente informe que, en mi opinión, es equilibrado y promueve un mayor grado de protección para el medio ambiente. 
Acojo con especial satisfacción las preocupaciones manifestadas con respecto a la «aplicabilidad» de los mecanismos previstos. 
De hecho, en el Tratado de Maastricht la Unión adquirió el compromiso de integrar la protección del medio ambiente en todas sus políticas. 
Para una verdadera protección ambiental y salvaguarda de la biodiversidad necesitamos la cooperación de los agentes económicos, ya que, como también se concluye en el informe, hoy en día «las fuentes de contaminación medioambiental ya no se concentran en instalaciones industriales, sino que se sitúan en una multitud de actividades económicas y comportamientos del consumidor» , por lo que se impone un nuevo planteamiento, más creativo, para que se alcancen las metas tan ambiciosas como vitales de un alto grado de protección del medio ambiente. 
La Comisión Europea con su propuesta y el ponente con sus sugerencias han seguido este rumbo. 
Los mecanismos de autorregulación entre operadores y de corregulación, en una especie de concertación con las autoridades públicas, son naturalmente caminos que vale la pena explorar. 
Por otro lado, determinar objetivos y metas concretas y probar un marco legislativo más simplificado y operativo, fácilmente comprensible para todos los agentes implicados, conducirá, sin duda, a una mayor concienciación y a una protección más eficaz del medio ambiente. 
. 
(PT) Este informe llega en un momento crucial- por no decir muy difícil- de la historia de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE: el resultado de la cancelación de la sesión prevista para noviembre de 2002 en Bruselas, motivada por las divergencias entre los diputados ACP y del Parlamento Europeo con respecto a qué hacer con los delegados enviados por el Gobierno de Zimbabwe, a pesar de que tenían prohibida la entrada en el país. 
El texto que finalmente se adoptó en comisión prefiere hacer hincapié en que una parte de esta crisis queda fuera de la competencia de la APP (se refiere concretamente a la coherencia y a la jerarquía de las decisiones tomadas por el Consejo y el Parlamento Europeo) y acoge con satisfacción la normalización de las relaciones entre ambas partes, ilustrada por la celebración en circunstancias favorables de la sesión de marzo en Brazzaville y por el resultado positivo que se logró. 
Estoy de acuerdo con esta interpretación y, por tanto, tenía la intención de votar a favor. 
Sin embargo, el hecho de que el Pleno haya rechazado las enmiendas propuestas por el grupo UEN- encaminadas a corregir una grave injusticia y discriminación en la composición y el funcionamiento de los órganos permanentes de la APP- me han llevado a abstenerme en la votación final. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12.35, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
Señor Presidente, Señorías, me complace estar aquí hoy con ustedes para presentarles los resultados del trabajo del Consejo hasta la fecha en relación con el síndrome respiratorio agudo severo. 
Como saben, la Presidencia convocó un Consejo Extraordinario el 6 de mayo para examinar esta grave cuestión que, además de las repercusiones obvias e importantes en la salud pública y la economía, está causando una preocupación comprensible entre nuestros ciudadanos, que a veces se ve exacerbada por la manera en que los medios de comunicación la presentan. 
Antes de hablarles de los resultados del Consejo, permítanme hacer un comentario preliminar. 
El síndrome respiratorio agudo severo demuestra una vez más que las enfermedades transmisibles, como otros muchos problemas que afectan al sector de la salud pública, son otro ejemplo de terrorismo biológico que traspasa el ámbito de los Estados miembros, y señalan la necesidad de cambios institucionales que harán de la protección de la salud una prioridad básica de la Europa unida. 
Esta posibilidad facilitará mucho más la coordinación de la prevención, el control y la intervención oportuna para abordar las enfermedades, tanto en la Comunidad como internacionalmente. 
Permítanme recordarles que la salud aún no ocupa la posición que le corresponde en el ámbito comunitario. 
Estoy convencido de que Europa es la mejor manera de promover políticas ambiciosas en el sector de la sanidad en cada uno de nuestros países, en especial respecto de la prevención y el control de las enfermedades. 
En la Europa actual, en particular tras la ampliación, la salud tiene que adquirir un fundamento jurídico estable y fuerte que permita una intervención inmediata, coordinada, científica, fiable y eficaz. 
Paso a comentar los resultados del trabajo del Consejo Extraordinario. 
Quisiera recordarles que al Consejo del 6 de mayo asistieron por primera vez los Ministros de Sanidad de los países candidatos y la Sra. Brundtland, Directora General de la OMS, quien nos puso al corriente de los recientes acontecimientos respecto de la neumonía atípica a escala mundial. 
En cuanto al aspecto científico y epidemiológico del problema, según los expertos de las organizaciones internacionales sabemos, en pocas palabras, que el causante del síndrome es un coronavirus desconocido hasta su reciente aparición. 
La estructura molecular del virus se ha identificado en un breve espacio de tiempo, si lo comparamos con el tiempo que se tardó en identificar el virus VIH del sida. 
Si bien se ha identificado, aún desconocemos su historia natural exacta; tampoco disponemos todavía de una medicación antiviral para tratarlo y estamos muy lejos de encontrar una vacuna para prevenirlo. 
En cuanto al modo de transmisión, existen indicios claros de que se transmite a través del contacto cercano, probablemente a través de pequeñas gotas. 
No se ha podido demostrar que las mercancías que llegan a la Unión Europea desde las zonas infectadas de SRAS supongan una amenaza para la salud pública. 
Respecto de la epidemiología, el número de casos confirmados o presuntos en los Estados miembros de la Unión Europea sigue siendo limitado, y los pacientes han sido aislados y tratados de manera eficaz, evitando hasta la fecha una mayor propagación de la infección y, lo que es más importante, no se han producido casos mortales. 
El Consejo ha mantenido un cambio de impresiones exhaustivo y constructivo con la Sra. Brundtland y ha señalado que la Asamblea Mundial de la Salud, que se reunirá la semana próxima, constituirá una oportunidad excelente para revisar la situación mundial y evaluar los esfuerzos que se están realizando para abordar la enfermedad. 
En cuanto a las medidas comunitarias para abordar el problema, quisiera comenzar recordando que la aplicación de las medidas de protección sanitaria es responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros. 
En el ámbito comunitario ya está funcionando una red de vigilancia y control epidemiológico de las enfermedades transmisibles, responsable de la coordinación de las medidas. 
La red ha proporcionado una base muy eficaz para el intercambio de información, en el que los países candidatos han participado plenamente. 
El Consejo ha ratificado las directrices acordadas el 10 de abril de 2003 por la Comisión de la Red. El resumen es el siguiente: 
detección rápida de todos los presuntos casos mediante una buena vigilancia. 
protección de las personas en riesgo de infección mediante un aislamiento eficaz en los hospitales, con énfasis especial en las medidas de protección de los cuidadores, 
atención particular a los viajes en avión, que aparecen como un factor importante en la propagación del SRAS, en particular mediante el examen de los pasajeros que abandonan las zonas afectadas, el asesoramiento a los pasajeros a bordo del avión y, finalmente, mediante información en los aeropuertos de entrada. 
Estas medidas tienen que aplicarse en todos los Estados miembros. 
Respecto de la acción futura, el Consejo ha decidido que la acción comunitaria y los esfuerzos que se están haciendo a través de la red de vigilancia de las enfermedades transmisibles y el nuevo programa en el sector sanitario tienen que continuar. 
Asimismo, la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la Organización Mundial de la Salud tiene que continuar para contener y, finalmente, detener la propagación de esta neumonía atípica. 
El principal objetivo de esta cooperación es ayudar a las zonas afectadas y desarrollar diagnósticos para promover la investigación sobre las vacunas y su disponibilidad en cantidades suficientes. 
Asimismo, el Consejo ha instado a los Estados miembros y a los países candidatos a aplicar todas las directrices de la red de vigilancia, con el fin de contribuir activamente al establecimiento de un grupo específico de expertos para el síndrome respiratorio agudo severo, y a informar en detalle a la Comisión antes del 15 de mayo sobre las medidas tomadas para abordar el SRAS. 
Para concluir, quisiera señalar que hemos alentado a la Comisión a que continúe coordinando la actuación de los Estados miembros y revise constantemente las orientaciones de la red de vigilancia. 
El Consejo examinará la situación y las últimas novedades en su reunión del 2 de junio, en la que la Comisión presentará un informe sobre las medidas tomadas por los Estados miembros. 
Sobre la base de este informe, el Consejo tomará cualquier otra medida que considere necesaria. 
De igual modo, apoya la intención de la Comisión de presentar una propuesta inicial para la creación de un Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades. 
Señor Presidente, Señorías, me he ceñido a esta breve presentación sobre el trabajo del Consejo y me pongo a su disposición para responder a sus preguntas. 
Señor Presidente, creo que la segunda lectura de hoy sobre el síndrome respiratorio agudo severo llega de nuevo en el momento adecuado porque, como vemos, cada día se producen nuevos casos y muertes a causa del SRAS. 
Como ha dicho el Ministro, es importante que se tomen medidas inmediatas para proteger al público. 
Ha mencionado algunas de estas medidas inmediatas, pero el punto principal son los próximos pasos que se tomarán para hacer frente a estas enfermedades, que tienen importantes repercusiones sociales y económicas, porque debido a los niveles actuales de movilidad, con millones de personas viajando por todo el planeta, se ha dado un potencial tremendo a las enfermedades transmisibles. 
El SRAS es un típico ejemplo, con casos que ocurren desde China, donde se originó la enfermedad, hasta lugares muy alejados del origen. 
El segundo punto importante es que están surgiendo epidemias repentinas de enfermedades nuevas. 
Durante los últimos veinte años han surgido treinta enfermedades nuevas, o variaciones de enfermedades viejas causadas por virus mutantes. 
Incluso están resurgiendo enfermedades viejas, como la tuberculosis. 
Asimismo, se habla de una pandemia inminente, un brote de gripe. 
Por lo tanto, necesitamos vigilancia constante y seguimiento, así como encontrar una respuesta coordinada a las amenazas para la salud. 
El Ministro ha hecho hincapié muy acertadamente en que existe la red establecida según la Decisión 2119 en el año 1998 para la vigilancia de las enfermedades transmisibles, pero, por desgracia, señor Ministro, esta red resulta inadecuada para dar una respuesta organizada y coordinada a estas amenazas para la salud. 
Estoy de acuerdo en que necesitamos impulsar el establecimiento de un centro de seguimiento sobre la base de la propuesta de la Comisión, como el de los Estados Unidos. 
Necesitamos un centro de seguimiento a escala europea para coordinar los distintos centros nacionales, porque por supuesto es responsabilidad de los Estados miembros, pero también para coordinar los laboratorios de referencia, de forma que podamos ofrecer una respuesta rápida y coordinada a las enfermedades transmisibles e incluso al terrorismo biológico: esto es lo que son las amenazas con virus y esporas. 
Asimismo, ha dicho muy acertadamente que la salud pública tiene que ocupar un lugar adecuado en los nuevos Tratados europeos. 
Lamento decir que, hasta la fecha, la Convención constitucional no nos ha transmitido este mensaje o esta posición. 
Como usted ha dicho acertadamente. 
Al igual que el medio ambiente, la salud pública tiene que ocupar un lugar destacado en los Tratados. 
Los servicios sanitarios son una cosa- tenemos la cuestión de la subsidiariedad- y la protección de la salud es otra, porque, como saben, los virus y las diversas enfermedades y el terrorismo biológico no conocen fronteras y pueden pasar de un país a otro, de un Estado miembro a otro y tenemos que ser capaces de responder de forma coordinada. 
Si queremos ser capaces de hacerlo, la salud pública tiene que ocupar un lugar destacado en el Tratado de la Unión Europea. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted y le pido que convenza a los demás Ministros para que acuerden el establecimiento de este centro de control y seguimiento de las enfermedades transmisibles en el ámbito europeo; nosotros convenceremos a la Convención constitucional y al Consejo para que otorguen un lugar destacado a la salud pública en la nueva Constitución europea. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, le doy las gracias por su informe del Consejo y sé muy bien que no debemos matar al mensajero o al portador de malas noticias, lo cual por consiguiente está muy lejos de ser mi intención. 
No obstante, también debo reconocer que el resultado de esta sesión extraordinaria del Consejo me ha parecido muy decepcionante, dado que con respecto al SRAS solo tenemos dudas. 
Se trata de un virus desconocido. 
En realidad, no sabemos cuáles son las vías de contagio. 
No conocemos ningún tratamiento posible y, de hecho, no sabemos nada acerca de su índice de mortalidad. 
Los interrogantes son tantos que el debate sobre la creación de un centro no hace más que distraer. 
Lo discutiré con mucho gusto dentro de medio año, pero ahora mismo es una orientación que eclipsa y encubre lo que de verdad hace falta. 
Siento exactamente lo mismo cuando oigo decir que los Estados miembros han mantenido un intercambio constructivo de puntos de vista y son responsables de adoptar medidas preventivas. 
Es hora ya de que haya una competencia comunitaria en materia de política sanitaria, y quiero decir en el Tratado. 
Si no lo reconocemos ahora, no sé cuándo lo reconoceremos. 
Tendríamos que haberlo reconocerlo ya en tiempos de la EEB. 
Muchas de las cosas que he oído hoy y que ya oí en el pasado, me suenan familiares: en tiempos de la EEB también se habló de las repercusiones económicas. 
En las actas dice: no hablemos en voz alta de los riesgos de la EEB, quién sabe qué repercusiones económicas podría tener. 
¿Qué consecuencias tuvo esto al final? 
Me habría gustado que el Consejo hubiese hecho algo práctico por una vez. 
Y también la Comisión, por cierto. 
Siento tener que decírselo ahora a usted, señora Schreyer; ya sé que no es usted responsable de esto. 
Se lo repetiré al Sr. Byrne, igual que ya se lo dije en otra ocasión en esta Asamblea. 
No es de recibo que el Sr. Byrne diga que sí, que la financiación de la investigación es un asunto difícil, que los fondos están comprometidos por períodos muy largos. 
Tendría que haber acudido de inmediato a la Comisión y haberles dicho: Manos a la obra, rápido, hay que liberar fondos del programa marco de investigación, ¡y hay que hacerlo de inmediato! 
Necesitamos disponer inmediatamente de dinero para la investigación, para ponerlo todo en marcha, para movilizar a todos nuestros investigadores, para confirmar de qué tipo de virus se trata, si existe algún posible tratamiento y de qué vacunas se dispone. 
Los Estados miembros deberían haber hecho exactamente lo mismo. 
Esperaba que la semana pasada, al separarse después de la sesión extraordinaria del Consejo, hubiesen declarado: cada uno de nosotros se compromete a aportar de inmediato un x por ciento o tantos centenares de miles de euros para la investigación. 
Y quiero hacer otro comentario impopular: ¿Por qué no se habla de restringir los viajes? 
Otros países lo están haciendo. 
Hay países que han puesto barreras a la entrada. 
¿Por qué no hacemos lo mismo? 
¿Por qué pueden seguir recorriendo el mundo los aviones de mi compañía aérea alemana y de otras compañías? 
No sabemos nada sobre las vías de contagio. 
No tenemos ni idea de cuánto dura el período de incubación. 
¿Está bien esto? 
¿Por qué no hablamos sinceramente de las posibilidades de imponer una cuarentena? 
Esta sería una actitud responsable a mi entender, y lo que han hecho los Estados miembros me parece insuficiente y además irresponsable, igual que lo que ha hecho la Comisión. 
Yo lo censuro desde aquí y desearía que ustedes, es decir, los que deben responder por ello, lo justificasen ante la ciudadanía europea. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Ministro por su explicación. 
La reunión del Consejo tuvo lugar, por supuesto, en un momento en que los rumores y las especulaciones acerca del SRAS adquirían enormes proporciones. 
El riesgo de confusión y malentendidos sobre esta enfermedad muy contagiosa aumenta asimismo de forma alarmante. 
Sin embargo, en estos momentos seguimos viendo que los diferentes Estados miembros de la Unión dan consejos contradictorios sobre los viajes a las supuestas zonas contaminadas. 
Una tarea de la Unión es precisamente evitar este tipo de confusión y malentendidos. 
Mi país, por ejemplo, solo desaconseja viajar a Pekín, Hong Kong y la provincia de Guangdong. 
Otros Estados miembros lo hacen con respecto a todas las zonas contaminadas. 
¿Por qué no existe una línea europea clara en relación con esta cuestión? 
La Unión Europea, y no solo los Estados miembros, tendría que actuar al respecto. 
Pero esto no es suficiente. 
El SRAS es por excelencia un problema transfronterizo y nos indica que este tipo de problemas también pueden surgir con otras enfermedades contagiosas. 
Viendo la rapidez con la que se ha propagado el SRAS, quizás aún no en Europa, pero sí en otros lugares, deberíamos sacar algunas lecciones, y no solo ahora con respecto el SRAS. 
El Consejo del 6 de mayo pidió a la Comisión que siguiera coordinando la actuación de la UE contra el SRAS y considerara la posibilidad de idear un plan relativo a un estado de alerta general en caso de enfermedades contagiosas y amenazas para la salud pública. 
Se ha vuelto a mencionar el Centro Europeo. 
Quizás en estos momentos baste con ello. 
Quizás el SRAS, en efecto, aún no se ha extendido demasiado como para exigir medidas más estrictas. 
Pero ¿qué habríamos hecho si algo así se hubiese desbordado? 
Esto habría podido suceder. 
Esto podría haber sucedido ya. 
Baste con mirar la situación en Toronto, que no es un país tercermundista, sino una ciudad con servicios médicos de máxima calidad, que de repente se ha visto atrapada por el SRAS. 
Esto nos habría podido suceder a nosotros. 
¿Qué habríamos hecho entonces? 
¿Habríamos pedido a la Comisión Europea que realizara unas cuantas consultas y se encargara de la coordinación? 
¿Nos habríamos reunido para ver qué podríamos hacer? 
No, lo que falta es que la Comisión Europea tenga, en un momento así, la posibilidad de tomar medidas de gestión de crisis. 
Creo que la Comisión Europea debería presentar un plan de emergencia para estos casos, un plan que nos permita reaccionar de forma concreta ante tales emergencias y tomar medidas como las que ya están tomando nuestros colegas estadounidenses y canadienses: poner en cuarentena a personas que sospechosas de estar infectadas, facilitar fondos adicionales para prevenir la propagación del virus y ayudar a las personas que están en cuarentena voluntaria o forzosa. 
La problemática es más amplia. 
No se trata tan solo del SRAS. 
El 7 de abril, el Comisario Byrne informó ya al Parlamento de la posibilidad de que el virus del SRAS se haya transmitido de animales a personas. 
Recordemos la gripe de Hong Kong y la gripe española en el siglo pasado, los virus que mutan, la peste avícola ahora en los Países Bajos, sobre la cual la Organización Mundial de la Salud ha expresado ya su preocupación. 
¿Qué hemos de hacer al respecto? 
Precisamente en este tipo de situación es necesario que la Comisión Europea tome medidas concretas y rápidas de gestión de crisis. 
También aplaudo lo que ha dicho el Ministro al respecto. 
Ahora es realmente necesario consagrar y reforzar el papel de la salud pública en el Tratado. 
Señor Presidente, es imposible vacunar a las personas de antemano contra nuevas enfermedades. 
Tampoco es posible curarlas después con medicamentos. 
Solo existen tres posibilidades de limitar las consecuencias. 
La primera es limitar las posibilidades de contagio. 
La segunda es reforzar y agilizar la investigación científica para prevenir y combatir tales enfermedades. 
La tercera es ofrecer ayuda a los enfermos para aumentar sus probabilidades de supervivencia. 
En la lucha contra el avance del SRAS, solo se presta plena atención a esta tercera posibilidad. 
Se prepara a los hospitales para que dispongan de salas de cuarentena y equipos de respiración asistida. 
Está bien que ahora ya tengamos en cuenta la posibilidad de que esta enfermedad contagiosa asole Europa, pero parece que no vamos a ir más allá de esto. 
En cambio, se aprovecha menos la segunda posibilidad. 
En los últimos años, en diferentes Estados miembros de la Unión Europea se han hecho recortes en la investigación científica sobre enfermedades nuevas. 
Los expertos de ahora son voluntarios interesados que se retiran de otras investigaciones médicas y biológicas. 
Esto ha de cambiar si queremos luchar y erradicar eficazmente enfermedades nuevas con rapidez. 
Las principales deficiencias se encuentran en el ámbito de la primera posibilidad, limitar la propagación a escala mundial. 
Gracias al tráfico aéreo internacional, las personas procedentes del sudeste asiático pueden exportar rápidamente el SRAS a lugares muy lejanos. 
Los controles del tráfico de entrada en el aeropuerto neerlandés de Schiphol, el quinto aeropuerto de Europa por su tamaño, son mínimos. 
Los pasajeros procedentes del sudeste asiático pueden pasar como si nada. 
En realidad es un milagro que en Europa no haya más gente contagiada. 
El 7 de abril, con motivo de una declaración de la Comisión Europea, pedí que se tomaran medidas contra los riesgos del tráfico aéreo de llegada, si fuera preciso con una obligación de cuarentena previamente anunciada para las personas de riesgo. 
Me asombra que el 6 de mayo, después de una consulta con la Organización Mundial de la Salud, en el Consejo se decidiera renunciar a esta posibilidad y en lugar de ello se confiara en los controles en el país de salida y en las declaraciones escritas de los interesados. 
Evitemos tener que constatar demasiado tarde que hemos fracasado gravemente a la hora de mantener alejada la enfermedad y alegrémonos de tener una prensa libre que, a diferencia de lo que pasa en China, nos ha informado oportunamente. 
Señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores Comisarios, Señorías, el pasado 7 de abril abordábamos el problema de la crisis del SRAS para frenar el riesgo de difusión del virus, lo que preocupaba en mayor o menor medida a todos los Estados miembros y también a otros países. 
Debo subrayar que las propuestas que en aquella ocasión presentó el Grupo UEN a la Comisión han sido adoptadas casi en su totalidad por algunos Estados miembros, entre ellos Italia. 
En la intervención citada advertía de que el virus podía transmitirse también a través de las mercancías y los animales procedentes de países infectados y que, por entonces, todavía no se sabía que llevaban la infección. 
Después de aquel difícil y controvertido período de acalorada discusión entre optimistas y pesimistas sobre la posibilidad y la necesidad de frenar la difusión del virus, la atención de los países europeos es hoy mayor, también se toman más medidas preventivas, pero ha llegado el momento de preocuparse de otro factor: el problema que poco a poco se está vislumbrando en muchos Estados miembros es el de la sanidad pública: ¿hay suficiente personal, medios e instalaciones disponibles para atender a pacientes afectados por el SRAS? 
Es hora de preguntarnos si cada Estado miembro dispone de recursos y centros adecuados para el tratamiento de enfermedades infecciosas virulentas como el SRAS; de no ser así, todas las medidas adoptadas para frenar su llegada a Europa serán vanas. 
Hoy añadiría que las cuestiones que debemos afrontar con la máxima urgencia son los siguientes: la escasez, por no decir la ausencia total, de cámaras de aislamiento de presión negativa en los centros hospitalarios de los principales Estados de la Unión Europea, necesarias para evitar el contagio nosocomial; la imposibilidad de mantener en cuarentena a un paciente altamente sospechoso que rechace el aislamiento, dado que no existen leyes que impongan la hospitalización obligatoria salvo para las enfermedades mentales; sería conveniente empezar a pensar en la formación y en la creación de equipos sanitarios nacionales especializados en tratar enfermedades como el SRAS, que no pueden tratarse con terapias específicas, sino solo con tratamientos de apoyo y que requieren la intervención de muchos especialistas- neumólogos, virólogos, anestesistas, reanimadores, internistas, dietistas- y de personal de enfermería preparado para la gestión y la asistencia de pacientes afectados por el SRAS. 
Les pido que consideren esta virosis un banco de pruebas para Europa ante la posibilidad de transmisión de enfermedades hoy desconocidas o que se consideran erradicadas, pero que la globalización podría traer de nuevo a Europa, como ya dije en mi intervención del día 14 de noviembre de 2001. 
El Parlamento Europeo y, en este caso concreto, la Comisión- a la cual me dirijo- deben extraer las enseñanzas de esta experiencia y reconocer la función crucial que desempeñan los servicios de sanidad pública. 
Señor Presidente, Señorías, el 7 de mayo, un Comisario que hoy no se encuentra en esta Asamblea- y lo siento porque por una vez habría felicitado a un Comisario- declaró que para prevenir las epidemias animales hemos desarrollado un sistema avanzado mediante la creación de un Comité de Expertos Veterinarios que establece las normas para cada uno de los Estados miembros, mientras que en materia de salud humana no tenemos voz. 
Repito, no tenemos voz en la materia. 
Por cierto que hasta la fecha la Comisión tampoco ha tenido voz en la materia en esta Cámara. 
Sin embargo, esta absurda situación refleja los tiempos que vivimos. 
Estoy de acuerdo con algunas de las observaciones hechas hace un momento por el Sr. Mussa; ahora bien, tengamos presente, Antonio, que usted propugna- como muchos de nosotros, por lo demás- reformas estructurales, reformas de las estructuras hospitalarias e incluso científicas. 
Las reformas estructurales han de adoptarse primero por medio de una votación, hay que desearlas y después aplicarlas; y después vienen los sobornos y todo lo demás. 
En cualquier caso, necesitamos directrices. 
Hoy en día, sin embargo, hay un aspecto que en lo que concierne a nuestra zona, está relacionado con privilegios comerciales, que a veces desempeñan aquí el papel que desempeñan los intereses políticos y del sistema en los Estados totalitarios, llamémosles comunistas. 
(Hay algunas variantes menores de tipo fascista, nazi, pero la esencia es la misma.) : En realidad nos encontramos en una situación de zoonosis rampante inminente: es decir, las enfermedades son transmisibles del animal al ser humano. 
La salud pública en Europa- aquí en nuestros propios países- corre gravísimos riesgos, que no dejan de aumentar, porque el mundo se globaliza cada vez más y hay cada vez más zonas densamente pobladas. 
Ahora bien- y cito- «desde hace muchos meses Europa se ve afectada por cepas de ortomixovirus, que causan- repito, causan hoy, es decir, que esto está ocurriendo en este mismo instante, señor Presidente en ejercicio del Consejo- gravísimos focos de gripe aviaria». 
Aquí, en Europa, hoy, hay una serie de gravísimos focos de gripe aviaria, cuya peligrosidad a menudo se minimiza. 
¿Por qué? 
Para no bloquear los enormes flujos de exportaciones de alimentos. 
La vacunación, por supuesto, afectaría a la exportación de alimentos.. 
Se ha preferido, pues, aplicar el stamping out, con el sacrificio de rebaños enteros: ¡25 millones de cabezas destruidas solo en los Países Bajos y Bélgica! 
Es cierto que esas cabezas nos cuestan un dólar al día- dinero que no damos al mundo y ni siquiera a nuestros parados, en algunos casos -, pero también es cierto que los sacrificios están subvencionados. 
Por tanto, estamos en una situación en que carecemos de conocimientos concretos, e incluso después de algunos, de muchos años, yo no sé con certeza qué diferencia hay entre el HIV y el sida. 
Todo lo que podemos decir es que los expertos en infecciones temen una explosión en otoño añadida a la habitual variación estacional. 
Recuerden que solo la gripe española provocó 600 000 muertes en Italia tantos como una gran guerra mundial. 
¡Mucho cuidado! 
Esto no es Europa, sino la ausencia de Europa. 
(IT) Señor Presidente, Señorías, hace menos de dos meses que tenemos noticia de la difusión de esta enfermedad y se cuentan ya más de 7 000 casos declarados, más de 500 muertos y más de 20 personas infectadas en los Estados miembros de la Unión. 
Señor Ministro, el Consejo extraordinario solicitado por el Ministro de Sanidad italiano, profesor Sirchia, ha dado unos resultados no mínimos, sino minimalistas e insatisfactorios. 
Lo que se ha conseguido es el propósito de instalar, en un plazo de dos meses, puestos médicos en los aeropuertos para controlar a los pasajeros que partan hacia esos países, es decir, los viajeros que vuelvan a China, Hong Kong y otras áreas donde existe una situación epidémica ya declarada. 
Además, el Consejo extraordinario ha decidido crear un centro de coordinación europeo para afrontar crisis sanitarias, centro que no entrará en funcionamiento hasta el año 2005. 
Pues bien, considero que a pesar de las peticiones formuladas esencialmente por Italia y España, nos hemos plegado a una lógica de tipo meramente económico. 
Fue usted, señor Ministro, quien dijo que se habría creado un clima difícil para la economía y la sociedad. 
Nosotros pensamos que la salud de los ciudadanos va mucho más allá del valor puramente económico a corto plazo, que hay que tener presente, cierto, pero que no debe tener prioridad sobre la salud de los ciudadanos. 
La Sra. Roth-Behrendt ha afirmado con razón: «No sabemos nada de esta enfermedad» , y es la verdad, pero no hemos aplicado un filtro a escala europea que pueda ser verdaderamente uniforme y eficaz. 
Entonces el Sr. Pannella ha señalado lo absurdo que es el hecho de que nos hayamos dotado de un sistema avanzado de prevención de epidemias animales, pero no tengamos nada para los seres humanos. 
Todo sigue en manos de los Estados, que dan prioridad a las consideraciones económicas sobre el respeto de la salud de los ciudadanos. 
Se ha dicho que la gripe española provocó cientos de miles de víctimas; esto no es cierto, Señorías, sino que causó más de 20 millones. 
Y, más recientemente, la gripe asiática, en 1957, segó un millón de vidas humanas, mientras que en 1968, la variedad «Hong Kong» ocasionó 700 000 muertos. 
Me pregunto qué estamos haciendo para vigilar el riesgo de una situación epidémica en países de África o en la India, cuyos sistemas sanitarios no están en absoluto en condiciones de controlarla mínimamente, si se tiene en cuenta que hasta en Toronto están en crisis. 
Creo, por tanto, señor Ministro, que el Consejo y la Comisión deben cambiar de registro, decidir más rápidamente y modificar las políticas en materia de salud de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo de Sanidad, el síndrome respiratorio agudo severo nos vuelve a recordar la necesidad de una acción coordinada en el sector de la salud pública. 
No podemos hablar de prevención, control e intervención oportuna con respecto a las enfermedades transmisibles u otras a menos que sentamos las bases necesarias para la cooperación comunitaria, especialmente hoy con la ampliación y con la facilidad para viajar rápidamente. 
Estoy encantada de que todos los diputados que han hablado se hayan referido unánimemente a esta necesidad en sus discursos; esto nunca había ocurrido en el pasado. 
Al igual que los problemas medioambientales, las enfermedades transmisibles no conocen fronteras. 
Epidemias como esta neumonía atípica requieren transparencia e información directa, un sistema de seguimiento que funcione de modo eficaz y sistemas sanitarios que vayan más allá de los funcionamientos burocráticos deficientes y ofrezcan los mejores servicios posibles en interés del público. 
El papel de la Organización Mundial de la Salud es fundamental, razón por la cual la cooperación entre la OMS, la Comisión Europea y los Estados miembros ha sido eficaz. 
Es importante subrayar que las medidas introducidas en el ámbito europeo han frenado la propagación de la enfermedad y, sobre todo, que aún no se han producido víctimas mortales en ningún Estado miembro. 
Por lo que se refiere al Consejo extraordinario celebrado la semana pasada, creo que es importante que el Consejo impulse el establecimiento de un grupo especial de expertos en materia de SRAS para que elabore programas conjuntos y consejos sobre medidas higiénicas en toda Europa y proporcione información sobre las medidas tomadas hasta la fecha y sus resultados. 
Asimismo, es necesario prestar todo tipo de asistencia a las zonas afectadas. 
Los puntos de salida tienen que controlarse de la misma forma, e incluso más, que los puntos de entrada, usando todos los medios administrativos y científicos. 
Permítanme expresar mi preocupación por la adecuada aplicación de las medidas que se han tomado hasta la fecha. 
Sería recomendable que la Comisión ejerciera toda su influencia en este sentido. 
Para concluir, quisiera felicitar a la Presidencia griega por la sensibilidad y disposición que ha mostrado al convocar el Consejo Extraordinario. 
Señor Presidente, el SRAS plantea un enorme reto a la UE y los países candidatos y, como bien dice el Ministro, no conocemos el origen del virus. 
Al mismo tiempo que aumentan las estadísticas de mortalidad global y se propaga la infección en China, han aparecido también algunos casos en la UE, aunque la enfermedad parece estar muy controlada aquí. 
Sin embargo, el 6% de las personas que contraen el SRAS mueren. 
Poniendo el ejemplo de un superviviente, el Dr. Henry Likyuen Chan cuenta sólo 34 años de edad, pero tenía fiebre alta, le atormentaba la tos y cuando se duchaba, se sentía como si estuviera corriendo una maratón. 
La idea de crear un centro de la UE para el control y la prevención de enfermedades siguiendo el modelo de los Estados Unidos en Atlanta, que no es una idea nueva y que se está promocionado a través del programa de salud pública, puede contribuir a mejorar la coordinación. 
Sin embargo, hasta 2005 no funcionará un centro así. 
Puede que sea la medida adecuada para el futuro, pero es muy importante que el Consejo esté dispuesto a destinar recursos adicionales a ese centro, para que se ocupe no solo del SRAS, sino también de los problemas que plantea la tuberculosis, la viruela y el bioterrorismo. 
El valor añadido del trabajo conjunto constituye el fundamento de la UE en política de salud pública, pero todo tiene su coste y debemos ser muy abiertos al respecto. 
La Sra. Roth-Behrendt y el Sr. Liese han hablado sobre el aspecto de la investigación y también tengo entendido que la DG de Investigación está destinando a ese fin los fondos necesarios. 
Es importante que se aclare esto, y quizá el Ministro pueda decirnos algo más al respecto. 
Como sabemos, y él mismo nos ha dicho, el origen de este terrible virus mutante sigue sin conocerse y tenemos que saber más sobre su causa. 
Lamentablemente, el SRAS está aquí, y está aquí para quedarse. 
Podemos hacer todo lo posible por medio de investigaciones, sistemas de alerta rápida, centros de control de enfermedades, educación e información, pero esto debería servir de llamada de atención a todos los responsables de la salud pública. 
Tenemos que trabajar conjuntamente en toda la UE y en todo el planeta para proteger la salud pública en el futuro y tenemos que pensar seriamente en el modo de hacerlo. 
Señor Presidente, el SRAS quizás no sea un tema candente en la esfera política, pero sí lo es para nuestros ciudadanos. 
La manera en que el Consejo y la Comisión Europea han reaccionado durante la pasada semana ha sido, pienso, adecuada. 
Sin embargo, nosotros, los que sabemos lo que posiblemente tendría que haber sucedido, nos sentimos decepcionados, y con razón. 
Es cierto que en nuestro continente europeo aún no ha habido que lamentar muertes a causa del SRAS. 
Sin embargo, yo me uno a mis colegas, la Sra. Roth-Behrendt, el Sr. Maaten y el Sr. Liese, para señalar que esto no significa, aunque pudiera parecerlo, que por tanto de momento las cosas están en su sitio. 
En realidad sabemos demasiado poco sobre su origen y las vías de transmisión. 
No sabemos nada sobre posibles vacunas. 
Todo esto quedó pendiente de debatir en esa reunión del Consejo. Lo lamento. 
La segunda cosa que lamento es que se haya acordado no tomar medidas adicionales para controlar a todas las personas que salen de un avión, pues ello sería una seguridad falsa. 
¿Qué es lo que veo? 
Al día siguiente, el Gobierno italiano empieza a implantar estas mismas medidas. 
¿Qué seguridad puedo ofrecer ahora a los ciudadanos? 
Creo que este es también el trasfondo de muchas de las críticas de mis colegas. 
Un segundo elemento que quiero mencionar es el sexto programa de acción en materia de salud pública. 
Dicho programa se basa en dos cosas, a saber: alerta rápida y prevención. 
¿Qué constato en realidad ahora? 
Que la Comisión nos dice por primera vez realmente que ha hecho algo en el ámbito de la salud, aunque no sea de su competencia. 
A este respecto señalo que en realidad la Comisión ya tenía esta competencia en virtud del citado sexto programa de acción. 
Y ahora quiero referirme a las observaciones de mis colegas, el Sr. Maaten, la Sra. Roth-Behrendt y el Sr. Trakatellis, que preguntan: ¿por qué no se libera inmediatamente dinero adicional para atar cabos, para preparar vacunas, para hacer algo? 
Señor Presidente, esto significa que, en mi opinión, hemos fallado y que ahora hemos de intentar de inmediato abordar mejor los problemas y el desconocimiento, no solo en relación con el SRAS, sino también con todo lo que se nos cruce en el camino, y estar más alertas, tal como establecimos en el sexto programa de acción. 
Pero señor Presidente, pensemos también en las competencias en el ámbito de la salud pública. Son necesarias, ahora más que nunca. 
Señor Presidente, señor Ministro Stefanis, dos trabajadores sanitarios neerlandeses que trabajaban en China se pusieron voluntariamente en cuarentena al volver a los Países Bajos. 
Su sentido de la responsabilidad debería ser un ejemplo para las autoridades, no solo las neerlandesas, sino también para sus homólogos europeos. 
Las medidas adoptadas contra el SRAS son insuficientes. 
Por desgracia, en estos momentos no es posible sacar otra conclusión. 
El SRAS es una enfermedad cuyos riesgos y peligros son aún en gran medida desconocidos. 
El índice de mortalidad se cifró en un principio en el 4%, pero ahora los cálculos ya llegan al 19%. 
En un principio se creyó que el contagio se producía exclusivamente a través del aire. 
Ahora resulta que el virus puede penetrar de otras maneras en el cuerpo humano. 
Hemos de tratar el SRAS con sumo cuidado. 
En primer lugar, y esto ya se ha dicho anteriormente muchas veces, es necesaria una acción conjunta. 
La confianza en el Gobierno es importante. 
No puede ser que un país se empeñe en que no pasa nada, mientras que otro impone la cuarentena obligatoria, pues esto no genera confianza. 
Asimismo es necesario emitir consejos de viaje comunes, pues sin duda está pasando algo. 
En segundo lugar, las medidas han de ser por supuesto convincentes. 
La enfermedad ha resultado ser más grave y contagiosa de lo que se pensaba. 
Es bueno que se rastree a las personas que pueden ser portadoras. Pero, por supuesto, nuestra primera tarea consiste en prevenir la infección dentro de la Unión Europea. 
Italia hace bien en mantener obligatoriamente en cuarentena a personas procedentes de zonas de riesgo. 
Por supuesto, también tienen razón quienes dicen que las medidas draconianas no suponen una protección definitiva, pero esto no implica que sea una seguridad falsa, como se ha sugerido. 
Estas medidas ayudan a reducir el número de portadores. 
El pánico se evita tomando medidas adecuadas y no haciendo como si no pasara nada. 
Señor Presidente, la Unión Europea y los Estados miembros han de asumir su responsabilidad ahora. 
En Grecia y en Finlandia también se han detectado casos de SRAS. 
No podemos permitir que la cuarentena sea una decisión individual de personas responsables. 
Que el sentido de la responsabilidad de algunos trabajadores sanitarios sirva de ejemplo. 
Por último, señor Stefanis, habrá percibido usted en este debate que hay un gran consenso a favor de un enfoque más estricto y más claro. 
¿Qué piensa hacer usted a raíz de este debate? 
Señor Presidente, todos los indicios indican que el SRAS va a permanecer entre nosotros. 
En los países occidentales desarrollados la situación está bajo control, pero para los países pobres y menos desarrollados puede convertirse en una nueva plaga de grandes proporciones, que tanto de forma directa como a través de su impacto económico, aumente la pobreza, la miseria y el índice de mortalidad. 
La epidemia está amenazando al ya de por sí escuálido crecimiento económico en los países asiáticos y, a través de una serie de acciones reflejas, a toda la economía mundial. 
Asimismo, tenemos que prepararnos para una enorme demanda de ayuda humanitaria. 
La epidemia solo tiene ocho semanas de vida, pero una cosa es cierta: los que toman las decisiones tienen que desempeñar un papel principal. 
Tiene que existir una garantía de orden y estabilidad mundial, porque esto será crucial desde el punto de vista de los sistemas sanitarios y de la prevención. 
En Finlandia solo se ha registrado un caso de SRAS: se trata de alguien que enfermó tras un viaje a Toronto. 
Sin embargo, un máximo responsable sanitario de Canadá se ha apresurado a negar la posibilidad de infección. 
Por ejemplo, en un artículo del Toronto Star se afirma que a menos que alguien haya conseguido colarse en un hospital para ver a un paciente afectado de SRAS en cuarentena, es totalmente absurdo declarar que haya podido contagiarse de una enfermedad infecciosa en Canadá. 
Estas opiniones recuerdan vivamente la actitud de los líderes de los antiguos países de la Europa oriental: nadie podía atrapar enfermedades infecciosas en sus países. 
Es increíble que las autoridades sanitarias canadienses se hayan prestado a una pelea infantil y autojustificativa en torno a la procedencia de la enfermedad. 
Este tipo de actitud no ayuda a nadie. 
Si se dan casos de la enfermedad, el cometido de la autoridad sanitaria no es proteger la economía y el turismo de su país. 
A escala general, esto demuestra que las autoridades de los países occidentales no están mentalmente preparadas para afrontar la propagación de nuevas y peligrosas enfermedades infecciosas. 
Sin embargo, la reunión extraordinaria de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros de la UE, con sus recomendaciones para la acción, constituye un paso importante, pero esperamos más. 
La UE necesita más poder en materia de enfermedades infecciosas. 
Hay otro detalle respecto de la situación del SRAS que merece ser comentado. 
Italia estaba descontenta con la decisión del Consejo de Ministros relativa a la acción para prevenir el SRAS, y ha decidido descolgarse temporalmente del Acuerdo Schengen para poder realizar exámenes sobre el estado de salud de las personas que entran en el país. 
La decisión de Italia, ya sea necesaria o exagerada, demuestra lo flexibles que pueden ser los principales acuerdos de la UE en situaciones excepcionales cuando un Estado miembro es capaz de proponer su incumplimiento de forma justificada. 
A este respecto, la UE ha aprobado un examen práctico con buenas notas. 
Señor Presidente, hay dos cosas que causan temor en este momento: la ausencia de una vacuna contra el virus detectado y el temor a que las autoridades nacionales y europeas no estén debidamente preparadas para hacer frente a un virus que no conoce fronteras. 
Ningún virus tiene capacidad para comprender las ideas de subsidiariedad, proporcionalidad y territorialidad. 
Simplemente se pasea por donde le da la gana. 
Por eso, los Estados miembros deben abandonar la idea de que están en cierta manera protegiendo a sus poblaciones cuando defienden el concepto de soberanía o, en definitiva, la idea de que están protegiendo sus economías cuando propugnan la subsidiariedad y la proporcionalidad. 
Es importante que reconsideremos la propuesta de la Comisaria de crear un centro de enfermedades transmisibles, pero debemos insistir en que todos los Estados miembros contribuyan a financiar dicho centro. 
No tiene ningún sentido tratar de asegurar la creación de un centro que a la larga se ocupará de las enfermedades transmisibles, pero que no dispondrá de recursos para hacer su trabajo con eficacia. 
Lo que no he escuchado hoy- es posible que me lo perdiera porque llegué algo tarde a la intervención del Presidente en ejercicio- es qué progresos se han hecho en relación con la búsqueda de una vacuna. 
Sé que se han hecho algunos progresos en la identificación del virus, pero ¿qué progresos se han hecho en la búsqueda de una vacuna que nos proteja? 
Sé que hay inquietud en Grecia en relación con los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en 2004, y que se están manteniendo algunas conversaciones al respecto. 
En mi país, Irlanda, celebramos las Olimpiadas Especiales en junio de este año; cerca de 7.000 atletas viajarán desde 166 países de todo el mundo. 
Quinientos de esos 7 000 atletas procederán de zonas afectadas por el SRAS. 
En Irlanda estamos evidentemente preocupados, sobre todo en las ciudades que albergarán a esos atletas. 
De ningún modo estoy pidiendo que se cancelen las Olimpiadas Especiales. 
Quiero seguir adelante con esos Juegos, pero quiero también tranquilizar a los ciudadanos sabiendo que se están tomando medidas adecuadas a escala europea y nacional para evitar la propagación del virus del SRAS. 
Señorías, gracias por sus interesantes preguntas, que voy a tratar de contestar. 
No puedo responder a todas en detalle, porque creo que el tiempo es limitado, pero haré lo que esté en mi mano. 
En primer lugar, la situación general respecto de la neumonía atípica o SRAS. 
Como he dicho, sabemos por la Comisión y por la propia Sra. Brundtland, quien tiene una visión global del asunto, que si bien por una parte se ha identificado el virus- y esto es un hecho- en un tiempo récord comparado con lo que ocurrió en el pasado, y se ha identificado su estructura molecular, por otra no se ha hecho ningún progreso sustancial en el campo de su historia natural; dicho de otro modo, sobre la forma en que se transmite. En este momento, no hay progresos visibles respecto de una vacuna eficaz que prevenga la enfermedad o de una medicación antiviral que la trate. 
En consecuencia, el tratamiento es puramente paliativo y lo que realmente necesitamos, al menos para los pacientes, es que estén aislados de forma que el virus no se propague y provoque infecciones en el hospital, lo que significa que tenemos que recomendar que cualquier país que no disponga de cámaras de presión negativa las adquiera. 
Se trata de una medida muy básica con objeto de restringir la propagación del virus y prevenir las infecciones en los hospitales. 
Quisiera clarificar los casos de los Países Bajos y Grecia. 
Ayer en Grecia se declaró un presunto caso- no confirmado -, que se está investigando. 
Pase lo que pase, el hecho es que también hay casos en Europa. 
Sin embargo, como hemos dicho, por suerte no se han producido víctimas mortales. 
Me complace especialmente que haya un amplio consenso respecto de la necesidad de dar la máxima prioridad a la sanidad en el Tratado de la EU y en todas las actividades de la UE en general. 
He escuchado el discurso del Sr. Panella sobre la paradoja, y en efecto se trata de una paradoja, porque disponemos de protección contra la zoonosis pero no disponemos de protección para la salud humana. 
Esto también tiene que abordarse en la Convención; pero quizá podrían llevarse a cabo acciones conjuntas en esta dirección incluso en estos momentos. 
Esta perspectiva es ahora una posibilidad y, en la Presidencia, estamos de acuerdo y apoyamos los esfuerzos de la Comisión por promover la creación de un centro de prevención y control de las enfermedades en general, no solo de las enfermedades transmisibles. 
Existen enfermedades igual de importantes y peligrosas que las enfermedades transmisibles. 
Sería algo parecido al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. 
Quisiera hacer un comentario respecto de lo que se podía haber esperado de este Consejo Extraordinario y del resultado final. 
Para comenzar, creo que la celebración de este Consejo ha sido muy positiva y que, a raíz del SRAS, la salud pública se ha convertido en el centro de atención no solo de los Ministros, sino también de la opinión pública europea. 
En segundo lugar, puesto que había que redactar un texto con conclusiones aceptadas comúnmente, es lógico que este texto no contenga posiciones contradictorias. 
El texto en general es el resultado de un compromiso. 
Sin embargo, se han hecho recomendaciones sobre medidas importantes, como los viajes en avión. 
Se ha hecho hincapié, como lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud, en los controles de salida en los puntos de partida. 
Sin embargo, esto no significa que no tengan que hacerse controles. 
La Comisión y el Consejo han recomendado que haya al menos algún tipo de control administrativo- no de salud pública o médico -, como ha insistido el Ministro italiano, Sr. Sirchia. 
Pero por muchos controles que hagamos en los puntos de entrada, cuando nos enfrentamos a un virus con un período de incubación de diez días, es lógico que solo obtengamos resultados limitados, porque los ciudadanos que entran en el país están sanos. 
Excepto en los países básicos, es decir, China, Hong Kong y Singapur, en casi todos los casos producidos en otros países ha habido personas que han entrado sanas y después han desarrollado la enfermedad. 
En consecuencia, cualquier control de entrada disminuirá de forma considerable el peligro de introducir el virus, pero no lo eliminará. 
Se han tratado un gran número de temas. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de una política europea común sobre esta cuestión y sobre los asuntos de salud en general. 
La presidencia cree que es posible, sobre la base de las condiciones especificas que prevalecen en cada país y la forma en que se perciben y evalúan los peligros que vienen del exterior, que cada Estado miembro tome las medidas correspondientes. 
Sin embargo, debería haber algunas medidas comunes para todos los Estados miembros de la Unión Europea y, en primer lugar, necesitamos coordinación, al menos en el ámbito de la información. 
Creo que un centro de información común y obligatorio, como es el caso de la red de registro obligatorio de todos los casos probables y posibles, es un paso importante porque nos mostrará el cuadro epidemiológico sobre cuya base podrán tomarse ciertas medidas para afrontar la situación. 
Respecto de la investigación, la presidencia está de acuerdo en dar el máximo apoyo posible a las actividades de investigación a escala europea. 
Debería haber un fondo común especial para abordar este tipo de emergencias, además del fondo ya establecido en la Dirección XII. 
Sin embargo, no debemos olvidar que la mayor parte de la investigación se lleva a cabo en las universidades y en las grandes empresas farmacéuticas internacionales. 
Por otra parte, no cabe duda de que también necesitamos investigación europea. 
Asimismo, se plantea la cuestión del apoyo a las zonas afectadas por el virus, de forma que puedan tomar las medidas necesarias. 
Como ha dicho el Sr. Liese, no podemos pasar por alto el hecho de que, si los casos de China se hubieran denunciado rápidamente, probablemente no habríamos llegado a este punto. 
Esto nos tiene que servir de lección a partir de ahora: no hay fronteras y lo que ocurra en cualquier parte del mundo tiene que denunciarse; tiene que haber un centro de información para ello y esta es precisamente la función de la Organización Mundial de la Salud. 
Sin embargo, necesitamos centros similares a escala regional, como la red de vigilancia de la Unión Europea, a la cual deberíamos informar. 
Para concluir, quisiera decir que, en general, lo que ha ocurrido en el Consejo Extraordinario del 6 de mayo ha sido un excelente comienzo. 
El Consejo de Ministros ordinario se reunirá el 2 de junio; para entonces se habrá recabado más información, se tendrán en cuenta todas las observaciones por parte de los diputados del Parlamento Europeo y creo que los Estados miembros de la Unión Europea estarán en condiciones de coordinarse mejor y concretar más las medidas necesarias en el ámbito europeo. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0140/2003) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo [2003/2016 (BUD) ] para el ejercicio 2004. 
Señor Presidente, quisiera empezar aprovechando esta oportunidad para dar la bienvenida a los observadores. 
Me complace tenerles aquí en Estrasburgo. 
Hemos dedicado muchas reuniones a debatir la llegada de observadores en la Comisión de Presupuestos. 
Es estupendo tenerlos hoy aquí para que puedan escuchar este importante debate. 
Esta es una de las primeras cuestiones en términos presupuestarios que les afectan directamente. 
Me gustaría también dar las gracias a todos mis colegas y a la secretaría de presupuestos por su trabajo y su colaboración en la elaboración de estas previsiones. 
En el año 2004 se realizará la ampliación, se celebrarán elecciones y, si cambian los resultados electorales de 1999, terminarán su mandato más del 56% de los diputados. 
Todos estos factores tendrán importantes consecuencias políticas, estructurales y presupuestarias. 
Por lo tanto, las previsiones para 2004 conllevan algunos cambios profundos que harán algo más compleja la planificación presupuestaria. 
Además de los retos que plantean la ampliación y las elecciones, el Parlamento se enfrentará también a cambios importantes en 2004, como la posible adopción del Estatuto de los Diputados, el aumento del número total de diputados, la revisión de los estatutos del personal y una reforma de su estructura administrativa para mejorar el servicio a los diputados. 
Todavía no se han determinado las consecuencias presupuestarias exactas de algunos de esos cambios, razón por la cual no se han incorporado de lleno a estas previsiones, pero habrá que tenerlas en cuenta durante la primera lectura del presupuesto de 2004 en otoño. 
En primer lugar, el Estatuto de los Diputados: Espero de verdad que el Estatuto de los Diputados entre en vigor el año que viene. 
La falta de transparencia de la dotación para viajes y la dotación para dietas generales merma la credibilidad de esta Cámara más que ninguna otra cosa. 
Por consiguiente, ruego a este Parlamento que haga todo lo posible por asegurar que los créditos consignados se utilicen realmente para ese fin. 
Hablando de gratificaciones y privilegios, quisiera hacer referencia a la enmienda presentada por el Grupo del PPE-DE sobre la extensión del régimen de seguro de enfermedad a los antiguos diputados. 
Me sorprende que los Conservadores británicos del ala derecha hayan presentado esta enmienda. 
Ellos siempre dicen que encabezan la lucha contra los privilegios injustificados, pero en este caso se contradicen del todo al pedir que se amplíe el sistema, una medida absolutamente injustificada que solo beneficiará a unos pocos diputados, pero que tendrá un coste enorme para el contribuyente y será extremadamente difícil de administrar. 
Pero lo más decepcionante es que los Cuestores hayan enviado un correo electrónico a todos los diputados instándoles a votar a favor de esta enmienda. 
Eso es muy lamentable. 
No sé cómo el Sr. Balfe y otros pueden justificar este gasto en particular ante su electorado. 
La Mesa expresó serias reservas al respecto, no ha destinado ningún fondo para este fin y, por razones jurídicas, ha devuelto el expediente. 
Existen también importantes consideraciones presupuestarias. 
No podemos limitarnos a considerar las consecuencias inmediatas de una medida así, sino también su coste a largo plazo. 
Podría ser muy costosa. 
No se trata solo de si es conveniente o no aceptar que los diputados salientes de este Parlamento reciban un trato especial, lo cual podría dar pie a todo tipo de problemas legales con los otros ex diputados. Tampoco sería moralmente correcto de nuestra parte. 
Por todo ello, recomiendo a esta Cámara que vote en contra del apartado 3 de mi informe, o que apoye la enmienda presentada por el Grupo Verts/ALE. 
No nos engañemos. 
Estas dos cuestiones no son solo asuntos técnicos internos; aparecerán una y otra vez en la prensa de muchos países de aquí a las elecciones del próximo año, y durante muchos años más. 
Las elecciones del año que viene- aparte de la gran rotación de diputados que tendrá lugar en esta Cámara y el aumento de su número en una quinta parte- constituirán una de las mayores transiciones en la historia de este Parlamento. 
Aunque hemos hecho preparativos en nuestro medio físico y en nuestro sistema lingüístico, en los hemiciclos, etc., no hemos abordado debidamente otras muchas cuestiones de gran importancia que afectan a la información, la comunicación y las estrategias de TI. 
Tenemos que asegurarnos de rebatir el argumento de déficit democrático con el peso de nuestra voz en la legislación. 
Por eso, la participación electoral tiene para nosotros suma importancia. 
Tenemos que esforzarnos más para que los ciudadanos conozcan la labor del Parlamento, para aumentar su interés por nuestro trabajo y para conseguir una mayor participación. 
En mi opinión, la política de información tiene una importancia crucial. 
Sé que la Mesa ha adoptado ahora un informe de actividades de cara a las elecciones europeas. 
Pero esta iniciativa es poco ambiciosa e innovadora. 
Si queremos que tengan algún efecto, tenemos que adoptar ahora unas estrategias y unos planes claros. 
Esa es precisamente la función del Parlamento. 
Para ser sincera, tengo que decirle a la Comisión que me han decepcionado los escasos progresos del Grupo de Trabajo Interinstitucional. 
No ha conseguido trasladar nuestras prioridades y mensajes básicos a los ciudadanos. 
La Comisión y los Estados miembros nos han dejado solos. 
Les insto a que actúen conjuntamente y que hagan más progresos en este terreno. 
Aunque uno de nuestros objetivos principales en los últimos años ha sido acercarnos al ciudadano, nuestra tecnología se ha quedado en el siglo XX. Da la impresión de que nuestra política de información y comunicación avanza muy despacio, a paso de tortuga, pese a la escalada de los costes. 
Considerando que el gasto en TI del Parlamento es uno de los más altos en comparación con otras instituciones, me gustaría que alguien me explicara por qué el sitio Europarl no es de lo más avanzado ni fácil de utilizar, y por qué tenemos acceso limitado a la tecnología y a los servicios de videocomposición. 
¿En qué se ha empleado ese dinero? 
Dicho eso, me complace observar que por fin estamos haciendo progresos en las retransmisiones por Internet. 
Creo que nuestras intervenciones de hoy en esta Cámara se están retransmitiendo en directo. 
Tenemos paneles provisionales con información multilingüe en todo el edificio del Parlamento. 
Este ha sido un paso importante con vistas a la inminente ampliación que tendrá lugar el próximo mes de mayo. 
Pero con respecto a otras cuestiones, como los comedores, el medio ambiente en Bruselas, el acceso a los edificios y el servicio de vehículos oficiales, tenemos que ser mucho más ambiciosos. 
En el contexto de todo esto, celebro los esfuerzos hechos por la administración y la Mesa para modernizar no solo la política de personal del Parlamento, sino también la manera de tratar los asuntos relacionados con el personal. 
Tenemos que pasar de un enfoque puramente administrativo a una gestión más moderna, estratégica y progresista de los asuntos relacionados con el personal, reconociendo también que la tecnología de la información ha cambiado nuestra manera de trabajar y de mirar a nuestra administración. 
Aunque esto no afectará demasiado al presupuesto de 2004, me gustaría invitar al Secretario General a que siga esforzándose en este terreno. 
Sé que hay que tomar algunas decisiones muy difíciles que afectarán a nuestros planes de dotación de personal, pero es importante que sigamos evolucionando y buscando la mejor forma de utilizar nuestros recursos humanos. 
Esto me lleva a hablar del rigor presupuestario. 
Si queremos que todo lo anterior tenga verdadero sentido, tenemos que conseguir una mayor racionalización y unas estructuras de gestión más sencillas, además de controlar el sistema multilingüe para mejorar la eficiencia en una serie de aspectos. 
El Parlamento tiene que seguir aplicando su política y haciendo el mejor uso posible del dinero del contribuyente europeo y de los recursos disponibles en el presupuesto actual. 
Sólo podremos convencer a los ciudadanos de que estamos actuando con rigor presupuestario si podemos demostrar dicho rigor internamente. 
Para ello tenemos que mejorar la presentación y la transparencia del presupuesto. 
Ahora bien, no parece que algunas de nuestras peticiones se estén tomando en serio. 
Nos encontramos ante la clásica situación en que las ideas no se ponen en práctica, más por ignorancia que por rechazo. 
Hay dos aspectos principales que quiero mencionar brevemente: tenemos que mejorar la presentación y la transparencia del presupuesto en todos los terrenos, y eso se aplica igualmente a los grupos políticos. 
Finalmente, antes de empezar la votación, anunciaré un ajuste técnico: hemos llegado a un acuerdo con el Consejo sobre el ajuste de las perspectivas financieras. 
Ya no hace falta que aparezca esta frase en el texto. 
Señor Presidente, comparto la opinión de que este presupuesto para el Parlamento y las otras instituciones es una cuestión muy importante. 
Con la ampliación tenemos que asegurarnos al máximo de que se hará el mejor uso de los fondos disponibles en todos los terrenos. 
Voy a hablar con detalle de uno o dos asuntos antes de abordar el tema del seguro de enfermedad. 
El servicio de vehículos oficiales es objeto de frecuentes abusos y tenemos que asegurarnos de que se someta a un riguroso control. 
Con respecto a los idiomas, la tecnología e Internet, tenemos que ampliar los servicios para llegar a ser más eficientes que nunca y hacer el mejor uso de nuestro dinero en todo momento. 
Con respecto al personal, el grupo PPE-DE ha contribuido ya a rebajar algunas de las expectativas. 
Podemos poner como ejemplo los asistentes de los vicepresidentes, que iban a suponer un coste adicional considerable de varios cientos de miles de euros. 
Aunque siga habiendo ascensos en línea con los aspectos promocionales de los compromisos del servicio, nos aseguraremos de no permitir la vía rápida, que estaba abocada a causar un enorme coste adicional en los próximos uno o dos años. 
Nos aseguraremos también de que no haya asistentes que ayuden a los presidentes de las comisiones. 
No lo consideramos necesario. 
Asimismo, vigilaremos muy de cerca el número de asistentes que ayudan a los Cuestores. 
Me gustaría asegurar que se adopte la enmienda 7. 
Esa enmienda repara algunos de los daños cometidos en las versiones anteriores del informe de Neena Gill. 
Hace referencia a la Asociación de ex diputados. 
Han preparado todos los informes necesarios, pero tienen todavía que reunirse en junio, lo cual no encaja con nuestro calendario presupuestario. 
No nos corresponde a nosotros criticarles y, por tanto, espero que podamos aprobar la enmienda 7, que celebra la decisión de la Mesa relativa a los costes de las reuniones de esta asociación. 
Está haciendo un trabajo excelente para mantener informados a los antiguos diputados. 
Pasaré ahora a la controvertida cuestión planteada y a la referencia a la enmienda de los Verdes sobre el seguro de enfermedad. 
Si nosotros, como parlamentarios, no protegemos contra las enfermedades a nuestros diputados, pienso que no estaremos cumpliendo con nuestra obligación. 
Tenemos que asegurarnos de que las pesadas cargas que nos imponen tantos viajes, tan largos debates y discusiones y tan intensos programas de actividades en nuestras regiones y nuestros países por toda la Unión Europea, se reflejen en un seguro de enfermedad adecuado que funcione bien y que sea eficiente. 
Me gustaría leer entera la cláusula 3, para demostrar que no se trata de una decisión definitiva, sino simplemente de un primer paso para seguir considerando esta cuestión. 
Y cito: «... está dispuesto a considerar la posibilidad de consignar créditos para la ampliación del actual régimen de seguridad social para los antiguos diputados y espera que en su momento se presenten propuestas detalladas.» 
Insistiré también en que, si se adopta el Estatuto de los Diputados, como se ha dicho antes, probablemente tenga que incorporar esto. 
La decisión última corresponde a la Mesa de este Parlamento. 
Todo lo que digo es que nosotros, como Comisión de Presupuestos, debemos tomar las medidas necesarias para asegurarnos de disponer de algunas reservas y que consideraremos las cifras en los próximos meses. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer sinceramente a la Sra. Gill su excelente estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el año 2004. 
Es difícil hacer previsiones, porque las elecciones parlamentarias se celebrarán durante el año y la UE se ampliará. 
En general, la mitad de los diputados cambian con las elecciones parlamentarias, y la próxima vez quizá cambien más, pues los Estados miembros antiguos tendrán 56 escaños menos. 
Al mismo tiempo tendremos 162 nuevos diputados de los nuevos Estados miembros. 
Ambos factores aumentarán el gasto del Parlamento y, al mismo tiempo, causarán incertidumbre respecto de las previsiones. 
El objetivo es mantener el porcentaje del gasto administrativo del Parlamento por debajo del 20%. 
Es un objetivo ambicioso, porque se va a presupuestar una cantidad adicional de 46 millones de euros para el Estatuto de los diputados. 
Se trata de un gasto nuevo. 
Por esta razón, puede estar justificado rebasar el limite máximo, ya que, en realidad, no alteraría la manera antigua de repartir de los costes entre la UE y los Estados miembros, porque los Estados miembros han sido hasta la fecha los responsables de los salarios. 
La ponente está intentando mejorar los servicios a los diputados en las actividades comunes, es decir, en aquellas obligaciones referentes a la legislación y al presupuesto. 
Es el enfoque correcto. 
Asimismo, la ponente insta a mejorar la planificación de las reuniones para evitar interferencias. 
Esto reduciría los costes, por ejemplo, mediante una reducción simultánea del número de intérpretes necesarios, lo que facilitaría los mecanismos de interpretación para los nuevos Estados miembros en particular. 
Al mismo tiempo, los Estados miembros podrían participar más activamente en el trabajo de todas sus comisiones. 
Por esta razón, la conveniencia de las semanas de circunscripción tiene que evaluarse de forma más precisa en el futuro. 
Sin embargo, en este sentido, tenemos algunas reservas respecto de las nuevas ventajas para los diputados. 
Por ejemplo, no habrá posibilidad de ampliar los servicios de transporte, al menos no antes de que dispongamos de alguna experiencia definitiva en las otras esferas nuevas del gasto. 
La ampliación del plan de seguro de enfermedad a los ex diputados no está justificada y mi Grupo está en contra. 
Cada Estado miembro ha sido responsable de los asuntos de seguridad social de sus diputados anteriores cuando se han pagado los salarios. 
Es razonable que el Parlamento aplique el plan de seguro de enfermedad a los actuales diputados, porque trabajan fuera de sus propios países y se trata de sanidad laboral. 
Sin embargo, este argumento no es aplicable a los ex diputados, y solo se trataría de otro privilegio encubierto. 
El plurilingüismo aumentará en el Parlamento, puesto que el número de lenguas oficiales pasará de 11 a 20. 
Esto significa que también aumentará la práctica de usar dos intérpretes separados para traducir lo que dice un orador. 
Deberíamos estudiar la posibilidad de imponer obligaciones especiales de traducir muchas lenguas directamente a los idiomas «grandes» , como inglés, francés y alemán, en cuyo caso la mayoría de los diputados podrían escuchar un discurso traducido por un solo intérprete. 
Señor Presidente, ya también quiero dar las gracias a la Sra. Gill por todo el esfuerzo que ha dedicado a este informe. 
En su trabajo se ha concentrado en dar garantías al contribuyente de que su dinero se utiliza con provecho, y quiero apoyarla en este sentido. 
Uno de los puntos más controvertidos, como se desprende de este debate, son los gastos de sanidad. 
Espero realmente que consigamos convencer al Sr. Dover de que no amplíe el seguro de enfermedad a los ex diputados. 
¿Por qué eso estaría tan mal? 
Pues porque los costes, como ya ha detallado la Sra. Gill, puede que ahora sean limitados, pero con los años aumentarán desde luego enormemente. 
Pero este es el aspecto financiero del asunto. 
También hay que considerar una cuestión de principio, a la que ya se ha referido el Sr. Virrankoski. 
Mientras no tengamos un estatuto del diputado, los diputados al Parlamento Europeo percibirán el mismo salario que los diputados de su país de origen. 
El Tribunal de Justicia ha decidido que los seguros de pensiones y de enfermedad han de imputarse al epígrafe de los salarios. 
Yo ni siquiera estoy de acuerdo con que los actuales diputados gocen de ese seguro de enfermedad, pues creo que es un plus añadido al salario. 
Pero ampliar ahora este plus es realmente inaceptable, es hurgar en la caja de caudales europea, y esto no hemos de hacerlo. 
En cuanto tengamos un estatuto europeo, la cosa cambiará y podremos volver a hablar del asunto. 
Hasta entonces simplemente no podemos aprobarlo. 
Señor Presidente, ahora que hablamos de despilfarro, me viene de repente a la memoria la ciudad de Estrasburgo. Eso me recuerda que la vez anterior, durante la votación sobre el calendario de sesiones, decidimos democráticamente en este lugar que el año que viene solo habría 10 sesiones en Estrasburgo. 
Ya sé que se volverá a recurrir a todo tipo de trucos para conseguir que sean de nuevo 11 ó 12 sesiones, pero hasta entonces sigue vigente esa decisión democrática por la que se han previsto tan solo 10 sesiones. 
Propongo que mañana el Presidente o la ponente corrijan el considerando G. En el considerando G ha de constar que el año que viene no se han programado 11, sino 10 sesiones aquí en Estrasburgo, como decidió este pleno. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada quisiera saludar a los colegas diputados de los Estados que ya no son candidatos pero todavía no son miembros de pleno derecho. 
Estamos encantados con que estén aquí para culminar lo que ha sido un proceso largo, a veces difícil, pero a cuyo término, me complace decirlo, se ha alcanzado plenamente el resultado deseado. 
El anteproyecto de presupuesto que presenta hoy la Comisión es por la fuerza de las circunstancias un proyecto atípico, en el sentido de que ha de considerarse en dos partes separadas. 
La primera parte entrará en vigor para los 15 Estados miembros actuales el 1 de enero de 2004. 
La segunda parte, no obstante, se aplicará a la Unión de 25 y entrará en vigor el 1 de mayo de 2004. 
Por tanto, su evaluación no es tarea fácil, y hay algunos aspectos políticos que en mi opinión no deben subestimarse. Ante todo, la eterna cuestión de los compromisos de pago. 
Con 100,6 millardos de euros, el volumen del gasto aumenta apenas un 3,3 % con respecto a la cifra de 2003; hay que tener en cuenta además que el presupuesto de 2003 se refería únicamente a la Europa de los 15. 
Este aumento tan sumamente parco se explica por una reducción de cerca del 2% del volumen del gasto establecida por la Unión Europea de los 15. 
Todo esto es absurdo. 
En efecto, no solo la Comisión no pretende concentrarse de una vez por todas en resolver el problema de los RAL, que han constituido una de las prioridades del Parlamento durante años, sino que encima presenta un proyecto que hará que se repita exactamente la misma situación con respecto a los países que entrarán en la Unión en 2004. 
Además está la cuestión del capítulo 3. 
El aumento del tope que ha conseguido el Parlamento es un resultado significativo, que nos permitirá financiar algunas políticas particularmente sensibles con la conciencia tranquila, pero sigo pensando que no es suficiente. 
Si queremos de veras una Unión política, una orientación para todos los Grupos políticos presentes en la Cámara que todos podamos recomendar, tenemos que proporcionarles también las herramientas de trabajo que necesitan, los instrumentos necesarios para alcanzar nuestros objetivos. 
Señor Presidente, podemos apoyar el informe de la Sra. Gill en sus grandes líneas. 
Nos sumamos de buen grado a la defensa de una estricta disciplina presupuestaria por parte del Parlamento Europeo. 
Teniendo en cuenta la próxima ampliación, el Parlamento Europeo habrá de centrarse más que nunca en sus actividades fundamentales. Es preciso dar prioridad a la tarea principal de esta Cámara, el control de la Comisión Europea, junto a la responsabilidad sobre la legislación en que el Parlamento tiene poder de codecisión. 
Los informes y las resoluciones que se salen de este marco han de ocupar menos tiempo en el orden del día y reclamar menos esfuerzo del personal. 
Un tema importante en este informe es el multilingüismo del Parlamento Europeo. 
La diversidad como característica esencial de las culturas europeas encuentra su expresión en la existencia de muchas lenguas. 
La accesibilidad y la comprensión del debate político europeo por parte de los ciudadanos de todos los Estados miembros es decisiva para la calidad de la democracia. 
Por supuesto, ello no quita que examinemos con espíritu crítico los gastos del multilingüismo. 
La Mesa de este Parlamento debería comprobar si la envergadura del servicio de traducción e interpretación para cada lengua se ajusta a las necesidades reales. 
La carga de trabajo para cada lengua debe dividirse proporcionalmente. 
Tengo la impresión de que varía un poco de una lengua a otra y sin duda no es proporcional al número de diputados que hablan un idioma. 
Así, por ejemplo, tengo entendido que en esta Cámara el grado de utilización del neerlandés y del italiano son del mismo orden. 
Es preciso eliminar o redistribuir cualquier posible excedente de capacidad 
Otro punto, señor Presidente, tiene que ver con el alto nivel del salario medio de los funcionarios que trabajan en el Parlamento. 
El sistema de pago oculta elementos que en su mayor parte datan de los primeros tiempos y que actualmente ya no son válidos. 
Los salarios de los funcionarios han de guardar una relación razonable con las retribuciones que perciben los diputados al Parlamento, y a este respecto he de señalar que el estatuto de los diputados sigue sin dar señales de vida; es una vergüenza, tanto para el Consejo como para el Parlamento. 
Los gastos de viaje están estrechamente relacionados con esta cuestión, un tema que interesa bastante a los votantes. 
La importancia de unos criterios más estrictos y tan objetivos como sea posible para las remuneraciones salta a la vista. 
En vista de las experiencias del actual periodo parcial de sesiones, esta Cámara debería revisar críticamente las semanas de sesiones en Estrasburgo teniendo en cuenta, entre otras cosas, los gastos adicionales que conllevan sin obtener a cambio resultados adicionales. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Gill por su excelente informe. Estoy plenamente de acuerdo con la mayoría de sus puntos de vista y propuestas con respecto a la etapa intermedia del presupuesto parlamentario. 
La felicito en particular por haber querido subrayar muy firmemente su voluntad de que se intensifique el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución, así como en las instituciones en general, particularmente ante la perspectiva de la ampliación. 
A este respecto, Señorías, señora Gill, estimados amigos aquí presentes, les recomiendo encarecidamente que mañana adoptemos la enmienda relativa precisamente a las nuevas tecnologías, que hemos presentado nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, junto con la Sra. Buitenweg y que ha sido aprobada por escaso margen en la comisión. 
¿De qué se trata? 
Nuestra institución respeta el principio del debate público. 
Además, hoy la Cámara está medio llena. 
Esto nos complace, pues nos sentimos menos solos, pero hay aquí 150 personas, quizá 200, mientras que la Europa ampliada contará con 300 a 350 millones de habitantes. 
Internet es una magnífica herramienta que tenemos a nuestra disposición. No es una herramienta de información en sentido estricto, ni de publicidad, sino un instrumento de trabajo para quienes están interesados. 
Hoy mismo- no lo sabíamos, señora Gill- el Parlamento transmite por Internet nuestra sesión plenaria. 
Pedimos, como ya ha hecho usted, que se fomente el uso de las nuevas tecnologías, y por tanto de Internet, para que cada ciudadano pueda seguir, desde su casa, nuestra sesión plenaria, si así lo desea. 
¿Y por qué no también nuestras comisiones parlamentarias? 
Algunas personas están interesadas en nuestros debates sobre el medio ambiente. 
De este modo podrían seguirlos. 
Esto no cuesta mucho dinero. 
Usted ya ha manifestado su deseo de establecer una cantidad fija para el presupuesto de 2004. 
Con esta enmienda proponemos que a partir de este año el Parlamento pueda realizar pruebas para determinar el coste- que pensamos que será muy bajo, y otros parlamentos ya lo hacen- de la transmisión de las reuniones de comisiones, e insisto que no sobre temas de gran importancia, sino sobre nuestra labor cotidiana. 
En las universidades y en otros medios siempre hay gente interesada por nuestros debates, sea cual sea el tema. 
De ahí la recomendación que les hago para mañana; felicito una vez más a la Sra. Gill por su informe. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame dar las gracias a la Sra. Gill por su trabajo en relación con el presupuesto de 2004. 
Ha sido un trabajo importante que ha requerido mucho tiempo, porque de hecho nos enfrentamos a tareas exigentes e importantes. 
El año pasado fui ponente para el presupuesto, y observé que en la practica teníamos tres prioridades. 
La primera eran los preparativos para la ampliación, que entonces era algo más incierta. 
La segunda eran las reformas institucionales necesarias. 
Estas reformas son tan importantes ahora como antes. 
La tercera prioridad era abordar estos asuntos en el seno del marco presupuestario. 
Hace un año, dimos al Parlamento y a las demás instituciones la oportunidad de colaborar en la gestión financiera a largo plazo de estos asuntos, en especial mediante la distribución anticipada de gastos que se llevó a cabo durante el otoño del año pasado. 
Las prioridades se convirtieron en cifras y los cálculos en euros y en céntimos. 
Un año más tarde, la situación es exactamente la misma. 
Cuando, el pasado mes de diciembre el Consejo Europeo de Copenhague decidió aprobar un enfoque «big bang» , sin duda muchos creímos que se trataba de uno de los mejores momentos de toda la historia de la UE, con diez países esperando convertirse en nuevos miembros a tiempo para las próximas elecciones al Parlamento Europeo de 2004. 
A continuación, se tomaron decisiones aquí en el Parlamento el 9 de abril, se firmaron los tratados de adhesión una semana después en Atenas y se celebraron con éxito una serie de referendos, el último en Lituania, lo que supone tener que responder a enormes exigencias, en especial por parte de los parlamentos europeos elegidos. 
Este es nuestro mayor reto. 
Acabamos de recibir con gran satisfacción a 162 observadores de todos los países candidatos que han llevado a cabo sus negociaciones con éxito. 
Todo se está realizando dentro del calendario que discutimos hace un año. 
Es evidente que la UE y el Parlamento Europeo tienen que poner todo esto en práctica, porque la reunificación de Europa es la tarea más importante. 
Por supuesto, esto se aplica en particular a la generación actual de políticos. 
Por lo tanto, no ha habido grandes dificultades a la hora de apoyar la mayoría de las propuestas presentadas por la Sra. Gill. 
Sólo quiero hacer una advertencia: tenemos que preocuparnos de nuestras prioridades. 
A veces los ponentes y otros diputados tienden a entrometerse en otros aspectos. 
Esto podría dificultar la gestión del presupuesto dentro del marco establecido. 
En esta situación, ambas autoridades presupuestarias tienen que ser firmes y tajantes. 
Yo al menos espero que el Parlamento y el Consejo alcancen pronto un acuerdo común este año, al igual que lo alcanzamos el año pasado. 
Señor Presidente, como se observa correctamente en este informe, el año que viene es año de elecciones y de nuevo pediremos a nuestros electores que elijan a sus diputados al Parlamento Europeo. 
Sin duda, quienes desean la reelección intentarán justificarse basándose en sus antecedentes, y, por supuesto, los nuevos argumentarán que son una alternativa mejor. 
Al leer este informe, la frase que más resalta es «conseguir la mayor rentabilidad para el dinero». 
¿Cuántos posibles futuros eurodiputados se apuntarán a este programa? 
A ojo de buen cubero, calculamos que cada eurodiputado británico cuesta a los contribuyentes del Reino Unido cerca de 1,2 millones de libras cada año- por supuesto, hablo de libras esterlinas- o, resumiendo, entre todos cuestan unos 100 millones de libras al año. 
Sin embargo, si consideramos la rentabilidad del dinero, hay que considerarla no solo en términos relativos, es decir, si este o aquel eurodiputado es más rentable que el otro, sino en términos comparativos, mirando qué otras cosas se podrían comprar. 
Dada la gran preocupación en el Reino Unido por los servicios sanitarios, una comparación podría establecerse con el coste de la prestación sanitaria. 
Por el precio de nuestra representación nacional podríamos permitirnos construir, equipar y mantener un gran hospital universitario, y aún nos devolverían cambio. 
Otra comparación interesante es que el dinero que los contribuyentes británicos invierten en sus eurodiputados bastaría para cubrir los costes operativos de la fuerza policial de un condado británico de dimensiones medias. 
O bien podríamos mantener operativos diez batallones de infantería completos. 
Me pregunto cuál de estas opciones proporcionaría más influencia al Reino Unidos en el mundo. 
Incluso podríamos pagar tres Eurofighters cada año, si es que alguna vez llegan al servicio de escuadra. 
Por otro lado, si esta Cámara evitara realmente que algunos de los reglamentos más insensatos ideados por la Comisión llegaran a los códigos de leyes, reduciendo así las crecientes cargas que pesan sobre las empresas, quizás habría algún argumento económico a favor de los eurodiputados. 
Por lo que puedo ver, esta Cámara sirve principalmente de sello de goma, pero puedo conseguir un sello de goma en una papelería por unas 3 libras o 5 euros, lo cual resultaría un poco más barato. 
Por lo tanto, me cuesta muchísimo defender que esta Cámara o su representación británica consigan la mayor rentabilidad. 
Este es el mensaje que quiero transmitir a mis electores. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general para el ejercicio 2004. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la señora Comisaria por su explicación y también quiero decir que me complace mucho que podamos celebrar este primer debate sobre el presupuesto que afecta a los nuevos países en presencia de observadores de estos nuevos países. 
El procedimiento presupuestario, como ya ha dicho la Sra. Comisaria, se aplicará a 25 países. 
El objetivo del Parlamento- como hemos expuesto en las directrices- es poder votar en diciembre sobre un presupuesto para 25 países, en el bien entendido de que el presupuesto para los diez nuevos países no entrará en vigor hasta el 1 de mayo del año que viene. 
En el transcurso del año tendremos que averiguar cómo se llevará a cabo esto desde el punto de vista jurídico. 
El presupuesto basado en actividades, descrito por la Comisaria, tiene muchas ventajas. 
Las comisiones podrán ver qué líneas presupuestarias les atañen individualmente y cómo pueden modificarlas. 
Creo que para el Parlamento también es importante saber, y también me referiré a esto, qué relación guarda este nuevo sistema con las perspectivas, pues siempre tendremos que atenernos al máximo posible a lo que se acordó en todas las categorías en Copenhague. 
Otra cuestión general: este Parlamento considera que es importante que las competencias presupuestarias, el procedimiento presupuestario, mantenga el paso con el procedimiento legislativo desarrollado por la Comisión en el curso del año. 
Si examino las directrices aprobadas en marzo por este Parlamento durante la votación sobre la posición del Parlamento, creo que, a primera vista, la Comisión ha actuado maravillosamente bien de acuerdo con estas directrices. 
El Parlamento había pedido un presupuesto austero. 
La Sra. Comisaria ya lo ha señalado: los créditos de pago constituyen en estos momentos el 0,99 % del PNB de 25 países; el año anterior también representaban el 0,99 %, pero de 15 Estados miembros. 
Por consiguiente, en este sentido se han mantenido igual. 
En el transcurso el año podremos ver qué pasa con esto. 
El Parlamento tiene la misma prioridad que la Comisión: hacer que la ampliación sea un éxito. 
El Parlamento menciona en este sentido diversos puntos, entre los cuales se encuentra sobre todo el aumento de la capacidad administrativa de los Estados miembros. Estos han de poder hacer planes para recibir el dinero, han de poder ejecutarlos y el control financiero ha de ser eficaz. 
Sin duda alguna comprobarán si los 221 millones que la Comisión ha reservado para tal fin son suficientes. 
La Sra. Comisaria ya ha dicho que muchos componentes de la categoría III habrán de determinarse por el procedimiento de codecisión. 
Tendremos que ver si los 2,5 millardos que ha propuesto la Comisión son suficientes. 
Una tercera cuestión, también planteada por el Parlamento, es la elaboración de la estrategia de Lisboa. 
La Comisión dedica toda una página a todo lo que puede hacer. 
Lo examinaremos punto por punto. 
Ahora quiero referirme a los distintos capítulos de las perspectivas financieras. 
Agricultura: en estos momentos, en las propuestas de la Comisión encontramos pocos de los elementos que había propuesto el Parlamento en las directrices. 
Puede que se añada más tarde. 
No se dice nada del desarrollo de vacunas marcadoras, sistemas de seguros, todos este tipo de cosas. 
Hemos tomado nota de que hay un margen de 1,4 millardos en el presupuesto. 
Esperamos que sea suficiente, incluso si el euro se revaloriza frente al dólar. 
Política estructural: el lema es que hemos de hacer lo que hemos prometido. 
La cuestión es si ello es posible con el actual nivel de créditos de pago. Estos no aumentan mucho. 
Aún hay un enorme importe pendiente de pago. 
¿Qué proporción guarda? Esta también es una cuestión que atañe al Parlamento. 
La mayor subida, como ya ha indicado la Sra. Comisaria, se encuentra en el capítulo III: la política interior. El refuerzo de los controles fronterizos, la condición de Kaliningrado, la atención prestada a la seguridad nuclear y así sucesivamente. 
Hay una cosa que todavía no hemos mencionado desde las directrices del Parlamento y desde que se ha impreso el presupuesto, a saber, el preocupante desarrollo del SRAS en todo el mundo. 
Quizás Europa tenga que hacer algo al respecto. 
La Sra. Comisaria ya ha entrado en detalles con respecto al capítulo IV, la política exterior. 
En lo que respecta a Afganistán, seguramente tendremos que acatar los acuerdos internacionales. 
Aún no se ha mencionado la palabra Iraq. 
¿Qué espera la Sra. Comisaria o qué esperamos nosotros que suceda en este terreno? 
Es una cuestión que también tendremos que debatir. 
Una subida muy fuerte de la dotación de personal, con 780 plazas nuevas, y también un aumento sustancial de los costes de los edificios. En todas las categorías, en todos los ámbitos políticos vemos una fuerte subida para los edificios. 
Esto no puede deberse solamente a Berlaymont. En el transcurso de los años habrá que ver a qué se debe. 
Por último, la categoría 7, cuyo título ha cambiado. 
No sabemos exactamente qué implicará, qué clase de novedades todavía están al caer. 
No sé si el año que viene ya se dará el caso, pero podría ser. 
Hemos tomado nota del aumento para Turquía, Rumania y Bulgaria, que son países bastante diferentes. También lo examinaremos críticamente. 
Señor Presidente, solo me queda expresar la esperanza, como ha hecho la Sra. Comisaria, de que hasta diciembre haya una buena colaboración entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento para conseguir un buen presupuesto para 25 países. 
Señor Presidente, solo quiero aclarar dos puntos: uno se refiere al dinero adicional de la categoría 3 que negociamos con el Consejo durante la última reunión del Comité de Conciliación en relación con el pacto de Copenhague, que se refiere especialmente a los procedimientos de codecisión. 
Quisiera recordar a las demás comisiones que lo que estamos intentando, o al menos lo que nosotros y la Comisión estamos intentando, es asegurar que se presente al Parlamento y al Consejo una propuesta legislativa este año, si es posible entre julio y septiembre, para que podamos incorporar a la legislación los importes que se necesitan de aquí a finales de 2006. 
Por supuesto, esto significa que las comisiones implicadas en la codecisión deben reaccionar con bastante celeridad para garantizar que dispongamos de dicha información para completar el presupuesto. 
Y es así porque lo que queremos hacer es celebrar un dialogo tripartito y una reunión de conciliación con el Consejo en julio para formalizar todo esto, no solo para el presupuesto de 2004, sino también para los otros dos presupuestos. 
El otro punto que quiero aclarar se refiere al formato en que se presenta ahora el presupuesto. 
Es el nuevo formato ABB que el Parlamento pedía con insistencia y que ahora ha presentado la Comisión. 
El problema es que no sabemos cómo utilizarlo. 
El año pasado tuvimos una presentación para informar a todo el mundo, que oportunamente todos olvidamos, y este año hemos tenido otra presentación, pero ahora nos encontramos con la realidad de los hechos. 
Hemos visto ya los documentos en su verdadero formato real, lo que significa que no sabemos cómo modificarlos. 
El hecho de que trabajemos con perspectivas financieras dentro de distintas rúbricas o con distintas rúbricas significa que si utilizamos el sistema ABB no sabremos cuáles son las celdas de cada rúbrica. 
De modo que en los próximos 20 minutos, cuando nos reunamos en la Comisión de Presupuestos, los diputados- dado que después de todo no somos más que simples criaturas- tendremos el nuevo presupuesto presentado en dos formatos: uno en el ABB en el que hemos insistido, y otro en el formato antiguo que todos entendemos. 
Lo que debemos decidir, cuando llegue la hora de votar más adelante este año, es cómo vamos a votar. 
Es un tema importante y quiero dar las gracias a la Comisión por presentar el presupuesto en el nuevo formato, aunque ello nos cause problemas. 
Estoy seguro de que aportará mucha más transparencia y a largo plazo nos facilitará la comprensión. 
Cuando tengamos una nueva perspectiva financiera- quién sabe- es posible que incluso se adapte al nuevo formato presupuestario ABB. 
¡¿Quién sabe?! 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre la cooperación Euromed en el ámbito de la energía. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, hoy el Colegio de Comisarios ha adoptado una iniciativa que corresponde a un triple desafío relacionado con la energía, que supone, ni más ni menos, el establecer unas redes transeuromediterráneas de energía. 
El triple desafío se refiere, en primer lugar, a la utilización de la energía como un vector de estabilidad, de importancia estratégica en nuestras relaciones con los países vecinos, con nuestros socios- hablamos del círculo de amigos, the ring of friends, al que se refiere el Presidente Prodi- incluidos los países de la cuenca sur del Mediterráneo. 
En segundo lugar, queremos proyectar nuestro acervo y los principios que rigen nuestro mercado interior como un modelo que podrían seguir nuestros vecinos regionales, partiendo de la base de que nuestro acervo y nuestro sistema de funcionamiento están demostrando ser un impulso al desarrollo económico, al crecimiento y al bienestar de las poblaciones. 
En tercer lugar, tenemos que determinar un abanico de proyectos de redes energéticas comunes que nos permitan delimitar concretamente nuestras prioridades y facilitar de esta forma la inversión, tanto pública como- sobre todo- privada, en el sector de la energía de cara al futuro y por parte de los distintos actores de la Unión Europea y de los distintos Gobiernos de la Unión Europea. 
Esta Comunicación representa el primer paso concreto que tomamos desde la positiva acogida de nuestra comunicación, inspirada por el Presidente, sobre la política de vecindad del círculo de países amigos. 
No hay que olvidar las conclusiones del Libro Verde de la energía, que demuestran claramente que Europa depende de sus vecinos para garantizar su abastecimiento energético. 
A través de esta Comunicación la Comisión pretende responder a esos tres desafíos y se plantea cuatro objetivos concretos: en primer lugar, reforzar la seguridad de abastecimiento de la Unión Europea, pero también de nuestros vecinos; en segundo lugar, proyectar los beneficios del mercado interior de la energía de la Unión ampliada a una Europa más allá de nuestras fronteras; en tercer lugar, apoyar la modernización de los sistemas energéticos en los países que nos rodean; y, por último, facilitar la realización de proyectos de infraestructuras energéticas que responden a los intereses estratégicos de la Unión. 
Quiero hacer un breve repaso a una serie de cuestiones importantes de esta Comunicación que seguramente ocuparán el debate público que vendrá más adelante, sobre todo cuando el Parlamento se pronuncie al respecto. 
En primer lugar, el ámbito geográfico es un ámbito que supone que no nos limitemos a nuestros vecinos más cercanos- el Mediterráneo en el sur, Rusia, Ucrania, o cualquier otro país del círculo de amigos -, sino que también, en algunos casos, nos ocupemos de socios que quedan algo más lejanos, aunque con una continuidad territorial a través de nuestros países amigos. 
Estoy hablando de Irán o la zona del Caspio, que tienen indudablemente una importancia estratégica, desde el punto de vista energético, para el abastecimiento de la Unión Europea. 
En segundo lugar, el capítulo dedicado a nuestras relaciones con Rusia es completo y no se limita a aspectos relacionados con el diálogo en curso. 
En este contexto, deseo recordarles la importancia de nuestras propuestas que en torno a Euratom se están desarrollando y que deben llevar a que el Consejo conceda un mandato a la Comisión que nos permita negociar todos los aspectos de los intercambios energéticos en un plano de reciprocidad y de equilibrio global, algo absolutamente clave cuando nos encontramos ante la ampliación respecto a diez países, de los cuales siete tienen instalaciones nucleares y prácticamente la totalidad- salvo una excepción o dos- de tecnología rusa- soviética en su día- y, por lo tanto, con suministro de combustible de origen ruso. 
Por último, en lo que se refiere a los proyectos de infraestructuras y redes energéticas determinados conjuntamente con estos países- quiero insistir sobre este punto -, quiero subrayar que su importancia sigue siendo crucial, ya que permite trabajar con objetivos claros que hemos decidido conjuntamente con los países en cuestión. 
Nuestra cooperación debe evitar una especie de lista de peticiones- lo que entendemos por shopping list en inglés -, donde no haya prioridades financieras o de planificación. 
No obstante, todos estos proyectos tienen un carácter indicativo, no comprometen a la Comisión en esta fase y su madurez se determinará mediante estudios y por el interés del sector privado y, por lo tanto, por la viabilidad económica de los propios proyectos. 
La Comunicación que les presento hoy será presentada oficialmente la semana próxima durante la reunión de los Ministros de Energía, Euromed-Energía, que se celebrará en Atenas. 
Tengo la intención de aprovechar esta importante iniciativa para apoyar la Comunicación cuyo contenido he explicado brevemente y que espero que sus Señoría puedan analizar y estudiar próximamente con todo detenimiento, dada la importancia que tiene para la seguridad de abastecimiento de la Unión Europea, pero también para apoyar e impulsar en nuestro entorno un plan de estabilidad y una mayor colaboración. 
Y, a través de esa mayor colaboración, el desarrollo económico y los conceptos y los modelos que nosotros mantenemos, en los que la eficiencia energética, el respeto medioambiental y otros aspectos de estas características resultan claves. 
Señor Linkohr, aunque no era una pregunta, su declaración ha sido muy útil. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0089/2003). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
La Comisión propone que la pregunta 25 del Sr. Collins se examine después de las preguntas 26 y 27. 
Supongo que no hay ningún problema. Así facilitaremos un orden más lógico. 
Primera parte 
Pregunta nº 26 formulada por Paulo Casaca (H-0254/03): 
Asunto: Temporal de los días 11 y 12 de abril en las Azores 
La Región Autónoma de Azores se vio asolada los pasados días 11 y 12 de abril por un violentísimo temporal que ocasionó numerosos daños en viviendas e infraestructuras públicas en todas las islas del archipiélago, pero que resultó especialmente grave para el sector agrícola. 
Como he tenido oportunidad de comprobar personalmente, se han producido daños importantes y generalizados en todas las producciones de invernadero, con especial incidencia en los invernaderos de piña en la isla de San Miguel. 
La producción hortofrutícola- especialmente el plátano, la naranja y la fruta de la pasión- también ha sufrido importantes daños, aunque ha sido en el sector vitivinícola donde se ha producido una devastación casi total. 
Habida cuenta de la frecuencia con que ha sufrido la Región Autónoma de Azores este tipo de fenómenos, el programa regional por el que se aplican los Fondos estructurales (PRODESA- Programa Operativo para el Desarrollo Económico y Social de Azores) contempla medidas específicas en caso de catástrofe. No obstante, sigue habiendo dos cuestiones pendientes sobre las que me gustaría recabar la información de la Comisión. 
La primera es saber si la Comisión, en el contexto de las decisiones que deben adoptarse sobre la asignación regional de las reservas de programación y de eficacia existentes en el Marco Comunitario de Apoyo, va a tener debidamente en cuenta los efectos de este temporal. 
La segunda es saber si, a semejanza de lo que se hizo con los agricultores de la Europa Central afectados por las inundaciones del pasado verano, la Comisión está pensando en conceder a los agricultores de Azores ayudas específicas para minimizar el impacto negativo que experimentarán en sus ingresos. 
Señor Presidente, me gustaría en primer lugar agradecer las palabras de la Sra. Comisaria, que expresan naturalmente la posición de la Comisión con respecto al efecto catastrófico de las tempestades que vivimos en las Azores los días 11 y 12 de abril. 
Quiero decir, en primer lugar, que es muy difícil expresar con palabras lo que pude presenciar en esos pocos días, porque se trató de una tempestad de vientos ciclónicos fortísimos, que causaron enormes estragos tanto en edificios como en frutales y en los bosques en general, y sobre todo porque esa tempestad provocó una invasión de sal que cubrió la parte más baja de todas las Islas Azores. 
Las pérdidas para toda la agricultura son enormes, la destrucción de las viñas es total, así como la destrucción de todas las plantas hortícolas. 
Sé, como dice la señora Comisaria, que las autoridades regionales aún no han hecho llegar a la Comisión el informe de esta catástrofe, pero también sé que ese informe va a llegar muy pronto a la Comisión. 
Sin embargo, quería dejar constancia ya de lo que se ha dicho con respecto a la reserva de programación y también de la buena voluntad manifestada por la Comisión para adoptar medidas en el sector agrícola. 
Pregunta nº 27 formulada por Cristina Gutiérrez-Cortines (H-0289/03): 
Asunto: Vertidos de hidrocarburos en Gibraltar 
Desde hace años tienen lugar cerca de Gibraltar constantes descargas al mar de hidrocarburos provenientes de buques, durante las operaciones de repostaje, carga y descarga. 
Los impactos medioambiental y económico son enormes en el territorio español cercano, ya que la actividad económica está basada fundamentalmente en los sectores pesquero y turístico. 
Este es sólo un ejemplo de vertido de sustancias altamente contaminantes, pero hay muchos otros. 
Se trata de vertidos de gran impacto visual para el ciudadano, grandes consecuencias económicas e incalculables daños para el medio ambiente, ya que imposibilitan todo tipo de actividad normal en la zona contaminada durante largos períodos de tiempo. 
Ante este tipo de desastres, vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre ' el refuerzo de la seguridad marítima tras el naufragio del petrolero Prestige " (COM/2002/0681 final): 
¿Cuándo va a presentar la Comisión la evaluación sobre la conveniencia de modificar la legislación vigente y los instrumentos actualmente disponibles para la protección del medio ambiente, con el fin de minimizar la posibilidad de accidentes y daños derivados? 
Señora Comisaria, yo más bien le puedo mostrar mi satisfacción por todas estas medidas complementarias, porque realmente la conservación del medio ambiente y el evitar los riesgos en el ámbito del comercio de hidrocarburos es un proceso de muchas medidas complementarias que se van tomando. 
Sin embargo, mis preguntas serían: ¿hasta qué punto están definidas las responsabilidades en Gibraltar? , y también, ¿hasta qué punto la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión- que no sé si podrá contestarme en este momento- se suma a esta serie de medidas para que realmente sea una operación transversal de garantías, donde esté incluida la responsabilidad medioambiental de estos problemas? 
Señor Presidente, he pedido la palabra, por un lado, para felicitar a la Sra. Comisaria por este conjunto amplio e inteligente de medidas que se van a tomar con respecto al vertido de hidrocarburos y, al mismo tiempo, para hacer una pregunta complementaria sobre la limpieza de los navíos, que se está convirtiendo en un verdadero castigo para la costa portuguesa. 
Todos los países que cuentan con muchos kilómetros de costa, como es, afortunadamente, el caso de Portugal, sufren, en ocasiones, vertidos que llegan a las playas desde no se sabe dónde y sin saber tampoco quiénes son los responsables. 
Sé que las medidas que se están preparando y que se van a aplicar abordan este problema. 
Sin embargo, hay una cuestión fundamental que es la vigilancia y el seguimiento. 
La dificultad radica en identificar a los responsables del vertido de esas sustancias. 
Quiero preguntar a la Sra. Comisaria si también se van a tomar medidas en el ámbito de la vigilancia y el seguimiento. 
Pregunta nº 28 formulada por Carlos Lage (H-0222/03): 
Asunto: Nombramiento de un funcionario portugués para el cargo de Director General de Información y Comunicación 
El Primer Ministro portugués, durante un debate parlamentario celebrado el 26 de marzo de 2003, relacionado con una moción de censura, interpretó el nombramiento de un portugués para un puesto de Director General en la Comisión Europea como una victoria diplomática de su gobierno, criticando al mismo tiempo la presunta incapacidad del gobierno socialista anterior en este mismo terreno. 
Posteriormente, la Oficina de Representación en Portugal de la Comisión Europea vino a aclarar públicamente que los nombramientos para cargos directivos en la Comisión Europea se rigen por criterios de mérito y competencia, por el principio de igualdad de oportunidades y por el de equilibrio geográfico. 
Es cierto que la elección de un portugués para este cargo se debió a una apreciación positiva de sus méritos. 
Sin embargo, pueden surgir dudas a consecuencia de las declaraciones del señor Primer Ministro. 
En estas circunstancias, ¿puede decir la Comisión Europea si el nombramiento de un portugués para el cargo de Director General de Información y Comunicación se debió únicamente de la apreciación del valor del designado con los criterios citados o a la presión diplomática del gobierno portugués? 
La Comisión puede confirmar que el nombramiento de un funcionario portugués como Director General de Información y Comunicación se basó firmemente en los principios que estableció la Comisión Prodi cuando entramos en funciones en 1999, y específicamente en aquellos principios que exigen que el mérito sea el criterio principal al tomar decisiones sobre nombramientos y que todos los esfuerzos deben ser coherentes con lo que dispone la normativa relativa al personal, para respetar la necesidad de un equilibrio de nacionalidades en los cargos directivos. 
Después de la transferencia de un funcionario A1 del cargo de Director General al cargo de Jefe de Gabinete en septiembre de 1999, Portugal tenía dos funcionarios A1 en la Comisión, y ninguno de los dos tenía el rango de Director General. 
Desde entonces, los sucesivos Gobiernos portugueses han tenido la sensación de que existía un desequilibrio geográfico que había que corregir, y las autoridades portuguesas nos plantearon el tema en diversas ocasiones. 
La Cámara sabe muy bien que no es inusual ni irregular que los Estados miembros planteen este tipo de cuestiones de vez en cuando. 
La Comisión escucha sus opiniones y les presta la debida atención. 
Sin embargo, la Comisión decide sobre los nombramientos de forma independiente y teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de la institución. 
Que nadie piense que la manifestación de opiniones presiona a la Comisión. 
La Comisión puede confirmar que la nominación y el nombramiento del nuevo Director General de Información y Comunicación cumplen todos los requisitos de la normativa relativa al personal y los procedimientos internos de la Comisión para la selección y el nombramiento de altos cargos siguiendo criterios de méritos. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario Kinnock su respuesta. 
Ha sido clara, precisa y rigurosa, y yo ya pensé que la designación de este alto cargo obedecía exclusivamente a criterios de mérito y de equilibrio geográfico. 
Es evidente que mi pregunta no estaba destinada a cuestionar ese nombramiento, que me satisface enormemente, por tratarse de un ciudadano portugués de gran talento que ocupará un puesto clave en la estructura de la Comisión. 
Sin embargo, las palabras que acaba de decir el Sr. Comisario también dejan claro que ningún Gobierno, ningún Primer Ministro, puede reclamar ningún mérito por este nombramiento ni puede hacerlo objeto de autocongratulación nacional, como si se tratase de un acto heroico. 
Sé perfectamente que a los Gobiernos y Primeros Ministros, que a veces se dejan llevar por las alas de la retórica, les gusta colgarse medallas europeas. 
Esto no hace daño a nadie y considero que la respuesta del Sr. Comisario ha sido altamente esclarecedora, tanto por la forma como por el fondo y por las sutilezas que contiene. 
Pregunta nº 29 formulada por Christopher Heaton-Harris (H-0267/03): 
Asunto: Procedimiento disciplinario de la Comisión 
¿Puede decir la Comisión cuándo fue Marta Andreasen suspendida de sus funciones en la Comisión? 
¿Cuándo se inició el procedimiento disciplinario? 
¿En qué fase se encuentra dicho procedimiento? 
¿Cuántos funcionarios de la Comisión han estado suspendidos de empleo durante más de seis meses, conservando su remuneración, en el curso de los últimos cuatro años? 
Preguntas dirigidas al Sr. Nielson 
El 2 de julio de 2002 se inició un procedimiento disciplinario relacionado con la Sra. Marta Andreasen. 
La Sra. Andreasen fue suspendida de sus funciones por una decisión de la Comisión de 28 de agosto de 2002. 
Hace poco la Comisión ha recibido un informe del auditor que se nombró, mediante los procedimientos adecuados, para examinar toda la información relacionada con el caso de la Sra. Andreasen. 
Ahora que ha recibido el informe, la Comisión, como autoridad nominadora, reflexionará sobre las medidas adecuadas que conviene tomar en este procedimiento. 
En concreto, la autoridad nominadora tendrá que decidir si hay que remitir el caso a un consejo disciplinario. 
Durante los últimos cuatro años solo ha habido otro caso de un funcionario suspendido de sus funciones conservando su remuneración íntegra durante más de seis meses. 
Si repasamos los acontecimientos del año pasado ¿reconoce ahora el Sr. Comisario que la Comisión tiene mucho que aprender en cuanto a la gestión de conflictos internos entre los altos cargos de su personal? 
Una vez aceptada la necesidad urgente de reformar el sistema contable de la Comisión siguiendo la línea sugerida por su anterior Jefe Contable, Marta Andreasen- que ocupó su cargo durante solo cuatro meses trabajando en lo que presuntamente era un entorno hostil- y dando por supuesto que usted, como Comisario para la Reforma, entiende que a menudo las reformas requieren más tiempo del previsto para concebirse, planificarse y ponerse en práctica, seguramente podrá aceptar que ya es hora de dejar de acosar a Marta Andreasen y abandonar este ridículo procedimiento disciplinario contra ella. 
Quizás entonces en la Comisión Europea volverá a prevalecer el sentido común. 
Doy las gracias a Su Señoría. 
En primer lugar, aunque la Comisión ejerce la modestia natural de una autoridad responsable, no puedo aceptar que su Señoría diga que tenemos mucho que aprender en materia de conflictos internos. 
Él conoce los antecedentes de este caso, y ha sido suficientemente honesto como para aceptar la exactitud de la descripción que se le ha proporcionado en esta Cámara. 
Lo que ocurrió durante las últimas semanas de mayo del año pasado fue una interrupción muy manifiesta y grave de las relaciones laborales, lo que nos obligó a tomar medidas con rapidez, simplemente porque el retraso habría prolongado la dificultad sin aportar ninguna perspectiva de reconciliación. 
En estas circunstancias, lamentándolo, pero asumiendo su responsabilidad, la Comisión- y yo mismo en su nombre, ya que tengo la responsabilidad sobre el personal- tuvo que actuar. 
Y en el curso de estos acontecimientos, la señora Andreasen no ha sido victimizada en absoluto. 
Como prueba de ello, propongo un elemento: es la forma en que yo insistí- y mis colegas de la Comisión lo aceptaron enseguida- en el hecho de que cuando la Sra. Andreasen fuera suspendida, debía ser suspendida también su remuneración, en parte para que quedara absolutamente claro que la Comisión no estaba prejuzgando su caso, un caso que todavía estamos estudiando debido a las pruebas prima facie de que ella puede haber cometido infracciones graves de la normativa laboral. 
El procedimiento disciplinario se ha llevado a cabo observando escrupulosamente las normas y con una escrupulosa defensa de los derechos de justicia natural de la Sra. Andreasen.Por lo tanto, es lamentable, sin duda- como lo son todos los procedimientos disciplinarios -, pero no es en absoluto ridículo. 
Si el Comisario me lo permite, vamos a estar un poco más de veinte minutos para aprovechar el tiempo que hemos ahorrado con otros Comisarios, si usted está de acuerdo. 
Poco más de veinte minutos. 
Pregunta nº 31 formulada por Michl Ebner (H-0219/03): 
Asunto: Agua potable en los países en desarrollo y en los países industrializados 
En muchos países, en especial en países en desarrollo, no está garantizado el abastecimiento de agua potable. 
Esta situación es muy frecuentemente la causa de distintas enfermedades así como del elevado índice de mortalidad infantil en los países del Tercer Mundo. 
¿Qué hace la Comisión en el ámbito de la ayuda al desarrollo para posibilitar y facilitar a las personas de los países del Tercer Mundo el acceso a un agua potable limpia? 
Por otra parte, el problema del agua potable afecta entretanto también a los países industrializados. 
En ellos, es necesario educar a los ciudadanos para que utilicen con moderación los valiosos recursos de agua potable. 
¿Qué medidas va a adoptar la Comisión en este ámbito? ¿Qué medidas ha adoptado ya? 
En primer lugar, con respecto al agua potable en los países en desarrollo, la Comisión proponía en su comunicación sobre la gestión del agua en los países en desarrollo que la prioridad debería ser que se garantice a todos los seres humanos- en especial los más pobres- el suministro de suficiente agua potable de buena calidad y los medios adecuados para la eliminación de residuos, con el objetivo general de reducir la pobreza y mejorar la salud de las personas y su calidad de vida. 
Este objetivo del acceso al agua segura y al saneamiento se vio reforzado en el contexto de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible con el lanzamiento de la Iniciativa sobre el Agua de la UE y la firma de la alianza estratégica UE-África sobre cuestiones del agua y el saneamiento. 
Después de Johanesburgo empezamos a concentrarnos en un esfuerzo a largo plazo para traducir estos compromisos políticos en acciones sobre el terreno y, para las aguas residuales, en acciones bajo el terreno. 
Estamos comprometidos en un diálogo para afianzar el proceso a nivel de cada país. 
El núcleo de la acción es catalizar y apoyar el compromiso de todas las partes interesadas en el ámbito local, nacional y regional, desde los gobiernos centrales y locales hasta los usuarios de la sociedad civil y los profesionales privados, lo que refleja el planteamiento de cooperación con los diversos sectores en el marco de la Iniciativa del Agua. 
Una meta clave es centrarse en los objetivos de desarrollo del milenio y en los objetivos para el acceso de los pobres al agua y al saneamiento. 
Negociamos todo esto en Johanesburgo y ahora estamos intentando resolver el problema. 
La Comisión está estudiando también la posibilidad de aumentar el apoyo financiero para estos objetivos, incluida la posible creación de un fondo específico para el agua, utilizando la ayuda al desarrollo como catalizador para atraer otros recursos financieros en respuesta a la prioridad que los países otorgan al agua en sus estrategias de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. 
Esta propuesta de la Comisión se presenta en la reciente comunicación sobre el establecimiento de un fondo europeo del agua. 
En segundo lugar, en relación con el agua potable en los países industrializados, la Unión Europea empezó hace más de 20 años a tomar medidas para garantizar la calidad del agua potable. 
La Directiva comunitaria sobre el Agua Potable de 1980 establecía unas normas de calidad para el agua potable, así como unas obligaciones de seguimiento regular, para asegurar un elevado nivel de protección en toda la Unión. 
En 1998 la Directiva sobre el Agua Potable se modificó para comprobar los parámetros y valores asociados, y, cuando fuera necesario, consolidarlos y asegurar una mayor transparencia y más información a los ciudadanos. 
Con el fin de proteger ampliamente los recursos hídricos, hace poco la Unión Europea ha reestructurado a fondo su política de protección del agua adoptando la Directiva Marco del Agua: protección de todas las aguas, ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas costeras, estableciendo una obligación vinculante de alcanzar o mantener la buena calidad de todas estas aguas antes de 2015 como máximo; asegurar una amplia participación de los ciudadanos, partes interesadas y ONG en el desarrollo de las medidas de protección necesarias; y reforzar el objetivo medioambiental mediante instrumentos económicos como el análisis económico y el precio del agua, reflejando la recuperación del coste y promoviendo así el uso racional del agua y la protección de nuestros recursos hídricos 
La política medioambiental en el ámbito del agua es complicada y requiere esfuerzos específicos en política de investigación, donde el Sexto Programa Marco está dedicando un esfuerzo y un presupuesto considerables al tema de los recursos hídricos y su protección, y en la política regional tanto para los Estados miembros existentes mediante instrumentos como los fondos estructurales y de cohesión, como para los países candidatos mediante instrumentos como ISPA y Phare. 
Muy brevemente, el fondo no significará que vayamos a pedir más dinero, dinero adicional, a los Estados miembros. 
Más que nada es un método con el que esperamos acelerar el uso actual de los fondos que ya están asignados al 9º Fondo Europeo de Desarrollo. 
Pero estoy de acuerdo y me siento satisfecho con el apoyo que ha recibido esta idea. 
En cuanto al seguimiento, creo que es bastante claro que en el marco de la Unión Europea en realidad son los Estados miembros los que, en relación con el importante tema del seguimiento, deben expresar lo que se ha decidido con detenimiento y con una gran profesionalidad. 
El Sr. Posselt tiene toda la razón, En relación con África, estamos iniciando la realización de análisis muy amplios en diez cuencas fluviales, precisamente de cara a una actividad preventiva, incluso relacionada con la paz. 
En cuanto a Palestina, durante generaciones toda la región ha intentado abordar este problema. 
Es cierto que es parte tanto del problema como de la solución. 
Una buena porción del dividendo de la paz entre Israel y sus vecinos estará relacionada con un uso mejor y más racional del agua. 
En cuanto a los iraquíes, no es un tema tan acuciante en la lista de los problemas con que se enfrentan, pero un mejor uso del agua y su potencial agrícola son asuntos que no hay que olvidar. 
El petróleo no es el único recurso de este país. 
Pregunta nº 32 formulada por Bernd Posselt (H-0224/03): 
Asunto: Salud reproductiva 
¿Qué hace la Comisión, en el ámbito de los programas internacionales en materia de población y salud y de las medidas con ellos relacionadas que abarcan la llamada salud reproductiva, para impedir activamente que con semejantes fondos se financien también abortos? 
¿Puede excluir esto último con garantías? 
La política de la Comisión en relación con el aborto es clara. 
Nos adherimos al Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994. 
El punto 25 del capítulo 8 del Programa de Acción establece que «en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia.» 
En enero de este año escribí al Parlamento Europeo en respuesta a una carta remitida por 47 diputados sobre el tema del aborto. 
En dicha carta, que se puede consultar en mi página web, resaltaba que intentamos evitar la necesidad de abortar con nuestro apoyo a los programas de salud reproductiva. 
Sin embargo, reconocemos que el aborto realizado en condiciones de riesgo es una realidad que cada año causa la muerte innecesaria de muchas mujeres. 
La Comisión considera que la legislación nacional es de extrema importancia cuando se trata de la cuestión de incluir el aborto en la sanidad oficial. 
Además, en los países donde el aborto es legal para determinadas indicaciones, debería ser seguro. 
Los programas y las acciones de la Comunidad en el ámbito de la salud reproductiva y sexual y los derechos en los países en desarrollo pretenden reducir la mortalidad maternal y contribuir a la consecución del correspondiente Objetivo de Desarrollo del Milenio. 
Hay mucho en juego, los índices de mortalidad maternal no han cambiado e incluso van en aumento en países como Malawi y Afganistán. 
Preferiría que la ayuda de la Comunidad en el ámbito de la salud reproductiva y sexual se juzgara según el criterio de si consigue reducir muertes innecesarias de mujeres en los países en desarrollo. 
Esto es lo que considero más importante. 
Señor Presidente, sí realizamos un seguimiento de estas organizaciones y considerando el tipo de debate global que está teniendo lugar sobre este tema, es bastante claro que organizaciones como el FNUAP o el IPPF, que reciben tantas críticas, deben ser muy precavidos en su trabajo. 
En nuestra opinión están a la altura de sus responsabilidades. 
En relación con su segunda pregunta, no estamos influyendo en la legislación de ningún país. 
No es asunto nuestro. 
Me complace mucho oír las palabras del Comisario cuando dice que la Comisión está haciendo todo lo posible para reducir el número de abortos realizados en condiciones de riesgo en el mundo, y de hecho reducir la necesidad de abortar permitiendo y fomentando el acceso a la planificación familiar y a la salud reproductiva. 
Estoy de acuerdo con él en que hay muchas ONG que están realizando una labor excelente. 
¿Estará él de acuerdo conmigo en que las mujeres tienen derecho a elegir cómo quieren organizar sus vidas? 
Por supuesto, el aborto debería ser el último recurso, pero yo creo que en algunas ocasiones las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia Católica y el hecho de que se niegue a apoyar la planificación familiar han provocado daños indecibles en la vida de millones de mujeres en algunos de los países más pobres del mundo. 
Espero que en este tema y en los asuntos relacionados podamos avanzar gracias a la respuesta de la Comisión, y ayudar a reducir el número de abortos, ofreciendo a las mujeres acceso a los servicios que quieran, si quieren. 
No creo que sea necesario que ni la Comisión, ni yo mismo, en este tema, señalemos ninguna otra base política que no sea el Plan de Acción de El Cairo. 
Es lo que sostenemos, es lo que estamos defendiendo, es lo que estamos poniendo en práctica y, de hecho, deja en manos de la legislación de cada país establecer lo que es legal y lo que no es legal. 
La discusión debe desarrollarse en el ámbito nacional y en el interior de cada individuo, especialmente de cada mujer. 
Tenemos el contorno global de la estructura de este debate. 
No veo ninguna necesidad de especificar qué papel debe tener este o aquel agente, sino que veo un exceso de fanatismo emergente al que creo que deberíamos prestar la debida consideración. 
Pregunta nº 34 formulada por José Ribeiro e Castro (H-0244/03): 
Asunto: Situación actual y perspectivas democráticas en Angola 
Ante la nueva situación de Angola y habida cuenta de la importancia estratégica de este país en el contexto regional e internacional, el desarrollo de políticas diversificadas que contribuyan a la consolidación de la paz, al desarrollo de la democracia y a la reconstrucción del país reviste un carácter prioritario. 
¿Cómo ve y evalúa la Comisión la situación actual en Angola y su futuro próximo? 
¿Qué atención está dedicando a los problemas humanitarios más graves y a la reintegración de los excombatientes desmovilizados? 
¿Ha perseguido y profundizado la Comisión el diálogo abierto con todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional, así como con las Iglesias y la sociedad civil? 
¿Cuál es la situación de la Conferencia de Donantes? 
¿Qué progresos se alcanzan en el ámbito de la transparencia de la contabilidad pública y en cuanto a los ingresos procedentes de la explotación de los recursos naturales del país? 
¿Ha llevado a cabo la Comisión el seguimiento del caso específico de Cabinda? ¿Qué perspectivas existen en su opinión sobre la posibilidad de llegar a un diálogo democrático? 
¿De qué informaciones concretas dispone en cuanto al proceso de preparación y convocatoria de elecciones democráticas, libres y justas? 
¿Qué acciones de carácter importante está desarrollando o preparando la Comisión en lo relativo a la cooperación con Angola en los siguientes ámbitos: ayuda humanitaria, desarrollo social, reconstrucción y formación para la democracia? 
¿Cómo afronta la futura evolución de estos programas? 
La Comisión considera que Angola ha realizado un avance sustancial hacia la consolidación del proceso de paz desde la firma del acuerdo de paz en abril de 2002, y que llegados a este punto parece poco probable un retorno a la guerra. 
Sin embargo, persisten algunas dificultades que pueden amenazar la estabilidad del país. 
Me refiero a la crítica situación humanitaria, a la reintegración de ex combatientes, a la reubicación de las personas desplazadas internamente y a los refugiados que vuelven, a la democratización y la reconstrucción del país: las carreteras en especial han sido un problema muy grave. 
Además, la presencia de minas terrestres sigue siendo una importante amenaza. 
De hecho, cuando las personas empezaron a circular una vez firmado el acuerdo de paz, vimos un lamentable aumento del número de accidentes debidos a las minas terrestres, lo que es una secuela terrible. 
La Comisión sigue ayudando al Gobierno y a la sociedad en general a superar estas dificultades. 
En relación con la situación de Cabinda, permítanme que me remita a la respuesta a la pregunta de Su Señoría, la pregunta escrita E-640/03 sobre este tema. 
La Comisión sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos en esta provincia, y recientemente ha habido indicios de un cierto progreso positivo en el conflicto. 
La situación humanitaria en general, aunque es grave, sigue estabilizándose. 
Existen zonas y bolsas de emergencia en el interior del país, especialmente en aquellas partes donde las minas y el deterioro de las infraestructuras siguen limitando el acceso. 
La Comisión considera que la desmovilización y reintegración satisfactoria de los ex soldados de Unita es esencial para la reconciliación nacional. 
Ha habido problemas, pero dadas las circunstancias, el proceso de desmovilización puede calificarse de satisfactorio, aunque la reintegración no es todavía completa. 
En marzo de este año visité Angola y también uno de los principales campos de ex combatientes de Unita, y mantuve un profundo intercambio de opiniones con ellos en relación con sus perspectivas en esta situación. 
Todo parecía relativamente bien organizado. 
La Comisión está en contacto con los partidos políticos, aunque en realidad todavía no existe un diálogo regular. 
Se pretende intensificar el esfuerzo para crear este diálogo. 
En relación con las iglesias y la sociedad civil, existe un diálogo continuado y cooperación en una serie de proyectos específicos. 
En cuanto a la conferencia de donantes, que se celebrará en Bruselas, todavía no hay fecha de confirmación, ni modalidades ni orden del día. 
El éxito de la conferencia depende en gran medida de la creación de un plan de gobierno creíble para la rehabilitación y reconstrucción del país, que incluya una estrategia de mitigación de la pobreza, así como una mejora de la relación entre el Gobierno de Angola y el FMI. 
La Comisión se ha ofrecido varias veces a ayudar en la preparación y la organización de la conferencia. 
La transparencia de las finanzas públicas y los ingresos procedentes de recursos nacionales, petróleo y diamantes, podría mejorar definitivamente con el nuevo equipo económico que funciona desde el relanzamiento del gabinete en diciembre, aunque todavía no se observan resultados concretos. 
El diagnóstico del sector petrolero, que el Gobierno está llevando a cabo actualmente con KPMG, debería ser un elemento importante, y la Comisión espera su publicación con gran interés. 
He tratado estos temas de forma muy directa con el Gobierno durante la visita que acabo de mencionar. 
La Comisión y otros donantes están trabajando juntos para alentar al Gobierno a aumentar la transparencia. 
Las próximas elecciones presidenciales y legislativas constituirán una prueba de fuego crucial del compromiso del Gobierno para con las prácticas democráticas. 
La Comisión seguirá la evolución muy de cerca, y se ha ofrecido para ayudar a crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. 
Las prioridades de la cooperación de la Comunidad Europea con Angola se describen en el Documento de Estrategia firmado hace poco. 
A corto y medio plazo, la prioridad es financiar las medidas necesarias para apoyar el proceso de paz y la reconciliación nacional, incluida la creación de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. 
A medio y largo plazo, la Comisión delimitará poco a poco el destino de su ayuda, concentrándola en la salud, la educación y la seguridad alimenticia como las tres áreas principales. 
Angola también ha sido incluida entre los países objetivo en la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Señor Comisario, agradezco su amplia respuesta a mi pregunta. 
Me gustaría animar a la Comisión a que busque un diálogo más amplio y más abierto con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento angoleño y también con todas las fuerzas de la sociedad civil y las iglesias. 
Ese diálogo abierto es la nuestra mejor oportunidad de ayudar a la consolidación del pluralismo en Angola y esa es, a largo plazo, nuestra mejor oportunidad de consolidar la democracia y la libertad en ese país. 
Esto se ha demostrado recientemente en un proyecto con el COIEPA y yo animaría a que se desarrollen otros proyectos financiados por la Comisión. 
Por otra parte, la situación de los ex combatientes de UNITA es muy preocupante. 
Formé parte de una delegación del Parlamento que visitó uno de los campos y la sensación que tuvimos es que cuando los campos funcionan, las cosas van más o menos bien. 
Con muchas dificultades, pero bien. 
La preocupación viene cuando los campos cierran, toda vez que existe una gran fragilidad, y las medidas de reintegración llevan mucho tiempo. 
Mi pregunta es si la Comisión estaría dispuesta a dedicar específicamente algunos recursos a programas de formación profesional y de reintegración social de los ex combatientes de UNITA y a que esos programas sean supervisados por las dos partes. 
Esa podría ser una forma de ejecutar de forma concreta el acuerdo de abril del pasado año y de consolidar la confianza y la estabilidad en Angola. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con la opinión expresada en el sentido de que este diálogo amplio y abierto, que puede consolidar el pluralismo, es importante en esta fase. 
Afortunadamente, debido a la estructura del acuerdo de paz y a la forma en que los dos movimientos opositores pueden, en general, hablar y actuar, nos encontramos en un punto en el que la paz es irreversible. 
Pero no debemos dormirnos en los laureles. 
La desmovilización y la reintegración de los ex combatientes es un problema grave. 
Las ofertas que nosotros, y otros, podemos hacer deben adaptarse a las personas, y no es cosa fácil. 
Muchos de ellos deberían volver a sus actividades agrícolas y esta es la clave para hacer lo que haya que hacer en relación con la mayoría de estas personas. 
Considero que el hecho de que nuestro programa en Angola se centre en la educación sanitaria y la seguridad alimentaria es útil para conseguir precisamente este objetivo. 
Señor Comisario, no le sorprenda que yo también le felicite por la respuesta que nos ha dado. 
Los diputados portugueses siguen de cerca todo lo que ocurre en Angola y la Unión Europea ha de prestar especial atención a Angola, dado que otros países, como los Estados Unidos, están sumamente interesados en las riquezas de Angola. Asimismo sería una muestra de negligencia por parte de la Unión Europea no contemplar este país con ánimo de solidaridad, cosa que es crucial, aunque teniendo en cuenta también los intereses de la propia UE. 
Estoy seguro, señor Comisario, de que la prueba de fuego de la situación de Angola van a ser las elecciones presidenciales y legislativas. 
Esas elecciones reflejarán una una imagen fiel de la situación democrática y civil en Angola, y serán decisivas. Por ello debemos prestarles la máxima atención. 
Por último, señor Comisario, me gustaría hacer una pregunta con respecto a la intervención de Angola en los países vecinos, ya que, de hecho, el Gobierno de Angola y sus fuerzas armadas han intervenido en diversos conflictos de los países vecinos: en ese ámbito, ¿ha habido alguna novedad? 
¿Se ha replegado Angola a sus fronteras y ha dejado de intervenir activamente en los asuntos de los países vecinos? 
Es cierto que el aumento de las reservas conocidas de petróleo en Angola apunta hacia un futuro muy interesante para los próximos años, y la cuestión de la concesión de licencias y de quién gana qué en el gran potencial de producción de petróleo de Angola debe seguirse con mucho cuidado. 
La Comisión apoya la iniciativa del Reino Unido. 
También otros están implicados en ello, pero el Reino Unido ha desempeñado en este terreno el papel principal al declarar lo que se paga y crear más transparencia en relación con los ingresos en industrias como la del petróleo. 
Es absolutamente necesario discutir esto con Angola. 
Yo mismo he planteado este tema en términos muy claros. 
Estoy de acuerdo en que las elecciones son la prueba de fuego. 
Este es el punto en que también tenemos que invertir en términos de creación de capacidad y refuerzo del sistema. 
Pregunta nº 35 formulada por Glenys Kinnock (H-0250/03): 
Asunto: Convención sobre el futuro de Europa 
¿Podría indicar la Comisión si considera que la Convención sobre el futuro de Europa está dando suficiente énfasis a las Prioridades de Cooperación y Desarrollo de la UE? 
La Comisión cree que el proyecto presentado el 23 de abril contiene muchos elementos valiosos. 
En un esfuerzo por reestructurar, simplificar y racionalizar los textos, se han conseguido algunas mejoras importantes. 
En cuanto a las prioridades de cooperación al desarrollo, el proyecto de artículo 1 proporciona una buena base, pero a la vez simpatizamos con las enmiendas presentadas por la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento, principalmente cuando sugiere introducir referencias a la gobernanza, a los aspectos medioambientales y a la prevención del sida/VIH. 
La Comisión cree que es necesario introducir otras mejoras en el texto. 
El 5 de mayo la Comisión presentó a la Convención sus sugerencias al respecto, incluyendo los siguientes puntos importantes: 
En primer lugar, coherencia política (apartado 3 del artículo 1) , donde queremos que el texto diga que la UE respetará- esta es la palabra- los principios y objetivos del artículo 1 en el desarrollo y la puesta en práctica de los aspectos exteriores de otras políticas de la Unión. 
En segundo lugar, el tema de la pobreza (artículo 25) , en que la Comisión ha propuesto introducir una referencia explícita al objetivo principal de erradicar la pobreza en las políticas de la UE en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
En tercer lugar, los presupuestos del FED (apartado 4 del artículo 26) , en que la Comisión quiere acabar con la posición excepcional de los países ACP eliminando este apartado y, en consecuencia, incorporando el FED al presupuesto de la Unión. 
También hemos tomado nota de la idea de crear un cuerpo europeo voluntario de ayuda humanitaria. 
Todavía no está claro cómo funcionaría. 
No debemos olvidar que la prestación de ayuda humanitaria por parte de la UE es un asunto serio, que exige competencia técnica, experiencia y un alto grado de profesionalidad. 
Trabajamos en puntos peligrosos del mundo, donde incluso los profesionales con la mejor formación están expuestos a riesgos. 
Por lo tanto, no será fácil crear este tipo de cuerpo de paz. 
Estamos decididos a prestar una ayuda eficaz a las personas que a menudo se encuentran en situaciones desesperadas, y trabajamos a través de las organizaciones que financiamos. 
Somos capaces de hacer esto mejor que la mayoría de los demás donantes. 
Queda mucho por hacer para que esta idea del cuerpo europeo voluntario de ayuda humanitaria entre en el ámbito de lo que yo recomendaría. 
De momento, sigo siendo escéptico respecto a la idea. 
Ciertamente me complace lo que ha dicho sobre el artículo 35. 
Yo también he presentado una enmienda expresando mi gran preocupación respecto a esta idea de voluntarios europeos sin experiencia que acudirían a lo que a menudo son situaciones humanitarias muy complejas, donde se requiere, como usted ha sugerido, un cierto grado de sensibilidad; un cierto grado de sensibilidad que no tendrían, lo que sería peligroso tanto para ellos como para las demás personas implicadas en estas lides. 
También el tema de la presupuestación es algo con lo que la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento, como usted sabe, está a favor, y ya desde hace algún tiempo. 
¿Estaría usted de acuerdo conmigo en que, para proteger el Fondo Europeo de Desarrollo, deberíamos bloquear el dinero del FED cuando se presupueste en la forma que hemos sugerido, para garantizar que quede protegido para los países ACP y no vaya a parar a otras partes del mundo? 
La observación de la Sra. Kinnock es importante. 
Es uno de los diversos elementos de esta discusión que debemos asumir directamente. 
No es una simple cuestión en la que todo es correcto si lo presupuestamos. 
La exacta previsibilidad del sistema y su estabilidad son en parte el motivo por el que se ha vuelto demasiado rígido. 
Debemos sopesar con mucho cuidado los pros y los contras al decidir cómo actuaremos en este tema. 
Podemos impulsar la presupuestación- al menos por motivos de influencia parlamentaria, y es una cuestión de democratización, de cómo funcionamos -, pero debemos conservar en la agenda aquellos otros aspectos de la realidad como el tema de la propiedad en el sur. 
Podría suscribir los comentarios de la Sra. Kinnock y en concreto apoyar lo que ha dicho sobre la gobernanza en los países en desarrollo. 
Quisiera preguntar sobre otra prioridad dentro de la Convención en relación con el desarrollo, a saber, las causas de la emigración de los países en desarrollo, y que sigamos haciendo hincapié en la actividad de la Comisión en este ámbito, que entendamos las causas, pobreza extrema e inestabilidad de la emigración de los países en desarrollo, e incorporemos esto continuamente en el debate sobre las causas de la inmigración en la Unión Europea, incluidas las peticiones de asilo. 
Nos damos cuenta de que existen unos criterios de desarrollo reales que hay que tener en cuenta y la necesidad de seguir haciendo hincapié en ello. 
Asunto: Reasignación de créditos y apoyo a la "iniciativa acelerada" (FTI) 
¿Qué progresos ha realizado la Comisión hasta la fecha en sus esfuerzos para identificar y reasignar recursos no utilizados del FED destinados a países ACP en el marco de la "iniciativa acelerada" ("Fast Track Initiative")? 
¿Ha dado prioridad la Comisión a aquellos países cuyos planes de "iniciativa acelerada" han sido ya aprobados? 
¿Tiene previsto la Comisión llevar a cabo esta reasignación de créditos para todos los países ACP ahora que todos los países forman parte del sistema de análisis de la iniciativa acelerada ("Analytical Fast Track")? 
¿Cuál es el calendario para llevar a cabo la reasignación de créditos? 
Una vez identificados todos los créditos no utilizados, ¿cuál es el proceso para volverlos a comprometer con arreglo a la "iniciativa acelerada"? 
¿Cuánto tiempo cree la Comisión que durará este proceso? 
Preguntas dirigidas a la Sra. Schreyer 
En el mundo actual no podemos iniciar nada sin crear un nuevo acrónimo. 
Ahora tenemos la FTI- que, por cierto, también es apoyada por las IFI -, pero yo pertenezco a Acrónimos Anónimos al igual que muchas otras personas. 
Creo que hablaré de la «educación para todos» y de la «iniciativa acelerada». 
Los objetivos establecidos en Dakar y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en este ámbito de la educación son la base de nuestra política en los países en desarrollo. 
En general, la Comunidad ha asignado unos 1,3 millardos de euros a la educación en los países en desarrollo para los próximos 5 años. 
Esta es la cifra global. 
También proporciona una financiación considerable a los países ACP de conformidad con el 9º Fondo Europeo de Desarrollo, en forma de apoyo al presupuesto general- 1,66 millardos de euros -, una parte de los cuales beneficiará al sector de la educación. 
Es difícil decir exactamente cuánto, y cuál será su destino directo, pero una parte es claramente relevante. 
En este contexto dedicaremos la máxima atención a la iniciativa acelerada a fin de acelerar el progreso hacia una educación para todos. 
Hasta el momento solo 10 países han aprobado la propuesta de la iniciativa acelerada, entre ellos 7 países ACP. 
Lamentablemente, estos 7 países ACP no han elegido la educación como sector prioritario en su cooperación con la Comunidad. 
Por lo tanto, la Comisión está estudiando la posibilidad de utilizar antiguos fondos inactivos para apoyar la iniciativa acelerada en estos 7 países. 
La iniciativa se ha considerado prioritaria como uno de varios posibles mecanismos denominados de «desembolso rápido» para el uso de cantidades no utilizadas de dinero del antiguo Fondo Europeo de Desarrollo. 
Este proceso se está discutiendo ahora con los países ACP. 
Además de los 10 países que han aprobado la propuesta de la iniciativa acelerada, todos los demás países en desarrollo que cumplan los criterios para ello, como un documento de estrategia para la erradicación total de la pobreza y un plan sectorial creíble, pueden esperar más apoyo para poner en práctica sus planes. 
Siempre que sea posible, la Comisión participará, bien a través de mecanismos existentes, bien mediante la reasignación de fondos no utilizados. 
En lo que se refiere a la iniciativa acelerada, todavía está por definir su función exacta. 
Se ha creado un grupo de trabajo específico para desarrollar este concepto. 
El calendario también forma parte de la cuestión. 
Reconocemos que se requieren nuevos esfuerzos este año y el año que viene para asegurar que la aplicación de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo se gestionen de la forma más eficiente posible. 
Con este fin, en febrero y marzo de 2003 se organizaron unos seminarios donde se reunieron los diversos agentes en el ciclo de gestión del proyecto dentro del proceso. Delegaciones, la Dirección General de Desarrollo y AIDCO. 
Para liberar recursos inútiles, durante los seminarios se dedicó un esfuerzo considerable a identificar asignaciones no aplicadas de los antiguos FED. 
Se acordaron unos objetivos con todas las delegaciones para conseguir las desasignaciones antes de que termine este año. 
Las desasignaciones conllevan un procedimiento administrativo que implica también a la oficina central. 
Lo mismo ocurre para reasignar el dinero, lo que tendrá lugar en las revisiones anuales. 
Por supuesto, los países socios tienen la última palabra en la decisión sobre el uso de estos fondos no utilizados para la iniciativa acelerada. 
No se trata solo de utilizar el dinero que intentamos liberar y de acelerar su uso, sino que la iniciativa acelerada se identifica también como una de las prioridades. 
Señor Presidente, señor Comisario, gracias por el gran esfuerzo de poner los fondos no utilizados a disposición de la iniciativa. 
Creo que la iniciativa acelerada, incluso en su forma técnica, en su forma institucional, en la cooperación con el Banco Mundial y diversos países de Europa y el papel que puede desempeñar Europa en ella como coordinador o impulsor, puede ser excepcionalmente eficaz. 
Quizás el Comisario pudiera decir algo más, sin referirse específicamente a cada uno de esos países, sobre el papel que plantea para la Unión Europea. 
Comprendo que también dice que estamos dispuestos a desempeñar un papel coordinador para poder aportar un valor añadido a las relaciones, por ejemplo, con los países ACP. 
También tengo curiosidad por ese papel de valor añadido, es decir, no solo en términos financieros, sino también en términos de liderazgo político y apoyo institucional. 
Yo diría que el apoyo presupuestario que la Comisión y el Parlamento discutieron con todo detalle hace un par de años es una herramienta extremadamente importante cuando un país socio ha conseguido un nivel de calidad razonable en su política sectorial de educación. 
Tenemos una base que es suficientemente buena para inyectar dinero mediante el apoyo presupuestario en relación con el trabajo más detallado efectuado por los Estados miembros u otros donantes que trabajan muy directamente a nivel técnico en dicho país. 
En este tema del dinero, estamos haciendo cosas importantes. 
Además, al haber organizado esta iniciativa de forma tan amplia y enérgica, estamos inspirando- por no decir impulsando- a los países africanos y otros a elevar un poco más la educación en la escala de prioridades. 
Nuestra iniciativa del agua ha tenido el mismo efecto, y ofrecemos una asistencia real a aquellos Gobiernos que hacen frente a este problema. 
Es bastante útil pero, repito, exactamente lo que esta iniciativa también puede acelerar es una coordinación satisfactoria y un planteamiento de los problemas a través de programas sectoriales. 
Pregunta nº 40 formulada por Dana Rosemary Scallon (H-0286/03): 
Asunto: Reglamento de la UE sobre derechos y salud en los ámbitos reproductivo y sexual en los países en desarrollo 
¿Podría la Comisión aclarar la posición que adopta en su propuesta sobre derechos y salud en los ámbitos reproductivo y sexual en los países en desarrollo, en la que se aumenta la dotación de la línea presupuestaria B7-6312, pasándose de 55,8 a 73,98 millones de euros, según afirma el Consejo de Ministros? 
¿Es correcta esta decisión? 
¿Cómo va a financiarse dicho aumento habida cuenta de la opinión de la Comisión de Presupuestos y de que ya se ha comprometido el presupuesto general de la UE para 2003? 
En la reciente decisión de la Comisión sobre su Estrategia Política Anual (COM/2003/0083 final) se afirma que el marco financiero adoptado por el Parlamento Europeo para ese reglamento puede integrarse en la rúbrica 4 de las perspectivas financieras y, en particular, en la mayor dotación prevista para la política de desarrollo en la presupuestación por actividades. 
Además se señala que la Comisión puede, por consiguiente, aceptar la posición del Parlamento en primera lectura en su totalidad. 
A la vista de lo anterior, ¿es legítimo aprobar la financiación procedente de una línea presupuestaria del próximo año antes de haberse completado el procedimiento normal del Parlamento Europeo? 
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sra. Comisaria por su respuesta. 
Quisiera hacer referencia especial al pueblo de Irlanda. 
Si recordamos que la financiación de cualquier tipo de aborto es inconstitucional e ilegal en Irlanda y que en este programa de ayuda al desarrollo se incluye el denominado aborto seguro, y si recordamos también que Irlanda tiene el nivel más bajo de mortalidad maternal del mundo- dos de cada 100 000 nacimientos -, ¿qué responde la Comisión a la mayoría de ciudadanos irlandeses que se sienten profundamente preocupados por este uso inconstitucional del dinero de los contribuyentes irlandeses? 
Señor Presidente, se trata de preguntas orales. 
Aún disponemos de 10 minutos. 
La primera pregunta es la mía. 
No son preguntas de segunda categoría, ni existe tal práctica. 
Normalmente se nos agota el tiempo y, en este sentido, quisiera formular mi pregunta, escuchar la respuesta de la Comisión y proceder a la pregunta complementaria a la que tengo derecho conforme al Reglamento. 
Señor Presidente, no insistiré, a pesar de que creo que la inclusión de esta parte del turno de preguntas es una cuestión de principio, si hay tiempo para ello. 
No insistiré porque sé que usted siempre es flexible en asuntos relativos a las preguntas y a los diputados al Parlamento. 
Sin embargo, quisiera plantear una pregunta: el título de la pregunta menciona un asunto relativo al presupuesto. 
¿Por qué se incluyó en la tercera parte, y no con las preguntas a la Comisaria Schreyer? 
Sin embargo, como digo, no deseo insistir. 
Usted, que es un diputado antiguo y experto en esta casa- creo que incluso más antiguo que yo, que ya es decir -, sabrá que no somos los presidentes de turno los que ponemos nombre a las preguntas, sino que vienen ya con su nombre, vienen bautizadas las preguntas, y por eso solamente puedo tomar nota del tema y explicarles que siempre nos falta tiempo, pero hoy nos han sobrado cinco minutos, y tampoco conviene hacer, a mi juicio- que me van ustedes a perdonar, que les hable como un colega más -, tampoco conviene a partir de una experiencia solo de cinco minutos tratar todos los debates. 
Pero yo tomo muy buena nota de lo que ha pasado hoy y siente precedente para que haya solución otras veces. 
Van a tener la palabra tres diputados. 
Primero, el Sr. Rübig. Por el orden en que me han pedido la palabra. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, apoyo al Sr. Alavanos en lo que dice. 
Si no va a permitirle tomar la palabra, yo quisiera plantear una pregunta complementaria a la Comisaria Schreyer sobre la pregunta de la Sra. Scallon. 
O sea que si no concede la palabra al Sr. Alavanos, yo quisiera hacer una pregunta complementaria a la Sra. Comisaria. 
Me gustaría referirme a la pregunta referente al «mal uso del presupuesto para financiar el aborto». 
En realidad se trata de una pregunta engañosa, porque los fondos van a parar a la reserva y se utilizan para temas como el VIH. 
Se han mencionado los índices de aborto en Irlanda. 
¡Todo el mundo sabe que si alguien quiere abortar en Irlanda, se va a Londres! 
Es una expresión completamente deshonesta de la realidad. 
Solo quiero dejar claro a la Sra. Schreyer que, en lo que a mí se refriere, si el dinero va a parar a la reserva, es perfectamente razonable que se financien con él cosas como el VIH y el sida en los países en desarrollo, especialmente en África. 
Entiendo que así fue como se utilizó el dinero en realidad. 
¿Podría confirmarlo la Sra. Schreyer? 
Señora Ferrer, voy a darle una explicación que, en este caso, sí puedo darle. 
La Comisión está perfectamente informada, porque ha recibido las preguntas y las ha ordenado. 
Lo que pasa es que nunca jamás en este Parlamento las preguntas que no son personales y que no están previstas se han llegado a contestar. 
¿Por qué vienen reflejadas en el documento? 
Para que puedan ser contestadas por escrito. 
Para eso vienen. 
Y hoy es la primera vez que ocurre esto, y tomamos muy buena nota. 
Si yo le hubiera dado la palabra al Comisario, Sr. Nielson, cinco minutos más o seis- cosa que he previsto o, por lo menos, he imaginado -, hubiéramos agotado el tiempo, pero el Sr. Comisario, en vez de veinte minutos, ha hablado cuarenta y ocho, y entonces le hemos dado permiso para que se pudiera ausentar, porque ha hablado veintiocho minutos más y habría sido un abuso. 
En la pregunta que se ha hecho a la Sra. Schreyer, nadie ha hecho preguntas complementarias, y por eso han sobrado cinco minutos. 
Luego, una señora diputada que no había hecho ninguna pregunta complementaria, cuando ha terminado el debate, ha dicho "pues entonces hago ahora la pregunta complementaria", usted lo ha visto igual que yo. 
Yo creo que le he dado una explicación, en lo que de mí depende, total, pero estoy de acuerdo con usted en que debe haber una previsión de esa parte de las preguntas que van a ser contestadas por escrito. 
Y los demás diputados como usted, deben saber que no está previsto contestar oralmente esas preguntas. 
De conformidad con el Reglamento, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 41 a 74 se contestarán por escrito. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el registro en los locales de la sede principal de la Asociación turca de los derechos humanos en Ankara. 
Señor Presidente, Comisario, de nuevo se insta al Parlamento Europeo a que se dirija al país más problemático con el que la Unión Europea tiene, sin duda, algún tipo de relación especial que, en el caso de Turquía, se refiere a su calificación como país candidato. 
Esta vez se trata, incluso para criterios turcos, de un caso sin precedentes de desconsideración flagrante hacia los principios básicos del Estado de Derecho y del intergubernamentalismo democrático y, lo que es peor, bajo supervisión de un alto funcionario judicial quien, con ostentación, ha confirmado una práctica turca frecuente en cuyo marco Turquía ha infringido de forma sistemática y descarada incluso las obligaciones más fundamentales, que debería haber contraído para justificar y apoyar su solicitud de adhesión a la Unión Europea. 
El registro de los locales de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía en Ankara por parte de una brigada antiterrorista suma una nueva mancha negra a la larga y triste lista de represión de los derechos humanos y las libertades políticas, religiosas y de las minorías en Turquía, y contradice, sin ningún tipo de excusa, las promesas extravagantes dadas por los sucesivos Gobiernos turcos de que están tomando y aplicando las medidas institucionales necesarias para cumplir los criterios de Copenhague. 
Muchos se han apresurado a ensalzar estas declaraciones con un optimismo superfluo y, como es natural, ahora se dan cuenta con igual decepción de que, al tratar al sistema turco con comprensión y tolerancia, han conseguido precisamente el efecto opuesto y, básicamente, han alentado y apoyado a todos aquellos que se oponen a situar a Turquía en línea con los valores morales reconocidos del orden jurídico interno y la conducta internacional. 
Por esta razón, la Unión Europea y, en particular, el Parlamento Europeo, en calidad de órgano representativo electo, tiene que condenar con rigor y sin reservas este intolerable incidente y la posición general turca en el ámbito de los derechos humanos y del Derecho internacional, y dejar perfectamente claro al Gobierno turco que la aceptación de Turquía en el seno de la familia europea está fuera de lugar en estas circunstancias, como subraya acertadamente el excepcional informe del Sr. Oostlander. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, yo también quisiera expresar nuestra gran decepción y desaprobación por el registro hecho en la oficina de derechos humanos. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con el Sr. Ceyhun en que tenemos que ser prudentes en nuestra interpretación de los hechos. 
Como ha mencionado el Sr. Comisario, de hecho estamos asistiendo a un deseo expreso de reforma en Turquía y a un deseo de cumplir los criterios políticos, tal como se requiere si el país desea iniciar negociaciones de cara a su entrada en la UE. 
Esto pudimos comprobarlo el pasado agosto con las enmiendas a la Constitución, cuando se abolió la pena de muerte en tiempos de paz y se establecieron una serie de libertades. 
Además, hay otras reformas en curso. 
Yo mismo participé en el simposio de la Asamblea Nacional turca a finales de abril, cuando se discutieron los cambios necesarios para que el sistema jurídico turco cumpliera los criterios políticos. 
Asistí a un debate objetivo y abierto en el que, por ejemplo, los expertos jurídicos y los representantes del poder judicial presentaron descripciones claras e incisivas de las reformas que garantizarían la independencia de los tribunales y la observancia de los derechos humanos fundamentales. 
Si la Asamblea Nacional sigue el buen consejo y aprueba reformas que garanticen la independencia de un sistema jurídico coherente con los derechos humanos, Turquía habrá dado otro paso en el camino hacia la negociación para la entrada en la UE, y la población turca tendrá garantizados los derechos fundamentales y democráticos que realmente desea. 
El hecho es que, por supuesto, la reforma de la legislación no es suficiente si en la práctica no hay cambios. 
Como ha subrayado el Sr. Comisario, estaríamos como al principio, y creo que es importante que hagamos hincapié en ello. 
Por lo tanto, es muy triste que continuemos recibiendo informes de torturas en las prisiones turcas y otras violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones de la libertad de expresión. 
Por desgracia, los acontecimientos del 6 de mayo demuestran que en la sociedad turca aún hay fuerzas que, o bien no entienden la necesidad de un cambio, o no los aprueban y actúan sobre esta base. 
Esto es intolerable. 
Turquía es un país muy complejo con muchas culturas diferentes. 
Asimismo, es un país muy dinámico con grandes recursos y mucho talento, por lo que la cooperación entre la UE y Turquía beneficia a ambas partes. 
Sin embargo, la adhesión a la UE exige la observancia de unos principios específicos. 
A menudo los políticos turcos afirman que las exigencias de adhesión a la UE son más estrictas para Turquía que para otros países. 
No es este el caso. 
Los diez países que se adherirán en mayo de 2004 han tenido que aplicar reformas difíciles que a menudo no han disfrutado del apoyo popular y que también han tenido oposición interna. 
La democracia es un proceso para todos los países, y necesitamos estar atentos a las violaciones de los derechos humanos y a cualquier desequilibrio entre instituciones. 
Señor Presidente, Señorías, sobre el registro de los locales de la asociación de derechos humanos, IHD, puedo ser breve. 
También mi Grupo lo condena firmemente, porque es totalmente contrario a las reformas encaminadas a acercar más a Turquía a la UE. 
Pero lo que más me interesa es el trasfondo sobre el cual tuvo lugar este registro. 
El Sr. Ceyhun ya ha hablado sobre esta cuestión y suscribo lo que ha dicho. 
Estoy convencido de que en estos momentos se está librando una batalla, no solo en público, sino también, y sobre todo, entre bastidores, entre, por un lado, los reformistas, el nuevo Gobierno, el nuevo Parlamento, muchas organizaciones de derechos humanos y otros reformistas, y por otro los conservadores que siguen estando fuertemente representados en el ejército, en la burocracia y también en el poder judicial. 
Señorías, no es ninguna casualidad que precisamente el día en que esta asociación de derechos humanos fue invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para hablar sobre la nueva estrategia de Turquía con miras a la adhesión, los conservadores reaccionaran registrando la sede de esta asociación. 
Tampoco es casualidad que ello sucediera a través de los tribunales de seguridad del Estado, que son un baluarte del conservadurismo en el sistema jurídico turco. 
En lo que a mí respecta, esta es también una razón para llamar de nuevo al Gobierno turco a que se apresure a suprimir estos tribunales de seguridad del Estado, como se había anunciado, pues, nuevamente, esa es la fuente de muchas desgracias. 
Si hay una lucha entre los conservadores por un lado y los reformistas por otro, estoy convencido de que es tarea del Parlamento apoyar a los reformistas. 
Rechazo por tanto el análisis de los asuntos turcos que hacen en esta Cámara algunos de los diputados, que dicen que esto nunca fue nada, que no es nada y que jamás será algo. 
Esta no es la situación. 
Veamos por ejemplo las reacciones del Sr. Gül, Ministro de Asuntos Exteriores, y del Sr. Cicek, Ministro de Justicia. Están avergonzados por lo ocurrido en este registro y se han anunciado nuevas medidas para impedir que esto vuelva a suceder en el futuro. 
El papel de nuestro Parlamento es ejercer la crítica cuando las cosas van mal en Turquía, y esto es lo que hacemos esta noche, es lo que haremos en el informe Oostlander, pero también es tarea del Parlamento apoyar a los reformistas y apoyar las reformas para que este tipo de actos sea cosa del pasado. 
Señor Presidente, con ocasión de la revisión de su proceso, conseguida gracias a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Leila Zana, galardonada con el premio Sajarov, acaba de instar a la Unión Europea a fomentar las reformas iniciando inmediatamente las negociaciones de adhesión con Turquía. 
Afirma que esta medida aceleraría el proceso de democratización de Turquía. 
En efecto, ¿cuándo optarán finalmente los poderes turcos por esta vía, en lugar de seguir hostigando a los militantes demócratas, como sucedió con las incautaciones arbitrarias en los locales de la Asociación turca de los derechos humanos, que ya sufre frecuentes amenazas y es objeto de intimidación? 
La reciente ilegalización, el pasado mes de marzo, del partido ADEP también es inaceptable, puesto que este partido rechaza claramente todo vínculo con la lucha armada. 
El Tribunal Constitucional de Ankara aumenta así la ya dilatada lista de sanciones contra quienes reivindican el reconocimiento de los derechos de la población kurda. 
Los poderes turcos se aferran a un modo de pensar que no solo perjudica a las víctimas directas de la opresión, sino también a toda la sociedad turca y a la imagen del país en el exterior. 
Hace casi exactamente un año, el 10 de mayo de 2002, la delegación ad hoc de nuestro Parlamento había estimado que la ilegalización del ADEP supondría un fuerte retroceso para la democracia turca. 
Es lo que tristemente sucede ahora. 
No se trata de caer en la trampa de los conservadores y de otros extremistas europeos, que excluyen de entrada al pueblo turco del club cristiano que sería la Unión Europea. 
Estigmatizar y aislar a esta nación cerrándole las puertas de la Unión sería criminal. 
Por esta razón quiero reiterar mi pleno apoyo a las actividades de quienes se manifiestan en Turquía a favor de los derechos humanos, a veces con riesgo para su propia vida. 
Las fuerzas democráticas deben saber que estamos de su lado para que el día en que será posible vivir y expresarse libremente en Turquía llegue lo antes posible. 
El Consejo y la Comisión deben por tanto emplearse mucho más a fondo para garantizar que el Gobierno turco respete de los criterios de Copenhague, es decir, promueva los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
Este compromiso debería manifestarse mediante un apoyo financiero proporcionado a las actividades de las asociaciones que trabajan por la democracia. 
Por último, tras la reapertura del proceso de Leila Zana y tres de sus colegas hace unos días, quiero expresar mi esperanza de que el Parlamento Europeo pueda entregarle su premio lo antes posible en este hemiciclo. 
Señor Presidente, no es la primera vez que este Parlamento discute temas relacionados con la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno de Turquía. 
Si no demostramos que defendemos las cartas y los tratados que nosotros mismos hemos concebido, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la legislación sobre derechos humanos, corremos el riesgo de convertirnos en el hazmerreír de la comunidad internacional. 
Yo personalmente tuve la ocasión en el pasado de condenar al Gobierno turco por el encarcelamiento sin juicio de muchos individuos de la comunidad kurda, de la misma forma que he condenado la sentencia de 14 años de cárcel impuesta a Leyla Zana y tres de sus colegas. 
Todos defendían los derechos de los kurdos, y en 1995 Leyla Zana ganó el Premio Sajarov de este nuestro Parlamento Europeo. 
Por resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de aquí en Estrasburgo, un tribunal creado por la propia comunidad internacional, se ordenó un nuevo juicio a Leyla Zana, porque se consideró que el primer juicio de Leyla Zana y sus compañeros no había sido justo. 
Una vez más tenemos que denunciar en este Parlamento una nueva infracción de las normas sobre derechos humanos debido al registro de los locales de la sede principal de la Asociación turca de derechos humanos en Ankara. 
La Asociación turca de derechos humanos desempeña una labor reconocida internacionalmente en el ámbito de los derechos humanos en Turquía y proporciona a los miembros de este Parlamento datos de un valor incalculable sobre las atrocidades perpetradas contra los derechos humanos. 
Por lo tanto, consideramos que es una violación de la defensa de los derechos humanos impedir de esta forma la promoción de los mismos. 
No es de extrañar, pues, que algunos de nosotros nos preguntemos una vez más si realmente debemos apoyar la petición de Turquía para adherirse a la Unión Europea. 
Por cierto, la Asociación de derechos humanos ha descubierto que tan solo en el primer trimestre de este año en Turquía fueron detenidas, maltratadas y torturadas 183 personas. 
Una Presidencia de la Unión que se enorgullece de defender los derechos humanos de las minorías y los oprimidos en todo el mundo no puede apoyar ni permitir que continúen estas violaciones. 
Señor Presidente, el sistema judicial turco se basa en la idea de que el orden y la seguridad colectiva prevalecen sobre los derechos humanos individuales. 
Conozco muy bien los puntos de vista del fiscal de Ankara. 
De su boca he oído este tipo de planteamientos; no es de extrañar por tanto que en un sistema de este tipo, el registro de la oficina de derechos humanos en Ankara sea considerado normal por sus ejecutores. 
Así es como se vive la vida en este país. 
El Ministro de Justicia ha lamentado el registro, cosa que está muy bien, pero el problema es si este Ministro tiene realmente poder sobre el fiscal para que este último no pueda hacer lo que le venga en gana. 
¿Acaso no se trata de nuevo del llamado deep state, el Estado profundo, con sus generales y pachás, que retumba por encima de todo, como por ejemplo en los intentos del presidente Erdogan para encontrar una solución con respecto a Chipre, prohibiendo de nuevo el HADEP y reteniendo a la Sra. Zana, que como premio Sajarov tiene para nosotros un valor simbólico muy especial? 
Este comportamiento es un desafío directo a las normas y valores de la Unión Europea. 
Los puntos de vista del «Estado profundo» sobre una buena administración se apartan demasiado de los de la Unión Europea. 
En cualquier embajada de los Estados miembros se pueden encontrar ejemplos sucesivos de ello. 
El Sr. Ceyhun dice ahora que son los enemigos de la Unión Europea en Turquía quienes están a favor de estas acciones perjudiciales. 
No creo que en Turquía haya personas, y menos aún entre los pachás y los generales, que no quieran pertenecer a la Unión Europea. Esto se debe a que esta pertenencia comporta un estatus y todo tipo de ventajas. 
Sí quieren, pero quieren que Turquía participe en la Unión Europea de acuerdo con sus propias condiciones. Hemos de impedirlo cueste lo que cueste, y hemos de dejar claro a toda la ciudadanía y toda la gente de buena voluntad en Turquía que no estamos dispuestos a aceptarlo. 
Creo también que hemos de decir claramente al público turco cuál es nuestra postura, que la adhesión conlleva unas condiciones y que cada vez que se perpetre una nueva violación diremos que no lo aceptamos, para que el «Estado profundo» sepa que en la Unión Europea no hay ningún futuro para su manera de pensar y de actuar. 
Espero que el Comisario Verheugen pueda dejarlo claro en Turquía, si es preciso tomando medidas en relación con el apoyo a organizaciones de derechos humanos en este país. 
Señor Presidente, el registro de las oficinas de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía no es el primer registro que sufre esta organización, que ha desempeñado y desempeña un papel primordial en la lucha contra la represión de los ciudadanos de Turquía, los turcos, los kurdos y las minorías nacionales. 
En el pasado se han producido registros repetidos y más salvajes. 
Basta recordar la incursión armada contra el anterior presidente de la Asociación, Akin Birdal, a quien dispararon repetidamente. 
El entonces Ministro de Justicia también condenó aquel ataque y, sin embargo, al final encarcelaron a la víctima durante varios años. 
¡Para que comprendamos lo que significan las condenas de los Ministros en activo! 
Por lo tanto, este ataque es particularmente significativo, porque se ha llevado a cabo en un momento en que el nuevo Gobierno de Turquía está intentando que no caiga la máscara democrática que el Sr. Erdogan y sus cohortes llevaban antes y después de las elecciones. 
En lo que respecta a nosotros, no cabe duda de que el Gobierno de islamistas, en virtud de su base ideológica, no ha estado ni está en condiciones de llevar a Turquía hacia la democracia. 
Tenía que ser elegido, si tenemos en cuenta el ansia y la lucha del pueblo turco, pero no ha cambiado su orientación política e ideológica en ninguna circunstancia. 
Sin duda, la razón básica de este ataque es la lucha intrépida y heroica de la Asociación de Derechos Humanos en Turquía y los derechos del pueblo kurdo. 
Ni los militares, que siempre dirigen la vida política de Turquía, ni el partido islamista suscitan simpatía por esta indecencia. 
El ataque se llevó a cabo sobre la base de los artículos 169 y 312 del Código Penal y la ley antiterrorista, respectivamente, que penalizan cualquier apoyo a la huelga de hambre de los prisioneros políticos y su lucha contra las celdas blancas como un acto terrorista. 
La prohibición del partido comunista turco y del partido HADEP se decidió de la misma manera. 
Expresamos nuestra solidaridad fraternal con el pueblo turco y les apoyamos en su lucha por la democracia y la paz, como hemos expresado recientemente durante el ataque contra el Iraq. 
-Muchas gracias, señor Korakas. 
Quiero informarles de que he recibido seis propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0146/2003, de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (9923/2002- C5-0485/2002- 1991/0388 (COD) ); 
A5-0127/2003, del Sr. De Rossa, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el proyecto de Directiva del Consejo por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (Nueva consulta) (9924/2002- C5-0494/2002- 1991/0389 (CNS). 
Señor Presidente, me complace mucho estar aquí esta noche. 
Yo era diputado de este Parlamento en 1993. 
He de decir que entonces teníamos la impresión de que la cosa iba para largo. 
A la sazón, las propuestas no avanzaban iban tan rápidamente como ahora. 
Quizás no imaginábamos que duraría tanto como es el caso ahora, pero sí que ha durado mucho. 
En realidad este debería ser motivo de gran alegría. 
Todo el mundo ha dicho lo importantes que son las cooperativas en los diferentes países europeos y por supuesto es bueno que podamos crear un Estatuto europeo para ellas. 
Siempre lo hemos apoyado. También quiero dar las gracias a ambos ponentes por sus esfuerzos. 
Por supuesto, el conjunto no está exento de problemas. 
Esto es innegable. 
Debido a las dificultades con las Sociedades Anónimas europeas, seguimos con viejas frustraciones, y estas tendrán que superarse algún día. 
El problema es que el Consejo nunca aprende. 
Si el Consejo aprendiera, este sería por supuesto un debate fácil. 
En el caso de las Sociedades Anónimas europeas le dimos el beneficio de la duda, y ¿qué hace el Consejo? 
¡A la primera oportunidad vuelve a abusar de su posición! 
Señor Presidente, por supuesto que hay muchas personas que quieren ceder, que dicen que es una cuestión importante. 
Estoy de acuerdo, pero también pienso que no hemos de dejarnos guiar por la historia de Jacob, del Antiguo Testamento, que vendió el derecho de primogenitura por un plato de lentejas. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Mayer, que dice que hemos de mantenernos firmes. 
Me sorprende enormemente que los Verdes nos pidan de repente que no nos atengamos a nuestros principios. 
Reprocho a los Verdes que en realidad se atienen demasiado a sus principios, pero estoy contento de que esta vez el Grupo del PPE-DE se atenga mucho más a sus principios que los Verdes. 
Creo que es posible y en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos hecho lo indecible por no reducirlo a un debate de principios. 
Existe la posibilidad de que se decida por cuestión de principios, pero las enmiendas que hemos presentado significan que quizá esto no sea necesario. 
El Consejo puede sencillamente adoptar nuestras enmiendas. 
Lamento que la Comisión haya rechazado de hecho todas las enmiendas al Reglamento, y no me parece que hayan sido sensatos al hacerlo. 
Creo que en un futuro tendrán que retomar el asunto, pero la oportunidad la tiene ahora el Consejo. 
Quien provoca el drama, que saque después las castañas del fuego. 
Esta es la oportunidad que les damos, señor Presidente. 
Creo que finalmente podría llegarse a una solución si el Consejo fuera sensato, pero personalmente me niego a sumarme a quienes están dispuestos a ceder una y otra vez. 
La próxima vez tendremos que librar la misma batalla, pues por desgracia el Consejo nunca aprende. 
La Comisión aprende con dificultad. 
El Consejo no aprende nunca. 
Este Parlamento aprende, pero no siempre 
Señor Presidente, más de 10 años después del intento de la Comisión de crear un marco legislativo adecuado que regule el asunto del Estatuto de una Sociedad Cooperativa Europea, el Consejo está mostrando la voluntad política de progresar y zanjar el asunto. 
Sin embargo, incluso si ahora parece haber interpretado correctamente la correspondiente propuesta de reglamento de la Comisión, el fundamento jurídico que ha elegido está creando problemas tremendos. 
En esencia, como han dicho otros diputados, está socavando el papel del Parlamento Europeo al optar por el artículo 308, el procedimiento de simple consulta. Ha seguido la misma táctica que usó durante la adopción del Reglamento y la Directiva correspondientes sobre la Sociedad Anónima Europea. 
Los argumentos expuestos por la Comisión de Asuntos Jurídicos a favor del artículo 95 son correctos, pero también lo es examinar la forma que van a tomar en el futuro las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Esta táctica de opiniones disonantes no puede continuar y la pregunta que se plantea es: ¿por qué el Consejo teme al Parlamento Europeo? 
Sin embargo, no es correcto que el debate se retrase en este momento, o que se posponga la creación de la sociedad cooperativa. 
Por lo tanto, tenemos que usar cualquier medio para fomentar la aprobación del Reglamento y de la Directiva sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, teniendo en cuenta el hecho de que la Sociedad Cooperativa Europea constituirá el complemento necesario de la Sociedad Anónima Europea. 
Con su aprobación, ayudaremos a desarrollar actividades cooperativas transfronterizas en el sector del trabajo social, lo que, según la estrategia general de empleo en Europa, constituirá una importante fuente de empleo. 
Las organizaciones cooperativas adquirirán un instrumento jurídico fuerte que facilitará la fundación y el funcionamiento de sociedades cooperativas en el ámbito transfronterizo. 
Al igual que con la Sociedad Anónima Europea, si queremos ser coherentes, hay que salvaguardar el plazo correspondiente para los trabajadores, así como sus derechos, y hay que fomentar la construcción de una norma social europea, incluso más aún que en el caso de la Sociedad Anónima Europea. 
Desde este punto de vista, quisiera felicitar a los dos ponentes del Grupo Socialista que han acordado proceder conjuntamente y aprobar una estrategia común. 
Para ser preciso, la Directiva ha de tener en cuenta tres puntos planteados en el informe del Sr. De Rossa. 
En primer lugar, el derecho a las negociaciones sobre la participación de los trabajadores no puede limitarse al período en que se está creando una SCE. 
Este derecho tiene que salvaguardarse durante otras fases cruciales en el funcionamiento de la empresa, como las fusiones, las transferencias, etc. Por la misma razón, los términos del procedimiento de participación del trabajador no pueden ser un derecho aislado; tienen que redefinirse si se producen cambios estructurales sustanciales en la Sociedad Cooperativa Europea con nuevas negociaciones. 
Asimismo, se propone acertadamente, al elegir a los representantes de los trabajadores para los órganos de supervisión o administrativos, que se de prioridad a la legislación nacional, como en el caso de la Sociedad Anónima Europea. 
En conclusión: no basta con que cada vez hagamos referencia a nuestra fe en el modelo social europeo. 
Tenemos que examinarnos cada día y demostrar que creemos en él. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Gebhardt, señor De Rossa, hoy este debate sobre la Sociedad Cooperativa Europea se centra un tanto en el fundamento jurídico elegido para reintroducir este informe. El fundamento jurídico ha sido puesto en tela de juicio a lo largo de toda la labor de las comisiones parlamentarias porque se deriva principalmente de la enmienda 1, que se propuso específicamente para el texto del Reglamento. 
Esta situación hace, una vez más, que los diputados se hallen ante una elección imposible: reconocer los derechos de esta Asamblea en materia de codecisión o adoptar un Estatuto que el sector de la economía social espera desde hace 30 años. 
Negándole al Parlamento Europeo la codecisión en la materia, se prorroga el molesto precedente de la sociedad anónima y esta situación podría repetirse cuando abordemos el estatuto de las mutuas o de las asociaciones europeas. 
¿Seguirá ninguneando el Consejo durante mucho tiempo la posición de este Parlamento? 
Respecto a este primer punto, mis colegas han desarrollado ampliamente los motivos para cuestionar el fundamento jurídico y han avanzado argumentos de peso. 
No obstante, al mismo tiempo y a pesar de todo, igual de importante es que llevemos a buen puerto un texto sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa. 
A pesar de que el proyecto que se nos ha presentado suponga un paso atrás en algunos aspectos en relación con el texto de 1993, y aunque no haya tenido lugar un verdadero debate sobre el fondo, no estoy segura de que haga falta correr el riesgo de retrasar la puesta en práctica de un proyecto que ya ha experimentado bastantes altibajos. 
Hay muchos argumentos a favor de adoptar este texto sin dilación. 
Recordaré algunos pocos. 
El proyecto cuenta con el apoyo de los representantes del sector cooperativo en su conjunto, como ya hemos oído. 
El número de cooperativas afectadas en Europa es cualquier cosa menos desdeñable. 
De 200 000 empresas- señora Comisaria, mis cifras son un poco más elevadas que las suyas- del sector cooperativo europeo, con más de 3 millones de empleados, entre el 10 y el 12% operan más allá del área local y sus actividades abarcan todos los sectores de la vida económica. 
Estas cooperativas deben poder extender sus actividades al nivel europeo y hacerlo en un marco jurídico seguro, que garantice su especificidad, tanto en lo relativo a la preeminencia de la persona y el objeto social sobre el capital como en lo tocante a la participación en el interés general y la cohesión social. 
Por último- y creo que este punto es importante- conviene permitir que un sector económico construido sobre bases jurídicas originales, que haya hecho sus pruebas en materia de desarrollo local, pueda desarrollarse, particularmente en los países que viven ahora una transición económica en ocasiones dolorosa a la economía de mercado. 
Este el caso de los futuros miembros de nuestra Unión. 
El reconocimiento de la pluralidad de formas de las sociedades y de la economía social constituyen una de las respuestas a la mundialización liberal contestada hoy en día y un componente del modelo social europeo que queremos defender. 
Creo, señora Comisaria, que compartimos esta preocupación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0119/2003) del Sr. Callanan, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo PE- CONS [3615/2003- C5-0109/2003- 2000/0262 (COD) ]. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en Portugal, y más concretamente en la región del Algarve, a la que aquí represento, las embarcaciones de recreo y las motos acuáticas son una realidad diaria y muy extendida, dada la abundancia de zonas de baño y su actividad turística. 
Con el fin de actualizar la Directiva 94/25/CE, de 16 de junio de 1994, la Comisión Europea decidió analizar la evolución tecnológica de los motores y las más recientes exigencias en materia de protección ambiental. 
Acogemos con agrado la iniciativa original de la Comisión Europea para que las embarcaciones resulten más compatibles con las normas ambientales vigentes, especialmente las que se refieren a: 
las emisiones de escape y partículas que degradan la calidad de las aguas en las zonas de baño; 
así como el ruido de los motores, que perjudica tanto al medio ambiente como al bienestar de las poblaciones y de los veraneantes. 
Por este motivo, he seguido con especial atención los trabajos que dieron lugar al informe que tenemos ante nosotros. 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a nuestro colega, el Sr. Callanan, por la calidad de su informe, sobre el que ya tuve oportunidad de manifestar mi opinión durante la segunda lectura del Parlamento Europeo, en septiembre de 2002. 
Acojo con satisfacción los resultados finales del proceso de conciliación, en el que el Parlamento Europeo supo imponer sus opiniones, así como la aplicación de la tolerancia con respecto a la emisión sonora fijada en 3 decibelios para todo tipo de motores. 
Sin embargo, quiero señalar que defiendo la existencia de un régimen de excepciones para los barcos destinados a la competición y al transporte de pasajeros con fines comerciales, elementos importantes para el desarrollo del turismo, principal actividad de mi región. 
Con respecto a la competición, solo mencionaré, a modo de ejemplo, la celebración anual en el Algarve de una de las pruebas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de Motonáutica, que atrae a esta región a miles de turistas nacionales y extranjeros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no cabe duda de que, en especial recientemente, el turismo en Europa atraviesa una grave crisis, en parte debido a la crisis iraquí. 
Creo que habría que actuar para abordar este problema en el ámbito europeo. 
Esperamos más pasos en esta dirección, pero, por supuesto, el problema básico es la falta de fundamento jurídico en el Tratado. 
Y en ello centraré mi intervención. 
Sé que, de vez en cuando, el Comisario, Sr. Liikanen, hace lo que puede y lo que se le permite sobre la base del marco legislativo actual; sin embargo, hay iniciativas que afectan al sector turístico y que no se ajustan a un único enfoque y, al mismo tiempo, existe el extraño fenómeno de que si bien disponemos de una política para la industria, no disponemos de una política para la parte más importante de la industria o, en todo caso, una parte que cada vez es más importante: el turismo. 
Creo que también es extraño que haya políticas sobre varios asuntos, como la pesca, y con razón, mientras que el sector turístico, que da trabajo a un gran número de trabajadores y cuyo número aumenta año tras año, permanece en el olvido. 
Señora Comisaria, nadie en este Parlamento está hablando de sustituir el papel de los Estados miembros. 
Más bien al contrario. 
Estamos hablando de valor añadido en el ámbito de Bruselas. 
Estamos hablando de actuación coordinada, de imitar lo que está ocurriendo en otros sectores, como en el ejemplo que he mencionado. 
La Convención constitucional constituye una oportunidad importante que no debe desperdiciarse. 
Su respuesta, la respuesta de la Comisión, no la suya personal, porque sé que usted no es responsable del asunto, usted solo representa a la Comisión aquí, no satisface al Parlamento. 
Si observa las posiciones que el Parlamento toma de vez en cuando, su respuesta es bastante neutra. 
Uno espera un compromiso más fuerte por parte de la Comisión para la Convención. 
Hay miembros de la Convención que están abordando la cuestión. 
Nuestro amigo, el Sr. Lamassoure, ha presentado una enmienda para que el turismo se convierta en una responsabilidad adicional de la Unión Europea, y estamos esperando los pasos sustanciales y un compromiso fuerte en esta cuestión particular por parte de la Comisión Europea, porque la Convención no puede y no debe quedarse inexplotada. 
Es una oportunidad de comenzar de nuevo en el ámbito del turismo a escala europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace aproximadamente un año el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el futuro del turismo en Europa, de la que yo fui ponente en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Dicha resolución propone expresamente que el turismo tiene que tener un sólido fundamento jurídico en la futura Constitución europea para que la Comisión pueda responder efectivamente a los diversos problemas que puedan surgir. 
Siendo uno de los sectores de actividad más importantes de Europa, que es el principal destino turístico del mundo, y siendo uno de los sectores con más futuro para la creación de empleo y la generación de riqueza, cuesta comprender la falta de reconocimiento político y de medios de intervención que se observa en los Tratados vigentes. 
Frente a una industria manufacturera con una tendencia cada vez mayor a trasladarse fuera de Europa, el turismo surge como una actividad de múltiples servicios que no puede trasladarse, intensiva en mano de obra, con la que Europa cuenta actualmente y con la que podrá seguir contando en el futuro. 
Sin embargo, ¿deberá esta actividad, por definición transfronteriza, quedar fuera de la capacidad de intervención de las instituciones europeas? 
¿Podrá Europa renunciar a intervenir en uno de los sectores más prometedores para su desarrollo futuro? 
¿Podrá la Unión Europea permanecer inerme para hacer frente y responder a las necesidades de las industrias vinculadas a esta actividad, por la inexistencia de un fundamento jurídico que le permita intervenir eficazmente? 
Esta es la situación a la que nos enfrentamos en este momento. 
En efecto, en el texto de la nueva Constitución presentada por el Presidium no se hace referencia ni una sola vez al turismo. 
Ni siquiera se propone que se mantenga lo que se había conseguido en los Tratados vigentes, que ya se considera insuficiente. 
En el Parlamento Europeo mantenemos nuestra postura de que el turismo se mencione expresamente como un sector de competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, mediante una referencia específica en la primera parte de la Constitución y en la parte relativa a las políticas de la futura Constitución europea. 
Y preguntamos: ¿qué está haciendo la Comisión para conseguirlo? 
Pregunto, así pues, a la Comisión, ¿cuáles son sus propuestas para reforzar el fundamento jurídico del turismo en la futura Constitución europea? 
Señor Presidente, señora Comisaria, me complace como miembro de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, poder hablar nuevamente del turismo. 
Veo tres puntos de interés concretos. 
En primer lugar el impacto ambiental. 
Muchos diputados de esta Cámara provienen de regiones donde el turismo es un importante sector económico y tiene un gran impacto en las personas y el medio ambiente. 
Quisiera por tanto preguntar a la Comisión cómo piensa controlar este impacto del turismo en las personas y en el medio ambiente. 
¿Qué hace la Comisión para la sostenibilidad del turismo en el marco de la Agenda 21? 
También pienso en la importancia del artículo 6 del Tratado, que obliga a la Comisión a integrar la protección del medio ambiente en sus políticas, es decir, también en el sector turístico, con miras a fomentar el desarrollo sostenible. 
Un segundo aspecto es el vínculo con la política regional. 
Sin duda existe un vínculo con el desarrollo regional y el turismo. 
Pero no podemos permitir que se destruyan nuestras bazas, a saber, la naturaleza y el patrimonio cultural. 
En este ámbito es preciso resaltar mucho más los fondos estructurales. 
El tercer vínculo es la política de transportes. 
Por supuesto hay un enorme incremento del transporte de personas. 
No solo ha aumentado el tráfico aéreo, sino también el tráfico por carretera. 
En mi opinión, en este punto es preciso optar por un enfoque específico a favor de un transporte ecológico y seguro. 
El hecho de que desaparezcan los trenes nocturnos internacionales demuestra que no estamos haciendo lo correcto en este ámbito. 
Tampoco existe ninguna normativa europea que permita llevar bicicletas en el tren. 
Espero que la Comisión esté dispuesta a invertir en buenas prácticas, creación de redes y ampliación de conocimientos en torno a la problemática de la movilidad y el turismo. 
Gracias, señor Jarzembowski. 
Parece que la Sra. Schreyer desea responder, así que le doy la palabra. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
(Se levanta la sesión a las 23.06 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a la situación en el Iraq. 
El Consejo ha llegado a Estrasburgo y el Ministro está de camino. 
Propongo a la Cámara que comencemos de todas formas el debate, cambiando el orden habitual para empezar con la declaración de la Comisión, si el Comisario acepta esta propuesta. 
Dada la premura de nuestro orden del día, es importante que intentemos mantener el horario. 
Comisión. (EN) Señor Presidente, empezaré informándoles de mi visita a Bagdad de hace una semana. 
Viajé a esa ciudad con el objetivo general de demostrar nuestro permanente apoyo humanitario y nuestra solidaridad con el pueblo iraquí. 
Me permito recordarles que, desde 1992 y hasta el conflicto actual, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea asignó al Iraq 157 millones de euros de ayuda humanitaria, fundamentalmente para sanidad y saneamiento. 
Este programa complementaba al programa «Petróleo por alimentos» y, de hecho, convirtió a la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea en el mayor donante de ayuda humanitaria a ese país. 
Tras el estallido del conflicto, se asignaron 100 millones de euros en total para necesidades humanitarias, de los cuales ya se han comprometido y se están utilizando 22,5 millones de euros, fundamentalmente para actividades relativas a la sanidad y al agua. 
Quería tener una impresión de primera mano sobre la situación humanitaria en el país a través de conversaciones con nuestros socios- la ONU, la Cruz Roja y ONG, la Oficina de Reconstrucción y Ayuda Humanitaria (ORAH) bajo dirección estadounidense- y los Estados miembros, así como a través de visitas a proyectos. 
A tal fin, me reuní con el Presidente del CICR, Sr. Kellenberger, con el Embajador Ward, que dirige el pilar de ayuda humanitaria de la ORAH, con el Coordinador Humanitario de la ONU, Sr. Lopes da Silva, con un gran número de ONG y con los Estados miembros presentes en Bagdad. 
Visité la estación de bombeo de agua natural Abu Nawas y el gran hospital Al Yarmouk. 
Otro de mis objetivos era evaluar las posibilidades de apertura de una sede de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea en Bagdad. 
Ya se ha encontrado un local y la oficina debería abrir sus puertas para finales de mayo, una vez concluyan los trámites administrativos. 
Hace ya tiempo que hay personal de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea en Bagdad. 
Según mi apreciación, la situación humanitaria en el Iraq no puede calificarse de catástrofe humanitaria. 
Afortunadamente, la incidencia directa de la guerra en el aspecto humanitario ha sido menor de lo que la mayor parte de las agencias humanitarias preveían. 
No se han producido desplazamientos masivos de la población y las víctimas directas del conflicto han sido, por fortuna, mucho menos numerosas de lo previsto en algunos de los cálculos iniciales. 
No obstante, hay necesidades humanitarias muy reales y la situación sigue siendo muy frágil, sobre todo en los principales centros urbanos- hay más de dos o tres ciudades importantes a este respecto- en los que el problema sigue siendo la disponibilidad de agua segura y otras dificultades similares. 
Podría producirse fácilmente un desastre humanitario si las fuerzas de ocupación no consiguen instaurar la ley y el orden y las instituciones no se reactivan y se vuelven a poner al mando. 
La seguridad sigue siendo un problema muy real para las personas que intentan ir o volver al trabajo en el Iraq. 
De acuerdo con las Convenciones de Ginebra, las fuerzas de ocupación están obligadas no solo a restaurar y mantener la ley y el orden en todos los lugares bajo su control, sino también a garantizar que las personas pueden acceder con seguridad a bienes y servicios esenciales, así como a posibilitar que las personas vuelvan a sus puestos de trabajo. 
A pesar de esto, la comunidad internacional como tal tiene la obligación de ayudar a las víctimas de la situación, y la Comisión ha aprobado hasta ahora operaciones de ayuda humanitaria, como ya he mencionado, por importe de 22,5 millones de euros. 
Entre ellas se incluye ayuda de emergencia, suministros de emergencia de medicamentos y equipos médicos, suministro de agua y rehabilitación básica e inmediata de las infraestructuras sanitarias, agua y saneamiento. 
La Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea también ayuda a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) , posibilitando que esta trabaje con eficacia. 
Los otros 77,5 millones de euros de los 100 millones asignados se programarán, y se tomarán decisiones al respecto, según se vayan evaluando e identificando otras necesidades. 
Las prioridades actuales de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea consisten en apoyar la rápida restauración de los servicios sociales, sobre todo de la atención sanitaria, incluyendo la reanudación de las campañas de vacunación, la coordinación eficaz de la ayuda humanitaria, la sensibilización sobre las minas y actividades de desminado. 
También prevé ayuda para el Programa Mundial de Alimentos, con el fin de ayudar a cubrir las deficiencias del programa de distribución de alimentos. 
Espero que esta sea una dificultad transitoria. 
El sistema estaba bien organizado al amparo del programa «Petróleo por alimentos» : Un total de 44 000 establecimientos locales, que funcionaban año tras año, cubrían el 60% de las necesidades alimentarias de la población. 
Se trataba de una operación enorme, en la que las propias autoridades iraquíes se encargaban de las dos zonas del sur del país, mientras que la ONU se encargaba del norte. 
Debemos asegurarnos de que todo funcione, porque confiar en que un milagro de la economía de mercado solucione toda la cuestión de un día para otro nos abocaría a una situación de disturbios y al desastre. 
Todos los que están implicados de una u otra forma en esta situación lo comprenden bastante bien. 
Sin embargo, es una operación complicada. 
En relación con el marco político general, los debates en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad constituyen un paso adelante para conseguir que el debate sobre el futuro del Iraq vuelva a las Naciones Unidas. 
Hacemos una distinción muy clara- por muchas razones- entre la respuesta inmediata a las necesidades humanitarias y todo el debate sobre la reconstrucción. 
Son dos cuestiones muy diferentes. 
Todo lo relacionado con la reconstrucción nos lleva inmediatamente al centro de los debates políticos sobre la estructura y la estructuración del poder en el nuevo Iraq. 
En el caso de la ayuda humanitaria, sin embargo, la respuesta inmediata puede y debe gestionarse como una actividad mucho más centrada. 
Este proyecto de resolución del Consejo de Seguridad ha sido presentado, como todo el mundo sabe, por los Estados Unidos y el Reino Unido para clarificar cómo desean las fuerzas de ocupación que se organicen las cosas. 
El Fondo de Asistencia Iraquí es la piedra angular para llevar a cabo todas las decisiones y la gestión financiera del país y sus recursos. 
De acuerdo con ese proyecto de resolución, las decisiones sobre este Fondo de Asistencia Iraquí y también las decisiones relativas a la concesión de licencias en la industria del petróleo serán tomadas por las fuerzas de ocupación, mientras que se otorga al Iraq y a la ONU un papel consultivo en esas decisiones. 
El proyecto de resolución también daría inmunidad a los que toman esas decisiones, y el resto del dinero- el dinero no gastado del programa «Petróleo por alimentos» -se incluiría también en ese fondo y sería administrado como el resto del mismo. 
Se supone que este sistema duraría 12 meses, pero a partir de ese plazo se prorrogaría sin cambios- sin cambios en ninguna de sus disposiciones- si el Consejo de Seguridad, del que son miembros permanentes las dos potencias ocupantes, no tomara ninguna decisión a tal efecto. 
La participación de la Comisión en la fase de reconstrucción dependerá, por supuesto, del resultado de esas conversaciones en el Consejo de Seguridad, como es evidente. 
En el Consejo de Ministros informal de Rodas, el Consejo invitó a la Comisión a dar algunos pasos concretos para empezar a discernir posibilidades para la participación de la UE en la reconstrucción del Iraq. 
Por lo tanto, hemos incrementado nuestros contactos de trabajo con las organizaciones internacionales relevantes (Banco Mundial, FMI y Naciones Unidas) , con el fin de presentar conjuntamente nuestros análisis sobre la situación en el Iraq. 
La Comisión ha desarrollado una competencia específica en diversos aspectos de la reconstrucción y la rehabilitación en otras situaciones de crisis, como las de Kosovo, Timor Oriental, el Afganistán y Côte d ' Ivoire. 
Sin embargo, en cualquier caso habrá que tomar decisiones concretas sobre la base de un marco político apropiado y una sólida evaluación de las necesidades, así como a través de un proceso participativo con la comunidad internacional y los propios iraquíes. 
Un comentario final sobre la dimensión regional: la Unión está muy bien situada para ofrecer un enfoque regional de la estabilización, que será extraordinariamente importante en el caso del Iraq. 
Nuestras relaciones con la región son ya muy importantes El proceso de Barcelona, el diálogo amplio, los derechos humanos y unas negociaciones políticas y de cooperación continuas con Irán, las negociaciones, aún en curso, sobre un espacio de libre comercio con el Consejo de Cooperación del Golfo, las reuniones ministeriales y nuestros estrechos vínculos políticos con Turquía, todo esto constituye un sólido cimiento sobre el que construir una política comunitaria activa y constructiva después del conflicto iraquí. 
Tenemos que evaluar continuamente la mejor manera de reforzar nuestro diálogo y nuestro papel político en la región. 
Además de hacer una declaración sobre el Iraq como estaba previsto, el Ministro Yiannitsis también hará algunos comentarios sobre los atentados terroristas de la Arabia Saudita. 
Señor Presidente, Señorías, hace dos días tuvo lugar otro ataque terrorista en Riad con un número significativo de víctimas, muertos y heridos. 
Del mismo modo, hace unos días, un ataque terrorista similar en Chechenia provocó un elevado número de víctimas. 
La presencia de la violencia es fuerte en todas partes. 
En mi calidad de Presidente en ejercicio de la Unión Europea, quiero condenar rotundamente estas horribles acciones, expresar mi profundo dolor por las víctimas y sus familias, expresar el deseo de que se encuentren modos de romper esta forma trágica de intervención política y de dispensar justicia, y hacer hincapié en la necesidad urgente de alcanzar condiciones de estabilidad, seguridad y confianza, de imponer la política en contra de la violencia ciega y el fanatismo. 
Permítanme ahora pasar al punto del orden del día relativo al Iraq. 
Hoy nos enfrentamos a una nueva situación en el Iraq. 
Desde el punto de vista militar, las operaciones han concluido en lo esencial. 
Desde el punto de vista político, se plantean una serie de preguntas a las que me referiré en breve. 
Desde el punto de vista práctico, las cuestiones predominantes son la ayuda humanitaria, el mantenimiento de la seguridad y el orden y el restablecimiento de la normalidad en la zona. 
Aunque la situación en general parece mejorar, el ritmo del progreso es lento, y son, sin duda, estas dificultades y problemas considerables los que necesitan soluciones. 
En la actualidad, las fuerzas aliadas son responsables de la consolidación de la seguridad y el suministro de ayuda humanitaria con la presencia de Estados miembros de la Unión Europea; sin embargo, es necesaria la ayuda y el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto para que se produzca una vuelta a la normalidad rápida, eficiente y operativa. 
Sin duda, la primera prioridad es la canalización de la ayuda humanitaria y el pleno restablecimiento del orden y la seguridad. 
Se han reunido importantes sumas en el marco de las Naciones Unidas- unos 1 700 millones de dólares- sin que haya siquiera un cuadro claro del estado de los daños y las necesidades de reconstrucción del país. 
La Comisión Europea y, por lo que he oído, ya que el Comisario Nielson se ha referido naturalmente a esto, ha reservado ya 100 millones de euros, parte de los cuales ya se ha canalizado hacia la zona, y se está realizando una importante contribución en el plano bilateral por parte de los países europeos. 
La Unión Europea tiene planeada una ayuda de 250 millones de euros para el año 2003. 
Yo señalaría que mientras se siga aplicando el régimen de sanciones el programa de las Naciones Unidas de petróleo por alimentos, que se ha prorrogado recientemente hasta el 3 de junio de 2003, sigue vigente. 
Me gustaría añadir que, con el fin de hacer frente a la crisis humanitaria, es especialmente importante la cooperación entre todas las agencias involucradas para salvaguardar el acceso al país, al igual que lo es la acción independiente e imparcial de todas las partes. 
No necesito subrayar que, además del suministro de ayuda humanitaria, es sumamente importante proteger el patrimonio cultural del Iraq de incidentes como los que han tenido lugar recientemente. 
Quiero expresar mi repugnancia por el saqueo y la destrucción de los tesoros arqueológicos, museos y monumentos, y subrayar que nuestro objetivo inmediato debe ser encontrar las valiosas piezas que han desaparecido y devolverlas al país cuando aparezcan. 
Esperamos que la planificación y el trabajo administrativo de las fuerzas militares que ocupan el Iraq ofrezcan resultados tangibles en este terreno en breve plazo, y a este respecto damos la máxima prioridad a la acción coordinada por parte de la comunidad internacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea, basándose en su experiencia anterior en materia de reconstrucción de Estados y zonas- me refiero a Kosovo, el Afganistán y Timor Oriental- puede y debe contribuir de manera eficaz a la reconstrucción del Iraq. 
Su participación activa puede centrarse en numerosos sectores, no solo en la ayuda humanitaria a la que me he referido, sino también en la sustitución de infraestructuras, en el apoyo y el suministro de conocimientos en el proceso de democratización y reestructuración de instituciones, la llamada construcción institucional, en la cooperación en el marco de las organizaciones financieras internacionales con el fin de encontrar una solución a la cuestión de la deuda del Iraq y, sin duda, en la reconstrucción política del país. 
Es precisamente el objetivo conjunto de contribuir a la reconstrucción más general del país lo que supone otro punto de convergencia y una razón para dejar atrás las diferencias que recientemente dividieron a los Estados miembros en la cuestión del Iraq. 
En la Cumbre europea de Atenas de los días 16 y 17 de abril, la Unión Europea confirmó su compromiso de desempeñar un papel importante en esta dirección y pidió al Alto Representante y a la Comisión que examinaran esta cuestión. 
Quisiera señalar que esta cuestión también se discutió durante el Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores que tuvo lugar hace dos semanas en Grecia, y ahora estamos examinando cómo y qué podemos aportar. 
De hecho, quedan abiertas cuestiones importantes, como en particular el modo en que van a controlarse las ganancias del petróleo, el futuro del programa petróleo por alimentos, los contratos firmados por el régimen anterior, la localización de las armas de destrucción masiva, las perspectivas para cuando vuelva UNMOVIC, etc. 
Sin embargo, los principios básicos que presiden nuestra acción para gestionar la situación en el Iraq no han cambiado. Estos son la integridad territorial y la soberanía del país, el papel vital de las Naciones Unidas y el derecho del pueblo iraquí a determinar su futuro. 
Sin duda, es igualmente importante el establecimiento de un gobierno que represente a toda la población y el uso de la riqueza natural del país en su propio beneficio. 
Pensamos que las Naciones Unidas, y especialmente el Consejo de Seguridad, con su infraestructura organizativa e institucional especial y su experiencia política en situaciones similares, han de desempeñar un papel fundamental. 
El nombramiento por parte del Secretario General de las Naciones Unidas de un representante especial para el Iraq es un paso positivo en esta dirección. 
Una transición sin incidentes a una situación democrática y estable también contribuirá a la paz y la estabilidad regional. 
Dentro de este marco, hemos señalado a los países vecinos en repetidas ocasiones la necesidad de demostrar sangre fría y autocontrol, y de contribuir a la reconstrucción del Iraq y hacer frente al problema humanitario, con el objetivo de alcanzar la estabilidad en la región. 
Tanto Turquía como Irán están adoptando un enfoque positivo de la cuestión en general. 
Del mismo modo, hoy también se ha prestado atención a la cuestión de la hoja de ruta para la paz en Oriente Próximo. 
Como se ha dicho numerosas veces, está claro que la promoción del proceso de paz en Oriente Próximo tendrá repercusiones generales muy positivas. 
La reunión del Cuarteto a nivel ministerial el 21 de mayo reviste una importancia particular dentro de este contexto, dado que el establecimiento de perspectivas positivas tiene preferencia, y necesitamos restaurar con urgencia un clima de confianza con el mundo árabe. 
La estabilidad regional y la seguridad también ayudarán sustancialmente a combatir los problemas relacionados con el Iraq, y también facilitará la reintegración del país en la comunidad internacional tras 12 años de sanciones y aislamiento casi total. 
La cuestión del desarme del país debe resolverse definitivamente de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y debe vincularse a la adopción a un nivel regional más amplio de una política global y eficaz de prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a menudo es fácil estar de acuerdo en los principios generales, pero parece que es especialmente difícil llegar a un acuerdo en torno a soluciones y decisiones concretas, especialmente cuando se plantean cuestiones institucionales, de legitimidad internacional, de acuerdos que surgen tras una guerra, de situaciones que han surgido objetivamente y que hay que abordar. 
Naturalmente, esto repercute en la amplitud y el método con que se tratan las cuestiones. 
No obstante, desde el punto de vista de la Presidencia, creo que podemos resumir las prioridades de la siguiente manera: en primer lugar necesitamos desarrollar una política europea pragmática, mundial y cohesionada para el Iraq de la posguerra, teniendo en cuenta los aspectos a largo plazo de la evolución de Oriente Próximo en su conjunto; clarificar cómo nosotros, la Unión Europea, vemos el papel de las Naciones Unidas en el Iraq de la posguerra; ayudar al Iraq a superar los problemas que ha sufrido y establecer condiciones de paz, seguridad, aceptación, dignidad y prosperidad para el pueblo iraquí; aplicar los principios que aceptamos en nuestras decisiones conjuntas en los Consejos recientes; y promover la estabilidad regional y la cooperación apoyando el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Estas prioridades no implican que no nos enfrentemos a problemas y peligros. 
Me voy a referir concretamente a algunos de estos peligros. 
Uno de ellos es que los debates sobre el Iraq pasen de ser diálogos fructíferos que tratan de los problemas principales que afectan al país a ser conflictos secundarios. 
Una segunda cuestión es la dificultad al acordar medidas y decisiones subsiguientes por parte del Consejo de Seguridad. 
Una tercera cuestión se refiere a la evolución de las relaciones trasatlánticas. 
En cuarto lugar, las diferencias entre los Estados europeos, aunque creo que, en las cuestiones de la fase de posguerra, estos fenómenos serán mucho menos agudos. 
En quinto lugar, la incapacidad de determinar el papel que queremos desarrollar en el Iraq, y por último, cualquier obstáculo que pueda llevarnos a la inercia. 
Pienso que hemos de tener en cuenta estos peligros para ocuparnos de ellos de manera eficaz y así llegar a un enfoque y una acción que nos permita tratar la cuestión iraquí y sus repercusiones. 
En última instancia, se trata de la estabilidad, la seguridad, la normalidad y el desarrollo económico no solo del país, sino de una zona más amplia, los que están en tela de juicio o están vinculados a estos desarrollos. 
Toda esta cuestión también está relacionada con la credibilidad de todas las partes involucradas en la crisis iraquí, y, por consiguiente, también de Europa. 
Sin embargo, para concluir, quisiera confirmar que el Consejo, como he mencionado, está haciendo gala de un enfoque constructivo de la formulación de respuestas conjuntas a las cuestiones en torno al Iraq. 
Existe un estrecho contacto entre todas las partes sin excepción, lo cual nos ayuda, por una parte, a prevenir divisiones en contactos entre los Estados miembros y, por otra parte- y estas intenciones son indicativas- a alcanzar acuerdos a pesar de las diferencias, a mantener las líneas abiertas, a dar prioridad a la existencia de puentes y al modo de utilizarlos. 
Esta postura constructiva, que también apareció en nuestras discusiones en Gimnich, en mi opinión, puede infundirnos optimismo acerca de la capacidad de la Unión Europea para desempeñar finalmente un papel positivo y activo en esta fase en el Iraq. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar añadiendo mi voz- la del Grupo socialista- a la expresión de condena de los atentados masivos en Arabia Saudí y en Chechenia, que se une a las condolencias que el Parlamento debe expresar a los familiares de todas las víctimas de esta guerra, especialmente a la población civil, y subrayar que lamentamos profundamente que, durante el conflicto, 14 periodistas hayan muerto, dos hayan desaparecido y que las tropas estadounidenses hayan bombardeado medios de comunicación como Al Yazira y también el hotel Palestina, ocupado por periodistas. 
Después de escuchar al Sr. Poettering, quiero decir, en nombre de mi Grupo, que lamentamos más aún que ustedes no hayan considerado conveniente hacer una resolución, porque podíamos haber encontrado muchos puntos de acuerdo y porque es importante que el Parlamento Europeo exprese su voz. 
Da la impresión de que somos indiferentes ante lo que está pasando y tenemos una responsabilidad compartida con las demás instituciones de la Unión. 
En primer lugar, en relación con las urgencias, quiero saludar la gestión que está haciendo la Comisión- el Sr. Comisario ha estado en Bagdad. 
Se están gestionando los 100 millones de euros, y le pido, por favor, que incluya a las mujeres en las negociaciones de paz y en la ayuda, porque este es un elemento muy importante para conseguir la paz en el Iraq. 
Asimismo, creo que tenemos que apoyar la restauración de servicios básicos. 
Ahora bien, el Comisario ha señalado un punto que me parece importante: no debemos confundir la ayuda humanitaria con la reconstrucción y, sobre todo, no debe haber hipotecas políticas a la ayuda humanitaria. 
En esta línea tiene usted el apoyo del Grupo socialista. 
En cuanto al proceso de reconstrucción y el debate en curso en el Consejo Seguridad, quiero señalar, en primer lugar, que, según el Derecho internacional, nos encontramos en una situación de facto, en la que hay una coalición que actúa como potencia de ocupación en un territorio ocupado. 
De acuerdo con la Convención de Ginebra y los Reglamentos de La Haya, la coalición tiene claras responsabilidades y límites a su autoridad, y eso hay que insertarlo en el marco que existe hoy en día, porque si no, todo depende de las intrigas de poder que hay en Washington. 
Les recuerdo que, en este momento, ya se ha quemado al primer equipo de responsables estadounidenses en el Iraq. 
Vamos a una confusión cada vez mayor y, por lo tanto, es importante reafirmar el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Ahí los europeos tenemos responsabilidades. 
Es cierto que, según los artículos 11, 12 y 13 del Tratado, tenemos la obligación de coordinar nuestras posiciones. 
Pero resulta curioso que seamos capaces de coordinarlas entre europeos y con los demás, en el Cuarteto para Oriente Medio e incluso con la Liga Árabe, y no se aplique el mismo principio en el Consejo de Seguridad. 
Eso no se puede explicar ante la opinión pública y, además, comporta responsabilidades graves europeas. 
Por lo tanto, es muy importante que el acuerdo al que se llegó en Atenas, el 16 de abril, se aplique ahora, pero en el marco de la legalidad internacional. 
¿Para qué? 
Para instaurar un gobierno propio del pueblo iraquí, respetando la integridad territorial y, además, dándole una posibilidad al pueblo iraquí, que, por fin, se ha liberado de una tiranía despótica. 
Estamos viendo cómo aparecen las huellas de la represión política y religiosa y cómo el pueblo iraquí está teniendo posibilidad de expresarse. 
Esa es una cuestión absolutamente importante. 
La supresión del embargo- como se expresa en varias Resoluciones de las Naciones Unidas- tiene que llevarse a cabo bajo la autoridad de las mismas. 
También tienen que volver los inspectores, porque resulta paradójico que, hasta ahora, los únicos que han encontrado algunos rastros y algunas huellas de armas de destrucción han sido los equipos de los Sres. 
Quiero reiterar, en nombre de mi Grupo, que la propiedad del petróleo iraquí y su explotación corresponden al pueblo iraquí. 
El petróleo- lo hemos visto demasiado a menudo- es un regalo envenenado y hay que respetar verdaderamente la utilización y el derecho al acceso a los recursos por parte del pueblo iraquí. 
Para finalizar, señor Presidente, permítame hacer referencia a la situación en Oriente Medio. 
No podemos decir que ha habido que actuar porque han pasado 12 años en los que el régimen de Sadam Husein no había respetado las Resoluciones de la ONU y llevamos 3 décadas esperando a que se cumpla la Resolución 242. 
Hay que apoyar la hoja de ruta, el Sr. Sharon no puede vetar al Alto Representante de Política Exterior de la Unión, Sr. Solana, porque se ha entrevistado con el Presidente Arafat. 
Hay que mostrar buena voluntad y, sobre todo, hay que desmontar la bomba más peligrosa que hay en Oriente Medio. 
Y todo eso nos exige a los europeos encontrar de nuevo la unidad y actuar conjuntamente. 
Señor Presidente, aunque muchos de nosotros nos opusimos a los argumentos en los que se basó la reciente guerra con el Iraq, podemos unirnos a la alegría general por la caída del brutal dictador Sadam Husein. 
El pueblo iraquí podrá reconstruir ahora su país como una democracia libre, en paz con sus vecinos, que utilice sus enormes recursos naturales para mejorar su nivel de vida. 
La cuestión para Europa en estos momentos es cómo unirnos en torno a la reconstrucción del Iraq a fin de superar nuestra anterior división. 
Debemos hacer oír la voz de Europa con la unidad de un coro que canta el mismo himno, y no con la disonancia de una cacofonía desordenada. 
La reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores me permite ser moderadamente optimista. 
Acojo con agrado las propuestas de la Comisión y de la Presidencia griega para orientar nuestras acciones en el Iraq de la posguerra. 
Aunque es posible que todavía no tengamos la capacidad para declarar una guerra en defensa de nuestros valores, tenemos mucha experiencia en la consecución de la paz. 
Mi Grupo está a favor de que la Unión Europea desempeñe un papel activo en la reconstrucción del Iraq, pero para eso necesitamos la legitimidad que solo puede darnos otra resolución de las Naciones Unidas. 
El Presidente Bush nos prometió un papel «vital» para las Naciones Unidas. 
Nuestros Ministros de Asuntos Exteriores han exigido un papel «central» para las Naciones Unidas. 
Sin embargo, el proyecto de resolución de los Estados Unidos, el Reino Unido y España no cumple ni su promesa ni nuestra exigencia. 
No es posible dar un papel vital a las Naciones Unidas simplemente proclamándolo en un considerando de una resolución del Consejo de Seguridad 
Tener un papel vital significa que la reconstrucción del Iraq no sería posible sin las Naciones Unidas; no significa respaldar durante 12 meses la autoridad de las autodeclaradas fuerzas de ocupación, con el derecho a dirigir el desembolso de fondos de los ingresos obtenidos del petróleo iraquí. 
Un papel vital para las Naciones Unidas implica su participación en la creación, tan pronto como sea posible, de un gobierno legítimo y representativo formado por iraquíes, en el levantamiento de las sanciones y en la prestación de ayuda humanitaria urgente. 
¿Por qué no se ha restaurado todavía el suministro de agua corriente y electricidad? 
¿Cuántas personas deben morir antes de que hagamos llegar suministros médicos a los hospitales y retiremos las armas sin explotar? 
¿Dónde está la policía que las Naciones Unidas podría enviar para ayudar a restaurar la ley y el orden? 
Tenemos que dar al pueblo del Iraq una vida mejor o sus sufrimientos se convertirán en rabia contra las fuerzas de ocupación. 
Un papel vital o central para las Naciones Unidas también significa readmitir a Hans Blix y a sus inspectores de armamento para comprobar qué ha ocurrido con las armas de destrucción masiva que siguen sin aparecer. 
Su existencia y la afirmación de que podían utilizarse en el plazo de 45 minutos fueron argumentos esenciales en favor de la guerra. 
Los inspectores de armamento tienen legitimidad y credibilidad internacional para completar el trabajo que se les encargó, en colaboración con las fuerzas estadounidenses y británicas sobre el terreno. 
Los trágicos acontecimientos del lunes por la noche en la Arabia Saudita nos recuerdan la permanente inestabilidad de la región. 
De ahí que mi Grupo acoja con agrado la visita de Colin Powell, que marca la reanudación de la participación de los Estados Unidos en el proceso de paz. 
Si deseamos una paz duradera en la región y que la reconstrucción del Iraq sea un éxito, debemos avanzar simultáneamente en la «hoja de ruta» del Cuarteto para la paz en Israel y Palestina. 
Señor Presidente, la última vez que tomamos posición sobre el Iraq fue antes de la guerra, cuando el Parlamento expresó su pleno apoyo a los inspectores de las Naciones Unidas. 
Entonces, manifestamos que ninguna de las razones argüidas hasta entonces justificaba la guerra y que cualquier nueva medida la debía tomar el Consejo de Seguridad, una vez realizada una evaluación completa de la situación. 
¿No tenemos nada que decir sobre los graves acontecimientos que han tenido lugar desde entonces, y que contradicen por completo este enfoque? 
Todo parece indicar que esta Cámara ha decidido por mayoría no concluir el debate con la adopción de una resolución. 
Esta insignificante decisión sería baladí si no reflejara un defecto mucho más profundo y serio que aqueja a la Unión Europea, a saber, la incapacidad de definir una identidad propia y de defenderla con vigor. 
Esta falta de responsabilidad política ha sido espectacular desde que George Bush comenzó a poner en práctica su nueva doctrina estratégica. 
A aquellos que, al igual que mi Grupo, piensan que es preciso reaccionar, contando sobre todo con lo que el New York Times ha denominado «la otra superpotencia» , es decir, con la opinión pública movilizada contra la guerra, les propongo tres prioridades estrechamente relacionadas: en primer lugar, la movilización contra la aceptación de los hechos consumados en el Iraq. 
La población de este país acaba de desembarazarse de una dictadura para caer en el caos. 
Después de hablar con antiguos opositores a Sadam Husein, puedo decirles que, el pasado 9 de abril, en muchos corazones se entremezclaba la alegría y el sufrimiento, el alivio y la humillación. 
A medida que avanzan los días, se tiende a imponer el sentimiento de exasperación ante toda la sangre derramada, la amplitud de los daños, de los saqueos y del pillaje, la ocupación militar y la presencia del procónsul civil estadounidense. 
Todo esto está agotando por completo su credibilidad, a pesar del móvil declarado de la guerra, a saber, la acumulación de armas de destrucción masiva, sobre la que George Bush, Tony Blair y José María Aznar contaban, naturalmente, con pruebas irrefutables. 
Nuestra segunda prioridad debería ser indisociablemente un compromiso firme a favor de la puesta en marcha efectiva de la hoja de ruta en Oriente Próximo. 
La Unión fue una de sus instigadoras, por lo que no puede quedarse de brazos cruzados ante los continuos intentos del Gobierno de Sharon por torpedear esta pequeña esperanza de paz, un Gobierno que está convencido de que el actual inquilino de la Casa Blanca comprenderá, en todo momento, sus razones. 
Por último, debemos ayudar a todos a evaluar hasta dónde nos va a llevar la locura de la guerra preventiva si Europa no adquiere la voluntad política de hacer todo lo posible por detenerla. 
La lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva es necesaria. 
No obstante, no tiene nada que ver con este peligroso giro imperialista. 
Señor Presidente, reitero hoy por tercera vez la petición de mi Grupo de que se celebre un primer gran debate en profundidad en el Parlamento sobre la nueva doctrina estratégica dada a conocer por George Bush el pasado 20 de septiembre. 
Este cínico elogio de la ley del más fuerte consiste, ni más ni menos, en reducir a la nada todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, un hecho del que da fe, a día de hoy, la propuesta estadounidense de resolución en el Consejo de Seguridad. 
Es hora de que Europa haga sonar la alarma y asuma sus responsabilidades. Esto es lo que esperan de nosotros la mayoría de nuestros ciudadanos, desde Estrasburgo hasta Varsovia. 
Responder a esta expectativa podría ser nuestra hoja de ruta. 
Mi Grupo, en todo caso, está dispuesto. 
Señor Presidente, no hay nada más molesto para un político que tener razón pero que no se la den. 
Lo que es aún más molesto es no tener razón y ver cada vez más claro lo equivocado que estaba. 
Concretamente, todos sabemos que la supuesta existencia de grandes cantidades de armas de destrucción masiva fue la principal razón oficial para iniciar esta guerra. 
Todos recordamos las declaraciones de Toni Blair y Colin Powell en las Naciones Unidas, donde presentaron pruebas seguras de la existencia de estas armas de destrucción masiva. 
Ahora resulta que, después de que cientos de soldados norteamericanos y británicos hayan buscado durante semanas, esas pruebas no existen. 
¿Podría ser esta la razón por la cual las autoridades, léase los norteamericanos y los británicos, se niegan a dar acceso a Hans Blix y al equipo de inspección de la ONU? 
Los inspectores de armas de la ONU son los únicos que pueden demostrar que el Iraq está libre de armas de destrucción masiva, pero también son los únicos que muy probablemente pueden demostrar que Bush y Blair no tenían razón cuando iniciaron esta guerra so pretexto de que había armas de destrucción masiva. 
Esta negativa forma parte de una estrategia más amplia, concretamente la de mantener alejadas a las Naciones Unidas. 
Esto no es justo ni tampoco inteligente. 
Permítanme mencionar dos ejemplos en los que el papel de las Naciones Unidas es crucial. 
El PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha instado, a mi entender con razón, a que se realice cuanto antes una investigación sobre los efectos medioambientales, las consecuencias para el medio ambiente, por ejemplo, del uso de las bombas de racimo y el uranio empobrecido. 
La creación de un tribunal, muy necesario para enjuiciar el pasado criminal, solo es posible con la ayuda de las Naciones Unidas. 
Pero también hemos de ser claros: la Unión Europea solo podrá funcionar a pleno rendimiento- ya se trate de ayuda humanitaria o de la reconstrucción- dentro de un marco que hayan legitimado las Naciones Unidas, y como socio en pie de igualdad con los EE UU, y no como subcontratista. 
Lo que me temo es que Europa, sin este mandato de la ONU, ayude con titubeos e incluso de mala gana a la reconstrucción del Iraq. 
La UE, por sentido del deber, algunos Estados miembros porque quieren evitar un segundo conflicto con los Estados Unidos y porque quieren sacar algún provecho. 
Esta no es la Política Exterior Común que quiere mi Grupo. 
El camino hacia una política exterior común de la Unión Europea pasa por Nueva York, a través de la Naciones Unidas. 
Solo con un mandato de las Naciones Unidas podrá la UE aprovechar sus posibilidades, que no son pocas, para reconstruir el Iraq y devolver el gobierno al pueblo iraquí. 
Esto redunda también en interés de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. 
Quiero por ello hacer un llamamiento al Gobierno británico, al español y también al polaco, y a los colegas de los partidos de Gobierno de estos países para que abandonen la lógica de la guerra que dice que el vencedor se queda con todo. 
El vencedor no se queda con todo, no ha de quererlo ni tampoco debe ser capaz de hacerlo. 
Vean también lo que está sucediendo en estos momentos en el Iraq. Hay un caos en el que un gobernador militar es sustituido por otro, porque los norteamericanos y británicos no saben qué han de hacer exactamente. 
El Iraq no necesita vencedores triunfalistas que no saben lo que han de hacer. 
La guerra la han ganado pocos, la paz solo pueden ganarla muchos. 
Señor Presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento y reconocimiento a la Presidencia griega y al Comisario Nielson por sus muy correctas declaraciones de esta mañana, así como a mis colegas diputados por sus enriquecedoras intervenciones. 
El Gobierno estadounidense ha reconocido su intención de entregar muy pronto la soberanía del Iraq a un Gobierno iraquí representativo. 
Ya se han producido dos reuniones de líderes políticos iraquíes. 
La más reciente, el 25 de abril en Bagdad, terminó con un acuerdo de tratar de crear una administración provisional antes del 3 de junio de 2003. 
Esta administración se dedicará entonces a elaborar una nueva constitución para el pueblo del Iraq y se encargará de otras cuestiones gubernamentales a largo plazo. 
Celebro que se haya presentado un proyecto de resolución en las Naciones Unidas sobre la cuestión de cómo abordar la situación de posguerra en el Iraq. 
Creo que hay una serie de criterios orientativos que deben seguirse cuando se aborde el futuro papel de las Naciones Unidas en el Iraq. 
Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel central en la reconstrucción del Iraq. 
Esta función debe partir del claro entendimiento de que toda participación de las Naciones Unidas no tiene por objeto legitimar el reciente conflicto militar. 
Las Naciones Unidas deben ser un socio en igualdad de condiciones y no ocupar una posición subordinada en la que se limiten a dar su aquiescencia a las decisiones tomadas por la coalición en el Iraq. 
Sería muy injusto para la población civil iraquí permitir que cuestiones de principio eviten una participación eficaz de las Naciones Unidas en la resolución de las necesidades inmediatas. 
Deberíamos recordar los comentarios del Secretario General de las Naciones Unidas cuando afirmó que tenemos que conseguir «una unidad de objetivos en la fase de posguerra en el Iraq». 
El objetivo principal debe ser dejar atrás divisiones pasadas y centrarnos en lo que debe y puede hacerse para ayudar al pueblo iraquí en estos momentos. 
En lo que respecta a la Unión Europea, debemos establecer exactamente su probable futuro papel en el Iraq. 
En la última reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, celebrada en Rodas el pasado 3 de mayo, hubo cierto acuerdo general en que la UE ha de desempeñar un papel más importante tras el conflicto en el Iraq. 
La Comisión Europea ya ha enviado una misión encargada de la evaluación de necesidades al Iraq. 
También se ha acordado que los encargados de negocios pueden volver al Iraq desde los Estados miembros de la Unión. 
Hasta la fecha no se ha llegado a un acuerdo sobre si la Unión Europea debería nombrar a un representante especial para el Iraq. 
Esta última cuestión es un asunto muy importante al que urge prestar atención política. 
La Unión Europea debería participar en la reconstrucción del Iraq, y ello en un contexto en que las Naciones Unidas estén en el centro de ese esfuerzo. 
En ese caso, se facilitarían recursos comunitarios para financiar actividades de reconstrucción clave, como la reconstrucción de la infraestructura social básica, incluida la sanidad, la educación, el agua y los servicios de saneamiento. 
El levantamiento de las sanciones contra el Iraq no puede ser más justo y correcto. 
En la situación actual no sirven para nada, puesto que se concibieron para luchar contra un régimen que ya no existe. 
UNMOVIC y el Organismo Internacional de Energía Atómica deberían volver al Iraq tan pronto sea posible y completar su misión. 
La utilización de los ingresos procedentes del petróleo iraquí también debe desempeñar un papel clave en la reconstrucción efectiva del Iraq, pero cualquier utilización de ese dinero debe llevarse a cabo en beneficio del pueblo iraquí, que debe tener algo que decir en esas decisiones tan pronto y tan plenamente como sea posible. 
Un papel central para las Naciones Unidas daría legitimidad real a cualquier solución provisional que se establezca en el Iraq. También contribuiría a reducir las tensiones políticas en Oriente Próximo y la inestabilidad política que, por desgracia, estamos presenciando en la zona en este momento. 
Señor Presidente, la lección de la guerra del Iraq no es que debamos copiar a los Estados Unidos y diseñar nuestra propia política exterior, con implicación de nuestro propio ejército de superestado y el complejo militar-industrial. 
Si hubiera habido una votación por mayoría cualificada en la cuestión del Iraq, ni la política británica ni la francesa habrían obtenido un apoyo mayoritario. 
La solución no es crear un superestado, sino mantenernos unidos en Europa con el fin de reforzar a las Naciones Unidas. 
Si las Naciones Unidas deciden que se va a desarmar a un dictador, también debe tener poder para aplicar la decisión. 
Las Naciones Unidas deberían tener su propia fuerza de reacción rápida, y la fuerza de reacción rápida de la Unión Europea debería estar a disposición de las Naciones Unidas. 
El derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe estar limitado, para que las Naciones Unidas también puedan actuar, incluso si una pequeña minoría se opone a que lo haga. 
De otra manera, las superpotencias actuarán de forma independiente, creando así justificaciones para cualquiera que sea capaz de actuar por sí mismo mediante agresiones militares y tácticas terroristas. 
A los criminales de guerra hay que perseguirlos y llevarlos ante la Corte Penal Internacional. 
Habría que presionar a todos los países para que acepten la Corte Penal Internacional y el Pacto de las Naciones Unidas. 
La lección es que debemos respetar el Estado de Derecho internacional si no queremos acabar como víctimas de la ley de la selva y del más fuerte y convertirnos en blanco de las nuevas generaciones de terroristas. 
Solo a través del Estado de Derecho podremos acabar efectivamente con el terrorismo y la dictadura. 
Señor Presidente, 172 soldados- 34 británicos y 138 estadounidenses- dieron sus vidas por la libertad del Iraq durante la guerra. 
Desde luego, mis colegas y yo saludamos hoy lo que ellos y todas las fuerzas de la coalición han hecho para que el Iraq pueda ser libre. 
A lo largo de los debates que hemos celebrado sobre la crisis del Iraq, he dejado claro que para nosotros la guerra siempre era el último recurso. 
En mi opinión, si las naciones del mundo se hubieran unido con decisión, podríamos haber acabado con Sadam sin tener que recurrir a la guerra. 
Ahora que el conflicto ha terminado, cobra mayor importancia, como es lógico, la estabilización del Iraq, la construcción de la sociedad civil, la creación de las condiciones necesarias para un Estado democrático que pueda vivir en paz con sus vecinos, y también la restauración de la economía iraquí en beneficio de sus ciudadanos. 
Por supuesto que hay grandes obstáculos que superar. Eso no se discute. 
Sin embargo, no deberíamos tener ninguna duda de que el simple hecho de haber derrocado a Sadam Husein ha hecho posible cualquiera de esas cosas. 
La segunda gran tarea en la que podemos avanzar ahora es la búsqueda de un acuerdo duradero entre Israel y los palestinos. 
La «hoja de ruta» hacia la paz, patrocinada por el Cuarteto, constituye una sólida base para una resolución de esta cuestión, la más complicada en Oriente Próximo: las partes de la región en su conjunto, el proyecto para una paz duradera, un Israel seguro cuyo derecho a existir sea reconocido por el mundo árabe y un Estado palestino que viva en paz y armonía con su vecino Israel. 
Hay mucho trabajo que hacer en ambos proyectos, pero ahora existe la oportunidad de conseguir una paz real y duradera en esta importantísima región del mundo. 
En lo tocante al mundo en su conjunto, la crisis ha suscitado dudas sobre las Naciones Unidas y su capacidad para llevar a cabo sus propósitos declarados. 
La OTAN ha experimentado divisiones internas nunca vistas. 
La Unión Europea ha demostrado que es incapaz de hablar con una sola voz, mientras que algunos Estados miembros han mostrado más interés por constituir un contrapeso a los Estados Unidos que por crear una relación transatlántica sincera basada en valores comunes. 
Es hora de hablar claro. 
Las acciones de la banda de los cuatro en la cumbre de Bruselas del mes pasado demuestran claramente el error estratégico que cometen al intentar quebrar la alianza transatlántica. 
Aunque usen palabras bonitas, esta cumbre se organizó con la intención de fomentar la división entre Europa y los Estados Unidos, y si hemos aprendido algo de los acontecimientos de los últimos meses, es, sin duda alguna, que Europa y los Estados Unidos deben permanecer unidos para luchar contra las amenazas a nuestra seguridad colectiva. 
La creación de nuevas estructuras y nuevos cuarteles generales militares en competencia con los Estados Unidos rompería una alianza que nos ha hecho un gran servicio en Europa. 
Me alegro de que la mayoría de las naciones europeas entiendan esto y hayan tenido el valor de decirlo. 
Por último, si Europa se toma en serio la defensa y la seguridad, necesita proporcionar los recursos financieros. 
No necesitamos estructuras nuevas que nos dividan. 
Lo que necesitamos es mayor capacidad. 
Espero que Europa haya aprendido una lección de esta crisis. 
La OTAN y la alianza transatlántica deben seguir siendo la base de la defensa europea. 
Señor Presidente, hace 12 días estuve en el Iraq. 
Pasé ocho días en el sur estudiando la situación de la salud pública, en mi condición de Enviada Especial de la Organización Mundial de la Salud. 
Escuché a las personas. Me reuní con 50 líderes tribales y más de 20 000 árabes de las marismas, y visité e inspeccioné ampliamente hospitales y centros de atención primaria de Basora, Al-Amara y otras ciudades menores y pueblos. 
Reabrí la oficina de la Organización Mundial de la Salud y establecí un centro sanitario que ahora realiza 15 000 consultas médicas al mes. 
La gente está saboreando su libertad. 
Su alegría solo queda mitigada por la permanencia del amargo legado de Sadam. 
Sus vidas estaban perversamente reguladas hasta el último detalle. 
Sadam copió su control total de Stalin, a quien emuló. 
Cualquier compra por parte de una familia iraquí normal, aunque fuera de una pastilla de jabón, estaba dirigida y controlada políticamente. 
Cuando se le sentenciaba a la amputación de una oreja, el prisionero tenía que buscar y pagar al cirujano que debía llevar a cabo la mutilación. 
Cuanto más dinero pudiera ofrecer el prisionero, más oreja permitía el cirujano que quedara intacta. 
Un comercio con carne humana, un cruel regateo con Sadam Husein: porque Sadam controlaba todos los movimientos del pueblo iraquí desde la cuna bañada en lágrimas hasta la tumba inquieta y temprana. 
Estos sistemas permanecen intactos y siguen ahogando al pueblo iraquí. 
Todavía es pronto. 
Las fuerzas de la coalición están haciendo un buen trabajo, sobre todo en el sur y en la prestación de servicios de sanidad pública al pueblo del Iraq. 
Las Naciones Unidas- sobre todo la Organización Mundial de la Salud- participan ahora plenamente y hacen uso de competencia con excelentes resultados. 
Sin embargo, las Naciones Unidas no pueden hacer más en una situación política tan compleja y difícil. 
Se necesita paciencia, así como la seguridad permanente proporcionada por las fuerzas de la coalición, para dar al pueblo iraquí el tiempo y el espacio que necesita para deshacer la maligna red que Sadam tejió tan hábilmente alrededor de ellos. 
Lo que hay que hacer ahora es ayudar a las personas a disfrutar de su libertad y a conseguir que esta arraigue constitucional y políticamente para las futuras generaciones. 
Señor Presidente, no podemos eludir nuestras responsabilidades. 
La guerra contra el Iraq, construida sobre la mentira de la existencia de armas de destrucción masiva, la militarización de los Estados Unidos y la doctrina de la guerra preventiva e indefinida, ponen en peligro a toda la humanidad y nos obligan a vivir en el temor de actos terroristas criminales y en el dolor que se deriva de ellos. 
No debemos silenciar- esta es nuestra responsabilidad- que la política imperialista de los Estados Unidos destruye no solo vida, tierra, historia y cultura, sino todo el equilibrio de las relaciones entre los hombres, el Pacto de las Naciones Unidas y las normas internacionales. 
No podemos pasar página y fingir que no ha sucedido nada. 
Debemos construir y reconstruir nuestras relaciones con los Estados Unidos, con los países del mundo, dentro del respeto de los derechos humanos y civiles, persiguiendo la justicia, rechazando el empleo de un doble rasero, como en el caso de la ocupación israelí de Palestina. 
Sadam Husein se ha esfumado en el vacío y yo, junto con los iraquíes, no puedo sino alegrarme, pero la situación es inestable y las fuerzas de ocupación deben ser sustituidas por un Gobierno iraquí en el que figuren mujeres y que esté coordinado por las Naciones Unidas. 
La Unión Europea debe hacer lo que le corresponde, promover la reconstrucción y las ayudas económicas, el restablecimiento de la democracia y el uso iraquí de los recursos. 
Francia, Alemania, Bélgica, el Papa y las masas de pacifistas han dado credibilidad en esa parte del mundo a la Unión Europea y a Europa. 
Sigamos recorriendo, pues, un camino que contemple, justamente, el respeto de los derechos, y no el abuso y la ocupación. 
Señor Presidente, un día después del terrible atentado de Riad y del regreso triunfal del ayatolá Al Akim al Iraq, no hay más remedio que reconocer que la manera de abordar la cuestión iraquí por parte de la coalición angloamericana ha enturbiado notablemente las perspectivas. 
Tras el 11 de septiembre se lanzó una guerra implacable contra el terrorismo islámico por parte de una coalición compuesta por casi toda la comunidad internacional. 
Una cooperación estrecha, sobre todo entre los Estados Unidos y los países de Europa, donde se preparó el atentado del 11 de septiembre, comenzó a dar sus frutos asestando duros golpes a la red de Al-Qaeda. 
Los Estados Unidos han sustituido esta estrategia clara y prácticamente incontestada oposición por un proyecto mucho más arriesgado que retoma la vieja teoría del dominó, popular en el mundo comunista de los años setenta, y la aplica a la exportación del modelo democrático al ámbito árabe y musulmán, a partir de un nuevo Iraq democratizado por los Estados Unidos. 
Por lo que se refiere a la democracia, por el momento prosperan sobre todo, en medio de la anarquía que ha sucedido a la dictadura, los llamamientos a la implantación de la ley islámica en el Iraq. 
Si se prolonga la ocupación, unida al mantenimiento de una situación general de inseguridad, nos enfrentaremos a un doble riesgo. 
En primer lugar, la ocupación militar duradera de un país que alberga los lugares santos del chiísmo, reavivaría sustancialmente el terrorismo islámico, y en el ámbito local, el restablecimiento del orden pasaría indefectiblemente por las mezquitas chiítas. 
Por tanto, es muy peligroso prolongar la situación actual. 
Podría comprometer la importante reanudación de una estrategia global firme para combatir a las multinacionales del terrorismo islámico. El triple atentado suicida en Riad demuestra que está tan presente como siempre a pesar de la acción militar en el Iraq. 
Para volver a unir a la comunidad internacional en torno a la prioridad de la lucha contra una forma de terrorismo que nos amenaza a todos, lo que urge no es decidir a quién castigar y a quién recompensar, sino no dejar que se deteriore la situación en el Iraq y tratar de que el régimen de ocupación militar dé paso, a la mayor brevedad posible, a un nuevo Gobierno iraquí que obtenga su legitimidad del reconocimiento otorgado por la comunidad internacional. 
Señor Presidente, tengo que decir que estoy sorprendido de lo poco que se ha dicho en este debate sobre el hecho de que un pueblo ha sido liberado, de que la libertad reina ahora donde antes lo hacía el terror y de que los clérigos chiítas pueden volver al Iraq en un ambiente de tolerancia religiosa cuando antes eran asesinados. 
En los últimos días hemos visto un recordatorio del carácter del régimen de Sadam, con el descubrimiento de otra fosa común. 
Se ha debatido demasiado sobre el reparto de culpas por lo que ha ocurrido en el pasado y demasiado poco sobre el futuro. 
Garantizar que el Iraq sea gobernado por los iraquíes y para los iraquíes debería ser una prioridad absoluta. 
Los deseos y las necesidades del pueblo iraquí deberían ser primordiales. 
Por eso acojo con agrado el proyecto de Resolución de las Naciones Unidas, que aborda las necesidades inmediatas del pueblo iraquí. 
Levanta las sanciones; ¿cuántas personas han solicitado en esta Cámara ese levantamiento en los últimos años? 
Prevé un proceso político para devolver el país a los iraquíes con la participación de un coordinador especial de la ONU. 
Establece un proceso para liquidar el programa «petróleo por alimentos» , garantizando al mismo tiempo que el petróleo solo pueda venderse en beneficio del pueblo iraquí, y crea un nuevo fondo para la reconstrucción y las necesidades humanitarias del Iraq, en el que participarían el FMI y el Banco Mundial. 
Por supuesto, hay muchos problemas que solucionar. 
No podemos realizar la reconstrucción mediante la imposición, como si fuera una campaña militar. 
No podemos imponer sistemas y procedimientos soñados en Washington y esperar que funcionen. 
Tenemos que utilizar un enfoque de abajo arriba, que cuente ante todo con la participación del pueblo iraquí. 
Para que eso pueda ocurrir, es preciso dar prioridad absoluta a la seguridad, a una policía eficaz y al Estado de derecho. 
Me preocupa que los soldados estadounidenses, a diferencia de los británicos, no están equipados para la acción policial y, por lo tanto, nuestra prioridad debería ser enviar policías al norte del Iraq. 
Ya se ha establecido en gran parte la seguridad en el sur del Iraq. 
Por último, otra cosa que me preocupa es que no se ha discutido debidamente sobre la reestructuración de la deuda en el Iraq, ni siquiera sobre a quién pertenece la deuda. 
Mientras no resolvamos esas cuestiones no habrá una solución a largo plazo para el Iraq. 
Señor Presidente, después de todas las desgracias sufridas, el pueblo iraquí liberado es ahora víctima de la pregunta de quién tiene derecho a ayudarle. 
¿Ha de dejarse la reconstrucción en manos de los norteamericanos con un pequeño papel secundario para la ONU o se convertirá la reconstrucción en una empresa realmente internacional? 
Por supuesto, Bush y Blair no están dispuestos a dar un papel protagonista a los miembros de la coalición contra la guerra y dejar que se beneficien de lucrativos contratos de reconstrucción. 
Pero solo la ONU puede poner fin a las sanciones y sobre todo abrir la puerta a una contribución internacional sustanciosa y juzgar con autoridad si el nuevo gobierno iraquí es realmente representativo. 
Es sumamente importante que los ingresos del petróleo redunden en beneficio del pueblo iraquí y no acaben en los bolsillos de los amigos tejanos del presidente. 
El Comisario Nielson parece compartir mi temor al respecto. 
¿Podría explicar su afirmación de que Norteamérica va camino de convertirse en un miembro de la OPEP? 
La Unión Europea puede y debe ofrecer una contribución humanitaria, que de hecho es muy importante: una atención especial para las mujeres y niños, pero también para la reconstrucción de un Estado de derecho democrático. 
Si seguimos discutiendo en torno al papel de la UE y la ONU, al final solo habrá una víctima: el pueblo iraquí. 
Señor Presidente, el presidente de nuestro grupo ya ha comentado lo que yo quería decir. 
Quisiera señalar: primero, repugnancia y condena por lo ocurrido ayer en Arabia Saudita- sí, pero no olvidemos que el Comisario Patten clausuró su discurso cuando la guerra empezaba diciendo que la situación y la evolución del Iraq exacerbaría el problema del terrorismo -, y ahora cosechamos el fruto de los actos de los Estados Unidos y Gran Bretaña, y de esta postura tácita de parte de la Unión Europea. 
En segundo lugar, me da pena el Parlamento Europeo. 
Estamos viviendo uno de los tiempos más oscuros del Parlamento Europeo. 
¿Qué vamos a decir a nuestros ciudadanos en las elecciones europeas del año que viene? 
¿Qué hicimos durante la guerra? 
No aprobamos ninguna decisión, ninguna resolución. 
¿Qué hicimos después de la guerra? 
Cuando tenemos cólera, cuando tenemos docenas de muertos, cuando tenemos el saqueo del museo de Bagdag, cuando tenemos el saqueo de las instalaciones nucleares, no aprobamos una decisión, no aprobamos una resolución, porque los que apoyan la guerra no quieren que el Parlamento Europeo apruebe una resolución y se ponga al frente de la opinión pública europea. 
En tercer lugar, un toque de atención al Presidente en ejercicio: ¡no son fuerzas aliadas, señor Presidente en ejercicio, no son fuerzas aliadas! 
Son fuerzas de ocupación. 
Así es como deberíamos llamarlas, porque la Unión Europea no debería apoyar los hechos consumados. 
Como ya han dicho muchos, la justificación de la invasión y ocupación del Iraq era la existencia de armas de destrucción masiva, pero como todos sabemos, se trataba más bien de un cambio de régimen. 
Como ha dicho el Sr. Sakellariou, en el Derecho internacional no hay ninguna justificación para la invasión y ocupación de un país para cambiar su régimen. 
Esto sienta un precedente muy peligroso. 
Sin embargo, volviendo a las armas de destrucción masiva, no se ha encontrado ninguna. 
Eso está claro. 
Esa era la justificación, a pesar de lo que algunas personas decían todo el tiempo sobre la situación. 
Es esencial que los inspectores de armamento vuelvan al Iraq, que se permita volver a Hans Blix. 
Dejémosles verificar si había o no armas de destrucción masiva. 
Como todos sabemos, eso es muy improbable. También significa que los Estados Unidos, el Reino Unido y los demás que les han apoyado están llevando una política basada en disparar primero y preguntar después, es decir, creemos o sospechamos que los iraquíes tienen armas de destrucción masiva, por lo tanto entramos, disparamos y matamos a la gente y luego averiguamos que no había justificación alguna para esa acción. 
En mi opinión, esto es un crimen de guerra. 
No creo que hubiera ninguna justificación para lo que ha ocurrido en el Iraq Es esencial que se permita volver a los inspectores de armamento. 
En relación con la propuesta mencionada por varios oradores, el proyecto de resolución de las Naciones Unidas respaldada por el Reino Unido, los Estados Unidos y España, pondría la administración del Iraq, incluidas las decisiones sobre sus reservas de petróleo, en manos de los invasores y las fuerzas de ocupación. 
Esto es un descarado colonialismo en versión moderna y no deberíamos permitirlo. 
En lo que respecta al Iraq, era uno de los países de la región con un sistema educativo más avanzado, con educación para todos, niños y niñas por igual. 
Ese sistema educativo ha quedado ahora totalmente diezmado. 
Algunas personas han mencionado hoy los derechos de las mujeres en el Iraq. 
Una de las formas de garantizar la liberación de las mujeres y de que estas tengan derechos y los conozcan pasa por un sistema educativo adecuado. 
¿Qué va a pasar con el sistema educativo en el Iraq y cómo se va a restaurar? 
FR) Así que, Señor Presidente, señoras y señores representantes de los Estados miembros, los que se opusieron a la guerra tenían razón. 
La desestabilización, la agresión y la invasión del Iraq causadas por la alianza angloamericana- la única alianza, por cierto, que en este momento se mantiene en pie -, no tenían como objetivo principal derrocar al régimen socialista del partido Baas, sino más bien eliminar armas de destrucción masiva fantasmas. 
Sencillamente, el objetivo que se persigue es acabar por completo con el Iraq para satisfacer los designios ideológicos e industriales de la pequeña banda de iluminados con cartera que gobierna en Washington. 
A estos individuos les da igual la paz en Oriente Próximo o el pueblo iraquí, al que sumen deliberadamente- repito, deliberadamente- en la anarquía, en medio de una violencia y un sufrimiento indescriptibles. Juegan con los pueblos como se juega a las damas, y este es el comportamiento típico de los imperios, en particular de este imperio estadounidense. 
Europa ha permitido su creación por cobardía, erradicando sus únicas raíces, sus naciones, y sobre todo Francia, que es el único país que tiene una política internacional independiente, y no porque Europa sea vieja, sino simplemente porque, privada de sus savias nacionales, se halla políticamente muerta. 
Por tanto, no es más que hipocresía seguir hablando hoy de esta reconstrucción irrisoria del Iraq, cuando de lo que se trata realmente es de la destrucción del Iraq, que continuará hasta que no quede piedra sobre piedra, con la salvedad, por supuesto, de las torres de perforación. 
La cuestión no es saber cómo reconstruir, sino hasta qué punto vamos a destruir el Iraq, a humillar a los pueblos árabes y a causar su cólera para complacer a los ideólogos que desean provocar, a toda costa, una guerra generalizada entre las civilizaciones, que será una guerra contra las civilizaciones, empezando por lo que quede de la nuestra. 
Señor Presidente, la situación iraquí plantea hoy el difícil problema de definir cómo se legitimará y guiará, una vez finalizada la guerra, el proceso de transición hacia lo que todos deseamos, es decir, un régimen libre y democrático, basado en el pluralismo político, religioso y étnico. 
El proyecto de resolución presentado el viernes por los Estados Unidos en la ONU reserva un papel marginal al Consejo de Seguridad, regula de forma rígida y apriorística la explotación del petróleo y, por último, deja sin definir los plazos de la administración angloamericana, que por tanto parecen previsiblemente largos. 
Por último, se dice que la administración ad interim estará dirigida por las potencias de ocupación, de acuerdo con el pueblo iraquí y con un coordinador de la ONU. 
Se trata de una fórmula un tanto genérica, que parece reducir el papel de la ONU sobre todo a la coordinación de la ayuda humanitaria, o poco más. 
De Europa llega una petición concreta de una participación mucho mayor en este futuro inmediato. 
Dado que, desde el punto de vista geopolítico, la Unión Europea es la realidad más próxima, sería realmente absurdo que permaneciese ajena a un proceso tan importante para el futuro de la región. 
Además, no puede valorarse positivamente la estrategia de los norteamericanos de crear un nexo con los diálogos con Irán, encaminados a conjurar el peligro de un papel desestabilizador de la fuerte presencia chiíta. 
Esta realidad etnorreligiosa debe sopesarse con enorme atención, pero hoy Europa no puede permanecer inerte ante los terroríficos escenarios que abre la reanudación de la estrategia del terror por parte de Al Qaeda. 
La estabilización de Iraq, con intervenciones que garanticen la paz religiosa entre los distintos componentes étnicos, es necesaria en una región como la del Golfo, donde la mafia del terrorismo islámico es tan desesperadamente fuerte y ha penetrado tan profundamente. 
En efecto, este ataque, que se hace eco del de Chechenia, pone de nuevo plenamente de actualidad el desafío internacional del fanatismo islámico respecto de Occidente. 
Europa, más allá de sus divergencias con los Estados Unidos con respecto al Iraq, debe asumir todas sus responsabilidades para hacer frente a la organización del terrorismo, que, como está ampliamente demostrado, encuentra refugio también en los Estados miembros de la Unión Europea, en muchas mezquitas y centros islámicos a menudo financiados por Arabia Saudita. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, antes que nada acojo con agrado este debate sobre el Iraq. 
Es una señal de que los europeos asumen su responsabilidad con respecto al Irak tras la guerra y miran adelante. 
Por ello considero que es bueno que no hayamos adoptado una Resolución sobre el Iraq de posguerra, ya que ello nos habría metido en un debate sobre la culpabilidad y expiación de la UE, nuestras posturas contradictorias hacia los Estados Unidos y los diferentes papeles que prevemos para las Naciones Unidos. 
Nadie saldría beneficiado de ese debate, y menos los iraquíes. 
Sin embargo, en este punto quisiera decir que apoyamos un papel central para las Naciones Unidas, por una sencilla razón: si se administra un país extranjero, se necesita la legitimidad del Derecho internacional. 
Por ello, el administrador en jefe del Iraq debería contar con un mandato de las Naciones Unidas. 
En el caso del programa «Petróleo por alimentos» habría que garantizar que estos recursos beneficien a los iraquíes. 
Las sanciones, todas las sanciones económicas y financieras impuestas a Iraq en 1990, deberían levantarse inmediatamente. 
Tras la caída del régimen de Sadam Husein no existe ya motivo alguno para mantenerlas. 
Considero que el debate sobre lo que debe entenderse por un papel central de las Naciones Unidas en la reconstrucción del Iraq resulta relativamente artificial. 
En un país en el que aún no existe orden público, en el que las estructuras básicas para el funcionamiento de la administración todavía están por crear, en el que el régimen ha dejado un legado espantoso de necesidad y violencia y en el que faltan las cosas más elementales, es esencial centrarse en la ayuda humanitaria y su coordinación. 
La Unión Europea debería participar en mayor medida también en este aspecto y desde aquí apoyo el programa de ECHO, que ya está en marcha. 
En todo caso debería evitarse la impresión de que, mientras los Estados miembros de la UE aún deliberan, únicamente los Estados Unidos actúan, es decir, que la Unión Europea debería dedicarse prioritariamente a clarificar su relación con los Estados Unidos, una vez que haya pasado el revuelo de la guerra del Iraq. 
En breve recibiremos aquí al Presidente de Polonia, señor Kwasniewski, que representa a un Estado que actuó al lado de los Estados Unidos en el Iraq y que, a pesar de ello, nos explicará que está interesado en una política exterior y de seguridad común. 
Antes de poner en duda las convicciones europeístas de estos países, -y las de algunos Estados miembros de la UE -, deberíamos considerar que todos aquellos que intervinieron militarmente en la coalición con los Estados Unidos constituyen posibles puentes hacia Washington. 
Al igual que en el Cuarteto en Oriente Próximo, el papel de la UE solo puede resultar creíble en cooperación y no en oposición a los Estados Unidos. 
Señor Presidente, no mantengo una relación especialmente amistosa con el Gobierno Bush, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar y agradecer a los estadounidenses y a la coalición la acción militar llevada a cabo en el Iraq. 
Fue rápida y eficaz y consiguió su propósito de derrocar a un régimen cruel. 
Las terribles consecuencias para todo Oriente Próximo pronosticadas por algunos en esta Cámara no se han producido. 
Tras dar las gracias a los estadounidenses, ha llegado el momento de decirles que no esperamos que se queden en el Iraq ni una hora más de lo estrictamente necesario. 
Estoy seguro de que comparten esa opinión y espero que las Naciones Unidas desempeñen el papel principal en el Iraq de posguerra. 
También la Unión Europea debe tener una función en el Iraq durante los próximos meses: apoyar el desarrollo democrático con el fin de estabilizar toda la región. 
Podemos aprovechar las experiencias de la labor de la Unión en Afganistán y espero ver una Europa unida respaldando este nuevo y gran reto en el Iraq, empezando por el levantamiento de las sanciones. 
Señor Presidente, en el minuto que tengo quisiera subrayar brevemente lo siguiente: es una desgracia que hoy no vaya a haber una resolución, obviamente porque la mayoría no quiere que se condene la agresión ilegal no provocada, cometida por los Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Eso ha quedado claro en la mayoría de los discursos de hoy. 
Ni el Comisario ni la Presidencia han tenido palabras, al tiempo que condenaban el ataque terrorista de Riad, ni siquiera de desaprobación para el ataque criminal, terrorista y depredador de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. 
¡Es una desgracia! 
Por el contrario, incluso hoy querían en esencia legalizar el crimen reconociendo sin vergüenza la responsabilidad de las fuerzas de ocupación sobre el mantenimiento del orden y la reconstrucción, esperando sin duda que la Unión Europea consiga un trozo del pastel. 
¡Es una desgracia! 
Ni uno ni otro se han alzado contra la postura de los Estados Unidos acerca de un golpe preventivo, dejando vía libre para que se repita el crimen. 
Dicho sea de paso, todos se pusieron de acuerdo en Praga, incluida la Unión Europea, en torno al golpe preventivo. 
Una vez más, es una desgracia, señor Presidente. 
Nos corresponde a nosotros condenar rotundamente el crimen. 
Exigir la retirada inmediata de las fuerzas de ocupación del Iraq y exigir que los invasores paguen el coste de la reparación del daño que han causado. 
Que los invasores y sus asociados iraquíes sean condenados como criminales de guerra. 
Las Naciones Unidas deben decidir incluso en esta fase postrera sobre sanciones severas contra los invasores y deben supervisar el pago de la compensación. 
Y finalmente, que el pueblo iraquí quede libre para tomar las riendas de su destino sin conquistadores. 
Por consiguiente, el pueblo iraquí debe organizar y desarrollar su resistencia nacional. 
Solo la derrota de los conquistadores traerá paz y orden. 
Les debemos nuestra solidaridad. 
Señor Presidente, lamento que este debate no dé paso a una resolución, porque es urgente que el Parlamento envíe una señal política a la opinión pública acerca de esta grave crisis internacional desatada por la diplomacia belicista de los Estados Unidos. 
Esta ha demostrado de manera caricaturesca que casi toda la comunidad internacional tenía razón sobre el verdadero motivo de esta agresión unilateral, como ya señalaron mis colegas del Grupo Verts/ALE. 
Estas medidas, sin embargo, no pueden reducirse a una mera condena verbal. Ante esta potencia hegemónica mundial, la credibilidad, e incluso el futuro, de las Naciones Unidas ha recibido un golpe peligroso y no podemos permanecer indiferentes ante ello. 
Además, nuestro proyecto comunitario ha sufrido daños colaterales en su ambición política, en su voluntad de aunar las voces europeas y en su espíritu de consenso y de legitimidad internacional. 
Un pueblo formado por 24 millones de personas ha sido abandonado a su triste suerte, y ni siquiera está garantizado su aprovisionamiento diario. 
La situación es grave, muy grave, y es preciso que Europa actúe de inmediato. 
No podemos contentarnos con convertirnos en una agencia de reconstrucción, a pesar de que esta labor es absolutamente necesaria y urgente. 
Condenar un posible vuelco histórico del orden internacional se sale de la simple fórmula periodística. 
La amenaza es muy real, y parece que olvidamos esto en esta Cámara. 
Por tanto, corresponde a este Parlamento ampliado y a los observadores de los nuevos Estados miembros convencerse de que la Unión Europea debe proponer una alternativa más madura y a más largo plazo frente al cálculo oportunista y mercenario estadounidense. 
Nos corresponde analizar, por ejemplo, las posturas legalistas, como las de Francia, Alemania o Bélgica, para fundamentar una posición común y unida. 
Por último, Señorías, es necesario volver a otorgar un papel primordial a las Naciones Unidas en las negociaciones internacionales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, he optado por centrar mi intervención de hoy en las conclusiones que debe extraer la Unión del estado de impotencia en que se ha visto sumida durante toda la crisis iraquí, una impotencia que, con razón, ustedes mismos han lamentado. 
El pasado 10 de abril, con una mayoría de tres cuartos de los votos, nuestro Parlamento aprobó una resolución sobre la nueva arquitectura europea de seguridad y de defensa, deseable al término de esta guerra. 
No sorprende en absoluto este amplio consenso, ya que sabemos que los últimos sondeos del Eurobarómetro revelan que el 71% de los ciudadanos de la Unión Europea se declaran, en la actualidad, a favor de que se elabore una política común en este ámbito. 
No sorprende tampoco al advertir que esta petición nos llega también de fuera de las fronteras de la Unión, de muchos que están deseosos de que la Unión Europea desempeñe el papel que le corresponde en la gestión de los asuntos de una comunidad internacional cuyo destino no puede seguir en manos del Presidente de los Estados Unidos de América. 
Es preciso señalar que esta Europa anhelada no existe todavía, y que no existirá mientras no se lleven a cabo las reformas institucionales indispensables para su funcionamiento. 
Este es el objetivo de las propuestas del Parlamento, pero somos perfectamente conscientes de los límites de sus repercusiones. 
Sabemos bien que es a la Convención a la que le corresponderá, en última instancia, proponer su posible aprobación. 
Si las tres cuartas partes de los eurodiputados optaron el mes pasado, en un escrutinio nominal, por posiciones tan claras y, en algunos casos, tan arriesgadas con respecto a esta cuestión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es porque comprendieron, gracias a la crisis iraquí, la necesidad de apoyar sin reservas a los colegas que forman parte, en la actualidad, de los grupos de trabajo sobre defensa, presidido por el Comisario Barnier, y sobre política exterior, presidido por el Sr. Dehaene. 
Reforzados por las lecciones extraídas de la crisis iraquí e indignados por la confusión que ha reinado en el seno de la Unión, todos aquellos que siguen siendo partidarios de la constitución de la casa común confían en que la Europa de 25 del día de mañana ocupe, en la escena internacional, el lugar que todos esperamos de ella, algo de lo que ha sido incapaz, hasta el momento, con 15 Estados miembros. 
El objetivo primordial es conseguir que Europa hable, por fin, con una sola voz. 
Si la Convención lo logra, se deberá a que habrá sabido sacar las conclusiones adecuadas de las divisiones recientes, que al igual que usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, estoy convencido de que son más aparentes que reales. 
. (DE) Señor Presidente, me alegro sobremanera de que Sadam Husein y su régimen hayan caído, pero esta alegría no me impide considerar que esta guerra fue un error. 
Fue contraria al Derecho internacional y había una alternativa, y me sorprende que sean tan pocos los diputados que recuerdan que en mayo de 2002 acordamos una vía alternativa. 
Parece que muchos de nosotros tenemos una memoria muy corta. 
Sin embargo, miremos al futuro: la conciencia del mundo, y esto incluye la conciencia y los puntos de vista del Papa polaco, ha sido calmada con promesas de que las Naciones Unidas se involucrarían después de la guerra y que entonces la comunidad internacional recuperaría su papel. 
Si vemos la propuesta presentada al Consejo de Seguridad, nos damos cuenta de que este texto es una farsa y la Ministra británica Claire Short tenía toda la razón de dimitir. 
Permítanme seguir dirigiendo la mirada hacia el futuro, en concreto al proceso de paz en Oriente Próximo. 
También en este contexto se decía que la guerra del Iraq permitiría poner en marcha un proceso de paz. Ahora bien, la cuestión todavía no está decidida. 
Pero, ¿como se encuentra actualmente está cuestión? 
La parte palestina ha dado un paso importante, gracias a Dios, bajo la presión de los Estados Unidos, pero sobre todo de Europa, y se ha nombrado por primera vez un nuevo Primer Ministro, Abu Mazen. 
Deseamos apoyarle con todas nuestras fuerzas a fin de que pueda hacer lo que ha prometido y lo que, en mi opinión, realmente quiere hacer, es decir, luchar contra la violencia y el terrorismo. 
Sin embargo, la reacción de la parte israelí o, mejor dicho, del Gobierno israelí del Sr. Sharon, no es muy positiva. 
Si Sharon se niega a recibir a Solana, toda la Unión Europea debería protestar. 
Pues al igual que Sharon no habla en nombre de todo Israel, gracias a Dios, desgraciadamente Abu Mazen no habla actualmente en nombre de toda Palestina. 
Arafat también es una fuerza en Palestina, que debemos ganar para este proceso de paz, y por ello las conversaciones con él son convenientes y necesarias. 
No obstante, he de decir que he escuchado poca cosa de aquellos que antes de la guerra afirmaban que tras la guerra nos encontraríamos en el «frente de paz» para llevarla a buen fin. 
A este respecto pienso, por ejemplo, en el Presidente del Gobierno español, Aznar. 
Me complace decir que el Sr. Papandreu, por otro lado, se muestra muy activo. 
Escucho muchas cosas de Solana, y me gustaría que todos los miembros de esta Cámara y de esta Europa al menos se dedicaran a hacer avanzar el proceso de paz entre Israel y Palestina y a aplicar la hoja de ruta, a pesar de sus grandes deficiencias. 
Pues ya no hay excusa alguna ni la menor justificación para esta guerra, si ni siquiera logramos poner en pie este proceso de paz. 
Quizás no todos sepan que el pequeño país del que provengo está entre los países que han ofrecido a los Estados Unidos un apoyo incondicional. 
En este debate tan surrealista, también quisiera llamar la atención sobre una contribución muy sobresaliente por parte de mi paisano y diputado europeo, el Sr. Andreasen, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que está estrechamente asociado con el Primer Ministro danés. Normalmente habla en danés, lo cual es una buena idea. 
Sin embargo, como acto simbólico pronunció su discurso en inglés, y eso sin duda refleja muy bien su estrecha relación con el Primer Ministro danés, que pertenece al mismo partido político que él y es un colega cercano suyo. 
El Primer Ministro danés pasó cinco días en Washington, y la prensa- la prensa internacional danesa, que mis colegas diputados probablemente no conozcan- describió cómo, en la sesión final, mientras el Primer Ministro rendía tributo al Presidente Bush por su honrosa conducta, se oían los compases de la Marcha Nupcial de Mendelsohn. También quiero subrayar- porque puede que mis colegas diputados no sean conscientes de ello- que el Sr. Andreasen, que prestó al Primer Ministro su apoyo incondicional, no se queda corto en materia de ironía. 
La retórica en la que se basa el apoyo del Gobierno danés a los Estados Unidos es tan absurda que solo una persona sumamente irónica podría exponerla de manera tan brillante como lo hizo mi colega diputado, entendiéndose que lo que es tan surrealista de este debate es que la Unión Europea carece de una política exterior común y que, en cualquier caso, este Parlamento no ejercería influencia alguna sobre dicha política. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Comisario Nielson y al Sr. Yiannitsis, de la Presidencia griega, por sus contribuciones. 
El Comisario Nielson merece un reconocimiento especial por su visita a Bagdad para asegurarse de que la actividad humanitaria de la Unión Europea se estaba llevando a cabo de manera rápida. 
En el debate de hoy aquí, estoy de acuerdo con el Sr. Titley en que tendemos a ignorar el hecho de que la población del Iraq en realidad ha sido liberada de un tirano. 
La baronesa Nicholson, que acaba de volver del Iraq, ha transmitido la alegría que sienten grandes sectores de la población por haber sido liberados tras décadas de terror. 
Yo me encontraba entre los que se oponían a la guerra, pero no puedo dejar de mostrar una profunda satisfacción por el hecho de que un pueblo que ha vivido bajo la opresión durante tanto tiempo tenga ahora la oportunidad de construir su propio futuro. 
Todo depende, sin duda, de cómo se organice la reconstrucción. 
Los Estados Unidos entraron en el Iraq con argumentos relativos a la supuesta posesión de armas de destrucción masiva y relaciones con Al Qaeda. 
Se subrayó en numerosas ocasiones que los intereses económicos no tenían nada que ver. 
Sin embargo, ahora aparece una organización para la reconstrucción que está totalmente bajo control estadounidense. 
El Gobierno Bush ya ha distribuido contratos multimillonarios a compañías norteamericanas para la reconstrucción del Iraq. 
Puesto que he trabajado para las Naciones Unidas, soy muy consciente de que las licitaciones de este tipo suelen pasar por las Naciones Unidas o el Banco Mundial, y eso es lo que por supuesto debería ocurrir también en este caso. 
De otra manera, no hay garantías frente a la arbitrariedad en la propia licitación y en la manera en que se utilizan los ingresos del petróleo iraquí. 
Solo un mandato de las Naciones Unidas puede legitimar la reconstrucción del Iraq. 
Eso debería ser, desde luego, bastante obvio, sobre todo para nosotros los europeos. 
La base sobre la que tenemos derecho a establecer acuerdos se ha creado precisamente con el fin de asegurar la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones entre nuestros Estados. 
Sé que es especialmente difícil definir el papel de la Unión Europea en la reconstrucción hasta que las decisiones de las Naciones Unidas hayan aclarado las cuestiones. 
Sin duda, las dificultades también tienen que ver con la división entre los Estados miembros antes y durante la guerra. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Poettering, que hay más cosas que unen a nuestros Estados miembros de las que los dividen. 
Por esta razón, me decepciona que la Unión Europea no haya podido unirse en torno a un plan activo para hacer el mejor uso posible de nuestra experiencia especial en materia de reconstrucción. 
He leído en la prensa escandinava que Estados miembros como Dinamarca se preparan a título individual para contribuir a la reconstrucción a largo plazo. 
Eso es, naturalmente, encomiable, pero lo que sería más significativo es que la Unión Europea, bajo el liderazgo de la Comisión, estableciera ese plan. 
El tiempo no me va a permitir definir en este momento las tareas que nos incumben, pero sin duda estamos hablando sobre todo de esfuerzos en el ámbito jurídico y en el de la educación, la asistencia médica, la sanidad, etc. Por lo tanto, quiero pedir tanto a la Presidencia como a la Comisión que elaboren inmediatamente una propuesta de este tipo para que la Unión Europea pueda recobrar una parte de su reputación y, sobre todo, desempeñar el papel central en la política internacional y en esta región que la situación exige. 
Señor Presidente, la victoria militar, muy previsible, de las fuerzas angloamericanas en el Iraq ha dado lugar, entre algunos, a una especie de oportunismo de circunstancias. Hagamos borrón y cuenta nueva de las disputas pasadas y construyamos, bajo la sabia dirección de los Estados Unidos, un Iraq democrático. 
Esta postura, aunque es defendible desde el punto de vista del Derecho, no es la adecuada para lograr que la política exterior europea reanude su actividad con buen pie. 
Corriendo un tupido velo sobre las causas de la operación militar unilateral o sobre la manera en que se preparó y se decidió, no recogeremos los platos rotos ni restableceremos la unidad europea sobre la base de un proyecto de futuro. 
En primer lugar, será necesario aclarar una mentira que yo calificaría como la mentira del siglo, a saber, que el Iraq poseía armas de destrucción masiva que podían amenazar la seguridad mundial. 
No se ha encontrado ninguna arma prohibida. 
Cada día se hace más evidente que los pueblos del mundo, así como las Naciones Unidas, han sufrido el engaño de quienes deseaban, desde hace tiempo y a cualquier precio, inventar un pretexto para la guerra. 
Será preciso también denunciar una segunda mentira, que consistió en hacer creer que las Naciones Unidas habían fracasado y que, por consiguiente, la reconstrucción del Iraq y su petróleo- para algunos, el botín de guerra- debían ir a parar a manos de los vencedores. 
Las Naciones Unidas no fracasaron. 
La echaron a un lado, sin piedad, quienes no consiguieron obtener la mayoría cualificada necesaria en el Consejo de Seguridad. 
Se violó la legalidad internacional, y ahora existe una posibilidad de restablecerla. 
Se trata de que la Unión Europea devuelva íntegramente a las Naciones Unidas sus prerrogativas en la gestión de crisis. 
Esto me lleva a instar al Consejo y a la Comisión a que rechacen las reivindicaciones estadounidenses y se mantengan firmes en su voluntad de confiar a la ONU, y solo a ella, una función rectora en el Iraq de la posguerra. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, Señorías, por muy extraño que pueda parecer, no creo que tenga sentido aprovecharse y derrochar los 3 minutos que tengo a mi disposición para hacerles sufrir repitiendo todo lo que ya se ha dicho hasta la saciedad en esta Cámara sobre la tragedia del Iraq en los últimos meses. 
Por esta razón también me limitaré a una cuestión que, en mi opinión, ha de plantear ahora de modo prioritario el Parlamento Europeo, el órgano electo representativo de los pueblos de Europa, ante los que tenemos que responder de nuestros juicios y decisiones y que están interesados y en última instancia tienen derecho al menos a una respuesta acerca de los pretextos que los líderes de la coalición de guerra utilizaron principalmente para justificar sus acciones y persuadir o engañar a la opinión pública internacional, en particular a la europea. 
En otras palabras, ¿cuál ha sido el resultado concreto del ataque contra el Iraq y la victoria militar arrolladora sobre el régimen de Sadam Husein en lo que respecta a la localización y neutralización de las armas de destrucción masiva iraquíes prohibidas, el establecimiento de un Gobierno iraquí democrático y representativo y la eliminación del terrorismo internacional, y en especial de Al Qaeda? 
Señor Presidente, el interesante debate de hoy nos permite observar ciertas cosas interesantes. 
El primer elemento interesante- para mí, un elemento positivo- es la revisión de las opiniones expresadas por el presidente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, el Sr. Poettering. 
El segundo elemento interesante es que algunas personas han creado un clima favorable a que demos las gracias al Sr. Rumsfeld, que ha derrocado a Sadam, su viejo amigo, porque parece una mera revisión de opiniones. 
El tercer elemento es el esfuerzo y las posturas a favor de proteger el patrimonio cultural del Iraq; esto también es positivo, y espero que dentro de unos años no haya gente que sostenga que las piezas robadas están en varios museos, igual que los mármoles de la Acrópolis están en el Museo Británico, y que estas antigüedades o monumentos culturales están mejor protegidos que lo que estaban en los países de donde provienen. 
En cualquier caso, hoy nos enfrentamos a premisas políticas. 
El único organismo que puede resolver el problema y restaurar las relaciones internacionales cuando haya que restaurarlas es la Organización de las Naciones Unidas. 
Así que, en estas circunstancias, la Unión Europea y sus miembros que lo son también del Consejo de Seguridad deben trabajar en este sentido, y el hecho de que la nueva resolución que se está discutiendo haya sido presentada conjuntamente por algunos miembros de la Unión Europea y miembros del Consejo de Seguridad no es un factor positivo. 
Espero que la experiencia y los problemas nos inspiren pensamientos más positivos y conduzcan a los líderes de Europa hacia perspectivas más positivas. 
No obstante, tiene que haber ciertos principios. 
¿Cuáles son? 
Si echamos un vistazo a la historia de los últimos años, Oriente Próximo, la región circundante, ha estado totalmente atormentada por varios regímenes, uno después del otro, en una era malhadada, una era colonial. 
Si ciertas potencias siguen tratando de responder a la zona con variantes similares, ya sean sultanes o maharajaes o emires o primeros ministros marionetas, Europa no debe permitirlo. 
Los 25 hemos venido aquí con un entendimiento de la democracia, la libertad y los derechos. 
No hemos venido con la intención de reproducir las premisas del siglo XIX con nuevas formas y nuevos compromisos. 
Señor Presidente, el éxito de la operación norteamericana en el Iraq y la rapidez con se que alcanzó el objetivo de liberar al país de la dictadura de Sadam Husein con un número relativamente bajo de víctimas, destacan lo que muchos pensaban, a saber, que la guerra ha sido la parte menos difícil de esta operación. 
El atentado de Riad- que a algunos, incluso en esta Cámara, suscita una perversa y mal disimulada satisfacción, porque se sienten autorizados a decir: «ya sabíamos nosotros que no serviría de nada atacar al Iraq» -confirma que la verdadera guerra contra el terrorismo no ha hecho más que empezar. 
Ahora se inicia la fase de reconstrucción del país, destruido y saqueado, y del restablecimiento de las alianzas comprometidas por la guerra. 
La Unión Europea debe demostrar, con la ayuda de los diez países que acabamos de acoger entre nosotros, que es capaz de estar verdaderamente unida. 
Desde luego, es apasionante saber que por las calles de Bagdad, hoy, después de esta guerra que algunos todavía insisten en considerar inútil, se venden libremente folletos, libros y diarios que, con Sadam Husein- como en otros lugares bajo el comunismo- podían implicar cárcel y tortura. 
Dentro de poco oiremos en esta Asamblea al Presidente de Polonia, Sr. Kwasniewski. 
Pertenece a una coalición que no me es políticamente próxima, pero demostró ser un líder valiente al hacer que su país apoyara la intervención en el Iraq, lo que le valió las críticas de aquellos jefes de Estado y de Gobierno que se equivocaron de política y ahora tienen dificultades para admitir su error. 
En su encuentro de la semana pasada con Chirac y Schröder, el Presidente Kwasniewski pidió que no se obligara a Polonia a elegir entre Europa y los Estados Unidos: es posible ser amigos de los dos. 
Intentemos serlo también nosotros en este Parlamento. 
- (EN) Señor Presidente, no podemos sino lamentar que el Parlamento no haya podido elaborar una resolución para el debate de hoy. 
Es evidente, si nos atenemos al debate de hoy, que podríamos haber elaborado una resolución sobre todo un abanico de asuntos en los que estamos de acuerdo. 
Por supuesto, habríamos tenido que dejar a un lado buena parte de la autojustificación a la que todos tendemos. 
Me opongo a la guerra y sigo oponiéndome a su resultado y al rumbo que sigue el Iraq en estos momentos. 
Sin embargo, debemos intentar reconstruir la confianza en un orden mundial basado en el derecho, cosa que no podemos hacer intentando justificar nuestras actitudes ante la guerra. 
Tenemos que hacerlo, en primer lugar, intentando construir la unidad en la Unión Europea. 
Tenemos que encontrar un término medio entre los que creen que es necesario un mundo unipolar y los que creen que es necesario un mundo multipolar. 
No hay forma de salir del embrollo. 
La Unión Europea debe abordar esta cuestión. 
Podría marcar el rumbo tratando de conseguirlo y espero que, cuando se reúnan la semana que viene, los líderes de nuestros Grupos intenten establecer algún mecanismo que permita al Parlamento abordar esta cuestión. 
No podemos pedir seriamente a la gente que nos apoye en las elecciones europeas del año que viene y al mismo tiempo hacer como que no tenemos nada que hacer ni nada que decir sobre el lugar hacia el que se encamina el mundo. 
Esto es sumamente importante. 
Estamos hablando de guerra y paz. 
La vida sigue valiendo muy poco en Oriente Próximo y durante mucho tiempo seguiremos haciendo recuento de los costes de la guerra reciente. 
Tenemos que esforzarnos por resolver el problema de nuestras distintas visiones del mundo. 
Tenemos que hacer frente a los Estados Unidos y convencerles de que un orden mundial basado en el derecho es mucho mejor que una pax americana. 
Es esencial, en su beneficio y en el nuestro propio, que lo hagamos muy pronto. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera unirme al resto de los diputados y condenar la terrible atrocidad terrorista de Riad y expresar mi solidaridad con quienes han perdido a sus seres queridos y con los heridos. 
Ahora que la guerra en el Iraq ha terminado, lo que más importa es la reconstrucción. 
Además de la reconstrucción física y política del Iraq, también tenemos que reconstruir las relaciones dentro de la propia UE y nuestra credibilidad en el campo de la política exterior y de seguridad común, hemos de reparar los daños infligidos a las Naciones Unidas y, por último, no lo olvidemos, debemos reconstruir la relación transatlántica. 
La actitud de los Estados Unidos durante la posguerra será la clave para saber si podremos o no conseguir alguno de esos objetivos o todos ellos. 
Yo valoro la relación transatlántica. 
Tanto la UE como los Estados Unidos resultarían beneficiados si se reparara la actual brecha en nuestra relación. 
Sin embargo, hay que decir que debe ser una verdadera asociación entre iguales y no simplemente una relación en la que el papel de la UE sea el de socio menor y en la que se espere que apoyemos automáticamente la política exterior estadounidense sin rechistar, acusándonos, si nos mostramos en desacuerdo con algún aspecto de la misma, de ser desleales y antiamericanos. 
Lo que ha sido totalmente inaceptable ha sido la histeria antifrancesa, sobre todo la atribuida al establishment del Gobierno de Washington. 
Si se desea restaurar efectivamente la relación transatlántica, debe haber un cambio de actitud de la actual administración estadounidense. 
Dar a las Naciones Unidas el papel principal en el Iraq de posguerra, como han solicitado los líderes de la UE, sería la demostración más evidente por parte de los Estados Unidos de que valoran la relación transatlántica y de que desean sinceramente reconstruirla. 
No deberíamos olvidar que las Naciones Unidas desempeñaron una función similar en Timor Oriental en 1999. 
Esta experiencia debería aprovecharse ahora en beneficio del pueblo iraquí. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, antes de la guerra, durante la guerra y, hoy, después de la guerra en el Iraq, el Parlamento analiza escrupulosamente la situación y expresa sus opiniones. 
Se trata de posturas divergentes, pero así están las cosas: la Unión Europea se halla dividida. 
No apoyo las guerras que se deciden unilateralmente. Creo que hay que reforzar el papel de las organizaciones internacionales, en particular el de las Naciones Unidas, no solo a la hora de aprobar el uso de la fuerza, sino también al supervisar la reconstrucción. 
Reafirmar los principios está bien, pero no es suficiente. 
La reconstrucción después de la destrucción es un deber, incluso para aquellos que no tuvieron nada que ver con dicha destrucción. 
No obstante, tampoco es suficiente. 
Debemos, además, hacer todo lo posible por comprender las razones por las que se ha llegado a esta fractura en Europa, así como entre los europeos y los estadounidenses. 
Debemos esforzarnos al máximo por reparar nuestra unión, no solo alrededor de una mesa, sino en nuestras cabezas. 
Esto significa que debemos trabajar sin descanso para alcanzar una misma visión del mundo o, al menos, visiones convergentes sobre grandes cuestiones como las relaciones transatlánticas, el papel y las reformas de las organizaciones internacionales, la función del Derecho y de la fuerza, etc. Son asuntos complicados, e incluso, a veces, son un tabú. 
No obstante, este esfuerzo de comprensión mutua y de clarificación de ideas, procurando, siempre que sea posible, llegar a una postura común, constituye una gran obligación para nosotros después de las disputas que hemos vivido. 
Es absolutamente necesario reconstruir el Iraq y salvar vidas humanas. 
Pero también tenemos que reconstruir, o más bien construir, una visión común del mundo y nuestras responsabilidades en el mundo. 
La Presidencia griega se ha esforzado por comenzar esta labor, pero es preciso ir muchísimo más lejos. 
Señor Presidente, tenemos que reconocer que la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos pasa por el peor momento de su historia. 
Creo que durante los próximos meses tendremos la obligación en este Parlamento, junto con el Consejo y la Comisión, de reconstruir esa relación. 
Cuando reconocemos la gran necesidad de reconstruir el Iraq, también debemos reconocer la enorme necesidad de reconstruir la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Tenemos que afrontar la verdad: nos hemos alejado. 
Cada uno de nosotros se ha centrado en distintas prioridades y, de muchas maneras, hemos dejado de entender las preocupaciones del otro. 
Tras los atentados de las Torres Gemelas aquel terrible día de 2001, los Estados Unidos se han concentrado en el terrorismo: de dónde iba a proceder el próximo ataque, la seguridad interna. 
En Europa seguimos adelante para introducir el euro y concentrarnos en la ampliación. 
Hasta cierto punto, hemos perdido de vista lo que hemos estado intentando hacer. 
Ambos nos hemos limitado a lanzarnos insultos de un lado a otro del Atlántico. 
Ahora es el momento de que cada uno de nosotros, a ambos lados del charco, demos un paso atrás y permitamos que se calmen las cosas. 
Tenemos que empezar a reconstruir esa relación. 
Tenemos un vínculo común demasiado grande. 
No debemos permitir que los recientes acontecimientos sigan produciéndose o fermenten o nos destruyan. 
Es cierto que esto llevará su tiempo y, sin duda, será complicado. 
Siempre habrá desacuerdos entre nosotros y los Estados Unidos. 
Esperemos que en el futuro esos desacuerdos solo se produzcan en la OMC, en torno al acero o el comercio. 
Esos son desacuerdos naturales, que podemos tener. 
Pero iniciemos una relación renovada, mejorada y más profunda que no se desmorone como la anterior. 
Señor Presidente, unos breves comentarios finales sobre el debate de esta mañana en el Parlamento. 
Tenemos que ocuparnos de tres cuestiones que están estrechamente relacionadas entre sí. 
La cuestión principal, en mi opinión, es lo que estamos haciendo en el Iraq de manera inmediata, lo que estamos haciendo en el Iraq en relación con los problemas que han surgido, con la miseria, con las personas, con la necesidad de restablecer la normalidad, de combatir los fenómenos que atormentan a la población. 
Creo que, en este momento del debate, esto es mucho más importante que debatir las divisiones internas y una serie de cuestiones distintas que sin duda son importantes, pero que no son tan urgentes como la situación en el Iraq. 
Creo que la Unión Europea, a juzgar por las apariencias, tiene respuestas para esto. 
Tiene tanto respuestas prácticas- ayuda humanitaria, apoyo a las cuestiones culturales, apoyo y presión para encontrar un proceso de paz en Oriente Próximo- como respuestas políticas a una serie de cuestiones que no voy a repetir, porque es importante que la Unión Europea se haya manifestado, que haya apoyado estos principios, haya hecho los esfuerzos que ha hecho durante todos estos meses para que se oyera una postura diferente sobre varias de estas cuestiones. 
El segundo punto, sin duda, es lo que pasa con el sistema internacional, con el papel de las Naciones Unidas, a dónde nos ha llevado esta guerra en el Iraq en términos de armas de destrucción masiva. 
En este terreno existen lagunas importantes que exigen respuestas. 
De hecho, en mi opinión, la Unión Europea tiene una postura en este terreno y ustedes aquí, hoy, han planteado una serie de cuestiones, y es importante que se planteen y se contesten. 
El tercer punto, la cuestión más importante que resulta de toda esta crisis es la necesidad de una política exterior común, una política común de seguridad y defensa. 
Creo que, dentro de todos estos procedimientos, ha surgido un nuevo ímpetu en la Unión Europea, del que tenemos que aprender lecciones y ver lo que podemos hacer. 
Sin embargo, quisiera concluir comentando que muchos de los que hablan de la necesidad de una política exterior común o una política común de seguridad o defensa consideran que lo que debe emerger de la necesidad de estos procesos son decisiones o posturas que correspondan totalmente a su credo y a sus posturas. 
Este es precisamente el problema que tenemos al desarrollar una política exterior común. 
Esta política solo prosperará, se convertirá en una realidad cuando nos demos cuenta de que necesitamos negociar compromisos entre nosotros, entender las posturas desarrolladas por todos nosotros y encontrar los elementos que pueden unirnos, que pueden hacer de denominador común, y no los elementos en los que tenemos diferencias. 
Además, fue este enfoque el que nos permitió, creo, dar ciertos pasos en esta dirección durante los dos o tres últimos meses, pasos que fueron acogidos con satisfacción tanto por la opinión pública como por sus Señorías, el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, mi primer comentario en respuesta a este debate es que me satisface ver, y estoy de acuerdo con la forma en que lo ha expresado el Sr. De Rossa, que hay un amplio acuerdo en el Parlamento sobre la mayor parte de los elementos importantes de la situación. 
Este debate en el Parlamento ha demostrado que el Parlamento Europeo es una fuente de ideas constructivas en la UE y se puede extraer mucha inspiración de lo que se ha dicho aquí esta mañana. 
Y necesitamos una buena dosis de inspiración. 
Mi segundo comentario lo dirijo específicamente al Sr. Titley, que ha sacado el tema de la deuda iraquí. 
Este es un factor esencial para despejar el terreno y poder seguir avanzando. 
El éxito depende de que nos centremos en la cuestión de la gestión y aclaración de la deuda del Iraq. 
Para ello es necesario un intermediario de buena fe. 
No es concebible que la potencia ocupante sea considerada nunca como tal. 
Este es un buen ejemplo, en relación con un aspecto muy práctico y crucial, de la necesidad de que las Naciones Unidas desempeñen exactamente esa función de intermediario de buena fe. 
Tenemos que pedir a todos los acreedores que presenten sus reivindicaciones. 
Podemos utilizar al FMI y al Banco Mundial como tesorero de esta operación y a las Naciones Unidas como el intermediario de buena fe. 
Cualquier otra opción no funcionará, sino que creará suspicacias. 
Al Sr. Andreasen, que expresó una gran esperanza de que las Naciones Unidas desempeñen un papel real, me gustaría decirle que dedique los minutos necesarios a leer el proyecto de resolución que se ha presentado en el Consejo de Seguridad. 
Hecho esto, le ruego que hable con su Primer Ministro. 
Eso es lo que hay que hacer para convertir esa esperanza en algo que se parezca un poco a un diálogo político. 
En lo que respecta a la cuestión general del papel de la Comisión y la reconstrucción, no basta con que los Estados miembros digan que desean que la Comisión haga algo en este terreno. 
Si no organizamos debidamente las condiciones políticas básicas, a la Comisión le resultará difícil desempeñar un papel significativo y eficaz. 
La realidad es que seguimos en una fase en la que primero deben abordarse las cuestiones políticas básicas reales. 
Por último, muchos diputados han apuntado correctamente que el gran problema es la capacidad para acordar una posición en Europa. 
Estoy de acuerdo en que una votación por mayoría cualificada es mejor que la unanimidad descalificada. 
La gente dirá que eso no es una garantía de que Europa vaya a mantener una posición única. 
Es cierto, pero Europa tendrá una posición y esa posición tendrá autoridad. 
Es cierto que puede haber desacuerdos después de una votación, pero Europa tendrá una posición. 
La dinámica de que todos en la Unión sepan que, tras un debate, puede acordarse una posición, es un instrumento muy pedagógico, que disciplinará la política en lo que respecta a cómo se debaten las cosas. 
Hay una enorme diferencia entre una mayoría cualificada y la unanimidad descalificada. 
Señor Presidente, he formulado una pregunta al Comisario Nielson y me gustaría obtener una respuesta. 
Le he preguntado al Comisario Nielson que explicara su afirmación de que los norteamericanos van camino de convertirse en un miembro de la OPEP. 
Me gustaría saber qué tiene que decir al respecto. 
Espero que le pueda dar la oportunidad de contestarme. 
No voy a reiniciar el debate. 
El Comisario puede responder si lo desea. 
Señor Presidente, parecería raro que no contestara. 
Esta es mi manera de condensar el análisis, en términos lingüísticos, con el fin de expresar la preocupación de que, si la resolución presentada ante el Consejo de Seguridad no concede a las Naciones Unidas un papel real y se aprueba, las fuerzas de ocupación serán de facto las que tomarán decisiones sobre el petróleo del Iraq. 
Eso es evidente y no añade nada sustancial a este debate. 
El levantamiento de todas las sanciones normalizaría también la situación del Iraq como gran productor y exportador de petróleo. Era miembro de la OPEP. 
Al expresarlo de esa forma, intentaba aclarar el debate. 
Creo que, en cierta medida, he llamado la atención sobre la realidad de quién detentará el poder si no se da a las Naciones Unidas un papel dotado de autoridad. 
El debate queda cerrado. 
DECLARACIONES POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
- (FR) Los países que trataron de impedir la intervención militar en el Iraq fracasaron por completo: hicieron esta intervención aún más inevitable, al alentar indirectamente a Sadam Husein; se autoexcluyeron de la reconstrucción del país y, lo que es peor, se corre el riesgo de que aparten de ella a las Naciones Unidas, a las que ahora se acusa de parálisis crónica y de parcialidad. 
En efecto, es cierto que el período que se abre ahora en el Iraq va a ser sumamente peligroso, casi tanto como la propia guerra, pero de otra manera, y por eso, será necesario que administre el país una autoridad muy operativa que sea capaz de tomar decisiones firmes y rápidas. 
Teniendo en cuenta la experiencia del período previo a la intervención, es difícil imaginar que las Naciones Unidas puedan cumplir este cometido. 
No obstante, las Naciones Unidas, aun sin encarnar «una conciencia universal por encima de los Estados» , como pretende Dominique de Villepin (¿en virtud de qué? ), representa a un amplio espectro de países que pueden ser útiles para la estabilización del Iraq. 
Por tanto, las Naciones Unidas- y con ellas, la Unión Europea- deberían utilizar su influencia con el fin de colaborar con las fuerzas de la coalición para restablecer el orden en el país, instaurar sin demora un Gobierno creíble y aportar ayuda humanitaria destinada a la alimentación, el agua, la electricidad y los hospitales, elementos de los que los iraquíes tienen mucha necesidad. 
. 
(PT) La guerra ilegal, injusta e ilegítima contra el Iraq dirigida por los ejércitos angloamericanos, con el lanzamiento de miles de bombas de alto poder destructivo, incluidas bombas de racimo, la muerte de miles de personas, la destrucción de grandes zonas residenciales, mercados, hospitales, escuelas y otros establecimientos públicos, a la que siguió el saqueo y pillaje del patrimonio histórico y cultural del pueblo iraquí y de la humanidad, exige que la administración Bush y sus aliados tengan que rendir cuentas por su actos. 
No se puede admitir que se pretendan blanquear las ilegalidades y crímenes llevados a cabo, intentando legitimar, a posteriori, la agresión y la ocupación. 
Lamentamos que la Unión Europea no haya condenado de forma clara y vehemente esta agresión al Iraq e insistimos en la retirada inmediata de las fuerzas de ocupación. 
La soberanía del pueblo iraquí y la integridad territorial de su país deben ser respetadas. 
La solidaridad con el pueblo iraquí, el pueblo palestino y todos los pueblos en guerra exige que se intensifique la lucha por la paz, por el desarme, por la abolición de las armas nucleares y de las armas de destrucción masiva, por el desmantelamiento de las bases militares en territorio extranjero, por la disolución de la OTAN y contra el militarismo, por el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, por la salvaguarda de la soberanía de los pueblos y de su derecho a decidir su propio destino. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0127/2003) del Sr. De Rossa, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el proyecto de Directiva del Consejo por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (9924/2002- C5-0494/2002- 1991/0389 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0119/2003) del Sr. Callanan, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo (PE-CONS 3615/2003- C5-0109/2003- 2000/0262 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0146/2003) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (9923/2002- C5-0485/2002- 1991/0388 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Después de la votación: 
(DE) Señor Presidente: como acabo de darme cuenta de que algunos observadores participan en la votación alzando la mano, le pido que aclare una vez más, para que no haya lugar a dudas, que en las votaciones solo pueden participar los miembros de pleno derecho de esta Cámara. 
Vamos a reanudar la votación. 
Informe (A5-0145/2003) del Sr. Manders, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales (COM (2002) 17- C5-0088/2002- 2002/0021 (COD)) 
Antes de la votación de las enmiendas 85 y 99: 
Señor Presidente, en la papeleta de voto que tenemos ante nosotros dice que la enmienda 85 es idéntica a la enmienda 99. 
Me gustaría destacar que en realidad eso no es así. 
Las dos enmiendas son significativamente distintas, sobre todo en relación con las Convenciones Nucleares de París y Viena. 
In Amendment No 85, the paragraph which is under the IMO provisions is not under the nuclear provisions. 
In Amendment No 99, it is. 
Sé que eso es algo complicado de entender, pero se trata de una Directiva complicada de entender. 
No son iguales y, por lo tanto, no deberían votarse como enmiendas idénticas. 
A mí me parecen similares, así que las podemos votar conjuntamente si es posible. 
Son idénticas. 
Se destacan partes distintas, pero si se mira el apartado 2 de ambas se verá que son idénticos, con la excepción de que uno de ellos está en negrita. 
Por lo tanto, votaremos conjuntamente las enmiendas 85 y 99. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Con esto concluye la votación. 
. 
(PT) Acojo con satisfacción este informe, que finalmente crea el instrumento jurídico que el sector cooperativo lleva esperando durante demasiado tiempo. 
Comparto la preocupación de que la creación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) respete los derechos adquiridos de los trabajadores y la respectiva salvaguarda, ya sea con ocasión de la creación de una SCE o de cambios estructurales de una SCE ya constituida. 
Por otro lado, la SCE debe garantizar los derechos de información y consulta de los trabajadores y su permanente representación y participación en la gestión de la SCE. 
Así pues, las opiniones de los representantes de los trabajadores deberán ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones. 
Finalmente deseo destacar: 
a) el papel legislativo confiado a los Estados miembros por lo que respecta a la regulación del estatuto de los representantes de los trabajadores de la SCE y la confirmación del principio de protección idéntica a la concedida a los representantes de los trabajadores del país en el que estén contratados; 
b) las iniciativas en materia de responsabilidad social de las empresas que deben ser fomentadas por los representantes de los trabajadores en su participación en la gestión de la SCE; 
c) el equilibrio de género. 
Es necesario garantizar que los métodos para nombrar, designar o elegir a los representantes de los trabajadores promuevan un equilibrio de género. 
. 
(PT) Con la propuesta de Directiva a la que se refiere este informe, la Comisión pretende completar el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea por lo que respecta a la implicación de los trabajadores. 
Además de las cuestiones jurídicas e institucionales implicadas en todo este proceso, se trata de valorar esencialmente su contenido por lo que respecta a la conciliación de la implicación y de los derechos de los trabajadores en la Sociedad Cooperativa Europea. 
Ahora bien, en general el ponente acepta las propuestas de la Comisión y se limita a presentar un escaso número de elementos nuevos, relacionados particularmente con: el equilibrio de género; la responsabilidad social de las empresas y el grado de protección de los representantes de los trabajadores, que debe ser igual a la concedida a los representantes de los trabajadores a nivel nacional. 
También hay una propuesta de eliminar la cláusula que permitiría a los Estados miembros no aplicar el sistema de participación de los trabajadores en caso de que una Sociedad Cooperativa Europea se constituya mediante la fusión de dos cooperativas, cosa que sin duda pondría en tela de juicio los derechos de los trabajadores. Por eso conviene suprimir esta cláusula. 
. (EN) He votado a favor del informe De Rossa sobre las cooperativas y sus consecuencias para los trabajadores porque es una excelente aportación al desarrollo de las cooperativas en la Unión Europea. 
Mi colega, el Sr. De Rossa, ha elaborado un informe que contribuirá a la proliferación del modelo cooperativista, que siempre que corre a cargo de los trabajadores, se considera que encierra ventajas esenciales. 
En el sector cooperativista del Reino Unido, que está creciendo y ha experimentado un proceso de modernización, este informe será bienvenido. 
. 
(PT) Voto en contra del informe por considerar que la cuestión directamente relacionada con la implicación de los trabajadores en el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) supera lo dispuesto en el artículo 137. 
Al modificar este fundamento jurídico, el ponente pretendía promover la asunción de nuevas competencias para el Parlamento que, según lo dispuesto en los Tratados, no parecen corresponderse con su letra ni su fondo. 
En mi opinión, al igual que la letra e) del apartado 1 de ese mismo artículo, que se contradice con la recomendación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el apartado 3 de dicho artículo no constituye un fundamento jurídico suficiente y necesario para la deseada participación de los trabajadores en la vida de estas sociedades cooperativas. La referencia al artículo 308, por tanto, está plenamente justificada. 
Del mismo modo, considero potencialmente conflictiva la eventual concesión de la posibilidad de renegociación del régimen de participación de los trabajadores en el caso de producirse cambios estructurales sustanciales en la fase de constitución de una SCE, lo que me hace temer por la solidez y viabilidad de los mismos. 
. 
(PT) Aunque reconozco el mérito de la Delegación en el Comité de Conciliación y el gran trabajo del Sr. Callanan, lo cierto es que considero que no se alcanzó un resultado suficientemente ambicioso por lo que respecta a la contaminación sonora, la contaminación atmosférica y la promoción de la calidad del agua para consumo humano. 
Así pues, estoy en desacuerdo con la exención concedida a las embarcaciones a vapor, el margen de tolerancia de 3dB para todas las embarcaciones y los valores límite para las emisiones de escape en aguas interiores específicas. 
. (FR) Este texto debe entrar en vigor lo antes posible. 
Algunos dirán seguramente que el artículo 308 del Tratado CE no es un fundamento jurídico adecuado, que este fundamento jurídico deja a un lado al PE, es decir, le niega el derecho de codecisión en la materia y que, por tanto, a partir de ahora solo se le va a consultar. 
Los argumentos planteados por algunos de mis colegas para rechazar este texto vienen al caso y son convincentes. 
El artículo 95 del Tratado CE, cuyo fin es armonizar las legislaciones nacionales que tienen por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, parece verdaderamente el fundamento jurídico apropiado. 
No obstante, ¿debemos correr el riesgo por ello de dejar para el día del juicio final un estatuto que aguarda, desde hace muchos años, el sector de la economía social? 
Creo que no. 
Además, yo me abstendré sobre la enmienda 1, que cuestiona el fundamento jurídico, permitiendo así una rápida aprobación de este texto. 
. 
(PT) El presente reglamento tiene por objeto instituir un estatuto jurídico europeo para las cooperativas, de forma que puedan actuar más allá de sus fronteras nacionales, dentro del mercado interior de la Unión Europea. 
Este Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, que comparte los mismos objetivos del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (Reglamento nº 2157/2001) , tiene en cuenta la adaptación de las estructuras de producción a nivel comunitario, permitiendo así a todos los tipos de empresas promover la reorganización de sus actividades en el plano comunitario, es decir, acelerar el proceso de centralización y concentración de capital de las grandes empresas multinacionales, proceso que les permitirá pasar de los denominados «obstáculos» de las legislaciones nacionales a las fusiones de empresas de diferentes Estados miembros. 
Rechazamos este objetivo, en lo que respecta a las empresas, de crear un «capital europeo» , así como las consecuencias socioeconómicas que tendrán estas reestructuraciones y fusiones, particularmente para un país periférico como Portugal. 
En cuanto a las cooperativas, con especificidades propias en lo que respecta a la participación de sus miembros y a la redistribución de los beneficios, nuestra abstención está justificada bien por las dudas relativas a todo el proceso legislativo, bien por el objetivo y el contenido de esta iniciativa de la Comisión, aunque haya propuestas positivas del Parlamento por lo que se refiere a la propuesta presentada por la Comisión ejecutiva. 
. 
(PT) Voto en contra de este informe por considerar que el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) excede el ámbito de la armonización legislativa, al constituir una nueva forma jurídica supranacional. 
Del mismo modo, no me parece correcta la interpretación según la cual no sería oportuno el elevado número de concesiones hechas a las legislaciones nacionales que, por consiguiente, eliminaría el carácter de novedad de la figura de la SCE. 
De hecho, en un plano estrictamente interpretativo, entiendo el punto de vista de que un marco jurídico ha de ser insensible a las características locales específicas para que puede calificarse de reductor. En vez de ello señalo que este factor no puede sino enriquecer a la organización y capacitarla realmente para adaptarse a casos y situaciones específicas. 
El argumento de la «realización del mercado interior» que se aduce como justificación de la invocación del artículo 95, no está claramente delimitado, dado que se aplica a casi toda la legislación. 
Desde el punto de vista político, resulta evidente el intento de promover la asunción de más y mayores competencias para el Parlamento por parte de la ponente y de las comisiones que han emitido una opinión, alegando todos ellos que esta es una reivindicación únicamente basada en doctrinas aceptadas en derecho. 
Lamento sinceramente que este hecho sea utilizado como arma arrojadiza y justificación para otro conflicto institucional. 
La prudencia dicta que, antes de exigir más poder, se haga un uso apropiado del que se posee. 
Señor Presidente, solo quiero explicar por qué he votado a favor de la enmienda 1 al informe Gill. 
Considero que, en un momento en el que muchos de nuestros conciudadanos se enfrentan a una gran incertidumbre sobre las pensiones y otras prestaciones relacionadas con el trabajo, no sería correcto que los diputados de esta Cámara votaran para concederse privilegios extraordinarios, puesto que si lo hiciéramos estaríamos dando una imagen equivocada. 
Me complace mucho que, al menos en esta parte de la Cámara, la mayoría de mis colegas hayan votado en contra de la propuesta para extender las prestaciones sanitarias a los diputados jubilados. 
. (EN) Todos los diputados de esta Cámara disfrutan de un seguro médico gratuito. 
Es un mal ejemplo de solidaridad entre generaciones que una alianza, formada principalmente por Socialistas y Verdes, haya votado en contra incluso de investigar la posible ampliación de ese sistema a los diputados jubilados. 
He votado a favor del informe Manders sobre la responsabilidad medioambiental porque las enmiendas aprobadas finalmente responden bastante bien a las objeciones que planteé durante el debate de ayer. 
Una mayoría muy amplia de diputados (312 a favor, 179 en contra) ha seguido el mismo razonamiento. 
Las enmiendas que me han llevado especialmente a votar a favor del informe son las siguientes: 1) las enmiendas 85 y 99, en las que se pide sobre todo a la Comisión que elabore propuestas para aplicar la Directiva a los daños medioambientales derivados de la energía nuclear y del transporte marítimo; 2) las enmiendas 86 y 103, que suprimen la exención de responsabilidades ligadas a la concesión previa de un permiso administrativo o al escaso nivel de conocimientos científicos y técnicos; y 3) la enmienda 107, en la que se solicita a los operadores que se doten de garantías financieras suficientes para cubrir sus responsabilidades. 
Además, se adoptado también la enmienda 54, que no es perfecta, pero que puedo aceptar. 
En ella, se pide una legislación adicional en materia de responsabilidad por daños causados por OGM, en particular por lo que respecta a la contaminación que podrían sufrir productos que no contienen OGM. 
Naturalmente, solicito que se mantenga la moratoria sobre las autorizaciones de OGM hasta que se apruebe esta legislación. 
- (FR) El informe Manders pretende inspirarse en el principio de «quien contamina paga» : las empresas que deterioran el medio ambiente deben hacerse cargo de los costes de los daños que ocasionan. 
Hemos votado a favor de este informe, porque algunas enmiendas son juiciosas. 
Queda pendiente un problema muy importante: el de la puesta en práctica. 
No basta con que el Parlamento adopte estas recomendaciones para que se hagan cumplir, como tampoco basta que se nombre a una autoridad competente para que los operadores asuman sus responsabilidades. 
Esto es especialmente cierto cuando el operador es un grupo multinacional que tiene recursos suficientes para eludirlas, y la autoridad competente suele ceder a sus exigencias, como hemos visto en Francia con TotalFinaElf (vertido de petróleo del Erika, explosión de la fábrica de AZF). 
Las matizaciones realizadas por el ponente acerca de la responsabilidad de quien contamina provocarían una sonrisa, hasta cierto punto, si el comportamiento de estos grandes grupos, atentos sobre todo a la curva de beneficios, no tuviera consecuencias dramáticas para la población. 
Tampoco basta con el establecimiento de garantías financieras. 
El FIPOL, que se supone que cubre los daños ocasionados por los petroleros, acaba de anunciar que no va a reembolsar más que el 15% del coste de los daños causados por el Prestige, porque sus arcas están vacías. 
Para calmar la ira de las víctimas, el Gobierno francés no tiene previsto enfrentarse en los tribunales a la empresa fletadora, sino que hará pagar a los contribuyentes. 
En resumidas cuentas, frente a la cruda realidad de una sociedad volcada en los beneficios, este informe va a ser ineficaz. 
. 
(PT) Consideramos que las políticas de preservación del medio ambiente y los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible. 
Deberá darse prioridad a las políticas y medidas destinadas a la prevención, por ejemplo, encontrando formas de investigación y apoyo para acceder a la mejor tecnología disponible, prestando especial atención a los problemas y especificidades de las pequeñas y medianas empresas. 
Mientras tanto, la necesidad de exigir responsabilidades para la reparación de daños ambientales es cada vez más apremiante. 
Cabe destacar el reciente ejemplo del Prestige. 
En este sentido será importante, en el ámbito de un conjunto de medidas y acciones más amplio, garantizar que la industria pesada- particularmente- se responsabilice de la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales a través de formas correctas, justas y eficaces, que combatan la impunidad y eviten que sean las finanzas públicas las que soporten los costes y la reparación de los daños ambientales causados por negligencia o por estrategias comerciales, casi siempre privadas, cuyo único fin es el de conseguir los máximos beneficios posibles. 
La actual resolución del Parlamento Europeo mejora la propuesta de la Comisión (que tiene su origen en el Libro Verde de 1983) sobre responsabilidad ambiental en términos de prevención y reparación de daños ambientales, al poner en entredicho posiciones defendidas por la industria pesada (ver la opinión de la UNICE) que caracterizaban la propuesta presentada por la Comisión. 
. (EN) Las autoridades públicas, sobre todo las autoridades locales, se enfrentan actualmente a significativas cargas derivadas de daños medioambientales con muy diversos orígenes de mayor o menor importancia. 
Esta Directiva nos da la oportunidad de identificar y asignar mejor la responsabilidad y debería seguir el principio de «quien contamina paga». 
Me he opuesto a la enmienda 37 de la comisión, que es contraria a ese principio y que descargaría un peso insoportable sobre los hombros de las autoridades locales, siendo además potencialmente desastrosa para las economías locales. 
Sobre todo en el Reino Unido, las administraciones son culpables de haber intentado dejar que las autoridades locales se hagan cargo del coste de la legislación comunitaria- como la eliminación de aparatos de refrigeración- y echando las culpas a «Bruselas». 
Los costes de la aplicación de esta Directiva no deben recaer injustamente en los ya muy estirados presupuestos de las autoridades locales, ya sea aprobando una Directiva deficiente, ya debido a una aplicación defectuosa por parte del gobierno. 
. (NL) Las empresas no solo producen mercancías y servicios, sino también contaminación y accidentes. 
Los costes que implica remediar los daños medioambientales recaen en los damnificados o la administración pública. 
Sin embargo, las ventajas de la actividad económica que ha causado los daños son para la empresa. 
Para contrarrestar esta injusticia se desarrolló hace tiempo el principio de «quien contamina paga» , pero las empresas siguen ejerciendo presión para socavar al máximo este principio. 
Ello puede apreciarse en las enmiendas presentadas por la derecha, que limitan en gran medida la responsabilidad. 
Después de 21 años de preparativos, parece que ninguna de las intenciones originales saldrá adelante. 
La Directiva se aplica tan solo al 13% del territorio de la UE, las regiones indicadas en la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y Natura 2000. 
La contaminación del mar y los daños causados por la energía nuclear no cuentan, y tampoco hay responsabilidad si se ha actuado sobre la base de un permiso o del estado de la técnica. 
Los desastres causados por el petróleo en el mar y la contaminación de cultivos naturales por cultivos genéticamente modificados no implican responsabilidad. 
Resulta imposible avanzar en la protección medioambiental nacional si el artículo 95, relativo a un mercado uniforme, se antepone a la protección medioambiental en el artículo 175. 
Solo las enmiendas conjuntas de la izquierda pueden hacer que esta propuesta sea de alguna manera aceptable. 
. (EN) En representación del EPLP, me gustaría expresar nuestro apoyo al principio general de «quien contamina, repara». 
Se trata de un cambio fundamental de dirección de la política medioambiental comunitaria. 
El público ya no tendrá que soportar los costes de la limpieza cuando, como ocurre con frecuencia, el responsable de la contaminación desaparece. 
Sin embargo, el EPLP no apoya la inclusión de organismos modificados genéticamente en esta Directiva, puesto que, en primer lugar, creemos que no es la Directiva adecuada para ello y, en segundo lugar, ya existe legislación sobre este tema y esto podría dar lugar a confusiones de los operadores sobre qué legislación es aplicable. 
. 
(PT) Esta propuesta de la Comisión, destinada a asegurar la adopción de un sistema comunitario global de prevención y reparación de daños ambientales, incluida la contaminación de las aguas, los daños causados a la biodiversidad y la contaminación de los suelos, que constituyen un riesgo grave para la salud humana, es sumamente importante. 
Después de muchos años de debate y de repetidas catástrofes medioambientales, hemos llegado al momento decisivo para la prevención efectiva y la reparación de los daños al medio ambiente, en términos de una verdadera «separación de las aguas». 
He apoyado el planteamiento de la Comisión en el sentido de que las medidas institucionales y de procedimiento concretas para que lograr los resultados previstos se dejan en gran medida al criterio de los Estados miembros, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
El planteamiento de la Comisión, sin embargo, me parece demasiado vago en cuestiones como el alcance de su definición de la biodiversidad (limitada a la red Natura 2000) , el sistema de garantía financiera/seguro obligatorio (para los operadores que figuran en el anexo I de la propuesta) , la adopción de un sistema de exenciones, la eliminación de la responsabilidad objetiva para introducir «factores atenuantes» y la exclusión de los daños derivados de determinadas actividades. 
Así pues, he manifestado mi desacuerdo con determinados aspectos, aunque creo que debo contribuir a la adopción de esta Directiva, que apunta, en general, en la dirección correcta y constituye un hito de innegable importancia. 
La propuesta de Directiva sobre responsabilidad medioambiental comporta un progreso considerable en la esfera medioambiental en Europa, y esperamos que pueda prevenir muchos accidentes en el futuro. 
La propuesta es muy loable, pero pensábamos que había que reforzar algunos aspectos. 
La definición de la biodiversidad en relación con la que se pudiera incurrir en responsabilidades por daños era demasiado restrictiva. 
En nuestra opinión, las especies y los ambientes protegidos por la legislación nacional también deberían incluirse en la Directiva. 
En nuestra opinión, la propuesta para eliminar la estricta responsabilidad medioambiental de actividades sometidas a prueba para determinar su conformidad con los permisos incluía también extender una exención y no cumple la legislación nacional. 
No obstante, esto debería ser un factor a tener en cuenta al establecer la cuantía de los daños. 
. (FR) Las cuestiones que se plantean a propósito de la responsabilidad medioambiental y de la responsabilidad específica en materia de transporte marítimo son, a pesar de las apariencias, de naturaleza diferente. 
El texto votado por el Parlamento va a sembrar la confusión. 
El concepto de responsabilidad medioambiental, que sigue siendo indecisa, se basa en la necesidad de determinar quién es responsable y establecer una relación causal entre el hecho en cuestión y la contaminación: comporta largos trámites y retrasos hasta obtener compensación. 
El sistema de responsabilidad sin culpa fijado por los convenios internacionales CLC/FIPOL presenta la ventaja para las víctimas de que designa a un responsable que debe estar asegurado y de que crea un fondo de compensación al que, en teoría, se recurre inmediatamente en caso de contaminación. 
Sin embargo, la experiencia de recientes mareas negras demuestra que es absolutamente necesario ampliar este sistema hasta abarcar a las compañías fletadoras e incluir las alteraciones de la biodiversidad. La función del FIPOL debe mejorar sustancialmente y debe adquirir carácter permanente. 
Estas demandas deben plantearse ante la OMI por parte de los Estados miembros implicados de manera más directa y más decididos a actuar. 
En caso de fracaso, corresponderá a estos mismos Estados miembros exigir a la Unión Europea que actúe unilateralmente, como han hecho los Estados Unidos, asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo estas mejoras indispensables. 
Señor Presidente, mañana comenzará en Versalles una reunión del Grupo Bilderberg. 
La razón por la que planteo este tema es que varios Comisarios- los Sres. Monti, Liikanen, Solbes Mira, Verheugen, Vitorino y Bolkestein- han asistido en el pasado a reuniones del Grupo Bilderberg. 
De hecho, el Comisario Prodi fue miembro de un comité directivo en los años 80 cuando Wim Duisenberg era el tesorero de Bilderberg. 
Otra de las razones por las que he tocado este tema es que he presentado una pregunta escrita urgente a través del Parlamento, pero siempre que saco el tema de Bilderberg todos se pasan la patata caliente. 
Debería haber recibido una respuesta el 25 de abril, pero todavía no he recibido ninguna. 
La reunión del Grupo Bilderberg empieza este fin de semana. 
Siempre que he intentado hacer una pregunta oral en este Parlamento o en el anterior, lo que ha ocurrido es que los Comisarios han tenido miedo de contestar. 
Lo que realmente quiero saber es si los Comisarios asisten a esas reuniones en calidad de ciudadanos privados o si lo hacen en representación de la Comisión. 
Si representan a la Comisión, tenemos que saber qué ocurre en esas reuniones del Grupo Bilderberg, ya que de hecho se trata de una organización secreta que está decidiendo la política mundial sin ninguna intervención del público. 
Ya es hora de que las puertas de Bilderberg se abran y el público sepa realmente lo que ocurre, porque la mayor parte de los protagonistas del mundo actual participan en Bilderberg. 
El Presidente de este Parlamento, el Sr. Cox, asistió a una de esas reuniones en Suecia hace un par de años. 
La gente necesita saber qué ocurre en las reuniones del Grupo Bilderberg, y si yo presento una pregunta dentro de plazo, la Comisión debería responder. 
No hay ninguna justificación para que la Comisión no la conteste. 
Señora McKenna, he tomado nota de sus comentarios, que también transmitiré a la Comisión Europea para que, como usted se refiere a Comisarios, pueda recibir la pertinente respuesta de la misma. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el acuerdo de extradición UE/Estados Unidos y la Corte Penal Internacional. 
El Ministro de Justicia de Grecia, Sr. Petsalnikos, tiene la palabra en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, hoy tenemos la oportunidad de ponerles al día sobre el estado actual de las negociaciones entre la Presidencia y los Estados Unidos de América en los dos acuerdos, el de extradición y el de asistencia mutua judicial. 
Estas negociaciones están ahora en su etapa final. 
El texto del proyecto de acuerdo se envió al Parlamento Europeo hace dos semanas. 
La Presidencia espera que sean aprobados y firmados en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 6 de junio. Esto permitirá a la Presidencia firmar los acuerdos con motivo de la cumbre de la Unión Europea y los Estados Unidos, que se celebrará en Washington el 25 de junio. 
Si hoy estamos en una situación que me permite ser optimista acerca del resultado de estas negociaciones, se lo debemos también en gran parte a los importantes esfuerzos de Presidencias anteriores. 
Tras una primera ronda de negociaciones bajo la Presidencia española, tuvieron lugar extensas negociaciones bajo la Presidencia danesa con ayuda de la Comisión y el apoyo de la Secretaría del Consejo. 
En su reunión del 28 de febrero de 2003, el Consejo acordó que la Presidencia había conducido las negociaciones de modo eficiente, con un resultado alentador, y que la negociación de los acuerdos debería suspenderse con el fin de dar tiempo a los Estados miembros para examinar todos los aspectos relevantes del texto. 
Algunos Estados miembros están todavía consultando a sus parlamentos nacionales, razón por la cual el Consejo decidió en su reunión de la semana pasada facilitar la conclusión del proceso de información. 
Les recordaré que la Presidencia ha informado varias veces al Parlamento Europeo del estado de las negociaciones con los Estados Unidos de América; de hecho, la última vez tuvimos la oportunidad de informar a la comisión LIBE el 20 de marzo. 
Si el Consejo el 5 de junio autoriza a la Presidencia a firmar los acuerdos en nombre de la Unión Europea, algunos Estados miembros tendrán que seguir sus procedimientos constitucionales, que implica la aprobación o ratificación por parte de sus parlamentos nacionales. 
El artículo 24 del Tratado de la Unión Europea permite expresamente a los Estados miembros declarar que deben seguir procedimientos constitucionales antes de estar vinculados por un acuerdo. 
De hecho, algunos Estados miembros ya nos han afirmado que emitirán esta declaración. 
La Unión Europea solo estará vinculada tras el intercambio de actos legislativos con los Estados Unidos de América, que por consiguiente solo tendrá lugar una vez que el Consejo haya tomado una segunda decisión autorizando a la Presidencia a intercambiar los actos legislativos de ratificación con los Estados Unidos de América. 
Entre la firma de los contratos y el intercambio de los documentos de ratificación, la Presidencia pondrá informará al Parlamento Europeo sobre el texto del acuerdo sobre una base ad hoc, a pesar del hecho, sin duda, de que el Tratado de la Unión Europea no incluye este requisito. 
Es lógico que esta información se facilite este momento, dado que los procedimientos constitucionales han dejado cabida tradicionalmente para que los Gobiernos busquen el consentimiento o la opinión de los parlamentos nacionales sobre el texto final del acuerdo. 
Huelga decir que un texto no es definitivo hasta que ha sido firmado por las partes contratantes. 
La Presidencia cree que este acuerdo es mejor que los acuerdos bilaterales vigentes en materia de extradición y asistencia mutua judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
Debo señalar que, si no llegamos a algún tipo de acuerdo, tendremos que vivir con los acuerdos bilaterales vigentes, concluidos por los Estados miembros. 
En cualquier caso, los acuerdos UE/Estados Unidos no derogarán los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y los Estados Unidos de América. 
Los acuerdos a los que me refiero hoy se basan en los artículos 24 y 38 del Tratado de la Unión Europea. Coexistirán con los acuerdos bilaterales. 
Se complementarán, y en algunos casos, sustituirán algunas disposiciones de los acuerdos bilaterales. 
También es importante que entendamos que los Estados miembros podrán seguir citando los motivos para rechazar la extradición o prestar asistencia judicial que están incluidos en los acuerdos bilaterales sobre extradición y asistencia mutua judicial. 
Si un acuerdo bilateral sobre asistencia mutua judicial o extradición entre un Estado miembro y los Estados Unidos de América prevé ciertos motivos de rechazo, ese Estado miembro podrá seguir remitiéndose a ellos incluso después de que los acuerdos UE/Estados Unidos hayan entrado en vigor. 
Además, el proyecto de acuerdo de extradición contiene una disposición que, por lo que sé, no tiene precedentes en el Derecho internacional de extradición. 
Reconoce que el Estado al que se solicita que extradite a una persona puede remitirse a sus principios constitucionales, que no tienen por qué estar incluidos en el texto de la Constitución, pero que pueden estar consagrados en un texto de rango equivalente al de la Constitución, por razones históricas u otras que sean legalmente vinculantes y que le impidan cumplir su obligación de extraditar a una persona. 
Sin duda, en tales casos, el Estado que solicita que una persona sea extraditada y el Estado al que se solicita que extradite a una persona deben evacuar consultas con el fin de resolver el problema. 
Esto también es especialmente importante cuando se hace referencia expresa en el preámbulo al principio de un juicio justo por parte de un tribunal imparcial establecido por ley. 
Esta disposición permite a los Estados miembros negarse a extraditar a una persona en el caso de tribunales especiales, si no tienen este derecho en la base de su acuerdo de extradición bilateral con los Estados Unidos de América. 
Los Estados miembros que concluyan nuevos acuerdos con los Estados Unidos de América en el futuro tendrán que cumplir sin duda estos acuerdos de la Unión Europea, ya que formarán parte del acervo de la Unión Europea. 
Por consiguiente, estos acuerdos bilaterales futuros tendrán que ser compatibles con los acuerdos UE/Estados Unidos. 
En opinión de la Presidencia, las negociaciones han dado sus frutos. 
Hemos logrado mejorar el nivel actual de asistencia, mejorar la eficiencia y, sobre todo, acordar salvaguardias adicionales. 
Es sumamente importante que entendamos que los acuerdos añaden salvaguardias a los acuerdos bilaterales vigentes y que, si estos acuerdos no se hubieran concluido, la protección jurídica actual tendría deficiencias en comparación con los acuerdos una vez concluidos. 
El proyecto de acuerdo UE/Estados Unidos sobre extradición contiene una disposición que prohíbe la extradición en caso de imposición o ejecución de la pena de muerte. 
Esta disposición supera el nivel de protección contemplado en los acuerdos de extradición bilaterales, dado que establece una condición general para el resultado descrito y no condiciona la no ejecución de la pena de muerte a las garantías del Gobierno de los Estados Unidos de América en el caso en cuestión. 
Contrariamente a lo que se ha aplicado hasta la fecha en casi todos los acuerdos de extradición bilaterales, la no ejecución de la pena de muerte por parte del gobierno de los Estados Unidos de América no dependerá de las garantías otorgadas en el caso en cuestión por el Gobierno de los Estados Unidos de América cada vez y de modo ad hoc, y probablemente se establecerá como una condición previa por parte del Estado miembro que reciba una petición de extradición de los Estados Unidos. 
Además, los Estados miembros de la Unión Europea podrán establecer la condición previa de que los Estados Unidos de América no impondrán la pena de muerte. 
Los Estados Unidos de América estarán entonces vinculados por esta condición, a menos que esto no sea posible por razones de procedimiento. 
Un caso así se daría cuando la pena de muerte ya se ha declarado antes de que la persona sea entregada o cuando la el enjuiciamiento penal del delito del que se acusa a la persona implique automáticamente la posibilidad de que el tribunal competente en los Estados Unidos de América imponga la pena de muerte, como ocurre en muy pocos Estados en los Estados Unidos de América. 
Sin embargo, los Estados miembros que deseen seguir su práctica bilateral podrán hacerlo si no aplican esta disposición o si emiten una declaración conjunta a nivel bilateral con los Estados Unidos. 
Algunas de las otras cuestiones a las que los proyectos de acuerdo aportan valor añadido en relación con la extradición son las siguientes: 
En el caso de la información sensible, el proyecto de acuerdo permite que se soliciten consultas con el fin de determinar el grado hasta el cual la información contenida en una petición puede protegerse por parte del Estado solicitante. 
En relación con solicitudes múltiples, el acuerdo se ocupa de la cuestión de la presentación simultánea de una petición de extradición de los Estados Unidos de América y otro Estado o cuando ese otro Estado es un Estado miembro de la orden de detención europea. 
Dentro de este marco, quisiera mencionar la cuestión de la Corte Penal Internacional, dado que la Presidencia es consciente de las sensibilidades y preocupaciones particulares del Parlamento en este terreno. 
Cuando comenzaron las negociaciones, se acordó por parte de las misiones negociadoras que el acuerdo no tendría repercusión alguna sobre la posición relativa de los Estados miembros y de los Estados Unidos de América en relación con las peticiones de la Corte Penal Internacional para que se entregue a una persona. 
La Unión Europea y los Estados Unidos de América acordaron en la negociación expresar esto por escrito en un memorando explicativo que afirme que el artículo 10 no pretende afectar a las obligaciones de los Estados que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
Por consiguiente, la cuestión de una petición simultánea de entrega de una persona por parte de la Corte Penal Internacional y una petición de extradición por parte de los Estados Unidos de América se regula y seguirá estando regulada de modo que esté sujeto a la jurisdicción exclusiva de los Estados miembros, mientras el Consejo no podrá hacer ninguna declaración al respecto. 
En relación con la asistencia mutua judicial, algunos de los principales logros de las negociaciones con los Estados Unidos de América se dan en los siguientes aspectos: el proyecto de acuerdo mejora la cooperación en el ámbito de las investigaciones de las posibles vertientes financieras de los delitos graves, incluidos el crimen organizado, el terrorismo y el fraude. 
Los Estados miembros que actualmente no tienen un acuerdo de asistencia mutua judicial con los Estados Unidos de América pueden aducir criterios de orden público, seguridad, soberanía nacional u otros intereses del Estado destinatario de la petición para denegar información en algunos casos. 
El acuerdo contiene amplias disposiciones relativas a la protección de datos y al suministro de pruebas e información. 
El proyecto de acuerdo contiene disposiciones que facilitan el uso de equipos de investigación comunes y la organización de teleconferencias entre los Estados miembros y los Estados Unidos. 
Estas disposiciones facilitan a los Estados miembros el uso de estos mecanismos, pero no obligan a utilizarlos. 
El proyecto de acuerdo permite el uso de medios de telecomunicación modernos, como el fax o el correo electrónico, para intercambiar peticiones de asistencia mutua judicial y respuestas con acuse de recibo expreso. 
La asistencia mutua judicial, en la medida en que esto no esté previsto en los acuerdos bilaterales, puede ser recabada por las autoridades administrativas tanto de los Estados Unidos de América como de los Estados miembros cuando investiguen conductas delictivas con vistas a su enjuiciamiento penal o a informar de tales conductas a las autoridades policiales o judiciales. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecerles una vez más que nos hayan dado la oportunidad de presentar al Parlamento un informe de situación sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América en torno a los acuerdos de extradición y asistencia mutua judicial. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero agradecerle en primer lugar la información, pero, lamentablemente, creo que no ha respondido a la pregunta oral que mi Grupo le ha hecho y que queda sobre la mesa. 
Estamos, evidentemente, ante un acuerdo de especial relevancia, tanto para la Unión Europea como para los Estados Unidos, que han decidido, efectivamente, fomentar una cooperación más estrecha, especialmente en el ámbito de la lucha contra la criminalidad organizada. 
Es por ello, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que, como ponente, estimo obligado dar la bienvenida a una iniciativa de esta naturaleza, sobre todo, en la medida en que la Unión Europea va a firmar, por primera vez, un acuerdo de cooperación judicial y penal que, además, puede servir también de modelo para la firma de compromisos de la misma naturaleza con otros terceros países. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera, no obstante, hacer algunas precisiones articuladas en torno a tres cuestiones. 
¿Proporcionará este acuerdo una mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad internacional? 
Entiendo que la respuesta es afirmativa, porque una cooperación de este calibre, evidentemente, favorecerá la lucha contra el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y el terrorismo. 
¿Va a reforzar este acuerdo el espacio judicial europeo? 
Pienso también que sí, en la medida en que obligará a los Estados miembros y a los candidatos a acelerar los procedimientos de ratificación en los textos europeos que sirven de base a este acuerdo, como son, por ejemplo, el protocolo sobre el blanqueo de capitales o las decisiones sobre la orden de detención y entrega, o sobre los equipos conjuntos de investigación. 
La tercera pregunta es si se cuestionaría, de alguna manera, el valor añadido que estos textos suponen para los acuerdos bilaterales actualmente en vigor. 
Y tengo que decir que la respuesta vuelve a ser positiva, en la medida en que se añadirán a estos acuerdos una cooperación más fluida y mayores garantías que pueden ser impuestas para el interés de los acusados. 
Dicho esto, tengo que llamar también la atención a la Presidencia del Consejo sobre las dudas que desde este Parlamento se plantean y que hemos reflejado precisamente en la pregunta que ha dado origen a esta declaración. 
En primer lugar, señor Presidente en ejercicio del Consejo, deseamos estar seguros de que existen las mismas garantías ofrecidas por la orden de detención europea, en el caso de la solicitud de extradición procedente de los Estados Unidos. 
En segundo lugar, aunque hay una nota explicativa en el texto del acuerdo sobre la Corte Penal Internacional, al que usted ha hecho referencia, hubiera sido, desde nuestro punto de vista, mucho más clarificador haber introducido esta referencia en el texto del acuerdo, de tal modo que no queden dudas de que un Estado miembro tiene la opción de decidir si una persona debe ser enviada a los Estados Unidos o a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 
En tercer lugar, en lo referente al procedimiento, quisiera señalar un aspecto positivo y otro negativo. 
El primero es que agradecemos a la Presidencia griega haber hecho público el texto de un acuerdo internacional antes incluso de su firma, lo que nos ha permitido tener conocimiento del mismo desde el Parlamento Europeo. 
Esto es un precedente muy importante, pero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no puede ser considerado suficiente, desde el punto de vista del control democrático. 
Y, a continuación, le voy a exponer el aspecto negativo: hasta hoy el Parlamento Europeo jamás ha sido consultado en relación con acuerdos internacionales de esta misma naturaleza, aun tratándose de aspectos fundamentales de la política exterior y de la cooperación judicial. 
Esto no nos parece aceptable, puesto que este tipo de acuerdos no requiere tampoco, desgraciadamente, la ratificación ni a nivel nacional, por los Parlamentos nacionales, ni a nivel europeo, por esta Cámara. 
Sin el Parlamento Europeo y sin los Parlamentos nacionales, ¿cómo podemos considerar que la Unión Europea actúa, en esta materia, respetando el principio democrático sobre el cual está fundada según el artículo 6 del Tratado UE? 
Esta es la razón de la conveniencia de que este Parlamento no solo sea informado, como usted ha dicho, sino de que sea consultado. 
Ésta es una cuestión, para nosotros, central y de gran relevancia, como así se lo hice saber a la propia Presidencia del Consejo, en una carta que le remití en el mes de diciembre del año pasado, sin que, incomprensiblemente, obtuviera respuesta alguna, y como se le ha hecho saber también a la actual Presidencia en sus comparecencias en la comisión que presido. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, estamos tratando de libertades y de intereses esenciales de los ciudadanos europeos y de una materia, como es la cooperación judicial y penal, para las que el Tratado prevé una cooperación entre los Estados miembros más intensa que la que se prevé para la PESC. 
Por ello, le ruego que reconsidere su posición, en el caso de no prever la consulta, y que haga llegar el mensaje de esta Cámara, que yo le transmito con toda firmeza, al seno del Consejo que usted preside. 
No le oculto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que, en caso contrario, este Parlamento consideraría la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia. 
Para finalizar, quiero agradecer, una vez más, a la Presidencia su actitud positiva ante un dossier tan sensible, de nuevo confirmada por su presencia en esta Cámara. 
Señor Presidente, hace 18 meses, cuando tuve el honor de presidir la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, esta Cámara adoptó una resolución sobre la cooperación judicial entre la Unión y los Estados Unidos de América. 
Esa resolución establecía cuatro requisitos fundamentales para cualquier acuerdo de extradición: el pleno respeto de la Convención Europea de Derechos Humanos; la no extradición de personas que pudieran ser juzgadas por tribunales militares; la no extradición si el acusado podía ser condenado a muerte; y que cualesquiera medidas que afectaran a la protección de datos debían ser proporcionadas, eficaces y limitadas en el tiempo. 
Las atrocidades terroristas que se produjeron el lunes por la noche en la Arabia Saudita nos recuerdan una vez más que el terrorismo sigue siendo una grave amenaza mortal. Necesitamos una respuesta contundente y eficaz. 
Sin embargo, los Demócratas Liberales de esta Cámara insistimos en que las medidas antiterroristas deben respetar siempre los derechos fundamentales y deben estar sujetas a una supervisión y un control democráticos adecuados. 
Conseguir el equilibrio correcto es esencial para tener éxito en la lucha contra aquellos que intentan socavar el tejido de las sociedades democráticas. 
Los actuales proyectos de acuerdo entre la UE y los Estados Unidos en materia de extradición y cooperación jurídica no deben quedar exentos del escrutinio parlamentario que establecen nuestros Tratados. 
Afectan a «opciones fundamentales» según el significado del artículo 21. 
No solo entran dentro de lo dispuesto por el artículo 38, sino también de lo estipulado en el artículo 24, y es escandaloso que el Consejo no consulte a esta Cámara por anticipado sobre todos los acuerdos del artículo 24. 
En Francia, el Conseil d ' Etat ha negado a la Assemblée Nationale el derecho a aprobar esos acuerdos: por lo tanto, salvo que el Consejo nos consulte a nosotros, ¿qué escrutinio parlamentario existe en la Unión Europea? 
Estos acuerdos sobre la extradición y la cooperación jurídica son muy ambiciosos. 
Los Estados Unidos se niegan a firmar las convenciones de las Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia, sobre prevención de delitos y sobre la Corte Penal Internacional. 
En la Unión hay Estados miembros que todavía no han ratificado nuestra decisión sobre el blanqueo de dinero o la Directiva marco sobre terrorismo. 
Sin embargo, esas propuestas abarcan toda la agenda de Palermo. 
Como mínimo, deberían estipular la creación de órganos que supervisen sus operaciones e informen sobre las mismas. 
No puedo sino lamentar que este acuerdo no haga ninguna referencia a la Corte Penal Internacional. 
Rogaría al Consejo que rectificara esta deficiencia. 
El Consejo debe intentar reconciliar el posible conflicto entre una petición de la CPI para la entrega de una persona a ese tribunal y la obligación derivada de este acuerdo de extradición. 
La pérdida de democracia puede empezar con la mejor de las intenciones. 
La Unión Europea debe tener mucho cuidado. 
No dejemos que la prisa del Consejo lo facilite. 
Puedo apoyar totalmente la crítica realizada por los oradores anteriores. 
Simplemente quiero llamar la atención sobre el hecho de que, de acuerdo con los artículos 38 y 24 del Tratado, el Parlamento no tiene ningún derecho a ser escuchado. 
Es una disposición extraordinaria, que significa que el Consejo puede formar parte de estos acuerdos por decisión propia. 
En abril del año pasado, el Consejo escribió a la organización de derechos humanos británica, State Watch, que había solicitado información acerca de estos acuerdos, y dijo que las negociaciones que habían comenzado tenían que mantenerse en secreto, puesto que el interés del Consejo por la confidencialidad primaba sobre su interés por el control democrático. 
Es fácil ver por qué el Consejo ha mantenido en secreto estas negociaciones durante más de un año, porque si acaban en un acuerdo, aspectos muy importantes de la seguridad jurídica que caracteriza a la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos quedarían efectivamente abolidas de un plumazo. 
En términos generales, el estado de nuestro derecho se reduciría a una reminiscencia de lo que fue en la Edad Media, tanto por el acuerdo de extradición, que va mucho más lejos de lo que se pedía, abarcando muchos más tipos de crímenes que el terrorismo- basta haber sido sentenciado a un año de cárcel de acuerdo con la legislación penal del país emisor o receptor de la solicitud de extradición -, como por la segunda parte del acuerdo, relativa a lo que se denomina asistencia mutua jurídica. 
Pregunten a los prisioneros de Guantánamo. 
Estos acuerdos con los Estados Unidos se formalizan en aras de la seguridad jurídica al mismo tiempo que se hace todo lo posible por quebrantar la seguridad jurídica. 
Pregunten a los 3 000 prisioneros- mayoritariamente extranjeros- sospechosos de terrorismo y que están encerrados en cárceles norteamericanas sin acceso a ningún tipo de información. 
Pregunten a los once millones de informadores activos del FBI a quienes, si se aplica alguna vez este acuerdo, tendrán permiso para operar en el territorio de los países miembros de la Unión Europea. 
Como ya se ha dicho, eso sería un paso atrás decisivo. 
Como he dicho antes, este Parlamento no tiene influencia alguna, ni legal ni constitucionalmente, pero el debate puede ser útil para levantar la tormenta que será necesaria para comprobar estos intentos de minar la seguridad jurídica. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, debatimos hoy por primera vez sobre un acuerdo de extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el cual no ha sido consultado ningún parlamento de la Unión Europea, ni siquiera el Parlamento Europeo. 
Por tanto, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, pero somos muy conscientes de que nuestro margen de maniobra es prácticamente nulo, dado que, como usted mismo ha dicho, todo se decidirá probablemente antes del 5 de junio. 
Una vez más, en cuestiones absolutamente cruciales para la libertad y los derechos de los ciudadanos, las negociaciones se desarrollan, o más bien se han desarrollado, con absoluta falta de transparencia, y solo hemos podido echar una ojeada entre bastidores para ver hechos consumados. 
El Consejo insiste en rechazar toda consulta formal al Parlamento Europeo. 
En tiempos como estos, en los que muchos piensan que se puede exportar la democracia y los derechos con guerras ilegítimas, esto me parece especialmente preocupante. 
A nuestro entender, nos encontramos ante una clara violación del Tratado, que nos lleva a reflexionar sobre la viabilidad de un recurso al Tribunal por violación de las prerrogativas del Parlamento Europeo. 
Espero de verdad que la mayoría del Parlamento opine que es posible interponer un recurso de este tipo. 
Tenemos muchas razones para el escepticismo y la preocupación con respecto a este acuerdo: desde la falta de prioridad concedida a la orden de detención europea en caso de solicitudes simultáneas hasta la ambigüedad persistente incluso en temas tan poco controvertidos en esta Asamblea como la protección de los datos o la pena de muerte. 
Nos preguntamos, por otra parte, qué lógica nos impulsa a acelerar la celebración de este acuerdo cuando sabemos que algunos ciudadanos europeos están presos en Guantánamo, como han dicho ya otros diputados, de un modo completamente ilegal, y no se sabe nada de ellos. 
Si la Unión y el Parlamento quieren estar a la altura de su reputación de paladines de los derechos, al menos de palabra, debemos darnos prisa y enviar urgentemente una delegación a comprobar las condiciones de esos ciudadanos antes de firmar el acuerdo con los Estados Unidos. 
Será interesante, y quizás incluso divertido, ver si los Estados Unidos nos lo permiten. 
Hoy, sin embargo, deseamos recibir respuestas sobre las posibles- o más bien probables- contradicciones entre este acuerdo y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, a las que usted, señor Presidente en ejercicio, lamento tener que decirlo, no ha prestado atención. 
Queremos una respuesta clara a las siguientes preguntas: ¿Es cierto que los Estados Unidos, con el activo respaldo del Reino Unido, se oponen a que figure en el acuerdo cualquier referencia a la Corte Penal? 
¿Qué sucederá en caso de conflicto entre el Estatuto de Roma, y en particular la obligación de cooperar con la Corte Penal, y el acuerdo de extradición con los Estados Unidos? 
Y, por último, teniendo en cuenta la inequívoca posición del Parlamento Europeo, contraria a la celebración de acuerdos bilaterales que garanticen la impunidad a los ciudadanos estadounidenses, ¿nos podría decir por favor si se ha pedido a algún Estado miembro, actual o futuro, de la Unión Europea que suscriba tales acuerdos? 
¿Tiene noticia de la existencia de algún acuerdo de este tipo? 
Señor Presidente, en mi opinión el Consejo ha hecho un intento consciente de lograr un resultado equilibrado con respecto a estos acuerdos. 
Por un lado es importante que apoyemos en la medida de lo posible a nuestros amigos de la OTAN en la lucha contra el terrorismo. 
Asimismo nos interesa luchar juntos contra el crimen organizado. 
Si ello resulta más fácil gracias al acuerdo de extradición y cooperación jurídica, saldremos ganando. 
Al mismo tiempo veo que los sistemas jurídicos de los Estados Unidos y de la Unión Europea no son iguales. 
Por consiguiente, es lógico que los Estados Unidos no puedan ser tratados de la misma forma que un Estado miembro de la UE. 
Los Estados Unidos constituyen una unidad democrática en la cual se garantizan los derechos humanos, pero su interpretación no siempre es la misma que la de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La problemática en torno a la pena de muerte parece estar ahora regulada para satisfacción de todos con el compromiso del Consejo. 
Sin embargo, queda aún la cuestión de las peticiones de extradición concurrentes, por ejemplo, a través de una orden de arresto europea o la Corte Penal internacional. 
Comprendo que el Consejo ha discutido esta cuestión y ha reconocido que es un problema, pero ¿puede resolverse adecuadamente dejándola en manos de los Estados miembros? 
Además queda la cuestión de si se pueden cumplir suficientemente las exigencias de la Directiva europea en materia de protección de datos. 
A la vista de estas cuestiones delicadas, el Consejo ha decidido con razón presentar estas propuestas para su ratificación a los parlamentos nacionales. 
El Ministro neerlandés de Justicia, Sr. Donner, declaró que las propuestas se mantenían dentro de los límites de los actuales acuerdos neerlandeses con los Estados Unidos. 
Su reacción tranquila fue un alivio después de la reacción sobreexcitada de diferentes diputados de dentro y fuera del país. 
Algunos consideran a los Estados Unidos como el malo de la película. No es de extrañar que no les guste la idea de verse implicados ante la Corte Penal internacional. 
Entiendo que el Consejo haya alcanzado también un compromiso en este terreno. 
Los Estados miembros pueden firmar un acuerdo de no extradición con los Estados Unidos con representantes enviados por el Gobierno de Washington. Ello supone una puerta abierta a futuras negociaciones. 
Supongo que el Consejo nos mantendrá al corriente. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no voy a repetir lo que con razón se ha dicho acerca de la situación insostenible de lo que llamamos el tercer pilar. 
En realidad, se corre el riesgo de que esta situación afecte a numerosos ámbitos y proyecte una imagen poco democrática de la Unión Europea, sobre todo entre los países candidatos. 
Hemos celebrado en el Partenón el advenimiento de la Europa democrática; ahora bien, en la primera sesión a la que asisten nuestros observadores- los poco que están aquí -, nos vemos obligados con razón a protestar porque no nos consultan sobre cuestiones fundamentales como la que nos ocupa. 
No deseo extenderme sobre el tema, máxime cuando dispongo de poco tiempo. 
Quisiera decirle, señor Presidente, que ha hablado usted muy poco de la Corte Penal. 
Por otro lado, me gustaría decir a la Asamblea que a pesar de todo es necesario tener en cuenta la extradición prevista en el Estatuto de Roma. 
La entrega de los inculpados no constituye una extradición en el sentido jurídico del término. 
Así pues, el hecho de que no se discuta de esto no es un problema en sí mismo. 
Naturalmente, Europa debe recordar su compromiso de el mantener y preservar la integridad del Estatuto, así como el contenido de la declaración de 30 de septiembre de 2002. 
En esta declaración se recomienda a todos los países candidatos y a todos los Estados miembros que no firmen ningún acuerdo bilateral que sea contrario al principio en que se fundamenta la Corte, que me complace decir que existe desde el 11 de marzo y que espero que inicie pronto su labor. 
Señor Presidente, este Acuerdo es muy importante, no solo por su utilidad contra la delincuencia internacional, sino también porque es la primera vez que la Unión Europea, como tal, negocia en esta materia un acuerdo internacional que vincula a los Estados miembros y prevalece sobre los acuerdos bilaterales celebrados por estos. 
Así pues, las normas y criterios que se adopten podrán constituir referencias comparativas útiles para acuerdos análogos que se celebren con otros muchos terceros países; también por esta razón, deben examinarse atentamente. 
Ahora bien, la Unión está vinculada por las disposiciones de los Tratados y por los actos suscritos por sus instituciones. 
Por lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales, está vinculada por los apartados primero y segundo del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y por la Carta de los Derechos Fundamentales, que prevén garantías más estrictas que las contempladas en terceros países y, en particular, en los Estados Unidos- también yo pienso en los ciudadanos europeos que siguen presos en Guantánamo -, y por tanto el acuerdo con los Estados Unidos debe remitirse a las disposiciones del Tratado, y no al respeto genérico de los derechos de la persona. 
La reserva de no cooperación en caso de que se pida la pena de muerte se explicita para la extradición, pero no- como debería ser- para la cooperación judicial. 
Esta es una exigencia que no solo vincula a los Estados miembros, sino también a la Unión como tal, que no tiene poder para celebrar acuerdos que deroguen este principio. 
Por ello, considero insuficiente el artículo 9 del acuerdo de cooperación judicial. 
Además es absurdo que el Consejo celebre con terceros países acuerdos que todavía no ha aplicado en la Unión por falta de ratificación, por parte de los Estados miembros, de los convenios firmados o por falta de aplicación de decisiones marco ya adoptadas. 
Es absurdo también que, como establece el artículo 10 del acuerdo, la solicitud de extradición del tercer país pueda prevalecer sobre la solicitud de entrega de un Estado miembro en ejecución de una orden de detención europea. 
Debemos poner remedio a estas limitaciones; así, el acuerdo podrá ser ejemplar para la colaboración de la Unión con terceros países contra la delincuencia internacional, dentro del respeto de los derechos fundamentales que la Unión reconoce a todos los seres humanos. 
Señor Presidente, quiero sumarme a lo que ya han dicho el Sr. Watson y otros colegas. 
En sí se trata de un acuerdo sumamente importante, y por consiguiente es aún más vergonzoso que no se haya organizado debidamente la consulta de las diversas representaciones de los pueblos. 
En mi país, por ejemplo, hubo que ir a leer los acuerdos a una sala porque se trataba de un acuerdo secreto. 
Ahora los han repartido y me pregunto si este método de discusión es el correcto. 
Comparto la opinión del Presidente de nuestra Comisión de que podemos acudir al Tribunal de Justicia si no se sigue otro procedimiento. 
Sea como fuere, quiero formular las siguientes preguntas: ¿Es cierto que el Gobierno norteamericano se niega a admitir la Corte Penal Internacional? 
¿Puede decir usted expresamente qué papel tiene previsto adjudicar el Consejo a la Corte Penal internacional? 
¿Se ha consultado a los países candidatos? 
Al fin y al cabo, esta propuesta también les afecta. 
¿Acaso el umbral de un año, sobre cuya base alguien puede ser extraditado, no es excesivamente bajo? 
En resumidas cuentas, señor Presidente, tengo serias dudas sobre la forma en que se está tratando esta cuestión, y me gustaría que pudiéramos debatirla más y mejor de lo que hacemos ahora. 
Señor Presidente en ejercicio, como comprenderá, tanto el asunto de los prisioneros europeos en Guantánamo como las condiciones a las que se enfrentan y la cuestión de la transferencia a los Estados Unidos de datos confidenciales sobre los pasajeros de líneas aéreas son motivo de desconfianza y preocupación acerca del acuerdo y la postura que mantendrá la Unión Europea. 
Hay tres puntos, pero principalmente quiero mencionar el primero. 
Sobre la cuestión de la pena de muerte, el otro día el periódico comunitario, Europe, publicó el artículo 13, que afirma que si la parte en la que se aplica la pena de muerte solicita una extradición a otra parte que no la aplica, entonces la otra parte, es decir, la Unión Europea, puede estipular que la pena de muerte no debe aplicarse o imponerse, y el artículo termina diciendo: 
Señor Presidente, hace un año John Bolton, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que la única finalidad de la Corte Penal Internacional era limitar el poder militar estadounidense. 
Bien, si tenemos que elegir entre la razón y la fuerza, obviamente hemos de defender el orden jurídico internacional. 
Las próximas semanas pondrán a prueba el apoyo comunitario a la CPI, puesto que los Estados Unidos están redoblando sus esfuerzos para que terceros países firmen con ellos acuerdos bilaterales de inmunidad. 
También debemos hacer un seguimiento de la situación y averiguar quién va a firmar acuerdos y quién va a resistirse. 
No disponemos de esa información. 
Asimismo, seguimos sin saber qué pasos va a dar el Consejo para garantizar que los prisioneros iraquíes no sean juzgados arbitrariamente por tribunales militares estadounidenses, sino por tribunales internacionales independientes, preferiblemente bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, ¿confían los Estados miembros europeos suficientemente en sus respectivos sistemas jurídicos? 
Este fue el núcleo del debate en torno a la orden de detención europea. 
Si del Consejo dependiera, también habría que confiar ciegamente en un tercer país ajeno a la Unión Europea, los Estados Unidos. 
En mi opinión, esto va demasiado lejos. 
Primero es preciso que haya un debate crítico y público sobre esta materia. 
A fin de cuentas se trata de derechos humanos fundamentales, la libre circulación personal y la protección de la seguridad y de los bienes personales. 
Sin duda es inaceptable que se intente forzar a los ciudadanos y a sus representantes electos a tragarse importantes alteraciones de estos derechos, les guste o no. 
En primer lugar con respecto al acuerdo de extradición. 
La norma para la extradición entre los Estados Unidos y los Estados miembros de la UE es que el delito debe comportar una pena de prisión mínima de 1 año. 
Para algunos Estados miembros que ya tienen un acuerdo de extradición bilateral con los Estados Unidos, esto no es nada nuevo. 
Pero también se incluyen la conspiración, la participación y el intento de cometer un hecho delictivo en la obligación de extradición, y esto es ir muy lejos. 
Sin embargo, para los Estados miembros que no tienen ningún acuerdo de extradición bilateral y para los Estados miembros que trabajan con la llamada lista positiva, habrá cambios importantes. 
Quiero preguntar al representante del Consejo si nos puede dar una idea de las diferentes consecuencias que tendrá la introducción del acuerdo en los diferentes Estados miembros. 
Como es sabido, por lo general en los Estados Unidos los derechos del sospechoso no están en general suficientemente protegidos. 
La Unión Europea ha de garantizar los derechos civiles de sus residentes, en este caso los de los sospechosos y condenados. 
Dudo que la Unión pueda seguir haciéndolo si se aplica este acuerdo. 
Al menos deberíamos poder exigir que en el acuerdo se haga referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no se permita a los Estados miembros de la UE desviarse de él en la aplicación de este acuerdo. 
Por ello es absolutamente insuficiente la cláusula de salvaguardia sobre el problema de la pena de muerte. 
No es suficiente que los Estados miembros de la UE puedan denegar la extradición cuando haya amenaza de que se aplique la pena de muerte; no, deberían tener la obligación de negarse. 
Mejor aún: los Estados miembros han de incluir en el acuerdo una disposición que les brinde la posibilidad de juzgar por sí mismos los delitos si se niega la extradición a los Estados Unidos. 
De este modo, se garantizará a los ciudadanos de la UE por lo menos un procedimiento judicial adecuado con garantías europeas para el proceso. 
El acuerdo sobre la cooperación en materia penal plantea la cuestión de la responsabilidad judicial y política sobre las consecuencias: los equipos de investigación criminal. 
¿Acaso vamos a tener Vicio en Miami en Europa? 
La experiencia demuestra que los Estados Unidos tienen unos criterios mucho más amplios sobre lo que se puede hacer y lo que no. 
¿Quién tendrá luego que hacer sonar la alarma cuando en el futuro vengan agentes norteamericanos e introduzcan un sistema de recortes? 
Tampoco es suficiente la protección de datos, como ya han señalado otros diputados de esta Cámara. 
Por último, me sumo de todo corazón a lo que ha dicho el Presidente de nuestra comisión, a saber, que es inaceptable que el Consejo vuelva a negarse a consultar al Parlamento. 
Esto no lo podemos aceptar por más tiempo y sinceramente no comprendo cómo la Presidencia griega se atreve a continuar por esta vía y poner en ridículo una y otra vez a este Parlamento. 
Me parece realmente escandaloso. 
Señor Presidente, en la lucha contra el crimen internacional y el terrorismo, la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos es ya una realidad por lo que se refiere al intercambio de información, y ha permitido obtener resultados significativos. 
Es necesario desarrollarlo en el ámbito judicial por razones de eficacia, pero también de conformidad con nuestros principios fundamentales y de protección de las libertades. 
En efecto, cuanto más reforcemos la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y otras modalidades delictivas, más atentos deberemos estar para no perder de vista las garantías democráticas y los principios de derecho en cuyo nombre actuamos. 
Yo también quisiera aludir, como ha hecho el Sr. Watson, a la resolución del Parlamento del 13 de diciembre de 2001, y sobre todo, a los principios que esta enunciaba para las negociaciones en materia de cooperación judicial con los Estados Unidos: en primer lugar, respetar plenamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las garantías mínimas de procedimiento relativas a un juicio justo, tal y como las ha confirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Se debería mencionar explícitamente en el acuerdo el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, con una referencia explícita a la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada por el Consejo y los Estados miembros y a la que esperamos que se le reconozca un carácter constitucional. 
En segundo lugar, hay que rechazar la extradición a los Estados Unidos de personas que puedan ser juzgadas ante tribunales militares. 
En tercer lugar, no se debe conceder la extradición si el acusado se arriesga a la pena de muerte. 
El Sr. Alavanos tiene razón: no es cuestión de disponer que la extradición «puede ser denegada» , es que no se debe conceder si hay riesgo de ejecución. 
En cuarto lugar, hay que asegurarse de que las disposiciones que afectan a la protección de los datos sean proporcionadas, eficaces y de duración limitada. 
Por lo que se refiere al vínculo con la orden de detención europea y la Corte Penal Internacional, creo que en caso de conflicto, los Estados miembros deben ser libres para elegir entre las peticiones de extradición procedentes de los Estados Unidos y las solicitudes de entrega de personas en virtud de la orden de detención europea o provenientes de la Corte Penal Internacional, pero desearía que usted nos informara de las posiciones que hay en el Consejo. 
¿Es cierto que los Estados Unidos rechazan cualquier referencia a la CPI y que algunos Estados miembros apoyan esta postura? 
Los Estados Unidos han pedido que se incluya en el acuerdo una cláusula de reextradición que impediría a los Estados miembros llevar ante la Corte Penal Internacional o ante cualquier otro tribunal internacional a ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento expreso de los Estados Unidos. 
¿Apoyan también los Estados miembros esta petición? 
Para concluir, ¿reconoce el Consejo que una cláusula de reextradición de este tipo sería contraria a sus compromisos, justamente, con la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma? 
Señor Presidente, he escuchado con especial atención y he tomado nota de las opiniones, los comentarios y las observaciones que han expresado preocupaciones concretas y justificadas por parte de los diputados al Parlamento Europeo. 
Intentaré responder a estas preocupaciones. 
En primer lugar, en cuanto al papel del Parlamento Europeo en relación con el procedimiento para concluir estos dos acuerdos. 
Puede que sea superfluo, pero estoy obligado a recordarles que los acuerdos que se están negociando están basados en los artículos 24 y 38 del Tratado de la Unión Europea, en el que, desgraciadamente, no se prevé ningún tipo de intervención por parte del Parlamento Europeo. 
Al contrario, indirectamente, por no decir claramente, se prevé la remisión a procedimientos constitucionales internos. 
Sin embargo, por encima de todo esto, nosotros como Presidencia consideramos que después de la firma deberá presentarse un informe de situación detallado y que debemos escuchar las opiniones del Parlamento Europeo. 
En otras palabras, a pesar del hecho de que no existe un fundamento jurídico en las disposiciones vigentes, como Presidencia repito y subrayo que la Presidencia informará a la Cámara y la Cámara también tendrá la posibilidad de expresar sus opiniones sobre los dos textos, porque nosotros también somos de la opinión de que, en cuestiones tan importantes, tiene que existir un contacto continuo y un intercambio de información con el Parlamento en ambas direcciones. 
En cuanto a los comentarios realizados acerca de la Corte Penal Internacional, quisiera repetir y subrayar que el proyecto de acuerdo de extradición incluye una disposición concreta, en una exposición de motivos, como he dicho, para que la obligación de extraditar a los Estados Unidos de América no afecte a la obligación de entregar a la Corte Penal Internacional. 
Así que yo diría que salvaguarda específicamente el derecho de cada Estado miembro a cumplir sus obligaciones para con la Corte Penal Internacional. 
Ahora, en cuanto a las peticiones de extradición simultánea en relación con la orden de detención europea, el proyecto de acuerdo de extradición otorga a los Estados miembros plena libertad para escoger a qué país se extradita a una persona. 
Les recordaré que en el marco de la Unión Europea, cuando debatimos y acordamos la orden de detención europea, no se aceptó la idea de que la orden de detención de un Estado miembro tuviera preferencia sobre cualquier petición de extradición de un tercer país. 
Sin embargo, aunque en el futuro decidamos de acuerdo con nuestros propios procedimientos internos para dar tal prioridad a la orden de detención europea, el proyecto de acuerdo incluye una disposición especial que nos facilita esa decisión. 
Reconoce concretamente que el desarrollo futuro de la Unión Europea podrá repercutir en la aplicación del acuerdo, e incluye una disposición por la que el acuerdo deberá revisarse a la luz de esta evolución. 
No obstante, repito que según el proyecto de acuerdo de extradición, todos los Estados miembros tienen la posibilidad de decidir por sí mismos a qué país van a extraditar a la persona reclamada. 
Ahora bien, en cuanto a la relación entre los acuerdos UE/Estados Unidos y los acuerdos bilaterales que se aplican entre los Estados miembros y los Estados Unidos de América, voy a repetir lo que he dicho en mi primera intervención: que los acuerdos UE/Estados Unidos no revocan los acuerdos bilaterales individuales entre los Estados miembros y los Estados Unidos. 
Los acuerdos UE/Estados Unidos comportarán un valor añadido. 
Eso es lo que queremos. 
Que haya más garantías, por encima de las que se aplican en el marco de los acuerdos bilaterales firmados hasta la fecha por los Estados miembros a título individual con los Estados Unidos de América. 
Lo que queremos concretamente, y esto es también lo que hemos intentado hacer durante las negociaciones, y lo que estamos intentando hacer hasta que culminen los acuerdos y nuestras negociaciones con los Estados Unidos, es que existan las garantías necesarias para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que respetarán los principios constitucionales de los Estados miembros. 
En mi opinión, es un logro que las referencias a los principios constitucionales y a la seguridad pública, etc. que se han incluido en ambos proyectos de acuerdo, sean ahora referencias expresas. 
Y, sin duda, los Estados miembros que así lo deseen podrán seguir reforzando en el futuro el acuerdo marco con los Estados Unidos concluyendo acuerdos bilaterales, si así lo desean, e ir más allá, siempre que sean compatibles y aporten más valor añadido que los acuerdos UE/Estados Unidos que se están discutiendo. 
En cuanto a los tribunales especiales, tanto el acuerdo de extradición como el acuerdo de asistencia mutua judicial, es decir, los proyectos de acuerdo, estipulan de manera expresa que los Estados miembros pueden seguir aduciendo las razones para el rechazo que ya se contemplan en los acuerdos bilaterales vigentes que han concluido con los Estados Unidos de América. 
Además, el proyecto de acuerdo de extradición reconoce de manera expresa que los principios constitucionales pueden impedir la extradición, razón por la cual el acuerdo incluye una disposición sobre un mecanismo de consulta específico. 
Además, en el preámbulo a los dos proyectos de acuerdo que se están discutiendo, hay una referencia concreta al principio de un juicio justo, incluida la audiencia por parte de un tribunal imparcial y ordinario, y la cuestión de los tribunales especiales, que no encajan con la cultura judicial de Europa y son una cuestión que planteamos en todas las reuniones y en todas las conversaciones con la delegación de los Estados Unidos. 
En cuanto a la pena de muerte, y en este punto también tengo que referirme al proyecto de asistencia judicial, porque quizás esté más claro que en el proyecto de extradición, y señalar que, sobre la base del artículo 13 del proyecto de acuerdo sobre asistencia mutua judicial, los Estados miembros tienen la facilidad de rechazar una petición de asistencia de los Estados Unidos de América si consideran que la ejecución de la petición puede afectar a su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses fundamentales. 
El texto que hemos conseguido incorporar, y esto era un objetivo que perseguía la Unión Europea, otorga a los Estados miembros la posibilidad de rechazar la asistencia si consideran que las pruebas, datos, etc. que se solicitan pueden llevar a la imposición de la pena de muerte. 
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 9, un Estado miembro también puede imponer condiciones adicionales a los Estados Unidos de América en relación con el uso posterior de las pruebas, por ejemplo, que no deberán usarse en procedimientos judiciales que lleven a la imposición de la pena de muerte. 
Seguiré hablando de la pena de muerte basándome en los comentarios realizados por el Sr. Alavanos. 
La disposición del proyecto de acuerdo con los Estados Unidos de América se ha realizado así precisamente con el fin de obtener un valor añadido sobre los acuerdos bilaterales vigentes entre los Estados miembros y los Estados Unidos de América, que no prevén garantías suficientes. 
Existen casos en los que los acuerdos vigentes no contenían hasta la fecha garantías suficientes. 
Y debo subrayar que en cualquier caso, las disposiciones de los acuerdos bilaterales no se verán afectadas. 
En otras palabras, si algún acuerdo bilateral actual es más avanzado, este acervo no se verá afectado. 
Por el contrario, sobre la base de todo lo que hemos incorporado al proyecto, vamos mucho más allá, salvaguardando y garantizando que no se impondrá ni ejecutará la pena de muerte, que una serie de acuerdos bilaterales que no contemplan tales garantías. 
Las palabras «podrá denegarse» no significan que los Estados miembros vayan a ignorar sus principios constitucionales, que estarán citados expresamente en su totalidad. 
Y también debo recordarles por supuesto que todos los Estados miembros han firmado y ratificado el protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la pena de muerte. 
Quisiera concluir dando las gracias al Parlamento una vez más por brindarnos la oportunidad de informarle y escuchar a Sus Señorías y asegurar una vez más que escucharemos las opiniones del Parlamento Europeo con especial atención antes de la conclusión de todos los trámites. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la Iniciativa en favor de los nuevos países vecinos y la Gran Europa. 
El Ministro de Asuntos Exteriores griego, el Sr. Yiannitsis, tiene la palabra en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la perspectiva de concluir el proceso de ampliación con los diez nuevos Estados miembros dio lugar el año pasado a una nueva iniciativa relativa a las relaciones de la Unión Europea con su nuevo entorno geográfico y político, con sus nuevos vecinos. 
En esencia, al margen de las cuestiones terminológicas, nos encontramos ante un nuevo debate sobre cómo debería contemplar la Unión Europea el futuro de sus relaciones con algunos de sus países vecinos. 
Este debate, que recibe el nombre «Nuevos países vecinos y la Gran Europa» , se inició prácticamente el año pasado con las intervenciones y contribuciones de los Estados miembros. 
Me refiero a la carta del Sr. Straw, la Sra. Lindh y el Sr. Pagrotsky, Ministro de Comercio, seguida de una carta conjunta del Sr. Solana y el Sr. Patten. 
El Consejo trató el tema y adoptó una serie de conclusiones sobre la iniciativa relativa a los nuevos países vecinos el 19 de diciembre de 2002 para Ucrania, Moldova y Belarús. Además, solicitó que se formularan propuestas concretas para la iniciativa y amplió sus límites a otras áreas vecinas. 
Así, el Consejo declaró su intención de formular una estrategia ambiciosa, integral y larga de miras para cada uno de los tres nuevos países vecinos. 
Esa estrategia se basa en el principio de la diferenciación y tiene en cuenta las condiciones que caracterizan a cada país, su poder político y económico, su actuación y los objetivos de la Unión para cada uno de ellos. 
Hoy en día, aproximadamente un año después de su inicio, la conclusión del proceso de ampliación ha reforzado nuestra perspectiva de esa estrategia, puesto que contribuye al entramado más amplio de relaciones entre la Unión y sus vecinos, logrando así la difusión de principios básicos como la paz, la seguridad y la prosperidad, que son tan importantes para los ciudadanos europeos. 
El objetivo de combinar este tipo de política con el hecho de continuar y profundizar en la ampliación es crear un círculo de amigos en torno a la Unión Europea. 
El Consejo de Copenhague habló de política común y valores económicos, habló de evitar la creación de nuevas líneas divisorias y de promover la paz y la estabilidad dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea. 
Estos planteamientos fueron debatidos en profundidad el pasado mes de abril cuando se examinó la posibilidad de reforzar la cooperación de la Unión Europea con sus vecinos mediterráneos y orientales y el modo de evaluar su progreso. 
Esta misma cuestión fue tratada en la Conferencia Europea de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Atenas el pasado 17 de abril y será debatida en la próxima Conferencia Euromediterránea de 26 y 27 de mayo de 2003. 
La Conferencia Europea de 17 de abril, en particular, ofreció la oportunidad de iniciar el diálogo sobre los principios generales de la iniciativa global y presentar una declaración que especificara sus objetivos comunes, objetivos que aceptan los nuevos Estados miembros, los países asociados, los países de la AELC, los países de los Balcanes occidentales, Ucrania, Moldova y Rusia. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la iniciativa relativa a los nuevos países vecinos es un intento por nuestra parte de dar un nuevo impulso a un marco que ya existe y que afecta a las relaciones con nuestros países vecinos del sur y del este. 
No afecta, por supuesto, a los países candidatos ni a los países candidatos potenciales, los países de los Balcanes occidentales. 
El alcance de esta iniciativa puede ser revisado en el futuro, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos. 
La situación se está vigilando también en otras zonas no muy distantes, como el sur del Cáucaso, que tampoco entran por el momento en la iniciativa; me gustaría señalar que Rusia es un caso especial y este aspecto tiene que quedar reflejado en su relación con esta iniciativa. 
El principio de diferenciación al que he hecho referencia antes se refiere a los medios, a las condiciones previas y al marco temporal que se establecerán para alcanzar nuestros objetivos, que consisten en promover los nuevos valores políticos y económicos, la prosperidad y la paz. 
En lo que concierne a los valores políticos, estos constituyen el fundamento para mejorar las relaciones políticas y son un elemento necesario para la estabilidad política interna y la prosperidad económica. 
La promoción de los valores políticos contribuirá también a la creación y al funcionamiento de una administración responsable y eficaz. 
La Unión puede extraer lecciones importantes de su proceso de ampliación y extender también los programas en los que ha adquirido experiencia a sus países vecinos. 
Los países mediterráneos, en particular, albergan una diversidad de religiones y culturas que constituye una fuente de creatividad y no un obstáculo para la cooperación euromediterránea. 
Por el contrario, tenemos que encontrar la manera de poner fin a la falta de comunicación que existe entre diferentes idiomas, religiones, costumbres y comportamientos, pero respetando al mismo tiempo la diversidad cultural. 
Esto me lleva a hablar de unos valores económicos comunes. 
En este sentido, el objetivo fundamental para los países vecinos que no contemplan la adhesión es participar en un espacio europeo donde se aplique la libre circulación de mercancías, servicios y capital: el Espacio Económico Europeo. 
Esta perspectiva puede también constituir una alternativa a medio plazo en otros casos. 
La integración de Rusia y de Ucrania en el sistema económico global tiene especial importancia. 
Además, el procedimiento que ya hemos iniciado con Rusia para crear un Espacio Económico Europeo común puede también considerarse para otros tres vecinos orientales, entre ellos, por supuesto, Belarús, cuando las condiciones así lo permitan. 
La pertenencia a la Organización Mundial del Comercio será una condición imprescindible para alcanzar un acuerdo de libre comercio con Rusia y Ucrania. 
Proseguirán los preparativos para alcanzar este tipo de acuerdo con Moldova, que ya es miembro de la Organización Mundial del Comercio. 
La perspectiva de establecer un régimen de libre circulación de personas tampoco debería descartarse del todo hoy, aunque sea un objetivo a largo plazo. 
Aunque sujeto siempre al cumplimiento de unas ciertas condiciones, podría darnos una potente arma para ayudarnos a convencer a nuestros vecinos orientales para que procedan con las reformas necesarias. 
También demostraría que la Unión Europea está dispuesta a evitar la creación de líneas divisorias a costa de la ampliación y, en todo caso, nos permitiría flexibilidad en el tratamiento. 
En lo que respecta a los socios mediterráneos, la estructura jurídica de la cooperación euromediterránea está prácticamente consolidada y la mayoría de estos socios se han integrado en el procedimiento para el establecimiento gradual de una zona de libre comercio en la Unión Europea. 
La liberalización del comercio demostrará ser también un catalizador de la reforma económica. 
El tercer objetivo consiste en salvaguardar la paz y la prosperidad dentro y fuera de la Unión. 
En este marco, es aconsejable examinar las posibilidades que existen para una cooperación más estrecha en aspectos internacionales importantes como el terrorismo, el crimen organizado, las tareas de Petersberg, la protección del medio ambiente, la ayuda al desarrollo y la inmigración. 
La ampliación ofrece nuevas oportunidades, pero plantea también nuevos retos, sobre todo en lo que respecta a nuestros vecinos orientales. 
Las tareas de Petersberg y la cooperación reforzada con Rusia y Ucrania son herramientas importantes en la dirección que deseamos tomar. 
La cooperación reforzada para combatir peligros como las amenazas al medio ambiente y los desastres nucleares también ofrece grandes posibilidades. 
En nuestras nuevas fronteras orientales, en particular, la lucha contra esas amenazas debe constituir un objetivo fundamental y ocupar el lugar que se merece entre nuestras prioridades. 
En este marco de cooperación euromediterránea, debemos reforzar el diálogo político que refuerce la seguridad y crear un espacio de paz y estabilidad. 
Es aconsejable que consolidemos ese diálogo tanto en las relaciones bilaterales como en el marco del proceso de Barcelona. 
En el ámbito político de la cooperación euromediterránea, hay que adoptar medidas para mejorar el entendimiento mutuo entre los socios, para evitar los malos entendidos y, en definitiva, crear las condiciones previas para promover la cooperación también en el sector de la seguridad. 
Siguiendo una iniciativa del Parlamento Europeo, estamos promoviendo el desarrollo de la dimensión parlamentaria en la cooperación euromediterránea mediante la creación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
El objetivo de crear un espacio de prosperidad común por medio de un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado está vinculado a cinco elementos más concretos. 
El primer elemento: la creación de un espacio de libre comercio y la protección medioambiental son medidas complementarias, no incompatibles. 
Consideramos aconsejable que el marco de la estrategia de integración medioambiental euromediterránea adoptada en la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Medio Ambiente de Atenas oriente nuestra actuación en materia de desarrollo. 
Segundo elemento: el reforzamiento del Estado de derecho. 
El objetivo del marco actual adoptado en la Conferencia Euromediterránea de Valencia es poner en marcha un programa de cooperación regional en el ámbito de la justicia para combatir los estupefacientes, el crimen organizado y el terrorismo, así como de cooperación en cuestiones relacionadas con la integración de inmigrantes, la propia inmigración y la circulación de personas. 
Tercer elemento: el desarrollo de la cooperación transfronteriza y la integración de nuestros países vecinos en las redes transeuropeas, en especial las redes del transporte, telecomunicación y energía. 
En nuestras fronteras orientales se ha demostrado que es particularmente difícil coordinar los elementos de cooperación transfronteriza con las herramientas que ya tenemos allí, como Phare, Tacis e Interreg. 
Por ese motivo, se está considerando en serio la posibilidad de crear una herramienta única especial que integre todos los elementos de cooperación transfronteriza de los programas actuales y esperamos con interés las propuestas relevantes de la Comisión. 
Cuarto elemento: una mayor cooperación en el sector de la energía. 
Muchos de nuestros vecinos son importantes proveedores de energía y nuestra política se centrará en la seguridad energética de la Unión, respetando también el principio de la diferenciación. 
Quinto elemento: unos criterios adecuados para progresar con las reformas. 
La postura de la Unión con respecto a lo que estos países pueden esperar una vez que cumplan los criterios establecidos debe explicarse con claridad. 
El objetivo último tiene que ser atractivo, como la firma de un acuerdo mejorado. 
Debemos analizar la cuestión del nombre con especial cuidado. 
A menudo, los símbolos pueden convertirse en una herramienta útil y en un incentivo para llevar a cabo reformas esenciales. 
Y en este aspecto, el principio de la diferenciación debe aplicarse con cuidado. 
Y estas son las ideas que les quería transmitir sobre este tema. 
Gracias por su atención. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías: la Comisión ya realizó el 11 de marzo en esta Cámara una declaración detallada sobre la cuestión de la iniciativa en favor de los nuevos países vecinos y, para ser sinceros, en el ínterin no han pasado muchas cosas sobre las que yo pueda informarles. 
Los Estados miembros han comenzado a deliberar sobre este tema en el Consejo, y el Sr. Yiannitsis acaba de informar al respecto con cierto detenimiento. 
Hemos abordado este tema con los futuros Estados miembros y ha habido la muy loable iniciativa de la Presidencia griega, lanzada en el marco de la firma del Tratado de ampliación en Atenas, de discutir este tema en una Conferencia Europea con los Estados asociados interesados en esta iniciativa en favor de los nuevos países vecinos. 
Me complace poder decirles que las reacciones han sido sumamente positivas y consideramos que esta iniciativa cuenta con un apoyo político suficiente en todas partes. 
El punto de partida de nuestras propuestas para una nueva política de vecindad es, desde luego, la ampliación, pero ahora no es el momento de discutir sobre las perspectivas de adhesión de nuestros nuevos vecinos. 
En la próxima década se necesitará sobre todo una estrategia diferenciada para establecer intensas relaciones de buena vecindad, sin que ello conlleve una promesa sobre la adhesión. 
Nuestra intención es exportar la estabilidad, la seguridad y el bienestar que hemos creado en la Unión Europea ampliada y que esperamos seguir creando. 
El Presidente Prodi ha calificado este objetivo de «círculo de amigos» que nos rodea, un círculo que va desde Rusia hasta Marruecos. En esta perspectiva podemos compartir con nuestros socios gran parte de lo que constituye la Unión Europea, como por ejemplo el mercado común y sus normas, nuestros programas comunitarios y el diálogo político, pero no nuestras instituciones internas. 
La Comisión ya ha explicado que los países de los Balcanes occidentales, así como Rumania, Bulgaria y Turquía, no están incluidos en este círculo y las razones de ello. 
Estos países ya cuentan con una perspectiva de adhesión en el futuro; en el caso de Rumania y Bulgaria, dicha perspectiva ya tiene un calendario concreto. 
Huelga decir que la intensidad y el ritmo con que se desarrollarán las relaciones entre la Unión y cada uno de estos países dependerá de las capacidades y de las ambiciones que tenga cada uno de los países socios. 
Al igual que en la ampliación, el principio de diferenciación desempeñará un papel importante. 
Por ello queremos elaborar un plan de acción con cada país individual, sobre la base de la experiencia y de nuestros compromisos contractuales. 
Estos planes de acción fijará nuestro itinerario común y contendrá objetivos, plazos, modalidades y mecanismos de seguimiento que serán vinculantes por igual para ambas partes. 
El proceso demostrará si necesitaremos nuevos instrumentos contractuales. 
En todo caso deberán continuar los trabajos en el marco de los acuerdos de asociación y cooperación, que no deberán sufrir retrasos ante la perspectiva de acuerdos futuros. 
¿Cuál es la situación actual de este proyecto? 
Bien, de momento, junto con los países candidatos y los países asociados, hacemos nuestra contribución a las discusiones y conclusiones previstas en el Consejo. 
Con Ucrania y Moldova hemos celebrado las primeras conversaciones exploratorias con el fin de allanar el camino a la cooperación necesaria. 
Para el Acuerdo de asociación y cooperación UE-Ucrania, ambas partes han elaborado un análisis exhaustivo de lo logrado hasta ahora e identificado conjuntamente los ámbitos donde se requieren nuevas medidas. 
Internamente, es decir, dentro de la Comisión, estamos elaborando las bases para los planes de acción. 
Los diversos planes nacionales deben hacer referencia a un marco amplio y coherente que abarque todos los ámbitos. 
Su aplicación en la práctica deberá poder medirse a la luz de criterios prefijados, a fin de poder redactar los informes previstos sobre la marcha de los trabajos. 
Como pueden ver Sus Señorías, nos proponemos utilizar un instrumento que ya ha demostrado su utilidad durante el proceso de ampliación. 
Estamos desarrollando la base de un nuevo instrumento de financiación, y aunque ya hemos esbozado los fines generales de este instrumento, todavía hace falta definirlo más precisamente y establecer los principios de planificación y la dotación financiera total. 
Tenemos la intención de presentar una comunicación específica sobre este tema en el otoño. 
Entonces estaremos en condiciones de iniciar el trabajo práctico, tanto pronto nos hayan dado la luz verde política necesaria. 
Como han oído, la Presidencia está en ello y su enfoque cuenta con el pleno apoyo de la Comisión. 
La contribución del Parlamento a los futuros debates no solo será significativa, sino que también influirá. 
Los representantes del pueblo de los países asociados deben desempeñar su papel en la contribución al avance ulterior. 
Podemos prever que los parlamentos de los países asociados concederán gran importancia a los puntos de vista del Parlamento Europeo, y agradecería que los diputados al Parlamento Europeo utilizaran sus contactos para establecer un intenso diálogo e intercambio de experiencias con los parlamentarios de los países asociados. 
Por ello me complace sobremanera que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ya haya designado una ponente y haya celebrado un primer debate. 
Deseo a la Sra. Napoletano mucho éxito en su misión y me gustaría decir que puede contar con todo el apoyo y cooperación de la Comisión para su labor. 
Señor Comisario, Señorías, quiero informar a la Cámara que hoy se encuentra entre nosotros la Sra. Fréchette, primera Vicesecretaria General de las Naciones Unidas. 
La Sra. Fréchette ha estado en el Parlamento Europeo hoy para mantener reuniones bilaterales con algunos diputados y esta tarde se reunirá con el Presidente Pat Cox. 
Le damos nuestra más calurosa bienvenida y la enhorabuena por su plena dedicación al desempeño de sus funciones, y esperamos que su estancia en el Parlamento Europeo sea muy provechosa. 
(DE) Señor Presidente, Señorías: Aparte de los motivos históricos generalmente conocidos y aceptados para la ampliación de la Unión Europea, en nuestra decisión a favor de esta iniciativa también desempeñó un papel importante el hecho de que, tras la caída del Telón de Acero, las diferencias en materia de bienestar, democracia y Estado de derecho entre Occidente y el antiguo bloque oriental no podían mantenerse y por ello nos comprometimos, por razones legítimas a que el bienestar y la democracia tuvieran igualmente una oportunidad en aquellos países que no pudieron tenerla bajo la dictadura soviética. 
Con la ampliación desplazamos ahora esta frontera del bienestar y la democracia hacia el este, de forma se plantea de nuevo la cuestión, ahora en relación con los nuevos vecinos, de cómo viviremos con ellos, y hay que felicitar a la Comisión por el modo en que se ha devanado los sesos para encontrar soluciones. 
Apoyo todas las actividades descritas por el Sr. Comisario hasta el último detalle, con una excepción, en que mi postura es contraria. 
Se trata de su indicación, señor Verheugen, de que todo esto podrá gestionarse sin hacer ninguna declaración sobre posibles decisiones relativas a la adhesión. 
Creo que en esta cuestión se equivoca. 
Al contrario, considero que es fundamental que ahora, durante la ampliación, que nos ocupará durante largo tiempo, debemos dilucidar qué país será vecino y cuál será futuro miembro de esta Unión Europea. La cuestión de las fronteras de la Unión Europea- y no solo de sus fronteras geográficas- exige imperiosamente una respuesta. 
El propio Tratado nos obliga a abordar esta cuestión, pues, como se señala correctamente en la Comunicación de la Comisión, los Estados europeos pueden solicitar su adhesión a la Unión Europea. 
Asimismo tenemos motivos para reflexionar sobre hasta qué punto se puede extender la unión política que deseamos, sobre los límites de la integración, sobre la forma que tendrán nuestras futuras estructuras y sobre la naturaleza de la Unión Europea. 
Actualmente no debemos ni podemos resolver estas cuestiones de forma concluyente, pero en la Convención se discute mucho sobre ellas. 
No debemos decidir la controversia acerca de si la Unión Europea debe ser un Estado federal u otra especie de animal. 
En este caso, los juristas preferimos decir que algo es sui generis, pero la cuestión acerca de los futuros vecinos y Estados miembros debe resolverse, ya que por un lado debemos claridad a los ciudadanos de la Unión, que desean saber hasta dónde se extiende actualmente el proyecto de la Unión Europea, pero por otro lado también a los vecinos, a los que no debemos infundir esperanzas que no se puedan cumplir. 
Este es uno de los problemas que se nos plantean con Turquía, nuestro importante socio y aliado. 
La cuestión de lo que realmente pretendemos con Turquía ha estado demasiado tiempo en el aire. 
El objetivo de la «unión política» también tiene sus límites. 
El proceso de ampliación ha alcanzado ahora esencialmente una etapa en que quizá todavía quede algún margen para «redondear» , pero toda adhesión ulterior que hipoteque la capacidad de integración de la Unión y socave totalmente el equilibrio entre estos 25 Estados debe descartarse. 
La ampliación ha llegado a una fase en que la definición de una visión común mediante la reconciliación de posturas divergentes y puntos de vista contradictorios exigiría demasiada energía y no habría ninguna posibilidad de llevar a cabo una acción externa eficaz. 
Esta es otra de las lecciones de la guerra del Iraq, en que las posiciones divergentes han condenado a la Unión Europea a la inacción. 
¿Quién puede suponer seriamente que la adhesión de los países de la cuenca mediterránea, desde Turquía hasta Rusia, podría hacer que esta Unión fuese más fuerte y eficaz? 
Por ello es necesario responder ahora a la cuestión de las fronteras de la Unión Europea, y solo a continuación podremos establecer relaciones de buena vecindad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quisiera comenzar reconociendo ante todo a la Comisión la conveniencia y la oportunidad de su comunicación sobre la Europa ampliada y sobre las relaciones con los nuevos vecinos orientales y meridionales, entre otras cosas porque ofrece la posibilidad de estructurar el debate evitando improvisaciones que susciten expectativas fáciles o frustraciones en una situación más compleja que nunca y en continua evolución. 
En efecto, no hay momento más inoportuno para despertar ilusiones sobre nuevas dimensiones de la ampliación que aquel en que se debe llevar a término y con éxito la integración de diez países, y evaluar la eficacia de las reformas resultantes de la Convención y de la Conferencia Intergubernamental. 
Ahora bien, esto no quiere decir que la Unión deba plegarse sobre sí misma. 
Así pues, ha hecho bien la Comisión en hacer que coincidan, también en el tiempo, la firma del Tratado de Adhesión de los diez nuevos Estados miembros con una estrategia más amplia de integración, que abarca países y áreas geográficas situadas al este y al sur de la Unión ampliada. 
Sin embargo, como sostiene la comunicación de la Comisión, conviene evitar un confuso paralelismo entre país vecino y país destinado a no ingresar jamás en las Unión Europea y, al mismo tiempo, evitar que la adhesión a las instituciones europeas sea el único instrumento disponible para una política de cooperación más estrecha ante problemas e intereses comunes. 
En otras palabras, hay que establecer una cierta autonomía entre esta estrategia y la ampliación. 
Precisamente por esta razón, en el primer debate mantenido en la Comisión de Asuntos Exteriores surgió la necesidad de ofrecer un marco unitario para una estrategia de amplio alcance, que sea también tan concreta que proponga políticas para hoy, y no para un futuro indefinido que en este momento no podemos prever, pero que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de preparar. 
Las primeras ideas surgidas en el debate van en este sentido: Para completar el marco geográfico, tener en cuenta también los países del Cáucaso. 
Mirar más allá de los países integrados en la actual asociación, incluso en el contexto del Mediterráneo. 
Si se entiende que las fronteras no se reducen a las fronteras físicas, es muy importante que, desde hoy hasta su ingreso en la Unión, los Balcanes, por ejemplo, puedan relacionarse en un contexto mediterráneo. 
Esto no quiere decir que debamos equiparar o evitar diferenciar los instrumentos, desde los acuerdos de preadhesión hasta la cooperación mediterránea; al contrario, es necesario reforzarlos a través de la propuesta que presentará la Comisión sobre la dimensión transfronteriza. 
La fuerza de esta estrategia reside precisamente en que fija objetivos comunes para una zona geográfica que, por su historia, cultura y contigüidad con la Unión, puede definirse como región paneuropea y mediterránea: 
Quiero decir a la Comisión y al Consejo que nosotros insistimos en un concepto: ante todo, la política. 
Queremos compartir ante todo los valores, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad, y desarrollar instrumentos y políticas nuevas y también las existentes en este marco. 
Creo, pues, que en este marco el Parlamento podrá contribuir- y lo hará- mostrándose muy satisfecho con el espíritu de apertura ya demostrado por la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente, el acontecimiento histórico que representa la ampliación de la Unión, y quizás aún más la nueva situación creada por la ocupación del Iraq y las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos, todo ello hace que debamos reflexionar sobre el papel que la Unión Europea desea desempeñar el día de mañana y, en particular, con respecto a sus futuros vecinos. 
Esto urge. 
La lógica de la fuerza perdura después de la guerra. 
Apoderándose de los recursos y monopolizando todos los engranajes del poder, el Gobierno de Bush continúa imponiendo los hechos consumados frente a los intereses del pueblo iraquí, así como apartando a un lado a las Naciones Unidas y, por tanto, despreciando el Derecho internacional. 
Ahora bien, para oponer a esta verdadera doctrina otra concepción del mundo, hace falta además, en la Unión Europea, valentía política, capacidad de iniciativa y diálogo. 
Creo que tejer nuevas relaciones con nuestros futuros vecinos podría constituir un primer paso decisivo. 
Pienso, en particular, en el mundo árabe y musulmán, cuya estigmatización y humillación casi permanentes, unidas a su fractura económica y social, no hacen sino alimentar el integrismo religioso y la utilización del terrorismo por parte de grupos aún más peligrosos. 
Aquí, a modo de respuesta, la extrema derecha confía en prosperar. 
Para luchar eficazmente contra todas estas amenazas, creo que es necesario dar prioridad a otros objetivos y otros medios distintos de los mencionados en la comunicación de la Comisión. 
No cabe duda que en teoría, con respecto a la idea del nuevo impulso, por ejemplo, se anuncia el gran objetivo de estrechar las relaciones. 
No obstante, no habrá un espacio común sin una construcción común. 
Estamos lejos de ello, a juzgar por las palabras de Romano Prodi acerca de un acercamiento político y de la integración progresiva en las estructuras económicas y sociales de la Unión Europea. 
La composición de la reunión ampliada a 40 países estrictamente europeos, celebrada en Atenas el pasado 17 de abril, y de la que usted ha hablado, ¿acaso preludia una especie de construcción a distintas velocidades, con países de segunda- la llamada Gran Europa- y otros de tercera- los países del sur del Mediterráneo -? 
Pero sobre todo, la simple alineación con la lógica del mercado que rige la actual construcción europea está lejos de satisfacer las necesidades, y ni siquiera permite ser eficaces en este ámbito. 
Una auténtica política de cooperación no puede reducirse a la sacrosanta transposición del acervo comunitario, porque es de eso de lo que se trata, más aún cuando no se menciona ninguna contrapartida en materia de ayudas. 
El desarrollo de los programas de actuación específicos puede resultar interesante con respecto a la rigidez, por ejemplo, del proceso global de Barcelona. 
Sin embargo, aunque las negociaciones que se llevaron a cabo con los países candidatos dejaron un regusto amargo y muchas frustraciones- lo sabemos bien -, la Comisión no ha propuesto revisión alguna de la cuestión. 
Lo peor es que se ha sugerido dar un incentivo a aquellos alumnos que realicen mejor las reformas. 
Por lo que se refiere a los conflictos, y con esto termino, la Comisión se retrasa muy poco, aunque un espacio común solo se puede construir bajo el principio del Derecho internacional y con un papel mucho más activo por parte de la Unión. 
Por último, el enfoque de las relaciones centrado casi exclusivamente en la seguridad, que marca el conjunto del documento de la Comisión? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías: la intención de la Comisión y del Consejo de no construir nuevos muros en Europa cuenta con el pleno apoyo de todos nosotros. 
Las fronteras con alambre de espino y cámaras de infrarrojos al este y al sur no deben convertirse en el emblema de la Unión Europea, sino la asociación y lazos más estrechos. 
A lo largo de la historia, las zonas fronterizas al este y al sur fueron lugar de encuentro entre personas de distintas culturas, religiones y modos de vida, y nuestro cometido debe ser recrear esas regiones. 
Y si en términos políticos la Comunicación de la Comisión puede ser correcta, no sucede otro tanto con las medidas que propone. 
Nuestras principales criticas son que el proceso de Barcelona, la asociación con Rusia como potencia regional y las relaciones con Estados vecinos que han manifestado a su vez su voluntad de integración, se han puesto en la misma cesta. 
De este modo se simplifican los contenidos específicos de los actuales procesos y se vuelven a plantear las intenciones y objetivos ya establecidos, sin reevaluar lo alcanzado hasta ahora y los nuevos acontecimientos. 
Este no es el valor añadido significativo que necesitamos para un nuevo concepto cualitativo de «vecino». 
No se proponen soluciones a los verdaderos problemas a los que se enfrentarán las personas, sobre todo de las regiones fronterizas orientales, cuando se aplique el acuerdo de Schengen, ni tampoco se han formulado hasta ahora con claridad instrumentos adecuados para ello. 
Este es un grave fallo del documento. 
Lo que necesitamos es abordar individuamente los problemas, es decir, encontrar una solución para la convivencia de las comunidades regionales, la vida económica y las relaciones familiares que sufrirán graves consecuencias debido a las nuevas fronteras de Schengen, mediante la oferta de facilidades regionales en las zonas fronterizas. 
Asimismo debe hacerse la oferta financiera correspondiente, a fin de que puedan efectuarse los preparativos necesarios. 
Además debe establecerse un instrumento financiero que sea directamente compatible con ello y se gestione de modo descentralizado. 
Por último, las zonas fronterizas orientales y meridionales comparten la necesidad de una política humanitaria en materia de refugiados que cumpla la Convención de Ginebra y prevea un reparto de cargas con nuestros vecinos. 
Señor Presidente, una de las primeras consecuencias de la ampliación es haber acercado a la Unión a países que hasta ayer parecían geográficamente distantes, y haber acercado así a sus poblaciones, hasta alcanzar 450 millones de habitantes en la nueva Unión ampliada. 
Los importantes cambios geográficos, políticos y culturales registrados en el siglo XX en el continente europeo y en la cuenca mediterránea sin duda no contribuyeron en el pasado reciente a acercar a Rusia, a los Nuevos Estados Independientes y a los países del Mediterráneo meridional, ahora vecinos nuestros. 
Estos últimos han vivido situaciones extremadamente diversas y trágicas, y por ello es más importante aún que busquemos hoy puntos de encuentro y de colaboración activa entre nosotros y ellos. 
La nueva Europa reunificada, con los 25 Estados que la componen, deberá incluir entre sus principales objetivos el establecimiento de una relación privilegiada con estos países vecinos, tanto de la Europa del Este, como Rusia, o de Asia, como Kazajstán, como con aquellos que componen la región de Oriente Próximo y se asoman a la cuenca mediterránea. 
La Europa política nacida de los trabajos de la Convención y del nuevo tratado institucional que la CIG presentará a los pueblos de la Unión no solo tendrá la tarea de estrechar alianzas económicas que puedan favorecer también la mejora de las estructuras de comunicación mediante un intercambio recíproco entre ciudadanos y empresas, sino también y sobre todo de promover todas aquellas iniciativas políticas, sociales, culturales y científicas que puedan mejorar la participación de los ciudadanos en el crecimiento de gobiernos democráticos laicos, en el respeto de todas las tradiciones nacionales, culturales y religiosas que de algún modo promueven la dignidad del hombre y salvaguardan su integridad física. 
Si bien este diálogo debe desarrollarse con igual intensidad con todos los países vecinos de la Unión, consideramos prioritario ejercer en el futuro inmediato una actividad política centrada en la paz en Oriente Próximo y en el reequilibrio económico de la cuenca mediterránea. 
En efecto, el reconocimiento de pleno derecho del Estado de Israel y del derecho de sus ciudadanos a una vida sin terrorismo, así como el derecho del pueblo palestino a un Estado autónomo e independiente que garantice la lucha contra toda forma de terrorismo y el control sobre el uso efectivo de los fondos asignados por la Unión Europea a favor del pueblo palestino, de la educación de los jóvenes, del desarrollo de las actividades productivas y de la construcción de casas e infraestructuras, representa para nosotros un objetivo primordial. 
Otro objetivo primordial es impedir el éxodo masivo de los países más pobres, que, con una inmigración incontrolada, por un lado depaupera a los países de procedencia de los inmigrados y, por otro, descalabra las estructuras de los países de acogida, que no son capaces de hacer frente a una inmigración masiva e ilegal, especialmente cuando entre los emigrantes que buscan unas condiciones de vida mejores se infiltran numerosos miembros de asociaciones delictivas o terroristas, dedicadas también a la venta de estupefacientes, al tráfico de armas y, sobre todo, a la trata de seres humanos. 
Es evidente por ello la necesidad de un compromiso político y económico de la Unión, que conduzca a un desarrollo armónico y continuo de estos países, para que las poblaciones encuentren en el territorio de origen medios no solo de sustento, sino también de progreso social y cultural. 
Solo de este modo se garantizará que quien emigra lo haga por una decisión razonada y dentro del respeto de las normas, no por desesperación y de forma clandestina. 
Señor Presidente, todos debemos recordar también la exigencia de pedir a todas las instituciones europeas que intensifiquen, mediante los acuerdos pertinentes con los Gobiernos de los Estados vecinos, la lucha sin cuartel contra la pedofilia, la explotación, en especial sexual, de mujeres y niños, y toda práctica que viole la integridad física de la persona. 
Señor Presidente, la política de vecindad de la Europa ampliada, de la que nos acaban de hablar el Consejo y la Comisión, nos parece muy interesante porque se inscribe en un nuevo enfoque más flexible, en una cooperación general más graduada y diferenciada que se adapta al caso de cada país vecino. 
No obstante, en estos momentos se nos plantean cuatro cuestiones. 
En primer lugar, el contenido de los acuerdos de vecindad se ha definido, a veces, utilizando la expresión «todo excepto las instituciones» , lo que puede interpretarse erróneamente como «todo excepto el poder de decisión». 
En segundo lugar, y me refiero de nuevo al contenido, se ha hablado también de la ampliación prioritaria de las cuatro libertades de circulación del mercado único. 
¿No es precipitado contraer este compromiso por adelantado? 
Es evidente que hay otros objetivos, como la seguridad, que son más importantes. 
En tercer lugar, la nueva política de vecindad parece reservada a los países vecinos no candidatos. 
Turquía no figura en esta lista, y no entiendo por qué, ya que el ingreso de este país en la Unión Europea, de momento, no se ha aprobado oficialmente. 
En cuarto lugar, en esta política de vecindad, la Unión Europea no parte de cero. 
No parte de una tabla rasa porque los Estados miembros actuales mantienen ya relaciones con sus vecinos, sobre todo con los fronterizos. 
¿Cómo se va a articular la política europea con las políticas nacionales existentes? 
¿No se debería otorgar a los países limítrofes una voz de peso o un derecho de control sobre la nueva política europea? 
Señor Presidente, precisamente hoy, en la prensa internacional aparece un artículo sobre el futuro de Europa. Se esboza una imagen dramática, diseñada por un instituto francés, sobre los peligros que amenazan a Europa. 
La población disminuye, el crecimiento económico se estanca, también a largo plazo, según este instituto. 
La fuerza innovadora de la Unión Europea se queda muy por detrás de la de los Estados Unidos. 
Aflicción generalizada. 
El remedio que prescribe este instituto francés es: mirar alrededor, hacer un conjunto más grande y mirar un poco más lejos de lo que hace la Comisión en estos momentos. 
Esto es lo que quería decir en realidad. 
No sé si este es el remedio. 
Sea como fuere, no hemos de olvidar a los Estados Unidos, porque este país es un importante vecino nuestro. 
Pero en lo que respecta a la situación dentro de Europa y los países vecinos en este continente, he de decir que tuve una sensación de déjà-vu cuando leí la comunicación de la Comisión. 
La Comisión conoce todo el terreno de expansión, todo el proceso que guarda relación con ella. 
Al leer el documento parece como si estuviéramos a punto de iniciar una nueva ronda de ampliaciones, esta es la impresión que da. 
Se dice muy claramente que no es así. 
A los países circundantes solo se les promete una participación en el mercado interior y no una participación en la Unión y su proceso de toma de decisiones. 
También cuestiones en torno a la política medioambiental, el orden público, la seguridad, la lucha contra la criminalidad, la calidad de la gestión pública, la calidad del Estado de Derecho, parecen reunir las condiciones para un enfoque común. En resumidas cuentas, en realidad todo el abanico de temas que también se trataron durante el proceso de adhesión de los países candidatos. 
A continuación, dice la comunicación, el desarrollo de los países vecinos en todos estos sectores puede tratarse anualmente en informes de progreso. 
Se parece como dos gotas de agua al proceso de ampliación. 
Además se habla de puntos de calibrado, hay diversos puntos de calibrado reconocidos internacionalmente, con los que se mide a los países vecinos y que ahora se mencionan en concreto. 
Me pregunto si no se trata de una especie de efecto «Ministerio de Obras Públicas». 
El Ministerio de Obras Públicas es un servicio muy competente en los Países Bajos que construye continuamente pólderes y diques. 
En cuanto han acabado de instalar un nuevo pólder, resulta que el dique es demasiado bajo y tienen que ponerse otra vez manos a la obra. 
Es una observación algo burlona, pero tengo la impresión de que este efecto puede estar produciéndose. 
Los que realizan el trabajo efectivo ven más allá que todos los demás. 
Por consiguiente, el tema de una Gran Europa trata en realidad de la adhesión de países vecinos a la Unión Europea, pero sin la participación en la toma de decisiones, si lo he entendido bien. 
En realidad se convierten en una especie de satélites, y se les saca, por ejemplo, de los acuerdos de cooperación en que participan: a Rusia de la CEI, quizás también a los países del Norte de África de su propia federación de Estados árabes. 
Además supone que nuestros actuales Estados miembros han de cumplir plenamente las marcas y los criterios que se mencionan en la declaración. 
Por supuesto que acojo con gran satisfacción estas últimas noticias. 
Cada nuevo candidato ha de ser juzgado cuidadosamente con el mismo rasero, de esto estamos todos convencidos. 
Pero, ¿cómo trataremos en este sentido a países a los que expresamente no podemos o no queremos proponer la adhesión? 
¿Aceptarán una evaluación y un examen anual de este tipo? 
Me da la sensación de que una Gran Europa podría ser un espacio para los países cuya tradición les impide elegir el modelo democrático europeo. 
En realidad resulta difícil denegar la entrada a los países que sí eligen el modelo. 
¿Qué base moral hay para decirles a estos países, cuando piden una fecha, que no pueden entrar? 
Me parece que en el futuro habrá que debatir con mucha atención este tipo de cuestiones. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario: aún no ha concluido la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados miembros y ya estamos hablando de una Europa más grande para el futuro, una Europa de buena vecindad. 
Por supuesto debemos preguntarnos de qué forma estructurará la futura Unión ampliada sus relaciones con los Estados vecinos. 
Las fronteras de la Unión se trasladarán a Ucrania, Moldova y Belarús. 
En el caso especial de Ucrania, debemos establecer una asociación muy intensa y hacer hincapié en los fundamentos del artículo 4 del Acuerdo de asociación y cooperación. Esto implica esforzarse por conseguir una zona de libre comercio, un uso más extendido de los proyectos de hermanamiento y también aprovechar la Conferencia Europea como foro para la política de buena vecindad. 
Asimismo, las fronteras de la Unión se trasladarán hacia Croacia, país que esperamos pueda formar parte, junto con Rumania y Bulgaria, de la próxima ampliación. 
Por ello es totalmente correcto celebrar un debate sobre las fronteras geográficas máximas de la Unión, en el que deberán participar igualmente los nuevos Estados miembros. 
Debe existir igualmente una clara alternativa a la adhesión a la Unión Europea, una alternativa que permita un espacio económico europeo con relaciones más profundas y también ayudas. 
La estrategia de la Unión Europea consistente en establecer un equilibro entre la política de vecindad en el continente europeo y una estrategia para el Mediterráneo resulta comprensible. No obstante, considero que es necesario establecer prioridades para una futura política europea de vecindad, pues de lo contrario podrían cuestionarse su aplicabilidad e incluso su financiación. 
Lógicamente, el objetivo debe ser que incluso los países que vayan a adherirse a la Unión Europea a medio y largo plazo, y los que no se adhieran nunca a ella, se orienten sobre todo al criterio político de la Unión Europea. 
La democratización de la sociedad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de las minorías no deben aplicarse en la práctica política únicamente por el deseo de adherirse a la Unión Europea, sino porque en ellos reside el propio interés de los pueblos. 
- (IT) Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre una región situada en los confines del continente, el Cáucaso, de la cual ha hablado ya el Ministro y a la cual ha apuntado la ponente, Sra. Napoletano. 
Interesa a Europa, pues el Cáucaso ha formado parte de la misma en muchos períodos históricos. 
Armenia y Georgia se encuentran entre los países cristianos más antiguos. 
En la Edad Media, Armenia era considerada una importante potencia europea. 
A finales del siglo XIX, nadie habría negado a Bakú, la capital de Azerbaiyán, el papel de importante centro, europeo, pionero de la industria petrolífera. 
Hoy, Azerbaiyán es, entre otras cosas, el primer proveedor de crudo de la Unión Europea. 
Tras la primera Guerra Mundial y antes de la caída de la Unión Soviética, los Gobiernos locales de los tres países, aún en su diversidad, tomaban como referencia los valores europeos. 
La Conferencia de Versalles había asignado a algunas potencias europeas la tarea de ayudar al nacimiento de las nuevas democracias. 
En la Conferencia paneuropea de Helsinki, de 1972 a 1975, las tres Repúblicas participaron en el marco de la delegación soviética; las tres pertenecen al Consejo de Europa. 
Por tanto, no son ajenas a Europa. 
El Comité de cooperación parlamentaria Unión Europea-Cáucaso meridional ha realizado varias visitas a estos países, y la solución sugerida por los tres Gobiernos para salir de la crisis fue siempre un acercamiento lo más rápido posible a Europa. 
También crisis potencialmente muy peligrosas, por ejemplo la de Nagorno Karabaj, se espera que puedan resolverse en el ámbito europeo. 
Por razones económicas están presentes en la región los Estados Unidos y Rusia. 
Los Gobiernos nacionales, por tanto, han de llevar a cabo acciones de equilibrio, claro que con distintos matices. 
Sin embargo, preferirían que se implicara más otro protagonista, como la Unión Europea. 
Nuestro Comité de cooperación- del que me hago portavoz- se quedó impresionado por el sentimiento elemental expresado por los tres países- Armenia, Georgia y Azerbaiyán- de formar parte históricamente del conglomerado europeo. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías: me complace que hoy celebremos este debate en el Parlamento Europeo, pues debemos ocuparnos de la cuestión de las fronteras exteriores de Europa. 
Tenemos que abordar esta cuestión en términos políticos, y actualmente en la Convención son preguntamos hasta dónde puede llegar la integración europea. 
¿Qué es lo que nos une políticamente y no lleva igualmente a actuar políticamente de común acuerdo? 
Pero también debemos discutir de geografía. 
¿Hasta dónde está dispuesta a cooperar y a extenderse esta Europa dentro de esta cohesión política? 
Y a continuación hay que responder a la pregunta: ¿Qué trato debemos dar a nuestros vecinos de esta Europa de la cooperación? 
En este sentido, quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por haber abordado en su documento y en el debate de hoy una cosa que Europa necesita urgentemente: un amplio debate público sobre esta cuestión, la expansión geográfica de Europa, no del continente europeo, sino de la estrecha cooperación política dentro de la Unión Europea. 
Asimismo debemos dejar atrás las dicotomías, es decir, que existen dos posibles relaciones: la no adhesión o la integración de pleno derecho. 
El peor error que podríamos cometer sería enviar esta señal. 
Europa dispone de una gran panoplia de posibilidades para la cooperación individual. 
Personalmente procedo de una circunscripción que seguirá lindando con un país que nunca ha sido miembro de la UE, Suiza, con la que hemos encontrado soluciones individuales, soluciones de carácter jurídico a través de acuerdos, posibilidades de cooperación a través de la integración y de determinados programas europeos. 
Este es un perfecto ejemplo de cómo puede velarse por los intereses de los suizos y por los intereses de la UE, sin tener que decir: «O bien os quedáis fuera o bien optáis por la adhesión». 
En este sentido deberíamos volver a concentrarnos en que disponemos de esta gran panoplia de posibilidades para la cooperación con nuestros vecinos, sin tener que enfrascarnos en permanentes debates para aceptar cada vez más países en la Unión Europea. 
Tenemos que preguntarnos hasta dónde llega la capacidad de integración en esta Europa. 
Al debatir la cuestión de las fronteras políticas, de las responsabilidades políticas, debemos reflexionar igualmente sobre quiénes pueden seguir este camino. 
Una Unión Europea que se degrade hasta convertirse en una gran zona de libre comercio no es el modelo que yo defiendo. Y creo que Sus Señorías piensan de modo similar. 
Asimismo espero que dichos debates tengan lugar públicamente y no en el Consejo, sobre todo en las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno, en las que la adhesión de Turquía se debatió durante menos de tres minutos. 
No es esta la manera de tratar cuestiones de esta índole. 
Hemos de escuchar a las personas, y este debe ser el impulso que salga hoy de Estrasburgo. 
Hemos de ganarnos al público, y si está dispuesto a recorrer este camino junto con nosotros, hemos de colaborar políticamente para hacer que ocurra. 
Señor Presidente, de aquí a un año la Unión Europea de los 25 y, posteriormente, de los 27, tendrá nuevos vecinos, pero también mantendrá los antiguos vecinos. 
Un debate sobre el nuevo entorno es tan útil como necesario. 
Desde este punto de vista, la postura del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, sobre la necesidad de que la Unión Europea mire a todos sus vecinos como amigos y socios es absolutamente correcta. 
Esta postura debe ser compartida por todos nosotros, pueblos y gobiernos de los 25 y los 27, porque en algunos casos, ya sea abiertamente o de forma velada, se expresa oposición que refleja un atavismo histórico o revive antagonismos o enemistades del pasado. 
En cualquier caso, no necesitamos más divisiones, no necesitamos telones de acero, no necesitamos más guerras frías. 
Debemos mirar a muchos de nuestros nuevos vecinos como candidatos potenciales para la integración en la Unión Europea o, en todo caso, como socios y amigos. 
Sin embargo, sea cual sea la perspectiva adoptada, debe expresar la voluntad democrática libre de cada nación. 
En las fronteras de la Europa ampliada se están llevando a cabo tareas interesantes, muchas de ellas de interés geopolítico y estratégico y algunos de ellas para países que no están dentro de este área, lo que significa que también ellos intervienen en los acontecimientos. 
En Ucrania, Belarús, Moldova, Rusia, los Balcanes occidentales, el Cáucaso, Oriente Próximo, la otra orilla del Mediterráneo, los ciudadanos esperan mucho de la Unión Europea, de nosotros. 
Debemos responder de forma positiva a esas expectativas. 
Ahora bien, en lo que respecta a las fronteras de Europa, me gustaría añadir a lo que el Sr. Volcic ha dicho con respecto al Cáucaso que, remontándome a la Antigüedad, en la antigua tragedia griega de Prometeo encadenado, se dice que ese fue el lugar en el que los dioses encadenaron a Prometeo para castigarle por haber dado al hombre el fuego, esto es, el primer elemento de la civilización moderna. 
Señor Presidente, en mi opinión, la iniciativa a favor de los nuevos países vecinos de la Gran Europa no tiene como objetivo fundamental hacer esperar a los vecinos que aguardan su ingreso futuro en la Unión, Comisario Verheugen. 
Estos países conocen ya nuestras exigencias, que se inspiran en los criterios de Copenhague, aclarados, es cierto, por las propuestas constitucionales que esperamos de la Convención. 
En el debate de esta mañana, he recalcado su importancia, pero quisiera mencionar aquí el testimonio emotivo de un país que, según sus propias palabras, aguarda hoy en el jardín de infancia del Consejo de Europa ser admitido un día en el patio de los mayores del Parlamento Europeo. 
En Mostar, como usted sabe, la rivalidad y el miedo existente entre los croatas católicos y los bosnios musulmanes aún perdura, a pesar de los esfuerzos de la Comunidad Europea. 
Y en Mostar, el alcalde croata de la ciudad me dijo que lo único que tienen en común los croatas católicos y los bosnios musulmanes es el sentimiento y la convicción de que han de ser todos europeos. 
Esta es la situación de quienes que esperan. 
No obstante, aunque sigo con toda la atención que merecen las reflexiones de nuestra ponente, la Sra. Napoletano, no soy el único que pide que, en virtud de su informe, enviemos un mensaje muy claro a todos aquellos países que ni tienen el deseo ni la intención de solicitar su ingreso en la Unión Europea, y me refiero especialmente a nuestros vecinos del sur del Mediterráneo. 
En efecto, son muchos los que temen, en esta región, que los esfuerzos realizados a favor de Europa Central y Oriental conduzcan a un debilitamiento de los lazos, ya de por sí poco institucionalizados, con sus propios países. 
Embargados por los atentados del 11 de septiembre, decidimos por unanimidad, por ejemplo, dar un nuevo impulso al proceso de Barcelona y crear, a tal efecto, un foro euromediterráneo, que hoy en día, por desgracia, se halla en un punto muerto debido a la guerra en el Iraq. 
¿No es hora ya, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de relanzar esta iniciativa sin pérdida de tiempo? 
Señor Presidente, en la pasada sesión plenaria votamos a favor de uno de los principales desafíos jamás asumido por la Unión Europea: la adhesión de diez nuevos Estados miembros. 
Sin embargo, los retos no acaban ahí. 
Los horizontes se amplían, las fronteras se extienden y la llegada de nuevos Estados miembros azuzará aún más a la Unión a afianzar las relaciones con los nuevos vecinos, tanto que, en mi opinión, en los próximos años la capacidad de la Unión para garantizar seguridad, estabilidad y desarrollo sostenible a sus ciudadanos dependerá de su voluntad y su capacidad para intensificar y desarrollar la cooperación y el diálogo con los nuevos países vecinos. 
A este respecto, la iniciativa de la Gran Europa llama nuestra atención sobre la nueva política de proximidad de la Unión Europea, en su intento por definir un marco estratégico para las relaciones del próximo decenio con los nuevos países vecinos. 
Entre los que se encuentran ya en vísperas de su entrada de facto en la Unión Europea está Polonia, de la cual soy ponente. 
Como tal, valoro especialmente el importante papel que este gran país fronterizo puede desempeñar en el establecimiento de unas relaciones de vecindad con países como Ucrania, Belarús y, sobre todo, Rusia, como ha indicado hoy mismo el Presidente Kwasniewski. 
Por último, ¿cómo no apuntar al sur del Mediterráneo, de especial interés para un país como Italia, cuyo territorio en su práctica totalidad se asoma al mar Mediterráneo, constituyendo así un puente de comunicación natural entre la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo? 
Para concluir, espero que el Consejo y la Comisión, de acuerdo con el Parlamento Europeo, sobre todo ante la inminente comienzo de la Presidencia italiana, sienten las mejores condiciones geopolíticas para llevar a cabo el diseño de una Europa renovada, no solo ampliada políticamente, sino también mejorada desde el punto de vista económico y social, para que países diferentes con intereses comunes conformen una sólida unidad, si bien en la diversidad de sus historias y experiencias particulares. 
. (DE) Señor Presidente, acojo con agrado esta comunicación de la Comisión. 
Confieso que en un principio me sorprendió que en ella se incluyera a países como Libia y Belarús. 
Estos dos países tienen tan poco en común como los demás países de la cuenca meridional del Mediterráneo o de Europa Oriental y Meridional, aparte de la relativa proximidad geográfica con la Unión Europea. 
Por ello me alegro de que se aborde cada país de forma individual. 
La Presidencia del Consejo así lo ha anunciado, y el Sr. Comisario ha hablado de planes de acción. 
Puesto que se habla prácticamente de todos los vecinos, se podría haber dicho algo, en aras de la integridad, sobre Noruega y Suiza, aunque solo fuera como ejemplo- al menos en el caso de Noruega- de todo lo que es posible sin llegar a ser miembro efectivo. 
Considero algo imprecisas algunas fórmulas, como el título «Países diferentes, intereses comunes». 
Sus agendas son, en realidad, demasiado diferentes. 
Se ha dicho que existen países con perspectivas de adhesión y otros que carecen de ellas. 
Si lo deseamos, podemos pedir bastante más a vecinos que también forman parte del Consejo de Europa: por ejemplo, a cambio de las preferencias comerciales, podemos formular exigencias en materia de derechos humanos. 
Sin embargo, no debemos hacer promesas que no podamos cumplir. 
No podemos ofrecer a todos los Estados vecinos las cuatro libertades, como se señala en el punto 3 de la Comunicación de la Comisión, y cito: «la perspectiva de participación en el mercado interior de la UE y de una integración y liberalización mayores para fomentar la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales». 
Afortunadamente, el Comisario no ha repetido esta cita de la Comunicación en esta forma. 
Sin embargo, la Comunicación da la impresión de que casi ofrecemos una Europa a la carta. 
Tengo que decir que no veo que podamos llegar a un consenso político en un futuro previsible para ofrecer libre circulación, por ejemplo, al Norte de África y a Rusia. 
Por ello pido a la Comisión que elabore de forma pragmática planes de acción realistas, que no despierten falsas esperanzas ni comprometan excesivamente a la UE. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías: Me gustaría hacer tres observaciones muy breves y volver a explicar que actualmente todavía no existe un plan completo, sino que este se desarrollará en concertación con los Estados miembros y los Estados asociados a partir de las consideraciones que la Comisión les ha presentado aquí. 
Este plan se diferenciará y ajustará a las necesidades de cada país, de modo que no hay peligro, por ejemplo, de que se ofrezca la libre circulación a Libia. 
En su lugar, se examinarán los instrumentos disponibles para determinar a qué países se ajustan mejor, y cómo podemos aprovechar el potencial de cooperación existente. 
Nuestra idea es que en algún momento del año que viene habrá una estrategia general de cara al futuro. 
En segundo lugar, en este plan se incluye a los países que no tienen perspectivas de adhesión. 
Creo que lo he dicho claramente y no comprendo por qué varios diputados de este Parlamento consideran que se está preparando una nueva ronda de ampliación disfrazada. 
Estos países se incluyen en este programa precisamente porque carecen de perspectivas de adhesión. 
Todos los demás de los que se ha hablado aquí cuentan con dichas perspectivas, es decir, los países de los Balcanes, Bulgaria, Rumania y Turquía. 
Los países del Espacio Económico Europeo y Suiza ocupan una posición contractual especial respecto a la Unión Europea que, en todo caso, ya se ha extendido al máximo de sus posibilidades. 
Lo que podría hacerse en el caso de estos países sería la plena adhesión y nada más. 
Pero eso lo deben decidir los propios países, si así lo desean. 
Pasemos ahora al último punto que me gustaría clarificar: desgraciadamente, el señor diputado Ferber ya no está presente, a pesar de que le he pedido que se quedara para que escuchase lo que tengo que decir. 
Debo defender a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea contra la acusación de haber dedicado apenas tres minutos a la candidatura turca. 
Esto no sucedió en Helsinki ni tampoco en Copenhague. 
En ambos casos se deliberó exhaustivamente durante muchas horas sobre este tema. 
A lo que posiblemente se refiere el Sr. Ferber es a que en Copenhague sólo se necesitaron tres minutos para decidir qué protocolo debía utilizarse en el caso de Chipre: el Protocolo A o el Protocolo B, una vez que se comprobó que las partes en el conflicto no pudieron llegar, tampoco en Copenhague, a un acuerdo sobre una solución política. 
Pero quiero dejar claro que el tema de Turquía siempre has sido tratado en el Consejo con el mayor cuidado y también dedicándole mucho tiempo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la oportunidad que me han ofrecido hoy para hablar de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia es excepcionalmente oportuna dado que la cumbre de San Petersburgo, que tendrá lugar a finales de mayo, ha dado pie aquí y en Moscú a realizar un examen integral del marco de cooperación entre ambas partes. 
La preparación de esta cumbre ha sido también una ocasión para adoptar un enfoque más global en el ámbito de la cooperación con Rusia y, en definitiva, demostrar el deseo común de reforzar nuestras relaciones basándonos en unos objetivos comunes y en el esfuerzo mutuo para resolver problemas y crear nuevas perspectivas. 
El parámetro básico de nuestro plan consiste en convertir a Rusia en un aliado estratégico de la Unión, su vecino más grande e importante. 
Al mismo tiempo, la ampliación incrementará aún más los puntos de contacto, los intereses comunes y los retos comunes. 
A pesar de las dificultades que está encontrándose en su esfuerzo por tranformarse en una economía de mercado, Rusia sigue siendo un país con un enorme potencial. 
La situación internacional actual nos recuerda una vez más la importancia que tienen nuestras relaciones estratégicas con Rusia. 
Por supuesto, esta imagen no nos hace olvidar tampoco su mayor debilidad. 
Como ya dije antes, la economía rusa está todavía en una etapa de transición. 
Representa solo una décima parte del volumen de la economía de la Unión Europea de los 15; absorbe solo un 4% de nuestras exportaciones, mientras que la Unión Europea absorbe un 40% de sus exportaciones. 
De igual modo, las instituciones de la economía de mercado siguen siendo débiles, el sector financiero en especial se enfrenta a graves problemas y todavía tiene que desarrollar su marco reglamentario. 
Por último, Rusia todavía no forma parte de la Organización Mundial del Comercio. 
Su sistema político ofrece un panorama similar. 
Pese al gran progreso realizado en el ámbito de la estabilización democrática, siguen existiendo deficiencias en lo que respecta a los derechos humanos, en particular en Chechenia, sobre la que volveré a hablar después, además de los problemas del crimen organizado y la corrupción. 
Sin lugar a dudas, a la Unión le interesa ayudar a Rusia a crear una sociedad estable, democrática y próspera mediante el estrechamiento de sus vínculos con Europa. 
Hablamos de un objetivo que hemos alcanzado en otros casos utilizando, por supuesto, otras herramientas diferentes a las que podemos utilizar con Rusia. 
Y aunque utilicemos medios diferentes, los objetivos o, en otras palabras, la difusión de los valores de la Unión a los países de alrededor, a su entorno geográfico y político, constituirán siempre el fundamento de nuestra política. 
Teniendo este pensamiento en mente, adoptamos una serie de iniciativas tan pronto como asumimos la Presidencia para realizar una evaluación inicial de la adecuación de nuestro marco de cooperación con Rusia. 
Como ya sabemos, las relaciones con Rusia se basan, desde el punto de vista contractual, en un acuerdo de asociación y de cooperación firmado en 1994, durante el mandato de la anterior Presidencia griega. 
¿Me permiten recordarles que este es el tipo de acuerdo que la Unión Europea ha mantenido con todos los países de la antigua Unión Soviética, con la excepción de las Repúblicas Bálticas, que acabamos de aceptar como miembros de la Unión Europea? 
En consecuencia, al margen de algunas diferencias, el tipo de acuerdo que nos vincula con Rusia es el mismo que nos vincula con los países de Asia Central. 
Esta ausencia de proporción quedó patente en seguida al no ser capaz el acuerdo de asociación y de cooperación de abarcar un número suficiente de sectores, como la cooperación reforzada en cuestiones judiciales y asuntos de interior, la política exterior y defensa, la no proliferación de armas nucleares, la lucha contra el terrorismo y otros ámbitos. 
Esa fue una de las principales razones por las que adoptamos una estrategia común con Rusia en 1999. 
La cooperación se aplicó en una serie de iniciativas ad hoc. 
A modo de ejemplo podría mencionar el diálogo en materia de energía, la iniciativa para crear un Espacio Económico Europeo o el plan de acción para la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior que, sin embargo, no dispone de un fundamento jurídico contractual. 
Las valoraciones de la adecuación del marco de cooperación entre la UE y Rusia, en lo que respecta a cubrir una amplia gama de relaciones, varían. 
Todos reconocen que el marco se ha visto superado, en gran medida, por los acontecimientos y que eso es algo que se hará más patente en el futuro. 
Por otro lado, ni la UE ni Rusia parecen estar preparadas para emprender una reforma radical del marco, una reforma que supondría procedimientos muy largos de nuevas negociaciones y ratificación. 
Ante esta situación, la Presidencia ha propuesto que el trabajo de la cumbre se centre exclusivamente en el futuro de nuestras relaciones con Rusia, abordando la cuestión a dos niveles y, como es natural, en la Cumbre de San Petersburgo como plano de referencia para la toma de decisiones. 
El primer nivel consiste en reformar las estructuras de cooperación con el objetivo de la racionalización y obtener resultados tangibles de forma regular. El segundo nivel consiste en examinar la posibilidad de que la cumbre proporcione el orden político necesario para poner en marcha el procedimiento para asimilar ideas y reforzar el marco de cooperación en los sectores en los que se necesita. 
En el primer nivel de reforma de las estructuras de cooperación, el proceso ha dado sus frutos con propuestas específicas por parte de Rusia. 
Esperemos que Rusia responda de forma positiva y que esta reacción se vea reflejada en las decisiones de la cumbre. 
En lo que respecta al segundo nivel, existen algunas reservas entre los socios acerca de hasta qué punto es aconsejable que iniciemos el proceso de reforma de nuestras relaciones con Rusia en un momento en el que el marco existente no se ha terminado de aplicarse del todo. 
Creemos que para implicar a Rusia en un procedimiento de armonización gradual con las normas europeas, se precisa una política equilibrada de incentivos y de condiciones previas que además podría incluir la perspectiva a largo plazo de mejorar el marco de cooperación en sectores en los que todos sabemos que dicha cooperación es necesaria y en los que todo indica que así ocurrirá tarde o temprano, sobre todo en cuestiones relativas al segundo y tercer pilar. 
También pensamos que la cumbre de San Petersburgo, la primera que se celebrará tras la ampliación y que contará con la participación de todos los nuevos Estados miembros, es el foro adecuado para dar este paso. 
Además de las perspectivas a medio y a largo plazo de nuestras relaciones con Rusia, nos hemos centrado también en el logro de resultados tangibles en una serie de aspectos destacados. 
Ya se ha fijado la cita del 21 de mayo en Estocolmo para tratar un aspecto fundamental que es antiguo en las relaciones entre ambas partes: la firma del Programa multilateral de medio ambiente en el ámbito nuclear para la Federación Rusa (MNEPR). 
En segundo lugar, se han resuelto los problemas que planteaba aplicar la solución a la circulación de personas entre Kaliningrado y el resto de Rusia. 
En tercer lugar, han comenzado las negociaciones sobre la celebración de un acuerdo de readmisión UE-Rusia que esperamos concluyan con rapidez. 
En cuarto lugar, somos optimistas respecto a la existencia de un mecanismo para resolver las diferencias en el marco del acuerdo de asociación y cooperación cuando se celebre la cumbre. 
Nuestros esfuerzos para convencer a Rusia de que invite a los diez nuevos miembros de la Unión a San Petersburgo también están obteniendo resultados positivos. 
Así, la cumbre está adquiriendo una mayor importancia simbólica si cabe y quizá pueda contribuir a una Europa pacífica y segura que aborde los retos por medio de la cooperación reforzada. 
También hemos decidido en nuestras deliberaciones con Rusia establecer un vínculo entre el progreso de los aspectos de mayor interés para Rusia y el consiguiente progreso de las situaciones de mayor interés para nosotros, la UE, con el fin de alcanzar resultados específicos. 
De este modo, hemos centrado nuestros esfuerzos en el medio ambiente, y con esto quiero decir que Rusia debe estar de acuerdo con la ratificación del protocolo de Kyoto, en las cuestiones de seguridad nuclear, en las cuestiones de seguridad marítima y en las cuestiones de justicia y asuntos de interior, con especial énfasis en el progreso de las negociaciones sobre el acuerdo de readmisión. 
Por último, me gustaría manifestar el interés compartido por combatir la amenaza de los estupefacientes procedentes del Afganistán y de Asia Central. 
Quiero añadir unas pocas palabras sobre Chechenia, una cuestión que nos parece de especial importancia. 
En primer lugar, quiero expresar una vez más nuestra indignación por los recientes atentados terroristas que han costado la vida a docenas de personas. 
Hoy mismo ha habido otro atentado. 
Por otro lado, quiero acoger favorablemente las declaraciones del Presidente Putin tras el atentado, prometiendo que seguirá esforzándose para resolver el problema por la vía política. 
Creemos que la vía política y el diálogo son el único modo de conseguir una solución duradera para el problema. 
Seguimos aprovechando cada oportunidad que se nos presenta para insistir en la necesidad de respetar los derechos humanos y de castigar a los responsables de la violación de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional. 
Al mismo tiempo, tenemos que animar a Moscú para que avance en la aplicación de una política integrada en Chechenia, con el fin de establecer la paz, consolidar un clima de confianza y emprender a reconstrucción económica y social de la región. 
Para ello, tenemos que considerar la posibilidad de diseñar programas específicos que fomenten la democracia, el Estado de derecho, las instituciones y la recuperación social. 
En cuanto a los resultados del referéndum de marzo, hemos de destacar con satisfacción que, a pesar de la situación particularmente difícil, la votación se llevó a cabo sin incidentes violentos. 
Debemos señalar que, pese a las irregularidades y los problemas de organización que pueden haberse producido, el voto a favor de la constitución parece a primera vista positivo y puede entenderse como un primer paso de Moscú hacia una solución política en Chechenia. 
Por último, la presidencia considera que la OSCE puede aportar una ayuda muy valiosa a los esfuerzos de las autoridades rusas en esta región. 
Apoyamos totalmente los esfuerzos de los Países Bajos que, como presidente en ejercicio de la OSCE, está manteniendo conversaciones con el Gobierno ruso sobre el modus operandi de una nueva misión de la OSCE en Chechenia. 
Acogemos favorablemente los resultados de las conversaciones mantenidas hasta la fecha, que parecen allanar el camino para la presencia de los Países Bajos en Chechenia y esperamos, por tanto, que la OSCE pueda empezar a operar y a contribuir positivamente a los esfuerzos de paz y democracia en la región. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías: la próxima Cumbre UE-Rusia que tendrá lugar en San Petersburgo será una buena ocasión para hacer un breve balance del estado de nuestras relaciones y para analizar los problemas que debemos resolver conjuntamente. 
Ambas partes están plenamente de acuerdo en que nuestras relaciones son amplias y a largo plazo, que deben basarse en valores comunes y que deben seguir desarrollándose en dirección a una asociación estratégica. 
Por nuestra parte concedemos especial importancia a la cooperación en aquellos ámbitos que consideramos representan un riesgo, como por ejemplo la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear y los asuntos de justicia e interior. 
Nuestras relaciones con Rusia se ven influenciadas igualmente, aunque no exclusivamente, por la ampliación de la Unión Europea, como demuestra el debate que acabamos de celebrar. 
La política de vecindad que se ha debatido aquí esta tarde desempeña un papel importante en nuestras relaciones con Rusia, pero aparte existen otros factores significativos, como la seguridad del abastecimiento energético de la Unión Europea, la lucha común contra el terrorismo y la cooperación necesaria para resolver importantes problemas regionales y mundiales. 
En la parte rusa observamos un especial interés por la cooperación en el ámbito de la política de seguridad, como por ejemplo la participación rusa en la misión policial en Bosnia y Herzegovina o la propuesta de un Centro Europeo para la Gestión de Crisis. 
En algunos temas hemos avanzado mucho recientemente, sobre todo en el tema de Kaliningrado: me complace decir que los problemas en materia de tránsito de los que se ocupó bastante a fondo el Parlamento Europeo ya están resueltos. 
Los instrumentos que propusimos en su momento en el acuerdo con Rusia ya han sido introducidos y podrán aplicarse a partir del mes de julio. 
Asimismo se adoptó un Programa especial TACIS para Kaliningrado, a fin de contribuir a que el abismo socioeconómico entre Kaliningrado y los países vecinos no crezca, como ya se ha mencionado aquí esta tarde, sino que se reduzca. 
Como ya ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión de personas han avanzado considerablemente. 
Quiero señalar que el diálogo en materia de energía con Rusia ha dado resultados concretos. 
Esto significa, por ejemplo, el acuerdo sobre proyectos de interés común y el Centro de Tecnologías de la Energía de Moscú. 
Esperamos que para finales de este año podamos presentar un plan conjunto para el espacio económico común. 
Las negociaciones sobre el ingreso de Rusia a la OMC siguen avanzando. 
La semana próxima firmaremos en Estocolmo el programa multilateral de energía nuclear y medio ambiente con Rusia y otros países donantes. 
Se trata de un auténtico avance para sanear las zonas de contaminación nuclear del noroeste de Rusia. 
Esperamos acordar una prohibición del transporte de petróleo pesado en buques monocasco en el Báltico. 
Desgraciadamente, Rusia todavía no ha ratificado el Protocolo de Kioto. 
Por ello debe concederse una alta prioridad a este tema en las próximas conversaciones a nivel político. 
No debemos ignorar el hecho de que hay toda una serie de temas en los que, a pesar de coincidir en los objetivos fundamentales, tenemos ideas divergentes acerca de cómo alcanzar dichos objetivos. 
Ninguna de las partes desea erigir nuevas «fosas» ni «telones» en Europa. 
Mediante las propuestas en materia de relaciones con los países vecinos presentadas en el mes de marzo, la Comisión pretende en particular evitar que en las fronteras orientales de la Unión Europea aparezcan nuevas «fosas» que puedan provocar una Europa de dos clases. 
La Unión ampliada deberá seguir intensificando y profundizando la cooperación con sus vecinos, pero nuestras necesidades en materia de seguridad exigen una aplicación plena y eficaz de las normas de Schengen, incluso por parte de los nuevos Estados miembros, cuando estos se adhieran al Acuerdo de Schengen. 
La Unión Europea tiene bastantes reservas respecto al deseo de la parte rusa de que se establezca un calendario detallado para la completa supresión de los visados. 
Por supuesto, este puede ser un objetivo a largo plazo, y los comités creados en el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación podrían abordar este tema. 
Sin embargo, desde ahora deberíamos aprovechar todas las posibilidades en el marco de Schengen para facilitar en todo lo posible el tráfico fronterizo de poca importancia y para fomentar el desarrollo económico transfronterizo. 
Lógicamente, para ello deberán optimizarse los instrumentos de asistencia técnica. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo que haya mencionado a Chechenia. 
Yo solo quiero confirmarlo en nombre de la Comisión. 
Chechenia sigue estando en nuestro orden del día y nuestra lista de prioridades es la misma de siempre: una solución política pacífica, respeto de los derechos humanos y ayuda humanitaria. 
Coincidimos con la parte rusa en que las estructuras de nuestra cooperación deben ser más eficaces. 
Sin embargo, no hemos podido avanzar en el tema de utilizar ampliamente la fórmula 15+1, o 25+1 en el futuro. 
A este respecto, en este tema nos acercamos al meollo de la identidad de la UE. 
Sin embargo, consideramos que existe un margen de maniobra considerable para mejorar las instituciones creadas por el Acuerdo de Asociación y Cooperación, sobre todo en lo referente al Consejo de Cooperación. 
Por último nos gustaría señalar que tenemos distintos puntos de vista respecto a la adaptación a la ampliación de la UE. 
Actualmente, Rusia considera que la extensión del Acuerdo de Asociación y Cooperación a los nuevos Estados miembros de la UE exige una nueva negociación de la política comercial y de otros temas. 
Esa no es nuestra posición. 
A este respecto esperamos que la positiva valoración que en principio ha tenido la ampliación de la UE en Rusia contribuirá a mantener el Acuerdo de Asociación y Cooperación como fundamento de nuestras relaciones, tras la inclusión de los nuevos Estados miembros. 
La Comisión no emprenderá negociación alguna sobre las consecuencias de la ampliación. 
En vista de la variedad de temas, así como de la necesidad de dar a todos los Jefes de Estado presentes en San Petersburgo la posibilidad de exponer sus puntos de vista, la Cumbre de San Petersburgo exige más que nunca una minuciosa preparación. 
La UE estará representada, como es habitual, por la Presidencia, la Comisión y la Secretaría del Consejo, y el Sr. Yiannitsis ya les ha informado ampliamente sobre los objetivos que persigue el Consejo en este marco, objetivos que todos compartimos. 
Señor Presidente, cuatro minutos es mucho, sobre todo después de que tanto el Presidente en ejercicio del Consejo como el Comisario hayan respondido a muchas de las preguntas formuladas en la resolución, y por ello quiero darles las gracias. 
Rusia sigue siendo por supuesto un tema sumamente importante para nosotros, no tanto porque nuestra frontera sea ahora mucho más larga desde la adhesión de Finlandia, que aportó la mayor porción de esta frontera. 
En realidad, la frontera solo se ha ampliado en torno a Kaliningrado y los Estados Bálticos. 
Y por esto quiero empezar por estos últimos. 
La última vez pregunté si el Consejo podía instar a Rusia, a partir del tratamiento del problema de Kaliningrado sobre el visado de tránsito de los ciudadanos rusos, a que se ocupara de que se ratificaran los acuerdos fronterizos entre Rusia y los tres Estados Bálticos. 
Esta cuestión todavía está pendiente. 
El en debate anterior, el Comisario ya señaló expresamente que estaba totalmente de acuerdo, pues por supuesto los rusos que viajen a San Petersburgo no lo harán a través de Lituania y Bielorrusia, sino a través de Lituania, Letonia y Estonia. 
De ahí que sea también muy importante que tengamos de este modo un medio con el que presionar a los rusos para que por fin acaben con este pequeño e infantil litigio. 
Espero que el Presidente en ejercicio del Consejo quiera reflexionar un instante sobre esta cuestión. 
El Presidente en ejercicio del Consejo se ha referido también a los acuerdos y por supuesto habrá pensado en las quejas presentadas en relación con su aplicación. 
Nos promete agilización, lo cual significa que seguramente habrá que prestar más atención a las quejas rusas, que se precisará más eficacia, más financiación garantizada- este es por supuesto un punto importante -, más ayuda para la gestión de proyectos y cosas por el estilo, y que un nuevo de programa medioambiental de dimensión septentrional seguramente podría servir de modelo. 
He escuchado con satisfacción que se están realizando progresos en este sentido. En nuestra última visita, concretamente a Murmansk, pudimos comprobar que la desactivación de los submarinos nucleares en realidad avanza muy lentamente. 
Todos nosotros tenemos un interés mutuo en que pueda realizarse con mayor rapidez. 
En este sentido resulta interesante oírle decir hasta qué punto TACIS puede asociarse a proyectos transfronterizos. 
Los proyectos transfronterizos son siempre difíciles, pero parece ser que con TACIS es aún un poco más difícil. 
Me complace ver que en la Cumbre se haya planteado la cuestión del espacio económico común europeo. 
Quisiera preguntarle si será una de las típicas consecuencias de nuestra idea de la Gran Europa. 
¿Acaso la Gran Europa guarda relación con este tipo de acuerdos bilaterales, como este espacio económico común con Rusia? 
¿Hemos reflexionado en este sentido sobre lo que implica además la Gran Europa, por ejemplo el desarrollo democrático de Rusia? 
¿Podemos ejercer alguna influencia? 
Si es así, ¿de qué manera? 
El hecho es que la Federación Rusa todavía no puede calificarse de democracia enteramente normal. 
Muchos dicen que habría que integrar a Rusia en las estructuras de seguridad de Europa. 
Tengo una pregunta a este respecto. 
Por supuesto está muy bien que Rusia se integre en las estructuras de seguridad transatlánticas. 
Pero, ¿qué efecto tendría si Rusia, que a fin de cuentas es una antigua gran potencia con un gran potencial militar, empezara a desempeñar un papel importante en la política europea de seguridad y defensa? 
Me parece que nuestra relación quedaría un tanto desequilibrada. 
Quisiera saber en particular qué opina la Comisión a este respecto. 
La resolución pide también a la Comisión que elabore una asociación estratégica. Esto significa por supuesto que tiene que haber convergencia en la política de la UE. 
Una asociación estratégica tiene en realidad para nosotros más significado, al situar en la misma línea al conjunto de la UE, que para Rusia. 
Esto se evidenció en el pasado. 
Ahora, con la crisis en el Iraq y la crisis en la Unión Europea con respecto al Iraq, ¿cuáles son las perspectivas de una convergencia de esta política en una asociación estratégica con Rusia? 
Quiero desearle mucho valor al Sr. Comisario a la hora de publicar informes en este ámbito. 
. (DE) Señor Presidente, nadie discute en esta Cámara que deseamos una asociación realmente intensa con Rusia y en los últimos años se han dado numerosos avances entre la UE o los países candidatos y Rusia, pero también han surgido problemas. 
Se acaba de mencionar uno de ellos, y para mí, las cuestiones relacionadas con el territorio de Kaliningrado todavía no han encontrado una solución satisfactoria, por no hablar de que ni el Gobierno ruso ni la Unión Europea han aprovechado plenamente o incluso de forma estratégica las grandes oportunidades que podrían derivarse de este problema. 
En mi opinión, «estratégica» es la palabra clave a la que me gustaría referirme. 
Creo que deberíamos valorar de forma mucho más crítica la estrategia común de la Unión Europea de junio de 1999, a la que ya se ha referido el Sr. Oostlander. 
Dicha estrategia, en mi opinión, no ha sido hasta ahora común ni merece el calificativo de estrategia, e incluso el concepto, mucho más modesto, que se aplica a las relaciones entre la Unión Europea y Rusia no se ha realizado de modo satisfactorio. 
En primer lugar me gustaría destacar la responsabilidad, las posibilidades de una asociación estratégica en materia de política de seguridad. 
Creo que es muy significativo que la Unión Europea y Rusia contribuyan, a través del desarrollo estratégico de sus relaciones, al multilateralismo y a reforzar el Derecho internacional, la cooperación internacional, las Naciones Unidas, los convenios internacionales y el desarme internacional. 
Creo que esto es necesario actualmente en relación con el papel de las Naciones Unidas en la reconstrucción del Iraq. 
En segundo lugar, necesitamos seguir desarrollando en sustancia y calidad nuestras relaciones económicas con Rusia. 
La alianza en materia de energía me parece sumamente importante, pero insuficiente. 
Creo que de lo que se trata es de desarrollar hasta cierto punto las interdependencias económicas mutuas en igualdad de condiciones. 
Considero que resulta económicamente oportuno y podría hacer irreversible una relación muy estrecha entre la Unión Europea y Rusia. 
Por otra parte, en mi opinión, resulta inadmisible que la estructura de las exportaciones rusas hacia la UE sea la de un país en vías de desarrollo rico en materias primas. 
Sé que es muy difícil cambiar dicha estructura. 
Por ello son tan importantes los esfuerzos políticos por ambas partes. 
En tercer lugar, una asociación estratégica requiere una orientación coherente por ambas partes hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos y de las minorías. 
He de aceptar que esto se evaluará de modos distintos. 
Lo que no es aceptable es que los derechos humanos y su función se consideren puramente en función de los ciclos económicos, como creo que hacen numerosos Gobiernos de la UE, en particular en la cuestión de Chechenia. 
Este hecho es para mí un signo de falta de estrategia. 
Por último quiero decir que me gustaría que tuviéramos el valor de decir algo decisivo sobre el objetivo estratégico e institucional de una relación estratégica entre la Unión Europea y Rusia, tanto ante la opinión pública europea, como en esta Cámara ante la Comisión, el Consejo y el Gobierno ruso, a fin de mantener abierta la puerta. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías: al observar las relaciones con Rusia tengo la impresión de que los valores en que se basa la Unión Europea y que son aplicables igualmente a Rusia, están haciendo agua. 
Durante las negociaciones sobre el uso de las enormes fuentes de energía de Rusia y sobre cooperación armamentística, los valores fundamentales democráticos y el respeto de los derechos humanos no desempeñan papel alguno. Todas las formas de asociación, de cooperación y de relación económica se basan, no obstante, en el pleno respeto de los derechos humanos y de las minorías, como deja bien claro el primer apartado del Acuerdo. 
Esto significa que la limitación de la libertad de expresión, la persecución de periodistas, la enorme presión política que sufre el sistema judicial, la situación en las instituciones penitenciarias y, por último, las violaciones de los derechos humanos cometidas en la guerra contra el pueblo checheno, deben ocupar un lugar destacado en la Cumbre y no desempeñar un papel tan solo a la hora del postre en el banquete de clausura. 
Las concesiones en las relaciones económicas y las ayudas para la investigación militar deben estar condicionadas a que se produzcan mejoras sustanciales en la situación de los derechos humanos y en el respeto de los derechos fundamentales en Rusia. 
Por lo menos así lo acordaron la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo a la hora de aprobar el Acuerdo de Asociación y Cooperación en esta Cámara. 
Espero que la Comisión y el Consejo cumplan esta promesa. Esto implica que en las negociaciones debe darse prioridad a una solución pacífica del conflicto de Chechenia y que hay que insistir realmente en el diálogo. 
Resulta evidente que todos nosotros, incluido mi Grupo, condenamos los crímenes que han cometido en ese país ambas partes, tanto los atentados con bombas como los crímenes de las tropas del OMON. 
Condenamos que se intente llegar a soluciones utilizando la violencia contra la población civil. 
Eso resulta inaceptable. 
La única posibilidad es el diálogo pacífico. Sin embargo, para que este sea posible se requieren concesiones del Gobierno ruso y, sobre todo, que se persigan los delitos cometidos contra la población civil bajo la égida del poder estatal. 
A este respecto le ruego que inviertan las prioridades previstas para esta Cumbre y no sitúen en el centro dela misma las relaciones comerciales, como han hecho ustedes hoy aquí. 
Señor Presidente, los dos sangrientos atentados terroristas en Chechenia y Arabia Saudí a principios de esta semana recalcan la necesidad de la lucha internacional contra el terrorismo internacional. 
Precisamente esta urgencia política exige un enfoque eficaz. 
En este sentido, la gente cuestiona claramente la operación antiterrorista rusa en Chechenia. Entre otros, políticos rusos y también ciudadanos rusos. 
Acerca de la causa principal, un reciente análisis académico lo dice claramente: «Una verdadera normalización y pacificación de Chechenia se ven obstaculizadas sobre todo por las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y las unidades especiales rusas.» 
Lamentablemente, las bandas terroristas chechenas atraen a muchos jóvenes que de lo contrario temen ser atrapados, maltratados, torturados e incluso asesinados por soldados rusos totalmente descontrolados. 
La presente propuesta de resolución no habla de esta preocupante situación en el Norte del Cáucaso. 
Esta Cámara desea, a la vista del penúltimo párrafo, esperar primero el informe sobre la visita de su delegación a Chechenia a mediados de junio. 
Espero que el Consejo y la Comisión pongan sobre el tapete el modo de abordar el terrorismo checheno totalmente condenable, que eso quede bien claro, en la próxima cumbre con la Federación Rusa. 
Y no solo por las más amplias repercusiones geográficas... 
Esto me lleva a otro punto importante de la seguridad y estabilidad regional. 
El apartado 4 de la propuesta de resolución aplaude la participación activa, tanto de la UE como de Rusia, en el proceso de paz en Oriente Próximo. 
No obstante, este proceso de paz no se ve favorecido por las ambiciones nucleares de la República Islámica de Irán. 
Los Estados Unidos temen que estas ambiciones iraníes se vean realmente alimentadas por la actual colaboración nuclear entre Irán y Rusia. 
Por ello, a principios de este mes, los norteamericanos pidieron a Moscú que reconsiderara esta cooperación específica. 
¿Comparten el Consejo y la Comisión esta preocupación de nuestro aliado atlántico y tienen también la intención de hablar de esta cuestión en la próxima Cumbre con el Kremlin? 
Espero realmente que formen un frente transatlántico contra Rusia e Irán. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, pienso que el texto que vamos a someter a votación mañana sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia es francamente repugnante. 
El Sr. Oostlander nos ha hablado de sus preocupaciones con respecto a la democratización- o ausencia de democratización- de Rusia, pero no ha dicho una sola palabra, en los cuatro minutos que ha durado su intervención, sobre Chechenia. 
El Sr. Paasilinna, que es, junto con el Sr. Oostlander, uno de los principales impulsores de esta resolución, tampoco la ha mencionado. 
La resolución incluso va tan lejos que elogia a las fuerzas militares rusas por sus esfuerzos de mantenimiento de la paz. 
Corresponde a cada uno juzgar la actuación de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz en Chechenia o en otras partes del mundo, como por ejemplo en el Afganistán hace unos años 
Al menos por una vez, el Consejo ha hablado un poco de Chechenia, pero me parece que el Consejo se cuenta cuentos, yo diría incluso que se miente a sí mismo. 
Del mismo modo, nos miente y nos cuenta cuentos a nosotros, porque la cuestión no es la que el Presidente en ejercicio del Consejo nos ha expuesto. 
La solución política propuesta por el Sr. Putin no es una solución política. Favorece dos formas de terrorismo: el terror ejercido a diario por las fuerzas rusas presentes en Chechenia y la acción de los grupos terroristas ayudados encubiertamente por estas mismas fuerzas militares rusas, que ya ocupan todo el territorio y que no dan ninguna oportunidad a la solución política por la que aboga el Consejo. 
Hemos hecho todo lo posible, Europa ha hecho todo lo posible, para aislar al Sr. Masjádov, a pesar de que fue elegido por el pueblo checheno en unas elecciones legitimadas por la OSCE. 
La Unión Europea se ha esforzado al máximo para que los Ministros del Gobierno del Sr. Masjádov no puedan viajar por Europa y no puedan reunirse con dirigentes políticos de los distintos países de la Unión. 
Ha hecho todo lo posible para impedir que se celebren negociaciones de verdad entre los chechenos y las autoridades rusas. 
En la actualidad, tenemos una especie de Quisling que controla Grozni y los alrededores y que obedece a Moscú. 
De vez en cuando, se rebela y elabora un informe, al que usted no se ha referido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en el que habla de la política represiva cotidiana ejercida por las autoridades rusas en Chechenia. 
Esta es la realidad hoy en día. 
Sin el Presidente Masjádov, no se podrá alcanzar la paz, no se podrá llegar a una solución política en Chechenia. 
Sin un mensaje claro al Presidente Putin para que entable negociaciones, no se podrá alcanzar una solución en Chechenia. 
Además, el Sr. Putin declaró, en el Financial Times, hace unos diez meses, que el problema para Rusia no es el estatuto final de Chechenia, sino la seguridad. 
El Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Masjádov ha propuesto que las Naciones Unidas dirijan un Gobierno provisional en Chechenia, justamente para calmar a las autoridades rusas e instaurar, en el plazo de cinco o diez años, un Gobierno checheno que constituya una garantía contra las amenazas a la seguridad rusa. 
Usted no ha hecho alusión a él, no quiere verle, no quiere que el Ministro de Asuntos Exteriores checheno se mueva por Europa, y se niega a otorgarle un visado, al igual que se niega a conceder visados a los demás miembros del Gobierno del Sr. Masjádov. 
Es lo contrario de lo que debería hacerse y, sin embargo, usted persiste en su actitud, lo que impide romper el círculo del terror y evitar que cada día, como han afirmado el Sr. Belder y la Sra. Schroedter, los jóvenes chechenos se vean abocados a la desesperación, unos jóvenes que ven cómo sus padres, sus hermanos y sus primos son asesinados, raptados o violados por las fuerzas rusas, en Grozni o en otras ciudades de Chechenia. 
Actuando así, los empuja a los brazos de extremistas a los que financian locos de otras partes del mundo. 
Debemos cambiar de actitud inmediatamente: de lo contrario, no será champán, sino sangre, lo que beba usted en la próxima cumbre de San Petersburgo. 
. (DE) Señor Presidente, no podemos evitar el trato con Rusia ni a nivel internacional, ni a nivel mundial, como acaba de demostrar la crisis del Irak, ni a nivel europeo, y no hay nada malo en ello. 
Necesitamos a Rusia como socio y considero que también sería muy deseable profundizar la cooperación, ya que los rusos no deben entender la ampliación de la Unión Europea como un acto hostil, sino como una oportunidad. 
Las fronteras se desplazan y cambian- como se ha dicho a menudo- y, a raíz de la ampliación, ahora tenemos una frontera común con Rusia. 
La resolución, bajo la Presidencia danesa, del problema del enclave ruso de Kaliningrado, la antigua Königsberg, merece un gran aplauso. 
Ahora, el 31 de mayo se celebrará una nueva cumbre UE-Rusia con motivo del tercer centenario de San Petersburgo. 
Desde 1999 existe una estrategia común, cuyas piedras angulares deben ser la democracia, el Estado de Derecho, una mayor integración en un espacio económico y social europeo y una mejora en general de la seguridad y la estabilidad en Europa, así como las reformas en el sector de la energía y la lucha común contra la delincuencia organizada. 
Rusia no pretende la adhesión a la UE, pues iría en contra de su propia definición de gran potencia. 
La Unión Europea debe intentar establecer una auténtica cooperación con Rusia, en particular concediendo un mayor margen de maniobra al Banco Europeo de Inversiones en Rusia, idea que el canciller federal austríaco Schüssel expone expresamente en una carta dirigida al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi. 
Si Rusia ratificara el Acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones, que presenta se orienta a la dimensión nórdica, los rusos dispondrían inmediatamente de cientos de millones de euros y podrían eliminar con ellos bastantes residuos nucleares. 
Por lo que se refiere a Chechenia, resulta obvio que debemos exigir el respeto de los derechos humanos, así como la condena del terrorismo, que hace apenas unos días se cobró la vida de civiles. 
Pero a este respecto lo que se requiere es diplomacia, para romper el círculo de violencia y respuestas a la violencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor representante del Consejo, creo que en este debate hay más honestidad sobre las relaciones con Rusia que la que no ha habido durante mucho tiempo. 
En muchas ocasiones anteriores, hemos fingido haber conseguido resultados. 
Sin embargo, hoy admitimos con toda claridad que estamos celebrando reuniones, pero que estamos todavía muy lejos de los objetivos. 
Celebro esa honestidad y, por ello, espero que el enfoque de la Comisión siga manteniéndose. 
No necesitamos ninguna organización nueva. 
En cuanto a la recomendación dada- 15 más 1 -, espero que la UE la rechace. 
De hecho, también creo que es demasiado optimista proceder como lo han hecho algunos de nosotros aquí en la Cámara y hablar como si compartiéramos los mismos valores. 
Existe el riesgo de que la UE no sea tan unánime en su enfoque con respecto a Rusia como sugiere este debate. 
Existen fuerzas que pueden intervenir para crear una división en la perspectiva de la UE. 
Además, no nos hemos pronunciamos sobre la cuestión chechena. 
Piensen en el problema de las nuevas organizaciones y la eliminación de los visados. 
Espero de verdad que se aplique la política adoptada por la Comisión. 
Si surgen discrepancias sobre cuestiones de este tipo y si la actitud de la Comisión y del Consejo no prevalece, las relaciones entre la UE y Rusia serán parecidas a las relaciones que se mantienen hoy entre la UE y los Estados Unidos, es decir, relaciones caracterizadas por la división. 
Celebro que la Comisión y el Consejo hayan hecho referencia a las cuestiones medioambientales. 
Pero en realidad, eso no ha sido posible gracias al Acuerdo de asociación y cooperación, sino más bien a los recursos destinados a ese fin. 
Además de los aspectos que se han mencionados, quedan otras cuestiones medioambientales sin resolver. Están relacionadas con los Convenios de Estocolmo y de Espoo y con la seguridad marítima. 
Quiero pedirles que sigan ejerciendo presión en esas cuestiones que son importantes para nosotros, como la seguridad marítima. 
Las cuestiones relativas a la seguridad marítima, el medio ambiente y los derechos humanos deben figurar en la agenda. 
Señor Presidente, permítame comentar solo algunas de las cuestiones tratadas en este debate, porque el resto han sido respondidas en gran medida durante mi intervención y la intervención de la Comisión. 
Por supuesto, nos interesa obtener, como con cualquier otro país, buenos resultados en esta cumbre. 
La finalidad expresa de las reuniones celebradas consiste en promover unos objetivos que también están en consonancia con las ambiciones, los valores y los principios que queremos promover. 
Sabemos que estos procedimientos suelen llevar mucho tiempo y que son muy laboriosos. 
No conozco ningún procedimiento capaz de producir cambios y obtener soluciones a problemas antiguos de forma inmediata. 
Me gustaría referirme a Kaliningrado. 
La solución para Kaliningrado avanza según el calendario previsto y creo que progresa adecuadamente. 
El 30 de junio se ratificará la duma sobre el acuerdo de fronteras con Lituania, según el compromiso contraído y esperamos lo mismo con respecto al acuerdo de readmisión entre Rusia y Lituania. 
Del mismo modo, he de decir que se ha incorporado una disposición relativa a un programa TACIS especial para Kaliningrado y nuestro objetivo preciso consiste en que la cumbre emita la orden de elaborar una estrategia conjunta con Rusia, para que así se produzca un desarrollo integral de esta región rusa. 
En lo referente a la Dimensión Septentrional, en la actualidad estamos preparando un nuevo plan de acción y la Comisión está elaborando un primer borrador que se procesará acto seguido en el marco del Consejo. 
Creemos que la Dimensión Septentrional debe seguir siendo una importante herramienta de desarrollo en nuestras relaciones con Rusia. 
La firma del acuerdo MNEPR liberará fondos para la protección contra los peligros nucleares en el noroeste de Rusia, fondos que han sido recaudados precisamente en el marco de la Dimensión Septentrional. 
Me gustaría señalar que se han realizado enormes cambios en los últimos trece años en lo que respecta a Rusia. 
Se han puesto fin a los estereotipos tradicionales, se han creado nuevas premisas, se han cambiado radicalmente las relaciones de Rusia con la Unión Europea, con la OTAN y con los Estados Unidos y todo ello está dando lugar a nuevas situaciones ante las cuales cada Estado miembro y la Unión Europea en su conjunto están sopesando la importancia y decidiendo la manera de proceder y el empuje que hay que darle. 
En este marco, hay que tener en cuenta los informes sobre política exterior, seguridad y defensa, pero me gustaría señalar que aquí tenemos que actuar con mucha cautela. 
No son ámbitos en los que se pueda proceder rápidamente. 
La Unión Europea, y Europa en su conjunto, tienen que adoptar una perspectiva y una estrategia a largo plazo, así como un método que no genere confrontaciones ni situaciones contradictorias cuando tengan que tomarse decisiones estratégicas básicas. 
Por todo ello, celebramos las posibilidades que se abren ante nosotros y estamos utilizando los métodos y los grados de libertad que consideramos necesarios para aprovechar todas las oportunidades que surjan y buscar formas de cooperación reforzada. 
Señor Oostlander, puedo informarle de que, durante la firma del acuerdo entre Rusia y Lituania, la Duma presentó una promesa en firme de ratificar el acuerdo fronterizo con Lituania antes de que finalice este mes. 
Por lo demás, no puedo darle noticias tan positivas, pero estamos trabajando en ello. 
Sin embargo, en la práctica esto no será un problema en absoluto, ya que el trazado de las fronteras no es objeto de controversia alguna. 
El único verdadero problema estaba relacionado con Kaliningrado y ya se ha resuelto. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución para cerrar el debate 
Pregunta nº 1 formulada por Alexandros Alavanos (H-0215/03): 
Asunto: Aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo en Grecia 
La Directiva 1999/70/CE 
El apartado 1 del artículo 2 de la Directiva del Consejo 1999/70/CE relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado por la Confederación Europea de Sindicatos, la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa y el Centro Europeo de Empresas Públicas obliga a los Estados miembros a cumplir la directiva en cuestión antes del 10 de julio de 2001. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer, cuando así lo necesiten, de un año más como máximo para aplicar la directiva en cuestión, con objeto de considerar las dificultades particulares o la aplicación mediante convenio colectivo. 
Teniendo esto en cuenta, el Consejo pide a Su Señoría que plantee la cuestión a la Comisión, porque la Comisión es el órgano competente para determinar el progreso con respecto a la aplicación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros. 
Le pido disculpas, pero en mi calidad de representante del Consejo, no puedo dar más detalles, que son abundantes y podrían haber sido esclarecedores para Su Señoría. 
Señor Presidente, he escuchado con atención la respuesta del Presidente en ejercicio. 
En efecto, la Comisión es responsable de la aplicación del Derecho comunitario, pero el Consejo tampoco puede dejar de ser responsable ante el hecho de que un Estado miembro no aplique una directiva importante. 
Y, por supuesto, en relación con la pregunta original, actualmente existe un decreto presidencial- desde hace un mes- que por supuesto ha cambiado- pero el decreto presidencial ha sucumbido en su infancia porque el Tribunal Civil de Apelación de Creta falló en su sentencia 466 de 2002 que dicho decreto contradecía las disposiciones básicas de la directiva comunitaria. 
Lo único que puedo hacer es repetir mi pregunta ante el Presidente en ejercicio con esta nueva información. 
No tengo nada más que añadir, salvo pedir a Su Señoría que plantee esta cuestión a la Comisión. 
Pregunta nº 2 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0217/03): 
Asunto: Guerra contra el Iraq: repostado de bombarderos B-52 sobrevolando ciudades europeas 
El País Vasco y todo el nordeste de la Península Ibérica se han visto sorprendidos con la noticia periodística de la trayectoria que siguen los aviones bombarderos B-52 desde su base aérea de Fairford (Inglaterra) hacia el Iraq. 
Al parecer, son repostados por aviones cisternas ' KC-135 Stratotanker? mientras sobrevuelan Bilbao, Pamplona, Zaragoza y Barcelona antes de entrar en el Mediterráneo. 
En lugar de aprovisionarse sobre el Atlántico acortan distancia sobrevolando zonas cercanas a poblaciones de cientos de miles de habitantes, poniendo en riesgo su seguridad. 
Los aviones del ejército español tienen prohibida la mencionada maniobra sobre poblaciones. 
¿No considera el Consejo que el sobrevuelo de estos aviones por encima de ciudades densamente pobladas es un atentado contra la seguridad de los ciudadanos? 
Si a ello se añaden las operaciones de repostado en vuelo, ¿no es esto un menosprecio a los derechos de la población, a los cuales se antepone el interés de una guerra cruel, en contra de la opinión pública europea y mundial, y sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU? 
¿No considera, asimismo, que el Sr. Aznar y su Gobierno merecen la reprobación de la UE por permitir estas peligrosas operaciones aéreas, así como por apoyar y participar en la ilegal guerra contra el Iraq? 
Las alegaciones recogidas en los informes de los periódicos a los que se refiere Su Señoría en esta pregunta no han sido notificadas al Consejo ni han sido debatidas en su seno. 
La cuestión compete a la jurisdicción del Estado español. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, los ciudadanos españoles no olvidan cómo el Sr. Fraga Iribarne, fundador y presidente de honor del Partido Popular, además de mentor del actual Presidente Aznar, siendo ministro del dictador Franco, les engañó bañándose en las playas de Mojácar y diciendo que lo hacía en Palomares, donde habían caído cuatro bombas termonucleares como consecuencia de una colisión durante el repostaje en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna. 
Entretanto, los norteamericanos rasparon y envasaron 105 hectáreas de tierras contaminadas de radioactividad en una gran zona que se cerró a los españoles y que bautizaron como campamento Wilson. 
Ahora, el Gobierno español del Partido Popular también empezó negando que varios B-52 repostaron en vuelo por encima de las ciudades de Bilbao, Iruña/Pamplona y Barcelona el pasado 21 de marzo, de camino al Iraq. 
Ante las evidencias proporcionadas por los controladores aéreos, no ha tenido más remedio el Gobierno español que reconocer ayer mismo en el Parlamento que, cuando menos, aquel día autorizó el sobrevuelo y repostado de ocho bombarderos cargados con 240 toneladas de bombas y lo justificó diciendo que se trataba de maniobras de bajo riesgo. 
¿Cree el Consejo que resulta aceptable que estas operaciones se efectúen sobrevolando ciudades densamente pobladas y se diga que no tienen riesgo? 
¿Considera democrático que un Gobierno haya negado cínicamente estos hechos y engañado a sus ciudadanos de manera tan flagrante? 
Creo que Su Señoría se ha referido solo con mayor detalle a una serie de incidentes que el Consejo desconoce y, tal como he dicho, la cuestión es competencia exclusiva de la jurisdicción del Estado español. 
No es una cuestión de la que el Consejo tenga que hacerse responsable. 
Señor Presidente, el Estado español se ha destacado en su apoyo el ataque unilateral de los Estados Unidos y del Reino Unido contra el Iraq. 
Ahora, junto con Italia y Polonia, va a actuar como potencia ocupante del Estado iraquí. 
¿Considera el Consejo que por este motivo el Estado español compartiría responsabilidades internacionales derivadas de la existencia de una agresión bélica, ilegal e injusta? 
¿Qué relación va a mantener la Unión Europea en su acción en el Iraq con los Estados miembros que ocupen este Estado? 
La actuación del Gobierno español con respecto a la cuestión del Iraq o con respecto a otras cuestiones no es un aspecto que, en calidad de Presidente en ejercicio, pueda comentar o aludir tal como desea Su Señoría. 
Ya veo que las metáforas también provienen de España: el toro y los cuernos. 
No hay ninguna cuestión de orden, yo creo que se ha agotado con el turno de alusiones que ha utilizado el Sr. Ortuondo. 
Pregunta nº 4 formulada por Bernd Posselt (H-0223/03): 
Asunto: Reforma del Tratado de Dayton 
¿Qué opina la Presidencia del Consejo sobre la idea de reformar el Tratado de Dayton en el sentido de que Bosnia y Herzegovina deje de ser una comunidad de tres pueblos y dos entidades para convertirse en una federación de tres pueblos con igualdad de derechos? 
Los derechos humanos de los pueblos que componen Bosnia y Herzegovina están consagrados en la constitución, según se establece en el anexo 4 del acuerdo de paz, y han sido ratificados por el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina. 
En una importante decisión adoptada en septiembre de 2000, el Tribunal dictaminó que el reconocimiento expreso de bosnios, croatas y serbios en la constitución de Bosnia y Herzegovina, los pueblos que componen el país, encierra una única interpretación: que gozan de igualdad como grupos. 
También establece que el principio constitucional de igualdad colectiva entre los pueblos que componen un país, que emana de la definición de bosnios, croatas y serbios como pueblos integrantes del país, prohíbe privilegios especiales para cualquiera de ellos, el predominio de una de las partes sobre las demás en las estructuras gubernamentales y la homogenización étnica como resultado de las divisiones territoriales. 
La constitución de la República Srpska y de la Federación se modificó después de esta sentencia para eliminar las disposiciones impugnadas. 
Se aprobó además una nueva ley para salvaguardar la representación de los tres pueblos que componen el país en todos los ámbitos de la gobernanza y en todo el sector público. 
La Unión Europea sigue apostando por la vía de la estabilidad y del proceso de asociación para promover la democratización, el Estado de derecho y la reforma económica como instrumentos para proteger los derechos de las minorías y garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría señalar que en alemán también se dice «coger el toro por los cuernos» , aunque en nuestro país desgraciadamente no hay corridas de toros, pero esta metáfora sí que existe. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta tan precisa y positiva y me gustaría formularle una pregunta complementaria. 
¿No podría procederse a desburocratizar las estructuras si se produce esta evolución- que tanto deseo -, es decir, un mayor reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos de los tres grupos étnicos? 
Muchos bosnios me dicen que existen demasiados cantones, cantones demasiado pequeños, lo que se deriva precisamente del desequilibrio y provoca que gran parte del producto nacional bruto y de la ayuda internacional sea consumido por el exceso de burocracia. 
Quisiera comenzar diciendo que ese símil también existe en Grecia. 
De hecho, me parece que existe en todos los países de la Unión Europea, independientemente de que haya toros o no, y les recuerdo que, en cualquier caso, las corridas de toros han sido recogidas en los frescos de los antiguos palacios de Minoa que ya existían miles de años antes que la España moderna. 
En cuanto al resto, solo quiero tomar nota de sus observaciones. 
No tengo nada que decir. 
Restringir la burocracia puede llegar a ser un problema. 
Puede intentarse en la medida de lo posible, pero como comprenderán, no podemos intervenir también en una serie de asuntos interiores en esos países sin que se interprete como otra forma de intervención. 
Pregunta nº 5 formulada por Othmar Karas (H-0229/03): 
Asunto: Política europea de reforma fiscal para empresas 
Son, en particular, las pequeñas empresas quienes sufren las consecuencias de la existencia de 15 (pronto 25) regímenes fiscales diferentes, la carga burocrática emanada de la existencia de diferentes normativas para el impuesto sobre el valor añadido y las inmensas tareas administrativas que conlleva la vigencia de diferentes regímenes fiscales aplicables a las empresas, así como de innumerables acuerdos sobre doble imposición. 
¿Cómo se justifica que las grandes empresas soporten una carga fiscal real menor que las PYME, que no pueden permitirse el lujo de practicar "ingeniería fiscal"? 
¿Qué opina el Consejo de la reivindicación del Parlamento Europeo de proseguir el proyecto de reducir el impuesto sobre el valor añadido de los servicios de gran intensidad de mano de obra, que tanto éxito ha tenido, a fin de evitar el recurso a la economía sumergida y crear un entorno más favorable para el empleo? 
¿Qué opina el Consejo de la propuesta de que en el interior de la UE las declaraciones fiscales sobre el volumen de negocios se reúnan en una única declaración en el país en que la empresa tenga su sede, así como del proyecto piloto para la fiscalidad en el país en que la empresa tenga su sede, a fin de reducir la carga administrativa de las PYME? 
¿Qué opina el Consejo de la posibilidad de ampliar el principio de mayoría cualificada a aquellos ámbitos de la política fiscal que tengan un impacto directo sobre el funcionamiento del mercado interior europeo? 
El coste administrativo y el coste del cumplimiento que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas han centrado en particular la atención del Consejo durante su trabajo de coordinación de los diferentes sistemas fiscales. 
En términos generales, he de decir que el Consejo ha dirigido su atención en numerosas ocasiones a las iniciativas y propuestas sobre cómo limitar los problemas y dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder al mercado. 
Con respecto a las conclusiones de las iniciativas individuales, Su Señoría tendrá que dirigir su pregunta a la Comisión de las Comunidades Europeas, cuyo trabajo consiste en vigilar la aplicación de las medidas en cuestión. 
En lo que respecta al procedimiento por el cual el Consejo adopta sus decisiones en materia fiscal, debo recordar que las normas relevantes se encuentran recogidas en el Tratado y que nadie puede pedir al Consejo que cambie estas normas. 
En cualquier caso, Su Señoría estará al tanto de las discusiones mantenidas recientemente, que también están teniendo lugar en el marco de la Convención, sobre la posible extensión de la votación por mayoría cualificada, en cuyo caso es posible que se adopten medidas diferentes también aquí que puedan dar resultados más deseables y más positivos. 
. (DE) Señor Presidente, aunque usted diga que no se puede exigir al Consejo que cambie repentinamente su posición, yo considero que uno puede esperar que el Consejo se muestre dispuesto a modificar una posición que le causa este tipo de problemas. 
Los 25 distintos regímenes fiscales que existen en el mercado interior provocan distorsiones de la competencia, las pequeñas y medianas empresas se ven discriminadas sobre todo en sus actividades transfronterizas y también existen problemas para reforzar el mercado interior y para reforzar la economía europea debido al principio de unanimidad que rige en el Consejo en cuestiones fiscales. 
Por esa razón le vuelvo a preguntar: ¿Qué iniciativa tomará como Presidente en ejercicio del Consejo a fin de suprimir las desventajas que sufren las pequeñas y medianas empresas debido a la diferencia entre regímenes fiscales y en beneficio del mercado interior en general? 
¿Qué iniciativas han adoptado los Estados miembros en la Convención para suprimir la votación por unanimidad en cuestiones relacionadas con el mercado interior? 
(DE) Señor Presidente, Señorías, el Consejo pidió a la Comisión que elaborara un estudio de los efectos del Acuerdo de Basilea II. Sabemos que hasta ahora no se ha presentado dicho estudio, pero que Europa se verá afectada por los efectos de dicho Acuerdo, en particular la solvencia de las pequeñas y medianas empresas y las garantías que estas deben presentar. 
Mi pregunta es: ¿Qué piensa hacer el Consejo para acceder a este estudio y cómo tratará el problema de la reforma fiscal, a fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan cumplir los requisitos del Acuerdo de Basilea II? 
Tendremos que mirar y ver por qué la Comisión Europea se ha retrasado. 
Hay muchos casos en los que, por razones objetivas, la Comisión Europea se retrasa en la presentación de un estudio. 
También ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones durante la Presidencia griega. 
Por supuesto, partiendo de este estudio- y no creo que un estudio resuelva todos los problemas- y de cualquier propuesta que pueda hacerse, pensaremos en cómo vamos a responder. 
Pregunta nº 6 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0230/03): 
Asunto: Iniciativas de la UE para salvar a Amina Lawal de la muerte por lapidación 
¿Puede indicar el Consejo qué iniciativas ha emprendido y mantiene para salvar la vida de Amina Lawal, la mujer nigeriana que ha recurrido la sentencia que la condena a morir lapidada? El examen de su recurso se aplazó hasta después de las elecciones de abril de 2003. 
¿Tiene conocimiento el Consejo de casos parecidos en Nigeria? ¿Qué gestiones está haciendo al respecto? 
La UE ha seguido de cerca el caso de Amina Lawal, sentenciada el pasado año a muerte por lapidación, y expresamos nuestra gran preocupación el 21 de agosto de 2002 en una declaración sobre la decisión del Tribunal de Apelación que rechazó el recurso de Amina Lawal. 
Tras la apelación de este caso, el Consejo no ha observado condenas similares. 
La UE seguirá ejerciendo presión en el marco del diálogo político y en diversos niveles, especialmente a través del jefe de las misiones en Abuja, para hacer hincapié en que Nigeria debe garantizar que se mantenga la constitución como ley suprema en su país. 
La defensa de Amina Lawal formuló la opinión de que convenía tomar medidas de apoyo de modo discreto y confidencial debido a los problemas constitucionales que se derivan de la aplicación de la sharia en determinados Estados. 
La UE ha asumido este consejo y opina que, dado que no se considera que el caso esté pendiente, es mejor adoptar un planteamiento general, como al que he hecho referencia anteriormente, y no individualizar el caso. 
Dentro de estos contextos, la UE ha reiterado su postura sobre la pena de muerte y ha alentado al Gobierno de Nigeria a que continúe trabajando a favor de la abolición de la pena de muerte y la prevención de cualquier forma de castigo o trato cruel, inhumano o humillante. 
En concreto, instamos a las autoridades nigerianas a que respeten plenamente los derechos humanos y la dignidad humana, en particular con respecto a las mujeres. 
Sobre esta cuestión, la UE otorga por lo general gran importancia al papel de la sociedad civil y estamos apoyando a las organizaciones de derechos humanos y a otros órganos no gubernamentales activos en este sector. 
Dado que el proceso electoral ya ha concluido, la UE seguirá centrándose en esta cuestión, que reviste gran importancia, y tomará las medidas oportunas en función de las posteriores medidas adoptadas por los tribunales. 
Me gustaría señalar que el Consejo es especialmente sensible a cuestiones más generales que tienen que ver tanto con los derechos humanos como, en todos los casos, con las prácticas de este tipo por parte de determinados países en el sistema mundial, en la medida en que se ve implicada la parte general. 
En lo que respecta a este caso concreto, todo lo que está haciendo es seguir las recomendaciones que se le han hecho: no hacer daño alguno, sino, por el contrario, hacer todo lo que pueda ser de ayuda y eficaz en este caso concreto. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me pregunto si hay algún país de la UE que se ha declarado dispuesto a ofrecer protección a Amina Lawal en caso de que el juicio no se resuelva del modo que deseamos. 
¿Ha mostrado algún país en el Consejo su disponibilidad a hacer dicha declaración? 
Si de verdad queremos protegerla, debemos presionar a nuestros países para que le ofrezcan protección ante este tipo de persecución estatal que de hecho se ejerce sobre muchas mujeres. 
En este preciso momento desconozco la respuesta a su pregunta. 
Podemos examinarla y darle una respuesta por escrito. 
Pregunta nº 7 formulada por Niall Andrews (H-0232/03): 
Asunto: Acuerdo de Cotonú y prioridades del Consejo 
Teniendo en cuenta la entrada en vigor del Acuerdo de Cotonú el 1 de abril de 2003, ¿tiene el Consejo la intención de indicar cuáles son sus prioridades para reforzar la dimensión política, atajar la deuda, reducir la pobreza y abordar los principales temas sanitarios en un momento en el que la incertidumbre económica mundial es cada vez mayor? 
El Acuerdo de Cotonú se basa en tres pilares principales: el diálogo político, la cooperación financiera y comercial y la ayuda al desarrollo. 
Esta asociación se concentra en el objetivo de reducir y, posiblemente, eliminar la pobreza, lo cual está asociado a los objetivos de desarrollo sostenible y la integración gradual de los países ACP en la economía mundial. 
La cooperación ACP-UE se basa en una serie de principios fundamentales, que incluyen la igualdad de los socios y la adopción de estrategias de desarrollo. 
Con el fin de poner el práctica los objetivos de la asociación, el Acuerdo de Cotonú estipula claramente que los países ACP deberán determinar las estrategias de desarrollo para sus economías y sociedades con plena soberanía. 
La mayoría de las disposiciones del Acuerdo se aplicaron en acuerdos transitorios mucho antes de la plena entrada en vigor del Acuerdo en abril de 2003. 
Ahora que el Acuerdo de Cotonú ha entrado en vigor, los fondos correspondientes al noveno FED están totalmente disponibles. 
La programación de estos recursos, en otras palabras, la preparación del apoyo estratégico para cada país, que se basa en los objetivos concretos a medio plazo y en las estrategias de desarrollo del país, así como la introducción de un calendario indicativo para la aplicación de la estrategia de apoyo para cada país, prácticamente se han completado. 
La Comisión ha anunciado su intención de emplear las reservas del noveno FED principalmente para financiar la contribución comunitaria a las iniciativas internacionales en beneficio de países en desarrollo, tales como la reducción de la deuda y la sanidad. 
Estas propuestas, que el Consejo está examinando en la actualidad, también permitirán un más rápido desembolso de los fondos FED. 
La aplicación de estas propuestas requerirá decisiones conjuntas con los países ACP. 
Las prioridades del Consejo para la política de desarrollo de la CE se recogen claramente en la declaración del Consejo y la Comisión aprobada en noviembre de 2000, que establece seis sectores prioritarios basándose en el valor añadido de la acción comunitaria y su contribución a la reducción de la pobreza. 
Estos sectores son: la relación entre el comercio y el desarrollo, la integración regional y la cooperación, el apoyo a las políticas macroeconómicas, la promoción del acceso equitativo a los servicios sociales, el transporte, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sostenible y, por último, la creación de una infraestructura institucional. 
El Consejo apoya los esfuerzos de la Comisión por gestionar la ayuda externa comunitaria de forma más eficaz y por emplear los fondos del FED conforme a los objetivos y criterios del Acuerdo de Cotonú. 
- (EL) He tomado nota del comentario de su Señoría. No puedo estar más de acuerdo con su Señoría en que la educación es esencial para alcanzar el éxito. 
Por otra parte, en la era de la tecnología de la información y el conocimiento, es absolutamente básica. 
En la medida en que está implicada la posibilidad de una mayor intervención en las políticas internas de estos países, he tomado nota de su comentario, que también transmitiré a la Comisión Europea, y lo consideraremos dentro del marco del Consejo. 
Pregunta nº 8 formulada por Liam Hyland (H-0234/03): 
Asunto: OMC y fecha límite en el ámbito agrícola 
Visto que las personas encargadas de las negociaciones en la OMC no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre las modalidades de negociación en el ámbito agrícola antes del 31 de marzo de 2003, ¿cree el Consejo que se pueden realizar avances satisfactorios en otros ámbitos antes de la 5ª Conferencia Ministerial de la OMC que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Cancún (México) ? ¿Cree que pueden estudiarse entretanto propuestas agrícolas más aceptables de acuerdo con el mandato de negociación que otorgó a la Comisión? 
El Consejo reconoce que la situación general en lo que respecta a las negociaciones de Doha sobre cuestiones de desarrollo está lejos de ser satisfactoria, principalmente debido a que no se cumplieron los plazos relativos a determinados sectores, como los detalles de acceso a los fármacos y los detalles en el sector agrícola. 
El punto muerto relativo a los fármacos se debió al rechazo por parte de los Estados Unidos a aprobar la solución aceptada por casi todos los demás países. 
En lo que respecta a la agricultura, la situación es más complicada, y los repetidos esfuerzos del Sr. Harbinson, presidente de la Comisión de Agricultura de la OMC, fueron rechazados por todas las partes por motivos contradictorios y mutuamente excluyentes. 
Por supuesto, el Consejo está dispuesto a examinar cualquier texto nuevo presentado por el Sr. Harbinson o cualquier otra persona. 
Sin embargo, pese a estas dificultades es fundamental, en la coyuntura actual, mantener el impulso de las negociaciones dentro del marco de la OMC y hacer avances fundamentales de cara a la conferencia de Cancún. 
Para empezar, en el inestable clima político internacional de hoy en día, es todavía más importante realizar avances esenciales relativos a las cuestiones comerciales. 
Por otra parte, las últimas reuniones multilaterales celebradas en Ginebra han demostrado que los miembros de la OMC son más conscientes de que el procedimiento previo al preparatorio debe avanzar durante los próximos meses con el fin de no generar una carga de trabajo excesiva para la conferencia de Cancún. 
Por último, el Consejo no comparte los puntos de vista pesimistas formulados por determinados comentaristas en lo que respecta a la conferencia de Cancún. 
Los problemas que deben resolverse antes de Cancún son numerosos, pero no es la primera vez que trabajamos con plazos ajustados en negociaciones comerciales. 
Si todos los que desempeñan papeles importantes hacen un serio esfuerzo y demuestran una verdadera voluntad política, será posible hacer avances en todas las cuestiones pendientes durante los próximos meses. 
Por lo tanto, hay que tratar de establecer vínculos positivos entre las cuestiones con el fin de recuperar el impulso del procedimiento, dado que todas las partes saben que no existe acuerdo hasta que se alcanza un acuerdo total. 
En lo que respecta a la agricultura, el Consejo confirmó su apoyo en su reunión celebrada el 8 de abril de 2003 a la propuesta comunitaria sobre los detalles en el sector agrícola e instó a la Comisión a que prosiguiese con sus esfuerzos de forma que pudiese alcanzarse un acuerdo sobre esta base, ya que, en su opinión, este es el modo más realista de completar las negociaciones con arreglo al calendario fijado en la declaración ministerial de Doha. 
Quiero hacer referencia al concepto de las expectativas razonables y el comportamiento racional y decir que, obviamente, cualquier conclusión en el marco de las negociaciones realizadas en el seno de la Unión Europea no se adoptará si existe alguna posibilidad de que no pueda ser salvaguardada o de que pueda no ser compatible con lo que se ha decidido a escala mundial. 
Pregunta nº 9 formulada por Brian Crowley (H-0236/03): 
Asunto: Cierre del reactor Calder Hall Magnox de Sellafield 
En vista del bienvenido cierre del reactor Calder Hall Magnox de Sellafield a finales de marzo de 2003, ¿apoyará ahora el Consejo activamente las peticiones de cierre de las cinco plantas Magnox restantes del Reino Unido, que presentan problemas de seguridad mayores a medida que envejecen? 
La cuestión de la seguridad nuclear preocupa de forma general al Consejo, que apoya totalmente el objetivo de conseguir un alto nivel de seguridad nuclear en toda la Unión Europea. 
Sin embargo, la competencia y la responsabilidad de la seguridad nuclear reside en los Estados miembros en cuestión. Por lo tanto, el Consejo no está en condiciones de hacer comentarios sobre la seguridad y otros aspectos relativos a reactores concretos en determinados Estados miembros. 
Como su Señoría sabrá, todos los reactores deberían funcionar siempre en condiciones normales, mientras cumplan los requisitos de los altos niveles de seguridad nuclear. 
La actual legislación comunitaria sobre la seguridad de las centrales nucleares se basa principalmente en el capítulo 3 del título II del Tratado Euratom. 
Debe respetarse la Directiva 96/29/EURATOM, que establece las normas básicas de seguridad para la protección de la salud de los trabajadores y el público en general frente a los peligros derivados de las radiaciones ionizantes y determina las obligaciones básicas para la protección contra las radiaciones. 
El Consejo también observa la reciente propuesta de la Comisión de una Directiva que establezca las obligaciones básicas y principios generales relativos a la seguridad de las centrales nucleares, que deberá someterse a un cuidadoso examen. 
Como he mencionado, existe la propuesta de la Comisión que está siendo examinada por el Consejo y, si así lo determina este, podrá haber una base para examinar este tipo de solicitud. 
Por otra parte, quisiera señalar que no se trata de un problema técnico. 
El problema, por encima de los aspectos nacionales, también tiene dimensiones institucionales, por supuesto también políticas, pero tiene dimensiones institucionales que deben respetarse y no violarse, y esto crea restricciones sobre esta cuestión y sobre otras en las que existen disposiciones institucionales para los límites dentro de los cuales el Consejo puede intervenir. 
Pregunta nº 10 formulada por Gerard Collins, a quien sustituye el Sr. Andrews (H-0238/03): 
Asunto: Modelo rural europeo 
La Presidencia griega ha insistido en la importancia del modelo rural europeo y en sus fundamentos, concretamente, en las explotaciones familiares y las comunidades locales, las pequeñas ciudades y los pueblos de todas las zonas rurales de la UE. 
¿Pronunciará el Consejo una declaración sobre los progresos registrados durante la Presidencia griega en relación con la conservación y el fomento de este modelo rural europeo? 
La Presidencia griega, continuando con los esfuerzos de la anterior Presidencia, se ha esforzado desde enero por avanzar tanto como puede con el examen de las propuestas legislativas para la reforma de la Política Agrícola Común, incluida por supuesto la propuesta de una normativa sobre el desarrollo rural. 
Conforme a la información más reciente que se me ha facilitado sobre los avances en el Consejo competente, debo añadir que soy muy optimista respecto a los avances en este trabajo. 
El debate sobre las reformas durante estos seis primeros meses debería permitir al Consejo, siguiendo también la opinión del Parlamento Europeo, alcanzar en junio un acuerdo sobre todas las propuestas de reforma. 
Nuestra Presidencia otorga gran importancia a salvaguardar el modelo rural europeo multioperativo, que se centra más en la atención al desarrollo rural y no podría ser de otro modo, dado que también hemos probado el valor de este modelo en nuestro país. 
Durante los debates que ya se han celebrado sobre todas las propuestas, estos aspectos de las mismas fueron por lo general bien acogidos y se destacó la importancia que debe darse a estas cuestiones, y al desarrollo rural de las zonas periféricas en concreto. 
Por otra parte, el Consejo y la Comisión son conscientes del hecho de que la financiación conforme a la PAC debe respetar las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín sobre los topes financieros y las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas celebrado en octubre de 2002. 
Por lo tanto, las medidas en favor del desarrollo rural dependerán de los fondos disponibles conforme al segundo pilar de la PAC y todos los fondos obtenidos de la reasignación de recursos que puedan liberarse en el primer pilar de la PAC a raíz de la reforma en curso. 
Como he expresado claramente en mi respuesta, estoy de acuerdo en que este modelo desempeña un papel importante en la operación de la agricultura europea; nos encontramos en proceso de examinar cómo proceder. 
Durante este proceso, los Ministros competentes aportarán como es lógico su experiencia y sus posturas para que sean consideradas y espero que el equilibrio final alcanzado salvaguarde precisamente los elementos positivos del modelo que prevalece en la Unión y que es importante no solo desde un punto de vista agrícola, sino también económico más general, social y, en última instancia, también político. 
Tendré presentes los comentarios expresados. 
Pregunta nº 12 formulada por Sarah Ludford, a quien sustituye la Sra. Thors (H-0241/03): 
Asunto: Las mujeres en el Afganistán y en el Iraq 
En el Afganistán, más de un año después de la caída de los Talibán, la vida de la mayoría de las mujeres apenas ha mejorado. 
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo, junto con la Comisión, para mejorar la situación de las mujeres en este país, que en muchos casos están aún confinadas en sus casas por restricciones generalizadas? 
Como donantes de ayuda, ¿qué presión está ejerciendo la UE sobre el gobierno provisional afgano para poner fin a los actos de acoso y opresión de las mujeres, tales como la prohibición de salir a la calle, la obligación de vestir el burka y la prohibición de trasladarse en un taxi conducido por un hombre? 
¿Podría el Consejo asegurar, en la medida de su capacidad, que se tenga en cuenta a las mujeres en el proceso de reconstrucción física y política del Iraq después de la guerra? 
La UE está siguiendo de cerca la situación relativa al respeto de los derechos humanos de las mujeres en el Afganistán. 
En sus contactos con la administración transitoria afgana, la UE destaca constante e incesantemente que los derechos de las mujeres afganas y la promoción de su participación plena y equitativa en todos los aspectos de la vida pública constituyen un importante punto de referencia para la evaluación del desempeño de la administración transitoria afgana y para la definición de la posterior política de la UE hacia el Afganistán. 
El 14 de abril el Consejo aprobó conclusiones en las que se destacaba, entre otras cosas, la importancia de incluir la generalización de la conciencia de género en la política de la administración transitoria afgana y en las que se instaba al establecimiento de un marco constitucional para la promoción y la protección de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas. 
Del mismo modo, el Consejo destacó que la conciencia de género debe ser una de las características del Gobierno que se formará tras las elecciones libres y equitativas en junio de 2004. 
El Ministro de Asuntos Exteriores afgano, que se reunió con los ministros de la UE en abril de 2003, comparte estas conclusiones. 
Tras la caída del régimen talibán, existen sin embargo indicios de mejora. 
Cada vez son más las niñas que acuden a la escuela y también están estudiando en institutos de enseñanza superior en las ciudades de mayor tamaño. 
Los ministerios están contratando a mujeres y, en términos generales, muchas mujeres han vuelto a su trabajo fuera del hogar. 
Un paso muy positivo fue la ratificación, el 5 de marzo, de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Sin embargo, el Consejo reconoce que la situación de las mujeres es todavía inaceptable en lo que respecta a las posibilidades de educación y trabajo, en lo que se refiere a su protección jurídica o a su participación plena e igualitaria en la vida pública, pese a los ejemplos que he mencionado. 
Asimismo, las mujeres son las principales víctimas de la inseguridad, que amenaza a su vida y a su dignidad. 
La oficina del representante especial de la UE para el Afganistán, el Sr. Vendrell, ha establecido buenas relaciones de trabajo con la Ministra de Asuntos para la Mujer y el Comité independiente de derechos humanos afgano, y apoya la creación de una infraestructura de organizaciones de mujeres a través de la formación y el diálogo. 
El representante especial de la UE, junto con los representantes de la Comisión y los Estados miembros, evalúan regularmente la consecución de los objetivos de la política de la Unión Europea, inclusive en el campo de los derechos de las mujeres, y emitirán recomendaciones sobre acciones adicionales que deba iniciar la UE si lo consideran necesario. 
Por último, el Consejo prestará también especial atención al papel de las mujeres en la reconstrucción del Iraq. 
He tomado nota de estos comentarios y al Iraq se le aplica lo mismo que al Afganistán, así que una vez que la situación vuelva a la normalidad, estaremos en condiciones de adoptar medidas concretas. 
En mi intervención he dicho que la situación de las mujeres en el Afganistán corresponde en realidad al cuadro problemático al que también usted ha hecho referencia. 
El Consejo está tratando de influir en esta situación por todos los medios a su alcance. 
Pregunta nº 14 formulada por José Ribeiro e Castro (H-0243/03): 
Asunto: Revisión de la política con respecto a Cuba 
La Unión Europea ha venido desarrollando una política de diálogo constructivo con Cuba. 
Los presupuestos en que se basaba este desarrollo eran una determinada sensación de distensión por parte del régimen comunista cubano y la esperanza de favorecer una evolución hacia la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. 
El Parlamento Europeo debatió el 10 de abril de 2003 sobre la gravísima situación actual y aprobó una resolución. 
¿Qué consecuencias políticas concretas extrae el Consejo de la brutal modificación de la situación en Cuba? 
¿Va a mantener el Consejo la misma política que se estaba definiendo, a pesar de la ruptura del régimen cubano con estos presupuestos? 
¿Qué está llevando a cabo el Consejo- y que más podría hacer- para garantizar la liberación por parte del régimen cubano de todas las personas que sufren persecución por motivos políticos? 
¿Comparte el Consejo la opinión de que, especialmente tras la concesión del Premio Sájarov 2002 y con certeza en el transcurso de todo el año 2003, todas las instituciones europeas tienen aún más responsabilidad para actuar de forma firme y solidaria en apoyo de las personas que en Cuba sólo pretenden ejercer su libertad humana fundamental y que creen que la democracia y los derechos humanos deben ser también una realidad para el pueblo cubano? 
En su evaluación regular de la posición común de la UE sobre Cuba, el Consejo siempre destaca su planteamiento de diálogo constructivo y abierto con este país sobre todos los temas de interés común. 
El Consejo ha reiterado que los objetivos de la política de la Unión Europea sobre Cuba siguen siendo el fomento de un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la recuperación económica sostenible y un aumento del nivel de vida para la población. 
La UE hace un seguimiento de la situación en Cuba de forma regular. 
En cuanto se tuvo conocimiento de la última oleada de detenciones, la presidencia, en nombre de la Unión Europea, emitió declaraciones públicas e inició intensas gestiones con La Habana. 
En los contactos bilaterales con las autoridades cubanas, los Estados miembros protestaron enérgicamente por las detenciones. 
El Consejo ha tenido en cuenta la resolución aprobada por la Unión Europea el 10 de abril, que refuerza la postura de la UE contra estas medidas. 
En su reunión del 14 de abril, el Consejo de la Unión Europea aprobó las conclusiones siguientes: 
«El Consejo condena las recientes actuaciones de las autoridades cubanas, especialmente las ejecuciones, las detenciones masivas de disidentes, los juicios injustos y las sentencias arbitrarias y excesivas dictadas. Insta a la liberación inmediata de todos los presos políticos. 
Estos últimos acontecimientos, que marcan un nuevo deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, afectarán a las relaciones de la UE con Cuba y a las perspectivas de una mayor cooperación. 
El Consejo seguirá atentamente la evolución de la situación». 
La UE apoyó también una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que se aprobó en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Como comentario general, la Presidencia de la UE ha emitido una declaración en la que manifiesta que la UE condena las detenciones masivas, los injustos juicios sumarios y las sentencias arbitrarias y excesivas impuestas a numerosos disidentes por expresar de forma pacífica sus opiniones políticas, religiosas y sociales y por ejercer su derecho a desempeñar un papel completo e igualitario en la vida pública. 
Por lo tanto, la UE reclama que aquellas personas a las que considera presos de conciencia, sean liberadas sin demora y también solicita la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos. 
Asimismo está profundamente preocupada por la continua represión contra miembros de la oposición. 
La UE condena categóricamente las recientes ejecuciones de ciudadanos cubanos que se realizaron tras juicios sumarios y expresa su pesar sobre el hecho de que la moratoria sobre la pena de muerte en este país haya llegado a su fin. 
Estos últimos acontecimientos, que marcan un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, afectará a la relación de la UE con Cuba, así como a las perspectivas de una mayor cooperación. 
La UE hará un seguimiento de cerca de las violaciones de los derechos personales y políticos, que siguen afectando a la relación de la Unión con Cuba. 
Me gustaría terminar señalando que la UE seguirá muy de cerca la situación, especialmente en lo que respecta al posible ejercicio del recurso legal por las 78 personas condenadas. 
- (PT) Señor Presidente, antes que nada quiero agradecer la extensa respuesta de la Presidencia en ejercicio, aunque me atrevo a sugerir que es necesario hacer algo más. 
Es precisamente por el hecho de que apoyamos a cambio hacia la transición en cuba y porque las expectativas de la población se han visto brutalmente sacudidas, que creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad particular. Esto es tanto más cierto cuanto que el pasado mes de diciembre este Parlamento concedió el Premio Sajarov a una gran personalidad cubana en el ámbito de los derechos humanos: Osvaldo Payá, que atraviesa grandes dificultades en este momento. 
Tenemos que pasar a una postura de solidaridad activa y por eso me gustaría hacer la siguiente pregunta: ¿está dispuesto el Consejo a invitar al señor Osvaldo Payá a que mantenga encuentros con la Presidencia, con el Alto Representante y con el Consejo, en algunas de sus reuniones, con el fin de trasmitirle, de viva voz, su preocupación por los gravísimos acontecimientos que se están produciendo en Cuba? 
¿Se plantea el Consejo la posibilidad de sugerir a todos los Estados miembros que hagan lo mismo a través de sus representantes diplomáticos, es decir, que transmitan directamente su solidaridad e inviten al señor Osvaldo Payá, Premio Sakharov 2002, a visitar cada una de las capitales europeas para presentar en ellas una imagen real del sufrimiento del pueblo cubano? 
He mencionado las declaraciones emitidas por el Consejo y que numerosos Estados miembros, quizás todos, han condenado los recientes acontecimientos en Cuba. 
El Consejo es especialmente sensible a esta cuestión, y la debatió en su última reunión, decidiendo emitir estas declaraciones de condena. 
Se considerará la posibilidad de tomar medidas adicionales a la luz de los acontecimientos. 
Huelga decir que lo que ha pasado en Cuba recientemente ha originado protestas generalizadas y esperamos que esto influya en las posteriores decisiones del Gobierno cubano. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 15 a 24 se contestarán por escrito. 
Con esto concluye la sesión solemne. 
(Se levanta la sesión solemne a las 12.30 horas) 
. (DE) Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, tras haber adoptado en el Pleno hace apenas seis meses nuestro informe de la Comisión temporal sobre la fiebre aftosa con una amplia mayoría, hoy nos pronunciamos sobre la propuesta de Directiva del Consejo para la lucha contra la fiebre aftosa presentada por la Comisión. 
De esta forma cerramos un capítulo sumamente importante y desde aquí me gustaría agradecer una vez más a todos los diputados, a la Secretaría y, en especial, a la Comisión por la excepcional colaboración mostrada. 
Nuestro informe especial y el presente informe son fruto de una perfecta colaboración. 
Muchas de las peticiones del Parlamento ya habían sido integradas en la propuesta que ahora presenta la Comisión. Por ello, una serie de enmiendas que hemos presentado constituyen más bien una precisión y no una reorientación de las propuesta. 
Me gustaría hacer especial hincapié, a fin de evitar malentendidos, en que no pedimos una vacunación preventiva general, como la que era habitual hasta 1992, sino en una vacunación de emergencia para que los animales puedan vivir, a modo de primera opción cuando se trata de contener un brote de fiebre aftosa. 
Se trata de una diferencia importante, que aún debe reflejarse en algunas partes del texto. 
También me gustaría destacar que los productos procedentes de los animales vacunados no dañan ni afectan en absoluto a la salud de las personas. 
Esto lo sabemos, y por ello sería imposible prohibir la comercialización de los productos procedentes de los animales vacunados a raíz de un brote. 
Sabemos que habrá problemas en el comercio con terceros países, como Japón y los Estados Unidos. Sin embargo, dichos problemas se pueden contrarrestar mediante una regionalización y mediante la declaración de «zona libre de fiebre aftosa» seis meses- y no como hasta hace un año, doce meses- después de la vacunación, lo que debe considerarse una importante contribución a una nueva política. 
Asimismo habrá que intentar que en la OIE se acuerde un período de tres meses. 
El Sr. Böge y otros han presentado una enmienda en este sentido. Les pido que la apoyen. 
En cambio, debemos votar en contra de la enmienda 32 de la comisión parlamentaria, ya que, en mi opinión, no tiene en cuenta la situación jurídica internacional actual. 
De igual modo habrá que votar contra la enmienda 49 de los Verdes, pues recortaría el margen de maniobra que necesitamos. 
En este momento no deseo abordar pormenorizadamente las distintas propuestas, pero la aparición de la peste o gripe aviar pone de relieve la importancia de adoptar una nueva orientación y de realizar una nueva evaluación básica de la lucha contra las zoonosis. 
En los Países Bajos ya se han sacrificado más de 25 millones y esta epidemia ya ha hecho aparición en Alemania. 
De una vez por todas debemos dar un nuevo trato a las epidemias animales- como pedimos con toda claridad en nuestro informe -, en el que los intereses comerciales y políticos no sean los únicos criterios decisivos. 
En la estrategia a seguir debe integrarse tanto el aspecto ético como el económico. 
La ganadería a gran escala y las relaciones comerciales internacionales contribuyen a aumentar el riesgo de propagación de epidemias y, por consiguiente, exigen una revisión de la política de vacunación. 
Algunos virus son muy mortíferos de modo que en el futuro habrá que proceder de modo distinto. 
En su informe, el Parlamento Europeo indica con toda claridad los efectos económicos y sociales que tiene una estrategia que no da en el blanco. 
Asimismo debemos reflexionar sobre cómo podremos cubrir los gastos en el futuro, ya sea a través de fondos nacionales o conjuntamente a través de un fondo europeo para las epizootias, así como quién debe ser indemnizado, únicamente los afectados directos cuya cabaña haya sido sacrificada o todos aquellos que hayan sufrido pérdidas económicas. 
Este punto todavía no se ha resuelto satisfactoriamente. 
También es necesario reforzar la investigación aplicada, a fin de obtener mejores vacunas. Pero también debe mantenerse la profilaxis en las explotaciones, en las importaciones y durante el transporte de animales. 
Este aspecto es más importante que nunca a fin de que los gérmenes o virus no puedan llegar a los animales. 
Esperamos que el Consejo, bajo la Presidencia griega, llegue a un acuerdo que sea compatible con las necesidades de los productores, es decir, de los agricultores, y de los consumidores, pero también de los animales. 
La UE cuenta con competencias y posibilidades en esta materia que debe agotar plenamente. 
Nosotros en el Parlamento ya hemos hecho nuestra contribución, en la comisión parlamentaria y sobre el terreno, cuando hablamos con los afectados en el Reino Unido y los Países Bajos. 
Espero que en el futuro podamos romper el círculo vicioso del sacrificio y el aislamiento. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos quiero felicitar antes que nada al ponente por la manera en que ha colaborado con los diferentes Grupos y también por el resultado, que es muy loable. 
Esto demuestra que ha comprendido la gran preocupación que reinaba durante los brotes pasados. 
Ha elaborado un informe muy bueno en respuesta a las propuestas legislativas del Comisario. 
Asimismo quiero dar las gracias a la Comisión Europea y al Comisario Byrne por haber reaccionado con rapidez al informe de iniciativa y a la resolución del Parlamento sobre la base de las investigaciones realizadas. 
En cualquier caso ha considerado diversas cuestiones incluidas en este informe parlamentario. Ello ofrece perspectivas para una buena colaboración entre la Comisión y el Parlamento con miras a lograr, también en el futuro, un buen enfoque de la lucha contra las enfermedades epidémicas de los animales. 
Al mismo tiempo, señor Presidente, he de decir en nombre de mi Grupo que la investigación parlamentaria ha evidenciado lo desconcertante que puede ser un brote de enfermedades animales. 
Hemos realizado investigaciones sobre las epidemias de fiebre aftosa. 
Hemos visto qué consecuencias tiene para las personas y los animales, pero también hemos visto los resultados secundarios. 
Los problemas de salud que siguen apareciendo en las regiones donde hubo fiebre aftosa, los graves daños económicos, pero también el gran dolor de las personas y todo lo que lo rodea demuestran que ya no podemos seguir considerando estas enfermedades animales, de hecho la lucha contra ellas, como un problema técnico, sino que hemos de estudiar expresamente las consecuencias sociales. 
No puede negarse que, en un mundo en que las fronteras son cada vez más transparentes y donde hay cada vez más comercio internacional, aumentan los riesgos de enfermedades infecciosas de los animales. 
Basta con fijarse en el brote de SRAS para ver qué pánico puede generar. 
Hemos de darnos cuenta de que, si hemos optado por una política de no vacunación, aumentarán los riesgos de enfermedades contagiosas de los animales. 
Queremos mantener a los animales fuera, queremos que las vacas estén en los prados, queremos las gallinas y cerdos vagando libremente. 
Pero esto significa que los riegos aumentan. 
Además, también están los riesgos internacionales con el aumento del tráfico y del comercio internacional. 
Esto significa que no hemos de dejar las consecuencias solo a las puestas de las explotaciones agrarias, sino que como políticos hemos de reflexionar sobre cómo podemos abordar estos riesgos en el futuro. 
En este sentido, el informe Kreissl-Dörfler supone un buen paso inicial. 
Si se produce un nuevo brote, podemos ocuparnos de conseguir un enfoque mucho más eficaz y un control del número de enfermedades contagiosas de los animales, en este caso la fiebre aftosa, por medio de un cambio fundamental de política, y posiblemente también por medio de la vacunación. 
En relación con el cambio fundamental de la política, a saber, más posibilidades para los Estados miembros, más posibilidades para la Comisión y sobre todo el uso de la vacunación para frenar el brote, es sumamente importante examinar cómo podemos contener después los efectos secundarios y sus consecuencias. 
Hay diversas cuestiones importantes. 
Para empezar- y hasta ahora la Comisión no ha sido del todo clara al respecto- ¿cómo trataremos a quienes se vean indirectamente afectados por futuros brotes? 
En segundo lugar, ¿cómo garantizaremos un mercado máximo para los productos en el momento en que se aplique la vacunación profiláctica y los animales sobrevivan? 
Por supuesto, la legislación permite que podamos vender nuestros productos en determinadas condiciones en el mercado europeo, pero en lo que respecta a las cadenas de supermercados tenemos algunas preguntas pendientes. 
¿Cuál es nuestro papel como políticos, y cuál es el papel de la Comisión? 
Una tercera pregunta: ¿cómo nos encargamos de que este tipo de brotes se traduzca también a escala internacional en el tráfico comercial? 
En este ámbito quiero señalar que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha presentado una enmienda- lo he hecho yo en nombre del Sr. Böge y otros miembros de nuestro Grupo -, en la que hacemos un llamamiento a la Comisión para que examine lo que ya ha dicho el ponente, en concreto que es sumamente importante que también en el ámbito internacional se reduzca el plazo de prohibición para la exportación después de un brote de 6 a 3 meses. 
Instamos a la Comisión para que lo lleve a cabo mediante negociaciones. 
Me gustaría oír lo que opina el Comisario sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, me complace que hayamos podido dar un paso adelante en relación con la lucha contra la fiebre aftosa. 
Lo hago con sentimientos encontrados, pues en mi país, y también en los países vecinos, en Alemania y Bélgica, azota la peste aviar. 
Nuevamente pido a la Comisión que vea la conexión entre estos brotes y examine cómo podemos asumir nuestra responsabilidad social en relación con las grandes enfermedades animales, como la peste aviar, la peste porcina, y en este caso la fiebre aftosa, a fin de lograr una política coherente. 
Pero nuevamente, el Grupo del Partido Popular Europeo se complace de que hayamos podido dar un primer paso en relación con este expediente de la fiebre aftosa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la crisis de la fiebre aftosa ha dejado profundas heridas. Los sacrificios han provocado mucho dolor en innumerables familias. 
Han provocado la indignación y la cólera pública. A veces una cólera impotente frente a las autoridades y también una cólera contra Europa, que impidió la vacunación del ganado. 
En primer lugar quiero expresar mi más sincera gratitud al Sr. Kreissl-Dörfler. Ha realizado nuevamente un trabajo excelente. 
Después de su informe sobre la crisis de la fiebre aftosa, ha trabajado duramente para que la lista de recomendaciones que este Parlamento presentó en diciembre del año pasado quedara reflejada en la propuesta de la Comisión. 
Entretanto nos hallamos en un proceso legislativo. 
Creo que la propuesta y las enmiendas presentadas son en conjunto una respuesta aceptable a la indignación pública sobre el sacrificio masivo de ganado. 
Estoy a favor de la vacunación profiláctica de emergencia para que los animales permanezcan vivos hasta el momento en que se sacrifiquen para el consumo. 
Quiero recalcar dos puntos importantes en forma de preguntas a la Comisión y le ruego que más adelante me conteste. 
La primera tiene que ver con la responsabilidad política. 
La crisis de la fiebre aftosa en 2001 fue en los Países Bajos un presagio del terremoto político de 2002. 
En cualquier caso hemos de dar una lección también a la política. 
La confianza en la política recibió un duro golpe. 
Una razón importante era que la responsabilidad política resultó ser todo menos transparente. 
¿Quién era responsable de la política de no vacunación? 
¿El Gobierno, la UE o la Oficina Internacional de Epizootías? 
Los Ministros remitían a la UE y los comisarios de la UE remitían a los Gobiernos nacionales y a la Oficina en París. 
Para el ciudadano, la complicada estructura de responsabilidades era poco clara y produjo la imagen de unos políticos que, aunque asumen posturas, a continuación prefieren esconderse detrás de otros. 
Los políticos que no asumen la responsabilidad hacen perder credibilidad a la política. 
Este juego de quién paga los platos rotos se ha vuelto con fuerza en contra de Europa. 
Los cientos de cartas y mensajes de correo electrónico indignados eran señales de la tragedia humana e institucional. 
Un futuro brote de fiebre aftosa no puede provocar nunca más el sacrificio masivo de ganado sano. 
En esto hemos de esforzarnos a fondo en los próximos tiempos. 
Para ello es necesaria una política en materia de fiebre aftosa en la que se determinen claramente las responsabilidades. A escala regional, nacional, europea e internacional, e implicando a los parlamentos. 
Nuestro objetivo ha de ser una política en materia de fiebre aftosa que no sea anónima. 
Las responsabilidades sobre las opciones y el cumplimiento han de estar claramente definidas. 
Nuestra tarea consiste en comunicar al respecto. 
En un intento de lograr esa claridad, quiero pedir al Comisario que nos aclare esta noche dónde está exactamente la responsabilidad. 
¿Es cierto que un Estado miembro tiene la posibilidad de recurrir al uso de vacunas profilácticas de emergencia y mantener en vida a los animales vacunados? 
¿Es cierto que los productos de animales vacunados pueden comercializarse sin ningún problema? 
Esto me lleva al segundo punto, en concreto la comercialización de productos animales derivados de animales vacunados. 
En cuanto un Estado miembro decide pasar a la vacunación profiláctica de emergencia y mantener en vida a los animales, los productos han de poder venderse. 
Para ello son necesarias por lo menos dos cosas: supermercados que los vendan y consumidores que los compren. 
¿Cómo piensa la Comisión crear las condiciones límite correctas en colaboración con los Estados miembros? 
Por supuesto, la intención no puede ser mantener en vida a los animales vacunados para luego descubrir que no hay un mercado donde vender los productos. 
Esto implicaría el sacrificio de los animales vacunados. 
Quisiera que me respondiera a estas dos preguntas. 
Señor Presidente, en el momento culminante del brote de fiebre aftosa en 2001, el Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos formuló tres principios: ¿cómo podemos evitar este tipo de brotes en el futuro, qué haremos si vuelve a producirse un brote y cómo podemos pagar por este tipo de brotes en el futuro? 
Me he fijado especialmente en ello, cada vez que volvía a Europa desde otro continente. Sinceramente he de decir que, a pesar de las nuevas medidas anunciadas, no he podido constatar muchos cambios. 
¿Cuáles han sido exactamente esas nuevas medidas? 
¿Qué haremos si se declara otro brote? 
Nuestro punto de vista es que los sacrificios masivos de animales sanos no son aceptables en el futuro y de ahí que apoyemos plenamente las conclusiones del informe de que hay que aplicar la vacunación profiláctica. 
Incluso fuimos más allá. 
En 2001 presentamos una enmienda sobre el presupuesto 2002 para asegurarnos de que la Comisión investigara sobre mejores vacunas, vacunas marcadoras contra la fiebre aftosa. 
Y, por cierto, no nos limitamos a la fiebre aftosa. Podría extenderse a todas las enfermedades animales contagiosas, 
Es particularmente decepcionante constatar que hasta estos momentos la Comisión, unos dos años después de que se presentara y aprobara la enmienda, sigue sin haber emprendido esta investigación. 
Continuamente nos dan distintas explicaciones. Se hará. 
Pero sigue sin hacerse nada. Me gustaría saber por qué. 
Otro punto: ¿Qué hacemos con los productos de los animales vacunados? 
Ya lo han señalado la Sra. Corbey y el Sr. Maat. 
Seguramente resultará más difícil vender los productos de los animales vacunados y seguramente tendrán que venderse a un precio menor. 
¿Estará esto incluido también en los futuros planes de indemnización, sí o no? 
¿Qué propone hacer la Comisión al respecto? 
En este sentido, tuvimos suerte en el brote de 2001. Había suficiente margen en el presupuesto agrícola. 
Si los cálculos no son erróneos, ahora el margen en el presupuesto agrícola es bastante menor. 
El euro sigue alto frente al dólar y habrá muy poco margen. 
Si se declarara ahora otro brote, ¿cómo lo pagaríamos? 
De ahí que el Grupo de los Liberales presentara, también en 2001, una enmienda al presupuesto para que se realizaran estudios sobre los sistemas de seguros. 
En este caso, la Comisión sí ha cumplido. 
A finales de mayo tendremos un informe al respecto. 
Como ponente del presupuesto de 2004, hice de ello una de mis prioridades. 
No podemos permitir que la financiación de estos brotes se deje a la casualidad de si hay o no dinero. 
Será necesaria una sólida base financiera. Espero poder elaborar esto en el futuro en consulta con la Comisión. 
La cuestión de los seis meses y de los tres meses también es esencial para nosotros, y aconsejo al Pleno que apruebe la enmienda del Grupo de los Liberales y del Grupo de Demócrata-Cristiano en este sentido. 
. (DE) Señor Presidente, la historia de la fiebre aftosa en Europa se remonta muchos años atrás, pero la gran catástrofe comenzó el 21 de febrero de 2001 en el sur de Inglaterra. 
A pesar de que desde hace décadas se conocen los daños que puede provocar un brote incontrolado de una enfermedad, no se aprovechó la oportunidad para luchar de forma eficaz contra la epidemia. 
Las medidas adoptadas en los Estados miembros afectados no permitieron prevenir la propagación del virus. 
El estado de emergencia anunciado entonces en diversas regiones de la UE soliviantó tanto al mundo rural como al urbano. 
Las zonas rurales parecían una prisión de alta seguridad y en las explotaciones afectadas reinaba una especie de estado de sitio. 
En esa época no faltaron las acusaciones. 
La prohibición de la vacunación por parte de la UE, que mantuvo el principio de que si se vacunaba a un único animal, todo el país se declararía zona infectada de fiebre aftosa, no fue aprobada por la gran mayoría de la población, e incluso algunos funcionarios bien informados reclamaron en esos días que su utilizasen las denominadas vacunas marcadoras a fin de evitar una mayor propagación de la epidemia. 
Para gran parte de la población, la lucha contra la fiebre aftosa mediante la quema de las carcasas de animales constituía un completo desprecio por la dignidad de los animales, y desde un punto de vista económico tampoco salían las cuentas. 
El informe sobre la lucha contra la epidemia de fiebre aftosa hace justicia a este principio y, por consiguiente, saca las consecuencias acertadas de la catástrofe de 2001, y además ha permitido confirmar los resultados de los trabajos de la comisión de investigación. 
Esto constituye un estímulo para proceder de la misma forma en otros casos, como por ejemplo en el de la peste aviar. Esta epidemia recurrente se extiende a los países vecinos, y uno de sus principales problemas es el gran número de contactos transfronterizos. 
Según la prensa existe un grave peligro de que la peste aviar, de forma similar a la epidemia de fiebre aftosa, se convierta en algo peor que la hipótesis más pesimista. 
El principio consistente en «sacrificar en vez de vacunar» , o más bien el principio contrario, debería ser aplicable a todas las especies animales de la UE. 
Una investigación a fondo de estos principios sería una labor parlamentaria que valdría la pena. Así, por ejemplo, habría que examinar si el Reglamento alemán promulgado para evitar la propagación de la peste aviar clásica refleja los conocimientos en esta materia y si conviene incluir en el texto a todas las especies animales. 
Asimismo podría volver a examinarse cómo está organizada realmente la cooperación transfronteriza. 
En lo que respecta a la fiebre aftosa, en los países candidatos no se mueve nada, pero quiero aprovechar la oportunidad para señalar que esta situación puede cambiar rápidamente. 
Cualquier error de juicio en el ámbito de la lucha contra esta enfermedad y de su detección precoz tiene consecuencias económicas y sociales. 
El informe indica correctamente qué hay que hacer, y este trabajo ha servido de mucho. 
Estoy de acuerdo con el informe y sus propuestas, pero sobre todo apoyo las enmiendas relacionadas con la protección del derecho fundamental a la propiedad. Por ello, el informe propugna firmemente un régimen de indemnizaciones para los afectados. 
Asimismo apoyo aquellas enmiendas que pretenden aumentar el margen de maniobra de los veterinarios y de las autoridades competentes de los Estados miembros. 
En la medida en que cambie la responsabilidad de los Estados miembros, su responsabilidad aumentará, pues la decisión sobre la estrategia de lucha contra las epidemias y sobre el momento de su aplicación quedará en manos de las autoridades nacionales, y eso es lo correcto. Los ganaderos no quedan liberados de su obligación de mantener el orden y la limpieza. 
La delincuencia en zonas fronterizas que implica el comercio de animales corresponde a otra normativa, pero en el informe se formula también el enfoque correcto de ello. 
Señor Presidente, mientras esta noche reflexionamos sobre la pregunta de cómo luchar contra la fiebre aftosa en el futuro, la siguiente enfermedad contagiosa de los animales, la peste aviar, ha alcanzado a animales y ganaderos. 
Es preciso revisar la política de la Unión Europa en materia de zoonosis. 
En 1991, nadie era consciente de las consecuencias que podía tener la introducción de la política de no vacunación. 
Desde entonces hemos aprendido a la fuerza. 
La vacunación habría podido evitar la destrucción de millones de animales sanos. 
Si los intereses económicos prevalecen por encima de todo, el ser humano pierde su dignidad y la creación, su protección. 
Me complace que la Comisión de Agricultura haya aceptado nuestra enmienda en la que pedimos que se manejen principios éticos en la lucha contra las enfermedades de los animales. 
En la nueva Directiva elaborada por la Comisión, la preocupación por la creación sigue saliendo mal parada. 
Yo no me atrevía a contar con la vacunación preventiva. En cambio esperaba que la «vacunación de emergencia y mantenimiento en vida» fuera la primera opción en caso de producirse un brote. 
Pero ni siquiera este es el caso. La Comisión sigue optando por el sacrificio y como mucho amplía las posibilidades de la vacunación de emergencia. 
Por ello apoyo las enmiendas que convierten la vacunación de emergencia en la primera opción en la lucha contra la enfermedad. 
Además, esta vacunación y mantenimiento en vida de los animales ha de tener una oportunidad justa. 
Los productos de los animales vacunados no son menos seguros que los productos de animales no vacunados. 
Sin embargo, el etiquetado de estos productos sí causa esta sensación. Y eso a pesar de que antes de 1991, los consumidores, entre otros en mi país, llevaban años consumiendo estos productos. 
Además hemos de evitar que un Estado miembro opte por el sacrificio sobre la base de las contribuciones económicas que ofrece Bruselas para la lucha. 
La vacunación de emergencia cuesta menos dinero a la Unión Europea, pero luego el Estado miembro tendrá que incurrir en gastos para comercializar los productos. 
El ahorro que se consigue con la vacunación ha de utilizarse para compensar estos gastos incidentales. 
La existencia de diferentes serotipos del virus de la fiebre aftosa es un argumento contra la vacunación preventiva. 
Al mismo tiempo constituye un estímulo para investigar el desarrollo de vacunas contra la fiebre aftosa. 
Por ello, la vacunación preventiva es la opción del futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el elemento clave, a mi juicio, en el debate que nos ocupa hoy sobre la fiebre aftosa, son las presiones ejercidas por la OIE a propósito de las sanciones comerciales aplicadas a los países que no disfrutan del estatuto de «zona libre de fiebre aftosa». 
En efecto, son estas normas las que hacen que esta enfermad sea tan terrible para los ganaderos, debido a las importantes pérdidas económicas que originan. 
Recordemos que la fiebre aftosa, que afecta al ganado, no es peligrosa para el ser humano. 
No es un problema de salud pública. 
Por tanto, nuestro ponente cuenta con mi apoyo cuando propone, en su enmienda 5 al considerando 14, que los Estados miembros presenten ante la OIE propuestas para modificar las sanciones comerciales en estas situaciones. 
Para ser más precisos, este cambio de las normas de la OIE debe adoptar dos formas. 
En primer lugar, es preciso tener en cuenta los avances en torno a las vacunas- las vacunas marcadoras, que permiten distinguir a un animal vacunado de un animal infectado, y las vacunas de más amplio espectro- y recordar que los productos- la leche o la carne- procedentes de un animal vacunado no representan ningún peligro para la salud humana, ni implican ningún riesgo de contagio. 
Por tanto, no hay razón alguna para discriminar estos productos, ni a los países donde están disponibles. 
Esta modificación de la normativa permitirá, además, reconsiderar el problema de la vacunación profiláctica, que los Estados miembros deberían autorizar en aquellos casos en que, por razones particulares, así lo deseen los ganaderos. 
Pienso, sobre todo, en los animales de gran valor genético, en los reproductores y en las razas con pocos ejemplares que presentan un interés para la biodiversidad. 
En segundo lugar, hay que autorizar a los Estados miembros a que regionalicen sus zonas de cría y no permitan que un solo brote de fiebre aftosa en Alsacia- hablando hipotéticamente, claro- impida a Bretaña exportar sus excelentes productos de origen animal. 
Por último, y lamento que este punto que planteé durante la labor de nuestra comisión temporal sobre la fiebre aftosa no haya sido retomado por el ponente, no perdamos de vista que algunos cambios de la agricultura europea, auspiciados por la reorientación de la PAC, constituyen en sí mismos factores de riesgo de propagación de epizootias. 
El aumento de tamaño de las cabañas ganaderas, la intensificación excesiva, la expansión de la cría confinada, la especialización de las regiones y los transportes de animales a larga distancia: todos estos factores, que contribuyen a elevar la densidad ganadera, agravan el riesgo. 
Señor Presidente, en un momento en que este Parlamento va a tener que pronunciarse sobre la revisión intermedia de la PAC, tengamos la voluntad de rectificar estos cambios en lugar de amplificarlos, dando prioridad a las pequeñas explotaciones, a la ganadería intensiva en las regiones menos favorecidas, a la integración local de los sectores y a los mataderos locales: en resumidas cuentas, a una agricultura más humana. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar me gustaría manifestar al ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, que pocas veces he participado en la elaboración de un informe tan diligente y equitativamente abordado como lo ha hecho el Sr. Kreissl-Dörfler con este informe. 
Es simplemente admirable y por ello me gustaría darle las gracias. 
Al mismo tiempo, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, al abandonar ahora la política de no vacunación, estamos introduciendo cambios que serán muy importantes para aquellos países que exportan extensivamente a terceros países. 
Al mismo tiempo me gustaría decir que la fiebre aftosa es tan infecciosa que cualquiera que piense que todos los problemas se solucionan simplemente con permitir la vacunación y que esté seguro de poder controlar un futuro brote de la enfermedad, tendrá que pensarlo dos veces, ya que no es así como funciona la fiebre aftosa. 
Por lo tanto, prefiero seguir creyendo que deberíamos continuar propiciando la política de no vacunación y reconozco que la situación entretanto será tal que deberíamos emplear la vacuna, como hicimos por ejemplo en los Países Bajos bajo la competente administración de los neerlandeses. 
La vacunación profiláctica demostró ser eficaz para contener la enfermedad. 
A este respecto, también es importante para mí apoyar lo que ha dicho mi colega del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, el Sr. Mulder, que es importante que los animales vacunados no permanezcan en el ciclo alimentario, sino que sean apartados del mismo. 
Este es un tema sobre el que no parece haber una mayoría en la actualidad, pero hay que recordar al respecto que los animales vacunados son portadores de la enfermedad y, por tanto, sería un desastre si cualquiera de estos animales transmitiese la enfermedad. 
También me gustaría señalar que no puede plantearse imaginar, como se hace por ejemplo en la enmienda 11, que la leche y la carne de los animales vacunados pueda venderse libremente en toda la UE. 
En este tema, debemos ser muy claros al reclamar la regionalización, de forma que, si dicha leche y dicha carne se venden, se haga dentro de las fronteras nacionales, y no fuera de estas. 
Aunque soy consciente de que no se trata del área del Comisario Byrne, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que existe la necesidad de establecer acuerdos de exportación, especialmente con los norteamericanos, de forma que podamos contener las pérdidas que puedan producirse en relación con una futura epidemia de fiebre aftosa y especialmente con una posible vacunación. 
Por supuesto, no sería de ayuda para nadie si, en lugar de exportar productos frescos a terceros países, cerrásemos nuestras puertas, con la consecuencia de que estos productos acabarían en el mercado europeo a precios en caída libre. 
Por supuesto, esto no es lo que los ganaderos necesitan en esta situación. 
También existe una necesidad real de que la Comisión asuma una regionalización seria y formalice acuerdos con los norteamericanos. 
Señor Presidente, empezaré dando las gracias al Comisario Byrne por la consideración que le ha merecido la labor de la Comisión Temporal parlamentaria sobre la fiebre aftosa y, de hecho, por ocuparse de que las principales conclusiones de nuestro informe ocupen un lugar destacado en la Directiva de la Comisión. 
También agradezco al Sr. Kreissl-Dörfler que desde el primer día haya trabajado tan incansablemente en torno a esta cuestión. 
Haber llegado a esta fase final dice mucho en favor del Parlamento Europeo. 
Cuando la Comisión Temporal visitó las regiones afectadas por esta terrible enfermedad, incluido mi propio país, Gales, sus habitantes agradecieron que el Parlamento Europeo hubiera emprendido esta investigación, pues no tenían otro medio para manifestar sus quejas en sus propios Estados miembros. 
Esta Directiva formula varias recomendaciones muy útiles sobre el endurecimiento del control de las importaciones, como ya se ha mencionado, la elaboración de planes de contingencia, el establecimiento de grupos de expertos y el uso de la vacunación de urgencia como medida preferente para el control de la enfermedad, de conformidad con los cambios efectuados en las normas de comercio internacional. 
El principal factor de la mala gestión de la crisis de 2001 por parte del Gobierno del Reino Unido fue la carencia de una política bien definida sobre el uso de la vacunación y el momento de su aplicación. 
Esta carencia propició el inaceptable sacrificio continuo que se basó en pruebas científicas mal fundamentadas y en la inflexible decisión de rechazar la vacunación. 
En caso de futuros brotes, el sacrificio debería limitarse a las instalaciones infectadas y basarse en sólidas pruebas de laboratorio. 
Hemos de aprender la lección de 2001 porque se lo debemos a todas las comunidades rurales. 
Señor Presidente, hay ocasiones en que la vacunación de emergencia es muy sensata, pero no hay necesidad de ocasionar dificultades a las exportaciones. 
El problema se produce por el hecho de que las fronteras veterinarias se han eliminado al socaire de la introducción del mercado interior. 
La UE ha pasado a ser una zona veterinaria única. 
Dinamarca ha perdido su independencia veterinaria. 
Se entiende que los Estados Unidos y Japón consideren a la UE un único país. 
Si se ha producido la vacunación contra la fiebre aftosa en un lugar de la UE, cierran la puerta a la importación de cerdo de toda la UE. 
Cada año, la UE exporta cerca de 1,5 millones de toneladas de cerdo por valor de 4 millardos de euros. De estas, solamente Dinamarca exporta de 600 000 a 700 000 toneladas. 
Si las exportaciones se transfiriesen al mercado interior de la UE, esto significaría un aumento próximo al 10% en la oferta de cerdo, lo cual conduciría a un colapso total del mercado en toda la UE. 
La Comisión debió haber tenido en cuenta, desde el principio, el riesgo de que terceros países introdujesen restricciones comerciales. 
La Comisión no ha tenido ni remotamente en cuenta esta pérdida de exportaciones que se produciría si no se toman medidas anticipadas con respecto a la aceptación de las exportaciones por parte de terceros países. 
Por supuesto debe ser posible modificar la estrategia de vacunación, de forma que lo que por otra parte son buenas intenciones no se consigan a expensas de los intereses absolutamente vitales de la exportación de la UE. 
Por lo tanto, debo hacer un llamamiento a la Comisión para que se asegure de que tiene en cuenta todos los factores- incluidos los relativos al comercio- a la hora de evaluar las normas que deben aplicarse en el futuro. 
Muchos factores sugieren que convendría introducir la regionalización veterinaria, que implica una especie de «bolsa de exportación» libre de animales vacunados, que se podrían exportar incluso si hubiese brotes de fiebre aftosa en cualquier otro lugar de la UE, con la correspondiente vacunación contra la enfermedad. 
Por último, señor Comisario, ¿pretende usted acceder a mis peticiones? 
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada quisiera agradecer a nuestro ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, la extraordinario labor que se refleja en este informe. Pero también me gustaría dar las gracias a la Sra. Redondo, Presidenta de la Comisión temporal sobre la fiebre aftosa, que presidió con gran circunspección los trabajos de esta comisión parlamentaria. 
En mi opinión debemos acoger con agrado, en lo fundamental, tanto de la propuesta de Directiva de la Comisión como del informe presentado. 
La propuesta presentada por la Comisión tiene en cuenta, afortunadamente, las principales peticiones de la Comisión temporal sobre la fiebre aftosa del Parlamento Europeo, que el 17 de diciembre de 2002 adoptó una resolución en la que se pedía una revisión de la política actual para la lucha y prevención de la fiebre aftosa por parte de la Unión Europea. 
Como reflejan las intervenciones del debate de hoy, en Europa se extiende actualmente la siguiente epidemia, y considero que nos encontramos en el último minuto que nos queda para modificar la política de la Unión Europea, pues debemos evitar en el futuro las drásticas dimensiones de una epidemia como la que experimentamos en el Reino Unido en 2001. 
No se trata tan solo de las elevadas pérdidas económicas de los agricultores y, sobre todo, de las zonas precintadas antes y después de la epidemia, ni de las pérdidas generalizadas para las zonas rurales y de la profunda inquietud de la población, sino que se trata antes que nada de una cuestión de imagen para nosotros, los agricultores europeos, y del conjunto de la política agrícola común. 
Un punto importante que se ha asumido es el mantenimiento de la prohibición de la vacunación preventiva, que me parece inútil mientras no exista una vacuna que cubra los siete serotipos y sus 80 subespecies. 
La investigación en este ámbito debe ampliarse y mejorarse. 
Otro punto decisivo es que se reconoce la importancia de la vacunación de emergencia, de modo que ya no se considera la última opción. 
En conclusión, es necesario decir que la enfermedad, que se expandió en el Reino Unidos hasta tal punto que todos temblamos todavía al recordarlo, podría haberse evitado. 
Tan solo habría sido necesario adoptar las medidas de control correspondientes y mantener las disposiciones vigentes en materia de vacunación en los Estados miembros afectados. 
Algo ha quedado muy claro, a saber, que los Estados miembros deben asumir realmente la responsabilidad que les imponen los Tratados. 
Espero que hayamos aprendido las lecciones del pasado a fin de actuar de forma más responsable y coordinada en la próxima ocasión. 
Una catástrofe- y no cabe duda de que fue una catástrofe- de estas dimensiones no debe repetirse. 
Señor Presidente, si el mundo fuese una aldea con una población de cien habitantes, 61 serían asiáticos, 13 africanos, 12 europeos, ocho norteamericanos y seis sudamericanos. 
Dos o tres de las personas de la aldea dispondrían de conexión a Internet. 
Sesenta y cinco de los habitantes de la aldea global habrían ido a la escuela en alguna etapa de su vida, por lo menos durante un tiempo. 
Cada año, en la aldea habría un funeral y al menos nacerían dos niños más. 
El Banco Mundial clasifica a las personas que viven con unos ingresos inferiores a un dólar diario de absolutamente pobres. 
Este es en parte un indicador que induce a error, ya que no tiene en cuenta, por ejemplo, la importancia de los servicios públicos y comunitarios para los pobres. 
Tampoco menciona la importancia de la salud, la impotencia ni la inseguridad. 
Además de la riqueza también deberíamos hablar del poder. 
Aparte del hecho de que la riqueza la acumulan unas pocas personas, deberíamos centrar nuestra atención en cómo se gestiona la riqueza común, como son, por ejemplo, los terrenos y zonas comunes, los océanos, la mayoría de los bosques, la diversidad natural, el sistema climático de la tierra, las zonas públicas en las ciudades, las bibliotecas públicas, las escuelas, los hospitales y el conocimiento científico y tradicional. 
El debate sobre la mundialización y la pobreza suele centrarse solamente en una de las dimensiones de la pobreza: la pobreza de ingresos y de consumo. 
Por otra parte, los argumentos a favor y en contra de la mundialización suelen asociarse a las definiciones económicas de la pobreza: sus defensores afirman que incrementa el PIB y sus detractores señalan que los alimentos son cada vez más caros y el desempleo aumenta. 
El pensamiento y la cultura de consumo que se centra en la economía comporta una paradoja: cuanto más ricos somos, más cosas escasean, debido a que la mundialización altera las necesidades y modifica la naturaleza de la pobreza. 
Muchas comunidades locales que no han sido despojadas de sus recursos naturales o cuyos recursos naturales no han sido destruidos, que cuentan con alimentos y refugio suficientes y en las que se desarrolla la cultura comunitaria, pueden ser lugares tan buenos para vivir como las ciudades de los países ricos. 
Sin embargo, una consecuencia de la mundialización es que muchos miembros de lo que una vez fue una comunidad local próspera pasan a ser miembros de la comunidad global y sufren por ello. 
Por esta razón es muy positivo que el excelente informe elaborado por mi colega, la Sra. Ferrer, defienda enérgicamente la asociación en cada página. 
Reconoce aquellos errores y actitudes equivocadas de las políticas de desarrollo que prevalecieron durante demasiado tiempo, como la concentración en las soluciones técnicas y la dependencia de modelos extranjeros. 
Reconoce la necesidad de un proceso participativo y de la opinión del ciudadano. 
También me gustaría destacar la importancia para las personas de tener derecho a sus propios recursos naturales. 
Solamente espero que esto se tome en serio en los Estados miembros cuando se distribuyan y asignen los recursos de cooperación al desarrollo. 
Durante la campaña electoral prácticamente todos los partidos prometieron aumentar los fondos asignados a la cooperación al desarrollo. 
Como esperanza piadosa, esto incluso se incorporó en el programa de gobierno; sin embargo, la aplicación real se dejó en manos del gobierno siguiente. 
Por lo tanto, los preparativos no están avanzando, y en el mundo de la mundialización también nosotros tendremos que pagar por ello. 
. 
(NL) Señor Presidente, señor Comisario, «EL DOBLE, AHORA» gritaron 200 escolares europeos la semana pasada en la sala de sesiones del Parlamento Europeo en Bruselas. 
Se referían a la parte del presupuesto de la Comisión dedicada a la cooperación al desarrollo que se destina a la enseñanza primaria. 
En estos momentos es tan solo del 4% y ha de duplicarse hasta el 8%, y este es el motivo de la famosa frase «el doble, ahora». 
La educación es un medio importante, quizás el medio más importante para luchar contra la pobreza. 
La alfabetización rompe el círculo vicioso de la pobreza en el que están atrapadas durante generaciones muchas familias. 
Para seguir desarrollándose, los países necesitan una población instruida. 
La educación es además la clave para mejorar la posición de las mujeres. 
En todo el mundo aún hay 113 millones de niños que no reciben enseñanza, y cerca de dos tercios de ellos son niñas. 
En 2000, la comunidad internacional de Norte y Sur acordó que en 2015 todos los niños debían poder ir a la escuela. 
Para alcanzar este objetivo de desarrollo del milenio, educación para todos, necesitamos más fondos. Se ha calculado que se necesitan cerca de 8 millardos de euros para poder ofrecer educación a todos los niños en 2015. 
Este importe para los próximos años equivale a lo que ha costado la guerra del Iraq en tres semanas. 
Por supuesto, los países en vías de desarrollo han de reservar el 20% de sus presupuestos para servicios sociales como la educación y la sanidad. 
El Norte ha de comprometerse a aportar conjuntamente recursos adicionales para la educación hasta 2015. 
Algunos países han de aumentar su contribución total, otros han de trasladar parte de su contribución al capítulo de la enseñanza. 
Sin este vínculo entre Norte y Sur, nuestros intentos conjuntos de luchar eficazmente contra la pobreza tendrán pocas posibilidades de éxito. 
Afortunadamente, la Unión Europea tiene una responsabilidad especial en el ámbito de la educación. 
La Comisión Europea y los Estados miembros son juntos los principales donantes del mundo en la cooperación al desarrollo. 
Por ello han de tomar la iniciativa, y ya lo hacen, en la política orientada a la sostenibilidad y a la búsqueda de soluciones a largo plazo. 
La parte europea de la cifra antes mencionada de 8 millardos de euros al año está disponible. 
Buena parte de ella permanece intacta en el presupuesto europeo o puede liberarse desplazando los fondos. 
El Parlamento Europeo, como bien sabe el señor Comisario, no es partidario de un apoyo presupuestario así sin más, porque a menudo el dinero destinado, por ejemplo, a la enseñanza se utiliza para objetivos muy diferentes, como recientemente en Uganda, donde se gastó en defensa. 
Precisamente somos partidarios de un apoyo sectorial en que estén implicados no solo los Ministros de Hacienda, sino en este caso también los Ministros de Educación. 
Además, en mi informe abogo por un papel activo de los sindicatos de maestros y las asociaciones de padres en el país en desarrollo a la hora de desarrollar los planes de enseñanza. 
A fin de cuentas, nosotros no desarrollamos el país, sino que es el propio país el que se desarrolla. 
En respuesta a nuestras preguntas de ayer, el Comisario Nielson ha dicho que la Comisión ha liberado ya 1,3 millardos de euros para los próximos 5 años. 
Es un comienzo significativo e importante. 
Además, he entendido que la Comisión está averiguando sistemáticamente dónde hay más posibilidades en los fondos inactivos para conseguir un aumento considerable. 
Aparte del dinero que se iba a destinar a la enseñanza dentro del 9º Fondo Europeo de Desarrollo, se necesita más para alcanzar todos los objetivos. 
El progreso es demasiado lento, tenemos que acelerarlo bastante. 
Lo primordial ha de ser duplicar el presupuesto de enseñanza primaria y en este marco es igualmente importante el papel estimulante de la iniciativa acelerada de Educación para todos de la Comisión Europea. 
La «iniciativa acelerada» es una iniciativa de la Unesco, el Banco Mundial y diversos donantes, entre ellos la Comisión Europea. 
Los países en desarrollo- Mauritania y Nigeria, por mencionar tan solo a dos de ellos- reciben, sobre la base de propuestas de enseñanza, una financiación agilizada y complementaria. 
En mi informe insto a la Comisión a traducir sus promesas en recursos financieros reales. 
Señor Presidente, me complace enormemente que, en lo que se refiere a este punto, mi informe ya pueda calificarse de desfasado porque la Comisión Europea ha prometido financiar a los 7 primeros países. 
Le estoy muy agradecido por ello. 
Es un éxito para todos nosotros. 
Por desgracia, mi informe sigue siendo actual y sin duda no ha quedado desfasado en lo que respecta a muchos otros puntos. 
Las niñas siguen siendo un importante punto de atención. Todavía hoy, la mayor parte de los 113 millones de niños que no reciben educación alguna son niñas. 
Aún hay muchos niños que no pueden acudir a la escuela porque trabajan, de forma forzada o voluntaria. 
Aún hay mucha enseñanza que no es gratuita, por lo cual muchos padres no pueden permitirse mandar a sus hijos a la escuela. 
Además, la enseñanza en los países en vías de desarrollo ha de hacer frente al descenso del número de maestros en relación con el sida, a la escasez o ausencia total de material didáctico y a unas escuelas de difícil acceso. 
En las situaciones postbélicas del Afganistán y del Iraq, la enseñanza sigue siendo muy necesaria, precisamente en una situación en la que ha de iniciarse la reconstrucción partiendo de la destrucción y los escombros. 
Señor Presidente, afortunadamente hay bastantes noticias buenas. 
Benin y Gambia han eliminado recientemente la cuota escolar para las niñas, y Eritrea, asolada durante años por la guerra, recibió hace poco el premio internacional de alfabetización. 
En mi informe pido a la Comisión que elabore un informe anual sobre la aplicación de esta resolución, si esta mañana es aprobada, y confío en que así sea. 
Espero que el informe de situación esté repleto de buenas noticias, del mismo modo en que considero un enorme estímulo para quienes están interesados en la enseñanza que la Comisión se haya mostrado dispuesta a liberar 1,3 millardos de euros. 
Para terminar, la semana pasada, 200 niños en Bruselas, esta semana más de 10 000 tarjetas y peticiones de europeos enviadas a las oficinas de la Comisión para apoyar tanto mi informe como al Comisario. 
Es bueno que el público sepa lo que hacemos aquí y que todos estamos orgullosos de la labor que realiza la Unión Europea. 
«El doble, ahora» : esta era la consigna, y yo la seguiré coreando. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, dado que soy ponente para opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en relación con este informe, quiero empezar dando las gracias al Sr. van den Berg por el excelente trabajo y, desde luego, por el hecho de que haya aceptado algunas de las recomendaciones de nuestra comisión. 
¿En qué situación estamos, entonces? 
Tenemos un buen informe, tenemos un buen ponente, tenemos entre nosotros a un Comisario motivado, y a muchas personas motivadas sobre el terreno, trabajadores de ayuda al desarrollo en el extranjero y maestros. 
Sin embargo, hay algunas cosas que me enfurecen porque todo tarda tanto. 
El tiempo sigue pasando y veo aún tantas organizaciones sobre el terreno que han de mendigar para poder construir escuelas, para pagar a los maestros. 
Será todavía un camino largo. 
A menudo, el derecho a la educación y el acceso a la enseñanza y la escolarización son en los países en desarrollo aún palabras huecas. 
Así es: 113 millones de niños siguen sin ir a la escuela y en su mayoría son niñas, como ya ha indicado el Sr. Van den Berg. 
Han de ayudar en las tareas domésticas, han de contribuir en la provisión de alimentos de toda la familia, han de cuidar de los niños pequeños, han de vender los excedentes en el mercado y han de ir a buscar agua potable. 
Por tanto, no se les da ninguna posibilidad de instruirse. 
Por esto apoyo plenamente las conclusiones de este informe, en concreto que la educación es la clave para luchar contra la pobreza. 
Solo por medio de la educación puede un país desarrollarse, solo a través de una población adecuadamente formada puede un país avanzar. 
Si se ofrece enseñanza a una niña, a una mujer, se dará enseñanza a toda la familia. 
Todos sabemos también que la igualdad de oportunidades para la mujer no solo se logra cambiando la legislación y las circunstancias sociales. 
¡No! 
Se logra por medio de la educación. 
La participación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad y la realización de un progreso social, cultural y económico general empiezan por una formación cualitativa y cuantitativa razonable. 
Lo hemos visto en Europa. 
Solo a partir del momento en que las mujeres obtuvieron una escolarización y un acceso a la enseñanza razonables se puso en marcha la emancipación en todos los sectores de la sociedad, incluida la política. 
Pero es un camino largo. 
Como indica con razón el ponente en la exposición de motivos de su informe, las mujeres que han gozado de una educación tienen más posibilidades de mejorar su situación económica y la de sus familias, incluso a la hora de elegir marido. 
El desarrollo individual de la mujer ofrece también una mayor protección contra todo tipo de explotación, inclusive contra la prostitución, forzada o no, y contra la trata de seres humanos, en concreto la trata de mujeres y niños. 
A pesar de ello, quiero hacer tres observaciones más. 
El calendario indicado en este informe es a mi entender muy poco claro. 
Las consecuencias financieras no se especifican suficientemente. 
Y espero por tanto que también la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, se ponga manos a la obra, de forma coordinada, para hacer realidad los objetivos incluidos en su declaración. 
En segundo lugar el problema del sida, y en tercer lugar, y con ello termino, la enseñanza que en los países en desarrollo también ha de adaptarse a la cultura local, como ha dicho al principio el Comisario Nielson. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría agradecer muy cordialmente al Sr. Van den Berg su estupendo informe y, por supuesto, sus actividades asociadas, como la Educación para todos. 
Como se ha expone en su informe, el porcentaje de la población analfabeta resulta desoladoramente alto en muchos países, sobre todo en África, donde hay escasas oportunidades, sobre todo en las zonas poco pobladas. 
Puesto que en zonas desérticas u otras zonas deshabitadas no sería realista construir un gran número de escuelas cerca de los lugares donde viven personas, hemos de estudiar de cerca otras soluciones a fin de reducir el déficit educativo. 
Esta es una de las cuestiones que retoma el Sr. Van den Berg en su informe, que propone, por ejemplo, la creación de escuelas ambulantes, que tienen una importancia particular a la hora de impartir enseñanza primaria. 
Sin embargo, a este respecto vuelvo a abordar la cuestión del aprovechamiento de las tecnologías modernas de la información y la comunicación, con las cuales se pueden superar distancias si se logra colmar la brecha digital y, de este modo, extender la educación. 
El medio de comunicación de masas más importante seguirá siendo durante mucho tiempo la radio, que podría y debería utilizarse para fines educativos en mayor medida que hasta ahora. 
Sin duda, el modelo Outback australiano no puede trasladarse plenamente a los países de África, pero se podría aprender de él, y debería formar parte también de toda estrategia educativa. 
Me complace que no tenga que hacer hincapié en la necesidad de tener especialmente en cuenta a las niñas y mujeres en todos los esfuerzos educativos. 
En este informe, en todo caso, esto es un hecho generalmente aceptado. 
Sin embargo, aún no todos saben que la educación en las lenguas regionales predominantes, en particular en la enseñanza básica, refuerza considerablemente la motivación y reduce las barreras psicológicas que tienen los padres para enviar a sus hijos a la escuela. 
Debemos ayudar a que se invierta en los materiales didácticos adecuados, a fomentar la formación de maestros y a que se transmitan los conocimientos que respondan a los intereses locales y que constituyen, por tanto, un requisito indispensable para sensibilizar a la sociedad civil. 
- (PT) Señor Presidente, en la lucha contra la pobreza, la educación es un instrumento crucial. 
Puede que sea una afirmación de sentido común, pero también es una opción en las estrategias de desarrollo. 
Es una cuestión de prioridades. 
Algunos defienden que la educación vendrá por añadidura y que lo que es preciso es el trabajo, aunque sea a bajo coste y no cualificado. 
Creo que la opción del bajo coste tiende a generar mecanismos perversos de autoperpetuación y que la educación no viene por añadidura. 
La educación y la formación implican un esfuerzo encaminados a ampliar las oportunidades a todos los individuos, a ofrecer al mayor número posible de personas la capacidad de intervenir en la sociedad y de participar en la configuración de la misma. 
La Unión Europea se ha destacado a escala internacional por esta última opción, tanto dentro de Europa como con respecto a los países cuyo desarrollo apoyamos. 
Por ello acogemos con agrado la comunicación de la Comisión, cuyo contenido merece el pleno apoyo del Parlamento. También felicitamos al ponente por su excelente labor. 
Me gustaría simplemente destacar algunos puntos: la importancia del equilibrio entre calidad y cantidad de la enseñanza, con una apuesta decidida por la erradicación del analfabetismo; la importancia de la implicación de agentes locales en los programas que apoyamos, reforzando la práctica de la cooperación descentralizada; la apuesta por el equilibrio de género: la educación y la formación profesional de niñas y mujeres inciden no solo directamente en la economía, sino también, a medio plazo, en la evolución de las mentalidades y en la propia liberación de las sociedades; el empeño en la protección de la enseñanza, incluso en períodos de conflicto y en los períodos posteriores a los mismos; la prioridad de la normalización y el refuerzo de la enseñanza y la formación. 
Me gustaría también añadir la necesidad de un esfuerzo adicional con respecto a la formación destinada a la reintegración de ex combatientes desmovilizados. 
. (DE) Señor Presidente, muy buenas noches a estas altas horas, casi medianoche, cuando ya quedamos pocos. 
Me gustaría jugar con usted un juego de preguntas y respuestas. 
Tomemos, por ejemplo, la película «Cuatro bodas y un funeral». 
¿Sabe usted quién escribió el guión? 
¿No? 
¿Sabe quién compuso la banda sonora? 
¡Tampoco! 
¿Sabe usted quién dirigió la película? 
¿Quizá alguien lo recuerde? 
No, tampoco. 
¿Podría decirme quién hizo posible esta película? ¿Quién la produjo? 
¡Vaya! 
Pero supongo que ha oído hablar de los dos protagonistas, Hugh Grant y Andy McDowell. 
Podríamos continuar indefinidamente con este juego de preguntas y respuestas, en relación con «Amélie» o «El pianista» , no importa. 
Los directores y productores saben perfectamente lo que aprecian en sus actores, en primer lugar su calidad, y en segundo su nombre. Y el público venera de forma muy personal a sus héroes y heroínas del celuloide. 
Los éxitos en festivales, el ansiado tintinear de las monedas en las taquillas de los cines, los elevados índices de audiencia, todo ello está directamente relacionado con la calidad dramática de un actor y con su popularidad entre el público. 
Me explico, pues no quiero ser malentendido: no pretendo valorar los distintos oficios creativos del sector cinematográfico. 
El cine es un trabajo colectivo, cada persona es importante, desde el autor hasta el productor. 
Todos hacen su trabajo y gozan de protección internacional, excepto un único grupo profesional. 
Los autores gozan de la protección del Convenio de Berna y de los Tratados sobre derechos de autor de la OMPI. 
El Convenio de Roma y el Tratado de la OMPI sobre artistas y fonogramas concede protección a los productores de música y a los músicos. 
Incluso las cadenas de televisión, que son más bien usuarios y son menos creativas, cuentan con derechos garantizados en el Convenio de Roma, que serán actualizados por el inminente Tratado de la OMPI sobre los derechos de las empresas emisoras. Todo ello es necesario, correcto e importante. 
Sin embargo, los actores de cine quedan fuera del Tratado de la OMPI sobre interpretación y fonogramas. 
¿Por qué? 
Desde 1996, las negociaciones en el marco de la OMPI no han dado un resultado positivo para los héroes y heroínas de la pantalla. La Conferencia diplomática celebrada en diciembre de 2000 quedó sin resultados para los actores y actrices. 
Ni siquiera las reuniones bilaterales entre los miembros de la OMPI condujeron al objetivo deseado. Y ahora, los Estados signatarios vuelven a reunirse del 18 al 20 de junio en Ginebra. 
Desde hace años, los actores de cine esperan una protección mínima de sus derechos de autor a nivel internacional. 
La UE sigue siendo el principal productor económico de obras de arte, y al mismo tiempo sabemos muy bien que el trabajo artístico de hoy es el patrimonio cultural de mañana. 
Dentro de la UE, los actores están protegidos por la legislación nacional. En la mayoría de los países, en cambio, no existen derechos o estos son muy limitados. 
La falta de armonización de estos derechos a nivel internacional provoca igualmente que las obras de los actores originarias de la UE no estén protegidas. Esto limita su libre circulación y tiene efectos negativos sobre la difusión de obras europeas a escala internacional. 
En resumidas cuentas, son condiciones realmente malas. 
Ustedes conocen el refrán que dice que «el mundo es un pañuelo». 
Los avances tecnológicos de los últimos años, la convergencia de los medios de comunicación y los avances aún por venir en el ámbito de la tecnología hacen que este refrán resulte más acertado que nunca. 
Se suprimen fronteras y obstáculos, los legisladores y todos los interesados tienen que hacer frente a un gran número de retos. 
Uno de ellos es la protección internacional de los actores y actrices. La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte desea enviar un mensaje político a Ginebra. 
La Comisión representa a los Estados miembros de la UE en las negociaciones que se celebrarán en junio de este año en el marco de la OMPI. 
Por ello quisiéramos formularle las siguientes preguntas y deseamos que nos conteste: ¿Qué opina la Comisión de este desequilibrio entre los artistas audiovisuales y otros artistas creativos? 
¿No deberían gozar de la misma protección internacional, al igual que todos sus colegas del ámbito de la música? 
¿Podría informarnos la Comisión Europea sobre el estado actual de las negociaciones en el seno de la OMPI respecto a los artistas audiovisuales? 
Y en tercer lugar: ¿Qué actividades piensa llevar a cabo la Comisión Europea para acabar con esta discriminación de un único grupo profesional? 
La Comisión comparte la preocupación de su Señoría de que en el ámbito internacional los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales, a diferencia de los derechos de los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes orales y los productores de fonogramas, aún no hayan sido actualizados y adaptados al nuevo entorno digital. 
Recuerda que el 26 de septiembre de 2002 la Comunidad Europea y sus Estados miembros, en la Asamblea General de la OMPI, reiteraron su compromiso constante a favor de la actualización significativa del Convenio de Roma de 1961 sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales para proporcionarles la protección internacional que merecen. 
La Comisión da mucha importancia a la resolución definitiva de esta cuestión, que quedó pendiente en la Conferencia Diplomática de la OMPI de 1996, que aprobó el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. 
Si bien durante la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales de diciembre de 2000 se lograron ciertos progresos en torno a esta cuestión, durante tres semanas de intensas negociaciones en la conferencia no pudieron salvarse las diferencias existentes, ni durante otros contactos establecidos en los dos últimos años. 
La Comunidad Europea y sus Estados miembros se han comprometido a resolver esta cuestión y, por lo tanto, apoyarán la organización, por parte del Secretariado de la OMPI, de una reunión informal especial que se celebrará en Ginebra del 18 al 20 de junio de 2003. 
La Comisión participará activamente en esta reunión, en la que todos los participantes, incluidos los países miembros de la OMPI y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, deberían tener la oportunidad de intercambiar opiniones e información. 
La cuestión de la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales debería permanecer en el orden del día de la Asamblea General de la OMPI para su sesión de septiembre de 2003. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, puedo decir, en nombre de mi Grupo, que apoyamos decididamente esta iniciativa, y me gustaría dar cordialmente las gracias al Sr. Comisario por el hecho de que la Comisión también la apoye. 
El caso es que solo juntos podemos alcanzar el objetivo trazado de ofrecer más protección a los derechos de los artistas audiovisuales. 
Lamento que no hayamos tenido tiempo en la comisión para hablar sobre estas cuestiones, pero el tiempo apremia, el 18 de junio está muy cerca y se conveniente que aquí enviemos un claro mensaje de nuestra resolución de completar lo antes posible los Tratados de la OMPI a fin de colmar esta laguna y lograr por fin la protección jurídica necesaria para los artistas audiovisuales. 
Por ello me gustaría avanzar la propuesta de que la Comisión nos presente un informe sobre los resultados de las negociaciones y, esperamos, de los avances logrados, no solo aquí en el Pleno con suficientes antelación sobre la Conferencia, sino también después de esta, en la comisión parlamentaria competente. 
Si usted observa dificultades serias en la preparación de la Conferencia, considero necesario que recibamos un informe al respecto de la Comisión en la próxima reunión de la Comisión de Cultura, es decir, una amplia información antes y después de las deliberaciones, a fin de hacer avanzar realmente este asunto. 
Permítame destacar un punto crítico en mi opinión que, no obstante, no cuestiona nuestro apoyo fundamental. 
Se trata de la cuestión de la relación de los artistas con los principales transmisores de la actividad artística, a saber, las emisoras de radio y televisión. 
En mi opinión resulta inexacto decir que las emisoras de radio y televisión son exclusivamente usuarios y no creadores de obras. 
A este respecto me gustaría decir que de lo que se trata es de la exclusividad. 
Por supuesto, los artistas y la protección de su obra artística se encuentran en primera línea y esa es precisamente la laguna que debe colmarse por medios jurídicos. Pero también considero que es necesario encontrar una vía para incluir intereses que pueden ser contradictorios, para que no nos impidan abierta o encubiertamente llegar a una solución de los problemas. 
En este sentido, le deseo mucha suerte en las negociaciones y le pido que informe al Parlamento sobre sus resultados. 
- (DE) Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la Comisión sus explicaciones y también a los miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, en particular a los coordinadores, por haber logrado encontrar rápidamente una solución en tan poco tiempo. 
Para explicar mi afirmación, expresada de forma algo lapidaria, de que las emisoras son más bien usuarios y no artistas creativos, me gustaría añadir que no se trata de una valoración, sino simplemente de un hecho. 
Son tanto usuarios como creadores, pero no exclusivos, e incluso pueden gozar de protección a nivel internacional, cosa que los actores de cine no pueden. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Hieronymi sobre este tema. 
Deberíamos colmar esta laguna, y me complace que todas las fuerzas tengan la intención de aunar esfuerzos. 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la deseada protección internacional de los artistas audiovisuales? 
En primer lugar se trata de derechos morales. 
Imaginemos que uno de sus discursos se utilizase sin autorización de forma modificada aquí en el Pleno, incluso que se utilizase de forma abusiva. Como autora puede defender sus derechos, como actriz apenas cuenta con posibilidades y con muy pocos derechos. 
Un segundo punto que es fundamental es la mención del nombre: Para cualquier artista creativo tiene enorme importancia poder poner su nombre en su obra, aunque solo sea una parte, un pequeño engranaje, del conjunto. 
Ese hecho tiene la misma importancia para los artistas, incluso fuera de la Unión Europea. 
Ahora bien, quizá no sea necesario preocuparse tanto por Hugh Grant y actores de condición similar, sino de los miles que no disfrutan de esta fama. Pero incluso los héroes y heroínas del cine nacional pasan por malas temporadas e incluso no llegan a tener un solo día de rodaje durante todo un año. 
Puede ser la mala suerte del artista y no hay nada que hacer al respecto, tienen que seguir pagando el alquiler. 
Participar en los beneficios de las producciones de éxito- ya sea través de la práctica de los buy-outs, ya sea mediante una remuneración adecuada, ya sea a través de las posibilidades que conocemos aquí en la Unión Europea, es una ayuda y un derecho. 
Creo que todos los artistas audiovisuales fuera de la Unión que no gozan de este derecho esperan una señal de nosotros. 
Me complace que libremos esta batalla codo a codo, y le deseo mucha suerte o, como se dice en el lenguaje de los artistas: ¡Que el ensayo salga bien! 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría agradecerle, señor Comisario, que haya expuesto con tanta claridad que no se trata únicamente del interés de Austria, sino del legítimo cumplimiento de los convenios entre la UE y nuestros países vecinos. 
La propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de un acuerdo entre la UE y Croacia presentada por la Comisión se refiere solamente a un proceso rutinario. Con dicha Decisión se pretende incorporar a Croacia en el actual sistema de ecopuntos que se utiliza en el transporte de tránsito por la República de Austria. 
Todas las consideraciones a este respecto, señor Comisario, ya son objeto de un acuerdo de derecho internacional entre la Comunidad Europea y la República de Croacia, y por consiguiente deben ser respetadas. 
La urgencia de la presentación de la Decisión se debe a los plazos del acuerdo interino firmado en su momento. 
Puesto que el acuerdo es válido para el año 2003, como ha señalado el propio Sr. Comisario, queda muy poco tiempo para llevar a cabo el canje de notas. 
Por ello, nosotros los austriacos, yo incluido, no podemos comprender los argumentos avanzados en contra, ya que consideramos que estos son más bien un intento de impedir la búsqueda de un nuevo acuerdo para sustituir el 9º Protocolo sobre transporte del Tratado de adhesión de Austria. 
No obstante, los rechazamos con toda claridad y firmeza. 
Debemos llevar a cabo con seriedad el debate sobre el sistema de ecopuntos, tal como se desprende de la actual Posición común del Consejo. 
La votación de mañana girará en torno al cumplimiento de una obligación internacional de la Unión Europea de una forma que sea digna de la condición de comunidad de Derecho que tiene la UE. 
Por eso, esto nos concierne a todos, y pido a todos los diputados a este Parlamento que den mañana su aprobación a la propuesta de la Comisión. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, como ya se ha dicho, se trata del cumplimiento de un acuerdo ya existente. 
En este sentido no estábamos tan convencidos de su urgencia, pues se hubiera podido presentar una propuesta en fecha más temprana. 
Por ello mis colegas y yo no hemos podido aprobar aquí dicha urgencia, pero la mayoría sí lo ha hecho, y mañana aprobaremos desde luego el contenido de la ejecución del acuerdo. 
Al igual que la Sra. Schierhuber me gustaría mencionar brevemente que siempre se critica al régimen de ecopuntos como tal, y comprendo igualmente que dicho régimen no pueda mantenerse indefinidamente. Sin embargo, en estos momentos se trata precisamente de determinar hasta qué punto se puede y debe prorrogar este régimen hasta el año 2006, pues consideramos, no obstante, que finalmente contaríamos con lo que se denomina una Directiva sobre el coste de las infraestructuras de transporte, es decir, una normativa general que no solo se refiera al transporte en tránsito, sino en general al transporte por carretera con camiones y, en particular, a los camiones que no son muy compatibles con el medio ambiente. 
De hecho, debemos admitir que el régimen de los ecopuntos ha hecho una importante contribución a que el transporte por carretera resulte menos contaminante, pues el mayor uso de ecopuntos por parte de los camiones de calidad inferior- desde un punto de vista medioambiental- ha hecho que muchos operadores y transportistas adquieran camiones menos contaminantes, porque estos exigen un menor número de ecopuntos o pueden realizar un mayor número de travesías. 
Además, era un régimen muy inteligente o, si se desea, más acorde con el mercado, pues no prohíbe la circulación, sino que estimula a las empresas a adquirir camiones menos contaminantes, y en torno a eso gira el debate actual con la Comisión y el Consejo. 
A este respecto la Comisión nos ayuda mucho- y se lo agradecemos- a encontrar un régimen transitorio con el que, además, podríamos lograr un avance tecnológico. 
Actualmente ya se debate si debemos imponer un mayor número de puntos a los EURO 2, es decir, a los camiones más contaminantes, y si se debe eximir totalmente de ellos a los EURO 4, para pasar directamente de los EURO 2 a los EURO 4 y a continuación utilizar estos camiones exentos para el transporte. No debemos dar la impresión de que se prorroga un régimen imposible y malo por principio, sino que este régimen con Croacia constituye un régimen favorable para el medio ambiente no solo de Austria, sino de toda Europa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Tengo varios anuncios que hacer a la Cámara 
Respecto al calendario de los períodos parciales de sesiones del año que viene, he recibido de la Conferencia de Presidentes una propuesta para celebrar un undécimo período parcial de sesiones del lunes, 3 de mayo, al jueves, 6 de mayo de 2004. 
El plazo para presentar enmiendas a esa propuesta concluye mañana martes, a las 16.00 horas. 
La votación está prevista para el miércoles a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, sé que va a respetar los deseos del Parlamento en cuanto al número de períodos parciales de sesiones y el resultado de nuestra votación, en sesiones plenarias previas, sobre dónde deberían celebrarse dichos períodos parciales de sesiones, pero ¿podría confirmar dónde vamos a reunirnos el 1 de mayo de 2004? 
Varios Grupos y partidos políticos de este Parlamento decidirán hoy cuál va a ser su voto sobre la undécima sesión plenaria y su sede. 
Su voto determinará si nos reuniremos en Bruselas o en Estrasburgo en ese día concreto. 
Hay un precedente para reunirnos en Bruselas, puesto que el período parcial de sesiones del sábado, 2 de mayo de 1998, cuando el Parlamento dio su veredicto sobre la decisión del Ecofin sobre qué Estados miembros debían unirse al euro, se celebró en Bruselas. 
Siento no poder darle una respuesta clara, porque la posición actual de la Conferencia de Presidentes es que no hay ningún plan para celebrar una reunión el 1 de mayo. 
Considero que la falta de esa reunión es muy desafortunada, pero esa es la posición actual. 
En estos momentos no se nos ha presentado ninguna propuesta sobre una reunión en esa fecha. 
Señor Presidente, solo quiero pedirle que compruebe si resulta posible celebrar, por razones legales, una sesión completa después del 1 de mayo. En el nuevo Tratado de Niza se ha fijado en 732 el número de diputados. 
Pero hasta donde yo sé, somos 788. 
Me interesaría saber cómo se pretende calcular la mayoría cualificada, caso de que se celebre una sesión en mayo. 
Ruego que se verifique si resulta admisible esta solicitud. 
Gracias. 
La cuestión que plantea es perfectamente correcta. 
En los debates de la Conferencia de Presidentes se acordó que, dado que habrá un período electoral, sería conveniente tratar cuestiones políticas en lugar de cuestiones legislativas. 
Si fuéramos a tratar asuntos legislativos, la cuestión que usted plantea sería inevitable. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día, establecido, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del miércoles, 28 de mayo de 2003. 
Se han propuesto los siguientes cambios: 
Miércoles 
En lo que respecta a las preguntas orales al Consejo y a la Comisión sobre una asociación transatlántica presentadas en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, propongo prorrogar los plazos como sigue: 
propuestas de resolución: hasta las 12.00 horas del jueves, 12 de junio 
enmiendas y propuestas de resolución conjunta: hasta las 12 horas del martes, 17 de junio 
La propuesta se debatirá por lo tanto en este momento y la votación se llevará a cabo en el siguiente período parcial de sesiones. 
Señor Presidente, la cuestión que planteo en el orden del día del miércoles está relacionada con la no participación del Consejo en el debate sobre las elecciones en Nigeria, en el que estará presente la Comisión. 
No alcanzamos a entender que, si el Consejo está en la Cámara, no vaya a participar en un debate en el que precisamente el Presidente de la Delegación de Observadores, mi compañero de Grupo el Sr. Van den Berg, que lo fue a propuesta del Consejo, va a informar; es sorprendente que el Consejo no quiera pronunciarse sobre un tema tan importante, y más aún estando en la Cámara. 
Le pido que reitere la petición del Parlamento al Consejo para que participe en este debate. 
Estoy encantado de repetir la solicitud y me gustaría informar a la Cámara de que, según mi leal saber y entender, el Consejo estará efectivamente presente. 
Según las indicaciones actuales, no tiene la intención de participar en este debate. 
Reiteraré la solicitud expresada en la Conferencia de Presidentes que ha repetido su Señoría hoy aquí. 
Señor Presidente, tengo otra tema, pero dejo a su buen criterio si se debe tratar esta cuestión el miércoles o en la sesión corta del jueves, caso de que se vea respaldada por la mayoría de esta Cámara. 
Me refiero a la necesidad de recibir información de la Comisión Europea acerca de los sucesos en torno a Eurostat. 
Los medios de comunicación europeos se hacen amplio eco de la situación y nosotros en el Parlamento todavía no nos hemos ocupado de estos casos de fraude, que yo calificaría de presuntos. 
Nuestro Grupo pide que se presente una comunicación de la Comisión sdobre cuya base podríamos abordar el problema de Eurostat el miércoles o en la sesión breve del jueves sobre la base de. 
Señor Presidente, entiendo que la propuesta del Grupo del PSE ha sido aceptada, es decir, que la Comisión participe en ambos debates, sobre Oriente Próximo y sobre el comercio ilícito de armas cortas. 
En relación con el punto que ha suscitado el Sr. Poettering, ¿es el momento de hablar o lo someterá a continuación? 
Me parece que la forma más adecuada de tratar esto sería proponerlo a la Conferencia de Presidentes esta semana, para ver lo que desean hacer los Grupos, y luego optar por invitar a las instituciones relevantes a estar aquí. 
Señor Presidente, si se hiciera con participación de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, me parecería bien, porque hay que respetar el trabajo de las comisiones de la casa. 
Cuando preparen la Conferencia de Presidentes de esta semana, ¿serían tan amables los Grupos de consultar a la Comisión de Control Presupuestario para ver si hay consenso para seguir adelante en relación con la sugerencia del Sr. Poettering? 
Señor Presidente, como usted sabe, la Convención concluirá sus trabajos el 14 de junio, la Cumbre de Salónica tendrá lugar el día 20 y nosotros, muy oportunamente, celebraremos un periodo parcial de sesiones adicional justo en la semana entre esos dos acontecimientos, exactamente los días 18 y 19. 
Siendo así, a mi Grupo le parece importante celebrar un debate preliminar sobre los resultados de la Convención, invitando a ser posible al Presidente Valéry Giscard d ' Estaing. 
Subrayo todo lo dicho por el Sr. Barón Crespo, es decir, que ello no merma obviamente la conveniencia de proceder a una valoración más detenida después de la Cumbre de Salónica, de acuerdo con el procedimiento que el Parlamento decida. 
Habida cuenta del carácter público de la Convención, me parece políticamente oportuno que nosotros lo debatamos en esta Cámara, aunque no seamos los primeros, al menos de forma pública y transparente, a ser posible en presencia del Presidente, pero también sin el Presidente si no estuviese disponible. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo, que se ha ocupado de este tema, apoya esta petición. 
Hubiéramos agradecido que, tras la resolución de la Conferencia de Presidentes, adoptada unánimemente según recuerdo, se hubiese podido ponerla en práctica esta semana y que el Presidente de la Convención hubiera acudido esta misma semana al Parlamento. 
Desconozco los motivos por los que no se ha hecho. 
Habrá que averiguarlos, pero me complacería enormemente que el Presidente de la Convención pudiera estar con nosotros en el período parcial de sesiones adicional. 
Señor Presidente, le agradezco la propuesta que ha hecho para que el tema de Eurostat- y, en su caso también, porque está apareciendo ante la opinión pública, el caso del lino, que está también en la Comisión de Control Presupuestario- podamos tratarlo el jueves próximo. 
En relación con la propuesta de la Sra. Frassoni, y considerando que los convencionales de mi familia política están en Amsterdam y van a seguir trabajando en Bruselas, creo que podríamos consultar con ellos para tener más conocimiento de causa y, en la Conferencia de Presidentes del jueves, podríamos hablar, además de reiterar también la petición al Presidente de la Convención. 
Me parece que, más que tomar una decisión ahora mismo, deberíamos debatirlo el jueves. 
Señor Presidente, sé que a varios diputados de esta Cámara les habría gustado tener un debate con el Presidente de la Convención antes de Salónica, pero era obvio que no iba a venir, así que apoyo la propuesta del Sr. Barón Crespo de que pongamos este punto en el orden del día de la Conferencia de Presidentes del jueves. 
Señor Presidente, me gustaría que el Sr. Barón Crespo nos aclarara la relación entre el caso del lino, que está siendo juzgado en España y la cuestión de Eurostat. 
Es como si yo pidiera ahora que debatiéramos el resultado de las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. 
Allí unos ganaron, otros perdieron, pero, francamente, no veo la relación entre una cosa y otra. 
Le ruego que responda, Sr. Barón Crespo, y luego dejaremos este partido de tenis español para volver a nuestro orden del día europeo. 
Le quiero agradecer al Sr. Galeote su deseo de información. 
Un tema son las elecciones municipales en un país y otra cuestión son los fraudes al presupuesto comunitario, que han dado lugar, señor Galeote, a informes en esta casa y a actuaciones judiciales que están relacionadas con ellos. 
Creo que ésa sí es una competencia del Parlamento Europeo y que usted, que está interesado como yo en que no haya fraudes al presupuesto comunitario, también apoyará esta propuesta. Y apoyará el que la Comisión de Control Presupuestario y el Pleno puedan ocuparse de ese tema. 
Me gustaría evitar que nos veamos arrastrados a asuntos internos nacionales. 
En vista de todos los actuales indicios, es improbable que el Presidente de la Convención esté disponible para comparecer ante cualquier órgano del Parlamento Europeo antes de que termine el trabajo de la Convención. 
De hecho, ha indicado, como todos sabemos, que la Convención está entrando ahora en su propio momento crítico de la definición. 
Está decidido a dedicar toda su atención a ese ejercicio. 
Podemos debatir esto en la Conferencia de Presidentes o, según el Reglamento, sus Señorías pueden exigir que celebremos una votación sobre el tema ahora mismo. 
Señor Presidente, francamente creo que el Parlamento Europeo tiene el deber de ser el primero en debatir públicamente esta cuestión. 
Por desgracia, la política tiene sus rarezas, de modo que no me parece muy inteligente sacar a votación ahora esta propuesta, que sería rechazada sin más. 
Esperaremos por tanto a que el Grupo del Partidos de los Socialistas Europeos tome sus sumamente importantes decisiones, y veremos después si podemos convencerles de poner en marcha el debate con o sin el Presidente, Giscard d ' Estaing. 
Quiero resaltar que la cuestión no es tanto decidir cuál es nuestra posición sobre la Convención, como proceder, antes de que lo hagan los Gobiernos, a una primera valoración del resultado de la Convención al término de sus trabajos. 
Me parece que es lo mínimo que políticamente podemos hacer, incluso por la opinión pública. 
Señor Presidente, me permito volver a recalcar que creo recordar que en la Conferencia de Presidentes decidimos por unanimidad- lo cual no ocurre a menudo- solicitar al Presidente de la Convención que asista a este período parcial de sesiones. 
Desconozco si se ha formulado una petición o una invitación oficial al Presidente, o si ha sido rechazada. 
Es posible, pero me gustaría que se aclarase- aunque no sea en este momento- si, existiendo una decisión unánime de la Conferencia de Presidentes, dicha decisión se ha aplicado de conformidad con el procedimiento y quedaría muy agradecido si durante la mañana del jueves pudiéramos recibir una información más exhaustiva al respecto. 
Señor Presidente, tanto por los comentarios del Sr. Watson como por los suyos propios, podemos deducir que de alguna forma se hizo llegar una invitación al Sr. Giscard d ' Estaing y que este indicó que no iba a venir. 
¿No podemos invitarle? 
Sé que a los diputados les gustaría debatir la cuestión, aunque no puedan tomar ninguna decisión sobre ella. 
Que usted y el líder de un Grupo político le invitaran y que él rechazara la invitación significaría que en cierta forma rechaza comparecer ante esta Cámara. 
Esta es una cuestión grave. 
Lo único que puedo ofrecerle son los hechos. 
No está aquí y está ocupado haciendo el trabajo que se supone que debe hacer: presidir la Convención. 
Esos son los hechos en esta cuestión y no quiero hacer ninguna interpretación sobre su disposición a hablar con nosotros. 
Sugiero que incluyamos este punto en el orden del día para la reunión de la Conferencia de Presidentes del jueves. 
Deberíamos anotarlo a partir de hoy y luego intentar hacer una recomendación, espero que consensuada, sobre cómo proceder el miércoles, 18 de junio, o el jueves, 19 de junio, en Bruselas. 
El orden del día queda así establecido. 
Señor Presidente, como Presidente del Colegio de Cuestores, se me ha pedido que ayude a organizar el transporte al Parlamento mañana de los asistentes procedentes de Bruselas. 
Quedaría muy agradecido si los colegas cuyos asistentes están teniendo problemas en la organización de sus viajes y, como es lógico, los colegas que se hallen en la misma tesitura, se pusieran en contacto con mi oficina lo antes posible. 
Hay un tren que sale de Bruselas a las 7.20 horas, y estamos estudiando la posibilidad de organizar el transporte desde Luxemburgo, a donde el tren llega a las 10.00 horas. 
Ruego a los colegas que tengan problemas con esto que se pongan en contacto conmigo en mi oficina de esta Cámara en cuanto puedan. 
Para los colegas que no lo saben, hay otra huelga general más en Francia mañana, así que los trenes no podrán llegar a Estrasburgo. 
Supongo que tampoco llegarán aviones. 
Señor Presidente, nuevamente quiero pedirle su ayuda para un problema humano importante. Se trata de los refugiados de la etnia romaní procedentes de Kosovo. 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones internacionales reconocen que esos refugiados no pueden regresar a su país. 
También están siendo deportados de Alemania y Bélgica. 
Mi pregunta es la siguiente: en la antigua República Yugoslava de Macedonia, unos 600 refugiados han sido expulsados de un centro de acogida. 
Se han trasladado a la frontera griega y han solicitado asilo político, pero la policía antidisturbios los ha tratado con mano dura. 
¿Podría usted, haciendo uso de su autoridad, ponerse en contacto no solo con esas organizaciones internacionales, sino también con la Comisión, para confirmar que estos refugiados no pueden regresar a Kosovo? 
También tienen problemas relacionados con sus propiedades en Kosovo y con el reconocimiento de sus derechos de propiedad. 
Los romaníes son seres humanos que pertenecen a la Comunidad Europea, pero a los que una y otra vez se les recuerda de forma inhumana que son ciudadanos de segunda categoría. 
¿No podría usted ejercer su autoridad para hacer algo al respecto? 
Le agradecería que interviniera. 
Me encargaré del asunto, Sra. Maes. 
Señor Presidente, anteriormente decidimos que tendríamos un debate de urgencia sobre Zimbabwe. 
Sin embargo, dado que este Parlamento ha adoptado un punto de vista de principio muy estricto sobre este asunto, sería conveniente que encontrara usted un momento para escribir al Consejo y solicitarle que haga una contundente declaración sobre la situación, que esta semana puede agravarse hasta desembocar en una confrontación definitiva entre los movimientos democráticos de Zimbabwe y el régimen de Mugabe. 
Se están produciendo grandes acciones de masas, se ha utilizado gas lacrimógeno y al menos una persona ha sido asesinada. 
Morgan Tsvangirai ha sido detenido, al igual que su suplente, Welshman Ncube. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que exprese nuestro pesar por la declaración que realizó a primeras horas de esta mañana el Consejo, ya que era extremadamente débil. 
Desde luego, no era inequívoca en ningún sentido en la forma en que trataba la situación de Zimbabwe. 
Necesitamos medidas contundentes y, dado que el G8 va a reunirse y que el Presidente Mbeki está allí, tenemos que conseguir que nuestros representantes en el G8 pidan al Sr. Mbeki y a otros líderes africanos que se distancien del tipo de acciones que se están produciendo en Zimbabwe en estos momentos. 
Señor Presidente, quiero respaldar los comentarios que se acaban de hacer. 
Cuando escriba al Consejo, quizás podría señalar también la desesperante ineficacia de las sanciones del propio Consejo con respecto a Zimbabwe y la necesidad de endurecerlas. 
Me gustaría decir algo sobre la situación en Chipre. 
Durante mucho tiempo, muchos de los que deseábamos la reconciliación en Chipre, con el debido respeto por los intereses y preocupaciones de ambas comunidades, hemos solicitado algunas serias medidas de fomento de la confianza por parte de la comunidad internacional en relación con el norte de Chipre, que está en manos turcas. 
En concreto, es preciso tomar medidas para levantar el embargo internacional, totalmente injusto, que sufre el norte, que se impuso hace tanto tiempo y que ha sido directamente responsable del retraso del crecimiento económico. 
Me gustaría recibir de antemano con los brazos abiertos las propuestas que se anuncian de la Comisión para proporcionar un paquete de buena voluntad de ayuda económica, junto con medidas aparentemente destinadas a levantar el embargo. 
Confío en que esas medidas se propongan de forma sincera y que se hayan elaborado de acuerdo con las autoridades turcochipriotas. 
Asimismo, espero que la relajación de las restricciones de viaje impuestas por las autoridades turcochipriotas entre las dos partes de la isla sea emulada por el Gobierno de la República para permitir la libre circulación de todas las personas procedentes del norte. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención del Parlamento sobre un caso de flagrante discriminación que está a punto de ocurrir en el condado de Northamptonshire, al que representamos mi colega, el Sr. Helmer, y yo. 
El gobierno laborista del condado ha decidido, con su gran sabiduría, recortar el número de pases gratuitos para el transporte escolar que distribuye. 
Sin embargo, en lugar de hacerlo equitativamente y a todos por igual, ha decidido con espíritu vengativo reducirlos a los colegios confesionales y no mixtos. 
Este gobierno laborista ha realizado una ronda de consultas con los padres de todo el condado y, de las más de 1 120 respuestas recibidas, solo 17 coincidían con sus planes. 
De hecho, 119 padres se quejaron porque tenían la impresión de que esta política era una discriminación religiosa o sexual. 
Muchos de esos padres han decidido elevar una petición a este Parlamento. 
Señor Presidente, solicito a través de usted que la Comisión de Peticiones investigue estas quejas en cuanto sea posible, puesto que estoy seguro de que nadie en esta Cámara querría que esa discriminación se tolerara. 
Señor Presidente, continuando con el comentario realizado por mi distinguido amigo sobre Chipre, quiero decir que no debemos olvidar que la parte septentrional de Chipre ha estado ocupada por Turquía a raíz de la invasión de 1974. 
Pero vayamos al grano: justo cuando portavoces oficiales admiten que las famosas armas de destrucción masiva del Iraq eran simplemente el pretexto para la invasión, vemos emanar de la metrópolis del imperialismo nuevas amenazas para la paz mundial. 
El Congreso de los Estados Unidos ha dado, de hecho, su aprobación para que se investigue sobre las llamadas minibombas nucleares y nuevas armas nucleares que penetran en el suelo, multiplicando por diez el daño causado. 
Esta innovación llega justo 18 meses después de la Nuclear Post Review, que reclamó la búsqueda de maneras de utilizar armas nucleares en el marco de la nueva estrategia norteamericana de golpe preventivo. 
Al mismo tiempo, el propio Sr. Bush lanza en titulares su campaña permanente contra Cuba, con su mensaje público del 20 de mayo, mientras los Estados Unidos de América están obstruyendo la radio del país y los canales de televisión con el fin de emitir su propaganda barata. 
Mientras condeno lo anterior, me pregunto qué tienen que decir los que directa o indirectamente apoyaron y apoyan la agresión imperialista. 
También me pregunto hasta qué punto aquellos que llamaron a los agentes norteamericanos en Cuba «activistas de los derechos humanos» , pronunciarán siquiera una palabra de protesta contra la nueva escalada de agresión contra la isla de la revolución. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, espero que se me perdone por sacar dos temas relativamente internos. 
En primer lugar, cuando llegué a mi oficina estaba como un horno del calor que hacía: no es la primera vez que pasa, pero es especialmente fuerte hoy. 
Realmente no es de recibo pedir a los diputados o a sus asistentes que trabajen en estas condiciones. 
Parece que el sistema de aire acondicionado no funciona bien. 
Estamos todo el tiempo fijando normas de calidad que esperamos que cumplan otras personas, pero las normas de este local no son suficientes. 
No es justo pedir a nuestros colegas y empleados que trabajen en condiciones como estas. 
¿No podemos hacer nada por mejorarlas? 
En segundo lugar, no puedo ser el único que cada vez está más molesto por la cantidad de correos electrónicos no solicitados, con temas no relacionados e incluso obscenos, que sigue entrando en el sistema. 
También en este caso supone un montón de trabajo adicional para los colegas que tienen que borrar esos correos todos los días. 
Espero que podamos hacer algo para que el sistema de correo electrónico funcione como se supone que debe funcionar- ¡para una comunicación eficaz y no para esa especie de temible basura! 
En lo tocante a los problemas de la calefacción en las oficinas y los correos electrónicos no solicitados, nos pondremos en contacto con usted y con otros diputados. 
Señor Presidente, el pasado miércoles 21 de mayo fui enviado como delegado del Parlamento Europeo ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para intervenir en el Foro Permanente de las poblaciones indígenas de todo el mundo, que se reúne una vez al año en la sede de la ONU. 
Naturalmente, les he hecho llegar el saludo del Parlamento Europeo y he destacado la atención que en los últimos tres años hemos prestado a todas las poblaciones indígenas y autóctonas de los Estados Unidos de América, de Canadá, de América Latina, de África, de Oceanía, etc., y todos los representantes de las poblaciones indígenas del mundo me pidieron que hiciera saber al Parlamento Europeo que esperan una voz decidida a su favor y una ayuda concreta para que se respeten los derechos humanos en lo que a ellos concierne; pero sobre todo esperan que Europa haga oír su voz y no permita que la Organización de las Naciones Unidas sea la única que les presta oído, cuando todos sabemos que la Europa de otros tiempos fue responsable de situaciones que hoy padecen. 
Espero que usted, señor Presidente, tenga a bien escucharme personalmente cuando transmita las peticiones que estas poblaciones dirigen al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, hemos asistido, en la cumbre de la Unión Europea y Rusia en San Petersburgo, a una retahíla de declaraciones absolutamente inaceptables del Consejo, pero, sobre todo, de la Comisión. 
En efecto, en esta cumbre, el Sr. Prodi ha ahogado la cuestión chechena en el vodka y el caviar. 
Estas son posturas radicalmente opuestas a las del Parlamento Europeo. 
Me sorprende- y me dirijo a los presidentes de los Grupos y, evidentemente, también a usted, señor Presidente- que ni en este período parcial de sesiones ni en el período parcial de sesiones adicional de Bruselas la cuestión del informe del Presidente Prodi y del Consejo sobre Chechenia, y en general sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, no esté en el orden del día. 
Señor Presidente, quisiera recordar que, desde el pasado 8 de mayo, el pescador andaluz Agustín García está detenido por las autoridades portuguesas en la prisión de Faro. 
Quisiera recordar que para su detención se utilizaron medidas absolutamente desproporcionadas, violencia, malos tratos etc., sin ningún tipo de mesura. 
Una simple infracción fue tratada como si fuese un acto terrorista. 
Hay que decir que está recluido en prisión preventiva desde entonces, entre delicuentes peligrosos, enfermo y sin recibir tratamiento médico adecuado. 
Esta detención ha provocado ya una huelga general en las bases pesqueras andaluzas y yo creo que Portugal intenta mostrar una actitud ejemplarizante haciendo pagar los platos rotos de una falta de voluntad política a un simple pescador, que en ningún caso ha sido reincidente. 
Sr. Presidente, le pediría su mediación para solucionar este problema; quizá usted pueda contribuir a resolver esta situación tan lamentable. 
Señor Presidente, hay un problema cuya urgencia resulta evidente para millones de trabajadores de la Unión Europea: los ataques contra las pensiones. 
Este problema no solo afecta a los trabajadores de Francia, que irán a la huelga y se manifestarán mañana, sino también a los de Austria, Alemania, Grecia, Italia y todos los lugares de Europea, donde los Gobiernos intentan atrasar la edad de jubilación y al mismo tiempo reducir las pensiones. 
Atrasar la edad de jubilación significa condenar a reventar en el trabajo a quienes conservan un empleo hasta el final, y a acabar su vida activa en el paro a aquellos a quienes sus patrones ya no quieren. 
¿Cuál puede ser la razón de esta regresión por parte de la sociedad? 
¿Se habrá convertido la Unión Europea en una región subdesarrollada tan pobre que no puede hacerse cargo de los últimos días de quienes se han consumido en el trabajo? 
Sostengo que es posible asegurar una pensión correcta para todos, a condición de cobrar más impuestos a los empresarios. 
Deseo mostrar mi solidaridad a todos aquellos que, en toda la Unión Europea, no aceptan que se favorezca al capital ni que se pueda poseer capital a expensas de los asalariados. 
Señor Presidente, celebro que la Comisaria De Palacio esté hoy aquí, porque posiblemente lo que voy a decir le interese. 
Quiero llamar la atención sobre una serie de graves accidentes de camiones que se han producido en Bélgica en la E17, la autopista de Amberes a Lille, en las últimas semanas. La causa de todos ellos ha sido la utilización por esos camiones de sistemas de control de la velocidad de crucero, una especie de piloto automático que permite conducir sin tener que mantener los pies sobre los pedales. 
Algunos camioneros distraídos han chocado contra otros vehículos retenidos en algún atasco por reaccionar con excesiva lentitud. 
El balance de las últimas 7 semanas ha sido de 6 muertos y 13 heridos graves, lo que indica que se trata de una tecnología muy perniciosa. 
El control de la velocidad de crucero causa problemas y accidentes en toda Europa. 
La Directiva que contiene las disposiciones técnicas relativas a los camiones tiene que ser modificada para prohibir esos dispositivos. 
Bélgica quiere prohibir el control de la velocidad de crucero en su territorio y ha de tener la posibilidad de hacerlo. 
Creo que la Comisaria debe dar los pasos necesarios en esa dirección. 
Señor Presidente, contemplo con gran preocupación, al igual que multitud de otros ciudadanos, una decisión del Congreso de los Estados Unidos., que condiciona la entrega de un paquete de ayuda para el sida en África por importe de 15 millardos de dólares a la decisión de los países destinatarios de aceptar el suministro de alimentos modificados genéticamente. 
Aunque este compromiso no tiene carácter jurídico vinculante, para mí resulta evidente que está sirviendo para ejercer una presión enorme sobre los países africanos. 
En mi opinión, se está practicando una política comercial a costa de los más desfavorecidos, y eso es detestable. 
La decisión del Congreso de los Estados Unidos lo ha dejado bien claro y cabe preguntarse hasta qué punto la política humanitaria de la Administración norteamericana está condicionada por los intereses comerciales de los grupos de presión de la biotecnología y la agricultura. 
A lo largo de las últimas décadas, seguro que se han enterrado muchos millones de dólares en el desarrollo de especies modificadas genéticamente. Y ahora me da la impresión de que están presionando para introducirlas en todos los mercados. 
Pero la ayuda humanitaria solo puede ser eficaz si no está sometida a intereses comerciales. Por ello quiero plantear la siguiente pregunta a la Comisión: ¿qué piensa hacer la Comisión o qué opinión le merece la evolución en este ámbito? 
Señor Presidente, los ricos y los poderosos del mundo se han reunido en Evian con el fin de discutir sobre seguridad internacional, desarrollo y estabilidad económica. 
En esencia, quieren coordinarse frente a la crisis que azota al sistema capitalista y que provoca el enorme desempleo, la pobreza y la marginación. 
Quieren consolidar su autoridad y tomar medidas adicionales para concentrar de cualquier modo la riqueza del planeta en sus manos, incluso atizando el miedo al fanatismo y al terrorismo que han creado. 
A los ocho no les preocupan los pobres y el modo en que viven, sino cómo frenar el levantamiento de estos contra ellos, contra la explotación miserable y la injusticia, razón por la cual han tomado medidas represivas más duras, impidiendo a miles de manifestantes acudir a expresar su oposición a la mundialización del capital y a su explotación depredadora. 
La Presidencia y la Comisión deben hacer una declaración a la Cámara sobre el contenido de las discusiones en que participaron y sobre las medidas represivas tomadas en contra de los manifestantes, así como sobre las medidas análogas o peores que se están tomando para el Consejo Europeo de Tesalónica. 
Señor Presidente, considero un deber recordar que hoy mismo han desaparecido doce emigrantes africanos, que seguramente han muerto, cuando intentaban alcanzar la costa española cercana a África en busca de trabajo. 
Una vez más, creo que la Unión Europea debe tomar las medidas políticas necesarias y hacer todo lo posible para evitar estas terribles y frecuentes desgracias. 
Señor Presidente, intervendré sobre la situación en Guinea-Bissau. 
Se trata de una situación extremadamente grave, que se arrastra ya desde hace bastantes meses: el Parlamento se disolvió el año pasado, las elecciones previstas para abril se han fijado ahora para julio y se prevé un nuevo aplazamiento de las mismas. 
La situación es sumamemente delicada y sensible, el país atraviesa una crisis generalizada- económica, financiera, social, política e incluso militar -; por ello teníamos inscrito Guinea-Bissau en el orden del día de esta semana. 
He de lamentar- recién llegado de Bruselas, me sorprendió la noticia en mi despacho- la descortesía de algunos grupos que propusieron el cambio de Guinea-Bissau por Zimbabwe sin informarnos. 
Por esta razón no pude hacer uso de la palabra hace poco. 
Comprendo la sensibilidad de algunos colegas por el tema de Zimbabwe. 
Nosotros siempre hemos sido solidarios con ellos y con el problema en cuestión, que es muy grave y que ya hemos debatido cuatro o cinco veces en este Parlamento. 
Pero es importante recordar que no solo hay problemas en Zimbabwe, también los hay en otros países y debemos dejar algún espacio para que los podamos discutir. 
Vamos a incluir este importante tema en el orden del día de julio y apreciaría la comprensión de sus Señorías. 
Tengo la certeza de que el Parlamento atenderá de forma oportuna y eficaz este asunto tan delicado de Guinea-Bissau. 
Señor Presidente, se ha demostrado que el respeto por los derechos humanos es el mecanismo más eficaz de la democracia en cualquier lugar. 
Esta fórmula exige una mejora de la actual aplicación del Estado de derecho, lo que significa el respeto por libertades fundamentales como la asociación política y el derecho de reunión con fines pacíficos, la independencia del poder judicial, el derecho a un juicio justo y la exclusión de todas las formas de tortura y maltrato. 
Esos principios deben aplicarse en todas partes, incluido el País Vasco. 
Ahora, de forma telegráfica, voy a relatar algunos otros destacados acontecimientos recientes relacionados con los derechos humanos en el País Vasco, además de los que ha mencionado usted, señor Presidente: 
El pasado miércoles, 28 de mayo de 2003, el suicidio de un joven vasco en una cárcel francesa; el caso de Jesús María Etxebarría, que ya ha perdido 20 kg y lleva 41 días en huelga de hambre; la negativa de varios presos vascos a usar los servicios durante casi dos meses para llamar la atención del público sobre su situación- señor Presidente, usted recordará a Bobby Sands y a sus compañeros; la detención y el encarcelamiento del alcalde de Ondarrua, Loren Arkotxa, y de otros representantes electos de Udalbiltza; el informe de Amnistía Internacional de 2003, que hace referencia al período de enero a diciembre de 2002, durante el cual España mantuvo a presos incomunicados, una situación que facilita la tortura; las resoluciones de las Asociaciones de Abogados de Bilbao y San Sebastián, denunciando malos tratos en las comisarías; y la prohibición de 225 listas locales de candidatos a las elecciones municipales. 
Aparentemente, en esta Cámara no tiene sentido mencionar la ilegalización de Batasuna. 
Señor Presidente, no sé si el Sr. Gorostiaga tiene algo que ver con esto y también trataba de limitar mi libertad de expresión. 
Me alegro mucho de que el Sr. Gorostiaga se preocupe por el derecho a reunirse y a expresarse y espero que a partir de ahora se preocupe también de los representantes de mi partido y del partido socialista, que son asesinados por una banda terrorista que su grupo político- gracias a Dios hoy extinto- apoya. 
Por lo tanto, estoy seguro de que a partir de ahora también defenderá el derecho a reunirse y a expresarse de mi partido político y del partido socialista. 
Parece mentira que sea usted capaz de intervenir en este Pleno después del asesinato de dos miembros de la policía nacional, cometido por la banda terrorista que usted no es capaz de condenar. 
Yo soy capaz de condenar y de lamentar todas las muertes, también las de los presos, que tienen todos los derechos, salvo el de coartar nuestra libertad de expresión y asesinarnos vilmente. 
Señor Presidente, me gustaría recordar a la Cámara que hace poco tiempo deberían haberse celebrado elecciones en Irlanda del Norte y que, por desgracia, esas elecciones no se celebraron, al contrario que en Escocia y el parlamento galés. 
Me gustaría que esta Cámara rogara a los participantes que se reúnan y celebren esas elecciones en cuanto sea posible. 
La naturaleza detesta los vacíos y aunque es de esperar que no tengamos que volver a condenar asesinatos y a enterrar muertos en la isla de Irlanda, sin duda se producirán problemas callejeros cada vez más frecuentes si no se celebran elecciones. 
Todos estamos de acuerdo en que la forma de avanzar es seguir un proceso democrático. 
Espero que esas elecciones se celebren muy pronto. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0193/2003) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la aprobación del Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, nos encontramos casi al final de un largo viaje, que en ocasiones ha sido errático, toda una odisea que a veces nos ha obligado a navegar por aguas procelosas. 
Se nos ha querido inculcar que en este Estatuto lo único que importaba era la reforma del reembolso de los gastos de viaje, solo el dinero. 
Pero un Estatuto que solo hable de dinero, de reembolsos y de costes no es justamente el Estatuto que precisa ahora el Parlamento Europeo. 
Se nos ha dicho que con el derecho primario nos estrellaremos contra los arrecifes del Consejo. Que con vuestra concepción del derecho fiscal nos encallaremos en los bajíos del mar. 
Sin embargo, yo pienso- siguiendo con estos ejemplos- que contamos con buenos argumentos. 
En lo que respecta a los impuestos- ya que esos son los dos problemas pendientes: los impuestos y el derecho primario -, el Consejo opina que puede dejar a criterio de cada uno de los Estados miembros la creación o no de un impuesto nacional adicional. 
En el año 2000 se reunieron los tres servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo y la Comisión para debatir esta cuestión. 
En el acta de sus deliberaciones ha quedado constancia de que su conclusión fue que no veían ningún motivo justificado para establecer una derogación para un Estado miembro, y continuaban diciendo: 
Lo que descartan de manera unánime los tres servicios jurídicos es precisamente lo que nos propone ahora el Consejo. 
¡Es obvio que no podemos prestarnos a ello! 
Algo parecido ocurre con el Derecho primario. 
¿Por qué este Parlamento se halla en esta difícil situación? 
Porque el Consejo tuvo miedo en 1976, cuando se implantó la ley de elección de los diputados al Parlamento Europeo mediante sufragio universal directo, de unificar los requisitos generales para la toma de posesión del escaño. ¡Le resultaba demasiado comprometido! 
Por eso el Parlamento Europeo ha mantenido hasta nuestros días la estructura de una asamblea parlamentaria incluso después de empezar a ser elegido directamente. 
El propósito de este Estatuto es eliminar esa estructura de asamblea parlamentaria y convertirla en un auténtico Parlamento. 
Esa es la finalidad del Estatuto. 
En esencia, la cuestión es si esta Comunidad Europea es verdaderamente una comunidad o una organización internacional. 
Si solo fuera una organización internacional, entonces tendría efectivamente el Consejo la prerrogativa sobre privilegios e inmunidades de los diputados. 
La cuestión de si ahora regulamos o no también los privilegios y las inmunidades de los diputados se reduce en esencia a la pregunta de si esta Comunidad Europea es una comunidad o una organización internacional, de si somos una asamblea parlamentaria o un Parlamento merecedor de tal denominación. 
¡Eso es lo que está en juego! 
(Aplausos) 
Nuestro Reglamento se remonta al año 1965, año en el que se introdujo el Protocolo. 
Fue el año en que Charles de Gaulle ganó a Mitterrand en las elecciones presidenciales francesas y el año en que se empezó a comercializar la primera píldora anticonceptiva. 
(Risas) 
Y ahora pretende decirnos el Consejo- supuestamente el Consejo, no lo sé, hasta ahora solo se han ocupado del tema los representantes permanentes- que este es el Reglamento que seguirá vigente en el futuro para el Parlamento Europeo, después de casi un cuarto de siglo desde que se celebraron las primeras elecciones directas. 
Si no abordamos ahora este tema, ¿cuándo lo vamos a abordar? 
Tampoco se trata de que el Consejo opine que se tenga que reformar este sistema de privilegios e inmunidades. 
Es algo que afirmó expresamente por primera vez el año pasado durante la presentación del derecho de voto uniforme. 
Está claro que para el Consejo es una solución a la larga y, como es natural, eso no resulta aceptable para el Parlamento. 
Como ya he dicho, el Consejo no se ha preocupado seriamente del tema. 
Los Gobiernos muestran una notable falta de interés por esta cuestión. 
Por ello no es ninguna mala idea proponer que la entrada en vigor de este Estatuto coincida con la de la nueva Constitución de la Unión Europea. Así tendríamos la garantía de que tanto el Consejo como la Conferencia Intergubernamental se ocuparán seriamente de esta cuestión y tendríamos también la seguridad de que las cuestiones de los impuestos y del Derecho primario serán debatidas como corresponde en el plano intergubernamental. 
Si prescindimos ahora de este Reglamento- no pretendemos que entre en vigor, pues esto solamente podrá ocurrir después de anular las disposiciones contrarias del Protocolo -, quedaremos atrapados por tiempo indefinido en el cautiverio babilónico del Consejo. 
¡Eso es lo que está en juego con este Estatuto! 
Quiero mostrar mi agradecimiento por el hecho de que la Mesa haya elaborado un Reglamento para el reembolso de gastos, los gastos generales, las dietas, los pagos de importes a tanto alzado a los colaboradores. 
Ha sido muy útil y nos permite dar un paso adelante. 
En especial le agradezco sinceramente, señor Presidente, que se haya preocupado por este Estatuto más que ningún otro Presidente anterior. 
Quiero aprovechar también la ocasión para dar las gracias a mi colega el Sr. Lehne, del grupo del PPE-DE, 
(Aplausos) 
por haber tutelado este proyecto con talante crítico, solidario y fiable. 
Muchas gracias por ello, muchas gracias a todos. 
(Aplausos) 
. 
(ES) Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
Quiero decir que la cuestión es compleja. 
No hay nada más que ver que estamos hablando de una cuestión que desde el año 1965 no ha variado, a pesar de los avances espectaculares que se han producido en los elementos institucionales de la construcción europea y muy especialmente en cuanto a las capacidades y atribuciones que tiene este Parlamento, incluso en cuanto a su modo de elección. 
Sin embargo, respecto al Estatuto del Diputado no hemos sido capaces de encontrar una adaptación a las nuevas circunstancias. 
Como antigua parlamentaria que soy de éste y de otros Parlamentos, entiendo la trascendencia y la importancia del Estatuto del Diputado y del informe que hoy nos presenta el Sr. Rothley. Quiero felicitarle por el trabajo y, en nombre de la Comisión, desearle los mejores resultados. 
Esperamos que mañana haya una respuesta concreta, para pronunciarnos al respecto. 
Nuestro objetivo es colaborar de una manera activa para que, al final, haya un acuerdo que sea aceptado por el Consejo, porque si no, sabemos todos que de poco va a servir. 
Esperamos que, de una vez por todas, se pueda obtener ese acuerdo. 
Señor Presidente, sustituyo al ponente, el Sr. Wynn, que lamentablemente ha sufrido un retraso. 
Si queremos que se aplique el Estatuto de los diputados, no basta con un acuerdo en torno a las reglas aplicables entre el Parlamento y el Consejo. 
Lo que también hace falta, sin duda, es que las autoridades presupuestarias aporten los recursos financieros necesarios. 
Los que estamos en la Comisión de Presupuestos hemos revisado la propuesta de un nuevo Estatuto y hemos intentado analizar las consecuencias presupuestarias. 
A diferencia de la situación actual, el proyecto de presupuesto supondría que el gasto futuro tendría que descontarse del presupuesto de la Unión Europea. 
En vista de ello, también hemos creado una estructura presupuestaria con este fin, un nuevo Capítulo 102 («Reserva para el Estatuto de los diputados» ). 
El Parlamento ha mantenido su gasto dentro del límite autoimpuesto del 20% del título 5 («Gastos administrativos» ) de las perspectivas financieras. 
No obstante, también hemos dicho que si hay más exigencias para cubrir los gastos relacionados con el estatuto, la ampliación u otros objetivos importantes, no hace falta que respetemos para siempre este tope del 20%. 
Ahora nos queda por ver a cuánto va a ascender el coste de la ampliación, la política inmobiliaria, etc. 
Sin duda, hasta ahora la idea ha sido empezar a introducir los créditos para el Estatuto en el presupuesto de 2004 con el fin de cubrir por lo menos los gastos de la segunda mitad de año. 
Eso todavía se aplica, por cuanto que la idea del ponente de posponer la adopción del presupuesto hasta que seamos capaces de aceptar la Constitución no cuaja. 
Si la idea, de hecho, cuajara, no habría lugar, por supuesto, a los créditos en el presupuesto de 2004. 
Lo que nos ha preocupado hasta ahora es la cuestión que tiene que ver con el derecho de todos a la interpretación directa, que, en sentido estricto, podría haber ocasionado costes desmesurados. 
Sin embargo, agradezco que se esté concretando un compromiso con el ponente, lo cual significa que la propuesta está ahora en consonancia con las estimaciones para el presupuesto del Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, la conclusión de la Comisión de Presupuestos es que las posibles consecuencias de la decisión anteriormente mencionada son compatibles con el tope del título 5 («Gastos administrativos» ) de las perspectivas financieras, sin que ello tenga que implicar ninguna restricción en otras aportaciones a la política del título 5. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Rothley. La forma con que ha sabido llevar el timón de este barco salvando numerosos escollos con una paciencia casi infinita desde 1998 es digna de admiración. 
Y pienso que, sin él, este barco habría embarrancado más de una vez. 
El Sr. Rothley ha abordado antes en su intervención las cuestiones realmente importantes, algunas de ellas de naturaleza constitucional, que plantea este Estatuto. Permítanme agregar algunas consideraciones sobre problemas de carácter más prosaico. 
Creo asimismo que el resultado global de este Estatuto, tal como ha quedado, es muy equilibrado. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior nos hemos regido básicamente por las pautas que nos han marcado los expertos, los sabios contratados por el Parlamento. 
El 50% de la retribución de los jueces que se considera aquí corresponde aproximadamente a lo que percibe un diputado austriaco, francés, alemán o británico, una vez descontadas las contribuciones en concepto de seguro de enfermedad y pensión de vejez. 
Eso es menos de lo que perciben actualmente nuestros homónimos italianos, y por eso quiero agradecer expresamente a los diputados italianos su predisposición a aceptar para los futuros diputados italianos una disminución de sus emolumentos en aras de un reglamento europeo común. 
Además quiero dar las gracias a los diputados de los Grupos de los Verdes, la Izquierda Unitaria Europea y los Liberales, que en este período parcial de sesiones no han presentado ninguna enmienda para reducir ese 50% ni han vuelto a presentar ninguna de las enmiendas remitidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues considero que no existe ninguna razón objetiva que se pueda esgrimir en contra de este resultado. 
Los sabios lo han confirmado de manera rotunda y nos han proporcionado unas directrices claras. 
Existe, sin embargo, una enmienda presentada por varios diputados que básicamente propone que la retribución de los futuros diputados al Parlamento Europeo se base en la de sus homólogos nacionales. 
Considero esa propuesta- dicho de manera suave- descabellada. 
El espíritu de este Estatuto consiste en ofrecer, de conformidad con el apartado 5 del artículo 190, las mismas condiciones a los diputados de este país. 
Y los que han presentado estas enmiendas tienen que oponerse, si quieren ser consecuentes, al Estatuto en su conjunto, puesto que lo que en el fondo quieren es conservar la situación legal de que ya tenemos en este momento. 
Respecto a las cuestiones de Derecho primario, algunos diputados han presentado enmiendas, como la enmienda 28, para añadir al Estatuto el antiguo protocolo sobre privilegios e inmunidades. 
Pero eso carece de sentido. 
En la enmienda 28 se habla, por ejemplo, de los privilegios aduaneros de los diputados. Esos privilegios ya no existen, pues vivimos en un mercado interior. 
Lo cual viene a demostrar lo anticuada que está la legislación. 
En esta cuestión necesitamos un Reglamento nuevo. Además ocurre que con ello queda por fin expedito el camino para un derecho de indemnización transparente. 
La Mesa del Parlamento decidirá al respecto. 
Terminaré haciendo un llamamiento al Consejo. El Consejo tiene ahora la oportunidad de dotar a los diputados al Parlamento Europeo de un Estatuto progresista. 
En resumidas cuentas, tiene que actuar con diligencia para autorizar lo que ha decidido esta Cámara.. Y no debe obstaculizar esa decisión con argumentos poco convincentes y superficiales respecto al derecho fiscal, sacados totalmente de la manga. 
Espero del Consejo que adopte a la mayor brevedad posible, y mejor antes de las elecciones, una decisión en favor de lo que el Parlamento demanda. 
Cuando hayamos decidido nosotros mañana, le tocará el turno al Consejo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, constituye para mí una gran satisfacción estar hoy aquí para apoyar el trabajo realizado por el ponente, Sr. Rothley, y quiero sumarme a las manifestaciones de mi colega, el Sr. Lehne, reconociendo esa labor del Sr. Rothley. 
Como ha dicho el Sr. Lehne, la propuesta que nos trae hoy aquí el Sr. Rothley es una propuesta equilibrada, que ha obtenido el apoyo de una amplia mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo y me parece que debería ser aprobada en el Pleno. 
Se han presentado 36 enmiendas en el Pleno del Parlamento Europeo. El Sr. Lehne se ha referido a ellas. 
No son demasiadas para un tema como el actual, pero el Grupo Socialista ha decidido apoyar básicamente la línea del ponente, con alguna de las modificaciones que también el ponente nos trae en este momento al Pleno, para que podamos corregir algunos de los defectos que la propuesta tenía todavía en su etapa final. 
En definitiva, como ha dicho el ponente, se trata de crear un Estatuto que permita identificar a los parlamentarios europeos, no como una prolongación de los diferentes Parlamentos nacionales, sino como representantes de los pueblos que integran la Unión Europea en su conjunto. 
El Sr. Rothley ha dicho que la Unión Europea es algo más que una simple organización internacional y que, por tanto, el Estatuto del parlamentario europeo debe estar anclado en el ámbito comunitario y no en el nacional. 
De esto se trata en este momento, no se trata de una simple decisión sobre remuneraciones. 
Tenemos un sistema bastante imperfecto, que complementa los defectos de las reglamentaciones nacionales con una reglamentación comunitaria en materia de dietas que ha sido objeto de muchas críticas. 
Creo que si aprobamos la propuesta del ponente, si la Comisión también la aprueba y, sobre todo, si el Consejo, como ha dicho el Sr. Lehne, aprueba la propuesta del Parlamento, en muy poco tiempo podríamos tener un Estatuto que, en efecto, permitiría identificar la figura del parlamentario europeo como una figura distinta de los parlamentarios nacionales, con su propia consistencia y que sería apropiada para el tipo de Unión Europea que en este momento queremos crear. 
Hace ahora cinco años que el Parlamento se embarcó en las negociaciones en torno al Estatuto, y para algunas de sus Señorías este es un proceso político significativo que, al mismo tiempo, asegura el poder y la legitimidad del Parlamento, con el derecho de este a adoptar su propio Estatuto, expresión de una democracia federal europea. 
No obstante, para otros es una farsa de dimensiones casi surrealistas. 
Detrás de los principios democráticos de autodeterminación parlamentaria, encontramos de echo otro proyecto, tan prosaico como los intereses económicos personales de los diputados europeos. 
Es difícil conseguir que los principios democráticos sean creíbles cuando en realidad se trata del propio dinero de los diputados al Parlamento Europeo. 
Para empezar, este Parlamento carece de legitimidad democrática efectiva. 
La participación ha sido baja en todas las elecciones. 
En una democracia de tan rica tradición como la sueca, la participación en las elecciones más recientes inferior al 35%, y en el Reino Unido no llegó al 24%. 
Les aseguro que esta legitimidad precaria se vería todavía más socavada con la adopción del Estatuto propuesto. 
Por lo menos en los países nórdicos, la gente piensa que es totalmente incomprensible que los diputados a este Parlamento vayan a recibir un sueldo significativamente mayor que el de los parlamentarios nacionales, máxime cuando también nos reservamos la posibilidad de mantener o reintroducir los absurdos sistemas de gasto que han sido objeto de crítica en los países nórdicos. 
Es cierto que la Presidencia decidió la semana pasada que los gastos de viaje serían reembolsados contra la presentación de facturas, pero el artículo 29 afirma claramente que los sistemas absurdos actuales podrán reintroducirse. 
También observo que la cuestión de los impuestos nacionales sobre la remuneración ha entrado en su fase final. 
Al menos para los Gobiernos nórdicos, esta es una cuestión esencial. 
Por supuesto, lo que ocurre es que los impuestos nacionales posiblemente entrarían en conflicto con el derecho de la Unión Europea, así que el problema sigue sin resolver. 
Los que estamos en el Movimiento del Pueblo Danés no podemos cooperar. 
Señor Presidente, solo estoy parcialmente de acuerdo con el Sr. Krarup. 
Estoy de acuerdo con él cuando dice que hay una crisis democrática. 
Este Parlamento está en crisis porque estamos siendo atacados sin cesar por muchos de los medios públicos de todos los Estados miembros por la indefendible situación en la que nos vemos obligados a trabajar en este momento. 
Todos sabemos que personas que realizan exactamente el mismo trabajo en esta Cámara reciben sueldos totalmente dispares. 
Solo hay una cosa que ha hecho que eso fuera tolerable: un régimen de gastos que, de no ser por esas diferencias, habría sido totalmente indefendible porque carece totalmente de transparencia. 
Estamos en deuda con el Sr. Rothley por habernos hecho avanzar tanto. 
Debemos tomar las medidas necesarias para que este Parlamento pueda tener la cabeza alta y adquirir legitimidad con un régimen adecuado basado en un salario común y un régimen de gastos común, defendible y transparente. 
Para explicarlo de forma sencilla, me gustaría que tuviéramos un sistema que pueda comprenderse, que restituya a las personas los gastos en que incurran y que nos pague a todos un salario diario justo por cada día de trabajo. 
Debería ser ligeramente inferior, pero volver a poner sobre la mesa la enmienda que presentamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior solo habría sido una política de gestos, dado que es obvio que no iba a ser aprobada. 
Con todo respeto, no estoy de acuerdo con el Sr. Rothley en la cuestión de los privilegios y las inmunidades. 
Me gustaría verlo en el Estatuto de una forma algo similar a la que él sugiere, pero sinceramente las disposiciones incluidas me parecen demasiado generales, me parece que abarcan demasiado. 
La inmunidad en estos días de Berlusconi es un concepto complicado y no deberíamos poner a prueba a nuestro electorado. 
Es mejor quedarnos con el régimen que tenemos, con el derecho primario que tenemos actualmente La mayoría de las enmiendas que hemos presentado nosotros, los liberales y otros Grupos, pretenden mantener esa base de las inmunidades. 
Con estas cruciales enmiendas, la resolución puede aprobarse. 
Por último, con gran respeto por todos los presentes, no me considero un empleado de la Unión Europea: soy un representante de los habitantes de mi circunscripción electoral. 
No deseo pagar nunca impuestos sobre la renta en un nivel distinto o sobre una base distinta que los habitantes de mi circunscripción electoral. 
El permisivo compromiso belga que permitiría a los Estados miembros situar los impuestos que deba pagar un diputado en el nivel de sus electores me parece un buen compromiso. 
Espero que podamos encontrar una fórmula para que sea legalmente válido. 
Señor Presidente, llevamos cinco años debatiendo el Estatuto de los diputados, desde el Tratado de Ámsterdam. 
El Parlamento y el Consejo demostraron ser incapaces de llegar a un acuerdo antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 1999. 
Dentro de un año volverán a celebrarse elecciones. 
¿Se habrá regulado claramente para entonces la posición jurídica de los diputados? 
Me temo que posiblemente no sea ese el caso. 
El informe Rothley sigue conteniendo elementos controvertidos para el Consejo, pero lo que es peor, contiene enmiendas que aplazarían su entrada en vigor hasta 2009. 
¿Acaso el Parlamento Europeo piensa que esa es la forma de merecer la confianza del electorado en mayo y junio del año que viene? 
El ponente ha demostrado ser durante todos estos años un tenaz negociador. 
Pero ¿por qué pone en peligro esta cuestión describiendo no solo la posición jurídica primaria y secundaria, sino también los privilegios y las inmunidades, puesto que estos últimos corresponden al derecho primario? 
Convendría que mañana se aprobaran por mayoría las enmiendas que ha presentado el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, entre otros, con vistas a su abolición. 
Lo que es realmente importante es que todos los diputados reciban la misma retribución. 
En lo que a nosotros respecta, es aún más importante que los gastos de viaje se reembolsen sobre la base de los costes reales. 
Esto último es esencial para no defraudar al electorado y, por consiguiente, tenemos que hacer algo al respecto con prontitud. 
Pero, en cambio, nos encontramos con unas enmiendas que proponen esperar hasta la adopción de un nuevo Tratado o hasta 2009. 
Con todos los respetos, eso no tiene ningún sentido. 
Veinticinco años después de celebrar las primeras elecciones directas, ya va siendo hora de cortar el nudo gordiano que existe en esta cuestión. 
Ya va siendo hora de anteponer los intereses del trabajo parlamentario a nuestros intereses personales. 
Señor Presidente, Señorías, como todos ustedes saben, la cuestión del Estatuto de los diputados está en el orden del día de nuestro Parlamento desde hace muchísimos años y, como otros diputados, también yo dudo de que, a pesar de la votación de mañana, consigamos alcanzar un resultado final bajo su Presidencia, Presidente Cox, aunque eso no quiere decir que no lo desee. 
Los radicales siempre hemos defendido y seguimos defendiendo que en el Estatuto de los diputados hay que ver más allá de lo que ve el Sr. Rothley, es decir, no solo el status administrativo y burocrático de funcionario europeo asimilado, según la expresión del Sr. MacCormick, sino también- y sobre todo- las prerrogativas del diputado europeo. 
Es intolerable, por ejemplo, que tras 25 años de sufragio electoral directo, los diputados europeos todavía deban acarrear las consecuencias de la decisión sobre la sede de trabajo en la que reunirse; es intolerable que no gocen aún de prerrogativas comparables a las de los diputados nacionales, por ejemplo el derecho a visitar las cárceles, u otras prerrogativas asociadas al mandato electo de representante de los pueblos europeos. 
Espero que el informe Rothley brinde la ocasión de emprender, en espera de la Convención Europea, una reflexión más amplia sobre la necesidad de que el diputado europeo de la Europa de los veinticinco disfrute no solo de un status administrativo, sino también de prerrogativas que lo conviertan de verdad en un representante del pueblo europeo. 
Señor Presidente, un presidente de comisión no puede sino experimentar una gran satisfacción al ver a sus colegas felicitarse recíprocamente, como los diputados Rothley y Lehne, por un trabajo realizado bajo su dirección. 
Estoy realmente satisfecho, porque es un trabajo que ha llevado años; a decir verdad, cuando tuve el honor de asumir la presidencia, encontré también discrepancias que solo pudieron superarse con el debate. 
Como demuestran las intervenciones, hemos trabajado en sintonía, siendo bien conscientes de dos cosas importantes: por un lado, de nuestra voluntad de acompañar el proceso constitutivo que deberá dar forma a un Parlamento, a sus derechos, a sus deberes y a sus prerrogativas; por otro, del hecho de que las disposiciones del Tratado son viejas y están obsoletas, como bien ha explicado el Sr. Rothley, pues fueron aprobadas en el decenio de 1960, cuando el Parlamento era solo una Asamblea consultiva. 
El proyecto del Sr. Rothley, que vamos a aprobar, se propone reglamentar una nueva situación jurídica del Parlamento Europeo y las condiciones de ejercicio del mandato; se trata- y también yo quiero destacarlo- del estatuto de un verdadero Parlamento, que no solo contempla la situación económica y, si me lo permiten, retributiva, que era bastante marginal y con respecto a la cual había encallado el debate en comisión, sino también el problema estructural y de ordenamiento relativo a la función, el papel, las características o el mandato que el Parlamento debe tener. 
Me es grato citar un punto importante de un informe que data de 1986 y que fue presentado por el Sr. Georges Donnès, un gran liberal. 
Hace ya 15 años, este informe destacaba que el Parlamento Europeo era una institución llamada a desempeñar un papel esencial en la función de la Comunidad y en el procedimiento de formación de los actos comunitarios, por lo cual no había que oponerse a las modificaciones que considerasen necesarias las instancias comunitarias. 
Ya entonces existía el convencimiento de debería haber instancias de modificación. 
Por lo que respecta a la posibilidad de una equiparación efectiva entre todos los diputados del Parlamento en términos de inmunidad, el autor del informe se preguntaba si no se podría identificar una posición de autonomía efectiva e inmunidad real del diputado europeo como tal, para que no se mantuviera la distinción actual, contemplada en el artículo 10 del Protocolo que ahora queremos modificar. 
Del informe que acabo de citar se deduce que la equiparación no solo es necesaria para evitar los efectos psicológicos negativos que se derivarían de la existencia de diputados de primera clase y de segunda clase, sino también porque constituye la realización, tras más de 16 años, de un sueño, de un programa: la independencia de las instituciones parlamentarias de los demás poderes a través de la tutela de sus miembros. 
Dicha tutela se extiende al trabajo que desarrollamos y a la imagen que queremos dar a Europa de un diputado, que, después de tantos años, sobre todo después de esta legislatura, a través y bajo su Presidencia, establece un punto de referencia firme que no podrá sino beneficiar también a la ampliación al atribuir a los diputados el papel efectivo que les corresponde. 
Señor Presidente, el objetivo de este informe es recuperar el respeto para esta Cámara. 
No deberíamos olvidar que estamos solo a mitad de camino, porque cuando este informe salga de esta Cámara deberá ser aprobado por el Consejo. 
El principio que subyace a este informe es correcto: a trabajo igual, salario igual. 
Sin embargo, tengo que preguntar si somos todos iguales. 
De acuerdo con algunas de las enmiendas presentadas, creo que no lo somos. 
Una de las enmiendas presentadas habla de las considerables diferencias económicas existentes entre los Estados miembros y los países en vías de adhesión. 
¿Acaso no hay considerables diferencias económicas incluso dentro de los 15 Estados miembros? 
Así que cuando fijamos el principio de igualdad salarial para un trabajo igual, los 10 países en vías de adhesión no pueden ampararse en este principio. Así que nos hemos equivocado. 
Para mí el mayor problema es toda la cuestión de los gastos. 
Felicito al grupo de trabajo por haber elaborado una fórmula. 
La transparencia de los gastos es esencial. 
Debemos seguir con fidelidad el principio del reembolso de los gastos de viaje acreditados. 
Se trata de una cuestión que está en nuestras manos y que podemos aprobar sin recurrir al Consejo. 
No desperdiciemos la oportunidad. 
Señor Presidente, nuestro objetivo de hoy es eliminar todas las reglas que hacen que nuestro trabajo sea ridículo. 
También debemos apreciar la labor realizada por nuestro Presidente para mejorar la reputación del Parlamento. 
Señorías, por este motivo ahora les ruego que no permitan el uso de vericuetos legales, sutilezas jurídicas y leyes primarias para impedir lo que en este caso es lo más importante, y es que todos los que voten en las elecciones europeas de 2004 lo hagan con orgullo, y que nuestro trabajo sea fácil de entender y nuestras reglas sean transparentes. 
Esto es lo más importante. 
Aunque todos creemos que existen detalles que no son que digamos perfectos, debemos adoptar una perspectiva global y aprovechar la oportunidad que se nos brinda ahora y que, como han señalado varios oradores, puede que no se repita. 
Un barco encalla si su tripulación tiene una percepción falsa del lecho marino. 
Me temo que mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es posible. 
La forma correcta de proceder en este caso es aprobar las enmiendas de los liberales y otros. 
Este es el camino a seguir. 
Señor Presidente, en el fondo este Estatuto de los diputados es una historia interminable, y de verdad no se entienden los continuos avances y los retrocesos que ha experimentado durante años en esta Cámara. 
Solo me cabe apoyar al ponente cuando dice que, desde el punto de vista político, se trata en esencia de si somos una asamblea parlamentaria o un Parlamento. 
Si tenemos en cuenta que, por una parte, en la Convención Europea se está discutiendo sobre la Constitución y que, por otro, desde hace décadas no conseguimos resolver la cuestión del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, los ciudadanos europeos se preguntarán con toda razón qué esta pasando aquí. 
A menudo he sido testigo del estupor de los ciudadanos ante la disparidad de la retribución que perciben los diputados al Parlamento Europeo y, sobre todo, ante la magnitud de esas discrepancias. 
Soy partidaria de que se aplique el principio de «a trabajo igual, salario igual» en esta Cámara a través del Estatuto de los diputados. 
Espero, por supuesto, que el Consejo haga suya esta cuestión y adopte decisiones sin más demora, para que el Estatuto de los diputados pueda entrar en vigor lo antes posible. 
Me adhiero a los oradores que han hecho referencia al tema del reembolso. 
En mi opinión, constituye también una cuestión esencial para la credibilidad de nuestra propia labor y de esta Cámara que en el futuro percibamos un reembolso basado en los gastos de viaje reales. 
Voy a detenerme brevemente en el artículo 20 del Estatuto, que aborda la cuestión de las jubilaciones. 
En nuestro Grupo parlamentario hemos mantenido debates muy acalorados sobre esta cuestión, porque no podemos mantenernos al margen de los debates que sabemos que están teniendo lugar en muchos Estados miembros sobre un retraso importante de la edad de jubilación. Eso supondría una agresión contra los sistemas de la seguridad social. 
Pero en la propuesta del Estatuto se ha previsto fijar en nuestro caso una edad de jubilación bastante temprana: 60 años. 
Creo que se trata de una contradicción que no podemos explicar a los ciudadanos y considero que la aplicación de unos baremos distintos en lo referente a la edad a los diputados que a los ciudadanos supondría un tratamiento privilegiado. 
Señor Presidente, con este informe no se trata de elaborar la versión más ideal del Estatuto de los diputados. 
Se trata de dar un paso adelante en las negociaciones con el Consejo, pero esta cuestión empieza a desesperarme. 
La Comisaria, Sra. De Palacio, ha dicho que en otros ámbitos se están dando progresos espectaculares, pero no en este. 
Creo que eso es cierto. 
¿Por qué se ha rechazado el compromiso del Gobierno belga relativo a un impuesto nacional complementario? 
¿Por qué los grandes grupos se empeñan en querer regular la nueva inmunidad y las reglas contenidas en este Estatuto? 
¿Por qué tenemos que hablar hasta del régimen lingüístico en él? 
Esa intrusión deficulta demasiado las negociaciones. 
Las objeciones por cuestión de principios, señor Rothley, son buenas, pero mejor aún sería un acuerdo aceptable. Y no solo por cuestión de principios, es decir, como una normativa europea para los diputados europeos, sino también para poner fin a las actuales y dudosas prácticas relacionadas con los gastos. 
La semana pasada, la Mesa aprobó una nueva normativa que entrará en vigor cuando lo haga el Estatuto. 
Mi Grupo considera claramente «insatisfactoria» la normativa vigente, mientras califica con un 7 sobre 10 a la nueva. 
Aunque nos parecen absurdas y lamentables las primas por cansancio, celebramos que los gastos de viaje se reembolsen exclusivamente sobre la base de los costes reales incurridos. Este es un gran paso hacia delante. 
Si resulta imposible llegar a un acuerdo sobre el Estatuto, volveremos a partir de cero también en lo que respecta a los gastos de viaje. 
Esa no puede ser la intención... ¿o quizás sí? 
Señor Presidente, Señorías, este debate y la decisión sobre la propuesta constituyen para mí una cuestión de autoestima. 
Desde hace 24 años se celebran elecciones directas al Parlamento Europeo. 
Dentro de un año participarán los ciudadanos de 25 Estados miembros de la Unión Europea en las elecciones europeas. 
En el plazo de unas semanas, la Convención sobre el Futuro de Europa presentará un proyecto de Constitución europea y dará comienzo la nueva Conferencia Intergubernamental. 
Los partidos- también los partidos europeos -, el Parlamento Europeo, la única institución de la UE elegida por sufragio directo por los ciudadanos europeos, los representantes de los ciudadanos, todos desempeñan un papel importante, constituyen una pieza importante del proyecto europeo. A pesar de ello, seguimos sin tener un Estatuto de los partidos políticos europeos, seguimos sin tener un Estatuto de los diputados europeos. 
Ya era hora, y la decisión sobre la propuesta llega con retraso. El debate de hoy me parece importante porque también nosotros, y no solo el Consejo, tenemos que hacer nuestros deberes en multitud de cuestiones. 
De una manera transparente, decidida, exhaustiva, conscientes de nuestra responsabilidad. Y para poner fin a este partido de ping-pong, tenemos que dejar bien claro que nosotros decidimos que 700 diputados al Parlamento Europeo eran más que suficientes y que fue el Consejo de Niza el que aumentó arbitrariamente ese número. 
Nosotros estamos elaborando el Estatuto de los diputados sobre la base de un informe elaborado por expertos externos. 
El Consejo no ha adoptado hasta la fecha la decisión fundamental entre un Estatuto europeo uniforme o 25 evaluaciones diferentes de ese mismo trabajo. En resumidas cuentas, nuestra evolución de una asamblea parlamentaria a un Parlamento Europeo no ha terminado todavía. 
La naturaleza pública de este debate significa también que tenemos que abordar abiertamente la cuestión de que ningún diputado nacional- y la excepción confirma la regla- viaja tanto como nosotros. 
Ningún parlamento nacional goza de mayores libertades democráticas que nosotros. 
Ningún diputado nacional está menos en casa que nosotros. Ningún parlamento nacional aumenta sistemáticamente su volumen de trabajo tanto como nosotros. 
Aunque todos podemos mejorar, hacernos más eficientes y más profesionales, la mayoría de los diputados de esta Cámara realizan un buen trabajo, un trabajo útil en sí mismo y que requiere unas condiciones específicas. 
En las próximas semanas nacerá el nuevo ordenamiento europeo, lo cual implicará también una nueva función para el Parlamento Europeo y la revalorización de sus diputados, libremente elegidos. 
Todo ello justifica un estatuto transparente y uniforme para los diputados al Parlamento Europeo. 
No se trata de hacer gala de una autoestima deficiente o de una autodestrucción populista, ni tampoco de arrogancia o presunción. 
Sería importante y oportuno que la cuestión fundamental planteada por el Sr. Rothley y por mí mismo quede dilucidada y no se le continúe dando largas. 
Señorías, conjuntamente con todos los representantes de los Estados miembros, no tengamos miedo a tomar decisiones, ni tengamos miedo a las decisiones que tomemos. 
Señor Presidente, parece que esta vez va en serio y vamos a dar un paso importante para solucionar una de las más flagrantes anomalías que caracterizan el funcionamiento de este Parlamento, como es conseguir algo tan sencillo como que todos y cada uno de los diputados estén sometidos a un único régimen. 
Vaya por delante que el texto que nos propone el ponente, Sr. Rothley, al que felicito muy sinceramente, es un texto equilibrado y que, por supuesto, le vamos a dar todo nuestro apoyo. 
Pero el que eso sea así, no me impide realizar una serie de reflexiones. 
En mi país dicen que la justicia militar se parece a la justicia en general como la música militar se parece a la música. 
Pues hay veces que yo pienso que este Parlamento se parece a un Parlamento como la música militar se parece a la música. 
Porque, díganme sus Señorías si en algún Parlamento de algún Estado miembro se puede estar sometido a las normas a las que estamos sometidos en este Parlamento o bien si admitiría cualquier Parlamento estar sometido al grado de control y de tutela- por ejemplo en temas tan importantes como el dotarse de sus propias reglas- al que estamos sometidos nosotros con la intervención del Consejo. 
Eso, desde luego, no puede ser así. 
Comprendo que aquí hay algunos debates, como el tema de la fiscalidad, y creo que lo podríamos debatir en el seno de este Parlamento, pero lo que me gustaría es que el resultado de ese debate fuera la decisión definitiva, no que decidamos lo que decidamos aquí, tengamos que estar todavía sometidos a la voluntad de un órgano que sólo parcialmente es legislativo, como es el Consejo, en definitiva, a la voluntad de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, el punto de partida de este debate es increíblemente sencillo. 
Partimos de que las condiciones de los diputados de esta Cámara no son satisfactorias, ni desde el punto de vista de los diputados ni desde el punto de vista del público. 
Un diputado debería percibir un salario diario justo por cada día de trabajo y además deberíamos pagar los mismos impuestos que las personas que nos han enviado a este Parlamento. 
Como ya han dicho varios oradores, no somos funcionarios, sino que representamos a los ciudadanos de los cuatro costados de la Unión Europea, aquí, en su centro. 
Los sistemas que se establezcan deberían estar debidamente elaborados y ser transparentes, y el régimen de gastos, que es complementario a los mismos, no debería ser una remuneración encubierta, y en concreto los gastos de viaje deberían reembolsarse de acuerdo con los desembolsos acreditados. 
Aunque políticamente los gastos y la remuneración son dos caras de la misma moneda, sus fundamentos jurídicos son diferentes. 
No debemos ser pomposos, hipócritas o egoístas a este respecto. 
Por razones políticas primordiales que a nadie escapan, el Consejo y el Parlamento deben llegar a un acuerdo político sobre esas dos cuestiones. 
Si cualquiera de los dos da un paso atrás al respecto, estará faltando a su promesa dada al electorado y será culpable del naufragio del proceso. 
Como diputado, estoy harto de bromas baratas sobre nuestro «chollo» : recordemos que el salario base que nosotros, los diputados británicos, percibimos es, o eso me dicen, aproximadamente el mismo que recibe un gerente de un supermercado de cierto tamaño en una ciudad de provincias. 
Esas mofas degradan al Parlamento como institución y a la Unión Europea como proceso político. 
Sencillamente, digo, dejemos de hablar y solucionémoslo, porque si no lo hacemos, nos degradamos y degradamos el proceso del que formamos parte. 
En lo que respecta al contenido del informe Rothley, los conservadores británicos tenemos muchas reservas sobre algunos aspectos. 
La única forma de superar este punto muerto es votar a favor del informe en su conjunto, con el fin de dar un paso más en el proceso. 
Seguiremos trabajando para que el resultado final cumpla nuestros reivindicaciones políticas declaradas. 
La prioridad inmediata es dejar de hablar sin parar sobre el Estatuto y tomar medidas para hacer algo para crearlo. 
Señor Presidente, la nueva normativa aprobada por la Mesa la semana pasada estipula que solo se indemnizarán los costes realmente incurridos en los viajes. 
Esta es una buena noticia que en gran medida se la debemos a usted. 
Pero existe una traba. 
La nueva normativa no entrará en vigor hasta que no lo haga el Estatuto. 
La probabilidad de que esto suceda es muy pequeña. 
El proyecto de Estatuto contempla una misma retribución para todos los diputados europeos, pero la propuesta estipula también que los diputados europeos tendrán que pagar a partir de ahora un impuesto sobre la renta europeo. 
Muchos diputados europeos, entre quienes me encuentro, consideran que eso es inaceptable. 
Yo vivo en los Países Bajos, he sido elegido por los neerlandeses, utilizo los servicios públicos neerlandeses y, por tanto, quiero pagar impuestos neerlandeses. 
Hace dos años, el Consejo y el Parlamento estaban de acuerdo sobre este punto. 
Los Estados miembros tendrían libertad para recaudar un impuesto nacional como complemento del impuesto europeo. 
Pero el ponente ha rechazado ese compromiso. 
Así pues, la propuesta no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y todos los miembros de esta Cámara lo sabemos. 
Por consiguiente, la decisión que tomó la Mesa la semana pasada no entrará en vigor y tendremos que volver a partir de cero. 
En una época en la que existen restricciones presupuestarias y en la que los ciudadanos tienen que apretarse el cinturón, nosotros optamos por vivir a lo grande, con una normativa sobre gastos desfasada. 
Quizá fuese ingenuo por mi parte pensar que era posible y que existía voluntad política, pero esperaba sinceramente que una mayoría de mi Grupo optara por anteponer los intereses generales a los intereses particulares. 
Lamentablemente, no ha sido así. 
Señor Presidente, es importante que el Parlamento Europeo cuente con un Estatuto que regule las condiciones de sus diputados. 
También es importante que obtengamos un sistema transparente que nuestro electorado pueda fiscalizar. 
Lo que, sobre todo, han sido obstáculos para nosotros los socialdemócratas suecos, han sido el reembolso previsto de los gastos de viaje, la cuantía de la remuneración, el impuesto comunitario y la falta de transparencia. 
Hemos establecido una serie de requisitos absolutos como condición para que apoyemos un nuevo Estatuto de los diputados: en primer lugar, que podamos seguir pagando impuestos en Suecia; en segundo lugar, que se reformen los sistemas de reembolso de los gastos de viaje de acuerdo con los gastos reales; y en tercer lugar, que instauremos un sistema abierto que pueda controlarse y que nuestro electorado sea capaz de fiscalizar. 
La propuesta que ahora tenemos ante nosotros contiene mucho de lo que deseábamos, pero se aleja de lo que queremos en un punto esencial, que es la posibilidad de pagar impuestos nacionales. 
En la votación apoyaremos una enmienda encaminada precisamente a mantener el derecho a pagar impuestos nacionales. 
Si esta propuesta es rechazada, sintiéndolo mucho nos veremos obligados a votar en contra del conjunto de la propuesta. 
Señor Presidente, en nombre de la delegación socialista francesa, ofrezco todo nuestro apoyo al proyecto de Estatuto de los diputados que nos propone el informe del Sr. Rothley. 
El éxito del proceso de ampliación hace que su adopción sea aún más urgente. 
Estamos a favor del enfoque adoptado y de los principios subyacentes, sobre todo la transparencia y la igualdad salarial. 
Resulta necesario aumentar la transparencia del sistema por el que se paga a los diputados: esta cuestión no es indiferente a los ciudadanos. 
Nos exigen respuestas. 
Debemos aplicar además el principio de la igualdad salarial entre los diputados de la forma más rigurosa posible. 
Una aplicación inteligente de este principio supone que los emolumentos se adapten de modo que reflejen los diferentes niveles de vida en los Estados miembros. 
Esta es la vía para lograr una igualdad salarial real. 
Existen ya mecanismos de adaptación de estas características para los funcionarios europeos, en función de su lugar de trabajo, y esto se considera justo. 
La delegación socialista francesa ha presentado por tanto una enmienda en este sentido al artículo 16 del proyecto de Estatuto: les invitamos a que la apoyen con nosotros. 
Permítanme hacer una llamada a la prudencia: la democracia tiene un precio, todos lo sabemos, y hace falta que los ciudadanos lo entiendan. 
Me gustaría terminar diciendo que el Estatuto, aunque no es perfecto, es un paso adelante, un paso hacia una verdadera democracia europea. 
Espero que el Consejo respete la labor del Parlamento. 
Quiero dar las gracias a todos los que han participado en este debate y a la Comisión por el tono positivo de su intervención. 
En particular, doy las gracias al ponente por sus interminables esfuerzos en nombre de esta Cámara sobre este tema. 
La votación sobre el borrador de decisión tendrá lugar mañana martes a las 12.30 horas y la votación sobre la propuesta de resolución tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, Señorías, creo que el de hoy es un debate importante. 
Estamos a punto de pasar a la última etapa del proceso legislativo relativo al conjunto de medidas sobre el mercado interior de la energía. 
Considero importante, insisto, tener en cuenta que este paquete es emblemático dentro del proceso de Lisboa, cuyo objetivo, recordémoslo, es conseguir una Europa más competitiva, con una economía que en el año 2010 sitúe a la Unión Europea en la punta de lanza de la actividad económica a nivel internacional, en una sociedad basada en el conocimiento, con pleno empleo y también con respeto al medio ambiente. 
Quiero recordar muy especialmente hoy el papel extremadamente constructivo que, a lo largo de todo este tiempo, ha venido desempeñando el Parlamento Europeo, buscando precisamente un resultado que espero podamos alcanzar en este período parcial de sesiones. 
El Parlamento Europeo siempre ha apoyado firmemente a la Comisión en sus esfuerzos por conseguir un mercado interior de la energía competitivo e integrado, que además suponga superar los mercados nacionales. 
Quiero dar sinceramente las gracias a los tres ponentes, Sres. Turmes, Rapkay y Mombaur, por el fantástico trabajo que han realizado. 
Y también quiero hablar de los ponentes en la sombra y de los demás miembros de la comisión que han participado de manera tan activa a lo largo sobre todo de estos últimos meses para obtener este resultado positivo; agradezco muy especialmente el esfuerzo de la delegación que ha estado negociando en un diálogo tripartito informal para que hoy podamos discutir y el miércoles próximo alcanzar un acuerdo en este Parlamento que permita llegar a un texto definitivo. 
El compromiso al que estamos llegando no se aleja en lo sustancial de las propuestas iniciales de la Comisión. 
Es más, estas propuestas se han visto reforzadas posteriormente con una serie de puntos tras la primera lectura del Parlamento, en especial en lo que se refiere a los aspectos de servicio público que contemplan las Directivas. 
Una vez establecido este conjunto de medidas, todos los consumidores de la Unión Europea podrán elegir libremente su suministrador a partir de 2007. 
Los pequeños consumidores, por lo tanto, ya no se verán privados de ese derecho y de esas ventajas del mercado interior. 
Desde el punto de vista estructural, se suprimirán muchos de los obstáculos a una competencia equitativa, en particular, la falta de independencia de los operadores del sistema y la ausencia de una reglamentación eficaz. 
Al mismo tiempo, se han reforzado los requisitos de servicio público, insisto, en gran medida a petición y a iniciativa de este Parlamento, con una obligación de servicio universal en el sector de la electricidad y medidas estrictas de protección de los consumidores vulnerables. 
El conjunto de medidas incluye un componente esencial del mercado interior de la electricidad, a saber, el Reglamento sobre intercambios transfronterizos de electricidad, que prevé normas claras para facilitar el comercio en la Unión Europea. 
Aunque el Parlamento y la Comisión hubieran querido avanzar con mayor rapidez respecto a una serie de puntos, tales como la apertura del mercado y la separación jurídica, considero esencial el hecho de que las Directivas establezcan fechas incondicionales y que el marco regulador esté claro para la industria. 
Nadie ignora ya cuáles van a ser las reglas y, por lo tanto, insisto, es un paso adelante importantísimo. 
Las posiciones comunes han mejorado los resultados de las enmiendas parlamentarias, sobre todo en lo que respecta al etiquetado y a las competencias de la autoridad reguladora, y se ha establecido una delimitación clara del margen de influencia de la empresa matriz sobre las actividades de los operadores de la red. 
Hay un aspecto que quiero abordar de manera expresa aquí esta tarde, porque es uno de los más polémicos. 
Es, evidentemente, la cuestión de los fondos de desmantelamiento de las centrales nucleares. 
Todos sabemos que constituye una parte central del acuerdo logrado. Hasta el punto de que la última Conferencia de Presidentes lo ha incluido como un punto específico, Señor Presidente, en el debate de esta tarde. 
Quiero presentar las posiciones de la Comisión al respecto. En primer lugar, como dije con motivo del debate en primera lectura de estos textos, la Comisión comparte plenamente la preocupación del Parlamento en cuanto a la necesidad de que los fondos reservados para el desmantelamiento y gestión de residuos han de destinarse a los fines para los que se han constituido. 
El 30 de enero de 2003, la Comisión adoptó dos propuestas de Directiva relativas precisamente a plantear una estrategia y unos estándares comunitarios sobre seguridad de las centrales nucleares y sobre tratamiento de los residuos. 
La primera de ellas se centra de manera específica en la cuestión de los fondos de desmantelamiento nuclear. 
Con ello, Señorías, quiero recordarles que a ello me comprometí ante el Parlamento en la primera lectura de este paquete legislativo, y que en enero de 2003 di la respuesta a que me comprometí en su momento. 
En segundo lugar, tras nuestros contactos durante el diálogo tripartito, hemos logrado un acuerdo entre los colegisladores sobre la base de una declaración interinstitucional y otra de la Comisión sobre el control y la transparencia en la gestión de dichos fondos. 
En particular, Señor Presidente, y conforme a lo solicitado en la Conferencia de Presidentes, quiero leer la declaración que la Comisión efectuará, una declaración que corresponde a la Comisión en su conjunto y que ha sido debatida en el ámbito del Colegio de Comisarios, y que dice, y leo textualmente: " La Comisión señala la importancia de garantizar que los fondos establecidos para las actividades de desmantelamiento y gestión de residuos relacionados con los objetivos del Tratado Euratom se gestionen de una manera transparente y se utilicen únicamente para tales actividades. 
En este contexto, y dentro de los límites de sus responsabilidades con arreglo al Tratado Euratom, la Comisión tiene la intención de publicar un informe anual sobre la utilización de los fondos de desmantelamiento y gestión de residuos. Hará particular hincapié en garantizar la plena aplicación de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario ". 
Así pues, la Comisión revisará la situación de los fondos y su utilización en un informe anual, que será transparente y transmitido a esta casa. 
Estoy satisfecha de que esta cuestión, gracias a la Directiva específica y al informe de la Comisión, esté saliendo a la luz y se imponga una mayor transparencia en torno a tales fondos porque, Señorías, ustedes lo plantearon aquí, en el Parlamento, pero creo que es algo que nos preocupa a todos, y que entre tanto, además, los hechos nos han dado la razón en cuanto a la necesidad de ocuparnos de esta cuestión, y estoy pensando concretamente en algo sucedido en los últimos meses en una compañía de Gran Bretaña. 
Señor Presidente, quiero reiterar que la Comisión acepta todas aquellas enmiendas que están en la línea del acuerdo logrado. 
Para concluir, quiero agradecer una vez más al Parlamento, y muy especialmente a los tres ponentes y también a la delegación que ha participado en las negociaciones con el Consejo y la Comisión en ese diálogo tripartito informal que hemos desarrollado, el trabajo constructivo respecto a todas estas medidas. 
Creo que sin esta contribución fundamental no estaríamos a punto de crear el mercado interior de la energía más integrado del mundo, un mercado que supone, además, poner en práctica el modelo comunitario, es decir, la liberalización junto con la regulación, algo que antes se decía que era contradictorio, pero que estamos demostrando en Europa que se puede combinar: las ventajas del mercado con el mantenimiento de una sociedad cohesionada, sin exclusiones, que no sólo se ocupa y vela por los más débiles, sino que, además, piensa en el futuro, en las futuras generaciones y, concretamente, en la protección de nuestro medio ambiente. 
Señor Presidente, tras tres años de intensos debates, el Parlamento votará esta semana la segunda Directiva sobre los mercados de electricidad y gas. 
¿Qué intentaban conseguir el Parlamento y los ponentes? 
En lugar de centrarse exclusivamente en los aspectos cuantitativos de la apertura de los mercados, el Parlamento y los ponentes se han esforzado por garantizar que se dé la misma importancia a los aspectos cualitativos. 
Me enorgullece poder afirmar hoy que hemos conseguido volver a regular el mercado y hacer que sea «más verde» en muchos aspectos. 
Los que son escépticos acerca del proceso de liberalización tendrán que admitir que esta segunda Directiva sobre electricidad conlleva un entorno normativo mucho mejor que la primera Directiva de 1996. 
¿Qué hemos conseguido? 
Los objetivos del mercado conceden hoy la misma importancia a la competencia, la seguridad del suministro y el medio ambiente. 
En segundo lugar, tenemos órganos de control más fuertes y hemos dado el primer paso para conseguir separar los distintos intereses de los generadores de la red y los minoristas. 
Hemos conseguido reforzar las obligaciones de servicio público e imponer obligaciones más estrictas a las empresas que controlan la red para garantizar las necesarias inversiones. 
Los proveedores de electricidad deben cumplir estrictos requisitos de información a los clientes en los contratos. 
Estoy especialmente satisfecho porque hemos obligado a los proveedores a dar plena información sobre los combustibles de la electricidad y sobre las consecuencias medioambientales de su producción. 
Esto permitirá a los consumidores europeos tomar una decisión informada. También permitirá a la sociedad seguir debatiendo sobre los servicios energéticos. 
Disponemos de un servicio universal, pero no solo eso, también tenemos la obligación de establecer un proveedor de último recurso. 
Todas estas medidas no serán suficientes, sin embargo, para garantizar que los beneficios de la liberalización del mercado lleguen a los pequeños consumidores. 
Un único cliente doméstico tendrá que competir con grandes consumidores industriales para conseguir un precio justo. 
Los pequeños consumidores podrán obtener ahora un buen precio gracias a que favoreceremos y fomentaremos que pequeños consumidores se agrupen con el fin de formar comunidades de ventas. 
También hemos conseguido reforzar la condición de los productores de energía descentralizados. 
Conseguimos establecer el concepto de costes evitados a largo plazo. Eso significará que la práctica en determinados países, en los que se paga tanto para transportar energía a lo largo de 200 metros desde una unidad de cogeneración hasta un vecino como para transportar energía a más de 500 kilómetros, cambiará, dando a los pequeños generadores una oportunidad real. 
Son los pequeños generadores, la innovación que tenemos gracias a la miniaturización de motores, las redes inteligentes que tenemos gracias al desarrollo de software, junto con los nuevos productores de energía independientes, los que serán la panacea del mercado. 
Pero estas innovaciones solo llegarán al mercado si nosotros, como políticos, tenemos la valentía necesaria para imponer unas reglas del juego realmente uniformes. 
La innovación no procederá de los dinosaurios. 
Por lo tanto, durante los próximos años hemos de tener cuidado para garantizar que las grandes empresas integradas no puedan jugar demasiadas partidas. Necesitamos que se produzca una separación de la propiedad. 
Necesitamos defender los fondos de desmantelamiento. No tiene ningún sentido hablar de unas condiciones uniformes si permitimos que EDF utilice 30 millardos de euros, Eon 12 millardos de euros y RWE 10 millardos de euros de los fondos de desmantelamiento en el mercado. 
También necesitamos una política de fusiones mucho más estricta contra estos oligopolios que están entrando en el mercado. 
Por último, probablemente el punto más importante: necesitamos una política de competencia para un mercado único. 
No podemos permitir dobles raseros en un mercado único europeo y, por lo tanto, necesitamos las competencias de la DG Competencia de acuerdo con las normas sobre competencia del Tratado UE. 
El juego que la Comisión, y especialmente el Sr. Lamoureux, como director de la DG TREN, ha mantenido con el Consejo y el Parlamento durante las últimas semanas no es correcto. 
Ha sido un intento de suprimir los fondos de desmantelamiento de las competencias de política de competencia del Sr. Monti. 
Señora Comisaria, usted ha hecho un buen trabajo para conseguir la creación de un mercado interior. 
Los juegos deben acabarse. 
Nosotros, como Parlamento, no aceptamos dobles raseros en política de competencia. 
Para acabar, me gustaría dar las gracias a todos los ponentes por su cooperación. 
A menudo ha sido la confianza en los ponentes la que ha permitido conseguir este importante instrumento legislativo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar por el punto en el que ha terminado mi amigo, el Sr. Turmes, a saber, el agradecimiento a los ponentes y al ponente alternativo. 
Atrás dejamos un trabajo que ha durado dos años en total y considero que la colaboración entre ponentes y ponentes alternativos de todos los Grupos parlamentarios ha sido muy solidaria, abierta y confiada. En mi opinión, el resultado que hemos alcanzado así lo refleja. 
Creo que se trata de un buen resultado. 
Permítanme formular cuatro precisiones en la línea de lo que el Sr. Turmes ha dicho hace un momento y con lo que no puedo más que estar de acuerdo. 
En primer lugar, este paquete de medidas legales allana el camino para una mayor competencia en los mercados energéticos europeos y deja el camino expedito para un mercado interior de la energía realmente integrado. 
Con ello hacemos una aportación- nuestra aportación- al objetivo común de convertir la Unión Europea en la región más competitiva del mundo. 
Tenemos que aprovechar las mejoras de la eficiencia que se derivan de un mercado interior integrado y su capacidad de integración política para conseguir ese objetivo, pero también y especialmente para que se beneficien nuestras pequeñas y medianas empresas de ese mercado interior y para que nuestros consumidores se beneficien más que nunca de sus resultados y de sus efectos positivos. 
En segundo lugar, la consecuencia básica de las anteriores directrices relativas al mercado interior fue la apertura desequilibrada de los mercados. 
Indudablemente consiguieron aumentar la competitividad, aumentar la eficiencia y reducir los precios, pero el desarrollo asimétrico de la apertura del mercado y las notables deficiencias en el marco del comercio minorista nos obligan ahora a adoptar medidas concretas para acelerar todavía más el proceso de apertura de los mercados. 
Eso significa que hay que garantizar las mismas condiciones a todos los participantes en el mercado, que hay que poner coto al peligro de dominación del mercado y que hay que reprimir en lo posible las prácticas de acoso, por ejemplo de los grandes contra los pequeños. 
Nuestro objetivo no consiste en sustituir los monopolios públicos por otros privados, sino en establecer un mercado interior de la energía totalmente abierto. 
Y por eso resulta incuestionable el tercer punto, parte esencial de lo que hemos de someter a votación: el establecimiento de un calendario ambicioso para la completa apertura del mercado. 
El calendario que hemos fijado conjuntamente con el Consejo es ambicioso, y si somos capaces de sacarlo adelante, supondrá un avance muy importante respecto al que teníamos hasta ahora. 
Mi cuarto comentario hace referencia a la necesidad de regular el acceso de terceros a las redes- competencia, en otras palabras- de manera transparente y sin discriminaciones. 
Condición esencial para ello es la separación, la aplicación de la ley de sociedades para separar jurídicamente la red de generación por una parte, y la de distribución por otra. 
Necesitamos un organismo o más de control con facultades de supervisión, con la capacidad y la obligación de informar, pero, sobre todo, con poder para dar instrucciones e imponer sanciones. 
Es necesario- y así lo hemos plasmado también- que el Estado pueda imponer obligaciones en aras del bien común sin anular con ello la competencia. 
Si bien las directrices que votaremos pasado mañana establecen las bases de todo lo anterior, la Comisión está y seguirá estando obligada a vigilar muy de cerca la evolución del mercado. 
Tendrá que adoptar medidas adecuadas para prohibir prácticas anticompetitivas a las empresas y tendrá que estar atenta sobre todo a la correcta y rápida transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros. 
Hay que admitir que el Consejo, en el diálogo tripartito, ha hecho algunas concesiones al Parlamento, pero esas concesiones eran urgentemente necesarias porque varias de las disposiciones contenidas en una o más de las posiciones comunes resultaban, desde mi punto de vista, bastante problemáticas, por contener lagunas que podrían debilitar la competencia. 
Es importante que la transposición se lleve a cabo deprisa, ya que el plazo es muy justo: en menos de un año tiene que haber quedado todo traducido al derecho nacional. 
Y a este respecto quiero reiterar que la Comisión sigue teniendo la obligación de vigilar el mercado y las condiciones de la competencia. 
Permítanme subrayar de nuevo lo que acaba de decir el Sr. Turmes, a saber, que el mercado interior de la energía tiene que estar supeditado a la legislación sobre competencia del Tratado y ha de juzgarse a la luz del mismo. 
Sobre todo en lo concerniente a las ayudas estatales y los controles sobre fusiones habrá de aplicar los instrumentos del Tratado. Y creo que la Comisión puede contar en esta cuestión con el respaldo político de mi Grupo- eso se lo puedo prometer -, así como el de toda la Cámara. 
- (DE) Señor Presidente, en primer lugar debo dar una explicación, fuera del tiempo de uso de la palabra, en calidad de presidente en funciones de la comisión competente. 
La lista de votaciones previstas para el miércoles está equivocada. O al menos induce a error. 
Con respecto a mi propio informe, las enmiendas 1 a 5, que figuran aquí como enmiendas de transacción, no lo son. 
La comisión las ha retirado oficialmente. 
Las enmiendas de transacción son la 7 a la 10, pero no la enmienda 6, como se dice en la lista de votaciones. 
La enmienda 6 no forma parte de la transacción; de hecho, a mi modo de ver está fuera de lugar. 
Ruego a la Mesa que lo compruebe, a fin de que el miércoles se pueda realizar la votación de forma correcta. 
Señor Presidente, por favor no me lo descuente de mi tiempo de uso de la palabra. 
Señor Presidente, creo que ya no puedo ponerlo por escrito porque, en primer lugar, los coordinadores y los ponentes ya han acordado todo verbalmente y, en segundo lugar, porque había una representación de la secretaría de la Comisión que seguramente podrá resolver esto. 
Trataré de que así se haga. 
- (DE) La adopción de reglamentos aplicables en toda Europa para regular el mercado interior de la electricidad y el gas natural es una forma de proceder muy sensata. 
El suministro energético de la Unión Europea nos ocupará y nos acompañará continuamente como tema central en las próximas décadas. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor estima, y las consideraciones medioambientales así lo exigen, que el principal objetivo de cualquier directiva relacionada con la producción, el suministro, el intercambio o la distribución de la energía establezca que la energía primaria utilizada deba y pueda obtenerse de la forma socialmente más soportable y que cumpla criterios ecológicos. 
La producción energética por sí misma plantea un problema ecológico fundamental. Es un aspecto muy importante que se ha tenido en cuenta en esta Directiva y, sobre todo, en la opinión y en los informes del ponente. 
El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo tendrán que establecer las pertinentes condiciones para que la electricidad se genere, tanto a medio como a largo plazo, de manera que la energía primaria se obtenga exclusivamente a partir de fuentes renovables (viento, agua, energía solar, biomasa). 
Lo mismo cabe decir respecto a la producción de gas. En este caso debemos hacer todo lo posible para que el biogás doméstico, obtenido a partir de cultivos no destinados al consumo humano, sustituya al antiguo sistema de suministro de gas con todas sus deficiencias. 
Esto funcionará siempre y cuando logremos compensar la actual situación de desventaja de las fuentes de energía renovables en comparación con los combustibles fósiles y la energía nuclear, y consigamos que la producción y el aprovechamiento de la energía reflejen los costes implicados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, pronto la liberalización completa del mercado de la electricidad solo se defenderá en Europa. 
Incluso los Estados Unidos, tras el caso de California y el caso Enron, han dado marcha atrás. 
En América Latina, la liberalización se ha saldado con fracasos. 
En Gran Bretaña, el Estado se enfrenta a la quiebra de British Energy. 
En Suecia, los precios han experimentado este invierno aumentos de más del 50% debido a las tensiones entre la oferta y la demanda. 
La electricidad es un sector que necesita inversiones a largo plazo. 
Se ocupa de la seguridad del suministro, la protección del medio ambiente y la prestación de un servicio público. 
No puede estar gobernado únicamente por las fuerzas del mercado y la competencia. 
En algunos de nuestros países, el mío por ejemplo, el servicio público de la electricidad consiste particularmente en la igualdad de tarifas, acceso para todos los hogares, independientemente de su nivel de consumo o su situación geográfica, a una electricidad de bajo coste y al mismo precio. 
La plena liberalización obligatoria, prevista para 2007, que nos propone no permitirá que se mantengan los mecanismos de ajuste social y de tarifas que garantizan esta igualdad de precios. 
Esta es la razón por la que los miembros de la delegación socialista francesa votaremos a favor de una enmienda de rechazo de la propuesta, que hemos presentado junto con el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica y la delegación socialista belga. 
Pensamos que el plan de apertura del mercado en dos etapas, sin que ni siquiera se lleve a cabo una evaluación de la primera etapa- la de 2004, que concierne a todos los clientes no residenciales- antes de pasar a la apertura a la competencia para todos los clientes residenciales, en 2007, supone un enfoque más dogmático que pragmático de la liberalización. 
Además, en materia de competencia, estamos asistiendo más bien a un fuerte movimiento de concentración de las empresas y a la constitución de un mercado de oligopolios y de cárteles y no de un verdadero mercado competitivo. 
Consideramos absurdo que se obligue a la plena liberalización cuando acabamos de iniciar el debate sobre el Libro Verde y ni siquiera hemos tenido tiempo para examinar las posibilidades de elaborar una directiva marco para salvaguardar los servicios públicos. 
Señor Presidente, sustituyo al Sr. Clegg, el ponente. 
Acabo de hablar con él. 
Está enfermo en cama, pero les complacerá saber que pronto estará de nuevo con nosotros. 
Quería que yo dijera que el Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos acoge con sumo agrado esta iniciativa porque es un importante avance en el mercado interior y para el acuerdo de Lisboa en un sector que anteriormente estaba cerrado. 
Acogemos con agrado y apoyamos plenamente el compromiso sobre el etiquetado y la separación de la propiedad y sobre las fechas de la apertura del mercado. 
Sin embargo, la principal cuestión que querría plantear el Grupo Liberal es la de los fondos para el desmantelamiento del sector nuclear. 
Queremos apoyar y agradecer a la Comisión su declaración revisada. 
Anteriormente la Comisión nos había dicho que los fondos del Tratado Euratom serían suficientes para el desmantelamiento. 
Sin embargo, como todos sabemos, los fondos Euratom no están sujetos a unas normas adecuadas de transparencia y responsabilidad. 
Ahora que la Comisión nos ha dicho que las disposiciones en materia de competencia serán de plena aplicación en este sector, estamos muy satisfechos porque eso significa apertura y transparencia y unas normas adecuadas para el mercado único. 
Mañana mi Grupo votará a favor de esto. 
Señor Presidente, la liberalización de los mercados energéticos ha sido un proyecto ideológico. 
Los mercados siempre hacen lo mismo: siempre operan aquí y ahora. 
Los precios no tienen en cuenta los cambios estructurales que ocurren cuando los recursos se agotan. 
La liberalización del mercado del gas no garantizará la inversión en los próximos veinte o treinta años. 
Puesto que es el gas el que va a cubrir todas las necesidades de energía adicional en la Unión Europea, y puesto que el gas se importa del este, los que necesiten gas deberían compartir los costes de inversión en nuevos campos de gas. 
En un mercado liberalizado solo se tienen en cuenta los beneficios a corto plazo. 
Deberíamos ser capaces de concluir contratos de suministro de gas a largo plazo. 
No se estilan en un mercado de beneficios a corto plazo. 
Puede que los modelos de propiedad de las redes se conviertan en un problema en el mercado de la electricidad. 
A menos que un Gobierno invierta en redes troncales o las mantenga, el mercado no funcionará. 
Si el Gobierno no invierte en la red y se responsabiliza de ella, la electricidad no podrá transportarse de un sitio a otro. 
Soy ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de un informe sobre la seguridad de las centrales nucleares. 
En virtud de este cargo, veo los problemas que pueden repercutir en el precio de la electricidad. 
Puede que la electricidad producida por energía nuclear sea más barata en los mercados al contado, pero no podemos estar seguros de si los precios han tenido en cuenta todos los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares y de la eliminación de residuos, que se extenderá durante cientos, quizás miles de años. 
Si estos costes no quedan reflejados en el precio de mercado actual de la electricidad, habrá una distorsión de la competencia. 
La liberalización de los mercados determina precios a corto plazo, pero no resolverá los grandes problemas del futuro. 
Habrá nuevas guerras por el petróleo del Iraq. 
Nuestro Grupo habría preferido salvaguardar los servicios del sector público y de energía universal en relación con estas Directivas relativas a la liberalización y privatización. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar calurosamente a todos los que han participado en el arduo trabajo necesario para llevar estos informes a una conclusión coherente, positiva e incluso sólida. 
Agradezco especialmente las exigencias de que los fondos de desmantelamiento nuclear estén plenamente sujetos al Derecho de la competencia comunitario. 
Las empresas de servicios públicos no deberían haber utilizado nunca la gestión de los fondos de desmantelamiento nuclear como una forma de ayuda estatal y como excusa para seguir comprando compulsivamente otras empresas de servicios públicos en toda Europa. 
Nos arriesgábamos a que se produjera esa aceleración y la creación de cárteles. 
Por lo tanto, celebro las garantías dadas por la Comisión hoy aquí. 
Ni la Comisión ni el Consejo se han cubierto de gloria en el pasado en este tema, pero ahora tenemos una estrategia más coherente. 
En concreto, aunque muchos Estados miembros restringen la utilización de esos fondos, Francia y Alemania están autorizadas a apartar los fondos para la gestión de residuos y utilizarlos para adquisiciones. 
Esto supone un claro abuso e incluso corrupción en relación con los mismos, y me alegro de que ahora vaya a aplicarse la legislación en materia de competencia. De no aplicarse, esa posibilidad habría tenido un efecto muy distorsionador en el mercado energético de toda Europa. 
¿Cómo podemos tener un mercado libre cuando hay tres empresas con 10 millardos de euros o más a su disposición para comprar otras empresas? 
Me alegro de que la lógica haya prevalecido y de que esos fondos estén sujetos a la legislación en materia de competencia. 
También celebro la inclusión de los objetivos de sostenibilidad y el tratamiento equivalente dado a la sostenibilidad con respecto a la competencia y la seguridad del suministro. 
En particular, las energías renovables deben promocionarse en toda Europa. 
Durante demasiado tiempo han sido el pariente pobre, sobre todo ante los enormes fondos a los que el lobby nuclear ha tenido acceso por medios legales o ilegítimos, como ya he destacado. 
Espero que en el futuro haya más fondos disponibles para las energías renovables. 
Señor Presidente, los ponentes que han participado en esta serie de informes se merecen todas nuestras alabanzas por su enorme esfuerzo, que nos ha permitido llegar a un acuerdo sobre el paquete energético en la segunda lectura y evitar prolongadas conciliaciones. 
Las redes europeas de electricidad y gas constituyen piezas clave de la infraestructura estratégica. 
Si queremos conseguir los objetivos que nos marcamos en Lisboa, es decir, hacer de Europa la economía más competitiva del mundo para 2020, necesitamos un mercado interior verdaderamente unificado en nuestros principales recursos energéticos. 
Me satisface que el compromiso aprobado por el Consejo incluya un importante papel para las autoridades reguladoras nacionales. 
Estoy seguro de que las autoridades reguladoras nacionales harán una aportación significativa al desarrollo del mercado interior y crearán unas condiciones de competencia justa. 
Naturalmente, es necesaria una cooperación estrecha y transparente entre las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión. 
También me alegra que las relaciones entre las empresas matrices y las filiales se hayan definido mejor. 
Una matriz debe tener medios eficaces de control sobre sus filiales. 
La redacción original podría haber dado lugar a la segregación de las filiales y la ruptura de empresas por la puerta de atrás. Eso habría resultado especialmente problemático en Estados miembros pequeños como Irlanda, donde hay algunas restricciones naturales a las subdivisiones energéticas debido al aislamiento geográfico y al limitado número de habitantes. 
Es obvio que el futuro de un mercado energético como el irlandés es la interconexión. 
Estoy satisfecho de que se haya tenido en cuenta este punto y de que se haya reconocido que construir interconectores es una forma válida de abrir el mercado energético. 
En el caso de Irlanda, eso implicará tanto conectores norte-sur como conectores este-oeste y, a su debido tiempo se creará un enorme mercado que abarcará al Reino Unido e Irlanda y que ofrecerá más posibilidades de elección a los consumidores y precios más competitivos. 
La estrategia europea para liberalizar los mercados energéticos y hacerlos más eficientes está bien equilibrada. 
Podemos aprender de la experiencia de los Estados Unidos y evitar desastrosos errores como el caso Enron. 
Debemos tranquilizar a los consumidores tanto de gas como de electricidad- sobre todo a los usuarios domésticos particulares y a los trabajadores del sector- sobre este punto. 
Señor Presidente, Señorías, aunque a instancia del Parlamento se trata de dos informes separados, los informes de los Sres. Turmes y Rapkay, por los que, respectivamente, se modifican las Directivas de gas y electricidad, me han movido a presentar una enmienda de rechazo de la posición común en ambos casos. 
En efecto, aunque no cuestiono la labor de mis colegas, no puedo aceptar las propuestas de una Comisión cada vez más liberal, sobre todo en materia energética. 
Como sucede a menudo, la Comisión está cegada por el dogma de la apertura de los mercados a la competencia. 
La Comisión, en efecto, no se atreve a crear un servicio universal energético a escala europea y explicar cómo debe financiarse. 
Ahora bien, sin este servicio universal, que es una condición fundamental, nunca se habría intentado poner en tela de juicio, a nivel europeo, las misiones de servicio público definidas en los Estados miembros. 
Estas misiones responden a definiciones y modos de financiación decididos y garantizados según las particularidades territoriales, jurídicas o constitucionales. 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, según el cual hay que actuar en el nivel más eficaz, solo los Estados miembros son capaces de llevar a cabo estas misiones para responder a las exigencias de sus ciudadanos. 
Yo señalaría además que el mismo ponente parece tener reservas con respecto a si los efectos de la apertura a la competencia del mercado de la electricidad a la competencia serán enteramente beneficiosos. 
En consecuencia, no puedo respaldar un debate parlamentario que no proporciona soluciones, sino que destruye lo que ya existe. 
Además, es inconcebible que pretendamos continuar con la apertura a la competencia del sector de la energía extendiendo a los particulares un régimen inicialmente concebido para las empresas. 
Es irresponsable que los Estados miembros hayan accedido finalmente en su mayoría a las propuestas de la Comisión. 
La responsabilidad primera incumbe, no obstante, a la Comisión, que tiene derecho exclusivo a la iniciativa legislativa y que descuida las consecuencias económicas, sociales y territoriales negativas de sus propuestas en su intento de crear un mercado interior sometido únicamente a la competencia. 
En conclusión, a la luz de todas estas consideraciones, confirmo mi oposición a estas propuestas que pretenden llevar a cabo la apertura a la competencia del sector energético. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, gracias a la cooperación constructiva del Parlamento Europeo y de otras instituciones europeas, nos hallamos en vísperas de la liberalización de los mercados de la energía en Europa. Durante años, muchos colegas se han esforzado por lograrlo. 
El resultado puede calificarle cuanto menos de loable. La tan esperada liberalización ha de tener, desde el principio, consecuencias favorables para el consumidor. 
Me refiero en concreto a unos mejores servicios y a unos precios más competitivos. 
Quisiera señalar que existe una paradoja inherente en todo esto. 
A mi entender, la liberalización tendrá también un precio. Un precio que paradójicamente tendrá que pagar en primer lugar el consumidor. 
Por ello habrá que prestar una atención especial al modo de utilizar la red de distribución. 
A fin de cuentas, el precio que tendrá que pagar el usuario es la suma del precio de producción, la tarifa de transporte a través de la red de alta tensión y la tarifa de distribución, más todas las tasas que se apliquen a la distribución y al transporte. 
Los costes de distribución constituyen la principal partida de gastos en la factura de los clientes de las redes de distribución. 
Además, en algunos Estados miembros es muy poco probable que la liberalización del mercado de la electricidad se traduzca en una considerable reducción de la factura de la electricidad del usuario corriente. La razón es evidente. 
Los limitados aumentos de la eficiencia en el sector son demasiado pequeños para compensar los nuevos gravámenes que se introducirán en el sector. 
Por otra parte, hay que tener también en cuenta que las escasas conexiones que existen entre las diferentes redes nacionales no están pensadas para importar o exportar grandes cantidades, sino para servir de apoyo en caso de que se produzca una avería repentina de las unidades generadoras en un país. 
Así pues, sigue existiendo una gran falta de capacidad comercial intercambiable. 
Para que exista un verdadero mercado interior, es urgente que consigamos un aumento significativo de esta capacidad comercial intercambiable. 
Por último, podemos afirmar que se ha dado un paso importante en la liberalización de los mercados de la energía de la Unión Europea, pero que habrá que vigilar muy de cerca la manera de concretar esa liberalización. 
Señor Presidente, los informes sobre energía que debatimos hoy deben entenderse como un todo integrado, que tendrá una repercusión importante en la viabilidad del mercado de la energía en Europa. 
Las redes de energía paneuropeas formarán la columna vertebral y el esqueleto del mercado. 
Además, el paquete de liberalización mejorará la circulación y la digestión del mercado. 
La liberalización debe continuar y la red debe mejorar. 
En la primera ronda de la ampliación es preciso que también participen más los nuevos Estados miembros. 
En realidad, nos hemos tenido que pelear con el Consejo por estas dos cuestiones. 
En relación con las redes de energía, al final se alcanzó un compromiso que garantizará la flexibilidad necesaria para modificar el Anexo III, asegurando al mismo tiempo el suficiente seguimiento parlamentario. 
Alcanzar este compromiso no ha sido fácil. 
La liberalización de los mercados de energía no supone ningún cambio drástico, al menos no desde el punto de vista de los países nórdicos, aunque es bueno que se liberalicen. 
Esto es, en definitiva, un paso adelante en la dirección correcta. 
Si es necesario, la Comisión probablemente hará nuevas propuestas para seguir liberalizando los mercados. 
Al contrario de lo que algunos de nuestros amigos socialistas creen que saben, los mercados libres y abiertos de los países nórdicos funcionan bien. 
Ha aumentado la libertad de elección del consumidor, los precios han bajado, los servicios han mejorado y las cosas funcionan de manera más eficiente. 
Los mecanismos del mercado han operado a la perfección. 
Hay que admitir que a veces los precios también pueden subir en un mercado libre. 
Sin embargo, rara vez se dan situaciones en las que el mismo año ve uno de los veranos más secos del siglo junto con uno de los inviernos más fríos. 
Lo más importante en la liberalización de los mercados de energía es que se garantice el acceso sin obstáculos a las redes. 
Por consiguiente, la clara segmentación de la actividad de red y el hecho de que las tareas de las autoridades reguladoras deberían estar suficientemente armonizadas, son dos de los elementos centrales de este paquete. 
Sin ellos podemos olvidarnos de la palabra «competencia» cuando hablemos de los mercados de la electricidad y el gas. 
Es hora de poner punto final al debate sobre este paquete: los compromisos que tenemos ante nosotros son totalmente aceptables. 
El paquete es una condición esencial, aunque insuficiente, para un mercado viable. 
Ahora establecemos el marco legislativo, pero su aplicación también debe supervisarse. 
La Comisión debe dotarse de las herramientas adecuadas para realizar un seguimiento de la viabilidad de los mercados. 
También será muy importante asegurar una inversión suficiente en el futuro. 
Por último, gracias otra vez a quienes han estado trabajando en este paquete legislativo. 
Ha sido un proceso largo, arduo y todo un reto. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar decirle algo a mi amigo y colega, el Sr. Désir, que ha intervenido antes que yo porque él tenía un avión que coger. 
Lo digo con todo mi respeto, pero la gran mayoría de nuestro Grupo respalda esta resolución, este compromiso que hemos alcanzado. 
Por lo demás, opinamos que el service publique o, como diríamos nosotros, los servicios de interés general quedan garantizados mediante esta Directiva, que establece incluso una nueva seguridad jurídica. 
Los servicios de interés general son compatibles con la competencia y los Estados miembros pueden, cuando así lo exija el interés público, establecer excepciones a las leyes de la competencia. 
Lo que quizá vaya a ser doloroso para Francia es la desaparición de la péréquation. No siempre habrá en todas partes precios idénticos, pero también me pregunto qué inconveniente supone el hecho de que bajen los precios en una parte del país. 
Esa es precisamente la finalidad que perseguimos con la competencia. 
Me permito recordar que uno de los motivos por los que a principios de la década de 1990 comenzamos este debate acerca de la liberalización de los mercados energéticos fue el hecho de que los precios en Europa eran muy elevados, y no solo las empresas, sino también nosotros mismos nos quejábamos de sufrir desventajas competitivas en relación con nuestro principal competidor, los Estados Unidos. 
Con estas Directivas llega a su fin un largo proceso. 
Por llevar mucho tiempo en este Parlamento, me permito señalar que el proceso comenzó en realidad a finales del decenio de 1980- aunque con un enfoque absurdo, por cuanto no se contemplaba el Libro Blanco sobre el mercado interior de la energía- y que en aquella época se intentó la apertura del mercado interior a través del Tribunal Europeo. 
Nos propusimos entonces no dejar en manos de los jueces la apertura del mercado, sino convertirlo en un proceso político, que ha culminado en el ámbito europeo con la votación de estas Directivas. 
La transposición de esta Directiva no va a resultar sencilla. 
Acarreará consecuencias para las empresas, y para la labor sindical, ya que las compañías nacionales se convertirán en corporaciones europeas. 
La liberalización conllevará nuevas tareas para los legisladores, sobre todo en lo que respecta a nuestra obligaciones en materia de política de medio ambiente y clima. 
Tendremos también la importante labor de incorporar elementos de dicha política a la liberalización; es decir, tendremos que hacer compatible la política climática con la política de competencia de ambas Directivas y eso representará una nueva tarea. 
Finalmente habrá que conseguir la participación de los países candidatos en este proceso. 
Quiero terminar también expresando mi agradecimiento a todos cuantos han colaborado en este tema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hemos expresado nuestra oposición total y categórica a la liberalización de la energía promovida por la Unión Europea en numerosas ocasiones. 
La reestructuración propuesta solo beneficia a los monopolios fuertes y tiene consecuencias adversas en el coste para la familia media, la planificación energética nacional y la posición de los trabajadores en este sector concreto. 
El Partido Comunista de Grecia considera que la energía no es simplemente un producto de consumo, sino un sector de importancia estratégica para el desarrollo, y como tal, no puede ser objeto de actividades comerciales y especulativas, y debería pertenecer al sector público. 
Por consiguiente, nos negamos a debatir los detalles, las condiciones y la aceleración de la liberalización y las respectivas normas de competencia; en cambio, vamos a apoyar las propuestas que abogan por un rechazo total presentadas por nuestro Grupo político. 
De todos modos, permítanme unos comentarios sobre la regulación de las redes, que se está utilizando para promover las exportaciones de fuertes monopolios comunitarios, que se beneficiarán de la reducción de los costes actuales de transporte. 
Al mismo tiempo, garantiza una elevada rentabilidad pasando las nuevas cargas financieras a la familia media, mientras el aumento de las exportaciones limita el desarrollo de estaciones generadoras en los Estados miembros más débiles con el fin de utilizar las fuentes de energía nacionales. 
Además, el control de las redes nacionales va a pasar de los Estados miembros a la Comisión, mermando las posibilidades de una planificación energética nacional con el fin de reducir la dependencia energética y garantizar que las necesidades de todos los Estados miembros queden satisfechas. 
Los intercambios transfronterizos de electricidad pueden servir para reducir la dependencia energética, garantizar energía barata y aprovechar fuentes nacionales. 
Sin embargo, la condición necesaria para esto es una política de cooperación mutuamente beneficiosa entre países, muy diferente de la que está promoviendo el Reglamento y la política de la Unión Europea en general. 
Señor Presidente, no puedo evitar observar que hemos terminado teniendo dos Directivas, tal y como sugerimos al principio. 
Deseo felicitar a todos mis colegas por su gran trabajo con la Comisión y el Consejo para llegar a este resultado de compromiso. 
Es un tributo al eficaz funcionamiento de nuestra comisión. 
No hemos conseguido todo lo que queremos. 
Experiencias pasadas con anteriores directivas nos han demostrado que meter un pie en la puerta puede dar lugar, y de hecho lo hace, a una apertura mayor de la prevista. 
Lo que me interesa particularmente es la interacción entre la apertura y la liberalización del mercado y la cuestión de la seguridad del abastecimiento. 
Es preciso decir que los mercados más eficientes hacen un uso más eficiente de la energía, y ese es un elemento esencial para mantener la seguridad del abastecimiento. 
Deberíamos ver estas medidas con cierta perspectiva para recordar su finalidad. 
Ante todo, su finalidad es que haya posibilidades de elegir, más valor y un mejor servicio para los consumidores de la energía, tanto domésticos como comerciales. 
La experiencia nos ha demostrado que la competencia facilita estos objetivos, y hemos visto los beneficios de la competencia en el Reino Unido: precios más bajos y un mejor servicio. 
Para que podamos decir que hemos hecho lo suficiente, tendrán que producirse más mejoras en toda Europa. 
Durante los últimos 15 años hemos aprendido que los progresos en la liberalización no se pueden conseguir todos de golpe y que es más probable que una estrategia paso a paso consiga un mejor resultado final. 
Me gustaría advertir a la Comisaria de que el grupo de trabajo Kangaroo Group sobre liberalización de la energía está debatiendo actualmente los próximos pasos que tenemos que dar para abordar el problema de las deficiencias que no se trata plenamente en las actuales propuestas. 
No debemos creer que estas Directivas y Reglamentos sean el final del proceso. 
Señor Presidente, me complace anunciar que en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía de esta tarde, se ha votado unánimemente a favor de la última pieza del puzzle, el paquete del Sr. Clegg. 
Los objetivos de Lisboa son ambiciosos y han requerido unos ponentes obstinados e infatigables, así como una Comisaria bastante decidida, para llegar a la etapa en la que estamos ahora. 
Tenemos una considerable experiencia con la Directiva original de liberalización, bastante limitada, en nuestros Estados miembros. 
Hemos visto que en algunos países se ha producido una apertura de mercado hasta el 100% de los clientes, que en todos los Estados miembros se ha producido una separación de la propiedad de los operadores de las redes hasta cierto punto, aunque no completamente, y que la claridad y transparencia de la regulación han aumentado de forma limitada. 
Sigue habiendo un comportamiento de dominio del mercado, depredador y contrario a la competencia en algunos Estados miembros, y algunos ciudadanos europeos no se han beneficiado de un mercado mayor y abierto en países concretos. 
No temo que lo que se está sugiriendo sea una liberalización salvaje, porque hemos insistido en la separación de la regulación, en las garantías de los servicios públicos y en el etiquetado para indicar el impacto medioambiental, que permite una elección informada de los clientes. 
Hemos visto que estas normas impedirán la existencia de filiales cruzadas, sobre todo la utilización bastante escandalosa de los fondos para desmantelamiento del sector nuclear. 
No se trata de un comentario antinuclear, sino de un comentario a favor del juego limpio. 
La liberalización tiene sus riesgos, pero no afectan a la seguridad del abastecimiento. 
Sin embargo, pueden verse afectadas las elecciones de tipos de energía. Eso es algo que tenemos que analizar. 
No es necesario poner en peligro la protección del medio ambiente, ni tampoco el acceso del público a la energía. 
De hecho, la escasez de combustible se ha reducido gracias a la liberalización llevada a cabo en el Reino Unido. 
Es preciso investigar los riesgos. Ese es un riesgo importante y en nuestro trabajo en el futuro debemos dedicarle atención. 
Asimismo, existe un riesgo de que se pierdan capacidades, un riesgo al que también deben prestar atención los Estados miembros y la Unión Europea. 
La votación de mañana es histórica, aunque utilizamos esa calificación para muchas votaciones de este Parlamento. 
Es un importante paso adelante. 
La enmienda 6 al informe Mombaur no debería ser admisible. 
Esto no se ha contemplado antes, pero felicito a los que han trabajado con tanto esfuerzo en este paquete. Gracias a él, en Europa tendremos un mejor uso de la energía. 
Señor Presidente, en nuestra opinión la liberalización de los mercados de la energía ilustra una vez más la ruptura entre las instituciones europeas y los pueblos de Europa. 
El voto del Parlamento Europeo corre el riesgo de no ser más que un acompañamiento de la estrategia de liberalización rápida de los mercados de la electricidad y del gas, así como del conjunto del servicio público. 
Porque la exaltación de los supuestos efectos positivos de la competencia, es decir, la transparencia, la disminución de los costes de producción, el aumento de las posibilidades en materia de empleo, se contradice a diario con la realidad. 
En la realidad, vemos sobre todo la opacidad de las decisiones, el desvío de fondos públicos a intereses privados, independientemente del estatuto de las empresas, el rápido aumento de las tarifas para los usuarios, la concesión de ventajas a grupos privados carentes de ética y la supresión de empleos por centenas de millares en Europa, mientras que los estatutos de los trabajadores, por su parte, han sido arrojados por la ventana. 
La energía, para nosotros, es una necesidad esencial y el acceso a ella un derecho fundamental. 
Pensamos que solo un verdadero control público y democrático permitiría racionalizar la producción y el consumo de energía garantizando el respeto del medio ambiente y ajustes de tarifa plana. 
Sería un primer paso hacia un servicio público europeo que respondiera a las necesidades actuales de los usuarios y los asalariados. 
El Parlamento parece ajeno a esta preocupación. 
Para asumir plenamente su responsabilidad con respecto a los ciudadanos de Europa, el Parlamento debería rechazar las directivas relativas al sector de la energía e iniciar un verdadero debate democrático sobre los efectos reales de la política que parece arraigar hoy en día en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la liberalización del mercado de la energía representa en primera instancia una ventaja para los consumidores, para los ciudadanos de Europa. 
¿Por qué constituye una ventaja? 
Porque podrán adquirir en el mercado los servicios que más les convengan. 
No solo podrán establecer diferencias en cuanto a cantidad como hasta ahora, sino sobre todo en cuanto a calidad y, en el futuro, también, en cuanto a precio. 
Creo que entre todos hemos conseguido un enorme logro en relación con el etiquetado, por cuanto en el futuro será obligatorio para las empresas suministradoras especificar de dónde procede la electricidad, la Comisión lo verificará de forma independiente y dispondremos de un grupo de organismos reguladores europeos que intercambiarán entre sí experiencias y promoverán con ello la competencia en beneficio del consumidor y del ciudadano europeo. 
Lo cierto es que competencia significa servicio y eso es lo que quieren los ciudadanos, quieren servicio y libertad de elección. 
En el futuro, la combinación de fuentes de energía tendrá que aparecer cada año en la factura. 
Eso significa que yo, como consumidor, exigiré en el futuro- al menos a partir del 1 de julio de 2007- el derecho a buscar una compañía de electricidad que suministre el 100% de la energía de origen hidráulico. 
Creo que eso constituye un avance muy significativo para todos nosotros y que aumentará notablemente en el futuro la transparencia. 
Las importaciones de energía tendrán que estar controladas por los Estados miembros y tendrá que certificarse su procedencia. 
Y, por último, es prioritaria la plena aplicación del derecho comunitario. 
Creemos que los fondos de desmantelamiento, junto con los intereses generados por ellos, deben destinarse exclusivamente a la finalidad original, de manera que los costes correspondientes sean soportados por el tipo de generación de electricidad en cuestión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todo esto es demasiado bonito para ser verdad. 
La energía no es un mercado como los demás. 
Por una parte, existe un monopolio natural en el ámbito de las redes de distribución y transporte, lo cual reduce la competencia. 
Por otra, es un sector donde las variaciones de precios, a falta de una reglamentación suficiente, pueden ser inmensas dada la rigidez de la demanda y la imposibilidad del almacenamiento de la electricidad. 
Por último, el acceso a la energía para todos los ciudadanos debe considerarse un verdadero derecho, lo cual plantea, de nuevo, la cuestión del servicio público. 
Por supuesto, las obligaciones de servicio público están incluidas en los textos, pero no van muy lejos. 
En efecto, se deja demasiada libertad a los Estados miembros en la organización y la definición de estas obligaciones de servicio público, lo cual permitirá legitimar los comportamientos de los Estados miembros que otorgan menos importancia a los imperativos de cohesión social y de los derechos de los ciudadanos. 
Además, la libre competencia entre operadores pasa, en estos textos, por delante de las obligaciones de servicio público. 
¡Justo en el momento en que la Comisión, con su Libro Verde, inicia el debate sobre los servicios de interés general! 
¿Por qué no podríamos habernos tomado el tiempo de evaluar los procesos de liberalización sectorial y de hacer de esta cuestión el núcleo de una política europea? 
Señor Presidente, Señorías, aquellos que me conocen no se sorprenderán al oírme confirmar esta noche que, puesto que la energía no es a mi entender una mercancía corriente, estoy, junto con mi Grupo, totalmente en contra de las nuevas propuestas de liberalización de los mercados del gas y la electricidad. 
Para nosotros, a pesar de las precauciones de forma y de las habilidades oratorias innegables de nuestra Comisaria y nuestros ponentes, estas propuestas van en contra del necesario ahorro energético y, por tanto, en contra la defensa del medio ambiente. 
Producirán pérdidas de puestos de trabajo y, sobre todo, un mayor deterioro de los servicios públicos, así como la degradación de las herramientas de ordenación del territorio que son las redes de energía y los ajustes de precios. 
Atentarán contra la diversificación de fuentes de energía, aunque estas son cada vez más indispensables. 
Darán prioridad a visiones y cálculos a corto plazo. 
La lógica del mercado interior, por tanto, es particularmente inadecuada para el sector de la energía. 
Terminaré señalando que lejos de ser partidario de volver a los tiempos del control estatal, estoy a favor de un mundo regulado y un porvenir para el que nos hemos preparado. 
La energía es, en este sentido, una herramienta fundamental, quizá la más importante. 
Me atrevo a esperar que, conscientes de lo que está en juego, terminaremos pasando de una simple lógica de mercado a una visión política basada en el concepto de ciudadanía que sea merecedora de le herencia que vamos a legar a nuestros hijos en este terreno. 
Señor Presidente, sin querer restar ningún mérito al gran trabajo desarrollado por los diputados, este es un tema en el que el análisis y las reflexiones no se acaban nunca. 
Quisiera detenerme brevemente en el mercado de la electricidad. 
En el escenario europeo se registran diferencias estructurales que en mi opinión difícilmente pueden superarse con la mera puesta en marcha del proceso de liberalización. 
En el contexto europeo, el mercado de la electricidad se ha preocupado de la interconexión de los mercados, pero no de crear unas condiciones uniformes de acceso a las generaciones, unos órdenes institucionales y unas simetrías en la elección del combustible, etc., capaces de crear condiciones simétricas de competencia en el segmento de las generaciones. 
El reglamento transfronterizo, a través de mecanismos de mercado- por ejemplo, las subastas específicas- en los países penalizados por las condiciones internas de producción, compromete las situaciones de ventaja económica para los consumidores finales derivadas de la disponibilidad de energía de importación. 
Habida cuenta de los diferenciales de coste y de la congestión derivados de una demanda de energía de importación netamente superior a la oferta, el efecto último será la convergencia del precio externo y el interno. 
Esta situación se agravaría con la partida del sector nuclear, lo que conduciría a la peculiar situación de quienes se ven obligados a contribuir al coste de clausura de otros países cuando en realidad no pueden beneficiarse, dado el mecanismo de mercado previsto por el reglamento transfronterizo, de la energía producida por las centrales nucleares. 
Aun considerando que, a largo plazo, los mecanismos de eficiencia de flujo propuestos por el reglamento transfronterizo son compartibles, nos parece muy perjudicial su aplicación a corto plazo. 
Por tanto, el paquete de directivas podría obtener el consenso solo si se prevé una aplicación gradual de los mecanismos de mercado, porque el reglamento transfronterizo no podrá producir los mismos efectos positivos para los consumidores finales de los Estados miembros si existen disparidades en los flujos de intercambio. 
Señor Presidente, soy partidario de un mercado integrado en las industrias de red que sirva de base a una economía europea competitiva y a la integración social, particularmente mediante la interconexión, pero con dos condiciones fundamentales: que las redes se traten como bienes públicos y que seamos capaces de llevar a cabo una política energética común. 
Apoyo y celebro la labor de la Sra. Palacio en este sentido. 
No obstante, hago constar que ni nuestros Estados ni nuestras instituciones asumen aún el concepto de bien público ni adoptan tampoco la idea de una política común. 
Es más, los Tratados no les confieren la competencia para ello y el resultado de la Convención a este respecto es bastante incierto. 
Indiscutiblemente, estas directivas sectoriales pretenden avanzar por la vía de las obligaciones de los servicios públicos: servicio universal, medio ambiente, interconexión, seguridad del suministro, pero no son más que recomendaciones a los Estados. 
Sabemos muy bien que no tenemos poder legislativo para establecer un derecho europeo. 
Sin duda, pisamos también el terreno de un reglamento, y por reglamento entiendo la acción pública que permite no solo introducir una verdadera competencia, sino ajustarla asimismo a las obligaciones de servicio público. 
En lo esencial, hace falta seguir desarrollando la competencia. 
Para algunos colegas, hay que hacerlo a la fuerza. 
Resulta fácil estigmatizar a los dinosaurios, estimado señor Turmes, descuidando la contribución de los operadores históricos y lo que han hecho por los consumidores. 
Es muy fácil reclamar en todo momento una mayor «desintegración» , pero nadie en el mundo sabe aún regular correctamente un sistema competitivo «desintegrado» multinacional. 
Es diez veces más difícil que en un sistema de monopolio integrado nacional. 
No hemos asimilado la experiencia californiana, la volatilidad de precios, la inadecuación de los contratos a largo plazo. 
No sabemos asegurar las inversiones de desarrollo. 
En particular, me refiero a la obligación, a mi entender prematura, de separación con respecto a la distribución, en relación con la cual algunos diputados intentan sobrepujar a la Comisión, porque quieren llegar tan lejos como separar la propiedad. 
No somos los únicos que queremos crear un mercado minorista para el suministro de electricidad a los hogares. 
En Estados Unidos y Canadá hay un debate encarnizado. 
¿Compensan los beneficios a los costes? 
¿Cuáles son los beneficios? 
Quizá el precio de una pizza por año para un hogar medio. 
¿Y las desventajas? 
Todos los costes de transacción y la falta de seguridad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en mi país, Austria, todos los clientes pueden elegir libremente desde el año 2001 su proveedor de electricidad y desde 2002, el de gas. 
A la liberalización regulada debe seguirle una fase de mayor desregulación. 
Queremos un mayor grado de competencia, en vez de presión reguladora. 
Por eso decimos «sí» al mercado interior. 
En este contexto me pregunto en primer lugar: ¿por qué en la mayoría de los casos se sigue siendo como referencia el mercado nacional para evaluar la situación de la competencia? 
¿Guarda alguna relación esta idea anticuada con el intercambio transfronterizo de electricidad y gas y la realidad de las redes? 
Mi respuesta sería negativa. 
¿No se está fomentando con ello la distorsión de la competencia en beneficio de los Estados y de las compañías generadoras de energía más grandes en detrimento de los más pequeños? 
Es preciso y aconsejable reconsiderar esta cuestión. 
En segundo lugar, agradezco al ponente, el Sr. Mombaur, y a la Comisión, que se hayan hecho eco de los aspectos que preocupan a la Asociación de Operadores de Redes de Transmisión Europeas y a Vorarlberger Illwerke AG por la forma en que se pretende cambiar la definición del flujo transfronterizo de electricidad para hacer referencia a zonas reguladas en lugar de las fronteras de los Estados miembros. 
La definición antigua tiene una connotación más nacional que europea y, por tanto, contraria a la promoción de los intercambios transfronterizos de electricidad por medio de la integración del mercado interior de la electricidad. Eso lo tenemos que cambiar. 
En tercer lugar, quiero que me aclaren una cosa. 
Hablamos continuamente de los órganos reguladores de los correspondientes Estados miembros. 
Ese término debe referirse siempre a las autoridades competentes, porque no siempre los órganos reguladores son necesariamente las autoridades competentes. 
Muchas gracias, señora Comisaria Loyola de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0144/2003) del Sr. Wilhelm Ernst Piecyk, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 417/2002 relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 2978/94 del Consejo (COM (2002) 780- C5-0629/2002- 2002/0310 (COD) ). 
. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, si esta misma semana logramos someter este informe a votación, creo que habremos logrado en un tiempo récord algo que los habitantes de Europa y la opinión pública esperaban con impaciencia. 
Porque era obvio que después de los accidentes del Prestige y del Erika tenía que suceder algo. 
No vamos a darles ni una oportunidad más a los buques viejos y peligrosos en cuanto al transporte de petróleo se refiere. 
Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo y el Consejo disponen que los cargamentos a granel no podrán entrar ni salir de los puertos de la UE más que en buques de doble casco. 
Combinando ambas cosas- que para mí son las más importantes: la entrada y salida de crudo en los puertos europeos exclusivamente en buques de doble casco y la retirada acelerada de los petroleros monocasco -, contribuiremos de manera considerable a aumentar la seguridad de los mares y las aguas europeas. 
Desde la iniciativa de la Comisión hasta la primera lectura hoy en el Parlamento solo han transcurrido unos pocos meses y esta primera lectura va a ser también la última, ya que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han puesto de acuerdo en esta cuestión y han adoptado un enfoque unitario. 
Por ello deseo expresar mi gratitud más sincera a los miembros de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo que han colaborado en este procedimiento, así como a la Presidencia griega- como ya ha expresado la Sra. Comisaria -, que ha hecho un trabajo excelente y ha logrado poner de acuerdo al Consejo y al Parlamento para que actúen con diligencia en esta cuestión. 
El procedimiento acelerado ha sido posible porque ha existido la voluntad política de consenso y, para ser sinceros, porque el desastre del Prestige ha hecho más acuciante la necesidad de actuar. 
Respecto al calendario propuesto para la retirada, permítanme solo la siguiente observación: los petroleros monocasco de la categoría 1, es decir, los barcos construidos antes de 1982, no pueden estar en activo más de 23 años y deben ser retirados de la circulación como muy tarde en 2005. 
Los petroleros monocasco de las categorías 2 y 3, construidos entre 1982 y 1996, podrán navegar como máximo hasta 2010. 
En este punto, el Consejo y el Parlamento han ido un poco más lejos que la Comisión, pero considero acertada la justificación para unificar las categorías 2 y 3, ya que no existe ninguna diferencia a excepción del tonelaje. En lo que respecta al transporte de hidrocarburo pesado, se han incluido debidamente los pequeños petroleros de 600 y 5. 
000 toneladas. En este punto también hemos llegado a un compromiso, ya que en virtud de su escaso número y por razones de aprovisionamiento, hemos fijado como fecha límite el año 2008, es decir, que a partir de entonces solo se podrá transportar hidrocarburo pesado en pequeños petroleros de doble casco. 
En este contexto quisiera detenerme en el aspecto internacional: sabemos naturalmente que la navegación tiene carácter internacional y que los reglamentos europeos por sí solos no abarcan todo. 
Pero sin reglamentos europeos no conseguiríamos hacer ningún progreso adecuado en la premiosa Organización Marítima Internacional, por lo que es bueno que la OMI celebre a finales de este año la conferencia correspondiente, y la Comisión y el Consejo cuentan con el pleno respaldo del Parlamento para elevar allí el Reglamento europeo al rango de Reglamento internacional. 
Y naturalmente es acertado que los petroleros de doble casco no constituyan por sí solos el factor de seguridad decisivo. 
Los controles portuarios, el mantenimiento de los barcos, la formación adecuada de las tripulaciones y el buen pilotaje, a menudo con ayuda de prácticas en aguas problemáticas, constituyen factores de seguridad complementarios. 
El razonamiento de la industria del petróleo, expuesto en el «Neue Zürcher Zeitung» , de que un petrolero monocasco bien mantenido y con una tripulación adecuada puede ser mucho más seguro que un petrolero de doble casco con un mantenimiento negligente y con una mala tripulación, no es que sea erróneo, pero sí hipócrita y un poco ingenuo. 
Porque nadie sostiene que un coche de 50 años de antigüedad sea peor que un Rolls-Royce recién estrenado al que le funcionen los frenos y cuyo conductor no se quede dormido. 
Este tipo de argumentación por parte de la industria petrolera es un poco tendenciosa. 
Nosotros, por el contrario, creemos que la combinación de diferentes factores es lo que aumenta la seguridad de un buque. 
Permítanme que haga referencia a otro par de cuestiones: frente a la costa sueca se ha hundido un carguero chino y hay un vertido de petróleo. 
Hasta ahora se han vertido 400 toneladas. Por eso necesitaremos también en el futuro que se reglamente la forma de aumentar la seguridad del propio carburante de los petroleros de doble casco. 
Los buques antiguos deben retirarse de la circulación y eliminarse de manera segura. 
El hundimiento de barcos en los Mares del Sur no constituye un procedimiento respetuoso con el medio ambiente. 
Una última cuestión: Europa tiene una especial necesidad de renovar y mejorar sus buques. Y a la vista de la probada situación de dumping, no tienen que construirse todos ellos en Corea. 
Aunque no estamos hablando hoy aquí de subvenciones, sí que pedimos a la Comisión y al Consejo iniciativas imaginativas, ya que la construcción de mejores barcos en los astilleros europeos tiene, desde luego, más sentido desde el punto de vista económico que lo ocurrido en las costas gallegas. 
Señor Presidente, en general la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía está de acuerdo con la propuesta de la Comisión y las enmiendas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Dos de ellas fueron aceptadas en su mayor parte en el informe del Sr. Piecyk. 
Una afectaba a la cuestión de los barcos rompehielos que transportan combustible en el Báltico. 
La otra se refería a que los petroleros de 600 a 5 000 toneladas, puesto que nos preocupaba que no estuvieran disponibles. 
Queríamos una moratoria de cinco años hasta 2008. 
Esa moratoria durará más o menos cinco años, así que estamos de acuerdo con eso. 
Nos sorprendió esta cifra de 25,7 API que se sacó para la definición del crudo pesado. 
El nivel internacional generalmente reconocido entre intermedio y pesado es de 22 API. 
No entendemos por qué ese nivel, que nosotros propusimos, no era aceptable. 
Por lo visto, el Consejo también ha preferido esta cifra de 25,7, que probablemente causará algunos problemas, sobre todo en los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte. 
Así están las cosas. 
Dicho esto, eso no evitará el próximo vertido de petróleo. 
Hasta que consigamos que la OMI introduzca este tipo de normas, seguiremos teniendo Prestiges con bandera no comunitaria saliendo de un puerto no comunitario y navegando por la UE hasta un puerto no comunitario. 
Esos son los problemas que tenemos que abordar. 
Realmente tenemos que conseguir que la OMI cumpla estas normas. 
Asimismo, debemos tener un plan para ayudar en la transición de petroleros monocasco a petroleros de doble casco, sobre todo en el segmento de 600 a 5 000 toneladas. 
Es preciso establecer un sistema de ayudas para el desguace y la construcción. 
Señor Presidente, desearía en primer lugar dar las gracias a la Sra. Loyola de Palacio por su excelente labor, y a mi colega el Sr. Piecyk, que ha producido en un especio de tiempo muy reducido un trabajo bien pensado y, en mi opinión, de una gran calidad con el fin de mejorar el texto de la propuesta. 
Me gustaría centrarme en dos aspectos; en primer lugar, el de la legislación. 
Es cierto que Europa ha tomado muchas medidas, pero no es menos cierto que la opinión pública, hoy en día, duda cada vez de que se estén aplicando. 
Al margen de este informe sobre el doble casco- cuyo efecto demostrativo no debería en cualquier caso tener un impacto excesivo sobre nosotros, pues sabemos bien que los dobles cascos no eliminarán todo el riesgo marítimo y que el riesgo cero no existe -, nos parece muy importante que la Unión Europea asegure que se cumplan efectivamente los paquetes legislativos Erika I y Erika II. 
A este respecto he de decir a la Sra. Comisaria que he realizado un recuento detallado en relación con el puerto de Burdeos el año pasado, después de la catástrofe del Prestige. 
Ocho barcos basura incluidos en la lista negra europea atracaron en el puerto sin que las autoridades marítimas francesas pudieran confirmar si habían sido debidamente controlados. 
Supongo que lo que ocurrió en un pequeño puerto es representativo de una realidad mucho más amplia en toda Europa y, en mi opinión, lo que quieren nuestros conciudadanos hoy en día es que Europa haga directamente responsables a los Estados miembros, tan directamente responsables como sea posible, ya que sabemos que no todos avanzan al mismo ritmo y unos están más dispuestos a cooperar que otros. 
La segunda cuestión se refiere a la reparación de daños relacionados con catástrofes como la del Prestige. 
Debo decirle, señora Comisaria, que hay una gran desilusión en Francia. 
El FIPOL no aportará más que un 15%, y los fondos estructurales no aportarán más que lo que está cubierto por el IFOP. 
Creo que esto supone un grave daño para la imagen de toda la Unión Europea y para la Comisión en particular. 
Por último, en lo que se refiere a la reparación de los daños, quisiéramos recibir información precisa sobre el progreso realizado en el tratamiento del barco naufragado y lo que probablemente nos deparará el futuro. 
¿Nos enfrentamos a una contaminación crónica que durará años o asoma alguna solución en el horizonte? 
Hace varios meses que las autoridades no dan la cara. 
Necesitamos información precisa y, si es posible, debemos tranquilizar a nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar las gracias al ponente por la premura y la rapidez con que ha elaborado esta propuesta, pero sobre todo por la solidez de la propuesta para acelerar la retirada paulatina de los petroleros de casco único en aguas europeas. 
Por desgracia, fue necesario el accidente del Prestige para que nosotros adoptáramos medidas una vez más y para convencer finalmente al Consejo de que hemos de elaborar una política común y reforzar los paquetes de Erika con estas medidas. 
Tengo dos enmiendas que guardan relación con el anexo de esta propuesta. 
En primer lugar, como liberal que soy, no me gusta que en una propuesta tan importante como esta hablemos de ayudas estatales para el sector marítimo. 
Reconozco que es muy necesario hacer algo, preferiblemente a través de la OMC, para poner fin al dumping de buques en el mercado mundial por parte de países del Lejano Oriente. 
Espero que la Comisión Europea aprecie también esta necesidad. 
Ahora bien, creo firmemente en la fuerza del sector de la construcción naval en Europa. 
No me parece que las ayudas a corto plazo sean eficientes. 
Considero que mi enmienda relativa al considerando 7 bis es un buen complemento de un informe por lo demás excelente. 
Mi segunda enmienda refleja la gran responsabilidad que siento respecto a las consecuencias de acelerar la retirada paulatina de los petroleros monocasco a través de esta política comunitaria. 
Tengo la firme convicción de que ello ha de ir acompañado de una normativa vinculante para todos los armadores de la UE y todos los buques con bandera de Estados miembros de la UE para que desguacen los buques retirados paulatinamente de una manera responsable. 
En el caso de los automóviles tenemos la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil. 
Creo que algo así debería aplicarse también en este caso. 
En resumidas cuentas, véase el considerando 5 bis. 
La acumulación de petroleros sobrantes en la costa de Bangladesh y la India ha causado mayores catástrofes y ha tenido peores consecuencias que las del desastre del Prestige, ya de por sí terribles. 
Señora Comisaria, existen ya iniciativas que permiten el desguace comercial de buques de una forma ecológica en Europa. Eso se llama gestión de residuos. 
La práctica de hundir los buques en alta mar y de desguazarlos de cualquier manera en las regiones pobres ha de quedar relegada al pasado. 
Espero, por tanto, que en el futuro los petroleros de doble casco sean realmente más seguros, en parte gracias a los controles portuarios. 
Celebro personalmente, como celebra mi Grupo, la intención expresada por la Comisión con la presentación de esta iniciativa reglamentaria, que en cualquier caso apoyamos. 
Pero hay que decir que llega tarde, porque ya hemos sufrido la catástrofe del Prestige cuando éste no debería de haber navegado, de acuerdo con las primeras propuestas de la Comisión. 
Llega tarde y se queda muy por debajo de lo necesario. 
La Unión debería tomar iniciativas políticas y legislativas tendentes a prohibir la circulación de buques de casco único que transporten mercancías peligrosas, como los derivados del petróleo, en aguas de soberanía económica de la Unión Europea, y no sólo como dice el reglamento prohibir su entrada en los puertos y su permanencia en las zonas de anclaje comunitarias. 
Por otro lado, nos gustaría que se definiesen en este reglamento las «zonas costeras sensibles» , y se restringiese el acceso a las mismas a los petroleros que presenten un peligro especial. 
En todo caso, debemos ser conscientes de que, por responsabilidad de determinados Estados de la Unión Europea y de parte de esta Asamblea? y más allá de la cuestión del casco doble, que apoyamos? , no están en vigor ni están previstas medidas políticas y legislativas capaces de impedir una catástrofe si se produjera un nuevo caso Prestige. 
Nosotros, los gallegos, tenemos una conciencia viva y dolorosa de esta realidad. 
Después de este reglamento, y a pesar de él, un nuevo Prestige podría volver a circular frente a las costas gallegas y los demás países afectados: no hay ninguna ley que lo impida. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente por la forma eficaz y correcta con que ha trabajado para elaborar este informe. 
Los ciudadanos europeos, así como el medio ambiente y el sector marítimo, esperan una Europa capaz de tomar medidas enérgicas para hacer frente al problema de los vertidos de petróleo que contaminan los mares. 
Creo que las propuestas que tenemos hoy ante nosotros son las más viables. 
A la larga, quisiera ver también reflejadas en una Directiva las demás propuestas que ha presentado mi grupo y que son: la nueva definición de los petróleos pesados como residuos, la creación de un servicio europeo de guardacostas y la imposición de un porcentaje obligatorio de inspecciones de buques por puerto y no por Estado miembro, pues de lo contrario, dentro de 15 años volveremos a tener los mismos problemas con los petroleros de doble casco. 
Quiero hacer también otros dos comentarios. 
El primero de ellos es sobre la construcción naval. 
Las cosas van muy mal en el sector de la construcción naval en Europa. 
El fortalecimiento del paquete Erika puede dar nueva vida a este sector. 
La Comisión puede presentar propuestas en este sentido. 
En segundo lugar, comparto la preocupación de mi colega, el Sr. Vermeer, concretamente en relación con las medidas a escala mundial. 
Señorías, existe el peligro de que Europa exporte con ello catástrofes petroleras. 
Por ello, soy partidaria de exigir enérgicamente a la Organización Marítima Internacional que se retiren definitivamente de la navegación los petroleros de casco único en todo el mundo y antes de lo previsto. 
Señora Comisaria, usted ha señalado que son necesarias una serie de medidas. 
Como hemos oído en esta Cámara, el refuerzo contra el hielo es necesario en algunas zonas marinas. 
¿Está dispuesta la Comisión a apoyar que este reglamento establezca una condición vinculante relativa a esta cuestión? 
¿O qué otras medidas piensa tomar la Comisión? 
Muchas gracias, señora Comisaria Loyola de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0115/2003) de la Sra. Erika Mann, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre las zonas regionales de libre comercio y la estrategia comercial de la Unión Europea (2002-2044) INI) ). 
Señor Presidente, la liberalización multilateral del comercio casi siempre ha estado acompañada en el período de posguerra de un proceso paralelo de integración regional. 
En concreto, en los años 90 se produjo un incremento exponencial del número de acuerdos comerciales regionales negociados. 
El término «regionalismo» se refiere a la reacción de los Gobiernos para liberalizar o facilitar el comercio a escala regional, en ocasiones mediante zonas de libre comercio o uniones aduaneras. 
En un doble contexto de la OMC, los acuerdos comerciales regionales tienen tanto un significado amplio como un sentido más concreto. 
El artículo 24 del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) permite el establecimiento en condiciones excepcionales de iniciativas de comercio regional preferente, siempre que cumplan los siguientes criterios: en primer lugar, es preciso que los miembros dobles de la OMC reciban la notificación de los detalles; en segundo lugar, los derechos y otras barreras comerciales deberían reducirse o eliminarse de forma sustancial en todos los sectores comerciales en el grupo; y, en tercer lugar, las barreras comerciales para no signatarios no deberían ser más elevadas que antes. 
Los acuerdos comerciales regionales no son uniformes. 
El alcance y la profundidad del tratamiento preferente varía de un acuerdo a otro. 
Algunos afectan únicamente a unos productos o sectores, mientras que otros pueden ir mucho más allá de los derechos tradicionales, abarcando áreas como la propiedad intelectual y las normas. 
De hecho, varios acuerdos de comercio regionales que se están negociando actualmente parecen anticipar una evolución del sistema de comercio multilateral intentando cubrir áreas que hasta ahora habían quedado excluidas o no se habían debatido de forma suficiente en el ámbito multilaterial, como la contratación pública, el trabajo infantil y los derechos humanos. 
En los últimos años, los acuerdos comerciales regionales se han desarrollado hasta adoptar una configuración más compleja y hay un creciente número de redes de acuerdos comerciales regionales solapados que se extienden por continentes a escala regional y subregional. 
Formar parte de un acuerdo comercial regional tiene sus ventajas políticas. 
En un ámbito más importante, los acuerdos comerciales regionales tienen un gran valor estratégico y una función a la hora de mantener el equilibrio geopolítico de las regiones. 
Son útiles señales del interés de una gran potencia en la región, y mantener fuertes lazos económicos y comerciales con todas las grandes potencias puede resultar un medio eficaz de mantener la estabilidad regional. 
Las zonas de libre comercio deberían basarse en la norma de la reciprocidad. 
No obstante, hay que tener en cuenta que la facilitación del comercio y la mundialización dependen en gran medida del desarrollo relativo de los países participantes. 
Las diferencias en competencias de negociación, tecnología, financiación y calidad de la infraestructura son solo algunos de los impedimentos para la satisfactoria conclusión de un acuerdo en el que participe como mínimo un país en vías de desarrollo. 
Sin embargo, no se puede dejar fuera de la liberalización del comercio multilateral al mundo en vías de desarrollo. 
La integración regional es la piedra angular de la Unión Europea. 
El aspecto comercial ha sido un componente esencial de lo que ha acabado evolucionando hasta convertirse en una unión política general. También ha servido para mantener las relaciones exteriores comunitarias con terceros países. 
Las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Ámsterdam de junio de 1997 describen los principios de la política comunitaria en relación con las zonas de libre comercio. Esta descripción fue complementada por el informe al Consejo Europeo sobre el desarrollo de la política comercial y los acuerdos preferentes de la Comunidad, que establece el objetivo comunitario de reflejar la naturaleza de las relaciones con los socios afectados y un entorno geopolítico más amplio. 
En el mismo documento, la Comisión afirma también que la política comercial- sobre todo el aspecto de las zonas de libre comercio- permite el desarrollo simultáneo de un marco regulador pertinente de una forma más exhaustiva que la que permiten actualmente el marco multilateral relevante y los plazos de la OMC. 
La UE se está alejando lentamente del establecimiento de zonas de libre comercio tradicionales con sus principales socios comerciales. Pretende una mayor integración y busca la convergencia de los regímenes reguladores. 
El Parlamento Europeo y el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía apoyan esta estrategia de la Comisión. 
La Comisión prima el enfoque multilateral, algo que también apoya la comisión. 
Sin embargo, a pesar de sus fuertes relaciones económicas, la UE no tiene ninguna zona de libre comercio en Asia. 
Una zona de libre comercio con un país asiático establecería firmemente la presencia de la UE en esa región. 
Líderes regionales de la ASEAN han indicado que acuerdos como el propuesto por Singapur a la UE no pondrían en peligro las relaciones regionales. 
Al contrario, mientras el acuerdo ofrezca un margen de ampliación dentro de la región ASEAN, podría reforzar el impulso. 
Desde un punto de vista estratégico, la presencia comercial comunitaria también contrarrestaría la influencia y el dominio de China y de los Estados Unidos. 
Espero que, en la votación de mañana, mis colegas apoyen un acuerdo con Singapur, que espero que podremos firmar muy pronto. 
Sé que la Comisión tiene ciertas reservas sobre ese acuerdo. 
Sin embargo, ya ha firmado un amplio acuerdo político con la región ASEAN. 
Por lo tanto, estoy segura de que, en un futuro próximo, habrá un entendimiento mutuo como mínimo entre la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, la Comisión y espero que también el Parlamento en su votación de mañana. 
Señor Presidente, este informe de iniciativa propia de la Sra. Mann sobre las zonas regionales de libre comercio aborda dos cuestiones centrales de la política comercial de la Unión. 
La primera es la cuestión de la política comercial como herramienta estratégica de relaciones exteriores, más particularmente en materia de política de desarrollo. 
La segunda se refiere a la relación entre el enfoque multilateral y el bilateral. 
Antes de abordar estas cuestiones concretas, quiero agradecer a la Sra. Mann este excelente trabajo y el espíritu de cooperación con que lo ha llevado a cabo, lo que ha hecho posible, durante bastante tiempo, intercambiar ideas e información, lo que creo que nos han permitido progresar a unos y otros, el Parlamento y la Comisión, en nuestras reflexiones. 
Como acaba de indicar la Sra. Mann, nuestro enfoque se funda en las conclusiones de Ámsterdam de junio de 1997. 
La política comercial de la Unión opera en dos niveles complementarios: en primer lugar, el multilateral, el de la Organización Mundial del Comercio, y en segundo lugar, el bilateral, que es cada vez más de carácter regional. 
Estos dos niveles se justifican, en primer lugar, por el hecho de que el unilateralismo no es una opción para la Unión Europea, y esto lo sabemos desde hace mucho. 
Además, también por el hecho de que, puesto que el multilateralismo es nuestra prioridad, el regionalismo, o nuestros acuerdos bilaterales, complementan esta opción multilateral, de forma que el segundo nivel está de algún modo subordinado al primero. 
Desde este punto de vista, el regionalismo no es una especie de sucedáneo de multilateralismo, sino el complemento de una opción fundamental, que es la de la Organización Mundial del Comercio. 
Consideramos en efecto que los mercados mundializados necesitan normas comunes e instituciones mundiales que los regulen. 
Esta fe de la Unión en el enfoque multilateral, que ya era suya hace una década, es hoy en día todavía más fuerte. 
Queremos gestionar la mundialización y reducir el efecto desestabilizador de una serie de factores. 
El enfoque de un sistema comercial multilateral es nuestra prioridad a ese respecto, como refleja el orden del día adoptado en Doha. 
Desde este punto de vista, existe, en mi opinión, un gran consenso entre la postura de la Sra. Mann y la de la Comisión. 
Es, por tanto, el enfoque multilateral el que, de momento, constituye nuestra prioridad más inmediata y es la razón de que hayamos pospuesto toda decisión de emprender nuevas negociaciones relativas a las zonas de libre comercio hasta que el ciclo que hemos empezado en Doha haya concluido. 
Además de esta limitación temporal, consideramos que toda nueva iniciativa en este campo debe estar debidamente justificada y responder a una serie de condiciones. 
En primer lugar, compatibilidad con la OMC, y la Sra. Mann ha recordado las reglas en la materia. 
En segundo lugar, un acuerdo bilateral debe aportar algo más con respecto a la OMC, y cuando digo esto, pienso en el valor de la OMC al final de la ronda de Doha. 
En tercer lugar, por último, una nueva iniciativa no debe distraernos de nuestra prioridad multilateral. 
¿Descuidaremos, así pues, las zonas de libre comercio? 
No. 
La Unión ha empleado a menudo estas negociaciones regionales. 
Además, mantenemos muy activamente una serie de ellas, con el Mercosur y con el Consejo de Cooperación del Golfo, y recientemente hemos llegado a acuerdos con Chile y Egipto, entre otros. 
Estos acuerdos, tanto los más recientes como los que estamos negociando, presentan rasgos que son más bien nuevos en relación con el concepto tradicional de una zona de libre comercio. 
De alguna forma, hemos cambiado de generación. 
La liberalización del comercio de bienes y servicios conlleva cada vez más la adopción de normas que establecemos bilateralmente y que van más allá de las normas multilaterales. 
Una segunda característica de esta nueva generación de acuerdos es que la Unión busca cada vez más desarrollar las relaciones de región a región. 
Ejemplos: Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo, pero también la Comunidad Andina, Centroamérica y el Sudeste Asiático- sobre los que volveré en un instante -, o incluso las negociaciones regionales que se van a iniciar en breve en África. 
Consideramos en efecto hoy en día que este enfoque regional, que agrupa a varios de nuestros socios, podría producir los resultados más interesantes económicamente, dado que, de alguna forma, la integración regional por parte de nuestros socios aumenta el potencial del mercado y confiere a la labor reguladora una mayor eficacia. 
Es lo que la Sra. Mann ha denominado hace un momento integración profunda y es el tipo de iniciativa que estamos a punto de poner en marcha, incluso con el Sudeste Asiático, y la reciente iniciativa transregional UE-ASEAN, inaugurada hace poco más de un mes en Laos, en Luang Prabang. 
Nuestra intención es lanzar un programa de acción centrado en las grandes prioridades de regulación de ambas partes. 
Esta es también la vía que hemos empleado en nuestras relaciones con Canadá y la que subyace a nuestra labor con la Comunidad Andina y América Latina. 
Resumiría la postura de la Comisión al respecto señalando que si la Comisión Prodi no ha lanzado nuevas iniciativas a favor de las zonas de libre comercio no ha sido por pasividad, sino obedeciendo a una opción deliberada. 
Esta circunstancia se explica evidentemente por la prioridad dada a Doha, pero también por la convicción de que las zonas de libre comercio en el sentido tradicional del término han dejado de ser un instrumento adecuado para la apertura del comercio en el siglo XXI y de que debemos modificar ahora este formato. 
También es lo que nos guía en nuestras relaciones con los países en vías de desarrollo, que la Sra. Mann evoca ampliamente en su informe. 
Consideramos, como ella, que si la apertura comercial presenta ventajas, estas únicamente se materializan en unas condiciones determinadas. 
En primer lugar, el acceso al mercado es necesario para los países en vías de desarrollo, pero no basta evidentemente para transformar la situación general en términos de crecimiento y empleo. 
Hace falta añadir un elemento decisivo: la ayuda al refuerzo de las capacidades comerciales. 
Es lo que hacemos en el plano multilateral. 
Asimismo, es lo que hacemos en la fase de preparación de las negociaciones de acuerdos de asociación económica regionales con nuestros socios de los ACP. 
¿Estamos pues completamente de acuerdo? 
En absoluto. 
Puesto que resulta necesario identificar algunas diferencias entre nosotros, buscando bien, mencionaré dos antes de terminar. 
La primera se refiere a la idea evocada por la Sra. Mann respecto a la apertura de negociaciones con Singapur con vistas a la creación de una zona de libre comercio. 
No estamos, en este punto, convencidos del efecto de arrastre que podemos conseguir con una iniciativa de este tipo en la región. 
Así, por las razones que acabo de indicar, nuestra preferencia es, señora Mann, la de un enfoque común con los países de la ASEAN. 
Otra reserva está relacionada con esta idea que presenta en su informe, según la cual la Unión debería comprometerse a compensar el vacío presupuestario asociado a la reducción de los derechos de aduana en los países en vías de desarrollo. 
Estas pérdidas de derechos de aduana aún no se han determinado, sobre todo si el volumen de intercambio aumentara como nosotros deseamos, tanto en sentido Sur-Sur como en sentido Norte-Sur. 
No descartamos esta idea, aunque nos parece, con la información de que disponemos en este punto, prematura. 
Estas son las dos pequeñas reservas que deseo formular en nombre de la Comisión. 
Sin embargo, está claro que en nuestra respuesta a su informe prevalecen en gran medida aspectos en que nuestros puntos de vista convergen. 
Deseo señalar además que para la Comisión supone una gran ventaja ver que el Parlamento Europeo respalda su estrategia y sus posturas en las negociaciones internacionales. 
Por todas estas razones, veo en este informe la confirmación de la calidad de nuestras relaciones de trabajo y doy las gracias una vez más a la Sra. Mann por su excelente informe. 
Señor Presidente, señor Comisario Lamy, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quiero apoyar de manera expresa y rotunda el informe sobre las zonas regionales de libre comercio y la estrategia comercial de la Unión Europea elaborado por la Sra. Mann. 
Permítanme formular algunas consideraciones adicionales: con este informe establecemos los principios que rigen nuestro comercio y nuestra cooperación comercial con las demás regiones del mundo. 
Proporciona además una orientación y un carácter propio específico a las muchas posibilidades que se nos ofrecen allí y que también tenemos en el plano regional. 
Nuestro Grupo parte fundamentalmente de la premisa de que con ello podemos contribuir a un comercio mundial libre y justo y que los países que hasta ahora no han tenido suficientes oportunidades de participar en el comercio, tengan esa oportunidad por medio de la creación de sus propias zonas de libre comercio. 
Considero, y no solo por lo que ha explicado el Comisario Lamy, que se trata de una orientación importante hacia el calendario que después de Doha tal vez pueda suponer un renacimiento de los acuerdos comerciales regionales en el mundo. 
Tengo la impresión de que la cooperación con determinados países como Singapur puede ser también clave para alcanzar acuerdos regionales de libre comercio con regiones que no se encuentran en condiciones o suficientemente desarrolladas para llevar más lejos esa cooperación. 
Por ello debemos aprovechar la idea de la colaboración con Singapur como preludio de una mayor cooperación con la ASEAN. 
Las características específicas de la región nos presentan un amplio espectro de posibilidades, que naturalmente deben permanecer encuadradas dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. 
La estructuración del mercado de África Occidental, por ejemplo, implica no solo la necesidad de abrir nuestro propio mercado, sino que África Occidental se encuentre en situación de poder mejorar sus transacciones comerciales con África Central y África del Sur, tal como explica la Sra. Mann en su informe sobre el comercio Sur-Sur. 
Señor Presidente, el informe de propia iniciativa de nuestra colega, la Sra. Mann realiza una interesante contribución al fascinante debate sobre la relación entre regionalismo y multilateralismo. 
Estoy muy a favor del enfoque multilateral, pero sigo estando convencido de que el regionalismo y el multilateralismo pueden reforzarse y complementarse entre sí en muchos sentidos. 
Asimismo, estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que, en el futuro, la Unión Europea ha de seguir apoyando y fomentando la cooperación y la integración regional. 
Además, la idea de utilizar la creación de zonas de libre comercio como instrumentos de desarrollo me parece una senda interesante a condición de que forme parte de un paquete general de medidas de reforma. 
Sin embargo, quiero señalar que, por el bien de los países en desarrollo, tenemos que procurar no acabar con una maraña inseparable de iniciativas regionales y multilaterales. 
A mi entender, el enfoque multilateral debe recibir, hoy por hoy, prioridad sobre las iniciativas regionales. 
Es decir, la prioridad principal de la Unión Europea ha de ser en estos momentos concluir con éxito la Agenda de Desarrollo de Doha. 
El debate sobre regionalismo y multilateralismo, por importante que sea, también debe aplazarse hasta entonces. 
El informe de la Sra. Mann constituye una contribución interesante en este sentido y quiero darle las gracias por ello. 
Señor Presidente, la resolución que nos propone el informe de la Sra. Mann incluye, en su apartado 21, un llamamiento a la plena comunitarización de la política comercial europea con competencia exclusiva de la Comunidad, voto por mayoría en el Consejo y codecisión con el Parlamento Europeo. 
No podemos congeniar con este fundamentalismo comunitario, guiado por la idea de que solo los mecanismos supranacionales son adecuados para esta política, con objeto de favorecer la apertura mundial y dejar de lado a los Estados nacionales. 
No obstante, la apertura mundial, por útil que resulte, no lo es todo. 
También hay que reconocer que los Estados miembros tienen modelos de sociedad e intereses fundamentales que proteger. 
Resulta por tanto necesario dejarles los medios para ello y encontrar un equilibrio apropiado entre la política europea y los intereses nacionales, entre el control del Parlamento Europeo y el de los parlamentos nacionales. 
El informe de la Sra. Mann, a nuestro entender, no consigue dicho equilibrio. 
En particular, habría que reconocer que las decisiones por mayoría cualificada del Consejo pueden no tener siempre el efecto deseado. 
Tomemos un ejemplo actual: la Convención sobre el Futuro de Europa reflexiona sobre la posibilidad de someter toda la política comercial a la norma de la mayoría, haciendo desaparecer las derogaciones reconocidas en el Tratado de Niza para ciertos servicios esenciales, en particular los asociados a la cultura, que dicho Tratado mantuvo en el campo de la unanimidad. 
El Gobierno francés ha protestado y ha solicitado que se mantenga la unanimidad porque aporta más protección. 
Aprobamos esta postura. 
Pero, de paso, ¿por qué admitirla en ese campo y no en otros? 
Al mismo tiempo, una asociación de grandes empresas, esencialmente norteamericanas, la International Communications Round Table, escribe con cortesía a la Convención y a la Comisión para cantar las loas de la norma de la mayoría. 
Somos perfectamente conscientes de que esta norma tendría el efecto de superar ciertas resistencias nacionales y así desmantelar nuestras defensas. 
Esta es la razón de que solicitemos a la Convención que adopte una visión más general y equilibrada. 
En primer lugar, hemos de implicar más a los parlamentos nacionales. 
Además, el procedimiento de la mayoría debería utilizarse tan solo para adoptar medidas de salvaguardia. 
Por el contrario, cada vez que se trata de reducir nuestro nivel de protección, las decisiones deberían tomarse por unanimidad para evitar dañar los intereses de nadie. 
Señor Presidente, no tenía intención de responder, puesto que los oradores que han intervenido antes del Sr. Berthu han confirmado a grandes rasgos nuestro acuerdo sustancial sobre los principios. 
Responderé muy brevemente al Sr. Berthu sobre la cuestión de la unanimidad o de la mayoría cualificada en materia de política comercial. 
Vivimos, señor Berthu, hoy y probablemente en mayor medida mañana, en un mundo de elefantes y en este mundo las batallas, particularmente en materia comercial, dependen en gran medida del peso de los participantes. 
Si la Unión quiere aprovechar todo su peso, no lo conseguirá con la unanimidad. La experiencia lo demuestra. 
La situación es sencilla. 
O queremos tener dentro de este campo un peso importante en el mundo que es y será el nuestro y, así, en una Europa de 25, necesitaremos la mayoría cualificada. O no lo queremos- y no me sorprendería que este fuera el punto de vista del Sr. Berthu- y, así, necesitaremos efectivamente mantener la unanimidad. 
El Sr. Berthu acaba de reiterar la idea de que la unanimidad es la mejor garantía de la soberanía. 
Esto no me sorprende y quería llamar su atención sobre ello. 
Esto es cierto actualmente en materia cultural, como lo es en otros campos. 
Señor Presidente, tan solo quería puntualizar al Sr. Lamy que no soy el paladín autoproclamado de la unanimidad en todos los casos. 
He señalado que la mayoría podía ser útil cuando se trate de tomar medidas de salvaguardia, porque, en ese caso, todos los países deben ser solidarios. 
No obstante, cuando se trata de reducir nuestro nivel de protección, la unanimidad es, en mi opinión, útil, porque no es justo que una mayoría pueda imponer medidas que perjudiquen a una minoría de Estados miembros. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0192/2003) del Sr. Belder, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a países terceros. 
Señor Presidente, el informe de iniciativa propia que acaba de presentar el Sr. Belder es muy completo y está claramente orientado al futuro. 
Con toda seguridad, inspirará reflexiones a la Comisión en materia de asistencia macrofinanciera a países terceros. 
Compartimos el punto de vista expuesto por el Sr. Belder de que padecemos actualmente una verdadera falta de flexibilidad por el hecho de que todos los aspectos del proceso de toma de decisiones en materia de ayuda macrofinanciera a terceros países son extremadamente laboriosos. 
Tiene razón al subrayar que estos procedimientos laboriosos y esta ausencia de flexibilidad se deben a la inexistencia de una base jurídica específica o de un reglamento marco que pudiera regir los criterios y las condiciones de la concesión de ayuda macrofinanciera exterior y que esta laguna nos obliga a recurrir caso por caso al artículo 308 del Tratado. 
Supone un inconveniente grave, aunque, en realidad, el propio instrumento haya demostrado- una vez se han tomado las decisiones- ser una herramienta de apoyo eficaz al ajuste y a las reformas en los países que han recibido esta ayuda macrofinanciera: así lo confirma el reciente informe del Tribunal de cuentas sobre la ayuda macrofinanciera. 
Hemos explorado en varias ocasiones la posibilidad de elaborar un reglamento marco, como sugiere el informe, que definiera las condiciones de concesión de la ayuda macrofinanciera y que, de alguna forma, asimilara este instrumento a los demás instrumentos de ayuda financiera a terceros países. 
Desgraciadamente, ha chocado hasta el momento con la voluntad de la gran mayoría de los Estados miembros de mantener para este tipo de ayuda- sin duda debido a que también implica el recurso a los préstamos- un proceso de toma de decisiones que exija la unanimidad caso por caso, cosa que nos resulta muy familiar. 
La Comisión comparte por tanto el punto de vista del Sr. Belder sobre esta cuestión del fundamento jurídico. 
No sucede lo mismo con el Consejo de Ministros, que, en este caso, tiene la última palabra. 
Esa es la explicación de la situación actual. 
No pensamos, siendo plenamente lúcidos, que esta situación pueda evolucionar antes de la conclusión de los trabajos de la Convención y de la próxima conferencia intergubernamental. 
Respecto a la votación por unanimidad o mayoría, nuestras esperanzas están, una vez más, en manos de los miembros de la Convención. 
Mientras tanto, deberemos seguir gestionando este instrumento, siendo conscientes de sus limitaciones intrínsecas, de la manera más flexible posible. 
Necesitamos, para ello, la colaboración del Parlamento; a veces nos sentimos tentados de insistir en esta concepción jurídica totalmente correcta; no deseamos que se haga en detrimento del instrumento y lo complique aún más cuando ya hemos dicho que resulta demasiado laborioso. 
No conviene que debido a diferencias de opinión en torno al modo de decidir sobre esta ayuda macrofinanciera, que sin duda están justificadas, privemos de los beneficios de este instrumento a los países socios que necesitan nuestra asistencia y realizan esfuerzos de estabilización y reforma. 
Su fundamento jurídico no es bueno; es demasiado laborioso, complicado, pero llega a sus destinatarios y desearíamos que los países afectados, teniendo en cuenta las esperanzas que depositan en la capacidad de la Unión de ofrecerles ayuda, se vean decepcionados por esas disputas, ciertamente justificadas, pero tan nimias en comparación con sus propias esperanzas. 
Así, contamos con que el Parlamento, sabio como es, comparta esta dificultad con la que hemos de convivir, de un instrumento que solo podrá evolucionar si el voto por mayoría sustituye a la unanimidad en la toma de decisiones. 
Señor Presidente, en nuestra Comisión de Presupuestos hemos estado llamando la atención de los ciudadanos sobre cómo el uso del mecanismo del Fondo de Garantía es una manera muy barata que tiene la Unión Europea para prestar ayuda financiera exterior. 
Las garantías permiten a los países con dificultades conseguir crédito en los mercados internacionales a precios más baratos de los que normalmente tendrían que pagar en condiciones normales de mercado. 
Como la garantía ha significado que la Unión Europea no ha sufrido pérdidas por morosidad en los últimos años, está demostrado que los criterios para la concesión de la ayuda han funcionado. 
Las formas de ayuda financiera prestada con cargo al Fondo de Garantía han consistido en los últimos años en ayuda macrofinanciera y garantías generales de préstamos otorgadas al Banco Europeo de Inversiones. 
Se fija un techo para su utilización, el techo del Fondo de Garantía, que se establece en las perspectivas financieras. 
A la Comisión de Presupuestos le ha sorprendido observar que la Comisión y el BEI no aprovecharon al máximo el potencial del Fondo de Garantía el año pasado. 
Los recursos utilizados se desperdiciaron y países pobres se quedaron sin ayuda. 
La utilización de este instrumento de ayuda podría añadirse a las cláusulas de garantía con pequeñas enmiendas técnicas que en la práctica no causarán ningún problema para el presupuesto de la Unión. 
Todas las instituciones están dispuestas a reducir el porcentaje de la provisión del crédito del nivel actual del 9% al 8%. 
De esa manera podríamos reducir el importe que ha de cubrirse mediante la correspondiente transferencia del Fondo de Garantía para cada transacción crediticia. 
Del mismo modo podríamos reducir la garantía general otorgada para los préstamos del BEI del 65% al 50% de la cuantía del préstamo. 
Esta medida tendría el mismo efecto sobre el uso del Fondo de Garantía que reducir el porcentaje de la provisión. 
Estos cambios supondrían que habría más para distribuir de la misma asignación de fondos derivada de su techo. 
La Comisión debería proponer estas medidas sin demora. 
Señor Presidente, felicito al ponente, Sr. Belder, y por supuesto a la Comisión Europea, por haber elaborado el interesante informe de 2001. 
El Sr. Belder ha adoptado un enfoque analítico digno de elogio y mira hacia el futuro, aprovechando este momento concreto en el que el cambio parece más posible que nunca antes. 
El instrumento de ayuda macrofinanciera- uno de varios- encierra esfuerzos reformistas. Está asociado con los programas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
The EU is not an international financial institution but at crisis times our foreign policy objectives can be linked with what we do with macro-financial assistance. Esa ayuda depende de las acciones de los países beneficiarios. 
El informe de 2001 es interesante. 
Analiza varios países, principalmente de los Balcanes, pero también Tayikistán, Georgia y Armenia. 
Estudia con detenimiento las causas de sus problemas, qué esfuerzos se están realizando para solucionarlos y dónde residen esos problemas. 
En todos los países hay problemas de la balanza de pagos, pero en los tres se encuentran cifras de crecimiento bastante alentadoras. 
Me satisface ver que se ha realizado ese análisis. Espero que las delegaciones parlamentarias relevantes estudien el análisis. 
Sin embargo, el Sr. Belder tiene razón cuando dice que actualmente el programa no es eficiente, es ineficaz y carece de un fundamento jurídico sólido. 
El Comisario Lamy nos ha dicho que no es el momento más adecuado, dada la actitud del Consejo de Ministros, para cambiar el fundamento jurídico, pero noto cierto optimismo sobre la posibilidad de que, después de la Convención, en la próxima Conferencia Intergubernamental sea posible pasar a una base jurídica mucho más apropiada con votaciones por mayoría cualificada y codecisión por parte del Parlamento. 
Hasta entonces, esperamos que la Comisión presente una evaluación detallada de los criterios que utiliza para la ayuda macrofinanciera y nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. 
El Parlamento no se toma suficientemente en serio esta obligación de control. Se trata de un área en la que es esencial que lo hagamos. 
A su debido tiempo espero recibir las propuestas legislativas de la Comisión. 
Permítanme dar las gracias de nuevo al ponente. 
Señor Presidente, la locura, sobre todo cuando es de carácter político, se manifiesta casi siempre en los detalles. 
A partir de hoy decide el abogado. 
La condena puede ser de hasta cinco años de cárcel y se procederá a un examen exhaustivo, ya que existe jurisprudencia. 
Me refiero a Mannheim y el estadio de fútbol que se está construyendo para el Campeonato Mundial de Fútbol. 
Parece ser que hace dos años se iniciaron allí las obras sin las licencias oportunas- así lo afirman los demandantes -, poniendo en peligro la vida de los hámster de campo. 
No se ha podido demostrar la muerte de ni un solo hámster, pero continúa en funcionamiento la maquinaria de un Estado de derecho operativo y podríamos decir que exagerado. 
El alcalde demandado teme por su futuro político. 
Con respecto a este interesante informe del Sr. Belder, no tengo nada que añadir a todo lo que se dice en él. 
Hace mención del dinero, pese a que no hay ningún gasto y a nosotros eso nos parece, en resumidas cuentas, poco eficiente, poco eficaz y carente de todo fundamento jurídico de peso. 
¿Qué está ocurriendo? 
Este es un ejemplo totalmente representativo de lo que no concuerda todavía en esta Europa. 
Necesitamos reformas urgentes o ¿cuántos más dentistas o Eurostats tiene que haber para hacer tambalear a la Comisión? 
Señor Presidente, seré breve. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su actitud constructiva. 
Quisiera formular una pregunta. ¿Puedo deducir de su exposición que en un futuro no muy lejano presentará usted una propuesta legislativa? 
De conformidad con el orden del día, se procede a debatir el informe (A5-0114/2003) del Sr. Piétrasanta, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el Informe anual del programa MEDA 2000 (COM (2001) 806- C5-0524/2002- 2002/2235 (INI) ). 
Señor Presidente, doy las gracias en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores en primer lugar a mis colegas que han trabajado tan arduamente en este informe, a la Sra. De Keyser por su labor en nombre de la Comisión AFET y también a la Sra. Zrihen. 
Asimismo, doy las gracias a la Comisión Europea y a la Sra. Gonzalo, que nos ha proporcionado toda la información que necesitábamos. 
Quisiera recordarles que el programa MEDA es el instrumento por el que se pone en práctica nuestra política mediterránea, formulada por el proceso de Barcelona en 1995. 
La primera fase se realizó mediante el programa MEDA I (1995-1999) y la segunda mediante el programa MEDA II, aún en curso, definido por los informes Valdivielso y el mío en el año 2000. 
Este nuevo Reglamento entró en vigor el 15 de diciembre de 2000 y hemos podido analizar su funcionamiento hasta finales del 2002. 
Las conclusiones respecto a MEDA I habían suscitado numerosas reservas, siendo la relación global entre pagos y compromisos de tan solo el 26% de 1995 a 1999. 
Se han identificado las causas principales de este fracaso relativo: la longitud de las negociaciones y la complejidad de los procedimientos del programa, el carácter plurianual de ciertas operaciones, la capacidad administrativa limitada de los países MEDA, asociada, hay que reconocerlo, a la falta de medios de administrativos del comité encargado de gestionar este programa, obligándolo a delegar tareas en oficinas de asistencia técnica, cuya intervención ha resultó ineficaz. 
MEDA II no se limita a favorecer la creación de una zona de libre comercio en el Mediterráneo de aquí a 2010, sino que refuerza la anterior cooperación mediterránea con un componente social, cultural y medioambiental. 
Este programa cuenta para el período 2000-2006 con una dotación financiera global de 12 750 millones de euros, constituida por fondos de la Unión Europea y préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 
En resumen, una vez analizada la situación en los documentos que hemos presentado, sacaríamos las siguientes conclusiones. 
En primer lugar, constatamos una mejora clara de MEDA II con respecto a MEDA I, gracias a la creación de la Oficina de Cooperación EuropeAid en la DG de Relaciones Exteriores. 
Así, del 26% de la relación global de pagos con relación a los compromisos de MEDA I, pasamos al 37,4 % en 2000, al 53% en 2001 y al 92,9 % en 2002, lo que supone una proporción global del 59% para MEDA II. Para lograrlo se han desmantelado las oficinas de asistencia técnica y se han creado ocho delegaciones (en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano y Cisjordania) , y con una representación tan solo en Gaza. 
Estas delegaciones son más operativas, ya que cuentan con representantes de la Comisión y centros de recursos bien identificados en cada país. 
En segundo lugar, se ha modificado la comitología. 
En marzo de 2002 se publicó una guía metodológica. 
En tercer lugar, como habíamos recomendado en varias ocasiones, el Parlamento está muy atento al vínculo que se debe establecer entre la asignación de las ayudas y el respeto de la política de los derechos humanos por parte de los distintos países, cuestión sobre la que solicitamos un informe anual. 
En cuarto lugar, queremos que haya un seguimiento regular de la observancia de los principios democráticos en la elección de proyectos, no únicamente a través de las negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y los Estados interesados, sino velando también por la participación de la sociedad civil de las ONG en los proyectos y asegurando el respeto de los criterios de género, particularmente en relación con la participación de las mujeres. 
En quinto lugar, insistimos en la necesidad de desarrollar en mayor medida las relaciones Sur-Sur y no solo las relaciones bilaterales, que incluso hoy en día absorben más del 85% de los fondos. 
En sexto lugar, tenemos en cuenta los trabajos en curso de la Convención Europea para hacer frente a los cinco retos de los países MEDA: demografía, empleo e inmigración, mundialización, disminución de los recursos naturales, el medio ambiente y los derechos humanos. 
En séptimo lugar, proponemos utilizar el sexto programa marco de I+D para investigar en el campo del medio ambiente y de la agricultura con miras a asegurar la soberanía alimentaria, y en particular la gestión del agua, y que se haga más hincapié en las energías renovables. 
Recordamos que la cuenca mediterránea posee la mayor variedad de especies agrarias y de semillas de todas las zonas templadas: hay que conservarlas. 
Queremos que se preste más atención a la agrodiversidad, a la ejecución de proyectos que impliquen a los campesinos, los comerciantes, los consumidores y las PYME. 
Por último, deseamos que se desarrollen todos los medios de la sociedad de la información y la comunicación, particularmente la comunicación electrónica. 
Cabe señalar finalmente que toda esta labor amparada en MEDA se lleva a cabo en estos momentos en el difícil contexto de la situación de posguerra en el Irak, de la resolución de problemas difíciles en Oriente Próximo, del proceso de paz, particularmente, entre Israel y Palestina, y del nuevo equilibrio instaurado por el Tratado de Niza con la ampliación a 25, con respecto a la cual debemos seguir velando por que no sirva de pretexto para penalizar la cooperación mediterránea. 
Por esta razón apoyamos la creación de una fundación euromediterránea para el diálogo entre culturas y civilizaciones, así como un observatorio de los flujos migratorios, un banco euromediterráneo de inversiones y una asamblea parlamentaria euromediterránea, que desempeñaría un papel decisivo a la hora de formular una política de cooperación euromediterránea correctamente aplicada y bien integrada. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Piétrasanta por el importante trabajo que ha realizado al redactar este informe que en lo esencial se refiere al año 2000, un año de transición para el programa MEDA, como él mismo acaba de indicar. 
Estamos a grandes rasgos de acuerdo con las manifestaciones que acaba de hacer sobre la sustancia del informe. 
En esencia, diría dos cosas sobre las cuestiones políticas que acaba de evocar antes de pasar a cuestiones más operativas. 
Respecto a los puntos políticos, y particularmente respecto al vínculo entre este tipo de programa y la mejora de la situación en el plano de las reforma política, estamos de acuerdo en que resulta necesario progresar en la dirección que acaba de indicar. Por esa razón la Comisión acaba de aprobar una comunicación con vistas a dar un nuevo impulso a las acciones llevadas a cabo en el campo de los derechos humanos y de la democratización, en cooperación con los socios mediterráneos. 
Esta comunicación también responde en parte a los comentarios del informe sobre desarrollo humano de los países árabes- un aspecto que el PNUD tuvo el coraje de poner sobre la mesa el año pasado- y propone reforzar el diálogo político sobre esta cuestión y elaborar con los socios mediterráneos planes de acción sobre los derechos humanos y la democratización, con el apoyo de los programas MEDA. 
Asimismo, estamos de acuerdo con una segunda cuestión política evocada por el Sr. Piétrasanta: el objetivo de una mayor participación de la sociedad civil en el marco de MEDA. 
Así, por ejemplo, hemos ampliado a los socios mediterráneos el programa Tempus, que fomenta los intercambios en el ámbito de la educación superior, y queremos apoyar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por formalizar la contribución de lo que llamamos los foros civiles a la asociación euromediterránea en su conjunto. 
Es cuanto tengo que decir respecto a las cuestiones políticas. 
En lo que se refiere a la puesta en práctica, la Comisión celebra el progreso que el Sr. Piétrasanta acaba de subrayar. 
El programa MEDA, MEDA II en este caso, se ha beneficiado en gran medida de la reforma que la Comisión puso en marcha a partir del año 2000 en materia de ayudas exteriores con el fin de mejorar la calidad de nuestros proyectos y su financiación y de aumentar la rapidez de ejecución. 
Son muestra de ello- como acaba de indicar el Sr. Piétrasanta- los esfuerzos realizados en materia de delegación de poderes y desmantelamiento de las oficinas de asistencia técnica, de las que sabemos que han interesado durante muchos años a este Parlamento. 
De hecho, el proceso de delegación de poderes en la zona mediterránea prácticamente ha concluido, con la excepción de Gaza y Cisjordania, por razones evidentes. 
En cualquier caso, en Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Jordania, Líbano y Siria la labor de delegación de poderes concluirá a finales de este año. 
Otro efecto notable es el progreso realizado en materia de ejecución presupuestaria, tanto en el uso de los créditos de compromiso y de pago- en 2002 se utilizó el 100% de los créditos disponibles- como en la relación entre pagos y compromisos, que ha pasado en 2002 al 75%, en comparación con el 25% del período 1995-1999. 
Por último, respecto a los compromisos antiguos y el resto por liquidar, se redujeron a 200 millones de euros a finales de 2001. 
A finales de 2002, el importe del resto por liquidar se redujo otro 50%. 
Está claro por tanto que los esfuerzos realizados han merecido la pena y que el apoyo del Parlamento, que ha contribuido a que la Comisión disponga en este sector de más medios administrativos y humanos, no ha sido en vano. 
Han podido constatar, y el Sr. Piétrasanta ha citado cifras similares a las mías, que la inversión que han realizado, que el contribuyente comunitario ha realizado a través de ustedes, ha merecido la pena. 
Esto es bueno. 
Es un gran aliciente para la Comisión a seguir en esta dirección, al igual que para los servicios que han trabajado en su aplicación, y no dudamos de que el Parlamento Europeo podrá constatar nuevos progresos cuando examine los resultados de los años 2001 y 2002. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Piétrasanta y yo hemos mantenido una colaboración perfecta: así pues, no les sorprenderá que haga hincapié en los mismos puntos que él en estos breves comentarios que quiero hacer. 
La opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa comprendía diferentes puntos, de los cuales dos nos parecían particularmente importantes. 
El primero se refería, y usted nos ha tranquilizado al respecto, señor Comisario, a la necesidad de velar por el respeto de la cláusula democrática en los acuerdos de asociación, la necesidad de verificar, de forma regular y transparente, el efecto del programa MEDA sobre los derechos humanos, sobre la base de un informe anual presentado por la Comisión basándose en criterios claros, de una agenda precisa y de una formación en este ámbito para los funcionarios europeos. 
El segundo punto se refería a la importancia de crear en estos países mediterráneos una sociedad civil, abierta y tolerante, en particular apoyando la independencia de las pequeñas ONG. 
A este respecto, la Comisión AFET lamenta que en los programas transversales de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) se hayan seleccionado tan pocos países mediterráneos y que, por ejemplo, ni Marruecos ni Egipto, donde las sociedades civiles son activas pero aún frágiles, se beneficien de ellos. 
Esta era y sigue siendo la visión que tiene Europa de una transición hacia una mayor democracia en los países del Mediterráneo, una transición apoyada por la financiación MEDA, por diferentes instrumentos, pero también por el diálogo en forma de foros hoy en día, tal vez en forma de asamblea parlamentaria en el futuro. 
El informe se presentó en marzo de 2003. 
La guerra del Iraq estalló pocos días después: representaba otra visión de la transición democrática, una visión brutal y trágica, que muchos no comparten. 
El diálogo Euromed lucha por recuperarse de esta guerra. 
Hará falta más que un programa MEDA para ponerlo de nuevo en forma. 
Esperemos que la adopción de la «hoja de ruta» del Cuarteto en Oriente Próximo sea el primer paso y un verdadero signo de esperanza. 
Señor Comisario, le agradecemos las dos cuestiones políticas que ha abordado. 
El informe del Sr. Piétrasanta sobre el programa MEDA es un informe ampliamente compartido y construido conjuntamente: tenemos realmente unidad de propósitos. 
Las dos cuestiones políticas en que usted ha basado su intervención son, por una parte, la importancia del papel del Mediterráneo como frontera de Europa, pero también como zona en la que se está construyendo una gran área de política exterior de la Unión y, por otra, el hecho de que la Comisión, al pasar de MEDA 1 a MEDA 2, sin duda ha dado una mayor concreción y una mayor adecuación en el tiempo a sus intervenciones. 
En efecto, en las reuniones que mantenemos con los países de la orilla sur del Mediterráneo lo que se menciona constantemente es la necesidad de unos plazos burocráticos diferentes. 
Y desde este punto de vista tomamos nota de que la Comisión se está esforzando mucho. 
Obviamente, no volveré a citar los puntos que ha abordado ya el ponente. 
Quisiera detenerme en una serie de necesidades políticas que acompañan al programa de intervenciones. 
Sin duda necesitamos identificar nuevos programas de acción social, sobre todo necesitamos trabajar sobre la protección de las personas con discapacidades, además de sobre nuevas formas de colaboración en el ámbito de la protección de los menores. En el marco de las situaciones de las que se ocupa usted, señor Comisario, necesitamos, precisamente por razones de política exterior y del papel de la Unión Europea, insistir en una conclusión de las negociaciones Siria/UE, a fin de completar la red de acuerdos de asociación euromediterráneos, como debemos proceder cuanto antes a la selección de los proyectos de planificación de los programas financieros actualmente suspendidos entre Israel y Palestina, ya que podrían desempeñar un papel muy importante en esta área del Mediterráneo. 
Concluiré subrayando la necesidad de una Asamblea parlamentaria, porque es el espacio político en el que probablemente podrían encontrar solución muchos de los procesos en curso. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, siete años después de la conferencia de Barcelona, que creó la asociación Euromed, el Parlamento Europeo dispone, con el informe del Sr. Piétrasanta, de una oportunidad de recapitular sobre MEDA, el instrumento financiero de esta política. 
Me gustaría aprovechar la ocasión para subrayar la excelente colaboración que hemos podido mantener en el marco de este informe. 
La tensa situación internacional demuestra cada día más que las economías y las sociedades de la cuenca mediterránea necesitan evolucionar hacia una mayor prosperidad, cohesión social y democracia. 
En efecto, esta es la manera de poder trabajar efectivamente, estamos convencidos, por aumentar la estabilidad en estas regiones y combatir el terrorismo a largo plazo. 
La doble reforma que se ha efectuado, la de MEDA, que se convierte en MEDA II, y la reforma estructural de la gestión de la ayuda exterior, aporta particularmente muchos elementos novedosos y prometedores, entre los que se encuentra la creación de la Oficina de Cooperación EuropeAid. 
Además, esperamos mucho de los diferentes documentos estratégicos, de los programas plurianuales, de los nuevos procedimientos abreviados y simplificados. 
No obstante, insistimos en el aspecto relativo a la evaluación de la gestión de recursos asignados a los programas, que debe guiarse por un principio sencillo y sin embargo difícil, según parece: las cantidades presupuestadas deben gastarse efectivamente y gastarse bien. 
El proceso de Barcelona también conlleva el proyecto de creación de una gran zona de libre comercio. 
En un nuevo contexto, surgen nuevos interrogantes. 
¿Sobrevivirá el impulso de la política mediterránea de la Unión Europea a la ampliación? 
¿Qué sucede con la dimensión de cooperación Sur-Sur o con la cooperación interregional? 
Por último, no hay que olvidar que nos conviene que la distribución de estos fondos se realice de tal forma que se destine sobre todo a ámbitos prioritarios, como la cohesión social, el desarrollo de la democracia, los derechos humanos, el apoyo a la sociedad civil, la situación particular de las mujeres, la cultura, la juventud y el desarrollo sostenible. 
En los próximos años seguiremos efectuando nuestras evaluaciones en esta línea, bajo la mirada atenta de la Comisión. 
Política de empleo en los Estados miembros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del Informe (A5-0187/2003) del Sr. Schmid en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la propuesta de Decisión del Consejo [COM (2003) 176- C5-0180/2003- 2003/0068 (CNS) ] relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
Señor Presidente, ha sido gratificante escuchar al Comisario Vitorino. 
Nuestro trabajo puede tener resultados prácticos, lo cual es necesario. 
En la UE sufrimos el estancamiento económico y el aumento de los problemas en los mercados laborales. 
Los antagonismos resultantes relativos a la «política correcta» están aumentando, algo que también hemos observado en este Parlamento. 
Mi gran ambición durante mi trabajo como ponente ha sido la de tratar de unir al Parlamento en una política común, pese a las dificultades. La base para esta política fue la estrategia de Lisboa, conforme a la cual el desarrollo económico y tecnológico debería combinarse con la concentración en el trabajo de buena calidad, la cooperación entre las partes, la producción y, especialmente, la solidaridad con los grupos débiles. 
Por ello, hemos planteado una serie de propuestas. 
Ahora paso a resumirlas muy brevemente, dado que el Comisario Vitorino ya ha comentado algunas de ellas. 
En primer lugar, hemos propuesto una mayor atención al desempleo. 
Esto es importante, ya que no basta simplemente con aumentar los niveles de empleo, como se ha hecho en los períodos de prosperidad. 
Esto no es lo mismo que luchar contra el desempleo. 
No puede haber acceso al mercado laboral al mismo tiempo que los desempleados de larga duración permanecen desempleados a largo plazo. 
Por lo tanto existe la necesidad de prestar atención a esta área como importante medida de renovación. 
En segundo lugar, hemos destacado considerablemente el hecho de que, en una situación económica como la actual, son necesarios trabajos nuevos y nuevas empresas, algo que también requiere iniciativas políticas. 
Ahora estamos presentando un programa para iniciativas emprendedoras y nuevos trabajos mucho más amplio que el incluido en las directrices de la Comisión. 
Al mismo tiempo, estamos manteniendo y poniendo énfasis en nuestra demanda de calidad, sostenibilidad y perspectiva de futuro. 
En tercer lugar, nos centramos con más atención en la perspectiva de igualdad que la propuesta de la Comisión. 
Sobre todo, proponemos que la igualdad se convierta en un objetivo primordial junto a los tres objetivos propuestos por la Comisión. 
Es obvio que el Consejo no está dispuesto a adoptar esto todavía, pero no deberíamos dejar de seguir ejerciendo presión. No es la última ocasión en la que tendremos esta oportunidad. 
En cuarto lugar, hemos presentado demandas claras de estrategias de empleo regionales y locales. 
Me complace que haya respuestas concisas a estas demandas, ya que estuvo bastante mal que este aspecto desapareciera durante un tiempo de lo que fue la última directriz. 
Ahora se ha vuelto a introducir, lo cual es importante, ya que existe la necesidad de poder movilizar a las personas y las empresas desde abajo si queremos poder crear los 22 millones de empleos de los que habló el Sr. Vitorino. 
Por último, hemos acordado recomendar que los parlamentos de los Estados miembros adopten posiciones sobre los planes de acción nacionales. 
Entonces podrán estar más firmemente arraigados y combinados con las políticas de empleo nacionales. 
El problema ha sido que la política de empleo europea no ha estado asociada ni integrada a las políticas nacionales. Por lo tanto se ha producido una importante falta de eficiencia. 
Comprendo que el Consejo tampoco está preparado para esto. 
Quizás deberíamos actuar a través de los Estados miembros y pedir a algunos de ellos en algún momento que planteen esta cuestión en el Consejo. 
Entonces tendrán el apoyo del Parlamento. 
También hemos estado de acuerdo sobre otros temas, un hecho del que considero que debemos sentirnos orgullosos. 
Formalizamos no menos de 16 compromisos en comisión y redujimos las más de 160 enmiendas a un número relativamente manejable. 
Por supuesto, me decepcionaría que, después de todos estos compromisos, resultase que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos no estuviesen totalmente satisfechos. 
Por lo tanto existe cierta falta de acuerdo, algo que me gustaría comentar brevemente. 
En primer lugar, el Grupo PPE-DE desea reforzar los términos de la Comisión sobre la inmigración y la mano de obra inmigrante y no desea que este tema se trate en las directrices. 
Sí, se trata de un asunto candente en varios Estados miembros, pero no es posible evitarlo. 
Independientemente de si se encuentran en la frontera de la UE o en una posición especialmente expuesta, todos los países se enfrentan a una realidad global común debido a la cual cada vez es mayor la inmigración dentro de nuestras fronteras, algo que debemos tratar en un documento sobre la política de empleo. 
Por lo tanto, me opongo a la enmienda 62. 
Otro punto de desacuerdo tiene que ver con la política tributaria. 
Existen bastantes enmiendas al respecto. 
Creo que los sistemas tributarios tienen un carácter muy nacional. 
Si vamos a expresar puntos de vista sobre este tema, debemos expresarnos en términos muy generales. 
Es imposible producir propuestas prácticas de política tributaria para 25 países. 
Por lo tanto, me opongo a la enmienda número 66 del Grupo PPE-DE que es muy radical y demanda una reducción general de los tributos tanto para los particulares como para las empresas en todos los Estados miembros pero no dice nada sobre cómo debe considerarse la posición financiera. 
En mi país, Suecia, la reducción de la carga tributaria no es lo único que debe hacerse, pero entiendo que la situación es diferente en Alemania y otros países. 
En conclusión, simplemente me gustaría decir que las enmiendas de los Liberales sobre cuestiones tributarias tienen un carácter bastante distinto. 
Estas son interesantes pero demasiado drásticas. 
Se trata de una cuestión de cambiar la carga tributaria de la tributación personal a la tributación medioambiental y la tributación de los bienes de consumo. 
Esto es algo que considero interesante pero que posiblemente no podamos decidir en este tipo de documento. 
Para terminar, me gustaría decir que en general hemos llegado a posiciones de acuerdo. 
Es muy importante para nosotros poder estar de acuerdo sobre un documento de forma que tengamos una respuesta para el Consejo, que está sentado esperando y que escuchará lo que tenemos que decir hoy. 
Señor Presidente, son demasiados los Estados miembros de la Unión Europea cuya economía está estancada, y en muchos ámbitos no se han llevado a cabo reformas. 
Otro reto más lo constituye la ampliación de 15 a previsiblemente 25 Estados miembros el año que viene. 
La Estrategia de Lisboa es ambiciosa y su aplicación debe tener en cuenta estas realidades. 
Por consiguiente, necesitamos fijar otras prioridades para las directrices de política europea de empleo. 
Se trata de incrementar el índice de empleo, como ya ha indicado el Comisario Vitorino. 
Se trata asimismo de incrementar la calidad de los productos y el nivel de productividad. 
Se trata de reformas en los diversos regímenes fiscales y de seguridad social- que de hecho, señor Schmid, son asuntos que incumben a los Estados miembros -, en las que debe mantenerse un equilibrio entre flexibilidad y seguridad. 
Se trata de poner a trabajar a quienes están dispuestos y son capaces de trabajar, y de integrar mejor a los agentes locales y regionales, y se trata de luchar de forma mucho más decidida contra la economía sumergida. 
El Sr. Schmid estuvo dispuesto a aceptar muchas de las enmiendas de mi Grupo. 
En mi calidad de ponente alternativo del Grupo Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos le agradezco su cooperación. 
Nuestras propuestas quedan reflejadas en lo que son ahora dieciséis compromisos aceptables, inclusive la creación de puestos de trabajo de calidad a base de educación y formación, el aumento del nivel de inversión en las empresas, estrategias de aprendizaje permanente de acuerdo con las necesidades y capacidades de los interesados, eliminación de subvenciones a los sectores que no tienen futuro, y la creación de puestos de trabajo en regiones con un alto nivel de desempleo. 
Sin embargo, en los ámbitos de la creación de nuevas empresas, política monetaria y fiscalidad faltan algunos de nuestros planteamientos básicos. 
En primer lugar, un principio esencial de la Estrategia Europea de Empleo consiste en promocionar la creación de empresas, que va más allá de la simplificación de los procedimientos administrativos e implica la extensión de redes de información para los creadores de nuevas empresas. 
Para crear empresas y por tanto nuevos puestos de trabajo es necesario facilitar el acceso a créditos en condiciones favorables, necesitamos una financiación más segura del capital social, un aspecto en que la Unión Europea difiere notablemente de los Estados Unidos. 
Si hay liquidez suficiente, la competitividad está asegurada. 
En segundo lugar, no podemos aceptar la nueva tentativa de marginar el Pacto de Estabilidad, del que depende, en la zona del euro, la confianza de los responsables económicos y de los consumidores. 
Y tampoco debe ser relegado si algunos Ministros de los Estados miembros se atreven a negociar excepciones para sus carteras. 
La consecuencia lógica de este intento de socavar el Pacto de Estabilidad, que es tan importante, sería la pérdida de confianza del público y el debilitamiento del euro que, gracias a Dios, es una moneda fuerte. 
En tercer lugar, es necesario hacer que el empleo resulte más atractivo para los trabajadores y las empresas mediante incentivos legales. 
Para ello, la carga fiscal sobre el trabajo debe reducirse hasta el punto de que a fin de cuentas crear nuevos puestos de trabajo resulte menos costoso. De este modo podrá combatirse con mucha mayor eficacia el sector en plena expansión de la economía sumergida. 
En general habrá que intentar reducir la carga fiscal en los Estados miembros- pues es competencia suya -, de forma que el público pueda volver a permitirse más cosas y que las empresas puedan finalmente volver a ser más emprendedoras. 
Espero que las enmiendas del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que discutimos una vez más ayer por la noche, sean aprobadas por el Pleno este mediodía. 
Sólo así, señor Schmid, podré recomendar a mis colegas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos que voten a favor de este informe, repito, únicamente en este caso. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero empezar agradeciendo al Sr. Herman Schmid, la cooperación inusualmente constructiva que empleó en la preparación de esta propuesta, la cual considero importante. 
La política de empleo es importante en conjunto. 
Ahora contamos con un marco dentro del que trabajar, que se ocupa de una coordinación más estrecha con las directrices económicas, un pensamiento a más largo plazo y una mayor concentración en el resultado de aplicación en los Estados miembros. 
Me gustaría destacar la importancia de que la estrategia de empleo esté en la misma base que las directrices económicas, de forma que tengan el mismo peso en este proceso. 
Permítanme añadir algo sobre los objetivos primordiales. 
Hemos abandonado la estructura de pilares. 
El hecho de que ahora tengamos el pleno empleo como un objetivo es especialmente importante. 
También es importante, como dice el Sr. Herman Schmid, complementar el objetivo de empleo con un objetivo relativo al desempleo. 
Pese a que estos dos aspectos por lo general van asociados, no lo hacen en un cien por cien. 
Puede darse el caso de que el empleo esté aumentando, pero que exista todavía un elevado nivel de desempleo. 
Otro objetivo es el trabajo de buena calidad. 
En el futuro, Europa no competirá a través del trabajo barato, sino a través de la calidad de los productos y servicios que podemos producir. 
Por este motivo, necesitamos una mano de obra adecuadamente formada. 
La educación de los trabajadores para hacer que Europa sea competitiva está claramente asociada con la formación permanente. 
Un tercer aspecto importante es la integración. 
No se trata solamente de una cuestión de integración entre regiones, que conduzca a un alto nivel de empleo- o al pleno empleo- en toda Europa, sino también de que existen grupos en la actualidad que están, en gran medida, fuera del mercado laboral, por ejemplo, personas con discapacidades y personas procedentes de otros países. 
Eso es importante. 
Ya se ha hablado sobre los aspectos de igualdad y es importante que los destaquemos. 
Estos tuvieron su propio pilar en la estrategia anterior. 
También es importante que los parlamentos nacionales estén implicados y que sea posible complementar los objetivos comunes primordiales con objetivos nacionales. 
Permítanme añadir brevemente algo sobre el desacuerdo. 
Hay que resolver esto en la comisión. 
Tenemos puntos de vista ligeramente distintos sobre la flexibilidad y la seguridad, pero conseguiremos llegar a un acuerdo respecto a este punto y decir que necesitamos un equilibrio. 
En lo que respecta a la cuestión tributaria, no comparto el punto de vista del Sr. Mann. 
Solo hay que mirar alrededor en la Unión Europea. 
Algunos de los países que tienen el menor desempleo y los mayores índices de personas ocupadas de hecho también tienen la mayor carga tributaria. 
Esto me sugiere que la cuestión tributaria es algo más complicada que lo que parece en la enmienda del Sr. Mann. 
El nivel de empleo se determina mediante un gran número de factores. 
Decir que, en términos generales, una reducción de los impuestos es también buena para el empleo es una simplificación excesiva. 
De hecho no es así. 
Sin embargo, me gustaría decir que votaré de forma que conservemos la unidad en esta Asamblea. 
Lo peor sería que en el Parlamento no expresásemos nuestro punto de vista, ahora que tenemos oportunidad de hacerlo. 
Esta consideración me guiará a la hora de votar. 
Señor Presidente, las políticas sociales y de empleo sufren las consecuencias de las políticas económicas. 
De ahí que no tenga sentido un debate separado de las orientaciones económicas, como lamentablemente está sucediendo, a pesar de todos los intentos realizados por el ponente para que no fuese así. 
Según las previsiones de primavera de la Comisión, el crecimiento del PIB en 2003 no superará el 1% en la zona euro, lo que tendrá consecuencias negativas para el empleo, que disminuirá un 0,1 %, y provocará un aumento medio del desempleo del 8,8 %. 
Esta situación nos debería servir de alerta para modificar las políticas comunitarias y monetaristas, en particular para revisar el Pacto de Estabilidad, a fin de dar la máxima prioridad posible a la inversión pública y otras medidas de promoción del empleo y de integración social. 
Pero, en vez de eso, se insiste en las mismas soluciones, lo que dificulta la aplicación de unas estrategias de empleo creíbles y de objetivos de integración social. 
Así, a pesar de tener grandes dudas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas que se proponen en este informe, dadas las conocidas posiciones del Consejo, de la Comisión y de la mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros sobre la posibilidad de modificar las orientaciones económicas y sobre cualquier revisión del Pacto de Estabilidad para dar prioridad al crecimiento del empleo de calidad y con derechos, y a la integración social, quiero destacar las propuestas positivas, aunque insuficientes, encaminadas a mejorar la estrategia de empleo. 
Destacaré igualmente la insistencia, ante los Estados miembros, para que definan unas metas nacionales cuantificables que deberán incluir en el primer plan nacional de empleo que elaboren de conformidad con las nuevas orientaciones, la necesidad de un debate sobre las mismas en los parlamentos nacionales y la necesidad de contribuir a la realización de mejores resultados, no solo en cuanto a la creación de empleo, sino también en términos de disminución del desempleo, de igualdad de oportunidades y de integración social. 
Sin embargo, la realidad actual exigía mucho más. 
Hay que frenar el crecimiento acelerado del desempleo a raíz de la liberalización y privatización de sectores públicos fundamentales, de la reestructuración y del traslado de multinacionales, de las crecientes dificultades de las microempresas y las PYME y de la falta de apoyo a las mismas, de la insistencia en el predominio de las políticas monetaristas y en las políticas restrictivas que reducen la inversión pública e impiden el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, y del aumento de la edad de jubilación, que penaliza a los trabajadores y no busca la creación de puestos de trabajo para los jóvenes. 
Pero ni la mayoría de este Parlamento ni el Consejo aceptan tales propuestas. 
¡Al contrario! 
En general, insisten en políticas que agravan la situación actual, como se vio en la sesión anterior durante el debate de las orientaciones de política económica y se vuelve a ver ahora cuando se pretende ir un poco más allá, como intentó el ponente, Sr. Herman Schmid. 
Claro que es positivo defender la mejora de las condiciones de trabajo, pero sabe a poco proponer una reducción general del índice de siniestralidad laboral del 15% -del 25% en los sectores de alto riesgo- en todos los Estados miembros, de aquí a 2010, sobre todo para un país como Portugal, que tiene el mayor índice de siniestralidad laboral de la Unión Europea, con una media de un muerto por jornada de trabajo. 
Pero para alcanzar estos objetivos no solo es necesario un compromiso político, sino también modificaciones sustanciales de las políticas económicas y monetarias, que por el momento, lamentablemente, no hemos conseguido. 
Señor Presidente, la propuesta relativa a las directrices para las políticas de empleo acerca de la cual la Comisión consulta al Parlamento es un texto plagado de piadosas generalidades: incrementar la tasa global de empleo, la tasa de empleo femenino y la tasa de empleo de las personas mayores, aumentar la calidad y la productividad del trabajo, así como reforzar la cohesión social y la inserción en el mercado laboral, todas ellas generalidades que ya hemos oído cientos de veces, que no nos dicen nada y que, indudablemente, tampoco van a decir nada a los Gobiernos de los Estados miembros. 
No obstante, la estrategia coordinada para el empleo podría haber resultado útil, pero habría sido necesario ser más minuciosos, hablar de problemas más concretos y efectuar una comparación entre países. Se debería haber recalcado, por ejemplo, que la tasa de desempleo de los países de la zona euro tiende al 9%, mientras que la de los países que no pertenecen a ella ronda el 5%. 
¿De verdad que no hay ninguna conclusión que sacar de este hecho? 
En el interior de la zona euro, la brecha es considerable. 
Dejando a un lado a Luxemburgo, que es un caso excepcional, tenemos, en un extremo, a Austria, con un 4,2 %, y a Irlanda, con un 4,5 %, y en el otro extremo, a Francia, con un 9,3 %, y a España, con un 11,9 %. 
Ante tales diferencias, ¿podemos realmente elaborar directrices que se apliquen en todos los países sin caer en la abstracción o incluso en la artificialidad? 
Por lo que a mí respecta, preferiría que se respetara más el espíritu de coordinación abierta, -basada en la diversidad y en el intercambio de las mejores prácticas, y que se hablara específicamente de experimentos logrados que sería conveniente difundir. 
Señor Presidente, varios oradores han señalado hoy que, en muchos países, el desempleo ha empeorado y está aumentado. 
Esto es debido a la mala situación económica general, pero también al hecho de que no se están haciendo suficientes esfuerzos por promover la capacidad de adaptación en el mercado laboral. 
Por otra parte, las demandas de capacidad de adaptación no se reducirán durante los próximos años. 
La formación desempeña un papel importante en este proceso, y me gustaría hacer hoy un llamamiento para que la política de empleo también se contemple en el contexto de las iniciativas lanzadas conjuntamente por los Ministros de Educación de la UE con vistas a mejorar la calidad de los programas de formación a través de su coordinación abierta. 
Esto tendrá una gran importancia para nuestra competitividad a más largo plazo. 
Todos estamos de acuerdo en que el objetivo es el pleno empleo y este objetivo no puede alcanzarse sin una economía básicamente sólida, unas finanzas públicas saludables, un clima de inversión prometedor y una competitividad entusiasta, factores todos ellos clave cuando la idea es crear empleos. 
No existe nada contradictorio al respecto, como cierta parte de este Parlamento quizás parece creer. 
Creo que el Consejo ha hecho un buen trabajo al simplificar las directrices de empleo. 
Existía la necesidad de hacerlo. 
Muchas directrices se redactaron sin pensar en qué era necesario que contuvieran, lo que simplemente significa que, en el caso de muchas directrices, el proceso ha pasado a ser menos global y más superficial. 
Por lo tanto me hubiera gustado ver que el Parlamento fuese más moderado con el fárrago de enmiendas, aunque nuestro ponente haya hecho grandes esfuerzos por reducir las cuestiones a algo comprensible. 
Cuantas más directrices se introduzcan en la política de empleo, mayor es el riesgo de que se consideren poco sustanciales. 
Necesitamos centrarnos en el objetivo: más empleo y más puestos de trabajo en Europa. 
Señor Presidente, en relación con lo que ya ha dicho la Sra. Lambert, quisiera hacer algunos breves comentarios. 
El hecho de que esté presente hoy el Sr. Vitorino en lugar de la Comisaria Diamantopoulou se debe a que ella ha tenido que asistir a una reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumo. 
Esa es también una buena noticia, porque hoy tendremos que votar aquí y es bueno saber que las cosas que ya hemos decidido en comisión y que esperamos que sean aprobadas hoy por esta Cámara- aprovecho para respaldar el llamamiento del Sr. Hugues al Grupo de Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos -, se están debatiendo allí para que podamos tomar nuevas decisiones. 
Quisiera decir varias cosas. 
En primer lugar, creo que la integración general que pedimos es muy importante y que, en realidad, debería ampliarse aún más, pues creo que toda la cuestión de la igualdad, tal como se había formulado antes en la Estrategia Europea de Empleo, debería seguir formulándose como una especie de objetivo. 
Quisiera pedir también que se pongan en marcha dos programas de acción. 
El primero de ellos es un programa de acción contra el desempleo. 
Todo el mundo sabe cuál es el problema: el desempleo está aumentando, la recesión crece por momentos y las previsiones indican que durará mucho tiempo, de manera que tenemos que hacer algo al respecto. 
No existe equilibrio entre, por ejemplo, la estrategia a largo plazo de aumentar la participación en el empleo, y la estrategia a corto plazo en otros ámbitos. 
El segundo programa de acción es un programa para mejorar la calidad del empleo y aumentar la productividad. 
Sobre todo la modernización de la organización del empleo es sumamente necesaria. 
Por último, creo que es importante que empecemos a tomarnos muy en serio los enfoques locales y regionales y la implicación de los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, admito que tengo poca confianza en la utilidad de este tipo de documentos y creo que la situación que se está creando respecto de los objetivos de Lisboa debería hacernos reflexionar. 
Creo que es demasiado fácil encontrar un acuerdo sobre objetivos de este tipo. 
La dificultad surge- y es una dificultad que no se aborda- al definir las elecciones, al tomar decisiones o al pedir que se tomen decisiones concretas. 
Como ya se ha observado, el empleo aumenta- y lo demuestran una serie de recomendaciones que suscribo totalmente sobre la calidad del empleo, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el trabajo, etc.- si crece la economía. 
Para que el mercado de trabajo y las políticas en materia de mercado de trabajo puedan favorecer el crecimiento económico y del empleo en Europa, es necesario introducir flexibilidad y liberalización en el empleo y las agencias de empleo. 
En cuanto a la carga fiscal, hay que tomar en consideración las cargas contributivas para los sistemas de pensiones. 
Los trabajadores jóvenes- alemanes, italianos, en general europeos- pagan con el desempleo la financiación de pensiones demasiado generosas para trabajadores que se jubilan demasiado pronto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las políticas de empleo de los Estados miembros deben centrarse en unas prioridades claras, teniendo en cuenta el contexto económico actual, las exigencias de una Unión Europea ampliada y una mejor aplicación de la estrategia de Lisboa. 
El aprendizaje permanente, el empleo de las personas mayores y la lucha contra el la economía sumergida son prioridades que hay que destacar, como bien señala el ponente. 
Sin embargo, en el informe, aunque se resalta la importancia de unas prioridades consensuadas, se abordan de un modo menos adecuado otros aspectos, en concreto: 
Primero, el Pacto de Estabilidad: la aplicación de la estrategia de empleo corresponde a los Estados miembros, que deben destinar a ello recursos financieros adecuados sin poner en peligro de solidez de las finanzas públicas, de acuerdo con las orientaciones generales de las políticas económicas y con el Pacto de estabilidad. 
El Pacto de Estabilidad es un instrumento esencial para garantizar la buena gestión de las finanzas públicas de los Estados miembros y para asegurar el crecimiento sostenible y un buen funcionamiento de la Unión económica y monetaria. 
Así, es imprescindible la referencia al Pacto y a su cumplimiento en lo concerniente a la estrategia europea para el empleo. 
Segundo, la inmigración, que, como respuesta a la estrategia global de creación de empleo, debe regularse estrictamente. 
La contratación de trabajadores inmigrantes ha de realizarse de forma selectiva. 
Hay que comprobar si se reúnen las condiciones prescritas por la reglamentación aplicable en materia de entrada, permanencia y empleo para evitar una inmigración desordenada. 
La inmigración clandestina a los Estados miembros es objeto de reglamentaciones nacionales extremadamente dispares y ha aumentado en los últimos años, reforzada por el tráfico de seres humanos y por la actividad de los pasadores. 
Hay que dejar que cada Estado miembro defina según su criterio el perfil de las cualificaciones y el número de trabajadores que desea contratar en función de las necesidades del mercado de trabajo, de la evolución demográfica y de su capacidad de integración. 
Por otra parte, hay que intensificar la lucha contra el trabajo no declarado, reduciendo los costes laborales y haciendo menos onerosa la creación de puestos de trabajo. 
Tercero, la definición de metas, como por ejemplo la reducción del desempleo o la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, debe ser exigente pero realizable, y ha de tenerse en cuenta el distinto punto de partida de cada Estado miembro. 
Dichas metas deben enunciarse en términos de progresos por realizar y no de niveles por alcanzar. 
De otro modo, corremos el riesgo de que resulten inaceptables y no encuentren una buena aplicación en los planes nacionales de empleo. 
Por último, me gustaría felicitar al Comisario Vitorino, que ha expresado muy bien la necesidad de equilibrio entre seguridad y flexibilidad como factores esenciales para la competitividad y la productividad en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, también yo doy las gracias a la Comisión por sus propuestas de directrices y al Comisario por sus; doy las gracias asimismo al ponente porque creo que en poco tiempo ha intentado tener en cuenta los diferentes puntos de vista que hay en el Parlamento, sin comprometer los objetivos de calidad. 
Si se tiene en cuenta la situación económica y la experiencia adquirida en estos años en materia de Estrategia Europea de Empleo, me parece que la Comisión, ya en sus propuestas, ha intentado definir unos objetivos específicos, que considero especialmente significativos por ser coherentes con las recomendaciones formuladas por la propia Comisión sobre la base de la evaluación de los planes nacionales de empleo. 
Creo, por tanto, que esta estrategia se vuelve cada vez más específica. 
Ciertamente, para que las Instituciones comunitarias puedan favorecer esta especialización, sería necesaria una adhesión más decidida de muchos Estados miembros. 
A este respecto, quisiera detenerme en algunas cuestiones. 
La Comisión, el ponente y la Comisión de Empleo han puntualizado algunos aspectos de la comunicación de la Comisión: por ejemplo, la necesidad de invertir en calidad y en servicios para hacer efectivamente posible el empleo femenino, que en todos los países y en especial en algunos de ellos es el punto débil, porque conjuga una baja tasa de actividad con una elevada tasa de desempleo. 
Ello es posible a través de la formación de las mujeres y creando los servicios necesarios para conseguir un entorno de mercado favorable al empleo femenino. 
Las enmiendas aprobadas en comisión apuntan en esta dirección. 
Es necesaria además una cooperación más eficaz en los Estados miembros en la que participen los Gobiernos, los parlamentos nacionales y las autoridades locales en sus respectivos papeles. 
Creo que estos son objetivos concretos. 
Esta es una cuestión en la que todos estamos de acuerdo, pero que es incompatible con una reducción generalizada de impuestos, porque la alternativa es esta: o recursos para la inversión o reducción de impuestos. 
Señor Presidente, el Tratado indica que debe haber directrices relativas a la política de empleo de los Estados miembros. 
Aunque dudo bastante sobre el valor de las directrices de la UE, no tiene sentido discutir sus motivos ahora. 
Por lo tanto me concentraré en las directrices propuestas por la Comisión y, sobre todo, comentaré el informe del Sr. Herman Schmid, tal y como se encuentra tras la votación en la comisión. 
Hay muchos aspectos buenos en la propuesta de la Comisión, aunque incluso eso es demasiado detallado. 
El debate en la comisión ha hecho que se añadiesen más medidas y requisitos detallados. 
Si las directrices van a tener algún valor, deben establecerse firmemente en el correspondiente Estado miembro. 
No tiene sentido citar, como sucede ahora en esta propuesta, una cantidad de medidas y objetivos detallados en continuo aumento. 
En la actualidad es una cuestión de 15 Estados miembros; mañana de 25. 
El ofrecer guarderías a al menos el 33% de los niños menores de tres años es, desde mi punto de vista, un asunto al que las directrices de la UE no deben afectar de modo alguno. 
Además del defecto general de ser demasiado detallado, el informe que tenemos ante nosotros falla al incluir puntos que dudo bastante que puedan contribuir a la creación de empleo. 
El ponente afirma que la responsabilidad de poner en marcha una política de empleo exitosa reside en los Estados miembros. 
Esto es bastante cierto ya que, mientras los propios gobiernos de los Estados miembros no estén preparados para tomar las medidas necesarias para reformar el mercado laboral, el empleo no aumentará de forma significativa. 
Pienso principalmente en reformas con el objetivo de hacer más fácil contratar personal, pero también de reducir el número de trabajadores en plantilla. 
Desgraciadamente sucede que, para que una empresa pequeña se aventure a emplear una persona más, sus gestores deben saber que, si fuese necesario, podrían reducir el número de trabajadores. 
Alemania es un ejemplo de lo que sucede si no se reforma un mercado laboral rígido. 
El desempleo ha aumentado muy notablemente, en parte debido a la rigidez de la legislación laboral. 
El hecho consiste también en que cuanto mayor sea la demora de la reforma de los mercados laborales, más difícil será la situación. 
Quizás sea extraño que, como moderada sueca en esta Cámara, vaya a referirme a algo dicho recientemente por el Ministro de Hacienda del Reino Unido, pero merece la pena mencionarlo. 
Este afirmó que si va a darse cierto ímpetu a la economía europea son necesarias las reformas estructurales, que hace falta una mayor liberalización del comercio y, sobre todo, una liberalización de los mercados laborales mediante menos normativas y niveles más saludables de protección laboral. 
En la actualidad hay 13 millones de personas en la UE que no tiene un trabajo al que acudir. 
El ministro Gordon Brown pensó que la flexibilidad no era una amenaza para el pleno empleo, sino el requisito previo para el aumento del empleo. 
Por lo tanto las directrices deberían ser más amplias y concentrarse en medidas que, conjuntamente con las directrices de política económica, conduzcan genuinamente al crecimiento económico y a que se emplee a más personas, y por lo tanto al suministro de recursos para cosas como la educación y la asistencia sanitaria. 
Señor Presidente, Señorías, doy las gracias al ponente por sus propuestas, que nuestro Grupo también apoya. 
Consideramos que es necesario avanzar objetivos ambiciosos y medidas pragmáticas, nuevos principios innovadores, más iniciativas locales y regionales, y todo ello aparece en su informe. 
Hace mucho que decidimos y pedimos que los Parlamentos nacionales tuvieran una mayor participación, no solo los de Dinamarca y Escocia, sino los de toda la Unión Europea. 
Sin embargo, el hecho de que la política europea de empleo conceda un margen de maniobra a los objetivos y decisiones nacionales es una señal de lo inteligente que es. 
Me gustaría decir a la diputada de Suecia que el mercado de trabajo alemán necesita sin duda ser reformado, pero la supresión de la protección contra el despido no ha creado más puestos de trabajo en ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Sin embargo, también quiero decir que criticamos a los democristianos en dos aspectos. 
El primero ya se ha mencionado: la enmienda 62. 
La Comisión ha propuesto aprovechar la política en materia de inmigración para gestionar el potencial de mano de obra disponible gracias a la inmigración. 
Creo que sería necesario que los democristianos acepten esta realidad y no la reduzcan al absurdo, por decirlo así, mediante arreglos especiales bilaterales entre los Estados miembros, ante el silencio de los conservadores a la vista de esta práctica. 
No podemos apoyar una reducción general de los impuestos, y lamento que se haya concedido a esta enmienda una importancia clave. 
Las empresas europeas esperan otra cosa: esperan seguridad para poder planificar a largo plazo, trabajadores cualificados, infraestructuras óptimas, la promoción de la ciencia y la investigación, simplificación normativa e inversión. 
Estas medidas son necesarias y no pueden llevarse a cabo con reducciones generales de impuestos. 
Señor Presidente, la adopción de las directrices sobre el empleo es especialmente importante para el Parlamento, sobre todo hoy que la Comisión presenta una propuesta revisada con un número de objetivos limitado, que constituyen los pilares del modelo social europeo en la nueva economía. 
Dada esta situación, la adopción del informe del ponente por amplia mayoría en el pleno no es solo el único paso adelante, sino que es también una obligación hacia los ciudadanos europeos cuyos intereses representamos. 
La iniciativa adoptada por la Comisión parece confirmar la prioridad de competencia de calidad, que está vinculada a la calidad del empleo y a la calidad de los servicios públicos. 
La política de promover no solo el empleo barato sino el empleo cada vez más barato, que plantean las enmiendas del PPE-DE, no tiene la más mínima posibilidad, ya que además de que provoca una reducción gradual del nivel de vida, también facilita la supervivencia de empresas con una baja productividad y escasa capacidad de crecimiento, como también señala acertadamente el ponente. 
Así que en lugar de insistir sobre el vínculo con el pacto de estabilidad, que restringe las iniciativas de intervenciones en el mercado laboral y medidas para modernizar los servicios públicos, sin los cuales se presentarían en bandeja al sector privado, deberíamos exigir coherentemente otras directrices. 
Por lo tanto, deberíamos exigir una coordinación máxima con la Carta Europea de las Pequeñas Empresas, que destaca la promoción de iniciativas basadas en el conocimiento y la innovación, e instar a un acercamiento entre la política industrial y las demandas del modelo social europeo. 
La política industrial hasta la fecha, en lugar de seguir esta dirección, margina los asuntos relacionados con el empleo. 
Sería una lástima que el PPE-DE se mantuviese firme con respecto a sus elecciones iniciales que, en lugar de tener como consecuencia la explotación de la competitividad de la calidad, la ventaja de la economía europea, insistían en una explotación cada vez mayor del empleo barato. 
Por último, me gustaría felicitar a la Comisión, que está prestando especial atención a una participación muy estrecha y más activa por parte de los parlamentos nacionales y a la movilización de las sociedades locales, con los correspondientes compromisos específicos de aumentar el empleo, una idea que también he apoyado en el pasado. 
De este modo no solo conseguiremos que se amplíen las responsabilidades sobre cuestiones de empleo, sino también el desarrollo de la competencia saludable entre las distintas regiones de un país. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar agradeciendo al Sr. Schmid su excelente trabajo y su esfuerzo para hallar puntos de encuentro, aunque no estemos de acuerdo en todos los ámbitos. 
El Consejo Europeo de Lisboa fijó un objetivo estratégico para la Unión Europea: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mercado, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con una mayor cohesión social. 
Estocolmo, en 2001 y Barcelona, en 2002, suponen la consolidación y el reforzamiento del compromiso de la Unión Europea con el empleo. 
Por eso, en un momento de estancamiento de la economía europea, unido al hecho de la ampliación, creo que es acertado confirmar la voluntad expresada en Lisboa y Barcelona, remodelándola y adaptándola a la situación económica que vivimos. 
Por otra parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra, en su artículo 15, el derecho al trabajo de todo ciudadano de la Unión Europea. 
La actividad, el trabajo y las condiciones que lo propician, y en las que se desarrolla, no constituyen un compartimento estanco, cerrado. 
Por eso quiero insistir en algunas ideas que se aplicarían transversalmente; por supuesto, sin ánimo exhaustivo y con la limitación de tiempo y teniendo en cuenta que ya la colega Regina Bastos predicó la necesidad de la vigencia del Pacto de estabilidad, de la lucha contra la inmigración clandestina y, en su caso, la integración de los inmigrantes legales. 
Señor Presidente, utilizaré también el tiempo de los diputados Sres. Andria y Mantovani, que me han pedido que exprese su pesar por haberse visto retenidos en Italia por culpa de huelgas y otras causas igual de serias. 
Resumiré brevemente sus puntos de vista en la medida de mis posibilidades. 
El compromiso de la clase dirigente europea, en particular del Parlamento Europeo, es revisar el modelo de la economía social de mercado, actualizarlo, repensarlo sin reducir el compromiso social. 
La seguridad del puesto de trabajo no debe buscarse ya sobre la base de derechos adquiridos, sino de acuerdo con el conocimiento, el compromiso, el aprendizaje permanente. 
La flexibilidad retributiva- siempre defendida, al menos en el plano teórico, pero a menudo incumplida en la práctica- debe convertirse en un objetivo real del Parlamento, que ha de mostrar con claridad y resolución el proceso que hay que seguir para alcanzarla. 
Este compromiso de reforma deberá contar ante todo con el apoyo de las partes activas, es decir, de todos los componentes sociales, que deberán suscribir compromisos serios a favor de la formación, de la innovación, de la flexibilidad, sin desmentirlos después a la hora de su aplicación. 
El diálogo sobre la estructura de negociación colectiva deberá reforzar el nivel empresarial, pero también la retribución flexible; cuando se refuerza el nivel empresarial aumenta la productividad y se valora la contribución individual. 
Parece evidente que, para alcanzar estos objetivos, hay que poner junto a la negociación a escala nacional una negociación a escala de empresa. 
Para garantizar el empleo de calidad, es preciso, ante todo, como ya se ha recordado, relanzar las inversiones, auténtica reserva, especialmente en las futuras iniciativas dirigidas hacia los países de Europa Central y Oriental. 
Las empresas mixtas son otro elemento más de relanzamiento de las PYME, que, no hay que olvidarlo, generan más del 90 por ciento de los puestos de trabajo en Europa. 
Al aplicar la flexibilidad, es necesario velar por que esta no se convierta en un instrumento de conveniencia para algunas empresas, que recurran a esta solución para crear puestos de trabajo atípicos, como los contratos de colaboración coordinada y continuada, que sin embargo no ofrecen un futuro seguro, especialmente para los jóvenes. 
Si se abusa de este instrumento, se puede contribuir a crear futuras generaciones de trabajadores precarios e inseguros, pero también y sobre todo de candidatos a jubilados de renta baja, en otras palabras de futuros jubilados pobres. 
Debemos que evitar por tanto dar cancha al populismo en estas importantes reformas y tratar con firmeza de dar pasos decididos, prácticos y realizables. 
Señor Presidente, también quisiera darle las gracias al Sr. Herman Schmid, por su constructivo trabajo en este informe. 
En beneficio del Comisario Vitorino, me gustaría mencionar varias enmiendas en cuya redacción hemos estado implicados los Demócrata-Cristianos, incluido yo mismo. 
Se trata de una cuestión del reto demográfico, identificado en Estocolmo en marzo de 2001 como uno de los problemas más importantes de la Unión para el futuro. 
Se calcula que para 2050, la Unión Europea tendrá 40 millones más de pensionistas que en la actualidad, y por tanto 40 millones menos de población activa. 
Esto se recoge en la enmienda 1, como una parte importante del informe del Sr. Herman Schmid. 
Me gustaría preguntar al Sr. Vitorino cómo considera la crisis del sistema de pensiones con relación al desarrollo económico y la supervivencia de distritos completos dentro de la Unión Europea dada la grave tendencia demográfica. 
Es alentador que varias enmiendas, incluidas la 28 y la 38, relacionadas con la conciliación de la vida familiar y profesional, sean ahora parte de informe del Sr. Herman Schmid. 
Este es un aspecto particularmente importante, pero no es bueno que la enmienda 43 determine que la vida familiar y el trabajo se reconciliarán notablemente a través de compromisos para desarrollar servicios de guardería. 
Debería tratarse más de una cuestión de que los niños tengan derecho a pasar más tiempo con sus padres que de que necesariamente tengamos que desarrollar una forma de atención a la infancia que les dé menos tiempo a los niños para estar con sus padres. 
La enmienda 9 también es importante. 
Trata de la necesidad de reforzar la ética del contribuyente, sobre la competencia entre empresas con condiciones iguales y sobre aumentar la lucha contra el trabajo no declarado. 
Permítanme, para concluir, decir algo a favor de la enmienda 60, que destaca el valor de las familias, las empresas familiares y la transición de una generación a otra. 
Si vamos a hacer algo para crear trabajos a largo plazo, debe resolverse la cuestión de cómo se llevan a cabo estas transiciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0172/2003) del Sr. Hernández Mollar en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de resolución del Parlamento Europeo y del Consejo [2003/2003 (INI) ] relativa al Acuerdo UE/Estados Unidos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y extradición. 
. (ES) Sr. Presidente, en el debate que mantuvimos en este Parlamento el 14 de mayo, dije lo positivo y lo negativo que, desde nuestro punto de vista tenía el Acuerdo que hoy debatimos. 
Pues bien, la recomendación que hoy presento, en nombre de la Comisión que presido, recoge todo ello con meridiana claridad. 
En primer lugar, es necesario que estos acuerdos sean los instrumentos para ampliar la protección de los derechos fundamentales según la noción que Europa ha desarrollado sobre la base de nuestras constituciones y la jurisprudencia de los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo. 
La Unión Europea no puede negociar a partir de normas que sean inferiores a las que ella misma debe respetar. 
Esto nos parece evidente y no podemos aceptar la extradición o la asistencia judicial penal cuando haya riesgo de pena de muerte o de un proceso no equitativo como sería el caso de los tribunales militares. 
En segundo lugar, estos acuerdos pueden servir de laboratorio para mejorar los métodos e incluso las legislaciones de ambas partes. 
Este debería ser el caso, por ejemplo, en materia de protección de datos que habría que aplicar en ambas partes del Atlántico. 
En tercer lugar, un acuerdo internacional no tiene sentido sin una condición de reciprocidad entre las dos partes. 
Por ello exigimos que, de una vez por todas, se acabe con la situación de los ciudadanos europeos detenidos en la base de Guantánamo. 
A pesar de que mi Grupo no desea condicionar la firma de los acuerdos a esta cuestión, sí desea pronunciarse con toda rotundidad a favor de que esta situación termine de inmediato. 
En cuarto lugar, estos acuerdos deben constituir también la ocasión para reforzar nuestra legislación interna, haciéndola más eficaz. 
Por esta razón, deben tener preferencia las normas que existen ya entre los Estados miembros, como es el caso de la orden de detención europea, y no deberían entrar en competición estos acuerdos con otros relevantes tratados, como es el del Tribunal Penal Internacional. 
En quinto lugar, es necesario que acuerdos tan importantes como los firmados con los Estados Unidos sean objeto de un seguimiento tanto a nivel del Consejo como de la Comisión y a nivel parlamentario. 
Una comisión mixta de miembros del Congreso de los Estados Unidos y del Parlamento Europeo. 
En el interés de ambas partes, debe ser constituida, lo antes posible. 
Por último, voy a invocar el punto más delicado, es decir, el procedimiento que nos ha sido anunciado por el Consejo a lo largo del último debate en el Pleno. 
No hemos encontrado una respuesta positiva a nuestra demanda de una consulta formal entre las decisiones de la firma y de ratificación de los acuerdos. 
Se trata de los primeros acuerdos internacionales de la Unión Europea que se basan a la vez en el segundo y el tercer pilar, por lo que la consulta regular al Parlamento se impone, debido a numerosos argumentos. 
De un lado, porque esta consulta debe ser la regla para la adopción de actos que pertenecen al tercer pilar, comprendiendo aquellos actos que tienen la naturaleza de acuerdos internacionales. 
Por otro lado, porque el control parlamentario sobre este tipo de acuerdos es la regla en todos los Estados miembros y debe, por consecuencia, ser considerado un principio común en el que la Unión Europea debe inspirarse, conforme al artículo 6 del Tratado. 
Por todas estas razones, consideramos que la consulta al Parlamento es el único procedimiento que respetaría plenamente los principios de democracia y de Estado de Derecho invocados por el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 
Sr. Presidente, ¿cómo explicar a los ciudadanos europeos en el momento en que estamos elaborando la nueva Constitución Europea que los acuerdos que afectan directamente a sus derechos fundamentales puedan entrar en vigor sin control del Parlamento Europeo? 
Consideramos que una decisión del Consejo de consultar al Parlamento Europeo con motivo de la ratificación de los acuerdos basados en los artículos 24 a 38 sería perfectamente conforme al Tratado, así como una opción adecuada desde el punto de vista de la política institucional, como ya ha sugerido la Comisión. 
Señor Presidente, por todas estas razones, esperamos que el Consejo de Asuntos Generales cambie de actitud y, en su propio interés y en el de la Unión, evite la creación de un grave déficit democrático, modificando su postura actual. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los acuerdos que hoy debatimos son importantes y positivos, como ya han señalado el Sr. Comisario y el Sr. Hernández Mollar, que ha realizado un excelente trabajo en la materia en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Como se ha resaltado, es la primera vez que se celebran acuerdos de extradición y de cooperación judicial entre la Unión Europea y un tercer país. 
Y es positivo que se estreche la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea para combatir más eficazmente la delincuencia transfronteriza y proteger de forma adecuada a nuestras sociedades democráticas, nuestros valores comunes y a nuestros ciudadanos. 
Uno mi voz a quienes critican el secretismo que ha rodeado las negociaciones y al hecho de que el Consejo intentara clasificar de confidencial el texto de los acuerdos, excluyendo de este modo a este Parlamento. 
No se comprende esta actitud cuando se trata de algo que va a afectar directamente a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. 
Felizmente, el Consejo ha dado marcha atrás en esa clasificación absurda e inaceptable. 
Tenemos sobre la mesa dos acuerdos con los que estamos globalmente de acuerdo, pero hay aspectos que es esencial garantizar. 
En primer lugar, el trato que debe darse a los Estados Unidos, que nunca podrá ser idéntico al reservado a los Estados miembros de la Unión Europea en el marco de la orden de detención europea, dado que aquellos no están sujetos a las normas comunitarias, ni siquiera a la Convención de los Derechos Humanos o a las normas europeas sobre protección de datos; en segundo lugar, la primacía de una solicitud de orden de detención europea o de una solicitud de comparecencia ante el Tribunal Penal Internacional sobre cualquier solicitud de extradición de los Estados Unidos; en tercer lugar, la garantía de que no se procederá a la extradición a los Estados Unidos cuando exista la posibilidad de que se aplique la pena de muerte o cuando el juicio vaya a desarrollarse en tribunales de excepción o militares; en cuarto lugar, la inclusión de una referencia explícita al apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión, así como a la Carta Europea de los Derechos Fundamentales; en quinto lugar, la exigencia de previsiones efectivas en materia de protección de datos, que sean proporcionales y eficaces y garanticen, como mínimo, una protección equivalente a la otorgada por el Convenio del Consejo de Europa. 
Espero que estos aspectos queden debidamente salvaguardados en los acuerdos que se firmarán en la Cumbre Unión Europea- Estados Unidos de América del próximo 25 de junio. 
Es la primera vez que la Unión Europea negocia como tal un Acuerdo de estas características y ello supone un precedente; creo que eso da toda la relevancia posible a las reivindicaciones, a las que me sumo, que hace aquí el presidente de la Comisión de Libertades Públicas, el Sr. Hernández Mollar, en cuanto a cómo se va a desarrollar la negociación y la aprobación de este Acuerdo. 
Me parece que el presidente ha hecho un buen trabajo y también le felicito y me sumo en cuanto a la forma, a las cosas que él nos decía. 
En cuanto al contenido, creo que es muy positivo que haya un acuerdo con los Estados Unidos, pero es imposible sustraerse a la existencia de diferencias en nuestros sistemas. 
Es imposible sustraerse, sobre todo, a la existencia de la pena de muerte, y la reserva, en este sentido, está clara por lo que respecta a la extradición, pero creo que no lo está tanto por lo que respecta a la asistencia judicial y, en ese sentido, el artículo 9 es insuficiente. 
Tampoco parece razonable que, según el artículo 10, pueda no prevalecer una demanda de un país miembro ante la demanda de un tercer país, igualmente tengo dificultades en relación a la posición de los Estados Unidos sobre el Tribunal Penal Internacional, como la tienen los Estados europeos, y creo que en el articulado del Acuerdo debe quedar claro que una demanda del Tribunal Penal Internacional prevalece ante la demanda de un tercer país. 
Yo creo que no podemos y, por lo tanto, voy a apoyar que su firma sea condicional a la resolución de un problema que afecta a muchos ciudadanos europeos, ni siquiera sabemos cuántos, y a otros del resto del mundo y que me parece absolutamente inaceptable. 
Espero que los Estados miembros y las instituciones comunitarias hagan realmente lo que puedan. 
Creo que el habeas corpus es un derecho realmente elemental, incluido en todas las Convenciones, y que políticamente no podemos conceder un Acuerdo privilegiado a un tercer Estado que mantiene a personas en esta situación. 
Señor Presidente, mi Grupo tiene graves reservas respecto al acuerdo que el Consejo quiere firmar con los Estados Unidos. 
Por razones políticas se encubren los problemas que plantea una mayor cooperación en el ámbito policial y judicial. 
Esa mayor cooperación permitirá, por supuesto, atrapar a más delincuentes y eso es bueno. 
Pero tiene que someterse a unas condiciones estrictas para garantizar los derechos de los acusados, pues de lo contrario se socavará la confianza de los ciudadanos en las autoridades. 
Hemos de evitar que se abran cada vez más brechas en nuestro Estado de derecho simplemente para agradar al Salvaje Oeste. 
Mis reservas respecto al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos van más allá de la pena de muerte o la Bahía de Guantánamo. 
Mis reservas llegan al núcleo del propio sistema estadounidense. 
Más del 92% de todas las condenas se basan en acuerdos judiciales. 
Esto implica que en más del 92% de los casos no se comprueban las pruebas, sino que se negocia la pena con los acusados coaccionados por temor a condenas absurdamente altas. 
No es un proceso justo y celebro que en la resolución se haga referencia al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, porque dicho convenio prescribe un proceso justo. 
Otro aspecto positivo del informe del Sr. Hernández Mollar es que insiste en la existencia de otras soluciones aparte de la extradición de súbditos europeos a los Estados Unidos, sobre todo tratándose de delitos cometidos en territorio europeo. 
Propongo que los Estados Unidos entreguen las pruebas contra los acusados al Estado miembro de la UE competente. Así podremos juzgar a nuestros ciudadanos de acuerdo con nuestras tradiciones y con nuestras propias garantías y los ciudadanos podrán cumplir las penas cerca de sus hogares. 
Eso es lo que yo llamaría una muestra de cooperación constructiva entre socios en pie de igualdad. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Hernández Mollar está lleno de buenas intenciones e indudablemente vamos a votar a favor de él, pero también está imbuido de una ingenuidad muy curiosa. 
¿Cómo podemos alcanzar acuerdos jurídicos- acaso no se reduce todo a hablar de Derecho- con un Estado, los Estados Unidos, que hace caso omiso y se burla del Derecho, del propio concepto de Derecho? 
¿Cómo podemos contemplar la extradición de nuestros conciudadanos a un país, a un Estado, que no se rige- o lo hace cada vez menos- por las mismas normas jurídicas que las nuestras? 
Estos son los interrogantes que plantea este informe. 
En definitiva, estamos tratando con un Estado que aplica la pena de muerte y al que estamos considerando la posibilidad de extraditar a conciudadanos; un Estado que no respeta los derechos humanos fundamentales, en especial por lo que se refiere a las leyes antiterroristas; un Estado que somete cada vez más casos a sus tribunales militares, de modo que podríamos llegar a ver a nacionales de nuestros países juzgados por tribunales militares estadounidenses; un Estado cuya legislación relativa a la transmisión de datos personales viola flagrantemente nuestras leyes, hasta el punto de que cabe preguntarse por qué aprobamos leyes sobre esta materia, y sobre otras muchas cuestiones, si las remitimos a un Estado que las contraviene de forma deliberada. 
En resumidas cuentas, se trata de un Estado que, por encima de todo, se comporta como una tribu de salvajes, raptando a ciudadanos de nuestros países, encarcelándolos sin ni siquiera tomarse la molestia de acusarles de un delito- me refiero evidentemente a Guantánamo, pero se podrían citar otros ejemplos- y entregándose incluso a prácticas de tortura lejos de la curiosidad de los periodistas. 
En efecto, estamos tratando con un Estado que no respeta el Derecho, y en mi opinión, no debemos llegar a ningún acuerdo jurídico, de carácter judicial y penal, con él. 
Sin embargo, dudo que la Unión Europea sea capaz de adoptar una actitud firme: ella misma ha caído en la trampa y mantiene, con respecto a los Estados Unidos, una pasividad que, antes o después, nos va a conducir a situaciones ruinosas. 
Permítanme añadir que ya se vislumbran algunos ejemplos de ello. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a nuestro presidente Hernández Mollar por las acrobacias que ha conseguido hacer para traer a la Asamblea este texto. 
No ha sido fácil. 
Para comprender su importancia y entender el alcance del acuerdo no hay que olvidar el móvil de partida: no fue tanto la emoción inmediata de los días siguientes al 11 de septiembre como la urgencia, a raíz de aquellas dramáticas jornadas, de crear una red de control y de oposición a las organizaciones terroristas que actúan en el mundo. 
Como se lee en la Resolución votada en diciembre de 2001 por este Parlamento, «todo acuerdo internacional sobre cooperación policial y judicial celebrado por la UE y sus Estados miembros debe respetar plenamente la Convención Europea de los Derechos Humanos», 
La primera preocupación- como ya se ha dicho- es no permitir la extradición de presos a los que se pueda imponer en los Estados Unidos la pena de muerte. 
Ahora bien, sin perjuicio de este principio, no veo qué más preocupaciones podría haber. 
Pretender condicionar la aplicación de este acuerdo al compromiso de intervenir con respecto a la situación de Guantánamo, nos parece excesivo. 
Se pueden pedir a los Estados Unidos claridad y transparencia sobre todo lo que está sucediendo en dicha base, pero no hay que obstaculizar la trayectoria de un acuerdo que va mucho más allá, es decir, que va en el interés de la seguridad mundial y no solo norteamericana. 
Por este motivo, votamos en comisión en contra de la enmienda sobre Guantánamo, dejando a un lado este caso, para desarrollarlo, si procede, de forma autónoma. 
En cuanto a señalar a los Estados Unidos como un país en el que no se respetan los derechos humanos, no quiero hacer de abogado de oficio, pero recordemos que los Estados Unidos constituyen la primera democracia verdadera que se instituyó en el mundo y en la historia de la civilización. 
Me parece que algunos juicios deben valorarse como juicios totalmente parciales. 
Este acuerdo constituye un importante paso adelante en la lucha no solo contra el terrorismo sino también contra la delincuencia financiera, las multinacionales del tráfico de droga, el blanqueo de dinero, la ciberdelincuencia y la trata de seres humanos: estos problemas son aparentemente diversos, pero en realidad están unidos por la urgencia de actuar de forma resuelta, oportuna e incondicional. 
A mi entender, estas preguntas aún no pueden contestarse afirmativamente, en parte por culpa del procedimiento seguido. 
El Comisario Vitorino ha dicho que este es el primer acuerdo de la Unión. Que es un hito. 
Y efectivamente lo es, pero los hitos exigen otro procedimiento. 
Los hitos no se hacen con debates a puerta cerrada, documentos confidenciales y menosprecio del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. 
Toda la culpa es de Europa. 
El Consejo de Justicia y Asuntos Interiores se merece un suspenso. 
Es increíble que aquí en Europa tengamos que estar luchando por derechos democráticos fundamentales como el control parlamentario. 
Además, el contenido del acuerdo suscita muchas preguntas. 
Eso no tiene nada de particular pero, siendo así las cosas, tenemos que tener la posibilidad de debatirlas. 
Por ejemplo: ¿quién tomará la decisión de extraditar: los jueces o los Ministerios de Asuntos Exteriores? 
¿Quién será extraditado? 
¿Qué haremos con el sistema de acuerdos judiciales? 
La Sra. Buitenweg ya ha hablado en detalle de todo esto. 
Por ejemplo, falta un análisis en profundidad de la repercusión de la reciente Ley de seguridad del territorio nacional (Homeland Security Act) en los datos facilitados por la Unión o por sus organismos. 
Existe el riesgo de interferir en las competencias del Tribunal Penal Internacional. 
Sigue sin existir claridad sobre la asistencia jurídica y la utilización de datos para otros fines. 
Además está la cuestión de Guantánamo. 
Varios oradores y, en particular, el presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, el Sr. Hernández Mollar, han pronunciado sabias palabras sobre esta cuestión. 
Lo cierto es que tenemos que hacer algo al respecto. 
En resumidas cuentas, señor Presidente, este acuerdo no puede aprobarse apresuradamente. 
El Consejo ha empezado con tiempo de sobra, pero ha dado la espalda de forma sistemática tanto a los parlamentos nacionales como al Parlamento Europeo, a diferencia de los Estados Unidos, que por lo menos todavía consultan a su Congreso. 
¿Es esto un hito, entonces? 
Todavía no. 
Los acuerdos entre los Estados Unidos y la UE, por supuesto, tratan realmente sobre la integración del Derecho Penal y la normativa del procedimiento penal de los países de la UE y los Estados Unidos o, en cualquier proporción, sobre aspectos esenciales de estos. 
Los acuerdos deberían provocar las protestas de todo político serio especializado en derecho. 
Estos acuerdos representan en actual bajo nivel de desarrollo de la política legal de la UE. 
En los países nórdicos, especialistas en el campo consideraron que el bajo nivel se había alcanzado con las dos decisiones marco relativas a la orden de arresto europea y a las medidas para combatir el terrorismo, pero las cuestiones son ahora todavía peores. 
Obsérvese que la única investigación profesional llevada a cabo por las instituciones de la UE sobre estas cuestiones cruciales de política legal están abiertas a una seria crítica basada en cuestiones de principio, debido al hecho de que, en el contexto de los derechos que forman una parte crucial de nuestra base de valores democráticos, las leyes de la UE violan una serie de principios básicos en el campo del Derecho Penal y el proceso penal. 
Tratamos aquí con lo que se denomina la red de expertos independientes en derechos básicos de la UE que, el 31 de marzo de este año, emitió un informe global sobre el equilibrio entre la libertad y la seguridad, tal y como ellos lo denominan. 
¿Alguien del sistema de la UE ha hecho caso a la crítica realizada por el grupo de expertos relativa a que las leyes comprometen la seguridad jurídica? 
Como digo, estos acuerdos empeoran todavía más las cosas. 
El sistema de la UE y los Estados miembros aceptará ahora, en primer lugar, la extradición de ciudadanos de los Estados miembros para enjuiciamiento penal y encarcelamiento en los Estados Unidos, una república bananera en términos de política legal. 
Varios oradores han hecho referencia al escándalo en la Bahía de Guantánamo, donde se retiene y maltrata a ciudadanos de la UE en circunstancias que violan contundentemente el Derecho internacional y los principios jurídicos básicos. 
Es incomprensible que pueda celebrarse un acuerdo con una república bananera jurídico política. 
Además, se permitirá posteriormente a los servicios de investigación estadounidenses operar en los Estados miembros. 
Se realizaron negociaciones secretas de un año por anticipado y, como afirma el Consejo, proteger las negociaciones de este era un interés más importante que el escrutinio democrático. 
¿Podemos caer más bajo? 
También hago referencia a la opinión minoritaria que consta en el informe del que he sido una parte emisora en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
Señor Presidente, señor Comisario, lamento que el Consejo no esté presente, pues el Consejo es el que ha llevado las negociaciones y al menos debería escuchar lo que tiene que decir el Parlamento. 
Hay una razón clara para cooperar en la lucha contra el terrorismo internacional organizado y la delincuencia internacional. 
Pero la pregunta que se formula en estos momentos al Parlamento es: ¿se cumplen satisfactoriamente las condiciones en las que tiene que producirse esa cooperación? 
Creo que el Parlamento, por boca del Presidente de la comisión, el Sr. Hernández Mollar, y de muchos otros diputados, ha indicado cuáles son las condiciones mínimas que exige y que han de cumplirse realmente. 
Por ejemplo, tiene que excluirse cualquier forma de cooperación con tribunales de excepción y con tribunales militares, y denegar la extradición cuando el ciudadano extraditado pueda ser condenado a muerte. 
Los parlamentos han de ser consultados durante el procedimiento antes de la firma del acuerdo y con respecto a la vigilancia de su aplicación. 
Se han formulado varias preguntas y me sumo por completo a ellas. Por ejemplo, sobre el unilateralismo del que hacen gala los Estados Unidos en materia de política exterior y que podrían dar pie a extradiciones que presenten también un aspecto unilateral, o sobre lo poco que pueden esperar a cambio los países europeos con este acuerdo. 
Señor Presidente, el informe Hernández Mollar ofrece una excelente explicación del contenido de los acuerdos de extradición y readmisión entre los Estados Unidos y la UE. 
El informe apoya con razón ambos acuerdos, pero el tono de la resolución con respecto a los Estados Unidos es demasiado crítico. 
Es cierto que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la UE y de los EE.UU. no son iguales, pero también los EE.UU. son una nación democrática que garantiza el respeto de los derechos humanos. 
El sentimiento de superioridad moral que se respira en la resolución y también en este debate, por tanto, está fuera de lugar. 
Por último, quiero decir algo sobre el control democrático, otro punto criticado en la resolución. 
Todos los parlamentos nacionales han de aprobar los acuerdos para que se pueda proceder a su ratificación. 
Suponiendo que su contenido contravenga acuerdos bilaterales ya existentes entre los Estados miembros individuales y los EE.UU. o los convenios sobre los derechos humanos, confío en que los parlamentos nacionales puedan ejercer sus derechos democráticos. 
Por consiguiente, el control está garantizado. 
Señor Presidente, el texto de la presente resolución no deja nada que desear en cuanto a claridad. 
El mensaje del Parlamento Europeo es que los proyectos de acuerdo no han de firmarse hasta que el Consejo subsane algunas objeciones fundamentales del Parlamento. 
Sigo esperando que la Presidencia tenga debidamente en cuenta esas objeciones, como por cierto está obligada en virtud de la Convención Europea. 
Es la primera vez que la UE como tal quiere firmar un acuerdo con un tercer país en el ámbito de la cooperación judicial y penal, pero está dando un mal ejemplo. 
En el futuro, el Consejo debe implicar en una fase más temprana de las negociaciones a los parlamentos de los Estados miembros y al Parlamento Europeo. 
Los textos de los proyectos de acuerdo se han mantenido en secreto durante demasiado tiempo. 
Eso es inadmisible, sobre todo porque los Estados Unidos violan los derechos elementales de los ciudadanos so pretexto de luchar contra la criminalidad. 
Constatar ese hecho no tiene nada que ver con un sentimiento de superioridad moral o de antiamericanismo. 
La administración de justicia en los Estados Unidos no ofrece garantías suficientes en relación con los derechos de los acusados. 
Los procedimientos negociados tan frecuentes en los procesos penales no descartan que los acusados sean condenados a pesar de ser inocentes o de no haber pruebas suficientes. 
Esta situación se ha agravado con las nuevas leyes y prácticas adoptadas por los Estados Unidos después del 11 de septiembre. 
Si la Unión Europea quiere tomarse en serio su protección judicial, no podrá esos dos acuerdos con los Estados Unidos hasta que no se hayan incorporado a ellos las garantías que pide la gran mayoría de este Parlamento. 
El Consejo tiene que hacer de nuevo sus deberes y el hecho de que se haya tomado la libertad de ignorar hasta ahora las opiniones del Parlamento es un ejemplo de la debilidad del sistema democrático europeo, pero no somos estúpidos. 
Señor Presidente, Señorías, la importancia de estos acuerdos para la cooperación judicial y policial no debe hacer olvidar el respeto hacia nuestros valores. 
Quisiera formular dos preguntas. 
La pena de muerte sigue vigente en los Estados Unidos y, aunque alcancemos un acuerdo que evite su ejecución, el problema no va a desaparecer: la pena de muerte está en contradicción con nuestros valores. 
Con respecto a los actos delictivos, se establece una jerarquía entre los ciudadanos estadounidenses, que no pueden comparecer ante la Corte Penal Internacional, y los ciudadanos de la Unión, que pueden ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por las autoridades judiciales estadounidenses: esta discriminación también es contraria a nuestros principios. 
El caso de los presos de Guantánamo ilustra a la perfección el hecho de que los Estados Unidos no respetan los derechos fundamentales, ya que juzgan a estas personas en tribunales especiales y violan en todo momento sus derechos de defensa. 
Estos individuos sufren un trato inhumano, vejatorio y contrario al Derecho internacional y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Así las cosas, ¿piensa usted sinceramente que es concebible que la Unión pueda aceptar la extradición a los Estados Unidos de una persona, cualquiera que sea su nacionalidad? 
Para concluir, ¿qué garantías tenemos de que los Estados Unidos van a respetar un acuerdo suscrito con la Unión, dado que no respetan sus obligaciones internacionales, desprecian el Derecho internacional, se consideran por encima de la ley y se sienten autorizados a tomar todas sus decisiones de manera unilateral, como ha demostrado su ataque al Iraq? 
Señor Presidente, los sucesos del 11 de septiembre fueron trágicos y profundamente imperdonables. 
Nadie desea ver que se repiten, pero sería casi tan trágico ver cómo se explotan con el fin de violar derechos humanos fundamentales y garantías de seguridad jurídica que normalmente protegen a los ciudadanos de la UE. 
Tal y como acertadamente señala la opinión minoritaria, los acuerdos entre la UE y los Estados Unidos no contienen simplemente medidas dudosas para luchar contra el terrorismo; los acuerdos constituyen un terreno resbaladizo hacia la extradición y la cooperación legal sobre asuntos penales de forma general. 
Conforme a los acuerdos, los ciudadanos europeos que presuntamente hayan cometido un delito con una condena de al menos un año pueden ser extraditados a los Estados Unidos, un país que, como muchos han señalado, emplea la pena de muerte. 
De ningún modo puedo apoyar el pensamiento subyacente a estos acuerdos internacionales y por lo tanto voto en contra del informe, pero me gustaría solicitar apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
Señor Presidente, me gustaría decir que es realmente irritante que el Consejo esté ausente en un debate como este, especialmente cuando el Parlamento Europeo ya había advertido por anticipado al Consejo durante el pleno anterior. 
Sería excelente que la Comisión y el Consejo prestasen atención cuando el Parlamento Europeo les advierte por anticipado, especialmente sobre cuestiones tan importantes como estas. 
Quizás la única justificación para que el Consejo no esté aquí sería que el Presidente en ejercicio estuviese encerrado en algún lugar leyendo el informe de Amnistía Internacional para 2003, que afirma que la gran amenaza para los derechos en la actualidad son las medidas adoptadas por los Estados Unidos a nivel global con el pretexto del 11 de septiembre con el propósito de socavar y retirar los derechos democráticos y otros derechos los ciudadanos. 
El caso que examinamos ahora con relación a los acuerdos sobre cooperación judicial y extradición es una exportación desde los Estados Unidos de las restricciones sobre derechos, especialmente sobre la cuestión de la pena de muerte. 
Los Estados Unidos nos están exportando todo esto y nosotros, sin vergüenza alguna y, desgraciadamente, con una Presidencia Griega, las estamos importando conforme a estos acuerdos. 
Me gustaría pedir al Comisario Vitorino que nos diese su opinión. 
Señor Comisario, mientras usted esté aquí y no sea Secretario General de la OTAN, ¿por qué, en su opinión, en el Artículo 13, que se refiere a la cuestión de una solicitud de extradición de una persona que podría enfrentarse a la pena de muerte, el acuerdo indica: «la solicitud de extradición puede ser denegada» por la Unión Europea a los Estados Unidos de América, en lugar de «será denegada»? 
¿Por qué? 
Le ruego que nos lo explique en términos que podamos entender. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0137/2003) de la Sra. Roure, en nombre de Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la adopción de una directiva del Consejo [COM (2002) 548- C5-0502/2002- 2002/0242 (CNS) ] relativa a los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o voluntariado. 
Antes de iniciar el debate, quisiera rogar a sus Señorías que respeten estrictamente los tiempos de intervención, pues de lo contrario tendremos problemas a la hora de la votación. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. Roure, por el trabajo realizado y agradecerle el excelente espíritu de colaboración demostrado durante la elaboración de este importante informe. 
Con este texto, que completa las otras tres propuestas sobre la reagrupación familiar, la inmigración por razones de trabajo y el estatuto de los residentes de larga duración, la Comisión da por terminado su trabajo legislativo dirigido a sentar las bases para una política común de inmigración legal, una vez que decidimos no presentar una propuesta destinada a abarcar a todas las personas no cubiertas por las propuestas anteriores. 
Celebro que el Parlamento haya respondido a la Comisión adoptando tan rápidamente este informe. 
La presente propuesta contempla la inmigración de ciudadanos de terceros países a efectos de formación. 
Se trata de un tipo especial de inmigración, puesto en que es temporal y limitada, en principio, a la duración de la formación, y se inscribe en un contexto de enriquecimiento recíproco, tanto de los países de origen como de los países de acogida, por no hablar naturalmente del propio inmigrante, que se beneficia de ella directamente. 
Esta propuesta forma parte de la política de inmigración, pero también debe contemplarse en el contexto de la acción de la Comunidad en materia de educación. 
Nuestro objetivo consiste claramente en favorecer la migración a efectos de formación, en especial acogiendo al mayor número posible de estudiantes ciudadanos de terceros países en la enseñanza superior. 
La propuesta de Directiva se concibió con este espíritu. 
Las condiciones para la admisión se han hecho lo más objetivas posible, de forma que permitan una tramitación rápida y sencilla de las solicitudes, al mismo tiempo que se redactan de forma clara y rigurosa para que los Estados miembros puedan combatir todos los intentos de abuso. 
Se trata también, creo, de una propuesta innovadora, que se inscribe en el contexto de la internacionalización creciente de la enseñanza, en especial cuando reconoce el derecho a la movilidad de los estudiantes, que podrán desplazarse a otro Estado miembro para continuar sus estudios si han sido admitidos por un primer Estado miembro de la Unión Europea. 
La propuesta abarca también el sector de la formación profesional, regulando las condiciones de acogida de los aprendices no remunerados, por ejemplo los que vienen a seguir una formación en una empresa. 
En este aspecto completa la propuesta de Directiva sobre la admisión de los trabajadores, que cubre a los aprendices remunerados. 
Como resultado de los contactos mantenidos con organizaciones no gubernamentales, se incluyeron en la propuesta disposiciones relativas a los alumnos de la enseñanza secundaria y a la llegada de voluntarios a la Comunidad Europea. 
El objetivo es facilitar los programas de intercambio de alumnos de enseñanza secundaria. 
Es del mayor interés para la Comunidad fomentar el descubrimiento de la cultura entre dichos alumnos, pues después se sentirán atraídos a volver como estudiantes de enseñanza superior. 
Se añadió también a la propuesta una disposición que regula la admisión de los voluntarios, protegiendo a estos individuos de un posible vacío legal. 
La Comisión no perdió de vista, como es evidente, las consideraciones de seguridad pública. 
La propuesta contiene una cláusula de orden y seguridad públicos que deja a los Estados miembros el margen de maniobra necesario para protegerse, en particular, de la amenaza terrorista. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de presentar mi propuesta, quisiera dar las gracias de todo corazón a todos los ponentes alternativos de todos los Grupos. 
Gracias a la labor que hemos realizado conjuntamente, seremos capaces de enviar un mensaje claro en un ámbito tan complicado como este. 
Me gustaría dar las gracias también a la Comisión por la atención que nos ha prestado, que aprecio particularmente. 
Es fundamental que nuestros países acojan adecuadamente a los estudiantes extranjeros, de la misma manera que es primordial contar con una política común para esta acogida. 
De este modo, contribuiremos positivamente a la formación de los futuros altos cargos de terceros países y reforzaremos la cooperación con estos Estados en materia de educación para hacer frente al reto que supone la internacionalización de la enseñanza. 
Esta propuesta de Directiva contiene ideas que todos podemos apoyar para llevar a cabo avances importantes. 
Vemos que, por fin, se otorga una base jurídica a los voluntarios. 
Igualmente vemos que con este instrumento quizás seremos capaces de compensar nuestro retraso con respecto a los Estados Unidos, donde se promueven y se facilitan las estancias en el marco de programas de estudios residenciales. 
Nos adentramos en una estrategia encaminada a reforzar la cooperación con terceros países en materia de enseñanza, tal y como se establece, por ejemplo, en el programa Erasmus World. 
Las votaciones en comisión han permitido realizar algunas precisiones, y me gustaría señalar algunas de ellas. 
Pedimos que se contemple en la Directiva a los investigadores que ya no son estudiantes, pero que tampoco llevan a cabo un trabajo remunerado. 
Por otro lado, recalcamos nuestro deseo de reforzar la lucha contra la fuga de cerebros del Sur al Norte. 
Acoger a ciudadanos de terceros países con fines educativos no debe traducirse en un aumento de la fuga de cerebros de estos mismos países. 
Del mismo modo, deseamos una mejora de las garantías procesales y proponemos, por tanto, que se reduzca de 90 a 60 días el plazo para comunicar a los solicitantes las decisiones adoptadas sobre las peticiones de admisión o renovación. 
Proponemos además una mayor flexibilidad por lo que respecta a los permisos de residencia para estudiantes. 
En aquellos casos en los que la duración del programa de estudios sea inferior a un año pero alcance los nueve meses, como ocurre con muchos programas, sería una pena no otorgar un permiso de residencia de un año con objeto de dar a los estudiantes, durante las vacaciones anteriores o posteriores al programa de estudios, la posibilidad de trabajar para obtener una parte del dinero necesario para sufragar sus estancias, o de perfeccionar durante unas semanas sus conocimientos del país de acogida. 
La propuesta de Directiva concede a los estudiantes e investigadores sin sueldo la posibilidad de trabajar durante un máximo de 10 a 20 horas a la semana. 
Este derecho es fundamental para que ciudadanos de terceros países puedan aumentar sus ingresos y vivir decentemente. 
Además, por lo que se refiere a los investigadores sin sueldo, me parece muy importante que se informe a los representantes sindicales de su situación particular para que puedan asegurarse de que se respetan las disposiciones de la Directiva. 
La prohibición de trabajar durante el primer año de estancia o la retirada del permiso de residencia en caso de que no se realicen progresos suficientes en los estudios no están justificadas y tienden a favorecer el empleo clandestino y la explotación de estos estudiantes. 
En caso de que el centro de enseñanza notifique unos progresos insuficientes en los estudios, el Estado miembro podría tener la facultad de reducir el número de horas de trabajo para que el estudiante pueda dedicar más tiempo a sus estudios. 
Por eso, la enmienda presentada a tales efectos me parece satisfactoria. 
Hemos observado que algunos Estados miembros están preocupados por los cambios que podría traer consigo el derecho a la movilidad y el derecho al trabajo otorgados a los estudiantes. 
Comprendo estas preocupaciones, pero las respuestas están en el propio texto de la propuesta de Directiva, en especial por lo que se refiere a la movilidad de los estudiantes, claramente definida, con condiciones precisas, en el artículo 7. 
De este modo, la Directiva propuesta no es aplicable en el caso de la movilidad de personas que deseen pasar de un estatuto de estudiante a un estatuto de trabajador inmigrante. 
Este estatuto, concedido por un permiso de residencia laboral, es el objeto del informe Terrón i Cusí que aprobamos en el Pleno el pasado mes de febrero. 
Pasar del estatuto de estudiante al de trabajador inmigrante es evidentemente posible, pero nos salimos del ámbito de la Directiva que estamos examinando. 
La Comisión está, al mismo tiempo, a favor de una política abierta a propósito de la admisión de estudiantes de terceros países, de acuerdo con la voluntad de los Estados miembros, y a favor de una política de firmeza por lo que respecta a las personas y las redes que abusan deliberadamente del sistema. 
Por tanto, Señorías, creo que podemos aprovechar la ocasión para enviar un mensaje claro al Consejo e instarle a quellegue en breve a un acuerdo sobre esta importante cuestión, con el fin de garantizar una acogida digna por parte de nuestros Estados. 
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, Sra. Roure, su enorme esfuerzo y, en particular, el que ha realizado con todos los grupos políticos, para llegar a un consenso. 
Como ya se ha dicho, esta iniciativa de la Comisión viene a completar otras para la regulación de la inmigración por razones de trabajo- por cuenta ajena o propia- y la Directiva sobre la reagrupación familiar, contribuyendo, de esta forma, a la aproximación de las legislaciones nacionales en este campo, tal y como se reconoce en el Consejo Europeo de Tampere. 
Gozamos de una movilidad de estudiantes cada vez mayor e incesante y el intercambio de estudiantes de terceros países contribuye a nuestro enriquecimiento cultural. 
Para ello deberíamos propiciar también, aunque no es el objeto de esta Directiva, el intercambio de estudiantes de la Unión Europea hacia terceros países. 
Sin duda es bueno para Europa que estudiantes de terceros países realicen aquí parte de sus estudios. 
Esto no solo nos enriquece, sino que debemos fomentar que se formen mejor y así contribuyan después al desarrollo de sus países de origen. 
Siempre que hablamos de la inmigración de países en vías de desarrollo hablamos de la necesidad de impulsar el crecimiento y el desarrollo como mejor fórmula de la lucha contra la inmigración ilegal. 
Por ello comparto con la ponente su preocupación y creo que desde la Unión Europea debemos permitir la entrada de inmigrantes por razones de estudios, pero también que estos mismos estudiantes, una vez formados, vuelvan a sus países de origen a aplicar lo aprendido y no contribuyamos a que los países en vía de desarrollo pierdan su capital humano más valioso. 
En cuanto a las condiciones de entrada específicas para regular la inmigración por razones de estudios y voluntariado que nos ocupa, debemos respetar las circunstancias de cada Estado miembro, tal y como dice la propuesta del Comisión, así como establecer un control para la lucha contra las redes de tráfico ilegal y contra la explotación laboral. 
Por ello, considero positiva la propuesta de la Comisión a la hora de dejar un margen a los Estados miembros para ordenar la expulsión de un migrante por razones de orden público, o no permitir la renovación de un permiso de residencia. 
Debe regularse la inmigración por razones de estudio de forma que no afloren centros fantasmas que puedan crear redes ilegales de inmigrantes. 
Hay que asegurarse de que los centros de enseñanza superior o profesional estén siempre legalmente reconocidos y, a su vez, que dichos centros demuestren que disponen de los medios suficientes para garantizar el buen aprendizaje del alumno. 
En cuanto al permiso de residencia, es, sin duda, positivo renovar el permiso para el intercambio de alumnos cuando cumplen con los requisitos establecidos, para que puedan llegar a realizar más de un curso en un mismo centro de enseñanza. 
Incluso la duración del tiempo de estancia podría ser superior a la duración de los estudios, pero, como ha dicho la ponente, Sra. Roure, marcando un límite. 
Mi Grupo ha presentado una enmienda que prevé que el tiempo de estancia pueda llegar a ser de un año si los estudios superiores son de nueve meses, lo que habitualmente se corresponde con un curso académico. 
Asimismo, debería existir un cierto control o límite cuando el estudiante no progresa suficientemente en sus estudios. 
De lo contrario se abrirían las puertas a aquellos estudiantes cuyo único objetivo sea venir a trabajar y no se incentivaría correctamente su progreso en los estudios. 
Para ello, mi Grupo ha presentado también una enmienda que permite que los Estados miembros puedan reducir el tiempo de trabajo de los estudiantes, si estos no progresan suficientemente en los estudios. 
La ponente ha incluido en su informe distintas enmiendas, con objeto de incluir en esta Directiva a los nacionales de terceros países considerados investigadores no remunerados. 
No estoy en contra de la idea, pero quizá sería adecuado que hubiera una iniciativa específica de la Comisión al respecto. 
Por otro lado, la condición de investigador no remunerado puede, de alguna forma es cierto, asimilarse a la de formación profesional. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar por felicitar a la Sra. Roure por el trabajo realizado y resaltar lo que el Sr. Oreja Arburúa acaba de decir en el sentido de garantizar que los dispositivos que vamos a aprobar se destinen a sus objetivos reales y no sean explotados cínicamente. 
Me gustaría recordar también la estrategia de Lisboa, aprobada por el Consejo Europeo de 24 de marzo de 2000, que formula los desafíos de la Unión en el ámbito de una nueva economía basada en el conocimiento. 
En ella se indican las necesidades emergentes en materia de enseñanza, de investigación y de formación, que no deben circunscribirse a las fronteras geográficas de la Unión; al mismo tiempo, es necesario garantizar que cualquiera de estos sectores ejerza en todo el mundo un atractivo a la altura del extraordinario legado cultural y científico de Europa. 
Corresponde así a la Unión Europea y a los Estados miembros aplicar políticas atractivas para los estudiantes procedentes de terceros países. 
Celebramos, por tanto, esta propuesta, que representa un paso más hacia la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de condiciones de entrada y residencia de ciudadanos de terceros países, con el objetivo último de crear un marco jurídico completo que regule su admisión en función del objetivo de su estancia. 
La internacionalización de la enseñanza y el aumento de la movilidad de los estudiantes converge con el objetivo de desarrollo de una enseñanza de calidad previsto en el artículo 149 del Tratado de la Comunidad y contribuye a la promoción del entendimiento intercultural, al dinamismo de los sistemas de formación en Europa y a la búsqueda de normas de alta calidad en la enseñanza. 
Por todas estas razones, considero que la propuesta de la Comisión es bastante positiva. 
Representa un paso adelante en el refuerzo de la cooperación con terceros países y en el desarrollo de la enseñanza de calidad. 
La admisión de ciudadanos de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o de voluntariado tiene como principal característica el hecho de que es temporal e independiente de la situación del mercado de trabajo en el Estado de acogida. 
Señor Presidente, hoy estamos todos de acuerdo en que pocos programas han hecho tanto, con tan poco dinero, para el futuro de Europa y para asegurar una determinada idea de Europa, como el programa Erasmus. 
Extender la posibilidad de pasar una parte de su juventud en Europa a jóvenes de otros Estados debe ser un objetivo buscado por todos nosotros, porque todos seremos beneficiarios de ello. 
Ahora bien, creo que una parte importante del éxito de estos programas debe ser la existencia de normas claras, precisas y comunes que eviten a los estudiantes procesos difíciles que, además, pueden ser vividos como humillantes. 
La elección de un centro para estudiar, o para desarrollar un trabajo voluntario, debe hacerse en función de su idoneidad y de su excelencia y no de otros criterios, como la existencia de facilidades de entrada o de residencia. 
Necesitamos, pues, normas claras y flexibilidad para permitir que un estudiante pueda ganar dinero razonablemente, en condiciones legales, para su estancia. 
Y todo esto debe realizarse sobre bases comunes, como la propuesta de la Comisión, que encuentro muy positiva. 
Debe haber- y lo admitimos- restricciones en el marco de lo razonable, sobre todo para que estos estudiantes vuelvan a su país y puedan invertir en sus lugares de origen sus conocimientos y, algo aún más importante, si cabe, desplegar las nuevas habilidades y visiones que una experiencia así puede generar en ellos. 
Esto no puede ni debe hacerse solo con normas rígidas. 
Creo que esta propuesta debe insertarse- y me dirijo a la Comisión- en futuras acciones ambiciosas y generosas en relación con los países de origen de los estudiantes que incorporen, por ejemplo, ideas de movilidad para llevar al límite los beneficios que la acogida de estas personas puede traer a la Unión. 
Espero que ningún problema ni motivo, como algún riesgo inminente para la seguridad europea, o de otro tipo, impida esta vez al Consejo adoptar esta propuesta con más celeridad de la habitual. 
Pido que, por una vez y para que sirva de precedente, se apoye- con una amplia mayoría de esta Cámara- este informe tan positivo, por el que felicito a la ponente, la Sra. Martine Roure. 
Señor Presidente, las propuestas que nos han presentado están destinadas a estimular aún más la entrada de inmigrantes en la Unión Europea. 
El documento más elocuente en este sentido ha sido el último informe consagrado al derecho a la reagrupación familiar, el informe Fourtou, en el que ni siquiera es posible reconocer el concepto de familia al quedar sumamente ampliado y desnaturalizado. 
En su frenesí por permitir la entrada a todos los extranjeros necesitados del mundo en una Europa que desea que sea respetuosa con los derechos humanos y tenga vocación humanista, por no decir humanitaria, la Comisión planea la muerte de las naciones mediante la inundación y la asfixia. 
No obstante, hay que señalar que este informe, pese a completar las medidas ya presentadas en materia de inmigración a efectos de empleo y reagrupación familiar, no adopta el mismo enfoque. 
En efecto, el informe se refiere a los estudiantes y alumnos que vienen a la Unión Europea a estudiar. 
Sin embargo, habría que determinar la duración de la estancia, métodos de seguimiento de sus estudios, así como procedimientos para la denegación de la renovación del permiso de residencia para estudiantes. 
Este intercambio y esta forma de cooperación entre Europa y terceros países es, por supuesto, una fuente de enriquecimiento intelectual entre estudiantes del país de origen y el país de acogida. 
No obstante, ¿no deberíamos dirigir más bien nuestros esfuerzos a la ayuda al desarrollo para los países menos favorecidos, con el fin de que estos países puedan formar a sus élites en casa y conservarlas, y evitar así lo que, desgraciadamente para ellos, sucede con demasiada frecuencia, la fuga de cerebros? 
Evidentemente, esto supone una verdadera política de cooperación con los países desfavorecidos y un cambio total de la política de Bruselas en materia de inmigración. 
Por desgracia, estamos muy lejos de lograrlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, adoptaré un enfoque técnico, pero permítanme también algunos comentarios más generales. 
La Europa del mañana debe ser una tierra de intercambio, de encuentro y de mezcla. 
¿Acaso hay algo más importante que conocer al vecino, su cultura y su lengua? 
En todo caso, eso es lo que nos decimos cada mañana. 
Llevamos cincuenta años construyendo una Europa multicultural y no una Europa de una sola cara. 
Impulsamos nuestra Europa, la Europa del crisol de culturas, de lenguas y de personas, mediante la libre circulación y los programas de estudios. 
Además, queremos construir una Europa del conocimiento y del aprendizaje permanente. 
Sin embargo, la Europa del conocimiento solo será posible por medio de intercambios, en especial con países terceros. 
En efecto, como acertadamente ha escrito el premio Nobel Octavio Paz: «Toda cultura nace del mestizaje, del encuentro, del choque con otras culturas. Y a la inversa, es el aislamiento lo que destruye las civilizaciones». 
Gracias al excelente informe de la Sra. Roure, tenemos el privilegio de permitir que jóvenes de todo el mundo vengan a nuestra vieja Europa para aprender una lengua, estudiar, perfeccionarse y compartir conocimientos. 
Como muy bien ha señalado la Sra. Roure, compartir los conocimientos constituye una fuente de enriquecimiento tanto para los inmigrantes como para los países de origen y de acogida. 
Posibilitando una acogida más sencilla y homogénea de los estudiantes, los investigadores y los voluntarios, lograremos también que Europa y nuestros conciudadanos se enriquezcan y confronten sus conocimientos y estudios. 
Por tanto, no podemos cerrar las puertas a todas estas personas que desean aprender, conocer y compartir sus conocimientos y experiencias. 
Debemos crear todas las condiciones favorables para permitir a los ciudadanos de terceros países venir a Europa para formarse o perfeccionarse, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, sé que vamos con retraso para las votaciones, por lo que seré muy breve: quiero agradecer a la Sra. Roure su excelente informe; expresar la idea de que la Comisión preferiría no incluir en esta Directiva normas sobre los investigadores, dado que, junto con mi colega Philippe Busquin, tenemos previsto presentar este otoño una propuesta global sobre los investigadores de terceros países en la Unión Europea; decir que la Comisión retomará las propuestas de la ponente sobre el problema de la fuga de cerebros, sobre la cláusula de stand still y sobre la disminución de 90 a 60 días del plazo de decisión; y, por último, alentar al Parlamento a que encuentre un amplio consenso que permita adoptar la enmienda 37 sobre las condiciones de acceso al trabajo. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
Señor Presidente, con relación a la observancia del Reglamento, quiero decir que ayer, para venir a Estrasburgo, salí de casa a las 6 de la madrugada, volé a Dublín, volé a Londres, volé a París y volé a Estrasburgo, a donde llegué a las 6 de la tarde. 
Lo que quiero decir es que Air France ha cancelado los vuelos directos de Gran Bretaña a Estrasburgo, lo que significa que ahora los diputados de Gran Bretaña o Irlanda tenemos enormes dificultades para llegar hasta aquí, salvo que nos dediquemos todo el día a viajar. 
¡Podría ir y volver a América en ese mismo tiempo! 
Por eso mismo, ha llegado el momento de que este Parlamento considere si puede o no reestablecer el acceso directo a Estrasburgo. 
Si no puede hacerlo, tendrá que trasladarse a un lugar en el que sí pueda hacerlo y sea más eficiente. 
Señor Hume, personalmente aprecio mucho sus comentarios, porque yo tengo los mismos problemas. 
Para colmo, la policía me multó por exceso de velocidad esta semana viniendo aquí. 
Que yo sepa, las autoridades de Estrasburgo ya están examinando la cuestión. 
Espero que no tarden mucho en resolverla. 
Pero creo que cuanta más presión se ejerza, mejor será el resultado. 
Señor Presidente, aunque me parece legítimo que el Sr. Hume plantee una cuestión práctica, la necesidad de mejorar las conexiones aéreas- y apoyo su petición -, considero escandaloso que un diputado ponga en tela de juicio el derecho a la huelga en los países de la Unión Europea. 
Les recuerdo que Francia no constituye un caso aislado. 
El 13 de mayo, Austria vivió la primera huelga nacional en cincuenta años, y se convocó a propósito del mismo asunto: la defensa de las pensiones. 
Por tanto, si queremos acabar con la desconfianza que existe hoy en día entre las instituciones europeas y los ciudadanos, no debemos seguir el mal ejemplo del Sr. Evans. 
Más bien al contrario, hemos de mostrarnos solidarios con nuestros conciudadanos. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0178/2003) de la Sra. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 999/2001 del Consejo con objeto de ampliar el período para la aplicación de medidas transitorias (COM (2003) 103- C5-0068/2003- 2003/0046 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0161/2003) del Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República de Chile (COM (2003) 82- C5-0067/2003- 2003/0035 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0149/2003) del Sr. Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan determinadas directivas que establecen las condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 91/67/CEE (COM (2000) 438- C5-0379/2000- 2000/0182 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0148/2003) del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia e introducción de las modificaciones adoptadas por la Decisión 2002/653/CE del Consejo, de 12 de julio de 2002, con el fin de prever la participación de Estados terceros en el procedimiento prejudicial (6282/2003- C5-0056/2003- 2003/0804 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0166/2003) del Sr. Oreja Arburúa, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países (COM (2003) 49- C5-0050/2003- 2003/0019 (CNS)) 
Antes de la votación sobre la propuesta de recomendación: 
. 
(ES) Señor Presidente, quiero agradecer a la Cámara que haya rechazado esta propuesta de Directiva, lo que es consecuente con el rechazo de la propuesta de Directiva anterior que daba origen a la misma. 
Señor Presidente, debo pedir que se realice una enmienda oral que se ha negociado y debatido con los grupos políticos. 
En lugar de que los objetivos cuantitativos aparezcan en dos de las cláusulas, es decir, en lugar de escribir 50%, etc., nos gustaría indicar simplemente «reducción importante». 
Esto se indica también en la lista de votaciones. 
Señor Presidente, esto trata sobre el Pacto de Estabilidad. 
Ayer tuvimos un prolongado debate entre los grupos. 
El problema es que el Pacto de Estabilidad no es completamente vinculante para todos los Estados miembros. 
Lo que tenemos aquí, por supuesto, es un documento con directrices para 25 Estados miembros. 
De estos 25, solamente doce forman parte del Pacto de Estabilidad. 
Por lo tanto acordamos hacer añadiduras a la redacción con el fin de hacerla más clara. 
Las palabras «dentro de los países de la zona euro» deberían seguir a «Pacto de Estabilidad». 
Señor Presidente, esta mañana se ha criticado la manera en que las huelgas en Francia están paralizando la vida en este país. 
Aunque paralelamente a las críticas también ha habido manifestaciones de simpatía, no comprendo por qué las huelgas francesas son un motivo para que no funcione el aire acondicionado en esta Cámara. 
Durante toda la mañana ha sido casi totalmente imposible trabajar en los despachos del lado en que da el sol. 
Por lo que respecta a la temperatura que reina en esta Cámara, probablemente los sindicatos no permitirían que se siguiera trabajando en estas condiciones. 
(Aplausos) 
Velaré por que el colegio de Cuestores sea informado de lo que usted ha dicho. 
Señor Presidente, solo una precisión sobre la lista de votación. 
Pido que votemos en contra de las enmiendas 21 a 26, de la comisión parlamentaria, para poder apoyar las enmiendas de transacción presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cistianos) y Demócratas Europeos. 
. (DE) Señor Presidente, solo quiero aclarar una cosa en el texto alemán. 
El término correspondiente debe incluirse en todas las versiones del artículo 12 original. 
Los servicios están al tanto del problema. Se asegurarán de que se utilice la definición correcta. 
Se adecuarán todos los textos. 
Antes de la votación de la enmienda 10: 
. (DE) Señor Presidente, tras la adopción de la enmienda 6 es necesario proceder a una corrección técnica del apartado 1 del artículo 33 y del apartado 1 del artículo 34. 
Supongo que el Pleno está de acuerdo en que esta corrección técnica sea efectuada por la comisión competente. 
Los servicios lingüísticos y jurídicos comprobarán que así se haga. 
Antes de la votación de la enmienda 23: 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente. 
Ahora tenemos mayoría. 
La Cámara ha estado dividida y los diferentes Grupos han tenido la oportunidad de proponer lo que para ellos es la solución óptima entre todas las posibilidades existentes. 
Hoy he venido a votar con mis colegas del Grupo ELDR. 
Solo me he apartado una vez de esa lista: para mostrar mi apoyo a lo que había sobre la mesa. 
Mañana, cuando votemos a la vista de la opinión de la Comisión, haré el más firme llamamiento a sus Señorías para que alcancen el mayor consenso posible. 
Comprendo las profundas reservas que muchos tienen respecto al contenido del texto final del estatuto. 
No obstante, tanto el ponente como yo tendremos que acudir a otras instituciones, y tenemos que acudir respaldados por el apoyo de esta Cámara. 
Podemos ir con un «sí» o podemos ir con un «no» , pero no puede haber debate si partimos de un «sí, pero... ». 
Les pido que lo consulten con la almohada y que cuando acudan mañana a votar tras conocer la opinión de la Comisión, le otorguen a los encargados de representar a esta Cámara el mandato más amplio y completo posible para que puedan decir: «Esto es lo que hay; esto es lo que proponemos; y esto exige el apoyo de una gran mayoría del Parlamento». 
Este es mi ruego: que consulten con la almohada y que mañana apoyemos con todo nuestro peso colectivo lo que hay sobre la mesa, porque es con eso con lo que tendremos que trabajar. 
. (FR) El Parlamento Europeo acaba de rechazar la propuesta de Decisión del Consejo que tenía por objeto establecer modalidades prácticas para la aplicación de la Directiva relativa al reconocimiento mutuo, entre los países miembros, de las decisiones que cada uno de ellos puede verse obligado a tomar para expulsar a los nacionales de terceros países. 
Afortunadamente, la consulta a nuestra Cámara se limitó a un dictamen y, por tanto, este proyecto podrá proseguir finalmente su procedimiento de aprobación. 
En efecto, nos parece del todo justificado por lo que se refiere al contenido, y el Parlamento Europeo está tratando de desatar una pelea insensata. 
La mayoría de nuestra Asamblea se ha opuesto a que el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE pueda constituir un fundamento jurídico válido: este menciona la adopción de medidas comunes para la repatriación de residentes ilegales, pero esta disposición autorizaría medidas de fondo y no medidas de procedimiento. 
Se trata de una distinción engañosa que ni siquiera la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha podido hacer suya. 
En realidad, el Parlamento Europeo demuestra aquí su habitual inclinación a favor de la inmigración: lo que no le agrada de este proyecto es que pueda facilitar la repatriación de inmigrantes ilegales. 
Evidentemente, no lo hemos apoyado. 
. 
(PT) Por una cuestión de coherencia con la posición adoptada por el Pleno del Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2000, por la que se rechazó la iniciativa francesa de adoptar una directiva sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los ciudadanos de terceros países, por carecer de fundamento jurídico, creo que no puedo adoptar ninguna otra posición que no sea también de rechazo de esta iniciativa. 
Como ya sucedía con dicha directiva, lo que está en duda no es la sustancia o el contenido político de la propuesta, que considero incluso bastante positivo, pues tiende a introducir criterios y modalidades prácticas capaces de compensar los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la citada directiva, es decir el Estado miembro que emite la decisión de expulsión debe compensar al Estado que la ejecuta con arreglo a los costes reales de la operación (hasta un límite máximo de los costes, que deberán ser razonables, comparables y equilibrados) , que engloban los costes de transporte, administrativos e de alojamiento. 
No obstante, dado que estamos ante una iniciativa relativa a la aplicación de la Directiva 2001/40/CE, que fue rechazada por carecer de fundamento jurídico, del mismo modo, no podemos adoptar otra posición que no sea también la de rechazo de esta iniciativa. 
. 
(PT) Me he sumado a la posición del ponente, que, a pesar de estar de acuerdo con el contenido sustancial de la propuesta, propone el rechazo de la misma sobre la base del fundamento jurídico. 
En efecto, el proyecto de directiva no contempla el establecimiento sustantivo de las condiciones de expulsión, sino que se refiere únicamente al reconocimiento mutuo de decisiones de expulsión ya adoptadas. 
En otras palabras, no abarca específicamente las decisiones de expulsión comunitarias basadas en una norma adoptada con arreglo al artículo 63 del Tratado CE, sino las decisiones de expulsión adoptadas en función del Derecho nacional. 
Se trata pues de una directiva que trata de la aplicabilidad de una decisión y no de una directiva que fija el derecho sustantivo de expulsión. 
Ahora bien, el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE solo admite lo último y no dice nada sobre el reconocimiento mutuo de decisiones adoptadas sobre la base del Derecho nacional. 
. 
(PT) He votado en contra de este informe por considerar que no dice nada nuevo, porque solo sintetiza de forma manifiestamente tendenciosa una visión de lo que es el Derecho comunitario y enuncia deseos expansionistas que, aunque tampoco son nuevos, no dejan de sorprender por la claridad con que se confiesan. 
La ponente, en su razonamiento, olvida por completo el principio básico de intervención del Derecho comunitario (tanto hacia arriba como hacia abajo) : el principio de subsidiariedad. 
Y, de este modo, brinda a los legisladores nacionales pruebas de su subordinación. 
Más que federalista, la visión de la ponente es centralista. 
Relega las legislaciones y ordenamientos jurídicos nacionales a un punto de subordinación inaceptable, pensando que en la aplicación universal del Derecho comunitario reside la panacea que lo resolverá todo en el espacio europeo. 
Hay que señalar también el papel de segundo orden que la ponente, lamentablemente, reserva a los Parlamentos nacionales. 
Dudo sinceramente de la bondad y el interés de este tipo de lectura del Derecho comunitario, que realmente solo sirve para invertir la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, esta noche he soñado que los Ministros de Hacienda italiano, francés, alemán, portugués y otros me decían: «¿Ves, Fatuzzo? 
Este informe del Sr. Belder sobre la ayuda macrofinanciera establece que se den ayudas a aquellos Estados que necesiten dinero para sus presupuestos. 
Pero, entonces, ¿tener un déficit presupuestario puede ser positivo? 
¿Por qué no hacemos lo mismo aquí en Europa: premiamos a quien tiene déficit y abrimos un procedimiento de infracción contra los Estados que cierren el balance sin pérdidas?» 
Planteo la pregunta al Parlamento. 
. 
(PT) He apoyado este informe, que revisa la lógica hasta ahora subyacente a la ayuda macrofinanciera de la Unión Europea (AMF) a terceros países, para proponer un enfoque de la misma más estructurado y, sobre todo, para garantizar su legitimidad democrática y un principio de responsabilidad fundamental. 
En efecto, muchas veces se desconoce de qué modo se tramita la AMF, una vez que entra directamente en el presupuesto del banco central del país beneficiario y, además, por el carácter excepcional de la misma, debería constituir una ayuda excepcional, de corta duración y no repetitiva, al contrario de lo que sucede en varios países beneficiarios. 
También creo que sería positivo, por ejemplo, hacer la AMF excepcional por definición y transformarla, mediante un dispositivo de vigilancia adecuado, en un sistema preventivo de crisis y, al igual que el ponente, al que felicito vivamente por su enfoque, creo que el proceso de decisión, el acompañamiento y la evaluación deben llevarse a cabo con la mayor transparencia. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe del Sr. Schimd sobre el empleo pero, en representación del Partido de los Jubilados y de todos los jubilados, quisiera destacar en esta Asamblea- tan atenta a las explicaciones de voto de todos los diputados indistintamente, pero en particular, como sabemos y como puede verse, a las mías- que también se pueden sanear los presupuestos de los Estados aumentando las pensiones, si conseguimos administrar mejor el dinero que los trabajadores y los ciudadanos entregan al Estado durante su vida laboral para recuperarlo después, cuando se hacen mayores. 
Hay demasiado despilfarro, demasiadas personas interesadas en recibir dinero y que no lo merecen; si ponemos en orden nuestras finanzas podremos tener menos impuestos, menos tasas, menos contribución y más pensiones. 
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(SV) Los socialdemócratas suecos apoyamos la propuesta para la estrategia de empleo. 
Es importante para el Parlamento Europeo prestar su apoyo a esta estrategia. 
La propuesta contiene numerosos aspectos positivos. 
Por ejemplo, se destacan los aspectos relativos a la igualdad, se demandan mejoras para las personas discapacitadas en el mercado laboral y se declara que el pleno empleo es un objetivo primordial. 
Una propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos se basa en el punto de vista de que una reducción general de los impuestos es beneficiosa para el empleo. 
No estamos de acuerdo con ello. 
Los hechos indican que no existe relación entre los niveles tributarios y el empleo. 
Sin embargo, elegimos no votar en contra de esta propuesta, sino abstenernos. 
El motivo es que si el Grupo PPE-DE no consigue aprobar esta propuesta, este grupo votará en contra del informe completo. 
Si el informe completo se quedase por el camino, sería mucho más grave que si se aprueba esta propuesta individual. 
Por este motivo nos abstenemos sobre este punto. 
La amplia flexibilidad y las formas atípicas de trabajo, con el fin de distribuir el desempleo, el espíritu empresarial, la extensión de la vida laboral con el pretexto del envejecimiento de la población, además de las pensiones sostenibles y el aprendizaje permanente son las directrices básicas de la Comisión sobre el empleo. 
Al mismo tiempo, al hacer no solo recortes relativos sino también absolutos en los salarios y al asociarlos a la productividad, se están promoviendo los recortes en el estado de bienestar y la protección social, además de la no aplicación de lo que constituyen normativas de seguridad insuficientes en el lugar de trabajo. 
El desempleo aumenta constantemente y supera el 10%, sin contar el desempleo oculto. 
Esta situación, especialmente el gran número de parados de larga duración y el desempleo entre los jóvenes y las mujeres, que no pueden acceder al mercado laboral, está dando lugar a agudas manifestaciones de pobreza y exclusión social. 
El término política de empleo es totalmente engañoso. 
Las medidas propuestas son en esencia medidas para reforzar el ocultismo de las grandes empresas mediante la concesión de nuevos privilegios. 
Esta política representa una escalada del ataque a los derechos de los trabajadores, siendo el objetivo la mayor promoción de planes para una población activa barata, sin derechos sindicales, salariales, de empleo o seguro, y un aumento de los beneficios. 
Los trabajadores no solo están rechazando estas medidas, sino que están reaccionando de forma activa y en masa en contra de las elecciones monopolísticas al incrementar su lucha. 
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(SV) Creemos en el principio de subsidiariedad, por el cual una decisión debe adoptarse teniendo en cuenta en lo posible a las personas a las que afecta. 
Por esta razón promovemos activamente la cuestión de una constitución para la Unión Europea en la que la distribución de responsabilidades quede clara para todos. 
Todos los ciudadanos han de tener claro que la Unión Europea solo debe abordar aquellas cuestiones sobre las que más sabe, es decir, cuestiones transfronterizas. 
Todas las demás cuestiones tendrían que tratarse en el ámbito local, regional o nacional. 
La política social constituye un ejemplo de un área en la que la UE debería tener solamente competencia limitada, excepto en aquellos casos en que esté implicada la libertad de movimiento para las personas dentro de la UE. 
Cada Estado miembro debe tener la total responsabilidad de determinar sus propios sistemas de seguridad social, además del derecho de hacerlo. 
La atención sanitaria, el cuidado de los niños y el de los mayores son claros ejemplos de áreas que no son directamente transfronterizas. 
Lo mismo se aplica a la política del mercado laboral. 
Sin embargo, esto no impide que los Estados miembros cooperen e intercambien ideas en la esfera social. 
Al mismo tiempo, deseamos destacar que compartimos totalmente el compromiso de nuestro colega diputado, el Sr. Schmid, con la cohesión social, la integración y, sobre todo, la igualdad. 
. (FR) El aprendizaje permanente, el trabajo y las personas mayores representan cuestiones muy importantes sobre las que hace hincapié este informe, y las estrategias para el empleo son fundamentales. 
Deseamos que el empleo crezca, pero también que se adapte más. 
La lucha contra la pobreza es primordial, y no podemos aceptar que, en la actualidad, haya familias que vivan por debajo del umbral de la pobreza. 
Es una cuestión de solidaridad. 
Los objetivos que fijamos deben ser alcanzables. 
Hemos de invertir en la calidad de los servicios, para que la mujer pueda compatibilizar su vida familiar con su vida profesional. 
Los Estados miembros deben aunar esfuerzos de una manera más eficaz. 
Para promover la participación de la mujer en la vida social y en el mercado laboral, es necesario definir una serie de medidas concretas, encaminadas a ofrecer servicios que respondan a las necesidades relativas al cuidado de los niños, pero que también permitan ayudar a las familias que tengan personas a su cargo. 
Es importante crucial en los servicios públicos, con el fin de responder a las necesidades de las familias y de la sociedad en su conjunto, y resulta fundamental que todas las partes interesadas se unan para poner en práctica la estrategia para el empleo. 
Por otro lado, la existencia de servicios públicos eficaces requiere impuestos adecuados. 
. (FR) La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propone que ratifiquemos el proyecto de Directiva del Consejo por el que se establece una política global en materia de empleo para la Unión Europea de aquí al año 2010. 
Esta política se inscribe en la Estrategia de Lisboa, que tiene como objetivo convertir la economía europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, lograr un crecimiento económico sostenible, crear más y mejores puestos de trabajo y alcanzar una mayor cohesión social. 
Las enmiendas presentadas mejoran, en algunos aspectos, el texto inicial, en particular por lo que se refiere a los objetivos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, a la cualificación y a la formación profesional. 
No obstante, estas enmiendas no cuestionan el planteamiento liberal de reducción de la fiscalidad para las empresas y de flexibilidad laboral. 
Más importante aún es que la Resolución mantiene el objetivo de retrasar cinco años, de aquí a 2010, la edad media de jubilación en la Unión Europea, a pesar de que millones de personas se manifiestan en Francia y otros países europeos en contra de este enfoque y a favor de la defensa de sus sistemas de pensiones. 
Por este motivo, no he votado a favor del informe. 
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(PT) Sin perjuicio de aspectos más polémicos, estoy de acuerdo con la visión de la Comisión, apoyada por la ponente, de que esta forma de inmigración constituye una fuente de enriquecimiento mutuo, tanto para los inmigrantes que se benefician de ella como para los Estados de origen y de acogida. 
Contribuye a fomentar el entendimiento intercultural, al dinamismo de los sistemas de formación en Europa y a la búsqueda de normas de alta calidad en la enseñanza. 
La puesta en común de información y «mejores prácticas» debe concretarse más allá del territorio de la Unión. 
La generalización del bienestar, de la información y de la calidad de vida por la que trabaja la Unión, en particular a través de varios acuerdos de asociación y de fondos para el desarrollo, encuentra en la formación de estudiantes e investigadores uno de los ámbitos de acción privilegiados. 
De hecho, por su especial contribución al enriquecimiento personal, que es deseable revierta a favor de los países de origen, esta propuesta deberá ser objeto de una atenta valoración por los Estados miembros en el marco de sus respectivas políticas de inmigración. 
Es especialmente interesante el compromiso de la Unión con la inserción profesional de los ciudadanos en los países de origen y la regulación del régimen de voluntariado. 
Por último, he votado a favor de este informe dada la adopción de las enmiendas 36 y 37, que hacen mucho más equilibrado el régimen previsto en el apartado 1 del artículo 11 y en el apartado 2 del artículo 18... 
(Explicación de voto abreviada con arreglo al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Señor Presidente, Señorías, quisiera recordar, en nombre de mis colegas de la delegación socialista francesa y en el mío propio, nuestra postura acerca del informe relativo al Estatuto de los diputados. 
La culminación inminente del proceso actual de ampliación convierte su aprobación en algo urgente. 
Estamos a favor de los principios en los que se apoya este planteamiento, aunque discrepamos con algunas disposiciones relativas a la cuantía y la fiscalidad de la remuneración de los diputados. 
Era necesario mejorar la inteligibilidad del sistema de asignaciones económicas de los diputados, pero creemos que el texto propuesto no es plenamente satisfactorio en este sentido. 
Por este motivo, la delegación socialista francesa ha querido modificar el texto votando a favor de la enmienda 8 al artículo 7 del proyecto de Estatuto, una enmienda que había presentado conjuntamente con otros Grupos políticos. 
En nuestra opinión, una puesta en práctica inteligente de este principio implica que las asignaciones se adapten a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a sus niveles de vida, aunque deben corregirse algunas desigualdades. 
Lamentamos que no se haya aprobado esta enmienda. 
En el presente contexto, aumentar las asignaciones de los diputados del Parlamento Europeo conllevaría el riesgo de una pésima acogida, en un momento en que se pone en tela de juicio la legitimidad de la brecha que separa los ingresos de la élite económica y política y el resto de la población. 
Al despertarme esta mañana, Señor Presidente, creía que era el Sr. Willi Rothley y que, al venir al Parlamento en el coche que tenemos a nuestra disposición, pensaba: «Quiero presentar una enmienda a mi informe» -hablaba como si fuera Willi Rothley- «que conceda a los diputados al Parlamento Europeo una asignación doble a la de los jueces». 
Pero al llegar al Parlamento, me miré al espejo y que vi que era Carlo Fatuzzo. 
No tenía esperanza de éxito; he tenido que aceptar votar a favor: mejor ser medio juez que nada. 
Señor Presidente, Señorías, en el fondo no puedo sino mostrarme de acuerdo con lo expresado por la Sra. Breyer. 
Llevamos años luchando ya por encontrar una solución a la cuestión de los emolumentos de los diputados y podemos tener opiniones muy distintas al respecto, en particular sobre si al actual sistema nacional es preferible un sistema aplicable a lo largo y ancho de la UE. 
Sin embargo, si se adopta un nuevo Estatuto de ninguna manera deben crearse privilegios y nuevas disposiciones que no entiendan los ciudadanos. 
El hecho que se pretenda, como se prevé en el Estatuto y en una enmienda, que los parlamentarios se jubilen a los 60 ó 63 años, constituye una provocación en vista del debate sobre la mejor manera de asegurar los regímenes de pensiones europeos. 
No solo en mi país se dice ahora a los ciudadanos que deberán trabajar durante más tiempo, mientras que en el Parlamento Europeo, en cambio, se pretende a todas luces garantizar una jubilación anticipada a los políticos, que no es lo que demanda la política social. 
No puedo votar ni votaré a favor de un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo en esta forma. 
Otro tanto puedo decir del régimen de gastos viáticos. 
En el futuro, el reembolso de cualquier gasto deberá corresponder exclusivamente a los gastos realmente incurridos, y en ningún caso deberán reclamarse gastos adicionales. 
Es indispensable un régimen transparente y comprensible para los gastos de viaje. 
. (EN) Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos como representantes de los Estados miembros y deben percibir un sueldo y pagar impuestos igual que los diputados de los parlamentos nacionales. 
Los intentos de diferenciar entre los parlamentarios europeos y los nacionales no contribuirán a estrechar los vínculos entre ellos y las grandes subidas de sueldo sumadas a la fiscalidad de la UE alejarán todavía más al electorado. 
Apoyamos plenamente cualquier iniciativa que se tome para que el sistema de retribución y dietas sea más transparente y conforme con unas normas contables prudentes. 
Al mismo tiempo, nos parece hipócrita legislar sobre la gobernanza corporativa cuando no somos capaces de aplicar esas mismas reglas a una institución que se financia con dinero del contribuyente. 
Hemos votado en contra del informe Rothley porque intenta transmitir la idea de que los diputados al Parlamento Europeo son simplemente «europeos» y están totalmente al margen de sus contextos nacionales, además de contemplar un importante aumento de sueldo, pero sin una «limpieza» a fondo del sistema de dietas, según establece el Artículo 27. 
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(SV) Los socialdemócratas suecos queremos expresar nuestros motivos para votar en contra del proyecto de decisión en el informe sobre el Estatuto de los diputados del Parlamento Europeo. 
No podemos apoyar el proyecto de Estatuto, dado que nuestra enmienda 30 sobre la tributación nacional ha sido rechazada. 
Para nosotros como social-demócratas suecos, es extremadamente importante que podamos mantener la tributación nacional, ya que es el sistema al que nos adherimos y del que hacemos uso. 
La financiación conjunta a través del impuesto sobre la renta es necesaria para financiar nuestra política de bienestar común. 
Por lo tanto creemos que los diputados al Parlamento Europeo deberían pagar los impuestos nacionales en sus propios países. 
Los representantes políticos electos deberían seguir las mismas normas que el resto de las personas. 
Otro aspecto clave ha sido el modo en que se rinden cuentas de las asignaciones para viajes. 
Hemos demandado que las nuevas normas se basen en cuentas abiertas fácilmente accesibles al escrutinio público. 
Por este motivo hemos trabajado por un sistema abierto y justo en el que se implican las concesiones. 
En la actualidad, los gastos de viaje y otros gastos se pagan conforme a una única tarifa. 
Nos gustaría que hubiese un sistema en que se produzcan devoluciones en función de los costes reales. 
Creemos que los niveles salariales también son ofensivos, dado que los nuevos niveles son muy elevados. 
. (FR) Bajo los auspicios del nuevo apartado 5 del artículo 190 del Tratado CE, introducido por el Tratado de Niza, nuestra Asamblea acaba de elaborar un proyecto de Estatuto único de los diputados del Parlamento Europeo, que debería remitirse al Consejo para que tome una decisión por mayoría cualificada, y ya no por unanimidad. 
El texto aborda algunas cuestiones técnicas que, de todos modos, debían reglamentarse, en el marco de la autonomía reconocida al Parlamento Europeo, para organizar su buen funcionamiento interno. 
No obstante, va mucho más lejos al presentar un Estatuto que uniformiza, a escala europea, todos los aspectos relativos a la situación de los diputados y que corta los vínculos esenciales con sus países de origen, sobre todo por lo que se refiere a la remuneración. 
Lo hemos dicho cientos de veces: los eurodiputados deben ser remunerados- como sucede en la actualidad- por los ciudadanos de su país, que los han elegido y a los que se supone que representan. 
El planteamiento actual del Parlamento Europeo se corresponde implícitamente con la creación de un superestado en el que los diputados representarían a la Unión en su conjunto, y no al país que los ha elegido. 
Es un cambio fundamental, aunque subrepticio, del que nuestros electores, una vez más, no son conscientes. 
Por honestidad hacia ellos, hemos votado en contra de este proyecto. 
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(NL) Señor Presidente, quisiera hacer un par de comentarios como explicación de mi voto con relación al Estatuto de los diputados. 
En primer lugar, considero que nuestros sueldos han de equipararse a los sueldos de los diputados de los parlamentos nacionales. 
Yo me considero una política neerlandesa, y no una funcionaria europea. 
Por ello he votado a favor de la enmienda 8, así como de la enmienda 5. 
En segundo lugar, no puedo aprobar un aumento neto de nuestro sueldo a 2 800 euros al mes como mínimo. 
Este importe puede aumentar aún más si se opta por imponer un impuesto europeo. 
Un aumento de esa magnitud es inaceptable, sobre todo porque estamos cansados de escuchar por todas partes lo necesaria que es la moderación salarial para mantener el empleo. 
Aprovechando que la decisión en el Consejo sobre el «Estatuto de los Diputados al PE» ha pasado de la unanimidad a la mayoría cualificada como resultado del Tratado de Niza, el PE vuelve a insistir en una propuesta que contiene aspectos de los que discrepamos. 
Entre otros, discrepamos de la creación de una asignación parlamentaria mensual igual para todos los diputados, independientemente del país al que representen. 
Los diputados al PE son elegidos en los medios nacionales. 
Están, y deben seguir estando, vinculados a esos medios. 
La creación de una asignación parlamentaria única obedece a una concepción federalista del mandato de diputado al PE, que tiende a transformar al actual diputado nacional en el PE en el futuro «diputado europeo» , visión de la que discrepamos. 
Por otro lado, como hemos venido señalando, las realidades sociales de los países de la UE están muy diferenciadas, lo que hace inevitable que, al aplicarse esta medida, se produzcan situaciones de profunda desigualdad y disparidad con respecto a la realidad salarial de los trabajadores y de los elegidos y titulares de cargos públicos en algunos países, como es el caso de Portugal, lo que sería totalmente incomprensible. 
El salario de un diputado al PE debe tener como referencia el salario de los diputados nacionales del país en el que fue elegido. 
De ahí nuestro voto en contra. 
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(NL) Hace ya años que se celebran dos debates totalmente contradictorios sobre el Estatuto de los diputados europeos. 
Uno de ellos, en el que yo he participado, se centra en la manera de poner fin a los privilegios económicos que disfrutan los diputados al Parlamento Europeo y que son mal vistos por el electorado. 
El otro debate trata sobre la manera de hacer más atractivo el trabajo del diputado europeo con sueldos más altos, impuestos más bajos y el máximo grado de inmunidad legal. 
Yo siempre he sido partidario de un sueldo único para todos los diputados al Parlamento Europeo, a condición de que ese sueldo sea más bajo que en Francia, Inglaterra y, sobre todo, en Alemania e Italia. 
Ese sueldo único ha de estar sujeto a los impuestos nacionales, regionales y locales del Estado miembro de residencia, como ocurre con los sueldos equiparables que perciben los trabajadores de empresas internacionales en diferentes países. 
El hecho de garantizar unos ingresos netos iguales con unos impuestos europeos muy bajos es una manera totalmente inaceptable de privilegiar a los diputados al Parlamento Europeo. 
Además, la inmunidad debe proteger únicamente la libertad de expresión de los elegidos y no ha de conllevar la impunidad en otros ámbitos. 
La ampliación de la UE no tiene que afectar a la diversidad política. 
La adjudicación de cada vez menos escaños a cada Estado miembro excluye del Parlamento a las corrientes más pequeñas. 
A diferencia de otros neerlandeses, creo que un estatuto no es nunca un objetivo, sino solo un medio. 
Y puesto que el texto definitivo sirve intereses contrarios a los que yo defiendo, no puedo votar a su favor. 
. (FR) En un momento en que los ciudadanos europeos deben hacer frente a numerosas dificultades (el paro, la quiebra social, la precariedad, etc.) , no estoy seguro de que vayan a apreciar, en su justa medida, el empeño del Parlamento por aprobar el Estatuto único de los diputados europeos. 
En mi opinión, se trata de una cuestión totalmente secundaria que responde, a la vez, a razones materialistas e ideológicas. 
Por lo que se refiere al aspecto materialista- y no merece la pena que me extienda en este punto -, me parece indecente que se aproveche esta ocasión para conceder a los diputados europeos una serie de prebendas y privilegios desmesurados. 
En cuanto al aspecto ideológico, aquí no se engaña a nadie: el objetivo primordial de este Estatuto es desvincular por completo al cargo electo de su Estado de origen. 
Aunque nosotros, representantes de nuestros respectivos pueblos, formamos legalmente parte de este Parlamento, nos gustaría vernos como los representantes de un mítico pueblo europeo, es decir, como desarraigados. 
Todo esto responde al mismo principio por el que el Parlamento ha votado a favor de un sistema electoral único, de circunscripciones electorales transnacionales o de partidos políticos europeos. 
Este informe demuestra, una vez más, que el eurofederalismo está divorciado de la realidad de los pueblos. 
Desde hace años se busca una solución para la cuestión de los sueldos de los diputados de la UE, una cuestión en la que puede haber distintas opiniones. 
Sin duda puede haberlas a la hora de decidir si el sistema nacional actual es preferible a un régimen aplicable a toda la UE. 
El hecho que se pretenda, como se prevé en el Estatuto y en una enmienda, que los parlamentarios se jubilen a los 60 ó 63 años, constituye una provocación en vista del debate sobre la mejor manera de asegurar los regímenes de pensiones europeos. No solo en mi país se dice ahora a los ciudadanos que deberán trabajar durante más tiempo, mientras que en el Parlamento Europeo, en cambio, se pretende a todas luces garantizar una jubilación anticipada a los políticos, que no es lo que demanda la política social. 
No puedo votar ni votaré a favor de un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo en esta forma. 
Otro tanto puedo decir del régimen de gastos viáticos. 
En el futuro, el reembolso de cualquier gasto deberá corresponder exclusivamente a los gastos realmente incurridos, y en ningún caso deberán reclamarse gastos adicionales. 
Es indispensable un régimen transparente y comprensible para los gastos de viaje. 
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(PT) La consagración de un Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo surge, a primera vista, con justificaciones poco controvertidas: satisfacer una necesidad de igualdad entre los mismos y aumentar la transparencia ante la opinión pública. 
Según el ponente, estos propósitos se alcanzarían sometiendo a todos los diputados al mismo régimen jurídico y financiero, lo que se materializaría en la fijación de una remuneración única y en la aplicación de un impuesto comunitario. 
Ahora bien, sucede que la adopción del Estatuto tiene consecuencias esenciales sobre la propia concepción del mandato parlamentario, en particular ante los ciudadanos del Estado miembro de elección, un aspecto que solo aparentemente escapó por entero a la comprensión del ponente. 
Un régimen europeo único supone: someterlos a un régimen fiscal diferente del aplicado a los ciudadanos que les dieron su voto, colocarlos en la condición de representantes de un hipotético «pueblo europeo» , restarles su calidad de representantes de sus pueblos- verdaderos homólogos de los diputados al parlamento nacional- y desligarlos un poco más de los lazos nacionales y populares de pertenencia a un Estado miembro. 
Por ello, sin perjuicio de varias votaciones favorables en este asunto, he votado en contra del texto final, para marcar de nuevo una posición de principio en un momento en que, por métodos autocráticos cuyo epicentro de encuentra en la Convención, parece que se quiere hacer evolucionar en un sentido muy negativo la reforma institucional y el equilibrio en el marco... 
(Explicación de voto abreviada con arreglo al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (SV) Hoy hemos votado en contra del informe del Parlamento Europeo sobre un nuevo Estatuto de los diputados, que sin embargo se aprobó por 294 votos, con 171 en contra y 59 abstenciones. 
Sin un sistema de asignaciones para viajes en el que se realicen devoluciones basadas en los costes reales en lugar del actual, basado en una única tarifa, el nuevo Estatuto no conducirá a una mayor apertura. 
Realmente, el 29 de mayo de 2003 se determinó que el Presidium del Parlamento investigue un nuevo sistema de asignaciones para viajes, pero éste todavía no resuelve los problemas. 
Debería entrar automáticamente en vigor una decisión de devolver los costes reales al mismo tiempo que se pone en marcha un nuevo Estatuto de los diputados. 
En el futuro, lo ideal sería ver el salario de los diputados al PE equiparado con relación a los niveles salariales de los parlamentos nacionales. 
Debido a que los diputados viven en sus Estados miembros y representan a los mismos, en el futuro, también deberían deducírseles los impuestos conforme a una base nacional, con el fin de contabilizar el coste de la vida y de los sistemas de seguridad social en distintos países. 
. (FR) Desde mi elección al Parlamento Europeo, he oído hablar con frecuencia del Estatuto de los diputados. 
Creo que el Sr. Rothley, así como la Comisión de Asuntos Jurídicos en su conjunto, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esta cuestión, demasiado en mi opinión, ya que, al igual que en el caso del Estatuto de los partidos políticos europeos, tengo la impresión de que todo se reduce a dinero. 
No se trata de grandes avances democráticos que vayan a acercar la Unión Europea a sus ciudadanos. 
¿Qué sentido tienen estas propuestas, que modifican un texto de rango jurídico superior y que por tanto son inaplicables? 
¿Cuál es el objetivo de este intento uniformador que abre una brecha entre los diputados de los actuales quince Estados miembros, los nuevos y los viejos, y los de los diez Estados llamados a unirse a nosotros dentro de un año? 
Muchos desean un Estatuto para mejorar una imagen ensuciada por los abusos de algunas personas. 
Por desgracia, no hay nada en este Estatuto que se pueda considerar una mejora real de la transparencia. 
En cambio, ofreciendo a los representantes de los pueblos de los Estados miembros un sistema europeo que difiere del derecho nacional, la distancia que nos separa se agrandará en lugar de reducirse. 
Por este motivo, he votado en contra del proyecto de Estatuto. 
. (DE) Declaro haber votado a favor del informe Rothley sobre el Estatuto de los diputados porque considero fundamental que exista lo antes posible un Estatuto uniforme con las mismas condiciones para todos los diputados al Parlamento Europeo. 
Esto significa también que no es aceptable que haya grandes diferencias en los emolumentos de los diputados de los distintos Estados miembros. 
En el Parlamento Europeo, como en otras partes, deberá aplicarse a medio plazo el principio de salario igual a trabajo igual. 
Además, considero que urge que los emolumentos se hagan transparentes: es inadmisible que los diputados tengan que utilizar el reembolso de los gastos de viaje para mejorar sus ingresos. 
Sin embargo, yo no haré uso de este sistema. 
Yo tomé posesión de mi escaño en las condiciones que han prevalecido hasta ahora y, en mi caso, seguiré sometiéndome a ellas. 
Presidente, esta mañana, cuando venía al Parlamento, soñé que me encontraba con el Primer Ministro del Brasil, Inácio Lula, que me decía: «Fatuzzo, ¡pero qué maravilloso es el Parlamento Europeo, qué maravillosas esas zonas de libre cambio regionales sobre las cuales la Sra. Erika Mann ha presentado un proyecto, al que te pido des tu voto favorable! 
Es tan importante para nosotros y para todo el mundo que se extienda este procedimiento de libre cambio que habéis aplicado en un principio vosotros los europeos, que sueño con convertirme en el Prodi del MERCOSUR». 
Entonces, me vino el siguiente pensamiento espontáneo: «Pero Romano Prodi, Presidente de la Comisión, ¿es realmente Prodi o es Lula que pretende ser Prodi?» 
Pero, como usted sabe, señor Presidente, era solo un sueño. 
. (FR) Hemos votado en contra del informe Mann, ante todo porque aboga por la «comunitarización» completa de la política comercial de la Unión Europea, cosa que sería perjudicial, como ya dije en el debate de ayer. 
No obstante, también rechazamos este informe debido a la estrategia comercial que defiende, que a nuestro parecer es equivocada, al menos por dos motivos importantes. 
En primer lugar, expone con bastante claridad que el objetivo de la apertura al comercio internacional es lograr una integración mundial, incluida la «convergencia reglamentaria». 
Ahora bien, aunque sea posible adherirse a la idea de un aumento de los intercambios provechoso para todos, hay que señalar también? cosa que no se dice en el informe? que cada país o región tiene el derecho de proteger su modelo de sociedad. 
En segundo lugar, es demasiado indulgente con la política comercial de la Unión Europea, y en particular, con su adopción a diestro y siniestro de zonas de libres comercio. 
Estas zonas son útiles si traducen el deseo de una apertura controlada, pero en realidad, por lo que se refiere a Europa, son tan numerosas y se solapan hasta tal punto que nadie conoce sus efectos reales y acaban siendo responsables, en parte, de la falta de control sobre nuestras relaciones comerciales. 
. (FR) Una estrategia comercial refleja una concepción particular del mundo: ¿se trata de una liberalización pura y dura de los intercambios, que conduce al aumento de las desigualdades, o de una lucha por un desarrollo real? 
Ahora bien, como recalca el informe Mann, el principio que rige la creación de zonas de libre comercio (ZLC) regionales consiste en garantizar la estabilidad política y económica de la UE con respecto a los países implicados (los «intereses geopolíticos estratégicos» ), para que nada entorpezca la sacrosanta libre circulación de mercancías, servicios y capitales. 
Pero, ¿qué hay del acceso de los pueblos a los derechos fundamentales? 
¿Qué hay de una evaluación de las consecuencias sociales, medioambientales, culturales y económicas de estas liberalizaciones? 
¿Qué hay de una cooperación real en condiciones de igualdad y respetando las especificidades de cada socio? 
Las normas de la OMC no deben enturbiar las relaciones? aún privilegiadas? que la UE mantiene con sus socios. 
La UE no puede reducir su política hacia regiones y países enteros a la perspectiva de las ZLC, como sucede, por ejemplo, con demasiada frecuencia en el Mediterráneo, cuando lo que hace falta es entablar inmediatamente un verdadero diálogo político y llevar a cabo una cooperación económica y social libre de toda idea de dominación. 
. 
(PT) Este informe de la Comisión de Industria tiene como objetivo central utilizar las zonas de libre comercio (ZLC) y los acuerdos bilaterales como «caballo de Troya» para lograr la liberalización del comercio mundial bajo el dominio de la OMC y de la «Agenda de Doha» , o incluso rebasar sus ambiciones con la inclusión de objetivos políticos. 
En él se lee «... la limitación que supone la necesidad de alcanzar un consenso entre los miembros de la OMC hace que las negociaciones multilaterales sean más complejas y lentas. 
Al avanzar más rápidamente que el sistema de comercio mundial y compartir los objetivos de este, las zonas de libre comercio constituyen un catalizador para el cambio. 
Aunque las zonas de libre comercio socavan el principio no discriminatorio de multilateralismo, representan un incentivo y un modelo complementario a las nuevas iniciativas sobre comercio mundial, siempre y cuando cumplan con las normas de la OMC y vayan más allá de las mismas... » , presentando a la UE como modelo a seguir. 
Defiende también que solo corresponde a las Instituciones de la UE la competencia exclusiva «en todos los ámbitos comerciales» , así como la «aplicación de la votación por mayoría cualificada y de la codecisión a todos los aspectos comerciales» , lo que obviamente dificulta la posibilidad de que Portugal proteja sus intereses nacionales. 
De ahí mi voto en contra del informe. 
. (EN) El tema de este informe es sumamente importante. 
Por eso, el Grupo de los Verdes/ALE fue uno de los instigadores de un informe de propia iniciativa de la Comisión ITRE en el tema de la integración regional, sobre todo con respecto a sus posibles efectos en el multilateralismo y en los esfuerzos por conseguir un desarrollo sostenible. 
Sin embargo, el título final y el ámbito de aplicación de este informe son mucho menos precisos que lo que habíamos esperado, y sus conclusiones discrepan mucho de las nuestras. 
Aunque se han adoptado una serie des enmiendas que reflejan algunas de nuestras preocupaciones, muchas otras se han rechazado, y gran parte del informe sigue prestando un apoyo muy poco crítico a una integración económica reforzada. 
Una de nuestras enmiendas más importantes haría que la creación de las Zonas de Libre Comercio dependientes de una evaluación previa y en profundidad del impacto en la sostenibilidad, para asegurarse de que dichas zonas no agraven las desigualdades entre asociados y para establecer una normativa de obligado cumplimiento que promueva la justicia social y la sostenibilidad. 
Puesto que no se han adoptado ni estas ni otras enmiendas parecidas, nos vemos obligados a abstenernos en la votación de este informe. 
. 
(PT) Recordando lo que se puede denominar «la actualidad» de los acuerdos comerciales celebrados en los últimos años, la ponente resalta que están motivados también por el deseo de promover la estabilidad política, lo que los hace parte integrante de la política exterior de la Unión. 
Aunque los beneficios de estas zonas de libre comercio son indiscutibles, considero que, mientras la OMC no aclare la situación, evolucionan en un marco de cierta indefinición jurídica, aparte de que siempre hay que tener presentes las potenciales consecuencias nefastas de una estrategia «armonizadora» en los países menos desarrollados, cuya capacidad para la plena participación en las negociaciones comerciales es muchas veces limitada y no puede sobrecargarse, si efectivamente deseamos unos resultados justos. 
Por ello, aun estando de acuerdo en general, creo que era importante definir una orientación más prudente y gradual, razón por la cual me inclinaba por la abstención en la votación final. 
Sin embargo, el resultado obtenido en cuanto al apartado 21 de la propuesta me llevó a votar en contra. 
En este ámbito tan sensible era imperioso mantener el procedimiento de decisión consensualmente acordado en Niza, tal como se proponía en la enmienda 12. 
Ahora bien, la mayoría, al imponer de nuevo el texto original, lleva al Parlamento a insistir de nuevo en una línea que considero irrealista e inaceptable. 
Por eso voté finalmente en contra. 
. 
(EL) El informe sobre la cooperación euromediterránea disimula una vez más la arrogancia de la UE hacia los países del Mediterráneo. 
La Europa «civilizada» está preparada para enseñar democracia y mercado libre a sus vecinos «incivilizados». 
Se está convirtiendo en el evaluador de todo, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos, en un momento en que una enorme red de dictaduras, represión y estados policiales se están desplegando en la propia UE. 
Está diseminando su propia versión de terrorismo, está imponiendo cláusulas especiales a los acuerdos de asociación, mientras no tiene nada que decir sobre el terrorismo de Estado de Israel. 
Está aprovechando su supremacía económica no para prestar asistencia al desarrollo de los países del norte de África y de Oriente Medio, sino para imponer sus condiciones sobre el comercio y sobre sus asuntos internos. 
El informe llega tan lejos como para solicitar a los países asociados que apliquen políticas de convergencia con el euro, al tiempo que ejerce presión a favor del desarrollo del sector privado. 
Pese a los pronunciamientos contrarios, las relaciones euromediterráneas estuvieron y siguen estando valoradas de forma desigual. 
Fueron y son un vehículo para la intervención en los asuntos internos de los países mediterráneos con el objetivo de prestar apoyo a los intereses económicos, militares y políticos de la UE. 
Esta política se aumentará dado que, tras la ampliación, la atención de la UE se volverá hacia el Mediterráneo. 
Al votar en contra del informe, el Partido Comunista de Grecia expresa su apoyo a los pueblos y a su lucha, que es el único camino hacia el progreso. 
Los moderados suecos estamos a favor del informe sobre el informe anual sobre el programa MEDA 2000. 
Sin embargo, creemos que dados los importantes problemas que tiene para establecer un marco presupuestario fijo, la UE no puede asumir el aumento de costes implicados en esta actividad dado el clima económico actual. 
. 
(PT) He votado a favor de este excelente informe. 
Como es sabido, el objetivo principal del programa MEDA, que en 1995 vino a simplificar y reunir una serie dispersa de instrumentos, es emprender la reforma de las estructuras socioeconómicas con el fin de atenuar determinados problemas sociales y medioambientales resultantes del desarrollo económico en la cuenca del Mediterráneo, con tres objetivos: 1. 
Reforzar la estabilidad política y la democracia; 2. 
Crear una zona de librecambio; 3. 
Trabajar en el terreno social y cultural. 
El programa MEDA constituye, así, el principal elemento de cooperación financiera de la asociación euromediterránea (por ayudas a fondo perdido de la Comisión o por otros instrumentos articulados con el BEI). 
Ahora bien, los resultados obtenidos por el programa MEDA I y por MEDA II en los dos años que ya lleva indican claramente que este modelo de cooperación debe mantenerse e incluso reforzarse (como apunta el ponente) , esencialmente por las mismas razones que condujeron en 2000 a prorrogar y relanzar por más de cinco años este programa de éxito, un medio excelente de alcanzar los objetivos de sucesivos Consejos Europeos de Lisboa (1992) , Corfú (1994) y Essen (1994) : reforzar la política mediterránea de la UE de forma que la cuenca mediterránea se pueda convertir en una zona de cooperación que garantice la paz, la seguridad, la... 
(Explicación de voto abreviada con arreglo al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos en materia de cooperación judicial penal y de extradición son absolutamente necesarios, sobre todo para luchar contra el terrorismo. 
No obstante, plantean, por primera vez, la cuestión de la interpretación de los artículos 38 y 24 del Tratado de la Unión Europea, introducidos por el Tratado de Niza, relativos a la celebración de acuerdos internacionales por parte de la Unión Europea en los ámbitos del segundo y tercer pilar. 
Estos artículos se redactaron y se aprobaron con una negligencia culpable, a pesar de las advertencias que hice en mi contrainforme sobre el Tratado de Niza. 
Hoy vemos las consecuencias: mientras que antes los parlamentos nacionales tenían el derecho de ratificar este tipo de convenios internacionales, en la actualidad lo están perdiendo, sin que además el Parlamento Europeo obtenga a cambio ningún derecho equivalente. 
Es cierto que los Estados ponen ahora todo su empeño en recuperar una facultad de examen de carácter nacional, por medio de la «reserva constitucional» , que pueda darles la oportunidad de volver a comparecer ante sus parlamentos nacionales, pero se trata de una solución muy imperfecta. 
Vemos aquí las consecuencias de los tratados mal negociados. 
La Convención sobre el futuro de Europa debería corregir esto y lograr que los parlamentos nacionales vuelvan a desempeñar un papel en este ámbito. 
. 
(PT) Es este un asunto de la máxima importancia y que depende fundamentalmente de la competencia de cada país. 
Por ello mismo, no es aceptable que el Consejo desclasificara el texto de los dos proyectos de acuerdos con los Estados Unidos de América solo un mes antes de su firma, pues son además los primeros acuerdos entre la UE y un tercer Estado. 
El significado político de estos acuerdos es tanto mayor cuanto que se firman en un momento en que se están aplicando medidas «de seguridad» que representan un peligro para la salvaguardia de los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos y cuando los Estados Unidos mantienen en prisión a cientos de personas en la base militar de Guantánamo, sin acusación ni proceso judicial, o cuando exigen a otros Estados que le otorguen total inmunidad ante el Tribunal Penal Internacional. 
La actual redacción de los Acuerdos plantea cuestiones esenciales, como la extradición a un país en el que se ejecuta la pena de muerte y existen normativas que, al amparo de la «lucha contra el terrorismo» , violan derechos fundamentales, o como la protección de datos personales, el carácter retroactivo de su aplicación o la ausencia de control, en particular, de los denominados equipos conjuntos de investigación. 
La recomendación del PE, si bien critica aspectos del contenido de los Acuerdos, apoya sus líneas centrales, por lo que votamos en contra. 
Incluso el debate de esta cuestión, tan solo unos días después de la invasión criminal del Irak por parte de los ejércitos británico y estadounidense, constituye una provocación. 
Conforme a este acuerdo, la UE puede entregar a los ciudadanos de los Estados miembros y sus datos personales, sin condiciones, a la jurisdicción de los Estados Unidos, cuyas autoridades judiciales harán lo que les plazca, lejos de cualquier control democrático. 
Los equipos de investigación conjuntos UE/Estados Unidos operarán sin control en la UE, en violación de las constituciones nacionales y la legislación interior. 
Este es un acuerdo a expensas de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE. 
Este no da lugar a diferenciación alguna en la ley nacional de los Estados Unidos, como puede ser el rechazo de la pena de muerte o de las disposiciones discriminatorias incluidas en la «ley patriota» , que niega la ayuda legal a los ciudadanos no estadounidenses, ni a cambios en la legislación de aquellos estados estadounidenses cuya legislación es incompatible con la europea, ni tampoco lleva a poner fin a la detención inhumana de prisioneros de guerra en Guantánamo, incluidos ciudadanos de los Estados miembros de la UE. 
Hacemos un llamamiento a nuestros pueblos para que organicen manifestaciones masivas en contra de un acuerdo peligroso que, con el pretexto de luchar contra el terrorismo, aumentará las persecuciones en contra del movimiento popular antiimperialista mediante la extradición a los Estados Unidos de los luchadores situados a la cabeza de este, además de cualquier persona en general que este país considere sospechosa; para impedir la legalización de actividades no controladas por parte de las autoridades judiciales estadounidenses en la UE e impedir que sus gobiernos ratifiquen cualquier acuerdo de este tipo. 
. 
(NL) En el pasado no se extraditaba a los nacionales del propio país. 
En la actualidad, la UE funciona como un único Estado, con algunas garantías para evitar que los ciudadanos sean castigados por algo que está permitido en su país. 
Las extradiciones de la UE a otros países van más allá de eso y son sencillamente peligrosas. 
Sobre todo cuando se trata de países con un sistema penal diferente, como los Estados Unidos de América. Allí, los prisioneros de guerra son encarcelados y despojados de todos sus derechos en campos que quedan fuera del ámbito de aplicación de las leyes norteamericanas y que no reconocen a la Corte Penal Internacional. 
A nosotros, los europeos, nos parece importante que allí exista la pena de muerte y que los acusados inocentes tengan primero que declararse culpables para poder negociar una reducción de la pena. 
Tenemos que proteger a los ciudadanos europeos frente este sistema norteamericano. 
Quien no viaje ni se establezca voluntariamente y por iniciativa propia en ese país ha de tener garantías de que nadie le obligará a ir allí. 
Por ello rechazo el proyecto de acuerdo debatido el 8 de mayo en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores en materia de extradición y cooperación judicial. 
Apoyo los intentos del ponente para, al menos, pronunciarse en contra de los tribunales militares, el procedimiento de Guantánamo y la discriminación de los ciudadanos europeos, y estoy totalmente de acuerdo con él en que cualquier posible modificación futura de este acuerdo no puede quedar al margen del procedimiento parlamentario normal. 
. (FR) Aunque este acuerdo podría haber constituido un gran avance en la lucha contra el crimen y el terrorismo internacional, esta Cámara piensa que su apoyo debe estar sujeto a condiciones extravagantes y consideraciones humillantes para los Estados Unidos. 
Las reservas relativas a la ausencia de control democrático o la exigencia de hacer una mención de la Carta de los Derechos Fundamentales parecen casi pintorescas frente a las graves acusaciones vertidas contra los Estados Unidos. 
¿Es una especie de chiste cuando el informe dice que el sistema judicial de algunos Estados de los Estados Unidos no ofrece el mismo nivel de garantías que el que aspiran a aportar a los Estados miembros de la Unión las medidas de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? 
¡Y qué decir de las observaciones sobre el carácter inoportuno de suscribir un acuerdo con los Estados Unidos en un momento en que numerosos ciudadanos de la Unión se hallan detenidos en la base militar de Guantánamo sin que se cumpla la legalidad y sin que tengan la menor garantía de que vayan a recibir un juicio justo! 
Cuando el angelismo alcanza tales proporciones y produce este tipo de absurdos- ¿cómo se puede tratar de la misma manera a terroristas que a simples delincuentes comunes? -, raya en la estupidez. 
. 
(PT) He votado en contra de este informe por considerar que el ponente rebasó las competencias atribuidas al Parlamento Europeo por los Tratados al tratar de ampliar, mediante métodos hermenéuticos que no suscribo, el número y el volumen de materias sujetas a consulta. 
En realidad, mi lectura del artículo 21 del Tratado de la Unión Europea diverge de la que se hace en este informe, pues considero que donde se lee «... principales aspectos y... opciones fundamentales» de la política exterior y de seguridad común no debe entenderse «acuerdos prácticos» y «países específicos» , por más amplios que sean los acuerdos o por más importante que parezca la parte contraria. 
Presumir que del silencio de la norma emana una obligación concreta para el Consejo y que de esa supuesta obligación concreta se infiera una norma general de obligatoriedad de consulta al Parlamento, es una interpretación que desde luego no puedo seguir. 
Considero que el intento de calcar el modelo estatal a escala comunitaria no corresponde al actual estado de la Unión. 
El intento de reconocer al Parlamento Europeo competencias similares a las de cualquier parlamento nacional carece de fundamento. 
Lamento también, muy especialmente, que la propuesta de recomendación inicial haya sucumbido a iniciativas más agresivas que en nada favorecen la celebración de los Acuerdos UE-EE.UU., fundamento y causa de esta recomendación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0197/2003 del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y por el que se instauran regímenes de ayuda a los productores de determinados cultivos (COM (2003) 23- C5-0040/2003- 2003/0006 (CNS) ); 
A5-0182/2003 del Sr. Olsson, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2826/2000 (COM (2003) 23- C5-0041/2003- 2003/0007 (CNS) ); 
A5-0174/2003 del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (COM (2003) 23- C5-0042/2003- 2003/0008 (CNS) ); 
A5-0175/2003 del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la organización común de mercado de los forrajes desecados para las campañas de comercialización 2004/05 a 2007/08 (COM (2003) 23- C5-0044/2003- 2003/0010 (CNS) ); 
A5-0183/2003 del Sr. Ojeda, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la organización común del mercado del arroz (COM (2003) 23- C5-0043/2003- 2003/0009 (CNS) ); 
A5-0177/2003 de la Sra. Jeggle, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (2003) 23- C5-0046/2003- 2003/0012 (CNS) ); 
A5-0181/2003 de la Sra. Jeggle, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (2003) 23- C5-0045/2003- 2003/0011 (CNS) ); 
A5-0189/2003 de la Sra. Rodríguez Ramos, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la multifuncionalidad agraria y la reforma de la PAC (2003/2048 (INI) ). 
. 
(PT) Señor Presidente, señor Comisario, mi voz no ayuda pero procuraré hablar con claridad. 
La Comisión presentó el pasado mes de enero sus propuestas legislativas para una nueva reforma de la PAC. 
Además de importantes ajustes en algunos sectores, las principales innovaciones se traducen en lo que se denomina desacoplamiento y modulación de las ayudas directas pagadas a los productores. 
Con el desacoplamiento, se pretende transformar las ayudas actuales en un pago único por explotación, que pasaría a estar desvinculado de la producción y de los volúmenes producidos. 
De aquí en adelante, los agricultores recibirían siempre el importe fijado, independientemente de lo que cultivasen en el futuro; podrían incluso no cultivar nada siempre que mantuviesen la tierra en buenas condiciones agronómicas. 
Con la modulación, la Comisión pretende aplicar un porcentaje de reducción de las ayudas, que ascendería al 19% en 2012; cerca de dos terceras partes de las partidas así liberadas se destinarían a financiar futuras reformas y cerca de una tercera parte se reservaría para reforzar el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural. 
De esta reducción de ayudas solo quedarían exentos los agricultores que reciban menos de 5 000 euros al año. 
La propuesta que ahora se presenta al Pleno fue aprobada por amplia mayoría en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la base de una propuesta de transacción presentada por el ponente y negociada con todos los grupos políticos. 
La esencia de ese acuerdo, que se pretende pase a ser la posición del Parlamento Europeo, es la siguiente: 
En primer lugar, apoyar solo un desacoplamiento parcial y gradual de las ayudas directas, limitada al sector de los cultivos herbáceos y de los bovinos machos. 
En consecuencia, todas las demás primas se seguirían concediendo con arreglo al modelo actual; en segundo lugar, apoyar una modulación mucho más limitada, de solo el 6% en las regiones desfavorecidas y del 8% en las regiones no desfavorecidas, destinándose los ingresos así generados principalmente al refuerzo del segundo pilar. 
Los agricultores que reciben menos de 7 500 euros quedarían también exentos de la modulación. 
Con esta posición, el Parlamento Europeo quiere transmitir algunos mensajes políticos. 
El primero es que apoya inequívocamente una reforma de la PAC que introduzca más racionalidad económica, que facilite su aplicación en una Unión Europea ampliada y que ayude a desbloquear las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. 
El segundo mensaje es que un cambio de este tipo debe realizarse con prudencia y realismo. 
En efecto, nuestra posición es que el desacoplamiento total de las ayudas, tal como propone la Comisión, si bien parece un modelo interesante desde el punto de vista teórico, presenta considerables riesgos en la práctica e ignora la realidad de la agricultura europea, la gran inestabilidad de los mercados, que siempre exigen instrumentos de gestión y de protección en la frontera, y la enorme heterogeneidad de la agricultura europea, que presenta enormes diferencias de rendimiento y de competitividad y, por consiguiente, impactos profundamente diferenciados en la aplicación de un sistema disociado de pagos. 
El tercer mensaje político es que los riesgos de abandono de la producción como consecuencia de la introducción de un sistema disociado de ayudas son especialmente graves en las regiones desfavorecidas más periféricas, con menor productividad y, por tanto, menos competitivas. 
De ahí que el Parlamento proponga un porcentaje más bajo de modulación en esta regiones, que no se aplique ningún sistema disociado en las regiones ultraperiféricas y que se tenga en cuenta la situación especial de las regiones más débiles, a fin de seguir asegurando a sus agricultores alternativas de producción. 
En cuarto lugar, el Parlamento quiere decir también que no está justificado, en estas fechas, decidir un porcentaje de reducción tan elevado de las ayudas para financiar futuras reformas de la PAC, porque no se conocen ni los costes ni el calendario de las mismas. 
En quinto lugar, hay que destacar también el compromiso del Parlamento de apoyar el refuerzo del segundo pilar de la PAC, especialmente con la financiación de nuevas acciones en el ámbito de la calidad y la seguridad de los alimentos. 
Por último, tampoco es inútil recordar que se propone que, a partir de 2007, el futuro régimen de ayudas disociadas deje de basarse en el criterio histórico y pase a basarse en dos grandes criterios: la superficie y el empleo de cada explotación. 
Para terminar, el Parlamento Europeo contribuye así a la adaptación de la PAC a las nuevas necesidades y realidades emergentes, pero lo hace de forma que se eviten o minimicen los riesgos de abandono de la producción, el aumento del desempleo y la generación de otros desequilibrios graves en algunos sistemas agrícolas, en particular en las regiones más desfavorecidas y periféricas. 
Se espera, pues, que el Consejo de Ministros de Agricultura, al que corresponde la decisión final, comparta estas preocupaciones del Parlamento y obligue a la Comisión a modificar su propuesta durante las negociaciones en curso. 
. (SV) Señor Presidente, señor Comisario, hay pocas cosas que serán tan importantes en el futuro como la agricultura sostenible y no contaminante. 
Desde el principio he apoyado las ideas con visión de futuro del Sr. Fishler sobre alcanzar propuestas relativas a cómo vamos a reformar la política agrícola europea. 
Desgraciadamente, estas ideas se han deteriorado y todavía siguen deteriorándose. 
Creo que existía un deterioro cuando el Presidente Chirac y el Canciller Schröder acordaron un techo que debió haberse aplicado, más bien, como un suelo para los costes de la política agrícola. 
Desgraciadamente, debo reconocer que, desde mi punto de vista, a lo que hemos llegado aquí en el Parlamento no mejora la propuesta, sino que la exacerba. 
Me preocupa que cuando los ministros se reúnan, también ellos la empeoren. 
Ni siguiera los agricultores europeos parecen comprender qué conviene más a sus intereses. 
La oposición a la propuesta de la Comisión para la reforma agrícola entre los agricultores, entre nosotros mismos en el Parlamento Europeo y entre los ministros de Agricultura debe tener que ver con el hecho de que no desean ver el contexto más amplio. 
No pretendo hablar sobre los detalles ningún informe, pero pretendo concentrarme precisamente en las líneas más generales en mi discurso. 
Debemos recordar que la mayoría de los alimentos del mundo se producen con costes que no se cubren con los actuales bajos precios del mercado mundial. 
La mayoría de los agricultores de países industrializados requieren por lo tanto ayuda si quieren poder producir alimentos, y debe pagársele más a los agricultores de los países en desarrollo. 
La ayuda a la producción agrícola en los países industrializados aumenta la producción y los excedentes se exportan con la ayuda de subsidios. 
Esto reduce los precios en el mercado mundial. 
Debemos cambiar los sistemas con el fin de crear un mercado mundial saludable. 
Debería ser posible que los precios del mercado mundial subiesen hasta un nivel que permita a la mayoría de los agricultores producir alimentos y es por lo tanto obvio que deben eliminarse todas las formas de ayuda que distorsionan el comercio. 
La UE no puede cambiar por sí sola esta situación, pero en conjunto con los Estados Unidos, seremos capaces de hacer muchas cosas en este ámbito. 
Las negociaciones dentro de la OMC y la propuesta de la Comisión para la reforma agrícola son pasos en la dirección correcta con relación a este tema. 
Sin embargo, debemos recordar que el mundo no es tan simple como eso. 
Incluso con precios justos en el mercado mundial, grandes áreas de agricultura europea a pequeña escala no serían competitivas todavía. 
Contamos con requisitos duros en lo que respecta al medio ambiente y al bienestar de los animales. 
Insistimos en la seguridad y la calidad alimentarias. 
Demandamos protección para los trabajadores. 
Deseamos conservar los campos cultivados y los entornos naturales y culturales, y queremos mejorar las condiciones sociales en el campo. 
En teoría el mercado podría pagar para que se tengan en cuenta valores como el de la calidad. 
Nuestros requisitos podrían financiarse a través de ayuda directa de la sociedad y, más concretamente, de la UE cuando se trate, en concreto, de aspectos de beneficio colectivo. 
Sin embargo, la ruta desde las elevadas ayudas y los precios colapsados en el mercado mundial hacia el comercio y la determinación de precios saludables, debe conseguirse a través de un cambio en el modo en que se presta la ayuda en la actualidad, es decir, a través de un desacoplamiento de la ayuda desde la producción. 
Aquí es donde entra mi informe sobre el desarrollo rural. 
Desgraciadamente, había muy poco dinero cuando la Comisión elaboró su propuesta. 
Gracias a los serviciales y bondadosos colegas diputados del Parlamento, he obtenido algún dinero del Sr. Cunha y determinada cifra de la Sra. Jeggle, y por lo tanto he podido añadir un poco más al desarrollo rural. 
Esto es debido a que el propuesto desacoplamiento pone en un mayor riesgo a las áreas menos favorecidas y debemos tratar estos riesgos con la mayor rapidez posible. 
Creo que el Parlamento ha dado con una mejora en aquellos casos en que este asunto está implicado. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, si en la UE no modernizamos con suficiente antelación nuestro arsenal de ayuda a la agricultura? es decir, desplazando la ayuda de la Caja Azul a la Verde, o como quiera expresarse? las negociaciones de la OMC, si van a conducir hacia algún resultado que sea alentador en una perspectiva global, podrían despojarnos por la fuerza de las armas que empleamos para proteger la agricultura europea y el modelo agrícola europeo. 
Entonces no habría nada a lo que podamos recurrir. 
Prevenir es mejor que curar. 
Esto es algo que los europeos también deberíamos apreciar. 
Cabe esperar que cuando los ministros de Agricultura se reúnan para negociar la próxima semana, se den cuenta de que una decisión pobre o la ausencia de una decisión podría en la práctica conducir al desastre para los granjeros, el campo y también para los consumidores que quieren ver buenos alimentos en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ponente de dos informes, quisiera comenzar mi intervención, si les parece bien, presentando el informe, aprobado por una mayoría muy amplia en nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la reforma de la organización común de mercado en el sector de los cereales, y a continuación, pasaré a presentar mi segundo informe, aprobado también por una mayoría muy amplia, dedicado a la organización común de mercado de los forrajes desecados. 
Comencemos, por tanto, por la organización común de mercado de los cereales. 
En su propuesta de reforma, la Comisión Europea, apartándose por completo del marco de la revisión intermedia de la Agenda 2000, preveía un auténtico desmantelamiento del conjunto de elementos constitutivos esenciales de la OCM. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural estimó que ni era oportuno ni estaba justificado este desmantelamiento de la organización común de mercado más antigua y emblemática. 
Por lo que se refiere al precio de intervención, propuse, en mi calidad de ponente, que se tuviera en cuenta la inflación, que asciende al 25,5 % desde la reforma de 1992 y que ha motivado una reducción efectiva del precio de intervención de los cereales, en términos reales, del 56%. 
Es preciso hacer hincapié en que el precio de intervención de los cereales constituye el índice de renta de cientos de miles de agricultores. 
Nuestra comisión rechazó una reducción suplementaria, que nada justifica, ni siquiera la evolución de los precios mundiales, que la propia Comisión estima al alza en los próximos años. 
La no reducción de precios que recomienda nuestra comisión no exige ninguna compensación económica y, por tanto, hace innecesaria la reducción progresiva. 
Por lo que se refiere a los incrementos mensuales, nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quiso recordar que corresponden a una carga económica y financiera real, la del almacenamiento, que incluye la modernización de los silos para adaptarse a la normativa, sobre todo en materia de seguridad, y que su supresión equivaldría a una reducción suplementaria, no compensada, del precio de intervención. 
Por consiguiente, la coherencia imponía dispensar el mismo trato a las dos propuestas de la Comisión acerca del precio de intervención y los incrementos mensuales. 
En cuanto al centeno, que padece un verdadero problema de excedentes, proponemos reducir las sumas destinadas a la intervención, para que, en el futuro, el cultivo de este cereal pueda concentrarse en las regiones donde constituya el último recurso para evitar que el terreno quede baldío o donde no exista ninguna solución alternativa rentable. 
Por lo que respecta al almidón y la fécula de patata, nos cuesta entender, señor Comisario, el empeño que pone la Comisión Europea en que se supriman las disposiciones que permiten a la industria europea luchar, empleando las mismas armas, contra las importaciones. 
Se trata de un auténtico regalo para los productores de almidón de países terceros, y la Unión Europea no ha obtenido ninguna contrapartida. 
Las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no siguen la tónica de las medidas negativas puestas sobre la mesa por la Comisión, medidas que no nos parece que brinden perspectivas positivas de desarrollo para el sector de los cereales. 
Pasemos, a continuación, si les parece bien, a la organización común de mercado de los forrajes desecados. 
Por mi parte, nunca hasta ahora había visto que una exposición de motivos de una propuesta de la Comisión se fundamente en una argumentación tan endeble. 
En efecto, apoyándose en una observación caduca de un informe del Tribunal de Cuentas, la Comisión pretendía suprimir, simple y llanamente, esta organización común de mercado a partir de la campaña 2008-2009, recurriendo como argumento a las palabras vertidas en dicho informe acerca de que esta producción se basa fundamentalmente en la utilización de combustibles fósiles para la deshidratación y, en algunos Estados miembros, en el uso del regadío. 
¡Con qué ligereza y frivolidad, señor Comisario, se cuestiona el futuro de todo un sector a partir de un fundamento tan carente de peso! 
Y qué importa de qué sector se trata, un sector que proporciona el 15% de las proteínas forrajeras producidas en la Comunidad, un sector que aglutina a 150 000 productores y abarca 500 000 hectáreas, un sector que, en la vertiente de la deshidratación, está compuesto por 350 unidades de transformación y envasado de forrajes, en su mayoría propiedad de agricultores en régimen de cooperativa, que dan empleo a 15 000 trabajadores. 
¿Ha calculado usted, señor Comisario, cuánto dinero con cargo a los presupuestos públicos de desarrollo rural sería necesario destinar para preservar, en las zonas rurales, la actividad y los puestos de trabajo que la muerte por eutanasia de este sector destruiría? 
Por tanto, a nuestra Comisión de Agricultura no le ha resultado difícil convencerse de que, dado el déficit de la Unión en proteínas forrajeras, sería sumamente irresponsable suprimir la ayuda a los forrajes desecados. 
En caso de que nuestra Cámara apruebe el informe propuesto por su Comisión de Agricultura, reafirmará claramente una postura que ya había adoptado en el marco del informe Stevenson, en el que se pedía a la Comisión que se encargara de hallar una solución y poner en práctica urgentemente las medidas necesarias para aliviar este grave problema, esta dependencia estratégica, este desorbitado déficit de proteínas vegetales que supone más del 75% de nuestras necesidades. 
En cuanto a los Estados Unidos, no han tenido ningún reparo y no han dudado en poner en marcha, tras los acuerdos de Blair House, un sistema de ayudas directas a la soja sin que la OMC se haya inmutado. 
Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? 
Asimismo, nuestra Comisión de Agricultura consideró que el balance medioambiental del sector de los forrajes desecados no podía, en ningún caso, limitarse a vagas consideraciones estadísticas sobre el consumo de combustibles fósiles. 
Si se suprimieran todas las actividades económicas que consumen combustibles fósiles, usted habría venido de Bruselas a pie, señor Comisario. 
En cambio, la alfalfa, que constituye más del 80% de la producción de forraje desecado de la Unión, presenta cualidades excepcionales en dos ámbitos muy importantes: la renovación de los suelos y el ahorro de productos fitosanitarios. 
Además, no hay ninguna variedad modificada genéticamente de alfalfa en Europa. 
Esta producción, que garantiza una perfecta trazabilidad de los forrajes que proceden de ella, sustituye a importaciones que suscitan numerosas dudas por lo que se refiere a los OMG. 
En cuanto a la deshidratación, el uso de energía fósil ya se ha reducido significativamente en el transcurso de los últimos años. 
No obstante, es cierto que todavía queda un margen para progresar más. 
Por tanto, proponemos, con el beneplácito del sector, la firma de «contratos de progreso» mediante los que las unidades de deshidratación puedan comprometerse a mejorar sus resultados, su rendimiento y su balance energético. 
Nos parece más constructivo poner en marcha, en este sector, medidas sujetas a condiciones medioambientales que suprimir toda ayuda. 
En definitiva, nuestra comisión ha estimado que el sector es capaz de lograr nuevos avances agronómicos y medioambientales. 
Por este motivo, proponemos la creación de un fondo de investigación financiado a partir de un pequeño arbitrio sobre las ayudas otorgadas a este sector. 
Señor Presidente, señor Comisario, este es el camino que, a nuestro modo de ver, debe tomar la Comisión con el fin de ofrecer a este sector sumamente delicado y estratégico unas expectativas distintas a la destrucción, sin más, de una organización común de mercado que ha permitido preservar, hasta la fecha, uno de los pocos sectores de los que dispone la Unión en el ámbito de las proteínas vegetales. 
(ES) Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el apoyo tan mayoritario que ha recibido mi informe sobre el arroz, así como las enmiendas que al mismo se han presentado y que han gozado de un gran consenso en el seno de nuestra comisión. 
Señor Comisario, los mercados abiertos más desprotegidos también son más vulnerables. 
El cambio climático, las sequías prolongadas, las presiones importantes sobre los humedales, sobre esos espacios protegidos que ejercen el sector urbanístico o las propias administraciones, están poniendo en peligro estas zonas tradicionales de cultivo, reducto de biodiversidad. 
Los mayores y más importantes hábitat de avifauna en Europa, están justamente en estas zonas tradicionales de cultivo de arroz y nuestra responsabilidad es preservarlos a toda costa. 
En el marco de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común la Comisión ha propuesto la reforma de la OCM del arroz, teniendo en cuenta los desequilibrios provocados por el elevado aumento de las importaciones y de la producción interna que, unido a las restricciones en materia de restitución a la exportación, están generando importantes excedentes que tenderán a agravarse a partir de 2006 por la reducción progresiva de los aranceles que se derivará de la aplicación del Programa Everything but arms. 
La propia Comisión reconoce que es imposible estimar el impacto de esta iniciativa en toda su dimensión pero, a pesar de ello, asegura que las existencias en intervención serán insostenibles a causa de las exportaciones de terceros países. 
Toda la filosofía de la reforma de la OCM propuesta por la Comisión se basa en hacer desaparecer la intervención sin tener en cuenta la especificidad de este tipo de cultivo en Europa, y que en un mundo globalizado, liberalizado, las pequeñas economías regionales ligadas a cultivos como el del arroz están más en peligro que nunca. 
Es necesario reformar la OCM del arroz para adaptarla a las nuevas condiciones de competitividad de los mercados, pero asegurando una renta digna a los productores y de una forma compatible con un comercio justo en favor de los países menos desarrollados, preservando el cultivo con un importante papel de la Unión Europea en los ámbitos social, medioambiental y paisajístico. 
Todo esto ha sido obviado por la Comisión con su propuesta, tanto en lo que se refiere a la gestión del mercado, como en el pago específico del arroz y la ayuda desacoplada. 
Sin intervención, sin protección en las fronteras y sin la garantía de calidad y seguridad alimentaria que exigimos a nuestros productos, el sector desaparecerá. 
Con su propuesta, la Comisión traslada a los agricultores toda la responsabilidad de encontrar soluciones al hambre en el tercer mundo, y esto no es justo. 
Un cultivo que exige unas condiciones agroclimáticas especiales, que hace que se concentre en determinadas áreas como monocultivo, que tiene por únicas alternativas la desecación, la salinización o el abandono. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural apoya, en su informe, la decisión de la Comisión de reducir el precio de intervención del arroz para equiparar el precio a los precios mundiales. 
Sin embargo, hemos rechazado la propuesta de crear un régimen de almacenamiento privado cada vez que el precio del arroz caiga por debajo del precio de apoyo efectivo. 
Aparece, pues, un nuevo concepto: el precio de apoyo efectivo, que sirve para calcular los aranceles conforme al sistema de precios máximos y lo traslada al sistema de gestión del mercado. 
No es, pues, ningún tipo de apoyo para el productor, como ocurre con el precio de intervención, sino que es un sistema virtual que se usa para desencadenar otra medida imprecisa y no definida: el almacenamiento privado; una propuesta de almacenamiento privado que no funcionará, pues no lo ha hecho en otros sectores, y que agravará la situación financiera del agricultor, ya debilitada, pues tendrá que soportar a sus expensas un capital inmovilizado mayor y unos costes altos de mantenimiento y conservación del producto. 
Por lo que se refiere a la medida especial de 120 euros, la malla de seguridad propuesta, dejar que los precios se estabilicen entorno a esos 120 euros, es dejar que los arroceros se arruinen. 
Así pues, debe mantenerse la intervención pública como mecanismo de regulación con un precio institucional que garantice la competitividad y el autoabastecimiento. 
Por lo que se refiere a la protección en las fronteras, el régimen de intercambio se ajustó a los desafortunados Acuerdos de Marrakech en este sector, ya que se prevé un sistema de precios máximos de importación. 
De esta forma el precio de entrada del arroz cargo descascarillado no sería superior al 180 o 188%, según fuera índico o japónico, del precio de intervención. 
Este sistema no tiene en cuenta los gastos de transformación de cáscara a cargo y además, provoca que en el mercado comunitario se importen con menor derecho arancelario los arroces de mejor calidad y mayor precio. 
La Comisión ha pedido un mandato a los 15 para negociar, en la Organización Mundial del Comercio, la sustitución del actual sistema de derechos de importación variables, por derechos fijos, aunque parece que no hay acuerdo. 
La Comisión de Agricultura ha estimado oportuno la derogación del sistema de precios máximos que ha conducido al sector a esta situación actual. 
En este contexto, numerosas enmiendas del informe hacen referencia a la necesidad de establecer mecanismos de control adecuado para evitar posibles irregularidades, y que se garantice el origen de los arroces importados, con el fin de evitar el dumping social y ambiental, así como los fenómenos sociales como el de la triangulación, y con una trazabilidad y etiquetado rigurosos que garanticen la seguridad alimentaria. 
Por todo ello, la Comisión de Agricultura considera imperiosa la presentación de un informe de evaluación sobre las consecuencias de las reducciones arancelarias concedidas a la iniciativa Everything but arms que tenga en cuenta nuestras preocupaciones y la economía de los terceros países. 
Señor Presidente, tengo mis reservas en cuanto a si el pago desacoplado propuesto por la Comisión conoce las especificidades medioambientales del cultivo y si un abandono del cultivo no aumentaría la vulnerabilidad ambiental de estas zonas. 
Necesitamos, además, un sistema de penalizaciones proporcional y no progresivo, ya que los arroceros están injustamente penalizados en comparación con otros agricultores, y que las superficies reconocidas sean las anteriores a la propuesta de la reforma. 
En este sentido apoyo la decisión del Sr. Cunha de apartar y sacar el arroz del desacoplamiento. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando a principios de este año recibimos las propuestas legislativas de la Comisión sobre la evaluación a intermedia de la Agenda 2000 y el calendario correspondiente, el tiempo apremiaba bastante. 
Se suponía que el Parlamento Europeo debía presentar sus dictámenes a más tardar en esta semana. 
La tarea que se nos planteaba parecía superar nuestra capacidad. 
Muy pocos confiábamos en que lo lograríamos. 
En mi calidad de ponente del informe sobre las tasas en el sector de la leche y del informe sobre la organización común de mercado de la leche y los productos lácteos, puedo señalar con gran satisfacción que todos juntos lo hemos logrado. 
La colaboración entre todos los Grupos políticos desde una fase temprana, como la que pudimos realizar particularmente en el sector de la leche, ha dado finalmente sus frutos. 
En mis proyectos de informe pude tener en cuenta, desde el principio, las preocupaciones de los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y también de los demás Grupos. De este modo, el número de enmiendas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido asequible y el resultado que les presentamos ahora es coherente. 
Por último, el reducido número de enmiendas presentadas en el Pleno refleja el acuerdo general, que se expresó igualmente en el extraordinario resultado de la votación en la Comisión de Agricultura. 
Es esta una magnífica labor, por la que doy las gracias cordialmente a todos los diputados de esta Cámara que con buena voluntad, buen conocimiento de causa y disposición al compromiso han colaborado conmigo pensando en este objetivo. 
Asimismo deseo dar las gracias a la Secretaría de la comisión parlamentaria, que con su trabajo de coordinación entre bastidores ha sido para mí un apoyo valioso y fiable en mi trabajo. 
La Comisión presentó un paquete legislativo para el sector de la leche que acogemos con gran satisfacción, puesto que incluye medidas como el mantenimiento de las cuotas lecheras hasta 2015. 
Pero para alcanzar su objetivo de adaptar el sector de la leche a las normas de la OMC, la Comisión propone, no obstante, instrumentos que en su conjunto resultan sumamente problemáticos: nuevas reducciones de precios, nuevos aumentos de las cuotas y desacoplamiento entre producción de leche y prima lechera. 
¿Cuáles serían las consecuencias de esta forma de proceder? 
Si se aplicara la fuerte reducción de precios junto con la ampliación de las cuotas, el sistema de cuotas lecheras quedaría de hecho anulado. 
En particular, las pequeñas y medianas explotaciones lecheras situadas en zonas desfavorecidas prácticamente no podrían hacer frente a la competencia, y en este punto la desacoplamiento del sector haría el resto, de modo que la producción de leche se trasladaría muy rápido de los pastizales y zonas desfavorecidas a las tierras más propicias. 
Entonces no se podrían ignorar las negativas consecuencias estructurales, sociales y ecológicas en las zonas afectadas. 
A fin de reforzar la competitividad y la eficiencia de las explotaciones lecheras de la UE, la Comisión echa abajo con sus propuestas su propia política estructural y la política de desarrollo rural. 
No tiene sentido destruir ahora explotaciones y puestos de trabajo, sobre todo en las regiones desfavorecidas y estructuralmente débiles, bien por obediencia anticipada a los dictados de la OMC, bien quizá por razones ideológicas. Pues mañana tendríamos que sustituir o volver a crear estos puestos de trabajo con mucho esfuerzo y fuerte gasto público a través de programas de desarrollo rural... 
Por tanto, salta a la vista que es necesaria una transición gradual si queremos evitar objetivos tan conflictivos en este terreno. 
Junto con la Comisión de Agricultura y Desarrollo rural planteo, por lo tanto, un enfoque diferente. 
Nuestro objetivo es mantener una producción de leche sostenible y extensiva, en particular en las zonas de pastizales. 
Lo que está claro es que si la ganadería láctea desaparece de las regiones de pastizales y zonas desfavorecidas, será necesario un intenso esfuerzo público para mantener el paisaje en el estado que hoy conocemos y apreciamos como zona de descanso y vacaciones. 
Por ello, el mantenimiento del sistema de cuotas lecheras hasta 2015 es correcto y vital, y ya que deseamos hacer una política fiable, no adelantemos lo que decidió en la Agenda 2000. 
Las reducciones de precios decididas en el marco de la Agenda 2000 y en parte ya aplicadas, nos han dado ya un amplio margen de maniobra en la OMC. 
Deberíamos aprovechar primero este margen de maniobra en las negociaciones. 
Si de las negociaciones resulta que es realmente necesario reducir todavía más los precios, en mis informes hay alguna indicación de la posible naturaleza de estas reducciones. 
Para mantener a la par, al menos hasta cierto punto, el sector de la leche y el sector de los cereales, pedimos una mayor compensación por las reducciones de precios. 
Los 50 céntimos propuestos resultan a todas luces insuficientes. 
El argumento de la OMC no justifica la ampliación de las cuotas, a menos que el objetivo declarado de la Comisión sea ejercer una vez más presión sobre los precios a través de estas medidas. 
Sin embargo, ningún representante de la Comisión me lo ha planteado en estos términos, por lo que abogamos por que nos encontremos a los Estados miembros que piden más cuotas a mitad de camino mediante la introducción de un régimen flexible. 
Esto implica un «sí» al aumento de las cuotas, pero siempre en función de la situación del mercado. 
En el caso del desacoplamiento, proponemos un enfoque gradual. 
En este momento no conviene. 
La Comisión de Agricultura propone que esto vuelva a examinarse en 2008, cuando se hayan reunido experiencias con el desacoplamiento, la revinculación o la simplificación en otros sectores. 
Entonces podremos estimar igualmente los efectos y consecuencias, y modificar este instrumento de acuerdo con ello. 
En el caso de ambos informes sobre el sector de la leche es importante que en la votación en el Pleno se obtenga un resultado tan favorable como el obtenido en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Debemos enviar un mensaje claro al Consejo y a la Comisión. 
Un uso sostenible de la tierra puede ocupar el terreno de buena parte de la política medioambiental, social y regional. 
La Unión Europea defiende la agricultura extensiva y sostenible, y en muchas partes de Europa el sector de la leche está en el corazón de esa agricultura. 
. 
(ES) Señor Presidente, señor Comisario, el pasado mes de junio usted nos presentó un documento de reforma de la PAC en el que establecía los objetivos que esta reforma debía perseguir: calidad y seguridad alimentaria, fortalecimiento del desarrollo rural y métodos de producción más extensivos y compatibles con el medio ambiente. 
Nadie podía estar en contra de estos objetivos, pero hoy tenemos que decirle que los instrumentos que quiere utilizar no solo son erróneos, porque no son válidos para conseguir los objetivos propuestos, sino que, es lo más grave, caminan en el sentido contrario. 
Uno de los ejes de su reforma- el desacoplamiento de las ayudas- puede tener efectos perversos si no conseguimos modificarlo. 
El desacoplamiento total que nos propone para determinados sectores como instrumento capaz de diseñar un nuevo modelo de política agrícola es inservible si usted mantiene el criterio de las referencias históricas para fijar la ayuda desacoplada por explotación. 
Las ayudas directas, tal y como se han ido configurando, responden a la lógica del mercado y están vinculadas directamente a las cantidades producidas y a los rendimientos asignados. 
Según los datos que usted mismo ha proporcionado, en el año 2001 el 5% de los agricultores europeos recibieron el 50% de las ayudas directas. 
No nos puede decir que demos por válido este gran desequilibrio en la distribución de las ayudas para sustentar ahí el desarrollo de una nueva PAC. 
En el sector herbáceo, modelo en el que usted nos propone un desacoplamiento total, el 3% de las explotaciones agrarias reciben el 40% de los apoyos. 
Si partiéramos de ahí, si diéramos por buena esta foto fija, señor Comisario, estaríamos cambiando todo para que todo siguiera igual. 
Permítame que le pida, una vez más, que cambie los criterios de asignación de la ayuda desacoplada; que utilice criterios multifuncionales para establecer una verdadera ayuda multifuncional por explotación; la multifuncionalidad agraria significa que la agricultura contribuye al mantenimiento de la población rural, creando empleos, a la preservación del medio ambiente, evitando la despoblación y la desertización de nuestro territorio. 
Por lo tanto, introduzca el criterio del territorio, el criterio de la superficie agrícola, el criterio del empleo generado y de los beneficios medioambientales que aporta la explotación agraria y estaremos en condiciones de hablar de una verdadera ayuda multifuncional. 
De un verdadero desacoplamiento de la ayuda a la producción, pero de una verdadera vinculación de la ayuda al productor y a su explotación. 
Usted mismo reconoce que esta propuesta de desacoplamiento generará graves problemas en muchas pequeñas y medianas explotaciones, en zonas más desfavorecidas y menos productivas. 
Si es así, señor Comisario, cámbiela, porque de lo contrario echaremos fuera del sistema agrario a muchas explotaciones pequeñas y medianas de la Unión Europea. 
Otro eje importante de su reforma es la modulación. 
En el mes de junio le aplaudí y le apoyé. 
Reforcemos el desarrollo rural a través de una modulación importante, trasvasando fondos del primer pilar al segundo pilar. 
Lo que hoy nos propone después del Consejo presupuestario de Bruselas de los días 24 y 25 de octubre pasado- donde se recorta el presupuesto comunitario- es que solo el 6% de la modulación vaya al desarrollo rural, dejando el resto para financiar reformas sectoriales en el primer pilar. 
Es cierto que usted dice que esto es un acuerdo del Consejo y es verdad que ahí está la responsabilidad política, también la de aquellos- como mi Gobierno- que aplaudieron este acuerdo y mintieron a los agricultores diciendo que garantizaban la suficiencia presupuestaria hasta el año 2013. 
No es verdad, en el año 2008 habrá problemas, usted lo ha reconocido. 
Le pido un poco más de rebeldía, un poco más de empeño, si realmente cree que el desarrollo rural tiene que fortalecerse para elaborar una PAC más sostenible y más justa. 
Le digo no a una modulación lineal, en la que hagamos recaer de forma igual en las espaldas de todos los agricultores el recorte de las ayudas directas para financiar los agujeros presupuestarios del acuerdo de Bruselas. 
Y le digo no a una modulación que sea igual, sin hacer diferencias entre zonas favorecidas o desfavorecidas y que no tenga en cuenta la renta de los agricultores. 
Que tratemos igual al que cobra 5 000 euros como al que cobra 50 000 o más. 
No es justo, señor Comisario. 
Por todo ello, le pido, por favor, que haga un esfuerzo de flexibilidad, que no expulse del mercado a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, que garantizan la viabilidad de un entramado rural que ocupa más del 80% del territorio rural europeo. 
Esta reforma, fundamentalmente, no aporta cohesión, no da más justicia social a una política agrícola que está muy necesitada de ella. 
Le pido que reflexione y que modifique esta propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, cuando el Gobierno griego asumió la Presidencia del Consejo el 1 de enero de 2003, la reforma de la política agrícola común fue uno de los puntos en los que se concentró. 
Por lo tanto, las negociaciones para cerrar este expediente fueron uno de los objetivos principales de la Presidencia Griega, en cooperación, por supuesto, con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
Nuestro Consejo debatió las propuestas de la Comisión en sus propuestas de febrero, marzo y abril conforme a la base de los cuestionarios de la Presidencia, que se centraron en aspectos de reforma de especial importancia. 
La Presidencia obtuvo conclusiones positivas de este procedimiento y decidió dar impulso a las negociaciones mediante la creación de un Grupo de Alto Nivel. 
El papel de este grupo era principalmente el de preparar la crucial cumbre de ministros del Consejo de junio. 
El impulso hacia el alcance de un acuerdo se reforzó en el Consejo el 26 y el 27 de mayo, cuando el Comisario Fischler y yo nos reunimos con cada uno de los ministros con el fin de identificar problemas básicos y posibles soluciones, y llegar a un compromiso honesto. 
Tanto el Comisario como yo averiguamos, para nuestra satisfacción, que contamos con el apoyo a nuestro calendario por parte de la mayoría de los ministros. 
Esta mayoría está convencida de que, siempre y cuando alcancemos la combinación exacta en el contexto del expediente, podremos tomar decisiones antes de que concluya la Presidencia Griega, en otras palabras, en el Consejo de junio. 
Me gustaría señalar al Parlamento que los ministros de Agricultura de los 10 nuevos estados participaron en las consultas tripartitas. 
El Parlamento Europeo es un factor especialmente importante en el proceso para formular la futura política agrícola común. 
Su resolución de noviembre de 2002 sobre la comunicación de la Comisión realizó importantes sugerencias a la Comisión para la orientación de sus propuestas legislativas. 
La opinión del Parlamento Europeo sobre las propuestas legislativas de la Comisión para la reforma de la PAC es excepcionalmente importante y todos la esperamos con gran interés. 
En este momento me gustaría dar las gracias a todos los ponentes, al presidente de la Comisión de Agricultura y, por supuesto, a todos los miembros de esta, que se las arreglaron para completar sus esfuerzos y votar sobre los informes realmente interesantes relativos al paquete de propuestas de la Comisión en un período de tiempo tan corto. 
Esta coherencia por parte del Parlamento Europeo, y especialmente de la comisión de Agricultura, permitirán a la Asamblea dar su opinión sobre las propuestas de la Comisión Europea a su debido tiempo, permitiendo así a nuestro Consejo perseguir un compromiso honesto y sincero. 
Este compromiso no ignorará el modelo agrícola europeo basado en las explotaciones familiares o la multifuncionalidad de la agricultura o, por supuesto, las necesidades de las zonas menos favorecidas, como confirmó el Consejo Europeo en Bruselas, en octubre de 2002. 
Permítanme hacer referencia a las cuestiones más importantes de nuestra misión general. 
La primera es el desacoplamiento. 
Sin duda este es el centro de la reforma. 
Esto es lo que está ocasionando la mayor dificultad para encontrar una solución que sea comúnmente aceptada. 
Los planteamientos de esta cuestión varían entre los Estados miembros, con la consecuencia de que, hasta el momento, se han expresado importantes reservas sobre una serie de elementos individuales. 
Una cuestión inicial es la entrada en vigor del sistema. 
El punto de vista expresado por determinados diputados de nuestro Consejo con el denominado desacoplamiento parcial también es especialmente importante. 
Aunque este tipo de planteamiento podría, en un principio, constituir un elemento de compromiso, debemos tener en cuenta que se dan varias interpretaciones de distinto contenido al término desacoplamiento parcial. 
También hay Estados miembros que se han manifestado a favor de la derogación del desacoplamiento para determinados productos, mientras que, por otra parte, otros Estados miembros han salido en defensa de la integración de más productos, con el fin de evitar fenómenos competitivos entre los sectores productivos. 
Espero que la opinión del Parlamento Europeo sobre esta cuestión esencial nos ayude a encontrar una solución satisfactoria. 
Segunda cuestión: la modulación. 
La mayoría de los Estados miembros han expresado reservas respecto al nivel de franquicia de 5 000 euros para la derogación de la obligación de reducir gradualmente el apoyo, mientras que otros desean que se proporcione una escala intermedia, que permitirá la aplicación más progresiva de las reducciones graduales sobre las explotaciones mayores y más competitivas. 
Otras cuestiones sobre las que divergen los puntos de vista de los Estados miembros son la necesidad de salvaguardar a los productores de pequeño y mediano alcance, la aplicación de principios de justicia social y el deseo de una administración más directa sobre las explotaciones agrícolas. 
No debemos olvidar que los acuerdos también tienen como objetivo el ahorro de recursos, que se emplearán para financiar futuras reformas de la organización común de mercados. 
En otras palabras, debido a que los recursos agrícolas son específicos, cualquier incremento en la franquicia o cualquier otro acuerdo similar no debe hacer peligrar ni la financiación de futuras reformas en los productos lácteos, el azúcar o los productos mediterráneos ni el techo financiero. 
La tercera cuestión es la conformidad cruzada. 
Casi todos los Estados miembros adoptan una postura positiva sobre esta medida en un principio. 
El problema radica en el hecho de se considera que esta iniciativa implica un coste financiero y administrativo excesivo, que es desproporcionadamente elevado con relación al objetivo que se persigue. 
Por lo tanto, nuestros esfuerzos deben tender hacia encontrar modos que permitan que las demandas se limiten a lo absolutamente necesario, y a disponer de una mayor flexibilidad en los Estados Miembros, con la posible aplicación gradual del sistema propuesto. 
Señorías, se han propuesto varias medidas en el marco de la política comunitaria sobre el desarrollo rural, con el objetivo de responder mejor a las preocupaciones de la sociedad en lo que respecta a la protección medioambiental, el cumplimiento de los estándares comunitarios en el sector agrícola, la mejora de las condiciones en las que se mantienen los animales y estándares de especificación alimentaria más altos. 
Estas ideas por parte de la Comisión han obtenido un gran apoyo. 
Durante las diversas fases del debate de las nuevas medidas quedó claro que la reforma de la política agrícola común debería ser el punto de partida para simplificar la política comunitaria de desarrollo agrario. 
Al nivel sectorial, las propuestas de la Comisión Europea necesitan ser mejoradas, de forma que el Consejo pueda adoptarlas dentro del marco de un paquete general. 
Por último, la reforma de la política agrícola común debe incluir medidas específicas para los jóvenes agricultores, que representan el futuro de la agricultura europea, así como disposiciones específicas para las zonas desfavorecidas, aisladas y problemáticas de la Unión Europea, actualmente amenazadas de abandono. 
Me gustaría hacer ahora referencia a los aspectos financieros de las propuestas para la reforma de la política agrícola común. 
Los debates en el Consejo se han centrado en el efecto financiero previsto de las medidas de mercado propuestas y los aspectos financieros de los elementos principales de las propuestas de reforma desde los pagos asociados, la reducción gradual y la modulación. 
Las previsiones de gasto de la Comisión muestran que la modulación y las medidas de reducción graduales son necesarias para salvaguardar el cumplimiento de los techos financieros establecidos por la cumbre de Bruselas de octubre de 2002. 
Como presidencia, debemos esforzarnos por garantizar que las soluciones adoptadas se encuentran dentro del marco de los marcos financieros decididos para el presupuesto de la Unión Europea. 
Señorías, señor Presidente, nuestro Consejo ha aceptado que el clima económico actual es tal que necesitamos avanzar un paso más para ajustar la política agrícola común. 
Todos necesitamos reconocer que la política agrícola común nunca fue estática y que siempre ha respondido a las cambiantes circunstancias mediante el ajuste de los medios existentes y la creación de otros nuevos. 
Estas decisiones siempre se han basado en el método comunitario, que significa cooperación entre las instituciones y compromiso entre los Estados miembros dentro del marco del Consejo. 
En la actualidad nos encontramos en una fase crucial del proceso general. 
Con el pragmatismo y la buena voluntad que siempre han demostrado las instituciones y los Estados miembros, soy optimista respecto a que podamos alcanzar un acuerdo político durante las próximas semanas. 
Me gustaría garantizarles, Señorías, que el Consejo, al igual que los ciudadanos de Europa, espera los puntos de vista del Parlamento Europeo con enorme interés. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en mi opinión los informes del Sr. Bautista Ojeda, del Sr. Cunha, de la Sra. Jeggle, del Sr. Olsson, de la Sra. Rodríguez Ramos y del Sr. Souchet, así como las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son un impresionante testimonio del compromiso con el que el Parlamento desea abordar los urgentes desafíos a que se enfrenta la agricultura europea y el futuro de la política agrícola común. 
Por ello quiero dar las gracias de todo corazón a todos ustedes. 
Creo que existe un alto grado de unanimidad entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros por lo que se refiere al análisis de este problema y la definición de nuestros objetivos generales. 
El común denominador en que se basa este consenso es sin duda el modelo de una agricultura multifuncional y sostenible que todos deseamos conservar por encima de todo. 
Este modelo constituye nuestro programa. 
Para ser sostenible, la política agrícola común debe guiarse de modo coherente por objetivos económicos, sociales y medioambientales. 
Si comparamos estos objetivos con la realidad, se pone de manifiesto lo que aún queda por hacer. 
La función social de la agricultura, es decir, el entorno económico general, la estabilidad de las relaciones comerciales internacionales, la conservación del medio ambiente, la preservación de las superficies de cultivo y sobre todo la producción de alimentos de alta calidad y seguros, todo ello forma parte de los retos que hay que superar en interés de los agricultores y de todos los demás ciudadanos europeos. 
Este principio constituye igualmente la base de las propuestas de reforma presentadas por la Comisión y que hoy debatimos. 
Queremos adaptar los mecanismos de gestión del mercado a las condiciones futuras de la oferta y la demanda, a fin de detectar las crisis antes de que se desarrollen. 
Queremos realizar pagos directos que sean compatibles con el mercado y con nuestras obligaciones comerciales internacionales. 
Tenemos que ofrecer a los agricultores la legítima expectativa de unos pagos suficientes y fijar los importes pagados en casos particulares en función de los niveles históricos de las ayudas concedidas. 
No debemos ignorar las expectativas de la sociedad de nuestros días y debemos vincular los pagos directos a criterios que midan el grado de protección del medio ambiente y de los animales, de seguridad alimentaria y de seguridad laboral. 
Queremos facilitar una agricultura que produzca uniformemente y preservar las superficies de cultivo por medio de la actividad agrícola, más que mediante cualquier otra actividad. 
Queremos añadir a los instrumentos de la política de desarrollo rural elementos que garanticen la calidad y protección de los animales. 
Para asegurar la financiación de las nuevas reformas, nos vemos obligados a introducir una disminución progresiva, y la modulación puede ayudar a desarrollar la política de desarrollo rural. 
Y por último, queremos que la reforma también tome en consideración la cohesión. 
Al enumerar estos elementos me muevo en un terreno que sustancialmente es común a todos nosotros. 
Sin embargo, no quiero ocultar que también existen diferencias, algunas importantes, por lo que se refiere a la evaluación de la situación y la elección de los instrumentos adecuados. 
Por supuesto, soy consciente de que habrá que recorrer un largo camino hasta llegar a un acuerdo. 
Pero como señalaba el Presidente del Consejo de Agricultura, este es para nosotros el camino que nos lleva adelante, tanto en el Parlamento como en el Consejo de Ministros de Agricultura. 
Al contemplar los elementos concretos del informe Cunha, tengo que reconocer que contiene muchos puntos que merecen consideración, y agradezco igualmente al Sr. Cunha su clara afirmación de la necesidad de la reforma. 
A mí también me gusta la idea de dar un trato preferencial a las zonas desfavorecidas, pero no quisiera excluir ni suscribir la idea de que la aplicación de distintas tasas de modulación sería el instrumento idóneo para ello. 
También hay argumentos razonables que cabe aducir a favor de no conceder pagos de renta agraria a algunos sectores de producción vulnerables, como las vacas nodrizas o la cría de ovino o caprino, sin hablar del mantenimiento de la producción agrícola en regiones problemáticas. 
Pero también hemos de tomar en consideración las desventajas de estas medidas, que incluyen elementos como el efecto de distorsión del mercado de las ayudas vinculadas o que impiden a los agricultores hacer lo que económicamente es más sensato para sus explotaciones. 
Incluso la idea de excluir las frutas y hortalizas de las tierras con derecho a ayuda se apoya en razones de peso. Sin embargo, debemos estar seguros de no ir tan lejos que corramos el riesgo de perder las ventajas de las ayudas desvinculadas. 
En el informe Olsson y en las enmiendas correspondientes presentadas por la Comisión de Agricultura, admiro las ambiciosas visiones que tienen los diputados del desarrollo ulterior de las zonas rurales. 
Concuerdo plenamente con el Sr. Olsson en que debemos hacer todo lo posible por no diluir estas propuestas. 
Por ello soy escéptico en lo referente al gran número de enmiendas presentadas y su alcance. 
En mi opinión, el paquete de programas basado en el Reglamento 1257 no debería desmantelarse en su totalidad a mitad del período de programación. 
Añadiré que el marco presupuestario vigente no permite modificaciones fundamentales con respecto a los importes y los porcentajes de ayuda. 
Y por último, la Comisión debe velar por la coherencia del paquete en su conjunto. 
Lo mismo cabe decir con respecto a las normas relativas a las ayudas públicas y a las disposiciones de los Fondos estructurales. 
No debemos olvidar que el gran debate sobre la política estructural todavía está pendiente. 
A finales de este año, la Comisión presentará sus propuestas para una nueva política estructural a partir de 2006, junto con el Tercer Informe sobre la Cohesión. 
Paso ahora a comentar los informes sobre las organizaciones comunes de mercado y, en primer lugar, me gustaría abordar el informe Souchet sobre cereales y fécula. 
La experiencia de los últimos años muestra que en la Agenda 2000 no tomamos suficientemente en cuenta la evolución de los mercados. 
Nuestro análisis de las perspectivas a largo plazo señala con toda claridad que los productores de cereales de la UE no encontrarán una salida suficiente para sus productos sin una nueva modificación del apoyo al mercado. 
Y eso es lo que cuenta en última instancia. 
Este dilema se ve agravado por la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar. 
Por ello, tendríamos que reducir, lamentablemente, los precios de intervención un 5%, según lo previsto, y dejar de incrementarlos sobre una base mensual. 
Aparte de ello, existen algunos problemas específicos, como por ejemplo el que plantea el centeno, cuyas existencias de intervención han aumentado hasta alcanzar 5,3 millones de toneladas, cantidad que supera la cosecha de un año normal. 
Esta situación insostenible podría agravarse con la ampliación prevista para 2004. 
Y el principal responsable de estos excedentes estructurales es el mecanismo de intervención. Por esa razón deberíamos suprimir de una vez por todas este problema y no, como propone la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pretender una solución a medias, introduciendo cantidades máximas nacionales indicativas. 
En mi opinión, no hay alternativa alguna a la supresión de la intervención en el sector del centeno. 
En el sector de las féculas, el mantenimiento de las restituciones a la producción, desde el punto de vista del principio económico, ya no es necesario, ya que los precios de mercado corresponderán a los del mercado mundial. 
Incluso cabe cuestionar un precio mínimo para las patatas de fécula en vista de las medidas adoptadas en el sector competidor de los cereales. 
Gracias al mantenimiento del 50% de las primas vinculadas se ofrecerán suficientes estímulos económicos para la producción de patatas de fécula. 
Por lo que respecta los piensos desecados me gustaría recodar una vez más, para que se comprenda mejor la posición de la Comisión, las severas críticas de que fue objeto este régimen debido a sus adversas consecuencias para el medio ambiente, reflejadas en estudios independientes, así como en el informe del Tribunal de Cuentas. 
Las enmiendas encaminadas a utilizar el régimen de ayudas para la promoción del progreso técnico, en particular con el fin de minimizar el consumo de energía, resultan interesantes, pero me pregunto si realmente tiene sentido hacer algo por el estilo en el contexto de las medidas de apoyo al mercado. 
¿No serían los programas de desarrollo rural el marco más adecuado para este planteamiento? 
En vista de la importancia social, económica y ecológica del sector del arroz, no deseo cuestionar la necesidad de una regulación del mercado del arroz, pero resulta inevitable una reforma radical, ya que de lo contrario deberíamos hacer frente a enormes existencias de intervención a las que no sería posible encontrarles salida, por no mencionar los costes derivados para el presupuesto comunitario. 
Me complace que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural comparta en principio este parecer y buena parte de las propuestas de solución de la Comisión. 
Algunas enmiendas, como por ejemplo el aumento de los volúmenes de importación y la restitución obligatoria de los precios, cuentan con mi pleno apoyo. 
En cuanto a sus demás propuestas, si bien estoy de acuerdo con la orientación general, no o estoy con la formulación elegida. 
No obstante, estoy convencido de que la orientación que me han señalado resultarán útiles en las negociaciones en el Consejo. 
En relación con el régimen de importaciones, cualquier modificación de los derechos de aduana consolidados para el arroz deberá negociarse en el marco del artículo 28 del GATT. 
A tal fin, el Consejo debería conceder a la Comisión finalmente el mandato de negociación correspondiente. 
Además, en mi opinión habrá que examinar por separado los derechos de importación del arroz paddy. 
Si a pesar de ello se mantiene un mecanismo permanente de intervención para el arroz, incluso a un nivel de 150 euros por tonelada, dicha medida resultaría sumamente costosa. 
No obstante, estoy dispuesto a considerar un mecanismo uniforme en un nivel de precio que sea compatible con la situación prevista en el mercado y que impida un nuevo incremento de las existencias. 
Y de este modo llegamos a los dos últimos informes sobre la regulación del mercado, los informes de la Sra. Jeggle. 
Tomo nota de que los miembros de la comisión parlamentaria se pronuncian a favor de prorrogar el régimen de cuotas lecheras hasta 2015. En cambio se crítica el adelanto de 2005 a 2004 de las reducciones de precios contempladas en la Agenda 2000, y las nuevas reducciones del precio de intervención y la limitación de las cantidades de intervención de la mantequilla. 
Estoy convencido, sin embargo, de que estas medias son necesarias para reforzar la competitividad del sector lácteo de la UE. 
Por ello, en nuestra condición de mayor exportador mundial de productos lácteos, deberíamos tener en cuenta en nuestras decisiones la evolución de los mercados mundiales y las deliberaciones en la OMC. 
Otro sector que a todas luces levantar susceptibilidades es el incremento de las cuotas lecheras en un 1% en 2007 y 2008. 
Algunos estudios independientes muestran que los mercados están en condiciones de absorber cantidades adicionales en vista del aumento del consumo. 
Por esa razón estoy convencido que esta propuesta resulta oportuna. 
Sin embargo, si prefieren esperar la evolución real de dichos mercados, la Comisión no se negará a discutir sobre esta cuestión. 
Soy escéptico, sin embargo, por lo que se refiere a las propuestas consistentes en conceder mayores compensaciones y en aumentarlas en las regiones desfavorecidas, en establecer una diferenciación en función del nivel de calidad o en fijar los precios según los costes de producción y mano de obra. 
No obstante, estoy dispuesto a debatir las enmiendas sobre la situación de los agricultores que comercializan directamente sus productos y sobre hasta qué punto los Estados miembros pueden asignar las cuotas transferidas a sus reservas nacionales. 
En general estoy de acuerdo con la opinión de los miembros de la comisión parlamentaria en el sentido de que el sector lechero debe seguir siendo rentable y debe garantizarse la renta de los productores. 
Asimismo les prometo que examinaré minuciosamente todas sus propuestas. 
Por último, abordaré el informe de propia iniciativa de la Sra. Rodríguez Ramos sobre la agricultura multifuncional y la reforma de la PAC. 
Señora Rodríguez Ramos, usted señala que no puede estar en contra de los objetivos de la reforma, y eso ya es algo. 
Todos nosotros queremos mejorar el entorno rural, sobre todo en las regiones desfavorecidas. Esto tiene que ver con los recursos presupuestarios disponibles, la orientación hacia el objetivo de la sostenibilidad y el pago a los agricultores por la prestación de servicios a la sociedad. 
No cabe duda de que debemos destinar fondos de la forma más eficaz, de la forma más idónea al objetivo que pretendemos, pero también debemos rendir cuentas al contribuyente al respecto. 
Nuestra noción del desarrollo rural y su refuerzo por medio de la modulación constituyen medidas concretas para alcanzar los objetivos mencionados por su Señoría. 
En todos los casos se remunera el carácter multifuncional de la agricultura. 
Lo que exige usted es una redistribución masiva de los fondos de ayuda. 
Yo no estoy convencido de que el sistema resulte automáticamente más justo con ello, aunque comprendo que debamos prestar especial atención a la cohesión: por esta razón hemos integrado un elemento de cohesión en la elección de la base de distribución de los recursos disponibles en el futuro para el desarrollo rural, que deberá mantenerse. 
Con todo, me gustaría darles las gracias de todo corazón por todo lo que han hecho, y espero con gran interés sus intervenciones. 
Con mucho gusto responderé a sus preguntas al final del debate. 
. (ES) Señor Presidente, el Parlamento Europeo está debatiendo ahora lo que debería haber sido una simple revisión de la Política Agrícola Común, tal y como estaba previsto en la Agenda 2000, aprobada por los Quince en marzo de 1999. 
Sin embargo, el debate tiene un alcance mucho mayor debido a las aspiraciones de la Comisión Europea que ha pretendido imponer, sin tener en cuenta la voluntad de los Estados miembros y del propio Parlamento Europeo, una reforma en profundidad de la Política Agrícola Común, quizá la mayor en toda su historia. 
Además, se ha pretendido dar a sí misma prerrogativas que no le corresponden a nivel presupuestario. 
El Parlamento debería realizar esta semana, por una parte, un ejercicio de responsabilidad hacia los propios agricultores comunitarios cuyas inversiones necesitan un mínimo de estabilidad. 
Y por otra, también debería intentar preservar sus atribuciones. 
He sido ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos sobre esta reforma, lo cual me ha permitido detectar algunas contradicciones contables en la propuesta de la Comisión Europea. 
La Comisión nos propuso, por ejemplo, una modificación de la organización común del mercado del sector lechero- que no es más que una reforma de la reforma ya adoptada en la Agenda 2000 para ese producto- y cuyo coste en el año 2013 se elevaría a 1 500 millones de euros, cifra que coincide en esa fecha con el déficit presupuestario que la Comisión estima en su ficha financiera. 
Afortunadamente, en los debates mantenidos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento se ha visto que la mayoría de los grupos políticos está en contra de dicha reforma, cuyo elevado coste no se justifica en ningún modo porque todavía no han entrado en vigor las disposiciones adoptadas en la Agenda 2000. 
Por otra parte, quisiera destacar que la decisión que adoptemos hoy en torno a la reforma de la PAC tendrá repercusiones más allá de las actuales perspectivas financieras, por lo que es oportuno tomar las precauciones necesarias para evitar una merma de los poderes presupuestarios del Parlamento. 
Toda decisión que modifique en profundidad la Política Agrícola Común a medio camino de la Agenda 2000, debería ser revisada en el marco de las próximas perspectivas financieras, con el objeto de impedir adoptar medidas a la ligera que nos comprometan más allá del año 2006. 
A mi modo de ver, no tiene, por ejemplo, ningún sentido que hoy en día establezcamos de forma definitiva y con porcentajes cerrados los fondos que serán trasvasados a la categoría 1 B a partir del año 2006, cuando no hemos tomado una decisión sobre los gastos no obligatorios del presupuesto agrícola para la próxima programación financiera. 
No serviría para otra cosa más que para crear insatisfacciones hoy a los agricultores europeos, recortando sus ayudas y no diciéndoles en qué se utilizará ese dinero ni cómo se utilizará. 
El texto ha sido mejorado en el debate parlamentario y así lo reconozco, pero no lo suficiente. 
Lo importante es que este texto no asegura el desarrollo equilibrado de la agricultura y la ganadería europea, como tampoco asegura el equilibrio territorial de las áreas rurales europeas. 
Y este Parlamento no debería transmitir mensajes desmotivadores e innecesarios a los agricultores europeos. 
. 
(IT) Señor Presidente, los objetivos de la Comisión son loables, sin duda comprensibles en un contexto macroeconómico, pero difícilmente aceptables. 
La Comisión defiende la tesis de una mayor competitividad de precios, pero también del respeto de las exigencias de la sociedad, es decir, sostenibilidad y calidad. 
Cabe preguntarse cómo harán los agricultores europeos para satisfacer las demandas de la sociedad, que pide normas mucho sumamente rígidas en materia de métodos de producción, garantía, seguridad alimentaria, etc., en un momento en que se impone la necesidad de una reducción de precios y de contención de los costes para seguir siendo competitivos en los mercados mundiales. 
La Comisión sostiene la tesis de la simplificación. 
A mi entender, las propuestas, una vez analizadas, demuestran que se trata de intervenciones complejas que incrementarán la burocracia, en vez de reducirla. 
Basta un solo elemento de la propuesta, el régimen de los derechos en el marco del desacoplamiento, para comprender el porcentaje de aumento de la burocracia en nuestras empresas. 
Vislumbro un escenario pesimista- sinceramente espero equivocarme- articulado en tres puntos muy sencillos: en primer lugar, la propuesta de reducción de los precios, junto con el desacoplamiento, conducirá a un fuerte abandono de la producción en muchas regiones y en muchos sectores, lo que dará lugar a una aceleración de los cambios estructurales y a un éxodo de las zonas rurales; aparte del impacto sobre las empresas, el desacoplamiento provocará la fragmentación de la cadena agroalimentaria con una amenaza para el empleo y una grave repercusión sobre las cooperativas agrícolas. 
En segundo lugar, el mercado europeo estará sujeto a una gran influencia de los principales exportadores mundiales, que, a nuestro entender, no serán seguro los países en desarrollo. 
En tercer lugar, las únicas medidas nuevas que se adoptarán para ayudar a los agricultores a aplicar normas más severas y garantizar la calidad deberán ser financiadas por los propios agricultores, a través de la disminución de la ayuda. 
Si el escenario es este, me pregunto cómo se puede apoyar la reforma. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las enmiendas sometidas a votación en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de este Parlamento, algo así como ochocientas, han puesto de manifiesto lo controvertidas que resultan las propuestas de la Comisión sobre el futuro de la política agrícola común. 
Las reacciones van desde el rechazo general a la aprobación moderada. 
Sin embargo, se ha logrado llegar a un compromiso que ha sido adoptado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, una proeza sin precedentes, aunque hay que admitir que se ha conseguido bajo una fuerte premura de tiempo. 
Este compromiso representa, como señalaba un semanario alemán, un hito respetable en el camino hacia una política agrícola de aquí a 2013. 
Las próximas negociaciones en la OMC, la inminente ampliación de la UE y el mandato de evaluación de la Agenda 2000 fueron en última instancia las presionas bajo las que se encontraba la Comisión cuando, por mandato del Consejo, presentó en enero de 2003 al Parlamento Europeo sus propuestas para su examen. 
El hecho de que ahora en los informes sometidos a votación en el Parlamento Europeo se hayan moderado muchas cosas, se hayan agregado muchas otras y se hayan rechazado algunas por no ser realizables en este momento, ello se debe en última instancia a la presión de quienes trabajan en la agricultura, a los que representamos. 
Muchos críticos consideraban que, de igual manera que en el Consejo había distintas opiniones sobre las propuestas, tampoco en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se encontraría una solución razonable en este momento. 
Posiblemente, incluso en el Consejo se esperaba sin decirlo que el Parlamento no adoptaría una decisión por motivos técnicos y sobre todo de tiempo, de forma que no fuese el Consejo, sino precisamente este Parlamento el que frenaría una reforma agraria tan necesaria. 
Pero los Ministros de Agricultura se han equivocado. 
Independientemente del resultado de la votación del jueves, este no será vinculante, pues el ámbito de la agricultura aún no está sometido al procedimiento de codecisión, algo que esperamos que cambie pronto. 
Sin embargo, el resultado de esta votación enviará un mensaje e impondrá al Consejo, que se supone adopta las decisiones finales, la obligación de llegar a un compromiso antes de que acabe esta Presidencia. 
Nosotros en el Parlamento hemos cumplido y solo puedo recomendar al Consejo, en nombre de mi Grupo, que actúe de acuerdo con las equilibradas propuestas de esta Cámara. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, hemos pasado de una revisión intermedia de la PAC de la Agenda 2000 a una reforma que será válida hasta 2013, es decir, durante un período de diez años. 
Por consiguiente, es importante que no nos equivoquemos en nuestras opciones básicas. 
Así las cosas, señor Comisario, usted ha propuesto dos objetivos primordiales, la multifuncionalidad y la competitividad de la agricultura, ambas a la luz del deseo de reforzar el margen de maniobra de la Unión Europea en las negociaciones de la OMC. 
Quisiera, por tanto, en mi nombre mi Grupo, expresar mi apoyo a este impulso de una agricultura multifuncional que responde a las expectativas de nuestra sociedad, así como hacer hincapié en la adecuación de los medios, la condicionalidad de las ayudas y el fortalecimiento de las acciones en el marco del segundo pilar. 
No obstante, debo recalcar que el ponente, el Sr. Cunha, ha tenido la feliz idea de incrementar la modulación de las ayudas en vez de mantener su combinación de reducción progresiva y modulación, que complicada y es farragosa desde el punto de vista administrativo, y que dejaría pocos recursos disponibles para el pilar rural. 
Por lo que se refiere al objetivo de la competitividad, que según usted implica bajadas de los precios de los cereales y la leche, quisiera recordar que la aplicación de la multifuncionalidad se va a traducir globalmente en un aumento de los costes de producción, mientras que, al mismo tiempo, las ayudas directas a las explotaciones se van a reducir en los quince Estados miembros. 
En este contexto, sería cuando menos imprudente seguir sus recomendaciones, toda vez que, en mi opinión, el concepto de vocación exportadora de la Europa agrícola debe revisarse para que tenga en cuenta al nuevo mercado de 450 millones de consumidores que vamos a constituir próximamente. 
Por lo que se ve, señor Comisario, el desacoplamiento de la ayuda es para usted una solución milagrosa, pero es preferible llevarla a cabo de una manera parcial y progresiva, con el fin de colocar a la Unión en una mejor posición negociadora en la OMC, pero también para poder hacer el balance de una primera etapa antes de ir más lejos. 
Mi Grupo, el PSE, presenta una enmienda en este sentido para fijar un desacoplamiento del 50% con respecto a los cultivos herbáceos y los bovinos machos desde su primera puesta en práctica. 
Esta solución aúna audacia y prudencia, y por ello, solicito el respaldo de sus Señorías. 
En definitiva, y puesto que es justo llevar a cabo una mejor distribución entre los agricultores, las producciones y las regiones, de las ayudas destinadas a las explotaciones, mi Grupo brinda todo su apoyo a la enmienda 61 del informe Cunha. 
En efecto, esta enmienda aboga por una asignación de los créditos multifuncionales que siga los criterios de superficie y empleo a partir de 2007. 
En definitiva, creo que hemos aportado, señor Comisario y señor Presidente en ejercicio del Consejo, dictámenes sensatos y juiciosos, dado que no hemos podido intervenir mediante el procedimiento de codecisión. 
Por tanto, y para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Cunha por su excelente informe, que sirve de base para el debate, así como a los demás ponentes, cuyos informes se basan coherentemente a aquel. 
Señor Presidente, señor Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, en esta ocasión voy a expresar una opinión en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
En mi discurso anterior, hablé principalmente en mi nombre como ponente. 
La diferencia es, de por sí, mínima. 
Estoy totalmente a favor de la descentralización y me gustaría ver que las cosas se hacen a pequeña escala, pero quisiera decirles a mis estimados colegas diputados que la globalización está también en marcha para la agricultura. 
No sirve de nada ocultar la cabeza, como un avestruz y decir que no hemos notado nada y que no queremos que nada cambie. 
Cuando escucho a mis colegas diputados me doy cuenta de que muchos de ellos actúan de hecho como el avestruz. 
Lo que es extraño es que, en esta Asamblea, la gente parece ser más conservadora cuanto más a la izquierda se sitúa. 
Quisiera hacer un comentario sobre el punto de vista del Comisario con respecto a la multifuncionalidad y la sostenibilidad. 
Como hemos dicho los que formamos el Grupo ELDR, es importante y urgente que desregulemos a largo plazo la política agrícola, pero ahora es muy importante, a corto plazo, garantizar la ayuda a una forma de agricultura multifuncional y sostenible. 
En esto estamos de acuerdo. 
Estamos tratando de cambiar los sistemas de forma que tengamos algo a lo que recurrir, siendo el mundo como es. 
Señor Presidente, por supuesto me gustaría dar las gracias a todos por el trabajo realizado. 
Es fantástico que hayamos hecho frente con éxito a todas estas enmiendas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Como representante de mi grupo, también me gustaría decir que apoyamos el compromiso del informe del Sr. Cunha. 
Lo apoyamos porque está a favor del principio del desacoplamiento. 
Esto es importante, e incluso si no avanzamos todo el recorrido, habremos hecho un pequeño avance. 
Me gustaría decir al Presidente en ejercicio del Consejo que, si ahora hemos tomado una decisión, lamento que no tengamos también el derecho de codecisión. 
Sin embargo considero que el Consejo y el Presidente el ejercicio del Consejo deben hacer uso de la oportunidad que existe en la práctica, no formar filas por completo con el Parlamento, sino ir un paso más allá. 
Si ustedes hacen esto, en cualquier caso servirán incluso mejor a mis intereses y quizás también a los de la Comisión. 
Señor Presidente, mi grupo político considera inaceptable la propuesta de la Comisión para la reforma intermedia de la Política Agrícola Común. 
Estamos ante una reforma de la PAC que, hasta el momento, carece de precedentes en su magnitud, y se trata más bien de una reforma radical que implica restricciones presupuestarias de cara a la ampliación, y cuya propuesta básicamente consiste en un desmantelamiento de la organización de los mercados. 
Coincide con una mayor liberalización de los intercambios, con un incremento de la competencia estadounidense, derivada del aumento del apoyo a través del Farm Bill y, en casos como el arroz, del incremento de las importaciones como consecuencia de la aplicación de la iniciativa "Todo menos las armas". 
Las propuestas de la Comisión acerca de la reducción de ayudas y sobre las reformas de las organizaciones comunes de mercado exigirá incrementar la competitividad, pero esto solo se podrá traducir con producciones más intensivas que acentuarán los riesgos alimentarios y el impacto ambiental. 
Con su propuesta, la Comisión pretende mejorar la posición negociadora de la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio, adelantándose a presuntas exigencias. 
Sin embargo, en una negociación, realizar concesiones previas se traduce, a veces, en dobles concesiones. 
El principal problema de la propuesta de la Comisión es el desacoplamiento. 
Si este se aplicara, la actividad agraria cesaría en las explotaciones y zonas menos productivas. 
Ante menores precios de mercado y unas ayudas desvinculadas de la producción, las explotaciones con menor margen bruto decidirían no hacer frente a los gastos de producción. 
En las zonas de menores rendimientos, junto con la actividad agraria, desaparecerían las actividades económicas ligadas a ella, y así se crearían problemas sin precedentes en el ámbito económico, social, ambiental y de ordenación del territorio. 
No se puede esperar que las ayudas al desarrollo rural, con todas sus limitaciones, puedan paliar estos defectos. 
En mi opinión, el desacoplamiento es éticamente inadmisible. 
Consistiría en una mera remuneración de la propiedad de la tierra, por lo que, además de la reducción de la actividad agrícola, conduciría a un proceso especulativo en el mercado de la tierra. 
Además, la concesión de una ayuda basada en las ayudas medias percibidas en los tres últimos años, perpetuaría los desequilibrios existentes entre explotaciones, sectores y regiones. 
Una PAC basada en el desacoplamiento sería contraria a la cohesión porque limitaría la percepción de las ayudas a la base histórica, fomentaría la inactividad en las zonas con dificultades naturales y la concentraría en las zonas con una agricultura más intensiva. 
En las zonas más desfavorecidas se crearían problemas de despoblación y de reducción de la actividad económica. 
Además, el desacoplamiento encarecería la tierra y fomentaría la especulación, creando un mercado dual de parcelas con derecho a ayudas y parcelas sin derecho a ellas. 
Esto dificultaría la instalación de jóvenes agricultores, en una delicada situación de relevo generacional, incrementaría los costes y solo permitiría la supervivencia de las explotaciones de mayor dimensión. 
Sin embargo, sería bien recibido por las explotaciones cuyos titulares se acercan a la edad de jubilación, que verían la posibilidad de percibir ayudas reduciendo la actividad a un mínimo. 
En resumen, todos los aspectos negativos de la propuesta de la Comisión se reducen a un problema financiero derivado de la intención de realizar una ampliación sin un presupuesto adicional. 
La propuesta de la Comisión beneficiaría a la industria alimentaria y a la distribución, que podrán incrementar sus márgenes comprando materias primas más baratas. 
Es muy improbable que los precios al consumo se reduzcan, los consumidores no se beneficiarán y las consecuencias serán absolutamente negativas para los agricultores y para el conjunto de la sociedad. 
No se puede pretender desproteger a los agricultores desmantelando las fronteras, exigirles la producción de alimentos con un alto nivel de calidad y seguridad alimentaria, cuidar del medio ambiente y mantener vivo el tejido rural, sin compensarlos adecuadamente por ello. 
Es necesaria una compensación adecuada que los estimule a seguir en este camino, no a abandonar su actividad. 
Es necesario reequilibrar el apoyo a los distintos tipos de explotaciones, sectores y regiones. 
La sociedad necesita una agricultura viva, con un número adecuado de agricultores y explotaciones capaces de garantizar una gestión del territorio equilibrada, con una actividad económica variada y unos productos seguros para el consumidor. 
Pero para nosotros, lamentablemente, las propuestas de la Comisión se encaminan en una dirección diametralmente opuesta. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, la revisión intermedia ha sido, a pesar de todo, una magnífica aventura, y me parece positivo que los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hayamos alcanzado un posible acuerdo que podría satisfacer, en mi opinión, a los agricultores. 
Quisimos que las orientaciones políticas fueran claras para todos, y por eso antepusimos al informe Cunha una introducción clara. 
Para nosotros, los Verdes, el aspecto más positivo de este acuerdo es que potencia el desarrollo rural. 
Los importantes retoques propuestos hoy permiten a los agricultores europeos preservar los aspectos positivos de la multifuncionalidad reforzando el desarrollo rural, mientras que el sistema de modulación hace posible pasar del primer al segundo pilar. 
Me refiero, en particular, a la enmienda 12 al artículo 144. 
Esta propuesta de modulación utiliza un criterio territorial para la aplicación de diferentes puntos porcentuales teniendo en cuenta las zonas desfavorecidas. 
En efecto, como señala el ponente en su justificación, el objetivo debe ser reforzar la estructura de las organizaciones de productores. 
Además, esta enmienda obliga a los Estados a comprometerse con el desarrollo rural, ya que solo podrán percibir el 100% de las cantidades de la Sección de Garantía del FEOGA en caso de adscribirse a una cofinanciación nacional obligatoria. 
Estamos seguros de que esto animará a los Estados a financiar correctamente todos los aspectos sociales, medioambientales y de calidad alimentaria del desarrollo rural. 
Desde este punto de vista, el modelo de contratos territoriales de explotación puesto en práctica por Francia constituía un excelente precursor. 
Es preciso tener presente, ya que es fundamental para el futuro, que los Estados miembros pueden utilizar esta modulación para sufragar la contribución nacional al establecimiento tan necesario de jóvenes agricultores. 
Del mismo modo, los Estados pueden- en nuestra opinión, deben- optar por sufragar los pagos compensatorios otorgados a las zonas desfavorecidas y a las zonas con limitaciones medioambientales, así como las medidas agroambientales, todo ello sin menoscabo de la suma total asignada por cada Estado al segundo pilar. 
Por consiguiente, esta potenciación del desarrollo rural sigue la senda adecuada por dos razones: en primer lugar, porque refuerza las buenas prácticas agrícolas, unas prácticas más extensivas, que protegen la salud del consumidor, respetan el medio ambiente y la biodiversidad y producen una buena plusvalía social; en segundo lugar, porque protege al mundo rural de los riesgos del liberalismo comercial agresivo preconizado por la OMC. 
Así, las especificidades multifuncionales de la agricultura europea, o la valorización de productos determinados en tal o cual región, podrían seguir siendo remuneradas en el marco del segundo pilar, lo que implica una mayor protección para los productores de las zonas desfavorecidas. 
Hay que añadir a ello la diferencia de reducción progresiva de los pagos directos entre las zonas frágiles (6%) y las demás zonas (8%). 
Para conservar todo su sentido, este refuerzo del segundo pilar debe preservar las cuotas lecheras que, han demostrado su eficacia a la hora de salvaguardar la ganadería de montaña. 
Es preciso proteger también y consolidar los pastos naturales, pero por encima de todo es necesario seguir apoyando los forrajes y, de una manera más general, las proteaginosas, que son fundamentales para garantizar una ganadería sana y de calidad- la alfalfa citada por el Sr. Souchet -, así como mantener los mecanismos necesarios. 
Además, las proteaginosas deberían poder cultivarse en todas las tierras retiradas de la producción, ya que Europa es deficitaria en este ámbito y el cultivo de proteínas vegetales es beneficioso tanto para la calidad del suelo como para el medio ambiente y la calidad de la alimentación animal. 
En cuanto al delicado asunto del desacoplamiento, era preciso zanjar la disputa entre los partidarios de un desacoplamiento total y aquellos que no deseaban ninguno. 
A nuestro modo de ver, este compromiso de dar cada vez un paso abre una perspectiva que todos pueden aceptar. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta legislativa de la Comisión contiene elementos de reforma de la política agrícola común que consideramos más bien preocupantes. 
El desacoplamiento total propuesta por la Comisión favorecerá fenómenos de abandono de la producción, sobre todo en las zonas desfavorecidas o clasificadas de marginales, y en cualquier caso no podrá constituir la respuesta única y exhaustiva a la necesidad de una reforma sustancial de la PAC. 
En efecto, aun aceptando afrontar con mayores márgenes de maniobra las negociaciones en la OMC, el desacoplamiento total de las ayudas a la producción podría representar el desmantelamiento a plazo fijo de toda medida de gestión de los mercados. 
Consideramos necesaria la maniobra de reforma, pero dentro del respeto de los objetivos fijados en los Tratados y de los valores de calidad, de protección del medio ambiente y, sobre todo, del empleo, previendo, para aumentar este último, la posibilidad concreta de que los Estados miembros vinculen al factor empleo una cuota de las ayudas directas concedidas en el ámbito del primer pilar. 
De todos modos, consideramos que la salvaguardia de nuestro sistema agrícola y el fomento de un futuro de certidumbre y dignidad para nuestros empresarios agrícolas deben seguir siendo los objetivos prioritarios, y es de desear que sean precisamente estos objetivos prioritarios los que influyan en posibles negociaciones en la OMC, y no al revés. 
Por todas estas razones, consideramos posible un desacoplamiento progresiva y vertical de las ayudas, a fin de limitar la aplicación de esta medida gradualmente y solo a algunos sectores. 
La extensión del desacoplamiento al sector zootécnico, al arroz y al grano duro es absolutamente prematura, entre otras cosas por la naturaleza definitiva de esa medida. 
No podemos estar de acuerdo, tampoco, con la diversidad de ayudas propuestas y consideramos que los importes obtenidos de la modulación deben destinarse prioritariamente a garantizar medidas de desarrollo rural que comprendan el apoyo a la calidad, sin hacer diferencias entre zonas desfavorecidas o no. 
Estos son los principales motivos que nos han impulsado a presentar algunas enmiendas en nombre de nuestro Grupo, enmiendas que espero sean acogidas favorablemente por la Asamblea. 
También presentamos, en nombre del Grupo UEN, algunas enmiendas tendentes a introducir un sistema más equilibrado para las ayudas a los frutos secos: un sistema que, teniendo en cuenta las distintas realidades productivas existentes en la Unión, establezca un reparto más equitativo de la ayuda entre los distintos Estados miembros y un aumento de la ayuda por hectárea respecto de lo propuesto por la Comisión. 
Habríamos visto con simpatía la introducción de un sector diferenciado para la zootecnia que se fijase el objetivo de defender los métodos de cría tradicionales y su presencia en el territorio. 
Apoyaremos con convicción todas aquellas enmiendas realmente importantes que, como las presentadas por nuestro Grupo, tiendan a instaurar un régimen preferencial para los jóvenes agricultores, dirigido a facilitar el ingreso de las nuevas generaciones en las actividades productivas. 
Por lo que respecta, finalmente, al sector de los lácteos, consideramos deseable la superación del régimen de cuotas, pues, pasados 20 años de la adopción del sistema provisional, ha llegado el momento de hacer una transición adecuada hacia dinámicas de mercado normales, mediante un recorrido seguro pero razonablemente limitado en el tiempo. 
Consideramos en cualquier caso que el acuerdo de principio alcanzado sobre los principios clave de la reforma puede constituir un buen punto de partida para el futuro acuerdo del Consejo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, solo dispongo de dos minutos de uso de la palabra, así que espero que comprendan que vaya al grano. Señor Fischler, dos minutos para decirle todo lo que pienso de su propuesta, que representa una reforma total de la PAC, es desde luego muy poco tiempo. 
¿Qué se puede decir del desacoplamiento que usted nos impone? 
Hasta los Estados Unidos lo han abandonado. 
Podríamos reflexionar sobre ello. 
Ya sea total o parcial, fijo o degresivo, creará, en primer lugar, una división entre los agricultores y los ciudadanos; en segundo ligar, originará un enorme papeleo, por no hablar de las auditorías que ha añadido usted; y en tercer lugar, dará lugar a una especulación de tierras. 
Además, ¿qué pasa con la cesión de derechos? 
Es la tercera vez que le hago esta pregunta y todavía no me ha dado una respuesta. 
Quizás tenga más suerte hoy. 
¿Qué se puede decir de la ausencia de perspectivas de futuro no solo para nuestros jóvenes, sino también para nuestros agricultores? 
¿Qué se puede decir de su silencio sobre la preferencia comunitaria y la protección en las fronteras? 
¿Qué se puede decir de la falta de información sobre la repercusión de sus propuestas? 
Los estudios, además, se han comenzado muy tarde. 
¿Qué se puede decir de la dispersión de fondos consentida por usted con respecto a las zonas intermedias y las zonas desfavorecidas? 
¿Qué se puede decir de la condicionalidad ecológica y de estas 38 directivas, algunas de las cuales atañen a la responsabilidad de los Estados? 
¿Qué se puede decir de las 1 200 enmiendas que se han presentado? 
Su número demuestra que su propuesta no ha satisfecho a nadie, a pesar de la buena voluntad de los ponentes, a quienes felicito. 
Señor Comisario, su propuesta desespera a los agricultores. 
Usted ha hecho oídos sordos a sus demandas. 
No necesitan un asistente social: se trata de hombres y mujeres que tan solo desean vivir decentemente de su trabajo y de su producción. 
Señor Comisario Fischler, usted tiene mucho talento, sobre todo porque ha sabido empaquetar perfectamente su reforma. 
Usted llama revisión intermedia a lo que es una liquidación intermedia, y la justifica por medio de tópicos populares, por no decir populistas: el bienestar de los animales, el desarrollo estrictamente sostenible, la calidad de los alimentos o la protección medioambiental. 
Ahora bien, en realidad, y por lo que se refiere al desarrollo rural, este no va a ser sostenible, ya que los jóvenes no van a tomar el relevo. 
En cuanto a la calidad, será la de la alimentación mundial, a cuyos precios vayamos a ajustarnos. 
No obstante, la estructura técnica de su PAC 2004 también demuestra una gran inteligencia. 
Usted la presenta como algo nuevo, merced al desacoplamiento, pero ya en 1992 se habían disociado las rentas agrarias de los precios agrícolas, y ahora se disocian las ayudas directas de la propia producción agrícola. 
De hecho, la reforma viene a consistir en que usted paga por la hoz e incluso por el mango. 
¿Pero hasta cuándo vamos a abonar estas ayudas directas desacopladas, parcialmente desacopladas, moduladas, controladas, auditadas y «condicionadas ecológicamente»? 
Aquí es donde usted hace gala de un gran talento, de un talento supremo, maquiavélico. 
La PAC tiene, en la actualidad, 40 años. 
Su misión es hacer que dure otros 10 años, hasta 2013 ó 2014, y todas las curvas se detienen en 2013. 
La PAC solo cuenta con financiación hasta 2012. Las cuotas lecheras llegan hasta 2013-2014. 
En 2013, la mayoría de los agricultores que ahora tienen 50 años estarán jubilados. 
Mientras tanto, están tranquilos durante 10 años. Y si están tranquilos durante 10 años, se les pagará durante 10 años, dejando aparte a los jóvenes. 
Por tanto, no tienen ninguna razón para manifestarse. 
Y si no se manifiestan, no hay problemas en el campo. 
Si no hay problemas en el campo, los franceses, que son los que más se oponen a la reforma, no tienen ningún motivo para votar en contra de ella. 
Y los propios Estados Unidos, en Cancún, aceptarán su reforma, conjuntamente con los Quince, porque es un aplazamiento. 
Además se ha suprimido en la propia Constitución europea la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
En consecuencia, el Parlamento tendrá la última palabra sobre los gastos agrícolas, y aquí hay una mayoría ultraliberal. 
Esto significa que antes de 2013 una mayoría suprimirá las ayudas directas desacopladas, parcialmente desacopladas, moduladas o no moduladas. 
De este modo, los agricultores europeos se extinguirán porque tendrán que operar en un mercado en que los agricultores estadounidenses reciben fondos a raudales. 
No nos quedará, señor Comisario, más que una agricultura de opereta, de naturaleza estrictamente austriaca. 
Por eso, señor Comisario, usted es el hombre perfecto, usted es el hombre adecuado para este trabajo, usted es «Sissí agricultriz». 
Señor Presidente, muchas gracias por comprender mi solicitud y gracias a todos los diputados al Parlamento Europeo. 
Como saben, los controladores aéreos se encuentran en huelga y el avión en el que debo volver a Atenas no podrá despegar hasta después de las 5.30. 
Trataré de decir varias cosas en respuesta a los comentarios muy exactos de todos los Miembros, ponentes y portavoces. 
Puedo garantizarles que he tomado nota de sus propuestas con especial interés y las tendré en cuenta en la propuesta de compromiso que remitiremos al Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará el 11 y el 12 de junio en Luxemburgo. 
He tomado nota con especial interés de sus propuestas exactas sobre las repercusiones del desacoplamiento total, especialmente sobre las explotaciones de pequeño y mediano tamaño, conjuntamente por supuesto con las repercusiones que puede tener el desacoplamiento total sobre las explotaciones de zonas remotas y desfavorecidas, que es por lo que creo que el Consejo mostrará especial interés por estas propuestas. 
En lo que se refiere a la modulación, me gustaría asegurarles que estoy tomando seria cuenta del límite propuesto por el Sr. Cunha, que es ligeramente superior al propuesto por la Comisión, pero por supuesto este es un tema que también se debatirá en el Consejo de Ministros de Agricultura. 
Me gustaría concluir con el tema de la conformidad cruzada. 
Creo que todos los ministros solicitan una mayor transparencia en el pago de ayudas. 
Solicitan que el dinero de los contribuyentes europeos se emplee adecuadamente, en lo que respecta al desarrollo de las explotaciones agrícolas, la producción de productos de calidad, productos saludables para los ciudadanos europeos y por supuesto para nuestros consumidores, y por este motivo queremos que los procedimientos de pago sean tan simples como sea posible. 
Con estas palabras, Señor Presidente, de nuevo quiero darle las gracias por su trato tan cortés. 
Le aseguro que la Presidencia adoptará todas las medidas que estén en su mano de forma que se alcance un compromiso honesto y sincero sobre una nueva agricultura europea dinámica y efectiva en el Consejo de Ministros de Agricultura del 11 y 12 de junio. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Estoy seguro de que sus colaboradores le harán llegar, aunque de forma resumida, las opiniones que se expresen durante el debate en su ausencia. 
. (DE) Señor Presidente, quiero hacer referencia primordialmente al informe del Sr. Cunha. 
En relación con los demás informes solo abordaré la cuestión de la intervención del centeno que, de acuerdo con las propuestas de la Comisión, deberá suprimirse sin suplirla. 
Por ello apoyo la propuesta relativa a la intervención en la forma en que la modificamos en el informe Souchet en la comisión parlamentaria. 
En el futuro deberán concederse compensaciones para aquellas zonas que, debido a sus características naturales, solo permiten alternativas de económicas limitadas. 
Y paso ahora al informe Cunha, que cuenta con todo mi apoyo. 
Este informe recoge elementos esenciales que los socialdemócratas siempre hemos pedido, como la modulación obligatoria, la cross compliance (condicionalidad ecológica) obligatoria o los elementos en el ámbito de la protección de los animales. 
El preámbulo que precede al artículo 1 refleja los puntos prioritarios del Parlamento: garantizar la renta de los agricultores y fomentar al mismo tiempo la protección del medio ambiente y el empleo en las zonas rurales. 
Para mí lo importante es que el Parlamento Europeo apoye claramente el desacoplamiento de las ayudas de la producción. En la versión aprobada en la comisión parlamentaria, sin embargo, esta declaración aparece de forma muy débil e imprecisa. 
Creo que en este aspecto debemos elegir una formulación que deje claras nuestras exigencias. 
Por esa razón, el Grupo del PSE ha presentado enmiendas que se basan en la introducción del desacoplamiento al 50% en 2005 y que prevé posteriormente, después de que la Comisión presente su informe en 2007, el incremento progresivo de este porcentaje y la ampliación del desacoplamiento a otros sectores. 
Esto es especialmente importante porque en el marco de las propuestas de transacción, nos hemos puesto de acuerdo sobre un desacoplamiento parcial en tan solo dos sectores. 
Aparte de la introducción del desacoplamiento, del que sin duda cabe felicitarse, no debemos perder la perspectiva a largo plazo. 
Por ello espero que las enmiendas 126 y 127 del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sean acogidas favorablemente, pues dichas enmiendas permitirán al Parlamento enviar un mensaje más rotundo al Consejo. 
Por último, permítanme abordar otro punto importante: las materias primas renovables. 
En este sector existen posibilidades considerables que ofrecen a los agricultores de muchas regiones cultivos alternativos útiles y, al mismo tiempo, tienen efectos positivos sobre el medio ambiente. 
Acojo con sumo agrado la posibilidad de que, gracias a esta enmienda, en contra de la propuesta de la Comisión, se podrán seguir cultivando materias primas renovables en las superficies puestas en barbecho. 
Señor Presidente, señor Comisario, tenemos en nuestras manos un enorme programa de reforma, que ahora es inevitable. 
Nuestra comisión, con espíritu de cooperación positiva, ha redactado un gran número de enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
Estas enmiendas servirán para poner a punto la reforma dando forma a una que sea positiva para el agricultor. 
A medida que se aumente el límite inferior para la modulación a 7.500 euros y las zonas menos favorecidas sean tratadas con especial cuidado, la agricultura podrá continuar también en las regiones más pobres de la Unión: en el norte, en el sur y en las zonas de montaña. 
Deben tenerse en cuenta las condiciones desfavorables a la hora de distribuir los fondos destinados al desarrollo rural y por este motivo mi grupo ha presentado una enmienda proponiendo que el número de áreas menos favorecidas (LFA) se añada a los criterios de distribución. 
No deberíamos ir a la cabeza en el tema de la producción de leche si la situación del mercado no lo demanda. 
Debemos recordar que la producción de leche tiene especial importancia en las zonas menos favorecidas y en esas zonas los precios reducidos pueden ser una grave amenaza para la motivación con respecto a la producción. 
Señor Comisario, en Finlandia el centeno es muy especial. 
El centeno de alta calidad de emplea en este país para la producción de alimentos funcionales. 
La Comisión también debería tener en cuenta circunstancias especiales como esta. 
Para nosotros el centeno no es simplemente un cultivo mediocre empleado como forraje, sino un apetecible alimento para el desayuno diario y un alimento básico en nuestra cultura alimentaria tradicional. 
. (DE) Señor Presidente, los ponentes y diputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han tenido que trabajar mucho para corregir en sentido positivo las propuestas mal planteadas y poco razonables de la Comisión para reformar la política agrícola. 
Me refiero expresamente a los cereales complejos, los piensos desecados, la leche, y también a las reducciones en defensa de la disminución gradual y el pleno desacoplamiento de los pagos directos. 
El hecho de que la mayoría de la comisión parlamentaria haya aceptado mi propuesta de una intervención limitada en el tiempo para el centeno en aquellas regiones que carecen de alternativas a este cultivo, es positivo, sobre todo con miras a la ampliación. 
Sin embargo, en general no estoy satisfecho, sobre todo en vista de que los plazos eran tan breves que las votaciones en cadena no permitieron obtener un resultado sin contradicciones. 
Por otra parte, en principio considero erróneo que la mayoría haya cerrado filas con la Comisión en la vía hacia el desacoplamiento y la plena liberalización. 
Diré con toda claridad que no defiendo una autarquía primitiva, sino una política agrícola en la que la orientación al mercado interno tenga prioridad y se abran mayores oportunidades a la regularización. 
Las exportaciones deberían limitarse a los productos agrícolas procesados y las importaciones deberían estar sometidas a una protección especial del exterior que no sea un obstáculo para los países en desarrollo, y que al mismo tiempo no impida el acceso al mercado de productos baratos procedentes de los grandes países exportadores de productos agrícolas, como los Estados Unidos y el Grupo Cairns, que no operan de forma multifuncional. 
Sin este requisito no será posible hacer realidad en la Unión Europea una agricultura extensiva y multifuncional. 
Y eso debe quedar claro. 
Para terminar me gustaría mencionar dos razones importantes más de mi rechazo del informe Cunha: en primer lugar, estoy en contra de que los fondos destinados a la modulación sirvan como una especie de segundo Fondo de cohesión. 
Considero que estos recursos deberían más bien utilizarse en interés del desarrollo rural en cada uno de los Estados miembros. 
En segundo lugar, considero un error que se adelante la introducción del desacoplamiento. 
Es por tanto evidente que las primas regionales a las superficies cultivadas tienen un carácter mucho más progresivo. 
Considero que será casi imposible imponer la propuesta del Sr. Cunha. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento ha demostrado que tiene la voluntad de asumir sus responsabilidades. 
Espero que ahora la Convención adopte ahora tanto la forma como el contenido de los que se ha decidido conjuntamente, y que no haya demasiadas excepciones sometidas al Consejo. 
Podría comprenderlo si todas las decisiones terminaran en la Comisión, pero el Parlamento debe participar en todas las decisiones. 
La labor que tenemos ante nosotros no siempre ha sido fácil. 
El análisis era bueno, se han abierto nuevas perspectivas, que recoge nuestro preámbulo, pero la aplicación ha sido algo más difícil. 
Con respecto al proceso de auditoría, por ejemplo, exigimos que se introduzca la asesoría de las empresas; esto se ha interpretado como si pretendiéramos atar las manos a las empresas. 
Tomemos la protección externa cualificada, que debería garantizar la multifuncionalidad. La Comisión ha hecho muy poca publicidad al respecto. 
También se ha cometido un error crucial con respecto a la modulación diferenciada y la redesignación, en el sentido de que, en primer lugar, se mueve demasiado poco dinero y, en segundo lugar, queda claro que no se piensa desacoplar en el segundo pilar, que de ese modo servirá de mecanismo compensador para tipos de explotación que tienen dificultades o corren peligro. 
A este respecto deberían haberse hecho inmediatamente ofertas para el desacoplamiento, sobre el que regresaré más adelante. 
No se trata, por ejemplo, de conceder ayudas a todos los cultivos de centeno, sino a determinados tipos concretos de cultivo en regiones determinadas, y eso es precisamente lo que se puede hacer en el segundo pilar. 
Además no se han presentado propuestas para abandonar la intervención y las subvenciones a la exportación. 
Mientras que en el caso de la leche usted ha emprendido el camino ya conocido, en el caso del centeno ha demostrado hasta qué punto la reforma puede ser brutal. 
Ambas medidas estaban mal planteadas y debería considerarse un abandono integrado a lo largo de un período determinado con limitaciones cuantitativas, pero sin nuevas reducciones de precios. 
El desacoplamiento también es un ámbito complicado. 
Muchos no lo han comprendido; muchos lo han comprendido e instrumentalizado a su favor. 
Usted ha vuelto a socavar la posibilidad de una mayor libertad en la fijación de precios con respecto a las ayudas, cuando se retractó apenas oyó decir a la industria de la patata de fécula que, de ese modo, «no recibiremos más materia prima». 
Tendría que haber discutido más a fondo y de forma más agresiva las razones por las que no se dispondría de materia prima. 
¿Por qué tiene miedo la industria lechera que con el desacoplamiento de la prima lechera se arruinen determinadas zonas? 
Si ahora todo el mundo dice que habría que garantizar la producción de leche en estas regiones desfavorecidas- ¿y se ha garantizado? -, los fondos siguen siendo los mismos. 
Eso debería haberse difundido mejor, pues de ese modo las asociaciones que defienden los intereses de estas industrias habrían tenido menos posibilidades de agitación. 
Y una última consideración: el segundo pilar debe ser el núcleo de la reforma agrícola. 
Y también en este aspecto la Comisión se ha mostrado muy reservada y cautelosa. 
Posiblemente quería decir que no dispone de recursos suficientes y que no se han consolidado los instrumentos, pero también eso es debido a una omisión por parte de la Comisión. 
Espero que este otoño tenga lugar un debate entre el Parlamento y la Comisión, en el cual demos realmente contenido al segundo pilar y dejemos claro que este puede y debe ser el núcleo del desacoplamiento. 
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión para una reforma intermedia de la Política Agrícola Común han provocado un debate muy difícil. 
La presentación de 1 200 enmiendas significa que existe una grave divergencia de opiniones dentro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. 
Los intentos de la Comisión de introducir una reforma prematura y, en el caso de la leche, innecesaria, han contribuido a crear inseguridad e inquietud entre los agricultores. 
Nuestro objetivo inmediato debe ser recuperar la confianza del agricultor en el proceso político y salvaguardar la integridad de la Política Agrícola Común, sin la cual la agricultura de la UE no podrá sobrevivir. 
Con el tiempo de que disponemos no es posible evaluar las propuestas, aparte de decir que el status quo no es una opción; el resultado final debe ser un margen de beneficios sostenible para los agricultores, y necesitamos que se garantice que, sea cual sea el resultado, ellos quedarán plenamente protegidos en el contexto de las conversaciones en la OMC. 
Aunque parece ser que empieza a emerger un cierto consenso respecto al desacoplamiento, tengo mis reservas en cuanto a sus implicaciones a largo plazo para una agricultura orientada al comercio en la UE. 
Planteo la cuestión, y no es la primera vez, de qué va a ocurrir después del desacoplamiento si no se materializa el aumento de precios previsto en el mercado. 
Señor Comisario, creo que tiene razón cuando afirma que por fin se habla de la reforma de la PAC, pero su reforma no es la reforma que vale, máxime si, como parece querer el Parlamento, pedimos que se reduzca su impacto. 
Su reforma no afronta de raíz la cuestión de la PAC, que consiste en el hecho escandaloso de que la Unión Europea sigue congelando, y quiere seguir congelando, la mitad de su presupuesto en subvenciones y proteccionismo del mercado agrícola, para proteger un sector que representa el 2 por ciento del PIB de la Unión Europea. 
Se habla tanto de los objetivos de Lisboa, de hacer de aquí a 2010 de la economía de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo basada en el conocimiento, ¿y pensamos que este objetivo puede alcanzarse de algún modo cuando la mitad de nuestro presupuesto se destina a proteger y subsidiar las producciones agrícolas? 
La reforma de la PAC no puede realizarse teniendo en cuenta el interés de los agricultores; debe realizarse en interés de la Unión Europea, es decir, en interés de todos los ciudadanos y todos los consumidores, que pagan por la leche un 70% más de lo que pagarían sin subvenciones en un mercado abierto; pagan por la carne un 220% más de lo que pagarían, mientras nuestros primos argentinos mueren de hambre, o si no mueren padecen las punzadas de la recesión económica, porque les impedimos exportar su carne a Europa; pagan por el azúcar un 90% más, cuando en Mozambique no se consigue lanzar una recuperación económica a causa del proteccionismo europeo. 
El ejemplo de Nueva Zelanda, si bien es un país pequeño, es significativo: tras la eliminación completa de los subsidios y del proteccionismo agrícola ha aumentado la importancia de la agricultura en el PIB; ha aumentado el empleo, en particular de los jóvenes empresarios; ha aumentado la calidad. 
Si queremos, podemos discutir también la protección del medio ambiente, de las zonas marginales y de montaña; pero si seguimos pidiendo que la mitad del presupuesto comunitario se destine a proteger y subvencionar la producción y la exportación de los productos agrícolas europeos, debatimos otra cosa. 
Negamos la posibilidad de llegar a un entendimiento sobre los grandes acuerdos comerciales de la OMC y, sobre todo, seguimos perjudicando a los ciudadanos, a los consumidores y a los contribuyentes europeos. 
Esta es la verdad, y una reforma dirigida a desmantelar la PAC debería incluirse en el orden del día lo antes posible. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme antes que nada hacer una breve observación de carácter general. 
Desde aquí me gustaría dar las gracias a las señoras y señores de la Secretaría de la comisión parlamentaria, a nuestro personal y al de los Grupos parlamentarios. 
Todos ellos han trabajado con enorme premura. 
En particular tengo que dar las gracias al ponente sobre cereales y piensos, nuestro colega francés, el Sr. Dominique Souchet, por los dos informes bien fundados y equilibrados desde un punto de vista práctico y, sobre todo, por la colaboración realmente notable y abierta y la estrecha coordinación de todos los Grupos políticos que existió desde un principio. 
En nuestro Parlamento esto no siempre es así. 
En el Parlamento nos consideramos- y realmente deberíamos aceptarlo- representantes elegidos de la población y comprendemos la situación laboral individual de modo más preciso y también más claro que otros, incluso que la Comisión. 
Y ahora permítanme abordar muy brevemente el informe sobre los cereales del Sr. Souchet. 
Consideramos innecesaria la reducción propuesta de los precios de intervención. 
Tras continuas reducciones del precio de intervención en los últimos diez años, este se encuentra aproximadamente en el nivel del precio del mercado mundial. 
Incluso los complementos mensuales- señor Comisario, ya sé que dije «sí, pero» -contribuyen en última instancia a mejorar la distribución a lo largo del año. 
Desde luego, aquí se han formulado muchas sugerencias- que agradecemos- sobre la situación propuesta en el sector del centeno. 
Pero también observamos una medida para limitar los excedentes en la enmienda 28, y menciono esta enmienda en particular. 
En ella se contemplan posibilidades para un mayor consumo a diversos niveles, por una parte, y la limitación del cultivo del centeno a explotaciones situadas en determinadas ubicaciones; como ya ha señalado la Sra. Fiebiger, en este punto es donde se sitúa desde luego el quid de la cuestión. 
En cuanto a la fécula de patata, que por supuesto está regulada por la organización común de mercado de los cereales, contemplamos el mantenimiento en lo fundamental de las restituciones a la producción. 
En el sector de los cereales habrá a pesar de ello un desacoplamiento total o un desacoplamiento parcial progresivo. 
En cuanto al informe sobre piensos desecados, señor Comisario, la supresión total del régimen para los piensos desecados me parece inconcebible. 
Para muchas de nuestras zonas de pastizales, las cooperativas de secado de piensos operadas por los agricultores constituyen una valiosa ayuda que supone una importante contribución al suministro de piensos ricos en minerales. 
El Sr. Goepel ya ha señalado que todos hemos visto el peligro de que esta reforma se debata demasiado cerca de las negociaciones de la OMC, pero también de las deliberaciones sobre la futura estructura de la UE ampliada. 
De hecho, este debate y su conclusión son sumamente importantes. 
Hemos demostrado haber cumplido con nuestras responsabilidades en materia de codecisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo parto de la consideración de que no estaba previsto en absoluto llegar a la votación de la Asamblea. 
Estamos aquí por una elección responsable de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que ha dado muestras de gran empeño y se ha dotado de un método capaz de superar más de 1.000 enmiendas y de alcanzar un equilibrio razonable en el conjunto de sus propuestas. 
Precisamente por esta capacidad, que espero se confirme mañana con el voto de la Asamblea, estoy seguro de que el Comisario y el Consejo prestarán mayor atención al trabajo del Parlamento. 
Considero suficiente el equilibrio de los informes, en especial el del Sr. Cunha. 
Hemos querido afirmar la necesidad de la reforma, y a quienes se oponen a ella con argumentos diversos habría que recordarles simplemente que bloquearla no defiende la PAC, sino que acaba por restarle su legitimidad social. 
Por ello, nos hemos esforzado por introducir correctivos útiles para evitar los riesgos de las ayudas disociadas, que podrían convertirse en medidas asistenciales o conducir al abandono de las producciones. 
El desacoplamiento parcial querida por nosotros va en esta dirección. 
Me permito, por último, llamar la atención de la Presidencia y del Comisario sobre nuestra elección de mantener sin cambios la ayuda al grano duro, y espero que se conceda especial atención a las OCM a plazo, aparte del paquete aceite, tabaco, frutas y hortalizas, y ello a fin de evitar que el ahorro que se va a obtener con las próximas elecciones se emplee de forma parcial, solo para la leche y el azúcar, y por tanto evitar que se acentúen los desequilibrios entre los países productores. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes. 
En lo que respecta al desacoplamiento, quiero decir que, en grandes líneas, estoy de acuerdo con las propuestas de la Comisión, aunque siempre hay alguna excepción a la regla, y en este caso hay dos. 
Es absurdo que productos agrícolas como las verduras, las frutas, las flores, etc., que nunca han sido subvencionados, deban recibir ahora una forma indirecta de subvención. 
Creo que en este caso debe hacerse una excepción en el Reglamento. 
La segunda excepción debe aplicarse a la fécula de patata. 
Creo que el desacoplamiento del 50% que propone la Comisión no es suficiente y que debe ser del 75%, pues de lo contrario tendrá consecuencias sociales inaceptables. 
Asimismo, estoy a favor de vincular el pago de primas al cumplimiento de requisitos medioambientales, pero ¿qué requisitos? 
Los que hay son muy vagos. 
Si cada Estado miembro se atuviera a la Directiva sobre los nitratos, la política agraria sería muy sencilla, pero trece de los quince Estados miembros no cumplen los requisitos medioambientales. Por consiguiente, tenemos que fijar unos parámetros más claros. 
Mi tercer comentario tiene que ver con el presupuesto en general. 
No tengo ni idea de cuánto cuestan los informes que vamos a votar ahora, pero con las propuestas actuales el presupuesto queda ya sumamente ajustado. 
¿Qué hará la Comisión cuando reciba propuestas de reforma para el azúcar, para las hortalizas y la fruta, para el aceite de oliva y el tabaco? 
¿Podremos considerar entonces otros recortes, otras normas de reducción progresiva? 
Esta es la pregunta que quisiera formular a la Comisión. 
Señor Presidente, las recientes propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PAC no recomiendan simplemente una revisión correctiva a medio plazo, sino que dan un golpe de gracia a la agricultura de pequeño y mediano tamaño, reduciendo la calidad y la competitividad de los productos agrícolas y destruyendo el medio ambiente. 
Con medidas duras y forzosas que no revocan ninguno de los informes sobre los que estamos debatiendo- más bien doran su lógica destructiva con enmiendas anodinas sobre cuestiones individuales- la agricultura comunitaria se está equiparando con las condiciones del denominado mercado globalizado y los agricultores están cambiado de productores a empresarios debido al «porque yo lo digo» del Sr. Fischler, expresión que suele emplear; en otras palabras, son presa de las leyes del mercado, los importadores y las multinacionales de la industria de la alimentación. 
El desacoplamiento de las ayudas con respecto a la producción y el pago de apoyos directos, la modulación con la reducción gradual y la regresión del apoyo además de los 5 000 euros por explotación y que la ayuda esté condicionada al estricto cumplimiento de los estándares ambientales, la denominada conformidad cruzada, están convirtiendo la desastrosa PAC en un mecanismo para eliminar a los agricultores, con cambios radicales en el mapa productivo del campo. 
Las propuestas analgésicas del Sr. Cunha, como, por ejemplo, el método de desacoplamiento parcial, en otras palabras, hacer que el desacoplamiento sea gradual en lugar de universal, con menos productos el primer año en lugar de todos los productos, no revoca ninguno de los elementos anteriormente mencionados y, a medio plazo, tendrán los mismos resultados catastróficos sobre la economía rural. 
El objetivo de la reforma de la PAC es ahorrar recursos de la agricultura para otras políticas- UME, PESC y otras- y orientar la agricultura al mercado en términos de competencia no adulterada, sin criterios sociales, de desarrollo ni medioambientales, como requieren los mecanismos de la OMS y la presión de los Estados Unidos. 
La referencia a la protección ambiental, que se reitera de principio a fin, se emplea como un pretexto para reducir la producción agrícola. 
Un ejemplo típico de esta hipocresía es ceder a la presión de los Estados Unidos para la liberación y el uso de organismos modificados genéticamente, con repercusiones adversas imprevisibles sobre el medio ambiente y la salud pública. 
La famosa multifuncionalidad de la agricultura, con la reasignación de los recursos al segundo pilar para el supuesto desarrollo rural, no es más que un pretexto muy pobre para disimular el objetivo perseguido de marginar el mundo rural y cambiar su función social y medioambiental. 
La puesta en práctica de estas propuestas no deja margen para desarrollar la economía rural, conduce al reajuste forzoso de las explotaciones, a la desaparición del cultivo a pequeña escala, y un aumento de los agricultores arrendatarios tanto en los nuevos Estados miembros como en los existentes aumenta los beneficios de las multinacionales, además de reforzar y consolidar el saqueo de los países en desarrollo y de sus pueblos. 
No solo los informes del Parlamento fracasan en perfeccionar su legislación y alejarse de la desastrosa política de la Comisión; al contrario, echan más leña a su fuego. 
Dado que los agricultores no luchan para adornar las reformas antiagrícolas, sino para anularlas, votaremos en contra de estas propuestas. 
Nos alineamos con los agricultores y los apoyamos en su lucha proactiva, que constituye el único modo de garantizar su supervivencia y proteger la calidad de los productos, al consumidor y al medio ambiente. 
Señor Presidente, en este Parlamento hemos discutido sobre la PAC muy a menudo y en profundidad. 
Espero que esta vez lleguemos a algún resultado concluyente. 
Estoy seguro de que en este sentido hablo en nombre de toda la comunidad agraria. 
Vengo de un país, Gales, donde la renta anual de algunos agricultores, especialmente en las áreas menos favorecidas, un 80% de nuestra nación, no llega a los 6.000 euros. 
Y esto en unos momentos en que los grandes supermercados que reciben sus productos están registrando más beneficios que nunca. 
Esta situación es totalmente insostenible. 
El gran número de enmiendas a los informes resalta que existen puntos de vista contrapuestos sobre este tema tan delicado. 
Debemos evitar una situación en la que un pequeño número de Estados miembros grandes dicte la forma futura de la agricultura europea a expensas de una decisión más representativa y democrática. 
Las regiones y naciones más pequeñas de la Unión Europea, con problemas endémicos debidos al éxodo de jóvenes de las comunidades rurales, pequeñas explotaciones familiares y zonas menos favorecidas, también deberían poder participar en la toma de decisiones importantes. 
El actual giro general hacia un desacoplamiento parcial debilita lo que podría haber sido un gran cambio por parte de la Comisión. 
Al menos podría haber proporcionado el mecanismo para que los Estados miembros, y lo que es más importante, sus naciones y regiones, pudieran centrarse en sus propias prioridades mediante soluciones nacionales. 
Con este fin, y como han mencionado otros diputados, la representación democrática de las regiones en el Consejo de Ministros es esencial, así como la codecisión para la Comisión de Agricultura. 
El problema que yo veo en la combinación de los programas actuales de apoyo al ganado y el nuevo programa de desacoplamiento es que comportaría unas reglas de juego no equitativas para muchos sectores y comportaría más burocracia y más obstáculos para los productores que quisieran centrarse en el mercado. 
Si esto significa que la gente tiene que abandonar las pequeñas explotaciones familiares de las zonas menos productivas para encontrar trabajo, corremos el riesgo de deteriorar los propios cimientos en los que se basan estas comunidades rurales. 
Sé que es un escenario que el Comisario preferirá a evitar. 
Una vez discutido a fondo este tema con los agricultores galeses, creo que, sin duda, lo que ellos quieren es una política más simple, más centrada en el mercado para ayudar a los agricultores a recuperar su rentabilidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, si un instrumento yerra en su objetivo, será preciso adaptarlo, pero el objetivo tiene que ser el correcto. 
El Comisario Fischler propone desvincular las ayudas de la producción. 
Da por perdida la batalla por el modelo agrícola europeo dentro de la OMC antes incluso de que se inicie. 
De este modo, está errando en su objetivo. 
El desacoplamiento total bien puede servir a los intereses de la liberalización del mercado, pero desde luego no sirve a los de la política agrícola europea. 
En otros continentes el desacoplamiento ha fracasado como instrumento. 
¿Tenemos que repetir ese error? 
El Sr. Cunha tiene razón cuando llama nuestra atención sobre la gran diferencia que existe entre la teoría económica, que puede ser muy racional, y la aplicación práctica, que conlleva numerosos riesgos. 
Los agricultores europeos no pueden ser de nuevo víctimas de experimentos económicos ideados en las mesas de dibujo de Bruselas. 
El desacoplamiento no funciona cuando no hay mercados interiores estables. 
En los planes de la Comisión no hay medidas que fomenten esta estabilidad. 
Menciono por ejemplo la protección en las fronteras contra las grandes fluctuaciones del precio en el mercado mundial y la regulación de la producción en el mercado interior. 
Por supuesto yo también deseo que se ponga fin al sistema de intervención y a las subvenciones a la exportación, pero limitando la producción y no a través de un descenso estructural de los precios. 
La política agrícola recalca la multifuncionalidad de la agricultura en la Unión Europea. 
Por ello, una parte considerable de la modulación propuesta debe reforzar este segundo pilar. 
Como se desprende de mi enmienda, me parece justo que un Estado miembro que consiga un ahorro pueda destinar ese dinero al desarrollo rural dentro de sus fronteras. 
Señor Presidente, al aceptar, incluso con algunas reservas, el apoyo a la línea de desacoplamiento propuesta por la Comisión Europea, el informe Cunha nos insta a dar un primer paso en la dirección equivocada. 
¿Por qué? 
Porque el desacoplamiento, al introducir una ruptura radical entre la remuneración del agricultor y el acto de producción, transformaría las ayudas directas en rentas ligadas a la tierra, de importe fijo, que constituirían una especie de impuesto negativo difícilmente justificable a los ojos de los ciudadanos y los contribuyentes, y encarecería los precios del mercado de tierras agrícolas de una manera injustificada y contraria al buen juicio económico, haciendo más difícil el acceso a la profesión de agricultor y la incorporación de los jóvenes. 
El desacoplamiento tendría, además, consecuencias negativas para la localización regional de los cultivos y favorecería por tanto la relocalización en vez de la ordenación territorial. 
El desacoplamiento tiene el objetivo declarado mejorar nuestra posición negociadora en la OMC, pero me resulta difícil entender cómo el anuncio de una reforma antes de las negociaciones puede darnos más peso. 
En definitiva, al suprimir todo vínculo entre la producción y la ayuda pública, se prohíbe cualquier medida de orientación y de control de los mercados, algo que es la base de todas nuestras OCM. 
Por consiguiente, es preciso abandonar esta idea loca e inútil del desacoplamiento. 
El desacoplamiento total sería un error total, y el desacoplamiento parcial, un error parcial. 
El desacoplamiento parcial sería un compromiso incomprensible, un monstruo burocrático y un sistema insostenible. 
Haría aún más compleja una PAC que necesita urgentemente una simplificación. 
Crearía un nuevo indicador, la tasa de desacoplamiento, que muchos se aprestarían a desviar hacia el desacoplamiento total, en detrimento de nuestra agricultura, de nuestra independencia y de nuestra seguridad alimentaria. 
Señor Presidente, los principales ejes de esta reforma son el desacoplamiento de las ayudas y la modulación; ambas medidas de forma combinada, van a tener un impacto muy considerable en la evolución de las zonas desfavorecidas y eso nos preocupa. 
Según los estudios realizados, en mi país podrían ocasionar el abandono de un millón y medio de hectáreas de cereales, la mitad de las cuales pertenecen a mi región, Castilla-La Mancha, una de las zonas con rendimientos más bajos dentro de la Unión Europea. 
El desacoplamiento total de las ayudas me parece una decisión precipitada, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de los Estados Unidos, que introdujo esta medida en 1996 y que le está costando miles de millones de dólares en ayudas de emergencia para paliar las pérdidas de los agricultores. 
Además, la Comisión Europea, no ha aclarado todavía a este Parlamento cuál será el funcionamiento del complicado sistema de derechos que ha ideado. 
Las negociaciones con la OMC son la excusa utilizada, pero un desacoplamiento parcial modesto sería suficiente para obtener margen de maniobra en estas negociaciones. 
Estamos de acuerdo en reforzar el desarrollo rural, pero los agricultores europeos no entenderán nunca ningún recorte que no revierta en beneficio del mismo. 
En este sentido, debería eliminarse la reducción de las ayudas que propone la Comisión para hacer frente a otras necesidades financieras. 
Además, no tiene sentido adoptar hoy día decisiones basadas en cálculos y estimaciones que podrían variar en los próximos años. 
En cuanto al sector del arroz hay que decir que es el principal perdedor de esta reforma. 
Una bajada del precio de intervención del 50%, como propone la Comisión, sin una compensación íntegra, sumada a las repercusiones del Acuerdo Todo menos armas, hará peligrar la producción comunitaria. 
Si bien hay que apoyar los compromisos adquiridos por la Unión Europea con estos países, también es necesario encontrar una solución para muchos países de Europa. 
La actual organización común del mercado del arroz contiene elementos perversos, especialmente el régimen de penalizaciones por sobrepasar las superficies máximas garantizadas. 
En el arroz las sanciones son exponenciales, lo que puede dar lugar a penalizaciones de hasta el 50%, tan solo por un rebasamiento del 8%, a diferencia del sector de los cereales, donde las penalizaciones son proporcionales al rebasamiento. 
Solventar esto y establecer una ayuda que compense íntegramente la bajada del precio garantizado, creo que son dos de las demandas del sector arrocero para este Parlamento, la Comisión y el Consejo, y deben tenerlas en cuenta. 
Quisiera reiterar mi pleno apoyo al informe del Sr. Bautista, que insta además, al Consejo de Ministros de la Unión Europea, a que adopte la propuesta presentada por la Comisión para negociar un arancel fijo en la Organización Mundial de Comercio. 
Y, por supuesto, quiero felicitar a todos los ponentes que han intervenido en esta serie de informes. 
Señor Presidente, para mí- que no formo parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural- resulta bastante extraordinario que en este debate apenas se haya prestado atención al efecto de estas propuestas en los productores y mercados de los países en desarrollo. 
Por lo tanto, mi contribución parecerá quizás un poco esotérica en el contexto de lo que he estado oyendo esta tarde. 
¿Cómo es posible que este tema tan importante, que es un tema esencial para Cancún, y sus implicaciones para los países en desarrollo haya quedado tan al margen del debate? 
Como miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, puedo confirmar, por supuesto, que las políticas agrícolas europeas actuales entran en contradicción directa con las políticas de desarrollo rural declaradas por la UE para los países en desarrollo. 
Por lo tanto, el debate debería y tiene que reflejar la necesidad de evaluar el impacto de estas reformas en los objetivos declarados de la UE para la erradicación de la pobreza y nuestros objetivos de desarrollo sostenible para los países más pobres del mundo. 
Los subsidios agrícolas cuestan a estos países pobres unos 50 millardos de dólares estadounidenses al año en exportaciones agrícolas frustradas. 
Hoy nos ha llegado la muy blanda declaración de los G8 sobre comercio y reforma. 
Esperábamos al menos una moratoria sobre los subsidios de exportación y el punto final de aquellas ayudas nacionales que para mí y para muchas otras personas no son más que simples subsidios ocultos. 
No valoremos solo lo que se percibe como la mejor solución para los agricultores y productores europeos, actuemos por fin y por lo menos como si estuviéramos preparados para tener en cuenta en nuestras deliberaciones a los pueblos de continentes mucho más pobres que el nuestro. 
Insto a la Comisión de Agricultura y a quienes se preocupen de verdad por los ciudadanos y los agricultores europeos a asumir una visión mucho más amplia del contexto de la agricultura en el mundo. 
Señor Presidente, Comisario Fischler, señores representantes del Consejo, Señorías, ante todo permítanme dar las gracias a los ponentes por el excelente trabajo realizado. 
Me urge destacar que la estructura global de la reforma a medio plazo de la política agrícola común no puede sino compartirse, dadas las limitaciones financieras que nos hemos fijado hasta 2013 y considerando también los nuevos desafíos de la ampliación. 
No obstante, no faltan motivos de perplejidad: ante todo, porque no conocemos las propuestas relativas a todos los sectores y, por tanto, no disponemos de un marco global y, en segundo lugar, porque, una vez sancionado el principio del desacoplamiento, se da a la Comisión la posibilidad de aplicarlo como quiera. 
Por ello, debemos tratar ante todo de tranquilizar a nuestros agricultores. 
Pido, por tanto, que el Consejo regule lo más posible este mecanismo, protegiendo las distintas producciones y sobre todo la renta de los agricultores. 
Otro elemento de la propuesta de la Comisión que me preocupa mucho es el incentivo al empleo. 
La propuesta de julio hacía referencia al criterio de las unidades de trabajo; este criterio desapareció después y nosotros tratamos de reintroducirlo con las enmiendas, porque lo consideramos necesario. 
El peligro de que el paso de las ayudas de la producción a la renta no incentive el trabajo de los campos puede conjurarse en parte con esta decisión. 
Así pues, nuestro compromiso debe ser máximo en estos aspectos, como también en materia de calidad, porque incentivar la calidad permitirá hacer de nuestra agricultura una agricultura capaz de competir en los mercados. 
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión no sirven a los intereses de la agricultura y pueden tener serias consecuencias para la agricultura familiar y los pequeños y medianos agricultores si no se revisan algunos de sus presupuestos esenciales. 
En efecto, en vez de corregir los desequilibrios existentes en la distribución de las ayudas entre países, producciones y productores y prestar especial atención al carácter específico de países como Portugal, se dirige fundamentalmente a garantizar la congelación del presupuesto comunitario en el marco del proceso de ampliación y dar un paso más hacia la liberalización del sector agrícola a escala mundial, a la vista de las próximas negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. 
Uno de los principios básicos es determinar las ayudas sobre la base de referencias históricas de los últimos años y asumir su desacoplamiento de la producción lo que, desde luego, beneficia a los productores más grandes y a los países de agricultura más avanzada y condena a los más atrasados, a los pequeños productores y a la agricultura familiar a su actual situación. 
Así, además de acelerar el proceso de concentración de la producción y la tierra, hará permanentes las actuales desigualdades en la distribución de las ayudas, que resulta muy perjudicial para Portugal, fomentará el absentismo productivo y la especulación en el mercado de las tierras agrícolas, promoverá la competencia desleal entre producciones con y sin derecho a ayuda y creará nuevos condicionamientos a la entrada en el sector, en particular a los jóvenes agricultores. 
No podemos aceptar que se pase de una política de apoyo a la producción a una política de «asistencialismo» social. 
Queremos otra reforma de la PAC y lamentamos que no se haya aprovechado esta revisión intermedia para hacerlo. 
Son positivas algunas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero la mayoría son negativas. 
Entre las más preocupantes se encuentra el informe del Sr. Arlindo Cunha, que se aproxima peligrosamente a la propuesta del Comisario Franz Fischler. 
De hecho, no solo no avanza una verdadera propuesta de modulación, sino que acepta el desacoplamiento de las ayudas de la producción para algunos pagos de los cultivos herbáceos y de los bovinos. 
Ahora bien, lo que importaba es que se defendiesen unos instrumentos de regulación del mercado que garantizasen el mantenimiento de un precio justo y remunerador de la producción agrícola, que se garantizase el principio de la preferencia comunitaria protegiendo el mercado interior, y que se promoviese la seguridad de los consumidores y la soberanía alimentaria teniendo en cuenta las condiciones y las características específicas portuguesas. 
Seguiremos luchando por esos objetivos. 
Señor Presidente, señor Comisario, en mi intervención quiero defender una reforma de la PAC que no vuelva a olvidar las regiones de la Unión que disponen de unas condiciones climáticas y medioambientales y de unas tradiciones agrarias especialmente apropiadas para un desarrollo rural multifuncional, que tienen una agricultura de pequeñas y medianas explotaciones familiares basadas en la tierra y en los pastos, que tienen una gran capacidad para la producción de leche y que, por carecer de la cuota lechera necesaria desde su entrada en la Comunidad, han sufrido una modernización maltusiana, que ha llevado a la desaparición de decenas de miles de explotaciones. 
Estas regiones, ni siquiera reciben hoy prácticamente subvenciones a la producción, de modo que tampoco recibirían las ayudas disociadas. 
Pertenecen a Estados en los que existe un gran déficit entre el consumo y la producción lechera. 
Hablo de Galicia, pero no me refiero solo a mi país, hablo de países que necesitan un incremento de su cuota lechera, que satisfarían su mercado interior sin poner en peligro los equilibrios europeos. 
Espero que no sean ignorados de nuevo en esta reforma de la PAC. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy deben pronunciarse sobre los diferentes proyectos de informe relativos a la revisión intermedia de la política agrícola común. 
No voy a intervenir sobre el fondo, pero en mi calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, no puedo hacer caso omiso, en absoluto, de las observaciones, e incluso de las críticas, que algunas de Señorías tendrán la tentación de realizar a propósito del procedimiento elegido para la aprobación de estos informes. 
Por desgracia, teníamos el tiempo contado, y yo soy el primero que lo lamenta. 
El objetivo de la Presidencia del Consejo era obtener el dictamen del Parlamento antes de finales de junio. 
Los plazos que nos concedieron eran cortos. 
Por tanto, optamos por satisfacer esta petición, para que no se pudiera decir que una consulta del Parlamento Europeo solo iba a servir para frenar los debates en curso. 
En efecto, cuando la reflexión sobre la evolución de las instituciones europeas giraba precisamente en torno a la competencia de nuestra Asamblea, cualquier retraso del procedimiento de consulta podría haberse interpretado como la imposibilidad por parte de los parlamentarios de coger los informes por los cuernos y pronunciarse dentro de los plazos marcados. 
Este es el motivo por el que aprobamos, en la Comisión de Agricultura, un procedimiento que permitía respetar, a la vez, el calendario fijado por la Presidencia del Consejo, que estaba preocupada por hacer avanzar esta cuestión, y el derecho de expresión y de enmienda de los miembros de dicha comisión. 
Lo logramos gracias al gran trabajo realizado por el personal de esta comisión, y también por los coordinadores. 
Me ha parecido necesario, señor Presidente, explicar las razones que nos llevaron a aprobar un método de trabajo en cuyo origen estuvo la urgencia de la situación y a agilizar los trabajos, respetando siempre el derecho de expresión de nuestros colegas. 
Por mi parte, considero que es el fruto de un acuerdo alcanzado gracias al deseo de los miembros de la Comisión de Agricultura de conservar las disposiciones esenciales en materia de gestión de mercados agrícolas previstas por la política agrícola común, permitiendo así evolucionar hacia una agricultura más preocupada por el interés general. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tome ahora las decisiones adecuadas para garantizar unas rentas decentes y un futuro para nuestras familias de agricultores. 
Señor Presidente, señor Comisario, empezaré por manifestarle mi profunda desilusión con esta reforma de la Política Agrícola Común. Quiero poner ante su conciencia, señor Comisario, las injusticias, las discriminaciones que hace la política con los agricultores, y también la protección de la desertización y la pérdida de credibilidad de la propia Unión que usted está consiguiendo. 
Vamos con las injusticias: el Sr. Comisario es responsable de cerca de siete millones de agricultores en la Comunidad. 
Solo tres millones y medio tienen derecho a las ayudas directas- estamos hablando de tres millones y medio -; de esos tres millones y medio de agricultores, el 52% reciben solamente el 4,5 % de las ayudas. 
¿Es o no una profunda injusticia? 
En mi país, cien agricultores- los cien mayores- reciben más que el 60% de los agricultores de mi país. 
Pongo esta injusticia ante su conciencia. 
Además, es discriminatoria, señor Comisario. 
Dos producciones, que representan el 21% de la producción de la Comunidad, cereales y bovinos, absorben el 60% de las ayudas, es decir el 21% de la producción absorbe el 60% de todas las ayudas. 
¡Me parece, señor Comisario, que esto es una actitud discriminatoria! 
Y aún más porque son las dos producciones que más aumentan la desertización. 
El Comisario contribuye con esta política, al no oponerse a ella, a la evolución enorme del desempleo en la Unión, porque solo beneficia aquello que causa desempleo y no beneficia a las producciones que ayudan al empleo. 
La tercera cuestión es la pérdida de credibilidad, porque las instituciones tienen la obligación de defender a los más débiles. 
¡Oh, señor Comisario, me dedico a la política probablemente desde hace tantos años como usted! 
Pero la función fundamental de las instituciones es defender a los más débiles y usted se pone en la posición de defender solamente a los más fuertes. 
¿Por qué desistió usted del límite máximo? 
Hasta los americanos, que tienen empresas doscientas veces mayores, tienen un límite máximo de 350 000 euros y usted, que inicialmente lo tenía, concluyó que era excesivo porque no debía rebasar los 100 000 euros, usted desiste. 
Usted y este Parlamento van a pasar a la historia por ser profundamente injustos y discriminatorios y por hacer que la política pierda credibilidad. 
. 
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el año pasado se trataba de mantener la confianza en la Agenda 2000. 
Hoy se trata de velar por el desarrollo de la política agrícola común para después de 2006, teniendo en cuenta el Derecho mercantil internacional y con una participación adecuada de los países candidatos. 
Insisto en que es correcto tomar en este momento una decisión seria y sostenible sobre el futuro de la política agrícola común. 
Pero, señor Comisario, el paralelismo entre las decisiones en materia agrícola, por una parte, y la continuación de las negociaciones comerciales a escala mundial, por otra, también influyen en esta cuestión. 
Ambas cosas solo pueden combinarse de un modo adecuado si la Comisión se atiene estrictamente al paquete entero de las negociaciones de la OMC y no permite que se diluya en este caso. 
Teniendo en cuenta esto, insisto en que los comentarios de la Sra. Kinnock en relación con la evaluación de la política agrícola son una evaluación de la política agrícola que practicábamos hace veinte años. 
Si logramos alcanzar el equilibrio en la política de desarrollo y el compromiso de todos los países industrializados, no habrá motivo alguno para escondernos detrás de otros. 
Señor Comisario, usted siempre ha dicho con razón que únicamente las explotaciones económicamente saneadas pueden sostenerse a la larga. 
No hace falta actualizar continuamente el concepto de sostenibilidad. Está suficientemente definido a escala internacional y consta en la Agenda 21. 
Por ello hoy se trata de reelaborar en cierto modo las propuestas de la Comisión de tal modo que resulten, en la medida de lo posible, más prácticas y manejables, y al mismo tiempo proceder a los ajustes necesarios sin que estos ajustes exijan demasiado a las explotaciones y las personas. 
Con respecto a la simplificación de la política agrícola, en relación con las 38 Directivas mencionadas y la posibilidad de que los Estados miembros las apliquen administrativamente, yo pediría que se haga algo más por evitar los casos extremos de manera que la simplificación de la política agrícola europea respete plenamente el principio fundamental de la no discriminación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿puede la Unión Europea hacer oídos sordos a las expectativas de la sociedad, profundamente marcada por las crisis alimentarias que hemos padecido estos últimos años? 
¿Es normal que el 80% de las ayudas agrícolas se distribuyan tan solo entre un 20% de los agricultores? 
¿Puede eludir Europa seriamente la necesidad de un análisis profundo de una política que representa prácticamente la mitad de su presupuesto, en un momento en que se dispone a acoger a diez nuevos países? 
Tiene usted razón, señor Comisario, al preferir el movimiento al inmovilismo, la anticipación a la espera. 
Su reforma es valiente, al abogar por una ruptura con el sistema de incentivos a la producción, por medio del desacoplamiento. 
Es ambiciosa, al pretender reforzar el carácter multifuncional de la agricultura europea. 
Es pertinente por lo que se refiere a las futuras citas de la OMC y a la próxima ampliación de Europa. 
No obstante, nos tememos que sea también injusta, ya que su inspiración es exclusivamente continental y no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de situaciones regionales, sobre todo por lo que respecta a la producción en las regiones ultraperiféricas. 
Estas regiones no han cumplido todavía el objetivo inicial de la PAC, es decir, lograr una cierta autosuficiencia agrícola. 
Sus mercados se hallan lejos de estar saturados. 
Estas regiones necesitan incentivos para ayudar a desarrollar sus explotaciones. 
Las medidas propuestas, si se aplicaran mecánicamente a las regiones ultraperiféricas, constituirían un freno incontestable al dinamismo que observamos estos últimos años. 
No se trata de encerrar a las regiones ultraperiféricas dentro de una burbuja: se trata simplemente de tener en cuenta sus características específicas. 
El apartado 2 del artículo 299 proporciona un fundamento jurídico, pero falta la voluntad política. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento cumplió con su obligación al aprobar, el 21 de mayo, una enmienda que propuse para que las regiones ultraperiféricas no se vieran sometidas a una aplicación sistemática y mecánica de la reforma. 
La Comisión y el Consejo deben ahora cumplir con la suya. 
En efecto, debemos aprender las lecciones de la historia y adaptar nuestra política agrícola a los retos del siglo XXI, pero sería inadmisible que, en nombre de principios generales, esta reforma firmara la sentencia de muerte de las agriculturas más frágiles de la Unión. 
Señor Presidente, estoy algo preocupado porque yo he estudiado un documento un poco distinto al del resto de este Parlamento. 
Estoy completamente de acuerdo con la opinión del Comisario sobre el desacoplamiento y le doy todo mi apoyo. 
Es importante que siga siendo simple, apartarse del desacoplamiento parcial y reducir el papeleo. 
Que el desacoplamiento sea total. 
Significará que de una vez por todas la financiación llegará al agricultor y este la recibirá. 
Y en parte quizás esto es lo que hay detrás de los principios del Comisario. 
Uno de los problemas que siempre hemos tenido en la Política Agrícola Común es que la financiación se ha quedado en las multinacionales, como los supermercados, y no ha llegado a los agricultores. 
Debo confirmar lo que ha dicho la Sra. Kinnock sobre los pueblos más pobres que no reciben financiación. 
Una declaración realizada hace poco en el Reino Unido dejaba claro que los agricultores británicos estaban prácticamente en la parte más baja de la tabla de ingresos: eran los terceros empezando por el final. 
De modo que esperemos que la financiación llegue a algunas de estas personas que la necesitan. 
Tengo una pregunta para el Consejo. 
¿Quiere la reforma a causa de la ampliación o a causa de la OMC? 
No se acuesten con los Estados Unidos, porque sin duda el proyecto de ley de agricultura de los Estados Unidos va en contra de los principios que queremos en la Unión Europea. 
A los Estados Unidos no les interesa ni les preocupa la Unión Europea. 
Tengo tres preguntas breves para el Comisario, que espero que pueda responder, si no hoy, quizá más adelante. 
Se refieren a los problemas que ocasiona tomar el año 2002 como período de referencia en el informe de la Comisión. 
Si las reservas nacionales para un pago único, es decir, para demandas adicionales, deben pasar del 1% al 3% de la asignación total, ¿de dónde sacaremos el dinero? 
Los problemas de las frutas y verduras son graves. 
¿Dónde encontraremos financiación para sectores como de de las patatas para producir almidón? 
El Comisario ha mencionado este tema muy brevemente. 
Espero que pueda confirmar lo que ha dicho. 
Finalmente, en relación con los biocombustibles en terrenos abandonados, sé que el Comisario ha cambiado de opinión al respecto. 
Espero que se atendrá a esto y que además reconsidere los biocombustibles en suelo abandonado. 
Señor Presidente, las propuestas sobre desacoplamiento total y modulación que hace la Comisión resultan demoledoras para muchos sectores y territorios. 
Por ejemplo, en Andalucía y otras regiones de España ese desacoplamiento total puede resultar muy perjudicial. 
Y la degresividad supone una transferencia de fondos desde la agricultura mediterránea a la continental. 
En cuanto a la cohesión social podríamos ir de mal en peor. 
La PAC, señor Comisario, ha venido produciendo rentas agrícolas escandalosas a unos pocos que a veces ni son agricultores. 
Estos efectos socialmente perniciosos deberían haber sido corregidos en esta reforma. 
Pero no, lejos de ello, estas propuestas pretenden consolidar históricamente estos desequilibrios sociales, y en cambio, señor Presidente, se olvidan de las agricultoras y las mujeres del campo, que tanto aportan a la agricultura europea. 
En cuanto a las zonas desfavorecidas, señor Comisario, usted de palabra nos dice sí, sí, sí, pero después sus propuestas nos dicen no, no, no. 
Las zonas más desfavorecidas deben de ser atendidas singularmente ante el impacto que en ellas va a provocar el desacoplamiento total de las ayudas. 
Y si esto no se hace con políticas activas de mercados y distribución de los productos agrícolas, entonces tendremos que correr con los gravísimos daños que acarrearán la pasividad y la desaparición de los cultivos. 
En cuanto a la modulación, le sugiero, señor Comisario, que se contemple el que pueda ser competencia regional en aquellos Estados miembros donde la agricultura lo sea. 
Por último, me referiré al cómo y el cuándo de la reforma. 
Respecto al cómo de las negociaciones, España corre el peligro de quedar aislada y de perder, a causa de las posiciones extremas de bloqueo de su Ministro de Agricultura, que debería corregir tan graves errores de negociación. 
En cuanto al cuándo, hay una cierta precipitación y si seguimos con estas prisas, muy pronto vamos a tener que hacer la reforma de la reforma. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una propuesta de reforma, aunque esté articulada, no puede contentar ciertamente a los muchos sistemas de agricultura existentes en Europa. 
Es inevitable, pues, que el debate sea agitado y hasta cambie de tono en función de las distintas sensibilidades de los diputados. 
Para llegar rápido al centro de la cuestión que me interesa, precisaré que procedo de la montaña y que quiero traer a este debate la opinión de quienes viven y trabajan en ella. 
Bien, para nosotros es positivo el paso del mercado, por consiguiente de la producción, a la empresa, como también es positiva la propuesta de transferir al desarrollo rural los ahorros de la modulación. 
A pesar de las muchas vacilaciones hacia la montaña, a pesar de que la montaña no se nombra nunca en esta reforma, podemos decir que se vislumbra en el horizonte. 
Por fin y de forma bastante seria se habla, por primera vez, de multifuncionalidad, que es una exigencia irrenunciable para determinadas zonas periféricas desfavorecidas. 
La multifuncionalidad es una práctica vigente desde siempre en las zonas de montaña, en las que, junto a sus obligaciones primarias, se pide al agricultor que controle el desarrollo de los bosques, que regule los cursos de agua, que se preocupe de la vida de los animales y que mantenga en orden el medio ambiente en beneficio del agroturismo y del turismo. 
Esto significa también poner el máximo cuidado en la calidad de los productos típicos y de los productos de nicho, que desde hace algún tiempo están teniendo un gran éxito y una cierta remuneración en el mercado. 
Es algo que puede ayudar a convencer a algunos jóvenes de que no abandonen la montaña. 
Pero no basta: la multifuncionalidad genera un valor añadido para la colectividad y, por tanto, es justo recompensarlo adecuadamente. 
No bastan ya las ridículas primas a la siega, es necesaria una renta complementaria fija y digna para quien trabaja en la montaña y lleva a cabo estos servicios en beneficio de todos. 
De otro modo, el éxodo, que ya está en curso, continuará y la despoblación de la montaña será inevitable. 
. 
(DE) Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, acojo con agrado las decisiones adoptadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, aunque no dudo de que en numerosos aspectos se quedan cortas. 
Habiendo tenido una experiencia similar con el informe sobre la fiebre aftosa, quiero felicitar también a los miembros por la inmensa labor que han llevado a cabo. 
Es un trabajo arduo, pero hay que llegar a un acuerdo. 
Pero buena parte de lo que se ha negociado aún no se ha aplicado. 
Además, muchas de las propuestas del Sr. Fischler, que en mi opinión apuntan en la dirección correcta y contienen muchas cosas que puedo apoyar, por desgracia todavía no se han aplicado plenamente en todos los ámbitos, cosa de la que él es consciente. 
Sin embargo, debemos de dejar de descomponer y desenmarañarlo todo de nuevo, pues a fin de cuentas solo podemos negociar el conjunto del paquete. 
Existe, por supuesto, la Organización Mundial del Comercio, que exige que observemos determinadas reglas. 
Repasemos qué Gobiernos participaron en 1986 y 1994 en las negociaciones de las Rondas de Marrakech y Uruguay, y cuáles firmaron a finales de 1993 y 1994 los acuerdos, y veremos que hubo abstenciones en muchos ámbitos. 
Aunque provengo de la Alta Baviera, desde luego pienso que un aumento de la cuota lechera es un error. 
Es preciso reajustar asimismo muchas otras intervenciones de precios, como en el caso del centeno, pues no podemos hacerlo todo de golpe o de un día para otro. 
También quiero que quede claro que apoyo la cohesión dentro de la Unión Europea y la distribución de fondos a las regiones y países que tienen menos, para ayudarles a mejorar. 
Pero no entiendo por qué unos fondos que, por ejemplo, se recortan a muchas explotaciones que se hallan en una categoría superior, deben volver a la Comisión para ser redistribuidos en otros sectores. 
Gran parte de estos fondos deberían utilizarse dentro del segundo pilar, con arreglo al principio de subsidiariedad, en las regiones de donde proceden. 
De lo contrario, por decirlo sin rodeos, muchos pagarán dos veces. 
Las reformas propuestas por el Sr. Fischler son necesarias y lo serían incluso sin la adhesión de los diez países candidatos y sin la Organización Mundial del Comercio, ya que en esta Cámara no hay nadie que afirme que el sistema, tal como se ha gestionado hasta ahora, es justo. 
No lo es. 
El desacoplamiento en los sectores más variados- que llegará un día, como ustedes y yo ya sabemos; no es más que una cuestión de tiempo- comportará una mayor equidad. 
Y de nada sirve que cada uno pretenda salvar a su región y diga que no hay que hacer nada aquí y que no hay que hacer nada allí. 
Esto no empieza a resolver los problemas. 
Unas palabras sobre los países en desarrollo: estoy muy contento de que entretanto los hayamos descubierto. 
La iniciativa «todo menos armas» no matará a nadie ni costará nada. 
Ahora bien, hay que determinar qué países intentan vender algo de lo poco que producen porque necesitan otros bienes de vital importancia. 
Durante décadas, en la Unión Europea hemos rebajado nuestros excedentes al nivel del mercado mundial, los hemos impuesto a los países en desarrollo y hemos privado a muchos de sus agricultores de la base de subsistencia. 
También deberíamos pensar en ello. 
Señor Presidente, en lo que a nosotros respecta, el Comisario Fischler pasará a la historia como el Comisario del desacoplamiento. 
Si hemos de elegir entre dos cosas para lograr un buen acuerdo con la OMC, creemos que ha de ser sobre la base del desacoplamiento y no sobre la base de la reducción de los precios. 
Si el Consejo y la Comisión han escuchado atentamente, esa es la dirección a la que ha apuntado el Parlamento. 
La delegación del CDA (Demócrata-Cristianos) en el Parlamento Europeo celebra haber ayudado a alcanzar un compromiso con respecto al informe Cunha, un informe que contenía algunos puntos importantes para nosotros y en los que hemos incidido por medio de enmiendas. 
Para empezar, la retirada de tierras de la producción. 
Consideramos que debe permitirse la rotación, que la decisión es del agricultor y que no tiene que imponerse un plazo de 10 años. 
En segundo lugar, las tierras desvinculadas en las que puedan cultivarse otros productos no podrán destinarse en ningún caso al cultivo de productos libres como hortalizas y patatas para consumo. 
Por ello, el CDA ha presentado una enmienda en este sentido que ha sido aprobada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Nuestro tercer punto es algo más controvertido. Celebramos el aumento de la franquicia por explotación agraria desacoplada de 5 000 a 7 500 euros, pero consideramos que aún no es suficiente. 
Los Demócrata-Cristianos europeos deben proteger las explotaciones familiares y, en lo que a nosotros respecta, ese límite debe aumentarse a 10 000 ó 15 000 euros. 
El CDA, junto con nuestros colegas británicos, ha presentado una enmienda para llegar a los 10 000 euros y hay una enmienda española que propone alcanzar los 15 000 euros. 
Apoyaremos ambas enmiendas. 
En relación con el sector lácteo y la reforma del mismo, estamos de acuerdo con el informe Jeggle y, en parte gracias a una enmienda del CDA, nos hemos decidido por un desacoplamiento menos radical y también por el cambio. 
En nuestra opinión, primero tendríamos que llegar al 5%, esperar a un acuerdo de la OMC y posiblemente aplicar el Acuerdo de Berlín en su totalidad. 
Y todo aquel que crea que el sector lácteo ha de reformarse aún más, y me dirijo sobre todo a la Sra. Kinnock, debe darse cuenta de que, desde 1983, la Unión Europea ha cedido el 5% del mercado mundial y que esa producción no ha beneficiado a los países en desarrollo, sino a otros países ricos. 
Decir que tenemos que desmantelar más aún la política láctea europea sin considerar los efectos es una muestra de socialismo de salón. 
Es una forma barata de socialismo de salón. 
Estoy a favor de cualquier debate en torno a la cooperación al desarrollo, pero ha de ser sobre la base de los acuerdos que ha firmado Europa con los 48 países más pobres y después de que hayamos examinado a fondo sus consecuencias para los ganaderos europeos y para los ganaderos de los países en vías de desarrollo. 
Si no lo hacemos, utilizaremos a los ganaderos europeos como cabeza de turco en todo este debate sobre la cooperación al desarrollo. 
Como diputado de este Parlamento, me niego a tomar parte en algo así. 
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría poder decir también señor Ministro, Presidente en ejercicio del Consejo, pero desgraciadamente se encuentra ausente. 
Me gustaría comenzar felicitando a todos los ponentes que han trabajado sobre el tema tan importante que estamos debatiendo hoy, pero principalmente me gustaría felicitar al Sr. Cunha por su magnum opus, por el cual no le envidio en absoluto. 
No me gustaría encontrarme en su lugar, pero lo felicito por lo que ha conseguido producir. 
Permítanme transmitirles la incertidumbre y ansiedad de los agricultores griegos, debido a que los productos mediterráneos no están incluidos en la reforma de la PAC, así como su ansiedad por lo que pueda resultar de la segunda parte, la segunda ronda de negociaciones, cuando hablemos de los productos mediterráneos tras la ronda de Cancún de la Organización Mundial del Comercio. 
Estamos muy preocupados y espero que finalmente resulte que no teníamos motivos para estarlo, pero hasta que no sea así, seguiremos preocupándonos. 
Creemos que el límite de 5 000 euros es demasiado bajo. 
Debe aumentarse considerablemente si realmente queremos mejoras en la producción y el control de todas las condiciones previas que necesitamos para tener mejores perspectivas en el sector agrícola. 
También me gustaría expresar la convicción de que las zonas insulares desfavorecidas, que en mi país concretamente están especialmente expuestas, así como las zonas de montaña de toda la Unión Europea, deberían recibir un trato especial. 
Debemos preocuparnos de mantener a estas personas en sus pueblos, en sus zonas agrícolas, en vez de convertirlas en gente de ciudad desempleada. 
Celebro la posibilidad de convertir la producción agrícola en un negocio. 
Sin embargo, me gustaría ver cómo van a convertirse en empresarios los agricultores. 
Por último, todos celebramos obviamente la ampliación de la Unión Europea con los 10 nuevos Estados miembros, pero me gustaría que no solo los agricultores de la Unión Europea pagasen el precio de la ampliación. 
Tenemos dos temas sobre la mesa en relación con la reforma a medio plazo. 
Uno es el detalle de lo que se propone, y otro es el calendario. 
El desacoplamiento es un tema importante y bastante revolucionario por sí mismo. 
Aunque existen riesgos y beneficios, creo firmemente que las propuestas de desacoplamiento parcial plantean un riesgo mucho mayor, sin perspectivas de reducir la reglamentación. 
¡Cuidado con los diversos menús sobre el desacoplamiento! 
Incluso la propuesta de nuestro colega el Sr. Cunha para desacoplar las ayudas para los machos del ganado vacuno pero no las crías en mi país, Irlanda, debe venir con una advertencia sanitaria, porque va a colapsar el precio de los becerros y los animales destetados. 
¡Cuidado con las propuestas de desacoplamiento parcial! 
Debemos orientarnos más al mercado para simplificar la carga de reglamentación y beneficiarnos también de las conversaciones en la OMC. 
Sin embargo, no estoy convencido respecto al segundo punto, a pesar de las protestas del Comisario en las muchas ocasiones en que hemos jugado de forma inteligente nuestras cartas en la OMC. 
Vean lo que ocurrió en la última ronda del GATT: la UE negoció, con principios, nuestros derechos agrícolas a cambio de los de otras áreas no agrícolas. 
Dimos garantías de acceso al mercado, y las cumplimos en la UE, y a cambio no obtuvimos garantías de mercado. 
De hecho, los Estados Unidos han utilizado el 11 de septiembre para introducir el mayor aumento de las ayudas nacionales en décadas mientras que nosotros en la UE limitamos nuestra producción, y volvieron a las negociaciones de la OMC con un mensaje claro de más de lo mismo. 
¡Comprador, cuidado! 
Nada de lo que han dicho ni las palabras procedentes de la boca de Harbinson me permiten confiar en que nos beneficiaremos de jugar con las cartas al descubierto. 
De hecho, el mensaje más claro es el contrario. 
¿Qué probabilidades tenemos de que los aranceles de importación se mantengan en una reducción de aproximadamente un 36% y no más cerca del 60% propuesto? 
Las probabilidades son pocas. 
El jurado está descartado, y antes de Cancún nos estamos jugando la parte crítica de la política económica europea, la PAC. 
El Comisario está viviendo muy peligrosamente y algunos dirían temerariamente al programar sus propuestas. 
La modulación de 5 000 euros es inaceptable, incluso con promesas de más inversión en desarrollo rural. 
Robar al pobre Pedro para pagar a Pablo es una política inversa a la de Robin Hood, y como mínimo es perversa. 
Introducir la degresividad para apoyar- al menos en el caso de Irlanda- una nueva OCM (organización común del mercado) de los productos lácteos, es decir, pagos acoplados para el sector lechero, es ilógico, dados los discursos sobre el desacoplamiento en que se basa la revisión intermedia. 
Cada país tiene su propio menú de casos especiales, ya sean los agricultores jóvenes, los temas de salud, la jubilación anticipada de los agricultores, los derechos de sucesión y los de quienes han invertido fuertemente en los años de referencia. 
Hay que pensar en ellos. 
Tenemos la obligación de pensar en los agricultores del mundo en desarrollo, a quienes podemos ayudar, y lo haremos, en el contexto de unas reglas de juego mundiales más equitativas, pero, como legisladores europeos, nuestra principal obligación es pensar en nuestros propios agricultores y procurar un futuro sostenible para la agricultura de la UE, el principal productor agrícola y la mayor economía del mundo. 
Señor Presidente, felicito a la Comisión por sus propuestas radicales de desacoplamiento. 
Me temo que las propuestas que el Parlamento está presentando son demasiado tímidas y creo que deberíamos recorrer la vía del desacoplamiento hasta el final. 
Si vamos a hacerlo parcialmente, por lo menos hagámoslo sector por sector, no mediante un desacoplamiento horizontal en todos los sectores. 
Señor Cunha, usted sabe que pienso que esta parte de la propuesta es de locos. 
Los agricultores necesitan una indicación clara sobre adónde van. 
Necesitamos una decisión del Consejo de Ministros para que los agricultores puedan planificar el futuro. 
Lo que no queremos es toda una variedad de desacoplamientos. 
Si tenemos que pensar en las zonas menos favorecidas, hay formas de hacerlo. 
No tenemos que hacerlo mediante subsidios de producción. 
El sistema del desacoplamiento que usted ha presentado, Comisario, nos ayudará en la ronda de la OMC. 
También nos ayudará a hacer frente a la ampliación. 
Aceptémoslo, para muchos de los países candidatos sería muy difícil poner en práctica los subsidios basados en la producción que tenemos. 
¿De qué sirve pedirles que pongan en práctica estos sistemas si, al cabo de un año o dos, volvemos a cambiar de nuevo todo el sistema? 
Debemos hacer frente a la realidad de que tendremos una política agrícola distinta para los 25 Estados miembros de la que hemos tenido para los 15 actuales. 
Por esto tenemos que ir con cuidado con lo que hacemos. 
También tenemos que estar seguros de que cuando Europa vaya a la ronda de la OMC podamos defender nuestro terreno y hacer frente no solo a los Estados Unidos, sino también a los países del Tercer Mundo. 
Debemos defender a nuestros agricultores, pero no a costa del comercio del Tercer Mundo. 
Las propuestas que usted presenta nos ayudarán a defender la agricultura europea, a los agricultores europeos y a ofrecer un buen valor a los contribuyentes europeos a quienes a veces olvidamos. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, antes que nada quiero agradecerles todas sus aportaciones que, aunque en parte muy críticas, han sido constructivas y siempre pertinentes. 
También quisiera asegurar a todos aquellos que han señalado lo importante que sería que el Parlamento Europeo tenga competencia de codecisión en el ámbito de la política agrícola, que cuentan para ello con el pleno apoyo de la Comisión y el mío personal. 
Todos los que intervienen en la política europea saben que es necesario hacer compromisos en interés de la causa común, a fin de llegar a una decisión conjunta. 
Pero los compromisos deben juzgarse a la luz de criterios, y estos criterios son la sustancia de la reforma, que debemos conservar. 
La Comisión no puede ni quiere apartarse de este principio. 
En muchos temas tiene lugar desde hace algún tiempo un debate sobre la adaptación de las propuestas de la Comisión. 
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la concentración de los requisitos de condicionalidad ecológica en las principales disposiciones con objeto de mejorar la manejabilidad administrativa; un incremento moderado de la parte de los fondos destinados a la condicionalidad ecológica que permanecen en los Estados miembros; un período de preparación más prolongado para la instalación del sistema de asesoramiento de la gestión con una participación inicial voluntaria, que no será obligatoria sino más adelante; una mayor flexibilidad para los Estados miembros en lo referente al pago de anticipos sobre los pagos directos; un trato flexible de los casos difíciles y problemáticos en el cálculo y asignación de las primas únicas a las explotaciones, así como la opción de que los Estados miembros puedan excluir determinados cultivos de las superficies con derecho a prima; el mantenimiento de la rotación de las tierras en barbecho con la posibilidad de cultivar materias primas renovables en estas superficies: el retraso del desacoplamiento de las primas lecheras en aras de una simplificación administrativa o un porcentaje más flexible de cofinanciación para las medidas agroambientales, y un aumento ocasional de los fondos de promoción en zonas con limitaciones medioambientales específicas. 
Sin embargo, hay otros temas en los que serán necesarios grandes esfuerzos en el debate para obtener soluciones. 
La Presidencia emprenderá sin duda estos esfuerzos, junto con la Comisión, en particular la semana que viene en el Consejo. 
Estos temas abarcan, entre otros, los distintos aspectos del desacoplamiento de los pagos directos. 
También en este ámbito hay margen de maniobra, pero igualmente es importante alcanzar los objetivos fundamentales del desacoplamiento. 
Se trata de simplificar nuestra política de promoción, de evitar la concesión de estímulos absurdos a la producción, de reforzar una actividad empresarial orientada al mercado y, por último, de evitar las distorsiones comerciales. 
En particular, no debemos olvidar que el desacoplamiento permite que los agricultores conserven dos veces más dinero de la promoción concedida que con el régimen antiguo. Este extremo ha quedado demostrado recientemente una vez más por la OCDE. 
Entre los temas importantes que todavía requieren un debate abierto se encuentra el trato que deben recibir las zonas ultraperiféricas y los territorios de ultramar. 
También en este terreno es crucial mantener los principios fundamentales. 
Esto incluye, por supuesto, la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades de estas regiones y los objetivos de los Reglamentos POSEI. 
Asimismo quiero mencionar el deseo manifestado por muchos de reforzar aún más el segundo pilar de la política agrícola común, Creo que no sorprenderé a sus Señorías si afirmo aquí que estoy dispuesto a considerar un refuerzo de estos dos pilares mayor que el previsto. 
Y volviendo brevemente una vez más al tema del desacoplamiento, pues muchos diputados han hablado de un desacoplamiento parcial, diré que considero problemática la idea de introducir el desacoplamiento de modo gradual a lo largo de un período prolongado o de desacoplar un determinado porcentaje de cada medida de apoyo individual. 
Estas combinaciones de un desacoplamiento parcial conducen en última instancia a unir las desventajas del sistema actual con la no obtención de las ventajas del nuevo sistema. 
Por ello hay que actuar con mucha, mucha cautela en este ámbito. 
Las desventajas del sistema vigente son, sobre todo, que los agricultores no pueden tomar libremente las decisiones que afectan a sus explotaciones. 
Otra desventaja es que los agricultores deben hacer frente a una burocracia más pesada y compleja, y sobre todo que se les niega la libertad empresarial. 
Permítanme decir una última palabra sobre la cuestión de los precios de intervención, sobre los que algunas de sus Señorías se han mostrado muy críticas, preguntando que por qué queremos o necesitamos realmente una medida para garantizar el equilibrio del mercado durante los próximos años, diez años en total. 
El principal motivo es que, si se comparan las previsiones de mercado en las que se basa la Agenda 2000 con las previsiones que publican actualmente los mismos institutos, como por ejemplo Fabri, estos institutos han tenido que revisar a la baja drásticamente las perspectivas tan positivas que avanzaron en su momento. 
Por ejemplo, en el caso del trigo un 14%, en el de la cebada en 10%, en el del maíz un 16%, en el de la mantequilla un 37% y en el de la leche desnatada en polvo más del 30%. 
Sin embargo, ¿cómo podemos arreglárnoslas con una reducción de los precios de intervención de tan solo un 5%? 
Tan solo porque fuimos bastante más precavidos cuando nos sugirieron estas previsiones y por eso ahora podemos seguir un enfoque más moderado. 
Pero si no adoptamos medida alguna se produciría de nuevo un desequilibrio del mercado y esto no significa otra cosa que mayor presión a la baja sobre los precios. 
Por último abordaré la cuestión de los productos mediterráneos: quiero decirles con toda claridad que la semana que viene, cuando el Consejo deba pronunciarse, abogaremos por que el Consejo de Agricultura, junto con la Comisión, adopte una declaración en la que se garantice que los productos mediterráneos se evaluarán equitativamente y del mismo modo si se adoptan nuevas medidas. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0097/2003). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Lamento que este turno de preguntas, por su ubicación temporal, empiece siempre, o casi siempre, con retraso. 
Hoy comenzamos con 30 minutos de retraso, lo que nos obliga a darle la mayor agilidad posible. 
Cuento con la cooperación de todos los colegas. 
Primera parte 
Pregunta nº 22 formulada por Stavros Xarchakos, a quien sustituye el Sr. Folias (H-0317/03): 
Asunto: Medidas contra el virus mortal del SARS 
El virus mortal del SARS ha provocado una gran preocupación en todo el mundo. 
¿Qué medidas de prevención contra este virus, aplicables de forma inmediata, ha propuesto la Comisión a los Estados miembros? 
La Comisión ha asumido un papel activo y pionero en respuesta al brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). 
Tal como indicó el Consejo el pasado 6 de mayo de 2003 en relación con el SRAS, este papel se ha desempeñado a través de la red de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles en la Comunidad, en el marco de la Decisión nº 2119/1998/CE. 
Con ello se ha conseguido una base muy eficaz para el intercambio rápido de información en la UE y para una respuesta coordinada en la que los países candidatos y la AELC han participado plenamente en colaboración con la OMS. 
En su reunión extraordinaria sobre el SRAS, el Consejo aceptó en general la orientación planteada por la Comisión con la ayuda del comité de la red. 
Aunque la aplicación de las medidas de protección sanitaria es competencia de las autoridades de los Estados miembros, la orientación para acciones inmediatas y futuras se centrará en los aspectos siguientes: detección rápida de todos los casos sospechosos de SRAS mediante una buena vigilancia; protección de las personas con riesgo de infección mediante el aislamiento eficaz de los pacientes con SRAS en los hospitales, inclusive medidas para proteger a los cuidadores; se prestará especial atención a los viajes aéreos, que han sido un factor importante en la diseminación del SRAS, principalmente con un control estandarizado de pasajeros que salgan de zonas afectadas; información a bordo para los pasajeros e información eficaz en los puertos de entrada de las zonas afectadas; una mayor concienciación entre los profesionales y la población, y una información exacta y puntual, además de compartir los datos con otros países, en particular con los países del EEE y la AELC, con los países de la adhesión y los candidatos, y con la OMS. 
También hay que desarrollar la cooperación con otros agentes, como las compañías aéreas, y las entidades organizadoras de actos masivos. 
El Consejo también ha tomado nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta para crear un centro europeo de prevención y control de enfermedades. 
En nombre del Sr. Xarchakos, que no puede estar presente por razones ajenas a su voluntad, quiero dar las gracias al Comisario. 
. 
(EN) La reciente detención masiva de disidentes, los juicios injustos y las sentencias arbitrarias y excesivas que se les han impuesto, así como la ejecución de tres ciudadanos cubanos acusados de secuestrar un transbordador cubano, han tenido una respuesta inmediata, firme y sostenida de la Unión Europea. 
La Comisión ha apoyado plena y activamente las acciones que se han llevado a cabo en este contexto. 
La Comisión, junto con los Estados miembros, condenó firmemente estas detenciones en una declaración publicada el 26 de marzo de 2003, seguida de una gestión de la UE en La Habana para instar a las autoridades cubanas a permitir la liberación inmediata de los prisioneros. 
El 18 de abril se realizó una segunda gestión en La Habana, después de la declaración de los Ministros de Asuntos Exteriores publicada el 14 de abril. 
Recientemente se han acordado nuevas medidas, como las límitaciones de las visitas de alto nivel. 
El 30 de abril la Comisión decidió aplazar el examen de la solicitud cubana para la adhesión al Tratado de Cotonú, señalando que estos acontecimientos recientes no son buenos para la cooperación entre la Unión Europea y Cuba. 
El 16 de mayo las autoridades cubanas decidieron retirar la solicitud. 
La Comisión está preocupada por el trato que reciben los prisioneros y cree que las autoridades cubanas deberían invitar a la Cruz Roja Internacional a visitarlos para comprobar que reciben un trato humano. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Byrne por su respuesta. 
Aproximadamente 60 de las 75 personas sentenciadas y encarceladas en Cuba tras los juicios sumarios han recibido condenas a prisión de más de 20 años. 
Estos sienten, simplemente, que sus vidas están amenazadas. 
Durante décadas no se habían producido condenas tan duras como estas en Cuba. 
Mi pregunta al respecto al señor Comisario es ¿cómo debemos continuar con las protestas en términos de política práctica? 
¿Podemos actuar en la comunidad mundial- en las Naciones Unidas- tratando de persuadir a la Cruz Roja para que tome medidas? 
¿Podemos actuar a través de las iglesias o de algún otro modo? 
¿Podemos presionar al régimen cubano mediante varios tipos de sanciones? 
En este caso tratamos con personas que han tenido que pagar un precio muy elevado por la democracia. 
Como he indicado antes, la opinión de la Comisión es que la Cruz Roja Internacional debería poder examinar la situación e informar sobre la misma. 
Además, se está preparando una nueva gestión de la UE para principios de junio, pero todavía no hay acuerdo sobre el texto. 
En resumen, la situación es que la Comisión no ha abandonado el tema y ejerce toda la presión de que es capaz para superar la situación. 
Señor Comisario, las personas a las que la Unión Europea denomina activistas de los derechos humanos no son más que agentes de los Estados Unidos de América, como se ha demostrado en los tribunales cubanos. 
Por otra parte, los propios estadounidenses han admitido que están ofreciéndoles varios cientos de millones de dólares para establecer la oposición interna en Cuba. 
De hecho, ¿qué país no se protegería de una conspiración externa? 
En todo caso, me gustaría escuchar sus comentarios, señor Comisario, sobre la acción del Sr. Cason en Cuba y de su cometido. 
También me gustaría escuchar sus comentarios sobre el mensaje del 20 de mayo del Sr. Bush, en el que prometía la libertad para Cuba, además de sus comentarios sobre el hecho de que los Estados Unidos no hayan castigado a los secuestradores que obligaron a unos aviones a volar a Cuba. 
Y, por último, ¿qué piensa usted de la detención por parte de los Estados Unidos de los cinco patriotas cubanos que apenas han visto el 80% del auto de procesamiento debido a que se supone que es confidencial? 
El tema que se plantea aquí esta noche es el de las violaciones- violaciones muy graves- de los derechos humanos en Cuba. 
Sean cuales sean los temas a que su Señoría se refiere, tanto si se pueden demostrar como si no, no justifican las violaciones de los derechos humanos que se han señalado y reconocido. 
Se trata de la ejecución de las tres personas en cuestión después de juicios muy breves en circunstancias que, en general, tanto la comunidad internacional como la Comisión en particular consideran altamente insatisfactorias. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta número 24 decae. 
Pregunta nº 25 formulada por Ward Beysen (H-0315/03): 
Asunto: Comercio paralelo 
¿Es consciente la Comisión de las continuas amenazas a las que está sometido el comercio paralelo legal de medicamentos dentro de la UE, un proceso que ahorra anualmente millones de euros a los Gobiernos de los Estados miembros y a los pacientes europeos? 
¿Ha considerado utilizar el artículo 82 como fundamento jurídico para asegurar que los fabricantes de productos farmacéuticos operen según las normas del mercado único? 
. 
(IT) La pregunta del diputado no solo es de innegable interés, sino también de gran actualidad. 
La cuestión es interesante sin duda porque los obstáculos al comercio paralelo de los productos farmacéuticos son desde hace tiempo motivo de preocupación para la Comisión, que ya en el pasado instruyó numerosas diligencias en la materia y sigue haciéndolo. 
En particular, en el sector de la competencia se están examinando actualmente numerosos casos, a petición tanto de laboratorios farmacéuticos como de denunciantes. 
Además, la cuestión está, como he dicho, de candente actualidad. 
Como es sabido, la Comisión dispone de dos instrumentos jurídicos para intervenir: los artículos 81 y 82. 
Por lo que se refiere al artículo 81, precisamente hace algunos días el abogado Tizzano, abogado general del Tribunal de Justicia, presentó sus conclusiones en el asunto Bayer, relativo al comercio paralelo de un producto de esta empresa. 
No quiero entrar en los detalles de este asunto ni de las conclusiones del abogado general, que tienen que ver con una cuestión de técnica jurídica muy precisa. 
Sin embargo, las conclusiones no son favorables a las tesis sostenidas por la Comisión en dicha causa. 
El Tribunal dictará sentencia dentro de algunos meses, sin comprometer, en cualquier caso, las demás decisiones de la Comisión relativas a problemas distintos de los abordados en el caso Bayer, como por ejemplo la decisión adoptada por la Comisión el 8 de mayo de 2001 con relación al sistema de precios dobles aplicado por la empresa Glaxo. 
Por lo que respecta al artículo 82, es precisamente la dirección en la que está trabajando la Comisión actualmente. 
Ello plantea una serie de cuestiones nuevas, en particular por lo que respecta a la definición de los mercados o de las prácticas abusivas. 
Por lo demás, el pasado mes de febrero, el Tribunal de Justicia recibió una pregunta prejudicial de la Comisión helénica de la competencia, que es la autoridad griega responsable de la competencia, y que tiene por objeto establecer en qué medida la negativa, por parte de una empresa farmacéutica en posición dominante, de abastecer a un mayorista para interrumpir el comercio paralelo, puede constituir un abuso prohibido por el artículo 82 del Tratado CE. 
La Comisión deberá expresar, como siempre, su opinión al Tribunal en las próximas semanas. No obstante, no está previsto el fallo del Tribunal hasta dentro de muchos meses. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su extensa respuesta en relación con un problema de tanta actualidad que, como ha recalcado con razón el señor Comisario, es motivo de gran preocupación. 
Creo que el artículo 82 es, en efecto, el único fundamento jurídico que puede utilizarse y espero que en un futuro no muy lejano haya más claridad, porque las grandes fusiones dentro del sector de los medicamentos casi siempre tienen como consecuencia grandes reducciones de plantilla. 
Además, las prácticas actuales son muy perjudiciales para el consumidor. 
Así pues, espero recibir cuanto antes una respuesta a la pregunta formulada. 
. 
(EN) Estoy de acuerdo con la importancia que otorga al tema, así como la urgencia del mismo. 
Le daré solo una breve indicación de adónde queremos llegar. 
Como he dicho, de momento nuestra prioridad es llevar a término nuestra aportación al Tribunal de Justicia en la petición griega de resolución preliminar- esto debería ser a mediados de junio- en relación con el tratamiento de aproximadamente 30 casos pendientes ante la Comisión. 
Estoy seguro de que entenderá que no puedo precisar más datos. 
La evaluación conforme al artículo 82 está en curso. 
De una forma u otra pueden esperar que la Comisión adopte su posición- positiva o negativa- sobre los sistemas de cuota del suministro para finales de este año. 
. 
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en los últimos tiempos en el sector farmacéutico, Internet ha supuesto que recientemente estamos experimentando una evolución totalmente nueva, pues por este medio se comercializan productos medicinales en toda Europa. 
Sin embargo, todavía existen restricciones territoriales que se aplican a las farmacias. 
En su opinión, ¿cómo evolucionará este sector en el futuro? 
. 
(EN) El conjunto del problema planteado por la mayor importancia del comercio por Internet abarca aspectos relacionados con el mercado interior y la competencia. 
Es un reto positivo que las autoridades deben asumir, dados los beneficios que los consumidores pueden obtener del aumento del uso de Internet, y también dada la continua necesidad de asegurar que, sea cual sea la tecnología utilizada para llevar a cabo las transacciones, no se infrinjan los principios esenciales en que se basa el orden jurídico de la Comunidad. 
Muchas gracias, señor Monti por su cooperación con el Parlamento esta tarde. 
Pasamos a los 20 minutos de preguntas dirigidos a la Comisaria Sra. Reding 
Preguntas dirigidas a la Sra. Reding 
Pregunta nº 26 formulada por Bernd Posselt (H-0301/03): 
Asunto: Lenguas minoritarias 
¿Podría indicar la Comisión de qué manera prepara la ampliación de la UE en materia de fomento y promoción de las lenguas minoritarias? ¿Podría precisar la Comisión qué papel juegan en las consideraciones las minorías lingüísticas cuyas lenguas son mayoritarias en otros Estados miembros de la UE? 
En respuesta al Sr. Posselt, quisiera decir que la definición de lengua minoritaria o regional empleada por la Comisión Europea corresponde a la establecida por el Consejo de Europa en su Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. 
Según dicha Carta, se entiende por lengua regional o minoritaria aquella lengua, diferente a la lengua oficial del Estado, que sea practicada tradicionalmente en un territorio de un Estado por nacionales de ese Estado que constituyan un grupo numéricamente inferior al resto de la población de ese Estado. 
Por tanto, esta definición engloba a las lenguas que son minoritarias en su país pero que son mayoritarias en otro. 
Por lo que se refiere a la promoción de las lenguas minoritarias o regionales en el seno de la Unión, la Comisión financia a la Oficina europea de lenguas minoritarias y a los centros de investigación de Mercator. 
En su programa de trabajo para el período 2003-2004, se contempla llevar a cabo, para los futuros miembros de la Unión, acciones informativas sobre la política europea en los ámbitos correspondientes. 
Se están organizando encuentros sobre esta cuestión, como la Conferencia de Bolzano de los días 26 y 27 de mayo sobre el tema «Buenas prácticas en la promoción de la diversidad lingüística en una Europa ampliada». 
Asimismo, la Oficina europea de lenguas minoritarias ha comenzado a preparar la Constitución, en relación con los nuevos Estados miembros y comisiones nacionales que representen a las minorías lingüísticas, a imagen y semejanza de las comisiones de este tipo que ya existen en los quince Estados miembros de la Unión. 
Hay que decir que los futuros Estados miembros disfrutan ya de las mismas ventajas que los Quince por lo que respecta a las lenguas minoritarias o regionales, es decir, que reciben financiación para iniciativas a través de los programas existentes. 
Además, algunos de estos programas, como Sócrates o Leonardo da Vinci, están abiertos a todos los países candidatos. 
En definitiva, el estudio Euromosaic sobre producción y reproducción de los grupos lingüísticos minoritarios en el seno de la Unión Europea se ampliará a los nuevos Estados miembros. 
Además, se ha invitado a los nuevos Estados a que participen en las consultas públicas que ha emprendido la Comisión en el marco de la elaboración del plan de acción sobre la diversidad lingüística y el aprendizaje de lenguas, un plan que se presentará en el Consejo y en el Parlamento en julio, en el marco también del examen de la nueva generación de programas Leonardo, Sócrates y Juventud. 
Todas las minorías lingüísticas, incluidas aquellas cuya lengua es mayoritaria en otros Estados miembros de la Unión ampliada, han podido participar en estas consultas. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero darle las gracias por su respuesta tan exhaustiva, positiva y concreta y formularle otra pregunta que no sé si estará en condiciones de contestar inmediatamente o bien por escrito, después de este turno de preguntas. 
Los Estados miembros conceden ayudas a minorías que viven en los países candidatos. 
De este modo, Alemania ayuda, por ejemplo, a la minoría alemana de Polonia y a la minoría alemana de la República Checa con el consentimiento de estos Estados. 
Ahora, en esos países corre el rumor de que al menos una parte de esas ayudas concedidas por otro Estado miembro serían ilegales después de la adhesión a la Unión Europea. 
No logro entenderlo y por ello quería preguntar concretamente, ya que esta cuestión ha despertado grandes temores. 
Así pues, ¿es posible que las ayudas concedidas por otro Estado miembro para la promoción de las lenguas minoritarias sean ilegales en la UE? 
. 
(DE) Señor Presidente, puedo tranquilizar al Sr. Posselt a este respecto, pues la Unión no intervendrá en proyectos que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, son competencia de los Estados miembros. 
No puedo explicarme por tanto de dónde proviene este debate, ya que si un Estado miembro quiere ayudar de alguna forma a otro Estado miembro o a un país tercero y desea llevar a cabo proyectos culturales en dicho Estado miembro, esto es cosa del Estado miembro, y la Unión no tiene que interferir. 
Al contrario, me complace que los Estados miembros realicen numerosos proyectos culturales en sus países vecinos. 
Me ha interesado muchísimo la respuesta de la Sra. Comisaria y su definición de las lenguas, que es bien conocida en esta Cámara. 
Estoy completamente de acuerdo con la noción de ofrecer asistencia financiera a las lenguas minoritarias y menos habladas, y al igual que muchos de mis colegas, estoy familiarizado con los programas educativos y la labor de la Mesa. 
Como la Sra. Comisaria sabe, el respeto por la lengua de otros, el respeto por dicha persona y su cultura y sus costumbres, ayuda a la integración de dichas comunidades. 
En este sentido, ¿puedo pedir a la Sra. Comisaria que al menos considere, quizás mediante un estudio o una investigación, el hecho de apoyar la reformulación de la definición e incluir otras lenguas, quizás de origen no europeo pero que todavía hablan y comprenden muchas personas, lenguas que aparecen en muchos Estados miembros: urdu, hindi, bengalí y tamil para nombrar unas pocas? 
Me doy cuenta de que es una sugerencia significativa, pero me temo que si ni siquiera la consideramos, estaremos enviando un mensaje muy divisorio a las comunidades de muchas minorías étnicas en un momento clave para la integración. 
En realidad les estaremos diciendo que unas lenguas que hablan unos pocos centenares de personas en algunos casos, y yo estoy de acuerdo en apoyar a estas lenguas, son más importantes para la UE que otras habladas por cientos de miles de personas. 
Me pregunto si la Sra. Comisaria estaría dispuesta a considerar esto. 
. 
(EN) En respuesta a su Señoría, toda la acción de la Comunidad en relación con las lenguas es incluyente, no excluyente. 
No hemos definido claramente qué lenguas incluiremos, porque en el programa de acción que voy a presentar en julio de este año quisiéramos resaltar todas las lenguas habladas en la Unión Europea ampliada. 
Veremos si es posible incluir las lenguas de inmigración como las que ha mencionado, señor Evans. 
En cualquier caso, no están excluidas en ninguno de nuestros textos. 
. 
(DE) Señor Presidente, creo que el tema del aprendizaje de lenguas aparte de las lenguas oficiales, es decir, de las lenguas regionales, de las lenguas minoritarias y el tema sacado ahora a colación de los idiomas de los inmigrantes, deberían tratarse por separado, es decir, las lenguas oficiales así como las lenguas regionales y minoritarias, por un lado, y las lenguas de los inmigrantes, por otro. 
Por ello pido a la Sra. Comisaria que nos dé su opinión sobre esto y también en lo referente al Plan elaborado en relación con el Año Europeo de las Lenguas y en el que figura una definición muy clara. 
En mi opinión, en vista de la limitación de fondos disponibles, debería procederse a fijar prioridades, pues la Sra. Comisaria necesita muchos más recursos para esta actividad de los que dispone. 
. 
(DE) Señor Presidente, su Señoría tiene razón, por supuesto, nunca tendremos dinero suficiente para hacerlo todo. 
Sin embargo, en el Año Europeo de las Lenguas no solo han participado las lenguas oficiales, sino que también hemos permitido que, si así lo deseaban las asociaciones o los ciudadanos, se concedieran fondos para las lenguas que se hablan realmente en el territorio. 
Debemos vigilar con mucha atención lo que sucede en nuestras escuelas y en la sociedad en general. 
En nuestras escuelas es inevitable la lengua materna sea la oficial, la primera lengua. 
Siempre he exigido que intentemos enseñar dos lenguas extranjeras aparte de la lengua básica, y los Jefes de Estado y de Gobierno así lo han aceptado. 
Eso es una cosa. 
Otra es el respeto del multiculturalismo, de la variedad cultural dentro de nuestra sociedad, y creo que en algunas regiones las lenguas que hablan los inmigrantes forman parte igualmente de este entorno cultural. 
Así pues, al analizar y estudiar científicamente la variedad lingüística es necesario tener en cuenta esta realidad. 
Para mí la prioridad sigue siendo apoyar las lenguas tradicionales y fomentar el multilingüismo en nuestras escuelas. 
Pregunta nº 27 formulada por Joan Vallvé (H-0306/03): 
Vistas la Decisión del Consejo de 25 de abril de 2002 relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional (2002/348/JAI 
En respuesta a la pregunta del Sr. Vallvé, la Comisión señala que no emite opiniones sobre cuestiones que están fuera de sus competencias. 
Ahora bien, la Unión Europea, en la actualidad, no tiene- todavía no, debo precisar, ya que la Convención está trabajando en ello- competencias directas en materia de organización de encuentros deportivos. 
A este respecto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha manifestado en numerosas ocasiones que las entidades deportivas disfrutan de una gran autonomía a la hora de organizar sus competiciones. 
Como ha indicado el Sr. Vallvé en su pregunta, la postura oficial de la Unión Europea acerca de la seguridad durante los partidos de fútbol tiene una dimensión internacional y está expresada en la Decisión del Consejo del 25 de abril de 2002. 
En este documento no se hace ninguna referencia al tema planteado en la pregunta. 
Señor Presidente, le doy las gracias a la Sra. Comisaria por su respuesta y su análisis del futuro del deporte en la Unión Europea. 
Como usted sabe, la Unión comprende Estados nacionales, pero también Estados plurinacionales. 
En algunos de estos últimos Estados, varias naciones pueden contar con equipos nacionales, como por ejemplo Escocia o Gales. 
En cambio, no sucede lo mismo en el caso de Cataluña. 
Nos gustaría que, en el futuro, nuestras selecciones nacionales pudieran participar en competiciones oficiales. 
Por eso, le damos las gracias por su respuesta, señora Comisaria: creemos que, el día de mañana, la Unión, en su preocupación por reconocer las identidades culturales que existen en toda Europa, deberá permitir a estar culturas expresarse por medio del deporte. 
Señor Presidente, el Sr. Vallvé conoce bien mi amor por la diversidad cultural de la Unión y por esta gran riqueza que nos proporciona a todos los europeos esta diversidad. 
Cataluña, claro está, con su lengua, con su historia, con su gran cultura, participa de esta tradición de diversidad cultural. 
Por lo que respecta al deporte, por desgracia no puedo decir más de lo que acabo de decir, porque las entidades deportivas tienen autonomía- reconocida por la Unión, por medio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- a la hora de regular las cuestiones a las que se ha referido el Sr. Vallvé. 
Aunque yo no tengo a un fotógrafo presente como el Sr. Vallvé, quiero plantear un grave problema sobre la violencia en los partidos de fútbol. 
¿Podría la Sra. Comisaria indicarme cuál es la última posición sobre la cuestión de la violencia racista organizada en los partidos de fútbol? 
Mi país, Inglaterra, jugará muy pronto un partido de fútbol contra un país candidato y corre el riesgo de ser expulsado de la competición en cuestión debido al racismo de sus seguidores. 
Aunque sé que este tema es competencia de la UEFA y no un tema de la Comisión, quisiera preguntar por el aumento de la violencia racista en los partidos de fútbol nacionales y regionales, el hecho de que sea organizada- a menudo por la extrema derecha pero no siempre- y si la Comisión emitirá al menos una declaración sobre este aumento porque, como ha dicho el ponente anterior, el deporte es una expresión de la cultura y una forma de vida en los países de la Unión Europea. 
En concreto, estoy preocupado por esta expresión de los países candidatos donde el racismo en los partidos de fútbol irá en aumento. 
. 
(EN) Su Señoría tiene razón. 
Resulta sorprendente ver cómo algo que debería ser una expresión de alegría se distorsiona hasta convertirse en una expresión de rechazo hacia otros seres humanos. 
Por este motivo, con la ayuda del Parlamento Europeo, la Comisión ha decidido que el año 2004 sea el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. 
Nos gustaría discutir este fenómeno en las escuelas, los clubes y la sociedad en general, y hablar sobre los verdaderos valores del deporte, el juego limpio, el reconocimiento del contrario, sobre deportistas que alargan la mano y no aprietan los puños. 
Me gustaría que todos los europeos- incluidos los diputados al Parlamento Europeo- se comprometieran durante este año a transmitir este mensaje a los jóvenes de sus Estados miembros y de la Europa ampliada. 
Señor Presidente, le doy las gracias a la Señora Comisaria por su respuesta al Sr. Vallvé. 
Asimismo, quisiera sumarme a su petición sobre las selecciones nacionales, aunque he entendido su mensaje, señora Comisaria. 
En torno a la diversidad cultural, esta Cámara ha elaborado numerosas resoluciones. Hay una que me parece especialmente importante: la de 1989, que reconocía a la lengua catalana un papel en cierto modo especial entre las lenguas minoritarias, y en la que se pedía a la Comisión que publicara algunos textos fundamentales en nuestra lengua, el catalán. 
Mi predecesor en este cargo, el Sr. Gorka Knörr, en la actualidad vicepresidente del Parlamento Vasco- y al que sustituyo por este motivo -, planteó la cuestión del idioma vasco. 
¿Por qué el catalán goza de un estatuto menor de lengua reconocida y el vascuence no? 
Así pues, en un momento en que las autoridades españolas han cerrado el único periódico escrito en euskera, Egunkaria, quisiera preguntarle el porqué de esta diferencia de estatuto entre el vascuence y el catalán. 
Señora Comisaria, esta pregunta no es complementaria de la violencia en los estadios de fútbol; no tiene nada que ver. 
Pregunta nº 28 formulada por Theresa Zabell (H-0328/03): 
Asunto: El artículo sobre el deporte en el futuro Tratado 
¿Me puede informar la Comisión Europea sobre los pasos seguidos por la Comisión Europea para conseguir la inclusión de un artículo referido al deporte en el próximo Tratado de la UE? 
Las noticias que aparecen sobre la lucha contra el dopaje en el deporte son cada vez más preocupantes y el deportista esta cada vez más desamparado. 
¿Me podría informar la Comisión Europea sobre el nuevo código mundial y también sobre su opinión respecto a este código? 
A veces, también hay buenas noticias en política, y creo que esta es una buena noticia, al menos desde la óptica de la labor desarrollada en la Convención. 
En efecto, la Comisión está abordando, en la actualidad, la inclusión de una competencia comunitaria en materia de deportes en su proyecto de tratado constitucional. 
Y tras la propuesta del Presidium de la Convención de introducir tales competencias dentro de los ámbitos de las acciones de apoyo, la Comisión, a través de sus representantes, los Sres. Barnier y Vitorino, tomó la iniciativa y remitió a la Convención un proyecto de artículo, a cuya redacción contribuimos en gran medida mis colaboradores y yo. 
El proyecto de tratado constitucional, en su forma actual, retoma en sus principios el proyecto de la Comisión e incluye competencias en materia de deporte en el capítulo V de la parte III, un ámbito en el que la Unión puede decidir llevar a cabo una acción de coordinación, de complemento o de apoyo: la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte. 
El deporte, por tanto, se ha añadido. 
En este artículo, los apartados 1 y 2 se dedican específicamente al deporte, y esta propuesta me satisface por completo, ya que, por medio de este artículo, la Unión lleva a cabo medidas de promoción del deporte en su función social y educativa, sin armonizar las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros. 
Por tanto, este nuevo artículo, si finalmente se introduce en el tratado definitivo, proporcionaría la respuesta a las preguntas anteriores. 
La segunda parte de la pregunta se refiere al nuevo código mundial antidopaje. 
Como usted sabe, la Comisión acoge con satisfacción cualquier esfuerzo realizado en la lucha contra el dopaje. 
No obstante, no existe una solución única o milagrosa que pueda resolver este problema. 
El código mundial antidopaje podrá contribuir a combatir esta lacra, pero solo si se añaden otras medidas. 
No obstante, hay que comprender que la lucha contra el dopaje debería extenderse también al sector aficionado y centrar su atención en la prevención, la educación y la investigación. 
La Comisión desea recalcar que, aunque las cuestiones contempladas por el código no entran dentro de sus competencias directas, sigue atentamente el curso de los acontecimientos y continuará haciéndolo de una manera rigurosa. 
Los Estados miembros apoyan el código, y la Comisión, que no tiene una postura oficial al tratarse de una cuestión intergubernamental, redobla sus esfuerzos en los ámbitos de la educación, la prevención y la legislación en materia de alimentos deportivos. 
Por tanto, es una complementariedad que hemos establecido: ayudamos a los Estados miembros a ponerse de acuerdo. 
Además, antes de la gran reunión de Copenhague sobre el dopaje, se ha celebrado en Bruselas una reunión de los Ministros de deporte organizada por la Comisión para que Europa pueda hablar con una sola voz. 
No obstante, en todas estas cuestiones no es la Comisión la que habla, sino los Ministros. 
Gracias, Sra. Comisaria, por su contestación. 
Quiero felicitarle por el trabajo bien hecho, porque creo que introducir el deporte en el futuro Tratado de la Unión Europea es muy importante. 
Me tranquiliza la información que me facilita, porque yo había visto algunas propuestas de organizaciones deportivas internacionales que, verdaderamente no me tranquilizaban mucho de cara a la inclusión del deporte en el futuro Tratado, entre otras cosas porque, al ser bastante difíciles, corríamos el riesgo de no conseguir nada al final. 
En cuanto a la lucha contra el dopaje, tengo la sensación de que, desde que se ha creado la Agencia Mundial contra el dopaje, el tema está casi más descontrolado de lo que estaba antes y quisiera que la Sra. Comisaria me diera su opinión sobre este tema y sobre si ella considera que sería necesario volver a tomar un poco las riendas de la lucha contra el dopaje a nivel europeo y, a ser posible, a nivel mundial. 
Su Señoría se alegra, al igual que yo, del buen juicio demostrado por los miembros de la Convención, que verdaderamente han incorporado el deporte en el proyecto de tratado teniendo en cuenta lo que la Unión y el Parlamento llevan años diciendo sobre esta cuestión. 
Desde hace mucho tiempo hablamos del aspecto social y del aspecto educativo del deporte. 
Pues bien, son estos aspectos los que se han contemplado en el proyecto de tratado y no, afortunadamente, las exigencias desmesuradas de algunos organismos deportivos. 
Por tanto, la sensatez de los miembros de la Convención ha prevalecido sobre las reivindicaciones de algunas entidades deportivas. 
Quisiera dar las gracias aquí a todos los deportistas y a todas las entidades deportivas, incluido el Presidente del Comité Olímpico Internacional, que nos han prestado su ayuda todos estos años para lograr la inclusión de este artículo en el tratado. 
Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros de la Convención, a los diputados y a todos los políticos de ámbito nacional que han obrado en este sentido. 
En cuando a la Agencia Mundial Antidopaje, plantea algunos pequeños problemas, debido entre otras cosas a que no se apoya en el Derecho internacional y a que, por tanto, tampoco lo hacen sus propuestas. 
La Agencia es un organismo privado, lo que no facilita las cosas. 
Por lo que se refiere a los controles, ignoro si ahora tienen lugar en menor número que antes. 
Por todas partes oigo que abundan en demasía, que todo el mundo hace controles a diestro y siniestro y que sería más conveniente agruparlos y actuar con lógica y de conformidad con las legislaciones nacionales. 
Entretanto, habrá que solucionar numerosos problemas. 
Un código de la Agencia Mundial Antidopaje no es suficiente. 
Es necesario un cambio o una adaptación de las legislaciones nacionales. 
Imaginemos que un organismo deportivo condena a un deportista a dos años de suspensión, que dicho deportista acude a un tribunal de justicia nacional y que la legislación de ese Estado no sigue los mismos parámetros que la Agencia Mundial Antidopaje: el deportista sería absuelto y nosotros estaríamos sumidos en un gran caos y una mayor incertidumbre que antes. 
En definitiva, creo que debemos buscar un equilibrio, reformar las legislaciones nacionales sobre dopaje y lograr que la Unión se comprometa a poner en marcha una acción complementaria en materia de educación y prevención. 
. 
(DE) Señor Presidente, me complace oír que la Sra. Comisaria está tomando cartas en el asunto y la felicito por ello. 
Sobre el tema del dopaje me gustaría formular una pregunta muy concreta: cuando aparecen casos de dopaje siempre se dice que los deportistas no conocían el contenido de las sustancias. 
Una medida relativamente sencilla- aunque sus efectos no serían absolutamente seguros- sería identificar las sustancias dopantes en su etiqueta, por ejemplo, mediante un punto rojo o una línea roja en el envase, a fin de llamar la atención específicamente sobre el contenido y los riesgos asociados al dopaje. 
¿Podría la Sra. Comisaria tomar medidas en este sentido? 
. 
(DE) Señor Presidente. el Sr. Ebner tiene razón. 
Nosotros tenemos competencias en materia de etiquetado de medicamentos. 
Ya he expuesto a mi colega el Comisario Sr. Byrne la forma en que podemos etiquetar los medicamentos para evitar que estas sustancias entren en el cuerpo de forma casual, aunque todos sabemos que cosas como estas no suceden totalmente de forma tan casual. 
Sin embargo, también sabemos que no solo los medicamentos causan problemas, sino también los aditivos de los alimentos, de forma que el problema es relativamente complejo. 
No obstante, si queremos introducir un control del dopaje en Europa, debemos contar con una lista exhaustiva de medicamentos y aditivos, y difundirla entre los y las deportistas, en colaboración con los clubes deportivos. 
Por ello considero que es muy importante informar tanto a los médicos deportivos como a los atletas en activo. 
Asimismo quiero señalar que este problema no afecta tan solo a los atletas profesionales. 
Por ejemplo, hemos realizado un estudio sobre gimnasios que pone de manifiesto que incluso los jóvenes, en su mayoría hombres entre 15 y 17 años de edad, toman sustancias prohibidas, porque lo han visto en atletas mayores y porque estas sustancias están a la venta en algunos de estos centros. 
Así pues, nos enfrentamos sin duda a una cuestión de salud pública y, en este sentido, creo que es precisa una mayor acción política que la que hemos visto hasta ahora. 
. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, acabo de enterarme de que Francia ha prohibido el rugby. 
Personalmente me parece bien. 
Pero he aquí mi pregunta: ¿Considera usted que el boxeo es un deporte que realmente deberíamos fomentar, y cree usted que el boxeo promueve en particular la moral y los valores éticos de la juventud? 
. 
(DE) Señor Presidente, por supuesto yo tengo mis deportes favoritos y tengo que decirle con toda claridad que el boxeo no es uno ellos. 
No sabía que Francia hubiese prohibido el rugby. 
Primero tendría que comprobarlo y ver por qué se ha hecho y cuáles son las ideas en que se basa esta prohibición. 
Por lo demás- y este es el mensaje que debería emitirse durante el Año Europeo de la Educación a través del Deporte -, creo que el deporte es hermoso, que el deporte acerca a las personas, tanto a los individuos como a las naciones, y debe buscar soluciones a los problemas sociales y no representar un problema social. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su cooperación. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou 
Pregunta nº 29 formulada por Alexandros Alavanos (H-0293/03): 
Asunto: Aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo por parte de Grecia 
El Decreto Presidencial 81/2003 incorpora a la legislación griega la Directiva 1999/70/CE 
Señor Presidente, Grecia ha transpuesto en efecto la directiva y recientemente ha notificado a la Comisión sobre la legislación de aplicación. 
La Comisión se encuentra actualmente en el proceso de evaluar la transposición y tomará una decisión tras un detenido examen del expediente. 
Sin embargo, queda muy claro que, conforme a la cláusula 5 de la directiva, los Estados miembros deben establecer un marco para impedir que se produzcan abusos como consecuencia del uso sucesivo de los contratos de duración determinada. 
La directiva proporciona a los Estados miembros varias opciones en lo que respecta a la aplicación de esta cláusula. 
Estos deben introducir al menos una de las siguientes medidas: motivos objetivos que justifiquen la renovación de los contratos de duración determinada, duración máxima total de los contratos y número de renovaciones. 
Una primera lectura del decreto presidencial indica que el artículo 5 dispone lo anterior y que estipula expresamente que se permite la renovación de los contratos de duración determinada si está justificada por un motivo objetivo, además se proporcionan ejemplos de motivos objetivos. 
Por supuesto, los propios Estados miembros determinan qué se entiende por «motivos objetivos». 
Sin embargo, las medidas introducidas deben ser adecuadas para impedir que se produzcan abusos. 
Por ejemplo, el argumento de que el trabajo en el sector público propiamente dicho es un motivo objetivo para una sucesión ilimitada de contratos de duración determinada es inaceptable. 
Debe haber motivos objetivos basados en la naturaleza del objeto. 
La Comisión, como he dicho, pretende que se elabore una evaluación de la transposición de la legislación de aplicación y proceder para tomar cualquier posterior medida que sea necesaria. 
Señor Presidente, agradezco la respuesta de la Comisaria y entiendo su postura, dado que también es griega. 
Como ella ha entendido, la cuestión no tiene que ver con los motivos objetivos y los criterios de aplicación, sino con el alcance. 
He tomado nota de lo que ha dicho sobre el sector público, pero me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cuándo cree la Comisión que habrá concluido su evaluación del alcance de la directiva y de lo que yo considero las exenciones inaceptables que se están haciendo en el sector público y en determinadas industrias? 
En Grecia existe un caos legal. 
Ya hemos tenido juicios de los tribunales de primera instancia de Patras y Larissa, así como del Tribunal de Apelación de Creta, que aplican la directiva pero no aplican el decreto presidencial. 
Me gustaría preguntar a la Comisaria si podría calcular cuándo conoceremos esta opinión de la Comisión. 
Lo que estamos intentando es presentarla lo más rápido posible. 
Todo lo que puedo decirle es que la recibimos hace aproximadamente 10 días. 
Existen procedimientos legales, pero también procedimientos del comité interno. 
Creo que podremos presentar nuestra evaluación antes del verano. 
Pregunta nº 30 formulada por Paul Rübig (H-0302/03): 
Asunto: Tarjeta europea para las personas de más de 60 años 
Los mayores de 60 años de hoy en día son activos, dinámicos y les gusta viajar, no sólo dentro de las fronteras de su respectivo Estado, sino por toda Europa. 
Por tanto, sería pertinente y oportuno introducir una tarjeta europea para las personas de más de 60. 
Con una tarjeta de este tipo podrían visitarse, entre otros, instalaciones públicas, museos, actos conmemorativos, etc. en toda Europa, mediante una tarifa reducida, lo cual, no sólo apoyaría y favorecería la movilidad, sino que al mismo tiempo contribuiría también a la aceptación de la Unión Europea. 
Por consiguiente, una unificación en esta materia favorecería también el contacto y la comunicación entre los diferentes Estados miembros. 
¿Ve la Comisión alguna posibilidad o la necesidad de introducir dicha tarjeta europea para las personas de más de 60 años? 
Señor Presidente, hace años, en 1989, la Comisión hizo una recomendación que dirigió a los Estados miembros sobre la introducción de la tarjeta para ciudadanos europeos mayores de 60 años. 
La recomendación de la Comisión en aquel momento tenía que ver con la posibilidad de que los ciudadanos mayores accediesen a todos los recursos suministrados por decisión de los Estados miembros a sus propios mayores, desde museos y actividades culturales hasta transporte gratuito subvencionado. 
Por supuesto, los obstáculos técnicos que encontró la introducción de esta cartera demostraron ser bastante importantes. 
Hasta la fecha se han realizado tres estudios de costes y beneficios, los cuales describen los sistemas que hay y las limitaciones a las que están sujetos, además de los obstáculos que existen en numerosos Estados miembros. 
El informe final del último estudio se remitió a un grupo de contacto de representantes de los Estados miembros encargados de políticas para ciudadanos mayores y al grupo de asociación de organizaciones de ciudadanos mayores. 
Ningún Estado miembro ni ninguna organización de ciudadanos mayores paneuropea de este grupo, al que se remitió el estudio final, apoyaron la idea de la tarjeta ni de las propuestas incluidas en el informe. 
Por lo tanto, la Comisión no considera que sea posible la introducción de una tarjeta para ciudadanos mayores en la Unión Europea. 
. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, señora Flemming, Señorías, el carné de la tercera edad debería ser también un símbolo del enorme poder adquisitivo de que gozan las personas mayores en Europa. 
Todos estamos informados sobre las huelgas en curso contra la reforma de las pensiones. 
Creo que en esta materia también se podría aplicar el modelo de mejores prácticas. 
Debemos mostrar qué clase de reformas de mejores prácticas son las que han logrado el objetivo de forma más eficaz. 
Por ello me gustaría preguntarle por las ideas de la Comisión sobre la manera de promover en el futuro el poder de consumo de los pensionistas a través de las mejores prácticas y las referencias comparativas. 
Señor Presidente, en este preciso momento no es fácil dar una respuesta a la pregunta de si existen políticas globales para reforzar la intervención del poder adquisitivo de los ciudadanos mayores. 
Son consumidores. 
Sabemos que una parte muy importante de la población europea está formada por pensionistas y pensionistas acomodados. 
Esta gente realmente tiene movilidad a nivel europeo y participa en el consumo, pero la pregunta era muy específica y tenía que ver con la necesidad de una tarjeta. 
Es una buena idea. 
Estoy de acuerdo con usted en que este tipo de tarjeta facilitaría la movilidad de los pensionistas todavía más, pero los que aplicarán una idea y los que disfrutarán sus ventajas también deben adoptarla. 
En este momento, observamos que no existe inclinación alguna ni por parte de los Estados miembros ni por parte de las organizaciones de ciudadanos mayores. 
Obviamente, si se produjese cualquier movimiento, también nosotros actuaríamos en consecuencia, pero no creo que la Comisión tenga posibilidades de actuar por el momento. 
. 
(DE) Señora Comisaria, la vejez es el futuro de Europa y también- se lo deseo a todos los presentes- su propio futuro. 
Yo ya lo he logrado, pues tengo setenta años. 
Y estoy muy orgullosa de que la Unión Europea, en el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam, tenga la única constitución del mundo que prohíbe la discriminación por motivos de edad. 
Sin embargo, el proyecto de la Convención ya no contempla dicha prohibición. 
Mi pregunta es: ¿ve usted alguna posibilidad de influir, incluso en esta fase, a fin de que esta prohibición de discriminación, única en su género, que existe actualmente en Europa figure igualmente en la nueva Constitución? 
Tanto el texto presentado en este preciso momento a la Convención como la Carta de los derechos fundamentales, mantienen intacta la redacción relativa a la cuestión de la discriminación basada en la edad. 
Es exactamente la misma redacción que teníamos en el artículo 13. 
No ha cambiado. 
Se trata de un elemento de la Carta de los derechos fundamentales y hace referencia a la edad, la raza, la religión y el sexo. 
No ha habido cambios en los sectores a los que hace referencia el área de discriminación. 
Pregunta nº 31 formulada por Michl Ebner (H-0304/03): 
Asunto: Desempleo juvenil 
El desempleo juvenil es una realidad a la que debe prestarse la debida atención, lo que ya se hace, de hecho, en la Unión Europea, pero que adquirirá aun mayor importancia en virtud de la adhesión de 10 nuevos Estados en el marco de la ampliación hacia el Este. 
En el futuro, los Estados miembros de la UE deberán asumir el flujo de jóvenes en busca de empleo procedentes de los nuevos Estados miembros, lo que conllevará un incremento de sus correspondientes tasas de desempleo. 
¿Esta preparada la UE para hacer frente a esa futura afluencia de mano de obra? 
¿Se han elaborado ya proyectos concretos al respecto? 
¿Qué tipo de ayuda ofrece la Comisión Europea y qué objetivos se ha cifrado? 
La Comisión Europea ha analizado por supuesto las previsiones y los problemas específicos relativos al desempleo de los jóvenes en la Europa ampliada. 
El primer aspecto tiene que ver con el temor a las olas de inmigrantes. 
Por lo general son los trabajadores más jóvenes los que se desplazan. 
Estudios que hemos realizado indican que la movilidad desde los 10 futuros Estados miembros hacia la actual Unión Europea de los 15 será relativamente limitada. 
Se calcula que habrá un estallido durante los primeros años, que alcanzará las 250.000 personas al año, la mitad de las cuales serán mano de obra, pero que esta movilidad de trabajadores comenzará a reducirse hacia finales de la década a menos de 100.000 personas. 
Por supuesto, estos estudios tienen un número importante de previsiones. 
Sin embargo, son bastante convincentes si se considera que han tenido en cuenta todas las condiciones predominantes en cada uno de los Estados miembros. 
De igual modo, experiencias de ampliación anteriores realizadas en Europa y estudios sobre el fenómeno de la inmigración sugieren que los jóvenes trabajadores emigrantes de los nuevos Estados miembros tenderán a emigrar hacia las zonas más ricas de sus propios países, hacia grandes ciudades en las que las tasas de desempleo son relativamente más bajas y existen perspectivas relativamente buenas de encontrar trabajo. 
La gente joven de estos países suele optar en primer lugar por sus propias ciudades y sus propias regiones que están mejor desarrolladas, en lugar de elegir desplazarse a otro país. 
Esto respecto al estudio del fenómeno del flujo de la inmigración. 
El segundo punto tiene que ver con los acuerdos transitorios decididos a nivel europeo para la libre circulación de trabajadores. 
Como saben, existe un acuerdo sobre la libre circulación de trabajadores durante los dos primeros años. 
Tras la adhesión, cada Estado miembro puede decidir respecto a la libre circulación, pero también puede posponerla cinco años. 
Es la norma de 5 + 2. 
El tercer punto tiene que ver con la estrategia sobre el empleo, la aplicación de políticas en las que la Unión Europea tiene un valor añadido. 
En este caso debemos decir que ha habido una cooperación durante tres años entre la Comisión Europea y cada uno de los países candidatos a la incorporación, en los que en esencia estamos tratando de prestar apoyo a la creación de planes de acción individualizados para luchar contra el desempleo. 
Se están haciendo importantes esfuerzos para incluir la reducción de la tasa de abandono de la escuela, que es un grave problema en muchos de estos países, así como para prepararlos de tal forma que, con la nueva generación de Fondos estructurales, exista una inversión óptima en recursos humanos. 
El flujo de la inmigración y el estudio del fenómeno con posibles previsiones. El segundo es el marco institucional tal y como está configurado a nivel europeo, y el tercero es la aplicación de políticas sobre el empleo. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría que profundizara un poco más en la última parte de sus exposiciones informativas y, para ser precisos, en lo referente a la utilización de los Fondos estructurales en el ámbito de la enseñanza. 
Usted ha abordado en concreto el tema del abandono escolar. 
Creo que sería muy importante que la Unión Europea prestara una atención muy especial a la educación y la formación, para que los jóvenes de los países candidatos tengan una oportunidad de encontrar una oferta de trabajo adecuada en sus propios países. 
En términos psicológicos y de la actitud básica de estos países sería igualmente importante que la juventud vea que tiene una oportunidad en Europa y que Europa les garantiza esa oportunidad. 
Por ese motivo le pregunto si es posible, desde el punto de vista de la financiación, lanzar medidas especiales a través de los Fondos estructurales. 
Señor Ebner, en esta fase, se está celebrando una primera ronda de debates para la próxima generación de Fondos estructurales. 
El debate también trata sobre hacia qué áreas debe dirigirse la financiación de los recursos europeos y sobre las prioridades de los sectores que deben financiarse. 
Existe un amplio acuerdo respecto a que debe darse una alta prioridad a los recursos humanos. 
Sin una importante inversión en recursos humanos, habrá problemas para la solicitud de fondos, incluso para los proyectos y para el apoyo empresarial. 
Por lo tanto, el debate se está orientando en gran medida hacia el hecho de que los países candidatos, como ya están haciendo, tendrán que preparar las estructuras con las que podrán financiar la estrategia de empleo, las infraestructuras de sus sistemas educativos y las reformas necesarias, todo ello muy importante para su desarrollo. 
No creo que, con el acuerdo existente en la actualidad, se salvaguarden recursos para los nuevos países. 
Como la Sra. Comisaria sabe, hoy me ha hecho un hombre muy feliz, pero ¡seguramente también ha hecho felices a muchas otras personas! 
Me refiero al trabajo de hoy en el Consejo de Luxemburgo y a la Directiva sobre Trabajadores Atípicos, que no se ha aprobado. 
Es un tema verdaderamente importante en relación con las oportunidades de empleo para los jóvenes. 
Muchas personas jóvenes y estudiantes jóvenes dependen del trabajo temporal para trabajar entre períodos lectivos y, por lo tanto, estarán tan contentos como yo por la falta de progreso de hoy. 
Mi pregunta a la Sra. Comisaria es si realmente considerará- y solo le pido que lo considere, no que se comprometa- decir un adiós definitivo, en vez de un «hasta la vista» , a esta directiva. 
Si así fuera, no solo me haría aun más feliz a mí, sino también a muchas personas jóvenes. 
. 
(EN) Sr. Bushill-Matthews, aceptaría usted el título de «provocador encantador»? 
Es cierto que hoy no hemos tenido gran éxito. 
Pero como sabe su Señoría, la directiva sobre trabajadores de empresas de trabajo temporal es un tema muy difícil y complicado. 
El concepto central de esta directiva es crear un equilibrio entre flexibilidad y seguridad. 
No estoy en absoluto dispuesta a decir «adiós». 
Como he dicho en mi conferencia de prensa de hoy, es un «hasta la vista» , no un «adiós». 
Por lo tanto, puede usted estar seguro de que habrá una nueva fase de negociaciones en torno a esta directiva. 
Señor Presidente, permítame que entre en este interesantísimo debate y manifieste que estoy de acuerdo con las respuestas dadas por la Comisaria. 
Sin embargo, creo que el problema del desempleo de los jóvenes en Europa es casi un problema artificial dado que, si somos capaces de intensificar el crecimiento económico de Europa, crearemos empleo y necesitaremos muchos jóvenes; por eso, los jóvenes de los países que ahora se adhieren y que vengan a competir en el mercado de trabajo de los Quince actuales, son un bien y no un problema. 
En una palabra: el crecimiento económico desempeña un papel decisivo en la capacidad para absorber a los jóvenes, y ese crecimiento y desarrollo económicos deben ser una preocupación para todos. 
Los jóvenes inmigrantes son siempre un bien. 
El Sr. Bushill-Matthews sabe bien hasta qué punto fue decisiva la contribución de los jóvenes portugueses y de los inmigrantes portugueses a la gran prosperidad que en este momento vive su país, Luxemburgo. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted, solamente necesito darle unas cuantas cifras. 
Para conseguir el objetivo del pleno empleo en 2010, necesitamos crear 22 millones de empleos para los nuevos 25 países, de forma que consigamos un desempleo en toda Europa del 3,5 % -4%. 
¿Es esto posible? 
Como bien ha dicho, siempre que se alcancen las tasas de crecimiento y se apliquen las reformas acordadas, disponemos de estadísticas del pasado que indican que creamos 5 millones de empleos en los 15 países en tan solo un período de cuatro años. 
Por lo tanto, una combinación de crecimiento y reforma puede realmente tener el resultado deseado. 
Mi segundo comentario trata sobre que obviamente el problema se encuentra en los países de los que provienen los inmigrantes. 
Tenemos el fenómeno de la fuga de cerebros. El hecho de que estos países están perdiendo recursos humanos en su edad más dinámica, a las personas más inteligentes, más enérgicas, y es muy importante que estos países mantengan sus recursos humanos. 
Por ello nuestro planteamiento, especialmente con los Fondos estructurales, es invertir en recursos humanos, sobre todo en estas edades. 
Pregunta nº 32 formulada por Roy Perry (H-0316/03): 
Asunto: Aplicación incorrecta de la Directiva relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en el caso de los profesores universitarios británicos no titulares 
Mediante una carta a la Comisión, el Reino Unido ha indicado su exclusión del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 77/187/CEE 
. 
(EN) Puedo asegurarle que la Comisión es plenamente consciente de la importancia y la gravedad de los temas que hay en juego en relación con la queja referente a la presunta mala aplicación de la Directiva 77/187/CEE después de la transferencia de centros de educación continua en Inglaterra y Gales al sector privado en la década de los noventa. 
En realidad, esto ha comportado una continua correspondencia con los servicios de la Comisión desde 1996. 
Su Señoría sabe probablemente que el análisis jurídico de la Comisión difiere del de los demandantes. 
Según nuestra información, ahora el Reino Unido ha transpuesto correctamente la Directiva 77/187/CEE a la legislación nacional. 
En consecuencia, los conflictos referentes a la aplicación incorrecta son, en principio, competencia de los tribunales nacionales. 
Por lo tanto, los servicios de la Comisión han señalado en varias ocasiones en el transcurso de los años que los tribunales nacionales constituyen el marco jurídico adecuado para tratar los temas que plantea el caso en cuestión. 
Debemos recordar al respecto que los demandantes ya han acudido a los tribunales nacionales, pero sin éxito. 
En lo que se refiere a la naturaleza legalmente vinculante de los convenios colectivos en el Reino Unido, quisiera indicar que también es una cuestión de interpretación del derecho inglés que a menudo exige una apreciación de los hechos. 
La Directiva, y en concreto el apartado 2 del artículo 3, no obliga a un Estado miembro a cambiar la naturaleza jurídica de los convenios colectivos. 
Además, aunque, en general, los convenios colectivos no son legalmente vinculantes en el Reino Unido, nada impide que sean legalmente vinculantes si se incorporan a un contrato laboral, de tal manera que pasen a formar parte de las cláusulas contractuales. 
Tanto si este es el caso como si no, a menudo se trata de un tema complejo que exige una apreciación de los hechos. 
Contrariamente a la conclusión a la que llegó el Tribunal de Apelación para el Empleo en el caso de los demandantes, recientemente se ha dictado una sentencia relacionada con un convenio colectivo vinculante de este tipo aplicable en el Servicio Nacional de la Salud. 
En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo reconocía explícitamente que es competencia de los tribunales nacionales determinar, cuando sea necesario, si los beneficios resultantes de un convenio colectivo vinculan la transferencia y por lo tanto al transferido de conformidad con el punto 2 del artículo 3. 
Por lo tanto, un convenio colectivo no aplicable antes de la transferencia seguirá siendo no aplicable después de la transferencia. 
Le agradezco que haya permitido que se trate esta cuestión. 
Escucho con interés lo que la Sra. Comisaria tiene que decir, pero ella sabe muy bien que no es una respuesta cómoda para muchos profesores universitarios del Reino Unido que pensaban que se les garantizarían los derechos que tenían en su empleo anterior. 
Pensaron que con la Directiva sobre derechos adquiridos tenían alguna esperanza de protección de sus derechos. 
El resultado ha sido que aquellos que optaron por utilizar estos derechos han visto cómo su remuneración se ha congelado durante diez años, diez años de congelación de toda oportunidad de promoción profesional, y de anulación de sus derechos de jubilación. 
¿Dirá la Sra. Comisaria esta tarde si cree que tienen razón al decir que la Directiva sobre derechos adquiridos- que ellos pensaban que les protegería- ha sido un instrumento totalmente inútil de la legislación europea? 
. 
(EN) Como usted muy bien sabe, se trata de dos temas distintos: en primer lugar, la transposición de la Directiva y cómo evaluamos esta transposición y, en segundo lugar, la aplicación. 
Con los años se han escrito miles de páginas de correspondencia sobre este tema. 
En lo que se refiere a la transposición, en la actualidad existe una decisión legal según la cual esta transposición es aceptable, y no existe ningún problema con el Gobierno del Reino Unido. 
En cuanto al segundo problema, la aplicación, es competencia de los tribunales nacionales decidir si se aplica correctamente o no, y existe una decisión de los tribunales nacionales, de modo que la Comisión no puede ir más allá. 
Agradezco lo que dice la Sra. Comisaria sobre el cumplimiento por parte del Gobierno británico. 
Yo mismo he trabajado en casos similares, sobre todo en relación con la exclusión de la protección de los derechos de pensión según la Directiva sobre derechos adquiridos, como en el caso de una empresa de Boreham Wood, en mi distrito electoral. 
Me pregunto si la Sra. Comisaria, mirando hacia delante, podría aprender algunas lecciones del caso planteado por mi colega y yo en términos de futuras revisiones de la Directiva, aunque según las normas actuales no parezca posible entablar nuevas acciones. 
. 
(EN) No, no hay nada en curso en relación con posibles modificaciones de esta Directiva. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 33 a 55 se contestarán por escrito. 
Señor Presidente, le doy las gracias por su visita oficial al Parlamento Europeo, una visita que, como ya he señalado antes, no tiene precedentes y es por tanto una primicia. 
Le doy las gracias por su apasionante discurso, que hemos escuchado con gran interés y que nos ha causado una viva impresión. 
Señorías, la sesión solemne queda cerrada. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0154/2003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente [15546/1/2002- C5-0081/2003- 2002/0046 (COD) ] [Ponente: Sr. Sjöstedt]. 
. 
(EN) Señor Presidente, la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa está vinculada a una reciente ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad por parte de la Comunidad Europea. 
Como ya hemos oído, la finalidad global de este acuerdo de las Naciones Unidas es establecer unas normas comunes a seguir en los movimientos transfronterizos de los OMG para proteger la biodiversidad y la salud humana a escala mundial. 
La Unión Europea tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que significa transponer a nuestra propia legislación las disposiciones del Protocolo sobre Bioseguridad. 
Este es el objetivo de la propuesta que hoy estamos debatiendo. 
La Comisión ya ha expresado sus reservas respecto a algunos puntos políticos de este procedimiento, especialmente dado que la posición común acordada en primera lectura va mucho más allá de las disposiciones del Protocolo sobre Bioseguridad en bastantes aspectos. 
A pesar de sus reservas, la Comisión quiere cooperar tomando como base el paquete de enmiendas transaccionales que tenemos hoy encima de la mesa, para aumentar las oportunidades de llegar a un acuerdo en segunda lectura. 
Por lo tanto, en un espíritu de compromiso, la Comisión no se opondrá al paquete. 
Sin embargo, la Comisión sigue pensando que quizás habría sido mejor acercarse más a las disposiciones del protocolo para no imponer una carga excesiva a los exportadores de la Comunidad. 
De todos modos, la Comisión considera que es importante progresar rápidamente para que la legislación de aplicación se adopte antes de que entre en vigor el protocolo. 
Esto será pronto, como ha dicho el Sr. Sjöstedt, dado que ya lo han ratificado 49 países y se requieren 50 instrumentos de ratificación para que entre en vigor. 
Quisiera remarcar que la Unión Europea ha sido un agente clave en estas negociaciones internacionales desde el principio. 
Lo recuerdo muy bien porque fue mi primer trabajo como Comisaria. 
Debemos enviar un claro mensaje de que intentamos cumplir nuestros compromisos y estar en condiciones de cumplir en su totalidad el protocolo tan pronto como entre en vigor, lo que ahora debería ser cuestión de meses. 
La Comisión está en condiciones de apoyar el paquete de enmiendas presentado para la aprobación del Parlamento en el marco de un compromiso. 
El paquete consiste en las enmiendas 19-26. 
Permítanme que comente brevemente algunas de dichas enmiendas del paquete para ilustrar la posición de la Comisión. 
La enmienda 19 reconoce la necesidad de respetar la pertenencia o no pertenencia de los importes que se pueden regular en el marco de seguridad, coherente con el protocolo. 
Esto está en línea con la postura adoptada en varias ocasiones por la Comisión en los foros internacionales, que es la de respetar el derecho de los países a una libre opción informada en relación con los OMG. 
De modo que la Comisión puede aceptar la enmienda 19. 
Puede aceptar las enmiendas 24-26 sobre la mejora del acceso público a la información en relación con los movimientos transfronterizos de los OMG, que está en línea con el marco general de acceso público a la información medioambiental y con la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional de OMG en el medio ambiente. 
Las enmiendas 21 y 22 imponen la obligación de esperar una autorización previa por escrito antes de proceder a exportar OMG. 
La Comisión cree que esto va más allá del Protocolo sobre Bioseguridad y es también la única enmienda del paquete sobre la que la Comisión ha mostrado serias reservas. 
Sin embargo, como parte de un compromiso global, la Comisión puede aceptar ambas enmiendas. 
Y para terminar, quisiera decir que el Parlamento ha trabajado de forma rápida y transparente en estrecha colaboración con la Comisión y el Consejo. 
Una vez más, pues, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Sjöstedt, por sus esfuerzos. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar yo también quiero dar las gracias encarecidamente a nuestro ponente, el Sr. Sjöstedt, por su positiva y correcta colaboración. 
Asimismo deseo agradecer a la Comisión, a la Presidencia danesa y, por supuesto, sobre todo a la actual Presidencia griega, que han mostrado una gran dedicación para llegar a un compromiso entre Parlamento y Consejo. 
Todos queremos evitar un procedimiento de conciliación sobre este informe, pues se trata a fin de cuentas de la transposición del Protocolo de Cartagena sobre la seguridad biológica y la protección la biodiversidad, que tanta importancia tiene para todos nosotros. 
De hecho, la UE desempeñó un papel clave en las negociaciones en torno al Protocolo de Cartagena. 
Por ello resulta todavía más importante su rápida transposición al Derecho comunitario, como clara señal política de nuestro compromiso sostenido. 
La principal prioridad del proyecto presentado es encontrar una solución, hasta ahora ausente, a la cuestión de las exportaciones de OMG vivos de la UE a terceros países. 
Y en este aspecto lo principal es su practicabilidad. 
Debemos elaborar una legislación realista que sea aplicable en la práctica. 
Por ello me alegro de que el Consejo no haya incorporado en este Reglamento una serie de enmiendas presentadas en primera lectura, como la inclusión de los materiales auxiliares. 
Estas enmiendas tenían por objeto intervenir en el procedimiento legislativo en curso a través del presente informe sobre la aplicación del Protocolo de Cartagena. 
Y por «procedimiento legislativo en curso» me refiero al relativo a los alimentos y piensos genéticamente modificados y a su identificación y trazabilidad. 
Hace precisamente dos semanas debatimos y votamos sobre este tema en segunda lectura en la comisión parlamentaria. 
Y el resultado fue muy ajustado, lo que significa que las opiniones al respecto están muy alejadas, y está por ver cómo votará definitivamente el pleno en el mes de julio. 
Igualmente hace poco se votó en primera lectura sobre la propuesta de Directiva sobre responsabilidad medioambiental. 
Y aún no está a la vista una decisión definitiva sobre este tema. 
Por ello había que rechazar categóricamente que el presente informe sobre el transporte transfronterizo se pronunciara sobre la cuestión de la responsabilidad en relación con la trazabilidad de los OMG y materiales auxiliares. 
Estas cuestiones no tienen nada que ver con la transposición del Protocolo de Cartagena en el Derecho comunitario. 
Sin embargo, las correspondientes enmiendas en primera lectura tampoco han logrado pasar en esta segunda lectura. 
Me complace que el Consejo haya decidido aceptar en principio mis enmiendas sobre las excepciones al régimen de notificación e información para los OMG en tránsito y en sistemas confinados. 
Realmente necesitamos estas excepciones en este ámbito, a fin de no obstaculizar la investigación. 
Asimismo, el Consejo ha dejado claro que el procedimiento denominado «acuerdo avanzado informado» (AIA) que se contempla en el Protocolo de Cartagena, solo debe aplicarse al primer transporte. 
A la inversa, esto comporta una excepción al procedimiento de información para las exportaciones de OMG hacia un país tercero si dicho país ya ha autorizado la importación del mismo OMG de otro país. 
Estas disposiciones de excepción resultan necesarias, ya que el procedimiento AIA, como el procedimiento de información en este caso, no garantiza una mayor seguridad y obstruiría innecesariamente todo transporte transfronterizo. 
Considero que este informe, con todos los compromisos que hemos elaborado, es bueno y viable, y pediría a sus Señoría que votaran a favor de todas las enmiendas de transacción. 
De esta manera avanzaremos en el buen camino y evitaremos un prolongado procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, también me gustaría dar las gracias al Sr. Sjöstedt por su excelente trabajo en la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología en Europa. 
El Sr. Sjöstedt ha mostrado una considerable transparencia y un gran deseo de conseguir resultados, pero también creo que la Comisión y el Consejo- durante las Presidencias danesa y griega- han hecho contribuciones muy positivas, de forma que ahora podamos evitar un prolongado debate en el Comité de Conciliación. 
En la actualidad estamos obteniendo un elevado nivel de protección con relación a las normas de exportación de OMG desde la UE. 
Creo que los países en desarrollo, en concreto, están bien protegidos. 
Estos se encuentran en posición de poder ejercer una elección auténtica con relación a la importación de productos OMG, pese a que por supuesto se piensa que estarán expuestos a un marketing bastante agresivo desde ciertos sectores de la industria. 
La gran mayoría de las enmiendas del Parlamento han sido aceptadas y esto significa que podemos hacer que el Protocolo de Cartagena entre en vigor sin que su redacción se vea debilitada por motivos políticos, sino al contrario, con una redacción más estricta en ciertos aspectos. 
Esto significa, por ejemplo- aspecto que considero más importante- que no puede haber exportaciones de OMG sin el expreso consentimiento del país de importación. 
No basta con que no haya reacción alguna, lo cual no puede interpretarse como un consentimiento tácito. 
Es también necesario el consentimiento expreso, algo que considero ha sido bastante decisivo en estas negociaciones. 
En mi opinión, el resultado hace una importante contribución al complejo general de leyes que pronto tendremos sobre el tema de los OMG y que están diseñadas para proteger nuestra salud pero, sobre todo, para proteger la biodiversidad, aunque la capacidad de manipular genéticamente los productos de la naturaleza haya abierto el camino para hacerlo. 
Sin embargo, esta es una contribución constructiva para la situación general. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al ponente por su excelente trabajo en este tema, que nos ha permitido llegar a un acuerdo en esta segunda lectura. 
En unos momentos en que los OMG son objeto de intenso debate, no solo en Europa, sino también en todo el mundo, es esencial que nos pongamos de acuerdo al menos en algunos aspectos del reglamento. 
Entre los puntos más importantes de este informe figura el requisito de una autorización expresa previa por escrito del país importador antes de que pueda tener lugar un movimiento de OMG, la obligación de que la Comisión ponga a disposición del público las notificaciones disponibles y el requisito de que los Estados miembros impidan el movimiento transfronterizo accidental de OMG; este último punto aborda el principal debate del momento, la coexistencia. 
Estamos hablando de poner en práctica el Protocolo de Cartagena, que abarca la exportación de OMG a países de fuera de la UE. 
El protocolo, como otros han dicho, entrará en vigor cuando sea ratificado por 50 países. 
Me ha complacido oír a la Sra. Comisaria que ya lo han ratificado 49 países, más la Comunidad Europea. 
Dado que ocho Estados miembros han estado esperando la adopción de este reglamento, un voto positivo mañana nos llevará casi directamente a la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena. 
Esto tendrá un impacto significativo, especialmente en los países más pobres, permitiéndoles la opción de aceptar o no los OMG, la misma opción que queremos para los ciudadanos de todas partes, incluidas las personas obligadas a depender de la ayuda. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, me alegro mucho de que se haya podido alcanzar una posición común entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Habría sido muy triste no haber podido llegar a un consenso en un tema tan importante. 
Como ha dicho el Sr. Lund, el Consejo acordó inicialmente por unanimidad que los exportadores deben contar con la autorización del país importador, antes de proceder al transporte transfronterizo. 
Sin embargo, a fin de hacer concesiones a la Comisión, el Consejo y el Parlamento votaron a favor de la exigencia de que esta autorización solo debería emitirse por escrito antes de la primera exportación de OMG. 
Igualmente fue posible llegar a un consenso entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en lo referente a los documentos de notificación del exportador. 
El exportador debe conservar los documentos de notificación y el acuse de recibo de la autoridad competente del país importador durante un período mínimo de cinco años. 
Además está obligado a remitir estos documentos a la autoridad del Estado miembro desde el que se exporta el OMG y a la Comisión. 
A continuación, la Comisión hace públicos estos documentos de conformidad con las disposiciones comunitarias en materia de acceso a la información medioambiental. 
Este nuevo consenso entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión dará al público, creo, la posibilidad de informarse en todo momento sobre todo lo que ocurre. 
Asimismo estoy convencida de la eficacia de estas disposiciones. 
Y espero ardientemente que este nuevo Reglamento comunitario permita superar gran parte de la desconfianza de la población hacia los OMG. 
Señor Presidente, como todo el mundo, acojo con agrado este informe. 
No deberíamos subestimar la importancia del paso adelante que daremos mañana cuando lo votemos en el Parlamento. 
De este modo, todos los países de la UE cumplirán el Protocolo de Cartagena y podrán dar un paso adelante y ratificarlo. 
Las ratificaciones harán que el protocolo entre en vigor. 
Habrá nuevos países del mundo que acudirán rápidamente a ratificarlo, para asegurar su presencia el próximo mes de abril en la primera conferencia de las partes que hará realidad el Protocolo de Cartagena como sistema de comercio internacional. 
Y esto me satisface. 
Es un excelente paso adelante. 
Demuestra que podemos introducir la nueva tecnología de la modificación genética. 
Podemos controlarla, utilizarla, colocar los productos en el mercado y ofrecer opciones a los ciudadanos de cualquier parte del mundo, ya sean ricos o pobres. 
Me satisface este informe porque nos mostrará el camino para seguir adelante. 
Falta solo una última pieza en el rompecabezas de la legislación en la UE, necesaria para poner en práctica el control adecuado y el uso de los OMG, que es la trazabilidad en la legislación sobre el etiquetado que esperamos plantear al Parlamento el mes que viene. 
Es un paso adelante pragmático y sensato. 
Es una forma de utilizar estas nuevas tecnologías y ponerlas en práctica en beneficio de todos. 
Espero que podremos aprender de lo que hagamos mañana cuando el mes que viene discutamos sobre la legislación ulterior. 
. (DE) Señor Presidente, también yo quiero rendir un caluroso homenaje al ponente. 
Este Reglamento es un gran éxito, pues significa que los otros ocho Estados miembros que todavía no han ratificado el Protocolo, ahora podrán comenzar a hacerlo. 
De este modo, el Protocolo entrará en vigor muy pronto, y comenzará una nueva época en el Derecho internacional sobre el medio ambiente, una época del Derecho internacional sobre ingeniería genética. 
El Protocolo sobre bioseguridad es el primer tratado internacional que regula la ingeniería genética de forma explícita y exclusiva. 
Cabe esperar que así se acallará a aquellas voces que siguen negando la diferencia entre los organismos modificados genéticamente y los cultivados de forma convencional. 
El Parlamento ha mejorado en numerosos puntos el Reglamento presentado, muchos de ellos con la colaboración ejemplar del Consejo. 
Este Reglamento va mucho más allá en algunos puntos importantes de lo que exige el propio Protocolo de bioseguridad. 
Por ello, el hecho de que todos los Grupos apoyen el compromiso alcanzado resulta alentador e infunde esperanzas sobre la aplicación de futuros convenios en materia de medio ambiente. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me hallo ante la difícil tarea, si no imposible, de encontrar algo nuevo que decir. 
Todo está ya dicho, pero no todos han dicho lo que tenían que decir. 
Así pues, al final no haré una excepción y agradezco cordialmente al ponente su excelente trabajo y franca cooperación. 
También me gustaría añadir mis felicitaciones por el contenido de estos trabajos e igualmente por el evidente tacto en las negociaciones, que nos permitió llegar a un compromiso entre los Grupos políticos y entre las instituciones europeas. 
Creo que todo ello es absolutamente crucial. 
Hoy ya se ha dicho y repetido con mucha frecuencia que todos deseamos desde luego que el Protocolo de Cartagena entre en vigor lo antes posible. 
Desde aquí me gustaría no dejar pasar la oportunidad para lamentar profundamente que el mayor exportador de organismos modificados genéticamente, a saber, los Estados Unidos, vuelva a quedarse fuera de una cuestión tan esencial que debe regularse a nivel multilateral y mundial. 
Nos encontramos ante el importante reto político de convencer a nuestros homólogos de los Estados Unidos de la necesidad de esta normativa. 
También la Posición Común es un gran éxito. 
En sustancia, el Consejo ha endosado casi el 70% del contenido de la posición adoptada por el Parlamento en primera lectura. 
Tomo nota con satisfacción, sobre todo en mi condición de ponente para los alimentos y piensos genéticamente modificados, de que en este tema parece existir una cierta tradición que consiste en que el Consejo sigue en gran medida la posición del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0151/2003) del Sr. De Roo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo [COM (2002) 595- C5-0558/2002- 2002/0259 (COD) ]. 
. 
(EN) En primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. de Roo, por su informe sobre la propuesta de la Comisión en materia de contenido de azufre de los combustibles para uso marino. 
Sé que no empezó su trabajo como ponente hasta el mes de marzo pasado, de modo que quiero elogiar su eficiencia y además instar al Consejo a que siga su ejemplo. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión es reducir las emisiones de dióxido de azufre y partículas de los barcos. 
Estas emisiones están directamente relacionadas con el contenido de azufre de los combustibles para uso marino, que en la actualidad es del 2,7 % en promedio, o de 27 000 partes por millón (ppm) , frente al combustible para carretera, que tiene un nuevo límite de contenido de azufre de 10 ppm. 
Por lo tanto, proponemos dos nuevos límites del contenido de azufre de los combustibles para uso marino: un límite del 1,5 % para todos los barcos en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, que es la zona de control de emisiones de azufre acordada internacionalmente; el mismo límite del 1,5 % para los barcos de pasajeros que entren o salgan de los puertos de cualquier punto de la Unión Europea; y un límite del 0,2 % para los barcos amarrados en los puertos de la UE. 
Con estos límites se conseguirá una reducción significativa de las emisiones, con lo que se pretende reducir la acidificación del norte de Europa y mejorar la calidad del aire en los puertos y las zonas costeras. 
Los beneficios para la salud humana incluyen un ahorro de 2 000 años-vida gracias a la mejor calidad del aire. 
La propuesta es rentable, y los beneficios compensan los costes en una proporción mayor de 2 a 1. 
También es práctica y aplicable, pensada para que los barcos obtengan combustible reglamentario y lo utilicen con seguridad, y permitir un control eficaz del cumplimiento en los puertos. 
Y lo que es muy importante, considerando que el sector naviero es un sector mundial, el principal elemento de la propuesta se adapta a las normas acordadas internacionalmente en el Anexo VI de la Convención sobre la Contaminación del Aire de la Organización Marítima Internacional, es decir, MARPOL. 
Al elaborar esta propuesta, la Comisión ha colaborado estrechamente con el sector y las ONG interesadas para asegurar que el resultado fuera ambicioso desde el punto de vista del medio ambiente y viable en el aspecto político y práctico. 
Tendremos en cuenta las enmiendas del Parlamento sin perder de vista este mismo objetivo. 
- (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, en la Comisión de Industria deliberamos sobre todo acerca de las posibilidades técnicas existentes para reducir el contenido de azufre en los carburantes para el transporte marítimo. 
Partimos de los efectos que dicha reducción tiene en realidad. 
Y podemos verlo de forma sumamente práctica. 
Si nos trasladamos a cualquier puerto de la Unión Europea- por ejemplo, el puerto de Hamburgo- y nos sentamos en el muelle, por una parte tenemos autobuses que cumplen la norma Euro-4 y que actualmente casi no emiten partículas, y por otra, una embarcación, quizá un barco de servicio, en la que a simple vista se observa la emisión de partículas. 
Desde luego, algo no funciona desde el punto de vista técnico. 
Por ello es necesario hacer algo más en el sector marítimo. 
En Hamburgo, por ejemplo, un 80% de las emisiones de SO2 y aproximadamente un 20% de las partículas proceden del sector marítimo, y debemos tener en cuenta que, por supuesto, existen muchos menos buques que turismos y camiones en circulación. 
Si consideramos que los buques se renuevan con relativa lentitud y los motores son bienes de larga duración, con ayuda de las tecnologías de reducción de los gases de escape de los motores de gasóleo se puede lograr relativamente poco a corto plazo. 
Por ese motivo nos concentramos de hecho en las tecnologías de reducción del contenido de azufre de los carburantes marítimos. 
Dicha reducción tiene un efecto inmediato, y el Sr. de Roo ya ha mencionado las cifras: actualmente los carburantes marítimos contienen un 2,7 % de azufre y los carburantes de los vehículos terrestres tienen un 0,0001 %. 
Así pues, existe sin duda un gran potencial de mejora en este terreno. 
Debemos ponernos de acuerdo sobre la magnitud de la reducción necesaria. 
El objetivo es alcanzar un contenido de azufre del 0,5 %, a fin de lograr en última instancia una reducción efectiva de las emisiones de SO2 y partículas. 
Hemos debatido durante mucho tiempo sobre la manera de alcanzar este objetivo de forma razonable y finalmente adoptamos este modelo de dos fases que ofrece perspectivas de desarrollo en este sector. 
Asimismo me gustaría pedirle, señora Comisaria, que acepte este modelo de dos fases, a fin de llegar finalmente al 0,5 %. 
Como usted puede ver, la gran mayoría de esta Cámara apoya dicho modelo. 
Por supuesto, sería aún mejor si en este aspecto procediésemos en el marco de una concertación internacional, pues como es lógico los buques no cargan carburante únicamente en la Unión Europea. 
Pero el propio Convenio Marpol es- como usted ya sabe, señora Comisaria- un buque muy pesado, que apenas tiene margen de maniobra. 
Creo- como han puesto de manifiesto las negociaciones sobre los otros temas relacionados con el medio ambiente y la seguridad- que si la Unión Europea hace de fuerza motriz, incluso el Convenio Marpol empezará a moverse. 
Así pues, si damos este paso hacia el 0,5 %, en mi opinión tendremos mayores probabilidades de acordar este porcentaje a escala internacional. 
Para nosotros no se trata únicamente de decidir sobre una determinada tecnología. 
Si es posible reducir las emisiones de SO2 y de partículas de una manera distinta que la reducción del contenido de azufre, sin duda lo aplaudiremos. 
El objetivo es reducir las emisiones. 
No es cosa nuestra decidir cómo. 
Por ello también estoy a favor de que se estudien otras tecnologías y, si dichos estudios dan el resultado deseado, de aplicarlas también. 
Por ello aquí hemos abierto también la puerta a las tecnologías alternativas. 
Por supuesto, la cuestión de los costes desempeñó un importante papel en la Comisión de Industria, pues el carburante de bajo contenido de azufre es más caro. 
Sin embargo, el carburante bajo en azufre prolonga los intervalos de mantenimiento de los motores de los buques- como demuestran las experiencias realizadas en el Mar Báltico- y su eficiencia es mayor, de forma que el funcionamiento con carburante bajo en azufre conlleva en última instancia una ventaja en materia de costes y compensa la diferencia de precios. 
Por ello creo que, en interés de la ecología, pero también de la economía, dirigirse a la meta del 0,5 % constituye un paso en la dirección correcta y les pido que lo demos juntos. 
Señor Presidente, como ya ha dicho el Sr. Lange, hemos progresado muchísimo en la reducción de emisiones de los vehículos de carretera utilizando una tecnología mejor, con catalizadores y motores de combustión limpia y un combustible mejor, el gasóleo de diez partes por millón que dicta Euro 4. 
Al mismo tiempo, tenemos el problema de lo que debemos hacer con el residuo de las refinerías de petróleo, porqué estamos eliminando el azufre del combustible que utilizan los vehículos de carretera, un combustible que contiene 26 000 partes por millón de azufre. 
Así que, por supuesto, lo exportamos al tercer mundo. 
El petrolero Prestige transportaba combustible pesado de alto contenido de azufre de Estonia a Singapur, pero gran parte del resto se utiliza en la navegación, dejando en el mar la contaminación que prevenimos en tierra. 
De conformidad con el Anexo VI de MARPOL, tenemos un acuerdo internacional para reducir el contenido de azufre en zonas marítimas sensibles al 1,5 % en el Canal, el Mar del Norte y el Báltico. 
Incluso este pequeño paso adelante costará un millardo de euros al año, un coste que en definitiva deberán soportar los consumidores que compren los productos suministrados por vía marítima. 
La parte fácil es conseguir esto, utilizando crudo o mezclas de bajo contenido de azufre. 
La segunda fase, según propone el Sr. de Roo, será más cara y hay que calcular detenidamente los costes antes de avanzar. 
Por supuesto, existe otro planteamiento, y es no solo controlar el combustible, como en los coches, sino utilizar tecnologías de reducción, las denominadas «depuradoras de agua de mar» , y me complace que el compromiso prevea la realización de pruebas con esta nueva tecnología. 
Mientras hablamos, dos transbordadores pertenecientes a P& O que operan en la ruta Dover/Calais, una conexión importante entre la vieja y la nueva Europa, están experimentando importantes adaptaciones en Alemania. 
En uno de ellos, el Pride of Kent, se está instalando el convertidor Eco-Silencer, y en su barco hermano, el Pride of Canterbury, no se está instalando, pero ha sido adaptado para que se pueda instalar más adelante. 
Confío en que estas pruebas demostrarán que los beneficios de utilizar esta tecnología van más allá de la Directiva en términos de conseguir una reducción del 95% de las emisiones de dióxido de azufre, en comparación con la reducción del 40% que podemos conseguir con el uso de combustible. 
Es una gran mejora que va más allá del Anexo VI de MARPOL, con el beneficio adicional que reducirá las partículas en un 80% y permitirá una reducción considerable de la contaminación por óxido de nitrógeno. 
Hay que abordar la preocupación medioambiental que expresaba la Sra. Thors, en especial los efectos de dejar este ácido sulfúrico diluido en el mar en determinadas zonas portuarias y también cómo almacenar los lodos de una forma sensata desde el punto de vista del medio ambiente. 
Quisiera dar las gracias al Sr. de Roo y, por supuesto, a la Sra. Hautala, que empezó este informe, y a los demás ponentes por la forma constructiva en que han conseguido negociar un acuerdo en el Parlamento. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no suelo dar las gracias a mis colegas ponentes, pero en esta ocasión quiero agradecer al Sr. De Roo, además de a todos mis colegas, su constructiva cooperación. 
Hemos trabajado abierta y constructivamente. 
He procedido basándome en que en la práctica queremos mejorar la situación medioambiental de los Estados costeros. 
Cuando hoy tratemos la propuesta de la Comisión y el Anexo VI de la Convención MARPOL, veremos que, conforme a la información que he recibido, pronto entrará en vigor, ya que el 47,57 % del tonelaje mundial se ha afiliado a ella. 
Sin embargo, debo decir lo vergonzoso que es que un gran número de países de la UE, incluido el que mejor conozco, no la hayan ratificado. 
Sin embargo, creo que el ejemplo de la MARPOL muestra que quizás la propuesta de la Comisión no fuese tan ambiciosa como nos hubiese gustado y que debemos seguir haciendo progresos. 
Cuando nos reunamos para tomar una medida dentro de la esfera marítima, como el Sr. Lange ha dicho, ahora podemos conseguir mucho en el ámbito internacional. 
Juntos, los países de la UE y los países candidatos a la adhesión tenemos una flota tan grande que con frecuencia aplicamos nuestras normas en la OMI. 
Por lo tanto también veo la directiva y las mejoras que estamos realizando en vista de esto. 
Así es como debemos trabajar juntos. 
Hemos hablado mucho sobre los nuevos métodos de reducción, un área sobre la que según el Sr. Goodwill yo había estado muy ansioso. 
En realidad, quiero que la Comisión observe honesta y ampliamente los posteriores efectos medioambientales. 
Puede que sea que los métodos son mejores para un área del medio ambiente pero peores para otra. 
Necesitamos sistemas de seguimiento de amplia base en distintos ecosistemas para distintos tipos de agua. 
Deben considerarse los efectos generales. 
Por último, me gustaría decir que nuestro grupo solicitará un voto independiente sobre las Enmiendas 20 y 21 con el fin de aclarar cualquier aspecto que pueda ser poco claro. 
Nuestro grupo también votará en contra de ellas por que no consideramos que sea posible aplicarlas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, empezaré por felicitar al Sr. Alexander de Roo por su excelente informe y por su capacidad de acuerdo con los ponentes alternativos. 
Diré que, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, para reducir las emisiones de dióxido de carbono, es esencial apostar por el transporte marítimo. 
Pero esta apuesta por el transporte marítimo para resolver el problema del cambio climático no puede hacerse a costa de la acidificación provocada por las emisiones de dióxido de azufre. 
Me parece inaceptable, por tanto, que los esfuerzos realizados en tierra para reducir las emisiones de dióxido de azufre no hayan tenido continuidad en el mar; por ello, aplaudo la excelente iniciativa de la Comisión, aunque me parece que debe ser más ambiciosa. 
En primer lugar, con unos límites máximos de contenido de azufre más bajos, por lo que apoyo plenamente el contenido del 0,5 %; en segundo lugar, ampliando las zonas, con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de azufre en otras zonas además de las previstas en el Convenio MARPOL, y para ello es esencial que la Comisión defienda en el Convenio MARPOL la ampliación de la reducción de las emisiones al Mediterráneo, al noroeste atlántico y al Mar Negro; y, en tercer lugar, me parece importante que lo que estamos haciendo en el ámbito del cambio climático para reducir los costes económicos del cumplimiento del Protocolo de Kioto también pueda aplicarse al problema de la acidificación. 
Si vamos a reducir en 1.300 millones de euros el coste del cumplimiento del Protocolo de Kioto en Europa, debería aplicarse un régimen idéntico de comercio de las emisiones de dióxido de azufre para conseguir disminuir el coste de realización de estos objetivos. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión ha estudiado con detenimiento las enmiendas presentadas. 
Podemos aceptar unas tres cuartas partes de las mismas, ya sea en su totalidad, en parte o en principio. 
La mayoría ofrecen aclaraciones útiles y mejoran la calidad de la propuesta, como han expresado ya esta noche los oradores. 
Aquellas enmiendas que no podemos aceptar o que aceptamos solo en parte se refieren principalmente a tres temas. 
La primera cuestión, y la de mayor envergadura, es la propuesta de que los límites más estrictos para el azufre del combustible marino se extiendan a una zona más amplia. 
El informe propone un planteamiento gradual, empezando con el 1,5 % establecido en la propuesta de la Comisión, con un límite más estricto del 0,5 % en una segunda fase. 
Las fases posteriores también amplían la zona en la que los barcos tienen que cumplir estos límites en todas las zonas económicas exclusivas y las aguas territoriales de toda la Unión Europea. 
La enmienda 20 está en contradicción con esto y va todavía más lejos, proponiendo que el límite de contenido de azufre del 0,2 % para los barcos atracados se amplíe a la zona de 12 millas marinas que constituyen las aguas territoriales de todos los Estados miembros de la UE. 
Creemos que estos límites nuevos y de mayor alcance es prematura. 
No dudo de que puede haber beneficios medioambientales. 
No se han cuantificado; ni tampoco los costes, que podrían ser significativos. 
Contrariamente lo que es norma en economía, cuanto más combustible bajo en azufre se necesita, más caro resulta. 
Y es así porque, para aumentar su capacidad, las refinerías tienen que invertir más y más en la tecnología necesaria para reducir el azufre. 
Las nuevas fases que se proponen también van más allá de la zona de control de emisiones de azufre del 1,5 % en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, pero queda en manos de los Estados miembros proponer la designación de nuevas zonas de control de emisión de azufre a la Organización Marítima Internacional y negociar unos límites más estrictos para estas zonas. 
El sector naviero es un sector mundial. 
Dado que existe este mecanismo de política internacional, creemos que debería utilizarse como primer recurso. 
Sin embargo, si se considera necesario establecer límites más estrictos y no se puede llegar a una solución internacional, la cláusula de revisión de la propuesta ofrece a la Comisión el derecho a tomar medidas en el ámbito de la UE en una fecha posterior. 
El segundo tema se refiere a la compensación o el comercio de emisiones. 
El concepto de comercio de emisiones para los contaminantes ambientales convencionales no está aún bien desarrollado en el ámbito de la UE, ni siquiera para las fuentes de emisión estacionarias basadas en tierra. 
Para las fuentes de emisiones móviles en el mar, los barcos, también creemos que la idea es algo prematura. 
El Anexo VI de MARPOL no permite este comercio. 
Otro tema que nos preocupa es que las emisiones de contaminantes ambientales de los barcos tienen efectos regionales o locales que los mecanismos de comercio no podrían abordar de forma suficientemente sensata. 
Es bastante difícil saber cómo y quién debería administrar y hacer cumplir un mecanismo. 
Dicho esto, nos planteamos activamente el comercio de emisiones y otros instrumentos económicos como posibles complementos del reglamento en el futuro. 
Por este motivo, podemos aceptar la enmienda 44 en principio, lo que requiere que la Comisión considere toda una gama de instrumentos económicos e informe al respecto al Parlamento y al Consejo. 
El último tema se refiere a las exigencias a la Comisión. 
Las enmiendas 32 y 44 proponen adelantar la fecha del informe que la Comisión debía presentar en 2010 sobre la aplicación de esta Directiva. 
También exigen que la Comisión presente nuevas propuestas, con un informe, para revisar los límites de azufre del combustible o introducir instrumentos económicos. 
La Comisión cree que sería demasiado pronto informar sobre la puesta en práctica de la Directiva en 2007 ó 2008, dado que algunos de los límites de azufre propuestos no entrarán en vigor hasta 2008. 
También creemos que es prematuro prescribir el contenido del informe y exigir que vaya acompañado de propuestas legislativas. 
Aunque podemos aceptar las enmiendas 30 y 34 en principio, creemos que también prescriben demasiado las actividades de la Comisión. 
Ya saben cómo nos afectan estas cosas. 
En cada caso propondríamos un texto alternativo. 
Finalmente, unas pocas palabras sobre las posibilidades que ofrece la depuración de los gases de escape. 
Los límites más estrictos de azufre en el combustible que se proponen en el informe de hoy están relacionados con el posible uso de la tecnología de limpieza de gases de escape o depuración, como medio alternativo de cumplimiento. 
MARPOL lo consiente y, a condición de que no se emitan vertidos peligrosos en aguas cerradas, la propuesta de la Comisión ya incluye una cláusula de revisión para permitir la depuración de gases en el futuro. 
Parece que esta tecnología ofrece beneficios potenciales, ya que reduce las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas. 
También puede costar menos que cambiar los combustibles para los barcos que viajan a menudo en aguas de la Unión. 
Por otro lado, es muy importante demostrar que la tecnología no tiene ningún impacto adverso en el entorno marino, de modo que no vaya a ser que sustituyamos un problema ambiental por otro, como su Señoría también ha indicado. 
A condición de que las pruebas en el mar sean satisfactorias, creemos que la depuración de gases puede considerarse una alternativa a los combustibles de bajo contenido de azufre y no solo para el límite del 0'5 % propuesto para la segunda fase. 
De modo que acogemos con agrado las propuestas del Parlamento de un nuevo texto sobre la depuración de gases. 
Quisiera presentar una lista por escrito en que se resume la postura de la Comisión sobre todas las enmiendas presentadas 
Gracias, señora Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas. 
Cuando el representante de la Comisión presentó este informe por primera vez a la Comisión de Pesca, declaró que el tema era tan técnico (e incluso rutinario) que quizás lo encontraríamos aburrido. 
No estoy de acuerdo. 
Concebir y poner en práctica medidas técnicas destinadas a la protección y conservación de los peces jóvenes es esencial a largo plazo para el sector pesquero y para conseguir la sostenibilidad de las pesquerías. 
Si las medidas técnicas no son satisfactorias, o se aplican de forma desigual entre las naciones pesqueras o según los tipos de pesca en una zona determinada, no se va a cumplir el objetivo final. 
El calendario de esta propuesta particular, tras la estela del Consejo de Pesca de diciembre y sus decisiones sobre la reforma de la PCP y las medidas provisionales para la recuperación del bacalao, nos ofrece una oportunidad para que la Comisión y el Consejo recuperen una cierta credibilidad que en estos momentos no tienen, sobre todo en las naciones pesqueras del norte, como Escocia e Irlanda. 
Las enmiendas aprobadas en comisión- y que espero que sean apoyadas por la totalidad de la Cámara mañana- incluyen dos que simplemente corrigen unas referencias inexactas en el texto de la Comisión. 
Entre las demás, la enmienda 2 pretende asegurar que el Consejo pueda participar en la elaboración de unas normas detalladas en relación con las condiciones en las que se efectuarán las combinaciones de tamaños de redes. 
Es un tema que, como el Comisario sabrá, ha causado una dificultad considerable en el reglamento actual. 
Es poco probable que la nueva redacción unilateral de unas normas tan importantes por parte de la Comisión ayude a recuperar la fe en el proceso. 
La enmienda 4 aborda otra anomalía en mi opinión inaceptable, a saber, la disposición que permitiría a aquellos pescadores que utilizan las mallas más pequeñas de la industria pesquera del sonso, por ejemplo, conserven los peces que no lleguen a las dimensiones mínimas. 
El argumento de que es en cierto modo aceptable llevar a tierra peces demasiado pequeños, siempre que no se vendan para el consumo humano, es totalmente imposible de justificar para quienes trabajan en el sector del pescado blanco, que utilizan mallas más grandes, y sufren recortes draconianos en su cuota y en los días de salida al mar. 
Mi Grupo ha vuelto a presentar algunas enmiendas que se habían desechado en la comisión. 
Les pido su apoyo para que mañana sean incluidas. 
La propuesta de creación de los consejos consultivos regionales, que se aprobó, aunque en una forma algo suavizada, en el marco de la reforma de la PCP, constituye un foro ideal en el que se podrán implicar a las partes interesadas y aprovechar los conocimientos disponibles. 
A menos que se encargue a los consejos consultivos regionales una tarea significativa, muy pronto se considerarán simples tertulias sin importancia. 
Igualmente, si las medidas técnicas deben ser apoyadas y puestas en práctica por los pescadores, es esencial que acepten que las medidas en cuestión son apropiadas para la labor. 
Me parece que esta propuesta constituye una oportunidad ideal para conseguir estos dos valiosas objetivos: la implicación significativa de los expertos a través de los consejos consultivos regionales y, por lo tanto, más posibilidades de que las medidas técnicas sean efectivas y apropiadas para cada zona de pesca particular. 
Otras enmiendas abordan la cuestión de la capacidad de los Estados miembros para tomar medidas en relación con sus propias flotas, que sobrepasa el mínimo requerido por la normativa de la UE. 
La versión actual de las medidas técnicas permite esta disposición. 
En mi opinión, es un misterio que esta disposición prácticamente haya desaparecido sin una explicación adecuada de la nueva propuesta. 
Sin duda, si el objetivo es la conservación y se utilizan medidas técnicas, debería permitirse que cada uno de los Estados miembros consiguiera ventajas adicionales si lo considera necesario. 
Los Estados miembros también deberían poder aplicar esta disposición a sus propias flotas en aguas extracomunitarias. 
El reto a que actualmente se enfrenta la gestión de la pesca de la UE es en cierto modo recuperarse de una gran crisis de confianza. 
Puedo asegurarles que en Escocia hay tal crisis, que ha obligado a mi propio partido político, el SNP- un partido proeuropeo- a comprometerse a luchar para que se descarte la PCP tal como está redactada en la actualidad. 
Esta semana, en el Parlamento de Westminster se presentará un proyecto de ley en el que se pide que el Reino Unido se retire de la PCP. 
A menos que se vislumbre un cambio radical de actitud, se seguirán expresando demostraciones de disgusto con el proceso. 
Espero que la Comisión pueda aceptar que es necesario hacer todo lo posible para cambiar esta actitud de «nosotros sabemos más» que se percibe y que ha provocado este resentimiento. 
La propuesta actual es inaceptable, sin mencionar siquiera los consejos consultivos regionales. 
Espero que se corrija esta omisión. 
Espero que el Parlamento muestre mañana su apoyo a todas las enmiendas. 
Espero que la Comisión acepte también que existe una necesidad de cambiar la forma de hacer las cosas, y que sea para mejor. 
Señor Presidente, en esta Cámara somos muy conscientes de que miles de pescadores, procesadores y trabajadores auxiliares han sufrido graves dificultades a causa de las propuestas de recuperación del bacalao acordadas por el Consejo el mes de diciembre pasado. 
Las flotas de pescado blanco de Irlanda y del Reino Unido en particular han recibido la peor parte, y se han visto obligadas a amarrar sus barcos cada medio mes y ver cómo sus cuotas se recortaban a menos del 50% en los días en que podían pescar. 
Estas medidas provisionales se aplican desde el 1 de febrero de este año y todavía no se ha pagado ni un solo céntimo de compensación a quienes se han visto afectados por los recortes. 
Ha sido bueno comprobar que el propio Comisario Fischler ha visto la necesidad de pedir a los Estados miembros que cumplan con sus responsabilidades y soliciten la ayuda del presupuesto de pesca. 
Ha dicho que de los 3,7 millardos de euros del presupuesto para 2006, solo un 3% se ha asignado a ayuda socieconómica, a pesar de las evidentes dificultades que sufren muchos pescadores. 
De hecho, en el Reino Unido la cifra es del 0%, lo que resulta una conducta vergonzosa por parte del Gobierno del Reino Unido. 
El hecho de no haber solicitado esta ayuda o, en efecto, de no haber presentado las propuestas de ayuda de emergencia procedente de los 150 millones de euros votados por inmensa mayoría en esta Cámara en marzo, constituye una clara traición a nuestro sector pesquero en tiempos de necesidad. 
No es de extrañar que más de 230 pescadores del Reino Unido hayan pedido que se desguacen sus barcos. 
Pero el desmantelamiento a esta escala, superior al 20% que desguazaron sus barcos el año pasado, podría hacer perder a la flota de pescado blanco del Reino Unido la masa crítica necesaria para mantener a los trabajadores del puerto, al personal auxiliar y a los procesadores, de quienes dependen los demás pescadores. 
Si se van, desaparecerá todo el sector. 
Sobre el telón de fondo de estos hechos debo expresar mi sorpresa por la postura de la Comisión respecto al box irlandés. 
A mí me parece una paradoja absurda que la Comisión pueda, por una parte, apoyar este régimen draconiano para recuperar las reservas de bacalao y otros pescados blancos mientras, por otra parte, está pidiendo el desmantelamiento efectivo del box irlandés. 
El box irlandés es una de las más importantes zonas de reproducción de juveniles y de desove de las aguas europeas. 
Es de vital importancia como recurso de conservación, como han demostrado muchos estudios científicos, y, sin embargo, la Comisión parece dispuesta a aceptar el argumento de que el acceso restringido a esta zona se puede calificar casi de discriminación. 
Vamos a dejar claro este tema. 
Claro que se restringe el acceso al box irlandés. 
Precisamente porque es una zona de conservación. 
Pero las flotas irlandesa, británica, francesa y española han pescado en el box irlandés durante años. 
Ahora bien, sé muy bien que nuestros amigos españoles no se sienten satisfechos con las disposiciones actuales que restringen el acceso a solo 40 de sus traineras. 
Sin embargo, vale la pena observar que las 40 traineras españolas que pescan en esta zona en un momento determinado son todos barcos enormes de más de 25 metros, a menudo el doble de las dimensiones de los barcos irlandeses locales. 
El problema es que existen 120 enormes traineras españolas más esperando al sur del box irlandés, ansiosas por conseguir el acceso, ¡pero no veo centenares de traineras griegas o italianas que pidan el acceso al box irlandés! 
También vale la pena observar que la misma propuesta de reglamento del Consejo en las aguas occidentales abriría de golpe la zona económica de exclusión de 200 millas alrededor de las Azores. 
Repito, es una zona muy delicada que ha soportado generaciones de pescadores portugueses locales, que a menudo han tenido que luchar contra los fuertes vendavales del Atlántico con diminutos barcos abiertos de madera. 
Sencillamente, abrir estas aguas a las gigantescas traineras españolas o de cualquier otra parte sería catastrófico tanto para la conservación de las reservas pesqueras como para la preservación de los puestos de trabajo de la frágil flota de las Azores. 
No podemos permitir que esto ocurra. 
Apoyo a mis colegas españoles en muchos aspectos. 
He trabajado arduamente para encontrar una compensación de los daños ocasionados por el petrolero Prestige. 
He apoyado los acuerdos internacionales con terceros países que tantas ventajas han aportado y tan importantes son para las flotas andaluza y gallega. 
Pero no puedo permanecer de brazos cruzados y observar la destrucción de zonas esenciales para la conservación alrededor de las Azores y en el box irlandés, solo porque nuestros amigos españoles, y solamente nuestros amigos españoles, desean pescar más en estas aguas. 
Aceptar este argumento sería burlarse de la política de conservación. 
Nuestro trabajo como parlamentarios, y mi trabajo como presidente de la Comisión de Pesca, es asegurar que se puedan recuperar las reservas de peces. 
Por lo tanto, insto a esta Cámara a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo UEN y otras al informe Stevenson, y en concreto a apoyar la enmienda 20 que pide que se conserve el box irlandés por un período de 10 años, con una revisión por parte del ICES y del STECF al final de dicho período, para decidir si la política de acceso restringido ha ayudado a cumplir los objetivos del plan de recuperación del bacalao en la reconstrucción de unas reservas de pescado blanco muy deterioradas. 
. 
(IT) Señor Comisario, como otros muchos diputados, creo en un papel social, cultural, y no solo económico de la pesca, especialmente de la pesca artesanal, por la función que puede desempeñar en los procesos de cohesión económica y social, sobre todo en las regiones más aisladas y periféricas. 
Hemos acogido, pues, con satisfacción el Plan de actuación de la Comisión para contrarrestar las consecuencias sociales de la reforma de la pesca, y compartimos la idea de que dichas consecuencias se deberían afrontar con un plan de indemnizaciones. 
Dicho esto, no pocos elementos de esta propuesta de la Comisión suscitan perplejidad, por ejemplo el hecho de que los datos de referencia empleados no estén actualizados y se refieran al año 2000. 
Desde entonces, han pasado tres años y la propia Comisión reconoce que la valoración es más bien teórica. 
No se ha mantenido aún un debate serio y en profundidad sobre el modelo que debe elegirse: pesca industrial, que requiere una flota integrada por un pequeño número de grandes embarcaciones modernas y económicas, o pesca artesanal, con muchas embarcaciones pequeñas y medianas, que, si bien es la solución menos rentable, aporta ciertamente más puestos de trabajo. 
Por último, falta una versión actualizada del Plan de actuación de la Comisión, que en algunos puntos habría sido útil a la luz de las conclusiones del Consejo de Pesca de diciembre de 2002. 
Dicho esto, señor Comisario, algunos puntos de la propuesta son poco convincentes. 
Pondré un ejemplo: el Mediterráneo se ignora por completo. 
La Comisión no tiene en cuenta su especificidad, sino que únicamente toma en consideración algunas zonas del Mar del Norte, del Mar Báltico; en este sentido, se lleva a cabo una penalización cultural atribuible a una antigua presbicia del proceso de integración europea: nuestra Europa sigue mirando solo al Norte. 
Así ha sucedido durante los muchos años de construcción de una política agrícola común y así sucede también hoy por lo que respecta a la política pesquera común. 
Pero ello representa un riesgo, sobre todo en vísperas de la apertura, en 2010, de la zona de libre cambio del Mediterráneo, que hará de este mar una gran área de intercambios sociales, económicos, humanos y políticos, a los cuales debemos llegar preparados. 
Otro punto importante es la pérdida de puestos de trabajo. 
Por lo que parece, la Comisión prevé la pérdida de 12.000 puestos de trabajo, que deberán recuperarse en un plazo de cuatro años. 
Esta previsión nos parece optimista en la medida en que subestima los efectos de la reforma y no tiene en cuenta las actividades económicas inducidas ni los sectores vinculados de los astilleros y las industrias de transformación. 
Piénsese que solo la industria europea de la transformación posee más de 100.000 trabajadores. 
Ante todo, la previsión de la Comisión no tiene en cuenta el hecho de que la reconversión es bastante improbable para unos trabajadores, como los del sector de la pesca, que especialmente en algunas zonas de Europa poseen un bajo nivel de escolarización y trabajan en zonas castigadas por una elevadísima tasa de desempleo. 
Pensar en recuperarlos y reconvertirlos a otros mercados de trabajo es una ilusión, sobre todo en España, Grecia, Italia y Portugal. 
En muchos países faltan, además, amortiguadores sociales y los pescadores pueden convertirse en trabajadores de desecho, ciudadanos superfluos; un riesgo implícito es también el de la desertización social, cultural y económica de muchas áreas de la Unión. 
Habría que concentrar la ayuda en la pesca a pequeña escala, dado que la mitad de los pescadores trabajan hoy en la pesca artesanal y que el 75% de los pesqueros son de tipo artesanal; es cierto que el volumen de captura es muy bajo, pero desde el punto de vista del empleo, la pesca artesanal desempeña una función fundamental. 
La Comisión reconoce que los incentivos financieros a favor de esta pesca no han servido de mucho, reconoce que serían necesarias otras intervenciones, pero que no serán rápidas, y habla solo de perspectivas a largo plazo. 
Estas consideraciones nos inducen a formular una pregunta: ¿qué recursos hay que invertir para mitigar las consecuencias económicas y sociales de esta reforma? 
No compartimos la remodulación de los Fondos Estructurales; pensamos más bien que dichos Fondos deben seguir vinculados a otras prioridades. 
El hecho de que el 80% de las regiones afectadas sean regiones de los objetivos 1 y 2 significa que, hoy, los Fondos Estructurales son necesarios y estratégicos para afrontar prioridades que no pueden mezclarse con el proyecto de esta resolución. 
En nuestra opinión, será necesario crear un fondo ad hoc, una medida también provisional para aplicar planes de recuperación. 
El último punto, para concluir, se refiere a las mujeres. 
El hecho de que el 22% de la mano de obra esté constituida por mujeres no encuentra ninguna correspondencia en el Plan de actuación de la Comisión. 
En esencia, se aprueban las conclusiones a largo plazo. Pero consideramos que sería útil volver a proponer algunas partes del Plan de actuación y analizar más detenidamente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Hudghton, al Sr. Stevenson y al Sr. Fava, por sus informes sobre nuestras propuestas. 
Comentaré primero el informe del señor Hudghton. 
Como ustedes saben, la propuesta de la Comisión abarca gran parte del Reglamento sobre medidas técnicas. 
Usted dice que existe muy poco interés debido a que la propuesta es tan técnica. 
De acuerdo, pero no es posible de otra manera, pues una propuesta sobre medidas técnicas tiene que ser muy técnica. 
Además, a la vista de los problemas que plantean las poblaciones de bacalao y merluza, se ha adoptado una serie de Reglamentos de la Comisión o del Consejo que complementan o modifican el Reglamento sobre medidas técnicas. 
Por esa razón, uno de los principales objetivos de nuestra propuesta consiste en reunir en un único Reglamento todas estas disposiciones que figuran en muy diversos Reglamentos, para que resulten más manejables. 
Sin embargo, también hemos aprovechado esta propuesta para incluir unos cuantos elementos nuevos. 
Se trata sobre todo de tres puntos: en primer lugar queremos armonizar las disposiciones para las distintas especies de peces que se capturan con redes de arrastre de un determinado tamaño de malla en todas las aguas comunitarias del Atlántico nororiental. 
Con ello pretendemos evitar en el futuro que un buque pesquero, por ejemplo, que ha faenado en el Golfo de Vizcaya y desee continuar pescando al sur de Irlanda, esté sometido a otras condiciones de captura. 
La armonización se extiende igualmente a las aguas del Skagerrak y del Kategatt, donde actualmente se aplican disposiciones particulares. 
En segundo lugar, estas normas se aplicarán también a los buques de menos de 12 metros de eslora, a fin de proteger mejor a las merluzas jóvenes. 
Y en tercer lugar, queremos modificar las disposiciones relativas a la clasificación de las capturas a fin de reducir los descartes. 
Además proponemos establecer las normas pormenorizadas en Reglamentos de la Comisión, como la composición porcentual de las capturas, si los buques pesqueros llevan a bordo redes de arrastre con dos tamaños de malla diferentes, o las dimensiones y tiempos de utilización de las redes verticales ancladas. 
En relación con su pregunta, Sr. Hudghton, sobre los consejos consultivos, como usted sabe, hemos creado estos consejos consultivos en el marco de la reforma y figuran en el Reglamento de base. 
En este Reglamento de base se contempla que se puede consultar a estos consejos. 
Por ello no podemos convertir esta posibilidad contemplada en el Reglamento de base en una obligación generalizada en el marco de un Reglamento subordinado, pues existen obstáculos jurídicos para ello. 
Pero puedo asegurarle que nosotros mismos tenemos un gran interés en que se consulte a estos consejos en la medida de lo posible. 
Ahora bien, las medidas técnicas por si solas ya no resultan suficientes- como todos sabemos- para explotar de forma sostenible las poblaciones de peces. 
Desde hace más de diez años, los científicos piden que se gestione el esfuerzo pesquero, a fin de poder llevar a cabo una política de conservación sostenible. 
Y precisamente es eso lo que pretendemos con nuestra propuesta sobre las aguas occidentales, de las que trata el informe Stevenson. 
Como usted sabe, las disposiciones particulares sobre el acceso de los buques españoles y portugueses al box irlandés y sobre el acceso a las aguas costeras portuguesas perdieron su base jurídica el 1 de enero de 2003. 
Puesto que los Reglamentos correspondientes de 1995 no preveían una limitación temporal para las aguas occidentales, debemos eliminar la actual inseguridad jurídica a este respecto. 
Por ello proponemos un nuevo Reglamento que sustituirá a todos los Reglamentos adoptados hasta ahora y prevé lo siguiente: queremos limitar el esfuerzo pesquero de todos los Estados miembros en todas las subdivisiones de la CIEM pertenecientes a las aguas occidentales de forma no discriminatoria. 
Proponemos fijar el esfuerzo pesquero teniendo en cuenta la disminución de las capturas desde 1995 y la actividad pesquera efectiva entre 1998 y 2002. 
Queremos limitar también el esfuerzo pesquero para la pesca pelágica y deseamos limitar aún más el acceso a las aguas de las zonas ultraperiféricas. 
Creo que nadie debería crear un ambiente de amenaza y alarmarse ante la perspectiva de una armada española. 
Como ya hemos visto en los últimos meses, esto no es así. 
No hay que olvidar que se trata de limitar el esfuerzo pesquero en general y que en ello interviene la cuestión de la estabilidad relativa, por lo que no hay que creer que los buques pesqueros españoles acabarán con la pesca en estas aguas. 
Y me gustaría dejar una cosa clara: la presente propuesta se basa exclusivamente en conocimientos científicos, mientras que en el caso del antiguo box irlandés esto no era así. 
Y ahora permítanme decir algo brevemente sobre el informe del Sr. Fava, que trata sobre el Plan de acción para hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de la pesca en la UE. 
En nuestras consultas con los Estados miembros intentamos estimar las posibles pérdidas de puestos de trabajo y las necesidades de fondos financieros para atenuar las consecuencias socioeconómicas. 
Hemos mantenido reuniones al respecto con los Estados miembros- una en septiembre del año pasado y una en abril de este año- y en enero consultamos igualmente al sector pesquero, las partes interesadas. 
Su informe, Sr. Fava, contiene quince recomendaciones que comparto en gran medida porque coinciden con las Directrices Generales de la Política Pesquera Común y apoyan los objetivos a largo plazo de nuestro plan de acción. 
Esta es una primera presentación y con mucho gusto responderé a sus preguntas al final del debate. 
. (ES) Señor Presidente, hablo como portavoz de la Comisión de Presupuestos en asuntos de pesca y me corresponde, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Fava, a cuyo informe me voy a referir, fundamentalmente, por su excelencia. 
Permítame puntualizar que la política pesquera común se financia casi totalmente a través del presupuesto de la Unión. 
Pero no representa ni el 1% del presupuesto en su totalidad, y se financia entre el Instrumento Financiero de Orientación de Pesca (IFOP) , el Fondo regional y el Fondo social. 
El plan de acción que pretende paliar las consecuencias que a corto plazo van a tener para los pescadores y la industria pesquera las medidas de conservación, de protección, a través de la reprogramación del IFOP para medidas sociales y una revisión de todas las ayudas existentes, pero también contempla la posible liberación de cantidades adicionales. 
Agradezco al ponente y a la Comisión de Pesca que hayan incorporado en la Resolución los siguientes puntos de la Comisión de Presupuestos: 
En el primero se subraya que no es probable que las enmiendas del Consejo al paquete de la Comisión sobre la reforma de la PPC, adoptadas en su reunión de los días 16 a 22 de diciembre de 2002, faciliten la aplicación de esta reforma ni la prevista reprogramación de 611 millones del IFOP. 
En el segundo se recuerda que los recursos financieros disponibles en la rúbrica 2 de las perspectivas financieras destinados al sector pesquero y las zonas dependientes de la pesca se pueden calcular en 28 000 millones de euros para el periodo 2000-2006. 
Por último, se subraya que solo se puede asignar financiación adicional de la Unión Europea para las medidas en pesca destinadas a compensar pérdidas si ello es compatible con el límite máximo de la rúbrica 2 de las perspectivas financieras, o bien recurriendo al instrumento de flexibilidad establecido en el artículo 24 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes de los tres informes que nos ocupan esta noche, los Sres. Fava, Stevenson y Hudghton, y quiero decirle además a este último, el Sr. Hudghton, que comparto muchas de las reflexiones planteadas por él en su intervención. 
Coincido en denunciar el endiosamiento de la Comisión, que toma decisiones a espaldas del sector, la incomunicación entre científicos y pescadores y, como él, opino que nada de esto ayuda a dotar de credibilidad a la idea que nuestros ciudadanos tienen de Europa. 
El tiempo para el debate es limitado y los asuntos que abordan estos tres informes son muy importantes. 
Me limitaré a dar una pincelada sobre cada uno de ellos. 
Creo que estos tres informes, sobre todo debatidos así, conjuntamente, muestran las contradicciones en el seno de la Comisión a la hora de presentar sus propuestas relativas a la reforma de la PCP. 
El informe del Sr. Fava sobre el Plan de actuación para contrarrestar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de esta industria en la Unión Europea plantea la necesidad de que la Comunidad aborde con recursos financieros suficientes y sin tantas incertidumbres las pérdidas, sobre todo en términos de empleo, que en las regiones dependientes de la pesca va a suponer esta reforma de la PCP. 
La Comisión de Pesca solicita una financiación adicional para paliar los efectos de esta reforma. 
La Comisión debe velar por el mantenimiento de la estructura socioeconómica de estas zonas. 
Resultará más barato apoyar el mantenimiento del tejido socioeconómico existente que asistir de brazos cruzados a su desaparición e intentar después crear otras actividades económicas sustitutivas, para las cuales estas regiones- y coincido con el Sr. Stevenson- parten con graves inconvenientes, ya que están situadas en la periferia y padecen de carencias en formación profesional, nuevas tecnologías, infraestructuras y acceso a los mercados. 
El Sr. Comisario sabe bien que cada empleo en un barco genera de cuatro a cinco empleos en tierra, por lo que la desaparición de la actividad pesquera supone un grave quebranto en el tejido socioeconómico de estas regiones. 
Con respecto al informe sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos, creo que a la hora de redactar resoluciones, conviene que los diputados tengamos en cuenta la realidad. 
Y la realidad es que el período transitorio tras la adhesión de España y Portugal ha terminado. 
Bastantes excepciones tiene ya la PCP como para pretender resucitar y perpetuar las que, en un tiempo, fueron meros mecanismos transitorios. 
Señor Stevenson, este, que se terminó, no es un favor que se cambie por otro. 
Si alguien se lo ha hecho creer así a usted, lo siento mucho, porque se acabó. 
Es un problema de fundamento jurídico y se terminó, y esto no se cambia por nada. 
Usted nos ha ayudado en Marruecos; nosotros le ayudaremos a usted en lo que podamos, pero la excepción se terminó. 
Por último, mi Grupo apoya la propuesta de la Comisión relativa a la protección de los juveniles. 
Unas acertadas y eficaces medidas técnicas deberían ser la base para lograr el equilibrio entre flota y recursos. 
El desguace exagerado que algunos pretenden resulta antieconómico y antisocial, y nos puede conducir en unos años a que hayamos conseguido tener cantidades suficientes de pescado, pero que no tengamos ni barcos ni pescadores para capturarlos. 
Refiriéndome ya concretamente al box irlandés, creo que tomar en cuenta para medir el esfuerzo la histórica de 1998-2002 para nosotros es poquísimo, una vergüenza. 
Con respecto a los comités consultivos, apoyo esta medida, pero, francamente, quisiera que por parte de la Comisión se me aclarase si todos los Estados miembros estamos en este momento en igualdad de condiciones para afrontar la implantación de este nuevo elemento. 
Quisiera saber si todos estamos en igualdad de condiciones, porque, de no ser así, estaríamos generando un nuevo motivo de disparidad, tratamiento desigual e injusticia, y lo que me dice el sector de mi país es que no estamos todos en igualdad de condiciones. 
Señor Presidente, señores ponentes, gracias por su contribución, aunque me imagino que el Sr. Stevenson no estará muy contento de que su nombre se vincule a este informe. 
Eso tiene su razón de ser. 
En relación con el informe Hudghton, quisiera decir que, en el futuro, es sumamente importante implicar de verdad a los comités consultivos regionales para desarrollar lo más posible la ciencia básica y aplicada en el terreno de la pesca, y poder utilizarla para disponer de información y poder tratar este tema desde un punto de vista más europeo. 
En relación con el informe del Sr. Fava, quiero decir algunas cosas. 
Por supuesto, estos son tiempos difíciles. 
Tienen que producirse importantes recortes, tal como decidió el Consejo de Pesca de diciembre de 2002. 
Existe un plan para hacer frente a las consecuencias negativas, tanto sociales como económicas, de la reestructuración, que es necesaria e inevitable. 
Es una verdadera lástima para las personas afectadas. 
Creo que es muy importante que el plan se ejecute lo mejor posible con el apoyo de todos los medios disponibles. 
Creo que es importante también implicar al sector en los planes necesarios para ofrecer nuevas oportunidades a estas personas. 
El dinero por sí solo no puede ofrecer una solución estructural a largo plazo. 
En los últimos años se han concedido continuamente subvenciones al sector de la pesca a pequeña escala que atravesaba problemas, pero con ello no se ha conseguido que la pesca a pequeña escala funcione bien. 
Por consiguiente, si se destinan recursos a este fin, el objetivo ha de ser que finalmente el sector pueda valerse por sí mismo y pueda hacerse cargo de su futuro. 
En el pasado, ya presenté algunas enmiendas en ese sentido. 
Lo principal es que el cambio estructural ofrezca alternativas. 
Los Estados miembros tienen también que desempeñar un papel importante, no solo en el pago de subvenciones, sino también en las reformas políticas, la definición de nuevas tareas y la creación de nuevas oportunidades para el sector en la sociedad. 
Creo que tenemos que aprender de esta experiencia, y espero que podamos mantener una política equilibrada. 
Señor Presidente, la presente propuesta de reglamento relativa a la gestión de las aguas del Atlántico ha sufrido un importante revés con la presentación, en el último Consejo de Pesca, de una propuesta de compromiso de la actual Presidencia de la Unión que, en nombre de la no discriminación entre Estados miembros e invocando el fin del período de transición para la plena integración de Portugal y España en la política pesquera común, pretende eliminar la división entre sus zonas de pesca, dificultando la adopción de medidas para controlar el esfuerzo pesquero y poniendo en peligro la garantía de sostenibilidad de los recursos en aguas portuguesas. 
Esta propuesta significaría la liberalización del acceso a la zona entre las 12 y las 200 millas de la zona económica exclusiva por parte de las embarcaciones españolas, con la creación de una gran zona de pesca sin fronteras, lo que, teniendo en cuenta las dimensiones de la flota española, no solo tendría efectos devastadores sobre los recursos pesqueros, con graves consecuencias para los pescadores portugueses, sino que haría inviables las medidas de conservación de los recursos aplicadas por el Estado portugués. 
De ahí la importancia del mantenimiento de la división en subzonas de pesca estadísticas CIEM IX y X y de las divisiones CECAF. 
Y no se puede afirmar que se trata de una discriminación entre Estados. 
La discriminación existe cuando se quieren considerar iguales situaciones que son diferentes y específicas, como es el caso de la pesca portuguesa. 
Por ello, hay que tener en cuenta el régimen específico de acceso a las aguas de Portugal y de España por parte de sus respectivos buques, sin fecha límite. 
Por último, quisiera abordar también la situación específica de las regiones ultraperiféricas y la necesidad de mantener las excepciones existentes de acceso a su zona económica exclusiva, como se prevé en el presente informe. 
Señor Presidente, en primer lugar hablaré de las medidas técnicas. Desde 1985 existe una disposición en el Reglamento de medidas técnicas que permite que los Estados miembros impongan medidas más estrictas a sus propios pescadores en aguas de la UE. 
No podían hacerlo con respecto a otros pescadores, sino solo a los suyos. 
Ahora, en el Reglamento revisado, la Comisión ha propuesto eliminar esta disposición. 
En la Comisión de Pesca hemos hablado de este tema muchas veces, y la Comisión Europea dice que esta disposición es redundante, que el artículo 10 del nuevo Reglamento básico permite a los Estados miembros promulgar medidas más estrictas para sus barcos. 
Este derecho se limita a sus propias aguas, al menos así lo dijo la Comisión en enero cuando más o menos obligó a Suecia a explotar las agotadas reservas de bacalao del Báltico y del Mar del Norte. 
O sea que si se elimina esta disposición del Reglamento de medidas técnicas, como propone la Comisión, los Estados miembros no podrán imponer medidas más estrictas fuera de sus propias aguas. 
Quisiera preguntar a la Comisión por qué no lo considera oportuno ahora, después de casi veinte años. 
¿No es burlarse de la voluntad de persuadir a los Estados miembros para que sean más responsables y, si son más responsables, permitirles serlo? 
Hay mucha hipocresía en este terreno. 
Quisiera pedir que apoyen las enmiendas del Sr. Hudghton, que en realidad dejarían el Reglamento tal como él inicialmente quería. 
En cuanto al box irlandés, no tiene ningún sentido que en una zona tan importante de reproducción de juveniles y de desove se intente aumentar el número de barcos que van a pescar, abrir el box irlandés. 
Si la Comisión es coherente en su deseo de asumir un planteamiento más ecológico y más sostenible para la pesca, no debería hacerlo. 
También hay hipocresía en este Parlamento en relación con el ICES, porque en cuanto a las reservas de bacalao, ni siquiera la Comisión iría tan lejos como quería el ICES. 
Por lo tanto, algunas personas quieren aceptar el consejo del ICES solo cuando les beneficia. 
No podemos permitir que siga adelante lo que va a ocurrir con el box irlandés. 
Es una burla total de la conservación y la pesca sostenible, y no tiene ninguna justificación. 
Pedimos su apoyo para nuestra enmienda en la votación de mañana. 
Señor Presidente, el box irlandés es un box biológicamente sensible. 
No es un box político. 
Lamento que la Comisión, desde el principio, haya elegido la opción del box político. 
En mi opinión, el planteamiento de la Comisión ante este problema en general es una negación de su responsabilidad sobre la conservación y la sostenibilidad de las reservas y una receta para el conflicto. 
Hace poco hemos recibido información sobre la beligerancia entre pescadores españoles e irlandeses y la destrucción de aparejos de pesca en el box irlandés. Esto debe considerarse un acontecimiento nuevo y preocupante. 
No solo los pescadores, sino también la población de Irlanda en general consideran el box irlandés como un tema que les afecta gravemente. 
Su percepción es que un gran Estado miembro utiliza tácticas de rufián para imponer su voluntad en detrimento de una nación pequeña, como Irlanda o Portugal. 
Los ciudadanos de Irlanda se preguntan si esto es un aperitivo de lo que espera a las naciones más pequeñas en la Europa de después de la Convención. 
Estoy de acuerdo con el pueblo de Irlanda. 
Permítanme que repita y resalte que la zona llamada box irlandés es una rica zona de pesca con una elevada concentración de juveniles y zonas de desove. 
Es esencial que la UE aplique restricciones al esfuerzo pesquero dentro de esta zona. 
Es vital que se conserve el box irlandés como zona biológicamente sensible. 
Cuesta creer que la Comisión no sea capaz de presentar ninguno de los informes científicos específicos que ha utilizado para elaborar esta propuesta. 
También cuesta creer que la Comisión haya omitido toda referencia a la naturaleza biológicamente sensible del box irlandés en la propuesta actual. 
Debemos preguntar por qué. 
Permítanme recordar a la Comisión que el Reglamento del Consejo (CE) Nº 1275/94 reconocía específicamente la sensibilidad biológica del box irlandés, y en cambio la Comisión rompió este vínculo importante. 
En la propuesta revisada de la Comisión, que diplomáticamente se denominó compromiso del Consejo- aquel sobre el cual no se nos consulta- vuelve a aparecer la naturaleza biológicamente sensible del box irlandés. 
Hoy no solo las aguas irlandesas, sino también las portuguesas, están amenazadas. 
Mañana serán las aguas de las islas Shetland. Y después, solo Dios lo sabe. 
Sé que este Parlamento desea de verdad conservar las pesquerías. 
Sé que desea de verdad la sostenibilidad de las reservas. 
Por lo tanto, he presentado enmiendas para el pleno que abordan ambos temas. 
No es una exageración decir que el futuro de toda la industria pesquera de Irlanda y la supervivencia de las comunidades costeras de Irlanda puede depender de su apoyo. 
Les pido que voten a favor de mis enmiendas en el pleno. 
Señor Presidente, los pescadores irlandeses, tanto del norte como del sur, cuyas aguas son las del Mar de Irlanda, contemplan atónitos lo que está ocurriendo en su sector. 
Sin duda alguna el tema del box irlandés es de suma importancia. 
Ya hemos hablado de todos los sacrificios que han hecho, pero ahora resulta que todos han sido en vano, porque la Comisión adopta una línea distinta y dice que el box tiene que desaparecer. 
Ha llegado el momento en que esta Cámara tiene que enfrentarse con el hecho de que los pescadores del norte y del sur de Irlanda, por primera vez en la historia, se han agrupado para hacer frente a este problema específico. 
Es un problema grave, es un problema que está haciendo que personas que estaban a favor del Parlamento Europeo, ahora estén en contra. 
Es un problema grave, y confío en que esta noche el Comisario se tome esto a pecho y le pese en el alma. 
Los pescadores esperan una revisión fundamental del actual sistema de cuotas, esperan una revisión de las políticas de amarre, esperan una revisión de la dirección de la Política Común de Pesca, esperan una revisión de la mejor forma de conseguir la recuperación del bacalao y de conseguir la recuperación de las reservas de otros pescados. 
Son temas que deben abordarse y que no se pueden dejar de lado. 
Invito al Comisario a venir a Irlanda, tanto al norte como al sur, a escuchar a los pescadores de viva voz y trabajar para ellos y el futuro de su sector. 
Señor Presidente, queridos colegas, Comisario, estoy asistiendo decepcionado a este debate porque parece un rifirrafe de intereses nacionales y yo escucho aquí muy poca Europa y escucho una defensa de la conservación de los recursos absolutamente interesada por cada una de las partes. 
Creo que la Comisión tiene que desempeñar un papel importante en defensa de los intereses europeos. 
Cada uno está arrimando el ascua a su sardina, para decirlo en términos españoles, y esto no es lo que nosotros pretendemos. 
Quiero felicitar a los tres ponentes, mejor dicho, a los cuatro, quiero felicitar al Sr. Ó Neachtain, porque él ha hecho el informe- ahora el Sr. Stevenson solamente pone el nombre como presidente, a pesar de que las enmiendas que se presenten al Pleno provengan del Grupo UEN, aunque han sido firmadas también por diputados con intereses nacionales-. 
Del informe del Sr. Fava no voy a decir nada porque es un informe que todos vamos a aceptar y creo que es poco polémico. 
En cuanto a los informes del Sr. Hudghton y del Sr. Stevenson, quiero decir que apoyo lo que ha salido de la Comisión de Pesca, que es nuestra comisión especializada y competente. 
Lo que ya luego venga por la política en el Pleno ya es otra cuestión. 
Apoyamos el informe del Sr. Hudghton. 
Quiero simplemente decir que en el tema de los Comités regionales consultivos estoy de acuerdo con él, que son consultivos. 
Hay que escuchar a las regiones, hay que escuchar a los sectores. 
Lo hemos dicho en este Parlamento y se ha dicho en el Consejo, pero, evidentemente, la última palabra después la tendrán el Parlamento y el Consejo, porque son preceptivas las consultas, pero hay una política común y unos órganos comunes europeos que deben de tomar esas decisiones tras escuchar a los sectores en todas las regiones. 
En cuanto al informe Stevenson, dos principios fundamentales: primero, conservación de los recursos; segundo, igualdad de los Estados miembros. 
Son dos principios que la Comisión tiene que asumir. 
Somos escrupulosamente respetuosos con las medidas de conservación. 
Queremos una auténtica política pesquera sostenible, una pesca responsable, con todas las medidas que sean necesarias, incluida la prohibición de pescar. 
Si hay zonas en donde hay reproducciones, de alevines y juveniles y no hay que pescar, no pesca nadie. 
Y es la manera de tener unas paradas biológicas sanas. 
Esto debe quedar absolutamente claro. 
Pero esto hay que conjugarlo con el segundo principio que es la necesidad del principio comunitario de no discriminación de ningún Estado por razón de nacionalidad y por lo tanto todas estas medidas de conservación deben de tomarse afectando a todos, no beneficiando a unos y persiguiendo a otros; eso sería una medida anticomunitaria y acabaría en los tribunales, en este caso, en el Tribunal de Justicia. 
Espero que no sea necesario para que los Estados miembros, que efectivamente han agotado su periodo transitorio de 17 años- el periodo transitorio más largo de la historia de la Unión Europea -, que han visto durante esos 17 años restringidos sus propios derechos, puedan ahora acceder en igualdad de condiciones. 
Por lo tanto las medidas de conservación tienen que afectar a todos. 
Hay medidas, y el Comisario lo sabe, que consisten en limitar los TAC, los días de pesca, la capacidad de las flotas, todas ellas medidas técnicas selectivas. 
Hay muchas medidas, pero, evidentemente, tienen que aplicarse en igualdad para todos. 
Es discriminatorio porque el periodo, señor Comisario, que se quiere tomar como referencia es el de los años 1998-2002, años en los que había dos Estados- España y Portugal- que tenían restringidos o limitados sus derechos. 
Por lo tanto no están en igualdad de condiciones si se toma como referencia ese periodo. 
Estamos en contra, lógicamente, de las enmiendas que presentarán mañana el Grupo UEN y el Grupo Verts/ALE, porque creemos que hay otras maneras de conservar los recursos sin discriminar a ciertos Estados. 
Por último, señor Comisario, quiero pedirle que nos aclare si nosotros aquí estamos discutiendo la primera propuesta que usted hizo o estamos discutiendo la propuesta que está ya en el Consejo y sobre la que hay un acuerdo, como algún diputado ha dicho. 
Si es así, le pido que este Parlamento vuelva a ser consultado y si no es así, emplearemos todos los derechos que tiene esta Cámara para que pueda serlo. 
En cualquier caso, las decisiones políticas que se adopten en esta Cámara habrá que respetarlas, pero, insisto, lo que se ha debatido hoy aquí ha sido un rifirrafe de intereses nacionales, desgraciadamente para la pesca, y no es lo que a mí, como diputado europeo, me hubiera gustado. 
Y falta el protagonismo de la Comisión que debe ejercer un papel de conservación de los recursos en las zonas sensibles de Europa que afecte por igual a todos y cada uno de los Estados miembros. 
Señor Presidente, yo también quiero adherirme a lo que ya se ha dicho sobre el concepto de los consejos consultivos regionales. 
Son esenciales para permitir un diálogo con todos los sectores interesados. 
Sin embargo, quisiera concentrarme en lo que ahora se denomina «informe Stevenson». 
Quiero dar las gracias al Sr. Ó Neachtain por su trabajo en lo que originariamente era su informe. 
Lamento que haya tenido que eliminar su nombre del informe, pero también entiendo que no tenía ninguna otra opción. 
La propuesta del Consejo pretende poner en práctica un nuevo régimen para el esfuerzo pesquero en las aguas del Atlántico y un sistema de gestión del esfuerzo pesquero, en relación con determinadas áreas y determinados recursos pesqueros de la Comunidad. 
Sin embargo, por una parte parece que la propuesta intenta conseguir un instrumento de gestión que asegure que no aumente el esfuerzo pesquero pero, por otra parte, el tema del acceso de los barcos españoles al llamado box irlandés es un tema realmente preocupante. 
Todo el asunto se basa en la cuestión del acceso al box irlandés, una zona de 50 millas alrededor de la costa irlandesa. 
Esta zona es un importante lugar de desove, rica en peces juveniles. Es una zona biológicamente sensible que merece protección. 
Por lo tanto, es esencial que la UE restrinja el esfuerzo pesquero en el box irlandés para que las generaciones futuras puedan disfrutar de una pesca sostenible. 
El box irlandés fue reconocido especialmente como un área de sensibilidad biológica. 
Sin embargo, este informe, tal como está ahora, en vez de aplicar la política de desarrollo sostenible, permitiría una explotación excesiva de esta zona tan delicada. 
Como dicen los informes del Irish Examiner, los pescadores están muy preocupados porque las reservas de peces se verán diezmadas cuando la flota española obtenga un acceso ilimitado al box irlandés. 
Incluso el Ministro de Marina irlandés expresó su frustración por no poder conseguir que la Comisión Europea expresara su opinión sobre la situación legal del box irlandés. 
Entiendo que ahora ha habido una cierta comunicación en este tema, y que hay un intento de compromiso sobre la mesa, aunque el Ministro irlandés y el español están diametralmente opuestos. 
Yo también comparto la preocupación de mis colegas irlandeses por el hecho de que, como ha dicho el Sr. Ó Neachtain en el Irish Examiner, dentro de nada podamos llegar a ver estas aguas completamente agotadas. 
Por lo tanto, quisiera pedir a mis colegas que reconozcan la importancia del box en zonas científicamente sensibles. 
Entiendo que este tema no es meramente una cuestión que enfrente al norte con el sur. 
Mis colegas de Portugal también valoran la sensibilidad de los boxes, sobre todo en lo que se refiere a las Azores. 
Si queremos ser serios en la política pesquera común, creo que los boxes son una herramienta de gestión importante en el reconocimiento de las aguas biológicamente sensibles. 
No se trata de una discriminación. 
Nada más lejos de la realidad. 
Se trata de asegurar una pesca sostenible para las generaciones futuras. 
Espero que mis colegas voten a favor de las enmiendas presentadas, especialmente la enmienda 20, y se aseguren de que la opinión que tenía el Sr. Ó Neachtain quede reflejada en este informe. 
Señor Presidente, el compromiso con la sostenibilidad nos obliga a nosotros también a mostrar nuestro pleno apoyo a las enmiendas 20 a 30 del informe Stevenson. 
Debemos garantizar la protección adecuada para una zona delicada de reproducción de juveniles y de desove como es el box irlandés. 
La sostenibilidad también exige el uso de medidas técnicas como las que aparecen en el informe Hudghton, pero estas medidas son más eficaces cuando reciben el pleno apoyo de quienes trabajan en la pesca. 
En realidad, los pescadores pueden llegar a ser pioneros en este sentido, como ha ocurrido en Escocia con el grupo de trabajo sobre las mallas cuadradas. 
Por lo tanto, apoyamos sin reservas la implicación de los consejos consultivos regionales en las decisiones sobre medidas técnicas y esperamos la pronta creación de estos consejos. 
Finalmente, en relación con el informe Fava y la sostenibilidad del sector de la pesca, el desmantelamiento podría ser bueno para los recursos marinos, pero si las flotas se reducen demasiado, el sector pesquero no podrá sobrevivir. 
Incluso con un grado de reducción moderado, los efectos en las comunidades son graves. Se requiere ayuda urgente. 
Hoy mismo hemos escuchado que la Comisión ha declarado que lo que parece ser un acuerdo eminentemente sensible en Escocia referente a las cuotas no es compatible con las normas del mercado común. 
¿Cuántos golpes más se supone que nuestras comunidades pesqueras deben recibir antes de que se pierda finalmente la fe en el proyecto europeo? 
Cuando vemos lo que les está ocurriendo, incluso los que más comprometidos estamos empezamos a tener nuestras dudas. 
Por favor, actuemos a favor de la sostenibilidad de los recursos y de la industria, y pensando en las comunidades. 
Si no, quizás será demasiado tarde a todos los efectos. 
Señor Presidente, los tres informes tienen un denominador común. 
Por motivos distintos, ninguno de ellos es optimista respecto a las propuestas de la Comisión para el sector pesquero. 
En general, las propuestas de la Comisión conservan el estilo tradicional de ignorar los beneficios que se obtienen a partir de los conocimientos y la experiencia de los pescadores. 
Por ello, la confianza en la capacidad de la Comisión para gestionar una política de pesca efectiva de la Comunidad está en sus mínimos. 
El Sr. Fava decía que la Comisión reconoce que las medidas para las ayudas a favor de las pesquerías pequeñas no han dado resultado, y que no se prevé ninguna acción inmediata para protegerlas, a pesar de que estas pesquerías pequeñas emplean al 44% de todos los pescadores de la Unión Europea. 
En cierto modo se ha ignorado a los consejos consultivos originales que se preveían en el Libro Verde de la política común de pesca, cuando la necesidad de estos consejos consultivos regionales es más urgente que nunca, como un planteamiento distinto del de la política gubernamental de los Estados miembros. 
En este sentido, permítanme exponer un ejemplo reciente. 
Esta semana toda la flota del Golfo de Vizcaya ha permanecido en el puerto debido a la importante merma de las posibilidades de pesca globales debidas a la contaminación causada por el naufragio del Prestige. 
Las autoridades españolas prometieron un informe científico sobre las consecuencias del naufragio del Prestige. 
Hasta la fecha no se ha elaborado ningún estudio directo, ni científico ni biológico, de las zonas de pesca. 
Las autoridades españolas dicen, y cito: «que no se puede establecer una relación causal entre el vertido del 'Prestige' y la escasez de capturas». 
Resulta un tanto desalentador y lamentable que la Comisión ignore en sus propuestas lo que dijo el Comisario Fischler en Londres cuando se dirigía a los pescadores, a saber, «que se conviertan en auténticos protagonistas del proceso de gestión de pesca». 
Un mensaje excelente, por cierto. 
Señor Presidente, nos encontramos ante un debate bastante difícil, que hay que encarar con espíritu democrático, pero que es delicado para todas las partes. 
Naturalmente, hay que respetar los principios de sostenibilidad de la explotación de los recursos del mar, sobre la base de criterios científicos- todos estamos de acuerdo en eso -, pero también hay que aplicar el principio de no discriminación, aunque debidamente completado con el principio, también importante, de la estabilidad relativa. 
Quisiera dar las gracias a los diputados que, junto con la Sra. Ilda Figueiredo, votaron a favor de mi enmienda sobre el acceso a las aguas en la región de las Azores. 
De hecho, como ya se indicó aquí, se trata de una situación muy delicada, con un equilibrio biológico muy difícil, y hay que tener muchísimo cuidado con el acceso a esas aguas dado que el pescado está concentrado en una pequeñísima parte de las mismas, en las aguas más lejanas del mar. 
En segundo lugar, quisiera apoyar también la intención de la Comisión, expresada en esta propuesta de informe, de mantener el régimen específico para el acceso a las aguas entre Portugal y España, que por lo demás se decidió en 1995 de común acuerdo entre los dos países, y contó con el apoyo de la Comisión y del Consejo. 
Esperamos que ese régimen pueda mantenerse, pues constituye la mejor forma de preservar una pesca responsable y un clima de paz en la comunidad piscatoria entre los dos países. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimado presidente de la Comisión de Pesca y querido amigo Struan Stevenson, Señorías, les dirijo la palabra en un momento que es especialmente difícil para la región autónoma de las Azores, como ya se ha dicho aquí. 
Pero lo es también para todos aquellos que creen en el desarrollo sostenible y en la necesidad de invertir la lógica de la sobreexplotación de los recursos pesqueros y de la exterminación de las especies, que está conduciendo a nuestros océanos, y con ello a las comunidades piscatorias, a la catástrofe. 
La propuesta inicial de la Comisión para las aguas occidentales, así como el informe Stevenson, van en el sentido de seguir reforzando la legislación existente para la protección de los recursos de las aguas occidentales portuguesas. 
No obstante, como enorme sorpresa nuestra- como ya ha indicado aquí nuestra colega, la Sra. Figueiredo- acabamos de comprobar que el Consejo se dispone a desmantelar toda la protección existente. 
La actual posición del Consejo es una invitación al saqueo y a la devastación en las aguas occidentales, pisotea los informes científicos que concluyen la necesidad urgente de restringir, en vez de ampliar, el acceso a las aguas, ignora las posiciones y los intereses de las comunidades piscatorias y conducirá inevitablemente, de ser aprobada, a una catástrofe sin precedentes. 
Señor Comisario, me gustaría recordarle la respuesta que me dio a la pregunta parlamentaria sobre la validez de los reglamentos actuales. 
Respondió entonces el Comisario, a la pregunta n° 26: «La Comisión tiene una idea clara de la validez de los Reglamentos 685 y 2027. 
Mientras no sean modificadas o revocadas por el legislador comunitario, las normas establecidas por los reglamentos seguirán siendo aplicables». 
¡Es lo contrario de lo que acaba de decir aquí! 
¡No consigo entender cómo puede cambiar totalmente de opinión en solo tres meses! 
Y también me gustaría aclarar lo siguiente: las normas de adhesión de Portugal y España a las Comunidades concluyeron en 1995. 
¡No nos encontramos en ningún período transitorio! 
¡Se aprobó una nueva reglamentación en 1995 válida a partir de dicho período, con el acuerdo de todos! 
Y es lo que ahora se quiere dinamitar, se quiere poner en entredicho para devastar las aguas portuguesas. 
¡Es absolutamente inadmisible! 
Y me gustaría concluir diciendo que la igualdad entre quienes son completamente diferentes es un embuste, ¡no es ninguna igualdad! 
Nosotros queremos igualdad entre lo que es igual, no queremos una supuesta igualdad que solo sirve de pretexto a una política de destrucción de nuestros recursos. 
Por esto mismo quería apoyar al ponente y hacer a todos un llamamiento para que votemos mañana a favor de la enmienda 20 de este informe. 
Señor Presidente, me detendré en el informe Fava y después haré una breve observación sobre este debate tan sugerente del box irlandés. 
Señor Comisario, quisiera pedirle, si es posible, algunas aclaraciones sobre el informe del Sr. Fava, dado que usted ha declarado que está de acuerdo en esencia con las propuestas en él contenidas. 
En el informe del Sr. Fava- que mañana apoyaremos- se resalta que los datos en los que ustedes se han basado no están actualizados y, por tanto, no son especialmente fiables: los 12.000 puestos de trabajo que, según las previsiones, se perderán están subestimados; la reconversión laboral que se prevé es casi imposible dado el nivel de escolaridad de las personas afectadas. 
Todo esto lo ha dicho también hoy el Sr. Fava, y sin embargo usted dice que está esencialmente de acuerdo. 
No consigo comprender este juicio suyo favorable sobre el informe respecto de las propuestas avanzadas. 
Después, la Comisión de Presupuestos indica que no hay dinero y que los vínculos son tales que hay que excluir recursos adicionales. 
Si usted consigue con su imaginación idear algo, nos alegraremos de verdad. 
Yo propondría- y tengo curiosidad por conocer su opinión- dadas estas dificultades de presupuesto, devolver alguna responsabilidad a los Estados miembros- esto es lo que pediremos en otro informe- por ejemplo permitiéndoles aplicar, también a la pesca, la norma de minimis, que usted conoce bien dado que se trata de una norma que se aplica en la agricultura. 
En cuanto al otro tema debatido, confieso que estoy un poco desilusionado del debate. 
Los tonos excesivamente nacionalistas me llevan a creer de verdad que la política pesquera común ha dejado de tener sentido. 
En estos momentos de dificultad real- piénsese en las serias cuestiones que acosan a los pescadores y sus familias- el único punto seguro es el Derecho. 
Respetando el Derecho, se podrán conciliar la sostenibilidad medioambiental con los derechos, los tratados y los acuerdos, única garantía para no deslizarse hacia políticas nacionales y seguir aplicando una política común en este sector. 
Señor Presidente, voy a referirme, casi exclusivamente, al mantenimiento del box irlandés, pues constituye el polo de opinión entre partes claramente definidas; a pesar de ello, la Comisión de Pesca del Parlamento había logrado adoptar un informe que entiendo conjuga claramente los intereses de unos y otros ya que, por una parte, recoge la preocupación de una mayoría por proteger las zonas sensibles frente a una pesca irresponsable, y por otra sostiene la necesidad de eliminar toda discriminación infringida a las flotas comunitarias de cualquier Estado miembro que sean. 
El mantenimiento del box irlandés no se justifica desde el punto de vista científico ni tampoco desde el punto de vista jurídico; constituye una concesión política realizada a un país, hace 18 años, para hacer posible el acuerdo sobre la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. 
La limitación de acceso a una zona pesquera no puede prolongarse indefinidamente, sobre todo si afecta a una flota concreta. 
Varias sentencias señalan claramente que las reglas relativas a la igualdad de trato inscritas en la legislación comunitaria, no solo prohíben las discriminaciones explícitas por razones de nacionalidad, sino que también impiden toda forma disimulada de discriminación mediante la aplicación de criterios de diferenciación que obtengan en la práctica el mismo efecto. 
El período transitorio de adhesión de España a la Unión Europea acabó en diciembre de 2002, y a partir de enero de este año ya tenían que haber desaparecido todas las restricciones. 
Desde un punto de vista científico, cualquier medida de conservación de los recursos está justificada, siempre que no sea discriminatoria. 
En el caso del box irlandés, las medidas que propugnan algunos van incluso más allá de las iniciativas emprendidas recientemente para proteger los recursos de bacalao, especie cuyo estado no puede compararse con la situación en que se encuentran el rape, la merluza o el gallo del box irlandés. 
En el Acta de adhesión de España y Portugal a la Unión Europea queda explícita la decisión de eliminar toda restricción de acceso a las aguas comunitarias en diciembre de 2002; jurídicamente, razones de jerarquía normativa que todos, desde el experto jurista al profano en derecho, entienden, explican que los Reglamentos del 94 y 95 no puedan reemplazar el Acta de Adhesión. 
Todas las zonas pesqueras que sean consideradas sensibles deben ser, sin excepción, protegidas y tratadas con las mismas pautas a través de medidas técnicas, a través de cierres incluso, pero sin discriminaciones. 
Quienes votemos mañana contra la enmienda 20, queremos, señor Presidente, la sostenibilidad de los recursos pesqueros, pero también la igualdad para todos los países, la no discriminación de ninguno y apostamos por Europa. 
Señor Presidente, hablaré solo sobre el informe Stevenson. 
No tengo ninguna dificultad con los otros dos. 
El Comisario obliga a los bancos de nuestro país a resolver su problema de exceso de tonelaje en las aguas de la UE llevando a la quiebra a la flota pesquera irlandesa. 
Sí, lo conseguirá, pero yo me pregunto seriamente si en esta fase este es el método que siquiera deberíamos contemplar. 
Si reducimos el esfuerzo pesquero hasta el punto de que los pescadores no puedan hacer frente a sus pagos legítimos de devolución, no habrá futuro para ellos. 
Sí, seguramente usted conseguirá su objetivo, pero ¿a qué coste para esta industria tan importante? 
Vuelvo al tema del box irlandés. 
Sí, señor Comisario, no hay necesidad de evocar la imagen del regreso de la Armada española. 
Mientras hablamos, hay 40 barcos factoría españoles en el box irlandés. 
En estos momentos les está permitido faenar allí. 
El tema que debatimos es si habría que permitir la entrada a otros 120 en esta zona biológicamente muy sensible, no solo los 40 que están allí, sino tres o cuatro veces más. 
No se trata de una discriminación contra la flota española. 
Ya están allí, igual que los franceses, los belgas y los irlandeses. 
Pero la cifra actual de barcos españoles en el box irlandés absorbe más peces que la totalidad del esfuerzo pesquero irlandés. 
Hay algo que no funciona en un sistema que permite esto en las aguas costeras de Irlanda. 
¿No son nuestras aguas en este sentido? 
Acepto que el propio nombre de «box irlandés» es emotivo, pero es un tema en el que debemos ser justos. 
Si basamos nuestra discusión y nuestro debate en el asesoramiento de nuestros científicos, en el ICES y en otros que insisten en que debemos restringir el esfuerzo pesquero en esta zona para su conservación, en esta zona de reproducción de juveniles y de desove, si seguimos esta línea debemos ser absolutamente coherentes y ser restrictivos para todos. 
No puede decir a los franceses, a los belgas y a los irlandeses «¡no, debéis restringir vuestro esfuerzo! », y al mismo tiempo decir a los españoles «podéis cuadruplicar vuestro esfuerzo». 
No sería justo. 
Y no se trata de ninguna discriminación contra los españoles. 
Si seguimos el argumento científico, respetemos cierto rigor científico y seamos coherentes y justos con todos. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada quiero darles las gracias por todas las contribuciones al debate. 
He escuchado atentamente sus argumentos y ahora me gustaría pronunciarme sobre las distintas enmiendas. 
Empezaré con el informe Hudghton. 
En las enmiendas 1 y 3, usted menciona una serie de errores en las referencias que aparecen en nuestra propuesta. 
Le agradezco esta observación y, por supuesto, corregiremos estos errores. 
En relación con la enmienda 2 preferimos recoger las disposiciones sobre el empleo de combinaciones de redes de arrastre con distintos tamaños de malla en un Reglamento de la Comisión, pues de esta manera se abren mayores posibilidades de debate y de obtener el asesoramiento técnico de los expertos de los Estados miembros. 
La enmienda 4 se refiere a la pesca industrial, en la que resulta inevitable que se produzcan capturas accesorias de peces de tamaño inferior y de otras especies. 
Eso es cierto. Pero me gustaría recordar a este respecto que en este tipo de pesca las capturas accesorias solo pueden llegar como máximo al 5%, y los controles, realizados sobre todo por la CIEM, han demostrado que, en la práctica las capturas accesorias se sitúan por debajo de dicho porcentaje. 
Considero superfluas en este momento las enmiendas 5, 8 y 10, relativas a los consejos consultivos regionales, como ya he indicado. 
En el nuevo Reglamento marco ya se prevé que consultaremos a estos consejos regionales cuando una propuesta contenga un aspecto regional. 
Las enmiendas 6 y 7 resultan superfluas, pues su contenido ya figura en el nuevo Reglamento marco sobre la Política Pesquera Común. 
Puedo suscribir la enmienda 9 en la medida en que acepto incluir la referencia al nuevo Reglamento marco. 
Por último me gustaría dejar clara una cosa, ya que el Sr. Varela Suanzes-Carpegna me ha preguntado si estoy hablando de la primera o de la segunda propuesta de la Comisión. 
No hay más que una sola propuesta de la Comisión. 
Y además tenemos el informe sobre la propuesta y mi declaración. 
A lo que quizá se refiere usted es a un documento oficioso presentado por la Presidencia griega para el debate, pero que no es una propuesta de la Comisión. 
Ahora paso al informe Stevenson. 
Las propuestas se refieren a las aguas occidentales. 
Con mucho gusto acepto las enmiendas 2 a 5, pues coinciden plenamente con los objetivos de nuestra propuesta. 
En cambio, no puedo aceptar la enmienda 6, ya que suprimiría el considerando que representa el concepto básico del régimen que proponemos, a saber, garantizar que no aumente el esfuerzo pesquero en las aguas occidentales y que la actividad pesquera efectiva realizada hasta ahora se base en el cálculo del esfuerzo pesquero. 
Puedo aceptar en principio la enmienda 10, si bien el pasaje correcto para este texto deberían ser los considerandos y no la parte dispositiva del Reglamento. 
Considero que la enmienda 17 no resulta necesaria, pues ya garantizamos la vigilancia del esfuerzo pesquero mediante otras disposiciones de la propuesta de Reglamento. 
La inclusión de una cláusula de revisión, sin embargo, resulta aceptable, por ello suscribo la enmienda 19. 
Desgraciadamente no puedo aceptar las enmiendas 20 a 29. 
Desde aquí me gustaría decir claramente que el box irlandés es cosa del pasado. 
No hay marcha atrás en este tema. 
El libre acceso a las aguas situadas fuera de la zona de 12 millas es un principio fundamental de la Política Pesquera Común. 
Y solo puede limitarse si así lo justifican las medidas destinadas a la conservación de las poblaciones. 
En tal caso, dichas limitaciones deberán aplicarse sin discriminaciones y en igual medida a todos los Estados miembros. 
La enmienda 30 se refiere a la estabilidad relativa. 
El Reglamento marco de la Política Pesquera Común ya consagra este principio, por lo que no es necesario volver a abordarlo. 
Por lo que se refiere a las regiones ultraperiféricas, puedo aceptar las enmiendas 8 y 13 en la medida en que deberíamos limitar el acceso a especies distintas del atún y especies conexas a fin de proteger mejor los intereses de los pescadores de dichas regiones. 
Sin embargo, ello no debe aplicarse forzosamente a toda la zona de 200 millas. 
Esta cuestión aún debe examinarse más de cerca. 
En relación con las poblaciones pelágicas, me veo obligado, desgraciadamente, a no aceptar las enmiendas 11, 12, 14, 15, 16 y 18. 
Si las migraciones de poblaciones entre las distintas divisiones y subdivisiones de la CIEM dieran lugar a problemas de orden práctico, se podría aplicar a estas regiones, en lugar de las subdivisiones correspondientes, el máximo esfuerzo pesquero autorizado, sin ampliar las dificultades a varias subdivisiones o a todas las aguas occidentales. 
Sin embargo, no podemos resolver esos problemas potenciales excluyendo a todas las especies pelágicas de la normativa. 
En cambio, acepto con mucho gusto su enmienda 1 referente a la adaptación de las referencias del texto al nuevo Reglamento marco sobre la Política Pesquera Común. 
Otro tanto puedo hacer con la enmienda 7, que hace referencia a las investigaciones científicas, y con la enmienda 9 sobre el control por satélite. 
De este modo llego al Informe Fava sobre nuestro plan de acción social. 
En relación con el apartado 11 de la Resolución sobre la inclusión de cuestiones relacionadas con la protección de la salud, el fomento del empleo y la seguridad en el trabajo, quiero señalar que estos objetivos ya han sido tenidos en cuenta en el marco de la Política Pesquera Común. 
Acepto el apartado 5 de su Resolución en la medida en que siempre podremos actualizar el plan de acción cuando los Estados miembros nos faciliten información sobre las consecuencias socioeconómicas de cada plan de recuperación de poblaciones o de cada futuro plan plurianual de explotación. 
Ya hemos aceptado el apartado 13 relativo a la consulta a los Estados miembros y al sector. 
Por lo que hace a los apartado 7, 8 y 9, me gustaría comunicarle que en el Consejo de Pesca del 26 de mayo recordé a los Estados miembros que deben transmitir a la Comisión a más tardar el 15 de junio de este año datos precisos sobre las necesidades complementarias de recursos para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del plan de recuperación de las poblaciones de bacalao. 
Hasta ahora tan solo el Reino Unido ha presentado datos precisos, pero también ha señalado que pretende cubrir las necesidades financieras adicionales con fondos nacionales. 
En cambio, los demás Estados miembros no han facilitado hasta ahora ningún dato. 
Asimismo pedí a los Estados miembros que nos comunicaran si deseaban revisar su planificación original y la forma en que pretendían hacerlo, a fin de reforzar las medidas de ayuda socioeconómica. 
Sin esta información de los Estados miembros, todos- tanto la Comisión como el Parlamento- tendremos problemas para cumplir la Resolución del Parlamento Europeo de este año. 
Tampoco pudimos convencer a la autoridad presupuestaria que facilitara hasta 150 millones de euros en recursos complementarios en el marco del instrumento de flexibilidad, para atenuar la crisis que sufre el sector del pescado blanco, si no se producen las demandas correspondientes de los Estados miembros. 
Señor Presidente, quisiera pedir una aclaración a las observaciones del Sr. Comisario en relación con los consejos consultivos regionales. 
En su anterior intervención dijo que los consejos consultivos regionales se habían creado en el Reglamento básico, que podían ser consultados, pero que no había ninguna obligación general y, en realidad, existen obstáculos legales para ello. 
Ahora ha dicho que se consultará a los consejos consultivos regionales cuando en una propuesta exista un aspecto regional. 
En general, ¿quién va a decidir cuándo y cómo se consultarán los consejos consultivos regionales? 
En particular, ¿está de acuerdo en que las medidas técnicas, si han de ser significativas, deben hacerse a medida de cada región, y que por lo tanto existe un aspecto regional? 
Por lo tanto, ¿se consultará a los consejos consultivos regionales sobre este informe de medidas técnicas, o no? 
Muchas gracias, señor Presidente, pero creo que el Comisario tiene que decirnos cuál es la verdad: si lo que afirmó en la respuesta en la pregunta n° 26- que dice que los reglamentos están en vigor -, o lo que acaba de afirmar hace poco, o sea que los reglamentos ya no están en vigor. 
El Comisario no puede dejar de aclarar la situación y decir cuál es la verdad, si su afirmación anterior, o lo que acaba de afirmar ahora mismo. 
Señor Presidente, antes que nada me gustaría contestar a la pregunta del Sr. Hudghton acerca de los consejos consultivos. 
La cuestión de si es sensato y necesario, o si se considera necesario consultar a dicho consejo se desprende de la situación dada. 
Lo que he querido subrayar es que en el Reglamento de base se prevé la opción de consultar a los consejos consultivos, y por ello no es posible hacer obligatoria esta consulta en una normativa subordinada. 
Pero puedo asegurarle solemnemente, en nombre de la Comisión, que siempre consultaremos al consejo consultivo competente, si existe, cuando haya un aspecto regional en una propuesta sobre una región marítima. 
Nosotros mismos estamos interesados en obtener el mayor número de informaciones claras y detalladas sobre la utilización efectiva de las medidas técnicas. 
Y respecto a los comentarios del Sr. Casaca, le diré que por supuesto sigue siendo válido lo que se contestó a su pregunta. 
Sin embargo, ha de tener en cuenta una cosa: usted ha dicho que la disposición del Tratado de Adhesión continúa vigente de forma automática. 
Posiblemente se trate de un error de traducción, pues esto no puede ser correcto, porque, como es sabido, la disposición del Tratado de Adhesión ha expirado. 
Y ahora la situación, para ser precisos, es esta: en opinión del Servicio Jurídico de la Comisión la base jurídica ha expirado, pero se requiere un acto legislativo para abolir la disposición correspondiente del Reglamento, pues esta no se extingue por sí sola. 
Por otra parte, el Servicio de Jurídico del Consejo ha elaborado un dictamen jurídico en el que se dice que la disposición del Reglamento pierde automáticamente su vigencia debido a la pérdida de su base jurídica. 
Aquí tenemos dos opiniones jurídicas distintas. 
Como es lógico, en mi respuesta le expuse la opinión de la Comisión. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Hoy tenemos en la tribuna oficial a un distinguido visitante, el Presidente del Parlamento de Finlandia, el Sr. Paavo Lipponen. 
Señor Lipponen, le doy la bienvenida a nuestra Asamblea. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de Salónica de los días 20 y 21 de junio de 2003 y la reunión de la Troika y de los países participantes en el Pacto de Estabilidad para la Europa del Sudeste. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Consejo de Salónica pondrá fin a un período de seis meses especialmente complicado y preparará el camino para continuar con el procedimiento de integración europea. 
En primer lugar, el desarrollo del asunto de los cambios institucionales requeridos por la Unión Europea y tratados por la Convención sobre el Futuro de Europa desde marzo de 2002. 
En segundo lugar, pretende ocuparse de los asuntos de política exterior y de defensa, con especial énfasis en el tema de las relaciones trasatlánticas, la formulación de una percepción estratégica de los problemas de seguridad comunitarios y la cuestión de las armas de destrucción masiva. 
En tercer lugar, la inmigración, el asilo y los problemas de las fronteras externas, cuestión que como saben preocupa a la Presidencia griega, y su creciente importancia en la Unión durante los últimos cinco años. 
En cuarto lugar, los asuntos relativos a la estrategia de empleo y la estrategia de Lisboa en general, los cuales deberán ser abordados por el Consejo. 
Por último, durante el día posterior al Consejo, es decir, el sábado 21 de junio, se tratará la política comunitaria sobre los Balcanes occidentales. 
Por supuesto, además de estos cinco puntos, el Consejo no se olvidará de debatir otros asuntos y adoptar las decisiones oportunas al respecto. 
No obstante, limitaré mi intervención principalmente a los bloques temáticos mencionados. 
Señorías, el primer bloque temático hace referencia a los cambios institucionales abordados por la Convención y los pasos que se deben seguir. 
Como resultado de la ampliación, cuyo tratado se firmó en Atenas el 16 de abril, surge un problema urgente: se deben adelantar una serie de cambios para evitar que la Unión Europea caiga en la horrible trampa de contar con instituciones poco flexibles, incapaces de funcionar de forma eficiente y creativa. 
Por este motivo, las cuestiones tratadas en la Convención sobre el Futuro de Europa constituyen asuntos de gran relevancia para el Consejo y la Unión en general. 
Conforme a lo acordado en el Consejo informal celebrado en abril, se espera que la Convención, a través de su presidente, presente los resultados del trabajo desarrollado durante unos quince meses. 
La Presidencia griega ha logrado garantizar, mediante varios acuerdos especiales, el respeto del calendario otorgado a la Convención en virtud del Consejo de Copenhague. 
Se han presentado diversas ideas y propuestas. 
El diálogo puede continuar, pero debemos finalizar en algún momento. 
Obviamente, aunque no se llegará a una conclusión bajo la Presidencia griega, esperamos que los líderes intercambien sus opiniones y tomen una decisión sobre el orden de la Conferencia Intergubernamental, y sobre las medidas necesarias para completar la última etapa bajo la Presidencia griega. 
El producto final de la Convención será presentado al Consejo de Salónica. 
La función del Consejo no es tomar decisiones materiales; su función es la de decidir el modo en que se asignará el orden a la Conferencia Intergubernamental para iniciar el trabajo, de forma que su resultado sea aceptado por todos, constituya un denominador común y represente el marco institucional que determinará el rumbo de la Unión durante los próximos años. 
Llegado el momento, debemos asegurar que este denominador común no se convierta en un mínimo común denominador, no constituya un cambio de importancia limitada, sino un denominador que garantice un desarrollo dinámico de la Europa ampliada. 
La Presidencia griega pretende celebrar un debate sobre los aspectos materiales de este asunto para que se produzca un intercambio de opiniones, se establezca una visión de las posturas nacionales antes de la Conferencia Intergubernamental y, claramente, para que se adopten las decisiones sobre las cuestiones reglamentarias relativas a las etapas siguientes del procedimiento. 
La agenda de trabajo correspondiente a la Conferencia Intergubernamental constituye un asunto importante. 
Para determinar dicha agenda, también se debe tener en cuenta la obligación de determinados Estados miembros de mantener un diálogo internacional sobre el resultado de la Convención. 
Calculamos que, alrededor de otoño, este procedimiento deberá haber finalizado y la Conferencia Intergubernamental deberá seguir avanzando para finalizar su trabajo a tiempo, de modo que el período transcurrido entre la fecha de ampliación, en Mayo de 2004, y la entrada en vigor del nuevo marco institucional sea lo más breve posible. 
En cualquier caso, los avances en el trabajo de la Convención me permiten expresar determinadas opiniones sobre una serie de puntos. 
El debate sobre la arquitectura institucional de la Europa ampliada se inició con la identificación de la necesidad de una mayor eficiencia. 
Todo el mundo esta convencido de que es preciso adaptar la estructura institucional y las operaciones a las necesidades de una Unión más grande, al tiempo que se mantienen todos los principios sobre los que se basa el intento de unificación europea. 
La redacción de un Tratado Constitucional representa un gran salto cualitativo, el cual se debe en gran parte a los esfuerzos realizados en la Convención. 
No obstante, debemos señalar que expresa al mismo tiempo la voluntad de los ciudadanos europeos. 
Su solidez depende de dos elementos básicos: su funcionamiento de carácter más democrático y un proceso de toma de decisiones más eficiente. 
Quisiera celebrar especialmente el hecho de que, durante el trabajo de la Convención, se ha observado un grado importante de acuerdo en una serie de cuestiones básicas, tales como, por ejemplo, el refuerzo del papel del Parlamento Europeo, la introducción de una única personalidad jurídica internacional para la Unión, la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales al Tratado Constitucional y la mayor comunitarización del área de libertad, seguridad y justicia. 
Asimismo, la idea de que se pueden alcanzar credenciales democráticas mejoradas para la Unión sin crear nuevas instituciones u organismos fue aceptada en líneas generales. 
La ampliación de Europa debería conllevar el refuerzo de la presencia internacional. 
Esto significa que es preciso buscar soluciones, tales como un modo más coordinado de utilizar los recursos de política exterior y la creación de un cargo que una las responsabilidades del Alto Representante con las del Comisario responsable de la política exterior. 
Como saben, Señorías, este debate ya se está llevando a cabo. 
Además de los distintos enfoques expresados en la sesión plenaria en la Convención, opino que resulta importante para nosotros mantener un equilibrio entre las instituciones de la Unión, garantizar la igualdad de los Estados miembros, aprovechar mejor las ventajas del método comunitario y reforzar el carácter democrático de una Unión de Estados y pueblos. 
En cualquier caso, considero que la Convención ha sido un éxito, ya que se han logrado adoptar decisiones sobre una serie de complicados asuntos que seguían pendientes tras anteriores Conferencias Intergubernamentales. 
No hace falta decir que en la próxima Conferencia Intergubernamental se deberán tener en cuenta las decisiones sobre las que se ha llegado a un acuerdo. Resulta esencial que, en la última etapa del trabajo, exista un espíritu de compromiso, se respete la autoridad de la Convención y se garantice el sólido resultado que tanto necesita la Unión. 
Tal y como he mencionado antes, el segundo ámbito de trabajo importante en el que se centrará el Consejo de junio está relacionado con los avances logrados durante todo este período sobre el asunto especialmente crucial de la política exterior, en el que se incluye la cuestión de las relaciones entre Estados. 
La cumbre Unión Europea-EE.UU. se celebrará en Washington unos días después del Consejo. 
Este evento será una oportunidad de debatir asuntos importantes para ambos bandos, de abordar conjuntamente diversos problemas graves relativos a los avances internacionales y/o bilaterales, y de darle un giro al clima que ha reinado durante estos últimos meses. 
Las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos dependen de vínculos tradicionales, el importante papel de ambos bandos en el ámbito internacional y su dinamismo, a pesar de que durante los últimos meses han sido puestos a prueba por una divergencia de opiniones sobre una serie de asuntos. 
Sin embargo, todos los Estados miembros consideramos que los aspectos que nos unen son mayores que los que nos separan y que nuestra colaboración redunda en el interés de todos. 
Durante el último encuentro en Gymnich, sostuvimos un debate realmente provechoso. 
Consideramos que la imagen de nuestras relaciones con los Estados Unidos debería mejorar y reflejar mejor la situación real. 
Por este motivo, nos estamos esforzando para garantizar que la próxima cumbre, cuyo orden del día se debatirá en la Cumbre de Salónica, constituya un paso importante en el mayor desarrollo de nuestras relaciones estratégicas, de modo que podamos hacer frente juntos a los retos actuales. 
Los problemas del Iraq, las relaciones trasatlánticas y los avances internacionales en general han planteado recientemente nuevos retos en el ámbito de la política europea de seguridad y defensa. 
En este sector, deberemos desarrollar una percepción común del nuevo entorno de seguridad y ser capaces de afrontar eficientemente los nuevos retos y amenazas. 
Los ministros de Asuntos Exteriores, durante la reunión informal celebrada a primeros de mayo, instaron al Alto Representante de la Unión a que preparara un informe general sobre el nuevo entorno de seguridad, los retos y las amenazas derivadas del mismo y los métodos en que la Unión puede hacerles frente, con la intención de presentarlo para su debate inicial en el Consejo Europeo en Salónica. 
Del mismo modo, el Consejo Europeo espera aprobar el informe de situación de la Presidencia sobre la política europea de seguridad y defensa, junto con el informe anual relativo a la aplicación del programa de la Unión sobre la prevención de conflictos violentos, el cual representa la piedra angular del mecanismo de seguridad comunitario. 
El problema de las armas de destrucción masiva, el cual se relaciona con lo anterior, representa asimismo uno de los puntos relevantes en la agenda y, claramente, opino que seguirá siendo así, puesto que la proliferación de estas armas constituye un enorme reto para la situación internacional. 
Durante el Consejo de junio, y de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, la Presidencia pretende además informar a los jefes de Estado acerca de una serie de aspectos relativos a la inmigración, el asilo y las fronteras externas, los cuales, como bien saben, han sido prioridades básicas de nuestra Presidencia. 
Se han hecho avances importantes. 
El Consejo ha logrado un acuerdo político sobre la directiva de reagrupación familiar y consideramos que podremos alcanzar un acuerdo político sobre la directiva de residentes a largo plazo y la directiva relacionada en la que se define la situación de los refugiados. 
Como saben, hemos tratado de lograr una revisión global de la cuestión de inmigración, tanto legal como ilegal. 
En un esfuerzo por formular una política europea única sobre los asuntos de la inmigración legal y el asilo, la Presidencia ha concedido también especial importancia a la cuestión de la integración de ciudadanos de terceros países. 
Pretendemos, junto con la Comisión, formular las conclusiones de Salónica sobre la base de la comunicación de la Comisión acerca del desarrollo de una política común sobre la inmigración ilegal, el tráfico de personas, el problema de las fronteras externas y el retorno de inmigrantes ilegales, de nuevo en conexión con la cuestión de la división de responsabilidades. 
Asimismo, la Presidencia desea alcanzar un acuerdo político en lo que respecta a la inclusión de la inmigración como parámetro esencial en la evaluación de la cooperación de terceros países con la Unión. 
Tras el Consejo Europeo de primavera, celebrado durante una etapa de complicados avances económicos y políticos, es preciso adoptar medidas para la aplicación de las decisiones alcanzadas dentro del marco de la estrategia de Lisboa en marzo de 2000, especialmente ahora que nos encontramos al final del primer tercio del proceso y queda aún mucho trabajo por hacer. 
En el Consejo de marzo decidimos fomentar la aplicación de una serie de políticas sobre el empleo, la innovación y el espíritu empresarial, entre otras. 
Por esta razón, uno de los puntos centrales tratados en Salónica será la aprobación de determinadas directrices, tales como la estrategia europea de empleo revisada, el registro de los avances efectuados en diversos objetivos relativos, por ejemplo, a las ofertas públicas de adquisición, los problemas energéticos y la responsabilidad medioambiental, y la adopción del paquete sobre la reforma de la política agrícola común, a pesar de que actualmente resulta difícil predecir el resultado final de este asunto. 
Esto me lleva a hablar acerca de los Balcanes occidentales. 
En lo que respecta a los Balcanes occidentales y sus relaciones con la Unión, nuestro programa establece un conjunto de prioridades, especialmente la intensificación de su avance hacia las estructuras y las condiciones europeas. 
El hecho de que los Balcanes occidentales hayan ocupado uno de los primeros puestos en la lista de prioridades de la Unión, a pesar del clima adverso reinante durante los últimos meses, representa un logro por parte de la Unión y demuestra la gran importancia política otorgada a la región. 
Este interés se ha manifestado en términos reales a través del proceso de estabilidad y asociación, así como en el sector político y en el de seguridad, con las dos operaciones llevadas a cabo en Bosnia y Herzegovina y en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
La reconstrucción de los Balcanes occidentales se ha basado en la cooperación regional y, en este sentido, resulta esencial la función del pacto de estabilidad. 
Haré referencia en particular a la iniciativa de la Presidencia, dentro del marco del proceso de cooperación de Europa sudoriental y el pacto de estabilidad, para la creación de un mecanismo de advertencia anticipada y prevención de crisis y conflictos que ponga de relieve principalmente la importancia del desarrollo económico y social como elemento disuasorio. 
El proceso de estabilidad y asociación sigue siendo el elemento básico de la política de la Unión en los países de los Balcanes. En nuestro esfuerzo por apoyar esta política, recientemente se ha llevado a cabo en Croacia un balance de los éxitos alcanzados en virtud del pacto de estabilidad, siendo el objetivo principal la coordinación de las acciones derivadas de dicho pacto para complementar así el proceso de estabilidad y asociación. 
La democratización, la reconciliación y la cooperación regional, por un lado, y el acercamiento de cada uno de estos países a la Unión, por el otro, constituyen una entidad única. 
Los objetivos que hemos planteado para los Balcanes occidentales han sido aprobados por la Comisión, los Estados miembros y los cinco países de la región. 
El Consejo y la Comisión están trabajando para que se apliquen estos objetivos con conclusiones operativas específicas. 
Las decisiones relevantes se deberán adoptar en el Consejo de Asuntos Generales del 16 de junio. 
El Parlamento Europeo aprobará dichas decisiones y, de este modo, pretendemos establecer un punto crucial en nuestras relaciones con los Balcanes occidentales, con unas conclusiones en cuyo texto no solo se exprese la voluntad política de apoyar la perspectiva europea de los países de la región, sino que además se incluya un plan operativo para este propósito. 
Al mismo tiempo, el Consejo Europeo confirmará que el futuro europeo de estos países depende principalmente de ellos mismos y de su compromiso de aplicar las reformas necesarias. 
El proceso de estabilidad y asociación, del cual constituye una parte importante el principio de condicionalidad, nos sigue facilitando el marco institucional requerido. 
Si se enriquece este proceso con elementos de la reciente experiencia de ampliación, se reforzarán los mecanismos de evaluación, reforma y control sobre la base de los criterios de condicionalidad de 1997 y los criterios de Copenhague. 
Con este espíritu de mayor desarrollo, la Comisión ha propuesto un medio específico para lograr los objetivos, las asociaciones para la integración europea. 
Inspiradas por el procedimiento de preadhesión y adaptadas a los requisitos de cada país, señalarán las prioridades y obligaciones que se deberán cumplir regularmente, al tiempo que actuarán como consejeras en lo que respecta al apoyo financiero a través del programa CARDS. 
Se espera que la decisión para la aprobación de este mecanismo se adopte en el Consejo de Asuntos Generales y en el Consejo Europeo. 
De las acciones operativas que se debatirán en la cumbre, se está otorgando también especial importancia a las cuestiones de justicia y asuntos internos, en particular en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. 
Pretendemos que se evalúen los logros de los países de la región para así poder elaborar listas con las obligaciones específicas futuras correspondientes a cada uno. 
Asimismo, se propondrán acciones específicas sobre otros asuntos horizontales, tales como el retorno de los refugiados, la lucha contra el desempleo, la liberalización del comercio y la protección de los monumentos religiosos y culturales. 
Una condición previa esencial para lograr una estabilización eficiente en la región consiste en aumentar la financiación europea y poner mayor énfasis en las medidas de desarrollo. 
Las decisiones adoptadas por el Consejo de Salónica se reflejarán asimismo en la declaración de Salónica, la cual se espera que firmen las partes interesadas el 21 de junio. 
Dentro de este foro político, que se deriva de la cumbre de Zagreb del año 2000, pretendemos renovar un diálogo político que completará el marco existente y pondrá de relieve la responsabilidad de los países de los Balcanes occidentales en el proceso global. 
Además y por encima de estos parámetros básicos que abordará el Consejo Europeo, quisiera hacer referencia brevemente a otros asuntos de especial importancia. 
Tras la ceremonia histórica de la firma del tratado de ampliación el 16 de abril, se dio un nuevo impulso a este proceso y se completó una etapa básica de su desarrollo general. 
El procedimiento de ratificación para los diez países marcha sobre ruedas, ya que se ve reforzado mediante el control de la aplicación del acervo. 
Al mismo tiempo, las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumania están registrando avances satisfactorios. 
Con respecto a Turquía, se está ultimando la estrategia de adhesión de acuerdo con las decisiones de Copenhague. 
Por consiguiente, se espera que el Consejo Europeo tenga en cuenta los avances realizados y apruebe las directrices necesarias. 
No haré referencia a otro tipo de asuntos de los que, obviamente, se ocupará el Consejo sobre la marcha. 
Quisiera simplemente señalar que, en un intento por acercar a los ciudadanos europeos a los avances de Europa, la Presidencia griega está gestionando la propuesta relativa a los partidos políticos comunitarios como un asunto de alta prioridad y está haciendo todo lo posible para que las negociaciones en el Consejo finalicen antes del Consejo Europeo de Salónica. 
Me complace especialmente el hecho de que ayer se llegara a un consenso general con respecto a la organización de acuerdo sobre una legislación mejorada. En consecuencia, deberemos presentar también este acuerdo en el Consejo de Salónica. 
Para terminar, quisiera añadir que la Presidencia realizará un último esfuerzo por tratar de encontrar igualmente una solución a la cuestión del estatuto de los diputados. 
No puedo emitir un juicio anticipado al respecto. 
Quisiera dejar constancia hoy de mi agradecimiento y de la gratitud del Parlamento por los grandes esfuerzos que ha hecho la Presidencia griega por colaborar con nosotros de forma constructiva para mejorar el Reglamento. 
Espero que podamos concluir un acuerdo interinstitucional a este respecto. 
Quisiera darles de nuevo las gracias por comprometerse a seguir prestando ayuda en la búsqueda de una solución a la cuestión de un Estatuto del Diputado. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, me complace mucho el aplauso que ha recibido el Presidente de la Comisión porque en verdad se lo merece. 
Sus declaraciones, que han tenido como eje el método comunitario, le han valido un gran aplauso y también yo quisiera centrar mi intervención en la Convención. 
En primer lugar, deseo expresar mi cordial agradecimiento a todos nuestros participantes en la Convención y también a su presidente, Valéry Giscard d ' Estaing, por el trabajo que han realizado hasta ahora, si bien aún no hemos alcanzado la meta. 
Si durante la semana pasada no se hubiesen registrado estos claros progresos, hoy quizá deberíamos temer aún un fracaso. 
Ahora ya no lo temo. 
Pero tenemos que conseguir nuevos progresos. 
Nuestro Grupo está firmemente convencido de la necesidad de que se presente un proyecto de constitución común cerrado y sin diferentes alternativas. 
Es decir que no queremos que de la Convención salga una propuesta que se pueda volver a replantear en la Conferencia Intergubernamental, sino que deseamos un proyecto cerrado, un programa definitivo, con la esperanza de que a continuación también lo aprueben los gobiernos. 
Sobre todo deseamos lo siguiente: en el preámbulo se hace referencia a nuestro legado griego, a nuestro legado romano y también a la Ilustración, y debemos insistir para que en el preámbulo de la Constitución europea se incluya también el legado cristiano como componente de la identidad que hemos desarrollado. 
Desde el Parlamento Europeo pedimos igualdad de derechos en todos los ámbitos de la legislación europea y compartir con el Consejo las competencias presupuestarias, incluida la programación financiera a medio plazo. 
En cuanto a la Comisión, deseamos una Comisión fuerte y nos parece buena la propuesta de que los jefes de Estado y de Gobierno propongan al Presidente de la Comisión, sobre la base de los resultados de las elecciones, y el Parlamento Europeo lo designe luego. 
Deseamos una Comisión fuerte porque esta constituye, junto con el Parlamento- y, naturalmente, también con el Tribunal de Justicia Europeo -, el núcleo central de la Europa comunitaria. 
También pedimos que la Convención encuentre una solución en cuanto las dimensiones de la Comisión, que garantice su capacidad de actuar, pero de manera que todos los países de la Unión Europea puedan estar representados, puesto que todos- incluidos los pequeños- aspiran a sentarse en la mesa de la Comisión. 
Sin duda, es posible concebir procedimientos, bien a través de la rotación, bien por medio de comisarios adjuntos, que permitan que no solo los países grandes, sino también los pequeños, ocupen un puesto en la Comisión. 
Esto es de la máxima importancia desde el punto de vista psicológico para nuestro proyecto europeo común. 
También pedimos que el Ministro de Asuntos Exteriores europeo, que se propone que a la vez sea vicepresidente de la Comisión, esté sujeto a la ratificación del Parlamento Europeo, igual que toda la Comisión. 
No es admisible que el Ministro de Asuntos Exteriores no esté vinculado en absoluto al Parlamento Europeo. 
También este debe contar con su aprobación y su confianza, y por esto queremos que esté integrado dentro del conjunto de la Comisión, que también deberá contar con nuestra aprobación. 
Por lo que respecta al Consejo, puedo suscribir en su mayor parte lo que ha manifestado el Presidente de la Comisión y naturalmente también las palabras del señor Presidente en ejercicio del Consejo, no con tanto detalle, pero sí en cuanto a su orientación. 
Cuando el Consejo actúa como órgano legislativo, es necesaria una auténtica transparencia y el Consejo, en su calidad de órgano legislativo, debe decidir básicamente por mayoría, por principio 
Luego está el tema de la Presidencia del Consejo Europeo. 
La propuesta del Praesidium de la Convención todavía incluye una frase que indica que el Presidente del Consejo Europeo no debe formar parte de otra institución. 
Me parecería favorable- ahora hablo, no obstante, tan solo a título personal- que dicha frase se suprimiese. 
Es preciso mantener abierta la opción de que algún día, cuando la situación esté madura, el Presidente de la Comisión Europea también pueda presidir el Consejo Europeo. 
Por esto yo espero que se acabe por suprimir esa frase que todavía figura en la propuesta. 
(Aplausos) 
Solo puedo manifestar mi apoyo a cuanto se ha dicho sobre el Tribunal de Justicia Europeo. Quiero agradecerle expresamente sus palabras, señor Presidente de la Comisión. 
Todas o casi todas las actuaciones de la Unión Europea deben estar sujetas al Derecho europeo, pues estas solo tendrán una base legal y no estarán fundadas en la oportunidad política si son justiciables. 
Por esto es tan importante que la mayoría de los ámbitos de acción común europea- con escasas excepciones- tengan un fundamento jurídico y estén sujetos también al control del Tribunal de Justicia Europeo. 
En efecto, solo así seremos una auténtica comunidad de Derecho. 
Esto también se debe aplicar a los temas de política interior. 
Quiero agradecer al señor Presidente en ejercicio del Consejo su declaración de que la Presidencia griega del Consejo se va esforzar por alcanzar un resultado en lo que se refiere al estatuto de los diputados europeos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, mucho me temo que si esto no se consigue jamás llegue a existir un estatuto de los diputados. 
Después de debatir durante quince años, creo, el tema del Estatuto de los diputados y de la decisión adoptada ayer y hoy, desde el Parlamento hemos cumplido con nuestra obligación. 
Espero que consigan hacer otro tanto, porque el Consejo asumirá una enorme responsabilidad si no lo logran. 
Por consiguiente, les deseo que consigan aprobar el estatuto de los diputados. 
Espero que también logren aprobar el estatuto de los partidos políticos, ya que para las grandes familias políticas europeas- y no solo para estas, sino para todas- es sumamente importante poder contar con un estatuto que garantice su transparencia y su capacidad de actuación, y por mi parte quisiera animarle a que haga también suya esta aspiración. 
Para acabar, permítanme que añada una reflexión sobre la política exterior, puesto que esta va a desempeñar un papel importante. 
Ayer nos visitó el Presidente Bouteflika de Argelia. 
Estos días tenemos la mirada puesta, naturalmente, en el este de Europa. 
Animamos a nuestros socios polacos a que este fin de semana digan «sí» a Europa y a la adhesión a la Unión Europea en el referéndum del sábado y el domingo. 
Fue una experiencia magnífica para mí poder estar presente el domingo pasado en una manifestación a favor de la adhesión en Varsovia, mientras gritábamos: Tak dla Polski! 
Sí a Polonia dentro de la Unión Europea. 
Pero ahora no debemos mirar solo al este, sino también hacia el sur, hacia el área mediterránea. 
Tenemos que volver a llenar de verdadero contenido el diálogo mediterráneo, que hasta ahora ha sido en gran parte solo retórica. 
No debemos perder de vista el área mediterránea, pues aunque hablemos de la seguridad de las fronteras- que es necesaria, tanto con respecto a los países del Este, como con respecto a los del Sur -, no se debe erigir un nuevo muro. 
Al contrario, tenemos que ayudar a los países del área mediterránea, del norte de África, para que su población y justamente los jóvenes tengan una oportunidad de futuro. 
Tenemos que intensificar nuestros esfuerzos con este objeto. 
Les deseo mucho éxito en la Cumbre de Salónica. 
Si adoptan la citada decisión, pueden contar con el apoyo de nuestro Grupo. 
¡Y que tenga mucha suerte, al igual que la Presidencia griega y todos los que formamos parte de la Unión Europea! 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo, permítanme felicitar a la Presidencia griega por su coraje y firmeza. 
Han navegados ustedes, como Ulises, por aguas turbulentas, y quizá, en algún momento, tendrían que haber atado al mástil a algunos de los tripulantes cuando las sirenas transatlánticas empezaron a cantar, pero estamos a tiempo de mejorar la situación. 
La cuestión central de este debate es el futuro de Europa, y en él se enmarca el trabajo de la Convención. 
Quiero saludar también el discurso del Presidente de la Comisión y reafirmar, en nombre de mi Grupo, que nosotros, que trabajamos por la Convención, y que estamos participando activamente, creemos que debe conseguir un proyecto de Constitución, y no una lista de opciones. 
Ese es un punto absolutamente básico. 
También pensamos que es un elemento positivo el que se afirme el carácter laico de la Europa que estamos construyendo, porque eso se hace en el respeto de todas las religiones y de la complejidad de nuestra historia. 
Piensen ustedes que en Salónica, por ejemplo, hasta la Segunda Guerra Mundial vivió la mayor colectividad de judíos sefardíes expulsados de mi país, que tiene una historia griega, romana, cristiana, musulmana y judía. 
En cuanto a la personalidad exterior, es importante también, y lo ha dicho el Presidente de la Comisión, que afirmemos verdaderamente los principios fundamentales y el criterio de la mayoría como sistema de trabajo. 
La Presidencia griega ha señalado que la estabilización de los Balcanes y su integración es absolutamente decisiva. 
Hay que recordar que, cuando lanzamos la PESC, el primer fracaso vino precisamente porque fuimos incapaces de ponernos de acuerdo. 
Y eso fue lo que agravó la tragedia yugoslava. 
Cuando empezamos a trabajar conjuntamente en Kosovo y Macedonia, fuimos capaces de mejorar. 
En relación con el trabajo final de la Convención, quería señalar, en primer lugar, que lo importante es que no se cierren posibilidades, es decir, que el texto constitucional permita evolucionar, porque no va a cambiar la realidad a partir del mismo, pero tenemos que ser capaces de continuar con el método comunitario. 
Y aquí hay algunas cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, en cuanto a la Comisión. 
Si decimos que el Presidente de la Comisión tiene que ser elegido a partir del resultado de las elecciones, eso supone, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que tienen ustedes que poner como un tema fundamental en el orden del día de Salónica el Estatuto de los Partidos Políticos, porque sin protagonistas no podremos construir una verdadera democracia, en la que el Presidente de la Comisión tenga una legitimidad democrática, y debo decir que este punto no parece tener una gran importancia para el Consejo en este momento. 
En segundo lugar, en relación con la composición de la Comisión, yo diría que es un debate abierto en todas las familias políticas pero, en cualquier caso, lo que hay que hacer es reforzar la capacidad de la Comisión como colegio y la autoridad de su Presidente. 
En cuanto al establecimiento de una Presidencia del Consejo con carácter de diunvirato, sabe bien el Presidente Prodi, y sabemos todos, que los diunviratos no son estables. 
Tiene que haber alguien que ostente el poder ejecutivo. 
Hay que apoyar el que el Consejo mejore su organización interna, pero no será estable una organización basada en dos instituciones que, en cierto modo, se solapan. 
Un punto muy importante para el Parlamento es que se consagre el poder de la ley, el poder legislativo compartido, lo cual implica que el Consejo también actúe de una manera democrática y abierta y, al mismo tiempo, que se mantenga el equilibrio institucional. 
En relación con el Estatuto del diputado, querría insistir en un punto, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, y me gustaría, además, que el Presidente de la Comisión manifestara en este debate su criterio sobre el mismo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no se trata de un tema de régimen interior del Parlamento. 
Se trata de un tema absolutamente constitucional y, por eso, ustedes lo que tienen que hacer en este momento no es resolver el problema, sino, básicamente, no oponerse a la solución que hemos dado que, además, justifica y apoya la necesidad de decidir por mayoría. 
Recuerde una cosa: en el punto de la fiscalidad, en Niza se decidió la unanimidad, y eso está produciendo resultados absolutamente negativos. 
Cada uno tiene que hacer frente a sus responsabilidades, y ustedes la tienen en un tema absolutamente constitucional. 
Señor Presidente, permítame referirme muy brevemente a dos temas importantes. 
Uno es la economía. 
Se ha celebrado una Cumbre del G 8, en la que ha participado el Presidente de la Comisión. 
Me gustaría que fuera un poco más explícito en relación con el desarrollo de la estrategia de Lisboa y también con el euro, que es un tema que nos preocupa, sobre todo porque la economía europea no está funcionando como locomotora. 
Por último, en relación con la Cumbre transatlántica de finales de este mes, es muy importante manifestar una voluntad de retomar por ambas partes nuestras responsabilidades en un contexto multilateral, sobre todo en un momento en el que se abren esperanzas en el proceso de Oriente Próximo y una posibilidad de trabajar de cara al futuro de la ONU. 
Señor Presidente, debemos decir a nuestros aliados norteamericanos- y pienso en el Tratado de extradición- que tienen que tratarnos con igualdad, respetando nuestra propia capacidad legislativa y, sobre todo, que nos den explicaciones- éste es un punto importante- sobre la situación absolutamente inaceptable en la que se encuentran algunos ciudadanos europeos, en esa especie de zona de no derecho que es la base de Guantánamo. 
Esto tiene su importancia también de cara al futuro de nuestras relaciones. 
En cualquier caso, es muy importante que den ustedes un paso sustancial, respetando y apoyando los resultados de una Convención que nos lleve a una Constitución europea. 
Señor Presidente, los Liberales Demócratas Europeos de esta Asamblea esperan que el Presidente Valéry Giscard d ' Estaing presente a los Jefes de Estado y de Gobierno un borrador de Tratado Constitucional que cuente con un amplio consenso. 
Este proyecto debe apagar el fuego de las disputas cada vez más amargas que hemos podido presenciar en las últimas semanas. 
Sin embargo, corresponde a la Convención, y no a su Presidente, confirmar si existe o no un consenso, y si la Convención necesita un poco más de tiempo para completar su trabajo, que así sea. 
Al Sr. Giscard d ' Estaing le gusta decir que su Constitución no cambiará durante 50 años, pero a menos que el texto final refleje un consenso duradero y se conceda a los Estados miembros el tiempo necesario para debatirlo, es probable que tengamos que volver a abordar la cuestión muy pronto. 
Según las últimas propuestas parece que el Praesidium está ahora a la escucha, pero es evidente que aún hay que escuchar mucho más. 
Incluso con las restricciones sobre su función en materia de política exterior, a los Liberales Demócratas Europeos sigue sin convencerles la figura de un presidente estable del Consejo Europeo. 
Tenemos la sospecha de que los Grandes Estados miembros quieren deshacer las costuras del tejido comunitario. 
El enfoque de un doble cargo para el nuevo Ministro de Exteriores de Europa cuenta con un amplio apoyo, así que ¿por qué no adoptamos el mismo enfoque e integramos las funciones de los Presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo? 
¿Es preciso arriesgarnos a sufrir años de conflictos, de guerras de posiciones, de duplicación de esfuerzos antes de que reconozcamos el buen sentido de este enfoque? 
En el plazo de unos pocos años al menos hemos de dejar la puerta abierta a una presidencia integrada. 
El Presidente Prodi ha hablado, y comparto gran parte de lo que ha dicho, del veto nacional. 
En nombre de la conservación de la soberanía nacional, el veto promueve con demasiada frecuencia la anarquía internacional. 
A menos que seamos capaces de pensar de otra manera sobre el concepto de soberanía, seguiremos fallando a nuestros ciudadanos en cuanto a los principales retos que afrontamos. 
Si bien acojo con satisfacción la ampliación propuesta de las competencias del Parlamento relativas al control democrático del presupuesto y de la legislación europea, me preocupa que siga habiendo un desequilibrio entre las competencias del Parlamento y del Consejo en otras áreas, como la conclusión de acuerdos con terceros países en asuntos cruciales de seguridad. 
Señor Presidente en funciones, otro punto de su agenda de Salónica será el debate sobre las recomendaciones del Alto Representante, el Sr. Solana, para una estrategia general de la política exterior y de seguridad. 
Es vital para la Unión Europea desarrollar una doctrina que consagre la función central del derecho internacional y de instituciones como la ONU, la OMC y la OTAN. 
Europa también necesita urgentemente un marco para decidir en qué condiciones deberíamos comprometer a los ejércitos con acciones militares, incluida la prevención de conflictos, la imposición de la paz y las crisis humanitarias. 
El caso del Congo es un paso adelante bienvenido, pero el bochorno de Bosnia-Herzegovina ha sido un contratiempo. 
Y para evitar la división de la Unión Europea, como ocurrió en relación con el Iraq, hemos de empezar ahora a debatir y a planificar el enfoque que damos a la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Espero que en la cumbre se aborde las postura de Europa con respecto a Corea del Norte y a la República Islámica del Irán, y que no se deje para cuando estalle una crisis. 
En el ámbito de la Justicia y Asuntos de Interior, elogio al Presidente en ejercicio por los avances logrados bajo la administración griega. 
Espero que siga usted intentando compensar las medidas represivas contra la inmigración ilegal con una mano tendida a los refugiados y haciendo hincapié en los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
También pediría al Presidente en funciones que se esforzara todo lo posible por concluir tres propuestas importantes relativas a nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración, normas mínimas para poder acogerse a la categoría de refugiado y normas mínimas para conceder esta categoría. 
Señor Presidente en funciones, ha mencionado usted la cuestión del Estatuto de los Diputados. 
Me temo que la propuesta que adoptamos ayer no facilitará su trabajo, pero espero que en este asunto, como en otros de su agenda, le orienten los consejos de su filósofo, Sócrates: recuerde que no hay nada estable en asuntos humanos, y por lo tanto evitemos la euforia indebida en la prosperidad o la depresión indebida en la adversidad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia griega se verá marcada por acontecimientos fundamentales para el futuro de la Unión, tales como la firma del Tratado de adhesión de diez nuevos países y la probable conclusión del trabajo de la Convención. 
Sin embargo, yo quisiera detenerme en un tercer acontecimiento, cuya importancia supera a la de todos los demás, a saber, el súbito estallido de la crisis de identidad de la Unión. 
¿Qué queremos hacer juntos? 
Esta pregunta existencial queda ahora más que nunca sin respuesta, sin duda en lo que se refiere a nuestras ambiciones internas dentro de la Unión. 
¿Queremos realmente fijarnos como objetivo, como propone el Presidum de la Convención, incluir en la futura Constitución de la Unión el crecimiento económico equilibrado y la justicia social, el pleno empleo, un alto nivel de vida, la protección social y la igualdad de oportunidades para todos? 
En este caso, ¿por qué negarnos a abrir el debate sobre el cambio de prioridades del Banco Central Europeo? 
En lugar de dar prioridad a la estabilidad de los precios en un momento en que hay peligro de recesión, deberíamos colocar en primer lugar la seguridad del empleo, la formación y las pensiones para todas y todos, la financiación de las infraestructuras útiles, como el transporte intermodal a gran escala, y de forma más general, el desarrollo real y sostenible. 
¿Por qué debemos limitar los servicios públicos, manteniéndolos en su situación precaria de excepción a la regla de la libre competencia, en lugar de promover unos servicios de interés general de calidad y hacer de ellos una prioridad de la Unión, y por lo tanto reflejarlos en la Constitución? 
¿Por qué debemos seguir rechazando de pleno la posibilidad de aplicar impuestos a los movimientos de capitales y de las rentas financieras? 
Este tipo de contradicción patente entre la afirmación de unos objetivos que responden a las expectativas y el rechazo de los medios que permiten conseguirlos se encuentra en el centro de la crisis de confianza de nuestros conciudadanos con respecto a las instituciones europeas. 
Es necesario responder de forma sincera y asumir la responsabilidad sobre nuestras decisiones para que los europeos puedan participar en el debate con conocimiento de causa. 
Como escribió Albert Camus: «Nombrar mal las cosas es aumentar la desgracia del mundo». 
Esta crisis de identidad es igualmente evidente en lo que se refiere al papel de la Unión en el mundo. 
Este aspecto se ha mostrado con toda su importancia desde la guerra contra el Iraq. 
Antes del conflicto, las voces discordantes, pero sinceras, permitían al menos que nuestras opiniones públicas vieran la situación con mayor claridad y se implicaran en esta confrontación de opciones. 
Y lo han hecho de forma tan espectacular y uniforme de este a oeste de Europa, que esta irrupción constituye, en nuestra opinión, una verdadera inflexión en la historia de la Unión, la única esperanza de cambio en el futuro. 
Sin embargo, desde la demostración de fuerza de la superpotencia mundial, en contra del derecho y la voluntad de la comunidad internacional, parece que la Unión Europea esté reconstruyendo su unidad sobre la base de la subordinación resignada o entusiasta al más fuerte. 
Paul Wolfowitz reconoce que la cruzada para eliminar las armas de destrucción masiva en el Iraq no era más que «un pretexto burocrático para hacer que la guerra fuera aceptada» y, a pesar de ello, este gran engaño no provoca ninguna reacción de indignación por parte de los Quince, y menos de los Veinticinco. 
Hemos recibido la confirmación esta mañana, y personalmente lo lamento. 
George Bush decide monopolizar la gestión de la hoja de ruta en Oriente Próximo, con todos los riesgos que entraña su complicidad con Sharon y las reservas de este sobre la sustancia misma de los compromisos que hay que alcanzar, y mientras tanto la Unión Europea, pese a ser conocedora de la frágil esperanza de paz, deja que se la excluya de la escena sin resistirse. 
Estados Unidos rechaza la Corte Penal Internacional, mantiene jurisdicciones militares de excepción, retiene- como ha recordado el Sr. Barón Crespo- a ciudadanos europeos en una zona de Guantánamo donde no existe el derecho, y el Consejo a pesar de todo prepara un acuerdo de extradición y de ayuda mutua judicial con Washington, cerrando los ojos a todas estas violaciones del derecho. 
Nuestros socios norteamericanos relanzan la ofensiva para el levantamiento de la moratoria sobre los organismos modificados genéticamente en nombre de la defensa de los intereses de la agricultura americana, y Europa enseguida duda, guardándose bien de aplicar las medidas de represalia comercial autorizadas, sin embargo, por la propia OMC contra las insensatas ventajas fiscales concedidas a los exportadores de los Estados Unidos. 
Por todas estas razones, mi Grupo opina, señor Presidente, que la presidencia griega prestaría un enorme servicio a Europa si pusiera claramente este problema en toda su extensión sobre la mesa del Consejo Europeo de Salónica. ¿Qué queremos hacer juntos, y cuáles son los medios de que nos valemos para conseguirlo? 
En cualquier caso, esta cuestión ya se ha planteado en nuestras sociedades y esto es algo muy bueno. 
Hace un momento cité a un autor francés. En pos del equilibrio, concluiré mi intervención con una cita del gran alemán que fue Hölderlin: «Donde hay peligro también hay salvación». 
Vemos claramente dónde se sitúa el peligro para Europa. 
Situémonos junto a quienes buscan salvarla. 
Señor Presidente, también yo reconozco el trabajo de la Presidencia griega en estos últimos meses y quiero expresar mi satisfacción por el trabajo que realizamos ayer por la tarde para concluir el acuerdo sobre la mejor normativa. 
Estoy especialmente agradecida al Presidente de la Comisión por habernos recordado de dónde procede la Convención y cuáles eran nuestros objetivos, dado que a veces lo olvidamos a juzgar por algunos miembros del Praesidium y sobre todo su Presidente, que aspiran a disfrazarse más de miembros de la Conferencia Intergubernamental que de padres constituyentes de Europa. 
Considero que la Convención, señor Presidente, debe seguir siendo dueña del proceso de reforma de la Unión Europea. 
Si no consigue acabar sus trabajos antes del 20 de junio, habrá que permitirle que siga trabajando para encontrar un acuerdo, lo cual es perfectamente posible a condición de que la Convención desempeñe plenamente su papel de Asamblea constituyente o paraconstituyente, no acepte chantajes de unos pocos euroescépticos que no tienen ningún interés en su éxito- esto hay que decirlo y repetirlo- y reivindique el valor de un método de trabajo abierto y parlamentario, que es muy distinto del método intergubernamental, basado exclusivamente en las relaciones de fuerza. 
Evidentemente, al Presidente y al Praesidium les han salido mal las cuentas al prolongar intencionadamente el tiempo del debate conclusivo sin poner nunca por escrito en qué puntos se había alcanzado un amplio consenso, en la ilusión de que podían manejar así el juego de la Convención a su voluntad y dando la impresión errónea de que la Convención estaba dividida en todo; pero, hoy, los gobiernos a los que les interesa el éxito de esta reforma constitucional- y los hay, estoy segura, y estoy segura también de que su Gobierno, señor Presidente, es uno de ellos- no pueden simplemente apagar las luces de la Convención si esta no termina sus trabajos de forma satisfactoria para la mayor parte de sus miembros. 
Consideramos que, si la Convención se presentase en Salónica con opciones, esta sería la prueba de que el trabajo no está acabado. 
A mi modo de ver, hay al menos tres cuestiones sobre las cuales es necesario dar una señal de progreso, de democracia y de claridad, que sea directamente visible para todos los ciudadanos: el acceso directo de los ciudadanos a la justicia en caso de violación de la Carta de los Derechos; la ampliación simultánea de la codecisión y de la mayoría en el Consejo, en particular para la fiscalidad y las relaciones exteriores. 
No podremos actuar como un actor global, fieles a los valores del multilateralismo y la democracia, si estamos bloqueados cada dos por tres por vetos y contravetos y si todo este sector permanece, como está hoy, totalmente excluido de cualquier forma de control parlamentario. 
En tercer y último lugar, consideramos que en el proceso de revisión no se puede mantener la unanimidad y no puede suceder una vez más- y esto es algo verdaderamente sorprendente en 2003- que el Parlamento Europeo sea excluido del proceso de ratificación. 
Por lo que respecta a la cuestión del programa de Sevilla, del que usted, Señor Presidente, ha hablado: hemos denunciado en varias ocasiones el gran desequilibrio existente, respecto de la estrategia decidida en Tampere, entre los aspectos represivos de la lucha contra la inmigración clandestina y la política de repatriaciones forzadas y los aspectos positivos, como la creación de canales legales y controlados de inmigración, la suavización de la política de visados y las medidas para la integración de terceros países basadas en el principio de la no discriminación. 
Esperamos, señor Presidente, que el Consejo escuche el mensaje fuerte y claro que este Parlamento expresó ayer: ninguna firma del Tratado de extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos sin una aclaración de la situación de los ciudadanos de la Unión Europea en Guantánamo. 
Hablamos de los ciudadanos de la Unión no porque los otros no tengan que ver con nosotros o no nos interesen, sino porque consideramos que, utilizando esta llave, podremos intervenir legítimamente sobre el conjunto de la cuestión de la existencia de una zona en el mundo en la que no hay ninguna ley. 
Señor Presidente, ahora está claro que en Salónica se presentará ante nuestros líderes de la Unión Europea un nuevo proyecto del Tratado de la Unión Europea. 
La Convención ha trabajado mucho desde que se creó hace 18 meses, y ahora estamos a la espera de los resultados. 
La mayoría aceptamos el motivo fundamental por el que se creó por primera vez la Convención. 
La Unión se encuentra en una encrucijada histórica y a partir del 1 de mayo de 2004 seremos una comunidad de 25 Estados miembros diferentes. 
Hay una serie de retos que la Unión debe afrontar y que han de incluir lo siguiente. 
¿Cómo puede una Unión Europea en proceso de ampliación organizarse para mantener su eficacia? 
¿Cuál sería la función de Europa en un mundo cada vez más interdependiente y cómo puede la Unión Europea acercarse más a los ciudadanos? 
El proyecto de Tratado constituirá una base del Tratado de la Unión Europea definitivo, que se establecerá en la CIG en un futuro próximo. 
Es muy importante dar tiempo a los Gobiernos y a los ciudadanos de la Unión Europea para reflexionar sobre las disposiciones del proyecto de Tratado. 
Todos queremos garantizar la entrada en vigor de un Tratado que pueda gobernar el funcionamiento de la Unión en los próximos 50 años. 
Sabemos que los últimos Tratados, incluidos el de Ámsterdam y el de Niza, tienen imperfecciones. 
Sin embargo, estos Tratados de la Unión Europea garantizan que por el momento la Unión pueda funcionar eficazmente. 
Antes de acordar los términos de un Tratado de la Unión Europea definitivo, hemos de garantizar que se celebren debates prudentes, atentos y amplios con todas las partes interesadas de países grandes y pequeños. 
La Unión Europea es una unión de países y pueblos y el éxito de la Unión como entidad económica y política se basa en el hecho de que en muchos aspectos se trata a los Estados miembros más pequeños y a los más grandes como socios iguales de la Unión. 
Creo que cada uno de los Estados miembros debería conservar el derecho a designar a un miembro de la Comisión o, como mínimo, a garantizar la igualdad de representación en la Comisión tanto de países pequeños como de países grandes. 
Comparto la amplia preocupación por el hecho de que el sistema actual de rotación de la presidencia quizá no sea un modelo eficaz, pero creo firmemente que es necesario hablar más sobre cómo va a funcionar el Consejo Europeo un una Unión ampliada. 
Me parece bien que ciertas cuestiones sensibles de interés nacional sigan siendo competencia de los Estados miembros individuales. 
Es evidente que la cuestión de la armonización fiscal no ocupa un lugar prioritario en la agenda de trabajo de la Convención. 
Este es el enfoque adecuado, ya que es mejor dejar que las cuestiones fiscales las decidan los Gobiernos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el bellísimo discurso del Sr. Bonde- un amigo me preguntaba: «¿Es el anuncio del apocalipsis? » -considero personalmente que es el feliz retrato de una fantasía enfermiza, la de los monstruos de Goya. 
Si seguimos a los especialistas de la Convención, la dosificación entre lo comunitario y lo intergubernamental, el reparto entre legislativo, ejecutivo, etc., veremos que nos encontramos en la fase de la decadencia más absoluta, en la que solo se consigue destruir todo lo que de clásico puede haber todavía ante nosotros y que nos ha traído hasta aquí. 
Yo reivindico aquí la Europa de Altiero Spinelli y de Ernesto Rossi. 
¿Por qué? 
Porque estos europeos concibieron la federación europea en las cárceles fascistas. 
Esto es un nombre: había cárceles fascistas, comunistas, nazis, clericales, contrarreformistas, de todo tipo. 
Su sueño era acabar con los monstruos de la degeneración nacionalista, de las minorías que pretendían constituirse en ética jurídica en perjuicio de los diferentes. 
Señor Presidente, quisiera decirle una sola cosa, muy modesta: este debate es un debate que ofende al Parlamento que lo ha elegido. 
Deberíamos debatir esto el día 18 en el periodo parcial de sesiones adicional. 
Entonces, el Presidente en ejercicio del Consejo habría podido contarnos cosas reales, y nosotros habríamos sabido qué se debatiría en concreto en Salónica. 
Hoy se nos dice simplemente lo que leemos en la prensa. 
El Parlamento se degrada a sí mismo. 
Deberíamos negarnos a debatir en un momento en que no se conocen las decisiones que serán propuestas, y me disgusta muchísimo que ningún diputado haya destacado esto. 
Los días 18 y 19 nos reuniremos nosotros, el 20 y el 21 el Consejo en Salónica. 
A veces, el azar hace mucho mejor las cosas que la lógica política de esta Europa. 
En esta ocasión, he valorado mucho la intervención del Sr. Wurtz, y en 20 años creo que es la primera vez. 
Cuando resalta que «nos encontramos ante una crisis de identidad» , tiene razón. 
Pero la crisis de identidad ¿a qué parámetro se refiere? 
¿Cómo definimos nuestra identidad? 
O nos inscribimos en la historia de la Europa continental, que en los últimos cien años no ha dejado de producir monstruos de todas clases, incluidas nuestras monstruosidades institucionales, que no tienen nada que ver con la transparencia de un Estado de Derecho y con su funcionamiento, o, de no ser así, están ustedes produciendo un nuevo monstruo antiliberal, antidemocrático, antihumanístico de esta Europa de la contrarreforma y de las mil sugestiones violentas y asesinas. 
No por casualidad nos hemos encontrado, o más bien, ustedes se han encontrado, en el Iraq en realidad de parte de Sadam. 
Admitámoslo, Solana ve aún a Arafat a pesar de que hay otra perspectiva, la de Abu Mazen, creada por Sharon y Bush. 
Ustedes, como en el decenio de 1940, son los herederos de la Europa que la Inglaterra de entonces y EE.UU. liberaron. 
¡Tenemos que liberarnos de ustedes, y lo haremos! 
Señor Presidente, le felicito, señor Presidente en ejercicio, por los avances que ha logrado durante la Presidencia griega en relación con la ampliación. 
El Consejo especial de Atenas celebrado en abril fue un hito en la historia de Europa, tras la caída del Muro de Berlín, y esperamos con impaciencia que los diez países candidatos ocupen su legítimo lugar en la nueva Europa. 
Sin embargo, si examinamos las prioridades fijadas por la Presidencia griega, dos de ellas en particular han resultado algo decepcionantes. 
En primer lugar, el proceso de Lisboa. 
Después de tres años, esta agenda está paralizada, en realidad va hacia atrás. 
Es decepcionante que la Presidencia sea incapaz de convencer a los Gobiernos de que actúen juntos en cuestiones tan fundamentales como esta para la prosperidad de las personas de toda Europa. 
En consecuencia, muchos países de la Unión Europea deberán afrontar un futuro de estancamiento económico y deflación. 
En segundo lugar, la Presidencia ha querido dar una imagen de la nueva Europa como motor internacional de la paz y la cooperación. 
Por supuesto, la crisis del Iraq ha sido difícil; no obstante, en mi opinión, la forma en que, durante la Presidencia griega, la «banda de los cuatro» se reunió en abril en Bruselas para estudiar estructuras de defensa alternativas a la OTAN no hizo sino reforzar el sentimiento antiamericano en Europa. 
Salónica marcará el final de la Convención Europea cuando el ex presidente Giscard d ' Estaing presente sus conclusiones, tal y como se ha dicho en este debate. 
En Laeken, los jefes de Estado y de Gobierno dijeron que en la Unión es preciso acercar las instituciones europeas a sus ciudadanos, pero si examinamos el borrador de los artículos del documento de la Convención, comprobamos que esta ambición no se ha cumplido. 
De hecho, en muchos aspectos va precisamente en dirección contraria. 
La Convención propone una Unión Europea que, en mi opinión, está más centralizada, es más burocrática, en muchos aspectos menos democrática y ciertamente más federalista que en la actualidad. 
En mi país soy conocido por llevar mucho tiempo apoyando la plena pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea, pero el documento que posiblemente vean los jefes de Gobierno en Salónica cambia el carácter de la relación entre los Estados miembros y la Unión Europea. 
En resumen: una Constitución, incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales, condición jurídica de la Unión, un Presidente, un Ministro de Exteriores, la caída del segundo y del tercer pilar, una política exterior y de seguridad común, la formulación de una política de defensa de la Unión Europea, el requisito de que tanto las políticas económicas como la fiscalidad estén armonizadas y la creación de un fiscal europeo. 
En el Reino Unido, el Gobierno británico ha calificado todo esto de mero remozamiento que, por lo tanto, no merece la pena someterlo a referéndum. 
Por el contrario, el Primer Ministro danés ha dejado claro que someterá la Constitución a referéndum, porque la Constitución de la Unión Europea es un documento tan nuevo y extenso que un referéndum sería lo correcto. 
Puedo decir a esta Asamblea que el 80% del público británico está de acuerdo. 
No solo estoy diciendo que el Gobierno británico desestima el derecho de su propio pueblo a decidir su futuro, sino también que las propuestas de la Convención cambian los fundamentos de la relación entre la Unión y los Estados miembros y la forma en que somos gobernados. 
Para aquellos que propugnan el concepto de Estados Unidos de Europa, el proyecto expuesto en esta Convención se basa en este hecho fundamental, y el Presidente Prodi y muchos oradores lo han articulado hoy con honestidad y sinceridad. 
Cuando la Conferencia Intergubernamental emprenda sus trabajos este mismo año, mi partido está decidido a comprobar que los países candidatos no solo tengan derecho a participar en el debate, sino que puedan votar en el Consejo en relación con las decisiones cruciales que adoptará. 
El resultado de la CIG afectará a los ciudadanos de Varsovia, Praga y Budapest tanto como a los de Londres, París y Berlín, y es vergonzoso que de cualquier forma se les niegue un papel adecuado y democrático en el resultado. 
Por último; durante mucho tiempo hemos sido los defensores más apasionados de la ampliación y del derecho de los países candidatos a ocupar su puesto en Europa, pero en nuestra Europa se celebra la diversidad, no se mete a los países en una camisa de fuerza institucional. 
Queremos una Europa democrática y próspera y que colabore con los Estados Unidos para defender nuestras libertades y haga frente a amenazas comunes. 
La Convención nos lleva por un camino diferente a una Europa donde el Estado nacional ya no es la base sobre la que se asienta la Unión. 
Señor Presidente, también yo me detendré únicamente en la posible contribución del Consejo de Salónica a una conclusión positiva de la Convención y, por tanto, a una preparación positiva de la Conferencia Intergubernamental. 
En este momento no es fácil prever a qué punto llegarán los trabajos de la Convención en vísperas de Salónica, cuál será el texto que el Presidente Giscard d ' Estaing presentará al Consejo, qué grado de consenso se alcanzará en la Convención. 
Pienso que no todo se aclarará y definirá antes de Salónica y que, en cualquier caso, corresponderá al Consejo dar un nuevo impulso para el pleno cumplimiento de los objetivos fijados en la Declaración de Laeken de diciembre de 2001, cuyos puntos principales han sido recordados ya por el Presidente Prodi. 
Por mi parte, quisiera recordar los contenidos y el tono de dicha Declaración, especialmente por lo que se refiere a las misiones que la Unión Europea debe llevar a cabo y los desafíos que debe afrontar. 
Sería grave que las conclusiones, primero de la Convención y después de la Conferencia Intergubernamental, se quedasen por debajo de las ambiciones. 
Siento que debo dar la voz de alarma en este sentido: las preguntas formuladas en la Declaración de Laeken sobre el papel mundial de la Unión Europea o sobre una coordinación mejor de las políticas económicas, y así sucesivamente, ¿eran solo preguntas retóricas? 
¡Atención! 
Si defraudamos las expectativas que estas han suscitado entre los ciudadanos europeos y la opinión pública mundial, asumiremos una grave responsabilidad. 
Hoy se corre ese riesgo, y se deduce del texto hasta ahora adoptado por el Praesidium de la Convención cediendo a la creciente presión de algunos Jefes de Gobierno de los países más grandes, especialmente por lo que se refiere al capítulo sobre las Instituciones, los procedimientos de decisión del Consejo y también los futuros procedimientos de revisión del Tratado. 
En varios aspectos quizás resultase instructivo releer el Tratado del que fue ponente Altiero Spinelli y que fue aprobado en este Parlamento en febrero de 1984. 
Con respecto a las graves contradicciones y lagunas del texto adoptado hasta ahora por el Praesidium en materia institucional, ha dicho ya mucho y con gran claridad el Presidente Prodi. 
Yo solo quiero reafirmar las posiciones expresadas por nuestro Parlamento, que como Institución no ha callado, no se ha confiado solo a sus 16 representantes en la Convención- lamentablemente solo 16 de 105 -, sino que a través de la Comisión de Asuntos Institucionales ha hecho múltiples aportaciones y suscitado importantes debates en cuyo curso- quiero destacarlo ante todo- se llegó a una clara postura en contra de la hipótesis de un Presidente del Consejo Europeo a tiempo completo. 
Para reforzar la autoridad del Consejo Europeo como colegio, hemos avanzado otras propuestas, evitando personalizarlas en exceso y no apuntando solo a la figura de un Presidente en funciones durante dos años y medio o cinco años. 
El Presidente Poettering ha destacado que se debe suprimir la incompatibilidad entre el mandato de Presidente del Consejo Europeo y otros mandatos europeos. 
Creo que es esencial tachar también la incompatibilidad con el mandato nacional porque, si se llega a la institución de una figura de Presidente del Consejo Europeo a tiempo completo- aun denominándolo chairman o probando con una descripción de tareas limitativa- se producirán inevitablemente todos los elementos de duplicación, de dualismo en la conducción de la Unión, que han sido denunciados de grave confusión por lo que se refiere a las funciones ejecutivas. 
Por último, como han recordado ya la Sra. Frassoni y el Sr. Bonde, creo que hay que resaltar que Laeken ha designado, sí, un Presidente y un Vicepresidente, pero ha conferido un mandato colectivo a la Convención en su conjunto. 
Considero que el Consejo de Salónica debe hacer un llamamiento en este sentido, para que no se avance por un camino en el que las opiniones personales del Presidente de la Convención, o las opiniones de transacción del Praesidium, prevalezcan sobre las opiniones mayoritarias, corroboradas por un consenso más amplio en la Convención plenaria. 
Señor Presidente, querría iniciar mi intervención felicitando a la Presidencia griega por su labor realizada en circunstancias muy complicadas y difíciles. 
Celebro que durante esta Presidencia se haya podido llevar a cabo la Conferencia Parlamentaria sobre el Pacto de Estabilidad y Asociación en relación con los países del sudeste de Europa; lo que ha permitido mejorar la relación de vecindad con los países balcánicos. 
Winston Churchill decía que los Balcanes tenían una historia muy grande y muy completa que prácticamente no cabía en su territorio. 
Yo creo que la Unión Europea debe gestionar y mejorar esta relación, y favorecer la cooperación transfronteriza entre los países balcánicos, como un método de aprendizaje para lo que ha de ser su futura integración en la Unión Europea. 
Esta cooperación transfronteriza, se basa en el conocimiento, en la comprensión, en la confianza en el vecino y finalmente en la cooperación con él. 
Poder trabajar en la realización de un área de libre comercio entre los Estados a través, primeramente, de acuerdos unilaterales, avanzar hacia la supresión de los visados entre los Estados y finalmente también la supresión de los visados con la Unión Europea. 
Debe integrarse a estos países en lo que debe ser la política exterior y de seguridad común y poder participar en los programas como el Programa Sócrates o Leonardo, con el fin de acercar su integración en la Unión Europea. 
Los Balcanes son una zona compleja; en la próxima Cumbre de Salónica también será presentada la Convención Europea, que creo que no ha tratado la complejidad de algunos Estados europeos, de algunos Estados que no son Estados nación sino que son Estados plurinacionales. 
Se deben prever mecanismos para que estas naciones sin Estado, como es el caso de Cataluña o del País Vasco, puedan tener su presencia en los órganos de la Unión Europea. 
Creo que en este sentido el informe del diputado Napoletano ha sido muy positivo, pero algunos puntos, como el derecho de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, no se encuentran en el proyecto de Convención. 
Creo que esto es necesario para que los ciudadanos afectados puedan sentirse directamente representados en esta Unión Europea, que debe ser la Europa de los ciudadanos, pero también la Europa de los pueblos que la forman. 
Señor Presidente, si pudiera formular un deseo en este debate, ese sería que el Sr. Simitis permaneciera en la Presidencia otros seis meses más, que continuara en el cargo durante el segundo semestre de 2003. 
Pediría el mismo deseo en el caso de que el Sr. Karamanlis, el líder de la oposición, fuera el presidente en ejercicio, dada la preocupación que siento sinceramente ante la llegada, no ya de la Presidencia italiana en general- mantengo un respeto enorme hacia el pueblo italiano- sino del Sr. Berlusconi. 
Opino que no es el momento de transferir el kitsch norteamericano a la Unión Europea ni de que hagamos aún más el ridículo que durante el conflicto del Iraq. 
Quisiera señalar que la Presidencia griega, en mi opinión, ha sido metódica y ha llevado a cabo unos preparativos exhaustivos. 
Deseo felicitar al Sr. Yiannitsis por la actitud de la Presidencia durante la cooperación con el Parlamento Europeo; considero, no obstante, que a pesar de esto, existen graves problemas políticos, especialmente en relación con el asunto principal planteado, el de las relaciones con los Estados Unidos y la guerra en el Iraq. 
La Presidencia griega ha seguido la política de «nadar entre dos aguas» y considero que su mandato se acaba dejando a Europa en un mar de confusión. 
Esto representa un gran problema y opino que es una nueva realidad que no nos permitirá hacer castillos de naipes. 
Tras oír todo lo dicho acerca de las medidas que se van a adoptar en relación con nuestra política exterior, los Ministros de Asuntos Exteriores, etc., me pregunto sobre qué base, en virtud de qué política, se piensan tomar dichas medidas. 
Antes de concluir, quisiera simplemente decir que creo que la Presidencia griega, basándose en la existencia del expediente iraquí, el más importante y difícil de gestionar, debería exigir explicaciones, tal y como se exigen en los Estados Unidos y en el Reino Unido, acerca de las armas de destrucción masiva, ya que la invasión del Iraq se justificó en virtud de esta idea, la cual fue apoyada por los miembros destacados del Consejo Europeo, tales como el Sr. Blair, el Sr. Aznar y otros. 
Señor Presidente, señores Presidentes de la Comisión y del Consejo, antes de nada, quiero felicitar a la Presidencia griega por el inteligente y útil trabajo que ha realizado. 
Una vez más, se ha demostrado que las Presidencias de los Estados pequeños y medianos de la Unión Europea son mejores y más europeístas que las de los grandes. 
Quiero felicitarla especialmente por su comportamiento durante la crisis provocada por la guerra de los Estados Unidos y del Reino Unido, con el apoyo del Gobierno del Estado español, contra el Iraq. 
Peleó adecuadamente por la paz y contra la idea de que las relaciones transatlánticas deben pasar por la subordinación, e incluso la humillación, de Europa ante los Estados Unidos, posibilidad tanto más lamentable cuanto que estos están gobernados hoy por la extrema derecha militarista. 
En este sentido, esperamos que la Convención presente al Consejo Europeo un proyecto de Constitución que continúe la construcción de una Unión con presencia en el mundo, como una entidad de paz y de solidaridad, ajena al militarismo dominante. 
Espero que la Constitución reconozca a este Parlamento toda la capacidad democrática que necesita, incluidas la codecisión y la elección del Presidente de la Comisión. 
Compartimos, en este sentido, los propósitos del Presidente Romano Prodi sobre la Presidencia del Consejo. 
En cualquier caso, debemos tener confianza en el futuro de la Unión. 
Hace poco, tras el fracaso de Niza, solo un pequeño grupo pedía en este Parlamento una Constitución para la Unión. 
Naturalmente, como europeo y representante político de una nación-Estado como Galicia, reclamo que la Constitución respete la diversidad nacional y cultural constitutiva de Europa. 
Reclamamos esto por las tentaciones jacobinas tan presentes también en nuestro continente. 
Debemos preguntarnos por qué razón Eslovaquia, Luxemburgo, Estonia o Malta, y no Galicia, Escocia o Cataluña, pueden ser reconocidas como naciones europeas. 
Haré una observación final: espero que, definitivamente, las instituciones de la Unión tengan la valentía necesaria para acabar con el caos delictivo que domina el tráfico marítimo internacional y que ocasiona catástrofes como la del Prestige. 
Tenemos que evitar las terribles muertes de pobres inmigrantes que buscan trabajo en Europa, como las sucedidas anteayer aún frente a las costas españolas. 
Debemos conseguir que las políticas comunes, como la PAC y la PPC o la de cohesión, tengan un carácter justo y no discriminatorio. 
Esperamos que sea así por el bien de todos. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por su presencia hoy aquí y por la información que nos ha facilitado. 
La Cumbre de Salónica que se aproxima tiene una gran importancia para el futuro de la Unión, tanto a medio como a largo plazo. 
Creo que es importante sentar las bases para que Europa, mejor dicho la Unión, próxima a completar un proceso de ampliación sin igual en su historia y en la del mundo, aúne cada vez más a la fuerza económica la dignidad política. 
Y para hacer justicia de esta última quisiera hablar de las políticas descuidadas por la propia Unión, hecho aún más grave por su aumento de importancia. 
La sanidad, por ejemplo, es una de ellas. 
Remitiéndome al artículo 152 del Tratado de Ámsterdam, reconozco la autonomía nacional para la sanidad, pero una Europa que avanza hacia una ampliación a 25 países no pude infravalorar el impacto que las problemáticas de cuidados sanitarios de estos países tendrán sobre la economía política y social de la futura Europa. 
Por esta razón, el Grupo UEN ha trabajado recientemente en Turín sobre las problemáticas sociosanitarias de la ampliación y elaborado un documento que ya ha sido presentado al Presidente de la Comisión Prodi. 
Los resultados de este trabajo no son tranquilizadores, tanto es así que nuestro deseo es que, durante el semestre italiano, entre las prioridades de la Unión, figure lo antes posible la salud pública. 
El proceso de globalización podría hacer llamar con fuerza a las puertas de Europa a enfermos y enfermedades, encontrándonos sin preparar, como ya sucedió con la infección del SRAS, ocasión, esta última, que nos situó en el banco de pruebas de la capacidad de coordinación y de cooperación sanitaria, que el futuro semestre italiano deberá encarar si quiere prevenir seriamente las emergencias y afrontar las distancias en la asistencia sanitaria existentes entre las naciones individuales, que desplazarán a masas de personas hacia los países con estructuras de asistencia y de excelencia, las cuales, a su vez, podrían verse bloqueadas. 
Espero que la Unión tenga a bien encontrar este tipo de atención y que la próxima Presidencia de la Unión avance propuestas en la materia. 
Señor Presidente, en el Consejo Europeo de Salónica, los días 20 y 21 del próximo mes de junio, el Presidente de la Convención deberá presentar sus conclusiones, pero sin duda pedirá una prórroga de sus trabajos. 
Personalmente, creo que hay que considerar esta propuesta con prudencia. 
Es esencial que los Gobiernos no se vean aprisionados entre una fecha aplazada de clausura de la Convención y un plazo perentorio para finalización de la CIG. 
Sin duda alguna, la Convención es un interesante foro de debate, pero no hay que olvidar que son los Gobiernos democráticamente responsables los que deben tener la última palabra en la Conferencia Intergubernamental y que no deben atarse las manos antes de tiempo. 
En este sentido, no estamos de acuerdo en absoluto con la solicitud de la Comisión, expresada anteriormente, de que la Convención presente al Consejo un texto único y sin alternativa. 
Esto equivale a decir que el Consejo no tendría libertad de elección, que el poder democrático se vería transferido de los Gobiernos a una Convención carente de legitimidad democrática. 
Nosotros no queremos esa Europa. 
Queremos exactamente lo contrario: volver a enraizar Europa en sus naciones. 
Por supuesto, el trabajo de la Convención- redactar una constitución europea completa- es enorme, pero ha sido la propia Convención la que lo ha querido así. 
El mandato dado por el Consejo de Niza no hablaba de redactar una constitución y el de Laeken solo hacía alusión a esta posibilidad, expresándose en tiempo condicional y sobre el futuro, es decir, no para un momento inmediato. 
Nosotros creemos que estos Consejos tenían razón. 
Europa no está diseñada para adoptar la constitución de un superestado, razón por la cual la Convención está encontrando tantas dificultades en este momento. 
El resultado de ello es que al final saldrá un documento voluminoso, difícil de manejar, sembrado de obstáculos, por lo que será necesario volver a centrarlo sobre la verdadera prioridad del momento para Europa, la que se ha dejado apartada desde el comienzo de la Convención, es decir, lograr un mejor control por parte de las democracias nacionales. 
Por ello, quizás sea necesario volver al verdadero método comunitario original, hoy ya olvidado, que se apoya en dos pilares: el pilar de la incitación a la cooperación, fundamentalmente con la Comisión, y el pilar del respeto de las soberanías nacionales, principalmente con el Consejo. 
El defecto fundamental de la construcción europea en este momento es el debilitamiento de este segundo pilar. 
Ese es el pilar que hay que reforzar en la actualidad si queremos restablecer el vínculo con los pueblos, con las democracias nacionales. 
Desde este punto de vista, la Convención continúa retrocediendo. 
El control de la subsidiariedad por parte de los parlamentos nacionales se ha vaciado de sentido. 
El congreso de los pueblos ha desaparecido. 
La presidencia estable del Consejo se ha visto cuestionada de forma violenta por la Comisión. 
Es necesario poner fin a este escamoteo continuo y desastroso de las democracias nacionales rehabilitando al Consejo y dando derecho de veto a los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, han hecho referencia al tema de la inmigración y quisiera saber qué avances se han realizado respecto de la inmigración ilegal, la readmisión y el asilo. 
Del mismo modo, me gustaría saber qué ha sucedido con la recomendación relativa a la existencia de un cuerpo de guardia fronterizo europeo. 
Este asunto se ha paralizado y hasta la fecha no se ha llegado a un acuerdo entre los Estados miembros. 
Me atrevería a decir incluso que la vigilancia de las fronteras externas constituiría un paso importante para la política exterior común, la política de seguridad y de defensa, ya que no podemos pretender adoptar una política de seguridad y de defensa exterior común si no se establecen previamente fronteras externas comunes; tenemos la oportunidad de marcar un comienzo en el asunto de la inmigración ilegal a través de la vigilancia de estas fronteras. 
Igualmente, en lo que respecta a la solidaridad económica y la división igualitaria de responsabilidades en el sector de la inmigración, cuestión que representó una prioridad principal de su programa, aseguraría que no hay indicios de que se estén desarrollando en la dirección correcta. 
Debo aclararle que el Tratado proporciona de forma expresa las medidas que se han de adoptar para lograr un reparto justo de las cargas entre los Estados miembros, en relación con la recepción de refugiados y desplazados y las consecuencias derivadas de la misma. 
Otro punto que quisiera destacar es que, a raíz de la epidemia de SRAS, se dio una oportunidad a la cuestión de la salud pública. 
En el Parlamento existe la opinión unánime de que la Comisión debería promover el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, de modo que la Unión Europea pueda hacer frente de forma coordinada a las amenazas sanitarias y terroristas. 
Claramente, no pude apreciar progreso alguno al respecto en el Consejo de Ministros del 2 de junio, pero retomaremos esta cuestión cuando surja otra enfermedad o nos enfrentemos a otra situación como la crisis de las vacas locas. No veo el motivo por el que no debamos aprovechar esta oportunidad para promover el centro mencionado. 
Esto me lleva a otro asunto quizás más relevante que será abordado durante la Cumbre de Salónica, el texto resultante de la Convención Constitucional. 
Apuntaría, tal y como ustedes y otros acertadamente han comentado, que en este texto se incluyen puntos muy positivos, puntos excelentes, tales como la incorporación de la Carta, el aumento de los poderes correspondientes al Parlamento Europeo y la codecisión. 
Asimismo, se estipula la designación de un ministro de Asuntos Exteriores en materia de política exterior. 
No obstante, destacaré tres puntos: el primero de ellos es que aunque el preámbulo resulta claramente satisfactorio, ya que toma nota de la herencia procedente de las civilizaciones griega y romana, no logro entender por qué no alude a nuestra herencia cristiana. 
Existen miles de cuadros en museos de todo el mundo inspirados en esta civilización que constituyen productos culturales de Europa. 
Existen oratorios musicales, hay un gran número de obras de arte, un tesoro cultural que refleja claramente la herencia cristiana. 
Estamos hablando de la historia, no del futuro, ya que nadie sabe lo que este depara. 
Lo que es evidente es que nuestra herencia procede de las civilizaciones griega, romana y cristiana. 
El segundo punto, sobre el que estamos en total desacuerdo, es el hecho de que puede que un Estado miembro no llegue a estar representado por un comisario. 
Consideramos que todos los Estados miembros deberían contar con un comisario. 
No es justo que un Estado miembro no esté representado en el organismo de comisarios ni en la mesa en la cual, básicamente, se producen los avances comunitarios. 
Esto es impensable, ya que trastocará el equilibrio existente entre los Estados pequeños y los grandes, un equilibrio que, desde mi punto de vista, resulta fundamental. 
El tercer punto, igualmente inconcebible, es la descripción acerca de la presidencia del Consejo. 
Resulta confusa e incomprensible. 
El sistema actual es mil veces más apropiado. 
Se podría introducir alguna disposición para mejorar el sistema actual, el cual prefiero, ya que en virtud de este cada país puede aspirar a realizar su propia aportación al desarrollo europeo. 
Nos permite comprobar que su Presidencia ha contribuido en los avances, al igual que la presidencia belga y la danesa. 
Puesto que es preciso mantener el equilibrio entre las instituciones, entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea, no entiendo por qué recurrimos ahora a cualquier persona, que será designada vaya usted a saber cómo y la cual, presiento, provocará roces en el funcionamiento de dichas instituciones. 
Temo profundamente que el sistema de la presidencia del Consejo perturbe esta situación de equilibrio. 
Señor Presidente, en unos días se celebrará la Cumbre de Salónica, una ciudad- ya que todo el mundo alude a la historia y la civilización- que se convirtió en la segunda ciudad más importante del Imperio Romano y del Imperio Bizantino, y la cual siempre ha representado un punto de referencia de los Balcanes. 
De nuevo por razones históricas y culturales, debemos recordar que no solo alojó a la vasta comunidad judeo-sefardí, sino que acogió a esta porque fue expulsada por la Inquisición española. 
Del mismo modo que los Balcanes acogieron a cientos de miles de gitanos, expulsados también por la Inquisición. 
Todo esto va dirigido a aquellos que desean seguir hablando acerca del peso cultural de Europa. 
Cada Presidencia se caracteriza por una serie de elementos destacados. 
La Presidencia de Salónica presenta dos características: en primer lugar, cierra el ciclo de presidencias de los 15 y abre el correspondiente a las presidencias de los 25. 
En segundo lugar, precisamente por este motivo, se caracteriza por los resultados de la Convención sobre el Futuro de Europa que se está llevando a cabo. 
En este sentido, por consiguiente, cuenta con dos elementos esenciales que debe fomentar para así ampliar las posibilidades futuras. 
La guerra en el Iraq nos ha hecho a todos descubrir, posiblemente para nuestra ligera sorpresa, una gran cantidad de lagunas en relación con el desarrollo de Europa. 
Puede que además haya tenido consecuencias positivas, ya que en última instancia ha demostrado a todos, aunque no lo admitan ahora, que Europa debe dejar de ser un gigante económico para convertirse en un enano político. 
La postura del Presidente de la Comisión es completamente acertada. 
Esto nos lleva a la Cumbre de Salónica. 
No obstante, quisiera añadir dos cosas, a pesar de que parezca que mi discurso se sale por la tangente, con respecto al segundo pilar de Salónica, el pacto de estabilidad. 
Este pacto concierne a la crisis en los Balcanes occidentales, en la antigua Yugoslavia. 
Se trata de un asunto en el que la eficiencia y la esencia de la política europea se encuentran en tela de juicio. 
En este sentido, su carácter es revelador y no puede ser tratado como un asunto secundario ya que, queramos o no, consideramos que el futuro de Europa y la Convención constituyen una cuestión primordial. 
Para retomar el tema del futuro de Europa, resulta obvio que los pueblos exigen democracia, eficiencia y transparencia. 
Democracia significa control parlamentario, mientras que la eficiencia corresponde a la capacidad para controlar las acciones implementadas y la transparencia alude a la posibilidad de cada ciudadano de ver a dónde va a parar su dinero y comprobar si se cumplen los objetivos políticos. 
Desde este punto de vista, se debe reforzar el método comunitario y sus variaciones. 
Opino que la Presidencia griega, mediante la combinación de la dialéctica de Sócrates y Platón, a los que han hecho referencia una serie de oradores, con la gran eficacia de Aristóteles, logrará ofrecer una serie de perspectivas positivas. Al mismo tiempo, se ratificará una presidencia de seis meses de eficiencia ejemplar y excepcional a cargo de un país de tamaño medio, pero con el cuadro político más capaz. 
Señor Presidente, quiero hablar sobre dos cuestiones relativas al orden del día de la cumbre. 
Primero la inmigración y el asilo, y segundo los Balcanes. 
Me complace poder decir que ayer la Comisión respondió con frialdad a las propuestas británicas de crear centros de acogida de refugiados en lugares como los Balcanes, porque las dificultades que esto entrañaría serían considerables. 
Estoy de acuerdo en que es necesario combatir el contrabando y el tráfico mediante una llegada de refugiados ordenada y controlada. 
Ideas como la de permitir que se presenten solicitudes de asilo en la región de origen y después contar con programas de protección de la entrada o del reasentamiento, son útiles, pero deben ser complementarias al derecho individual a pedir asilo, no sustituirlo. 
No debemos negar a las personas que demandan asilo el acceso al territorio de la Unión Europea. 
La Comisión propuso razonablemente examinar formas para habilitar rutas legales de inmigración. 
Felicito a la Presidencia griega por su conferencia sobre la inmigración controlada celebrada el mes pasado en Atenas, porque las estadísticas son apabullantes: para el año 2050 Europa va a perder al 15% de su población. 
La población de los Estados Unidos va a aumentar un 40%. 
Nuestras economías quieren emigrantes. 
El problema es que nuestras sociedades no, y los políticos deben celebrar un debate honesto y valiente sobre todas las ramificaciones de la inmigración. 
Al menos hemos de estar de acuerdo, y quiero que la cumbre así lo haga, en torno a una estrategia de integración, incluida la mejora de los derechos de los emigrantes legales y permanentes. 
También hemos de apartar el asilo y la inmigración de las garras de los Ministros de Interior y de Orden Público, porque a estos Ministros solo les preocupan la seguridad interior y la represión. 
No tienen la mentalidad adecuada para hablar de la inmigración legal. 
Nos hemos metido en un lío y cada una de las medidas represivas constituye un riesgo de empeorar más las cosas. 
De hecho, es posible que el endurecimiento de las fronteras haya aumentado el número de inmigrantes ilegales y los haya hecho permanentes por la dificultad de regresar y marcharse. 
Por tanto, para restablecer el orden y el control en nuestros sistemas de asilo e inmigración, necesitamos tres políticas sólidas, no arreglillos y trucos de última hora: en primer lugar, un verdadero reparto de responsabilidades, no la dejación de responsabilidades, sino compartir tanto dentro de la Unión Europea como a través de la cooperación con los países de origen y países de recepción local mediante una inversión financiera sustancial en ellos; en segundo lugar, la selección anticipada mediante la inversión en la mejora de la calidad y, por lo tanto, en decisiones de asilo más rápidas, tal y como propone la Comisión; y, por último, el acceso a canales de inmigración legales. 
No conozco el quid pro quo contemplado por el Gobierno británico para convencer a los países de los Balcanes para que acepten estos campamentos de refugiados, pero quisiera proponer un tema que debe estudiarse activamente y pronto con los países de los Balcanes, que es una revisión de las políticas de visados. 
Como dijeron los presidentes de los países del proceso de estabilización y asociación en su cumbre del lunes, el proceso de integración podría facilitarse en gran medida dando auténticas esperanzas a sus ciudadanos de que pronto podrán viajar libremente por toda Europa. 
Espero que lo veamos pronto. 
Para concluir, quisiera hablar de la Corte Penal Internacional. 
Rumania, y ahora Albania, han firmado acuerdos de inmunidad con los Estados Unidos, y Bosnia está siendo presionada. 
Si queremos una estabilización fructífera y un proceso de asociación, ¿cómo es que la Unión Europea y los países asociados no pueden colaborar para impedir que los Estados Unidos consigan estos acuerdos? 
¿Pueden asegurarnos ustedes que por parte de los países de la Unión Europea no hay intención alguna de firmar acuerdos de inmunidad bilaterales y que no permitirán que este proceso debilite los esfuerzos por convencer a los países de los Balcanes para que cooperen con la Corte Penal Internacional en La Haya? 
Lamento decir que otros países de la Unión Europea han dejado en la cuerda floja al Reino Unido y a los Países Bajos al no ratificar los acuerdos de asociación hasta que coopere Croacia. 
No ha habido solidaridad entre los países de la Unión Europea y esto es vergonzoso. 
Señor Presidente, la Presidencia griega realmente ha hecho frente a una serie de graves asuntos. 
El 17 de febrero, se declaró que el problema con el Iraq era su desarme, lo cual provocó las felicitaciones del Sr. Bush. 
El desacuerdo con los Estados Unidos no radicaba en si se debía recurrir a la violencia o no, sino en qué momento debía hacerse. 
Además, Grecia y otros Estados miembros no articularon una sola palabra de crítica sobre la invasión angloamericana; al contrario, colaboraron en todo lo que pudieron. 
En la declaración efectuada por la Presidencia el 16 de abril se legitima el ataque a posteriori, se reconoce la soberanía de los invasores en el Iraq y se otorga a las Naciones Unidas el papel de mediador en el reparto del botín. 
Qué importa que no se hayan encontrado armas de destrucción masiva. 
Qué importa que los soldados norteamericanos afirmen que no existe ninguna. 
Si los hechos prueban que estás equivocado, peor para los hechos. 
Otro de sus grandes logros ha sido la adhesión a la Unión Europea de nueve países y medio. 
Digo nueve y medio porque Chipre se une como un país dividido, aunque esto es un detalle insignificante que no puede ensombrecer la gloria de la Gran Europa. 
Hablando en serio, ¿qué está haciendo la Unión Europea para alejar al ejército ocupante turco de Chipre? 
Con respecto a su política en los Balcanes, ¿qué tiene que decir acerca del traslado subvencionado de empresas como SISER-PALCO, las cuales han dejado a miles de personas desempleadas en Grecia y en otros lugares? 
Tampoco ha pasado desapercibido el hecho de que su política ha empujado a cientos de enojados trabajadores a manifestarse, hoy en Francia, otro día en Austria, anteriormente en Grecia, en casi todos los países de la Unión Europea. 
Esta es su respuesta al ataque contra todos los derechos adquiridos por las clases trabajadoras durante los últimos cien años. 
Sería un error por mi parte no hacer referencia a la farsa de la Convención, llevada de la mano abiertamente por su Presidente, y para la que se han elegido cuidadosamente a los miembros participantes con el fin de acallar cualquier voz en contra de la Unión Europea. 
La violación de la democracia ha originado un inusitado fenómeno consistente en la redistribución del poder entre los poderosos y el asentamiento de las bases para la militarización de la Unión. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia, junto con los miles de ciudadanos que se presentarán en Salónica en el plazo de dos semanas para protestar, condenan las políticas de la Unión Europea, cuyo carácter resulta cada vez más peligroso para la seguridad y el nivel de vida de los ciudadanos, y las cuales han sido acatadas por la Presidencia griega del mejor modo posible. 
Independientemente del carácter festivo que asuma la situación, de las medidas represivas que se adopten para proteger a los líderes del afecto de la multitud, de lo alejado de la ciudad que se encuentre el lugar de celebración de la cumbre, no se podrá ahogar la atronadora voz de protesta, no se reprimirá la resistencia derivada de la concurrencia de las fuerzas antiimperialistas y antimonopolísticas. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, agradezco las declaraciones de la Presidencia griega del Consejo con respecto a los Balcanes y, al contrario que al Sr. Alavanos, también me alegra que los italianos tengan la oportunidad de continuar esta buena política durante el segundo semestre. 
En efecto, se trata de dos países vecinos que tienen un interés vital en que prevalezca la estabilidad en los Balcanes occidentales y en el Sureste de Europa. 
Lo cierto es que dichos países- Croacia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Albania- se encuentran en fases de desarrollo muy distintas. 
Al final- como ya se prometió en Zagreb y se volverá a confirmar en Salónica -, todos tendrán la oportunidad de ser llegar a ser miembros de la Unión Europea, en función de sus progresos individuales. 
El camino para llegar a ello es difícil y los diez países en vías de adhesión también tuvieron que recorrerlo. 
Exige un gran esfuerzo a los ciudadanos de los países en cuestión. 
Observamos que sus progresos son distintos y también están condicionados sobre todo por el hecho de que todos tienen posibilidades distintas de desarrollo. 
Hace dos años, en Serbia y Montenegro todavía tenían a Milosevic. 
A la vista de ello, creo que debemos tener en cuenta las oportunidades que no pudieron aprovechar. 
No obstante, dichos países tienen muchos problemas comunes, como por ejemplo la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada y, sobre todo, también contra el tráfico de personas. 
En muchos de ellos, la justicia sigue siendo muy deficiente y funciona muy mal. 
También debemos lamentar que la cooperación regional todavía no sea tan buena como siempre se proclama. 
Si se nos pide que concedamos a dichos países la exención de visado, estos- a mi parecer- deberían dejar viajar primero libremente a sus ciudadanos entre ellos. 
No resulta nada sencillo viajar de Serbia a Croacia. 
Por esto pienso que cada uno debe hacer primero sus deberes antes de pedirnos que demos nuevos pasos importantes. 
También a mí me parecen favorables las zonas bilaterales de libre comercio. 
Sin embargo, solo podrán dar verdaderos frutos cuando se amplíen para constituir una zona multilateral de libre comercio. 
Permítanme que comente tres aspectos que figuran en nuestra resolución. 
Es razonable que el Pacto de Estabilidad se vincule estrechamente al proceso de estabilización y asociación. 
Es importante que el programa CARDS, para el que cada vez se ponen a disposición menos créditos, reciba más fondos. 
El dinero ya existe, no es necesario buscarlo. 
Las ayudas de preadhesión no se utilizan en su totalidad y lamento que el Comisario haya hablado de doscientos millones. 
Seguramente ahora no querrán superar dicha cantidad, pero yo creo que se necesita mucho más, ya que el desarrollo económico es el requisito para la convivencia, para el desarrollo de esa comunidad y para la solución definitiva de los problemas de los refugiados. 
Por último, quisiera referirme a una última cuestión, concretamente al tema de la juventud de dichos países. 
Sin jóvenes, estos no tendrán ninguna posibilidad de desarrollarse bien. 
Esto será difícil si no reciben ahora una señal de que Europa no va a ser una realidad solo dentro de dos generaciones, sino ahora mismo. 
Todos intentan abandonar esos países y trasladarse a otros lugares, a Nueva Zelanda, a los Estados Unidos y a Canadá. 
Tenemos que abrirles el acceso a los programas Sócrates y Leonardo. 
En mi calidad de ponente para el programa Sócrates, sé que se trata de una empresa difícil. 
Pido a la Presidencia griega del Consejo que actúe como un motor con objeto de que podamos transmitir a los jóvenes de dichos países una auténtica señal de que tendrán la posibilidad de participar en nuestros programas educativos. 
Si he leído correctamente el comunicado de los presidentes de dichos países del lunes, este contiene muchos aspectos positivos, muchas promesas, muchas percepciones. 
Solo espero que en Salónica se consiga algo que ofrezca a sus países un verdadero estímulo para trasladar dichas promesas a la práctica. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, soy el tercero o el cuarto orador que querría hablar de los Balcanes. 
Es cierto que estos no se encuentran ahora en el punto de mira de la opinión pública y no figuran en los titulares. 
Gracias a Dios, habría que añadir, pues la mayoría de las veces solo aparecen allí cuando ocurren sucesos negativos. 
Sin embargo, existen problemas profundos. 
Existe un elevado nivel de desempleo, las inversiones extranjeras son escasas, todavía quedan heridas abiertas de los tiempos de la guerra que siguió al fin de la antigua Yugoslavia, no se ha completado el retorno de los desplazados y la constitución de los Estados es incompleta y vacilante. 
Por consiguiente, es tarea de la Presidencia y también de las conversaciones al máximo nivel que tendrán lugar en Salónica, la llamada Cumbre de Zagreb II, realizar una oferta clara a dichos países, pero estableciendo también claramente las condiciones. 
Existen los criterios de Copenhague y estos no admiten concesiones ni rebajas. 
Esto exige, no obstante, que ayudemos a los países a llevar a cabo sus reformas económicas. 
Ya se ha comentado que el programa CARDS resulta insuficiente por sí solo. 
Tenemos que orientarnos hacia la adopción de instrumentos y ayudas de preadhesión, igual que ya hicimos en el caso de los otros candidatos a la adhesión. 
Y, en segundo lugar- como ya han señalado también mis colegas -, tenemos que consolidar el Estado de Derecho. 
Esto es ineludible y significa que es preciso resolver el problema de los desplazados y que el respeto de las minorías quede claramente inscrito en los corazones y las mentes, y no solo en las leyes. 
Se debe perseguir de manera consecuente con todos los delincuentes y en particular, naturalmente, a los responsables de crímenes contra la humanidad. 
Y se debe mantener una cooperación con el Tribunal de La Haya. 
Al igual que mis colegas, lamento que los Estados Unidos estén emitiendo una doble señal: por un lado, una fuerte presión a favor de la cooperación con La Haya y, por otro, una presión igualmente fuerte a favor de la firma del acuerdo de no extradición en el contexto de la Corte Penal Internacional. 
Esto nos parece insostenible y tengo la confianza y espero que la Unión Europea- el Consejo y la Comisión- les diga claramente a dichos países que esos acuerdos no solo son contrarios al espíritu, sino también al acervo comunitario que hemos creado en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad. 
En consecuencia, de Salónica espero tres cosas. 
En primer lugar, una perspectiva clara de adhesión, que se debe ofrecer a dichos países; en segundo lugar, la ampliación, no solo cuantitativa, sino también cualitativa, de los instrumentos de apoyo, como parte de una auténtica preparación de una estrategia de adhesión; y en tercer lugar, un seguimiento riguroso. 
Coincido con mis colegas en que no se trata de ser particularmente indulgentes. 
Tenemos que decirles a dichos países exactamente en qué aspectos aún subsisten fallos, pero también debemos poderles decir en cuáles ya se han registrado progresos. 
Espero- y esto es tarea de su institución, señor Presidente de la Comisión- que Europa responda pronto a la solicitud de Croacia, el primero de dichos países que ha presentado una petición de adhesión. 
En principio, la respuesta debería ser positiva y, en cualquier caso, espero que apunte en esa dirección. 
Sin embargo, Croacia, naturalmente, aún tiene también algunas tareas pendientes. 
Por lo tanto, opino que la reunión de Salónica no se debería designar solo como Zagreb II, sino también como una suerte de pre-Copenhague, concretamente un Copenhague I, en el que se emitan señales claras. 
También se podría hacer algo con respecto a la política de visados, que sencillamente se podría aplicar con mayor flexibilidad, sin que ello suponga suprimir ya la exigencia de visado. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le ruego que tome nota de que en esta Asamblea juzgamos de manera muy rigurosa y crítica a dichos países, pero también somos todos partidarios de ofrecerles una perspectiva europea razonable. 
Podrán apuntarse un gran éxito si así lo hacen en Salónica. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, dispongo de un minuto en nombre de mi delegación para decir tres cosas. 
En primer lugar, quiero saludar y felicitar a la Presidencia griega, que en un periodo de turbulencia y dificultades para Europa, ha realizado una gran labor, demostrando una vez más que no existe una correlación directa entre el tamaño de un país y la calidad de su Presidencia europea. 
Por otra parte, deseo constatar que la gestión de los grandes acontecimientos europeos y mundiales de este semestre ha mostrado los límites de una Europa económica que es demasiado liberal en sus fundamentos y muy poco democrática en su funcionamiento. 
Por último, y sobre todo, quiero hacer de nuevo un llamamiento a la reflexión política para la construcción de otra Europa, una Europa ciudadana y social que se enriquezca de sus diversidades, más que una Europa que pretenda hacerlas desaparecer. 
Necesitamos una Europa que centre sus acciones en los verdaderos problemas de los ciudadanos, sobre todo los de primer orden, como el empleo y el paro, los servicios públicos y la Europa social, los medios de una seguridad interior y exterior, y una vida cotidiana más fácil para los ciudadanos europeos, en todos sus aspectos. 
En suma, como ha demostrado el Sr. Wurtz, aunque también lo ha pedido el Sr. Barón Crespo y numerosos representantes de grupos más pequeños, necesitamos una Europa de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, quiero empezar diciendo a la Presidencia griega «efcharisto poli». 
El Presidente en ejercicio y el Presidente Prodi han descrito los trabajos de la Convención; no es esta la Convención a la que yo he asistido. 
El Ministro ha hablado de «consenso» , pero no de «mayoría». 
Hemos encontrado un «consenso» en torno a una cuestión sobre la cual había cinco discursos favorables a un proyecto y 49 en contra, ¡pero el Presidente Giscard d ' Estaing cree que ha sido un consenso a favor! 
También ha dicho que la CIG lo «tendrá en cuenta». 
¿Qué significa esto? 
Para mí es la confirmación de que el Praesidium ha estado trabajando como una especie de CIG previa. 
El Presidente Prodi ha dicho que las deliberaciones se han celebrado con luz y taquígrafos, pero no así las reuniones del Praesidium, ni las reuniones privadas entre Giscard d 'Estaing y algunos jefes de Gobierno, ni las filtraciones a Le Monde, que han revelado posiciones muy extremas en que se ha podido ver a Giscard d' Estaing negociando hasta convertirlas posiciones meramente difíciles o ligeramente imposibles. 
Me temo que hemos perdido una oportunidad. 
Nos dijeron que podían tratarse todos los temas, pero se ha puesto punto y final a la cuestión de la reforma del acervo. 
No hay ningún mecanismo para revisar la legislación actual y el régimen normativo, esto se ha rechazado. 
No se reescribirá Niza, esto se ha rechazado. 
No pueden decir ustedes que sea una cuestión abierta. 
Hemos avanzado, ¿pero en qué dirección? 
Me temo que hemos avanzado en dirección al Consejo de Ministros y los Gobiernos nacionales, pero no en la de esta Asamblea y las personas a que representamos. 
Este no es un asunto agradable, pues me temo que hayamos traicionado no solo a las Instituciones europeas, sino también a los nuevos Estados miembros y, lo peor de todo, a nuestros conciudadanos de Europa. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el Consejo Europeo de Salónica tiene un orden del día muy ambicioso. 
El futuro de la Unión Europea está en juego, ni más ni menos. 
La Convención debería presentar, por lo tanto, con una enorme premura de tiempo, un proyecto de Tratado constitucional de la Unión Europea, que permita que esta no se convierta en un gigante impotente tras el ingreso de diez nuevos Estados miembros. 
La Unión Europea se encuentra ante una gran oportunidad histórica asociada a dicha ampliación. 
Es preciso aprovecharla. Pero solo se podrá aprovechar de manera óptima si se procura tener en cuenta los principios de la igualdad de derechos de todos los Estados miembros, el equilibrio entre las instituciones y la plena capacidad jurídica del Parlamento Europeo. 
No se debe intentar empequeñecer artificialmente a la Unión Europea y crear un núcleo formado por los seis más antiguos, en torno al cual gravitaría el resto. 
Una Europa de distintas velocidades y con Estados miembros de diferente peso debilitaría la cohesión de la Unión. 
Los criterios de una futura Constitución de la Unión Europea no deben ser el menor o mayor tamaño, ni la mayor o menor antigüedad. 
Esto también es particularmente importante desde el punto de vista del estado de ánimo de los Estados en vías de adhesión, donde aún está pendiente la celebración de algunos referendos y donde sin duda se contempla con escepticismo una superestructura europea. 
Austria ha intercedido, por consiguiente, con éxito, a favor de los intereses de los pequeños Estados miembros. No porque estos necesitasen nuestros buenos oficios. 
Pero la coincidencia de intereses también es un recurso valioso en política para hacer realidad las aspiraciones legítimas. 
Un Tratado constitucional de la Unión Europea no debería reforzar, por lo tanto, unilateralmente el enfoque intergubernamental a expensas de las instituciones comunitarias, como la Comisión y el Parlamento; no debería generar una parálisis de la Unión con la creación de funciones artificiales, que no la aproximan necesariamente a los ciudadanos y solo les cuestan dinero a los contribuyentes; y debería fortalecer la capacidad de actuación de la Unión, tanto hacia fuera como hacia dentro. 
Por lo tanto, es muy de agradecer que se haya alcanzado un acuerdo de facto con respecto al Ministro europeo de Asuntos Exteriores. 
Es cierto que la doble Presidencia no ha quedado descartada aún, pero habría que buscar modelos que eviten una parálisis de la Unión y a la vez otorguen a cada país un comisario dentro de la Comisión, fortalezcan al Presidente de la misma y confíen su elección al Parlamento. 
Tan importante al menos como el proyecto de Constitución es la lucha contra la inmigración ilegal, que está estrechamente relacionada con la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Con la entrada de 500.000 inmigrantes ilegales anuales en la Unión Europea, es preciso encontrar soluciones que hagan justicia a la situación real, es decir, que creen mecanismos que permitan prestar ayuda a los refugiados sobre el terreno y adoptar decisiones rápidas en los procedimientos de solicitud de asilo, con una política de asilo basada en la Convención de Ginebra y unas normas mínimas comunes. 
Señor Presidente, si he entendido bien las palabras del presidente Prodi, si Europa continúa siendo un enano político, terminará perdiendo su condición de gigante económico. 
Personalmente, no sueño con una Europa convertida en gran potencia en los asuntos mundiales, gendarme o tutora del resto del mundo. 
Sueño con un mundo gobernado por el derecho internacional, fundado sobre la cooperación de todos los Estados, grandes y pequeños. 
En la actualidad, Europa experimenta algunos problemas. 
Sin embargo, gracias a la cooperación de la Comunidad, nuestra Europa es sin lugar a dudas la sociedad más igualitaria y más justa del mundo. 
Nuestra ambición debe ser eliminar las últimas desigualdades en Europa, permitiendo a cada individuo trabajar y vivir decentemente. 
Para lograrlo, es necesario compartir; compartir dentro de la Unión, compartir con los nuevos Estados miembros, compartir con los países en desarrollo. 
Políticamente, nuestra Unión debe poder hablar con una sola voz. 
Esto equivale a afirmar que la institución más original de la Unión (la Comisión) , debe ser un órgano representativo de todos los Estados miembros. 
La Comisión debe seguir siendo la fuerza motriz, con la cual puedan identificarse todos los ciudadanos. 
Pero esta Europa políticamente más unida no es un fin en sí mismo. 
La acción política tiene por objeto satisfacer las necesidades económicas, sociales, medioambientales y culturales de nuestros ciudadanos. 
La Convención se ha ocupado demasiado de la arquitectura institucional, que no servirá de nada si no nos dotamos de los medios políticos para alcanzar un desarrollo duradero, con un crecimiento económico que garantice el pleno empleo. 
Actualmente, el Banco Central Europeo realiza una lectura demasiado restrictiva del apartado 1 del artículo 105 del Tratado, limitándose exclusivamente a los objetivos de la lucha contra la inflación. 
Es cierto que la estabilidad es necesaria, pero la lucha contra la deflación y a favor del crecimiento es igualmente imperiosa. 
De ahí la necesidad de precisar la misión del BCE del siguiente modo: «El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales es el de mantener la estabilidad. 
A la vez que combate la inflación y la deflación, el SEBC debe prestar su apoyo a las demás políticas económicas y sociales de la Unión». 
Esta precisión de la misión de la política monetaria es crucial si no queremos que Europa se ahogue en una estabilidad formal que resulte, a la postre, improductiva. 
Concluiré, señor Presidente, dando las gracias a Grecia por una Presidencia excepcional. Ello demuestra, una vez más, que los países pequeños protagonizan, en general, una Presidencia mejor que los grandes pretenciosos que, por vanidad personal, quieren abolir las presidencias rotatorias. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, quiero sumarme a las palabras de agradecimiento de Robert Goebbels a la Presidencia griega del Consejo y agradecerle, en particular, al Sr. Yiannitsis la excelente cooperación mantenida, en un clima de gran confianza, durante esta Presidencia. 
Quisiera detenerme en algunas cuestiones relacionadas con la política exterior en el contexto de la Convención. 
En el nuevo documento que se nos presentó se definen los objetivos de la política exterior de la Unión Europea. 
Es lógico que deseemos promover los derechos humanos, la democracia y también la protección del medio ambiente a través de nuestra política exterior. 
Sin embargo, estas formulaciones se quedan cortas en un aspecto. 
Me parece evidente que el primer y más importante objetivo de la Unión Europea debe ser su política exterior y de seguridad, o sea, la defensa eficaz de los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea y los intereses de esta en el mundo exterior, en particular el interés de nuestros ciudadanos por vivir en paz y seguridad. 
En este contexto, hay algunos hechos que no se deberían repetir. 
La Unión Europea no debe volver a permanecer muda, como ocurrió en torno al Iraq. 
Por esto pedimos que se introduzcan las decisiones por mayoría en este ámbito, pues solo así podrá actuar de manera eficaz la Unión Europea en el ámbito de la política exterior. 
También necesitamos una estrategia de seguridad de la Unión que sirva de respuesta a la estrategia de seguridad que anunció el Gobierno norteamericano en septiembre del año pasado. 
En nuestra calidad de europeos, debemos adoptar una posición clara con respecto a algunos temas; primeramente, frente la explícita aspiración de liderazgo de los Estados Unidos y, en segundo lugar, frente a las declaraciones sobre la guerra preventiva que se hicieron en ese contexto. 
Sabemos que se encargó al Sr. Solana que presentase una propuesta para Salónica, junto con los jefes de Estado y de Gobierno. 
Esta solo puede ser, sin embargo, un primer paso del debate. 
Este se debe desarrollar públicamente y en el Parlamento Europeo, ya que es preciso que los europeos alcancen realmente una posición común con respecto a esta importante cuestión tras un amplio debate. 
Tenemos que preguntarnos cuál es la situación en cuanto a la división del trabajo con los Estados Unidos. 
¿Queremos dejar las intervenciones militares en manos de los Estados Unidos y que Europa se haga cargo de las tareas financieras de reparación, como a veces parece que se está haciendo? 
¿O queremos ponernos de acuerdo para que Europa asuma una tarea regional, por ejemplo, la de garantizar la paz y la seguridad en su entorno geográfico? 
Son decisiones importantes, fundamentales, en las que también debe participar el Parlamento Europeo. 
Sobre todo, debemos dejar claro, en nuestra calidad de europeos, que los 160 millardos de euros que gastan en defensa los quince países europeos se tienen que gastar de manera más eficiente en el futuro y si queremos tener voz junto con los Estados Unidos- aunque resulte difícil -, también tendremos que desembolsar más dinero. 
Ahora bien, ¿cuál es el papel del Parlamento Europeo en este contexto? 
Por ejemplo, el Comité Militar está deliberando en Bruselas sobre una posible intervención en el Congo. 
¡No puede ser que esta se lleve a cabo sin la participación del Parlamento Europeo! 
Se nos tiene que informar y debemos tener la posibilidad de emitir un dictamen al respecto. 
En las cuestiones que afectan a la paz y la guerra, este tipo de decisiones no se pueden adoptar sin la participación del Parlamento directamente elegido, que en este caso es, en efecto, el Parlamento Europeo. 
En consecuencia, es preciso que durante la próxima semana y posteriormente el Parlamento Europeo adopte una posición sobre este importante tema, puesto que de hecho también se tiene que considerar y examinar detenidamente si la Unión Europea, con su organización actual, ya está en condiciones de asumir dicha tarea. 
Señor Presidente, me sumo, antes que nada, a las felicitaciones a la Presidencia griega, sinceramente. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tienen ustedes la oportunidad en Salónica de reforzar las políticas de inmigración de la Unión y mejorar las medidas para ofrecer seguridad a los ciudadanos europeos. 
Son dos objetivos fundamentales, pero diferentes. 
Deben ustedes hacer frente a nuevas amenazas que vienen de la criminalidad organizada, cuyos tentáculos están dentro y fuera de la Unión Europea, y tienen instrumentos para hacerlo, como la orden de búsqueda y captura y Europol. 
Refuércenlos y úsenlos para luchar contra la gran criminalidad internacional y contra la pequeña, contra la que llena nuestras calles de mendigos con niños y de prostitutas, víctimas del tráfico de personas, pero, por favor, háganlo usando para cada cosa los instrumentos necesarios. 
Un miembro de Al Qaeda no es un inmigrante ilegal que se dedica al terrorismo, sino un delincuente internacional. 
Y deben ustedes gestionar la inmigración, que es otra cosa, que es un fenómeno social complejo que debe abordarse desde diferentes ámbitos. 
Háganlo, por favor, vuelvan a la visión global e integrada prevista en Tampere. 
Vuelvan al mapa diseñado por la Comisión, adopten el marco legislativo previsto, apliquen las medidas propuestas por la Comisión en relación a los terceros países, con la integración, con el empleo, en relación con todas las cuestiones relativas a este ámbito. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la mayoría de los inmigrantes ilegales entran en la Unión legalmente. 
La mayoría de los inmigrantes ilegales son empleadas domésticas que están trabajando en nuestros hogares. 
Si los líderes de la Unión Europea insisten en mezclar criminalidad internacional organizada con inmigración vamos a tener un problema. 
Si nosotros les decimos a los ciudadanos que la inmigración, aunque se le añada el adjetivo ilegal, es uno de los nuevos peligros a los que debe de hacer frente la Unión, no nos extrañemos luego si hay reacciones desmesuradas, no nos extrañemos luego si tenemos un problema con los ciudadanos de la Unión y su percepción de la inmigración. 
Señor Presidente, existe un requisito fundamental que se debería tener siempre en cuenta a la hora de elaborar una constitución, independientemente de que se trate de una constitución nacional o de la constitución de la Unión Europea. 
Este requisito es la claridad: claridad en lo que respecta tanto al reparto de poderes como a la definición precisa de las competencias. 
Como ciudadano sueco, mi experiencia en cuanto a la creación de constituciones no es agradable. 
Cuando se aprobó la constitución sueca, nuestra ley fundamental, quedaron demasiadas preguntas sin respuesta. 
Al Parlamento sueco- el Riksdag- se le concedió un poder más o menos ilimitado para tomar decisiones sobre prácticamente cualquier asunto contando con una mayoría simple. 
Gracias a la excepcional tradición sueca, la libertad de expresión y la de prensa conservaron su firme posición, pero se dio luz verde a las autoridades políticas para intervenir en cada asunto que les interesara. 
Este error de la constitución sueca no debe repetirse en la constitución de la Unión Europea. 
Lo principal ha de ser elaborar una relación clara de las competencias, en la que se definan las tareas que corresponderán a la Unión Europea y las que deberán ser asumidas en el nivel nacional, o en cualquier otro. 
En algunas propuestas se sugiere la inclusión de los asuntos sociales entre las competencias compartidas de la Unión Europea. 
Desde mi punto de vista, esto sería un error sin precedentes ya que los asuntos de este tipo deben ser gestionados por cada Estado miembro. 
Además, no veo otro método de tratar este tema en una Unión ampliada en la que confluyen una enorme variedad de condiciones económicas que difieren entre países. 
Del mismo modo, todos los aspectos básicos de la política económica deben seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros. 
El euro es una responsabilidad común de los Estados miembros, lo cual implica un disciplina presupuestaria. 
No obstante, las cuestiones impositivas y las decisiones sobre el gasto han de corresponder a las naciones individuales. 
Es preciso introducir mayor flexibilidad, ya que existen marcadas diferencias entre un país y otro. 
El establecimiento de unos impuestos reducidos será la única oportunidad de los nuevos Estados miembros de equiparar gradualmente su situación económica a la de los Estados actuales de la Unión. 
Con respecto a la cuestión del reparto de poderes, se debe evitar a toda costa dotar a la Unión Europea de varios presidentes o presidentes institucionales. 
Esto no contribuiría en absoluto a la creación de una Unión más efectiva. 
Asimismo, es importante que se mantenga la rotación en la Presidencia del Consejo si queremos que los Estados miembros sientan que tienen un destino común. 
Eso representa además una oportunidad única para los Estados miembros pequeños de influir en el trabajo de la Unión Europea. 
Por lo tanto, quisiera instar a la Convención y a la próxima Conferencia Intergubernamental a que actúen con cautela a la hora de perfilar la futura Unión Europea y su modo de funcionamiento. 
Señor Presidente, la Convención ha realizado grandes avances en diversos asuntos de contenido político. 
Resulta especialmente importante el hecho de que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea pasen a ser considerados como un componente vinculante del trabajo de la Unión. 
No obstante, aún se pueden apreciar deficiencias en la organización del reparto de deberes y responsabilidades entre las instituciones. 
La labor de la Convención era la de presentar propuestas para lograr que el proceso de toma de decisiones resultara más efectivo, claro, democrático y transparente que antes. 
En este mandato no se puede incluir el establecimiento de nuevas instituciones. 
Es evidente que el trabajo del Consejo debe ser reformado, ya que las decisiones se deben adoptar abiertamente y el trabajo ha de mantener una continuidad. 
Sin embargo, esto no podrá suceder si existe un presidente permanente ajeno al control democrático o se reduce el poder ejecutivo y de iniciativa de la Comisión. 
El apoyo público es de absoluta importancia para el futuro de la Unión Europea. 
La Comisión es una institución muy destacada en todos los Estados miembros. 
En nombre de la igualdad, por tanto, es necesario que en el futuro exista, además, un comisario procedente de cada uno de los Estados miembros. 
El trabajo de la Convención se ha gestionado de forma correcta en lo que respecta al desarrollo de la legislación comunitaria. 
Apoyo la petición manifestada hoy por el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, en la que se solicita la renuncia al derecho de veto cuando se vayan a adoptar decisiones en la Unión. 
El uso de este derecho no aporta nada positivo, ya que solo sirve para obstaculizar y alargar el proceso de toma de decisiones. 
Una de las prioridades de la Unión Europea durante este período ha sido la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, no hemos logrado determinar la ubicación de la Agencia Alimentaria porque se ha recurrido al derecho de veto. 
En Salónica será necesario solucionar este tema y establecer la sede permanente de la Agencia de Seguridad Alimentaria en Helsinki. 
Esta ciudad se encuentra perfectamente equipada para que la Agencia pueda iniciar su trabajo inmediatamente después de tomar la decisión. 
Para finalizar, quisiera manifestar mi especial agradecimiento a Grecia, el país a cargo de la presidencia, por el modo en que ha contribuido en el avance de los asuntos relacionados con la seguridad marítima. 
Señor Presidente, a los ditirámbicos comentarios de mis colegas acerca de la capacidad, la sensibilidad y la eficiencia de la Presidencia griega, quisiera simplemente añadir la satisfacción de aquellos de nosotros que contamos con experiencia directa de lo que ha sido denominado por el Presidente Prodi como pasión e ingenuidad. 
En el orden del día correspondiente a Salónica se incluye una serie de asuntos candentes que provocan diferencias entre la opinión pública y los Estados miembros. 
El anteproyecto de Tratado Constitucional es de vital importancia y esperamos que la Convención alcance una propuesta integrada que saque a la Unión Europea de su crisis de identidad, en lugar de elaborar simplemente una lista de soluciones alternativas. 
Asimismo, junto con miles de organizaciones de mujeres de toda Europa, confío en que el Tratado Constitucional consolide plenamente la igualdad de género en todos los sectores, acabe con todo tipo de exclusión al respecto y garantice la participación equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones democráticas europeas. 
Las mujeres jamás aprobarán una constitución en la que no se incluya la igualdad de género entre los valores y objetivos de la Unión. 
Nunca aceptarán que no se pueda hacer frente a la creciente violencia contra la mujer y a la oleada de tráfico y explotación sexual porque no exista una base legal clara en el Tratado. 
Con respecto a la cuestión del asilo y la inmigración, se debería rechazar la idea subyacente en el proyecto del Reino Unido sobre la reforma del asilo, ya que acaba por completo con la Convención de Génova de 1951. 
Las decisiones políticas adoptadas en Salónica deberán considerar seriamente las propuestas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Tal y como ha señalado la Sra. Terrón i Cusí, la mayoría de los inmigrantes entran en la Unión Europea a través de canales legales. 
Por lo tanto, debemos gestionar los flujos de inmigración de forma más adecuada en lugar de reforzar nuestras fronteras, aplicar medidas represivas y/o vincular la inmigración con las actividades de redes de delincuentes. 
Por último, opino que en el orden del día de la cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos se debería incluir lo siguiente: en primer lugar, la abolición de la pena de muerte en los Estados Unidos; en segundo lugar, el trato de los prisioneros en Guantánamo; y, en tercer lugar, lo que en esta Cámara conocemos como la mentira del siglo, es decir, la existencia de armas de destrucción masiva en el Iraq. 
Señor Presidente en ejercicio, Salónica debe ofrecer a los países de los Balcanes occidentales un panorama claro de adhesión. Para ello, debemos iniciar los preparativos de preadhesión, que son la condición imprescindible para alcanzar la paz y la estabilidad en la región. 
Señor Vicepresidente del Parlamento Europeo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente Prodi y a una gran cantidad de oradores por la gentileza con la que se han referido a los esfuerzos realizados por la Presidencia durante los seis últimos meses para tratar de solucionar una serie de asuntos de suma importancia, al tiempo que les agradezco los comentarios personales. 
Hoy es el último día de la Presidencia griega y yo personalmente asistiré al Parlamento Europeo. 
Aún quedan unas tres semanas, contempladas por nuestro programa. Además, he anotado los puntos sobre los que existe un especial interés por que se realice un último esfuerzo, y trataremos así de resolver aquellos asuntos pendientes desde hace tiempo. 
En lo que respecta a los temas relativos a la revisión y los avances de la Presidencia sobre una serie de cuestiones cuya vinculación con Salónica no es tan estrecha, esta tarea es responsabilidad del Primer Ministro, el Sr. Simitis, y está programada para el 1 de julio. 
Señorías, haré breve referencia a tres puntos- quizás unos cuantos más- sobre los que ya he hablado en conexión con Salónica. 
En primer lugar, el asunto de los Balcanes occidentales. 
Sí, de hecho, para los Balcanes resulta verdaderamente importante recibir un mensaje político por parte de la Unión Europea en el que se confirme el apoyo a sus perspectivas comunitarias, que recibirán ayuda al respecto, en el que se indique que deben llevar a cabo una serie de esfuerzos y reformas para poder avanzar con éxito, y que estamos cerca y tenemos en perspectiva su camino hacia la integración. 
Nuestra Presidencia considera que la situación de los Balcanes no es tan distante. 
Se encuentran en Europa, motivo por el cual resulta esencial que la Unión Europea trate con cuidado a esta delicada región. 
En consecuencia, queremos que el resultado de la reunión dé un impulso al procedimiento de integración, que señale una serie de políticas y, por supuesto, que se determine la financiación adecuada para apoyar los esfuerzos de estos países por progresar. 
Todos tenemos constancia del trágico incidente acontecido hace unos meses en el que se vio implicado el primer ministro de Serbia, el Sr. Djindjic. 
Al menos, podríamos afirmar que de este trágico suceso se deriva un elemento positivo, el despertar de las conciencias de la gente. 
Existe una mayor comprensión y dedicación en distintos niveles. 
En relación con los asuntos de inmigración, Europa se enfrenta a un gran problema que, si no queda ensombrecido por los avances políticos en la cuestión iraquí registrados durante los últimos seis meses, seguirá constituyendo una cuestión de peso, igual que al término de la anterior Presidencia. 
No obstante, creemos que se trata de una cuestión primordial, independientemente de los avances políticos. 
Se deben llevar a cabo una serie de esfuerzos. 
Asimismo, esperamos un número de iniciativas por parte de la Comisión y el Consejo este mes, que nos permitan descubrir qué más se puede hacer. 
Debemos encontrar el justo equilibrio entre los inmigrantes que viven forma legal en la zona europea y nuestras sociedades. 
Es necesario hallar la forma de resolver el problema de la inmigración ilegal y los temores sociales. 
Sin embargo, debemos además determinar los métodos de financiación de la gestión de estos problemas. 
Como es lógico, se han hecho destacadas referencias al tema de la Convención, el cual se convertirá en un asunto principal en la cumbre. 
De hecho, la Cumbre de Salónica será muy importante al respecto y nosotros, la Presidencia griega, deseamos que sea un éxito. 
En Laeken se señalaron las perspectivas y las condiciones entre las que se debe desarrollar la actividad de la Convención. 
Si actuamos de manera apropiada en Salónica, alcanzaremos un resultado satisfactorio, el cual resulta esencial para el futuro de Europa y la integración europea. Confiamos en que todos los participantes aprovechen el tiempo restante hasta el evento para así poder asegurar este resultado productivo. 
Para finalizar quisiera decir que, unos meses después del inicio de la Presidencia griega, la situación en Europa era realmente importante y muy diferente. 
Nos movemos en un espacio de 25 Estados miembros. 
En un espacio en el que, desde hace dos o tres años, se comparte una moneda única. 
Nos encontramos ante una unión que ha evolucionado y ha reconocido la necesidad de introducir cambios institucionales, la cual comprende que debe reforzar su presencia en el ámbito de la política exterior y la defensa. 
Lo sucedido en el ínterin, durante estos meses, ha tenido un efecto catalizador sobre estos asuntos. 
Estamos ante una Europa en la que se debaten nuevas políticas, tales como la política denominada Europa ampliada, nueva vecindad, las cuestiones de los Balcanes, del Mediterráneo o del Oriente Próximo, y los asuntos relacionados con el intergubernamentalismo económico y la inmigración. 
Todo esto señala... o, mejor dicho, ofrece una orientación diferente al rumbo de Europa. 
Nos encontramos en un espacio en el cual opino que, dentro de este contexto, se deben crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos confíen en su futuro, para infundir la confianza en la democracia y en los derechos humanos, en los avances sociales, el empleo y el desarrollo y, en general, condiciones para la confianza en nuestra capacidad para hacer frente a los graves problemas de nuestras sociedades. 
Con esta filosofía en mente, puedo discernir las respuestas que nosotros debemos ofrecer a finales de este mes y, naturalmente, las siguientes Presidencias a partir de esa fecha. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, ha sido un debate de gran intensidad, de gran interés; he tomado nota de todos los problemas abordados, que son problemas vitales para nuestro futuro: desde el problema de los Balcanes al de la igualdad de los ciudadanos de la Unión o la salvaguardia de las Instituciones. 
En esta breve respuesta me limitaré a hacer un llamamiento, que me parece absolutamente necesario e indispensable hoy, cuando en Salónica tendremos que tomar decisiones fundamentales para nuestro futuro. 
Quiero hacer un llamamiento a la Convención para que nos dé la respuesta que muchos de ustedes- empezando por el Sr. Wurtz- han dicho que no nos ha dado aún. 
Esto se debe a una cuasa muy sencilla. 
Decidimos crear la Convención durante la crisis más profunda de nuestras Instituciones; la decidimos todos juntos después de la noche de Niza, cuando se vio que el método intergubernamental de negociación entre los Estados- justamente las noches de conversaciones intergubernamentales- no daba resultados suficientes; la decidimos para devolver a nuestros ciudadanos y a nuestros parlamentos la soberanía que les corresponde. 
Ahora bien, la Convención se pusomanos a la obra: debía ser un proceso finito; la Convención debía dar a la Conferencia Intergubernamental un producto acabado. 
Nació en cambio un proceso paralelo: nació una especie de Conferencia Intergubernamental paralela a la Convención, que se fragmentó en varias piezas y que corre el riesgo, en este momento, de fragmentarse aún más. 
Repito las palabras de la Sra. Frassoni: se nos da en estos días la falsa impresión, el falso mensaje, de una Convención dividida en todo. 
El mío es, pues, un llamamiento muy sencillo: queremos que la Convención lleve a cabo hasta el final, dentro de su autonomía, el trabajo de la Convención; que presente, como todos ustedes han pedido, un proyecto preciso y orgánico, porque la Asamblea de la Convención representa a todos los ciudadanos, a todos los países, a todas las Instituciones de nuestra Europa. 
Necesitamos su voz, necesitamos que desempeñe su papel hasta el final. 
En los últimos meses hemos estado todos divididos sobre puntos fundamentales de nuestra política y hemos sido incluso humillados en nuestra política exterior. 
¿Queremos negarnos a nosotros mismos los instrumentos que necesitamos para construir nuestra dignidad? 
¿Queremos negarnos la valentía de hacer propuestas que se conviertan en el instrumento de nuestra supervivencia? 
Puedo resumir con gran satisfacción la intervención de todos los presidentes de los grandes Grupos políticos- que tengo el placer de tener frente a mí- los cuales expresaron propuestas coherentes, valientes, sobre las reglas de la coalición, sobre el papel del Parlamento, sobre la futura dinámica de las Instituciones. 
Han hecho propuestas valientes para hoy y también para mañana, como la unificación del Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo. 
Nos han dado, todos juntos, un único marco de lo que desean para la Europa futura. 
Entonces, del mismo modo que pido a la Convención que exprese un parecer único y enérgico y que lo presente a la Conferencia Intergubernamental, 
así les pido a ustedes, presidentes de los principales Grupos parlamentarios europeos, que digan a nuestros amigos y a nuestros colegas que están en el pleno que eleven su voz, que dejen oír las condiciones con las cuales están de acuerdo para firmar un nuevo pacto sobre el cual fundar Europa. 
Este es el llamamiento que les hago, porque en este momento todos necesitamos de la voz de la Convención para la nueva Europa. 
(Vivos aplausos) 
Gracias, señor Presidente de la Comisión. 
He recibido seis propuestas de resolución sobre este asunto de conformidad con el artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, toda la mañana hemos estado angustiados con las noticias que nos llegan de un terrible accidente ferroviario que ha tenido lugar en mi país, en mi región de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Chinchilla. 
Son numerosos los muertos, pero todavía más grave es que, al parecer, hay 21 personas desaparecidas, que están en los vagones del tren y que han quedado totalmente calcinadas. 
Ante la angustia que estamos sintiendo en mi país y, más concretamente, en mi región, quería comunicar a los colegas esta tragedia y pedir al Sr. Presidente que transmita un mensaje de duelo y solidaridad con las familias y con el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, gravísimamente afectados por esta tragedia. 
Señor Martínez, por supuesto que transmitiré las condolencias y la solidaridad de esta Asamblea a través de los canales apropiados. 
Resulta muy penoso conocer esta horrible noticia después de las recientes malas noticias que nos han llegado de España. 
He recibido del Sr. Turco una carta del 29 de abril de 2003 solicitando al Parlamento que defienda la inmunidad parlamentaria del Sr. Marco Pannella, a raíz de la sentencia de encarcelamiento a que ha sido condenado, conmutada por la de libertad condicional, por acontecimientos ocurridos en Italia. 
El Sr. Pannella puede asistir a la sesión plenaria, pero no a las comisiones ni a otras actividades del Parlamento. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento, la petición se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que se encargará de esta cuestión. 
Señor Presidente, apruebo enteramente la decisión que ha tomado, en estas circunstancias, de remitir la petición a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Creo que la inmunidad parlamentaria no sitúa al parlamentario por encima de la ley, sino que constituye una garantía contra las persecuciones abusivas que los poderes ejecutivos, por medio de los fiscales, podrían instigar. 
Sin embargo, señor Presidente, hay un problema: ¿Qué sucede cuando, abusando de la noción de delito flagrante, un Estado viola de forma manifiesta la inmunidad parlamentaria de un diputado de este Parlamento y, mediante una serie de procedimientos penales, acaba privándolo de su mandato? 
Este fue el caso de Jean-Marie Le Pen. Independientemente de lo que pensemos del señor Le Pen, el hecho es que el Gobierno francés no ha solicitado el levantamiento de su inmunidad antes de iniciar un proceso penal, que inicialmente era contrario a la ley y que corrigió a continuación, de forma artificial, para poder privarlo de su mandato. 
Pienso que, en un caso de esas características, nuestro Parlamento debería negarse dar efecto a las sanciones penales y a sus consecuencias indirectas, que suelen conseguirse ilegítimamente en tales circunstancias. 
Quisiera informar a la Asamblea de que hasta el 3 de junio de 2003 la mayoría de los diputados al Parlamento han firmado la declaración por escrito nº 4/2003 presentada por el Sr. Tannock, la Sra. Villiers, el Sr. Helmer, la Sra. McKenna y el Sr. de Roo sobre el transporte de animales vivos desde los Estados miembros a los países candidatos de la Unión Europea. 
Por consiguiente, la misma se remitirá a los destinatarios y se publicará junto con los nombres de los firmantes. 
Señor Presidente, solo quisiera dar las gracias a todos los diputados al Parlamento, de todas las nacionalidades, delegaciones y grupos, que han firmado mi declaración por escrito. 
Una de las características de una sociedad civilizada es la forma en que trata a los animales. 
Esta es una llamada a la Comisión para que despierte, y en particular al Comisario Byrne, a quien invito a presentarse ante la Asamblea para hacer una declaración en torno a este asunto. 
Significa mucho para nosotros mantener unos niveles altos de bienestar en el transporte de animales, en particular en los países candidatos, donde no existe tradición de altos niveles de bienestar para los animales. 
Además, estoy encantado con que mi enmienda al informe Corbett, por la que las declaraciones por escrito se sacan fuera de la sesión plenaria, se haya vestido de largo. 
Hoy he advertido un gran interés tanto por la cuestión de la piratería como por la Liga de Rugby. 
Esperemos que los diputados al Parlamento firmen las declaraciones en el futuro. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0162/2003) del Sr. Fava, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al Plan de actuación para contrarrestar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de la industria pesquera de la Unión Europea (COM (2002) 600- 2003/2039 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Propuesta de la Conferencia de Presidentes que complementa la decisión adoptada por el Parlamento Europeo el 9 de abril de 2003 sobre el Calendario del Parlamento Europeo, 2004 
(Tras el rechazo de la enmienda 1, el Presidente declara aprobada la propuesta de la Conferencia de Presidentes) 
Informe (A5-0193/2003) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la aprobación de Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo 
Señor Presidente, estimados colegas, todos hemos leído la posición de la Comisión. 
En este momento hay dos opciones y no sé si, por una vez en esta sala, puede imponerse el sentido común. 
(Reacciones diversas) 
Cálmense. 
Es muy divertido. 
Cada vez que el Parlamento adopta una postura, pedimos a la Comisión que reflexione seriamente sobre ella. 
Cuando la Comisión adopta una postura, pido que reflexionemos seriamente sobre lo que ha escrito la Comisión, ya que nosotros lo pedimos siempre al Consejo y a la Comisión. 
He aquí la razón. 
Es sencillo. 
La Comisión ha escrito claramente que hemos votado sobre la petición de devolución a la comisión competente. 
(El Presidente invita al orador a ceñirse a la cuestión de observancia del Reglamento para la que ha pedido la palabra) 
No es una cuestión de observancia del Reglamento, señor Presidente, es una solicitud de devolución a la comisión de conformidad con el artículo 144. 
Como estaba diciendo, por lo tanto, no digamos después que no teníamos todos los datos. 
El Consejo, que tiene dificultades para ponerse de acuerdo, utilizará exactamente el argumento de la Comisión para decir no a un estatuto único, ya que hay países que no desean un estatuto único para los eurodiputados. 
Por esta razón solicito la devolución a la comisión, a fin de cambiar el artículo sobre la inmunidad, y tener así una oportunidad de conseguir el estatuto único. 
Todos los que desean presentar este texto al Consejo, el cual no podrá, ni puede decir más que sí o no, ya que se trata de un procedimiento de dictamen conforme del Consejo, han de asumir la responsabilidad ante la opinión pública europea por rechazar un estatuto europeo. 
(Reacciones diversas y aplausos) 
Así pues, solicito la devolución a la comisión para que vuelva a examinar la cuestión. 
De acuerdo con el Reglamento, el Sr. Cohn-Bendit está perfectamente legitimado para hacer esta petición. 
Ha hablado a favor. 
No quiero reabrir el debate. 
Han intervenido un orador a favor y otro en contra. 
Ahora procede votar sobre la propuesta. 
La propuesta es que se devuelva a la comisión. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de devolución a comisión) 
Espero que en las últimas 24 horas haya recibido usted una copia de la opinión de la Comisión. 
Antes de la votación, quisiera invitar a la Comisión a hacer una breve declaración sobre esta cuestión, al ponente a contestar brevemente y después proseguiremos con la votación. 
Por una razón muy concreta, quisiera pedir la palabra para hablar acerca del reglamento. 
A diferencia del Sr. Rothley, yo no hablaré en términos elevados, sino que simplemente le aclararé que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos desea suprimir el apartado 5 de la resolución porque el Presidium ya ha tomado una decisión. 
Al mismo tiempo, no obstante, existen algunos principios importantes en la demanda en virtud de la cual se exige que los cambios en el reembolso de los gastos de desplazamiento entren en vigor a la vez que el nuevo Estatuto, si es que este llega a ver la luz del día. 
Hay un punto en particular que debería ser aclarado y, por lo tanto, quisiera presentar una enmienda oral al apartado 5. En lugar de instar al Presidium a que tome una decisión, el texto debería expresar la necesidad de tener en cuenta la decisión del Presidium. 
Asimismo, se debería añadir otra puntualización fundamental: en el lugar donde aparece «entrar en vigor junto con el Estatuto» , propongo añadir las palabras «y con la misma validez que este». 
Quizás resulte un poco complicado captar la idea en la traducción, pero el principio consiste en que las decisiones adoptadas relativas al reembolso de los gastos de desplazamiento deben tener la misma validez legal que el Estatuto. 
Si se aprueba la enmienda 7, esta eliminará el apartado al que se refiere, en cuyo caso la enmienda oral decaería porque el apartado en cuestión habría sido eliminado. 
En caso de rechazarse la enmienda 7, entonces preguntaré a la Asamblea si desea aceptar la enmienda oral del Sr. Krarup. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
. (DE) Señor Presidente, mediante los tres informes siguientes, la Asamblea va a votar el paquete negociado con el Consejo sobre la decisión relativa a la creación del mercado interior europeo de la energía. 
En mi calidad de presidente en funciones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, competente para el fondo, en primer lugar debo realizar una declaración. 
La Asamblea va a votar más de cincuenta enmiendas contenidas en los tres informes. 
La propuesta de compromiso incluye dos declaraciones. 
Una de la Comisión, que su Vicepresidenta presentó a la Asamblea en el debate del lunes y que figura en el Acta. 
Además, también incluye una declaración interinstitucional del Parlamento, el Consejo y la Comisión, y se ha acordado que esta quede recogida en el Acta del Parlamento y que ambas se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea junto con el texto legislativo, y que esta circunstancia también se haga constar ahora en el Acta del Parlamento. 
Por consiguiente, también me corresponde leer dicha declaración interinstitucional. 
No se preocupen, no es larga. 
Dice literalmente: «El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión subrayan la necesidad de que los Estados miembros garanticen que los recursos financieros suficientes para las operaciones de desclasificación y gestión de residuos, controladas por los Estados miembros, se utilicen efectivamente para los fines para los que han sido creados y se gestionen de manera transparente para evitar así que surjan obstáculos a la competencia leal en el mercado de la energía.» 
Le ruego que firme esta declaración en nombre de la Asamblea y la publique en el Diario Oficial. 
Señor Mombaur, sería un placer firmarlo y procurar que se publicara debidamente para que constara. 
A través de usted felicito a su comisión y a los ponentes por su extraordinaria labor y este ejemplo de política en estado puro. 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0136/2003) en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de la Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (15528/2/2002- C5-0034/2003- 2001/0077 (COD) ) (ponente: Sr. Turmes) 
ponente. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, en el marco de las votaciones sobre la Directiva en primera lectura, la Comisión prometió al Parlamento presentar dos directivas complementarias: una, sobre la cogeneración, con respecto la cual la Comisión ha mantenido sus promesas, y otra sobre los servicios de eficiencia energética, que es muy importante para establecer un marco para el mercado en este sentido. 
Se nos había prometido esta directiva, en primer lugar, después del verano de 2002, y más tarde hacia para finales de 2002. 
Aún no la hemos visto, y hoy pende la amenaza de que esta directiva importante no pueda ser adoptada durante la legislatura actual. 
¿No puede garantizarnos la Comisión que esta directiva se presentará a la mayor brevedad posible, preferiblemente antes del verano? 
. (EN) Señor Presidente, soy consciente de la preocupación de su Señoría por esta cuestión y sé lo que se ha dicho en el pasado. 
Me han informado de que la Comisión presentará esta directiva más tarde este año y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho su Señoría, que el Parlamento debería tener la oportunidad de votar sobre ella en esta legislatura, es decir, antes del próximo verano. 
Me aseguraré de que se informe a mis colegas de la Comisión de lo que ha dicho su Señoría. 
ponente. (FR) Señor Presidente, la Comisión ha modificado su declaración acerca de los fondos de desmantelamiento de tal forma que, en este momento, con toda seguridad, la política de competencia del Tratado de la Unión, bajo la égida de la DG Competencia, se aplica plenamente a los fondos de desmantelamiento y al sector nuclear. 
Señor Presidente, quisiera simplemente que mis colegas diputados tuvieran presentes las condiciones en las que se desarrolla esta votación. 
Existe un acuerdo político entre el Parlamento, el Consejo de Ministros y la Comisión en virtud del cual, si se aprueba, podríamos evitar la conciliación. 
Por lo tanto, debemos votar a favor del primer bloque y en contra de segundo y del tercero. 
Insto a Sus Señorías a que procedan de este modo, ya que solo así podremos lograr la mayoría de los objetivos del Parlamento, al tiempo que conseguiremos evitar la conciliación. 
. 
(DE) Señor Presidente, la finalidad del presente informe es que se retiren de la circulación lo antes posible los viejos petroleros, causantes, entre otras, de la catástrofe del Prestige. 
Con el Consejo y la Comisión llegamos al acuerdo de que lo decidido por nuestra comisión se considerará también una decisión común y hoy podríamos concluir la primera lectura. 
Por lo tanto, ruego a todos los colegas que voten afirmativamente los puntos aprobados en comisión. De lo contrario, podría peligrar el calendario. 
Eso nos permitiría acabar con la primera lectura, de manera que el reglamento entre en vigor en verano, y ganar así una buena dosis de seguridad marítima en nuestras aguas europeas. 
Se han retirado las enmiendas 33 y 34 de los liberales y, por todo lo dicho, espero que los demás colegas voten las enmiendas de la comisión. 
Señor Vermeer, ¿podría usted confirmar que el Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos retira esas enmiendas? 
Señor Presidente, solamente quería indicar que hay un ligero error en la versión portuguesa de la enmienda 20: falta un punto y coma. 
La falta de un punto y coma en Portugal es un asunto de extrema gravedad y así lo hago saber a los servicios. 
(Laughter) 
Gracias, señor ponente. 
Quisiera informar a la Asamblea de que la versión portuguesa ya ha sido corregida. 
El punto y coma y el orden han sido restablecidos. 
Señor Presidente, quería intervenir por una cuestión de orden en función del artículo 142, observancia del Reglamento, en relación con el artículo 140, letras b) y c) , que se refieren a la admisibilidad de las enmiendas. 
Se rechaza en el artículo 140, letras b) y c) , que se pueda presentar una enmienda que tenga por objeto la supresión o la sustitución de la totalidad de un texto, o que se proponga modificar más de uno de los artículos o apartados del texto a que se refiera. 
Si se aprueba la enmienda 20, según los servicios, decaerían todas las enmiendas que se han presentado al Pleno y todas las que se han hecho en comisión, y su aprobación hace que decaiga también el texto legislativo de la propuesta de la Comisión íntegramente. 
Ayer, la Comisión, por boca del Comisario Fischler, en el debate de la noche, dijo que estaba en contra de la enmienda 20, también estaba en contra de las restantes enmiendas del Grupo UEN, de la 21 a las 29, y dijo que eran contrarias al Tratado de adhesión de España y Portugal. 
Con la enmienda 20 se pretende, señor Presidente, prorrogar el Tratado de adhesión de España y Portugal, lo cual creo que es jurídicamente inadmisible porque va contra el acervo comunitario. 
Señor Presidente, pido, por favor, que me digan los servicios en qué se fundamenta la admisibilidad de esta enmienda. 
Le ruego, por favor, que me lo digan y si no, que me lo digan por escrito, porque creo que estamos vulnerando el Derecho comunitario y estamos dando un paso atrás en la integración europea. 
En este momento no quiero abrir un debate general. 
Escucharé al ponente, tomaré una decisión y proseguiremos. 
Señor Presidente, puedo entender la frustración del Sr. Varela y de otros colegas españoles en relación con esta enmienda, pero lo que esta enmienda pretende, y no es mi deseo reabrir el debate, es proteger una zona de conservación básica, una de las zonas de protección más importantes de las aguas europeas. 
Si queremos que nos tomen en serio como Parlamento, si queremos tomarnos en serio nuestra política común de pesca, hemos de insistir en que esta política consiste en conservar las poblaciones de peces, en dejarles que se recuperen. 
Esto es lo que significa defender la enmienda 20. 
Intentar utilizar el Reglamento para impedir que esta Asamblea opine democráticamente sobre la enmienda sería un grave error. 
Señor Presidente, quisiera proponerle, si piensa usted resolver que esta enmienda es inadmisible, que se devuelva todo el informe a la comisión. 
Pero espero que no establezca su inadmisibilidad y que podamos proseguir con la votación. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, como diputado portugués de este Parlamento me gustaría decir únicamente lo siguiente: se puede tener la opinión que se quiera sobre la enmienda nº 20, pero es completamente falso, absolutamente mentira, que su efecto tenga algo que ver con el Tratado de Adhesión, cuyos efectos han caducado. 
Esto quedó perfectamente claro en el debate de ayer, en intervenciones de colegas míos portugueses, como el diputado Arlindo Cunha o la diputada Ilda Figueiredo y, en particular, en intervenciones muy firmes, como la de mi colega Paulo Casaca. 
Por tanto, es completamente falsa la afirmación hecha al respecto por el Sr. Varela. 
Lo que deseo decir en torno a este asunto es que la enmienda 20 me parece admisible. 
Pretende introducir un texto. 
Es cierto que la inserción supondría borrar otras partes del texto, pero no es una enmienda que se limite a pedir le eliminación de texto. 
Existen precedentes al respecto. 
No estoy haciendo una opción arbitraria. 
Sigo el Reglamento y, por lo tanto, la declaro admisible. 
La sabiduría de la Asamblea tendrá la última palabra. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Con esto concluye la votación. 
El Plan de actuación propuesto por la Comisión no tiene en cuenta la repercusión de las decisiones del Consejo de Pesca de los días 16 a 20 de diciembre de 2002 y no responde a las dificultades del sector, ni a las consecuencias de las medidas de reestructuración (desguace) ni de los planes de recuperación, que, según la Comisión, supondrían la pérdida de 3.000 puestos de trabajo por año hasta finales de 2006, además de la destrucción de 8.000 puestos de trabajo por año como consecuencia de la crisis del sector y de la modernización de la flota. 
Es inaceptable que la Comisión proponga financiar el Plan de actuación a través de la reprogramación de los Fondos Estructurales en el ámbito del IFOP y exponga la posibilidad de utilizar la revisión a medio plazo de los Fondos Estructurales para intentar conseguir más dinero de otros Fondos Estructurales. 
Estamos de acuerdo con el ponente en la necesidad de fondos adicionales para compensar las consecuencias socioeconómicas de la reforma y de los planes de recuperación, y en que la Comisión debe recurrir al instrumento de flexibilidad o a una revisión de las perspectivas financieras. 
Estamos de acuerdo con la afirmación del ponente de que es necesario prestar una atención especial a la pequeña pesca costera. 
La Comisión reconoce que «las medidas de ayuda financiera en favor de la pesca artesanal no han producido los efectos deseados de protección de este sector». 
De ahí nuestra insistencia, en el proceso presupuestario de 2003, en la creación de un programa de apoyo específico. 
El informe es correcto en sus comentarios sobre los riesgos a los que se enfrentará la pesca artesanal (que representa un 75% de los buques pesqueros comunitarios) con la aplicación de la nueva política pesquera común, ya que esta provocará la pérdida de 28 000 puestos de trabajo, el estancamiento económico y el abandono de las zonas costeras. 
No obstante, el informe no cuestiona esta política, sino que se limita a describir las dificultades que origina. 
Las asume y se centra simplemente en el modo de paliar las consecuencias, reducir el grado en el que surgirán las complicaciones y «hacer recuento» de las pérdidas. 
El ponente alberga falsas ilusiones acerca de las intenciones de la Comisión, a la que insta a? considerar sus opciones. 
Nosotros no nos hacemos ilusiones de este tipo. 
La política pesquera aplicada y la política propuesta, con su redacción actual o con algunas enmiendas, demuestran que el rumbo de la Unión Europea se encamina hacia la transferencia de la explotación de los recursos pesqueros a las grandes empresas. 
Esta es la dirección tomada por las medidas destinadas a financiar el desguace de los buques pesqueros pequeños y medianos, cuya intención es la de acabar con los pescadores a pequeña y mediana escala, y aumentar más las posibilidades pesqueras de los grandes buques. 
La situación no se puede cambiar con simples listas de intenciones y llamamientos a un proceder más adecuado por parte de la Comisión. 
Solo los pescadores con su lucha pueden revocar estas políticas y evitar su exterminio. 
El fracaso frecuentemente atribuido a la anterior Política Pesquera Común (PPC) debía hacer ver a toda la Unión el carácter indispensable de una profunda reflexión que dé lugar a una nueva mentalidad, que, de ser posible, se refleje ya en la nueva PPC. 
Para ello, sería decisivo articular debidamente el interés por la conservación de los recursos pesqueros y las repercusiones que cada opción de la PPC puede tener sobre decenas de miles de personas, sobre sus puestos de trabajo y sobre sus familias. 
Pues bien, este informe aborda justamente esta problemática y el Plan de actuación para contrarrestar las consecuencias provocadas por los efectos negativos de la reestructuración del sector de la pesca es el marco adecuado para tener plenamente en cuenta estas consideraciones. 
Con este ánimo, apoyo al ponente cuando: 
considera la evaluación por la Comisión del impacto socioeconómico de la reforma de la PPC demasiado teórica aún, pues no aporta respuestas suficientemente concretas a los problemas a los que se enfrenta actualmente el sector de la pesca; 
defiende que las empresas más débiles económicamente, que podrán ser las más afectadas por la reforma, deben merecer la solidaridad y el apoyo de la Unión Europea; 
insiste en la necesidad de un debate serio y detallado sobre el modelo pesquero que debe seguirse en la Unión Europea y afirma la importancia de un enfoque positivo. 
Por todo esto, he votado a favor. 
. (FR) La votación del 9 de abril pasado fue nada menos que una tentativa de demostración de golpe contra la legalidad comunitaria. 
Mediante la reducción ilegal del número de sesiones anuales de 2004 de doce a diez, una coalición de eurodiputados conocidos desde hace tiempo por su antipatía a la noción de Estrasburgo como sede del Parlamento Europeo, atentó gravemente contra los tratados. Estos diputados también atentaron, cosa que no es menos importante, contra el estatuto de esta ciudad, símbolo de la reconciliación franco-alemana. 
Ahora ha llegado el momento de reparar lo que muy bien podemos calificar de complot contra la ciudad de Estrasburgo. 
Para ello, mi Grupo ha apoyado, en la Conferencia de Presidentes, la propuesta de que se añada una semana más al proyecto de calendario 2004. 
Esta iniciativa es la única que se ajusta a la letra y al espíritu de los tratados. 
Sin embargo, en la víspera del acontecimiento crucial de la ampliación, el Parlamento Europeo debe ejercer todo el peso de su voto para emitir una declaración política de su deseo de permanecer en Estrasburgo. 
Señor Presidente, yo he votado en contra del Informe Rothley por los siguientes motivos: en realidad estoy a favor de un estatuto de los diputados europeos, pero me parece intolerable que no hayamos conseguido introducir una regulación efectiva de los gastos de desplazamiento y que tampoco nos haya sido posible adecuar la edad de jubilación a los usos habituales en los Estados miembros. 
Me parece que hemos perdido nuestra credibilidad en tanto que Parlamento. 
Personalmente, jamás me ha creado un problema que los colegas italianos, por ejemplo, cobrasen más que nosotros. 
También debemos tener presente que hay muchos trabajos que tienen una remuneración distinta en los diferentes Estados miembros europeos. 
Creo que un estatuto solo tiene sentido si se modifica la coartada que se ha mantenido hasta ahora en el caso de la regulación de los desplazamientos, o sea, el Estatuto. 
De lo contrario, estaré encantada de pagar los mismos impuestos que mis electores. 
Representamos a los electores de nuestros Estados miembros y yo creo que también deberíamos regular nuestra edad de jubilación y nuestra tributación conforme a las disposiciones que rigen para nuestros electores. 
De lo contrario estaremos creando unos privilegios para los diputados, que no son pertinentes bajo esta forma, justamente en una situación en que la crisis cultural está imponiendo recortes para los ciudadanos normales en muchos aspectos. 
Por esto he votado en contra del informe a pesar de que, de hecho, estoy a favor de un estatuto. 
Pero en su forma actual no me parece sostenible, porque establece muchos privilegios que no son justificables y porque lamentablemente no hemos conseguido modificar la regulación relativa a los desplazamientos. 
Señor Presidente, al igual que la Sra. Breyer, he votado en contra de este informe. 
Creo que en esta Asamblea hay mucha hipocresía y un doble lenguaje. 
Con respecto a los gastos de desplazamiento, desde que vengo aquí mucha gente ha planteado esta cuestión, especialmente de mi propio Grupo. 
Habría que cambiar el sistema. 
Necesitamos un sistema que nos devuelva lo que gastamos, pero sin asociar esto a un montón de otras cosas. 
El informe Rothley recoge algunas propuestas polémicas, especialmente en lo referente al impuesto de la Unión Europea. 
Como ciudadana irlandesa, me resulta difícil justificar ante mis votantes de casa por qué tendría que pagar un tipo impositivo diferente o por qué tendría el privilegio de pagar un impuesto más bajo. 
Al vincular ambas cosas, el salario y los gastos, soslayamos el hecho de que es necesario cambiar el sistema. 
Esta cuestión va a durar eternamente. 
Los votantes y los medios de comunicación de los diferentes Estados miembros llamarán la atención sobre ello. 
Dudo de que sea aceptable que un diputado a este Parlamento pueda percibir más que, por ejemplo, el presidente de su propio país, lo que podría ocurrir en ciertos casos. 
Es preciso reformar el sistema, y de tal manera que podamos adoptar una posición creíble y demostrar que no disfrutamos de privilegios extra a los que nuestros votantes no tengan derecho. 
(FR) Como cabía esperar, la Comisión acaba de expresar una opinión favorable sobre el proyecto de Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, cuya votación tuvo lugar ayer. Incluso propine ir más allá en un punto concreto, a saber, pide el sometimiento exclusivo de los diputados europeos a un impuesto comunitario, en nombre de un principio de igualdad de trato cuya aplicación no ha lugar aquí. 
En efecto, los diputados son representantes de sus respectivos países y, en nuestra opinión, deben pagar los mismos impuestos que sus conciudadanos. 
Por lo tanto, he votado en contra de la transmisión de este proyecto al Consejo. 
Mantengo que el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo debe tener en cuenta las disparidades entre países. Esta norma debería aplicarse incluso si significa que cada país delega en el Parlamento Europeo la decisión en una serie de materias muy delimitadas que puedan surgir en relación con el funcionamiento interno de la Asamblea. 
Hasta ahora, el Gobierno francés no nos ha contestado. 
No obstante, nosotros aún esperamos que reaccione, para no caer en la situación de Niza. En Niza, a pesar de nuestras advertencias, el Gobierno predecesor aceptó una reducción drástica del número de diputados franceses a este Parlamento, decisión que hoy lamenta todo el mundo. 
Habría sido mejor haber previsto este problema. 
. 
(DA) Considero que la aprobación por parte del Parlamento de las propuestas incluidas en el informe Rothley es ilegal, ya que estas implicarían la modificación del derecho primario. 
Su aprobación resulta especialmente imprudente porque rechaza la aplicación del sistema fiscal nacional sobre los salarios del Parlamento Europeo y no logra poner en orden el plan de las dietas. 
No he podido participar en la votación de hoy, puesto que voy a intervenir en la reunión de la Convención Europea en Bruselas. 
La razón principal de mi abstención tiene que ver con la decisión de aumentar considerablemente el salario de los diputados. 
En el contexto político y social actual, en toda Europa, y no solo en Francia, esta decisión es inaceptable e injustificable. 
Antes que nada, somos representantes del pueblo y nuestra prioridad es promover los intereses de nuestros ciudadanos y concretar sus expectativas con respecto a Europa, fundamentalmente en cuestiones de mayor democratización. 
He decidido abstenerme y no votar en contra de este informe porque estimo que la adopción de un estatuto único de los diputados es una señal positiva en el sentido de una Europa más rigurosa, de un destino realmente compartido y de la realización de un objetivo de igualdad. 
No obstante, hubiera preferido que este objetivo de igualdad salarial, que este informe pretende imponer de abajo arriba, pasara a ser una prioridad de los legisladores europeos mediante la adopción de un salario mínimo europeo. De este modo afectaría ante todo y sobre todo a nuestros conciudadanos. 
. 
(PT) Aprovechando que la decisión en el Consejo sobre el «Estatuto de los diputados al PE» ha pasado de la unanimidad a la mayoría cualificada (Tratado de Niza) , el PE vuelve a insistir en una propuesta con aspectos de los que discrepamos. 
Entre otros, discrepamos de la creación de una asignación parlamentaria mensual igual para todos los diputados, independientemente del país al que representen. 
Los diputados al PE son elegidos en medios nacionales. 
Por tanto, están, y deben seguir estando, vinculados a dichos medios. 
La creación de una asignación parlamentaria única obedece a una concepción federalista del mandato de diputado al PE, tendente a transformar el actual diputado nacional al PE en el futuro «diputado europeo» , visión de la que discrepamos. 
Por otro lado, como hemos venido destacando, las realidades sociales de los países de la UE son muy diferentes, lo que hace inevitable que, al aplicarse esta medida, se produzcan situaciones de profunda desigualdad y disparidad con respecto a la realidad salarial de los trabajadores y de los elegidos y titulares de cargos públicos en algunos países, como es el caso de Portugal, lo que sería totalmente incomprensible. 
El salario de un diputado al PE debe tener como referencia el salario de los diputados nacionales del país en el que fue elegido. 
De ahí nuestro voto en contra. 
. (FI) Ulpu Iivari, Reino Paasilinna y Riitta Myller, todos nosotros miembros de la delegación finlandesa del Partido Social Demócrata, hemos votado a favor del Estatuto de los Diputados, ya que creemos que es esencial contar con un documento de este tipo y votar en su contra significaría conservar el sistema actual. 
Nuestro objetivo ha sido en todo momento el de instaurar un sistema en el que se reembolsen los costes de desplazamiento si se registran gastos reales. 
No obstante, una condición para la aceptación final es que se aplique al Estatuto el compromiso surgido durante la Presidencia belga, en virtud del cual se concede a Finlandia el derecho de gravar el salario de sus diputados europeos. 
Asimismo, esperamos que el Parlamento esté preparado para renunciar durante sus negociaciones con el Consejo a cualquier propósito que pueda tener en relación con la inmunidad parlamentaria, cuya aceptación por parte del Consejo resulta imposible. 
. (EN) Los Diputados al Parlamento Europeo del Partido Conservador británico anticipamos que el Estatuto aprobado, que no merece nuestra aprobación, tampoco merecerá la aprobación del Consejo. 
En estas circunstancias, el Consejo y el Parlamento deben negociar un Estatuto que satisfaga las exigencias de ambos. 
Nada debería quedar fuera del ámbito de estas negociaciones legítimas. 
. (EN) En la apertura de la sesión de hoy, el Presidente Pat Cox ha indicado que los diputados al Parlamento Europeo obligados a marcharse a Bruselas para la Convención podrían dejar constancia de su posición en torno al Estatuto de los Diputados a pesar de su inevitable ausencia en la votación. 
Esta es la mía: 
Desgraciadamente, no puedo apoyar el proyecto del Estatuto de los Diputados tal y como lo ha aprobado el Parlamento el 3 de junio. 
Por lo tanto, votaría en contra de la resolución legislativa de hoy, y como ponente alternativo así lo he comunicado a mi Grupo. 
No puedo aceptar el rechazo de la enmienda del «compromiso de Bélgica» , que habría abierto la puerta a la aplicación de un impuesto nacional sobre el salario de un diputado al Parlamento Europeo, ni el rechazo de una declaración firme a favor de un sistema de gastos revisado y transparente. 
Además, tengo serias dudas sobre las radicales disposiciones relativas a la inmunidad de los diputados. 
. (EN) El EPLP no puede votar a favor del informe Rothley sobre el Estatuto de los Diputados. 
Tras la aprobación de ayer de la fiscalidad de ámbito comunitario, un salario que representa el 50% del de un juez del Tribunal de Justicia Europeo, una fecha de aplicación posterior a 2004 e inmunidades que implicarían la legislación primaria, nos parece que todo esto ha ido demasiado lejos. 
La aprobación de estas medidas solo distanciará más a los diputados al Parlamento Europeo del electorado en un momento en que intentamos conectar con el público europeo mediante la simplificación y aclaración de nuestras normas. 
Este Estatuto no va a considerarse un paso en esta dirección. 
El EPLP celebra la reforma del régimen de gastos de viaje y ahora trabajará para que se aplique independientemente del Estatuto. 
En la línea de la explicación de voto que presenté ayer, no podía votar de otra forma en esta votación final, pues mis reservas son de fondo y de principio, y tienen que ver con la naturaleza global de las Instituciones europeas. 
Por esta razón, he vuelto a votar en contra. 
Pero quiero añadir mi sorpresa? y discrepancia? con el hecho de que, con el pretexto de consagrar un régimen de igualdad para todos los diputados y un Estatuto unitario, se mantenga, al final, la posibilidad de regímenes separados (y situaciones diferenciadas, esas sí de privilegio) para algunos diputados. 
Basta ver, por ejemplo, la posibilidad de que algunos diputados que sean reelegidos puedan mantener, al menos durante una legislatura más, la opción de un régimen salarial diferente. 
Ahora bien, además de que este hecho es absolutamente insostenible en el marco político del nuevo Estatuto, puede conducir a una situación muy negativa y completamente ingobernable, pues representará una discriminación en dos sentidos: por un lado, una diferenciación de régimen con respecto a los colegas de los demás Estados miembros; y, por otro, una diferenciación de régimen también con respecto a otros diputados al PE elegidos en el mismo Estado miembro. 
No sé qué me sorprende más, si el hecho de que se haya aprobado este absurdo; si el hecho de que hasta la Comisión Europea haya expresado su acuerdo... 
(Explicación de voto abreviada con arreglo al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) No, este Estatuto no es perfecto; sí, este texto no es más que un compromiso. 
No, el texto no responde por completo a la larga batalla lidiada durante la mayor parte del último quinquenio por el Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos, pero sí, he votado a favor por lo siguiente: por la reforma, por el futuro, y para consolidar la dimensión verdaderamente europea de nuestra Asamblea. 
Porque es de eso de lo que se trata: poner punto final a esta odisea en que nos embarcamos en 1979 en busca de un estatuto común, un estatuto que acabara con las desigualdades y las injusticias. ¿Cómo se puede seguir justificando que un diputado alemán o italiano cobren cuatro veces más que sus colegas portugueses o españoles? 
Esta es la razón por la que me congratulo del acuerdo alcanzado sobre los artículos 16 y 18; el primero fija el principio de un salario igual para todos y el segundo confirma que el impuesto comunitario será la referencia. 
Sin embargo, lamento que nuestra Asamblea no afirmara ayer de forma clara y tajante los derechos y deberes de los diputados. Tampoco adoptó un sistema completamente transparente de reembolso de los gastos, sobre todo de viaje. 
El rechazo del compromiso efectivo que se negoció durante la Presidencia belga, en octubre de 2001, es una mala señal. Dicho compromiso permitía a los Estados miembros que lo desearan introducir un impuesto nacional adicional. 
Demasiadas cuestiones extremadamente polémicas que amenazan con enviar la adopción del Estatuto del diputado a las calendas griegas. 
. (SV) Hoy he votado en contra del informe del Parlamento Europeo sobre el nuevo Estatuto de los Diputados ahora que la Comisión ha emitido su opinión tras la votación de ayer en la sesión plenaria. 
Sin embargo, la propuesta ha sido finalmente aprobada con 323 votos a favor, 167 en contra y 39 abstenciones. 
El nuevo Estatuto no lograría aumentar la apertura a menos que, en lugar del sistema actual de pagos de tipo fijo, existiera un sistema de reembolso de los costes de desplazamiento en el que se sufragaran los gastos reales. 
Es cierto que el Presidium del Parlamento decidió el 29 de mayo de 2003 investigar el modo en que se podría planear un nuevo sistema para el reembolso de los gastos de desplazamiento, pero esto no basta para solucionar el problema. 
A la vez que se introduce un nuevo Estatuto de los Diputados, debería entrar en vigor una decisión para la devolución de los gastos reales. 
Los objetivos del nuevo Estatuto deben ser la imparcialidad, la transparencia y la eficiencia. 
En el futuro, lo ideal sería además que el salario de los diputados del Parlamento Europeo se estableciera acorde con los niveles aplicables en los parlamentos nacionales. 
Puesto que los diputados residen en sus Estados miembros, a los que representan, los impuestos se deberían deducir sobre la base del nivel nacional. Así, es preciso que se tengan en cuenta los costes de vida y los sistemas de seguridad social de los diferentes países. 
. (SV) No he participado en la votación porque encuentro absurdo que seamos nosotros mismos los que tomemos decisiones acerca de nuestros salarios y otras condiciones financieras. 
. (DE) Señor Presidente, yo he votado a favor del Informe Turmes. 
Creo que es un excelente informe y el Sr. Turmes se merece que le reitere mis mayores elogios. 
El informe no habría sido tan bueno sin su compromiso. 
Sobre todo, en él se ha conseguido introducir un «etiquetado» de la electricidad que en adelante permitirá saber a los consumidores de dónde procede la electricidad que utilizan y cómo se ha producido, de manera que por fin tendrán la posibilidad de decidir si desean adquirir electricidad nuclear o electricidad procedente de fuentes de energía renovables. 
Por lo tanto, también tendrán la posibilidad de participar en las decisiones sobre la política de protección del medio ambiente y esto representa un éxito gigantesco. 
En efecto, sabemos que solo la libertad de elección crea ciudadanos con capacidad de juicio y estos, a su vez, desean disponer de dicha libertad de elección para poder participar en las decisiones. 
Espero que esta disposición también se trasponga de manera practicable en los Estados miembros, de modo que los consumidores puedan disponer efectivamente de dicha posibilidad. 
Por lo demás, naturalmente me alegra mucho que por fin hayamos conseguido redactar un párrafo que hace extensivas las normas de competencia también a la energía nuclear. 
Tenemos que acabar de una vez con los privilegios de la energía nuclear. 
En un mercado interior de la energía liberalizado no puede ser admisible que esta goce de una consideración especial y no esté sujeta a las normas de competencia. 
Una vez más, la mayoría de los diputados al PE asumen la defensa de la completa liberalización del sector del gas natural, haciendo suyas las posiciones defendidas por la UNICE en relación con este objetivo de la denominada «Estrategia de Lisboa». 
Entre otros ejemplos, la propuesta del PE sobre el papel de las autoridades reguladoras nacionales y de la autoridad reguladora «europea» -cuya misión sería realizar el mercado interior y garantizar la competencia- pone de manifiesto el objetivo de trasladar a autoridades denominadas «independientes» todo un conjunto de competencias que deberían corresponder a las instituciones nacionales democráticamente elegidas, es decir, para el PE, ni el Estado nacional tendría un papel regulador, pues este se atribuiría a las denominadas autoridades reguladoras y a la Comisión Europea. 
La intención es tan descarada que encontró la resistencia del Consejo. 
En términos generales, se trata de un intento de imponer normas de competencia a todos los sectores que integran el servicio público, incentivando las privatizaciones, poniendo en peligro la seguridad del abastecimiento, la capacidad de inversión, la igualdad de acceso a los mejores precios a un servicio de calidad y provocando una regresión de los derechos de los trabajadores de las empresas de los sectores considerados. 
De ahí la petición de rechazo de nuestro Grupo parlamentario, que significativamente fue rechazada por la mayoría de los diputados al PE, incluidos los del PS, del PSD y del CDS-PP. 
La liberalización del sector de la electricidad es uno de los objetivos de la «Estrategia de Lisboa». 
Como en el sector del gas, el PE se ha hecho portavoz de los intereses de la confederación de la patronal en Europa, la UNICE. 
La energía es un sector estratégico fundamental para la soberanía de cualquier Estado. 
La actual liberalización pondrá en entredicho esta garantía. 
Dentro de algunos años, el sector de la electricidad? el propio ponente lo afirma? estará dominado en la UE por cinco u ocho empresas, obviamente de los países económicamente más desarrollados. 
Se trata de imponer normas de competencia y de incentivar las privatizaciones, poniendo en peligro la seguridad del abastecimiento, la capacidad de inversión, la igualdad de acceso a los mejores precios a un servicio de calidad y provocando una regresión de los derechos de los trabajadores de las empresas de los sectores considerados. 
De ahí, la presentación por nuestro Grupo parlamentario de una propuesta de rechazo de la posición común y de diversas propuestas de enmienda tendentes a minimizar aspectos negativos de la recomendación, en particular por lo que se refiere al respeto de las obligaciones de servicio público, al respeto del medio ambiente, a las características específicas de las regiones ultraperiféricas y a la protección de los consumidores domésticos y de los pequeños consumidores. 
Significativamente, la mayoría de los diputados al PE, incluidos los del PS, del PSD y del CDS-PP, rechazaron la propuesta de rechazo de la posición común. 
. 
(PT) Algunas de las enmiendas presentadas indican que, para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, es indispensable aumentar la capacidad de energía nuclear instalada en Europa. 
Este argumento carece de racionalidad y de objetividad. 
Todos los datos apuntan lo contrario. 
La Unión Europea ha reducido ya en un 4% las emisiones de gases con efecto invernadero entre 1990 y 1999, y podrá alcanzar la cuota de reducción restante hasta 2012 (4%) con medidas de bajo coste. 
Según los datos de la Comisión Europea, es posible cumplir el Protocolo de Kioto aplicando medidas de coste inferior a 20 euros por tonelada de CO2. 
Entre las medidas propuestas por la Comisión Europea (Programa Europeo para el Cambio Climático y Directiva marco sobre el comercio de emisiones) no figura la promoción de la energía nuclear. 
. (FR) A diferencia de mi Grupo político, he votado a favor de las enmiendas al bloque 3. 
Me ha parecido esencial apoyar la enmienda 1, ya que introduce la referencia al principio de cautela. 
Aunque comprendo el deseo del ponente, a quien felicito por su trabajo y gran disponibilidad, de concluir este procedimiento legislativo tras la segunda lectura, me es imposible votar en contra de la referencia al principio de cautela. 
Dicha referencia me parece fundamental y necesaria para un tema tan sensible, y tan lejos de estar solventado, como el de los organismos modificados genéticamente. 
El Consejo ha rechazado incorporar esta referencia al principio de cautela en su Posición Común, mencionándolo en el preámbulo. Es su decisión y yo la respeto. 
Sin embargo, estimo que el Parlamento Europeo no debería asumir la inveterada postura del Consejo contraria a la referencia al principio de cautela. Este principio, de todos modos, está consagrado en la legislación comunitaria. 
Su rechazo supone conferir a los organismos modificados genéticamente un lugar privilegiado. Sienta un precedente que otros sectores ocupacionales podrían aprovechar para rechazar determinadas propuestas y orientaciones políticas en un futuro. 
Se trata de un paso atrás por la vía de la negación de un principio, pero que lleva la máscara del progreso. 
Somos conscientes de que el presente Reglamento, junto con otros, como el Reglamento sobre trazabilidad y etiquetado, representan pasos hacia el levantamiento de la moratoria sobre los OMG. 
Son cada vez más evidentes las presiones de los Estados Unidos, ahora con una queja contra la Unión Europea en la OMC, y de las grandes multinacionales de la biotecnología para que se ponga fin a la moratoria y se abra el libre comercio de OMG. 
Con todo, las propuestas de este informe, igual que en la primera lectura, presentan mejoras significativas al texto. 
Un acuerdo en esta materia puede ser importante para acelerar el proceso de ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 
Por otro lado, las propuestas apuntan a que las importaciones de OMG no puedan tener lugar sin el consentimiento previo, por escrito, del país de importación, y que de la firma de acuerdos y arreglos no pueda derivarse un nivel más bajo de protección que el establecido en el Protocolo y en el presente Reglamento. 
Exigen también que el exportador respete los marcos legislativos nacionales y el derecho público a la información, por lo que merecen nuestro apoyo. 
Como se indica en el informe, hay que tener en cuenta el principio de cautela, y no sacrificarlo a consideraciones comerciales, dadas las posibles repercusiones de los OMG. 
Ante la ausencia de una legislación sólida y completa sobre los organismos modificados genéticamente (OMG) , que pueda ofrecer garantías a los consumidores y a la industria, hace ya tres años que se suspendieron los procesos de concesión de autorizaciones de comercialización en la UE. 
Me congratulo de la legislación sobre trazabilidad y etiquetado de los OMG, dado que hace posible el registro y el seguimiento de los movimientos de OMG en el mercado, así como de los alimentos para consumo humano y animal con ellos producidos. 
De este modo, el consumidor puede elegir, y se facilita el proceso de retirada de un producto cuando se considere necesario. 
Como es sabido, el objetivo global del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, aprobado el 29 de enero de 2000, es garantizar un nivel adecuado de protección durante la transferencia, la manipulación y la utilización de los organismos modificados genéticamente (OMG) resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos nocivos sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta asimismo los riesgos para la salud humana y haciendo especial hincapié en los movimientos transfronterizos. 
Ahora bien, en la línea de la posición del Gobierno de Portugal, considero importante que se proceda ahora a su regulación en el marco europeo, a fin de garantizar lo que es el interés primordial en este ámbito: un alto nivel de protección de los consumidores. 
Celebro, pues, la adopción de la posición común del Consejo? y la aproximación de posiciones que evitó la necesidad de seguir hasta el proceso de conciliación? y, como tal, la próxima entrada en vigor de una reglamentación clara, técnicamente segura y capaz de situar a la UE en una posición diferente de la que condujo, por dispersión de la reglamentación, a la moratoria anti OMG y llevó a los Estados Unidos a presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio. 
He votado a favor porque, tras el naufragio del Prestige en la costa española y el enorme desastre ecológico derivado, urge establecer una protección frente a los petroleros de casco único mediante la imposición inmediata de un calendario para su retirada de circulación. 
Los gobiernos de los Quince deberían apoyar estas medidas e ignorar la presión por parte de los armadores que, motivados por su propio interés, se oponen a la existencia de una regulación imprescindible para garantizar la protección de mares y costas. 
(FR) Hemos dado nuestro firme apoyo al informe Piecyk. También hemos apoyado la nueva propuesta de la Comisión con vistas a acelerar la introducción de los petroleros de doble casco y la retirada de los petroleros de monocasco, a la vez que se endurecen las restricciones de seguridad. 
Este texto debería haber sido adoptado hace mucho tiempo, cuando Philippe de Villiers, en efecto, lo solicitó. 
Sin embargo, después del naufragio del Erika en 1999, la Comisión se dejó arrastrar por atajos a instancias de la Organización Marítima Internacional (OMI). El Consejo, como el Parlamento Europeo, tuvo la debilidad de seguirla. 
Ha sido necesario otro naufragio, el del Prestige, para despertar a todo el mundo. 
El texto que hoy nos ocupa es más sensato. 
Sin embargo, habría que ampliar su ámbito de aplicación. Debería aplicarse no solo a los navíos que lleven el pabellón de un Estado miembro o que hagan escala en uno de nuestros puertos, sino también a cualquier petrolero que transite por nuestra zona económica. 
También será necesario supervisar de cerca el estado de los dobles cascos a lo largo del tiempo. 
Por otra parte, como dije durante el debate de la última sesión sobre responsabilidad medioambiental, hay que poner remedio a la insuficiente capacidad de indemnización del FIPOL. También es preciso establecer urgentemente un régimen de seguro obligatorio que funcione según el principio de «quien contamina, paga». 
. 
(EL) Nuestra postura en la votación final sobre el informe Piecyk ha sido la abstención. 
Por supuesto, somos conscientes de que con la retirada de los petroleros de casco único se pretende proteger el medio ambiente evitando que se produzcan otros trágicos accidentes en el mar. 
Nosotros apoyamos sin duda este objetivo, tal y como hemos demostrado votando a favor de todos los informes anteriores sobre la materia. 
Sin embargo, estos acuerdos finales parecen derivar de una reacción provocada por el clima reinante tras el naufragio del Prestige. 
Esto explica además el deseo de la Unión Europea de actuar en esta ocasión independientemente de la Organización Marítima Internacional, aun sabiendo que en materia de navegación, en la que se traspasan las fronteras europeas, es preferible adoptar soluciones internacionales, especialmente teniendo en cuenta que todavía no se ha empezado a implementar el anterior calendario para la retirada. 
Por lo tanto, creemos que no se han sopesado seriamente las consecuencias que estos acuerdos tendrán sobre la competitividad económica. 
Para ser más concretos, queremos señalar que la navegación griega se ve gravemente afectada, resultando perjudicados los trabajadores de la industria naviera. 
Con la abstención, pretendemos expresar nuestro profundo escepticismo acerca de la posición del Consejo de Ministros y, aún más importante, la de la Presidencia griega. Esta debería ocuparse del asunto con más sangre fría, especialmente porque los griegos tenemos más experiencia en este campo y los acuerdos afectan en mayor grado a nuestra economía. 
. (EN) Celebro la iniciativa del Parlamento que pretende acelerar la introducción de petroleros de doble casco. 
Las medidas expresadas en el informe son importantes tanto para mejorar la seguridad marítima como para impedir el tipo de catástrofe medioambiental que acaba de sufrir hace poco la costa de Galicia. 
En mi circunscripción, Escocia, estamos rodeados de algunas de las aguas más peligrosas de Europa, y por desgracia hemos sufrido los efectos ambientales de petroleros que han vertido sus cargamentos en el mar. 
Los habitantes de las islas Shetland escocesas, que sufrieron un destino similar en 1993, cuando el Braer se hundió ante sus costas, han expresado su solidaridad con quienes han visto afectado su medio de vida a raíz del desastre del Prestige. 
Tras el desastre del año pasado, preguntamos por qué parecía que no hubiéramos aprendido ninguna lección de las experiencias de Escocia de hace diez años. 
Por este motivo acojo con especial satisfacción el objetivo del Parlamento de intentar establecer un acuerdo rápido con el Consejo a fin de impedir que otras comunidades costeras sufran el destino de Galicia o las Shetland, y quisiera dejar constancia de mi esperanza de que los Estados miembros asignarán a esta legislación la prioridad que merece. 
La seguridad de los buques, la tripulación y el medio ambiente no se puede abordar de manera efectiva con medidas incompletas, independientemente de su importancia, tales como la condición obligatoria del doble casco para los petroleros que utilicen los puertos de los Estados miembros. 
Una auténtica política de seguridad debe luchar contra la impunidad de los armadores, aplicar medidas de peso contra las infracciones de la ley, ajustar las posiciones de operación a los requisitos actuales y ayudar a mejorar las condiciones laborales y de vida de la tripulación mediante la protección de sus derechos y la concesión a sus respectivos sindicatos de la capacidad para intervenir con decisión. 
Los acuerdos se deben presentar dentro del marco de la OMI y de la OTI, las cuales han de desempeñar un papel fundamental en la navegación internacional, sin aceptar la filosofía del compromiso con los intereses del sector. 
Un ejemplo típico del modo en que se atiende a este tipo de intereses a costa del medio ambiente son los largos períodos transicionales, sin justificación real alguna en cuanto a la seguridad de abastecimiento, y la exención del requisito del doble casco para los buques por encima de las 500- 600 toneladas. 
La Unión Europea contribuye a la impunidad de los armadores del mejor modo posible. 
Por ejemplo, la industria de reparación de buques en Grecia, un país que cuenta con una de las mayores flotas del mundo, ha sido prácticamente exterminada. 
Solo se podrán obtener resultados positivos en contra de esta política si se entabla una lucha decisiva por parte de los trabajadores, los pescadores y las regiones interesadas, especialmente las regiones costeras. 
. 
(PT) No faltan justificaciones de peso que fundamenten, y hasta hagan obligatoria, la adopción de medidas progresivamente más exigentes en materia de seguridad de la navegación marítima. 
El acaecimiento, en un cortísimo espacio de tiempo, de dos grandes desastres- Erika y Prestige- y, con ellos, el enfrentamiento a la variedad y gravedad de sus consecuencias, nos mostró a todos la necesidad urgente de tomar decisiones en este campo. 
Todos somos concientes de las condiciones inadmisibles en que siguen navegando muchos buques con cargas peligrosas y altamente contaminantes. 
Así, esta nueva propuesta es especialmente oportuna en la línea de la tan proclamada exigencia del doble casco. 
Además, y como el estudio de la Comisión Europea se encargó de demostrar, la retirada acelerada de los buques de casco único, tal como se propone, no supondrá una reducción sustancial de las capacidades de los petroleros y, como indica el ponente, los astilleros europeos, por su capacidad y reconocimiento internacional, pueden beneficiarse de la construcción de nuevos buques. 
Acompaño también al ponente cuando indica que es importante ampliar la aplicación de las soluciones ahora propuestas por la Comisión Europea en el marco de la Organización Marítima Internacional, promoviendo, en este ámbito, las negociaciones necesarias con la mayor firmeza. 
Por eso, he votado a favor. 
. (FR) ¡Ya era hora! 
Desde diciembre de 1999, desde el naufragio del Erika y de sus dramáticas consecuencias económicas, sociales y medioambientales, sabemos que la retirada de los petroleros monocasco era ineluctable y urgente. 
Tras el naufragio del Erika, yo pedí que se estableciera un calendario para la eliminación total de los petroleros monocasco de aquí al año 2010. 
Entonces se me respondió que era imposible. 
De repente, tras el naufragio del Prestige, se ha hecho posible. 
Sin embargo, para que sea eficaz, esta medida no debe limitarse a la Unión. Antes bien, la Organización Marítima Internacional debe intervenir para convertirla en ley internacional. 
A ello deben aplicarse de ahora en adelante con determinación los Estados más amenazados por la marea negra, en primer lugar Francia. Tampoco deben vacilar en ejercer presiones unilaterales, como han hecho de forma pertinente Francia y España en Málaga. 
. (FR) Comparto con el ponente la preocupación de sanear el depósito de barcos que transportan mercancías peligrosas. 
En opinión de la propia Comisión, más de 4 000 barcos presentan riesgos. 
Es urgente obligar a los armadores a que retiren estos barcos basura y a que respeten normas técnicas y sociales más estrictas. 
Sin embargo, en vista de los recientes naufragios del Erika y del Prestige, considero que la Unión Europea todavía está demasiado indecisa en la lucha necesaria contra la inseguridad marítima. 
Los periodos de espera propuestos aún son insatisfactorios: la edad límite de navegación para los petroleros de tipo Prestige (categoría 1) está fijada en 23 años a partir de 2005; para los barcos de las categorías 3 y 2 (generalmente construidos entre 1982 y 1986) , la edad límite es de 28 años a partir de 2010. 
Incluso con estas medidas, el riesgo de catástrofe perdura. 
Habría sido necesario prohibir la navegación de todos los barcos peligrosos y reorientar mediante una política pública la producción de los astilleros hacia la construcción y el desarrollo de barcos modernos y seguros. 
Habría sido necesario dotar a la Unión Europea de nuevas herramientas en su lucha contra la laxitud del sistema. 
Pero, sobre todo, es necesario que los Estados miembros se comprometan verdaderamente a aplicar la legislación vigente. 
Esto es lo mínimo necesario para que todas las restricciones suenen a deseos piadosos. 
Quisiera hablar sobre el informe Hudghton y el informe Stevenson. 
En cuanto al informe Hudghton, la posición adoptada por el EPLP está relacionada con nuestro apoyo político a los consejos asesores regionales, a la subsidiariedad y a la posibilidad de que se tomen ciertas medidas de gestión descentralizada. 
En cuanto al informe Stevenson, antes el informe Ó Neachtain, sobre las aguas occidentales relacionadas con el box irlandés, la postura se ha adoptado por motivos de protección en relación con una zona de desove y de conformidad con el tradicional apoyo regional al box irlandés. 
La enmienda 20, que efectivamente concede una derogación de 10 años al box irlandés, es una medida de conservación vital y la apoyamos. 
Por este motivo estoy muy satisfecha con la aprobación de hoy de la enmienda 20 por tal mayoría. 
Todas las demás enmiendas decaen, al aprobarse la enmienda 20, lo que nos permite apoyar el informe modificado. 
La protección de los juveniles es una prioridad para garantizar la conservación de los recursos piscícolas y su sostenibilidad a plazo. 
Por ello, la mejora de las medidas técnicas de captura debe considerarse un elemento esencial de la Política Pesquera Común y encuadrarse con los demás instrumentos del sector de la pesca. 
Así, estamos de acuerdo con las propuestas del ponente, en especial cuando afirma que, siendo los pescadores parte interesada en estas medidas y quienes mejor conocen la materia, deberían participar plenamente en el proceso de definición de las mismas. 
Además, siempre hemos defendido el fortalecimiento del diálogo social con el sector, como demuestran nuestras propuestas en la opinión que elaboramos en el marco del proceso presupuestario de 2003. 
Con todo, nos sigue pareciendo que los consejos consultivos regionales quizás no sean los instrumentos más adecuados para garantizar dicha participación. 
Lo que sería necesario es una descentralización efectiva de la Política Pesquera Común. 
Estamos de acuerdo con el ponente cuando afirma que errores técnicos en la redacción de la presente propuesta de la Comisión, en especial en un reglamento de consolidación legislativa con materias extremadamente técnicas o delicadas, ponen en entredicho la competencia técnica de la Comisión y aumentan la desconfianza de los pescadores hacia la misma. 
Es importante esta propuesta de la Comisión Europea que consolida reglamentos existentes y, en parte, introduce medidas nuevas, en particular en relación con el bacalao y la merluza. 
Considero que íbamos por buen camino cuando, en el Reglamento técnico en vigor, se autorizaba a los Estados miembros a tomar medidas en ciertos casos de emergencia y en relación con sus propios buques, con la reserva de que no podían ser menos exigentes que los requisitos inherentes al Derecho comunitario. 
Lamento, con el ponente, que la presente propuesta no mantenga esas disposiciones y, al igual que él, espero que esta omisión sea rápidamente subsanada por la Comisión, así como la omisión de cualquier referencia a los consejos consultivos regionales (CCR). 
La Comisión debe comprender que un sector pesquero sostenible y viable solo es posible con la confianza y la cooperación de los pescadores y atendiendo a los puntos de vista de los interesados. 
Además, esta omisión es contraria a lo prometido por el Comisario Fischler, en un discurso a los pescadores en Londres, cuando les pidió que «estén presentes y participen, y no dejen de hacerse agentes efectivos del proceso de gestión de la pesca». 
Creo que estaríamos aún mejor si se hubiesen aprobado más de las enmiendas propuestas en el Pleno. 
Pero, por las razones brevemente expuestas, he votado a favor también al final. 
Señor Presidente, estoy muy decepcionada por el resultado del informe original Ó Neachtain, ahora Stevenson, debido la adopción de la enmienda 20. 
Es una enmienda irresponsable que pretende mantener los Reglamentos (CE) nº 2847/93 y 685/95 durante un período de 10 años. 
Todos reconocen que existe un problema en el box irlandés y que hay un problema con las poblaciones de peces. 
Es totalmente injustificable que este Parlamento tenga que votar para permitir que esta situación se mantenga otros 10 años más. 
¿Qué va a pasar con los pescadores irlandeses? 
Los irlandeses dicen hoy aquí que esta es una gran victoria, pues los españoles se han quedado fuera. 
No es una gran victoria para los pescadores irlandeses, porque no habrá peces que pescar. 
El enfoque nacionalista en el Parlamento con respecto a las pesquerías es muy difícil de aceptar desde un punto de vista ecológico. 
Tenemos que examinar la situación de las pesquerías y lo que hay para los pescadores. 
Tenemos que solicitar consejo científico, no solo el consejo de los pescadores, que tienen una visión muy a corto plazo. 
No ven más allá de sus narices. 
Hemos de asegurarnos de que se mantengan las poblaciones y, en caso de crisis, de que se adopten medidas para reducir la actividad pesquera. 
Lo que hemos hecho hoy aquí es lamentable. 
El informe Ó Neachtain aprobado en comisión era muy bueno, pero, por desgracia, fue rechazado por unos pocos votos, porque los diputados españoles votaron en función de sus propios intereses, como los irlandeses. 
Sin embargo, se estableció un compromiso muy satisfactorio, y no entiendo por qué el Sr. Ó Neachtain no volvió a presentar sus propuestas aceptadas en comisión para que se aprobaran. 
La amplia mayoría del Parlamento habría apoyado esta posición, porque fue un compromiso muy justo y razonable. 
Estamos en una situación que emite un mensaje muy negativo desde un punto de vista ecológico y de la sostenibilidad de las pesquerías. 
La situación en el box irlandés seguirá igual durante otros 10 años, a pesar de haberse reconocido la existencia de una crisis. 
Este Parlamento debería asumir con seriedad su papel de protector de las poblaciones de peces y no limitarse a proteger intereses nacionales básicamente egoístas. 
Ya es hora de que nos demos cuenta de que debemos mantener las poblaciones de peces. 
También la Comisión y el Consejo deberían escuchar este consejo, y es que ya es hora de que intentemos asegurarnos de que las poblaciones de peces siguen existiendo, y no solo la industria, que no tendrá nada que pescar en el futuro si no se da cuenta de que existe un problema. 
Señor Presidente, en este Parlamento, sobre la cuestión de la pesca, hay una tendencia continua a confundir los privilegios con la conservación. 
Estoy de acuerdo en que debe de haber zonas en las que se han de tomar medidas de conservación especiales, incluso con que se deje de pescar en ellas durante muchos años. 
Pero, no tiene nada que ver esta conservación con el hecho de que en determinadas zonas haya Estados que tengan el privilegio de pescar y otros que tengan prohibido la pesca. 
En este sentido, no es lo mismo el caso del Irish Box por ejemplo, u otras zonas en mares comunitarios europeos, es decir, continentales, que lo que pasa en las Azores. 
En las Azores el problema es que no tiene plataforma continental, y es necesario darle un privilegio a aquellas islas para que puedan sobrevivir mediante la pesca. 
En el Irish Box o en otras zonas, se trata de un privilegio otorgado a varios Estados contra el Derecho comunitario. 
En ese sentido se han aprovechado de esta confusión para lograr un voto cuyo resultado me parece que es profundamente equivocado. 
Era necesario enviar una señal inequívoca a la Presidencia del Consejo, dado que la propuesta de transacción, apoyada por la Comisión y promovida por España, tendente a crear una zona atlántica única para la gestión del esfuerzo pesquero, sin la división en las actuales zonas de conservación, no solo no sirve al desarrollo de una política sostenible en el ámbito de la pesca, sino que tendría efectos nefastos, en particular para Portugal, sobre las medidas de conservación en curso y desde el punto de vista socioeconómico, tanto para la flota como para las regiones dependientes del sector. 
Por ello, contribuimos a la aprobación de la enmienda nº 20 al presente informe y la defendimos, dado que propone el mantenimiento de los reglamentos actuales por un período de diez años, transcurridos los cuales el régimen deberá revisarse. 
Nos gustaría afirmar, a pesar de que todas las propuestas restantes sobre el Reglamento hayan sido rechazadas, que la Comisión de Pesca aprobó nuestra propuesta de ampliación de la limitación de acceso a la zona exclusiva económica de las Azores y Madeira hasta las 200 millas. 
Es necesario que el Consejo tenga en cuenta también esta propuesta en las negociaciones de transacción. 
. (EN) Las propuestas que nos han presentado son sensatas y emotivas en más de un aspecto. 
No creo que la Comisión pueda, por un lado, decir que debemos facilitar el acceso al box irlandés y, por otro, predicar la conservación y la protección de los peces en otras zonas. 
Creo que la Comisión ha perdido el control de la política común de pesca y simplemente se está convirtiendo en el perrito faldero del Gobierno español y de la industria en España. 
Uno no puede girarse a ambos lados a la vez, por mucho que se intente. 
Muchos de los que durante tantos años hemos servido fielmente a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, nos hemos visto marginados por intereses particulares. 
Les advierto claramente, esto no funcionará, no sobrevivirá y al final se tambaleará. 
La aprobación por una amplísima mayoría de la enmienda 20 ha sido decisiva, pues constituye una señal fuerte y clara del Parlamento Europeo sobre el respeto de principios esenciales y de acuerdos válidos previamente adoptados, y rechaza enérgicamente maniobras políticas oscuras, falsamente disfrazadas de algún ardid jurídico? claramente basado en un fundamento erróneo? , que sirven solo a los intereses de un Estado miembro (España) con un claro perjuicio para la conservación de los recursos pesqueros en zonas especialmente sensibles de las costas europeas. 
Por lo demás, sería del todo inaceptable que, por una revisión del Reglamento, se tirase por la borda el cuidado esfuerzo de preservación de los recursos realizado por algunos Estados miembros en esas zonas sensibles (en particular, Portugal e Irlanda). Por tanto, es difícil entender las restricciones largamente impuestas a sus pescadores, paradójicamente abriendo las puertas a una nueva dilapidación de los recursos pesqueros. 
También apoyaría firmemente las enmiendas 8 y 13, que protegían problemas específicos del mar de las Azores, que son del interés general europeo y, en especial, de las Azores. 
Pero, ya no fue preciso votarlas. 
Espero que la Comisión y el Consejo sepan comprender bien? y respetar en esencia? la clarísima señal dada por el Parlamento, y respetar la voz de los elegidos por los ciudadanos europeos. 
. 
(ES) No es aceptable ni jurídicamente, ni moralmente, ni políticamente que una enmienda en el Parlamento Europeo o un informe en un procedimiento de consulta pueda prorrogar lo establecido en un Tratado de adhesión a la UE como el de Portugal y España, como ocurre con la enmienda 20 del Grupo UEN o las 21 a 30. 
Creo que la enmienda 20 es, además, inadmisible en virtud de las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 140 del Reglamento del PE. 
Es injusto, discriminatorio y creo que ilegal. 
Por eso, he tenido que votar en contra del informe que lleva el nombre del Presidente de la Comisión de Pesca, Sr. Stevenson, pero que realmente realizó el Sr. Ó Neachtain. 
Si el Consejo no lo remedia, tendrá que ser el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien declare contrario al Derecho comunitario un informe como el hoy aprobado y, en consecuencia, la decisión final, si siguiese lo hoy dictaminado por el PE. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(Se levanta la sesión a las 13.15 horas, y se reanuda a las 15 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Sr. Oostlander sobre la solicitud de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera igualmente aprovechar que hoy se somete a votación el informe O? stlander para hacer referencia a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía, y a los avances en la estrategia de adhesión para este país. 
Como saben, Turquía es un socio destacado de la Unión, con el que durante mucho tiempo hemos mantenido relaciones contractuales, las cuales se remontan hasta 1963. 
No obstante, el Consejo Europeo de Helsinki marcó un punto de inflexión en este período de treinta años, ya que durante este se reconoció a Turquía como país candidato a la adhesión a la Unión, aplicándole los mismos criterios que al resto de los candidatos. 
En Helsinki, el objetivo de la estrategia de adhesión aprobada era ayudar a Turquía en su camino hacia la integración. En ella se contemplaba el refuerzo del diálogo político, el apoyo en la preadhesión y un procedimiento para el examen analítico de la aplicación del acervo. 
La base de esta estrategia de preadhesión fue la asociación de marzo de 2001, con principios, prioridades y objetivos provisionales que permitirían a Turquía cumplir con los criterios de Copenhague. 
Dentro de este marco, es preciso resaltar que no solo resulta esencial la adaptación de la legislación en relación con los criterios de Copenhague, sino también su aplicación material. 
La Comisión ha subrayado claramente este punto, sobre todo en los informes de situación anuales. 
Recientemente hemos observado algunos avances importantes en Turquía. 
Un nuevo gobierno ha asumido el poder, contando con un fuerte apoyo por parte del pueblo. 
El nuevo primer ministro, el Sr. Erdogan, ha afirmado con claridad que pretende seguir con el proceso de reforma y reforzarlo, de modo que Turquía pueda cumplir con los criterios de Copenhague. 
Asimismo, algunos sondeos recientes han demostrado que este objetivo es compartido por una gran mayoría de la opinión pública en Turquía. 
Considero que esta voluntad política se refleja, cabría decir, en las acciones y no solo en las palabras. 
En el Consejo de Copenhague, la propia Unión reconoció que el nuevo gobierno turco estaba decidido a avanzar en la reforma y lo instó en particular a solucionar rápidamente todos los puntos débiles que siguen existiendo en el ámbito de los criterios políticos, en relación con la legislación y su aplicación. 
Dentro de este marco, la Unión animó a Turquía a continuar activamente con el proceso de reforma. 
Si el Consejo Europeo de diciembre de 2004, basado en la recomendación y el informe de la Comisión, decide que Turquía satisface los criterios políticos de Copenhague, la Unión renovará sin demora las negociaciones de adhesión con este país. 
Como todos saben perfectamente, esta fue una decisión muy importante para el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Confiamos en que esta perspectiva actúe como detonante y empuje a Turquía a aprobar e implementar las reformas necesarias. 
No obstante, llegados a este punto, quisiera que analizáramos el aspecto que presenta la situación seis meses después de Copenhague. 
Señorías, durante la Presidencia griega, hemos trabajado de forma sistemática para implementar los elementos de la estrategia de adhesión de conformidad con las decisiones adoptadas en Copenhague. 
La asociación revisada aprobada por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en abril de 2003 resulta especialmente importante en lo que respecta al apoyo a Turquía en la gestión de los asuntos principales durante su esfuerzo por cumplir con los criterios políticos. 
Se espera que la respuesta planeada de este país a la nueva asociación sea un programa nacional revisado para la adopción del acervo, en el que se incluyan objetivos claramente definidos. 
Del mismo modo, hemos celebrado tres encuentros para el diálogo político, uno de ellos en el nivel ministerial, durante los cuales hemos podido comprobar lo que cabe esperar de Turquía de aquí a finales del año 2004. 
La Presidencia y la Comisión han planeado otras dos reuniones con el objetivo más específico de examinar los avances en cuanto al cumplimiento de los criterios políticos. 
El Consejo de Asociación se reunió en abril en el nivel ministerial y llevó a cabo una evaluación de los avances registrados tanto en la estrategia de preadhesión como en el estado de la asociación. 
En este punto, guiado por la asociación revisada adoptada recientemente, quisiera hacer referencia con mayor claridad a los principales asuntos de los que esperamos que se ocupe Turquía de aquí a su evaluación en 2004. 
Por supuesto, con esto no se pretende pasar por alto la evaluación realizada por la Comisión dentro del marco del informe de situación de este año y, aún más importante, del año que viene, ni tiene que ver con otros criterios, aparte de los de Copenhague. 
La asociación ha sido el resultado de la valiosa experiencia vivida durante los dos años de apoyo a Turquía en la adopción de las reformas políticas. 
Esto significa que tanto la Comisión como el Consejo han tomado debida cuenta de las lecciones de los últimos años, surgidas del debate, sin apenas aplicar cambios. 
Lo que quiero decir es que, desde nuestro punto de vista, existen dos aspectos básicos para el fomento del estado de la candidatura de Turquía. 
En primer lugar, la democracia se debe desarrollar en este país sin enfrentarse a los obstáculos del pasado y, en segundo lugar, los cambios institucionales votados en el parlamento se deben aplicar a la práctica administrativa y judicial real. 
Por lo tanto, el control político ejercido por el parlamento y a través de la supervisión democrática de un gobierno de todas las instituciones y organismos del Estado es un asunto esencial que Turquía deberá abordar de forma eficiente. 
Esto implica además la adaptación legal de las normas y plantea una serie de cuestiones reveladoras y de marcado carácter material en conexión con las relaciones entre el gobierno electo y el ejército. 
La Unión también se ha referido públicamente a este asunto y ha resaltado que no pueden existir prácticas cuya consecuencia sea el distanciamiento de los criterios de Copenhague. Hemos observado que recientemente se han registrado ejemplos correspondientes con referencia a la política interior o exterior. 
En cuanto a la cuestión de los derechos humanos y el Estado de derecho, se han producido avances evidentes, incluso en sectores considerados prohibidos hace poco tiempo. 
No debemos olvidar que la abolición de la pena de muerte y la introducción del derecho a usar y enseñar idiomas minoritarios representan un gran paso adelante. 
Según parece, la propia Turquía desea que los avances se sucedan a un ritmo acelerado y que se inicien las negociaciones de adhesión en los plazos establecidos. 
Es fundamental que conozcamos esta ambición, para cuya materialización aún queda mucho por hacer. 
En el Consejo de Asociación del pasado mes de abril, la Unión aclaró el hecho de que los asuntos básicos pendientes en el ámbito de los criterios políticos requieren atención inmediata por parte de Turquía. 
Entre estos asuntos se incluyen principalmente, por citar algunos, las numerosas acusaciones relativas a la existencia de cámaras de tortura en el país, las referencias a arrestos arbitrarios y a la detención de personas sin los procedimientos judiciales correspondientes en el sudeste del territorio, los juicios contradictorios en relación con la condena de los culpables de delitos de tortura, los casos judiciales que demuestran que aún no existe una interpretación y una aplicación uniformes de las disposiciones sobre la libertad de expresión, y el régimen relativo a las comunidades y fundaciones religiosas, que continúa siendo particularmente restrictivo. 
Ya hemos manifestado nuestra preocupación acerca del trato que se otorga a las fundaciones religiosas y mantenemos la esperanza de que el bando turco cumpla sus promesas. De este modo, con las reformas adicionales necesarias, se podrán resolver los problemas surgidos de conformidad con las normas internacionales. 
Tampoco se ha garantizado el disfrute por parte de todos los ciudadanos turcos, independientemente de su origen étnico, de todos los derechos culturales. 
El carácter restrictivo de los últimos reglamentos aplicables a las emisiones de radio y televisión, así como a la enseñanza de idiomas distintos del turco, parece dificultar la implementación de las reformas de agosto de 2002. 
Además, existen elementos adicionales relacionados con la situación de los derechos humanos. 
Se trata del reciente ataque infligido por las fuerzas de seguridad sobre la Asociación Turca de Derechos Humanos, las continuas muertes por huelga de hambre registradas en las prisiones de alta seguridad y el incierto final del caso pendiente contra Leila Zana, el cual ya ha sido debatido en el Parlamento. 
Todos estos asuntos son elementos de un proceso de reforma imperfecto en el que las reformas aprobadas formalmente no siempre han logrado mejorar la situación según lo esperado una vez puestas en marcha. 
Asimismo, podría hacer mención al informe de Amnistía Internacional en Turquía, en el que se presenta un panorama bastante problemático de la situación de los derechos humanos, pero no tiene sentido entrar en detalle. 
No obstante, quisiera añadir que en el texto de la asociación revisada se reflejan una serie de prioridades fundamentales, las cuales esperamos que sean consideradas seriamente por Turquía. 
En ellas se contemplan sectores relevantes de los criterios económicos y, asimismo, opino que corresponden a la intención declarada del gobierno turco de mejorar la situación económica en el país. 
Del mismo modo, en las prioridades se trata el importante capítulo de la justicia y los asuntos internos, en el que esperamos conseguir una cooperación mejorada del bando turco y en relación al cual fomentamos la firma de un acuerdo de readmisión comunitario. 
Señorías, quisiera señalar que existen otras dos prioridades básicas que juegan un papel destacado en la asociación. 
Estas tienen que ver con Chipre y las relaciones greco-turcas. 
A pesar de que los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas por resolver el problema chipriota acabaron en punto muerto en La Haya, su plan sigue sobre la mesa. 
Tal y como ha indicado el Secretario General, para poder alcanzar una solución debe existir un verdadero compromiso político con sus propuestas y una agenda clara para la finalización de las negociaciones. 
El Consejo de primavera manifestó su pesar por el fracaso de los esfuerzos del Secretario General. 
La Unión apoya enérgicamente el mantenimiento de la mediación del Secretario General y de las negociaciones sobre la base de sus propuestas. 
Hemos instado a todas las partes interesadas a que no escatimen esfuerzos en la búsqueda de una solución operativa viable y justa y, concretamente, hemos solicitado a la autoridad turcochipriota que evalúe de nuevo su postura. 
Dentro de este marco, la prioridad de la asociación turca de apoyar iniciativas para la búsqueda de una solución global a la cuestión chipriota a través de la mediación del Secretario General y las negociaciones basadas en sus propuestas sigue manteniendo una relevancia decisiva. 
El Presidente del Consejo Europeo también ha hecho referencia a este asunto en recientes declaraciones públicas. 
El Gobierno de la República de Chipre ha demostrado en la práctica su deseo de facilitar la obtención de una solución de este tipo. 
El protocolo sobre Chipre adjunto al Acuerdo de Asociación ofrece un margen para este desarrollo. 
Sin embargo, nuestra voluntad común es la de lograr algún avance al respecto para el 1 de mayo de 2004. 
La reciente apertura de la línea verde constituye una prueba material de que las dos comunidades de la isla pueden vivir y progresar juntas, y así lo harán. 
No obstante, los cambios prácticos impuestos desde abajo, por la sociedad, no pueden sustituir a las soluciones institucionales. 
Es preciso obtener soluciones de este tipo ya que, solo de este modo, Chipre asegurará el nuevo horizonte que se merece después de tantos años. 
Tanto la Unión como nosotros, en calidad de Presidencia y de Estado miembro, apoyamos la necesidad de encontrar una solución sobre la base del plan Annan. 
Por tanto, en lo que respecta a la cuestión de una solución pacífica a las diferencias existentes, ya se ha podido apreciar un cambio en el clima de las relaciones greco-turcas en distintos sectores. 
Los contactos preliminares entre los dos ministerios de Asuntos Exteriores se iniciaron en marzo de 2002. Los debates entre los altos funcionarios son continuados. 
La mejora en la situación ha ocasionado un mayor número de intercambios bilaterales y una serie de acuerdos. 
Sin embargo, en el otro bando, el turco, se vienen observando determinadas prácticas, como las de las fuerzas aéreas turcas, que se alejan del objetivo de mantener relaciones más estrechas entre este país y la Unión. 
Deseamos que se obtengan mayores avances en este sector sobre la base del principio de una solución pacífica de las diferencias de acuerdo con las conclusiones de Helsinki y la prioridad correspondiente de la asociación. 
Según lo estipulado en Helsinki, el Consejo evaluará la situación en relación con las diferencias pendientes y, lo que es más importante, sus repercusiones en el proceso de integración, con la intención de promover su resolución a través del Tribunal Internacional de la Haya a finales de 2004, a más tardar. 
Para terminar, permítanme celebrar una vez más el profundo interés que demuestra el Parlamento por la estrategia de integración de Turquía. 
Seguiremos cooperando para repetir en esta cuestión el éxito patente que ha acompañado al mensaje político de la ampliación: la extensión del espacio de paz, estabilidad y prosperidad, y la abolición de las líneas divisorias del pasado. 
Celebramos especialmente el carácter continuado de la política de ampliación de la Unión, la cual representa un incentivo básico para los países, concretamente para los países candidatos como Turquía, al inducirlos a llevar a cabo nuevas reformas para la protección de los valores y los principios mencionados anteriormente. 
Asimismo, nos alegra que este objetivo corresponda también a la voluntad manifiesta del pueblo turco y a la política de su gobierno electo. 
Esperamos que se alcancen los avances necesarios en los plazos establecidos, de modo que podamos garantizar un futuro positivo y prometedor para las relaciones entre la Unión y Turquía. 
Señor Presidente, todos reconocemos que en Turquía son necesarias muchas reformas para que su candidatura a la Unión Europea pueda tramitarse lo más rápidamente posible. 
Turquía no espera recibir un trato más o menos favorable que cualquier otro país candidato, espera un trato justo. 
Llevo mucho tiempo señalando que es necesario enviar una señal firme y positiva a Turquía que estimule el compromiso con la modernización y la occidentalización que ha caracterizado a este país durante 80 años o más. 
Con la amenaza sobre nuestras cabezas del terrorismo internacional y la permanente inestabilidad en Oriente Próximo, es muy importante que Turquía permanezca firmemente anclada en la alianza de las democracias. 
Por lo tanto, el informe del Parlamento debería ser optimista y estimulante, debería reconocer los grandes avances logrados y la voluntad de las autoridades turcas de efectuar cambios profundos, y al mismo tiempo hacer hincapié en los pasos que aún hay que dar para superar las dificultades y los obstáculos. 
Por el contrario, el informe Oostlander, a pesar de haber mejorado gracias a las enmiendas, no es proclive. 
Recalca lo negativo, da una importancia indebida a presunciones y a opiniones a menudo sin verificar de extremistas y minorías, y no transmite calor o amistad. 
Más bien parece querer decir que Turquía no es muy bienvenida. 
Yo soy el más ardiente defensor de los derechos humanos, pero no cuando es una tapadera de la subversión o cuando los extremistas se disfrazan bajo la pancarta de los derechos humanos. 
Por supuesto que condenamos la tortura, es inexcusable en todas partes, pero también deberíamos reconocer la explotación política de las alegaciones de tortura por parte de los oponentes al régimen de Turquía. 
No creo que en ningún país sirva para algo institucionalizar a las minorías. 
Hay que esforzarse al máximo por integrar a las minorías en la vida oficial de una nación, sin negarles el derecho a expresarse en su propio idioma o cultura. 
En nombre de la democracia y de los derechos humanos, el informe solicita medidas que, si no se presta atención, solamente servirían para dar poder a elementos básicamente no democráticos, concediendo mayor influencia y visibilidad a islamistas fundamentalistas y extremistas que desean deshacer toda adhesión a valores occidentales. 
En cuanto a Chipre, hay una interpretación parcial de la situación que no reconoce los pasos positivos dados por las autoridades turcochipriotas, y ninguna llamada a la generosidad de ambas partes. 
Celebro las medidas adoptadas por la Comisión en los últimos días para ayudar a levantar el embargo. 
Es muy importante que en diciembre de 2004 la Unión Europea asigne una fecha temprana para iniciar las negociaciones sobre la adhesión de Turquía. 
Me temo que este informe transmite, bastante deliberadamente, la señal opuesta. 
Señor Presidente, Señorías, acojo con satisfacción los esfuerzos del informe Oostlander por hacer justicia al desarrollo de los acontecimientos en Turquía. 
El informe ha salido ganando claramente con las numerosas enmiendas. 
Ahora se designan de manera más concreta los ámbitos problemáticos y la crítica se formula en la mayoría de los casos en un lenguaje más objetivo que antes. 
No obstante, subsiste una dificultad que no se debe pasar por alto. 
En efecto, resulta sin duda sorprendente que se hable largo y tendido de las minorías religiosas y, en cambio, se traten de manera comparativamente breve los intereses de la población kurda, veinte millones de personas al fin y al cabo. 
Ante las múltiples trabas y amenazas, es una minimización intolerable que se inste al Gobierno turco a adoptar un enfoque más relajado y constructivo en relación con sus propios ciudadanos de origen kurdo. 
En este contexto, yo habría deseado, desde luego, unos términos claramente críticos. 
En fin de cuentas, los problemas son múltiples. 
Así, ni siquiera se menciona la situación precaria de la asociación de derechos humanos EHD. 
Sus locales fueron registrados hace poco. 
Las amenazas están al orden del día; hubiese sido oportuna una referencia a la difícil situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía. 
También hubiese podido ser más clara la crítica en relación con el caso de Leyla Zana y los demás diputados del DEP. 
Después de tres días de juicio, continúan encarcelados. 
El juicio parece una farsa y no se puede prever ni mucho menos que el tribunal vaya a levantar su sentencia, contraria a los derechos humanos, y dejarles en libertad. 
El caso Ocalan no recibe absolutamente ninguna mención en el informe. 
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos calificó asimismo de injusto dicho juicio. 
Por lo tanto, su revisión también hubiese sido oportuna. 
Sin embargo, al parecer resulta demasiado delicado mencionar siquiera el nombre de Ocalan en un informe del Parlamento Europeo. 
En el informe se condena acertadamente la prohibición del HADEP y la amenaza de un expediente de prohibición contra el DEHAP. 
Sin embargo, no se menciona en absoluto la prohibición del ejercicio de una actividad política que pesa sobre miembros destacados del HADEP. 
Se hubiese debido adoptar una posición más clara al respecto. 
En cambio, en otros aspectos el informe habría salido ganando con una actitud menos arrogante. 
Me parece indescriptible que en él se siga citando a la cultura humanista y judeocristiana de Europa y se dé a entender que esta ha sido siempre refugio de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y de las minorías, y la libertad de religión y de conciencia. 
Con displicencia se añade que un país islámico también puede aceptar y defender dichos valores. 
Aun prescindiendo del hecho de que el Islam también tuvo una influencia en Europa, quisiera recordarles precisamente a los alemanes que los valores que se suponen tan típicamente europeos no están tan arraigados en Europa. 
La paleta de la historia europea abarca desde las cruzadas cristianas hasta los crímenes de la época colonial. ¡Por no citar el horror del fascismo! 
La referencia a la religión es, además, del todo superflua. 
La UE es una Unión política y económica. 
Existen unos criterios claros para la adhesión, que es preciso cumplir. 
Que esto se haga con unos antecedentes cristianos, islámicos, judíos o ateos es irrelevante. 
¡Lo esencial es que se haga! 
Lamentablemente, esto no está ocurriendo en este momento en Turquía. 
El informe así lo indica a pesar de todas sus insuficiencias y deja claro que ahora mismo no se puede contemplar el inicio de negociaciones para la adhesión. 
No obstante, el informe tiene el mérito de expresar también con claridad que la posibilidad de una adhesión de Turquía está abierta de modo general. 
Confiemos en que el informe contribuya a modificar la política del Gobierno turco de manera que la adhesión de Turquía a la Unión Europea sea posible. 
- (IT) Señor Presidente, es curiosa la situación de un país al que se reconoce la condición de candidato a la adhesión a la Unión Europea y que deja salir de sus puertos, como sucedió aún hace una semana, viejos botes repletos de migrantes ilegales. 
¿Cómo es posible que un Estado con rasgos casi de Estado policial, como el Estado turco, tan eficiente para reprimir a los opositores políticos y a las minorías, se muestre tan débil e ineficiente con el tráfico de la fortísima mafia turca? 
Una buena reflexión para nosotros que nos disponemos a valorar ahora las condiciones de admisibilidad a la adhesión. 
El informe, que a mi entender es muy equilibrado y del que comparto el firme contenido del apartado 52, no dice ni una palabra sobre el genocidio de los armenios: fruto quizás de una intensa actividad de lobbying, de presión, ejercida por el Gobierno turco sobre miembros de nuestro Parlamento. 
No debemos olvidar los derechos de la diáspora, es decir, de los hijos de las víctimas del holocausto, que están diseminados por Europa y son ciudadanos europeos, exactamente igual que nosotros. 
Una situación, la que nos describe la Asociación para la protección de los derechos humanos, que no es desde luego apasionante: una policía política que interroga, tortura y viola a las mujeres, en especial a las kurdas, y una constante persecución de las minorías étnicas y religiosas. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el informe del Sr. Oostlander sobre Turquía se incluye entre los muchos que se han presentado en diferentes ocasiones en el Parlamento Europeo en conexión con los diferentes aspectos de las relaciones entre este problemático país y la comunidad internacional y, más concretamente, la Unión Europea. 
Sin embargo, el informe Oostlander, aparte de por su objetivo más general y sus formulaciones equilibradas, se caracteriza principalmente por la claridad y la franqueza con las que se apuntan y enumeran las flaquezas, los defectos y las imperfecciones permanentes de Turquía en lo que respecta al Estado de derecho, la gobernanza democrática, los derechos humanos y de las minorías y su conducta internacional legal. 
En otras palabras, lo que se plantea en este informe es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, en lugar de la práctica sostenida hasta la fecha de evitar cualquier descripción sincera de la realidad por diversas razones que favorecen a intereses políticos y de otro tipo, mediante la demostración de una concepción equivocada de la tolerancia, la existencia de dos grupos de pesos y medidas y la mención de argumentos engañosamente etiquetados, tales como la importancia estratégica de Turquía, el adorado pretexto de sus protectores transatlánticos, la supuesta necesidad de enviar mensajes positivos a Ankara- como acabamos de oír por enésima vez- y demás justificaciones parecidas. 
Los resultados infructuosos de este embellecimiento esencial de lo que constituye una situación totalmente reprensible y censurable resultan ahora evidentes. Con el debido respeto al Sr. Presidente en ejercicio, incluso los más soñadores apologistas del trato indulgente y de los intentos de acercamiento a Turquía deben sentirse decepcionados, porque ni siquiera los mensajes positivos lanzados durante años han obtenido una respuesta acorde por parte de este país. 
Tampoco la clase dirigente turca ha apreciado debidamente la tolerancia europea sino que, al contrario, la ha entendido? quizás con toda la razón? como el apoyo y la aceptación de su política. Si la postura europea se hubiera manifestado anteriormente con la misma valerosa sinceridad que presenta el informe Oostlander, quizás las perspectivas de la denominada orientación europea de Turquía serían más prometedoras y existirían menos reservas y dudas razonables con respecto al alcance del derecho legal de este país de convertirse en un candidato para la integración en la familia europea. 
No obstante, más vale tarde que nunca. Con la ligera esperanza de que Ankara comprenda finalmente el mensaje real del Parlamento Europeo y proceda de acuerdo con sus decisiones, apoyo sin reservas el informe Oostlander. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar el debate sobre el excelente informe del Sr. Oostlander sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea para manifestar una vez más mi más firme apoyo a este proceso. 
Mi postura se basa en las razones siguientes: 
En primer lugar, como ciudadano griego, desearía que este país vecino de Grecia aumentara y desarrollara la capacidad creativa de su pueblo dentro de los marcos democráticos con los que la Unión Europea protege a todos sus miembros. 
Opino que el pueblo griego y el turco tendrán una oportunidad única para cooperar en el esfuerzo conjunto por obtener una Europa pacífica y próspera, así como relaciones bilaterales más profundas y de apoyo mutuo entre ellos. 
En segundo lugar, como socialista, quisiera ver a una Turquía democrática defender una serie de garantías institucionales para todas las libertades de sus ciudadanos, para que estos puedan intervenir de manera creativa y sin trabas en el desarrollo de su sociedad, de acuerdo con los deseos, expectativas, las aspiraciones y el resultado de su trabajo. 
Creo que el desarrollo económico y cultural de Turquía como resultado de la libertad de acción de sus ciudadanos bajo la protección del Estado de derecho ocasionará beneficios exponenciales para la propia Turquía para empezar, para la Unión Europea claramente y, sin la menor duda, para el acercamiento, la comprensión y la cooperación por parte de los países y pueblos vecinos de Turquía. 
En tercer lugar, hay una razón personal que me lleva a defender la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Estoy convencido de que la intervención de las fuerzas militares en la vida política de un país, ya sea directa o indirectamente, no logra solucionar los problemas. 
Al contrario, no hace más que provocar la acumulación de dificultades y obstáculos en el país. 
No tengo una consideración o confianza especial por los soldados salvadores de naciones del mundo, los cuales consideran cualquier acción o expresión libre como un objetivo militar que debe ser neutralizado por todos los medios, sin excluir, por supuesto, las prohibiciones, el encarcelamiento, la tortura y el exterminio natural. 
Por lo tanto, las perspectivas europeas de Turquía dependen de que los soldados regresen a sus barracas y sean controlados por la autoridad política elegida democráticamente por el pueblo para su gobierno. 
Hace treinta años, cuando una junta militar se creyó con derecho para hacer recapacitar al pueblo griego acerca de los excesos de su exaltación democrática, la CEE, tal como se conocía entonces, paralizó el acuerdo de asociación con Grecia, lo cual contribuyó considerablemente a restaurar la normalidad democrática en mi país. 
La razón personal a la que he hecho referencia anteriormente tiene que ver con las luchas y las experiencias de aquella época. 
Ésta es una oportunidad para el pueblo turco de disfrutar de una transición sin obstáculos, sacrificios ni trágicas consecuencias, de una democracia parlamentaria completamente operativa, una democracia con todos sus parámetros correspondientes. 
Por consiguiente, el reto europeo favorece al mismo tiempo las perspectivas democráticas de Turquía, que deberá interpretar dicho reto como una oportunidad única en su camino hacia Europa. 
Está en sus manos, su autoridad política lo desea y el informe Oostlander establece las condiciones previas para evitar que surjan malentendidos. 
Señor Presidente, como ya han comentado otros oradores, el informe del Sr. Oostlander ha sido modificado de modo bastante sustancial en comisión. 
Ahora está más equilibrado y esto es sin duda una mejora. 
Es lógico que un informe como este examine cierto número de deficiencias y lagunas, sobre todo en relación con cuestiones de derechos humanos y libertades públicas. 
Sobre todos estos puntos, creo que no puedo sino estar de acuerdo con el ponente. 
Por otro lado, no puedo estar tan de acuerdo con él en una de sus preferencias personales, que aunque ha quedado bastante disimulada por las enmiendas, sigue estando latente y a veces aparece explícitamente. 
Me refiero a lo que yo llamaría aversión patológica del Sr. Oostlander por el secularismo y el ideal secular. 
Esta aversión ha asomado también en su breve exposición oral, en la que presenta lo que él llama la filosofía política de Turquía. 
Mediante un examen del contexto histórico ha vinculado esta filosofía con el totalitarismo, una de las formas más monstruosas de opresión política que Europa ha engendrado. 
De hecho, señor Oostlander, el kemalismo no era en modo alguno un sistema totalitario ni seguía modelos totalitarios. 
El kemalismo, que era sin duda una forma de despotismo ilustrado, se propuso una modernización acelerada de Turquía inspirándose, en gran medida, en los modelos democráticos de la Europa occidental y, en particular, en la separación de Iglesia y Estado y en el republicanismo secular. 
Señor Oostlander, cuando Turquía solicita adherirse a la Unión, cosa que lógicamente suscita polémica e incluso controversia, de lo que puede estar orgullosa en cuanto a su legado histórico positivo es justamente este esfuerzo de integración de nuestro secularismo europeo en una sociedad musulmana. 
Porque este, como han dicho algunos diputados, es el reto, uno de los retos del siglo XXI. 
No creo que haya justificación alguna para adoptar la actitud triste que muestra usted ante el ideal secular en el considerando G de su informe. 
La Europa de hoy está enraizada en este ideal, que destaca muy claramente, en mi opinión, en la Carta de los Derechos Fundamentales que hemos aceptado. 
Tendría que adoptar usted la posición contraria, acogiendo más calurosamente el ideal secular y apreciándolo de forma más positiva. 
Señor Presidente, Turquía tenía derecho a presentar su candidatura. 
Creo que tendrá derecho a permanecer es esta condición de candidata durante un tiempo, pues los progresos son lentos y tenemos que vigilarlos de cerca. 
Esto no nos autoriza a repetir simplemente la frase de que «progresa, pero podría mejorar si quisiera» , tan cara a los maestros de escuela. 
Hay que darse cuenta de que la candidatura de Turquía representa para este país el equivalente de lo que los Estados Unidos experimentaron a finales del siglo XIX con el concepto de frontera. Esta especie de frente agitado y pionero infunde el ímpetu para seguir adelante. 
Desde este punto de vista, hemos de estimular la solicitud de Turquía. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías. El patrimonio de Atatürk es un patrimonio de doble filo y algo ambiguo. 
Por un lado está el Estado laico, pero por otro, la fuerte posición del ejército turco, reflejada en el poder del Consejo de Seguridad Nacional, que implica el control de los militares sobre los ciudadanos. 
En una verdadera democracia tendría que ser justo lo contrario. 
¿Cómo se puede mantener en Turquía el Estado laico y establecer un sistema democrático? 
El ejército no puede ser el último garante de la democracia, razón por la cual se precisan unas reformas profundas. 
El país no es todavía una democracia, como demuestra claramente el informe Oostlander, pues se siguen violando los derechos humanos y no se garantizan en absoluto los derechos de las minorías. 
Las torturas son una práctica cotidiana. 
La situación de la lengua kurda y la exclusión o el intento de exclusión de los kurdos de la vida política, demuestra que no se quiere encontrar una solución política a este importante conflicto de nacionalidades. 
La amenaza del fundamentalismo sigue existiendo a pesar de que el AKP ha adoptado una política reformista. 
Reconocemos que han realizado avances importantes en el terreno de la legislación, como la abolición de la pena de muerte, pero todavía no se han emprendido reformas en profundidad. 
En el apartado 11 del informe Oostlander se sugiere la posibilidad de elaborar una nueva Constitución. 
Esto no puede imponerse, por supuesto, como una condición, pero aún así me parece acertada la sugerencia de elaborar una nueva Constitución en la que haya espacio para los derechos humanos, y también para la comunidad autónoma kurda, y en la que se garantice la posición de las minorías. 
. (DE) Señor Presidente, quiero felicitar al colega Oostlander. 
Estamos ante un excelente informe, que enumera todos los aspectos críticos, sin ofender a Turquía. 
Es equitativo y sincero, y creo que quien ha presentado una solicitud de adhesión tiene derecho a recibir un trato equitativo y sincero. 
En segundo lugar, quisiera contradecir explícitamente a los dos oradores que me han precedido. 
No se trata de ideas casi pararreligiosas- como se escribió en la opinión minoritaria -, sino que en el punto 3 se dice explícitamente que los valores europeos fundamentales, que se basan en el legado judeocristiano, pero también en los valores de la Ilustración, no se oponen de manera general a la adhesión de un Estado musulmán. 
Señor Nordmann, señora Maes, visto lo que acaban de decir sobre el laicismo en Turquía, solo puedo invitarles a que se informen. 
Allí no existe ninguna libertad religiosa, ni ningún tipo de laicismo según el modelo francés. 
En Turquía, el laicismo significa que 130 000 funcionarios estatales controlan a la minoría no musulmana y la martirizan. 
Las religiones cristianas carecen de derechos en Turquía. 
La separación entre el Estado y la religión es un aspecto, la garantía de la libertad religiosa es otro. 
Es parte indispensable del acervo del sistema de valores europeo que cada cual pueda vivir y actuar conforme a su religión. 
Esto no está garantizado en Turquía. 
Hasta 1954, incluso estaba penado impartir clases de religión. 
Por lo tanto, les ruego sinceramente que se informen. 
Otros puntos que se han citado: el papel del estamento militar, los derechos de las minorías para los kurdos, el derecho de elección, esto es, el hecho de que todavía se mantenga la barrera del 10%, el encarcelamiento de «delincuentes de opinión» como Leyla Zana, que pronto llevará ya diez años en prisión por haberse expresado libremente, o el tema del legado armenio y sirio, que actualmente no se reconocen en Turquía. 
Una larga lista sobre la que Turquía debe trabajar. 
¡Esa es su obligación! 
Quiero manifestar explícitamente mi satisfacción por que en el punto 52 del informe se diga que, a la luz de los acuerdos de Copenhague, no estamos ante el inicio de negociaciones. 
Para ello es preciso que se cumplan las condiciones. 
Esto se verificará a finales de 2004. 
También apoyo que no se haga ahora, sino a finales de 2004. 
En su calidad de informe intermedio, este tampoco puede suponer de ningún modo una decisión en firme del Parlamento, con vistas a una posterior decisión, sobre si vamos a aceptar o no la solicitud de adhesión de Turquía. 
Señor Presidente, Señorías, en verdad deseo- lo digo de corazón -, en verdad deseo que Turquía llegue a ser un día un país democrático. 
Entonces algunos miembros de esta Asamblea tendrán grandes dificultades para presentar intervenciones. 
Estimado colega Langen, le aprecio mucho, pero ya he escuchado muchas veces esa intervención, ocurra lo que ocurra en Turquía. 
Algunas intervenciones ya no se podrán sostener porque siempre expresan lo mismo, con independencia de lo que ocurra en Turquía. 
En realidad- el Comisario Verheugen se ha referido a ello- se puede constatar que han ocurrido muchas cosas, pero es absolutamente cierto que no son suficientes. 
¡Es absolutamente cierto que esperamos más y que criticamos a Turquía! 
Sin embargo, estimadas y estimados colegas, por favor, sean sinceros: para muchos de ustedes- acabamos de escuchar cuatro intervenciones -, los derechos humanos y los derechos ciudadanos son en realidad solo una excusa. 
Muchos de ustedes sencillamente no quieren admitir a Turquía, díganlo con sinceridad, de manera que las circunstancias queden claras. 
¡Digámoselo a Turquía y podremos ahorrarnos toda la comedia! 
Cualquier otra cosa, en realidad es solo teatro. 
En mi calidad de diputado, me alegro de que el Consejo y la Comisión tengan más competencias en materia de definición de la política exterior, pues el Parlamento, al que pertenezco, no es capaz de emprender esa tarea. 
Señor Presidente, hace poco pasé en coche sobre los dos puentes que unen Estambul y Üsküdar. 
Me sorprendió lo sencillo que resulta cruzar el Bósforo, aún más que atravesar el Öresund entre Suecia y Dinamarca. 
El Puente del Bósforo me trasladó del Estambul más antiguo a la Üsküdar más moderna. 
No da la sensación de estar pasando de una parte del mundo a otra. 
Helsinki, en Finlandia, queda aún más lejos hacia el este que Üsküdar en la costa de Anatolia. 
La afirmación de que el Bósforo divide dos partes del mundo y que, por tanto, la expansión de la Unión Europea debe detenerse en este punto, resulta estúpida e insustancial. 
En su lugar, deberíamos estar encantados de aceptar el interés demostrado por Turquía por convertirse en un miembro de la Unión Europea. 
Deberíamos ofrecer a este país el apoyo que necesita para llevar a cabo su propia reforma y llegar a ser en el futuro un país candidato que cumpla a la perfección todos los requisitos. 
Turquía es un socio digno de cooperar con la Unión. 
Como miembro de la OTAN durante tantos años y territorio colindante con zonas más problemáticas y conflictivas, Turquía seguirá siendo un país clave como futuro socio colaborador. 
Tratar de establecer obstáculos de carácter religioso que dificultan la adhesión turca a la Unión Europea no solo resultará totalmente desacertado, sino también sumamente contrario al cristianismo. 
El informe que tenemos ante nosotros plantea una serie de exigencias a Turquía, las cuales deberán ser satisfechas para que su adhesión a la Unión sea posible. 
No obstante, el informe, cuya naturaleza es muy constructiva, mantiene las puertas claramente abiertas para facilitar la futura adhesión de este país. 
Se podría afirmar que el Sr. Oostlander, cuyo nombre resulta verdaderamente apropiado, ha triunfado realmente con su informe sobre el Oriente. 
Señor Presidente, quisiera adherirme a los comentarios del Sr. Ceyhun y a la excelente y formidable contribución del Sr. Nordmann. 
Cuando esta Asamblea habla de Turquía se percibe un tufillo a hipocresía: No veo el mismo enfoque y la misma actitud con respecto a los demás países candidatos. 
Quisiera decirles hoy aquí a sus Señorías que si se hubieran aplicado los mismos criterios, el pasado de algunos Estados miembros les habría incapacitado para entrar en la Unión Europea. 
Hoy tenemos que enviar el mensaje de que somos coherentes en la aplicación de nuestro principio. 
Hemos de apoyar a los reformistas, hemos de promover el cambio; o hacemos lo contrario, desanimamos a los reformistas, propiciamos el aumento del fundamentalismo y cerramos la puerta a Turquía para siempre. 
Estoy satisfecho con los comentarios del Comisario. 
Se ha logrado mucho, las reformas son impresionantes y está bien que así lo reconozcamos. 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho que hay dos áreas prioritarias. 
Mis áreas prioritarias son estas: promover la reforma y acelerar el proceso de reforma. 
Los políticos y los hombres y mujeres de la calle de Turquía (estuve allí hace diez días) tienen la idea de que la Unión Europea no quiere que Turquía forme parte de ella. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Nordmann se ha expresado de manera muy elocuente. 
Como acaba de hacer el Sr. Cashman, quisiera también confirmarle mi apoyo y, retomando sus palabras, yo también estoy convencido de que en este informe hay muchos prejuicios no explícitos que no deberían figurar en un texto objetivo sobre la situación de un país. 
Por supuesto, hay que respetar las creencias políticas de todas las partes interesadas. 
Sin embargo, suscribo lo que ha dicho su Señoría a propósito del secularismo y de la esencia misma del Estado kemalista. 
Este planteamiento está totalmente ausente del informe, como lo está toda mención del esfuerzo del actual Primer Ministro turco por vincular su país firmemente a Europa. 
Señor Oostlander, en este contexto, si nuestro Parlamento hubiera tenido la posibilidad de hacer un informe tan puntilloso no solo de los países candidatos, sino también de los Estados miembros actuales de la Unión, y pienso en mi país, no se habrían necesitado 56 apartados, sino quizás el doble para hablar de la situación en las prisiones italianas, del estado del sistema jurídico italiano, y de muchos otros sectores en los que las cosas no funcionan. 
Señorías, también en nuestros países, o al menos en algunos de nuestros países, hasta hace poco tiempo los ciudadanos iban a prisión porque eran Testigos de Jehová y no querían hacer el servicio militar. 
Los obligaban a hacerlo o los metían en la cárcel. 
Nuestros países han conocido todo esto. 
A este respecto, mis colegas radicales de este Parlamento y yo, junto con los diputados del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, a quienes quiero dar las gracias, una enmienda destinada precisamente a no cerrar la puerta, como hace el informe Oostlander, cuya versión inicial, cuyo tono me recuerda más que nada a la batalla de Lepanto, ha mejorado sin duda alguna en el intervalo. 
Por lo tanto, hemos presentado una enmienda en la que nos declaramos convencidos de que Turquía reunirá las condiciones de admisión en las negociaciones de adhesión si el Gobierno turco prosigue con constancia y determinación su actual programa de reformas esenciales. 
El ponente ha propuesto que la enmienda se incluya como un añadido, haciendo gala de una voluntad de compromiso que me complace. 
En un espíritu de compromiso similar acepto esta oferta del ponente, al igual que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y espero que de este modo podamos llegar a un acuerdo para dirigir un mensaje a Turquía cuyo tema dominante no sea que la puerta está cerrada, sino que esperamos progresos reales. 
Evidentemente, cuando llegue el momento unos y otros podrán elegir. 
Pero dejemos al menos esta puerta abierta y, desde este punto de vista, espero que la Asamblea apruebe esta enmienda por unanimidad. 
Señor Presidente, el Sr. Oostlander ha llevado a cabo un inmenso y difícil trabajo para mediar entre las más diversas opiniones expresadas por este Parlamento sobre un tema candente y controvertido como el de la adhesión de Turquía. 
El resultado es una resolución aceptable por su talante mediador, pero quizás habríamos deseado que estuviese marcada e inspirada por un mayor optimismo, para dar a Turquía una señal más positiva, de acuerdo con lo expresado también por el Comisario Verheugen, a pesar de que este país tiene aún mucho que hacer, que cambiar, que innovar, antes de poder aspirar a la adhesión, como justamente indica la resolución. 
Hay que determinar si geografía y religión son criterios que limitan la posibilidad de adhesión o si, por el contrario, la idea de Europa es un conjunto de valores y principios, de modo que los países que suscriban dichos valores y dichos principios de democracia y de libertad tienen derecho a presentarse candidatos. 
Con este espíritu, nosotros, en el apartado 52 del informe, que establece que no se reúnen todavía las condiciones para iniciar las negociaciones- cosa indudablemente cierta hoy- habríamos preferido la versión que ofrecía la enmienda 11, como señalaba hace poco el Sr. Dell ' Alba, que expresa de forma positiva la confianza en que podrán reunirse las condiciones si Turquía adopta las reformas necesarias. 
También yo quiero dar las gracias al ponente Oostlander, que me parece dispuesto a aceptar esta enmienda, si no es en sustitución del apartado 52, al menos como añadido. 
Señor Presidente, con 283 enmiendas presentadas, el informe Oostlander ha quedado bastante remozado. 
Han desaparecido ciertas formulaciones extremas, que habrían comprometido las relaciones políticas entre el Parlamento y Turquía. 
Si bien el informe señala con razón el camino que el país aún debe recorrer en el ámbito del respeto de los derechos humanos, sigue siendo, en mi opinión, un informe parcial y lleno de carga ideológica. Trata de etiquetar a Turquía con su propia visión de los valores europeos. 
El apartado 3 invoca un conjunto de valores europeos esencialmente basados en la cultura judeocristiana. 
Si no se modifica este apartado, será una bofetada en la cara de un país esencialmente laico regido por un gobierno musulmán. 
También será inaceptable para nosotros los europeos, ya que supondrá el regreso de los viejos demonios y la renovada influencia de la religión en la vida política. 
Si hablamos de valores judeocristianos, ¿por qué no hablamos también de sus crímenes? 
Una relectura de El Evangelio según Jesucristo, del premio Nobel portugués José Saramago, nos recordará cuántos crímenes se han cometido en nombre de nuestros dioses. 
Por lo tanto, dejemos a los dioses fuera. 
Admitamos de una vez por todas que Europa es secular y alberga en su seno muchas religiones diferentes. 
Y tratemos con firmeza pero con equidad la solicitud de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Señor Presidente, es importante que seamos francos y sinceros con nuestros amigos turcos. 
Este trato incluye naturalmente el derecho a criticar y a señalar las deficiencias. 
Queremos ayudar a Turquía en su camino hacia una auténtica democracia y un auténtico Estado de Derecho. 
Turquía merece un trato equitativo y el informe Oostlander lo es. 
Describe progresos notables, pero también dice con toda claridad en qué aspectos existe aún una enorme necesidad de reformas. 
A mi modo de ver, es importante lo siguiente: Turquía también tiene que querer avanzar en el sentido del cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
No debe llevar a cabo las reformas solo de manera superficial, para tranquilizar a los críticos de la Unión Europea, casi para complacernos. 
Turquía debe enraizar las reformas necesarias profundamente en su sociedad. 
Las enmiendas constitucionales sobre el papel y las nuevas leyes sobre el papel no bastan por sí solas. 
¡El papel es paciente! 
Lo decisivo es la aplicación de las reformas en la vida cotidiana de la población. 
Pero justamente esto es lo que todavía no se aprecia. 
El Informe Oostlander describe una enorme cantidad de deficiencias en todos los ámbitos. 
Constata que en este momento no se dan las condiciones para el inicio de negociaciones para la adhesión y pide al Consejo que adopte por fin una posición clara y explícita. 
Los criterios de Copenhague- solo podemos volver a subrayarlo cada vez- no son negociables. 
Esto es igualmente cierto para todos los países candidatos y, por lo tanto, también para Turquía. 
En este aspecto, Turquía también debe mantener por fin una actitud leal con respecto a la UE y reconocer este hecho. 
Tiene que dejar de descargar de una vez la responsabilidad sobre la UE y de ejercer presiones. 
No fuimos nosotros quienes le prometimos a la población turca una rápida adhesión en el plazo de pocos años; fue única y exclusivamente cuestión de la propia clase política turca. 
Si esta ahora se ve obligada a dar explicaciones por este motivo y la población comienza a impacientarse, se trata de un problema de origen interno, que se debe resolver internamente en Turquía y no desde la Unión Europea suavizando los criterios para la adhesión. 
Lo que Turquía puede esperar de nosotros- y puede esperarlo de verdad- es honestidad, sinceridad, seriedad y equidad. 
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Oostlander por el informe que ha presentado, al Presidente en ejercicio del Consejo Yiannitsis y al Comisario Verheugen. 
Creo que el informe Oostlander es muy equilibrado y claro. 
La Unión Europea es una unión de valores compartidos; por tanto, todos los países que en el pasado quisieron adherirse y siguen adhiriéndose hoy han compartido dichos valores y, para hacerlo, han adecuado sus sistemas institucionales, políticos y económicos. 
Este es el dato. 
No es la Unión Europea la que se adhiere a Turquía, sino Turquía la que quiere adherirse a estos valores compartidos. 
Respetamos las diferencias que constituyen la riqueza de la Unión Europea, pero los límites vienen definidos por el respeto de los criterios de Copenhague y de los principios de la democracia y del Estado de Derecho, que deben ser criterios y principios no solo proclamados sino aplicados y vividos. 
Quisiera aventurarme a decir que los países que deseen compartir la cultura europea pueden formar parte de la Unión Europea. 
Turquía solicita adherirse. 
No somos ideológicamente contrarios. 
Esperamos que el país siga una senda que nos motive a la adhesión cultural. 
Hay que alentar al Gobierno Erdogan en el proceso de aproximación a los valores de la Unión Europea. 
Los atlantistas ideológicos creen que el papel de Turquía en la OTAN puede ser una baza para el acceso a la Unión Europea. 
Quizás en el pasado fuera así; hoy pensamos que la OTAN, con la participación de Rusia, debe asumir gradualmente, con una aportación un poco más eficaz por parte de la Unión Europea, un papel de policía internacional al servicio de las Naciones Unidas, reformadas para la defensa de los derechos humanos y de la democracia en los países del mundo. 
Espero que Turquía pueda seguir estas sugerencias, resolver el problema de Chipre e instaurar una relación de buena vecindad con todos los países lindantes resolviendo antiguos conflictos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate las dos preguntas orales (B5-0094/2003 y B5-0095/2003) del Sr. Brok al Consejo y la Comisión sobre la creación de una asociación transatlántica renovada para el tercer milenio. 
Señora Presidenta, hablo en nombre de nuestro presidente, el Sr. Brok, de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Es necesario que pensemos seriamente sobre cómo impulsar y consolidar las relaciones transatlánticas hoy en día. 
La idea central de nuestras preguntas dirigidas la Consejo y a la Comisión es el desarrollo de la relación transatlántica. 
Nos parece que el conflicto del Iraq ha dejado al descubierto de forma implacable los defectos de nuestra seguridad común y política de defensa y que, en consecuencia, ha afectado gravemente a la relaciones transatlánticas. 
Creemos que la acción intergubernamental sigue llevándose la palma, y lo hace a costa del método comunitario en la relación transatlántica. 
Las estructuras conjuntas que podríamos desarrollar con las instituciones de Bruselas, quizá al amparo de la Convención Europea, contribuirán a una mayor coordinación. 
Pero a menos que los Estados miembros demuestren una voluntad política para la acción conjunta, el desarrollo de la política de defensa y de seguridad común en el contexto de la alianza transatlántica no tendrá el vigor que requiere y merece. 
Tal y como ha dicho el Presidente Bush a principios de esta semana en Polonia, los valores comunes que sustentan esta relación transatlántica constituyen el elemento de política exterior común que puede unir a la Unión Europea con los Estados Unidos. 
Sin embargo, no podemos permitirnos el lujo de comportarnos de forma irregular, poco consecuente y fragmentada. 
Los Estados Unidos son un socio tan fuerte que si la Unión Europea no puede hablar con una sola voz- si no puede ser una voz común, quizá una única voz, pero al menos una voz coordinada -, entonces seguiremos yendo a la zaga en la relación transatlántica. 
En este contexto, la Unión Europea afronta su crisis más grave de la última década. 
La cuestión actual, cuya respuesta pedimos al Comisario y al Consejo de Ministros, es si podemos o no restaurar una verdadera asociación con los Estados Unidos. 
¿Podemos inyectar en esta asociación el nuevo dinamismo que la Comisión de Asuntos Exteriores considera que requiere y merece, y podemos ser socios de pleno derecho de los Estados Unidos, o debemos sentir siempre que vamos a la zaga? 
Vemos que existen posibilidades de que la alianza transatlántica se renueve de arriba abajo, y ahí es donde la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos desempeña el papel más fundamental. 
Por supuesto, nos parece que una Europa más fuerte es una condición para la propia supervivencia de la OTAN. 
La Unión Europea no es la única que ha resultado dañada por el conflicto en el Iraq y sus secuelas; la OTAN y las Naciones Unidas también han salido gravemente perjudicadas. 
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea forman parte de la OTAN, e incluso los que no lo son siguen creyendo que la OTAN es la garantía fundamental de la estabilidad euroatlántica. 
Por lo tanto, esta tarde queremos sentirnos seguros de que el Consejo de Ministros y la Comisión comparten nuestra opinión al respecto y de que también piensan que una Europa más fuerte supondrá una OTAN más fuerte. 
¿Podemos reforzar desde la Unión Europea, los que somos miembros y los que no, la alianza OTAN-euroatlántica, ya que sigue siendo una garantía fundamental para la estabilidad europea? 
Por lo tanto, queremos abordar la cuestión de la finalidad a la que ahora sirve la Alianza Atlántica, cómo debería estructurarse la Alianza Atlántica y qué medios deberían ponerse a su disposición. 
De hecho, la propia OTAN precisa reformas, en particular con respecto a la reestructuración militar. 
Últimamente hemos celebrado varios debates en el contexto de la seguridad común y la política de defensa, incluso anoche con el propio Sr. Comisario en el diálogo conjunto entre la Unión Europea Occidental y el Parlamento Europeo sobre la reestructuración militar, donde se hizo especial hincapié en la cooperación plena entre los Estados miembros de la Unión Europea y nuestras grandes inversiones en tecnologías modernas. 
¿Pero cómo podemos lograrlo con la máxima eficacia en el contexto de la OTAN y, quizá, de una forma menos costosa? 
La reforma institucional de la OTAN también nos parece imperativa. 
Por tanto, queremos que la Unión Europea actúe coherentemente en casa y fuera de sus fronteras, basándose en ideas y acciones estratégicas y coherentes. 
Esperamos con impaciencia que esta tarde se celebre un debate a fondo para poder reactivar, con la verdadera dimensión que merece, una relación transatlántica apropiada en el contexto de después del Iraq. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el Consejo comparte la honda preocupación del honorable diputado acerca del estado de las relaciones entre la Unión y los Estados Unidos. 
Aunque estas relaciones continúan siendo fundamentalmente sólidas, está claro que ambas partes deben reconsiderar sus respectivos modos de actuar. 
La Unión ha dejado meridianamente claro que su principal prioridad en política exterior es reconducir sus relaciones con los Estados Unidos. 
Trabajando juntos, podemos crear un mundo mejor para todos. 
La cuestión principal para la Unión es cómo se adoptará este objetivo sobre la base la ya muy amplia cooperación que está teniendo lugar en los Balcanes Occidentales, el Afganistán, Oriente Próximo y en relación con Corea del Norte. 
Centrar nuestra atención en asuntos sobre los cuales la Unión y los Estados Unidos difieren, hace que a menudo esta cooperación, que ambas partes aprecian, pase inadvertida. 
Como Su Señoría ya sabe, el Alto Representante presentará un documento al Consejo Europeo en Salónica con las recomendaciones para una estrategia global de la Unión en el campo de la política exterior y de seguridad. 
Se podría celebrar un debate preliminar sobre el tema en el Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores en el mes de junio. 
Es evidente que, aunque esta será una estrategia general, también contribuirá al desarrollo de las relaciones entre la UE y los Estados Unidos. 
También suponemos que se basará en la actual política de la Unión en relación con el papel de las Naciones Unidas, entre otras cosas. 
Es el momento idóneo, teniendo en cuenta que tendrá lugar justo antes de la cumbre UE-EE.UU. en Washington el 25 de junio. 
Del mismo modo que el desarrollo de la política exterior y de seguridad está permitiendo a la Unión hacer frente a acontecimientos recientes de manera más eficaz, incluida la cooperación con los Estados Unidos en Oriente Próximo, el Afganistán o los Balcanes Occidentales, en el terreno de la política europea de seguridad y defensa la mejora de la capacidad militar europea sigue constituyendo una alta prioridad para la Unión, de manera que la Unión se convierta en un socio más eficiente de los Estados Unidos. 
El Consejo sigue pensando que el mejor modo de resolver los distintos problemas actuales en diferentes zonas del mundo es adoptar un enfoque multilateral. 
El Consejo no ha expresado ninguna opinión sobre la cuestión de incorporar en el nuevo Tratado el principio de cooperación reforzada en el terreno de la PESD. 
Cuando completamos la Nueva Agenda Transatlántica, afirmamos que asumimos el objetivo de construir una nueva arquitectura europea en el terreno de la seguridad, en el que la OTAN, la Unión, la OSCE y el Consejo de Europa desempeñarían papeles complementarios que se reforzarían mutuamente. 
Esta fue nuestra postura en 1995 y lo sigue siendo hoy. 
La Nueva Agenda Transatlántica constituye el marco más amplio para la cooperación con los Estados Unidos. 
Puede que el plan de acción esté ahora anticuado, pero esto no se aplica a la Nueva Agenda Transatlántica. 
El diálogo que mantenemos con los Estados Unidos ya es intenso, con innumerables contactos continuos en todos los niveles. 
Lo que necesitamos no son más reuniones, sino quizás centrar más la atención. 
Esperamos que el desarrollo de una estrategia global de la Unión renueve el diálogo con los Estados Unidos y aumente su utilidad de cara a las situaciones que se presenten en todo el mundo. 
La cooperación sigue siendo una necesidad absoluta para combatir los azotes del terrorismo. 
Tras el 11 de septiembre de 2001, nuestra cooperación se ha extendido más allá de lo que esperaban ambas partes. 
Más allá de lo que se dice sobre nuestras diferencias, a ambas lados del Atlántico se desconoce a menudo el trabajo esencial y específico que se está realizando de manera conjunta para luchar contra el terrorismo. 
Los Estados Unidos necesitan a Europa, del mismo modo que nosotros necesitamos a los Estados Unidos, si deseamos enfrentarnos con éxito a los retos de este siglo. 
El Consejo es plenamente consciente de que, si queremos tener éxito, tenemos que ocuparnos no solo de los síntomas, sino también de las causas. 
Esto presupone la movilización de recursos en muchos y muy variados sectores, en el económico, social y del desarrollo, así como en el campo político. 
Por último, el diálogo legislativo trasatlántico es un elemento excepcionalmente importante en las relaciones transatlánticas. 
Aunque los contactos del Consejo son en gran medida con el Gobierno de los Estados Unidos, el Parlamento también puede desempeñar un papel fundamental reforzando el diálogo con los diputados al Congreso, a fin de facilitar la comprensión de las preocupaciones y prioridades de los pueblos de la Unión Europea. 
El Consejo no está autorizado a dictar a la sociedad civil el papel que puede desempeñar en este diálogo. 
Sin embargo, ha alentado el desarrollo de los cuatro diálogos especializados y mantiene la opinión de que, junto con las numerosas redes de universidades, institutos, laboratorios, ideas, etc., puede realizar una importante contribución. 
No necesitamos más marcos de cooperación. 
Lo que necesitamos en el diálogo con los Estados Unidos es que cada parte esté bien informada de las opiniones de la otra parte y de la acción mutua. 
. (EN) Señor Presidente, el Sr. Brok ha formulado una serie de cuestiones interesantes que insinúan preocupaciones que deberíamos intentar abordar sobre la buena salud de nuestro diálogo actual con los Estados Unidos. 
En mi opinión, aquellos que a ambos lados del Atlántico ya trabajan en los intensos preparativos para la cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos del próximo mes, que ha mencionado la Presidencia, y en la puesta punto de una lista impresionante de cuestiones que deben tratarse, deberían poder tranquilizar a su Señoría. 
No hay duda de que estamos saliendo de un período de tensiones en las relaciones transatlánticas. 
En algunos aspectos habría sido motivo de mayor preocupación si el trauma de una guerra no hubiera propiciado un debate tan sentido. 
Tampoco tengo ninguna duda de que algunos de los problemas destacados por la guerra en el Iraq tienen raíces más profundas. 
Aquí y en otras partes he hablado de tendencias más a largo plazo en algunos círculos de los Estados Unidos, que son realmente motivo de preocupación para los europeos. 
Sobre todo debemos animar a los líderes políticos y a la opinión pública de los Estados Unidos a oponer resistencia a quienes quieren invalidar 50 años de internacionalismo y multilateralismo norteamericanos en busca de una sensación de seguridad ilusoria. 
Sea cual sea su motivación, aquellos que en Estados Unidos rechazan el multilateralismo deben saber que un enfoque así contiene un elemento deprimente de la profecía autorrealizada. 
El multilateralismo sin los Estados Unidos puede muy bien fracasar. 
Pero aquellos de nosotros que defendemos el multilateralismo también asumimos una responsabilidad: asegurarnos de que da resultados prácticos, eficaces y oportunos. 
Este es un debate importante. 
Pero no debe ensombrecer las realidades de los vínculos transatlánticos que, en muchos aspectos cruciales, van ampliándose y profundizándose. 
Mantener un diálogo no implica necesariamente que siempre estemos de acuerdo o que estemos de acuerdo en todo. 
Pero estamos de acuerdo en gestionar nuestras diferencias y en continuar dialogando. 
Disentimos en cuanto al Protocolo de Kioto, pero seguimos colaborando en relación con el secuestro de carbono y pronto con la investigación sobre el hidrógeno. 
Amenazamos a los Estados Unidos con represalias relacionadas con el FSC y ellos nos llevan ante la OMC porque creen que vamos demasiado despacio en la aprobación de nuevos productos modificados genéticamente. 
Pero Europa y los Estados Unidos siguen siendo los mayores socios comerciales del mundo, y los conflictos solo dan cuenta de una fracción de todo el conjunto de nuestro comercio. 
Tres cuartas partes de toda la inversión directa exterior en los Estados Unidos es europea, la mitad de la inversión directa exterior de Norteamérica está en Europa. 
Europa invierte más en Texas que lo que invierte Norteamérica en Japón; las inversiones norteamericanas en los Países Bajos rondan el doble de las inversiones norteamericanas en México. 
Por supuesto, nuestro diálogo con los Estados Unidos va mucho más allá del dominio tradicional de la Comisión de las relaciones comerciales y económicas. 
Tras el 11 de septiembre de 2001 hemos avanzado mucho en cuanto a cooperación policial y a la hora de abordar la cuestión de las fuentes de financiación de los terroristas. 
Pronto concluiremos acuerdos de asistencia jurídica mutua y de extradición. 
Estamos trabajando estrechamente con los Estados Unidos en torno a una serie de cuestiones relacionadas con la seguridad del transporte. 
Y, basándonos en la experiencia de la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos en los Balcanes, ya estamos trabajando juntos en la reconstrucción del Afganistán. 
Ahora que la ONU ha establecido un marco político para el Iraq en el período post Sadam, esperamos estar pronto en condiciones de evaluar cómo podemos contribuir a esta cuestión. 
En cuanto a las relaciones económicas transatlánticas, en la Cumbre de Londres de 1998 se acordó un marco de relación económica estrecha. 
Contamos con un Plan de acción que incorpora una serie de iniciativas, incluidas las barreras técnicas al comercio, los contratos públicos, el reconocimiento mutuo, la propiedad intelectual y la competencia. 
En foros multilaterales hemos cooperado estrechamente en los esfuerzos por impulsar la Agenda de Desarrollo de Doha. 
Bilateralmente, hemos avanzado en el reconocimiento mutuo y en la nueva Agenda Económica Positiva acordada el año pasado. 
Para contribuir al diálogo gubernamental, tanto Europa como los Estados Unidos han vuelto a confirmar hace poco su compromiso con el Diálogo Empresarial Transatlántico con un formato más centrado. 
Volviendo a la cuestión de los diferentes modelos económicos, no vemos diferencias entre la ANALC y la ALCA, por un lado, y la Unión Europea, por otro, como obstáculos a una relación económica transatlántica más estrecha. 
Más bien nos parecen rutas diferentes que llevan a un destino común: una mayor integración económica mundial. 
La convergencia regional de preferencias colectivas puede abordarse en el contexto multilateral de forma justa y constructiva, pero también en términos bilaterales, especialmente centrándose en la determinación de iniciativas sectoriales y mutuamente beneficiosas que tengan efectos directos positivos en las condiciones comerciales y de mercado. 
Volviendo a la cuestión de los desafíos mundiales, por ejemplo el medio ambiente, la justicia, la emigración, los conflictos sociales y étnicos, el cuaderno de notas de nuestra cooperación es sin duda ambivalente. 
Hemos logrado avances en materia de justicia; no hemos conseguido ponernos de acuerdo en torno a objetivos medioambientales. 
En el ámbito de las estrategias de asistencia al desarrollo, tanto Europa como los Estados Unidos se han comprometido con una nueva relación mundial para el desarrollo. 
Colaboraremos para intentar integrar a los países en desarrollo en la economía mundial. 
En todos estos aspectos nos hemos comprometido con el principio de complementariedad y de asegurar el uso más eficiente y eficaz de los fondos de donantes en programas de desarrollo. 
En el aspecto humanitario, también nos hemos comprometido firmemente a trabajar para lograr una mayor eficacia y complementariedad de esfuerzos, y nuestras propias agencias y las agencias norteamericanas colaboran para intentar cumplir este compromiso. 
Finalmente, con respecto a la propuesta de un informe sobre futuras relaciones transatlánticas, la Asamblea podrá recordar que en un discurso dirigido a esta Cámara hace unos años abordé esta cuestión quizá un poco argumentativamente. 
Como dije entonces, no creo que los problemas que afrontamos se deban a la falta de estrategia. 
Los objetivos y la visión de nuestra relación, expresados en la Nueva Agenda Transatlántica de 1995, siguen siendo válidos. 
Dadas las aguas turbulentas en las que hemos nadado desde entonces, comprendo el deseo de algunos de revisar nuestra trayectoria. 
Pero, precisamente porque todavía estamos recuperándonos de los rigores de esta travesía, deberíamos tomarnos un poco de tiempo para tranquilizarnos y asegurarnos de que las emociones y la presión del corto plazo no desorienten toda nueva estrategia a largo plazo. 
Esto es más cierto ahora que la Unión Europea participa en una revisión fundamental de su propia finalidad y estructuras, incluyendo una nueva Estrategia Europea de Seguridad, y que los Estados Unidos se centran en las primeras fases de una campaña de elección presidencial. 
En estas circunstancias, hay muchos riesgos de que cualquiera de estas revisiones sea tildada, al menos por los que están fuera, de otra prueba de la supuesta «crisis» de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
En su lugar, tenemos que centrarnos en la resolución de problemas prácticos, a la vez que participamos en un diálogo más mesurado con nuestros homólogos norteamericanos, preferentemente a cuatro ojos que no a través de los micrófonos de nuestros respectivos medios de comunicación. 
En este sentido, la función del Parlamento Europeo será esencial. 
Por supuesto, esperamos colaborar con ustedes para generar ideas sobre la relación transatlántica, y espero que el propio Parlamento utilice su independencia y sabiduría para plantearnos algunos de los temas que deberían incluirse en una futura estrategia. 
También esperamos que ustedes y sus constituyentes aporten su experiencia en torno a las políticas formuladas en Bruselas. 
Sobre todo necesitamos comprometernos con sus homólogos del Congreso para garantizar que en los debates intelectuales y legislativos de Washington se da toda la importancia debida al caso europeo. 
Solo hay dos cuestiones que quisiera añadir a modo de breve nota. 
En primer lugar, es probable que la Asamblea me haya oído decir antes que son muy pocos los objetivos que tenemos en Europa que no seamos más capaces de lograr si podemos cooperar con los Estados Unidos. 
Es casi lo mismo que decir que muchas, si no la mayoría, de las cosas que quieren lograr los Estados Unidos es más probable lograrlas si los Estados Unidos pueden cooperar con Europa. 
Esta cuestión se formuló explícita e implícitamente en la reciente estrategia de seguridad norteamericana. 
Una relación no es una rivalidad. 
Igualmente, los socios pueden tener opiniones propias. 
No deberíamos sentirnos obligados a descubrir en Washington cuáles deberían ser nuestras opiniones antes de que las expresemos. 
Por tanto, tengo muchas esperanzas de que, periódicamente, nos concedamos el beneficio de la duda y reconozcamos que el mundo y nosotros estamos mucho mejor si Norteamérica y Europa pueden trabajar juntos. 
Una última cuestión: Supongo que es posible formular una visión de las relaciones para el futuro en términos de la solidaridad que disfrutamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa, principalmente, presionó por establecer estructuras de seguridad que propiciaron la creación de la OTAN y cuando Norteamérica presionó por la integración económica y política que desembocó en el establecimiento del Mercado Común y, al final, de la Unión Europea. 
Sería una locura no reconocer cuántas cosas han cambió geoestratégicamente con el final de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. 
Espero que a la hora de desarrollar una relación para el futuro, la basaremos en las realidades de hoy y en futuras realidades, no en los cálidos rescoldos de una relación notablemente productiva de la segunda mitad del siglo pasado. 
Si podemos hacerlo otra vez igual de bien, seremos muy afortunados. 
Pero si queremos hacerlo tan bien, tenemos que examinar los problemas del futuro a través del prisma de los desafíos de hoy y no a través del prisma de los éxitos de ayer. 
Señora Presidenta, esta es una ocasión excelente para hablar de las relaciones transatlánticas, ahora que ha finalizado el conflicto del Iraq y la calma vuelve al desierto y antes de que a finales de este mes el Consejo y la Comisión vayan a Washington. 
A nuestro Grupo nos parece que si bien en la década de los ochenta la cooperación para la seguridad sustentaba la relación transatlántica y teníamos diferencias económicas, ahora son el mercado económico y la integración del comercio y la inversión los que sustentan la relación transatlántica, mientras que el aspecto de la seguridad parece algo frágil. 
Sin embargo, por motivos que ambos expresan con claridad, el Consejo y la Comisión todo lo ven, justificadamente, a corto plazo, en lugar de proyectar una visión a largo plazo de nuestra relación con los Estados Unidos. 
Hace unos días un diplomático norteamericano lo expresó muy bien: dijo que en Europa abordamos los problemas desde una perspectiva de 2003: los problemas de la construcción de la Unión Europea, nuestra política exterior y los comienzos de una estrategia exterior. 
Los Estados Unidos, por otro lado, se centran mucho más en los problemas de 2020, las armas de destrucción masiva y toda una serie de otras cosas, a escala mundial, lo que nosotros no tendemos a hacer. 
Por lo tanto, el mensaje que debería enviarse a la cumbre es que la política, la economía y la política de seguridad de la era posterior a la Guerra Fría están empezando a entrelazarse estrechamente. 
En primer lugar, en cuanto a la política se refiere. 
Sí, tenemos que entendernos mutuamente, tal y como ha dicho el Presidente del Consejo, pero seguramente precisamos más colaboración, no solo en cuestiones particulares, como la guerra contra el terrorismo: necesitamos un marco a largo plazo para abordar este problema y trasladar el énfasis de una Comunidad de valores a una Comunidad de acción, que afronte los problemas del sida en el Tercer Mundo, la proliferación de armas nucleares y toda una serie de otras cosas a las que Europa y Norteamérica se enfrentan conjuntamente como desafíos mundiales. 
En segundo lugar, la economía. 
Sabemos que, tal y como ha dicho el Sr. Comisario, los desafíos económicos mundiales nos acercan unos a otros, pero está claro que para completar un mercado transatlántico en la próxima década es preciso desarrollar vínculos más estrechos, desarrollar un mercado transatlántico, que en gran parte ya está en marcha, pero necesitamos añadir servicios financieros, la economía digital, la política de competencia y otras cosas. 
En tercer lugar, en materia de política de seguridad, que es donde tenemos las mayores dificultades, hemos de preguntarnos: ¿tendrá Europa capacidad militar? 
¿Tiene la voluntad política para emerger alguna vez como socio de los Estados Unidos? 
Por último, me parece que necesitamos una estrategia a largo plazo para saber lo que queremos antes de que podamos configurar una estrategia transatlántica y reflexionar en términos similares con los norteamericanos. 
En segundo lugar, necesitamos una cumbre transatlántica que adopte una perspectiva estratégica, en lugar de examinar casos y problemas particulares. 
Finalmente, la idea principal es este mercado transatlántico donde necesitamos movilizar nuestras empresas y comunidades políticas y escuchar a quienes representamos para poder configurar un futuro en beneficio mutuo. 
Señora Presidenta, nuestra inquietud por el estado actual de las relaciones transatlánticas no deriva únicamente de las vicisitudes de la crisis del Iraq o de sus posibles secuelas, sino de causas más profundas y, fundamentalmente, de apreciar que estamos ante un cambio bastante radical, bastante impresionante en la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, bajo una égida neoconservadora. 
El liderazgo a través de la cooperación multilateral ha sido reemplazado por un enfoque de unilateralismo global, las estrategias de contención y de disuasión por la doctrina del ataque preventivo y los límites que impone la participación en alianzas e instituciones multilaterales por la concepción de coaliciones a medida en las que tiende a predominar un elemento de subordinación sobre la base de "quien no está conmigo está contra mí". 
Muchos en Europa pensamos que estos enfoques en vez de producir una pax americana pueden producir un considerable caos americano en el mundo. 
En este contexto, si Europa quiere asumir su responsabilidad debe construirse como una organización capaz de jugar un papel importante en el plano internacional y, en este cometido, una orientación permanente de la política europea debe apuntar al objetivo de multilateralizar a los Estados Unidos- objetivo no inalcanzable si vemos encuestas que dicen que casi dos tercios del público norteamericano prefiere los enfoques multilaterales a los unilaterales-. 
En una relación renovada hay que admitir claramente que existen discrepancias importantes, que hay bastantes diferencias de percepción y de enfoque y que hay una amplia agenda de coincidencias y de potenciales elementos de acuerdo. 
Si asumimos esta situación contrastada podremos avanzar. 
Quiero manifestar, por último, que creo que las posiciones expresadas por el Alto Representante y por el Comisario Patten, así como las propuestas concretas, avanzadas por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, apuntan, en una dirección correcta y van a contar con nuestro apoyo. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer sus intervenciones a los representantes del Consejo y de la Comisión, y señalar que en la visita de nuestra delegación de parlamentarios europeos a Washington, los congresistas norteamericanos nos pidieron ayuda para poder neutralizar y paralizar la deriva neoconservadora y, en algunos términos, casi fascista, de la administración Bush. 
Es decir, expresaron su deseo de una relación entre el pueblo norteamericano y el europeo que sea una contribución para la paz en el mundo. 
Si se demuestra que hubo falsedad por parte del Departamento de Estado norteamericano al decir que había armas de destrucción masiva en el Iraq- se está viendo que fue solo una maquinación -, y si recordamos que en el documento de 20 de septiembre de 2002 de dicho Departamento, se prescinde de la ONU, de la Unión Europea y del Derecho internacional y se dice simplemente que los Estados Unidos son los que van a dictar las leyes en el futuro, creo que nos hallamos ante una gran amenaza para el mundo y también para Europa. 
Afortunadamente, Europa se basa en la paz, el Derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos, y tiene que desempeñar un papel de primera magnitud para poder avanzar en esa dirección y evitar las nuevas amenazas de esta Administración conservadora del Presidente Bush, restituyendo así al pueblo norteamericano el sentido de amistad con nosotros. 
Señora Presidenta, no sabía que el idealismo fuera la filosofía dominante en el Parlamento Europeo. 
No construiremos una relación transatlántica repitiendo como una letanía que eso es lo que queremos. 
En el pasado, las relaciones transatlánticas estuvieron determinadas por el enfrentamiento entre los regímenes totalitarios de los países comunistas por un lado y Occidente por otro. 
Así lo ha expresado el Sr. Patten al final de su intervención. 
Esta situación cambió con la caída del comunismo. 
Tenemos que preguntarnos si, en la actualidad, los Estados Unidos y Europa tienen necesariamente los mismos intereses. 
Antes de la caída del comunismo, esto tenía que ser así, pero ¿sigue siendo cierto en nuestros días? 
Una vez planteada la pregunta, la respuesta es obvia. 
Los Estados Unidos y Europa no comparten actualmente la misma visión ni los mismos intereses, tanto desde el punto de vista geoestratégico como económico. 
Por lo tanto, una nueva relación transatlántica no puede construirse repitiendo que la deseamos. 
Hemos de plantear una definición completamente nueva de nuestras relaciones con los Estados Unidos. 
Pongamos un ejemplo muy sencillo. 
Hoy tenemos el euro. 
Si somos sinceros, el euro es una moneda que separa a Europa de los Estados Unidos, porque el euro es el principal rival del dólar. 
Por lo tanto, nuestros intereses económicos y estratégicos difieren. 
Si queremos revitalizar nuestras economías y relanzar a Europa, tenemos que plantear una pregunta que reviste una importancia fundamental para Europa A escala mundial, hemos de preguntarnos si estamos obligados para siempre a pagar por la energía y el petróleo en dólares. 
¿Dónde está escrito que tengamos que pagar en dólares el petróleo o el gas que compramos en Rusia, en Arabia Saudita o en el Irán? 
Tenemos que tener la voluntad, en términos estratégicos y de economía política, de hacer del euro una moneda segura para asegurar que tengamos dinero para poder relanzar nuestra economía. 
Esto es lo que están haciendo justamente los Estados Unidos en la actualidad. 
Se ha mencionado una cifra de 8 000 millardos de dólares al día. 
Los Estados Unidos necesitan inversiones para pagar sus deudas. 
Por lo tanto, tenemos que reforzar el papel del euro como moneda segura que rivalice con el dólar. 
Señorías, si quieren debatir sobre las relaciones transatlánticas, tengan el valor de plantear este problema a los Estados Unidos. 
Aquí reside el quid de la cuestión. 
Si no disponemos de nuestra propia doctrina sobre todos los problemas estratégicos, sobre todos los problemas militares, sobre nuestra visión del mundo, sobre lo que queremos en el mundo, no lograremos crear una nueva relación transatlántica. 
Tenemos que definir nuestros intereses. 
Solo entonces podremos discutir con los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, la guerra en el Iraq hace poco ha descubierto divisiones políticas claras entre muchos líderes de la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos, pero deberíamos reflexionar por un momento y hacernos la siguiente pregunta. ¿Queremos renovar una relación transatlántica o creemos que el hecho de distanciarnos esta vez del Gobierno de los Estados Unidos redundará en beneficio de la Unión Europea? 
Si se desea renovar la relación transatlántica, ciertamente no va a ser fácil lograrlo a causa de las continuas diferencias entre muchos Gobiernos de la Unión Europea y la administración actual de los Estados Unidos. 
Sin embargo, creo que una colaboración más estrecha entre la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos en torno a una amplia gama de cuestiones sirve mejor a nuestros intereses y preocupaciones comunes. 
No deberíamos olvidarnos de que en los últimos 50 años hemos trabajado juntos para crear un orden jurídico internacional que no solo abarca cuestiones comerciales y de seguridad, sino también cuestiones relativas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
Es igualmente importante impedir que los fuertes sentimientos existentes en estos momentos no nos hagan exagerar nuestras diferencias en toda una serie de cuestiones políticas. 
Deberíamos intentar abordar la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos adoptando un enfoque prudente y comedido, en lugar de abordar esta importante relación de forma visceral. 
Lo esencial es simplemente que, a mi parecer, la Unión y los Estados Unidos deberían trabajar juntos para proteger nuestros intereses comunes, para minimizar nuestras diferencias colectivas, para maximizar nuestra propia influencia por el bien del mundo. 
Por ejemplo, en este momento concreto nuestras economías colectivas solo están cosechando un éxito moderado. 
Una de las formas en que podemos ayudar a reactivar nuestras economías es garantizar que se ha abandonado la situación de punto muerto en que se encuentran las negociaciones comerciales. 
Hemos de garantizar que las próximas conversaciones de la Organización Mundial del Comercio, que se celebrarán en septiembre, sean un verdadero éxito. 
Debemos avanzar una agenda positiva sobre asuntos comerciales y resolver las disputas antes de que se cuelen en el proceso de la OMC. 
También deberíamos recordar que hemos trabajado muy estrechamente en la lucha contra el terrorismo internacional. 
Las cuestiones que hemos abordado juntos van desde la mejora de la seguridad en las líneas aéreas, hasta la cuestión de los acuerdos de extradición mutua. 
Estamos colaborando estrechamente en los Balcanes y el Afganistán. 
En el Afganistán la Unión Europea tiene una presencia militar mayor que los Estados Unidos. 
La Unión Europea es el mayor donante de ayuda humana al pueblo afgano. 
El proceso de Oriente Próximo tiene más posibilidades de éxito si la Unión Europea y los Estados Unidos trabajan juntos con todas las partes contratantes clave de la región para asegurar que la hoja de ruta actual para la paz garantice a los israelíes y a los palestinos la estatalidad y seguridad en la región. 
Señora Presidenta, para mí las alianzas constituyen un fuerte vínculo mutuo, cuyos elementos principales son la confianza mutua y una estrecha cooperación basada en unos valores y unos objetivos comunes. 
Lamentablemente, esto es precisamente lo que ha faltado en las relaciones transatlánticas en los últimos meses. 
La manifestación más dolorosa de la discordia transatlántica, y al mismo tiempo europea, ha sido la controversia pública sobre el Iraq. 
Razón de más para hacer primero un examen de conciencia a este lado del océano Atlántico. 
En resumidas cuentas, ¿cómo será a partir de ahora la alianza transatlántica? 
Lo primero que salta a la vista es la situación de seguridad mundial. 
El terrorismo- sea cual sea su corte ideológico o religioso- exige un enfoque transatlántico común. 
En concreto, no podemos permitir que las fuerzas desestabilizadoras de Oriente Próximo consigan que los Estados miembros de la Unión Europea se enfrenten entre sí o con los Estados Unidos. 
Los acuerdos de asociación y los acuerdos comerciales con países de esta región han de ser juzgados desde la óptica transatlántica de una lucha coordinada contra el terrorismo. 
¿Comparten el Consejo y la Comisión esta visión? 
A fin de cuentas, Siria e Irán están en la agenda, ¿no es cierto, Comisario Patten? 
Hay mucho en juego: la credibilidad política de la Unión Europea, también a los ojos de mis electores, la solidaridad y la solidez de las relaciones transatlánticas. 
La Unión Europea es ahora claramente el socio más débil desde el punto de vista militar en la alianza transatlántica. 
¿No parece obvia la necesidad de una mayor contribución de los Estados miembros en el marco de la OTAN? 
Así se reforzaría la alianza transatlántica. 
Por el contrario, las alternativas militares europeas debilitarían el crucial vínculo de seguridad con los Estados Unidos. 
Además, no veo ningún motivo para confiar en ese tipo de iniciativas. 
Los europeos tenemos que ser unos amigos verdaderos y, sobre todo, fieles, además de unos aliados reales de los norteamericanos. 
Señora Presidenta, casi cien años de historia nos demuestran a los europeos que, siempre que nuestro continente ha estado en apuros, los Estados Unidos de América han acudido a ayudarnos. 
En la Primera Guerra Mundial, ese fue el factor decisivo para evitar la expansión de la Alemania imperial. 
En la Segunda Guerra Mundial, la contribución de los Estados Unidos fue decisiva para liberar a Alemania y Francia del yugo hitleriano, y al resto de Europa de sus aspiraciones de poder. 
Cuando la Guerra Fría acabó con la desintegración de la Unión Soviética y la liberación de países que habían estado sometidos al yugo del comunismo centroeuropeo y a la Unión Soviética, sin duda fue el resultado de la carrera armamentística del Presidente Ronald Reagan, que tanto la economía soviética como su sistema social no pudieron soportar. 
Cuando hoy decimos que las relaciones entre los Estados Unidos y Europa se hallan en crisis, se trata más bien de una crisis de las relaciones internas de Europa y una crisis de las relaciones entre determinados países y los Estados Unidos. 
El modo en que determinados países practican el unilateralismo en los asuntos internos de la UE, muestra que aún nos encontramos a años luz de la política exterior y de seguridad común en situaciones de crisis. 
La mayoría de los 25 países europeos respaldaron la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU del inicio de la guerra contra Iraq. 
La mayoría no aceptan la insistencia de los Estados Unidos en tener la potestad de adoptar una posición al margen de la organización internacional en asuntos de crímenes de guerra. 
No coincidimos en la importancia del Acuerdo de Kioto y todos los días hay conversaciones para resolver las diferencias de opinión en cuestiones económicas. 
A pesar de todo ello, tendemos a compartir los valores básicos, y las consideraciones de seguridad comunes a ambas partes, en las que Europa es cada vez más receptora que proveedora, representan una sólida base para mirar al futuro, para respaldar la asociación transatlántica y para elaborar de veras el tipo programa de acción que mi colega, James Ellen, acabar de mencionar. 
En Europa ya no podemos ponernos a la par con los Estados Unidos en el ámbito de la tecnología de defensa, y quizás no lo necesitemos. 
Sin embargo, podemos y debemos resolver nuestras diferencias y aspirar a una política exterior y de defensa común. 
Solo de esta forma seremos un socio valioso en cuestiones que nos unen y en aquellas en las que no estemos de acuerdo con los Estados Unidos, un socio demasiado fuerte como para que se haga caso omiso de nuestras opiniones en este país, cuyo principal socio comercial somos nosotros, como ya hemos oído en relación con las inversiones norteamericanas en Europa. 
Esto demuestra que para los Estados Unidos es importante que nuestras relaciones evolucionen positivamente, pero para nosotros es fundamental. 
Podemos aceptar el boicot a los vinos franceses en los Estados Unidos si, como contrapartida, ellos hacen un pedido de cien aviones Airbus, como se dio el caso hace tan solo una semana más o menos. 
Señora Presidenta, algunas horas después de la reunión del G8 en Evian, considerada ilegítima por un número creciente de ciudadanos, creo que resulta imposible reflexionar sobre la naturaleza de la asociación transatlántica sin responder a varias preguntas. 
Por falta de tiempo, solo señalaré algunas. 
En primer lugar, el Iraq. 
¿Podemos considerar que se ha pasado la página de la guerra, puesto que los Estados Unidos han obtenido el pleno control sobre este país con la bendición europea? 
¿Debemos emprender una guerra contra el terrorismo instigada por una visión belicosa norteamericana que quiere dominar y no compartir el poder? 
Esto no hace sino potenciar la amenaza. 
¿Debemos embarcarnos en una verdadera guerra monetaria, provocada esta vez por los Estados Unidos? 
¿Debemos ceder a las órdenes de Bush y derribar lo que queda del modelo social europeo? 
¿Debemos eliminar la legislación en materia de jubilación, por ejemplo, en contra de la oposición masiva expresada en las grandes manifestaciones en Francia o en Austria? 
Por último, ¿de qué puede servir la conferencia de la OMC en Cancún si la Unión no se opone al persistente inmovilismo de los Estados Unidos en ciertas cuestiones, sobre todo respecto del acceso de los países pobres a los medicamentos genéricos? 
La Unión Europea se encuentra en una encrucijada: o se refugia tras la doctrina estratégica bautizada «por un nuevo siglo americano» , u opta por una política realmente independiente. 
Si optamos por esta última, ¿cómo practicarla sin abordar las enormes expectativas del hemisferio sur y sin liberarnos de la lógica ultraliberal que agrava las desigualdades y aniquila cualquier intento de promover el desarrollo? 
Escuchemos a los pueblos de Europa. 
No quieren una Europa que sea el pariente pobre de los Estados Unidos. 
No quieren que Europa sea exageradamente cautelosa. 
Esperan y rezan por una Europa independiente y responsable. 
Aspiran a una Europa que promueve los intereses de todos trabajando por un mundo que sea más seguro por ser más humano. 
Señora Presidenta, Señorías, en mi opinión, este debate nos debe permitir reflexionar sobre nuestras relaciones de política exterior, y por tanto también económicas, con el TLC y, de forma especial, con los Estados Unidos y la cooperación transatlántica. 
Por lo que respecta a la famosa PESC, pienso y espero que la Convención colme el vacío político nombrando un ministro de Asuntos Exteriores y evitando una pérdida de credibilidad internacional, como la sufrida a causa de la crisis iraquí. 
Por lo que respecta al sector económico, creo que la mejor solución no es tanto intervenir a través de posibles acuerdos con la Organización Mundial del Comercio como redactar una lista única que contemple las materias en términos de beneficios fiscales y beneficios comerciales, porque de este modo conseguiremos evitar una nueva Babel burocrática. 
De otro modo no veo resultados. 
Los denominados acuerdos de cooperación respecto de nuestro primer mercado de referencia, tanto en términos de inversión como comerciales, serán importantes si sabemos relanzarlos realizando una simplificación a través de una lista, un acuerdo que podría ser celebrado por la Comisión sobre todo con el TLC. 
Pienso que en los umbrales de la ampliación este es un modo importante de relanzar nuestra economía y el contenido político de nuestra política exterior. 
Señora Presidenta, empezaré diciendo lo mucho que celebro este debate y felicito a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por su iniciativa. 
Tras los últimos acontecimientos tenemos una oportunidad para reconstruir y mejorar la relación transatlántica: este ha de ser el desafío que asumamos. 
La cumbre que se celebrará a finales de este mes nos brindará la oportunidad, que deberíamos aprovechar, de empezar a construir este nuevo futuro. 
No podemos permitir que el pasado ensombrezca el futuro. 
Sin embargo, hemos de darnos cuenta de que en el diálogo deben participar ambos lados del Atlántico. 
Según mi experiencia de los últimos 12 meses, los Estados Unidos no han estado comprometidos o no han estado centrados, y, en alguna medida, debemos hacerle entender cómo funciona y trabaja Europa en este momento. 
Es preciso reiniciar el diálogo legislativo. 
Casi lo conseguimos, pero en el último momento los Estados Unidos se echaron para atrás. 
Sin embargo, en esta cuestión particular no pienso rendirme. 
Hemos de contar con un sistema operativo de alerta temprana que señale lo antes posible las áreas de posible desacuerdo. 
Para ello es preciso reconsiderar radicalmente cómo hemos mantenido hasta la fecha nuestras relaciones en el seno de la Comisión y del Parlamento. 
Utilizaré la reunión que se celebrará a finales de mes entre el Congreso y los diputados a este Parlamento para promover más el diálogo y garantizar que podamos reiniciarlo. 
No tiene sentido utilizar excelentes y sutiles palabras sobre el papel si no tienen eco a ambos lados del Atlántico y si no las cumplimos. 
Esto es lo importante. 
Por último, todos tenemos que asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido y cargar con parte de la culpa. 
Este Parlamento desempeña un papel central en esto y debe asumir sus responsabilidades, pero el Consejo y la Comisión deben cooperar más con nosotros. 
-Señora Presidenta, señor Comisario, como ya se ha dicho anteriormente, creo que es deseable que Europa y los Estados Unidos colaboren en asociación. 
Esto es evidente. 
Sin embargo, esta retórica asociacionista no debe servir para eludir las decisiones que Europa tiene que tomar y la dificultad a que nos enfrentamos actualmente. 
Contrariamente a lo que han dicho algunos diputados, los europeos no somos responsables del desgaste del tipo de vínculos históricos que tenemos con los Estados Unidos. 
Nos las tenemos que ver con una administración muy particular que, desde el comienzo, ha sido muy unilateralista, aunque no especialmente intervensionista. 
Una parte de esta administración aprovechó el trauma del 11 de septiembre para imponer sus propios planes unilateralistas y extremadamente intervencionistas, concebidos antes de aquellos terribles hechos. 
En estas condiciones, Europa tiene que escoger. 
O bien estima que no hay nada que hacer contra la voluntad de los Estados Unidos, dado el poder que tienen en el mundo. 
En ese caso, no queda más remedio que someterse, ir de la mano de los Estados Unidos, incluso cayendo en la mentira y el ridículo como quienes quisieron hacernos creer que la intervención en el Iraq estaba justificada por la amenaza inminente de las armas de destrucción masiva. 
Si tomáramos este camino, la propuesta del Sr. Elles de crear una zona de libre comercio, o una nueva versión del Mercado Transatlántico, tiene sentido. 
Pero hemos de ser conscientes de que, por ejemplo, esto significaría renunciar a la política común de comercio exterior de la Unión. 
De hecho, la creación de este vasto mercado sería una anexión del espacio económico europeo por parte de los Estados Unidos. 
Las decisiones se tomarían en Washington. 
En esta materia, los Estados Unidos no permitirían a Europa intervenir en la toma de decisiones. 
O bien pensamos, por el contrario, que Europa tiene cosas que decir en el mundo, que puede promover la visión de un orden mundial basado en el derecho, de un orden más justo respecto de las relaciones Norte-Sur, porque pensamos que esto es importante si queremos crear un orden mundial más seguro para todos. 
En este caso, no es el momento de doblegarse sino, efectivamente, de impulsar una política exterior y de defensa común. 
En este punto resulta paradójico que el Sr. Elles afirme que es necesario reforzar la política exterior y de defensa común y al mismo tiempo sugiera que hagamos ciertas concesiones a los Estados Unidos. 
Creo que si pensamos que deberíamos fomentar el Estatuto de Roma y una Corte Penal Internacional, que deberíamos defender los acuerdos de Kioto, el Tratado de No Proliferación y de suspensión de las pruebas nucleares, tenemos que afirmar nuestra independencia. 
Las relaciones entre Europa y los Estados Unidos deberán reconstruirse sobre la base de esta independencia. 
Nuestros amigos americanos tendrán que aceptarlo. 
La administración actual de los Estados Unidos no durará siempre y creo que al final nuestra amistad se impondrá. 
Señora Presidenta, quisiera poner en tela de juicio tres supuestos expresados en las preguntas formuladas al Consejo y a la Comisión. 
En primer lugar, Francia y Alemania no son la Unión Europea. 
Evidentemente no hablan en nombre de Europa. 
Por lo tanto, no es ni exacto ni útil describir sus dificultades con los Estados Unidos como ruptura transatlántica entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
En segundo lugar, para la Unión Europea no es en absoluto saludable erigirse como interlocutor de Europa con los Estados Unidos en asuntos de defensa y seguridad. 
Ya existe un foro en el cual las naciones europeas abordan asuntos de seguridad transatlántica, llamado OTAN. 
En tercer lugar, la idea de que la política europea de seguridad y defensa tiene algo que ver con reforzar la OTAN es, en el mejor de los casos, poco sincera, y, en el peor de los casos, un engaño político. 
La PESD no consiste en compartir la responsabilidad de la defensa, sino en fortalecer el pilar europeo de la OTAN. 
Consiste en ampliar las competencias de la Unión Europea, avanzando en la ambición política de integración y capacitación europeas. 
No añade ninguna capacidad militar adicional. 
Se limita a establecer una planificación diferente y un régimen de toma de decisiones que excluye específicamente a los norteamericanos. 
Cuando los líderes de los países europeos se sientan con los norteamericanos y otros aliados, hay una notable unanimidad. 
En los últimos días lo hemos podido comprobar en Evian con el G8 y en la reunión ministerial de la OTAN celebrada en Madrid. 
Esto no es unilateralismo. 
Sin embargo, cuando los mismos líderes europeos se reúnen en un contexto de la Unión Europea, se produce una extraña transformación mental y parece que hablan un lenguaje totalmente diferente. 
Deberíamos reforzar la solidaridad transatlántica, desarrollar nuestras capacidades conjuntas para abordar el terrorismo, abordar la amenaza de las armas de destrucción masiva y desplegar fuerzas militares capaces allí donde puedan necesitarse. 
Dados los peligros que todos afrontamos, no entiendo por qué los Gobiernos europeos imaginan que hablar de seguridad y defensa en un lugar separado de los norteamericanos tenga alguna ventaja. 
La relación de los países europeos con los Estados Unidos no solo requiere mejores capacidades, sino también voluntad política. 
El mayor de los favores que podría hacerse a la seguridad occidental y a las relaciones transatlánticas sería retirar la PESD bajo el paraguas de la OTAN y, por nuestra parte, trabajar juntos de forma solidaria con fines comunes. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las elecciones en Nigeria. 
. (EN) Señora Presidenta, tal y como sabe el Parlamento, la estabilidad y el desarrollo democrático de Nigeria han sido sometidos a un importante examen en el ciclo electoral de abril y mayo. 
En la Comisión Europea hemos apoyado estas elecciones a través de un programa de asistencia de 6,5 millones de euros que fueron a parar a la Comisión Independiente para las Elecciones Nacionales, destinada a informar a los votantes y que ha prestado ayuda a organizaciones de observación nacionales. 
Al mismo tiempo desplegamos una misión de observación del proceso electoral. 
La misión ha concluido sus actividades en Nigeria y me alegro de que el Sr. van den Berg pueda presentar hoy aquí sus resultados. 
Di las gracias al observador jefe en una declaración de prensa que hice el 5 de mayo de 2003. 
Es un placer repetir aquí lo que dije en dicha declaración. 
El jefe de la misión y su equipo hicieron un trabajo de alto nivel profesional. 
Agradecemos a su Señoría y sus colegas la dedicación con que han concluido esta tarea excepcionalmente difícil. 
También quisiera dar las gracias a la Sra. Junker, que representaba a la delegación del Parlamento Europeo. 
La misión de observación del proceso electoral afrontó formidablemente los desafíos que entraña un despliegue duradero, el desafío de trabajar en un país grande y complejo, y el desafío también de afrontar tres complicadas jornadas electorales. 
Las elecciones no desencadenaron la violencia generalizada que muchos habían temido. 
Sinceramente fue un alivio para todos y son las mejores noticias que han llegado de estas campañas electorales. 
La ausencia de violencia es una condición necesaria, pero no, como dirían los filósofos, suficiente para unas elecciones democráticas. 
Lo que vio la misión de observación del proceso electoral de la Unión Europea, como ya sabrá el Parlamento, fue decepcionante. 
En muchos Estados hubo graves fraudes, irregularidades en otros y en general problemas sistemáticos como censos poco fiables, falta de confidencialidad y salvaguardas insuficientes contra el voto repetido. 
Estas fueron algunas de las tristes características de estas elecciones. 
Las reacciones del Gobierno y de la comisión electoral nacional también han sido decepcionantes. 
En lugar de verificar y abordar los defectos, han criticado a nuestra misión de observación del proceso electoral. 
No cuestionaron los datos registrados, si no que, más bien, dijeron que cuestionaban la comprensión cultural que de estos datos tenía la misión. 
Explicar el fraude electoral como consecuencia de las diferencias culturales parece exagerado y contraproducente. 
Además, en otras ocasiones se ha demostrado que, a pesar de los problemas, en África pueden celebrarse elecciones relativamente transparentes. 
Lo hemos podido ver, por ejemplo, el pasado diciembre en Kenia. 
Es importante señalar que las conclusiones de los grupos de observadores nacionales, que casi desplegaron a 50.000 observadores cubriendo un tercio de todos los colegios electorales, fueron muy similares a las de la misión de observación del proceso electoral de la Unión Europea. 
El Presidente Obasanjo, a quien se tomó juramento el 29 de mayo de 2003, y su partido han consolidado notablemente su posición electoral en el país. 
Si bien el Presidente sigue siendo un importante socio para nosotros, tendremos que vigilar el desarrollo del pluralismo en la democracia de Nigeria. 
Me gustaría decir una cosa más. 
Las misiones de observación del proceso electoral que respaldamos, siempre bajo el liderazgo de diputados de esta Asamblea, son una de las formas más importantes de prestar asistencia práctica al desarrollo y de consolidar la democracia en todo el mundo. 
Son una de las formas más prácticas de mejorar la gobernanza, sobre todo en países en desarrollo más pobres. 
Pero es necesario mantener la integridad del proceso y de lo que intentamos hacer. 
Me niego a pensar que deberíamos fundamentar las conclusiones de nuestras misiones de observación del proceso electoral en consideraciones políticas. 
Si se piensa que politizamos este proceso, dejará de tener importancia y francamente dejará de ser el instrumento valioso que en estos momentos es para el desarrollo y la mejora de la democracia. 
Aunque a algunos les parezca conveniente expurgar las conclusiones de las misiones, aunque a algunos les parezca inconveniente decir la verdad sobre lo que han visto observadores experimentados sobre el terreno, hemos de dejar claro en todo momento que nuestras misiones de observación del proceso electoral tienen la tarea de contar las cosas tal y como son. 
A este respecto tenemos datos tan buenos como cualquier otro y no quisiera tener que retractarme de esto ni un centímetro. 
Una vez más quisiera rendir homenaje a su Señoría y a todos quienes han trabajado con él. 
Han hecho un trabajo extraordinario y espero que en los próximos años la Asamblea siga proporcionando jefes igualmente eficaces para estas misiones. 
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias a la Comisión por responder a esta resolución sobre Nigeria y también al Sr. van den Berg por sus informes y por el enorme volumen de trabajo que ha realizado como observador jefe mientras estuvo en Nigeria. 
Su informe es objetivo, justo y sincero, y me parece decepcionante que el informe del Consejo, quizá por motivos obvios, no sea tan firme en sus comentarios. 
En el futuro espero que las instituciones lo intenten y hablen con una sola voz. 
Tal y como acaba de decir el Sr. Comisario, tenemos que ser francos y condenar lo que está mal, o la observación no tiene sentido. 
Las elecciones de Nigeria han sido un ejemplo clásico de lo importante que es la observación del proceso electoral por parte de las instituciones de la Unión Europea y lo importante que es contar con observadores en los colegios electorales. 
La visión de los observadores no solo garantiza que se identifican las faltas, sino que también demuestra a los votantes que el mundo exterior está interesado en asegurarse de que se respetan las normas y de que se está dando una oportunidad a la democracia y a la libertad de elección. 
Siempre me ha parecido difícil transponer un procedimiento electoral del estilo europeo a algunos países en desarrollo, pues no tienen la capacidad para preparar adecuadamente el papeleo. 
Es aquí donde desde Europa podríamos contribuir aumentando nuestra ayuda a la consolidación de los procedimientos. 
Resulta muy decepcionante que algunas regiones hayan demostrado un desprecio tan descarado por la honestidad y la transparencia, lo que ha documentado perfectamente el observador jefe. 
Convendría que los organismos correspondientes adoptaran medidas para rectificar estas anomalías y nosotros aquí seguiremos supervisando lo que ocurre. 
El Presidente Obasanjo puede llegar a ser uno de los grandes líderes de la nueva África y el comportamiento de algunos de sus seguidores no debería manchar su imagen. 
Nigeria es uno de los países más grandes y uno de los países potencialmente más ricos del África subsahariana. 
Con gobernanza puede servir de ejemplo no solo en la región, sino también en todo el continente. 
Sin embargo, para ello debe dejar de lado las diferencias étnicas del norte y del sur, prohibir los extremos de la ley sharia y colaborar en aras de la prosperidad económica. 
En la Unión Africana y la NEPAD, Nigeria puede desempeñar un papel protagonista a la hora de construir una África regenerada al amparo del Acuerdo de Cotonú, y por ello es decepcionante que en estas elecciones no diera un ejemplo mejor. 
Hubo deficiencias descaradas y evidentes, tanto antes como durante las elecciones, pero debemos mirar al futuro, a la vez que corregimos los errores del pasado, con leyes cuando sea necesario, y debemos animarle a hacerlo. 
El informe del observador jefe debería indicar la dirección correcta. 
Sinceramente espero que Nigeria tome nota y adopte medidas. 
En relación con este debate he recibido cinco propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0097/2003). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Una cuestión de orden del Sr. Ortuondo, que tiene la palabra durante un minuto. 
Señor Presidente, quiero hacer referencia a los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea que señalan, respectivamente, que esta se basa en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. 
Y que, a propuesta del Parlamento o de la Comisión, el Consejo podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro respecto de dichos principios. 
Todo ello quiere decir, jurídicamente, que la posible violación de derechos y libertades por parte de un Estado es competencia de las instituciones europeas. 
Pues bien, quiero protestar y denunciar enérgicamente el atropello antidemocrático e ilegal que he recibido del Sr. Pat Cox, Presidente del Parlamento, quien se ha negado a incluir en este periodo parcial de sesiones dos preguntas que yo he presentado en relación con dos posibles violaciones del Estado de Derecho, de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte del Sr. Aznar y de su Gobierno español. 
En primer lugar, por una supuesta falta de respeto a la separación de poderes, dada su manifestación pública indicando al Tribunal Supremo español que debería acordar la anulación de 240 candidaturas electorales que ya habían sido legalmente admitidas por los tribunales electorales comunes y ordinarios, y, en segundo lugar, por hacer una ley que prohíbe a los presos vascos matricularse y examinarse en la Universidad pública del País Vasco, la única que imparte enseñanza en lengua vasca, lo cual puede constituir un atentado contra el derecho a la diversidad lingüística. 
Señor Ortuondo, ya ve que tiene aquí voz para hacer una cuestión de orden que a mí me parece improcedente por los temas que usted ha querido tratar en un turno de preguntas; y tengo que recordarle que el Presidente Cox, lo que ha decidido es cumplir el Reglamento, y el Reglamento del turno de preguntas deja bien claro, en varios apartados, que no se puede hacer en las preguntas afirmaciones y juicios, que en algunos casos, resultan, por lo menos, temerarios. 
Le voy a poner un ejemplo menos dramático de lo que usted ha querido hacer hoy; esto, como el fútbol, tiene un Reglamento; hay que cumplir el Reglamento, porque si no, se queda uno fuera de juego. 
Hay cauces para plantear todo lo que usted quiera plantear, pero de acuerdo con los Reglamentos que democráticamente nos hemos dado. 
Puede hacer usted, como pide, una réplica, pero muy breve, por favor. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto a los reglamentos. 
El Sr. Presidente me dice que esta cuestión no es competencia del Consejo, pero los artículos 6 y 7 del Tratado señalan que sí lo es, y también del Parlamento. 
Por eso he preguntado. 
En segundo lugar, quiero que quede constancia de que no he hecho en mis preguntas afirmaciones de ningún tipo. 
Son meramente preguntas, y ahí está el texto, que puede ser leído. 
Quiero que quede constancia, también, que yo comparto los planteamientos del Presidente Cox, que creo que ha actuado conforme al Derecho parlamentario y al Reglameno. 
Pregunta nº 1 formulada por Sarah Ludford (H-0291/03): 
Asunto: Tráfico de seres humanos 
Los ministros del Consejo de la UE y los Jefes de Estado y de Gobierno han instado una vez más a la acción contra el tráfico de personas en la declaración de la Conferencia celebrada en Atenas el 17 de abril de 2003. 
¿Por qué no han ratificado todos los Estados miembros el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada? 
¿Por qué no ha adoptado el Consejo la propuesta de Directiva sobre un permiso de residencia temporal para las víctimas de este tráfico mientras que éstas cooperan con la acusación para llevar a la cárcel a las bandas criminales? 
¿Por qué algunos Estados miembros tardan hasta un año en contestar a las peticiones de asistencia jurídica a la acusación por parte de países de Europa oriental? 
¿Por qué tienen lugar deportaciones inmediatas de víctimas, que cogen desprevenidos a los países de origen y a organizaciones internacionales como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) , en vez de aplicar una política coordinada de asistencia al regreso? 
El Consejo desea recordar a su Señoría que, aunque la lucha contra la el tráfico de seres humanos es un tema de gran importancia para la Unión Europea, no se menciona expresamente en la declaración del Consejo Europeo del 16 de abril de 2003. 
En su pregunta, su Señoría toca determinados puntos, sobre los cuales el Consejo desea comentar lo siguiente: 
En su declaración de Atenas del 16 de abril de 2003, el Consejo Europeo reiteró los valores en los que se basa la Unión Europea y confirmó su intención de continuar defendiendo los derechos humanos fundamentales, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
El Consejo Europeo se comprometió específicamente a seguir combatiendo todos los tipos de discriminación, como se puede ver por el trabajo actualmente en curso en relación con la lucha contra el racismo y la xenofobia o incluso el comercio de órganos humanos. 
La ratificación del protocolo adicional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, firmado en Palermo en diciembre de 2000, es una cuestión de soberanía nacional para los Estados que lo firmen. 
Por lo tanto, el Consejo invita a su Señoría a que se ponga directamente en contacto con las autoridades competentes. 
La propuesta de directiva del Consejo sobre los permisos de residencia de corta duración concedidos a las víctimas de la inmigración ilegal organizada o de la trata de personas que colaboran con las autoridades competentes acapara la atención del Consejo. 
Se ha comenzado a estudiar la directiva y el trabajo proseguirá en combinación con las distintas prioridades establecidas por el Consejo Europeo y los recursos disponibles. 
En cuanto a la pregunta final, el Consejo desea apuntar que no es de su competencia responder a preguntas sobre los métodos utilizados por las autoridades nacionales de los Estados miembros para repatriar a personas que hayan sido víctimas de este tipo de tráfico. 
Lamento decir que me parece una respuesta poco convincente. 
Lo siento si he cometido un error sobre el contenido de la conferencia del 17 de abril, pero sin embargo, en muchas ocasiones, los Ministros de la Unión Europea en el Consejo han reclamado que se luche contra el contrabando de personas, el tráfico de seres humanos y las bandas criminales. 
Me ha decepcionado que el Ministro haya sido incapaz de responder a la mayoría de mis preguntas, diciendo que no tienen nada que ver con el Consejo y que competen más a los Estados miembros. 
Pensaba que en virtud del Título VI del Tratado de la Unión Europea, sobre cooperación policial y judicial en asuntos penales, el Consejo podría al menos coordinar y dar una respuesta completa. 
La motivación que subyace a mi pregunta es la laguna existente entre el dicho y el hecho. 
Parece ser una prioridad policial de poca importancia en la mayoría de los Estados miembros. 
El problema es que estas mujeres son víctimas e inmigrantes ilegales, pero la mayoría de los Gobiernos las tratan principalmente solo como inmigrantes ilegales. 
Con ello se pasan por alto dos objetivos: darles protección y atrapar a las bandas traficantes. 
Los Gobiernos han de decidir si realmente quieren atrapar a los traficantes, o si solo quieren obtener titulares sobre cuántos inmigrantes ilegales han deportado. 
A menos que no tomen esta decisión, nunca podrán controlar a los traficantes. 
A pesar del hecho de que no hay ninguna pregunta nueva, me gustaría señalar que todos los esfuerzos que se están realizando en el Consejo y por parte de la Comisión Europea para desarrollar la política de lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia organizada, tanto a nivel general como en países concretos- me refiero a los Balcanes y también a otros países -, evidentemente también tiene como uno de sus puntos de referencia básicos el fenómeno planteado por su Señoría. 
Por consiguiente, a través de estas políticas, el objetivo es precisamente combatir este tipo de fenómenos, que el Consejo también reconoce son particularmente problemáticos en la Europa de nuestros días, y nosotros debemos hacer lo que podamos por combatirlos. 
Comparto la idea que subyace a la pregunta de la Sra. Ludford de que estas personas son víctimas e inmigrantes ilegales. 
Ha preguntado acerca de una política coordinada de asistencia al regreso. 
En esta cuestión el Consejo tiene competencias. 
¿Llevarán el Presidente en ejercicio y el Consejo a la Cumbre de Salónica la idea de una inmigración controlada, mencionada en la Cumbre de Tampere, es decir, una política más coordinada y elaborada para todos los Estados miembros, tal y como refleja la pregunta de la Sra. Ludford? 
La Presidencia ha planteado la cuestión de la necesidad de coordinar las políticas de la Unión sobre la inmigración ilegal con la política de asilo y la necesidad de una política integrada. 
Se han tomado decisiones paso a paso en los últimos meses, como fue también el caso durante la Presidencia anterior. 
Este es un terreno político nuevo para la Unión. Nosotros lo apoyamos y esperamos que las cuestiones relacionadas con este fenómeno también sean tratadas con eficacia por las sucesivas Presidencias. 
Señor Presidente, le pido que tenga el minuto de paciencia reglamentario que necesito para explicar mi posición. 
En el orden del día de hoy figura una pregunta del Sr. Sacrédeus- que apoyo- sobre la violación de los Derechos Humanos en Cuba. 
Está claro que elaborar las medidas para la liberación de los presos políticos en Cuba no es competencia del Consejo. 
Es evidente, pero esta pregunta ha sido admitida. 
En cambio, este diputado formuló primero una pregunta sobre las muertes de manifestantes causadas por las tropas de los Estados Unidos en el Iraq- trece muertos en una población del Iraq- y se me dijo que contenía juicios de valor. 
Modifiqué la pregunta, para suprimir los juicios de valor, y de nuevo me contestan que no es admisible, porque pregunto si el Consejo se interesó por la muerte de manifestantes, sobre todo teniendo en cuenta que las tropas de los Estados Unidos estaban apoyadas por Estados miembros de la Unión Europea. 
Me pregunto por qué no es admisible una pregunta sobre el Iraq y sí lo es- cosa que considero legítima, porque esta es una cuestión universal- una sobre Cuba. 
Señor Presidente, me parece- porque no es la primera vez que esto pasa- que hay una censura sobre el Iraq, cosa que es inadmisible. 
En todo caso, exijo una contestación, porque me veo imposibilitado para tratar en esta Cámara universal problemas que nos afectan directamente. 
En todo caso, pido explicaciones por esta discriminación, señor Presidente. 
Señor Nogueira, el Presidente de sesión no hace ningún juicio, ni entra en debate sobre las preguntas que hacen los señores Diputados y que han sido admitidas a trámite; por lo tanto, no voy a comparar su pregunta, que no aparece en el orden del día, con la pregunta del Sr. Sacrédeus. 
El Presidente del Parlamento ha tomado una decisión, usted le ha escrito, ha hablado en un Pleno sobre este tema, le han contestado y puede usted ponerse en contacto con el Presidente del Parlamento si lo cree oportuno. 
Sobre el Iraq se ha hablado largo y tendido en este hemiciclo, usted hace referencia al tema; se ha hablado sin ninguna censura; ha habido, como es lógico, total libertad de expresión de todos los grupos políticos y de los diputados en presencia del Consejo y de la Comisión, y yo le ruego que no convierta una cuestión de orden en una cuestión de desorden. 
Permita usted ahora que los colegas que hacen preguntas puedan efectivamente hacerlas. 
Esto no es un debate sobre las preguntas que se admiten y las que no, es un debate sobre las preguntas que están en el orden del día. 
Tiene usted 15 segundos para decir su última palabra. 
Primero, le ruego que transmita al Presidente del Parlamento mis palabras y, segundo, he hablado sobre una segunda contestación que es nueva, que es para esta sesión. 
No es la anterior, es una nueva, me han rechazado por segunda vez una pregunta modificada. 
En todo caso, le ruego que transmita al Presidente del Parlamento mis palabras íntegramente para que actúe en consecuencia, porque yo no quiero armar aquí ningún desorden, defiendo el derecho legítimo de los diputados a tratar problemas que nos afectan y, en todo caso, que afectan a la humanidad. 
El Sr. Presidente conocerá sus palabras de la forma que más crédito puede tener: por el Acta. 
No haré yo de transmisor; conocerá el Acta y conocerá sus palabras con toda exactitud, como conoce sus cartas. 
Pregunta nº 2 formulada por Alexandros Alavanos (H-0292/03): 
Asunto: Red de vigilancia epidemiológica 
Mediante la Decisión 2119/98/CE 
El Consejo Extraordinario sobre Empleo, Política Social, Salud y Asuntos del Consumidor, que tuvo lugar el 6 de mayo de 2003, aprobó conclusiones en las que, habiendo examinado cuidadosamente la situación del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) , tanto dentro de la Unión Europea como en el mundo entero, y las distintas medidas tomadas para hacerle frente, confirmaron la importancia de una rápida evaluación de la situación y revisar la acción futura. 
El Consejo considera que la red de vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad ha proporcionado una base muy efectiva para el rápido intercambio de información dentro de la UE y para la respuesta coordinada, en la cual los países en vías de adhesión han participado activamente. 
El Consejo recordó que la aplicación de las medidas de protección de la salud es competencia de las autoridades de los Estados miembros y confirmó los beneficios de una coordinación eficaz de dichas medidas a través del Comité de la Red de Vigilancia Epidemiológica. 
También apoya las orientaciones relativas a las acciones inmediatas y futuras acordadas el 10 de abril por parte del Comité de la Red de Vigilancia Epidemiológica, que resumo a continuación: 
Detección rápida de todos los casos sospechosos de SRAS a través de una buena vigilancia. 
Protección de todas aquellas personas en riesgo de infección a través del aislamiento efectivo de los pacientes de SRAS en hospitales, inclusive medidas de protección de los cuidadores. 
Los viajes aéreos merecen una atención especial, ya que han sido un factor importante en la propagación del SRAS, fundamentalmente a través de un control estandarizado de los pasajeros que salen de las zonas afectadas, consejos a los pasajeros a bordo e información efectiva en los aeropuertos de entrada para los pasajeros procedentes de las zonas afectadas. 
La particular importancia de sensibilizar a los profesionales y al público, así como informar de modo puntual y preciso e intercambiar información con otros países, en particular los miembros del EEE/AELC, los países en vías de adhesión y los países candidatos, además de la OMS. 
Asimismo habría que desarrollar la cooperación con otros socios, como las compañías aéreas. 
El Consejo anima a los Estados miembros y a los países en vías de adhesión a que apliquen efectivamente las orientaciones de cara a acciones inmediatas y futuras por parte del Comité de la Red y contribuyan activamente a la creación de un grupo específico de expertos sobre el SRAS en el seno del Comité de la Red, con el fin de desarrollar modalidades comunes y orientaciones sobre medidas sanitarias en toda Europa. 
El Consejo subrayó la necesidad de una cooperación continua entre los Estados miembros, la Comisión y la OMS e hizo un llamamiento a los Estados miembros para garantizar, entre otras cosas: 
Una pronta y eficaz identificación de todos los casos sospechosos y probables de SRAS, así como su aislamiento adecuado en hospitales. 
Protección adecuada del personal hospitalario que trate a los pacientes. 
Proporcionar orientación e información a los trabajadores sanitarios y a los ciudadanos. 
Medidas coherentes en toda la Unión Europea, para proporcionar y conseguir información, así como la posibilidad de localizar a los viajeros internacionales que lleguen o se encuentren en tránsito procedentes de las zonas afectadas. 
Información oportuna y precisa, e intercambio de información con la Comisión, la OMS, otros países y otros socios (por ejemplo, las compañías aéreas). 
Por último, el Consejo anima a la Comisión a que: 
Continúe coordinando la acción de la UE en relación con el SRAS. 
Revise regularmente las orientaciones de cara a las acciones inmediatas y futuras, en particular a la luz de los consejos de la OMS. 
Se plantee desarrollar un plan de respuesta general a enfermedades transmisibles y otros peligros para la salud. 
Coordine y cree una red de laboratorios especializados. 
Respalde económicamente la investigación y el desarrollo de pruebas diagnósticas validadas, intervenciones terapéuticas y vacunas. 
El Consejo revisó la situación y los avances en su reunión del 2 de junio de 2003, tomó nota del informe de situación de la Comisión sobre los últimos avances en relación con el SRAS e intercambió puntos de vista sobre la situación actual. 
Todos los Estados miembros aprobaron el informe de la Comisión y las iniciativas tomadas o proyectadas en este ámbito. 
La Presidencia subrayó la importancia de la coordinación del intercambio de información a escala europea, teniendo en cuenta la naturaleza transfronteriza del SRAS. 
Mi pregunta se planteó antes de que se decidiera convocar el Consejo de Ministros de Sanidad en el mes de mayo y quiero decir que la respuesta del Presidente en ejercicio ha sido tan completa y extensa que no hay necesidad de formular una segunda pregunta. 
Pregunta nº 3 formulada por Bernd Posselt (H-0300/03): 
Asunto: UE- Ucrania 
¿Qué opina el Consejo de la situación actual de las relaciones entre la UE y Ucrania? ¿Qué iniciativas ha tomado la Presidencia para intensificar la cooperación de la UE con los Estados ribereños del Mar Negro? 
La Unión sigue de cerca los acontecimientos acaecidos en Ucrania y reconoce los logros de dicho país en los últimos años en constituirse como un país europeo independiente y democrático con una economía de mercado. 
Ucrania es un socio estratégico importante y pronto se convertirá en un país fronterizo de la UE. 
La Unión aborda de manera positiva los objetivos europeos de Ucrania, pero subraya que el avance de las relaciones entre la UE y Ucrania depende, entre otras cosas, del resultado favorable de sus reformas internas en curso. 
El nuevo Gobierno de coalición y la cooperación entre la mayoría y la oposición en el Parlamento ucraniano en ciertos ámbitos legislativos pueden considerarse signos positivos. 
El Gobierno y el parlamento colaboran para adaptar la legislación nacional al acervo comunitario. 
A pesar de esto, aún queda mucho por hacer. 
En particular, son necesarias algunas reformas en el ámbito de los medios de comunicación y el sector judicial. 
La situación en relación con la exportación de armamento, incluida Kolchuga, aún está por clarificar. 
La candidatura ucraniana a la OMC es un paso importante en el desarrollo del país, pero las normas de la OMC deben respetarse y aplicarse. 
En este marco, tanto las políticas como las importantes reformas estructurales siguen estando pendientes. 
La cooperación entre la UE y Ucrania se basa en el acuerdo de asociación y cooperación que establece el marco legal para la cooperación en un amplio abanico de sectores. Yo mencionaría especialmente, entre otros, la energía, el comercio y la inversión, la justicia y asuntos de interior, el acercamiento legislativo, el medio ambiente, el transporte y la cooperación regional y transfronteriza. 
La UE continuará prestando ayuda en el marco del programa TACIS, que se basa en las prioridades acordadas entre ambas partes. 
Con la iniciativa de la «Gran Europa» , la UE ha dado un paso importante con respecto al refuerzo de la cooperación con Ucrania, que se convierte en país vecino tras la ampliación. 
En el marco de esta iniciativa se define un claro programa de acción relativo a las relaciones de vecindad a medio plazo con la Unión, con vistas a promover políticas para el acercamiento político y la gradual realización conjunta de estructuras sociales y económicas, así como un creciente impulso político, económico y cultural sobre la base de valores comunes. 
Los servicios competentes del Consejo elaboran actualmente medidas específicas para implementar esta iniciativa. 
La Unión apoya firmemente la cooperación regional en Europa y más allá de ella, por lo que está animando a los Estados del Mar Negro a que promuevan buenas relaciones de vecindad a través del pacto de Cooperación Económica del Mar Negro. 
Esta organización regional proporciona un importante impulso, contribuyendo así en gran medida a la aplicación del pacto de estabilidad para el Sureste de Europa. 
Mediante la promoción de la cooperación económica para prevenir conflictos, esta organización busca resolver las controversias de forma pacífica sobre la base de los principios de la OSCE. 
La Unión toma nota con satisfacción de estos avances y apoya la integración de los Estados participantes en la economía europea. 
Señor Presidente, le agradezco su excelente respuesta. 
Baviera mantenía, en efecto, una estrecha cooperación con Ucrania ya antes del desmoronamiento de la Unión Soviética, y con el colega Radwan impulsamos justamente con fuerza el comercio exterior bávaro con Ucrania. 
Pero el comercio y la economía necesitan un marco. 
Por esto quisiera formular dos preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿en qué medida se va a intensificar la aplicación del programa TACIS y se va a concentrar en la consolidación de las instituciones y la formación de nuevas capas dirigentes, más jóvenes, en los ámbitos del Estado, la justicia y la administración? 
Esta es, en efecto, la verdadera carencia que impide que funcione la economía. 
El marco jurídico-estatal no funciona. 
La segunda pregunta concreta, señor Presidente, es la siguiente. Usted se ha referido a la situación geoestratégica. 
Los estados del sur del Cáucaso tienen, naturalmente, un papel importante en este contexto, aunque no vayan a ser vecinos directos de la UE. 
Quisiera preguntarle: ¿qué papel desempeña el Cáucaso meridional en el contexto de la cooperación en el Mar Negro? 
En efecto, la institucionalización es un elemento muy básico de cara al progreso y la reforma en estos países. 
Sin embargo, espero que su Señoría comprenda que la creación de instituciones tiene que ver también con los esfuerzos internos de cada país para responder a las necesidades de reforma. 
Un programa como TACIS o cualquier otro puede, como mucho, desempeñar un papel auxiliar en este sentido. 
No puedo dar una respuesta sin más acerca de si se intensificará desde el punto de vista económico. 
Me reservo con mucho gusto el derecho de responder por escrito. 
En cuanto al Cáucaso, la Presidencia ha tomado nota de la gran importancia de los países de esta región y la necesidad de desarrollar nuestra cooperación y nuestras relaciones con estos países. 
Sin embargo, dichos países tienen enormes problemas, por lo que, en mi opinión, el plan de acercamiento es un plan a largo plazo en el marco de la política exterior de la UE. 
Confío en que las sucesivas Presidencias continúen realizando este esfuerzo, tal como nosotros hemos tomado ciertas iniciativas en este sentido durante nuestra Presidencia, ya que realmente creemos que vale la pena. 
Quiero preguntar a la Presidencia griega cómo ve el Consejo el hecho de que Ucrania sea un país peligroso para que los periodistas trabajen en él. 
Asimismo me pregunto cómo considera el Consejo el hecho de que el paradero de diez periodistas, entre ellos Georgij Gongadze, que es crítico con el gobierno, siga siendo una incógnita y un caso no investigado. 
Como saben, desconocemos el paradero de algunos periodistas en Ucrania. 
No puedo responder de forma general si es peligroso que los periodistas trabajen allí; sin embargo, es particularmente preocupante que ocurran incidentes de este tipo. 
Se trata de un tema que también apuntamos en las declaraciones públicas realizadas en conferencia de prensa por mí mismo y por el Alto Representante, el Sr. Solana, cuando visitamos Ucrania en el marco de las relaciones de cooperación, durante la reunión que mantuvo la troika hace algunos meses. 
Señor Presidente, Señorías, ¿Cómo valoran ustedes, de hecho, los esfuerzos que está realizando Ucrania en relación con la Organización Mundial de Comercio? 
No puedo proceder a evaluar los esfuerzos realizados por Ucrania en relación con la Organización Mundial del Comercio. 
Por favor, plantee su pregunta a la Comisión. 
Sin intentar hacer ningún juicio sobre las preguntas que ustedes realizan, les ruego a todos los señores diputados que hagan preguntas complementarias, estrictamente relacionadas con la pregunta que se ha hecho, porque algunas no parecen complementarias, y sabe el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo que, en ese caso, no tiene ninguna obligación de contestar. 
Pregunta nº 4 formulada por Ioannis Marinos (H-0309/03): 
Asunto: Problemas de financiación del programa GALILEO 
Según un artículo del periódico Financial Times (28.4.2003) , el ambicioso programa europeo de navegación por satélite GALILEO va a demorarse aún más debido a divergencias relativas a su financiación. 
El citado artículo menciona incluso que, el 25 de abril de 2003, se celebró una reunión de la Agencia Espacial Europea (E.S.A.) en la cual no se alcanzó un consenso a la hora de destinar 550 millones de euros a la financiación del mencionado programa. 
¿De qué modo puede convencer el Consejo a los pueblos de Europa, y no solo a ellos, de que la UE tiene la voluntad política de materializar objetivos mucho más ambiciosos y costosos, como por ejemplo la política común de defensa de la Unión, cuando siguen en punto muerto programas como GALILEO, diseñado con miras a lograr la independencia de la Unión respecto de la infraestructura de navegación por satélite de los Estados Unidos? 
El Consejo otorga especial importancia a la implementación del programa Galileo en condiciones óptimas. 
El Consejo acoge favorablemente el acuerdo que se ha alcanzado finalmente entre los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea y que también pone fin a las dificultades de la Agencia hasta la fecha en cuanto a la cofinanciación del programa Galileo, por lo que permite proseguir con el programa y alivia las preocupaciones de los socios que han realizado, y seguirán realizando, importantes inversiones en términos de tiempo, mano de obra y recursos económicos para estudios, diseños y programas en la etapa de predesarrollo. 
De forma similar, el Consejo desea señalar que no está autorizado a intervenir en decisiones de una agencia intergubernamental como la Agencia Espacial Europea, aunque la gran mayoría de los países que participan en ella (13 de 15 miembros en total) sean también miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, esta misma pregunta la planteé antes de que se alcanzara este acuerdo, que allana el camino para la realización de este programa muy importante. Personalmente, estoy encantado de que esto haya sucedido durante la Presidencia griega, dado que soy griego, y además siento un profundo respeto por el Presidente en ejercicio que me ha contestado. 
Una vez eliminado este obstáculo, me gustaría pedir al honorable Presidente en ejercicio que nos dijera qué cantidad calcula que se invertirá en el programa Galileo, si todos los miembros de la Unión Europea participarán en él y en qué proporción, cuándo comenzará el procedimiento para promover su implementación y cuándo calcula que empezará a prestar sus servicios, que es lo más importante, y si solo será de índole europea o también mundial. 
Asimismo, quisiera pedirle que nos dijera si las objeciones de los Estados Unidos han sido respondidas y si, de hecho, como mantiene la parte norteamericana, habrá peligro de que Galileo interfiera en las frecuencias GPS, que de hecho dan prioridad a las necesidades militares. 
No puedo responder ahora mismo a todos estos detalles. 
Estos son temas de la Comisión. 
Existen varias evaluaciones que se han discutido en diferentes ocasiones y evaluaciones realizadas por investigadores independientes. 
Rogaría a su Señoría que planteara esta pregunta a la Comisión. 
Yo con mucho gusto remitiré por escrito cualquier información de que disponga el Consejo en respuesta a la pregunta que ha planteado. 
. (DE) Señor Presidente, espero que tenga sentido dirigir mi pregunta al Consejo, puesto que los Estados miembros continúan teniendo competencias en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
Quisiera señalar ya ahora que, si bien el programa GALILEO es ante todo un proyecto privado, del que también deseamos obtener servicios privados, sin embargo, en el contexto de un proyecto común de una política exterior y de seguridad reforzada de la Unión Europea, deberíamos empezar a marcar ya una orientación que permita que en el futuro se pueda disponer de servicios de infraestructura e información a escala europea y adquirirlos. 
Hasta ahora carecemos, lamentablemente, de esa infraestructura. 
Se habla de una fuerza de intervención rápida y, para poder disponer en el futuro de capacidad de actuación política exterior, deberíamos poder recurrir al programa GALILEO y es necesario que así sea. 
Por esto, habría que establecer una sección para ello y esto sin duda también le interesa al Consejo. 
Estoy de acuerdo en que el programa Galileo tiene también una dimensión política, razón por la cual también ha sido promovido por el Consejo. 
No obstante, el programa Galileo tiene también una vertiente comercial muy marcada, y me gustaría señalar que sin embargo el Consejo está interesado en que progrese, que sea capaz de soportar las condiciones competitivas y económicas del mercado y que siga siendo viable. 
Pregunta nº 5 formulada por Paulo Casaca (H-0312/03): 
Asunto: Lista de organizaciones terroristas 
Como responsable del desarme de la resistencia armada iraní (los Muyahidin Jalq o Combatientes del Pueblo) , el General Odierno declaró (Agencia France Press, 11.5.2003) que la cooperación de este grupo con las fuerzas de los EE.UU. y su compromiso con la democracia en el Irán significa que Washington debería reconsiderar su estatuto como "organización terrorista". 
Asimismo añadió que una organización que entrega su armamento a la coalición está demostrando claramente su cooperación y que creía que esta circunstancia deberá conducir a una reconsideración de la inclusión de los Muyahidin en la lista de organizaciones terroristas. 
Ésta es solamente una nueva confirmación del hecho de que no existe razón alguna para que sigan figurando los Muyahidin Jalq en la lista de organizaciones terroristas. 
¿Cuándo tiene intención el Consejo de retirar a los Muyahidin Jalq (Combatientes del Pueblo) de la lista de organizaciones terroristas? 
Estoy de acuerdo con el apartado 6 del artículo 1 de la Posición Común 2001/931/CFSP sobre la aplicación de medidas especiales para luchar contra el terrorismo. 
Los nombres de personas, grupos y agencias incluidos en la lista son revisados por la Comisión regularmente al menos cada seis meses, para confirmar que su inclusión en la lista está justificada. 
Durante la última revisión, les puedo informar de que el Consejo confirmó la inclusión de la organización iraní Muyahidin Jalq, también llamada Combatientes del Pueblo. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pero se ha limitado a decir lo que todos sabíamos. 
Lo que no ha explicado, y me gustaría que lo hiciese aquí, es cómo es posible que una organización que nunca fue condenada, ni siquiera acusada, de ningún delito terrorista o de otro tipo en territorio europeo figure en dicha lista, mientras, por ejemplo, Irán, país de origen de un diplomático que ya fue condenado por un tribunal en Alemania por atentado terrorista, no figura en la misma; al contrario, ese país está fomentando la ilegalización y la inclusión en las listas de las organizaciones que se le oponen. 
Este es el problema y sobre él me gustaría que se pronunciase el Consejo, aclarando la situación al Parlamento y a los ciudadanos europeos. 
El Consejo ha juzgado que, sobre la base de una evaluación de todos lo factores, esta organización debe ser incluida en la lista. 
Asimismo, deseo señalar que esta evaluación se basó en la información facilitada a los Estados miembros de acuerdo con los procedimientos establecidos y que existe una decisión colectiva sobre esta cuestión. 
La respuesta del Consejo es bastante interesante en la medida en que es bastante difícil comprender los criterios según los cuales el Consejo juzga si una organización debe considerarse o no una organización terrorista. 
Creo que las normas de un proceso justo y equitativo deberían permitir que las diversas organizaciones tengan al menos un derecho de recurso a los tribunales. 
El Parlamento tiene derecho a ser informado del expediente utilizado por el Consejo tomar su decisión. 
Por lo tanto, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tengo unas cuantas preguntas muy concretas. 
¿Estaría dispuesto el Consejo a facilitar al Parlamento Europeo el acta de acusación relativa a todas las organizaciones que considera terroristas? 
¿Podría definir asimismo los criterios que le llevan a considerar que un grupo es terrorista o no? 
Sabemos que los rusos acaban de pedir que se incluya en la lista de organizaciones terroristas a tres grupos chechenos, de las cuales dos son totalmente inexistentes. 
Este es un caso particularmente interesante, dicho sea de paso. 
La Posición Común a la que me refería contempla todos los criterios que se tienen en cuenta para introducir nombres, agencias o personas en la lista. 
Quisiera recordarles que la decisión sobre quién debe incluirse en la lista la adoptan funcionarios de la judicatura que son independientes de cada Estado miembro de la Unión Europea y que proporcionan todas las garantías de un juicio correcto sobre la materia, ya que se trata sin duda de una cuestión delicada. 
Señor Presidente, esta segunda respuesta no es nada convincente: sabemos perfectamente que no hay procedimientos claros para la inscripción en la lista de organizaciones terroristas. 
El Sr. Dupuis ha pedido con gran claridad saber qué procedimientos de recurso existen en contra de la inclusión en la lista. 
La verdad es que, tanto para figurar en la lista como para ser tachado, el único criterio que hay es la valoración política. 
Habría que volver a formular, por tanto, la pregunta. 
Se pide simplemente al Consejo que se pronuncie sobre esta valoración política, sobre este hecho político nuevo: ¿es un cambio político tan importante que justifica realmente la revisión del papel de esta organización? 
No tengo nada más que añadir a lo que he dicho. 
Los criterios y procedimientos están previstos y son claros. 
El organismo competente juzgó que debería mantenerse en la lista y, por consiguiente, no tengo ninguna crítica que hacer al respecto. 
Pregunta nº 6 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0313/03): 
Asunto: Violación de los derechos humanos en Cuba 
En marzo de este año fueron encarcelados 78 opositores en Cuba. 
Los juicios sumarios, sin posibilidad de una defensa justa y sin la presencia de personas independientes, se celebraron en abril, tras los cuales, se dictaron sentencias de entre 15 y 28 años. 
Los presos cumplen su condena en condiciones casi inhumanas, en celdas de aislamiento o junto con criminales peligrosos, con frecuencia, tan lejos de sus casas que resultan imposibles las visitas de los familiares. 
Estas condiciones suponen una clara violación de los derechos humanos. 
¿Qué medidas tiene el Consejo intención de adoptar para lograr la liberación de los presos políticos en Cuba? 
¿Qué acciones se están llevando a cabo para que los presos cubanos reciban un trato mejor y sean trasladados a cárceles más cercanas a sus casas? ¿Qué medidas está previsto adoptar para ayudar a los presos y sus familiares? 
¿Qué repercusiones tendrán los encarcelamientos para la continuación de las negociaciones sobre la posible admisión de Cuba en el grupo ACP? 
Tal como respondió el Consejo a la pregunta? -0243/03 en el turno de preguntas durante el periodo parcial de sesiones de mayo del Parlamento Europeo, en cuanto se conoció la reciente oleada de arrestos, la Presidencia, en nombre de la Uni? n Europea, emitió una serie de declaraciones públicas y realizó intensas gestiones ante La Habana. 
En sus contactos bilaterales con las autoridades cubanas, los Estados miembros también protestaron enérgicamente por los arrestos y ejecuciones. 
El Consejo acoge favorablemente la resolución del Parlamento Europeo del 10 de abril, que reafirmaba la postura clara de la Unión en contra de estas medidas. 
En su reunión del 14 de abril, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones: 
«El Consejo condena las recientes actuaciones de las autoridades cubanas, especialmente las ejecuciones, las detenciones masivas de disidentes, los juicios injustos y las sentencias arbitrarias y excesivas dictadas. Insta la liberación inmediata de todos los presos políticos. 
Estos últimos acontecimientos, que marcan un nuevo deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, afectarán a las relaciones de la UE con Cuba y a las perspectivas de una mayor cooperación. 
El Consejo seguirá atentamente la evolución de la situación.» 
La Unión ha apoyado igualmente las resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, aprobadas en el marco de la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Como comentario general, la Presidencia de la Unión publicó la siguiente declaración, en la que afirmaba que la UE condena los arrestos a gran escala, los injustos juicios sumarios y las arbitrarias y excesivas condenas impuestas a numerosos disidentes por expresar pacíficamente sus opiniones políticas, religiosas y sociales y porque estaban ejerciendo su derecho a una participación plena e igualitaria en la vida pública. 
Por consiguiente, la UE exige que esas personas, a quienes considera presos de conciencia, sean puestas en libertad sin más demora y pide que se libere a todos los presos políticos. 
Asimismo está muy preocupado por la continua represión de miembros de la oposición. 
La UE condena rotundamente las recientes ejecuciones de ciudadanos cubanos llevadas a cabo tras juicios sumarios y expresa su pesar por el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte en el país. 
Estos últimos acontecimientos, que marcan un nuevo deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, afectarán a las relaciones de la UE con Cuba y a las perspectivas de una mayor cooperación. 
La UE seguirá con suma atención las violaciones de los derechos individuales y políticos, que siguen afectando a las relaciones de la UE con Cuba. 
La UE seguirá de cerca la evolución de la situación, en especial en cuanto al posible ejercicio del recurso jurídico para las 78 personas convictas. 
También me gustaría señalar que la Unión sigue realizando esfuerzos por lograr la inmediata liberación de los presos políticos y garantizar que, mientras tanto, no sufran o reciban un trato inhumano. 
En cuanto a la solicitud de Cuba de acceder al Acuerdo de Cotonú, el Ministerio Cubano de Asuntos Exteriores retiró su solicitud el 17 de mayo. 
Deseo agradecer muy sinceramente al representante griego del Consejo su respuesta comprometida y el trabajo que se está realizando. 
Muchas gracias por todo ello. 
Lo que dice el Consejo de manera muy clara en esta Cámara reviste una importancia capital, a saber, que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado, que los presos y las largas condenas han afectado a nuestras futuras relaciones con Cuba y que los 78 presos deben poder ejercer su derecho de recurso. 
Como cuestión añadida, me pregunto, entonces, si el Consejo Europeo podría actuar de manera práctica invitando al ganador el Premio Sajarov, el activista de derechos humanos cristianodemócrata Oswaldo Payá Sardiñas, a venir a Grecia y a la Unión Europea. 
Con este gesto, también animaría a los Primeros Ministros y a los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros a subrayar el valor del Premio Sajarov. 
No tengo nada más que añadir. 
He tomado nota de la propuesta de su Señoría y veremos si es posible. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hace un mes mantuvimos un poco el mismo debate y me gustaría ir algo más allá. 
Creo que pasado más de un mes, la represión continúa en Cuba y las cosas siguen más o menos igual, lo que evidencia que tenemos que ir más allá de las declaraciones de condena. 
Son importantes pero no llegan, y nosotros tenemos una responsabilidad especial porque otorgamos el Premio Sajarov 2002 a Osvaldo Payá. 
Este es el momento de demostrar que el Premio Sajarov no es un premio escolar, simpático, no es un momento de «glamour» como los Oscar de Hollywood, sino que representa el compromiso de la Unión Europea, a través de su Parlamento, con la causa de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad en todo el mundo. 
Once colegas nuestros, incluido yo mismo, hemos enviado una carta a la Presidencia del Consejo, al Alto Representante, al Presidente de la Comisión y al Presidente del Parlamento, para que concierten sus acciones a fin de invitar al Sr. Osvaldo Payá a venir aquí, y para que el Consejo formule una recomendación en el mismo sentido a todos los Estados miembros, de modo que sus embajadores en La Habana hagan lo mismo e inviten al Sr. Osvaldo Payá a venir a Europa, a nuestras capitales, a reunirse con nuestros ministros, con nuestros primeros ministros, con el Presidente de la Comisión, para que, con visibilidad internacional, nos pueda contar el drama que se vive en Cuba. 
Esa es la forma activa de expresar nuestra solidaridad, es la forma activa de demostrar que los premios que aquí concedemos tienen un significado. 
¿Quién la envió? 
No hay nada más que me haya llamado la atención, por lo que no tengo ninguna respuesta concreta que darle en este momento. 
Señor Presidente, me sorprende que el diputado que ha planteado la pregunta haya salido en apoyo de las personas arrestadas y juzgadas, ya que se puede demostrar que estaban colaborando, a cambio de dinero, con el representante de las Naciones Unidas en la Habana en contra de su país, en contra de la Cuba socialista, que representa una guía, un claro ejemplo para los pueblos de América y que, pese a cuarenta años de embargo criminal por parte de los Estados Unidos, aún consigue dar a su pueblo el más alto nivel de vida y educación de América Central y del Sur. 
Esto es, de hecho, lo que los imperialistas norteamericanos no pueden perdonar a la revolución cubana, y están luchando para doblegarla por todos los medios posibles, incluido el asesinato de sus líderes. 
Quisiera preguntar algo al Presidente en ejercicio del Consejo, quien, por lo que he oído, está de acuerdo con todo lo que los oradores anteriores han expresado: ¿Qué haría el Gobierno de su país si se descubriera que algunos ciudadanos griegos habían acordado ser contratados y pagados por un poder extranjero hostil a Grecia para actuar en contra de su país? 
¿Quizás les hubiera dado un premio? 
¿Qué tiene que ver esta actividad con el ejercicio de los derechos humanos? 
¿Qué comentarios tiene que hacer sobre el hecho de que a las reuniones conspirativas organizadas por el representante de los Estados Unidos en la Habana también acudiera un representante diplomático griego? 
¿Cómo justifica el silencio de la Unión Europea sobre los cubanos retenidos en los Estados Unidos por desvelar los planes de asesinar a Fidel Castro y otros líderes cubanos, y la negativa a extraditar a Cuba a los secuestradores cubanos que actualmente circulan libremente por los Estados Unidos? 
Por lo demás, estamos luchando contra el terrorismo. 
Señor Presidente, para empezar, no voy a responder a esta pregunta. 
Responderé a una, no como Presidente en ejercicio, sino como Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno griego. 
Usted se ha referido a la implicación de un diplomático en actividades conspirativas y de otro tipo. 
Es a la vez cómico y engañoso, cuando usted debe haber sido informado de que respondí a una pregunta similar de un miembro de su partido en el Gobierno griego, cuando dije que es ridículo, en una recepción celebrada en la embajada de Cuba, la embajada norteamericana, en la que se celebran recepciones todas las semanas por varias y diversas personas, y todo el mundo va y viene, para traducir... 
(Interrupción sin micrófono por el Sr. Korakas) 
Por favor, no me interrumpa. ¡Usted no se merece una respuesta! 
Tiene la palabra para una cuestión de orden el Sr. Korakas. 
Señor Presidente, ¿cómo se atreve a decir el señor Yiannitsis que no merezco una respuesta? 
He formulado preguntas candentes. 
Su Gobierno también es culpable y debería responder con mayor respeto a las preguntas que le hago. 
El Sr. Yiannitsis ha dicho inicialmente que usted no le había hecho una pregunta y que, por lo tanto, no iba a contestarle como Presidente en ejercicio del Consejo. 
Creo que debemos seguir el orden del día con el sosiego que suele tener esta sesión. 
Pregunta nº 7 formulada por Claude Moraes (H-0321/03): 
Asunto: Reunión del Consejo en Salónica en junio 
¿Puede el Consejo indicar su punto de vista con respecto al orden del día de la reunión del Consejo que se celebrará en junio en Salónica? 
¿Se debatirán durante la reunión las cuestiones relativas a la política fronteriza de la UE, los recursos para el control de las fronteras exteriores de la UE tras la ampliación, la coordinación de los problemas de integración relacionados con los migrantes o el tema de la coordinación de la migración económica controlada? 
En el debate de esta mañana, nos hemos referido extensamente al orden del día de Salónica. 
Sin embargo, me gustaría añadir que, como esto se refiere a la primera versión del orden del día anotado, que también ha sido remitido a la reciente reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, la Presidencia tiene la intención de limitar el orden del día del Consejo Europeo en Salónica a los siguientes puntos: 
Resultados de la Convención sobre el Futuro de Europa y decisiones para la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Asilo, inmigración y fronteras, temas que están interrelacionados. 
Cuestiones relacionadas con la ampliación. 
La cuestión de la política de la UE en los Balcanes Occidentales. 
La Gran Europa, Nueva Vecindad. 
Trabajos derivados del Consejo Europeo de la primavera de 2003 y, por último, 
Algunas cuestiones en el terreno de las relaciones exteriores y la seguridad y defensa. 
Los siguientes puntos pueden incluirse en las relaciones UE-EE.UU.: Oriente Próximo y el Iraq, y recomendaciones del Alto Representante, Sr. Solana, sobre una estrategia global en el campo de la política exterior y de seguridad, junto con una estrategia más amplia para tratar el tema de la propagación de armas de destrucción masiva. 
El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores tomó nota de estas intenciones de la Presidencia. 
En cuanto a los temas abordados en la segunda parte de la pregunta, su Señoría sabrá que el Consejo Europeo tiene que examinar dos informes importantes. 
El primero es la aplicación de las directrices acordadas en el Consejo Europeo de Sevilla sobre las medidas relativas a la inmigración ilegal, la introducción más flexible de una gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores, la incorporación de la política de inmigración en las relaciones de la Unión con terceros países y la intensificación de la labor legislativa para formular una política común de asilo y cuestiones de inmigración. 
El segundo informe examina la eficacia de los recursos financieros comunes disponibles para la repatriación de inmigrantes y solicitantes de asilo que hayan sido rechazados, para la gestión de las fronteras exteriores, para programas en el terreno del asilo y la inmigración en terceros países y para la aplicación del principio de distribución de cargas. 
Nuestro objetivo es que el Consejo examine estos dos informes para que el Consejo Europeo pueda emitir orientaciones para la acción ulterior en estos sectores. 
Dentro de este marco, se espera que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo en la primavera de 2003, el Consejo Europeo vuelva a examinar el tema de la inmigración, la integración de los inmigrantes legales en la sociedad europea y el empleo. 
Por último, la Presidencia les recuerda que el orden del día del Consejo de Salónica se aprobará, de acuerdo con el Reglamento del Consejo, en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en su reunión de los días 16 y 17 de junio de 2003. 
Gracias por incluir la séptima pregunta. 
En el debate de esta mañana ha respondido a muchas de las preguntas en su excelente respuesta. 
Solo quisiera preguntarle por su opinión personal en torno a una cuestión. 
La Presidencia griega lo ha hecho especialmente bien, en mi opinión, al abordar cuestiones positivas de la inmigración, como la unidad familiar y ahora la integración. 
En cuanto a la cuestión de la integración de los inmigrantes, que ha mencionado usted en su respuesta, ¿opina usted que es una cuestión que compete principalmente a los Estados miembros, o bien se plantea usted una función de coordinación válida? 
A veces olvidamos que hay muchas personas en nuestras sociedades europeas que quieren que se empleen mejores métodos de integración, así como de coordinación. 
¿Opina usted que es un asunto que debe coordinarse o que corresponde principalmente a los Estados miembros? 
La pregunta se planteó a título personal. 
Puedo responder tanto a nivel personal como en nombre de la Presidencia griega. Ello no significa que mi respuesta refleje la posición de los Quince. 
Como saben, hay países que consideran que estas cuestiones, es decir, las relacionadas con la integración de la inmigración, son asuntos internos. 
Por otra parte, sin embargo, el fracaso en la integración de los inmigrantes que viven- y son millones- en los Estados miembros de la Unión Europea, es con frecuencia la causa de situaciones sociales particularmente agudas que pueden tener serias repercusiones en el plano político, con consecuencias altamente indeseables. 
Dado que el modelo europeo- este modelo social, político y económico- se caracteriza por una convergencia social interna que probablemente sea difícil de encontrar en muchos otros países del mundo y, por consiguiente, necesitamos preservarla como un elemento muy básico tanto para nuestros países como para nuestro continente, personalmente considero que, en el tema de la integración de los inmigrantes, debe haber también una coordinación de políticas a escala comunitaria, ya que cualquier tensión social y política en un país reviste particular importancia también para los demás países. 
Señor Presidente, Señorías, solo una breve observación con respecto a mi pregunta nº 3, relativa a Ucrania. Evidentemente, se trata de un tema que interesa a la Unión Europea, ya que la aceptación de Rusia y Ucrania en la OMC tendrá, evidentemente, las consecuencias pertinentes y es un tema que seguramente también se tratará en el Consejo de Salónica. 
Mi pregunta relativa al Consejo de Salónica es, no obstante, la siguiente. El Consejo ha pedido la elaboración de un estudio sobre los efectos del Acuerdo de Basilea II, los acuerdos marco sobre la solvencia de las empresas. 
La Comisión aún no lo ha realizado. 
Usted me aseguró en la sesión pasada que iban a iniciar algunas actividades con ese objeto. 
¿Qué ha sucedido en este contexto en relación con la petición del Consejo o en cuanto a su cooperación con la Comisión? 
¿Está prevista la elaboración de dicho estudio? 
Este tema afecta a la Comisión y, siempre que la Comisión presente el estudio, por supuesto veremos cómo lo podemos tener en cuenta de cara a Salónica. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta número 8 decae. 
Pregunta nº 9 formulada por Richard Howitt (H-0325/03): 
Asunto: Propuesta relativa a una agencia de la UE para el desarrollo y la consecución de una capacidad de defensa 
¿Qué conversaciones se han celebrado en el seno del Consejo en relación con la creación de una agencia de la UE dedicada al desarrollo y la consecución de una capacidad de defensa con vistas a la puesta en práctica de la capacidad militar de la UE en términos cuantitativos y cualitativos? 
¿Tiene previsto el Presidente en ejercicio del Consejo alguna otra iniciativa en la materia? 
La cuestión de crear una Agencia intergubernamental de desarrollo y consecución de una capacidad de defensa fue el tema de recientes debates en el marco del Consejo Europeo, que dio pie a la formulación del apartado 35 de las conclusiones de la Presidencia. 
Me refiero al Consejo Europeo de los días 20 y 21 de marzo. 
Sobre la base de estas conclusiones, el Consejo trató la cuestión, como hizo en el marco de las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el 19 de mayo, cuando reiteró este apartado y, especialmente, la necesidad de examinar la posible creación, en el marco de la Unión, de una agencia intergubernamental de desarrollo y consecución de una capacidad de defensa. 
El trabajo al respecto continúa. 
Desearía recordarles que, a iniciativa de la Presidencia griega y en una carta que enviamos a finales del año pasado al Presidente de la Comisión, nosotros apoyamos precisamente la necesidad de iniciativas como estas, que entran dentro de la línea de pensamiento de la pregunta formulada por su Señoría. 
Gracias al Presidente en ejercicio por esta respuesta y de hecho por el apoyo de su propio Gobierno con respecto a esta cuestión. 
Ha sido interesante comprobar que en la reciente reunión de cuatro Estados miembros sobre defensa, convocada por el Sr. Verhofstadt, se apoyó la idea de una agencia, al igual que el Primer Ministro de mi país, Tony Blair, apoyó la propuesta original planteada en Le Touquet, así como Jacques Chirac. 
A pesar de las diferencias existentes con respecto a las perspectivas sobre cooperación en materia de defensa en la Unión Europea, parece que esta cuestión podría unirnos bastante. 
Me pregunto si el Presidente en ejercicio prevé algún avance más a este respecto durante el tiempo que queda de su Presidencia, y si podría intentar establecer un calendario para los avances que podemos lograr impulsando esta idea. 
Se ha intentado impulsar esta idea. 
En cuanto a la capacidad de la Presidencia griega para avanzar en las tres semanas que quedan, resulta difícil responder. 
Hemos de tener en cuenta que, en el Consejo conjunto de Asuntos Generales celebrado por los Ministros de Asuntos Exteriores y los Ministros de Defensa, hubo una oportunidad de examinar estos asuntos y creo que quizás la próxima oportunidad se dará más tarde que pronto, es decir, en un periodo de tres, cuatro o cinco semanas. 
Pregunta nº 10 formulada por Olivier Dupuis (H-0330/03): 
Asunto: Programa de armamento nuclear del régimen iraní 
En agosto de 2002, los muyahidines del pueblo denunciaron el programa secreto de armamento nuclear del régimen iraní. 
Tanto autoridades estatales como organizaciones independientes de investigación han confirmado los objetivos militares de dicho programa. 
Incluso el comisario Patten, en declaraciones recientes, parece haberlo admitido. 
¿Puede el Consejo explicar cuál ha sido la función de las negociaciones entre representantes de la Unión Europea y el régimen iraní en el marco del llamado "diálogo constructivo sobre la energía", con respecto al programa nuclear iraní? 
¿Puede explicar el Consejo qué medidas y cambios en sus políticas prevé llevar a cabo para evitar los desastrosos resultados de su actual diplomacia con respecto al Irán? 
Las armas de destrucción masiva, especialmente las armas nucleares y su no proliferación, son realmente una cuestión que está suscitando una gran preocupación en la Unión en relación con Irán. 
El señor El Baradei, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, espera presentar un informe al consejo de gobernadores del Organismo en cuestión el 16 de junio, informe que reflejará sus hallazgos sobre el programa nuclear de Irán. 
Este informe contribuirá a una mayor clarificación de la situación con respecto a la existencia de un programa de armas nucleares en dicho país. 
El Consejo tendrá en cuenta este informe cuando debata las cuestiones relacionadas con Irán en su próxima reunión. 
La pregunta, que se refiere a las opiniones expresadas sobre este tema por la Comisión, debería remitirse directamente a esta institución. 
Asimismo, la Comisión tendrá que explicar lo que está ocurriendo en el marco de lo que se denomina el «diálogo constructivo sobre energía» con Irán, dado que ese diálogo lo lleva a cabo la Comisión en nombre de la Unión. 
El Consejo, especialmente en el marco del amplio diálogo entre la Unión e Irán, plantea regularmente la cuestión de las armas de destrucción masiva y su no proliferación; la última vez fue el 29 de abril. 
El Consejo pide a Irán que firme, ratifique e implemente enteramente los acuerdos internacionales pertinentes, especialmente el Protocolo Adicional de los acuerdos de garantía del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
Estos temas fueron planteados en la ronda de negociaciones para un acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión e Irán los días 1 y 2 de junio. 
El Consejo expuso a Irán de forma muy clara que esperaba que la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre la Unión e Irán vinieran acompañadas de avances similares en todos los demás aspectos de las relaciones entre la UE e Irán. 
Por último, yo añadiría que la Unión otorga gran importancia al logro de un cumplimiento global del Tratado de No Proliferación y al establecimiento de una zona libre de armas nucleares verificable en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Consejo en que es la Comisión la que mantiene el diálogo constructivo sobre la energía. 
Pero al igual que el Consejo y el Parlamento Europeo, la Comisión forma parte de la Unión Europea y, por otro lado, el Consejo define las grandes líneas en materia de política exterior. 
En consecuencia, quisiera saber si, en caso de que las conclusiones del informe que el Organismo Internacional de la Energía Atómica presentará próximamente sean negativas, el Consejo pedirá a la Comisión que suspenda este diálogo constructivo sobre la energía. 
Esta es mi pregunta. 
En efecto, la Comisión pone en práctica las decisiones, pero es el Consejo quien define las líneas maestras. 
Ya he aclarado en mi respuesta- y me pregunto por qué se me vuelve a preguntar- que el Consejo tendrá en cuenta el informe que deberá presentarse cuando debata las cuestiones relativas a Irán en su próxima reunión. 
Ahora bien, en cuanto a preguntas hipotéticas sobre el contenido de este informe y a lo que hará el Consejo si el informe contiene A, B, o X, no estoy en condiciones de comentarlas en este momento. 
Señores Diputados, estamos casi fuera de tiempo, pero vamos a intentar hacer 2 preguntas más sobre Irán, si el Sr. Presidente acepta quedarse hasta las 19.15, ya que hemos empezado tarde. 
Muchas gracias. 
Tiene la palabra el Sr. Casaca para una pregunta complementaria. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría preguntarle si no le parece extraño haber tomado posiciones que no son posiciones tomadas por jueces, ni por nadie independiente, son posiciones políticas del Consejo, sobre organizaciones terroristas, cuando no aparece nada en ningún lado, en la prensa, sobre el asunto, mientras que, con respecto al programa nuclear iraní, se encuentran muchísimos pormenores en la prensa científica y en todas partes sobre la utilización de agua pesada, que es utilizada exclusivamente para la construcción de armas nucleares, y el Consejo no hace rigurosamente nada, limitándose a esperar los informes futuros que puede que presente el Gobierno iraní. 
He dicho que habrá un informe de la organización internacional que ostenta la máxima autoridad. 
El Consejo tendrá en cuenta este informe y decidirá lo que debe hacer en función del mismo. 
Desearía recordarles que el Consejo ha dicho que no se avanzará en temas económicos y comerciales si no se avanza en las cuestiones que estamos debatiendo, por lo que existe entre ellas un vínculo de hecho. 
Pregunta nº 11 formulada por Gianfranco Dell ' Alba (H-0331/03): 
Asunto: Desestabilización del Oriente Próximo impulsada por el Irán 
Tras el Líbano y Palestina, parece que el régimen iraní está centrando sus esfuerzos en la instauración de un régimen teocrático en el Iraq, aprovechándose de la inestabilidad reinante en este país. 
¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para impedir una mayor desestabilización del Oriente Próximo por parte del régimen iraní? 
El Consejo es muy consciente de que el restablecimiento de una estabilidad política y económica viable en el Iraq dependerá en gran medida de una posición constructiva de los países vecinos. 
Por consiguiente, la Unión Europea anima constantemente a los países vecinos, incluido Irán, a que muestren autocontrol y apoyen los esfuerzos para estabilizar el Iraq. 
El Consejo ha señalado que el proceso de paz en Oriente Próximo es un aspecto fundamental en el que el Consejo desea lograr avances sustanciales mediante un diálogo más intenso con Irán. 
El Consejo también ha expuesto a Irán de forma muy clara que espera que la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre la Unión e Irán vayan acompañadas de avances similares en todos los demás aspectos de las relaciones de la UE con Irán. 
En la última reunión del «amplio diálogo» entre la UE e Irán, que tuvo lugar en Atenas el 29 de abril, se discutió tanto del Iraq como de Oriente Próximo. 
La Unión continuará planteando estas cuestiones en sus contactos con Irán. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hoy, en Sharm el Sheik está sucediendo algo muy importante, esperamos, es decir un diálogo entre israelíes y palestinos, que deseamos sea realmente constructivo. 
Europa está ausente, y ello a pesar de que usted cultiva la idea del diálogo crítico, que significa hacer negocios sin prestar demasiada atención o al menos una atención real al problema de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. 
Ante la noticia de que desde Irán se estarían haciendo esfuerzos en este sentido- esfuerzos que yo sacaba a la luz en mi declaración -, ante la movilización de decenas de parlamentarios que piden con un documento un compromiso mayor para que Irán democratice su sistema, pues en caso contrario habrá que tomar medidas contra él, no digo bélicas pero sí tales que hagan comprender que el diálogo crítico no es el modo de abordar los problemas, ¿cómo reacciona el Consejo a esta petición cada vez más apremiante de los diputados europeos? 
He tomado nota del deseo de la Unión de lograr un mayor protagonismo en una cuestión de este tipo. 
Se trata de un aspecto menor de un problema general que constantemente debatimos, y con esto quiero decir que la Unión puede tener un mayor peso en el área de la política exterior. 
Sin embargo, la Unión estaba presente en la reunión celebrada en Creta hace unos días, en la conferencia Euromediterránea, a la que también asistieron los israelíes y los palestinos y otros muchos países árabes. 
El clima que prevaleció en las discusiones que mantuvimos contribuyó a llevarnos hasta el punto en que nos encontramos hoy de poder hablar sobre acontecimientos que quizá tengan particular importancia. 
Pregunta nº 12 formulada por Maurizio Turco (H-0332/03): 
Asunto: Programa del régimen iraní relativo a la producción de carbunco 
Distintos organismos independientes de investigación han corroborado plenamente las acusaciones efectuadas por los Muyahidín del Pueblo en agosto de 2002 en relación con la existencia de un programa secreto del régimen iraní relacionado con el armamento nuclear. 
Por consiguiente, no resulta extraño que la mayoría de los medios de comunicación internacionales se hayan hecho eco de la denuncia pública efectuada el pasado 15 de mayo por esta misma organización en relación con el programa del régimen iraní relativo a la producción de carbunco. 
¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo con respecto a la existencia de estos programas? 
El Consejo desea poner de relieve que, como norma general, las armas de destrucción masiva y su no proliferación han sido sin duda uno de los aspectos en los que la Unión Europea está preocupada en relación con Irán desde hace años. 
La Unión anima a Irán a firmar, ratificar e implementar enteramente los actos internacionales pertinentes, especialmente, como dije antes, los acuerdos del Organismo Internacional de Energía Atómica, porque en la actualidad el programa nuclear iraní está causando gran inquietud en la comunidad internacional, asunto al que ya me he referido. 
La Unión también anima a Irán a participar plenamente en el trabajo que conducirá a la sexta conferencia de revisión de la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas, prevista para el año 2006. 
Me gustaría destacar que la ronda de negociaciones mantenidas en Teherán los días 1 y 2 de junio sobre el acuerdo comercial y de cooperación entre la UE e Irán brindó una oportunidad en el momento justo para plantear los asuntos anteriormente mencionados sobre este país. 
En cuanto al carbunco, el Consejo no tiene conocimiento de ningún programa específico de producción por parte del régimen iraní. 
Sin embargo, cualquier indicación de la posible existencia de un programa de este tipo se tomará seriamente en cuenta y será examinado con toda la atención que merece. 
Es la respuesta habitual que se nos da cada vez que se plantea la cuestión de las relaciones entre la Unión Europea y cualquier régimen dictatorial del planeta. 
No hay régimen dictatorial y antidemocrático en este planeta que no esté financiado por la Unión Europea con el pretexto de que ello sirve para entablar el diálogo. 
¡Veamos qué sucede en Vietnam, en Laos, en China, en Cuba! 
Sus palabras, señor Presidente, me recuerdan lo que se decía en esta Asamblea en diciembre de 2000 con vistas a la aprobación de la Resolución común sobre Afganistán. 
Sería gracioso volver a escucharlo hoy. 
La miopía con que se mira a las cosas futuras, y sin embargo ya bien presentes hoy, este método de medirse, no solo no son nada convincentes, sino que preocupan y anuncian destrucciones mucho mayores de las que, ya hoy, nosotros mismos favorecemos. 
Asunto: Democracia y derechos humanos en el Irán 
Siete años después de que el régimen iraní hubiese intentado convencer a los iraníes y a la comunidad internacional de que estaba abierto a la posibilidad de cambio y democratización es ahora obvio, para todos los observadores y, en primer lugar, para el pueblo iraní, que nada ha cambiado para mejor y que no se ha registrado ninguna mejoría de la situación en materia de derechos humanos o democráticos. 
¿Apoya el Consejo la organización de un referéndum supervisado por la comunidad internacional sobre el establecimiento de un régimen democrático en el Irán? 
El Consejo sigue estando seriamente preocupado por las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Irán. 
El Consejo está realizando un gran esfuerzo para reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades individuales y para promover el Estado de derecho en este país. 
Esto se está realizando, entre otras cosas, a través del amplio diálogo UE/Irán sobre derechos humanos, establecido el pasado mes de diciembre. 
El Consejo ha aclarado en repetidas ocasiones que la profundización de las relaciones comerciales entre la UE e Irán- que son también el objetivo de las negociaciones en curso sobre un acuerdo comercial y de cooperación- debería venir acompañada de un avance similar en todos los demás aspectos de las relaciones de la UE con Irán. 
Esto significa que cualquier cooperación y comercio reforzados con Irán deben ir unidos a un desarrollo positivo y sustancial de varios aspectos que suscitan preocupación en la Unión, incluidos muy especialmente los derechos humanos. 
Señor Presidente, el problema que se plantea en esta pregunta es, en realidad, el problema más general de la disponibilidad del Consejo para presentar una propuesta clara y concreta sobre un paso que el Consejo considera fundamental e irrenunciable en el trayecto hacia la democracia. 
En mi pregunta se habla de referéndum hacia la democracia. 
Si no se quiere el referéndum, se pueden encontrar otros instrumentos. 
La cuestión clave es que el Consejo debe indicar parámetros. 
La petición es precisa. 
No podemos limitarnos a invocar el diálogo, la comprensión recíproca, decir que hay que mejorar la situación. 
Debe haber puntos firmes. 
¿No se quiere el referéndum? 
Entonces queremos comprender qué punto firme establece el Consejo, cuál es para ustedes el mínimo común denominador, el umbral irrenunciable. 
Si ustedes hoy nos dicen que nuestros acuerdos comerciales se someterán a la comprobación de los progresos realizados en el terreno de la democracia y de los derechos humanos, la pregunta que hay que hacer es: ¿si no es el referéndum, entonces qué umbral, qué instrumento, qué parámetro consideran ustedes irrenunciable? 
De otro modo, es una persecución sin fin; y después a lo mejor llegan, con escándalo general, los Estados Unidos a proponer otras soluciones y otros instrumentos. 
Señor Presidente, personalmente encontraría muy interesante la idea de que el Parlamento aprobara una resolución de este tipo, que proponga un cambio de régimen en Irán y un referéndum sobre la introducción de la democracia. 
Desde un punto de vista político, el Consejo la tendrá presente antes de decidir qué hacer. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 14 a 21 recibirán una respuesta escrita. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre: 
el informe (A5-0143/2003) de la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el análisis del método abierto de coordinación en los ámbitos del empleo y los asuntos sociales y las perspectivas de futuro [2002/2223 (INI) ], y 
la pregunta oral (O-0044/2003- B5-0096/2003) , del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, a la Comisión sobre la aplicación del método abierto de coordinación. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, en la primavera de 2000 se fijó en Lisboa un ambicioso objetivo: que Europa debe convertirse en diez años en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. 
Había una serie de metas concretas basadas en las conclusiones alcanzadas en la cumbre y relacionadas con la educación, especialmente la formación en tecnología de la información. 
Además de la formación en tecnología de la información (TI) , el proceso de Lisboa resalta la importancia del aprendizaje permanente. 
Nosotros, desde la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, nos sentimos satisfechos de que la educación ocupe hoy un puesto más destacado en la agenda de la Unión. 
Debemos definir conjuntamente objetivos, indicadores y acciones comunes. 
Los nuevos empleos que se crean exigen principalmente cualificaciones especiales. 
El dominio de la TI se exige actualmente en la mayoría de las profesiones. 
Se trata igualmente de una de las áreas de la educación cívica que, si se descuida, puede complicar la vida a los ciudadanos y exponerlos a la marginación. 
La educación no es únicamente la clave para la integración por parte de nuestros ciudadanos, sino que también constituye un requisito imprescindible para el éxito de nuestras sociedades. 
Es bueno que los Ministros de Educación hayan sido capaces de ponerse de acuerdo sobre objetivos concretos en materia de educación y formación y que los procesos de Bolonia y Brujas, cuya meta es el reconocimiento de los títulos, sigan su curso. 
En opinión de la Comisión de Cultura, además de la educación y del aprendizaje permanente, también es necesaria la coordinación abierta en otros ámbitos que forman parte de las tareas de dicha comisión, es decir, en el ámbito de la política relativa a la juventud, los medios de comunicación, la cultura y el deporte. 
Una mayor cooperación potenciará la funcionalidad del Mercado Interior, así como la prosperidad de los ciudadanos y el grado de integración. 
De este modo, crearemos las condiciones idóneas para la unidad social, el desarrollo continuo y la fe en el futuro. 
La introducción de la coordinación abierta en el campo de la educación, a pesar de sus loables objetivos, ha ocasionado algunos problemas. 
Ha incrementado el poder de los funcionarios y ha dejado de lado tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales en la forma en que obtiene información y ejerce influencia. 
Esto no puede seguir así. 
En la resolución que está redactando, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte reclama un papel más claro y más importante para el Parlamento Europeo. 
Esto es necesario para que el proceso tenga autoridad democrática. 
La comisión subraya también que no se debe permitir que el método abierto de coordinación llegue a ser como otros procedimientos legislativos, pero al mismo tiempo tampoco un procedimiento cerrado que menoscabe los objetivos legislativos contemplados en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
En su resolución, la comisión invita al Consejo y a la Comisión a mantener conversaciones con el Parlamento Europeo con miras a establecer un acuerdo interinstitucional sobre el método abierto de coordinación. 
El acuerdo debería incluir normas sobre la elección de ámbitos políticos que deban incluirse en el método abierto de coordinación y un proceso para aplicarlas de modo coherente. 
El Parlamento Europeo debe poder participar plenamente en la toma de decisiones en pie de igualdad. 
Desde el punto de vista de la comisión, el acuerdo interinstitucional debe incluir normas sobre la participación del Parlamento Europeo en la fijación de objetivos e indicadores. 
Al mismo tiempo, debemos ponernos de acuerdo en aspectos como el acceso a los documentos, la supervisión de los avances y la difusión de la información. 
Sin embargo, lo más importante es que la coordinación abierta se convierta en un proceso comunitario. 
Esto debería decidirlo la Convención Europea, ahora en la recta final, y una futura Conferencia Intergubernamental. 
Paralelamente a los objetivos de la Comisión de Cultura tenemos el informe de la Sra. Smet sobre la coordinación abierta en el terreno del empleo y los asuntos sociales, que se discute hoy. 
Es bueno que las dos comisiones parlamentarias desempeñen un papel activo en la creación de una dimensión parlamentaria de la coordinación abierta, cosa que evidentemente necesitamos en Europa. 
Señora Presidenta, quiero felicitar a la Sra. Smet por su excepcional análisis del método abierto de coordinación y por la actualidad del debate, ya que, como sabemos, este tema también se está discutiendo en la Convención. 
En esencia hay dos categorías de temas: los que se refieren a la legalización democrática del procedimiento y los que atañen a su eficacia. 
En cuanto a la legalización democrática del procedimiento, nuestra experiencia hasta la fecha es que solo en el terreno del empleo existe una base legal en el Tratado. 
Se trata, pues, de un método abierto, que se aplica según normas muy concretas definidas en el Tratado, y en el que el Parlamento tiene asignado un papel. 
Podría tener más protagonismo, pero tiene asignado un papel y su opinión es necesaria y respetada. 
Sin embargo, como muy bien ha dicho la Sra. Smet, no se ha utilizado ningún fundamento legal para las demás aplicaciones del método abierto de coordinación. 
Se han basado en acuerdos del Consejo de Ministros. 
Por consiguiente, el papel del Parlamento aún es menor, aunque debo decir que tanto en el tema de la lucha contra la pobreza- donde tenemos una aplicación del método- y en la aplicación del método a las pensiones se ha realizado un importante esfuerzo para que cooperemos con el Parlamento, le consultemos y le informemos. 
Vemos que está empezando a aparecer en numerosas políticas concretas. 
Los problemas de la participación del Parlamento, y por lo tanto, de su legalización democrática, no tienen únicamente una dimensión europea, sino también una dimensión nacional. 
En la evaluación que hemos realizado, hemos visto que en numerosos países los parlamentos nacionales no solo no participan, sino que muy pocas veces se les informa de las metas, compromisos y el método de ejecución de los planes de acción conjuntos. 
Así pues, creo que la discusión que está teniendo en lugar en la Convención es muy importante para que exista un artículo que ampare el método abierto de cooperación, que determine el papel del Parlamento y, como ha propuesto la Comisión, para que haya una referencia especial a la aplicación de este método a la protección social, donde existen varios problemas, dado que muchas de estas competencias en el sector social son nacionales. 
Ahora bien, en cuanto a la eficacia, coincido con el informe en que una evaluación nacional y europea de los resultados contribuiría de modo muy importante a las mejoras conseguidas año tras año. 
Nuestra primera experiencia es la evaluación de la estrategia europea, de la aplicación del método en el sector del empleo llevada a cabo en el año 2002, mientras que esperamos la evaluación de la aplicación en el campo de las pensiones en 2006. 
Un segundo elemento relacionado con la eficacia es si habrá financiación para la aplicación del método. 
Debemos decir que, hasta la fecha, hay experiencia en torno a la financiación de la estrategia para el empleo por parte del fondo social y la financiación de orientaciones concretas, principalmente las destinadas a recursos humanos. Nosotros creemos que, para el ámbito de la ampliación en particular, en los nuevos países que serán llamados a participar en la implementación del método, aunque con recursos reducidos, el fondo social puede participar de forma importante. 
Por último, me gustaría referirme a la observación en el informe de que la integración de la dimensión de género en todas las políticas de la Comunidad puede desempeñar un papel muy importante en la aplicación del método abierto de coordinación, dado que es ahí donde siempre se identifican los objetivos específicos que pueden afectar a la igualdad de los dos sexos. 
. (DE) Señora Presidenta, voy a referirme tan solo a la parte para la que no es competente la Sra. Diamantopoulou, la de cultura, formación, juventud, educación, medios de comunicación y deporte. 
No obstante, creo que usted también representa hoy a la Sra. Reding. 
En efecto, antes de que se previera elaborar el informe en la Comisión de Asuntos Sociales, por nuestra parte ya habíamos presentado una pregunta en ese sentido, que luego- por el motivo que sea- permaneció entretenida durante meses. 
Por fin vamos a abordar conjuntamente el tema y entre todos deberíamos intentar obtener el mejor resultado posible. 
Constatamos que este tipo de coordinación existe y, en mi calidad de política europea, de hecho me alegraría que ciertas personas responsables, políticos se coordinen. 
Sin embargo, se trata exactamente de las mismas personas que, por otra parte, nos privan de nuestras competencias. 
Se coordinan en los ámbitos en los que, de hecho, no quieren concedernos ninguna competencia: en el ámbito de la cultura y la formación. 
De repente empiezan a coordinarse en ese ámbito, sin estar obligados a rendirnos cuentas. 
Y esto no deja de parecernos muy sospechoso. 
El problema está en que en este contexto se nos trata como a una ONG. 
Pero no lo somos; ¡somos representantes elegidos y deberíamos saber qué se está negociando entre bastidores en nuestro nombre! 
Y, además, no solo el Consejo está muy satisfecho con esta situación, sino que lamentablemente también lo está la Comisión. 
Por esta vía ha conseguido expulsar, en efecto, a un jugador incómodo del terreno de juego. 
El Consejo y la Comisión hacen causa común, que puede ser incluso una buena causa, pero yo quisiera señalar, citando a Maquiavelo, que «no todos los fines justifican los medios». 
Por esto pienso que en este caso debemos ser muy cautelosos y esperar que se nos incluya. 
En efecto, entre tanto resulta que a partir de ahí se ha desarrollado un método intergubernamental. 
Y cuando algo así ya está en marcha, resulta muy difícil detenerlo. 
Acabamos de ver que la Convención se ha pronunciado en contra de la coordinación abierta- solo se habla en algún momento de coordinación- y sabemos que, naturalmente, todos los presidentes nacionales se tienen que coordinar en caso de necesidad, también en los ámbitos que no se indiquen explícitamente en el Tratado. 
Pero deberíamos estar verdaderamente atentos a que no se nos excluya. 
Desde la perspectiva de la cultura y la formación puedo afirmar, en efecto, que es una verdadera hipocresía que no se nos permite participar justamente en los ámbitos donde desearíamos poder intervenir. 
Luego, en el marco del método abierto, salen a la luz por la puerta trasera las mismas cosas que habríamos deseado hacer, pero no estamos incluidos. 
Esto es sencillamente inadmisible y debemos oponernos a ello. 
Deberíamos recordar que no se debe introducir un método intergubernamental por la vía indirecta. 
Tendríamos que procurar- también a través del debate de hoy- que este método intergubernamental que ya existe- léase coordinación abierta- se convierta en un método comunitario. 
En efecto, si los jefes de Estado y de Gobierno reconocen que algo es acertado, necesario e importante, esto se debe traducir también al método comunitario, de manera que podamos participar en nuestra calidad de representantes elegidos de nuestros pueblos. 
Les ruego que lo tengan en cuenta y doy las gracias a quienes han contribuido a que así sea. 
Señora Presidenta, no creo necesario añadir más energía a la ya empleada por la Sra. Pack. 
Estoy aquí para ilustrar una pregunta oral que, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, ha preparado el Sr. Rocard, que no está aquí esta tarde para exponerla. 
Esta pregunta tiene que ver con cuestiones que ya han sido abordadas tanto por el Sr. Iivari como por la Sra. Pack, es decir con el hecho de que los miembros de la Comisión de Cultura nos hemos dado cuenta a menudo de que muchas de las disposiciones, después decididas por el Consejo, se habían elaborado siguiendo un método de coordinación del que nosotros habíamos quedado excluidos. 
Nos hemos encontrado con disposiciones ya tomadas, sobre las cuales solo podíamos expresar una opinión a posteriori, a pesar del método de coordinación, que sería muy útil aplicar efectivamente también al Parlamento. 
Con esta pregunta queremos preguntar a la Comisión: primero, si puede garantizar de algún modo que las futuras disposiciones que adopte el Consejo utilizando el método de la coordinación serán notificadas al Parlamento y a las comisiones parlamentarias con el tiempo necesario para que puedan examinarlas y expresar opiniones; segundo, que precise- a pesar de que en esta situación todo parece depender ya de la Convención- si tiene propuestas que hacer sobre una aplicación más amplia del método abierto de coordinación, de forma que el Parlamento no quede excluido. 
Los oradores que me han precedido han abordado ampliamente todos estos puntos, que queremos formular ahora de nuevo en esta pregunta oral como pregunta efectiva sobre la cual esperamos una respuesta de la Comisión. 
Señora Presidenta, me complace que la Sra. Smet haya elaborado este informe y estoy muy de acuerdo con ella en muchos aspectos del mismo. 
Veo con buenos ojos el método abierto de coordinación. 
Sin embargo, me preocupa un poco que a menudo se contemple como una especie de legislación blanda y el pariente pobre de la legislación ordinaria, o como algo que debería utilizarse únicamente en casos de emergencia. 
Yo pienso todo lo contrario. 
Creo que la legislación debe aplicarse cuando no hay otras opciones y cuando la autoridad, la fuerza y la disciplina son verdaderamente necesarias. 
Sin embargo, es posible llevar a cabo con éxito una serie de tareas públicas sin tener que recurrir a las leyes, la disciplina, la coerción y el látigo. 
El método abierto de coordinación es una forma moderna de gestión de proyectos. 
Se utiliza en el sector público cuando se pretende un cambio, un avance y una renovación continua y cuando necesita ser capaz de cambiar los métodos de trabajo para mantener el ritmo con la experiencia acumulada. 
Quizás no sea una coincidencia que el método abierto de coordinación se haya desarrollado en las sociedades que se gestionan como economías de mercado, en las que el sector público debe ser tan flexible y eficaz como el mercado en las mejores condiciones. 
Por tanto, creo que es patético oír decir a los representantes de los partidos de centro-derecha que no quieren esta flexible y eficaz herramienta de mercado y que, en su lugar, prefieren para el sector público una forma de gobierno anticuada, burocrática, controladora y regida por leyes. 
Esto me parece extraño. 
Creo que el método abierto de coordinación debería consagrarse en la Constitución de forma que sea aceptado generalmente, cosa que creo que es importante. 
Sin embargo, estoy muy preocupado por el hecho de que se vaya a incorporar junto con disposiciones sobre cómo debe funcionar, qué métodos debe emplear y qué procesos debe incluir. 
Esto es lo que sucede con un texto legal tradicional, pero, en este caso, se trataría de poner parámetros estrictos a un método que debería ser adaptable, flexible y versátil, y eso equivaldría a ponerle una camisa de fuerza. 
Apoyo la enmienda del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas en ese punto. 
Yo también he presentado una enmienda que, para mi gran sorpresa, no fue aprobada por la comisión. 
Ahora vuelvo a presentarla. 
Se trata del hecho de que el método abierto de coordinación es también un método de cooperación, y no solo de coordinación. 
No puede basarse en sanciones y penalizaciones. 
Al igual que otras relaciones sociales libres, debe basarse en la confianza y el respeto. 
Por lo tanto, no podemos utilizar el método de «señalar con el dedo» ni las peores prácticas. 
Lo que necesitamos son las mejores prácticas. 
Ahí es donde debemos centrarnos. 
Si no lo hacemos, este método y sus posibilidades se echarán a perder. 
Es diferente del método legislativo, y por tanto sería un error que, inspirados en la antigua tradición legal, consideráramos que es necesario disciplinar, penalizar y excluir a los desobedientes. 
Se trata de un método muy distinto. 
Así es como ha llegado a utilizarse en una serie de sociedades europeas. 
No está tan extendido en todas partes, pero es habitual en los países escandinavos, de donde yo procedo, donde desempeña un papel extremadamente progresista. 
También prevalece más en los países anglosajones. 
Sin embargo, no lo encontramos en otros determinados países que tienen sistemas de administración mucho más tradicionales. 
Creo que debemos avanzar hacia este método de cooperación abierto, democrático y moderno. 
Quiero resaltar, en particular, la palabra «democrático» , entendiendo que este es el calificativo que describe exactamente este método, aunque quizás no de un modo que implique un control legal y judicial. 
Señora Presidenta, también deseo dar las gracias a la ponente por su excelente informe y por una exposición de motivos tan aguda, y acojo con agrado la declaración de la Sra. Comisaria de esta noche. 
Como hemos podido escuchar, en una amplia variedad de ámbitos ya se utiliza el método abierto de coordinación. 
A veces parece ser una adicción, ya que la lista es cada vez es más larga. 
Es evidente la necesidad de un enfoque común y de acercarse muy cautelosamente a un acuerdo, por ejemplo, en materia de inmigración y sus estrechos vínculos con el empleo y la inclusión social. 
Sin embargo, como han dicho los Diputados, no es realmente un proceso de titularidad pública y a veces tiene una legitimidad democrática muy cuestionable, porque puede parecer casi una sigilosa ampliación encubierta de las competencias de la Unión Europea, y que no es lo suficientemente abierta y del dominio público. 
En él hay desequilibrios interesantes. 
Coincido plenamente con la Sra. Comisaria: cuando la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha visitado en delegación varios Estados miembros y se ha reunido con sus comisiones homólogas o las Comisiones de Asuntos Europeos de los parlamentos nacionales y les ha preguntado sobre su participación en los planes de acción nacionales en materia de empleo o integración social, por ejemplo, la respuesta han sido gestos de perplejidad, porque nunca habían oído hablar de ellos. Sus Gobiernos no les han hecho partícipes de estas cuestiones. 
Un Ministro británico reconoció que los sindicatos y la Confederación de la Industria Británica del Reino Unido influían más en los planes de acción nacionales sobre empleo que el Parlamento Británico, que nunca los había tratado, aunque esta situación ahora está cambiando desde que empezó a funcionar la nueva Comisión de Trabajos y Pensiones- qué nombre tan emocionante-. 
Verdaderamente necesitamos un marco para el método abierto de coordinación que sea claro, que lo controlen democráticamente este Parlamento, los parlamentos nacionales y los parlamentos subnacionales, que en algunos Estados miembros son los que tienen competencias en determinadas cuestiones. 
Esta claridad se obtiene gracias al proceso que se está estableciendo en estos momentos, de modo que las personas se forman una idea de lo que pueden esperar y, por consiguiente, de cuáles pueden ser los ámbitos de intervención para ONG interesadas, etc. La Constitución probablemente se el mejor lugar para esta información desde el punto de vista del acceso público y de la sensibilización. 
Nuestro Grupo no está convencido de que el público conozca y entienda suficientemente un acuerdo interinstitucional. 
Nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha sufrido sin duda con algunas cuestiones sobre el calendario de consultas. 
Por lo tanto, necesitamos integrar en este método una porción tiempo suficiente para una verdadera consulta, no solo aquí en el Parlamento, sino también para las ONG que practican su propia democracia interna también a la hora de elaborar sus aportaciones. 
Señora Presidenta, yo también quisiera agradecer a la ponente y a la Sra. Comisaria su participación en el debate de esta noche. 
De las palabras de algunos de los demás diputados se deduce que cada uno de nosotros reconoce las ventajas del método abierto de coordinación. 
Tal y como hemos reconocido y comprobado nosotros mismos, puede brindar mejores oportunidades para la creación de marcos en que adoptar medidas, sin la rigidez estricta de la legislación o regulación. 
Las demás instituciones deberían reconocer y darse cuenta de que el Parlamento es muy responsable a la hora de elaborar un dictamen cuando se concede tiempo para consultarle. 
Una de las cuestiones más importantes que debemos recalcar aquí esta noche es que este Parlamento tiene la capacidad, la innovación y, de hecho, la aptitud para cumplir los plazos. 
Sin embargo, limitarse a lanzarlo al Parlamento cuando no hay tiempo para exponer un punto de vista razonado y responsable es insultar más al Parlamento que si no se le consulta en absoluto. 
En relación con la cuestión de las directrices sobre las que hemos hablado esta semana, podemos ver las dificultades y los problemas creados simplemente porque no se nos dio la información a tiempo. 
No deberíamos ser considerados enemigos del Consejo y de la Comisión, tampoco un organismo subordinado, sino un socio voluntarioso e igual que ellos. 
Con respecto a la cuestión de si el mejor lugar para ello es un acuerdo institucional o un artículo en un Tratado o Constitución propuestos, personalmente no me he formado una opinión. 
Sin embargo, me inclino a favor de un acuerdo interinstitucional como el mejor método, probablemente porque ofrece flexibilidad para que lo alteremos y cambiemos en el futuro. 
Pero para estar de acuerdo con esto, y para que nuestros representantes de la Convención sigan esta línea, sería preciso, desde nuestro punto de vista, tener fe en que la Comisión y el Consejo nos concederán más poderes y nos consultarán sobre una base más amplia cuando examinen estas cuestiones en el futuro. 
Antes de concluir, la cuestión de la consulta con los parlamentos nacionales es motivo de continuas tensiones aquí en el Parlamento. 
Y esto se debe a que reconocemos que los parlamentos, por su verdadera naturaleza, son los auténticos representantes democráticos de los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por lo tanto, los parlamentos tienen derecho a que se les consulte y a que no se les pase por alto en relación con cuestiones que afectan directamente a la vida de las personas de la Unión Europea. 
Es vital que los parlamentos nacionales participen en este método y, de hecho, si nos fijamos en el proyecto de Constitución que tenemos delante, hay un requisito relativo a la transmisión de la legislación a los parlamentos nacionales. 
Además, es bastante posible que en un método abierto de coordinación a los parlamentos nacionales también se transmitan las propuestas que proceden de este Parlamento y otras instituciones. 
Concluyendo, apoyaré el informe de la Sra. Smet porque el procedimiento no pretende armonizar políticas o hacer confluir políticas, si no que facilita la compatibilidad, facilita la flexibilidad y fomenta la divulgación de buenas prácticas y el intercambio de ideas. 
Señora Presidenta, quiero comenzar felicitando muy sinceramente a la Sra. Smet, por su informe realmente notable, cuya primera virtud es la oportunidad. 
El método abierto de coordinación se ha generalizado a partir de la experiencia del proceso de Luxemburgo y de la vía abierta por los artículos 126 y 128 del Tratado; es un proceso oportuno, porque en esa generalización también el Parlamento se plantea muchas cuestiones- sobre insuficiencias y lagunas, que han sido reiteradamente denunciadas y que deberían ser solucionadas- y porque estamos en vísperas de la elaboración por la Convención de un Tratado constitucional, momento que brinda al Parlamento una gran oportunidad para hacer oír su voz. 
Por tanto, es un proyecto oportuno y una iniciativa de gran relevancia, precisamente porque en la Convención y en la Conferencia Intergubernamental vamos a tener oportunidad de superar esas dificultades que, como han señalado otros colegas, tienen que ver precisamente con algunas carencias fundamentales observables, falta de apertura- a pesar de llamarse método abierto- y también falta de eficacia en la coordinación. 
Tenemos, por tanto, una excelente oportunidad y la Sra. Smet, con su iniciativa, nos da una excelente razón para seguir trabajando. 
En segundo lugar, la Sra. Smet ha hecho un gran trabajo, un gran informe, en el que ha incorporado las mejores ideas resultado de los debates que hemos tenido en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Desde luego, los diputados socialistas nos sentimos muy cómodos con este informe; aunque usted y yo, Sra. Smet, estamos muy lejos física e ideológicamente, estamos muy cerca, porque verdaderamente usted aborda y soluciona las principales preocupaciones de nuestro Grupo. 
Establece un equilibrio entre todas las instituciones, explicita el papel de la Comisión y da al Parlamento un papel central, superando, por tanto, los importantes déficits democráticos que hemos observado, abre vías para la transparencia, para incorporar a todos los actores- a los Parlamentos nacionales, territoriales, ONG, actores sociales- que nosotros valoramos altamente, pide una institucionalización en el Tratado- nos parece fundamental -, acota el campo para evitar que este método sustituya o pueda invadir áreas en las que hay instrumentos comunitarios de carácter legislativo- creo que delimita muy bien ese campo- y, por último, asegura las labores de evaluación para que el método sea eficaz. 
Por tanto, Señora Presidenta, los diputados socialistas vamos a apoyar muy sinceramente este informe y esperamos que sirva para la integración europea y para que los problemas europeos tengan solución europea, incluso forzando un poquito la mera intergubernamentalidad. 
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, ante todo quiero felicitar a las comisiones de Asuntos Sociales y Cultura por la exitosa coordinación abierta que han logrado establecer. 
Coordinación abierta suena como un lema verdaderamente moderno. 
La coordinación de las actividades políticas, de las estrategias políticas, implica mucha lógica, algo que no estamos acostumbrados a ver siempre en las actividades políticas. 
¡De hecho, es muy de agradecer! 
En mi país tuve algunos problemas para explicarles a los ciudadanos y ciudadanas austriacos esta coordinación abierta. Allí todavía no existe una tradición como ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos. 
La primera pregunta que me hicieron en mi país fue: ¿Y qué papel tiene en ello el Parlamento? 
Tuve que explicarles todo lo que he escuchado aquí esta noche y lo que se repite continuamente en las comisiones. 
Evidentemente, los ciudadanos y ciudadanas dijeron, y no solo por consideración hacia mí en mi calidad de diputada, no solo como un derecho que una parlamentaria debe reivindicar para sí y en nombre de la población: ¡Exigimos la legitimación de esta magnífica oportunidad! 
Ahora, en cuanto a si la coordinación abierta es una oportunidad tan magnífica: como he dicho, no tengo aún ninguna experiencia al respecto, todavía no soy una entusiasta y tampoco estoy segura de que su traducción en un método comunitario sea la solución. 
Creo que debemos prestar atención a los detalles, que en este caso son los siguientes. Las tres instituciones tienen que sentarse a una misma mesa. 
Lo cual no supone un acto de gracia hacia el Parlamento Europeo, sino un trato sincero y leal entre las tres instituciones. 
Lo importante son los detalles: ¿Cómo va a participar el Parlamento? 
¿Cómo tendremos acceso a los documentos? 
Si en verdad conseguimos avanzar un paso importante en este aspecto, podría llegar a convertirme en una entusiasta de la coordinación abierta. 
En el ámbito de la cultura, los medios de comunicación, el deporte, la educación y la juventud, sin duda también podría constituir un paso hacia una suerte de política cultural europea, que no se debe entender en un mal sentido- se lo ruego- y que no significa en absoluto una armonización de las políticas culturales nacionales, sino justamente la coordinación efectiva de las políticas comunes, con objeto de poder alcanzar conjuntamente un objetivo común. 
Porque solos- ya lo sabemos- simplemente carecemos de fuerza suficiente precisamente en estos ámbitos sensibles. 
De ahí mi ruego, que jamás me cansaré de repetir. 
Creo que en este caso el Parlamento ha hablado prácticamente con una sola voz y esto es justamente lo que se espera de Europa en muchos ámbitos. 
¡Dejen que la Comisión nos considere socios y se coordine con nosotros, abiertamente! 
. (DE) Señora Presidenta, desde el Consejo de Lisboa de marzo de 2000, los Estados miembros están de acuerdo en ampliar el instrumento del método abierto de coordinación a otros ámbitos, además del empleo. 
Se deben difundir las mejores prácticas, se deben establecer indicadores cuantitativos y cualitativos, las directivas europeas se deben transponer al ámbito de la política nacional y regional, respetando naturalmente el principio de subsidiariedad, y se deben aplicar en forma de planes nacionales de acción. 
Hasta aquí, todo en orden. 
Sin embargo, cuando surge la impresión de que se trata de una nivelación, cuando se establecen normas sociopolíticas sin que exista un fundamento jurídico para ello, cuando se intenta dar instrucciones a los Estados miembros y vaciar en cierto modo de contenido las disposiciones nacionales, el método abierto de coordinación resulta inaceptable bajo esta forma. 
Sin duda es posible y razonable establecer una cooperación reforzada entre los Estados miembros en aquellos ámbitos políticos en los que la Unión Europea posee solo competencias limitadas. 
Sin embargo, esta deberá estar encaminada a mejorar el intercambio de información y de experiencias. 
Cuando se aplique el método abierto de coordinación se deberá respetar, no obstante, la delimitación de competencias establecida en los Tratados. 
Muchas y muchos colegas han expuesto ya bastante aspectos críticos. 
Dicho instrumento solo puede ser un complemento y de ningún modo una alternativa a las medidas legislativas importantes. 
No debe dejar de lado al Parlamento Europeo ni tampoco a los parlamentos nacionales; también en esto coincido con los oradores que me han precedido. 
En el Parlamento Europeo a menudo nos vemos sometidos, en efecto, a presiones de tiempo. 
Por ejemplo, cuando la Comisión Europea nos consulta las directrices anuales de la Estrategia para el Empleo, pero nos envía los informes tan tarde- tuve personalmente esta experiencia a principios de año- que no llega a hacerse un examen cualificado y a fondo. 
El método abierto de coordinación lo desarrollan expertos nacionales, sin duda de alto nivel, pero que elaboran contenidos sin tener legitimidad parlamentaria. 
El Parlamento Europeo es la única institución comunitaria que tiene poder de control sobre dichos procesos políticos, incluido el método abierto de coordinación. 
Apoyo la exigencia de Miet Smet de que los parlamentos nacionales también deben tener la capacidad de influencia que les corresponde y tampoco debemos olvidar al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los interlocutores sociales, que también deben ser consultados y, además, de antemano. 
A pesar de los muchos planteamientos importantes del informe, a pesar del estudio previo que se prevé encargar a la Comisión y a pesar de la exigencia de un debate amplio sobre la eficacia del método abierto de coordinación, aún tengo considerables dudas sobre un método que se desarrolla bajo esa forma y con esos principios. 
Señora Presidenta, el propósito fundamental de la pregunta oral presentada por el Sr. Michel Rocard es el de convenir que el método abierto de coordinación debería aplicarse a todos los ámbitos de intervención de la Comisión parlamentaria de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y no solo a los más directamente relacionados con la estrategia de Lisboa, es decir la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
En efecto, la razón de decidir sobre estas áreas es absolutamente idéntica a la que existe respecto de las dos que indiqué primero. 
Tanto es así, que también fue sincera la disposición manifestada por el Consejo de Lisboa de extender la coordinación abierta a otras áreas. 
Así, es deseable que la elección de las políticas de coordinación abierta, contando con el pleno compromiso del Parlamento Europeo, contemple también las áreas de la cultura, la juventud, los medios de comunicación y el deporte. 
Por lo demás, hay prácticas de facto que podrían legitimarla entre tanto. 
Solo de este modo el Parlamento podrá pronunciarse de forma fundamentada y con rapidez, contribuyendo con utilidad a encontrar las mejores soluciones, con una legitimación democrática mayor y antes de que el Consejo tome en consideración ninguna iniciativa relevante, de modo que las directrices de las políticas europeas encuentren traducción también en las políticas nacionales y regionales. 
No se comprende que el Parlamento sea un mero espectador pasivo en estas y otras materias. 
Si esto ya resulta pertinente y necesario en una Unión de quince países miembros, mucho más pertinente y necesario será en una Unión de veinticinco. 
Los representantes directos de los pueblos europeos deben debatir también políticas europeas que susciten más valores europeos. 
Se hace necesario, por tanto, un acuerdo interinstitucional que prevea la intervención del Parlamento, de modo que se establezcan coherentemente no solo las normas sino también las políticas, sobre la base de objetivos y disponiendo de indicadores, accediendo a la documentación, participando en reuniones de orientación y análisis de los progresos realizados, disponiendo de información sobre los informes y las mejores prácticas, en un proceso que desarrolle el método abierto de coordinación como método comunitario. 
El Parlamento debería, pues, intervenir a tiempo y de forma relevante antes de que el Consejo tome las decisiones. 
La Comisión debería formular propuestas para que el Parlamento participe plenamente en el método adoptado en Lisboa. 
En este marco tiene plena relevancia la pregunta oral presentada por el Sr. Michel Rocard, presidente de la Comisión de Cultura. 
En este sentido, quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, pues sin la presente iniciativa de la Sra. Smet, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte seguramente no habría conseguido que nuestra pregunta fuese examinada, por lo menos en esta Cámara. 
Doris Pack ha recordado que la Comisión de Cultura lleva meses esperando que se consideraran al menos aquí nuestras preguntas- ¡tan solo las preguntas! -sobre la coordinación en el ámbito de la cultura, la educación, la juventud, los medios de comunicación y el deporte. 
Esto indica con toda claridad que en el sistema hay algo que no funciona. 
El debate de esta noche es una oportunidad para poner los problemas sobre la mesa y espero que de él también se extraigan algunas conclusiones. 
El método abierto de coordinación puede contribuir sin duda de manera importante a que podamos responder a las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas de una mayor colaboración en ámbitos políticos importantes en los que no deseamos una armonización. 
Sin embargo, la experiencia me dice que este procedimiento no obtendrá la aprobación de los ciudadanos si no es democrático. 
Y hasta ahora no lo es; es intergubernamental. 
Por esto, nos corresponde a nosotros actuar. 
Si opinamos que la eficacia y la democracia se contradicen, que la flexibilidad y una participación responsable del Parlamento se contradicen, y que la transparencia y una participación responsable del Parlamento se contradicen, ello equivale de hecho- en mi opinión- a una muestra de incapacidad por nuestra parte. 
Por lo tanto, confío en que el presente debate y el presente informe contribuyan a que completemos nuestros deberes en pocas semanas una vez concluida la Convención y respondamos a dichas preguntas desde el Parlamento y en primer lugar desde las dos comisiones implicadas. 
. (DE) Señora Presidenta, yo no puedo aprobar el informe y no puedo hacerlo por algunas consideraciones de principio. 
El objetivo del llamado método abierto de coordinación es conseguir efectos legales en diferentes ámbitos políticos para los que no existe un fundamento jurídico como es debido en el Tratado de la Unión. 
Es decir que el Consejo y la Comisión trasladan a su discreción al ámbito europeo ciertas competencias sin estar legitimados para ello. 
Esto no favorece la claridad ni la veracidad jurídicas, y desde luego tampoco la aceptación de los ciudadanos y ciudadanas. 
Ahora bien, también sé que en este momento ya es posible y también del todo necesaria y razonable una coordinación en diversos ámbitos. 
En efecto, siempre se puede aprender de los demás. 
Pero transformar esta coordinación legal voluntaria en un instrumental casi legislativo y encima con posibilidades de sanción no contribuye a la transparencia de las actuaciones europeas. 
Me parece muy lamentable que sea justamente la comisión de política social- de la cual también formo parte -, que sin embargo sabe muy bien cuán sensibles y diferentes son las tradiciones de los distintos Estados miembros, la que defienda en un informe de propia iniciativa esta usurpación de competencias a hurtadillas, como quien dice. 
Siempre hemos reclamado una delimitación clara de competencias en Europa y el respeto de las competencias nacionales y regionales. 
La coordinación abierta constituye un golpe directo contra estas exigencias. 
Tampoco puedo celebrar como un gran logro la participación del Parlamento en este método, ya que en realidad no cambia nada; al contrario, incluso lo agrava, a mi parecer. 
En efecto, con ello se confiere una apariencia democrática a este método que no responde en absoluto a los principios de un Estado de Derecho. 
Gracias, señora Stauner. 
Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0150/2003) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a un Marco para la promoción de la participación financiera de los trabajadores [COM (2002) 364- C5-0527/2002- 2002/2243 (INI) ]. 
. (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, el presente informe de propia iniciativa de la Comisión de Empleo se refiere a la Comunicación de la Comisión relativa a un marco para la participación financiera de los trabajadores, concretamente, su participación en los beneficios y el capital de producción. 
El objetivo de la misma es impulsar estudios y proyectos de investigación sobre las posibilidades y riesgos de la política de patrimonio. 
La Comisión de Empleo acoge con satisfacción la creación de un grupo de trabajo formado por expertos independientes que se deberá encargar de presentar propuestas para hacer frente a los diferentes problemas que plantea la participación de los trabajadores. 
Entre estos ocupan un lugar central los obstáculos transnacionales en relación con la diferente fiscalidad a la que están sujetos los partícipes en empresas conjuntas que trabajan a escala transfronteriza. 
Un detalle: mi informe propone que en el caso de opciones sobre acciones solo se proceda a la imposición fiscal cuando se haya conseguido vender las acciones adquiridas por conversión de la opción. 
Esto sería razonable sobre todo si se desea incluir también a los asalariados y no solo a los altos directivos con derecho a la adquisición de acciones. 
El propósito fundamental de la Comunicación de la Comisión es fortalecer la competitividad de la economía europea en la línea de las decisiones estratégicas de Lisboa. 
La Comisión ya propuso una política salarial orientada hacia la productividad en el Libro Blanco sobre el Empleo de Delors. 
La contención de los aumentos salariales mejoraría los beneficios y se traduciría, por consiguiente, en inversiones, es decir, en la creación de puestos de trabajo. 
Nuestra comisión opina que no basta con agradecer la prudencia y comprensión de los trabajadores, sino que estos deberían participar en los beneficios y las inversiones, que no habrían sido posibles sin su moderación. 
Apoyamos y completamos los principios generales desarrollados por la Comisión. En primer lugar, la voluntariedad, o sea, que los empresarios y los trabajadores deben estar de acuerdo con el modelo; en segundo lugar, la inclusión de todos los trabajadores en la oferta de participación. 
No se deberá excluir, por lo tanto, a los trabajadores a tiempo parcial- que a menudo son mujeres- y, por consiguiente, tampoco se discriminará a las mujeres. 
En la medida de lo posible, se evitarán riesgos injustificados, sobre todo en el caso de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Estos están expuestos, en efecto, a un doble riesgo en caso de insolvencia, concretamente, el de perder el puesto de trabajo además del valor de su participación. 
En su Comunicación, la Comisión describe sobre todo con claridad la participación en los beneficios y el capital de las grandes empresas, en particular las sociedades anónimas. 
En este caso, podemos aprender de las experiencias de otros países, sobre todo de aquellos que, como Gran Bretaña y Francia, constituyen un modelo en materia de participación. 
La Comisión de Empleo recomienda que se preste aún mayor atención a los problemas de las pequeñas y medianas empresas y al fomento nacional de modelos de participación que también resulten practicables en las pequeñas y medianas empresas. 
Las comisiones de Derechos de la Mujer, de Asuntos Económicos y Monetarios, y de Industria e Investigación ofrecieron importantes respuestas a muchos de los problemas que plantea la participación en los beneficios y el capital. 
Les agradezco sus excelentes opiniones. 
También agradezco especialmente las valiosas sugerencias de la Comisión. 
Las deliberaciones en la Comisión de Empleo fueron muy constructivas, doy las gracias de nuevo a todos los Grupos y todos los ponentes en la sombra. 
Finalmente, quisiera añadir la opinión de la Comisión de Empleo sobre algunas cuestiones conflictivas. En primer lugar, dada la mayor motivación de los trabajadores que participan en el capital, es probable que aumente la productividad. 
Esto reduce los costes unitarios, que se traducen en un aumento de las ventas, con la posibilidad de crear más empleo. La amplia dispersión de la propiedad también mejora la voluntad de inversión, ya que un reparto más equitativo de la riqueza estabiliza el orden social. 
En segundo lugar, necesitamos un Derecho empresarial que vincule la participación en la propiedad y la cooperación. 
El nuevo Derecho empresarial debe transformar a los trabajadores de espectadores en miembros de la empresa. 
En «Quadragesimo Anno» esto se expresa como sigue: el contrato salarial se debe transformar en un contrato de asociación. 
La participación y la propiedad transforman a los trabajadores en colaboradores y a estos en partícipes. 
El objetivo es el trabajador entendido como ciudadano económico con igualdad de derechos. 
Comencemos a avanzar hacia ese objetivo. 
En esta línea, les pido su voto afirmativo para el informe. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Menrad y a todos los miembros que han contribuido a redactar este informe e insistido en la necesidad de que se reanudara este debate sobre la participación financiera de los trabajadores a escala europea. 
Comenzaré diciendo que considero muy importante que tanto la Comisión como el Parlamento estén de acuerdo en que hay enormes diferencias entre los marcos institucionales de los Estados miembros y que, por lo tanto, no podemos hablar de la necesidad de armonizar la legislación y las prácticas de los Estados en el campo que examinamos hoy. 
Es importante que evaluemos la experiencia de los países en los que se ha utilizado este modelo y en los que se ha demostrado, según los estudios que tenemos a nuestra disposición, que aumenta la productividad y la competitividad de las empresas, y utilizar así esta experiencia para dar un valor añadido europeo a esta práctica. 
Estoy de acuerdo con la opinión expresada en el informe de que la Comisión puede animar a los Estados miembros antiguos y nuevos que no disponen de este marco legislativo, para que adopten un marco fiscal y un marco de participación financiera de los trabajadores, que se base principalmente, como he dicho, en los resultados que conocemos de los países en los que se aplica. 
Dentro de este marco, me complace decir que la Comisión acoge con satisfacción la creación de un grupo de expertos independientes, que ya han comenzado a trabajar y que nos informarán de su labor en octubre; actualmente están examinando los obstáculos a los que se enfrentan las empresas que desean aplicar el sistema de participación financiera de los trabajadores pero que poseen empresas en más de un país, lo cual supone un serio obstáculo para que las grandes empresas operen a escala europea. 
Yo señalaría la necesidad, a la que también se refiere el Sr. Menrad, de que las prácticas nacionales y la legislación nacional sigan una serie de principios, entre los cuales el más importante es la necesidad de minimizar los riesgos financieros de los trabajadores. 
El informe concluye con propuestas concretas que piden a la Comisión que lleve a cabo un análisis comparativo de rendimiento entre países y modelos, que realice estudios sobre las formas de participación más adecuadas para las medianas y pequeñas empresas, donde los problemas son diferentes, y que proceda a redactar un documento sobre aspectos sindicales y de gestión, dando por supuesto especial relieve al tema de la igualdad de género. 
Me gustaría asegurarles, con respecto a todo lo dicho, que la Comisión promoverá todas estas propuestas en la medida de sus posibilidades, y decirles que, mientras hablamos, la Comisión ya está elaborando un estudio sobre este tema precisamente, en cooperación con la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, relativo a las pequeñas y medianas empresas, junto con un marco de indicadores de evaluación comparativa. 
Una vez que se haya completado este estudio, la Comisión volverá a presentar un nuevo informe, que se situará en el marco de las acciones a las que nos comprometimos en la comunicación de la Comisión para 2002-2004. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al ponente por insistir en celebrar un debate en torno a esta cuestión, porque se trata de un asunto muy importante. 
También quisiera agradecer a la Secretaría la programación de este debate, si bien, de nuevo, a una hora tan tardía, aunque implique que algunos de nosotros, que hemos empezado la jornada en esta Asamblea a la hora del desayuno, ya llevemos más de 13 horas aquí. 
Debo confesar que otra vez estoy incumpliendo la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la Unión Europea y, como buen europeo, no debería incumplir el derecho europeo. 
Estoy seguro de que si lo hago entraré en la lista negra de la Comisión. 
Espero que me perdonen, al menos en esta ocasión. 
Dicho esto, quisiera felicitar al ponente por el espíritu con que ha abordado esta compleja cuestión y la forma en que ha acogido enmiendas provenientes de todas partes, ciertamente incluyendo algunas mías. 
Solo tengo una pequeña crítica que hacerle, y espero que no piense que quiero buscarle tres pies al gato, aunque más bien es un cumplido, en lugar de una crítica. 
Me parece que su versión original de uno de los considerandos es mejor que el compromiso. 
El considerando D indica que «Considerando que no es necesario, deseable ni viable armonizar las normativas que rigen los sistemas de participación financiera, ya que ello mermaría la flexibilidad de las políticas de los Estados miembros». 
Pero, como sabe muy bien, existía un compromiso con el Grupo del PSE según el cual «todavía no es necesario, deseable ni viable armonizar plenamente». 
Esto quizá sea un error, porque no hay necesidad en absoluto de armonizar las políticas a este respecto. 
Estamos bien como estamos. 
Pero es un aspecto menor. 
Estoy totalmente de acuerdo con la idea central de este informe. 
Personalmente apoyaré con toda sinceridad su informe y animaré a todos mis colegas a hacer lo mismo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores diputados, la cuestión de la participación financiera de los trabajadores en las empresas es objeto de intensos debates. 
Recientes acontecimientos relacionados con el colapso de varias empresas con sistemas de participación de los trabajadores en el capital han puesto de manifiesto los riesgos potenciales asociados a este sistema. 
El caso Enron y otros similares demuestran la necesidad de estudiar las consecuencias de la aplicación de los sistemas existentes y de analizar con más profundidad las distintas alternativas de participación, ya sean las relacionadas con los planes de ahorro y jubilación, ya sean las vinculadas a la participación en el capital, en los beneficios o en opciones de acciones. 
Experiencias anteriores advierten no solo de los riesgos sino también de las muchas dudas existentes con respecto al incentivo que puedan suponer para la creación de empleo, así como de los peligros de su utilización con el fin de eludir la aplicación de la legislación laboral y poner en peligro los derechos de los trabajadores, en particular en el ámbito salarial, de la organización y los horarios de trabajo, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de los derechos de maternidad y de paternidad. 
Todos debían tener presente la creciente volatilidad de los mercados financieros. 
Llevar a lógicas de rentabilidad privada los recursos financieros de los sistemas de pensiones nacionales y, de alguna forma, los salarios y los ahorros de los trabajadores, como implica la participación financiera de los trabajadores, es potenciar el riesgo de propagación de las crisis financieras y de sus consecuencias socioeconómicas, como afirma el ponente: significa someter a los trabajadores a dos riesgos en caso de insolvencia de la empresa, el de perder su puesto de trabajo y el de perder su participación financiera. 
Obviamente, hay varios tipos de participación financiera, que pueden hasta generar determinados regímenes de gestión. 
Pero el debate no es tanto el «cómo» cuanto el «objetivo» fundamental de la propuesta. 
Ahora bien, no se puede admitir que sirva para interferir en el proceso de formación de los salarios y presionar en el sentido de una mayor flexibilización del mercado de trabajo. 
El Sr. Winfried Menrad ha procurado establecer algunas normas, en particular en cuanto a la negociación colectiva, defendiendo que los aumentos salariales no coincidan en el tiempo con las negociaciones sobre la participación financiera o también que la participación de los trabajadores sea un elemento adicional y no sustituya el salario normal de base u otros componentes del salario, como el régimen de pensiones. 
Como es obvio, una posible adhesión a regímenes de participación siempre será voluntaria y no podrá provocar nunca discriminaciones entre los trabajadores, ni poner en peligro otras formas de participación en la vida de la empresa, en especial por lo que se refiere a la organización sindical de los trabajadores. 
Señora Presidenta, creo que la promoción de la participación financiera de los trabajadores es muy importante tanto para los trabajadores como para el desarrollo de las empresas. 
Quizás una mayor participación y, por lo tanto, una mayor aceptación de la responsabilidad, pueda contribuir al éxito de las empresas y a su mayor rentabilidad y, de esta forma, al aumento del empleo y del acceso al capital. 
Algunas personas incluso mantienen que el desarrollo de varios tipos de participación financiera podría ser una manera de lograr un mayor crecimiento económico y un cumplimiento más rápido de los objetivos de la estrategia de Lisboa. 
Esta sería una virtud por la que merece la pena trabajar, ya que los objetivos de Lisboa parecen adquirir cada vez más un carácter ilusorio. 
En cualquier caso, los sistemas de reparto de beneficios de distintos tipos pueden crear buenos incentivos en cualquier situación para los trabajadores, generar un mayor entusiasmo por el trabajo y fortalecer los vínculos entre las empresas y los trabajadores. 
En este sentido, estamos de acuerdo, señor Menrad. 
En lo que se refiere a estos aspectos del contenido del informe, creo que el Sr. Menrad ha realizado un trabajo excelente y un buen análisis de los problemas que, a pesar de todo, se pueden encontrar en este tema. 
Sin embargo, no comparto la opinión de que sea un tema que deba decidirse o debatirse en el plano europeo. 
El propio ponente ha escrito en el informe que es innecesario armonizar las disposiciones relativas a los sistemas de participación y que tampoco es deseable ni practicable hacerlo, ya que ello impediría la flexibilidad de las políticas de los Estados miembros. 
Estoy de acuerdo. 
Acto seguido, el Sr. Menrad dice, sin embargo, que es necesario un marco europeo para promover la participación financiera de los trabajadores a través de la coordinación de acuerdos sobre principios generales, cuestiones relacionadas con la seguridad social y algunos aspectos fiscales. 
¿Por qué? 
La coordinación de modelos y condiciones no beneficiaría ni a las empresas ni a los trabajadores. 
Por lo tanto, no veo razón para que las instituciones europeas tengan que ocuparse de este asunto, con una serie de consideraciones y requisitos concretos que también habrían de tenerse en cuenta. 
Los sistemas de reparto de beneficios de las empresas son asunto de las propias empresas y sus trabajadores y, por lo tanto, son ellos quienes tomar el asunto en sus manos. 
La delegación Moderada votará, por lo tanto, en contra del informe, ya que alguien debe adoptar un punto de vista distinto. 
. (DE) Señora Presidenta, Sra. Menrad, muchas gracias por este buen informe, concluyente en su contenido. 
Una vez más ha demostrado su aptitud para tratar los temas que afectan a los trabajadores. 
¡Y desde luego se trata de un tema propio de la Unión Europea! 
Porque la participación de los trabajadores tiene un carácter absolutamente innovador, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de los trabajadores. 
Este es el enfoque y esta es la nueva filosofía, si queremos seguir la estela de Lisboa. 
Lo digo pensando en la oradora que me ha precedido. 
Evidentemente, es preciso mantener separadas algunas cosas, como ha hecho el propio Menrad. 
Partimos de la base de que se trata de participaciones en el capital claras, que no pueden constituir un complemento de los sistemas salariales y de remuneración existentes. 
Es un elemento que se debe considerar aparte y esto es un factor. 
Partimos de la base- y esto también se expone muy bien- de que esto fortalecerá mucho más al sector de la participación o la participación en el sector industrial. 
Esto tiene un efecto psicológico. 
Esto tiene una influencia en la empresa. 
Es innovador, puede reportar algo en el futuro. 
Esto es lo que se nos presentó. 
Ahora bien, ¿en qué tiempo vivimos? 
Y ahora me dirijo a la Comisión. 
Se trata de inscribir justamente estos modelos de participación de los trabajadores en una red especial, adecuada para nuestro tiempo, o sea, interesar también a los trabajadores en la participación en las empresas. 
¿Cuál es la realidad en Europa? 
Estamos asistiendo a fenómenos recesivos y hasta deflacionarios, condicionados por la presión de la Comisión a favor del ahorro, que se vuelve cada vez más intensa. 
Esto conduce al recorte de los sistemas sociales y de pensiones, y no fomenta la disposición de los trabajadores a aumentar su participación en el ámbito empresarial. 
Este es el problema. 
Es decir, que cuando hacemos política en la Unión Europea, deberíamos ser consecuentes y crear sistemas que también estén dotados de las correspondientes medidas de acompañamiento, con objeto de poder presentar un conjunto diseñado de manera creativa. 
Y esto es lo que en realidad deseamos. 
No será así mientras, por un lado, existan tendencias económicas completamente distintas de las que, por el otro lado, concebimos. 
La participación de los trabajadores no se debe quedar en mera teoría. 
¡La participación de los trabajadores en el sentido de Lisboa es más que eso! 
Gracias, señor Ettl. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0167/2003) de la Sra. Fraisse, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre «Mujeres y deporte» [2002/2280 (INI) ]. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, me complace presentar mi informe esta tarde- aunque en un hemiciclo un poco vacío, como pueden ver -, porque la cuestión «Mujeres y deporte» , que es competencia a la vez de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, atañe a mis dos responsabilidades en este Parlamento. 
Es un informe de propia iniciativa que trata, en suma, del fundamento de nuestra democracia, porque el deporte es uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la democracia desde la Antigüedad. 
Además, me complace que este informe se haya ultimado bajo la Presidencia griega. 
Quisiera recordar brevemente los diferentes elementos contextuales de este informe de propia iniciativa, tal como he propuesto al comienzo. 
En primer lugar, hay que admitir la existencia de una gran disparidad de situaciones entre los hombres y las mujeres, las niñas y los niños respecto del deporte y del acceso al deporte. No importa si hablamos del deporte de alto nivel o del deporte de ocio. 
Tenemos que reconocer que existe una disparidad. 
En segundo lugar, el deporte es y sigue siendo un espacio de autorrealización en todas las etapas de la vida y, a este respecto, la cuestión de la igualdad de oportunidades adquiere importancia. 
En tercer lugar, dado que existe esta disparidad de situaciones, para que haya igualdad de oportunidades de niñas y niños, hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, hay que tener en cuenta una cuestión que plantea dificultades: las disparidades y las diferencias que se constatan entre los dos sexos respecto del rendimiento deportivo. 
Algunos me han dicho que esto ya está asumido. 
Les recuerdo que tanto el ejército como la policía han tenido que elaborar diferentes pruebas competitivas y de rendimiento para hombres y mujeres. 
Esto es un intento de establecer la igualdad entre cuerpos distintos para asegurar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. 
He intentado explicar esta idea, sobre todo en el considerando M de mi informe. 
Resulta muy difícil, a partir de situaciones diferentes, conseguir un estado de igualdad o de equilibrio, llámenla como quieran. 
En mi opinión, estos tres elementos contextuales han presidido la redacción de este informe. 
Les recuerdo que hace trece años se presentó en el Parlamento un informe sobre las mujeres y el deporte. 
Yo esperaba ser pionera, pero no, debo reconocer que otras personas antes que yo han planteado este problema y ello me satisface. 
La igualdad de oportunidades y la autorrealización se plantean en tres ámbitos: el deporte escolar, el deporte de ocio y el deporte de alta competición. 
A este respecto he querido ser innovadora con respecto al informe anterior. 
Hay que tener en cuenta estos tres ámbitos para el desarrollo del deporte. 
La escuela es el lugar para fijar las normas y enseñar conjuntamente a niñas y niños, y un lugar en el que hay que abrir perspectivas en lugar de cerrar las puertas a oportunidades futuras. 
Todos los profesionales me han dicho que la escuela desempeña un papel fundamental en el acceso de las mujeres al deporte. 
El deporte de ocio representa un lujo para algunos- y diría que, sobre todo, para algunas-. 
Para poder practicar el deporte como ocio hace falta tiempo, medios y posibilidades de acceso. 
Hay muchas menos infraestructuras destinadas a las niñas, a las adolescentes, a las chicas jóvenes y a las mujeres que las destinadas a los jóvenes y a los hombres. 
La disparidad es grande si se tiene en cuenta que para las mujeres que asumen la ya pesada doble vida profesional y familiar, el acceso al deporte de ocio es un lujo. 
Es un punto que quería subrayar. 
En cuanto al deporte de alta competición, en primer lugar hay que comprender las cuestiones que implica. 
No siempre resulta fácil estar al corriente de lo que ocurre en el deporte femenino de alto nivel. 
Los medios de comunicación no siempre informan como podrían, como debieran o como desearíamos. 
Además, no debemos olvidar los problemas de salud específicos que sufren algunas deportistas de elite. 
Se producen trastornos y problemas hormonales que más tarde pueden provocar dificultades reproductivas o el envejecimiento precoz. 
Todos los profesionales me han alertado sobre estos problemas de salud. 
Como dice una socióloga, el deporte no es necesariamente sinónimo de salud, contrariamente a lo que suele creerse. 
Por último, todo el mundo insiste en el deseo de ver a las mujeres participar más en la toma de decisiones. 
También es un elemento fundamental. 
Para concluir, quisiera decir que últimamente he trabajado mucho con los diferentes Grupos políticos. 
Les agradezco su disponibilidad. 
También agradezco a la Presidencia griega que el 8 de marzo organizara un encuentro en Salónica sobre mujeres y deporte, en el cual estuve presente. 
Asimismo, agradezco a la Presidencia griega que haya incluido mi propuesta tituladade crear una unidad llamada «Mujeres y deporte» en su declaración al final de este encuentro. 
Además, doy las gracias al Comité Olímpico Internacional y a la red europea Mujeres y Deporte, que han hecho gala de una gran voluntad de cooperación. 
La última idea que quisiera expresar reúne lo que todo el mundo, todos los profesionales me han dicho: me han pedido que defienda la participación mixta en el deporte. 
Este es el camino adelante. 
Este informe se titula «Mujeres y deporte» , pero su objetivo es la participación mixta, de hombres y mujeres, niñas y niños juntos en lo que es y debe seguir siendo un ejercicio placentero para ambos sexos. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias y la enhorabuena a la Sra. Fraisse porque su informe es interesante, pero también encierra enormes dificultades, si pensamos que, por un lado, afecta a millones de ciudadanas de la Unión Europea y, por otro, es un asunto en el que apenas hay competencias y muy poca experiencia en el plano europeo. 
En cuanto al informe, quisiera comenzar con el análisis relativo al valor comunitario del deporte. 
Creo que la Sra. Fraisse demuestra muy bien la importancia del deporte como un arma poderosa en la lucha contra la discriminación. 
Por ello, tanto en la Comisión Europea como en el plan para 2003, que es el año contra la discriminación, se ha promovido de forma muy intensa la dimensión del deporte para combatir la discriminación y, en el año 2004, que es el año del deporte, el plan que se está elaborando incluye el tema de la discriminación. 
Voy a referirme y comentar de forma más específica- dado que, por supuesto, debo decir que estoy absolutamente de acuerdo con el espíritu del análisis al que ella misma se ha acaba de referir- ciertas peticiones que afectan directamente a las instituciones. 
La primera es que, como saben, la Convención ya ha respondido a la pregunta sobre el deporte y el Tratado; está claro- y nadie lo discute- que el deporte, con su dimensión social y educativa, como la cultura y la enseñanza, se ven como actividades de apoyo a escala europea, cosa que no ha cuestionado ningún Estado miembro. 
Por lo tanto, conocemos los límites dentro de los que podemos movernos institucionalmente. 
Está su propuesta de crear una unidad de «deporte y mujeres». 
Creo que, en este momento, es difícil determinar la competencia específica de dicha unidad, al haber dificultades prácticas para determinar las competencias en el plano europeo. 
En lo que se refiere a material y estudios disponibles, existe una importante bibliografía del Consejo de Europa que, creemos, se ha utilizado en ocasiones y que nos resulta suficiente para basar en ella la acción positiva. Además creo que, sobre todo en el año 2004, tendremos la posibilidad de avanzar más y promover la dimensión del deporte femenino. 
Qué duda cabe, no podemos simplemente sentarnos y no hacer nada mientras esperamos un nuevo artículo en el Tratado. 
Existe margen y creo que podemos avanzar más mejorando la información a las asociaciones deportivas y aumentando el conocimiento de las posibilidades que brindan los programas actuales de la Comunidad, para los que casi no existe demanda por parte de las asociaciones y programas relacionados con el deporte. 
Podemos referirnos al programa EQUAL o a los programas de investigación, para los que aún no se han formulado propuestas, o incluso al programa DAPHNE, si pensamos en la dimensión del acoso sexual en el deporte, que no es en absoluto insignificante. 
Por consiguiente, yo diría que estoy de acuerdo y que seguiré apoyando plenamente acciones para animar a las asociaciones deportivas a que utilicen los programas de la Comunidad, aunque sería más cauta en los aspectos relacionados con los nuevos estudios o con nuevas estructuras administrativas, al menos hasta que dispongamos de una definición más clara de las actividades. 
Está claro que la Comisión Europea está obligada en todas las propuestas que realice a respetar la acción legislativa de los Estados miembros, por una parte, y a tener en cuenta la autonomía de las asociaciones deportivas, por otra. 
Sin embargo, una forma segura de potenciar el interés de los Estados miembros y de las asociaciones de deportivas es promover el deporte entre las mujeres para luchar contra la discriminación. 
He tomado nota de ello en su posición y resaltaría que el deporte y las políticas deportivas pueden utilizarse claramente como un arma para combatirla. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, está claro que aún queda un largo camino por recorrer hasta conseguir la participación regular de las mujeres en una actividad física. 
El deporte reviste una importancia fundamental para nuestra sociedad. 
Es un medio universal para potenciar la comprensión por encima de las barreras del idioma, de la nacionalidad, de la religión y del color. 
Es un instrumento maravilloso para promover la paz en el mundo, ahora que se acercan los Juegos Olímpicos del año 2004. 
Por tanto, en ningún caso deben quedar excluidas las mujeres ni dejarse de lado sus intereses. 
Nuestras acciones a favor de la igualdad de las mujeres en el acceso al deporte deben ser a la vez horizontales y verticales, es decir, por un lado tenemos que desarrollar el deporte femenino en todos los niveles, ya sea el deporte escolar, el deporte de ocio o el deporte de competición; pero por otro también es importante dirigirnos a todas las categorías de mujeres, sobre todo aquellas que, en razón de su ritmo de vida o de su condición, tienen menos acceso al deporte. 
El deporte escolar es más que un aprendizaje del deporte. 
Contribuye al desarrollo del papel que desempeñarán los jóvenes en la sociedad en el futuro. 
Dadas las reticencias de las jóvenes que dejan el deporte, también es absolutamente necesario estimular su entusiasmo por el deporte. 
Se trata por tanto de su emancipación y su autonomía. 
En cuanto al deporte como ocio, está claro que para muchas mujeres el deporte es una actividad opcional más, que viene después del trabajo, los niños, la casa y el ocio familiar. 
Somos muy conscientes de las consecuencias de esto para la salud de las mujeres. 
Además, nuestras instalaciones deportivas no siempre permiten que las mujeres y a las chicas jóvenes practiquen un deporte dentro de un horario adecuado y con servicios como, por ejemplo, guarderías. 
Por último, el deporte también es una profesión, un medio para ganarse la vida. 
Por tanto, las autoridades deportivas y los deportistas de elite tienen que respetar las normas en vigor respecto de la libre circulación de las personas y la libre prestación de servicios. 
Las mujeres en el deporte de alto nivel son una minoría, son modelos para las generaciones jóvenes. 
Con objeto de incitar a las jóvenes a practicar un deporte, es necesario que estas deportistas sean visibles y, por lo tanto, que en la televisión, por ejemplo, no queden en un segundo plano, apareciendo tan solo a la cola de otras cuestiones. 
Pero la práctica de un deporte de alto nivel induce a una transformación del cuerpo que tiene consecuencias sobre la salud y la vida futura de las deportistas. 
Es importante llevar a cabo estudios específicos sobre los efectos del deporte de alto nivel en la salud de las mujeres. 
Por último, es importante que las mujeres estén representadas en todos los deportes, cualquiera que sea el nivel y la finalidad. 
Asimismo, es imprescindible permitir a las mujeres ejercer funciones de juez y árbitro y asegurar que ambos sexos estén representados en los comités médicos y de selección. 
Nuestra iniciativa debe permitir a las mujeres practicar una actividad deportiva de forma regular, y presta una atención particular a las mujeres disminuidas, así como a las mujeres mayores, porque el deporte es, sin duda, un medio privilegiado de autodesarrollo y rehabilitación. 
La actividad deportiva debe promoverse para potenciar a nuestra sociedad y asegurar el bienestar de todos. 
Por consiguiente, quiero concluir dando las gracias a la Sra. Fraisse y a la Comisión por el interés que han mostrado por esta cuestión. 
Señora Presidenta, fue la presión y la lucha de algunas mujeres las que hicieron que en 1928 el Comité Olímpico Internacional admitiese por fin la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos, en atletismo y solo en unas pocas pruebas. 
Por ejemplo, hasta 1964 no se introdujeron los 800 metros. 
Fue la presión de muchas mujeres atletas y entrenadoras, sus acciones inconformistas y su lucha las que consiguieron, aquí y allá, algunas concesiones de organizaciones deportivas altamente misóginas. 
Abrieron un camino que hoy celebramos, en el debate de este informe, el cual apoyo, de iniciativa de la ponente, Sra. Geneviève Fraisse, a la que felicito por el excelente trabajo realizado y a la que agradezco también la inclusión de propuestas por mí presentadas. 
Sabemos que hay una enorme diferencia de situaciones de la mujer en el deporte dentro de la Unión Europea, en especial entre los países del Norte y los del Sur, aunque es muy baja la media de mujeres (solo un 16%) y chicas (solo un 37%) que declaran practicar regularmente una actividad física y deportiva. 
De ahí que destaque como especialmente importante la defensa del reconocimiento del deporte femenino como expresión del derecho a la igualdad y a la libertad de todas las mujeres para disponer de su cuerpo e insertarse en el espacio público, independientemente de la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la religión o la deficiencia, lo que significa que los Estados miembros y la Unión Europea tomen las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso de hombres y mujeres a la práctica deportiva, a todos los niveles y en todas las etapas de la vida, independientemente del medio social, y que presten especial atención a las personas con deficiencias mentales o físicas, entre las cuales es importante promover el deporte y la actividad física, tal como se afirma en el informe. 
Y me congratulo de que la Comisaria también lo haya señalado aquí en este Año Europeo de las Personas con Discapacidad. 
Espero que no nos quedemos solo en este año. 
Pero de ahí también la importancia de aprovechar los distintos instrumentos jurídicos y financieros para promover y apoyar el deporte femenino. 
Es necesario dar mayor relevancia a la educación física y deportiva, crear mejores condiciones para las mujeres atletas y garantizar la igualdad de derechos en el deporte de alta competición en todos los planos, inclusive en la toma de decisiones y en la creación de las condiciones para una reinserción social activa al final de la carrera deportiva de las mujeres atletas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, incluidos aquellos de ustedes que asisten en calidad de observadores, si están despiertos. 
Como no comencé a trabajar en el Parlamento hasta el mes de abril, al mismo tiempo que los diputados observadores, quiero mencionarlos. 
Todavía me siento un poco como una observadora. 
Ahora tengo el honor de hablar en el Pleno por primera vez y me alegra haberme encontrado con un tema que siento como muy personal, habiendo adquirido la energía y la fuerza que aporta una vida practicando el deporte. 
Quizás sea esta la razón por la cual aquí aún nos hallamos en buena forma. 
Me complace poder decir que la ponente, la Sra. Fraisse, ha incorporado, si no todas, al menos muchas de las enmiendas propuestas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en nuestro debate en comisión. 
Con estas enmiendas, nuestro Grupo ha intentado resaltar las mismas cuestiones que la ponente, la Sra. Fraisse, ha incluido en cierta medida en su informe. 
El deporte femenino está relacionado con un problema que también nos resulta familiar en la esfera política y económica: la participación en la toma de decisiones. 
Es necesaria una acción efectiva en materia de igualdad para resolverlo. 
Recordemos que el deporte no se reduce al deporte de competición o de alto rendimiento o a las plusmarcas mundiales. 
El deporte y el ejercicio son para la mayoría formas de conseguir una vida sana y equilibrada en una sociedad que cada vez es más exigente y ajetreada. 
Se trata de un aspecto que queremos resaltar más en el informe. 
El ejercicio y el deporte promueven la vitalidad, tanto en encuentros individuales como por equipos. 
También hay otra serie de cuestiones cuya importancia quisiera subrayar, ya que se me ha dado la palabra. 
Sería muy importante que hubiera oportunidades de participar en el deporte para aquellas personas que no gozan de una salud perfecta. 
El deporte también es una forma eficaz, mentalmente terapéutica y socialmente beneficiosa de mejorar la calidad de vida de las personas enfermas o discapacitadas y de ayudarlas en su vida diaria. 
Las personas que no pueden caminar utilizando sus propias piernas, pueden montar a caballo, tomando prestadas las patas del caballo, por así decirlo. 
Esto es deporte. 
Otro punto importante que hay que tener en cuenta, en mi opinión, es que las mujeres y los hombres que están envejeciendo también deberían contar con las mismas oportunidades de hacer ejercicio y practicar deporte que las personas jóvenes y ágiles. 
De forma similar, no se puede insistir bastante, a este respecto, en el efecto beneficioso del deporte y en su capacidad para rehabilitar. 
Estas dos cuestiones tan importantes ya han sido incorporadas en el informe. 
No obstante, me habría gustado que se hubiera hecho más hincapié en resaltar que el deporte es la forma más maravillosa de integrar a los inmigrantes, a las mujeres y a los niños en una nueva sociedad. 
A pesar de todo, estamos muy satisfechos con el informe y únicamente pedimos unos cuantos votos separados en algunos puntos. 
Espero que se preste especial atención al hecho de que el deporte, como materia de estudio en el colegio, no sea juzgado utilizando los mismos indicadores que para las disciplinas intelectuales, como las lenguas extranjeras y las matemáticas. 
Asimismo espero que en el informe se omita la referencia al deporte como un derecho fundamental del individuo. 
Pienso que el deporte es un derecho de todas las personas, pero considero que el concepto de «derecho fundamental» sufriría una inflación en este contexto. 
Este informe también debería dejar fuera la lista que enumera a los países que no enviaron equipos mixtos a los últimos Juegos Olímpicos, aunque es importante hacer un llamamiento a que todos los países envíen equipos mixtos. 
Si se acepta este informe tras el debate parlamentario en la votación de mañana, y espero que así sea, yo me mantendré sin embargo un poco escéptica en cuanto a lo que harán la Comisión y los Estados miembros. 
Por esta razón, sería igualmente muy importante que realizáramos un seguimiento del informe, y en este momento hago un llamamiento a la Sra. Comisaria responsable y le pregunto si podríamos contar con un informe de seguimiento sobre las recomendaciones recogidas en este informe antes de que finalice la actual legislatura parlamentaria en 2004. 
Quiero dar las gracias a la Sra. Fraisse por su informe y por su apasionada defensa de este tema en su conjunto. 
Señora Presidenta, antes que nada, quisiera agradecer todos los esfuerzos de la Sra. Fraisse, ponente de este informe. 
Señorías, los tiempos han cambiado mucho. 
Fíjense ustedes, en el año 1912, cuando se le preguntó al mítico Pierre de Coubertin sobre la posibilidad de organizar unos juegos olímpicos femeninos el contestó lo siguiente: " Eso es impracticable, carente de interés, antiestético e incorrecto. 
La concepción de unos juegos olímpicos tiene que responder a la siguiente fórmula: exaltación periódica y solemne del atletismo, la lealtad como medio, el arte como marco y los aplausos femeninos como recompensa ". 
De esto hace cien años, no es mucho. 
Las mujeres no participábamos en los juegos olímpicos y ahora, sin embargo, superamos el 40%. 
Y si tenemos en cuenta que hay continentes cuya participación es muy muy baja, creo que, verdaderamente, hemos avanzado muchísimo. 
Sin embargo, yo que he dedicado 20 años de mi vida al deporte como aficionada y luego como profesional, pienso que hay dos frentes en los que queda todavía muchísimo por hacer y muchísimo camino que recorrer. 
El primer frente es el de los medios de comunicación. 
En España los periódicos deportivos, que son los periódicos más leídos de nuestro país- más, incluso, que los periódicos de tirada nacional -, no dedican, ni siquiera el 4% de su contenido al deporte femenino, con el agravante de que muchas veces el contenido referido al deporte femenino son noticias de tipo "rosa" o "del corazón", que llamamos en España, o sobre posturas o vestimentas de nuestras deportistas. 
Este no es sólo un problema de España, en Francia el diario L ' Équipe dedica un máximo del 5% de sus noticias al deporte femenino. 
Se trata, pues, de un problema que abarca toda la Unión Europea. 
El segundo frente es el de los organismos deportivos. 
En el mundo de la política, muchas veces, nos quejamos de que la participación de la mujer es demasiado baja; sin embargo tengo que decir que la participación de la mujer en el mundo de la política está a años luz por encima de la participación de la mujer en los organismos deportivos. 
En vista de lo dramático de la situación, el Comité Olímpico Internacional decidió en el año 1996 que, para finales del año 2000, el 10% de todos los puestos en todas las estructuras de poder, de decisión, debería estar reservado para mujeres, incluyendo federaciones internacionales y organismos pertenecientes al movimiento olímpico, con la idea de que para el año 2005 este cupo ascendiera al 20%. 
Son cuotas ridículamente bajas, pero lo más grave del asunto es que, encima, no se están consiguiendo. 
Señorías, en la clausura de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte, en octubre de 1996, en Lausana, Juan Antonio Samaranch afirmaba que el siglo XXI tendría que ser la nueva era para la mujer en el mundo del deporte. 
Entre todos y entre todas hemos de hacer lo que esté en nuestras manos para que la afirmación de Juan Antonio Samaranch se haga realidad. 
Señora Presidenta, comenzaré dando las gracias y mi más sincera enhorabuena a la Sra. Fraisse por su iniciativa de movilizar e aumentar la sensibilización del Parlamento Europeo y de todos los organismos competentes acerca de una cuestión muy seria, a saber, la relación entre el deporte y la mujer. 
Este informe es particularmente importante y valioso en la carrera hacia los Juegos Olímpicos de 2004 y esperamos que las propuestas que contiene sean tenidas en cuenta por el comité organizador de Atenas 2004. 
Sin embargo, también quiero dar mi más sincera enhorabuena a la Sra. Comisaria, quien ha respondido directamente y de forma positiva a las propuestas del informe. 
En efecto, señora Comisaria, el deporte puede ser una forma muy activa de combatir la discriminación contra las mujeres y, lo que es más importante, de luchar contra la infrarrepresentación de las mujeres en este campo. Creo que habría que tomar medidas en este sentido para aumentar el número de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en todos los niveles de las actividades deportivas, para apoyar el desarrollo personal y profesional de las mujeres en el campo del deporte, la organización y la administración del deporte y el entrenamiento, así como la organización de encuentros deportivos en todos los niveles. 
Es necesario crear mecanismos para garantizar que las mujeres jóvenes tengan mucho que decir en el desarrollo de las políticas y los programas que les afectan. 
Hay que animar a los medios de comunicación a que reflejen positivamente la amplitud, la profundidad, la calidad y los beneficios del trabajo de las mujeres y chicas en el deporte. Por último, se necesita apoyo para lograr los niveles de igualdad entre los sexos establecidos por el Comité Olímpico Internacional en 1998 y la aplicación práctica de todos los puntos recogidos en la declaración de Salónica, que clausuró el trabajo de una gran conferencia internacional celebrada en el marco de la Presidencia griega. 
A medida que nos acercamos a los Juegos Olímpicos de 2004, deberíamos hacer de la idea de la participación de las mujeres un importante mensaje de estos juegos. 
Hagamos que los Juegos Olímpicos sean una auténtica celebración de la humanidad que promueva los valores a los que las mujeres otorgan una particular importancia: los valores de la paz, la democracia, la igualdad, el respeto de las diferencias, el diálogo entre culturas, la coexistencia creativa de las personas y la resolución de las diferencias por medios pacíficos. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, cuando la estrella del golf sueca, Annika Sörenstam, quiso competir con los hombres en el torneo profesional norteamericano, el mundo del golf masculino se puso muy nervioso. 
Una serie de golfistas reaccionaron con suspicacia y antipatía, y otros rechazaron la idea directamente. 
Los hombres se preguntaban qué iba a suceder. 
Quizás ella fuera mejor que algunos de ellos. 
La reacción con que se encontró Annika Sörenstam cuando quiso medirse con los hombres es sintomática de la actitud de muchos hombres hacia las mujeres y el deporte. 
No es que crea que los hombres en general conspiren activamente contra las mujeres en el deporte, aunque hay algunos que sí lo hacen. 
Lo que se hace sin pensar y con prejuicios tiene, sin embargo, el mismo efecto. 
Las mujeres están discriminadas en el deporte. 
Es algo que, en mi opinión, aparece de forma muy clara en el excelente informe de la Sra. Fraisse. 
Las mujeres obtienen menos recursos y sus periodos de entrenamiento son más cortos, y muy a menudo son tratadas injustamente por los patrocinadores. 
Es más, a menudo son hombres lo que dan las noticias del mundo del deporte. 
A esto deberíamos añadir precisamente lo que otros ya han dicho, a saber, que los medios de comunicación dedican más espacio a los hombres que a las mujeres. 
Soy presidente de un club deportivo: el club de balonmano Järnvägen, de Hallsberg. 
Es un club con un buen grado de igualdad en cuanto a sus miembros, con un número de chicas y mujeres aproximadamente igual al de chicos y hombres. 
Hemos trabajado en pos del objetivo de establecer la igualdad de oportunidades para chicas y chicos. 
No diré que hayamos tenido un éxito completo, pero hemos realizado bastantes progresos. 
Aún queda mucho por hacer, y tenemos que seguir esforzándonos en nuestro club de balonmano. 
Todas las demás asociaciones deportivas también deben realizar un esfuerzo y trabajar en pos del objetivo de lograr un entorno igualitario en el mundo del deporte. 
El deporte es significativo por muchas razones. 
Es casi siempre beneficioso y saludable para quienes lo practican. 
Crea oportunidades de contacto social y de unidad, y ayuda a las personas a madurar. 
A través del deporte podemos combatir el consumo de drogas y la marginación, y podemos dar a las personas espacio para crecer y desarrollarse, pero todos, tanto chicas como chicos, deben contar con las mismas oportunidades. 
El Parlamento Europeo no puede eliminar todas las causas de la falta de igualdad en el deporte, del mismo modo que no podemos eliminar dichas causas en otros ámbitos de la sociedad. 
Sin embargo, podemos ser claros al decir lo que queremos, y nos podemos alentar a nosotros mismos, a los Estados miembros, a las asociaciones deportivas, a los medios de comunicación y a aquellos que participan en el mundo del deporte, a que piensen siempre en términos de igualdad y de condiciones iguales para hombres y mujeres. 
Los Estados miembros pueden ser más estrictos en las acciones que emprenden. 
Se pueden suspender las ayudas concedidas a las asociaciones que no cumplan los objetivos en términos de igualdad. 
Los patrocinadores pueden ejercer presión sobre los clubes. 
Si no practican la igualdad, no reciben dinero. 
Por lo tanto, debe existir la voluntad de lograr la igualdad en el deporte. 
Querer es poder. 
Hagamos uso de esa voluntad para conseguir la igualdad en el deporte europeo. 
Gracias, señor Karlsson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(Se levanta la sesión a las 23.15 horas) 
. (SV) Durante muchos años, he trabajado diligentemente en el Parlamento en la elaboración de un Estatuto de los Diputados y quisiera realmente que este entrara en vigor antes del próximo mandato. 
Por desgracia, observo que la mayoría de los diputados han presentado deliberadamente el proyecto de Estatuto de tal forma que, por razones comprensibles, no podrá ser aprobado por el Consejo. 
Tal y como ha apuntado la Comisión en su opinión, las disposiciones relativas a la inmunidad de los diputados superan el límite de aprobación en este contexto. 
Resultaría trágico que el Estatuto solo pudiera implementarse tras la entrada en vigor de un nuevo tratado constitucional- lo cual, probablemente, retrasaría la fecha hasta el año 2009 en lo que respecta al Parlamento-. 
Al mismo tiempo, se ha aprobado un opción en virtud de la cual los nuevos Estados miembros deben aplicar unas normas diferentes durante los dos mandatos siguientes a su adhesión. 
El Parlamento no ha convencido al mundo que le rodea de que su verdadera intención era la de crear una situación en la que los costes de desplazamiento se reembolsarían en el futuro sobre la base de los gastos reales. 
Durante la votación, el Parlamento ha descartado la posibilidad de que los países que así lo deseen puedan elegir el sistema fiscal nacional. 
Si el Estatuto llega a ser una realidad, el Parlamento deberá estar preparado para negociar el resultado final. 
Mediante mi voto en contra, quisiera reflejar claramente el hecho de que el Parlamento se encuentra dividido y de que sus líderes deberían negociar el resultado final. 
. 
(PT) En respuesta al accidente del Prestige, la Comisión anunció una serie de medidas destinadas a minimizar el riesgo de futuros accidentes de buques como el Erika y el Prestige. 
La Comisión propone tres modificaciones fundamentales: la introducción de una disposición que obliga a que crudo y demás derivados combustibles pesados sean transportados únicamente por petroleros de doble casco, la retirada acelerada de los petroleros de casco único y una aplicación más amplia del régimen especial de inspección de petroleros (régimen de evaluación del estado de los buques) , destinada a evaluar la integridad estructural de los petroleros de casco único de más de 15 años de antigüedad. 
Por ello, expreso todo mi apoyo a esta propuesta de Reglamento, que considero extremadamente positiva y oportuna para garantizar una mayor seguridad en el tráfico marítimo, un mayor control del transporte de hidrocarburos y una protección más eficaz del medio marino, medidas que desde hace mucho he venido defendiendo. 
Esta materia reviste un interés capital, no solo para un Estado como Portugal, que posee un enorme litoral marítimo y comprende territorios insulares extremadamente vulnerables, como los archipiélagos de Madeira y las Azores, sino para toda la Unión Europea. 
Cáncer de mama 
Señor Presidente, esta no es la primera vez que la Sra. Jöns ha sacado a la luz un tema tan serio como combatir el cáncer de mama de manera tan específica y eficiente, y es importante y demuestra una vez más que el compromiso y el trabajo sistemático de una persona puede poner en marcha las políticas. 
Así que me gustaría felicitar personalmente a la Sra. Jöns por la calidad de su informe y por su compromiso continuo con este tema tan importante. 
La lucha contra el cáncer de mama es una prioridad en materia de salud pública. 
Se han citado varias cifras. Creo que es importante repetirlas para que entendamos la envergadura del problema: 220 000 nuevos casos por año y 75 000 mujeres que mueren debido a esta enfermedad. 
Sin embargo, según estimaciones y estudios, las vidas de 25 000 mujeres al año podrían haberse salvado si se hubieran llevado a cabo las prácticas adecuadas de detección precoz por mamografía a todas las mujeres de la Unión Europea. 
Por lo tanto, la prevención, la correcta detección precoz salva vidas, y este es también el mensaje del informe. 
En su informe, la Sra. Jöns examina las mejores prácticas relacionadas con la detección precoz y las mejores prácticas y la experiencia efectiva relativas al tratamiento y los cuidados del cáncer de mama. 
Es importante decir que muchos de los elementos y propuestas formuladas surgen de varias acciones realizadas por la Comisión entre los años 1987 y 2002 en el marco de tres programas sucesivos de «Europa contra el cáncer». 
Estos programas, junto con el nuevo programa en el terreno de la salud pública, ilustran el compromiso de la Comisión de combatir esta importante enfermedad. 
Por lo tanto, un elemento importante de las políticas a nivel europeo es el inventario que tenemos hoy y el conocimiento que poseemos sobre lo que ocurre en los Estados miembros, para que podamos escoger las mejores y más eficientes prácticas y para que los propios Estados miembros puedan identificar sus propias debilidades. 
El segundo elemento importante de las políticas y las opciones es la propuesta de recomendación, que también ilustra esencialmente el compromiso de la Comisión. 
La propuesta de recomendación sobre la detección precoz del cáncer data del 5 de mayo. 
El objetivo de esta propuesta es formular recomendaciones para la aplicación de programas masivos de detección precoz con una base científica adecuada. 
La recomendación ya se ha presentado al Consejo de Ministros de Sanidad, que se celebró el lunes de esta semana. 
¿Qué contiene? 
Esencialmente, contiene una propuesta de medidas cuyo objetivo es relacionar las prácticas de detección precoz con los resultados obtenidos en los distintos Estados miembros. 
Esto significa que los Estados miembros deben tener objetivos cuantitativos en torno a la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer. 
La propuesta de recomendación de la Comisión es un marco general que, sin duda, no puede tener la fuerza vinculante de la legislación, dado que todos sabemos que estas son cuestiones que competen a los Estados miembros. 
Sin embargo, esta propuesta de recomendación incluye una disposición para la presentación de un informe sobre la aplicación de programas de detección precoz del cáncer sobre la base de las estadísticas suministradas por los Estados miembros a finales del tercer año después de la fecha de su aprobación, y este informe constituirá la base de evaluación y análisis de la acción futura. 
Además de la propuesta de recomendación que, como he dicho, era el segundo elemento básico de la política de la Unión Europea después del inventario de la situación existente, el tercer elemento importante son los programas de acción. 
La Comisión ha llevado a cabo una acción importante relacionada con el programa de salud pública para los años 2000-2008. 
Estos programas utilizan los resultados y logros de programas anteriores, incluyendo el programa contra el cáncer, y las redes correspondientes. 
Y me gustaría dar la bienvenida a la tribuna a los representantes de las redes, a los presidentes de las organizaciones que luchan contra el cáncer de mama y decir que, también en nuestra experiencia, es evidente que el papel de estas organizaciones, el compromiso de los voluntarios, el compromiso de la sociedad civil, desempeña un papel muy importante y vemos que, en muchos países, ha habido mejoras esenciales y cambios en la situación en el terreno del cáncer de mama gracias a la operatividad de estas redes. 
Sin duda, algunas de ellas son también paneuropeas en extensión. 
En 2004, la Comisión tiene que presentar un informe final al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el éxito del programa «Europa contra el cáncer». 
Este programa, el programa de salud pública, incluye intercambios de información y de mejores prácticas entre los Estados miembros. 
Esto está en consonancia con el apartado 13 del informe de la Sra. Jöns y, sin duda, reconoce y apoya la necesidad de estrategias y acciones comunes en sectores como la investigación, el equipamiento técnico y el desarrollo tecnológico, que también está en consonancia con el apartado 6 del informe. 
La Comisión está evaluando actualmente las numerosas propuestas de planes presentados para la financiación en el año 2003. 
En relación con las prioridades del programa de trabajo para 2003, los servicios tendrán en cuenta en la elección final las prioridades establecidas en el informe, y sin duda, tendremos en cuenta seriamente todas las recomendaciones formuladas. 
Por lo que se refiere a la propuesta de conferencia sobre el resultado del programa «Europa contra el cáncer» , creo que debería discutirse con las próximas presidencias. 
Me gustaría expresar ciertas dudas en cuanto a la posibilidad de que se organice en el marco de la Presidencia italiana, dado que no hay mucho tiempo, pero sin duda podemos intentar encontrar el mejor momento posible. 
Por último, permítanme que les informe de que la Comisión tiene la intención de crear un portal de información sanitaria en Internet. 
Este portal será una fuente de información sobre salud pública en la Unión Europea; su contenido abarcará un aluvión de temas y será un punto único de acceso para ciudadanos, pacientes, doctores, expertos, las autoridades competentes y las redes. 
Creemos que este portal será una herramienta importante para todos con vistas al intercambio de experiencias y la promoción de políticas. 
Señor Presidente, quisiera concluir dando las gracias a la Sra. Jöns en nombre del Sr. Byrne, a quien compromisos muy importantes le han impedido venir, por su contribución particular a la aplicación de nuestro objetivo común y darle una calurosa felicitación. 
Señor Presidente, cada familia, cada hogar de la Unión Europea, ha estado en contacto alguna vez con esa terrible enfermedad que es el cáncer, de la que no te libras nunca, aunque estés curado. 
El hecho de que la Unión Europea no solo trabaje activamente para evitar el cáncer y detectar esta terrible enfermedad, sino que también ofrezca posibilidades de curar el cáncer a través del programa de investigación- al que se destinan 400 millones de euros -, tiene que dar ánimos a los ciudadanos europeos. 
Esta es también la razón por la cual la Sra. Jöns y yo, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y los Demócratas Europeos, junto con todos sus miembros, hemos colaborado de forma excelente para asegurar que el presente informe de nuestra ponente, la Sra. Jöns, pueda ser apoyado sin fisuras por nuestro Grupo. 
Juntos hemos emprendido una vía que creemos es la mejor para todas las personas que están, estarán o han estado alguna vez afectadas por este problema. 
Hay grandes diferencias en Europa. 
Estoy orgullosa de mi país. Disponemos de un perfecto programa de exploración, pero eso no significa que ya esté hecho todo. 
Hay diferencias en el sentido de que el problema del cáncer de mama es mayor en las mujeres de los países del Norte de Europa, porque es más frecuente, mientras que en otros países- y me refiero también a los países candidatos- es menos frecuente, pero las posibilidades de curación también son muy diferentes dentro de la Unión Europea. 
Ello implica que lo que se inició en el decenio de 1990 con los programas de exploración de mama tiene que perfeccionarse, y por esto nos hemos reunido. 
Enseguida haré otra observación al respecto. 
Pido a la Comisión Europea que preste atención a otros programas, a otros tipos de cáncer que también pueden curarse y que- a mi entender- no se les presta aún suficiente atención. 
Mencionaré el cáncer cervical, que puede detectarse precozmente con la prueba HPV y respecto al cual la Unión Europea debería ejercer más presión en los Estados miembros para que adopten acciones, pues una vez detectado, se puede curar en la mayoría de los casos. 
Lo mismo puede decirse del cáncer de próstata. 
El mismo problema. 
En los nuevos programas hemos de prestar más atención a estos tipos de cáncer. 
Lo que hemos hecho es considerar si las directrices y los programas de la Comisión Europea son suficientemente adecuados para encontrar soluciones allí donde los Estados miembros en realidad solo pueden asesorar. 
Creo que se han reforzado algunos puntos. 
En primer lugar quiero mencionar la exploración. 
Pero además de la exploración, es sumamente importante que las mujeres reciban una asistencia rápida en cuanto exista la sospecha de cáncer de mama. 
He de decir que en mi país, a veces se cometen fallos en este sentido. 
Es decir: detección precoz, pero también un tratamiento rápido. 
Esto es sumamente importante y le ruego, señora Comisaria, que preste atención a esta cuestión. 
Lo que no debe ocurrir es que, una vez detectado el cáncer, se trate en cualquier hospital pequeño. 
El enfoque interdisciplinario, multidisciplinario del problema ofrece las mejores posibilidades de curación y creo que todas las mujeres de la Unión Europea tienen derecho a ello. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría felicitar a la ponente Karin Jöns por su informe, abundante en contenidos y de prometedores resultados, y tengo competencia para ello porque dirijo un centro de senología en Italia. 
Comparto plenamente las peticiones dirigidas a los Estados miembros con vistas a alcanzar una tasa de participación voluntaria de las mujeres en las mamografías superior al 70%, algo que ninguna nación ha alcanzado. 
Considero muy importante la petición de que se incentiven y difundan en los Estados miembros iniciativas de formación en el plano técnico y asistencial, de apoyo psicológico a las pacientes afectadas de cáncer de mama, y de promoción, a escala comunitaria, de cursos de formación y especialización, que- añado- sean impartidos por instituciones universitarias, máster universitarios de segundo nivel. 
Estos cursos podrían ser financiados también con los recursos que utilizamos para la formación. 
Parece compartible la petición de que se creen cuanto antes registros europeos de sobre el cáncer, para que la Unión Europea pueda disponer por fin de datos fiables y comparables sobre la evolución de la enfermedad neoplásica en su conjunto. 
Es justo estimular a los Estados miembros a que utilicen los recursos de los Fondos Estructurales para financiar la creación de infraestructuras en el sector sanitario. 
Comparto plenamente la petición de la ponente de que se garanticen entre otras cosas las intervenciones estéticas, como la implantación de prótesis, el suministro de pelucas y todo lo que una paciente necesite para recuperar una identidad corporal lo más parecida posible a la que tenía antes de la enfermedad. 
En muchos Estados no se pagan estas intervenciones. 
No obstante, algunos puntos me preocupan. 
Quiero resaltar ante todo que, en un informe elaborado por una Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, falta una referencia esencial para que dicha comisión pueda denominarse de «igualdad de oportunidades». 
La ponente no hace referencia alguna a los enfermos de carcinoma de sexo masculino. 
Este tipo de carcinoma, por desgracia, afecta también a los varones: entre los 58 y los 63 años, en esencia, un varón de cada 100.000 personas enferma de cáncer de mama. 
Puedo añadir que su prognosis es más desfavorable que la de la mujer, precisamente porque, al no estar sometido a mamografías, el carcinoma se diagnostica con retraso. 
Me pregunto si no sería oportuno que esta comisión reconociese también al varón por lo menos el mismo derecho de información que se reconoce a la mujer. 
El cáncer masculino constituye el 1 por ciento de todos los tumores de mama. Comprendo que su incidencia no es significativa a efectos económicos para que se pueda pensar insertarlo en un programa específico de mamografías. 
En cambio, me parecería oportuna una campaña de sensibilización dirigida a la población masculina para que, del mismo modo que las mujeres, los varones puedan encontrar en el diagnóstico precoz la posibilidad de aumentar su cantidad y calidad de vida. 
El riesgo de enfermar de carcinoma de mama afecta sobre todo a los jóvenes debido al amplio uso de hormonas femeninas y metabolizantes que provocan una ginecomastia a menudo no tratada. 
El segundo aspecto sobre cual quisiera detenerme se refiere a la letra g) del punto 7 del informe. 
Me parece que recordar a las pacientes la posibilidad de ejercer el derecho de demandar al médico por error médico es un acto inútil, pues está previsto ya en la Carta de los derechos del enfermo, y también perjudicial, pues podría poner en peligro la relación de confianza entre médicos y pacientes de la cual depende, como han demostrado estudios e investigaciones, el 50 por ciento del resultado terapéutico. 
Considero más legítimo que este tipo de control sobre la adecuación de la calidad de los tratamientos sea efectuado por las instituciones que se destinan a ello, por ejemplo la comisión europea de control de los centros de excelencia en colaboración con las unidades dedicadas al cáncer de mama. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, en el año 2000, más de 216.000 mujeres han contraído cáncer de mama en la Unión Europea y más de 79.000 han fallecido por esta causa. 
El cáncer de mama es la causa más frecuente de mortalidad de las mujeres de edades comprendidas entre los 35 y los 55 años. 
Las tasas de cáncer difieren significativamente de unos países a otros dentro de la Unión Europea, siendo más altas en los países nórdicos y más bajas en los países del sur, como Grecia o España; 
Lituania y Letonia también tienen tasas bajas. 
En todos, la tasa aumenta cada año; factores económicos, medioambientales e incluso culturales, tienen una gran incidencia sobre estas cifras; el cáncer de mama afecta en mayor medida a mujeres de clase social elevada. 
Las directrices europeas para la detección precoz del cáncer, que es la medida más eficaz para obtener un buen resultado y una alta tasa de supervivencia, son solo recomendaciones sin carácter jurídico vinculante. 
Los Estados nacionales elaboran su plan de prevención y tratamiento, con grandes diferencias de unos a otros. 
En algunos Estados miembros los programas son regionales y todavía existen Estados miembros donde los programas de detección precoz no llegan a todas las mujeres en edad de riesgo. 
Este informe, oportuno y muy bien hecho, pretende llamar la atención en toda la Unión Europea sobre este problema, que afecta esencialmente a las mujeres. 
Su realización por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha sido un acierto. 
Toda mujer tiene derecho a acceder a una detección precoz de alta calidad, al tratamiento y al control posterior del cáncer de mama, por lo que deben eliminarse las diferencias que existen actualmente entre los Estados miembros, que originan tasas de supervivencia con diferencias de hasta un 16%. 
La medida más eficaz, hasta la fecha, para la curación del cáncer sigue siendo la detección precoz. 
El programa comunitario "Europa contra el cáncer" ha resultado muy eficaz, modélico y ejemplar y, por ello, deberíamos seguir este camino en el futuro. 
La detección precoz, con programas establecidos para examinar regularmente a las mujeres a partir de los 50 años, debe ser establecida en todos los Estados miembros y también en los Estados candidatos. 
La colaboración y concienciación de la mujer son de enorme importancia, pues la autoexploración es una ayuda sumamente útil, sin olvidar que la mamografía es la técnica más eficaz para detectar el cáncer precozmente. 
La lucha contra el cáncer de mama debe ser una prioridad de la política sanitaria y los Estados miembros deben elaborar políticas sanitarias y estrategias eficaces para una mejor detección precoz, diagnóstico y tratamiento. 
El informe es muy completo, detallado y preciso, y felicito también a la Sra. Jöns por su actitud de colaboración, aceptando sugerencias y enmiendas que han enriquecido el texto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar agradeciendo la intervención de la Comisaria, que demuestra el compromiso de la Comisión de afrontar este grave problema de salud pública en colaboración con los Estados miembros, que tienen la competencia en materia de sanidad. 
En efecto, el número de casos de cáncer de mama ha aumentado a un ritmo alarmante en la Unión Europea. 
Como ejemplo, me gustaría señalar que en Portugal el cáncer de mama es la principal causa de muerte de las mujeres mayores de 45 años. 
Anualmente aparecen en mi país 3 500 nuevos casos y todos los días mueren cinco mujeres de esta enfermedad. 
Con todo, existe una voluntad política real y medidas concretas para mejorar la situación. 
Por ello, agradezco y felicito a la ponente por su excelente informe, que nos advierte de las cifras alarmantes de este tipo específico de cáncer, tanto en Europa como en el mundo, y nos convoca a todos a actuar con urgencia y hacer de la lucha contra el cáncer una de las prioridades esenciales de la política sanitaria en la Unión Europea. 
Nos encontramos ante el desafío de reducir drásticamente la tasa de mortalidad por cáncer de mama en Europa, pero también de eliminar las disparidades entre Estados miembros en cuanto a la calidad de la asistencia sanitaria y, por consiguiente, las posibilidades de supervivencia. 
Para ello, debemos actuar a varios niveles: 
primero, la prevención y la detección: es urgente promover campañas de sensibilización que demuestren que un diagnóstico precoz de la enfermedad aumenta las probabilidades de curación. 
Por ello, los Estados miembros deben poner en práctica modelos de detección bienal para las mujeres de edades comprendidas entre los 50 y los 60 años, tal como recomiendan las directrices europeas sobre exploración mamográfica; 
segundo: el diagnóstico. 
En todos los Estados miembros debe garantizarse que las mujeres sean informados de los resultados de una mamografía en un plazo de cinco días laborables y que, tras el diagnóstico, no esperen más de cuatro semanas para iniciar el tratamiento; 
tercero: el tratamiento y el seguimiento. 
La mujeres víctimas de un cáncer de mama deben ser tratadas por equipos multidisciplinares, que hayan recibido y sigan recibiendo una formación profesional adecuada. 
Para superar del mejor modo posible la fase de tratamiento, las pacientes deben tener acceso a un acompañamiento psicológico, a cuidados de fisioterapia y a servicios sociales. 
Tras el tratamiento, la fase de acompañamiento médico y emocional es esencial. 
Por último, me gustaría concluir con una nota de esperanza, diciendo que un día seremos capaces de combatir y erradicar esta enfermedad. 
Así pues, aprovechemos bien no solo la partida de 400 millones de euros para investigación en el ámbito del cáncer puesta a disposición por el sexto programa marco para acciones de investigación, sino también el nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública 2003-2008, para desarrollar iniciativas y proyectos innovadores. 
Señora Comisaria, hoy debatimos un tema difícil e incluso doloroso, no solo para las mujeres, sino también a menudo para familias enteras. 
En efecto, las estadísticas que acabamos de citar- una de cada diez mujeres es o será víctima de esta enfermedad- demuestran que es la causa de mortalidad más frecuente en las mujeres entre 35 y 55 años de edad y que quizás habríamos podido, si hubiéramos establecido mucho antes un programa de prevención, evitar la muerte de 75 000 mujeres cada año. 
Por esta razón, esta plaga se convertirá en uno de nuestros principales objetivos en el transcurso de los próximos años. 
Por lo tanto, agradezco a la Sra. Jöns este informe y, sobre todo, la perseverancia que ha demostrado, así como la calidad del trabajo que ha realizado. 
Es crucial promover y fomentar métodos de diagnóstico preventivo, informar y hacer campañas de prevención entre las mujeres. 
Sin embargo, mi práctica en este sector me hace pensar que existen otros obstáculos, a veces socioeconómicos y a menudo culturales. 
Sabemos que el diagnóstico precoz aún es actualmente el mejor medio de perfeccionar el pronóstico y el tratamiento y que una detección precoz hará del cáncer de mama una enfermedad más fácilmente curable y menos traumática para la paciente. 
Es importante ayudar a las mujeres víctimas de la enfermedad. 
Las redes de centros multidisciplinares de tratamiento que ofrecen a las mujeres una atención médica y un acompañamiento psicológico y social son totalmente fundamentales en este plan. 
Para concluir, señalaré que el debate de hoy no puede cerrarse. 
La lucha contra el cáncer de mama debe formar parte de un vasto programa y ser objeto de más estudios. 
Por esta razón, opino que hay que relacionarlo con el sexto programa marco de investigación y con los 400 millones de euros dedicados a la investigación del cáncer. 
El informe sobre los implantes mamarios, aprobado en febrero de este año, constituye a mi modo de ver una aportación positiva y de calidad a la salud de las mujeres. 
Además, la propuesta de recomendación de la Comisión a los Estados miembros para una mejor detección del cáncer constituirá la ocasión de proseguir el debate sobre este tema tan importante para las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe de propia iniciativa sobre el cáncer de mama de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades es equilibrado y está bien planteado. Por ello mi especial agradecimiento va a la ponente, la Sra. Karin Jöns. 
El informe otorga una importancia clave a las normas de calidad y la mejor práctica, que la política sanitaria de la Comunidad puede ayudar a evaluar y que puede extenderse por todos los Estados miembros. 
Actualmente hay enormes disparidades en la calidad del tratamiento de las pacientes de cáncer de mama entre Estados miembros y regiones. 
Desgraciadamente, esto se refleja directamente en las probabilidades de supervivencia de mujeres con cáncer de mama, que están afectadas por la diferencia de acceso a la detección precoz, diagnóstico y tratamiento. 
Según estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 80 000 mujeres mueren de cáncer de mama en la Unión cada año. 
Es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más frecuente de mortalidad en mujeres de mediana edad en la Unión Europea. 
Podríamos predecir que el aumento del nivel de vida de las mujeres de los nuevos Estados miembros y los países candidatos y los cambios de estilo de vida harán que las cifras sean aún peores. 
Existe una necesidad urgente de crear una red de registros nacionales de cáncer que abarque toda la Europa ampliada para obtener datos concluyentes y comparables como base para la investigación. 
Actualmente ese registro existe únicamente en siete Estados miembros de la Unión, aparte de mi propio país, y aun así, ni siquiera incluye a la mitad de las ciudadanas de la Unión. 
Se espera que la Comisión destine los recursos comunitarios a una investigación más efectiva de las causas del cáncer de mama y los tratamientos, al igual que los métodos para evaluar la efectividad del tratamiento. 
Además de los factores socioeconómicos y de estilo de vida, el genotipo es un importante factor de riesgo en el cáncer de mama. 
Hasta la fecha se han identificado dos genes defectuosos como los causantes del cáncer de mama. 
La Oficina Europea de Patentes está actualmente deliberando acerca de una solicitud para patentar estos genes del cáncer de mama. 
Otorgar esa patente sería muy perjudicial por lo que respecta a la investigación y a las mejoras de los tratamientos. 
La decisión de la Oficina Europea de Patentes será tremendamente importante. 
Está en interés de todos los agentes europeos y también es su deber asegurarse de que el código genético humano no se patente sino que esté disponible para la investigación y el desarrollo de tratamientos médicos. 
Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Comisaria Sra. Diamantopoulou por la manera en la que tan amablemente recibió al grupo de escolares finlandeses en abril y se tomó la molestia de venir a conocerlos personalmente al Parlamento. 
Su agradable y calurosa actitud nos emocionó a todos y les dio a estos jóvenes la inspiración y el estímulo necesarios para enfrentarse a sus problemas. 
Señor Presidente, la Sra. Jöns ha escrito un informe excelente. 
El cáncer de mama es, en la Unión Europea, la causa de mortalidad más frecuente entre las mujeres de 35 a 55 años de edad, y es algo que se ha repetido aquí. 
Ya solo por eso, es una cuestión que merece toda la atención. 
Pero el cáncer de mama también afecta a los grupos de más edad, quizás sea bueno recordarlo. 
Uno de los puntos clave es que, en estos momentos, existen demasiadas diferencias entre los Estados miembros en términos de diagnóstico, calidad del tratamiento y cuidados para las pacientes con cáncer de mama y, por consiguiente, también en las posibilidades de supervivencia. 
Pero no tendría que importar en qué país, en qué región o en qué hospital se recibe tratamiento. 
Lo mismo puede decirse, por cierto, de enfermedades que afectan a los hombres, y me refiero en especial al cáncer de próstata. 
Por consiguiente es hora de que la Unión Europea adopte una actitud más activa en la lucha contra el cáncer de mama en todos los países, incluidos los países candidatos, con objeto de mejorar la calidad de la asistencia. 
En este sentido, las recomendaciones del presente informe constituyen un punto de partida. 
Me complacen las palabras de la Comisaria que dan fe de su compromiso positivo. 
Algunos Estados miembros ya han puesto en marcha programas de exploración generales. 
En los Países Bajos existe un programa de este tipo para mujeres de entre 50 y 57 años. 
Yo misma participé en él recientemente y he de decir que es un alivio saber que la detección precoz aumenta las probabilidades de curación. 
Otro elemento positivo en la lucha contra el cáncer de mama es que el tratamiento administrado por equipos multidisciplinarios consigue resultados considerablemente mejores y me parece que, en este sentido, prestar más atención al aspecto psicosocial del problema no es en absoluto un lujo superfluo. 
El cáncer de mama en las mujeres no es una cuestión puramente técnico-médica. 
En tercer lugar, es necesario que exista un registro de datos europeos comparables sobre el desarrollo del cáncer de mama. 
Tales datos podrían suponer un estímulo adicional para promover la investigación europea, en particular sobre las causas del cáncer de mama. 
Porque tenemos que admitir que sabemos aún poco sobre los factores causantes. 
En resumidas cuentas, se trata de un informe excelente y muy concreto que merece ser llevado a la práctica y ojalá los informes que debatimos aquí fueran más a menudo como este. 
Señor Presidente, si el Parlamento Europeo aborda hoy este delicado e importante problema, que afecta a la salud de millones de personas, de millones de mujeres de nuestro continente y de todo el mundo, se lo debemos, como todos han reconocido, a la decisión y la sensibilidad de la Sra. Jöns, a la cual también yo quiero dar las gracias de todo corazón. 
Dado que el cáncer de mama puede vencerse en un 90% de los casos cuando se detecta en una fase temprana y se trata adecuadamente, como demuestran los datos aportados por la Sra. Jöns y las investigaciones actuales, dado que una exploración mamográfica de calidad, en el marco de un programa regional o nacional, puede reducir en un 35% la mortalidad por cáncer de mama de las mujeres de 50 a 69 años y que, de conformidad con los estudios científicos mencionados, también es posible reducir un 20% la mortalidad de las mujeres de 40 a 49 años, toda mujer debe tener acceso real a una mamografía, a una asistencia y a una post-terapia de calidad, independientemente de su lugar de residencia, de su posición social, de su profesión o de su nivel de enseñanza. 
Los puntos principales y más importantes del informe de la Sra. Jöns son precisamente: una óptima estrategia de prevención, un tratamiento rápido y un tratamiento postoperatorio válido. 
Por tanto, la petición a los Estados miembros y a la Comisión- las palabras empleadas esta mañana por la Sra. Comisaria nos reconfortan y se las agradezco- para que hagan de la lucha contra el cáncer de mama una prioridad de la política sanitaria, para que desarrollen y apliquen estrategias eficaces para mejorar la prevención, con el objetivo de reducir en un 25% de aquí a 2008 la mortalidad media en la Unión por carcinoma de mama, creo que es uno de los puntos significativos del informe, así como el derecho de las mujeres afectadas de carcinoma de mama a ser atendidas por un equipo multidisciplinar. 
Es importante, por tanto, que los Estados miembros desarrollen una red capilar de unidades de senología certificadas, multidisciplinares y sujetas al respeto de criterios precisos de calidad. 
Un último aspecto que me urge recordar es la importancia de la investigación. 
El Sexto Programa Marco dedica recursos a la investigación: bien, pero hay que insistir para que los recursos destinados a la investigación aumenten también gracias a un mayor compromiso de los Estados miembros. 
Señor Presidente, en primer lugar, y como hemos hecho todas las personas que hemos intervenido, quiero felicitar a la Sra. Jöns por su empeño, por su trabajo, por su excelente informe. 
El cáncer de mama, Sr. Presidente, es el cáncer más frecuente en la Unión Europea. 
Y el informe de la Sra. Jöns arroja datos muy importantes y bastantes pistas que los Estados miembros deberían tener en cuenta. 
Tanto el Programa de Salud Pública 2000-2008, como el Sexto Programa Marco de Investigación, son realmente espacios muy adecuados para proseguir en esta tarea de ir disminuyendo los efectos del cáncer de mama. 
La investigación y la terapia genéticas también nos ayudarán. 
También hay que felicitar y agradecer el trabajo de las redes nacionales e internacionales de lucha contra el cáncer, sin el cual probablemente sería imposible avanzar en esta tarea. 
Pero debemos ponernos de acuerdo sobre diversas cosas, como, por ejemplo, sobre las edades a las que es necesario iniciar los programas de detección precoz. 
Tal vez estemos empezando tarde y hay que homogeneizar esa terapia. 
Es importante, también, homogeneizar la recogida de datos e ir aproximando las realidades y los tratamientos. 
Las disparidades del efecto del cáncer de mama entre los países de la Unión Europea y, entre estos y los países candidatos son enormes. 
Es muy importante que trabajemos todos juntos para homogeneizar esta situación. 
Probablemente lo más importante es la educación para salud, la prevención, la detección precoz, la autoexploración, y, desde luego, las mamografías. 
Son imprescindibles los tratamientos rápidos; hay muchas mujeres que tienen pocos medios a su alcance para trabajar en este sentido, para saber cómo deben ellas mismas autoexplorarse y en qué momento de sus vidas es necesario que empiecen a tratarse. 
Por eso, creo que es fundamental que el trabajo de la Sra. Jöns siga en esta misma línea, porque todos y todas nos beneficiaremos de ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-156/2003) del Sr. Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (COM (2002) 377- C5-0340/2002- 2002/0141 (COD) ). 
Dado que hay problemas hoy, señorías, con los aviones, me temo que tendré que ser muy estricto en la aplicación del tiempo; por tanto les ruego, para facilitar el trabajo de la presidencia, que todos ustedes se autodisciplinen y guarden escrupulosamente el tiempo de uso de la palabra que tienen asignado. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera empezar dando la enhorabuena a los veterinarios alemanes. 
Han sabido defender de forma excelente sus intereses profesionales. 
Asimismo, quiero dar las gracias a mi colega, el Sr. Schnellhardt. 
En algunos puntos no estoy de acuerdo con su enfoque, pero ha trabajado honradamente y ha realizado las consultas de una manera agradable. 
Por desgracia, no puede decirse lo mismo de todos los veterinarios alemanes. 
Circulan bastantes informaciones erróneas sobre el contenido de las propuestas. 
Por ello, mi pregunta es si el resultado de la votación de hoy reflejará también la opinión del Parlamento. 
Que quede claro: ahora no hablo en nombre de mi grupo. 
El Sr. Staes ya lo ha descrito con mucho acierto: la carne es débil. 
Pero en términos más categóricos, una parte del sector cárnico es especialmente débil a la hora de eliminar los abusos. 
Hormonas, proteínas extrañas, inyecciones de agua, contaminaciones y bacterias nocivas: todo eso suena muy conocido. 
Señorías, juntos hemos convertido la seguridad alimentaria en una de las prioridades de nuestro mandato. 
Hemos conseguido establecer los principios generales de la política europea en materia de seguridad alimentaria. 
Juntos hemos decidido que el productor es el principal responsable de sus productos. 
Se trata de un principio claro y bueno. 
Hoy tomaremos una decisión sobre la manera en que, en Europa, organizamos nuestro sistema para controlar los productos de origen animal. 
Es decir, ¿dónde controlamos, qué controlamos y quién controla? 
A la luz de la legislación general sobre alimentos, esta pregunta parece fácil de responder. 
El productor se encarga de que sus filetes de ternera, cerdo y pollo estén en orden, y la administración pública se encarga del control final. 
La Comisión quiere ofrecer, bajo condiciones estrictas, a los productores de carne, y en concreto a los del sector porcino y vacuno, la posibilidad de que asuman ellos mismas su responsabilidad. 
Una parte del sector cárnico quiere, en efecto, asumir su responsabilidad y poner fin a los abusos. 
Es una lástima que el ponente anule la posibilidad que brinda la propuesta de la Comisión. 
Por supuesto, es extraño que primero decidamos asignar la responsabilidad general a los productores y que ahora, hoy, demos marcha atrás. 
Solo por eso ya rechazo la enmienda 135. 
Tengo entendido que los veterinarios alemanes y los inspectores de carne británicos aún han de acostumbrarse a la idea de que el sector cárnico también tiene que asumir su responsabilidad. 
Creen que el personal de las empresas cárnicas no es capaz o no está en posición de controlar la calidad. 
A decir verdad, nosotros creemos que de todas formas hemos de librarnos de los productores autoritarios que no soportan críticas por parte de sus empleados sobre la calidad de sus productos. 
Pero al margen de ello, pido a todo el mundo que reflexione detenidamente. 
El sector cárnico es un sector muy regulado y bien controlado, pero es también el que más da que hablar por sus escándalos. 
La BBC emitió hace poco un documental sobre los abusos en el sector avícola neerlandés. 
Por desgracia, un mayor control gubernamental no ayudará a eliminar las malas prácticas del sector. 
Al contrario, será contraproducente, porque retira la responsabilidad de los productores. 
Creo que hemos de asignar la responsabilidad al productor de una forma que los consumidores puedan reconocer. 
Por eso llamo su atención sobre la enmienda 127. 
Tenemos que sacar la carne del anonimato; esa es la manera más eficaz de mejorar la seguridad y la calidad. 
Si el filete de cerdo o de pollo se comercializa con un nombre de marca claro, al productor le será sumamente importante tratar con cuidado esa carne. 
Ahora, los productores que cometen abusos pueden seguir cometiéndolos tranquilamente, porque el consumidor no tiene ni idea de la procedencia de su filete de pollo. 
De este modo seguiremos teniendo quejas e incidentes. 
La estrategia de identificar y avergonzar a los infractores es sumamente eficaz para mejorar la seguridad y la calidad de los alimentos. 
Que quede claro, no obstante, que la responsabilidad de los productores no sustituye a la responsabilidad y el control públicos. 
Señorías, por último, quiero que el sector cárnico haga un examen de conciencia. 
Por supuesto, también nosotros hemos de hacer un examen de conciencia. 
Nuestro método de trabajo no es muy transparente. 
La cantidad de enmiendas es excesiva y muchas enmiendas son de carácter puramente técnico. 
Es absurdo que hoy votemos sobre el lugar dónde debe de ponerse el sello sanitario en la pata del conejo, sobre los análisis de carne procedente de cerdos hermafroditas o sobre el riesgo que supone el consumo humano de ubres procedentes de animales contaminados por brucelosis. 
Si no nos centramos en las líneas políticas principales, nuestro trabajo sólo podrá ser evaluado por el sector cárnico y por los propios veterinarios. 
De este modo es muy fácil distribuir información errónea y como eso no beneficia al consumidor, es ahí donde entra en juego la propia política. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debo ser profuso en mi elogio del Sr. Schnellhardt, ponente de este informe y de los dos anteriores, por el trabajo sólido y meditado que ha realizado y que en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoyamos casi al 100%. 
Hay algunos pequeños detalles en los que no estamos de acuerdo, pero son tan insignificantes que no necesito mencionarlos. 
Creo que ha realizado un trabajo increíblemente constructivo en los tres informes, que son técnicamente difíciles y que son increíblemente importantes para todos en Europa. 
La verdad es que normalmente comemos al menos tres veces al día. 
Los escándalos se cosechan una y otra vez. 
Como ha dicho la Sra. Corbey, añadir cosas a la carne es lo que está en boga hoy en día. 
Se inyectan agua y proteínas artificiales, como si la carne no fuera proteína en sí misma. 
A la luz de esto, solo hay un camino que seguir, y es el de la plena apertura en nuestros sistemas. 
Cuando nos encontramos con el fraude y cuando las etiquetas y las declaraciones de contenido no están de acuerdo con el contenido del paquete, debemos informar al público, es decir, a los consumidores. 
Debe haber un sistema que permita señalar con el dedo a las empresas negligentes. 
En términos financieros, la Unión Europea está actualmente en peligro de beneficiar a los «malos» y penalizar a los «buenos» , y hemos de tener mucho cuidado de no hacerlo. 
Pido una vez más transparencia total. 
Por ejemplo, nuestra legislación alimentaria ordinaria es extremadamente transparente. 
No dejemos que nos desvíen de nuestro camino. 
Hay mucho que decir a favor de la opinión de que el mejor inspector es la persona que va a comprar y comer el producto. 
Se necesita una legislación clara y enfocada, porque todos sabemos que las inspecciones reales tienen lugar sobre el terreno, a nivel local y regional. 
Cualesquiera que sean las misiones establecidas y los títulos que puedan tener los inspectores, necesitan estar respaldadas por una legislación muy clara y sólida que no deje a nadie ninguna duda en cuanto a su autoridad y sus derechos. 
Cuando se trata de pequeñas empresas, tengo que pedir que dirijamos parte de nuestra atención a mi propio informe, que aparecerá en breve y que trata de los costes de las inspecciones. 
No es correcto eximir a las pequeñas empresas tradicionales de las normas que rigen la higiene. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el punto clave de la seguridad alimentaria es el control oficial de los productos de origen animal destinados al consumo humano, objeto del informe Schnellhardt que hoy nos ocupa. 
Los cuatro anexos del Reglamento tratan de la carne fresca, los moluscos, la pesca y la leche y los productos lácteos. 
Me contentaré con mencionar algunos de los puntos que considero más importantes. 
En primer lugar, respecto de la producción primaria, habría que introducir una excepción en el Reglamento. 
Creo que la producción primaria de los productos alimenticios de uso privado, así como el abastecimiento directo por parte del productor al consumidor final o a las tiendas y a los restaurantes locales en pequeñas cantidades, deben considerarse una producción alimentaria tradicional que debe estas sujeta a normas de venta específicas. 
Por lo tanto, apoyo las enmiendas 11 y 12 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Además, las autoridades competentes de cada Estado miembro son, a mi juicio, las más adecuadas para apreciar la situación y decidir las restricciones que mejor protejan al consumidor. 
Asimismo, me parece primordial integrar en el Reglamento la noción de pequeño establecimiento tradicional, que debe permitir la suficiente flexibilidad sin cuestionar o empeorar la seguridad alimentaria de los consumidores. 
Esta noción de pequeño establecimiento es la garantía del mantenimiento de los pequeños mataderos repartidos de manera equilibrada en el territorio. 
No apliquemos reglamentos demasiado estrictos y difíciles de poner en práctica, que puedan implicar el cierre de mataderos cercanos. 
El mantenimiento de estos mataderos simplificaría las cosas porque ya no sería necesario legislar sobre distancias y plazos máximos de transporte de las cabezas de ganado por camión. 
Seamos honestos: solo progresaremos si acortamos la cadena alimentaria. 
Con este objetivo en mente, es importante recompensar a los productores y a los agricultores que presenten un mejor resultado en términos de balance, otorgándoles una reducción de los costes ocasionados por los controles oficiales. Por supuesto, esto no debe hacerse en detrimento de la seguridad alimentaria. 
La autorización de los establecimientos es otra cuestión difícil. 
¿Quién debe tener la responsabilidad? 
¿El ámbito comunitario o el nacional? 
¿A este respecto, cómo encaja la subsidiariedad? 
Prefiero la opción de la doble responsabilidad, que obligue a los Estados miembros a mantener una lista actualizada de establecimientos autorizados, avanzando al mismo tiempo sus propios reglamentos nacionales sobre los controles. 
En cambio, me parece contraproducente que la Comisión obligue a los Estados miembros la comunicación de los nombres de los establecimientos en un único formato electrónico; el simple intercambio de listas entre los Estados miembros es suficiente. 
Tampoco se pueden justificar las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de los principios de higiene. 
Los cierres administrativos de mataderos y la publicación de sanciones competen exclusivamente a los Estados miembros. 
Se ha abordado el delicado problema de la importación de los productos de origen animal provenientes de países terceros. 
Los Estados miembros tendrán a su disposición una lista de establecimientos autorizados, controlados, certificados, que cumplan las normas de higiene, producción y almacenaje aplicadas en los países terceros. 
Sin embargo, me preocupa más el bienestar animal, que no debe primar sobre la seguridad alimentaria, y el papel preeminente del veterinario inspector. 
En efecto, creo que los auxiliares oficiales deben poder participar en las inspecciones ante mortem en el matadero. 
Así ocurre ya en Francia y no veo por qué hay que cuestionarlo. 
Apoyo al ponente en las enmiendas 111 a 114 sobre la carne de caza, que proponen un análisis de los residuos que no son resultado del acto de caza propiamente dicho. 
Sin embargo, siguiendo con el tema de la carne de caza, tengo reservas respecto de la propuesta de la Comisión y, sobre todo, respecto de la presencia de viejas fracturas abiertas. 
En principio, si son viejas, estas fracturas ya no están abiertas, y por tanto han cicatrizado. 
Ya no hay riesgos para la alimentación. 
Respecto de la formación de gas en el tracto gastrointestinal, como bien saben, los cazadores quitan inmediatamente las vísceras de la caza por precaución alimentaria, y no entiendo cómo el veterinario, inspector u oficial puede desde ese momento controlar la presencia de gas en el tracto gastrointestinal. 
En cuanto a la presencia de los parásitos enumerados que son peligrosos para la salud, creo que sería bueno adjuntar la lista en un anexo, con objeto de evitar dificultades de interpretación. 
Señor Presidente, este informe ha sido algo controvertido y las muchas enmiendas demuestran que lo sigue siendo. 
La seguridad alimentaria es una prioridad clave para los consumidores y este reglamento fija normas concretas para la organización de controles oficiales para productos de origen animal destinados al consumo humano. 
Las alertas alimentarias resultan demasiado familiares para los consumidores comunitarios. 
Solo hace unas semanas el programa de la BBC Panorama sacó a la luz un escándalo relacionado con las aves de corral. 
Descubrió que se habían inyectado proteínas de ternera y cerdo a pollos para consumo humano. 
El programa reveló cómo los procesadores llenaban de agua a los pollos para intentar que parecieran más grandes. 
Todavía queda mucho por hacer para proteger la seguridad del consumidor en toda la Unión Europea y en los países de la ampliación. 
Si queremos unas normas comunitarias apropiadas para la organización de controles para productos de origen animal destinados al consumo humano, necesitamos una directiva que fomente la confianza del consumidor y evite que se produzcan escándalos. 
Sin embargo, todo el mundo reconoce que esos controles se están llevando a cabo de formas distintas en los distintos Estados miembros. 
En algunos Estados los realiza un veterinario, en otros, inspectores de carne altamente cualificados. 
Hay una creciente preocupación, que el ponente conoce muy bien, de que la independencia de los inspectores de carne del Reino Unido pueda ponerse en peligro con este informe. 
Como han dicho sus representantes, en estos momentos su independencia les faculta para hacer cosas que no podrían hacer si estuvieran contratados por la empresa en la que trabajan. 
Por ejemplo, una inspectora de carne me dijo que pararía una cadena de producción si la cabeza de un pollo no se hubiera cortado debidamente, algo que deberíamos agradecer dada la importancia que esta Cámara concede al bienestar de los animales. 
De forma similar, si hay un problema con la calidad de la carne, el inspector está facultado para evitar que esa pieza de carne pase de la cadena de producción al supermercado. 
Si los inspectores perdieran su independencia y fueran contratados por las empresas en las que trabajan, la seguridad de los alimentos se dejaría de lado para incrementar los beneficios. 
Deberíamos acoger con agrado este informe; pero debemos reconocer la diferencia entre Estados miembros en lo que respecta a los controles y la importancia que tiene en el Reino Unido mantener la independencia del cuerpo de inspectores de carne. 
Señor Presidente, intentaré ser muy breve e ir al grano, omitiendo cualquier referencia a enmiendas con las que estamos de acuerdo y centrándome en las enmiendas sobre las que existen ciertas reservas. 
Empecemos con la cuestión de la flexibilidad para las pequeñas empresas, planteada por el último orador y por muchos otros diputados al Parlamento Europeo. 
Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de garantizar la flexibilidad de las pequeñas empresas, según las directrices expuestas en el primer y segundo paquetes de normas sanitarias. 
En mi primera intervención me he referido a casos especiales en los que la flexibilidad se aborda con especial sensibilidad. 
Por lo tanto, la Comisión acepta las enmiendas 3, 11, 12 y 138 con la condición de que se realicen algunos cambios en el texto. 
Sin embargo, no se considera necesaria una nueva definición de las pequeñas empresas artesanales, como se propone en la enmienda. 
Un segundo elemento básico al que muchos oradores se han referido trata del papel del veterinario oficial en los mataderos. 
La Comisión apoya la introducción de la flexibilidad en los análisis de riesgo. 
Me he referido a ello en mi primera intervención y esto se aplicará tanto a grandes como a pequeñas empresas. 
Por lo tanto, la Comisión acepta las enmiendas 134, 141 y 142. 
Las enmiendas 85 y 86 no se aceptan porque pensamos que restringen la flexibilidad sin ninguna justificación. 
En cuanto al uso del personal de la empresa para realizar ciertos cometidos de control, la Comisión expresa su satisfacción porque hay acuerdo con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
El punto 6 de la enmienda 21 sobre la carne de ave de corral y la carne de conejo no está en consonancia con el enfoque adoptado para la carne fresca, según contempla el Anexo I de la propuesta. 
La propuesta de la enmienda 87 de separar las responsabilidades de producción y control dentro de la empresa se considera especialmente constructiva. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 127, 135, 136, 139 y 140 porque no están en consonancia con la postura adoptada por la Comisión de Medio Ambiente o por la Comisión y las autoridades responsables de la legislación europea en materia de piensos. 
Por lo tanto, rogaría que volvieran a analizar el contenido de estas enmiendas y no procedieran a votar sobre ellas. 
En cuanto a la información que debe proporcionarse cuando los animales son sacrificados, la Comisión también está de acuerdo en permitir flexibilidad. 
Sin embargo, los acuerdos relevantes no deben minar el sistema en su conjunto. 
Por consiguiente, las enmiendas 71, 72, 73, 101, 102, 103 y 107 no se aceptan. 
Retomo la cuestión de las biotoxinas marinas en los mariscos. El texto de la Comisión está basado en pruebas científicas. 
Esto se aplica a los graves riesgos que afectan a la seguridad alimentaria. 
La introducción de excesiva flexibilidad en este momento no es beneficiosa para los consumidores; por consiguiente, la Comisión no acepta la enmienda 6, la primera parte de la enmienda 122 ni la enmienda 123. 
Las enmiendas 4, 25 y 70 repiten los requisitos ya contemplados en nuestra propuesta de que los controles oficiales sean realizados en piensos y alimentos que la Comisión presentó el pasado marzo. 
Por último, en cuanto a la cuestión recurrente de la comitología, la Comisión considera que una cuestión importante es que tiene la posibilidad de adoptar medidas para su aplicación o ajustar los anexos, de modo que reflejen los nuevos descubrimientos científicos. 
Diría que la Comisión tiene un problema con la propuesta por parte de la Comisión de Medio Ambiente de que esta orden se anule. 
Por consiguiente, no estamos de acuerdo con la enmienda 38, pero sí lo estamos con la enmienda 130. 
La posición de la Comisión respecto a todas las enmiendas puede solicitarse a la secretaría. 
Señor Presidente, las recomendaciones en materia de salud son algunos de los temas de acción más importantes que contempla el Libro Blanco de seguridad alimentaria. 
Doy las gracias al Sr. Schnellhardt y a todos los miembros de esta comisión que han ayudado con este expediente, que es especialmente importante para productores y consumidores. 
Muchas gracias, Sra. Comisaria. 
Tiene la palabra la Sra. Malliori para una cuestión de orden. 
Muy bien, Sra. Malliori. 
Muy bien, Sra. Banotti, tiene usted toda la razón, como siempre. 
Entiendo que el Sr. Posselt ha consumido el turno en contra de la propuesta de la Sra. Malliori. 
Usted, Sra. McKenna, ¿pide la palabra para el mismo asunto? 
¿Para hablar a favor? 
. (EN) Señor Presidente, la ponente ha presentado hoy un paquete de enmiendas a las que tanto el Consejo como la Comisión pueden dar su consentimiento. 
La Comisión quisiera dar las gracias a la Sra. Malliori y pedir a Sus Señorías que apoyen sus esfuerzos. 
En relación con la cuestión del etiquetado, la Comisión no puede apoyar la enmienda 12, por la siguiente razón: la Comisión cree que, si la comida tiene un gusto ahumado, se debería informar al consumidor de si el producto contiene aromas de humo o si ha sido ahumado de la forma convencional. 
Sin embargo, con el fin de mantener la coherencia de nuestro marco legislativo, esto debería tratarse en la Directiva sobre Etiquetado y no en la actual propuesta. 
La Comisión está elaborando actualmente una propuesta legislativa que incluye una enmienda a la Directiva sobre Etiquetado, con el fin de que el término «aromas de humo» aparezca en la lista de ingredientes si el sabor a ahumado del producto se debe a que se le han añadido esos aromas. 
Muchas gracias, Sra. Comisaria. 
Dado que ha habido un turno en contra de la propuesta de la Sra. Malliori y un turno a favor, pasamos directamente a votar la propuesta de la Sra. Malliori en el sentido de que su informe se vote sin debate. 
Queda aprobada la propuesta de la Sra. Malliori y su informe se votará sin debate. 
No vamos a debatir más esta cuestión, Sr. Posselt. 
En mi opinión, ha leído mal el Reglamento. 
El término «Presidente» se aplica a la persona que preside en ese momento, así que es «Presidente» o «Vicepresidente». 
El Sr. Vidal-Quadras Roca aplicó correctamente el artículo 145 del Reglamento. 
En cuanto a la flexibilidad o rigidez, tenemos que mantener cierta flexibilidad en nuestro orden del día 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0179/2003) de la Sra. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2037/2000 por lo que se refiere a los usos críticos y la explotación de halones, la exportación de productos y aparatos que contienen clorurofluorocarburos y los controles aplicables al bromoclorometano (COM (2002) 642- C5-0554/2002- 2002/0268 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0150/2003) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a un marco para la participación financiera de los trabajadores (COM (2002) 364- 2002/2243 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0156/2003) del Sr. Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (COM (2002) 377- C5-0340/2002- 2002/041 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0122/2003) de la Sra. Malliori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aromas de humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie (COM (2002) 400- C5-0348/2002- 2002/0163 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Después de la votación: 
. (DE) Señor Presidente, lo siento pero quiero insistir en que la votación ha sido ilegal, ya que las minorías tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión. 
(El Presidente interrumpe al diputado) 
. 
(PT) Señor Presidente, creo que el presidente de la Comisión de Presupuestos tiene razón. 
Es evidente que la intención de las enmiendas que aprobamos es que al final todo sea compatible con el presupuesto. 
Por tanto, creo que en esta materia habrá espacio de maniobra suficiente para modificar, digamos, la formulación, si es necesario, para que así sea. 
Yo siempre estoy a favor de evitar que usted tenga que levantarse y sentarse, así que he tomado nota de su solicitud, señor Wynn. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0174/2003) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (COM (2003) 23- C5-0042/2003- 2003/0008 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0175/2003) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la organización común del mercado de los forrajes desecados para las campañas de comercialización 2004/05 a 2007/08 (COM (2003) 23- C5-0044/2003- 2003/0010 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0183/2003) del Sr. Bautista Ojeda, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece la organización común del mercado del arroz (COM (2003) 23- C5-0043/2003- 2003/0009 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0177/2003) de la Sra. Jeggle, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (2003) 23- C5-0046/2003- 2003/0012 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0181/2003) de la Sra. Jeggle, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (2003) 23- C5-0045/2003- 2003/0011 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0189/2003) de la Sra. Rodríguez Ramos, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la multifuncionalidad agraria y la reforma de la PAC (2003/2048 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común 
. (DE) Señor Presidente, solo quiero precisar que si se trata de una enmienda, mi grupo parlamentario votará a favor de ella. 
(Aprobación) 
Parece que hay cierta confusión sobre si es una enmienda oral o no. 
Señor Presidente, ¡no es una enmienda oral! 
Entonces votaremos la enmienda 11 como un añadido. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común 
Señor Presidente, he pedido intervenir brevemente para decir que he aceptado la eliminación de los artículos 10, 17 y 34 y del considerando C, propuesta por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Además, quisiera señalar que voy a presentar una enmienda oral de transacción a la enmienda 32. 
Señor Presidente, propongo por tanto que se elimine el aspecto obligatorio de mi propuesta y, al mismo tiempo, que se precise el contenido de la forma siguiente: «insta a los Estados miembros a que introduzcan la dimensión de género en la retransmisión de las competiciones deportivas». 
. (DE) Señor Presidente, lamento tener que volver sobre este problema. 
Realmente no es cierto que pretenda causar ninguna dificultad. Pero el derecho a la libertad de expresión está altamente protegido. 
Incluso en el caso de que, por ejemplo, la Conferencia de Presidentes decida despachar un informe sin debate, la decisión puede ser impugnada por 32 diputados. 
Pero ahora se introduce un nuevo procedimiento: el lunes decidimos debatir una cuestión el jueves por la tarde. 
Los diputados dan por sentado que se celebrará ese debate. 
Entonces uno de los diputados anuncia el jueves al mediodía que no quieren celebrar el debate porque tienen que irse. 
Así ocurrió la última vez y así ha ocurrido esta semana. 
También para esa incidencia existe un procedimiento en el orden del día, a saber, que solo intervenga un orador por grupo parlamentario. 
Ese procedimiento tampoco se respeta, invocándose en su lugar una fórmula según la cual el orden del día puede ser modificado a propuesta del Presidente. 
Pero en primer lugar, no fue una propuesta del Presidente; en segundo lugar, tiene que seguir siendo una excepción; en tercero, el Presidente no ha proporcionado ninguna justificación; y, en cuarto, debo decir que no existía ninguna razón importante. 
Su respuesta a mi pregunta fue simplemente que teníamos que ser más flexibles. 
Se trata del derecho a la libertad de expresión, un derecho garantizado a las minorías. 
Quiero rogarle a la Mesa que deje claro en qué circunstancias puede proponer un Presidente la retirada de un punto del orden del día que ha sido acordado por todos el lunes, si tiene que justificarlo, qué motivos puede aducir, etc. De lo contrario, un derecho de las minorías quedará anulado habitualmente los jueves al mediodía cuando así se vote por mayoría. 
No vamos a ponernos de acuerdo, señor Posselt, porque yo mantengo mi interpretación original del artículo 145 del Reglamento. 
Sin embargo, estoy dispuesto a someter esta cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales para conocer su interpretación. 
No obstante, el artículo 145 deja muy claro que en cualquier momento durante un debate se podrá cerrar la lista de oradores. 
Recibimos una propuesta del hemiciclo que el Presidente adoptó en su nombre y presentó a la Cámara. 
Luego la Cámara la votó de conformidad con el articulo 145 del Reglamento. 
No voy a debatir esto con usted, señor Posselt, porque me quiero ir a comer, y no voy a ponerme de acuerdo con usted. 
Como he dicho, someteré la cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
. (DE) Señor Presidente, en relación con la pregunta planteada por el Sr. Posselt, solo quiero decir que considero que el Presidente ha actuado de forma correcta. 
No obstante, preferiría dar mi opinión sobre este tema más adelante en vista de las votaciones que todavía tienen que celebrarse. 
El nuevo Reglamento contiene una disposición según la cual el Consejo y la Comisión pueden disponer de tiempo de uso de la palabra para comentar el informe después del ponente. 
Cada vez es más habitual que el ponente disponga de cinco minutos, el Consejo hable durante quince minutos y la Comisión intervenga durante diez o quince minutos, en muchos casos sin ceñirse realmente al tema del informe. 
Esto significa que los diputados cada vez disponen de menos tiempo para discutir el informe. 
Por consiguiente, solicito que se comunique a los redactores de los discursos de la Presidencia del Consejo y de la Comisión que se ciñan en lo posible a cinco o, como máximo, diez minutos. 
De lo contrario, estaremos haciendo un uso indebido de una buena disposición contenida en nuestro nuevo Reglamento, para dar aclaraciones prolijas que a menudo nada tienen que ver con el informe. 
Ruego al Presidente- si está de acuerdo- que se lo comunique al Consejo y la Comisión. 
Ese tema ya se ha debatido con anterioridad en la Conferencia de Presidentes y podría volver a debatirse en ese marco. 
Todo lo que podemos hacer, en cuanto a las demás instituciones, es ofrecerles una hora indicativa para su intervención antes de los debates. 
No podemos imponerles una hora de intervención. 
Como sabe, señora Gillig, yo no presidía la sesión cuando se tomó la decisión, pero apoyo al 100% la decisión del Vicepresidente que presidía la sesión en ese momento. 
Tomó su decisión en aplicación del Reglamento. 
No corresponde al Presidente juzgar si el Reglamento es correcto, sino aplicarlo, y él aplicó el Reglamento en vigor en aquel momento. 
Si hay una controversia sobre la interpretación del Reglamento, estoy más que dispuesto a enviarla a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Podemos debatir la conveniencia de eliminar cosas del orden del día, pero el Reglamento estipula esa posibilidad. 
Eso es lo único que hizo el Presidente- aplicar el Reglamento en vigor. 
. (DE) Señor Presidente, el planteamiento del Sr. van Hulten me parece erróneo. 
Esto no tiene nada que ver con los que se declararon partidarios de los viernes y luego nunca se presentan ese día, sino con los que se mostraron contrarios a los viernes y ahora hacen con los jueves lo mismo que antes hacían con los viernes, es decir, ausentarse. 
Ya hoy jueves desde el mediodía estoy echando en falta a algunos de los que más se oponían a los viernes. 
¡Tenemos que acabar con esos abusos de una vez por todas! 
. 
(PT) Este informe sobre la participación financiera de los trabajadores en las empresas constituye una importante contribución para superar la dicotomía capital versus trabajo. 
Los trabajadores que participen, ya sea en los beneficios ya sea en el capital de las empresas, estarán más motivados, serán más productivos y, por consiguiente, mejorará la competitividad y la rentabilidad de la empresa. 
Además, la participación financiera contribuye al logro de dos objetivos: la realización del modelo social europeo y el aumento del empleo. 
Se trata de un buen informe y de ahí mi voto favorable. 
Comparto los principios enunciados para la financiación de modelos de participación financiera, en particular: la participación voluntaria, la necesidad de claridad, transparencia y simplicidad, la exclusión de riesgos desproporcionados para los trabajadores, la prevención de los efectos procíclicos asociados a las variaciones de la coyuntura económica y la compatibilidad con la movilidad de los trabajadores. 
Con todo, lamento que la Comisión Europea haya propuesto pocas soluciones para las PYME; es necesario realizar estudios sobre las distintas formas de participación en las PYME y tener en cuenta alternativas. 
. 
(PT) A raíz de informes recientes en los que se ponía en duda la fiabilidad de los controles efectuados en diversos Estados miembros, era crucial actualizar las normas aplicables a los controles oficiales de los productos de origen animal, en especial en el caso de las carnes frescas, los moluscos bivalvos y la leche. 
Celebro esta propuesta de Reglamento y quisiera destacar, entre las nuevas normas, el papel asignado a los veterinarios, la mayor intensidad y frecuencia de los controles, la base científica de estos últimos y una mayor flexibilidad hacia las pequeñas empresas. 
. 
(PT) La propuesta de directiva se inscribe en el proceso de reformulación de la legislación comunitaria en el ámbito de las normas generales de higiene alimentaria, de las cuestiones de policía sanitaria asociadas a la comercialización de los productos de origen animal y de los controles oficiales de los productos de origen animal. 
La simplificación burocrática y, al mismo tiempo, el mantenimiento de elevados niveles de exigencia revisten una gran importancia, pues ha quedado suficientemente demostrado que el grado de higiene de los artículos presentados al público no siempre ha sido uniforme ni fiable. 
Las medidas preconizadas en la propuesta permitirán una mayor responsabilización de todos los agentes de la cadena alimentaria y un aumento de los niveles de confianza del consumidor, tan afectados por las crisis recientes. 
Habrá que promover, pues, la coherencia y la transparencia en la aplicación de este nuevo marco jurídico, sin olvidar las necesidades específicas de los pequeños productores, quienes tienden a estar más alejados de los centros de difusión informativa y de las modificaciones legislativas. 
Considero que la Comisión Europea no debería dejar de considerar la propuesta de modificación defendida por la ponente, motivada por la necesidad de que los Estados puedan adaptarse a las nuevas normas. 
Por ello he votado a favor. 
. 
(PT) En este momento, la autorización de los aromas de humo en los alimentos está totalmente desregulada en la UE, existiendo en algunos Estados miembros restricciones, mientras que en otros no existe ninguna legislación. 
Se imponía, por tanto, la definición de una legislación que armonizase el procedimiento de autorización. 
Aplaudo también la definición de una lista positiva basada en los últimos conocimientos científicos y en la orientación de la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria. 
Se espera, pues, que el principio de cautela? base de toda la política europea de los alimentos? , se aplique también cada vez que se presente una nueva solicitud de aroma de humo. 
. 
(PT) He votado a favor destacando la importancia de aclarar las normas en materia de salud humana. 
Estoy de acuerdo, pues, más allá de las cuestiones de naturaleza técnica, con la sugerencia de la ponente de proceder a una reclasificación de los dispositivos médicos, proponiendo un marco legal y una distinción, en particular, entre los dispositivos médicos con una acción farmacológica y los demás. 
Del mismo modo, también suscribo la adopción por los Estados miembros de las medidas necesarias para garantizar que los dispositivos desechables no sean reutilizados. 
Por último, creí que debía seguir también el informe cuando considera imprescindible incluir disposiciones explícitas sobre el acceso del público a los documentos. 
La difusión y la promoción de la información entre los ciudadanos, en especial en esta materia, debe perseguirse como prioritaria, en la línea, por un lado, de la participación de los ciudadanos y, por otro, del deseable alto nivel de protección de los consumidores. 
Los informes anteriormente mencionados sobre la reforma de la política agrícola común nos parecen criticables. 
En nuestra opinión, los informes representan una política agrícola desfasada que no se corresponde con las condiciones y necesidades de la sociedad mundial moderna. 
A modo de ejemplo, se puede mencionar la demanda proteccionista de «un pago compensatorio global basado en la superficie para productores de arroz y... un arancel fijo a la importación» , junto con el énfasis en el sistema de aranceles a la importación y subvenciones a la exportación como manera de estabilizar el mercado interior en relación con las fluctuaciones de precios en el mercado mundial. 
En comparación, la propuesta de la Comisión parece un paso en la dirección correcta. 
Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de estos informes en su totalidad. 
Señor Presidente, las propuestas de reforma de la PAC realizadas por el Sr. Fischler están siendo impulsadas por la Organización Mundial del Comercio, y los agricultores tienen que darse cuenta de que ese es su verdadero enemigo. 
Me molesta que el Comisario muestre más interés por la liberalización del comercio que por las buenas prácticas agrícolas. 
Las leyes medioambientales y de seguridad alimentaria comunitarias pueden formar una red de seguridad entre la agricultura y la Organización Mundial del Comercio. 
Los agricultores tienen que despertar y dejar de oponerse a la legislación medioambiental, como la directiva sobre nitratos, y darse cuenta de que esas leyes podrían protegerles contra la OMC. 
El principio del cumplimiento mutuo, que hace referencia al cumplimiento de las leyes medioambientales y de seguridad, es una parte importante de las propuestas del Parlamento. 
La Comisión tiene razón cuando propone que cumplir las normas de seguridad alimentaria relevantes sea un requisito obligado para recibir subvenciones. 
Sin embargo, es de vital importancia que se apliquen las mismas normas de calidad a los productos alimentarios importados, puesto que de lo contrario los antibióticos que se acaban de prohibir en la UE podrían volver a llegar a nuestros platos. 
El compromiso del Parlamento muestra el camino a seguir y contiene un significativo cambio de dirección del dinero, que ahora se dirige al desarrollo rural. 
Acepta la modulación mientras que diferencia entre regiones más y menos favorecidas y, por lo tanto, dará una mejor compensación a las regiones pobres- y eso es algo que debemos agradecer. 
Sin embargo, también tenemos que evitar el dumping de productos que reciben apoyos de la PAC fuera de la Unión Europea, que hace que los precios mundiales bajen en detrimento del mundo en vías de desarrollo y evita en la práctica que los agricultores más necesitados tengan acceso a mercados europeos. 
Señor Presidente, querría dar las gracias a la Comisión y al Sr. Cunha por su arduo trabajo. 
En la delegación de los Conservadores británicos hemos tomado a regañadientes la decisión de que no podemos apoyar las recomendaciones del informe Cunha. 
Entendemos la necesidad de una reforma, y la necesidad de una reforma para nuestros agricultores. 
Por lo tanto, no podemos apoyar el desacoplamiento horizontal o parcial y, dado que este era parte integral del informe del Sr. Cunha, no podemos apoyarlo. 
Sin embargo, apoyamos a la Comisión en su resolución legislativa y queremos que el Consejo llegue a un acuerdo tan pronto como sea posible. 
Creemos que las propuestas de la Comisión van por buen camino. 
Quisiera añadir que el Sr. Cunha es un apreciado diputado de esta Cámara; también es un amigo personal. 
Sin embargo, creemos, y yo personalmente creo, que los agricultores necesitan seguridad. 
El informe del Sr. Cunha significaría probablemente una segunda reforma y no podemos aceptar eso. 
Queremos ver la desregulación progresiva de la agricultura, junto con una reducción de la cuantía de las subvenciones agrícolas, y por lo tanto votamos en contra de esta propuesta. 
El proyecto de revisión intermedia de la Comisión fue un paso en la dirección correcta hacia la agricultura desregulada que beneficia a la producción agrícola. 
Existen graves deficiencias en la propuesta de la Comisión. 
Nos oponemos a cualquier forma de modulación porque no promueve la agricultura racional. 
También pensamos que la compensación debería estar relacionada con la superficie utilizada. 
La propuesta transaccional sobre la que hemos votado produciría efectos de bloqueo que serían perjudiciales para la agricultura europea y un paso atrás en el proceso de reforma. 
El cincuenta por ciento de los agricultores europeos tienen más de 55 años de edad. 
Puede que la propuesta de la Comisión se vea más como una buena propuesta de pensión para los agricultores que como un plan para suprimir la política de subvenciones. 
Sin embargo, no se establecen normas claras para el ocho por ciento de los agricultores europeos que tienen menos de 35 años de edad y que son el futuro de la agricultura. 
. 
(PT) Hemos votado en contra de este informe porque acepta, aunque de forma algo mitigada, el principio de disociación de las ayudas de la producción, no presenta una verdadera propuesta de modulación y de fijación de un límite a las ayudas de la PAC, y, en ciertos aspectos, empeora la propuesta inicial. 
Tampoco propone una disociación parcial, sino, en la práctica, una disociación total de las ayudas a los cultivos herbáceos y a los bovinos machos. 
Reafirma la cofinanciación nacional obligatoria de las medidas de desarrollo rural y confiere un carácter opcional a dicha modulación, lo que pone en peligro no solo el principio sino también la redistribución comunitaria del ahorro, perjudicando a Portugal. 
Esta propuesta de modulación hace una diferenciación en los recortes que deben efectuarse en las regiones desfavorecidas y aumenta el límite máximo de exención en 2.500 euros, pero olvida la diferenciación entre productores, penalizando sobre todo a los medianos con respecto a los grandes. 
Lamentamos que nuestras propuestas no hayan sido aprobadas, en particular las de modulación, de duplicación del importe especial de ayuda para los agricultores que reciben menos de 5.000 euros y de exención de recortes para los agricultores que perciban menos de 10.000 euros, financiándose con el límite de 100.000 euros por agricultor. 
. 
(FR) ¿Harán caso del Parlamento? 
Esta es la pregunta que debemos plantearnos hoy, en vísperas de la Cumbre de Agricultura de Luxemburgo. 
Alcanzada la unanimidad en la cuestión agrícola, de la que debemos estar satisfechos, lo más importante es saber si el Consejo sabrá coger la pelota e integrar la posición del Parlamento en sus planes de organización futura de la política agrícola común. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea lamentamos que la codecisión no sea aplicable a la agricultura. 
Si lo fuera, los agricultores y consumidores europeos habrían salido ganando mucho más por el modo en que las mentalidades han cambiado rápidamente y en la buena dirección: pasar la página de una agricultura costosa y derrochadora que destruye el paisaje rural a una agricultura respetuosa con los hombres y las mujeres, con su trabajo, con la tierra y con el medio ambiente. 
En resumen, una agricultura ecológicamente sostenible, que el Grupo de los Verdes defendemos desde siempre. 
En efecto, esta reforma de la PAC a lo largo de 10 años constituye una apuesta por una nueva agricultura moderna que tenga en cuenta toda la realidad social, económica y medioambiental de la profesión agrícola. 
El compromiso alcanzado en esta Cámara apunta a esta agricultura y podemos alegrarnos de ello, aunque nos sorprenda que hasta hace poco las posiciones fueran tan diferentes. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (EN) Puedo apoyar y estoy de acuerdo con la gran mayoría de los informes sobre los que acabamos de votar. 
Los informes Jeggle y Souchet me causan pequeños problemas, pero el informe del Sr. Cunha es distinto. 
La actual PAC, que se ha reformado en muchas ocasiones en el transcurso de los años, ha acabado por tener un exceso de burocracia, y tengo la impresión de que lo que estamos proponiendo es añadir más problemas a los que ya existen. 
¿Qué tenemos ahora? 
Desacoplamiento, modulación, degresividad y cumplimiento cruzado en lugar de buenas prácticas agrícolas y un rendimiento honesto para unos esfuerzos honestos. 
Sinceramente creo que el desacoplamiento parcial acabará siendo lo peor de lo peor y no proporcionará ningún estímulo para el sector en el futuro, ni hará nada para racionalizar el sector o animar a los jóvenes a labrarse un futuro en la agricultura. 
Lo que significará de forma inmediata es más controles e inspecciones y menos tiempo para que el ganadero atienda a su ganado. 
Voy a votar en contra para garantizar que, a largo plazo, la industria agrícola de Irlanda del Norte no se destruya en nombre de la eficiencia. 
. (EN) Los Conservadores británicos hemos votado en contra de la propuesta de la Comisión modificada, pero a favor de la resolución legislativa. 
No lo hemos hecho porque apoyemos el contenido del informe del Parlamento, sino porque es obligado que el Parlamento dé un dictamen para que el Consejo pueda tomar una decisión. 
Es preciso que se dé a los agricultores europeos una clara orientación para el futuro. 
Apoyamos las propuestas del Comisario Fischler para reformar la PAC y creemos que hace mucho tiempo que deberían haberse llevado a cabo. 
Apoyamos plenamente los planes para desacoplar los pagos de la producción, y acogemos con agrado la liberalización de la agricultura. 
También creemos que las propuestas Fischler garantizarán el futuro de la agricultura europea en una Europa ampliada de 25 Estados miembros. 
Las propuestas incluidas en el texto del Parlamento solo confundirían y complicarían un sistema ya excesivamente burocratizado, y provocarían un declive aún mayor de la agricultura. 
Las reformas de la Comisión nos situarán en una posición sólida cuando nos sentemos a la mesa de las conversaciones de la OMC en Cancún. 
Espero que el Comisario Fischler se mantenga en sus trece, y consiga llevar adelante sus planes en Luxemburgo la semana que viene. 
¡Nosotros, y los agricultores europeos, le deseamos un gran éxito! 
No hay duda de que la ayuda agrícola de la Unión Europea debe reformarse con el fin de crear un mercado mundial sano. 
Desgraciadamente, la propuesta de reforma no aborda la cuestión de las subvenciones a la exportación que, en nuestra opinión, es lo que más importa cambiar y que tiene el efecto más distorsionador sobre los mercados mundiales y sobre la capacidad de los países pobres de explotar sus ventajas comparativas. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión reconoce la multifuncionalidad de la agricultura y posibilitaría todavía más la modulación, es decir, un incremento de la flexibilidad cuando se trate de apoyar tareas que no sean la producción de alimentos, como la conservación de la biodiversidad y el paisaje cultivado, o para tomar otro tipo de medidas medioambientales. 
También facilitaría la aplicación de otras reformas en esta línea. 
Al mismo tiempo, el desacoplamiento presenta riesgos claros de desentedimiento y resistencia al cambio que, por ejemplo, obstaculizarían la muy necesaria transición de una generación a otra dentro de la comunidad agrícola. 
Desde estas dos perspectivas, la propuesta del Parlamento Europeo es, por lo tanto, un compromiso que da un margen para los futuros cambios necesarios. 
En conjunto, hemos optado por tanto, a pesar de muchas objeciones, por apoyar el informe en la votación final. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
. (EN) Apoyamos plenamente la propuesta original de la Comisión para la reforma de la PAC, en sus términos originales y sin modificaciones del Parlamento Europeo, con la excepción de las enmiendas 38 y 99, referentes a la salud y la seguridad. 
La PAC debe reformarse. 
Los pagos deben estar sujetos al cumplimiento cruzado obligatorio de las directivas de medio ambiente, economía rural y bienestar de los animales. 
La posición adoptada por el Parlamento Europeo perpetuará un sistema que está dañando el medio ambiente, la economía rural y el bienestar de los animales, y que perjudica la salud y la seguridad y daña el producto del mundo en vías de desarrollo. 
. 
(FR) El principio del desacoplamiento de las ayudas directas es negativo, ya sea total, como lo desea la Comisión Europea, o parcial, «en un primer momento» , como recomienda el informe Cunha. 
Hará que la PAC sea más compleja y burocrática. 
Hemos de desechar completamente la idea de que las ayudas directas a los agricultores son ayudas «compensatorias» por las caídas de los precios y los ingresos que les han inflingido las reformas precedentes. 
Transforma estas ayudas en rentas desconectadas de la actividad agrícola y, por tanto, injustificables a los ojos de los contribuyentes. 
Anula la eficacia de las OCM, que son un instrumento de control y de orientación de la producción, y debilita la posición negociadoras de Europa en la OMC. 
Es cierto que la Comisión está acostumbrada, cuando quiere destruir una política común, a una estrategia consistente en establecer una reforma tan impracticable e insostenible que solo es una etapa hacia la desaparición pura y simple de la política pública que pretendía adaptar. 
El único aspecto que me satisface es la adopción de mi enmienda relativa a los cultivos energéticos e industriales en barbecho, que debería permitir la consolidación de los sectores emergentes. 
. 
(PT) El desarrollo rural parece casi una panacea para todos los males y desequilibrios que afectan a las distintas agriculturas de la UE, pero también forma parte de la estrategia de contención del gasto de la PAC y de liberalización de los mercados agrícolas, en conexión con la ampliación y con las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. 
Ahora bien, el objetivo de los mecanismos de mercado es compensar los precios, y por consiguiente las rentas, independientemente de la necesidad de resolver las profundas injusticias existentes. 
Solo existe desarrollo rural si hay agricultores y producción agrícola. 
La propuesta de la Comisión no refuerza las partidas para el desarrollo rural, pero sí transfiere una parte de las partidas del pilar de «mercados» , lo que conlleva la renacionalización de una parte del coste de la PAC. 
Las propuestas contenidas en el informe son, en lo esencial, positivas, aunque mantienen el marco de fondo. 
Nuestro voto se refiere a las mejoras introducidas, en particular: el apoyo a las zonas desfavorecidas, a los jóvenes agricultores y a la mujer rural, la promoción de los productos agrícolas y el incremento de los importes de ayuda de los distintos instrumentos, incluida nuestra propuesta de aumentar 100 euros las indemnizaciones compensatorias para las regiones más desfavorecidas. 
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(PT) Felicito al Sr. Karl Erik Olsson por el excelente informe que ha elaborado sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2826/2000. Apoyo totalmente el informe, en particular en cuanto a la necesidad de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la agricultura en las regiones más débiles y con mayores dificultades de la Unión Europea. 
De esta forma, se evita el éxodo rural de esas poblaciones, se apoya la conservación del paisaje, y por tanto del medio ambiente, y al mismo tiempo se mejoran las condiciones de vida de las poblaciones en esas regiones. 
Me gustaría resaltar también que el Parlamento Europeo deberá apoyar siempre el desarrollo de una política agrícola respetuosa del medio ambiente, que favorezca el apoyo solo a los agricultores que cumplan las normas comunitarias, así como a los jóvenes que se quieran establecer como agricultores. 
Hay que destacar que esta es también una forma de promover el empleo en Europa. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
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(PT) La presente propuesta de Reglamento para el sector de los cereales pone de manifiesto la estrategia de las últimas reformas de la PAC: descenso de precios y progresiva desregulación de los mercados. 
Las rentas se compensan solo parcialmente, con ayudas directas que cubren el 50% del descenso de los precios. 
Esta estrategia promueve la concentración y la intensificación de la producción y el aumento de dimensiones de las explotaciones, multiplicando el efecto de desertización del mundo rural. 
Por otra parte, la reducción del 45% en el precio de los cereales se ha traducido en un aumento del coste presupuestario de 630 millones de euros. 
Apoyamos las distintas propuestas del ponente, en particular la inclusión del centeno en la lista de cereales que pueden ser sometidos a intervención y las referencias en defensa de la preferencia comunitaria, pero no aceptamos el principio de disociación de las ayudas de la producción en el sector de los cereales. 
Rechazamos asimismo las ayudas al sector de la fécula de patata, que benefician a grandes agroindustriales de algunos Estados miembros, cuando lo que sería necesario es reglamentar y apoyar la producción de la patata de mesa. 
Es necesaria una amplia reforma de la PAC, que garantice a las producciones mediterráneas niveles similares de apoyo y de reglamentación del mercado. 
Sin ello, no se podrán resolver las profundas injusticias en el reparto de las ayudas y se darán señales erróneas a los productores, en regiones y países con condiciones edafoclimáticas para otras producciones. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
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(PT) Con la presente propuesta de Reglamento se pretende eliminar de forma progresiva la organización común de mercado en el sector de los forrajes desecados a partir de la campaña de 2008/2009. 
La justificación de la Comisión se basa en cuestiones medioambientales, en concreto el uso de combustibles fósiles en el proceso de deshidratación e incluso el uso del regadío. 
Pero las cuestiones medioambientales pueden resolverse de otras formas, como planes de reducción de la energía fósil, presecado natural al sol o empleo de energías renovables. 
Con todo, debemos contemplar este sector más como una fuente de producción de proteínas vegetales, sector en el que la Unión Europea presenta un déficit creciente, que asciende ya a 35 millones de toneladas de equivalente de harina de soja; es decir, la UE solo cubre el 23% de sus necesidades en proteínas vegetales. 
Y esta situación se agravará con la ampliación. 
La desaparición de esta producción significa la necesidad importar, sobre todo de los Estados Unidos, 2 millones de toneladas de equivalente de harina de soja, con los riesgos inherentes de contaminación por OMG. 
Por ello, a pesar de tener en cuenta el factor medioambiental, estamos de acuerdo con el ponente en cuanto al mantenimiento de la presente OCM, al fortalecimiento de los instrumentos de mercado y al aumento de la ayuda total a 68 euros por tonelada a partir de la campaña de comercialización 2004/2005. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
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(PT) El sector del arroz atraviesa un período difícil debido a los desequilibrios provocados por el aumento simultáneo de la producción interna y de las importaciones, resultantes estas últimas de las preferencias y las reducciones aduaneras de los últimos años. 
Esta situación tenderá a agravarse con la reducción de los derechos aduaneros promovida por la aplicación del programa «todo menos armas» , la nueva ronda de la OMC y las posibilidades de «triangulación» y usos abusivos del régimen de perfeccionamiento activo. 
Por otro lado, hay una división de intereses entre los Estados miembros productores, del sur de Europa, y los Estados miembros consumidores, del norte, cuya preferencia de consumo se orienta hacia la variedad de arroz Indica, de la que la UE es bastante deficitaria. 
La presente propuesta de reglamento es inaceptable. 
La Comisión propone una reducción del precio de intervención del 50% a un precio base de 150 euros/tonelada, una compensación de dicha reducción de un 88% de la compensación aplicada a los cereales en las anteriores reformas y una limitación cuantitativa, olvidando las peculiaridades de este monocultivo, que se concentra en zonas con características propias, sin posibilidad de usos alternativos. 
Olvida también que este cultivo soporta unos de los costes más elevados del sector agrícola por la inversión en máquinas, equipos e instalaciones, en su mayoría específicos, de modo que el abandono forzoso de la actividad dejaría a los productores en una grave situación económica. 
Por ello estamos de acuerdo con el ponente. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
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(FR) Mi posición en este debate está clara. 
En premier lugar, sin duda la PAC actual no es perfecta. 
Es costosa y, a veces, injusta. Sin embargo, le debemos la existencia, aún hoy, de una agricultura en Europa. 
En segundo lugar, la PAC debe sin duda reformarse para adaptarse a la situación europea y mundial actual. 
Debe orientarse mejor hacia objetivos de calidad, de medio ambiente y de mantenimiento del empleo rural. 
Sin embargo, lo que se nos propone, hábilmente camuflado bajo oropeles de justicia y ecología (en nombre del famoso «desacoplamiento» ), conducirá inevitablemente, de aquí a 10 años, a la desaparición de la PAC y, en su estela, a la desaparición de una verdadera agricultura europea diversificada y autosuficiente. 
Por esta razón, no puedo aceptar las propuestas que se nos han hecho. 
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(PT) Nunca se había oído hablar tanto de multifuncionalidad agrícola como hoy, en especial en el ámbito de la actual reforma de la PAC. 
Hasta parece que muchos estén descubriendo ahora el carácter multifuncional de la agricultura. 
Ahora bien, la actividad productiva agrícola siempre ha tenido exterioridades positivas para el desarrollo del mundo rural, contribuyendo a la creación de puestos de trabajo, al desarrollo de otras actividades económicas hacia arriba, al ordenamiento del territorio y a la preservación del medio ambiente, de la biodiversidad y de las tradiciones culturales. 
A tal fin, es fundamental la existencia de políticas que promuevan una amplia y densa red de pequeñas y medianas explotaciones familiares y el desarrollo de los mercados locales y regionales. 
Está claro que ha sido la presente PAC, incluso con reformas, la principal responsable de la destrucción de la multifuncionalidad agrícola, con la progresiva liberalización de los mercados agrícolas. 
Por ello, estamos de acuerdo con la ponente, que afirma que, más que «declaraciones de intenciones» , son necesarias medidas concretas en el conjunto de la PAC, lo que no sucede con las propuestas de la Comisión para la reforma de la PAC. 
Apoyamos las propuestas de la ponente, pero lamentamos que no sea más atrevida. 
. 
(PT) Felicito a la Sra. María Rodríguez Ramos por el excelente informe que ha realizado sobre la multifuncionalidad agraria y la reforma de la PAC, el cual apoyo, en particular por lo que se refiere a la defensa de una política agrícola europea que tome en consideración las múltiples funciones de la agricultura, en concreto el mantenimiento de la población en las zonas rurales y la preservación del medio ambiente, del paisaje y del patrimonio cultural, introduciendo también en esta política el concepto de cohesión territorial. 
Me gustaría destacar que el Parlamento Europeo tiene en gran estima su actuación a favor del respeto de la diversidad en Europa, lo que, en el caso de la agricultura, significa que tenemos el deber de considerar también los aspectos no comerciales para el desarrollo armónico de la Unión Europea. 
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(PT) Considero que la multifuncionalidad agrícola debe tenerse en cuenta en el proceso de reforma de la PAC, y que es importante que el Consejo y la Comisión retomen este concepto. 
De hecho, los efectos sociales, medioambientales y territoriales de la actividad agrícola no han recibido la debida atención por parte de las Instituciones comunitarias, que han centrado las políticas agrícolas esencialmente en las cuestiones cualitativas y económicas. 
En efecto, es de justicia elemental destacar que los bienes públicos y las exterioridades positivas, difícilmente conmensurables, que se derivan de la actividad agraria convencional superan en mucho los beneficios económicos directamente obtenidos de ella. 
Se justifica así la concesión de una atención especial a la población rural, la adopción de medidas concretas que rebasen el ámbito del desarrollo rural y el fomento y el apoyo al mantenimiento de la actividad agraria, vigilando la importancia a escala local de las explotaciones agrícolas y reorientando la producción en el sentido de un desarrollo sostenible y de calidad. 
Del mismo modo, suscribo la interpretación de la ponente de que hay que hacer compatible la insustituible presencia de un número suficiente de agricultores, que deben disponer de medios para seguir asegurando la presencia humana y una gestión adecuada del territorio rural, con las vicisitudes de la competencia en un mercado agrícola más liberalizado. 
Por ello he votado a favor. 
El Movimiento de Junio se opone a la ayuda agrícola masiva de la Unión Europea, que discrimina a los países en desarrollo, a los nuevos países de la Unión Europea y a los intereses medioambientales y ecológicos. 
El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotidianos. 
Incluso si se diera cancha a la agricultura extensiva y los intereses ecológicos y se establecieran unas condiciones ligeramente mejores, seguiría siendo injusto para los terceros países, los nuevos países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio desea que se suprima la ayuda totalmente y no puede apoyar una redistribución de la ayuda por la que se van a incluir nuevas zonas bajo el paraguas de los mecanismos de ayuda de un tipo u otro. 
El Movimiento de Junio cree que la única manera real de acabar con la discriminación es crear una igualdad de condiciones a través de recortes a la ayuda agrícola con el fin de eliminarla por completo. 
Señor Presidente, muchos de nosotros hemos votado en contra de la resolución del informe del Sr. Oostlander. 
Nuestras razones son múltiples. Se deben a la vez a consideraciones de fondo, pero también al espíritu muy divisorio y muy negativo que ha presidido la mayoría de las votaciones hoy. 
Fundamentalmente creemos que Turquía tiene su lugar en la Unión Europea, como lo tiene desde hace muchos años en el Consejo de Europa. 
Sin embargo, Turquía tiene que cumplir una serie de condiciones específicas. 
Así lo dice la resolución, pero lo dice mal, y se equivoca de condiciones. 
Por una parte, de este modo interfiere en el derecho turco. 
Por otra parte, comete una omisión grave al no decir claramente que el pueblo kurdo tiene el derecho de autodeterminación, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
Esto es lo que queremos subrayar con nuestro voto negativo. 
Optamos por votar a favor del informe a pesar del rechazo de nuestra propuesta de eliminar el texto al efecto de que «los valores políticos de la Unión Europea están basados principalmente en la cultura judeo-cristiana y humanista de Europa». 
No nos gusta el texto, pero como el resto del informe es constructivo, optamos por votar a favor del mismo. 
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(FR) Hemos votado en contra del informe Oostlander sobre la petición de adhesión de Turquía, aunque el ponente haya mostrado cierta voluntad de matizar las posiciones habituales del Consejo y la Comisión. 
Por lo tanto, parece que el mensaje de la base comienza a influir un poco en algunos parlamentarios. 
En particular, el informe parece apreciar en su justa medida el inmenso trabajo que queda por hacer para implantar valores parecidos a los de la Unión Europea, no solo en las superestructuras estatales de Turquía (lo que implicaría el desmantelamiento del Estado autoritario) , sino también en toda su población. 
Finalmente, el informe Oostlander, sin embargo, no se atreve a romper el tabú, y continúa dando la impresión de que a finales de 2004 estaremos en condiciones de pensar en abrir verdaderamente las negociaciones de adhesión con Turquía, si hasta entonces se esfuerza por satisfacer los criterios de Copenhague. 
Nosotros pensamos que tenemos que ser más realistas, y no subestimar las diferencias profundas que hay entre Turquía y Europa. 
En todo caso, pedimos que no se vuelva a poner a los ciudadanos ante un hecho consumado y que se les consulte antes de abrir las negociaciones. 
. 
(PT) No apoyamos varios de los puntos o formulaciones contenidos en la Resolución, entre otros la mención de la denominada «cultura judeocristiana y humanista de Europa» o la alusión a los compromisos de Turquía con la OTAN. 
En la Resolución se citan una serie de cuestiones de enorme importancia, como la prohibición de diversas fuerzas políticas, la cuestión de la amnistía a los presos políticos, la práctica de la tortura y de otras formas de violencia y represión, el control por parte de los militares de la vida política del país o la ocupación militar del norte de Chipre y la inaplicación de las Resoluciones de la ONU relativas a esta. 
Anteayer mi Grupo parlamentario llevó a cabo una iniciativa sobre la situación en Turquía en la que participaron varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. 
Una de las principales ideas que se pusieron de manifiesto es que? a pesar de las modificaciones constitucionales y legislativas puntuales, que estas organizaciones consideran positivas, aunque algunas de ellas no tienen ninguna aplicación práctica efectiva? no se debe suavizar la denuncia de la violencia y la arbitrariedad por parte de las autoridades turcas, y es necesario reforzar la solidaridad con todos aquellos que resisten y luchan. 
Por nuestra parte, seguiremos apoyando todas las iniciativas en este sentido. 
- (FR) Me he abstenido. 
Acojo con agrado los grandes interrogantes planteados en este informe y felicito a mi colega, el Sr. Oostlander, por la calidad de su trabajo. 
En Turquía, los derechos fundamentales y las libertades individuales no se ajustan a las exigencias de la Unión Europea. 
Aún queda mucho por hacer para que este país sea verdaderamente democrático. 
Asimismo, es importante que Turquía afronte su historia, y sobre todo que reconozca públicamente el genocidio del que fueron víctimas los armenios. 
Me he abstenido en la votación sobre este informe porque no plantea la cuestión de las fronteras de Europa y no propone una alternativa a una adhesión de Turquía, cuyas consecuencias no se abordan. 
La oposición a esta adhesión no significa el rechazo de Turquía. 
Por el contrario, propongo la creación de un espacio de relaciones preferenciales, que ayudaría al país en su desarrollo económico y social y apoyaría los pasos dados para crear una democracia estable. 
. (EN) Los eurodiputados laboristas británicos hemos apoyado esta resolución porque creemos que es esencial reconocer las reformas conseguidas por el Gobierno turco, y dar una señal positiva de estímulo para que se lleven a cabo nuevas reformas en el camino hacia la adhesión a la Unión Europea. 
Sin embargo, condenamos la mención de una tradición religiosa concreta en la resolución, porque creemos que es incompatible con la sociedad multiétnica basada en la pluralidad religiosa que es una realidad en todos nuestros países. 
Además, queremos que conste en Acta que creemos que en parte del texto hay tergiversaciones. 
En primer lugar, en el considerando D y el apartado 24, deberíamos reconocer que en los distintos países europeos se utiliza una gama de distintos sistemas electorales, y de hecho alrededor de una cuarta parte de los actuales diputados turcos son de origen kurdo. 
En segundo lugar, en relación con el apartado 3, aunque reiteramos nuestro fuerte deseo de que se realicen progresos en relación con Chipre, queremos señalar que esa nunca ha sido una condición previa directa para la adhesión a la Unión Europea de Turquía- y no es correcto cambiar eso en esta resolución. 
En el apartado 19, tenemos entendido que el caso Loizidou ya se ha resuelto- y deberíamos acoger eso con agrado. 
(Texto acortado en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(FR) Tras la ampliación al este, la adhesión de Turquía provocará la ruina económica y social de nuestras naciones. 
Nuestros agricultores, tras haber sufrido la competencia de la agricultura polaca, no sobrevivirán a la de Turquía, que será la principal beneficiaria de la PAC. 
La última de nuestras industrias que no se haya trasladado todavía al Este, se irá a Turquía, donde el coste de la mano de obra es aún menor que en Europa del Este. 
De acuerdo con las disposiciones de los tratados europeos, sobre todo de los de Schengen y Maastricht, 70 millones de turcos (100 millones dentro de veinte años) tendrán la posibilidad de venir a engrosar en nuestros países las filas de los inmigrantes, completando así el colapso de nuestros sistemas de protección social, destinados prioritariamente a nuestros compatriotas de menor renta. 
Nuestros ciudadanos son conscientes de estos hechos evidentes, pero nuestros líderes no. 
A falta de un referéndum, las elecciones europeas del año que viene serán la ocasión para que nuestros compatriotas digan no a la entrada de un país asiático, Turquía, en Europa. 
- (FR) Me he abstenido en la votación final del informe sobre la solicitud de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
La estrategia de la Unión Europea en respuesta a la solicitud de adhesión de Turquía, desde la decisión de Helsinki de 1999 que le otorgaba la condición de país candidato, no me parece realista. 
El Parlamento Europeo examina cada año los progresos realizados por Turquía en el camino a la adhesión, pero esta adhesión no es una cuestión actual. 
Las negociaciones de adhesión no están abiertas y, por el momento, no conocemos el calendario. 
En efecto, los jefes de Estado y de Gobierno, que se reunirán en el Consejo Europeo en diciembre de 2004, decidirán, sobre la base de un informe de evaluación de la situación en Turquía, si es pertinente fijar un calendario para la apertura de las negociaciones de adhesión. 
Por lo tanto, no veo por qué el Parlamento Europeo adopta hoy por enésima vez una posición sobre esta cuestión, y por ello no he querido asociarme a ella. 
. 
(PT) De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, el método abierto de coordinación deberá permitir «extender las prácticas idóneas y alcanzar una mayor convergencia de las políticas nacionales en torno a los principales objetivos de la Unión Europea». 
Con todo, la forma en que se ha venido aplicando el MAC pone de manifiesto la existencia de puntos débiles. 
De ahí la necesidad de una aclaración, en particular por lo que se refiere a: la definición de las materias a las que se aplicará; la movilización de todos los actores nacionales para que el proceso no se limite a la participación de un pequeño grupo de elegidos; su coordinación con los demás instrumentos comunitarios, haciendo de este método un complemento de la legislación y no una «normativa oculta». 
Así, merece ser apoyada la recomendación de inclusión en el futuro Tratado Constitucional de un artículo dedicado al MAC que delimite sus contornos y fije el procedimiento. 
Aplaudo también la necesidad consultar a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades sobre las cuestiones que son de su competencia, así como la conveniencia de que la Comisión Europea elabore un estudio sobre la eficacia del método. 
Las medidas propuestas contribuirán, sin duda, al perfeccionamiento del MAC, por ello he votado favorablemente este excelente informe. 
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Estoy de acuerdo con la ponente cuando (en la línea de las perspectivas defendidas por los cuatro grupos de trabajo de la Convención) defiende que el método abierto de coordinación debería ser objeto de una definición más precisa e incluirse en el Tratado. 
En los informes nacionales sobre las distintas áreas se deberá indicar de qué modo se ha consultado a la sociedad civil, los interlocutores sociales, las autoridades y los parlamentos locales, regionales y nacionales. 
Siempre he defendido y llamado la atención sobre el papel insustituible de la participación de los parlamentos nacionales y de los pueblos (concretamente los interesados o contemplados) a escala local en la formación y manifestación de la «voluntad comunitaria» , pues esta no se corresponde con la visión federalista de una supuesta «voluntad europea» , es resultado más bien de una «voluntad de entendimiento» , de una conciliación de intereses dispares, de una convergencia de valores y objetivos. 
La puesta en común de las mejores prácticas, junto con el método abierto de coordinación, es, pues, un camino que hay que mejorar, explorar y extender también a otras áreas, habida cuenta de la utilidad que ha demostrado en lo que se refiere a las políticas de empleo, que permite una auténtica convergencia y un enriquecimiento colectivo sin la naturaleza más o menos impositiva resultante de la actividad legislativa. 
Por último, he apoyado también la propuesta de pedir a la Comisión que elabore un estudio sobre la eficacia del método. 
. (NL) Esta semana, el Parlamento Europeo vota sobre dos informes de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Pocas veces he visto una diferencia de calidad tan grande entre los informes de una misma comisión. 
El informe sobre el cáncer de mama en la Unión Europea es excelente y, por consiguiente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, los Demócratas y los Reformistas ha votado a su favor. 
En el informe sobre mujeres y deporte se declara que el deporte femenino es la expresión del derecho a la igualdad y a la libertad de todas las mujeres. 
La Comisión Europea debería crear una unidad de «mujeres y deporte» , habría que obligar a las cadenas de televisión a retransmitir deportes femeninos y la práctica del deporte en el lugar de trabajo debería estipularse incluso en los convenios colectivos. 
El deporte femenino es muy bueno, pero eso no significa que sea un derecho fundamental. 
Considero que la práctica del deporte es algo que la gente simplemente tiene que hacer, no algo que deba imponer el Parlamento Europeo. 
Por ello, el Grupo del ELDR ha votado en contra de este informe. 
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(PT) El deporte es una actividad que tiene innumerables virtudes, como son el desarrollo del espíritu de grupo y de ayuda mutua en los deportes de equipo, una buena forma de emplear el tiempo de ocio, beneficios evidentes para la salud, la oportunidad que brinda de comprender la importancia del cumplimiento de las normas y la formación de una conciencia ética, por ejemplo. 
Por tanto, todas las iniciativas tendentes a promover el deporte son bienvenidas. 
Cumpliendo la vieja máxima de «mens sana in corpore sano» , el deporte debe empezar por las escuelas y es muy importante que todos, hombres y mujeres, puedan disfrutar de unas condiciones idénticas y adecuadas a su desarrollo. 
La escasa presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisiones de las federaciones deportivas y las asociaciones no es una cuestión específica del deporte, sino, también aquí, una cuestión que hay que abordar debidamente. 
La Unión debe fomentar la participación de las mujeres; sin embargo, algunas propuestas parecen de una injerencia excesiva, ya sea en la competencia de los Estados miembros, ya sea en la capacidad de organización de las asociaciones deportivas, en resumen, una doble violación del principio de subsidiariedad. 
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(FR) Confieso que este informe tiene un mérito: me ha divertido. 
El título, «Mujeres y deporte» , podría causar confusión por sí mismo, pero el contenido sobrepasa todo entendimiento. 
En efecto, por mucho que lea y relea este informe extravagante, no he logrado entender sus intríngulis y pormenores. 
He extraído algunos pasajes antológicos, sobre el acceso al deporte como derecho fundamental, sobre el deporte como terreno altamente sexual y estereotipado donde se reproducen y se transgreden los modelos dominantes de virilidad y feminidad, o sobre el tratamiento socialmente discriminatorio y sexualmente estereotipado por parte de los medios de comunicación, que nos dejan mudos. 
Pero no, decididamente no encuentro ninguna justificación para este informe, excepto la de permitir que un parlamentario europeo se entregue a un ejercicio estilístico digno de los más grandes humoristas. 
Así que, después de «Mujeres y deporte» , ¡rápido, un informe sobre «Deporte y minorías sexuales»! 
¿Quién dijo eso de que «en política, hablar para no decir nada y no decir nada para seguir hablando son los dos grandes principios de quienes harían mejor en mantener la boca cerrada»? 
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(FR) El cáncer de mama y el cáncer en general constituyen una plaga que, en mi opinión, no suscita una movilización suficiente en Europa y en sus Estados miembros en términos de investigación, prevención, calidad del tratamiento y también de seguimiento psicológico de los pacientes, que a menudo son abandonados a su soledad frente a esta cruel enfermedad. 
Por lo tanto, apoyo cualquier medida para remediar esta situación y recuerdo la financiación que he conseguido que apruebe a este fin al Parlamento Europeo y al Consejo con ocasión de mi informe sobre el sexto programa marco de investigación y desarrollo. 
Por supuesto, apoyo el excelente y pertinente informe de nuestra colega, la Sra. Jöns, así como sus esfuerzos continuos a este respecto. 
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(PT) La incidencia del cáncer de mama ha aumentado a un ritmo constante. 
En el informe ahora aprobado se defiende la necesidad de mejorar la prevención, la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad. 
Según la OMS, en la Unión Europea se diagnosticaron 216.000 nuevos casos de cáncer de mama en 2000, año en que la enfermedad fue responsable de 79.000 muertes. 
Este cáncer es el más frecuente en la mujer y afecta a una de cada nueve mujeres; es también la causa de mortalidad más frecuente entre las mujeres de 35 a 55 años de edad. 
El riesgo de padecer cáncer de mama es un 60% más alto en la Europa occidental que en la Europa oriental. 
De ahí la propuesta de crear, de aquí a 2008, las condiciones necesarias para reducir en un 25% la tasa de mortalidad por cáncer de mama en la Unión Europea. 
Se pide a los Estados miembros que ofrezcan a todas las mujeres de edades comprendidas entre 50 y, por lo menos, 69 años, la realización, cada dos años, de una mamografía conforme con las directrices europeas para el control de calidad de la exploración mamográfica, dado que solo ocho de los quince Estados miembros de la UE disponen de programas nacionales de detección. 
Todas las mujeres víctimas de este cáncer deben tener derecho a recibir tratamiento de equipos multidisciplinares. 
De ahí nuestro voto favorable. 
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(PT) Felicito a la ponente por este informe tan importante y oportuno. 
Para confirmarlo están los datos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, según los cuales, en el año 2000 fallecieron más de 79.000 mujeres a causa del cáncer de mama. 
También la amplia mayoría obtenida en la Comisión de Derechos de la Mujer, con solo dos abstenciones y ningún voto en contra, confirma el acierto y la adecuación del contenido del informe. 
De las sugerencias de la ponente destacaré la inclusión de la lucha contra el cáncer de mama entre las prioridades de la política de sanidad, el establecimiento de un modelo de detección bienal para todas las mujeres de 50 a 69 años de edad y la participación regular de los médicos y el personal paramédico en acciones de formación profesional complementaria. 
Es decisiva también una apuesta clara por la búsqueda de curación de este y otros tipos de cáncer. 
Soy de los que piensa que el cáncer sigue siendo la auténtica «enfermedad del siglo» , y que merece nuestra atención prioritaria. 
No sé cuál era la versión en el idioma original, pero el procedimiento habitual es asegurarse de que todas las versiones se corresponden con el idioma original. 
Hemos tomado nota de su comentario. 
El Acta ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, no figuro como presente en el acta de ayer, pero evidentemente estaba aquí y he participado en todas las votaciones nominales. 
Ya he pedido que se rectifique. 
Muchas gracias. 
Yo también podré confirmar su presencia. 
. (EN) Señor Presidente, a la Comisión le complace ver que el proyecto de informe de la Sra. Fourtou acoge con agrado la comunicación sobre relaciones con el demandante respecto de las infracciones del derecho comunitario. 
Esta comunicación tiene dos objetivos. 
El primero es incrementar el conocimiento público de las normas de procedimiento que se aplican a las reclamaciones gestionadas por la Comisión. 
El segundo es reforzar la disciplina interna en lo que respecta a la notificación dada los demandantes en las etapas principales del procedimiento, incluso, cuando corresponda, al cerrar los casos. 
La Comisión está dispuesta a trabajar con el Parlamento para analizar formas de mejorar la coordinación de la respuesta de ambos órganos a las medidas estatales que sean incompatibles con el derecho comunitario, medidas que se presentan ante la institución mediante peticiones o reclamaciones. 
Señor Presidente, es bien sabido, y los que pertenecemos a la Comisión de Peticiones desde hace mucho tiempo somos conscientes de ello, que este Parlamento y la institución del Defensor del Pueblo Europeo no están muy conformes con el modo en que la Comisión ha venido tratando las quejas de los ciudadanos europeos. 
Con frecuencia no han faltado las críticas a este respecto. 
Por todo ello, el Defensor del Pueblo, con motivo de una queja referida a la Macedonia Joint Venture planteó en su día la necesidad de que la Comisión reconsiderase sus métodos de actuación respecto a las quejas de los ciudadanos, es decir, en la intercomunicación Comisión- ciudadanos europeos. 
Ahora nos llega esta Comunicación de la Comisión en la que reconoce que el tratamiento de esta intercomunicación necesita un mejor armazón, administrativo fundamentalmente, en el campo del contacto personal permanente con los ciudadanos que han planteado la queja o la petición, así como en la clasificación de las quejas, dándoles un tratamiento digno y razonable. 
En este contexto, llega el informe de la Sra. Fortou, a la que felicito por el trabajo realizado. 
El acuerdo debe ser mantenido hasta el final. 
Pedimos a la Comisión que acoja las propuestas de gran sentido común que contiene este informe. 
Por tanto, repito, apoyamos al cien por cien este informe y le decimos a la Comisión que estamos en un momento especialmente propicio, e interesante, coincidente con la entrada en la Unión de otros diez Estados miembros, para llevar adelante esta acción. 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando no solo al ponente del informe, sino también a la Comisión por la comunicación. 
Para nosotros representa un importante paso en el reconocimiento del papel y los derechos legítimos de los ciudadanos que presentan una reclamación ante la Comisión. 
También es la primera vez que la Comisión adopta normas públicas sobre el tratamiento de las infracciones del derecho comunitario por parte de los Estados miembros. 
Esas normas públicas son, con frecuencia, una significativa mejora de la práctica en varios de nuestros Estados miembros. 
En segundo lugar, recuerdo que cuando el anterior Defensor del Pueblo, el Sr. Jacob Söderman, pidió a la Comisión que adoptara unas normas para el tratamiento de los demandantes, su recomendación fue que se reconociera que el demandante era una parte en un procedimiento administrativo. 
Aunque mi grupo considera que ese debería ser el objetivo final, también cree que el código adoptado es una mejora real. 
Es posible que haya una oportunidad de seguir avanzando mediante la adopción de un derecho administrativo para las instituciones y agencias de la Unión. 
En tercer lugar, quisiera mencionar un área sobre la que mi colega, el Sr. Wynn, y yo presentamos una enmienda que fue rechazada por la comisión- algo poco habitual, porque nuestra comisión suele demostrar tener un gran sentido común. 
En este momento, el informe dice que la Comisión tiene una facultad discrecional en relación con su aceptación de las reclamaciones. 
Aunque reconocemos que la Comisión necesita cierta discreción a la hora de decidir si abre un procedimiento de infracción y cuándo lo hace, la discreción debe utilizarse cumpliendo con las obligaciones de la Comisión de garantizar la aplicación del derecho comunitario. 
El artículo 211, que convierte a la Comisión en guardiana de los Tratados, y el artículo 226, que otorga a la Comisión el derecho a abrir procedimientos de infracción, constituyen la salvaguarda esencial de los Tratados para la aplicación del acervo. 
Por lo tanto, nos preocupa esa visión de las facultades discrecionales de la Comisión como unas facultades extremadamente amplias y preferiríamos que se describieran como unas facultades que proporcionan cierto margen de apreciación. 
Para acabar, dado que la Convención está llegando a su fin, deseo recalcar la importancia de mantener el papel de la Comisión en el control de la aplicación del derecho comunitario. 
El número de reclamaciones recibidas por la Comisión y el número de peticiones al Parlamento demuestran claramente que los ciudadanos necesitan esa oportunidad. 
Señor Presidente, Señorías, felicito igualmente a la ponente por su informe tan breve y preciso. 
Se ciñe a la cuestión, y esa cuestión es que necesitamos una mayor grado de transparencia y de compromiso por parte de la Comisión tanto en su administración como respecto a los ciudadanos de la Unión, lo cual ya se ha dicho. 
Creo que el plazo de un año no solo es razonable, sino muy generoso. 
En algunos Estados miembros lo normal es cumplir los plazos establecidos. 
Deberíamos intentar conjuntamente eliminar los dobles procesos en el caso de las reclamaciones. 
Esto también se ha mencionado ya. 
Constituye uno de los objetivos de esta Cámara y sobre todo de su Comisión de Peticiones. 
La Comisión sigue teniendo dificultades con una administración transparente y orientada al ciudadano. 
A todos nos ha ocurrido tener que defender el número relativamente pequeño de funcionarios de la Comisión, con sus 17.000 ó 18.000 empleados, porque casi siempre se comporta de cara al público como si tuviera unos 100.000. 
No tengo que recordarles el juego del escondite practicado recientemente por la Comisión en relación con el escándalo de EUROSTAT, que nos deja con la sensación de que la Comisión aún no ha aprendido que la administración moderna tiene mucho que ver con la transparencia. 
Basta con echar un vistazo al informe del año pasado del Defensor del Pueblo, según el cual el 75% de las quejas recibidas en el año 2002, señora Comisaria, estuvieron relacionadas con su institución. 
Muchas de esas quejas podrían haberse resuelto con relativa facilidad y bajo coste. 
De hecho, el 27% de las quejas de los ciudadanos de la UE se referían a una transparencia deficiente y a la denegación de información. 
Lo cual incide de nuevo en la necesidad de transparencia. 
Como es sabido, el Sr. Prodi prometió públicamente algo muy diferente cuando accedió al cargo hace tres años. 
Otro 15% de las quejas se debieron a retrasos administrativos evitables. 
La cuestión de los pagos atrasados es ya legendaria dentro de la Unión. 
Considero que aquí existen enormes posibilidades de mejora con un bajo coste. 
Lo único que necesitamos es buena voluntad y creo que sería una buena idea acordar que el Parlamento reciba informes periódicos de usted, señora Comisaria, en relación al cumplimiento de los compromisos que usted ha adquirido, según los cuales todo se habrá solventado en el plazo de un año. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término del debate sobre los casos de violaciones de los derechos humanos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. 
B5-0293/2003 de los Sres. Hartmut Nassauer y Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la situación en Indonesia, en particular en la provincia de Aceh; 
B5-0298/2003 del Sr. Luigi Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Indonesia, en particular en Papúa y Aceh; 
B5-0301/2003 del Sr. Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Indonesia, en particular en Aceh; 
B5-0302/2003 de los Sres. Proinsias De Rossa, Martin Schulz, Christa Randzio-Plath y Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en la provincia indonesia de Aceh; 
B5-0307/2003 del Sr. Bob van den Bos, a nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Indonesia, más concretamente en Papúa y Aceh; 
B5-0311/2003 de los Sres. Matti Wuori, Patricia McKenna y Nelly Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en las provincias indonesias de Aceh y Papúa. 
(DE) Señor Presidente, nos ocupamos hoy de uno de los focos de crisis más peliagudos de Asia, un foco de crisis que amenaza con convertirse en todavía más peligroso, y no podemos solventar este tema recurriendo a tópicos manidos. 
Indonesia es un cosmos multiétnico y tiene por sí sola una dimensión geográfica que rebasa todas nuestras magnitudes europeas. 
En esa parte del mundo no se puede medir todo con el mismo rasero. 
Tenemos el problema de que Aceh es un antiguo sultanato histórico que ha irradiado a esa región influencias culturales importantes. 
Aceh fue una gran nación de navegantes. 
Aceh también ha ejercido una influencia religiosa sobre toda esa zona. 
Desde allí se propagó con fuerza el islamismo por Asia y la isla ha desarrollado una conciencia propia muy arraigada y saludable. 
En tiempos del colonialismo, se hizo tabla rasa con Aceh, al igual que con otras muchas naciones de esa región, y después de la descolonización quedó convertida en parte integrante del nuevo estado artificial de Indonesia. 
En ningún caso queremos cuestionar la integridad del Estado de Indonesia, ya que aunque solo sea por motivos económicos y geoestratégicos, Indonesia es uno de nuestros asociados más importantes y valiosos. 
Pero por otra parte tenemos que percibir la realidad y la realidad es que en Indonesia se ha cometido el error de tratar de solventar la problemática de las superpobladas islas de Bali, Java y Sumatra mediante la puesta en práctica de la denominada política de transmigración, es decir, se ha intentado trasladar la población de estas islas a otras con una idiosincrasia cultural e histórica diferente, relegando con ello a otros grupos de la población, lo que ha dado origen a un sinnúmero de conflictos étnicos y religiosos. 
No solo entre musulmanes y cristianos, caso de las Molucas, sino en Aceh también entre los propios musulmanes o entre grupos étnicos diferentes. 
Y por ello debemos abordar este tema con enorme precaución y exigir claramente, por una parte, que se ponga fin a la utilización de la violencia en Aceh y que acaben las actividades terroristas allí. 
Pero, por otro lado, tenemos que exigir también que el Gobierno de Indonesia, que es asociado nuestro, cumpla sus compromisos, y eso significa que aplique plenamente en Aceh las disposiciones legales en materia de autonomía y vigile que reinen allí la democracia y el Estado de derecho y que, sobre todo, puedan tengan acceso a esa región las organizaciones humanitarias, los observadores internacionales y los medios de comunicación internacionales. 
Indonesia no debería tener nada que ocultar, es un asociado nuestro. 
Pero la manera en que Indonesia se ocupa de la arrogante provincia de Aceh y de su libertad constituye también un importante referente. 
Señor Presidente, la fragilidad política del Estado indonesio es evidente. 
El proverbial cinturón de esmeralda amenaza con fragmentarse en su extremo oriente, Papúa, y en occidente, Aceh. 
Las medidas adoptadas por Yakarta, sobre todo las militares, han sido hasta el momento contraproducentes. 
Tanto en Papúa como en Aceh están echando por tierra las promesas de autonomía de la autoridad central. lo cual fomenta una peligrosa radicalización. 
Especialmente en Aceh, un territorio que siempre ha deseado la independencia- como bien saben los neerlandeses por haberlo sufrido en carne propia -, la escalada del prolongado conflicto entre Yakarta y los rebeldes del GAM puede crear un nuevo foco de terrorismo islámico internacional. 
Esta perspectiva aterradora debería impulsar a Yakarta a actuar con tacto. 
En este contexto, señores de la Comisión y del Consejo, es imprescindible el compromiso del mundo exterior. 
Señor Presidente, Señorías, nos encontramos hoy, de hecho, ante un importante retroceso de la paz y el Estado de Derecho en Indonesia, como demuestran, por un lado, la ruptura del alto el fuego y la reanudación de las hostilidades en la provincia de Aceh y, por otro, el recrudecimiento de las tensiones en Irian Jaya o Papúa Occidental. 
Indonesia es uno de los países más vastos del mundo y tiene la peculiaridad de que une a los problemas derivados de su geografía y de su historia y, en especial, del proceso de descolonización- que ya fue citado aquí por el Sr. Mayer, y que es el origen de los problemas en el antiguo sultanato de Aceh -, los problemas planteados por la brutal represión y la dictadura y por el carácter expansionista indonesio, que condujo a la anexión de Irian Jaya y a la conquista militar del Timor Oriental. 
Estos dos últimos hechos nos ayudan a comprender la gravedad y la complejidad de la situación que encontramos hoy en el país. 
La descolonización del Timor Oriental, tras la caída de la dictadura de Suarto, representó un paso histórico en la inversión de esta lógica interna expansionista característica de Indonesia, así como de la actitud del mundo occidental, que había apoyado, por acción y por omisión, la conquista de esta pequeña y joven nación del sudeste asiático. 
Como sabemos, no se trató de una acción pacífica y solo pudo llevarse a cabo con la utilización de fuerza militar exterior, dado que las Naciones Unidas se mostraron incapaces por sí solas de hacer frente a la reacción armada indonesia. 
Dicho esto, y reconociendo que no tiene sentido manifestarnos siempre contra cualquier acción armada, todo nos lleva a creer que nos encontramos en una situación en que, tal como se indica en la Resolución común, hay que hacer todo lo posible para poner fin al conflicto armado y reabrir el diálogo entre el Gobierno indonesio y los movimientos separatistas de Aceh, así como con los representantes de Irian Jaya. 
Además de emprender todas las medidas necesarias para el restablecimiento del alto el fuego en Aceh y del diálogo en Irian Jaya, debemos adoptar una política exterior para Indonesia, que se base en el respeto de los derechos humanos, de las minorías y del diálogo interétnico e interreligioso. 
Y estos principios tienen que ponerse por encima de cálculos geopolíticos o de interés económico, que siempre son malos consejeros en estas circunstancias y que tan malos resultados nos han dado en el pasado, y también deben de ponerse por encima de cálculos deterministas sobre integridades territoriales o derechos a la autodeterminación, que a veces son difíciles de trazar de entrada. 
La provincia de Aceh siempre ha querido separarse. 
Ya era así durante la dominación colonial neerlandesa y, en realidad, nunca ha cambiado. Este deseo se fundamenta en razones geográficas, étnicas, religiosas y, sobre todo, económicas. 
Los beneficios generados por el gas natural son una continua fuente de tensión. 
¿Corresponden esos beneficios al Gobierno indonesio, a los militares, a los rebeldes o a los propios habitantes? 
Desde 1976, tanto los militares indonesios como los rebeldes del GAM aterrorizan a la población. 
Por experiencia propia sé lo peligroso que es desplazarse en ese territorio. 
En el transcurso de los años, las negociaciones entre el GAM y los militares indonesios no han conseguido nunca nada importante. 
La verdadera razón podría ser que ambas partes tienen interés en mantener esta situación anárquica porque les beneficia. 
Después del fracaso de las negociaciones, el Gobierno indonesio ha lanzado una ofensiva militar a gran escala que puede desembocar fácilmente en terribles excesos por ambos lados. 
El Gobierno de Yakarta ha jurado que se respetarán los derechos humanos, pero ¿quién se ocupará de controlarlo en esta zona de selvas montañosas? 
Por ello es sumamente importante enviar a esta zona observadores internacionales que reciban suficiente protección militar. 
La Unión Europea tiene que ejercer toda la presión posible sobre el Gobierno indonesio y sobre el GAM para que lleguen a un pacto pacífico con acuerdos justos sobre la distribución de los minerales. 
Las soluciones militares nunca han sido duraderas en Aceh. 
Es sumamente lamentable, señor Presidente, que se haya retirado la Ley de autonomía especial de Papúa y que se haya sustituido por una nueva ley que divide al territorio en tres provincias. 
Por fin parecía que se había alcanzado una solución con la que todos estaban satisfechos y que podía garantizar la estabilidad. 
Pero la Sra. Megawati escucha demasiado a los militares y no tienen el valor político para imponer su voluntad. 
El resultado de esta política es que ahora los papúas tampoco quieren seguir con Indonesia y no era eso lo que se pretendía. 
El conflicto tiene su origen en el hecho de que, aunque el Sultanato de Aceh nunca se incorporó técnicamente a las Indias Orientales Holandesas, fue uno de los territorios entregados por Holanda a Indonesia en 1949, tras las conversaciones patrocinadas por las Naciones Unidas entre Indonesia y la antigua potencia colonial. 
Los habitantes de la provincia de Aceh, aunque también son musulmanes, comenzaron a luchar inmediatamente por la independencia, y se concedió a la provincia un estatus especial. 
La inestabilidad se ha agravado como consecuencia de la explotación por parte del Gobierno indonesio de los recursos de gas y petróleo de la provincia, así como por la política de inmigración interna que ha hecho que muchos javaneses se trasladen a vivir y trabajar en los cinturones costeros e industriales de la provincia. 
El anterior alto el fuego, que, a juicio de la Unión Europea, tenía en parte la intención de garantizar el apoyo indonesio a la lucha contra el terrorismo a escala mundial, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos de los habitantes de Aceh, está claramente muerto. 
El Presidente Megawati desea, comprensiblemente, evitar que Indonesia se divida. 
Parece que el ejército le ha convencido, sin razón, de que es posible una solución militar. 
Es altamente improbable que la opción militar sea la única que funcione a largo plazo. 
Ahora es preciso encontrar rápidamente una solución política. 
Señor Presidente, el Gobierno indonesio debe declarar formalmente su oposición a violaciones de los derechos humanos como ejecuciones ilegales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. 
Debe dejar claro a las fuerzas de seguridad que no se tolerará ninguna violación y que los que las cometan serán llevados ante la justicia. 
Ambos bandos deben respetar los derechos humanos y el derecho humanitario internacional- y debemos poder comprobar que los cumplen. 
También debe haber una cadena de mando adecuada para el personal de seguridad. 
Se les debe comunicar que serán responsables penalmente de la comisión de atrocidades- no solo las personas que las llevan a cabo, sino también los que dan las órdenes. 
No se pueden tolerar bajo ninguna circunstancia los delitos contra mujeres y niños, que desgraciadamente siguen dándose en estos momentos. 
El Gobierno indonesio debe tomar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los miembros de la prensa que hablan públicamente sobre esas atrocidades. 
Señor Presidente, quisiera dividir mi intervención en dos partes: la primera parte sobre Aceh y la segunda sobre Papua. 
En lo que respecta a Aceh, la Comisión, junto con la Presidencia, es uno de los cuatro copresidentes de la Conferencia de Tokio (Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Banco Mundial). 
Esta conferencia ha fomentado la firma de un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno indonesio y los rebeldes de Aceh, sobre la base- insisto en ello- de la integridad territorial de Indonesia. 
El acuerdo de cese de las hostilidades constituye la tentativa más completa con vistas a resolver un conflicto que dura 26 años y que ha costado la vida a cerca de doce mil personas, la gran mayoría civiles inocentes. 
La Comisión, a través de su mecanismo de reacción rápida, ha aportado 2,3 millones de euros al despliegue de cincuenta observadores internacionales en la provincia de Aceh. 
Por desgracia, entretanto la situación sobre el terreno ha cambiado drásticamente. 
Los días 17 y 18 de mayo, la Comisión participó en Tokio, con los otros copresidentes, en largas negociaciones de once horas entre el Gobierno indonesio y el GAM (Movimiento Aceh Libre) , con vistas a salvar el acuerdo de alto el fuego, que se hallaba en una situación precaria. 
Por desgracia, las discusiones fracasaron, lo que llevó a la presidenta indonesia a decretar la ley marcial y lanzar una gran operación militar. 
Desde entonces, la Comisión solo puede confirmar lo que han dicho los diputados. 
La situación es muy espinosa, la información que recibimos es cada vez más preocupante, las violaciones de los derechos humanos son graves. 
Asimismo, estamos preocupados por la petición hecha a las organizaciones internacionales y no gubernamentales de ayuda de que abandonen la provincia, así como por la censura militar impuesta a la prensa que cubre la situación o que informa sobre los hechos que acontecen en la provincia. 
Señor Presidente, para la Comisión, una operación militar no permitirá alcanzar una paz duradera a Aceh, aunque sea pretendidamente con las mejores intenciones. 
Por esta razón, estamos firmemente convencidos que la clave de la paz sigue siendo la gobernanza, la justicia, el respeto de los derechos humanos, el proceso democrático y el desarrollo. 
Tomamos nota de la declaración del Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, el Sr. Yudhoyono, según la cual su Gobierno respetará la Convención de Ginebra y el derecho humanitario en la provincia de Aceh. 
Pero la comunidad internacional tendrá que invitar al Gobierno indonesio a conceder a las ONG y a las agencias humanitarias internacionales libre acceso a la provincia y a garantizar su seguridad, porque se trata de un requisito imprescindible para la consecución rápida y transparente de una ayuda que los ciudadanos y la población más afectada necesitan urgentemente. 
Estamos convencidos de que la única opción posible es reanudar el diálogo en torno a una mesa de negociación. 
La declaración del Gobierno indonesio, en la que afirma que sigue abierto al diálogo, nos conforta. 
Por lo tanto, alentamos al gobierno y al GAM a que propongan muy pronto un marco que permita la reanudación de estas negociaciones. 
La Comisión, al igual que los demás promotores de esta iniciativa, sigue dispuesta a facilitar este proceso por todos los medios posibles. 
Señor Presidente, quisiera tratar ahora el segundo aspecto de las preguntas parlamentarias, es decir, la situación en Papua. 
Sin duda sabrán que la ley especial sobre la autonomía de Papua fue adoptada por el parlamento indonesio en el año 2001. 
En 2002, a raíz de las conclusiones de un estudio realizado conjuntamente por expertos indonesios y europeos, la Comisión movilizó los fondos de su mecanismo de reacción rápida para apoyar el establecimiento de la susodicha ley por parte de las autoridades indonesias, poniendo a su disposición un experto en cuestiones de descentralización y en Indonesia. 
Y sostengo con firmeza que esta iniciativa se situaba en el respecto estricto, por parte de la Unión Europea, de la integridad territorial de Indonesia, y que había recibido el pleno apoyo y la colaboración de las autoridades indonesias. 
A mediados de 2003, la Comisión propuso una ayuda técnica al gobierno provincial de Papua y el establecimiento de la ley especial de autonomía. 
El Gobierno indonesio aún no ha aprobado el lanzamiento de este programa. 
La Comisión espera que este retraso se deba exclusivamente a razones técnicas. 
La Comisión ha tomado nota del decreto presidencial del 27 de enero de 2003, que creó tres nuevas provincias en Papua y sobre el que el parlamento indonesio, que debe confirmar la creación de estas provincias, aún no se ha pronunciado. 
Estamos muy preocupados por las consecuencias que la aplicación de este decreto podría tener en el establecimiento de la ley especial de autonomía de la provincia de Papua. 
Estamos convencidos de que la vía abierta por la ley especial sigue siendo la que las autoridades indonesias deben adoptar. 
La Comisión insta al Gobierno indonesio a que establezca la ley especial y mantiene su oferta de ayuda en este marco. 
Al mismo tiempo, la Comisión reafirma su apoyo a la integridad territorial de Indonesia y sigue atenta al respeto de los derechos humanos en esta provincia, así como en otras provincias de Indonesia. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
B5-0297/2003 de los Sres. Marianne Eriksson, Fausto Bertinotti, Yasmine Boudjenah y Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la detención de Aung San Suu Kyi en Birmania; 
B5-0303/2003 de los Sres. Walter Veltroni, Glenys Kinnock, Margrietus J. van den Berg y Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE, sobre la detención de Aung San Suu Kyi (Birmania); 
B5-0305/2003 de los Sres. Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Thomas Mann, Hanja Maij-Weggen y Lennart Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Birmania; 
B5-0306/2003 del Sr. Bob van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre Birmania; 
B5-0310/2003 de las Sras. Patricia McKenna y Marie Anne Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Birmania. 
. (DE) Señor Presidente, en Birmania parece que está desarrollándose una tragedia interminable. 
Desde hace años, un régimen formado por una junta militar brutal viene aterrorizando al pueblo birmano, que vive en la más absoluta indigencia. 
El régimen tiene sometidos a miles de trabajadores forzosos, en las cárceles del país se pudren miles de presos políticos y la Presidenta, elegida democráticamente en su día por mayoría aplastante, galardonada con el premio Nobel y, por cierto, también con el premio Sajarov de esta Cámara, estuvo encarcelada durante años y- tras haberse vislumbrado brevemente algún rayo de ligera esperanza democrática- el 31 de mayo fue detenida nuevamente junto con otros nueve miembros de su partido. 
Como seguramente se habrán enterado por los medios de comunicación, no se sabe el número de vidas humanas que se ha cobrado realmente el violento asalto al poder de los militares, ni se sabe el destino que ha corrido el presidente interino del partido perseguido, a saber, la Liga Nacional para la Democracia. 
Es posible que la propia Presidenta fuera herida durante el mencionado asalto al poder. 
Este ha sido un revés realmente grave, después de que hace exactamente un año la liberación de Aung San Suu Kyi permitiera alimentar esperanzas en cuanto a la voluntad de reforma del régimen. 
Con ese espíritu esperanzado se inició el diálogo político bajo la supervisión del enviado especial de la ONU, Razali Ismail, pero es de temer que durante la visita prevista para mañana se le impida encontrarse con Aung San Suu Kyi y se produzca entonces un mayor endurecimiento de las actitudes. 
La violencia militar, la persecución política y la privación de la libertad de las personas, que a pesar de todas las represalias luchan en defensa de la democracia con medios pacíficos, no deben tolerarse. 
Por eso solicitamos al Consejo que aplique de inmediato las sanciones contra el régimen que se habían suspendido temporalmente. 
Pero también debe quedar bien claro que el Consejo, la Comisión y, por supuesto, el Parlamento Europeo no tienen ningún deseo de cerrar todas las puertas, por el bien del pueblo birmano. 
Eso significa que, tanto antes como ahora, estamos dispuestos a colaborar en un proceso de reconciliación nacional, pero tienen que existir indicios de que dicho proceso de reconciliación es deseado y promovido por todas las partes. 
Que nadie espere tolerancia por parte del Parlamento Europeo y las demás instituciones europeas mientras reine el terror y la violencia militar. 
Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que apoyo totalmente las peticiones formuladas en la propuesta de resolución. 
Debe quedar muy claro que hay una necesidad de intensificar las sanciones de la Unión Europea contra Birmania. 
Con la detención de la Premio Nobel Aung San Suu Kyi y otros 19 miembros de su partido, la junta militar sin duda ha demostrado otra vez que no desea mejorar las condiciones de la democracia en el país. 
La afirmación de la junta de que Aung San Suu Kyi fue detenida por su propia seguridad es un insulto a la inteligencia de cualquier persona, y estoy totalmente de acuerdo con la Sra. McKenna en que debemos exigir que nos indiquen su paradero y acceder a ella. 
Por lo tanto, solo cabe esperar que con sanciones internacionales más estrictas consigamos que la junta militar cambie de opinión. 
Creo que es importante que el Consejo intensifique sus demandas en términos de derechos humanos y siga apoyando al enviado especial de las Naciones Unidas. 
Debería exigir que todos los prisioneros fueran liberados sin condiciones y que se reanudara un diálogo genuino con la oposición, porque sin duda solo por medio de un diálogo que incluya a todos los agentes políticos relevantes se podrá restablecer una democracia sólida y legítima. 
Señor Presidente, la Comisión está totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en el Parlamento, porque estamos muy preocupados por los hechos más recientes, el acoso y la violencia política de la que han sido víctimas Aung San Suu Kyi y los partidarios de la Liga Nacional para la Democracia durante sus desplazamientos en el norte de Birmania. 
La confirmación por parte de las autoridades birmanas de que Aung San Suu Kyi y miembros de la dirección de su partido han sido detenidos para su propia protección es muy preocupante y la Comisión se asocia plenamente a todos los llamamientos a la liberación inmediata e incondicional de Aung San Suu Kyi y de los dirigentes de su partido. 
Las decisiones del Gobierno birmano de detener a Aung San Suu Kyi y a sus colaboradores, de cerrar las oficinas de la Liga Nacional para la Democracia y de cerrar las universidades constituyen retrocesos importantes en el proceso internacional de reconciliación y deben levantarse a la mayor brevedad posible. 
Ya es hora de que el Gobierno birmano demuestre que está comprometido en el proceso de reconciliación nacional colaborando con Aung San Suu Kyi, la LND y las demás fuerzas democráticas del país en el restablecimiento de la democracia, del respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. 
A este respecto, y habida cuenta de la visita inminente a Birmania, a partir del 6 de junio, del representante especial del Secretario de las Naciones Unidas, Sr. Razali Ismail, la Comisión insta a las autoridades birmanas a cooperar plenamente y de manera constructiva con el Sr. Razali y a autorizarle a reunirse libremente con Aung San Suu Kyi y los otros dirigentes democráticos. 
Por lo que respecta a la aplicación de las sanciones mencionadas en la posición común de la Unión sobre Birmania del 28 de abril de 2003, puedo asegurar a los diputados al Parlamento que la Comisión sigue muy de cerca la evolución de la situación y está dispuesta a apoyar, a la mayor brevedad posible, la aplicación de estas sanciones si la situación no mejora. 
Permítanme expresar, a título personal, mi respeto y admiración por esta gran mujer política que es Aung San Suu Kyi, premio Sajarov de nuestro Parlamento, premio Nobel de la Paz, antorcha de la democracia y de la libertad. 
Espero de todo corazón que se encuentre bien y que, con la ayuda de todas las fuerzas democráticas, consiga salir del apuro, por el bien de ella misma y de su pueblo. 
Muchas gracias, Sra. Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde después de los debates. 
B5-0287/2003, de los diputados Geoffrey Van Orden, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Jacqueline Foster, Neil Parish, Charles Tannock, Mary Elizabeth Banotti, Michael Gahler, Eija-Riitta Anneli Korhola, Klaus-Heiner Lehne, Hanja Maij-Weggen y Lennart Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Zimbabwe; 
B5-0299/2003, de los diputados Luigi Vinci, Joaquim Miranda y Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Zimbabwe; 
B5-0300/2003, del diputado Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Zimbabwe; 
B5-0304/2003, de los diputados Glenys Kinnock y Martin Schulz, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Zimbabwe; 
B5-0308/2003, de los diputados Bob van den Bos y Jan Mulder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Zimbabwe; 
B5-0309/2003, de los diputados Nelly Maes, Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye, Inger Schörling y Marie Anne Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Zimbabwe. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, en Zimbabwe los acontecimientos también amenazan con convertirse en una historia interminable. 
He podido experimentar en persona la escalada de la violencia, al hallarme en el país con motivo de las elecciones parlamentarias en calidad de observadora electoral, si bien con una identificación falsa, ya que no fui acreditada como representante de la Unión Europea. 
Más de 30 políticos de la oposición han hallado la muerte en tales enfrentamientos y en estos días estamos asistiendo a una nueva escalada de la violencia. 
Tenemos que afrontar que Mugabe no solo emplea armas mortales contra los manifestantes pacíficos, sino que utiliza igualmente el hambre como arma contra su pueblo. 
Ya se ha dicho aquí hoy que más de la mitad de la población precisa ayuda alimenticia. 
Así pues, también nosotros nos encontramos ante un dilema, ya que si no queremos dejar morir de hambre a esas personas, tenemos que socorrerlas y con ello contribuimos involuntariamente a que Mugabe siga en el poder. 
Los precios de los artículos de primera necesidad están disparados en Zimbabwe, la tasa de inflación ha estallado y es ahora mismo la más alta de todo el mundo. 
La economía está arruinada, la exportación y el turismo, en su momento fuentes florecientes de ingresos, se han venido abajo. 
El Estado de derecho, fiable en tiempos, ha quedado invalidado y las intrusiones más recientes han demostrado que el Consejo tenía razón cuando aprobó la aplicación de sanciones contra el régimen de Mugabe. 
Sin embargo, esas sanciones no se están aplicando de manera consecuente. 
¡Eso es algo que tiene que exigirse con carácter urgente! 
Si pretendemos que esas medidas influyan en el régimen, tienen que ser aplicadas sistemáticamente. 
Ese problema ya lo tuvimos con una asamblea de la ACP, que quedó divida al respecto. 
Seguiremos teniendo que afrontar esta cuestión y si la Comisión concede un permiso de viaje para las negociaciones de la ACP o para cualquier otra reunión, el régimen se verá más fortalecido aún y se debilitará nuestra posición a favor del restablecimiento del Estado de derecho y la democracia y a favor de la defensa de los derechos humanos. 
Y eso debilita nuestra posición también en el seno de la asamblea de la ACP, donde en el fondo tratamos de atraer de nuestro lado a los Estados africanos asociados, una tarea que no es nada sencilla. 
Ya nos hemos llevado algún desengaño. 
Hemos vivido incluso la situación de no recibir apoyo a nuestra posición en defensa del Estado de derecho, de los derechos humanos y, en definitiva, de una vida digna y de plenos derechos democráticos para los ciudadanos de ese país. 
De todas formas, y quiero resaltarlo aquí, una cuarta parte de los presentes en la asamblea de la ACP estuvo de nuestra parte en una votación secreta y algunos delegados se atrevieron incluso a expresar su opinión en voz alta y a condenar de manera enérgica los acontecimientos en Zimbabwe. 
Pero tenemos que recordar a todos los que en África se sientan con Mugabe alrededor de una mesa que en el camino hacia la legalidad no tiene cabida el apoyo a un régimen como ese. 
Nosotros tenemos que expresar inequívocamente nuestra posición y lo mismo tiene que hacer la Comisión. 
Señor Presidente, quiero dirigirme a la persona que debería haber estado en la tribuna del público hoy, es decir, el Sr. Mugabe. 
Su tarea, señor Mugabe, era dar al pueblo de Zimbabwe libertad, democracia y un Estado de derecho. 
En cambio, le ha dado opresión, terror, malos tratos, tortura y muerte. 
Su tarea, señor Mugabe, era dar al pueblo de Zimbabwe un nuevo futuro y una nueva igualdad, incluida la igualdad de derechos. 
No consistía ni mucho menos en crear un racismo invertido o degradar y oprimir a la gente por el color de su piel, sus ideas políticas o su afiliación partidaria. 
Su tarea, señor Mugabe, era dar al pueblo de Zimbabwe alimentos y un futuro. 
No era darles hambre, escasez, desesperación y muerte. 
Su tarea era, además, formar parte de la historia de Zimbabwe, de su brillante y positiva historia. 
No era entrar en los libros de historia como un dictador notorio, cruel, cerril y malicioso. 
Señor Mugabe, he tenido el privilegio de conocer a muchas personas valiosas que militan a favor de los derechos humanos y la democracia en su espléndido país, Zimbabwe. 
La violencia cometida contra ellos por sus tropas y soldados no prevalecerá. 
Dentro de un año, usted ya no será el líder de Zimbabwe. 
. (DE) Señor Presidente, me pregunto cuántas veces más nos proponemos celebrar el ritual sobre Zimbabwe en el proceso de debate de las cuestiones de actualidad y urgencia. 
Hemos aprobado ya tantas resoluciones, que nos referimos a ellas de forma global y ni siquiera las enumeramos individualmente. 
Podría reproducir la cinta grabada con mi última intervención, ya que por desgracia allí no ha variado sustancialmente nada. 
En todo caso, la situación se ha agravado para la población de Zimbabwe. 
Quienes han escrito para la estimada señora Comisaria las palabras que está a punto de pronunciar, podrían haber utilizado también las mismas palabras que dijo la última vez, ya que la situación no ha cambiado. 
El auténtico problema político de la UE no está en sus acciones, sino en sus omisiones. 
Al Consejo, ausente como de costumbre, quisiera decirle que por omisión también se puede actuar incorrectamente. ¿Es necesario esperar a que se produzcan situaciones como las del Congo? 
Tiene razón la Sra. Maes cuando afirma que en África existen situaciones más graves que las de Zimbabwe. 
¿Hay que esperar a que se den las mismas condiciones que en el Congo? ¿Cuántos muertos necesita el Consejo para, al menos, dejar de darle una bienvenida jovial a la UE al Ministro de Industria y Comercio de Zimbabwe o para proceder de una manera eficaz contra Mugabe? 
Hemos enviado una fuerza de intervención al Congo. 
Al parecer, allí se ha alcanzado un número de víctimas suficiente. 
En el caso de Zimbabwe no se deniega ni siquiera la entrada a un ministro. 
Soy partidario de que en el Congo intentemos, conjuntamente y bajo mando francés, restablecer la paz. Pero también proclamo abiertamente que no podemos aceptar que, con relación a Zimbabwe, Francia lleve años impidiendo, retrasando o boicoteando activamente cualquier medida eficaz. 
En un caso así, el Consejo tiene que asumir públicamente la responsabilidad y, cuando proceda, llamar a declarar a los distintos gobiernos afectados ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Señor Presidente, supongo que los representantes del Consejo han tomado buena nota de los comentarios de los diputados. 
En cuanto a la Comisión, es consciente del hecho de que las condiciones en Zimbabwe son muy inciertas, por utilizar un lenguaje diplomático. 
Estamos siguiendo atentamente los acontecimientos que se producen esta semana. 
Sabemos que el clima se deteriora, que la violencia política está aumentando, que proliferan las violaciones de los derechos humanos, el quebranto del Estado de derecho y la agravación de los sufrimientos humanos. 
Condenamos enérgicamente las medidas represivas tomadas recientemente respecto de la oposición, sobre todo el arresto, el lunes pasado, del dirigente de la oposición, Morgan Tsvangirai y otros miembros del MCD, el Movimiento para el Cambio Democrático. 
Estas medidas se inscriben en el marco de los esfuerzos del Gobierno por reprimir las huelgas que ha convocado el MCD para esta semana. 
Dada la gravedad de la situación, la Comisión ha apoyado plenamente la publicación, el 3 de junio pasado, por parte la Presidencia del Consejo, de una declaración de la Unión sobre Zimbabwe. 
Además, estamos igualmente preocupados por la crisis humanitaria de Zimbabwe. Por esta razón participamos activamente en las acciones encaminadas a responder a lo más urgente. 
En el transcurso de este año, hemos dedicado cerca de 93 millones de euros a ayuda alimentaria y humanitaria de urgencia, a fin de no castigar a la población de Zimbabwe y de atenuar sus sufrimientos. 
Vamos a proseguir con los proyectos destinados a ayudar directamente a este país, en particular al sector social y en lo que respecta a los derechos humanos y al Estado de derecho. 
Como hace habitualmente, la Comisión continúa explorando todas las vías de diálogo, a fin que la situación mejore. 
Apoyamos todas las presiones de la comunidad internacional, de los Jefes de Estado africanos, de la CDAA, que puedan ejercerse sobre el Gobierno de Zimbabwe, a fin que respete los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios democráticos. 
Además, es conveniente subrayar de nuevo y sin descanso que estas nociones son elementos esenciales del acuerdo de Cotonou que une a la Unión Europea con Zimbabwe. 
En este contexto, la Comisión se congratula de la iniciativa reciente de tres presidentes africanos con vistas a alentar la reapertura del diálogo entre las partes. 
Comparte plenamente la preocupación expresada en la reunión del G8 en Evian respecto de la terrible situación en este país. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
¿Alguien se opone a que la Sra. Lambert presente esta enmienda oral? 
Sr. van den Bos, tiene usted la palabra. 
Sra. Lambert, ¿es usted sensible a los argumentos del Sr. van den Bos? 
. (DE) Señor Presidente, quisiera pedir que en el futuro las votaciones se celebren a la hora indicada en el orden del día, para que puedan estar presentes sus Señorías. 
Sr. Rübig, estaba previsto que se votaría a continuación de los debates y es lo que hemos hecho, votar a continuación de los debates. 
El Parlamento ha agotado su orden del día. 
El Acta de esta sesión será sometida a la aprobación del Parlamento al comienzo del próximo período parcial de sesiones. 
Señor Presidente, este debate sobre Estrasburgo no está previsto. 
. 
(PT) Las hondas razones de queja de los agricultores por una PAC profundamente injusta son ya antiguas. 
Siempre se ha dicho que Portugal y su agricultura son los que menos ganan con la PAC en la Unión Europea. 
Votando las enmiendas que proponían el rechazo global de las propuestas de la Comisión Europea quise señalar políticamente el descontento de los portugueses, así como la decepción con las propuestas iniciales de la Comisión, que no respondían de forma mínimamente satisfactoria a nuestras legítimas aspiraciones. 
No obstante, reconozco el excelente trabajo desarrollado por el Sr. Arlindo Cunha, así como el carácter indispensable de la reforma de la PAC, tanto por razones de orden financiero o determinadas por las negociaciones en la OMC como por exigencias de los consumidores y por la necesidad de satisfacer un nuevo tipo de demandas no tan productivistas, sino dirigidas al mundo rural. 
Creo que la posición del Parlamento Europeo tiene el mérito de que hace evolucionar la reforma hacia posiciones más razonables, equilibradas y justas, en particular por el carácter gradual y por la prudencia introducidos. 
Quiero conceder también el beneficio de la duda al Comisario Fischler, que, ya al final del debate, garantizó que la Comisión iba a apoyar los productos mediterráneos, en la misma medida que ha apoyado las demás producciones. 
Por ello he apoyado las propuestas del Parlamento en su conjunto y me he abstenido en la votación final. 
Una Turquía democrática será bienvenida en la UE, siempre que se hayan resuelto los conflictos con sus vecinos y las minorías. 
Turquía es una prueba de fuego para la UE. 
¿Debe ser la UE una fortaleza judeo-cristiana cerrada que enseña sus garras o convertirse en una organización amplia en que cooperen todos los pueblos, naciones, regiones y grupos lingüísticos y culturales europeos? 
Para el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, la respuesta es clara: esperamos que Turquía mantenga el rumbo de la reforma, de modo que el año que viene puedan iniciarse las negociaciones formales de adhesión a la UE. 
Estoy a favor de la adhesión de Turquía siempre y cuando el país, por ejemplo, reduzca el protagonismo del ejército en la vida política y, si es preciso, elimine por completo la Asamblea Nacional; que las minorías del país- los kurdos, armenios y sirios- tengan los mismos derechos que otros ciudadanos; y que se garantice la libertad de expresión. 
El informe reitera asimismo un antiguo deseo de anteriores resoluciones del PE aprobadas en 1987 y 2002, en el sentido de que Turquía debe reconocer el genocidio que tuvo lugar en Armenia en 1915. 
La reconciliación entre los turcos y los armenios no debe fracasar por culpa de una disputa histórica sobre una interpretación, pero es más bien extraño que los políticos turcos contemporáneos tengan tanta dificultad para reconocer un hecho histórico sin reserves, a saber, que el régimen fascista de los Jóvenes Turcos ordenó a la desesperada el asesinato en masa de los armenios, cosa por la que los dirigentes de los Jóvenes Turcos fueron condenados por tribunales turcos después de la guerra. 
En el apartado 4, el informe pide a la Convención que «dé un fundamento jurídico al deporte en el futuro Tratado de la Unión que reconozca sus funciones culturales, educativas y sociales, incluida una referencia a la igualdad de acceso de hombres y mujeres a la práctica deportiva y a las responsabilidades asociadas». 
Coincido con todo lo que se dice en esta Cámara sobre el deporte, pero no que la Unión Europea deba tener derecho a legislar también en este ámbito. 
Por esa razón he votado en contra del informe. 
Un refrán dice que «la avaricia rompe el saco». 
La Unión Europea ni puede ni debería asumir el derecho de legislar sobre el deporte. 
Eso supondría extender la jurisdicción de la Unión Europea demasiado lejos y sin que la Unión Europea tuviera la capacidad de cumplir esta responsabilidad. 
Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad no son ambiguos al indicar que la legislación centralizada a nivel europeo, lejos de las asociaciones deportivas, clubes y deportistas, no añadiría ningún valor al deporte, sino más bien al contrario, le reportaría desventajas significativas. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 5 de junio de 2003. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera recordar que ayer, 17 de junio, se cumplió el vigésimo aniversario de la detención de Enzo Tortora. 
Quizás este nombre no diga mucho a algunos diputados, pero a los italianos desde luego que sí. 
Era un personaje televisivo de los más conocidos y fue elegido diputado a este Parlamento por las listas de los Radicales del Sr. Pannella. 
Tras muchos años de vicisitudes judiciales, obtuvo la sentencia absolutoria: había sido víctima de una intriga judicial-periodística por un abuso por parte del poder de los medios de comunicación, algo que aún hoy, por desgracia, sucede en muchos países. 
Solo quería recordar su lucha civil y su figura, para que el olvido no sepulte su recuerdo también en esta Cámara. 
Señor Presidente, he pedido intervenir en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en el marco de una moción de procedimiento para llamar su atención sobre la situación de Vincent Reynaud, francés oriundo de Estrasburgo y de Thierry Falise, de origen belga. 
Estos dos periodistas y su intérprete están detenidos e incomunicados desde el 5 de junio en Vientiane, Lao. 
Han sido acusados por la policía de Laos de haber mantenido contactos, en el marco de su profesión, con bandidos implicados en el asesinato de un miliciano de Lao, pero en realidad estaban haciendo un reportaje sobre una minoría de montañeses. 
En este momento se enfrentan a la pena capital. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, le ruego que intervenga de inmediato ante las autoridades de Lao para conseguir la liberación de los periodistas Vincent Reynaud y Thierry Falise, y para que prevalezcan la justicia y la verdad en un momento de gran preocupación y de viva emoción. 
Será un placer hacerlo. 
Le ruego que aporte el material pertinente e investigaré este asunto tal y como usted solicita. 
Señor Presidente, Señorías, hago uso de la palabra para protestar contra los insultos que el dictador cubano Fidel Castro dirigió a la Unión Europea muy recientemente: en una manifestación y un discurso de tres horas utilizó términos que constituyen acusaciones contra la Unión Europea, y no solo contra la Comisión, que adoptó algunas sanciones diplomáticas modestas, sino también por extensión contra el Parlamento, que aprobó aquí un voto de protesta. 
Los insultos y las acusaciones absurdas que ha proferido Fidel Castro demuestran que la dictadura cubana se descompone y que el dictador cubano se ha convertido en un dictador igual a otros muchos dictadores latinoamericanos. 
Y no puede haber contemplaciones con Fidel de Castro. 
Esta Cámara debe combatir enérgicamente la ola de represión que se ha abatido sobre Cuba y que ha llevado a prisión a escritores, intelectuales y hombres libres. 
Los derechos humanos en Cuba constituyen una cuestión esencial. 
Y el mito y el aura de Fidel Castro no nos deben engañar: Fidel Castro es hoy un dictador y la situación cubana es intolerable para la conciencia democrática mundial. 
Debemos persistir en esta lucha y no dejarnos impresionar por los insultos en que se ha hecho especialista. 
Señor Presidente, quiero protestar por el intolerable ataque de la Presidencia griega a Cuba. 
Es un caso de intervención abierta en los asuntos internos de este país, una incitación a la subversión y una preparación del terreno para una intervención militar. 
La Presidencia se mantiene callada sobre las actividades provocativas del representante de los Estados Unidos en Cuba, donde, como él mismo admite, está reclutando agentes pagándoles millones de dólares para que se vuelvan en contra de su patria socialista. 
Mientras demuestra tal sensibilidad por la pena de muerte y los derechos humanos en Cuba, va a firmar dos acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos en Washington, el 25 de junio. 
Por lo tanto, esto es entregar a los ciudadanos de los Estados miembros, atados de pies y manos, a un país en el que se ejecutan penas de muerte todos los días, miles de personas están retenidas sin juicio ni defensa, terroristas cubanos y secuestradores vagan libremente y patriotas cubanos están retenidos sin defensa por desvelar planes de actividades terroristas americanas contra líderes cubanos, sin hablar ya de los cientos de Guantánamo. 
¿Hipocresía? 
¿Complicidad? 
¡Sin duda, ambas cosas! 
Los millones de cubanos que demostraron recientemente su apoyo a la revolución socialista en La Habana, y las manifestaciones de solidaridad con Cuba en todo el mundo, son la respuesta callada a los presuntos invasores y sus cómplices europeos. 
- (ES) Señor Presidente, muchas gracias por sus palabras y mi felicitación por haber convocado este Pleno pocos días después de la sesión de clausura de la Convención y pocos días antes del Consejo Europeo de Salónica. 
Este Parlamento va a ser el primero en debatir sobre el proyecto de constitución. 
Y permítame recordar con emoción cómo, en 1997, fue este Parlamento, en un informe en el que fuimos ponentes Dimitris Tsasos y yo, el que aprobó la sustitución del método intergubernamental por el método que entonces llamábamos comunitario para la reforma de los Tratados. 
Aquel método comunitario, plasmado en la Resolución de 19 de noviembre de 1997, es la Convención. 
La apuesta del Parlamento Europeo ha sido entonces una apuesta con éxito, porque quiero decir con toda solemnidad que, en dieciséis meses de trabajo de la Convención, hemos hecho mucho más que en diez años de conferencias intergubernamentales. 
En primer lugar, señor Presidente, tenemos una Constitución. 
Yo recuerdo que este Parlamento también fue pionero, en el informe del que fue ponente Olivier Duhamel, en pedir la constitucionalización de la Unión. 
Una constitucionalización que va a traer más eficacia, que va a producir una unión de resultados. 
Muchas de nuestras peticiones están en el texto: desaparecen los pilares, la Unión tiene personalidad jurídica, vamos a fortalecer el método comunitario, hemos garantizado el monopolio de iniciativa de la Comisión, el procedimiento legislativo en el que el Consejo y el Parlamento están en pie de igualdad va a ser el procedimiento normal. 
Hemos conseguido también pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en muchos ámbitos, y este Parlamento va a intervenir en 70, cuando ahora lo hace en 34. 
Tenemos también, señor Presidente, una gran simplificación de métodos: nos hemos quedado con cinco procedimientos decisorios y hemos conseguido utilizar un lenguaje alejado de la jerga comunitaria. 
Pero también hemos democratizado la Unión, y ello desde el primer artículo de la Constitución, cuando se habla de la doble legitimidad de la Unión, algo que este Parlamento ha defendido siempre como unión de Estados y de ciudadanos. 
Cuando yo entré en este Parlamento- en 1992- esto era una asamblea consultiva. 
Después de la Constitución, este Parlamento será un Parlamento digno de tal nombre. 
Y este efecto democratizador afecta también a los Parlamentos nacionales. 
Quiero rendir homenaje al presidente Napolitano con su informe, al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque hemos creado la manera de involucrar a los Parlamentos nacionales en el procedimiento comunitario a través del sistema de alerta precoz. 
Quiero decir también a todos aquéllos que han visto siempre una rivalidad entre Parlamentos nacionales y Parlamento Europeo que en esta Convención nuestros aliados principales han sido los Parlamentos nacionales. 
Y quiero rendirles homenaje por ello. 
Creo también, señor Presidente, que hemos hecho algo enormemente importante, algo por lo que hemos luchado en este Parlamento, como ha sido la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Constitución. 
Eso ya lo pedimos antes de Niza y no lo conseguimos, pero la Carta de los Derechos Fundamentales va a convertirse ahora en el documento de identidad de los europeos. 
Y no solamente hemos reforzado las instituciones representativas, sino también las participativas. 
Precisamente hemos reconocido en la Constitución el papel de las asociaciones y de las organizaciones no gubernamentales, y hemos incorporado la iniciativa popular como un instrumento de democracia semidirecta. 
Señor Presidente, cuando la semana pasada se le preguntó al Sr. Giscard d ' Estaing quién había ganado, dijo que en esta Constitución había ganado el Parlamento Europeo. 
Yo creo que ha ganado el ciudadano. 
Creo que estamos ante un triunfo de los ciudadanos europeos que van a tener una Unión capaz de producir mejores resultados, una Unión más transparente y, sobre todo, una Unión más eficaz. 
Y déjeme decirle que como presidente de esta delegación he estado muy honrado de llevar a cabo esta tarea. 
Muy honrado porque los 32 miembros de la delegación- nosotros no hemos distinguido entre titulares y suplentes- han llevado a cabo una labor excepcional de defensa de las posiciones del Parlamento y de apoyo técnico y político en todo momento a mí, a Klaus Hänsch y a Andrew Duff. 
Y déjeme decirle una cosa señor Presidente: usted vaya a Salónica. 
Yo creo que el mensaje político de este Parlamento es un mensaje político muy claro. 
Yo creo que es el avance más importante que se ha dado en la Unión Europea desde los Tratados de Roma y, por lo tanto, estoy convencido de que la Conferencia Intergubernamental no lo va a mejorar. 
Por eso, yo creo que un texto que hemos presentado sin opciones, como quería este Parlamento Europeo, nosotros tenemos que defenderlo hasta el final. 
Y al final de su proceso, señor Presidente, yo creo que lo que tenemos que hacer es presentarlo a referéndum. 
Algún Gobierno, como el español, ha pedido que se refrende el mismo día de las elecciones al Parlamento Europeo; yo creo que esa sería la culminación de ese elemento democratizador que contiene la Constitución Europea. 
Muchas gracias a todos por su ayuda. 
Sin su ayuda, sin la ayuda de todos, esto hubiera sido imposible. 
- (DE) Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, el consenso alcanzado el viernes en la Convención sobre el proyecto de Constitución europea ha sido calificado de hecho histórico, y así es, efectivamente: basta ver lo que se ha conseguido. 
Hemos redactado un proyecto de Constitución para más de 25 Estados y pueblos soberanos que se han acosado mutuamente durante siglos con saqueos, guerras y desolación. 
Este hecho no tiene precedente en la Historia. 
Hemos redactado un proyecto de Constitución para una multitud de pueblos y Estados que tienen una larga historia propia, que hablan distintas lenguas, que mantienen su propia identidad y, que a pesar de ello, desean compartir su destino. 
Eso nunca se había visto en la historia de Europa ni del mundo. 
¿En qué consiste la novedad? 
En primer lugar, la Constitución establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 
Hemos hecho de la Carta de los Derechos Fundamentales una parte integrante y jurídicamente vinculante de la Constitución europea. 
En segundo lugar, las célebres «cuatro libertades» del Tratado de Roma eran también una promesa para el futuro. 
Hoy día, estas promesas se han cumplido. 
La nueva Constitución recoge una nueva promesa en sus artículos 2 y 3, a saber, la sostenibilidad, la justicia, la seguridad y la solidaridad para los ciudadanos de Europa. 
En tercer lugar, la principal contribución a la democracia y la «titularidad» de la política europea es la claridad. 
Los ciudadanos deben poder saber qué cuestiones puede regular la Unión Europea y cuáles no. 
Los ciudadanos deben poder saber quién carga con la responsabilidad de las decisiones políticas y quién no. 
En este aspecto, la Constitución supone un gran avance. 
Hemos creado un régimen de competencias que establece por vez primera las competencias de los Estados miembros y de la Unión Europea con más claridad que antes, y quiero recordar a los diputados de mayor edad de esta Cámara que el Parlamento no logró este objetivo en dos ocasiones anteriores. 
Hemos simplificado y reducido considerablemente el número de procedimientos decisorios. 
En cuarto lugar viene el Parlamento Europeo: en el futuro, la codecisión será la norma en el proceso legislativo. 
Actualmente es la excepción, en el futuro será la regla, y esto constituye un gran salto respecto de la situación actual. 
Después de todo, el Presidente de la Comisión será elegido por este Parlamento. 
Esto refuerza su legitimidad política y reforzará la importancia de las elecciones europeas. 
En quinto lugar, hemos abordado el equilibrio entre las instituciones. 
Hemos reforzado las tres, el Parlamento Europeo, desde luego, pero también la Comisión, en particular su Presidente, que ha salido bastante fortalecido, y hemos reforzado el Consejo en la persona del Presidente del Consejo Europeo. 
En sexto lugar, la Unión Europea no es una potencia mundial, pero tiene la responsabilidad de una potencia mundial. 
Hoy no puede asumir esta responsabilidad, pero hemos intentado garantizar que pueda hacerlo en el futuro. 
Hemos creado el cargo de Ministro europeo de Asuntos Exteriores. 
Sin embargo, somos muy conscientes de que con la simple creación de este puesto no se producirá una posición común en cuestiones de política exterior, seguridad y defensa. 
Eso no puede lograrse mediante una decisión, sino que es un proceso, y el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores deberá procurar poner en marcha y mantener vivo este proceso hacia posiciones comunes. 
Por último, quiero señalar que no había modelos para redactar este proyecto. 
Esta Constitución no puede ser una copia de una constitución nacional. 
El Estado nacional del siglo XIX no es el modelo para la construcción de Europa en el siglo XXI. En la Convención tuvimos que reinventarnos, no solo por lo que se refiere al fondo, sino también a nuestros métodos de trabajo. 
No hemos conseguido todo lo que queríamos conseguir, pero en ninguna Conferencia Intergubernamental desde el Tratado de Roma se han producido tantos cambios significativos como los que plantea esta Constitución. 
Con esta Constitución podemos colocar a la Unión Europea, la cincuentenaria organización de Estados europeos, sobre una nueva base. 
Los tratados se basan en la desconfianza nacida de la experiencia del pasado. 
Las constituciones se basan en la confianza en el futuro, y con esta Constitución los pueblos europeos unen sus destinos para crear un futuro mejor. 
Ahora, el Parlamento Europeo debe despejar el camino para este proceso y asegurar que los Gobiernos asuman su responsabilidad europea. 
Señor Presidente, casi 20 años después de que el Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal elaborara un proyecto de constitución, el "proyecto Spinelli", estamos consiguiendo tener un texto de constitución para una Unión Europea formada por 25 Estados y 480 millones de ciudadanos. 
Creo que hay que saludar este éxito histórico de una Convención que ha elaborado un proyecto democrático y cuyo contenido corresponde en gran medida a las esperanzas que habíamos depositado en esta empresa. 
Quiero, ante todo, agradecer el trabajo que ha hecho la Delegación del Parlamento Europeo dirigida, de una manera muy competente, por los dos miembros que lo han representado en el Praesidium: el Sr. Méndez de Vigo y el Sr. Hänsch, que han actuado como un equipo coherente jugando en la vanguardia, pero sabiendo también defender la retaguardia. 
Creo que esta ha añadido coherencia y seriedad a nuestra representación y ayudado a que nuestras familias políticas en toda la Unión ampliada hayan podido ir trabajando y madurando en esta casa- que es la casa de la democracia en Europa- a que hayan podido ir construyendo una doctrina común que se ha reflejado concretamente en el texto. 
Sin hacer un análisis y una valoración muy detallada- es un trabajo que tendremos que hacer a lo largo del verano y que tendrá que desarrollar la Comisión de Asuntos Constitucionales- y digo de paso, Sr. Presidente, que quiero quejarme en nombre de mi Grupo porque no se le haya concedido tiempo de palabra al Sr. Napolitano como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tendrá tiempo de palabra del Grupo Socialista, pero no me parece que ese sea un método correcto. 
Quiero decir en nombre de mi Grupo que debemos felicitarnos porque tenemos un texto único sin opciones, sin tarjetas rojas; un texto que abre puertas y no las cierra, e incluso, puedo decir, que cabe en el bolsillo. 
Creo que son elementos importantes a partir de los cuales tenemos que trabajar y avanzar. 
Tenemos que defender lo que hemos conseguido con uñas y dientes y tenemos que seguir trabajando; nuestros dos representantes han hecho un breve resumen de lo conseguido, yo quiero señalar, en relación con las cláusulas evolutivas y con la nueva cita del 2009, que tenemos que continuar trabajando y sacando conclusiones y creando doctrina y fortaleciendo las instituciones europeas. 
Señalo algunos puntos que son absolutamente prioritarios para el Grupo Socialista: el reforzar la Europa social, el concretar y defender la Europa en su gobernanza económica, el avanzar en el terreno de la fiscalidad en relación con el mercado interior y el decidir por mayoría en el ámbito de política exterior, de seguridad y de defensa; y creemos que ello también debe contribuir a que se encuentre un equilibrio más preciso en el triángulo interinstitucional. 
Por lo tanto nuestro trabajo ahora es tratar de consolidar esta Constitución como la base de un trabajo posterior, pero hay que partir de que lo que hemos acordado, lo que se ha conseguido, muestra que somos capaces de actuar, y ello es enormemente importante en un momento en que se presentaba a la Unión Europea como moribunda e incapaz de actuar. 
Por otra parte, creo que tenemos que saludar algo muy positivo también, en un momento en que tenemos observadores de los futuros países miembros, y es que han participado plenamente en los trabajos de la Convención, antes de entrar ya en la Unión, están trabajando codo con codo con nosotros con protagonismo y eso se está notando en los referendos populares. 
En la última semana hemos tenido dos éxitos importantes en Polonia y en la República Checa y eso demuestra que esto no es solo un mercado, es un proyecto compartido de vida en común, y creo que hay que saludarlo cuando tantas veces se ha apelado a la desconfianza. 
Por último, señor Presidente, me permitirá que haga referencia a un aspecto importante, porque siempre hablamos de arquitectura y hay que hablar también de los personajes, tenemos también que respaldar, y le pido que así lo haga en Salónica, el Acuerdo del Consejo recaído esta semana sobre el Estatuto de los partidos políticos europeos. 
Creo que el Parlamento ha hecho una labor importante, hay que agradecer al ponente, a Jo Leinen, la gran labor que ha realizado, es evidente que esta es una pieza fundamental en la construcción europea; el poder disponer de protagonistas que demuestren verdaderamente cómo somos capaces de organizarnos. 
Por último, señor Presidente, quiero pedirle en nombre de mi Grupo que cuando vaya a la Cumbre de Salónica exprese la voluntad clara de toda la Cámara de que se respete un texto elaborado abierta y democráticamente y también diga, en nuestro nombre, que queremos estar representados dignamente en los trabajos de la "Conferencia Intergubernamental"; no solo aprovechando experiencias anteriores sino con una representación de acuerdo con nuestra participación y nuestra dignidad. 
. (DE) Señor Presidente, «no es perfecta, pero sí inesperada» : estas palabras del Presidente de la Convención, Valéry Giscard d ' Estaing, dan en el clavo. 
El resultado de la labor de la Convención es sin duda encomiable, a pesar de las críticas que probablemente puedan expresar todos los miembros de la Convención desde su propio punto de vista. 
Sin embargo, lo importante es que la Convención haya presentado el resultado de sus trabajos en un documento común, que se someterá al Consejo Europeo si ninguna propuesta alternativa. 
Los oradores que me han precedido, los Sres. Méndez de Vigo y Hänsch, han destacado los significativos avances conseguidos gracias a la labor de la Convención, opinión que comparto. 
Desde mi punto de vista podemos hablar de hecho de un hito en la historia de la integración europea, y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos por su trabajo en la Delegación y en el Praesidium de la Convención. 
Para mi resulta especialmente importante que se haya reforzado de forma decisiva la democracia en Europa, no solo los derechos del Parlamento Europeo o de los parlamentos nacionales, sino sobre todo la democracia directa, la participación de las ciudadanas y ciudadanos en el desarrollo de la Unión Europea. 
El hecho de que en el futuro contaremos con el mecanismo de las iniciativas ciudadanas y que los ciudadanos podrán intervenir directamente en la política europea me parece muy importante, particularmente con miras al desarrollo de un foro público europeo. 
Esto lo apoyo plenamente. 
Estoy a favor de que en todos los Estados miembros se celebre un referéndum sobre la Constitución. 
Me gustaría señalar a sus Señorías que existe una iniciativa en tal sentido apoyada por más de 100 miembros de la Convención, y que yo también he firmado. 
Espero que en la Parte III se logre avanzar aún más en la integración europea, sobre todo en el terreno social y de los servicios de interés general, donde podremos enlazar con los trabajos de la Parte I. 
Permítanme retomar un comentario que acaba de hacer el Sr. Hänsch. 
Decía que la Unión Europea no es una potencia mundial, pero tiene la responsabilidad de una potencia mundial. 
Tengo que decir que estoy alarmado por lo que los Ministros de Asuntos de Exteriores de la UE acaban de aprobar en Luxemburgo, pues por primera vez la Unión Europea amenaza con el uso de la fuerza militar a países que ignoren las obligaciones de desarme y participen en la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Por supuesto, esto no está dirigido contra los Estados Unidos, país que ha denunciado simplemente el Tratado sobre misiles antibalísticos de 2001. 
No ha pasado mucho tiempo desde que el Secretario de Estado, Colin Powell, describió de forma dramática el peligro que representaban las armas de destrucción masiva del Iraq. 
Después vino la guerra y todos sabemos que hasta ahora no se han encontrado todavía armas de destrucción masiva. 
El hecho de que ahora los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE argumenten como Powell y al parecer quieran asumir la doctrina Bush me provoca temor. 
Si bien su declaración contiene una restricción al decir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desempeñará lo que llaman un papel central en caso de amenaza de medidas por parte de la UE, esto no alivia mis temores. 
Esta declaración no solo va en contra del Derecho internacional, sino también en contra del proyecto de Constitución de la Convención. 
En el apartado 4 de su artículo 3, la Unión Europea se compromete al cumplimiento estricto del Derecho internacional y al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y todos nosotros sabemos que el Derecho internacional prohíbe utilizar la amenaza de la fuerza militar para resolver conflictos. 
¡No podemos permitir que la Constitución se vea minada incluso antes de entrar en vigor! 
Señor Presidente, la Convención se clausuró el pasado viernes con una copa de champaña para todos, pero en realidad el trabajo no ha acabado: la Convención aún tiene que reunirse, aún tiene que deliberar. 
Hoy esperaba oír a nuestros representantes pronunciarse sobre qué tienen pensado hacer aún en esta Convención, y les insto verdaderamente a que no se relajen, a que no piensen que ya está todo hecho, que no se puede cambiar nada, y que además hemos ganado. 
Aún debemos obtener tanto como sea posible ahora, antes de que se inaugure la Conferencia Intergubernamental; de hecho, sabemos- el Sr. Brok nos lo ha dicho- que tendremos que pelear para que los Gobiernos, liberados de la ruidosa presencia de los diputados y de Giscard d ' Estaing, no se adueñen de una Constitución que hoy no nos entusiasma, entre otras cosas porque no responde a las expectativas de la mayoría de los ciudadanos y, creo también, de la mayoría de los miembros de la Convención. 
No estoy de acuerdo con quienes piensan que la pseudo Constitución que hoy tenemos es lo máximo que podía conseguirse y creo que ha sido un grave error de estrategia, por parte de Giscard y del Praesidium, aceptar desde el inicio que la Convención estaba contaminada por el método intergubernamental que pretendía superar. 
Solo en los últimos días de la Convención se comprendió al fin que atenerse a las condiciones de los gobiernos más negativos podía conducir al fracaso de toda la empresa y se buscó el apoyo de los diputados nacionales y europeos, así como de la tan denigrada Comisión, trabajando en equipo con los Presidentes y el Presidente y los Vicepresidentes de la Convención. 
No obstante, esta acción fue tardía y poco eficaz, porque no se construyó con meses de trabajo, sino que se improvisó en el último minuto. 
La historia no se hace con los «si» y con los «pero» , pero dado que no todo está acabado, creemos que estas últimas semanas deben emplearse para mejorar el compromiso alcanzado, teniendo en cuenta los errores cometidos en el pasado y tratando de no repetirlos. 
Por lo que a nosotros se refiere, trataremos de ejercer la máxima presión sobre cuatro cuestiones que consideramos realmente importantes: en primer lugar, es absolutamente esencial hacer saltar la obligación de la unanimidad para la revisión de la Constitución e introducir el poder de ratificación del Parlamento Europeo. 
Compañero y amigo diputado señor Méndez de Vigo, no somos ni seremos un Parlamento constituyente porque, tal como están las cosas, no solo no podremos ratificar la Constitución, sino que tampoco podremos emitir nuestro dictamen para la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental, cosa que hoy podemos hacer; por tanto, nos arriesgamos a perder poderes en este tema y no a ganarlos. 
En segundo lugar, es necesario trabajar duramente para ampliar el papel del Parlamento Europeo en sectores clave, como la política comercial, la cooperación en materia penal y judicial y la definición de las perspectivas financieras: las apuestas todavía no se han cerrado del todo en este sector. 
Es impensable que la Unión Europea continúe participando en negociaciones fundamentales, como las de la Organización Mundial del Comercio, sin ningún control por parte del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. 
En tercer lugar, es incomprensible que en el siglo XXI, después de Chernobil, después de que la mayoría de los miembros actuales de la Unión Europea hayan dejado de utilizar la energía nuclear, se incluya en la Constitución europea una referencia explícita a la promoción de la energía nuclear: es un error que podría costar caro ante la opinión pública, un error que hoy es posible corregir. 
Por último, no creo que la simple introducción de la Carta de los Derechos Fundamentales en la parte II de la Constitución sea especialmente significativa para los ciudadanos europeos y para los residentes legales, sin una ampliación resuelta y en correspondencia de las posibilidades de recurso ante el Tribunal de Justicia, sobre todo en materia de cooperación penal y judicial. 
Este es nuestro programa de aquí a la última reunión de la Convención, prevista para el 10 de julio: en torno a esto buscamos alianzas dentro y fuera de la Convención, esperando que el Presidente Giscard y su Praesidium sepan conducirla a un resultado que hoy está a su alcance. 
Cuando se abra la Conferencia Intergubernamental, quizás sea demasiado tarde. 
Señor Presidente, Señorías, si el proyecto de Constitución que ha concluido la Convención fuese el excelente documento que suena en las palabras de nuestros colegas y si fuese una necesidad realmente sentida por nuestros pueblos, el champaña que se bebió en esta sala hace una semana se habría bebido en nuestros países también. 
Y el himno que aquí se cantó se habría cantado en nuestras tierras. 
Pero no fue así. 
La fiesta no salió de estos muros, o sea, la corriente sigue sin pasar, y este es un problema serio que la Convención, por lo visto, no ha resuelto. 
Nosotros deseamos que Europa funcione mejor, pero creemos que no es este el camino. 
De nuevo se ha seguido un método equivocado, y tememos que este texto anticipe otra vez las tensiones y las frustraciones de Ámsterdam o Niza. 
No estamos de acuerdo con que se quisiera hacer tabla rasa del pasado, de la Historia, de los valores anclados en nuestras raíces, en particular del topos cristiano que está inscrito y escrito por todas partes de nuestra realidad. 
Creemos que la Convención ha servido para dejar más claras las opciones y sus consecuencias. 
Pero no ha servido para agilizar las decisiones ¡ni mucho menos! 
Basta remitirse a la agenda de Niza y a la agenda de Laeken. 
¿Realmente se simplificarán los Tratados? 
Cuando vamos a tener un Tratado con más de 400 artículos y por lo menos cinco protocolos, ¿habrá habido un verdadero esfuerzo de simplificación o habrá que ver en ello un fracaso? 
¿Y qué decir de la participación de los parlamentos nacionales, pues, a mi modo de ver, no hay progresos realmente significativos en su participación en la construcción europea? 
Laeken pedía más democracia y transparencia. 
Pero la propia forma de funcionamiento de la Convención, con un método mayestático impulsado por su Presidente y una «consensocracia» , una democracia sin voto, donde no ha habido ni una sola votación, es un mal ejemplo y un mal augurio para el futuro. 
Y Laeken pedía también que la Unión Europea estuviera más próxima de los ciudadanos. 
No tengo la certeza de eso. 
Me temo incluso que, si sigue adelante la idea de acabar con las presidencias rotatorias, quede más bien lejos de los ciudadanos. 
¿Qué espero, por tanto, de los gobiernos? 
Espero que tomen en serio esta responsabilidad hacia sus pueblos como base de trabajo. 
Espero que honren la democracia y que escuchen, escuchen a sus pueblos. 
Los pueblos tienen legitimidad para decidir porque es la legitimidad que les otorgan democráticamente las elecciones y jurídicamente los Tratados. 
Señor Presidente, las constituciones pertenecen a las personas. 
Limitan el poder de los políticos entre elecciones, referendos y cambios constitucionales. 
La constitución es la protección de las personas frente a los políticos. 
El proyecto de constitución de la UE se ha convertido, en cambio, en la protección de los políticos frente a las personas. 
Trece de 25 Primeros Ministros, elegidos de modos muy distintos, ocupan el centro del poder. 
Seis o siete de los 13 serán personas que ya no pueden ser elegidas en sus propios países y que comparten el poder entre ellos mismos después de cada elección al Parlamento Europeo. 
Han de tener en cuenta el resultado de las elecciones, pero son ellos mismos los que deciden si lo han tenido suficientemente en cuenta. 
De esa manera, el Sr. Blair puede convertirse en Presidente, el Sr. Fischer en Ministro de Exteriores y el Sr. Aznar en Presidente o Vicepresidente de la Comisión. 
Hay cinco años de consolación para todos aquellos que ya no tienen nada que hacer en sus propios países. 
Los líderes de la UE se eligen unos a otros y no cuentan para el electorado. 
Uno de ellos debe tener mayoría en el Parlamento Europeo, pero el Parlamento no puede elegir a un segundo. 
Si la Comisión es elegida, puede ser derrocada por una mayoría de dos tercios, pero el Parlamento sigue sin tener una segunda opción. 
Es una paradoja histórica que haya que ser una democracia para poder entrar en la UE pero que la UE como tal no sea una democracia. 
Si la Convención Europea solicitara ingresar en la UE sobre la base del actual proyecto de constitución, tendríamos que decirle que hay objetivos y valores muy loables en los artículos 2 y 3, pero ¿por qué ha olvidado la democracia? 
¿Por qué no tiene el electorado la última palabra? 
¿Por qué la constitución no debe aprobarse mediante un referendo en todos los países? 
Señor Presidente, hablo en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, pero creo que debo expresar también algunas opiniones y preocupaciones como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
La comisión que presido, y en general el Parlamento, estaban decididamente a favor de la Convención y defendieron la redacción de una Constitución europea. 
El trabajo ha comenzado: la Convención ha cumplido su cometido, y esto es para nosotros motivo de gran satisfacción. 
Cuando en breve debamos emitir, como prevé el Tratado vigente, nuestro dictamen sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental, expresaremos también nuestra valoración del proyecto aprobado por la Convención. 
Lo podremos hacer mejor aún después de haber examinado el texto- que hay que mejorar aún, como han dicho el Sr. Brok y otros diputados- de las partes III y IV del proyecto. 
Al motivo de profunda satisfacción que he expresado ya, se unen el reconocimiento y el agradecimiento por el compromiso con que nuestros representantes en la Convención, y en particular en el Praesidium, trabajaron por defender las posiciones del Parlamento Europeo. 
Naturalmente, el proyecto adoptado por consenso constituye un punto de encuentro entre posiciones diversas: algunas propuestas de nuestros representantes encontraron fuertes resistencias, cuyo eco hemos oído, hace un momento, en esta Cámara. 
Nuestro juicio no puede ser pues triunfalista o dogmático, ni estar libre de preocupaciones, sobre todo por dos aspectos: en primer lugar, por el riesgo de alteración de los equilibrios institucionales que lleva implícito la creación de una nueva figura en la cumbre de la Unión, la de Presidente a jornada completa del Consejo Europeo. 
A este respecto, la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Parlamento se había expresado claramente en contra, proponiendo soluciones alternativas o de transacción, que sin embargo no fueron acogidas. 
Segundo aspecto: la perspectiva de que en ámbitos de importancia fundamental el vínculo de la unanimidad bloquee el proceso de toma de decisiones en una Unión de veinticinco miembros. 
Esperamos que la Conferencia Intergubernamental pueda ir más allá: en estos y en otros terrenos estamos decididos a impedir que se vuelva atrás respecto de las conclusiones de la Convención. 
En cualquier caso, debemos mirar claramente las incógnitas a las que sigue estando expuesto el futuro de la Unión. 
Mantener un espíritu crítico y vigilancia no significa ni ser destructivos ni ser pesimistas, pero sirve para dar un nuevo impulso al proceso de integración y de unidad europea. 
Nos lo ha enseñando Altiero Spinelli: sin sus críticas al Acta Única no se habrían obtenido los progresos de Maastricht y de Ámsterdam. 
Señor Presidente, se propone que la Unión Europea tenga una constitución. 
La Convención ha presentado una: ha aprobado el proyecto basado en un consenso federalista que recuerda de alguna manera a una dictadura tipo Politburó. 
Una vez más, se trata de un golpe de Estado por parte de los países grandes. 
Las decisiones por mayoría cualificada privan del derecho de veto a los países pequeños; sin embargo, los tres países grandes lo conservan cuando obran de común acuerdo. 
Los Estados miembros van a perder a su Comisario con voto permanente, aunque el derecho de iniciativa en relación con toda la legislación de la UE seguirá siendo monopolio de la Comisión. 
El hecho de que vaya a haber un Presidente y de que la política exterior no vaya a estar en manos de la Comisión hará de la UE una federación más descentralizada de la que la delegación federalista del Parlamento Europeo habría deseado. 
Con la constitución, la UE se militarizará y la OTAN se inscribirá en ello. 
Cuando los demás pilares se vinieron abajo, se erigió un nuevo pilar de la OTAN. 
Los países no alineados no deben firmar la declaración sobre garantías de seguridad colectiva que se pretende anexar a la constitución. 
La defensa colectiva de la UE en la constitución también podría significar una invasión colectiva ilegal. 
Señor Presidente, yo también quisiera unirme a mis colegas y felicitar no solo a nuestros propios representantes en la Convención, sino también al conjunto de la Convención por el enorme trabajo que ha realizado. 
Sin embargo, todo esto debería considerarse un paso más del proceso, no su colofón, porque debemos continuar y celebrar una conferencia intergubernamental, debemos obtener la aprobación de los 25 Gobiernos y en este proceso se producirán cambios. 
Una de las cuestiones más importantes que ha salido a la luz en los debates de la Convención ha sido la reiteración de la doctrina de cesión. 
De hecho, esta doctrina aparece mencionada específicamente por primera vez, y de acuerdo con ella la Unión solamente puede funcionar con los poderes que le han sido conferidos por los Estados miembros. 
Estos poderes han sido claramente definidos entre las instituciones y el Parlamento en su conjunto. 
En segundo lugar, algunos diputados se han referido a este texto como la «constitución» de Europa. 
Una constitución requiere y necesita por su propia naturaleza la aprobación de los ciudadanos. 
Por lo tanto, me uno a otros colegas y apelo a los Estados miembros a que no solo cumplan sus propias obligaciones constitucionales, sino que la sometan a referéndum popular en los Estados miembros para que obtenga con la ratificación y aprobación que requiere. 
En tercer lugar, la cuestión relativa al equilibrio institucional es justa y mantiene la equidad y la igualdad entre los Estados miembros. 
No olvidemos que la Unión Europea y sus instituciones no tienen parangón en la construcción de los fundamentos de una situación única y que podemos proseguir con esta evolución de instituciones únicas para el futuro desarrollo de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, la Convención acaba de concluir sus trabajos y ya varios Estados miembros y países candidatos empiezan a distanciarse y a emitir reservas o vetos sobre tal o cual punto. 
Por desgracia, es el precio que se paga por una intensa actividad, ciertamente difícil y en algunos puntos hasta ineficaz, encaminada a obtener el mínimo común denominador y por ello mismo obligada a una continua mediación. 
Cualquier mínimo cambio del sistema se aplaza a 2007 ó 2009 y me pregunto realmente qué podrán entender nuestros conciudadanos si realmente tienen que ratificar su contenido. 
Señor Presidente, lo que en nuestra opinión ha faltado y puede seguir faltando es una visión desde una perspectiva global de la necesidad imperativa de innovar con decisión el funcionamiento y las competencias de los auténticos Estados Unidos de Europa. 
En cambio, tengo la impresión de que, tras el filtro de la CIG, lo que quedará de los trabajos de la Convención, lejos de ser un acto fundacional, esté en la línea de Ámsterdam, o incluso de Niza. 
Señor Presidente, creo que cada uno de nosotros siente, de algún modo, cierta satisfacción al participar en un momento histórico, y este es sin duda un momento histórico porque, más allá de las posiciones y disonancias que hemos escuchado hoy, comparto plenamente todo lo expresado por el Sr. Méndez de Vigo. 
Hemos conseguido, por vez primera en la historia, conjugar la soberanía con la tutela de los derechos, alejándonos del concepto de demos que habíamos conocido y lanzando a Europa a una perspectiva futura cuyos confines solamente dependen de nosotros. 
Probablemente encontremos algunas imperfecciones pero, dado que en el preámbulo se diserta mucho, citando incluso a Tucídides, quisiera recordar a sus Señorías lo que sostenían los antiguos pensadores griegos: la historia nunca es perfecta, porque, si fuese así, no se perpetuaría. 
No comentaré el texto del Tratado, sino que me limitaré a manifestar una advertencia y un lamento. 
Como Parlamento, debemos prestar atención al criterio de la exigencia de unanimidad en las decisiones. 
Tenemos un texto que sin duda lanza el método y el espíritu comunitarios hacia nuevas metas y, dado que el Tratado constitucional, con las muchas facetas que presenta, es para nosotros una carta crucial que jugar si queremos lograr una mayor competitividad europea, el criterio de la decisión por unanimidad en la Europa de los Quince- como hemos visto- ha creado, en muchos momentos y casos delicados, situaciones difíciles y a veces hasta imposibles. 
Ahora bien, la decisión por unanimidad con veinticinco miembros puede resultar muy gravosa, sobre todo si las decisiones dependen de propuestas económicas o fiscales. 
Me temo que una hipótesis de derecho de veto, que aún se cierne en el aire, acabe por convertirse en un instrumento suicida, acabe por hacer del área europea- que de hecho es el más grande o uno de los más grandes mercados comunes del mundo- una mera suma de intereses nacionales. 
Hemos de evitar esto último con sumo cuidado. 
La queja es que he asistido un tanto sorprendido al debate mantenido sobre el preámbulo para decidir si, entre los factores constitutivos de la identidad común, era oportuno citar también la herencia religiosa, más bien cristiana. 
Quisiera recordar que la identidad de Europa es una experiencia de emancipación atormentada, no carente en nuestra historia de aspectos trágicos, que de algún modo siempre han conducido a una liberación y a un crecimiento. 
Pienso que esto, desde el punto de vista espiritual, es uno de los elementos que hacen grande el cristianismo y hacen del cristianismo un punto de referencia universal: quisiera que esto se debatiera más. 
Señor Presidente, el método de la Convención para introducir cambios en el tratado es bastante nuevo. 
Se ha logrado el objetivo principal de ampliar el debate de la UE y sacar las negociaciones de polvorientas salas de reuniones a puerta cerrada. 
Sin embargo, quienes habíamos esperado que la UE pasaría de ser una unión tecnocrática para convertirse en una democracia genuina basada en un debate común europeo, tenemos motivos para estar desilusionados. 
Hay demasiadas normas fundamentales y demasiadas excepciones a la norma. 
No obstante, espero que este resultado lleve al refuerzo de la competitividad de la UE, cosa que es crucial. 
La próxima Convención debe atar los cabos que han quedado sueltos. 
Cualquiera que desee ver lo que esta Convención conlleva en realidad, debe leer entre líneas al analizar el resultado. 
Entre los temas que estarán sobre la mesa en la próxima Convención figura la política exterior- un claro ejemplo de cabo suelto- y la fusión de los trabajos de los dos presidentes ejecutivos en uno, y el desarrollo del Consejo como segunda cámara. 
Este tratado constitucional no es en realidad el último cambio de tratado de la UE. 
La Carta de los Derechos Fundamentales, concebida con ocasión del último cambio del tratado, no se introdujo en su momento, pero se ha incorporado ahora. 
Así es como funciona el proceso de la UE. 
Las excepciones al modelo normal de toma de decisiones en esta Convención deben tenerse en cuenta en la próxima Convención. 
No obstante, la tendencia apunta en la dirección correcta, así que el compromiso debe permanecer inalterado. 
A pesar de todo, la influencia por parte de la población se ha reforzado significativamente. 
Esto puede que aumente, pero no debe disminuir nunca. 
El Partido Comunista de Grecia se opone a la introducción de una constitución europea porque reforzará el imperialismo de la UE a expensas de los pueblos y en beneficio de los explotadores. 
Además, el texto de la Convención, redactado y manejado de forma totalmente antidemocrática, acallando todas las voces de la izquierda, no cristaliza los derechos democráticos conquistados por los ciudadanos. 
La declaración de fe en una economía social de mercado (!) excepcionalmente competitiva también otorga al capitalismo una base constitucional. 
La eliminación de la presidencia rotativa, la composición de la Comisión, el recorte de la toma de decisiones por unanimidad y la definición de la mayoría cualificada demuestran que se trata de redistribuir el poder en beneficio de los fuertes y entregar más soberanía nacional al centro imperialista, eurounificador. 
Se está profundizando peligrosamente la militarización en el marco de la política de defensa común que, sin duda, respeta las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte. 
El terrorismo se utiliza de pretexto para crear las condiciones para nuevas intervenciones militares contra los pueblos de todo el mundo (sin olvidar al «enemigo interior» ) y se reserva un papel especial a los Estados miembros dotados de una elevada capacidad militar. 
No es por casualidad que el único Ministro sea de Asuntos Exteriores. 
Estamos convencidos de que los pueblos no se dejarán engañar. 
La oposición al capitalismo está creciendo, tanto dentro como fuera de la UE. 
La lucha popular se reforzará a medida que se intensifique la política antipopular y derribará el edificio que tan cuidadosamente se está erigiendo. 
. 
(PT) A pesar de todos los intentos que se han hecho por pintar la Convención como un organismo muy democrático, que está elaborarando una Constitución que sustituirá al Tratado, de hecho no es exactamente así, ni en cuanto al proceso ni en cuanto a la participación. 
En la Convención no han estado representados todos los partidos políticos, sino solo los mayoritarios. 
De la Asamblea de la República (el Parlamento portugués) participaron el PS y el PSD, que mantienen posiciones idénticas de defensa del federalismo y del neoliberalismo actualmente imperantes en las políticas comunitarias. 
Las demás fuerzas políticas, más o menos críticas con este modelo y este camino, han quedado apartadas. 
Esto ilustra el tipo de democracia que defienden. 
Es cierto que la Convención no tiene poderes constitutivos ni puede modificar los Tratados, aunque a los federalistas radicales les gustaría que así fuese. Estos últimos consideran que algunas decenas de personas, alejadas de sus países, de los problemas y derechos de sus pueblos, pueden ser más fácilmente manejables en interés de los grupos económico-financieros de los países poderosos que sueñan con dominar Europa. 
Pero solo la Conferencia Intergubernamental y los Parlamentos nacionales lo podrán modificar los Tratados. 
Es cierto que los resultados de la Convención no coinciden exactamente con el objetivo declarado de allanar el camino hacia una integración cada vez más profunda. 
La lógica, aunque peligrosa, es la de los pequeños pasos. 
Quisiera dar la bienvenida a nuestros visitantes oficiales de hoy a la Asamblea, una delegación de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de la República Islámica del Irán, encabezada por el Presidente de dicha comisión, el Dr. Mohsen Mirdamadi. 
Les damos la bienvenida como invitados a nuestros debates sobre Oriente Próximo y la estrategia de seguridad de la Unión Europea. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común y de la Comisión sobre Oriente Próximo. 
. 
(ES) Señor Presidente, es un gran placer, una vez más, el poder participar en una sesión plenaria del Parlamento Europeo para discutir de temas fundamentales para la Unión Europea y para el mundo en general. 
Me quiero sumar a las cariñosas palabras que el Presidente acaba de dirigir a los representantes del Parlamento de Irán, con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores a la cabeza, señor Mirdamadi, con quien tuve ayer la ocasión de reunirme y tener una magnífica conversación sobre temas de actualidad, a los que tendremos ocasión de referirnos esta tarde. 
Yo quisiera comenzar con unas breves palabras sobre la situación en Oriente Próximo, señor Presidente, que a pesar de que hayamos visto algún rayo de luz en los últimos días, continúa siendo de enorme dificultad y tenemos que ser conscientes de que todos los esfuerzos tienen que ir encaminados a iniciar un proceso de paz que desgraciadamente no se pone en marcha, aunque haya habido algunos momentos de esperanza en las últimas horas, en los últimos días. 
La "Hoja de Ruta" cuya paternidad corresponde al "Cuarteto", ha sido finalmente aceptada por ambas partes, por palestinos y por el Gobierno de Israel. 
Como saben, en los últimos días ha habido algunas reuniones muy importantes, una en Sharm El Sheik, en Egipto, y otra importante también en Aqaba, donde tres discursos, el discurso del Presidente de los Estados Unidos, el discurso del Primer Ministro Sharon y el discurso del Primer Ministro Abu Mazen tuvieron la resonancia que corresponde a declaraciones de gran importancia. 
Desgraciadamente ese momento que parecía que iba a dar a luz algunos resultados de naturaleza positiva, lo hemos visto si no morir, sí pasar por un momento de dificultad por el resurgir de la acción violenta en los territorios ocupados y en Palestina. 
Como saben ustedes, inmediatamente después de la reunión de Aqaba, tuvieron lugar hechos de carácter violento, acciones terroristas y respuestas en esa espiral imparable de la que desgraciadamente somos testigos desde hace demasiado tiempo. 
Destacaré como aspecto positivo, la reunión el viernes del "Cuarteto" de los enviados de la zona, encabezados por el señor Moratinos, representando a la Unión Europea, que ha sido positiva y que va a permitir que el domingo que viene se celebre una nueva reunión en Ammán del "Cuarteto" con la presencia de los principales responsables del mismo. 
El objetivo de esa reunión es ver cómo se puede seguir impulsando el proceso que se abrió después de las reuniones de Sharm El Sheik y Aqaba, y que tuvo como consecuencia la aprobación por ambas partes de la "Hoja de Ruta". 
La "Hoja de Ruta" tiene que ser aplicada. 
Si la comunidad internacional no es capaz, de hacer todo lo posible para que la "Hoja de Ruta" sea aplicada, nos encontraremos con el mismo fracaso con que nos encontramos cuando se presentó el Plan Mitchell, o cuando se presentó el Plan Tenet. 
Hasta este momento hemos sido capaces de producir documentos sensatos, documentos que estaban cargados de esperanza pero que, desgraciadamente, las partes no han sido capaces, con ayuda de la comunidad internacional, de poner en marcha. 
El cumplimiento de la "Hoja de Ruta" debe ser nuestro objetivo y la comunidad internacional debe realizar los esfuerzos necesarios para alcanzarlo. 
En este momento, como saben, están en curso dos tipos de negociaciones, una negociación que podríamos llamar "intrapalestina" y otra entre Palestina e Israel. 
En este mismo momento puede que se esté abriendo otra vez una luz delante de nosotros. 
La negociación intrapalestina la conocen ustedes bien, tiene lugar entre el Primer Ministro Abu Mazen y los sectores que han rechazado la "Hoja de Ruta" y que no han apoyado las declaraciones que se hicieron públicas en Aqaba. 
Hay una negociación con los dirigentes políticos de Hamás y de la Yihad islámica con la esperanza de alcanzar pronto un acuerdo de alto el fuego, que no sea un alto el fuego corto sino que permita realmente poner en marcha los aspectos más políticos de la "Hoja de Ruta". 
En segundo lugar hay una negociación entre las autoridades palestinas en este momento, encabezada por el el Ministro del Interior, Mohamed Dahlan, con autoridades de Israel, con la idea de conseguir la retirada de Israel de la zona de Gaza, al menos de una parte de la misma, y que los responsables de la Autoridad Palestina asuman completamente las funciones de seguridad. 
Si esto se llegara a acordar, tendría consecuencias para todos nosotros; tendríamos que hacer un esfuerzo para ayudar también, desde el punto de vista económico, a la Autoridad Palestina para que pudiera recuperar y construir rápidamente una parte al menos, de su infraestructura de seguridad. 
Por fin, señor Presidente, creo que en la aplicación de la "Hoja de Ruta", el control de este proceso es absolutamente fundamental. 
Si no hay sobre el terreno algunas personas que sean capaces de dictaminar, de analizar, de ver cómo evoluciona este proceso, yo creo que será muy difícil que siga adelante y que llegue a buen puerto. 
Tenemos delante de nosotros la posibilidad de conseguir que este proceso llegue a su fin, y saben que el fin estaría definido por la existencia de dos Estados, dos Estados que podrían vivir juntos, en paz, que podrían vivir en un entorno regional, con el cual todos los demás países de la región pudrían establecer relaciones diplomáticas y de otro tipo. 
El lunes, en Luxemburgo, el Consejo de Asuntos Generales se reunió por la mañana con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, amigo de muchos de nosotros, Nabil Shaat, y por la noche recibimos al Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto. 
Sus Señorías se podrán imaginar que trabajamos conjuntamente en una cooperación estrecha con todos los países de la región para intentar que esta oportunidad que se abrió con la "Hoja de Ruta" llegue a buen puerto. 
He tenido la oportunidad de viajar por todos los países de la región hace pocos días, para la preparación del Consejo de Luxemburgo, y les puedo decir que hay un gran deseo de que la "Hoja de Ruta" se pueda comenzar a aplicar; a la vez que hay un gran temor de que si esta oportunidad se pierde, hayamos perdido la última oportunidad de encontrar una solución pacífica, duradera, que evite la frustración y el sufrimiento de tanta gente durante tanto tiempo. 
Por lo tanto, parar la violencia, parar los asesinatos selectivos es algo que tenemos que conseguir entre todos para poder poner en marcha la "Hoja de Ruta". 
Permítame que diga dos palabras aprovechando que está presente el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la República de Irán. 
Como dije, ayer tuve la ocasión de tener una buena conversación con él, pero también les quiero decir que el lunes se hizo, en el Consejo de Relaciones Exteriores, una declaración que espero sea conocida por todas sus Señorías sobre las relaciones entre Irán y la Unión Europea. 
Quiero decir a nuestros amigos iraníes, que están aquí con nosotros esta tarde, que para la Unión Europea Irán es un gran país. 
Un gran país con el que queremos tener relaciones sólidas, con el que estamos implicados en una negociación seria que tiene dos vertientes una de carácter económico y otra de carácter político. 
La de carácter político que es la que me incumbe de una manera más directa, tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, con la renuncia al apoyo de cualquier acto de terrorismo y también con la nuclearización de la República de Irán. 
Saben sus Señorías, que en estas horas, la Agencia Internacional de la Energía, por boca de su Director General, Sr. El Baradei, conocido por muchos de nosotros, ha hecho públicas algunas declaraciones claras sobre el comportamiento de Irán y sobre lo que debería ser un comportamiento más acorde con los recursos y las sugerencias de la Agencia Internacional de la Energía. 
Para la Unión Europea, y lo dije ayer con todo respeto y con todo cariño al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, es absolutamente fundamental que nuestros amigos de Irán firmen el protocolo adicional. 
No hay razón alguna para que no lo hagan. 
Además, nuestros amigos iraníes, no deberían pedir nada a cambio, firmar el protocolo adicional es algo que va en la dirección de lo que los países como Irán, los países como los que componen la Unión Europea desean; un mundo donde no haya proliferación de armas de destrucción masiva y un mundo donde la energía se utilice para fines pacíficos de forma controlada por los órganos de Naciones Unidas, y por lo tanto, firmar, cumplir con todos los requisitos de Naciones Unidas nos parece absolutamente fundamental. 
Esperamos y deseamos del buen sentir de las autoridades y del pueblo de Irán, que a la mayor brevedad posible, hagan realidad esta demanda que los europeos de buena fe les hacemos. 
Que firmen el protocolo adicional, y que lo hagan sin esperar nada más a cambio que el seguir teniendo unas relaciones constructivas, positivas con sus amigos de la Unión Europea. 
En esta primera intervención me han solicitado que les dé una breve información sobre la operación ARTEMIS, la operación que la Unión Europea está realizando en este momento en la República Democrática de Congo, en la zona de Ituri y más concretamente en la ciudad de Bunia. 
Les quiero decir que esta es la primera operación militar que la Unión Europea realiza sin el concurso de ninguna otra organización. 
Es pura responsabilidad de la Unión Europea, es una operación autónoma a solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Koffi Anan, quien se puso en contacto conmigo no hace muchos días para saber si la Unión Europea estaría dispuesta a comprometerse en una operación de esta naturaleza. 
La operación no es fácil, la operación es compleja y por lo tanto se ha hecho todo lo posible para que cumpla con su objetivo y que además, la Unión Europea salga de este compromiso con la cabeza bien alta y habiendo cumplido una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Quiero recordar que, inmediatamente después de responder al Secretario General que la Unión Europea estaba dispuesta a cumplir esta tarea, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1484 que define los límites de esta misión tanto en el espacio como en el tiempo. 
Pero quiero insistir en que en un tiempo realmente récord, en menos de dos semanas desde el primer contacto con el Secretario General de Naciones Unidas, la Unión Europea ha sido capaz de poner en marcha todo un operativo complejo para la primera operación militar de mantenimiento de la paz que la Unión Europea lleva a cabo de forma autónoma en África. 
Me gusta decir esto, porque ha habido muchas personas en el Consejo, en la Comisión y en el Estado Mayor de la Unión Europea que han trabajado día y noche elaborando documentos de gran calidad que han permitido un despliegue de las fuerzas en un tiempo absolutamente récord. 
Y al hilo de esta reflexión, permítanme que les diga que estamos en la mitad del año 2003. 
A principios del año 2000, después de la reunión del Consejo Europeo de Helsinki, se nos pidió que estuviéramos capacitados en el año 2003 o a finales de 2003 para poder realizar operaciones de mantenimiento de la paz de carácter militar o civil. 
Creo que podemos estar todos orgullosos, el Parlamento, el Consejo, la Comisión, los ciudadanos de Europa, de que a la mitad del año 2003, la Unión Europea esté en este momento comprometida con tres operaciones de mantenimiento de la paz: una en Bosnia, como saben ustedes siguiendo una operación que iniciaron las Naciones Unidas, otra en Skopie tomando el relevo de una operación que inició la Alianza Atlántica y una, en este momento en Ituri, una operación que inició la Unión Europea y que espero que pueda terminar la Unión Europea. 
Por lo tanto, algo de satisfacción y algo de orgullo tenemos que tener todos los que hemos participado: el Parlamento, la Comisión, el Consejo, nuestros colaboradores en el Estado Mayor, por haber conseguido en un tiempo tan corto el tener en marcha tres operaciones de las que debemos sentirnos orgullosos, y creo que el Parlamento debe sentirlo así y que deberíamos trasmitírselo también a los ciudadanos europeos: la Unión Europea sigue trabajando sin perder un minuto, para intentar con los medios que tiene, con las capacidades que tiene, que este mundo en que estamos viviendo sea un mundo más justo, mejor y donde la Unión Europea juegue un papel importante. 
La operación ARTEMIS, insisto, va a ser una operación difícil. 
Saben ustedes que hace pocos días que hemos empezado a desplegar la fuerza, hay ahora mismo 400 soldados en la zona. 
La operación está bajo el mando de un comandante francés, y Francia actuará como nación-marco de la operación. 
Hay fuerzas de muchos países de la Unión Europea, una parte importante, pero también de países terceros, tanto africanos como de otras zonas del mundo, por ejemplo latino americanos, desplegadas en esta operación dirigida, por la Unión Europea. 
Esperamos, de acuerdo con los mandatos que nos ha dado el Secretario General de Naciones Unidas, que se pueda hacer una transición cuando esta fuerza abandone la región de Ituri; una transición suave hacia una administración fundamentalmente africana y para ello estamos en contacto con los líderes de África del Sur. 
Esta operación en el Congo no es solamente una operación de mantenimiento de la paz, queremos ayudar en el mantenimiento de la paz, para acompañar esta operación con una acción diplomática intensa. 
Desde antes de empezar la operación y todos los días desde que la operación se inició, desde el día 12, mantengo contactos con el Presidente de la República Democrática del Congo, con los presidentes de las repúblicas vecinas, sobre todo Ruanda y Uganda, que han sido los países que han estado más implicados con esta región del norte del Congo que es Ituri. 
Yo haré un viaje dentro de pocos días a la región para intentar dar un impulso diplomático a la situación que dura ya mucho tiempo. 
A raíz de esta cooperación de la Unión Europea quizá podamos ver la puesta en marcha de un gobierno provisional en la República Democrática del Congo y pueda vislumbrarse algo de paz en estas zonas donde, a la vez que existe, desgraciadamente, tanta pobreza, tanto sufrimiento y tanta miseria, hay tanta riqueza en el subsuelo. 
Quiero, por tanto, en nombre de todos nosotros mostrar mi agradecimiento a la nación que encabeza esta operación, Francia, a todos los miembros que participan en ella incluidos- como he dicho- países de fuera del continente, y me gustaría muy directamente hacer una llamada a un país amigo que es Canadá, que no ha tenido la más mínima duda a la hora de poner fuerzas al servicio de una operación dirigida por los europeos. 
Canadá ha mostrado, una vez más, el cariño y respeto que tiene por la Unión Europea y, lo que es más importante, la visión tan similar a la de la Unión Europea que tiene de los problemas del mundo. 
Señor Presidente, Señorías, termino aquí esta primera intervención. 
Creo que no me dejo nada importante en el tintero y si así fuera, estoy seguro que contestando a las preguntas de sus Señorías todo quedará claro. 
Señor Presidente, a la aceptación por las partes de la "Hoja de Ruta" ha seguido una tremenda oleada de violencia en la región y, lamentablemente, esto es una dinámica relativamente usual y conocida. 
En momentos de esperanza siempre surgen conductas y personas que, desde el extremismo y el radicalismo, se apuntan para hacer sucumbir los esfuerzos de paz. 
Sin embargo, ahora, hay una fuerte implicación de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea- y no hay que minusvalorar el protagonismo de la Unión Europea -, de los Estados Unidos y de Rusia. 
Hay un hecho que me parece irrefutable y es que, desde el inicio de la segunda Intifada, ha habido más de 2.700 víctimas en el lado palestino y casi 800 en el israelí. 
Es decir, que todos pierden con esto: los israelíes pierden su seguridad y los palestinos la posibilidad de desarrollo económico y político, la posibilidad, en definitiva, de bienestar para su pueblo. 
La Unión Europea está poniendo un especial énfasis en afianzar su empeño diplomático, para que- y lo ha dicho aquí el Sr. Solana- la paz se funde sobre la base de la idea de dos Estados, el de Israel y el palestino, que vivan en paz y en seguridad. 
Me parece oportuno afirmar aquí, cuando estamos a punto de votar una importante resolución sobre las relaciones transatlánticas, que debe suponer para nosotros una satisfacción el ver cómo los Estados Unidos están dispuestos, junto con nosotros, a poner su empeño en hacer avanzar la "Hoja de Ruta"; y me parece que las manifestaciones del Presidente de ese país, tras los últimos actos de violencia y terrorismo en esa región, son una garantía de ello. 
Es hora de avanzar y de apuntalar los logros conseguidos, de seguir trabajando sobre la base de la aplicación de la "Hoja de Ruta". 
Es urgente establecer y hacer operativo el mecanismo de verificación lo antes posible. 
Considero que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea y las Naciones Unidas tienen suficientes medios sobre el terreno para iniciar esa tarea esencial y, desde mi punto de vista, los europeos debemos obrar con absoluto pragmatismo y realismo en esta materia. 
Debemos celebrar por lo tanto que el acervo del proceso de paz incluya hoy una participación muy activa de la comunidad internacional, aceptada como imprescindible ahora por todos. 
A mi juicio, los europeos tenemos además por delante dos tareas ineludibles: por una parte, dar todo nuestro apoyo al Primer Ministro, Abu Mazen, ayudándole a generar en torno a su persona la confianza necesaria ante su pueblo, ante Israel y ante la comunidad internacional. 
Y, por eso, señor Presidente, me parece que sería importante que la Mesa del Parlamento le invite para que pueda expresar ante nosotros sus impresiones y para que pueda compartir sus reflexiones con esta Cámara. 
Los resultados de la reunión que mantuvo anteayer con trece organizaciones indican la urgencia de esta tarea. 
Debemos ayudarle a convencer a la población palestina de que el Gobierno que él dirige, presidido- y no podemos olvidarlo- por el Presidente Arafat, está en una posición histórica. 
Por cierto, quisiera manifestar mi desaprobación por el aislamiento de que es objeto el Presidente Arafat, aislamiento que, a mi juicio, no es útil para nadie. 
La segunda labor que creo nos corresponde, y así lo hizo constar la Delegación de este Parlamento para las Relaciones con Israel, es la necesidad de esforzarnos para recuperar la confianza de una sociedad israelí que vive en permanente estado de miedo ante los ataques terroristas. 
Sobre esta cuestión del terrorismo creo que este Parlamento ha sido claro y firme, y debemos seguir siéndolo. 
Ningún acto de naturaleza terrorista está justificado; no podemos hacer distinciones ni entre los terroristas ni entre sus víctimas. 
No quisiera terminar, señor Presidente, sin dar la bienvenida y sin saludar la presencia de colegas del Parlamento iraní y sin expresar mi adhesión a las palabras que el Alto Representante ha dedicado a ese país y, en particular, su petición a las autoridades iraníes. 
Este es, en efecto, un gran país con el que este Parlamento- como todos esperamos y deseamos- debe reforzar y fortalecer sus lazos de amistad. 
Señor Presidente, la publicación, el pasado 30 de abril, de la "Hoja de Ruta", abre una nueva posibilidad para tratar de superar un conflicto que ha originado ya siete guerras en 50 años. 
Si me permiten, creo que hay que distinguir entre la "Hoja de Ruta", que es un itinerario, y el hacer camino. 
Me remito a un poema, que conocerá bien el Alto Representante, de un gran poeta, Antonio Machado, cuando decía que "se hace camino al andar". 
La "Hoja de Ruta" puede estar en un papel, pero lo que hay que hacer es precisamente emprender el camino conjunto con un objetivo que, por primera vez, todo el Cuarteto, y no solamente algunos países, reconocen. 
La comunidad internacional considera que tiene que haber un acuerdo firme y definitivo de paz basado en la existencia de dos Estados democráticos y soberanos, que convivan en paz en el interior de fronteras seguras y reconocidas, incluso aceptando que, de momento, pueda ser mejor un divorcio que una vida conjunta. 
Quiero señalar también que eso se consigue caminando conjuntamente y no vetando. 
Y así como yo critiqué en el anterior debate que el Primer Ministro de Israel, el Sr. Sharon, no recibiera al Alto Representante cuando visitó Oriente Próximo, también creo que hay que pedirle al próximo Presidente del Consejo, al Primer Ministro italiano, que cuando vaya a Oriente Próximo no solamente visite Israel, sino también a la Autoridad Palestina. 
Precisamente nuestra fuerza está en poder hablar con todos. 
Creo que también debemos subrayar elementos que pueden ayudar a que la "Hoja de Ruta", a que el camino conjunto avance. 
Por ejemplo, la Autoridad Palestina ha dado pasos: la reforma del Ministerio de Hacienda, la creación del puesto de Primer Ministro y el respaldo del Consejo Legislativo. 
Y no solo hay que hablar, del Cuarteto, sino también de aquellos gobiernos que, como el de Egipto, están haciendo un esfuerzo muy importante para contribuir a que el proceso avance y sobre todo para intentar lograr, junto con las organizaciones de milicianos palestinos, el cese de las hostilidades; y creo que la reunión de Ammán con el Cuarteto el próximo día 22 es un paso importante que tenemos que apoyar. 
Es evidente que Hamás tiene que dejar el uso de la violencia indiscriminada y que debemos apelar a ello y plantear la inclusión de esta organización en la lista de las organizaciones terroristas, a no ser que cambien las cosas. 
Tenemos que pedir asimismo al Gobierno de Israel, que es el que tiene más fuerza política, moral y militar, que cumpla con su parte de la "Hoja de Ruta", retirándose de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados y acabando con la política de asesinatos selectivos. 
En relación con los pasos que hay que dar, creo que tenemos que animar a la perserverancia y también- y en esto recuerdo que el Comisario Günter Verheugen acaba de estar en Israel- exponer a nuestros amigos israelíes que nosotros estamos dispuestos a intensificar nuestras relaciones a todos los niveles, en la medida en que ellos también lo deseen y nos traten como nos corresponde, sobre todo por la voluntad política que hemos manifestado. 
En relación con este proceso, lo único que se puede pedir es perseverancia, buscar la posibilidad de ayudar a estos dos pueblos a caminar conjuntamente y una inmensa dosis de paciencia. 
Y en este sentido, en el momento en que el Embajador Morantinos está a punto de acabar con su misión, creo que debe constar en el Acta de la sesión el agradecimiento de este Grupo y, espero, de todo el Parlamento, por la labor que ha desarrollado incansablemente a lo largo de todos estos años. 
Y para terminar, señor Presidente, dos breves referencias a dos temas que han sido tratados también por el Alto Representante y por el Comisario. 
En primer lugar, nuestras relaciones con el Irán. 
Yo solo puedo decir que el Grupo Socialista apoya el que intensifiquemos, que abramos una etapa de relaciones importantes en el terreno económico y también político con un país joven y al mismo tiempo muy antiguo, un país dinámico y vibrante, que está deseando también abrir su sociedad, como estamos comprobando en este momento con lo que está ocurriendo con los estudiantes. 
Todos tenemos experiencia de la importancia de las revueltas y las manifestaciones estudiantiles; son siempre un signo precursor de lo que puede pasar en una sociedad, y creo que es importante ayudar a que el Irán sea un país que encuentre su camino. 
Por eso, además de suscribir el protocolo adicional en la Agencia de la Energía Atómica, creo también que podemos contribuir a aumentar la estabilidad en la región, porque hay que decir que esta región necesita estabilidad. 
Lo que no necesita son nuevos focos de conflicto, porque desde Afganistán hasta la ribera del Mediterráneo, nos estamos encontrando con una multiplicación de focos de conflicto. 
Y ahí lo que hay que hacer es, precisamente, apagar incendios y no generar nuevos, y el papel del Irán puede ser muy importante. 
Por último, una brevísima referencia a la operación Artemisa. 
Los europeos tenemos responsabilidades históricas con África y el paso que ha dado la Unión Europea en el Congo es un paso positivo. 
No hay que olvidar que hay un montón de conflictos. 
Ahí está, por ejemplo, el caso de Liberia, que en este momento también está conociendo una situación de guerra civil. 
Creo que, desde el Parlamento, tenemos que apoyar con todos nuestros medios el que la Unión Europea dé un paso, que lo ha dado por primera vez sin nadie más, demuestre que tiene capacidad para restablecer la situación en un continente con el que tenemos una enorme deuda histórica. 
Señor Presidente, si Hamás puede seguir bloqueando con violencia la «Hoja de Ruta, nunca habrá paz. 
La organización terrorista rechaza el concepto de dos Estados y quiere convertir a Israel en un Estado islámico. 
La espiral de violencia nunca se detendrá si se sigue provocando continuamente a Israel con atentados. 
Por supuesto que la ejecución ilegal de los líderes no sirve de nada si estos son simplemente sustituidos por otros. 
Es preciso organizar cuanto antes una fuerza militar internacional, preferiblemente después de un acuerdo, pero si este no se alcanza, entonces habrá que hacerlo sin él. 
Luego la fuerza militar internacional tendrá que eliminar a Hamás, si es posible en conjunción con la OTAN, es decir, implicando a europeos y norteamericanos. 
Al mismo tiempo hay que cortar todas las líneas de financiación de Hamás. 
Israel y los palestinos están más que hartos de la violencia y la miseria. 
Finalmente, bajo la presión internacional, empieza a manifestarse paulatinamente una solución. 
Por ello, es preciso bloquear el camino para todo aquel que quiera más baños de sangre y no quiera la paz. 
Su «Hoja de Ruta» lleva al infierno. 
Señor Presidente, no hay duda de que la «Hoja de Ruta» es una esperanza a la cual debemos agarrarnos, pero sin perder la lucidez de juicio político ni sobre los hechos que suceden a diario en Palestina e Israel; no hay duda de que la Unión Europea en su conjunto y el trabajo tenaz y apasionado desarrollado por el enviado especial Moratinos han desempeñado un importante papel en la definición del plan y en el apoyo dado a la Autoridad Palestina para emprender el proceso de reformas definidas en la «Hoja de Ruta» , que? lo sabemos bien? no resuelve todas las cuestiones pero es sin duda importante. 
Además, también ha tenido un papel activo Egipto. 
Es indispensable, sin embargo, que todo el cuarteto sea partícipe y garante de las negociaciones: dejar la gestión solo a los Estados Unidos es un riesgo demasiado grande y en cualquier caso equivocado. 
Al mismo tiempo, es indispensable acompañar todas las fases de las negociaciones sin volver a cometer los errores del Acuerdo de Oslo, cuando, tras los grandes apretones de manos, se dejaron solas a las dos partes, con relaciones de poder tan diferentes, con el resultado de que prevalecieron la violencia y la opresión en vez de la paz. 
Todos somos conscientes, lamentablemente con la complacencia o la subordinación de algunos gobernantes europeos, del dominio de la Administración de los Estados Unidos, así como de la tendencia del Gobierno israelí a infravalorar como interlocutores a Europa, Rusia y la ONU, a los que consideran? erróneamente? desequilibrados hacia los palestinos: erróneamente, porque no se trata de desequilibrio sino de no haber renunciado al derecho y a la justicia. 
En otras palabras, la realidad demuestra que el Derecho internacional no es vinculante para algunos de estos países. 
Si fuese así, si el Derecho fuese respetado, la cuestión Palestina-Israel se habría resuelto hace mucho, por lo menos desde que, en 1988 en Argel, la OLP decidió coexistir pacíficamente con el Estado israelí y tener su propio Estado en los territorios ocupados en 1977. 
El desequilibrio, la simetría y las condiciones entre palestinos e israelíes, entre ocupados y ocupantes, no son cosas insignificantes; más bien, es esencial subrayar que el que ocupa es el ejército israelí: no es la Autoridad Palestina la que construye asentamientos o tiene prisioneros a los palestinos. 
Los actos execrables, totalmente execrables, de terrorismo contra la población civil son cometidos por fuerzas extremistas palestinas, no por un ejército armado. Y con esto no absuelvo a la Autoridad Palestina de errores y debilidades que han dañado la causa de una paz justa. 
La «Hoja de Ruta» como posibilidad de paz para los dos pueblos es, una vez más, un desafío y una esperanza, pero si se quiere de verdad que palestinos e israelíes vivan en paz y seguridad, es necesario pedir a la Autoridad Palestina que busque algún camino para detener las acciones de terrorismo? y Abu Mazen, con el apoyo del Presidente Arafat, está buscando con gran firmeza la vía del diálogo para frenar la violencia y no caer en una guerra civil? , pero hay que pedir también con toda energía a Sharon que respete las primeras fases de la «Hoja de Ruta» y ponga fin a los asesinatos selectivos, que parecen hechos aposta para provocar reacciones terroristas. 
Sharon ha dicho que no se puede gobernar a tres millones y medio de palestinos con la ocupación militar. 
Entonces, de las palabras a los hechos, como dice Gedeon Levi, comentarista de Ha ' aretz: dejemos que elimine los controles, que detenga el hambre, la demolición de las casas; que los enfermos y las madres lactantes puedan ir al hospital; que los niños no tengan que ver cómo sus padres son golpeados o humillados en medio de la noche. 
Esto dará fuerza a la paz. 
Está después la monstruosidad, de la que hablaba también el Comisario Patten: el muro, el muro de separación, de apartheid, de anexiones territoriales, con ocho metros de alto y 364 kilómetros de largo, con alambres de espino, con controles electrónicos. 
El muro es anexión de territorio: 30 pozos de agua confiscados, 16 aldeas palestinas separadas de las tierras de cultivo. 
Sharon ha dado la orden de trabajar también durante la noche en su construcción; y no le bastan 374 kilómetros, hay que cercar también las orillas del Jordán. 
Pues bien, debemos usar los instrumentos de presión que tenemos para permitir la realización de dos pueblos y dos Estados. 
Apoyamos la petición de Kofi Annan, defendida por el Ministro de Asuntos Exteriores francés, de garantizar, para impedir muertos palestinos e israelíes, la presencia de una fuerza internacional de mantenimiento de paz. 
¡Ya es muy tarde!. 
Señor Presidente, señor Solana, señor Patten, Señorías, hace unas semanas viajé por primera vez a Israel con la delegación oficial de este Parlamento para hablar de la relación entre Europa e Israel. 
Hace tres años, otra delegación visitó también este país. 
Nuestra visita, por ejemplo a la Knesset, fue muy instructiva y se expresó la esperanza de mantener mejores relaciones en el futuro. 
Por supuesto, el tema de conversación fue la «Hoja de Ruta». 
Mientras estábamos allí, se produjeron atentados terroristas en Jerusalén, que nosotros condenamos enérgicamente, pero la «Hoja de Ruta» se mantuvo en pie y Sharon acabó sumándose a este plan. 
Sin embargo, sigue echando leña al fuego con la actuación sangrienta del ejército en los territorios ocupados. 
En el proceso gradual falta algo fundamental. 
Se trata de un proceso que exige una orientación exterior, pues la desconfianza mutua es demasiado profunda. 
Por ello, la propuesta de instaurar una fuerza internacional de paz es un complemento necesario del proceso gradual. 
El color de los cascos es lo de menos. 
La Unión tiene una función que desempeñar en este terreno, pues tenemos una responsabilidad histórica en esta zona tan cercana a la Unión. 
La Unión ha de exigir un papel más destacado en el Cuarteto, y espero que esto suceda durante la Presidencia italiana. 
La colaboración con los Estados Unidos será importante para un posterior desarrollo de las relaciones transatlánticas. 
Si la Unión toma una postura unida, podremos desempeñar un papel clave. 
Por razones históricas y humanitarias tenemos la obligación, para con nosotros mismos, de llevar la paz en esta región. 
Señor Presidente, resulta difícil creer que desde las reuniones históricas celebradas en Aqaba el 4 de junio de 2003 ya han sido asesinadas 65 personas en lo que es una horrible escalada de violencia en la región. 
Esta violencia incluye un atentado suicida palestino en un autobús en Jerusalén y varios ataques israelíes a miembros de Hamás, llevados a cabo en zonas civiles densamente pobladas. 
Todas las personas sensatas apoyan la «Hoja de Ruta» para la paz porque aseguraría la creación de un futuro Estado palestino con contigüidad territorial. 
La «Hoja de Ruta» reclama también el desmantelamiento inmediato de los asentamientos extraterritoriales construidos desde marzo de 2001. 
Las autoridades israelíes deben intentar frenar la respuesta a estos ataques horrorosos, y los líderes palestinos también deben presionar con sus esfuerzos para poner fin a estas atrocidades. 
Entre todos debemos instar a Hamás a volver a las negociaciones sobre el alto el fuego con el Primer Ministro palestino, Mahmud Abbas. 
Es de vital importancia que las partes procedan a la puesta en práctica de la «Hoja de Ruta» elaborada por la comunidad internacional, y que cada una de las partes cumpla todas sus obligaciones según dicho plan. 
La aplicación inmediata de la «Hoja de Ruta» es esencial si queremos ganar impulso para el establecimiento de la paz en la zona. 
Sin embargo, la violencia brutal de las últimas dos semanas, y de hecho de los últimos 33 meses de intifada, ha encendido la animosidad y ha intensificado los odios viscerales. 
Pero debemos intentar renovar a toda costa el compromiso entre palestinos e israelíes, y la Unión Europea debe desempeñar un papel central y de pivote en este proceso. 
Reconozco que quedan obstáculos por superar en relación con el tema de los refugiados y los asentamientos, pero pido a los líderes de ambas partes que se mantengan firmes en su apoyo a la «Hoja de Ruta». 
Si queremos que este proceso lleve a buen puerto, debemos conseguir que avance a toda costa en la vía política, económica y de seguridad. 
Finalmente, en relación con los comentarios del Comisario Patten y del Alto Representante, el Sr. Solana, en relación con la visita de la delegación iraní, a mí también me complace que la delegación esté aquí esta semana, y me alegran muchísimo los comentarios que han hecho hoy aquí tanto el Sr. Solana como el Comisario Patten. 
Como ha dicho el Comisario Patten, la agenda de las conversaciones en curso es muy importante para Europa y debe abordarse antes de poder progresar. 
Señor Presidente, el Sr. Barón Crespo se ha beneficiado de un minuto y cuarenta segundos más de su turno de palabra inicialmente previsto. 
Espero que usted haga lo mismo con todos los oradores, incluidos los que, como yo, ¡y no soy el único! , creemos que la intervención del Sr. Solana hace un momento ha sido lamentable. 
Si bien no me sorprende que estos últimos días se haya roto de mil formas, de todos modos quiero recordar que la razón es muy sencilla. Es muy simple: los soberanistas solo podemos concebir la paz en la soberanía y en la libertad de las naciones en equilibrio. 
Sin el equilibrio de las naciones no habrá paz. 
Ahora bien, la política de los Estados Unidos consiste en acentuar los desequilibrios. Los desequilibrios mundiales, por supuesto, porque esta superpotencia no conoce límites, pero también los desequilibrios regionales y, respecto del tema que hoy nos ocupa, es ciertamente lo más grave. 
La política de los Estados Unidos consiste en destruir toda potencia árabe cuando emerge: sin duda es la razón esencial de su ensañamiento contra el Iraq, porque es cierto que no quieren una potencia árabe moderna y desarrollada. 
Asimismo, la política de los Estados Unidos consiste en apoyar a los extremistas de los dos bandos, tanto a los israelíes como a los palestinos, a veces mediante métodos maquiavélicos que son siniestros cuando nos atrevemos a examinarlos. 
Y, junto a todo esto, nos encontramos con esta política europea- o en todo caso, tendríamos que tener esta política europea si Europa existiera- que es la política de Francia y que consiste en hacer exactamente lo contrario, es decir, apoyar a los moderados de los dos bandos, tanto del bando israelí como del palestino. 
Como he dicho, es la política de Francia y espero que, si a Europa se le ocurre algún día influir en el desarrollo de este pobre mundo, sabrá que es el camino más sensato. 
- (IT) Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, Señorías, hay una ideología- corríjanme si me equivoco- que nos une a todos nosotros o a todos ustedes: a la vista de Camp David, Oslo y la «Hoja de Ruta» , cuál es el objetivo? 
El de construir, en un territorio más pequeño que Normandía o Bélgica, que ya es decir- hablo, naturalmente, de kilómetros cuadrados, no me permitiría hacer otras alusiones- dos Estados: dos Estados independientes, que quede bien claro, ¡no uno americano y otro ruso! 
Ahora bien, señor Alto Representante, la política exterior, estructural, que nosotros perseguimos allí es exactamente la opuesta de aquella en la que estamos empeñados desde hace 50 años para que llegue un día- por el amor de Dios, a todos ustedes no se les pasa por la cabeza porque tienen la mente sana, mientras que yo estoy un poco tocado, en el sentido de que espero ese momento- en que podamos ser ciudadanos de la Unión Europea sin tener que pagar la tasa de ser ciudadanos tal vez de esta Italia, o de aquella Francia, o de aquel Reino Unido. 
¡Por el amor de Dios, no, su problema son los Estados! 
Debemos resolver las cosas con Estados, con otro Estado palestino. 
No importa que pueda haber otro, el Estado jordano, que es un Estado palestino más grande, más fuerte y más democrático de lo que puedan imaginar su Estado palestino. 
¡Suyo, por el amor de Dios! 
Está después el problema del Líbano, pero también ahí hablan ustedes solo de Estado, y no importa que sea una cobertura de Siria y de todo aquello que hay de más repugnante en aquella zona, en la Suiza mediterránea. 
Entonces, señor Alto Representante Solana, señor Comisario Patten, sé que el mal también está aquí, ante todo, en nuestro Parlamento: tendremos que luchar con los antifascistas y los anticomunistas, con Altiero Spinelli, Rossi, Schuman, con los que concibieron Europa no como un dato geográfico sino como el lugar de la ley, de la Torah, del Libro, de la democracia, contra las burocracias nacionales, contenedores inadecuados de libertad, de liberación y de bienestar. 
¡Y ahora ustedes se afanan por imponer la altisonante «Hoja de Ruta»! 
Estaba en Jerusalén con nuestros colegas y dije: «¿La ' Hoja de Ruta?? 
¿Un día, una semana, un mes? 
¿Dos Estados palestinos? 
¿Tantos Ministros de Exteriores, tantos Ministros ladrones y corruptos?» 
Sí, ladrones y corruptos como lo son muchos franceses, italianos, alemanes, ingleses y estadounidenses. 
¿Tiene la amabilidad, señor Alto Comisario, de hablarnos un momentito de nuestro Ejército europeo finalmente destacado en el Congo? 
¡Finalmente! 
¿Y quién lo gestiona? 
¡Los herederos de Focard! 
Repito: ¡los herederos de Focard! 
Nosotros confiamos la garantía de la paz en ese país a aquellos que, con la descolonización, provocaron inmundas masacres, peores que con el colonialismo. 
¡Suerte, Señorías! 
La necesitamos. 
Yo espero para mí, para un israelí, para un palestino, el derecho a tener una ciudadanía que no sea una de sus, de nuestras, prisiones. 
¡Queremos ser libres en el Derecho y en la libertad! 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, soy renano y no tengo esa capacidad exclamatoria del Sr. Pannella, pero me gustaría hacer algunas observaciones, con el mismo sentimiento, sobre las intervenciones del Secretario General del Consejo y del Comisario Patten. 
La «Hoja de Ruta» es básicamente un método que la Unión Europea utiliza en todas las partes del mundo. 
Así hemos diseñado nuestro proceso de ampliación: fijar un objetivo y a continuación apoyar, tanto financiera como políticamente, los pasos en este camino hacia la ampliación. 
Lamento que en el pasado este antiguo principio europeo haya parecido caer a veces en el olvido o ser objeto de recelos, ya que se tenia la impresión de que por mucho terrorismo, mucha intifada y mucha violencia que hubiese, nosotros los europeos nos comportamos como si no pasara nada y seguimos pagando y manteniendo contactos con el Presidente Arafat. 
Y es bueno que hayamos cambiado de actitud. 
Es positivo que el Comisario Patten haya transformado de nuevo las ayudas presupuestarias en una ayuda a proyectos, que se implique ahora en la reforma de la Autoridad Nacional Palestina, que mantengamos contactos muy estrechos con el Ministro de Hacienda palestino y que digamos firmemente «sí» al Primer Ministro Abbas, que le apoyemos y que quizá no nos reunamos con tanta frecuencia y de forma tan ostentosa con el Sr. Arafat. 
No debemos aislarlo, pero debemos dejar claro de qué lado se encuentran las simpatías europeas. 
Y es posible que hayamos tardado un poco en hacerlo. 
En segundo lugar, deberíamos plantear igualmente a los países vecinos las mismas elevadas exigencias que nos planteamos a nosotros mismos. 
Una vez que el Iraq ya no está gobernado por el dictador Saddam Hussein y se encuentra- así lo esperamos- en vías de adquirir estructuras más democráticas, debemos enviar un claro mensaje a Siria e Irán. 
El mensaje es este: si deseáis mantener relaciones con la Unión Europea, debéis decir igualmente «sí» a la «Hoja de Ruta» y participar también en este proceso. 
Esto es lo que hemos dicho con toda claridad a nuestros colegas iraníes en los últimos días. 
No es posible tener buenas relaciones con la Unión Europea y, al mismo tiempo, apoyar a Hezbolá. 
No es posible mantener una estrecha amistad con la Unión Europea y financiar, apoyar y cultivar los contactos con oficinas de organizaciones terroristas. 
Por ello agradezco al Comisario Patten y también al Secretario General del Consejo que hayan expresado esto tan categóricamente ante el Pleno. 
Si Irán desea mejorar su relación con la Unión Europea- incluso en esta situación difícil, también en su relación con los Estados Unidos -, entonces diría «sí» a la «Hoja de Ruta» , «sí» al Estado palestino en 2005, pero también diría «sí» al derecho a existir de Israel, pues incluso ahora esta declaración no nos ha llegado de gran parte de los Estados árabes que desean ser socios de la Unión Europea. 
Si recibiéramos señales así de claras, esto reforzaría el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Este es el mensaje al Parlamento Europeo: a pesar de todos los reveses, a pesar de toda la violencia, seremos más exigentes, no solo con nosotros mismos, sino también con los países vecinos de Israel y Palestina, y esto incluye a ambas partes. 
También incluye al Primer Ministro Sharon. 
Debemos decirle claramente que la «Hoja de Ruta» no es negociable. 
Que es el fundamento y que a nuestro entender es el marco para Oriente Próximo. 
Los asentamientos deben desmantelarse. 
Y también debemos plantear exigencias claras a este respecto a todos los implicados en este proceso. 
Desde mi punto de vista, en los últimos dos o tres años se ha echado de menos hasta cierto punto esta claridad en la política europea. 
Ahora tenemos la oportunidad de volver al redil junto con los Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas. 
Creo que esto dará un nuevo impulso al proceso de paz. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, Señorías, voy a plantear tres temas en un minuto y medio, por lo que será una intervención muy breve. 
En relación con Israel y los palestinos, quisiera rogarles que averiguaran si los esfuerzos se piden a ambos bandos. 
Constato que se ha ejercido una presión extrema sobre los palestinos. 
Me pregunto si también se ha ejercido presión sobre Israel para que empiece a abandonar los asentamientos, pues ello podría despejar la situación y sería una señal clara que cortaría las alas a los terroristas. 
Asimismo, la Unión ha de ejercer también una presión real a través del Acuerdo de Asociación. 
El Sr. Patten se ha referido a un mejor uso del Acuerdo de Asociación. 
¿Se refiere a que se considerarán tanto las disposiciones en materia de derechos humanos como las normas de origen de este acuerdo? 
A fin de cuentas, estas impiden que se otorguen privilegios a los productos que se exportan desde los territorios de los asentamientos de Israel en la franja de Gaza y en Cisjordania. 
El proceso de paz aún es frágil. 
Ni siquiera se ha iniciado y ya lo están haciendo trizas. 
Por consiguiente, creo que es preciso hacer más lo que se hace ahora para lograr progresos reales. 
En lo que respecta al Irán, después de tantos debates esta semana, quisiera pedir que no se dé prioridad a los intereses comerciales y políticos sobre los derechos humanos. 
Se ha referido usted al protocolo. 
Quiero añadir el aspecto de los derechos humanos, pues no deseo que las mujeres y los hombres iraníes que luchan por la libertad sigan siendo reprimidos con violencia mientras nosotros mantenemos conversaciones educadas que caen en saco roto. 
Por último, una palabra sobre Ituri, señor Alto Representante. 
Ya es algo, pero me temo que es insuficiente. 
Además es demasiado tarde, pero no obstante apoyo sus intentos. 
En nombre de los 50 000 muertos que ya han caído, le ruego que intente hacer más. 
Sus esfuerzos actuales no bastan para proteger toda la zona de Ituri contra la violencia, y solo eso puede salvar el proceso de paz en el Congo. 
Antes que nada, quiero dar las gracias al Comisario y al Alto Representante por su presencia aquí en esta Cámara y por sus informes. 
Para empezar, me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre lo que he oído, aunque rápidamente dada la limitación de tiempo disponible. 
En primer lugar: por lo que respecta a nuestra política europea, no creo que el punto fundamental, prioritario, inicial, para quien tiene un mensaje político, sea el de la reconstrucción de la Autoridad Nacional Palestina: es importante, pero no puede ponerse como punto fundamental, si no se vuelve partidista; hay que ponerlo junto a los demás puntos, y no puede ser citado por el Comisario como primer punto. 
En segundo lugar: no creo- y aquí me refiero al Sr. Barón Crespo- que debamos buscar a los israelíes, pero, puesto que nosotros queremos convertirnos en interlocutores, debemos ser nosotros los que nos acerquemos a ellos. 
En tercer lugar: no creo- y me dirijo al Sr. Morgantini- que debamos establecer nosotros cuáles son los derechos, cuando vemos que el Derecho es pisoteado por quien tira las bombas y mata a niños de siete años. 
Lo que, a mi juicio, podemos hacer como Unión Europea- y en este momento es importante, sobre todo en este momento en que siguen hablando Abu Mazen y Sharon, aunque haya acciones y reacciones de una parte y de la otra- es legitimar el papel de Abu Mazen: en estas circunstancias, cuanto más le legitimemos, más contribuiremos a crear las condiciones para una paz relativa. 
Por otro lado, quisiera aprovechar la presencia de la delegación iraní para hacer una petición a Irán, en el sentido de que, precisamente por su antigua historia y su papel en Oriente Próximo, reconozca al Estado de Israel: que lo haga, en su caso, a través de la Unión Europea, pero que lo reconozca. 
Esto es importante y fundamental también para el reconocimiento de los derechos humanos, para el desarrollo económico, y por tanto también político, en el propio Irán. 
Creo que ello sin duda contribuiría a hacer posible un proceso de paz verdadero y duradero en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, la violenta destrucción del Estado de Israel. 
Este es el objetivo del movimiento terrorista islámico palestino de Hamás. 
Los esfuerzos de paz en Oriente Próximo han de concentrarse en la neutralización de los enemigos de la paz, como Hamás. 
Las decisiones del Consejo de anteayer en Luxemburgo suponen un paso, aunque muy tardío, en esta dirección. 
La Unión Europea desea actuar ahora contra todo el movimiento Hamás, y no limitarse más a la llamada rama militar de Hamás. 
Espero realmente que los Estados miembros sigan conjuntamente una política coherente contra otro movimiento que amenaza la paz en la región, el libanés Hezbolá. 
Este «partido de Alá» tampoco quiere aceptar la existencia del Estado judío. 
Con razón recalcaba el Consejo en su reunión de Luxemburgo la necesidad de una actitud constructiva en la lucha contra el terror por parte de los propios Estados de Oriente Próximo. 
Precisamente la República Islámica del Irán, con la que en estos momentos la Unión Europea mantiene intensas negociaciones para intensificar las relaciones económicas y políticas, se niega a colaborar en este sentido. 
¿Cómo puedo interpretar, si no, señor Presidente, la declaración del ex presidente iraní Rafsanjani del pasado viernes? 
Haciendo una clara alusión a los autores de los atentados suicidas, este influyente político persa dijo: «Por cada palestino que va al cielo, 300 israelíes van al infierno». 
La Unión Europea ha de mantener una postura firme y coherente contra esta legitimación y estimulación religiosa del terrorismo, por nuestra propia credibilidad política dentro y fuera de la Unión y, sobre todo, por la paz en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, hace unas semanas vimos la publicación de la tan esperada «Hoja de Ruta» de los Estados Unidos para la paz en Oriente Próximo, un documento que cuenta con el pleno apoyo del resto de la comunidad internacional, incluido el «Cuarteto» formado por los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas. 
Nadie debería subestimar la importancia de esta iniciativa, en unos momentos en que, a pesar de la terrible violencia de ambas partes, finalmente se ha presentado una de las escasas oportunidades para avanzar. 
Cada vez tiene más aceptación entre los árabes la conveniencia de una solución negociada, y el propio Primer Ministro Sharon ha hablado de los daños que para la economía y la sociedad de Israel representa la continua violencia, así como de la imposibilidad de una ocupación permanente y de que los israelíes gobiernen sobre cuatro millones de palestinos. 
Parece que solo los extremistas temen la paz. 
Sean cuales sean los orígenes del conflicto de Oriente Próximo, cada vez más árabes reconocen que los israelíes se van a quedar, mientras que los judíos de todo el mundo pueden comprender que la mejor forma de conseguir seguridad a largo plazo para Israel pasa por el reconocimiento de las aspiraciones legítimas del pueblo palestino a tener su propio Estado para 2005. 
Comprensiblemente, en las primeras etapas de su presidencia el Presidente Bush se mostró reacio a implicarse en las minucias de unas negociaciones que no llevaban a ninguna parte, y sabiamente se mantuvo al margen. 
Ahora ha dado el paso correcto en el momento adecuado para mostrar su compromiso personal a favor de una paz duradera. 
Por primera vez en muchos años parece que hay una solución a la vista. 
No debemos desperdiciar esta oportunidad. 
En la «Hoja de Ruta» se especifican varios puntos, sobre todo el cese inmediato de la violencia por ambas partes, la congelación inicial de los asentamientos y su posterior desmantelamiento, y voluntad por parte de la autoridad palestina de asumir sus responsabilidades históricas y refrenar a los violentos. 
Israel, a su vez, ahora que ha aceptado la «Hoja de Ruta» , debe dar al Primer Ministro Abbas la oportunidad de mostrar su compromiso con el proceso de paz. 
Si las autoridades palestinas arrestan a quienes siguen atacando a los civiles israelíes, no habrá necesidad de que los helicópteros ataquen zonas civiles palestinas. 
Lo peor que podría ocurrir es que este proceso se interrumpiera a causa de las represalias del Gobierno israelí si la autoridad palestina está realmente comprometida con la paz. 
Hoy debemos agradecer el acuerdo de Israel de poner fin a las operaciones de seguimiento y asesinato de destacadas figuras políticas de grupos islamistas. 
También agradezco la oportuna decisión tomada el lunes por los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE de poner un ultimátum a Hamás para que o bien ponga en práctica la «Hoja de Ruta» o bien asuma graves consecuencias financieras. 
Su ala militar ya ha sido clasificada como organización terrorista y su política despreciable y trágica de reclutar bombas humanas suicidas debe ser condenada por todos con ahínco y en todas partes. 
Sin embargo, me complace que Hamás entable ahora nuevas negociaciones de tregua con el Primer Ministro Abbas. 
Estoy de acuerdo con el Comisario Patten en que el futuro Estado palestino debe tener continuidad territorial y ser viable, no estar salpicado de asentamientos israelíes, y evidentemente el derecho al retorno debe gestionarse con delicadeza. 
Quizás la respuesta final podría ser una generosa compensación financiera para quienes perdieron sus propiedades. 
También se necesita imaginación para resolver la situación definitiva de Jerusalén Este. 
Quisiera dar las gracias al Comisario Patten personalmente por su colaboración plena y transparente en el grupo de trabajo para el seguimiento de los fondos que la UE entrega a la autoridad palestina, que ahora está en marcha y se mantendrá hasta el año que viene. 
Vale la pena observar que, al contrario que en el caso del Iraq, el «Cuarteto» es un ejemplo de cómo puede funcionar realmente la política exterior y de seguridad común europea basada en la unanimidad. 
El caso del Iraq, en cambio, nos ha demostrado que una política única, votada por mayoría, y mucho menos una que podría estar comunitarizada, es totalmente irreal y comportaría la división y la animosidad entre todas las partes. 
Mientras, a la UE le queda mucho por hacer para convencer a las dos partes del problema árabe-israelí de que la paz es la única opción real disponible a largo plazo. 
Señor Presidente, como ponente del informe sobre Oriente Próximo, decidí hace unos meses que debía centrarlo sobre la "Hoja de Ruta". 
Me parecía absurdo actuar de otra manera cuando la doctrina de la Unión es la "Hoja de Ruta" y cuando la Autoridad Palestina- aunque ignoro cuántos palestinos- apoya ese documento y el proceso en él previsto. 
Con franqueza, en estos momentos, no estoy tan seguro de que Ariel Sharon se muestre precisamente entusiasmado ni con el proceso ni con el documento. 
Me baso en lo siguiente: al presentar la "Hoja de Ruta" a su Gobierno, el Primer Ministro la describió como un mal necesario y consiguió el voto del gabinete tras afirmar que las catorce reservas o enmiendas presentadas a Washington, no al "Cuarteto", no son negociables. 
Nunca ha mencionado el Primer Ministro el necesario desmantelamiento de los asentamientos, clave para lograr un Estado palestino viable. 
Es más, el Primer Ministro Sharon afirmó el 27 de mayo en la Knesset que los asentamientos no serán discutidos en el marco de la "Hoja de Ruta", sino bilateralmente entre Jerusalén y Washington. 
Y la televisión israelí informó el 10 de junio de que Washington había aceptado esa petición israelí. 
Ante estos datos, me gustaría preguntar al Alto Representante si cree que, en caso de confirmarse estas informaciones, y en concreto ese acuerdo bilateral sobre los asentamientos entre Jerusalén y Washington, ello podría suponer una violación de la "Hoja de Ruta". 
También me gustaría preguntar al Alto Representante si, en su opinión, las catorce reservas o enmiendas de Israel, en caso de ser aceptadas, podrían liquidar el proceso y la paz. 
Señor Presidente, la «Hoja de Ruta» es para nosotros, en cualquier caso, una posibilidad de paz que debe perseguirse al margen de posibles simpatías o antipatías, que pide, sobre todo, el final de los enfrentamientos, del terrorismo, de los suicidios, de los asesinatos selectivos; que pide la retirada de Israel de los territorios ocupados, para que dos pueblos puedan convivir en paz dentro de unas fronteras seguras, con la garantía de unas instituciones democráticas. 
Por ello, creemos que el papel de la comunidad internacional es esencial para el plan, creemos también que la Unión Europea debe desempeñar un papel más fuerte e incisivo en la política de Oriente Medio, no para oponerse a los Estados Unidos sino para no seguir continuamente la política de quedar subordinada y tener una política exterior propia. 
En el fondo, este es el desafío de la Convención, que aún no vemos claro como afrontar; el desafío de la construcción de una Europa política, que sepa abordar a escala global, a escala planetaria, las cuestiones importantes de hoy: la democracia, la paz, la libertad y el desarrollo de todos los pueblos, independientemente de la raza, del color de la piel y de la religión. 
Señor Presidente, para el Irán el concepto de Europa se formuló primero, a diferencia de Asia, en la obra histórica de Heródoto, cuando este escribió sobre el ataque de los persas a Europa, que entonces equivalía a las ciudades-estado griegas. 
Me parece que es un poco tarde para la venganza, y si se piensa bien, ya tuvimos nuestra venganza con Alejandro Magno. 
Estoy muy preocupado por la política de la Unión Europea hacia el Irán. 
Estoy muy preocupado por la combinación de estas dos decisiones que el Consejo tomó el lunes y que, por una parte, plantean cuestiones importantes sobre la aplicación de la no proliferación de armas de destrucción masiva en el Irán sobre la base de su programa nuclear y, por otra parte, anuncian una estrategia general que también culmina en la posibilidad de utilizar la violencia en caso de que se violen los principios que rigen la no proliferación de armas de destrucción masiva. 
Creo que estamos jugando con fuego. Creo que estamos poniendo una mina enorme bajo los esfuerzos de los estudiantes iraníes con los que, en mi opinión, la mayoría de los diputados simpatizan, con los pretextos que estamos dando al régimen conservador para aplastar su rebelión. 
Creo que el asunto necesita mucha cautela por parte del Consejo y por parte del Sr. Solana y de la Comisión. 
Para terminar, tengo dos preguntas. 
La primera es esta: al mismo tiempo que pedimos al Irán que responda oportuna, plena y adecuadamente, queremos que el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno británico nos digan si han encontrado armas de destrucción masiva en el Iraq, para que no libremos guerras para nada. 
Y la segunda pregunta es esta: señor Alto Representante, estos tres días que usted estará en Grecia, ¿está dispuesto a leer la tragedia de Esquilo «Los Persas» en su traducción española? 
Señor Presidente, dado que solo tengo un minuto para hablar, me centraré en la «Hoja de Ruta» y en cómo mantenerla en marcha. 
La respuesta puede resumirse en una sola frase: el respeto del derecho humanitario internacional. 
Todo intento de hacer que los palestinos respeten el derecho humanitario, incluso quienes cometen el acto criminal del atentado suicida, será inútil si el Estado de Israel- la principal parte responsable de respetar este derecho- la infringe reiteradamente. 
Es ilegal construir asentamientos en territorios ocupados y derruir casas. 
Va contra el derecho humanitario perpetrar asesinatos selectivos matando a civiles inocentes, para mencionar solo algunos de los hechos. 
Por lo tanto, insto al «Cuarteto» a dejar bien claro que el derecho humanitario internacional debe ser respetado por todas las partes. 
Señor Presidente, señor Solana, señor Comisario, Señorías, ¿cuántos planes de paz ya ha visto Oriente Próximo? 
¿Cuántos de ellos no han sido más que papel mojado? 
Resulta ocioso responder a esta pregunta. 
Solo ahora se presentan unas condiciones en que, a pesar de todo, hay perspectivas de éxito. 
Esto es sin duda un mérito de los esfuerzos de la Unión Europea y de la «Hoja de Ruta» que ha elaborado en el marco del Cuarteto, conjuntamente con los Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas. 
Por supuesto que ha habido muchos planes anteriormente, entre ellos el Plan Mitchell. 
Una «Hoja de Ruta» y un buen calendario sin duda no garantizan que lleguemos a donde queremos llega. 
Es necesario contar con los actores adecuados en ambos bandos y por supuesto también que los Estados Unidos hagan presión sobre Israel. 
Puesto que la Unión Europea es importante por el hecho de que goza de credibilidad entre los palestinos- en ocasiones demasiada, según los israelíes -, me siento optimista, tras la reunión celebrada entre Abu Mazen, Sharon y el Presidente Bush, de que la nueva iniciativa de paz pueda mantenerse fuera del círculo infernal de la violencia y las represalias. 
Esto tiene que ver en parte con el entorno político general en Oriente Próximo. 
Con la caída del régimen de Saddam Hussein- independientemente de lo que ustedes piensen con respecto a la intervención norteamericana- ha desaparecido un obstáculo; se ha suprimido el sistema, que quita el suelo bajo los pies de los movimientos radicales palestinos y los partidarios del extremismo. 
También Irán, que hasta ahora siempre ha respaldado a Hezbolá, debería desempeñar un papel constructivo y considerar si debe mantener su apoyo a esta organización como hasta ahora. 
Existe ahora una posibilidad de aislar a las fuerzas radicales y dar una oportunidad a los moderados. 
Este planteamiento solo podrá funcionar si la Unión Europea y los Estados Unidos se complementan mutuamente y no siguen estrategias distintas. 
Por trágica e insatisfactoria que sea la situación en el Iraq, por primera vez existe una posibilidad de que Siria y, por tanto, también Líbano se adhieran a un proceso de paz con Israel. 
Pero esto significa que también Israel tiene que hacer sacrificios. 
El Primer Ministro Sharon no debe doblegarse ante la presión de los colonos y movimientos radicales, pues esto implicaría que Israel solamente podría prosperar dentro de sus fronteras bíblicas. 
La UE también debe apoyarlo y respaldarlo en esta cuestión. 
La mayoría de la población israelí está dispuesta a hacer algunos sacrificios para vivir en paz y seguridad. 
Ahora bien, esto también significa, por supuesto, que el bando palestino debe abandonar la exigencia estridente del retorno de todos y cada uno de los refugiados, pues esto significaría el final del Estado de Israel. 
¿Debe la Unión Europea intervenir con sus propias tropas de mantenimiento de la paz? 
Esta posibilidad merece una seria reflexión. 
Personalmente me resulta difícil prever ningún beneficio real, en primer lugar porque Israel nunca ha confiado su seguridad a fuerzas militares extranjeras, y en segundo lugar debido a que estas tropas podrían ser objetivos de atentados suicidas sin capacidad para evitarlos. 
En última instancia, todo depende de la determinación del Presidente Bush de ayude a los palestinos a vivir en su propio Estado. 
Debe mostrar esta determinación incluso en un año electoral. 
La única manera de evitar que la «Hoja de Ruta» se seque en las arenas del desierto es que la Unión Europea y los Estados Unidos colabores y adopten un enfoque común. 
Si se presentan como competidores en Oriente Próximo, darán alas a un nuevo extremismo. 
Señor Presidente, tres observaciones. 
El 11 de septiembre nos horrorizó. 
Los atentados suicidas del terrorismo palestino hacen vivir a los israelíes un 11 de septiembre cotidiano. Y comenzar a evacuar territorios ocupados no cambia nada por el momento. 
Segunda observación: la «Hoja de Ruta». 
No nos equivoquemos sobre su naturaleza. 
Es un marco y no está diseñada para ser una obligación. 
Abre negociaciones y no está pensada para cerrarlas. 
Es un programa y no está concebido para ser una imposición. 
Tercera observación: en las negociaciones que se abren, la posición de Europa es débil porque está desequilibrada y aparece parcial. 
La diplomacia italiana ha comenzado a hacer esfuerzos de reequilibrio. 
Le deseamos éxito para que la presidencia italiana permita a Europa, por fin, desempeñar un papel útil para la paz. 
. (DE) Señor Presidente, en estas últimas semanas hemos alternado entre la esperanza y la desesperación casi cada día, e incluso cada hora. 
A pesar de ello, nosotros- me refiero a Europa y los Estados Unidos- debemos seguir confiando en la aplicación de la «Hoja de Ruta». 
Es tanto un plan norteamericano como europeo. 
En efecto, hemos presionado mucho- y por ello doy las gracias a los señores Solana y Patten- para que se publicara esta «Hoja de Ruta» y luego de aplicara. 
Y ahora, como ya han dicho algunos oradores, solo hay una posibilidad de alcanzar la paz si ambos adoptamos un enfoque común. 
No considero que Europa actúe de forma unilateral si presiona adecuadamente a las dos partes, Israel y los palestinos. 
Necesitamos un Estado viable y seguro tanto para Israel como para Palestina. 
Esto hay que reconocerlo. 
No deseamos ningún tipo de violencia de la otra parte, y Sr. Nordmann, si mal no recuerdo el debate en comisión, ¿que otra cosa es el establecimiento de asentamientos, que es ilegal con arreglo al Derecho internacional, sino violencia? 
La construcción del muro es una violencia tremenda que afecta a las condiciones de vida y la vida misma de las personas. 
Desde luego, otro tanto puede decirse de los horribles actos de terrorismo, por los que no abrigo simpatía alguna. 
Ante los iraníes, con los que hablamos ayer, hemos expresado claramente en particular que Europa no puede tolerar ningún tipo de simpatía por el terrorismo o su aceptación. 
Sin embargo, el terrorismo es, ante todo, autodestructivo. 
Toda sociedad basada en el terrorismo lleva en su seno el estigma de la violencia. 
Lo que sin duda necesitamos es apoyar la seguridad en Palestina. 
La Autoridad Nacional Palestina no podrá resolver por sí sola el problema de la seguridad. 
También necesitamos- incluso si los israelíes están en contra de ello, debemos presionar continuamente para conseguirlo- tropas internacionales en calidad de observadores, pero también con la posibilidad de intervenir. 
También necesitamos que Abu Mazen tenga éxito. 
El Sr.Comisario dice que necesitamos elecciones, y pienso que tiene razón, pero las elecciones solo pueden ser útiles cuando Abu Mazen haya tenido la posibilidad de demostrar que su línea es mejor y da mejores resultados para los palestinos que el terrorismo de Hamás y otros movimientos. 
Estos últimos días he recibido la visita de una joven médica israelí. 
Había estado dos años sirviendo en el ejército y hora se dedica a prestar asistencia médica en un hospital móvil en los territorios palestinos. 
Día tras día, esta israelí se traslada a los territorios palestinos para procurar que también los palestinos reciban una atención básica mínima en el ámbito sanitario. 
Mientras haya este tipo de personas en Israel y en el lado palestino, debemos hacer todo lo posible por impulsar la paz en Oriente Próximo con esperanza y confianza. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Alto Representante, creemos que a los muchos enemigos conocidos de la paz hay que añadir también las improvisaciones y las presunciones que, ejercidas por altos cargos institucionales, pueden tener efectos devastadores: me refiero al reciente viaje a Israel del Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, y al hecho de que dentro de diez días Berlusconi va a asumir el cargo de Presidente del Consejo, aquí, en Bruselas. 
Quisiera recordar que después de que un Sharon soberbio y astuto lo haya recibido en la única e indivisible capital del Estado de Israel, imponiendo una interpretación bastante sectaria a la «Hoja de Ruta» , Berlusconi haya correspondido negándose al encuentro con Arafat y Abu Mazen. 
En esto, mi opinión coincide con las palabras del ministro de Asuntos Exteriores De Villepin: «El Sr. Berlusconi no ha satisfecho la posición europea» , que es de sabiduría, o sea hablar con todos. 
Entonces le pido, señor Presidente, que recuerde al Sr. Berlusconi, no como Jefe del Gobierno italiano sino como futuro Presidente en ejercicio del Consejo y representante de una Institución europea, que el cometido y el objetivo de las Instituciones europeas no son demostrar y manifestar amistad a los pueblos, sino perseguir un único fin, que es la paz. 
. 
(ES) Señor Presidente, he escuchado con gran atención las intervenciones de los dignísimos miembros de este Parlamento, creo que he tomado nota de todas ellas y trataremos de aplicarlas con el mismo espíritu con que la mayor parte de los miembros que han hablado en esta sesión de la tarde lo han hecho. 
Todos tenemos el mismo objetivo- creo que lo compartimos, no solamente desde hoy sino desde hace mucho tiempo- de encontrar una fórmula que permita la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la existencia de dos Estados, que puedan vivir el uno junto al otro en paz, en estabilidad, en una región que sea estable, donde los dos Estados sean reconocidos por todos sus vecinos. 
Ese es nuestro empeño, ese es nuestro sueño y es lo que queremos que se haga realidad a la mayor brevedad posible. 
Quiero contestar muy brevemente a las dos preguntas que me ha hecho el Sr. Menéndez del Valle. 
A la primera, yo no conozco ningún acuerdo bilateral que tenga que ver con los asentamientos, solo conozco la "Hoja de Ruta" en su totalidad. 
Y, en segundo lugar, puede haber reservas, tanto de unos como de otros, si bien todos los miembros del "Cuarteto" están dispuestos a la aplicación de la "Hoja de Ruta" en su conjunto. 
Muchas gracias, señor Solana. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, y de la Comisión, sobre la estrategia de seguridad para la Unión Europea, incluida la aplicación del programa de las Naciones Unidas destinado a combatir el comercio ilícito de armas ligeras. 
. (ES) Señor Presidente, con la máxima concisión y brevedad querría hacer partícipe a sus Señorías del trabajo que se está realizando sobre lo que podríamos llamar la seguridad europea. 
Como recordarán sus Señorías, en la reunión de Rodas, recibí un mandato intentar presentar ante el Consejo Europeo de Salónica un documento, que probablemente no será el último, sobre los temas relativos a la seguridad europea. 
Me gustaría señalar que lo que es importante, ya de por sí, es que por primera vez la Unión Europea quiera tener un documento de esta naturaleza; que no solamente los Estados miembros tengan los suyos, sino que la Unión Europea, colectivamente, quiera tener un documento sobre su estrategia de seguridad. 
Me parece que es la primera vez que se va a hacer, y quiero subrayar que me parece un paso importante en la construcción de una Europa que avance por el camino de la política. 
Para empezar, yo parto de una premisa fundamental de la cual se deduce todo el contenido del propio documento. 
Creo que una Europa de estas dimensiones, con 25 países democráticos, que va a tener dentro de poco una población que será el doble de la población de los Estados Unidos de América, que va a tener cuatro veces la población del Japón (y tomo como ejemplo dos grandes países que tienen moneda fuerte como nosotros) , que aporta aproximadamente una cuarta parte del producto mundial bruto, no puede no ser, insisto, un actor internacional. 
Queramos o no tendremos que ser un actor internacional. 
A partir de ese principio, en el que yo creo profundamente- y espero que sus Señorías también crean- se debe desarrollar toda la teoría de cómo actuar el proceso de seguridad en Europa. 
El documento está a punto de terminarse y será presentado a los Jefes de Gobierno el jueves y el viernes próximos en Salónica. 
Yo quisiera presentarles someramente su estructura. 
Empieza con un análisis del entorno de seguridad en el que vivimos, evidentemente los conflictos regionales, las causas de esos conflictos, que nos afectan: la pobreza, la exclusión, o la falta de recursos naturales, para pasar a analizar también las amenazas más recientes como pueden ser el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y los Estados fallidos. 
A partir de ese análisis se pasa a un segundo capítulo sobre los grandes objetivos estratégicos que, a nuestro juicio, debe tener la seguridad europea. 
Lógicamente, el primer objetivo estratégico debe ser ampliar y estabilizar la zona de seguridad alrededor de nuestra Unión Europea, es decir alrededor de nuestro continente, a saber, hacia el este y hacia el sur. 
Creo que el documento que ha presentado no hace mucho tiempo la Comisión sobre la nueva Europa y las fronteras de Europa, tiene mucho que ver con dónde y por dónde debería empezar la Unión Europea a mantener su entorno de seguridad. 
El segundo punto importante sobre los objetivos estratégicos seguridad debe de ser, a nuestro juicio, fortalecer el orden internacional. 
Creo que Europa, si tiene un sentido del orden internacional, este podría ser calificado probablemente en dos palabras: nosotros somos multilateralistas eficaces y sobre un multilateralismo eficaz debemos construir nuestra teoría sobre el orden mundial. 
Desde ese punto de vista trabajamos y queremos seguir trabajando para defender la seguridad europea a través de todas las organizaciones y fundamentalmente, a través de Naciones Unidas. 
Por supuesto, tenemos actores más específicos, como pueden ser los Estados Unidos, la Federación Rusa u otros grandes países o grandes actores internacionales. 
Pero sí me gustaría decir- e intentamos que en ese documento se refleje esa reflexión profunda- lo siguiente: para que un sistema multilateral eficaz exista y más concretamente, para que el sistema de Naciones Unidas sea creíble, en principio tenemos que estar dispuestos a hacer cumplir todos los principios de Naciones Unidas y que Naciones Unidas tenga la credibilidad que se merece. 
Cuando no se cumplan algunos de los principios en que está inspirada la Carta y algunas resoluciones del Consejo de Seguridad, la Unión Europea no puede permanecer pasiva y debe actuar; y debe actuar con todos los medios que tiene a su alcance, que son muchos. 
La Unión Europea, afortunadamente, tiene toda una panoplia de medios para actuar que podría ir desde la actuación diplomática hasta la actuación en el caso del mantenimiento de la paz, con despliegue de fuerzas. 
El diputado Sr. Hughes, que no está en este momento, ha hecho una reflexión aparte de bella, útil, de cómo la Unión Europea puede jugar un papel importante también en el diálogo eficaz en el caso de conflictos. 
Pero es necesario que tengamos el coraje de decirnos a nosotros mismos que en el momento en que no se cumplan las normas, los principios que todos nosotros hemos decidido defender en el marco de este multilateralismo eficaz, la Unión Europea debe estar también dispuesta a hacer frente a esa ruptura de los acuerdos o de los contratos internacionales, ya sean políticos o de otra naturaleza. 
Por fin, el tercer punto que hay que tratar es cómo hacer frente a las nuevas amenazas, que son el terrorismo, la proliferación de armas, los Estados fallidos... 
Sobre estos temas que son nuevos o que por lo menos tienen un carácter nuevo, aunque algunos de ellos lleven con nosotros muchos años, hay que decir que son riesgos, amenazas que tienen características distintas de las que hemos vivido. 
La primera es que pueden ser distantes. 
Hemos estado acostumbrados durante todo el período de la guerra fría a tener las amenazas en nuestras fronteras. 
Hoy quizá tengamos la primera amenaza lejos de nuestra frontera y por lo tanto es necesario el despliegue de nuestras capacidades más allá de nuestras fronteras. 
Por eso creo que cuando en Helsinki, al final del año 1999, se nos dio el mandato de empezar a pensar, cómo la Unión Europea podría llevar a cabo despliegues civiles y militares, de alguna manera se estaba también pensando en esta posibilidad. 
Estas nuevas amenazas también son dinámicas, por lo tanto hay que prevenirlas, tratar de que, lo antes posible, podamos tener la posibilidad de que no lleguen a convertirse en realidad, ya sea su causa el hambre, el cambio climático o conflictos de otra naturaleza: étnicos o religiosos. 
Creo que la prevención rápida es una obligación que tenemos y que debe estar contenida en la filosofía de acción de la Unión Europea. 
Estas nuevas amenazas son más complejas, más complicadas que las que hemos vivido anteriormente, y por lo tanto la respuesta no puede ser simple. 
Contra lo complejo no se puede responder con la simplicidad; contra lo complejo, hay que responder también con lo complejo y sería un error, a mi juicio, el pensar que estos problemas tienen una solución militar. 
No la tienen, a mi juicio, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es utilizar todos los medios, toda la panoplia de medios que la Unión Europea tiene en su conjunto, que van, insisto, desde la diplomacia, la ayuda humanitaria, la gestión de crisis, el comercio, las sanciones etc. hasta llegar a la gestión de crisis con medios militares. 
Pero creo que sería un gravísimo error el pensar que solamente este tipo de amenazas tiene una solución militar. 
Creo que es una equivocación incluso pensar que el centro de gravedad de la batalla contra estas nuevas amenazas es estrictamente militar. 
Y para finalizar me gustaría que el documento acabara con una llamada a una Europa que tuviera características claras, una Europa que tiene que ser más activa, más activa en el contexto mundial y que por tanto tiene que tener la voluntad política de actuar. 
Espero que el debate que se ha desarrollado durante los últimos meses en el seno de la Convención lleve a la conclusión, no solamente del Parlamento sino de los ciudadanos de nuestro continente, de que si queremos de verdad contar en el mundo como lo que somos, con la riqueza y el bienestar que tenemos, tenemos también, unido a todo eso, obligaciones. Y esas obligaciones las tenemos que cumplir. 
Por lo tanto, una actividad mayor, una disposición mayor políticamente a actuar, creo que es fundamental. 
Por lo tanto, si queremos actuar, tenemos que tener las capacidades para actuar; y de ahí también el esfuerzo que hay que hacer, desarrollando capacidades militares y civiles; y no quiero ocultar a sus Señorías que el tener más capacidades para poder actuar y para poder ser relevante en el mundo requiere también más recursos. 
Este Parlamento y los Parlamentos nacionales, los Gobiernos nacionales, tendrán que enfrentarse a esta realidad y si no, estaremos hablando en cierta manera con una cierta hipocresía. 
No podemos llorar ante el televisor cuando vemos el sufrimiento ajeno y no estar dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. 
Para hacer lo que tenemos que hacer tenemos que tener recursos, y los recursos son necesariamente recursos que salen de los ciudadanos de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, que tienen que tener también generosidad de pagar también los recursos necesarios para que podamos llevar a cabo esa acción que se nos demanda todos los días. 
En mi primera intervención he hablado sobre la operación en el Congo. 
Es un ejemplo de lo que posiblemente tendremos que hacer en el futuro y tendremos que hacerlo seguramente en dimensiones mayores. 
Lo estamos haciendo en este momento gracias a los medios que tenemos colectivamente, pero también gracias a los medios que tienen algunas naciones muy específicas que pueden asumir esa responsabilidad; otras no pueden. 
Tenemos, por tanto, que hacer un esfuerzo entre todos por mantener también un nivel de capacidades que nos permita jugar el papel que decimos que queremos jugar. 
Insisto, una Europa que tenga una visibilidad mayor, una voluntad de actuar, que tenga capacidades para que esa voluntad se pueda llevar a efecto, y que tenga también la coherencia necesaria para actuar. Y la coherencia necesaria para actuar quiere decir que tiene que haber, entre la Unión Europea y en todas sus instituciones y entre la Unión Europea y sus Estados miembros una coherencia para que todo el esfuerzo, por ejemplo diplomático. 
Piensen por un momento que la red diplomática que tendría la Unión Europea con todos sus Estados miembros multiplicaría por mucho la que tiene el país con la red diplomática más importante. 
Si la pusiéramos al servicio de una causa seríamos, sin duda, mil veces más eficaces que lo que lo estamos siendo en este momento. 
En ese sentido, en esa dirección, que creo se sitúa en la misma longitud de onda del pensamiento mayoritario de los miembros de este Parlamento, creo que va el documento que presentaremos a los Jefes Estado y de Gobierno el jueves y el viernes en Salónica. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Solana, Señorías, creo que los acontecimientos de este año y del año pasado han puesto de manifiesto que realmente necesitamos tener las ideas claras en esta cuestión. 
El Comisario Patten ha expuesto en cuántos ámbitos actúa ya la Unión Europea, y quizá sería oportuno que los viéramos como partes de un conjunto coherente para dejar clara la utilidad recíproca de estos instrumentos, que en numerosos ámbitos son realmente presentables. 
Este es el terreno en que las cuestiones relacionadas con la ayuda a países terceros y al desarrollo revisten por supuesto una importancia especial. 
Esto significa que es necesario reducir las tensiones potenciales en el ámbito de la prevención de la pobreza, y tanto quienes están activamente implicados como la opinión pública europea deben ser conscientes de que estos también son instrumentos con los que hacemos política exterior, y que redundan en interés de nuestros Estados miembros. 
Cuando hablamos de prevención en el contexto de este debate, un terreno en el que se hacen tantas cosas, resulta correcto lo que ha expresado el Sr. Solana, a saber, que debemos encontrar la combinación adecuada de prevención, capacidad militar y medidas necesarias para la reconstrucción después de la acción. 
Creo que en este aspecto falta algo, ya sea en términos de conciencia o de práctica. 
Cuando llevamos a cabo, y está bien que lo hagamos, estas tareas de prevención, observamos que por sí solas no aumentan la influencia de la Unión Europea, ya que necesitamos la capacidad de actuación militar para expresar que también podemos actuar de otra manera. 
Esta fue nuestra experiencia a principios de los años noventa en los Balcanes, cuando los negociadores europeos negociaron- no estoy seguro de cuántos fueron exactamente- 34 acuerdos de alto el fuego, pero ninguno de ellos fructificó porque Milosevic sabía perfectamente que no teníamos la capacidad militar para imponer el respeto de esos acuerdos de alto el fuego. 
De esa experiencia hemos estado sacando paso a paso las lecciones necesarias hasta el Consejo Europeo de Colonia y después en Saint-Malo y en muchas otras ocasiones, que ahora nos han permitido avanzar en este terreno. 
Pero también somos conscientes de que esto debe integrarse primero en una auténtica estrategia, que aún no funciona plenamente, y todavía no sabemos cómo debe hacerlo, pues tenemos que evaluar, desde luego, algunos de sus componentes a este respecto. 
¿Qué prioridad damos de hecho a la lucha contra el terrorismo y hasta qué punto los instrumentos nos capacitan para ello? 
En parte los argumentos norteamericanos a favor de la guerra del Iraq eran argumentos relacionados con el terrorismo. 
¿Tenemos claro nosotros mismos hasta qué punto se pueden utilizar medios militares clásicos para luchar contra el terrorismo? 
Otro tanto cabe decir del ámbito de la no proliferación. 
Si pudiéramos hacer lo mismo que por ejemplo los israelíes en el Iraq a comienzos de la década de los ochenta, y destruir una central nuclear mediante un único golpe preventivo, impidiendo de este modo el desarrollo de toda capacidad nuclear, ¿podría formar parte esto de tal estrategia, una estrategia que nos permitiría, con menos pérdidas o apenas ninguna pérdida de vidas humanas, desarrollar una capacidad para evitar peligros inmensos y las guerras subsiguientes? 
Creo que debemos dar una respuesta a estas preguntas. 
Aquí las formulo simplemente como tales, pero deberían formar parte de un enfoque concreto y coherente si queremos ser capaces de poner algo sobre la mesa como ha hecho la Administración Bush, donde podamos identificar similitudes y diferencias y estemos definitivamente en condiciones de mantener sobre una base estable el diálogo con los Estados Unidos, que es necesario si queremos empezar a colaborar o quizás llegar a un acercamiento, y que ayudará a que los norteamericanos abandonen el unilateralismo. 
Estoy de acuerdo en que la Unión Europea es en sí misma una medida de política de seguridad; este es uno de los principales motivos de su existencia. 
La Gran Europa que se pretende, con bastante astucia, organizar sobre una base multilateral y no meramente bilateral, en el sentido de ser algo más que un Espacio Económico Europeo, y nuestras relaciones con Rusia y el Tercer Mundo, así como con la cuenca mediterránea, todo ello reviste una importancia decisiva, pero en este contexto debemos pensar en el futuro de nuestras relaciones con los Estados Unidos, y creo que a la larga la OTAN por sí sola no será un vínculo sostenible entre nosotros. 
En cuanto a la OTAN y las relaciones transatlánticas, hay dos condiciones, que también debemos cumplir por nuestra parte: únicamente si somos fuertes seremos considerados aliados que hay que tomar en serio, y solo hay asociación cuando las decisiones se toman de forma colectiva, y no cuando uno decide y los demás se limitan a obedecer. 
Debemos aportar nuestra parte para crear las condiciones adecuadas. 
El segundo punto relacionado con todo esto es que debemos situar las relaciones sobre una base más amplia, que tenga que ver con algo más que la política de seguridad y el ejército, y por ello es necesario que emprendamos de nuevo la iniciativa y mantengamos la misma clase de debates que mantuvimos a principios de los años noventa, que yo resumiría bajo el epígrafe de «mercado transatlántico» , para que, sobre esta base, podamos jugar nuestras bazas en muchos de los ámbitos en que la Unión Europea es competente. 
Los Estados Unidos y nosotros tenemos acuerdos con todos los países del mundo, pero no tenemos ningún tratado entre nosotros. 
Creo que para completar dicha estrategia deberíamos reflexionar sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, el desarrollo de una estrategia europea de seguridad es un importante paso adelante. 
A fin de cuentas, fijando los principios y los objetivos de la política, esta adquiere mayor coherencia y crea un marco para lo que se ha logrado en los últimos años. 
Ello no garantiza que la Unión Europea también hable con una sola voz, pero implica que resulte más lógico y sencillo hacerlo. 
La confusión en torno al Iraq, y también la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos, subyacen al debate de hoy. 
Pero la necesidad de este debate proviene de la mayor ambición de la Unión Europea para desempeñar un papel más importante en materia de seguridad. 
Afortunadamente esta ambición se mantiene inalterada incluso después de los problemas de este año. 
Aún se desconocen los detalles del documento que se presentará en Salónica, pero partimos del supuesto de que la estrategia- como ha señalado el Sr. Solana- se basa en una interpretación amplia de la seguridad. 
La inseguridad tiene muchas causas y para luchar contra ella se precisan muchos instrumentos distintos. 
Nuevas amenazas como el terrorismo internacional, reclaman más atención. 
También apoyamos la introducción de un plan de acción de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Es preciso tratar con mano dura a los países que violan los acuerdos o que constituyen un gran riesgo, como es el caso del Irán. 
Sin embargo, ello no significa que deba amenazarse enseguida con la violencia, pero la UE debería considerar cómo se podría reforzar el Tratado para combatir la proliferación de armas nucleares. 
En los últimos meses se ha hablado mucho de la deficiente capacidad militar de la Unión Europea. 
Se dice que no ejercemos un «contrapeso» suficiente ante la supremacía de los Estados Unidos. 
Creo que esta es una perspectiva equivocada. 
No se trata de que tengamos que superar militarmente a los norteamericanos, sino de actuar con la misma eficacia de una manera distinta y con otra combinación de recursos si lo consideramos necesario. 
Y no unilateralmente- eso no se ajusta a nuestra tradición -, sino dentro de marcos multilaterales y en concreto de las Naciones Unidas. 
Nunca hemos descartado el uso de la fuerza militar, pero esta ha de considerarse un último recurso una vez agotadas todas las demás posibilidades. 
Debería utilizarse de forma eficaz y proporcionada. 
Por ello seguimos teniendo dudas, a la postre, sobre la justificación de la guerra contra el Irak. 
Esperamos que la Unión Europea tenga una estrategia clara sobre el papel del instrumento militar. 
No obstante, sobre el trasfondo de esta filosofía hemos de constatar que el desarrollo de la dimensión militar de la política exterior y de seguridad común está muy por detrás de nuestras ambiciones. 
Así pues, apoyamos el intento de acelerar el ritmo y desplegar más actividades en este terreno, y estamos dispuestos a mantener un debate abierto sobre las consecuencias financieras. 
El Sr. Solana acaba de formular un apasionado alegato a favor de un debate abierto de este tipo. 
Al mismo tiempo confiamos en que, en la nueva estrategia, se integre plenamente otra prioridad, a saber, el control de conflictos y la gestión de crisis. 
La fuerza de la PESC sigue estando en este ámbito. 
Más cerca de casa, también en Europa, operamos con mayor eficacia que fuera. 
Partimos del supuesto de que el Alto Representante tendrá en cuenta estas experiencias y asimismo tenemos curiosidad por saber cómo funcionará la estrategia en las diferentes regiones en que la Unión Europea quiere desempeñar un papel activo. 
Si el Alto Representante y el Consejo trabajan para lograr un enfoque caracterizado por lo que acabo de indicar, puede contar con el pleno apoyo de mi Grupo. 
Se ha iniciado un debate nuevo e importante, en el que queremos participar activamente. 
Señor Presidente, como ha dicho el Alto Representante, una Unión Europea de 25 países, 450 millones de personas y un cuarto del producto nacional total del mundo debe asumir una responsabilidad mayor por su propia seguridad y defensa; y añadiría que debería depender menos de nuestros amigos de los Estados Unidos. 
Eso redunda en interés tanto de la UE como de los Estados Unidos. 
Esto nos lo debemos a nosotros mismos, a la vez que se lo debemos a los norteamericanos que, durante muchos años, han sido los garantes de la paz en Europa Occidental. 
Por lo tanto, necesitamos lazos institucionales más estrechos entre la OTAN y la UE, para que podamos reaccionar con más coherencia ante los nuevos retos mundiales en términos de lucha contra el terrorismo internacional, el crimen organizado y la proliferación de las armas de destrucción masiva. 
El objetivo es, por tanto, proseguir el desarrollo de la dimensión de defensa de la UE- que los Estados Unidos también apoyan- como pilar europeo dentro de la OTAN. 
La UE debe trabajar cada vez más en asociación con los norteamericanos, y no en oposición a ellos. 
La alianza transatlántica solo puede mantenerse a largo plazo si se introduce una identidad de defensa europea adecuada. 
Las noticias que hemos recibido de la reunión de Ministros de Exteriores en Luxemburgo sobre una política exterior y de defensa más fuerte y activa han sido alentadoras, y esperamos con gran emoción la propuesta del Alto Representante sobre la primera estrategia de seguridad común europea. 
Podemos estar contentos con el hecho de que el Consejo desea reforzar en general la defensa europea y la cooperación en torno a la investigación y el desarrollo en esta materia, pero la propuesta también debería apoyar al máximo el restablecimiento de la asociación transatlántica. 
A este respecto, ha sido gratificante leer lo que se ha llamado la declaración Allbright sobre esta asociación. 
La declaración también afirma que la asociación es el pilar sobre el que se apoya la cooperación en la OTAN. 
Señor Presidente, es raro escuchar todas estas palabras sobre defensa europea cuando ni siquiera tenemos una política exterior común europea. 
Creo que esa es la tarea en la que primero tenemos que pensar, y me gustaría ver el comienzo de las conversaciones sobre cuáles van a ser nuestras prioridades. 
Creo que la prioridad principal debería ser que la UE fuera el pilar de un orden jurídico internacional y de los acuerdos internacionales, y que estuviera entre los que apoyan el control internacional de armas. 
A algunas de estas prioridades se les ha dado poca importancia durante muchos años, y es una tarea obvia para una organización específicamente cooperativa como la UE, que está basada en acuerdos entre antiguos enemigos. 
Debemos continuar esa tradición, extenderla a escala internacional y asegurarnos de que se convierte en el pilar de las Naciones Unidas, de manera que vuelva a prevalecer el Derecho internacional. 
Me gustaría escuchar los planes del Consejo y de la Comisión ante la reunión de las Naciones Unidas de julio sobre el control de armas ligeras, porque este es uno de los ámbitos en que la UE podría tener un papel que desempeñar. 
Sin duda, somos uno de los principales productores de estas armas, y también intentamos controlarlas. 
Tenemos un código de conducta desde 1998- mencionado, creo, por el Comisario Patten -, pero sin duda las armas parecen acabar, de todas maneras, en manos y mercados indebidos. 
Necesitamos perfeccionar este acuerdo, con la posibilidad de controlar las armas durante toda su vida útil. 
Podemos hacerlo con las vacas lecheras de la UE. 
¿No sería maravilloso si pudiéramos hacer lo mismo con las armas? 
¿Cuáles son los planes al respecto? 
Señor Presidente, Señorías, creo que cuando hablamos de seguridad, existe un doble lenguaje. 
Algunos dicen que nuestra verdadera seguridad reside en la mediación, la cooperación, la prevención. 
Otros dicen que nuestra seguridad se apoya en nuestra capacidad de defensa y de intervención y la asocian más a lo militar. 
Por mi parte, creo que la base de nuestra seguridad es la credibilidad de nuestra política. 
¿Somos creíbles cuando, en nuestros acuerdos de asociación con los países del Zagreb, por ejemplo, o con otros, incluimos un artículo 2 que habla de los derechos humanos y la democracia, y nos apresuramos a olvidar este artículo en nuestras relaciones efectivas con estos países? 
¡No, nadie nos toma en serio! 
Firmamos acuerdos de asociación y, cuando las cosas se complican, nos olvidamos que una de nuestras seguridades es estar rodeados de democracias. 
Cuantas más democracias haya, menos peligros de guerra. 
¿Somos creíbles? 
Elmae Brok tiene razón cuando pregunta si éramos creíbles en los Balcanes. 
¡No! 
Los hombres sufrían masacres y no podíamos intervenir. 
Por lo tanto, no éramos creíbles. 
Cuando se nos dice que nuestras posiciones tienen que ser coherentes con las de los estadounidenses, que no hay que estar en contra de los estadounidenses, yo digo que no hay que estar ni a favor ni en contra de los estadounidenses. 
Pero, ¿es creíble cuando decimos que hacemos la guerra porque hay armas de destrucción masiva y de hecho no las hay, que es mentira? 
No somos creíbles. 
Los europeos tienen derecho a decirlo: ¿una mentira es una mentira? 
¿Todos los pro-americanos siempre tienen urticaria cuando se dice: los americanos han mentido, Colin Powell ha mentido al Consejo de Seguridad. 
Tomemos otro ejemplo. 
¿Somos creíbles cuando invocamos el Derecho internacional como argumento? 
Pero el Derecho internacional tal como existe en la actualidad, ¿es la Biblia? 
¡No! 
Un Consejo de Seguridad sin Brasil, sin la India, sin Sudáfrica, ¿es un Consejo de Seguridad para el mundo actual? 
¡No! 
Por lo tanto, pelearse por el Derecho internacional es pelearse por reformarlo, por cambiarlo. 
Dejemos de decir siempre lo mismo: el Derecho internacional tal como existe proviene de la guerra fría y la guerra fría ya no es nuestro problema. 
Concluiré con el terrorismo. 
A este respecto, ¿somos creíbles cuando, por una parte, junto con otros, decimos, con razón, que era necesario intervenir en Afganistán contra el terrorismo y, por otra parte, de momento nos callamos sobre lo que ocurre en Guantánamo? 
Pelear contra el terrorismo es luchar y pelear por el Estado de derecho, donde sea, durante la guerra y en las diferentes formas de guerra. 
Si no conseguimos resolver estos problemas juntos, no somos creíbles. 
Por lo tanto, para mí la base de la seguridad es la credibilidad. 
Señor Presidente, el debate sobre una estrategia común de seguridad europea, iniciado en Rodas y cuyo resultado final ha de ser una estrategia que figura en el orden del día de Salónica, es sumamente ambicioso, pero creo notar en las intervenciones del Sr. Solana y en la suya, señor Patten, cierto escepticismo. 
No será la primera estrategia que se presente, ni el primer proyecto de estrategia, y sin duda tampoco será el último. 
A diferencia del Sr. Cohn-Bendit, considero que la principal debilidad de esta estrategia es el momento en que se presenta. 
Da la impresión de que se trata de una contraestrategia en respuesta a los Estados Unidos. 
Creo que la Unión Europea y su estrategia en materia de seguridad revisten suficiente importancia sin tener que tomar esta iniciativa. 
Lo cierto es que todos vivimos en un nuevo entorno, caracterizado por la inseguridad y provocado por las situaciones de crisis regionales que se manifiestan en las redes terroristas internacionales y sus acciones, a las que también están expuestas dichas regiones. 
Pero también es cierto que los Estados Unidos y la Unión Europea experimentan estas amenazas de forma distinta y reaccionan a ellas de modo diferente. 
Los Estados Unidos consideran que se encuentran en una guerra con el terrorismo internacional y se arrogan el derecho de lanzar golpes preventivos. 
Ya lo han hecho en el Afganistán, y en el Iraq, confiando en su poderío militar, ante el que la Unión Europea no tiene nada parecido que ofrecer. 
En estas circunstancias, la presencia europea y la definición de sus tareas son bastante distintas. 
Hasta ahora, los europeos no han estado en condiciones ni dispuestos a abrir frentes militares ante las amenazas internacionales. 
Por ello, en mi opinión su intervención en los centros de crisis- ya sea en el Afganistán, país del que he regresado hoy mismo, o bien como se prevé en el Congo- resulta honrosa, pero demasiado simbólica e incoherente. 
No basta con mostrar la bandera, ni mucho menos. 
Ese tipo de presencias- por importantes que sean- conllevan riesgos de seguridad difícilmente calculables y a menudo despiertan expectativas que no podemos cumplir. 
Mientras los Estados miembros de la Unión Europea no estén dispuestos a aumentar también sus presupuestos de defensa y a facilitar los fondos y las tropas necesarias, todas estas doctrinas o estrategias no aparecerán más que como palabras huecas. 
En vista de las opiniones contradictorias que hay dentro de la UE, el intento de establecer una estrategia común es más bien una tentativa de ocultar las diferencias de opinión en lugar de superarlas, y deberíamos precavernos de ello. 
La elaboración de estrategias y la creación de funciones comunes, como la función de un Ministro de Asuntos Exteriores europeo- que básicamente acojo con agrado -, no sustituyen de ningún modo a la falta de voluntad política para dar vida a una política y una estrategia de seguridad común europea. 
El problema que plantea un dualismo entre Europa y los Estados Unidos y el alejamiento entre estos solo puede tener efectos negativos en la búsqueda de una estrategia común europea en materia de seguridad. 
Señor Presidente, la presencia aquí de los dos representantes de la Unión Europea para la política exterior, a quienes debo mucho respeto, es fruto de las necesidades funcionales actuales de la Unión, no una variante peculiar de síndrome Dioscuri. 
Esto confirma que la decisión de crear la figura de un Ministro de Asuntos Exteriores de la UE es correcta, pero espero que más tarde no funcione como Jano, que según la mitología cambiaba su cara según las circunstancias. 
Durante la última década, cada vez nos hemos dado más cuenta de las diferencias entre la Unión Europea y los Estados Unidos en cuestiones importantes. 
La Corte Internacional para crímenes contra la humanidad, la crisis de Oriente Próximo, la crisis del Iraq, la percepción general sobre la guerra preventiva, etc. En la práctica, esto plantea la necesidad de que la Unión Europea defina su propia estrategia independiente para que, sobre la base de esta independencia, pueda redefinir sus relaciones con América y corregir sus errores. 
Esta redefinición es imprescindible porque el eje de la estrategia de la Unión debe descansar en sus relaciones con los Estados Unidos de América. 
Las cuentas buenas hacen buenos amigos. 
Sin embargo, ¿sobre que debería descansar esta estrategia? 
Sobre ciertas posiciones de principio y la igualdad. 
Y la igualdad, en este caso particular, significa paridad. 
¿Qué quiere decir paridad? 
Que cada uno tiene su propia opinión pero también sus propias capacidades para poder formular, si es necesario, su opinión en forma de política, negociarla y obtener resultados. 
Estamos en una nueva era. 
Las llamadas amenazas unilaterales complementan procedimientos más antiguos y situaciones de crisis, y por lo tanto la Unión Europea está obligada de hecho a desempeñar un nuevo papel internacional. 
Y lo que el nuevo papel internacional exige es precisamente personalidad en cuestiones estratégicas. 
Esta personalidad no puede derivarse de iniciativas menores. 
Debe ser fruto de un análisis internacional, una definición internacional de su personalidad y sus principios. 
Creo que lo haremos bien y que las propuestas del Sr. Solana serán el primer paso adelante hacia la posterior adquisición de la independencia por parte de la Unión en sus relaciones con todas las potencias del mundo. 
Señor Presidente, Señorías, las estadísticas son harto conocidas. 
En todo el mundo circulan cerca de 500 millones de armas pequeñas y ligeras de las cuales más de la mitad son ilegales. 
En 46 de los 49 grandes conflictos desde 1990 se han manejado este tipo de armas. 
Estas armas son responsables en gran medida del fenómeno de los niños soldados. 
Las armas pequeñas y ligeras son fáciles de adquirir, en algunos lugares por 15 dólares, son fáciles de manejar, fáciles de ocultar y de transportar y sobre todo, son mortales. 
Según una investigación independiente realizada en 2001, cada día las armas pequeñas acaban con la vida de más de 1 000 personas, sobre todo inocentes. 
A escala internacional apenas existen reglas en el ámbito de la producción y la proliferación de armas pequeñas y ligeras. 
Una excepción es el convenio de Ottawa sobre el uso de minas antipersonas. 
Por desgracia hemos de constatar que los principales productores de armas pequeñas y ligeras, los Estados Unidos, Rusia y China, también son los principales adversarios de una normativa internacional del tipo de la de Ottawa. 
Si se quiere frenar la proliferación de armas pequeñas, en primer lugar hará falta una mayor transparencia. 
El registro de la ONU de armas convencionales debería abrirse a esta categoría de armas. 
Han de aplicarse unas reglas más estrictas para la exportación de armas. 
Ha de ser obligatorio incluir marcas identificativas en la producción de nuevas armas, a fin de que resulte más fácil averiguar su procedencia. 
Comparto la opinión del Comisario Patten de que el código de conducta europeo de 1998 ha de servir de ejemplo para un acuerdo mundial y vinculante en materia de exportación y transferencia de armas. 
En la conferencia de la ONU del próximo mes de julio, la Unión Europea ha de tomar la iniciativa en la lucha contra el comercio ilícito de armas ligeras. 
Todos los esfuerzos en el ámbito de la prevención de conflictos serán papel mojado si no se abordan las causas subyacentes. 
Señor Presidente, debemos examinar de dónde vienen realmente las armas ligeras. 
En los recientes acontecimientos del Congo, unas 50 000 personas han sido víctimas del uso de armas ligeras. 
También estamos enviando soldados para que se deje de luchar allí a pesar de que la mayor parte de la lucha está teniendo lugar con armas suministradas por países de la Unión Europea. 
No son los ciudadanos del Congo quienes han fabricado estas armas: proceden de países de la UE, como Francia, Bélgica, el Reino Unido, etc., y otros lugares. 
Parece una total contradicción: enviamos personas para detener la lucha en lugares donde las armas que se utilizan proceden de los países de origen de los llamados «pacificadores». 
En relación con la revisión por las Naciones Unidas del programa de acción que tendrá lugar en julio de 2003, también debemos observar todo lo que queda por hacer. 
Debemos rellenar los vacíos en cuanto al uso final de las armas; adónde van a parar realmente y cómo se utilizan. 
Existe un grave vacío en relación con el destino final de las armas, quién las utiliza y cuál es la consecuencia final. 
También debemos resolver seriamente el tema de los traficantes de armas. 
Son personas que ganan grandes sumas de dinero comerciando con armas, asegurando que países y personas puedan conseguir armas de los proveedores. 
Como ha dicho la Sra. Frahm en relación con el registro, es absolutamente increíble que se pueda efectuar el seguimiento de un trozo de carne o de un producto agrícola, pero no se pueda seguir la pista de un arma letal. 
Ya es hora de que la UE asuma su responsabilidad e impida este tipo de comercio con armas ligeras, que causan la muerte y la destrucción de muchas personas inocentes. 
Señor Presidente, la amenaza que suponen los flujos incontrolados de armas ligeras y el riesgo de proliferación de organizaciones criminales y grupos terroristas es aún más actual desde el 11 de septiembre. 
En todo el mundo circulan más de 500 millones de armas ligeras. 
El uso de estas armas provoca cada año la muerte de unas 500 000 personas. 
Las armas pequeñas causan 300 000 víctimas en las guerras y además cerca de 200 000 en situaciones no bélicas. 
El director Michael Moore mostró recientemente en su documental Bowling for Columbine cuáles son las consecuencias de las armas pequeñas incluso en un país como los Estados Unidos. Asesinatos en las escuelas secundarias, asesinatos entre bandas de jóvenes y en el circuito criminal. 
A menudo se trata de armas adquiridas ilegalmente. 
Pero también en conflictos como ahora en el Congo muchas personas son víctimas de armas ligeras y pequeñas. 
Para combatir el comercio ilícito de armas ligeras es necesaria una legislación adecuada, una normativa en materia de producción, comercio, tránsito y posesión de armas ligeras, y asimismo hay que ejercer un control en el comercio de distribución de armas. 
Las armas han de poder rastrearse y por ello estar marcadas claramente. 
Además ha de mantenerse un registro, y esta información ha de poder intercambiarse. 
Para evitar que las armas ligeras lleguen al circuito ilegal, es necesaria una gestión adecuada de las existencias, un transporte y almacenamiento seguros, y la destrucción de las armas excedentarias. 
Con miras a la conferencia de la ONU que se celebrará dentro de tres semanas en Nueva York, es importante que la UE vuelva a desempeñar un papel pionero. 
Puede hacerlo a través de un alegato en favor de unos procedimientos adecuados de control de estas armas, reforzando la normativa existente para el control del comercio de distribución, un alegato en favor de una trazabilidad efectiva y una clara identificación de las armas, y reforzando estos alegatos siendo nosotros en Europa los primeros en abordar esta normativa. 
Comento a menudo la importancia de que Europa hable con una sola voz. 
Dado que seis Grupos del Parlamento Europeo lo piden, se ha dado un paso hacia la unidad. 
Ahora corresponde al Consejo y a los Estados miembros seguir estos pasos. 
Espero que sigan este ejemplo. 
Señor Presidente, quiero intervenir en el mismo sentido que mis compañeros que han hablado ahora, sobre el tráfico y la lucha contra el tráfico ilícito de armas ligeras. 
Como hicimos en el año 2001 cuando se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas ligeras y dimos la bienvenida al plan de acción, celebramos ahora la reunión de evaluación que tendrá lugar el próximo mes. 
Precisamente para esa reunión de evaluación, queremos recordar- como se ha dicho- que 500 millones de armas pequeñas y ligeras circulan por el mundo y que han causado miles de muertos diarios, según el Estudio Independiente Armas del año 2001 y la mayoría de estas víctimas son mujeres y niños. 
El tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras con destino a los países subdesarrollados, a menudo sumidos en conflictos, tiene su origen, fundamentalmente, en Estados miembros de la Unión Europea junto- como ya también se ha dicho- a Estados Unidos y Rusia. 
La Conferencia y el plan de acción que ahora se revisan no lograron que se estableciera un instrumento jurídico internacional vinculante prohibiendo el tráfico ilegal. 
Es necesario concretar los esfuerzos de la Unión Europea por conseguir un código de conducta para impedir que las armas lleguen a estos países en guerra, regímenes violadores sistemáticos de los derechos humanos y grupos armados que- como ya se ha dicho- reclutan a niños soldados. 
Deberíamos, por lo tanto, traducir estos objetivos en una acción común asumida, primero por los Estados miembros, cuyas normas nacionales al respecto- desgraciadamente- son totalmente dispares y trasladarlos al conjunto de la comunidad internacional. 
La reunión de evaluación es una buena oportunidad para ello. 
Las armas ligeras deben estar sometidas a un régimen internacional igual que se ha hecho con las minas antipersonas, armas químicas y armas biológicas. 
En este sentido, la Unión Europea debería llevar a Nueva York las siguientes propuestas: primero, el establecimiento de un registro internacional de transferencias de armas; segundo, la prohibición expresa de la venta de armas ligeras a regímenes que violen los derechos humanos y, tercero, el establecimiento de un sistema de rastreo de las armas. 
Junto a estas peticiones al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros que planteamos en la resolución que queremos que se apruebe, aprovechamos también para pedir a la Comisión que refuerce su cooperación en la desmovilización de los grupos armados en los países en desarrollo, particularmente en este momento en el continente africano. 
Los conflictos actuales en la República Democrática del Congo y en Liberia, entre otros, nos dan cuenta de la política ineficaz que hasta ahora estamos llevando y de la necesidad del control de la transferencia de armas. 
. 
(ES) Señor Presidente, por cortesía hacia los miembros del Parlamento Europeo que han tenido a bien estar con nosotros hasta el final, quisiera decir que la Unión Europea va a empezar un ejercicio nuevo, que va a tratar de hacerlo con la mayor seriedad, que va a presentar una documentación sobre la Estrategia de seguridad, la primera que se hará en la historia, dentro de unos días en Salónica, que seguramente será seguida por un mandato por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno para seguir trabajando sobre ello y creo- como han dicho muchos oradores- que es una buena noticia que la Unión Europea pueda empezar a reflexionar seria y colectivamente sobre una estrategia de seguridad común. 
Pero para ello- y reitero lo que han dicho muchos oradores- es absolutamente necesario no solamente tener buenos documentos y buenas estructuras, hace falta tener la voluntad política de actuar en las estructuras mundiales con el peso que la Unión Europea tiene desde el punto de vista de población, riqueza, etc. Si se tiene la voluntad política para hacerlo, se podrá hacer. 
Si no se tiene, podremos hacer magníficos papeles pero serán, una vez más, solo eso, papeles. 
Señor Presidente, Sra. Vicepresidenta, agradezco mucho, la oportunidad que nos han brindado para celebrar este debate y estoy seguro que la próxima vez podremos celebrarlo con un poquito más de presencia en la Cámara. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el futuro del acuerdo textil en las negociaciones de la OMC. 
Señora Presidenta, el sector textil y de la confección ocupa un lugar preponderante, como todos sabemos, en los intercambios internacionales: 350 mil millones de euros de flujo comercial en el año 2002, es decir, más del 5% del total de las exportaciones mundiales. 
Es un sector esencial para los países en desarrollo. 
Constituye el 50% de las exportaciones mundiales de textil y el 70% de las exportaciones mundiales de confección. 
Para muchos de estos países, es la principal fuente de exportación y de empleo industrial. 
Para los europeos también es un sector fundamental para el futuro, gracias a la inversión, al aumento de la gama y al liderazgo mundial que hemos sabido crear en un sector como la moda. 
Europa es hoy el primer exportador mundial en el sector del textil y el segundo en el de la confección. 
En la Europa actual, el textil y la confección dan empleo a 2 millones de personas y, en la Europa ampliada, a 2,5 millones de personas y representan 200 millardos de euros de facturación. 
Consciente de la sensibilidad del textil y de la confección en un gran número de países, la Comisión Europea organizó los pasados 5 y 6 de mayo una conferencia internacional, que reunió a participantes de más de 80 países. 
Discutimos los retos a los que se enfrentará el sector en los próximos años, sobre todo con la perspectiva de la desaparición definitiva de las cuotas, desde el 1 de enero de 2005, fecha que coincide con la prevista para la conclusión de las negociaciones actualmente en curso en la Organización Mundial del Comercio. 
Esta conferencia nos ha llevado a cuatro grandes constataciones. 
Primera constatación: los países en desarrollo y, sobre todo, los más dependientes de las exportaciones de textil y de confección son muy vulnerables. 
Este es sobre todo el caso de los países menos avanzados, de las economías frágiles o poco diversificadas. 
Lo mismo ocurre con los países que tienen acuerdos preferenciales con nosotros, como los países del sur y del este del Mediterráneo, algunos países ACP y otros pequeños exportadores. 
Los ingresos de exportación de la mayoría de estos países dependen en su mayoría del sector textil y de la confección, que puede representar la casi totalidad de sus exportaciones y una gran parte de sus empleos. 
Segunda constatación: las condiciones de acceso al mercado textil y de la confección son muy dispares en el ámbito mundial. 
Así, mientras que Europa fija derechos arancelarios del 9% de promedio, muchos países tienen derechos arancelarios que alcanzan el 30%, o incluso más, sin contar con que conservan barreras no arancelarias importantes. 
En consecuencia, si limitamos la liberalización a la eliminación de las cuotas en el año 2005, corremos el riesgo de enfrentarnos a un mercado mundial desequilibrado, en el que la competencia estaría de alguna forma concentrada en los mercados de los países industrializados, los nuestros, que crecen débilmente. 
Tercera constatación: la importancia de la zona euromediterránea. 
Es el espacio natural de competitividad de la industria europea. 
Volveré sobre este asunto. 
Tenemos proyectos al respecto. 
Cuarta constatación: el crecimiento de la competencia corre el riesgo de intensificar la presión sobre los recursos naturales y humanos y plantea graves problemas en términos de desarrollo sostenible, pero también de condiciones de competencia leal, tratándose por ejemplo de los derechos sociales fundamentales. 
Tras estas constataciones, ¿cuáles son los elementos de respuesta que hay que aportar, no a nuestro favor, o a favor de los americanos, o de los hindúes, o de los chinos, sino a favor de una negociación con todas las partes interesadas, conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio? 
Primera respuesta, el desarrollo. 
Con objeto de paliar los efectos de la eliminación de las cuotas en los países más pobres y más débiles, tenemos que reflexionar sobre el modo de concentrar el acceso preferente que otorgamos a los países en desarrollo, sobre todo mediante el sistema de preferencias generalizadas, probablemente sobre los países más vulnerables. 
Me refiero a los países menos desarrollados. 
Me refiero a los países del grupo ACP. 
Me refiero a las pequeñas economías. 
Además, será necesario prever medidas para facilitar la utilización de estas preferencias por parte de los países implicados- pienso, por ejemplo, en las normas de origen- velando, por supuesto, para que sean estos países quienes se beneficien realmente de las preferencias que otorgamos. 
Segunda respuesta: en el marco del ciclo de Doha, tenemos que obtener condiciones de acceso a los mercados equitativas y comparables en el ámbito mundial. 
No podemos contentarnos con limitar la apertura de los mercados solo a la eliminación de las cuotas en el año 2005. 
Ya he dicho que esto provocaría desequilibrios en términos de acceso; nuestra propuesta actual en la negociación multilateral se basa en argumentos equitativos. 
Instamos a todos los miembros de la OMC a que hagan evolucionar sus derechos arancelarios hacia un nivel común, lo más bajo posible, y por supuesto a eliminar las barreras no arancelarias. 
Todos los países, salvo los menos desarrollados, están llamados a contribuir a este ejercicio, incluidos, por supuesto, aquellos cuyas exportaciones en textil y confección son muy competitivas. 
Con ocasión de este debate, quisiera tranquilizar tanto a la industria europea como a los países que se benefician de un régimen preferencial de acceso a los mercados de la Unión. 
No tenemos la intención de reducir aún más nuestros aranceles, que ya son bastante bajos, sin obtener a cambio un acceso mayor a los mercados exteriores. 
Además, consideramos que debería haber una progresión y períodos de transición para la aplicación de los aranceles comunes, de manera que los que tienen problemas puedan realizar los ajustes necesarios. 
Tercera respuesta, la zona euromediterránea. 
Está en vías de integración y debería beneficiarse pronto de los esperados efectos del cúmulo pan-euro-mediterráneo de las normas de origen que tenemos que crear próximamente. 
Este nuevo protocolo de las normas de origen debería presentarse a los ministros de comercio durante la conferencia Euromed en Palermo, el próximo 7 de julio. 
Este sistema de cúmulo diagonal del origen debe permitir a los operadores económicos de la zona Euromed en su conjunto ampliar sus posibilidades de suministro, permitiendo a los productores situados en este espacio, que de alguna manera está unificado desde este punto de vista, utilizar los productos intermediarios que provienen del conjunto de la zona, sin obstáculos. 
Esperamos un efecto positivo en el comercio, en particular al contribuir al desarrollo de los intercambios intrarregionales. 
Nuestro objetivo es poder aplicar efectivamente este cúmulo en el conjunto de los países de la zona de aquí a finales del año 2004. 
Finalmente, último elemento, la promoción del desarrollo sostenible: tenemos que dar prioridad a los mecanismos incitativos así como al respeto de las normas multilaterales. 
Tenemos que continuar examinando la manera en que la acción pública puede garantizar que la liberalización no se haga en detrimento de las condiciones de trabajo o en detrimento del medio ambiente, y evitar que un no respeto de las normas sociales o medioambientales se utilice como una ventaja competitiva. 
Por ejemplo, podemos velar por el aumento de los márgenes de preferencia arancelaria en el marco del SPG para los países que aplican estas normas internacionales, o fomentar los programas privados de promoción del desarrollo sostenible, o incluso examinar las posibilidades de aumentar la información de los consumidores sobre los productos para ofrecer a quienes lo deseen la elección del comercio justo. 
Como podrán constatar, y con esto concluyo, la Comisión Europea es muy consciente de los desafíos del sector textil y de la confección en términos de desarrollo sostenible, de lucha contra la pobreza, de política industrial y de equilibrios regionales en el seno de la Unión. 
Es uno de los sectores en el que se plantean con agudeza las cuestiones relativas a una distribución equitativa de los beneficios del comercio y de la mundialización, y un sector que nos ofrece la posibilidad de desarrollar, tanto en el ámbito comercial como industrial, políticas que satisfagan todas estas preocupaciones legítimas. 
En el seno de la Comisión Europea, hemos lanzado un estudio con objeto de identificar las categorías de productos más expuestos, los efectos de la liberalización sobre la producción, sus efectos sobre el empleo en la Unión ampliada y su impacto en las regiones más dependientes de la producción textil. 
Los socios sociales, en el marco de un comité social sectorial, siguen estos desarrollos de muy cerca con nosotros. 
También estamos debatiendo con los socios económicos y sociales a fin de identificar las medidas suplementarias que podrían tomarse para favorecer la competitividad del sector. 
Para concluir, mi colega, Erkki Liikanen, y yo mismo esperamos someter el próximo otoño al colegio de comisarios y después al Parlamento y al Consejo una comunicación sobre la política comercial e industrial en el sector textil y de la confección después de 2005, con objeto de proporcionar- esta es nuestra misión- a todas las partes interesadas un marco claro, previsible y coherente para que puedan planificar sus estrategias, sus inversiones y sus actividades. 
Tenemos que impulsar juntos a todo el sector del textil y la confección. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera ante todo agradecerle su presencia aquí y la declaración que acaba de realizar y que demuestra su sensibilidad, la sensibilidad que ha manifestado a lo largo de todos estos años hacia el sector textil y de la confección europeo. 
La Comisión, en su reciente Comunicación sobre política industrial, reconoce que la vitalidad y el dinamismo de la industria son esenciales para que Europa pueda mantener y acrecentar su prosperidad y satisfacer al mismo tiempo sus ambiciones sociales. 
De esta afirmación se desprende la necesidad de una política industrial europea que, para ser eficaz, no debe abarcar solo los aspectos meramente industriales, sino que debe ser una política horizontal que comprenda, entre otros, los aspectos sociales y medioambientales, pero, sobre todo, la política comercial. 
Y si esto es válido y necesario para la industria en general, y para el mantenimiento de la ocupación, más lo es cuando hablamos de la industria textil y de la confección europea con una cifra de negocios anual de 196 billones de euros, que cuenta con más de 113.000 empresas, que ocupa a dos millones de personas- lo que supone un 7,6 % del empleo total de la industria manufacturera- y que se caracteriza por una gran concentración regional. 
Aunque estos datos son ya conocidos, me parece que vale la pena insistir en ellos, porque demuestran la importancia del sector. 
Una industria además, dinámica y competitiva que, gracias a los esfuerzos realizados en materia de investigación y desarrollo tecnológico, gracias al diseño, a la calidad de los productos y a la especialización, ha sabido consolidar y acrecentar su peso y su importancia en la economía europea y mundial. 
Creo que vale la pena recordar, en este sentido, que la industria europea es la mayor exportadora mundial de textiles, por delante de China, y la tercera en confección, por detrás de China y Hong Kong y, por tanto, tiene un enorme potencial exportador que desarrollar. 
De ahí precisamente la importancia de la política comercial. 
Pero, además, este sector debe hacer frente a múltiples desafíos, en especial- se ha referido usted a él- al desafío de la restricción de las cuotas el 1 de enero de 2005, lo que va a suponer un cambio radical en el paisaje comercial mundial. 
Esto lo sabe muy bien el sector, que es uno de los más expuestos, además, a los efectos de la globalización por la fuerte competencia a que se ve sometido por los menores costes salariales y la gran capacidad exportadora de muchos de los países en vías de desarrollo. 
Otro de los desafíos es la adhesión de China a la OMC; a título ilustrativo vale la pena recordar aquellos estudios que prevén que China, después de la eliminación de las restricciones cuantitativas, podría experimentar un aumento del 150% en sus exportaciones globales de textil y confección, y ocupar así el 50% del mercado mundial. 
Por ello, se hace indispensable conseguir para Europa la apertura efectiva y generalizada de los mercados, especialmente la de aquellos países que son particularmente dominantes y competitivos en el sector textil y de la confección y que, en cambio, permanecen cerrados a las exportaciones europeas, ya sea a través de los elevados aranceles, a los que se añaden tasas e impuestos adicionales, ya sea por medio de barreras no arancelarias que hacen inviable el comercio con estos países. 
La pervivencia del sector a nivel europeo, señor Comisario, el mantenimiento de los millones de puestos de trabajo que están en juego pasan sobre todo por una política comercial defensiva. 
Por ello, no puedo por menos que alegrarme de los contenidos de la declaración que acaba de formularnos y simplemente desearle que, en el momento de discutir sus propuestas en el seno de la OMC, estas puedan realmente prosperar. 
Sabemos que combinar los intereses de la industria europea, absolutamente legítimos, con la necesidad de hacer realidad la agenda del desarrollo no va a ser tarea fácil, pero cuenta para ello con el apoyo pleno de este Parlamento, señor Comisario. 
Señora Presidenta, muchas gracias señor Comisario por su presencia hoy aquí con nosotros, y por la declaración que ha hecho. 
No le quepa la menor duda de que no le va a faltar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, del mío propio desde luego, para todas las gestiones y las posturas que nos ha anunciado en las próximas conversaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
Todavía no hace dos meses que se celebró en el seno de la Comisión de Industria de este Parlamento, una audiencia en la que comparecieron, entre otros, el Presidente de los Empresarios de Euratex, la patronal del textil, que terminó su intervención preguntando qué podíamos hacer nosotros para resolver los problemas de la industria del textil. 
Pues bien, desde esta tribuna querría decirle, de acuerdo con la Comisión, que estas sesiones son una parte de las respuestas que nos pide el sector para solucionar una gravísima situación en la que no voy a insistir, porque el Comisario es perfectamente consciente. 
Sobre las cuestiones de acceso al mercado, el Sr. Comisario nos ha dicho que mientras no se produzcan unas condiciones de mayor apertura por otros países miembros, nosotros no vamos a bajar las tarifas, las rentas de aduana. 
Y yo quería preguntarle si, puesto que existe un desequilibrio tan grande entre las cantidades que nosotros imponemos con respecto a la que imponen otros países, en el caso de que no se logren acuerdos significativos en la materia, podemos replantearnos aumentar los derechos de aduana que percibimos por la importación de productos textiles de esos otros países que no están dispuestos a bajar los suyos. 
Por último, señor Comisario, una cuestión muy concreta respecto al reconocimiento de los derechos de propiedad industrial. 
Nos dicen reiteradamente desde el sector del textil que, en lo que respecta a algunos de estos derechos de propiedad intelectual- como es el caso del diseño, que no tiene una visualización tan clara como otros como pueden ser las marcas -, aunque los países hayan firmado los acuerdos ADPIC en el seno de la Organización Mundial de Comercio, no acostumbran a cumplirlos. 
Quería preguntarle si se va a emprender alguna actividad en ese sentido. 
Señora Presidenta, también yo felicito al Comisario Lamy por haber aceptado este debate que le propusimos, aunque lamento que al final no vaya a haber una resolución porque los partidos mayoritarios, Partido de los Socialistas Europeos y Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y Demócratas Europeos, no aceptaran esta posibilidad. 
Ya se habló aquí de la enorme importancia de la industria textil y de la confección en la Unión Europea, pero hay que tener en cuenta que está especialmente concentrada en países del Sur, en regiones con carencias. 
Recordaré, en Portugal, dos zonas importantes como la Covilhã y el vale do Ave. 
Pero también hay que tener en cuenta que, con la adhesión, tendremos que sumar a los dos millones de puestos de trabajo cerca de 600 000, y también cientos de miles más en zonas industriales, como en Alemania y en Italia. 
Como es sabido, la reestructuración del sector ha conducido ya al traslado de muchas empresas al este de Europa, a países africanos y asiáticos, lo que ha provocado el empeoramiento del desempleo en la Unión Europea, y es indispensable una evaluación completa de las repercusiones sociales, económicas y territoriales tanto de los acuerdos bilaterales ya celebrados como de una posible mayor liberalización cuando concluya el actual acuerdo textil y de la confección a finales del próximo año. 
Por eso consideramos necesario adoptar un plan de acción con medidas concretas tendentes al mantenimiento de un sector productivo, cohesionado y eficiente, incrementando también los apoyos a las PYME, a la investigación y a la formación profesional. 
Pero en las negociaciones en curso en la OMC en el marco de la agenda de Doha habrá que tener en cuenta las características específicas del sector textil y de la confección, garantizando especialmente la reciprocidad en los futuros acuerdos y en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y terceros países. 
Los textiles europeos no pueden seguir utilizándose como moneda de cambio para otros negocios en sectores de los servicios o de la alta tecnología. 
La conservación del empleo y del desarrollo en vastas zonas de la Unión Europea exige el mantenimiento de los actuales derechos aduaneros, que son de los más bajos del mundo, y no aceptar nuevas reducciones de los mismos ni la supresión de obstáculos no arancelarios en el sector, excepto sobre una base de reciprocidad y partiendo siempre de la base real de los aranceles aplicados y no de los notificados a la OMC. 
Me parece de la mayor importancia la creación de algo semejante a un grupo de seguimiento con la participación de los interlocutores sociales, de la industria y de la Comisión que acompañe la evolución de la situación y funcione como un sistema de alerta temprana ante problemas que puedan surgir con vistas a su rápida resolución. 
Señora Presidenta, como muchos otros diputados de esta Cámara, estoy preocupada por esta falta de planificación a estas alturas, cuando hace ya un tiempo que sabemos que los aranceles cambiarán en 2005. 
No estoy convencida de que estemos escuchando respuestas que puedan resolver la absoluta explotación que existe en una gran cantidad de industrias textiles de muchos países de todo el mundo, ya sea utilizando mano de obra infantil, pagando salarios bajos o de cualquier otro modo. 
Como se ha dicho, ya estamos viendo un desplazamiento de la producción, que se traslada de la Unión Europa a otros países. 
La semana pasada estuve en Atenas estudiando el caso de Schiesser-Palco, un fabricante de ropa interior; me prometieron una muestra para el Comisario, pero el servicio de correos aún no me la ha hecho llegar La empresa ha decidido trasladar 500 puestos de trabajo a Bulgaria. 
A los trabajadores de allí les ofende ver que se les considera una opción más barata cuando creen que ya están trabajando por salarios de miseria, pero el índice de desempleo es tan elevado que es muy difícil resistirse a aceptar cualquier trabajo que se les ofrezca. 
Estamos viendo el mismo tipo de traslados en la India, Sri Lanka, América Latina y China, donde se nos dice que reside el futuro de la confección textil. 
No estoy convencida de que tengamos la respuesta respecto a lo que permiten las actuales normas de la OMC, lo que significa que puede ser muy difícil resistirse a las importaciones en el proceso actual y con las normas de producción actuales, y difícil diferenciar el tipo de mano de obra, etc. Parece que hay un impulso procedente de determinados sectores según el cual la responsabilidad social de las empresas y el poder del consumidor serían los instrumentos clave para asegurar unas normas mínimos en la cadena de consumo. 
Quedará en manos de campañas publicitarias como Ropa Limpia y Sin Sudor asegurar que se cumplan las normas laborales y ambientales. 
Me interesa saber exactamente qué pensamos que es posible con las actuales normas de la OMC y si la Comisión está de acuerdo con el vicepresidente de Levi-Straus, que decía que las normas de la OIT deberían formar parte de todos los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, empezaré por felicitar al Comisario por sus tranquilizadoras palabras y por su enfoque sobre esta delicada cuestión. 
En efecto, a partir del 1 de enero de 2005, la industria textil se enfrentará a un gran desafío: desde esa fecha todos los miembros de la OMC tendrán acceso sin restricciones cuantitativas, es decir casi libremente, a los mercados de la Unión Europea, de los Estados Unidos de América y del Canadá. 
Conforme a la agenda de desarrollo de Doha, el objetivo es orientar la liberalización del comercio internacional de forma que beneficie a los países menos desarrollados. 
En estos países, el sector textil es muy importante. 
Destacaré la India, Pakistán y China. 
China es un caso paradigmático: el Banco Mundial prevé que en los próximos cinco años sus exportaciones textiles se duplicarán. 
Como indicó el Comisario, en la Unión Europea este sector tiene también una enorme relevancia, es responsable del empleo de dos millones de personas y de un volumen de negocios de 200 millardos de euros. 
Después de la ampliación, el número de trabajadores ascenderá a más de dos millones quinientos mil. 
Se trata de una de las industrias con más tradición en la estructura económica de mi país. 
Portugal es uno de los mayores productores de tejidos y prendas de vestir de la Unión. 
Sus exportaciones representan más de una quinta parte del total de las exportaciones nacionales. 
Los productos textiles portugueses están presentes en los principales mercados mundiales, destacando los de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
La industria textil y de la confección portuguesa está integrada principalmente por pequeñas y medianas empresas concentradas, en su gran mayoría, en la región norte. 
En este contexto, es imprescindible una atenta reflexión sobre cómo minimizar los efectos negativos resultantes de la liberalización de los mercados sobre las empresas de la Unión Europea y cómo maximizar sus posibilidades. 
Es preciso reforzar aquellos aspectos que permitan a las empresas textiles europeas ser competitivas en el mercado abierto. 
La investigación y el desarrollo tecnológico, la tecnología de la información, la formación y la cualificación profesional constituyen las únicas salidas posibles para preservar y aumentar el peso y la importancia del sector textil y de la confección en la economía europea y mundial. 
Las instituciones deben garantizar unas condiciones de competencia y de respeto de las normas del comercio internacional, en particular combatiendo los salarios de miseria y el trabajo infantil y defendiendo la mejora de las prestaciones sociales y sanitarias, la garantía de los derechos laborales fundamentales y la adopción de medidas contra el fraude, entre otras cosas. 
En el caso concreto de Portugal, hay que proceder a una negociación multilateral en el marco de la agenda de desarrollo de Doha que se traduzca en una armonización arancelaria y en la eliminación de los obstáculos no arancelarios que permita, en la práctica, el acceso al mercado. 
Conscientes del gran desafío al que nos enfrentamos, defendemos que las futuras negociaciones sean conducidas con rigor y sin precipitaciones para alcanzar el equilibrio necesario entre los compromisos de Doha en materia de desarrollo y los intereses de la industria textil y de la confección en la Unión. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, 2005 será, como se ha dicho ya, una fecha clave para el sector textil y de la confección en la Unión Europea. 
La Comunicación del Comisario ha aliviado y tranquilizado nuestras preocupaciones, pero no las ha eliminado por completo. 
Las propuestas y la estrategia que nos ha presentado hoy aquí parecen ir en la buena dirección. 
El sector textil y de la confección europeo ha estado expuesto a muchas amenazas y tormentas. 
Además, fue el primer sector de la revolución industrial europea, hay que recordarlo. 
Es un sector que debe ser mimado y no considerado residual, como a veces parece reflejar el discurso de algunos eurócratas o de algunos negociadores, pues está expuesto a la competencia de productos que, todos sabemos, incorporan costes de mano de obra bajísimos en condiciones sociales verdaderamente deplorables. 
Es natural que Portugal esté preocupado y atento, señor Comisario, como otras regiones y otros países europeos. 
Es una cuestión vital para Portugal, ya se ha dicho aquí y se repite hasta la saciedad, en especial para la zona norte de Portugal. 
¿No se preocupa Francia, por ejemplo, y otros países por la liberalización de los mercados agrícolas? 
¿No pelea Francia por la famosa excepción cultural? 
No debe sorprender entonces que otros países de la Unión Europea que tienen industrias y sectores importantísimos desde el punto de vista económico y social, sin reclamar excepciones, pidan justicia y una defensa correcta de sus derechos. 
Promover el desarrollo de los países más pobres es un ideal con el que todos comulgamos, en especial las personas que se sitúan a la izquierda, como es mi caso. 
Pero no a costa de las economías más vulnerables y de los ciudadanos más modestos de la Unión Europea. 
Esa es una falsa justicia. 
Si las negociaciones son mal conducidas, los costes de la plena liberalización del sector textil no se distribuirán equitativamente entre todos los países y empresas: algunos perderán más que otros, y el espíritu europeo saldrá debilitado. 
Le deseo, señor Comisario, éxito en las negociaciones. 
Y, cuando tengamos ocasión de evaluar sus resultados, esperamos poder elogiarlo y felicitarlo como lo hacemos hoy aquí con esperanza. 
Señora Presidenta, también yo he apreciado la comunicación del Comisario Lamy, aunque soy consciente de que el futuro de las empresas textiles y de la confección, que están ya en dificultades por la valoración del dólar, dependerá de las decisiones que se tomen en el marco de la OMC. 
La eliminación de las barreras cuantitativas debería ofrecer una posibilidad de crecimiento también a las pequeñas y medianas empresas que trabajan en los distritos textiles de Europa, que deberían poder extender sus intereses hacia nuevos mercados e idear nuevas sinergias con los países que están entrando en el mercado internacional. 
Sin embargo, la superación del Acuerdo Multifibras perfila un escenario caracterizado por una competencia más acusada y concentrada en los mercados maduros. 
No se trata, obviamente, de pedir medidas proteccionistas, sino, por el contrario, mercados más abiertos y transparentes, como ha defendido el Sr. Ferrer. 
Es inevitable que la globalización de los mercados favorezca la descentralización de muchas actividades tradicionales hacia países en desarrollo con costes de producción más bajos. 
Hay que favorecer la lucha contra la pobreza y a favor de la difusión de la prosperidad a través de la eliminación de las barreras aduaneras, pero no se puede ignorar que el empleo de muchas industrias europeas está amenazado por el dúmping social y ambiental, más que por la competencia económica. 
Repaso, por tanto, algunos puntos que han sido tocados por el Comisario. 
Es necesario mejorar el acceso de los productos comunitarios, en general de mejor calidad, a los mercados terceros, que en muchos casos están protegidos por elevados aranceles y barreras no arancelarias; el proceso de liberalización debe ir acompañado de la garantía de reciprocidad, como ha declarado con justeza el Comisario. 
La industria textil y de la confección debe ser protegida de la competencia desleal: hay que garantizar unos niveles mínimos de protección ambiental del trabajo. 
Por último, también sobre la base de la experiencia obtenida en otros ámbitos, se debería valorar la posibilidad de emprender un recorrido que haga obligatoria una etiqueta de calidad para los productos textiles y de la confección, como garantía para los consumidores pero también para frenar los flujos de importaciones ilegales, que amenazan el crecimiento de la economía y la corrección del comercio internacional. 
Señora Presidenta, señor Comisario Lamy, su posición merece ser aplaudida sin reservas, sobre todo cuando dice que en las negociaciones todo ha de fundamentarse en el principio de reciprocidad y cuando ha mencionado un punto que considero muy importante, a saber, que deben tomarse medidas suplementarias adicionales para promover la competitividad de la industria textil con efecto a partir de 2005 y que esto ya está ocurriendo. 
Se trata de una medida muy importante, tanto si supone la formación de grupos como de alguna otra cosa, pero para ello probablemente también se necesitará dinero. 
Quizá, señor Comisario, haya una cosa que yo quisiera señalar. 
Supongamos que en 2005 los aranceles textiles europeos sean los más bajos, y que se supriman las barreras comerciales tanto arancelarias como no arancelarias. 
Pero lo que quiero decirle- y esto va ligado a la historia de la industria textil en la Unión Europea- es que probablemente todavía nos las tengamos que ver con medidas proteccionistas o con el mantenimiento de medidas proteccionistas por parte de los Estados Unidos o de Japón. 
Esa es mi mayor preocupación en este contexto, y hay señales de que esto ya está ocurriendo. 
Lo hemos presenciado a menudo en los últimos 20 años. 
¿Cuántas veces más o durante cuánto tiempo más han de tener estas dos potencias textiles permiso para hacer lo que les venga en gana con la industria textil europea? 
Esta es para mí una de las cuestiones cruciales. 
Lo que precisamos para eliminar las barreras comerciales de carácter arancelario o no arancelario es juego limpio, y esto es lo que hay que promover en este contexto, tanto aquí como en los países en vías de adhesión, donde creo que se producirá el principal desarrollo de la industria textil. 
Además hay otro gran problema adicional que tendremos que abordar, a saber, China y la India. 
Si no se consigue que China, principalmente, acepte mecanismos de autolimitación, ya podemos dar por perdida en Europa hasta la industria textil de alta calidad y de gran intensidad de capital. 
Deberíamos tenerlo muy presente a la hora de acudir a las negociaciones. 
Por último, aunque también es importante, quiero reseñar, pues vengo ahora de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que seguimos estando preocupados por que no se dé carpetazo a las normas laborales esenciales ni a los principios de los derechos humanos, ya que revisten una gran importancia, particularmente en relación con China. 
Los sindicalistas de la industria textil hemos rodado una serie de documentales en países como Bangladesh que muestran dónde se encuentran realmente los problemas del trabajo infantil y la discriminación. 
Señora Presidenta, en Grecia es muy importante el sector textil, tanto para nuestra industria como para la economía en su conjunto. 
Desgraciadamente, la fábrica de ropa Palko ha cerrado recientemente, dejando a cientos de trabajadores en la calle. 
Ante este panorama tan preocupante, hay dos elementos más que, en mi opinión, se suman a nuestras inquietudes. 
En primer lugar, tenemos lo que es, sin duda, una reducción inevitable de los aranceles a partir de finales de 2004 o comienzos de 2005 sobre las importaciones de terceros países, y en segundo lugar tenemos el problema perenne de los terceros países, especialmente Pakistán y los países de Extremo Oriente, que dan a sus industrias textiles subvenciones visibles o invisibles. 
Sin duda, es necesario abordar esta situación. 
Me voy a referir, a modo de ejemplo, a cuatro líneas de acción. 
En primer lugar, necesitamos establecer un observatorio para poder controlar las subvenciones a terceros países e informar acerca de ellos a la Organización Mundial del Comercio y a quien sea necesario. 
En segundo lugar, hay que realizar un esfuerzo sistemático para que nuestros productos de calidad entren en los terceros países, abordando los distintos modos en que este esfuerzo está siendo desvirtuado por terceros países. 
En tercer lugar, necesitamos centrar nuestra atención en los productos de imitación. 
Ya se ha presentado una propuesta de etiqueta que deberíamos aprobar. 
También se pueden aprobar otras propuestas, pero lo más importante para nosotros es estar de acuerdo en el objetivo, y en cuarto lugar, dado que este sector es importante para el empleo, pienso que la Unión Europea debería utilizar los programas de la Comisión Europea para ayudar a reforzar el sector. 
Esto puede hacerse a través del marco comunitario de apoyo y también fuera del marco comunitario de apoyo, especialmente en el campo de la investigación y tecnología e innovación para que podamos reforzar el sector en términos de competitividad, que es la palabra clave. 
Creo que el señor Comisario se está moviendo en la dirección correcta, pero todos necesitamos pedirle encarecidamente que intensifique sus esfuerzos para que podamos abordar el enorme problema al que parecemos enfrentarnos. 
Señora Presidenta, yo también agradezco la declaración de la Comisión y espero en particular el informe post-2005 sobre el futuro del sector textil. 
Como los demás oradores, también represento a una de las zonas de la Unión Europea que depende en gran medida de los textiles, los East Midlands. 
Allí tenemos 2 000 empresas textiles y 60 000 personas empleadas directamente en el sector, que aporta 4 millardos de libras esterlinas anuales a la economía regional. 
El hecho de abrir el comercio y el acceso crea dificultades. 
Algunas de nuestras empresas han reaccionado desarrollando nuevos tipos de textiles técnicos, por ejemplo una empresa de Hinckley desarrolló unos calcetines de vuelo especiales, y una compañía de Derby creó una tela especial resistente al calor para los bomberos. 
Pero debemos reconocer dentro de la UE que no todas las empresas pueden evolucionar de esta forma. 
El Comisario ha mencionado que el sector textil es esencial para los países en desarrollo. 
Es cierto que las economías de los países en desarrollo podrían recibir un gran impulso para un régimen comercial más abierto, pero no es un proceso automático, y comporta problemas. 
Si no vamos con cuidado, podríamos acabar con una mayor movilidad de la explotación, lo que nos impediría conseguir los objetivos de la UE o los objetivos legítimos de los países más pobres del mundo. 
Por supuesto, deberíamos esforzarnos y utilizar los acuerdos comerciales para ampliar los valores esenciales en cuanto a mano de obra y llevar a cabo la delicada tarea de mejorar las condiciones de los trabajadores en los países en desarrollo que a menudo ven estos movimientos como un proteccionismo oculto. 
Todavía queda mano de obra infantil, una grave represión de los sindicatos, y un predominio de mujeres mal pagadas. 
Y, por cierto, estos tres factores también están presentes en la Unión Europea. 
Señor Comisario, tiene por delante la tarea hercúlea de reconciliar todo esto, y esperamos que pueda llegar a conseguirlo con éxito. 
Es necesario para los trabajadores textiles de la UE y los de muchas otras partes del mundo que pretenden ganarse la vida y mejorar su propia economía y su vida a través del sector textil. 
- (FR) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a los grupos que han hablado por su apoyo a esta estrategia que he intentado presentar brevemente en respuesta a sus preguntas. 
Paso a mencionar algunos puntos complementarios planteados en sus intervenciones. 
Señora Ferrer, comparto su visión de futuro del sector textil y de la confección en Europa. 
Hay una palabra para ello: dinamismo. 
Es una visión ofensiva de la industria. 
La industria del textil y de la confección no es una industria del pasado en la que hubiera que gestionar la disminución progresiva, de la forma menos dolorosa posible. 
No es mi concepción. 
No es su concepción. 
No es la que forma la base de nuestra política comercial y de nuestra política industrial. 
Es lo que también he comprendido de la intervención del Sr. Lage. 
Señor Berenguer Fuster, efectivamente no continuaremos disminuyendo nuestras protecciones arancelarias a menos que otros hagan lo mismo. 
Este es el fondo de nuestra política, llámesele reciprocidad u otra cosa. 
Y, al igual que el Sr. Hatzidakis, tiene usted razón al subrayar que, tras todo esto, hay desafíos sobre la propiedad intelectual y que es importante continuar luchando- como lo hacemos, por ejemplo, respecto de las indicaciones geográficas- por que la calidad, el gusto, el diseño, que a menudo hace nuestra ventaja comparativa, no se imite ilegalmente y, por lo tanto, no se robe de alguna manera. 
Señora Figuiredo, sí, trabajamos sobre el impacto de una liberalización suplementaria en el ámbito del empleo, del tejido regional, o incluso de las cualificaciones. 
Esto forma parte de la idea en la que trabajamos, junto con Erkki Liikanen, para una estrategia post-2005 que desearíamos ver nacer en otoño de este año. 
La Sra. Lambert y la Sra. Read han insistido en el vínculo entre el comercio y las normas sociales fundamentales. 
Respondo muy claramente y muy francamente a la pregunta siguiente: ¿podemos crear este vínculo? 
Sí, podemos crearlo en concepto de nuestra política comercial unilateral. 
Cuando firmamos acuerdos, podemos dar ventajas suplementarias estableciendo el vínculo, y esto es lo que hacemos. 
Sí, podemos crearlo en el ámbito bilateral. 
Cuando adoptamos acuerdos de asociación o acuerdos comerciales con cierto número de terceros países, el respeto de las normas sociales fundamentales forma parte de nuestros acuerdos bilaterales. 
Sí, podemos crearlo trabajando, como ya hemos empezado a hacerlo- el Sr. Bodrato lo ha sugerido- en un etiquetado equitativo que permita a los consumidores, a los consumidores-ciudadanos, elegir entre los productos fabricados en condiciones más o menos sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental. 
Sin embargo, no, no podemos crearlo de momento en el ámbito multilateral. 
Los europeos lo hemos intentado. 
Es prácticamente el único fracaso de Doha: en este punto, en el ámbito multilateral hemos chocado contra una coalición de rechazo compuesta por los Estados Unidos, por una parte, y países en desarrollo, por la otra. 
Por lo tanto, este vínculo no forma parte del programa que nos conducirá a finales de 2004. 
Habrá que volver a la carga posteriormente. 
Señor Bastos, estoy de acuerdo con su concepto de las negociaciones equitativas. 
Sin embargo, distingamos en materia social entre las normas sociales fundamentales- es decir, el trabajo infantil, la igualdad de remuneración hombre/mujer, los derechos sindicales, la prohibición del trabajo forzoso -, que forman parte de los compromisos multilaterales de la mayoría de los países de este planeta y las normas salariales. 
Sabemos que el nivel de los salarios en los países en desarrollo es más bajo que en los nuestros. 
De alguna manera es así por definición; de lo contrario no serían países en desarrollo. 
Esto no impide que deseemos que los salarios aumenten. 
El Sr. Ettl tiene razón: a menudo, las barreras no arancelarias sustituyen a barreras arancelarias que desaparecen. 
Muchas administraciones se dedican a este juego. 
Nosotros nos hemos convertido, de alguna manera, en expertos en la detección, el ataque y el tratamiento de este género de dispositivo y mejoramos sin cesar nuestro sistema de información, de concierto con los socios de la industria, con los socios sociales, para detectar mejor, antes, más rápido estas prácticas que, en efecto, en muchos casos son incompatibles con el reglamento comercial internacional. 
Esto es lo que deseaba responderles. 
Concluiré diciendo que este sector es, de alguna manera, un caso de escuela de la mundialización tal como la concebimos los europeos, y tal como la concibe la Comisión Europea. 
Sí, la mundialización produce sus efectos. 
Sí, la mundialización produce reestructuraciones. 
Sí, desafía nuestra competitividad, nuestra creatividad, nuestras cualificaciones. 
Por esta razón, necesitamos políticas públicas para crear el marco que permita que este sector continúe aumentado su gama, continúe creando valor añadido, continúe aumentando su calidad. 
Esto solo es posible si establecemos y respetamos las reglas del juego. 
Es cierto en el ámbito nacional. 
Se ha hecho cierto en el ámbito europeo. 
Está a punto de ser cierto en el ámbito mundial. 
Gracias, señor Comisario Lamy, especialmente por sus respuestas tan directas a los puntos de vista de los diputados. 
El debate queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 20.00 horas, se reanuda a las 21.05 horas.) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0170/2003) del Sr. Leinen, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, el Sr. Ribeiro e Castro. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento. 
Ayer fuimos sorprendidos con la presentación de un nuevo conjunto muy amplio de enmiendas, presentadas como enmiendas de transacción, pero que de hecho no son enmiendas de transacción, pues no se busca un compromiso entre las enmiendas que fueron presentadas en el marco parlamentario. 
Traducen un enfoque totalmente nuevo, que sabemos es resultado de la última reunión del Consejo. 
El artículo 130 bis del Reglamento confiere al Presidente el derecho a devolver el asunto a la comisión cuando hay más de 50 enmiendas. 
Y nosotros creemos que, funcionando de una forma democrática y transparente, la forma correcta de proceder sería que, dadas las enmiendas presentadas, volviésemos a debatir el asunto en comisión. 
Y podríamos votarlo en el pleno de julio. 
No comprendemos que estemos trabajando en las condiciones en que vamos a trabajar hoy por la noche y mañana, y nos cuesta aceptarlo. 
Señor Ribeiro e Castro, en principio vamos a trabajar esta noche para no provocar ninguna situación difícil y yo someteré al Presidente del Parlamento cuestión. 
Vamos a cumplir el Reglamento, pero hoy lo vamos a interpretar de modo que sea posible, en su caso, el debate y luego las resoluciones pertinentes. 
Tomamos muy buena nota de la intervención del Sr. Ribeiro e Castro. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. de Palacio. 
. (ES) Señor Presidente, esta propuesta tiene por objeto poner en práctica definitivamente los objetivos que ya en Ámsterdam se establecieron en el artículo 191 del Tratado. 
Este artículo fue completado por el Tratado de Niza al añadir una base legal para la adopción de las medidas legislativas necesarias mediante el procedimiento de codecisión y la mayoría cualificada. 
Los partidos políticos son una parte importante de la arquitectura democrática en la Unión Europea, son factores de integración y contribuyen a promover la conciencia europea, expresar los deseos de los ciudadanos de la Unión y fomentar el debate político a escala europea. 
Para hacerlo necesitan disponer de recursos, es por lo tanto oportuno y necesario ayudarles a desempeñar las tareas que les atribuye el Tratado y para ello deberían recibir una financiación, al menos parcial, con cargo a los presupuestos comunitarios. 
El Reglamento pretende establecer un marco legislativo sólido y transparente para el reconocimiento y la financiación de los partidos políticos europeos. 
No estamos empezando desde cero, Señorías; esta nueva propuesta se fundamenta en el trabajo constructivo que en el año 2001 realizaron el Parlamento y el Consejo, especialmente durante la Presidencia belga. 
Permítanme, a este respecto, felicitar a la Sra. Schleicher que actuó como ponente entonces. 
Hemos aprovechado las nuevas posibilidades que ofrece la votación por mayoría frente al compromiso alcanzado en el año 2001 para proponer umbrales más altos para obtener financiación. 
Nuestro planteamiento fundamental ha procurado evitar unos requisitos políticos demasiado restrictivos para los partidos políticos europeos y ha sido así por dos razones: en primer lugar, queremos un sistema abierto y plural en el que todas las tendencias de opinión puedan verse representadas en el debate europeo; en segundo lugar, si se hiciese de otro modo se prolongaría innecesariamente el debate en el Consejo y en el Parlamento, tal vez incluso más allá de las elecciones europeas de 2004. 
Las tres instituciones estamos de acuerdo en que un partido político europeo que desee ser reconocido como tal y obtener financiación del presupuesto comunitario debe cumplir un mínimo de condiciones. 
Hemos procurado establecer unas condiciones poco restrictivas pero coherentes y esenciales. 
Los partidos deben poseer un cierto grado de representatividad, tener un estatuto y unos objetivos, manifestar su intención de presentarse a elecciones europeas, tener claras responsabilidades en cuanto a su gestión financiera y sobre todo respetar los principios democráticos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo necesitamos que exista un sistema fiable de comprobación. 
El Parlamento debe poder comprobar si se cumplen todas estas condiciones antes de registrar un partido. 
Además, existe un procedimiento especial de verificación para el caso de que una minoría rechace en el Parlamento esta primera decisión. 
Para recibir financiación proponemos que los partidos tengan representantes elegidos a nivel europeo, nacional y regional en un tercio de los estados de la Unión, porque se trata de partidos europeos y estamos en el ámbito europeo y por lo tanto se trata de impulsar precisamente ese ámbito. 
En consonancia con la Declaración número 11 aneja al Tratado de Niza, la propuesta de la Comisión prohíbe la financiación cruzada de los partidos políticos nacionales. 
También se prohíbe la financiación mediante la prestación de servicios por parte de los grupos políticos, a menos que se pague por ello de manera constatable y documentada, es decir, a través de facturas. 
El artículo 8 establece medidas estrictas de control y auditorías para apoyar la transparencia y legitimidad del sistema; consideramos que los partidos no deberían depender completamente de la financiación pública y por lo tanto proponemos que un 25% como mínimo de su presupuesto proceda de sus propios recursos. 
Hemos aplicado un planteamiento equilibrado en relación con la controvertida cuestión de las donaciones de acuerdo con el compromiso de 2001, así proponemos que se permitan las donaciones aunque solo con arreglo a estrictas condiciones de transparencia. 
Para concluir, señor Presidente, quiero felicitar a la Presidencia griega por los resultados, por el compromiso alcanzado entre el Consejo y el Parlamento al que la Comisión ha contribuido y que deberá permitir, esperamos, concluir en primera lectura este dossier. 
Felicito al Sr. Leinen y a la Presidencia, quiero expresar en nombre de la Comisión la plena aceptación y apoyo de este compromiso que consideramos adecuado y que permitirá cubrir las necesidades de los distintos interesados en este complejo asunto. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo con la Sra. de Palacio en que sin partidos europeos no habrá democracia europea. 
Por eso resulta de enorme importancia que el Parlamento apruebe mañana este acto sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos, porque entonces, tan pronto entre en vigor este mismo verano un elemento clave para una mayor transparencia de la política europea, los partidos dispondrán de tiempo suficiente hasta las elecciones de junio de 2004 para adoptar los ajustes que resulten necesarios por razón de esta ley. 
Con la aprobación de este acto en el día de mañana, el Parlamento cumplirá asimismo una promesa, hecha al Tribunal de Cuentas Europeo, de que dentro de la presente legislatura sentaría nuevas bases para la financiación de la labor política europea y de pondría fin a la financiación cruzada de los partidos a través de esta Cámara y de sus grupos parlamentarios. 
Las labores de partido y las labores parlamentarias están separadas en todos nuestros países, y con esta ley tendremos la oportunidad de diferenciar las funciones y papeles de los partidos por un lado y de los grupos parlamentarios por otro, y también de ponerlas en práctica en la UE, como ocurre en otras partes, creando una nueva base sobre la que se financian. 
Hay que agradecer a los grupos parlamentarios que hayan actuado, por decirlo así, de comadronas en el nacimiento de los partidos políticos europeos. 
Sin ellos no habría habido nadie capaz de financiarlos. 
La propuesta que tenemos sobre la mesa es para nosotros un compromiso aceptable. 
Satisface las condiciones impuestas por la mayoría en la comisión y se han introducido pequeños cambios. 
Planteamos propuestas de transacción sobre las que mañana podremos votar y en efecto se supone que votaremos. 
La reducción del umbral para la representación de un partido político europeo de un tercio a un cuarto de los Estados miembros permite a los partidos político participar en este sistema de financiación. 
Una cuarta parte es en cualquier caso un umbral necesario si queremos evitar la fragmentación del espectro de partidos, teniendo en cuenta que también damos incluimos a los parlamentos regionales e incluso a las asambleas regionales en el sistema. 
Las donaciones a los partidos políticos varían mucho de un país a otro y constituyen otra cuestión sensible y enormemente controvertida. 
Creo que el proyecto de ley se decanta decididamente por un lado de la línea. Las donaciones a los partidos políticos europeos deben ser lo más transparentes posible. 
Hemos acordado un tope de 12 000 euros por año y donante; aunque para algunos es demasiado elevado, y para otros demasiado bajo, el caso es que con 12.000 euros no se puede comprar ningún partido político. 
Creo que también debe prestarse apoyo si la labor política es impulsada por la sociedad y no solo por el Estado, y esto es justo y correcto siempre que haya transparencia y se realicen controles. 
La vía queda ahora expedita para que los partidos europeos amplíen sus actividades de cara a las elecciones europeas. 
Al principio había algunas dudas al respecto, y quienes se opongan también estarán cuestionando el sentido y la finalidad de los partidos políticos europeos. 
Creo que este documento regula bien estos asuntos, cosa que será importante incluso una vez presentado el proyecto de Constitución, ya que el futuro Parlamento Europeo deberá elegir al Presidente de la Comisión. 
Quisiera señalar además que hay una pega. Este estatuto todavía no confiere personalidad jurídica europea, pero con la financiación estamos dando el primer paso, y el segundo paso, en forma de un auténtico estatuto europeo, quizá todavía esté por venir. 
Siempre he dicho que la ley europea sobre los partidos políticos representa para la política lo mismo que la sociedad anónima europea para la economía. 
Dentro de dos años este Parlamento habrá de elaborar un informe y entonces volveremos sobre el tema. 
También he de expresar mi agradecimiento a la Comisión por haber presentado esta propuesta, y tanto más a la Sra. de Palacio y al Sr. Fitzmaurice por su constante implicación activa. 
Felicidades a la Presidencia griega del Consejo y a todos los gobiernos que se han prestado al compromiso; el Sr. Matthioudakis ha sido mi compañero constante en el sentido más verdadero de la palabra, y juntos hemos conseguido forjar este compromiso. 
Permítanme dar las gracias también a mis colegas diputados; al Sr. Tsatsos, que muchos años atrás sentó con su informe las bases iniciales de todo este tema; a la Sra. Schleicher por su informe de hace dos años; también a los grupos parlamentarios, a los ponentes suplentes y a la secretaría, que en esta ocasión ha realizado una labor sobresaliente. 
Mañana podemos votar a favor, y espero que lo hagamos. 
Entonces habremos dado un paso importante a favor de la labor política en el ámbito de la UE y por tanto de la democracia europea. 
Doy las gracias a todos quienes han colaborado. 
. (DE) Señor Presidente, este estatuto es importante y no debemos permitir que naufrague. 
Por eso, estoy convencido de que la gran mayoría de nuestra comisión podrá aceptar que algunos de nuestros planteamientos importantes no hayan quedado recogidos en este compromiso, pero esto es un Parlamento y no una comisión diplomática, por lo que hay cierto número de cosas que se quedan en el tintero. 
En la comisión estábamos a favor de que la financiación de los partidos políticos europeos quedara encuadrada dentro del presupuesto de la Comisión y no del Parlamento. 
El Sr. Hänsch ha dicho en esta Cámara, durante el debate de esta tarde sobre el resultado de la Convención: «El Estado nacional del siglo XIX no es el modelo para la construcción de Europa en el siglo XXI». 
Esta frase habrá que recordarla a la hora de debatir la cuestión: ¿qué pasa con el requisito de que los partidos sean independientes del Estado? 
Si esto lo consideramos fundamental, entonces la respuesta posiblemente sea diferente en el ámbito europeo que en el nacional. 
Es probable que el sentido que subyace al imperativo de que los Estados se mantengan a distancia de los partidos políticos y sus mecanismos de financiación, se cumpla óptimamente, a escala europea, si se vinculan a la Comisión antes que al Parlamento. 
Nuestra comisión era partidaria de establecer sanciones más severas para el caso de que los partidos infringieran el precepto de la transparencia financiera. 
No queríamos que se limitara a tener que devolver el dinero, sino que pretendíamos que reembolsaran el doble. 
Las sanciones han de ser verdaderamente dolorosas para que la tentación no sea demasiado grande. 
Por ello es lamentable que no fuera posible negociar esta cuestión con el Consejo. 
En cuanto a las preguntas que se han planteado, quisiera formular dos comentarios adicionales. 
El modo en que la Comisión ha dicho que lo de la duplicación no es factible, pues no está previsto en el reglamento financiero, me ha recordado a encuentros con gente que dice cosas como que «eso siempre lo hemos hecho así «, «eso nunca lo hemos hecho así hasta ahora» , y «¿quién sabe cuál sería el resultado? ». 
Son esa especie de experiencias arquetípicas que uno tiene con las burocracias. 
O lo que se dijo sobre la cuestión planteada en el proyecto original, a efectos de que «como partidos políticos pueden ustedes hacer lo que quieran excepto financiar campañas electorales» ; si esta era la línea seguida durante mucho tiempo por los Gobiernos nacionales y la Comisión, entonces he aquí otra razón por la cual las burocracias del Consejo y la Comisión eran conocidas y temidas en toda Europa por su capacidad de innovación, y pienso que no deberíamos olvidar que a la hora de tomar decisiones nos vendría muy bien a todos un poco más de conocimiento de la vida real. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, si mañana aprobamos este compromiso en la forma en que lo han presentado conjuntamente los Grupos parlamentarios, habremos llegado al final de una historia interminable, y esperemos que el punto final que le pongamos sea un final feliz. 
El Parlamento es en realidad el corazón de los partidos para Europa, ya que en el Parlamento nació la necesidad de desarrollar afinidades dentro de Europa, y si se piensa que actualmente hay 133 partidos políticos representados en el Parlamento Europeo, que están unidos en siete familias políticas, este hecho por sí solo refleja la labor infinita que desempeñan los Grupos aquí en el Parlamento a favor de Europa, ya que reúnen aquí en el Parlamento Europeo a los Estados cuyos partidos políticos fueron elegidos al Parlamento Europeo. 
Se trata en sí mismo de un trabajo increíblemente laborioso que me parece que a veces subestimamos. 
¿Por qué una historia interminable? 
Fue el Sr. Tsatsos- y me permito afirmar que creo que esta es la obra de su vida- quien presentó el primer informa a esta Asamblea a fin de despertar la conciencia de la importancia de los partidos políticos europeos. 
Luego vino Ámsterdam, que permitió poner en marcha una iniciativa, pero el Consejo no pudo ponerse de acuerdo en aquella ocasión, por lo que el informe del Parlamento Europeo quedó aparcado en el Consejo. 
Quiero ahora dar las gracias de todo corazón a la Comisión. 
Después del Tratado de Niza, que ha entrado en vigor el 1 de febrero de este año, la Comisión ha presentado en un plazo mínimo una propuesta que ha sido estudiada por nosotros, y puedo decir que la Comisión ha hecho un trabajo rápido. 
El resultado es que no solo lo hemos discutido, sino que mañana, esperemos, lo llevaremos a buen puerto. 
Deseo dar las gracias al Sr. Leinen por su gran esfuerzo, y puedo decir en nombre de todos que aunque no han quedado recogidos todo lo que queríamos, seguimos buscando una solución, y a mi entender necesitamos una solución, ya que al fin y al cabo el Tribunal de Cuentas Europeo nos ha colocado ante la tesitura de que a finales de este año habrá que eliminar la práctica actual que permite la estabilidad de los partidos, y sin una solución nos encontraríamos ante el vacío. 
Por eso deseo solicitar de nuevo la colaboración de todo el mundo que aún alberga alguna duda, a que eche una mano para poder coronar una obra y encontrar finalmente una solución que sea clara y transparente y que funcione. 
Por este motivo deseo agradecer no solo al Sr. Leinen, sino también a la Presidencia griega del Consejo, ya que, con todo el trabajo que tenía- y había otros muchos temas -, se ha esforzado realmente y ha hecho todo lo posible por alcanzar una resolución común en el Consejo. 
Creo que como Parlamento no solo deberíamos reconocerlo, sino que deberíamos decir que si ahora llegamos a una conclusión es porque todo el mundo ha puesto su granito de arena. 
En todos los Estados democráticos del mundo, los partidos constituyen la base y son los garantes de este ordenamiento político, que garantiza a las personas libertad y codeterminación. 
Simplemente hemos de ver que a medida que la Comunidad Económica Europea se desarrollaba y ampliaba hasta convertirse en la Unión Europea, difícilmente podía sorprender que los partidos políticos europeos debieran experimentar un desarrollo paralelo. 
Esta es la razón por la que quiero hacer un llamamiento a todo el mundo que todavía pueda albergar alguna duda, para que colabore en alcanzar mañana un acuerdo que siente las bases sobre las que los partidos puedan ser financiados, que permitan proseguir con esta labor en el futuro. 
Por ello, una vez más gracias a todos cuantos han participado y a todos los que mañana nos ayuden a alcanzar este resultado. 
Señor Presidente, empezaré diciendo de inmediato en nombre de mi Grupo que aceptamos el compromiso que tan hábilmente han negociado el ponente, la Presidencia griega y la Comisión sobre el texto que nos ocupa. 
Me gustaría felicitar a todos los que han participado por lo mucho que han trabajado para hacer posible que nosotros lleguemos a un acuerdo en primera lectura, de manera que este Reglamento pueda aprobarse a tiempo para las próximas elecciones europeas. 
En este sentido, quisiera rendir tributo al trabajo del ponente, el Sr. Leinen y, en definitiva, a todos los que han allanado el camino antes que él, en particular al profesor Tsatsos con el informe que elaboró hace unos años. 
Este es un ejercicio de transparencia, ni más ni menos. 
Proporciona claridad y transparencia al método por el cual la Unión financiará a los partidos políticos europeos transnacionales. 
Hasta ahora, esto se había hecho indirectamente a través de los Grupos políticos del Parlamento Europeo. De hoy en adelante se hará directamente aplicando unos criterios y procedimientos claros, según se establece en esta legislación. 
Por eso nosotros lo acogemos con satisfacción. 
Mi Grupo acepta también los distintos compromisos alcanzados en los detalles. 
Sinceramente, habríamos preferido que en el artículo 3 se estableciera un mínimo más alto en cuanto a la representatividad de los partidos políticos europeos, pero haciendo gala del espíritu de compromiso que exige la Unión Europea, aceptamos la aplicación de ese mínimo algo más bajo. 
Celebremos en particular que se haya resuelto el tema de las donaciones, y que el texto establezca un sistema claro, transparente y limitado en el que todas las donaciones a un partido político tengan que ser inferiores a un cierto límite y tengan también que figurar en un registro. 
El texto contiene algunas cosas un tanto extrañas que creo que los juristas-lingüistas tendrían que examinar en algunas de las versiones traducidas. 
No se trata de modificar el texto formalmente en el pleno, pero cuando se haga la revisión del texto, me gustaría que se fijaran especialmente en el apartado 2 del artículo 5, cuya versión inglesa establece que el Parlamento Europeo verificará, por mayoría de sus diputados, si un determinado partido político europeo cumple las condiciones necesarias. 
¿Quiere decir esto que es necesario que una mayoría de los diputados acepte que un partido cumple las condiciones, o que una mayoría de diputados cuestione que un partido ha dejado de cumplir las condiciones necesarias? 
El texto en la versión inglesa no está claro y sería conveniente que quedara más claro cuando se revisen las traducciones. 
Igualmente, el artículo no hace mención alguna- podría tratarse de un simple error tipográfico- de la verificación de la letra d del artículo 3. 
Hace mención de las letras a, b y c del artículo 3, pero no de la letra d. 
No hay duda de que eso puede corregirse fácilmente. 
Por último, respecto a la letra (c) del artículo 6, el cuarto y último inciso de la versión inglesa parece casi contradecir el inciso anterior. 
Creo que está claro cuál fue la intención de redactarlo así, pero no ha quedado muy bien expresado en la versión inglesa y convendría corregirlo. 
Con esto concluyo mis comentarios en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Señor Presidente, ¡no tenía ni idea de que provocaba ese efecto en los micrófonos! 
Quisiera felicitar al ponente por su trabajo. 
Me gustaría también felicitar al Consejo por haber demostrado por fin sentido común, ayudado, todo hay que decirlo, por la introducción de la votación por mayoría cualificada. 
Podemos aprender de ahí una lecciones estupendas para la Convención y la CIG. 
El Consejo ha adoptado por fin una posición común que la gran mayoría de los Liberales pueden aceptar plenamente. 
El primer borrador trató- absurdamente- de prohibir la financiación de las campañas de los partidos políticos con fondos públicos. 
¿Para qué diablos existen los partidos políticos si no es para organizar campañas? 
El nuevo texto, sin embargo, ha corregido eso y ofrece a los partidos políticos posibilidades suficientes para recibir modestas donaciones privadas. 
La cuestión de imponer un límite a las donaciones se ha resuelto de manera bastante razonable a favor de los movimientos políticos pequeños con objetivos europeos reales y serios. 
Y se han eliminado otras disposiciones burocráticas oficiosas. 
Eso es bueno para la democracia parlamentaria en Europa. 
Los partidos políticos transnacionales son un recurso fundamental de la democracia para la expresión de los intereses y las aspiraciones de los ciudadanos a escala europea. 
El proceso de constitucionalización que ha emprendido la Unión exige la participación de partidos políticos europeos maduros. 
Este informe constituye un avance importante y debería ser apoyado por todos los que desean el bien a esta institución y los que suscriben los principios de transparencia y responsabilidad. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, seguro que ya saben que en el seno de mi Grupo parlamentario existen opiniones diferentes, concepciones distintas acerca de la finalidad de los partidos políticos europeos y de la lógica que les subyace. 
Yo personalmente estoy a favor de ellos. 
Estoy convencida de que a medida que avance la integración puedan contribuir a que nuestro continente continúe aumentando su cohesión y pueda emerger paulatinamente una conciencia europea en cada uno de los Estados miembros. 
Por eso me parece acertado que esta idea fundamental quede recogida en el proyecto de Constitución de la Convención, en cuyo apartado 4 del artículo 45 dentro, de la sección «La vida democrática en la Unión Europea» está consagrada legalmente. 
Deseo unirme al agradecimiento, expresado por diputados a este Parlamento, al ponente, el Sr. Leinen, a la Presidencia griega del Consejo y también a la Comisión por haber facilitado ayer un compromiso aceptable. 
Considero que resulta muy importante de cara a la credibilidad política de esta Cámara. 
Como han señalado los diputados que me han precedido, este problema nos viene persiguiendo desde hace tiempo, y ahora debe quedar resuelto de una vez, y, sobre todo, el público está interesado en que en el futuro no haya ningún motivo de crítica por parte del Tribunal de Cuentas. 
Por esa razón apoyo el texto de la propuesta. Especialmente las disposiciones del artículo 3 acerca de la presencia de los partidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros y el umbral del 3% resultan muy importantes, precisamente para los partidos políticos más pequeños. 
El Reglamento tiene naturalmente que reflejar- y en eso lleva razón la Sra. Comisaria- el pluralismo político. 
Encuentro que la reglamentación propuesta para las donaciones es clara e inequívoca. 
Garantiza ante todo la transparencia irrenunciable de las finanzas de los partidos, pues como bien saben ustedes, ese es un aspecto delicado, por no decir el más delicado. 
Considero que esta Cámara debería pronunciarse a favor de que realmente la totalidad de las informaciones sobre donaciones estuviera en todo momento accesible para el público. 
Lo mejor sería que los partidos se comprometieran, coincidiendo con la entrada en vigor del Reglamento, a hacer públicos ellos mismos a través de Internet todos los datos relativos a ingresos por donaciones. 
Habida cuenta de esto, quiero expresar mi apoyo a esta propuesta de Reglamento. 
Señor Presidente, como bien ha dicho, represento a un grupo mixto en esta cuestión, el Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea, y me gustaría agradecer personalmente al Sr. Leinen la amable cortesía y el buen talante con el que ha realizado este trabajo. 
Sin duda alguna, y contradiciendo al Sr. Ribeiro e Castro, pienso que se ha realizado un sincero intento de alcanzar un compromiso, un compromiso que creo que la mayoría de mi Grupo aceptará con satisfacción, aunque otros colegas que intervendrán en este debate llamarán su atención sobre algunos puntos que nos preocupan especialmente. 
La Alianza Libre Europea que yo represento aquí está verdaderamente preocupada por la forma en que se han elegido los criterios: la forma de decidir lo que es o no importante. 
Actualmente en este Parlamento, la Alianza Libre Europea representa a lo que podríamos considerar que son muchos países diferentes dentro de la Unión Europea: Andalucía, el País Vasco, Cataluña, Flandes, Galicia, Escocia y Gales, citándolos por orden alfabético en el idioma inglés. Ahora bien, si aplicamos un criterio basado en Estados, podríamos hablar solo de tres Estados. 
Cuando veo las nuevas banderas que tan bien adornan esta tribuna, observo que muchas de esas banderas corresponden a Estados miembros actuales o futuros con un tamaño considerablemente más pequeño, en términos de extensión geográfica, población o ambos, que los países que he mencionado. 
Por consiguiente, la corriente de pensamiento- y se trata de una corriente europea- que representa la Alianza Libre Europea es objeto de una discriminación negativa por la aplicación de un criterio formulado estrictamente en términos de la proporción del número total de Estados miembros. 
Eso es algo sobre lo que realmente tenemos que reflexionar. 
Un Parlamento y una Unión de este tipo han de tener una consideración muy especial hacia los intereses de las minorías, el trato igualitario de las minorías y el respeto de los derechos de los grupos más pequeños. 
Ya sé que el compromiso alcanzado ha tratado de moverse en nuestra dirección, y lo aprecio mucho, pero el hecho es que sigue existiendo una grave dificultad desde el punto de vista de esa corriente de opinión verdaderamente europea. 
La Alianza Libre Europea ha sido considerada desde hace mucho tiempo una de las familias políticas paneuropeas originales, pese a lo cual estamos a punto de vernos excluidos e ignorados en estas propuestas. 
Me temo que no podemos apoyarlas en su redacción actual. 
Señor Presidente, los partidos políticos supranacionales son productos artificiales que no están en condiciones de recaudar aportaciones voluntarias de la gente corriente. 
Por tanto, en su lugar precisan recibir contribuciones de grandes empresas y sindicatos y nutrirse de los fondos de la UE. 
Aquellos que van a utilizar el dinero pueden decidir por sí mismos cuánto quieren. 
Con la nueva constitución, 13 países podrán imponerse con sus votos sobre los otros 12. 
Los partidos grandes podrán utilizar sus mayorías para cortar las subvenciones a partidos más pequeños. 
También pueden declarar no europeos a partidos apoyados por el electorado y retirarles las subvenciones. 
La reunión del Consejo también levantó una prohibición sobre la participación en elecciones nacionales. 
Los partidos supranacionales pueden, por tanto, convertir a los partidos nacionales en filiales sumisas. 
La propuesta tiene características totalitarias. 
Reunamos una coalición para llevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia. 
La propuesta que tenemos ante nosotros contraviene el principio de igualdad. 
En mi opinión, la legislación es ilegal y por tanto debería ser examinada por el Tribunal de Justicia. 
Por ejemplo, es imposible que las minorías nacionales obtengan subvenciones, aunque realicen actividades transfronterizas apropiadas. 
Esto pone las cosas imposibles para los nuevos movimientos y partidos y difíciles para otros. 
Existe una falta de igualdad en general, y tiene que haber esa igualdad, de acuerdo con mi propia constitución, con los tratados vigentes y el proyecto de constitución que está tramitándose. 
Todos ellos contienen un principio de igualdad que también es aplicable a esta propuesta. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Sr. Leinen, Señorías, el viernes de la semana pasada la Convención ha aprobado el proyecto de Constitución para la UE por consenso de los representantes de los Gobiernos y Parlamentos nacionales de 28 países, del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Muchos de nosotros tenemos la sensación de que se trata de una fecha histórica. 
Gracias a este proyecto y la conclusión del trabajo, Europa será más transparente, más eficiente y más democrática, más próxima al ciudadano. 
La democracia parlamentaria de nuestra época se caracteriza por los partidos políticos que concurren a las elecciones y por los diputados, escogidos por tales partidos y elegidos directamente por los ciudadanos, que se unen en los Parlamentos para formar grupos parlamentarios. 
La Convención refuerza el Parlamento Europeo mediante la ampliación del procedimiento de codecisión y la concesión al Parlamento de plenos poderes presupuestarios y de la facultad de elegir al presidente de la Comisión teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. 
A pesar de esta realidad, que justo en estos últimos días hemos aplaudido y que constituye un motivo de alegría por haber llegado finalmente a destino, a fecha de hoy seguimos sin disponer de un estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, porque el Consejo lo tiene bloqueado. 
Por ahora no contamos con un Reglamento sobre la condición jurídica y la financiación de los partidos políticos europeos. 
No tenemos un derecho electoral uniforme. 
No existen listas europeas sobre las que podamos votar a candidatos. 
Con la aprobación de un Estatuto de los diputados por parte del Parlamento Europeo en el último período parcial de sesiones de Estrasburgo, se ha cubierto un vacío. 
Con la aprobación mañana, espero, de la resolución sobre la condición jurídica de los partidos políticos europeos, y sobre todo tras la decisión del Consejo el lunes, de la que nos congratulamos, colmaremos un segundo vacío en la política democrática. 
Mi Grupo apoya el documento presentado y las propuestas de transacción, ya que hemos batallado enérgicamente para que que se cubriera este vacío en la política democrática. 
De este modo hemos cumplido el mandato que recibimos en Ámsterdam y Niza. 
Cumplimos nuestra promesa al Tribunal de Cuentas poniendo fin a las subvenciones cruzadas entre grupos parlamentarios y partidos, si es que todavía existen. 
Con ello creamos mayor transparencia, apertura y claridad en el quehacer político y en la financiación de las actividades de los partidos políticos. 
Contribuimos así a la europeización de los partidos nacionales y a la democratización del trabajo en el ámbito europeo. 
Sentamos las bases para las listas europeas y para un derecho electoral europeo uniforme. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos está satisfecho de que se haya hecho una distinción entre la labor de los Grupos en esta Cámara y la de los partidos políticos, así como entre las funciones de los partidos nacionales y las de los europeos. 
Nos alegramos de la nítida distinción entre campañas electorales europeas y las nacionales. 
Acogemos con satisfacción las reglas diáfanas sobre lo que pueden hacer los donantes. 
Manifestamos nuestro beneplácito por los criterios claros- tanto cualitativos como cuantitativos- y la necesaria legitimación democrática, que deben satisfacerse y respetarse para que un partido pueda adquirir la condición de europeo. 
No se trata de una discriminación de los grupos pequeños, ya que un partido solo es europeo cuando no solo actúa en el ámbito nacional, sino se está legitimado democráticamente en un número determinado de Estados miembros y dispone de aliados. 
En este sentido exhorto a todos a cerrar mañana el vacío que aún subsiste en la política democrática, procurando con ello una mayor transparencia y claridad. 
Señor Presidente, recomiendo calurosamente votar a favor del excelente informe Leinen. 
En su informe, el Sr. Leinen explora la historia de la institución de los partidos políticos. 
Tenemos que estarle agradecidos. 
Con esta propuesta de voto a favor mañana, los partidos políticos europeos adquirirán una base jurídica y reforzarán el carácter democrático de la Unión Europea. 
Una vez más, mi más sincera gratitud al Sr. Leinen, al igual que a la Sra. Schleicher y al Sr. Corbett, por su cortés referencia a mis aportaciones algo más antiguas. 
No voy a ocultar mi satisfacción personal. 
También debo elogiar el trabajo realizado por la Sra. Schleicher en la fase previa. 
El Parlamento Europeo debería estar satisfecho con el texto del Consejo de Ministros sobre los dos asuntos que nos ocupan: el número mínimo de Estados miembros en que el partido debe estar activo y la delicada cuestión de la financiación. 
Además, las enmiendas de transacción presentadas resuelven los problemas que pudiera haber. 
Los beneficios democráticos que comporta otorgar una condición jurídica a los partidos políticos europeos son muchos. 
Mencionaré los siguientes: las instituciones europeas ganarán legitimidad. 
Otorgar una condición jurídica a los partidos políticos europeos es un complemento valioso de la constitucionalización de los Tratados. 
En el ámbito de los partidos políticos europeos, el principio de solidaridad entre los pueblos en el plano social se realizará por medio del agrupamiento político sustancial de los partidos nacionales de los Estados miembros. 
El papel del ciudadano europeo ya no se limitará al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, sino que se extenderá a su movilización en el marco de los partidos políticos europeos. 
El ciudadano europeo pasará de ser un ciudadano a ser un ciudadano activo. 
Sobre la cuestión de la financiación, aporta transparencia y protege la institución de los partidos de fuentes financieras desconocidas o dudosas. 
Solo con la institución de los partidos políticos europeos puede el proceso de unificación de Europa convertirse finalmente en un asunto nuestro, y quiero decir en un asunto de los ciudadanos europeos. 
Quiero terminar felicitando a la Presidencia griega, a los excelentes diplomáticos que son los Sres. Mathioudakis y Venizelos, y también informando a la Cámara del interés personal del Presidente Kostas Simitis, quien, como político y como especialista, ha prestado mucha atención a la institución de los partidos políticos. 
Era su deseo particular poder contar con esta ley entre los éxitos y la labor de la Presidencia griega. 
Señor Presidente, quiero empezar diciendo que estoy a favor de unas normas básicas simples, claras y transparentes para los Grupos políticos del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, en principio no estoy a favor de utilizar el dinero de los contribuyentes para los partidos políticos. 
Simplemente se trata de si los partidos van a ser apoyados por los fondos públicos o por los miembros de los partidos que los componen. 
Creo que deberían ser apoyados por estos últimos. 
En este asunto, no son los ciudadanos ni el electorado quienes han creado la necesidad de partidos políticos financiados públicamente. 
La necesidad que ha surgido en este caso la han creado los políticos profesionales, y eso es, tal y como yo lo veo, una necesidad artificial. 
¿Para qué sirve un partido europeo? 
Para el contribuyente individual, solo existe en el papel y es un mero espejismo desprovisto de sustancia. 
En términos financieros, no hay grandes cantidades involucradas, todavía. 
Sin embargo, este es el delgado final de la divisoria. 
Preveo que la ayuda va a aumentar continuamente, y crecerá a un ritmo superior a la tasa de inflación general. 
También pienso que en esta propuesta podemos poner un signo de interrogación sobre el elemento democrático. 
El principio debe ser que si inevitablemente debemos dar el dinero de los contribuyentes a los partidos europeos, deberían recibirlo todos los partidos, y eso no es lo que ocurrirá según la propuesta. 
Estoy a favor de que haya reglas transparentes, pero no estoy a favor de ayudar a los partidos europeos, y por esa razón también rechazo esta propuesta. 
Señor Presidente, los grandes Grupos de esta Cámara deben pensar que se han llevado el gato al agua, porque ahora entrarán millones en las arcas del partido y podrán pasarlo a lo grande en toda Europa. 
El resultado de nuestros debates es, entonces, que el contribuyente tendrá que financiar y pagar todos los banquetes celebrados por partidos políticos europeos. 
Es irritante, pero no se puede hacer nada para cambiarlo. 
Por lo tanto, nuestra tarea más importante es asegurar que la ayuda sea transparente. 
Tiene que ser posible que cualquier ciudadano pueda comprobar todas las donaciones a los partidos en Internet y, de la misma manera, todas las cuentas de los partidos europeos deben estar accesibles para cualquiera que desee consultarlas. 
La cuestión no es muy satisfactoria actualmente. 
Por ejemplo, la contabilidad de los tres grandes partidos políticos es un asunto cerrado y opaco. 
Y esto, sin duda, hay que impedirlo; por lo tanto, quiero solicitar un control detallado del uso que se da al dinero y reglas claras que rijan esta cuestión. 
Permítanme que pida a todo el mundo que eche un vistazo a las cuentas de los partidos para ver si en realidad pueden deducir algo de ellas. 
Les puedo decir ahora que no podrán. 
Todo lo que podrán hacer es esperar que los miembros de los partidos se lo hayan pasado bien en sus juergas por Europa a costa de los contribuyentes. 
Señor Presidente, aceptando por un momento la premisa básica del ponente de que los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en la democracia contemporánea, el papel que desempeñan es de ámbito nacional, hasta los diputados al Parlamento Europeo pertenecen a partidos nacionales y representan a sus electorados nacionales. 
Por otra parte, simplemente no existen partidos políticos europeos bajo ninguna forma coherente, salvo en las mentes de los más fervientes integracionistas. 
La Constitución de la Unión Europea que se propone prohíbe «toda forma de discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico o convicciones políticas o de cualquier otro tipo.» 
Dice también que los partidos políticos europeos contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. 
Dos encuestas de opinión recientes en el Reino Unido han dado cifras del 92% y el 96% de partidarios de abandonar la Unión Europea, y sin embargo esta propuesta dejaría sin financiación a cualquier partido que se atreviera a representar las opiniones de esa gran parte de su ciudadanía. 
Por consiguiente, contradice no solo el espíritu, sino también la letra de su Constitución. 
No promueve la democracia, sino que la reduce. 
Con esta propuesta, ustedes descienden por una ladera muy resbaladiza. 
Muchas gracias, señor Dell ' Alba. 
Solamente le digo que esta es una hora nocturna, pero no una hora secreta. 
Tiene la publicidad que tiene el Parlamento a través de todos sus mecanismos. 
Señor Presidente, me alegra poder decirle que los Conservadores Británicos votarán en contra de esta propuesta mañana. 
Nosotros pensamos que, por una cuestión de principio, no es correcto utilizar el dinero del contribuyente recaudado a través de los impuestos para crear una falsa sensación de identidad europea. 
Muchos de mis electores, y me atrevería a decir que hasta algunos de los electores de los diputados que votarán mañana a favor de la resolución, se sentirían horrorizados si se enteraran de que sus impuestos se utilizan para subvencionar partidos políticos europeos cuyos programas ellos pueden rechazar de pleno. 
Además, creemos que este Reglamento introduce un peligroso principio de discriminación política. 
Discrimina claramente a algunos partidos a causa de sus convicciones, y de modo encubierto a todos los partidos que se consideran principalmente de ámbito nacional y que, en consecuencia, se muestran reacios a formar bloques transeuropeos. 
Puede que eso no les sorprenda. 
Reconozco que el Partido Conservador Británico está en minoría en esta Cámara en su defensa de la primacía de la democracia nacional. 
Sé que la mayoría de sus Señorías creen que la existencia de una democracia que funcione bien a escala de la Unión Europea es tan factible como deseable: esa es una posición perfectamente honrosa, pero les pediría a esos diputados que se planteen si esas propuestas son realmente democráticas. 
En una democracia pura deberían existir tan pocas restricciones como sea posible en cuanto al modo en que los ciudadanos eligen a sus representantes. 
Una vez elegidos, los políticos deben tener libertad para asociarse en las combinaciones que les parezcan oportunas. 
Deben poder expresar abiertamente sus opiniones y deben poder recaudar fondos por cualquier método que sus votantes toleren. 
El establecimiento de criterios jurídicos de reconocimiento diluye la democracia e infantiliza al votante. 
Si un político expresa opiniones perniciosas, deben ser los votantes los que decidan su expulsión, no los tribunales, ni mucho menos sus adversarios políticos. 
Si se cree que un partido depende económicamente de intereses creados, los electores deben ser también los que decidan al respecto, no las autoridades. 
La propuesta que discutimos aquí esta noche refleja esos principios. 
Incluso llega a introducir un mecanismo que permite descalificar a los partidos que estén reñidos con las convicciones políticas de la mayoría, una medida que desde luego está más cerca del antiguo Pacto de Varsovia que de la Europa democrática que propugnamos. 
En un mercado político libre, las buenas ideas triunfarán no cuando las malas ideas se sofoquen, sino cuando los ciudadanos puedan distinguir entre la verdad y la falsedad. 
Si nuestros votantes no pueden decidir por sí mismos, su capacidad moral se verá reducida y se perderá una parte de su libertad. 
La democracia no es solo un lema, una palabra trillada que acompaña a cualquier idea que terminamos aprobando. 
Tiene un significado muy específico y es incompatible con la propuesta que discutimos aquí esta noche. 
Los verdaderos europeos, los demócratas honestos y los amantes sinceros de la libertad, deben votar en contra. 
Señor Presidente, tras la falta de unanimidad en el Consejo en 2001, Niza abrió nuevas perspectivas con la creación de un nuevo fundamento jurídico y el paso a la mayoría cualificada. 
En este contexto debatimos ahora la nueva propuesta de Reglamento. 
De hecho, algo ha avanzado en Europa con el presente texto, pero no puedo dejar de manifestar mi disgusto y hasta mi aprensión al ver que no está segura aún la consagración de la personalidad jurídica de los partidos políticos europeos. 
Y solo estamos tratando de su financiación... 
Por ello, el informe, la insistencia y la persistencia que demuestra por parte de su ponente, el Sr. Leinen, me merecen todo el apoyo por la claridad y equilibrio con que ha perfeccionado la propuesta inicial, en particular en cuanto a la atribución de personalidad jurídica a los partidos, a la clarificación de la naturaleza de los recursos de los partidos y a la transparencia de la financiación comunitaria, sujeta a los controles normales de las auditorías; asimismo, porque responsabiliza a la Comisión de la administración de los recursos financieros y aparta esta carga del Parlamento Europeo para no crear sospechas innecesarias, y permite, contrariamente a la propuesta de Reglamento, la utilización de partidas por los partidos políticos europeos para actividades relacionadas con los partidos nacionales y con la participación en las campañas electorales europeas. 
La aprobación de este Reglamento constituirá la primera gran realización del pilar institucional en que descansa la democracia europea: abre la puerta a la conclusión urgente del estatuto de los diputados y de los asistentes y a la necesaria ley electoral uniforme para el Parlamento Europeo. 
Espero que sea este el momento de la responsabilización de los participantes en el proceso legislativo. 
Es urgente y necesario, señor Presidente, un estatuto de los partidos políticos europeos cuya nota esencial sea la transparencia de la financiación. 
. (DE) Señor Presidente, algunos oradores anteriores han señalado que sin partidos no hay democracia, y yo tengo que añadir a esto que no hay democracia sin igualdad de género. 
Sabemos que las mujeres, que en Europa suman la mitad de la población, continúan estando infrarrepresentadas. 
El hecho de que las mujeres no estén debidamente representadas en la política viene a demostrar lo poco que han avanzado los partidos políticos en cuanto a la igualdad de género. 
Ahora es tarea de los partidos políticos convertir en realidad política el principio de igualdad, y los partidos financiados con dinero europeo tienen también la misión de representar a la población de forma adecuada. 
Por eso queremos incluir en el estatuto de los partidos que la asignación de fondos se condicione a la existencia de una relación equitativa entre hombres y mujeres. 
Nuestra propuesta sobre la paridad debería ser verdaderamente algo obvio, y en efecto ya lo es en algunos Estados miembros, como por ejemplo en Francia. 
La Asamblea N francesa ha aprobado por unanimidad una ley de paridad. 
No deberíamos limitarnos a declaraciones de boquilla ensalzando la importancia de la igualdad. 
Hoy lo hemos vuelto a poner de manifiesto en la Convención, donde ha quedado definitivamente consagrada la igualdad de trato como un valor fundamental. 
Tampoco debemos limitarnos a apelar al mundo empresarial y exigir que se abstengan de toda discriminación, cuando ni siquiera nosotros mismos estamos dispuestos a ello. 
Eso nos restaría toda credibilidad. Por eso quiero urgir a todos ustedes a que apoyen nuestras propuestas. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Leinen el esfuerzo que ha hecho con este informe. 
Aunque apoyaré el informe a la luz de la necesidad incuestionable de la dimensión europea de los partidos políticos precisamente en el momento en que la Convención acaba de presentar su proyecto de Constitución para la Unión Europea, el sistema propuesto difícilmente puede ocultar la tendencia intrínseca a transferir el estilo político norteamericano a la escena europea. 
Es más que evidente que hasta los analistas más agudos no pueden distinguir las principales diferencias entre Demócratas y Republicanos, como se pone de manifiesto en cuestiones como la reciente ocupación del Iraq. 
La propuesta que hoy nos ocupa demuestra la clara intención de los grupos de presión de la Unión Europea de que se abandone la escena europea histórica y en su lugar se inicie una confrontación política siguiendo el modelo norteamericano. 
El sistema de financiación no deja ninguna duda al respecto. 
Además, no debemos ignorar el hecho de que el Reglamento propuesto discrimina a los partidos políticos de las naciones sin Estado, como el País Vasco, tal como el Sr. MacCormick acaba de recordarnos hace unos minutos. 
Además, si se aprueban enmiendas como la propuesta por el Sr. Gil-Robles, habrá que seguir preguntando: ¿Ha exigido que se respeten las leyes del Estado miembro en el que actúan esos partidos? 
Desde luego, los nacionalistas españoles no tienen límites. 
Señor Presidente, el Sr. Churchill, que según tengo entendido era Conservador, dijo en más de una ocasión que él pensaba que el sistema democrático no era estupendo, pero era el mejor que teníamos y había que defenderlo, protegerlo y, como no, también regularlo. 
Sin lugar a dudas, la historia demuestra hasta la saciedad que tenemos que regular la financiación de los partidos políticos. 
No hay otra forma de evitar que los partidos se corrompan. 
Tenemos demasiados ejemplos en toda Europa de dinero privado que ha corrompido a los políticos y a los reguladores. 
Muchos ciudadanos, al menos en mi país, se sorprenden de que parte del dinero que pagan para comprar una casa se utilice para corromper las leyes de planificación urbana. 
Estarán contentos de que sus impuestos se utilicen para evitar que el sistema político se corrompa o para poner fin a su corrupción. 
Esta noche se han expuesto aquí muchos argumentos falsos, sobre todo con respecto a la representación mínima exigida para obtener financiación. 
No conozco ningún Estado miembro de la Unión Europea que no exija una representación mínima para la financiación de los partidos políticos. 
En efecto, si se exige una representación mínima para ser elegido al Parlamento, qué decir ya de la financiación de los partidos políticos. 
El Estatuto que hoy nos ocupa, junto con el Estatuto de los Diputados y el resultado tan positivo de la Convención, indican que la Unión Europea ha entrado en una nueva era. 
Espero que en la cumbre de esta semana se arme de valor, apruebe este Estatuto y apruebe el resultado de la Convención. 
Verdaderamente podemos decir que hemos empezado a crear una dimensión europea, un espacio público real para los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, el ponente sueña con un sistema electoral uniforme con listas transnacionales y para ello necesita partidos europeos. 
El dinero de los contribuyentes europeos se utiliza para acelerar y facilitar la creación de tales partidos. 
Ello hace que estos partidos sean particularmente artificiales. 
La razón de ser no son los objetivos comunes ni las actividades de los miembros afiliados, sino la necesidad de una administración estatal a escala europea. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, está dispuesto a colaborar con los socialistas de izquierdas de otros Estados, pero desde abajo y no desde arriba. 
No creemos que estos mecanismos sean el camino correcto. 
Nuestra objeción sería por cierto aún mayor si, siguiendo el modelo alemán, se prescribieran en detalle las estructuras partidarias y la elaboración de listas de candidatos, o si se estableciera una distinción entre partidos favorables a una Europa dirigida de modo centralizado y uniforme y los que se oponen a ello, entre partidos de individuos centralizados y asociaciones laxas de partidos nacionales que colaboran o entre movimientos políticos grandes y pequeños. 
Constato con satisfacción que esta propuesta se limita ahora a un régimen de financiación y un control de su uso indebido. 
. 
(ES) Señor Presidente, intervendré muy brevemente, nada más que para dar las gracias una vez más al ponente, Sr. Leinen, por el trabajo hecho y a la Presidencia griega por haber facilitado este acuerdo. 
Efectivamente, me parece importante el punto suscitado por el Sr. Corbett sobre la necesidad de revisar algunos extremos en alguna de las traducciones, pero creo que lo que se deduce de las distintas intervenciones es que- al margen de que haya algunas de sus Señorías que tienen ciertas reservas o incluso más que ciertas reservas respecto al texto- la gran mayoría de sus Señorías coinciden en que es un texto equilibrado, un texto que permite regular una situación y que refleja el apoyo que conviene dar precisamente a estos partidos políticos que sirven para estructurar y para impulsar la idea de Europa, con un espíritu de transparencia y responsabilidad. 
Espero que podamos conseguir un texto que se apruebe en primera lectura y superar una discusión que, como bien saben todas sus Señorías y los representantes del Consejo, viene siendo objeto de larguísimas discusiones y, gracias a este debate y a las gestiones realizadas en estos últimos tiempos, por fin vamos a poder resolver la cuestión y avanzar en esa construcción de la Europa que todos queremos: transparente, responsable y al servicio de los ciudadanos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0196/2003) del Sr. Wijkman, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo "La cooperación en materia de energía con los países en vías de desarrollo". 
Señor Presidente ningún país ha podido reducir la pobreza sin un importante aumento del uso de la energía. 
Sin embargo, el acceso a la energía moderna varía considerablemente. 
En el mundo, más de dos millardos de personas no tienen acceso a la electricidad ni a los combustibles, y no pueden más que utilizar leña y excrementos de animales para cubrir sus necesidades energéticas. 
Permítanme mencionar tan solo unos ejemplos: cocinar en lugar mal ventilados puede tener importantes consecuencias para la salud; centenares de millones de mujeres y niños dedican varias horas al día a reunir leña para las necesidades domésticas; la falta de electricidad implica una iluminación inadecuada, comunicaciones limitadas y la falta de refrigeración y a una serie de aparatos que reducen el trabajo y a oportunidades de generar ingresos. 
Por lo tanto, los modernos servicios de energía constituyen un requisito crucial para que los países pobres puedan erradicar la pobreza y alcanzar los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La mayoría de las formas de energía actuales crean problemas medioambientales en el plano local, regional e internacional, que son una amenaza para la salud y la prosperidad de las generaciones actuales y venideras. 
Uno de nuestros retos más importantes es el de encontrar nuevos modos de aumentar los servicios energéticos para los pobres, y al mismo tiempo tener más en cuenta los efectos medioambientales del uso de la energía. 
Pese a la importancia primordial del suministro de energía para el desarrollo y el crecimiento, las cuestiones sobre energía por lo general han estado ausentes en la agenda de desarrollo internacional y en la labor realizada para luchar contra la pobreza. 
Por ejemplo, los proyectos energéticos han representado menos del 5% de la ayuda de la UE desde 1990. 
El año pasado en Johanesburgo se produjo una especie de paso crucial, y ambas iniciativas lanzadas por la Comisión en materia energética son más que bienvenidas. 
Tanto la declaración que debatimos hoy como las iniciativas sobre energía de la UE en Johanesburgo destacan la crucial importancia de la energía en la lucha contra la pobreza. 
Se crea un modelo adecuado en lo que respecta a la tendencia general de las medidas propuestas, es decir, apoyo a la creación de capacidades, reforma del sector energético, gestión de la demanda, diversificación de la oferta y elaboración de normativas adecuadas, mecanismos financieros y asociaciones entre los sectores público y privado. 
Sin embargo, ambas iniciativas tienen varias limitaciones y carencias. 
Dados los grandes retos que tenemos ante nosotros, las propuestas no son suficientemente ambiciosas. 
No se proponen nuevos recursos financieros. 
Sin duda, la mayoría de las inversiones en el lado de la energía deberán provenir de fuentes privadas, pero también existe una enorme necesidad de recursos en términos de ayuda. 
De lo contrario, habrá pocas esperanzas de llegar a los pobres en las zonas rurales. 
Es más, la transición necesaria hacia la energía renovable y hacia un uso más eficiente de la energía necesita apoyo financiero específico para ayudar a cubrir las mayores inversiones iniciales. 
Por lo tanto, proponemos en este informe que se establezca un Fondo especial para la energía sostenible, al igual que la Comisión acaba de establecer un fondo, de 1 millardo de euros, para iniciativas en el terreno del agua. 
Otro problema es que no se hace una distinción clara entre los requisitos en términos de desarrollo de políticas y de inversiones, por un lado, en las aldeas, y por otro, en el sector moderno. 
El nivel de aldea debe especificarse claramente y debe tener prioridad. 
La mayor parte del petróleo importado por países en desarrollo se emplea para el transporte. 
La declaración de la Comisión prácticamente no hace referencia al sector del transporte. 
Existen ejemplos- especialmente en Latinoamérica, por ejemplo en forma del programa de etanol en Brasil- de cómo es posible realmente, a través de iniciativas prácticas, promover el desarrollo no contaminante en el sector del transporte. 
No tengo tiempo para plantear otras propuestas y comentarios específicos. 
Únicamente me gustaría resumir diciendo que las propuestas de la Comisión son muy alentadoras. 
Sin embargo, si pretenden ser algo más que palabras vacías, es preciso aportar importantes recursos para estimular las inversiones en tecnología no contaminante; las inversiones son a menudo bastante caras inicialmente, pero más baratas durante el ciclo de vida total de los proyectos. 
Por otra parte, hay que dar una clara prioridad a las medidas en las aldeas, donde viven la mayoría de los pobres. 
En ellas es mayor la necesidad de recursos de ayuda. 
Espero que el Parlamento apoye mi informe y que la Comisión tenga en cuenta nuestras enmiendas, sobre todo las relativas a la exigencia de un importante aumento de los recursos financieros. 
Debemos asegurar que estas sólidas propuestas sean más que retórica vacía. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, la cooperación energética con los países en vías de desarrollo no es evidentemente un tema fácil, aunque sí es un tema vital para todos. 
Si no se abordan correctamente al mismo tiempo la dimensión de la energía, la del desarrollo y la del medio ambiente, realmente vamos a avanzar muy poco. 
Pero, además, quiero decir que si no abordamos el problema de la energía en los países en vías de desarrollo, no solo no se podrá realizar de verdad el desarrollo de esos países, sino que además tampoco podremos hacer frente, desde la responsabilidad y desde la real efectividad, a problemas como la lucha contra el cambio climático. 
Quiero expresar en este sentido mi agradecimiento al Sr. Anders Wijkman, ponente de este informe que estamos discutiendo hoy. 
La combinación de saber y persistencia del Sr. Wijkman se ha traducido en un documento que contribuye e impulsa muy útilmente el trabajo que nos queda por hacer para aplicar, precisamente, las conclusiones de Johannesburgo, en las cuales estamos trabajando en la Comisión y, concretamente, en la Dirección General de Energía. 
He interpretado el informe como un apoyo al planteamiento resumido en la Comunicación de la Comisión y no me plantean ningún problema las enmiendas propuestas la semana pasada por el Sr. Wijkman. 
Quiero decir que cuando se inició, desde la Dirección General de Energía y Transportes, la preparación de un documento de estas características, en la agenda de Johannesburgo no estaba contemplada la energía. 
Nosotros empezamos a trabajar en energía y cooperación al desarrollo antes de que la energía se incorporara a la agenda de Johannesburgo. 
Luego la energía ha sido el tema estrella, o uno de los temas estrella de la agenda de Johannesburgo, pero en la Dirección General de Energía y Transportes estábamos trabajando desde antes, y tengo que decir que, personalmente, había impulsado esta actuación. 
Porque hay que decirlo muy claro: energía y agua, eso es la vida. 
Y si no hay agua y no hay energía, no solo no es posible el desarrollo, sino ni siquiera la supervivencia. 
Dicho todo esto, quiero hacer algunas observaciones sobre el fondo, que creo que pueden facilitar una futura cooperación de una manera constructiva. 
Algunas de las propuestas específicas realizadas necesitarán una consideración más profunda para asegurar que se mantiene la coherencia con el objetivo global de cooperación al desarrollo, es decir, la erradicación de la pobreza, combinada con el impulso de un desarrollo energético equilibrado y sostenible. 
La resolución ha tomado correctamente buena nota de que la Comisión ha sido muy modesta al sugerir una financiación especial y reservada destinada a la inversión en energía en los países en vías de desarrollo. 
No se trata de que ignoremos la importancia de la financiación, sino más bien de que estamos convencidos de que la financiación debería basarse en la demanda. 
Esto es un punto clave de la política energética de la Unión Europea para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 
Únicamente en el caso de que nuestros socios de cooperación definan y conviertan en prioritario el desarrollo de su sector energético, y en el momento en que lo hagan, empezará a fluir el dinero. 
Lo que sí podemos y vamos a hacer es hablar con los países en vías de desarrollo, con los cuales estamos ya colaborando, para que esto se facilite. 
En este marco de cooperación puedo comprometerme a que- junto con mi colega el Comisario Nielson- haremos todo lo posible para garantizar que no queden defraudadas las expectativas que todos tenemos. 
El Sr. Wijkman tiene toda la razón al proponer que, como mínimo, debemos velar por que los fondos no utilizados sirvan para buenos proyectos energéticos en vez de quedar sin uso. 
Y quiero decir que, efectivamente, el capítulo energético es todavía uno de los elementos que menos aparecen en el ámbito de la cooperación y la ayuda a la erradicación de la pobreza y al desarrollo de los países más pobres. 
Sin embargo, me parece absolutamente clave- insisto una vez más- que seamos capaces de impulsarlo. 
La energía está asociada a la educación. 
La energía está asociada al acceso a cierto tipo de nuevas tecnologías que tenemos que ayudar a diseminar en esos países, precisamente para evitar que la pobreza actual, que se traduce sencillamente en una diferencia de riqueza entre países desarrollados y países subdesarrollados, no se agrande todavía más. 
Se trata de una nueva fosa en relación con las nuevas tecnologías, de las cuales disponemos y disfrutamos nosotros en los países desarrollados, y a las que lamentablemente todavía no tienen acceso los países en vías de desarrollo. 
Y ahí la energía, de nuevo, tiene que estar presente. 
De ahí la importancia de haber presentado esta primera Comunicación. 
Es la primera, no va a ser la última. 
Ya le adelanto a su Señoría que tenemos una nueva en preparación. 
Solo que además, en esta ocasión, la podremos presentar con el respaldo de las conclusiones que se obtuvieron, precisamente, en Johannesburgo y de la sensibilización que se ha producido durante este tiempo. 
Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias Sr. Wijkman por su trabajo. 
Señor Presidente, felicito en primer lugar al Sr. Wijkman por su informe y a los miembros de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, cuyas aportaciones han completado y mejorado un informe importante en la medida en que actualiza la cooperación para el desarrollo, extendiéndola a un ámbito que, hasta muy recientemente, estaba regido más bien por el libre mercado. 
Desde la perspectiva global con la que el Grupo Socialista entiende los conceptos de desarrollo y cooperación, la energía debería considerarse un elemento transversal en las acciones de cooperación, en la medida en que se trata de un elemento clave para el desarrollo sostenible. 
Actualmente la energía utilizada, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, es contaminante y ecológicamente destructiva, pero para subsanar esto hacen falta recursos. 
La utilización de fuentes de energía renovables y alternativas por las que abogamos es cara. 
La Comisión debe movilizar los fondos necesarios para la financiación del acceso de los países en desarrollo a fuentes de energía renovables, de manera que la integración de la dimensión medioambiental en los procesos de desarrollo no sea una declaración de intenciones incumplidas. 
Actualmente, como ya ha dicho el Sr. Wijkman esta noche, a la energía se le dedica menos del 5% de los fondos de cooperación comunitarios. 
Es necesaria la implicación pública en el sector de la energía y, subrayo, las inversiones públicas, sin perjuicio de que las compañías privadas participen en la explotación y distribución de la energía. 
El acceso a las mismas debe estar garantizado por el sector público como un servicio esencial. 
En este sentido, no podemos estar de acuerdo con la opción de la Comisión de promover prioritariamente la privatización del sector de la energía que debe ser complementaria de acciones públicas. 
La explotación privada de las fuentes de energía no contribuye a la reducción de la pobreza. 
Los indicadores de pobreza son apabullantes en muchos países de África exportadores de recursos energéticos, fósiles explotados por compañías privadas, a menudo europeas. 
Por cierto, en estas poblaciones no cuentan ni con energía eléctrica ni con luz ni con agua, ni desde luego con otras aplicaciones más sofisticadas de la energía; por eso hay que apoyarlas económicamente. 
La misma Comisión pone de manifiesto en su Comunicación el vínculo entre pobreza, deterioro medioambiental y energía- y lo ha dicho hoy la Sra. Comisaria- pero no hace propuestas audaces ecológicamente sostenibles. 
Por eso damos la bienvenida a esta iniciativa de asociación con los países en desarrollo en materia de energía, pero echamos en falta un plan de choque real con provisión de fondos adicionales y una propuesta legislativa que sirva de base a las necesarias acciones en esta materia tan importante. 
(ES) Señor Presidente, quiero de nuevo darle las gracias al Sr. Wikjman y contestar muy brevemente, porque me parece que hemos debido leer un documento distinto. 
Las dos intervinientes han debido leer un informe de la Comisión que yo no he leído, lo cual me sorprende, porque el informe de la Comisión en ningún momento se dedica a propugnar la privatización de los servicios energéticos en los países en vías de desarrollo. 
No mezclen, Señorías, las churras con las merinas. 
El que hayamos hecho una propuesta de privatización que, además, no es de privatización, sino de liberalización- que son cosas totalmente distintas -, en el ámbito de los sistemas energéticos en el mercado integrado europeo, no tiene nada que ver con las cosas que sus Señorías se dedican a atribuir a un texto y que no aparecen en ese texto. 
Les pediría a sus Señorías que me digan en qué página pone que nosotros propugnamos la privatización de los sistemas energéticos en los países en vías de desarrollo. 
Señorías, díganme en qué página, por favor. 
Y cuando me digan en qué página decimos eso, yo, a lo mejor, admitiré que no tiene sentido. 
Pero es que les digo ya que no tiene ningún sentido. 
Les voy a decir, Señorías, cuando estamos hablando de que hay millones y millones de personas en el mundo que no tienen electricidad y que, por lo tanto, automáticamente, están privadas de una serie de posibilidades en su desarrollo personal, en su formación, en su acceso a las tecnologías y a las posibilidades que ofrece la sociedad moderna, déjense ustedes de hablar de cosas que no están en el documento que les hemos presentado. 
Hablemos de cosas de verdad de fondo y no mezclen lo que es un debate en el ámbito de la regulación de los mercados energéticos en la Unión Europea con lo que es el apoyo al desarrollo y a la utilización de la energía como un vector de desarrollo en los países en vías de desarrollo, que son cosas completamente distintas. 
Señorías, dinero público y dinero privado. 
Lo que hace falta son fondos, lo que hace falta son medios, y tengo que decir a sus Señorías que el problema más grave que tienen la mayor parte de esos países es que las minorías dirigentes, es decir el sector público, son unas minorías dirigentes corruptas. 
Ese es el sector público que tienen. 
Así que vamos a hablar de verdad seriamente de las cosas, y no digan lo que no está en los papeles ni mezclen unos documentos con otros. 
Señor Presidente, entiendo el enfado de la Sra. Comisaria, quizá por la hora y quizá porque ella tenga muy claro que va a invertir más fondos para llevar adelante este plan de choque del que yo he hablado. 
Lo que he dicho, y desde luego estoy dispuesta a debatirlo con la Sra. Comisaria con más calma, es que me parece muy bien que haya fondos privados, pero que hay que poner fondos públicos y que la Comisión prioriza los fondos privados. 
Desde luego no voy a empezar ahora a leer artículo por artículo y línea por línea, pero me alegro mucho de que la Sra. Comisaria esté dispuesta a invertir fondos públicos y fondos de la Unión Europea para ayudar a estos países en vías de desarrollo. 
Evidentemente, soy consciente de que hay muchos gobiernos corruptos en África y muchos gobiernos corruptos en muchos países, pero lo que las poblaciones de esos países necesitan no es que las compañías europeas exploten sus recursos energéticos, sino que apoyemos los servicios públicos para que estas poblaciones puedan- como ha dicho ella, y que me a mí parece muy importante- disponer de electricidad, y de agua, como elementos de calidad de vida. 
Señor Presidente, solo quisiera añadir una palabra al respecto. 
En primer lugar, para dar las gracias a la Sra. Comisaria, porque creo que los debates que implican una confrontación de ideas nos permiten avanzar. 
Esto es lo que ha ocurrido en el ámbito de la Comisión de Desarrollo. 
No todo el mundo ha estado de acuerdo en todos los puntos del informe, lo que no me impide desear que el debate prosiga, porque tiene que existir. 
Por ejemplo, acabo de hablar del acuerdo general sobre el comercio de los servicios. 
El debate sobre este tema es público, existe. 
Deseo que lo prosigamos. 
Al igual que la Sra. Sauquillo, agradezco a la Sra. Comisaria lo que ha dicho sobre el compromiso de la Comisión a favor de una mayor financiación. 
Juntos podemos llegar a un acuerdo, porque, en efecto, las necesidades son enormes. 
Señor Presidente, no voy a prolongar el debate. 
Agradezco las intervenciones realizadas. 
Permítanme simplemente hacer un pequeño comentario sobre el debate relativo a si las inversiones deben ser privadas o públicas. 
Creo, al igual que la Sra. de Palacio, que necesitamos todos los recursos que podamos obtener. 
Lo importante es que existan normativas en cada país que garanticen que las personas con pocos ingresos tengan acceso a la energía, es decir, que haya una normativa sólida al respecto. 
Creo, por lo tanto, que es preferible la competencia entre distintas empresas que no los monopolios, independientemente de si son públicos o privados. 
Gracias por el debate. Espero que lleguemos a un acuerdo mañana en la votación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0198/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/82/CE del Consejo, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
. (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta recomendación para la segunda lectura sobre la posición común del Consejo relativa a la modificación de la «Directiva Seveso» merece un breve repaso de su historia. 
En un delicado contexto de dramáticos accidentes, que afectaron a la industria química pero sobre todo a las poblaciones que vivían en torno a esos establecimientos, así como al medio ambiente, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de modificación de la Directiva 96/82 de 9 de diciembre de 1996, que establece normas de control de los riesgos de accidentes causados por sustancias peligrosas; una propuesta que tenía el mérito de basarse en un trabajo científico muy profundo y de ahondar en esta delicada cuestión de forma constructiva. 
En la primera lectura expuse, junto con otros diputados, los motivos por los cuales era necesario que el Parlamento Europeo diera una señal fuerte. 
Mi enfoque- que confirmo hoy- es, en la medida de lo posible, hacer que los accidentes sucedidos no vuelvan a repetirse, garantizando tanto la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores de estos establecimientos como, obviamente, la protección del medio ambiente. 
El Consejo alcanzó una posición común que recoge en esencia muchas de las preocupaciones del Parlamento, pero restan algunas zonas de sombra, que cito a continuación: primero, la inclusión de las actividades mineras y de los vertederos, tema en el que la Comisión de Medio Ambiente decidió volver a presentar las enmiendas de la primera lectura, o bien la inclusión, al final de la directiva, de todos los tipos de preparación y procesamiento de las sustancias peligrosas en estos establecimientos- no solo, pues, los tratamientos químicos o térmicos, como prevé la Comisión- precisando, por otra parte, que hablamos solo de instalaciones operativas. 
Sabemos que la Comisión ha lanzado muy recientemente una propuesta de directiva específica sobre la gestión de los residuos de las actividades mineras, cuyas modalidades se decidirán con el Parlamento en el momento oportuno, pero, hasta entonces, subsistirá y permanecerá un déficit legislativo que, dados los recientes accidentes que han alarmado a la opinión pública, no podemos tolerar. 
Segunda cuestión: la formación del personal. 
También aquí, de acuerdo esta vez con la Comisión, hemos propuesto medidas de formación ad hoc en materia de gestión de las situaciones de emergencia para todo el personal, incluido el personal subcontratado. 
En efecto, conviene prever medidas adecuadas no solo para la manipulación de las sustancias peligrosas, sino también para la gestión de las situaciones de emergencia, a fin de limitar en la medida de lo posible los daños potenciales y garantizar la máxima seguridad de los trabajadores. 
En cambio, considero innecesario, como ponente, incluir la lista de las medidas de formación en la notificación prevista en el artículo 6 de la Directiva, motivo por el cual destaco el voto en contra ya expresado en primera lectura a la enmienda 3. 
Tercera cuestión: la planificación urbanística. 
El Consejo ha tomado en consideración la preocupación del Parlamento de sentar las bases para la definición, a escala europea, de los criterios metodológicos necesarios para valorar la compatibilidad entre los establecimientos existentes y las zonas sensibles, entre otras cosas a través de un apoyo financiero por parte de la Unión. 
No obstante, ante la gran diversidad de normas, de situaciones territoriales, de competencias y de responsabilidades que caracteriza este aspecto de la seguridad, es decir la localización desde el punto de vista urbanístico, creo que hay que remitirse necesariamente al principio de subsidiariedad y confiar a los Estados miembros la decisión sobre las distancias mínimas: por este motivo he pedido una votación por partes de la enmienda 6, expresando mi voto favorable solo a la primera parte de la misma. 
Por lo que respecta al plano de riesgos, la comisión considera que la visualización gráfica de las zonas próximas a establecimientos que están expuestas a riesgos de accidente es un medio eficaz y comprensible para todos los ciudadanos interesados, que tienen derecho a una mayor claridad al respecto. 
En este sentido, el ponente ha hecho suya la redacción presentada por la Comisión Europea en la propuesta modificada de Directiva. 
Por último, la Comisión de Medio Ambiente ha vuelto a proponer la diferenciación del nitrato potásico con nuevos umbrales, a fin de evitar que los agricultores, que utilizan una forma de nitrato potásico no clasificable como carburante, entren en el ámbito de aplicación de la Directiva. 
Señor Presidente, Señorías, estos son los puntos principales. 
Es evidente que nos encaminamos hacia un procedimiento de conciliación: de hecho, el Consejo no ha podido alcanzar un acuerdo para un paquete de transacción ni, a decir verdad, ha parecido a quien les habla especialmente interesado en alcanzar dicho acuerdo con el Parlamento. 
No obstante, sigo confiando en que, con un debate constructivo, se llegue a una solución que maximice la seguridad de estas instalaciones. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, así como a los trabajadores de la Comisión Europea, que se han mostrado especialmente solícitos y colaboradores. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer especialmente al ponente, el Sr. Lisi, su excelente trabajo con esta propuesta. 
Como bien saben ustedes, la propuesta de la Comisión que estamos debatiendo hoy trata de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva Seveso II a la vista de los accidentes de Baia Mare y Enschede. 
Asimismo, trata de incorporar las recomendaciones de dos estudios, uno sobre carcinógenos y otro sobre sustancias peligrosas para el medio acuático. 
Aunque la propuesta de la Comisión no contenía, en su origen, medidas relacionadas con el accidente de Toulouse, se han incorporado algunas de las enmiendas planteadas por el Parlamento a la propuesta modificada de la Comisión y también a la posición común del Consejo. 
Me gustaría volver a insistir en que la Comisión no tenía intención de revisar a fondo la Directiva Seveso II. Paso ahora a comentar algunas de las enmiendas propuestas. 
Las enmiendas 9, 10 y 11 sobre la visualización gráfica en un plano de las zonas de riesgo y sobre el nitrato potásico ya fueron aceptadas por la Comisión en la primera lectura y, por consiguiente, se han incorporado a la propuesta modificada de la Comisión. 
Estas fueron las únicas tres enmiendas rechazadas de plano por el Consejo cuando adoptó su posición común. 
La Comisión sigue apoyando esas enmiendas y además puede aceptar la enmienda 8 sobre la formación del personal para hacer frente a situaciones de emergencia. 
Celebro comunicarles que la Comisión el 2 de junio de 2003 aprobó una propuesta de directiva relativa a la gestión de los desechos de actividades mineras. 
Las medidas contenidas en la propuesta complementan la Directiva Seveso II y la aplicación de una política de prevención de accidentes graves y un sistema de gestión de la seguridad. 
Estas medidas se aplicarán a las plantas de tratamiento de residuos que presenten riesgo de accidente, pero no se incorporarán a la Directiva Seveso II modificada. 
En nuestra opinión, la Directiva Seveso II debe aplicarse exclusivamente a las actividades mineras más peligrosas que realizan procesos químicos y almacenan sustancias químicas en el mismo lugar. 
La Directiva Seveso II no debe transformarse ni en una directiva sobre la minería ni en una directiva sobre los residuos. 
Así pues, la Comisión no puede aceptar que se eliminen los términos «térmico y químico» , como se propone en las enmiendas 1 y 2. 
Rechazamos también la enmienda 12, que propone hacer referencia a la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos, y la enmienda 13, que parece sugerir la existencia de lagunas en las dos propuestas respecto a la cobertura del sector de la minería. 
Nosotros no opinamos lo mismo. 
Las enmiendas 3 y 4 obligarían a las empresas explotadoras de instalaciones con el nivel de peligro más bajo según Seveso a proporcionar información sobre sus actividades de formación en la notificación que deben enviar a la autoridad competente e informar a esta de cualquier modificación que realicen en una instalación, un establecimiento o una zona de almacenamiento. 
En nuestra opinión, eso no haría más que añadir complicaciones burocráticas sin mejorar la seguridad. 
La notificación debe contener solo cierta información mínima. 
La cuestión de la formación ha sido ya debidamente tratada en la Directiva; además, en caso de modificaciones, es más importante la revisión de la política de prevención de accidentes graves y el sistema de gestión de la seguridad que la notificación. 
Soy consciente del gran interés que tiene el Parlamento en fortalecer el artículo 12 de la Directiva Seveso II. Pero la Comisión y el Consejo han aceptado ya algunas enmiendas relacionadas que se presentaron en la primera lectura. 
La enmienda 6 no aporta ningún valor añadido; por el contrario, no hay necesidad alguna de formular directrices separadas que establezcan una metodología sobre las distancias de seguridad mínimas, puesto que esas distancias deberían poder derivarse de la base de datos técnica que se creará como herramienta para ayudar a evaluar la compatibilidad entre los establecimientos objeto de la Directiva Seveso y las zonas sensibles. 
Además, la Comisión sigue pensando que la creación de sistemas de incentivos o financiación para la reubicación de los establecimientos es una tarea que corresponde a los Estados miembros; en eso consiste el principio de subsidiariedad. 
La Comisión no puede aceptar, por tanto, la enmienda 7. 
Para concluir, permítanme que reitere la posición de la Comisión respecto a todas las enmiendas. 
La Comisión acepta las enmiendas 8, 9, 10 y 11, pero rechaza las enmiendas 1 a 7, así como las enmiendas 12 y 13. 
Quiero insistir en que la aprobación y aplicación de esta propuesta lo antes posible nos beneficiará a todos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera agradecer muy sinceramente al Sr. Lisi el trabajo que ha realizado. 
Como acabamos de decir, el Parlamento tiene que pronunciarse mañana sobre la segunda lectura de este informe y estamos aquí, como en el caso de otros informes, divididos entre el deseo de poder dirigir las negociaciones con el Consejo y la Comisión lo más lejos posible y la voluntad de llevar a buen término este texto rápidamente, para que pueda establecerse en breve plazo. 
Al final de la primera lectura, el Consejo había integrado un gran número de enmiendas aprobadas por los diputados, pero también había rechazado varias propuestas. 
Hace algunas semanas, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor aprobó por mayoría un texto que confirma las exigencias a las que tenemos que someternos si queremos progresar en materia de prevención. 
Sobre estas cuestiones, la Unión Europea tiene que mostrar su unidad y su voluntad de mejorar la legislación vigente para responder a las inquietudes legítimas de los ciudadanos europeos. 
Para nosotros también es la ocasión de dar sentido a esta construcción europea a la que a menudo se acusa de dedicar más tiempo a la elaboración de normas para los productos que al bienestar de los europeos, es decir, a su salud. 
Por lo tanto, Señora Comisaria, me complace que la Comisión de Medio Ambiente haya aprobado las enmiendas relativas a las obligaciones en materia de notificación a las autoridades competentes, porque en este ámbito tenemos que ser muy exigentes, aunque no burocráticos: podemos prever la simplificación de los documentos. 
Las enmiendas relativas a la formación de todo el personal, incluido el personal de las empresas subcontratistas me parecen esenciales, porque tras varios accidentes se ha hecho evidente la falta de formación y de información existentes. 
Respecto de las distancias de seguridad entre los establecimientos y las zonas vulnerables, el terrible accidente de Toulouse ha demostrado los puntos flacos de la legislación en la materia y tenemos que integrar estos elementos en nuestro informe, así como ampliar la elaboración de mapas de las zonas vulnerables. 
Señora Comisaria, como usted acaba de reafirmar, hay un punto que plantea problemas y parece encontrarse con la oposición determinada del Consejo y de la Comisión: la extensión del campo de aplicación a todas las actividades mineras y de tratamiento de los residuos que utilizan sustancias peligrosas. 
El Consejo y la Comisión desean restringir el campo de aplicación de la Directiva Seveso II a los tratamientos térmico y químico de los residuos, y justifican esta posición por el hecho de que, en su propuesta relativa a los residuos de la industria minera, la Comisión remite, en su artículo 6 sobre la prevención de los accidentes importantes, a las disposiciones de la Directiva Seveso II modificada. 
Sin embargo, si hasta la adopción de esta nueva propuesta legislativa queremos evitar un vacío jurídico respecto de ciertas actividades mineras y ciertos tratamientos de residuos mineros, el Parlamento Europeo tiene que votar a favor de las enmiendas 1, 2 y 13, sin prejuzgar el alcance del futuro informe y sin que podamos hablar de redundancias. 
Por lo tanto, deseo que el Parlamento apruebe las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, reforzando así la prevención en los emplazamientos y la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Al igual que el Consejo, deseamos llegar a un acuerdo desde esta fase del procedimiento legislativo, pero como comprenderán, no a cualquier precio. 
Señor Presidente, señora Comisaria Wallström, Señorías, quiero empezar agradeciendo a la Comisión la enmienda propuesta a la Directiva Seveso II. Quiero dar las gracias también al Sr. Lisi por su excelente trabajo. 
No obstante, estoy totalmente de acuerdo con el ponente en que la Directiva Seveso II debería incluir los puntos no aprobados por el Consejo y la Comisión, en parte debido a la necesidad de evitar las zonas grises y en parte porque mejoraría las oportunidades de resolver las carencias de la legislación vigente. 
Por ejemplo, deberían incorporarse todas las formas de minería, y debería haber más formación del personal y más información sobre las áreas de riesgo existentes. 
Por otra parte, también debería incluirse el nitrato de potasio. 
Esto no está en conflicto con los objetivos de la Directiva. Tampoco es una cuestión de cambiar por completo esta propuesta de Directiva, sino de abordar los problemas que hemos observado con respecto a los graves accidentes que se han producido en los últimos años. 
Me gustaría sobre todo exponer mis razones a favor de la enmienda 13 relativa a un nuevo considerando 3a, explicando por qué creemos que es especialmente importante que se incorporen las enmiendas 1 y 2. 
La propuesta planteada por la Comisión sobre la Directiva de gestión de residuos mineros y publicada, si mal no recuerdo, el 2 de junio, se centra más en la gestión de los residuos. 
Sin embargo, desde mi punto de vista, no se amplía para incluir, por ejemplo, las sustancias peligrosas producidas en la minería. 
Si ahora ha de ser posible limitar las consecuencias de los accidentes graves, creo que es necesario que estas sustancias peligrosas se incluyan efectivamente. 
Por lo tanto, pertenecen a la Directiva Seveso y no al lugar habitual para tratar la gestión de residuos. 
Por este motivo apoyo, sobre todo, las enmiendas 1, 2 y 13, pero también otras enmiendas. 
Señor Presidente, hace ya más de tres años que se produjo la catástrofe con la explosión de fuegos artificiales en Enschede. 
Desde entonces aún no se ha conseguido elaborar una directiva modificada. 
Esta modificación es necesaria para evitar, en la medida de lo posible, que se repitan estos accidentes. 
Por tanto, no podemos seguir esperando más tiempo. 
Por lo visto, el Consejo y la Comisión Europea consideran que el Parlamento ha presentado demasiadas enmiendas en primera lectura. 
Las propuestas del Parlamento no se han aceptado so pretexto de que caen fuera del ámbito de esta Directiva. 
Según el Consejo, el examen de estas propuestas exigiría demasiado tiempo y por ello las ha rechazado por comodidad. 
Por ejemplo, no logro entender por qué el Consejo no acepta la inclusión del nitrato potásico. 
La legislación adaptada reducirá sin duda el riesgo de accidentes. Pero siempre seguirá habiendo accidentes. 
En el caso de que se produjera un desastre imprevisto, es imperativo limitar las consecuencias tanto como sea posible. 
Por ello sigue siendo importante que se examinen detenidamente las distancias mínimas entre las instalaciones de riesgo y las zonas habitadas. 
Por supuesto, comprendo que esto tiene consecuencias no siempre sencillas en todos los Estados miembros. 
A fin de cuentas, hay que sopesar los intereses económicos frente a la seguridad de los ciudadanos. 
La seguridad ha de ocupar un lugar importante. 
Apoyo que se dé importancia a la formación del personal, para que sea posible tomar medidas de prevención y emergencia de la forma más efectiva posible. 
Además quiero señalar que es esencial que las administraciones centrales y locales mantengan esta legislación. 
Asimismo es necesario ofrecer una buena información a los ciudadanos. 
Un buen complemento de esta legislación son unos claros mapas de peligrosidad, en los que los residentes puedan ver cuáles son los riesgos especiales. 
El Consejo debería ser capaz de suscribir todo esto. 
Aprovecho la ocasión para pedir al Consejo, y por tanto también a la Comisión Europea, y en particular a la Comisaria, que acepten las enmiendas del Parlamento, a fin de que podamos aprobar de inmediato la legislación revisada y no nos veamos obligados a seguir un largo procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, como todos los demás, he acogido con satisfacción este informe y felicito al ponente por su trabajo. 
Ha realizado un trabajo meticuloso y coherente y ha puesto todo de su parte. 
Hemos avanzado un trecho importante desde la última vez que el Parlamento Europeo consideró la modificación de esta Directiva en Estrasburgo en 1994; lo sé porque estuve allí. 
Los accidentes de Toulouse y Enschede han demostrado la necesidad de tomar medidas para modificar y reforzar la Directiva actual, con objeto de prevenir toda posibilidad de accidente y reducir al mínimo los daños que puedan derivarse de un accidente en caso de que ocurra. 
Una directiva futura sobre la seguridad de las conducciones y una propuesta relativa a la seguridad de los túneles recibirían también una muy buena acogida, puesto que responderían a las promesas hechas durante la última lectura en 1994 y también a los accidentes, algunos de ellos muy trágicos, que han ocurrido desde entonces en otras partes de la Unión. 
La posición común es, de hecho, un importante avance, pero no aborda todos los problemas. 
Siguen existiendo cuestiones sin resolver; cuestiones que a nosotros nos parecen muy claras y evidentes por los accidentes que han ocurrido en los últimos tiempos. 
En todos los demás casos hemos respondido. 
Hemos respondido a Enschede y Toulouse con esta Directiva. 
Hemos respondido con directivas a accidentes que han hecho que nos preocupe la seguridad de los túneles y la seguridad de las conducciones. 
Si no modificamos esta posición común para abarcar otros accidentes recientes que han tenido lugar dentro y fuera de la Unión, perderemos la oportunidad de dar una respuesta apropiada y completa. 
Los accidentes de Baia Mare en Rumania y Doñana en España demuestran la necesidad de tomar medidas respecto a la seguridad en las minas y la seguridad de los desechos de las actividades mineras. 
Hasta que no tengamos la Directiva relativa a los desechos de las actividades mineras, no podremos apoyar las enmiendas ya aprobadas en esta comisión y en este Parlamento para asegurar que se adopten medidas respecto a las sustancias peligrosas y a las actividades, no todas las cuales utilizan necesariamente sustancias peligrosas, que claramente tienen que ser reguladas. 
Pero si las incorporamos a la Directiva relativa a los desechos de las actividades mineras, podremos apoyar las enmiendas. 
Me parece una postura razonable. 
Existen también otras cuestiones pendientes. 
En 1994 nos declaramos firmes partidarios de mantener algún tipo de debate sobre las distancias. 
Seguimos sin tener ninguna solución al respecto y por eso mantenemos las enmiendas e insistimos en que se incorporen a la posición común. 
Finalmente, respecto a los informes sobre la seguridad y algunas de las consideraciones técnicas, pediría a la Comisión que lo reconsidere. 
Se lo decimos por experiencia propia. 
Hagan algo al respecto, por favor. 
Señor Presidente, estamos a punto de tomar una decisión sobre la revisión de la denominada Directiva Seveso. 
Hace casi un año, observé que por lo visto tiene que ocurrir una catástrofe para que tomemos medidas. 
Era un llamamiento al Consejo a que se encargara de que aprovecháramos la revisión de la Directiva para tapar las lagunas existentes a fin de que en el futuro no se repitieran accidentes como los de Baia Mare, Toulouse y Enschede. 
En Enschede se evidenció que la actual legislación Seveso es insuficiente. 
Una fábrica de fuegos artificiales que no entraba en el ámbito de la Directiva destrozó todo un barrio. 
El sufrimiento humano fue grande y aún perdura el dolor por las víctimas. 
Los habitantes de este barrio no estaban al corriente de la presencia de la fábrica de fuegos artificiales. Las autoridades solo estaban enteradas en parte. 
Por ello es evidente que necesitamos reglas más estrictas. 
Considero especialmente importante que se elabore un método para determinar las distancias mínimas. 
La Comisión Europea ha de redactar directrices a este respecto, pues es hora de que quede claro qué es exactamente una distancia segura. 
En los Países Bajos, 25 metros se considera una distancia segura, en Francia son 500 metros y en Alemania nada menos que 1 000 metros. 
Un método objetivo para determinar la distancia segura es importante para los residentes, pero sobre todo para los políticos locales. 
Las empresas peligrosas no pueden estar en barrios residenciales. 
Es necesaria una política activa para sacarlas de allí, a ser posible con la ayuda de fondos europeos. 
Además, es importante que se elaboren mapas en los que se indique qué zonas próximas a una instalación pueden verse afectadas por un accidente grave. 
Todo ciudadano tiene derecho a esta información. 
Reforzar las reglas es una cosa, cumplirlas y responder de ello es algo muy distinto. 
Podemos dictar todas las reglas que queramos, pero si no se aplican en la práctica municipal, de poco nos servirán. 
Si nadie se siente responsable, si cada organización opera en el vacío, la legislación será letra muerta. 
La seguridad no es únicamente una cuestión de reglas, sino también de cultura. 
Fomentar activamente esta cultura es una tarea pública. 
En cuestiones de seguridad no podemos economizar esfuerzos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0158/2003) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una estrategia de protección y conservación del medio ambiente marino». 
. (ES) Señor Presidente, no sé si tiene algún significado el que, casi siempre, los temas de medio ambiente se vean a estas horas de la noche, que no son las más adecuadas. 
En primer lugar, quiero decir que la Comunicación de la Comisión describe el actual estado de medio ambiente marino y las presiones y amenazas que sufre y, sobre todo, por parte de la industria, de la pesca, de la agricultura, del transporte, de la explotación de yacimientos de gas y petróleo, así como de la introducción accidental de especies. 
Todas estas situaciones tienen a veces repercusiones muy graves como los accidentes del Prestige o del Erika, tres años atrás. 
También se reconoce en la Comunicación de la Comisión que no existe una política integrada de protección del medio marino a escala de la Unión. 
La Comisión establece catorce objetivos y veintitrés acciones. 
En la Comisión de Medio Ambiente hemos intentado concretar esos objetivos, ampliar algunas de esas acciones y, en definitiva, intentar caminar hacia una estrategia de protección del medio marino que sea coherente con la legislación europea y con la actual situación de los mares europeos. 
Se recuerda, y en eso coincidimos, en esa Comunicación que las dos referencias fundamentales son el Sexto Programa de acción medioambiental y la Cumbre de Johannesburgo. 
El apartado 10 del plan de acción de Johannesburgo hace especial hincapié en el desarrollo sostenible y dice que los océanos, los mares, las islas y las costas son parte esencial de los ecosistemas del planeta y son fundamentales para la seguridad alimentaria. 
La pérdida de la biodiversidad provocada por los accidentes no se ha cuantificado y tampoco las consecuencias sociales y económicas. 
En el Sexto Programa hay un capítulo importante donde se pide reforzar la protección marina, mejorar la integración del medio ambiente en el resto de las políticas, un desarrollo de la estrategia de protección marina y compromisos para un plan de acción claro que frene el deterioro de la biodiversidad, que haya una explotación sostenible de los recursos pesqueros y se recuerda la declaración de Montreal sobre protección del medio ambiente marino. 
Es necesario describir la relación entre la estrategia de protección marina y el resto de las políticas, la pesquera, la agrícola, de transportes, de sustancias químicas, y, en ese sentido, para el desarrollo de actividades, planes y programas, utilizar la evaluación medioambiental y la evaluación estratégica como instrumentos mucho más adecuados. 
En estos momentos, el objetivo 9, transporte y seguridad marítima, es uno de los más importantes, y nos pareció, en la Comisión de Medio Ambiente, que debería ser reforzado, pues, aunque a raíz del accidente del Erika y sobre todo del más reciente del Prestige, en el Pleno pasado se aprobaron dos informes que tienen que ver con esto y en la Comisión de Medio Ambiente esta semana se aprobaron otros dos informes, se siguen discutiendo directivas y comunicaciones. 
Hay un informe de la Comisión de Transportes muy importante sobre el tema del Prestige y es necesario reforzar este capítulo. 
La situación de los mares europeos no es buena, aunque los programas de evaluación y control revelan insuficiente información sobre ese medio ambiente marino. 
En realidad, los principios que nosotros recordamos que se deben tener en cuenta en esta nueva estrategia de protección del medio marino son el principio de cautela, el principio de "quien contamina paga", el concepto claro de sostenibilidad, un enfoque integrado de gestión del medio marino, tanto en el litoral como en mar abierto, una evaluación ambiental estratégica, un enfoque regional que tenga en cuenta la diversidad de situaciones y que se tengan en cuenta, aunque no como sustitutos, todas aquellas iniciativas internacionales adecuadas que ya existen como OSPAR, HELCOM, ICES, etc. El concepto de pesca sostenible y la interacción entre la pesca y las aves marinas, el equilibrio entre la población de peces, el esfuerzo pesquero y el medio ambiente creemos que son imprescindibles. 
Debe venir una propuesta de la Comisión de una estrategia de protección del medio marino real y, en todo caso, yo agradezco personalmente a todos los compañeros de la Comisión de Medio Ambiente que contribuyeron de manera clara a que la calidad de este documento fuera la mejor posible. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo y, en particular, a su ponente, la Sra. González Álvarez, el trabajo que ha realizado con este informe y la propuesta de resolución. 
Celebro el tono positivo de conjunto y el hecho de que el informe apoye en términos generales el enfoque y los objetivos establecidos por la Comisión en esta comunicación. 
Celebro, en particular, que el Parlamento haya reconocido expresamente la necesidad de un enfoque integrado, una evaluación medioambiental seria y la aplicación de un enfoque regional, una necesidad recalcada ahora que se está aplicando la estrategia marina. 
Estoy convencida de que, sin un enfoque regional con plena participación de todos los afectados, no podremos cumplir el compromiso que adquirimos en Johanesburgo en este sentido. 
Por lo tanto, la Comisión seguirá colaborando estrechamente con los Estados miembros, las convenciones marinas y el Consejo del Ártico. 
Aunque tengamos unos principios y unos objetivos comunes, tenemos que reconocer que la situación no es la misma en los mares europeos desde el Báltico hasta el Mediterráneo y el Mar Negro. 
Me gustaría insistir también en que la Comisión pretende aplicar lo que se denomina un enfoque basado en los ecosistemas a las actividades humanas y este será definitivamente uno de los principales pilares de la estrategia. 
Para terminar, me gustaría reiterar que la resolución del Parlamento es para mí una señal positiva en términos generales y que la Comisión considerará a fondo sus sugerencias. 
Nos ayudará a avanzar sobre una base sólida a la siguiente etapa en el desarrollo de una estrategia marina. 
Señor Presidente, si consideramos la lista de amenazas para la biodiversidad marina, la pesca excesiva es el primer problema que se menciona. 
El principal daño medioambiental lo causa la pesca excesiva de poblaciones mermadas de peces de interés comercial, por no mencionar los daños causados a otras especies que carecen de interés comercial, algunas de ellas también peces, y los daños causados al hábitat marino, como los lechos de coral. 
Si vemos el enfoque adoptado por la Comisión respecto a todo el problema de la pesca en los últimos años, comprobamos que la Comisión fue en un tiempo la institución más progresista de la UE, presionando muy fuerte en defensa de la conservación y la gestión razonable de las poblaciones de peces, exceptuando, como es lógico, los acuerdos con terceros países. 
Pero en el último año se han producido una serie de acontecimientos que me han llevado, tanto a mí como a muchos otros, a cuestionar el compromiso de la Comisión. 
Tomemos por ejemplo la reforma de la Política Pesquera Común: pese a tantas buenas palabras y tantas buenas propuestas de la Comisión, está claro que los resultados conseguidos son, en realidad, una sombra de lo que se había propuesto. 
Aunque todavía quedan algunas buenas posibilidades, lo que se necesita básicamente es un esfuerzo de voluntad política por parte de los Estados miembros. 
No hace falta más que fijarse, por ejemplo, en las negociaciones sobre el bacalao y otros TAC durante la reunión de diciembre, para comprobar que no existe ninguna voluntad política. 
Es interesante que sea la Comisaria sueca quien esté hoy entre nosotros. 
Pensemos en la reciente decisión de Suecia de fortalecer las medidas de conservación relacionadas con el bacalao: no les han dejado aplicarla. 
Eso es un indicio muy malo. 
Si un Estado miembro tiene la voluntad y el talante suficientemente progresista como para adoptar medidas más estrictas, debería poder hacerlo. 
Es una decisión lamentable y también injustificable. 
Consideremos, asimismo, el compromiso de un Estado miembro en relación con el Reglamento básico que se revisó el pasado mes de diciembre: de nuevo, desaprovecharon la oportunidad utilizada por los españoles en el pasado para prohibir las redes de arrastre. 
Se descartó esa posibilidad y no puedo entender por qué. 
Pensemos también en la cuestión de, por ejemplo, la pescadilla azul. 
En los últimos años, la Unión Europea ha hecho lo que tenía que hacer tratando de convencer a otros países de ser razonables con respecto al tipo de cuotas que se fijan a sí mismos. 
Pero si vemos lo que la Comisión está haciendo ahora, parece que ha cambiado su enfoque del problema. 
Parece ser que ha decidido básicamente participar en esa pesca excesiva. 
Ha dicho que va a abandonar la idea de imponer restricciones a otros países pesqueros y que va a aumentar considerablemente las propias actividades pesqueras de la Unión. 
Así contribuirá al agotamiento de las poblaciones de peces. 
Existe una profunda contradicción en lo que está haciendo la Comisión y me gustaría que retomara su anterior enfoque de extremo progresismo en lo que se refiere a la conservación de los recursos pesqueros. 
Debería tratar de arrastrar en este empeño a los Estados miembros, ya que estos están sometidos a los dictados de la industria. Vamos a terminar con un grave problema en relación con el medio ambiente marino. 
Ese problema ya existe y tenemos que ser mucho más progresistas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Convención Europea propone que la conservación de los recursos biológicos del mar debe ser competencia exclusiva de la UE, mientras que la pesca debe ser un área en la que la UE y los Estados miembros tengan competencia compartida. 
A cualquier persona familiarizada con las cuestiones relativas a la pesca le costará entender que la Convención haya propuesto separar estas áreas. 
Las normas relativas al modo en que se realiza la pesca son precisamente aquellas a través de las que se toman decisiones sobre la conservación de los recursos biológicos. 
Mediante disposiciones relativas al tamaño de las redes, los períodos de pesca y las artes permitidas, puede regularse la pesca y conservarse el medio marino. 
Por otra parte, lo que es realmente importante para el medio marino es que cesen las ayudas a las piscifactorías flotantes. 
Para mi y para muchos otros, no queda muy claro cómo funcionará en la práctica la propuesta de la Convención. 
Por ejemplo, ¿qué significaría para las focas y para la industria pesquera? 
En cuanto a estos aspectos, espero que, por ejemplo, la señora Comisaria explique a aquellos que pescan en los estrechos de Kvarken, el Golfo de Finlandia y los archipiélagos, cuál será el resultado de esta decisión. 
Pido a la Comisión que también aclare sus posturas sobre estas cuestiones. 
Si queremos que las medidas de la UE a favor del medio marino den resultados, es necesario que se cumplan las normas más estrictamente, que haya menos excepciones y que la cooperación internacional sea más eficaz. 
Tenemos éxito en el ámbito internacional cuando colaboramos en temas como el Fondo del Petróleo, por citar solamente un ejemplo. 
Sin embargo, también significa que los Estados miembros deben estar dispuestos a adoptar una postura sobre propuestas importantes, como la más reciente de imponer penalizaciones relacionadas con los vertidos de petróleo intencionados. 
Pero desgraciadamente podemos ver cómo el bizantinismo jurídico constituye un obstáculo para la Directiva en el Consejo. 
A pesar del hecho de que se ha aprobado una Directiva sobre instalaciones para la recepción de petróleo, no ha habido una reducción de los vertidos de petróleo intencionados. 
Señora Comisaria, por último me gustaría pedirle que controle firmemente la HELCOM, la Comisión de Helsinki para la Protección del Medio Marino del Báltico. 
No debe ser una simple reliquia de la Guerra Fría que tan solo emita recomendaciones que no comporten ninguna medida efectiva. 
Tras la ampliación de la UE, será posible que la HELCOM sea un órgano que atienda a su labor conforme a la Directiva marco sobre el agua. 
Si va a reformarse, la HELCOM necesita el apoyo de la Comisión, máxime cuando, por primera vez en la historia, la nueva persona que está al mando, y que asumirá su cargo el 1 de agosto, será una mujer. 
Esta organización puede aplicar el modo regional de abordar las cosas que tanto el Parlamento como la Comisión desean ver. 
También me gustaría pedir a la señora Comisaria Wallström que convenza a su colega, la Sra. de Palacio, de que la Comisión debe apoyar más activamente a Finlandia y a Suecia con respecto a la clasificación del hielo. 
Desgraciadamente, solamente Italia y la Comisión se opusieron a las propuestas nórdicas sobre unas normas marítimas más claras también en esta parte de la UE. 
Señor Presidente, todavía se sabe muy poco sobre el medio submarino. 
Por este motivo, además, es difícil organizar ningún tipo de programa de protección viable. 
Las poblaciones de algunas especies familiares de las que se hace un seguimiento, es decir, sobre todo especies económicamente importantes, se han reducido considerablemente en numerosos lugares. 
Por lo tanto, ¿cómo vamos a proteger las especies de las cuales todavía no sabemos nada? 
Sin embargo, la protección es el punto de partida para la estrategia marina de la UE. 
Por consiguiente, también he propuesto que deberíamos conceder créditos suficientes que nos permitan llevar a cabo una investigación y elaborar un inventario de especies submarinas. 
La Comisión para la Protección del Medio Marino del Báltico, Helcom, ha hecho más de 200 recomendaciones para mejorar el estado del Báltico. 
Estas no son vinculantes para los Estados miembros, pero la Comisión podría examinarlas y proponer normas basadas en las mismas que sí lo sean. 
Del mismo modo, es necesaria una inversión de la UE para la protección de la naturaleza en los mares del norte. 
Esto podría realizarse de forma más eficaz si la UE se uniese a los países nórdicos, los Estados Unidos de América, Canadá y Rusia como miembro del Consejo Ártico. 
Esto promovería el entendimiento común euroatlántico de los problemas medioambientales. 
Existen entornos en la Unión Europea, como muchas zonas del mar Báltico y del Mediterráneo, en que el medio ambiente natural no necesariamente se recuperaría de un desastre petrolero a gran escala. 
Por este motivo debemos tener más conversaciones con países como Rusia, para desarrollar estándares comunes más estrictos para los buques mercantes. 
Es esencial que los petroleros que navegan en las difíciles condiciones de hielo que se produjeron el pasado invierno sean inmunes al riesgo. 
La Comisión debería proponer una enmienda, en el marco de la UNCLOS- la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -, que permita la intervención con respecto a los buques mercantes de terceros países que naveguen por aguas de la UE o próximos a estas si se considera que constituyen una amenaza potencialmente grave. 
Además de los desastres petroleros también deberíamos considerar que, por ejemplo, el fuerte ruido causado por los equipos empleados en la búsqueda de recursos naturales es un factor contaminante. 
Asimismo me gustaría llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre la capacidad insuficiente de los Estados miembros para abordar los vertidos de petróleo. 
Yo misma he analizado la situación recientemente cuando remití cuestionarios a las autoridades de los países bálticos responsables en esta materia. 
Las respuestas fueron decepcionantes. 
La situación es mejor en Finlandia y Suecia, donde el equipamiento con que cuentan sería suficiente en la práctica para eliminar el petróleo vertido de un depósito de combustible roto de un gran barco de pasajeros. 
Si se produjese una catástrofe importante, el equipamiento de estos países sería insuficiente incluso si lo empleasen conjuntamente. 
En la actualidad cada año pasan unos 40 millones de toneladas de petróleo por el Golfo de Finlandia, por ejemplo, y se supone que este volumen se habrá duplicado en un plazo de 10 años. 
La Comisión debería iniciar un estudio de capacidades para abordar los vertidos de petróleo y adoptar normas sobre una capacidad mínima suficiente basada en las condiciones regionales y los volúmenes de tráfico. 
Señor Presidente, muchas gracias por esta importante contribución a la formulación de una estrategia marina y gracias especialmente a la Sra. Thors porque me ha entregado un plan de acción que complementa al de la propia Comisión y que me parece de gran interés. 
En cuanto a las deliberaciones de la Convención, en realidad no puedo saber cuál terminará siendo el resultado final del intento de crear una lista de competencias, porque, como bien han dicho ustedes, es un tema que a la mayoría de la gente le parece tan curioso como extraño. 
Pero posiblemente tenga un significado jurídico más profundo que pueda resultar útil. 
Ahora bien, no puedo darles una respuesta clara al respecto. 
Han hecho ustedes una serie de comentarios importantes que tendremos que considerar más a fondo y que han demostrado, por otra parte, la verdadera magnitud de esta cuestión. 
Abarca, por supuesto, muchos aspectos diferentes del medio ambiente marino y en ellos tenemos ahora que seguir trabajando con un enfoque muy práctico. 
He tomado nota de todo lo que ustedes han dicho. 
Muchas gracias Sra. Comisaria por su excelente cooperación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas 
Aditivos en la alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0176/2003) de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los aditivos en la alimentación animal [15776/2/2002- C5-0132/2003- 2002/0073 (COD) ] (Ponente: Sr. Keppelhoff-Wiechert). 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta mañana tenemos en el orden del día un tema importante, a mi parecer: la prohibición de los antibióticos en la alimentación animal. 
Antes de darlo por cerrado- así lo espero -, quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis colegas, al personal de los Grupos políticos y también a la Secretaría, que han trabajado arduamente en torno a esta cuestión. 
La prohibición del uso de antibióticos como promotores del crecimiento en la alimentación animal es una reivindicación del Parlamento Europeo desde hace años, y hoy la vamos a hacerla realidad en Europa. 
En nuestro debate en segunda lectura sobre la propuesta de reglamento ha quedado claro sin duda que hay puntos de vista muy distintos sobre el valor de los aditivos en los piensos. 
El uso de antibióticos como aditivos para promover el crecimiento en la ganadería quedará prohibido definitivamente en la UE a partir del 31 de diciembre de 2005. 
Para mí, esta decisión política era necesaria desde hacía tiempo, dada la creciente resistencia a los diferentes antibióticos utilizados en el tratamiento médico de los enfermos. 
Los piensos importados de terceros Estados en la UE también deberán cumplir, evidentemente, los requisitos del nuevo reglamento, igual que los producidos dentro de Europa. 
En el debate preparatorio, un tema importante fue el de la declaración de los aromas empleados en los piensos. 
Nuestro lema siempre ha sido que en la etiqueta debe figurar todo el contenido, pero también pienso que no deberíamos ir demasiado lejos. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento han resuelto el tema de la declaración de los aromas contenidos en los piensos mediante un compromiso. 
Actualmente están permitidas más de 300 sustancias aromáticas, que están sujeta a los controles más estrictos y a supervisión durante el proceso de producción. 
Por esta razón, ya no es necesaria la declaración de cada uno de los componentes aromáticos contenidos en los piensos. 
Considero- y esta es una cuestión importante- que, en el contexto de la competencia empresarial, en la Unión Europea también deberíamos tener presente que existe eso que llaman conocimientos técnicos de las empresas, cuya protección debe preocuparnos en gran medida a todos nosotros en la esfera política. 
Por esto la nueva disposición calca exactamente las disposiciones existentes en el ámbito de los alimentos destinados al consumo humano. 
En efecto, no debemos aplicar reglas más estrictas a los animales que a los humanos. 
Por este motivo considero muy importantes las enmiendas 17 y 18, relativas a esta cuestión, señor Comisario Byrne, y le estaría muy agradecida si pudiera exponer brevemente su posición al respecto. 
No obstante, el aspecto principal del compromiso es el relativo a la adición de histomonóstatos y coccidiostáticos, que son aditivos con efectos antibióticos que siguen siendo imprescindibles en la avicultura. 
En este caso, los antibióticos no se utilizan para promover el crecimiento, sino para proteger a los animales, y este uso para la protección preventiva de la salud animal también me parece un asunto sumamente importante, pues en este momento no podemos prescindir de estos medicamentos. 
Lo digo por mi propia experiencia personal, ya que durante años he estado profundamente involucrada en la cría de pavos. 
Se considera inevitable que la enterohepatitis infecciosa, muy frecuente en la avicultura- también en la ganadería ecológica, por cierto -, ocasionará la pérdida de hasta un 60% de los animales si no se nos permite seguir empleando estos productos. 
De modo que estos agentes no estarán permitidos como aditivos indefinidamente, pero seguirán estando autorizados durante un periodo limitado. 
Nuestro propósito, señor Comisario, con esta limitación que introduce la enmienda 16, es ejercer una presión suficiente sobre la industria farmacéutica para inducirla a desarrollar productos alternativos adecuados, o en su lugar nuevas vacunas. 
La votación de hoy nos permitirá realizar un avance definitivo hacia la protección de los consumidores en la Unión Europea y espero ansiosamente que a las 11 horas de hoy todos los sectores de la Asamblea sean capaces de juntarse para votar en consecuencia. 
. (EN) Señor Presidente, estoy muy satisfecho de que la segunda lectura haya contribuido a reducir la distancia entre las posiciones de las distintas instituciones acerca de la propuesta de la Comisión sobre aditivos para su uso en la nutrición animal. 
Quiero felicitar a la Sra. Keppelhoff-Wiechert por su gran trabajo en este informe, que destaca las principales cuestiones con las que tenemos que enfrentarnos. 
Resumiendo, permítanme recordar los principales puntos de la propuesta que el Parlamento y el Consejo aceptaron en primera lectura. 
En primer lugar, dispondremos de un procedimiento de autorización claro y transparente. 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria será la primera escala y la encargada de evaluar todos los aditivos alimentarios. 
A partir de ahora, el periodo de validez de las autorizaciones estará limitado a diez años. 
El nuevo sistema está dotado de un proceso interno de análisis y reevaluación con el fin de tener en cuenta los nuevos datos científicos. 
Las empresas deberán demostrar el efecto positivo en animales y la ausencia de todo tipo de riesgo para la salud humana y animal o para el medio ambiente en el momento de solicitar la autorización o nueva autorización de un aditivo alimentario. 
Actualmente se autoriza la utilización de cuatro antibióticos en la alimentación animal como estimuladores del crecimiento. 
La UE ya ha suprimido la utilización en alimentos para el ganado de todos los antibióticos que se utilizan también en medicina humana y veterinaria con el fin de impedir la resistencia cruzada. 
Los cuatro antibióticos actualmente autorizados no se utilizan en ningún medicamento antibiótico humano. 
Me satisface oír que el Parlamento, al igual que el Consejo, está de acuerdo con la línea de la Comisión para detener la utilización de antibióticos para la estimulación del crecimiento a partir de 2006. 
Permítanme decir unas palabras sobre una controvertida cuestión en relación con la cual las opiniones han sido dispares durante mucho tiempo. 
Me refiero a los coccidiostáticos, que son sustancias utilizadas para la prevención de infecciones por coccidia. 
Solo quiero recalcar que la propuesta contiene normas más estrictas para su autorización y comercialización, y que se mantienen dentro del ámbito de este Reglamento. 
El motivo es que las precauciones higiénicas y unas mejores prácticas en la cría de animales no son suficientes para evitar que las aves de corral no contraigan este tipo de enfermedades. 
Con el fin de garantizar la seguridad de estas sustancias, propongo una nueva evaluación de las actuales autorizaciones en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Reglamento. 
También acepto la solicitud de un informe al Parlamento y al Consejo antes del 1 de enero de 2008 sobre la utilización de estas sustancias como aditivos alimentarios, en su caso junto con una propuesta legislativa sobre la prolongación de su uso dentro de los plazos establecidos en la enmienda 14. 
Estoy plenamente de acuerdo con la solución que finalmente ha acordado el Parlamento con el fin de imponer un estrecho control del uso de los coccidiostáticos y los histomonóstatos. 
Puedo asegurarles que la Comisión propondrá medidas para decidir la futura condición de esas sustancias. 
El Parlamento también propuso que se flexibilizaran hasta cierto punto los requisitos de etiquetado aplicables a los compuestos aromatizantes. 
Puedo dar mi conformidad a este cambio y estoy seguro de que este tipo de debate debería hacerse en el marco del etiquetado de los piensos. 
Se va a facilitar al Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas, y confío en que esta se incluirá en el Acta de esta sesión 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a medida que pasa el tiempo vamos aprobando en este Parlamento muchas propuestas legislativas presentadas por la Comisión con arreglo al Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria. 
Con ello contribuimos de manera fundamental a mejorar la legislación de la UE en el ámbito de la alimentación humana y animal, y también permitimos que el consumidor europeo recupere la confianza perdida en la seguridad de sus alimentos. 
Este caso no es distinto. 
La importancia fundamental de la propuesta de Reglamento- y en esto coinciden el Parlamento y el Consejo- reside en que la utilización de antibióticos como aditivos en los piensos quedará definitivamente prohibida a partir del 1 de enero de 2006. 
Lo que el Parlamento Europeo venía pidiendo desde hace años quedará plasmado ahora en este Reglamento. 
Pero permítanme centrarme ahora en los aspectos concretos que nos han preocupado especialmente en el curso de la segunda lectura. 
En la votación de hoy se nos presentan dos alternativas: en primer lugar, las enmiendas votadas en comisión y, en segundo lugar, las enmiendas de transacción negociadas por la ponente con el Consejo y la Comisión, que tienen por objeto evitar un laborioso procedimiento de conciliación. 
El Grupo del Partido de los Socialista Europeos ha decidido apoyar el compromiso, lo cual no nos ha resultado del todo sencillo, ya que en la comisión nos habíamos inclinado a favor de autorizar los coccidiostáticos y los histomonóstatos- el principal punto en disputa entre el Parlamento y el Consejo- tan solo hasta finales de 2008; una posición que, como es sabido, no obtuvo el apoyo mayoritario en el Consejo. 
Dichas sustancias son muy importantes en la producción avícola y quiero dejar claro que no tengo interés alguno en prohibir su uso. 
Al contrario, en el futuro debemos retirarlas de la categoría de aditivos utilizados en los piensos para incluirlas en el marco de la normativa relativa a los medicamentos veterinarios. 
Solo así se podrá conseguir una administración controlada mediante la prescripción de un veterinario que conozca la situación en la explotación en cuestión y pueda responder a ella de manera adecuada. 
De lo contrario, el uso profiláctico generalizado de estas sustancias, algunas de las cuales son antibióticos, puede encubrir posibles problemas de higiene existentes en las explotaciones las empresas. 
Por esto, sobre todo nos parecía importante tomar hoy mismo una decisión de principio sobre la suerte futura de los coccidiostáticos y los histomonóstatos, y en esto la secuencia de los hechos tenía en última instancia una importancia secundaria. 
En la enmienda de transacción 16 se establece un plazo fijo para abandonar el uso de dichas sustancias como aditivos para los piensos, concretamente hasta diciembre de 2012, lo cual representa un gran progreso comparado con la Posición Común. 
Sin duda habríamos preferido que se retirasen antes, pero incluso una vez alcanzado el compromiso, ello todavía es posible, si como establece la propia enmienda solicitamos a la Comisión, en enero de 2008, un informe acompañado de una propuesta legislativa. 
Si entre tanto hubiese avanzado el desarrollo de alternativas útiles, podremos llegar a un acuerdo con la Comisión y el Consejo para adelantar la fecha de su retirada. 
Con la aprobación del compromiso y la renuncia a un procedimiento de conciliación, el Parlamento ha demostrado su voluntad de cooperar, y permítanme manifestar con toda claridad en este momento que esperamos que la Comisión y el Consejo demuestren la misma voluntad de cooperación en las consultas previstas para 2008. 
El Consejo ha asumido a medias nuestra posición en otro aspecto, concretamente en lo que atañe a la indicación de las sustancias aromáticas en la etiqueta. 
En este caso, consideramos necesario contar con una normativa que esté en consonancia con las disposiciones aplicables a los aromas que se utilizan en la producción de alimentos. 
Resulta incomprensible que en el ámbito de la alimentación animal deban aplicarse criterios más rigurosos que en el ámbito de la alimentación humana. 
No obstante, si en el futuro se estableciesen disposiciones relativas a los alimentos que supongan la indicación en la etiqueta de todos los aromas que contienen, tendremos que aplicarlas naturalmente también a los piensos. 
. (DE) Señor Presidente, las exigencias para que la agricultura sea respetuosa con el medio ambiente y las especies son conocidas por todos; su aplicación requiere la adopción de métodos de cultivo, cría y alimentación animal que sean lo más naturales posible. 
Dentro de esta cadena, el mercado alimentario se ve fuertemente cortejado y distorsionado por empresas que actúan a escala internacional y nacional. 
Así sucede con casi todos los piensos proteicos y con los aditivos. 
La posición del agricultor en el mercado de piensos es idéntica a la del consumidor en la carnicería. 
Ambos deben poder confiar en que el contenido del paquete de carne o del saco de pienso coincida con lo que se indica en su exterior. 
Lamentablemente, no siempre se sabe que lo que se da de comer a los animales acaba dándose a las personas. 
De ahí que la próxima revisión general de la intrincada legislación europea en este ámbito no solo sea absolutamente necesaria, sino que también, en mi opinión, llega con retraso, aun cuando en el caso de los aditivos empleados en la alimentación animal no solo es importante considerar los efectos como estimulantes del apetito o promotores del crecimiento y, por lo tanto, sobre la viabilidad de las explotaciones agrícolas, sino también las complejas repercusiones que tiene la utilización de dichas sustancias. 
Es preciso excluir en la medida de lo posible cualquier riesgo de que puedan perjudicar a la salud humana o al medio ambiente. 
Solo así se podrá recuperar la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos de origen animal, socavada por lo ocurrido en los casos de la EEB, la dioxina y los antibióticos. 
Este es el objeto del Reglamento y de la posición de la comisión parlamentaria, que yo suscribo. 
Aunque haya voces que consideran exagerada una prohibición a gran escala de la presencia de antibióticos en los comederos, puesto que el 90% de los antibióticos se emplean en la medicina humana y veterinaria, es acertado acabar con los promotores del crecimiento, puesto que dichos antibióticos no son ni mucho menos esenciales. 
Ya tenemos bastantes problemas con el número creciente de personas que desarrollan resistencia a los antibióticos. 
Al mismo tiempo, quisiera plantear una crítica en este contexto. 
El 7 de marzo de este año formule una pregunta escrita al Consejo sobre la prohibición del aditivo nifursol. 
Hasta la fecha no he recibido respuesta, a pesar de haber sido requerida en una o dos ocasiones por la administración del Parlamento. 
El nifursol, un compuesto aromático nitrogenado, era el último medicamento que quedaba para la profilaxis de la enterohepatitis infecciosa en los pavos, y al parecer en estos momentos no existe ningún medicamento autorizado para su tratamiento. 
No se ofrecen alternativas ni tampoco se vislumbra una posible vacuna. 
El motivo de la prohibición fue la clasificación del nifursol como cancerígeno por parte de la UE. 
En un informe intermedio publicado el 16 de junio, el Ministerio de Sanidad austriaco manifiesta, sobre la base del examen de las muestras de pavos obtenidas en los mercados de alimentos, que hasta ahora no se ha podido confirmar la presencia de residuos perjudiciales. 
Si se confirma este resultado, ya no se cumpliría el principio de proporcionalidad de las prohibiciones encaminadas a proteger la salud humana, ni siquiera en la interpretación amplia que expresa la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de septiembre de 2002. 
Podría ser necesario revisar la prohibición del nifursol. 
Unos alimentos de inocuidad garantizada y una producción alimentaria transparente requieren decisiones políticas fundadas en los conocimientos científicos y en los hallazgos, no medidas precipitadas derivadas de suposiciones. 
A mi parecer, los agricultores deben situarse por principio en el centro de estas decisiones, y no en una posición marginal. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señora Keppelhoff-Wiechert, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya, por supuesto, la orientación a favor del abandono del uso de antibióticos en la alimentación animal. 
Se trata de una antigua aspiración del Parlamento y la prohibición se habría podido imponer, sin duda, hace años, pero queremos apoyar el proceso que ahora vamos a culminar. 
También debo manifestar mis respetos a la Comisión por haber hecho suya esta petición del Parlamento. 
Estamos ya en medio del procedimiento de codecisión, y esto me brinda la oportunidad de mencionar, no obstante, también algunas reservas. 
Señora Keppelhoff-Wiechert, en su primer informe usted propuso un procedimiento más severo, en lo que se refiere al plazo y también al registro de las sustancias fabricadas, y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se sumó, por supuesto, a dicha propuesta. 
Sobre todo en lo que respecta a los coccidiostáticos, usted defendió primero su retirada en 2008. 
Ahora esta se pospone hasta 2012 y ni siquiera en forma de prohibición definitiva, sino como un posible traspaso a la categoría de los medicamentos. 
Me parece un plazo muy largo. 
¿Por qué no se pueden traspasar antes a la categoría de los medicamentos? 
Ello no justificaría forzosamente una prohibición. 
Tengo la impresión, señora Keppelhoff-Wiechert, de que la industria ha ejercido una influencia considerable sobre la ponente en este cambio de postura. 
Cuando actuamos en el marco de un procedimiento de codecisión, un Grupo grande, como el del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y Demócratas Europeos tiene la oportunidad de aprovechar el gran número de votos que tiene para impedir que alcancemos los 314 que necesitamos y, mediante negociaciones preferenciales, dispone de un gran poder para presentar al Parlamento unos resultados que nosotros no podremos modificar luego. 
Lo digo para señalar que el procedimiento de codecisión no siempre conduce a buenos resultados, sino que es preciso tomárselo en serio y gestionarlo con responsabilidad, y- sobre todo en un Grupo grande- no dejarse llevar y amoldarse a los intereses de la industria. 
Aun así, vamos a votar a favor del informe y espero, señora Keppelhoff-Wiechert, que reconsidere la posibilidad de que su Grupo apoye, al fin y al cabo, la decisión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural acerca del registro de las sustancia fabricadas. 
Señor Presidente, comienzo mi intervención felicitando a la ponente, la Sra. Keppelhoff-Wiechert, por su práctico y responsable enfoque de este importante tema. 
Me alegro de que la recientemente creada Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria vaya a desempeñar un papel principal en la evaluación de las solicitudes de autorización. 
Este es un paso más en la importante labor de reconstruir la confianza de los consumidores europeos en la calidad y seguridad de los productos alimentarios europeos- como el Comisario ha dicho con frecuencia- «del establo a la mesa». 
Hemos aprendido las lecciones del pasado y hemos tenido muchísimo cuidado de garantizar que se compruebe la solidez de todos los eslabones de la cadena alimentaria. 
El Comisario Byrne y sus funcionarios merecen nuestro reconocimiento por sus incansables esfuerzos en este campo. 
Me satisface que la autorización de los aditivos sea válida durante un plazo máximo de diez años. 
Es necesario revisar constantemente la reglamentación en este campo, puesto que no cesan de desarrollarse nuevas pruebas y ensayos científicos. 
Según el consejo del Comité director científico, conviene fijar un periodo transitorio suficiente para la desaparición progresiva del resto de antibióticos que actualmente se utilizan en compuestos para la prevención de enfermedades. 
Este plazo debería permitir que se adoptaran prácticas de producción animal y que los antibióticos se sustituyeran por productos alternativos. 
La producción ganadera ocupa un lugar muy destacado en la agricultura comunitaria. 
Nuestro sector ganadero y de producción de alimentos se enfrenta a una gran incertidumbre en estos momentos y debemos mantenernos alerta para asegurarnos de que cualesquiera pasos que propongamos sirvan para mejorar la posición de estas industrias esenciales. 
Solo puedo decir que me gustaría que el colega del Comisario Byrne, el Sr. Fischler, demostrara la misma disposición para comprender las dificultades a las que se enfrentan actualmente los agricultores europeos. 
Para terminar, diré que la consecución de resultados satisfactorios en relación con esta cuestión depende en gran medida de la utilización de piensos seguros y de buena calidad. 
La libre circulación de alimentos y piensos seguros y saludables es un aspecto esencial del mercado interior y hace una significativa aportación a la salud y el bienestar de los ciudadanos y a sus intereses sociales y económicos. 
Señor Presidente, cuando echo un vistazo a esta Cámara esta mañana, estoy a más de 300 kilómetros de mi hogar, pero no me siento como si estuviese en otro país, sino, más bien, como si estuviese en otro planeta. 
Desde luego, cuando intento explicar a los pequeños ganaderos lo que está ocurriendo aquí, me miran como si viniera de otro planeta. 
Al examinar estos reglamentos y las enmiendas propuestas, está claro que el espíritu subyacente es el control del negocio de las empresas, en sí mismo un objetivo razonable en un sector que ha tenido más problemas de lo normal. 
Sin embargo, lo que los autores de estos reglamentos no han visto es que muchos ganaderos con explotaciones pequeñas y medianas de ganado y aves de corral y muchas empresas familiares también elaboran piensos. 
Algunas de esas empresas funcionan a una escala extremadamente reducida y compensan con flexibilidad, innovación y calidad lo que pierden en economías de escala. 
Ninguna de esas empresas puede tener la esperanza de afrontar la complejidad de este reglamento, el papeleo, los registros y las inspecciones, y se verán obligadas a abandonar progresivamente la industria de los piensos. 
Esas empresas y sus clientes van a tener que cerrar sus negocios completamente o se van a ver obligados a confiar en los grandes productores de pienso que normalmente querrían evitar. 
Una vez más, por lo tanto, este Parlamento, con su manía reguladora y su mentalidad uniformadora, está obstruyendo las mismas cosas que muchos de sus diputados afirman apoyar: la variedad, la diversidad y la calidad, por no hablar del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 
He votado en contra de este reglamento en la primera lectura y, si hubiera pensado que podía ser aprobado, habría presentado una enmienda para eliminar la posición común. 
Tal y como está, solo me queda dejar a los colegas que saquen sus propias conclusiones sobre los esfuerzos realizados. 
Sospecho que no van a ser tan halagüeñas. 
Señor Presidente, la legislación vigente en materia de aditivos en la alimentación animal es compleja. 
Por ello hay que celebrar que tengamos sobre el tapete una propuesta de reducir el caos existente a un formato fácil de entender. 
Estamos plenamente de acuerdo con que las normas sobre los aditivos en la alimentación animal deben ser estrictas e inequívocas. 
Esto sin duda es necesario. 
A fin de cuentas, se trata de proteger la vida y la salud tanto de los seres humanos como de los animales. 
Pero es importante disponer de productos alternativos buenos. 
Y en los casos en que no haya alternativas, hemos de ser flexibles hasta cierto punto. 
Por ello apoyamos las enmiendas que permiten utilizar los coccidiostáticos y los histomonóstatos durante más tiempo que otros antibióticos. 
En estos momentos hay determinadas enfermedades en la avicultura que aún no pueden combatirse eficazmente sin estos aditivos. 
Pero con ello no pretendo abogar a favor de un uso ilimitado de los coccidiostáticos. 
Aunque el periodo de transición sea algo limitado, partimos del supuesto de que la industria de piensos y la avicultura podrán encontrar en este plazo buenas alternativas a estas sustancias. 
No estamos de acuerdo con las enmiendas 10 y 13, que eximen del requisito de etiquetado las mezclas y premezclas que contienen aromas y substancias que estimulan el apetito. 
A nuestro entender, el argumento de los inconvenientes económicos para la industria no compensa el interés de los seres humanos y los animales que aquí está en juego. 
A fin de cuentas, el usuario sale beneficiado con un etiquetado claro y amplio del producto, que le permita saber exactamente qué es lo que contiene. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe (A5-0171/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre un plan de acción comunitario para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo en el marco de la política pesquera común [COM (2002) 535- C5-0623/2002- 2002/2281 (INI) ]. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos acogido con gran interés la comunicación de la Comisión sobre el plan de acción de la Unión para la pesca en el Mediterráneo. 
Con esta comunicación, se responde a una expectativa muchas veces expresada y totalmente legítima, tanto por la importancia que reviste la economía pesquera mediterránea en el contexto europeo, como por la especificidad de las actividades pesqueras en la región. 
El Reglamento vigente sobre la pesca en el Mediterráneo- el 1626/94- ha sobrevivido hasta ahora sólo a golpes de excepción, que si por un lado han permitido salvar lo salvable, como sucede con las pescas especiales, por otro han puesto claramente de manifiesto la inadecuación del enfoque de la Unión sobre la cuestión mediterránea. 
En efecto, todos sabemos que una aplicación tal cual al Mediterráneo de los principios de la política pesquera común resulta contraproducente, incluso en ocasiones perjudicial, si valoramos las consecuencias socioeconómicas de ello. 
Por este motivo, celebro con especial satisfacción el esfuerzo de la Comisión por imponer la especificidad del Mediterráneo y la explotación sostenible de la pesca como nuevos criterios en el futuro plan de acción. 
Los aspectos positivos de la comunicación son muchos, por ejemplo: la delegación a los Estados miembros de la pesca costera, la participación de las asociaciones de pescadores, el diálogo con terceros países, la consideración por vez primera del fenómeno de la pesca deportiva. 
Sin embargo, el ponente y nuestra comisión parlamentaria opinan, que la Comisión, tras realizar un análisis correcto del sector y de sus especificidades, por lo que respecta a las soluciones, no ha hecho todo lo suficiente para encontrar soluciones imaginativas y dejar de recurrir a los instrumentos clásicos de la PPC, de la política común. Para el Mediterráneo necesitamos una acción innovadora y coherente, que avance por etapas y no tema rectificar el tiro siempre que resulte necesario. 
Quisiera llamar ahora la atención brevemente sobre algunos de los puntos contenidos en mi informe: ante todo, el enfoque sistemático y multilateral de la Unión debe ser una realidad y no sólo un deseo; la participación de las asociaciones de pescadores ha de significar también la promoción de las experiencias desarrolladas a escala local para una gestión responsable de la pesca, experiencias que demuestran la eficacia de la selectividad de los aparejos, la eficacia de las medidas alternativas a la gestión del esfuerzo pesquero, como, por ejemplo la parada temporal; transponer rápida y automáticamente mecanismos de gestión de la PPC, como los tamaños mínimos o el TAC, puede hacer inútiles los esfuerzos realizados por los pescadores y resultar contraproducente; además, una inserción precoz de medidas técnicas inadecuadas puede hacer estéril el diálogo multilateral que la Comisión se propone emprender con los terceros países del área mediterránea para una gestión sostenible de toda la cuenca. 
Lo que pedimos es que las negociaciones con los países que, como nosotros, pescan en el mar Mediterráneo se entablen lo antes posible, para poder presentar los resultados de esas conversaciones en la próxima Conferencia Interministerial sobre la pesca en el Mediterráneo, que se celebrará en Venecia el próximo mes de noviembre. 
Un segundo punto es resaltar el papel fundamental de la investigación en apoyo de una política pesquera eficaz. 
Sabemos que, desde este punto de vista, la especificidad del Mediterráneo siempre ha constituido un problema, pero debemos insistir para tener una investigación científica aplicable al plan de acción. 
En este sentido, proponemos un modelo mediterráneo de investigación basado en redes locales de recogida de datos. 
Está después la cuestión de las consecuencias estructurales del plan de acción, que, en nuestra opinión, la Comisión infravalora un poco; en particular, consideramos insatisfactoria la parte dedicada a esta cuestión. 
Como comisión, les proponemos valorar, por ejemplo también en este caso, medidas de apoyo innovadoras, en particular la extensión de la norma de minimis a la pesca. 
No hay que olvidar que en el Mediterráneo la pesca es en un 80% pesca artesanal, muy ligada al territorio, cuyo equilibrio socioeconómico se encuentra la mayoría de las veces próximo a la pura subsistencia. 
Por último, señor Presidente, se encuentra el razonamiento sobre el medio ambiente propuesto por la Comisión: nos parece un tanto incompleto, por cuanto no reconoce que los pescadores son con más frecuencia víctimas que responsables del daño medioambiental. 
En una región donde la pesca es típicamente costera, la clave de una coexistencia sostenible sigue siendo la gestión integrada de las zonas costeras, sobre lo cual la Comisión no insiste lo suficiente. 
Señor Presidente, Señorías, concluiré dando las gracias a los compañeros de la Comisión de Pesca por sus útiles sugerencias, que al final nos permitieron obtener la unanimidad sobre este informe. 
. (EN) Señor Presidente, me complace ver que el Parlamento respalda el enfoque propuesto por la Comisión. 
Es cierto, como se destaca en el informe, que la Comisión ha concebido un plan ambicioso, pero eso se debe a la importancia y a la complejidad de la pesca en el Mediterráneo. 
La Unión debe hacer todo lo que esté en su mano para conseguir una actividad pesquera sostenible en el Mediterráneo. 
Muchas asociaciones de pescadores, la opinión pública y también el Parlamento Europeo han solicitado en repetidas ocasiones una política pesquera común más estricta, fiable y estratégica para el Mediterráneo. 
El plan estará a la altura de este reto y, si se aplica debidamente y cuenta con el apoyo de nuestros Estados miembros, nos permitirá lograr el principal objetivo de reconciliar la pesca con la conservación de los recursos explotados y el medio ambiente dentro de un marco de sostenibilidad económica y social. 
Nos preocupa el estado de los recursos y la sostenibilidad de la pesca en esa zona. 
Tanto la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo como la Comisión Científica, Técnica y Económica de la Comisión han destacado el mal estado de algunas de las especies de la zona. 
Hay evidentes indicios de que las industrias pesqueras no están explotando correctamente el potencial de producción de los recursos. 
Además, los malos resultados económicos de varias importantes flotas mediterráneas indican que es preciso revisar el actual modelo de explotación. 
La Comisión utilizará todas las herramientas de gestión disponibles teniendo en cuenta el asesoramiento científico. 
Aunque es probable que la gestión del esfuerzo, junto con un mejor control de la capacidad pesquera, sea la herramienta más apropiada para la pesca en el Mediterráneo, es innegable que también es necesario mejorar las medidas técnicas. 
La Comisión ya ha empezado a trabajar en una propuesta de mejora de las medidas técnicas para conseguir una mejor protección de los juveniles, de los hábitats y, en términos generales, de la biodiversidad. 
Ya hemos convocado dos reuniones, para el 19 de mayo y los días 16 y 17 de junio de 2003, a fin de debatir esta cuestión con la industria pesquera Un diálogo más intenso con la industria permitirá a la Comisión aprobar en un plazo bastante corto una propuesta sobre medidas técnicas que tenga en cuenta los conocimientos especializados del sector. 
Inmediatamente después de la adopción del paquete de medidas técnicas, la Comisión empezará a abordar la cuestión del esfuerzo pesquero, y espero que podamos realizar una propuesta formal a principios de 2004. 
Sin embargo, somos plenamente conscientes de que todos nuestros esfuerzos podrían ser baldíos si no establecemos una gestión basada en la cooperación con los demás países del Mediterráneo. 
Hay muchas aguas internacionales de libre acceso. 
Asimismo, la plataforma en la que se puede pescar al arrastre se extiende mucho más allá de las aguas territoriales. 
Eso significa que la Comunidad debe trabajar con terceros países mediterráneos para establecer normas armonizadas y para congelar o reducir la utilización de la capacidad pesquera en determinadas zonas compartidas. 
Está ya muy avanzada la organización de una conferencia ministerial en Venecia, prevista para los días 25 y 26 de noviembre de 2003, que debería dar un nuevo impulso a la cooperación multilateral en el campo de la pesca. 
Sin embargo, como el principal agente en el ámbito pesquero de la región, tenemos la responsabilidad de liderar el proceso y de promover la pesca responsable, antes que nada, en nuestras propias filas. 
Establecer las llamadas zonas de protección pesquera es, en opinión de la Comisión, una medida necesaria para mejorar el control y la equidad en aguas internacionales, así como para crear un marco internacional con el fin de conseguir una pesca responsable y garantizar la conservación de las poblaciones de peces transzonales y transnacionales. 
Esto debería mejorar la cooperación multilateral sin perjuicio de los derechos históricos de nuestros pescadores y de las legítimas aspiraciones de los demás países del litoral. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar al ponente, el Sr. Lisi, por este informe que ha realizado y, sobre todo, por su talante y su forma de trabajar, que ha permitido a los demás miembros de la Comisión de Pesca, como él mismo ha dicho, entablar un diálogo que ha sido positivo y fructífero a la hora de realizar este informe. 
El Mediterráneo, que es la cuna de la civilización europea, es un espacio sensible, vivo, pero muy frágil, caracterizado por su condición de mar cerrado y, por ello, encerrado en sus propios peligros. 
Las soluciones a males como la contaminación causada por la industria- como señaló el propio ponente- o por la alta densidad demográfica son, por lo tanto, difíciles. 
El plan de acción que nos presenta la Comisión Europea resulta necesario. 
Necesitamos un plan de acción omnicomprensivo, que no se limite a medidas pesqueras, porque nadie puede pensar que la causa única de la escasez de los recursos pesqueros sea la sobreexplotación pesquera, sino que hay todo un conjunto de elementos que confluyen, principalmente la contaminación de los mares, contaminación debida a la llegada al mar de los pesticidas utilizados en agricultura, a las mareas negras y también a los vertidos cotidianos de los petroleros o a la falta de depuradoras para tratar las aguas residuales. 
Tenemos por tanto- y es urgente- que adoptar medidas contra la contaminación industrial y la contaminación urbana en este mar. 
Y además, hay que atajar las contravenciones, que ya se producen, a la política pesquera común, y me estoy refiriendo a la pesca ilegal, a la utilización de artes ilegales, al comercio paralelo y a la falta de respeto de las normas relativas a las tallas mínimas. 
El sector pesquero mediterráneo es frágil. 
Su flota- ya se ha dicho aquí- es básicamente artesanal, por lo que necesita de un apoyo continuado de los poderes públicos. 
Este sector pesquero ha de desarrollarse de manera ordenada, sin que el crecimiento de unos implique la quiebra de otros, ya estemos hablando de la flota artesanal, de la acuicultura- una industria creciente- o de la comercialización. 
El Mediterráneo presenta un carácter específico, como ha señalado el Sr. Comisario. 
Una veintena de Estados- la mayoría de ellos no comunitarios- y también flotas mundiales operan en esta zona, como la japonesa o la rusa. 
La Comunidad ha de exigir, en cooperación con el Consejo General de Pesca del Mediterráneo, el cumplimiento en este mar de los principios de la política pesquera común por parte de todos. 
Sin una gestión sostenible de los recursos, la pesca en el Mediterráneo tiene los días contados, y en esta zona están ocupados casi la mitad de los trabajadores del sector pesquero comunitario y la mitad de la flota europea. 
El sector pesquero en el Mediterráneo emplea, como ha señalado el Sr. Lisi, numerosa mano de obra y su actividad incide favorablemente en otros sectores, como el sector turístico. 
Una aplicación mal entendida del principio de subsidiariedad- y quizás ésta sea la objeción más importante que yo tengo que manifestarle al Sr. Lisi -, que condujera a la renacionalización de la PCP, situaría a la pesca en el Mediterráneo en una situación terminal. 
Por lo tanto, yo considero que es urgente que se aplique la PCP en el Mediterráneo en todos sus términos; eso sí, adaptándola a la realidad de este mar y estudiando previamente, si nos parece necesario, cuáles son exactamente las condiciones que se dan en esta zona. 
Tenemos que adaptar la flota a los recursos existentes, pero no podemos- coincido con el Sr. Lisi- condenarla a su desaparición, como podría ocurrir si se suprimieran las ayudas para la renovación de la flota. 
El envejecimiento de la flota conduciría al fin de la pesca en este mar, lo mismo que si se agotasen los recursos. 
El Grupo Socialista apoya por tanto- y así lo tengo que manifestar- el plan de acción presentado por la Comisión, que deberá cumplirse en el respeto estricto de las especiales características que rodean a este mar. 
Señor Presidente, me parece que todos estamos de acuerdo en que la explotación sostenible de los recursos pesqueros y las medidas para su conservación son esenciales para el sector de la pesca. 
Con todo, no puede aplicarse una política pesquera común de forma ciega: hay que tener en cuenta las especificidades locales y regionales de las distintas pesquerías, de las flotas y regiones dependientes del sector en los distintos Estados miembros y de las poblaciones afectadas. 
Por ello, la participación de los pescadores y de sus asociaciones es esencial, su experiencia es vital. 
Pero esa especificidad hace también que, para una aplicación correcta de la política pesquera común, sea indispensable dar flexibilidad a los Estados miembros para la aplicación de las medidas de gestión del esfuerzo pesquero y tener en cuenta las experiencias locales desarrolladas por los propios pescadores, como destaca el ponente para el Mediterráneo. 
Exige también facultar a los Estados para aplicar medidas de conservación, pues son los que mejor conocen la situación de los recursos. 
Otro aspecto es la mejora de la investigación, pues las medidas de conservación y de evaluación del estado de los recursos deben tomarse sobre la base de dictámenes científicos sólidos y con la participación de los pescadores y de sus asociaciones. 
Para ello es necesario reforzar la investigación, como también propone el ponente en su texto para el Mediterráneo. 
Asimismo, apoyamos la delegación de la responsabilidad de gestión de la pesca costera, y no sólo, en los Estados miembros, así como la promoción de soluciones encontradas a escala local para reducir el esfuerzo pesquero teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad. 
Pienso que es un buen camino a seguir en otras zonas, como el Atlántico. 
Por ejemplo, en Portugal es muy importante la pesca costera y artesanal, como lo es en el Mediterráneo. 
Por ello, estamos de acuerdo con el ponente cuando defiende la necesidad de adoptar medidas específicas para apoyarla- como defendí en la opinión del presupuesto de pesca para 2003- y destacamos la necesidad de que el IFOP favorezca la pesca artesanal. 
Del mimo modo, resalto la importancia de aplicar en varias zonas del Atlántico, en especial en las doscientas millas de la costa portuguesa y en las regiones ultraperiféricas, medidas de conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros idénticas a las que defendimos para el Mediterráneo. 
Subrayaré igualmente, como lo hace el ponente, que la degradación de la pesca tiene otras causas, en concreto la contaminación y el transporte marítimo, y por ello muchas veces el sector es víctima de este proceso. 
Por último, quiero dar las gracias al ponente por el trabajo realizado. 
Señor Presidente, el plan de acción comunitario para la pesca en el Mediterráneo presentado por la Comisión constituye un primer paso importante hacia una gestión sostenible del sector. 
Ahora bien, se trata de una serie de buenas intenciones que, si bien no son plenamente compartibles, deberían aplicarse con cierta urgencia. 
Algunos puntos oportunamente subrayados en el informe del Sr. Lisi- por el cual le felicito- son especialmente importantes. 
La Comisión considera, justamente, que uno de los elementos esenciales que hay que tener presentes con vistas a un enfoque sostenible de la pesca en la cuenca del Mediterráneo es la especificidad del propio Mediterráneo. 
Esto es correcto. 
Recuerdo que en el Mediterráneo las principales zonas de reproducción y de repoblación de muchas- no todas- las especies pesqueras se concentran en las zonas costeras. 
Por consiguiente, no puedo sino acoger favorablemente, en nombre del Grupo UEN, la propuesta de la Comisión Europea de delegar en los Estados miembros la gestión de la pesca costera. 
Recuerdo también que otra especificidad del mar Mediterráneo- mar relativamente pequeño y cálido respecto de los mares del norte- consiste en el hecho de que son pocos los bancos de peces de una determinada especie que se forman; precisamente por esta razón- y aquí me aparto de la propuesta de la Comisión- creo que el sistema de pesca en el Mediterráneo no se presta a una aplicación eficaz de TAC y de cuotas. 
El análisis de la Comisión es compartible por lo que respecta a la potenciación y la mejora de la investigación científica en el Mediterráneo, así como a la participación de los medios profesionales en las decisiones estratégicas del sector de la pesca: argumentos de primera importancia que, lamentablemente, no es posible profundizar en esta sede. 
Quisiera destacar no obstante la óptima propuesta de admitir a las organizaciones profesionales de la pesca en el posible y deseable Consejo Consultivo del Mediterráneo. 
Para concluir, y manteniéndome en el ámbito de la especificidad del Mediterráneo, quisiera hacer hincapié en un aspecto realmente importante y vital para la economía del sector, un aspecto que en cualquier caso vale sin más para Italia: hay que sostener de todos los modos posibles la pesca artesanal, la pesca tradicional, que, además de constituir una fuente vital de empleo para muchísimas familias, es depositaria de una tradición ancestral que Europa debe proteger y salvaguardar. 
Señor Presidente, pido disculpas por mi ligera ronquera. 
He pronunciado tantos discursos durante la última semana que me estoy quedando sin voz, cosa que algunos considerarán una bendición. 
En primer lugar, me gustaría felicitar al Sr. Lisi por su excelente informe. 
Englobar el Mediterráneo en el marco de los controles y reglamentos de la política pesquera común es un plan muy ambicioso, que espero que conseguirá los objetivos básicos: la conservación y la sostenibilidad. 
Sin embargo, para conseguirlo, primero debemos aprender de los errores de los anteriores fracasos de la política pesquera común. 
No necesitamos remontarnos muy atrás para encontrar esos fracasos: durante el año pasado tuvimos que enfrentarnos a una crisis tras otra. 
La propia Comisión, en la introducción de su documento sobre la reforma de la política pesquera común, reconoce que la política ha adolecido de numerosos defectos. 
El principal objetivo de la política pesquera común era mantener el empleo en el sector y mantener las poblaciones de peces: hemos fracasado miserablemente en ambos campos. 
Ahora tenemos que enfrentarnos a la pérdida estimada de más de 40 000 empleos tan solo en el Mar del Norte, con cientos de pescadores abandonando la industria y desguazando sus barcos, y al hecho de que las poblaciones de peces de las principales especies de pescado blanco muestren indicios de un inminente colapso. 
Las causas de estos problemas son, por supuesto, múltiples: la pesca excesiva ha tenido su parte de culpa, pero también la han tenido la contaminación medioambiental, el calentamiento mundial, la corriente del Atlántico Norte y muchos otros factores. 
Sin embargo, el estricto régimen de los TAC y las cuotas ha agravado el problema de los descartes, con más del 25% del pescado en buen estado siendo devuelto muerto al mar cada año. 
Un funcionario de la Comisión dijo a nuestra comisión la pasada semana que se calcula que 150 000 toneladas de eglefino fresco y en buen estado se devolvieron al Mar del Norte el año pasado, con los peces ya muertos. 
Esto es una gran tragedia y es completamente insostenible. 
También los problemas de la pesca ilegal- desembarcos no registrados de pescado- han empeorado aún más la situación. 
No debemos permitir que estos problemas se importen al Mediterráneo al amparo de la política pesquera común. 
Por supuesto, tenemos un problema inicial- y se trata de un problema muy grande- porque la mayoría de los países que pescan en el Mediterráneo no son Estados miembros de la UE, así que debemos tratar de obtener su cooperación activa para conseguir nuestros objetivos de conservación y explotación sostenible. 
Sería insostenible imponer un estricto régimen de reglamentos y controles a nuestra propia flota, mientras permitimos que barcos de otras nacionalidades saqueen los mares sin obstáculo alguno. 
La propia naturaleza del sector pesquero del Mediterráneo es única: pocas personas saben, por ejemplo, que la flota italiana es la segunda mayor de la UE, con más de 17 000 barcos. 
Sin embargo, el 98% de esos barcos tienen una eslora inferior a los 12 metros, lo que significa que su principal actividad pesquera se realiza en aguas costeras y es esencialmente artesanal. 
Muchas de esas embarcaciones son viejas y cada vez más inseguras, así que tenemos que estudiar la modernización de esos barcos aunque solo sea por razones de salud y seguridad en el trabajo. 
También acojo con agrado las recomendaciones del Sr. Lisi para que controlemos estrechamente la pesca deportiva. 
Se trata de un área cada vez más importante que proporciona muchos puestos de trabajo en el sector turístico, cuyo valor no debe infravalorarse. 
Sin embargo, sería absurdo ignorar los efectos que tienen esas actividades sobre el sector pesquero y sobre las poblaciones de peces. 
Por último, quiero decir que estoy a favor del enfoque multilateral de la gestión de la pesca en el Mediterráneo en el futuro. 
Esa es la única forma en que podemos implicar a todos los agentes y las partes interesadas en la elaboración de propuestas de gestión sensatas para una pesca sostenible en el Mediterráneo. 
Mis mejores deseos para sus cuerdas vocales, señor Stevenson. 
Dado el tema del que estamos hablando, le puedo sugerir una cosa. 
No soy médico, pero, durante dos o tres días, debería usted hacer como los peces: ¡estar callado, así se curará seguro! 
Señor Presidente, Señorías, por suerte no estoy ronco, pero mi voz se debilita un poco al hablar del Mediterráneo, que es una llamada que evoca para nosotros el sol, las playas, las vacaciones. 
La historia del Mediterráneo es una historia climática, física, cultural y política muy rica y compleja. 
Leí recientemente que el mar Mediterráneo se secó por completo hace cinco millones de años, así lo demuestran los sedimentos salinos hallados en el fondo del mar. 
Es cierto que actualmente el mar Mediterráneo no se ve amenazado por la presión turística, por la demografía galopante en el norte de África y por la contaminación como cuando ese cataclismo climático secó por completo este hermoso mar. 
Pero los recursos pesqueros del Mediterráneo están sobreexplotados en muchos casos. 
Así lo indica la investigación científica más rigurosa, aunque no haya riesgos científicamente demostrados de acabar con las reservas de peces. 
Y, si es cierto que no hay riesgos demostrados, hay, no obstante, amenazas y es de temer que los recursos del Mediterráneo sufran también el desgaste registrado en otras regiones marítimas. 
Por ello, es necesario tomar medidas. 
Si es cierto que la delegación y la responsabilización de los Estados miembros y el cuidar las soluciones a escala local para reducir el esfuerzo pesquero merecen aprobación y constituyen un buen principio, que en su caso podría aplicarse en algunas orillas del Atlántico- como, por ejemplo, en la costa portuguesa -, las objeciones que el ponente hace insistentemente a la aplicación de los principales instrumentos de la política de conservación, en particular los TAC y las cuotas, me suscitan algunos interrogantes. 
También la oposición del ponente a la introducción de tamaños mínimos de desembarque me parece discutible. 
La invocación de la especificidad de la pesca en el Mediterráneo es legítima, pero para algunos parece convertirse en un pretexto para mantener el actual status quo. 
La investigación es una palabra mágica, muchas veces sirve también para aplazar soluciones que el momento impone. 
Y la investigación tiene que ser, de hecho, una prioridad de la Comunidad Europea y de los organismos a ella consagrados para que no haya equívocos en el futuro sobre la situación de los recursos pesqueros y la biodiversidad marítima. 
Es necesaria una explotación más equilibrada y racional de los recursos pesqueros del Mediterráneo, es indiscutible. 
Pero a este respecto, escuchando las intervenciones de sus Señorías, me he quedado con la duda de si debemos aplicar el modelo actual de política pesquera común del Atlántico al Mediterráneo o, por el contrario, el modelo del Mediterráneo al Atlántico... 
Es una gran polémica, y tal vez debamos tratar esa gran polémica de forma profunda y no superficial, porque se dijo hoy en distintas intervenciones que, al final, el modelo actual de política pesquera común está equivocado y que el modelo que subsiste en el Mediterráneo es el que al final podrá adoptarse. 
¿Será verdad? 
¿Será mentira? 
Es un desafío. 
De lo que no hay ninguna duda es de que, como dice la Comisión, el Mediterráneo carece de una normativa que le permita alcanzar el mismo grado de desarrollo y revista la misma prioridad que en otras regiones comunitarias. 
Ni tampoco hay duda de que son necesarios algunos elementos específicos. 
¿Quién tiene razón? 
Es una cuestión muy importante para que no nos quede la duda de si algunas de las intervenciones hechas sobre el Mediterráneo no se destinan a mantener pura y simplemente el status quo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Interrumpimos aquí nuestros trabajos en espera del turno de votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 10.10 horas, se reanuda a las 11.00 horas) 
Señor Presidente, con espanto nos enteramos de que en varios países, representantes de la oposición iraní se autoinmolan en un momento en que nosotros recibimos aquí a los representantes oficiales iraníes. 
¿Me permite recalcar, para evitar malentendidos, que estamos del lado de quienes defienden en el Irán los valores de los derechos humanos y la democracia, para que no sigan teniendo lugar estas acciones desesperadas? 
Creo que su mensaje es alto y claro, Sra. Maes, y nos aseguraremos de que se comprenda. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Blokland, me informan de que los Grupos han aprobado la solicitud del procedimiento simplificado para ese informe. 
Informe (A5-0222/2003) del Sr. Caveri, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (COM (2003) 207- C5-0186/2003- 2001/0140 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0194/2003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos, por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE (14856/1/2002- C5-0084/2003- 2001/0176 (COD) ) (Ponente: Marit Paulsen) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0185/2003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 86/609/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto de la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (5240/1/2003- C5-0134/2003- 2001/0277 (COD) ) (Ponente: Caroline F. Jackson) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Recomendación para segunda lectura (C5-0130/2003) de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la producción y diseño de estadísticas comunitarias de ciencia y tecnología (Ponente: Giuseppe Nisticò) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0211/2003) del Sr. Matikainen-Kallström, en nombre de la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión para la aprobación de un Reglamento del Consejo relativo a las medidas destinadas a simplificar los procedimientos de solicitud y expedición de visado para los miembros de la familia olímpica participantes en los Juegos Olímpicos y/o Paralímpicos de 2004 en Atenas (COM (2003) 172- C5-0181/2003- 2003/0061 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0171/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre un plan de acción comunitario para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo en el marco de la política pesquera común (COM (2002) 535- 2002/2281 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0186/2003) del Sr. Markov, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el Decimotercer Informe Anual sobre los Fondos Estructurales (2001) (COM (2002) 591- 2003/2019 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0184/2003) de la Sra. Scallon, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión «Informe Anual del Fondo de Cohesión (2001) » (COM (2002) 557- C5-0024/2003- 2003/2020 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0195/2003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos (14857/1/2002- C5-0083/2003- 2001/0177 (COD) ) (Ponente: Marit Paulsen) 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión desea dar las gracias a la Sra. Paulsen por su apoyo a esta propuesta y espera que el paquete transaccional debatido por las instituciones sea aceptado por el Parlamento. 
La Comisión también aprecia el apoyo general de esta Cámara al paquete de propuestas sobre las zoonosis. 
Como probablemente sabrán, se han celebrado delicadas conversaciones con los Estados miembros sobre este reglamento, su ámbito de aplicación, el calendario para su aplicación y su dimensión financiera. 
Tengo entendido también que algunos de ustedes han expresado su preocupación en relación con el uso de antibióticos en la producción animal y el correspondiente riesgo de desarrollo de resistencia a los antibióticos. 
El 26 de junio de 2001, la Comisión adoptó una estrategia comunitaria contra la resistencia a los antibióticos. 
Esta estrategia comprende acciones en todos los sectores relevantes, incluida la salud pública y los sectores veterinario y fitosanitario. 
En marzo de 2002, la Comisión propuso la prohibición total de los antibióticos usados para la estimulación del crecimiento a partir de 2006. 
Se espera que el Parlamento Europeo tome hoy una decisión sobre esa prohibición. 
Espero que el Parlamento apoye la fecha de 2006, como se prevé en la posición común y como se establecía también en la propuesta original de la Comisión. 
La Comisión encargará también en los próximos meses una evaluación científica europea del uso de antibióticos como medicinas en el marco de los programas de control de la salmonela, sobre todo en las aves de corral. 
La Comisión pretende tener en cuenta a la opinión científica en las medidas que se tomen. 
El reglamento será un compromiso equilibrado y contribuirá a reforzar el enfoque comunitario del control de la salmonela, generando una fuerte disminución de los casos de salmonelosis humana. 
- (DE) Señor Presidente, Señorías, tras largas negociaciones, el Consejo alcanzó el lunes un acuerdo sobre el estatuto de los partidos políticos europeos. 
En consecuencia, hoy tenemos la gran oportunidad de aprobar en primera lectura esta norma tan importante para la democracia y la transparencia en Europa. 
Para que esto sea posible, debemos hacer compatibles los textos del Consejo y del Parlamento en el marco del procedimiento de codecisión. 
Todas las enmiendas de transacción presentadas cumplen esta finalidad. 
Por lo tanto, quien desee que hoy vivamos un gran momento y aprobemos el estatuto de los partidos, debe votar a favor de las enmiendas de transacción y rechazar todas las demás. 
Las traducciones se tuvieron que hacer muy deprisa, entre el lunes y el miércoles. 
Por lo tanto, ruego al servicio lingüístico del Parlamento que revise la compatibilidad del texto con el del Consejo, en particular en lo que respecta a la numeración, y que incluya también en la enmienda 55 el apartado 3 del texto del Consejo, que se nos olvidó incorporar. 
Los servicios del Parlamento, así como el Consejo, son plenamente conscientes del problema de numeración que plantea. 
El texto se alineará tal como usted solicita. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría destacar de nuevo, en una cuestión de observancia del Reglamento, que, tal como confirma la intervención del Sr. Leinen, tal como yo dije ayer, sentamos hoy un nuevo precedente: vamos a votar enmiendas que no son enmiendas propuestas presentadas por diputados, sino una nueva versión de las enmiendas que son enmiendas de transacción con el Consejo. 
Es una nueva interpretación del Reglamento, una nueva originalidad del Parlamento. 
Por esta razón creía que se debía haber seguido el procedimiento definido en el artículo 130 bis del Reglamento. 
Pero, en fin, no haré problema de eso. 
La decisión corresponde a la Mesa y yo, naturalmente, no puedo hacer más que registrar el hecho. 
Señor Presidente, me gustaría informar brevemente a los colegas de la situación actual de esta importante propuesta. 
En primer lugar, permítanme decir que los votos que emitan hoy constituirán un nuevo e importante paso adelante en la puesta en práctica de la reforma de la Comisión Europea. 
Como recordarán de nuestros anteriores debates, esta reforma del Estatuto de los funcionarios introduce las principales revisiones y reestructuraciones de las condiciones de empleo y el desarrollo profesional de los funcionarios en todas las instituciones europeas. 
Señorías, cuando celebramos un debate aquí en Bruselas el 27 de marzo de 2003, fueron tan amables como para darnos su apoyo a las enmiendas que propusimos. 
Sin embargo, les pedimos que no votaran todavía la resolución legislativa para darnos la oportunidad, como ponentes, de negociar con el Consejo y la Comisión a fin de mantener la posición del Parlamento. 
Este no es un tema al que se aplique la codecisión, sino una cuestión en la que tenemos derecho a emitir un dictamen. 
Lo hemos hecho con éxito y ahora queremos que ustedes voten sobre esto sustancialmente; queremos dar paso a la siguiente etapa del proceso de debate: la convocatoria de una comisión consultiva en la que participen el Consejo, la Comisión y representantes de los funcionarios y sindicatos de funcionarios de todas las instituciones. 
Así que les pido, por favor, que apoyen esta propuesta hoy. 
Las enmiendas que presentamos reflejan la actual posición negociadora y solicitan al Consejo y a la Comisión que nos vuelvan a presentar los cambios que harán a partir de la propuesta original. 
Volveremos a someterles a ustedes dos nuevos informes en el plazo de unos meses para confirmar el proceso en su conjunto. 
. 
(ES) Señor Presidente, insistiendo en lo que acaba de decir el Sr. Harbour, en efecto, pedimos ahora el voto final sobre esta propuesta. 
Como ha dicho el Sr. Harbour, el texto pasa ahora a una fase de discusión entre el personal y las instituciones, y luego, eventualmente, volverá a esta Cámara una segunda propuesta, con aspectos que no han sido incluidos en la propuesta original- me refiero a todo el régimen de pensiones, cuya reforma, por lo visto, el Consejo quiere plantear y sobre la que sería necesaria una nueva consulta al Parlamento. 
La aprobación ahora de este texto permite expresar nuestra posición inicial, y luego, para poder pronunciarnos sobre el texto definitivo, haría falta una segunda propuesta del Consejo. 
Señor Presidente, por razones que vienen al caso, quisiera presentar una enmienda oral por la que se introduce un nuevo apartado 15 a. Hay un problema al respecto: el título del acuerdo que querríamos apoyar en el Parlamento es un poco largo. 
La enmienda en sí misma es breve y solo tengo el texto en inglés. 
Aun así, pido a la Asamblea que, si es posible, permita que se someta a votación. 
Entiendo, señor Swoboda, que ha hablado con otros Grupos políticos sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, apoyamos esta propuesta oral. 
Señor Presidente, quisiéramos modificar las últimas doce palabras del apartado 20 por vía de una enmienda oral para que diga así: «son cuestiones que requieren un diálogo continuo entre los socios transatlánticos». 
Esta es la enmienda oral en nombre del ponente. 
. 
(ES) Señor Presidente, no voy a abusar de la paciencia de la Casa. 
Simplemente quería agradecer mucho a los servicios la rapidez con la que han trabajado, y también a los grupos políticos su capacidad de diálogo sobre un tema como la inmigración, normalmente controvertido pero que necesita el concurso de todos para imponer sentido común y políticas útiles. 
Agradezco mucho a los portavoces de los grupos su disponibilidad para que hayamos podido votar sobre este informe antes de la Cumbre de Salónica. 
- (EN) Señor Presidente, en la enmienda 6 a este informe, la Sra. Boudjenah propone añadir una frase al apartado 1. 
Subraya la importancia del acceso a la energía para el desarrollo y sugiere que caractericemos el acceso a la energía como un derecho humano esencial. 
Comprendo su razonamiento, aunque no creo que podamos hacer una declaración de ese tipo. 
El acceso a la energía no forma parte de ninguna convención sobre derechos humanos. 
Sin embargo, estaría dispuesto a sustituir las palabras «derechos humanos esenciales» por «derechos económicos y sociales». 
Si la Cámara aprueba esta enmienda oral, recomendaría que apoyara la enmienda así modificada. 
Si no se aprueba esta enmienda oral, recomendaría a la Cámara que votara en contra de la parte de la enmienda que hace referencia a los derechos humanos esenciales. 
. 
(PT) Por primera vez, los Juegos Olímpicos se celebrarán en el territorio de un Estado miembro desde la creación del espacio de Schengen y su integración en el ámbito de la Unión. 
Nos encontramos ante una medida concreta, de alcance comunitario, que prevé un régimen de excepción para la expedición de los visados a los miembros de la familia olímpica que van a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. 
El objetivo de este Reglamento es facilitar la tarea del Estado miembro encargado de organizar los próximos Juegos Olímpicos- Grecia -, y al mismo tiempo ayudarle a cumplir las obligaciones asumidas en virtud de la Carta Olímpica. 
Se prevén excepciones temporales a determinadas disposiciones del acervo comunitario en materia de visados, con alcance limitado, proporcionales, de orden técnico y justificadas por el carácter excepcional del acontecimiento. 
Los miembros de la familia olímpica que, por razones de nacionalidad, estén sujetos a la obligación de visado seguirán teniendo esa obligación. 
Sólo se pretende facilitar los procesos de presentación de la solicitud y la forma en que se expide el visado (el Comité Organizador únicamente tiene que transmitir una lista de las personas participantes a los servicios competentes para la expedición de visados en Grecia) , no existiendo ninguna colisión con los principios esenciales, ni con las normas de seguridad del espacio Schengen (las autoridades griegas deben comprobar si se reúnen todas las condiciones antes de la expedición del visado). 
. 
(EN) Los Conservadores británicos apoyamos plenamente los valores del Movimiento Olímpico y de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pero ni siquiera en esas circunstancias tan importantes podemos apoyar el principio de una política común de visados. 
. 
(PT) Me uno en gran medida a las preocupaciones de la ponente sobre la necesidad de simplificar el proceso de solicitud de visado de los participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Atenas en 2004. 
Corroboro asimismo su posición con respecto a la conveniencia de aumentar la rapidez en los procesos de entrada y circulación durante la celebración de los mismos, sin renunciar a la seguridad necesaria en situaciones de este tenor. 
De hecho, como la historia ha demostrado dramáticamente, los Juegos Olímpicos, por la exposición mediática de que gozan, son blanco preferente de manifestaciones de radicalismo y violencia, por lo que urge no renunciar a unos elevados niveles de seguridad. 
La adopción de un visado uniforme de corta estancia y de entradas múltiples permitirá un mejor procesamiento y tratamiento de los datos, lo que sin duda facilitará al Estado organizador un mejor acompañamiento y vigilancia de las entradas y salidas en su territorio y en todo el espacio Schengen. 
Considero adecuada la elaboración posterior de un informe por parte de la Comisión, como preconiza la ponente, para poder evaluar el funcionamiento de este régimen y permitir su aplicación en eventos futuros de la misma naturaleza. 
Por ello he votado a favor. 
. 
(PT) El Mediterráneo tiene un peso muy relevante en el sector de la pesca de la UE. 
La flota comunitaria mediterránea, que representa el 22% de las embarcaciones de la Unión en arqueo, así lo confirma. 
En este contexto, he votado a favor para acompañar la posición del ponente y celebrar el punto de vista de la Comisión en este programa de acción, sobre todo cuando señala la especificidad del Mediterráneo como parámetro indispensable de la reforma en curso. 
La oportunidad de adoptar esa perspectiva es aún mayor si se tiene en cuenta el actual desencuentro entre la importancia real de dicha especificidad y la atención que se le dedica en el marco de la política pesquera común (PPC). 
El ponente ha elaborado un conjunto adecuado de propuestas que contribuirán a una consideración razonable de las peculiaridades mediterráneas, favoreciendo la definición de un modelo propio. 
De esas propuestas, apoyo especialmente: la evaluación del impacto de la PPC en esa área; la preferencia por el enfoque descentralizado, por las soluciones encontradas a escala local o de autogestión, como es esencial para la pesca sostenible y el pleno respeto del principio de subsidiariedad; la promoción de la mejora de la investigación científica, con la consiguiente adaptación del plan de acción a los resultados alcanzados; y la rápida apertura de negociaciones con terceros países costeros, así como la participación de países que, aun no siendo mediterráneos, dispongan de posiciones estratégicas privilegiadas en la zona, sobre todo los que son Estados miembros de la Unión. 
. (EN) Aunque he votado a favor del informe Markov, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el apartado 11, que apoya la asignación de toda la responsabilidad de los fondos estructurales a una única autoridad y un único Ministro en cada Estado miembro, puede ser incompatible con los sistemas existentes en Estados miembros que tengan administraciones federales o a las que se hayan transferido competencias. 
Espero que este apartado se interprete de una forma apropiada a esas situaciones. 
Una vez más observamos, como hace el informe, el fracaso de la política regional de la UE y la falta de perspectivas para su aplicación futura, especialmente en los países más débiles después de la ampliación. 
No solo no se han cumplido los objetivos de la cohesión económica y social ni la reducción de las desigualdades de desarrollo observadas, sino que, por el contrario, las desigualdades están aumentando, incluso dentro de los Estados miembros, existe un desempleo galopante y el tejido socioeconómico de las zonas agrícolas, de montaña y periféricas se está deshaciendo. 
Grecia constituye un ejemplo típico, que era y sigue siendo el más pobre de los 15 países, con enormes desigualdades regionales internas y con el triste privilegio de que 9 de sus regiones pertenecen a las zonas más pobres de la UE. 
Además, Grecia reembolsó con cargo a la famosa «mina de oro de los paquetes» el 46,4 % de las ayudas relativas a los fondos de los Estados miembros más ricos a través de la importación de conocimientos, bienes de equipo, mercancías y servicios. 
En otras palabras, estamos robando a Pedro para pagarle a Pablo. 
Por lo tanto, no solo Grecia no se ha beneficiado de la política regional, sino que, por el contrario, también ha hipotecado su crecimiento futuro y su independencia nacional a cambio de unas cuantas ayudas para obras y estudios de dudosa eficacia para su crecimiento real. 
. 
(PT) Es loable la iniciativa del Parlamento Europeo de hacer balance de la aplicación de los Fondos Estructurales. 
En dicho balance, muy negativo, se identifican una serie de problemas inaceptables en un instrumento de tanta importancia para la reducción de las desigualdades de desarrollo regional. 
Por diversas razones, a cada cual más inaceptable, un excesivo porcentaje de los fondos disponibles quedan por utilizar, ¡entre el 30% y el 60% dependiendo de los fondos! 
Felizmente, Portugal presenta una tasa de ejecución relativamente buena. 
En el balance se identifican las razones de esta mala aplicación y se acusa tanto a la Comisión como a los Estados miembros beneficiarios de los fondos: falta de transición entre programaciones, retrasos en la ejecución y en la presentación de proyectos, insuficiente coordinación y opciones de planificación erróneas. 
También se presentan soluciones que, a mi modo de ver, deberán completarse durante la revisión intermedia de los Fondos, como: simplificación de los procesos, acompañamiento de la utilización de los mismos, clarificación de las responsabilidades de los participantes y sanciones en caso de incumplimiento de calendario y de fraude. 
Por último, y como ya defendí con anterioridad en este Pleno, este informe propone medidas transitorias para las regiones que, actualmente pertenecientes al objetivo nº 1, pueden perder esa calidad debido al efecto estadístico derivado de la entrada de países más pobres. 
Celebro que la Comisión sea sensible a esta injusticia. 
. 
(IT) He votado a favor del presente informe. 
Una vez más se comprueba que las previsiones presupuestarias se alejan mucho de la ejecución efectiva de los Fondos Estructurales. 
La utilización de los créditos de pago fue del 69%. 
Apoyo la sugerencia de la Comisión de que se conceda más responsabilidad a las administraciones de los Estados miembros y se simplifiquen los procedimientos mediante la adopción, por los Estados miembros, de las mejores prácticas, junto con una formación adecuada del personal administrativo asignado a dichas tareas. 
Todo esto ya se recordaba en informes anteriores. 
Sigo considerando que deberá darse muchísima más visibilidad tanto a los programas como a las potencialidades de desarrollo regional y de creación de empleo. 
Y pienso también que la Comisión Europea debe promover entre las asociaciones profesionales, regionales y locales, en especial privadas, acciones de sensibilización (conferencias, seminarios, etc.) que sirvan de incentivo práctico y contribuyan a una mejor comprensión por parte de los agentes económicos de las potencialidades, encuadramiento y responsabilidades asociadas a sus proyectos. 
Un mayor acercamiento de la Comisión a los agentes económicos, que concurra de forma más efectiva al anhelado «desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad» , además de conducir a un aumento de la ejecución efectiva de los proyectos, serviría también para inhibir el mal uso de los fondos, que puede tener consecuencias dramáticas, como los resultantes del traslado de empresas beneficiarias de Fondos Estructurales. 
. 
(PT) Los desequilibrios entre las distintas regiones de Europa constituyen la mayor amenaza al proyecto de integración política y económica de la Unión. 
La promoción de la cohesión económica y social es un objetivo político prioritario de la Unión (consolidada por el Tratado de Maastricht como uno de los tres pilares de la integración europea). 
El Fondo de Cohesión contribuye de forma decisiva a atenuar estas asimetrías apoyando a los Estados miembros con más dificultades estructurales. 
Su importancia se reforzará en el marco de la ampliación (a partir de 2004 todos los países candidatos serán elegibles). 
Considero que el enfoque adoptado por la ponente en su informe debería haber sido más positivo y menos burocrático. 
Comparto su preocupación con respecto al déficit del 4,1 % registrado en Portugal en 2001 (de forma que no cumple los criterios macroeconómicos) y que el actual Gobierno portugués heredó del anterior gobierno socialista. 
Habría sido más justo para Portugal que la ponente hubiese reconocido el esfuerzo y las medidas que el Gobierno portugués ha tomado ya y que han merecido el elogio de la Comisión y el Consejo. 
Todos estos instrumentos son esenciales para realizar el principio de cohesión económica y social. 
El Fondo de Cohesión, al igual de los demás Fondos Estructurales y las demás políticas comunitarias, debe continuar en esta línea. 
Sin cohesión, el ideal europeo se perderá y fracasará. 
. 
(PT) A través del Fondo de Cohesión, objetivo prioritario para la promoción de la cohesión económica y social, la UE contribuye a combatir los desequilibrios regionales entre los Estados miembros. 
Dado que el PNB portugués es inferior al 90% de la media comunitaria, las infraestructuras del país se beneficiaron, desde su adhesión, de un salto cualitativo nunca antes registrado, en particular en los sectores del medio ambiente (gestión de los recursos hídricos) y del transporte (red ferroviaria). 
Con la ampliación a la puerta, cada vez resulta más importante utilizar de forma eficaz y racional los fondos disponibles, presentar proyectos de alta calidad y cumplir unos calendarios realistas. 
Tal como se defiende en el informe, apoyo un control más riguroso de la aplicación de los fondos sobre el terreno, una evaluación más detallada de la repercusión de los fondos, sanciones a las irregularidades y recuperación de los importes indebidamente pagados, medidas que contribuyen a aumentar la transparencia. 
Es conveniente recordar que los criterios macroeconómicos, especialmente el aumento del déficit público, condicionan la concesión de fondos comunitarios. 
En 2001, el déficit de un 4,1 % de Portugal llevó a plantear una posible suspensión de la financiación. 
¡En este informe se habla de Portugal como el único Estado miembro que se encontró en esa situación! 
En este contexto, quiero manifestar todo mi apoyo al trabajo de rigor presupuestario actualmente desarrollado en mi país, a pesar de las duras críticas que tales medidas han suscitado. 
. 
(PT) Me veo obligado a abstenerme. 
Considero que la propuesta de resolución, si bien versa sobre un Informe Anual de 2001, dista mucho de representar la realidad de facto de la ejecución del Fondo de Cohesión. 
Presenta realidades imprecisas que, incluso para la época a la que se refieren, están irremediablemente desajustadas del marco de conclusiones y propuestas que debe presidir un informe de esta naturaleza. 
Con la abstención expreso también la imposibilidad de apoyar una lectura que, presentando datos concretos suministrados por la Comisión, extrae conclusiones cuya validez es desde hace mucho tiempo manifiestamente incorrecta. 
En particular, no he podido dejar de ser especialmente sensible a las afirmaciones de los apartados 8 y 9, potencialmente gravosas para Portugal. 
Por desgracia, es un hecho que el mal gobierno socialista condujo a Portugal a un descalabro financiero expresado en un déficit público del 4,1 % en 2001, que ya fue castigado por el pueblo portugués en las elecciones anticipadas de marzo de 2002. 
Pero, por un lado, ese hecho no tuvo los efectos automáticos que podrían deducirse del apartado 8; y, por otro, el apartado 9 ignora lamentablemente que el nuevo Gobierno portugués ya ha tomado- ¡y enérgicamente! -todas las medidas necesarias para corregir la situación, tarea en la cual, con grandes sacrificios, obtuvo rápidamente en 2002 un éxito absoluto. 
. (EN) Me gustaría destacar algunos puntos importantes de mi informe sobre el Informe anual de la Comisión Europea sobre el Fondo de Cohesión 2001. 
En su Comunicación sobre la Agenda 2000, la Comisión mantenía el objetivo político prioritario de promover la cohesión económica y social. 
La principal finalidad del Fondo de Cohesión era ayudar a los países con las mayores desventajas estructurales; los beneficiarios del Fondo debían tener un PIB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria y comprometerse a adoptar un programa de convergencia. 
El Informe anual es una herramienta esencial para evaluar las actividades del Fondo de Cohesión. 
La ejecución financiera del Fondo en 2001 fue aceptable en términos generales. 
Sin embargo, la cuestión de los compromisos pendientes de pago (RAL) sigue siendo un grave problema y todavía hay una urgente necesidad de llevar a cabo rigurosas comprobaciones para garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia en relación con los contratos públicos. 
Sigue siendo preciso intensificar el control sobre las actividades sobre el terreno del Fondo. 
Acojo con agrado los esfuerzos de la Comisión por abordar el problema, sobre todo mediante el establecimiento de un grupo de trabajo en la DG Regio en abril de 2002, y reitero nuestra petición a la Comisión de que, cuando presente futuros informes, facilite información más detallada sobre los proyectos financiados. 
(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.) 
. (FR) He votado a favor de este informe. 
Todos nosotros nos acordamos aún de las terribles catástrofes que tuvieron lugar en algunas fábricas, especialmente la de Toulouse. 
Ante estos accidentes, resulta prematuro poner en tela de juicio una legislación que lleva 3 años en vigor. 
En cambio, es necesario mejorar las medidas de seguridad. 
Nuestra prioridad es poder conjugar el desarrollo industrial con una mayor seguridad. ¿Acaso es posible imaginar una Europa sin fábricas? 
El riesgo cero no existe, y sería una mentira afirmar lo contrario. 
Por tanto, el objetivo es prepararnos para lo inesperado. 
Para ello, la información es primordial, sobre todo la relativa a la manera en que se debe actuar en caso de explosión. 
Es fundamental para evitar, en el futuro, daños aún más graves. 
No hay que alarmar a la población. 
Prepararse para lo inesperado implica también hacer todo lo posible para evitarlo. 
Además, una evaluación justa de los riesgos, de acuerdo con los criterios definidos a escala comunitaria, una asunción de responsabilidades por parte de los trabajadores y los directivos de las empresas- acompañada de una formación adecuada de carácter obligatorio -, la puesta en marcha de sistemas de gestión de seguridad con pruebas sobre el terreno y el refuerzo de los controles son la base de las nuevas exigencias planteadas. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) Aunque la posición común recoge algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, en especial las relativas al accidente registrado en Toulouse y al plazo de aplicación de la Directiva, lo cierto es que es indispensable insistir en algunas enmiendas que el Consejo no ha tenido en cuenta. 
Así, defiendo que, ante los recientes accidentes acaecidos en el sector de las actividades mineras, es fundamental incluir dichas actividades en el ámbito de aplicación de la Directiva Seveso II. Por otro lado, es importante proceder a la elaboración de planos y a la visualización gráfica de los lugares con mayor riesgo de accidente. 
. 
(PT) Lamentamos que el Consejo no se haya pronunciado aún sobre el modo en que va a financiar la reforma de la política pesquera común y no haya llegado a un acuerdo sobre la provisión de créditos suplementarios para la medida extraordinaria de desguace de buques pesqueros, cuando la Comisión proponía 32 millones de euros más para 2003 financiados a través del instrumento de flexibilidad. 
Aunque rechazamos las medidas de incentivo al desguace (entre otras cosas por la injusticia de los criterios) , rechazamos también la idea, ya lanzada por la Comisión, de que la financiación de la reforma se realice a través de la reprogramación del IFOP o incluso de los demás Fondos Estructurales. 
Lamentamos que el informe no dé una señal al Consejo en esta materia, habida cuenta de los dictámenes del PE y de la Comisión de Pesca en el debate sobre el procedimiento presupuestario de 2003. 
Lamentamos, también, que nuestra propuesta de enmienda nº 5 no haya sido aprobada, pues «a nuevas prioridades deben corresponder nuevos medios financieros». 
No es aceptable que se siga sacrificando el sector de la pesca también en el anteproyecto de presupuesto para 2004, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa y la necesidad de apoyar a pescadores y regiones dependientes del sector. 
De ahí, nuestro voto en contra. 
. 
(PT) En su proyecto de presupuesto rectificativo, la Comisión Europea defendió la necesidad de disponer de créditos adicionales, mediante la movilización del instrumento de flexibilidad por un importe de 32 millones de euros, para el desguace de buques pesqueros. 
En su versión del proyecto, el Consejo rechazó esta petición por no alcanzar un acuerdo sobre la forma de financiación de esta medida. 
Quiero manifestar aquí mi total apoyo al ponente cuando insta al Consejo a que presente una propuesta sólida de financiación de la reforma de la política pesquera común. 
La presente petición de créditos adicionales se refiere simplemente a la utilización de los fondos excedentarios de 2002. 
No se trata de ninguna novedad, pero sí de dotar de medios financieros ciertas medidas ya adoptadas, entre otras: 
el programa de reconversión de la flota española y portuguesa, perjudicadas por la no renovación del Acuerdo de pesca con Marruecos; 
y también las medidas de emergencia tomadas tras la catástrofe del Prestige en las costas gallegas. 
Conviene recordar que estas medidas se integraron en el instrumento de flexibilidad para 2003-2006, correspondiendo al año 2003 una cuota parte de 32 millones de euros 
El Consejo parece haber «olvidado» las consecuencias de las moratorias a la pesca del bacalao, de la no renovación del Acuerdo con Marruecos y de su denegación de fondos para la modernización de las embarcaciones. 
. (EN) No podemos apoyar este intento de construir desde arriba una esfera política y parlamentaria en la Unión Europea. 
La elite comunitaria cree que los partidos políticos europeos resolverán problemas de legitimidad y fomentarán la integración, pero es probable que ocurra lo contrario. 
Se producirán conflictos entre los derechos de los partidos políticos nacionales y los partidos políticos europeos, dado que ambos actuarán dentro del mismo «espacio político» (no hay un espacio político europeo que exista en tierra de nadie por encima de los territorios nacionales). 
Los ciudadanos de los Estados miembros, que supuestamente tendrán que hacer aportaciones, por medio de sus impuestos, a los partidos europeos que se proponen, los considerarán entidades artificiales destinadas a reducir la influencia de los partidos nacionales y a imponer la integración política desde arriba. 
La democracia debe construirse de abajo arriba, no al revés. 
Recomendamos encarecidamente que se retire la propuesta. 
. 
(EL) El informe en discusión no tiene carácter administrativo, tiene carácter exclusivamente político. 
La creación propuesta de partidos políticos europeos no es fruto de la opción voluntaria y el acuerdo de acción basados en enfoques ideológicos comunes; al contrario, pretende obtener la aceptación de la estructura reaccionaria y antipopular de la UE. 
Para la UE, el respeto del «Estado de derecho» es el respeto de la dictadura de los monopolios, con el Acuerdo de Schengen, cada vez menos derechos y libertades personales, la UME, el empleo temporal y a tiempo parcial y los programas de austeridad contrarios a los ciudadanos de a pie, con el fin de salvaguardar los beneficios de las grandes empresas. 
La ambición de la UE, mediante el uso del chantaje y la financiación a modo de palanca, es la de incorporar sus condiciones para la formación de partidos a sus políticas reaccionarias y de este modo imponerlas. 
Opta por la intervención constante e institucionalizada en los Estados miembros con el fin de limitar la voz y la acción de las fuerzas políticas que tienen un carácter antiimperialista y anticapitalista y que luchan contra la UE. 
El objetivo estratégico es el de ir eliminando la lucha de clases a escala internacional y nacional en la conciencia de la gente. 
Un partido tiene validez a nivel europeo e internacional cuando es fuerte en su propio país. 
Se refuerzan las configuraciones políticas oportunistas que frenan la radicalización de la conciencia, la búsqueda de polos de expresión y acción combativos, entrampando a los pueblos en respuestas indoloras para el sistema. 
Por estos motivos, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de este informe y hemos solicitado que se retire. 
. 
(PT) Lamento la forma en que este informe llegó al Pleno. 
Cuando está en el orden del día el reforzamiento de la «democracia y la transparencia» en el funcionamiento de la UE, el Parlamento Europeo debía dar ejemplo. 
No fue eso lo que sucedió con la presentación en el último minuto de un vasto conjunto de aparentes «enmiendas de transacción» , que alteran en mucho posiciones siempre defendidas por el ponente y reflejan negociaciones directas con el Consejo, sobre las que debería haber proporcionado información más detallada. 
Como defendí en el debate, lo más adecuado hubiera sido aplicar el artículo 130a del Reglamento, devolver el asunto a la Comisión AFCO e introducir de nuevo el tema en el orden del día del Pleno de julio. 
Además, aun reconociendo que las posiciones finales reflejan avances muy positivos respecto de las posiciones tanto de la propuesta inicial de la Comisión como de la obstinación del ponente- evolución que celebro -, mantengo divergencias en puntos esenciales: la no previsión de un régimen ampliado para todos los partidos políticos legítimamente constituidos, ya que el Tratado no autoriza discriminaciones entre partidos políticos «a escala europea» , reconociendo a todos por igual «un importante papel» ; la exigencia de un nivel de autofinanciación que considero elevado y que me temo será, a escala supranacional, fuente de problemas; el régimen no jurisdiccional de denegación de financiación, pues no creo suficiente la existencia obvia del derecho de recurso. 
Por todo ello, he votado en contra. 
Como socialistas flamencos hemos votado en contra del compromiso del Consejo relativo al estatuto de los partidos políticos europeos tal y como se ha presentado al PE, ya que no garantiza suficientemente la independencia de los partidos políticos europeos. 
El compromiso incluye un acuerdo financiero que implica que los partidos europeos de pleno derecho pueden cofinanciarse mediante donaciones a partir de 2004. 
El compromiso alcanzado, a raíz del cual un donante- sea una persona física o jurídica- puede donar hasta 12 000 euros al año a un partido europeo, con un tope de trazabilidad de 500 euros, es inaceptable para nosotros. 
Seguimos trabajando por la prohibición de las donaciones de empresas y por que el tope para las donaciones privadas sea de 2 000 euros al año, y por que los donantes deban darse a conocer si realizan aportaciones de 125 euros o más. 
En general, nos abstenemos de votar a favor de la propuesta de resolución incluida en el informe de la Sra. Terrón i Cusí sobre un método abierto de coordinación para la política de inmigración comunitaria. 
Estamos a favor de la propuesta, pero nos abstenemos de votar porque creemos que corresponde a los propios Estados miembros decidir. 
. (DE) Voy a votar en contra del informe porque un texto político que no menciona para nada las condiciones que reinan en las cárceles destinadas a los que han de ser deportados, las muertes que se producen en las fronteras, provocadas principalmente por los controles fronterizos europeos, ni el racismo estructural de la política de inmigración europea, no merece un voto afirmativo. 
Sin embargo, el presente informe no ataca ni la reducción del nivel de protección de los refugiados al mínimo denominador común, ni la hipocresía y doble moral de la llamada «lucha contra la inmigración ilegal» , que tiene por objeto el refuerzo de las fronteras unido a la explotación simultánea de una mano de obra barata. 
Incluso acoge con satisfacción la introducción de controles fronterizos comunes. 
No se discuten los acuerdos de deportación que está imponiendo la UE a terceros Estados. 
El informe que tenemos sobre el tapete ni siquiera plantea un atisbo de crítica a esta posición represiva y xenófoba. 
En su lugar, una gran mayoría del Parlamento Europeo aplaude un informe sin garra que representa la deplorable corriente dominante de la política. 
No voy a sumarme a esta mayoría. 
. 
(PT) El problema esencial de los países en desarrollo en materia de energía no es- al contrario de lo que sucede en los países más desarrollados- la sustitución de las actuales fuentes de producción por otras menos contaminantes. 
El problema esencial es el del propio acceso a las fuentes de energía. 
Obsérvese que 2.000 millones de ciudadanos carecen de acceso a la electricidad. 
Así, para lograr el doble objetivo de democratizar el acceso a la electricidad sin agravar el efecto invernadero, es fundamental apostar por la transferencia de tecnología y la financiación de proyectos de elevado valor medioambiental. 
No es aceptable que la Unión Europea envíe a los países en desarrollo su tecnología más obsoleta. 
Celebro los esfuerzos realizados por la Unión Europea en Johanesburgo para la fijación de metas vinculantes para las energías renovables, así como las iniciativas lanzadas, en dicha Cumbre, para la participación de las empresas. 
Considero que el ponente ha hecho una excelente contribución a este esfuerzo de cooperación equilibrado para compartir las mejores tecnologías. 
. 
(PT) Celebro el excelente informe del Sr. Wijkman, tanto por la lectura que ha sabido hacer del papel clave desempeñado por la energía en las políticas de desarrollo, como por las pistas que apunta, siempre marcadas por la preocupación fundamental de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. 
Esta reflexión y la adopción de medidas prácticas, realistas y eficaces representan un desafío a la creatividad de los pueblos de la Unión Europea y un imperativo de humanidad. 
Urge romper con el binomio- que sirvió de base a las dos propuestas de la Comisión Europea- energía-pobreza, en el sentido en que «donde escasea la energía, la pobreza aumenta y se establece un círculo vicioso». 
Suscribo las preocupaciones del ponente en cuanto a la ausencia de una apuesta financiera clara, por parte de la Comisión Europea, que respalde el diagnóstico efectuado. 
No obstante, creo que avanzamos en la dirección correcta. 
Es cierto que, incluso desde un punto de vista meramente económico, todo el apoyo que se consiga materializar en el área de la energía es una inversión de futuro. 
Es una de las áreas en las que la política de desarrollo puede tener un efecto más duradero y visible. 
. 
(PT) Como se afirma en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johanesburgo: «los océanos, los mares, las islas y las costas constituyen una parte integrante y esencial del ecosistema del planeta y revisten una importancia crucial para la seguridad alimentaria en el mundo». 
La protección del medio marino, en particular la conservación de su biodiversidad, debe considerarse prioritaria, por lo que son necesarias más acciones en el ámbito de la protección marina, una verdadera política costera y el fomento de una explotación sostenible de los mares. 
Por ello, estamos de acuerdo con la ponente en que una estrategia en este ámbito debe integrar: el principio de cautela; el desarrollo de medidas de protección y conservación; un enfoque integrado de todas las actividades humanas con impacto sobre el medio marino; un enfoque integrado de la gestión del esfuerzo pesquero y un enfoque regional, teniendo en cuenta las especificidades y el respeto por las «características ecológicas y los aspectos socioeconómicos» , sin olvidar que existen otras causas de la contaminación marina. 
De ahí consideramos que la reciente propuesta de la Comisión para la gestión del esfuerzo pesquero en el Atlántico pone en peligro los objetivos de conservación y la capacidad, en particular del Estado portugués, de llevar a cabo medidas de conservación en su zona económica exclusiva. 
. 
(PT) Felicito a la Comisión por la Comunicación presentada. 
Con todo, considero que debería haber basado su análisis en la conservación de las reservas y no en una vaga explotación sostenible. 
Por otro lado, no ha ido suficientemente lejos en su análisis del impacto de la pesca sobre la protección del medio ambiente marino ni en la definición de metas cuantificadas y calendarios. 
Espero, pues, que la Comisión presente lo antes posible una propuesta de estrategia para la protección del medio ambiente marino en la que trace una respuesta global al desafío de promover la gestión sostenible del medio ambiente marino mediante, por un lado, la coordinación y la consolidación de los textos legislativos existentes y, por otro, el fomento de la creación de organismos europeos y mundiales de seguimiento y acompañamiento. 
Dicha estrategia deberá incluir un plan de acción para la protección del medio ambiente marino dotado de metas, medios y calendarios. 
Por último, hago un llamamiento al papel de liderazgo de la UE en las negociaciones internacionales sobre conservación del medio ambiente marino: es fundamental que las técnicas de bye catch (colocación de redes de gran tamaño en las que mueren especies no objetivo, como cetáceos, focas, aves y tortugas) se restrinjan enormemente a escala mundial. 
. 
(PT) La unanimidad observada en la Comisión de Medio Ambiente confirma el carácter casi incontrovertible de este informe de iniciativa. 
Comparto sus posiciones y he votado a favor. 
Me parece adecuado establecer una estrategia marina europea armonizada, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto. 
Por otro lado, la idea de que la carencia de una información completa no es pretexto para no adoptar medidas de cautela (especialmente en los casos en que el declive de la biodiversidad es indiscutible) , si consigue no ser ciega, constituye un principio de actuación bastante loable. 
Es igualmente útil la petición de la ponente de que la Unión se adhiera al Consejo Ártico (del que ya son miembros en la actualidad EE.UU., Canadá, Islandia, Noruega y Rusia, Dinamarca, Suecia y Finlandia). 
La adhesión mejoraría, sin duda, el entendimiento euroatlántico en materia de medio ambiente y constituiría para la UE un foro importante, en especial para la protección del medio marino nórdico. 
En cuanto a la convicción de la Comisión de que la producción máxima sostenible deberá definirse en términos de sostenibilidad de las poblaciones y no de sostenibilidad económica, considero que se debe perseguir una articulación equilibrada: estrategia de protección y conservación del medio marino; y definición simultánea de mecanismos potenciadores de la sostenibilidad económica. 
El punto óptimo de este compromiso es sin duda la constante certificación del éxito de la política definida. 
. 
(PT) Tal como indiqué en la explicación de voto al informe del Sr. Markov, también aquí uno de los problemas centrales de los programas de desarrollo ISPA- dirigidos a ocho de los países en curso de adhesión en el año 2001- es la persistencia de dificultades asociadas a los procedimientos para la utilización de los fondos. 
Los programas ISPA constituyen una especie de Fondo de Cohesión para los países que en breve se van a adherir a la UE y tienen por objetivo mejorar las infraestructuras básicas en materia de medio ambiente y transportes. 
En este marco, como bien apunta la ponente, es importante invertir en la buena formación administrativa del personal que, a partir del próximo año, deberá gestionar las ayudas de los Fondos Estructurales, para evitar bloqueos burocráticos, que conducen a constantes estrangulamientos y atrasos. 
Siguiendo la posición de la ponente, el mensaje que la Comisión de Política Regional quiere transmitir a la Comisión es también la necesidad de proceder a una importante simplificación de los procedimientos, sin perjuicio de que se respeten disposiciones imperativas en materia de controles contables. 
En caso contrario, se correrá el riesgo de graves parálisis en los próximos años, compensadas por liberalidades de última hora que no obedecen a la lógica de un desarrollo racional y estructural. 
. 
(PT) La viabilidad del sector pesquero depende de la sostenibilidad de los recursos pesqueros, que deben tratarse como un bien público. 
Por ello, estamos de acuerdo con el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, con arreglo al cual deberán aplicarse medidas encaminadas a reducir al mínimo la contaminación, los desperdicios, los descartes y las capturas por artes de pesca perdidos o de especies no contempladas. 
Es necesario desarrollar y utilizar artes y técnicas de pesca más selectivas y respetuosas del medio ambiente y proteger eficazmente los juveniles. 
Según estimaciones de la FAO, los descartes de la pesca comercial representan anualmente entre 17,9 y 39,5 millones de toneladas de pescado, es decir entre 2 y 5 veces más que la producción pesquera de la UE, lo cual no es aceptable. 
Compartimos, en general, los objetivos del presente informe. 
Con todo, pensamos que la solución sólo se encontrará cuando se produzca una descentralización efectiva de la política pesquera común que permita la participación activa de los pescadores, los expertos y la administración pública, lo que, en una primera fase, podrá conseguirse, como afirma el ponente, mediante la participación de los consejos consultivos regionales, previstos en el Reglamento 2371/2002, en la elaboración de la estrategia para acabar con los descartes. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(FR) Me he abstenido en la votación sobre la resolución relativa a la asociación transatlántica. No obstante, en su conjunto, es una excelente resolución que contiene puntos fundamentales para los socialistas europeos y los europeos en general, a saber, el deseo reafirmado de aplicar el multilateralismo en la política transatlántica, la importancia otorgada al Derecho Internacional y el mantenimiento de un Derecho social europeo mediante la aprobación de la enmienda 16 de Raimon Obiols. 
Sin embargo, aprobamos la enmienda 26 del PPE, que hace hincapié en que la estrategia de seguridad europea debería tener en cuenta la estrategia estadounidense de seguridad nacional y ser muy prudente con respecto a la postura de la UE en aquellos casos que los Estados Unidos parezcan interpretar de manera diferente. 
La asociación corre el riesgo de convertirse en un monólogo. 
La Unión Europea no va a obtener jamás de los Estados Unidos una declaración en la que digan que están dispuestos a firmar los convenios internacionales contra la tortura y las minas antipersonas o la Convención de Kioto, ni se van a mostrar a favor de la Corte Penal Internacional, ni van a aplicar la Convención de Ginebra en Guantánamo. 
Por el contrario, podemos pensar que si la Unión no se compromete a tener en cuenta la estrategia estadounidense, no sólo correrá peligro la sede de la OTAN en Bruselas, sino, quién sabe, también la de las instituciones europeas. 
La resolución destaca una serie de ámbitos importantes para la cooperación reforzada sostenida entre la UE y los Estados Unidos, así como los ámbitos en que los puntos de vista son diferentes. 
En mi opinión, es importante que la UE no ceda, sobre todo con respecto a la responsabilidad de los Estados Unidos sobre la política climática. 
En particular, me complace el hecho de que, en el apartado 22, el Parlamento «manifiesta su acuerdo con la Comisión en el sentido de que la denuncia de los Estados Unidos ante la OMC sobre los procedimientos de autorización de la Unión Europea para los organismos modificados genéticamente no tiene fundamento jurídico, carece de razón económica y es contraproducente en el plano político». 
Pese a ello, no he podido apoyar la resolución debido a que el apartado 5 también exige el voto por mayoría cualificada del Consejo de Ministros para la política exterior y de seguridad. 
No comparto esta opinión ni la considero realista. 
La cooperación europea sería ineficaz si la población de un país, el gobierno y el parlamento se vieran forzados a llevar una política exterior y de seguridad que no desean. 
Por esta razón, he decidido votar en contra del informe, aunque ha sido aprobado (por 303 votes a favor, 109 en contra y 47 abstenciones). 
Señor Presidente, Señorías, Piet Dankert, un frisón de Stiens, a quien su abuelo inculcó el entusiasmo por la democracia social y que empezó su carrera como maestro, ha realizado una importante contribución a Europa en muchos ámbitos. He aquí algunos ejemplos: 
Apertura. 
La elección de Piet Dankert como presidente del Parlamento Europeo fue la primera ocasión en que una decisión tan importante no se reguló mutuamente entre los grupos. 
La elección se realizó de una forma abierta y casi profesional con una campaña en la prensa. 
Esta acción llevaba unos veinte años de adelanto para la época. 
Piet Dankert, monsieur le Président. 
Perseverancia. 
Como buen europeo, Piet creía en un uso adecuado y correcto del dinero europeo. 
Cualquier información sobre un posible abuso le interesaba. 
Pero también quería saber si la información era realmente cierta. 
A veces se recargaban algo las tintas para que otros organismos con más competencias pudieran emprender realmente una acción. 
Democracia. 
En 1979, Piet Dankert supo dar poder al Parlamento Europeo utilizando de una forma inventiva el derecho presupuestario como instrumento político. 
Amenazó con un voto en contra del PE, y de hecho esto fue lo que sucedió. 
Desde entonces, la Comisión y el Consejo se toman en serio al Parlamento Europeo. 
Visión. 
Piet Dankert quería una Europa más social y más democrática con un papel claro y solidario en el mundo. 
Piet Dankert era un defensor juicioso y realista del ideal europeo. 
En 1992, durante la Presidencia neerlandesa en Maastricht, presentó como Secretario de Estado de Europa las propuestas para una Europa más democrática. 
Los gobiernos aún no estaban preparados para ello. 
Piet Dankert pudo constatar con satisfacción, que los resultados de la Convención se acercaban bastante a sus propuestas de entonces. 
Diversión. 
En 1979, Piet Dankert eligió de forma consciente y clara al parlamento Europeo por encima del Congreso de los Diputados. 
Siempre consideró más divertido y emocionante trabajar a escala internacional. 
Asimismo sabía valorar los aspectos agradables de su trabajo. 
Piet sabía valorar una comida compuesta por un simple bocadillo de queso y un vaso de leche. 
Relaciones. 
Sentía aversión por las fanfarronadas, podía ser muy testarudo, pero en cambio, en otros momentos, casi tímido. 
Era un hombre amable y honesto, y era capaz de identificarse con el pensamiento político de personas procedentes de otros países. 
A lo largo de los últimos días y ayer en la ceremonia de conmemoración en la Grote Kerk en Edam en los Países Bajos muchos han confirmado esta imagen de Monsieur l ' Europe. 
Esperamos que todas esas impresiones, cualidades e imágenes de Piet Dankert sean un consuelo para su esposa Paulette y sus hijos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 26 de junio, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento. 
Se han propuesto los siguientes cambios 
A mi entender se ha solicitado una votación sobre la resolución, no un debate. 
Sin embargo, si también desean ustedes celebrar un debate, podría añadirse al final del orden del día del martes, porque el del miércoles ya está muy lleno. 
(El Presidente constata que no hay objeciones a esta propuesta) 
Esta tarde nos pondremos en contacto con la Comisión para tratar este asunto. 
Señor Presidente, a menos de un mes de la visita a esta Cámara del Presidente de la República de Argelia, el Sr. Buteflika, que debería haber reforzado los lazos entre la Unión Europea y dicho país, ha sucedido un hecho grave: el embajador argelino ante las Naciones Unidas ha pedido formalmente que el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) abandone el país. 
Por su parte, el Banco Mundial ha decidido suspender los programas que lleva a cabo en este país hasta las elecciones presidenciales de 2004. 
Señor Presidente, solicito que este Parlamento reaccione y envíe una carta al Presidente de la República Argelina y a su Gobierno, así como una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y al propio interesado en la que exprese su solidaridad. 
Además, quisiera pedir a la Comisión que acuerde con las Naciones Unidas la celebración de un debate sobre la situación en el país por lo que se refiere a las reformas judiciales y, en particular, al terremoto. 
Espero, señor Presidente, que tenga a bien aceptar mi petición. 
Señor Presidente, la elaboración del plan de trabajo ha sido muy rápida. 
De conformidad con el artículo 110 bis del Reglamento, quisiera que se tomara una decisión, sin necesidad de debate, con respecto al informe sobre la iniciativa de Austria para la redacción de una lista de los denominados países seguros que ofrecen asilo. 
He sido el ponente de este informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, aprobado por 27 votos a favor y dos en contra. 
Sería desafortunado esperar hasta septiembre para adoptar una decisión sobre este asunto. 
De conformidad con el artículo 110 bis, quisiera que el informe se votara esta semana. 
Todo lo que puedo decirle, Sra. Banotti, en su calidad de presidenta de la Junta de Cuestores, es ¡PACE! 
Señor Presidente, permítame que le dé las gracias, en nombre de todos los pescadores andaluces y en el mío propio, por las gestiones que está usted realizando para que las autoridades portuguesas liberen al pescador Agustín García, que, como usted sabe, lleva más de dos meses en prisión. 
Señor Presidente, hoy expira el acuerdo pesquero del Guadiana entre España y Portugal y sería realmente positivo que las negociaciones de renovación de este acuerdo pesquero se iniciaran con un gesto de cordialidad y de buena voluntad por parte de Portugal, liberando al pescador apresado, junto con un compromiso, por parte de todos los pescadores de respetar los acuerdos firmados. 
De nuevo le doy las gracias y le pido que no olvide el asunto y que transmita esta propuesta a las autoridades pertinentes. 
Tal y como ha dicho usted, nuestra colega, la Sra. Lambert, también ha mencionado esta cuestión. 
Sí, prepararé un intercambio de cartas con las autoridades competentes y les enviaré copias a ustedes dos en el curso de esta semana. 
Señor Presidente, esta tarde en Lao se ha dictado sentencia en el proceso de tres occidentales. 
Un belga, Thierry Falise, un francés, Vincent Reynaud y su intérprete norteamericano de origen Hmong fueron condenados a 15 años de cárcel. 
Es una pena muy severa. 
En diciembre de 2001 ya votamos una resolución contra las detenciones arbitrarias y la situación política reinante en Lao. 
Tenemos un acuerdo de cooperación con ese país. 
Me gustaría que usted interviniese, en nombre del Parlamento Europeo, para obtener lo antes posible la liberación de estas personas; en el contexto de las maniobras diplomáticas actualmente en curso relacionadas con esta condena que viola la libertad de prensa. 
Quisiera informarle de que esta cuestión me fue planteada en el último período parcial de sesiones. Hemos escrito a las autoridades pertinentes. 
El jueves de esta semana también abordaremos el asunto de Lao en los debates sobre violaciones de los derechos humanos, democracia y Estado de derecho. 
El Parlamento tendrá así la oportunidad de expresarse en la votación sobre una resolución. 
Después procederemos sobre la base de este debate concreto. 
Señor Presidente, este no es un asunto tan árido o difícil como da a entender el título. 
Quiero empezar por agradecer a mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios la ardua labor que han tenido que llevar a cabo en relación con las enmiendas a la Directiva propuesta. 
También quiero dar las gracias a la Comisión por desempeñar la importante función de facilitar las cosas a la hora de alcanzar lo que espero será un conjunto acordado de enmiendas cuando se voten el miércoles, así como a la Presidencia griega, y a la anterior Presidencia danesa, por la preparación de este expediente particular. 
Espero que haya una aplastante mayoría de votos a favor de las enmiendas transaccionales, con el consentimiento del Consejo, y que, de esta manera, en este mismo mes de julio, cuando se reúna de nuevo el Consejo Ecofin, tengamos una Directiva relativa al prospecto. 
Este es un elemento clave del Plan de Acción en materia de servicios financieros y de la creación de un mercado único de servicios financieros. 
En lugar de tener que utilizar 15 prospectos diferentes para llegar a los pequeños inversores de la Unión Europea actual, en el futuro un emisor de bonos o acciones solo necesitará uno. 
Esto otorgará un pasaporte no solo a 15 Estados miembros, sino a 25 y a un mercado de más 400 millones de personas. 
El mercado único europeo de nuevas emisiones de acciones y bonos está a punto de convertirse en realidad. Y esto propiciará una mayor competencia y, por lo tanto, una mayor capacidad de elección para los inversores, capitales más baratos para las empresas y más oportunidades de financiación para muchas empresas que no podrían obtenerla si se vieran limitadas a sus mercados nacionales. 
Además, esta ventaja clave, un pasaporte único, se ha conseguido sin una parte del equipaje menos oportuno que originalmente contenía una propuesta algo precipitada de la Comisión y que habría aumentado la carga reglamentaria que sufren en particular las pequeñas empresas cotizadas. 
Este trato garantiza que no hay un registro global obligatorio y que no hay actualización anual obligatoria, a menos que el emisor quiera seguir emitiendo valores de renta fija o variable. 
Se trata de un logro significativo de este Parlamento, que ya ha conseguido influir en la forma definitiva de esta legislación. 
Básicamente, este acuerdo también confirma la libertad de los emisores de bonos de acudir a diferentes reguladores de la UE para que aprueben sus prospectos, con tal de que la denominación mínima sea de 1 000 euros, o- y esto es importante- un importe casi equivalente en otras monedas, para que 1 000 dólares USA también puedan ser un importe mínimo. 
El año pasado, los mercados del euro crecieron el equivalente a 1,6 billones de dólares USA en financiación de empresas y el 60% de esta financiación se denominaba en monedas distintas del euro, como el dólar y el yen. 
Europa acoge con orgullo el mercado internacional de capitales y ahora este acuerdo facilita a este mercado internacional un método para poner sus ventajas a disposición también de todos los inversores nacionales. 
El Consejo y la Comisión han aceptado la amplia mayoría de enmiendas aprobadas por el Parlamento en su primera lectura de marzo de 2002: sobre la elección del regulador de la UE para los bonos, sobre un ligero matiz para las pequeñas y medianas empresas, sobre el ajuste de los requisitos en función de las diferentes emisiones, sobre el aligeramiento de la carga que conllevan las emisiones. 
Gracias a la insistencia del Parlamento, también hemos alcanzado un compromiso en cuanto a la capacidad de las autoridades nacionales para delegar la aprobación de los prospectos en los mercados de valores y otros, como a los asesores designados del mercado de inversiones alternativas. 
Una vez transcurridos cinco años habrá una revisión y la Comisión podrá reconsiderar el compromiso de eliminar gradualmente la delegación al cabo de ocho años. 
La declaración política de la Comisión es importante y refleja una imparcialidad confrontada con los hechos, que por supuesto sería de esperar. 
También hemos dejado claro que tanto las autoridades nacionales como los mercados de valores pueden seguir insistiendo poner el listón más alto con respecto a la información y la gobernanza empresarial como requisitos para inscribirse en la lista, si así lo desean. Con esto deberían aplacarse algunos temores. 
En cuanto a los cambios de última hora acordados hace tan solo una semana por el Consejo, también hemos aclarado que los programas existentes de notas a medio plazo, un tipo muy importante de estructura de financiación en los mercados del euro, puede seguir como está. 
De hecho, ahora se extenderán más allá de los cuatro Estados miembros que actualmente los reconocen y también se beneficiarán del pasaporte. 
Realmente es un gran avance del mercado único y esta Asamblea puede sentirse orgullosa de haber influido en el aseguramiento de que la Directiva es un medio eficaz de ampliar la competencia, la gama de opciones y la eficacia. 
. 
(EN) Señor Presidente, quiero empezar diciendo que esta Directiva es fundamental para el funcionamiento de los mercados primarios de Europa y para nuestro objetivo de crear un mercado de capitales integrado para 2005. 
Para la Comisión, la propuesta del prospecto tiene dos objetivos: facilitar la recaudación de fondos para los emisores europeos y garantizar niveles suficientes de protección para el inversor. 
En los últimos dos años este texto ha evolucionado significativamente. 
Se han producido algunos cambios importantes, pero el texto mantiene el equilibrio necesario entre facilitar el trabajo de los emisores y proteger a los inversores. 
La Comisión modificó su propuesta para tener en cuenta la posición del Parlamento. 
Tras la primera lectura, la Comisión aceptó 50 de 62 enmiendas en su propuesta modificada. 
La Posición Común del Consejo se ajusta mucho a esta propuesta modificada. 
Hoy quisiera felicitar al Parlamento por su espíritu de colaboración y por su voluntad de conseguir la convergencia. 
Celebramos las nuevas enmiendas presentadas por el ponente, junto con los siguientes diputados al Parlamento: Sra. Kauppi, Sr. Ettl, Sr. Goebbels y Sr. Blokland. 
Soy muy optimista y creo que el Consejo también las aceptará. 
Agradezco el espíritu constructivo del Parlamento y quisiera en particular rendir homenaje al ponente, el Sr. Huhne, por todo el trabajo que ha hecho para conseguir la aprobación de esta propuesta de compromiso. 
En particular, me gustaría darle las gracias por su informe y por las 21 nuevas enmiendas que ha presentado. 
Podemos aceptarlas en su totalidad, pues consideramos que mejoran el texto de la Posición Común y que contribuyen a la consecución de los objetivos fijados en la propuesta. 
En este contexto, rechazamos las primeras 47 enmiendas presentadas, pues las que podría aceptar la Comisión, incluso en parte o en su espíritu, están ahora comprendidas en las 21 nuevas enmiendas. 
Concretamente, en cuanto a las enmiendas 50 y 67, relativas a la delegación de tareas de una autoridad competente a una Bolsa, confirmo que la Comisión, en la revisión que se hará de conformidad con el artículo 21, también examinará las condiciones relativas al período de suspensión en el mismo artículo. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 69 a 71, ya que establecen un trato preferente con respecto a los bancos, lo que es contrario a la filosofía de la Directiva. 
Un trato así sería discriminatorio con otras instituciones y distorsionaría la competencia. Y a esto la Comisión se opone. 
Por último, me gustaría dar las gracias a la Presidencia griega por los esfuerzos tan valiosos que ha hecho por llegar ahora a un acuerdo en torno a este asunto. 
Es un éxito importante y muy significativo. 
Ahora debemos utilizar las reservas de energía que nos restan para abordar los servicios de inversión, la transparencia y, por supuesto, las directivas de ofertas públicas de adquisición para abril de 2004. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Huhne, Señorías, en primer lugar quisiera disculpar a la Sra. Kauppi. 
Lamenta no poder estar presente por culpa de su vuelo, y me ha pedido que la sustituya. 
Sabemos que esta Directiva constituye una parte importante del plan de acción de servicios financieros. 
¿Cuáles son los objetivos estratégicos de dicho plan de acción para el mercado interior financiero? 
En primer lugar, garantizar la existencia de un mercado único mayorista de servicios financieros, en segundo lugar la creación de mercados minoristas abiertos y seguros, y en tercer lugar la modernización de las normas de conformidad y el modo en que se supervisan. 
¿De qué trata el debate de hoy? 
Hoy discutimos sobre el prospecto que hay que publicar cuando se ofrecen valores al público o estos son admitidos a cotización en Bolsa. 
¿Qué entendemos por prospecto? 
Se trata de un documento que se publica con motivo de la emisión de valores de renta fija o variable y que contiene toda la información que se considera necesaria por los inversores. 
¿Cuál es el objetivo de la Directiva? 
Su finalidad consiste en la implantación de un pasaporte único para los folletos aprobados por las autoridades del país de origen y reconocidos a continuación en toda la Unión Europea a efectos de la oferta pública o la admisión de valores a la negociación en mercados regulados. 
En lugar de las 15 autorizaciones separadas que todavía se precisan a pesar de que existen dos Directivas en la materia, solo se requerirá, según la nueva Directiva, una única autorización para los futuros 25 Estados miembros de la Unión Europea. 
Quisiera expresar mi cordial agradecimiento al ponente y a los ponentes alternativos de todos los Grupos políticos por la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que han dedicado a esta cuestión, así como al presidente de la comisión parlamentaria. 
El jueves pasado celebramos una conferencia telefónica en que de hecho estuvimos aún más divididos, pero el viernes logramos evitar el Comité de Conciliación, lo que considero bueno y oportuno, ya que no sabemos si dicho Comité de Conciliación nos hubiera permitido avanzar o si tal vez habría puesto en peligro esta importante Directiva. 
Los seis grandes éxitos conseguidos por el Parlamento avalan que podamos votar a favor de este compromiso. 
Ya en primer lectura se logró dotar al proceso Lamfalussy de la sunset clause, mejorar la definición del inversor profesional y prestar mayor consideración a las pequeñas y medianas empresas. 
En segunda lectura y durante los últimos días se ha conseguido la libre elección de la autoridad de supervisión para valores que no generan dividendos con una denominación mínima por unidad de 1 000 euros, lo que de hecho equivale a la libertad de elección de las autoridades de supervisión para valores que no generan dividendos. 
Se ha conseguido que se acorten los plazos de autorización; las autoridades de supervisión siguen teniendo la posibilidad de delegar, y se procederá a una revisión al cabo de cinco años. 
Si el informe de la Comisión al cabo de estos cinco años es negativo- cosa que no espero -, la posibilidad de delegación quedará anulada una vez transcurridos ocho años, por lo que en este punto también hemos logrado mejorar la Posición Común del Consejo en la dirección auspiciada por el Parlamento. 
Esto no quiere decir que se ha resuelto todo. 
Para mí es una pena no haber conseguido dos cosas. 
Una se refiere a una norma sobre los prospectos básicos para todos los bancos que emiten acciones, que yo he defendido. 
En este caso no ha resultado posible cumplir el objetivo de esta Directiva- como en efecto se declara en los considerandos -, a saber, el de acelerar este proceso. 
En este caso, la Directiva más bien ha errado el tiro. 
Un segundo punto que no se ha logrado- a pesar de que el Parlamento lo aprobó con el apoyo de todos los Grupos políticos -, es el aumento del valor máximo para cada emisor de 50 euros a 100 euros con respecto al cual se pueden aplicar excepciones. 
Esto habría sido de gran ayuda, sobre todo para países como Austria y Alemania, donde por debajo de ese límite de momento no se requiere ningún prospecto. 
Aunque lamentablemente no lo hemos logrado, el compromiso es, en resumidas cuentas, un buen compromiso y por eso lo apoyamos. 
. (DE) Señor Presidente, tras esta obertura a cargo del Sr. Huhne y del Comisario Bolkestein uno tiene que refrenarse para no echar a perder este dúo con alguna disonancia. 
En cualquier caso me corresponde felicitar al ponente por su labor, aun cuando no comparta plenamente su parecer en lo que al resultado se refiere. 
La Directiva sobre el prospecto de emisión de valores constituye sin lugar a dudas una pieza importante del plan de acción para la prestación de servicios financieros. 
Las empresas necesitan para su financiación en el mercado de capitales estas facilidades. 
Puesto que también nos apremia el tiempo en esta cuestión, yo sería el último en querer llevar el asunto a un Comité de Conciliación. 
Una conciliación bajo la égida italiana tampoco conduciría a nuestro entender- es decir, el de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- a ninguna mejora sustancial respecto de la situación actual. 
Ocurre que todavía- y la votación se celebra nada menos que mañana- hay países, como Italia, España e incluso Francia, que tienen ciertas reservas en cuestiones de detalle respecto del prospecto europeo, de las que más adelante oirán hablar. 
Creo que una vez más el Consejo y la Comisión, en los debates en torno a un típico asunto de codecisión, han demostrado adoptar un enfoque menos flexibles de esta cuestión elemental de mercados financieros que la que hubiera podido esperar esta Cámara. 
Nuestro enfoque y nuestras ideas han estado orientadas en todos los sentidos por la práctica del mercado, de modo que si puedo recomendar la aprobación en segunda lectura de este compromiso, lo hago más sobre la base de la ponderación general de los intereses implicados. 
El hecho de poder presentar un único documento informativo válido para toda la UE constituye indudablemente una ventaja para las empresas que emiten acciones o lanzan opciones de compra en las bolsas europeas. 
Huelga decir que en esta cuestión hay que velar por la transparencia de los mercados de valores y, cada vez más, por la protección a los pequeños inversores y las pequeñas y medianas empresas. 
Un procedimiento de lo más sencillo y económico con respecto al volumen de los datos de una empresa que se exigen y el modo en que deben actualizarse, pretende facilitar el acceso al mercado de capitales. 
Eso es lo que necesitamos. 
Hasta cierto punto- o casi exclusivamente- hemos hecho justicia a esta cuestión, pero nuestro deseo de ampliar, sobre la base de la responsabilidad, la protección de los pequeños inversores mediante una definición más clara de las responsabilidades- por ejemplo, en lo que atañe a los analistas o jefes contables -, ha sido por desgracia rechazado. 
Lamentablemente, la cuestión del fuero jurisdiccional tampoco ha quedado resuelta de manera clara. 
Los emisores pueden recurrir a los tribunales de su país, una ventaja que se deniega a los inversores. 
Se trata de un tema sobre el que todavía habrá que debatir. 
Por desgracia, este inmovilismo, que en este caso era innecesario, ha impedido todo progreso ulterior en cuestiones que realmente preocupan al ciudadano en el sector de los servicios financieros. 
En la cuestión de las obligaciones convertibles tampoco se ha seguido la práctica que prevalece en los mercados europeos. 
Con una definición inequívoca, como la que se propuso, se habría logrado una mejora de la calidad, porque, por ejemplo, el derecho de conversión habría pasado al titular de los efectos. 
Esto es muy significativo de cara a Basilea II, ya que este tipo de instrumento financiero probablemente adquiera mayor popularidad. 
Igualmente me sorprende, señor Comisario, cómo es posible que un marco mínimo de información para las autoridades regionales o locales que presentan prospectos para préstamos en todos los Estados de la UE se considere más un obstáculo que una buena medida. 
Una medida de este tipo hubiera entrañado un valor añadido precisamente con vistas a la ampliación de la Unión Europea. 
A mi entender resulta lamentable, pero al menos se han aprobado otros puntos, como la libertad de elección para todos los préstamos de un valor nominal mínimo de 1 000 euros o 1 000 dólares USA, ahora referidos al mercado. 
La solución temporal de ocho años- y el organismo de aprobación de la publicidad permite delegar ciertas tareas en las bolsas de valores- no carece de significación para los mercados financieros más pequeños y representa una buena manera de tratar esta cuestión. 
Por último, podemos aceptar lo que se ha negociado. 
Enhorabuena al ponente y ninguna salida de tono para el Comisario. 
Señor Presidente, el Comisario Bolkestein, con su aplomo habitual, ha resumido en pocas palabras los antecedentes de este debate. 
Ha dicho que el texto ha evolucionado notablemente desde que la Comisión lo publicara por primera vez. Esto refleja muy moderadamente los cambios radicales que, como hemos podido comprobar, ha experimentado esta propuesta, gracias en gran parte a los esfuerzos realizados por esta Asamblea. 
Estos cambios cuentan con el apoyo absoluto de mi Grupo y de la delegación conservadora británica que acoge en su seno. 
Desde el principio hemos defendido el requisito de un registro global obligatorio con carácter anual. 
Estamos encantados de que esta es una de las 50 enmiendas aceptadas por la Comisión y el Consejo entre el total de 62. 
Este requisito podría suponer unos costes de millones de libras y euros a las empresas, pequeñas y grandes, de toda la Unión Europea. 
La propuesta original de la Comisión podría haber devastado los mercados de valores de pequeñas empresas como los mercados de inversión alternativos. 
Los cambios que hemos presenciado gracias a los esfuerzos del Parlamento son muy bien recibidos y hemos mejorado notablemente la propuesta. 
También hemos defendido un marco adecuado para incluir los bonos. 
En las primeras fases del texto preocupaba que en el mercado de renta fija se impusiera un marco «universal» concebido para las acciones. 
De nuevo, nos complace comprobar que el mercado de renta fija va a recibir un trato distinto, que reflejará las diferencias entre el mercado de renta fija y el de renta variable. 
Básicamente respaldamos la idea de la elección por parte del emisor. 
Dar a los emisores todas las facilidades posibles y la máxima flexibilidad para elegir una jurisdicción es una de las mejores formas de facilitar el verdadero comercio transfronterizo y la auténtica integración de nuestros mercados de capitales. 
Podemos aceptar el compromiso en torno a esta cuestión, aunque a mi delegación y probablemente también a mi Grupo les habría gustado haber sido más radicales a este respecto y haber dado a los emisores más posibilidades de elección; en particular, con respecto a las acciones nos habría gustado que el emisor pudiera elegir y que hubiera flexibilidad. 
Sin duda nos complace la flexibilidad introducida para el mercado de bonos. 
Actualmente el emisor puede elegir en los mercados de bonos y ello ha contribuido a integrar los mercados y a acumular pericia reglamentaria especializada en jurisdicciones concretas. 
Requerir a todos los emisores de bonos que emitan en sus Estados miembros habría constituido un paso atrás en la creación de un mercado de capitales integrado. 
Además, nos parece importante garantizar que el régimen lingüístico no pueda utilizarse para proteger los mercados. 
Este era el principal defecto de la Directiva actual sobre el prospecto y de nuevo nos complace el cambio del texto. 
Ahora confiamos en que el régimen lingüístico sea otra vez aceptable. 
Nos habría gustado algo un poco más radical, pero creo que existen salvaguardias que subsanarán las dificultades que hemos visto en relación con la Directiva vigente sobre el prospecto y dificultará mucho más el uso del idioma para proteger los mercados nacionales. 
También me alegro de que se haya disipado el miedo a la amenaza de establecer normas de gestión empresarial. 
Ahora está bastante claro que la Directiva sobre el prospecto no impedirá que los Estados miembros impongan normas de gestión empresarial que ya existen en muchos lugares, por ejemplo en el Reino Unido. 
Este debate también refleja la importancia de que la Comisión realice amplias consultas antes de publicar sus propuestas. 
La Directiva relativa al prospecto se promulgó sin que se hubieran hecho muchas consultas y, por consiguiente, nos ha llevado más tiempo resolver los problemas. 
Me alegro de que la Comisión, en sus propuestas posteriores, haya consultado más amplia y efectivamente antes de la publicación. 
Espero que esta sea la actitud que adopte en el futuro.. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que estamos examinando es fundamental para la armonización de los mercados financieros, pues permitirá que los valores emitidos coticen en todos los mercados europeos. 
Pero también resulta fundamental porque ofrece una garantía de información uniforme que es necesaria para la transparencia y la seguridad de los mercados y, por ende, para su buen funcionamiento. 
Asimismo pretende garantizar una buena información sobre los valores cotizados para todas las partes. 
El compromiso de la Presidencia griega es sin duda un punto de equilibrio del que cabe felicitarse, en la medida en que permite reconciliar los distintos planteamientos europeos de la regulación de los mercados. 
Pero cuando escucho a una diputada británica abogar a favor del régimen lingüístico, abrigo una cierta sospecha. 
Comprendo que un neerlandés, un francés o un italiano pueda abogar por un régimen lingüístico que no esté concebido para la protección de los mercados, pero en boca de una londinense, pienso en una concepción diferente de la protección de los mercados. 
Hablando ahora ya en serio, me gustaría abordar en esta fase de los trabajos parlamentarios dos cuestiones que, en mi opinión, no son puntos de detalle, sino que siguen siendo cuestiones fundamentales. 
La primera es la elección de la autoridad competente para los valores convertibles, en concreto, sobre todo las obligaciones denominadas en euros. 
Me parece que si dejamos que las empresas elijan la autoridad competente, estimularemos la reglamentación menos rígida. 
Lógicamente, las empresas emisoras acudirán a las autoridades menos estrictas. 
Así pues, corremos el riesgo de debilitar los mercados. 
Yo he aceptado la diferencia establecida entre las deudas y el capital, pues en realidad, los pequeños inversores no se ven afectados por las obligaciones. 
En cambio me parece inaceptable admitir la libre elección para los valores convertibles. 
Estos valores dan acceso al capital de una empresa y constituyen una de las formas de aumentar el capital. 
Además, estos títulos suelen estar en poder del público y esta tendencia se intensificará en el futuro. 
Sobre este punto, el compromiso propuesto por la Presidencia parece satisfactorio. 
La segunda dificultad reside en la delegación de competencias por parte de la autoridad. 
En los Estados miembros en los que existe dicha delegación, los mercados de valores a los que se delegan estas tareas a menudo se han convertido en entidades privadas con fines de lucro. 
Así pues, de hecho son juez y parte a la hora de examinar los prospectos. Sin duda esto plantea problemas por lo que se refiere a la calidad del examen del prospecto y a posibles distorsiones de la competencia. 
El período de ocho años contemplado en el paquete de la Presidencia para que los Estados miembros se ajusten a esta realidad industrial me parece realmente el máximo admisible. 
Dicho período debería permitir poner fin a esta delegación de competencias. 
Estas dos cuestiones siguen siendo fundamentales. 
Aquí deberíamos mencionar igualmente algunos otros detalles, como la posibilidad de que las PYME o las personas físicas consideradas inversores cualificados puedan renunciar a esta condición; el hecho de que si una autoridad competente no ha examinado un prospecto en el plazo establecido, se considere aceptado; el problema de las lenguas, que ya he evocado brevemente. 
En resumen, señor Presidente, deseo que el Parlamento vote a favor del compromiso de la Presidencia griega, que constituye una solución aceptable para todas las partes implicadas. 
. (DE) Señor Presidente, acojo con gran satisfacción la Directiva sobre el prospecto que tenemos sobre el tapete. 
Su importancia reside en la concesión de un pasaporte europeo a la publicidad de valores, que va a permitir comercializar los valores en todo el mercado interior de la Unión Europea. 
Una vez el prospecto haya sido aprobado por una autoridad nacional competente, será válido en todos los demás Estados miembros, como bien sabemos. 
El pasaporte europeo ahorrará por tanto al emisor muchos gastos y trámites administrativos. 
Esta Directiva es, como ya he dicho, una de las piezas más importantes del plan de acción de la Comisión encaminado a crear un mercado interior en el ámbito de los servicios financieros. 
Según las estimaciones de la Comisión de diciembre de 2002, la creación de un mercado interior de valores eficiente generaría un aumento del 1,1 % del producto interior bruto. 
Espero que tenga razón, ya que semejante inyección de crecimiento nos vendría muy bien en la situación actual. 
La recomendación para la segunda lectura, tal como se presenta al Pleno, es un buen documento. 
Quiero felicitar expresamente por ello al ponente, Sr. Huhne, ya que el texto mejora la Posición Común del Consejo principalmente en dos aspectos importantes que me preocupan personalmente. 
Uno es que permite al emisor elegir, a partir de un valor nominal unitario de 1 000 euros, a la hora de aprobar el prospecto, entre la autoridad competente del Estado miembro en que tiene su residencia el emisor, en primer lugar; la del Estado miembro en que se autoriza la negociación de los efectos en un mercado regulado, en segundo lugar; o la del Estado miembro en que se ofrecen públicamente los valores, en tercer lugar. 
Esta denominación de 1 000 euros es mucho más realista que el valor umbral de 5 000 euros estimado por el Consejo, ya que serán los pequeños inversores quienes estarán particularmente interesados. 
Así que estoy muy a favor y espero que no se siga aguando esta cuestión. 
Entiendo que se mantiene incluso después del compromiso con el Consejo. 
Por otro lado, este texto permite a las autoridades competentes delegar el examen del prospecto en otras instancias que dispongan de la pericia necesaria. 
Sobre todo en los Estados miembros pequeños- actuales y futuros -, los prospectos son examinados habitualmente por la Bolsa. 
La responsabilidad, naturalmente, sigue recayendo en la autoridad competente del Estado, mientras que la Bolsa cuenta con los expertos cualificados necesarios. 
En Luxemburgo nos topamos con grandes dificultades para encontrar especialistas de nacionalidad luxemburguesa, ya que las autoridades supervisoras solo pueden tener empleados de nacionalidad luxemburguesa. 
Me satisface por tanto que esta delegación no prescriba al cabo de cinco años, sino que su funcionamiento sea objeto de revisión por parte de la Comisión. 
No comparto la opinión de la Sra. Berès, sino que estoy convencida de que este examen no va a arrojar ningún juicio negativo, de manera que dentro de ocho años no estaremos en la situación de que tal delegación resulte inevitablemente imposible. 
Quiero subrayar una vez más la importancia de esta Directiva y me alegro de que el Sr. Bolkestein haya declarado que puede aceptar las 21 enmiendas de transacción acordadas entre el ponente y la Comisión. 
Deseo volver a dar las gracias de todo corazón al Sr. Huhne por su labor realmente valiosa y por su actitud comprensiva, sobre todo con respecto a las preocupaciones que he expresado y que espero abordemos pronto de la manera que he señalado. 
Si es así, pronto dispondremos de una Directiva adecuada, que será muy importante para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Señor Presidente, uno mi voz a la de los diputados que han felicitado al Sr. Huhne por la indiscutible calidad de su informe y su sentido del compromiso, lo que permitirá, en caso de que se apruebe el informe, avanzar de forma decisiva en un punto importante: la unificación de los mercados financieros. 
Creo, efectivamente, que todos nosotros estamos convencidos de la necesidad de proceder con celeridad y de concluir este expediente con rapidez, evitando un procedimiento de conciliación que nadie desea. 
El procedimiento de conciliación es la vía que queda abierta cuando fracasa el compromiso. 
Ahora bien, el compromiso al que hemos llegado me parece relativamente satisfactorio. 
No es perfecto para nadie, pero no perjudica a nadie y, por lo tanto, constituye una base interesante. 
Nos enfrentábamos a varios problemas, pero hemos obtenido- lo que es una victoria para el Parlamento- un resultado satisfactorio en lo referente a la elección de la autoridad competente. 
Y creo que eso era algo a lo que el ponente concedía gran importancia y ha logrado imponerlo. 
Nuestras preocupaciones se referían sobre todo a las condiciones de expedición de las autorizaciones y al plazo de examen. 
Era necesario encontrar un equilibrio entre la rapidez para los organismos que desean invertir y la seriedad del examen de su solicitud por parte de la autoridad competente. 
El compromiso resulta satisfactorio en este punto. 
Asimismo, la cuestión del régimen lingüístico era causa de malestar. 
Es crucial que todo el mundo comprenda de qué se trata. 
La Posición Común puede ser imperfecta, pero ofrece, en mi opinión, suficientes garantías. 
La delegación de determinadas tareas por parte de la autoridad competente a un organismo más técnico provocaba entre nosotros graves inquietudes por lo que se refiere a lo que yo denominaría la deriva hacia el «lamfalusismo» , es decir, confiar actividades de tipo casi reglamentario a organismos técnicos, especializados, poco transparentes y sin demasiado control. 
Es indispensable establecer un plazo que limite estas posibilidades de delegación. 
El informe de la comisión parlamentaria no lo preveía, pero el compromiso sí lo contempla. 
Fija en ocho años esta posibilidad. 
Es mucho tiempo, pero al menos tenemos la certeza que, a final de cuentas, esta posibilidad de delegar competencias desaparecerá y creo que es algo muy positivo. 
Por último teníamos la cuestión de los valores convertibles. 
¿Había que tratar la ayuda convertible como los títulos de capital? 
En este punto, el compromiso renuncia a una enmienda votada en comisión que nos parecía poco satisfactoria, ya que las obligaciones convertibles deben ser tratadas como títulos de capital y estamos plenamente tranquilos sobre este punto tan importante. 
Es por ello, señor Presidente, por lo que creo que todos debemos votar a favor de las enmiendas y aprobar el compromiso que se nos ha presentado. 
Sobre la mesa quedarán las enmiendas del Sr. Turchi que, a pesar de resultar interesantes, más que un debate abren la caja de Pandora. 
Estas enmiendas son inteligentes, pero, en la medida en que cuestionan muchas cosas sobre la definición de los títulos, más vale volver a cerrar la caja de Pandora para alcanzar una buena decisión con rapidez, como lo desea el ponente y como lo espera nuestro grupo. 
. (DE) Señor Presidente, seguro que con el pasaporte europeo para las emisiones de valores, la captación de capitales resultará más sencilla en el futuro. 
Esta propuesta es una de nuestras contribuciones a la eliminación de la burocracia y las demás barreras que hasta ahora no han hecho posible la implantación de un mercado interior financiero. 
Debo manifestar que se ha tratado de una colaboración muy constructiva entre las instituciones, que se ha visto favorecida además por la voluntad de compromiso del ponente; todos hemos tenido que ponernos acuerdo en las formulaciones para elaborar un texto legislativo sin fisuras. 
Creo que ha sido muy acertado establecer la distinción entre valores participativos y no participativos. 
Ha sido una jugada muy inteligente por la que, sin lugar a dudas, algún día nos darán las gracias tanto los inversores como los emisores. 
En el momento de aprobar efectivamente una Directiva es importante que intentemos siempre establecer un equilibrio entre los intereses de los emisores y los de los inversores. 
En esta Directiva, esta Cámara ha insistido mucho en la protección de los pequeños inversores, que en los últimos años han estado sometidos a una zozobra especial, y tenemos la obligación de restablecer la confianza de los pequeños inversores si queremos lograr realmente un mercado interior financiero que funcione como es debido y del que pueda beneficiarse todo el mundo. 
Hay tres puntos importantes: cualquier inversor podrá confiar en el futuro en el prospecto que sirve de soporte a una emisión que cumple estrictos criterios de calidad, independientemente del país de origen del emisor y también del país en el que se negocien los valores. 
Esto constituirá una atractivo. 
El segundo punto es que durante las negociaciones logramos que el resumen del prospecto, que representa para el pequeño inversor la principal fuente de información, también debe cumplir criterios estrictos elevados y forma parte del prospecto. 
Si el resumen es engañoso, equívoco o incoherente, ha de ser posible, a raíz de ello, obligar a los responsables a rendir cuentas. 
En tercer lugar, se protege al inversor contra la publicidad engañosa, en la medida en que se garantiza que los emisores no prometan, al describir su producto en los medios de comunicación, más de lo que el valor es capaz de ofrecer de acuerdo con el prospecto. 
Para terminar quiero hacer hincapié en una preocupación que volvió a ponerse de relieve muy claramente durante las deliberaciones sobre esta Directiva, a saber, la cuestión de si verdaderamente quedan preservados los derechos del Parlamento. 
Analizando el Acuerdo Interinstitucional a la luz de la mejora de la reglamentación, tengo mis dudas al respecto, así que pueden estar ustedes seguros de que velaremos muy de cerca por que la labor que llevan a cabo tanto usted como CESAR en torno a esta Directiva concreta responda a nuestras expectativas y se sitúe dentro del marco establecido por nosotros. 
Si cumple usted plenamente las expectativas del Parlamento, esto generaría confianza en la legislación que se derive de ella en el futuro y en la legislación secundaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre contratos públicos: 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0242/2003) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (11029/3/2002- C5-0141/2003- 2000/0115 (COD) ) (Ponente: Stefano Zappalà) 
y 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0245/2003) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (12634/3/2002- C5-0142/2003- 2000/0117 (COD) ) (Ponente: Stefano Zappalà) 
. 
(IT) Señor Presidente, estamos abordando en este periodo parcial de sesiones- y someteremos a votación el miércoles- una reforma que, por el interés que ha suscitado y el debate que ha generado, ciertamente representa uno de los momentos cruciales de esta legislatura, así como uno de los momentos cruciales en la apertura de los mercados y en la puesta en marcha del mercado interior en clave europea. 
Entramos en la segunda lectura habiendo superado una serie de dificultades en este último período con las traducciones y con las enmiendas: aún ahora, esta tarde, está abierto el plazo para su presentación de enmiendass hasta las 19.00 horas, por lo que está a punto de cerrarse. 
No obstante, esta cuestión es de tal importancia, que exige algunas consideraciones en profundidad. 
Hemos mantenido un largo debate, directo e indirecto, con la Comisión. 
Quisiera dar las gracias al Comisario Bolkestein y a todos los miembros de su equipo por haber abordado este asunto de inmediato. 
Hemos trabajado juntos en él muchas veces, fuera de esta Asamblea, fuera del Parlamento, pero dentro de las instituciones, con el objeto de llegar a una conclusión que fuese la mejor posible. 
Doy las gracias a todos los diputados que, con su interés, sus contribuciones y las enmiendas que estimaron oportuno presentar, han sido de utilidad. 
Es una reforma grande e importante que llega al final del proceso parlamentario tras un período que ha durado casi toda la legislatura. 
La simplificación, la adecuación a la evolución tecnológica y social, así como la compleción del mercado interior eran y son los imperativos que han movido a este Parlamento. 
El diálogo, el debate, las diferentes posturas políticas y los distintos intereses nacionales han estimulado y orientado las conclusiones. 
Obras públicas, suministros y servicios mueven cada año en torno a 1,4 billones de euros en la Unión, lo que significa y demuestra que esta legislación tiene que ver con la fuerza motriz de la economía comunitaria. 
Estamos redactando normas generales y fundamentales sobre las que se basará la normativa nacional específica, una normativa que debe contener principios útiles para todos y no solo para unos pocos, útiles para la colectividad y no para grupos de presión partidistas, una normativa que proporcione seguridad jurídica y transparencia y garantice la competencia leal, así como un mercado interior abierto a todos. 
Las normas de licitación no pueden ni deben ser distintas en función del importe: los procedimientos burocráticos pueden diferir por encima o por debajo de un umbral adecuado, pero los principios no pueden variar. 
En la actualidad, los umbrales implican que solo una octava parte del importe que he indicado se refiera a licitaciones europeas. 
El resto se pierde debido a normativas nacionales o regionales. 
Por esta razón, por lo que a mí respecta, creo que los umbrales deberían abolirse. 
No obstante, como esto no se puede hacer, se ha propuesto un criterio, que por lo demás ya existe de forma indirecta, con arreglo al cual los principios básicos de la normativa deben ser respetados en todo momento, incluso por la legislación territorial autónoma. 
Es necesario que se modernicen todos los procedimientos posibles y que se autorice y se tipifique el empleo de tecnologías cada vez más avanzadas. 
Las entidades adjudicatarias se beneficiarán así de las propuestas efectuadas, adoptando sistemas electrónicos no solo para la gestión de los avisos y la recepción de las ofertas, sino también para la subasta propiamente dicha. 
Se pide, naturalmente, que esta última se limite a la adquisición de materiales tipificados y normalizados. 
Se quiere revalorizar y modificar la libertad de organización de las empresas permitiendo, en la medida de lo posible, la subcontratación para aquella parte del trabajo que, una vez identificada, pueda confiarse a compañías de las que responda el adjudicatario principal. 
Y para no complicar la participación en la licitación, es conveniente que la identificación del socio se produzca después de la adjudicación. 
El complejo problema- y este ha sido un punto muy controvertido- de conceder el diseño y la ejecución de los contratos de manera conjunta, apreciado y apreciable para algunas categorías de contratos, no puede constituir una norma rígida. 
La separación entre servicios y obras es obvia y natural, como obvia y natural, previa justificación, puede ser su unificación. 
Dentro del respeto por este principio, se consolida también la competencia cualitativa, que de otro modo correría el riesgo de quedar aplastada en un contexto exclusivamente económico y tecnológico, por lo demás prerrogativa exclusiva de la empresa y no siempre favorable a la entidad contratante. 
En este principio se basan las propuestas del ponente. 
Es necesario tener en cuenta que tratamos con una materia que tiene un enorme y exclusivo valor económico, y como tal, no puede ni debe contener normas y principios objeto de legislaciones específicas, como las exigencias en materia social y medioambiental. 
Las dimensiones medioambiental y social tienen procesos que se definen y pueden definirse de modo específico y, por tanto, hacerse obligatorios con otras formas y en otros ámbitos. 
No obstante, dentro de la norma se prevén y se proponen algunos principios, con especial referencia al respeto por las necesidades de los grupos desfavorecidos y a la normativa en materia de seguridad laboral. 
El medio ambiente- el gran enfermo de nuestro tiempo- es también objeto de una atención exhaustiva. 
Deben evitarse nuevos excesos en este ámbito. 
La adjudicación al precio económicamente más ventajoso no puede prescindir de un criterio de ponderación bien definido en el aviso de licitación, pues de otro modo, existiría discrecionalidad en la atribución a posteriori de los parámetros, algo que en el pasado creó muchos problemas judiciales por todo el territorio comunitario. 
La confidencialidad de la información que, según los procedimientos elegidos, sea facilitada a la entidad contratante por parte de los sujetos interesados será protegida y garantizada por normas precisas. 
En torno a los contratos in-house existen puntos de vista controvertidos: reservar para una empresa de la cual forma parte la entidad contratante, aún cuando posea naturaleza jurídica autónoma, contratos sin licitación tropieza con el decidido rechazo por parte de los representantes de las categorías productivas, y es una idea que el ponente comparte. 
Se ha propuesto una ampliación de las causas de exclusión a los casos en que se hayan impuesto a la empresa licitadora condenas por quiebra, por comportamiento desleal, por incumplimiento de convenios colectivos de trabajo o por tráfico de estupefacientes. 
Por último, se ha propuesto la creación de una agencia independiente para aplicar mecanismos de control sobre los contratos en los Estados miembros. 
Sin excluir la posibilidad de entablar acciones legales, se desea que dicha agencia pueda comprobar los procedimientos seguidos y cancelar una adjudicación que no se realice conforme a la normativa. 
Para concluir, señor Presidente, el contenido de las normas que se están debatiendo, por su importancia económica y por sus repercusiones en los ámbitos laboral, social, medioambiental y económico, se puede definir sin sombra de duda fundamental para la organización de la sociedad moderna. 
Posturas políticas variadas y puntos de vista diversos de base política y/o burocrática hacen que no sea previsible un itinerario ampliamente compartido. 
El rechazo y la devolución a la comisión, o la conciliación como acto final de una legislación que ciertamente es complicada resulta, en cambio, previsible y deseable. 
Todo ello es por el bien de la Unión y en interés de un mercado interior que debe consolidarse cada vez más y ser cada día más transparente. 
La votación de pasado mañana confirmará un recorrido democrático al que, por supuesto, todos debemos atenernos. 
. (EN) Señor Presidente, me alegro de que estas dos cuestiones hayan llegado a la segunda lectura, pues es necesario un examen rápido pero profundo para evitar el peligro de que no se aprueben las dos propuestas antes de que termine esta legislatura. 
Nuestra tarea y objetivo comunes es modernizar y simplificar las normas de adjudicación de contratos públicos y a este respecto me parece que en los textos acordados en el Consejo ya existe un equilibrio justo entre los diferentes intereses en juego. 
En efecto, aunque hay unas pocas cuestiones que a la Comisión no le parecen del todo ideales, en general estas posiciones comunes representan a todas luces un avance con respecto a la legislación vigente. 
Cuando me fijo en el fondo de la mayoría de las enmiendas presentadas hasta la fecha por el Parlamento, estoy aún más convencido de lo que acabo de decir. 
Por lo tanto, soy optimista y pienso que la votación que debe celebrarse esta misma semana mantendrá nuestras posibilidades de cerrar este asunto de forma satisfactoria para las tres instituciones; en efecto, creo que en las posiciones comunes ya se han incorporado bastantes enmiendas en una forma u otra. 
Me refiero, por ejemplo, a los aspectos sociales- distintos de los criterios sociales de adjudicación -, con respecto a los cuales entiendo que el principal interés de este Parlamento es aclarar que tanto las autoridades adjudicadoras como los licitantes respetan las obligaciones establecidas en la legislación social. 
Este interés también se ha discutido explícitamente con el Consejo. 
Por lo tanto, en mi opinión queda bien reflejado en los considerandos del texto actual. 
Estoy dispuesto a aceptar que las autoridades adjudicadoras estén obligadas a indicar dónde puede obtenerse información sobre obligaciones vigentes de índole social, fiscal y ambiental. 
De la misma manera, con algún cambio de redacción, la Comisión podría aceptar la enmienda 29 a la Directiva de contratos públicos, o Directiva clásica, y la enmienda 26 a la Directiva de servicios públicos, que hace hincapié en ciertas posibilidades ya existentes en el ámbito social. 
En relación con los aspectos ambientales y, en general, con la cuestión de los criterios de adjudicación, las enmiendas que ha presentado el Parlamento reflejan claramente algunas opiniones divergentes. 
Como siempre, estoy dispuesto a debatir más a fondo esta interesante cuestión con el Parlamento, respondiendo a preguntas, si bien respetando el verdadero objetivo de las normas de adjudicación de contratos públicos, tal y como las ha interpretado y confirmado el Tribunal de Justicia Europeo. 
De hecho, no albergo ninguna duda de que todos estamos de acuerdo en que nuestra prioridad es simplificar las normas de adjudicación de contratos públicos para que los organismos públicos gasten el dinero de los contribuyentes de la mejor forma posible. 
Estas diferencias de opinión se han traducido a menudo en la aprobación de enmiendas contradictorias en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que, si se aceptan, harían que la legislación resultara incoherente. 
Quizá deberíamos tener en mente nuestro objetivo común ya expresado de una «normativa mejor». 
Un ejemplo de esta incoherencia son las enmiendas a la Directiva sobre servicios públicos relativas a los criterios de adjudicación. 
Empecemos por examinar cómo plantean esta cuestión las posiciones comunes. 
En plena consonancia con la jurisprudencia actual, las posiciones comunes ya han dejado claro que las características ambientales pueden valer como criterios de adjudicación y que no es necesario demostrar que todos y cada uno de los criterios de adjudicación proporcionan una ventaja a los poderes adjudicadores. 
Basta con que, en su conjunto, los criterios de adjudicación desempeñen la función que les corresponde: permitir una evaluación y comparación objetivas de las cualidades intrínsecas del producto o servicio y la adjudicación del contrato a la oferta más ventajosa en términos económicos. 
Por lo tanto, me preocupa que haya enmiendas a la Directiva sobre servicios públicos que van mucho más allá. 
Estas enmiendas tendrían el efecto de permitir que se utilizaran elementos inconmensurables y vagos como criterios de adjudicación, en beneficio de la sociedad civil en el sentido más amplio. 
Esto no solo impediría que los criterios de adjudicación desempeñaran la función que les corresponde, sino que introduciría un grado inaceptable de opciones arbitrarias, o quizá incluso la discriminación en detrimento de posibles contratistas. 
Con respecto a los criterios sociales de adjudicación, también deberíamos tener en cuenta que las posiciones comunes ya especifican que estos criterios puedan utilizarse cuando cumplen las mismas condiciones que los criterios ambientales. 
Sin embargo, estas enmiendas a la Directiva de servicios públicos permitirían utilizar criterios sociales de adjudicación para cumplir objetivos de política social relativos al comportamiento o a la responsabilidad social del licitador, en lugar de las cualidades intrínsecas del producto o servicio en cuestión. 
Esto podría contribuir a que se adjudicaran contratos sobre la base de consideraciones que no tienen nada que ver con el principio de la mejor relación calidad/precio. 
En cuanto a las enmiendas destinadas a favorecer a las pequeñas y medianas empresas, quisiera recalcar que la información de que disponemos no demuestra que actualmente las PYME tengan grandes dificultades para acceder a los concursos públicos. 
Su federación europea incluso nos contó que no respaldarían ninguna discriminación positiva a favor de las PYME frente a las grandes empresas. 
En general, todos deberíamos tener cuidado y no introducir cambios que de hecho pudieran propiciar preferencias nacionales que son incompatibles con el derecho comunitario y que podrían acabar protegiendo intereses económicos. 
Permítame llamar la atención del Parlamento sobre la delicada cuestión de los umbrales, que quizá sea la única en que va a ser muy difícil reconciliar nuestras diferencias de opinión. 
Mi propósito es garantizar una competencia eficaz a escala europea. 
Si subimos los umbrales, no solo incumpliríamos nuestras obligaciones internacionales, sino que también reduciríamos las eficiencias. 
Si aumentamos los umbrales no simplificamos necesariamente la vida de las autoridades locales, que en cualquier caso están sujetas a una obligación de publicidad suficiente de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
De ahí que la Comisión no pueda aceptar esas enmiendas. 
De conformidad con el acuerdo interinstitucional sobre una normativa mejor suscrito hace poco, todos compartimos los tres objetivos de modernización, simplificación y aumento de la flexibilidad de las normas actuales. 
En este sentido soy un poco reticente a aceptar más enmiendas relativas a las diferentes cuestiones, como las subastas electrónicas, acuerdos marco, sistemas de compra dinámica, el diálogo competitivo y las posibilidades de elegir entre una adjudicación de contratos separada o conjunta para el proyecto y ejecución de contratos de obras. 
De hecho, me temo que estas enmiendas multiplicarían o complicarían innecesariamente los procedimientos, o que impondrían ciertas opciones de ámbito comunitario en que la flexibilidad necesaria podría garantizarse mejor permitiendo estas opciones a escala nacional. 
En cuanto a las enmiendas al mecanismo de exención de las entidades adjudicadoras de la Directiva- artículo 30 de la Posición Común -, permítame hacer hincapié en que la Posición Común se basa en dos principios: seguridad jurídica y liberalización efectiva. 
Por lo tanto, la Comisión opina que la existencia de una competencia genuina debería establecerse mediante un procedimiento conocido. 
De lo contrario, ni las entidades adjudicadoras ni los proveedores interesados estarían seguros de su posición jurídica. 
La Comisión también se opone a otras iniciativas relacionadas con sectores específicos, que permitirían la exclusión sobre la base tan solo del libre acceso, independientemente de si da lugar o no a una competencia efectiva y real. 
Básicamente por los mismos motivos, la Comisión no puede aceptar los cambios propuestos con respecto a los servicios postales. 
Por último, en cuanto a la excepción de «intragrupo» del artículo 23, la Comisión ya ha dejado claro que tiene grandes dificultades para aceptar la ampliación de esta exclusión a los contratos de obras y suministro. 
Ahora bien, no quiere que esta Directiva resulte menos flexible de lo que es. 
Por este motivo, la Comisión puede aceptar que se suprima la ampliación a los contratos de obras y suministro, pero no que las entidades adjudicadoras deban verse privadas de la actual flexibilidad de los servicios. 
Para concluir, repito que confío en que al centrarnos en nuestros principales objetivos comunes de modernizar, simplificar y asegurar un uso eficaz del dinero público, podemos dar un final feliz a la larga saga de esta reforma de las normas de adjudicación de contratos públicos. 
Las empresas, las autoridades públicas y los poderes adjudicadores europeos esperan impacientemente este resultado. 
Será muy beneficioso para el conjunto de la economía europea. 
Por último, quisiera decir que la opinión de la Comisión sobre las distintas enmiendas ha sido facilitada por escrito 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, voy a referirme al artículo publicado el sábado pasado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung por el Comisario Bolkestein- un artículo, señor Comisario, que usted ha publicado en su propio nombre -, del que, con su permiso, voy a citar un único párrafo: «Es importante que las autoridades obtengan las máximas contrapartidas posibles por el dinero de los contribuyentes y que este importante sector de la economía quede totalmente abierto a la competencia en el mercado interior, ya que una contratación pública abierta y competitiva garantiza una mejora de los servicios de interés general, asegura un uso efectivo de los bienes públicos, previene la corrupción y estimula tanto el crecimiento económico como la creación de empleo». 
Señor Comisario, suscribo lo anterior al 100%; el único problema es que me cuento entre quienes creen que lo que nos ha llegado como Posición Común del Consejo justamente no cumple estos requisitos y condiciones. 
Me cuento entre los que opinan que la legislación vigente en materia de contratos públicos ha funcionando hasta ahora en la Unión Europea; está plasmada en cuatro Directivas, a las que hay que añadir la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia Europeo, establecido a lo largo de muchos años, y que ha acreditado su validez. 
Tenemos dudas de que esta Posición Común, este texto del Consejo, sea efectivamente apropiado para preservar la calidad de que gozábamos hasta ahora. 
A muchos de nosotros nos preocupa que los nuevos elementos de esta Directiva no reduzcan el peligro de manipulación, sino que al final lo agraven. 
Muchos temen que el resultado no sea un aumento de la competencia, sino su disminución. 
Refiriéndome de nuevo a este artículo, permítanme señalar que los representantes de la industria con quienes he hablado no estaban preocupados por el hecho de que este texto pueda comportar un aumento de la competencia, sino más bien por que al final podría haber menos competencia. 
Creo que la mayoría de las enmiendas de mi Grupo perseguían el fin concreto de mejorar toda una serie de aspectos cruciales de esta Directiva. 
Soy consciente de que se trata de cuestiones muy controvertidas en esta Cámara, pero sostengo que la legislación europea debería ser correcta en términos de sistemática jurídica, y esto significa precisamente que trato las cuestiones medioambientales a la luz de la legislación medioambiental y las cuestiones sociales a la luz de la legislación social. 
El derecho de contratación pública no forma parte del derecho medioambiental, ni del derecho social, sino que tiene que ver con el derecho mercantil, lo que significa que las únicas cuestiones que han de considerarse en la legislación en materia de contratación pública son cuestiones de viabilidad económica. 
Por eso tengo mis importantes reservas acerca de si es correcto tratar aquí la cuestión de los criterios medioambientales y sociales. 
Pero ya que tenemos que tratarlas, pues esta parece ser la opinión a todas luces mayoritaria tanto en el Consejo como, según se desprende del resultado de la primera lectura, de esta Cámara, habremos de asegurar al menos que se tengan en cuenta, no en el marco de la adjudicación del contrato, sino entre los criterios que se aplican cuando se saca el contrato a concurso. 
Para mí resulta inaceptable todo lo que en el ámbito de la adjudicación del contrato- por así decir, independientemente de lo que los proveedores de servicios ya sabían cuando se sacó el contrato a concurso- pueda conducir en última instancia a nuevos procesos de toma de decisiones o hacer posible que estos se manipulen. 
Lamento mucho, en mi propio nombre y en el de mi Grupo, que no se haya logrado alcanzar un compromiso de antemano entre los Grupos respecto de las cuestiones planteadas por esta propuesta. 
El resultado será una confrontación política entre los Grupos políticos, mientras que la Comisión y el Consejo de Ministros conseguirán sacar adelante sus Directivas: lo que me temo, sencillamente, es que apenas hay posibilidades de que las enmiendas respectivas obtengan mayorías cualificadas. 
Me pregunto si esto es bueno para esta Cámara y para Europa. 
Estas son las consideraciones que quería poner de manifiesto en nombre de mi Grupo respecto de esta propuesta. 
Señor Presidente, en la primera lectura de las Directivas sometidas a votación, el Parlamento Europeo ha luchado enérgicamente por la incorporación de criterios sociales y medioambientales en los procedimientos para la adjudicación de contratos públicos, confirmando así su papel como defensor del modelo social europeo y del desarrollo sostenible. 
Muy a nuestro pesar, resulta que la Posición Común del Consejo no ha aceptado gran parte de nuestras enmiendas, motivo por el cual debemos seguir luchando y mantenernos firmes en nuestra postura inicial. 
El respeto del acervo comunitario en asuntos medioambientales y laborales no puede dejarse de lado en el procedimiento de adjudicación de contratos públicos. 
La Unión Europea no puede mostrarse indiferente ante los compromisos asumidos por los Estados miembros en los contratos públicos, ahora que la calidad de las relaciones laborales y, desde una perspectiva más amplia, la calidad de vida se reconocen generalmente como objetivo en todas sus políticas. 
Además, puesto que deseamos fomentar la responsabilidad social de las empresas en el sector privado, resulta contradictorio que los Estados miembros permanezcan indiferentes ante asuntos que constituyen la responsabilidad social principal de las empresas cuando concluyen contratos públicos. 
Por lo tanto, las autoridades adjudicadoras pueden y deben tener en cuenta criterios de calidad con carácter obligatorio. 
En este mismo sentido, el incumplimiento de las obligaciones relevantes por parte de las empresas candidatas debe ser motivo de descalificación en el procedimiento. 
Asimismo, quisiéramos recalcar que no basta con hacer referencia a criterios sociales y medioambientales en el preámbulo, sino que estos deben incluirse también en el texto normativo de la Directiva. 
El ámbito de los contratos públicos ofrece además un terreno ideal para tener en cuenta a las personas con discapacidades. 
Por lo tanto, apoyamos la enmienda que plantea la obligación de las autoridades adjudicadoras de tener en cuenta criterios de accesibilidad para las personas con discapacidades. 
Para terminar, las agencias de producción deben comprender que, si colaboran en la aplicación de la política social europea, no incurren en una carga económica; al contrario, obtienen beneficios económicos, como por ejemplo subvenciones cuando se adjudican contratos públicos. 
Señor Presidente, señor Comisario, esta tarde se ha dicho en esta Cámara que se trata ahora de concebir normas que eliminen los riesgos de corrupción, nepotismo y abuso de poder. 
Me temo, no obstante, que corremos el peligro de fracasar en nuestra tarea de asegurar que esto suceda, ya que la mayoría de la comisión ha votado a favor de un conjunto de restricciones que pueden costar muy caras a los contribuyentes comunitarios. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas opina que no hay razones para aumentar los umbrales. 
Tal y como se ha señalado en varias ocasiones, esta subida infringiría nuestras obligaciones internacionales. 
Tampoco nos convence el argumento que trata de justificar el aumento de los umbrales alegando que actualmente existen muy pocos concursos transfronterizos. 
Al contrario, puede que resulten más contratos públicos transfronterizos gracias a la simplificación de la Directiva, a la aplicación del procedimiento simplificado y a la convocatoria de un gran número de licitaciones electrónicas. 
Al Grupo ELDR le preocupa que las enmiendas parlamentarias, como por ejemplo la enmienda 20, puedan reducir la transparencia en materia de contratos públicos en la mayoría de los Estados miembros. 
Es importante que, una vez firmado un contrato, los concursantes puedan comprobar que el procedimiento se ha desarrollado correctamente. 
Por consiguiente, hay que rechazar la enmienda 24. 
El entusiasmo con el que los demás Grupos políticos han aprobado la enmienda 20, destinada a aumentar la confidencialidad, me lleva a preguntarme en ocasiones si todos somos conscientes de lo que decidimos con respecto al acceso a los documentos de la UE. 
Al Grupo ELDR, que por lo demás está bastante satisfecho con la Posición Común, le inquieta, no obstante, que la posición del Consejo resulte menos efectiva que la práctica legal actual a la hora de crear oportunidades para la consideración de los aspectos medioambientales. 
En nuestra opinión, una autoridad adjudicadora debería ser capaz de ir más allá de su mandato, en sentido estricto, y tener en cuenta tanto el valor para el medio ambiente de lo que se adquiere como el método con el que se produce. 
Por lo tanto, hemos vuelto a presentar una enmienda al artículo 53, que en primera lectura ya recibió el apoyo de casi toda la Cámara. 
Asimismo, queremos rechazar aquellas enmiendas de la comisión que conformarían una Directiva que impediría la reorganización y la modernización de la administración pública. 
Al mismo tiempo, no nos gustan las restricciones que la mayoría del Parlamento desea imponer sobre las ofertas electrónicas, con una normativa aún más estricta que la establecida en la Directiva sobre firmas electrónicas. 
Me asombra que mis colegas diputados desconfíen de las firmas electrónicas, pero no así de los mensajes de fax, de los que a menudo se filtra información. 
El Grupo ELDR desea por tanto que dediquemos esfuerzos a la simplificación y la modernización. Por este motivo esperamos que se vote sabiamente sobre estas cuestiones. 
Señor Presidente, es muy importante que esta noche discutamos, como ha dicho el Sr. Bolkestein. 
Al finalizar nos ha apremiado a asegurar que modernicemos y simplifiquemos el Derecho comunitario europeo y lo dotemos de la flexibilidad apropiada. 
A este respecto me parece que todos estamos de acuerdo. 
La cuestión es esta: ¿exactamente, qué texto lo logrará mejor? 
Para definir la orientación general del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pensamos que la propuesta original de la Comisión había sido elaborada con demasiada timidez y a regañadientes en relación con cuestiones como los aspectos ambientales y sociales. 
Nosotros, y otros en el Parlamento, insistimos en una visión más amplia y generosa, la que ha confirmado oportunamente el Tribunal de Justicia en el caso de los funiculares de Helsinki. 
Ha sido un verdadero paso adelante. 
No era solamente nuestro punto de vista, sino el del Parlamento en su primera lectura. 
Después está la Posición Común. 
En nuestra opinión, la Posición Común parece en cierta medida un paso atrás con respecto al listón que colocó el Parlamento en primera lectura. 
Quisiéramos que se retrotrajeran de nuevo algunos aspectos de este paso atrás. 
Acepto la indicación del Sr. Bolkestein de que el texto, tal y como nos ha llegado de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es en sí mismo incoherente. 
Yo lo reduciría al hecho de que en comisión hubo una mayoría poco estable y variable, lo que implica que el texto de la comisión no sigue una línea clara. 
Pero hay una forma de restablecer su coherencia y su sensibilidad ambiental y social, que consiste en aprobar la serie de enmiendas que lo resituarán en la posición de la primera lectura del Parlamento, y en exhortar de nuevo al Consejo y a la Comisión a que den un paso valiente que siga sirviendo a estos objetivos deseables de modernización, simplificación y flexibilidad. 
Mi Grupo presentará dos enmiendas relativas en particular al artículo 53, en las que, por ejemplo, rechazamos la idea de que deba ser la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico para los poderes adjudicadores. 
A veces nos dicen que los criterios sociales o ambientales son vagos. 
Esto parece estar plagado de vaguedad: la insistencia en que se devuelva, por así decirlo, por autorreferencia al poder que adjudica el contrato. 
Esto originaría todo tipo de disputas. 
Dejémoslo como lo proponemos: varios criterios asociados a la cuestión de los contratos públicos en cuestión. 
No descartemos ninguna característica, incluidas las relativas a los métodos de producción o a la oferta como política de trato equitativo. 
Si son inaceptablemente vagas, entonces todo el derecho comunitario es inaceptablemente vago, porque en las cláusulas horizontales de los Tratados se nos invita a atender a estos diferentes valores. 
Seamos valientes: colegas, vayamos adelante. 
Restablezcamos los tipos de valores que reivindicamos en primera lectura. 
Subsanemos de las incoherencias, pero hagámoslo en la dirección correcta. 
¿Qué puede esperar este Parlamento de un ponente en la segunda lectura? 
¿Qué línea ha de seguir una comisión si la Posición Común del Consejo no coincide con la posición del Parlamento Europeo en la primera lectura? 
Es lógico que las principales enmiendas, dada la visión política de este Parlamento, se presenten de nuevo. 
Ahora hemos colocado el fomento de un desarrollo económico sostenible en los primeros lugares de nuestra lista de prioridades. 
Asimismo hemos de tener en cuenta la subsidiariedad. Esto significa que no hemos de poner trabas innecesarias a los municipios y a las regiones. 
Al examinar las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior me he frotado los ojos porque no podía creerlo. 
He visto de todo, pero el presente producto se merece realmente un suspenso. 
Algunos argumentos resultarían cómicos si no se tratara de cuestiones tan serias. 
Qué pensar, por ejemplo, de la justificación de la enmienda 63. Cito: «Una ponderación de los distintos criterios es poco realista y demasiado matemática». 
Fin de la cita. Por lo visto, multiplicar y sumar ya es matemática superior para la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En resumidas cuentas, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no ha hecho bien su trabajo y ahora le toca al pleno reparar los daños causados a la imagen de este Parlamento. 
Un municipio ha de tener derecho a incluir criterios medioambientales a la hora de adjudicar un contrato público. 
Es justo que el Tribunal de Justicia haya dado la razón a Helsinki en la compra de autobuses limpios. 
¡Sería absurdo que no pudiera establecerse una distinción entre la electricidad generada de forma ecológica y los demás tipos de electricidad! 
Las administraciones locales han de poder disponer de posibilidades para adquirir productos y servicios sostenibles. 
Lo mismo puede decirse por supuesto de los gobiernos de los Estados miembros. 
Precisamente la administración pública con una participación en el mercado del 16% del PIB ha de defender una política orientada a unos productos y servicios sostenibles. 
Si no lo hiciéramos enviaríamos una señal totalmente equivocada a las empresas privadas, precisamente en un momento en que estas empiezan a comprender la necesidad de unos productos y servicios sostenibles. 
Con el paquete de enmiendas que he firmado con otros, en nombre del Grupo por una Europa de las Democracias y las Diferencias, la Directiva es aceptable desde la perspectiva ecológica y se respeta el principio de subsidiariedad. 
Con ello cargamos la responsabilidad de una política de sostenibilidad directamente a las administraciones que toman las decisiones concretas lo más cerca posible del ciudadano. 
Como diputado al Parlamento Europeo no me gustaría tener que enfrentarme al ciudadano cuyo concejal le acaba de decir que «Europa» no le deja encargarse de contratos públicos ecológicos. 
Señor Presidente, como ponente del Parlamento para una estrategia de mercado único, me parece importante hacer hincapié en que la aplicación de un proceso de adjudicación de contratos públicos eficaz, abierto y competitivo es una base indispensable para un mercado interior que funciona. 
Estoy muy agradecido a los colegas que apoyaron mi informe. 
En este Parlamento solicitamos que se completara con rapidez el mercado interior y, en particular, recordamos que un mercado interior eficaz es una gran arma para la competitividad de la Unión Europea. 
Me gustaría que volviéramos sobre esta cuestión mirando el contexto de lo que estamos examinando aquí. 
Queremos que esta nueva propuesta, si es que llega a su forma definitiva acordada por nosotros y la Comisión, sea el instrumento más eficaz que podemos concebir para animar, en primer lugar, a los poderes adjudicadores a aplicarla y utilizarla. 
Nadie de los aquí presentes ha señalado que el problema con el régimen actual es que no se ha incluido un número significativo de contratos que deberían haberse incluido en este régimen de adjudicación de contratos públicos. 
¿Por qué no se han incluido? 
Porque los procedimientos son complicados, porque se están eludiendo. 
Además, la otra cara de la moneda es que queremos que el máximo número de pequeñas y medianas empresas participen en el proceso. 
Es de esto de lo que tiene que tratar un mercado abierto y competitivo. 
Por lo tanto, es preciso comentar los objetivos comprendidos en la revisión de estas Directivas, que las normas sean más claras, más fáciles de aplicar e inequívocas, y permitir la incorporación de nuevas tecnologías como las subastas electrónicas. 
Estamos básicamente satisfechos con la dirección que han tomado estas propuestas porque me parecen verdaderamente importantes. 
También hemos de avanzar en otros campos. 
Esta noche se ha hablado mucho, especialmente sobre cuestiones relativas a la sostenibilidad y a los contratos ecológicos. 
Sin embargo, no hay nada en absoluto en estas propuestas que de alguna manera prohíba los contratos sostenibles o ecológicos. 
Si las autoridades públicas especifican con claridad los criterios ambientales que debe cumplir el producto o el servicio de forma inequívoca y no discriminatoria, entonces no habrá nada que les impida hacerlo. 
Es un instrumento de la política de mercado interior y competitividad. 
No es un instrumento nuevo de política social o de empleo, ni un instrumento nuevo de política ambiental. 
Quizá queramos garantizar que estos criterios se apliquen de forma no discriminatoria, pero las empresas que cumplen todas las normas europeas sobre medio ambiente y sobre criterios de empleo deben poder licitar de modo no discriminatorio. 
No es un instrumento para añadir nuevas disposiciones. 
Por lo tanto, hemos de ser muy claros a la hora de rechazar las enmiendas que intentan hacerlo. 
Supongo que los colegas a este lado del Parlamento están a punto de bombardearnos esta noche con toda una serie de nuevas enmiendas, por lo que probablemente mañana tengamos que examinar un centenar de enmiendas para someterlas a votación el miércoles. 
Esta me parece una tarea totalmente irreal. 
No obstante y por desgracia, nos vemos obligados a hacerlo debido a las limitaciones de tiempo. 
Por último, solo quiero llamar la atención de la Asamblea sobre el mérito de la enmienda 68 relativa al control. 
Queremos que los Gobiernos de los Estados miembros controlen mejor la aplicación de normas de adjudicación de contratos públicos y que animen a los poderes adjudicadores a cumplirlos, porque el cumplimiento de estas nuevas normas será finalmente la piedra de toque de esta propuesta. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estas Directrices sobre contratos públicos nos plantean un problema multifacético. 
Permítame incidir, en el poco tiempo que tengo, en dos puntos. 
En primer lugar, tenemos que fijar los umbrales en el nivel que ya pretendía el Parlamento en primera lectura. 
Hubieran sido de deseables unos umbrales valores aún más elevados, ya que las convocatorias de ámbito europeo generan por experiencia abundante burocracia y costes elevados, que no guardan ninguna relación con las escaso número de ofertas recibidas. 
Lo que pretendo es mantener bajos los costes y las cargas de administrativas que comportan las convocatorias internacionales para las autoridades de contratación pública, sobre todo para los municipios. 
Lamento que en primera lectura solo consiguiéramos un incremento de 5 a 7 millones de euros, por ejemplo para los contratos de obras, y los Gobiernos en el Consejo pretenden reducir ahora este umbral en la segunda lectura. 
Nuestras enmiendas planteadas en segunda lectura en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado pretenden al menos hemos mantener esta cifra de 7 millones de euros. 
La reclamación de un umbral bastante más alto, y de hecho razonable, que los 7 millones de euros seguramente no tendrá ninguna posibilidad en la última lectura de la Directiva de contratos públicos, cosa que lamento profundamente. 
Igual de importante que la cifra millonaria relativa al umbral en la Directiva de contratos públicos europeos me parece la protección de las pequeñas y medianas empresas frente a la competencia desleal. 
Nuestros trabajadores por cuenta propia, que respetan la ley, no deberían verse inmersos en dificultades por culpa de competidores que no respetan ni los convenios salariales ni la legislación laboral vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo, y a los que importa un bledo la protección del medio ambiente. 
Con ello revalorizaríamos además el autogobierno municipal, y eso es muy conveniente, ya que las autoridades locales constituyen el nivel político más próximo a la ciudadanía. 
Señor Bolkestein, usted ha afirmado muy acertadamente que el dinero del contribuyente debe gastarse de la mejor manera posible. 
Estoy de acuerdo con usted en esto. 
Pero ello no implica necesariamente elegir la oferta más barata. 
La expresión «mejor posible» encierra connotaciones de calidad y sostenibilidad, en otras palabras, la debida atención a las cuestiones sociales, medioambientales y de otro tipo. 
Señor Presidente, señor Comisario, como ponente de opinión del informe, en primera lectura, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, voy a centrarme en los asuntos medioambientales y en el tema del desarrollo sostenible. 
El Comisario Bolkestein pensó que podríamos vislumbrar un final feliz para el largo recorrido hacia una legislación sólida en el tema de los contratos públicos. 
Sí, estamos de acuerdo con el hecho de que el proceso se aproxima a su fin, pero creo que si será feliz o no se decidirá en la votación. 
Por supuesto, el Consejo también tiene mucho que decir en este ámbito. 
Me preocupan las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ya que van directamente en contra de lo que dijimos en primera lectura. 
Estamos todos de acuerdo en que la contratación pública constituye un importante factor económico en la Unión Europea, ya que representa entre un 14 y un 16% de la renta nacional bruta. 
Sin embargo, a la hora de considerar aspectos económicos, no solo habría que tener en cuenta la licitación más ventajosa desde el punto de vista financiero. 
Es preciso establecer una definición económica más amplia, en la que se contemple al mismo tiempo la conservación de los recursos naturales, la pureza del agua y del aire y la biodiversidad. 
Esto es justo lo que han dicho en líneas generales la Comisión y la Unión Europea, por ejemplo, en Johanesburgo: que la contratación pública debe favorecer el desarrollo sostenible. 
Resulta chocante que algunos miembros de esta Cámara hayan pasado por alto este hecho. 
He podido oír al Sr. Lehne afirmar que los asuntos medioambientales deben ser tratados por separado de los de naturaleza económica, lo cual supondría una pérdida de visión global de la cuestión. 
La contratación pública, a la que se destinan nuestros recursos comunitarios y el dinero recaudado de los impuestos comunes, debe favorecer el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, es sumamente importante que enmendemos la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y subsanemos el deterioro que ha protagonizado desde la primera lectura. 
La Posición Común del Consejo contiene elementos incompatibles y resulta inaceptable, al menos en lo que respecta a los artículos 53 y 55. 
En colaboración con diputados de otros Grupos, hemos presentado una serie de enmiendas relativas a los criterios medioambientales, los métodos de producción y la perspectiva global del ciclo de vida de los productos, el etiquetado medioambiental y la certificación. 
Opino que el Parlamento Europeo debería avergonzarse si no adaptáramos nuestro concepto de contratación pública a la idea de desarrollo sostenible en el conjunto de la Unión Europea. 
Esta idea debe convertirse en un componente natural de la contratación pública. 
Señor Presidente, he recibido, supongo que al igual que mis colegas diputados suecos, una serie de comentarios sobre este informe por parte de las autoridades suecas afectadas. 
En Suecia, estas autoridades se suelen considerar agentes económicos competentes que disfrutan de una libertad de acción bastante amplia. 
Opinan que la propuesta de la Comisión reduciría su eficiencia en una serie de aspectos, sin aumentar la competencia ni la seguridad jurídica. 
Hacen referencia a cuestiones como el derecho de firmar acuerdos marco, a los que recurren as menudo, relativos a los servicios intelectuales y los contratos de construcción. 
Mencionan el nuevo artículo 41a, en virtud del cual los procedimientos de adjudicación solo se pueden cancelar en circunstancias muy especiales. 
Se preguntan lo que sucedería si, por ejemplo, se produjera un cambio de mayoría política y si en tales circunstancias no se podría cancelar un acuerdo formalizado. 
Asimismo, hacen referencia a otra serie de puntos en los que la práctica sueca resulta bastante más eficiente que las medidas propuestas en estas Directivas. 
Se dice que las autoridades públicas son burocráticas e ineficaces. 
En caso de que así sea, esto se debe, en general, al hecho de que los políticos ideamos normativas exageradamente detalladas. 
Creo que la propuesta de Directiva de la Comisión relativa a la adjudicación de contratos es un ejemplo de este tipo- estoy tentado de decir un ejemplo de pesadilla- de normativa que provoca la ineficacia del sector público y que origina más problemas de los que resuelve. 
Realmente, opino que hay que rechazar la propuesta de Directiva en su totalidad. 
La solución que más se aproxima a este resultado consiste quizá en apoyar una enmienda presentada por el Sr. Manders, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, en la que se insta a la Comisión a que reflexione sobre la situación y reconsidere si la propuesta origina más problemas de los que soluciona. 
Soy consciente de que la situación difiere de un país a otro, pero me resulta extraño que el precio más bajo posible se convierta en un factor tan dominante en la propuesta de la Comisión. 
Cuando las empresas privadas adjudican contratos, realizan una evaluación global de una serie de factores, uno de los cuales es el precio. 
¿Por qué no se puede considerar a los organismos públicos del mismo modo y permitirles que disfruten de la misma libertad para llevar a cabo un análisis complejo de las ofertas presentadas? 
¿Por qué es preciso que un texto legal incluya una lista de las consideraciones caprichosas que hay que tener en cuenta o no? 
Estas listas son arbitrarias. 
¿Por qué la postura de la Comisión tiene un carácter tan restrictivo en lo que respecta a determinados factores, como por ejemplo las necesidades sociales y las consideraciones medioambientales y laborales, que tienen más que ver con la calidad de los productos que con relaciones meramente cuantitativas? 
Pienso que la Comisión debería plantearse presentar en su lugar una directiva en la que se establezcan principios generales y directrices. Es decir, una directiva que no entre en detalles de este modo, sino que demuestre mayor interés por la manera de aumentar la eficiencia y el carácter democrático de las administraciones públicas en los Estados miembros. 
Solo entonces será posible encontrar soluciones bastante más flexibles a estos problemas. 
Señor Presidente, centraré mi intervención en la propuesta de adjudicación de contratos para el suministro de agua. 
En Dinamarca, el suministro de agua está descentralizado y se basa en un principio de solidaridad en lo que respecta a la accesibilidad y los precios. 
En Dinamarca, el suministro de agua pertenece al consumidor y se administra a escala municipal, dos requisitos de gran importancia a la hora de garantizar la protección de los recursos acuáticos y del medio ambiente. 
El agua es un bien público. 
No debe formar parte de una estrategia para el mercado interior ni convertirse en un medio de promover la industria europea. 
En el futuro, aquellos que controlen el suministro de agua serán los que ejerzan el poder sobre las personas y el dinero. 
Las empresas multinacionales son excepcionalmente conscientes de esto y hay mucho dinero en juego en este ámbito. 
Se calcula que, solo en la Unión Europea, el mercado alcanza un valor de 80 millardos de euros cada año, y que, en un plazo de quince años, los grandes monopolios controlarán entre un 65 y un 75% de los suministros de agua que actualmente son públicos. 
Ahora, una serie de Directivas, entre ellas las dos sometidas hoy a debate, han incorporado el agua como una mercancía y están tratando de estandarizar los suministros de agua de los países con el propósito de liberalizarlos y garantizar el sometimiento del agua potable a la libre competencia en el mercado interior. 
La experiencia del Reino Unido y de otros países es espantosa. 
Pone de manifiesto que, cuando se considera el agua una mercancía y se privatiza, desaparece el interés por la protección de los recursos. 
De hecho, los proveedores de agua privados de Londres presionaron con fervor, en igualdad de condiciones con la industria química, simplemente para que permitiéramos una mayor cantidad de pesticidas en el agua potable cuando se negociaron los valores límite. 
Los recursos de agua fresca accesibles en todo el planeta son escasos. 
Hay ahora países en los que es el agua, y no la comida, la que escasea. 
Liberalizar el suministro de agua significaría que la lucha por el agua tomaría el relevo de la lucha por el petróleo, lo cual ofrece un panorama aterrador. 
Actualmente, la Unión Europea trata de obstaculizar los esfuerzos de Dinamarca por proteger nuestras aguas subterráneas frente a la contaminación, al tiempo que pretende levantar una serie de prohibiciones impuestas con respecto a los pesticidas en este país. 
La Unión Europea no debe destruir también el principio danés en virtud del cual el suministro de agua ha de ser público, pertenecer siempre al consumidor y ser administrado por este, lo cual constituye un requisito importante y esencial para la seguridad del suministro y la protección de los recursos acuáticos. 
Es preciso que se conceda a cada país el derecho de decidir democráticamente el modelo que desea adoptar para gestionar el suministro de sus aguas. 
Otro aspecto menor que, evidentemente, me satisface, puesto que resido en una de las pequeñas islas de Dinamarca, es que por fin se ha descubierto lo absolutamente inútil que resulta convocar concursos para la gestión de nuestros transbordadores, y que se ha iniciado el proceso de redacción de una directiva específica para la exención de dichos pequeños transbordadores de la adjudicación de contratos. 
Esto me complace mucho, por supuesto, pero demuestra que hay algo que falla básicamente en la exigencia de la Unión Europea de sacar licitaciones para cada tarea. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisarios, Señorías, se supone que la presente Directiva relativa a los contratos públicos refleja el resultado de un periodo de negociaciones intenso y de varios años de duración. 
El debate nos pone de manifiesto que el proceso de formación de la opinión todavía no ha concluido. 
Nosotros también hemos estado discutiendo continuamente en la comisión acerca de la posibilidad de modificar la Posición Común del Consejo o de rechazarla para después mejorarla. 
Tengo que decir que en este caso, para mi país, Austria, las ventajas de la Directiva superan a los inconvenientes, no solo porque el 1 de septiembre de 2002 entró en vigor una nueva ley de contratación pública inspirada en gran medida en la Directiva y en el proyecto de Directiva. 
Mientras que por un lado la nueva normativa moderniza la legislación de materia de contratos públicos, por otro las Directivas también incorporan importantes aclaraciones para su aplicación práctica, y con ello se pretende conseguir mayor transparencia y concursos más justos. 
Quiero incidir brevemente en cuatro puntos. 
En primer lugar, considero de singular importancia la posibilidad prevista de utilizar medios electrónicos. 
La implantación del «e-procurement» constituye un elemento central de la nueva Directiva, y de los nuevos instrumentos de contratación electrónicos podemos esperar buenos progresos duraderos. 
Pero esos instrumentos deberían emplearse exclusivamente para los bienes y servicios normalizados. 
El segundo punto es que en Austria hay de hecho oposición a la elevación de los umbrales, ya que iría en contra de la apertura de los mercados de contratación pública centrales, regionales y locales, y de momento solo abarca un porcentaje reducido de los contratos adjudicados al amparo del sistema de la UE. 
Cualquier aumento por encima de la propuesta de la Posición Común del Consejo limita, en nuestra opinión, el ámbito de aplicación de la Directiva, que a fin de cuentas está encaminada a producir mayor transparencia y equidad en las licitaciones. 
Un tercer punto que hay que mencionar son los procedimientos de contratación pública y las normas que rigen las oficinas centrales contratación pública, que se han establecido recientemente y que conforman un sistema organizado según criterios modernos. 
Permítanme decir en cuarto lugar algo acerca de la disputa en relación con los objetivos secundarios. 
Una razón por la que para mí no representan ningún problema radica en que la legislación austriaca en materia de contratos públicos contempla los objetivos secundarios, aunque la ley no fija ninguno. 
Sin embargo, para mí es necesario que todos los objetivos secundarios sean relevantes para el contrato, lo que significa que han de guardar una relación directa con el mismo, pues de lo contrario se ampara la arbitrariedad por parte del organismo que adjudica el contrato y la parcelación del mercado. 
Si tiene que haber objetivos secundarios, entonces han de estar claramente definidos, y esto no puede hacerse anónimamente. 
Aunque no sé cuál será el resultado de la votación de mañana, considero que es importante que consigamos esta normativa de contratación pública, y además lo antes posible, ya que beneficiará al mercado interior y comportará mayor transparencia y mayor equidad. 
Por lo tanto, evidentemente, la contratación debe desarrollarse de forma que los contribuyentes obtengan el mejor rendimiento posible de su dinero. 
Asimismo, resulta esencial que la calidad sea buena. 
Todo esto se podría resumir con las palabras «bienes y servicios de alta calidad a buen precio». 
Actualmente, esto no es tan sencillo, porque no solo el precio es decisivo. 
Es fundamental que los que se dediquen a producir los bienes o servicios lo hagan en condiciones equitativas, actuando además de forma respetuosa con el medio ambiente. 
Es preciso aplicar a la compra de bienes y servicios las leyes, los reglamentos y los convenios colectivos vigentes en materia de protección social y de la salud, tanto en el plano nacional como comunitario. 
El entorno laboral ha de ser apropiado y las condiciones salariales justas, si bien esta decisión debe evitar al mismo tiempo crear normas que interfieran con el derecho laboral vigente en el Estado miembro correspondiente. 
He presentado una serie de enmiendas similares a las planteadas, por ejemplo, por Bill Miller, quien aborda este tema. 
Además, resulta esencial que la autoridad o administración adjudicadora pueda cancelar un contrato en caso de que ya no necesite los bienes o servicios en cuestión. 
Puede que un nuevo gobierno municipal o nacional desee aplicar una política en la que no se requiera efectuar tantas compras como bajo la dirección política anterior. 
La decisión que vamos a adoptar ahora no debe limitar la democracia o la capacidad de las de cambiar de rumbo tras unas elecciones generales. 
La contratación pública consiste en atender las necesidades que los ciudadanos desean que sean satisfechas por la sociedad y sobre la que han tomado decisiones en elecciones políticas. 
Una ambición desmesurada de velar por los intereses del mercado no debe prevalecer sobre las necesidades de los ciudadanos. 
En el debate entre el Consejo y el Parlamento sobre la adjudicación de contratos públicos en la Unión Europea, lo que salta a la vista es hasta qué punto los enemigos más encarnizados del control del Estado dejan a un lado sus reticencias cuando se trata de disputar los contratos del Estado. 
El dinero público les interesa. 
Pues, ¿cómo podrían haber construido los grandes grupos de la construcción y de las obras públicas sus imperios financieros sin los contratos del Estado? 
¿Cómo sobrevivirían los grupos del armamento si no hubiese dinero público? 
La pretendida economía de mercado es una economía asistida, alimentada gota a gota por el Estado. 
El hecho de que la armonización en materia de contratos públicos avance con tanta lentitud no resulta casual en absoluto. 
Los grandes grupos industriales desean mantener cautivo el acceso a los fondos de su Estado nacional y, al mismo tiempo, acceder a los fondos públicos de los países vecinos. 
Por lo que se refiere a las condiciones para la adjudicación de contratos, las normas que comienzan a establecerse muestran en su sequedad administrativa un cinismo disfrazado de sinceridad. 
En las condiciones de adjudicación, lo único que cuenta es el interés económico de la oferta. 
Las exigencias medioambientales o sanitarias, como lo denuncian con toda razón Greenpeace o Amigos de la Tierra, se olvidan, al igual que las condiciones de trabajo y de remuneración de los trabajadores de las empresas que se embolsan el dinero público. 
Y se olvidan igualmente tantos otros aspectos, como las investigaciones arqueológicas. 
¡Y se olvidan, por último, los intereses generales de la sociedad! 
Únicamente cuenta la rentabilidad. 
La organización social queda reducida a un balance contable. 
Por otra parte y bajo el pretexto de coordinar los procedimientos de los contratos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, el Consejo intenta que se acepte que se trata de contratos y no de servicios vitales para toda la sociedad. 
¡No! 
Los servicios del agua, la energía, los transportes y los servicios postales deben ser y seguir siendo servicios públicos. 
No pueden concederse a grupos privados que se interesan por sus beneficios y no por los intereses de los usuarios. 
Señor Comisario: he escuchado con mucha atención su introducción y he intentado comprender en qué se basan nuestras diferencias. 
Por supuesto estamos de acuerdo con usted sobre los objetivos de simplificación, modernización y buena utilización de la hacienda pública. 
¿Quién no lo estaría? 
Sin embargo, usted olvida otros objetivos. 
Mis compañeros ecologistas se los han recordado: se trata de los objetivos del desarrollo sostenible. 
Nos parece que los contratos públicos y las modalidades para su adjudicación representan medios sumamente importantes para conseguir estos objetivos. 
¿Por qué rechaza, como nos lo ha indicado, la enmienda que introducimos en el apartado 1 del artículo 53 de la Directiva clásica, en la que hacemos alusión a las características medioambientales, pero también a los modos de producción? 
¿Por qué negarse a que las autoridades adjudicatarias den preferencia, por ejemplo, a métodos de producción basados en la utilización racional de la energía? 
Es algo que me parece increíble. 
Por una parte, en relación con el artículo 23 de la Directiva: por qué negarse a hacer referencia a otra legislación comunitaria, la relativa a las ecoetiquetas, argumentando que se trata de un «programa voluntario». Muy bien. 
Hacer de este programa un criterio para la adjudicación de los contratos públicos y estimular a las empresas a respetar este tipo de ecoetiquetas, eso sí que se correspondería plenamente con los objetivos que defiende el Parlamento Europeo y el Consejo para alcanzar un desarrollo sostenible e integrado. 
El instrumento de los contratos públicos podría ayudarnos en esa tarea y en su presentación usted da testimonio, una vez más y lo lamento, de una visión sumamente conservadora y clásica del Derecho económico y comercial. 
Señor Presidente, yo elaboré la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en primera lectura y quisiera plantear dos cuestiones específicas que siguen derivándose de dicha opinión. 
La primera está relacionada con el apartado 2 del artículo 27 de la Directiva clásica y del texto equivalente de la Directiva sobre servicios públicos. 
Es importante que omitamos la frase «convenios colectivos declarados o considerados vinculantes con carácter general». 
Esta frase podría crear dificultades e inseguridad jurídica, sobre todo en Alemania y los Estados miembros escandinavos. 
He trabajado muy estrechamente con la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y con los sindicatos de servicios públicos tanto en la primera lectura como en la segunda, y he recibido, como también unos cuantos diputados a este Parlamento, un gran número de declaraciones de personas interesadas de estos países. 
Espero que votando por partes podamos omitir esta parte del texto acabado en la segunda lectura. 
Mi segunda cuestión se refiere al artículo 53 de la Directiva clásica. 
Es probable que se planteen varias enmiendas para ajustar este texto al del apartado 1 del artículo 55 de la Directiva de servicios públicos, tal y como ha quedado después de la aprobación de una enmienda del Sr. Karlsson en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Comisario Bolkestein a este respecto. 
Si ajustamos la Directiva al texto del apartado 1 del artículo 55 de la Directiva de servicios públicos, estaremos poniéndolas en consonancia con la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
No hacerlo sería un paso atrás. 
El Comisario y sus servicios han dado sistemáticamente una interpretación demasiado negativa de la jurisprudencia del TJE sobre esta cuestión, de ahí las claras dificultades que tenemos en nuestro debate sobre la aplicación de criterios ambientales y sociales. 
Espero que mañana se tengan en cuenta estos criterios. 
Señor Presidente, quisiera volver sobre los comentarios del Sr. Harbour. 
Queremos innovar. 
¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo en que no podremos innovar mediante la imposición de normas en cuestiones ecológicas o sociales? 
Este solo es el nivel inferior. 
En una economía se mercado hay factores que empujan al mercado y hay factores que tiran del mercado: el palo y la zanahoria. 
Lo que queremos cuando hablamos de introducir criterios ecológicos o criterios de comercio justo es crear un mercado para la innovación en materia de ecología, comercio justo y aspectos sociales. 
Por lo tanto, a este respecto necesitamos criterios más claros en la Directiva. 
Es lo único que necesitamos. 
Por este motivo estamos presionando tanto. 
Tuene un efecto enorme: el 15% del producto interior europeo. 
Si nos tomamos en serio la sostenibilidad, hemos de hacerlo así. 
La innovación no vendrá de la mano de una competencia feroz en el sector privado. 
Lo hará porque el sector público asume una mayor responsabilidad. 
Comisario Bolkestein, ¿por qué no estamos de acuerdo en este punto? 
Porque su Europa es una Europa de grandes empresas multinacionales donde no tienen cabida la ecología ni los derechos sociales y donde los pobres experimentan sus malas condiciones de trabajo. 
Mi Europa es una Europa de ciudadanos. 
De ello me enorgullezco. 
Si tenemos que luchar en torno a esta cuestión es porque tiene usted un concepto muy nuevo y liberal de Europa que no nos gusta. 
Señor Presidente, quisiera centrar mi intervención en la parte del informe relativo a la contratación pública en la que, lamentablemente, y a pesar de haber presentado un sólido informe en primera lectura, la calidad, desde ese momento, ha ido de mal en peor, en conexión también con la Posición Común que hemos recibido del Consejo. 
Pienso que es un gran problema que el Consejo adopte una Posición Común que no sea conforme al derecho vigente establecido por el Tribunal de Justicia. 
El hecho de que el Consejo no tenga en cuenta algo que ha sido determinado por el Tribunal constituye un problema importante, y la situación no mejora en absoluto si nosotros contamos con una comisión que pasa por alto la jurisprudencia actual. 
Creo que nosotros, desde la Unión Europea, tenemos la clara obligación de promover nuestros propios objetivos en lo que respecta al desarrollo sostenible y de cumplir con nuestra responsabilidad social. Esto significa que al mismo tiempo debemos incorporar factores de carácter social y medioambiental en la contratación pública. 
Quisiera aclarar a algunos de los diputados de la derecha, que hoy en el Parlamento nos han acusado de ser defensores furibundos del medio ambiente, que en este caso lo que importa es que realmente queremos que la contratación pública sea un proceso transparente y que sea posible incorporar disposiciones sociales y medioambientales en dicho proceso sin distorsionar, naturalmente, el mercado interior. 
Nadie ha hablado de distorsionar el mercado interior. 
A todos nos interesa que este mercado funcione como es debido. Simplemente queremos que aquellos que convocan concursos puedan dar importancia a otros factores distintos del precio, como un enfoque amplio del mercado laboral, las condiciones sociales y el medio ambiente. 
En realidad, esto es muy sencillo y, afortunadamente, contamos con una decisión en esta materia. 
El segundo punto que deseo mencionar es que, durante la primera lectura, presentamos una serie de enmiendas al artículo 27, en las que se recalcaba el aspecto de las condiciones del mercado laboral. 
No obstante, tal y como ha dicho el Sr. Hughes, se ha vuelto a producir un cambio curioso en la enmienda, en virtud del cual se condicionan los acuerdos antes mencionados a que se conviertan en ley en los Estados miembros. Por lo tanto, es esencial que se elimine esa cláusula antes de que se vote la recomendación para la segunda lectura el miércoles. 
No hay razón para interferir en los acuerdos colectivos que mantenemos en determinados países, y esto es lo que sucederá si la cláusula en cuestión no se suprime. 
Recomiendo a la Cámara que se plantee la aprobación de la enmienda 40, pero que se niegue a aceptar esta cláusula. 
Espero que de este modo podamos apoyar la votación por partes propuesta por el Sr. Hughes. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Zappalà, hace unos 10 años yo formaba parte del ayuntamiento de Eindhoven, el Brabante del Sureste, una región tecnológica. 
Philips y Daf atravesaban tiempos difíciles. 
Era un período con un elevado desempleo a consecuencia de todo tipo de desarrollos en el mundo empresarial internacional. A la sazón había un convenio entre las empresas y el municipio sobre la construcción sostenible. 
El empleo en el sector de la construcción era bajo. 
En aquel momento descubrimos que en Groninga existía un modelo para adjudicaciones europeas que cumplía diversos criterios, por ejemplo en relación con la igualdad de condiciones laborales y derecho social, aunque también los criterios de empleo del mercado laboral regional y los criterios medioambientales. 
Este modelo nos pareció valioso y lo aplicamos. 
Sobre la base de las propuestas actuales esto estaría permitido en grandes líneas. 
Sin embargo, el problema que preocupa a muchos en estos momentos es que los demócrata-cristianos, y concretamente la Comisión de Asuntos Jurídicos, han aceptado algunas enmiendas que no permiten gastar el dinero público de esta forma transparente, no discriminatoria y al servicio de objetivos regionales. 
Aquí estamos hablando de una gestión de empresas socialmente responsable para procurar que los objetivos financieros, sociales y medioambientales se integren en una política estratégica. 
Pero más que luchar por una gestión de empresas socialmente responsable, deberíamos luchar por un gobierno socialmente responsable. 
Entonces, si tenemos en cuenta la transparencia, también podremos evitar la sensibilidad al fraude. 
Es decir, estamos de acuerdo con algunos de los objetivos a los que se ha referido el Sr. Bolkestein, como la seguridad jurídica y un gasto eficaz, pero una política integral significa que también hemos de incluir otros criterios, y creo que mañana hemos de votar por ello. 
. (DE) Señor Presidente, en mi condición de ponente alternativa de mi Grupo quiero disculparme ante usted, ante el Sr. Comisario y ante sus Señorías por no haber podido estado presente el comienzo del debate. 
Junto con el Sr. Bill Miller he estado atrapada en un autobús urbano de Estrasburgo cuyo conductor no ha sabido encontrar primero el camino a Francfort ni después el de vuelta a Estrasburgo, por lo que nos ha traído a Estrasburgo a través de numerosas autopistas alemanas con bastante retraso. 
Con retraso, pero no demasiado tarde, quisiera dar las gracias al ponente por el ingente trabajo que ha llevado a cabo y especialmente por haber resistido a su primera tentación de apostar por el rechazo de la Posición Común, llevado por la decepción, desde luego comprensible, de que el Consejo hubiera asumido tan pocas de las propuestas del Parlamento Europeo. 
En la comisión hemos debatido sobre este aspecto, y la mayoría de nosotros nos hemos inclinado por la postura de que debíamos realizar el intento- aunque resultara laborioso- de introducir mejoras en la Posición Común del Consejo. 
El caso es que, por supuesto, el debate acerca del rechazo de esta Posición Común no ha quedado resuelto. 
Desconozco si esta misma tarde tal vez ha sido presentada alguna otra enmienda en este sentido. El hecho de que la tentación sea grande tiene que ver naturalmente con que, si bien el Consejo ha asumido bastantes de las propuestas del Parlamento Europeo, se trata más bien de asuntos técnicos inocuos, mientras que las grandes cuestiones de fondo han ido a parar a la papelera. 
Para mí lo que sigue contando es que veo en ambas propuestas de Directiva ciertos progresos sustanciales con respecto a la situación jurídica actual, principalmente en cuanto a la modernización, la simplificación, la implantación de procedimientos electrónicos de licitación o la utilización de medios electrónicos en los procesos de licitación, y la manera en que las cosas se simplifican para determinados sectores. 
Me complace por ejemplo haber conseguido incluir el servicio de Correos en la Directiva de contratos de servicios por iniciativa de este Parlamento. 
Pero si por un lado podemos hablar de progreso, deberíamos cuidarnos al mismo tiempo de no terminar caminando hacia atrás. 
Hoy ya se ha debatido en abundancia acerca de los criterios de adjudicación, y quiero de nuevo arrojar luz sobre algo que al parecer no ha quedado perfectamente claro, a saber, que el texto que presenta ahora la Posición Común supone un paso atrás con respecto a la normativa vigente y sustrae el fundamento jurídico sobre cuya base el Tribunal de Cuentas Europeo podría emitir juicios muy favorables. 
El resultado es que estos criterios de adjudicación serán más restrictivos en el futuro. 
Y que sean más restrictivos en este ámbito no significa simplemente que se renuncie a posibilidades que ahora están disponibles, por ejemplo en el ámbito ecológico, sino que lo que me interesa es la cuestión democrática. 
Una de las instituciones contratistas más importantes en todo el ámbito europeo son los municipios. 
El diputado Sr. Bouwman ha descrito un ejemplo de su lugar de residencia. 
Los municipios gozan de legitimidad democrática directa y si llegan por ejemplo a la conclusión de que quieren tener- aunque resulte algo costoso- marcos de ventanas de madera producidos de forma sostenible, en el futuro deberán poder procurárselos. 
Son responsables frente a sus ciudadanos y sus tribunales de cuentas, y hoy en día tampoco tienen dinero en abundancia. 
Esa es mi objeción asimismo a lo que ha dicho el diputado Sr. Karas. 
Si luchamos por introducir mejoras, lo que nos interesa ante todo es recuperar la situación legal actual y no retroceder a la que había antes; en segundo lugar no se trata de criterios obligatorios en el sentido de todo contratista tiene que aplicar todos los posibles criterios, sino que se trata de que tenga esta posibilidad si así lo desea y lo hace de manera transparente. 
En la formulación actual, la parte obligatoria solo puede significar que se limitan estas posibilidades. 
Si bien los considerandos reintroducen la posibilidad de una serie de cosas, lo considero más bien desagradable desde el punto de vista de la política jurídica y a mi entender tampoco aporta mucha seguridad jurídica. 
Ya que se ha hablado aquí de las incoherencias que persisten, quisiera volver a formular el siguiente ofrecimiento: tal vez podamos, si alineamos nuestras listas de votación, recuperar mañana algo de lo que ha elaborado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
También estoy en condiciones de anunciar que no vamos a seguir apoyando todas las enmiendas que hemos apoyado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, lo que nos permitirá llevar menos enmiendas al procedimiento de conciliación que lo que hoy por hoy parece lamentablemente inevitable. 
Me gustaría contestar a algunas de las cuestiones planteadas. 
Quisiera aclarar lo que he dicho antes para que no quede ningún malentendido entre lo que a este Parlamento le gustaría que hiciera la Comisión y lo que la propia Comisión pretende hacer. 
En primer lugar, me refiero a lo que ha dicho justo al principio del debate el Sr. MacCormick, y que también han repetido otros oradores. 
El Sr. MacCormick se refirió a la situación actual de la jurisprudencia. 
De acuerdo con esta jurisprudencia, la Posición Común ya ha dejado claro que las características ambientales y las cláusulas sociales pueden utilizarse como criterios de adjudicación y que no es necesario demostrar que todos y cada uno de los criterios de adjudicación individuales proporcionan un beneficio económico a los poderes adjudicadores. 
Basta con que los criterios de adjudicación tomados en su conjunto puedan desempeñar la función que deben, que es permitir una evaluación y comparación objetivas de las cualidades intrínsecas de los productos o servicios ofrecidos y la adjudicación del contrato a la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico. 
En este punto también me remito a las observaciones del Sr. Harbour, que la Comisión comparte. 
En segundo lugar, la Sra. Thors y el Sr. Junker han mencionado los métodos de producción. 
Quisiera contestarles que, en relación con las enmiendas que pretenden insertar referencias explícitas a los métodos de producción, la Comisión opina que son superfluas porque forman parte de las características ambientales que, como he dicho antes, ya están previstas. 
Además, se habla de ellas explícitamente como ejemplos de especificaciones técnicas legítimas. 
Y llego a mi tercera cuestión, que también ha planteado el Sr. MacCormick. 
Las palabras del artículo 53 «para el poder adjudicador» se explican en el considerando 44, donde se dice que la mejor oferta se valorará de acuerdo con lo que el poder adjudicador haya definido como sus requisitos. 
El considerando 44 concreta aún más diciendo que estos comprenden los requisitos destinados a satisfacer las necesidades de interés público en el caso de la sentencia sobre la necesidad de limitar la contaminación ambiental para la población de Helsinki. 
El Sr. Koukiadis nos ha dado otro ejemplo más de los criterios de adjudicación válidos de acuerdo con el artículo 53, las necesidades de los discapacitados, que deberían tenerse en cuenta. 
En el caso de los servicios de transporte, por ejemplo, un mejor acceso a los autobuses para los discapacitados sí que sería un criterio válido. 
No cabe duda de ello. 
Mi quinta cuestión se refiere a la frase «económicamente más ventajosa» , que el Sr. Herman Schmid y una serie de oradores han mencionado. 
Para contestar a estos comentarios, la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico resultaría de una combinación de criterios económicos pero también cualitativos, y estos últimos no servirían necesariamente para calcular los costes del poder adjudicador, pero sí que ayudarían al poder adjudicador a tomar una decisión. 
Mi penúltima cuestión se refiere a las etiquetas, que ha mencionado el Sr. Jonckheer. 
Tal y como demuestran claramente las posiciones comunes, la Comisión está a favor de especificar la función de las etiquetas ecológicas en la adjudicación de contratos públicos y la posibilidad de remitirse a ellas a la hora de definir especificaciones técnicas. 
Sin embargo, hay que tener presente que a diferencia de las normas europeas «ordinarias» , las etiquetas ecológicas europeas no sustituyen a otras etiquetas ecológicas competidoras, como las plurinacionales. 
Las propuestas de la Comisión en torno a las etiquetas ecológicas han previsto esta sustitución, pero esta no se aceptó durante el proceso legislativo. 
Por lo tanto, en la situación actual pueden coexistir diferentes etiquetas ecológicas, incluso aunque abarquen los mismos aspectos. 
Por lo tanto, no sería conveniente, y de hecho sería contrario a la política establecida en el sector ambiental, introducir una preferencia por las etiquetas ecológicas europeas en detrimento de otras. 
La Comisión es consciente de que las referencias a las prestaciones subyacentes a las etiquetas ecológicas, en lugar de requerir simplemente las propias etiquetas, puede constituir una complicación para los compradores. 
Esta tarea se ha simplificado mediante una base de datos que ha creado la Comisión y que incluye una lista de los distintas prestaciones definidas en las etiquetas ecológicas que pueden utilizarse en relación con procedimientos de adjudicación. 
Este año se publicará una guía práctica de la adjudicación ecológica de contratos. 
Por último, quisiera tratar los asuntos planteados por la Sra. Thorning-Schmidt y el Sr. Hughes, de por qué la Comisión retrocede con respecto a la legislación vigente, interpretada por el Tribunal de Justicia en el asunto de los autobuses de Helsinki. 
Mi respuesta es bastante sencilla: simplemente no es cierto que las posiciones comunes sean más restrictivas que la interpretación de la legislación actual por parte del Tribunal de Justicia en el asunto de los autobuses de Helskini. 
Por el contrario, mediante la combinación de considerandos y artículos, las posiciones comunes consolidan y especifican las posibilidades ofrecidas por la legislación vigente. 
No añaden nada nuevo ni suprimen las posibilidades actuales, pero tienen el mérito de explicarlas para no tener que depender de interpretaciones de jurisprudencia, con todas las subsiguientes posibilidades de diferente utilización que conllevan, así como la consiguiente inseguridad jurídica en este asunto crucial. 
Además, las posiciones comunes especifican que en las mismas condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia, el uso de criterios sociales de adjudicación también es legítimo. 
Quisiera terminar expresando la esperanza de que en su votación el Parlamento apoye la Posición Común para que podamos convertir lo antes posible estas Directivas en leyes. 
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 20.34 horas.) 
Presidencia griega 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo celebrada en Salónica los días 20 y 21 de junio de 2003, y la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el balance de la Presidencia griega. 
Antes de ceder la palabra al Primer Ministro, Sr. Simitis, quiero que conste en acta, en mi nombre y en nombre del Parlamento Europeo, nuestra gratitud al Primer Ministro, al Ministro de Asuntos Exteriores y a sus colegas- en particular al Ministro Giannitsis- por el altísimo nivel de cooperación que han mantenido con el Parlamento Europeo durante todo el semestre de la Presidencia griega para tratar de avanzar en las cuestiones principales. 
Queremos agradecerles también la ayuda que nos han prestado en varios temas de interés para el Parlamento, como la conclusión de las negociaciones de un acuerdo interinstitucional para la mejora de la legislación y el Estatuto de los partidos políticos, así como la importante ayuda que nos han prestado para hacer avanzar el trabajo sobre el Estatuto de los diputados, pese a estar todavía lejos de la meta. 
En este contexto, tengo el placer de ceder la palabra al Primer Ministro Simitis. 
Señor Presidente, señor Presidente del Parlamento Europeo, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Señorías, estoy encantado de tener la oportunidad de presentarles hoy los resultados de la Presidencia griega desde esta tribuna. 
El pasado mes de enero, cuando celebramos aquí el primer debate sobre nuestras prioridades, resalté que teníamos que esforzarnos en apoyar una Europa fuerte, que participe y actúe en un sistema mundial multicéntrico y en trabajar por la paz, el desarrollo y la cooperación. 
Han transcurrido seis meses de importantes hechos y acontecimientos. 
Creo que, gracias a estos acontecimientos, Europa ha crecido en estos últimos seis meses. 
Dichos acontecimientos nos han permitido ver sus debilidades, como la crisis del Iraq, pero también han permitido ver sus lados fuertes. 
A pesar de la crisis, ha habido un sentimiento de unidad, de cohesión, de tener una misión en común. 
Los acontecimientos han hecho que Europa sea más madura políticamente y que esté más decidida a proceder con nuevas acciones, además de resaltar la necesidad de hacer frente a los retos de cara a su futuro. 
Es muy ilustrativo que la Convención completara su trabajo sobre el borrador de constitución y que dicho borrador fuera aceptado por la Convención por amplia mayoría. 
Del mismo modo, también resulta muy ilustrativo que el Consejo de Ministros iniciara un debate sobre la defensa y la seguridad europeas, debate que continuó en la cumbre de Salónica. 
Los problemas tuvieron como resultado una toma de conciencia sobre lo que debemos hacer y lo que se tiene que hacer con rapidez. 
Grecia ha tenido la buena fortuna de asumir la Presidencia en un periodo de seis meses excepcionalmente importante. 
Unos meses, como he dicho, de acontecimientos inesperados. 
Situaciones que presentaron una enorme dificultad, pero que también constituían un gran reto, al que creo que todos respondimos, y me refiero tanto a los Estados miembros y la Comisión como a la Presidencia. 
Hoy, el debate sobre la política exterior, de defensa, de seguridad, la percepción de Europa que ha surgido en estos últimos meses y el borrador de Tratado Constitucional, son testigos de que el trabajo no ha hecho más que comenzar, un trabajo que tendrá como resultado una forma de cooperación diferente. Confío en que este trabajo será positivo para Europa y nos dará un nuevo empuje. 
Nos hemos dado cuenta de que debemos tomar decisiones lo antes posible. 
Señorías, en diciembre de 2002 la Presidencia griega presentó sus prioridades y objetivos específicos. 
En primer lugar, completar la ampliación de la Unión Europea. 
En segundo lugar, acelerar la aplicación de la estrategia de Lisboa. 
En tercer lugar, completar el trabajo de la Convención sobre el futuro de Europa. 
En cuarto lugar, encontrar una manera de tratar el fenómeno de la inmigración ilegal y la inmigración en general y, en quinto lugar, promover prioridades específicas en el campo de las relaciones exteriores. 
Hoy puedo afirmar, al final de estos seis meses, que hemos trabajado arduamente en pos de estos objetivos y que hemos logrado resultados muy satisfactorios, resultados que me gustaría exponerles brevemente. 
La ceremonia de la firma del Tratado de Adhesión por parte de los diez países candidatos, que puso el sello de cierre a la ampliación, fue una ceremonia que marcó uno de los eventos más importantes del desarrollo de Europa. 
Confirmó la regeneración de Europa; nosotros la celebramos a los pies de la Acrópolis, ya que nuestro deseo era dar un simbolismo especial a la continuación de la civilización europea. 
Inmediatamente antes de ese momento, la Presidencia griega tuvo que enfrentarse a una serie de dificultades que habían surgido, tales como la petición por parte de los nuevos Estados miembros de que se adaptaran los acuerdos vigentes, de una mayor financiación, o como el debate que celebramos con ustedes, aquí en el Parlamento Europeo, sobre cuestiones como la ampliación y la financiación o la financiación de una Unión ampliada. 
Ahora los nuevos Estados miembros se han integrado con facilidad en el trabajo del Consejo de Ministros, en el que participarán como observadores activos hasta que los parlamentos nacionales ratifiquen los Tratados. 
Quisiera comentar la integración de Chipre, que se produjo conjuntamente a la de otros nueve países y que justifica la lucha por la restauración política, la restauración de los principios del derecho internacional. 
Estuvimos muy cerca de tener una Chipre unida en la Unión, de superar el problema político, pero desgraciadamente, la dirección turcochipriota no quiso completar el proceso iniciado sobre la base del plan Annan. 
En abril, el Consejo adoptó algunos textos revisados de acuerdos de asociación con los tres países candidatos. 
En cuanto a Bulgaria y Rumania, el objetivo es completar sus negociaciones de adhesión a finales del año 2004. 
Hemos avanzado numerosos capítulos en las negociaciones con estos países. 
El nuevo acuerdo con Turquía incluye términos específicos sobre numerosas cuestiones, incluida la política de buena vecindad, las propiedades pertenecientes a las minorías, la libertad religiosa y la limitación del papel del ejército. 
En cuanto al segundo tema, Señorías, la cuestión de Lisboa, sabemos lo importantes que son los temas descritos bajo este título y que, siempre y cuando los resolvamos, nos ayudarán a encontrar soluciones para los problemas de desarrollo, las cargas medioambientales y la creación de una economía basada en el conocimiento. 
Brevemente, los resultados más importantes son los siguientes: el acuerdo sobre una mejor coordinación de las políticas económicas y la adopción de nuevas directrices para la política económica en el periodo de 2003 a 2005. 
Ahora contaremos con nuevas orientaciones económicas durante tres años y creo que esto es importante para que nuestra planificación sea mejor. 
Un segundo punto era la nueva estrategia de empleo. 
Introdujimos la conferencia social tripartita, que era informal y ahora se formalizado y que, por supuesto, nos permite ampliar el diálogo social. 
Hubo acuerdo sobre la planificación de impuestos en relación con la evasión fiscal a países terceros y la tributación de los productos energéticos. 
El acuerdo sobre la planificación fiscal en relación con la evasión fiscal se había debatido durante mucho tiempo en el Consejo sin que llegáramos a ninguna conclusión. Me satisface que hayamos superado los problemas bajo la Presidencia griega, ya que dichos problemas también surgieron porque algunos países creían, y siguen creyendo, que deberían hacer su propia planificación en estos temas tan básicos. 
Otra cuestión que llevaba mucho tiempo debatiéndose era la patente europea. 
Hemos completado el debate correspondiente y se ha llegado a un acuerdo, como también lo ha habido en el plan de acción para incrementar la inversión en investigación e introducir nuevas tecnologías en los sistemas educativos europeos. 
Creo que la adopción de la Carta de las Pequeñas Empresas, las decisiones tomadas para mejorar el marco reglamentario y los acuerdos sobre la integración de las bolsas europeas han sido importantes. 
Las decisiones sobre la liberalización del mercado energético, sobre el transporte ferroviario de mercancías y sobre la nueva red transeuropea de energía, así como sobre la extensión de la red de transportes, han sido objeto de largos debates, pero los hemos finalizado. 
La adopción de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible, la introducción de los objetivos en sectores como las fuentes de energía renovables, las decisiones de retirar los petroleros monocasco y el acuerdo de responsabilidad medioambienal cierran este breve informe. 
Me gustaría hacer hincapié en que la decisión de retirar los petroleros monocasco, en la que han cooperado todas las partes interesadas, ha sido una importante decisión para la protección medioambiental, decisión que no se tomó tras los esfuerzos realizados hace años, a raíz del accidente del Erika. 
Señorías, esto me lleva al tercer tema, la Convención sobre el Futuro de Europa. 
En el Consejo Europeo de Salónica, como saben, la propuesta final de la Convención fue presentada por el Sr. Giscard d ' Estaing. 
En la Convención se ha debatido durante 18 meses y la participación de sus Señorías ha sido un factor determinante. 
El borrador de Tratado Constitucional ha nacido con alto grado de apoyo. 
En Salónica hemos discutido si dicho borrador sirve para iniciar negociaciones en la Conferencia Intergubernamental y si constituye una buena base para el debate. 
Hemos acordado que aporta una buena base, y que será muy útil para iniciar las negociaciones, ya que nos hemos dado cuenta de que la terminología no debería crear confusión con respecto a la realidad. 
El acuerdo en la Convención demuestra que los marcos que nos permiten cambiar las cosas son marcos que deben basarse en una amplia aceptación. 
La Convención ha expresado una amplia aceptación y ello constituye una base para resolver el problema. 
No debemos empezar a debatir todo desde el primer punto en la Conferencia Intergubernamental, ni tampoco debemos centrarnos en este u otro asunto sin conseguir alcanzar una solución con márgenes políticamente predefinidos, como se mencionó en la decisión tomada en Halkidiki. 
Debemos cerrar la Convención Intergubernamental el 1 de mayo y debemos firmar después del 1 de mayo, de forma que los nuevos miembros puedan firmar y que el texto esté listo antes de las elecciones del 15 de junio, con el fin de que los ciudadanos sepan lo que están votando. 
Este es el calendario. Si podemos cerrar antes la cuestión, tanto mejor, pero la fecha final de cierre para la presentación del texto firmado debe ser el 15 de junio. 
También acordamos que la Convención seguirá examinando el texto durante un tiempo para procesar el tercer capítulo, que se refiere a políticas, como consta en el texto, sobre cuestiones técnicas. 
En Salónica, Señorías, también debatimos la política de inmigración. 
¿Cuál es el problema? 
El problema es que en Sevilla y Tampere teníamos muchas decisiones y no podíamos completarlas y aplicarlas, sobre todo debido a la falta de fondos. 
La Comisión Europea afirmó que disponía de 140 millones de euros aproximadamente. 
Tomamos nota de que dicha cantidad estaba disponible y decidimos promover la coordinación y la cooperación en la vigilancia de fronteras, ya que es evidente que el problema de la inmigración ilegal, como lo hemos visto hace algunas semanas en Italia, por ejemplo, no se puede tratar de forma individual por cada país, dado que los inmigrantes ilegales entran, por ejemplo, en barco e intentan desembarcar en cualquiera de los países mediterráneos, por lo que hay que realizar una vigilancia global de la zona. 
El segundo punto que destacamos era el de llevar a cabo la repatriación de los inmigrantes ilegales. 
Pedimos a la Comisión que examinara la posibilidad de encontrar nuevas formas de proteger la repatriación. 
Sin embargo, dado que existen numerosos tratados y acuerdos de repatriación, que esencialmente no funcionan, dijimos que la Comisión necesitaría evaluar la cooperación con terceros países en todas las cuestiones relacionadas tanto con la inmigración como con la cooperación con la Unión Europea, basándose en criterios concretos y tener esto en cuenta a la hora de alcanzar acuerdos o políticas con estos países, ya que no podemos- esto no aparece en el Tratado pero se acepta de forma generalizada- realizar una política de ayuda activa y cooperación cuando, al mismo tiempo, los países con los que nos relacionamos permanecen indiferentes a las obligaciones que deben afrontar en la lucha contra la inmigración ilegal. 
Decidimos proceder a crear un sistema informático común para la expedición de visados a ciudadanos de terceros países, lo que permitirá el control de la inmigración ilegal, y tomamos determinadas decisiones sobre la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. 
Señorías, como saben, tras la Cumbre de Salónica, se alcanzó un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común. 
De nuevo, la Presidencia desempeñó un importante papel y creemos que este acuerdo es particularmente útil porque envía tres importantes mensajes. 
¿Qué significa este acuerdo para los agricultores? 
Significa que habrá un marco plurianual, garantizado y predecible de ayudas a la renta, similar al que existe en la actualidad, así como amplios márgenes en cuanto a su producción y opciones empresariales. 
Para los ciudadanos europeos, el acuerdo significa una mejor calidad de vida, porque las ayudas a la renta dependerán del cumplimiento de la legislación europea en materia de medio ambiente, salud pública, seguridad de los productos alimenticios, e higiene y bienestar de los animales. 
En tercer lugar, dentro de la política agrícola común, transferir una gran parte de los subsidios de los productos a la renta de los agricultores fortalecerá de forma importante la posición de la Unión Europea en las próximas negociaciones de la OMC. 
Con este acuerdo, la Unión hablará con una voz única y clara. 
Señorías, en cuanto a las relaciones exteriores, puedo informarles de que hubo un acuerdo entre los Estados miembros de la Unión, seguido de un acuerdo con los países de los Balcanes occidentales, acuerdo que confirma las perspectivas de adhesión de los países de dicha región, que adopta un nuevo procedimiento para un diálogo político regular y que promueve la armonización de su legislación con el acervo comunitario y un aumento importante de la ayuda económica. 
El Iraq, como ya sabemos, fue el capítulo más difícil de nuestra Presidencia. 
Muchos esperaban que ocupara todo nuestro tiempo. 
Por supuesto, no fue así y la aspiración de la Presidencia era superar las diferencias, sin centrarnos en discutir sobre si determinadas personas llevaban o no razón en apoyar una u otra postura, sino superar las diferencias señalando lo que debíamos hacer de cara al futuro. 
Y de acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actualmente existe un marco de cooperación y estamos en contacto continuo con las Naciones Unidas para contribuir a la reconstrucción del Iraq en el marco de sus resoluciones. 
En cuanto a Oriente Próximo, ya saben que se ha publicado el calendario para la paz en la región, la llamada Hoja de Ruta del Cuarteto, y que la Unión Europea forma parte en dicho Cuarteto. 
La Presidencia ha mentido repetidos contactos con los países de la zona y con otros países, y creo que la tregua alcanzada es el resultado tanto de las acciones del Cuarteto como de la Unión Europea. 
En lo que se refiere a las relaciones transatlánticas, la Presidencia griega ha hecho todo lo posible por disipar la tensión que había surgido en estas relaciones, y creo que la visita a Washington ha demostrado que la cooperación es buena. 
Se ha aceptado un principio que creo que es obvio, es decir, debemos cooperar con los Estados Unidos por razones necesarias, por razones económicas, políticas y de seguridad. 
Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, cuando no lo estemos podemos acordar no estar de acuerdo y continuar la cooperación sobre esta base. 
La Presidencia griega ha promovido una mejora sustancial de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia en la cumbre celebrada en San Petersburgo. 
Por último, me gustaría pasar de los temas políticos a los temas de la política de defensa y seguridad. 
Nuestro objetivo era que la Unión Europea contara una capacidad operativa plena. Y la ha adquirido durante este periodo. 
La ha adquirido resolviendo una serie de cuestiones, como la aportación de fuerzas por parte de los socios, la aplicación del programa de maniobras y el desarrollo de los procedimientos de gestión de crisis. 
A raíz de todo ello, las fuerzas de la Unión Europea se encuentran ahora en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, existe una misión de vigilancia en Bosnia y Herzegovina y también estamos debatiendo la posibilidad de que la misión militar en Bosnia y Herzegovina asuma las actividades que actualmente llevan a cabo las fuerzas de la OTAN en la zona. 
En el Consejo Europeo de Salónica se presentó y debatió el informe sobre la estrategia para formular gradualmente una doctrina de defensa y seguridad europeas. 
El Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores ha pedido este informe al Sr. Solana. 
El Sr. Solana seguirá trabajando en este informe y creemos que tanto el informe como el debate correspondiente constituirán un importante paso en la clarificación de nuestros objetivos comunes en materia de defensa y seguridad, así como los medios con los que debemos lograr esos objetivos. 
El informe contribuyó a superar la oposición que había surgido- y que personalmente no creo que existiera realmente- entre determinados países que cooperaban para promover cuestiones de defensa y de seguridad y otros países que no querían este tipo de cooperación. 
Ahora estamos sentados en la misma mesa y el debate demostrará de qué manera podemos tratar estas cuestiones. 
Para terminar, me gustaría referirme a dos temas relacionados con las instituciones comunitarias. 
La primera de ellas es la revisión del estatuto del personal comunitario. 
Esta es la primera reforma radical del sistema de salarios y pensiones y del sistema de promoción profesional desde que se fundó la Comunidad Europea. 
Por último, dos cuestiones de interés inmediato para el Parlamento Europeo fueron el Acuerdo Interinstitucional para mejorar el marco reglamentario y en segundo lugar, la regulación del estatuto de los partidos políticos europeos. 
Con estos dos acuerdos, hemos puesto fin a los debates que se iniciaron hace mucho tiempo. 
Señorías, esta ha sido una breve presentación de lo que se ha hecho durante la Presidencia y me gustaría concluir dando las gracias, en primer lugar, al Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Pat Cox, por su cooperación, y a todos los diputados al Parlamento Europeo. 
Consideramos que todos ustedes son fundamentales para promover la integración europea y defender los intereses de la Unión, razón por la cual aspiramos a mantener una estrecha cooperación con ustedes. 
Además, contamos con su apoyo directo y con su colaboración en nuestro trabajo. 
Les doy las gracias muy sinceramente por su contribución, y les deseo un gran éxito durante la próxima Presidencia italiana. 
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(IT) Señor Presidente, señor Primer Ministro, Señorías, hemos llegado al punto de inflexión de un año lleno de proyectos ambiciosos y de apasionados debates sobre la naturaleza y el destino de Europa. 
Ante todo, quisiera felicitar calurosamente al Primer Ministro, el Sr. Simitis, y a todas aquellas personas que han trabajado con él para alcanzar nuevas metas políticas e institucionales. 
Quisiera centrarme en cuatro de estos objetivos: la finalización de la labor de la Convención, la reforma de la Comisión, los significativos avances realizados en la puesta en práctica de la agenda de Tampere y el nuevo estatuto de los partidos políticos europeos. 
Sin embargo, antes de abordarlos en profundidad, no quisiera dejar de recordar otros acontecimientos importantes que han tenido lugar durante estos seis meses: la conclusión de las negociaciones de adhesión- un acontecimiento extraordinario, ya mencionado por el Primer Ministro Simitis- y la gestión de la difícil situación interna e internacional derivada de la guerra en el Iraq. 
Mención aparte merece la reforma de nuestra política agrícola común, que concluyó la semana pasada como intenso final de este semestre. 
Uno de los elementos esenciales de este éxito fue el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura de este Parlamento, presidida por el Sr. Daul, al que agradezco de todo corazón el trabajo realizado. 
Aunque la cuestión era muy difícil y compleja, la comisión consiguió emitir su dictamen a tiempo para la conclusión de las negociaciones. 
Se trata realmente de una innovación porque la disociación, aunque parcial, de los subsidios a la producción, la defensa del territorio y del medio ambiente y las medidas sobre seguridad alimentaria constituyen una auténtica revolución para nuestra política agrícola. 
Ahora, al fin, disponemos de una sólida base para entrar en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, y espero que nuestros socios internacionales- que tanto nos predican- respondan a nuestro compromiso haciendo su parte, porque también ellos deben hacerla. 
En estos seis meses, la Presidencia griega ha mantenido firmemente el rumbo, incluso en los momentos más difíciles, con la inteligencia y sensibilidad que reconocemos a su pueblo desde el nacimiento de nuestra civilización. 
Por lo que respecta al primer punto que quiero tocar, esta primera mitad del año ha estado dominada, en el plano interno, por la labor de la Convención, que prácticamente llegó a su fin- aunque no del todo- en el Consejo de Salónica. 
Hemos encontrado un método que ha funcionado y que podremos emplear para modificar nuestra Constitución cuando sea necesario adaptarla a las circunstancias siempre cambiantes que nos depare el futuro. 
Por lo que se refiere al proyecto de Constitución propiamente dicho, la Comisión, como bien saben, ve luces y sombras: aumenta ciertamente la transparencia de la Unión gracias a la simplificación y la reducción de los instrumentos legislativos, así como a una división más clara de las competencias entre las distintas instituciones; aumenta nuestra legitimidad democrática gracias a la ampliación del procedimiento de codecisión a la práctica generalidad de los casos, algo que para el Parlamento es sumamente importante; aumenta nuestra capacidad para hacer oír nuestra voz en el mundo mediante la creación de un ministro de asuntos exteriores para toda la Unión, mediante el establecimiento de la personalidad jurídica única y mediante las nuevas normas sobre política exterior, de seguridad común y de defensa. 
Por último, el texto constitucional incluye ahora también la Carta de los Derechos Fundamentales como garantía de los derechos de todos los ciudadanos europeos. 
Éstas son las luces, y son luces muy importantes. Quedan, sin embargo, algunas sombras en aquellos puntos donde el compromiso alcanzado no es todo lo ambicioso que debería. 
El proyecto de Constitución amplía la votación por mayoría cualificada, pero no basta, porque en muchos aspectos la solución propuesta puede conducir a la parálisis de una Unión de 25 o 30 miembros. 
A escala institucional, será difícil conseguir que los ciudadanos acepten que sólo la mitad de los comisarios tengan derecho de voto en el Colegio, al menos en esta fase tan complicada de nuestra vida institucional. 
Además, será complicado hacerles entender las relaciones entre la nueva figura del Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión, cuyas funciones corren el riesgo de superponerse. 
Aunque se ha dado algún paso adelante en la gobernanza económica, es absolutamente necesario que creemos la representación externa del euro: sin ella, el euro será, sin duda, más frágil y nuestra economía estará más expuesta. 
Éstas no son cuestiones técnicas, sino problemas que nos obligan a tener la valentía de superar los temores y las cautelas del presente y mirar al futuro. 
Debemos darnos cuenta de que, si no damos hoy un salto adelante, dentro de 30 o 40 años, Europa no tendrá ya ninguna influencia en el escenario internacional. 
Sin embargo, teniéndolo todo en cuenta, el proyecto elaborado por la Convención constituye una buena base- y un esfuerzo común que apoyo- para la Conferencia Intergubernamental, a la que corresponde la tarea de aprobarlo de manera definitiva. 
La Comisión contribuirá también a mejorarlo, empezando por el dictamen que haremos público en septiembre, antes del inicio de la CIG. 
Paso ahora al segundo punto: la reforma de la Comisión y del Estatuto del personal. 
Nos estamos aproximando al último año de mandato de la Comisión. 
Al asumir el cargo, una de las prioridades que me fijé fue la reforma de la propia Comisión, y recuerdo que ya en marzo de 2000 salió el Libro Blanco. 
Un elemento fundamental de este proceso era la revisión del Estatuto de los funcionarios europeos. 
También en este caso debo manifestar mi reconocimiento a la Presidencia griega por el impulso que dio a las negociaciones, que fueron objetivamente muy difíciles. 
Gracias a su valiosa labor de mediación y de impulso, se alcanzó un consenso en torno al mejor compromiso posible, un compromiso- deseo subrayar- que respeta el planteamiento general de las propuestas iniciales de la Comisión. 
Como consecuencia de este acuerdo, la Comisión presentará en otoño una segunda propuesta que tendrá en cuenta, naturalmente, el dictamen aprobado por esta Asamblea el pasado 19 de junio y las negociaciones entre los representantes del personal, de las instituciones y de los Estados miembros que tienen lugar en la comisión de concertación. 
El objetivo es aplicar el nuevo Estatuto el 1 de mayo de 2004: es decir, el mismo día en que los nuevos Estados miembros entren a formar parte de la Unión. 
Además de este objetivo, me interesa la finalidad política general del ejercicio, que es garantizar la continuidad, la independencia y la excelencia de nuestros servicios. 
Debo decir que he trabajado con muchas administraciones en mi vida, pero rara vez he encontrado tanta capacidad de trabajo y de una calidad tan elevada como en las instituciones europeas. 
Considero, por tanto, que el nuevo Estatuto permitirá a nuestro servicio público trabajar con más ahínco y con más orgullo, sobre todo en un momento en que llegan colegas de diez nuevos países. 
Este esfuerzo de absorción de nuevas culturas no será fácil, precisamente porque van a ingresar diez países a la vez, y no uno sólo. 
El tercer punto que quiero abordar es la política de inmigración y de asilo y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. 
La Comisión felicita a la Presidencia griega por mantener una postura coherente y equilibrada en estas cuestiones. 
Además, tengo el gusto de destacar que las conclusiones del Consejo Europeo se inspiraron en las comunicaciones presentadas por la Comisión el 4 de junio. 
Para ir a lo concreto y partiendo de los problemas que aún están sobre la mesa, quisiera señalar que la financiación comunitaria debe ponerse progresivamente a la altura de nuestras ambiciones políticas y de nuestros objetivos; es decir: no podemos pretender, en absoluto, alcanzar todos los objetivos que nos hemos fijado con la financiación que hemos dispuesto. 
Naturalmente, hemos efectuado una estimación de los recursos que no excede los límites presupuestarios- es decir, nos hemos quedado rigurosamente dentro de los límites del presupuesto -, pero hemos estimado los recursos necesarios en 140 millones de euros para el período 2004-2006 y 250 millones de euros para un programa plurianual de cooperación con terceros países para el período 2004-2008. 
Así llegaremos a la nueva financiación en el marco de las perspectivas financieras aplicables después de 2006, que, como se afirma en las conclusiones de Salónica, deberán reflejar esta prioridad política de la Unión; de lo contrario, es evidente que pondremos en peligro la propia identidad de la Unión, si no logramos dar seguridad a los ciudadanos. 
Por lo que respecta a las relaciones con terceros países, el nuevo programa de cooperación propuesto por la Comisión el 11 de junio constituirá un apoyo importante para la política de readmisión, que representa otro capítulo básico, y es fundamental que el Parlamento y el Consejo aprueben este instrumento antes de que finalice la legislatura. 
Además, hay que intensificar la negociación de los acuerdos comunitarios con el apoyo del Consejo y de los Estados miembros. 
Esto, en mi opinión, afecta de forma prioritaria a Rusia, Ucrania y Marruecos, tres países clave en el ámbito de estos acuerdos. 
El Consejo Europeo ha pedido a la Comisión que avance hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores, y nosotros creemos que la mejor solución es crear una agencia que permita mejorar la aplicación de las orientaciones estratégicas del Consejo, de acuerdo con los servicios nacionales competentes, de forma que se constituya una red de coordinación. 
Además, estamos sentando las bases para el denominado VIS, esto es, el ambicioso sistema europeo de identificación de visados, que es también un instrumento común para aplicar una política que ofrezca tranquilidad y serenidad a nuestros ciudadanos dentro del respeto por las libertades individuales. 
En efecto, lo que cuenta es hallar un equilibrio entre la seguridad y nuestro compromiso con las libertades, un compromiso que hemos alcanzado, que ratificamos y al que no podemos renunciar de ningún modo. 
Así, la lucha contra la inmigración ilegal debe avanzar paralelamente a las medidas para facilitar la entrada de inmigrantes legales en la Unión. 
A este propósito, quiero recordar que algunas propuestas están ya sobre la mesa, sobre todo las relativas a la entrada y residencia por razones de trabajo y de estudio, así como a la formación profesional de los inmigrantes y al voluntariado para facilitar la integración. 
El Parlamento se ha expresado ya sobre estas propuestas, que aún se están debatiendo en el Consejo, y la Comisión acoge favorablemente la invitación del Consejo Europeo de elaborar una política global para la integración de los inmigrantes legales. 
Hay que coordinar mejor también los enfoques nacionales a escala comunitaria, y creo que un informe anual que analice los progresos realizados representaría, sin duda, un nuevo paso en esta dirección. 
Hemos hablado mucho de evaluación comparativa, de confrontación, etc.: creo que, en este tema tan complicado y con tantos aspectos diferentes, podría ser útil, para ustedes y para nosotros, un informe que nos diga cómo están las cosas a escala europea. 
Debemos demostrar la misma voluntad política en materia de asilo. 
A este respecto, me disgusta mucho resaltar que no ha sido posible llegar a un acuerdo en el Consejo sobre la directiva que define el concepto de refugiado y que armoniza las formas de protección subsidiaria. 
Debemos alcanzarlo, siempre dentro del discurso sobre los derechos que hemos subrayado hace un momento. 
En efecto, este instrumento, junto con la directiva sobre los procedimientos, constituye el núcleo central del sistema común. 
Aprovecho la ocasión para garantizar la plena colaboración de la Comisión con la Presidencia italiana, a fin de lograr la aprobación de estos dos textos a más tardar en diciembre, que es el plazo fijado por el Consejo de Salónica. 
Paso al último punto: el estatuto de los partidos políticos. 
Acogemos con agrado la reciente aprobación, por parte de este Parlamento, del estatuto de los partidos políticos europeos: es el cuarto éxito de la Presidencia griega del cual quiero hablar hoy. 
Me sumo al gran número de personas que han reconocido su contribución para solucionar una cuestión ya antigua y que era absolutamente necesario definir. 
Una serie de factores contribuyeron a este resultado: la entrada en vigor del Tratado de Niza, la nueva propuesta elaborada por la Comisión, la aplicación de la votación por mayoría y, sobre todo, la óptima colaboración entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
La cuestión de los partidos políticos es un problema complejo que estuvo dos años sin resolverse: sólo se alcanzó una conclusión positiva gracias a la votación por mayoría y al procedimiento de codecisión. 
Creo que es una enseñanza también para el futuro. 
Por fin, los partidos políticos europeos pueden funcionar sobre una base clara y transparente y contar con una fuente de financiación que, al menos en parte, corre a cargo del presupuesto comunitario. 
Se trata de una premisa elemental para la gestión de la vida democrática y de una medida que entra en la más amplia constitucionalización del proceso de integración europea. 
La propuesta aprobada, si bien impone algunas condiciones simples y coherentes, evita criterios demasiado restrictivos y formalmente burocráticos, y por tanto, me parece una decisión de sentido común y que puede tener consecuencias políticas positivas. 
En efecto, todos sabemos que los partidos políticos son el componente irrenunciable de la arquitectura democrática de la Unión: sin ellos, no puede haber integración; sin ellos, no puede haber conciencia europea. 
Señorías, con esto llego al final de mis consideraciones de hoy. 
Como he dicho al principio, habría otros muchos puntos que tratar, pero prefiero detenerme aquí para destacar algunos momentos que han tenido un especial significado político en este semestre. 
Por último, quisiera expresar, una vez más, mi gratitud al Primer Ministro Simitis y a toda la Presidencia griega. 
En estos seis meses, han hecho que Europa dé importantísimos pasos adelante: elogiar y dar las gracias a esta Presidencia no es pues un simple acto de cortesía, sino una constatación objetiva. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que hoy celebra el 50º aniversario de la parte correspondiente al PPE, ha prestado continuamente su apoyo positivo a la Presidencia griega, en estrecha colaboración con nuestros colegas diputados griegos bajo la presidencia de Antonios Trakatellis, pero también con nuestros amigos griegos de Nea Demokratia, liderados por Konstantinos Karamanlis. 
Eso fue lo que le prometimos en Atenas, señor Primer Ministro, y hemos cumplido nuestra palabra porque sabemos que su éxito es nuestro éxito común. 
El apogeo de la Presidencia griega fue, sin duda alguna- y usted pudo basarse en la buena preparación de la Presidencia danesa y asimismo en la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de abril -, la firma de los tratados de adhesión que tuvo lugar el 16 de abril en la Stoa Attalou. 
Al descender del autobús- y deseo agradecerle expresamente que haya invitado a los Presidentes de los Grupos, lo que debería sentar un precedente para otras ocasiones solemnes de la Unión Europea- tuve la suerte de poder acompañar al primer Jefe de Gobierno libremente elegido de Polonia, Tadeusz Mazowiecki, por la escalera que conduce a la Stoa Attalou al lado de la Acrópolis, y hablamos del gran cambio que ha tenido lugar en Europa y de la voluntad de los pueblos de Europa Central y Oriental de vivir en libertad. 
Nunca olvidaremos que este proceso llegó a su culminación con la firma de los tratados en Atenas, y nos complace que ahora contemos entre nosotros a 162 observadores de los países en vías de adhesión. 
Desgraciadamente, su Presidencia no fue únicamente una Presidencia de acontecimientos estelares. 
Como usted mismo ha dicho, su Presidencia se ha visto ensombrecida por la guerra del Iraq. 
Tampoco yo quiero mirar hacia atrás con ira, sino mirar al futuro, y debemos aprender de los errores que hemos cometido. 
Nuestra primera conclusión es que si hay que adoptar posiciones nacionales en una cuestión de política exterior, o si dos o tres países desean tomar postura, su obligación es consultar primero a todos sus socios de la Unión Europea y resolver juntos las cuestiones. 
Debemos actuar juntos, y Europa, la Unión Europea, no debe abordar estas importantes decisiones cuando ya está dividida en dos, tres o cuatro bandos. 
Los europeos han de actuar juntos. 
El segundo punto se refiere a la Convención. 
En determinadas cuestiones, entre ellas la política exterior y de seguridad, debemos tener el valor de tomar decisiones por mayoría, incluso si deben ser grandes mayorías cualificadas. 
Si todo debe seguir decidiéndose por unanimidad, no alcanzaremos posiciones comunes, y esta es una de nuestras reivindicaciones. 
En tercer lugar, está claro que las alianzas no son fáciles, particularmente cuando uno de los aliados es una superpotencia. 
Pero precisamente si deseamos que Europa se sitúe en pie de igualdad con nuestros amigos norteamericanos, la Política Europea de Seguridad y Defensa debe plantearse de forma que no considere a los Estados Unidos un contrincante, sino un socio, un país con el que deseamos resolver los problemas en este planeta. 
Usted se ha referido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, con razón a las complejas cuestiones del asilo y la inmigración, y el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, a quien también quiero agradecer cordialmente su labor, ha hablado de la gestión común de las fronteras exteriores. 
Se trata de un asunto importante y debemos establecer acuerdos con aquellos países de los que proceden estas personas dignas de compasión que se embarcan en pateras, acuerdos en que se comprometan a asegurar sus fronteras. 
Pero insisto en que esta no es exclusivamente una cuestión de legalidad, una tarea policial. 
Es un problema que hay que resolver ante todo en los países del Mediterráneo, del norte de África, y por ello necesitamos que la Unión Europea ayude a estos países, y estos países deben llevar a cabo reformas para que sus jóvenes tengan un verdadero futuro y no pongan en peligro sus vidas partiendo de viaje. 
Así pues, consideramos que este problema de la inmigración no solo es un problema policial, sino fundamentalmente un problema humano, y la clave está en dar una oportunidad de futuro a las personas en sus propios países. 
Otro punto es la Convención. 
Quisiera dar expresamente las gracias al Presiente Valéry Giscard d ' Estaing por su labor, pero también a los dos miembros del Praesidium de la Convención, Iñigo Méndez de Vigo, que pertenece a nuestro Grupo, y Klaus Hänsch, del Grupo de los Socialistas, así como al portavoz de nuestro Grupo, Elmar Brok. 
Ahora debemos reclamar que este proyecto de Constitución sea la base para los trabajos de la Convención y que en esta se adopte la decisión sobre la base de este proyecto de Constitución. 
Mucho nos gustaría- y esto se lo diré mañana al futuro Presidente del Consejo- que llegáramos a un resultado de aquí a final de año a fin de progresar con rapidez, y también esperamos que el Parlamento Europeo cuente con una representación adecuada y efectiva. 
Cuando se reúnan los Jefes de Estado y de Gobierno, el Presidente del Parlamento debe estar presente; cuando actúen los Ministros de Asuntos Exteriores, deben estar presentes representantes del Parlamento, y no ser relegados al nivel administrativo. 
Tenemos ante nosotros una gran tarea, pero creo que podemos llevarla a cabo. 
Quisiera darle las gracias en particular, señor Presidente del Consejo, por su contribución al Estatuto de los partidos políticos europeos. 
Y si bien este deberá aprobarse formalmente durante la Presidencia italiana, el enfoque adoptado, creo yo, ha sido el correcto. 
Por lo que se refiere al Estatuto de los diputados, espero que logremos avanzar también en este aspecto en las próximas semanas y meses. 
Por último, permítame decir que esta Presidencia ha tenido sus altibajos. No me habría gustado estar en su piel como Presidente durante la crisis del Iraq y todo lo que la rodeó. 
Y me alegré por usted el 16 de abril; usted ha cumplido con su deber, como cabe esperar de una Presidencia; y le doy las gracias de todo corazón por ello. 
Nuestro Grupo le ha prestado un apoyo justo, objetivo y positivo, y espero que usted también tenga esta impresión, porque esta es nuestra Europa común y el éxito de Europa es un éxito para todos nosotros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, permítanme iniciar mis palabras felicitando, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo del Partido Popular Europeo por su 50 cumpleaños. 
Es una fecha importante para el PPE y también para la democracia en Europa. 
Señor Presidente, tengo un problema. 
Me resulta difícil en este momento decir algo más positivo de la Presidencia griega de lo que ha dicho el Sr. Poettering y el Financial Times porque son conocidos mis lazos de familia y de solidaridad con el Primer ministro griego. 
Sólo quiero decirle una cosa, su Presidencia no ha sido un crucero por el mar Egeo, ha sido más bien una "odisea". 
Y creo que se puede decir con razón que ha sabido llevar la nave europea con liderazgo y con decisión, y eso creo que hay subrayarlo en este momento. 
Siguiendo el esquema de la Presidencia, en primer lugar, en cuanto a la ampliación, la ceremonia del 16 de abril en la Stoa, en el mercado junto a la Acrópolis, fue un hecho importante. 
Quiero agradecerle el trato que se nos dispensó a los representantes del Parlamento Europeo, encabezados por nuestro Presidente pero, sobre todo, la oportunidad histórica que tuvo su marco en lo que fue la cuna de la democracia y también, en relación con un tema muy presente para todos los europeos y muy dramático para Grecia- el caso de Chipre y las relaciones con Turquía -, la inteligencia y la flexibilidad con la que el actual Gobierno griego está estableciendo y desarrollando las relaciones con un aliado tan importante. 
En segundo lugar, en relación con la estrategia de Lisboa, creo que hay que destacar el desarrollo de las directrices de empleo, sobre todo en lo que respecta a la igualdad de género- y aquí quiero saludar el trabajo que hace la Comisaria Diamantopoulou-. 
Nos preocupa en gran medida el bloqueo de la directiva sobre los trabajadores temporales en una situación como la actual. Y también el que las Orientaciones Generales de Política Económica no están respondiendo de hecho, es un ejercicio más intelectual que político, y no responden de hecho a la necesidad que tenemos de dinamizar nuestra economía, la economía europea y defender nuestra moneda común. 
Creo que también hay que subrayar, como ha hecho el Presidente, los avances que se han producido en la seguridad marítima, sobre todo teniendo en cuenta el papel de Grecia como primera potencia europea. 
En relación también con un aspecto importante de cara a nuestro futuro económico; la reforma de la PAC, creo que también hay que saludar el que se haya conseguido una reforma que nos coloca en una posición muy importante de cara al futuro sobre todo de la agricultura europea y también de las negociaciones en la OMC. 
En cuanto al futuro de Europa, conseguir que la Convención haya concluido sus trabajos en este semestre es un paso importante con un texto que no contiene opciones, que no tiene tarjetas rojas, y que, como ha dicho el Presidente y tomo buena nota de ello, sólo tiene que ser objeto de modificaciones técnicas. 
Nosotros habríamos deseado, desde luego, una constitución con más mayoría cualificada en lo social, en lo fiscal, también en política exterior y de seguridad y con un mejor equilibrio interinstitucional. 
Pero lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Creemos que ahora lo importante es consolidar lo obtenido y no retroceder. 
Y, en ese sentido, nos preocupa la participación del Parlamento, creemos que el Presidente tiene que estar representado al máximo nivel, que tenemos que tener representantes en la Conferencia Intergubernamental y, además, después de que por primera vez se ha debatido en público el futuro de Europa, también en nuestro Parlamento, en el Pleno y en la Comisión de Asuntos Constitucionales, debe ser el foro público ante el que la Presidencia tenga que informar. 
Creo que eso corresponde también a los tiempos en que vivimos. 
Y un añadido sobre el estatuto de los partidos políticos. 
Hemos trabajado conjuntamente todos los partidos y los grupos parlamentarios para conseguir el estatuto de los partidos. 
Pero ahora estamos en una situación dramática y es que tenemos el estatuto de los partidos y no tenemos el estatuto de los diputados, es como si hubiera un reglamento para el ejército y los soldados no tuvieran derechos. 
Y verdaderamente llamo la atención de la Presidencia del Consejo sobre el hecho de que no tiene sentido bloquear un paso tan importante que tiene un valor constitucional para Europa. 
Por último, una reflexión sobre las relaciones exteriores. 
Se han enfrentado ustedes con una crisis dramática que puso a prueba la lealtad recíproca impuesta por los Tratados entre los aliados europeos, actuaron con firmeza, en las relaciones transatlánticas; ustedes han mantenido con dignidad la representación europea en la cumbre con un aliado muy importante con el que se pueden mantener relaciones sin estar de acuerdo en todo. 
Y creo que la Presidencia griega merece nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, si pensamos en el balance de la Presidencia griega, los aspectos positivos superan con creces a los negativos. 
Considerando las dificultades que ha tenido Europa en los últimos seis meses con la guerra del Iraq y el estancamiento económico, ese balance positivo es un tributo importante a su Gobierno. 
Su máxima prioridad, con razón, era cumplir el calendario para la ampliación de la Unión Europea. 
La firma de los Tratados de Adhesión al pìe de la Acrópolis y el éxito de siete referendos han cumplido con creces ese objetivo. 
Pero nuestra alegría ante la reunificación europea se ha visto empañada por la tristeza de que Grecia no haya logrado aprovechar sus relaciones privilegiadas para conseguir la reunificación de Chipre. 
Por favor, no cejen en su empeño. 
Lamentamos también las tensiones que han surgido entre la «nueva» y la «vieja» Europa con respecto al Iraq, pese a todos sus esfuerzos y a las dos posiciones comunes que consiguieron ustedes por mérito propio. 
Otro importante éxito de su Presidencia digno de mención ha sido la llegada a puerto seguro del proyecto del Tratado Constitucional presentado por la Convención. 
Los Demócratas Liberales de esta Cámara están de acuerdo con usted. 
El borrador del texto aprobado por la Convención proporciona una buena base para la Constitución, y nosotros exigiremos a los Gobiernos de los Estados miembros que cumplan los compromisos adquiridos. 
Celebramos que se le haya dado más tiempo a la Convención para terminar su trabajo sobre la Parte III, aunque la descripción que el Consejo ha hecho de los debates que quedan sobre la votación por mayoría y la codecisión como un «trabajo puramente técnico» es un claro ejemplo de la infravaloración que el Gobierno británico ha hecho de todo el proceso como una simple «tarea de poner las cosas en orden». 
La vanidad de la victoria nos enseña mucho menos que la humillación de la derrota y el fracaso de Europa en el tema del Iraq parece haber tenido algunas consecuencias positivas, sobre todo para reforzar la cooperación europea en materia de política de seguridad y defensa. 
La creación de una fuerza de reacción rápida, con el lanzamiento de operaciones en Bosnia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y el Congo, son aspectos ciertamente positivos. 
No obstante, la falta de calidad y coordinación del gasto europeo en defensa son aspectos claramente negativos, que esperamos pueda remediar la nueva Agencia de Armamento. 
Nuestro fracaso en la cuestión del Iraq nos ha ayudado también a aprobar dos documentos de gran importancia en Salónica: la estrategia de seguridad para la UE del Sr. Solana y la declaración del Consejo sobre armas de destrucción masiva. 
La estrategia de seguridad contempla una respuesta europea apropiada a la doctrina norteamericana, basada en los principios europeos del multilateralismo y la prevención más que la anticipación. 
La declaración sobre las armas de destrucción masiva deja claro a nuestros aliados norteamericanos que estamos hablando en serio de la amenaza que suponen esas armas, y ofrece un marco para la respuesta europea a Irán y a Corea del Norte. 
El programa de su Presidencia ha tenido como eje central la Justicia y los Asuntos Interiores. 
Aunque se ha conseguido mucho, la justicia y la libertad siguen estando subordinadas a la seguridad, para descrédito de la Unión Europea. 
Los compromisos adquiridos para seguir progresando en las cuestiones de la migración legal y la integración de nacionales de terceros países han dado una réplica apropiada a los que querían repetir en Salónica el tipo de titulares que nos avergonzaron en Sevilla. 
Con todo, mi Grupo lamenta que no haya contemplado usted un control parlamentario apropiado, a escala europea y nacional, del reciente acuerdo de extradición entre la UE y EE.UU. 
Con respecto a la reforma económica, la Presidencia griega ha hecho buenos progresos, sobre todo con la reforma del Pacto de Estabilidad para suplir las deficiencias existentes, la conclusión del paquete de liberalización del sector de la energía y la aprobación de la tan necesaria Directiva sobre las pensiones. 
En conjunto, han sido seis meses muy provechosos para la Unión Europea, pese a los enormes costes de la guerra y la difícil situación económica. 
Esperemos que, cuando entreguen el relevo a sus sucesores, ellos también se esfuercen por estar a la altura del listón olímpico que ustedes han dejado muy alto. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, centraré mi intervención en el tema que abordó el Consejo Europeo de Salónica y que no se ha tratado aquí, a pesar de tener un alcance considerable. 
Deseo hablar del documento presentado por el Sr. Javier Solana, titulado «Una Europa segura en un mundo mejor». 
En varias ocasiones había reiterado en vano mi deseo de que la Unión Europea respondiese a la publicación, el 20 del pasado mes de septiembre, de la nueva doctrina estratégica de los Estados Unidos, cuya primera aplicación fue la guerra «preventiva» contra el Iraq. 
Nueve meses después de Washington, el Consejo acaba de dar a luz a su propia doctrina estratégica. 
Sin duda es una casualidad que este texto se haya publicado a la víspera de la Cumbre transatlántica. 
¿Qué leemos en ese documento? 
Cito: «Ante las nuevas amenazas, la primera línea de defensa a menudo se situará en el extranjero. 
Las nuevas amenazas tienen un carácter dinámico. 
Si nada las contrarresta, se harán más peligrosas.» 
Esta cita deja claro el sentido de esta otra frase sibilina del documento: «Una intervención preventiva puede permitir evitar que se presenten problemas en el futuro... 
Deberíamos estar listos para actuar antes de que se produzca una crisis.». 
Y por si las cosas todavía no estuvieran claras, añade: «En los Estados en descomposición, los instrumentos militares pueden resultar necesarios para restablecer el orden.» 
Y de una manera general- y vuelvo a citar- afirma: «Debemos desarrollar una cultura estratégica que permita favorecer las intervenciones precoces, rápidas y, de ser necesario, vigorosas». 
Y por último, lo que no podía faltar: «Actuando de mutuo acuerdo, la Unión Europea y los Estados Unidos pueden constituir una fuerza formidable al servicio del bien en el mundo». 
Uno se queda perplejo ante tal mimetismo respecto a las ideas e incluso el lenguaje del ocupante de la Casa Blanca. 
Y siguiendo la misma vía, el Sr. Prodi incluso habría manifestado- según las agencias de prensa- su entusiasmo ante el Presidente Bush al declarar, y cito: «Cuando Europa y los Estados Unidos están unidos, ningún enemigo puede hacernos frente». 
Pero ¿unidos sobre qué base y para hacer qué? 
¡He aquí la cuestión, señor Prodi! 
No es mediante la complacencia por lo que nos haremos respetar por una Administración norteamericana que desprecia a los europeos, incluso a los más conciliadores entre éstos. 
Por mi parte, estoy convencido de ello. 
Europa será un actor mundial que nadie podrá ignorar cuando tenga la voluntad política para utilizar su peso económico, su influencia política y su capacidad de establecer sólidos lazos de cooperación, en particular con los países del Sur, para que surjan otras normas que las vigentes, a favor de una mundialización más solidaria, más democrática y por un mundo en paz. 
El documento que se presentó en Salónica vuelve la espalda a esta perspectiva y hace una descripción apocalíptica de las amenazas, sin profundizar en ningún momento sobre sus causas. 
Sobre el conflicto de Oriente Próximo sólo figuran cuatro líneas y media en las quince páginas del texto. 
El concepto de lucha por la seguridad que desarrolla el documento privilegia la dimensión militar, a pesar de que dicho planteamiento ha demostrado su ineficacia en Kabul y Bagdad, e incluso en los Estados Unidos, cuya vulnerabilidad quedo trágicamente de manifiesto el 11 de septiembre de 2001, a pesar de que este país concentra por sí solo un 40% del gasto militar mundial. 
En este contexto, las referencias del documento del Consejo al sistema multilateral suenan huecas. 
De hecho, a este respecto se trata sobre todo de la OMC, de las instituciones financieras internacionales y de la OTAN. 
Sólo se menciona a Naciones Unidas para pedir que la Unión Europea esté dispuesta en el futuro, y cito: «a actuar cuando no se respeten sus normas». 
En esta alusión se puede ver un llamamiento al orden dirigido a los países miembros del Consejo de Seguridad que habían puesto en duda el argumento del material breach (infracción grave) que invocó George Bush para desatar la guerra con el aval de Naciones Unidas. 
Por todos esos motivos, señor Presidente, mi Grupo considera que la adopción de esta incipiente nueva doctrina estratégica de la Unión constituirá un giro, cuyas implicaciones debemos tener claras, y cuyos peligros debemos destacar ante nuestros ciudadanos. 
En vista de la fuerza que logró hace poco la movilización de la opinión pública europea, tanto occidental como oriental, contra la lógica de la guerra y la supremacía norteamericana, puede estar usted seguro de que tendrá que dar explicaciones. 
Invito a los diputados que se sienten motivados por la conciencia de que lo que está en juego es la civilización, a participar hoy, a las 15 horas, en la audiencia sobre este tema de dos eminentes expertos, uno de ellos europeo, el Sr. Pascal Boniface, y el otro estadounidense, el Sr. Philip Golub. 
Iniciemos un debate abierto. Lo que está en juego es todo el sentido de la Europa futura. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, a la Presidencia griega le ha correspondido una época difícil y ha tenido éxito. 
Por ello le felicito, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Por cierto, usted ha demostrado que el principio de la rotación semestral de la Presidencia del Consejo Europeo es un factor creativo y enriquecedor, cosa que la futura Presidencia permanente del Consejo aún tendrá que demostrar. 
También el Consejo Europeo de Chalkidiki fue un éxito. 
Esto no estaba escrito. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron y casi todos llevaban una larga lista de ambiciones nacionales que deseaban poner a salvo en último momento en el proyecto de constitución de la Convención. 
Pero cuando nuestros Jefes de Estado y de Gobierno se vieron cara a cara, se sintieron profundamente conmovidos y dejaron en paz el proyecto de la Convención. 
Fue un gran éxito, salvo en el momento en que se decidió considerar cumplido el mandato de Laeken y comunicarnos- y sobre eso voy a hablar seguidamente, señor Presidente en ejercicio del Consejo- que la Parte III solo requería algunos retoques puramente técnicos. 
Nadie había hablado antes de eso; de lo contrario ¿por qué continuar la labor de la Convención durante el mes de julio? 
Pues simplemente porque no había consenso en torno al proyecto del Praesidum. 
Se han presentado cientos y cientos de enmiendas- 1 700 en total -, y no solo sobre cuestiones técnicas. 
En esta labor está en juego básicamente una cuestión muy clara, a saber, si haremos honor a las promesas, valores y objetivos establecidos en la primera y la segunda parte, si haremos realidad las competencias y principios democráticos que consagramos por consenso en la primera y la segunda parte, o bien si nos fijaremos nuevos objetivos sin liberar a Europa de las cadenas del pasado. 
Me gustaría ilustrar el dramatismo de esta situación con unos cuantos ejemplos. 
Por supuesto, en la primera parte declaramos nuestro apoyo general a los principios democráticos y del Estado de derecho, pero en la tercera parte todavía se establecen aspectos clave en que solo puede legislar el Consejo, como por ejemplo en la política social europea. 
Los parlamentos nacionales pierden el derecho a ratificar los tratados internacionales, sin que esta Cámara obtenga este derecho. 
En uno de los casos más difíciles, relativo a los poderes reducidos del Tribunal de Justicia Europeo para supervisar uno de los ámbitos más sensibles de la constitución, el de la cooperación policial y judicial en asuntos interiores, el 80% de los miembros de la Convención pidieron la supresión de las excepciones. 
Ninguna política sin control judicial, ninguna ley sin Parlamento: esto sin duda no son cuestiones técnicas, sino cuestiones que atañen a la autodeterminación y la definición de Europa. 
La capacidad de actuar es un principio esencial, pero en las últimas noches de trabajo de la Convención han ido desapareciendo sectores políticos enteros de la lista de decisiones por mayoría para reaparecer en la de la unanimidad. 
La mayoría de la Convención quiere más, los ciudadanos de Europa quieren más. 
Sabemos que la opinión pública europea pide mucha más Europa que lo que los Gobiernos europeos están dispuestos a dar. 
En este aspecto, la Convención no tiene que tomar decisiones técnicas, sino introducir reformas fundamentales. 
Sean los servicios públicos de interés general o las piedras angulares de la política sistema social europea: la gran mayoría de la Convención exige que queden amparados en la constitución. 
Pero hasta ahora esta reclamación ha caído en saco roto. 
Y no digo esto para quitar relevancia a los trabajos de la Convención ni al proyecto actual, sino para que esta Cámara tenga en cuenta que mucho de lo consagrado en la primera y la segunda parte debe cumplirse y que no cumpliremos las grandes promesas que hicimos a los ciudadanos si no proseguimos con nuestro esfuerzo por introducir una auténtica reforma en la tercera parte. 
Señor Presidente, el Gobierno griego asumió la presidencia de la Unión Europea en un momento de gran incertidumbre internacional e inestabilidad política. 
A principios de año se hizo patente que los diferentes Gobiernos europeos tenían diferentes puntos de vista respecto al creciente problema político del Iraq. 
El Gobierno griego trató de que Europa adoptara una posición política común respecto al Iraq. 
Pese a la dificultad que eso entrañaba, en todo momento el Gobierno griego abordó dicha cuestión política con determinación y verdadero respeto hacia todas las partes implicadas. 
Aunque fueron muchas las dificultades internacionales que rodearon la guerra del Iraq, creo que durante su Presidencia de la Unión Europea el Gobierno griego ha abordado esta difícil materia política con la mayor imparcialidad posible. 
En los últimos seis meses se ha dado un gran impulso al trabajo de la Convención de la Unión Europea. 
El Gobierno griego ha trabajado muy estrechamente con todos los miembros de la Convención de la UE y eso ha contribuido a preparar un nuevo Tratado que facilitará la creación de nuevas estructuras dentro de la Unión. 
El Tratado constituye la base para la ulterior discusión en la CIG, que ultimará las disposiciones del nuevo Tratado Europeo. 
Todos somos conscientes de que las estructuras internas que operan en el seno de la Unión Europea tienen que modernizarse y es de esperar que antes del 1 de mayo del año próximo estemos viviendo en una Comunidad de 25 Estados miembros con una población de más de 500 millones de habitantes. 
Los procedimientos de toma de decisiones tienen que reformarse para que podamos garantizar que las diferentes instituciones de la UE puedan tomar decisiones de una manera racional y estructurada. 
Queremos un nuevo Tratado que cuente con el apoyo de los ciudadanos europeos y que asegure el buen funcionamiento de la Unión Europea en los próximos 50 años. 
Tenemos que recordar que la Unión Europea ha tenido éxito porque se han respetado los intereses y las inquietudes de los Estados miembros más grandes y más pequeños dentro de la estructura institucional de Europa. 
De hecho, los últimos seis meses han sido una clara prueba de que los países más pequeños de Europa pueden ejercer una presidencia eficaz y enfocada en las prioridades de la Unión Europea. 
Volveremos sobre esta cuestión en los prolegómenos de la próxima CIG. 
El Gobierno griego ha apoyado las recientes iniciativas de paz en Oriente Próximo. 
Después de la guerra del Iraq ha aumentado la inestabilidad en la región de Oriente Próximo y a nosotros nos corresponde conseguir que el proceso de paz en Oriente Próximo se retome de nuevo. 
Esta es una cuestión que no debemos dejar exclusivamente en manos de los Estados Unidos; la Unión Europea tiene que desempeñar un papel positivo y fundamental impulsando la «Hoja de Ruta» para la paz en Oriente Próximo. 
Quisiera agradecer al Gobierno griego la manera en que ha supervisado el progreso de la Presidencia de la Unión Europea en los últimos seis meses. 
La gran mayoría de los objetivos políticos que se marcó a principios de año ya se han conseguido y eso es un logro digno de elogio. 
La Presidencia griega ha sido un buen ejemplo de cómo debe ejercerse una Presidencia en nombre de todos los Estados miembros, y otros deberían seguir su ejemplo. 
Quiero decirle al Presidente en ejercicio del Consejo que en estos seis meses se ha ganado el respeto y el respaldo de esta Cámara. 
A título personal, quiero desearle un corto período de descanso en alguna de las muchas y bellas islas griegas que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar últimamente, durante su Presidencia. 
Permítanme que le diga al Presidente Simitis que no podría recomendarle un lugar mejor que Platy Yialos, y él sabe a lo que me refiero con eso. 
Señor Presidente, el punto álgido de la Presidencia griega fue una cumbre especial con las nuevas naciones de los Balcanes occidentales. 
Esos países también están realizando esfuerzos por entrar en la UE. Contarán con nuestra más sincera bienvenida, y me complace que la Carta de los Derechos Humanos de la UE reconozca los derechos de las minorías étnicas, como merecen todos los pueblos de los Balcanes. 
Es posible que la UE pase a estar integrada por 25 Estados miembros el 1 de mayo del año que viene, y quizás sean 30 en 2007 y 35 en 2010. 
Es posible que el proceso se acelere de repente, ya que los países están encontrando dificultades para ver alternativas y, en la práctica, la UE también legisla para sus países vecinos. 
Debemos reformar la UE a este ritmo tan rápido para lograr estructuras de toma de decisiones más ágiles y flexibles que se adapten a Europa en su conjunto, pese a las enormes diferencias entre sus países. 
Un profesor de lengua estonia puede ganar diez veces más si trabaja en Bruselas. 
No es fácil garantizar una educación lingüística adecuada en Tallinn. 
Los eurodiputados de Praga pueden ganar 20 veces más que sus colegas del parlamento nacional, por lo que no les hará gracia volver al Puente de Carlos de Praga. 
Una hectárea de tierra en los Países Bajos cuesta 30 veces más que la tierra agrícola polaca. 
Difícilmente serán los agricultores polacos quienes compren suelo holandés. 
La mayoría de los mataderos y las vaquerías se cerrarán cuando entren en vigor las normas de la UE. 
¿Por qué no ser más flexibles al introducir las normas de la UE en los países candidatos y los nuevos países socios? 
No hay nadie en la UE que haga cola pagar subsidios a los trabajadores desempleados de los mataderos polacos. 
El punto álgido de la Presidencia griega fue la solemne firma de los acuerdos para ampliar la UE e incluir a diez nuevos miembros. 
Aquí estábamos, en la cuna de la democracia, acogiendo a una serie de países que únicamente podían entrar en la UE porque se habían convertido en democracias. 
Uno de los criterios de Copenhague era que los países solo pueden ser aceptados cuando tengan democracias parlamentarias estables. 
Por esta razón resulta tanto más absurdo que en la clausura de la cumbre de Halkidiki se aceptara el borrador de constitución de la Convención que eliminará la mayor parte de la democracia tanto de los nuevos países como de los actuales Estados miembros. 
En nuestro caso, el poder no debe estar en manos de quienes han sido elegidos, sino de los que una vez fueron elegidos y ya no lo pueden ser. 
Cuando los Primeros Ministros ya no pueden ser reelegidos en sus propios países, se les puede designar para que nos guíen en Europa, aunque no tengan que responder ante el electorado. 
Los parlamentos nacionales y el electorado están perdiendo mucho más poder del que está ganando la UE, y ello no garantiza una mayor participación de los votantes en las elecciones europeas. 
Convoquen referendos sobre la constitución en todos los países. Pregunten a los votantes si quieren participar menos en las elecciones. 
Imaginen que fuera posible, en el lugar de nacimiento de la democracia, aceptar que el Sr. Giscard d ' Estaing se saliera con la suya citando a Tucídides, cuando lo que realmente hace el borrador de constitución es quitar poder a la mayoría del electorado de los Estados miembros y dárselo a los burócratas de Bruselas. 
Señor Presidente: el proyecto de tratado presentado por el Sr. Giscard d ' Estaing no es más que un proyecto de constitución entre muchos. 
Asimismo es, en gran parte, el proyecto personal del Sr. Giscard d ' Estaing, ya que los demás miembros de esta Convención, tras los debates, no fueron informados sobre un texto concebido fundamentalmente en secreto por el Praesidium. 
Pretender lo contrario no es más que propaganda, cosa que no sería extraña en los círculos de Bruselas. 
Este texto ilegible para los legos no es sino una nueva tentativa de crear un Estado europeo centralizado y unitario, una especie de súper-Maastricht, pues aumenta los poderes de Bruselas mediante diversos artificios jurídicos y deja a un lado, bajo la cobertura de competencias pretendidamente compartidas, a los dirigentes nacionales electos. 
¡No, Sr. Badinter, los euroescépticos no han dicho aún su última palabra! 
Por consiguiente, corresponderá a la próxima Conferencia Intergubernamental oponerse a estas ilusiones y elucubraciones, en particular mediante la supresión del proyecto de tratado- en caso de que éste aún exista- las expresiones o las palabras «constitución» , «constituyente» , «federal» -posiblemente la peor de todas- «ley» o «ley marco» , «competencias compartidas» , «subsidiariedad» -sinónimo de «integración» - «personalidad jurídica» , «cooperación reforzada» , «ciudadanía» y, de manera general, todo lo derivado del artículo 308 de los Tratados vigentes. 
Espero que algunos de los Gobiernos afectados- y no solamente el del Reino Unido- se resistan firmemente a esta tentativa de derrocar las democracias de las que son responsables, sin recurrir a las facilidades ilusorias y temporales del opting out o de la fórmula jurídica anodina que puede servir a todas las interpretaciones posteriores. 
Señor Presidente, el Tratado de Adhesión de Atenas firmado el 16 de abril fue un hito en la historia de Europa. 
Desde la caída del Muro de Berlín, mi partido ha apoyado en todo momento y con determinación la ampliación de la Unión Europea, y hemos acogido sin reservas los resultados positivos de los referendos que se han celebrado ya en muchos de los países candidatos. 
Ahora bien, no apoyamos tanto a la Presidencia en otros aspectos. 
Respecto al Iraq, el daño causado a las relaciones transatlánticas por la cumbre de la «banda de los cuatro» , a la que asistieron Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo, supuso también un duro varapalo para la OTAN. 
En un momento en que muchos de nuestros ciudadanos europeos se enfrentan al estancamiento económico y a la deflación, se ha producido una lamentable falta de progreso en el programa de Lisboa para la reforma económica estructural. 
En su lugar, hemos comprobado de nuevo que preferimos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a la reforma institucional, mientras nos convencemos a nosotros mismos de que ese es el tipo de progreso que los ciudadanos europeos demandan. 
Pero yo tengo mis dudas. 
Las conclusiones de la Presidencia empiezan por decir que la Convención ha conseguido acercar la Unión a sus ciudadanos, fortalecer el carácter democrático de nuestra Unión y mejorar su capacidad de actuar como una fuerza coherente y unificada en el plano internacional. Me temo que esa retórica tan entusiasta y optimista es poco más que eso. 
Los resultados del trabajo de la Convención han vuelto a demostrar la incapacidad de los dirigentes políticos europeos para reflejar las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos europeos. 
Se nos pide que creamos que lo que nuestros ciudadanos realmente quieren es una UE con personalidad jurídica, una Carta de los Derechos Fundamentales legalmente vinculante, la eliminación de la estructura de pilares, la ampliación de la votación por mayoría, un Presidente y un Ministro de Asuntos Exteriores para la UE, unas políticas comunes de asilo e inmigración y un fiscal general europeo; en resumen, que desean un cambio fundamental en la relación entre la Unión y sus ciudadanos. 
Las ya famosas declaraciones del Primer Ministro británico en el sentido de que la Convención es una mera tarea de poner las cosas en orden, ha sido objeto de mofas por parte tanto de los euroescépticos como de los eurófilos. 
I repeat today that the people of the United Kingdom have a right to a referendum on this constitutional treaty, just as other Member States intend to do. 
If the governments of the Union really wish to bring their citizens closer to the Union, then it is in their interests and those of their people to ensure that referendums are held in order to legitimise what is being proposed in their name. 
Mi partido cree en un modelo diferente de Europa: una Europa donde el Estado nacional sea elemento fundamental de la cooperación y en donde el intergubernamentalismo tenga preferencia sobre la integración unidireccional, que me temo que se está viendo reforzada por la Convención. 
Es un modelo de Europa diferente del plan integracionista, pero no por ello es menos europeo. 
Ojalá la Convención hubiera tomado este rumbo. 
Espero que los Gobiernos de la Unión reconsideren los resultados de la Convención cuando la Conferencia Intergubernamental comience su trabajo. 
Por último, he escuchado a la Presidencia añadir que los países candidatos participarán en la Conferencia Intergubernamental en pie de igualdad con los actuales Estados miembros. 
Espero que eso signifique que tengan los mismos derechos de voto que los Estados miembros. 
Sería indignante que la CIG propusiera una nueva estructura constitucional para Europa justo unas semanas antes de la adhesión y tratara de presentarla como un hecho consumado. No democrat should put up with that. 
Para su información, las conclusiones de Salónica dejan bien claro que los países en vías de adhesión participarán de lleno en la Conferencia Intergubernamental en pie de igualdad, cosa que, como ha sicho su Señoría, es ideal. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el presidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo acaba de hablar de la Odisea de la Presidencia griega. 
Fue, ciertamente, una odisea que tuvo lugar entre la Circe de la guerra del Iraq- quizás debería recordarles que Circe fue una bruja despiadada que tenía la habilidad de convertir a los hombres en cerdos- y la buena diosa Calipso de la Convención sobre el Futuro de Europa, que puede guiar al Ulises europeo hacia el paraíso seguro de la Europa de sus sueños. 
Como europeos y griegos, podemos estar orgullosos de este éxito, independientemente de la tristeza que nos puedan inspirar los incidentes de la guerra que tuvimos que afrontar. 
La Presidencia griega afrontó tanto la cuestión del Iraq como las diferencias que esta guerra provocó entre los Estados miembros de la Unión Europea y entre esta y Estados Unidos. 
En las cumbres de los Consejos de febrero y marzo, con la promoción y el aprovechamiento del papel de las Naciones Unidas, la Unión Europea adquirió una presencia efectiva en la escena internacional. 
La opinión pública de los países europeos reconoció y acogió con satisfacción la contribución de las instituciones comunitarias. 
La Unión Europea no se basa solo en los principios de la democracia, sino también en el rechazo, en principio, de la guerra en las relaciones internacionales. 
Los Estados miembros, que tienen un historial de conflictos sangrientos entre sí, ya no se arman para luchar unos contra otros. 
Estos principios tienen que consolidarse entre los Estados miembros, los países candidatos y Europa y sus nuevos vecinos en su conjunto. 
La Presidencia griega fue persistente en sus esfuerzos por difundir estos principios en las nuevas y a veces peligrosas áreas de responsabilidad a las que la ampliación ha llevado a Europa. 
Los problemas que surgieron en regiones delicadas como Chipre, que los Ministros de Asuntos Exteriores han calificado de especie de polvorín del Mediterráneo oriental, se han tratado de forma metódica y coherente. 
Si se da la cooperación esperada por parte turca, que hasta la fecha desgraciadamente no se ha producido, pero que esperamos se produzca, Chipre puede erigirse en el punto de referencia de la conexistencia de diferentes naciones dentro del mismo Estado. 
Con el mismo espíritu, la Presidencia griega promovió de forma especial el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Los actuales procesos diplomáticos en esa región también son fruto de iniciativas de la Presidencia griega. 
Desde una perspectiva más amplia, merece la pena resaltar las directrices para la formulación de una nueva estrategia por parte de la Unión Europea, que fue elaborada hasta el último detalle por parte del alto Representante del Consejo. 
La promoción de las posiciones pacifistas europeas en los Balcanes occidentales y la cumbre de Salónica dieron lugar, con sus decisiones, a un cambio significativo de las relaciones entre Europa y los Balcanes occidentales. 
Con todo este trabajo, el mundo no se ha convertido en un lugar completamente seguro, pero podemos decir que, gracias a estos esfuerzos, la Presidencia griega ha legado a sus sucesores una tarea mucho más fácil, o algo menos difícil, que si no hubieran contado con el trabajo metódico, coherente y a veces inspirado de dicha Presidencia. 
Mr President, firstly I would like to pay tribute to Mr Katiforis for his work for the Greek Presidency within the Convention. 
El Consejo Europeo tuvo razón en resistirse a la tentación de echar por tierra el trabajo de la Convención. 
El resultado habría sido muy inferior, desde luego. 
En lo que respecta a la revisión de la Parte III, estoy dispuesto a convertirme en un técnico, puro o no, para realizar la última fase del trabajo. 
Estoy de acuerdo con el Presidente Prodi en que es fundamental ampliar la votación por mayoría cualificada todo lo que podamos para que el Consejo tenga capacidad de decisión en el futuro. 
¿Pero qué decir de la Parte IV sobre la revisión y los procedimientos de entrada en vigor? 
El Consejo Europeo no ha dicho nada al respecto. 
¿Se ha planteado esa cuestión y qué se ha dicho? 
¿Está el Sr. Simitis de acuerdo conmigo en que si no modificamos los futuros procedimientos de revisión, nos veremos atrapados para siempre en la doble jaula de la unanimidad y los procedimientos nacionales de ratificación, a menudo tan prolongados y problemáticos? 
Desde luego es deseable que la Unión no se ponga a sí misma esa camisa de fuerza. 
Tenemos que encontrar una forma suficientemente flexible de modificar la propuesta constitucional si queremos avanzar pese a las circunstancias variables que nos encontraremos en los próximos años. 
Señor Presidente, desgraciadamente, como predijimos al comienzo de la Presidencia griega, en los últimos seis meses y bajo dicha Presidencia, se han tomado decisiones que refuerzan el carácter impopular, reaccionario y agresivo de la Unión Europea. 
Se ha promovido la prolongación de la edad de jubilación, así como la reducción de las pensiones, la privatización de la seguridad social y la extensión del empleo a jornada parcial y temporal. 
En nombre de la competitividad, se han aprobado las orientaciones generales de la política económica de la Unión Europea, cuya característica principal es el ataque a los trabajadores para aumentar los beneficios de los monopolios. 
Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea han sido entregados atados de pies y manos a los Estados Unidos, gracias a los vergonzosos acuerdos en materia de cooperación judicial. 
La Presidencia griega se alineó con los Estados Unidos en sus intervenciones en Cuba, con el pretexto de las armas de destrucción masiva en el Iraq, las cuales han resultado ser inexistentes, y el objetivo del petróleo, para imponer la soberanía mundial de los Estados Unidos. 
Durante la Presidencia griega, la Unión Europea, a pesar de las protestas sin precedentes de sus ciudadanos, encontró excusas para llevar a cabo el salvaje ataque, el última instancia legalizado, por parte de las tropas angloamericanas y la ocupación del Iraq, con sus bien documentados y desastrosos resultados para el pueblo iraquí. 
Bush y Powell, y también las airadas protestas de los pueblos. 
So pretexto de acabar con el terrorismo, se ha promovido una mayor militarización de Europa, completando la formación del ejército europeo para intervenciones imperialistas en todo el mundo junto con la OTAN y los Estados Unidos. También se ha promovido el refuerzo general de los mecanismos represivos para blindar los intereses de las grandes empresas dentro y fuera de la Unión Europea ante los pueblos hostiles. 
Asimismo avanzó la idea de un mayor gasto militar para poder ser socios fiables de los imperialistas americanos, con los que, según se ha dicho, estamos unidos por valores comunes. 
La revisión intermedia de la PAC ha sido aprobada, reduciendo y desvinculando las ayudas a la producción, con desastrosas consecuencias para los pequeños y medianos agricultores, así como para la calidad y el medio ambiente. 
El refuerzo de la fortaleza Europa se ha visto impulsado con nuevas expulsiones de inmigrantes y condiciones más estrictas de asilo. 
La firma de la ampliación de la Unión Europea marca el comienzo de nuevas penalidades para sus ciudadanos y legaliza la división de Chipre como resultado de la invasión y la ocupación del ejército de Turquía, que es candidato a la adhesión. 
Por último, durante la Presidencia griega, se aprobó un texto abortivo, a saber, el engendro de una Convención antidemocrática, que refuerza el carácter promonopolista y contrario a la clase obrera de la Unión Europea, con el fin de reivindicar un papel más activo en el marco del imperialismo internacional, al lado de Estados Unidos. 
El Sr. Simitis y sus amigos están orgullosos de todo esto. 
Nosotros estamos enfadados y extenderemos nuestra lucha, junto con los pueblos, en contra de estas políticas. 
Cada uno sirve a su causa. 
Señor Presidente, soy miembro de la Convención y como tal me dí cuenta de que muy pronto se convirtió en un lugar común- o al menos determinados Gobiernos intentaron que así fuera- la noción de que la rotación semestral de la Presidencia del Consejo lleva a la ineficacia, a la pérdida de impulso, a la pérdida de dirección y, sotto voce, de que si son demasiados los pequeños países los que ejercen la Presidencia, esta no funcionará. 
Mis más sinceras felicitaciones a la Presidencia griega por haber demostrado que eso es rotundamente falso. 
Lo cierto es que en los últimos cinco años, las Presidencias ocupadas por pequeños países han sido modelos de cómo puede funcionar este sistema. 
Debemos enorgullecernos y alegrarnos de ello, y felicitar a la Presidencia griega. 
El viernes pasado, en una reunión celebrada de Londres, se presentó un documento elaborado por la Oficina del Parlamento Europeo en Londres según el cual la Convención había propuesto que el Consejo tuviera una Presidencia permanente con amplios poderes. 
Todos los que se hayan creído eso deberían leer el borrador del texto. 
La Presidencia del Consejo no tendrá poderes constitucionales. 
El Consejo no tendrá ningún poder legislativo. 
El Consejo puede y debe tener influencia, pero la idea de una Presidencia con «amplios poderes» es un grave error. 
Puesto que será una Presidencia que presidirá una reunión de Primeros Ministros y Jefes de Estado, no será tanto un caso de primus inter pares como de par inter primos, al contrario que el cargo de Presidente de la Comisión en el futuro, de lo cual también me alegro. 
Aunque hemos percibido con razón un cierto sentimiento de alarma ante la presidencia dual, podría ser una solución no tan mala como suena en un principio, igual que la música de Wagner. 
En la Convención tuve el honor de representar, en calidad de miembro alternativo, al Grupo de los Verdes/Aliaza Libre Europea y, en particular, a la corriente dentro de la Alianza Libre Europea que representa a las naciones sin Estado de Europa, a los países pequeños. 
I rejoice, as I said the other day, to see the flags of the new countries that come in. 
But not all the little countries of Europe are as yet- or intended to be- Member States of Europe. 
Por eso es muy importante que nos preguntemos a nosotros mismos, mientras preparamos una nueva constitución europea, sobre la futura posición de Cataluña (similar en tamaño a Hungría) , de Escocia (similar en tamaño a la República Eslovaca) , de Galicia o de Gales (comparables en tamaño a Letonia). 
¿Cómo funcionará esta Unión? 
El Sr. De Gaulle ha deleitado en despreciar la idea de la subsidiariedad. 
Si no reconocemos que tenemos que ser una Europa democrática en muchos niveles, que tenemos que tomarnos en serio el principio de subsidiariedad y aplicarlo en un sentido transitivo a todos los Estados miembros, a todos los países de Europa, el modelo no funcionará. 
Espero que no sea este el caso. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de Salónica estuvo dominado por la presentación del proyecto de Tratado Constitucional elaborado por la Convención. 
En este sentido, puede decirse que se ha cerrado el ciclo político iniciado en el Consejo de Laeken. 
En Laeken, hace menos de dos años, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron crear una Convención con el fin de reflexionar sobre los problemas esenciales que plantea el desarrollo futuro de la Unión. 
Como todos sabemos, se encargó a la Convención la elaboración de un documento final que, en los términos de las conclusiones de Laeken, y cito, «podrá seguir uno de los dos caminos: apuntar las diferentes opciones, indicando el apoyo que recibieron, o presentar recomendaciones en caso de consenso». 
Debido, en gran medida, a la orientación impulsada por su Presidente, la Convención respondió al desafío de Laeken recurriendo a una tercera vía, consistente en la elaboración de un proyecto de Tratado Constitucional completo, una especie de marco estructurador cerrado del futuro de la Unión. 
El texto de la Convención, a decir verdad, no fue ni podía haber sido consensuado. 
Sin entrar en detalles, debemos reconocer que fueron muchas las contradicciones, las polémicas, las omisiones y los acontecimientos que redundaron, en su conjunto, en una síntesis forzosamente imperfecta que pondrá a prueba la capacidad de concertación y de decisión de los gobiernos de los Estados miembros en la próxima CIG. 
Por eso, el proyecto de la Convención fue considerado por el Consejo, y acertadamente, sólo un punto de partida y no un punto de llegada. 
Un buen punto de partida, es cierto, pero sólo eso. 
Me gustaría hacer, señor Presidente, dos consideraciones finales. 
La primera es constatar que, si la solución preconizada por la Convención para el futuro de la Presidencia del Consejo Europeo saliera adelante, la Presidencia griega quedaría indisociablemente unida al principio del fin de una excelente práctica democrática de evaluación del trabajo de las Presidencias efectuado cada seis meses aquí en el Parlamento Europeo. 
Estos debates periódicos sobre las grandes cuestiones europeas terminarían sin remedio sin que yo consiga ver en ello ninguna utilidad o ventaja: muy al contrario. 
El defecto, sin duda, es mío, pero el hecho no me impide expresar un deseo, el deseo de que el balance que hoy estamos efectuando aquí de la Presidencia griega no sea un balance de despedida, el principio de la despedida de un modo de ejercer la Presidencia de la Unión que consideramos esencial para garantizar la igualdad entre Estados miembros. 
En síntesis, y con esta segunda consideración termino, nos gustaría felicitar al Gobierno griego por los excelentes resultados de su acertada Presidencia, pero no tener que constatar que, con respecto a su país, es la última vez que podremos hacerlo así. 
Señor Presidente, durante este Consejo Europeo me sorprendió, una vez más, el desfase entre los Jefes de Estado y los ciudadanos. 
¿Cómo se puede pedir a estos últimos que se entusiasmen por la creación de un superministro de Asuntos Exteriores- nombrado de forma repentina vicepresidente de la Comisión -, por el nombramiento de un Presidente del Consejo Europeo o por el conjunto de estos textos que no comprenden en absoluto o que suenan huecos? 
¿Más de competencias para Europa para más Estados miembros? 
De acuerdo, ¿pero con qué presupuestos? 
¿Más votaciones por mayoría cualificada? 
¿Para hacer qué? 
El Sr. Blair considera que ésta es la condición para una mayor liberalización, al tiempo que en el mismo campo político, otros piensan que es la condición para el surgimiento de la Europa social. 
No es necesario ser una lumbrera para comprender que alguien quedará decepcionado. 
Este proyecto de Constitución que pretende ahogar los Estados es, en mi opinión, incompatible con la expresión democrática. 
No deseo que nos Estados queden privados del poder de decisión y se conviertan en regiones de Europa. 
La Convención no obtuvo el mandato del pueblo para ello. 
Este proyecto de Constitución elaborado por una Convención que no es representativa carece de todo valor jurídico y, más aún de todo valor añadido para el ciudadano. 
Espero que el texto final permita a los parlamentos nacionales controlar de forma eficaz el principio de subsidiariedad para que Europa ya no tenga voz en todo. 
Por ello, corresponderá a los pueblos decidir por referéndum si aceptan de disolverse en una democracia a la europea artificial, haciendo así el juego a una democracia omnipotente. 
Señor Presidente, el Consejo de Salónica declaró en sus conclusiones que el proyecto de Constitución europea que ha elaborado la Convención era una buena base inicial para la Conferencia Intergubernamental que comenzará el próximo mes de octubre. 
Esta expresión resulta interesante, pues muestra que, incluso si la Convención ha trabajado mucho para preparar el terreno, aún queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar un texto aceptable. 
La Conferencia Intergubernamental, que tendrá ante sí más de seis meses antes del 1 de mayo de 2004, deberá trabajar en tres direcciones, y a este respecto me dirijo tanto a la próxima Presidencia italiana como a la Presidencia griega. 
En primer lugar, el texto propuesto no respeta el equilibrio necesario entre los mecanismos de cooperación, por un lado, y el respeto de las soberanías nacionales, que son los dos pilares del método comunitario original, por el otro. 
En realidad, este texto desequilibrado se desliza hacia un sistema supranacional predominante, hacia un superestado que va a separar aún mas a Europa de sus pueblos. 
En segundo lugar, será necesario revisar con seriedad la tercera parte, que la Convención no ha considerado en su totalidad hasta ahora y que sólo podrá corregir en sus aspectos técnicos antes del 15 de julio. 
Ahora bien, persisten problemas de principio de suma importancia. 
Por ejemplo, es imposible dejar en su estado actual la sección relativa a la agricultura, pues no menciona en absoluto nuestros objetivos actuales, a saber, la conservación de nuestro modelo, la autosuficiencia alimentaria, la seguridad de los alimentos, la conservación de la naturaleza, todos ellos objetivos que sólo pueden alcanzarse con una agricultura multifuncional y preferentemente regional. 
Por último, será necesario volver a redactar el preámbulo, pues éste comete dos olvidos fundamentales. 
En primer lugar resulta increíble que no diga nada sobre las naciones, a no ser una vaga alusión a las historias nacionales. 
Pero la nación no es simplemente la historia pasada. 
Es antes que nada la primera realidad política que viven nuestros ciudadanos y el marco más eficaz de la democracia de nuestros días. 
En segundo lugar, el preámbulo no habla tampoco del cristianismo, que merecería ser citado al menos en pie de igualdad con el humanismo, no tan sólo como una referencia histórica, sino sobre todo en tanto que fe en Dios de una mayoría de europeos. 
Así pues, el preámbulo actual deja a un lado dos puntos esenciales, la nación y el cristianismo, al hablar de lo que constituye el ser mismo de Europa. 
Y esto, señor Presidente, resulta inadmisible en un texto que se pretende tan solemne. 
Señor Presidente, los comentarios favorables oídos en esta Cámara sobre la Presidencia griega, así como los comentarios favorables en el pasado sobre otras Presidencias son, en mi opinión, el argumento más decisivo en favor del mantenimiento de este sistema de rotación de la Presidencia al mando de la Unión Europea y, por supuesto, no en favor de lo que se está proponiendo en el nuevo Tratado Constitucional, que tiene claros inconvenientes. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, estamos aquí para realizar una crítica constructiva, sincera y con buena fe del trabajo de la Presidencia del Consejo, basándonos en su informe. 
Centraré mi atención principalmente en los temas en los que no se ha conseguido avanzar, no con el fin de refunfuñar, sino porque es positivo que recordemos las cosas que no se han hecho, ponerlas en orden y avanzar en ellas. 
Yo diría que ha habido un retraso en el tema de la inmigración, ya que no se dice ni una palabra en las conclusiones de la cumbre del Consejo sobre la cuestión de crear una guardia de fronteras europea, mientras que la Comisión está absolutamente convencida de ello y además lo ha anunciado. 
De forma similar, el tema de la solidaridad económica y de la división igualitaria de la carga del sector de la inmigración esenciualmente se ha perdido, a pesar de que también era una prioridad de su programa, en el sentido de que no se han adoptado medios de financiación especiales, como propuso la Comisión. 
Igualmente, diría que el sistema de asilo común europeo no ha sido introducido y, por último, no disponemos de acuerdos de readmisión. 
¿Qué acuerdos de readmisión se han concluido? 
¿Cómo se puede detener a 2 000 ó 3 000 inmigrantes ilegales de un país que mantiene relaciones con la Unión Europea- hablo, por supuesto, de Turquía -, y que no se acepte su readmisión? 
Se están realizando solicitudes de readmisión- si recuerdo correctamente, más de 1 400- y solo 14 han sido aceptadas. 
¿Dónde está la fuerza y la voluntad de Europa en un tema tan importante, que no solo tiene consecuencias económicas, sino también humanitarias, que son aún más importantes? 
Yo me apresuraría a destacar que la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión también ayuda al sector de la política exterior y de seguridad, del que la Unión adolece, ya que precisamente constituye la piedra angular de la política exterior y de defensa. 
Ahora bien, sobre la estrategia de Lisboa no puedo sino pensar que aún sigue habiendo incertidumbres políticas y económicas. 
Las perspectivas de desarrollo sostenible en Europa parecen ser una esperanza lejana. 
En cuanto a la reforma de la PAC, creo que son ustedes conscientes de que no se ha completado el debate de la revisión intermedia, ya que no se ha incluido una serie de productos en las decisiones. 
Por último, en lo que se refiere al futuro de Europa, estoy absolutamente de acuerdo con el Presidente Prodi en que el Tratado Constitucional contiene ciertamente algunos puntos muy importantes y positivos. Sin embargo, también tiene algunos elementos que en gran medida suponen un motivo de preocupación. 
Comenzaré con su frase de que compartimos el futuro en una Comunidad de valores, para formular la siguiente pregunta: ¿cómo compartimos dicho futuro? 
¿Divididos en bloques de países grandes y pequeños, con la capacidad reforzada de los primeros de influir en las decisiones? 
¿Con dualidad? 
¿Dobles estructuras? 
Dicho de otro modo, ¿algo que hasta la empresa o el funcionario más sencillo saben que conduce a la adversidad, la confusión y, en última instancia, a la ineficiencia? 
¿O mediante la supresión del derecho de cada Estado miembro a una representación igualitaria por un Comisario en la Comisión? 
En estas condiciones, ¿cómo se mantendrán los intereses de los países y, sobre todo, de sus ciudadanos? 
¿Y qué Comunidad de valores? 
¿La Comunidad en la que lo que se extiende no es el modelo Comunitario de la Unión Europea, sino la cooperación intergubernamental? 
Por último, ¿qué valores? 
¿Aquellos a los que no nos atrevemos a referirnos de forma expresa en el preámbulo del Tratado Constitucional, ofreciendo a los ciudadanos- cuyo apoyo ansiamos- la educación política y los valores de un compromiso de última hora? 
Una vez más, en Salónica los jefes de Gobierno europeos se refirieron continuamente a la necesidad de hablar con una sola voz. 
Todos están dispuestos a hacerlo, siempre y cuando esa voz provenga de su propia boca. 
Si no cambian de actitud, poco cambiará, a pesar de la Convención y a pesar del interesante documento de Solana. 
Hay poco que objetar a su análisis y este es al mismo tiempo su punto flaco. 
El informe habla de lo que nos une, pero no dice nada de lo que nos separa, y ahí está precisamente el problema en la práctica de 25 Estados miembros. 
Las amenazas en una Unión ampliada no sólo provienen de fuera de las fronteras europeas, sino también de dentro. 
Todos podemos ponernos de acuerdo si mantenemos el nivel de abstracción de Solana, pero cuidado si empezamos a concretar. 
Me temo sobre todo que se produzca un cisma interno sobre la actitud frente al papel de América del Norte en el mundo y sobre el enfoque de los grandes focos de conflicto. 
Solana tiene razón en que una Unión Europea más eficaz puede ejercer una considerable influencia en beneficio de un mundo justo, seguro y multilateral. 
Hemos de desarrollar una política de seguridad, pero por desgracia la práctica sigue siendo bien distinta. 
La crisis del Iraq no sólo trataba del Iraq, sino también de una nueva distribución del poder en el mundo y dentro de la Unión Europea 
Desde la caída del muro, dentro de la Unión Europea ha habido una renacionalización de la política exterior. 
Dado que la soberanía y la identidad nacional se pierde en muchos ámbitos, los jefes de Gobierno, sobre todo en los Estados miembros grandes, buscan compensación desarrollando su perfil nacional en el ámbito de la política exterior. 
La Convención confirma por desgracia la práctica existente al mantener la regla del consenso. 
Incluso la vez de un superministro europeo de Asuntos Exteriores solo puede oírse una vez que se ha apagado la cacofonía de sus colegas nacionales. 
Mr President, I want to talk about one of the annexes to the Council declaration, in particular that on non-proliferation of weapons of mass destruction. 
Se trata de un anexo que debemos celebrar y sé que volveremos a hablar de él muchas veces en el futuro. 
Acogemos con agrado especialmente la declaración contenida en el párrafo 2 sobre las armas de destrucción masiva y la proliferación de misiles que ponen en peligro la seguridad de nuestros Estados, nuestros pueblos y nuestros intereses en todo el mundo. 
Sin embargo, lamento que el logro de este objetivo se plantee exclusivamente en términos de acción exterior de la Unión Europea. 
Sería de esperar que los esfuerzos de no proliferación se aplicaran a todos los Estados que ya poseen armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, así como a los que tienen capacidad para fabricarlas, y no sólo a los Estados que consideramos hostiles, olvidándonos de los que reciben apoyo de nuestra política exterior. 
Pasando a otras cuestiones, mi Grupo aplaude sin duda alguna los esfuerzos que ha hecho la Presidencia griega en la cuestión de las empresas de trabajo temporal, actualmente bloqueada por el juego político de determinados Estados miembros. 
Está claro que tenemos que progresar más en los derechos de los trabajadores y en la aplicación de los derechos reconocidos, por ejemplo en materia de despidos masivos, como en el caso de Schiesser-Palco en Atenas, y cuestiones de reciclaje profesional y protección social que plantean esos despidos. 
El Consejo tiene realmente que empezar a preguntarse si Lisboa está funcionando tan bien como se piensa en términos de creación de puestos de trabajo de alta calidad y cohesión social, dos de los objetivos que se fijaron en aquella ciudad. 
En alguno de esos ámbitos tenemos que analizar la relación entre esto y los acuerdos y propuestas de la Organización Mundial del Comercio que seguimos actualmente, y ver si seremos capaces de proteger los derechos sociales y medioambientales en el seno de la Unión Europea y alentar y apoyar ese tipo de desarrollo en los países más pobres con el sistema actual. 
Finalmente, quiero mencionar la cuestión de la evasión de impuestos, a la que se ha referido el Primer Ministro, y espero que las futuras Presidencias- aunque tengo pocas esperanzas puestas en la próxima- examinen esta cuestión de la evasión de impuestos dentro y fuera de la Unión Europea, porque actualmente estamos perdiendo fortunas de nuestros presupuestos públicos por las empresas que no pagan sus impuestos. 
Señor Presidente, las conclusiones de la Cumbre de Salónica en materia de inmigración representan un giro positivo, puesto que se asumen importantes decisiones en relación con la gestión de las fronteras exteriores y con la política de repatriación de los inmigrantes ilegales, y también desde el punto de vista del compromiso financiero de la Unión Europea. 
No obstante, en un problema tan grave como éste, sigue habiendo, por decirlo así, una lentitud genérica, endémica de las instituciones europeas al encarar el desafío que representa la actividad de las organizaciones delictivas mafiosas que organizan el tráfico repugnante de seres humanos y que provocan frecuentemente los dramas que emite la televisión en las casas de todos los ciudadanos europeos, ofreciendo una imagen que ciertamente avergüenza incluso a las propias instituciones europeas. 
Este tema sigue planteando algunos interrogantes que no se han formulado claramente en la Cumbre de Salónica: Europa no se preocupa por la relación entre inmigración ilegal y terrorismo, y eso que a diario se identifican miembros de Al Qaeda en los guetos de la inmigración ilegal. 
Precisamente ahora se ha identificado en mi país a una red delictiva con infiltrados en los centros de acogida: ¿y si en vez de dedicarse simplemente al tráfico delictivo de inmigrantes ilegales, hubiesen sido miembros de organizaciones terroristas islámicas? 
Y después, ¿por qué no se han previsto medidas adecuadas de prevención sanitaria, también en interés de los inmigrantes, dadas las condiciones endémicas de dramática precariedad sanitaria de los países y las regiones de procedencia de los inmigrantes ilegales? 
Pensemos en la situación de Argelia, con la aparición de la peste. 
Además, ¿ha considerado Europa, o quiere considerar, la necesidad de proteger, también desde el punto de vista de la preservación del territorio o de sus recursos naturales, zonas como las islas o las costas del sur de Italia, a donde llegan las embarcaciones en las que se realiza el tráfico de inmigrantes ilegales? 
Una isla de la extraordinaria belleza, desde el punto de vista paisajístico, de Lampedusa, una de las últimas franjas de tierra europea antes de llegar a África, y una costa como la domiciana, constituyen paisajes únicos, por su belleza, del patrimonio europeo. 
¿Durante cuánto tiempo deben seguir transformándose en campos de acogida de multitud de inmigrantes ilegales? 
En este sentido, hay que valorar positivamente la propuesta británica de situar los centros de acogida fuera de las fronteras de Europa. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que la Presidencia griega quedará asociada para siempre con la imagen al pie de la Acrópolis, donde tuvo lugar la reunificación de Europa. 
Por ello siempre la recordaremos con un sentimiento de gratitud. 
Pero también veremos que en esta Presidencia se produjo un gran fracaso de Europa- que no es imputable a la Presidencia griega, sino a todos nosotros -, a saber, la incapacidad de los europeos de llegar a una posición común en una cuestión de guerra y paz. 
Esto nos ha hecho aprender y ha dado impulso a la Convención para avanzar aún más de lo que inicialmente creíamos posible en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa. 
Otro tanto puede decirse de las deliberaciones sobre un concepto estratégico de la Unión Europea que tuvieron lugar en Salónica y que continuarán para que en el futuro estemos mejor preparados en cuanto a su contenido y podamos contar con nuestro propio mecanismo de ponderación de intereses, del que surgirá una mejor política operativa a escala comunitaria el día de mañana. 
Tenemos que darnos cuenta de que lo logrado en la Convención encierra algunos errores. 
En el último momento la Convención flaqueó y en las últimas dos semanas de sesiones de la Convención está claro que no quiere tratar de traspasar más decisiones de política exterior a la votación por mayoría. 
La idea de que en el futuro un país pueda bloquear a 25 países en materia de política exterior, sin ninguna vía de salida, es dolorosa, y corremos el riesgo de perder una oportunidad. 
Señor Presidente, le ruego una vez más que me defina qué se entiende en la Declaración de Salónica sobre la Parte III por aspectos técnicos, para poder avanzar en el ámbito de las decisiones por mayoría- en particular en política exterior, pero también en otros ámbitos- a fin de que no sirva de excusa para decir que no hay nada más sobre lo cual deliberar. 
Lo propuesto en la Convención por los representantes de los Gobiernos al menos no parece tan técnico, si veo la propuesta presentada por el Ministro de Asuntos Exteriores alemán en nombre del Gobierno federal en relación con el servicio diplomático. 
Si a través de una nota a pie de página que figura en la Parte III- declarada de carácter técnico- se crea un servicio diplomático propio con personal procedente de la Comisión o del Consejo e incluyendo a funcionarios nacionales, bajo las órdenes exclusivas del Ministro de Asuntos Exteriores, ello implicaría una modificación drástica del equilibrio entre las instituciones y un drástico debilitamiento de la Comisión y, en última instancia, también del Parlamento. 
No resulta aceptable que creemos nuevas burocracias para el importante puesto de Ministro de Asuntos Exteriores. 
Nuestra tarea es doble: hemos de fusionar áreas y no crear algo nuevo que lo haga todo más difícil en el futuro y resulte aún menos controlable. 
No necesitamos nuevos reinos de taifas, sino que debemos integrar áreas, y espero que con su ayuda se intentará controlar esta cuestión. 
Por ello le ruego encarecidamente que nos apoye en esta cuestión y nos dé su definición de «técnico» , de modo que en estas dos semanas podamos aún lograr algo en la Convención, y que nos diga por qué no se puede tocar la Parte IV. La Convención aún no ha deliberado sobre las Partes III y IV. 
Debería tener el derecho a hacerlo y los Gobiernos no deben impedírselo. 
Señor Presidente, voy a referirme a la agenda de Salónica en materia de inmigración y asilo. 
Comparada con las conclusiones de Sevilla, realmente me resulta interesante, aunque, después de escuchar al Sr. Borghezio, me pregunto si no me estaré equivocando en el análisis. 
En serio, creo que el Consejo ha vuelto a una visión más global y equilibrada de la inmigración, rebajando los decibelios de las declaraciones, pero con más serenidad, aumentando la intensidad de las medidas adoptadas. 
Valoro positivamente la opción de asegurar el control de las fronteras a través de una estructura operativa comunitaria de cooperación. 
El control de fronteras es necesario, pero es sólo, señor Presidente, una parte de la política de inmigración y tiene límites: para la seguridad, porque los criminales no acostumbran a usar sus documentos ni a cruzar las fronteras por los pasos habilitados para ello, y para la gestión de flujos, porque la mayoría de los inmigrantes que residen hoy en Europa, sin documentación, cruzaron un día legalmente las fronteras, como estudiantes, con un primer permiso de trabajo o como turistas, pero un día cruzaron legalmente la frontera. 
Efectivamente, es dramática la situación que se vive en las fronteras marítimas y muy negativa en la percepción de la gente, que se ve sometida a una doble tensión: la del miedo, por un fenómeno que aparece como descontrolado, y la de la terrible compasión que nos genera a todos ver cómo llegan a nuestras costas, a veces, cadáveres. 
Pero, en número, es bastante limitado comparado con el fenómeno global de la inmigración. 
Se necesita la parte de Tampere, cuya aplicación no requiere dinero, pero sí coraje político. 
Se necesita también la creación de un marco legislativo común para la entrada legal y para la armonización del asilo. 
Igualmente los acuerdos de readmisión son sólo una parte de la relación con los terceros países. 
Deberíamos poner un poco de imaginación para que, en un mundo como el nuestro, donde todo puede moverse en un marco global, la circulación de personas pudiese convertirse en un círculo virtuoso, que generara para los terceros países, para nuestros vecinos y para nosotros un poco de riqueza. 
Necesitaremos esta imaginación. 
También, señor Presidente, para terminar, déjeme felicitarle por haber asumido, por primera vez, la necesidad de una política europea de integración y por haber identificado correctamente sus objetivos y la necesidad de desarrollarlos con las autoridades locales y regionales y con los actores sociales. 
Nos jugamos mucho en este terreno. 
Nos jugamos la convivencia en los Estados miembros. 
Sólo espero- y le felicito por su Presidencia- que sus sucesores traten este tema con el mismo cuidado con que lo han hecho ustedes. 
Mr President, I too appreciate greatly that the Greek Presidency has taken an enlightened approach to facilitating legal migration and integration, not just fighting illegal immigration. 
En una importante conferencia de la Presidencia sobre el tema celebrada en Atenas y para alcanzar un consenso sobre las Directivas relativas al reagrupamiento familiar y a los residentes de larga duración, trataron de volver a equilibrar el programa de la UE, que hasta entonces se había orientado excesivamente al control y a las expulsiones. 
El papel de la UE de ofrecer protección a los refugiados se ha visto amenazado por algunos Gobiernos, entre ellos muy especialmente el británico. 
Celebro que en Salónica se rechazara la absurda sugerencia de que todos los que soliciten asilo a la UE deban ser devueltos al Tercer Mundo o a países limítrofes con la UE. 
La perspectiva de grandes campos de refugiados, que despertaría el espectro de los campos de concentración, era en efecto una medida que iba demasiado lejos para algunos Estados miembros. 
Tenemos que poner orden en nuestros sistemas de asilo implantando un sistema común para toda la UE que no esquive las responsabilidades, sino que las comparta. 
Así se pondría fin a la nociva rotación que hace que un país tras otro alcancen cifras récord en materia de inmigración. 
Solo podremos mantener una verdadera colaboración en política de migración con terceros países si ofrecemos a sus ciudadanos suficientes oportunidades alternativas, especialmente en la agricultura. 
La PAC, con sus subvenciones a la exportación y su protección frente a la importación, constituye una importante barrera para la justicia comercial. 
Ustedes han conseguido algunos progresos con la reforma, pero no son suficientes. 
Mi colega, el Sr. Watson, ha deplorado con razón la forma y el contenido de los acuerdos de cooperación judicial y extradición entre la UE y EE.UU. Estoy de acuerdo con él. 
No obstante, celebro que en la cumbre se hiciera un claro llamamiento para apoyar firmemente a la Corte Penal Internacional. 
La UE tiene que oponerse a los indignantes intentos de EE.UU. de debilitar a ese tribunal. 
Por último, la ceremonia de firma de los tratados de adhesión tuvo lugar a los pies de la Acrópolis, donde se halla también el nuevo museo del Partenón. 
Yo represento a Londres, donde está el Museo Británico, pero mi postura es más flexible que la de su director en el tema de los Mármoles de Elgin, y espero que se apruebe algún tipo de transferencia, aunque sólo sea en forma de préstamo, antes de las Olimpiadas del año que viene. 
Señor Presidente, Señorías, esta mañana deseo antes que nada dar las gracias una vez más a la Presidencia griega por la calidad de su colaboración y felicitarla por su labor durante un semestre especialmente rico y difícil. 
Asimismo deseo expresar, tras Salónica, mi gran sorpresa ante la fosa que se ha abierto entre la entusiasta acogida dada por los medios de comunicación a las palabras soberanas del Sr. Valery Giscard d ' Estaing y las numerosas críticas expresadas entre bastidores o en las capitales de muchos Estados miembros por sus representantes. 
Por último quiero repetir que, sin una dimensión socialmente afirmada con claridad, sin verdaderas modalidades de ordenación del territorio europeo, sin servicios públicos europeos importantes, sin los atributos de una auténtica ciudadanía europea que respete un pluralismo necesario y la diversidad real de nuestras historias, de nuestras culturas y de nuestras tradiciones, sin todo ello, Europa está condenada a crear desilusiones que, a la larga, resultarán letales para su propia existencia. 
Por ello, la Conferencia Intergubernamental debe mejorar el proyecto de la Convención en estos puntos, a fin de que lo que se denomina el nuevo tratado de Roma abra realmente la vía hacia una Europa europea, social y ciudadana. 
Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo ha tratado diversos puntos del proceso de ampliación de la Unión Europea, y también en Salónica se ha hablado de ello. 
Uno tiene la impresión de que en estos momentos el proceso está acompañado de criterios menos estrictos. 
Antes no queríamos fijar en absoluto fechas para el inicio de las negociaciones, para el final de las negociaciones o para la adhesión a la Unión Europea. 
Ahora se mencionan espontáneamente fechas que encima se explican de diferentes maneras. 
En relación con Rumania y Bulgaria, en un principio íbamos a incluir en nuestra resolución que valorábamos el hecho de que estos países se hayan fijado unos objetivos, concretamente 2004. 
No nos hemos pronunciado al respecto, pero ahora oímos cada vez más que consideramos que las negociaciones pueden completarse a finales de 2004. 
Uno se pregunta si también se aplican condiciones a la puesta en práctica de lo que se consigna en la legislación. 
Por ejemplo, ¿Rumania será en 2007 un país que funcione normalmente o seguirá soportando la corrupción y las maniobras políticas que olvidan el interés general del pueblo? 
Nunca hemos pensado que lo que antes llamábamos las dos olas ahora puedan sucederse una tras otra con tanta rapidez. 
Asimismo nos asombran mucho las fechas de 2004-2007 para Rumania y Bulgaria. 
Enseguida se habla de los Balcanes occidentales y de Kosovo. 
Sin embargo hay que observar- y esto ha de quedar bien claro a las autoridades de Kosovo- que aquí a nadie le interesa un Estado miembro sobre una base étnica. 
¿Quizás exista un sentimiento de culpabilidad frente a los candidatos rezagados? 
Este sentimiento no lo comparten los ciudadanos de la Unión. 
La población se ha vuelto más crítica, la importancia del funcionamiento de la Unión Europea es mayor. 
Los problemas político-económicos de los países candidatos también se han intensificado y mientras tanto es como si el Consejo y la Comisión fueran más condescendientes. 
Y luego puede venir la ampliación más grande: la ampliación con Turquía. El Presidente del Consejo también se ha referido a ella. 
Por desgracia también se ha mencionado una fecha para el inicio de las negociaciones, mientras que aún no se han fijado las condiciones. 
Según la explicación de Turquía se trata de una fecha incondicional. 
Sería una lástima que el Consejo y la Comisión fueran sensibles a los reproches turcos de que no reaccionan con suficiente rapidez y de que Turquía ha esperado bastante, mientras que somos nosotros quienes hemos esperado cambios en Turquía. 
Afortunadamente, el Presidente de Consejo habla de las minorías, la libertad de religión y la posición del ejército. 
Por su parte, la Comisión también ha prometido una investigación sobre el papel del ejército. 
Esto me parece sumamente importante, siempre y cuando no se investigue en qué medida se puede mantener al máximo la actual situación al principio de las negociaciones sobre otros capítulos. 
Creo que en este sentido se ha fijado una prioridad que hemos de abordar con el máximo cuidado. 
Hemos de tratar con sumo cuidado los cambios que queremos en Turquía. 
Estos no pueden realizarse así son más en un par de años sin provocar grandes daños. 
No hemos de dejarnos guiar por el temor de que Turquía se aleje. 
La introducción de situaciones iraníes es lo último que permitirá el ejército. 
Esta es una cuestión que hay que tomarse con calma y precaución. 
Sobre todo la solución del problema de Chipre será una de las piedras de toque para la adhesión de Turquía porque allí es donde más se siente el papel del ejército. 
La iniciativa Balladur sobre las fronteras y la buena vecindad constituye de hecho la base de la condición política de Copenhague. 
Y es ingenuo pensar que ningún país utilizará su veto si Chipre no se reunifica. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Presidencia griega del Consejo por lo que ha logrado durante su semestre en circunstancias difíciles: en el tema del Iraq- como hemos oído- y también en asuntos concretos como el Estatuto europeo de los partidos políticos, al que ha tenido que dedicar mucho trabajo. 
Los Ministros sabrán que esto no lo digo por mera cortesía, porque también he expresado críticas amistosas a determinados aspectos del sistema jurídico griego. 
Así lo hice, por ejemplo, cuando uno de mis electores- el Sr. David Wilson -, que se enfrenta actualmente a un recurso ante los tribunales griegos, fue arrestado y condenado en menos de 24 horas a 12 años de prisión cuando fueron descubiertos varios polizones solicitantes de asilo que se habían ocultado en la parte trasera de su camión sin su conocimiento. 
Así que ustedes saben que mis elogios son sinceros, porque otras veces no tengo reparos en criticar. 
El tema principal del período de la Presidencia griega ha sido la constitución. A la larga, eso será lo más significativo. 
Felicito a la Presidencia por haber logrado el objetivo acordado en Salónica de que la constitución sería la base para negociar un nuevo tratado en la CIG. 
La Convención no ha terminado todavía su trabajo. 
La Parte III, al menos, tiene que someterse a una revisión técnica: se abordarán aspectos técnicos sobre el procedimiento de votación en el Consejo, la técnica de votación por mayoría cualificada o por unanimidad. Esto demuestra que los aspectos técnicos pueden tener a veces una gran importancia política. 
Es importante que se progrese en ese terreno. 
Pero una vez que tengamos el resultado final de la Convención, pasaremos a la batalla de conseguir que el texto pase intacto por la CIG. 
La CIG no tiene que discrepar de la Convención, no tiene que apartarse de ella. 
Tan pronto como empecemos a cambiar algo de la constitución, habrá alguien más que quiera cambiar otra cosa, y toda ella podría venirse abajo. 
Por el contrario, tenemos que mantenernos unidos y decir que la constitución es la base que nos permitirá avanzar. 
Si va a haber cambios, que sean cambios pequeños, de detalle y técnicos en la constitución. 
Me alegro de que en las conclusiones de Salónica se haga referencia a la participación del Parlamento en la CIG. 
Todavía quedan por decidir los detalles, pero en las negociaciones de Ámsterdam y Niza tenemos ya un precedente de participación del Parlamento Europeo a través de su Presidente en las reuniones de Ministros y a través de dos representantes en el grupo de trabajo encargado de las negociaciones. 
Esa debería ser, como mínimo, la base para la participación del Parlamento en esta CIG. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, este semestre de la Presidencia griega forma parte sin duda de los más dramáticos de la historia reciente de la Unión Europea, y creo que debemos reconocer que la Presidencia griega ha cumplido su misión con mucha sensibilidad, consecuencia y energía. 
Tres grandes temas han dominado este periodo y este debate: la ampliación, la guerra del Iraq y lo que esta ha significado y significará para Europa, así como la Convención. 
La ampliación- el gran proyecto histórico de nuestra generación- va por buen camino. 
Para nosotros, la ampliación ya tiene rostro humano en la figura de los colegas que ya trabajan aquí en calidad de observadores. 
Quiero señalar de paso que en Alemania nos ha interesado saber que, por ejemplo, el Gobierno checo, tras la decisión del Parlamento sobre la ampliación, emitió una declaración sobre la injusticia de las deportaciones que va en la dirección correcta y que permite esperar que el proceso de reconciliación sobre esta cuestión pueda llegar a una conclusión positiva. 
La guerra del Iraq puso de manifiesto las limitaciones de Europa y demostró en qué puntos necesitamos más Comunidad, sobre todo en materia de política exterior y de seguridad. 
En este ámbito, Europa no ha desempeñado hasta ahora un papel, o en todo caso ha desempeñado un papel vergonzoso. 
Hay que señalar, no obstante, que cuando Europa utiliza el método comunitario, como en el ámbito del mercado interior, puede actuar en pie de igualdad, por ejemplo, con los Estados Unidos, pero cuando actuamos de forma intergubernamental no desempeñamos papel alguno. 
Eso debe cambiar en el futuro y la Convención debe contribuir a ello. 
Espero que lo logremos de aquí al 10 de julio de este año. 
Señor Presidente, Señorías, señor Primer Ministro, Grecia no ha faltado a su cita con la historia. 
De hecho, el proyecto de Constitución, cuya elaboración ha sabido acompañar tan lúcidamente, es una contribución decisiva a la historia de Europa. 
Tras un período de constitucionalismos nacionales, asistimos ahora a un período de constitucionalismo europeo. 
Y aunque los escépticos critiquen el constitucionalismo europeo, éste, que no se superpone a las constituciones nacionales, representa de hecho una ruptura, un cambio altamente creativo del espíritu europeo. 
No obstante, Grecia supo hacer también justicia al humanismo clásico en las palabras de Gorgias, que afirmó que «el hombre es la medida de todas las cosas». 
Además, supo resistirse a los que querían hacer de la política de inmigración una especie de política de represión contra los inmigrantes, contra los que llegan a Europa buscando una tierra de trabajo, de prosperidad y de paz, y supo resistirse apostando por una política de inmigración y de asilo correcta. 
También ante la tormenta del Iraq, la guerra del Iraq, supo mantenerse Grecia erguida y lúcida y supo indicar el camino, es decir, una política de defensa europea autónoma, una identidad europea de defensa, aunque en el marco de la Alianza Atlántica. 
Grecia, que inventó la ciudad-estado democrática en la Atenas clásica- conviene recordarlo -, supo contribuir de forma decisiva al desarrollo y refuerzo de una nueva forma democrática, típica del genio europeo: la Unión Europea a escala de todo el continente. 
Grecia supo contribuir a la ampliación proponiendo la integración, en un futuro, a largo plazo, de los Balcanes occidentales en la Unión Europea. 
Además, Grecia supo- y en especial, el Primer Ministro, el Sr. Kostas Simitis- desbloquear sus relaciones conflictivas con Turquía, superar ese contencioso histórico y demostrar que las naciones no tienen que estar en conflicto permanentemente. 
Supo abrirse a Turquía, ese gran país que siempre ha estado presente en la escena política europea para bien o para mal. 
Sólo un pero: la PAC, que sigue adoleciendo de graves injusticias en la distribución de los recursos entre los agricultores y los países. 
Por último, la Presidencia griega supo conciliar el mundo de las ideas platónicas con el realismo aristotélico. 
El arte político en Grecia no se puede divorciar de la filosofía, como el arte político en Europa tampoco puede divorciarse de la filosofía, pues en caso contrario estará siempre expuesto a las tentaciones de los fundamentalismos religiosos y de las ideologías opresoras. 
En este momento, el espíritu europeo es el espíritu griego y el espíritu griego es el espíritu europeo. 
Hago votos para que la futura Presidencia permanente de la Unión Europea, que yo defiendo, a diferencia de muchos, sepa ser siempre como la Presidencia griega, y para que ésta sea una referencia para una Presidencia permanente del Consejo Europeo en el futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, quiero sumarme a las palabras positivas sobre la Presidencia griega. 
Al mismo tiempo quiero observar que, por enésima vez, se evidencia que los países pequeños a menudo son mejores presidentes que los países grandes y que por consiguiente no hemos de dar tan rápidamente preferencia a los países grandes. 
Lo vemos una vez más con Grecia. 
Han tenido ustedes algunos expedientes muy complicados entre manos y la conclusión de los expedientes de adhesión el 16 de junio en la Acrópolis ofreció una imagen preciosa, también para quienes solo pudieron verlo por televisión. 
Creo que era realmente un marco incomparable. 
Por supuesto fue una casualidad que estos expedientes se concluyeran precisamente durante la Presidencia griega, pero fue una casualidad muy oportuna. 
También la asistencia del trabajo de la Convención se ha realizado de una manera muy positiva. 
Grecia ha mantenido una actitud reservada y ha dado margen a la propia Convención. 
Yo misma era- y sigo siendo- miembro de la Convención, y puedo dar fe de que el resultado que tenemos ante nosotros se debe sobre todo a la manera en que han colaborado los diputados al parlamento. 
Los diputados al Parlamento Europeo y los de los parlamentos nacionales han colaborado mucho mejor que algunos representantes gubernamentales. 
El peligro es que los gobiernos agüen la fiesta. 
Se ha logrado muchísimo, se han fijado valores y normas, se ha incluido la Carta, han desaparecido los pilares, se decidirá más a menudo por mayoría cualificada, se ha llevado a la práctica la democratización, se ha reforzado el control parlamentario, se ha aumentado la transparencia y se ha mejorado la estructura institucional, siendo la única nota disonante un Presidente que muchos no deseaban y que finalmente tendremos. 
Un gran inconveniente es a mi entender la unanimidad en la política exterior. Esto tendría que haberse evitado. 
Durante la crisis de Iraq hemos visto lo que pasa con Europa cuando hay que decidir algo por unanimidad. 
Por consiguiente, si aún se quiere cambiar algo, este punto será un buen candidato. 
Asimismo comparto la opinión del Sr. Prodi de que es extraño que la mitad de los comisarios tengan derecho al voto y la otra mitad no, esto esta un poco fuera de lugar. 
Pero en realidad hemos de cambiar lo menos posible esta propuesta y hemos de intentar llevarla adelante lo mejor posible. 
Si lo conseguimos en el próximo semestre, durante la Presidencia italiana, Europa habrá avanzado un poco más y tendremos ante nosotros un futuro favorable con los 25 países. 
Ustedes han contribuido a ello. 
. 
(DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, cuando pasamos revista a la Presidencia griega podemos decir con toda la razón que resulta difícil imaginar qué podría haber hecho mejor un Presidente del Consejo permanente. 
Después de esta Presidencia habrá que explicar sin duda a la opinión pública qué beneficio añadido sacará Europa de la creación de un nuevo puesto como el de Presidente del Consejo, un Presidente elegido entre las filas del Consejo. 
Desde luego, la Convención, que ya se ha mencionado aquí varias veces, ha llegado a un compromiso e incluso la Conferencia Intergubernamental acabará en última instancia en un compromiso. 
Sin embargo, no pueden pasarse por alto los puntos débiles de la Convención, a pesar de que se ha evitado lo peor. 
Pero ahí está todavía la cuestión de la doble presidencia de la Unión Europea, que ha mencionado el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi. 
Y aunque el Presidente del Consejo carece de competencias legislativas, será él quien represente a la Unión Europea de cara al exterior, y lo que haga de este puesto dependerá de su personalidad. 
Este hecho puede provocar conflictos dentro de la UE. 
En la ardua vía hacia una Política Exterior y de Seguridad Común se ha creado asimismo el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores europeo, que se supone deberá combinar las dos funciones desempeñadas por los agentes anteriores. 
No cabe duda de que se trata de un avance, pero la creación de este puesto no significa que ya tengamos una política común. 
El futuro Ministro de Asuntos Exteriores encarnará la esquizofrenia de la Unión Europea. 
Pero sobre todo la división de los Comisarios entre los que tienen derecho a voto y los que no lo tienen constituye un auténtico error estructural, particularmente en vista de que la Comisión sigue siendo un órgano colegiado. 
Puedo comprender que algunos añoren la época de la Comunidad de los Seis a la vista de una UE formada por 25 o más Estados miembros. 
Pero la reducción artificial de la Unión Europea a una Europa nuclear y el resto, socava la cohesión de la Unión Europea, así como la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas. 
Por ello sería necesario corregir este punto débil. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, antes que nada me gustaría decir a la Sra. Maij-Weggen que me parece totalmente contraproducente, en su calidad de miembro de la Convención y diputada al Parlamento Europeo, mantener la rivalidad entre Estados pequeños y grandes. 
A mí me parece que Grecia es más bien un gran país europeo. 
Asimismo me felicito de la decisión adoptada en Salónica sobre los cinco países de los Balcanes. 
Creo que se trata de una fecha absolutamente histórica dentro de la creación de esta gran Europa, fuente de democracia, paz y estabilidad, por la que todos trabajamos. 
En relación con la Convención, me gustaría, Señor Presidente, decirle dos cosas. 
La primera es que me parece que en el proyecto de constitución existe un objeto no identificado, a saber, la cuarta parte. Ustedes nos dieron el mandato de aportar mejoras técnicas a la tercera. 
No se preocupen que lo haremos. Pero, ¿dónde ha quedado la cuarta parte? 
La Convención no deliberó realmente sobre ella y me temo que en la Conferencia Intergubernamental habrá un amplio consenso para no decir nada al respecto. 
A final de cuentas parece existir una complicidad del silencio para no decir nada acerca de lo que constituye el núcleo de una constitución, a saber, la forma en que el texto puede ser revisado y si el texto autoriza uniones regionales. 
¿Cuándo hablaremos de ello y de qué forma? 
En todo caso, me parece que, de acuerdo con el mandato de Laeken, eso formaba parte de las competencias de la Convención. 
Espero al menos que sobre el resto, la Conferencia Intergubernamental resulte realmente breve y decisiva. 
En relación con el modo de funcionamiento de la Conferencia Intergubernamental me parece que en Salónica se estableció un borrador de funcionamiento, pero aún quedan cuatro puntos absolutamente fundamentales que los Jefes de Estado y de Gobierno deben tener en cuenta. 
En primer lugar, esta Conferencia Intergubernamental no puede hacerse como las anteriores, como la de Ámsterdam o de Niza, por ejemplo. 
Antes de la nueva Conferencia Intergubernamental han sucedido cosas y, en particular, que serán 25 los Estados miembros. 
Así pues, la situación no es la misma. 
La segunda idea importante es que deberán examinar un texto preparado no por un grupo de expertos o de sabios, sino redactado por 105 miembros de la Convención sin opciones. De este modo, estamos muy lejos de una buena base de trabajo. 
La tercera cuestión se refiere a la participación de este Parlamento. 
No aceptaremos que se nos trate como en Amsterdam y Niza. 
No recibimos un mal trato, pero ahora necesitamos más y mejor, en el interés de la propia Conferencia Intergubernamental. 
No niego el carácter intergubernamental de esta Conferencia, pero en relación con el ejercicio que ustedes han emprendido, preparado de la forma en que lo ha sido, la Conferencia no puede pensar que, de un solo golpe, podemos detener la historia y retornar al proceso anterior como se hacia antes, cuando no existía la Convención. 
De ahí la importancia del carácter que revista la participación de este Parlamento. 
Y el último punto se refiere a la manera en que trabajará la Conferencia Intergubernamental. 
Estoy seguro, señor Presidente, de que cuento con su apoyo en este punto. 
La opacidad, el silencio, la estrategia de las evasivas no pueden constituir la forma de trabajar de la Conferencia Intergubernamental. 
Para poder trabajar y avanzar en la dirección correcta, ustedes necesitarán el apoyo de este Parlamento, un debate para el cual haya informes oficiales que vayan más allá de las evasivas organizadas por los periodistas. 
Por ello le pregunto, señor Presidente, cuándo y cómo se precisaran todos estos elementos esenciales para el modo de funcionamiento de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, la Presidencia griega ha trabajado bien y lo ha hecho en unas circunstancias internacionales dramáticas y en un clima económico y político poco favorable y por ello quiero felicitar a la Presidencia del Consejo. 
En muchos ámbitos se han logrado muchas cosas, pero por supuesto la Presidencia del Consejo seguirá caracterizándose por haber dado el saque para la decisión final sobre el tratado constitutivo. 
Espero que ello nos aporte una CIG que decida firmar un tratado basado realmente en las conclusiones de la Convención. 
No solo el método de la Convención fue una buena opción, sino que también se eligió adecuadamente el triunvirato ejecutivo y afortunadamente los miembros comunes de la Convención han tenido un importante valor añadido. 
Quienes participan estos días en los debates europeos oyen sobre todo críticas y he de admitir que también nosotros criticamos con avidez. 
Aquello que nos parece positivo, lo consideramos casi adquirido, nos parece natural y además ya llevamos tanto tiempo pidiéndolo. 
En lo que respecta a lo que nos parece menos oportuno esperamos que pueda corregirse, por supuesto en la dirección que indicamos nosotros. 
No olvidemos que ha de celebrarse otra CIG y que aún hemos de convencer a la gente, así que no hemos de caer en la tentación de exhibir nuestras grandes y pequeñas decepciones en lugar de concentrarnos en el conjunto y señalar con sentido del equilibrio las crecientes oportunidades de transparencia y la política dinámica de la Unión. 
Sin embargo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero preguntarle si el mandato del que dispone la Convención en relación con la tercera parte, también le da margen de acción para limar algunas capas de los restantes derechos de veto, si la Convención tiene o no margen para cambiar algo de la cuarta parte y si el Consejo Europeo cree realmente que la Unión puede aguantar durante más tiempo que el periodo de las próximas perspectivas financieras para trabajar con el actual mecanismo de financiación. 
Hoy me complace ser cristiana demócrata, y no porque hoy celebremos nuestro 25 aniversario, sino sobre todo porque nuestra ideología parte de nuestra fe en las personas. 
No podemos depender tan solo de las estructuras. 
Con tan solo las estructuras que nos proporciona la Convención no podremos mover montañas. 
Por lo tanto tendremos que contar con personas responsables y espero que podamos encontrarlas en Europa. 
Señor Presidente, si vale la regla de que en la vida siempre se pueden hacer las cosas mejor, debo decir que me cuesta imaginar una Presidencia mejor que la que concluye hoy. 
Y es que la Presidencia griega ha sabido combinar los grandes temas, ya ampliamente abordados- tales como la ampliación, el apoyo a la Convención y el establecimiento de una postura muy equilibrada y sabia en política exterior -, con la cotidianidad, que es importante para los ciudadanos de Europa. 
Hemos avanzado en los expedientes fiscales, hemos cerrado el expediente de la energía y hemos aplicado y ampliado programas importantes como Erasmus y eLearning: refrendo, pues, la labor realizada. 
Sólo me queda un pero: la conclusión de la postura sobre la agricultura. 
Comprendo perfectamente los escenarios macroeconómicos; comprendo perfectamente la necesidad de que la Unión Europea adopte también una política exterior clara con respecto a los países en vías de desarrollo. 
No obstante, la conclusión, la semana pasada, del paquete sobre agricultura me deja perplejo, porque de hecho, hemos iniciado un proceso de desmantelamiento del sector primario en nuestro continente y hemos iniciado la destrucción, en la práctica, de la única política verdadera que, hasta ahora, había permitido a la Unión Europea ostentar el título de Unión. 
Espero que, una vez concluya Cancún, se replanteen las cosas ya que, de otro modo, la postura del Comisario Fischler, mediada por el Consejo de Ministros de Agricultura, no sólo producirá efectos en un sector estratégico para la economía, sino sobre todo, en un sector estratégico para los consumidores. 
En otras palabras: primero pedimos a los agricultores que hagan inversiones y adquieran compromisos para proteger la calidad alimentaria y después desmantelamos las medidas de protección del sector. Es una política que realmente no comprendo. 
. 
(DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el plan de acción de servicios financieros está situado en la vía rápida, se han firmado los tratados de adhesión que suponen un paso más hacia la reunificación de Europa, se ha adoptado la Iniciativa para los Balcanes y se han presentado las dos primeras partes del proyecto de constitución europea. 
Sin embargo, en las últimas semanas hemos tenido que reconocer que, en la cuestión de la guerra del Iraq, las vanidades personales y los egoísmos nacionales han sido más fuertes que el objetivo de la política exterior común, y que por culpa de ello no hemos desempeñado papel alguno en la decisión sobre «guerra o paz». 
Tenemos éxito cuando utilizamos el método comunitario, y fracasamos cuando reducimos a Europa al nivel intergubernamental. 
Actuar como Comunidad no significa que haya un veto nacional a través del sistema de la unanimidad, sino una mayor participación de los ciudadanos a través de las dobles mayorías cualificadas. 
El mercado interior se convertirá en un mercado nacional de 25 países si todos ellos adoptan el euro como moneda y las cuestiones fiscales relacionadas con el mercado interior pasan a ser una de las competencias de codecisión del Parlamento. 
El Ministro de Exteriores de la UE solo será más que la denominación correcta e importante de una función si existe codecisión en el ámbito de la política exterior. 
Europa es más que la suma de sus partes. 
Europa es más que la suma de sus Gobiernos. 
¡Todos somos Europa! 
Cada individuo tiene cierto grado de responsabilidad sobre el futuro del conjunto. 
Pero este modo de vernos aún no es una realidad, sino simplemente un sueño, y por ello estoy a favor de que no pasemos al orden del día, sino que mantengamos una ronda para profundizar la comunicación, la información, el diálogo social sobre los resultados del último semestre. 
Por ese motivo pido igualmente que continuemos con lo que ha caracterizado a la Convención: la transparencia, la proximidad a los ciudadanos y la democratización. 
Ha sido precisamente la Convención la que lo ha impulsado y por ello considero que una consulta popular sobre los resultados de la Conferencia Intergubernamental permitiría convertir a regiones, naciones y ciudadanos en participantes directos en este proceso. 
Daría una dimensión europea a la política interior, convertiría los movimientos nacionales en movimientos europeos con vistas a las próximas elecciones europeas e informaría a los ciudadanos de que todos somos parte de Europa y trabajamos con éxito para ello. 
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(DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, me gustaría centrarme únicamente en un punto de este debate. Lo ha mencionado usted en una sola frase. 
Me gustaría decir algo acerca de los Balcanes y del sudeste de Europa. 
Acogí su iniciativa con gran satisfacción y también estoy encantado de que se haya aprobado el documento de Salónica, elaborado junto con la Comisión, pues recoge muchas de las exigencias del Parlamento. 
Lógicamente, ahora espero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que usted, en calidad de simple miembro del Consejo, colabore con la nueva Presidencia en la aplicación de su contenido. 
Seguimos a la espera de que se aplique en los países balcánicos. 
Sería muy positivo que la UE y el Consejo se pusieran por una vez de acuerdo en aplicar lo que se ha decidido en documentos de este tipo. 
Incluye, por ejemplo, la apertura de los programas de educación y juventud a los jóvenes de estos países, enviándoles una señal sumamente importante. 
También incluye informes anuales sobre los avances logrados en cada Estado y el refuerzo del programa de hermanamiento de ciudades, a fin de modernizar las estructuras administrativas de estos países y prepararlos para la adhesión que, por supuesto, se les ha prometido. 
Esperamos una mayor cooperación en esta región, en particular entre Grecia e Italia y estos países, en materia de trata de seres humanos y delincuencia transfronteriza. 
Esperamos igualmente que usted considere, junto con los demás miembros del Consejo y de la Comisión, relajar las disposiciones en materia de visado en determinados campos y para ciertas profesiones, a fin de que las personas puedan entrar más pronto en la Unión Europea. 
Espero que logremos un avance positivo cuando pongamos en marcha, como ya estamos haciendo, las conversaciones entre los serbios y los albaneses de Kosovo. 
Me gustaría mucho que usted, como vecino de los Balcanes, pudiera ayudar a impulsar este proceso. 
Me gustaría mucho que los refugiados serbios, los refugiados romaníes y ashkalíes, puedan finalmente retornar a Kosovo, para crear así las condiciones para la convivencia en esta región. 
Creo que el Consejo y la Comisión deberían ejercer una mayor presión sobre los albaneses de Kosovo en esta cuestión. 
No hemos hecho una guerra para tener ahora una situación que no es muy distinta de los horrores que hemos presenciado allí en los últimos diez años. 
Creo que debemos profundizar nuestro compromiso, pues queremos que estos países recuperen la estabilidad y la paz. 
También en el caso de Serbia, y le ruego encarecidamente que utilice toda su influencia para que el Gobierno serbio deje de amordazar a los periodistas como hace actualmente. 
La libertad de prensa en Serbia está en peligro. 
Por favor, pronúnciese al respecto. 
¡No lo permita! 
Por lo demás, muchas gracias por su esfuerzo. 
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(DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la declaración del Consejo Europeo de Salónica sobre la política de seguridad de la Unión Europea es un paso importante hacia una política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. 
Los Estados Unidos han expuesto con toda claridad su política de seguridad, que guía su acción cotidiana. 
Es urgente y necesario que la Unión Europea responda de forma constructiva. 
Este documento que se nos ha presentado constituye el comienzo de dicha respuesta común. 
Si lo examinamos detenidamente, observaremos que siempre que se trata de analizar las nuevas amenazas que existen en el mundo, se emiten declaraciones comunes muy detalladas y también totalmente exactas. 
Sin embargo, cuando de lo que se trata es de definir respuestas a tales amenazas y de decir lo que hay que hacer, constatamos que el sistema de la unanimidad hace que resulte sumamente difícil llegar a una declaración coherente. 
Por ello, este documento sólo puede ser un comienzo, un comienzo con importantes declaraciones. 
No obstante, en la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo, necesitamos llevar a cabo un amplio debate sobre este tema con el fin de avanzar gradualmente hacia una estrategia común en materia de seguridad. 
Necesitamos declaraciones más claras sobre nuestra relación con la OTAN, sobre nuestra relación con las Naciones Unidas, sobre el papel que desempeñarán Rusia y también Turquía en este concepto de seguridad, y necesitamos un mandato más claro- esto se lo digo igualmente a la Conferencia Intergubernamental- para la agencia de armamento que está previsto crear. 
Sin embargo, lo que necesitamos sobre todo es un plan gradual. 
Hemos comprobado que la Unión Europea solo lleva a cabo con éxito sus proyectos cuando los dota primero de un plan con tareas y plazos precisos. 
Ahora, la tarea que debemos llevar a cabo consiste en formular una estrategia de este tipo más precisa para la Unión Europea. 
Señorías, les agradezco enormemente sus comentarios y opiniones. 
Sus muchas y muy positivas críticas nos llenan de alegría a todos los que participamos en la Presidencia griega. 
Entre los comentarios realizados, seleccionaré dos o tres temas. 
El primer tema fundamental al que se han referido es el del nuevo Tratado Constitucional y la Convención. 
Señorías, como Presidente en ejercicio de la Unión Europea, he visitado los 24 Estados miembros por primera vez con el fin de preparar la cumbre de Halkidiki y prestar mi ayuda para que la Convención Constitucional pudiera finalizar su trabajo. 
Pensaba que conocía bien Europa. 
Sin embargo, observé que existen diferencias significativas, no solo sociales o políticas, que eran visibles y conocidas, sino también con respecto a la percepción de las cuestiones relativas a la Unión Europea, el progreso de Europa y la cooperación europea. 
Existen países que tienen una percepción de la Presidencia completamente distinta de la que tienen todos ustedes y de lo que está sucediendo o ha sucedido en los últimos años. 
No creo que podamos encontrar una solución a los temas europeos si no tenemos en cuenta estas diferencias e intentamos encontrar compromisos. 
Los nuevos Estados miembros de Europa Central viven en el pasado, un pasado de represión ejercida por la Unión Soviética. 
Viven con el miedo a posibles acontecimientos similares, quieren prestar gran atención a las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, y dan mucha importancia las cuestiones de seguridad, cooperación y participación en la OTAN. 
También sabemos que los antiguos países de la Unión Europea tienen ahora una perspectiva diferente, porque han visto que la Unión Europea ha superado estos problemas. 
Por lo tanto, es necesario alcanzar acuerdos en todas las cuestiones. Y es necesario dar una serie de pasos, ya sean grandes o pequeños. 
Además, no podemos conseguir los objetivos que nos proponemos desde el principio, los objetivos, por ejemplo, de una Unión que funciona con un enfoque federal, con políticas centrales avanzadas, una unión que tiene una política exterior uniforme sin dificultades en todos los temas, etc. 
Sobre la base de estas conclusiones, quiero repetir que el acuerdo contenido en el texto de la Convención es un buen compromiso. 
Un buen compromiso, una buena base para debates posteriores, que tendrán lugar en la Conferencia Intergubernamental. 
Los temas de la Conferencia Intergubernamental se verán resueltos por la Presidencia italiana, que será la encargada de convocarla, como se acordó en Helkidiki en octubre. 
Ese será el foro donde se darán respuestas sobre la participación del Parlamento Europeo y el método de trabajo. 
Esto me lleva a la cuestión de lo que significan las cuestiones técnicas en relación con el tercer capítulo del Tratado Constitucional. 
Como recordamos, el Consejo Europeo decidió que el trabajo de la Convención debería completarse en el mes de junio e insistió en ello, como hizo la cumbre en marzo y la cumbre informal extraordinaria celebrada en Atenas por esa misma razón. 
Por lo tanto, dijimos en Halkidiki que, dado que existe esta decisión, la Convención no debería continuar su trabajo cambiando este texto o este acuerdo que fue presentado. 
El Sr. Giscard d ' Estaing dijo que el tercer capítulo debe ajustarse a los dos capítulos anteriores, que el método de expresión o la forma del tercer capítulo son un método y una forma que precisan ser corregidos, razón por la cual se decidió prolongar la Convención, para que el trabajo pudiera continuar dentro del marco de lo acordado, sobre la base de lo acordado, y el tercer capítulo pudiera adecuarse a los capítulos anteriores. 
Dicho esto, la Convención tendrá que decidir, por supuesto, cómo será este trabajo de armonización, pero el Consejo tenía claro que no quiere cambiar esta planificación ni el compromiso alcanzado. 
Así que creo que se ha hecho un buen trabajo y que la Conferencia Intergubernamental podrá concluir según el calendario previsto. 
Esto me lleva al segundo tema mencionado, la cuestión de la inmigración. 
En este punto existe desinformación. 
Se me ha preguntado si se había decidido la creación de la guardia de fronteras única, o si se había discutido el tema. 
Por supuesto que se ha discutido. 
Los tres países escandinavos y numerosos países de Europa Central declararon que, por razones constitucionales, no iban a apoyar bajo ninguna circunstancia este tipo de guardia y que su creación era del todo imposible. 
Por consiguiente, dado que el objetivo es que no haya tal guardia, sino que exista una acción y una coordinación comunes, en la decisión tomada en Halkidiki hicimos hincapié sobre todo en la necesidad de una acción y coordinación comunes, sobre las que hay varias propuestas en el texto de la Comisión, que constituye también la base para tomar una decisión sobre cómo se logrará tal coordinación. 
En cuanto a la distribución de la carga entre los Estados miembros, esta ya existe. 
Sin embargo, hay una percepción errónea de que se tomarán decisiones para que, por ejemplo, Alemania dé dinero a Italia para gestionar la inmigración. 
No se trata de eso. 
Se decidió que habría programas comunes, de la Unión en su conjunto, porque se aplicaban en el Mediterráneo, por ejemplo, o en las fronteras orientales de la Unión, y que estos programas beneficiarían a una serie de países. 
Esta es la distribución de tareas. 
Los programas comunes ayudan a aquellos países o aquellas zonas en las que hay un problema, o los países que tienen alguna necesidad especial para resolver el problema en su totalidad. 
De forma similar, en lo que se refiere a los programas de readmisión, me gustaría señalar que, ya que se ha dicho que Turquía tiene un acuerdo de readmisión con la Unión, no existe tal acuerdo de readmisión con la Unión, razón por la cual dijimos que la Unión debía concluir acuerdos de readmisión. 
Por lo tanto, decidimos que debería haber una serie de criterios para aplicar estos acuerdos, dado que un país no puede cooperar con la Unión y negarse a aceptar el retorno de los inmigrantes. 
También estoy de acuerdo con todos los que han señalado que esta política debe continuar bajo la Presidencia italiana, porque hemos dado un paso, y creo que es un paso importante, pero tenemos que trabajar más en materia de asilo e inmigración para completar dicho paso. 
El tercer tema al que quiero referirme tiene que ver con la propuesta del Sr. Solana. 
El Sr. Wurtz ha comentado que la propuesta del Sr. Solana tiene que someterse a debate y nosotros estamos completamente de acuerdo con él. 
El Sr. Solana se ha comprometido a tramitar su propuesta en el mes de diciembre y, por supuesto, más adelante, como en el caso de la Unión Económica y Monetaria y en el de la política de seguridad, independientemente de la forma que adopte, y de la política de defensa, es necesario un amplio debate en el Parlamento y en la Unión. 
Creo que la propuesta del Sr. Solana tiene mucho de loable. 
No generaliza, se refiere a temas concretos e identifica correctamente los peligros. 
Dichos peligros tienen que ver con las armas de destrucción masiva, ya que la tecnología moderna permite que se fabrique este tipo de armas sin los medios técnicos que se precisaban en el pasado. 
Por lo tanto, dichas armas también pueden fabricarse en otros países y necesitamos prevención. 
La Prevención no significa necesariamente que deban existir medios de intervención militar. 
La prevención en el caso de la inmigración, como también se ha dicho, está relacionada con la financiación de otros países. 
La prevención del terrorismo supone vigilar estos acontecimientos, controlar el comercio, y firmar acuerdos sobre la provisión de información. 
Necesitamos prevención. 
Necesitamos una política en este punto, con el fin de mantenernos por delante de esas situaciones. 
El Sr. Solana ha hecho una propuesta, ha dado un paso, y creo que debemos darle continuidad, ya que Grecia está convencida, por las visitas que ha realizado, de que necesitamos una política común de defensa y seguridad. 
El Sr. Papayannakis ha dicho que hay continuidad en los principales problemas. 
Por supuesto, hay continuidad, y nunca se ha mantenido que la Presidencia griega haya resuelto todos los problemas de la Unión. 
Eso sería ridículo. 
En los Balcanes, por ejemplo, a los que una de sus Señorías se ha referido, tanto la próxima Presidencia como Grecia- ahora en calidad de Estado miembro de la Unión Europea- tendrán que seguir trabajando en la línea de las soluciones encontradas. 
Sin embargo, Señorías, creo que, si tiene que haber una continuidad, debemos hablar de forma creativa. 
Y opino que la Presidencia griega, como han confirmado con sus comentarios, dio una dirección creativa en el enfoque de estos problemas. 
¿Por qué? 
¿Qué queríamos hacer? 
Me gustaría cerrar esta intervención repitiendo nuestra aspiración. 
Queríamos crear una Europa más fuerte y seguimos las políticas de Lisboa para tener una Europa más fuerte, por ejemplo, en el sector social y en el económico. 
Queríamos la cohesión de Europa, y de ahí nuestra política sobre el Iraq. 
Queríamos perspectivas para Europa, razón por la cual trabajamos para la Constitución y la política de seguridad. 
Queríamos hacer de Europa una potencia mundial, de ahí nuestra política en Oriente Próximo, nuestra política con Rusia, con los Estados Unidos, Japón y Canadá. 
Creo que hemos avanzado, y lo hemos hecho gracias a la cooperación con ustedes.