Y cuando hablamos de gobierno económico, más allá de los aspectos monetarios, ciertamente la política tributaria debe considerarse un asunto esencial. 
Es conocida- ya se ha referido a ello el Sr. Secchi- la evolución muy divergente que se ha producido en Europa como consecuencia de la competencia fiscal asimétrica: una caída de la imposición sobre las rentas del capital, un aumento de la imposición sobre las rentas del trabajo, exactamente lo contrario de lo que convendría para una política de empleo. 
Cuando exista la moneda única, la falta de una coordinación en la imposición sobre las rentas del capital se notará aún más. 
La Comisión ha podido debatir estos temas, en particular en el último año, con los Estados miembros y con el Parlamento. 
Quisiera recordar la constitución del Grupo sobre la política fiscal, creado con los representantes personales de los ministros de Finanzas. 
En efecto, además de las dificultades relacionadas con la unanimidad, si en la materia fiscal se han hecho en el pasado avances limitados, esto se debe también, en opinión de la Comisión, a la manera aislada en que se han considerado las distintas propuestas. 
Por lo tanto, dirigir la atención de los ministros de Finanzas hacia la necesidad de un enfoque un poco más general de la fiscalidad parece un paso necesario para tener su consenso sobre las decisiones. 
Al mismo tiempo que al Grupo sobre la política fiscal con los representantes personales de los ministros de Finanzas, la Comisión ha podido hacer participar también en esta reflexión- y por eso les estoy muy agradecidoal Parlamento Europeo. 
En particular en el ámbito de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, hemos debatido temas fiscales en varias ocasiones. 
Considero en particular el informe del Sr. Secchi una contribución importante a las reflexiones en curso y a la elaboración de un plan de acción fiscal que tenga como objetivo la consecución y el funcionamiento real del mercado único. 
Los debates en curso, tanto a nivel de Parlamento como de Consejo, nos han permitido establecer un punto de partida a partir del cual esperamos poder conseguir resultados concretos. 
En efecto, en el proyecto de plan de acción para el mercado único, adoptado por la Comisión, hemos utilizado diversas ideas que figuran en el informe Secchi. 
Los elementos actualmente objeto de consideración en el plan de acción para el mercado único son: medidas encaminadas a garantizar la imposición efectiva de los flujos transfronterizos de capitales; medidas para eliminar la imposición en forma de retención en la fuente del pago de intereses y de regalías entre empresas asociadas; un código de conducta establecido de manera que limite la competencia fiscal nociva que perjudica a la capacidad impositiva de los Estados miembros- los elementos que se han de incluir en el código y que se enumeran en el informe Secchi serán una valiosa contribución a este trabajo -; medidas que eliminen las distorsiones en la competencia que se derivan de la aplicación no uniforme de los regímenes de imposición indirecta. 
Somos conscientes, señor Presidente, de que no será fácil obtener un consenso en el Consejo sobre todas las propuestas, pero estoy convencido de que se ha de tratar de conseguir ese enfoque si se quiere efectivamente progresar en la política tributaria. 
Un enfoque coordinado es esencial y lo llevaremos adelante. 
El proyecto de plan de acción para el mercado único hace además referencia a la necesidad de crear un sistema común para el impuesto sobre el valor añadido y de revisar el marco de las normas comunitarias relativas a la imposición de los productos energéticos. 
Por último, otro punto sobre el que quisiera intervenir, ya que se cita en el informe, se refiere a la acción comunitaria contra la evasión y el fraude fiscal. 
Ya sabemos que el fraude y los defraudadores internacionales no reconocen ni las fronteras nacionales ni las jurisdicciones fiscales. 
Por consiguiente, hay que poner de relieve la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados miembros y de potenciar la actividad de prevención y de represión de los fraudes. 
Para dar un nuevo impulso a estas acciones, la Comisión ha propuesto un programa ambicioso, denominado FISCALIS. 
Este programa tiene por objeto ayudar a las administraciones nacionales a cooperar mejor dándoles los instrumentos adecuados. 
La cooperación, que ya es fundamental, será cada vez más esencial con el nuevo sistema IVA propuesto por la Comisión. 
FISCALIS permitirá ciertamente una mejora inmediata de los actuales sistemas IVA; pero temo que esas mejoras no puedan poner remedio a las carencias del sistema vigente. 
Tales lagunas sólo podrán colmarse mediante la modificación radical del sistema que hemos propuesto. 
Les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de explicar, en síntesis, la evolución de los sistemas tributarios en la Unión Europea. 
Celebraré mucho seguir colaborando con el Parlamento en este tema y confirmo mi mayor disponibilidad. 
Muchas gracias, señor Monti. 
Señor Presidente, tras las buenas palabras del Comisario Monti, aprobando el trabajo de mi compañero Secchi en este empeño que tenemos de hacer de nuestra fiscalidad un elemento que favorezca la creación de empleo y de riqueza, quisiera en mis palabras resaltar y dar debida importancia a lo que la propia Comisión afirma en el sentido de que toda propuesta de intervención comunitaria en materia de fiscalidad ha de ajustarse plenamente al principio de subsidiariedad. 
Es obvio que hoy la soberanía fiscal está repartida no sólo entre los quince Estados miembros pues hay Estados, como es el caso de España, en el que hay comunidades, como en el caso de Navarra u otras, que tienen también su propia capacidad de decidir la tributación sin merma ni menoscabo del mercado interior. 
Además, como bien sabe el Comisario, una vez que entremos en la tercera fase de la Unión Monetaria, el requisito de no sobrepasar el 3 % de déficit respecto del PIB va a obligar a todos los Estados y a todas las administraciones tributarias a conjugar su nivel de gasto con su nivel de ingreso. 
Dicho de otra forma, si las Administraciones que tienen capacidad de gasto tienen libertad para decidir sobre el nivel de gasto, tendrán que tener la libertad para decidir qué tipo de ingresos fiscales quieren y cómo los recaudan. 
Expreso mi apoyo absoluto a la creación de un código de conducta que evite malas prácticas de la soberanía fiscal, pero no es este Parlamento, ni éste el momento, de discutir que el principio de subsidiariedad debe regir la acción comunitaria, y tiene que basarse en el actual respeto de las competencias tributarias. 
Es obvio que, en el futuro, debemos pensar que sólo si se hace una intervención desde los ámbitos comunitarios respetuosa de verdad del principio de subsidiariedad podremos conseguir la respetabilidad y la aplicabilidad de las normas que emanen de la Comisión y del Consejo. 
Señor Presidente, sabido es que las políticas sociales de empleo y presupuestarias están vinculadas exclusivamente con la fiscalidad. 
El fraude y la evasión fiscal, la complejidad de los sistemas, la insuficiencia de mecanismos de intercambio de informaciones, el aumento de la carga fiscal sobre el factor trabajo, la proliferación de zonas «off-shore» y de regímenes fiscales más favorables y las trabas a la circulación de capitales como consecuencia de la diversidad de las normas de determinación de materiales recaudables y de tasas de tributación, entre otras, de royalties y de ahorros son, evidentemente, factores que originan el fenómeno de la competencia fiscal. 
La solución efectiva de esas cuestiones es una exigencia de todos cuantos, como yo, consideran que el Mercado Único, libre y justo, exige sistemas fiscales también justos, equitativos y neutros. 
Creíamos poder encontrar en el informe que estamos examinando una posible forma de superar esas dificultades. 
Pero creemos que no es así totalmente. 
En efecto, comprobamos que en este marco no se profundiza el Tratado de la Unión Europea, que contiene soluciones que, si se pusieran en práctica, podrían paliar los problemas suscitados por la erosión fiscal y que hasta ahora las instituciones comunitarias no parecen conseguir superar. 
Estamos hablando de la Directiva incluida en el artículo 220 sobre la norma de la celebración de tratados bilaterales en materia fiscal. 
Como se sabe, esos Tratados versan sobre todas las categorías de rentas, van encaminados a eliminar la doble tributación, armonizar bilateralmente las tasas efectivas de tributación en el origen y en la residencia y evitar la evasión fiscal. 
No se hace- que se sepa- el análisis y, sobre todo, el balance de la adopción y la aplicación de tales tratados en el espacio comunitario. 
Pongo en entredicho el avance hacia mecanismos, como los de la modificación de la norma de la unanimidad en la fiscalidad, sin que se hayan experimentado en concreto las consecuencias políticas y prácticas de dichos convenios. 
Es que el camino comunitario no ha ido, en este momento, más allá de la directiva sobre los dividendos, sobre los actos de concentración empresarial y sobre los precios de transferencia entre empresas asociadas. 
La armonización de la tributación relativa a los intereses ronda hace ya muchos años los corredores de la política. 
Así, pues, no considero que se deben hacer de nuevo y renovar propuestas ya experimentadas y sin éxito digno de mención. 
En consecuencia, no es, desde mi punto de vista, la respuesta adecuada. 
En estas circunstancias, la creación efectiva de un mercado único, la lucha contra el desempleo, la mejora de las condiciones sociales y la eliminación de trabas a la libre circulación se alcanzarán mediante una política concertada y de incentivo a la celebración de convenios bilaterales en materia fiscal. 
Cuando, como sucede en este caso, está en entredicho la soberanía fiscal, debe prevalecer, desde mi punto de vista, el concierto y el consenso. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, quisiera decir, en primer lugar, que acogemos con satisfacción el informe Secchi, por el que felicitamos a su ponente. 
Dicho esto, el informe es sumamente ambicioso. 
Es bueno tener ambiciones, pero el Grupo de los Liberales, aunque no está necesariamente en contra de todo el contenido del informe, aún no ha llegado a un nivel de reflexión que nos permita estar de acuerdo con el informe en su totalidad. 
Limitaré mis observaciones a dos cuestiones concretas. 
La primera es la referencia que aparece en el apartado 3 a la ampliación de las competencias de la Unión con respecto a la armonización fiscal de manera que incluya no sólo la armonización fiscal indirecta, sino también directa para los impuestos sobre sociedades, sobre capitales, etcétera. 
Tenemos una gran cantidad de asuntos pendientes en ese ámbito de la competencia, que está muy avanzado, pero aún no concluido, a saber, la armonización o un mayor acercamiento, para ser más exactos, de la fiscalidad indirecta como el IVA y los tributos. 
Este ámbito requiere más prioridad antes de pasar al capítulo de los impuestos directos. 
Mi segunda observación general es relativa a las normas sobre la votación. 
Nos preocupa que el Parlamento no haya reflexionado lo suficiente al respecto- desde luego en mi Grupo no lo hemos hecho- como para afirmar que queremos que el Consejo vote por mayoría también en el ámbito de los impuestos directos. 
Hemos llegado a la conclusión de que podemos aceptarlo en el caso de la fiscalidad indirecta, aunque es posible que la CIG no tome esta decisión, pero aún no en el caso de la fiscalidad directa. 
Por consiguiente, nos abstendremos de comprometernos plenamente con todas las aspiraciones del presente informe, mientras que, al mismo tiempo, no nos opondremos necesariamente a la evolución de la idea en ese sentido general. 
Pero no en estos momentos, no en vísperas de la CIG. 
Creemos que no es de recibo. 
Señor Presidente, desearía felicitar cordialmente al señor Secchi por este informe tan logrado, así como agradecer también al Comisario Monti el hecho de que haya aceptado la participación de miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial en los debates que se celebrarán próximamente sobre fiscalidad. 
En mi opinión, la fiscalidad constituye precisamente una de esas cuestiones que exigen la actuación inmediata de la Unión Europea, y esto es algo que ya esperan sus ciudadanos. 
Al fin y al cabo, se puede decir que todo el modelo europeo de sociedad del bienestar está pendiente de las mejoras que logremos introducir a nivel fiscal. 
Si bien en la actualidad existe una gran preocupación por el abultado gasto público, también es cierto que deberíamos mostrarnos igualmente preocupados por los ingresos cada vez menores de los Estados miembros. 
Quiero felicitar a la Comisión por el análisis que ha realizado acerca de los tremendos cambios que se han registrado en el ámbito tributario durante los últimos años. 
El mensaje de fondo es que la producción de mayor movilidad se ampara en una fiscalidad más ventajosa, mientras que el trabajo humano, que no goza de tanta movilidad, se ve sometido a una presión fiscal desmesurada. 
Esta situación ha de cambiar si deseamos acabar con el desempleo. 
Cuanto mayor sea la facilidad de movimientos de los elementos productivos, mayor será también la necesidad de lograr una armonización. 
Se debe armonizar la fiscalidad del capital, por ejemplo de los depósitos bancarios, ya que estos constituyen uno de los mencionados elementos de producción de tanta movilidad. 
Una de las piedras de toque de la Comisión será conseguir una fiscalidad uniforme para el sector de la energía. 
Y creo que el Parlamento Europeo hará todo lo posible para respaldar las aspiraciones de la Comisión. 
Señor Presidente, sabiendo que se entiende por impuesto una prestación pecuniaria requerida, por la autoridad pública, a las personas físicas o jurídicas, principalmente para la cobertura de cargas públicas, no cabe ninguna duda de que el impuesto aparece, ya sea en la elección del tipo de ingresos, impuestos directos, indirectos, impuestos sobre la renta o sobre el capital, o en la de los gastos, como uno de los principales instrumentos de intervención económica del Estado. 
En este sentido, y en el mismo sentido que la política monetaria o social, una prerrogativa así depende de la soberanía nacional. 
Ahora bien, ¿qué constatamos? 
No contenta con imponer el respeto por criterios arbitrarios ahora incoherentes en período de cuasi recesión en nombre del Pacto de Convergencia, lo que tiene como efecto dictar una política económica monetarista estricta privándonos del instrumento presupuestario, Bruselas acomete contra el instrumento fiscal. 
El papel de la economía es servir a la sociedad y no a la inversa. 
Mi grupo se opone a la confiscación del instrumento fiscal so pretexto de armonización o coordinación. 
Así, más que una asociación de naciones soberanas formando parte de un mercado único que favorece el libre cambio interior, la Comisión pide a los Estados que renuncien a sus prerrogativas con el fin de someterlos a un control creciente de instituciones europeas centralizadoras y autoritarias. 
Por otra parte, ¿cómo no señalar las aberraciones del informe de la Comisión? 
Permítanme también que les recuerde algunos ejemplos sorprendentes. 
¿Cómo coordinar sistemas fiscales tan variados como diferentes sin poner en duda el equilibrio de cada sistema fiscal nacional que es el resultado de una evolución lenta y progresiva? ¿Cómo conciliar impuestos analíticos e impuestos sintéticos, impuestos proporcionales e impuestos progresivos, impuestos que se declaran e impuestos retenidos en la fuente, impuestos sobre el capital e impuestos sobre el trabajo? 
¿Por qué y cómo armonizar quince fiscalidades nacionales cuando algunos convenios fiscales bilaterales acertados solucionan ya de forma pragmática la mayoría de estas cuestiones? ¿Cómo hablar de disparidades tan importantes que crean una competencia fiscal desleal entre los Estados miembros? 
Ninguno de los quince Estados es, que yo sepa, un paraíso fiscal. 
La causa para una expatriación se encuentra menos en buscar en las legislaciones fiscales favorables que en situaciones de empleo interesantes en términos de salarios y calidad de vida. 
¿Cómo luchar contra el fraude fiscal a nivel europeo sin crear un megafichero, cuando bastaría con agrupar y centralizar las informaciones recogidas en los ficheros fiscales nacionales? ¿Qué equilibrio encontrar entre el necesario alivio de las retenciones obligatorias, sobre todo para las PYMES, con el fin de hacer frente económicamente a los Estados Unidos y países emergentes, y el mantenimiento de los ingresos presupuestarios que permitan asegurar el respeto por los criterios de convergencia a los que estamos sometidos? ¿Cómo armonizar sistemas de retenciones obligatorias sin poner en tela de juicio algunos sistemas sociales, ya que quien dice retenciones dice impuestos, pero también cotizaciones sociales, ya sean salariales o patronales? 
Para concluir, diría que, una vez más, tengo la sensación de que se pretende reducir más las escasas prerrogativas nacionales que quedan en los Estados miembros de la unión económica, a saber, el ámbito particularmente sensible de la fiscalidad. 
Es fácil agitar la quimera de una presión fiscal limitada para que pase el mal trago que constituye la armonización fiscal. 
Pero, ¿dónde se detendrá la reducción de esta piel de zapa que es nuestra soberanía nacional? 
Señor Presidente, en realidad no habría mucho que añadir a lo que han dicho el ponente y el Comisario. 
Me parece un deber y también un placer intervenir sobre esas observaciones, hechas por dos prestigiosísimos personajes, que son profesores de la más prestigiosa universidad económica italiana. 
Intentaré, pues, hacer una pequeña observación y me siento honrado de poderla hacer. 
El informe del Sr. Secchi llega a una importante conclusión que debe hacer reflexionar. 
En él se dice: » Ningún Estado miembro, individualmente, es capaz actualmente, debido al proceso de realización del mercado interior, de eliminar por sí solo los obstáculos fiscales que existen e impiden la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, ni combatir, por otro lado, los fenómenos de erosión fiscal.» 
Y añade el ponente que «la competencia fiscal amenaza, en último término, con aumentar el nivel global de erosión fiscal, debido a la libertad de circulación de capitales y a las posibilidades de fraude y evasión fiscales». 
La falta de armonización de las estructuras tributarias y el consiguiente fenómeno de la competencia fiscal son importantes en el proceso de realización del mercado único y en el que conduce a la creación de la moneda única. 
A la hora de emprender líneas de acción en ese sentido, por lo que se refiere al proceso de realización del mercado interior, en mi opinión es necesario conciliar algunas exigencias: primero, que los sistemas de imposición permitan el desarrollo de la actividad económica en el ámbito de los distintos Estados de la Unión, por lo que se deberán constituir sistemas de imposición simples, correctos y eficaces, basados en bases imponibles y que den lugar a tipos más bajos de imposición fiscal, lo que no debe impedir la previsión de incentivos fiscales por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas; segundo, la necesidad de un régimen definitivo del impuesto sobre el valor añadido, más simple y eficaz, con el fin de tratar de suprimir la complejidad, la fragmentación de los mercados y la posibilidad de fraudes generados por el actual régimen transitorio, distorsiones que, por otro lado, van a afectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas; tercero, la supresión de la desincentivación fiscal, que influye negativamente en las empresas, sobre todo en lo que se refiere a los flujos transfronterizos de capitales; cuarto, favorecer una mayor flexibilidad del mercado laboral, evitando fenómenos de doble imposición de los trabajadores, en particular por lo que respecta a los seguros de vida y a los regímenes de pensión. 
El desarrollo de los sistemas tributarios que penalizan el factor trabajo, como acaba de decir el profesor Monti, ya se había tomado en consideración en el Libro Blanco «Crecimiento, competitividad, empleo» , y es uno de los aspectos más importantes sobre el que pido la atención tanto del ponente como del Comisario. 
Señor Presidente, con razón la Comisión Europea ha pensado en su documento de estrategia que la política fiscal necesita una reordenación en la Unión Europea. 
Pienso que no es la Unión Monetaria, sino el mercado interior y la libertad de circulación de capitales los que requieren que nos planteemos nuevas ideas sobre la armonización fiscal y que, finalmente, adoptemos también medidas. 
Celebro mucho que en el documento de estrategia se mencionen todos los ámbitos que a corto o a medio plazo necesiten solución. 
Aquí nos concierne una mejor cooperación en el ámbito de los impuestos, una reorientación en lo que respecta a la armonización de la fiscalidad de las empresas y también de la armonización de la fiscalidad del capital. 
Aquí se trata de evitar una competencia desleal entre zonas en el seno del mercado interior europeo y de contribuir a que reine realmente una justicia fiscal dentro de la Unión Europea. 
Pero, por otro lado, tampoco debe proseguirse el juego de las sumas negativas que se ve facilitado por la existencia de oasis fiscales, por la distorsión de la competencia entre asentamientos industriales a causa de exenciones fiscales desleales y de otras distorsiones que, lamentablemente, son propiciadas mediante normativas fiscales. 
En el ámbito de la fiscalidad de las empresas necesitamos una unificación de las definiciones y de las bases de cálculo. 
Creo que debemos comenzar urgentemente a poner en práctica las recomendaciones del Comité Ruding. 
Necesitamos distinguir también en este ámbito entre los beneficios cobrados y los beneficios reinvertidos. 
En este punto existe realmente una necesidad urgente de actuación. 
Este Parlamento viene hablando ya desde hace tiempo de la armonización de la fiscalidad de los rendimientos de capital y viene proponiendo también fórmulas. 
Es muy importante la idea de que la competencia sólo puede medirse bajo el aspecto de las ayudas estatales. 
Igualmente dañina puede ser la ruinosa competencia fiscal que tenemos en la Unión Europea, y por esta razón ya es hora de que el documento de estrategia de la Comisión ocupe nuestra atención y que el informe Secchi nos ayude a determinar una vez más una posición clara como Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, tanto el informe del señor Secchi como el análisis de la Comisión dan muestra de su competencia en la materia. 
Desde el punto de vista del empleo y del equilibrio, resulta imprescindible dotar a los sistemas tributarios de una mayor equidad. 
Una vez que se haga realidad la moneda única, las economías públicas de los Estados miembros estarán sometidas a un riguroso control individual. 
¿Por qué no se podría aplicar este mismo control a la fiscalidad? 
El mayor problema viene motivado por el hecho de que la presión fiscal se concentra cada vez más en la mano de obra. 
Por alguna razón nos imaginamos que las empresas creadoras de empleo son más ricas, ya que se enfrentan con una presión fiscal exagerada en comparación con las empresas basadas en la automatización. 
Con motivo de la creación de un sistema fiscal, hay que proceder a corregir de inmediato este modelo fiscal distorsionado. 
Lo mínimo exigible es que se equipare desde el punto de vista tributario a las empresas que creen empleo con aquellas otras basadas en la automatización. 
En caso contrario, nuestra sociedad se diluirá ante este tipo de actividad automatizada que hace caso omiso de sus obligaciones fiscales. 
Me permito en estos breves segundos explicar por qué yo y los partidos suecos no vamos a votar a favor del informe. 
Nuestras objeciones giran en torno al apartado 4, donde se establece que las decisiones sobre política fiscal no se seguirán adoptando según el procedimiento de unanimidad en el Consejo, y en torno al apartado 9, donde se menciona que no aumentará la presión fiscal en la Unión. 
Pensamos que el derecho a decidir sobre los ingresos y gastos de un Estado constituye un privilegio democrático innegable de cada nación de la Unión. 
Si los ciudadanos de un país deciden democráticamente elevar o reducir sus impuestos, nosotros no tenemos que impedirlo. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta el derecho de todo país a fijar democráticamente sus impuestos, votamos «no» al informe del Sr. Secchi. 
Señor Presidente, señores diputados, intervengo muy brevemente tanto para garantizar que la Comisión tendrá en la máxima consideración las distintas observaciones formuladas como, además, para tranquilizar. 
En efecto, se han expresado determinadas preocupaciones acerca de la subsidiariedad. 
En el planteamiento de la Comisión, la subsidiariedad está en el centro, pero nos encontramos en una fase en la que los Estados miembros, que consideran que siguen teniendo la plena soberanía fiscal, de hecho la han perdido y la están perdiendo cada vez más en beneficio del mercado, debido a la integración y a la apertura: ayudándoles a una mayor coordinación, en realidad nosotros ayudamos a los Estados miembros a conseguir sus propios objetivos nacionales. 
Por último, quisiera decir que por lo que se refiere a la imposición indirecta, ciertamente, los trabajos están más avanzados, las realizaciones están más avanzadas, pero también para la imposición directa es extremadamente necesario hacer progresos y hacerlos pronto, en particular por lo que respecta a los movimientos de capitales, como varios diputados han dicho. 
Esto es ya necesario para el funcionamiento del mercado único y con mayor razón lo será con la llegada de la moneda única, cuando, una vez eliminados todos los demás factores de distorsión, como los costes de transferencia y los riesgos de cambio, serán sólo las divergencias fiscales las que guíen los movimientos de capital. 
Y ésta no es una asignación eficaz de los recursos: de ahí que la moneda única plantee una nueva presión para un mínimo de coordinación de la imposición sobre los capitales. 
Nos encontramos ante un trabajo muy difícil, pero si la actitud del Parlamento es la que se refleja en el informe Secchi y en la propuesta, nuestro trabajo será ampliamente apoyado por ustedes. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Impacto y efectividad del Mercado Unico 
De conformidad con el orden del día se procede al debate (A4-0160/97) del Sr. Harrison, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión- Efecto y efectividad de las medidas del Mercado Unico (COM (96) 0520- C4-0655/96) y sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión: » Análisis del Mercado Unico 1996» (SEC (96) 2378- C40007/97) 
Señora Presidenta, la CES celebra hoy una manifestación por el empleo, y toda Europa pide, con toda la razón, que se creen puestos de trabajo para sus 30 millones de desempleados. 
Pero el modo más rápido en que la UE puede garantizar esos puestos de trabajo es mediante el cumplimiento estricto de la mayor empresa de Europa, el mercado único europeo de 370 millones de personas, y mediante la aplicación de todas las importantes medidas adicionales que justifican y complementan ese mercado, de las que la UEM y la moneda única son el principal ejemplo. 
Mi informe sugiere que si asociamos la culminación del mercado a una de las fechas significativas de la UEM, podría convertirse en el objetivo y la aspiración que infundan nueva vida a la Unión Europea en los albores del nuevo siglo. 
El informe de este año sobre el mercado único es inusual y prometedor por una razón muy importante. Por primera vez tenemos una prueba real de los beneficios que derivan de la creación del mercado único. 
La excelente serie de ensayos e investigaciones del Comisario Sr. Monti resumen perfectamente el efecto de tener un mercado en varios sectores de Europa y cómo se está agudizando la competitividad de Europa que nos permitirá desafiar y triunfar en la escena mundial. 
Contemplemos simplemente las cifras que revelan los treinta y nueve artículos del Sr. Monti. 
Se han creado aproximadamente 900.000 puestos de trabajo atribuibles directamente al mercado. 
El PIB de la UE creció en un 1, 5 % entre los años 1987 y 1993. 
Los índices de inflación a nivel de la UE han descendido en un 1, 5 %. 
La convergencia económica y la cohesión entre las regiones se han acentuado al mismo tiempo que se ha fortalecido la cohesión de los Estados miembros periféricos, lo que nos permite actualmente describir a Irlanda como el tigre atlántico de la economía. 
El Programa del Mercado Único, que contiene más de 280 directivas, ha suprimido un sinfín de trámites. 
100.000 regulaciones nacionales sobre normas y etiquetado, 60 millones de trámites aduaneros y fiscales han desaparecido por completo. 
Aunque eso es una buena noticia, aún es mucho lo que queda por hacer y son cuantiosos los beneficios que quedan por cosechar. 
Los «agujeros negros» , como los describe el Comisario Sr. Monti, de los contratos públicos y de las ayudas estatales están aún pendiente de solución. 
La creación de mercados únicos en los sectores de la energía, las pensiones privadas y la industria de los medios de comunicación son objetivos que aún deberemos alcanzar. 
La movilidad de la mano de obra, ayudada e incentivada por programas esenciales de educación y formación profesional aún no se ha convertido en una realidad. 
Las PYME continúan siendo las cenicientas de un mercado que se ha creado pensando sobre todo en las grandes empresas. 
De hecho, sólo el 56 % de las normativas de 1985 han sido aplicadas en todos los Estados miembros. 
Y aquí está el origen del problema. 
Aquellos Estados miembros que apoyaron hipócritamente el principio del mercado, pero que han sido los más culpables de no transponer, vigilar y asegurar el cumplimiento de las normativas del mercado único. 
Contemplemos tan sólo el caso de las disposiciones técnicas. 
A veces, los Estados miembros ni siquiera se toman la molestia de notificar a la Comisión estos cambios a nivel nacional, que tienen el efecto de socavar el mercado. 
Mi petición y la del Parlamento al Sr. Monti es que denuncie y condene a dichos países que violan flagrantemente unas normas que han sido aprobadas, y me alegra comprobar que el proyecto de plan de acción de la Comisión para culminar el mercado reconozca estos puntos. 
Sin embargo no basta con limitarse a cumplir las normativas del mercado único. 
Las políticas activas como la realización de las redes transeuropeas de las telecomunicaciones, la energía y el transporte son puntales fundamentales de la infraestructura europea. 
Los Estados miembros deben ser partidarios y no detractores de estas sabias medidas de acompañamiento. 
Pero sobre todo, los Estados miembros deben velar por el ciudadano de a pie, incluidos los pequeños comerciantes y los consumidores que tienen derecho a esperar una protección eficaz. 
Más de 120 millones de consumidores- en otras palabras, los niños de Europa- tienen derecho a exigir al mercado que sus beneficios redunden sobre ellos. 
Las supresión de fronteras favorece no sólo a los empresarios, sino también a los que abusan de menores. 
Por último, me alegra que Toni Blair, el nuevo Primer Ministro británico, haya declarado que su Presidencia de la Unión Europea en 1998 considerará la culminación del mercado único como su primer objetivo. Un mercado nuevo de verdad para una nueva Europa y una nueva esperanza para todos nuestros pueblos. 
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos en su opinión sobre la comunicación de la Comisión ha manifestado también su decepción acerca del hecho de que hasta ahora el mercado único no haya podido satisfacer todavía en su totalidad las expectativas que se habían puesto en el mismo. 
Como ya hemos tenido que afirmar críticamente en otros informes, los Estados miembros se encuentran todavía en un grave retraso en la traslación de las directivas aprobadas con posterioridad al Libro Blanco; en muchos casos todavía no se ha llevado a cabo su aplicación lo que redunda en detrimento de los ciudadanos y de la economía. 
Los medios jurídicos que la Comisión tienen a su disposición no bastan, evidentemente, para que ésta pueda estar plenamente a la altura de su papel como guardiana de los Tratados. 
Por consiguiente, nosotros apoyamos todas las propuestas que pongan en manos de la Comisión y de los ciudadanos mejores medios jurídicos contra las violaciones de las disposiciones que rigen para el mercado único. 
En algunos ámbitos se hace especialmente difícil hablar de un mercado único. 
Hoy hemos discutido ya mucho sobre impuestos. 
Quisiera citar un ejemplo en relación con las diferencias entre los impuestos sobre el valor añadido. 
En el caso de los productos protectores de las plantas sigue siendo posible, evidentemente, en perfecto acuerdo con la directiva UE, que en un país se establezca en el impuesto de valor añadido un tipo impositivo de sólo el 3 % y en otro país se establezca un tipo impositivo del 20 %. 
Se entiende fácilmente que estas distorsiones no permitan a las empresas creer en un mercado único y que en este ámbito se produzcan también efectos nocivos en el medio ambiente. 
Por consiguiente, demandamos que se complete el programa sobre el mercado único, en especial en lo que respecta a la armonización en el ámbito de los impuestos sobre el valor añadido y también en el de la fiscalidad de las empresas. 
Pero hay que afirmar también que otros efectos del mercado único, señalados con mucha sinceridad por la Comisión, realmente nos deberían hacer reflexionar también. 
Hay que calificar más bien de extraordinariamente precarios los efectos que se han registrado hasta ahora sobre el empleo. 
Sólo los 300.000 a 900.000 puestos adicionales de trabajo- acumulados a lo largo de algunos años- demuestran que el mercado único por sí solo no puede solucionar el problema del empleo. 
El aumento del conjunto de los transportes ha mostrado consecuencias que quizá no permiten a la UE mantener los compromisos internacionales sobre la reducción del CO2. 
Por consiguiente, apoyamos a la Comisión en todo lo que le ayude a proceder con más eficacia en este punto, y hacemos un llamamiento a los Estados miembros a que ellos, y sus ciudadanos, no se desanimen por los efectos positivos del mercado único. 
Señora Presidenta, me congratulo del excelente informe del Sr. Harrison: para nosotros, es un informe lleno de sugerencias, dado que nos encontramos precisamente en la fase de preparación de la versión final del plan de acción para el mercado único. 
Y en efecto, señor Harrison, ya hemos incorporado al plan de acción un gran número de elementos determinados en su informe. 
Espero poder sacar de esto la convicción de que la Comisión podrá contar con un apoyo decidido del Parlamento en la realización del propio plan. 
El plan de acción para el mercado único, que se presentará al Consejo Europeo de Amsterdam en junio, ha tenido su origen en el análisis que figura en la comunicación sobre el impacto y la efectividad del mercado único, que es el tema del informe presentado hoy a esta Asamblea. 
Nuestro plan establece las medidas que deben adoptarse de manera prioritaria para que el mercado único pueda garantizar su pleno apoyo a la transición hacia la moneda única, que empezará el 1 de enero de 1999. 
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de un nuevo nivel de compromiso político para garantizar un mercado único que responda a las exigencias sociales y que desarrolle todo su potencial, que todavía no se ha manifestado completamente en términos de empleo, de crecimiento y de competitividad. 
En esta iniciativa política fuerte que es el plan de acción tenemos un compromiso muy serio que proponer a las instituciones europeas y a los Estados miembros. 
Dieciocho meses nos separan del 1 de enero de 1999: se trata de un período breve en el que somos conscientes de que no podrá alcanzarse un acuerdo sobre todo. 
Pero tenemos que trabajar para que, centrándonos en las prioridades, se puedan obtener resultados concretos y se pueda relanzar una dinámica en la que la importancia de un mercado único que funcione realmente sea el criterio clave para el desarrollo de la Unión. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para mostrar que nuestro plan de acción se ha inspirado también en el planteamiento que el ponente, el Sr. Harrison, ha indicado. 
Lo hago citando brevemente cuatro puntos: el primero consiste en la exigencia de hacer más eficaces las normas del mercado único que ya existen. 
Este elemento es determinante si queremos aumentar la confianza de las empresas en el mercado, que exige una aplicación mejor y más rápida del Derecho comunitario en los Estados miembros. 
Un segundo objetivo prioritario es la lucha contra las principales distorsiones del mercado, que resultan de las barreras fiscales y de comportamientos contrarios a la competitividad. 
Sólo condiciones fiscales más coherentes, más coordinadas, podrán hacer que las empresas europeas consideren realmente el mercado único como un gran mercado nacional. 
Hoy estamos lejos de eso. 
Un elemento clave de un paquete fiscal debería consistir en un código de conducta mediante el cual los Estados miembros se comprometerían a un comportamiento más transparente y coordinado para evitar los excesos de la competencia fiscal. 
Un enfoque más riguroso de la política de competencia es también fundamental para garantizar que la dinámica del mercado único no esté falseada por comportamientos contrarios a la competitividad de las empresas o de las ayudas estatales. 
Un tercer objetivo del plan de acción es la eliminación de los obstáculos sectoriales a la integración de los mercados que aún existen. 
Nosotros queremos limitar la adopción de nuevas medidas legislativas a lo estrictamente necesario en una política que es de simplificación de la legislación existente más bien que de creación de nueva legislación. 
Pero en algunos casos especiales- pienso en los servicios financieros y en el comercio electrónico- puede resultar necesario un marco legislativo, así como son necesarias decisiones sobre propuestas pendientes como las relativas a la biotecnología y al derecho de sociedades, sector en el que la Comisión considerará cómo adaptar la propuesta sobre el estatuto de la sociedad europea a la luz de las recomendaciones formuladas por el grupo Davignon, a iniciativa del Comisario Flynn y mía. 
Por último, el cuarto pero importantísimo punto que me complace poder citar en presencia precisamente del Comisario Flynn: el plan de acción contendrá propuestas encaminadas a consolidar la dimensión social del mercado único en dos sectores principales: la protección de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la movilidad dentro de la Unión. 
La Comisión está convencida de que la reestructuración industrial, favorecida también por la integración de los mercados, es necesaria y positiva para la Unión, pero es consciente, somos conscientes, de que puede producir serias consecuencias sociales. 
El pleno respeto de las normas comunitarias vigentes en materia de consulta de los trabajadores es absolutamente esencial para garantizar un apoyo político constante al mercado único. 
En el plan de acción, la Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a conceder prioridad al examen de las propuestas legislativas que el plan contiene para que puedan conseguirse los mayores resultados posibles dentro del plazo limitado- he hablado de dieciocho meses- previsto en el documento. 
Por otra parte, deseo asegurarles que la Comisión no piensa necesariamente en un acuerdo interinstitucional formal, sino que pide más bien un compromiso político para que se estudien las medidas legislativas con la máxima urgencia. 
Por lo tanto, en este caso debería concederse un trato prioritario tanto a las propuestas que ya se están debatiendo en el Parlamento- biotecnologías, liberalización de los suministros de gas, mecanismo de transparencia de la sociedad de la información- como a las propuestas que la Comisión presentará en breve y que forman parte del plan de acción. 
Estoy muy agradecido, señora Presidenta, por la atención que el Parlamento ha dedicado a la comunicación «Impacto y efectividad del Mercado Único» y me felicito una vez más por la gran calidad del informe del Sr. Harrison. 
La Comisión espera una colaboración activa en la realización del plan de acción, y a este respecto me alegraría poder tener del Parlamento Europeo una indicación de acuerdo para que el plan de acción, del que he dado los rasgos esenciales esta noche, sea efectivamente el mejor instrumento para alcanzar los objetivos que nos proponemos, una indicación de acuerdo sobre los objetivos determinados, un acuerdo para apoyar el camino que hemos indicado a fin de traducir en hechos esos objetivos y un acuerdo- pido mucho al Parlamento, pero sé lo interesado que está el Parlamento en la plena realización del mercado único- para dar la necesaria prioridad al examen de las propuestas legislativas que contiene. 
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar a Lyndon Harrison por su informe tan completo y escrutador a favor de la culminación del mercado único. 
Quiero referirme a tres de las cuestiones que aborda que son de crucial importancia. 
La primera es relativa a las pequeñas y medianas empresas que el ponente describe, acertadamente, como la espina dorsal de la economía europea. 
Dichas empresas continúan viéndose perjudicadas por un exceso de directivas, de trámites y por literalmente cientos de normativas que se convierten en una carga insoportable para ellas. 
Como acaba de decir el Sr. Comisario, hay que reducir dicha carga y simplificar los procedimientos. 
En segundo lugar, me gustaría respaldar el llamamiento que hace el informe Harrison para que se culminen las redes transeuropeas. 
La energía, el transporte y las telecomunicaciones son cruciales para crear una plataforma que garantice el éxito económico de Europa. 
El éxito se traduce en puestos de trabajo, y precisamente cuando miles de trabajadores se manifiestan ante las puertas de nuestro Parlamento para exigir su derecho a un puesto de trabajo, ésta es una forma muy positiva de corregir el equilibrio y de dar respuesta a sus exigencias. 
Más que eso, las redes transeuropeas proporcionan la base idónea para el servicio universal de unos servicios públicos que lleguen a todos nuestros conciudadanos de Europa, que mejoren sus vidas y construyan un futuro mejor. 
Por último, estoy segura de que al Comisario Sr. Monti no le sorprenderá mi apoyo a las propuestas de Lyndon Harrison a favor de la movilidad de los trabajadores y de una política común de empleo a nivel europeo. 
En estos mismos momentos en que hablo, los monitores de esquí y las autoridades franceses han impedido a un único monitor de esquí británico que trabaje en los Alpes franceses. 
Y eso a pesar de las garantías dadas hace seis meses por el Comisario de que esa práctica no sólo era ilegal, sino que además se les ordenaría a los monitores de esquí franceses que actuaran en consecuencia. 
El presente informe es un importante avance en el endurecimiento de los procedimientos legislativos de la UE y por ello lo acojo con especial satisfacción. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi respeto por el ponente, el Sr. Harrison, que ha escrito un excelente informe sobre una cuestión muy importante. 
La puesta en marcha del mercado interior ha provocado hasta la fecha una revolución en los países de la Unión Europea. 
Aunque no siempre se han cumplido las excesivas expectativas de los informes Cecchini- me refiero sobre todo a los puestos de trabajo adicionales, que se han estimado en varios millones -, sí han aumentado las inversiones. 
La inflación ha descendido. Se han creado entre 300.000 y 900.000 puestos de trabajo. 
Las economías de los países europeos están estrechamente vinculadas. 
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. 
Si miramos los contratos públicos, vemos que Alemania y Francia se toman muy a la ligera las directivas en este ámbito. 
Pienso que hay que prestar atención a esta cuestión. 
Por ejemplo, en el mercado de los servicios financieros, los seguros, tampoco existe ningún mercado interior europeo. 
Allí aún queda mucho por hacer. 
Muchas medidas aún no han sido aplicadas por los Estados miembros. 
Para dar un nuevo impulso a la terminación del mercado interior, la Comisión Europea tendrá que presentar en junio un plan de acción al Consejo Europeo de Amsterdam. 
Es muy necesario. 
En unos casos, los Estados miembros aplican demasiado tarde las leyes y en otros añaden tanta legislación que la ley acaba pareciéndose más a un árbol de navidad que a una ley seria. 
En este sentido, tampoco el Parlamento, todo hay que decirlo, se salva siempre. 
El objetivo de armonización habrá desaparecido de la vista y las barreras seguirán en pie. 
Luego las PYME, la pequeña y mediana empresa. 
Tal y como constata la Comisión en su documento de trabajo titulado «Retrospectiva sobre el mercado interior en 1996» , el mercado interior ha beneficiado menos a las pequeñas y medianas empresas que a las grandes empresas. 
Con la resolución del Sr. Harrison, mi Grupo quiere expresar su preocupación al respecto. 
La culminación del mercado interior ha de permitir que la pequeña y mediana empresa se beneficie del mercado interior- más exportación, por ejemplo -, para lo cual el euro será una ayuda, y todos los sistemas de pago que surjan en torno al euro. 
Además, los costes para cumplir la nueva legislación administrativa, técnica y fiscal del mercado interior constituyen un gran problema para la pequeña y mediana empresa. 
Por ello ruego al Comisario que preste oídos a los problemas de la pequeña y mediana empresa. 
Para la pequeña y mediana empresa, una legislación clara y simple es más eficaz que todas las subvenciones difíciles de conseguir. 
¿Qué quieren realmente las PYME? 
Quiere mejores instrumentos de consulta, tanto en el ámbito, digamos, de un diálogo económico, un diálogo comercial y un diálogo social, quizás incluso un diálogo fiscal, pero una consulta con la pequeña y mediana empresa. 
Quiere una mejora de los programas colectivos de investigación y desarrollo para las PYME y un mejor acceso a estos programas. 
La tercera cuestión. La reducción de las cargas financieras para las operaciones transfronterizas, como los costes de las transacciones bancarias internacionales. 
Esta directiva se inaugurará al mismo tiempo que el euro. 
Pienso que ya no tenemos problemas al respecto. 
Espero que el plan de acción funcione. 
El mercado interior es uno de los principales logros de la Unión Europea y sin ese nuevo impulso, con la nueva adhesión se producirá un enfriamiento del mercado interior europeo. 
Por ello es necesario un comportamiento estricto y disciplina por parte de los Estados miembros para mantener este mercado interior. 
Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias al Sr. Harrison por su informe y sobre todo por haber aceptado diversas enmiendas. 
Quisiera pedir al Sr. Monti, y quizás también al Sr. Flynn, que también está presente, que presten mayor atención a dos aspectos del mercado interior. Se trata de los aspectos fiscales del mercado interior y del aspecto de los seguros del mercado interior, al que ya ha aludido la Sra. Peijs. 
Si miramos, entre otros, el informe de la Sra. Berger, el hecho de que en algunos Estados miembros los fondos de pensiones no puedan operar y por tanto no puedan ofrecer sus servicios allí ni puedan invertir, pienso que nos estamos ocupando de un lado equivocado del mercado interior. 
Lo mismo puede decirse de algunas ofertas de entidades bancarias. 
Conozco algunos casos, por ejemplo en la circulación de servicios entre mi país, los Países Bajos, y Bélgica, donde un banco que quiere ofrecer un servicio en forma de una hipoteca para una vivienda en Bélgica, aunque después no se puede desgravar fiscalmente esa hipoteca. 
Ya sé que ahora la sentencia Bachman incide en esta situación, pero eso no nos ayuda. 
Por tanto, quiero hacer un llamamiento urgente a ambos Comisarios para que presten atención a estos aspectos del mercado interior, que conciernen a los ciudadanos cuando quieren utilizar los servicios que se prestan en un país porque, por ejemplo, trabajan allí y que tienen que administrarse fiscalmente en otro país. 
Es algo que se ha tratado en el informe Berger y también se incluye en la enmienda nº 12. 
Por último, quiero llamar la atención sobre el estatuto de las empresas. 
Espero que en junio, en Amsterdam, la Comisión consiga que se presente ahora el estatuto de las empresas. 
Señora Presidenta, están de enhorabuena la Comisión, en la persona del Comisario Monti, y el Sr. Harrison por los documentos presentados, en los que se hace una evaluación oportuna de la experiencia obtenida con la formación del Mercado Único europeo. 
No habrá dudas sobre el positivo papel desempeñado por las iniciativas del decenio de 1980, primero con el Libro Blanco de 1995 y después con la fijación de una fecha y la simplificación del proceso legislativo mediante el Acta Única Europea. 
Se trata de un papel positivo que no puede quedar en duda por el hecho de que la evolución habida se haya quedado más acá de las previsiones del informe Cecchini, ya de por sí exageradamente optimistas, pero es que hace unos años no se podían prever la caída del muro de Berlín y la recesión del comienzo del decenio de 1990. 
En cualquier caso, resulta significativo que, de acuerdo con los números ahora divulgados y aquilatados a partir de diferentes modelos, el Mercado Único de 1993 haya proporcionado un aumento de 300.000 a 900.000 puestos de trabajo y 1, 1 % a 1, 5 % del producto bruto europeo, así como que haya propiciado una reducción de 1, 1 % a 1, 5 % en la tasa de inflación. 
Además de eso, no podemos limitarnos a dejar constancia de esos números, pues importa saber si, frente a las dificultades surgidas, estaríamos mejor sin la iniciativa adoptada y parece seguro que la respuesta es negativa, aun siendo probablemente más graves los problemas actuales, en particular el del desempleo, fruto fundamentalmente de una evolución tecnológica a la que no podríamos escapar, so pena de comprometer irremediablemente nuestro futuro. 
Así, pues, aun habiendo tenido una experiencia positiva, no basta con completar ahora lo que quedó por hacer o proceder a pequeños ajustes. 
Junto con la introducción del euro, conviene que haya de nuevo una iniciativa global y ambiciosa, con un conjunto coherente de proyectos que, además de los objetivos inmediatos por alcanzar, movilice el entusiasmo y el compromiso europeos. 
Sólo así será posible responder a los imperativos que se avecinan con la creación de empleos estables en sectores competitivos en el nivel mundial. 
Por tanto, ése es el deseo que formulo en esta pequeña intervención. 
Señora Presidenta, deseo dar las gracias por las contribuciones que este debate ha aportado todavía al perfeccionamiento del plan de acción de la Comisión. 
Sin recorrer todas las intervenciones, tomo y subrayo el énfasis que se ha puesto en las pequeñas y medianas empresas, que es un punto absolutamente central del plan de acción, en particular desde el punto de vista de la simplificación legislativa, la atención que se ha puesto, por parte de todas ellas, en el cumplimiento efectivo de las normas del mercado único, por lo tanto, el problema del enforcement con los instrumentos para hacer más eficaz y más rápido el control del cumplimiento de las normas del mercado único. 
No toco otros puntos que son también muy importantes- desde el estatuto de las sociedades europeas a los servicios financieros- y concluyo con una observación: me parece que, en un momento en que la atención está tan centrada en la moneda única, en el plazo de establecimiento de la moneda única, no debemos olvidar que unión económica y monetaria significa, desde luego, moneda única, pero también unión económica, y que, para aportar desarrollo y empleo a la economía europea, una unión económica plena es tan esencial como la unión monetaria que completará la unión económica.. 
El mercado único es el pilar central de la unión económica y, por lo tanto, todos los esfuerzos que estamos haciendo juntos para realizar plenamente el mercado único creo que deben verse en ese marco, que es apoyo verdadero al crecimiento y al empleo en Europa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Medicinas no convencionales 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0075/97) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores, sobre el régimen de las medicinas no convencionales. 
Señora Presidenta, creo que se puede afirmar, sin temor a engañarse, que la armonización de las legislaciones nacionales relativa a las profesiones médicas y a los medicamentos es un proceso prácticamente concluido en la Unión Europea. 
Por lo que respecta a las medicinas no convencionales, es decir, los planteamientos terapéuticos no reconocidos por las Organizaciones médicas, estamos lejos de la realidad. 
En efecto, en la Unión Europea, la diversidad de planteamiento legislativo es bastante extraordinaria. 
Vivimos también en un sistema de incoherencia. 
Mi opinión es que hay que poner fin a este estado de cosas lo antes posible. 
Cuando digo diferencia de legislaciones puedo dar algunos ejemplos. 
En Alemania, por citar uno, los medicamentos homeopáticos y antroposóficos están incluidos en la farmacopea. 
En Gran Bretaña, la profesión de osteópata y la de quiropráctico son profesiones reconocidas y legales, que tienen su propio espacio, y lo mismo ocurre con los quiroprácticos de los países escandinavos, como son Suecia, Dinamarca y Finlandia. 
Éstos son ejemplos claros de que, por otra parte, en otros países europeos, todas estas profesiones son ilegales y el ejercicio de estas prácticas terapéuticas está, si no prohibido, a veces tolerado, pero a veces también perseguido ante los tribunales. 
Por consiguiente, creo que es hora, como ya he dicho, de poner fin a las incoherencias y también de responder a una demanda cada vez más importante de pacientes. 
En efecto, no puede negarse la evidencia: los ciudadanos europeos recurren cada vez más a esas terapias llamadas no convencionales. 
Las cifras procedentes de encuestas efectuadas por la Comisión son elocuentes, pues se alcanza el 50 % de requerimiento a estas terapéuticas. 
¿Cuál es el sentido que les propone el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor? 
Precisamente el de comprometerse en un proceso de reconocimiento de esas terapéuticas no convencionales, basándose por supuesto en el acervo del que ya se dispone, sobre todo un acervo que nos viene de los países en los que este reconocimiento es ya un hecho, sobre los indispensables estudios orientados a probar la eficacia de las terapias que hay que legalizar, sobre la exigencia de una formación de alto nivel para los profesionales (no se trata de sortear diplomas y sortear su reconocimiento) y finalmente a partir de un diálogo organizado entre los defensores de la medicina alopática y los de las medicinas no convencionales, de forma que este diálogo llegue a una armonía que permita la complementariedad de los planteamientos. 
Esto es lo esencial del espíritu y del contenido del informe que la Comisión de Medio Ambiente les ha propuesto a ustedes y que espero que la mayoría de este Parlamento apoyará, mañana. 
Quisiera aprovechar el tiempo que me queda para refutar algunas afirmaciones que considero perjudiciales. 
Efectivamente, al contrario que señalan algunas de esas afirmaciones, no se trata de abrir la puerta a los charlatanes, de reconocer cualquier cosa, de provocar el desorden en materia de cuidados sanitarios. 
Al contrario, creo que la única manera de proteger a los profesionales serios contra los charlatanes, y de proteger a los pacientes, es adoptar una legislación apropiada. 
Taparse los ojos ante la realidad, es decir, ante el hecho de que hay un recurso importante a estas medicinas no convencionales, no es una actitud política responsable. 
Es una actitud conservadora que, de todas maneras, claudicará antes o después ante la evidencia. 
Quisiera por otra parte aprovechar para citar aquí al Ministro de Salud del Gobierno hindú, en un corto extracto del discurso que pronunció recientemente en la quincuagésima sesión de la Asamblea de la OMS en Ginebra, que él mismo presidía: » Debemos reconocer también el lugar que ocupan los sistemas tradicionales de los que, con toda justicia, muchos países se sienten orgullosos. 
No debemos ignorar esos sistemas en nuestro celo por apoyar únicamente la ciencia y la tecnología de hoy.» 
Cita a la India que, por sí misma, ha contribuido a la creación de tres sistemas médicos, que proporcionan un potencial de conocimientos científicos y una literatura muy rica que ha permitido una respuesta eficaz frente a algunas enfermedades. 
No pretende encontrar respuesta a todas las enfermedades, sino a algunas. 
Continúa: » Para responder a las exigencias del mundo moderno, estos planteamientos han recibido un marco legal en la India y una estructura organizada. 
Se ha emprendido la estandarización, existen formaciones bien pensadas para conducir a un registro de los profesionales. 
Puede ser interesante organizar una conferencia internacional sobre este tema de los sistemas de medicina tradicionales, de forma que se tome conciencia de sus potencialidades, que se deshagan los malentendidos y decidir recomendaciones positivas, para que se puedan adoptar de forma clara». 
Esto es lo que dice el Ministro de Salud hindú. 
Propongo que nos inspiremos en este discurso, no solamente para las medicinas tradicionales, sino también para los planteamientos más modernos que tienen igualmente su lugar y que, creo que deberían tener derecho de ciudadanía. 
El Parlamento Europeo es sin duda el lugar más apropiado para engranar este mecanismo. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la tarea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha sido estudiar si la Comunidad Europea, la Unión Europea, tiene competencia de cara a la regulación de las cuestiones de la medicina alternativa. 
Nosotros hemos dado una respuesta afirmativa. 
Es cierto que en muchas disposiciones del Tratado se mencionan la protección de la salud y la política sanitaria, por ejemplo, en los artículos 3 O y S, 36, 56, 100 A 3, 129, etc.. 
Es cierto también que en todas estas disposiciones no se prevén actos jurídicos de carácter comunitario. 
Sin embargo, de esta acumulada mención de la protección de la salud cabe deducir que la protección de la salud debe ser también un componente esencial de la política europea. 
La dimensión transfronteriza se deriva especialmente de la cuestión de la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios, incluso de los médicos no convencionales, y naturalmente de la libertad de mercancías- de medicamentos- y, naturalmente, de la circulación de servicios- los pacientes acuden al médico -, esto significa elección libre y transfronteriza. 
Hemos opinado que como fundamento jurídico entran en consideración los artículos 54, 63 y 100 A. Ciertamente, en el carácter específico del apartado 3 del artículo 57 sólo puede servir como fundamento jurídico apropiado una síntesis sistemática de «profesiones paramédicas» , pues esta formulación está dicha de manera tan general que no sólo se refiere y se limita a los médicos de la escuela clásica, sino que también puede abarcar, naturalmente la medicina no convencional. 
Ahora bien, este artículo 57, apartado 2, habla de competencias de armonización. 
Sin embargo, se podría decir: no hay todavía ninguna jurisprudencia ni legislación nacionales, sólo en algunos países, y por consiguiente no se puede armonizar lo que todavía no existe. 
No obstante, pensamos que hay una competencia, porque existe el peligro de que por las numerosas y diferentes regulaciones nacionales surja una inseguridad jurídica, e incluso la soberanía nacional o la subsidiariedad, como denominamos hoy este principio, no se opone a esto. 
Segundo punto: la Comisión de Asuntos Jurídicos opina que no deberíamos aprobar directivas diferentes sobre las diferentes medicinas alternativas, pues es muy discutida la pregunta acerca de qué es medicina alternativa. 
Esta se puede convertir en una medicina académica, pero puede derivar también hacia la magia, hacia la manía o hacia lo esotérico. 
En cualquier caso, es mucho más importante aprobar una directiva fundamental y, por esta razón, no queremos una definición abstracta y tampoco siete directivas diferentes. 
Personalmente debo decir también lo siguiente: para mí no está incluida la medicina alternativa más importante, en concreto, el vino tinto y el vino blanco. 
Creemos que es más importante aprobar una directiva fundamental que abarque los puntos generales y sirva para todo. 
El principio más importante debe ser una alta protección de los pacientes. 
Señora Presidenta, es posible que el reloj marche mal, todavía no he hablado tres minutos y medio. 
(Risas, aplausos) El principio más importante es la protección de los pacientes y, por esta razón, la Comisión de Asuntos Jurídicos propone que hemos de desarrollar criterios muy altos sobre la formación de estos terapeutas alternativos. 
Este no debe ser necesariamente un médico que pueda demostrar la posesión de la licenciatura correspondiente, pero en cualquier caso debe garantizarse que conoce los correspondientes conceptos fundamentales de la medicina y, naturalmente, las organizaciones en particular deben codeterminar también qué vale como criterio de formación. 
Un ejemplo es la ley alemana sobre los curanderos homologados (Heilpraktiker). 
A este nivel debemos regular también a los terapeutas alternativos. Hay que añadir a esto las oportunas obligaciones de informar a los pacientes sobre los riesgos y también los seguros de responsabilidad civil. 
El problema es algo más extenso de lo que se podría decir en dos minutos y puesto que ninguna persona quiere mantener aquí una intervención extensa, creo que debo sobrepasar pertinentemente mi tiempo. 
En resumen, la Comisión de Asuntos Jurídicos llega a la siguiente conclusión: existe una competencia de la Comunidad para regular estas cuestiones y, en consecuencia, debemos acometer también esta regulación en interés de los pacientes y de los que buscan su curación. 
Señor Alber, he advertido que se le escucha a usted de buen grado, pero he dicho, y usted no lo ha oído antes, que en la tarde de hoy tenemos un orden del día verdaderamente largo y si queremos terminar nuestro pensum antes de la medianoche, ello sólo es posible respetando el tiempo. 
Esto quiere decir que debo insistir ya en que los oradores siguientes se atengan a su tiempo. 
Señora Presidenta, intentaré atenerme a mi tiempo, ya que ahora, de repente, vuelve a marchar bien el reloj que antes, en el caso del Sr. Alber, marchaba mal, cosa que agradezco, lo reconozco. 
Con lo que ha dicho el Sr. Alber en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha anticipado ya una parte de lo que yo quisiera comentar y, por consiguiente, resulta superfluo hablar sobre los requisitos de la libertad de establecimiento y sobre cuestiones del mercado único. 
Por consiguiente, permítanme que diga algo sobre otros ámbitos: en la Unión Europea tenemos un alto grado de tolerancia en el trato de unos con otros y espero que logremos tenerla también en el debate del presente punto del orden del día. 
Aquí no estamos hablando de legislación sino que estamos hablando sobre un informe de iniciativa del Parlamento Europeo, con el que intentamos mover a la Comisión a comprender la necesidad de una legislación. 
Sin embargo, cuando contemplo la guerra de creencias que se ha practicado en los meses pasados por parte de las organizaciones profesionales de los médicos entonces ya no estoy muy segura de qué se trata aquí. 
Sin embargo, nos toca, y esto ya lo ha descrito el Sr. Alber, exponer, asegurar y garantizar, por un lado, los principios fundamentales del mercado único y uno de éstos es la libertad de establecimiento, y por encima de esto, nos corresponde garantizar un alto grado de protección de los pacientes. 
No sé quién tiene el derecho o quién cree tener el derecho de otorgar a las personas la libertad de elección de su tratamiento. 
A pesar de su formación, yo no permito a los médicos determinar qué es lo mejor para los pacientes. 
En los diferentes Estados miembros hay diversas situaciones, es decir, en algunos países hay quiroprácticos, determinadas formas de masaje, curanderos homologados, acupresión, etc., y espero que estas cosas se hagan accesibles también a otros países miembros y a otros pacientes si ellos quieren acceder a ellas. 
En mi grupo, y pienso y espero que entre los colegas de otros grupos suceda también así, es muy grande la confianza en la libertad de elección y en la libertad de decisión de los ciudadanos y ciudadanas adultos de la Unión Europea. 
Es decir, creo que ellos pueden decidir por sí mismos lo que quieran hasta un cierto grado. 
Por esta razón, es un bien valioso e importante que exijamos que estas personas que realizan una terapia a los pacientes sepan lo que hacen, es decir, posean la formación adecuada. 
Esto lo exigen el Sr. Lannoye y la Comisión de Medio Ambiente en el informe. 
Exigimos que todas las personas que ejerzan una forma de medicina- sea cual sea- tengan una formación pertinente y sepan dónde están sus límites y sepan también dónde deben decir: ahora un médico de formación académica, un cirujano o un internista, debe encargarse de lo que yo no puedo dar ya. 
Para esto deben tener un determinada formación, deben tener un cierta cualificación y esta cualificación debe estar regulada en toda Europa, pues espero que la seguridad de los pacientes esté igualmente garantizada en Gran Bretaña, en Irlanda, en Dinamarca y en España. 
Cuando esto sea así, cuando los diplomas y los planes de formación estén regulados, estarán protegidos los pacientes en la Unión Europea y los pacientes tendrán la oportunidad de decidir por sí mismos a quién otorgan su confianza y quién debe llevar a cabo su tratamiento. 
Esto es a lo que instamos a la Comisión. Le instamos a que se ponga en acción y presente la pertinente legislación. 
Señora Presidente, distinguidas señoras y señores, en el debate de las últimas semanas hemos conocido posiciones muy externas y esta tarde también va a suceder de nuevo que las posiciones extremas colisionen entre sí. 
Por esta razón quisiera comenzar mis manifestaciones con un tono un poco más reconciliador. 
Yo mismo soy un médico de los denominados académicos. 
He recibido una formación médica y también sigo trabajando, en la medida que me lo permite mi tiempo, en el ámbito de la medicina convencional. 
Creo que debería ser indiscutible- lo dicen también muchos colegas- que en la medicina convencional de los últimos decenios ha habido enormes avances y que la denominada medicina académica ayuda a muchas personas. 
Pero, por otro lado, deberíamos reconocer, y esto lo sé yo también por mi experiencia práctica, que en la medicina convencional muchas personas no encuentran lo que buscan. 
Muchas personas recurren con mucha frecuencia a los métodos de la medicina denominada no convencional, especialmente en las enfermedades crónicas y en los trastornos del estado de ánimo. 
Esto tiene, naturalmente, una causa. 
Comparto con muchos colegas la opinión de que gran parte de estos métodos no tienen efecto alguno que vayan más allá del efecto placebo. 
No obstante, las personas recurren a ellos. 
Creo que esto reside, sobre todo, en que los curanderos y otros que ejercen la medicina no convencional escuchan a las personas. 
Cumplen así una función que, evidentemente, nadie más desempeña en la sociedad. 
No se puede acusar de esto solamente a los médicos, pues debido al sistema de remuneración, debido a los costes, los médicos no tienen siempre la posibilidad de tomarse con los pacientes tanto tiempo como quizá sería necesario. 
Esta es una cuestión que se plentea al conjunto de la sociedad. 
La caída de las estructuras familiares, la mayor distancia respecto de la Iglesia, quizá en algunos ámbitos parciales, conducen a que desaparezcan las estructuras tradicionales que se han ocupado siempre de que hubiera alguien que le escuchara a uno. 
En algunos países de la Unión Europea existen curanderos homologados (Heilpraktiker) y profesionales semejantes, en otros países no los hay. 
El hecho de que, por ejemplo, en Italia no exista el curandero de esta modalidad tiene que ver quizá con que allí existen aún mecanismos que solucionan estas cosas. 
Yo no sé, y a todos nos resulta también muy difícil, enjuiciar esto. 
Sólo he querido hacer una invitación a pensar. 
En la medicina convencional no deberíamos limitarnos a pensar que todo es perfecto, sino que hemos de reflexionar también sobre las causas. 
No obstante, mi grupo tiene serios problemas con el Informe Lannoye en su forma actual. 
Durante mucho tiempo he intentado conciliar de alguna manera las diferentes posiciones que existen en el Parlamento. 
Creo que existe un problema crucial que tampoco podemos eludir incluso con todas estas buenas propuestas. 
El Informe Lannoye quiere, por un lado, la mayor libertad de elección posible para pacientes y terapeutas. 
Pero, por otro lado, quiere también la mayor seguridad posible, y aquí hay un problema. 
Entretanto, en algunos métodos se ha visto que tienen efectos comprobados, que se pueden demostrar también científicamente. 
Yo estoy a favor de que apoyemos con más fuerza estos métodos y de que los médicos deben utilizarlos con más frecuencia. 
En cambio, existen métodos que por sí mismos no admiten una demostración científica fundamental. 
El terapeuta cree que el método es útil. 
Está convencido de ello. 
Sin embargo, otra persona no lo puede demostrar con criterios científicos. 
La cuestión es: ¿cómo se quiere trazar en esta situación el límite entre el uso y el abuso? 
¿Cómo plantear, por ejemplo, un proceso de compensación de daños si no es posible una comprobación científica? 
Creo que en este punto deberíamos reflexionar muy seriamente una vez más, pues parte de los curanderos homologados de Alemania y de otros países dicen lo siguiente: puede ser peligroso, ciertamente, que Europa establezca criterios muy estrictos, pues ello puede conducir a que a que no podamos seguir ejerciendo en nuestro país como lo veníamos haciendo hasta ahora. 
También estamos recibiendo escritos críticos de profesionales de la medina no convencional, que dicen: es mejor que os estéis quietos. 
Es preciso pensar también en este sentido la cuestión de la susidiariedad. 
Por consiguiente, creo que todas estas razones deberían movernos a no aceptar el Informe Lannoye, en su forma actual. 
Esto no es un rechazo de la llamada medicina blanda. Pero sí es una negativa al intento insostenible que se ha hecho hasta ahora de armonizar esto a nivel europeo. 
Señoras y señores, no nos engañemos. 
El informe recoge su viejo estribillo con palabras nuevas. 
Después de habernos hablado, en los años anteriores, de medicinas paralelas, de técnicas complementarias, de terapéuticas alternativas, nos habla ahora de medicinas no convencionales esperando que olvidemos que tras este término se esconden nociones esotéricas, el shiatsu, el skih y otras. 
Nociones vagas, imprecisas, inverificables. 
De hecho, el ponente solicita que una directiva reconozca estas llamadas medicinas y a aquellos que las practican. 
Pero, ¿con qué garantías? 
El informe es vago sobre el tema. 
¿Con un diploma? ¿Un diploma universitario? 
No. 
Con un diploma concedido por los propios profesionales «mediante un proceso de autorregulación en el seno de la propia profesión». 
Estos profesionales se erigirían entonces en un jurado siendo a la vez juez y parte. 
¿Confiarían ustedes su salud a semejantes profesionales? 
Por comparación, ¿subirían ustedes a un avión pilotado por un piloto no convencional? 
El ponente pretende convencernos señalando que algunas de estas prácticas disfrutan de cierta forma de reconocimiento legal en algunos Estados miembros. 
¿Pretendería alinearnos, en un ámbito tan serio, entre los Estados más laxistas? 
De paso, por otra parte, no duda en dar un sentido erróneo a algunos artículos del Tratado, principalmente el 57, párrafo 3. 
La enmienda 10 solicita la evaluación de estas prácticas no convencionales. 
Pero, ¿por quién? ¿Por un comité científico serio y reconocido? 
Por una comisión paritaria compuesta por profesionales de las dos medicinas, convencional y no convencional. 
Parece un sueño. 
Podríamos estar en pleno debate confesional o sindical. 
Pero esta enmienda va más lejos. 
En el párrafo siguiente, para simplificar, plantea comisiones compuestas solamente por profesionales cualificados en esas técnicas no convencionales. 
¿Profesionales cualificados por quién? 
Por supuesto, en la enmienda 11, sería necesario dejar inmediatamente de perseguir a esos «honrados profesionales». 
Se ve en este caso la atención que prestan los grupos de presión que apoyan este proyecto. 
En su propia inercia, el informe solicita por supuesto reformar la farmacopea, la lista de medicamentos autorizados, y por qué no, como la enmienda 15, incluir medicamentos y profesionales en la seguridad social. 
Llegamos a la paradoja extraordinaria de que en el momento en que el Parlamento está exigiendo más seguridad en la protección de los consumidores, se va a poner la salud de estos consumidores, de nuestros semejantes, de nuestros hijos, en manos de individuos sin título o con títulos de conveniencia, que utilizan medicamentos no verificados y todo ello a expensas del contribuyente. 
No, es un poco fuerte. 
Y estoy seguro, Señorías, de que rechazarán un informe así que nos desacreditaría a todos ante la opinión pública. 
Finalmente, señor ponente, deje de llenarnos de esas cartas fabricadas en cadena y firmadas de la misma manera ilegible. 
No es digno de usted ni de nosotros. 
Y no se crea, que este dinero estaría invertido de manera más útil en beneficio de una verdadera obra de salud. 
Señora Presidenta, intervengo para expresar mi satisfacción por el presente informe que se propone orquestar algunas armonías básicas de una sinfonía bastante caótica. 
La aceptación popular de las medicinas no convencionales es una realidad. Pero el modo en que debe regularse este sector a nivel de la Unión Europea no es tan evidente. 
El ponente ha realizado un valiente esfuerzo para alcanzar el consenso en base a una variedad de realidades culturales. 
Para el mundo angloparlante, me aventuraría a manifestar que la aceptación de la medicina no convencional es un valor clave en esa cultura, y está tejido con tres filamentos diferentes. 
Uno, que parte de la medicina tradicional europea que quedó excluida como medicina alopática occidental y que se desarrolló en el siglo XIX a partir de las prácticas de los boticarios y los cirujanos- me estoy refiriendo a la medicina de manipulación y de herboristería, en particular, y también, a la homeopatía. 
Dos, la medicina tradicional del mundo no europeo que se vio desplazada por el poder del pensamiento occidental, también en el siglo XIX. Tres, la exclusión de las mujeres como principales practicantes de las curas, a medida que se institucionalizaba la medicina en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. 
En estos tres filamentos estamos hablando de la inclusión de lo que quedó excluido, que es un importante enfoque democrático en la Unión Europea. 
Por ello, no estamos hablando simplemente de escuchar y demostrar interés, sino de prácticas adecuadas. 
Muchas de estas disciplinas están profundamente arraigadas y tienen sus propias tradiciones prácticas que resultan muy eficaces. 
Seamos sensatos y aprobemos esta propuesta sensata y sensible, o de lo contrario correremos el riesgo de que se produzca una gran divergencia e incluso discordia en la Unión. 
En todo caso, el Reino Unido e Irlanda se mantendrán como centros destacados a favor de la medicina no convencional. 
Tenemos esta tradición de regulación a cargo de organismos profesionales, y no mediante el tipo de fundamento jurídico que es común en otros Estados de la Unión. 
De hecho, este asunto no presenta ningún problema en muchos ámbitos de la vida cultural de dichos países. El sector financiero es un caso en cuestión. 
Quisiera pedir al Sr. Comisario que estudie las enmiendas que he presentado en nombre de los Verdes, que dan prioridad a las disciplinas de la medicina no convencional que ya gozan de alguna forma de reconocimiento y de organización a nivel europeo. 
Señora Presidenta, los sanadores no convencionales han realizado bien su trabajo, pues una vez más hay un informe en el orden del día del Parlamento para mejorar el estatuto de las medicinas no convencionales. 
¿De qué va todo esto? 
A simple vista, el reconocimiento de las medicinas no convencionales parece girar en torno a un conflicto de intereses. 
Por lo general, a la ciencia médica corriente no suelen gustarle las medicinas no convencionales. 
Las considera no sólo competidores, sino que a veces llega a tildar de peligrosos o inexpertos a los médicos no convencionales. 
Detrás de este conflicto se esconde a mi entender una diferencia fundamental sobre la visión que se tiene del ser humano y de la enfermedad. 
La presente propuesta de resolución intenta tender un puente entre los «científicos objetivos» y los sanadores no convencionales, y parece haberlo logrado bastante bien. 
Con razón, en los dos primeros apartados se insiste en la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda de la seguridad y la eficacia de estas medicinas. 
Con ello se saca el debate de la esfera emocional. 
Sin embargo, lo que no me gusta es que ahora se recurra al derecho europeo para arbitrar en una lucha que se libra sobre todo a nivel nacional, concretamente la lucha entre proteger al paciente contra los curanderos frente a la libre elección del paciente. 
El apartado 3 del artículo 57 del Tratado se interpreta con excesiva amplitud al incluir en las profesiones paramédicas a las medicinas no convencionales. 
Está claro que esa no era la intención de este artículo, como han declarado tanto la Comisión Europea como la Presidencia del Consejo. 
Quizás pudieran confirmarlo otra vez. 
El artículo en cuestión hace precisamente hincapié en la coordinación de las condiciones en que se ejercen determinadas profesiones paramédicas en los Estados miembros. 
Por ello preferiría que esta cuestión se regulara apelando a la subsidiariedad a nivel de Estados miembros. 
A nivel europeo sólo está en juego el derecho al libre establecimiento. 
Lo económico no debería imperar en este caso sobre lo médico/ético. 
Este es el precio que han de pagar los médicos no convencionales: tendrán que atenerse a las reglas del país en que se han establecido. Reglas que han surgido de forma democrática. 
Por otra parte, no es grave, porque una investigación efectiva en torno a las medicinas no convencionales puede tener como resultado que la medicina convencional se amplíe con medicinas demostradas, seguras y eficaces. 
Me parece ilícito obligar a una mayor libertad con normas europeas. 
Señora Presidenta, en primer lugar deseo saludar el esfuerzo que ha realizado el ponente en un ámbito tan especializado. 
El Sr. Lannoye me ha impresionado siempre por su extraordinarios conocimientos en materia de ecología. 
Pero la medicina es otra ciencia y lamento tener que constatar que, para la elaboración de esos informes sobre las medicinas no convencionales, Paul Lannoye ha estado mal aconsejado, mal guiado, mal informado. 
Todos los profesionales del arte de curar, y yo lo soy, reconocen la inutilidad, incluso el peligro, de un exceso de prestaciones técnicas para llegar a un buen diagnóstico. 
Igualmente, la quimioterapia forma parte de un arsenal terapéutico que ha de utilizarse con discernimiento y moderación. 
También he sido siempre partidario del aprendizaje y de la utilización complementaria de técnicas médicas poco agresivas, cuando éstas son practicadas correctamente, como la homeopatía, la medicina quiropráctica, la acupuntura y la mesoterapia, desafortunadamente olvidada en este informe. 
Pero resulta evidente que, cualquiera que sea el modo terapéutico elegido, la medicina sólo puede ser practicada por doctores en medicina que hayan adquirido una formación completa en nuestras facultades europeas que son, y nadie puede discutirlo, las mejores del mundo. 
Los escasos errores o excesos cometidos por algunos médicos no pueden justificar la posibilidad de dejar en manos de oficiales de salud cuyas prácticas están más emparentadas con la brujería que con la ciencia médica. 
Cuando se estrella un avión como consecuencia de un error del piloto, a nadie se le ocurre plantear la formación de pilotos no convencionales. 
Por tanto insisto ante todos mis colegas no médicos para que comprendan la imperiosa necesidad de integrar la enseñanza de las medicinas inocuas o alternativas o no convencionales en la carrera universitaria de todos los médicos. 
El principio intangible primum non nocere sólo puede reservarse a la terapia alopática, pero se aplica al arte de curar en todas sus formas. 
Sintiéndolo enormemente, debo señalar al ponente que es mi deber no votar a favor de su informe. 
Señora Presidenta, los diputados a este Parlamento recibimos muy a menudo llamadas de nuestros ciudadanos en las que nos exponen las ventajas y los inconvenientes de la Unión Europea. 
Habitualmente explicamos que tienen su razón de ser en los derechos y las responsabilidades, en las libertades y los derechos del mercado único y las responsabilidades sociales y legales que son fundamentales para su fiel cumplimiento. 
El debate sobre las medicinas no convencionales, un tema, sin duda, controvertido, cristaliza ese otro debate más amplio. 
Nuestros ciudadanos están reclaman sus derechos. 
Los consumidores están exigiendo claramente los medicamentos y tratamientos de la medicina no convencional. 
Los estudios llevados a cabo por la Asociación de Consumidores del Reino Unido, por ejemplo, revelan que una persona de cada cuatro visita a los profesionales de la medicina no convencional por voluntad propia. 
Los profesionales, a su vez, quieren ver reconocida en los Tratados su libertad de movimiento. 
Sin embargo, osteópatas y quiropractores perfectamente respetables, por ejemplo, que están autorizados legalmente a ejercer en algunos Estados, como el mío, en otros, lejos de recibir ningún tipo de estímulo, se enfrentan a fuertes sanciones. 
La petición de que se modifique esta situación proviene, por tanto, de los pacientes y de los posibles curanderos. 
Aunque también los posibles legisladores deben tener competencia en este ámbito. 
El riesgo de proclamas exageradas de curas milagrosas, de debilitamiento de las normas y de una normativa insuficiente es real, a pesar de que organismos internacionales versados en, digamos, la homeopatía, han realizado grandes esfuerzos para elevar el nivel de concienciación y de las normas. 
Por ello, la tenacidad del Sr. Lannoye para traer esta iniciativa ante el Parlamento esta noche debe recibir mañana el respaldo de los votos, como ha instado esta noche mi excelente colega la Sra. Roth-Behrendt. 
Puede que el informe sobre el que los diputados argumentan a favor y en contra esta noche no sea perfecto, pero representa un paso en la dirección acertada hacia un mejor acceso y hacia la libertad de elección de los pacientes, así como hacia la supresión de las barreras para los profesionales responsables y debidamente registrados, el reconocimiento de las normas de formación y cualificación y la posibilidad de una integración sensata en los futuros sistemas sanitarios convencionales llegado el momento oportuno. 
Esta tendencia ha encontrado gradualmente una buena acogida por parte del Colegio Médico británico desde 1993, y aunque debemos colaborar con la Comisión y con otras agencias para escudriñar detenidamente futuras propuestas y estudiar también detenidamente las auténticas reservas que prevalecen, sería una decisión acertada y responsable de este Parlamento que mañana abriera el camino hacia un enfoque receptivo para solucionar algunas de las necesidades muy reales de ciudadanos de toda Europa en materia de salud. 
(Aplausos de la izquierda) 
Distinguidas señoras y señores, debo dirigirme a los visitantes que están en las tribunas. 
Tenemos un reglamento en vigor y éste dice acerca de las tribunas: los asistentes deben permanecer sentados y deben guardar tranquilidad. 
Quien manifieste aprobación o desaprobación será expulsado de inmediato de la tribuna por los ujieres. 
Sólo quiero anunciarles esto, porque de hecho se procederá así. 
Queremos que la población tenga la posibilidad de escuchar lo que aquí sucede. 
Sin embargo, ustedes no deben tomar parte de ninguna manera, ni aprobando ni rechazando. 
Quisiera pedirles que se comporten, pues, de lo contrario, tendré que indicar a los ujieres que les alejen de la tribuna. 
Señora Presidenta, quiero subrayar desde el principio que científicamente sólo existe una medicina unitaria y que no hay una medicina alternativa o no compatible, como no hay una física, ni química o arquitectura alternativas. 
Segundo, la ciencia médica ya ha demostrado su gran aportación a la protección de la salud humana y a su recuperación en caso de enfermedad. 
Esto es más que obvio si se consideran el gran aumento del promedio de vida de los humanos, así como las famosas conquistas de la medicina logradas gracias a las vacunas y a los enormes progresos en los métodos diagnósticos y quirúrgicos. 
Hoy en día las operaciones de corazón son consideradas casi sencillas. 
Tercero, recuerdo en este punto que la carrera de medicina es larga y dura, y que supera, por lo general, un total de diez años. 
Cuarto, en el ejercicio de la medicina, además de médicos, también participan otros científicos y profesionales, como físicos, químicos, ayudantes de laboratorio, psicólogos, fisioterapeutas y otros. Todos ellos están al servicio del enfermo y siempre bajo la responsabilidad del médico que se ocupa del tratamiento. 
Lo mismo podría decirse de algunos de los grupos considerados por el ponente, quien, en cambio, quiere independizarlos facultando a no médicos para la práctica médica. 
Estoy absolutamente en contra de ello. 
Quinto, recuerdo además que un tratamiento eficaz de un estado de cualquier alteración de la salud debe ir precedido por un diagnóstico correcto. 
Aquí se corre un gran riesgo, dado que un tratamiento realizado por no médicos sin un diagnóstico completo de la enfermedad puede acarrear un retraso peligroso y quizá fatal en la instauración del régimen apropiado. Este es un principio fundamental de la ciencia médica, que lamentablemente pasa por alto el informe. 
Sexto, se sabe asimismo que no se introduce ningún fármaco nuevo en la práctica médica sin un largo y bien documentado período de prueba previo, antes de asumir la responsabilidad de su comercialización, hecho que igualmente pasa por alto el informe. 
Para finalizar, señora Presidenta, quiero subrayar que la salud del ciudadano europeo, que es el mayor de los bienes, debe estar bajo la responsabilidad de los médicos, con quienes deben colaborar los demás profesionales paramédicos que quieren estar al servicio del enfermo. 
Además, hasta la fecha la medicina se ha hecho digna de esta responsabilidad con excelentes resultados. 
Espero que el Parlamento rechace el presente informe, porque, en mi opinión, en caso de aprobarse nos haría retroceder enormemente en la protección de la salud del ciudadano europeo. 
Señora Presidenta, en la discusión acerca de la justificación de la medicina alternativa frente a la medicina académica se ponen constantemente de manifiesto la deshumanización y la desaparición de la situación de confianza entre el médico y el paciente. 
Quisiera afirmar aquí vehementemente que la humanidad, la confianza y el compromiso personal no dependen del método de tratamiento sino sola y únicamente de las personas que ejercen el tratamiento, es decir, del médico o del terapeuta. 
En el presente informe hay que celebrar la exigencia clara e inequívoca del considerando J, en que se demandan como prerrequisito para el reconocimiento de las corrientes de la medicina no convencional estudios clínicos y pruebas científicas de eficacia que sean completas. 
Después de un resultado positivo de una batería de tests que haya sido aplicada de esta manera un método terapéutico responde de hecho a las exigencias que la medicina académica plantea respecto de mecanismos eficaces demostrables y repetibles. 
La huida hacia nuevos métodos terapéuticos alternativos, que hasta hoy son solamente demostrables en parte, es un camino equivocado. 
Sería más acertado probar de forma completa y sin miramientos, en una tradición clínica acreditada, nuevas propuestas de solución y procedimientos terapéuticos y, en caso de éxito, integrarlos de la manera más rápida posible en la medicina académica para oponer a una medicina académica, que quizá se haya practicado en los últimos años con excesiva técnica y con demasiados aparatos, otra medicina que considere a la persona en su integridad y se apoye en las fuerzas autocurativas de la persona. 
Finalmente, quisiera hablar todavía de un aspecto financiero de este problema. 
Lo que estamos pagando caro con nuestras cotizaciones debe mostrar efectos positivos demostrables. 
Esta exigencia básica de calidad se la debemos no sólo al paciente, sino también al contribuyente. 
Por ejemplo, el Presidente de la Asociación Federal de Cajas Médicas ha afirmado ayer al respecto lo siguiente: no puede ser que todos practiquen el tambor tibetano o el ikebana meditativo a costa de la caja de la comunidad solidaria, sólo porque a un asegurado alguna vez le ha sentado bien. 
Esto es demasiado poco para ser reconocido como procedimiento terapéutico y para ser apoyado financieramente. 
Señora Presidenta, no todos los miembros del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos comparten el criterio expuesto por la Sra. Roth-Behrendt, porque muchos pensamos que la actitud progresista en relación con la llamadas medicinas alternativas no es la de poner por encima de cualquier otro valor la libertad de elección. Esto es una actitud ultraliberal. 
Se trata, por el contrario, de desarrollar las medicinas alternativas, hacerlas progresar, legislar sobre ellas, pero garantizando, o al menos protegiendo en todo momento, la salud, la seguridad y los derechos legales de los ciudadanos. 
No creemos que vaya en esta línea, sino en la contraria, el informe del Sr. Lannoye, por lo que hemos presentado algunas enmiendas y votaremos en contra de algunos artículos, e incluso del informe si se mantiene el apartado 2- por ejemplo- como está. 
Con todo ello defendemos dos principios básicos: primero, que quien ejerza en la Unión Europea una de las llamadas medicinas alternativas tenga una base de formación general sanitaria y un título oficial que garantice esa formación. 
El título puede ser el de médico, pero puede ser también el de naturópata u homeópata, etc. Pero tiene que haber una titulación emitida por la autoridad docente y no partir de la actual situación de hecho para que una llamada comisión valore o avale la cualificación del profesional; y segundo: la eficacia y, sobre todo, la inocuidad de los tratamientos deben ser valoradas por instituciones científicas o académicas a la luz de métodos científicos, biológicos, estadísticos, etc., y no en absoluto ser fruto de una autorregulación en el seno de la profesión, como retrógradamente defiende el informe. 
Estas y otras propuestas no son compatibles, a nuestro juicio, ni con las garantías científicas que deben tener las titulaciones europeas, ni con la seguridad de los ciudadanos, ni con la función de este Parlamento. 
Por último, la historia de la medicina, como la historia de la humanidad, es una lucha entre los conocimientos y las creencias: cuanto más avanzan aquéllos, más se baten en retirada éstas. 
¿Llegará el día en que la medicina sea una ciencia exacta? 
Seguramente no. 
Su resultado final será siempre el fracaso, porque es combatir la muerte, y esta es la fragilidad de toda ciencia biológica. 
Pero nunca debe ser pretexto para abandonar sus bases científicas basadas en la razón y el conocimiento. 
Señora Presidenta, me limitaré a decir, serena y simplemente, que con esta resolución se pide que se permitan actos típicamente curativos y típicos de la profesión médica a sujetos que no tienen la preparación prevista en las directivas europeas que regulan los planes de estudio de las facultades de medicina, que están establecidos para permitir la libre circulación de los médicos en el territorio de la Unión. 
Se dice que esos terapeutas no quieren ejercer la medicina sino solamente poder curar a los pacientes según los cánones de las llamadas medicinas alternativas, pero es indudable que al favorecer el acceso directo de los ciudadanos europeos a terapeutas alternativos, se confía a éstos también la fase delicadísima del diagnóstico, sin que tengan la preparación necesaria. 
En efecto, sólo después de la detección de la enfermedad de que se trata, es decir, sólo después del diagnóstico se puede decidir el tratamiento apropiado. 
El diagnóstico es una tarea fundamental del médico y sólo del médico: un diagnóstico que no se efectúe correctamente y a tiempo para enfermedades que pueden ser curadas por la ciencia médica, que, como es sabido, ha hecho en los últimos años enormes progresos, puede, en muchos casos, casi poner en peligro la salud y, a veces, la vida de los ciudadanos. 
En la comisión se ha introducido una enmienda, no aprobada por el ponente, que establece, antes de la promulgación de una posible directiva, una investigación sobre la eficacia y la inocuidad de las medicinas alternativas. 
Así pues, evidentemente muchos colegas que son favorables a la resolución han votado esta enmienda porque, a pesar de todo, no están aún convencidos, no están aún seguros de la eficacia ni de la inocuidad de prácticas terapéuticas cuya validez no se ha comprobado científicamente. 
Tras la aprobación de la enmienda, que pide un exhaustivo estudio preventivo sobre la inocuidad y la eficacia de toda medicina no convencional, estamos ante una resolución, señor Comisario, absurda y contradictoria, porque todas las demás consideraciones y los artículos de la propia resolución están orientados en el sentido de instar a la Comisión a permitir obligatoriamente en todos los Estados miembros el ejercicio de la medicina llamada alternativa. 
Por lo tanto, yo votaré en contra de esta resolución, como todo mi Grupo, en interés de los ciudadanos europeos y también porque considero que, en cualquier caso, éste es un tema típico del principio de subsidiariedad, que permite a los Estados miembros que se regulen de acuerdo con sus usos y tradiciones. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Lannoye nos hace conscientes de que se trata también en gran medida de la cuestión de la financiación de la salud, de que aquí hay también partidas presupuestarias en las que hay que procurar que no sufran modificaciones. 
Sin embargo, creo que esta exclusión sistemática de métodos terapéuticos cuyo efecto empírico se puede reconocer, pero que no son explicables por la vía científica tradicional ni son comprensibles, significa una desafortunada autolimitación de la medicina académica. 
Creo que el reconocimiento de los métodos terapéuticos complementarios no sólo sirve a la protección del paciente respecto de charlatanes y curanderos, sino que enriquecería también a la medicina académica mediante planteamientos y estímulos constructivos. 
Quiero recordar la concepción global de la persona que sostiene que el hombre, como totalidad, es más que la suma de sus partes. 
A la ciencia médica tradicional de occidente le iría mal si no pudiera convencer mediante su alta calidad y necesitase afirmar su posición mediante una aspiración exclusivista que estuviera asegurada por la ley. 
Toda pretensión de absolutismo científico conduce tarde o temprano a estructuras totalitarias. 
Por consiguiente, creo que deberíamos aprobar este planteamiento del Sr. Lannoye. 
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar al ponente, que no ha escatimado esfuerzos desde que este informe de iniciativa propia fue enviado por primera vez a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor en octubre de 1994, hace ya casi tres años. 
Como todos sabemos, miles de personas ejercen cada año la medicina complementaria en toda Europa y ésta ha sido objeto de exhaustivos debates a nivel europeo durante los últimos años. 
El Sr. Needle ha dicho que una persona de cada cuatro ha recurrido alguna vez a la medicina no convencional y ha podido comprobar los beneficios de prácticas como el shiatsu o- en el caso de mi madre, cuando fracasó la medicina convencional- el gran alivio que le proporcionó la acupuntura. 
Muchos profesionales de la medicina convencional admiten que la medicina tradicional tiene mucho que ofrecer, y las personas razonables y de mente abierta deben reconocer que el futuro de la salud y del bienestar pasa, indudablemente, por una buena combinación de ambas disciplinas. 
Pido a la Comisión que presente ahora un proyecto de directiva. 
Existe la necesidad inequívoca de regular legalmente la medicina complementaria y hay que reconocer jurídicamente las cualificaciones profesionales de los que la ejercen. 
A estos profesionales se les debe permitir circular libremente a lo largo y ancho de la Unión, a condición de que cumplan una serie de normas básicas. 
La Comisión está en la mejor situación para establecer dichas normas. 
Por ello, deseo instar al Comisario Sr. Flynn, que esta noche nos acompaña, a que presente un proyecto de directiva, y quisiera animar a los diputados a que apoyen el informe y las enmiendas que he suscrito. 
Señora Presidenta, tengo la convicción de que los centros terapéuticos no convencionales pueden ser de enorme utilidad para los pacientes. 
Creo que existe básicamente una necesidad de actuar en el plano europeo, pero quisiera insistir, ante todo, en que las intervenciones en la organización y en las obligaciones relativas a las cotizaciones y a las prestaciones de las cajas de seguro de enfermedad no necesitan una regulación europea. 
Estas regulaciones competen a los Estados miembros a tenor del principio de subsidiariedad. 
Para mí, como farmacéutica en activo, es importante que el informe proporcione un apreciable impulso para la discusión de la cuestión de la automedicación. 
En muchos Estados se demanda una mayor automedicación a la hora de revisar los sistemas sanitarios. 
Por consiguiente, los farmacéuticos deben participar en las cuestiones y aportar sus conocimientos en las deliberaciones sobre la elección de un tratamiento con medicamentos suaves. 
En cualquier caso, es necesario un juicio seguro sobre el tipo de enfermedad y sobre la magnitud del riesgo. 
Los métodos terapéuticos no convencionales se basan en las mismas leyes naturales, pero intentan activar con más intensidad las fuerzas autocurativas que residen en el cuerpo. 
También es importante destacar que los diferentes métodos terapéuticos no se excluyen entre sí, sino que se complementan mutuamente. 
En todo esto es absolutamente importante que se garantice al paciente un elevado nivel de seguridad y es preciso procurar que el paciente reciba información detallada sobre la calidad y eficacia, y también sobre los eventuales riesgos, de los métodos terapéuticos no convencionales. 
Por consiguiente, hay que aspirar a implantar la mayor cualificación posible y la obligación de informar al paciente. 
El nivel de cualificación a nivel europeo debe estar, al menos, a la altura del nivel que se exige, por ejemplo, a los curanderos homologados (Heilpraktiker) en Alemania o en Suecia. 
Por lo demás, en interés de la protección del paciente debe ser obligatorio un seguro de responsabilidad civil que no debe tener una cobertura menor que los seguros de responsabilidad civil de los médicos académicos. 
Mi experiencia en la Comisión de Peticiones muestra que con mucha frecuencia nos enfrentamos a propósito del reconocimiento de los títulos a nivel europeo. 
En el Tratado no existe ningún punto de apoyo que indique que han de ser excluidas del reconocimiento las actividades de la medicina no convencional. 
De cara a la aspiración de la movilidad transfronteriza habría que exigir también el reconocimiento de títulos en este ámbito. 
Por regla general no debería ocurrir que en un país en el que no exista la profesión del terapeuta no convencional, se prohíba también su ejercicio profesional. 
También me parece necesario que a nivel europeo se reflexione acerca de la no armonización de los planes de estudios de medicina y de farmacia en la época de la telemedicina y de la telecompra, y quisiera proponer también que se ofrezca a las universidades posibilidades de enseñanza de tendencias terapéuticas no convencionales. 
Celebro el planteamiento del Sr. Lannoye de que se realicen estudios acerca de las tendencias de medicina no convencional, que estos estudios sirvan de base a la elaboración de eventuales normativas jurídicas de coordinación y que se fomente el desarrollo de programas de investigación en este ámbito. 
Señora Presidenta, al seguir este debate se tiene la impresión de haber leído los documentos inapropiados. 
Se está hablando de brujería, de comparaciones con la navegación aérea. 
Creo que no se ayuda al tema practicando pura polémica e intentando acallar sencillamente algunas cosas o exponerlas de forma totalmente diferente. 
La afirmación de que en determinados estados hay diversas regulaciones o problemas es más un estímulo que un contraargumento para el Informe Lannoye. 
Aquí se ha denunciado, con razón, la guerra de religión. 
Pero no basta con denunciarla, si luego una colega que lo ha hecho comete el mismo error y pasa por encima de los médicos. 
Sin embargo, hay diputados en nuestro grupo que esperan que la Comisión haga, por fin, algo en el tema de la armonización, que se estudie, por fin, cómo es realmente la situación en lo que respecta a la eficacia, a la inocuidad y al ámbito de aplicación. 
Esperamos también que este ámbito se someta a una regulación con el fin de proteger la salud pública, las profesiones, las actuales y las que puedan surgir en el futuro, incluso la de los terapéutas académicos. 
Nosotros- por ejemplo, la Sra. Oomen-Ruijten y yo- somos de esta opinión. 
Aunque no puedo compartir todos los puntos y todas las enmiendas, estoy a favor del Informe Lannoye en líneas generales y estoy completamente de acuerdo con las afirmaciones de nuestra colega, la Sra. Heinisch. 
Señora Presidenta, deseo felicitar al señor Lannoye tanto por el buen informe que ha elaborado como por poner de relieve los problemas relacionados con las medicinas no convencionales. 
El desarrollo de este tipo de prácticas médicas ha tenido lugar al lado de la medicina tradicional con el fin de complementar a esta última. 
Cabe recordar que las medicinas no convencionales y la medicina tradicional no son incompatibles, sino que en numerosos casos se complementan entre sí en beneficio del paciente. 
Yo misma me he visto beneficiada de las ventajas que proporcionan estos dos campos médicos. 
Sin embargo, la posición que ocupa la medicina tradicional y el papel que ésta desempeña en Europa varían en gran medida de un país a otro. 
Existen modos muy diferentes de entender las medicinas no convencionales. 
Por ejemplo, los quiroprácticos titulados ya desempeñan su labor dentro de un marco legal en numerosos Estados miembros como Dinamarca, Suecia, Finlandia y el Reino Unido. 
Debido a las diferentes actitudes con que se enfrentan, la incorporación de todas las medicinas no convencionales a los sistemas europeos de seguridad social plantearía problemas. 
Como bien señala el señor Lannoye- y a causa de estas mismas circunstancias -, la situación en la que se encuentra el consumidor varía también radicalmente de un país a otro. 
En mi opinión, creo que se deberían definir detalladamente las modalidades de tratamiento que no se enmarcan en la medicina tradicional, a la vez que habría que establecer igualmente el nivel de formación indispensable para el ejercicio de estas prácticas de modo que el paciente contara con la información más adecuada acerca de todas las posibilidades que existen a la hora de elegir su tratamiento. 
La armonización de la legislación en esta materia reviste una gran importancia para definir el nivel de los centros de formación, para orientar profesionalmente a los titulados de estas especialidades, para controlar la actividad laboral y la formación continua y, sobre todo, para garantizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos a los que se somete el paciente. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión, deseo felicitar al ponente, Sr. Lannoye, por la amplitud y la profundidad de su informe de iniciativa propia sobre el régimen de las medicinas no convencionales. 
No obstante, creo que es justo afirmar ya desde un comienzo que, en estos momentos, la Comisión no está en condiciones de hacer suyas todas las conclusiones del informe. 
El ámbito de la medicina no convencional es actualmente un tema muy controvertido y emotivo. 
Los debates sobre este asunto suelen dar lugar a argumentos encendidos y conflictivos dentro y fuera de los círculos científicos. 
En realidad, la diferencia de los criterios y la diversidad de las actitudes que existen sobre este tema resultan muy evidentes, incluso en la Asamblea esta noche. 
Esta divergencia de opiniones se refleja, como señala el informe, en los diferentes enfoques adoptados por las legislaciones de los Estados miembros. 
Por este motivo, la Comisión considera que aún no ha llegado el momento de emprender el estudio exhaustivo de las medicinas y terapias no convencionales por el que aboga el Sr. Lannoye. 
A la hora de recopilar informes de este tipo, la Comisión debe basarse en los datos y las políticas nacionales para evaluar la necesidad de emprender acción a nivel comunitario. 
Pero cuando nos encontramos tan lejos de alcanzar el consenso en este ámbito, si en estos momentos se llevara a cabo un estudio de este tipo, es poco probable que éste nos permitiera llegar a una conclusión decisiva. 
Además, en vista del escaso nivel de las asignaciones presupuestarias para programas de la salud pública, hemos tenido que establecer, como ustedes saben, las prioridades de la acción comunitaria, y las serias limitaciones de nuestros recursos no nos permiten asumir nuevos compromisos por el momento. 
El informe invita asimismo a la Comisión a que homologue las condiciones para el ejercicio de la medicina no convencional en los diferentes Estados miembros. 
En respuesta a esta solicitud específica debo señalar, en primer lugar, que el sistema general de reconocimiento de diplomas, en vigor desde hace varios años, ya garantiza la libre circulación de los profesionales de la medicina entre los Estados miembros que reconocen la medicina no convencional como una disciplina distinta de la medicina convencional. 
Como señalan los apartados de la resolución, es perfectamente cierto que, en virtud del artículo 57 del Tratado, la Comisión podría proponer una directiva que prevea la creación en cada uno de los Estados miembros, que estaría sujeta a las normativas aprobadas sobre educación y formación, de una o más profesiones reconocidas en este campo. 
Pero, de acuerdo con el Tratado, dicha directiva necesitaría la aprobación unánime de los Estados miembros. 
Debo ser franco y comunicar a la Asamblea que, en vista de la diversidad de los enfoques a los que me he referido hace un momento, es poco probable que prosperase realmente una propuesta de este tipo en un futuro previsible. 
En un tono más positivo quisiera decir que en relación con los complementos alimenticios, la Comisión anunció en su Libro Verde sobre Derecho alimentario, adoptado el 13 de abril de 1997, su intención de emprender cuanto antes consultas técnicas sobre la necesidad y el posible alcance de una legislación comunitaria. 
En cuanto a la legislación farmacéutica para medicamentos no convencionales, la legislación comunitaria en materia de medicamentos está basada en los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. 
La principal dificultad de los medicamentos no convencionales es la prueba de eficacia. 
En las Directivas 92/73/CEE y 92/74/CEE relativas a determinados medicamentos homeopáticos se adoptó un enfoque especial, según el cual se autorizaba la comercialización de un producto sin necesidad de superar el requisito de la eficacia. 
La Comisión está dispuesta a examinar el potencial que ofrece este enfoque para dar efecto a las opiniones expresadas en la resolución. 
En lo que respecta al tema específico del punto 5 de la propuesta de resolución relativo a la partida presupuestaria B6-7142 del programa Biomed, debo informarles que no fue legalmente posible llevar a cabo los proyectos de investigación a los que se hace referencia debido a que las medicinas no convencionales no figuran entre los objetivos de este programa específico. 
Por otro lado, en el caso de la partida presupuestaria B6-8332, a la que se hace referencia en el preámbulo de la propuesta de resolución, recientemente se ha publicado un informe elaborado por un grupo de asesores que se dedican a la investigación de la homeopatía. 
He traído conmigo un ejemplar para información de sus Señorías; el Parlamento recibirá más ejemplares por los canales habituales. 
Además, la Comisión ha publicado una licitación para un estudio sobre medicamentos de herboristería. 
En breve se fallará sobre la asignación del contrato para la realización de este estudio, y se espera que los resultados del mismo permitan a la Comisión evaluar la situación y desarrollar posibles propuestas para una legislación específica. 
Aunque la Comisión piensa que necesitará algún tiempo hasta que pueda proporcionar una respuesta completa a nivel comunitario a todas las diferentes cuestiones planteadas en la presente resolución, estoy convencido de que el informe del Sr. Lannoye supondrá una importante contribución al debate que ya se ha puesto en marcha en muchos de nuestros Estados miembros. 
Señor Comisario ¿piensa usted elaborar un Libro Verde sobre este ámbito? 
La necesidad de información de la población en este ámbito es muy grande. 
¿Cómo van a ser los estándares de formación en el futuro y van a poder establecerse aquí nuevos puntos de interés precisamente en el ámbito de la investigación? 
Señora Presidenta, en estos momentos, la Comisión no tiene previsto proponer la publicación de un Libro Verde. 
Los otros temas a los que han hecho referencia los diputados, ya han sido abordados en mi respueta. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Aspectos sociales de la vivienda 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0088/97) del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, sobre los aspectos sociales de la vivienda. 
Señora Presidenta, para empezar deseo expresar mi agradecimiento a la secretaría de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a Nik Lane, por haber trabajado tanto, y también a los agentes de mi Grupo, la Sra. Emma Petroni y el Sr. Denis Smyth. Todos ellos han dedicado una gran cantidad de esfuerzos a lo que considero un informe muy importante y vital que trata de los aspectos sociales de la política de la vivienda en toda la Unión Europea. 
Quisiera transmitir a los diputados la ideología que está detrás del presente informe y también disipar cualquier temor que éste haya podido despertar. 
Uno de los principales argumentos que surgieron en la comisión cuando se presentó a debate este informe fue la cuestión de la subsidiaridad. 
Mediante el diálogo, la negociación y el compromiso con otros Grupos de la comisión y otras partes interesadas, he intentado disipar las dificultades que encontraban en ciertos aspectos. 
Por ello descubrirán que el informe no contiene ningún llamamiento a favor de que el derecho fundamental a la vivienda sea incluido en los Tratados. En un comienzo ésa era mi intención, debido, entre entras cosas, a la celebración inminente de la Cumbre de Amsterdam. 
No obstante, la Unión Europea ya tiene cierta competencia en el tema de la vivienda. 
En la Comunidad Europea del Carbón y del Acero existe una partida presupuestaria y una reserva específicas para la concesión de créditos a bajo interés para el realojo de los mineros y de los trabajadores de la siderurgia, y también para la regeneración y la reurbanización de regiones mineras o siderúrgicas. 
Como sabrán los diputados, el Tratado de la CECA expira en el año 2002. 
No hay ningún motivo por el que la Unión Europea no deba asumir las competencias de ese Tratado. 
El Tratado de Maastricht nos permite hacerlo y también utilizar las reservas que queden en esas partidas presupuestarias y darles utilidad de acuerdo con una nueva política de la Unión Europea. 
La dimensión humana de la cuestión que nos ocupa es enorme: 18 millones de personas carecen de una vivienda en la Unión Europea, considerada el bloque económico más rico del mundo. 
13 millones de personas viven en alojamientos precarios o temporales. 
Estamos hablando de casi un 10 % de la población de la Unión Europea que padece las consecuencias de la falta de una política adecuada enfocada a la vivienda. 
Además, debemos pensar también en las cifras del desempleo. 
Y sin embargo, a pesar de los altos índices de paro que arroja la información más reciente de la Comisión, el número de personas que reciben una formación profesional se reduce cada año. 
Eso significa que posiblemente dentro de cinco o diez años no habrá suficientes trabajadores especializados en carpintería, fontanería, en la construcción, etc. para suplir la demanda. 
Debemos contemplar esto no de una manera negativa, sino positiva, como una Europa que se preocupa por las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que vive el auténtico modelo social detrás de esta Unión Europea, para garantizar que la riqueza que se crea en esta Unión llegue a todos los ciudadanos y que éstos no sufran desventajas económicas como consecuencia de las barreras que levantan las decisiones europeas. 
Además de todo eso, tenemos una oportunidad de crear nuevo empleo y nuevos programas de formación. 
Como parte de mi investigación y de las conversaciones que he mantenido para la elaboración de este informe, me he reunido con federaciones del sector de la construcción de todos los Estados miembros, las cuales se han mostrado dispuestas a contribuir financieramente en la creación de un programa de construcción de viviendas en cooperación con las autoridades locales y nacionales. 
Estoy pidiendo que la Unión Europea participe como moderadora experta en la aplicación de las mejores prácticas de cada Estado miembro para demostrar que una política urbanística sostenible es viable y también para fomentar una formación profesional adecuada, así como la capacidad de gestión necesarias para la buena marcha de estos programas. 
Por último, sobre la cuestión de la despoblación rural: es un problema que tiene solución. En los últimos diez años hemos asistido a un descenso de la población rural de Europa del 48 %. 
Ello ha traído consigo los principales problemas que padecen las grandes zonas urbanas, donde han proliferado los asentamientos precarios, donde los servicios son insuficientes, al igual que la red viaria, los colegios, etcétera. Este fenómeno ha traído consigo problemas sociales como un aumento de la drogodependencia y de la criminalidad. 
Si adoptamos una acción positiva, podemos realojar a esa población en zonas rurales, podemos revitalizar las comunidades rurales y aliviar la presión a la que se ven sometidas las zonas urbanas. 
En conclusión, quisiera pedir a todos los diputados que hagan suya la ideología y la creencia que están detrás de este informe. Es una Carta de los Pueblos por una Europa mejor. 
Señora Presidenta, señoras y señores, diputados, deseo referirme a una parte de este informe, a saber, al tema de las personas sin hogar. 
Es una de las causas y de las consecuencias de la exclusión social. 
Es un factor de privación que junto con el desempleo, la pobreza, el aislamiento social y una educación y formación profesional inadecuadas frustran las vidas de millones de ciudadanos europeos. 
El problema de la falta de una vivienda digna afecta especialmente a los jóvenes, a las personas de edad avanzada y a otros colectivos vulnerables de la sociedad. 
En mi ciudad, por ejemplo, la principal consecuencia de la falta de una vivienda es la violencia doméstica, es decir, la violencia que sufren las mujeres y los hijos en el seno familiar. 
Debido a que la falta de una vivienda digna es parte del complejo modelo de desventajas multidimensionales, el problema exige un enfoque coordinado por parte de las autoridades públicas, un enfoque que sea sensible a las necesidades y las aspiraciones de las personas sin hogar, que tenga en cuenta el hecho de que las personas sin hogar necesitan un puesto de trabajo, colegios, asistencia médica y unos ingresos además de una vivienda. 
Es el motivo por el que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales está pidiendo la creación de un grupo operativo de la Comisión, que tenga la categoría de Dirección General, para que desarrolle estrategias integradas que permitan luchar contra la exclusión social. 
Asimismo pedimos que se consulte a las personas sin hogar y a sus organizaciones a la hora de elaborar los correspondientes programas europeos. 
Los principales responsables de la provisión de viviendas son los propios Estados miembros, pero si la Unión Europea es sincera en sus deseos de construir una sociedad que no excluya a nadie, Europa puede aportar valor añadido a la labor de los Estados miembros. 
Por ejemplo, podríamos hacer uso de los Fondos estructurales. 
Podríamos desbloquear el veto del Consejo al programa de lucha contra la pobreza con el fin de explorar nuevas iniciativas que nos permitan atender a las necesidades en materia de vivienda, además de otras necesidades como pueden ser el desarrollo sostenible de zonas urbanas y rurales, la formación profesional y el empleo. 
Podemos crear nuevas pautas para la integración de las personas sin hogar y de los marginados. 
Espero que el informe del Sr. Crowley, por el que le felicito, contribuya a este proceso y que el ritmo del progreso para construir una Europa social reciba un impulso en Amsterdam el mes próximo. 
Señora Presidenta, en los Países Bajos hay una expresión que dice: cuanto más avanza la noche, más guapa la gente. 
Creo que esto es lo que sucede aquí, aunque somos muy pocos los que quedamos para tratar esta importante cuestión. 
Recientemente la Comisión Europea publicó estadísticas sobre las cifras de pobreza en Europa. 
De ellas se desprende que un gran número de personas viven en una pobreza relativa, es decir, en comparación con las personas de su entorno. 
Una tercera parte de estas personas están sin empleo, una tercera parte están jubiladas y una tercera parte trabajan. 
Gran parte de estas personas son todavía muy jóvenes. 
Si miramos las cifras de las personas sin hogar, vemos además que más de la mitad de ellas tienen entre los 20 y 40 años de edad. 
La mayoría han tenido trabajo en algún momento, pero casi siempre trabajos temporales e inseguros. 
Por tanto, la pobreza y la vivienda deficiente o la falta de vivienda están estrechamente relacionadas. 
Por ello, es preciso que el derecho básico a una vivienda digna y asequible se traduzca a la práctica a través de una política concreta. 
Pero dicha política ha de ser realizada principalmente por las administraciones nacionales. 
A nivel internacional, el año pasado en la Conferencia Hábitat celebrada en Estambul, hubo una iniciativa para ocuparse de la vivienda para todo el mundo, es preciso emprender una acción tanto a nivel local y nacional como global. 
A nivel europeo, la Unión Europea puede actuar como coordinadora de algunos aspectos de la política de vivienda. Eventualmente puede emprenderse una iniciativa europea en forma de un proyecto piloto. 
En lo que respecta a las enmiendas de PPE al informe Crowley, quiero recalcar que en la enmienda nº 13 de Thomas Mann es válido el texto alemán. 
Esto significa que los proyectos sólo tendrán derecho a apoyo técnico, por ejemplo, ayuda técnica al contratar un préstamo. La enmienda no significa que haya que financiar proyectos de vivienda a nivel europeo. 
Si el ponente puede apoyar nuestras enmiendas, teniendo en cuenta esta aclaración, el Grupo del PPE podrá aceptar mañana el informe del ponente. Por otra parte, quiero felicitarle por su trabajo y creo que ha hecho un discurso muy impresionante sobre la necesidad de aplicar una política de la vivienda. 
La cuestión es tan sólo quién ha de hacerlo y de qué modo. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Crowley posee todos los elementos para considerarlo plenamente satisfactorio y para dar una respuesta adecuada al problema relativo a los aspectos sociales de la vivienda. 
En mi ciudad, en Roma, se dice que si la construcción no se recupera, la economía no se recupera: entonces, ¿por qué no desarrollar este sector en Europa, donde puede crear mucho empleo? 
Pero además de empleo, la vivienda garantiza también la posibilidad de confortar y de reunir al núcleo principal de la sociedad, que es la familia. 
Toda persona humana tiene derecho a una vivienda digna y económicamente accesible; más aún, algunas familias la deberían tener completamente gratis. 
La casa como refugio contra las inclemencias del tiempo, la casa como lugar de reunión y punto de referencia de las personas excluidas de la sociedad, de las personas mayores, las residencias para los minusválidos: piensen qué importante es incluir en las urbanizaciones- en las nuevas como en las antiguas- las residencias donde pueden estar los minusválidos y seguir viviendo tras la muerte de sus padres. 
Pero este Parlamento y la Comisión deben dar a este sector que es tan importante desde el punto de vista social posibilidades de desarrollo. 
Desde luego, los obstáculos existen: no hay financiaciones adecuadas. 
Yo el sector de la construcción lo conozco bien- antes de ser eurodiputado construía casas- y sé que es un sector que está parado, que no se fomenta: el BEI no financia todavía esas construcciones, las normativas son aún demasiado complicadas, a las pequeñas y grandes empresas les cuesta desplazarse por toda Europa. 
Por lo tanto, el problema se resolverá sólo y únicamente cuando demos una respuesta adecuada a este problema, que además es un problema financiero, si no queremos hablar además de la falta de programación. 
El informe toca todos los aspectos sociales y se ocupa también del urbanismo concerniente a la vivienda. 
Es cierto: el urbanismo es esencial para liberar al hombre del gueto que se formaría si la vivienda sólo fuera vivienda, para uso y consumo de la especulación. 
Para terminar, señora Presidenta, hay que hacer casas más grandes, de manera que esta vieja Europa nuestra pueda tener muchos hijos. 
Señora Presidenta, Señorías, nuestro Grupo simpatiza con las ideas subyacentes a este informe, porque expresan preocupación por grupos de la sociedad por los que es necesario preocuparse. 
Pero, no obstante, el Grupo de los Liberales considera que no puede votar a favor del informe debido al hecho de que en el nivel europeo se incluyen demasiados asuntos que no podemos realizar. 
Si, por ejemplo, vemos que en el considerando B se dice que por lo general los Estados miembros tienen tendencia a eludir su responsabilidad en relación con la política de la vivienda, no podemos decir que sea cierto. 
Y hay más cuestiones en este informe que depositan una responsabilidad excesiva en el nivel europeo, y Europa no puede cumplirlo. No disponemos de ninguna base jurídica en este contexto. 
Esta es la razón de que hayamos dicho que no votaremos a favor del informe. 
Por otra parte, en sí, no estamos en contra de un programa de acción que quiera estimular proyectos piloto. Pero esto es lo único que estamos dispuestos a debatir. 
Señora Presidenta, más de 18 millones de personas sin techo o mal alojadas en la Unión Europea es una situación intolerable y que corre el riesgo de agravarse aún más. 
Tenemos ahí una de las consecuencias más dramáticas de las políticas basadas en la rentabilidad financiera que, al mismo tiempo favorecen de forma ultrajante la especulación inmobiliaria e incrementan el desempleo, la precariedad y la exclusión. 
La implacable ley del mercado aplicada a la vivienda echa a la calle a millones de personas, jóvenes en especial, que no pueden acceder a un empleo estable. 
Si embargo, el derecho a la vivienda constituye un derecho elemental de la persona humana. 
El informe menciona algunas propuestas interesantes, por ejemplo, medidas contra la especulación urbana o la financiación a nivel europeo de proyectos presentados por los Estados miembros. 
Pero no creo que una política europea integrada, reclamada por otra parte en el informe, pueda constituir una buena solución, en primer lugar porque la experiencia demuestra, por desgracia, que la mayor parte de las políticas comunitarias han arrastrado las normas sociales hacia abajo, pues nunca se alinean con el nivel más elevado. 
Después, señalaré que los criterios de Maastricht y los del paso a la moneda única imponen cortes sombríos en la financiación de la construcción social y en las ayudas a la vivienda. 
El problema de la vivienda, que depende de cada Estado, no es en absoluto irresoluble. 
Exige la voluntad política de conceder a la vivienda social el lugar y los medios que deben corresponderle. 
Desearía mencionar tres tipos de solución que pueden ser pistas para la reflexión. 
En primer lugar, para favorecer la construcción de viviendas a precios accesibles, ayudas a la construcción, el descenso de los tipos de interés de los bancos, el cálculo de la especulación. 
Con respecto a los sin techo, la construcción de hoteles sociales que permitan a los interesados instalarse, la construcción de centros de alojamiento que respeten los derechos de la persona humana y que incluyan servicios sociales capaces de encargarse de los diferentes problemas planteados. 
Pero, sobre todo, es necesario evitar que se incremente el número de los sin techo. 
Para ello, debe cesar la práctica bárbara de los desahucios, ha de prohibirse cuando la deuda de alquiler tenga causas sociales. 
Encontrarse en la calle es, con mucha frecuencia un paso irreversible hacia la marginalidad. 
Perder el techo representa, en especial para los niños, un trauma terrible. 
Algunas comisiones especializadas pueden ayudar y dar responsabilidades a los arrendatarios endeudados. 
Finalmente, se deben aportar algunas ayudas en este sentido a las asociaciones de caridad cuya aportación es indispensable, que se dedican sin pedir nada a cambio a aliviar el sufrimiento de los más desprotegidos, y deseo recordar aquí la necesidad de restablecer los créditos, a nivel europeo, en favor de la lucha contra la pobreza. 
Ir a soluciones de fondo en el problema de la vivienda implica romper con la lógica de los mercados financieros y colocar en el centro de la sociedad no al dinero sino al ser humano. 
Señora Presidenta, en esta sala existe la costumbre de felicitar al o a la ponente por la excelente labor realizada. 
En esta ocasión las felicitaciones me salen francamente del corazón. 
En este informe de propia iniciativa del Parlamento y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Brian Crowley ha puesto extraordinariamente de manifiesto la importancia fundamental que reviste la política de vivienda como elemento integrante de la política social. 
El resto de medidas en materia de empleo y de política social es inútil si las personas no tienen una vivienda decente, de la que salir para ir a trabajar, en la que poder criar a sus hijos y descansar durante su tiempo libre. 
Somos conscientes de que existen enormes diferencias entre la política de vivienda de los distintos Estados miembros. 
Mientras que algunos países destinan hasta el 3 % de su producto nacional a la política de vivienda, otros no llegan siquiera al 1 %. 
Del mismo modo, cabe señalar que la política de vivienda constituye un sector que está vergonzosamente desatendido en el marco de las actividades comunitarias. 
Aún estamos a tiempo de influir para lograr que durante la Cumbre de Amsterdam se incluya en el Tratado un artículo referente a la política social que siente un fundamento jurídico para las acciones comunitarias en materia de política de vivienda. 
He aquí el reto con el que nos enfrentaremos durante las próximas semanas. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Crowley por su informe, así como a todos los diputados que han intervenido en el debate. 
A pesar de que todos sentimos una justa preocupación por los problemas que derivan de la falta de una vivienda digna, existen límites estrictos en cuanto a lo que la Comisión puede o se propone hacer en este ámbito. 
El tema de la vivienda depende, fundamentalmente, de los Estados miembros, y la Comisión no cree que deba desempeñar una función significativa en la provisión física de viviendas. 
La resolución del Sr. Crowley apunta a la posibilidad de que los créditos hipotecarios a bajo interés financiados por la Unión Europea se basen en el modelo de la CECA. 
Ciertamente fue un programa que aportó grandes beneficios en su día, pero dichos créditos tienen ahora una importancia menor que la que tuvieron antaño. 
De hecho, la demanda de estos créditos ha descendido en varios Estados miembros hasta el punto de que no se han utilizado todos los fondos asignados. 
De hecho, el plan será desmantelado a finales de año. 
Se ha hecho referencia a los Fondos estructurales como posible fuente para financiar la vivienda. 
Es algo que jamás se ha hecho en el pasado, a pesar de que la Iniciativa comunitaria URBAN, por ejemplo, se centró en áreas con problemas de falta de vivienda. 
A pesar de que ignoro cuál será la propuesta de la Comisión en el marco de las reformas de 1999, me pregunto si será realmente posible dar prioridad a los créditos hipotecarios a bajo interés antes que, por ejemplo, a las necesidades de empleo. 
No obstante, en un tono más positivo, a pesar de que la Comisión no está capacitada para financiar la vivienda como tal, intenta contribuir a los esfuerzos para luchar contra el fenómeno de los «sin hogar» y los efectos sociales de la falta de una vivienda digna. 
Estamos completamente de acuerdo con el énfasis que pone la resolución en la necesidad de adoptar un enfoque integrado para resolver la compleja trama de problemas económicos, sociales y culturales que son su principal causa. 
Un excelente ejemplo de este enfoque integrado nos lo brindó el programa Pobreza 3, que promovía enfoques de múltiples agencias para atajar la pobreza. 
Dicho programa daba apoyo a una amplia serie de proyectos relacionados con la vivienda que abarcan desde la mejora de poblados chabolistas en Grecia hasta ayudas para la rehabilitación de urbanizaciones de viviendas sociales de Edimburgo, que se encuentran en estado de deterioro. 
De hecho, casi las tres cuartas partes de los proyectos contenían acciones en apoyo de la vivienda. 
La resolución del Sr. Crowley menciona además la iniciativa IGLOO. 
La Comisión ya ha destinado ayuda para contribuir a la creación de esta red europea, y tengo grandes esperanzas de que podamos continuar apoyando este tipo de actividades en el futuro. 
Quisiera agradecer al Sr. Crowley la elaboración de su informe tan minucioso. 
La Comisión estudiará sus propuestas con la debida atención y el material procedente de los Estados miembros también merece ser estudiado. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Sistema de Información Europeo- Aduanas y la tecnología de la información 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los dos informes que siguen: 
A4-0062/97 de la Sra. Terrón i Cusi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto jurídico del Consejo (12029/94-9277/1/95- C4-0249/95) por el que se establece el Convenio por el que se crea el Sistema de Información Europeo (SIE) ; -A4-0060/97, del Sr. Schultz, en nombre de la Comisión de Libertades Fundamentales y de Asuntos Interiores sobre un acto jurídico del Consejo (C4-0248/95) y C4-0520/95) , de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros y el Acuerdo sobre la aplicación provisional entre determinados Estados miembros de la Unión Europea del Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros. 
Señora Presidenta, en primer lugar, yo quiero agradecer la cooperación que en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores han demostrado todos los Grupos y su muy buena disposición hacia este informe. 
Quisiera además agradecer la paciencia que han tenido nuestros colegas suecos, ya que han dispuesto muy tarde del texto del Convenio al que nos estamos refiriendo en su propia lengua. 
Han trabajado sobre la versión inglesa, finalmente apareció la traducción al sueco y podemos ya discutir este informe. 
Hoy, señora Presidenta, el Consejo y la Comisión nos han explicado los avances producidos en la Conferencia Intergubernamental, entre ellos los que afectan a la libre circulación de personas, uno de los objetivos de la Unión que todavía está lejos de ser alcanzado. 
El debate que nos ocupa no puede ser, pues, más oportuno. 
Hablamos hoy de un convenio que nos presenta el Consejo, por el que se establece el Sistema de Información Europeo para sustituir al Sistema de Información de Schengen. 
No voy a entrar ahora en lo que ha sido la experiencia del Sistema de Información de Schengen, ya que hemos aprobado hace muy poco, y a él me remito, un informe de la señora van Lancker sobre este tema. 
Quiero centrarme en lo que me parece más básico de mi informe: la petición de un cambio del fundamento jurídico para el establecimiento del Sistema de Información Europeo. 
El Consejo nos presenta un convenio con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión. 
El artículo K.3 se refiere al artículo K.1 del mismo tratado, y el artículo K.1 cita como materias afectadas el cruce de las fronteras exteriores, la política de inmigración, la política relativa a los nacionales de terceros Estados, la cooperación judicial en materia civil y penal, la cooperación aduanera, la cooperación policial para la prevención y la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, y otras formas graves de delincuencia internacional. 
El SIE abarca, a mi modo de ver, un terreno completamente diferente, pues su objetivo principal es el de ofrecer una medida compensatoria en relación con la supresión de las fronteras interiores, ámbito en el que la Comunidad tiene competencias exclusivas sobre la base del artículo 7A del Tratado CE. 
El mismo artículo K.1 del Tratado de la Unión estipula que la cooperación descrita en este artículo K.1 regirá sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea. 
Precisamente debido a esta competencia exclusiva cabría esperar, y eso es exactamente lo que proponemos para el SIE, un reglamento comunitario. 
El Parlamento se ha expresado ya, en distintas ocasiones, en el sentido de que, habida cuenta de que la libre circulación de las personas debería haberse realizado ya después de la aprobación del Tratado de Roma, es decir, hace prácticamente cuarenta años, los controles de las personas en las fronteras exteriores deberían reglamentarse de la misma manera que los controles de mercancías. 
Si atendemos al contenido del Sistema de Información Europeo, es aún más claro que se impone la legislación comunitaria. 
Es cierto que el SIE concierne a la cooperación policial, pero no específicamente en los ámbitos del terrorismo o del tráfico ilícito de drogas, ni otras formas de delincuencia internacional. 
El objetivo principal del SIE es averiguar el paradero de personas que se buscan a nivel nacional, controlar los movimientos de las personas sujetas a control a nivel nacional, pero que con la supresión de las fronteras interiores no siempre pueden controlarse ya a este nivel. 
Es decir, el SIE es- como decía- una medida compensatoria para lograr esta libre circulación de las personas. 
Cambiar el fundamento jurídico y utilizar un reglamento comunitario ofrecería muchas ventajas, como una consulta satisfactoria al Parlamento Europeo para un tema en el que ni siquiera está garantizado que los Parlamentos nacionales, si no, puedan ejercer efectivamente este control. 
También permitirá esta fórmula una entrada en vigor rápida. 
Creo que experiencias como las del Convenio de Schengen o el Convenio de Dublín nos hacen temer lo peor. 
Hemos tardado a veces diez años en aprobar un convenio. 
También se requiere un papel más claro para la Comisión. 
Y en una jurisdicción comunitaria sobre un tema que trata de datos personales debería intervenir, sin duda, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia cuando se trate, por ejemplo, de reclamaciones de los ciudadanos y de una interpretación uniforme de este convenio. 
Por otro lado, el Convenio del Sistema de Información Europeo está vinculado al llamado Convenio sobre Fronteras Exteriores. 
Esta vinculación no está motivada ni, a mi modo de ver, existe razón alguna para establecerla, ya que el SIE tiene por objeto- como he dicho ya reiteradas veces- compensar esta pérdida de control en las fronteras interiores. 
El control de las fronteras exteriores se realiza en cualquier caso con o sin vinculación con el Convenio de Fronteras Exteriores. 
Si establecemos esta vinculación, la trampa de esperar a que entre en vigor el Convenio sobre Fronteras Exteriores nos puede llevar a una espera muy larga. 
Un reglamento, en cambio, no podría ser supeditado a un convenio establecido sobre la base del artículo 6 del Tratado. 
Y refiriéndome a algún punto concreto, creo que habría que vigilar todo lo relativo a refugiados y solicitantes de visados. 
Es peligroso que, mientras no haya armonización en esta materia, se incluya este asunto en el sistema, porque aquellas personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada pueden terminar, señora Presidenta, incluidas en la categoría de extranjeros indeseables. 
Creo que esto es suficientemente grave como para que intente evitarse de cualquier manera. 
Me parece también increíble que la única cosa específicamente citada, antes de terminar este Convenio, sea la lucha contra la inmigración ilegal. 
Creo que este nombre deberíamos cambiarlo ya por el de control de la inmigración. 
Hay otros datos menores que creo que habría que cambiar en el Convenio, pero he querido centrar mi intervención en este cambio del fundamento jurídico que pedimos. 
Yo creo que si esto se hace, tendremos una prueba de que lo que el Consejo nos cuenta aquí tan a menudo son algo más que buenas palabras, son algo más que buenos deseos, y que hay una voluntad política de avanzar en el objetivo de la Unión de conseguir la libre circulación de personas. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, me sumo a lo que ha manifestado nuestra colega, la Sra. Terrón i Cusí. 
Me estoy ocupando de otro sistema de información que va a instalarse en la Unión Europea, el sistema de información aduanera, cuyo sentido más profundo es servir de ayuda para poder perseguir mejor las transgresiones graves de las disposiciones de los estados individuales en el ámbito aduanero. 
El sentido de este sistema de información consistirá en que las autoridades aduaneras estén en condiciones de recoger con la mayor fluidez posible informaciones necesarias para la lucha contra las transgresiones graves, de intercambiarlas con la mayor fluidez posible a fin de ser capaces de construir modelos eficaces de cooperación, de adoptar medidas eficaces de control en el transporte de mercancías, en el tratamiento de las empresas de transporte, en la selección de los medios de transporte, en los casos de las diferentes formas de fraude y de criminalidad, de una manera más completa que hasta ahora, hacerlas disponibles y mediante la puesta a disposición de estos datos poder llegar a mejores estrategias de lucha contra la criminalidad. 
En este sistema de información está previsto enfrentarse a las formas de criminalidad que se están desarrollando en la Unión Europea de forma transfronteriza, elaborar análisis y ponerlos a disposición de las autoridades nacionales. 
Pero, naturalmente, esto puede hacerse solamente si se recogen también informaciones sobre quienes cometen los delitos, es decir, este sistema de información recogerá también datos referidos a personas. 
Estoes todo. 
Este es un planteamiento adecuado y razonable y el Parlamento Europeo debería apoyar a las autoridades de la Unión Europea, tanto a las autoridades aduaneras como también a todas las demás autoridades nacionales participantes, cuando se trate de combatir con más fuerza que hasta ahora la criminalidad, que cada vez aumenta más en este ámbito, y nosotros apoyamos todos los esfuerzos que se encaminen a la construcción de los necesarios sistemas de información. 
Pero no podemos apoyar el hecho de que el Parlamento Europeo, como es usual, haya sido dejado fuera en la puesta en vigor, en la construcción del sistema de información, en el procedimiento legislativo que es necesario para poner en vigor el Convenio. 
El artículo 6 del Tratado de la Unión prevé que en las medidas como la creación de un sistema de información aduanera debe ser consultado el Parlamento Europeo. 
¿Qué ha hecho el Consejo? 
Ha puesto en vigor el Convenio- les ruego que tomen nota exacta de esto, pues es el proceder usual del Consejolo ha firmado antes de que los textos estuvieran a disposición del Parlamento Europeo en los idiomas oficiales. 
Esto significa que los miembros de esta Alta Asamblea, cuya representación aquí no es muy numerosa esta tarde, cosa que, por lo demás, puedo entender muy bien, se han ocupado de este proyecto en la medida que, ante todo, tuvieron que luchar por obtener el necesario documento en las respectivas lenguas oficiales. 
Por lo demás, el Parlamento Europeo ha tenido que tomar nota de que el hecho de ser consultado, cosa que en el fondo tendrá lugar esta tarde, no tiene valor, en absoluto, que todo lo que discutamos esta tarde carece absolutamente de finalidad y de sentido, pues el Convenio ha sido remitido ya a los Parlamentos nacionales para su ratificación. 
Se trata aquí de la constitución de un sistema de información que podrá incluir a cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea, pues en este Convenio existen pasajes que prevén, por ejemplo, que el futuro sistema de información europeo cooperará con todas las autoridades nacionales que pudieran ser necesarias para la recogida de los datos de este sistema de información, sin que en Convenio se defina a qué autoridades nacionales se refiere y por qué vía pueden remitir las autoridades nacionales al sistema de información aduanera los datos necesarios. 
Sobre todo, parece haberse desatado justamente una carrera por sistemas de información en la Unión Europea, siempre desdeñando la participación de los representantes del pueblo libremente elegidos. 
Acabamos de escuchar de labios de la Sra. Terrón i Cusí que tenemos el sistema de información europeo, hablo del sistema de información aduanera, existe el sistema de información de Schengen, EUROPOL tiene también un sistema propio de información, y estos sistemas de información procesan a veces recopilaciones de datos de forma paralela y con solapamientos. 
En el futuro a un ciudadano europeo sólo le va a ser posible librarse de ser recogido por algún sistema de información, residiendo fuera de la Unión Europea, cosa que, por lo demás, no va ser posible en los estados de la Europa central y oriental, cuya adhesión está prevista, pues están colaborando de forma muy intensa con los sistemas de información europeos o en su construcción. 
Esto diferencia del Parlamento Europeo a los países que desean la adhesión. 
Seguramente el Ministro polaco de Interior sabe más del sistema de información aduanera que el ponente del Parlamento Europeo, se lo puedo asegurar a ustedes. 
Lo mismo se puede decir respecto de los demás sistemas de información. 
Una vez se pensó en crear un gran sistema único de información en el que estuvieran comprendidos el sistema de información aduanera, el sistema europeo de información, EUROPOL y Schengen, por decirlo así, el gran hermano de la información, sustraído al control de los Parlamento nacionales y no sometido al control del Parlamento Europeo. 
Este sería un buen sitio para los consejos de administración de un sistema de información semejante. 
Pueden recoger, efectivamente, los datos que quieran, sin tener que dar cuentas a nadie acerca de qué hacen con los datos. 
Si ustedes como ciudadanos individuales de la Unión Europea entran casualmente en contacto en este gran espacio jurídico democrático con un sistema semejante de información y no les agrada los datos referentes a ustedes que están almacenados en tal sistema de información, no tendrán ustedes la posibilidad de quejarse de ello ante el Tribunal Europeo de Justicia, pues, sorprendentemente, tampoco existe competencia del TEJ para este sistema de información. 
Tras la descripción completa de esta proceder altamente democrático permítanme el siguiente comentario de fondo: quien quiera ganar a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea para este maravilloso proyecto de futuro europeo, que podría ayudar a mitigar dificultades en la Unión Europea, quien quiera ganar al ciudadano para colaborar en este proyecto, debe proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas el sentimiento de que vivimos en un sistema jurídico democrático. 
Pero no puede ser que en un sistema de información como éste del que estoy hablando esta tarde, cuyo objetivo es muy bueno, en concreto, la lucha cualificada contra la criminalidad, no se respeten presupuestos fundamentales elementales de la democracia, es decir, no se garanticen la protección jurídica del ciudadano y la plasmación legal de los principios jurídicos. 
Esto no se garantiza, cuando se pisotea constantemente el artículo K 6 del Tratado de Maastricht. 
Si esto es así, no podremos convencer a los ciudadanos de la Unión Europea de que es bueno colaborar en esta Unión. 
También les diré por qué: puede ser que los ciudadanos y las ciudadanas de la calle que, si son alemanes, se alegran esta tarde de que el Borussia Dortmund haya vencido al Juventus de Turín, no se interesen por el sistema de información aduanera, y lo creo, y que les dé también igual a primera vista que el Parlamento Europeo se ocupe de ello, o el Parlamento Federal Alemán o cualquier otro Parlamento nacional, también lo supongo. 
Pero cuando adviertan a la larga que toda la legislación de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad interior no se discute ya en su Parlamento nacional y tampoco en nuestro Parlamento, cuando adviertan que se crean sistemas que tienen la posibilidad de intervenir en su vida cotidiana, sin que las ciudadanas y los ciudadanos tengan la oportunidad de influir en la configuración de estas cosas, entonces estoy casi seguro de que crecerá la desconfianza en estas instituciones. 
La confianza tiene que crecer, lo necesitan estas instituciones para combatir a aquellos que son los más peligrosos para el desarrollo de la Unión Europea, aparte del Consejo de Ministros, que si sigue actuando así se pone constantemente en peligro de ser criticado en el sentido de no ser un órgano democrático. 
Lo que representa realmente un peligro para nosotros es la criminalidad organizada, la lucha contra la cual debe y tiene que ser el objetivo de todas estas instituciones. 
Pero éstas podrán hacer esto de manera eficaz y exitosa si asentamos su actuación sobre estructuras realmente democráticas. 
Lamentablemente, esto no ha sucedido sido así. 
Por consiguiente, lamento que con nuestro informe tengamos que manifestar que un proyecto realmente muy bueno sea discutible una vez más, sea discutible también en la ratificación de los Parlamentos nacionales, como sucede actualmente con EUROPOL, porque el Consejo en su infinita sabiduría, que esta tarde quiero calificar excepcionalmente de arrogancia, ha omitido otra vez consultar a su debido tiempo al Parlamento. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, quisiera referirme aquí, sobre todo, a la opinión de la Comisión de Presupuestos, tanto en lo que se refiere al Convenio sobre el empleo de la tecnología de la Información en el ámbito aduanero como en lo que respecta al Convenio sobre el sistema europeo de información, acuerdos que acaban de serles presentados. 
La cooperación en el ámbito de la cooperación plantea la cuestión de la delimitación entre el primer y el tercer pilar y afecta así a diferentes competencias. 
A tal respecto, se trata de la asistencia oficial entre las autoridades de los Estados miembros y también de su cooperación con la Comisión en el ámbito del Derecho comunitario. 
De aquí se sigue que el mero intercambio de información en el ámbito aduanero se basa en fundamentos jurídicos diferentes, lo cual precisamente no contribuye a lograr el objetivo de mejorar la cooperación entre las autoridades aduaneras. 
Nos encontramos con un título que es más bien desorientador y sobre todo con un objetivo que está poco encaminado hacia la integración. 
La Comisión sólo tiene que proporcionar el aparato técnico para este sistema. 
Por lo demás, el Convenio no establece ninguna conexión con los demás bancos de datos de la Comisión, que en parte acaban de ser mencionados, como SCENT e IRENE, el banco de datos para la lucha contra el fraude, o IDA que está encaminado al funcionamiento del mercado interior. 
Pero con ello no se responde explícitamente a la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Las autoridades aduaneras deben combatir e impedir las transgresiones contra el Derecho comunitario y contra los preceptos jurídicos de los estados particulares. 
Por consiguiente, los gastos para este sistema han de ser asumidos de una manera altamente complicada en el presupuesto de la CE y han de ir a costa de los Estados miembros. 
De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea el intercambio de información aduanera debería ubicarse en el marco del Tratado de la CE. 
Pero, lamentablemente, el Consejo ha cedido al deseo de determinados Estados miembros y ha ubicado el Convenio en el ámbito interestatal, o podría decirse también que lo ha degradado. 
En mi opinión, este estado de oscilación, artificialmente mantenido, entre el plano interestatal y el plano comunitario en este Convenio no puede hacer avanzar de manera eficaz la lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
El llamamiento que se contiene en la resolución y que se dirige a la Comisión en orden a que estudie si el sistema no puede ser sustituido por un reglamento o por una directiva en el marco del Tratado de la CE, no hace sino expresar de manera muy cautelosa esta problemática. 
El Convenio para la creación del sistema europeo de información debería mejorar también la eficacia de los controles- esta vez en la fronteras exteriores de la Unión -, sobre todo en lo que se refiere a los anuncios sobre personas buscadas o también sobre cosas. 
El Convenio es úlil, y esto se ha manifestado ya, para la traslación del convenio sobre la ejecución del Acuerdo de Schengen, convenio que fue firmado ya en 1990 por algunos Estados miembros fuera del marco del Tratado de la Unión Europea. 
Este sistema europeo de información va a ser financiado ahora exclusivamente por las aportaciones de los Estados miembros. 
No se prevén relaciones de ningún tipo con los servicios de la Comunidad- por ejemplo, con la unidad de lucha contra el fraude- y tampoco está previsto acceso alguno de los funcionarios de la Comisión a este sistema de información. 
Estos sistemas de información son importantes y necesarios. También yo soy partidario de esto. 
Pero debo afirmar con consternación que éste no es seguramente el mejor camino para la legislación europea o para la consecución de organismos europeos. 
Se sigue creando, incluso se sigue creando en paralelo, y se sigue dando el aislamiento mutuo. 
Esto no es lo que necesitamos ni lo que queremos. 
Lamentablemente, tampoco se puede decir que la Conferencia Intergubernamental, aunque este punto aparece en la misma, vaya a proporcionar alguna ayuda ahora, en cualquier caso, todavía no. 
Lamentablemente. 
Señora Presidenta, Señorías, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha remitido su opinión sobre el convenio europeo relativo a la creación de un Sistema de Información Europeo, sólo tenía a su disposición un proyecto de convenio que databa de diciembre de 1995 y que aún estaba sometido a examen en el seno del Consejo. 
La implicación del Parlamento en el marco del artículo K6 es imperfecta y depende de la buena voluntad de cada presidencia. 
No está rodeada de garantías jurisdiccionales que caracterizan la participación del Parlamento en el proceso legislativo, en virtud del artículo 138 B) del Tratado. 
El artículo K6 prevé que la Presidencia informe y/o consulte al Parlamento en el marco del capítulo 6. La carta por la cual la Presidencia francesa ha enviado al Parlamento el proyecto de Convenio por el que se crea el SIE era más de información que de consulta. 
Sin embargo, el Parlamento decidió emitir un dictamen. 
El objeto del presente convenio es poner en marcha los medios e incluso las condiciones, previas a la libre circulación de personas. 
El Convenio SIE es un instrumento del convenio relativo al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión. 
La imbricación de ambos convenios es muy fuerte. 
La cooperación policial y judicial que pone en marcha el Convenio SIE entre los Estados miembros con vistas a la difusión rápida de informaciones sobre las personas que hayan de ser buscadas, vigiladas o detenidas, con las garantías jurídicas que establece el Convenio, permitirá avanzar sin reparar en obstáculos en el objetivo de la libre circulación de personas. 
Por otra parte, el sistema de información Schengen es el modelo del que se ha calcado el SIE. 
Sobre este modelo, el SIE se compone de dos partes, una nacional y una función de soporte técnico distinta. 
Este sistema con dos ramas comporta inevitablemente el inconveniente de ver como cada Estado miembro aplica dos derechos: el suyo propio y el del Convenio. 
Así, se planteará inevitablemente el problema para la identificación, tal como está previsto en el artículo 4. 
Si la multiplicidad de instrumentos internacionales implicados en el Convenio muestra la importancia de las cuestiones tratadas, la Comisión de Asuntos Jurídicos teme que esta imbricación cree un factor de complejidad suplementario que pueda incluso retrasar hasta el infinito la aplicación del Convenio SIE. 
Igualmente, la Comisión lamenta que las cuestiones relativas al Tribunal de Justicia sean tratadas aparte del Convenio. 
Integrarlas habría reforzado la seguridad jurídica del Convenio en el momento de su aplicación. 
Finalmente, y para terminar, diré, a título personal, que lamento enormemente que la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores no haya considerado oportuno consultar a la Comisión de Asuntos Jurídicos cuando su ponente ha planteado un cambio de base jurídica. 
Si, en la cumbre de Amsterdam, como es muy probable, las cuestiones de cruce de las fronteras, inmigración, etc., son comunitarizadas, será necesario transformar el convenio en reglamento, pero antes de la conclusión de la CIG, esto era prematuro. 
Señora Presidenta, me referiré en primer lugar al informe del Sr. Schulz, y pasaré a continuación al de la Sra. Terrón i Cusí. 
En nombre de la Comisión, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento por la considerable labor que ha llevado a cabo en varias comisiones sobre el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros. 
Como sabrá la Asamblea, el objetivo del Convenio sobre el sistema de información aduanera es crear una base de datos que contenga información operativa sobre asuntos delicados como narcotráfico, armas, pornografía, etcétera, que actualmente no son competencia jurídica de la Comunidad, para su utilización por las administraciones aduaneras de los Estados miembros. 
Como también sabrá la Asamblea, junto con este convenio, el Consejo aprobó el pasado 13 de marzo un nuevo Reglamento sobre la asistencia mutua y la cooperación administrativa a efectos aduaneros y agrícolas. 
Queda claro, por tanto, que el SIA que estipula el convenio es complementario al SIA que estipula el Reglamento. 
Evidentemente, de acuerdo con el tercer pilar, la Comisión no tiene derecho de iniciativa en el ámbito de la cooperación aduanera. 
Teniendo en cuenta, sin embargo, la relación con el SIA de acuerdo con el reglamento mencionado más arriba, la Comisión se encargará asimismo de la gestión técnica de la infraestructura en el marco del Convenio SIA, aunque no tendrá acceso a los datos que contiene el sistema. 
La Asamblea también tendrá conocimiento del vivo interés de la Comisión en la lucha contra el fraude, y la Comisión cree que un refuerzo de la cooperación aduanera entre los Estados miembros, especialmente mediante la utilización de sistemas informatizados, contribuirá de forma significativa a la eficacia de dichos esfuerzos. 
Sabemos por experiencia que los aspectos del crimen organizado con los que tiene que verse la administración aduanera abarcan, sin que sea posible hacer una distinción, tanto al primero como al tercer pilar. 
Por ello, aunque respeta los constreñimientos jurídicos que derivan del Tratado de la Unión, la Comisión ha ejercido una fuerte presión a favor de que los agentes operativos de aduanas utilicen un sistema informatizado único. 
El Convenio SIA entra, evidentemente, dentro de este marco. 
Resumiendo, podemos afirmar, por consiguiente, que a pesar de que la infraestructura técnica utilizada para el SIA que estipula el reglamento también será utilizada para el SIA que estipula el convenio, en términos jurídicos serán dos sistemas diferentes de conformidad con la estructura de pilares de la Unión Europea. 
La Comisión está de acuerdo con las orientaciones del informe elaborado por el Sr. Schulz. 
No obstante, aunque toma nota de las referencias que el presente informe hace a la Comisión, la Asamblea sabe perfectamente que la Comisión no tiene derecho de iniciativa en este ámbito y debe tener en cuenta la estructura de pilares de la Unión Europea. 
Las cuestiones planteadas en el informe del Sr. Schulz podrían ser resueltas, naturalmente, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, y me consta que este Parlamento y la Comisión coinciden en este punto. 
Por ello, quisiera invitar al Parlamento a que siga apoyando la transferencia de los aspectos administrativos de la cooperación aduanera, que actualmente están recogidos bajo el Título 6 del Tratado, del tercer pilar a la esfera comunitaria. 
Ni que decir tiene que los aspectos penales y judiciales de la cooperación aduanera deben mantenerse y se mantendrán en el tercer pilar. 
Pero, como han sostenido algunos miembros de esta Asamblea y la propia Comisión, la cooperación administrativa aduanera ofrece ventajas comunes y, por lo tanto, la modificación aportaría beneficios para todos, sin comprometer por ello los intereses específicos de los Estados miembros. 
Recomiendo el informe a la Asamblea y agradezco al Sr. Schulz y a sus colegas la útil labor que han realizado. 
Paso a continuación al informe de la Sra. Terrón i Cusí sobre el Sistema de Información Europeo. 
Debo reconocer que la Comisión comparte la preocupación de la ponente por el hecho de que el Convenio SIE esté bloqueado en el Consejo de Ministros, y nuestra inquietud es tanto mayor debido a la clara conexión que existe entre el Convenio SIE y el Convenio sobre el control de las fronteras exteriores. 
La Comisión coincide asimismo con la ponente en su sugerencia de que el Tribunal Europeo también debe participar en asuntos relativos a los convenios estipulados en el artículo K.3. 
Aprovecho la oportunidad que me brinda este debate para aclarar algunos malentendidos que han saltado a la luz. 
En primer lugar, el Sistema de Información Europeo (SIE) pasará a sustituir el Sistema de Información de Schengen (SIS). 
En consecuencia, sólo tendremos un sistema y no dos. 
Segundo, el Sistema Eurodac trata sobre la posibilidad de tomar las huellas dactilares en el caso de los solicitantes de asilo, y tiene que ver con la aplicación del Convenio de Dublín. 
Tercero, CIREA y CIREFI no son sistemas de información, son grupos de trabajo del Consejo de Ministros. 
La Comisión ha señalado en reiteradas ocasiones que el término» Centro» en estos dos títulos podría dar lugar a confusión, por lo que hago hincapié en que en este caso Centro se refiere a grupos y no a lugares. 
Confío en que haya quedado perfectamente claro. 
Coincido con la ponente en que debemos tomar precauciones para evitar en el futuro un solapamiento de los diferentes sistemas de información, por ejemplo, con los sistemas de Europol. 
Al mismo tiempo, la Comisión está convencida de que la introducción del sistema SIE conducirá a un sistema de información más claro y racional y, quién sabe, puede que un día conduzca a un horario de los debates más racional en este Parlamento. 
Para terminar quisiera hacer un comentario general sobre la cuestión institucional que recorre como un hilo común estos dos debates que debatimos esta noche. 
La Sra. Terrón i Cusí sugiere que el Convenio SIE podría convertirse en reglamento. 
Debo decirle, sin embargo, que existen dudas sobre la posibilidad de aplicar el artículo 235 del Tratado en vigor, ya que al igual que el artículo K.3 exige la unanimidad del Consejo. 
Las cuestiones que se han discutido aquí esta noche demuestran que sería mucho más fácil si tuviéramos un marco jurídico común. 
Por eso la Comisión propuso a la Conferencia Intergubernamental que todo el contenido del Título 6, salvo la cooperación policial y la cooperación judicial, fuera transferido al primer pilar. 
Una modificación del Tratado en ese sentido facilitaría el trabajo sobre el SIE y el SIA, y aportaría sólo beneficios a la Comunidad y a su población. 
Espero, por tanto, que el Parlamento continúe apoyando la propuesta de la Comisión en la CIG y espero también que los resultados de la Conferencia Intergubernamental y el nuevo Tratado hagan realidad nuestro deseo común de una mayor eficacia. 
Estoy agradecido por la labor que ha desarrollado la Sra. Terrón i Cusí y sus colegas en un informe que da mayor contenido a la tendencia a favor de la modificación progresiva. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0172/97) , elaborada en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0092/97-95/0359 (SYN) ) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (Ponente: el Sr. González Triviño) 
Señora Presidenta, quiero inicialmente agradecer a todas las personas que forman parte de la Comisión de Transportes y Turismo el esfuerzo, la dedicación y la colaboración para sacar este expediente adelante. 
Igualmente quiero agradecer a la Comisión Europea la sensibilidad que ha mostrado con las enmiendas presentadas por el Parlamento y la predisposición a aceptar la opinión del Parlamento. 
Y, para concluir, también mi agradecimiento a Isidoro Sánchez, miembro que fue de este Parlamento durante dos años y que inició este expediente. 
El transporte aéreo ha adquirido en los últimos años una importancia inusitada y sin precedentes en los países de la Unión Europea, y es debido principalmente a los siguientes factores: 
Primero, a los avances en el nivel de renta, que hacen más accesible ese medio de transporte. 
Segundo, las medidas de liberalización y apertura de la competencia dentro de la Unión Europea, que ha hecho posible un descenso considerable de los precios de la aviación. 
Y por último, los adelantos tecnológicos que facilitan un uso más intenso de las aeronaves, que además tienen mayor capacidad que las de hace 20 ó 40 años. 
El resultado es que, en los últimos años, el número de pasajeros que usan el transporte aéreo en Europa aumenta casi 10 millones por año. 
Las últimas cifras de la Asociación de Aerolíneas Europeas indican que se ha superado ya la cifra de 150 millones de pasajeros al año. 
Se trata de una cifra muy alta, que muestra claramente que el transporte aéreo se ha convertido en un sistema utilizado regularmente por una proporción muy alta de la población europea. 
Sin embargo, en el terreno de la cobertura de seguros de responsabilidad civil sigue en vigor el Convenio de Varsovia y el Protocolo de La Haya que, con más de 40 años de antigüedad, han quedado muy anticuados por razones obvias. 
Lógicamente no pueden aplicarse ahora los criterios de cobertura de un sistema de transporte que, en su inicio, se consideraba muy arriesgado y que además era utilizado por una proporción minoritaria de la población. 
Se ha llegado así a la situación absurda de que los pasajeros que utilizan el transporte aéreo tienen un grado de cobertura y protección inferior al de los viajeros por carretera, a pesar de que las estadísticas muestran que el transporte aéreo se ha convertido en el medio más seguro de todos los existentes, con un número medio de fallecimientos de aproximadamente 700 personas al año. 
Un estudio encargado por la Comisión Europea muestra, por ejemplo, que un directivo de 40 años que fallezca en accidente de tráfico puede esperar una indemnización de unos 650.000 ecus, mientras que si esa misma persona fallece en un accidente aéreo percibe una compensación 30 veces menor. 
Ello es debido a que el mantenimiento de las garantías mínimas estipuladas en el Convenio de Varsovia sigue siendo la norma internacional, salvo en el caso de las compañías aéreas cuyos países han aprobado normas nacionales distintas. 
Por otra parte, resulta a todas luces injusto que no se adopten medidas para uniformizar el grado de cobertura que reciben todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por esa razón, es loable la iniciativa de la Comisión Europea que hoy se somete a la consideración de esta Asamblea. 
Los debates e intercambio de opinión mantenidos en la Comisión de Transportes y Turismo muestran que existe unanimidad entre los diversos Grupos políticos a la hora de respaldar la iniciativa de la Comisión. 
Los aspectos fundamentales del reglamento son los siguientes: 
Primero, no habrá límite legal o contractual para la responsabilidad de las compañías aéreas por los daños que sufran los pasajeros en caso de lesión o muerte. 
Segundo, incluso en el caso de que las compañías muestren haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar el perjuicio a los pasajeros, se fija un importe de compensación de 100.000 ecus para cada pasajero. 
Además, se deberá atender en un plazo breve, mediante un pago adelantado, las necesidades económicas más urgentes de las víctimas o sus beneficiarios. 
Es importante señalar que la adopción de estas medidas de protección de los viajeros aéreos no supone un crecimiento considerable del gasto de transporte, puesto que los costes de las primas del seguro oscilan entre el 1 y el 3 por 1000 de los gastos de las compañías aéreas. 
Hay que hacer mención del hecho de que habrá pasajeros en la Unión Europea que, al embarcar en aeronaves de compañías no comunitarias, tendrán un grado de protección inferior. 
Cabe señalar a este respecto que el reglamento fija la obligatoriedad de que dichas compañías informen de forma clara y expresa a sus pasajeros de que el grado de cobertura que se les ofrece es inferior al que existe en el resto de la Unión. 
Es previsible que la entrada en vigor de este reglamento impulse la extensión de mejores niveles de cobertura a los usuarios de aviación, tal como ya sucedió con el acuerdo suscrito voluntariamente en Kuala Lumpur en octubre de 1995 y al que ya se han adherido un total de 83 grandes compañías de aviación. 
Finalmente, es preciso señalar que el comité jurídico de la Organización de Aviación Civil Internacional acaba de terminar su propuesta de revisión de la Convención de Varsovia, que será elevada a finales de este año, o a comienzos del próximo, a la Conferencia diplomática de la misma organización. 
Si, como es previsible, el Consejo tiene que considerar el contenido del texto que hoy debatimos para que concuerde con los estándares internacionales en la materia, esperamos y deseamos que el texto final sea sometido de nuevo a consulta de este Parlamento. 
Señora Presidenta, las modificaciones introducidas entre la primera y la segunda lectura han sido muy numerosas, pero hay algo que ha permanecido inalterado. 
El debate parece celebrarse cuando faltan diez minutos para las doce de la noche. 
Aquellos de nosotros que viajamos regularmente en avión hemos asistido, año tras año, a un incremento del número de pasajeros en nuestros aeropuertos. 
Afortunadamente, para la mayoría de ellos, el riesgo de sufrir un accidente aéreo es extremadamente bajo, y ciertamente me tranquilizan enormemente las impresionantes estadísticas que ha presentado el ponente para demostrar este extremo. 
Pero cuando se produce el desastre, debe existir un sistema adecuado de protección en materia de seguros que dé derecho a los consumidores a una compensación plena y justa, y que les permita tener acceso a los fondos en un plazo breve para poder hacer frente a los compromisos urgentes. 
Este reglamento es una aportación considerable en ese sentido y representa un gran paso adelante en la protección del consumidor dentro de la UE, y además, el reglamento ha recibido una acogida excelente entre las instituciones y también entre los diputados a este Parlamento. 
Hasta ahora, la responsabilidad de las compañías aéreas, como decía el ponente, se regía básicamente por las disposiciones del Convenio de Varsovia de 1929. 
Se trata de un convenio bastante antiguo, de hecho tiene los mismos años que yo, que son muchos. 
No cabe duda de que debe ser actualizado, y muchos de los acuerdos voluntarios suscritos entre las compañías aéreas europeas y las de terceros países así lo reconocen. 
El reglamento combina ambos aspectos y los mejora considerablemente. 
Las propuestas originales que presentó la Comisión se han visto considerablemente fortalecidas por las enmiendas introducidas en el Parlamento Europeo en la primera lectura, como indica la posición común del Consejo, cuando afirma que acepta la mayoría de dichas enmiendas, que además han recibido el apoyo de la Comisión. 
La Comisión de Transportes y Turismo y los dos ponentes pueden sentirse satisfechos por un trabajo bien hecho. 
Acojo con especial satisfacción el hecho de que el reglamento derogue todos los límites de responsabilidad financiera siempre que sea culpable la compañía aérea. 
Es una medida necesaria para avanzar al mismo paso que el enorme incremento de las sumas que conceden los tribunales en estas circunstancias. 
Incluso en el caso de que la compañía aérea hiciera todo lo posible para evitar un accidente, ahora hay que imponer un nivel estricto de responsabilidad y, de hecho, existen otras propuestas a favor de que se introduzca el pago de un anticipo en caso de muerte. 
Estas medidas son muy necesarias y han supuesto un fortalecimiento del reglamento. 
Naturalmente estas disposiciones sólo son aplicables a las compañías aéreas de la Unión Europea, pero me alegra poder decir que las compañías aéreas de terceros países están obligadas a informar a los pasajeros sobre sus condiciones en el momento de adquirir los billetes. 
Por último, como decía, este reglamento supone un avance. 
Pero como quiera que los pasajeros europeos vuelan cada vez con mayor frecuencia fuera de Europa y surgen nuevas y, a veces, tramposas compañías aéreas, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar nuevos acuerdos con otras partes del mundo para conseguir que esta protección de los pasajeros de avión se amplíe aún más. 
Señora Presidenta, lamento que un asunto tan delicado para los pasajeros de las compañías aéreas se debata a una hora tan avanzada de la noche. 
Agradezco a todos que hayan permanecido aquí esta noche, especialmente a los intérpretes y, evidentemente, al Sr. Comisario, así como a los colegas que han intervenido. 
El Grupo del Partido Popular Europeo acoge con satisfacción la propuesta de reglamento de la Comisión, y deseo felicitar al ponente, Sr. González Triviño, por su labor en este sentido. 
Es importante que reconozcamos que la posición común refleja los principales objetivos de la propuesta. 
Sus principales puntos son de gran relevancia: actualizar los niveles de responsabilidad de las compañías aéreas, al tiempo que se reconoce que actualmente el nivel de riesgo del transporte aéreo es muy bajo, pero que debe incrementarse el nivel de las compensaciones que se pagan a las víctimas de accidentes aéreos. 
Es importante derogar los límites de responsabilidad financiera siempre que se demuestre que la compañía aérea es culpable, pero imponer un nivel estricto de responsabilidad hasta el equivalente de 100.000 [dólares] de derechos especiales de giro. 
El aspecto más importante es que las compañías aéreas no comunitarias están obligadas a informar a los pasajeros de sus condiciones de transporte en el momento de la compra del billete. 
En la actualidad, la situación en Europa está, lamentablemente, muy fragmentada, y en este reglamento y en nuestros comentarios sobre el mismo debemos hacer hincapié en la necesidad de una lectura uniforme de la responsabilidad. 
Por consiguiente, el reglamento propuesto es acogido con enorme satisfacción en este sentido. 
Mi Grupo apoyará las enmiendas salvo la enmienda 4 del Sr. Wijsenbeek. 
Creemos que el texto original es mejor y más sólido. 
Recomendamos esta propuesta a la Asamblea, y expresamos nuestro especial agradecimiento al ponente, Sr. González Triviño, por el excelente trabajo, y al Comisario por la paciencia de que ha hecho gala al permanecer aquí con nosotros esta noche. 
Señora Presidenta, señor Comisario, puesto que todos estamos de acuerdo, quiero comentar solamente dos pequeñeces. 
Me siento un poco triste porque el Consejo no ha seguido la propuesta de la Comisión de hacer que la regulación entre en vigor pasados seis meses y no una vez que haya transcurrido un año. 
Comprendo, ciertamente, que las compañías aéreas necesiten organizarse, pero he considerado mejor la propuesta de la Comisión, la cual dice que seis meses son suficientes y que luego se habrá mejorado claramente la protección de los pasajeros. 
Esto habría sido mejor. 
Señor Comisario, quizá debería decir usted algo sobre la solicitud del Parlamento a la que considero de suma importancia. 
Con la enmienda 4 de nuestro colega, el Sr. González Triviño, le hemos instado a usted a que en todas las negociaciones futuras con terceros estados en materia de transporte aéreo procure que se introduzcan en bien de los pasajeros regulaciones de la responsabilidad civil que sean equiparables. 
Usted sabe que el Consejo les hace con frecuencia la vida imposible a la hora de las negociaciones con terceros estados. 
En este sentido nuestro ruego es que por la vía de las leyes se procure que se haga alguna cosa en el marco de las negociaciones con terceros estados. 
Establecer los mismos derechos de protección para nuestros pasajeros en las líneas aéreas extranjeras es, ciertamente, un objetivo que refleja nuestra común convicción. 
Por lo demás, si nosotros decidiéramos esto conjuntamente, señor Comisario, y usted lo apoyase, entonces el Consejo no nos pondría tantas dificultades. 
En este sentido, yo me alegraría de que usted emitiese una opinión sobre esta enmienda específica de mi colega, el Sr. González Treviño, y asumiese la propuesta del Parlamento, es decir, la de colocar estas cuestiones en el punto central de todas las negociaciones con terceros estados. 
Señora Presidenta, hay una ventaja- y creo que sólo una- de que nos reunamos a debatir temas importantes a estas horas de la noche. Fomenta un cierto espíritu de equipo que es muy positivo, especialmente para promover la solidaridad entre la Comisión y el Parlamento. 
Estoy profundamente agradecido a aquellos diputados que han expresado su satisfacción por el hecho de que el Comisario esté aquí para asistir a este interesante debate de esta noche. 
Todos estamos aquí, naturalmente, sin originar ningún coste adicional para el contribuyente europeo. 
Como sabrá la Asamblea y como han manifestado los diputados, esta propuesta ofrece la perspectiva jurídica de una modificación muy esperada y de una mejora de la protección de los intereses de los pasajeros de las compañías aéreas. 
A pesar de que queda aún un pequeño punto de divergencia con el Consejo, el avance hacia la aprobación de este reglamento está asegurado, y el hecho de que la posición común incorpore en parte o en su totalidad quince de las diecinueve enmiendas aprobadas por este Parlamento durante su primera lectura, significa que la Asamblea tiene motivos para sentirse satisfecha. 
Los principales objetivos de la propuesta original eran, como recordará la Asamblea, la derogación de los desfasados límites de responsabilidad del Convenio de Varsovia, el establecimiento de un nivel estricto de responsabilidad hasta el equivalente de 100.000 dólares de derechos especiales de giro, aproximadamente 120.000 ecus, y la especificación de la obligación de que las compañías aéreas abonen anticipos a las personas con derecho a este tipo de compensaciones. 
Me complace afirmar que todos esos objetivos se mantienen intactos. 
La única modificación importante hecha por el Consejo ha sido la eliminación del compromiso de incluir la aplicación del reglamento en las negociaciones con terceros países. 
Esa propuesta ha vuelto a ser presentada en la enmienda de la Comisión de Transportes y Turismo, según hemos podido saber en el transcurso del debate. 
Como sabrá la Asamblea, la Comisión consideró esa enmienda y la propuesta contenida en la misma como una propuesta útil y legítima que, sin violar las normativas del Convenio de Varsovia, se propone instar a las compañías aéreas de terceros países a aplicar los mismos niveles de protección en materia de seguros que las compañías aéreas comunitarias, cuando aquéllas operen en el espacio comunitario. 
La Comisión se muestra, por consiguiente, dispuesta a aprobar las enmiendas 1 y 4. 
Asimismo puedo informar a la Asamblea que en nuestras negociaciones preliminares con los países de la Europa central y oriental sobre el transporte aéreo, la Comisión ya ha adoptado este planteamiento, exigiendo que las compañías aéreas de dichos países apliquen unos niveles similares de protección en materia de seguros cuando operen hacia, desde o dentro de la Comunidad. 
La Comisión puede aceptar también las enmiendas 2 y 3, que pasan a sustituir a los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la posición común. 
Es importante que los pasajeros tengan acceso a toda la información sobre la responsabilidad de la compañía aérea tal y como ha defendido, acertadamente, el Sr. González Triviño. 
Las condiciones del transporte contiene además otra información de interés para los pasajeros y ciertamente es de utilidad que se haga referencia a dichas condiciones. 
El sistema propuesto significaría que no había ninguna necesidad de que en el billete se incluya una serie de advertencias, respondiendo así al problema expuesto en la correspondencia recibida recientemente de la IATA. 
Deseo felicitar calurosamente al Sr. González Triviño y a la Comisión de Transportes y Turismo por el excelente trabajo que han realizado sobre esta cuestión, y no sólo en el informe que esta noche nos ocupa. 
Estoy muy agradecido por el firme e incesante apoyo que esta Asamblea ha ofrecido a la Comisión en el caso de la presente propuesta. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 00.05 horas. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, sobre el punto 2 del Acta: ayer planteé la cuestión sobre el dumping del salmón noruego. 
Debo informar a la Asamblea que, al parecer, son ciertas las noticias que oímos ayer sobre el acuerdo de Noruega con la Unión Europea que prevé una limitación de la exportación sobre una base voluntaria. 
En la UE se producirá un gran malestar por el hecho de que un país que dijo no a su ingreso en el club, tenga más fácil acceso a la Comisión que este Parlamento cuando ayer intentamos plantear esta cuestión. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, saluden con nosotros, diputados liberales, a un huésped especial, al Sr. Lama Gangchen, presente en la tribuna, Presidente de la World Peace Foundation, quien visita por vez primera el Parlamento Europeo. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, provengo de una región periférica en la que dependemos en gran medida de la pesca y de la acuicultura, ya que no tenemos ninguna otra fuente alternativa de empleo, por lo que apoyo plenamente a mi colega Allan Macartney de Escocia. 
Debemos preguntarnos ¿a quién representamos? 
¿Representamos a los ciudadanos, a los pescadores y a los acuicultores de la Unión o a los intereses de terceros países? 
La Comisión debe adoptar una postura crítica sobre su actuación y pensar a quién representamos. 
Señor Presidente, me alegra que el Sr. Macartney haya planteado esta cuestión. 
Es un asunto importante que afecta a la posición de esta Asamblea y a sus relaciones con la Comisión. 
La Comisión de Pesca y el Parlamento siempre han defendido la postura de que debemos permanecer unidos en el apoyo a la Unión Europea en esta disputa con Noruega. 
No es prudente que la Comisión entable negociaciones y concluya a escondidas un acuerdo, sin tener en consideración todas las implicaciones que ello tiene para la Unión Europea. 
Debemos pedir a la Comisión que haga una declaración durante el próximo período parcial de sesiones con el fin de que podamos conocer todo lo que ha estado sucediendo a nuestras espaldas. 
Señor Presidente, sobre la misma cuestión, el Grupo Socialista apoya a los demás Grupos en su petición de una declaración del Comisario Sr. Brittan. 
Durante estos últimos meses hemos intentado averiguar cuándo exactamente va a difundir el contenido del estudio que han llevado a cabo los servicios de su departamento. 
Algunas filtraciones a la prensa apuntan a que el Comisario se inclinaba por una tasa sobre las importaciones de salmón noruego, pero que ahora le da miedo seguir por ese camino. 
Parece preferir la antigua vía de imponer un precio mínimo de importación que no dio buenos resultados en el pasado, como pudimos comprobar en este Parlamento. 
Por ello, tal y como ha propuesto el Sr. Provan, espero que Sir Leon Brittan haga una declaración completa y sincera a la Asamblea el lunes o el martes del próximo período parcial de sesiones en Estrasburgo sobre la situación actual de esta cuestión tan seria, que afecta a miles de puestos de trabajo en Escocia, Irlanda y otras partes de la Comunidad. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Seguridad social: Trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0118/97) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0452- C4-0534/96-96/0227 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, el Parlamento juzga muy positivamente la propuesta que tratamos hoy, señor Comisario. 
La propuesta tiene por objeto, por así decirlo, » dar pies y cabeza» a los servicios telemáticos, tal como existen en los Estados miembros y que son necesarios para la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Consideramos la propuesta muy aceptable. 
Ahora, otra propuesta, también excelente, la de las prestaciones en caso de enfermedad o maternidad para los estudiantes y los que siguen cursos de formación profesional. 
En Europa tenemos la libre circulación. Queremos fomentarla. 
También queremos ocuparnos de que un número creciente de estudiantes tengan la posibilidad de pasar un año de estudio o de formación profesional en el extranjero. 
¿Qué más lógico que tengan derecho, sobre la base de normativa vigente en el Estado miembro, a un seguro de enfermedad o de maternidad? 
Por consiguiente, la modificación cuenta con nuestro apoyo. 
Por desgracia, he de constatar también que en los Países Bajos, mi propio Estado miembro, se ha incluido una disposición en que esta buena regla no será válida para los estudiantes holandeses que viajan al extranjero. 
En la Comisión de Asuntos Sociales consideramos que ha de anularse la excepción que han pedido los Países Bajos. 
No podemos permitir que un Estado miembro quiera tratar de modo distinto a sus estudiantes y a los que siguen cursos de formación profesional que los demás Estados miembros. 
Este problema de los trabajadores fronterizos va en aumento, porque los Estados miembros modifican sus sistemas, presionados por los recortes que se aplican a menudo en la seguridad social. Cuando se introducen cambios, no siempre se notifican de inmediato a la Comisión Europea, ni se estudian las posibles consecuencias de estos cambios para las personas que viven en un país y trabajan en otro. 
Constato que la notificación es defectuosa. Pido al Comisario que haga algo al respecto. 
Otra cuestión es el momento en que pudiera notificarse, y ahora hay un caso concreto: ayer, por desgracia de nuevo en los Países Bajos, el Congreso decidió en una consulta general, y he constatado que todos los Grupos de nuestro Congreso, no sólo el Grupo del CDA, sino también el VVD, el PVDA y D66, que todos los Grupos han pedido al secretario de Estado que consulte a la Comisión Europea si es correcto lo que han hecho. 
Y ¿qué han hecho concretamente? 
Han presentado una propuesta para limitar de forma drástica los derechos de las personas que trabajan en los Países Bajos y viven o tienen intención de ir a vivir al extranjero. 
Esto significa no sólo que si uno se queda incapacitado para el trabajo recibirá por un período limitado una pensión de incapacidad laboral, si se trata de un trabajador belga en los Países Bajos. Sino que también significa que, por ejemplo, ya no se garantiza la cotización para la jubilación, el seguro nacional. 
Pregunto a la Comisión: ¿han tenido ustedes contacto con los Países Bajos sobre esta cuestión? 
Al fin y al cabo, se trata de una regla que puede tener consecuencias, no sólo para el entorno inmediato, sino también para terceros países en Europa. 
¿Han tenido ustedes contacto? ¿Están ustedes dispuestos a entablar contacto rápidamente? 
Pues si ha habido una consulta general, esta será tratada en seguida en el Congreso. 
¿Están ustedes dispuestos a entablar contacto y a comunicarnos lo que piensan al respecto? 
El Parlamento ya se ha pronunciado unas cuantas veces, en una anterior ponencia mía, sobre las modificaciones de la seguridad social como las que se producen continuamente. 
¿No sería necesario que debatieran por lo menos una vez con los ministros de Asuntos Sociales los estudios de impacto de ida y vuelta o los estudios de impacto fronterizo, o como quieran llamarse, para que en cualquier caso sepamos de antemano lo que está pasando realmente y no tengamos que corregirlo siempre después? 
Señor Presidente, nuevamente quiero dar las gracias por las propuestas de la Comisión, por la buena cooperación, y espero que se aprueben las enmiendas. 
Señor Presidente, el informe regula los sistemas de seguridad social en caso de que trabajadores, o trabajadores autónomos y sus familias cambien de país dentro de la Comunidad. 
Se trata de un informe importante, dado que está en aumento la circulación de personas, lo cual es naturalmente positivo. 
Las enmiendas que ahora propone la Comisión tienen el fin de incorporar modificaciones que en gran medida ya se han realizado en las legislaciones nacionales. 
No obstante, es excelente que se haga. 
Hoy por hoy, las personas que residen en otro Estado miembro para estudiar tienen sólo derecho a unos «cuidados básicos» en caso de enfermedad, una especie de asistencia mínima o de urgencia. 
Según la propuesta de la Comisión, ahora tendrán acceso a la atención médica siempre que lo necesiten, lo cual debería ser evidente. Naturalmente, esto es algo que cabe respaldar, y que nosotros también apoyamos. 
La comisión mantiene una postura abierta y acoge las mejoras, también en lo concerniente a los estudiantes. 
El Grupo liberal apoya las enmiendas que tienen el objetivo de garantizar que también los ciudadanos de terceros países que estudian en la UE tengan derecho a asistencia de urgencia. 
Esto es una mejora, señor Presidente, en relación con la legislación actual. 
No obstante, quiero señalar que sigue habiendo diferencias entre los estudiantes que proceden de países pertenecientes a la UE y los que vienen de fuera. 
Este es un paso en la dirección correcta que mejora la situación de los estudiantes de países que se hallan fuera de la Unión. 
Las diferencias que todavía queden deberían poderse regular con ocasión de la próxima ronda de reformas. 
Señor Presidente, estimados colegas, tenemos ya mercado interior desde hace tiempo. 
Tenemos también una movilidad transfronteriza que crece lentamente, pero la libertad de circulación de las trabajadoras y de los trabajadores sigue estando insuficientemente apoyada a través de la seguridad social y a través del aseguramiento y el acceso a los sistemas sanitarios. 
A este respecto, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten y la base de la Comisión son, de hecho, un primerísimo paso para establecer en principio un mínimo que necesitamos para que los derechos sociales fundamentales sean también eficaces en el contexto de la creciente movilidad transfronteriza de las trabajadoras y de los trabajadores. 
Es importante que esto sea aplicable también para las trabajadoras y trabajadores en formación y que se incluya también a los estudiantes, pues, de hecho, se trata de un ámbito en el que la movilidad se desarrolla también justamente de forma especial como una contribución a la consolidación y al desarrollo del mercado interior para el trabajo dependiente. 
Quiero subrayar también la necesidad de procurar que las trabajadoras y trabajadores procedentes de terceros estados no sigan siendo discriminados, como sucede ahora. 
Debemos seguir adelante en esta dirección. 
Hay también otros deseos que siguen abiertos. 
Puesto que nosotros, naturalmente, tenemos interés en que la migración, la movilidad transfronteriza, se desarrolle en la Unión Europea, tenemos también interés en posibilitar que se puedan utilizar regulaciones ventajosas del propio estado cuando se trate de una estancia transitoria en otro estado de la Unión. 
En este punto el informe se queda muy por detrás de lo que sería necesario en lo que respecta a la valoración realista de las posibilidades. 
En realidad podemos sacar, en conjunto, el balance de que en los ámbitos en los que, como Parlamento, tenemos que decir algo tenemos, evidentemente, dificultades muy grandes incluso para introducir pequeños avances. 
Sólo allí donde no tenemos nada que decir podemos formular grandes principios. 
Hemos de superar de una vez por todas esta discrepancias. 
Debemos llegar en nuestro procedimiento legislativo a una auténtica política enérgica y guiada por principios. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, por el continuo apoyo que ha brindado a las enmiendas al Reglamento (CEE) nº 1408/71 y al Reglamento (CEE) nº 574/72. 
La Comisión acoge con satisfacción la actitud tan positiva del Parlamento Europeo ante esta propuesta así como el hecho de que comparta la opinión de la Comisión de que los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y nº 574/72 sobre la coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social necesitan ser actualizados a la luz de los cambios que se han producido a nivel de la legislación nacional. 
El Parlamento comparte asimismo la opinión de que es necesario proporcionar a los servicios telemáticos una base adecuada en el texto de los Reglamentos para la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Dicha base se conoce como el programa TESS, y la Sra. Oomen-Ruijten ha hecho especial hincapié en su importancia. 
El Parlamento apoya asimismo la propuesta de hacer extensivas las prestaciones de enfermedad a las personas que siguen estudios y cursos de formación profesional en un Estado miembro distinto de aquel en el que están aseguradas. 
En su informe, la Sra. Oomen-Ruijten propone tres enmiendas. 
La primera y la tercera son relativas a la supresión propuesta para los Países Bajos sobre el método de reembolso entre los Estados miembros de los costes de las prestaciones por enfermedad en el caso de estudiantes. 
Parece ser que esta supresión sitúa a los Países Bajos en una posición desfavorable frente a otros Estados miembros. 
La Comisión está dispuesta, por consiguiente, a respaldar dichas enmiendas. 
La segunda enmienda intenta ampliar a los nacionales de terceros países el derecho a recibir prestaciones por enfermedad cuando se encuentren temporalmente en un Estado miembro distinto de aquel en el que están asegurados. 
El Sr. Wolf ha hecho especial referencia a este punto. 
La Comisión ya había presentado esta idea al Consejo en 1995, aunque, lamentablemente, sin éxito. 
No obstante, la Comisión está dispuesta, una vez más, a incluir esta enmienda en su propuesta modificada. 
Por último, la ponente ha planteado otra cuestión. 
No guarda ninguna relación especial con el informe que hoy nos ocupa. 
Se trata de una decisión del Gobierno holandés y su entrada en vigor está prevista para un futuro próximo. 
Es relativa a las pensiones de invalidez. 
La DG V tiene conocimiento del tema y ha recibido a representantes de personas discapacitadas con motivo de esta propuesta. 
La DG V ha solicitado a los servicios jurídicos asesoramiento sobre esta cuestión, que parece ser bastante complicada. 
Es además una cuestión delicada desde el punto de vista político. 
Aunque la Comisión no esté satisfecha con la nueva decisión, no puede impedir su entrada en vigor. 
Aunque si entra en vigor, la Comisión estará en una situación que le permite iniciar un procedimiento de incumplimiento en caso de que la medida sea contraria al Derecho comunitario. 
Puedo garantizar a su Señoría que el asunto será seguido con la mayor diligencia, de acuerdo con el deseo manifestado por la ponente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Registro de pasajeros y formación en profesiones marítimas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos: 
el informe (A4-0152/97) del Sr. Watts, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0574- C4-0029/97-96/0281 (SYN) ) sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje; -el informe (A4-0174/97) del Sr. Parodi, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0470- C4-0550/96-96/0240 (SYN) ) por la que se modifica la Directiva 94/58/CE relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. 
Señor Presidente, la Comisión de Transportes y Turismo opina que debemos respaldar esta propuesta de la Comisión relativa al registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajeros en la Unión Europea. 
De hecho, la comisión fue unánime en su apoyo a esta medida, y creemos que no hay la menor duda sobre su necesidad para garantizar la eficacia de las operaciones de búsqueda y rescate. 
Para poder apreciar plenamente la importancia de esta medida, debemos remontarnos en el tiempo, sobre todo hasta la catástrofe del Herald of Free Enterprise de 1987, de la que se cumplen ahora diez años. 
Cuando ese buque se hundió ocasionando la muerte a más de 190 personas, el informe oficial de entonces concluyó que uno de los factores agravantes de la tragedia fue la falta de interés que demostró la compañía, en este caso, P& O. Una de las pruebas de esa falta de interés fue el hecho de que la compañía ignorara el número de personas que se encontraban a bordo, así como los nombres de los pasajeros. 
Una de las recomendaciones que hacía el informe Sheen era que debía elaborarse una lista de pasajeros y que cada uno de ellos debía recibir una tarjeta de embarque. 
Aunque han transcurrido diez años, aún no se han tomado las medidas oportunas para poner en práctica dicha recomendación. 
Desde entonces hemos asistido, trágicamente, a otros accidentes de buques, algunos graves y otros menos graves. 
Muchas personas murieron a bordo del Scandinavian Star a causa de un incendio. 
El caso más grave fue la pérdida de 900 vidas humanas cuando se hundió el Estonia. 
En todos estos casos, la eficacia de la operación de búsqueda y rescate se vio dificultada por la falta de un registro de pasajeros. 
Algunos afirman que eso supone una carga y un quehacer adicional y que redundará en un incremento de los costes. 
En cierta medida habrá responsabilidades adicionales, pero no cabe duda de que cuando nos acercamos a un nuevo milenio, lo mínimo que podemos esperar de las compañías de transbordadores es el reconocimiento de que deben conocer cuántas personas se encuentran a bordo de sus buques y quiénes son. 
Si pueden registrar los detalles para controlar la venta de productos libres de impuestos- y reconozco que deben hacerlo -, ¿por qué no pueden elaborar una lista para una operación de búsqueda y rescate? 
No cabe duda de que las vidas de sus pasajeros y de la tripulación es tan importante como garantizar el fiel cumplimiento de las normativas para la venta libre de impuestos. 
Hay, además, varios otros aspectos que merecen ser comentados en el Parlamento. 
En primer lugar, uno relativo al exceso de pasaje. 
Lamentablemente siguen dándose casos de transbordadores que navegan en aguas de la Unión Europea con un número excesivo de pasajeros a bordo. 
Esta medida acabaría de inmediato con esa práctica. 
En segundo lugar, como ya he explicado, permitiría una operación de búsqueda y rescate más eficaz. 
La Guardia Costera de mi Estado miembro respalda plenamente esta medida. Facilitaría enormemente sus labores de ayuda. 
En mi circunscripción, el Cuerpo de Bomberos de Kent me informa que es exactamente el tipo de información que necesita, y se pregunta por qué hemos tardado diez años en poner en vigor esta medida. 
En tercer lugar, la medida permitirá a los buques garantizar que sus equipos de seguridad son adecuados para el tipo de pasajeros que transportan. 
Por último, y posiblemente lo más importante, obligará a cambiar de actitud a las navieras. 
Los pasajeros dejarán de ser sólo números, dejarán de ser apenas una fuente de ingresos, para convertirse en personas reales con nombres reales, vidas reales, familias reales y con un valor real. 
Acogemos con satisfacción el fuerte impulso que esta propuesta supone. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la información deberá estar disponible inmediatamente en el puerto de partida. 
Si hay que esperar media hora para disponer de la información, esa media hora podría tener consecuencias drásticas. 
El Herald of Free Enterprise se hundió a los veintidós minutos de zarpar de Zeebrugge. 
En segundo lugar, creemos que es necesario hacer extensiva esta medida a los túneles submarinos, especialmente al Eurotúnel. 
No tiene mucho sentido que los transbordadores que cruzan el canal se vean afectados por esta medida y el Eurotúnel no. 
Lo cierto es que se ignora cuántas personas se encuentran en el túnel del Canal de la Mancha en un momento determinado. 
Los servicios de emergencia sostienen- al igual que las navieras- que en aras de la igualdad y de la seguridad debemos seguir avanzando en este campo. 
Espero que el Sr. Comisario nos ofrezca sus comentarios sobre esta propuesta nuestra. 
Por último, pedimos que esta medida afecte no sólo a los trayectos de 20 millas, sino también a aquellos que sobrepasan las dos horas, y esperamos que el Comisario se muestre favorable a esta petición. 
Para terminar, creemos que durante estos dos últimos años hemos conseguido, por fin, avanzar realmente en el ámbito de la seguridad de los transbordadores. 
Es cierto que fue necesario el hundimiento del Estonia para que a esta cuestión se le diera el impulso que venía necesitando, pero también deseo rendir homenaje al modo en que el Comisario Sr. Kinnock, desde su nombramiento, ha garantizado que el tema de la seguridad en general se mantenga entre los asuntos prioritarios de su agenda. 
La seguridad en el mar, en particular, se ha mantenido como una de las principales preocupaciones de este Parlamento. 
El Comisario debe atribuirse el mérito de haber sabido conducir hábilmente hasta su aprobación una serie de propuestas legislativas importantes que garantizan que las vidas de los pasajeros en el mar y de las tripulaciones estén mucho más seguras. 
El trabajo debe seguir adelante, y mi informe reconoce que aún queda mucho por hacer. 
Pero tenemos motivos para pensar que esta medida, que aunque simple, es importante, contribuirá en gran medida a la seguridad en el mar y esperamos con interés poder colaborar con otras personas que comparten nuestra inquietud y, en particular, con el Comisario Sr. Kinnock. 
Podemos garantizarle que continuaremos siempre apoyando sus esfuerzos para que la seguridad sea siempre una de las prioridades. 
Señor Presidente, señores diputados, el objetivo que persigue el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW) , revisado en 1995, es adaptar mejor la formación de la gente de mar a las condiciones reales del transporte marítimo, en particular a los nuevos avances tecnológicos introducidos a bordo de los buques y a los nuevos métodos de formación profesional. 
En efecto, no olvidemos que aproximadamente el 80 % de los accidentes marítimos se debe esencialmente a errores humanos o a omisiones. 
Para remediar esta situación, o por lo menos para reducir la influencia del «factor humano» en los accidentes marítimos, era necesario, pues, establecer requisitos mínimos para la formación profesional, la titulación y la guardia de la gente de mar, garantizar el control efectivo de la aplicación de las disposiciones internacionales evitando que, como en el pasado, la propia credibilidad de las titulaciones expedidas se perdiera a causa de la poca observancia de las disposiciones del Convenio. 
El nuevo Convenio de 1995, del que catorce Estados miembros de la Unión Europea son parte contratante, representa, por lo tanto, un paso adelante hacia una mayor seguridad de los mares, ya que refuerza las competencias de la OMI en materia de procedimientos de control sobre los métodos de adiestramiento y de verificación seguidos por los Estados signatarios. 
Al mismo tiempo, la OMI podrá reaccionar ante los posibles incumplimientos negando el reconocimiento internacional de las titulaciones expedidas. 
La propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/58/CE, objeto de mi informe, prevé que todos los requisitos del Convenio se apliquen efectiva y concretamente en la Unión Europea y que se incorporen al sistema jurídico comunitario. 
Partiendo de la necesidad de perseguir una mayor seguridad en el mar, verdadero hilo conductor de mi informe, he querido introducir algunos cambios, que, sin interferir en la naturaleza jurídica del Convenio, pretenden: primero, mejorar y consolidar, en la medida de lo posible, la propuesta de directiva, simplificando su interpretación y su aplicación; segundo, eliminar las posibles inseguridades jurídicas o los conflictos jurídicos por lo que respecta a las obligaciones de los Estados miembros en materia de expedición y de reconocimiento de titulaciones de formación de la gente de mar. 
Sobre la base de esas orientaciones, las principales modificaciones introducidas en el texto original incluyen: la necesidad de que a bordo de los buques se establezca una lengua común de trabajo, de conformidad con el nuevo reglamento SOLAS que entrará en vigor el 1 de julio, para que todos los miembros de la tripulación puedan comunicar entre sí; la oportunidad de conciliar mejor el trabajo a bordo con las necesarias cualificaciones exigidas; un sistema más racional de reconocimiento de los títulos expedidos por terceros países, subordinado a una serie de criterios de calidad para evitar el empleo de tripulaciones poco cualificadas; por último, el refuerzo de la directiva sobre el Port State Control. 
En efecto, considero que la formación de la gente de mar puede contribuir a mejorar la seguridad y la competitividad de la flota comunitaria y, en un contexto global, a reducir el número de los buques sub-standard. 
Si bien las repercusiones de la revisión del Convenio no se pueden aún evaluar con precisión, ya se puede prever que, en cualquier caso, serán significativas. 
La mayor parte de los comentaristas internacionales considera que la aplicación de nuevas normas comportará, a nivel mundial, una disminución del número de trabajadores marítimos en posesión de titulaciones reconocidas internacionalmente. 
Si el resultado consiste en un aumento general de los niveles de competencia de la gente de mar, eso será sin duda positivo para la industria internacional de armadores. 
En mi opinión sería asimismo positiva la adopción conjunta de instrumentos encaminados a promover la formación de mano de obra cualificada europea, hoy en constante disminución. 
Datos estadísticos internacionales indican la falta de 18.000 oficiales necesarios para la conducción de la flota mundial, lo que equivale aproximadamente al 4, 4 % de la fuerza laboral. 
Por consiguiente, los Estados miembros y las regiones podrían perseguir este objetivo mediante una política que haga más atractivas las profesiones marítimas para los jóvenes, mediante la creación de un Instituto Marítimo Europeo- como ha pedido muchas veces nuestra Asamblea -, mediante cursos de actualización y de formación para la gente de mar. 
De todos modos, este objetivo no debería ser apoyado únicamente por las sociedades de navegación, la mayoría de las cuales están hoy abrumadas por costes de gestión incompatibles con las condiciones de los mercados. 
En cambio, habría que prever las medidas fiscales y económicas positivas para hacer competitiva la contratación y la formación de la gente de mar europea. 
Está en juego la seguridad de nuestros mares y de la vida humana, la protección del medio marino, pero sobre todo la salvaguardia de una profesión y la inaplazable necesidad de crear nuevo empleo especializado en Europa cuya demanda en el sector tiende a aumentar. 
Con este informe estamos, una vez más, en vías de abrir nuevas fuentes de trabajo para nuestros jóvenes. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, celebro que, al parecer, sea posible ponernos de acuerdo sobre dos temas relacionados con la seguridad marítima durante este período parcial de sesiones en Bruselas. 
En nuestra reunión aquí de hace un mes no estuvimos de acuerdo con la Comisión en dar a la industria naval un trato justo. 
No obstante, quiero subrayar que en la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo nos sentimos satisfechos con la cooperación con la Comisión en materia de seguridad marítima y, en especial, con el Comisario Kinnock. 
Por supuesto, apoyo las dos propuestas presentadas. 
Continúan produciéndose muchos accidentes en el mar, mucha gente sigue perdiendo la vida en él. 
Nadie se imagina que un buque tan grande como el «Estonia» pueda desaparecer en el mar, pero es la cruda realidad. 
Por eso es importante que sigamos trabajando para mejorar la seguridad marítima. 
En otras palabras, la seguridad no es suficientemente segura. 
La seguridad marítima es objeto de debates continuos, no terminamos nunca, ya que surgen constantemente nuevos retos. 
No obstante, con voluntad, podemos avanzar en una dirección positiva y lograr un aumento paulatino de los buenos resultados, y me parece que lo estamos consiguiendo con estas dos Directivas. 
La Directiva sobre el registro de los personas que viajan a bordo de buques de pasaje contribuirá a mejorar los trabajos de rescate en momentos de crisis. 
Las normas influirán positivamente sobre todo en el rescate de las personas de edad avanzada y las personas con minusvalías. 
Las navieras son, en general, escépticas ante tales propuestas. 
Quizás se deba a que las mejoras cuestan dinero. 
Las navieras deben saber que tenemos una buena cooperación en la Comunidad en materia de seguridad y que cabe la posibilidad de que las normas sean objeto de modificaciones en los casos en que se den condiciones especiales. 
Hay que comenzar por algún sitio, y estas dos propuestas son una buena base. 
Me parece que hay que ver la Directiva relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas a la luz del hecho de que el 80 % de los accidentes marítimos se deben a errores humanos. 
Es nuestra obligación trabajar para que la gente de mar mejore continuamente sus conocimientos de primeros auxilios, de idiomas y de otros ámbitos. 
Es verdad que los países occidentales están perdiendo puestos de trabajo en beneficio de otras partes del mundo. 
Esto mismo ocurre en el caso de la gente de mar, que tiene que estar atenta al dumping social. 
Tenemos, pues, la obligación de seguir una política agresiva en el ámbito marítimo, igual que en otros sectores. 
Sólo si apostamos por la calidad lograremos un alto nivel de empleo para los trabajadores europeos en cualquier sector. 
Esto quiere decir formación y más formación en el caso de la gente de mar. 
Quiero llamar la atención del señor Comisario sobre la enmienda nº 10 del informe del Sr. Parodi, que cuenta con la aprobación del Grupo Socialista. 
Sé que el Grupo del PPE no la apoya, pero me gustaría que el señor Comisario me dijera si la Comisión tiene la intención de apoyarla. 
Señor Presidente, los dos informes tienen que ver en efecto con la seguridad en el mar. 
Es necesario, no sólo porque con regularidad suceden siniestros. Siempre ha sido así y por desgracia siempre será así, sino sobre todo para limitar al mínimo las consecuencias de esos siniestros inevitables. 
Por ello es también necesario que como Unión Europea nos amoldemos a las normas establecidas por la International Maritime Organisation. 
Lamentablemente no tenemos un registro europeo propio, no se ha creado; es lamentable, pero bueno. 
En la medida en que nos adaptamos, ambos informes presentan dos problemas. 
El primer problema ha sido abordado por el ponente Parodi, tema de un idioma. 
Quizá el Sr. Comisario desee prestar un poco de atención. 
El año pasado, cuando ocurrió el desastre del Sea Empress, que se hundió justo en frente de su bella costa natal de Gales- veo que sí está escuchando -, se descubrió que el único medio de comunicarse con la tripulación del Sea Empress era a través del propietario del restaurante chino del lugar, porque toda la tripulación era china. 
En el informe del Sr. Parodi insistimos en la necesidad de que exista un idioma común. 
Con el debido respeto a las demás lenguas europeas, el idioma debe ser el inglés, al igual que sucede en el caso del transporte aéreo. 
Ésa es una cuestión. 
En segundo lugar, en cuanto al informe del Sr. Watt, a pesar de todas las buenas intenciones, ¿hasta qué punto se podrá controlar y cuántas tripulaciones cumplirán las normas impuestas? 
Señor Presidente, quiero dar mis más sinceras felicitaciones al ponente, Sr. Watts, y al Comisario, Sr. Kinnock, por la presente iniciativa, una iniciativa que, a pesar de su injustificado retraso, quizá establezca las condiciones previas para un funcionamiento más seguro, más humano y más respetuoso con los usuarios de los trasbordadores de pasajeros de carga rodada. 
Creo haber advertido que las opiniones expresadas por los diferentes oradores se repetían, lo cual demuestra el apoyo unánime a la presente propuesta. 
Por mi parte, quiero también subrayar, a la luz de nuestra experiencia con los puertos griegos y con los viajes dentro de Grecia, que la propuesta es necesaria. Primero, para evitar el gran mal de la sobrecarga indiscriminada de los buques con pasajeros; segundo, para garantizar el control y la capacidad suficientes de los medios de rescate en relación con el número de pasajeros; tercero, para que existan todos los elementos necesarios en caso de accidente y, cuarto, como muy bien ha destacado el Sr. Watts, para que por fin pidamos a las empresas marineras que cambien su postura ante el público que utiliza sus barcos y dejen de mirarle sólo como una fuente de ingresos, para mirarle como un conjunto de ciudadanos a quienes tiene el deber de prestar determinados servicios de alta calidad y eficacia. 
Para terminar, quiero subrayar que, en mi opinión, con el desarrollo de los sistemas de informática, ni el coste ni las disfunciones serán de importancia. Por ello, es importante que todo esto pase rápidamente a ser aplicado. 
Señor Presidente, quisiera unirme a las felicitaciones dirigidas al Comisario Sr. Kinnock por haber sacado adelante esta propuesta de directiva. 
Parte del mérito recae también en el antiguo diputado por Merseyside, el difunto Ken Stewart que, como excelente marino, trabajó incansablemente en la Comisión de Transportes y Turismo en su afán por mejorar la seguridad marítima. 
Cuando se produjo el desastre del Estonia, sentí especial pesar al conocer que entre las víctimas se encontraba un buen amigo del Parlamento, Lennart Pettersson, antiguo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento sueco, que había colaborado activamente con este Parlamento durante las negociaciones previas a la adhesión de Suecia. 
El alcance de aquel desastre demuestra la necesidad de un endurecimiento de la normativa que incluya la confección de listas de pasajeros, con el fin de que se conozca el número de pasajeros que hay a bordo. 
También siento preocupación desde la perspectiva escocesa. 
El Comisario Sr. Kinnock conocerá bien las navieras Caledonian McBrayne y Western Ferries. 
De hecho, creo que llegó incluso a tomar el timón de uno de sus buques en cierta ocasión cuando se dirigía a Dunoon. 
Dichas navieras se interesan por esta medida porque cubren varias rutas. 
Afortunadamente, su historial de seguridad es muy bueno. 
Utilizan el sentido común, de manera que cuando soplan vientos fuertes en el Firth of Clyde o el Minch, no zarpan. 
No ponen en peligro la vida de pasajeros. 
No obstante, dichas navieras sienten preocupación por las disposiciones relativas a la duración del viaje, especialmente en su travesía hasta Barra, que también se verá afectada por esta directiva. 
Pero creo que podremos persuadirlos de que es por su propio bien. 
La información que el Comisario exige no es excesiva y con ayuda de la informática, debería ser viable. 
Sobre la cuestión Eurotúnel, es lamentable que la semana pasada las autoridades responsables del Eurotúnel cancelaran la visita. 
La Comisión de Transportes y Turismo podría haber discutido el informe del Sr. Watts y sus implicaciones con las autoridades responsables. 
No obstante, por alguna razón, Eurotúnel optó por la cobardía como su mejor estrategia y decidió no invitarnos a las conversaciones, cancelando la reunión a última hora. 
Fue una pena porque podríamos haber mantenido un diálogo útil sobre las implicaciones del informe Watts para el Eurotúnel. 
En términos generales, la directiva es buena y las propuestas del Sr. Watts la fortalecen en muchos aspectos. 
Señor Presidente, me voy a referir al informe del Sr. Parodi sobre el nivel mínimo de formación de las profesiones marítimas. 
Debo destacar que se trata de un tema con una historia previa. 
Existe un convenio internacional, denominado STCW, sobre el nivel mínimo de formación. 
Este convenio es el que se firmó en el marco de la OMI. 
En 1994, la Comisión y, a continuación, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la Directiva 94/94 por la que se regulaban temas de nivel mínimo de formación de las profesiones marítimas, sobre todo de terceros países, y subrayo este último aspecto. 
Me refiero al nivel mínimo de formación del personal marítimo de terceros países empleado en buques de pabellón europeo. 
Más tarde, en 1995, la OMI, la Organización Marítima Internacional, modificó el Convenio STCW y, a continuación, la Comisión preparó una nueva directiva, o mejor una nueva propuesta de directiva, teniendo en consideración todo lo que se había acordado en 1995. 
En primer lugar, cabe destacar que el Partido Popular Europeo considera la propuesta de la Comisión- y pongo énfasis en ésto- muy buena. 
Sin embargo, no está conforme con el modo en que ha sido modificada por el Parlamento Europeo. 
En concreto, hemos votado en contra de determinadas disposiciones del informe y, lamentablemente, nos vemos obligados a votar en contra de él, sobre todo por lo que atañe las enmiendas núms. 10, 32 y 33. 
¿Qué dice la enmienda nº 10? 
Dice que formarán parte del derecho comunitario las disposiciones de la Parte A del Código de formación STCW y que este Convenio Internacional entrará en vigor por la vía de la directiva. 
Según la enmienda nº10, en el mismo momento en que entre en vigor la Directiva se aplicarán automáticamente las disposiciones del Convenio STCW. 
Tal enmienda no puede ser aprobada por nosotros, porque supone una vinculación automática de los Estados miembros, muchos de los cuales aun no han ratificado el Convenio STCW. 
Ya pusimos de manifiesto esta cuestión, de carácter meramente procedimental, explicando que no era posible utilizar la adopción de una directiva para imponer la vigencia del Convenio STCW como derecho coercitivo incluso a los Estados miembros que no lo hubieran ratificado. 
No obstante, la mayoría de la Comisión de Transportes decidió lo contrario. 
Además, no estamos conformes con la necesidad de abolir el sistema creado por la Directiva 94. 
Como ya les he señalado, la Comisión ha hecho un buen trabajo y su modificación, tal como se ha presentado, no cuenta con nuestro apoyo. 
Es decir, que hay pocas cosas que quisiéramos modificar en el proyecto de la propuesta que presentó la Comisión. 
Otro tema que quisiera abordar es que la agregación de un nuevo anexo crea una gran confusión; me refiero a las enmiendas núms. 
32 y 33 de la Comisión de Transportes, razón por la cual estamos en contra de ellas de la Comisión de Transportes del Parlamento. 
Termino anunciando lo que ya he señalado al principio, que daremos un voto desfavorable al informe. 
Señor Presidente, con motivo de los debates que hoy celebramos sobre esta cuestión, como ciudadana finlandesa no puedo dejar de pensar en la mañana de setiembre del año 1994, en que me enteré de la catástrofe del Estonia. 
Se trata de un suceso que los navegantes finlandeses nunca olvidarán. 
Me satisface que se señale el accidente del Herald of Free Enterprise en el informe, pero es de igual importancia que recordemos a las víctimas del Estonia. 
Hemos de aprender algo de todo esto, lo cual demuestran los dos informes. 
No obstante, creo que sigue habiendo mucho por hacer respecto al logro de unos requisitos más duros en torno a las tripulaciones. 
Considerando la situación del tráfico marítimo que experimentamos en las aguas finlandesas del mar Báltico, me doy cuenta de que hay navegantes que cada vez dominan menos el tráfico en esta región. 
No creo que sea desacertado que tengamos una requisitos más estrictos en determinadas aguas que son especialmente difíciles, como por ejemplo, el Báltico. 
Es deplorable que debatamos hoy una propuesta que se aleja mucho de la posición común del Consejo. 
Espero que también el Parlamento logre llegar a una mejor protección de las personas, y a ciertas excepciones para el tráfico de pasajeros que suben y bajan frecuentemente del transbordador (que corresponda al tráfico ferroviario de pasajeros) , por ejemplo con respecto al tráfico que tenemos en el archipiélago en aguas finlandesas. 
He entendido que los países miembros están dispuestos a examinar las condiciones exigidas para un sistema práctico, una especie de registro. 
Espero además que el Parlamento siga prestando más atención a la protección de las personas, y que las listas de pasajeros no se conserven demasiado tiempo, una cuestión sobre la que espero que volvamos. 
Espero también que la Comisión reconozca abiertamente que se necesitan unas excepciones en las aguas navegables donde el oleaje es verdaderamente bajo, se efectúan trayectos cortos y se sube y baja con frecuencia del buque; esto también se ha discutido recientemente en los trabajos de colaboración con la Comisión. 
Señor Presidente, a raíz de los graves accidentes acaecidos, en los últimos años hemos tratado repetidas veces la cuestión de la «seguridad marítima». 
En parte gracias a las actividades del Parlamento, se está elaborando una política europea coherente en este ámbito. 
Los presentes informes sobre el registro de pasajeros en los buques y sobre la formación en profesiones marítimas constituye una parte importante de esta cuestión. 
Dado el carácter mundial de la navegación marítima, las medidas en este ámbito deberán tomarse en primer lugar a escala internacional. 
Uno de los principales problemas es la aplicación de la normativa vigente. 
Esto afecta al Convenio STCW de 1978, relativo a la formación de los marineros. Debido al defectuoso cumplimiento, este tratado ha quedado desacreditado. 
Por ello celebramos que ahora llegue una versión revisada del Convenio STCW de 1995 y la propuesta de la Comisión para traducir esta legislación. 
Aparte de las medidas de contenido, la fuerza de este tratado modificado reside en la mejor vigilancia y control por parte de la OMI. 
Sin embargo, no nos agrada que la Comisión se limite a revisar la antigua directiva con tan sólo una parte del Convenio STCW. 
Necesitamos una única directiva en que se incluya de forma integral el texto del Convenio STCW. 
Por ello apoyamos las enmiendas del informe Parodi, que proponen que el texto del nuevo Convenio STCW se incluya íntegramente en una nueva directiva. 
Ello favorecerá la claridad y la viabilidad de la directiva. 
Asimismo apoyaré las enmiendas que proponen, de acuerdo con el Convenio STCW, que se anule la exigencia de reciprocidad de la propuesta de la Comisión. 
En cambio, no otorgaremos nuestro apoyo a las enmiendas que formulan exigencias de seguridad y que van más allá de las del Convenio STCW. 
En el clima de feroz competencia del mercado mundial no podemos permitirnos colocar a la flota europea en una posición de desventaja. 
Por último, algunas observaciones sobre la directiva relativa al registro de pasajeros en los buques. 
Después de los siniestros de algunos transbordadores se han aprobado una serie de enmiendas que mejoran de forma importante la seguridad de estos buques. 
Con el informe Watts se pretende sobre todo mejorar la eficacia de las posibles operaciones de rescate. 
La introducción de sistemas de registro de pasajeros parece comportar mucho papeleo administrativo, pero las nuevas técnicas permiten mejorar la eficacia y rapidez del registro de pasajeros. 
Además, a nuestro entender, el Sr. Watts presenta un informe equilibrado en lo que respecta al ámbito de aplicación. 
Por ello apoyaremos el informe Watts, a excepción de la enmienda sobre los túneles. 
Señor Presidente, señor Comisario, también yo creo que se ha hecho un buen trabajo y considero que los dos informes son una respuesta importante a la difícil situación de la navegación marítima. 
Pero me doy perfectamente cuenta de que eso no es suficiente, de que hay que seguir controlando el sector y, sobre todo, de que hay que seguir moviéndose en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la formación. 
Me refiero naturalmente a esas áreas que definiría como delicadas o sensibles, donde el número de pasajeros es muy alto y donde también la competencia que impulsa el mercado único o, si quieren, la desregulación que está interviniendo de manera muy fuerte en el sector de la navegación marítima, crea verdaderos problemas, hasta el punto de que incluso los requisitos establecidos por ley muchas veces no se respetan en absoluto. 
Se asiste, pues, a una situación extremadamente delicada y difícil: me refiero a algunas áreas sensibles, en particular a un área que conozco bien, la del Adriático. 
Existen, sin duda, necesidades importantes por lo que respecta a la formación, pero considero que deberíamos también tener en cuenta otros aspectos, señor Comisario, que se refieren a la cuestión jurídica. 
Naturalmente, sobre estos aspectos hay que trabajar aún mucho: por ejemplo, existen todavía hoy, llamémoslas así, cajas chinas, compañías que se registran en los Estados comunitarios y que quizás luego no responden hasta el final a los requisitos de fiabilidad y de garantía en caso de accidentes. 
Éste es un punto muy delicado: no es la primera vez que ocurren accidentes en los que no se consigue determinar las responsabilidades, ni identificar siquiera a los titulares de una línea de navegación. 
Por eso se apela a la responsabilidad de los Estados miembros, pero se apela también a la responsabilidad de las instituciones comunitarias, para poder vigilar e instar a los Estados miembros a actuar en esa dirección. 
No tengo nada más que añadir, salvo que comparto la enmienda nº 10, presentada por el Sr. Parodi: la considero importante en particular porque el buque es una máquina compleja, y, por lo tanto, se requiere una lengua unitaria. 
En estos últimos tiempos se trata de apuntar más bien hacia una cualificación del personal, es decir, hacia un número alto de personal cualificado, mientras que las profesiones bajas no tienen ninguna cualificación. 
Eso responde naturalmente a un criterio de competencia y de búsqueda de mano de obra, lo que abre la vía hacia un verdadero problema de dumping social con respecto a los trabajadores marítimos. 
Y éste es también un punto sobre el que tendremos que reflexionar. 
Señor Presidente, mi enhorabuena al Sr. Watts y al Comisario por la presentación de esta propuesta. 
Todos los aquí presentes viajamos con frecuencia. 
En los medios de transporte descubrimos numerosas anomalías. 
Por ejemplo, el vuelo de Londres a Bruselas dura apenas 40 minutos, sin embargo, existe un control de embarque, el pasajero debe estar en posesión de una tarjeta de embarque en la que figure su nombre, y la compañía aérea es responsable de comprobar que el nombre que aparece en dicha tarjeta se corresponde con el nombre del pasajero. 
Las compañías aéreas disponen de una lista con los nombres de todos los pasajeros. 
Cuando se viaja en el Eurostar a través del Eurotúnel- a pesar de sus aireados problemas y de las ocasiones de peligro que se han producido durante estos últimos meses -, el pasajero recibe una tarjeta de embarque en la que figura su nombre, pero no se realiza ningún control para comprobar que la identidad del viajero corresponde al nombre de la tarjeta de embarque. 
En el Eurostar no existe ninguna lista de pasajeros. 
Cuando se cruza el Canal de la Mancha en alguno de los transbordadores que cubren las rutas entre Inglaterra y Francia o Inglaterra y Bélgica, no se lleva a cabo el menor control de pasajeros. 
No existe ninguna lista del pasaje. 
Las autoridades ignoran cuántas personas se encuentran a bordo. 
Y no porque nunca haya habido problemas. 
El Sr. Watts ha hablado de los problemas surgidos hace diez años en el caso del Herald of Free Enterprise. 
En sus observaciones ha dicho que las navieras o los buques de pasajeros, en general, han avanzado con gran lentitud en la aplicación de las recomendaciones Sheen que siguieron a dicho desastre. 
Pero se trataba del Herald of Free Enterprise, que navegaba con bandera de la Townsend Thorensen Company. 
Dicha compañía cambió rápidamente su nombre por el de P& O, para que la gente no supiera que estaba navegando en los mismos buques. 
Se apresuraron a cambiar el nombre del buque gemelo del Herald of Free Enterprise, el Spirit of Free Enterprise, por el de Pride of Bruges, de manera que pudiera seguir navegando sin despertar sospechas. 
Todo ello se hizo en aras de la libre empresa. 
Nunca se había bautizado a un barco con un nombre más acorde, ni nunca habían resultado más claros los peligros de la libre empresa. 
Algunas de las personas que han intervenido han buscado excusas. 
El Sr. Stenmarck ha dicho que las navieras deben saber cuántos niños y personas de edad avanzada se encuentran a bordo. 
Lo que deben saber es el total de las personas a bordo. 
La Sra. Thors pedía que se concedieran excepciones para travesías muy cortas. 
No pedimos excepciones para vuelos muy cortos. 
El Sr. van der Waal dijo que podría convertirse en un trámite demasiado burocrático y que podrían surgir problemas de competitividad. 
No creo que las víctimas del Estonia o del Herald of Free Enterprise pensaran que esas medidas eran demasiado burocráticas. 
No quiero que sigamos indefinidamente con estos mismos problemas. 
Hace falta un registro adecuado y lo necesitamos ya. 
Algunas compañías no ponen ninguna objeción. 
Sea Container que opera con SeaCat y Hovercraft no ponen ninguna objeción, y estoy completamente convencido de que el Comisario, con su trayectoria, estará 100 % de acuerdo con que se anteponga la seguridad de los pasajeros a los beneficios de la libre empresa. 
Señor Presidente, al igual que al Sr. Evans, me preocupa la seguridad de los pasajeros, pero me referiré al informe Parodi. 
Cuatro de cada cinco accidentes marítimos son debidos a un error humano o a la incompetencia humana. 
Como usted sabe, la seguridad en el mar, lejos de alcanzar niveles más altos, está decayendo. 
Razón de más, por lo tanto, para que el Parlamento Europeo se proponga imponer unas normas mínimas de formación, titulación y guardia de los marinos. 
El Convenio STCW de 1978, que contó con el beneplácito de la Organización Marítima Internacional, fue actualizado en 1995 para tener en cuenta los nuevos avances tecnológicos a bordo de los buques, así como los métodos más modernos de formación. 
El gran interrogante para la Comisión Europea era si debía absorber por completo el Convenio STCW revisado, o si debía elegir uno a uno los mejores elementos revisados. 
La Comisión optó por lo segundo y ha pagado las consecuencias de no establecer un nuevo conjunto coherente y completo de normativas. 
Ha sido una decisión lamentable, a pesar de mis simpatías por la Comisión, que está ansiosa por actualizar la Directiva 94/58. 
Estaba decidida a no obstruir esa directiva con las minucias de los detalles que se habían salvado del Convenio STCW. 
Cuando originalmente se tomó esa decisión, el Parlamento se fijó el objetivo de sacar el mejor partido posible de lo que podría denominarse, injustamente, una chapuza. 
Habida cuenta de la importancia de los armadores como impulsores de la economía y de la importancia decisiva de una buena administración para mantener las normas más estrictas de seguridad en el mar, el Grupo de los Socialistas se ha propuesto asegurar todas las escotillas. 
Las enmiendas que he presentado se centran en aspectos de la seguridad. 
En lo que respecta a los principios por los que se rige la navegación costera, por ejemplo, la Comisión, al parecer, eximía a los Estados miembros del cumplimiento de las normativas aprobadas a nivel internacional relativas a la formación y la titulación. 
Sin embargo, durante los últimos años ha habido casos de transbordadores de pasajeros, petroleros y buques que transportaban productos químicos que han sufrido trágicos accidentes ocasionados por un error humano cuando navegaban en aguas de Gran Bretaña y del litoral del continente. 
El apartado i) del artículo 5 relativo a disfrutar de un buen estado físico para poder ejercer de marino, parece insuficiente en lo que se refiere a los nuevos miembros de la tripulación, los patrones, los oficiales o los marineros de la armada británica que se incorporan en un buque inmediatamente después de haber estado viajando durante algún tiempo antes de su llegada a bordo. 
En este texto parcheado existe una clara ambigüedad sobre si las normativas sobre las guardias incluyen a los patrones, al igual que a los marinos sin graduación. 
Tomemos otro ejemplo; el Estado rector del puerto. 
Debemos preocuparnos por la navegabilidad de los buques que se hacen a la mar. 
Pero- y pido al Comisario Sr. Kinnock que tome nota de ello- ¿acaso no debemos también ejercer control sobre la competencia y la titulación de las tripulaciones que pilotan esos buques en particular? 
Para terminar, apoyo la interesante propuesta de nuestro ponente de crear un programa de acción a nivel de la UE, que tenga como objetivo despertar el interés de los jóvenes por el mar. 
Existe escasez a nivel mundial de marinos cualificados y capaces. 
¿Por qué no podrían los jóvenes europeos, una vez que hayan recibido una formación y un entrenamiento adecuados, contribuir a la lucha contra el desempleo en Europa, así como mejorar la seguridad de todos los mares del mundo? 
Parodi y Watts. Han presentado dos informes que se ciñen muy bien a la línea consecuente de nuestra comisión de dar prioridad a la seguridad en el transporte. 
Por ello les doy las gracias. 
Lo considero muy importante, en parte debido al hecho de que en estos momentos tenemos un Comisario que quiere dar prioridad a la seguridad en el transporte. 
Por consiguiente, este es el momento idóneo para que las instituciones europeas den un importante paso adelante. 
El problema sigue siendo, no obstante, lo que quisiera denominar la tensión entre la doctrina bruselense por un lado y la realidad cotidiana por otro. 
La semana pasada, la organización alemana ADAC publicó un informe con los resultados de una investigación realizada en abril sobre la seguridad en catorce servicios de transbordador en la zona del mediterráneo. 
Los resultados son reveladores. 
Cinco líneas de transbordadores en Francia, Grecia, Italia, Croacia, España y Marruecos sacan un insuficiente, cinco de las catorce. 
Tres son calificadas de aceptables, dos de buenas y dos de excelentes. 
Los temas centrales de la investigación eran: estabilidad, impermeabilidad, equipo de seguridad para las emergencias y las disposiciones de seguridad contra el fuego. 
Mi pregunta concreta al Comisario es si está dispuesto a que su servicio examine esta investigación y si quiere hacer un comentario argumentado sobre esta investigación del ADAC. 
Nuevamente considero de máxima importancia que no sólo nos ocupemos de una buena legislación, sino que por supuesto aún es más importante que en la práctica cotidiana se aplique cuidadosamente esta legislación. 
De ahí mi pregunta expresa al Comisario de si puede hacer que lo estudien y nos dé una respuesta detallada de los resultados tal como han sido publicados por la organización alemana ADAC. 
Señor Presidente, no en términos de calidad, pero sí en términos de temperamento, qué gran alivio supone poder intervenir ante esta Asamblea a una hora temprana de la mañana, en vez de hacerlo a medianoche. 
Estoy seguro que todos nos beneficiamos del cambio de horario. 
Quisiera responder a los informes del Sr. Watts y del Sr. Parodi, y deseo recomendar ambos a sus Señorías por la calidad del trabajo que han llevado a cabo. 
En cuanto al informe Watts, quiero agradecer a la Asamblea la minuciosa a la vez que rápida deliberación con que ha tratado esta nueva propuesta relativa al registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajeros. 
Esa rapidez y minuciosidad hace posible que los ministros adopten una posición común en el próximo Consejo de Transportes que se celebrará dentro de tres semanas. 
Estoy muy agradecido al ponente, Sr. Watts, y a la comisión por la actitud positiva que han adoptado, y los felicito por el acuerdo común que han alcanzado sobre esta propuesta, cuyo principal y necesario objetivo, como hemos podido escuchar esta mañana, es garantizar que las operaciones de búsqueda y rescate y las repercusiones de mayor alcance de cualquier accidente que puedan sufrir los buques de pasajeros sean abordadas con mayor eficacia que en el pasado. 
Está claro que los dos temas principales que plantean las enmiendas de la comisión son relativos a la necesidad de una mayor flexibilidad que permita hacer frente a situaciones concretas, y a un interés especial por la seguridad en el túnel del Canal de la Mancha. 
El objetivo de mayor flexibilidad se persigue en la primera parte de la enmienda 8 y en las enmiendas 9 y 12 de la comisión. 
Me complace informar a la Asamblea que la Comisión está dispuesta a cumplir el objetivo de dichas enmiendas mediante una modificación del artículo 9, en conjunción con algunas definiciones. 
Esta medida hace posible que la Comisión conceda exenciones explícitas en circunstancias bien definidas y previa consulta a un comité que se creará para asesorar a la Comisión. 
Estoy seguro de que los diputados al Parlamento comprenderán que dicha flexibilidad no debe afectar la ejecución del registro de las personas a bordo de buques que navegan en zonas con un tráfico intenso y en las que a menudo prevalecen condiciones climatológicas y marítimas adversas. 
Estoy convencido asimismo de que los miembros de la comisión y los diputados al Parlamento no desean que la flexibilidad razonable, que ellos defienden, debilite en modo alguno las disposiciones básicas necesarias de esta propuesta. 
La propuesta de imponer un sistema de registro en los túneles ferroviarios submarinos en los que se realicen transportes de vehículos automóviles que se hace en las enmiendas 5, 7 y 10, queda fuera del ámbito de esta directiva marítima, por lo que éstas no pueden ser aceptadas. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a investigar los beneficios de una propuesta semejante, teniendo en cuenta evaluaciones como las que hace el Cuerpo de Bomberos de Kent, que el Sr. Watts ha llevado a la atención de la Asamblea, y, en su momento, informaremos a la Asamblea sobre este particular. 
Reconozco la finalidad que persiguen las enmiendas 1 hasta 4, y coincido plenamente con la opinión expresada esta mañana por varias de sus Señorías de que siempre hay cabida para mejorar la seguridad marítima. 
No obstante, es justo decir que los progresos alcanzados gracias a la Organización Marítima Internacional y en la Unión Europea en lo que respecta a la gestión de la seguridad y a las normas y medidas de seguridad, adoptadas conjuntamente con el Acuerdo de Estocolmo sobre Diseño y Estabilidad de los Buques de Pasajeros del pasado año, dan fe de un constante e importante progreso. 
Aunque tomo nota y comprendo las referencias que hace el Sr. Watts en su exposición de motivos, debo decir que algunas de ellas son específicas a un gobierno en particular, y otras quedan fuera del ámbito de esta directiva. 
No hay ninguna duda de que volveremos sobre estas cuestiones, pero la Comisión no puede aceptar las mencionadas enmiendas en esta coyuntura. 
Puesto que la finalidad de la presente propuesta no es eximir automáticamente a los buques de pasajeros que navegan en aguas abrigadas del cumplimiento de sus disposiciones, no podemos aceptar la enmienda 6. 
La tercera parte de la enmienda 8, que atribuye toda la responsabilidad de proporcionar información al capitán del buque en vez de a la compañía, también es inaceptable y puede que esta consecuencia de la enmienda sea inintencionada. 
Por otro lado, estoy dispuesto a aceptar un texto mejorado para el segundo apartado del artículo 8, en la línea de la enmienda 11. 
También acepto la referencia a la edad de los pasajeros del artículo 6, que propone la segunda parte de la enmienda 8. 
No obstante, la parte final de esa enmienda, donde se exige que se registre el nombre propio en vez de sus iniciales, la encuentro innecesariamente inflexible. 
Quisiera concluir expresando mi agradecimiento a todos los que han contribuido a la elaboración de este excelente informe, en particular al Sr. Watts, cuyo interés es profundo y notorio, como demostró, una vez más, en su intervención de esta mañana. 
El Sr. Watts y otros diputados han planteado asimismo otras cuestiones, a las que quisiera referirme al final de mi intervención. 
Quiero adelantar, sin embargo, que estoy seguro de que la aprobación de este informe por el Parlamento ayudará a alcanzar una posición común sobre esta medida que tendrá efectos beneficiosos sobre la gestión de la seguridad, y que además será de gran utilidad para las autoridades y las familias en el terrible supuesto de que se produzca una tragedia en el mar, y para poder hacerlo sin un exceso de burocracia, sin importantes retrasos en los servicios y sin repercusiones considerables sobre los costes de las operaciones. 
Paso a continuación al informe del Sr. Parodi relativo al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. 
La Comisión está agradecida a la Asamblea no sólo por la calidad del informe, sino también por haber logrado incluirlo en el orden del día de esta sesión, tras la votación en la Comisión de Transportes y Turismo celebrada la semana pasada. 
Como sabrá la Asamblea, la nueva propuesta proporciona coherencia entre las disposiciones relativas a la formación y titulación de la Directiva 94/58 y los nuevos requisitos del Convenio de la Organización Marítima Internacional en materia del nivel de titulación y la vigilancia en profesiones marítimas. 
Define además criterios comunes para el reconocimiento a nivel comunitario de las titulaciones de profesiones marítimas emitidas por terceros países. 
Para cumplir estos objetivos, las modificaciones de la actual directiva reflejan, en primer lugar, todo el Convenio STCW revisado, incluidas las disposiciones de obligado cumplimiento de la Parte A, y las orientaciones recomendadas de la Parte B del Código. 
En segundo lugar, las modificaciones suplen lagunas que podrían dar lugar a incongruencias entre la directiva propuesta y el STCW 95 y, en tercer lugar, las modificaciones contemplan las recientes enmiendas al Convenio de Seguridad Marítima de la OMI, en particular, aquellas relativas a la comunicación a bordo en los buques de pasajeros. 
Me alegra poder informar a la Asamblea que la Comisión acoge con satisfacción las enmiendas 10, 14, 21 y 32 porque contribuyen a garantizar que el Convenio STCW 95 queda reflejado en la directiva exento de toda ambigüedad. 
La Comisión puede apoyar también las enmiendas 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 26, 27, 31, 34, 35 y la primera parte de la enmienda 7, porque mejoran una serie de disposiciones específicas de la directiva. 
También podemos dar nuestra conformidad a las enmiendas 23, 24 y 25 para reflejar la reciente revisión del Convenio Solas de la OMI, relativo a la introducción de un idioma de trabajo común a bordo de los buques de pasajeros. 
No obstante, hay una serie de enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
Primero está la que el Sr. Harrison acaba de denominar la gran cuestión. 
La Comisión no cree que sea necesario sustituir la actual Directiva 94/58 por otra totalmente nueva. 
La directiva que modifica la anterior y que tiene ante sí la Asamblea cumple con el objetivo de proporcionar un texto consolidado procediendo a una codificación una vez que el Consejo haya adoptado esta propuesta de directiva. 
Por tanto, hago hincapié en que los objetivos que- acertadamentepersiguen sus Señorías pueden cumplirse sin las complejidades jurídicas ni el posible retraso que podría originarse si se sigue la opción de una sustitución completa. 
La Comisión no puede aceptar, por consiguiente, las enmiendas 1 y 2. 
Las enmiendas 5 y 6 no son acordes con el objetivo de la directiva, que es el establecimiento de unos niveles mínimos de formación, y no la introducción de un sistema homologado. 
La propuesta de la segunda parte de la enmienda 7 está bien intencionada, pero es imprescindible dar prioridad a la mejora de la calidad y del rendimiento de los institutos marítimos nacionales existentes, y la creación de un instituto europeo simbólico no es necesaria ni especialmente relevante para ese importante objetivo. 
La Comisión no puede apoyar las enmiendas 28 y 29, sencillamente porque vienen a reiterar las disposiciones ya contenidas en otros artículos de la directiva propuesta. 
Las enmiendas 15, 16, 19, 20 y 30 no pueden ser aceptadas porque persiguen modificar el texto de la disposición del Convenio STCW o se refieren a artículos de la directiva y a disposiciones pertinentes del STCW ya transpuestos en la directiva. 
En ciertos aspectos eso significaría una duplicación innecesaria y daría lugar a incertidumbre, y estoy seguro de que no es eso lo que desea la Asamblea, puestos a pensar en ello. 
La enmienda 11, relativa a las exenciones a ciertas normas sobre educación y formación para los viajes próximos a la costa no puede ser aceptada porque el texto propuesto no es congruente con el texto pertinente del punto 3 del artículo 1 del Convenio STCW sobre este mismo tema. 
Por último, las enmiendas 18, 22 y 33 no pueden ser aceptadas sencillamente porque su contenido queda fuera del ámbito del Convenio STCW revisado en el que se basa la presente propuesta que nos ocupa. 
Aunque me he limitado a explicar por qué la Comisión no puede apoyar determinadas enmiendas, quisiera hacer hincapié en que hay muchas otras a las que daremos nuestro apoyo, y espero que la Asamblea así lo aprecie y que lo reconozca, del mismo modo que nosotros acogemos con satisfacción el espíritu constructivo de que ha sido objeto la propuesta por parte de la comisión y, también, de la Asamblea. 
Para terminar quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en este magnífico informe, en particular al Sr. Parodi, y responderé a algunas de las preguntas que han sido formuladas durante el debate. 
No responderé a todas ellas debido sencillamente a las limitaciones de tiempo. 
Escribiré al Sr. Cornelissen sobre las cuestiones que ha planteado relativas a la investigación de la organización ADAC. 
Como puede suponer, la Comisión se interesó vivamente por dichos procedimientos, pero le daré los detalles en una carta. 
En cuanto a las preguntas formuladas por los Sres. Watts, Sindal, Stockmann y Harrison relativas a seguir avanzando en materia de seguridad marítima, aunque no puedo dar una lista exhaustiva de las medidas, diré que éstas incluirán una propuesta de directiva sobre la concesión de licencias a los buques de pasajeros, que aparecerá en octubre, y después presentaré una propuesta de enmienda a la directiva sobre el Estado rector del puerto con el fin de dar legitimidad al Código de Gestión Internacional de la Seguridad de la Organización Marítima Internacional. 
El objetivo de introducir la enmienda es un intento de garantizar que los buques que no dispongan del certificado GIS, no sólo deberán permanecer amarrados de conformidad con la directiva sobre el Estado rector del puerto hasta que vuelvan a ser navegables, sino que además se les negará la entrada en todos los puertos de la Unión Europea hasta que hayan conseguido dicho certificado. 
Los diputados a este Parlamento desearán examinar detenidamente esta propuesta, pero reconocerán ya que, en forma general, el avance en la aplicación eficaz del Estado rector del puerto será un nuevo elemento positivo que vendrá a sumarse a los esfuerzos para seguir mejorando los niveles de seguridad marítima, así como la protección de los pasajeros de cruceros y del medio ambiente. 
Estoy convencido de que el Parlamento, al aprobar estos dos informes, facilitará que podamos alcanzar en breve posiciones comunes sobre dos instrumentos importantes que, tanto en términos de formación como de gestión de los buques de pasajeros, seguirán mejorando los niveles de seguridad. 
Agradezco a la Asamblea la paciencia de que ha hecho gala con lo que, inevitablemente, ha sido una larga respuesta a los informes presentados. 
Señor Presidente, muy brevemente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por habernos dado una respuesta tan completa y exhaustiva a la gran mayoría de las observaciones hechas por mí, como ponente, y por otros diputados. 
Aunque reconocemos que discrepamos en lo que respecta al alcance de la directiva, acojo con satisfacción su declaración de que está dispuesto a estudiar nuestra propuesta de que se lleve a cabo un registro en Le Shuttle del túnel del Canal de la Mancha, y me complace que haya prometido informar a la Asamblea. 
En cuanto a las enmiendas, el Sr. Kinnock hizo un buen trabajo al tratar sobre algunas enmiendas muy complicadas- y presento mis disculpas si he entendido mal -, pero permítame pedirle que aclare cuál es la posición relativa a la enmienda 8 y, en particular, a nuestro argumento de que la lista de registro de pasajeros debe estar disponible antes de que zarpe el buque. 
El Sr. Comisario comprenderá la importancia que atribuimos a dicha enmienda a la luz del historial de los accidentes que se han producido en el mar en los que media hora puede ser un tiempo precioso. 
En el caso del Herald of Free Enterprise, el buque se hundió a los veintidós minutos de zarpar. 
Le agradecería al Sr. Kinnock que nos diera su parecer y nos diga si apoya o no nuestra propuesta. 
La información debe estar disponible antes de zarpar, no media hora después de la salida. 
Señor Presidente, agradezco la pregunta adicional del Sr. Watts. 
Quiero asegurarle que los datos registrados en tierra estarán, efectivamente, disponibles de inmediato. 
La transmisión de los nombres puede hacerse con mucha rapidez, pero es importante no imponer el límite de tiempo que el ponente desea introducir, sencillamente porque ello podría ocasionar una inflexibilidad innecesaria. 
No hay ninguna duda de que, desde el punto de vista tecnológico, ya se puede garantizar una transmisión rápida, y lo más probable es que sea precisamente eso lo que ocurra en la práctica, superando así el tipo de problemas que, por motivos obvios y sensatos, el Sr. Watts cree que podrían producirse en otras circunstancias. 
Espero que con estas explicaciones adicionales, no considere de ninguna manera que la posición adoptada por la Comisión es antagonista a la suya. La Comisión, por el contrario, acepta por completo el principio que él defiende, y sus únicas reservas son relativas a su viabilidad inmediata. 
(La sesión, interrumpida a las 10.35 h., se reanuda a las 11.00 h.) 
Votaciones 
20 y 21, presentadas por los Sres. Peijs y Blockland, se refieren a una norma técnica dirigida a armonizar los métodos que se aplican para calcular el PIB en los diferentes Estados, a fin de evitar la aplicación de diversos métodos que pueden ser desleales. 
Insto al Parlamento que las apruebe. 
La Comisión no las aprueba, y el Consejo tampoco, pero creo que es oportuno que las aprobemos, para dar una señal en esa dirección. 
Enmienda nº 19 
Señor Presidente, es sólo para decir que me he equivocado al votar. 
No es una votación nominal, señor Cunha; por lo tanto, cuenta el resultado. 
Señor Presidente, le ruego que compruebe una vez más el resultado de la votación precedente. 
Si no he contado mal, con este voto se produciría igualdad de votos y la enmienda estaría rechazada. 
Señor von Wogau, no quiero entrar en un análisis así. 
Usted conoce muy bien las normas por las que nos regimos. 
Son las que hemos aplicado. 
Señor Presidente, me uno a lo que ha pedido el colega, porque mi voto, que era negativo, tampoco ha sido registrado. 
Como sabe usted, señor Azzolini, no se reconoce ningún error después de la votación. 
Señor Presidente, solamente quiero afirmar que aquí jugamos siempre con las mismas reglas y usted ha repetido las reglas correctamente. 
Lamento que nuestros colegas conservadores caigan en la tentación de modificar las reglas cuando no les gusta el resultado. 
Hacer interpretaciones le incumbe a la Presidencia, señor Wolf. 
Señor Presidente, para usted resulta muy fácil decir que no lo tendrá en cuenta, pero cuando alguien se equivoca realmente al utilizar el sistema electrónico de votación y rectifica inmediatamente, ciertamente debería ser tenido en cuenta. 
Señor Provan, no acepto su observación. 
Como sabe usted, esto podría valer sólo en caso de que se hubiera puesto en conocimiento de la Presidencia antes de anunciarse el resultado de la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, permítame que felicite a nuestro ponente, el Sr. Christodoulou, pues en esta difícil cuestión ha logrado que el Parlamento haya emitido de una vez por todas una opinión totalmente clara. 
La línea que hemos emprendido en las negociaciones con el Consejo, con la Presidencia en ejercicio del Consejo, con el Ministro Zalm, se ha visto confirmada y yo estoy convencido de que el Consejo podrá abordar como mínimo dos o tres de los deseos modificadores del Parlamento Europeo. 
Creo que éste es un éxito conjunto de este Parlamento. 
Señor Presidente, no deseo hacer ninguna aclaración, sino advertir únicamente lo siguiente: sobre el apartado 17 hay dos enmiendas, la enmienda 9 del Grupo del Partido Popular Europeo y la enmienda 1 del Grupo de los Socialistas Europeos. 
Ambas enmiendas, así como también el propio apartado 17, son superfluas porque entretanto se ha solucionado el objeto al que se refieren. 
Hay, en efecto, un acuerdo acerca de que el TEJ tendrá una competencia de orientación en los litigios. 
Por consiguiente, en nombre del Sr. Chanterie por el Grupo del Partido Popular Europeo quisiera retirar la enmienda 9 y nuestra enmienda 1 y rogar que se vote en contra del apartado 17, pues es totalmente superfluo en el texto. 
Sólo así lo podemos sacar del texto. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente en el parágrafo 6 se ha producido un error, porque en la reproducción de la comisión faltaba un fragmento. 
Con el Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y con los ponentes he logrado un acuerdo acerca de que aquí existe un malentendido en la reproducción del resultado de la votación de la Comisión de Asuntos Económicos. 
En el parágrafo 6 se debe añadir: »... y exige en especial, que en cada ingreso se imponga un impuesto mínimo en la UE.» 
Sólo hay que añadir esto. 
Esto era totalmente indiscutible y fue decidido prácticamente por unanimidad en la comisión. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, Señorías, la enmienda del Sr. Aparicio Sánchez no me conviene en la medida en que suprime el final del texto original. 
Si el Sr. Aparicio Sánchez está de acuerdo en considerarla como adición y mantener el final del texto original que dice que para cada disciplina la metodología ha de ser apropiada a cada evaluación, estoy de acuerdo en tomarla como adición. 
Señor Presidente, agradezco el esfuerzo del Sr. Lannoye, pero no puedo aceptarlo, porque quedaría desvirtuado el sentido de mi enmienda. 
Señor Presidente, desearía intervenir antes de la votación. 
Según mi análisis, el resultado de la votación sobre el párrafo 2, después de la votación de la enmienda 6, destruye totalmente el informe. 
Por tanto no puedo mantener mi nombre en ese informe. 
Solicito que lo retire y pido a los compañeros que voten en contra porque la posición del Parlamento se limita a pedir algo que ya se ha obtenido, es decir, estudios. 
Señor Presidente, lamento la decisión del Sr. Lannoye de retirar su nombre del informe. 
Este informe ya fue presentado al Parlamento en 1994. 
Entonces agotó su plazo. 
Llevamos cuatro años tratando sobre el mismo. 
Comprendo que el ponente ha perdido enmiendas que hubiera preferido mantener, pero cuatro años de trabajo no deben echarse por la borda de esta manera. 
Es una práctica habitual que cuando un ponente retira su nombre de un informe, el presidente de la comisión lo asuma como propio. 
Propongo, en consecuencia, hacerme cargo del informe, y pido que mi propuesta sea sometida inmediatamente a votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, me parece que, como se ha aprobado la enmienda nº 13, la nº 10 decae. 
Señor Azzolini, esta opinión ya ha sido expresada, pero ni el presidente de la comisión competente ni el ponente han estado conformes. 
Por consiguiente, es mi deber someter a votación las dos enmiendas. 
Enmienda nº 12 
Señor Presidente, mi intervención se refiere al apartado número 12. 
Desearía señalar que la versión finesa del informe incluye un error en este apartado, ya que falta la traducción del texto inglés in particular the implementation of the proper land use policy. 
Esta parte falta en la versión finesa del informe y, consiguientemente, en la enmienda correspondiente a este apartado se señala que la enmienda no afecta a la versión finesa. 
No afecta puesto que la versión finesa es incorrecta, pero desearía poner de manifiesto que la enmienda relativa al apartado número 12 sí que afecta a su contenido. 
Gracias por su observación, señor Ojala. Examinaremos la laguna que usted acaba de mencionar. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Ya hemos declarado anteriormente que pensamos que la Unión Europea debe basarse en una cooperación entre Estados independientes. 
Por consiguiente, no podemos votar a favor de una resolución que se pronuncia en términos generales a favor de la adopción de decisiones por mayoría cualificada en el seno del Consejo, de la supresión del derecho al veto en el marco de la PESC, de que el Parlamento Europeo tenga derecho a la codecisión sobre todas las líneas presupuestarias, de unos estatutos comunes para el conjunto de diputados miembros del Parlamento Europeo, etc. 
Se trata de cuestiones extremadamente importantes, que no es conveniente que el Parlamento apoye sin más en una resolución de este tipo. 
Por consiguiente, votamos contra la resolución. 
Este 28 de mayo ha sido elegido por la Confederación Europea de Sindicatos como un día de acción por el empleo. 
Ante la cercanía de la cumbre de Amsterdam que, a mediados de junio, debe concluir los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, era necesario recordar que el empleo constituye una preocupación máxima de los ciudadanos, al igual que el problema de la democracia. 
Con toda razón, los europeos consideran que la Unión Europea es una estructura que escapa a cualquier control democrático. 
¿A qué corresponde la democracia a nivel europeo? 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la transparencia de los procedimientos, la responsabilidad de los gobiernos y el reconocimiento de los derechos fundamentales en beneficio de todos los ciudadanos. 
La complejidad de los procedimientos europeos desilusiona a cualquier ciudadano bien intencionado que intente comprender algo. 
En función de los temas, el Parlamento Europeo, legítimamente elegido, es consultado para un dictamen simple o en procedimiento de codecisión con conciliación tras dos o tres «lecturas» eventuales, en procedimiento de dictamen conforme, en procedimiento presupuestario, etc. En cada caso particular, las exigencias en cuanto al tipo de mayoría son diferentes en el Consejo: mayoría simple, mayoría cualificada, supercualificada o unanimidad. 
Estas exigencias sobre la mayoría varían en función de que la Comisión apruebe o no los dictámenes del Parlamento Europeo. 
En asuntos de política exterior, de unión económica y monetaria o de cooperación policial y judicial, los procedimientos son también diferentes. 
La democracia no saca provecho de ello, ya que los ciudadanos europeos tienen la sensación de que el proceso de decisión está fuera de su alcance. 
Pero la complejidad de los procedimientos no es el único obstáculo a la transparencia. 
En el ejercicio de sus atribuciones legislativas, el Consejo es la única institución parlamentaria cuyas deliberaciones son secretas para evitar tener que dar cuenta a los ciudadanos, a los parlamentos nacionales o al Parlamento Europeo. 
Para llenar este vacío, el Parlamento Europeo ha de tomar una actitud firme frente al Consejo, debe recordar a los gobiernos que es inútil luchar por normas sociales mínimas si no se dota a Europa de los medios para hacer políticas sociales sustanciales y coherentes. 
Los miles de personas presentes en las calles de Bruselas este miércoles deseaban que Europa hiciera del empleo su principal prioridad. 
¿Serán oídas? 
La democracia no se limita a unas elecciones cada cinco años. implica el control cotidiano del ejecutivo por parte de la representación popular. 
En ese caso también estamos lejos. 
El poder legislativo es ejercido por el Consejo a propuesta de la Comisión. 
El Parlamento Europeo no tiene la iniciativa de las leyes y únicamente interviene para emitir dictamen en la mayoría de los casos. 
En cuanto a las medidas de ejecución, son patrimonio de la «comitología» , por retomar una expresión de la jerga comunitaria, es decir, de funcionarios nacionales que sólo rinden cuentas a su burocracia nacional. 
Este débil control es todavía demasiado, nos hemos dado cuenta de ello con ocasión del asunto de las «vacas locas». 
Así pues, confieso que cada vez me cuesta más explicar a los ciudadanos que es necesario seguir luchando por Europa, y ello a pesar de mi compromiso europeo. 
La democracia es indisociable de los derechos del hombre y Europa se siente orgullosa de haber sido su cuna. 
En este caso también, la realidad desmiente las intenciones. 
La Unión Europea aún no se ha adherido al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
Ni siquiera aplica las modestas disposiciones adoptadas en este sentido: derecho de voto de los ciudadanos en las elecciones municipales en Francia o en Bélgica, cierre de la fábrica Renault en Vilvorde y despido de tres mil trabajadores belgas en flagrante violación de la directiva europea sobre información y consulta a los trabajadores por parte de una multinacional. 
Si no hacemos progresos políticos y sociales con ocasión de la revisión del Tratado, el futuro de Europa corre un grave peligro. 
Me he reunido con los protagonistas de la marcha por el empleo y me han hablado de sus temores, pero también de sus esperanzas. 
Sería suicida pretender que Europa se construyera sin los ciudadanos con el riesgo de alimentar a los Le Pen, Goldsmith, Pasqua y otro Haider en Austria. 
Ahora que John Major ha perdido el poder, sus tesis lo llevarán a Europa si los Jefes de Estado y de Gobierno no tienen el último impulso de construir Europa con los ciudadanos en lugar de hacerlo contra la democracia. 
La voluntad expresada por los interlocutores sociales en el transcurso de la marcha por el empleo ha dado el tono. 
Corresponde ahora a los gobiernos asumir sus responsabilidades en la reunión del Consejo de Amsterdam el mes próximo. 
A la vista de los resultados podremos decir si Europa ha restablecido la democracia. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo esperan que la Conferencia Intergubernamental se pueda dar por concluida en la cumbre de Amsterdam. 
Nos satisface mucho que se incluya un capítulo monográfico sobre el empleo en el Tratado, que imponga obligaciones a la Unión en relación con la catastrófica tasa de desempleo de los 15 Estados miembros. 
Apoyamos asimismo las iniciativas para reforzar la política de medio ambiente, la protección del consumidor y la lucha contra el fraude. 
Debido a las reservas danesas, los socialdemócratas daneses no pueden aceptar que se incluyan temas relacionados con el tercer pilar en la cooperación comunitaria, y rechaza la inclusión del Acuerdo de Schengen en el Tratado. 
Somos fervientes partidarios de una estrecha cooperación en la lucha contra las actividades delictiva y en cuanto a la política común de asilo, pero creemos que puede lograrse con los tipos de toma previstos en el tercer pilar. 
Debido a las reservas danesas, los socialdemócratas daneses no pueden aceptar que se introduzcan decisiones por mayoría en materia de política común y de seguridad exterior, ya que la unanimidad que se requiere actualmente para la creación de una unidad común de análisis y planificación nos parece positiva. 
En muchas ocasiones, las acciones comunes se han visto bloqueadas por la oposición de un único país. 
En opinión de los socialdemócratas daneses, hemos de buscar una forma que evite que un único país bloquee una acción común; por otra parte, es importante que casi todos los Estados miembros participen. 
He votado en favor de la resolución del Parlamento, aunque no apruebo la posición de la mayoría en su totalidad. 
La mayoría ha aprobado una redacción demasiado general sobre la supresión de la diferencia entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
No creo que ni los diversos ámbitos políticos ni su organización estén maduros para este paso. 
Es importante que se refuercen las posibilidades de la Unión de dar un tratamiento común a las funciones de política exterior. 
Un solo país no debería tener la posibilidad de cerrar el paso a unas acciones y con ello ejercer presión sobre el resto de la Unión. 
Pero tampoco se debe obligar a un país a poner en marcha unas acciones. 
Informe Christodoulou (A4-0181/97) 
Varias de las enmiendas que propone el informe son de gran calidad, en especial la nº 8, donde se propone que también se tengan en cuenta los gastos públicos de inversión cuando se decide si el déficit presupuestario sobrepasa o no los límites aceptables. 
No podemos, sin embargo, votar a favor del informe, ya que acepta el llamado pacto de estabilidad, un pacto que consideramos perjudicial para la economía social y que significa que el desempleo quedará estancado en la UE a unos niveles elevados. 
Los firmantes hemos votado contra el informe por los motivos básicos que se exponen a continuación: 
1.El proyecto reduce el derecho de las naciones y sus ciudadanos a adoptar unas decisiones relacionadas con la política económica que armonicen con la situación respectiva de cada país, y va por ello en contra de la democracia.2.El proyecto servirá para neutralizar las posibilidades de los órganos estatales de combatir eficazmente las situaciones de coyuntura baja, de desempleo y de escasa utilización de la capacidad económica.3.El proyecto se basa en teorías económicas desfasadas, que no son válidas para las economías actuales. 
Las dos conferencias intergubernamentales que habían preparado el Tratado de Maastricht tenían cada una un objetivo preciso: una, la unión económica y monetaria, la otra, la unión política. 
Ambos objetivos iban a la par. 
¿Cuál es hoy la situación? 
La unión política sólo avanza muy lentamente. 
El apartado económico de la UEM ha pasado a un segundo plano. 
Y es la moneda la que domina el debate político y económico. 
¿Se encuentra ahí el mejor medio para garantizar el progreso social y reforzar la idea europea? 
No lo creo. 
La unión monetaria es indispensable pero no suficiente. 
Por consiguiente, apoyo plenamente el informe de Christa Randzio-Plath, cuyas críticas a las «Orientaciones... » de la Comisión Europea comparto. 
Hoy, es urgente dar prioridad a una concertación y a una intensificación de la actividad europea en los ámbitos siguientes: 
La futura política monetaria de la Unión deberá poder ser controlada por una autoridad política, que represente a la opinión pública y al interés general. 
Estoy a favor del establecimiento de un gobierno económico europeo. 
En un mercado que muy pronto estará unificado en su totalidad, es indispensable acercar las legislaciones sociales de los Estados miembros, con el fin de evitar las situaciones de dumping social, y aumentar de manera concertada el nivel de bienestar de la sociedad europea, así como proteger las capas más vulnerables. 
Necesitamos más «de lo social». 
Asimismo, la fiscalidad debe también convertirse en un ámbito de trabajo prioritario. 
Debemos coordinar nuestras legislaciones en este ámbito para detener el proceso de deslocalizaciones en el interior de la Unión. 
Para ello, la armonización fiscal ha de decidirse por mayoría cualificada. 
Más importante aún, ha de aplicarse una coordinación más estrecha de las políticas presupuestarias. 
Sólo en el marco de una actuación concertada de relanzamiento del consumo y de inversión pública se podrá llevar adelante una política que favorezca la demanda, tan necesaria en el momento actual. 
Finalmente, el empleo, que es nuestra principal preocupación, debe quedar integrado en todas las políticas europeas. 
Ya se trate de formación, de reducción del tiempo de trabajo o de protección de los servicios de interés general, desde hace mucho tiempo le concedo la mayor atención, y deseo que se tome más en consideración en la definición de las políticas comunitarias. 
La moneda no es un objetivo en sí mismo. 
El verdadero objetivo de la política es la cohesión social. 
Sólo se puede alcanzar mediante una coordinación real de las políticas económicas, a la que el artículo 103 del Tratado ofrece potencialidades significativas. 
Resulta evidente que los Estados miembros y la Comisión no han sabido o no han querido utilizarlas. 
¿Es necesario recordar que un estudio reciente ha evaluado el coste de la gestión no-cooperativa de las políticas monetarias, en el transcurso de los tres últimos años, en un aumento de un 1, 8 % de la relación déficit presupuestario- PIB? 
En 1995, una tasa media de déficit de un 3, 4 % en lugar de los 5, 2 % efectivos habría permitido evitar las políticas presupuestarias restrictivas de estos dos últimos años, lo que habría permitido a su vez continuar con el repunte iniciado en 1994 y una convergencia más rápida de las economías. 
Compartimos la crítica generalizada que hace el informe de la posición minimalista de la Comisión y de su rígida persistencia en los llamados criterios de convergencia. 
También coincidimos en las propuestas del informe de una política más activa creadora de empleo, entre otras cosas a través de inversiones en acciones en favor del medio ambiente. 
No tenemos nada en contra del aumento de la cooperación interestatal entre los Estados miembros de la UE, o con otros estados que puedan ser relevantes con el fin de disminuir el paro y de integrar los criterios medioambientales en la política económica, pero nos oponemos a cualquier intento de reducción de la libertad de acción de los Estados miembros con respecto a su política económica. 
Por consiguiente, nos hemos abstenido. 
Informe González Triviño (A4-0172/97) 
Durante la votación en primera lectura, este Parlamento adoptó 19 enmiendas para perfilar la propuesta de texto de la Comisión. 
La posición común sobre la que habremos de pronunciarnos recoge 15 de nuestras enmiendas. 
Por consiguiente, estamos en nuestro derecho a felicitarnos por el excelente trabajo de colaboración, y también, a felicitar a nuestro ponente. 
Este texto, muy esperado por los usuarios de las compañías aéreas y por las propias compañías, pone al día el derecho existente en la materia. 
Efectivamente, hasta ahora, la protección en materia de cobertura de seguros de los pasajeros de transporte aéreo estaba regulada por el Convenio de Varsovia de 1929 y por protocolos adicionales de 1961. 
Por tanto, era ya momento de actualizar esta materia imponiendo principalmente un nivel de responsabilidad con umbrales pecuniarios de intervención. 
El texto que se nos ha sometido responde a este objetivo y debe por ello ser merecedor de nuestros votos. 
Informe Watts (A4-0152/97) 
A finales de noviembre de 1994, este Parlamento, sensibilizado y escandalizado por el naufragio del buque «Estonia» que se saldó con 900 víctimas, solicitaba a la Comisión la redacción de un programa orientado a reforzar la seguridad de los transbordadores. 
El texto sobre el que hemos de pronunciarnos es un componente de ese programa. 
Plantea el registro obligatorio de todos los pasajeros embarcados a bordo de un transbordador de carga rodada de pasajeros. 
En virtud de esta obligación contribuiremos a una mayor eficacia en la búsqueda y rescate. 
Finalmente, me atrevo a esperar que esta Asamblea siga las orientaciones de nuestro ponente y apoye sus enmiendas. 
La Unión Europea debe adecuarse a las reglamentaciones internacionales (pienso en el Convenio SOLAS para la seguridad de la vida en la mar) y no puede tolerar infracciones que tengan consecuencias desastrosas. 
Para terminar, desearía igualmente manifestar mi apoyo al Sr. Parodi que ha sido objeto del debate común de esta mañana. 
Más en especial, a la idea de creación de un Instituto de formación de marinos, financiado con cargo al presupuesto de la Unión. 
Idea muchas veces repetida por esta Asamblea y que siempre ha quedado en letra muerta. 
La Comisión y el Consejo deben obligatoriamente estudiar con seriedad esta posibilidad. 
En ello va la seguridad de los usuarios y los conocimientos técnicos de la profesión. 
Nos enfrentamos aquí a uno de los grandes escándalos de la Unión: en una situación en la que la que grandes y peligrosos accidentes afectan de manera constante a los transbordadores de carga rodada (y en la que incluso los grandes túneles submarinos presentan ya accidentes espectaculares) , la Unión se encuentra todavía en la tarea de «lograr paulatinamente un marco coherente para una política de la UE en el ámbito de la seguridad en el transporte marítimo» (Cf. 
Una regulación europea vinculante del transporte naval en las aguas de la UE, y no digamos del transporte por transbordador o de la utilización de túneles submarinos, es necesaria desde hace mucho tiempo. 
Tenía que haber sido impuesta hace tiempo con el control estatal de los puertos, al menos en lo que respecta a la seguridad de los pasajeros. 
Incluso en la cuestión fundamental de la seguridad de los transbordadores de carga rodada la UE no puede seguir escudándose en la OMI. 
No obstante, el informe es un pequeño paso en la dirección acertada. 
Por consiguiente, le otorgamos nuestra conformidad, llenos de cólera y rabia ante la idea de las muchas víctimas que probablemente cueste cada aplazamiento. 
Informe Parodi (A4-0174/97) 
En primer lugar, quisiera referirme aquí al punto de las consecuencias de la navegación bajo el pabellón de otro estado y del doble registro para los requisitos de formación de los marineros. 
Siendo tan importante que la UE abandone la actitud de esperar a la OMI, actitud tan nociva para la seguridad marítima global (pasajeros, marineros, medio ambiente) , servirá de poco introducir regulaciones que sustancialmente se limiten a los navíos que porten pabellones de los Estados miembros. 
Todos los navíos que naveguen por aguas europeas deberían cumplir unas exigencias mínimas. 
La implantación del Convenio STCW no es más que un primerísimo paso. 
En el mismo se trata de definir unas exigencias mínimas, específicamente europeas, que garanticen por sí mismas una protección suficiente de los pasajeros, de los marineros y del medio ambiente. 
Tenemos que proporcionar esto, y no menos, a nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Apoyaremos también este informe porque, a pesar de todo, se encamina- aunque demasiado lentamente- en la dirección correcta hacia la superación de la inseguridad fáctica y jurídica que existe actualmente en todas las aguas de la UE. 
En lo que respecta a la enmienda 1, votaremos en contra: no nos parece inteligente, en vez de proceder aceleradamente mediante una enmienda, dar a los estados miembros mediante la elaboración de una nueva directiva oportunidades de reclamar. 
Informe Terrón i CusiLindqvist (ELDR) , Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL) , Gahrton, Holm y Schörling (V) , Sandbæk (I-EDN) , por escrito. 
(SV) Hemos votado contra el informe sobre la elaboración del Convenio sobre el Sistema de Información Europeo. 
Tenemos muchos motivos para ello, y vamos a enumerar algunos por los que no podemos aceptar el informe. 
El Convenio sobre el SIE no tiene suficientemente en cuenta los aspectos de seguridad jurídica y de integridad personal.-El Parlamento desea aumentar el supranacionalismo en este ámbito, a lo cual nos oponemos.-Nos oponemos y condenamos enérgicamente la política en torno al asilo, de carácter brutal y restrictivo, que refuerzan Schengen y el SIE.-Creemos que la colaboración eficaz de las fuerzas del orden puede y debe desarrollarse dentro del marco de Interpol. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy en contra del informe de la Sra. Terrón i Cusi sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se establece el Convenio por el que se crea el Sistema de Información Europeo. 
Los socialdemócratas daneses consideran el informe muy problemático, ya que propone convertir el acto en un reglamento del Consejo y, como consecuencia, incluir el SIE en la legislación comunitaria por la vía del artículo 235 del Tratado. 
Esto significaría que la Comisión asumiría las competencias de control de los Estados miembros respecto al SIE. 
Los socialdemócratas daneses opinan que el SIE debe seguir siendo una materia de cooperación entre países en el marco del tercer pilar, en el que cada Estado miembro tiene las competencias decisivas. 
No compartimos la propuesta del Consejo y, con mayor razón, rechazamos el presente informe Terrón i Cusí. 
Con esa propuesta se pretende dar un paso hacia una Europa policial. 
En el informe, que se muestra indiferente a las actuales competencias comunitarias y que hace tabla rasa de las controversias existentes en el nivel de la CIG al respecto, se quiere ir mucho más lejos, comunitarizando y transformando el Convenio en Reglamento, con transposición inmediata y obligatoria en la esfera de las legislaciones nacionales. 
Por esta vía resultaría reducido el papel de los Estados miembros. 
Y, en una cuestión tan delicada, los actuales sistemas nacionales ya marcados, por regla general, por la opacidad, darían lugar también a un sistema sin un mínimo de transparencia y sin el indispensable control democrático. 
Hechos evidenciados, entre otros aspectos, por la propuesta de creación de un Organismo Común de Control, compuesto por dos representantes de cada organismo nacional y de la Comisión y en que resalta la total ausencia de control parlamentario. 
No ponemos en entredicho la necesidad de una cooperación en esa esfera entre los Estados miembros. 
Pero, naturalmente, rechazamos propuestas, como la presente, que superponen una filosofía policial a los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 
La vacuidad, la falta de rigor o las ambigüedades en la definición de los contenidos y en cuanto a la transparencia y al control de tales sistemas es algo que no se puede tolerar. 
Los sistemas que permiten a los Estados miembros el intercambio de información pueden ser herramientas muy útiles, sobre todo en los ámbitos de la investigación y la prevención de las infracciones graves de la ley. 
Ejemplos de ello son el Sistema de Información de Schengen, Europol y el Sistema de Información Aduanera; ahora bien, al aplicar sistemas de este tipo, adquiere una importancia decisiva la protección de la intimidad. 
La comisión está, por lo tanto, en lo correcto al opinar que debe dotarse a estos sistemas de una protección eficaz contra el acceso de personas no autorizadas. 
Es asimismo positivo que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para que se compruebe que los datos que figuran sobre ellos en los sistemas de información se ajusten a la ley. 
Informe Schulz (A4-0060/97) 
«El conocimiento es poder» , así dice un tópico filosófico, y con razón. 
Esto es válido también dentro del tercer pilar de la Unión Europea. 
La cooperación en el ámbito de los asuntos de justicia e interior es impensable sin un mínimo de captación y transmisión de datos. 
La información y los sistemas de información constituyen una necesidad cuando se trata de medidas en el ámbito de la emigración y del asilo, el fraude y la corrupción, criminalidad, drogas, terrorismo y cooperación judicial civil o penal. 
Por estas razones, los Estados miembros de la Unión Europea han puesto en marcha numerosos sistemas de información, EUROPOL y SIE en el ámbito intergubernamental, SIS para Schengen a nivel multilateral. 
La diversidad comporta el peligro de duplicación. 
Pero en primer lugar, los diferentes sistemas tienen una finalidad distinta. Y en segundo lugar, las duplicaciones entre sistemas no son una desventaja si al mismo tiempo existe una coordinación y un control. 
No hemos de tener sistemas de información competitivos o rivales. Pero tampoco hemos de tener un sistema de información único y centralizado. 
Por tanto, es preciso prestar plena atención al control democrático, al control jurídico, al respeto de la intimidad y al mantenimiento de la operatividad y la compatibilidad. 
Para lograrlo, el Grupo del PPE pide al Consejo y a los Estados miembros un control político del Parlamento Europeo, competencia prejudicial para el Tribunal de Justicia, respeto de la normativa del Consejo de Europa en materia de intimidad, y sobre todo cooperación entre los servicios implicados y entre las autoridades competentes. 
No se trata de cuestiones secundarias. Son condiciones esenciales para poner en pie y utilizar los sistemas de información en cuestión. 
Además, los sistemas de información que no cumplen estos requisitos, no son una ayuda, sino una amenaza. 
En este informe se trata por tanto del sistema de información aduanera o SIA. 
Del mismo modo en que el SIE se sitúa con un pie en el tercer pilar y con otro fuera de la Unión Europea, el SIA se sitúa a caballo entre el tercer pilar y el primer pilar, dado que, según el Tratado, las cuestiones aduaneras forman parte de la libre circulación y por consiguiente del ámbito comunitario. 
No obstante, esto no puede ser motivo para dejar fuera de juego al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia, como ha sucedido en la firma del Convenio, concretamente antes de que el Parlamento Europeo pudiera pronunciarse sobre el texto aprobado. 
El Convenio se firmó el 26 de julio de 1995. Y entre tanto, el 29 de noviembre de 1996, se firmó un Protocolo. 
Además de la cuestión del procedimiento, la Comisión presta atención a las libertades públicas y asuntos interiores, sobre todo la protección jurídica de los ciudadanos. 
Tiene que ver con las pretensiones tanto de control democrático como de competencia prejudicial. 
El Convenio y el Protocolo satisfacen en parte estas exigencias importantes. 
Pero finalmente, los Estados miembros son quienes deciden sobre la ratificación del Convenio y la aplicación del Protocolo. 
Y aún queda por ver quién lo ratificará y aplicara, y cuándo lo hará. 
El Grupo del PPE aboga por una pronta ratificación, para que el Acuerdo pueda entrar en vigor cuanto antes. 
¿Hace falta repetir que la toma de decisiones y la gestión dentro del tercer pilar transcurren con dificultad e incluso van a la zaga de los hechos y sucesos? 
Es algo que se repite hasta la saciedad, incluso para cuestiones no controvertidas se trabaja con convenios, protocolos, acuerdos y declaraciones- porque esto es inevitable en el marco intergubernamental -, con negociaciones previas entre los gobiernos y después larguísimos procesos de ratificación por parte de los Estados miembros. 
Baste con recordar Schengen, Europol, la lucha contra el fraude y en este caso el sistema de información aduanero. 
Entre tanto, resulta superfluo y molesto remitir a la Conferencia Intergubernamental. 
Pero es un hecho que la comunitarización paulatina y parcial del tercer pilar, como se desprende de este expediente, es imparable. 
En el mundo actual, y sobre todo en los países desarrollados, que se caracterizan por la diferenciación y la complejidad, la informática y la informatización son imperativas, tanto para las autoridades como para los funcionarios. 
También los ciudadanos, incluidos los criminales e ilegales, tienen acceso a los soportes y las redes de información. 
El ejercicio del poder en una sociedad del conocimiento necesita cada vez más bancos de datos y archivos de datos, entre otras cosas a consecuencia de la accesibilidad de las bases de datos, los directorios, los archivos y otras infotecas públicas o privadas. 
«Europa» no puede quedarse atrás respecto a estos desarrollos, que son en todos los sentidos transfronterizos, si quiere seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos. 
Pero al mismo tiempo, » Europa» ha de andar con pies de plomo en las cuestiones de la seguridad jurídica, la igualdad jurídica y la protección jurídica de los ciudadanos. 
El acto jurídico del Consejo relativo a la creación del sistema de información aduanera contraviene el Derecho de la Unión. 
No ha efectuado pertinentemente la audiencia del Parlamento Europeo que está prescrita en el apartado 2 del artículo K6. 
De esta suerte, este acto jurídico se ve afectado por un grave defecto en lo que respecta a su propia existencia. 
A esto se suma que el ámbito de vigencia de este acto se ve oscurecido en cuanto que el Convenio sobre el sistema de información aduanera es acompañado por un acuerdo relativo a la aplicación transitoria entre algunos Estados miembros. 
¿Cabe imaginar un símbolo más claro de la inseguridad jurídica que reina y que se agrava constantemente en el tercer pilar? 
El Grupo de los Verdes hace absolutamente suya la crítica que el Sr. ponente ha manifestado sobre los deficiencias en la protección jurídica de los datos y sobre la falta de control parlamentario y judicial, así como la petición a la Comisión de que estudie si el acto jurídico no debe ser sustituido por una directiva que responda a las tareas que se plantean por un sistema de información aduanera. 
Informe Secchi (A4-0169/97) 
Pensamos que los Estados miembros detentan, por motivos democráticos, el derecho a fiscalizarse a sí mismos, y que el Consejo debe seguir tramitando las cuestiones según el principio de adopción de decisiones por unanimidad. 
Pensamos que los Estados miembros son los mejores para decidir en materia tributaria, y creemos que los ministros de finanzas de la UE pueden coordinarla entre dichos Estados sin apartarse del principio de unanimidad. 
Por idénticos motivos democráticos no podemos apoyar una recomendación (el apartado 9 del informe) , donde se dice: »... que no debe seguir aumentando la presión fiscal en general». 
Aunque coincidimos en algunas partes del informe, entre otras en el código de conducta para el ámbito tributario, es decir, los acuerdos con los Estados miembros sobre la regulación voluntaria, no podemos apoyar la idea fundamental del informe, que consiste en que se ha de abandonar el principio de unanimidad en el Consejo en el ámbito de la política fiscal. 
En consecuencia, no podemos votar a favor del informe. 
Pensamos que los Estados miembros deben disponer por principio del derecho a fiscalizarse a sí mismos, y que el Consejo debe seguir tramitando en su mayor parte las cuestiones tributarias de conformidad basándose en el principio de toma de decisiones por unanimidad. 
No obstante, pensamos que deberían configurarse unas normas mínimas en lo concerniente a los impuestos que afectan al medio ambiente, capitales y sociedades, y que las decisiones que se adopten en estos ámbitos en el seno del Consejo deberían seguir el principio de la mayoría cualificada. 
No podemos apoyar el apartado 9, puesto que la recomendación de que no aumente la fiscalidad global va demasiado lejos. 
Coincidimos en la redacción del ponente en torno al código de conducta en el terreno fiscal, es decir, en los acuerdos con los Estados miembros para la regulación voluntaria. 
No obstante, esta toma de posición significa que no podemos respaldar la idea del informe de que se renuncie al principio de unanimidad en todo el ámbito de la política fiscal. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del Sr. Secchi en su conjunto, pero en contra del punto 4 y de la enmienda nº 7, ya que no somos partidarios de las votaciones por mayoría en el Consejo en el ámbito fiscal. 
La iniciativa de la armonización de los impuestos de los países miembros, encaminada a una política financiera y fiscal común, tendría fuertes repercusiones en la cooperación dentro de la UE. 
Nos llevaría a una UE federal, donde los más importantes instrumentos de administración de que disponen los Estados miembros para llevar su política económica nacional se transferirían al nivel de la UE. 
La política tributaria de los Estados miembros, sus ámbitos fiscales y sus niveles varían mucho en base a ideas dispares sobre la política del bienestar y sobre la dimensión que ha de tener el sector público. 
La política fiscal debería seguir siendo nacional en el futuro. 
Por este motivo he votado en contra del informe. 
Informe Harrison (A4-0160/97) 
Señor Presidente, la propuesta de resolución señala con toda razón una serie de preocupaciones legítimas que cualquiera debe suscribir. 
Ciertamente, la eficacia del mercado único exige que se planteen medidas orientadas a hacer más transparente el modo de funcionamiento de los comités, con el fin de garantizar la independencia con respecto a los grupos de presión, en la elaboración de los procedimientos legislativos, para una mejor protección de la salud y del medio ambiente. 
La preocupación por ayudar a las PYMES a participar en el mercado único y sacar provecho de ello, al igual que la voluntad de proteger a los niños contra las consecuencias negativas del mercado único, son evidentes. 
Sin embargo, una buena lectura del principio de subsidiariedad invitaría a abordar un gran número de problemas que ha planteado el presente informe de una forma más flexible, mejor adaptada y, por consiguiente, más eficaz que una comunitarización sistemática y a veces abusiva. 
Es el caso concreto de las cuestiones relativas a los sistemas jurídicos y, por otro lado, de las cuestiones de carácter fiscal, que son objeto de otro informe estudiado en el día de hoy. 
Por otro lado, las propuestas de adopción de una reglamentación comunitaria en materia de propiedad de los medios de comunicación confirman la voluntad de las instituciones comunitarias de otorgarse un poder de control sobre los medios de información. 
Ya denunciamos este tipo de maniobra cuando, en el contexto de la ampliación a los PECO, el Parlamento Europeo proponía subvencionar a los órganos de prensa sólo en contrapartida a su ortodoxia integracionista. 
Por otra parte, resulta singular que el Parlamento y la Comisión estén tan prestos a señalar con toda razón los peligros de la burocracia que pueden desprenderse de las reglamentaciones excesivas, pero que, al mismo tiempo, éstas se centren exclusivamente en las administraciones nacionales sin hacerse preguntas acerca de las derivas de las instituciones comunitarias. 
Para terminar, si bien nos adherimos a la preocupación manifestada de la lucha por el empleo, no deseamos la puesta en marcha de una política común de empleo. 
Ésta carecería de la flexibilidad y el pragmatismo necesarios. 
Las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental no darán solución al delicado desafío del desempleo. 
La contribución a esta batalla difícil a nivel europeo pasa por la voluntad de restablecer el principio de preferencia comunitaria inscrito en 1957 en el Tratado de Roma, pero sistemáticamente sacrificado en el altar del librecambismo en el caso de las negociaciones comerciales... 
(El presidente interrumpe al orador) 
En muchos apartados el ponente expresa su entusiasmo respecto al mercado interno, la continuación de la integración y una amplia armonización gradual. 
Nosotros dudamos de que el mercado interno haya aumentado el PNB de la Unión en 130 mil millones de dólares, como afirma el apartado 3 del informe. 
Todas estas cifras son y seguirán siendo conjeturas, y con el mismo derecho podemos decir nosotros que el PNB ha disminuido en la misma proporción, o que el mercado interno ha hecho que aumente el paro en 5 millones de personas. 
No obstante, más grave que su entusiasmo es el hecho de que el ponente recomienda en varios apartados que la legislación de la Unión reemplace a la nacional. 
En el apartado 14 se recomienda, por ejemplo, que la política medioambiental se base en «normas y orientaciones de la UE» , mientras que la posición de Suecia es que un país debe poder disponer siempre de una normativa medioambiental más estricta. 
En el apartado 16 el ponente dice que el mercado interno presupone un «sistema fiscal simplificado a nivel de la UE». 
En el apartado 25 se defiende un «sistema de control de la UE» , etc. 
Tenemos, por tanto, numerosas objeciones respecto a diversos apartados del informe, pero reconocemos al mismo tiempo que tiene muchas cualidades. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del Sr. Harrison en su conjunto, pero en contra del punto 11, ya que somos de la opinión de que los regímenes de seguridad social deben seguir siendo ámbito de la competencia nacional, y en contra de la enmienda nº 3, ya que opinamos que un sistema fiscal a nivel comunitario no debe incluir todas las fuentes de ingresos. 
El crecimiento, la creación de puestos de trabajo y el bienestar en Europa dependen de que el mercado interior funcione totalmente sin obstáculos. 
La información de la Comisión en el sentido de que sólo la mitad de las medidas previstas en el Libro Blanco de 1985 sobre el mercado interior se han aplicado plenamente en los Estados miembros es, por lo tanto, preocupante. 
La tendencia en los Estados miembros a establecer nuevas normas técnicas contribuye únicamente a poner el funcionamiento del mercado interior aún en mayor peligro. 
Por eso celebro que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios haya incluido tantas propuestas constructivas en su informe para remediar las carencias. 
Quiero recalcar, sobre todo, la propuesta para la simplificación de las normas para la presentación de quejas por parte de los ciudadanos cuando éstos observan errores y falta de eficacia en el funcionamiento del mercado interior. 
Informe Lannoye (A4-0075/97) 
Los Conservadores británicos reconocen el gran interés que sienten miles de electores de nuestras respectivas circunscripciones por los temas sobre los que trata el informe Lannoye. 
Tanto los consumidores de medicamentos complementarios, como los usuarios de terapias alternativas y los profesionales de la denominada medicina no convencional quieren que este informe salga adelante. 
A nivel europeo, los aspectos más importantes son la libertad de establecimiento y la libertad de elección. 
Nos gustaría que otros Estados miembros adoptaran el enfoque del Reino Unido ante los medicamentos complementarios, especialmente los Estados miembros que actualmente imponen serias restricciones al ejercicio de la medicina no convencional. 
Es fundamental que se protejan los intereses de los consumidores mediante el establecimiento de normativas y de una titulación que sean reconocidas mutuamente en toda Europa. 
Queda por ver cómo puede conseguirse eso sin un torrente de normativas tanto a nivel europeo, como a nivel de los Estados miembros. 
Estos objetivos ya son lo suficientemente ambiciosos sin el deseo manifestado en el informe de que los gastos sean reembolsados por los regímenes de la Seguridad Social, es decir, conseguir que el contribuyente pague la factura, precisamente cuando los fondos públicos están sujetos a fuertes presiones. 
Nosotros los Conservadores apoyamos el objetivo general de este informe, pero consideramos que hay que hacer mayor hincapié en estudios adicionales sobre los medios para lograr dichos objetivos, y en la necesidad de investigar sobre la eficacia de las distintas terapias, antes de pedir una legislación europea. 
Estamos en contra de las peticiones de una legislación inmediata debido a que ello privaría de sentido el resultado de cualquier estudio, y podría suponer una carga inadmisible y restrictiva sobre los profesionales de las medicinas no convencionales. 
El informe sobre el régimen de las medicinas no convencionales, a pesar del intolerante corporativismo de algunos de nuestros colegas médicos, ha suscitado un justo interés entre muchos ciudadanos de la Unión, porque, entre otras muchas razones: ¿quién no ha recurrido o recurrirá alguna vez a ellas? 
Recientes encuestas de opinión ponen de manifiesto que entre un 20 y un 50 % de los ciudadanos hacen uso de estas medicinas denominadas no convencionales. 
Por ello, como señalaba el ponente, la resolución hoy debatida, viene a plantear la búsqueda de las respuestas necesarias a estas situaciones de hecho, tanto para los profesionales y médicos que se dedican a estas disciplinas como para los pacientes. 
Situaciones que requieren una respuesta comunitaria adecuada para evitar, precisamente, cualquier posible deformación o abuso en su ejercicio. 
Me importa subrayar que aquí no estamos hablando o defendiendo charlatanerías pero tampoco privilegios de corporativismos obsoletos, más bien todo lo contrario. 
Lo que se busca con este informe de iniciativa, es establecer un estatus comunitario con la máxima seguridad sanitaria y jurídica para el ejercicio de estas disciplinas médicas alternativas a la que todos o casi todos recurrimos, como decía hace un momento. 
Por ello, resulta urgente la regulación de la formación y homologación del ejercicio de dichas profesiones para garantizarle al paciente, la máxima seguridad y calidad en caso de recurrir a su uso. 
Y, precisamente de esto, y no de otras cuestiones ajenas a este debate, es de lo que trata el informe del Sr. Lannoye, al que sinceramente felicitamos por su trabajo, por cierto, nada sencillo, ante la cerrazón mental de algunos. 
Concluyo, manifestando que el citado informe contará con mi apoyo. 
El tema del régimen de la medicina no convencional es objeto de largos e intensos debates y diferencias en los círculos médicos. 
Al mismo tiempo, y quizá esto sea más importante, una gran parte de la población en la mayoría de los Estados miembros hace uso de los servicios y métodos ofrecidos por determinadas ramas de la denominada medicina no convencional, lo cual impone un cambio de actitud al tratar un problema que tiene unas repercusiones, aunque no de «laboratorio» , sí reales y sociales. 
Un tema que afecta a un número de ciudadanos tan grande y a un sector tan importante y delicado como el de la salud no puede ser despachado con una excomulgación y una actitud propia de una «caza de brujas». 
Desde este punto de vista, es de máxima prioridad, en nuestra opinión, que se abra el camino para un diálogo responsable y que se inicien una investigación y un estudio serios y exhaustivos sobre el contenido, las posibilidades, las peculiaridades y el margen de actuación de la medicina no convencional. 
Es imprescindible que se documente el objeto de cada rama de la medicina no convencional, su metodología, así como su capacidad diagnóstica y curativa, de manera que el ciudadano, y mucho más el paciente, tengan el máximo nivel posible de información detallada sobre la competencia, calidad, eficacia y posibles riesgos de la denominada medicina no convencional, y no padezcan esa grave enfermedad que es la ignorancia y la desinformación. 
La condición previa para todo ello es que se inicie un diálogo abierto y constructivo, con criterios científicos y con garantías acerca del nivel de protección de la salud de los ciudadanos. 
Desde este punto de vista y, en nuestra opinión, el informe del Sr. Lannoye ofrece impulsos positivos para tratar con seriedad esta importante cuestión, que afecta a la salud de millones de ciudadanos, pero también a la subsistencia de ciertas personas que se especializan, encuentran empleo y prestan este tipo de servicios medicoterapéuticos y que, no en último lugar, tienen derecho también a conocer el régimen de subsistencia y ejercicio de su profesión. 
Haciendo un balance entre la dirección en principio positiva y ciertos puntos del informe, por un lado, y determinadas reservas y objeciones por nuestra parte referentes a otros puntos, por el otro, le daremos nuestro voto favorable, porque creemos que su aprobación es un paso importante para que todo este tema se trate de manera oficial y responsable. 
La amplia gama de medicinas no convencionales y complementarias existente hace necesaria una armonización legislativa en toda la Unión Europea. 
La propuesta del señor Lannoye y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor supone un claro mensaje a la Comisión para que comience a mejorar y armonizar mediante una propuesta de directiva la situación de las prácticas médicas no convencionales en la Unión. 
Es preciso crear un marco común para el ejercicio profesional de estas prácticas, lograr el reconocimiento de las modalidades de tratamiento no convencionales y elaborar una relación de medicamentos que incluya también a los no convencionales. 
De este modo, la Comisión hubiera podido evitar pérdidas de tiempo en estudios comparativos, que ya abundan de por sí en los Estados miembros. 
Ahora hay que actuar. 
Desgraciadamente, el Parlamento ha desbaratado las exigencias de la Comisión de Medio Ambiente al conformarse con solicitar la elaboración de nuevos estudios. 
La diversidad imperante en la práctica en los distintos Estados miembros no redunda en beneficio del paciente. 
En la actualidad, los requisitos en materia de formación de profesionales para ejercer las medicinas no convencionales no están armonizados y se echa de menos una lista clara de las sustancias farmacéuticas. 
Resultaría igualmente razonable que los Estados miembros investigaran la posibilidad de que los regímenes de seguridad social cubrieran estos tratamientos y medicamentos, siempre y cuando existan garantías acerca de la eficacia de los mismos. 
Gracias a éstos se han logrado resultados positivos, por lo que no es de extrañar que los ciudadanos se muestren favorables a su uso. 
He votado a favor de esta resolución según enmienda. 
El ámbito de la medicina no convencional y la posible regulación mediante legislación comunitaria de la libertad de establecimiento para profesionales de dicha medicina es un tema en el que Europa debe proceder con gran cautela. 
No sólo porque los sistemas de regulación de los distintos países difieren ampliamente entre sí, sino también porque, con el método anterior, es muy probable que los compromisos necesarios para adoptar un enfoque a nivel europeo originen problemas a los propios grupos e individuos que piden dicho enfoque europeo. 
Por este motivo, apoyo firmemente las partes del informe Lannoye en las que se pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio del tema, según se manifiesta en la primera parte del apartado 2, y un estudio sobre los resultados de las investigaciones que ya se han llevado a cabo con cargo a la partida presupuestaria B 7142 sobre la eficacia de la homeopatía y de otras terapias no convencionales. 
Me alegra que el Parlamento haya rechazado esa parte del apartado 2 que, originalmente, abogaba por una legislación inmediata, sin esperar a los resultados de ningún estudio. 
Habida cuenta de que la UE tiene un problema real en lo que respecta a la libertad de establecimiento de los profesionales de medicinas no convencionales, espero que ahora podamos hacer uso de esta resolución para instar a la Comisión a que lleve a cabo el estudio necesario y, posiblemente, para que presente la legislación. 
Los socialdemócratas daneses dudan de la conveniencia de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el régimen de las medicinas no convencionales; por un lado, porque nadie nos ha pedido que lo hagamos, y, por otro, porque la consecuencia podría ser que, con la aprobación en la UE, los profesionales que ejercen las medicinas no convencionales podrían beneficiarse de los regímenes de seguridad social, y entendemos que la UE no tiene ni debe tener competencias para inmiscuirse en este tema. 
En cambio, no queremos dar la impresión de que ignoramos la necesidad de que los diferentes regímenes terapéuticos no convencionales no sean autosuficientes, sino que se escuchen los unos a los otros. 
En algunos países, las medicinas no convencionales han sido simplemente integradas en la medicina convencional. 
En otros países, luchan entre sí. 
Creemos al respecto en el justo medio. 
Mucha gente siente que no le basta con la ayuda que recibe de la medicina convencional o de los profesionales convencionales, pero, por otro lado, no queremos contribuir a aumentar la sensación general que tiene la gente de no encontrarse bien nunca- a lo cual contribuyen los puntos de vista de muchos profesionales que ejercen las medicinas no convencionales: se diría que hay una pastilla o una forma de tratamiento para cualquier cosa. 
Es importante que las medicinas alternativas (las no convencionales) , como son por ejemplo la antroposofía, la homeopatía y la quiropráctica, dispongan de las mismas oportunidades de desarrollar su trabajo e investigación de que disfruta la medicina académica. 
En primer lugar, se debería elaborar un estudio para dar cuenta de la normativa de los países miembros en torno al derecho de práctica, etc. Dicho estudio podría demostrar si realmente es necesaria una armonización a nivel de la UE. 
Ésta podría, por ejemplo, adoptar la forma de unas normas mínimas en beneficio de la salud y seguridad de los pacientes. 
En base a esto y con esta reserva he votado a favor del informe. 
He votado en contra del informe Lannoye sobre el estatuto de las «medicinas no convencionales» , entre otras razones, por entender que la mayoría de los presupuestos presentados en forma de considerandos en la propuesta de resolución están imbuidos de un fuerte sentido de oportunismo y falta de imparcialidad y entre las imprecisiones y las medias verdades ocultan, fundamentalmente, intereses económicos que no se pueden armonizar con los intereses de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. 
Consideramos que para el reconocimiento de los métodos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes y de las enfermedades se debe exigir siempre la indispensable validación científica y que se deben comprobar por el método científico y reproducir experimentalmente todas las técnicas usadas en medicina. 
Entre otras, las razones que permiten la coexistencia en los Estados miembros de la Unión Europea de conceptos tan diferentes por lo que se refiere a la prestación de atenciones de salud son esencialmente de tipo cultural y están vinculadas con la tradición y la sensibilidad de los ciudadanos. 
Consideramos indeseable que la Unión Europea produzca legislación sobre esta materia controvertida, sobre todo cuando se pretende incluir la llamada «medicina no convencional» en el sistema de seguridad social con costos incalculables. 
En este sector, y por algunas de las razones ya aducidas, consideramos que deberá prevalecer hasta las últimas consecuencias el principio de subsidiariedad. 
He apoyado el informe Lannoye tal como se ha votado en la Comisión de Medio Ambiente y algunas de las enmiendas que he subscrito, a pesar de ciertas divergencias concretas con algunos de los párrafos. 
Las razones que me mueven a apoyar la adopción de una actitud positiva frente al reconocimiento, la legitimidad y la reglamentación del sector de las atenciones de salud denominadas «medicinas alternativas» o «no convencionales» son diversas. 
Efectivamente, la continuación de la situación en que estas formas de terapéutica son toleradas, pero no reconocidas, es extraordinariamente grave para los profesionales que las ejercen, pues impide la creación de un sistema de certificación y reconocimiento mutuo de sus habilitaciones, que separaría el trigo de la cizaña, y de un código deontológico reconocido. 
Igualmente, los pacientes no disponen hoy de condiciones para evaluar la competencia profesional y la solidez curricular de los que las ejercen. 
Por lo que se refiere a la ausencia de cofinanciación de estos tratamientos por los sistemas de seguridad social, situación que se da en la mayoría de los casos, hay que modificarla, pues no es admisible que subsista una discriminación en el acceso a estos tratamientos a partir de las posibilidades económicas de los pacientes, salvaguardando la necesidad de control y de contención de costos excesivos. 
Me alegro de que, finalmente, se vote el informe del Sr. Lannoye. 
Es importante iniciar una legislación común relativa a las profesiones sanitarias que todavía no están incluidas en las directivas sobre formación y actividades. 
En la Comisión de Medio Ambiente, el debate se ha centrado en la actitud de sus miembros ante las medicinas no convencionales, sobre todo cuando tal actitud era opuesta a cualquier tipo de tratamiento médico no convencional. 
Es una lastima que el informe haya tardado tanto, ya que intenta buscar condiciones sensatas para las profesiones sanitarias no convencionales. 
Debería ser obvio que una legislación general clara y transparente beneficiará tanto a los diferentes grupos profesionales que ejercen las medicinas no convencionales como a los intereses de los pacientes, ya que el sector de los tratamientos alternativas se parece a menudo a una jungla en la que resulta muy difícil orientarse. 
Es un hecho que alrededor de un tercio de la población de la UE utiliza las medicinas no convencionales. 
Por eso sería deseable que la UE adoptara una legislación común en este ámbito, a fin de garantizar a este amplio grupo un tratamiento regulado y homogéneo (por profesionales con una formación adecuada). 
No obstante, quiero decir que la UE no debe, de ninguna forma, entrometerse en el tema del reembolso de los gastos terapéuticos y farmacéuticos por parte de la seguridad social, como se propone en la enmienda nº 15. 
Por otro lado, siento personalmente simpatía por la idea de que la seguridad social abone los gastos de los tratamientos no convencionales, lo que permitiría a los pacientes elegir libremente. 
En todo caso, opino que corresponde a los Estados nacionales decidir lo que se quiere abonar con cargo a un régimen de seguridad social nacional financiado a través de los impuestos. 
Finalmente, quiero dar mi apoyo a la ampliación de la farmacopea europea elaborada por el Consejo de Europa para que incluya las medicinas no convencionales. 
Estoy a favor del informe porque reivindico el derecho a disponer de un servicio médico de calidad, con garantías, reconocido y legislado que no tiene por qué ser necesariamente el del médico académico habitual. 
En la actualidad, entre paciente y facultativo se ha perdido la dimensión personal. 
La efectividad y rapidez en atajar los síntomas ha sustituido a la afectividad y reconocimiento del paciente. 
La historia de la medicina cuenta con episodios de intransigencia memorables y con la posterior aceptación de técnicas que fueron entendidas en su momento como diabólicas o milagrosas. 
No repitamos, a las puertas del siglo XXI, equivocaciones pasadas y abramos la puerta al diálogo entre la medicina oficial y la no convencional. 
Yo no creo en los milagros pero mantengo la esperanza de que los intereses corporativistas, médicos o farmacéuticos, no impidan la regularización y legislación de prácticas que vienen demostrando su efectividad y son aceptadas, desde hace mucho tiempo, tanto en algunos Estados miembros como en otros países. 
En muchos países como España existe un absoluto vacío legal al respecto, propiciándose incursiones en este campo de estafadores que ponen en peligro la salud de los consumidores. 
La libertad del paciente a elegir la forma en que quiere ser tratado y la seguridad de que existen garantías dentro de su elección, es un derecho que debe ser respetado, facilitado y avalado por los Estados y la Unión. 
La polémica que surgió en torno al informe Lannoye se basa en una falsa premisa, la de que, al legalizarse el ejercicio de las prácticas curativas no convencionales, se está permitiendo el ejercicio profesional de personas sin competencia. 
El objetivo de este informe es exactamente el opuesto. 
Al exhortar a la Comisión a que realice estudios profundos sobre la inocuidad y la eficacia de los tratamientos, por un lado, y al armonizar las normas para la certificación de los diplomas y para el ejercicio de la profesión, por otro, se procura precisamente impedir que haya charlatanes que se aprovechen de la falta de información de los ciudadanos y de los vacíos legales existentes. 
Negarse hoy a admitir las virtualidades de prácticas como la homeopatía, la quiropatía, la osteopatía, la acupuntura y el shiatsu es tan insólito como inútil. 
Insólito porque va contra todas las corrientes recientes de un entendimiento global del individuo, inútil porque el número de practicantes no dejará de aumentar como hasta ahora... sólo que sin protección de ninguna clase. 
Es responsabilidad de la Unión crear condiciones de igualdad entre ciudadanos: en este caso, de ejercicio y establecimiento para los profesionales y de elección para los usuarios. 
Pero esa libertad de unos y otros tiene que basarse en una seguridad que sólo puede garantizar un sistema riguroso de certificación profesional, armonizado en el nivel europeo. 
Ésta es la piedra de toque de todo el edificio y no se encuentra suficientemente destacada en los párrafos de la propuesta de resolución Lannoye. 
Ahora bien, demonizar esas prácticas- como en tiempos se hizo con el psicoanálisis -, ¡válganos Dios! 
¿De qué lado está el obscurantismo? 
Informe Crowley (A4-0088/97) 
, por escrito. (DA) No podemos apoyar el informe de Brian Crowley sobre los aspectos sociales de la política de la vivienda, principalmente porque tal política es de competencia nacional. 
Nos parece absurdo imaginar una política comunitaria de la vivienda, ya que no es posible trasferir sin más tal política nacional a la Unión Europea. La diversidad entre los Estados miembros es mucho mayor que la que existe a escala nacional. 
Sobre esta base, entendemos que la creación de un Foro de la Vivienda Europeo y el desarrollo del programa piloto IGLOO para la financiación de proyectos relacionados con la vivienda son totalmente innecesarios. 
Tampoco apoyamos la inclusión en el nuevo Tratado del derecho de todos a una vivienda adecuada y asequible. 
Apoyamos los comentarios en el sentido de que algunos de los fondos deben asignarse al programa SAVE en calidad de ayudas para la construcción de viviendas de bajo consumo energético y de que todas las iniciativas deben ser sostenibles y tener en cuenta la protección del medio ambiente, el ahorro energético y los métodos de construcción más adecuados; todas estas ideas concuerdan con la opinión de la mayor parte de la población danesa. 
Estamos completamente de acuerdo con los requisitos fundamentales del informe Crowley consistentes en que es derecho de toda persona tener acceso a una vivienda decorosa, y que los 18 millones aproximados de personas de la UE que no tienen hogar o residen en viviendas deficientes tienen derecho a un hogar decoroso a un coste que no sea prohibitivo. 
Como propone el informe, queremos evitar que la especulación del suelo y la carencia de medios financieros para poder ofrecer unas condiciones justas en los préstamos hagan del sector de la vivienda un «sector de coste elevado» , al que sólo tengan acceso las personas de posición desahogada. 
El conjunto de países miembros ha ratificado el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que reconoce el derecho de todo ciudadano a disponer de una vivienda satisfactoria, lo cual deberíamos tener más en cuenta. 
También es positiva nuestra actitud ante la posibilidad de que los países miembros, por propia iniciativa o a través de la Unión, pongan en marcha unos proyectos piloto en los sectores de la vivienda, el empleo, la salud, la prestación de servicios sociales, etc., de conformidad con las propuestas del informe. 
También pensamos que la construcción de viviendas debe basarse en los principios de un círculo ecológico cerrado, de la utilización sostenible de los recursos naturales, de la protección del medio ambiente y la salud, y del ahorro energético. 
En cambio, pensamos que es demasiado ambicioso e inaceptable exigir una política europea de la vivienda como hace el Sr. Crowley en su informe. 
La política de la vivienda es y debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. 
Por otro lado, pueden llevarse a cabo actividades de cooperación e intercambio de experiencias a nivel internacional entre diversas regiones con el fin de solucionar el problema que representa garantizar viviendas de calidad a unos precios asequibles para todos. 
Hay que presionar a los países para que cumplan los requisitos del Convenio de la Naciones Unidas, que, por otra parte, ya han ratificado. 
A pesar de que el informe contiene numerosas propuestas excelentes, no podemos votar a favor por los motivos expuestos anteriormente. 
Doy mi apoyo a todos los apartados del informe que proponen concretamente una mejora de la política de la vivienda. 
No obstante, no necesitamos una política de la vivienda común a nivel de la UE, con unos préstamos comunitarios para su adquisición, y una legislación integrada en torno al sector en cuestión. 
Éste es el camino equivocado. 
Los problemas extremadamente graves que aborda el informe deben solucionarse a nivel nacional y a través de la cooperación interestatal, cuando ésta se considere necesaria. 
En base a todo esto, he votado «no» al informe. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 29 de mayo de 1997. 
Aprobación del Acta 
Se ha distribuido el Acta de la sesión del jueves 29 de mayo de 1997. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el Acta del 29 de mayo indica que la asistencia a la sesión fue mucho mayor que la que solemos tener en Estrasburgo el último día de un período de sesiones. 
Tengo la impresión de que eso se debe a que las autoridades francesas no pueden ofrecer un servicio decente aéreo o de otro tipo para que regresemos a nuestros respectivos países después de la sesión. 
Señor Kellet-Bowman, yo comprendo que los lunes de Estrasburgo tenemos repetidamente la misma cuestión de orden, y yo no puedo dar más que la misma respuesta: que transmito a las autoridades francesas esta cuestión. 
Ya sabe usted que las autoridades francesas han respondido con una propuesta al Consejo Europeo sobre fijación de las sedes y de los tiempos de sesión. 
Señor Presidente, tengo que plantear una cuestión que es realmente importante y se refiere al Acta. 
Recordará usted que el miércoles me referí al caso del precio del salmón noruego. 
Volví a referirme a la cuestión el jueves. 
Todavía no se nos ha contestado a nuestra pregunta, que me permito enunciar de nuevo: ¿por qué este Parlamento no puede ponerse en comunicación directa con la Comisión para saber de qué va la cosa, mientras que el Gobierno noruego, por lo visto, ha tenido oportunidad de hablar a cada uno de los Comisarios?. 
Me gustaría saber cuándo podemos hacer esta pregunta a la Comisión. 
La cuestión ha quedado ya resuelta en beneficio de Noruega, y me parece que tenemos derecho a prenguntar cuándo se nos va a hablar de ella. 
Gracias, señor Macartney. 
Transmitiré su preocupación a la Comisión. 
(El Acta queda aprobada.) 
Señor Presidente, me referiré a la administración de este edificio. 
Desde la última vez que nos reunimos en Estrasburgo, alguien ha arrancado y estropeado un cartel que tenía en mi puerta en el que se conmemoraba la resistencia francesa y alemana contra Hitler. 
Sé que es difícil vigilar una institución en la que pululan personas como el Sr. Bernard Antony, que fue encausado el 15 de mayo en Montpellier por racismo, y al que se le impuso una multa de 50.000 francos franceses y una condena condicional a seis meses de prisión, o como Roberta Angelilli, que ha vuelto a representar la quema de libros por los nazis de Hitler en Roma, pero ¿puede asegurarme el Presidente que en el futuro los servicios de seguridad tratarán de conseguir que nos sintamos protegidos contra ese tipo de vandalismo? 
Señor Ford, su queja será tomada en cuenta y se transmitirá a los servicios de seguridad, que deben proteger de cualquier acto de vandalismo los despachos de los señores diputados. 
Señor Janssen van Raay, no es el momento de plantear al Pleno la cuestión que usted suscita. 
Puede plantearla ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos por los conductos reglamentarios. 
Señor Presidente, quisiera instar a la Comisión, y en particular a los servicios que se ocupan del transporte, a que prepare y presente un informe sobre el transporte de materiales nucleares. 
En la actualidad aviones que transportan plutonio sobrevuelan Estados miembros, entre ellos el Reino Unido. 
Es urgentísimo que esta cuestión se resuelva lo antes posible. 
Le pido respetuosamente que insista cerca de la Comisión para que presente un informe actualizado sobre el transporte de desechos nucleares. 
Señor Morris, si usted ya ha presentado la cuestión ante la Comisión, yo insistiré en que se le conteste. 
Señor Presidente, el 1 de junio de este año el periódico británico Sunday Times publicó un artículo en el que indicaba que el nuevo Gobierno británico tenía una base de datos computarizada sobre las actividades, las preguntas y los discursos de los diputados de este Parlamento. 
Se mencionaba concretamente al Sr. Hugh Kerr. 
No sé si otros diputados son también objeto de vigilancia por el Gobierno británico, y quisiera saber si esa forma de actuar no constituye una infracción de los privilegios de este Parlamento. 
Señor Perry, yo quiero interpretar ese dato- suponiendo que sea cierto- como el interés del gobierno de un Estado miembro por las actividades de esta Asamblea. 
Siempre estamos pidiendo que en los Estados miembros se siga el trabajo del Parlamento, por lo que es bueno que un Gobierno recién formado se ocupe de estas cuestiones. 
Quiero interpretarlo en ese sentido y no en otro. 
Señor Presidente, ya he presentado una vez la cuestión referente a la interpretación en las delegaciones. 
En concreto, se trata de la delegación en Kazajstán y en las otras repúblicas de Asia Central. 
Se da además el caso de que soy el vicepresidente de esa delegación. 
Se proyectaba realizar y se realizó un viaje a principios de mayo. 
Me fue imposible participar en él, a pesar de que quería y me parecía útil, porque se me comunicó que no iba a haber interpretación al griego. 
También planteé la cuestión mediante una carta dirigida a usted. He recibido la respuesta con mucho retraso. 
En esa carta de respuesta se me dice que no sé qué órgano ha decidido que en las delegaciones no pueden estar representadas las lenguas de todos los participantes y, en el caso de esta delegación en concreto, consideraron que era suficiente que estuvieran el ruso y el inglés. 
No sé bajo qué criterios se tomó tal decisión por la que se excluían las demás lenguas. 
A mí me interesa la griega, ya que como miembro debería poder participar. 
¿Por qué planteo esta cuestión? 
Primero, porque ha habido un retraso en la respuesta, aun cuando, teniendo en cuenta todas sus demás tareas, podría justificarse. 
Sin embargo, la segunda es la razón esencial. 
Ha de mencionarse en algún lado, ha de establecerse en el Reglamento del Parlamento Europeo que para ser diputado y participar en los diferentes órganos, comités, etc., es necesario, entre otras cosas, saber inglés y ruso o saber alemán, porque de lo contrario no se puede llegar a diputado. En la práctica es lo que está pasando. 
Nos excluyen prácticamente. 
Señor Ephremidis, lo que usted ha apuntado me parece que ha sido examinado por la Conferencia de Presidentes de delegación, y recibirá usted una comunicación oportuna sobre las razones de que, en ese caso, hubiese sólo dos lenguas, así como las posibles soluciones. 
Señor Presidente, hay diputados que han recibido esta tarde copia de mi declaración escrita sobre «alcopops» , cuyo plazo expira a las 18.30 horas. 
Quisiera formular dos quejas acerca del procedimiento relacionado con las declaraciones escritas. 
En primer lugar, la palabra «alcopops» es, sin duda alguna, una palabra muy nueva, a pesar de lo cual he de quejarme de las traducciones. 
En particular la traducción francesa no refleja la naturaleza de los «alcopops» : se trata de bebidas dulces que contienen alcohol, que se fabrican pensando en los jóvenes y que son muy peligrosas. 
Hubo que rehacer la traducción, pero el plazo no se ha ampliado. 
En segundo lugar, quisiera quejarme de que en nuestro Parlamento es muy difícil firmar las declaraciones escritas. 
Es posible que esto sea deliberado, pero puedo darles la seguridad de que hay muchos diputados en este Parlamento que no tienen la más remota idea del lugar de Bruselas donde se firman las declaraciones escritas. 
La respuesta es la siguiente: se trata de un lugar que está muy lejos del Hemiciclo. 
Le agradeceré que se estudie la posibilidad de firmar las declaraciones escritas en este Hemiciclo, que es, al fin y al cabo, el lugar donde lógicamente hay que firmarlas. 
Pido asimismo que se amplíe el plazo correspondiente a mi declaración, para que todos los que desean luchar contra la plaga de los «alcopops» puedan hacerlo en la debida forma. 
Señora McNally, en cuanto a lo que se refiere a la extensión del plazo, naturalmente se puede hacer. 
En lo que se refiere a la forma de firmar las declaraciones, le recuerdo a usted que está fijada por el Reglamento, y que toda modificación exigiría una modificación del Reglamento. 
En Bruselas, el local correspondiente para la firma de las declaraciones por escrito está justo debajo del hemiciclo, y en Estrasburgo, -si yo no me equivoco- está al lado del hemiciclo. 
Orden de los trabajos 
Ha sido distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 5 de junio de 1997, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento. 
No he recibido ninguna solicitud de modificación del orden del día. 
Me pide la palabra la Sra. Green. 
Señor Presidente, después de la reunión de mi Grupo esta tarde me gustaría comunicarle un par de cambios que hemos introducido. 
En primer lugar, como ya sabe usted, en la Conferencia de Presidentes apoyamos el aplazamiento del informe McIntosh sobre seguridad aérea del martes al jueves. 
Lo hicimos en el entendimiento de que el Comisario estaría disponible el jueves para ocuparse de esta cuestión. 
Vemos ahora que no es así. 
Comprendemos las razones de que el informe se aplazara y somos partidarios de prestar toda la asistencia posible, pero quisiéramos preguntar al ponente si está de acuerdo en que se aplace el informe hasta el mes de julio para que podamos ocuparnos de él cuando el Comisario esté presente. 
Se trata de una cuestión importantísima, y queremos tener la seguridad de que se examina y se tramita debidamente. 
Francamente, nos parece que examinarla el jueves no sería acertado. 
La segunda propuesta se relaciona con el plazo límite de las cuatro de la tarde de mañana que tenemos para el examen de las propuestas de transacción y las enmiendas relativas a la Conferencia Intergubernamental y a la Cumbre de Amsterdam. 
Esto significaría que el resultado de la votación que tendrá lugar esta noche en la Comisión de Asuntos Institucionales, en cuyo marco, como sabe usted, se han presentado 134 enmiendas del texto relativo a la CIG, no estará a disposición de los grupos, para su examen, antes de que expire el plazo límite para la presentación de enmiendas. 
En consecuencia, pido que se prolongue ese plazo límite para las enmiendas y textos de transacción hasta, quizá, las diez de la mañana del miércoles. 
De esta forma todos los grupos dispondrán de la tarde de mañana para determinar si quieren presentar nuevas enmiendas de los textos que sólo saldrán esta noche de la sesión de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Señor Presidente, me sorprende un poco que todavía tenga que hablarse del informe McIntosch, que ahora se ha trasladado al jueves, porque partía del supuesto de que, si no han llegado comentarios por escrito, el orden del día se habría establecido como hace usted ahora. 
Pero si resulta que ahora el Comisario tiene un problema, creo que estaremos de acuerdo en aplazar el informe al período parcial de sesiones de julio, pues el período parcial de junio ya está lleno. 
No obstante, tenemos dos problemas con lo siguiente: dos resoluciones: una sobre la CIG y la segunda sobre otras cuestiones que todavía están en el orden del día para la Cumbre de Amsterdam. 
No me parece bueno teniendo en cuenta que se trata de un debate tan importante- hemos hablado al respecto en el Grupo- y quisiera proponer, por ejemplo, que por una vez el plazo de presentación de enmiendas no venza a las cuatro, sino por ejemplo a las siete o, si es necesario, a las siete y media, para que todo el mundo tenga oportunidad de deliberar en su Grupo; esto es lo que estamos dispuestos a aceptar en el Grupo de los Socialistas; pero no me parece oportuno no votar el miércoles. 
Por tanto quisiera que me dijera hasta cuándo es técnicamente posible, y entonces podremos asegurarnos de votar el miércoles. 
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión sobre la sesión del martes. 
Unos 10 minutos antes del inicio de esta sesión he recibido una copia de una carta dirigida a usted. La he recibido seguramente porque soy ponente para el presupuesto agrícola. 
El Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura comunica que mañana por la mañana no podrá participar en el debate sobre los precios, y en lugar de ello ofrece estar presente por la noche. 
Quisiera proponerle que mañana temprano a las 9 celebráramos una votación al respecto, para que podamos debatirlo en la Comisión de Agricultura y quizás también podamos consultarlo con el Comisario Fischler. 
Por consiguiente, quisiera pedirle que mañana temprano a las 9 decidiéramos si podemos aplazar el debate sobre los precios agrícolas hasta las 9 de la noche. 
Señor Presidente, también nosotros consideramos que sería poco afortunado que la votación no se celebrara el miércoles. Sería una señal totalmente equivocada desde el punto de vista político que el miércoles celebráramos un debate y votáramos al día siguiente sobre algo tan esencial. 
Por tanto, apoyamos la petición de ampliación del horario de presentación de enmiendas; que en lugar de presentarlas el martes a las 16.00 horas puedan presentarse a las 20.00 ó 21.00, horas, dependiendo de las posibilidades técnicas. 
El segundo punto suscitado por la Sra. Green concierne al plazo para la presentación de enmiendas relativas al debate sobre el Consejo Europeo de Amsterdam. 
El plazo podría extenderse hasta las 16.00 horas del martes, de manera que las resoluciones pudiesen someterse a votación el mismo miércoles, como sería deseable. 
Pero los Grupos deberán dar muestras de responsabilidad y no presentar un número desmesurado de enmiendas, pues deberán traducirse de manera apropiada para que la votación se lleve a cabo con el cuidado que el tema merece. 
Señor Presidente, estoy esforzándome por ayudar. 
Comprendo que queramos votar el miércoles. 
Podríamos apoyarlo, siempre que nuestro Grupo y la mayor parte de los demás Grupos que se reúnen el martes por la tarde tengan al menos una oportunidad de examinar las enmiendas y el texto provenientes de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Mi Grupo se reúne a las siete, así que es totalmente imposible que dispongamos de las enmiendas a las seis como máximo. 
Procuraremos que haya el número mínimo de enmiendas. 
Aunque el plazo límite sea las ocho, sólo nos quedará una hora para discutir estas cuestiones con un grupo de 214 personas. 
Imagínese usted el estrés que todo eso representa. 
Es evidente que sería mucho más fácil para nosotros si el plazo límite expirara a las nueve. 
Si podemos ponernos de acuerdo sobre lo que acabo de decir, entonces haremos todo lo que podamos para facilitar la labor de los servicios. 
Incluso proporcionaremos propuestas por adelantado, que más adelante podríamos ajustar ligeramente si fuera preciso. 
Haremos todo lo que podamos por ser útiles. 
Señora Green, ¿quiere decir eso que votaríamos el jueves? 
Señor Presidente, mi idea era que votásemos el miércoles si el plazo expira a las nueve. Huelga decir que haremos todo lo que podamos para facilitar la labor de los servicios. 
Procuraremos conseguirlo, pero si resultase técnicamente imposible porque hay muchas enmiendas y son complejas, entonces tendremos que votar el jueves. 
Para el miércoles por la mañana sabremos cuál es la situación. 
Sea como fuere, mis servicios me dicen que podemos hablar de las nueve si tenemos enmiendas para esa hora. 
Las peticiones de votaciones por separado tienen que recibirse para las seis, pero aceptaremos enmiendas hasta las nueve. 
Señor Presidente, no tengo mucha experiencia en los debates procedimentales en este Parlamento, pero cuento con la inestimable ayuda de la Sra. Oomen-Ruijten. Ella ha expuesto las razones, tiene una amplia experiencia y lo hace muy bien. 
Pero me dirijo también al Sr. Hänsch. De él he aprendido en anteriores períodos que las votaciones han de celebrarse cuanto antes después del debate. 
Pienso que es una buena regla. 
La Sra. Aelvoet también ha dicho que sería un gesto político negativo que celebráramos el debate el miércoles por la mañana y votáramos el jueves por la tarde. 
Por ello pienso que, de acuerdo con su propuesta, señor Presidente, si la sesión de mañana se prolonga hasta las 21.00 horas- nuestra reunión de Grupo no se celebrará antes de las 19.00 horas- hacia las 21.00 podremos presentar las posibles enmiendas. 
Le ruego encarecidamente que votemos el miércoles después de este importante debate. 
Sí, eso es lo que dije. 
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con la propuesta de procurar que el número de enmiendas no sea demasiado elevado. 
Encarguémonos de que se hayan entregado a las 21.00 horas. 
Pero, a decir verdad, lo que no entiendo es que se tenga que decidir ya a las 18.00 qué votación por separado y por partes se solicita. 
No comprendo porqué ha de hacerse tan temprano, dado que no tiene que ver tanto con los problemas de traducción, pues no es difícil de traducir- por cierto que el que preside es quien dice que se ha solicitado una votación por separado y por partes -, como con la preparación de las votaciones. 
A decir verdad, no comprendo porqué, si a las 21.00 horas se han entregado las solicitudes en relación con la cuestión de en qué momento y sobre qué parte ha de celebrarse una votación por separado y por partes, no pueden ser tenidas en cuenta. 
Se trata de una votación excepcional, por lo que adoptaremos medidas excepcionales y pondremos el plazo a las 20.00 horas. 
Los servicios del Parlamento harán un esfuerzo excepcional para que podamos votar el miércoles. 
Señor Presidente, me sorprende lo que acaba de decir porque los Grupos están esforzándose por ayudar a la plenaria. 
Al fin y al cabo, hemos de tener la oportunidad de examinar los resultados de la comisión parlamentaria de esta noche. 
Nos da usted una hora de tiempo, lo que hace sumamente difícil no solamente el discutir las enmiendas que queramos presentar sino el presentarlas de forma aceptable a la sesión plenaria. 
¡Eso es mucha severidad! 
No veo por qué razón, si tenemos que votar el miércoles- y admito que sería mejor votar el miércoles -, no podemos decir que, de haber demasiadas enmiendas y de no poder liquidarlas para el miércoles a la hora de comer, a las cinco habrá una reunión especial para llevar a cabo las votaciones. 
Al fin y al cabo este Parlamento es soberano. 
Lo que es importante no es solamente el voto, sino toda esta cuestión. 
La respuesta de los Grupos a la discusión sobre la CIG reviste importancia capital. 
Pido, pues, que sea a las nueve. 
Mi Grupo tiene 214 miembros. 
No es fácil discutir esta cuestión y presentar las enmiendas en una hora. 
El tercer punto suscitado concierne al debate conjunto sobre los precios agrícolas. 
Efectivamente, yo he recibido hace un momento una carta del ministro de Agricultura de los Países Bajos en que comunica que tiene que asistir a su parlamento necesariamente esa misma tarde. 
Por tanto, ofrece dos posibles soluciones: o que el debate tenga lugar de las 21.00 hasta las 24.00 horas, y en ese caso estaría presente, o tener un debate con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Tiene la palabra el señor Colino, presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, estoy sorprendido por el anuncio de esa no comparecencia- por razones que usted ha explicado- del Sr. Ministro de Agricultura de los Países Bajos, Presidente en ejercicio del Consejo, pero creo que sería bueno que durante el debate estuviera presente el Sr. Ministro. En ese caso, yo no me opondría a que tuviéramos el debate a partir de las 9.00 de la noche- conforme a esa petición- si es claro el compromiso del ministro de comparecer a esa hora. 
La carta del ministro dice concretamente: » Podré asistir al debate del Pleno desde las 21.00 horas a las 24.00 horas. Por tanto le agradecería mucho que el debate sobre los precios agrícolas tuviese lugar por la noche». 
Someto a votación la propuesta de trasladar el debate sobre los precios agrícolas a la noche del martes. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Queda, por tanto, aprobado el orden de los trabajos así modificado. 
¿Se refiere esto sólo al debate sobre los precios agrícolas o a la totalidad del complejo que figura en el orden del día? 
Muchas gracias por su pregunta, que me da ocasión de aclarar que se trata del debate conjunto. 
Hemos votado sobre un punto, a saber, sobre el debate de los precios agrícolas. 
No puede ser que estemos hablando hasta media noche sobre todo este complejo pues a esa hora ya hay ni una persona en esta Asamblea. 
Yo comprendo su argumento, pues su Grupo ha votado en contra. 
Pero la mayoría de la Asamblea ha decidido lo contrario. 
Tiene la palabra la señora Lulling. 
Señor Presidente, yo también presento un informe sobre la miel, que concierne a la agricultura. 
No veo que tenga nada que ver con los precios de los productos agrícolas, y muy bien podemos examinarlo, al igual que el informe Baldarelli, por la tarde, como figura en el orden del día. 
¿No es posible? 
Señora Lulling, de acuerdo con el orden del día, su informe no forma parte del debate conjunto. 
Por lo tanto, esta decisión no lo afecta. 
Se ha decidido aplazar el debate conjunto, no así los demás puntos del orden del día; por consiguiente, ello no afecta a su informe. 
Peticiones 1996-1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0190/97) del Sr. Perry, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el ejercicio parlamentario 1996-1997. 
Señor Presidente, me place presentar el informe anual sobre la labor de la Comisión de Peticiones. 
He podido comprobar que la gente, esté donde esté, tiende a considerarse como el centro del universo. 
He podido comprobar que, sea cual fuere la comisión de este Parlamento de que mis colegas son miembros, consideran a dicha comisión parlamentaria como la más importante, la más indispensable y la más central para la labor del Parlamento. 
Todos ellos tienen razón, independientemente de que se trate de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Derechos de la Mujer, la Comisión de Asuntos Regionales, o cualquier otra. 
Todas ellas están desarrollando un importante cometido. 
Sé que a la Comisión de Peticiones no se le considera en todas partes como a la más importante. 
En realidad, a mi electorado se la describo diciendo que es el departamento de reclamaciones del Parlamento. 
No tomamos decisiones en materia de política, ni preparamos legislación, ni controlamos presupuestos, que son las formas que por lo general deciden dónde está el poder y la influencia. 
En cambio, escuchamos a los pueblos de Europa; y en un proceso democrático, ¿puede decirme alguien si hay algo que sea más importante que escuchar las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos? 
Los ciudadanos toman muy en serio su derecho a formular peticiones. 
En los diez últimos años el número de peticiones se ha duplicado y ha pasado de 500 a más de 1.000 al año. 
Este año ha habido una ligera disminución, cosa que era de esperar con la institución del Defensor del Pueblo Europeo. 
La comisión parlamentaria ha establecido buenas relaciones de trabajo con el Defensor del Pueblo, y rindo homenaje a la labor realizada y a las buenas relaciones que existen. 
La Comisión de Peticiones desempeña el papel de escucha en nombre del Parlamento. 
El año pasado vi una petición con más de cuatro millones de firmas, en nombre de personas que se oponían a los ensayos efectuados por la industria de la cosmética con animales vivos. 
Pero lo que es importante es la oportunidad de que se dé satisfacción a sus denuncias. 
Nuestra colega Mary Banotti se esfuerza mucho por los niños del amor, y como representante de este Parlamento procura resolver estos problemas tan personales. 
En Luxemburgo había un joven que consiguió que las autoridades fiscales le devolvieran parte de los impuestos que había pagado. 
Nadie puede conseguir nada mejor que lograr que el recaudador de impuestos le devuelva dinero. 
Incluso en mi propia circunscripción una persona se quejó de que su pensión estaba mal calculada y consiguió que le devolvieran varios miles de libras. 
La comisión parlamentaria trabaja de forma armónica a través de nuestras divisiones nacionales y políticas. 
Me gustaría mucho rendir homenaje al Presidente del año pasado, Sr. Newman, y a mi colega político, Sr. Fontana, que es Presidente este año. 
Quisiera también hacer constar en Acta la satisfacción de la comisión parlamentaria por la labor de su secretaría y la labor de la Comisión. 
Sus informes, invariablemente, son minuciosos, están bien documentados y están bien presentados. 
Desgraciadamente mi informe no contiene únicamente elogios. 
El Consejo de Ministros brilla a menudo por su ausencia. 
Me gustaría saber si siguen nuestro debate esta tarde. 
Sin embargo, una importante proporción de nuestras peticiones provienen de ciudadanos que estiman que los Estados miembros no cumplen debidamente sus obligaciones respecto de los Tratados Europeos. 
Hay cuestiones de seguridad social, de respeto por el medio ambiente, y una verdadera miríada de problemas que se plantean porque son los ciudadanos los que quieren poner en vigor los Tratados para poder vivir, trabajar y estudiar donde les parezca en Europa. 
Las cosas no son siempre tan fáciles como quisiéramos que fueran, o como, con complacencia, queremos creer que son. 
La asistencia frecuente y regular de representantes del Consejo a las sesiones de la Comisión de Peticiones podría subsanar este tipo de problema. 
No me refiero únicamente al Consejo: nuestros propios servicios- e incluso algunas de nuestras comisiones parlamentarias- prestan escasa atención a la labor de la Comisión de Peticiones. 
Me parece que cuando la Comisión de Peticiones pide una opinión a una comisión parlamentaria de este Parlamento, esa comisión debería estimar que no puede haber prioridad más alta que la de atender las quejas de los ciudadanos que piensan que Europa no funciona debidamente. 
En el informe hemos pedido también a las oficinas de prensa y de publicidad que presten más atención. 
Todo esto trata de intereses humanos, que indican lo que Europa significa para el individuo, que indican que el Parlamento es el protector del individuo, y deberíamos proclamar nuestros éxitos a todos los vientos. 
El informe contiene una propuesta de fórmula que enuncia lo que los ciudadanos europeos tienen derecho a esperar de instituciones que administran reglamentos y directivas, tanto si se trata de gobiernos nacionales como si se trata de la Comisión. 
Esas instituciones se ocupan de cuestiones tan evidentes como la transparencia de las normas, el saber quién está al frente de un servicio, el derecho a exigir que se preste atención a un caso dentro de un plazo conocido. 
En Gran Bretaña esas normas administrativas figuran en una Carta de los Ciudadanos, modelo que la Comisión debería estudiar y copiar donde proceda en toda Europa. 
Espero que encontremos un mecanismo para establecer esa fórmula de buena práctica administrativa como Carta de los Ciudadanos de Europa. 
Por último, como comisión parlamentaria instamos a que la campaña de información «primero los ciudadanos» no se olvide de recordar a los ciudadanos que tienen un valioso derecho a dirigir peticiones al Parlamento para ayudar a conseguir que se respeten los derechos de los ciudadanos europeos. 
En primer lugar quiero felicitar al Sr. Perry por su excelente informe. 
Este informe anual es reflejo y expresión de la positiva cooperación existente entre los diferentes grupos políticos en esta comisión. 
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo existe desde hace diez años y en este tiempo se han presentado unas 10.000 peticiones avaladas por aproximadamente 10 millones de signatarios. 
Podemos afirmar con toda razón que la Comisión de Peticiones representa el nexo de unión entre las ciudadanas y ciudadanos de la UE y las instituciones. 
Los ciudadanos de la Unión Europea se dirigen con sus preocupaciones, sus experiencias negativas y sus deseos a la Comisión de Peticiones. 
Con frecuencia podemos ayudar a solucionar los problemas pero también con frecuencia tenemos las manos atadas pues nos falta el fundamento jurídico para actuar. 
El asunto se plantea al final siempre como problema nacional. 
A veces, no se comprende cuál es el papel de la Comisión de Peticiones. 
Se nos considera, por así decirlo, como la instancia suprema, más o menos según el siguiente tenor: yo, el peticionario, me he quejado ante mi Ayuntamiento, luego me dirigido a la Mancomunidad y, a continuación, a la Comisión nacional de Peticiones. 
Nadie me ha dado la razón por lo que ahora me dirijo al Parlamento Europeo y expongo allí mi queja. 
Naturalmente, nuestras competencias no son de este tipo. 
No somos el Tribunal Supremo de Justicia. 
Un problema al que tenemos que enfrentarnos desde siempre es el del tiempo. 
Los peticionarios tienen que esperar demasiado hasta que se les responde o soluciona su problema. 
Pasa mucho tiempo hasta que se resuelve una petición tras su llegada por correo, debiéndose comprobar antes su licitud y luego traducirse a once idiomas. 
Una vez que la comisión realiza su recomendación sobre la resolución, comienza el trabajo en si. 
Afortunadamente, la Comisión ha cumplido entretanto nuestra exigencia e intenta tratar las peticiones con gran rapidez. 
Donde aún se estanca es en los Estados miembros y en el Consejo. 
Trabajan muy lentamente, sobre todo cuando se trata de la violación del derecho comunitario. 
Las informaciones que se ponen a disposición son insuficientes, es decir, en la mayoría de los casos son incompletas y, como he dicho, muy lentas. 
Nuestra exigencia es que la información y respuestas provenientes de los países miembros sean más precisas y rápidas. 
La ampliación y coordinación de los sistemas de procesamiento electrónico de datos podrían ser de ayuda para todos los afectados. 
Como la Comisión de Peticiones se reúne públicamente desde 1992 y siempre se pregunta a los peticionarios si desean que se trate públicamente su petición, no debería haber dificultades en lo tocante a la protección de los datos. 
A veces, se desea urgentemente la participación y audiencia de los peticionarios en la comisión e intentamos realizar esto de un modo justo. 
Este es el caso también en lo tocante a la petición sobre las minas de lignito en Garzweiler. 
Como en la Comisión de Peticiones nos pareció insuficiente la información, hemos acordado enviar allí una fact finding mission. Esto se va a realizar la próxima semana. 
Lamentablemente, nuestro trabajo es demasiado oculto. 
Muchas iniciativas de otras comisiones así como también iniciativas legislativas de la Comisión están en estrecha relación con las peticiones de las que se ocupa nuestra comisión. Pues continuamente se descubren lagunas y carencias en las directivas y normas jurídicas europeas. 
Nuestra exigencia es también que los servicios del Parlamento informen mejor y más intensamente sobre el derecho de petición. 
La opinión pública debería ser informada sobre las peticiones examinadas y, ante todo, sobre las peticiones a las que se ha dado una solución. 
Sólo así podremos fortalecer los vínculos, como representantes elegidos de las ciudadanas y ciudadanos de la UE, y hacer realidad la tan repetida cercanía a los ciudadanos. 
Señor Presidente, ésta es una oportunidad inesperada: estoy reemplazando al Sr. Fontana y, como miembro activo de la Comisión de Peticiones, aprovecho esta oportunidad para comunicar al Parlamento que hemos recibido noticias excelentes en relación con los niños que han sido objeto de secuestro. 
El año pasado hemos encontrado a niños que faltaban de su casa desde hacía hasta 18 meses. 
Un caso notabilísimo ha sido el de un niño alemán que había sido secuestrado y llevado a Samoa occidental, y otros casos de niños secuestrados en Francia y en África del norte. 
Con la considerable ayuda de la Oficina de la Presidencia y del Parlamento, hemos conseguido devolver esos niños a sus progenitores y nos hemos apuntado algunos éxitos realmente dignos de mención. 
Resultado de todo ello ha sido una excelente publicidad para el Parlamento. 
La gente considera que ésta es una cuestión humana y, aunque nosotro no actuemos como abogados en sentido estricto, a través del Parlamento tenemos suficiente influencia para ejercer presión sobre las autoridades locales que a lo mejor pasarían por alto esos casos, suponiendo que se trata de sencillas querellas domésticas. 
Cuando les llamamos por teléfono desde el Parlamento, se puede observar una buena disposición en muchas autoridades, jurídicas y sociales, para ocuparse seriamente de esos casos y para prestarnos una excelente ayuda durante el consiguiente proceso. 
Otra cuestión respecto de la cual la Comisión de Peticiones ha sido objeto de intensas presiones es la de las dificultades con que tropiezan muchos profesores que trabajan en otros Estados miembros. 
Cada uno de los Estados miembros posee y emplea sus propias triquiñuelas para conseguir que sus ciudadanos no encuentren demasiado fácil el ir a otros países para practicar en ellos su profesión. 
Por eso, en el contexto de la directiva sobre libre circulación y libre práctica de la profesión, contamos con que haya mejoras en ese sector. 
Me cabe también el honor de ser la ponente del informe sobre la discapacidad. 
Una petición hecha por más de tres mil personas con discapacidades de toda la Unión desembocó en la preparación de mi informe, y me enorgullece decir que fue aprobado por unanimidad en diciembre. 
Otra de las peticiones ha planteado también problemas muy graves. 
Dos personas de mi circunscripción presentaron una petición al Parlamento cuando sus padres fallecieron en un incidente de intoxicación con monóxido de carbono en un piso de vacaciones en España. 
Como resultado directo de esta petición pudimos descubrir algunos hechos sumamente alarmantes acerca de algunos tipos de calefactores de gas, como por ejemplo el hecho de que 61 personas fallecieron el año pasado en Bélgica como resultado directo de la intoxicación por monóxido de carbono producida por sus calefactores de agua. 
Esto significa que se han planteado cuestiones que rebasan con mucho el contenido de la petición. 
Como ha dicho acertadamente el Sr. Perry, los pueblos de Europa están poniendo a prueba efectivamente las leyes de Europa, las directivas de Europa y las cuestiones que más estrechamente les interesan. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Perry por su excelente informe y añadir que es cierto, tal como ha dicho, que tenemos tendencia a considerar a la comisión en que trabajamos la más importante. 
No obstante, me parece que puede decirse de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo que son las instituciones que se ocupan de la parte más real de las actividades de la Unión. 
En pocos sitios están los ciudadanos en contacto tan directo con la Unión como en ellas. 
Aquí cada ciudadano tiene la posibilidad de que su caso sea tratado de forma absolutamente concreta. 
Es verdad que estos casos surgen a menudo debido a algún mal funcionamiento en las relaciones entre los Estados miembros; el cometido de la Comisión de Peticiones es precisamente solucionar tales problemas y permitir a los ciudadanos presentar una queja o una demanda de una forma relativamente gratuita. 
¿En qué otro sitio es esto posible en la Unión sin contar con el fuerte apoyo de un abogado? 
Tan sólo es posible si la queja se presenta ante la Comisión de Peticiones, y precisamente porque es aquí donde los ciudadanos están en contacto directo con la Unión, es importante que su funcionamiento sea tan eficaz como sea posible. 
Ya que su presidente está ejerciendo la función de Presidente, quiero decir- en la esperanza que esté escuchando lo que digo, aunque sea en danés- que en cuanto al tratamiento informático de las quejas presentadas al Parlamento queda mucho por hacer. 
Es casi imposible encontrar lo que se busca, y quiero insistir en que, al tratarse de una cooperación entre quince países, es sumamente importante poner en marcha la informática y la técnica de la información. 
Señor Presidente, antes de nada deseo felicitar al Sr. Perry por el excelente informe que nos ha presentado, así como formular una petición y recordar que el derecho de petición es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. En la actualidad, su ejercicio representa uno de las pocas ocasiones en que el ciudadano europeo puede mantener un contacto directo con las Instituciones europeas. 
En consecuencia, es fundamental que pongamos en práctica dicho derecho plenamente. 
Deseo recordar, tal como ya se ha manifestado, que a lo largo de estos diez años se han presentado aproximadamente 10.000 peticiones y que los signatarios de las mismas ascienden a varios millones. 
Por este motivo, es importante poner de relieve que todas las comisiones parlamentarias deberían colaborar en el desarrollo de este derecho- y no sólo las Comisión de Peticiones- y es indispensable encontrar la forma de modificar el Reglamento a fin de facilitar una rápida respuesta a todas las peticiones que recibimos. 
Hoy por hoy, nuestras respuestas sufren mucho retraso. Es imposible mantener este diálogo con los ciudadanos y proteger este derecho a la ciudadanía europea si no es a través de modificaciones que conviertan en más rápido y fácil el procedimiento para facilitar las respuestas. 
Desde este punto de vista, deseo recordar asimismo que, si bien existe, la cooperación de la Comisión se articula con retraso, mientras que por parte del Consejo, de hecho, no existe cooperación alguna. También en lo relativo a este aspecto, es necesario un fuerte impulso a fin de que dicho derecho pueda ejercitarse con plenitud. 
Señor Presidente, el informe anual de la Comisión de Peticiones incluye, por supuesto, poco material polémico. 
Además, no cabe duda de que en todos los ámbitos administrativos es necesario un mecanismo para proteger a los ciudadanos contra los abusos de poder o la falta de voluntad de toda clase de administraciones. 
Si, por ejemplo, los trabajadores fronterizos dentro de la Unión Europea tienen problemas con las administraciones fiscales o de pensiones, es preciso ofrecerles apoyo y ayuda. 
No obstante, lamento que la aplicación, en todos los detalles, del llamado derecho comunitario se presente invariablemente como una victoria de la democracia. 
Le recuerdo que el derecho comunitario europeo surge en muchos casos de una forma que difícilmente podría calificarse de democrática. 
Bien porque las decisiones se toman en cenáculos que nadie ni nada controla, bien porque se toman a un nivel tan alejado de los ciudadanos de los pueblos europeos, que en realidad no hay cabida para un control, por no hablar de participación. 
Quiero aprovechar la ocasión y el tiempo de que dispongo para dar un ejemplo muy concreto. 
Con el Tratado de Maastricht se decidió que tenía que establecerse un derecho de sufragio en todos los Estados miembros para las elecciones europeas y municipales, incluidos los ciudadanos que no tuviesen la nacionalidad del Estado miembro en cuestión. 
Se trataba de una propuesta arbitraria y dictada por una ideología puramente europeísta. 
Era una decisión tomada por encima del hombro de los ciudadanos y ni siquiera deseada por éstos, como lo demuestra el hecho de que, en las últimas elecciones europeas, este derecho de sufragio europeo fuese en realidad un gran fracaso. 
Hace ahora tres años que pido con regularidad matemática a la Comisión Europea las cifras sobre esa participación y hasta ahora- tres años después de los hechos- por lo visto no pueden facilitarse cifras. 
En mi propio país, esta decisión europea amenaza con provocar el genocidio cultural- no existe otra palabra para definirlo- de los flamencos de la periferia de la capital Bruselas y de los flamencos de la propia Bruselas. 
Decenas de miles de nuevos electores, naturalmente casi por definición no neerlandófonos, amenazan con desatar una oleada de ventajas para los partidos francófonos. 
Los partidos francófonos representan a personas que creen formar parte de un «pueblo superior» que no necesita adaptarse al idioma del país en que se establece voluntariamente, sino que considera que la población autóctona, los flamencos, los neerlandófonos, han de adaptarse a los recién llegados. 
Pues bien, esta moderna forma de colonialismo, colonialismo cínico, colonialismo descarado, es respaldada por una decisión europea no deseada por una gran mayoría de mi pueblo y que incluso ha de definirse como contribuyente al genocidio cultural. 
En el Parlamento flamenco se aceptó por unanimidad una moción para vincular este derecho de sufragio europeo a unas limitaciones y condiciones imperiosas. 
Pues bien, todo parece indicar que, por encima del hombro de todo el mundo, la decisión europea tendrá más peso que las exigencias democráticas del Parlamento flamenco. 
Me he convertido en un euroescéptico precisamente porque constato, a raíz de ejemplos concretos como este, que la llamada Europa es muy a menudo nefasta para los intereses, para la supervivencia y la identidad de los pueblos europeos, y por esta razón no puedo aprobar el presente informe, aunque no sea polémico. 
Señora Presidenta, quiero felicitar y dar las gracias al Sr. Perry por su informe. 
Por supuesto, hay que tener en cuenta que se trata de un trabajo colectivo de toda la comisión, como resulta de su aprobación unánime y de las constructivas enmiendas introducidas durante toda su elaboración. 
Por lo tanto, el informe Perry llega, después del informe Gutiérrez Díaz del año pasado y después del informe Kuhn de 1995, para dotar de verdadera profundidad a la Comisión de Peticiones. 
Ciertamente, la Comisión de Peticiones no es el ombligo del mundo, pero es una comisión del Parlamento Europeo distinta de las demás. 
Si partimos de la idea que el derecho de petición del ciudadano europeo es un derecho fundamental, consagrado además por los Tratados, si aceptamos, digo, que este derecho sirve al Parlamento Europeo, comprobaremos que la Comisión de Peticiones, en nombre del Parlamento Europeo, debe apoyar y materializar el derecho de petición del ciudadano europeo. 
Esta posibilidad de contacto directo del ciudadano con el Parlamento Europeo permite influir en la práctica en la vida cotidiana de Europa. 
Es una especie de test, una especie de encuesta sobre el derecho comunitario, tal como se presenta a través de la realidad a menudo desfavorable de la práctica ciudadana común. 
Creo que este informe debe conseguir la aprobación de muchos. 
Tanta es la importancia de la función de esta comisión dentro del Parlamento Europeo, que es la de promover y defender el derecho del ciudadano europeo, tal como puede ejercerse ahora junto con el órgano institucional del Defensor del Pueblo Europeo. 
Señora Presidenta, me sumo a mis colegas para dar gracias al ponente por su informe, que es realmente excelente, igual que su presentación. 
Ahora bien, como acaba de decir el último orador, el informe es un reflejo de la labor de toda la Comisión de Peticiones. 
Soy un lego, es decir, no soy un miembro de la Comisión de Peticiones, pero de cuando en cuando recibo la visita de personas de mi circunscripción que tienen problemas muy peliagudos. 
He de confesar que hemos tenido una buena proporción de fracasos. 
Soy el primero en reconocer que la comisión ha tenido éxito desde muchos puntos de vista. 
Hemos podido oir, en particular a la Sra. Banotti, que nos ha dicho lo mucho que los niños han podido beneficiarse de la labor de la Comisión de Peticiones, pero lo cierto es que tropezamos con una serie de problemas peliagudos y algunos de ellos han pasado a través de mi oficina. 
No me ha sido posible dar satisfacción a las personas de mi circunscripción que los habían planteado. 
Al menos, no hasta ahora. 
Es posible que esto sea o no sea culpa de la Comisión de Peticiones, es posible que sea o no sea culpa de la Comisión, pero uno tiene la impresión de que algunas personas a veces no hacen lo que tienen que hacer. 
Colocaré en esa categoría a los funcionarios de la Comisión. 
¿En quién pienso concretamente? 
Por ejemplo, pienso en una excelente persona de mi circunscripción, el Sr. Peter Thomas. 
El Sr. Peter Thomas ganó un pleito contra los ferrocarriles de Grecia hace varios años y se le deben varios millares de libras. 
¿Han pagado su deuda los ferrocarriles de Grecia? 
No, en absoluto. 
No le han pagado lo que le debían por infracción de contrato. 
Sigue pasando el tiempo y el Sr. Peter Thomas tiene graves dificultades con el director de su banco. 
Éste es el primer caso. 
Segundo caso: una de las personas de mi circunscripción- el Sr. Hawthorne- tenía un chalet en Málaga (España). 
Le vendieron el chalet en un momento de descuido. 
Sólo debía un préstamo pequeñísimo. 
Hace ahora seis años que viene peleando con los tribunales españoles sin que hasta ahora este Parlamento nos haya ayudado lo más mínimo. 
Casos como éste me dan vergüenza. 
Señora Presidenta, en mi opinión, tal y como se está viendo en el debate, este informe tiene una enorme validez por el balance que hace del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Peticiones, balance que está a la altura de la Comisión de Peticiones y del esfuerzo de su secretaría. 
Sin embargo, hay que constatar que estamos lejos de responder con la eficacia necesaria y deseable a las expectativas de los ciudadanos europeos, que en gran número se dirigen a nosotros y nos plantean cuestiones muy importantes y nos presentan asuntos relacionados con sus intereses fundamentales. Como decía, no hemos podido responder, con la eficacia que cabía esperar, a esas peticiones, a esas solicitudes, a esa insistencia en la defensa de sus derechos e intereses. 
Y las razones por las que no lo hemos podido hacer son de dos tipos; la primera razón, de la cual hasta quizá seamos responsables, está relacionada con las dificultades para informar a los ciudadanos de que existe este medio, está relacionada con la lentitud y la complejidad, a pesar de todo, del procedimiento, cosa que se debe también a la necesidad de traducción en todas las lenguas. 
Pero la segunda razón de esta incapacidad de responder deprisa y de forma positiva a las solicitudes y peticiones que los ciudadanos nos dirigen se debe al hecho de que muchas veces las quejas van dirigidas contra acciones u omisiones de los Estados miembros. 
Y el problema es que el procedimiento vigente no nos permite contactar directamente a los Estados miembros y obligar a éstos a que satisfagan los deseos de los ciudadanos. 
Por lo tanto, debemos constatar que para conseguir respuestas eficaces tendremos que modificar los propios procedimientos del Tratado. 
Sin embargo, no quiero dejar de señalar la importancia práctica que ha tenido en Portugal la petición al Parlamento Europeo, por ejemplo, en el caso de las discriminaciones salariales en el Banco Central Portugués y en el caso de los agentes aduaneros, asuntos concretos en los que muchos de los peticionarios demostraron que esperan del Parlamento Europeo respuestas objetivas a sus problemas. 
Esta es la razón por la que hemos de mejorar nuestro trabajo; hago igualmente un llamamiento al Consejo y a los Estados miembros para que cooperen en el procedimiento de la Comisión de Peticiones. 
Señor Presidente, señoras y señores, el balance que la Comisión de Peticiones presenta a esta Asamblea sobre las preguntas de los ciudadanos europeos es una buena ocasión para recapacitar sobre la relación existente entre los ciudadanos europeos y las instituciones. 
La Comisión ha colocado en el centro de sus consideraciones sobre el futuro de las instituciones este punto tan importante para la Unión Europea, sobre todo durante la Conferencia Intergubernamental, ya que concede una gran importancia a la aproximación de ciudadanos e instituciones. 
A la postre, se trata también de la confianza que el ciudadano está dispuesto a depositar en Europa. 
El derecho de a presentar peticiones es un importante logro de los ciudadanos. 
Por ello, la rápida y eficiente tramitación de las mismas es un buen instrumento con el que se puede fortalecer su confianza. 
Con una petición dirigida al Parlamento, un ciudadano no solamente llama la atención sobre una, en su opinión, insatisfactoria aplicación de las normas comunitarias sino que además deposita su confianza en el Parlamento. 
De este modo, expresa su esperanza de que se subsane adecuadamente la situación anómala por él expuesta. 
Por ello, la Comisión se esfuerza en responder con rapidez y exhaustivamente a las preguntas planteadas por la Comisión de Peticiones. 
La cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión, tal como se puede extraer del informe extraordinariamente completo del Sr. Perry, ha hecho posible encontrar también este año soluciones y mejoras concretas en muchos casos. 
El examen a fondo de las muy variadas peticiones, tal como destaca con razón el Sr. Perry, es también de interés por otro motivo pues la Comisión de Peticiones es el barómetro de los deseos concretos de los ciudadanos, el foro ciudadano parlamentario más importante. 
Desde 1987, más de 10 millones de ciudadanos europeos se han dirigido al Parlamento con unas 10.000 peticiones. 
Los temas que principalmente les preocupan son de carácter social, de medio ambiente, impuestos, la libre circulación de mercancías y el reconocimiento de diplomas. 
La Comisión considera que una de sus tareas más importantes es velar en interés de los ciudadanos por la aplicación ilimitada del derecho comunitario pertinente así como descubrir y erradicar los eventuales puntos débiles de dichas normas. 
Y para ello el Parlamento proporciona una ayuda muy valiosa. 
Por ello, la Comisión se congratula muy especialmente por la positiva cooperación y las palabras de reconocimiento del Parlamento. 
Va a seguir poniendo a disposición del Parlamento todas las informaciones que sean necesarias para una tramitación eficaz y va a apoyar gustosamente el deseo de la Comisión de Peticiones para que se estreche la cooperación con la iniciativa «Ciudadanos de Europa». 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Radiodifusión televisiva 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-20/97) de los Sres. Galeote Quecedo y Hoppenstedt, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre el proyecto conjunto de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0203/97-85/0074 / (COD) ) por el que se modifica la directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones jurídicas y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 
Señora Presidenta, a lo largo de los debates y de la tramitación de la Directiva de televisión sin fronteras hemos tenido discusiones intensas, prolongadas en el tiempo, en algunos casos controvertidas, pero creo que en la memoria de todos los que hemos participado en esas deliberaciones quedará un buen recuerdo de las mismas. 
Yo creo que entre todos hemos puesto esfuerzo, también mucha imaginación, hemos luchado por nuestras convicciones, pero con la suficiente flexibilidad y capacidad de diálogo para salir con éxito de esos debates. 
Yo tengo además, señora Presidenta, la convicción de que todos los que hemos debatido esta cuestión hemos tenido como objetivo esencial de nuestros posicionamientos el interés general, por encima de los intereses partidistas y desde luego de los intereses económicos. 
Como coponente, junto con el Sr. Hoppenstedt, me complace además constatar el papel protagonista que ha tenido el Parlamento Europeo en este debate. 
En los considerandos hemos recogido dos elementos que han sido siempre considerados esenciales por este Parlamento Europeo para promover la industria audiovisual europea: el fomento de la producción a través de un mecanismo comunitario como pudiera ser el fondo de garantías y el impulso, en particular, a los productores independientes. 
Yo quisiera sobre este punto apelar a la Comisión Europea para que insista en sus propuestas: va a tener a su lado siempre al Parlamento Europeo en esta lucha para pasar de las declaraciones a acciones concretas que puedan cambiar nuestra realidad. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo aportó también soluciones específicas, tales como el desarrollo de un fenómeno televisivo novedoso, como es el de la televenta, o para actualizar la regulación de la publicidad, siempre discutible, pero yo creo que este tema ha salido de nuestros debates con una regulación más sana, si me permiten el término. 
Pero, sobre todo, la mayor satisfacción de este Parlamento Europeo entiendo que debe residir en la capacidad que ha tenido para ser sensible a las demandas sociales. 
Hemos trasladado a la Directiva un aumento sustancial en la protección de los derechos de los menores y tengo la esperanza fundada de que podamos aún desarrollar esta materia dentro de un año cuando la Comisión Europea presente el resultado de su investigación, según queda reflejado en la propia Directiva. 
Y hemos asegurado además el libre acceso de los ciudadanos a acontecimientos de gran importancia para la sociedad. 
Para que ambas disposiciones sean plenamente operativas hemos de pedirle a la Comisión que impulse cuanto antes la creación del comité de contacto previsto en el artículo 23 bis de la Directiva y mantenga su compromiso- a lo que el propio Comisario Oreja se ha mostrado dispuesto- de informar puntualmente al Parlamento Europeo sobre las deliberaciones de este comité de contacto. 
En definitiva, señora Presidenta, con la votación de mañana creo que vamos a ser capaces de responder a las expectativas creadas con este debate en nuestros respectivos países, y ello gracias a dos años de intenso trabajo por parte de la Comisión de Cultura. 
Quisiera expresar mi agradecimiento muy especialmente a la Sra. Castellina y al Sr. Pex, que la han presidido a lo largo de este tiempo, al esfuerzo de la Presidencia holandesa y al empeño y al acierto del Comisario Oreja y de sus colaboradores, que de manera tan magnífica nos han acompañado a lo largo de nuestras deliberaciones. 
Respecto a la política de los medios y su desarrollo político, lo que hemos realizado durante 2 años representa, sin duda, un hito histórico. 
Ante el rapidísimo desarrollo de las posibilidades de transmisión electrónicas y digitales, sobre todo vía satélite, creo que hemos realizado un buen trabajo. 
Pero nos sentimos impelidos a hacerlo pues, para nosotros, el desarrollo de los medios significa el camino hacia el futuro, tarea que además es extraordinariamente atractiva. 
En la búsqueda de soluciones, muchas personas han sido de gran ayuda. 
Naturalmente, me refiero a las y los colegas, aunque en muchos casos hayamos sido de otra opinión en la primera o segunda lectura, al igual que la Comisión y la Presidencia holandesa del Consejo. 
Tampoco quiero olvidar mencionar a los diversos grupos que participan en el mercado y que nos han apoyado o intentado indicar la dirección correcta. 
Se trataría, sin duda, de un tema que llenaría toda una tarde. 
En la segunda lectura hemos adoptado importantes decisiones, por ejemplo, sobre la definición del concepto de radiodifusión, la delimitación de los llamados nuevos servicios o también la clara definición de las reglas de competencia, lo que naturalmente es de gran importancia para el sistema dual que todos nosotros queremos, sin que por ello se presione de modo especial a la radiodifusión pública, señora Tongue. 
Hemos determinado la voluntariedad de la regulación de cuotas. Es un hecho que todos los diputados de esta Asamblea desean que los programas europeos y las películas europeas representen la proporción más importante de nuestras programaciones. 
Pero no hemos logrado nada mediante cuotas. 
En nuestra opinión, o al menos en la mía, las cuotas no han producido nunca programas. 
Por el contrario, MEDIA I y II, el plan de acción 16: 9 y el mencionado Fondo de garantía, que seguimos considerando como una importante aportación al desarrollo de la política europea de programas, todos estos son elementos que creemos pueden hacer avanzar la política europea de programas. 
Como ya he mencionado, hemos discutido muy intensamente sobre la protección de la juventud y, en especial, sobre la posibilidad técnica de desconexión como última opción para los padres. 
Me parece un error que el Consejo no lo haya aceptado enseguida. 
En el marco de la conciliación, con la que hemos logrado un extraordinario resultado, hemos encargado un estudio que muestre dónde están los peligros para los jóvenes. 
Además, el estudio debe aclarar las cuestiones de si la posibilidad de desconexión es un medio adecuado y de si los criterios de valoración serán eficaces específicamente en los países si no se armonizan a nivel europeo. 
Este estudio sobre si la televisión es perjudicial para los niños es quizás superfluo, pues ya existen 5.000 estudios a nivel mundial. Quizás se podría haber hecho más simple. 
Un tema esencial- y creo que se ha logrado un buen resultado con la conciliación- es la cuestión de cómo podemos posibilitar en el futuro al consumidor el acceso a acontecimientos nacionales importantes desde un punto de vista cultural y deportivo. 
En esta cuestión hemos propuesto y acordado la voluntariedad de la presentación de listas en el procedimiento de conciliación. 
Esta voluntariedad pondrá a los Estados miembros- quienes han recibido ya el modelo al respecto- en la situación de hacer de ello algo razonable y encontrar para el ciudadano y el consumidor un camino adecuado al futuro, en lo que a la participación en los resultados se refiere. 
En base al desarrollo técnico, el Parlamento deberá recapacitar en el futuro sobre el importante desarrollo de la política de medios. 
El Parlamento ha ocupado en estos años siempre una posición clave y sólo puedo decir que si seguimos actuando tan positivamente en lo que se refiere a la política de medios, estaremos en la vía correcta. 
Sólo deseo que sigamos trabajando en este tema tan interesante. 
Entonces encontraremos una solución razonable para las conciudadanas y conciudadanos de la Unión Europea y de más allá, en lo tocante a los nuevos medios. 
Me permito expresar de nuevo mi agradecimiento a mi compañero, el Sr. Galeote Quecedo, así como a todas y todos los colegas, que nos han apoyado. 
Felicito también a la Comisión, ante todo al Sr. Oreja y a Nicole Fontaine, quien ha dirigido de modo excelente el procedimiento de conciliación junto con el Consejo. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias a nuestros ponentes. 
Hemos indicado que el futuro de la industria audiovisual es un debate que no se detiene en las fronteras políticas y nacionales. 
Hemos indicado que poseemos un interés común en el futuro de la televisión, que es el medio de difusión de informaciones más influyente de nuestras democracias, y en el procedimiento de conciliación nos mostramos unidos como Parlamento, cosa que es muy importante y muy digna de destacar. 
Vale la pena de recordar de qué trata la directiva. 
Trata de establecer una industria audiovisual fuerte y competitiva que pueda ofrecer más de un millón de nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea para el año 2000. 
No podemos tolerar que haya un déficit de 6.300 millones de dólares con los Estados Unidos. 
América solamente acepta el 3 por ciento del material audiovisual extranjero que no tenga elementos procedentes de los Estados Unidos. 
El libre comercio debe ser ante todo un concepto de reciprocidad. 
La directiva trata de conseguir que, como europeos, los miembros de la Unión se beneficien económica y culturalmente con esa industria en expansión. 
Tenemos que velar porque todas nuestras culturas tengan espacios o programas en nuestras pantallas. 
El Canadá, Australia, todos los países del mundo se esfuerzan por que haya espacio libre en sus pantallas mediante la aplicación de cuotas. 
He de decir al Sr. Hoppenstedt que las cuotas de la Unión Europea no son cuotas proteccionistas. 
Los Estados Unidos disfrutan de una ventaja estructural masiva. 
Pueden vender los programas a la décima parte de lo que cuestan y esto se debe en parte al propio régimen reglamentario que han tenido en el pasado. 
Pasando ahora a la cuestión de los derechos deportivos, hay dos posibles futuros para la televisión. 
Uno está impulsado por la demanda comercial, y el otro está configurado por el interés público. 
Los derechos deportivos son esenciales. 
Gracias a nuestra enmienda sobre los derechos deportivos, cada país podrá establecer una lista de acontecimientos fundamentales. 
De esta manera se asegurará el éxito continuo de la televisión de libre diversidad cultural. 
Los Juegos Olímpicos y la final de la Copa de Europa, por ejemplo, tienen que transmitirse gratuitamente a las pantallas de televisión de todos los ciudadanos. 
La televisión es el Hollywood de Europa. 
La directiva sobre Televisión sin Fronteras nos brinda la oportunidad de demostrar que hablamos realmente en serio de puestos de trabajo, de inversiones, de exportaciones y de pluralismo cultural. 
Tenemos que estar en condiciones de crear y de ver nuestros propios argumentos, tanto si se trata del Inspector Morse como si se trata de Derrick. 
Tenemos que beneficiarnos económicamente de esta industria que pronto será el mayor empleador de la Unión. 
Por último, los principales acontecimientos deportivos y culturales tienen que transmitirse gratuitamente para beneficio y placer de todos y de cada uno. 
Señora Presidenta, ahora que el polvo se ha enseñoreado definitivamente de esta directiva- posiblemente la directiva que ha suscitado la actividad del mayor número de grupos de presión en los trece años que llevo en este Parlamento -, vale la pena de que nos fijemos en algunas de las cuestiones que son de interés no solamente para los que estamos aquí en este Parlamento sino también para todos los que se han quedado sorprendidos y aturdidos por la complejidad de esta directiva en términos de percepción pública. 
La razón de que yo haya apoyado las cuotas- y estoy segura de que sucede lo mismo en el caso de muchos otros colegas- es que no podemos confiar necesariamente en que nuestras propias emisoras de radio televisión no escojan el camino más fácil cuando se trata de programar sin gastar mucho dinero. 
Nuestros productores independientes están muy preocupados acerca de esta directiva, y tenemos que apoyar y reconocer el valor de nuestros productores independientes y jóvenes, que están produciendo ya algunos de los programas mejores y más interesantes de Europa. 
Fijémonos particularmente en los que producen programas en lenguas minoritarias y que, inevitablemente, necesitan letreros en sus programas. 
Lo cierto es que, si ya tienen letreros, esos programas se podrán transmitir en todos los países de la Unión Europea e incluso en todo el mundo- de ser necesario con letreros- pues nos ofrecen un panorama muy especial de la vida de esas culturas relativamente poco conocidas de nuestras comunidades, así como de sus lenguas tan poco conocidas. 
Tenemos que proteger a nuestros servicios públicos radiotelevisivos. 
Vengo de un país que ha mezclado el servicio público con las emisiones comerciales, y he de reconocer que tenemos problemas particulares y que no conseguimos vender nuestros propios programas a nuestros propios colegas y a otros países de la Unión Europea. 
Es evidente que tenemos que esforzarnos por ingresar en el lucrativo mercado norteamericano, pero antes que nada hemos de cerciorarnos de que producimos programas que se venderán bien más allá de nuestras propias fronteras, programas que suscitarán el interés del público que querrá comprarlos, con lo cual incrementarán los beneficios económicos de los productores independientes. 
Esta directiva ha sido un gran agente catalizador: nos ha hecho pararnos a pensar en lo que entendemos por nuestra cultura y a poner a nuestra cultura una etiqueta de valor en la que quizá no pensábamos en muchas de nuestras anteriores deliberaciones. 
Señora Presidenta, una conciliación de 100 minutos parecía suficiente, en parte porque afortunadamente el Parlamento Europeo, en su sabiduría- no todos piensan de este modo, pero yo sí -, dejó de lado las exigencias originales respecto a la cuota obligatoria para las producciones europeas y la inclusión de nuevos servicios. 
Los liberales están satisfechos. En primer lugar por el alto nivel de protección de los menores de edad en la directiva revisada. 
Y espero fervientemente, Comisario Fischler, que se realice un estudio serio del V-CHIP y que por fin tengamos este dispositivo o un instrumento técnico parecido. 
En lo que a mí respecta, se trata de un principio liberal: el Estado proporciona los medios, y los padres y educadores deciden si los utilizan. 
Asimismo estamos satisfechos con que se garantice el acceso a los grandes eventos deportivos al gran público sin costes adicionales. 
Felicito de todo corazón a los dos ponentes. 
Algo muy diferente en el mismo contexto. 
Me preocupan las propuestas holandesas de incluir en el Tratado de Amsterdam un protocolo sobre el papel del ente público. 
¿Significa esto que el Estado puede financiar de forma ilimitada el ente público? 
¿Se crea entonces una posición de excepción completa en las reglas de competencia europeas para el ente público? 
Después de la aprobación del protocolo, ¿podrá la radio y televisión comercial presentar una reclamación ante la Comisión Europea si en su opinión se favorece al ente público? 
¿Se puede utilizar el dinero público para favorecer al ente público en el lanzamiento de nuevos servicios o el acceso a nuevos mercados? 
Son cuestiones que no tienen nada que ver con los servicios públicos. 
Somos partidarios de un sistema doble. Un ente público fuerte que se ocupe de la información y de la propia identidad cultural, y un espacio para la televisión comercial. 
Nada de concentración de poder, sino elección; nada de favoritismos, sino que: a frailes tales, partes iguales. 
No olvidemos que también las emisoras comerciales han de obtener sus ingresos del mercado y, no obstante, están vinculadas a todas las reglas de la directiva «televisión sin fronteras». 
Así debe ser, pero han de ser tratadas con igualdad. 
Señora Presidenta, yo también deseo recordar brevemente que, en este largo período de trabajos durante el cual se ha llevado a cabo el debate sobre la Directiva «Televisión sin fronteras» , el Grupo de los Verdes ha manifestado con claridad su posición y, en su día, mostró su acuerdo con respecto el texto resultante a raíz de la primera lectura. 
En dicho texto, reconocíamos que se había dado un significativo paso adelante para el desarrollo de esta directiva y, sobre todo, reconocíamos que se establecía un vínculo entre las televisiones, los medios en su conjunto y la democracia. 
Existía un vínculo entre la televisión y la cultura y se reconocía, por una parte, la necesidad de que pudieran tener un futuro no tan sólo la cultura europea, sino todas las diferentes culturas que en la actualidad hay en Europa y, por otra, la necesidad de que no quedaran asfixiadas por la presencia mayoritaria de modelos de retransmisión y de ficción importados en su totalidad desde Estados Unidos o, en algunos casos, desde Oriente. 
La primera lectura la remediaba. Por desgracia, la segunda lectura, por pocos votos, tal como se ha dicho, ha modificado radicalmente el sentido del texto de la primera. 
No me refiero sólo al problema de las cuotas, sino también- es preciso recordarlo- a la no inclusión en la directiva de cualquier posible evolución de la televisión y en definitiva, de lo que va a ser la televisión en el futuro. Todos estos elementos han llevado al Grupo de los Verdes a expresar un juicio desfavorable. 
Ahora bien, tal como acaban de manifestar otros colegas, la conciliación, al final, ha sido fácil, y en resumidas cuentas se puede estar conforme con su resultado en lo que se refiere a unos puntos que sin duda son importantes, como por ejemplo el problema de la protección de los menores y el problema de garantizar la emisión «en abierto» de los grandes acontecimientos nacionales e internacionales, en particular deportivos, pero que, sin embargo, en su conjunto no son suficientes para modificar la que es la evaluación negativa de la directiva, tal como se ha configurado tras la segunda lectura y después de las modificaciones aportadas por el Consejo. 
Por este motivo, nuestra posición es una posición crítica. 
Señora Presidenta, el interés de la conciliación se centró en la propuesta del Parlamento Europeo de garantizar la emisión «en abierto» de los grandes acontecimientos deportivos. 
El texto que se ha acordado es satisfactorio y equilibrado, pero tengo que lamentar y denunciar que el Gobierno del Partido Popular en España ha utilizado esta disposición de la Directiva como pretexto o coartada para perseguir a los medios de comunicación que no están al servicio del Gobierno. 
La propuesta del Parlamento establecía que en todos los Estados miembros fuera obligatoria la emisión «en abierto» de ciertos acontecimientos deportivos de extraordinaria importancia- como Juegos Olímpicos, o campeonatos mundiales o europeos de fútbol-. 
Por razones jurídicas, la delegación del Parlamento en la conciliación aceptó que esta norma no fuera obligatoria en todos los países de la Unión sino que cada Estado miembro pudiera hacerlo si lo desea. 
En el texto aprobado se mantiene el carácter extraordinario de los acontecimientos a emitir obligatoriamente «en abierto» , a través de listas nacionales sancionadas por la Comisión. 
Se fijan cautelas para garantizar la transparencia del procedimiento, dentro del respeto a todos los principios del Derecho comunitario. 
En el caso de España, sin embargo, el Gobierno propone una ley que da al fútbol la consideración de bien de interés general, por encima de la educación o la sanidad, y prohíbe la emisión por televisión de pago de partidos ordinarios de cada fin de semana del campeonato regular de la liga de clubes. 
Esta norma excesiva era particularmente innecesaria porque es en España donde más partidos gratis y en directo se pueden ver por televisión todos los fines de semana. 
Esta situación estaba garantizada, al menos hasta el año 2003, por acuerdos libremente adoptados entre diferentes empresas de televisión que poseen los derechos de retransmisión negociados con los clubes. 
La disposición recogida en la Directiva defiende un equilibrio entre diferentes bienes jurídicos que quiere preservar. 
El derecho a recibir información ha de ser compatible con los derechos de propiedad y libre competencia entre las empresas poseedoras de derechos de retransmisión. 
Pero en la ley del fútbol del Gobierno del Sr. Aznar es confiscatoria, porque tiene carácter retroactivo y sin indemnización. 
Lo que quiere es obligar a varias empresas de televisión y a los clubes a romper los contratos pactados libremente para que una empresa propiciada por el Gobierno pueda hacerse con ellos. 
Es un abuso de poder de un Gobierno autoritario que ha desatado una guerra para dominar el sector de la televisión digital, expulsando a los actuales operadores e imponiendo su monopolio con las empresas de comunicación afines al Sr. Aznar. 
La Directiva de televisión sin fronteras se está utilizando en España de forma miserable para perseguir a los adversarios del Gobierno Popular que, además, son amenazados y perseguidos judicialmente por el propio Gobierno. 
Nunca se vio algo semejante en 20 años de democracia española. 
Señora Presidenta, voy a ser muy breve porque no quiero entrar en un debate nacional. 
Estamos en el Parlamento Europeo, y no es el sitio para este tipo de discurso. 
Pero diría más, señora Presidenta, la mentira no tiene acogida, a mi juicio, en ningún Parlamento. 
Señora Presidenta, el encendido y prolongado debate sobre esta directiva no ha producido el resultado deseado, esto es, la obligatoriedad de las cuotas de difusión de la programación europea como condición para crear realmente un mercado europeo de la industria audiovisual, resultado que deseaban la Comisión, la gran mayoría de los miembros de la Comisión de Cultura en primera y segunda lectura, la amplia mayoría del propio Pleno y no la mayoría de los votantes necesaria en la segunda lectura y que de hecho es imposible de alcanzar cuando se trata de un tema que plantea muchos y variados intereses contrapuestos. 
Únanime, asimismo, fue el apoyo a la posición de la Comisión de Cultura de los operadores de la industria audiovisual europeos, consultados con frecuencia por este Parlamento. 
Sin embargo, no ha sido una batalla inútil, puesto que se ha logrado una regulación que respalda la identidad cultural europea. 
A pesar de que el respeto de las cuotas fijadas por la directiva no es jurídicamente vinculante, sin embargo, se han conseguido dos cosas: la creación del Comité de contacto que vigilará la aplicación de las normas y un cambio de orientación de la opinión pública con respecto al tema. 
Hoy existe una mayor conciencia de la necesidad de medidas aptas para impedir que la globalización de los intercambios elimine las diferencias culturales. 
Gracias a esto, a las emisoras públicas y privadas ahora les será más difícil incumplir las disposiciones contempladas en la directiva. 
Por consiguiente, no representa el resultado que hubiéramos deseado, sino la base para seguir adelante. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la Comisión se congratula por el texto sobre el que se ha puesto de acuerdo el Comité de Conciliación y que se les ha presentado hoy para su votación. 
La Comisión les recomienda encarecidamente que lo aprueben. 
Este texto es, por un lado, el resultado de una cooperación excepcional entre las instituciones y, por otro, fundamenta un nuevo marco jurídico para la televisión en Europa, un marco jurídico moderno, que está mejorado, es completo y claro. 
A los participantes en el sector les plantea condiciones que son necesarias para la seguridad jurídica y el desarrollo de su sector. 
A los ciudadanos europeos les garantiza que se va a tener en cuenta el interés público que es tan importante para su vida cotidiana. 
La Comisión va a vigilar sobre la íntegra aplicación del texto tal como lo exige el Tratado. 
Va a crear sin demora el llamado Comité de Contacto que le va a apoyar en la ejecución de sus tareas. 
Este Comité va a estar compuesto por representantes de las instancias competentes de los Estados miembros. 
Tal como ha expresado ya en el curso de las negociaciones en el Comité de Conciliación, la Comisión reafirma que está decidida a informar bajo su propia responsabilidad a la comisión competente del Parlamento Europeo sobre los resultados de las reuniones de dicho Comité de Contacto. 
Realizará la información en el momento y forma oportunos. 
Finalmente, quiero expresar en nombre de la Comisión mi especial reconocimiento a la Comisión de Cultura, a los ponentes, Sres. Galeote Quecedo y Hoppenstedt, así como a las consecutivas Presidencias del Consejo por el extraordinario trabajo realizado que nos ha permitido alcanzar este resultado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Seguimiento y control sanitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0202/97) del Sr. Poggiolini, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un programa de acción comunitaria sobre seguimiento y control sanitario en el contexto del marco de actuación en el ámbito de la salud pública (1997-2001) (C4-0204/97-95 /0238 (COD) ). 
Señora Presidenta, Señorías, con esta tercera lectura termina el iter legislativo del programa de acción comunitaria sobre seguimiento y control sanitario. 
Éste es el IV programa de acción en materia de salud pública del que se dota la Unión Europea, un programa cuyo objetivo es establecer un sistema de seguimiento y control sanitario para una amplia recogida de datos, que los Estados miembros podrán utilizar para la elaboración y evaluación de las políticas sanitarias nacionales y comunitarias. En consecuencia, se trata de un instrumento importante, especialmente en esta delicadísima etapa histórica en la que, a fin de cumplir los criterios de Maastricht para la realización de la moneda única, todos los Estados miembros deben afrontar el gravísimo problema de los gastos sanitarios que se han convertido en insostenibles. 
El funcionamiento óptimo de este tipo de sistema de seguimiento y control sanitario contribuirá a definir las prioridades, mejorar la rentabilidad de los sistemas sanitarios evitando los despilfarros y, en consecuencia, la eficacia de las políticas sanitarias. 
Considero que el Parlamento Europeo puede mostrarse satisfecho, ya que las enmiendas que propuso y que ahora forman parte integrante del texto legislativo han mejorado notablemente la calidad de la propuesta inicial presentada por la Comisión, y han ampliado su radio de acción. 
En particular, el Parlamento ha logrado obtener, a lo largo de las dos lecturas y de la fase preparatoria al Comité de Conciliación, que comportó dos importantes y a la vez fructíferos diálogos tripartitos, un buen acuerdo de compromiso con el Consejo en relación con casi todas las enmiendas técnicas relativas, en particular, a tres cuestiones: la armonización de los datos e indicadores, la creación de un observatorio de la salud y la ampliación del alcance del programa. 
En lo que se refiere a la armonización de los datos e indicadores, de hecho, el Consejo, sobre la base de una obstinada y restrictiva interpretación del artículo 129 del Tratado que, como todos saben, excluye toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias, se opuso a la armonización del lenguaje científico. 
Sin embargo, aceptó en lugar de la palabra «armonizados» referida a los datos científicos, la palabra «comparables» que, más allá de los pretextos jurídicos, era lo que en realidad queríamos obtener. 
En cuanto a la creación de un observatorio sanitario europeo, también en este caso se consideró que las palabras utilizadas eran demasiado comprometedoras. 
En lugar de «observatorio» , que en realidad puede plantear la idea de costosas y nuevas agencias, que el Parlamento mismo no desea, se consiguió el estudio de la viabilidad de una estructura de control, que se corresponde exactamente con nuestro objetivo. 
Por último, se consiguió la ampliación del alcance del programa y se previó la posibilidad de una cooperación con las organizaciones no gubernamentales, el apoyo de los Estados miembros y la fecha exacta de los informes de verificación del programa. 
De todas formas, al final, el punto más disputado en la mesa de conciliación fue, como siempre, la dotación presupuestaria del programa, esto es, los 20 millones de ecus indicados por el Parlamento y los 13, 8 millones de ecus indicados en la propuesta de decisión de la Comisión. 
Pues bien, el Consejo, demostrando una gran parsimonia, suprimió incluso los 800.000 ecus, llegando a proponer tan sólo 13 millones de ecus, importe que consideramos del todo insuficiente. 
La delegación del Parlamento examinó todo tipo de solución, incluida la hipótesis de reducir la duración del programa o de introducir en un artículo del programa una extensión externa que Eurostat podría utilizar para recoger datos. 
Finalmente, se añadió a la firme posición del Consejo la explícita declaración del Comisario Flynn, quien aseguró que no necesitaba la financiación suplementaria propugnada por el Parlamento. 
Por fin, se pudo llegar a un acuerdo sobre la base de 13, 8 millones de ecus repartidos a lo largo de cinco años y que, sin embrago, prevé dos declaraciones conjuntas que van a publicarse en el Diario Oficial: una de la Comisión que reitera el compromiso de la Institución en cuanto a introducir en el nuevo Programa Estadístico 1998-2002 acciones en el ámbito de la salud, y otra del Parlamento Europeo que se compromete a apoyar dicha acción durante el procedimiento presupuestario. 
Por lo tanto, siguen existiendo algunas dudas con respecto a la dotación presupuestaria alcanzada, que podría resultar insuficiente para el límite mínimo de eficacia que nosotros consideramos necesaria. 
La Comisión no tiene estas dudas y promete, caso de ser necesario, acudir incluso al Programa Estadístico 1998-2002. 
La delegación del Parlamento Europeo que dirigió la conciliación toma nota de la situación y de los compromisos adquiridos y, en su conjunto, considera positivo el resultado alcanzado. 
Por consiguiente, se recomienda al Pleno que apruebe el texto común, en virtud de la gran importancia que reviste este programa, fundamental para el propio éxito de todos los actuales y futuros programas en materia de salud pública. 
Señora Presidenta, el Sr. Poggiolini ha hecho un excelente resumen del desenlace de su informe, de nuestras pretensiones iniciales, de nuestras frustraciones y, en definitiva, de las soluciones encontradas para que podamos estar celebrando una importante aprobación y para que posicione a mi Grupo junto a la recomendación del Sr. Poggiolini, coincidiendo con ella en el sentido de que esta Asamblea debe votar a favor de una resolución que es positiva, e incluso diría que histórica. 
Es la primera vez que, en materia de salud, se va a hacer un programa que consista en la cooperación entre los Estados miembros, es decir, no va a ser la suma de los esfuerzos de los 15 Estados miembros sino que va a realizarse un seguimiento a nivel comunitario, y a nivel comunitario va a llevar a cabo un control- no tengo miedo a las palabras- de todos los parámetros sanitarios y de todos los índices de salud de los Estados miembros. Esto llevará consigo una comparación entre unos y otros, una crítica y unos procedimientos para mejorar la salud del ciudadano, que es en definitiva, lo que nos importa. 
Yo creo que el programa es importante y que el resultado ha sido bueno, gracias a la serenidad y al buen trabajo del ponente, Sr. Poggiolini, y gracias también a las dotes humanas de la Sra. Fontaine, que ha presidido de manera firme, cortés y extraordinaria la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación. 
La libre circulación de personas, la desaparición física de las fronteras, la libre circulación de servicios hace que el sentido común diga que la salud debe ser un ámbito comunitario y que, en ese sentido, muchos echemos de menos que el Tratado de la Unión Europea no se reforme haciendo más explícito el que la salud sea una competencia comunitaria. 
Mientras llega ese momento creo que hay países para los que los términos del Tratado de la Unión Europea son una trinchera en la que se defienden para que no haya armonización. 
¡En qué cabeza cabe que se llame, por ejemplo, » período postoperatorio» en unos países a las tres horas inmediatas a la operación, en otros al primer día, en otros a las cinco horas, o «período neonatal» etc. etc! 
Por lo menos vamos a unificar los criterios- eso es lo que pretendíamos- basándonos en unas pautas científicas elementales. 
Creo que el sentido común juega a nuestro favor. 
El hecho es que se ha negado la denominación de «observatorio de la salud» por el carácter tutelar que podía tener esta palabra. 
No importa, va a ser una estructura permanente en la que se van a integrar las estadísticas y los estudios de todos los países miembros, y esto lo acogemos con suma satisfacción. 
Por lo tanto, enhorabuena a todos y formulamos nuestra propuesta a la Asamblea también para que vote a favor de este informe. 
Señor Presidente, es evidente que un requisito imprescindible para que se promocione y se concrete la competencia de la Comunidad en el ámbito de la salud, tal como se establece en el artículo 129 del Tratado de la Unión Europea, es la recopilación y el análisis de todos los datos en dicho ámbito, de modo que la elaboración de los correspondientes programas y acciones comunitarias puedan llevarse a cabo de la mejor forma posible. 
Es manifiesta y patente además la posición del Parlamento Europeo ante la protección de la salud del ciudadano europeo, que debe constituir un elemento básico de la política de la Unión Europea. 
En consecuencia, para la Comunidad Europea debe ser absolutamente prioritario el control de la salud y de sus indicadores en la población de los Estados miembros, y en tal sentido sería oportuno que se instaurara un sistema permanente de control, evaluación y desarrollo de estos indicadores en la Unión Europea. 
Además, es evidente que el conocimiento exacto del desarrollo de los indicadores sanitarios de la Comunidad Europea permitirá una determinación de las prioridades, los objetivos y los programas en el sector de la salud pública. 
Esas acciones deberían haber sido emprendidas nada más introducirse el artículo 129. 
Quiero recordar además las conclusiones del informe de la comisión del Parlamento Europeo sobre la encefalopatía espongiforme bovina, que pusieron de manifiesto la notoria falta de un seguimiento apropiado de la evolución de gravísimos problemas para la salud pública, y, en consecuencia, la carencia de una acción enérgica correspondiente. 
Por tanto, aunque tarde, hay que crear un sistema para coordinar las diversas acciones en favor de la salud del ciudadano europeo. 
Lo extraño es que para un programa tan importante se disponga de presupuestos tan reducidos. 
Debemos tener presente que los programas redactados, por muy importantes y detallados que sean, serán al cabo simplemente textos elaborados en las once lenguas comunitarias y no una contribución esencial a la protección de la salud pública de los ciudadanos europeos. 
Es evidente que para construir una «Europa de los ciudadanos» hay que hacer hincapié en los temas de salud, educación, cultura y medio ambiente y, sobre todo, que más allá del interés expresado oralmente o por escrito se requiere una voluntad política traducida en acciones y financiaciones generosas que repercutan de manera decisiva en la calidad de vida de los ciudadanos europeos. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Poggiolini, que ha hecho un trabajo excelente, y, por último, confío en que este informe, a pesar de nuestras reservas con respecto a la financiación, reciba el voto favorable de los diputados al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente; desgraciadamente, mi colega, el profesor Cabrol, que ha seguido el desarrollo del procedimiento de conciliación relativo al programa sobre indicadores de salud, no está presente, y me ha pedido que interviniera en su nombre. 
Este expediente sobre control sanitario contiene dos puntos que para nosotros son esenciales, es decir: la armonización de los datos y de los criterios en el ámbito sanitario y la creación de un centro o de una agencia europea de la salud, encargada de recoger y centralizar dichos datos. 
En efecto, el objetivo principal del programa sobre indicadores de salud es medir la situación sanitaria y las tendencias políticas en la materia en el conjunto de la Comunidad, así como proporcionar informaciones sanitarias adecuadas a los Estados miembros, lo que les permitirá comparar los sistemas y apoyar políticas sanitarias nacionales. 
Sin embargo, para que puedan ser utilizados, estos datos deben armonizarse. 
El Consejo aceptó la idea de datos " comparables». 
Esperamos que ello sea suficiente con vistas a una política coherente de prevención sanitaria. 
Tanto el Parlamento como el profesor Cabrol han pedido en muchas ocasiones la creación de una agencia europea encargada de recoger y centralizar los datos, de controlar la evolución de las enfermedades y de dar la voz de alerta a tiempo. 
Este observatorio o " estructura permanente de control» , como la denomina el Consejo, la cual debe abarcar los diferentes programas sanitarios europeos, permitirá a nuestros conciudadanos gozar de una mayor seguridad y evitar que se repitan los graves errores que recientemente hemos conocido. 
No obstante, parece que el Consejo sigue mostrando su oposición, ya que aceptó, en el texto de la conclusión, estudiar la creación de una estructura permanente. 
Se trata sólo de un pequeño paso adelante, y la creación de este organismo no es inminente. 
Nosotros votamos a favor del texto conjunto porque el programa propuesto representa un avance para la salud de nuestros compatriotas, aun cuando este avance sea poco importante, ya que se parte de cero. 
Sin embargo, señor Presidente, Señorías, seguiremos reivindicando la creación de esta estructura permanente, ya se denomine "observatorio» o" centro europeo» , puesto que es absolutamente necesario que Europa disponga de un instrumento eficaz a la vez en el plano de la información, de la vigilancia y de la protección. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo de los Liberales está satisfecho con el resultado de la conciliación, salvo un punto con el que nadie de la delegación del Parlamento Europeo estuvo de acuerdo, concretamente, el magro presupuesto. 
Afortunadamente, el Comisario Flynn se ha comprometido por escrito a prestar una atención adecuada en el próximo programa estadístico comunitario al desarrollo de las estadísticas en el ámbito del seguimiento y control sanitario. 
El Parlamento se encargará de que la Comisión respete su compromiso. 
Es posible que, a corto plazo, el desarrollo de estadísticas parezca una cuestión intrincada y, sobre todo, costosa. 
A largo plazo, las buenas estadísticas pueden ofrecer grandes ahorros. 
Las cifras nos enseñan muchas cosas para establecer una política sanitaria preventiva eficaz. 
Por último, Señorías, quiero abogar por que a partir de ahora se procure obtener más datos desglosados por razón del sexo a fin de hacer posible una política más específica. 
Señor Presidente, al sumarme a los que han acogido con satisfacción esta transacción que nuestro ponente nos recomienda hoy, me limitaré a hablar brevemente de tres cuestiones. 
En primer lugar, de los resultados del propio proceso de conciliación diré que la transacción que se ha conseguido es probablemente lo mejor que este Parlamento podía esperar en términos realistas. 
Por lo que se refiere a los puntos más controvertidos, que son la cuestión de la competencia de la armonización de datos, el concepto de un observatorio y, sobre todo, las consecuencias presupuestarias, la minuciosa labor del ponente y las negociaciones iniciadas por el Sr. Collins, como Presidente de la comisión parlamentaria competente, y otras personas han dado fruto. 
Los progresos no han sido quizá tan importantes como algunos hubieran deseado, pero se trata de mejoras que procede celebrar. 
Mi segunda observación es más bien una pregunta dirigida a la Comisión: ¿hasta qué punto podemos considerar lo conseguido como un precedente razonable en materia de cooperación en la esfera de la salud pública? 
Hemos comenzado las negociaciones sobre la base de algunos amplios principios de terminología y participación, y es razonable esperar ahora un enfoque coherente de todos los aspectos de la política de salud que estamos elaborando, y confiar en que los mandatos y las direcciones generales de la Comisión sigan un enfoque efectivo cuando se trata de cooperar en materia de políticas de investigación o económicas, sociales y ambientales, por ejemplo, que afectan a la salud pública. 
Esto no se aplica a la EBE ni a otros asuntos internos, naturalmente. 
Todos los que estamos aquí sabemos lo importante que es cooperar con el mundo exterior, sea en enlace con la Organización Mundial de la Salud, sea con los organismos especializados de las Naciones Unidas o con terceros gobiernos, particularmente el de los Estados Unidos. 
Y con esto paso a mi última cuestión, que consiste en instar a todas las instituciones a que aprendan las lecciones de estas propuestas cuidadosamente negociadas en las deliberaciones de la próxima semana en Amsterdam. 
El Consejo parece estar ansioso de acelerar al máximo la consecución de la situación que busca la Comisión en la esfera de la salud pública, y sin duda alguna hará seguir su intervención con una miríada de restricciones presupuestarias. 
A pesar de ello hay firmes demandas del público en favor de la adopción de medidas y de la cooperación internacional sobre las prioridades en materia de salud, como ha indicado el fracaso provocado por la EBE, y este proceso ha demostrado que, si existe la voluntad política necesaria, hay políticas y propuestas imaginativas a nuestra disposición. 
Como tan a menudo sucede en esta esfera, estas conclusiones no son más que un comienzo. 
El Parlamento estará esperando con sumo interés los estudios convenidos y con no menos interés querrá que haya una actitud positiva del Consejo y de la Comisión respecto de las reformas del Tratado, en particular su artículo 129, para proseguir el progreso que eso representa. 
Señor Presidente, yo también considero muy positivo el hecho de haber llegado a una posición común con respecto a un tema tan sumamente importante y que completa el conjunto de los programas en materia de salud. 
De hecho, el control es un instrumento fundamental para verificar si los programas puestos en práctica por la Comunidad, son eficaces para cumplir el objetivo de contribuir a llevar la protección de la salud humana a un nivel elevado orientando los esfuerzos dirigidos a la prevención de las enfermedades, fomentando la cooperación entre los Estados, apoyando sus acciones en dicho ámbito y favoreciendo la coordinación de las políticas. 
Al igual que los demás colegas, quisiera abordar durante algunos momentos el tema de la dotación presupuestaria. 
El ponente Sr. Poggiolini, acaba de recordar que el Parlamento Europeo estimó insuficiente la dotación de 13, 8 millones de ecus, ya que era inferior a los 5 millones de ecus anuales. 
Consideramos algo incoherente la propuesta de la Comisión al respecto, ya que es incoherente con la posición expresada por la propia Comisión en su comunicación sobre los fundamentos jurídicos y los importes máximos, en la que propuso no dotar de fundamentos jurídicos a las acciones de importe inferior a los 5 millones de ecus. 
Dicho esto, sin embargo, yo también considero que esta posición común representa un importante paso adelante para la mejora y el control de la salud de los ciudadanos europeos, y estimo que hay que votar a favor de la misma. 
Señor Presidente, señoras y señores, el seguimiento y control sanitario es un importante campo de actividad en el marco del objetivo comunitario de lograr un elevado nivel sanitario, tal como prevén los artículos 3 y 129. 
El intercambio de opiniones, las consideraciones y debates que han acompañado a este largo proceso para la aprobación de este programa, han sido muy fructíferas y han producido mejoras concretas en los instrumentos para el seguimiento y control sanitarios. 
La Comisión cree que de este programa puede surgir un sistema de información sanitaria de alto valor para la Comunidad, un sistema que va a ser de gran utilidad para los Estados miembros y las organizaciones internacionales en la vigilancia del nivel sanitario y de los cambios que surjan. 
En nombre de la Comisión, quiero felicitar al Parlamento Europeo por el apoyo que ha proporcionado al programa y, muy en especial, al ponente, el Sr. Poggiolini, por su trabajo y esfuerzo. 
Solamente deseo añadir algunas palabras relativas al procedimiento de conciliación. 
De nuevo todas las instituciones han utilizado plenamente sus posibilidades para lograr que el programa tenga en cuenta sus especiales circunstancias. 
En este contexto, la Comisión quiere destacar en especial dos aspectos: 
Por un lado, los créditos puestos a disposición para el programa. 
Sé que el Parlamento era al principio de la opinión de que 13.800 millones de ecus no eran suficientes para un programa de tal importancia. 
Ante las tareas que allí se contemplan, hay argumentos que hablan en favor de esta opinión. 
Sin embargo, estoy convencido de que con el importe propuesto será posible alcanzar los objetivos del programa. 
Para subrayarlo quiero añadir que la Comisión, si es que puede contar con el pleno apoyo del Consejo, garantizará que en la ejecución del próximo programa estadístico se tenga especialmente en cuenta la ampliación de las estadísticas en el sector del seguimiento y control sanitarios. 
En segundo lugar, quiero referirme a la información del Parlamento Europeo sobre la ejecución del programa. 
Quiero subrayar que el modus vivendi interinstitucional en la ejecución de actos jurídicos aprobados según el procedimiento del artículo 189 b del Tratado, como es el caso en el presente programa, plantea la condición previa de que el Parlamento obtenga las informaciones deseadas. 
En lo que se refiere al apartado 4 del artículo 5 de la decisión que determina que la Comisión informe regularmente a la comisión creada con este artículo sobre las decisiones relativas a proyectos concretos, la Comisión se compromete a presentar también un informe anual al Parlamento Europeo sobre la misma base. 
Espero que sus Señorías consideren aceptables los resultados del procedimiento de conciliación y que el trabajo realizado aquí y en las demás instituciones conduzca a la puesta en marcha de un programa que sea de gran utilidad para el sector sanitario y, de modo general, para los ciudadanos de la Comunidad. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lucha contra el ruido 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe A4-0183/97 de la Sra. Díez de Rivera Icaza, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Defensa del Consumidor, sobre el Libro Verde de la Comisión: » Política futura para el ruido». 
Señor Presidente, estimados colegas, tengo que afirmar, y lo hago inmediatamente, que la cultura urbana de nuestro siglo bien puede entenderse, en parte, como la cultura del ruido. 
Las noches y los días de nuestros conciudadanos y conciudadanas son cada vez más ruidosos. 
La preocupación ciudadana por la contaminación acústica, en los albores del tercer milenio, tal y como nos demuestran las encuestas publicadas en el último eurobarómetro, se incrementa. 
No sólo el ruido es la quinta preocupación ciudadana, sino que las quejas en este ámbito ambiental son las únicas que se incrementan desde 1992. 
Y, la verdad, señor Comisario, es que a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de la que me cabe el honor de ser ponente, no le asombra para nada esta inquietud. 
Porque cuando el 70 % de la población europea vive sometido a niveles sonoros procedentes de una sola fuente, como es el tráfico rodado, muy superiores a los aconsejados por la Organización Mundial de la Salud, uno pensaría que la voz ciudadana sería escuchada con mayor atención. 
Máxime cuando tanto el Vº Programa de Acción, ya en 1992, en su duodécimo cuadro afirmaba: » Nadie deberá estar expuesto a niveles de ruido tales que pongan en peligro su salud y calidad de vida» y fijaba una serie de fechas y de acciones de las que poco o nada supimos sobre su cumplimiento en el momento de su revisión. 
Señor Presidente, si es verdad, y lo es desde el criterio de nuestra comisión, que hay que aproximar la Unión al ciudadano, ¿cómo se explica que la Comisión haya hecho caso omiso a su programa de trabajo de 1996 por el que se comprometía a presentar, para el mes de julio de dicho año, todo un bloque o conjunto legislativo sobre el ruido? 
Es decir: dos directivas marco y una comunicación. 
Y resulta que lo que estamos debatiendo, hoy, aquí, es un escuálido Libro Verde que sustituye, y me importa subrayarlo, al anterior compromiso normativo de la Comisión por un programa a todas luces insuficiente y que, como todos sabemos, no es vinculante en ninguna de sus fases. 
Yo no tengo nada en contra, como es obvio, señor Presidente, de que se abra en toda la Unión un debate sobre la contaminación acústica, entre la Comisión, las autoridades estatales, locales y regionales, los expertos en la materia, incluyendo a los juristas y a los movimientos ciudadanos. 
Ello resultará, no cabe duda, enormemente interesante y muy positivo; pero cuando siete de cada diez ciudadanos están expuestos en su salud y en su calidad de vida a niveles sonoros muy por encima de los autorizados por la Organización Mundial de la Salud, este Parlamento, la Comisión y el Consejo deberían tener como primera obligación la de actuar urgentemente para encontrar y poner en marcha, con compromisos y medidas concretas, la respuesta legal adecuada. 
Por tanto, bienvenidos sean el debate y el programa. 
Pero, no obstante, lo que pide prioritariamente nuestra resolución parlamentaria, y no me cansaré de repetirlo, es que la Comisión presente, a la vez, en este mismo año, la anunciada legislación sobre la reducción del ruido ambiente. 
Esto es lo que solicitamos. 
Y así le ruego que se lo traslade a su colega, la Sra. Bjerregaard, sigilosamente ausente esta tarde. 
Termino, señor Presidente, manifestando que sólo le pedimos a la Comisión algo tan elemental como que cumpla con la palabra dada y al Consejo que escuche, y nunca mejor dicho, este clamor popular en contra del ruido. 
Y, si me lo permiten, -aunque antes quisiera agradecer a la Sra. Graenitz su inestimable ayuda- quisiera corroborar lo dicho hasta ahora con una experiencia personal. 
Hace dos meses tuve que ser intervenida quirúrgicamente de una dolencia seria. 
Y lo peor, Señorías, lo más difícil de aguantar no fue el dolor sino el insoportable ruido nocturno del tráfico, de los camiones que recogían las basuras y de las sirenas de las ambulancias. 
Señor Presidente, Señorías, es evidente que, para elaborar una estrategia integrada de lucha contra el ruido, la Comunidad y los Estados miembros deben disponer de los elementos más precisos y detallados posibles sobre su coste social real y sus repercusiones. 
Por tanto, la Comunidad debe, por una parte, desarrollar un método único de medición y evaluación que apliquen luego de manera uniforme los Estados miembros y, por otra parte, adoptar iniciativas de orientación general y de asistencia técnica destinadas a éstos que permitan organizar la investigación y el intercambio de información, sensibilizar al público y controlar la aplicación de las medidas. 
Sabemos que no existe hasta el momento ninguna legislación comunitaria por la que se fijen los límites de emisión de ruido autorizados para las instalaciones industriales, aun cuando la mayoría de los Estados miembros han establecido límites para el nivel del ruido en las regiones industriales. 
La lucha contra el ruido en su origen supone, evidentemente, un coste adicional para la industria cuando ésta ha de adaptarse a las nuevas normas. 
Por otro lado, la industria debe tener en cuenta que el ruido figura entre las causas principales de perturbación y deterioro de la calidad de vida- después de la contaminación medioambiental- atribuidas a la industria, y que tales factores perjudican la imagen de ésta ante la opinión pública y ante los consumidores. 
Por lo tanto, la lucha contra el ruido interesa también a la industria. 
En cualquier caso, no cabe esperar que la adopción de medidas severas tenga consecuencias inmediatas. 
La sociedad y la industria necesitarán al menos diez años de programación y adaptación para que los resultados positivos sean visibles. 
También desde el punto de vista del coste habrá que proceder progresivamente, para no agobiar de forma desproporcionada al Estado, a la industria e incluso a los ciudadanos. 
Es evidente que deberán armonizarse las políticas comunitarias en el ámbito de los distintos programas e iniciativas relacionados con el medio ambiente, los transportes, las regiones periféricas, la industria y la política social, de modo que el problema del ruido pueda abordarse desde distintos frentes y, en consecuencia, más eficazmente. 
Expreso aquí mi sorpresa sobre el hecho de que la Comisión de Transportes no haya querido emitir una opinión sobre el Libro Verde, a pesar de que la cuestión afecta directamente al sector de los transportes aéreos y terrestres. 
Señor Presidente, creo que los Estados miembros deben abordar el problema del ruido en colaboración con la industria, de forma programada y responsable, y teniendo en cuenta la relación coste-beneficio, para evitar que el coste de dichos esfuerzos sea inabarcable. Hay que tener en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad de vida de los ciudadanos se traducirá a largo plazo en una reducción del gasto y, socialmente, repercutirá en beneficio de todos. 
Señor Presidente, yo poco tengo que añadir, puesto que el informe de la Sra. Díez de Rivera es tan excelente y tan completo que lo dice todo, y yo apoyo todo lo que ella señala. 
Está bien que empecemos con un Libro Verde, está bien que se abra un debate, pero si algo conocemos son las causas del ruido; porque la mayor parte de la población, cuando se hace una encuesta, de lo que se queja de verdad en medio ambiente es del ruido. 
Sin embargo, hay que acudir a la reducción, tanto en la industria como en aquello que constituye el mayor problema: los vehículos y el tráfico rodado. 
Yo, como ponente para opinión de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, me voy a referir a ese tema. 
Se han tomado medidas en el Tercer y Cuarto Programa marco de investigación para reducir- dentro del Programa de telemática y materiales- el ruido producido por equipos, pero no es suficiente, señor Presidente, es mucho más lo que hay que hacer. 
Dentro de la industria hay que distinguir dos grandes áreas. 
Las grandes industrias no generan problemas porque están en espacios grandes y el ruido no llega al exterior; el problema del ruido en esas industrias es de higiene y seguridad en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y tiene su propia legislación; por lo tanto, no vamos a entrar aquí en ese tema. 
Otra cosa son las pequeñas industrias en los núcleos urbanos, los pequeños talleres, que molestan extraordinariamente a la población; y, sobre todo, molestan las discotecas, las ambulancias, el tráfico rodado y seguramente la no mucha educación o consideración de la población hacia sus vecinos. 
Dentro del programa de investigación, nosotros pedimos a la Comisión que encargue al Comité Europeo de Normalización nuevas normas para que se homologue en la Unión el ruido en distintos equipos, en distintas actividades. 
Hay varios programas que se podrían incluir en el Quinto, lo que sería una labor verdaderamente interesante. 
También creemos que, en metrología de ruido, no solamente hay que hacer normas sino actuar reduciendo el ruido en frigoríficos, en aparatos de aire acondicionado, en maquinaria de construcción, sobre todo construcción. 
Tenemos una vieja Europa que constantemente está en obras y los ruidos de la construcción son realmente insoportables, además de los del tráfico a los que se refería la Sra. Díez de Rivera; esos ruidos deberían limitarse. 
Pero, además, las industrias, grandes y pequeñas, deberían llevar a cabo por exigencia legal- no voluntariamente, porque entonces no lo hacen o lo hacen mal- un plan de minimización de ruido, como tienen la obligación de hacer- aunque tampoco lo hacen- un plan de minimización en la producción de residuos. 
A mí me parece que ello, incluido o no en el plan de gestión ambiental, sería un avance importante. 
También sería necesario que en la construcción de nuevas redes ferroviarias, de nuevas carreteras y de nuevos vehículos se tuviera muy en cuenta lo que es el ruido. 
Felicidades a la Sra. Díez de Rivera. 
Todos estamos de acuerdo en que este es un primer paso en un camino por el que habrá que avanzar. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, si nuestros ojos sufriesen la misma intensidad lumínica que la intensidad de ruidos que soportan nuestros oídos, nos quedaríamos inmediatamente ciegos. 
A pesar de ello, siempre se debate muy controvertidamente sobre la cuestión del ruido, a pesar de que el ruido es una de las cargas medioambientales más intensas y a pesar de que en muchos programas de medio ambiente de la Unión- el último, el Vº Programa de Acción- se llama la atención sobre el hecho de que la reducción y lucha contra los ruidos es una medida muy importante para preservar la salud de las personas. 
Quiero felicitar a la Sra. Díez de Rivera Icaza por su informe y decirle que me alegro que podamos debatir con ella. Ha expuesto de modo muy preciso muchos de estos puntos en su informe. 
Lo más importante es que al Libro Verde de la Comisión siga una ley y que venga por fin esta legislación marco sobre la protección acústica, que fue ya prevista el año pasado en el programa de la Comisión, pues me parece necesario que se haga algo al respecto. 
Sin duda, la Unión no es responsable de muchas de las cosas que son consideradas como ruidos por muchas y muchos de nuestros conciudadanos. 
Pero las personas no preguntan quién es responsable del ruido ni qué institución legislativa regula las emisiones acústicas. Lo que quieren es que se regule. 
Por ello, debemos hacer algo; debemos incluir la subsidiariedad pero debemos poner en marcha medidas. 
Creo que las cuestiones que se han mencionado- ruido de aviones, del tráfico por carretera, de ferrocarriles- se pueden combatir de muchos modos y que es necesario prescribir límites acústicos para aparatos y máquinas y que debemos seguir avanzando en la investigación. 
Tenemos muchos programas de investigación que se ocupan del ruido y debe hacerse por fin algo. 
Señor Presidente, permítame empezar felicitando a la Sra. Díez de Rivera Icaza. Asimismo me complace mucho tener hoy la oportunidad de hablar con ella en el pleno y de que se haya recuperado lo suficiente para estar presente. 
Uno de los tipos más antiguos de molestias ambientales no es el ruido, sino el hedor. Pero el hedor es un concepto muy subjetivo. 
Por ello hablaré de las molestias causadas por el olor. 
Pues, independientemente del perfume que se huela, si no nos gusta se convierte en un mal olor y deja de ser un olor agradable. En todo caso, ésta es una de las legislaciones más antiguas de Europa sobre las actividades molestas. 
Para el ruido hay una legislación distinta, una legislación que ya existe en los Estados miembros, puesto que el ruido es algo que puede provocar daños a la salud. 
Por ello es necesario que hagamos algo contra las molestias provocadas por el ruido. 
El objetivo del Libro Verde es, ante todo, ver si podemos lograr acuerdos comunitarios. 
Eso sí, hemos de determinar en qué ámbitos consideramos que han de lograrse acuerdos conjuntos en Europa. 
Todos consideramos que hay que limitar las molestias causadas por el ruido. 
¿Qué es lo comunitario en la lucha contra el ruido? 
Nuestro enfoque es comunitario cuando buscamos los elementos que perturban la competencia en la Comunidad. 
Si examino el Libro Verde, constato, por ejemplo, que en relación con el ruido de los aviones se habla de aviones poco ruidosos y que, tratándose del ruido de los neumáticos, se dice que habría que producir otro tipo de neumáticos en Europa. 
Pero en realidad no se habla de una división comunitaria en zonas ni de acuerdos para ello, y por consiguiente podría suceder, y los hechos históricos están ahí, que en un Estado miembro se rechace un aeropuerto regional mientras que, sobre la base de exigencias mucho más flexibles, pueda construirse en otro Estado miembro, a seis kilómetros de la frontera, con lo cual el otro Estado miembro sigue sufriendo las molestias. 
Por consiguiente, pienso que hemos de pedir a la Comisión Europea que haga algo con respecto al exceso de ruido y a la política para luchar contra el ruido, en primer lugar, en relación con los aparatos utilizados, con la maquinaria utilizada; por otro lado, es necesaria una legislación marco que regule las cuestiones en que vemos que los elementos perturbadores de la competencia tienen demasiada libertad. 
Me refiero concretamente a la división de los aeropuertos en zonas. A los trenes de alta velocidad, a las grandes autopistas con las que hay que hacer algo. 
Pienso que, por lo demás, hay que partir de la idea de que debemos ponernos de acuerdo a nivel nacional o local. 
Señor Presidente, el ruido es en efecto un problema al que hay que prestar atención a nivel europeo, todos estamos de acuerdo en eso. 
Pero hemos de procurar que, al tomar medidas, no nos olvidemos del principio de subsidiariedad. 
La Sra. Oomen ha hablado de la división de los aeropuertos en zonas y de los motores de los aviones. 
En efecto, se trata de asuntos típicamente transfronterizos que hay que abordar a nivel europeo. 
Pero por otro lado, en el marco de la subsidiariedad, hemos de ocuparnos de que a ese nivel se tomen las medidas que han de tomarse a nivel regional y nacional en materia de ruido. 
En el excelente informe de la Sra. Díez de Rivera hay muchos puntos buenos, como el desarrollo de métodos de medición comunes en Europa. 
En la Unión Europea tenemos que recabar información a través de la Agencia de Medio Ambiente, que ha de desempeñar un papel importante. 
Es decir, ya hay muchas cosas, y en el Grupo de los Liberales hay ciertas dudas sobre si es realmente necesaria una directiva marco. 
Por ello, respecto al apartado 23: abogar por un régimen jurídico marco en el Libro Verde y ejecutarlo, decimos no; sigamos abordando, en el marco de la subsidiariedad, las cosas que han de realizarse a nivel europeo y lo demás a nivel local, regional y nacional. 
Esta es la opinión del Grupo de los Liberales sobre el excelente informe de la Sra. Díez de Rivera. 
Señor Presidente, el ruido no es sólo producto de la cultura urbana, como ha dicho la estimada ponente, sino también producto de la cultura del turismo moderno, habitualmente masivo, y en concreto del turismo de playa. 
Millones de ciudadanos de la Unión Europea salen de vacaciones para encontrarse con una serie de ruidos. 
De día, las embarcaciones motorizadas en la playa; de noche, los locales nocturnos, que son una fuente de ruido intenso, precisamente por plantearse como centros de atracción turística y, por lo tanto, lucrativos y competitivos. 
De hecho, este esfuerzo por ser competitivos es muy perjudicial para los turistas y su salud, y también autodestructivo para el turismo. 
Creo que ésta es la razón, señor Presidente, de que insistimos en la necesidad, y en el establecimiento con seriedad, de una política común que tenga en cuenta los intereses de millones de ciudadanos europeos que salen de vacaciones, que imponga límites e impida la competencia mediante el ruido. Eso, en última instancia, beneficiará incluso a los propios autores de los ruidos producidos por las empresas turísticas. 
Señor Presidente, ante todo yo también deseo felicitarme del excelente informe de la Sra. Díez de Rivera Icaza, habida cuenta de que se trata de un texto que por fin demuestra la importancia que tiene el problema del ruido para todos los ciudadanos europeos. 
Gran parte de la población europea está obligada a convivir con peligros niveles sonoros y nosotros no podemos dejar de tomar nota de ello. 
Ante la carencia normativa tanto a escala comunitaria como, con frecuencia, a nivel de los Estados miembros, no podemos conformarnos con un Libro Verde que no contiene compromisos precisos al objeto de conseguir, en un futuro próximo y por fin, normas adecuadas para resolver los problemas del conjunto de ciudadanos que sufren dicha situación. 
Somos conscientes de que las consecuencias del ruido afectan a varios niveles. 
El mismo repercute de forma directa a nivel fisiológico y además influye directamente en la calidad de vida y las condiciones psicológicas, así como en los propios ritmos de las personas. 
En este sentido, tal como acaba de apuntar la ponente, es especialmente peligroso el problema del ruido nocturno que convierte en imposible esa importante función fisiológica que es el sueño, indispensable para la vida de todo individuo. De hecho, el no poder dormir de forma adecuada modifica fuertemente la vida de las personas. 
Por este motivo, es importante que en los aeropuertos se establezca una reglamentación que prohíba los vuelos nocturnos y los autorice siempre y cuando en las zonas que los rodean no existan viviendas y, en consecuencia, personas susceptibles de sufrir graves daños. 
Deseo recordar que la Comisión de Peticiones ha recibido muchas peticiones en este sentido. 
En general, cabe decir que una gran parte del ruido, aunque no todo naturalmente, está relacionado con el problema de los transportes. 
Es por ello que en el informe se insiste mucho en este punto. 
Deseo asimismo recordar que reviste suma importancia el hecho de que los nuevos proyectos relativos a las redes transeuropeas de transporte tengan en cuenta los posibles aumentos de la contaminación acústica derivados de dichas redes, y me refiero en particular al problema de los trenes de alta velocidad. 
Por consiguiente, confío en que la aprobación de este informe sirva para instar a la Comisión a que adapte la normativa y nos ofrezca disposiciones apropiadas con respecto a esta materia. 
Señor Presidente, hasta la fecha la Unión Europea ha sido bastante reservada en la adopción de reglas contra el ruido. 
Puedo comprender tal reticencia porque los problemas de ruido son en su mayoría locales. 
No obstante, hay muchos aspectos europeos. 
Sólo mencionaré las normas contra el ruido para productos como los automóviles y los cortacéspedes y el ruido transfronterizo causado, por ejemplo, por una carretera o un aeropuerto situados cerca de la frontera. 
Lo extraño es que los ciudadanos se cachondeen un poco de lo de los cortacéspedes bajo el lema de que «se ve que en Europa no tienen nada mejor que hacer» ; sin embargo, pienso que se trata precisamente de cuestiones que han de regularse a nivel europeo. 
La Comisión, en su Libro Verde, sigue adoptando una actitud reservada y a mi entender esto es lo correcto. 
A fin de cuentas, la mayoría de problemas causados por el ruido son de carácter local y es preferible solucionarlos a esta escala. 
Por tanto, al presentar un número limitado de medidas concretas, la Comisión demuestra tener sentido común. 
¡De qué sirve querer regular todo tipo de cuestiones a nivel europeo en directivas, si en la práctica nada cambiará porque el Consejo no está dispuesto a restringir demasiado su libertad de movimientos! 
Pienso que formular valores límite para los ruidos con validez general para toda la Unión, sencillamente, no funciona. De hecho, en el ámbito de la ordenación territorial se prescriben cosas que no pueden realizarse. 
Una mejor armonización del método de evaluación de las molestias causadas por el ruido. Hay una directiva en la que se prevén medidas fiscales contra el ruido producido por el tráfico por carretera, contra el ruido de trenes y aviones, contra el ruido de los aparatos utilizados en el exterior de las casas. 
El informe Díez de Rivera añade una gran cantidad de recomendaciones que estoy dispuesto a apoyar en gran medida. Se trata de criterios excelentes para luchar contra el ruido. 
Sin embargo, no puedo apoyar el criterio de que pueda clasificarse todo ello en una directiva marco, con valores límite y todo que hayan de aplicarse a la ordenación del territorio. 
En tal caso, la Unión estiraría el brazo más que la manga. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el ruido es uno de los problemas importantes que afectan al medio ambiente y, con el veloz desarrollo de la tecnología, pronto será uno de los más importantes. 
El Libro Verde de la Comisión significa un paso importante. 
Sin embargo, desearía que se complementara con una directiva marco. 
El informe de la estimada y experimentada diputada Carmen Díez de Rivera Icaza cuenta con mi total acuerdo y trata el tema en toda su amplitud. 
Aun así, quisiera subrayar algunos puntos: 
La contaminación acústica es un fenómeno de la época moderna. 
Es frecuente en nuestro tiempo que las personas se quejen de diversas formas de ruido. 
No se trata sólo del ruido provocado por los aviones, que se ha mencionado con razón, o por las fábricas. 
Se trata de ruidos de quizás menor intensidad, pero que, diarios y continuos, acaban molestando y perjudicando a la salud humana sin ser directamente perceptibles. 
Debe haber normas estrictas con respecto a las grandes obras, porque comprobamos que se construyen cada vez más frecuentemente carreteras cerca de zonas habitadas. 
Asimismo comprobamos que cada vez más zonas residenciales se extienden en dirección a los aeropuertos. 
Creo que es nuestra obligación analizar y afrontar este problema globalmente. 
Además, considero muy importante que se realicen estudios sobre la calidad de los materiales utilizados para la insonorización, de modo que estos productos sean respetuosos con el medio ambiente. 
Por último, considero igualmente muy importante que en las normas sobre las diferentes formas de ruido se tomen en cuenta las condiciones climáticas de los Estados miembros de la Unión Europea, dadas las diferencias existentes entre el Norte y el Sur. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en este debate quiero abogar por un enfoque europeo más riguroso en materia de ruido causado por el tráfico aéreo, y por una mayor armonización de las normas contra el ruido, como pide la ponente en su conclusión nº 29. 
En estos momentos, sólo los aeropuertos más grandes y más competitivos son capaces de aplicar normas más estrictas y rechazar los aparatos ruidosos. 
Los aeropuertos más pequeños que han de luchar más para poder seguir siendo económicamente rentables imponen pocas exigencias y, en consecuencia, son la Meca para los aviones viejos y ruidosos que los aeropuertos grandes ya no toleran. 
Si tomamos como ejemplo en mi país el aeropuerto de Oostende, la habitabilidad de la región de Oostende se ve seriamente amenazada por la falta de normas estrictas para este aeropuerto. Por lo visto, estas normas sólo se redactan para Zaventem. 
Por último, considero importante, al igual que la ponente en su conclusión nº 8, que la prevención y la lucha contra la contaminación acústica se incluyan junto a otros criterios ambientales como condición expresa antes de aprobar la financiación de proyectos con cargo a los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, apoyo por completo el informe de la Sra. Díez de Rivera Icaza. 
Es un magnífico informe sobre las directrices que deben ponerse en práctica lo más pronto posible. 
La contaminación acústica es, junto con la atmosférica, el mayor problema que tenemos en las ciudades e inciden en la degradación de la calidad de vida urbana. 
Yo vengo de Valencia, una de las ciudades más ruidosas de Europa por el tráfico, pero también por el ruido llamado «derivado del ocio». 
Y, sin duda, Valencia ostentará, si este mapa de la Comunidad se elabora- como así espero -, uno de los primeros puestos. 
Tal como decía la ponente, el tráfico rodado, el de obras y el industrial pueden entorpecer y llegar a perturbar el funcionamiento normal de la actividad ciudadana. 
Todos tenemos ejemplos próximos de cómo nos afecta el ruido cada día. 
Nuestras ciudades son ruidosas, por encima de los niveles máximos recomendados, y la exigencia de elaborar una directiva marco a nivel comunitario que sea vinculante, y de poner en práctica medidas y acciones a nivel nacional y local, es una cuestión urgente. 
Al ruido debemos enfrentarnos globalmente con la reducción del tráfico rodado, el fomento de los transportes colectivos y una política de suelo que favorezca la funcionalidad y no la especulación. 
Por último, quiero felicitar personalmente a la ponente por ilustrar su informe con dos cartas de nuestro Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, que empezó a quejarse a primeros de este siglo de las molestias del ruido. 
Ojalá hoy, setenta años después, nos preocupáramos solamente por el ruido nocturno de los grillos y por las pianolas y no tuviéramos que decirle a la Comisión que ello es una cuestión urgente y de primera necesidad para todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera rendir homenaje a la Sra. Díez de Rivera Icaza que, a pesar de su enfermedad, ha seguido ocupándose incansablemente de la cuestión del ruido. 
Me satisface que por fin se nos presente un Libro Verde sobre el ruido, porque aproximadamente 7 de cada 10 personas de Europa sufren niveles de ruido que son superiores a los recomendados por los sectores de la salud. 
Los principales culpables, como todos sabemos, son una circulación vial excesiva y el ruido excesivo de los aviones, entre otras cosas. 
A pesar de que a menudo se la considere como una cuestión local, lo cierto es que para la sociedad de la Unión Europea y para el sector comercial hay grandes gastos como consecuencia de las enfermedades relacionadas con el estrés, del cual el ruido es un gran factor contribuyente. 
En las zonas urbanas podemos comprobar que generalmente son los ciudadanos más pobres y los distritos más pobres en los que las personas tienen que vivir o trabajar cerca de carreteras anchas, ruidosas y contaminantes. 
Ya es hora de que estos problemas se aborden con mucha más eficacia que la que hemos tenido hasta ahora. 
Las personas de mi circunscripción en Londres sufren también los problemas de los trastornos del sueño provocados por los vuelos a hora temprana en el aeropuerto de Heathrow, y espero que el llamamiento del Parlamento en favor de una prohibición de los vuelos nocturnos se ponga en práctica antes de que las vidas de mis ciudadanos resulten aún más miserables como consecuencia del aumento del tráfico aéreo que probablemente provocará la entrada en servicio del Terminal 5. 
Las cuestiones que se mencionan en el Libro Verde son todas excelentes: mediciones, intercambios de información, atlas del ruido. 
El Parlamento coincide con todas ellas, pero es preciso que tengamos una directiva marco adecuada sobre la reducción del ruido, y pedimos a la Comisión que no retrase la tramitación de esta cuestión, sino que la acelere como cuestión de urgencia para beneficio de la salud de todos nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, antes de referirme al Libro Verde y al dictamen del Parlamento, quiero expresar mi satisfacción porque la ponente, la Sra. Díez de Rivera Icaza, esté de nuevo entre nosotros. 
Al mismo tiempo, quiero felicitarla por su excelente informe. 
La Comisión expresa también su agradecimiento al Parlamento Europeo por la amplia contribución al debate sobre la futura política de protección acústica que, naturalmente, voy a analizar a fondo. 
Nos ha impresionado especialmente el gran número de medidas exigidas en la resolución, lo que muestra claramente lo importante que es el desarrollo de una estrategia coherente para nuestra futura política de protección frente a los ruidos. 
En opinión de la Comisión, las amplias consultas que ella ha suscitado con su Libro Verde ofrecen una sólida base para que se adopten medidas en la lucha contra los ruidos. 
Entretanto han llegado a la Comisión más de 175 aportaciones por escrito y se han celebrado numerosas conferencias relativas al Libro Verde, que pueden proporcionar asimismo importantes informaciones a la Comisión. 
Los comentarios fortalecen la opinión de la Comisión de que es necesaria una amplia estrategia de protección acústica que tiene que incluir todos los niveles administrativos, desde los Ayuntamientos hasta las instituciones europeas. 
Muchos municipios han expuesto su opinión sobre el Libro Verde, lo que corresponde al concepto de responsabilidad compartida, según el cual todos los afectados deben trabajar conjuntamente para lograr un objetivo común. 
Todas las aportaciones están siendo estudiadas y evaluadas actualmente por nuestros servicios y podrán ser consultadas próximamente a través de EUROPA, el servidor de Internet de la Comisión. 
La Comisión está convencida de que este informe y la resolución aprobada por ustedes pueden contribuir en gran medida al éxito de nuestra política y al logro de nuestro objetivo común: la protección del ciudadano frente a los ruidos perjudiciales para la salud y limitadores de la calidad de vida. 
Somos conscientes de que el Libro Verde ha despertado grandes esperanzas precisamente entre los ciudadanos que están sometidos a grandes cargas acústicas. No debemos defraudarlas. 
Señor Presidente, siento mucho aprecio por este Comisario. Esta no es la cuestión. 
Pero, ¿podría decirme el Comisario Fischler por qué la Sra. Bjerregaard no está presente? 
No hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la Comisaria. 
¿Habrá o no habrá una directiva marco? Y si llega una directiva, ¿cuándo será? 
Quisiera una respuesta más concreta al excelente informe de mi colega y que me la diera la Comisaria competente en esta materia. 
Señor Presidente, señor diputado, lo siento, pero, lamentablemente, no puedo indicarle los motivos por los que la Sra. Bjerregaard no puede estar hoy aquí ya que los desconozco. 
Pero sí puedo prometerle que le voy a transmitir literalmente lo que me acaba de decir y espero que reaccione del modo correspondiente. 
Señor Presidente, primeramente quisiera darle las gracias al señor Comisario por sus buenos deseos y a los más de quince intervinientes en este debate. 
Ustedes recordarán, durante mi intervención, que yo también he lamentado la ausencia sigilosa de la comisaria responsable en la materia. 
Estoy convencida de que el Comisario Fischler le va a repetir, con la misma pasión con que acaba de contestar al Sr. Eisma, nuestra petición y que no estamos por la labor de que se limite a unas buenas palabras y a más de 170 respuestas de toda la Unión. 
Por lo tanto, señor Comisario, conocida su insistencia, le rogamos que, por favor, en este año tengamos la legislación prometida en 1996, y gracias por sus buenos deseos. 
Muchas gracias, señora Díez de Rivera. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.00 horas). 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Una aclaración del Acta: mi Grupo le ruega que pida a la ministra Sorgdrager que, en su calidad de Presidenta de los Consejos de Justicia, comparezca ante este Parlamento para dar explicaciones sobre la invalidación de 368 directivas. 
Esta petición es una cuestión de orden. 
Esta negligencia del anterior Gobierno holandés ¿afecta sólo a los Países Bajos o también a otros Estados miembros? 
Señor Presidente, en el Acta de ayer no se indica que yo estaba presente. 
La culpa no es de la secretaría parlamentaria; desgraciadamente, es culpa mia. 
Regresé para firmar a eso de las ocho y media de la tarde, pero la sesión había acabado ya. 
¿Es posible indicar que yo estuve presente ayer? 
Es posible, a reserva de que lo aprueben los Cuestores. 
No es una cuestión de orden, señor Presidente, está en el Acta. Está en la primera página del Acta, lo que dijo el Sr. Macartney acerca del salmón noruego. 
El Sr. Macartney y yo, en la sesión del día 29 de mayo, preguntamos si la Comisión estaba dispuesta a formular una declaración acerca del acuerdo que estaba negociando y que no había visto este Parlamento. 
Volvimos a plantear la cuestión ayer. 
El Presidente dijo que iba a preguntar a la Comisión. Quisiera saber si Sir Leon Brittan, que por lo que se refiere al Parlamento ha hecho de hombre invisible, sus servicios o la Comisión se han puesto en contacto con el Presidente y le han dicho cuándo van a hacer una declaración sobre esta cuestión del salmón noruego. 
Se trata de una cuestión muy importante para Escocia e Irlanda y otros muchos países de la Unión Europea. 
Plantea una cuestión muy grave pues al parecer un Estado no miembro, en este caso Noruega, está obteniendo mejor trato que los países de la Unión. 
Que yo sepa, la respuesta que procede dar es negativa: la Comisión no se ha puesto todavía en contacto con la Presidencia. 
Señor Presidente, desearía intervenir sobre el punto 4 de la página 6 del acta, relativa a la composición del Parlamento. 
Según leo, el Presidente anunció que cuatro diputados han sido nombrados miembros del Gobierno francés y que, » de conformidad con el artículo 12 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, el Parlamento constata estas vacantes». 
Desearía indicar que, en mi opinión, este procedimiento no es correcto, dado que la Constitución francesa establece un plazo de treinta días durante el cual los diputados- y ello es válido para los diputados europeos- que van a convertirse en miembros del gobierno tienen la posibilidad de elegir entre su mandato como diputados y el cargo de ministro. 
Por consiguiente, no nos corresponde constatar estas vacantes, sino esperar, con arreglo a la Constitución francesa, que efectúen su elección en el plazo de treinta días de que disponen. 
Como ustedes saben, la legislación europea prevalece sobre la legislación nacional, y la legislación europea en materia de elecciones directas dice que, cuando uno queda elegido para una de las demás instituciones, cesa de ser miembro de la institución a la que pertenecía anteriormente. 
Por lo tanto, independientemente de lo que pueda decir la legislación francesa, la legislación de la Unión Europea es clarísima y hay que aceptar sus dimisiones. 
Señor Presidente, mi intervención tiene que ver con el Acta. 
No puedo decir nada acerca del Acta porque no he podido obtener un ejemplar; por lo visto no se han producido bastantes. 
Le agradeceré que en adelante pida usted al servicio competente que produzca suficientes ejemplares para que todos podamos consultarlos, y no solamente los primeros de la cola. 
Así se hará, pero una forma de evitar que se planteen cuestiones de orden acerca del Acta consiste en no distribuirla. 
Señor Presidente, con referencia a lo que dijo ayer el Sr. Macartney y hoy el Sr. McMahon, quisiera preguntarle si puede pedir usted personalmente al Comisario Leon Brittan que venga aquí, pues por lo visto ha conseguido salirse con la suya en contra de los deseos de la Comisión de Pesca, de la Comisaria encargada de las cuestiones de pesca, e incluso de la Comisión. No hay que olvidar que se trata de una frágil industria de Escocia e Irlanda, de toda una industria que está en una de las zonas más frágiles. 
El orden del día es cuestión de la incumbencia de la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, se trata de las preguntas. 
En el último período parcial de sesiones planteé una pregunta a la que se respondió por escrito pues no hubo tiempo para hacerlo oralmente. 
La pregunta se refería al próximo Consejo del 26 de mayo. 
Ayer he recibido la respuesta fechada el 4 de junio y quiero protestar contra esto. 
Quiero pedir que en el futuro las respuestas se entreguen inmediatamente. 
Ya ha protestado usted, pero no se olvide de que estamos tratando del Acta. 
Señor Presidente, ayer participé en la votación pero no firmé, es decir, olvidé la segunda tarea más importante de un diputado. 
¿Puedo rogarle que complemente la lista de diputados presentes? 
Sí, a reserva de la aprobación de los Cuestores. 
Señor Presidente, lo siento pero la verdad es que firmé la lista de votantes. 
La verdad es que planteé una cuestión de orden acerca de la página.. del Acta. 
Ayer discutimos si mi informe se debía examinar en otra fecha. 
Pregunté al Presidente si podía tomar la palabra sobre el particular. 
Apoyé el botón y, aunque ahora funciona, ayer no funcionó. 
Tenemos un sistema electrónico y estimo que debemos utilizarlo; no hay por qué ponerse de pie y agitar los brazos como si fuéramos molinos de viento. 
Ayer me hubiera interesado mucho hablar sobre el particular. 
Me han explicado que tiene usted que apoyar el botón también. Es importante que lo haga pues, como las personas no se sientan ya en los asientos correspondientes, de esa manera podemos saber quién toma la palabra. 
También es útil levantar la mano. 
Señor Presidente, tomo la palabra sin entusiasmo pero lo hago en respuesta a algo que ha dicho usted... 
... en respuesta a una pregunta anterior. 
Ha dicho usted que «el orden del día es cuestión de la incumbencia de la Conferencia de Presidentes». 
Corresponde a la Conferencia de Presidentes recomendar el orden del día, pero la decisión sobre el particular recae siempre en este Parlamento. 
Tiene usted mucha razón, pero la Conferencia de Presidentes hace la recomendación inicial y el Parlamento aprobó el orden del día el lunes a las cinco de la tarde. 
Ahora estamos a martes, por si alguien no se ha dado cuenta de ello. 
(El Acta queda aprobada) 
La semana antepasada tres diputados de este Parlamento: Angela Billingham, Edward McMillan-Scott y yo, escribimos a la Oficina del Presidente para pedir que se tomaran medidas urgentes en favor de los ciudadanos de la Unión Europea cuyos bienes en España han sido incautados sin razón por los bancos. Uno de esos ciudadanos, el Sr. Frank Clark, pertenece a mi propia circunscripción. 
Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta de la Oficina del Presidente; probablemente no se habrán fijado en nuestra carta. 
Agradeceré que la Oficina nos ayude a contestar urgentemente para demostrar que este Parlamento puede luchar por los derechos de nuestros ciudadanos y defenderlos siempre que se intente abusar de ellos, particularmente en una zona que forma parte del mercado único y de la ciudadanía de la Unión Europea. 
Señor Presidente, agradeceremos que nos ayude en este caso. 
Señor Presidente, tomo la palabra para confirmar lo que acaba de decir el Sr. Teverson. 
Lamento que Edward McMillan-Scott no esté aquí esta mañana, pues durante más de 15 años ha estado ocupándose de esta cuestión. 
Lo que era una mala situación es ahora una situación desesperada, pues mientras hablamos aquí hay bienes incautados que se ofrecen en venta. 
Hemos pedido que se intervenga. 
Por lo visto las autoridades españolas están soslayando las leyes europeas, y eso es muy lamentable. 
Quisiera recabar la ayuda del Presidente y de todos nuestros colegas de este Parlamento. 
Pediré al Presidente que ponga esta cuestión en conocimiento de las autoridades españolas. 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, Señorías, nos enfrentamos ahora a la apremiante cuestión de prestar ayuda macroeconómica a Bulgaria y a la antigua república yugoslava de Macedonia. 
La cuestión es que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que es la responsable de este expediente, todavía no ha podido tratar el asunto y, por lo tanto, que la Comisión de Asuntos Exteriores no puede emitir un dictamen. 
Se trata de situaciones políticas delicadas en las que normalmente, cuando hablamos de ayuda macroeconómica, expresamos unos cuantos condicionantes. 
Por consiguiente, lamentaría que esta cuestión se tratara a toda prisa esta semana en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sin celebrar un debate en el pleno y votándola sin más. 
Pienso que es muy posible tratar esta cuestión en el período parcial de sesiones de julio y que con ello no se modifica básicamente nada de la buena aportación del Parlamento Europeo, y creo que es necesario. 
Tiene la palabra la Comisión para defender la propuesta si lo desea. 
Señor Presidente, la Comisión se permite insistir en solicitar la urgencia. 
En efecto, con respecto a la antigua República Yugoslava de Macedonia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han acordado actualmente dar su total apoyo a la política económica de este gobierno. 
Es importante que la Unión Europea pueda participar en este movimiento. 
Quiero añadir que existen necesidades urgentes de financiación exterior en dicho país y que, si deseamos ser capaces de apoyarlo en la adaptación de su política económica, es conveniente, habida cuenta de la inestabilidad regional y del escaso nivel de reservas, responder «presentes» junto con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. 
Lo mismo ocurre con Bulgaria: permítanme recordarles que la situación de este país es extremadamente frágil, sobre todo en cuanto al importe de sus reservas, y también tiene una deuda exterior muy importante con la Unión Europea. 
Finalmente, a petición del propio Parlamento, en su Resolución de 10 de abril de 1997 sobre la ayuda humanitaria a Bulgaria, se pidió a la Comisión, así como al Consejo, que adoptaran las medidas necesarias para ayudar al Gobierno búlgaro en su lucha contra la grave crisis económica actual. 
Por esta razón, es importante para la Comisión que esta Asamblea pueda decidir la urgencia sobre ambas cuestiones. 
Señor Presidente, quisiera decir, después de haber escuchado al Comisario, que la situación en Bulgaria, como ha podido comprobar quien haya visitado ese país, es tal que no podemos retrasar por motivos burocráticos y de procedimiento algo que es absolutamente necesario para volver al camino de una correcta política económica. 
Acabo de tener conocimiento de que la Comisión de Asuntos Exteriores no ha examinado todavía este tema. 
Pues bien, debe celebrar una reunión extraordinaria para deliberar sobre él, porque el problema de Bulgaria es real, no burocrático. 
Si nos demoramos, toda la colaboración prevista con el Fondo Monetario Internacional y en parte con el Banco Mundial se echará por tierra. 
Por lo tanto, no creo que porque la comisión no pueda reunirse debamos quedarnos de brazos cruzados dejando a esas personas en espera de algo decisivo para que el Estado búlgaro siga existiendo. 
Señor Presidente, sólo deseo aclarar que la razón por la cual la Comisión de Relaciones Externas no abordó este asunto se debe al retraso con el que se nos consulta, mejor dicho, por lo general, no se nos consulta en absoluto. 
Se trata de una cuestión muy seria que afecta a toda la materia relativa a estos acuerdos. Esta es la razón por la cual no fue posible abordarla. 
En consecuencia, nos encontramos ante una situación realmente muy embarazosa, que querríamos que se remediara. 
Hay muchos diputados que quisieran tomar la palabra pero el Reglamento es clarísimo. Habrá un orador a favor, otro en contra, más la Comisión o la presidencia de la comisión parlamentaria si procede. 
(El Parlamento aprueba la urgencia) 
Discúlpeme, señor Presidente, por llegar con retraso, pero veo que mi nombre no figura en la lista de presencia. 
Sin embargo, ayer yo estaba presente, firmé en varias comisiones, y desearía que esta anomalía, que me es imputable, sea corregida. 
Comprobaremos lo que acaba de decir. 
Instituto Monetario Europeo (Informe anual- Política monetaria) -Políticas presupuestarias y fiscales- IVA 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0194/97 del Sr. Mezzaroma, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe anual 1996 del Instituto Monetario Europeo (C4-0175/97) ; -A4-0185/97 del Sr. Ettl, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el informe del Instituto Monetario Europeo sobre la política monetaria única en la tercera fase- especificación del marco operativo (C4-0043/97) ; -A4-0192/97 del Sr. Fourçans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales en la Unión Monetaria; -A4-0164/97 de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre un sistema común de IVA- Programa para el Mercado Único (COM (96) 0328- C4-0458/96). 
Señor Presidente, señoras y señores, vengo a presentarles el informe del Instituto Monetario Europeo con una serie de sentimientos opuestos. 
En efecto, por un lado, siempre me complace estar entre ustedes y, por otro, lamento que sea la última vez. 
Seré relativamente breve. 
Dispondrán de comentarios más detallados, y tendré la oportunidad de responder, al final de la sesión, a sus preguntas. 
Nuestro informe se compone fundamentalmente de dos partes. 
La primera describe la evolución económica, que resumo en pocas palabras. 
Nosotros pensamos que el crecimiento, efectivamente, se ha recuperado, y las últimas informaciones de que actualmente disponemos sobre las cifras del primer trimestre lo confirman. 
Resulta bastante claro que en Alemania el crecimiento se está acelerando y que se está robusteciendo, relativamente, en los demás países. 
Lo que no sabemos, evidentemente, es la manera en que los diferentes elementos de este crecimiento se desarrollarán en los próximos meses; en particular en qué medida se desarrollará el consumo interno y sobre todo las inversiones, porque dicho crecimiento sigue teniendo origen en las exportaciones. 
Las noticias en este ámbito son buenas. 
También diré- aunque ahora sea casi una obviedad- que la inflación no nos plantea problemas. 
Insistiré sobre esta cuestión dentro de un momento. 
Observo una estabilidad muy conveniente de los tipos de cambio, la ausencia de agitación en el mercado cambiario, lo que a pesar de todo tiene su importancia en los tiempos que corren. 
Observo igualmente la convergencia continua, gradual- pero continua -, de los tipos de interés a largo plazo. 
Por lo tanto, también en este caso las noticias son buenas. 
¿Cuáles son las preocupaciones? 
La principal preocupación es el desempleo; no cabe la menor duda. 
No hemos podido observar ninguna evolución favorable en el ámbito del desempleo, y creo que ello sigue y seguirá siendo el reto principal para los gobiernos. 
La segunda fuente de preocupación- y aquí desearía ser algo más preciso- tiene que ver con la evolución de los déficits públicos. 
Hay que matizar mucho. 
Creo que hemos podido llevar a cabo cierta convergencia a la baja. 
Cuando pienso que hace dos o tres años el saldo de los déficits públicos era del orden del 6, 2 %, que descendió al 4, 4 % el año pasado y que este año nos orientamos hacia cifras que se acercarán al 3 % -entre el 3 y el 4 %, y espero que se aproximen más al 3 que al 4 %-, se nota que se ha iniciado un proceso en este sentido. 
Mi preocupación es de otro orden. 
En efecto, una parte muy importante de estas mejoras, que son indiscutibles, se ha efectuado o bien por el aumento de los ingresos, de las tasas obligatorias, o bien por recortes de los gastos en todas las direcciones. 
Pero apenas se han realizado mejoras a través del inicio de una verdadera reforma de nuestras finanzas públicas y de aquellos sectores que son fundamentalmente responsables de las dificultades que conocemos- régimen de pensiones, seguridad social, asistencia sanitaria-. 
Se trata, en mi opinión, de una verdadera preocupación que aún no hemos podido quitarnos de encima. 
La segunda parte de nuestro informe se refiere a los trabajos realizados por el Instituto, y en este caso puedo permitirme estar algo más tranquilo. 
Ustedes conocen el programa de trabajo que hemos emprendido hace ahora más de tres años. 
Este programa está listo en lo fundamental, y la misión que se nos ha encomendado en virtud del Tratado va a ser cumplida. 
Me refiero con ello al hecho de organizar un banco central capaz de iniciar la política monetaria única a principios de 1999. 
Este trabajo se encuentra en una fase avanzada en todos aquellos ámbitos importantes que son competencia de los bancos centrales. 
Ello es así en cuanto al marco operativo de la política monetaria, que constituye el verdadero trabajo diario de los bancos centrales; y también en cuanto a los sistemas de pago y al marco reglamentario. 
Ello es así en cuanto a todos los aspectos de la vida de los bancos centrales, cuya «visibilidad» es bastante poco evidente en el exterior, pero que son esenciales en el plano interior, ya se trate de la coordinación o de la armonización de los sistemas contables, de la adecuación de los Estatutos de los bancos centrales a las exigencias del Tratado o de la armonización de las estadísticas. 
Creo que en todos los ámbitos se han tomado las grandes decisiones. También ello es así en aspectos algo menos conocidos, como el de los billetes de banco. 
Por consiguiente, desearía decirles simplemente que se han tomado todas las grandes decisiones de principio en cada uno de estos ámbitos. 
Esto ya pertenece al pasado. 
Ahora hemos llegado a la fase de la aplicación. 
No querría subestimar las dificultades que mi sucesor y mis colegas deberán enfrentar. 
Habrá dificultades, pero serán dificultades de puesta en práctica. 
No veo ningún ámbito en el que pudiera producirse un bloqueo de este trabajo práctico. 
Hay muchos ámbitos que podrían atravesar, y atravesarán, dificultades prácticas. 
Son cosas de la vida, y dichas dificultades podrán ser tratadas, de tal forma que puedo asegurarles que si debiera establecerse un plazo para aplicar el Tratado- lo cual no preveo ni deseo -, no sería imputable a una falta de preparación de los bancos centrales. 
Dicho esto, desearía añadir dos palabras a lo que he descrito en un texto, que podrán leer con tranquilidad, sobre las razones por las cuales sigo mostrándome confiado en la puesta en marcha de la unión monetaria. 
Me muestro confiado, naturalmente, porque percibo una voluntad política, aunque no me corresponde emitir un juicio al respecto. 
Me muestro confiado porque, cuando se mira con cierto distanciamiento la evolución que hemos podido constatar estos últimos tiempos, se observa un verdadero proceso de convergencia. 
Este proceso es evidente con respecto a la inflación, cuya tasa ha caído por debajo del 2 % en la media comunitaria. 
Hay un sólo país que aún preocupa en este sentido. 
Pero los demás prácticamente han alcanzado la estabilidad monetaria. 
Se trata de una realización concreta. No es la expresión de un deseo con miras al futuro. 
Esta realización es actual. En este ámbito concreto ha desaparecido la idea de que había países que se comportaban bien, y otros mal. 
Todos nos hemos convertido en ángeles blancos. 
Los hay que aún son un poco más jóvenes y, por consiguiente, algo más frágiles; otros han alcanzado la madurez y son robustos, pero no es más que una cuestión de grado en la blancura de los ángeles. 
Con respecto al ámbito presupuestario, también en este caso, como acabo de decir, se constata un verdadero proceso de convergencia, pero aquí la situación es confusa. No estamos ni en una zona blanca ni negra, sino gris, desgraciadamente, bastante repartida, aunque la media evoluciona hacia una zona menos gris. 
Algunos están en una zona más gris y otros en una zona menos gris. 
No obstante, está en marcha un verdadero proceso de convergencia. 
Creo que si alguien, hace dos o tres años- por no hablar de hace cinco años- hubiera visto en qué punto estamos, no habría podido creérselo. 
Eso no quiere decir en absoluto que todos los problemas estén solucionados. 
He expresado mis preocupaciones en relación con los déficits públicos y con ámbitos reales tales como el desempleo, pero hay que reconocer, no obstante, que se ha recorrido una parte sustancial del camino, y creo que ello me hace confiar fundamentalmente en el progreso futuro de la construcción monetaria de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada deseo dar las gracias a quienes me ayudaron a elaborar este informe. 
Asimismo deseo felicitar al Sr. Lamfalussy por haber convertido con tanta rapidez en operativo el IME y por haber llevado a cabo óptimamente el cometido que le atribuyó el Tratado, así como por haber dado prueba, a lo largo de su mandato, de independencia y de espíritu de apertura y de diálogo que se han puesto de manifiesto a través de la gran calidad de las relaciones que ha mantenido con nuestra Institución, a pesar de los límites impuestos por el Tratado. 
El objetivo del Informe anual del IME es pasar revista a todo los aspectos vinculados con las tareas que le ha confiado el Tratado. 
El análisis llevado a cabo cubre la situación económica, monetaria y financiera en la Unión Europea, incluido el estado de convergencia económica e institucional de cada uno de los Estados miembro, los trabajos preparatorios para la tercera fase, y las demás actividades del IME, especialmente en temas de cooperación entre los bancos centrales, y finalmente sus cuentas anuales con arreglo al artículo 11 de sus Estatutos. 
Esto desde el punto de vista técnico. 
En mi opinión, sin embargo, en este Pleno es necesario realizar una evaluación política. 
La moneda única supone la integración de cada una de las deudas públicas nacionales, así como el equilibrio de las balanzas de pago de cada uno de los Estados miembros. 
Pero ¿cómo puede lograrse la unión monetaria si antes no existe la unión política? 
No me parece que a lo largo de la historia exista un ejemplo de unión monetaria que haya resistido sin una unión política. 
En el siglo VI a.C., las ciudades griegas iniciaron la unión monetaria, sin embargo, ésta duraba tres o cuatro años, luego todo volvía como antes. Más recientemente, hay que recordar la Unión Monetaria Latina entre Francia, Italia, Suiza y Bélgica que también fracasó al igual que la escandinava, debido a la falta de unión política. 
Los Estados Unidos adoptaron el dólar como moneda única, aunque antes fue precedida por la unión política mediante la Declaración de Independencia. 
Bismarck creó el marco de oro, tras unificar políticamente los Estados alemanes: las leyes monetarias llegaron después. 
La Europa unida implica un Estado único y, en consecuencia, un Parlamento con un poder legislativo y un Gobierno con poderes ejecutivos. 
Sólo entonces podrá funcionar la moneda. 
En Amsterdam, por lo tanto, es necesario no escatimar esfuerzo alguno para crear las bases políticas de la Unión Europea y es preciso alcanzar las necesarias convergencias económicas, fiscales, financieras y, ante todo, sociales, así como llegar a unos criterios de convergencia cualitativos y no cuantitativos, incluyendo el equilibrio de las balanzas de pagos y la convergencia de los tipos de interés. 
Hace pocas fechas, la Comisión presentó el marco de los criterios de convergencia que convirtió en obsoletos los que elaboró el IME. 
Estos nuevos datos generaron en los Estados miembros un verdadero alboroto, ya que hubo quien se sintió el primero de la clase, quien el último y quien a duras penas se esforzaba en no morir en el intento. 
¿Quién puede predecir, hoy por hoy, quién va a entrar y quién no va a entrar? 
Una cosa es cierta: hoy en Europa se está viviendo un momento de cansancio. 
Los ciudadanos no quieren creer en una Europa que no les informa y que nos les reporta beneficios concretos, visibles y rápidos. Tampoco quieren una Europa si para formar parte de ella se ven gravados con nuevas cargas e impuestos o alquimias económicofinancieras. 
Lo cierto es que para lograr la moneda única, Europa necesita reformas estructurales que, sin embargo, salvaguarden la solidaridad hacia el ciudadano más débil. 
Ya no es posible pensar en que el libre mercado puede arreglarlo todo: basta remontarse a la depresión de los años Veinte y Treinta. 
Hoy Europa necesita desarrollarse y trabajar, hoy nuestro gran problema es el desempleo, puesto que no hay trabajo. 
El bienestar del mundo depende del trabajo y de la esperanza en un desarrollo en el que el ser humano pueda sentirse a gusto y, pese a que la innovación tecnológica generada por la revolución informática suprimirá cada vez más puestos de trabajo, Europa podrá luchar en el ámbito de la cultura, la educación, la profesionalidad, el deporte, el turismo, el medio ambiente, los servicios, la reforma del territorio y el desarrollo de las obras públicas y privadas dirigidas a las infraestructuras en los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones. 
Convirtamos nuestras ciudades en más bonitas, los centros rurales en más vivibles, ofrezcamos espacio al proceso de cohesión, tan necesario para unir a los ciudadanos en un gran movimiento capaz de integrar las costumbres, las lenguas, los afectos y, por qué no, de divulgar nuestras culturas al resto del mundo. 
Ha llegado el momento de tener el valor de gastar más, de realizar inversiones económicas y sociales, de invadir el mundo con la experiencia acumulada a lo largo de cientos de años, una experiencia que ningún otro continente posee, de apuntar al corazón del desarrollo a través de la investigación. 
Lo cierto es que la moneda fue inventada por el ser humano y el ser humano se ha vuelto su esclavo. 
Europa deberá hacer un gran esfuerzo para utilizar este medio sólo para garantizar el bienestar de la gente, sin dejarse arrollar por ella. 
El IME deberá dejar paso al Banco Central. 
Confío en que todos nosotros tomemos conciencia de que debemos llegar al año 1999 con las ideas claras, a fin de no dejarnos arrollar por un Instituto que debe estar al servicio de los ciudadanos y que, si se deja solo, se convertirá en un Estado dentro de un Estado y podría considerar al ciudadano europeo un medio para desarrollar a Europa. 
Éste es el escenario que hoy se nos presenta analizando la situación y leyendo el informe del IME. 
Me felicito con el Presidente Lamfalussy y deseo al nuevo Presidente buen trabajo, a pesar de que, por desgracia, el camino que deberá recorrer es todavía muy incierto. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero indicar expresamente que los presentes informes sobre la introducción del euro exigen que se tengan en cuenta la política de empleo y los derechos democráticos de control y de participación del Parlamento Europeo. 
Expreso también mi agradecimiento por los trabajos previos realizados por el Instituto Monetario Europeo y su Presidente Lamfalussy, que pueden representar una buena base para nuestros posteriores trabajos. 
No obstante, la evolución actual refleja lo crítica que es la situación. 
La posición de Francia muestra claramente algunas cosas y nos advierte para que prosigamos muy precavidamente. 
Pues cualquier medida económica y monetaria debe tener como referencia a las personas. 
Necesitamos una Europa responsable socialmente y no una Europa del mero capital que tomado de forma aislada representa un peligro para una integración positiva. Repito lo de tomado de forma aislada, pues les ruego que me entiendan correctamente. 
Estas son las consideraciones políticas que quería hacer. 
El informe del Instituto Monetario Europeo sobre la determinación del marco de actuación, relativo a la política monetaria única en la tercera fase para la introducción del euro, solamente debe valorarse como propuesta. Solamente cuando se cree el Banco Central Europeo se deberán adoptar las resoluciones definitivas. 
No obstante- y esto es decisivo- ahora se trata de marcar la vía para la necesaria estrategia que el BCE debe desarrollar e iniciar para su política monetaria. 
Independientemente de ello, precisamente en la fase 3 es necesaria una sensibilidad y transparencia especiales. 
No solamente se debe garantizar un funcionamiento sin lagunas ni trabas sino que también deben desmontarse barreras internas que aún existen en todos los Estados miembros contra la moneda común. 
Todas las medidas para la política monetaria única del SEBC tienen que encontrar una amplia aceptación. 
Finalmente, se trata de lograr credibilidad también ante la población. 
Muy al margen, quiero realizar una observación personal sobre los criterios de convergencia: el hecho de inventar un pacto de estabilidad es prueba de la deficiente comprensión existente respecto a la integración para el proceso de desarrollo europeo. 
Pero esto es algo que ya ha pasado. 
Una antigua mentalidad de director de escuela en la que solamente uno quiere ser el profesor o el jefe de los demás, no es lo que aquí necesitamos. 
Los mecanismos sancionadores que tienen un carácter de castigo no serán de ayuda para los países débiles financieramente y solamente dificultarán el proceso de integración. 
El modo cómo se introduzca la moneda única no es solamente una cuestión de madurez económica sino más bien una cuestión de comprensión democrática del progreso. 
Para poder desarrollar razonablemente las condiciones marco es necesario combinar una mezcla de estrategias monetarias ya comprobadas para todos los Estados miembros. 
En la fase de transformación de la política monetaria es absolutamente necesario incluir diferentes informaciones e indicadores de alerta, tal como existen para la inflacción. 
De ahí se deduce la necesidad de actuación en la política monetaria. 
Precisamente en la fase de transición, es necesario incluir el objetivo de inflacción como estrategia, pues deben tenerse en cuenta los aspectos inseguros, que se dan en especial en las impredecibles decisiones de cartera de los participantes en el mercado financiero. 
Para la fase de transición hacia el euro es recomendable, por ello, un modo de proceder muy pragmático que combine la total transparencia del objetivo de inflacción, por un lado, y las diferentes informaciones que proporcione el objetivo de inflacción, por otro. 
También me parece esencial coordinar con el Banco Central Europeo el objetivo de los cambios- para lo que son competentes los Ministros de Hacienda- mediante mecanismos permanentes de consulta en la futura Comisión de Asuntos Económicos y Financieros o como se llame. 
En este contexto, no me parece adecuado mostrar continuamente una actitud pesimista, hablar permanentemente de monedas duras y blandas precisamente cuando estamos recapacitando y queremos determinar mecanismos de cambio. 
Se trata más bien de crear una moneda estable para nuestras necesidades en la Federación Monetaria Internacional. 
Este es nuestro objetivo. 
Junto a la estrategia de política monetaria, los instrumentos de aplicación y su efectividad son una condición previa esencial para la aplicación sin trabas o la introducción de la globalidad del sistema. 
Es necesaria la aplicación descentralizada de los instrumentos monetarios, lo que presupone una aplicación descentralizada de la política monetaria ya solamente a causa de la experiencia de los bancos emisores. 
Cuando destaco especialmente en mi informe la transparencia, tengo que decir de nuevo que tiene que existir una obligación especial de rendir cuentas por parte del Banco Central Europeo frente a las instituciones comunitarias y el Parlamento Europeo. 
Se debe institucionalizar el diálogo económico con el BCE. 
No se trata de una intervención política sino en primer lugar de un intercambio a tiempo de informaciones. 
Sólo así se garantizará una reacción a tiempo en la política monetaria. 
Señor Presidente, en nombre de mi grupo quisiera rendir homenaje a Alexandre Lamfalussy por la excelente labor que ha realizado como Presidente del Instituto Monetario Europeo y por la relación que ha mantenido con el Parlamento Europeo. 
Espero sinceramente que, aunque ya no ocupe ese cargo, siga visitando al Parlamento Europeo y podamos seguir beneficiándonos de sus extensos conocimientos. 
Quisiera pedir al Presidente del Instituto Monetario Europeo que conteste a las cuestiones que voy a exponer. 
Hace tiempo solía trabajar para un antiguo Ministro de Finanzas de Gran Bretaña llamado Dennis Healey, que probablemente conocerán ustedes. 
En vista del estado en que se halla el debate sobre la Unión Económica y Monetaria y del clarísimo cambio que se ha registrado en la opinión pública en Europa, ¿no les parece que ya es hora de volver a equilibrar la Unión Económica y Monetaria para que podamos demostrar a los ciudadanos de la Unión Europea que podemos tener éxito con nuestra Unión Económica y Monetaria, por una parte, al mismo tiempo que, por otra parte, abordamos el problema del desempleo? 
Me acuerdo que cuando vino usted a la reunión de confirmación como Presidente del Instituto Monetario Europeo, a una pregunta hecha por uno de los diputados contestó usted que le parecía dificilísimo llevar a buen término el proyecto de la Unión Económica y Monetaria con los niveles de desempleo que entonces había. 
Esos niveles de desempleo se han agravado desde la reunión de confirmación. 
No hemos conseguido mejorar para nada esa situación. 
Creo que no queda más remedio que reconocer las señales políticas que envían los pueblos de Gran Bretaña y de Francia y el nerviosismo que se manifiesta entre la población en países que han sido resueltos partidarios de la Unión Económica y Monetaria, en el sentido de que esta Unión Económica y Monetaria no es un fin en sí misma, sino un medio de alcanzar un fin, que es la consecución de un equilibrio que permita la creación de puestos de trabajo. 
Quisiera referirme en particular a la forma en que hemos de tratar en el futuro a la cuestión de la UEM. En la actualidad, de nuestros quince primeros ministros, nueve proceden de la familia socialista o socialdemócrata. 
¿No ha llegado el momento de que busquemos un nuevo modelo de desarrollo en el seno de la Unión Europea? 
En particular quiero referirme a dos esferas de política: el pacto de estabilidad, respecto del cual los franceses tenían razón cuando pidieron que se aplazara. 
Ya es hora de que incluyamos algo más sobre el crecimiento en ese pacto para conseguir que ese pacto sobre estabilidad y crecimiento no tenga de una y otro más que el nombre. 
¿No ha llegado ya el momento de que reactivemos el artículo 103 del Tratado para que empecemos a tener una verdadera coordinación económica? 
Señor Lamfalussy, lo mejor que puede hacer hoy usted cuando nos dirija sus observaciones finales en calidad de Presidente del Instituto Monetario Europeo, es enviar un firmísimo mensaje a los ministros de finanzas y a los jefes de gobierno en Amsterdam para que reconozcan la presión que ejercen los ciudadanos de Europa para que tengamos una UEM, pero una UEM que cree puestos de trabajo y en la que haya confianza pública. 
Eso es lo que puede hacer usted hoy por nosotros. 
Señor Presidente Lamfalussy, somos muchos los que lamentamos que esta sea su última intervención ante nosotros. 
En efecto, usted había sabido encontrar el tono justo para dirigirse a los diputados. Usted estaba lo suficientemente seguro de sí mismo, de sus teorías y de su experiencia como para aceptar un diálogo abierto, lo que algunos tecnócratas de mucho vuelo aún no se atreven a hacer. 
Usted ha actuado con imparcialidad y rigor científico, y con una cortesía unánimemente reconocida. 
Por eso hoy le dirigimos la palabra con sentimientos difíciles de expresar. 
Mientras que todos los indicadores económicos evolucionaban lenta, pero firmemente, hacia la convergencia necesaria para poner en marcha la Unión Monetaria Europea, respetando el calendario acordado y conforme a las condiciones establecidas en el Tratado de Maastricht- como usted muy bien ha recordado otra vez hace un momento -, dos acontecimientos de naturaleza meramente política han interrumpido inesperadamente un proceso ampliamente confirmado y previsto por los mercados financieros del mundo entero. 
Estos dos acontecimientos, que se han producido en Francia y en Alemania, los dos países que sirven de remolque a la Unión, podrían perturbar seriamente el ya difícil camino hacia la moneda única. 
El primero es la apuesta de Jaiques Chirac, que quería dotarse de los medios políticos para tomar medidas impopulares, para que Francia estuviese en condiciones de respetar los criterios de Maastricht- sabemos lo que ha pasado-. 
El otro que salió trasquilado fue Teo Waigel; preocupado por convencer a sus compatriotas de que el euro será una moneda tan sólida como el marco alemán, repetía con una insistencia a veces excesiva la absoluta necesidad de respetar el 3 %, y sólo el 3 %, ni 3, 2 % ni 3, 3 %. 
Hoy él mismo está cayendo en la trampa que había ideado para los demás. 
Este es el punto en el que hoy estamos. 
¿Es necesario entonces, como decía mi amigo Donnelly, escuchar la voz del pueblo? 
¿Debemos evitar, protegidos cómodamente por el Estado providencia, tomar aquellas medidas que exige la adaptación a la globalización, que constituye un hecho ineludible? 
¿Debe aplicarse la política que consiste en no querer ver la realidad, debemos continuar soñando despiertos, esconder la cabeza en la arena y creer, como hacen algunos, que el problema se solucionará reduciendo la duración del tiempo de trabajo sin que disminuyan los salarios, aumentando el número de funcionarios, el salario mínimo, frenando la liberalización? 
Si en eso consiste la solución de algunos, temo por desgracia que su desilusión será terrible. 
Quiérase o no el mundo ha cambiado. 
¡Europa ya no tiene el monopolio del que gozó durante siglos, cuando poseía a la vez el monopolio científico, técnico, financiero, monetario y de la fuerza militar! 
¡Se acabó! 
Adaptarse a este nuevo orden exigirá esfuerzos. 
No será escuchando a quienes dicen: » Señor verdugo, espere un momento» , como lo conseguiremos. 
Ya que eso significan las elecciones francesas: » ¡Esperemos, continuemos beneficiándonos de la generosidad del Estado! ». 
Esta es la solución que algunos preconizan. 
Ya es hora de que reaccionemos. 
¡La realización de Europa depende de la superación de sus diferencias! 
Todos los responsables, todos aquellos que no pueden invocar la ignorancia de las realidades mundiales como excusa, deberían tomar conciencia de ello. 
El Sr. Donnelly viaja a menudo a los Estados Unidos. 
Él conoce la situación mundial actual. 
No tiene excusa para ignorar las exigencias de la globalización. 
¡Por eso espero que todos los responsables de todos los partidos, cualesquiera sean, tomen en cuenta esta realidad y mantengan el rumbo que hemos elegido con éxito, en mi opinión, hasta ahora! 
Señor Presidente, también nuestro Grupo se suma a los agradecimientos dirigidos al Sr. Lamfalussy por la labor que ha llevado a cabo durante este período que ha coincidido con un compromiso temporal y cuantitativo que no tiene precedentes en la historia de las Instituciones comunitarias. 
Nuestro agradecimiento va dirigido asimismo a los ponentes de los cuatro informes, que han realizado un excelente trabajo, repito, en un momento en que Europa, y en particular la Europa que espera grandes respuestas desde el punto de vista económico, expresa al mismo tiempo esperanzas y temores, que antes nunca tuvimos que afrontar. 
Sin embargo, debemos decir las cosas tal como son y no como desearíamos que fueran. 
En estos años, en estos meses, los Estados miembros, la Europa unida deben hacer unas elecciones definitivas, elecciones que privilegian tanto el ámbito económico como el social, y es muy difícil conjugar las dos cosas. 
Europa nació gracias a cuestiones de carácter económico- CECA, el carbón y el acero- luego se desarrolló en materia social y hoy tiene dificultades para encontrar la justa relación, el correcto equilibrio entre el ámbito económico y el social. 
Para este grave dilema, para esta difícil situación hoy tenemos, gracias a los informes que estamos debatiendo, cuatro respuestas que nos ayudan y deben ofrecernos el enfoque definitivo que, como es obvio, no puede excluir a priori el trabajo y el compromiso de cada uno de los Estados miembros. 
Independientemente de su situación actual, sabemos que en este momento la movilidad política, económica y social de nuestro continente es enorme y hacer hoy unas elecciones definitivas es muy difícil y supone quizás poner unas trabas a los países cuyo compromiso, pasado y futuro, representa una garantía de continuidad y de integración de nuestro continente. 
En particular, en el informe sobre el IME, el ponente Sr. Mezzaroma ha hecho especial hincapié en un aspecto, esto es, que la unión política no puede prescindir de la unión monetaria y viceversa. 
Nuestro ministro de Exteriores, Sr. Dini, ex Presidente en ejercicio del Consejo y que yo critiqué con ocasión de otros informes anteriores, hace unos días recordó: » Hemos lanzado una advertencia para que no se descuide a la Europa política y para que no quede del todo ensombrecida por la carrera hacia la moneda única, cuyo extraordinaria importancia, obviamente reconocemos». 
Hemos reiterado estas manifestaciones directamente al Presidente en ejercicio del Consejo, el primer ministro neerlandés Sr. Wim Kok y a la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo. 
Éste es un aspecto muy significativo, que devuelve confianza a esta Institución en cuanto a su peso en las próximas decisiones. 
El ministro Dini sigue diciendo: » El paso a la fase de la moneda única no representará un cambio de grado, sino un verdadero cambio substancial: una modificación que, evidentemente, conllevará ajustes. 
Esta vez, nos encontramos ante una verdadera revolución anunciada». 
Y ante una revolución, nunca podemos estar suficientemente preparados. 
Por este motivo, nuestro compromiso debe ser constante y debe privilegiar la calidad más que la cantidad, así como deparar una especial atención a los sectores más operativos que pueden llevar a cabo un cambio positivo. 
Me refiero en particular a las pequeñas y medianas empresas, a las que todos los informes han deparado su atención. Estamos hablando de facilidades fiscales, tributarias y burocráticas, de una desregulación que permita a las pequeñas y medianas empresas trabajar mejor. 
En cuanto al IVA, estamos a favor del enfoque que se le ha dado y agradecemos al Comisario Monti el intenso trabajo, en particular del Grupo que lleva su nombre, que nos debe encontrar cohesionados con respecto a la armonización del sistema. 
En conclusión, deseamos trabajar y definir cada vez más esa que el mercado único debe considerar su lógica en la evolución de un verdadero mercado interior. 
Señor Presidente, Señorías, el debate conjunto de hoy, iniciado con la intervención del presidente del Instituto Monetario Europeo, Sr. Lamfalussy, debate al cual me sumo en el reconocimiento de la labor y la buena relación que ha mantenido el Dr. Lamfalussy con este Parlamento en especial (el año pasado tuve el honor de hacer el informe sobre el primer Informe de su institución) , llega realmente en un momento clave. 
Estamos ante un nuevo elemento de incertidumbre creado después de la posición expresada ayer por Francia en la reunión del ECOFIN y a una semana de la reunión de Amsterdam, que debería llevarnos a un nuevo Tratado. 
Creo que una conclusión importante de este debate sería que se constatase que el Parlamento Europeo consolida, refuerza y, de una manera muy clara, insiste en la necesidad de que se realicen la Unión Económica y Monetaria y el euro en las condiciones y en los plazos previstos. 
Creo que actualmente cualquier elemento de incertidumbre podría llevar a una mayor dificultad, en una situación económica en la que se registra una progresiva recuperación, como indican precisamente tanto la evolución de la economía europea en el pasado trimestre como las previsiones realizadas por la propia Comisión, que hemos debatido aquí para este año y el próximo, y que habrían de ofrecer un marco económico adecuado para la realización, precisamente, de este proyecto. 
Un proyecto que, como ustedes saben, tiene además una dimensión política muy importante para la realización de la Unión Europea. 
Yo querría insistir en que el momento presente no es el más adecuado para pedir a instituciones tales como el Instituto Monetario Europeo o el futuro Banco Central Europeo que realicen políticas que no les corresponden. 
El Instituto, y luego el Banco, han de asegurar unas condiciones de estabilidad y de solvencia, con unos bajos niveles de inflación y unos bajos tipos de interés, que ofrezcan un marco creíble, seguro y solvente a nivel internacional. 
Y será entonces, en todo caso, si los gobiernos y las administraciones llevan a cabo unas políticas económicas en un marco de competencia, cuando podremos resolver el problema más grave que tiene la sociedad europea: el problema del paro. 
Pero no hay que exigir a estas instituciones que resuelvan lo que han de hacer otras administraciones y otros gobiernos, aunque sus compromisos electorales luego les resulten, a muy corto plazo, más satisfactorios desde el punto de vista electoral. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo me sumo a las felicitaciones dirigidas al Sr. Lamfalussy, independientemente de las diferencias que tenemos y que mantenemos. 
El debate conjunto de estos cuatro informes en este momento, tras el último Ecofin, da lugar a pensar que se trata de una huida, pues ya hemos tenido muchas veces la incómoda sensación de tratar de discurrir sobre lo que se consideraba ya decidido y parecía pendiente sólo de ser puesto en práctica y lo más rápidamente posible. 
Se han llegado incluso a modificar algunas cosas a causa de sus consecuencias sociales y hemos de felicitarnos al ver que se reconoce, si bien tímidamente, que se ha de debatir, aunque sea sobre algo ya decidido. 
Estos informes se ajustan totalmente a la orientación general puesta en práctica, contra la que nos hemos manifestado, pero en ellos encontramos puntos positivos que, en este nuevo contexto, podrían ayudar a la necesaria reflexión, necesaria y urgente. 
Cuando en el informe del Sr. Mezzaroma leemos que la rigidez del mercado de trabajo, madre de todos los males para el Instituto Monetario Europeo, se está ocultando la insuficiencia de las inversiones, la falta de poder adquisitivo y la escasez de demanda, debido principalmente al elevado nivel de desempleo, así como a muchas otras causas estructurales determinantes; nos faltan elementos suficientes de reflexión y valoración y no podemos dejar de subrayar nuestra preocupación por que el ataque a la llamada rigidez del mercado de trabajo se inspire en el ejemplo de los Estados Unidos, en su flexibilidad a la baja, que sería desastrosa en algunos países como Portugal, donde la horquilla salarial ya es muy amplia y la protección social es pequeña y débil. 
Cuando en el informe del Sr. Ettl se insiste en la necesidad de medidas de acompañamiento que al mismo tiempo sean más favorables para la economía real, se está refiriendo al desempleo, como tantas otras veces, aunque sin efectos prácticos, pero debe considerarse también la aproximación real de los niveles de vida, teniendo presente el artículo 117, es decir, la cohesión económica y social. 
Cuando en el informe del Sr. Fourçans se considera conveniente anticipar situaciones en las que puedan encontrarse los Estados miembros, situaciones de choques asimétricos o simétricos, ¿no sería acaso necesario convertirlo en elementos de una resolución? 
Y subrayo lo que se reconoce en el punto 13 en cuanto a la falta de oportunidad de renunciar a la regla de la unanimidad para la armonización fiscal, planteando la cuestión crucial, entre otras, del sentimiento de soberanía fiscal. 
Cuando en varios puntos de su informe la Sra. Ranzio-Plath incluye preocupaciones relacionadas con el principio de equidad fiscal y refuerza el carácter instrumental de la política fiscal para hacer frente a situaciones nacionales tan distintas, ¿no está poniendo el dedo en algunas llagas que se desearía ignorar? 
Sin embargo, me pregunto cómo se puede aceptar entonces que en el punto 19 de su informe propugne una introdución inmediata del principio de decisión por mayoría en materia fiscal como un medio para superar situaciones en que los Estados miembros rechazan lo que tal vez aceptarían como justo a largo plazo, pero que en la actualidad les resultaría perjudicial. 
Es lamentable que en estos informes haya pocos puntos en los que apoyarse para reflexionar sobre las consecuencias de lo que está en juego. 
No obstante, no por ello dejamos de considerarlos auténticas invitaciones a un debate que no se quiere realizar pero que la realidad social exige. 
Señores Presidentes, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, como ha dicho acertadamente Alan Donnelly, los electores nos han concedido otra oportunidad única para corregir la concepción neoliberal y monetaria del euro y adoptar otra estrategia, no para volver a los años cincuenta, señor Herman, sino para entrar en el siglo XXI. 
Ahora podemos y tenemos que abrir el camino hacia una Unión Monetaria en cuyo marco se podrían solucionar los grandes problemas estructurales que la política de apagafuegos mantenida hasta ahora por el capitalismo de casino solamente ha tapado: el problema del desempleo, de la crisis ecológica- ¿quién habla aún de los criterios de Río, de los Commitments y de las promesas de Delors? -así como también el problema de la convergencia real y no sólo monetaria de nuestros Estados miembros. 
Debemos aprovechar realmente la oportunidad para salir de la destructora situación de «vuelta al pasado» , no volver a un keynesianismo clásico sino, más allá de Keynes, a una transformación selectiva social y ecológica de nuestras economías nacionales. 
Para ello, es necesaria una política conjunta y coordinada de empleo, pues no se podrá crear un euro estable sobre las espaldas de cada vez más desempleados. 
Hay que corregir el monstruo del pacto de estabilidad para lograr un pacto que permita e impulse una acción conjunta de los Estados miembros por la solidaridad y el empleo. Hay que realizar también otra interpretación de los criterios de convergencia que deben considerarse como puntos de partida para una política de convergencia real y no practicarse una especie de idolatría aritmética aferrándose a valores del 3, 0 o incluso del 3, 00, en lo que el Sr. Herman tiene toda la razón. 
Pues, la imposición de los patrimonios y de los beneficios empresariales se ve continuamente socavada por el dumping fiscal. Un Estado que cubre sus costes de infraestructura con el dinero de los trabajadores por cuenta ajena y que se lo devuelve a las empresas, puede que logre ventajas competitivas a corto plazo pero no de modo duradero. 
Tenemos la oportunidad de rectificar. Debemos aprovecharla. 
Los Gobiernos tienen en Amsterdam la oportunidad de hacerlo si se esfuerzan. O entraremos en unos tiempos realmente interesantes, críticos y en los que se deberán adoptar muchas decisiones. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a la Sra. Randzio-Plath por ofrecernos una reforma radical del sistema del IVA, que es un sistema sumamente engorroso que no parece haberse creado pensando en el Mercado Único. 
La transición hacia un sistema definitivo de IVA basado en el principio del lugar de origen será larga, y por eso me permito sugerir que no olvidemos que podemos mejorar las cosas a corto plazo. 
El IVA es un impuesto de tasa uniforme sobre el consumo que se aplica por igual en todos los casos, independientemente de los niveles de ingresos, y puesto que un orador ha hablado ya de la justicia social, considero que es vital que tratemos de esa cuestión de forma socialmente justa. 
La explicación de motivos de la Sra. Randzio-Plath dice que las exenciones fiscales que se conceden actualmente por motivos sociales deben sustituirse por un tipo fiscal cero. 
En esta parte de la exposición de motivos me parece ver una lucecita de advertencia, porque dicha medida modificaría la base impositiva legal de las organizaciones que disfrutan de una exención y posiblemente permitiría que en el futuro se les impusiera el tipo reducido o un tipo uniforme. 
Me parece que hay una falta total de lógica en el hecho de que el tipo del IVA para los periódicos, los libros y las revistas vaya de cero al 25 %. 
En la situación actual, a las actividades nuevas de educación e información se les aplica a menudo el tipo completo. 
A medida que nos adentramos en la edad tecnológica, lo lógico sería que a las páginas electrónicas se les tratara de la misma forma que a la página impresa. 
He presentado enmiendas e insto a que se apoyen las enmiendas 13 y 14, así como la enmienda 1 del Sr. Miller, que pide que se aplique el tipo cero a determinados artículos y servicios como la ropa infantil, el calzado, los alimentos, el equipo médico, los libros, los servicios sociales, etc. Estoy segura de que queremos luchar contra el analfabetismo y promover la libertad de información, la diversidad cultural y la educación de los ciudadanos en una sociedad equitativa. 
Insto a todos a que apoyen las enmiendas. 
Señor Presidente, los cuatro informes que discutimos hoy me han impresionado por su falta de sinceridad en cuanto a lo esencial. 
Naturalmente, los ponentes se esfuerzan por describir objetivamente el estado de la convergencia económica en la Unión Europea, las importantes diferencias que existen en las estructuras fiscales y presupuestarias de los Estados miembros o incluso los posibles ejes estratégicos del futuro Banco Central Europeo. 
El Sr. Fourçans intenta asimismo introducir, en parte, el aspecto social, al proponer una flexibilización de las exigencias del Pacto de estabilidad, a través de una revisión de los déficits públicos en el marco del conjunto de un ciclo económico y no anualmente; mientras que el Sr. Mezzaroma toma conciencia de que la rigidez del mercado laboral no es ni la única causa, ni siquiera la causa principal, del desempleo. 
Pero nunca se apuntan las verdaderas razones en las que se funda la marcha forzada hacia la Unión Económica y Monetaria. 
Hay que confesar que la moneda única no es una condición indispensable para el buen funcionamiento del mercado único. 
Ésta tiene sólo un objetivo, una única causa: la creación de un super Estado federal, cuya estructura nuestros gobiernos están perfilando en la Conferencia Intergubernamental. 
En realidad, la moneda única crea más problemas de los que soluciona, y todos somos perfectamente conscientes de ello. 
La moneda única requiere un incremento considerable del presupuesto europeo, para hacer frente a choques económicos asimétricos; el Sr. Fourçans lo acaba de recordar. 
Hace que sea difícilmente evitable una uniformización fiscal tanto en materia de tipos como de estructura, con el fin de impedir el» dumping» fiscal, y por ello limita considerablemente la libertad de acción de los diferentes Estados. 
La moneda única supone necesariamente la creación de un gobierno económico europeo para poder conjugarlo con los poderes exorbitantes que los Tratados confieren a un puñado de funcionarios que dirigirán el banco central. 
En una palabra, la moneda única sólo puede conducir a una transferencia total de soberanía económica, presupuestaria y fiscal en provecho de Bruselas, so pena de crear una situación absolutamente imposible de gestionar. 
Debido a las políticas presupuestarias que impone, la moneda única significa ya un desastre económico, una fuente importante, entre otras, de desempleo en Europa. 
Mañana, cuando sea una realidad, si llega a serlo, sería aún peor, porque no se realizaría en buenas condiciones. 
Para no postergar la fecha de su aplicación, se pretende ahora violar los principios que se tomaron como dogma, los sacrosantos criterios de Maastricht. 
Ni Francia ni Alemania los respetarán en 1997 y 1998, pero ni Francia ni Alemania quieren asumir la responsabilidad de enterrar esta aberración económica, como es la Unión Económica y Monetaria. 
Cuando intentan ser elegidos, los gobiernos prometen trabajar por el bien común, el interés de todos, la prosperidad del país. 
Hoy la prosperidad y el interés suponen el abandono definitivo de la moneda única. 
Señor Presidente, la Unión Monetaria Europea se ve continuamente entorpecida por discusiones sobre posibles aplazamientos, lo que, naturalmente, hace que la población se sienta insegura. 
Sin duda, este no es el camino adecuado para apoyar los trabajos preparatorios que están realizando el Instituto Monetario Europeo, la Comisión Europea, nosotros mismos, el Consejo Europeo y, en especial, el Consejo ECOFIN. 
Por ello, creo que es importante que la élite política hable por fin con claridad, dé unas señales claras y, ante todo, que subraye lo que usted, señor Lamfalussy, ha dicho de nuevo esta mañana. 
Hemos realizado unos grandes progresos, hasta ahora inimaginables, en dirección a los criterios de convergencia, en especial en aquellos que son de gran importancia para el funcionamiento de la Unión Monetaria: una tasa de inflacción reducida, unos intereses reducidos a largo plazo, la estabilidad de cambios y la convergencia jurídica en lo tocante a la independencia de los Bancos Centrales. 
Todos sabemos- señor Lamfalussy, le estaría muy agradecido si en su intervención expusiese su opinión al respecto -, que los criterios fiscales solamente son un elemento de apoyo para lograr la estabilidad monetaria y que el futuro Banco Central Europeo no debe ser obligado, a causa de políticas presupuestarias poco sólidas, a practicar una política monetaria rígida que está también de sobra en la Unión Monetaria si queremos lograr un crecimiento apoyado en las inversiones y eficaz para el empleo. 
Por ello, es importante que subrayemos y destaquemos que quien quiera la Unión Monetaria, también debe estar a favor de que se cree empleo y debe preocuparse de ello. 
Por ello, desde 1993 el Parlamento Europeo ha exigido siempre, como preparativo para la Unión Monetaria, programas de inversión en infraestructuras para la modernización, que al mismo tiempo pueden suponer un impulso para las inversiones privadas en Europa. 
Por ello, estoy muy contenta de que esté claro que la necesaria consolidación de los presupuestos públicos de los Estados miembros no debe hacerse a costas de las inversiones públicas. 
Siempre habría que destacar esto, lo que es además en el sentido del Tratado. 
Para finalizar, señor Lamfalussy, quiero rogarle que diga desde su punto de vista cómo se puede mejorar la obligación democrática de rendir cuentas por parte de las instituciones monetarias. 
Muchas gracias, lo digo además muy claramente en nombre de la Subcomisión Monetaria, por la competente cooperación plena de confianza, por su comprensión con las preguntas descaradas y despectivas de algunos diputados y por haber respondido siempre. 
Creo que no solamente tiene un gran mérito por la preparación de la Unión monetaria sino también por el futuro de Europa. Por ello, para finalizar, para nosotros sería de especial importancia una indicación sobre cómo debería ser la futura cooperación entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, el señor Ettl ha escrito un informe de gran calidad sobre el informe del Instituto Monetario Europeo en torno a la política monetaria de la Comunidad para la tercera etapa. 
Felicito al ponente en nombre de mi Grupo político. 
El informe fue adoptado sin controversias por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, y constituye una excelente recopilación de lo que fue un excelente informe del IME sobre los preparativos adoptados para el funcionamiento del Banco Central Europeo durante la tercera etapa. 
Se siguen desarrollando estos preparativos de los procedimientos a seguir dentro de la política monetaria. El IME diseña diversas estrategias para esta política. 
Con el fin de conseguir credibilidad para la nueva moneda y de crear apoyo en su favor es necesario poder explicar en qué consisten las estrategias. 
El IME propone que las estrategias del BCE tengan su punto de partida en unos términos de volumen monetario y de inflación directa, lo cual apoyamos encarecidamente. 
Pero las dudas y la falta de perseverancia en las estrategias elegidas pueden causarle grandes daños a un proyecto tan ambicioso como es la UEM. 
Precisamente por ese motivo es tan conveniente que el BCE sea independiente con el objetivo prioritario, y a largo plazo, de salvaguardar la estabilidad monetaria. 
El peligro de la duda se hace real en estos momentos en que los líderes socialistas proponen aguardar o incluso modificar toda la UEM o el pacto de estabilidad. 
El pacto es central para que se cree la credibilidad necesaria en torno a la nueva moneda. 
Mi Grupo quiere una Europa que se siga construyendo en favor de la libertad y de la paz, basada en la Europa del ciudadano, donde el comercio y el intercambio produzcan cohesión y dinamismo. 
Somos los primeros defensores de la realización del mercado interno, que refuerza nuestra capacidad competitiva común y con ello aumentará el crecimiento y creará nuevos puestos de trabajo en Europa. 
Precisamente por ello es tan importante eliminar los obstáculos al comercio transfronterizo. En este sentido, el informe Randzio Plath sobre el sistema único de IVA constituye un ejemplo excelente. 
El mercado interno y la moneda única son las instituciones que la UE necesita para poder promover su capacidad competitiva. 
Los sistemas diversos que se han desarrollado en los distintos países constituyen una diversidad enriquecedora que no merece desaparecer. 
Nuestras instituciones comunitarias constituyen el marco exterior que fija las condiciones a largo plazo. 
El contenido deben crearlo los ciudadanos y empresarios. 
A través de una competencia sana entre diversos sistemas y soluciones nacionales alcanzaremos más fácilmente el patrón más adecuado. 
Por ello me preocupan aquellos que desean dejar a un lado la competencia y el cambio, ya que según ellos todo ello nos haría aun más pobres. 
La amplia armonización de la política fiscal no resolvería el problema del crecimiento en Europa. 
Por el contrario, eternizaría una situación de costes demasiado elevados con índices de desempleo que seguirían siendo elevados. 
Estoy a favor de una Europa de la diversidad que colabore para conseguir unas soluciones comunes cuando éstas sean necesarias. 
También estoy a favor de los líderes políticos que respetan los acuerdos concluidos y que consiguen demostrar que tienen unos planes a largo término y que no se limitan solamente a las artimañas ni a la búsqueda de popularidad. 
Señor Presidente, Señorías, el debate conjunto de hoy sobre la UEM, el euro, el IVA y la coordinación de las políticas presupuestarias, atañe a lo esencial, es decir, a la moneda y a las finanzas públicas de los Estados, en la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria. 
Nuestro Grupo acoge favorablemente los puntos fundamentales del conjunto de estos informes, aunque no podemos compartir la filosofía del apartado 19 del informe de la Sra. Randzio-Plath, que rechaza el principio de la unanimidad en las decisiones en materia fiscal. 
Con respecto al IVA, el paso al sistema definitivo de IVA, que tendría que haberse producido el 1 de enero de 1997, ha sido aplazado sine die. 
Ahora bien, hay que admitir que el régimen actual deja la puerta abierta a numerosos fraudes y «evaporaciones». 
Somos conscientes de las imperfecciones del sistema transitorio y es conveniente que la Unión Europea se fije tres objetivos. 
Por una parte, convendría controlar la realidad de las entregas al extranjero; por otra parte, cotejar mejor las informaciones de que disponen las aduanas y la Dirección general de impuestos; mejorar, en fin, el intercambio de información de los Estados. 
Es evidente que el paso al régimen definitivo, basado en la imposición en el país de origen del producto, exige perfeccionar el sistema actual. 
Desearía a continuación hacer una observación sobre todo de orden político y general: si hacemos caso de la prensa de hoy, el nuevo ministro de Asuntos europeos solicita seis meses suplementarios para estudiar el contenido del conjunto de estos expedientes. 
¿Qué ha hecho mientras ocupaba un escaño entre nosotros, es decir, hasta el viernes pasado? 
No me gusta criticar a mis colegas, pero ¡vaya! Un diputado que ha ocupado un escaño en esta Asamblea durante tres años, que nunca intervino en el Pleno, a quien nunca hemos visto, ni en la Comisión de Asuntos Económicos ni en la Subcomisión Monetaria, y cuya pregunta escrita más importante se refiere a la comparación de las cualidades de dos tipos de cormoranes phalocrocorax carbo, ahora que es ministro viene santurronamente a pedir un aplazamiento de seis meses, seguramente para tener tiempo de examinar un expediente que le importaba un bledo cuando era diputado. 
Muchos de nosotros trabajamos aquí desde hace varios años y estamos dispuestos a darle clases de recuperación si necesita una ayuda antes de la Cumbre de Amsterdam. 
El Sr. Pierre Moscovici, puesto que de él se trata, y su amigo Dominique Strauss-Kahn, » toman como rehén» a la moneda única y asumen la inmensa responsabilidad de hacer fracasar el paciente y minucioso trabajo de la Comisión, del Consejo, del Parlamento y del Instituto Monetario de Fráncfort. 
Estoy seguro de que la Historia sabrá pedirles cuenta de ello. 
Señor Presidente, ¿quién queremos que empiece a volar, el cormorán o la UEM? 
Creo que las palabras de nuestro colega Giansily son más un ataque personal que un verdadero juicio político sobre los compromisos asumidos por los socialistas franceses durante la campaña electoral que les ha dado la victoria. 
Señor Presidente, para empezar me referiré al molesto problema de la falta de consenso que ha vuelto a aparecer en pleno centro del debate sobre la UEM al tratar de la cuestión de la política fiscal. 
Hay que resolver urgentemente este problema. De lo contrario, posee el potencial suficiente para provocar una grave desestabilización política y económica en la labor preparatoria de la buena inauguración de la UEM. 
En la Europa de nuestros días se plantea una enorme crisis de desempleo, pero no podemos engañarnos acerca de la forma de responder a dicho problema. 
Su solución exige que, en el seno de una economía mundial, haya más flexibilidad del mercado laboral en Europa. 
Es preciso que convengamos en que, en el contexto de la UEM y dentro de ella, necesitamos una política de ingresos y salarial que tenga en cuenta el crecimiento de la productividad laboral y los requisitos de la competitividad. 
Es preciso que siempre que sea posible mejoremos la movilidad laboral dentro de la Unión mediante la adopción de una diversidad de medidas como, por ejemplo, el traslado de los derechos relacionados con las pensiones y otras medidas prácticas. 
Es preciso que hagamos más hincapié en la labor de investigación y desarrollo en Europa. 
Es preciso que nos esforcemos constantemente por conseguir una mayor competitividad. 
Es preciso que nos esforcemos por dar un carácter activo a los gastos sociales que en la actualidad son pasivos. 
Todas estas medidas y otras muchas son necesarias, pero no lo es la ilusión de que podemos encontrar una solución en chapuzas presupuestarias rápidas y a corto plazo. 
Ya lo hemos intentado, y fracasamos. 
Si lo intentamos de nuevo crearemos una ilusión y esa ilusión desembocará en una eurozona débil, caracterizada por sus altos tipos de interés y propensa a la inflación. 
Eso es cosa que tampoco necesitamos, así que analicemos los resultados de este debate, no nos dejemos engañar por las ilusiones y convenzámonos de que una UEM sólida requiere una sólida base fiscal. 
Quien no lo comprenda así pagará el precio de su incomprensión: tipos de interés más elevados, y una eurozona propensa a la inflación. 
En cuanto a la cuestión del IVA, estoy de acuerdo en el fondo con lo que ha dicho la ponente. 
El Grupo de los Liberales desea dos cosas de la Comisión: que a plazo corto o a mediano plazo procure mejorar los problemas y las deficiencias del sistema actual; además, que siga intensificando sus actividades para encaminar el sistema hacia un nuevo régimen basado en el lugar de origen. 
No podemos pedir a los Estados miembros que se lancen al vacío sin saber a dónde van. 
Necesitamos saber cuáles son las repercusiones para los Estados en términos de ingresos. 
Necesitamos que el problema de la distribución macroeconómica se resuelva antes, mejor que después. 
A reserva de la antedicho, el Grupo de los Liberales apoya el calendario que ha fijado la Comisión. 
Señor Presidente, creo que debería haberse celebrado un intenso debate sobre esta cuestión hace ya tiempo. 
Es decir, un debate sobre el estatuto excesivamente independiente del futuro Banco Central Europeo y sobre el hecho de que en el marco de la UEM será absolutamente necesario estrechar la cooperación en materia de política económica, sobre todo en el ámbito fiscal, ya que la competencia fiscal entre los diferentes Estados miembros dentro de la UEM será aún más dura que antes. 
Esto constituye una distorsión de la competencia y dificultará además las aspiraciones de los Estados miembros de tener unos ingresos fiscales suficientes. 
Nos sentimos relativamente satisfechos de estos informes. 
En ellos se presentan diversos enfoques sobre la forma en que debería establecerse un control democrático como contrapeso al futuro Banco Central Europeo. 
En el seno de mi partido en Finlandia ha surgido la idea de que el Banco Central Europeo cuente con un órgano de confianza integrado por diputados al Parlamento Europeo. 
Por ejemplo, el Banco de Finlandia cuenta, como es lógico, con un grupo de delegados de estas características, compuesto por diputados. 
Esto podría ser quizás una idea un poco orientativa, o, al menos, se podría aspirar a algo parecido, en cuanto a idea, a lo que los franceses han planteado en sus intervenciones sobre el Consejo de Estabilidad. 
Pero esto permitiría dar una dimensión parlamentaria a este problema del control democrático. 
También resulta evidente que se debería consultar al Parlamento Europeo cuando se elija al Consejo de Administración del Banco Central. 
La consulta debería referirse a todo el Consejo de Administración, ya que ¿cuándo se ha visto nunca un órgano de expertos tan independiente que puede llegar a limitar de manera tan decisiva las posibilidades de los órganos elegidos democráticamente de llevar a cabo una política económica? 
Señor Presidente, Señorías, estos cuatro informes nos brindan la ocasión de expresar nuestro apoyo a todos aquellos que desean que Europa no sea simplemente un mercado y una moneda, y permiten al mismo tiempo que otros aclaren lo que entienden de buen grado por «gobierno económico de Europa» , lo cual, en nuestra opinión, debe distinguirse claramente de la cuestión monetaria. 
Con respecto a esta cuestión monetaria, diremos, para resumir, que es imperioso aplicar todo el Tratado y nada más que el Tratado. 
Aplicar todo el Tratado significa la independencia de la futura institución monetaria y también la prohibición de los déficits excesivos. 
Nada más que el Tratado significa que deploramos el deslizamiento, que se constató en Dublín, entre el objetivo del Tratado de prohibir los déficits excesivos y la alusión, ahora clara, a la consecución de un objetivo de equilibrio sistemático e incluso de presupuestos excedentarios. 
Existe aquí, en nuestra opinión, una especie de deslizamiento dogmático basado en una aserción totalmente errónea según la cual el crecimiento y el empleo no pueden sino resultar de la estabilidad monetaria y presupuestaria. 
El conjunto de la historia económica del siglo demuestra lo contrario. 
La moneda única no necesita esta justificación económica. 
Si se trata de un objetivo necesario para la realización de la Unión Europea, es un objetivo político; y sabemos muy bien que la estabilidad presupuestaria es necesaria porque la moneda única no podrá construirse sin esta última. 
Son entonces objetivos políticos. 
Ahora bien, con respecto al gobierno económico, éste debe coger las riendas, en efecto, del crecimiento y del empleo, pero independientemente del objetivo monetario. 
No hay que equivocarse ni de negociación ni de calendario. 
Para lograr esta construcción económica europea equilibrada sería necesario, por ejemplo, reforzar los medios de la acción pública comunitaria, reforzando a su vez los medios presupuestarios y fiscales. 
Eso supone, por ejemplo, adoptar la votación por mayoría cualificada, al menos para una parte del sector fiscal. 
Lo que está en juego es la CIG, no el Pacto de estabilidad. 
Señor Presidente, la semana pasada el llamado Eurobarco estaba anclado en el Westerkade de Rotterdam. A bordo se celebraba, entre otras, una exposición sobre la historia monetaria de Europa. 
Esta semana, el barco inició una gira por diversas ciudades de los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia. 
Según lo previsto, la euroexposición flotante llegará el próximo mes a Estrasburgo. 
En comparación con la introducción del verdadero euro, la travesía río arriba del eurobarco es pan comido. 
El Waal y el Rin no son ríos peligrosos, y en verano no suele haber tormentas fuertes. 
Sin embargo, en el ámbito económico y monetario, se ha declarado una fuerte tormenta en Europa. 
El nuevo Gobierno francés quiere que España e Italia participen en el euro. 
Aunque estos Estados miembros cumplieran formalmente los criterios- cosa que Italia no puede lograr de ningún modo -, todo el mundo sabe que el mercado todavía no confiaría en una amplia UEM. 
Esto provocaría irremediablemente un euro débil. Y eso es inoportuno, como ha señalado con razón el ponente Ettl. 
La consecuencia de este punto de vista es un alegato a favor del aplazamiento de la UEM. Tal conclusión se ve reforzada por el hecho de que en Alemania el desempleo sigue siendo alto. 
No obstante, la UEM seguirá, tiene que seguir adelante, así lo afirma el Canciller Federal Kohl. Esto significa que antes de 1998 no será posible manejar correctamente los criterios del Tratado. 
También la Comisión Europea dice que es imposible un aplazamiento. Una declaración que es consecuencia de una conducta irresponsable. 
Primero promocionar la UEM y luego, cuando resulta que no es factible, decir que no hay más opción que seguir adelante. 
Si en ambos casos se amenaza con un desastre, es obvio que se está dando un patinazo. 
Una cuestión que me asombra es que en las propuestas de resolución se apoye la independencia de los bancos centrales, pero al mismo tiempo se recalque la responsabilidad del banco frente al Parlamento y se abogue por la creación de un nuevo órgano político, que debería ser el complemento económico del BCE. 
Señor Presidente, el hecho de que la Unión Monetaria, tal como avanza y parece actualmente, sería un espacio económico equiparable a un Estado nacional en lo referente a su moneda aunque las estructuras en muchos otros sectores que son de gran importancia para el éxito de la Unión Monetaria están muy fragmentadas en los diversos Estados miembros, esconde una serie de problemas en si. 
Se trata de cuestiones que deberían solucionarse correctamente antes del inicio de la Unión Monetaria. 
Si solamente se consideran soluciones a medias en la armonización fiscal y en la cuestión de la estabilidad, esta Unión Monetaria se apoyará sobre unas piernas muy débiles. 
La moneda común debe mejorar el funcionamiento del mercado interior pero para fomentar al mismo tiempo el crecimiento y el empleo, la Unión debería ocuparse de las políticas presupuestarias y fiscales de los Estados miembros, ya que influyen muy considerablemente sobre la situación económica global de la Unión. 
Se plantea la cuestión de la coordinación de los presupuestos nacionales o incluso de una elevación significativa del presupuesto de la Unión. 
Pero tal como el mismo ponente, Sr. Fourçans, dice, es un asunto muy delicado, tanto económica como políticamente hablando, y me temo que en la realidad estas cuestiones no se pueden solucionar a medio plazo porque Europa aún no está madura para ello. 
En lo que se refiere a la cuestión fiscal, el ponente denuncia con toda claridad la competencia desleal que podría surgir en diversos sectores entre los Estados miembros o las regiones. 
Estas son también cuestiones extremadamente delicadas ya que las estructuras, tradiciones y culturas divergen mucho en los diversos países miembros. 
Lo que no puede decir el ponente es cómo se pueden impedir las distorsiones que son de temer como consecuencia de los diferentes impuestos. 
El principio de unanimidad es por el momento para muchos países miembros una vaca sagrada en esta cuestión. 
Con toda seguridad, es de esperar que los diferentes impuestos y cargas sociales conduzcan a una mayor movilidad de los trabajadores, por un lado, y a un uso de las ventajas de emplazamiento por parte de las empresas debido a la exacta equiparabilidad de los salarios y costes salariales. 
El Comisario de Silguy ha dicho que está dispuesto a hablar de todo pero no sobre el momento del comienzo de la Unión Monetaria. 
Creo que debe ocuparse precisamente de un nuevo calendario realista que permita crear una auténtica convergencia si quiere que la Unión Monetaria sea una bendición para Europa y no un problema permanente. 
Quien quiera la Unión Monetaria, como es mi caso, la puede querer también para un momento posterior y creo que el que la quiera tiene que estar a favor de que los ciudadanos sean incluidos más intensamente en esta cuestión. 
Señor Presidente, el empleo y por consiguiente la competitividad y el crecimiento merecen nuestra atención prioritaria. 
Es algo que se ha repetido más de una vez esta mañana. 
Hemos de darnos cuenta de que en ello influye el modo en que cada cual organiza sus impuestos indirectos y de que el informe de la Sra. Randzio-Plath tiene que ver, por tanto, con un impuesto que no hemos de tomarnos a la ligera; asimismo por las siguientes cuatro razones complementarias. 
El IVA es, por supuesto, importante para los ingresos nacionales de cada Estado miembro. Además es un impuesto sobre el consumo que afecta a todo el mundo. 
El IVA es también un aspecto muy relevante de la presión impositiva y administrativa sobre las empresas y, por último, el IVA puede provocar un desplazamiento de los intercambios comerciales intracomunitarias y de la atracción de determinados servicios que ofrecemos a los consumidores de fuera de la Unión Europea. 
La aplicación del IVA según el principio del país de origen es una idea que desde el comienzo forma parte del proyecto de mercado interior y que pretende que el comercio intracomunitario tenga las mismas facilidades que el comercio dentro de un Estado miembro. 
Ello queda excluido con el actual sistema. 
Rebautizar el régimen transitorio como un régimen definitivo es inaceptable. 
Algunos alegan que este régimen transitorio, que arrastramos hace demasiado tiempo, ha sido bien aceptado y que los empresarios prefieren la continuidad de la situación existente a la inseguridad de la nueva. 
Sin embargo, ésta no es la opinión predominante en el mundo empresarial. 
Por otra parte, quien piense a largo plazo, señor Presidente, sólo podrá seguir la lógica de la Comisión y preferirá el dolor breve de la reconversión a las cargas administrativas permanentes que el actual sistema provoca por más de una razón. 
No olvidemos que la introducción del euro hará más transparente el mercado, y que las diferencias de tipos impositivos, de interpretación o de aplicación de las reglas del IVA constituyen más que nunca elementos perturbadores de la competencia. 
La realización del mercado interior exige, además de la introducción del euro, dar pasos decisivos para anular la parcelación del IVA. Esto implica que los tipos impositivos sean muy parecidos, que el contribuyente sólo necesita identificarse en un único lugar, que puede organizar sus deducciones en un único lugar y que puede pagar en un único lugar, todo ello completado con un sistema compensatorio que descansa sobre una base macroeconómica. 
Pero, por lo visto, una solución como ésta no podrá lograrse mientras haya que aplicar el principio de unanimidad. 
Por ello espero, quizás en contra del sentido común, que la Cumbre de Amsterdam ofrezca cierto consuelo. 
Señor Presidente, me queda poco tiempo. 
Debido a los retrasos sufridos, las empresas europeas se arriesgan a tener que enfrentarse a varios cambios a la vez. 
Podría ser pedir demasiado si dejamos que coincidan el euro y las nuevas reglas del IVA, y por ello hemos de demostrar que vamos en serio con la reducción de las cargas administrativas. 
Una legislación clara es el mensaje, y esto es lo que esperamos. 
Señor Presidente, este importante debate tiene lugar en el momento en que el paisaje político europeo está cambiando profundamente y en que la situación parece demasiado inestable para garantizar un euro armonioso. 
Es especialmente preocupante, a pesar de los progresos realizados, como ha confirmado el Sr. Lamfalussy. 
Aunque el ponente y los informes tienen un carácter técnico, sabemos por supuesto que se trata de una cuestión política, mucho más política que otros muchos aspectos de la Conferencia Intergubernamental, pues el euro es el que puede crear la unidad de Europa. 
No sólo está implicada la unidad para Europa, sino también su posición competitiva como tal. 
La Sra. Randzio Plath abogaba esta mañana en el Financial Times por la apertura en el Banco Central Europeo, siguiendo el ejemplo de las comisiones federales. 
Me parece curioso que una ponente importante remita a una actitud norteamericana, cuando por lo general este Parlamento se ve perturbado por la actuación norteamericana. 
Ahora el ciudadano es antieuropeo y por ello los políticos de todos los partidos, de cualquier tendencia, tienen un único deber. 
En este caso, y estoy de acuerdo con el Sr. Garosci, se trata de una revolución, y los políticos tienen la tarea de explicar, explicar y explicar que una Europa unida exige grandes reformas por parte de todos los ciudadanos, ya que sólo entonces crearemos una Europa vital, económica, financiera y social. 
Señor Presidente, me gustaría seguir abundando, en nombre de mi Grupo, en lo que ha dicho antes el Sr. Cox acerca del debate sobre la unión monetaria y el debate sobre la unión fiscal. 
Me parece bastante extraño que hayamos agrupado informes tan diferentes en un solo debate; en todo caso, el informe de la Sra. Randzio-Plath sobre los impuestos indirectos no parece encajar muy bien en el debate que estamos sosteniendo. Cierto es que, de todos modos, es importante, pues, inevitablemente, el debate sobre la unión monetaria tiene que ir seguido de un debate a fondo sobre la unión fiscal. 
Me referiré al problema de nuestra relativa falta de comprensión de algunos de los principios de la imposición indirecta y al hecho de que no hayamos sabido estudiarlos. 
Es preciso que establezcamos principios claros de la imposición indirecta, y gran parte de la valiosísima labor que está desempeñando la Comisión en esta esfera parece ignorar el contexto aún más amplio de la falta de consenso sobre la base del IVA; el problema en esta cuestión es que acabaremos por encontrar que la base fiscal se está desmoronando. 
En todo caso, en mi propio país el Gobierno está concediendo exenciones del IVA a servicios que anteriormente pertenecían al sector público y que ahora pertenecen al sector privado. 
Sé que hay problemas análogos en Francia y en Italia. 
La Comisión ha trasladado algunas de estas cuestiones al Tribunal de Justicia para que dictamine. 
Propongo a título personal, y mi Grupo propone mediante enmiendas de los informes Fourçans y Randzio-Plath, que se establezca una organización independiente que agrupe a académicos, profesionales de la industria, funcionarios de la Comisión y funcionarios de los gobiernos nacionales para que examinen en un contexto oficioso y más amplio las diversas prácticas en materia de IVA y para que preparen un consenso sobre el particular. 
Espero que el Parlamento se considere en condiciones de apoyar esas enmiendas para que podamos sostener un debate más amplio sobre los principios fundamentales de la imposición indirecta, antes de seguir adelante con los detalles. 
Señor Presidente, en oposición con la zona económica de librecambio inicialmente creada, la regla del «siempre más» en materia de reglamentación comunitaria ha prevalecido una vez más, haciendo triunfar la voluntad supranacional. 
Desde la segunda mitad de la década de los 80, el creciente deseo de armonización general exigió la creación de un sistema de IVA, llamado transitorio, que todo el mundo consideraba inadecuado. 
¿Transitorio hasta cuándo? 
La Comisión debía aprobar el régimen definitivo el 31 de diciembre de 1994. 
Sin embargo, en junio de 1997 la cuestión fiscal sigue estando a la orden del día, con miras a su armonización. 
Se trata ciertamente de un retraso, pero también de un reconocimiento de impotencia. 
Este fracaso es mucho más patente en la medida en que afecta a las principales instituciones comunitarias, como son el Consejo y la Comisión ejecutiva. 
Dos simples constataciones simbolizan hoy este retraso. 
La primera consiste en que dicho régimen transitorio inadecuado debe ser sustituido; la segunda es la dificultad de crear el régimen definitivo. 
Para eso existen algunas ideas, la primera de ellas es sustituir la denominada regla del país de destino por la del país de origen. 
Nosotros estamos de acuerdo sobre el principio de esta regla, que simplificaría los trámites administrativos para las empresas. 
Por otra parte, quien dice menos obligaciones de declarar dice menos riesgos de cometer errores. 
Una sola declaración en un lugar único de imposición, menos posibilidad de fraude y, por consiguiente, un ahorro de los costes. 
En lo que no estamos de acuerdo con ustedes es cuando preconizan la supresión pura y simple de las exenciones nacionales y su sustitución por la aplicación de un tipo cero. 
Se trata de un abandono suplementario de nuestra soberanía nacional, ya que serían las instituciones comunitarias las que decidirían. 
Como sucede con los impuestos nacionales, bien sean directos o indirectos, el IVA es un instrumento prioritario de la política presupuestaria. 
La prueba de ello es que, desde su aparición en Francia, la concepción de este impuesto único fue copiada a escala mundial. 
Sí a la voluntad de modificar el sistema actual, pero no a cualquier precio. 
No a un abandono suplementario de soberanía. 
Nosotros queremos conservar nuestra autonomía fiscal, lo que no es forzosamente incompatible con un nuevo régimen de IVA en el seno de las Comunidades Europeas. 
Señor Presidente, como muchos de los que me han precedido en el debate de esta mañana, desearía agradecer al Sr. Alexandre Lamfalussy por su trabajo al frente del Instituto Monetario Europeo y por sus relaciones con nuestra institución, sabiendo que no siempre somos una institución fácil. 
Le agradecemos las relaciones que ha sabido establecer con nosotros, y esperamos que podamos tener este mismo tipo de relaciones con su sucesor. 
El Sr. Lamfalussy nos deja en un momento en que la agitación del debate es evidente que el debate se agita. 
Cuanto más nos acercamos a la unión monetaria más medimos, en fin, la principal consecuencia: la urgencia de la unión económica. 
En este contexto, el informe de nuestro colega, André Fourçans, enmendado por nuestra Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, resulta útil. 
Sí, necesitamos fortalecer la coordinación de las políticas presupuestarias de los Estados miembros, aproximar las políticas fiscales, ya se trate de los impuestos directos o indirectos, puesto que la imposición de los capitales o de los beneficios de las sociedades no es ajena a los procesos de traslado de actividades no son ajenos. 
Finalmente, necesitamos crear un órgano político controlado democráticamente que se responsabilice de la coordinación de las políticas económicas. 
Son preocupaciones que compartimos aun cuando no hemos sido los principales promotores de ellas. 
Pero debemos ir más lejos, ser más ambiciosos. 
El capítulo presupuestario del informe merece, en mi opinión, varias observaciones. 
El Pacto de estabilidad- como lo demostró el final de la reunión del Consejo ECO FIN de ayersólo es legítimo si está al servicio de un mayor crecimiento. 
En materia fiscal debemos tender a una armonización mínima del impuesto de sociedades, de la fiscalidad del ahorro y transfronteriza. 
Pero también debemos introducir la mayoría cualificada con respecto a determinados impuestos directos; de lo contrario, no podremos luchar contra el» dumping» fiscal o reequilibrar la fiscalidad entre el capital y el trabajo ni gravar los movimientos especulativos de capitales. 
En cuanto al órgano político al que se refiere el informe del Sr. Fourçans, ¿por qué no podría denominarse pura y simplemente «gobierno económico» , y hacerle asumir, como nos indica el artículo 103 del Tratado de Maastricht, competencias claras en materia de coordinación de las políticas presupuestarias, de las políticas fiscales y de las políticas económicas estructurales? 
El informe de nuestro colega, André Fourçans, está bien encaminado, pero me parece corto en relación con sus objetivos. 
Los recientes cambios de las mayorías acaecidos entre los gobiernos europeos de los Quince deben conducirnos, sin demora, a fomentar en el plano europeo unas alternativas a las soluciones y a los mecanismos propuestos estos últimos años. 
Todos debemos trabajar para aplicar la moneda única en los plazos establecidos. 
Pero los Estados que lo deseen deben ser libres de aplicar políticas importantes de inversión pública, con el fin de no sacrificar la recuperación del crecimiento en aras de la prioridad absoluta del objetivo monetario. 
En conclusión, señor Presidente, debemos evitar aplicar un mecanismo que convierta el empleo en la principal variable de ajuste, volviendo así la espalda a nuestra prioridad política: la creación de puestos de trabajo. 
Para lograrlo, debemos hacer todo lo posible para que el paso a la moneda única se realice en la fecha prevista, pero a su vez con una unión económica bien encaminada y al servicio del crecimiento y del empleo. 
Para ello debemos, en un primer momento, completar desde hoy el Pacto de estabilidad- que de crecimiento, por ahora, no tiene más que el nombre y establecer un verdadero pacto de crecimiento y de empleo a través de una verdadera coordinación de las políticas económicas. 
Lo fundamental no es la adopción o no del Pacto de estabilidad en Amsterdam. 
Lo fundamental es la moneda única al servicio del empleo el 1 de enero de 1999. 
Señor Presidente, en el marco del informe Fourçans será muy importante decidir en qué medida, durante la tercera fase, habrá que centrarse en la cooperación económica. 
Además, no se podrá eludir por más tiempo el problema de la armonización de los regímenes fiscales dentro de la zona del euro. 
Últimamente surgen voces en relación con la cooperación económica. 
Le recuerdo la reunión del ECOFIN de anoche en Luxemburgo para dar una mayor prioridad dentro de Europa a la lucha contra el desempleo. 
Desde el punto de vista socialista, los grandes déficit públicos son al parecer sinónimo de política social. 
Este modo de sanear las finanzas públicas queda así relegado a un segundo plano. Lo lamento en nombre de todas las personas sin trabajo en la Unión Europea. 
No hace mucho se formó un Consejo de Estabilidad a petición francesa. 
En el informe, también de un francés, Fourçans, se propone un gobierno económico con amplias competencias. 
Es evidente que se pretende ofrecer un contrapeso al Banco Central Europeo, concretamente con miras a la cuestión del empleo. 
Me parece que se quiere hacer un trueque clásico entre inflación y empleo. 
Estoy firmemente convencida de que la solución de este importante problema del desempleo no se halla en un quebrantamiento del Banco Central Europeo. 
La política que defiende el futuro Banco Central Europeo, a saber, la estabilidad de precios y con ello una baja inflación, significa un interés bajo que estimulará las inversiones. De este modo se estimulará también el crecimiento y el empleo. 
Luego está la armonización fiscal. 
Hay que evitar una feroz competencia en este ámbito entre los Estados miembros. 
Por otro lado, los Estados miembros que tienen en orden sus finanzas públicas y que por ello no necesitan importunar a sus ciudadanos con unos impuestos elevados no tienen que ser castigados por sus esfuerzos. 
El euro también presionará sobre el sistema del IVA. 
Para las empresas, y sobre todo para la pequeña y mediana empresa, el actual régimen de IVA constituye la principal perturbación del mercado interior. También el ciudadano detectará de inmediato el origen de las diferencias que queden. 
El Comisario Monti basa su sistema definitivo de IVA en el principio del país de origen. 
En teoría ello eliminará la mayoría de los inconvenientes del actual sistema. 
Pero lo que preocupa mucho a los países exportadores netos, y concretamente a los países que tienen un mainport dentro de sus fronteras nacionales, es el resultado, por ejemplo, los sistemas de compensación. 
También las pequeñas y medianas empresas tienen objeciones. 
Mientras el cálculo del IVA siga efectuándose sobre la base de las estadísticas nacionales y no se armonicen los datos estadísticos dentro de la Unión Europea, el riesgo reside en los países exportadores netos. 
Las pequeñas y medianas empresas temen verse obligadas a complementar las deficientes cifras estadísticas. 
Con ello desaparecería de golpe una de las principales ventajas del sistema definitivo, a saber, una menor carga administrativa para las empresas. 
En principio, el mecanismo de compensación desplaza las cargas administrativas de la pequeña y mediana empresa a las administraciones, que es donde deben estar. 
Para mí, el sistema definitivo sólo es aceptable si las cargas administrativas van a parar el lugar que les corresponde, a la Administración, y si se encuentra una solución para los enormes riesgos que implica el mecanismo de compensación. 
Señor Presidente, hemos dedicado innumerables horas a los debates sobre la Unión Económica y Monetaria. 
No obstante, subsiste la gran incógnita. 
No sabemos cuándo comenzará exactamente, no sabemos cuándo se producirá y no sabemos qué repercusiones tendrá para los pueblos de Europa y, sobre todo, para la cohesión social de Europa. 
Ninguno de ustedes, señores miembros de la Comisión, nos ha explicado si todos los sacrificios que se están haciendo y que conducen a millones de ciudadanos europeos al desempleo y a la desesperación redundarán de algún modo positivo en la vida de esos ciudadanos en un futuro. 
En mi opinión, señores miembros de la Comisión, la UEM no repercutirá en los tipos de interés nacionales ni en los precios de la energía. 
Todo esto, sumado al déficit democrático existente en la Unión Europea, conduce con seguridad matemática a la sociedad de los dos tercios. 
Es imperativo que modifiquen tanto el calendario como los criterios y, sobre todo, señores miembros de la Comisión, es imperativa la necesidad de más sinceridad y más transparencia. 
No podemos seguir engañando durante mucho más tiempo a los ciudadanos europeos. 
Estos acabarán por reaccionar. 
Se está acercando un estallido social que tendremos que pagar, porque están olvidando ustedes que detrás de los números hay personas. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, señor Presidente del Instituto Monetario Europeo, hoy examinamos unos informes cuyo denominador común es la preparación de la moneda única de la que usted, señor Presidente, ha sido promotor. 
La ha promovido con tanta destreza, con tal delicadeza en sus actuaciones y con una conducta tan elegante que lamentamos mucho que su presencia hoy sea la última como Presidente. 
El Sr. Donnelly ha recordado la mención que usted hizo del desempleo y el peligro que éste supondría para la terminación del proceso. 
Su opinión en concreto era, si lo recuerdo bien, que las tasas elevadas de desempleo empujarían a ciertos gobiernos a una relajación de la disciplina presupuestaria y, viendo la actualidad de Francia, podría decirse que sus predicciones empiezan a confirmarse. 
Claro que se trata de una confirmación popular, aun cuando, por mucho que se hayan escuchado algunos comentarios irónicos sobre la voz de pueblo en esta Asamblea- supongo que la voz del pueblo debe ser respetada en un parlamento -, no creo que haya nadie que nos quiera insinuar que destituyamos al pueblo francés y elijamos a otro en su lugar. 
Con todo el respeto hacia sus opiniones, debo señalar la parcialidad que revelan con respecto a la disciplina presupuestaria. 
Es cierto que el desempleo puede empujar a una relajación presupuestaria, y es cierto que el rigor presupuestario puede crear un nivel de desempleo intolerable e innecesario. 
Es difícil entender cómo la insistencia en una política que prolonga el desempleo y que frena el desarrollo de la economía puede ser favorable para la competitividad internacional, que también se ha mencionado en este contexto. 
¿Es verdad o no que la tecnología avanza, los costes se reducen, la productividad aumenta y, en consecuencia, la competitividad también crece cuando una economía está en auge, y no cuando se frena ni cuando el desempleo se perpetúa? 
No queremos bajo ningún concepto combatir el desempleo con despilfarros, pero la práctica prohibición por el Pacto de Estabilidad de inversiones públicas en un momento en el que no se hacen inversiones privadas, como mínimo, debe ser considerada una insensatez; por lo tanto, sería oportuno que el gobierno francés intervenga al menos en este punto, para cambiar las cosas en el sentido que el Parlamento también ha solicitado. 
Además se ha elegido un mal momento para el excesivo rigor presupuestario, porque el problema no es que podamos vivir con presupuestos equilibrados. 
Podemos y debemos vivir con presupuestos equilibrados. 
El tema es cómo llegar desde aquí hasta allí y si éste es el momento más oportuno, desde el punto de vista del desempleo, para crear tanta contracción, que precisamente agrava el desempleo. 
Solucionemos primero el problema del desempleo, salgamos de este callejón sin salida y no cavemos más la fosa. Entonces podremos y deberemos ocuparnos del tema de la estabilidad monetaria con mucha más facilidad. 
Señor Presidente, deseo intervenir en particular en torno a las cuestiones relacionadas con los informes Randzio-Plath y Fourçans y, por consiguiente, en torno a los temas de carácter fiscal. 
En lo que se refiere al informe de la Sra. Randzio-Plath, que suscribo plenamente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo presenté junto con el Sr. Herman, dos enmiendas orientadas ante todo a mostrar nuestro claro acuerdo sobre la definitiva elección del principio del país de origen. 
Estamos convencidos de que, de hecho, éste es el sistema más apropiado para el régimen definitivo de IVA y ello debido a muchas consideraciones, esto es, por las ventajas que se derivan, en términos de mayor simplificación, en beneficio de las empresas, así como de los consumidores que podrán tener noticias e informaciones más transparentes acerca de la conveniencia relativa en los diferentes países y en los diferentes mercados; y, en definitiva, para el mejor funcionamiento del mercado interior, estimulado gracias a un sistema de IVA más transparente. 
En particular, un régimen de este tipo permitirá mejorar la lucha contra el fraude- todo sabemos que se trata de un problema que reviste una importancia fundamental- y estamos convencidos de que éste es el sistema a adoptar más justo, pese a alguna perplejidad que se plantea de vez en cuando, con la condición de que se base en un mecanismo lo más simple posible tanto por lo que se refiere a las administraciones públicas y, por lo tanto, a los sistemas de compensación- los demás colegas ya han intervenido al respecto- como, especial y evidentemente, por lo que se refiere a las obligaciones que deben cumplir las empresas. 
Por consiguiente, nuestras dos enmiendas- la 9 y la 10- que confiamos en que consigan el amplio consenso de los colegas del Pleno, tienden a hacer hincapié en este concepto, así como a instar a la Comisión, en la actual etapa transitoria, a que adopte todas las medidas encaminadas a facilitar las preparación del terreno, por así decirlo, para el paso al sistema definitivo. 
Ciertamente, nos encontramos ante obstáculos de diferente índole, en particular la consabida cuestión de la unanimidad. 
A este propósito, estoy muy satisfecho de que el informe Fourçans, en sus puntos 11 y 12, reconozca el concepto y el apoyo dado a la idea de un código de conducta en materia fiscal. 
Durante la última sesión de Bruselas, abordamos este tema sobre la base de un informe- del que tuve el honor de ser el ponente- que consiguió una amplísima mayoría y un amplísimo respaldo del Parlamento. 
Quiero recordar este hecho no sólo como un motivo para apoyar el informe Fourçans, sino también porque se trata de una cuestión sobre la que el Pleno ya se pronunció muy favorablemente. 
Me he limitado a estas consideraciones, aunque deseo reiterar, repito, mi más convencida apreciación hacia el trabajo de ambos colegas, que he tenido el gusto de comentar aquí brevemente. 
Señor Presidente, quisiera yo también felicitar al Presidente, Sr. Lamfalussy, y a todos los diputados que han elaborado informes, pero debido a la escasez de tiempo concentraré mi intervención en el informe del Sr. Fourçans. 
La coordinación de las políticas presupuestaria y fiscal de la Unión Monetaria parte de un informe de iniciativa del Parlamento Europeo, que muy pronto reconoció que era esencial estudiar no sólo las implicaciones que supondrá la tercera fase de la UEM, sino sobre todo cuál es el nuevo papel que estas políticas deberán desempeñar en la estabilidad monetaria, en el crecimiento económico y en el mercado de trabajo. 
También era fundamental analizar profundamente el Tratado de Maastricht para hallar los mecanismos que permitiesen la definición, el acompañamiento y el control de las políticas en esta materia que debería seguir el Consejo, la Comisión y, por último, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
Los principales objetivos de la moneda única consisten en optimizar el funcionamiento del mercado interno y permitir un desarrollo económico sostenible, más y mejor empleo, así como la mejora del nivel de vida comunitario. 
¿Qué medidas se pueden adoptar a partir de estos principios? 
Desde el punto de vista presupuestario, creo que las ideas directrices deberán ser las siguientes: las políticas presupuestarias nacionales continuarán siendo todavía un instrumento fundamental, pero con unos déficits que no deben ser computados anualmente sino sólo sobre una base de ciclo global. 
Y, por consiguiente, el pacto de estabilidad y crecimiento, en caso de ser llevado a la práctica, no deberá en modo alguno aplicarse de forma automática y sin un análisis político. 
La política presupuestaria debe, así pues, orientarse hacia una reasignación de los gastos de forma que éstos favorezcan la creación de empleo y la mejora de bienestar y la seguridad de los ciudadanos, y no su disminución. 
A escala comunitaria, se ha de encarar a largo plazo el crecimiento del presupuesto en relación con el PIB de forma que se pase del 1, 27 % previsto para 1999 a valores superiores que permitan combatir las situaciones de crisis asimétricas. 
En lo referente a las políticas fiscales en el ámbito de la moneda única, se han de tomar medidas de armonización con el fin de evitar distorsiones gravosas económicamente, medidas que deberán aplicarse sobre todo en el ámbito de la tributación del ahorro, de los impuestos de sociedades y de la aproximación de la tributación de los impuestos indirectos. 
En este informe del Sr. Fourçans, a quien felicito por el difícil trabajo realizado, quedan trazadas las grandes líneas de cuanto digo. 
Ahora es tarea de las instituciones nacionales y europeas definir los medios y el calendario para que las esperanzas puestas en la creación del mercado interior y la moneda única permitan alcanzar los objetivos de crecimiento, bienestar y cohesión económica y social a que aspiran los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, en este momento parece evidente que la tercera fase de la UEM entrará en vigor dentro del calendario previsto a pesar de que, según las estimaciones de la Comisión y del Fondo Monetario, únicamente dos países, Finlandia y Luxemburgo, cumplen los criterios de convergencia. 
Así pues hay prisa por interpretarlos y suavizarlos. También porque la situación del empleo de algunos países y el crecimiento económico se podrían reactivar en los próximos años y evitarse los denominados problemas asimétricos. 
El informe del Sr. Fourçans objeto de examen analiza magníficamente la limitación de la gama de fórmulas de política económica en la nueva situación. 
Por su parte, la Comisión de Asuntos Económicos, al aprobar tres enmiendas que yo presenté hizo suya la posición de la flexibilidad así como la línea de fomentar el empleo y evitar problemas económicos difíciles a la vez que reconoce los rasgos de análisis del informe. 
¿Qué supondrá esta línea en el momento de su aplicación? Una mayor libertad de acción a nivel nacional en lo que se refiere a la política presupuestaria. 
Su importancia se pondrá de relieve cuando la utilización de la política de paridades entre las monedas desaparezca y cuando el Banco Central Europeo asuma la capacidad de actuación con que ahora cuenta la política monetaria nacional. 
¿Cómo? El techo del 3 % de déficit presupuestario no debe examinarse desde un punto de vista estricto, sino en el marco de todo el conjunto del ciclo económico. 
De esta forma, con el déficit se podrá lograr la reactivación y utilizar el superávit como instrumento de una política concreta. 
Como consecuencia de ello, los tipos penalizadores deberían determinarse sobre la base del déficit medio de todo el ciclo económico y no sobre la base de un déficit transitorio. 
Esto último es también importante porque la desviación de cualquiera de los restantes criterios no tiene consecuencias penalizadoras. 
Un Estado miembro puede tener tranquilamente una deuda pública de hasta un 100 % del producto nacional bruto y una inflación y unos tipos de interés por encima de los criterios sin que ello tenga consecuencia penalizadora alguna. 
Señor Presidente, me limitaré a hacer una observación sobre el informe de la Sra. Christa Randzio-Path. En el apartado 14 pide con razón que se preste una atención especial al turismo. 
Como es sabido, el turismo es muy importante para el empleo. 
En la Unión Europea, casi 10 millones de personas se ganan la vida con el turismo. 
En algunos Estados miembros, el IVA representa una partida importante en los costes del turismo. 
Así, en Dinamarca se paga casi un 25 % de IVA sobre los gastos de vacaciones. 
No hay que subestimar el efecto que esto tiene. 
Los márgenes en este sector suelen ser pequeños. 
En Irlanda, a principios de la década de los ochenta se aumentó el tipo impositivo del IVA para los hoteles del 10 % al 23 %. 
Más del 10 % de los hoteles irlandeses tuvieron que adaptarse a esta medida en cuatro años. 
Para el Consejo, la Comisión y el Parlamento la lucha contra el desempleo es absolutamente prioritaria, ¡y con razón! 
Dieciocho millones de personas sin trabajo es inaceptable. 
Los expertos opinan que, en los próximos 10 años, el sector «viajes y turismo» ofrecerá las mejores oportunidades para crear nuevos puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. 
Al mismo tiempo llegan a la conclusión de que, de las decenas de millones de nuevos puestos de trabajo en el turismo que cabe esperar a escala mundial, menos del 5 % se creará en los países de la Unión Europea. 
Mi segunda pregunta a la Comisión es: ¿cuándo podemos esperar los resultados del estudio prometido hace seis años sobre las consecuencias para el empleo de una eventual supresión de las ventas dutyfree y taxfree en el tránsito intraeuropeo en 1999? 
Cada vez aparecen más estudios que afirman que decenas de miles de personas corren el riesgo de perder su empleo, entre otros, en el sector de los transbordadores. 
Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con las observaciones del Sr. Cornelissen acerca del turismo. 
Esas observaciones son aplicables tanto por lo que se refiere al IVA como por lo que se refiere a la moneda única. 
«Jobs R Us» podría ser el tema de este debate. 
Durante años y años muchos de nosotros nos hemos esforzado por llevar a buen término la cuestión de la moneda única con la seguridad de que la UEM ayudará a Europa a buscar puestos de trabajo para sus ciudadanos. 
Nadie se ha mostrado más decidido acerca de la moneda única que el Sr. Lamfalussy. 
Para Europa, ha sido la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado y todos le deseamos que tenga mucho éxito ahora que deja la presidencia del Instituto Monetario Europeo. 
Recuerdo muy bien que cuando le entrevistamos en el proceso de designación para el cargo, nos dijo que la UEM no tendría éxito si en su estela dejaba a millones de europeos sin un puesto decente de trabajo. 
Incluso en su informe anual sobre el Instituto Monetario Europeo, el Presidente reprende a la Unión Europea y a sus agentes por no haber creado las condiciones necesarias para crear puestos de trabajo. 
Ahora que algunas voces escépticas responsabilizan a la UEM por las pérdidas de puestos de trabajo, es hora de denegar algunas falsas verdades acerca de la UEM que nos llegan del exterior. 
En primer lugar, no debería sorprendernos que los gobiernos de derechas de Europa pierdan las elecciones por no haber sabido responder a las crisis laborales. 
Las políticas miopes y deflacionarias de Alain Juppé eran absurdas de por sí, pero también eran una falsa aplicación del Tratado de Maastricht. 
Jacques Delors nos ha recordado recientemente que la plena aplicación de todas las políticas disponibles en el Tratado hubiera creado una Europa de los pueblos. 
Se han ignorado criterios económicos como el interés por los niveles de inversión, los puestos de trabajo y la productividad, a pesar de que han sido siempre tan importantes como los cinco criterios monetarios. 
Esos criterios- especialmente la deuda pública y la prueba del déficit presupuestario- han sido objeto de interpretaciones tergiversadas. 
¿Cuándo acabarán por enterarse algunos comentaristas de que la flexibilidad de interpretación, denominada «disparate» con intención peyorativa, está ya incluida acertadamente en los criterios actuales? 
No podemos hacernos responsables de los Theo Waigels del mundo que declaran que 3 % es 3.000 % y quemarnos luego con el propio petardo cuando se prevé que su déficit va a rebasar en un 0, 2 % la cifra fijada como objetivo. 
De forma análoga, hay que dar su título entero al pacto de estabilidad. 
Es un pacto de estabilidad y de crecimiento, que requiere la debida mezcla de instrumentos fiscales y monetarios para promover los poderes creadores de puestos de trabajo de la UEM. 
Una aplicación vigorosa y deliberada del Libro Blanco de Delors hubiera brindado el tipo de crecimiento y de impulso que hubieran compensado la campaña en favor de la prudencia en materia de deuda. 
No es de extrañar que los nuevos adherentes al bloque de la UEM hagan suya la visión de Delors. 
El nuevo Gobierno francés desea un pacto de estabilidad y crecimiento y un banco federal que cumpla los objetivos políticos y las finalidades de elevado empleo y de creciente prosperidad para el pueblo de Europa. 
Lo mismo quiere Gordon Brown, nuevo Ministro de Hacienda de Gran Bretaña, que coincidiría con los otros en que «Jobs R Us» es el lema de Europa. 
Señores Presidentes, a la larga no se puede gastar más de lo que se ingresa. 
Esto es válido para las familias, pues si a la larga gastan más de lo que ingresan, pierden en fuerza adquisitiva; y es válido para las empresas, pues si actúan de este modo, ponen en peligro los puestos de trabajo; y naturalmente, es válido también para el Estado. 
Todos pueden perder credibilidad y en la historia ya hemos sido testigos de crisis que han mostrado que todos los ciudadanos han perdido su patrimonio y se han perdido puestos de trabajo en masa. 
Por ello, el pacto de estabilidad es de especial importancia. 
Tenemos que esforzarnos por lograr unas finanzas sólidas pues, a la postre son el mejor cimiento para el mercado interior. 
El techo es la moneda única. 
Las finanzas son un criterio totalmente decisivo también para la competitividad frente a los Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea. 
Por ello, es necesario prestar una gran atención a los impuestos armonizados. 
El Parlamento ya ha aprobado un proyecto sobre los costes derivados de ello. 
En la armonización fiscal, también en el sector del IVA, es muy importante ver qué es lo que cuesta al Estado, al ciudadano y a las empresas. 
El segundo informe es el lean management. 
Creo que es absolutamente necesario que los afectados sean incluidos en la armonización. 
El 99, 8 % de las empresas de la Unión Europea tienen menos de 250 empleados. 
Creo que debemos prestar atención a que el sistema fiscal sea lo más simple y comprensible posible para el individuo. 
El tercer y último punto es el «benchmarking». 
Así como los criterios de convergencia representan un buen instrumento para el «benchmarking» , necesitamos este sistema también en el sector fiscal, además claramente mejorado y disponible para futuras decisiones. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar gracias a los ponentes por la excelente labor que han realizado en esta esfera importantísima. 
En particular, me alegra ver que la función del Instituto Monetario Europeo se está plasmando y que pronto el Instituto será el Banco Central. 
Una cosa sobre la cual quisiera hacer observaciones es la cuestión de los evidentes problemas que nos están planteando la evolución económica y política de Alemania y de Francia. 
No hay duda de que estos dos electorados están algo preocupados por las medidas presupuestarias y los pasos que están dando sus respectivos gobiernos para procurar cumplir los criterios de Maastricht, requeridos para la Unión Monetaria Europea. 
Eso se ha manifestado en Francia por la elección de un nuevo Gobierno que ha decidido hacer más hincapié en los puestos de trabajo, la prosperidad y el empleo, y menos hincapié en el tipo de reducciones presupuestarias que hemos visto en el pasado. 
De manera análoga, en Alemania hay problemas con la capacidad de la economía alemana para moverse de forma que ayude al país a cumplir el requisito del 3 % de déficit. 
En vista del carácter evolutivo de la opinión de los electorados de Francia y de Alemania- e incluso del Reino Unido, desde las elecciones- y la importancia que se concederá a los puestos de trabajo, al crecimiento y al empleo en vez de a las reducciones presupuestarias, puede decirse que la posición se ha modificado tanto que convendría modificar el calendario de Maastricht. 
Lo digo con pesar porque soy resuelto partidario de la unión monetaria y me gustaría que navegara a toda vela hacia su destino, pero la posición del Gobierno francés y del Gobierno alemán es tal que si se crea un Euro el 1 de enero de 1999, tendrá que tratarse de un Euro «blando» que muy pronto será objeto del ataque de los mercados monetarios. 
Me gustaría que se hiciera hincapié en el crecimiento y en la verdadera estabilidad, y si seguimos adelante me parece que el 1 de enero de 1999 no habrá estabilidad y temo que el crecimiento se vea obstaculizado. 
Quisiera dar gracias al Sr. Fourçans por su informe y decir en particular que lo considero como una buena base de estrategia para toda la cuestión de la armonización de impuestos, naturalmente en consonancia con la convergencia económica en los próximos años. 
No hay que olvidar que apenas hemos acabado de crear el mercado interior. Hemos de reconocer que ya se ha conseguido un grado considerable de convergencia económica entre las partes más ricas y las partes más pobres de la Unión Europea. 
A pesar de ello, sigue habiendo un amplio margen de variación entre el rendimiento económico de los Estados miembros, e incluso entre las tradiciones de la gestión gubernamental de las economías. 
No nos lancemos precipitadamente a la formulación de conclusiones acerca de la necesidad de la armonización de los impuestos para crear una igualdad de competencia. 
No olvidemos tampoco que, sean cuales fueren las leyes o normas que promulguemos, se aplicarán a una Comunidad ampliada en la que la convergencia económica será muy inferior a la actual. 
Por eso el informe ofrece una buena base de estudio, pero no tenemos que hacer nada precipitado hasta que no veamos debidamente como el Mercado Único, con su libertad de circulación para las personas y el dinero, repercute en la política impositiva y en la competencia equitativa. 
He oído decir, en relación con algunos países, que el impuesto sobre beneficios de fabricación impuesto por el Gobierno irlandés a la industria manufacturera distorsiona la competencia. 
Quisiera destacar que cuando uno considera los elevados tipos de imposición personal, cuando uno considera el sistema de bienestar social, cuando uno considera los altos tipos impositivos sobre el transporte, uno descubre que el gobierno contrarresta con algunas políticas las concesiones que concede con otras y que, en realidad, la competencia no sufre en absoluto. 
Tendrán que pasar años antes de que sepamos lo que está sucediendo realmente. 
Señor Presidente, Señorías, también yo deseo felicitar al Sr. Lamfalussy, a la Comisión y a los ponentes. 
Sobre la base de estos informes constatamos que estamos haciendo importantes progresos en el camino a la unión económica y monetaria. 
La última fase de la preparación se ve obstaculizada ahora por diversos sucesos políticos recientes. 
En una democracia es lógico y conveniente tener en cuenta estas importantes señales de la población. 
Si no lo hacemos, Europa perderá credibilidad entre los ciudadanos. 
Lo que vivimos hoy en relación con el pacto de estabilidad es soportado por muchos más países que Francia. 
También es soportado por el Parlamento, por el Grupo más grande de este Parlamento. 
Y no es cierto, señora Peijs, que quienes se esfuerzan por añadir un elemento de crecimiento voluntario al pacto de estabilidad aboguen por un descarrilamiento o una repetición del descarrilamiento de las finanzas públicas. 
En nuestra opinión, no es algo contradictorio. 
Queremos cumplir el pacto de estabilidad y los criterios presupuestarios, pero lo queremos de acuerdo con el título: pacto por la estabilidad y el crecimiento. Es preciso dar un contenido a este título de crecimiento. 
Adaptando plenamente el Libro Blanco, junto con la política laboral de los Estados miembros y con una fiscalidad alternativa. Por tanto, decimos «sí» a los criterios de convergencia, a la letra y al espíritu. 
Y esto no significa 3, 0 para un país como Francia, con una proporción de deuda de menos del 60 por ciento; en este caso tendría que ser posible deliberar. 
Decimos «sí» a un Banco Central Europeo autónomo, pero con un control democrático del Parlamento y una especie de gobierno económico en el ámbito del Consejo. 
En primer lugar corroboramos nuestra confianza en el ritmo preciso de la introducción de la UEM. Y en segundo lugar, defendemos la introducción de un procedimiento para complementar el pacto de estabilidad. 
Señor Presidente, no felicitaré al Sr. Lamfalussy ni a la Comisión porque me parece que ya han sido objeto de suficientes felicitaciones en lo que va de mañana. 
Me gustaría referirme al informe sobre el IVA. 
El impuesto sobre el valor añadido es probablemente el único impuesto que es realmente europeo. 
También es el impuesto que más afecta a la vida de cada uno de los ciudadanos europeos. 
Ahora bien, este impuesto no se manifiesta sin problemas. Hay problemas debido a los tipos diferenciales de impuesto en los diversos Estados miembros; hay problemas de aplicación del impuesto; hay problemas para la recaudación del impuesto. 
Todos estos problemas y todas estas diferencias ofrecen numerosas deficiencias. La explotación de esas deficiencias provoca el enorme fraude que está teniendo lugar en la actualidad en la Unión Europea. 
Por eso es imperativo que el sistema de IVA que adoptemos nos permita abordar el problema del fraude. 
Por esa razón el Grupo Socialista pide que haya un sistema común de IVA que sea sencillo, transparente y, sobre todo, fácil de vigilar. 
Un sistema de IVA basado en la imposición en el lugar de origen parece ser el mejor método disponible para reducir el margen de fraude. 
Seamos francos: en la esfera del impuesto al valor añadido, eso creará innumerables problemas. 
Las diferencias culturales han hecho que los tipos impositivos aplicados a los mismos artículos sean diferentes en los Estados miembros. 
Dicho lo que precede, ¿conviene armonizar todos los tipos del IVA? 
En mi opinión no es necesario. 
Como ha dicho mi colega la Sra. Randzio-Plah, sólo debe haber armonización cuando sea necesaria y eficaz. 
Dije al principio de mi intervención que el IVA afecta a la vida de cada uno de los ciudadanos europeos. 
Por lo tanto, el sistema que adoptemos tiene que ser sencillo, equitativo y efectivo. Si no lo es, corremos el riesgo de que los ciudadanos de Europa se vuelvan contra nosotros. 
Sin el apoyo del pueblo no seremos ya una Unión. 
Señor Presidente, quiero aprovechar la ocasión de intervenir en este interesantísimo debate para referirme a diversas cuestiones y, fundamentalmente- yendo al grano -, a una muy importante: la de la incertidumbre que en estos momentos se cierne sobre la Unión Europea y que se refleja en la opinión pública y en las primeras páginas de los diarios de hoy. 
En primer lugar, incertidumbre sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia y, fundamentalmente, por parte de los dos países centrales: la República Federal de Alemania y Francia. 
En segundo lugar, incertidumbre sobre un eventual aplazamiento de la entrada en vigor de la Unión Monetaria, debido a la cuestión anterior. 
En tercer lugar, incertidumbre sobre la aprobación y sobre el funcionamiento y efectiva aplicación del plan de estabilidad. 
En cuarto lugar, por fin, incertidumbre sobre la compatibilidad entre la lógica propia de la Unión Monetaria y la estrategia para impulsar el crecimiento y el empleo. 
Incertidumbre o argumento que se maneja desde determinados puntos de vista. 
De cara a todas estas incertidumbres, yo considero, señor Comisario, señor Presidente del Instituto Monetario Europeo, que es necesario enviar urgentemente a la sociedad, a la opinión pública europea, un mensaje político claro. 
En primer lugar, ese mensaje debe afirmar que la Unión Monetaria se hará de conformidad con el calendario previsto. 
Si para asegurar este objetivo es necesario valorar el cumplimiento de los criterios de Maastricht haciendo uso de la flexibilidad prevista en el propio Tratado, así se hará; y así ha de afirmarse ya desde este momento. 
En segundo lugar, hay que afirmar que la Unión Monetaria irá acompañada por una coordinación de la política económica entre los Estados miembros que tenga como principal objetivo el crecimiento y la creación de empleo. 
Esta estrategia en favor del empleo no solamente no está en contradicción con la lógica de la Unión Monetaria sino que, al contrario, es precisamente en el marco de la moneda única donde alcanzaremos el nivel de autonomía indispensable para desarrollar una política europea de relanzamiento del crecimiento, y de creación de empleo. 
Las políticas activas de crecimiento que hoy encuentran serios límites dentro de cada Estado miembro, podrán, en cambio, ser desarrolladas dentro de la Unión, dotadas de una política monetaria común. 
Es necesario aprovechar el instrumento de la moneda única estable, con bajos tipos de interés y con un condicionamiento menor, respecto del sector exterior, del que hoy encuentran cada una de las monedas que se refundirán en el euro, para poner en marcha una iniciativa europea de crecimiento. 
Quiero, por último, referirme a la cuestión de la flexibilidad del mercado de trabajo y de nuestras economías, flexibilidad que muchas veces- esta mañana también- se considera como el único requisito para el crecimiento. 
Nuestras economías- hay que decirlo -, bajo los imperativos del mercado único y de la consolidación fiscal, han alcanzado en esta década un grado muy apreciable de flexibilidad. 
Estaremos aún lejos de la flexibilidad propia de Singapur o de Tailandia o de los propios Estados Unidos de Norteamérica, pero disponemos de un grado de flexibilidad muy elevado para los estándares europeos, para los estándares que pueden aceptar nuestras opiniones públicas. 
A esas opiniones públicas, que están aguantando los sacrificios que imponen la flexibilidad, hay que enviarles urgentemente un mensaje positivo de esperanza, de crecimiento, de confianza en que la Unión Monetaria hará posible también un mayor crecimiento de la economía y del empleo. 
Señor Presidente, señoras, señores, permítanme ante todo unirme al homenaje que le han rendido a Alexandre Lamfalussy, y decirle, en nombre de la Comisión, cuánto hemos apreciado el trabajo que hemos realizado juntos. 
Pienso que si un día alguien escribe la historia del nacimiento del ecu, podrá mencionar nuestra cooperación como un modelo de cooperación interinstitucional; creo, por otro lado, que el trabajo con el Parlamento ha sido en este sentido ejemplar. 
Apreciado Presidente, sólo lamento una cosa: que ya no sea uno de los nuestros a la hora de decidir la lista de los países que pasarán a la moneda única a finales de abril o a principios de mayo de 1998. 
En cualquier caso, puede estar seguro de que estará muy cerca de nosotros. 
Desearía tranquilizar a continuación a algunos oradores, como los Sres. Lukas, Kaklamanis, Hendrick, Pérez Royo y la Sra. Berès: la moneda única se aplicará de acuerdo con el calendario y las condiciones que establece el Tratado. 
Amsterdam debe resultar un éxito, y Amsterdam será un éxito, porque nadie puede ni quiere asumir la responsabilidad de frenar el avance hacia la realización del euro ni de detener el progreso de la Conferencia Intergubernamental. 
La resolución del Sr. Forçans me permite saludar hoy una contribución muy útil a lo que yo denomino «funcionamiento a velocidad de crucero» de la Unión Económica y Monetaria. 
Naturalmente, la Comisión comparte el principio y los objetivos de la resolución del Parlamento. 
Únicamente una coordinación eficaz de las políticas económicas permitirá sacar todas las ventajas de la llegada del euro. 
Dicha coordinación forma parte, además, de los objetivos de la Unión Económica y Monetaria. 
Así pues, para comentar el proyecto de resolución del Parlamento en relación con el debate que he escuchado esta mañana, procuraré responder a dos preguntas. 
Primeramente, ¿de qué instrumentos disponemos para llevar a cabo esta coordinación de las políticas económicas y, en segundo lugar, de qué modo aplicarla? 
En primer término, los instrumentos. 
La política presupuestaria, como se ha subrayado, es y sigue siendo una competencia nacional, pero el Tratado asigna objetivos precisos a la orientación de las finanzas públicas. 
Debo hacer recordar que el Tratado proporciona, con todo, un marco que permitirá desarrollar, en un contexto de estabilidad, una» policy-mix» favorable al crecimiento y al empleo. 
No, la estabilidad no es enemiga del empleo, es incluso una condición necesaria para su creación, y no hay que ocultar la verdad a la opinión pública. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Rübig: sólo unas finanzas públicas saneadas nos permitirán crear puestos de trabajo. 
En este sentido, los remito al apartado 1 del artículo 105 del Tratado, que establece que el objetivo principal de la política monetaria es la estabilidad de precios, y también aclara que sin perjuicio de este objetivo, la política monetaria debe contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el apartado 2, es decir, el crecimiento del empleo. 
La coordinación de las políticas económicas permitirá, precisamente, evitar los conflictos entre política monetaria, política presupuestaria y evolución salarial. 
Sobre este punto, me permito subrayar la importancia de la masa salarial, que representa el 50 % del PIB en Europa, incluyendo las contribuciones sociales. 
Su evolución es, por lo tanto, determinante para el equilibrio de la» policy-mix». 
Por otra parte, ustedes conocen como yo las disposiciones del artículo 104, que disponen, en efecto, determinados procedimientos con respecto a la financiación de los déficits públicos, en particular para evitar la financiación de los déficits excesivos. 
Ustedes conocen estos procedimientos y, por tanto, no insistiré en ellos. 
Pero como observa el ponente, constato efectivamente que me parece poco probable que en los próximos años se produzca un incremento importante del presupuesto comunitario- aunque algunos diputados lo hayan deseado. 
No obstante, contamos con armas presupuestarias. 
Incluso si no existe realmente un arma presupuestaria comunitaria, es conveniente llevar a cabo una verdadera acción coordinada entre los Estados miembros, y el Tratado nos proporciona los medios para ello. 
Los remito a los artículos 2, 3 A, 102 A, 103. 
Todo eso se enlaza, está definido, y gracias a ello, señora Berès, se han creado tres instrumentos para coordinar la política económica: las grandes orientaciones de la política económica, el procedimiento del déficit excesivo y el Pacto de estabilidad y de crecimiento. 
No insisto en estos instrumentos, puesto que ustedes los conocen. 
Sin embargo, desearía precisar que el Consejo ECOFIN celebrado ayer puso un punto final al texto sobre el marco jurídico, el nuevo sistema monetario europeo y el Pacto de estabilidad y de crecimiento. 
El Pacto de estabilidad y de crecimiento, señora Berès, no añade nada al Tratado. 
Es ni más ni menos que el Tratado, señor Wolf. 
El Pacto de estabilidad y de crecimiento, señor Castagnède, no busca más que constatar que los déficits públicos nunca han creado puestos de trabajo. 
Así pues, puedo comprobar que, tras la Resolución de 30 de mayo del Parlamento, una gran parte de las enmiendas de éste fue aceptada ayer por el Consejo ECO FIN. 
También desearía precisar que este mismo Consejo ECO FIN aprobó las orientaciones generales de política económica para 1997. 
Se ha hablado mucho del debate sobre el Pacto de estabilidad y de crecimiento, pero no se ha hablado del debate sobre las orientaciones generales de política económica, que es precisamente un ejercicio de coordinación de las políticas económicas. 
El documento fue transmitido a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Les recuerdo que en dicho documento la Comisión realizó- como, por otra parte, ustedes deseaban- una apertura particular en materia de empleo y de inversión pública. 
Muy brevemente: ¿cómo debe aplicarse hoy esta coordinación de las políticas económicas, ya que tenemos los instrumentos para ello? 
Creo que se necesita ante todo una voluntad política. 
Durante demasiado tiempo esta coordinación de las políticas económicas ha sido papel mojado en Europa. 
Felizmente, la situación ha evolucionado en el seno del Consejo de ministros de Finanzas, y pienso que la reunión del Consejo ECOFIN de ayer marcó incuestionablemente un progreso significativo; hasta me atrevería a decir una etapa crucial en esta dirección. 
La proximidad del plazo de 1999 incita posiblemente a los gobiernos a emprender el camino de la coordinación. 
La aplicación del artículo 103 es cada vez mayor, y ha permitido suscitar, diría yo, una verdadera emulación dirigida al saneamiento de la gestión financiera de los Estados miembros. 
Hoy Europa ha acusado progresos espectaculares por la vía de la convergencia económica, y son aquellos países que han reducido más su déficit los que han creado más puestos de trabajo y conocido un mayor crecimiento. 
Por lo tanto, esta coordinación de las políticas económicas comienza a hacer sentir sus efectos positivos. 
Es indudable que la cooperación avanza, que la creación del euro la fortalecerá, ya que si hoy resulta útil, mañana será necesaria. 
Debo decir que, sin esperar al debate de hoy, el Consejo ECOFIN de ayer avanzó en el plano del empleo y de la coordinación de las políticas económicas, ya que los quince ministros de Finanzas aceptaron crear, sobre la base de los artículos 2, 102 A y 103 del Tratado, una supervisión más activa en materia de empleo y una mayor coordinación de las políticas económicas, sobre todo estructurales. 
Con este fin, el Consejo Europeo de Amsterdam podría aprobar una resolución que defina las líneas generales de esta nueva forma de coordinación de las políticas económicas. 
La Comisión, señora Berès, se congratula por esta evolución, que anima los esfuerzos que la misma lleva a cabo desde hace varios años- la Sra. Randzio-Plath me dará la razón- para volver a situar el empleo en el centro de las prioridades de la Unión. 
Vean lo que propusimos en el nuevo Tratado con respecto al empleo. 
Los remito asimismo al Pacto de confianza para el empleo, propuesto por el Presidente Santer. 
También en este caso la Comisión se congratula de ver que sus esfuerzos por una mejor coordinación de las políticas económicas, explotando al máximo las potencialidades de los artículos 102 A y 103, producen ahora su efecto. 
Esto con respecto a la voluntad política, pero la voluntad política no es todo. Necesita también un marco. 
El ponente propone un órgano político. 
Yo diría que el órgano político natural para llevar a cabo esta coordinación es indiscutiblemente el Consejo ECOFIN. 
En nuestra opinión, no existe manera alguna de crear un nuevo órgano institucional, aunque reconozco que durante el período transitorio, en que todos los países de la Unión Europea no serán países «euro» , el problema puede plantearse. 
Por esta razón la Comisión está dispuesta a apoyar la idea de crear un Consejo de estabilidad y de crecimiento, siempre que sea un órgano informal que respete el equilibrio institucional, que no interfiera en la dirección de la política monetaria que cae dentro de la competencia del Banco Central Europeo y que se base, naturalmente, en los trabajos de la Comisión. 
¿Sobre qué debe recaer esta coordinación de las políticas económicas? 
Sobre todas las cuestiones de interés común. 
No hay razón para limitar su campo de acción. 
Pienso en particular en la profundización de las políticas estructurales, aquellas que están encaminadas a mejorar el funcionamiento del mercado laboral, y es en este sentido como entiendo las decisiones tomadas ayer por la noche. 
Mi colega Mario Monti responderá a sus preguntas en el ámbito fiscal. 
Puedo decir que comparto las preocupaciones de ustedes sobre el» dumping» social y fiscal. 
Por esta razón se han tomado iniciativas en el marco de las orientaciones generales de política económica. 
Permítanme, como conclusión, subrayar que es la voluntad política la que hará eficaz la coordinación económica. 
El marco jurídico necesario existe, ha sido creado. 
Ahora hay que aplicarlo. 
Corresponde hacerlo a las diferentes instituciones. 
La voluntad política que ayer mostraron los ministros de Finanzas en el sentido de avanzar por esta vía es un buen augurio. 
Este es el reto que hoy la realización de la Unión Económica y Monetaria exige que aceptemos. 
Señor Presidente, uno de los diputados ha encontrado algo forzada la coexistencia de los temas fiscales y la Unión Monetaria en este debate. 
Por contra, debo decir que personalmente he encontrado muy interesante dicha coexistencia. 
La moneda única representa el coronamiento de la Unión Económica y Monetaria, la unión económica se basa esencialmente en un mercado único que funcione correctamente y un mercado único que funcione correctamente requiere una adecuada coordinación de la fiscalidad. 
Voy a detenerme brevemente en algunos aspectos relativos a la fiscalidad, aspectos que fueron inteligentemente profundizados en los informes de los Sres. Fourçans y Randzio-Plath, a quienes les agradezco el importante trabajo realizado. 
Quisiera comenzar con una consideración política. 
Nos encontramos en una etapa en la que los Estados miembros están muy ligados al concepto de soberanía fiscal y en la que, sin embargo, debido a la movilidad, se está perdiendo de hecho y en gran parte la soberanía fiscal en beneficio de los mercados. 
En uno de los últimos números de la revista The Economist aparecía en portada el siguiente titular» The disappearing taxpayer» , el fenómeno de la movilidad que suprime la base imponible. 
Tal como acaban de subrayar los Sres. Giansily y De Rose, tanto la subsidiariedad como la soberanía nacional son fundamentales. 
La Comisión considera, no obstante, deseable pasar de la unanimidad a una mayoría cualificada, al menos por lo que se refiere a algunas materias fiscales. 
Incluso si esto no fuera así, debemos emplearnos a fondo para incrementar la coordinación en materia fiscal. 
La apuesta política en juego es muy grande, pues, sin una coordinación de la fiscalidad, respetuosa de la subsidiariedad, a escala europea no puede existir una economía social de mercado ni una economía de mercado que funcione correctamente. 
Y no puede existir una economía social de mercado, habida cuenta de que la competencia fiscal entre los Estados les impide cada vez más practicar, a través del sistema fiscal, una redistribución de la renta. 
Y la forma que adquiere la competencia fiscal, tan favorable al capital y tan desfavorable al trabajo- el Sr. Wolf lo ha subrayado- contribuye a crear desempleo. 
Por otra parte, en Europa tampoco puede existir una economía de mercado que funcione correctamente sin una coordinación de la fiscalidad, habida cuenta de los obstáculos que encuentran tanto las empresas como los trabajadores en un mercado único sin una armonización fiscal mínima. 
Por este motivo, la Comisión viene haciendo desde hace aproximadamente un año un nuevo planteamiento dirigido a aumentar la conciencia entre los Estados miembros de la necesidad de hacer progresos, así como a crear las bases para un consenso y a definir propuestas concretas. 
La Comisión presentó el programa de trabajo sobre el IVA que ha sido objeto del informe Randzio-Plath, la propuesta de directiva sobre la imposición de los productos energéticos y un paquete de medidas fiscales en torno al que se está trabajando en el ámbito del Comité de Política Fiscal. 
Coincido con el Sr. Fourçans cuando hace hincapié en que la competencia fiscal no es de por sí un fenómeno negativo, sino que se convierte en tal cuando adquiere las características de asimetría y deslealtad que presenta en muchos casos. 
Gracias a la continua colaboración con el Parlamento Europeo, en particular en el ámbito de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y con el Grupo de Representantes Permanentes de los ministros de Finanzas, la Comisión está elaborando un paquete fiscal que coincide en muchos puntos con las líneas propuestas por el Sr. Fourçans y que consiste en un código de conducta, sobre todo en materia de impuesto de sociedades, en unas medidas para eliminar las distorsiones en cuanto a la fiscalidad del ahorro, así como en unas medidas para eliminar la retención en la fuente sobre los pagos de intereses y royalties entre sociedades asociadas y para eliminar algunas de las distorsiones más significativas en materia de imposición indirecta. 
En consecuencia, voy a hablar ahora del IVA. 
El nuevo sistema del IVA, que es objeto del informe Randzio-Plath, es, a juicio de la Comisión, un tema que reviste suma importancia. 
Como sus Señorías saben, tras el resultado de la votación celebrada el 22 de abril en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, con respecto al informe Randzio Plath se acaban de presentar nuevas enmiendas que, si fueran adoptadas por sus Señorías, van a introducir unas modificaciones que la Comisión considera acertadas. 
He apreciado mucho la actitud constructiva de todos los Grupos políticos en cuanto a su decisión de reconsiderar algunas posiciones extremas. 
Deseo dar las gracias, entre otros, a los Sres. Donnelly, Thyssen y Secchi que han manifestado su apoyo al proyecto de la Comisión. 
La Comisión ha presentado un programa de trabajo muy preciso con un calendario político organizado en tres etapas: la primera prevé la mejora del actual sistema del IVA, y, por consiguiente, señor Cox, entra dentro de su planteamiento; la segunda prevé la actualización del sistema de IVA en lo que se refiere a los servicios de telecomunicación; la tercera permitirá simplificar realmente el sistema de IVA pasando a un régimen basado en la imposición en el Estado de origen. 
Tal como la Sra. Randzio-Plath ha reconocido, se está trabajando a fin de elaborar un régimen definitivo que sea sencillo y que responda- y aquí me dirijo a la Sra. Peijs y a los demás diputados- a las peticiones de las pequeñas y medianas empresas, así como contribuya a reducir el grave fenómeno del fraude actualmente existente. 
Deseo asimismo asegurar a los Sres. Cox, Ewing, Cornelissen y otros, que no se tratará de un salto en el vacío, habida cuenta de que el sistema se va a elaborar en todos sus detalles y se examinará también el tema de los tipos desde el punto de vista del impacto social. 
Estoy convencido de que no existe ninguna divergencia entre nosotros en cuanto a un punto fundamental, esto es, antes del paso al sistema de imposición en el país de origen es preciso poner al día, aplicar de forma más uniforme y, caso de ser posible, simplificar el sistema actual. 
Sin embargo, deseo que quede claro que la propuesta que estamos examinando no se limita a las disposiciones transitorias, sino que atañe a toda la Sexta Directiva relativa al IVA, en la que se incluyen dichas disposiciones. 
Concluyo, señor Presidente, observando que también el Instituto Monetario Europeo en su informe de hace algunos meses sobre la convergencia y en su Informe anual, hace hincapié en la necesidad de progresos en materia de armonización fiscal, en particular por lo que se refiere a las rentas sobre los capitales. 
Finalmente, deseo dar las gracias a los dos ponentes y a todos los diputados que han intervenido. Nosotros vamos a seguir trabajando en torno a estos temas fiscales tan sumamente delicados en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo. 
Por último, deseo sumarme al agradecimiento dirigido en nombre de la Comisión por el Sr. Silguy, al señor Presidente Lamfalussy. 
Señor Presidente, no quiero retrasar la sesión, por lo que pediré al Comisario si quiere contestar por escrito las dos preguntas concretas que le he formulado. 
Así lo haré. 
Señorías, antes de dar la palabra al Sr. Presidente Lamfalussy para finalizar este debate, con la convicción de que es un sentimiento compartido por la mayoría de los diputados de esta cámara, y además porque será la última vez que el Sr. Lamfalussy estará presente en este recinto como presidente, me gustaría tributarle nuestro más sentido y cálido homenaje por la relación que ha mantenido con este Parlamento, por la manera que ha tenido de permitirnos aprovechar sus conocimientos... 
por su rigor y su capacidad personal. 
Señor Presidente Lamfalussy, en nombre del Parlamento Europeo, le deseo la mayor felicidad personal. 
Señor Presidente, señoras, señores, no puedo responder a todas las preguntas que me han formulado, pero trataré de responder a una pregunta fundamental, que sirve de base a sus debates. 
¿Cómo puede responder la política monetaria a las expectativas de los ciudadanos? 
¿En qué puede responder a estas expectativas? 
¿Qué resultados no puede alcanzar, y que, por consiguiente, no debe prometer? 
El primer objetivo que la política monetaria puede alcanzar es el control de la inflación. 
Se trata de un objetivo directo loable: no hay que olvidar que la inflación siempre ha sido causa de la mayoría de las injusticias y de las desigualdades. 
Ahora empezamos a olvidarnos de ella porque salimos, felizmente, de un período de inflación. Sin embargo, no habría que olvidar que es en período de inflación cuando los poderosos, los ricos, pueden protegerse contra los estragos de ésta. 
Los débiles, aquellos que no poseen los medios necesarios, no pueden protegerse de este modo. 
Se trata, a pesar de todo, un objetivo social, que merece ser puesto claramente sobre la mesa. 
Una vez controlada la inflación, la política monetaria puede contribuir al crecimiento económico. 
Les recuerdo simplemente las cifras: hoy, en los países donde la inflación se encuentra controlada desde hace varios años, los tipos de interés a corto plazo son de alrededor del 3 %; en países donde el control de la inflación es más reciente, los tipos de interés a corto plazo son aún algo más elevados, pero tienden a disminuir. 
Esto repercutirá, indudablemente, con una diferencia de seis meses, un año, dos años, sobre el crecimiento. 
En cambio, la política monetaria no puede controlar los tipos de interés a largo plazo. 
Hay que decirlo con toda claridad. 
Estoy particularmente preocupado en este sentido: en efecto, si bien constato que los tipos de interés a largo plazo- incluso en los países en que los tipos a corto plazo ya son muy bajos- son relativamente reducidos, históricamente hablando, es decir, entre el 5, 75 % y el 6 %, los tipos reales a largo plazo siguen siendo aún elevados (del orden del 4 %). 
No creo que este nivel pueda verse influido por la política monetaria. 
Las razones de esta situación deben buscarse, en mi opinión, en otro sitio. 
Algunos pueden temer que el euro no será gestionado convenientemente; pero esa no es la explicación fundamental. 
La explicación fundamental, creo yo, estriba en dos cifras: entre 1991 y 1996 el peso de la deuda de las administraciones públicas con respecto al producto interior bruto pasó del 56 % al 73, 5 %. 
Nadie duda que este aumento muy importante influye en los tipos de interés a largo plazo, por lo que constituyen un freno al crecimiento. 
Por consiguiente, la política monetaria puede influir en el crecimiento, pero no sin la ayuda de políticas presupuestarias. 
¿Qué puede hacer la política monetaria en materia de desempleo? 
En la medida en que el desempleo se debe al debilitamiento del crecimiento, la política monetaria puede ayudar dentro de los límites que acabo de indicar. 
En la medida en que el desempleo se debe a factores estructurales, que poco tienen que ver con el crecimiento, la política monetaria no puede tener una influencia directa. 
Raramente menciono países, pero permítanme que cite el caso de mi propio país: Bélgica. 
Bélgica y los Países Bajos siguen políticas monetarias prácticamente idénticas desde hace seis o siete años, y muy cercanas desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, las cifras de desempleo son muy diferentes en estos dos países: 9, 5 % en Bélgica y del orden del 6 % en los Países Bajos. 
La política monetaria no puede ser considerada responsable de esta diferencia. 
Tenemos que saberlo. 
Creo que la reabsorción de esta parte del desempleo- parte que no depende de la debilidad del crecimiento y que es la más importante- implica la aplicación de otras políticas, o sea: políticas estructurales, la flexibilización del mercado laboral y políticas que procurarán influir en las cargas indirectas que gravan el coste del trabajo. 
Esta política puede aplicarse en el plano europeo. 
Yo creo que la coordinación de las políticas, tal como la ha descrito con mucha precisión el Comisario de Silguy, puede aplicarse en el plano europeo, ¡pero no impongan a la política monetaria unas expectativas a las que no puede responder! 
(Vivos aplausos) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar seguidamente. 
Votaciones 
Señor Presidente, creo que la Sra. Oomen-Ruijten debería intervenir antes y luego, si usted me lo permite, yo contestaré. 
Señor Presidente, en la reunión de la comisión se acordó que había que añadir algo a mi enmienda original. 
Por desgracia no se ha hecho. Simplemente se olvidó. 
Hay que añadir «reforzamiento de la legislación». De lo contrario, la enmienda no tiene sentido. 
Sí, señor Presidente, yo estaría de acuerdo con esta enmienda oral, si la Asamblea está de acuerdo, porque, todo lo que sean medidas que refuercen la salud y el bienestar de los ciudadanos, en este Grupo siempre estamos a favor. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, le ruego una aclaración. 
En la traducción alemana se dice en varias ocasiones en una revisión: usted ordena una votación nominal. 
Creo que habría que corregirlo en la traducción alemana o quizás usted ha dicho en varias ocasiones votación nominal en lugar de votación electrónica. 
Le ruego lo diga con precisión, pues en la revisión no existe votación nominal. 
Pero si se trata de una votación nominal debería decirlo realmente. 
Como he dicho, no sé si solamente es un problema del alemán o de todos los intérpretes en toda la Asamblea. 
Señor Friedrich, espero que este problema sólo se haya producido en la interpretación alemana, porque siempre que anuncio una votación especifico de cuál se trata. 
Señor Presidente, tenemos otro problema con la votación sobre el apartado 15: existía acuerdo con el ponente en que no era necesario crear aquí un nuevo órgano político sino que esta tarea puede ser realizada por lo órganos existentes. 
Este fue el acuerdo y también la propuesta del ponente. 
Así pues, habría sido necesario votar por separado sobre la palabra «nuevo». Pido excusas por haberlo visto ahora. 
Como ha dicho el colega Friedrich, no sabíamos que se trataba de una votación nominal. 
Debo decir que yo también tengo ciertas dificultades con la traducción desde el griego. 
Mi «griego» no es aún tan fluido, señor Presidente, pero me esfuerzo. 
Se trata de una cuestión política muy importante. 
Votaría contra el informe si no fuese posible llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. 
Y pediría también a mis amigos que voten en contra del informe Fourçans con todo el pesar de mi corazón si pienso en mi amigo Fourçans. 
Por ello, propongo que conceda de nuevo la palabra al ponente. 
Señor von Wogau, en primer lugar, debo decir que después de todas las consultas se presentó un corrigendum sobre el informe Fourçans donde se incluyó la palabra «nuevo». 
Por lo tanto, se sometió a votación con el término «nuevo». 
En segundo lugar, el ponente tuvo la previsión de especificar muy bien todos los puntos sobre los que se había llegado a un acuerdo en las consultas, y yo señalé cada vez dónde y qué es lo que se añadía como anexo o en otra forma, antes de cada votación, fuese nominal o electrónica. 
Por consiguiente, no ha habido ni el más mínimo problema y creo que usted sabe lo que tiene que votar. 
Señor Presidente, desearía tranquilizar al Sr. von Wogau, y aclarar que el término «nuevo» no está en el texto. 
Si actualmente figura en él se trata de un error de los servicios, ya que el texto que habíamos votado en la Comisión de Asuntos Económicos no contenía el término «nuevo». 
Los servicios han cometido un error en la transcripción. 
Por lo tanto, el término «nuevo» no está en el texto. 
Señor Presidente, por salvar el honor del servicio de sesiones quiero que se aclare el asunto. 
En base a las negociaciones de ayer se introdujo una rectificación por la que se tachaba la palabra «nuevo». 
Pero la mayoría votó en contra de esta rectificación. 
No sé porqué. 
A continuación se votó sobre el texto original. 
Si mira en sus papeles, verá que en el apartado 15 figura la palabra «nuevo». 
Si pudiésemos ponernos de acuerdo en que se suprima la palabra «nuevo» y se corrija del modo correspondiente, podríamos estar entonces de acuerdo. 
Señor von Wogau, como usted ve, no está la palabra «nuevo». 
Existe un corrigendum, que no se somete a votación, evidentemente, y en el que no figura la palabra «nuevo». 
Por lo tanto, no tiene por que preocuparse en absoluto. 
Señor Presidente, creo que, teniendo en cuenta las palabras del Sr. von Wogau, las cosas deben clarificarse antes de la votación final. 
El apartado 15 del informe sometido a la comisión, es decir, el informe aprobado el 22 de mayo, y que, por lo tanto, se trata de un informe escrito, contenía la palabra «nuevo». 
Figura, en todo caso, en el informe escrito. 
¿El texto aprobado por la comisión lo contenía o no? 
Señor Fabre-Aubrespy, se ha aclarado anteriormente que la palabra «nuevo» no aparece. 
Así se ha votado hasta el momento el informe y así se votará en su conjunto, si le dan su voto favorable. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, esta nueva directiva modificada sobre el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva presenta aspectos positivos sobre todo porque, en el ámbito de la subsidiariedad, la misma reconoce la responsabilidad fundamental de los Estados miembros y su competencia jurídica. 
Por otra parte, en cuanto a la cuestión de la protección de menores, existe una preocupación claramente expresada de trabajar de común acuerdo con los padres, a través de sus representantes en las asociaciones, y los diferentes educadores, y de ver de qué modo se puede permitir a éstos filtrar los programas que serían nocivos para los niños, en particular gracias a dispositivos técnicos. 
Existe asimismo otro aspecto positivo con respecto sobre todo a la condena de la pornografía. 
En cambio, esta nueva directiva peca por omisión en algunos puntos fundamentales. 
No sirve de mucho, concretamente, reafirmar el deseo o la intención de alentar las producciones europeas si no se toman las medidas necesarias para garantizar efectivamente a los productores europeos la posibilidad de producción y de difusión. 
El hecho de que se proclame una libertad en abstracto, sin que se garanticen los medios, y sobre todo los medios financieros y económicos para ejercerla, puede considerarse casi una hipocresía. 
De hecho, nadie es favorable a las cuotas con carácter absoluto. 
Se trata, como se dice en lógica matemática, de una condición necesaria pero no suficiente. 
Las cuotas no son suficientes para lograr buenas producciones europeas, pero es una condición absolutamente necesaria. 
Ahora bien, lamentablemente esta modificación de la Directiva «Televisión sin Fronteras» no contiene disposiciones referentes a las cuotas, y lo que predomina es, por tanto, la ideología de una concepción materialista del mercado. 
Sin embargo, no es la única concepción del mercado. 
Todos nosotros estamos a favor del mercado en tanto que fenómeno económico necesario de dinamismo, sin que éste constituya algo absoluto. 
En este ámbito, como en los demás, desgraciadamente, eso no se ha tenido en cuenta. 
Nos encontramos ante un texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la actualización de la Directiva «Televisión sin Fronteras». 
En nuestras votaciones anteriores, nuestra Asamblea fue blanco de críticas injustificadas por parte de ciertos operadores privados, que la tacharon de proteccionista. 
Por mi parte, deseo rendir homenaje al trabajo de nuestro Parlamento y de sus negociadores, que han sabido, hasta en el Comité de Conciliación, lograr un compromiso aceptable para todos. 
De los tres capítulos que habíamos catalogado como prioritarios (retransmisión de acontecimientos importantes, CHIP antiviolencia y los productores independientes) , insistiré en el primer capítulo, que me parece ser de crucial importancia. 
En efecto, tratándose de la retransmisión de acontecimientos deportivos o de otros acontecimientos de gran importancia, ¿cuál hubiera sido la lógica de ceder derechos exclusivos de retransmisión a unos determinados operadores, impidiendo de esta manera a miles de personas participar de tales acontecimientos? 
Citemos como ejemplo los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo de fútbol, acontecimientos que convocan a millones de espectadores. 
Pienso sinceramente que hubiera sido perjudicial dejarlo en manos de un monopolio de retransmisión, en nombre del interés comercial y financiero. 
Nuestro Parlamento ha tomado una sabia decisión. Ésta debe ser ahora transmitida por los Gobiernos. 
Me alegra poder apoyar hoy este acuerdo sobre conciliación. 
Soy un verdadero hincha deportivo, y me satisface que los acontecimientos deportivos nacionales de importancia sigan a disposición del público en los programas ordinarios de televisión. 
Cada uno de nuestros países tiene acontecimientos deportivos que son algo más que sencillas competiciones entre equipos de atletas: esos acontecimientos representan una parte importante de la cultura popular y toda la nación debe estar en condiciones de seguir el desarrollo de las pruebas en la televisión. 
Aunque estas negociaciones con el Consejo de Ministros se hayan prolongado durante bastante tiempo, el resultado constituye una victoria para todos los deportistas. 
Mi propio país vela por que la final de nuestra copa de fútbol, los torneos internacionales de cricket y el tenis de Wimbledon estén a disposición del público. 
Estoy a punto de pedir al Consejo que ofrezca a mis jugadores y equipos favoritos un lugar en esas finales, pero por el momento me contento con el pequeño milagro que representa esta transacción. 
Millones de seguidores de competiciones deportivas pensarán que han ganado hoy la copa. 
El informe, tal como está redactado ahora, en el mejor de los casos es un compromiso podrido. 
No hay ya instrumentos con los que se pueda frenar la plena sumisión de la producción cultural a su comercialización (cuotas) ; el compromiso encontrado para los nuevos servicios, el Fondo de Garantía, los productores independientes y los criterios para su determinación así como el fomento de la producción europea se basa en unas promesas demasiado vagas de la Comisión. 
Así pues, en el campo de la importantísima producción de contenidos culturales y sociales, la sociedad de la información comienza con una victoria del afán comercializador sobre la diversidad cultural. 
Este es muy mal augurio para los siguientes pasos. 
No obstante, tenemos que constatar que este resultado es mejor que ninguno. 
Al fin y al cabo contiene la protección de los menores de edad y la garantía de transmisión de importantes acontecimientos deportivos... 
Informe Perry (A4-0190/97) 
Señor Presidente, me agrada que se haya aprobado el informe Díez de Rivera Icaza y en particular sus párrafos 29-31, que tratan del gravísimo problema del ruido de las aeronaves. 
Soy el diputado que representa a una de las partes más extensas de Londres, situada cerca del aeropuerto de Heathrow, que sufre como consecuencia del ruido creado por dicho aeropuerto, y pueden imaginarse lo mucho que me agrada la aprobación del informe. 
De hecho soy presidente de un consorcio de autoridades locales que se interesan por la cuestión del ruido. 
Actualmente se está llevando a cabo una investigación pública acerca de una expansión del aeropuerto de Heathrow que prácticamente duplicaría sus dimensiones actuales. La cuestión del ruido es una importantísima consideración a ese respecto. 
La Comisión Europea ha hecho mucho a lo largo de los años por conseguir que las aeronaves sean menos ruidosas, pero sus esfuerzos quedarán contrarrestados si toleramos que haya más aeronaves en vuelo, particularmente fuera de las horas de luz cenital. 
Durante la noche, cuando el nivel de los demás ruidos es mínimo y la gente está procurando dormirse, incluso la aeronave menos ruidosa produce un volumen de ruido molesto. 
Hay nuevas pruebas científicas que sugieren que la salud pública está muy afectada por ese ruido. 
Por eso me alegra tanto que se hayan aprobado esos párrafos. 
Señor Presidente, Señorías, inicialmente la Comisión había previsto actuar de manera normativa contra el ruido. 
Consciente de las repercusiones del ruido sobre la salud de varios millones de europeos, daba la impresión de que la Comisión quería adoptar medidas precisas, concretas e importantes. 
Parece que hoy debemos contentarnos con un Libro Verde, que permitiría iniciar un gran debate sobre el ruido: muchos condicionales para, finalmente, tan poca efectividad. 
Y es absolutamente lamentable. 
En mi opinión, cualquier debate público, por más útil que sea, deberá desembocar en la adopción de disposiciones reglamentarias vinculantes. 
Ya no es posible aceptar, en efecto, que la política comunitaria descuide la política contra el ruido, y estoy seguro de que la Comisión es consciente de ello. 
Nuestra sociedad es ruidosa, e incumbe a sus autoridades limitar las fuentes de ruido, así como la intensidad sonora de sus emisiones. 
Se trata de un problema de salud pública. 
Como lo subraya el ponente, es necesario desde ahora establecer las fuentes principales de ruido, decidir los objetivos y líneas de acción, definir métodos comunes de evaluación y de determinación de índices comunes de exposición al ruido, antes de estudiar una legislación común. 
La Unión Europea ya no debe aceptar que el 70 % de su población esté sometida a una serie de contaminaciones sonoras inaceptables. 
Hay que saber debatir sobre esta cuestión, ¡y nosotros estamos dispuestos a ello! 
Es preciso sobre todo saber tomar medidas eficaces, rápidas y con el único objetivo de proteger la salud pública. 
Desearía finalizar felicitando a la Sra. Díez de Rivera por la seriedad y la calidad de su trabajo. 
La aplastante votación que acaba de efectuar esta Cámara a favor de una legislación en contra del ruido confirma lo expuesto en mi informe y también lo dicho en el intenso debate del lunes pasado. 
Resulta palmario que los ciudadanos exigen una clara política legislativa en este sentido, que fije objetivos y opciones de acción prioritarias para la reducción de las intolerables presiones sonoras. 
El Anexo III de mi informe recoge dos cartas de Juan Ramón Jiménez en contra del ruido, a mi entender deliciosas, y que manifiestan esta misma inquietud ya en 1919... 
Por todo ello, no dudo de que la Comisión, reforzada con este voto, sabrá dar la respuesta global y coordinada que todos solicitamos. 
Concluyo agradeciendo la colaboración que he recibido de todos y muy especialmente la de la Sra. Graenitz, que supo suplirme a la perfección durante mi enfermedad. 
Se entienden muy bien las preocupaciones expresadas respecto a la intervención presupuestaria cuando con la moneda única los países dejen de poder intervenir por la vía monetaria y cambiaria. 
Pero dicha intervención también queda muy limitada puesto que los déficits presupuestarios nacionales no pueden sobrepasar el 3 % del PIB- confiamos en que se respete el Pacto de Estabilidad- y no es conveniente ni fácil aumentar las cargas fiscales. 
El ponente, Sr. Fourçans, tiene razón a este respecto cuando llama la atención en cuanto a la necesidad de una mayor armonización, especialmente en lo que se refiere a la tributación de los ahorros y los beneficios de las empresas, evitándose un dumping fiscal que, por si fuera poco, agrava la ya enorme superioridad en la tributación del trabajo con relación a otras tributaciones. 
Por otro lado, sin embargo, la reducción de la capacidad de intervención en los presupuestos nacionales impone que, a diferencia de lo que siguen afirmando algunos responsables, el presupuesto de la Unión supere el 1, 27 % del PIB, permitiendo, sobre todo, dar un mayor apoyo a los países con más retrasos estructurales. 
Deberemos mantener siempre presupuestos rigurosos, pero no se puede admitir que, por falta de visión, peligre un proyecto del que depende el éxito de nuestro porvenir colectivo. 
El informe incluye numerosas iniciativas de calidad y concreciones respecto al importante Libro Verde de la Comisión sobre la lucha contra el ruido. Por eso damos nuestro apoyo al informe en la votación final. 
En cambio, no podemos apoyar los apartados E, 1, 11, 12, 15, 22, 23 y 30. Estos puntos proponen una legislación marco europea en un ámbito que nosotros consideramos que se encuadra dentro del principio de subsidiariedad. 
Informe Mezzaroma (A4-0194/97) 
Señor Presidente, el informe del Instituto Monetario Europeo para 1996 constata una vez más la poca solidez del crecimiento en Europa y el nivel insoportable del desempleo, que siguen pesando, uno y otro, en unas cuentas públicas y sociales muy desequilibradas. 
Ante esta situación, desgraciadamente, la mayoría de los países tratan de cumplir con los criterios de convergencia, no ya reformando sus respectivas administraciones, sino aumentando sus impuestos, lo que frena aún más el crecimiento y puede exponer a los gobiernos afectados a graves desengaños políticos, como acaba de comprobarse en Francia. 
Desembocamos así en una paradoja. 
Mientras que la preparación de la moneda única debería, según la idea de sus promotores, brindarnos la ocasión de efectuar una gestión pública más rigurosa que favoreciera la liberalización y el crecimiento, aquélla constituye, en realidad, habida cuenta de los bloqueos que padecen nuestras sociedades, un engranaje depresivo que atrae más impuestos hacia el sector público. 
Lamentablemente, esta situación no es objeto de ningún análisis serio. 
Los gobiernos se contentarán mañana con interpretar los criterios como tendencias, lo que significa restarle todo rigor a la cuestión. 
Otros piden añadir al Pacto de estabilidad un capítulo sobre empleo, que, en el marco de la Europa actual, sólo será un decorado de teatro. 
Pasar a la moneda única en estas condiciones sólo serviría para preparar un euro débil y poco creíble, que se convertiría rápidamente en una fuente de tensiones entre los participantes, y anularía la mayoría de las ventajas que en principio se espera de la unificación monetaria. 
No obstante, también cabe preguntarse por qué parece que hoy Europa se hunde en la parálisis. 
Por mi parte, veo tres razones para ello: en primer lugar, la política europea de construcción de un super Estado busca unificarlo todo- incluyendo la moneda- imponiendo nuevas rigideces; en segundo lugar- nunca insistiremos lo bastante en ello -, la mala gestión de la política de apertura internacional ha multiplicado el número de parados, comprometiendo así las condiciones de realización de la moneda única. 
Finalmente, es en el propio Bruselas donde se esconden los destructores de Europa. 
Puesto que este informe tiene su punto de partida en la convicción de que va a realizarse la Unión económica y monetaria y es favorable con respecto a este proyecto, nos hemos abstenido en la votación final sobre el informe. 
Si se pone en marcha la UEM, deseamos naturalmente que el control democrático sobre el Banco Central Europeo sea lo más fuerte posible. 
Lo conveniente es, no obstante, que sean los Parlamentos nacionales quienes a través de sus representantes ejerzan el control democrático sobre la política monetaria. 
Los criterios de convergencia económica son un importante tema de deliberación de la Unión Europea, pero al final de la deliberación habrá que pronunciarse. 
La discusión acerca de la reevaluación del oro y los resultados de las elecciones en Francia no debería ser causa de que se retrase la próxima fase de la UEM. 
Un aplazamiento provocado por la insistencia del Gobierno de Francia en volver a negociar o revisar las normas del Pacto de Estabilidad podría modificar la atmósfera política, y eso no sería beneficioso para Europa. 
A mi juicio, eso sería causa de inestabilidad. 
Este Parlamento debe hacer un llamamiento a los Jefes de Estado para que formulen una declaración clara e inequívoca en la Cumbre de Amsterdam e insistir en que se siga el plan previsto para que la moneda única se introduzca el 1 de enero de 1999. 
Europa tiene mucho que perder si no cumple las condiciones y no sigue el enfoque que se estableció en Maastricht. 
Los beneficios de la UEM son evidentes. 
Informe Ettl (A4-0185/97) 
Puesto que también este informe parte de que se va a realizar la Unión Económica y Monetaria y se muestra favorable cara a este proyecto, nos hemos abstenido de votar en la ronda final sobre el informe. 
Si se realizase la UEM, deseamos evidentemente que el Banco Central Europeo sea lo más transparente posible. 
No obstante, es importante destacar que debe reinar la subsidiariedad, permitiendo que los Parlamentos nacionales ejerzan el control democrático sobre sus bancos nacionales respectivos, de manera que la política financiera se administre democráticamente. 
Señor Presidente, supongo que habrá que establecer un plus por horas extras para los comisarios europeos, para que así puedan quedarse. 
A partir de 2002, señor Presidente, la moneda única suprimirá los amortiguadores presupuestarios, es decir, las esclusas monetarias que permiten nivelar las diferentes economías. 
Por consiguiente, la única variable de adaptación será evidentemente la variable presupuestaria y en especial la variable fiscal. 
Pero resulta que la moneda única hará patentes las diferencias en cuanto a la presión fiscal entre los Estados y favorecerá las deslocalizaciones. 
Mencionaré como prueba lo que ocurrió con las legislaciones nacionales: en España, por ejemplo, cuando el País Vaco bajó su tipo de impuesto sobre sociedades, algunas de éstas se trasladaron de Madrid a Bilbao. 
Lo mismo ocurrió en Francia con el impuesto sobre automóviles en el departamento del Marne. 
La única forma de evitar injusticias entre, por ejemplo, las rentas de capitales «deslocalizables» y los demás, sería estableciendo una constitución fiscal europea, que añadiría al menos un quinto criterio para definir un techo con respecto a las tasas obligatorias en los quince países, un techo que podría fijarse, por ejemplo, en la media del 40 % del PIB. 
Puesto que también este informe parte de que se va a realizar la Unión Económica y Monetaria, y se muestra favorable en relación con este proyecto, nos hemos abstenido en la votación final sobre él. 
Sobre todo rechazamos categóricamente el apartado 15 de la propuesta de resolución. En él se propone que se cree «un órgano político nuevo con competencias económicas significativas» para elaborar una «verdadera policymix así como la aplicación de mecanismos reguladores». 
No podemos de ningún modo apoyar este tipo de centralismo político. 
El apartado 16 de la propuesta de resolución propone además que el Parlamento Europeo cree un «Comité de consejeros económicos». 
Ya existen suficientes expertos reconocidos a los que los diputados del Parlamento pueden consultar sin que sea necesario crear nuevos comités ni órganos, los cuales ya existen en proporciones demasiado elevadas dentro de las instituciones de la UE. 
Deseamos agradecer al ponente el trabajo realizado en este informe. 
En la votación, sin embargo, no pudimos dar nuestro apoyo a los apartados 7 y 15. 
El apartado 7 implica que la base del control sobre la disciplina presupuestaria la formarían unos criterios totalmente subjetivos. 
La realización de este tipo de procedimiento amenazaría seriamente la estabilidad de la moneda única, y con ello, las posibilidades de crecimiento y de creación de empleo. 
Pensamos que la moneda única es de gran importancia con respecto al crecimiento y la creación de empleo, pero esto requiere que los países que participan en la cooperación monetaria contribuyan además a la creación de una moneda común fuerte y estable. 
En la cuestión del apartado 15, pensamos que es correcto el punto de partida del ponente sobre la conveniencia de un nuevo organismo político en relación con la UEM, teniendo en cuenta que existe la necesidad de un aumento del control democrático. 
Pensamos, no obstante, que no se puede decir que el modelo propuesto en el apartado 15 satisfaga esta necesidad. 
El informe Fourçans sobre la coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales en el futuro régimen de moneda única muestra muy bien, aunque involuntariamente, en el atolladero en el que se ha metido Europa. 
En efecto, frente a las contingencias económicas, los países verán muy menguadas sus capacidades nacionales de respuesta coyuntural, cuando incluso existirá un vacío en el plano europeo para paliarlas. 
Los desequilibrios podrían propagarse con mayor facilidad. 
La Unión Europea entraría entonces, si nuestra visión es acertada, en una zona de profundas turbulencias. 
Me explico. 
En cualquier espacio económico puede ocurrir que un país resulte afectado por un accidente económico particular, por ejemplo la quiebra de una industria muy importante para éste, el surgimiento de perturbaciones sociales muy graves, etcétera; es lo que los economistas denominan «choque asimétrico». 
Para remediarlo, el país dispone de varias armas: por ejemplo, la política monetaria, la política cambiaria, la política presupuestaria. 
Pero con el futuro régimen de moneda única estos instrumentos nacionales desaparecerán o disminuirá su eficacia; los cambios internos ya no serán flexibles, sino fijos por definición; la política de los tipos de interés estará unificada; el Pacto de estabilidad mantendrá los márgenes de maniobra presupuestarios dentro de unos límites estrechos; los impuestos no podrán sufrir aumentos importantes, porque estaremos en un contexto de mercado único; en general, las políticas económicas deberán seguir coordinadas y subordinadas a los objetivos comunitarios, conforme a los artículos 102 A y 103 del Tratado. 
En este tipo de hipótesis, la teoría nos enseña que el país que sufra desequilibrios debería encontrar una ayuda en el marco de un presupuesto central europeo. 
Pero hoy éste es prácticamente inexistente, y el informe Forçans reconoce, además, que no hay que soñar, a corto plazo, con instaurar en Europa un federalismo presupuestario y fiscal. 
No sólo las mentalidades se oponen a ello, sino que, de todas maneras, si nadie se opusiera, un cambio de esta naturaleza, que exigiría armonizar lo esencial de los incentivos fiscales de nuestros países e introducir tasas europeas muy sustanciales, no podría realizarse a corto plazo. 
Este callejón sin salida es especialmente preocupante si se considera que los «choques asimétricos» no son fenómenos excepcionales o marginales, como hemos oído sostener en esta Asamblea. 
En realidad, a partir del momento en que existen países, sociedades, economías diferentes, estos conjuntos no evolucionan jamás de una forma exactamente paralela. 
Sus relaciones están marcadas por continuos «deslizamientos asimétricos» , que hasta ahora se podían reequilibrar ordenadamente a través de deslizamientos en las paridades monetarias. 
Volvemos así a la cuestión fundamental: la utilidad de la pluralidad de monedas cuando existen varios pueblos. 
Finalmente, lo que ocurre es que los países de Europa, impulsados por ideólogos, se han lanzado con los ojos cerrados en la aventura de la moneda única, sin antes haber comprobado si se reunían todas las condiciones y si contaban con todos los instrumentos de acompañamiento indispensables. 
Ahora estamos prácticamente entre la espada y la pared. 
¿Existe una salida que permita ir más allá en la misma línea de unificación acelerada? 
No lo creo. 
Para ello, sería necesario proponer claramente a los ciudadanos cambios constitucionales radicales que, de hecho, nadie desea. 
El informe Fourçans trata, por su parte, de introducir la posibilidad de crear, en el plano europeo, un «órgano político integrado por representantes de todos los Estados miembros y sometido a un estricto control democrático» , cuyo papel sería coordinar las políticas económicas nacionales. 
Vemos perfilarse así el famoso «gobierno económico europeo» , que, en el actual estado de desconcierto de las mentalidades, sirve de salvavidas tanto a la derecha como a la izquierda. 
Desgraciadamente, esta idea no lleva a ningún sitio, puesto que si dicho «gobierno» quiere ser algo más que un foro de debate debe atribuírsele competencias importantes y precisas; ahora bien, sólo se le podrán acordar estas competencias realizando reformas constitucionales radicales, que, precisamente, como vimos antes, eran imposibles. 
Vivimos una situación de desconcierto. 
La única solución consiste en abandonar la moneda única y volver a examinar un enfoque más progresivo, más razonable, que se adapte más a las realidades, por ejemplo, una moneda común que se añadiría a las monedas nacionales, fomentando poco a poco el aprendizaje de los ciudadanos. 
El presente informe trata, entre otras cuestiones, de las consecuencias, en el ámbito de la política fiscal, de la adopción de la moneda única. 
Desde este punto de vista, se ha de aplaudir la claridad y la coherencia de este documento. 
Como es evidente, la existencia de una economía única europea, más allá de la política monetaria, precisa de una política presupuestaria y fiscal únicas. 
La cuestión, tal y como se subraya en este informe, es saber quién define los objetivos y ejecuta las medidas de política fiscal dentro de la Unión Europea. 
Para el autor de este documento sólo podrá ser el gobierno económico de Europa, presidido por una personalidad independiente de los Estados miembros y con un mandato superior al de la presidencia de la Unión. 
Tras este gobierno vendrá, naturalmente, el gobierno político europeo. 
Debido a las dudas que sigo manteniendo respecto a la convergencia real de las economías de cada uno de los Estados, no puedo compartir las premisas y las propuestas contenidas en el informe. 
Abandonar la soberanía fiscal equivale a decir que los estados pequeños y periféricos de la Unión dejen de disponer de un importante instrumento de captación de inversiones, riqueza y de creación de empresas y empleo. 
La falta o insuficiencia de infraestructuras, la indisponibilidad en cuanto a los distintos factores de atracción de inversiones y la falta de preparación tecnológica que todavía padecen las pequeñas y pobres economías de algunos Estados sólo se podrán superar por la vía de la subsistencia de la soberanía fiscal. 
Una política fiscal única, en el momento y contexto actuales, tendrá como consecuencia el mantenimiento de condiciones de falta de competitividad, tanto en el mercado interior como en el exterior. 
Esta consecuencia no la considero aceptable en estas circunstancias, y por esta razón no puedo votar a favor del contenido de este informe. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe del Sr. Fourçans. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo con el ponente en que es imprescindible cierta coordinación entre las políticas presupuestarias y fiscales en la UE. 
Coincidimos también con el ponente en que la exenciones fiscales y el dumping social son problemas muy importantes en algunos Estados miembros. 
Por eso rogamos a Irlanda y a otros Estados miembros que utilizan estos métodos que eliminen los regímenes fiscales que favorecen a las empresas pero que son desleales a los demás Estados miembros. 
Los socialdemócratas daneses están a favor del intercambio de información y la coordinación de las iniciativas entre los Estados miembros, ante todo para fomentar el empleo. 
En cambio, no estamos de acuerdo con el ponente en que el buen funcionamiento de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria requiera un nuevo órgano con importantes competencias económicas. 
El Consejo ECOFIN nos parece un foro excelente y adecuado para la necesaria cooperación. 
El informe es contradictorio en varios puntos. 
En la introducción se deja constancia de que la moneda común no puede afectar por sí sola a la política fiscal. 
Más adelante se dice en cambio que la competencia y el dumping fiscal podrán obligar al establecimiento de un «código de conducta» , es decir, que los países deberán comprometerse a no tener una política fiscal que vaya en contra de los «intereses de la Unión» , o como alternativa, comprometerse a una armonización fiscal. 
Se menciona la fiscalización común de capitales, impuestos de empresas y de comercio transfronterizo. 
Las agrupaciones políticas de Centro consideran que la política impositiva debe seguir siendo también en el futuro un asunto nacional. 
En base a ello he votado «no» al informe. 
El Movimiento de Junio vota en contra de la dictadura monetaria del Tratado de Maastricht, por lo que ha apoyado una serie de enmiendas que ofrecen margen para un aumento del número de medidas económicas y una mayor consideración del empleo. 
No obstante, esto no significa que queremos contribuir a la transferencia de las medidas relativas a la política económica de los Estados miembros a la UE. 
El comienzo de la tercera fase de la UEM supondrá para los participantes en la moneda única la transferencia de más ámbitos vitales de la política económica a la Unión Europea y al Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
Las imposiciones de los grandes intereses económicos que determinan las decisiones políticas de Bruselasfundamentarán en mayor medida aún- basándose en las disposiciones del Pacto de Estabilidad- la política económica aplicada. 
El concepto de gobierno nacional- como órgano competente fundamental de ejercicio del poder ejecutivo- desaparece prácticamente. 
Al mismo tiempo, desaparece cualquier competencia esencial de los parlamentos nacionales sobre estos temas. 
La situación no será muy diferente en los países «divergentes». 
El reforzamiento del control mutlilateral, junto al aumento de las presiones para cumplir con los criterios de convergencia y evitar los déficit públicos, determinarán que la simple existencia del concepto de política presupuestaria nacional sea imposible. 
Cuanto más se acerca la fecha del inicio de la tercera fase y más se intensifican los preparativos técnicos, tanto más repulsivo se presenta el sistema que nos están preparando. 
No es casualidad que cada vez se oigan más voces de repulsa contra Maastricht y que, ante la creciente indignación de las clases populares, otras fuerzas políticas- aparte de los comunistas- utilicen consignas de distanciamiento de la UEM, tal se prevé en Maastricht, intenten embellecer las respectivas disposiciones, hablen de la inclusión del elemento social en la convergencia y mantengan que no puede conseguirse el desarrollo únicamente con objetivos nominales, sin medidas de apoyo a los trabajadores. 
Por lo demás, hasta la fecha no han propuesto la modificación de las respectivas disposiciones por la Conferencia Intergubernamental, que concluye sus actividades estos días, ni ponen en entredicho el significado más profundo, ni la lógica de Maastricht. 
Hoy se demuestra claramente que nuestra posición de rechazo a Maastricht era correcta. 
Se demuestra que correr detrás de los criterios nominales de convergencia no soluciona los problemas de los trabajadores y de la sociedad. 
Solamente puede agravarlos, como nos enseña la realidad. 
Nosotros no creemos que haya soluciones parciales- como las que propone el ponente- tales como el establecimiento de ciertos límites que permitan a los Estados miembros hacer frente a situaciones especiales importantes, o el reconocimiento de la posibilidad de una divergencia coyuntural de los criterios de Maastricht y del pacto de estabilidad, o la coordinación en alguna medida de las políticas fiscales, si se tiene en cuenta que ha quedado prácticamente abolida cualquier noción de una política económica independiente basada en las características especiales y las decisiones de los pueblos y gobiernos de los Estados miembros. 
Somos completamente opuestos a las propuestas del ponente de una especie de «Gobierno económico». 
La estructura institucional de la UE no tiene necesidad de nuevos órganos políticos ni de un reforzamiento de las competencias informativas del PE. 
Éstas medidas no tienen otro objetivo que el de embellecer la imagen de la UE y distraer la atención de los ciudadanos mientras se traspasa el poder económico y político a ciertos mecanismos poco transparentes, burocráticos y situados fuera del control y del acceso del ciudadano. 
En nuestra opinión, únicamente la completa abolición del marco institucional de la UEM y de la dura política monetaria que ésta impone, junto a la adopción de una posición distinta sobre el desarrollo, que combine la recuperación económica con la mejora de los puestos de trabajo y la ampliación de sus derechos, puede constituir la base para un futuro mejor. 
El mensaje popular que implican las recientes elecciones francesas, la creciente indignación de los pueblos, la consecuente lucha del movimiento laboral y sindical pueden abrir el paso al fracaso de Maastricht y de la UEM, en favor de un desarrollo basado en las personas y sus necesidades. 
Informe Randzio Plath (A4-0164/97) 
Señor Presidente, se ha querido armonizar el IVA, y el resultado, que la propia Sra. RandzioPlath reconoce, es desastroso. 
Se trata de un desastre normativo de una complejidad que sustituye la simplicidad actual, con más de 130 regímenes especiales, 66 opciones posibles, sin contar las diferentes normas de localización de operaciones. 
También es un desastre presupuestario, provocado por el fraude, en la medida en que, a partir del momento en que ya no existen controles fronterizos, es evidente que el fraude «taxi» , es decir, a través de la utilización de una dirección falsa en los dos países que comercian, se ha multiplicado. 
La única solución que entonces se encuentra es hundirse un poco más en el error, con la percepción del IVA en el país de origen, lo que exigiría cajas compensatorias, aplicando criterios macroeconómicos basados en el PNB. 
Perdóneme, señor Presidente, pero cuando sabemos lo que dice el Tribunal de Cuentas sobre el cálculo del PNB en Grecia o en Portugal, puede medirse lo que sería el nivel de contenciosos entre los diferentes países. 
También en este caso, la única solución es la que se impone en materia de política presupuestaria: la necesidad de establecer un criterio de convergencia diferente, aprovechando la Conferencia Intergubernamental. 
También en este caso, se requiere una armonización global a través de la fijación de un techo con respecto a las tasas obligatorias, y, quizá, si yo fuera pro europeo- que no es así -, convendría tratar de reflexionar sobre la libre elección de la vía geográfica que soporta menos gravámenes, como ya sucede con los ricos y con los capitales, puesto que los titulares de rentas de capitales pueden hacer su» shopping» normativo en Europa e ir al sitio donde pagan menos impuestos, lo que no ocurre con los asalariados. 
Comprenderá usted, señor Presidente, por qué a Europa la sostienen sobre todo los ricos. 
No creemos que sea necesaria en absoluto la armonización del impuesto sobre el valor añadido para que funcione el mercado interno, puesto que el IVA no afecta a la competencia de los productos domésticos con respecto a los importados. 
También rechazamos decididamente las dos propuestas que figuran en el apartado 19 de la propuesta de resolución. 
Pensamos que en el Consejo de Ministros debe regir el principio de unanimidad para el conjunto de las cuestiones fiscales. 
Tampoco debe entrar en absoluto el Consejo la adopción de decisiones por mayoría sobre cuestiones que afecten indirectamente a los impuestos. 
Para el presupuesto nacional sueco el IVA es de una importancia decisiva; Suecia es uno de los países de la UE que tienen el índice de IVA más elevado. 
De ningún modo podemos aceptar que se transfiera al Consejo de Ministros el derecho a decidir sobre una cuestión tan vital para nosotros. 
Damos las gracias al ponente por un informe bien elaborado. 
Con ocasión de la votación no hemos podido dar nuestro respaldo al apartado 19 sobre decisiones por mayoría en el ámbito fiscal. 
Pensamos que en general el Consejo debe seguir tratando las cuestiones fiscales ateniéndose al principio de la unanimidad. 
No obstante, pensamos que deberían fijarse unas normas mínimas comunitarias en lo referente a los impuestos sobre capitales, empresas y deterioro del medio ambiente, y que las decisiones del Consejo en estos ámbitos deberían adoptarse siguiendo el principio de la mayoría cualificada. 
Señor Presidente, el informe Randzio-Plath sobre el sistema común de IVA inventado por la Comisión vuelve a dar esperanzas a todos aquellos que creen posible detener en Europa el desarrollo frenético de ciertos proyectos. 
El nuevo sistema de IVA que se nos propone estaría basado en la imposición de bienes y servicios en el país de origen (y no, como hoy, en el país de destino) , y trataría a los países de Europa como un mercado único doméstico donde los tipos, las bases imponibles y todas las demás normas deberían estar armonizadas. 
Este sistema haría perder a los nacionales su autonomía de decisión (¿acaso no es éste su principal objetivo? ) sobre un recurso vital para ellos- ya que el IVA representa, por ejemplo, la mitad de los ingresos fiscales del presupuesto francés. 
Esta pérdida de autonomía se manifestaría en los tipos que sería necesario armonizar más allá de las necesidades nacionales, a no ser que se soporten deslocalizaciones desastrosas, y también en la afectación de los ingresos que cada Estado dejaría de controlar. 
Ello supondría, pues, un mecanismo de distribución europeo muy burdo, fundado no ya en los flujos reales de bienes y de servicios, sino en datos estadísticos relativos al PNB de los países. 
Nos congratulamos de comprobar que, en un arranque de realismo, la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial de nuestro Parlamento ha considerado «inoportuna» la introducción de este nuevo sistema, y «pide a la Comisión Europea que dedique toda su energía a la mejora del sistema vigente». 
Es cierto que este realismo ha sido estimulado por posiciones negativas adoptadas por varios países. 
También es cierto que tiene algunos fallos. 
Por ejemplo, la resolución concluye con un llamamiento sobre la necesidad de decidir por mayoría en el Consejo, en lugar de hacerlo por unanimidad, en cuestiones fiscales. 
Ahora bien, esta regla desembocaría en resultados desastrosos, ya que suprimiría el único freno serio al activismo federalista de la Comisión. 
Otro ejemplo: el llamamiento de nuestro Parlamento para mejorar el sistema vigente no llega a mencionar por qué este sistema es defectuoso y propicia el fraude masivo; ahora todos los reconocen: ello obedece a que, para cumplir con el dogma de la abolición de las fronteras internas, se han eliminado los controles aduaneros, sustituyéndolos por simples declaraciones voluntarias. 
Pensamos que entre el mantenimiento de ciertos trámites obsoletos y la abolición total de los controles, se habría podido encontrar, si se hubiera buscado bien, un justo medio, que respondiera a la vez a la seguridad del sistema fiscal y a la legítima petición de simplificación por parte de las empresas. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe de la Sra. Randzio-Plath en su conjunto, pero en contra de las propuestas contenidas en él relativas al cálculo del IVA de las adquisiciones profesionales según el principio del país de origen, a la diferenciación de los tipos de IVA a nivel comunitario y a la adopción de las decisiones del Consejo sobre temas fiscales por mayoría. 
Los socialdemócratas daneses abogan por una cierta coordinación de la política fiscal a nivel comunitario, pero quieran mantener las competencias de decisión a escala nacional sobre los temas importantes relacionados con el IVA. 
En cuanto a las decisiones del Consejo sobre temas fiscales, debe seguir vigente la norma de que ningún Estado miembro pueda ser obligado en contra de su voluntad. 
Cada Estado miembro debe tener la posibilidad, por ejemplo, de fijar el tipo de IVA y de prever diferencias. 
La Comisión propone que se introduzca un sistema único de IVA antes de 1999, fecha en la que todas las transacciones se fiscalizarán en el país de origen y no, como es el caso actualmente, en el de consumo. 
La Comisión tiene planeado presentar cinco propuestas legislativas para poner en práctica el sistema comunitario del IVA. 
La comisión parlamentaria apoya la propuesta por principio, pero considera que se está avanzando con demasiada rapidez. 
La propuesta conllevaría unos tipos impositivos totalmente armonizados, es decir, únicos, lo cual produciría grandes cambios, y por lo que respecta a Suecia, menores ingresos en concepto de impuestos. 
La política fiscal debe ser normalmente un asunto de competencia nacional. 
Por eso he votado «no» al informe. 
A modo de explicación de mi voto desfavorable al informe sobre un sistema común de IVA, quisiera señalar lo siguiente: 
Es cierto que el régimen transitorio del IVA en vigor produce ciertos efectos secundarios y facilita prácticas fraudulentas y de pago del impuesto retenido. 
Es ahí donde deben concentrarse los esfuerzos de modificación. 
Sin embargo, no se han adoptado medidas destinadas a vencer la corrupción, a procurar la acción eficaz de las autoridades fiscales de control, a combatir la evasión fiscal y al pago del IVA retenido. 
Tampoco se examina la aplicación del tipo cero o de un tipo reducido a una serie de productos y servicios de amplio consumo popular, como herramienta para fomentar el poder adquisitivo de las capas sociales populares y paliar las consecuencias de la política de austeridad ejercida. 
No coincidimos con la propuesta de sustituir el principio del país de destino por el principio del país de origen para la aplicación del IVA. 
Supondrá para muchos países una pérdida de ingresos con enormes consecuencias negativas. 
Además, consideramos que el IVA, como impuesto sobre el consumo, debe aplicarse y reembolsarse en el país en el que tiene lugar el consumo. 
Evidentemente, algunos mantendrán que el principio del país de origen se acompaña por la adopción de un mecanismo de compensación (clearing). 
Sin embargo, en nuestra opinión, esto complica mucho más el sistema y además no se ofrecen garantías para la aplicación del principio de neutralidad del impuesto. 
Se presenta como uno de los elementos básicos y como una simplificación importante del sistema común de IVA examinado por la Comisión el principio del lugar único de imposición para las empresas. 
En nuestra opinión, este principio implica una regulación simultánea de los impuestos directos y, en concreto, lleva a socavar los convenios de doble imposición firmados entre los Estados miembros de la Unión Europea, que están basados en el Proyecto de acuerdos de doble imposición de la OCDE. 
Concretamente, atenta contra el artículo 5 de dicho proyecto, que se refiere a la aplicación del concepto de centro permanente». 
Nos oponemos a cualquier intento de aumentar los tipos del IVA, sea con finalidad recaudatoria, sea como medio de compensar las pérdidas de ingresos debidas a medidas de reducción de las cotizaciones patronales a la seguridad social. 
Antes bien, consideramos necesario que se reduzca el tipo en determinados supuestos, como medio para fomentar la actividad económica, y por lo tanto, el empleo en los respectivos sectores, por ejemplo en las empresas intensivas en el factor trabajo o en las PYME. 
En nuestra opinión, la parte básica de los ingresos fiscales debe proceder de los impuestos directos progresivos. 
Cualquier medida de gravamen del consumo contribuye a minorar la renta nacional, eludiendo el carácter fundamental que debe tener un sistema fiscal: el de contribuir a la redistribución de la renta. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.15, se reanuda a las 15.00 horas) 
Telecomunicaciones y ONP 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0171/97) de la Sra. Read, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0185/97- COD 95/0207) relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta. 
Señora Presidenta, tengo el placer de invitar a este Parlamento a que apruebe el texto conjunto. 
Es un texto muy breve pero ha requerido muchas horas de pacientes deliberaciones y negociaciones. 
Me permito destacar en particular los aspectos respecto de los cuales pudimos llegar a un acuerdo: la financiación del servicio universal, el estudio acerca de la creación de una autoridad europea de reglamentación, el acuerdo acerca de la solución de los litigios transfronterizos, la cuestión de la portabilidad de los números de los abonados, la transparencia de la cuota de interconexión, y la ayuda al ingreso de nuevos actores en el mercado. 
Sé que el Comisario querrá referirse a las dos declaraciones relativas a la portabilidad de los números y al respaldo de la posición adoptada por este Parlamento en relación con la directiva relativa a la telefonía vocal en su primera lectura, y también a la cuestión del ámbito de aplicación de la directiva. 
Espero que el Comisario pueda ocuparse de estas cuestiones en su respuesta. 
He de señalar a la atención de este Parlamento el hecho de que no hay ningún representante del Consejo entre nosotros, cosa que debe hacerse constar en acta. 
Sin embargo, la siguiente declaración, que se aplica a la portabilidad de los números, fue formulada por el Consejo en la reunión de conciliación: » El Consejo declara que reflexionará atentamente y tendrá en cuenta el dictamen de la Comisión». 
Sé que los colegas que han seguido el desarrollo de esta cuestión en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial saben que sería más lógico ocuparse de muchos de sus aspectos en diferentes directivas. Esperamos con interés las propuestas de la Comisión sobre una reforma y revisión de la legislación en materia de telecomunicaciones en 1999. 
En cuanto a las interconexiones, que constituyen un elemento central de la creación del mercado único y del programa de liberalización, gracias al Parlamento y a sus servicios- y he de agradecer a mis colegas su considerable apoyo a mi labor- y gracias a la cooperación del Consejo y de la Comisión tenemos ante nosotros un texto legislativo bien sopesado, coherente y, espero, eficaz. 
Pido al Parlamento que apruebe el texto conjunto. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar a todos aquellos que han contribuido al éxito de este acuerdo en el marco de la Conciliación y en especial al Sr. Imbeni, Vicepresidente del Parlamento Europeo y co-Presidente del Comité de Conciliación, a la Ministra la Sra. Jorritsma, co-Presidenta del Comité de Conciliación, al Sr. von Wogau, como Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y a usted, señora Read, como ponente. 
Esta directiva es un elemento esencial para la competitividad en el sector de las telecomunicaciones. 
Nuevos participantes en el mercado estarán en situación de llegar dentro de un marco previsible y estable a los usuarios finales sobre una base que va a impulsar las inversiones y el crecimiento del mercado en el sector de las telecomunicaciones. 
Organizaciones con una posición dominante en el mercado tendrán que ofrecer a los nuevos participantes en el mercado el acceso y la interconexión bajo unas condiciones transparentes, razonables y no discriminatorias. 
Esta directiva garantizará también la interconexión e interoperabilidad de redes y servicios para seguir asegurando a los usuarios la disponibilidad universal de los servicios de telecomunicaciones en toda la Unión. 
El resultado del Comité de Conciliación es muy satisfactorio y gracias a la insistencia del Parlamento Europeo se ha mejorado esencialmente la posición común en sectores clave: en primer lugar, el análisis de las ventajas de una autoridad europea de reglamentación, en segundo lugar, la financiación del servicio universal, en tercer lugar, una solución de los litigios transfronterizos, en cuarto lugar, un cálculo de precios en función de los costes reales, en quinto lugar, unos precios razonables para la «portabilidad» de los números y, en sexto lugar, recomendaciones de la Comisión para el desarrollo de un mercado auténticamente europeo. 
Como parte componente del compromiso alcanzado finalmente por el Comité de Conciliación y con la finalidad de realizar una aclaración, la Comisión emite dos declaraciones adicionales para que consten en el Acta: primera, una declaración sobre el apartado 1 del artículo 7: la Comisión confirma que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre la interconexión es aplicable a todas las organizaciones que operan en las redes públicas de telecomunicaciones y/o en los servicios de telecomunicaciones accesibles al público tal como establecen las partes 1 y 2 del Anexo I y que hayan sido notificados por las autoridades nacionales de reglamentación como dotados de un peso significativo en el mercado, y sólo a dichos organismos. 
La segunda declaración de la Comisión se refiere a la directiva revisada «telefonía vocal ONP». 
En su dictamen sobre las enmiendas del Parlamento Europeo en segunda lectura, la Comisión se ha comprometido a aceptar en principio la enmienda nº 25 a la directiva sobre la interconexión. No obstante, examinará cuidadosamente la aplicación de las correspondientes normas, en especial, la norma por la que el nuevo número será asignado gratuitamente al usuario. 
Resumiendo, la Comisión saluda los resultados del Comité de Conciliación que mejoran la posición común y tienen en cuenta las enmiendas más importantes del Parlamento Europeo en segunda lectura. 
El texto definitivo fortalece la dimensión comunitaria de la directiva y mejora la protección del consumidor. 
Por ello, la Comisión recomienda expresamente al Parlamento Europeo que acepte el texto de compromiso del Comité de Conciliación, para que se pueda aprobar definitivamente esta importante directiva. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias al Comisario y referirme brevemente a un aspecto de su intervención. 
En la declaración de la Comisión sobre el apartado 1 del artículo 7, que ha leído, la traducción en inglés ha omitido la última frase. 
Es una frase importantísima, de la que nos ocupamos durante horas y horas en la negociación, pues se aplica a organizaciones que según las autoridades nacionales de reglamentación tienen una posición dominante en el mercado. 
Ésa es precisamente la frase que no figura en la traducción inglesa: » y sólo a dichos organismos». 
Se trata de una frase verdaderamente fundamental y quisiera que el Comisario nos asegurase que figurará en el Acta, tal y como figuraba en el informe que acordamos al final de la conciliación. 
Supongo que esa frase se omitió involuntariamente al traducir el texto. 
Señora Presidenta, para simplificar las cosas, repito el texto en inglés de la declaración de la Comisión para que no haya problemas de traducción: 
» La Comisión confirma que el artículo 9 de la Directiva sobre interconexión se aplicará a todas las organizaciones que operan en las redes públicas de telecomunicaciones/o en los servicios de telecomunicaciones accesibles al público tal como establecen las partes 1 y 2 del Anexo I, que hayan sido notificados por las autoridades nacionales de reglamentación como dotados de un peso significativo en el mercado, y sólo a dichos organismos». 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Producción y comercialización de miel 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0191/97) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0596- C4-0031/97- CNS 96/0282) por el que se establecen las normas generales de aplicación de las medidas destinadas a mejorar la producción y comercialización de miel. 
Señora Presidenta, el 20 de enero de 1995 este Parlamento aprobó unánimemente mi informe sobre la difícil situación de los apicultores europeos y propuso medidas directas de apoyo para asegurar la apicultura en nuestros Estados miembros. 
En aquella ocasión, criticamos intensamente como insuficiente el irresoluto documento de la Comisión de 1994 sobre la situación de la apicultura en Europa y realizamos propuestas concretas, como una prima a la polinización o pagos compensatorios por pérdidas de ingresos atribuibles a la ausencia de una preferencia comunitaria. 
Casi exactamente dos años después se nos consultó sobre una propuesta de la Comisión que ignora nuestras propuestas y preocupaciones y de nuevo contemplaba solamente una serie de medidas puntuales para mejorar las condiciones de producción y comercialización en la UE en base a programas nacionales que serían financiados por la UE solamente hasta el 50 %. 
El presupuesto de la UE dedicaría 15 millones para este concepto, de los cuales la mayor parte- 11, 6 millones- se estarían destinados a la lucha contra la varroasis. 
Señor Comisario Fischler, estamos decepcionados y hasta airados ante tanta incomprensión por la difícil situación de los apicultores y las graves consecuencias que se derivan para la agricultura e incluso la naturaleza si no se crían más abejas para garantizar la tan importante actividad polinizadora, tanto desde un punto de vista ecológico como económico. 
La Comisión no puede ni debe ignorar que la situación de la apicultura es catastrófica en muchas regiones. 
Lo voy a ilustrar con cifras de mi país, Luxemburgo. 
En el plazo de un año, de 1995 a 1996, el número de colmenas se ha reducido en aproximadamente un 10 %. 
Casi la mitad de los apicultores es mayor de 60 años. 
Sólo un 4, 75 % son menores de 30 años y esto a pesar de los numerosos e imaginativos esfuerzos realizados por la asociación luxemburguesa de apicultura, con la que mantengo contactos como ponente. 
La cortedad de miras de aquellos que rechazan poner a disposición 65 millones de ecus del presupuesto de la Comunidad- es lo que costarían aproximadamente nuestras propuestas para ayudas directas- es casi criminal si se piensa que las abejas con su actividad polinizadora conservan más de 80.000 tipos de plantas diferentes y que la pérdida de la vegetación silvestre ocasionaría también la desaparición de insectos, aves y pequeños mamíferos que dependen de esta vegetación como área vital y para su alimentación. 
Desde 1985, es decir, desde hace 12 años, este Parlamento es un predicador en el desierto de la burocracia europea, que puede aceptar la malversación de 60.000 millones de ecus pero que nos quiere hacer creer que el presupuesto de la CE se desequilibraría si pusiese a disposición 65 millones de ecus para la conservación de la apicultura, cuando la aportación económica de las abejas a la agricultura es de 5.000 millones de ecus o incluso superior. 
Señor Comisario, no debe proseguir así. 
Por ello, hemos modificado y completado la propuesta de la Comisión. 
Queremos la prima por polinización, los pagos compensatorios por las pérdidas de ingresos, pero también queremos que se incluya la apicultura en el sistema de pagos compensatorios del Reglamento relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. 
No tenemos nada en contra de programas nacionales para la mejora de las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura, pero exigimos la financiación exclusiva de la Comunidad. 
Para evitar distorsiones de la competencia por la miel de importación mucho más barata, exigimos unas normas comunes de comercialización para la miel comunitaria y la de importación, pues el consumidor tiene que saber qué es lo que compra. 
Lamentablemente, nuestros presupuestarios no nos han apoyado con su dictamen. 
La Comisión de Agricultura no puede entender esta miopía ante las sumas exigidas que solamente serían migajas para el presupuesto de la UE. 
No queremos un reglamento de mercado según el modelo tradicional pero sí las medidas directas antes mencionadas que son de gran urgencia ante la presión a que se ve sometido el apicultor europeo como consecuencia de la apertura del mercado de la miel debido al acuerdo del GATT. 
Dirigimos por ello un ruego urgente a la Comisión y al Consejo de Ministros para que aprueben nuestras propuestas. 
Señor Comisario, al igual que las abejas somos pacíficos por naturaleza. 
Pero si se las provoca entonces pican y en nuestro caso es exactamente igual. 
¡Y puede hacer mucho daño! 
Para finalizar, espero que la Comisión y el Consejo tomen ejemplo del estilo de vida de las abejas. 
Las abejas son productivas, cooperativas, razonables, fiables, generosas y listas. 
Y aunque el Consejo y la Comisión aún no son gobernados como las abejas por una mujer, deberían considerar que el poder de la reina de las abejas no se basa en su aguijón sino en que desaparecerían si no trabajasen solidariamente. 
Esto debería ser también una lección para ustedes. 
En la Comisión de Agricultura no secundamos la propuesta de la Comisión de Presupuestos de acortar a cinco años las ya de por si escuálidas medidas, ni tampoco el intento de clasificar los gastos como no obligatorios. 
Señor Comisario, tiene que soportar este picotazo de nuestra abeja reina europea, pues no le falta razón. 
En primer lugar, es una buena noticia que el contribuyente europeo quiera poner a disposición 15 millones de ecus anuales para algo en que el dinero está bien colocado y en que con un esfuerzo reducido se puede obtener un gran provecho, prosiguiendo, por ejemplo, la lucha contra la varroasis y atacando de este modo uno de los males más perniciosos de la apicultura europea. 
Este dinero no se pierde en canales oscuros ni es propenso al fraude. 
Pues las cochinillas no son abejas europeas y no pueden ocasionar aquí desastres similares. 
Pero quiero rogarle encarecidamente al igual que a la Comisión Europea que dé otro paso. 
La oradora anterior ha aclarado expresamente que se trata de hacer por fin justicia a los servicios ecológicos de la apicultura en Europa y de ahí mi deseo de recoger lo que ya existe desde hace mucho tiempo en una zona periférica de la Unión Europea, en la Islas Canarias, es decir, una prima por colmena. 
Creo que lo que es posible en las Islas Canarias debe serlo también en el resto de la Unión Europea si bien, naturalmente, no se puede reconocer tan simplemente la fundamentación de esta prima especial en las Islas Canarias, en el sentido de que se trata de una región con un clima especialmente difícil. 
Les ruego, por ello, que recojan estas exigencias evidentes y necesarias ya desde hace mucho tiempo y también modestas. 
Es una aportación ecológica y supone un paso adelante para la agricultura europea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tenía dudas sobre intervenir o no intervenir hoy, porque la Sra. Lulling ha sido tan acertada, eficiente y eficaz en apoyar este informe, que no quería estropear el trabajo llevado a cabo, sin embargo, siendo Italia uno de los mayores productores de miel, con sus 1.350.000 colmenas, siento el deber de respaldar las peticiones de la Sra. Lulling, peticiones sobre todo de carácter económico, porque al fin y al cabo se trata de hacer frente a las que son las líneas clara y anteriormente indicadas. 
Con respecto a esto, en un Parlamento, en unas Instituciones donde se habla de desarrollo del ámbito rural y de desarrollo compatible con las exigencias medioambientales, deseo recalcar únicamente que este sector, a pesar de que puede parecer marginal desde el punto de vista cuantitativo, puede ofrecer una contribución en este sentido. 
La Sra. Lulling se ha referido a las características estructurales del sector en su país. 
Debo manifestar que en Italia se registra un envejecimiento de la población activa en este sector, aunque existen nuevas generaciones que van apareciendo y vinculando este sector con la actividad agroturística, esto es, con una agricultura en la que los ingresos se buscan a través de todo un conjunto de actividades, entre las cuales se encuentra también la apicultura. 
En consecuencia, estos jóvenes, sobre todo en las zonas de montaña, precisan ayudas. 
Los objetivos a los que hay que dirigir y llevar a cabo dicha ayuda sabemos cuales son: la lucha contra la varroasis, el problema de la polinización y el problema de la innovación tecnológica de este sector. 
Por ello, insto al Parlamento a que apoye las peticiones de la Sra. Lulling y a la Comisión a que conteste de forma positiva dicha reivindicación. 
Señora Presidenta, en un minuto se puede decir poco, pero apoyamos las enmiendas que la Sra. Lulling presenta. 
En el año 1994 fui ponente para opinión sobre la apicultura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y creo, como ella misma, que este sector tiene implicaciones económicas y medioambientales: hay cerca de medio millón de apicultores, de los que 13.000 son profesionales; España, junto con Italia, Grecia y Portugal son los países que más apicultores tienen, y el 90 % de las polinizaciones se debe a las abejas, que actúan sobre más de 80.000 especies de plantas. 
Si no hubiera abejas desaparecerían más de 20.000 especies de plantas; por lo tanto, Europa ha de potenciar este sector. 
Estamos completamente de acuerdo con la Sra. Lulling en lo que dice respecto a las dificultades de los apicultores. 
Yo vivo en una región en declive industrial y agrícola, y la actividad de la apicultura es una actividad que complementa otras actividades en declive y que ayuda mucho a los productores. 
Por lo tanto, apoyamos esa prima de polinización, el que haya una ayuda a la formación, el apoyo a las asociaciones de apicultores y también, cómo no, el que se fomente el consumo de la miel, que- creo que todos coincidimos en eso- es muy saludable. 
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Lulling es sin duda alguna una maravilla y merece que le demos todo nuestro apoyo. 
Otros oradores han explicado ya la importancia que reviste la apicultura en diversas partes de la Unión Europea. 
Quizá un aspecto en el que el informe de la Sra. Lulling es de especial utilidad es que menciona lo diferentes que son las condiciones en diferentes partes de la Unión Europea. 
En climas septentrionales como los de Escocia o Escandinavia, la duración del día solar y la insolación son muy diferentes de los valores equivalentes de climas meridionales y lo mismo sucede con el calor del sol, lo que significa que en algunos casos las diferencias climáticas influyen en la aportación de azúcar para la miel. 
Quisiera mencionar un par de aspectos que en mi opinión son importantes. 
En primer lugar, apoyo sin reservas la idea de la financiación de un 50 % con cargo al presupuesto de la Unión Europea, que sugiere la Sra. Lulling. El otro 50 % debe correr por cuenta de los gobiernos de los Estados miembros. 
Hay una preocupación particular por la difusión de la varroasis, que puede atacar con efectos catastróficos a las poblaciones de abejas de diversas partes de Europa. 
En Escocia las abejas son inmunes a esa enfermedad en la actualidad, pero hemos podido constatar sus efectos en otros lugares. 
Es importantísimo que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se difunda la varroasis. 
Espero que el Gobierno británico de reciente elección establezca por fin un cuerpo de inspectores apícolas en Escocia, que es una de las escasas partes de Europa que no posee inspectores de apicultura. 
En general me satisfacen las enmiendas presentadas por la Sra. Lulling, y antes de acabar quisiera prevenir al Comisario: si tiene la intención de rechazar alguna de esas enmiendas, le propongo que se ponga ropa protectora pues, de lo contrario, este Parlamento le picará. 
Señora Presidenta, hace ahora diez años- creo que fue en el mes de enero de 1995- que este Parlamento se pronunció unánimemente a favor de una prima a la polinización, y el Comisario a favor de una prima compensatoria por la ausencia de una preferencia comunitaria. 
Pero, a pesar de la unanimidad, en aquel momento predicamos en el desierto. 
Por dos razones misteriosas a la Comisión Europea no le gustan las abejas. 
A la Comisión Europea no le gustan las mieles europeas, prefiere las chinas. 
Quizá exista un lobby maoísta en la Comisión Europea, no lo sé. 
Dicho esto, sólo producimos 123.000 toneladas de miel. 
Si lo comparamos con una producción mundial de 1.000.000 a 1.200.000 toneladas, habría sobradas razones para proteger a nuestros apicultores. 
Ustedes proponen una solución falsa, una migaja, una miseria: 15 millones de ecus cofinanciados en un 50 %, una especie de regalo envenenado, porque ustedes dirán: » como podrán ver, hemos hecho algo en favor de la comercialización, en favor de la calidad». 
En un país como el mío, ello representa alrededor de 15 millones de francos que deberán repartirse 3.000 apicultores profesionales y cierto número de apicultores con dedicación parcial, o sea, que no es gran cosa. 
Los problemas de varroasis, de este insecto acárido; los problemas de resistencia a los productos que se utilizan; los problemas de fraude- no se ha hablado de ello- con los jarabes de arroz y de maíz que se utilizan los productores para que las abejas fabriquen miel falsa; los problemas de control en la entrada de la Comunidad Europea; el problema, en Francia, de las supuestas mieles biológicas, en virtud de un decreto de 1996- pero si la miel es por definición un producto biológico, y ahora se traen de Mongolia las seudo mieles biológicas -; los problemas de importaciones de China, Méjico, América Latina, por razones desconocidas, a un precio mundial de 12 ó 13 francos el kilo, cuando el coste de producción en Francia es, por ejemplo, de 14 a 15 francos el kilo. Problemas también en cuanto al etiquetado, señor Presidente, ya que sería necesario etiquetar las mieles para saber si proceden de Mongolia, de China, o si proceden de Canarias, de los Alpes o de mi región de Languedoc-Rosellón. 
Finalmente, el problema, más general, de la supervivencia de las especies vegetales y, simplemente, de la vida. 
No voy a recitar la lección de Einstein, quien decía que si las abejas desaparecieran la humanidad tendría pocas posibilidades de sobrevivir. 
Procedo de un país donde hemos adoptado la figura de las abejas en el manto imperial, como símbolo de poder. 
Por esta razón, señor Comisario, es usted un enigma para mí. 
No entiendo por qué no le gustan las abejas. 
Señora Presidenta, quiero felicitar a la Sra. Lulling por su informe, ya en línea con lo que habíamos expuesto cuando celebramos el debate sobre el documento de reflexión que nos presentó la Comisión y asimismo en línea con lo que presentó ya hace tiempo el Sr. Böge cuando elaboramos el primer informe sobre el sector de la miel. 
A la vista de esto, tengo la sensación- como ya han dicho otros oradores- de que el informe de la Comisión está un poco lejos de las expectativas y de los deseos de este Parlamento. 
Es verdad que el documento y las propuestas del Reglamento van en la buena dirección, pero yo creo que se ha quedado- de manera cicatera- muy lejos de las expectativas. 
Esto se refiere especialmente a dos temas ya repetidos que son- dada la situación del mercado de la miel en la Comunidad, dada nuestra situación absolutamente deficitaria en la Comunidad y dada la falta de regulación- los relativos a las primas de polinización y las posibles primas de indemnización por pérdidas de ingresos de los apicultores. 
Estos temas son precisamente tan importantes debido a las tremendas diferencias existentes entre los costes que tenemos en la Comunidad y los costes externos. 
Por eso, yo personalmente, sostengo la propuesta de la Sra. Lulling en el sentido de que debería contemplarse esa posibilidad de ayudas. 
En segundo lugar, quisiera resaltar la necesidad de que, en todo caso, los programas nacionales que presente la Comisión, o a los que se remita la propuesta de la Comisión, se apliquen con la suficiente flexibilidad para recoger las diferentes aportaciones, las diferentes realidades de los diferentes países productores de la propia Unión Europea. 
A mí me parece que deberíamos ser lo suficientemente flexibles como para aceptar situaciones sumamente diferentes en lo que respecta a la alimentación de las colmenas, al mantenimiento de las mismas, al mantenimiento de los asentamientos, a la diferente gestión técnica comercial y al apoyo a la transhumancia; es decir, deberíamos ser lo suficientemente flexibles en esos programas nacionales como para que puedan tener acogida las ayudas. 
Igualmente, creo que habría que hacer un esfuerzo desde el punto de vista comercial y de promoción del producto «miel» (de estudios de mercado, estudios de nuevos mercados, diseño, publicaciones especializadas, nutrición animal, dietética, etc.) , de tal manera que esos programas permitan al menos acoger las realidades de los diferentes países productores de miel en el seno de la Unión Europea. 
Estimado señor Comisario, señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Astrid Lulling quien con su tenacidad ha coronado esta hora con un nuevo vestido de abeja. 
Pues pienso que si no hubiese sido tan tenaz, probablemente no habría tenido lugar este debate sobre las abejas. 
De lo que se ha dicho hasta ahora aquí, solamente se puede deducir que hay que hablar sobre las abejas pues de lo contrario la apicultura desaparecerá. 
Y aquello de lo que no se habla tampoco se desarrolla. 
Las abejas son medidas por la miel y cera que suministran y esto es demasiado poco. 
La aportación que las abejas hacen a la naturaleza, a los pájaros, a la polinización de nuestros cultivos herbáceos o frutales no se puede valorar lo suficientemente alto. 
Yo soy cultivador de colza y me alegro cada año cuando viene el apicultor y coloca sus cajas de colmenas en mis campos de colza, pues si no viniese o las abejas no volasen, entonces la cosecha de colza sería quizás solamente la mitad de lo que es. 
Por este motivo, debemos valorar más los efectos secundarios sobre la naturaleza y, sobre todo, deberíamos valorar políticamente más la apicultura. 
Y no necesitamos solamente viejos apicultores con experiencia sino también jóvenes que se entusiasmen con la apicultura. Todos envejecemos. 
Es algo estupendo tener mucha experiencia de vida pero si no siguen jóvenes que aprendan esta profesión, entonces ésta morirá y también la apicultura. 
Por ello, debemos apoyar todo el conjunto- abejas, miel, cera y todo lo accesorio- así como los efectos secundarios positivos de las abejas. 
Las abejas proporcionan una gran utilidad que no sólo se puede medir con dinero. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han hablado en favor de la abejas y, en especial, a la ponente, la Sra. Lulling, por el atento análisis de la propuesta de la Comisión y las propuestas de estudios adicionales provenientes de ella. 
Ya en 1994, en su documento de debate sobre la situación de la apicultura en Europa, la Comisión propuso unas medidas preferentes para la mejora de la producción y comercialización de la miel. 
Estas medidas incluyen la lucha contra la varroasis, la racionaliación de la apicultura trashumante, ayudas técnicas y el fomento de los análisis de miel. 
Me alegra oír que el Parlamento apoya a la Comisión en este punto. 
Naturalmente, puedo entender que muchos quieran ir más allá y hacer más pero, lamentablemente, el margen de actuación para ello es muy limitado. 
No obstante, se puede encontrar una base común para introducir una regulación adecuada para el apoyo de este sector. 
Por ello, he leído atentamente el dictamen del Parlamento y he examinado todas las recomendaciones con espíritu constructivo. 
Lamentablemente, también tengo que decir que la mayoría de estas recomendaciones no se pueden hacer realidad plenamente por los siguientes motivos que son para mi vinculantes. 
La enmienda nº 1, relativa a aspectos institucionales, no se puede aceptar en su forma actual pues no representa ningún fundamento jurídico y, en consecuencia, no se puede incluir en una anotación de referencia. 
Sin embargo, la enmienda nº 1 se podría aceptar como considerando para tener así en cuenta la declaración conjunta del 1 de marzo de 1995. 
La enmienda nº 8, sobre aspectos del procedimiento en la comisión tiene que rechazarse pues un considerando esta destinado a motivar la norma correspondiente del texto legal y en este caso en las disposiciones del texto legal no existe ningún artículo al respecto. 
Con las enmiendas nº 5, 11 y 12 se exige una mayor flexibilidad en lo tocante a los programas nacionales y las medidas preferentes. 
La Comisión podría aceptar la motivación de dichas enmiendas e informar de ello al Consejo. 
Sin embargo, la forma actual no es lícita pues va más allá de las medidas preferentes propuestas. 
Con la enmienda nº 4 se exige traspasar las medidas para la lucha contra la varroasis a la política veterinaria. 
Esto no se puede aceptar pues no se trata de una medida de erradicación. 
La medida pretende ayudar a los apicultores a soportar el aumento de los costes de producción derivados de la lucha contra la varroasis. 
En las enmiendas nº 6, 13 y 19 se propone introducir en el futuro otras medidas sobre la base de estudios estructurales sobre el sector y la configuración de precios realizados regularmente. 
No se pueden aceptar estas enmiendas pues con esta propuesta se debería vincular la cofinanciación de los programas nacionales a la condición de que los estudios se realicen antes de la autorización de los programas. 
La enmienda nº 14 prevé la introducción de un complicado régimen para determinar los tipos máximos de cofinanciación para los diversos Estados miembros. 
Con la enmienda nº 15 se quiere modificar el texto propuesto a pesar de que éste prevé un procedimiento presupuestario sencillo y frecuentemente empleado. 
Por ello, no puedo aceptar estas dos enmiendas. 
La enmienda nº 16 si puedo aceptarla. 
Contribuye a la claridad del texto propuesto. 
La enmienda nº 17, relativa a aspectos de política estructural no se puede aceptar pues dificultaría los controles de la aplicación de programas estructurales y podría conducir a pagos dobles de ayudas. 
Respecto a las enmiendas con las que se pretende introducir nuevos artículos, quiero decir lo siguiente. 
Las enmiendas nº 2, 9 y 10 prevén la introducción de una prima comunitaria por polinización y unos pagos compensatorios por pérdidas de ingresos. 
No se pueden aceptar estas enmiendas pues, ante la situación global del sector en la Unión Europea, no parece adecuado introducir un sistema global de ayudas a los ingresos o primas. 
La Comisión apoyará, sin embargo, estudios sobre la situación económica del sector. 
En las enmiendas 3 y 7 se exigen normas de comercialización para la miel. 
El marco adecuado para ello es la directiva en vigor sobre la miel que está siendo examinada actualmente por el Parlamento junto con una serie de directivas sobre alimentos en el marco de la proyectada simplificación. 
Las enmiendas nº 20 y 21 que prevén una ampliación de la regulación de las ayudas compensatorias de las regiones agrícolas de montaña a otras especies de animales, exigen un examen a fondo en el marco de los reglamentos estructurales del Consejo. 
Por ello, no puedo recoger estos puntos en la presente propuesta pero los examinaremos. 
La enmienda nº 18 subraya que las disposiciones de aplicación no sólo son necesarias para las medidas de control sino también para los artículos 1, 2 y 3 de reglamento del Consejo. 
Prefiero el texto en su forma actual pues las disposiciones de aplicación son especialmente importantes para las medidas de control, no en último lugar porque el reglamento del Consejo no contiene unas normas especiales de control. 
Puedo aceptar la enmienda nº 22. 
La Comisión está convencida de que la aceptación de este reglamento representa un reconocimiento esencial del sector y que va a contribuir a un desarrollo positivo. 
Señora Presidenta, después de todo lo que nos ha dicho el Sr. Comisario, solamente acepta dos enmiendas. 
Y estas son enmiendas en las que decimos que naturalmente se debe tener en cuenta a los apicultores, las asociaciones y cooperativas y que el famoso informe que debe presentar la Comisión no lo haga solamente al Consejo sino también al Parlamento. 
Sobre todo lo demás, el Comisario se ha negado con argumentos que deberemos analizar de nuevo en la Comisión de Agricultura, pero que no lo son pues es perfectamente posible aceptar nuestras exigencias. 
Hemos realizado al fin y al cabo propuestas precisas. 
Esto es especialmente aplicable a la inclusión de la apicultura en la directiva estructural. 
En mis cinco minutos no puedo explicarlo todo, pero el Sr. Comisario debe aclararme porqué en el artículo 19 del reglamento no se puede decir que una colmena tiene tanto valor como una oveja o una cabra, por lo que se puede incluir en la directiva estructural. 
Usted tiene el texto. 
No es la primera vez que en la Comunidad Europea en un reglamento determinado cambiamos también cosas de otros reglamentos. O bien, realice una propuesta si piensa que esto no sería correcto jurídica o administrativamente. 
No puede decir que no es posible. 
Naturalmente que se puede, sólo que falta la voluntad de hacerlo. 
También se puede introducir una prima por polinización. 
No me puede hacer creer que no hay ningún fundamento jurídico para ello. 
Naturalmente que cuesta algo pero es factible. 
No me puedo dar por satisfecha porque usted diga que va a examinar diversas enmiendas y estudiar de nuevo el asunto. 
Usted puede estar estudiando hasta la consunción y no habrá ya ningún apicultor en la Comunidad. 
Estamos estudiando desde 1985 y tengo la sensación de que sabemos suficiente. 
Naturalmente, se pueden profundizar aún más los estudios y mejorar las estadísticas, pero cualquiera que se haya ocupado del tema sabe que van a dar las doce campanadas, si es ya no han dado, para salvar la apicultura en la Unión Europea, tal como han propuesto aquí todos los colegas. 
No estoy de acuerdo con sus seudoargumentos y también puedo decirle que no vamos a aceptarlo y que..... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señora Lulling, no puedo permitirle que continúe. 
Cuenta usted con toda nuestra simpatía en esta Asamblea, incluida la de la Presidencia, pero el tiempo de los debates no depende de mí, y le pido tenga a bien entenderlo. 
Lleva usted mucho tiempo en este recinto como para no saber que somos un Parlamento muy particular, con tiempos de uso de la palabra muy limitados. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0180/97) del Sr. Belleré, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo (C4-0169/97- COD 96/0082) con vistas a la adopción de la Octava Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones sobre la hora de verano. 
Señora Presidenta, señor Comisario Kinnock, Señorías, cuando la Comisión de Transportes me encargó que redactara un informe sobre la propuesta de Octava Directiva relativa a las disposiciones sobre la hora de verano, no creí que este tema despertara tanto interés en la opinión pública europea, hasta el punto que, por ejemplo, un diario francés publicó el siguiente titular: » Belleré contra Juppé». 
Tal como ya manifesté en mi informe en primera lectura, estoy de acuerdo con los objetivos de la propuesta de la Comisión, esto es, que la armonización de las fechas de inicio y final de la hora de verano favorece el mejor funcionamiento del mercado interior y beneficia algunos sectores importantes tales como los transportes y las telecomunicaciones. 
Sin embargo, somos conscientes de que este tema se presta a diferentes posiciones, según las diferentes experiencias de cada Estado miembro, y sobre la base de esta consideración estimé que la aplicación o no de este sistema horario es de exclusiva competencia de cada Estado miembro. 
Estoy firmemente convencido de que la gran mayoría de los ciudadanos está a favor del mantenimiento de la hora de verano, ya que disponer de una hora más de luz favorece cualesquiera actividades, desde las deportivas y recreativas hasta las de servicio y turísticas, sobre todo en los Estados del sur de Europa, donde los días son más cortos. 
Tenemos, no obstante, la obligación de tener en cuenta también los casos en que la aplicación de la hora de verano, en particular en los Estados del norte de Europa, surte otros efectos, o al menos no se consiguen los beneficios que la misma reporta en otros Estados miembros. 
Abundé en el aspecto del ahorro energético que en algunos Estados miembros tiene valores muy modestos, mientras que en otros Estados como, por ejemplo, Italia, que no son autosuficientes desde el punto de vista energético, la aplicación de la hora de verano generó el año pasado un ahorro sobre el consumo de 900 millones de kilovatios hora, superior al 0, 4 % de las necesidades nacionales. 
Me referí asimismo al problema de la salud, o sea, al hecho de que la modificación de los ritmos circadianos cuando se pasa de la hora de verano a la hora solar y viceversa, origina unos efectos que se pueden cuantificar en pequeñas molestias en la fase del sueño, aunque ciertamente se trata de efectos transitorios y, decididamente, sin importancia. 
En lo que se refiere a la seguridad viaria, es evidente que el buen sentido nos obliga a establecer una relación entre mayor luminosidad y mayor seguridad, aunque es necesario disponer de los datos objetivos de todos los Estados miembros, a fin de elaborar un estudio sobre esta materia. 
Finalmente, terminé mi informe aplaudiendo la iniciativa de la Comisión por el informe presentado, habida cuenta de que contribuía enormemente a evaluar la aplicación de la hora de verano, a pesar de que hice hincapié en la competencia de cada uno de los Estados miembros en cuanto a tomar decisiones al respecto. 
Por toda respuesta, en la posición común, la Comisión y el Consejo rechazaron las posiciones del Parlamento, expresadas en tres enmiendas, en particular las que hacían referencia al principio de subsidiariedad, y motivaron dicha actitud manifestando que la aceptación de dichas enmiendas no habría convertido en obligatoria la aplicación de un sistema de hora de verano como tal y que las mismas debían considerarse contrarias a la armonización, que es el objetivo fundamental de la Directiva. 
A este respecto, tanto la Comisión como el Consejo deberían, por lo menos, aclarar al Pleno de qué manera tiene en cuenta el principio de subsidiariedad, así como si tienen intención de sacrificarlo convirtiendo en obligatorias unas condiciones, cuyos efectos repercuten, positiva o negativamente, en los ciudadanos europeos. 
Es mi intención detenerme en este aspecto, habida cuenta de que Europa y los valores que queremos proponer a los ciudadanos no pasan por la obligatoriedad y la imposición, sino por el diálogo, la mediación y el respeto de las diversidades. 
Es preciso acercar al ciudadano a Europa y no ponerlo en condiciones de sufrir sus efectos y acercar a Europa- permítanme decirlo- al ciudadano. 
Por lo tanto, confirmando mi opinión favorable con respecto a la aplicación de la hora de verano y a la armonización de las fechas, pido una vez más a la Comisión y al Consejo que redacten un informe pormenorizado sobre las implicaciones de la aplicación de la hora de verano consultando a representantes de los sectores interesados y a expertos nacionales de los Estados miembros, así como que consideren el principio de subsidiariedad y las competencias de cada Estado miembro y más aún, si cabe, la opinión del Parlamento, por ser la opinión de una Asamblea libremente elegida y expresión de la voluntad de los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, empezaré expresando el aplauso del Grupo socialdemócrata en relación con la posición común sobre la hora de verano. 
Ya hemos escuchado con anterioridad varios argumentos excelentes por parte del ponente en favor de la hora de verano, pero de lo que se trata ahora es de la armonización de la fecha de inicio y fin de la hora de verano. 
Pensamos que esto es bueno, ya que reduce las molestias que sufre sobre todo el sector del transporte, y facilita la libre circulación de los ciudadanos de la UE, de sus productos y servicios. 
La mayoría de los ciudadanos de la UE, más del 80 por ciento, está a favor de que se mantenga la hora de verano. Esto subraya aun más la conveniencia de apoyar y aprobar esta posición común. 
Por eso le ofrezco nuevamente mi aplauso. 
Señora Presidenta, Señorías, durante el examen en primera lectura del proyecto de Octava Directiva, tuve la oportunidad de transmitir a los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo mi impresión sobre este importante tema: la hora de verano. 
Hoy no podemos menos que congratularnos por la posición común aprobada por el Consejo, con vistas a la adopción de este texto de armonización, y pido a todos los diputados que aprueben el proyecto de recomendación presentado por Spalato Belleré. 
A principios de la década de los 80, por iniciativa de Francia, las fechas de cambio de hora fueron armonizadas en el plano comunitario, a partir de la adopción de una hora de verano para todos los Estados miembros. 
Les recuerdo que este procedimiento estaba encaminado a eliminar todo riesgo de obstaculización a la libre circulación de personas, de mercancías y de servicios. 
Me felicito de comprobar que, desde el año pasado, las fechas de cambio de horario están completamente uniformizadas. 
En toda la Unión Europea el paso a la hora de verano se efectúa ahora el último domingo de marzo, y la vuelta a la hora de invierno, a finales de octubre. 
Como presidente de una colectividad francesa transfronteriza, el departamento del Norte, apoyo enérgicamente la adopción de la Octava Directiva, que se sitúa, de este modo, en la línea de quince años de reglamentación en favor de una armonización. 
Mi departamento comparte, en efecto, 370 kilómetros de frontera con Bélgica. 
¿Que representaría, en estas condiciones, una diferencia horaria para la vida diaria de los habitantes que viven de un lado y otro de la frontera, sobre todo trabajadores y escolares? 
La situación, por otra parte, es la misma respecto al conjunto de las regiones francesas transfronterizas. 
Este ejemplo local demuestra fácilmente que una posible reorganización del sistema horario supone obligatoriamente un acuerdo y una coordinación de todos los Estados miembros de la Unión. 
Eso estará resuelto, por lo menos hasta 2001, con la adopción de esta Octava Directiva. 
Señora Presidenta, permítame antes que nada felicitarla por su brillante elección con una mayoría tan importante en su circunscripción, que posee una frontera común con España y que estuvo a punto de sufrir una diferencia horaria con este país. 
Suscribo, naturalmente, la idea de subsidiariedad mientras la diferencia horaria entre un país y su vecino no exceda nunca de una hora. 
Sin embargo, la diferencia horaria entre el Reino Unido e Irlanda, por una parte, y entre Finlandia y Grecia, por otra, es de dos horas. 
Lo cual no quiere decir que la vida no continúe y que el sol no siga brillando. 
De hecho, esta diferencia horaria entre dos países no es tan grave, siempre que cada país miembro cambie de hora al mismo tiempo. 
Hemos logrado finalmente nuestro objetivo. 
Por consiguiente, no podemos menos que felicitarnos de la excelente propuesta del Sr. Belleré y de su informe, que apoyamos, lamentando en parte que haya habido que esperar tanto tiempo antes que la Comisión estableciera el cambio de hora en las mismas fechas. 
Por otro lado, ¿no podríamos eventualmente ceder para no perturbar la fragilidad de los ritmos de las francesas y de los niños franceses? 
Señora Presidenta, empezaré por sumarme al Sr. Wijsenbeek que la ha felicitado calurosamente por haber sido elegida para la Asamblea Nacional. 
El único problema es que cada rayo de sol tiene una nube, y en este caso la nube es el hecho de que éste es su último día en la presidencia de este Parlamento. 
Estoy seguro de que mis colegas de la Comisión coincidirán conmigo en que lo que gana el Parlamento francés lo pierde el Parlamento Europeo. 
Ahora bien, Europa no perderá ni en uno ni en otro, pues estamos seguros de que usted mantendrá su vigor y su sentido moderno de finalidad en todos los cometidos que desempeñe. 
Personalmente y en nombre de todos mis colegas, le deseo que desempeñe usted con alegría y buena fortuna el cargo de representante de su electorado en la Asamblea Nacional. 
Señora Presidenta, quedo agradecido al Sr. Belleré y a sus colegas por lo minuciosa y rápidamente que han trabajado. 
No hace falta decir que acojo con satisfacción su propuesta de adopción de la posición común sobre las disposiciones relativas a la hora de verano en la Unión Europea. 
Este Parlamento sabe que los operadores interesados están esperando que se promulgue la nueva directiva para fijar el horario de los servicios de transporte y que otros muchos sectores cuyas actividades guardan relación con las fechas del período de horario de verano están pendientes también de la aplicación de dichas disposiciones. 
En su recomendación el Sr. Belleré habla de las consecuencias de las disposiciones relativas a la hora de verano para los actuales y los futuro Estados miembros de la Unión, reiterando en muchos casos aspectos que ya habían sido expuestos por la Comisión y por diputados de este Parlamento. 
En previsión de la futura ampliación de la Unión, la mayor parte de los países europeos, tanto de la Unión como de fuera de la Unión, tienen ya un horario de verano que es compatible con la directiva de la Comunidad. 
Enviamos nuestra propuesta a todos los países interesados y la ausencia de respuestas negativas parece indicar que la armonización del horario de verano tiene amplia aceptación. 
La Comisión hace hincapié en la necesidad de que la Unión adopte las medidas necesarias para armonizar el horario de verano a fin de suprimir obstáculos a la libre circulación de personas y mercancías. 
Ahora bien, estamos dispuestos a escuchar, como se sugiere en la recomendación del Sr. Belleré, a los que alegan que hay que examinar los diversos aspectos y las diversas situaciones en los Estados miembros. 
En consecuencia, la Comisión tendrá en cuenta el asesoramiento de expertos nacionales y representantes de los grupos económicos y sociales interesados y presentará un informe a este Parlamento y al Consejo en 1999. 
Creo que éste es el deseo del Parlamento y me agrada sobremanera poderles hacer hoy esa promesa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Transporte combinado de mercancías 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0130/97) del Sr. Stockmann, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias a acciones en favor del transporte combinado de mercancías (COM (96) 0335- C4-0028/97-96/0207 (SYN)) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es difícil seguir a un ponente que ha descrito con tanta precisión el tema que vamos a tratar, pero me atreveré a felicitarle por el informe. 
También me permito felicitar a la Comisión por su excelente iniciativa, y espero poder felicitar al Consejo por coger la mano tendida, es decir, la ayuda del Parlamento y de la Comisión para lograr que el transporte combinado se convierta en una parte integral de nuestro sistema de transporte. 
Dicho esto, quiero añadir que es satisfactorio ver cómo el intento de 1992 parece haberse convertido ahora en un verdadero programa. 
Como ya se ha dicho, el objetivo del programa es gestionar los recursos de transporte de la UE de la mejor forma posible teniendo en cuanto las exigencias de protección del medio ambiente, pero los hábitos en materia de transporte no se modifican a través del esfuerzo propio de las fuerzas del mercado. 
El objetivo del programa es, por lo tanto, fundamental en el avance hacia un desarrollo sostenible. 
Era muy fácil emplear el camión cuando había sitio en las carreteras. 
Ahora, con el principio de just in time y un transporte en rápido crecimiento, nos encontramos con la siguiente tarea: cómo encontrar una solución para garantizar un desarrollo racional y cómo transferir el tráfico por carretera actual y potencial a medios de transporte más ecológicos, como el ferrocarril, las redes fluviales y el transporte marítimo. 
Mi respuesta es muy sencilla: aplicando la regla de la zanahoria y el palo. 
Hemos de modificar los comportamientos en el ámbito del transporte. 
Hemos de incluir todos los gastos del transporte al fijar los precios que han de ser justos. 
Hemos de aplicar normas sobre el transporte transfronterizo, sobre el tiempo de conducción y de descanso, y finalmente no debemos olvidarnos de la Europa oriental. 
Quiero expresar mi conformidad con la opinión del ponente. 
No obstante, el reglamento no se centra de forma especial en la Europa oriental, a pesar de que consta claramente que se pueden conceder ayudas para los transportes a los países de la Europa central y oriental. 
No es la primera vez que he mencionado los países bálticos, pero en este caso tenemos la oportunidad de decir a los futuros Estados miembros que no deben cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido. 
Debemos contarles que hay posibilidades para el transporte multimodal, y esto es lo que queremos conseguir. 
Al hablar de la Vía Báltica, me viene a la mente que no se trata únicamente de una autopista, sino también del ferrocarril y del transporte marítimo, y esta misma idea puede ser desarrollada para el Mediterráneo y el Mar Adriático. 
Es importante no enfocar únicamente zonas aisladas de Europa, sino aplicar las experiencias conseguidas en una zona en otros lugares. 
Como ya he dicho, apoyo el informe y la iniciativa de la Comisión y espero que en su momento los acepte el Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado y por este informe realmente bueno. 
La Unión Europea necesita un sistema de transporte fiable a nivel europeo que garantice el comercio y la movilidad. 
Como ciudadana austríaca quiero llamar la atención en especial sobre la importancia del transporte combinado, es decir, el transporte de mercancías a través de al menos dos medios de transporte y una descarga intermedia. 
Debido a la situación geográfica de Austria, vecina directa de los Estados de la Europa Central y Oriental, es especialmente importante llamar la atención sobre la situación del transporte. 
El transporte por carretera ha llegado ya a un límite y ante la ampliación hacia el Este y el aumento del tráfico derivado de ello, el colapso circulatorio definitivo se va a producir en breve. 
Además, hay que tener en cuenta la creciente contaminación medioambiental debido al transporte por carretera. 
Si se toma en serio la protección del medio ambiente, hay que adoptar las medidas adecuadas y perseguir una descongestión regular. 
Este sistema que incluye diferentes medios de transporte, puede desempeñar un papel clave en la futura configuración del transporte en Europa. 
Las exigencias económicas y sociales deben tener en cuenta la protección de medio ambiente y la seguridad del usuario. 
Solamente se logrará una descongestión si se combina el transporte por carretera con el ferrocarril, las vías fluviales y marítimas, es decir, si los diversos modos de transporte cooperan entre si y si surge una llamada cadena intermodal de transporte. 
Lamentablemente, aún se sigue infravalorando este modo de transporte y no se utilizan suficientemente sus capacidades y posibilidades. 
La Unión Europea estudió y apoyó el transporte combinado con su programa PACT, una acción piloto desde 1992 hasta 1996, y puso a disposición 22, 7 millones de ecus para ello. 
Esta acción arrojó unos resultados positivos, por lo que el Grupo del PPE se congratula de que se haya prorrogado el programa. 
El llamado programa PACT II tiene una vigencia de 1997 hasta el 2001. 
Se ha puesto a disposición un presupuesto de 35 millones de ecus, si bien creo que esta suma es demasiado reducida. 
Espero que se eleve, por lo que estoy a favor de que este programa PACT se entrelace con otros programas de la UE, como, por ejemplo, PHARE, en el marco de la ampliación hacia el Este. 
El Grupo del PPE apoya todas las enmiendas del informe. 
La enmienda presentada por nuestro grupo sobre la elección de los proyectos y la concesión de la ayuda financiera ha sido rechazada en la Comisión solamente por un voto. 
A la hora de seleccionar los proyectos, la Comisión debería tener en cuenta a las regiones y a los Estados miembros y adoptar las medidas adecuadas para que no surjan distorsiones de competencia entre ellas al adoptar la decisión. 
Espero que esta propuesta logre la aprobación en el Pleno en provecho de los ciudadanos de Europa. 
Todos sabemos que queremos fomentar el transporte combinado. 
Todos estuvimos de acuerdo con ello cuando examinamos el informe precursor del que el Sr. Stockmann acaba de presentar. 
No obstante, vemos que el transporte combinado no aumenta realmente, no ya en porcentaje, sino tampoco en volumen total. 
Quizás el Comisario esté dispuesto a reflexionar con nosotros y decirnos si es posible fomentar el transporte combinado en el proyecto freight freeways que ha presentado, de forma que- y ésta parece ser una de las principales razones de que el crecimiento del transporte combinado no cumpla las expectativas- el transportista pueda asumir la responsabilidad, tanto al cargar como al descargar, en las formas de transporte intermedias- casi siempre el tren-. 
Pues, ¿cuál es el problema? 
Cuando se es responsable del transporte hasta el tren, no suele haber problemas, porque el tren está instalado en un determinado lugar y sólo sale en un determinado momento; sin embargo, la descarga plantea a menudo problemas porque hay que planificar un tiempo muy corto de parada del tren y además los trenes de mercancías no suelen llegar a la hora prevista. 
En resumidas cuentas, son necesarias dos cosas: la responsabilidad en el punto de partida y de llegada, pero al mismo tiempo una mejor cooperación y un mejor cumplimiento de los horarios por parte de los ferrocarriles. 
Y en este caso tenemos el problema de que los ferrocarriles no asumen la responsabilidad conjuntamente, sino que cada empresa nacional asume sólo su propia responsabilidad. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. ponente por su excelente informe. 
Ante el fracaso de las negociaciones de tránsito con Suiza, el presente informe es doblemente actual. 
Como diputado proveniente de una de las regiones más sensibles de la UE, el valle del Inn en el Tirol o la región del Brénner, me alegra muy en especial la nueva iniciativa en el sentido de un transporte combinado, pues hasta ahora se ha hablado demasiado y hecho demasiado poco. 
El desarrollo del contenido del programa PACT es un paso esencial en la dirección correcta. 
Estoy pensando en las inversiones en los equipos de transporte intermodal, en las modalidades más enérgicas de control y en la intensificación de las ayudas a proyectos concretos en lugar de unos meros estudios de factibilidad. 
El marco financiero existente y el aumento de 22, 7 a 35 millones de ecus se pueden calificar de simbólicos. Es insatisfactorio ante los enormes gastos que exige la combinación profesional del transporte europeo de mercancías en sentido técnico y logístico y ante las ventajas que puede aportar la evitación de un transporte innecesario, un transporte de mercancías más rápido y conforme a las necesidades del consumidor así como una descongestión sostenible del medio ambiente. 
Quedo muy agradecido al Sr. Stockmann, y no por primera vez, y a este Parlamento por lo que han hecho con esta iniciativa encaminada a aprovechar lo conseguido con las medidas experimentales en materia de transporte combinado. 
En segundo lugar, quedo agradecido por la continua voluntad de apoyar el transporte combinado que se ha evidenciado esta tarde. 
En tercer lugar quedo agradecido por el amplio acuerdo del Parlamento respecto de la propuesta de la Comisión. 
Me agrada decir que acepto varias de las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo, aunque, naturalmente, daré algunos detalles, en particular acerca de las enmiendas que no podemos aceptar. 
Cuento con su tolerancia, señor Presidente, y no se olvide de que iré a su circunscripción el mes que viene. 
No lo digo para ganarme su beneplácito pero espero que se me tolere que rebase el tiempo de palabra asignado. 
En primer lugar, la Comisión simpatiza con el concepto expuesto en la primera parte de la enmienda 4, que da prioridad a los proyectos ubicados en las redes transeuropeas o en las vías ferroviarias transeuropeas reservadas al transporte de mercancías. 
Una idea análoga se expresa ya en el apartado 2 del artículo 2 de la propuesta de la Comisión. 
No está de más mencionar esos dos importantes aspectos de nuestra política común de transportes de forma más destacada en el artículo 6, pero he de insistir en que la noción de prioridad presupone siempre que el proyecto incrementa la competitividad del transporte combinado mediante la innovación. 
En consecuencia, un proyecto de vía reservada al transporte que no cumpla ese criterio no recibirá prioridad respecto de un proyecto de excelente calidad que no corresponda a ninguna de las dos redes. 
Ahora bien, cuando los proyectos sean igualmente excelentes, debe darse prioridad a las propuestas de redes transeuropeas o relacionadas con vías ferroviarias reservadas al transporte de mercancías. 
Puedo aceptar también la enmienda 7. 
En la medida en que se refiere a sinergias en el marco del programa PHARE, coincide enteramente con los esfuerzos desplegados por la Comisión para contar con un programa sencillo y transparente que dote de mayor competitividad al transporte combinado. 
Es evidente que tenemos que cerciorarnos de que los programas PACT y PHARE se gestionan de forma coherente. 
No debe haber discriminación entre las diversas modalidades. 
Con este espíritu acepto la enmienda 3, que propone que el coste de acceso a la infraestructura para la navegación interior pueda dar derecho a optar a la ayuda. 
También acepto con satisfacción la nueva redacción propuesta para el artículo 4 en la primera parte de la enmienda 2. 
Como ya he dicho, hay algunas enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
Las enmiendas 1, 6 y 9 proponen nuevos criterios de selección que no se relacionan con la innovación y la competitividad que constituyen la base de esta propuesta. 
Me hago cargo de los motivos en que se basa la propuesta en favor de que se añadan nuevos criterios de selección referentes a preferencias regionales, o preferencias por una combinación determinada de modos de transporte y por la explotación a efectos de investigación y desarrollo, pero he de decir que introducirían nociones políticas más bien imprecisas en un proceso de selección riguroso basado en elementos económicos y técnicos verificables. 
Eso iría en contra de los esfuerzos desplegados por la Comisión para dar transparencia a esta propuesta. 
En vista de los limitados recursos del programa PACT y del continuo incremento de solicitudes para la utilización de dicho programa, tanto los solicitantes como los contribuyentes necesitan estar seguros de que se aplica el máximo grado de equidad y de transparencia. 
La segunda parte de la enmienda 2, que tiende a aumentar el porcentaje de fondos para operaciones y a disminuir el porcentaje de fondos para estudios de viabilidad, podría provocar distorsiones de la competencia en el mercado. 
No podemos olvidar que la subvención para medidas operacionales no solamente beneficia a algunas compañías y no a sus competidores, sino que cuanto más elevado sea el nivel de la ayuda, mayor serán las ventajas competitivas para las compañías seleccionadas. 
Por eso estima la Comisión que una subvención del 50 % podría ser peligrosa. 
Aunque comprendo muy bien la cautela que muestra el informe respecto de los estudios de viabilidad, sigo pensando que debemos dar a los estudios seleccionados una subvención de hasta el 50 %. 
En primer lugar, los estudios no tienen repercusiones directas en el mercado y, por lo tanto, la subvención no provoca distorsiones de la competencia. 
En segundo lugar, el procedimiento de selección debe velar por que los únicos estudios que se seleccionen sean los estudios respecto de los cuales los solicitantes se hayan comprometido con nosotros a adoptar medidas concretas si los resultados del estudio indican que hay viabilidad. 
La principal inquietud que los estudios de viabilidad pueden suscitar en este Parlamento es que puedan acabar acumulando polvo en los archivos. 
Comparto la inquietud, pero en esta ocasión dicha inquietud queda disipada por el procedimiento de selección del programa PACT. 
La enmienda 5 crearía una incertidumbre legal y es difícil de compatibilizar con el texto y el espíritu de la Directiva 95/18 sobre la concesión de licencias a las compañías ferroviarias. 
En todo caso, esa Directiva estipula que las licencias se concederán dentro de un plazo de tres meses a partir del momento en que se hayan presentado todas las informaciones pertinentes. 
Con esta disposición se tienen debidamente en cuenta los intereses de los solicitantes de licencias, especialmente su interés en que se tramiten debidamente sus solicitudes. 
Es evidente que el programa PACT no necesita ser más generoso a ese respecto, y por lo tanto no puedo aceptar la enmienda 5. 
No podemos aceptar la enmienda en materia de comitología, enmienda 7, que propone la creación de un comité de carácter consultivo. 
El comité «bidireccional» propuesto por la Comisión da a los Estados miembros la necesaria garantía de participación en el proceso. 
Por lo antedicho prefiero atenerme a la idea original de la Comisión en materia de comitología. 
Estoy seguro de que los que asisten esta tarde a las deliberaciones del Parlamento se quedarán muy tranquilizados con la seguridad que acabo de dar. 
La enmienda 8 está en contradicción con las perspectivas financieras de la Unión para el programa PACT y es evidente que la Unión, con los programas PHARE y TACIS, cuenta con instrumentos concretos para ayudar a los países de Europa oriental. 
El programa PACT se centra principalmente en la Unión Europea. 
Hemos de evitar que se recargue su función al hacer de él un instrumento encaminado a fomentar la adhesión, por mucho que seamos partidarios de ese principio. 
Probablemente nos ocuparemos de esta cuestión más adelante, pero entretanto la enmienda 8 no es aceptable. 
El informe del Sr. Stockmann es otra clara demostración de su continua y autorizada voluntad de mejorar el transporte combinado. 
Me agrada que así sea, como también me agrada el continuo apoyo de este Parlamento a las acciones encaminadas a mejorar el transporte combinado. 
Las acciones experimentales han demostrado ya su valor. 
Este nuevo reglamento hará que el transporte combinado siga desarrollando su potencial, cosa que, como ha dicho acertadamente el Sr. Wijsenbeek, es necesaria sin duda alguna. 
El transporte combinado no representa en la actualidad más que un 4 % del mercado de transporte de la Unión Europea. 
Muchos diputados han mencionado las enormes ventajas que ofrecería un uso más extenso de instalaciones modernas y apropiadas. 
Confíamos en que la utilización continua del programa PACT estimulará en el futuro una mayor utilización del transporte combinado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Turismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cinco preguntas orales hechas a la Comisión: 
por la Sra. Bennasar Tous, el Sr. Provan y el Sr. Sarlis, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (B4-0162/97- O-0042/97) , sobre el turismo; -por el Sr. Wijsenbeek, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (B4-0167/97- O-0049/97) , sobre el turismo; -por el Sr. Azzolini, el Sr. Pasty, el Sr. Parodi, el Sr. Danesin, el Sr. Santini, el Sr. Tajani, el Sr. G. Collins, el Sr. Donnay, el Sr. Kaklamanis y el Sr. Girão Pereira, en nombre del Grupo Unión por Europa (B4-0171/97- O-0077/97) , sobre el turismo; -por el Sr. Novo Belenguer, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea (B4-0172/97- O-0078/97) , sobre el turismo; -por el Sr. Novo y el Sr. Theonas, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica (B4-0173/97- O-0079/97) , sobre acciones comunitarias en favor del turismo. 
Señor Presidente, es conocida su rapidez en las votaciones, pero cuando se trata de un cambio de Comisarios y de un cambio de informe, al menos, we request your indulgence. 
Se debate, señor Presidente, Señorías, una pregunta que se refiere al turismo, tema que interesa a todos los partidos políticos. 
Hay muchos aspectos del turismo que, sinceramente, crean enormes dudas. 
El Parlamento Europeo hizo una propuesta que se remitió a la Conferencia Intergubernamental y a la Comisión, en la que se solicita la inclusión en el Tratado de una disposición en la que se previese la consideración del turismo como un sector de la economía, regulado principalmente por el artículo 130 del Tratado, con lo cual podrían plantearse ciertas soluciones legislativas para muchos y diversos asuntos en materia de turismo, entre ellos los diferentes programas, como PHILOXENIA y muchos otros promovidos por éste. 
No obstante, para sorpresa nuestra- y digo esto porque todos los Grupos políticos en esta Asamblea se han sorprendido -, ni la Comisión ha promovido la recomendación presentada por el Parlamento Europeo en favor de la inclusión de una disposición especial sobre turismo en el Tratado, en la que se prevea un fundamento jurídico aparte y un capítulo aparte, ni la Presidencia holandesa, que también conocía las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre este tema, ha hecho nada, ni siquiera ha propuesto que se incluya el turismo. 
Este importante sector de la economía europea emplea a más de 10 millones de ciudadanos europeos y representa un apoyo considerable para las economías de los 15 Estados miembros. 
Y aun así, silencio- silencio por parte de la Comisión. 
No lo imputo al Comisario, el Sr. Papoutsis, en persona, sino a la Comisión en su conjunto. Como colegio no ha promovido la inclusión del turismo en la Conferencia Intergubernamental. 
Saben ustedes muy bien que hablar de turismo no es como hablar de política exterior, de política de defensa, de la PESC o de cualquier otro tema. 
Es algo con lo que todos vivimos y ha de decirse que, igual que existen disposiciones para la industria, debemos tener disposiciones para el turismo. 
Solicito, por lo tanto- y también hablarán otros diputados sobre ello -, una reacción por parte del Comisario, al menos en lo que respecta a la posición de la Comisión. 
¿Qué piensa hacer la Comisión para que el tema del turismo vuelva o se plantee en la mesa de negociaciones, aunque sea en último momento? 
Señor Presidente, hemos instado a que se incluya el turismo en el Tratado. 
Me complace poder dirigirme ahora al Sr. Papoutsis en su calidad de Comisario responsable del turismo y no como suplente para el transporte, aunque ambos sectores estén estrechamente vinculados. 
Por tal razón hemos dicho que quizás convendría separar un poco más las cuestiones e incluir el turismo en un título separado del Tratado. 
Al parecer, los Jefes de Estado y de Gobierno no están dispuestos a hacerlo. Quizás el Sr. Papoutsis pueda contestar a la pregunta de cómo están las cosas en estos momentos. 
Porque es algo realmente necesario. Necesitamos un título independiente, porque de lo contrario no podríamos desarrollar en muchos casos la competencia de la Unión, que es atacada de forma injusta precisamente en este ámbito. 
Y por ello- ahora no queremos abordar tanto el programa PHILOXENIA- el Parlamento lo ha apoyado en gran medida y en grandes líneas, aunque hay que decir que nos complace que la Comisión mida con otra vara al turismo y que se dé nueva energía para vigorizar el programa común de turismo. 
Hemos visto que en los últimos años se ha dedicado un importe, casi me atrevería a decir ridículo, al turismo y que ahora este importe se ha aumentado considerablemente en el programa para los próximos cinco años. 
Entre 1993 y 1995 había 20, 5 millones de ecus y ahora son 70, 3. 
Por ello es importante que la DG XXIII esté bien fundamentada y que se desarrolle un programa decente. 
Pero lo más importante es, a mi entender, que el Comisario nos diga claramente que el turismo en Europa, sobre todo hacia el exterior, se enfocará como una unidad con normas, reconocimiento y pautas uniformes. Y por ello es necesario que aparezca en el Tratado. 
Señor Presidente, con frecuencia, cuando se habla de turismo, parece que se aborda un tema aleatorio y casual, de hecho, en este Pleno lo hemos hecho muy pocas veces, o opcional, esto es, puede hablarse de él, pero también puede prescindirse de hacerlo. 
Por el contrario, otros colegas ya han subrayado el gran valor que reviste este sector precisamente como industria que genera bienestar y PIB y, ante todo, empleo. 
Los 9, 5 millones de personas empleadas en el mismo- se trata de una estadística de 1992 que, por lo tanto, ha de ponerse al día- constituyen un enorme potencial de trabajo, ya que dicho trabajo beneficia a quien se esfuerza en las regiones a menudo poco favorecidas. 
Cuando se habla de turismo, se corre el riesgo de caer en un grave error. 
Se piensa en París, Roma, Amsterdam y, en consecuencia, en el turismo de las grandes ciudades, en un turismo que no precisa promoción ni atención ni tampoco subvenciones. 
Se trata de un turismo automático, endémico que no precisa más inversiones. 
El que requiere, en cambio, un compromiso concreto de la Comisión y de este Parlamento es el turismo periférico de las regiones deprimidas. 
En este caso, debe superarse otro error, esto es, la famosa subsidiariedad. 
¿Qué significado tiene dejar en manos de las regiones periféricas la tarea y la carga de organizar y quizás financiar su turismo? 
Es entonces, cuando es necesario, por el contrario, intervenir con una acción unitaria, con un programa serio y dotado no sólo de buenas ideas, sino también de financiaciones importantes, para fomentar las regiones en las que el turismo necesita de ayudas. 
He aquí entonces, que tiene una lógica la toma de posiciones virtuales, sólo oratorias, manifestadas hasta el momento, con las acciones en materia de turismo aprobadas hace cinco o seis años atrás, con las profundizaciones llevadas a cabo sólo el año pasado, pero, tal como he dicho, siempre a título de prueba, de algo que todavía debía suceder. 
Luego, finalmente, sucedió que el turismo encontró un programa con un nombre sugestivo: PHILOXENIA. Casi todos creímos que a través de este nombre podían por fin adoptarse ideas y financiaciones, a fin de que adquiriera cuero y forma el compromiso europeo en el sector del turismo. 
En noviembre, la ducha de agua fría: el «no» del Consejo, un «no» más bien escueto, también porque se basaba en motivos poco creíbles, y que partió de tan sólo tres Estados contra los demás que, por el contrario, creyeron en la necesidad de intervenir en este sector. 
Ahora, por suerte, se vuelve a presentar este programa con todo su potencial, su carga de propuestas y, finalmente, según parece, con algún proyecto concreto bajo el punto de vista financiero. 
En consecuencia, pido al señor Comisario que vuelva a examinar las viejas propuestas de un turismo cultural y social, de un turismo de los más débiles y finalmente de darles cuerpo y fortaleza con nuevas iniciativas, sobre todo desde el punto de vista financiero. 
Señor Presidente, señor Comisario, no quisiera ser repetitivo, pero estamos hablando de un sector a mi juicio importante; un sector en el que, lamentablemente y como todos sabemos, sólo alcanzaremos grandes logros si, efectivamente, realizamos grandes esfuerzos. 
Hablamos de un sector que representa más de nueve millones de empleos directos, lo que supone una media del 5 % del producto interior bruto, y que representa un tercio de las exportaciones de servicios en la Unión Europea. 
Es un sector que, asimismo- y yo creo que es una característica importante- ayuda a que las regiones más o menos desfavorecidas consigan algo por lo que todos luchamos desde este Parlamento y desde las instituciones europeas: cohesión social. 
Efectivamente, se ha hecho referencia al programa PHILOXENIA, que estuvo a punto de aprobarse el año pasado y al final no se aprobó. 
Estamos convencidos de la importancia que tiene el turismo para el empleo y sobre la economía y nos preguntamos por qué o de qué forma la Comisión va a intentar condicionar o aconsejar o presionar al Consejo para que este programa pueda ser aprobado este año próximo. 
Y en el caso de que no fuera así, de qué partidas económicas estamos hablando para este sector de tanta importancia y tanta transcendencia en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el programa PHILOXENIA, que reúne un conjunto de medidas en favor del turismo y que, en lo fundamental, hemos apoyado, desgraciadamente no se ha puesto en práctica de la forma que habría sido útil y deseable. 
Por ello creemos que el Parlamento Europeo debe adoptar una postura política que reafirme la necesidad de realizar las acciones previstas en favor de una actividad que es altamente generadora de empleo y que asume un papel de gran relevancia en el desarrollo de algunas regiones desfavorecidas, contribuyendo así a la cohesión económica y social de la Unión Europea. 
Esta postura parlamentaria se justificaría también porque las acciones en favor del turismo deben asimismo defender el entorno y el patrimonio cultural y arquitectónico, deben promover la formación profesional y el carácter sostenible y estable del empleo, exigiendo así que se mantengan y refuercen los medios financieros dentro del marco de la actual y futura política estructural. 
De este modo, no nos parece necesario ni útil apostar por la creación de una política común de turismo que, si acaso, generará una centralización incompatible con la diversidad de especificidades nacionales y que dará lugar a que baje el grado de transparencia y participación. 
Por esta razón no apoyaremos la propuesta de resolución común que se deberá adoptar para cerrar este debate. 
Lo que importaría, y que parece haberse olvidado en dicha propuesta de resolución, sería obtener el máximo consenso posible para presionar respecto a la aplicación práctica de medidas aprobadas hace ya mucho tiempo, y a las que el Parlamento Europeo ya dio su acuerdo, pero que en lo fundamental se mantienen paralizadas. 
Pues no se entiende que se adelanten propuestas de dudosa eficacia y de dudosa justificación, cuando lo esencial y necesario sería forzar, única y exclusivamente, la concretización de lo que ya está previsto y es tan necesario para el turismo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión Europea comparte las opiniones de los diputados al Parlamento en cuanto a la importancia económica y social del turismo, especialmente respecto a las posibilidades que ofrece el turismo de aumentar el empleo en Europa. 
Este punto de vista nuestro se confirma también en el objetivo general de la propuesta de la Comisión por la que se establece el Primer programa plurianual en favor del turismo europeo, el programa PHILOXENIA. 
Como ha señalado el Parlamento Europeo, el turismo contribuye sobre todo a crear nuevos puestos de trabajo y, evidentemente, al fomento del empleo, especialmente entre los grupos sociales más sensibles, las mujeres y los jóvenes. 
También contribuye, incluso diría que decisivamente, al fomento de la cohesión económica y social, así como al desarrollo de las regiones periféricas e insulares. 
El programa PHILOXENIA es un programa ambicioso en cuanto a sus objetivos, pero además muy importante para la creación de un fundamento jurídico para desarrollar a escala europea una políticas que pudieran reforzar las políticas nacionales. 
En ningún caso hemos querido asumir las competencias nacionales y en ningún caso obviar el principio de subsidiariedad. 
Por el contrario, desde el momento de la presentación del programa tanto ante este Parlamento, como en todas las ocasiones ante el Consejo, he aclarado que la intención de la Comisión Europea es respetar plenamente el principio de subsidiariedad. 
La orientación básica, pues, del programa es que las medidas comunitarias deben mejorar la calidad y competitividad del turismo europeo. 
Asimismo, deben estar destinadas a satisfacer las necesidades del turista, a procurar un uso racional de los recursos naturales y culturales, así como de la infraestructura turística, contribuyendo de esta manera al equilibrio y el desarrollo sostenible del turismo. 
La Comisión es de la opinión, por lo tanto, que estos objetivos básicos del programa constituyen un marco equilibrado con unas orientaciones concretas. 
Como ya he tenido la oportunidad de destacar tanto en el pleno del Parlamento, con ocasión de los debates, como en la Comisión de Transportes y Turismo, cuando tuvimos oportunidad de deliberar sobre el informe del Sr. Sarlis, este programa ha sido el resultado de un largo y difícil debate dentro de la Comisión Europea entre las Direcciones Generales y en la propia Comisión como «colegio». 
Y ello porque existen diferentes puntos de vista sobre la táctica que deberíamos seguir a nivel europeo con respecto a este sector decisivo. 
Hoy el problema es la dificultad de llegar a un acuerdo en el Consejo sobre el programa existente. 
La Comisión considera que la presentación de una propuesta revisada, como se propone por algunos sectores, no implica mayores posibilidades de obtener la aprobación del Consejo. 
Por lo contrario, creemos que crearía obstáculos adicionales y provocaría un mayor retraso en la toma de una decisión. 
No les oculto que algunos Estados miembros desean incluso reducir los objetivos del programa que acabo de mencionar. 
La verdadera razón del retraso es que en un Estado miembro existe el temor y la inquietud de que se vulnere el principio de subsidiariedad. 
Cuanto más se delibera con los Estados miembros que han expresado reservas, tanto más se da uno cuenta de que existen muchos malentendidos en el procedimiento de estos debates. 
Parece ser que no se ha dedicado tiempo suficiente a examinar el programa ni a explicar sus verdaderas orientaciones y objetivos a quienes realmente han de adoptar las decisiones correspondientes. 
Aprovechando la ocasión, señor Presidente, quisiera dirigir un llamamiento a los diputados al Parlamento para que, dentro de su ámbito, en su Estado y dentro de su competencia, adopten iniciativas destinadas a explicar a las autoridades locales y regionales cuál es exactamente el objetivo del programa, cuáles son sus posibilidades y cuál es su alcance, dejando realmente claro que con él no se vulnera el principio de subsidariedad. 
La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con la Ministra de la Presidencia holandesa, la Presidenta en ejercicio del Consejo de Ministros, encargada de los temas de turismo. 
Con ella pude mantener un extenso debate sobre los detalles de este proyecto, discutir propuestas y enfoques alternativos que pudieran hacer posible la aprobación del Consejo, y comprobé que todavía no habían sido comprendidas por todas las partes y por todos los Estados miembros, ni por todas las representaciones en el marco de COREPER, determinadas propuestas esenciales presentadas por el Parlamento y señaladas por la Comisión Europea a las que, sin embargo, todos los Estados miembros podrían dar su aprobación. 
Por lo tanto, reitero mi llamamiento al Parlamento para que contribuya en tal sentido, para que revaloricemos el debate político, para que nos acerquemos a los Ministros y a todos los que tienen la competencia en los Estados miembros para conseguir que se apruebe esta propuesta, a fin de que encontrar una solución en el futuro inmediato. 
Hasta la fecha hemos alentado a todas las Presidencias, es decir a cada Presidencia semestral, a que adopte iniciativas concretas, animándolas a que soliciten del COPERER los trabajos para el debate sobre el programa en cuestión. 
En el marco de grandes debates organizados por la industria y por las autoridades regionales y locales, aprovechamos el año pasado todas las oportunidades que se nos presentaron para explicar nuestra posición a los Estados miembros y a todos los interlocutores, sociales y políticos. 
Hemos agotado la posibilidad de participación de la Comisión Europea y todos los argumentos que teníamos a nuestro favor, afortunadamente, con la ayuda de muchos de ustedes, que además veo presentes en esta Asamblea hoy y a quienes quiero dar las gracias una vez más por la ayuda prestada. 
Lamentablemente, este programa permanece hasta la fecha en el Consejo sin haberse podido llegar a una decisión. 
Espero que durante la Presidencia luxemburguesa consigamos algún progreso al respecto, dado que ésta ya ha pedido a la Comisión Europea su colaboración para organizar una gran conferencia en la que se trate el turismo en relación con la creación de puestos de trabajo. 
Creo que es un tema muy importante, que con su ayuda trabajaremos en la dirección mencionada y que tendremos resultados en los próximos meses. 
Ahora, en lo que se refiere a la coordinación de las actividades desplegadas dentro de la Comisión Europea, como ustedes saben, tanto el Parlamento, a través de varias decisiones, como el Tribunal de Cuentas le recomendaron que delegase esa coordinación en la DG XXIII, para garantizar la transparencia, un uso correcto del presupuesto, los objetivos y las prioridades, en suma, la consecución de una política en el ámbito del turismo. 
Esto es lo que hacemos, lo que estamos llevando a cabo ahora. 
El nuevo Director General de la DG XXIII ya ha adoptado iniciativas; ha mantenido en los últimos meses seis reuniones de coordinación con la participación de los directores generales o de los responsables competentes de otras políticas relacionadas con el turismo, e intentamos coordinar todas éstas y, en particular, las iniciativas adoptadas por los Fondos estructurales, las acciones generales en favor del empleo, de la formación profesional o de las empresas, así como, evidentemente, también las políticas relativas al mercado interior. 
Este grupo interinstitucional para el turismo se reúne ya en fechas fijas, mientras se delibera sobre las prioridades para 1997 con los representantes de la industria y de los Estados miembros. 
Coincido con ustedes en que la coordinación eficaz de las medidas comunitarias en materia de turismo es realmente necesaria. 
Por eso, nuestro objetivo fundamental en el programa PHILOXENIA es la cohesión y complementariedad entre las acciones del programa y los otros programas e iniciativas comunitarias que influyen en el turismo. 
En lo que se refiere a los aspectos institucionales, es de especial importancia el claro apoyo del Parlamento Europeo para la inclusión de disposiciones especiales sobre el turismo en el Tratado revisado. 
Como señala en su informe de 3 de abril de 1996 dirigido al Consejo, la Comisión Europea no aspira a conseguir nuevas competencias en el ámbito del turismo, ni en otro ámbito, y considera que incumbe a la Conferencia Intergubernamental emitir un dictamen al respecto. 
En este contexto quiero ser más explícito, porque el Sr. Sarlis ha tenido la amabilidad de plantear precisamente esta pregunta. 
La Comisión Europea estaba obligada por el primer protocolo, es decir el primer anexo del Tratado de Maastricht, a presentar al comienzo de las deliberaciones sobre la Conferencia Intergubernamental un informe sobre si las tres políticas, turismo, energía y protección del ciudadano, que habían quedado fuera del Tratado de Maastricht debían ser objeto de debate en el marco de la revisión del Tratado en la Conferencia Intergubernamental y en qué medida, y esto es lo que hizo. 
En esa etapa, la Comisión no quería y aún no quiere- y creo que actúa sabiamente- pedir nuevas competencias. 
Sin embargo, ha intentado explicar, como se refleja en ese informe, la necesidad de adoptar ciertas iniciativas, de crear un fundamento jurídico para el sector turístico, porque de hecho el turismo es la mayor industria a nivel europeo y un campo que ofrece un número significativo de nuevos puestos de trabajo. 
La Comisión Europea, en todo caso, menciona en su informe que la ausencia de un fundamento jurídico específico no ha impedido a la Comunidad adoptar y realizar determinadas acciones en favor del turismo hasta la fecha. 
Sin embargo, las medidas adoptadas se han basado o bien en las disposiciones relativas a otras políticas o bien en el artículo 235 del Tratado. 
Al mismo tiempo, hemos comprobado, y la Comisión así lo constata en el informe al que me refiero, que al remitirse al artículo 235 del Tratado se corre el riesgo de que éste resulte mucho más desfavorable o incluso imposible en una Comunidad ampliada en la que se mantenga el principio de unanimidad para la toma de decisiones. 
En esas circunstancias no hay nada más claro que decir, que pedir que de esa manera indirecta se proceda a la inclusión de un capítulo especial en el Tratado sobre la política de turismo. 
Nunca hemos pedido una política turística común equivalente a la política agrícola común. 
Desde el primer momento, consideramos y aclaramos que debe ser respetado el principio de subsidariedad. 
Sin embargo, han de adoptarse determinadas acciones a nivel europeo en favor del turismo europeo en general. 
La Comisión Europea subraya, asimismo, en su informe la importancia del turismo y afirma que la continuación y cohesión de la acción comunitaria en este sector se verán facilitadas mediante inclusión de las correspondientes disposiciones en el Tratado. 
Unas disposiciones que en nuestra opinión han de garantizar un procedimiento coherente y coordinado, y una mayor transparencia y eficacia de las acciones destinadas al turismo. 
¿Qué es lo que podemos hacer, aunque sea en último momento? 
Seguir ejerciendo presión para que se organice un debate, una vez que se hayan solucionado los problemas aún pendientes y puesto que todavía queda un margen para mantener debates con respecto a las nuevas políticas. 
Ahora bien, en vista de las reacciones que ha habido hasta la fecha, temo que resulte muy difícil, y eso porque sólo un Estado miembro ha presentado oficialmente una propuesta concreta a la Unión Europea, al mismo tiempo que los demás países no han mostrado ninguna predisposición para adoptar a su vez iniciativas para abordar las propuestas presentadas. 
Por último, señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Wijsenbeek por sus buenas palabras y asegurarle que la DG XXIII desempeña ahora un papel esencial en el intento de recuperar el tiempo perdido en el pasado y aprovechar más racionalmente los recursos comunitarios, los mínimos recursos comunitarios de que se dispone. 
Esto es lo que hacemos con su ayuda y con los 4 millones de ecus asignados en el presupuesto de 1997. 
Independientemente de que se apruebe o no el programa PHILOXENIA, la DG XXIII trata de obtener provecho de estos fondos en beneficio del turismo en Europa en general, promoviendo determinadas acciones que contribuyan al empleo, a la información y que mejoren el acceso a la sociedad de la información y en su caso las estadísticas. 
Señor Presidente, me alegro muchísimo de que el Comisario Kinnock vaya en plan de turista a los Lothians, y me alegra aún más que el Comisario Papoutsis, Comisario encargado de las cuestiones turísticas, vaya a visitar mi circunscripción de Cheshire y Wirral; puedo asegurar al Comisario que voy a hablar del programa PHILOXENIA con el Sr. Tom Clarke, nuevo Ministro de Turismo del Gobierno laborista. 
En cuanto hablamos de turismo al Consejo o a los Estados miembros, se diría que se van todos de vacaciones. 
Les mencionamos el turismo, y se diría que tienen el cerebro quemándose al sol en la playa. 
Hablamos de la mayor industria de Europa, y nuestros sectores decisorios pierden toda capacidad de decisión. 
Se arrellanan bien en sus tumbonas y siguen tostándose al sol con placer, convencidos de que la industria de mayor éxito de Europa no necesita ayuda ni comprensión. 
De todos estos adoradores del sol, el peor ha sido la Presidencia neerlandesa. 
Ni siquiera se han molestado en convocar un consejo sobre el turismo. 
Ha sido una grave desilusión. 
Permítanme que mencione 4 esferas de preocupación, la mayor parte de las cuales figuran en la resolución de hoy. 
En primer lugar, la CIG que tendrá lugar en Amsterdam la próxima semana. 
El hecho de que las cuestiones que no quedaron bien resueltas en el Tratado de Maastricht no sean objeto de una sección sobre el turismo en el Tratado revisado es, sencillamente, absurdo. 
En particular, es un menosprecio para con la industria del turismo. 
Esta industria está constituida principalmente por empresas pequeñas y medianas. Todas las demás industrias- construcción naval, automóviles, química- reciben con razón la atención de la Comisión, el Consejo y los Estados miembros. 
En cambio, al turismo se le ha abandonado. 
Es preciso que el turismo tenga una sección en el Tratado revisado y disponga de una base jurídica apropiada. 
En segundo lugar, PHILOXENIA. 
Es incomprensible que algunos Estados miembros obstaculicen el modesto programa multianual de turismo. 
De todas las industrias, el turismo es una que funciona y que depende del mercado único. 
Dicho con otras palabras, hay un claro valor añadido si se coloca al turismo en un contexto de la Unión Europea. Eso no está en contradicción con el principio de la subsidiariedad, y es una estupidez suponer que lo está. 
En tercer lugar, el turismo y el Euro. 
Bastaría con que el Consejo y los Estados miembros despertaran de su letargo- y tampoco la Comisión ha estado totalmente acertada en este caso- para que se dieran cuenta de que el turismo es la mejor industria y la mejor actividad que puede ilustrar los beneficios de la moneda única para el hombre y la mujer de la calle. 
El consumidor que viaja en plan de turista desperdicia el 2 % del dinero destinado a los gastos de sus vacaciones cada vez que las pasa dentro de la UE. 
Los americanos ricos también tienen menos dólares para gastarse en Europa porque retenemos nuestras monedas nacionales. 
Los que trabajan en la industria del turismo saben demasiado bien las frustraciones que provocan las variaciones de los tipos de cambio. 
Dos terceras partes de los visitantes que van al Reino Unido provienen de la Unión Europea, pero esos turistas cambiarán de destino cuando se den cuenta de que la libra esterlina se ha revalorizado en un 19 % con relación al franco y al marco en los doce últimos meses. 
Por último, señor Presidente, permítame que repita algo que es evidente pero que, al parecer, el Consejo no acaba de ver claro. 
El turismo representa puestos de trabajo. 
Pasamos horas y horas hablando del desempleo en los pasillos del poder de la Unión, pero ¿por qué nos olvidamos del turismo como claro generador de empleo? 
Ya es hora de que cesemos de tratar al turismo como si no fuera más que vacaciones; es hora de pensar en lo nuestro, que son los puestos de trabajo. 
Señor Presidente, no es necesario decirle al Comisario que aquí en el Parlamento le escuchamos con la misma atención con que él nos escucha. 
Es importante que esta sinergía exista, pues evidentemente la obstrucción se manifiesta en el Consejo de Ministros. 
Desde hace años la posición del Parlamento en relación con el turismo ha sido clarísima y cada vez nos sentimos más frustrados porque, lamentablemente, hay muchos en el Consejo que no están dispuestos a fijarse en las oportunidades que este Parlamento ha sugerido al Comisario para suprimir una parte del desempleo a que el Sr. Harrison acaba de referirse. 
Tenemos razón cuando reconocemos las oportunidades que existen y las dificultades con que tropieza el Consejo. 
La subsidiariedad es un aspecto importantísimo del turismo y nadie en este Parlamento lo negará. 
Tenemos que seguir esforzándonos por encontrar un camino a través del caos. 
Parece extraordinario que el Consejo se niegue a respaldar el programa PHILOXENIA, aunque hayamos acordado con el Consejo la cantidad presupuestaria necesaria para promover el programa. 
¿Sobre qué base puede adoptar semejantes decisiones el Consejo, por motivos presupuestarios o desde un punto de vista normativo? 
Esos dos aspectos no son compatibles. 
El aspecto principal que el Comisario ha determinado correctamente y que figura en la parte principal de esta pregunta consiste en decidir lo que tenemos que hacer para que el turismo esté reconocido en el marco del Tratado. 
Tenemos que poseer una política común independiente y bien diferenciada, con una base jurídica adecuada; dicho con otras palabras, un capítulo del Tratado revisado. 
El Comisario tiene que esforzarse por conseguirlo. 
Nos hacemos cargo de que a lo mejor tropieza con dificultades en el seno de la Comisión. También eso forma parte del problema y lo que queremos es reforzar su poder. 
Todo asesoramiento que se nos dé sobre las formas de ayudarle será acogido con agradecimiento, pues la Comisión es evidentemente importantísima para ayudar a empujar a los Estados miembros hacia la revisión del Tratado y para lograr lo que tenemos que conseguir. 
Volviendo a la cuestión principal a que se ha referido el Comisario en sus observaciones, que es la acción común dentro de la Comisión, hay que decir que todos queremos que haya más coordinación y que es preciso que la tengamos, de lo contrario el turismo no irá a ninguna parte. 
El Comisario ha dicho que su nuevo Director General ha participado ya en seis reuniones, pero hay que esperar a ver qué medidas resultan de esas reuniones, pues como enuncia el dicho «vamos a donde vaya el buey». 
Señor Presidente, soy uno de los convencidos- como algunos de mis colegas- de que la Comisión empuja en el mismo sentido que el Parlamento en materia de turismo. 
Creo que empujamos en la misma dirección y que los problemas que se están denunciando con preocupación están situados en el Consejo. 
No me cabe la menor duda de ello y muy especialmente desde que el Sr. Papoutsis, máximo responsable en materia de política de turismo, ha puesto de relieve, con energía y firmeza en el seno de la Comisión, la importancia del turismo. 
Ahora bien, creo- y me gustaría saber si es cierto lo que yo he captado -, que se han vinculado demasiado a la Presidencia actual del Consejo los problemas que ha tenido el programa PHILOXENIA así como el que no se convoque el Consejo de Ministros. 
Esa esperanza que se sitúa siempre en la próxima Presidencia, ¿significa que los problemas residen en el país que actualmente preside la Unión Europea? 
En todo caso, me parece muy buena la petición del Sr. Papoutsis en el sentido de que expliquemos a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas privadas, a nuestras administraciones públicas que no se trata de sustituir las políticas nacionales sino de complementarlas. 
Que expliquemos, en definitiva, lo bueno que sería la apertura de vías comunitarias de apoyo. 
Parece mentira que no se apueste por una política comunitaria que, con acciones y recursos, aumente la competitividad global del turismo europeo frente a otras ofertas, dada la repercusión del turismo en el empleo, en la cohesión, en el medio ambiente, su generación de recursos, etc. 
En definitiva- se ha dicho gráficamente y es bueno repetirlo aquí -, en términos de empleo y económicos, el turismo significa para los quince países mucho más que el carbón y el acero para los seis países fundadores de la Unión Europea. 
La petición del Sr. Papoutsis es buena y la tendremos en cuenta, pero también es pesimista en cuanto a la posibilidad de reformar el Tratado de la Unión Europea. 
Esperaremos al segundo semestre para el programa PHILOXENIA. 
Pero mi pregunta, señor Papoutsis, en cuanto a que somos todos pesimistas por lo que se refiere a lograr el fundamento jurídico que solicita la propuesta de resolución común, es si la Comisión estaría dispuesta en la actual situación, sin reforma alguna del Tratado, a elaborar un proyecto legislativo basándose en el actual Tratado de la Unión Europea, por ejemplo, abordando el turismo desde el punto de vista del consumidor. 
La pregunta no es casual, puesto que este Parlamento está haciendo una petición en ese sentido; y, en este contexto, agradezco vivamente la generosa ayuda del Sr. Papoutsis. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hablar de turismo en este Parlamento es una constante. 
Desde hace muchos años hay una trayectoria de buenos informes y mucha energía y trabajo invertido por usted y por otros diputados que me han precedido en este empeño. 
Todos hemos insistido en demostrar la importancia que el turismo tiene como fenómeno social, económico y cultural. 
Son cerca de 200 millones de ciudadanos europeos los que abandonan cada año su residencia habitual y se convierten en turistas. 
Se trata de una industria que genera nueve millones de empleos, pero que podría generar muchos más. 
Debemos ser capaces de convencer, usted y nosotros- primero, al propio sector, y segundo, a la mayoría de los Estados miembros- de que el turismo es una actividad horizontal y que el programa PHILOXENIA no interfiere en la subsidiariedad. 
Debemos convencer de que si identificamos los aspectos que pueden ser gestionados a nivel europeo ello supondrá un valor añadido para el sector y facilitará la gestión de las PYME para coordinar la relación del turismo y el medio ambiente, estimular la modernización de las instalaciones, la conservación del patrimonio artístico, el turismo rural, revalorizar la formación, la búsqueda de productos nuevos que rompan la estacionalidad y crear así empleos fijos, teniendo como objetivo prioritario la calidad del producto y de los servicios. 
Usted, señor Comisario, y yo sabemos que todo esto es el contenido de PHILOXENIA, rechazado por el Consejo con una gran decepción para todos y especialmente para mí como ponente. 
Me constan, señor Comisario, los grandes esfuerzos que usted y sus colaboradores han realizado para organizar bien la DG XXIII, pero le pedimos que renueve este esfuerzo y su entusiasmo para convencer de la importancia del turismo, primero, al Colegio de Comisarios, y luego al Consejo, para que abandone sus reservas y de luz verde a PHILOXENIA con todo su contenido. 
Y luego, que el diálogo transparente y abierto continúe con temas tan importantes como el IVA y el euro, temas prosaicos, pero muy urgentes que, bien implantados, pueden hacer que Europa recupere su liderazgo como destino turístico. 
Para que así sea necesitamos una base legal y un instrumento de acción, y este es PHILOXENIA. 
PHILOXENIA es el instrumento necesario para que usted, señor Comisario, y su equipo sean los líderes que, con entusiasmo y mediante el diálogo fluido y transparente con el sector, con el Consejo y con esta Asamblea, establezcan esa estrategia turística europea, tan necesaria para todos. 
Nosotros le apoyaremos, señor Comisario. 
Señor Presidente, el turismo es ni más ni menos el sector que más empleos podrá llegar a crear en el futuro en Europa, es decir, el que más puede ayudar a resolver nuestro mayor problema. 
Por otro lado, el turismo es una actividad muy diversificada, con un gran efecto multiplicador y que contribuye enormemente a la cohesión económica y social de Europa. 
Por ello nos parece esencial que el turismo encuentre una base legal en la revisión del Tratado de la Unión Europea y que la solución de incluir la industria del turismo en el artículo 130, aun no siendo la solución ideal, tiene la ventaja de ser sencilla y posible y de ser aceptada en el sector, especialmente para la Otreca. 
Sé, señor Comisario, que usted nos apoya en este objetivo. 
Tengo la esperanza de que conseguirá, para el bien de la economía y de los ciudadanos de Europa, incluir el turismo en el Tratado. 
Por último, me gustaría hacerle una propuesta: ¿por qué no encarga a la Comisión que realice un estudio sobre los efectos en el turismo de la liberalización del transporte aéreo? 
Quizá los resultados de este estudio harían que los Estados miembros, que ahora son reacios, comprendan la enorme ventaja que supondría que el turismo tuviese una base jurídica en los Tratados. 
Señor Presidente, no hay duda de que el turismo es un factor económico de primera magnitud y también un factor esencial para la política de empleo. 
Por ejemplo, en Austria el 17 % del PIB proviene de turismo. 
Es decir, si nos queremos tomar en serio el turismo como tal factor, entonces deberíamos plantearnos al menos tres aspectos centrales: en primer lugar, deberíamos elevar el turismo al rango de una política comunitaria autónoma, tal como han subrayado los oradores anteriores; en segundo lugar, debemos hacer realmente todo lo que esté en nuestra mano, es decir, aprobar los créditos para que sea posible el programa PHILOXENIA, pues así podrá surgir por fin una política comunitaria, en cierto modo, una política de turismo de la Unión; en tercer lugar, debemos establecer las posibilidades para garantizar una mejora de la calidad del personal mediante programas de formación y de movilidad de la Unión Europea. 
Señor Presidente, hace pocos días hemos tenido un encuentro aquí en el Parlamento Europeo con responsables del sector del turismo donde se constató que, debido a la introducción del euro, es de esperar un aumento del turismo de aproximadamente un 10 %. 
Creo por ello que el euro puede representar uno de los motores más importantes para un turismo de alta calidad en Europa y si logramos avanzar además, por ejemplo, en la armonización fiscal, en especial, en la armonización del IVA, tendremos las mejores cartas para lograrlo. 
Como el turismo precisa de mucha mano de obra, habría que recapacitar también si en este campo no se debería aplicar un tipo de IVA reducido. 
El colega Pirker ha mencionado el sector más importante que, en mi opinión, es la formación inicial y continua, en especial el programa LEONARDO. 
Creo que precisamente el programa LEONARDO ofrece muchas posibilidades a nuestro turismo. Les ruego que intensifiquen sus esfuerzos en este campo. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes, deseo manifestar únicamente una posición que ya expresamos en otras ocasiones. 
Consideramos obligado el hecho de que el turismo goce de un capítulo específico en el Tratado, como solicitó el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, no creemos que sea suficiente incluir tan sólo, y pese a su importancia, los aspectos comerciales y laborales del turismo, sino que estimamos que el mismo debe evaluarse sobre la base de sus aspectos culturales, de relación entre personas y culturas diferentes, y como una forma de conocerse y, en consecuencia, sobre la base de los aspectos sociales que entraña. 
Consideramos, por lo tanto, que es muy importante hacer hincapié no tan sólo en el aspecto económico-comercial, sino también y en particular en el aspecto cultural y de desarrollo de las relaciones entre las diferentes culturas, a fin de fomentar la construcción europea. 
Éste es el primer aspecto importante y objeto de debate en múltiples ocasiones en el seno de la Comisión de Cultura. 
Como Grupo de los Verdes, no obstante, deseamos recalcar- y por ello tenemos algunas dudas con respecto a las resoluciones ya presentadas- que el problema del turismo es un gran problema en términos de impacto ambiental y social. 
Por consiguiente, no puede ser tratado sin tener en cuenta que ciertas formas de turismo han incidido fuertemente en el medio ambiente en Europa. 
Es preciso asimismo tener en cuenta el hecho de que ciertos tipos de turismo de masa, a través de la urbanización del territorio y las costas, no tan sólo tienen un impacto ambiental, sino que también han reducido las futuras potencialidades laborales e impedido otras actividades más compatibles con el medio ambiente. 
En términos sociales, consideramos asimismo que es preciso evaluar atentamente las consecuencias de ciertos tipos de turismo. 
Hemos creado formas de turismo que han expropiado a los habitantes ciertas zonas y multinacionales del turismo que han impuesto sus criterios y su personal y han modificado las condiciones de vida de regiones enteras. 
Sin una atenta evaluación del impacto ambiental y de las repercusiones sociales, el turismo no puede considerarse únicamente como un elemento positivo desde el punto de vista comercial. 
Por consiguiente, sí a su inclusión en el Tratado, pero con las debidas cautelas y con la inclusión de dichos aspectos medioambientales, sociales y culturales. 
Señor Presidente, intentaré contestar muy brevemente a las preguntas que me han dirigido algunos de los diputados que han tomado la palabra. 
En primer lugar, el Sr. Aparicio me ha preguntado qué es lo que la Comisión Europea piensa hacer en los próximos meses, en caso de que no se apruebe el programa PHILOXENIA. 
Aquí quisiera aclarar que orientaremos nuestras acciones hacia el fomento de la competitividad y la calidad del turismo. 
Intentaremos fomentar la industria del turismo para mejorar la acogida de la moneda única, es decir del euro, así como las posibilidades de empleo que ofrece el turismo, haciendo hincapié en las iniciativas locales de empleo, la formación profesional, la cultura, la protección del medio ambiente y el uso de las nuevas tecnologías. 
Por último, fomentaremos la cooperación en lo que respecta a la dimensión exterior, abordando los temas de la ampliación, la cooperación euromediterránea y el acuerdo general en materia de servicios. Fomentaremos también la protección del consumidor de turismo, insistiendo en las actividades innovadoras que favorezcan la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 
Por último, en lo que se refiere a su observación general de que hasta la fecha no ha sido posible adoptar el programa PHILOXENIA y su descontento por la incapacidad del Consejo, querría señalar que existe un problema. 
Todos estamos de acuerdo en que es necesaria una política presupuestaria más coherente de la actual y todos coincidimos en que hay que poner orden en los asuntos presupuestarios de la Comunidad, o sea que se requiere transparencia y un control efectivo con respecto a las prioridades políticas de la Comunidad, pero al mismo tiempo denegamos el fundamento jurídico a los sectores concretos que lo requieren. 
Me sentiría afortunado si consiguiéramos la aprobación de PHILOXENIA, el establecimiento del fundamento jurídico, aunque fuera con un solo ecu. 
Entonces la Comisión Europea no estaría expuesta al Tribunal de Cuentas o a la crítica de todos. 
Por el contrario, tendríamos la posibilidad de decidir conjuntamente con los Estados miembros las prioridades políticas y la eventualidad de una mayor implicación del Consejo en un programa muy importante para la industria turística. 
Por último, con referencia al Tratado, por lo que a mí respecta, continuaré hasta el último momento tratando de conseguir que se adopten disposiciones en materia de turismo dentro del marco del Tratado revisado, o, al menos, que se aborde el turismo a través de otros artículos del Tratado, porque se trata de una industria, de un ámbito, que realmente merece ocupar un lugar en el Tratado. 
Señor Presidente, me dirijo a sus Señorías para subrayar que, si conseguimos que se incluya una disposición en el Tratado, no nos encontraremos con las aventuras que hemos tenido que afrontar con el PHILOXENIA, pero que mientras no se le dedique una sola palabra en el Tratado el turismo seguirá «maltratado». 
Señor Presidente, el Comisario ha hecho un apasionado llamamiento al Parlamento para que presionemos al Consejo. 
Permítame que, por nuestra parte, apele al Comisario para que el próximo jueves por la tarde participe en la reunión del grupo de turismo, en el que el Presidente del Consejo rendirá cuentas de la política seguida. 
Señor Comisario, si va usted en serio, acuda el próximo jueves a las tres y media. 
Entonces podremos celebrar un debate con el Presidente del Consejo. En caso necesario, puede volver a pronunciar su apremiante alegato. 
¿Podemos contar con usted? 
Señor Presidente, le confirmo que examinaré esta posibilidad, intentaré estar presente en esa reunión. 
En caso de que no pudiera, debido a mi agenda, estará allí sin duda un representante de la Comisión Europea. 
En cualquier caso, quiero asegurar al Sr. Cornelissen que estoy en contacto permanente con la Presidencia holandesa, tanto en lo que respecta al debate sobre la Conferencia Intergubernamental, con vistas a la inclusión de un capítulo especial sobre el turismo, como en lo que atañe a un posible acuerdo sobre el programa PHILOXENIA, aunque sea en último momento, en las últimas semanas, sin convocatoria del Consejo, mediante un acuerdo que pudiera alcanzarse en el marco del COREPER. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas con arreglo al apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
(Se levanta la sesión a las 17.25 y se reanuda a las 17.30 horas) 
Turno de preguntas (Comisión) 
Pregunta nº 32 formulada por Juan Izquierdo Collado (H-0347/97): 
Asunto: Paralización del Programa LEADER 
¿Asume la Comisión la responsabilidad de tener paralizados los Programas LEADER a raíz de un fax del Sr. Legras, Director General de la DG VI, que carece de fundamento jurídico? 
Señor Comisario, la realidad es que puedo dar fe de que no pocos programas LEADER de mi país llevan un año en el cajón. 
Se ha paralizado la ejecución de esos programas, la generación de empleo y la innovación que llevan aparejadas. 
¿Por qué? 
No porque un Consejo o la propia Comisión hayan decidido que el LEADER II se tiene que gestionar de forma diferente al LEADER I, sino porque un fax de un Director General ha producido tal conmoción que nos ha dado un perfecto ejemplo de lo que es actuación burocrática con efectos realmente perniciosos sobre los objetivos más queridos por parte de la Unión, como son la eficacia y la generación de empleo. 
Señor Comisario, espero que en la contestación deje usted claro a muchos alcaldes, a muchos concejales, que están esperando sus palabras, que el programa LEADER tiene garantizada su continuidad- desde luego, con plenitud de transparencia -, y que, si hace falta, exija del Gobierno español urgencia inmediata. 
Espero que sus palabras sean totalmente claras al respecto. 
Señor Presidente, señor diputado, en primer lugar quiero expresarle mi agradecimiento por coincidir conmigo en que LEADER II es una buena iniciativa comunitaria. 
No obstante, si en la ejecución de una medida concreta no está claro si se trata de una o de dos acciones, como era en el presente caso, entonces hay que aclarar la cuestión. 
Pero no es ningún motivo para que un procedimiento de este tipo se quede en el cajón. 
Si tiene otros problemas de este tipo, en los que por motivos similares a los mencionados por usted o por otros motivos se haya estancado la ejecución de una iniciativa LEADER, le pido sencillamente que me lo haga saber. 
Me ocuparé gustosamente del asunto. 
Señor Comisario, ¿por qué el abuso de funciones de un Director General de la Comisión puede llegar a paralizar el programa LEADER II simplemente por los problemas planteados por el LEADER I? 
Ha habido problemas de acumulación de subvenciones comunitarias en el programa LEADER I y por la falta de control sobre el mismo por parte de la Comisión. 
Pero no tiene que ver una cosa con otra. 
Desbloquéese el LEADER II y contrólese el LEADER I. Yo creo que estamos en esa vía, puesto que en LEADER II ya se ha puesto en marcha un organismo pagador en cada uno de los países miembros. 
Por lo tanto, yo le pediría al señor Comisario que estas cosas no se vuelvan a repetir, y que la Comisión, por su parte, controle el exceso de poder de alguno de sus funcionarios. 
Le puedo asegurar que no es mi intención ni tampoco la de mis servicios crear más burocracia. 
Lo que necesitamos es solamente orden. 
Tenemos que crearlo, pues de lo contrario posiblemente tendríamos problemas a la hora de liquidar los programas de ayuda. 
Repito: si existen problemas por las razones que sean, estoy gustosamente dispuesto a contribuir a su solución. 
Por favor, pónganlos en mi conocimiento. 
Pregunta nº 33 formulada por Mary Banotti (H-0409/97): 
Asunto: Supresión de las tiendas libres de impuestos 
¿Ha considerado la Comisión las repercusiones de la posible pérdida de 140.000 puestos de trabajo en la Unión Europea como consecuencia de la supresión de las tiendas libres de impuestos? 
Dada la elevada tasa de desempleo en la UE en estos momentos, ¿no considera la Comisión que debe prorrogarse más el plazo (junio de 1999) para la supresión de las tiendas libres de impuestos, a fin de considerar, en particular, su efecto en el desarrollo y empleo regionales? 
Señor Presidente, al decretar las directivas para la supresión de los controles fiscales en las fronteras, el Consejo acordó no permitir más ventas libres de impuestos a partir del 1 de julio de 1999, si bien previó un tiempo de transición que debía aprovecharse para normalizar fiscalmente el tráfico comercial intracomunitario y adoptar las necesarias medidas para suavizar las repercusiones sociales en los sectores afectados y las dificultades regionales, en especial, en las zonas fronterizas. 
La Comisión lamenta que el sector afectado no haya utilizado el período de transición previsto para desarrollar una estrategia con la que se podría haber amortiguado la supresión de las ventajas fiscales. 
Hay que indicar a este respecto que no existía ninguna duda de que la decisión del Consejo, que tiene ya una antigüedad de 5 años, era irrevocable. 
Por el contrario, el sector de tiendas libres de impuestos ha aumentado sus ventas en aproximadamente un 50 % entre 1991 y 1995 creando de este modo un medio de presión inaceptable. 
Este aumento de las ventas muestra además la importancia que tienen las ventajas fiscales para este sector, que representa por término medio el 35 % de las ventas. 
Con una ayuda financiera de este tipo, cualquier ramo que actúa en el sector de las ventas habría tenido la posibilidad de crear al menos tantos puestos de trabajo como los que se mencionan en la pregunta. 
Es significativo que los argumentos, inclusive el de los puestos de trabajo, que se alegan para una prórroga del período de transición, son exactamente los mismos que impulsaron en 1991 al Consejo a adoptar la decisión. 
Por ello, la Comisión no tiene intención de prorrogar el período de transición. 
Realmente me sorprende la respuesta del Comisario. 
Es evidente que la Comisión no se ha cuidado debidamente de evaluar los perjuicios que sufrirían las compañías de aviación y de transporte como resultado de la supresión de las tiendas libres de impuestos: sus efectos en los gastos y en los billetes y, sobre todo, en las regiones, sus efectos para el empleo. 
Ya se ha calculado que por lo menos 1.800 personas podrían perder en Irlanda su empleo en los transbordadores. 
¿Por qué no es posible hacer un estudio adecuado, basado en las realidades de nuestros días? 
Un enorme número de puestos de trabajo están en juego y la retención de las tiendas libres de impuestos reviste particular importancia para el desarrollo regional. 
Se puede alegar que, sencillamente porque poseen una ventaja fiscal, no debe permitirse que continúen ese tipo de negocios y que cualquiera acogería con satisfacción que se le concediera esa clase de ventaja. 
No me parece que sea un argumento de peso, en vista de la lamentable perspectiva de pérdida de puestos de trabajo que se nos ofrece en esas esferas. 
¿No está de acuerdo conmigo en que la Comisión ha pecado por descuido al no haber efectuado estudios adecuados sobre los efectos de la supresión de las tiendas libres de impuestos? 
Señora diputada, debo decirle con toda sinceridad lo siguiente: en primer lugar, se sabía ya desde hace muchos años que se iba a adoptar esta decisión y en lugar de prepararse para esta nueva situación, se ha hecho exactamente lo contrario ampliando las ventas aprovechándose de esta ventaja fiscal. 
No se puede pues argumentar diciendo que se van a perder puestos de trabajo porque ya no es posible la venta libre de impuestos. 
Podría preguntarse del mismo modo cuántos puestos de trabajo se han destruido antes en el comercio normal que, debido a esta situación, tuvo que soportar una clara desventaja competitiva. 
Quisiera sumarme a lo que ha dicho la Sra. Banotti. 
El Reino Unido también tropieza con un problema en esta esfera. 
Como en Irlanda, perderemos muchos puestos de trabajo en el sector de los transbordadores y en los aeropuertos regionales y locales. 
Los efectos serán desastrosos. 
Aunque el Comisario haya dicho que hacía tiempo que se sabía lo que iba a suceder, los estudios que han determinado el tipo de pérdidas de puestos de trabajo de que estamos hablando son relativamente recientes. 
A la luz de esos estudios el Comisario debería pensar una vez más en el número de puestos de trabajo que se perderán y en su efecto para los medios de transporte del Reino Unido, de Irlanda y de otros países afectados. 
Naturalmente, una medida de reestructuración como la que es necesaria en el presente caso, va unida también a problemas y dificultades. 
Lo reconocemos perfectamente. 
Pero no creo que sea el principio del mercado interior permitir de modo permanente estructuras que perjudican con toda claridad al comercio normal, creando para algunos normas especiales que les conceden una clara ventaja competitiva. 
Por ello, la Comisión está de acuerdo en esta cuestión con los Estados miembros y el Consejo y no tiene intención de aceptar una modificación del tipo que aquí se ha exigido. 
Le doy las gracias por su amabilidad, señor Presidente, que aprecio. 
Señor Fischler, su respuesta me parece muy mala. 
Me parece mala, porque se trata de desempleo. Si no fuese así, sería correcto suprimirlas, pero de hecho perjudicaremos ciertas zonas. 
En mi circunscripción tenemos el nivel más elevado de desempleo de Dinamarca y perderemos 2900 puestos de trabajo. 
La gente tendrá realmente problemas debido a la supresión de las tiendas libres de impuestos. 
La intención de la Comisión no puede ser crear desempleo. 
Hay que crear nuevos puestos de trabajo antes de suprimir otros. 
La respuesta no me ha gustado en absoluto y me parece que debería haberla preparado mejor. 
Señor Blak, yo creí que usted me había pedido la palabra para una cuestión de orden, porque a quien corresponde la palabra es al Sr. Cassidy. 
Le voy a dar la palabra al Sr. Cassidy y, en todo caso, si el Comisario quiere después tener la delicadeza de contestarle a usted, él verá. 
Tiene la palabra el señor Cassidy por un minuto. 
Quisiera felicitar al Comisario por las sólidas respuestas que ha dado a la Sra. Banotti y al Sr. Truscott. 
La verdad es que el propio nombre de tiendas libres de impuestos se presta a una falsa interpretación. 
Correspondería más a la realidad denominarlas tiendas exentas de tasas. 
En segundo lugar, uno de los operadores del Reino Unido ha admitido que la supresión de las ventas libres de impuestos entrañaría un aumento de 15 libras esterlinas en el precio medio de un billete de avión «charter». Dicho con otras palabras, costaría unos 20 ecus. 
El Ministro de Finanzas de Gran Bretaña pierde cada año varios centenares de millones de libras en ese tipo de operaciones para las que no hay lugar en un mercado único. Tienen repercusiones en otros sectores del comercio al por menor, como ha indicado el Comisario. 
También tropiezan con la viva oposición de la Asociación de Consumidores. 
¿No es suficiente todo esto para que la Comisión se plante en sus opiniones? 
Señores diputados, en primer lugar, no es mi tarea personal la de realizar propuestas en este campo. 
Esta es la tarea de mi colega Mario Monti. 
Pero en lo que yo puedo enjuiciar o ver desde el punto de vista de la Comisión, nos reafirmamos en lo que ya he dicho antes, también como Comisión. 
En segundo lugar, si hubiese aquí problemas de transporte o de costes de transporte, quiero dejar totalmente claro que se debería pagar con las tasas de los aeropuertos que, si se comparan internacionalmente, no son precisamente las más bajas. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
Me pide ahora la palabra el Sr. Andersson para una cuestión de orden. 
Solamente deseo destacar que es un poco desafortunado celebrar un debate sobre una región cuando se trata de una cuestión importante que afecta a tantas regiones de Europa. 
Sólo quiero decir que hay muchas regiones que van a padecer el mismo problema en cuanto desaparezca la venta libre de impuestos, y que queremos hacernos eco de lo que está sucediendo en estas regiones. 
Señor Presidente, señoras y señores, en varias ocasiones se ha expuesto ante esta Asamblea el punto de vista de la Comisión sobre las obligaciones de los Estados miembros para impedir acciones contra el funcionamiento sin trabas del mercado interior y del libre tráfico de mercancías de conformidad con los artículos 5 y 30 del Tratado de la CE. 
Como las autoridades francesas no actúan para impedir los repetidos ataques de los agricultores franceses contra los productos agrícolas de otros Estados miembros, la Comisión indica que, como defensora del Tratado, ha iniciado un procedimiento de violación del Tratado ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
El objetivo de este procedimiento es mover al Gobierno francés a cumplir sus obligaciones de conformidad con los artículos 5 y 30 del Tratado de la CE. 
Este asunto jurídico está pendiente en el Tribunal Europeo de justicia bajo el número C2-65/95. 
Como fecha para la vista oral se ha fijado el 10 de junio de 1997. 
Como la Comisión ha iniciado la vía jurídica que le pertenece según el Tratado para imponer el derecho comunitario, hay que esperar en consecuencia a la sentencia del Tribunal de Justicia. 
Como antes del 24 de abril y, hace poco, también después, se han producido nuevos ataques, el 24 de abril la Comisión pidió a las autoridades francesas tras este primer incidente que hiciesen por fin uso de sus atribuciones para garantizar la seguridad interior. 
Además, mi colega Monti se ha dirigido por escrito al ministro competente para el mercado interior en Francia llamándole urgentemente la atención sobre el hecho de que debe garantizar las condiciones que son necesarias para el funcionamiento del mercado interior. 
También hemos dicho ante la opinión pública que la Comisión no está dispuesta a aceptar sin más tales ataques y vamos a examinar si son necesarios otros pasos jurídicos o administrativos para impedir por parte de la Comisión tal situación. 
Señor Comisario, como ve, efectivamente, es un problema muy delicado pero muy grave el que le planteo, porque estas acciones violentas- que son frecuentes, como usted mismo reconocecontra productos agrícolas españoles en las carreteras francesas, producen un efecto terrible, porque rompen el mercado interior y atentan además contra la propia seguridad de las personas. 
Lo más grave de todo, señor Comisario, es que estas agresiones están consiguiendo el efecto que persiguen. 
Según noticias que he tenido estos días, la inmensa mayoría de las exportaciones de productos hortofrutícolas de mi país con destino a Francia han dejado de ir a Francia y se han desviado hacia otros mercados, lógicamente con un descenso de precios muy sensible. 
Por consiguiente, cuando se trata de cuantificar los daños, éstos son muy superiores a lo que indica la cantidad o el valor de las mercancías destruidas. 
Mi pregunta es: ¿Cree usted que con las medidas actuales o con la acción del Tribunal de Justicia de Luxemburgo se va a solucionar el problema, o harán falta nuevas medidas o nuevas competencias por parte de la Comisión para actuar enérgicamente y evitar estos atentados incivilizados? 
Señor diputado, la cuestión de si las reclamaciones de indemnización por daños tiene perspectivas de salir adelante depende en primer lugar de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
Independientemente de ello, las cuestiones de indemnizaciones por daños son en primera línea asunto de los tribunales nacionales, por lo que tales reclamaciones deben plantearse también ante dichos tribunales. 
Señor Comisario, quiero insistir en los ataques perpetrados contra agricultores españoles cuando transportan productos hortofrutícolas por el sur de Francia. 
Efectivamente, estamos ante una violencia reiterativa. 
Basta consultar resoluciones de este Parlamento donde se comprueba lo mismo y donde se ve que se comete una flagrante violación del artículo 5 del Tratado, que obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar un mercado interior caracterizado por la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de mercancías. 
Pero, en este caso, se da, además, un aspecto de inusitada violencia, debido al vandalismo practicado. 
Por tanto, ya no basta con la condena de los hechos; desde luego, habrá que proceder al pago de las compensaciones por los daños causados no sólo a los vehículos sino también a las mercancías, pero sobre todo deberán compensarse las pérdidas de mercados. 
Mi pregunta, señor Comisario, se refiere concretamente a las novísimas medidas derivadas de estos hechos, a las que usted y el orador anterior han hecho referencia. 
¿Qué medidas tiene previstas la Comisión como consecuencia de estos hechos para el futuro? 
Señor diputado, usted ha dicho que se trata de violencia y vandalismo, lo que puede ser perfectamente así. 
En consecuencia, ante tales casos los procedimientos penales deben plantearse en Francia. 
Lo que la Comisión siempre ha criticado en especial es que las autoridades policiales francesas han sido todo lo contrario que activas para intervenir in situ cuando han tenido lugar tales ataques. 
Hemos podido documentar además este comportamiento. 
Precisamente hoy, fecha en que tiene lugar la vista oral ante el Tribunal Europeo de Justicia, hemos presentado videos y documentación similar con el que lo podemos demostrar. 
Espero que se haga por fin algo y que el nuevo Gobierno francés se ocupe de este asunto. 
Señor Comisario, ya sabe la Asamblea que, como consecuencia de la importancia de la agricultura y de la conserva en la región de Murcia, he protestado reiteradas veces, con la benevolencia de la Presidencia, contra los ataques a camioneros y a productos murcianos en tierra francesa. 
Quería hacer una pregunta, pero he visto que la respuesta es evasiva. 
Se trata de si la Comisión interviene o puede intervenir o quiere intervenir, para que las compensaciones y las indemnizaciones se puedan realizar con respecto a los productos y a las pérdidas de mercados, pero veo que no es esta la cuestión que interesa a la Comisión. 
La segunda pregunta, breve, es si no le parece al Comisario que estas cuestiones ponen en evidencia que no funciona adecuadamente la OCM de frutas y hortalizas ni la reforma de la PAC que se hizo en 1992 y que, por lo tanto, convendría tomar en consideración lo que ocurre para enderezar convenientemente la OCM de frutas y hortalizas así como también la política agrícola común. 
Señor diputado, si me permite que comience con su segunda pregunta, quiero indicarle que estos ataques han tenido lugar en especial antes de que haya entrado en vigor la nueva OCM de verduras y hortalizas, es decir después de la antigua. 
Por ello, no veo ningún indicio de que estos ataques puedan estar en relación con la nueva OCM de verduras y hortalizas. 
Por el contrario, espero que precisamente la nueva OCM haga que se inicie una nueva evolución al fomentar más intensamente las agrupaciones de productores. 
Respecto a su primera pregunta relativa a las posibilidades de la Comisión de intervenir directamente in situ, lamentablemente tengo que decir que no tenemos unas fuerzas de policía propias o algo similar y creo que la Conferencia Intergubernamental que se va a celebrar la próxima semana en Amsterdam tampoco va a crearlas. 
En consecuencia, lamentablemente tengo que decir que dependemos de las fuerzas del orden público de los Estados miembros. 
Sólo tenemos la posibilidad de intervenir cerca de los Estados miembros para que cumplan sus tareas. 
Si no lo hacen, el arma más poderosa que nos queda, si así lo desean, es dirigirnos al Tribunal Europeo de Justicia. 
Hemos utilizado este arma y ahora está en marcha un procedimiento ante el Tribunal. 
En el Tratado no existen otras posibilidades. 
Pregunta nº 35 formulada por Roy Perry (H-0436/97): 
Asunto: Política regional/islas 
¿Apoya la Comisión la propuesta presentada a la CIG por Grecia y España en el sentido de incluir una cláusula sobre las islas en el nuevo Tratado? 
Señor Presidente, la Comisión es de la opinión que hay que adoptar mediadas apropiadas para solucionar las condiciones territoriales especiales de ciertas zonas, tales como las islas. 
Obviamente, estas medidas no pueden crear obstáculos al mercado interior, a la libre circulación de mercancías ni a las normas sobre competencia. 
Grecia presentó, al iniciarse las negociaciones de la CIG hace más de un año, una propuesta para la modificación del apartado 3 del artículo 92 y de los artículos 130 A y 130 F de modo que se tuviesen explícitamente en cuenta las condiciones especiales de las islas. 
La Comisión se ha comprometido a incluir en la declaración de la CIG un texto en el que se tengan en cuenta las condiciones especiales de las islas. 
En opinión de la Comisión, basta con esta toma de postura política, ya que así el Tratado permitirá en el futuro tener en cuenta la situación de las islas. 
Por lo demás, la situación de las islas difiere de la que presentan las zonas periféricas de la Unión. 
En este caso, los tres países implicados, España, Francia y Portugal, apoyan en la Conferencia la inclusión de estas zonas en el apartado 2 del artículo 227 y de un protocolo sobre el modo de aplicar dicho artículo. 
Me satisface la respuesta de la Comisaria. 
Me tranquilizó ver que no iba a responder a mi pregunta el Comisario Fischler, que proviene de un país sin litoral. 
Espero sin duda alguna que la CIG sepa reconocer las necesidades de las regiones insulares. 
Si esta cuestión se incluye en las conclusiones de la CIG y en el Tratado subsiguiente, ¿podría darme la Comisaria una idea acerca del tipo de propuestas que la Comisión estima que son apropiadas para venir en ayuda de las regiones insulares y, en particular, de la Isla de Wight, a la que represento en este Parlamento? 
Sabemos todos que nos encontramos en una fase en la que están encajando las últimas piezas de la CIG. 
Son los días finales para la celebración de reuniones entre representantes personales; a continuación vendrá la cumbre, lo cual quiere decir que no puedo ir más allá de lo que he hecho en mi primera respuesta, es decir, manifestar que la Comisión ha apoyado las propuestas presentadas y que nos parece conveniente incluir en la declaración final un texto que permita tener en cuenta especialmente a las islas. 
Personalmente tendré cuidado de no decir nada de lo que puede hacerse respecto a cada isla. 
Esto sería totalmente imposible para mí. Los diputados al Parlamento conocen islas que yo, en calidad de comisaria, no puedo conocer, ni mucho menos, tan a fondo como ellos. 
Como es sabido, Finlandia es el país que cuenta con más archipiélagos y ríos de toda Europa. 
En nuestro himno nacional decimos que somos el «país de los mil lagos». 
Ciertamente, tenemos 76.000 islas de una superficie mayor de 1, 5 hectáreas cada una. 
En la propuesta de claúsula y de comunicado por parte de la CIG que ha cristalizado actualmente no se tiene en cuenta la necesidad que existe en Suecia y Finlandia, también en Dinamarca, de una política para los archipiélagos. 
En el comunicado se habla de «regiones insulares». 
Me gustaría que en su lugar se escribiera «regiones de archipiélagos» , es decir, regiones donde las aguas separan superficies de tierra y conllevan la necesidad de una estructura social totalmente distinta. 
Espero también que el seguimiento concreto de este comunicado nos pueda llevar a que se vean las ayudas al tranporte de estas regiones bajo otra perspectiva. 
Estoy totalmente convencida de que el Comisario Liikanen puede expresar perfectamente lo que representa vivir en un país donde el agua desmiembra literalmente toda la nación. 
Es verdad que las islas desempeñan un papel importante en muchas zonas de la Unión Europea, y tal como ha dicho el autor de la pregunta, este es obviamente el caso de Finlandia. 
Lo que estamos debatiendo hoy, y éste es el tema de la pregunta, es ante todo si queremos tomar la iniciativa para que se presente una propuesta de inclusión de una referencia especial a los problemas de las islas en la declaración final de la CIG, y a la vez apoyarla. 
Obviamente, como danesa conozco algunos de los problemas que han surgido en nuestra zona y creo que todos los países con islas tienen muchos problemas en común que pueden ser, tal como ha dicho el autor de la pregunta, el transporte, pero también las escuelas y muchas otras cosas, por lo que me parece importante que esta posibilidad se contemple en el nuevo Tratado. 
Esta respuesta a la pregunta sobre las islas, que se encuentran en una situación especial, lejos del centro de la Comunidad, ha sido positiva y ha demostrado mucha comprensión. 
Sin embargo, hay un punto poco claro que quisiera pedir que me aclare la Sra. Comisaria. 
Ha dicho que la Comisión es consciente del asunto y que puede emitir una comunicación. 
La pregunta formulada al comienzo y la nuestra es si habrá una cláusula sobre las islas y si ésta se incluirá en el texto de Maastricht II después de la Conferencia Intergubernamental, es decir, si en estas últimas pinceladas que ha comentado habrá una comunicación no vinculante y por tanto sólo un buen deseo. 
Tal como he dicho en contestación a la primera pregunta complementaria, nos encontramos en una fase de la Conferencia Intergubernamental en la que todo depende en gran medida de lo que hagan los Estados miembros y de la prioridad que éstos den a la pregunta formulada. 
Como comisaria no puedo garantizar cuál será el resultado de la CIG. 
Lo que he dicho es que la Comisión ha apoyado la propuesta concreta presentada por Grecia, España, Portugal, entre otros, y lo seguiremos haciendo. 
No tengo ninguna posibilidad de saber si esto basta para que se incluya y la forma en que será incluida, pero puedo decir que la Comisión la ha apoyado en las negociaciones que han tenido lugar sobre el tema y que lo seguirá haciendo hasta que éstas acaben. 
Dado que hemos agotado el tiempo previsto para la primera parte del turno de preguntas, la pregunta nº 36 se contestará por escrito. 
Pregunta nº 37 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0425/97): 
Asunto: Exención fiscal de los empleados en la UE 
Las personas empleadas por la UE en los Estados miembros, por ejemplo, en las oficinas de la Comisión y del Parlamento, están exentas de pagar impuestos en el país en el que viven. 
Al mismo tiempo, estas personas y sus familias se benefician de los servicios públicos, tales como la sanidad, las comunicaciones y la educación. 
¿Se propone la Comisión modificar esta situación de manera que los empleados de la UE también paguen impuestos en el país en el que trabajan? 
Señor Presidente, en las oficinas de representación de la Comisión existentes en los Estados miembros están empleados tanto funcionarios de la Comisión como trabajadores pagados por el Estado miembro de que se trate. 
Por ejemplo, el personal de la oficina de representación de la Comisión en Suecia está constituido por seis funcionarios y once trabajadores pagados por Suecia. 
Así pues, dos tercios del personal son funcionarios pagados por el país en cuestión, que pagan el impuesto sobre la renta con arreglo al régimen nacional. 
Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de los funcionarios de la Comisión, cabe señalar que las Comunidades tienen su propio régimen fiscal. 
Los funcionarios de la UE satisfacen un impuesto sobre la renta comunitario de carácter progresivo. 
La Unión cuenta asimismo con su propio sistema de protección social y de seguro de enfermedad, al que los funcionarios de la UE pagan sus cotizaciones y de cuyo ámbito de cobertura forman parte ellos y sus familias. 
En cuanto a los impuestos indirectos, cabe señalar que tanto los funcionarios de la UE como los funcionarios remunerados por el Estado miembro pagan impuestos directos. 
Así pues, las oficinas de representación de la UE cuentan con personal perteneciente a dos regímenes fiscales distintos. 
Naturalmente puede formularse la pregunta de si existen razones para seguir incrementando en el futuro dentro del personal de las oficinas de representación existentes en los Estados miembros el porcentaje de funcionarios pagados por el Estado miembro. 
Le agradezco al Comisario su respuesta. 
Creo que es justo que todas las personas que trabajan y están destinadas permanentemente en un país miembro paguen también sus impuestos en este país. 
Los empleados se benefician no solamente de los servicios de sanidad del país de residencia, sino también de las comunicaciones, educación, etc. Los empleados de la UE en Suecia se ven protegidos además por la defensa sueca y siguen los acontecimientos que protagoniza la familia real y muchas otras cosas. 
Pienso que es justo que se paguen impuestos en el país donde los empleados se benefician del sector público, independientemente del régimen bajo el que hayan sido empleados por la Comisión Europea. 
Además pienso que la exención fiscal resulta arrogante, ya que refuerza la idea de que cuando se trabaja para la UE se consiguen privilegios exorbitantes. 
Pienso que no existe ninguna razón válida para que ciertas personas no abonen impuestos en el país donde habitan, viven y trabajan. 
Me pregunto si van a adoptar ustedes alguna iniciativa para modificar la situación de manera que todas las personas empleadas por la Comisión reciban un tratamiento similar a este respecto. 
Yo también soy de Suecia, país donde hemos celebrado un debate sobre la situación de los funcionarios de la UE; también hemos celebrado uno sobre la de los diputados del Parlamento, y ambos son naturalmente igualmente importantes. 
Pienso que es central que las relaciones entre los ciudadanos y los que trabajamos aquí por el mandato que nos han concedido, o en las oficinas de la Comisión en Suecia o en otros países miembros, sean las mejores posibles. 
Mi pregunta adicional es: ¿No cree el Comisario Liikanen que se podrían mejorar estas relaciones eliminando activamente los instrumentos o normas que hacen que muchos ciudadanos no quieran tener nada que ver con lo que se lleva a cabo dentro de la UE por este motivo? 
Me gustaría que respondiera a mi pregunta. 
Es evidente que debemos mejorar nuestras relaciones con los ciudadanos de todos los países miembros. 
El principio en que se basa históricamente la legislación relativa a la política de personal que se sigue para los empleados de la UE es que todos los funcionarios fijos deben recibir el mismo tratamiento en todos los países de la UE. 
Esto nos ha llevado a una situación que significa que si una persona trabaja para las instituciones europeas permanentes, esta persona tiene los mismos derechos en todos los países de la UE. 
Sé muy bien que ha sido muy difícil aclarar esta situación en Suecia. 
En general, el problema relativo a los derechos salariales no es tan grave. 
Lo hemos estudiado con todo detalle y comparado el nivel salarial neto de los diplomáticos extranjeros estacionados en Bruselas con el nivel salarial neto de los funcionarios de la UE que también trabajan allí. 
Debo decir que en la mayor parte de los casos las diferencias son mínimas. 
Este debate salta a la vista en los países donde se ha trabajado a nivel nacional. 
Pregunta nº 38 formulada por Bryan Cassidy (H-0439/97): 
Asunto: Límite de edad en la contratación de personal para Comisión Europea y sus organismos asociados 
¿Tiene conocimiento la Comisión de que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo NO fija límites de edad en los anuncios de puestos de trabajo, dado que puso fin a esa práctica hace algunos años? 
¿Tiene intención la Comisión de seguir el excelente ejemplo dado por dicha Fundación y dejar de fijar límites de edad en los anuncios de contratación de la institución? 
Me pide la palabra el Sr. McMahon para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, yo hice una pregunta análoga pero, no sé por qué razón, está mucho más abajo en la lista. 
Debería haberse examinado mi pregunta con la del Sr. Cassidy, pues las dos tratan de la misma cuestión. 
Ya me sucedió lo mismo en otro período de sesiones. 
Señor McMahon, no es la administración del Parlamento la que decide qué Comisario responde a las preguntas, sino la Comisión. 
De todas formas el Sr. Liikanen me pide la palabra para contestarle y yo, con mucho gusto, le doy la palabra al Sr. Liikanen. 
Me hago cargo de que la Comisión ha hecho un esfuerzo, en particular desde que el Comisario Liikanen asumió la responsabilidad de esta cuestión, y nos satisface que ahora haya un límite máximo de 50 años en el caso de los grados A, pero lo cierto es que una de las instituciones importantes, que es la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, de Dublín, no fija límites de edad. 
Los grupos parlamentarios de este Parlamento, gracias a los esfuerzos del Intergrupo parlamentario sobre el envejecimiento, tampoco fijan ya límites de edad. Permítaseme que sugiera respetuosamente que todo esto me parece que es una forma de obrar anticuada. 
Espero que el Comisario continúe las negociaciones con lo que ha denominado organisations sindicales. 
¿Tengo razón si digo que en todo este asunto esas organizaciones constituyen el principal obstáculo? 
Señor Presidente, las organizaciones sindicales estiman que una administración pública independiente requiere en principio que los oficiales comiencen su carrera cuando son jóvenes y la continúen allí. 
Ya hemos sostenido debates sobre límites de edad más elevados en los que se han registrado mayores dudas, pero se trata de un debate que tenemos que sostener. 
El segundo punto a que deseo referirme es que, aunque no haya crecimiento en el personal de la Comisión en el futuro y a pesar de la intensa labor de contratación desarrollada durante los diez últimos años, es evidente que- aunque espero que seamos más flexibles en el futuro- no podemos dejar de contratar a personas jóvenes porque, de lo contrario, toda la dotación de personal de la Comisión acusará una tangible acumulación de puestos superiores. 
En tercer lugar, estoy dispuesto a buscar y tratar de encontrar con objetividad soluciones en las esferas en que cabe encontrarlas. 
La única excepción es, quizá, que instituyamos una especie de grado básico para los jóvenes que vengan directamente de la universidad y que tratemos de encontrar soluciones más prácticas para las personas que ya tienen experiencia profesional. 
Tengo entendido que el Intergrupo parlamentario que se ocupa de esta cuestión organiza un pequeño seminario para el jueves. 
Mi Director General asistirá al seminario e intervendrá en los debates para dar detalles acerca de los problemas que se plantean. 
El último punto a que me referiré es el hecho de que nuestro verdadero problema es el elevado número de solicitantes. 
Si tenemos decenas de millares de solicitantes y sólo podemos contratar a uno o dos centenares, tropezaremos con numerosos problemas prácticos en el desarrollo futuro de este tipo de operaciones. 
Estoy seguro de que será útil que se examinen los detalles uno de estos próximos días. 
He escuchado al Comisario con cierto interés. 
¿No le parece que hay bastante hipocrecía en el hecho de que estemos hablando de un mercado laboral flexible mientras que los políticos van por todas partes diciendo que nadie podrá conservar un puesto de trabajo durante toda su vida y que la gente tendrá que adaptarse y tener varias carreras? 
En su propio patio la Comisión se dedica abiertamente a predicar eso de «un puesto de trabajo para toda la vida» y que si uno no llega a encaramarse en el primer escalón de la escalera, entonces es que uno realmente no está a la altura de las circunstancias. 
¿No hay hipocrecía en lo que predica la Comisión cuando dice una cosa al público en general acerca del desempleo y acerca de la economía y luego, en la realidad, hace exactamente lo contrario? 
¿Cuándo va a conseguir la Comisión que su retórica corresponda a sus propias acciones? 
Lo mismo cabe decir de la CIG: ¿no es absurdo que el Comisario proponga una cláusula de no discriminación en materia de edad en la CIG al mismo tiempo que la Comisión y las instituciones hacen exactamente lo que están tratando de abolir? 
Lamento que el Sr. McMahon no haya tenido la oportunidad de escuchar mi respuesta porque en ella expliqué que gran parte de los funcionarios de la Comisión tienen una edad superior a ese límite. 
No hay límites de edad para los empleados temporales, que es el tipo de contratación que llevamos a cabo, por ejemplo, en el caso de la EBE. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a los nuevos países, que es donde hemos contratado a la mayor parte de los funcionarios durante los dos últimos años, la mitad de los contratados eran jóvenes para puestos de A6, A7 y A8, y en el caso de la otra mitad se ha tratado de personal de más edad, a veces incluso de 60 años. 
Estoy seguro de que si nos fijamos en las prácticas de contratación del sector público en general y particularmente en la forma de contratar a nuevos funcionarios, el historial de la Comisión no es tan malo. 
Sigo dispuesto a reflexionar sobre la conveniencia de que contemos con un sistema más abierto para todos los puestos en que necesitamos personas con experiencia profesional. 
Para los jóvenes que solicitan directamente puestos auxiliares, independientemente de que tengamos o no tengamos límites de edad es evidente que se trata de puestos para personas sin experiencia profesional, como primer paso en una carrera en la administración. 
Comisario, he leído su respuesta escrita y he oído lo que ha dicho. 
Me parece leer entre lineas una especie de simpatía personal por lo que estamos tratando de lograr. 
Ignoro si lo sabe usted, pero este Parlamento votó en febrero en favor de suprimir la referencia a los límites de edad en el Anexo del Estatuto de los Funcionarios. 
Espero que puedan ustedes hacer lo mismo en la Comisión. 
Me parece sorprendente que alguien trate de justificar la imposición de un límite de edad alegando que hay demasiados solicitantes. 
No creo que ninguna compañía comercial de este mundo aplique semejante criterio. 
¿No está de acuerdo conmigo? 
Una cosa que se ve con claridad en la Europa de nuestros días es que el desemplo constituye un importante problema para las personas de 45 a 50 años de edad. 
¿Por qué? 
Porque no se esfuerzan por conseguir que se les contrate en el mercado laboral. 
Esto es un hecho. 
Hay un verdadero problema de desempleo porque los empleadores prefieren contratar a personas jóvenes. 
Desgraciadamente eso también es un hecho. 
Espero que algún día podamos cambiar esa situación, pero eso es lo que sucede en los países con un alto nivel de desempleo. 
Por lo que se refiere a la Comisión, estamos dispuestos a obrar de forma más abierta en el futuro. 
Queremos contratar también a personas jóvenes. 
Ahora contratamos a muy poca gente debido a las limitaciones presupuestarias. 
No podemos ignorar por completo a toda una generación. 
Tenemos que contratar a personas jóvenes, pero tenemos que ser flexibles en las esferas en que necesitemos personas con experiencia profesional, aunque no sean jóvenes y aunque tengamos que contratarlas sin guiarnos por límites de edad. 
Quisiera sumarme a los que han manifestado su sorpresa de que algunos de los que tenemos que responder ante la opinión pública nos jactemos de la no discriminación y la legislación sobre el tema promulgada en la Unión. Y sin embargo hemos tenido una justificación realmente evidente acerca de un sistema que impone eficazmente una prohibición al empleo de personas que muy a menudo carecen de experiencia. 
He apuntado algunas de las justificaciones alegadas: los jóvenes deben ser felices, leales y tener una buena carrera. 
¿Por qué no cabe decir lo mismo de las personas que tienen más de 50 años de edad? 
Incluso es posible que puedan ser más felices y más leales, porque probablemente saben de qué se trata y sabrán aprovechar su experiencia. 
No estamos pidiendo a la Comisión que deje de contratar a personas jóvenes, lo que estamos pidiendo es que no imponga una prohibición a la contratación de personas de más edad. 
No puedo comprender cómo la Comisión puede seguir adelante con semejante política. 
¿Ha fijado ya algún calendario en el que se indique cuándo va a interrumpirla? 
Señor Presidente, lamento tener que decir que no se ha citado exactamente lo que dije. 
Por mucho que me guste hablar de la felicidad en la vida, lo cierto es que no lo mencioné para nada en mi respuesta. 
En cuanto a los límites de edad, dije que estaba ofreciendo una apertura y sigo esperando que se me permita continuar con la línea de acción que les he expuesto hoy. 
Dado que hemos agotado el tiempo previsto para las preguntas formuladas al Sr. Liikanen, la pregunta nº 39 se contestará por escrito. 
Pregunta nº 40 formulada por Josu Imaz San Miguel (H-0414/97): 
Asunto: Redes de enmalle a la deriva 
La Presidencia del Consejo de Pesca sugirió a la Comisión, en la última reunión celebrada los pasados 14 y 15 de abril, la elaboración de una nueva propuesta para abordar el problema de las redes de deriva. 
Esta nueva propuesta debería incluir, tal y como la propia Presidencia sugirió, los elementos nuevos y más actuales que existen sobre esta materia. 
La modificación de la posición italiana, expresada públicamente por el ministro Pinto en Venecia el 29.11.1996 en favor de la prohibición total de estas redes, y la especificidad del uso de las redes de deriva en el Báltico respecto a otras pesquerías, abren la puerta a una mayoría en el Consejo en favor de la prohibición total para el Atlántico y el Mediterráneo. 
¿Ha elaborado la Comisión Europea una propuesta en este sentido? 
¿Incluye la propuesta la prohibición total de estas redes, excluyendo de la misma al Mar Báltico? 
Con respecto al dossier al que se refiere la pregunta, su Señoría sabe perfectamente que se trata de un asunto que ha ocasionado muchos dolores de cabeza a la Comisión y a mí personalmente, en mi calidad de Comisaria responsable de esta materia. 
Lo cierto es que entre las decisiones adoptadas en el Consejo, tanto por lo que se refiere al plan de reconversión de la flota italiana como, y ante todo, por lo que se refiere a la postura de Alemania respecto a una petición del ministro español, está la decisión de que la Comisión inicie una serie de consultas bilaterales informales, a fin de evaluar la viabilidad de una nueva propuesta modificadora, que puede ser de naturaleza variada, por ejemplo, se podría pensar en hacer una división entre el Mar Báltico y el Océano Atlántico, o en otras acciones de este tipo. 
La Comisión, en consecuencia, se está preparando y está poniendo en marcha estos contactos bilaterales. 
Así y todo, deseo manifestar a su Señoría que la Comisión tiene intención de no superponer el asunto de las redes de enmalle a la deriva al asunto «medidas técnicas» que la Comisión desea concluir en el Consejo de Pesca del 30 de octubre. 
Y esto para evitar, tal como su Señoría comprenderá perfectamente, que hayan vetos cruzados o intentos de cambio más o menos transparentes entre los diferentes expedientes. 
En consecuencia, la Comisión tiene intención o de dar por terminada esta ronda de consultas y definir la cuestión o presentar una nueva propuesta antes de finales de año. 
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta. 
Efectivamente, pese a que le esté produciendo a usted y a la Comisión dolores de cabeza, estoy convencido de que la Comisión está trabajando seriamente en este asunto y va a seguir trabajando en la dirección adecuada y con el calendario que usted está apuntando. 
Le querría hacer dos preguntas. 
Primera, si la Comisión va a abordar este tema con una propuesta concreta para este otoño, concretamente para después del mes de octubre. 
Podría, por tanto, plantearse con alta probabilidad el que pudiesen estar prohibidas estas redes para la campaña del verano de 1998. 
Segunda, si la Comisión, en su propuesta, va a contemplar algún plan de reconversión que creo que sería positivo para las flotas francesa, irlandesa y del Reino Unido, financiadas bien a través del IFOP o algún otro tipo de fondo europeo que permitiese, por un lado, pagar las inversiones adicionales de las redes a estas flotillas y, por otro lado, facilitar la formación necesaria a estas flotas, para que puedan convertirse en artes más selectivas. 
Creo que la Comisión va a presentar una propuesta para finales del año. 
Después, como usted sabe muy bien, todo depende de los procedimientos, en los que participan el Consejo y el Parlamento, y, como la Comisión no es la única dueña de este procedimiento, habrá que ver qué sucede. 
Por lo que se refiere a la segunda reflexión que usted hacía, efectivamente, este es uno de los temas de las consultas bilaterales que estamos manteniendo con los Estados miembros. 
Pero quisiera puntualizar que, por lo que respecta a Irlanda, sólo queda un buque que sigue pescando con redes de enmalle de deriva; en este caso no es necesario un gran plan de reconversión. 
Además, al existir este compromiso, los Estados miembros que tienen buques con redes de deriva pescando en el Atlántico tienen que enviar buques de control: usted se puede imaginar cuál es el balance económico de esta iniciativa. 
Por lo que se refiere a Inglaterra, en la última campaña sólo hubo cinco o seis buques con redes de deriva de pabellón inglés. 
Tampoco aquí es necesario llevar a cabo un gran plan de reconversión. 
La cuestión podría plantearse en el caso de Francia. 
Este país sigue teniendo unos 40 buques, viejos ya, que siguen faenando. 
Esta es una posibilidad que se está considerando en los contactos bilaterales, en términos análogos a los procedimientos aplicados en el plan italiano. 
Repito, procedimientos y aspectos financieros también. 
Pregunta nº 41 formulada por Robin Teverson (H-0420/97) 
Asunto: Grupo de trabajo sobre el futuro de la PCP 
En la mesa redonda celebrada recientemente sobre el futuro de la PCP, la Comisaria Bonino manifestó que se estaba creando un grupo de trabajo en la DG XIV para abordar esta cuestión. 
Además, ¿podría señalar cuál será su cometido y qué papel desempeñará el Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, Señorías, en el ámbito de la Dirección General de Pesca, se ha creado un grupo de trabajo encargado de elaborar la revisión de la Política Común de Pesca, mediante un informe que deberá presentarse a la Comisión antes de finales del año 2002, con arreglo a lo previsto en el reglamento básico. 
La primera tarea de dicho grupo deberá consistir en definir el método de trabajo y, en este contexto, se organizará antes de finales de año un seminario con el Parlamento Europeo, en el que podrán participar todos los diputados interesados, a fin de establecer los contenidos y sobre todo un método que permita llevar a cabo un buen debate antes de llegar a la propuesta en el año 2001. 
Por mí parte, considero que todo el proceso debe asentarse en una amplia consulta de todos los responsables y de todas las partes interesadas, esto es, por una parte, en un contacto muy estrecho con su Comisión de Pesca a lo largo de todo este proceso, que es un proceso a largo plazo, y por otra, obviamente, en la consulta de los Estados miembros y del sector. 
La idea que estamos elaborando en la Dirección General es la de un cuestionario que deberá enviarse en la forma más minuciosa posible, esto es, intentando obtener, al menos en la primera etapa del proceso, un enfoque bottom up que nos permita, al menos, elaborar un inventario de todas las preocupaciones y sugerencias que recibamos de las diferentes partes del sector, aunque algunos temas, como es obvio, pueden ser menos controvertidos comparados con otras ideas que, por el contrario, sería oportuno tener en cuenta. 
Considero que, desde el punto de vista metodológico, la primera cita importante de este grupo de trabajo debe ser organizar, contando con la participación del Parlamento Europeo, dicho seminario antes de finales de año. 
Muchas gracias, Comisaria, por su utilísima respuesta. 
No hace falta decir que me place sobremanera que se esté creando ese grupo de trabajo y que vaya a ser de base razonablemente amplia. 
La pregunta que quisiera hacer, sobre la base antedicha, es la siguiente: ¿qué grado de amplitud tendrán las preguntas que pueda hacer ese grupo de trabajo? 
¿Serán sencillamente preguntas acerca de la forma en que una política común de pesca debería cambiar en el futuro, o examinaría realmente la amplia gama de alternativas que podrían ir desde una renacionalización total- algo por lo que yo no abogaré- a través de la regionalización hasta una flota europea completamente unificada? 
Toda esa gama de cuestiones, ¿está dentro de las atribuciones del grupo de trabajo o figurará realmente en una nueva política común de pesca en calidad de política común de pesca? 
La idea- al menos para los que hagan las preguntas- es que se puedan hacer preguntas de carácter muy amplio. 
Esto no significa que en el desarrollo del proceso podamos retener o aceptar todas las sugerencias. 
Si lo único que queremos preguntar es qué es lo que la gente desea cambiar en la actual política común de pesca, entonces realmente no vale la pena de servirse de una metodología como por ejemplo el envío de un cuestionario. 
Podemos utilizar otros medios de trabajo. 
Ahora bien, si aceptamos la utilización de un cuestionario, entonces tiene que ser lo más amplio posible y debe centrarse en las preguntas que se hacen, como por ejemplo la relativa a la regionalización. 
A condición, claro está, de que comprendamos claramente lo que entendemos por regionalización pues, que yo sepa, en el sector de la pesca los Estados miembros tienen opiniones muy diversas acerca de lo que cabe suponer que es la regionalización. 
O sea que en este sector concreto no basta con una pregunta. 
El problema consiste en disponer de preguntas de amplio contenido con alternativas que nos puedan dar por lo menos una idea amplia y general de lo que piensa cada uno. 
Queremos empezar en 1997 a fin de tener tiempo suficiente para efectuar una revisión completa. 
Quizá al final del proceso continuemos con la misma política común de pesca o con una política ligeramente diferente. 
Eso es cosa que no puedo predecir, pero una revisión no consiste en una sencilla modificación. 
El nombre de revisión significa que se puede cuestionar todo. 
Como estamos comerciando y cooperando de diversas formas con países del Tercer Mundo y como nuestras flotas pesqueras operan en aguas del Tercer Mundo, ¿podrán contar esos países con la confianza de la Comisaria cuando esté preparando la nueva política común de pesca? 
¿Permitiremos que los países del Tercer Mundo tengan algún tipo de representación razonable para que podamos escuchar sus voces con tanta claridad como escuchamos las voces de nuestros propios pescadores? 
Mi respuesta es que, desde un punto de vista de estricto procedimiento, eso no es posible. 
Ahora bien, lo que estamos tratando de hacer es sostener consultas oficiosas, generalmente con países con los que tenemos políticas de desarrollo o acuerdos de pesca. 
Yo no puedo obtener información del servicio jurídico; lo único que podemos hacer es sostener consultas oficiosas, generalmente en relación con acuerdos internacionales. 
Señor Morris, escúcheme un momento. 
Si usted va a formular una cuestión de orden, usted tiene la palabra. 
Pero si es para seguir preguntando sobre la misma cuestión, yo me veo en la dolorosa obligación de hacer respetar el Reglamento y usted sabe que no se puede abrir un debate. 
Por lo tanto, si es una cuestión estrictamente de orden, tiene usted la palabra. 
Lo único que quiero es ser útil. 
Como ustedes saben, en la actualidad tenemos un grupo de trabajo sobre acuerdos de pesca con países ACP. 
Me gustaría saber si la Comisaria podría servirse de esa entidad. 
Gracias por su ayuda- que no cuestión de orden -, pero es una ayuda. 
La Sra. Bonino parece dispuesta a contestar a esa ayuda. 
La Comisión es partidaria de recibir información de ese grupo de trabajo, no en forma de documentos obligatorios sino en forma de consultas oficiosas. 
Dado que hemos agotado el tiempo previsto para las preguntas formuladas a la Sra. Bonino, las preguntas nos 42 a 45 se contestarán por escrito. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 46, 47 y 48 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 46 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0394/97): 
Asunto: Inconvenientes del sistema SIMILCRIPT de la TV Digital 
¿Los sistemas para la interoperación en los servicios de TV digital, desarrollados a través del fotor «Digital Video Broadcasting» (DGV) , se concretan en los modelos similcript y multicript. 
En relación con ello, ¿puede confirmar el Sr. Comario que el primero respecto al segundo presenta el grave inconveniente de precisar acuerdos previos entre operadores del mercado? 
Pregunta nº 47 formulada por Ludivina García Arias (H-0397/97): 
Asunto: Uso de normas para la transmisión de señales de televisión 
En vista de la conclusión del trámite parlamentario en España de la denominada Ley sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión, ¿considera la Comisión Europea que su contenido se adapta a la Directiva 95/47 sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y, en concreto, en lo referente a los sistemas simulcrypt y multicrypt y la homologación y certificación de equipos? 
¿Cuándo piensa la Comisión pronunciarse al respecto? 
¿No piensa la Comisión que, al retrasar su decisión está facilitando la estrategia de la empresa competidora y de su aliado, el Gobierno español, de retrasar la actividad del grupo que ya existe en el mercado y acarrearle graves perjuicios económicos? Pregunta nº 48 formulada por Manuela Frutos Gama (H-0430/97): 
Asunto: La plataforma digital española 
¿Le parece casual a la Comisión Europea el triple acoso legislativo, gubernativo y judicial al que se ven sometidas las empresas de comunicación promotoras de la primera plataforma digital española presente ya en el mercado español? 
¿No piensa la Comisión que un pronunciamiento rápido sobre la adecuación de la legislación española a la Directiva puede contribuir a clarificar y a acabar de una vez con una batalla industrial y de comunicación en beneficio de la sociedad y de los consumidores españoles? 
Señor Presidente, sólo puedo ocuparme de la cuestión de fondo que afecta a la directiva 95/47 y otras que posiblemente son pertinentes en el presente caso. 
Naturalmente, no puedo opinar sobre el debate político que se ha iniciado y que todavía perdura en España sobre este problema. 
La directiva que regula las normas de televisión exige unos sistemas de transmisión normalizados para la televisión digital y esta es una clara exigencia técnica que debe garantizar que todas las emisoras emitan en un único formato. 
Con ello queremos evitar que en la era digital coexistan varias normas como las diferentes variantes Pal y Secam. 
La directiva regula también el modo de aportar los servicios, de modo que las emisoras puedan facturar a los clientes las emisiones utilizadas por televisión de abono. 
Estos son los servicios con derecho a acceso. 
El cliente puede reclamar estos servicios en general mediante una tarjeta que introduce en su decodificador. 
Según la directiva, todas las emisoras tienen que ofrecer estos servicios con unas condiciones adecuadas y no discriminatorias, es decir, esta directiva no determina ningún medio técnico, no contiene normas ni tampoco se pronuncia en favor de un sistema u otro. 
Está en manos del usuario elegir el sistema que desee. 
Así pues, la directiva no decide entre «simulcrypt» o «multicrypt». 
Ambos conceptos permiten el uso común de sistemas con derecho a acceso por parte del operador. 
El uso conjunto o la interoperatividad de sistemas con derecho a acceso permiten al espectador que se suscribe primero a los servicios de una emisora, hacer uso después de los de otro oferente sin tener que adquirir un decodificador adicional. 
Esto es lo importante. 
En la directiva no se hace referencia expresa a los acuerdos y relaciones contractuales entre los participantes en el mercado. 
Este es un asunto que tienen que regular entre si los participantes en el mercado. 
No obstante, se aclara que tales acuerdos tienen que conducir a unas condiciones honestas, adecuadas y no discriminatorias. Es decir, si deben celebrarse negociaciones, esto no supone una desventaja grave sino que es un método que se puede aplicar para lograr determinadas soluciones técnicas, a las que se refiere también la directiva. 
Naturalmente, sabemos que todo esto es un asunto muy controvertido. 
Mediante conversaciones con el Gobierno español, hemos intentado que su legislación corresponda a la de esta directiva y además hemos invitado a un reunión a las dos partes en litigio junto con un experto técnico, quien ha dejado suficientemente claro que los dos sistemas que ofrecen son sistemas abiertos. 
Las dos partes negocian ahora. Para el caso de que esta negociación no arroje ningún resultado- lo que sabremos la próxima semana- nuestra obligación será la de examinar los aspectos jurídicos de modo concluyente y responder de este modo a la cuestión de si la ley española es compatible con el derecho de la CE. 
No solamente se examinará si existe una violación de la directiva sino también de los artículos 30 y 59 del Tratado así como de las Directivas 83/189/CEE y 95/47/CE, es decir, las demás normas pueden ser también determinantes. 
El colega Monti es en parte competente para este asunto y ambos estamos trabajando conjuntamente. 
He informado personalmente al Ministro Arias Salgado sobre estos trabajos y le he indicado también que en caso de que las partes no se pongan de acuerdo adoptaremos una decisión. 
Naturalmente, esta decisión deberá evitar pronunciarse en favor de una u otra parte. 
Pero si ocurre así, deberemos dar pasos jurídicos y, en su caso, el Gobierno español deberá resarcir los daños derivados de sus actuaciones si ha hecho algo no ajustado a derecho. 
Señor Comisario, efectivamente el sistema «Simulcrypt» requiere pactos previos. 
Ese es su gran defecto, porque bastaría que su propietario dificultase tal pacto para que el acuerdo quedara arruinado, quedara bloqueado. 
Y con ello se habría creado un mercado cautivo del propietario, un monopolio de facto en detrimento de la pluralidad informativa y de la libre competencia. 
El Estado miembro no debe permitir tal abuso, porque si lo hiciera estaría conculcando su obligación de crear condiciones- como usted ha dicho- no discriminatorias, a lo que obliga la Directiva que usted cita. 
Pero es que, hasta desbloqueando el pacto entre los dos primeros operadores, el problema continúa para los siguientes, porque surgirían los indeseables duopolios u oligopolios. 
O sea, estaríamos ante la nefasta situación de colusión de mercado. 
Toda esta perniciosa situación en el caso español se soluciona con su reciente ley que apuesta por el «Multicrypt». 
Este permite la compatibilidad inmediata si en dos meses no se produce ese acuerdo. 
La Comisión no comparte esta apreciación pues lo que la ley española prevé hasta ahora es de hecho un monopolio al aceptar solamente una solución técnica. Se excluye otra solución técnica que, por lo demás, ya existe en el mercado. 
No entiendo cómo se puede considerar esto como libre competencia. 
En base a nuestras propias directivas, solamente se puede excluir una solución que no permita el acceso a otro operador. 
Hemos requerido los servicios de un experto que muchos consideran como el rey de los decodificadores y este experto ha dicho con toda claridad en las conversaciones que hemos mantenido con las dos partes en litigio que ambos sistemas son abiertos aunque empleen soluciones técnicas diferentes, que la directiva permite ambos sistemas y que el hecho de que haya que negociar con un sistema no excluye que se llegue a unos resultados justos. 
La directiva prescribe precisamente que estas negociaciones tienen que ser justas y sin discriminaciones. 
Supongamos que en las negociaciones que han tenido lugar esta semana una de las partes hubiese mantenido una actitud injusta y discriminatoria. 
En este caso, dicha parte no se comportaría conforme a la directiva. 
Pero no es posible prescribir una sola solución técnica que además ni siquiera está en el mercado. 
Esto no corresponde a la directiva. 
Si me permiten que me exprese así, la situación es algo extravagante. 
En España existe un sistema que trabaja ya; miles de espectadores trabajan con el mismo y están totalmente satisfechos. 
El sistema es técnicamente abierto como el experto ha confirmado y entonces se pretende imponer como obligatorio un segundo sistema que todavía no está en el mercado. 
Esta es una situación jurídica o de hecho que no nos convence. 
Comprendo que el Comisario no quiera injerirse en temas internos españoles, pero la situación es tan peculiar que usted debe saber que al día siguiente de que uno de los representantes de la empresa afectada le visitara, un juez determinó que tenía que pedir autorización al juzgado para futuros desplazamientos fuera de España. 
Pero yo comprendo que usted no quiera entrar en estos temas. 
Es cierto, señor Bangemann, que no ha habido acuerdo. 
Por lo tanto, la Comisión va a tener que tomar ya una decisión respecto a la legislación española, porque se está cometiendo un grave daño a esa empresa que ha corrido el riesgo de innovar, el riesgo de lanzarse al mercado. 
Yo comparto la interpretación que ha hecho usted. 
No comparto la interpretación que hacen los representantes del Partido Popular y que coincide con la interpretación de su ministro, que al regresar de Bruselas señaló que usted- o Bruselas- viola el Tratado de Roma en el caso de la televisión digital. 
¿Está usted de acuerdo con esta intervención, señor Comisario, y cuándo va, por fin, a pronunciarse la Comisión Europea sobre este tema? 
Señora García Arias, me he expresado con gran claridad y solamente hemos intentado llegar a un acuerdo, también con el Gobierno español, pues no tiene sentido que todos nos encontremos de nuevo ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
Unos tienen que pagar indemnización por daños y a los espectadores no les sirve de nada esto. 
También en Alemania hemos unido a partes litigantes, quienes se han puesto de acuerdo. 
Hemos intentado lo mismo en el presente caso español, pero esto no significa que vayamos a eludir nuestra obligación de adoptar una decisión. 
He dicho que si no se produce este acuerdo- y la próxima semana sabremos si se ha producido o no- entonces adoptaremos una decisión en base a la directiva que he mencionado así como también en base a los artículos 30 y 59 de los Tratados de Roma. 
No sé si ha sido un ministro español u otra persona quien ha dicho: nosotros no aplicamos los Tratados de Roma. 
No me lo puedo imaginar, pues nosotros aplicamos precisamente los artículos 30 y 59, es decir, nuestra decisión se apoyará naturalmente en la directiva y en los Tratados de Roma. 
Señor Comisario, yo también comprendo que no quiera entrar en las discrepancias políticas que existen en mi país, pero permítame que insista. 
Llevamos ya bastante tiempo con este asunto y, conociendo la forma en que se trabaja en la Comisión, este expediente debería estar ya cerrado y concluido al día de hoy. 
Mi preocupación, señor Comisario, es absolutamente legítima. 
Si el Simulcrypt cumple los requisitos, si cumple la Directiva, y la ley española lo prohíbe, se está perjudicando, además de a la empresa que lo fabrica, a un número importante de ciudadanos- consumidores potenciales y consumidores de facto de este producto- que, vuelvo a insistir, si vale para otros países de Europa tendría que valer también para España. 
Por lo tanto, señor Comisario, le reitero la petición de que este expediente se resuelva cuanto antes y dejen de lesionarse unos intereses que son muy legítimos: los de la empresa de comunicación promotora del sistema y los de los consumidores que ya lo han elegido. 
O incluso los de aquellos que lo habrían elegido de no producirse esta situación en mi país en el que- le puedo asegurarla opinión pública ya no percibe claramente la legalidad que existe en el caso de los dos descodificadores, sino que empieza a pensar que el Simulcrypt es ilegal, fraudulento o algo por estilo. 
Este equívoco, señor Comisario, y la correspondiente restauración de los derechos de empresa y consumidores solamente lo arreglará la resolución inmediata de este expediente por parte de la Comisión. 
Y para muestra del acoso que decía, aquí tengo una muestra. 
Esto es muy rápido para la Comisión. 
Yo creo que aquí estamos presentando el tema un poco sesgado. 
Lo que propone la ley española es que se llegue a un acuerdo, y fija un plazo para este acuerdo; y si una vez transcurrido este plazo no se ha llegado a este acuerdo, entonces, lo que propone es que se opte por un descodificador universal. 
Pero yo creo que este no es ni el sitio ni el lugar para plantear los temas que se están planteando. 
El sitio para plantear las divergencias sobre una adjudicación arbitraria que hizo un gobierno anterior, no es el Parlamento Europeo: es el Parlamento nacional, y allí es donde se deben plantear estos problemas. 
El Sr. Comisario, como muy bien ha dicho, solamente puede decir que debe cumplirse la normativa comunitaria, y nosotros sabremos si se ha llegado o no a este acuerdo. 
El señor Comisario se pronunciará la semana que viene. 
Señor Presidente, estoy desconcertado, pues si tres diputados del Parlamento Europeo plantean unas preguntas que autoriza la Presidencia, entonces tengo que responder a las mismas. 
Pero si damas y caballeros de otro grupo político plantean preguntas, que no son las planteadas por los primeros, la Comisión tiene también que responderlas. 
No obstante, no tienen razón objetivamente pues en nuestra directiva figuran unas normas exactas en lo tocante a lo que se puede hacer o no en la cuestión de los decodificadores. 
Se trata solamente de esta cuestión y por eso me he limitado a ella. 
En la directiva no se dice, por ejemplo, que solamente debe existir un decodificador. 
Lo hemos evitado muy a propósito. 
Nos hemos reservado la posibilidad de establecer en la directiva un estándar para un único decodificador. 
Pero si lo hiciésemos, todas las partes afectadas estarían muy insatisfechas y sufrirían unas graves desventajas económicas, pues esta norma no correspondería probablemente a ninguno de los decodificadores que tenemos hoy. 
No se lo hemos permitido a los Gobiernos nacionales. 
Es decir, se trata de un problema europeo y no sólo español. 
Reconozco que el español es más complejo pero nuestro problema es también difícil. 
Sin embargo, es solucionable. 
Señor Bangemann, seguimos todavía sobre esta cuestión, pero vamos a romper la dinámica española y vamos a abrir un espacio más europeo. 
Por lo tanto, vamos a darle la palabra al Sr. Caudron para que formule una pregunta complementaria. 
Señor Comisario, yo deseaba intervenir en este debate por cuanto fui el ponente de esta directiva, y querría confirmar sus palabras. 
Por lo tanto, no tengo ninguna cuestión técnica particular que plantear, puesto que tengo una pequeña parte de responsabilidad en la elección de las soluciones aprobadas para evitar los monopolios o los oligopolios, evitar el bloqueo y permitir el lanzamiento de la plataforma digital en Europa, como se ha hecho. 
Por lo tanto, lo confirmo plenamente. 
Señor Comisario, sólo deseaba formularle una legítima pregunta: usted ha expuesto un calendario; su propia toma de decisión y la de la Comisión se producirá dentro de ocho días. ¿Puede usted indicarnos, tras esta decisión, cuál será el desarrollo del calendario? 
¿Adónde nos llevará? 
¿Cuál es la horquilla de tiempo de que dispone para desbloquear la situación? 
En lo que a nosotros nos afecta, la próxima semana comunicaremos al Gobierno español cuál es nuestra opinión jurídica y en qué aspectos creemos que la ley española no cumple con esta directiva y los artículos citados. 
El Gobierno español puede aceptarlo o rechazarlo. 
En este caso, deberíamos ir al Tribunal Europeo de Justicia y esto, naturalmente, durará algo más. 
La cuestión que aún no hemos examinado totalmente es la de si debemos adoptar nosotros mismos una medida provisional o bien solicitar ante el Tribunal Europeo de Justicia una medida cautelar ya que la ley española prevé una fecha, el 7 de julio, a partir de la cual no se debe permitir ningún otro decodificador. 
Para evitar desventajas económicas, podría ser adecuado solicitar una medida cautelar ante el Tribunal Europeo de Justicia para que esta fecha no suponga en ningún caso que un decodificador ya existente tenga que ser retirado de repente del mercado. 
Lo vamos a examinar; por lo demás, hoy no puedo hacerles ninguna promesa más. 
Si el Tribunal Europeo de Justicia llega al resultado de que nosotros teníamos razón y no el Gobierno español, entonces deberá pagar una indemnización a la empresa perjudicada por su decisión. 
Esto está claro, si bien no es especialmente deseable. 
Por ello, para el caso de que no hubiese un acuerdo, seguimos intentando llegar a otro acuerdo, también con el Gobierno español, en el sentido de que al menos no aplique la ley sino que espere hasta que el Tribunal Europeo adopte su decisión. 
Entonces se podrán desarrollar en España ambos sistemas. 
Pero, naturalmente, no puedo decirles qué es lo que va a decir el Gobierno español al respecto. 
Así pues, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llegar a una solución equilibrada y razonable. 
Pero, naturalmente, no puedo garantizar que todos los afectados tengan la misma actitud en este asunto. 
Ya he dicho que es complejo. 
En una plaza de toros hay toros que no se dejan domeñar. 
Gracias, señor Bangemann y recuperamos- no los toros- sino la dinámica española en las dos últimas preguntas complementarias. 
En primer lugar tiene la palabra el Sr. Hernández Mollar. 
Señor Presidente, la dinámica española es dinámica europea. 
Lo que ocurre es que algunos diputados del Grupo Socialista quieren dinamitar, más que dinamizar, los intereses generales de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos españoles. 
Probablemente le consta a la Comisión Europea, en lo que se refiere a los servicios de televisión digital, que el Comité de dirección del DVB decidió posponer la tramitación del sistema de cabecera Simulcrypt como norma europea. En consecuencia, cabe esperar que no existirá una norma europea Simulcrypt completa hasta finales de 1997 o principios de 1998. 
Por otro lado, la interfaz común para receptores digitales fue aprobada en mayo de 1996 por la DVB habiendo sido ratificada por los Organismos Nacionales de Normalización a lo largo de dicho año y formalmente adoptada como norma europea en febrero de 1997 por el CENELEC. 
A la vista de tan importante inconveniente, en cuanto a grado de normalización del sistema Simulcryt, yo quería preguntarle al señor Comisario, ¿qué opinión le merece esta situación de desventaja y qué efectos negativos se pueden derivar de ello, respecto al objetivo de ofrecer a todos los ciudadanos cuanto antes unos servicios de televisión digital a través de una solución universal, dentro de la máxima pluralidad informativa? 
Si imponemos una solución universal- y en alguna ocasión llegaremos a ello -, entonces los dos sistemas que se ofrecen en España tendrán que desaparecer. 
Se trata de una cuestión técnica difícil. 
No sé si lo tiene claro. 
Hay dos posibilidades: o bien, sólo un decodificador unitario a través del cual todos pueden ofrecer sus servicios, es decir, también los del condicional acces, o sea, la televisión de pago. Esta es, si así lo quiere, la solución ideal. 
Presupone que usted tenga un estándar técnico. 
Un día llegaremos a ello pues la industria está trabajando en esta posibilidad. 
Pero no queremos imponerlo nosotros pues si lo hiciésemos, todos aquellos que han encargado un decodificador o lo ofrecen ya, sufrirían unas pérdidas económicas enormes. Tendrían que retirar su decodificador del mercado. 
Por ello hemos dicho que solamente prescribimos un mínimo. 
Este mínimo es el siguiente: cualquiera que utilice un decodificador, tiene que utilizar uno que sea accesible también para otros. 
Aquí no se prescribe ningún procedimiento técnico especial sino solamente que debe tener acceso. 
Esto no lo hace la ley española sino que prescribe un decodificador, por lo demás, no un decodificador unitario sino un decodificador con un common interface. 
Esta es otra solución técnica. 
No es la solución ideal que solamente exista un decodificador sino que aquí se trata de un decodificador que mediante una medida técnica está abierto para los demás. 
Pero no se trata del decodificador unitario. 
Otros decodificadores que son también abiertos no se permiten. 
Precisamente esto es lo que no es posible según la directiva. 
¿Lo entiende? 
Si lee de nuevo la directiva- el Sr. Caudron lo ha confirmado y lo que dice el Sr. Caudron es cierto- comprobará que lo que les he dicho aquí es el derecho en vigor. 
Este es el problema con la ley española. 
Gracias, señor Bangemann, pero todavía una última pregunta y dentro de la misma dinámica. 
Tiene la palabra la Sra. Izquierdo Rojo para la última pregunta complementaria. 
Mi pregunta no es igual, porque la formulo en clave europea y con ánimo eminentemente constructivo. 
Señor Comisario, esta tarde ha estado usted muy claro y certero. 
Usted sabe que en muchas ocasiones, ante una decisión salomónica, el avanzar ciertas claves de esa decisión puede inducir al acuerdo. 
Usted ha dicho que si no hay acuerdo la próxima semana, la Comisión adoptará una decisión y una posición. 
Con ese ánimo constructivo y para evitar esa ulterior decisión salomónica, ¿no podría usted avanzar- en caso de que hubiere desacuerdo y la Comisión tuviera que adoptar esa decisión- cuáles serían los términos de la posición de la Comisión? 
Insisto en que si usted avanza cuáles serían esos términos, es posible que se produjera el acuerdo, que es lo que pretendo con mi pregunta. 
Permítame que constate que la diferencia entre Salomón y usted es que Salomón era mucho más sabio. 
Si dijese ahora cuál va a ser nuestra decisión, las dos partes que están negociando probablemente detendrían sus negociaciones. 
El que estuviese seguro de que iba a tener razón diría: no necesito seguir negociando. 
Por ello es más salomónico, más sabio, no decirles exactamente lo que vamos a hacer la próxima semana. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20, se reanuda a las 21.00 horas) 
Fijación de los precios agrícolas 1997-1998- Cultivos herbáceos- Mejora de las estructuras agrarias- Retirada de tierras 1998 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida al Sr. Fischler y al Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros, Sr. Van Aartsen, a nuestra reunión. 
Es un placer verles a los dos aquí para el examen de este informe. 
Su presencia demuestra la importancia que tiene. 
Me place sobremanera presentar el paquete de precios agrícolas con las modificaciones introducidas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para reseñar las enmiendas por orden, dar un poco más de detalles sobre ellas, y explicar por qué las ha presentado la Comisión de Agricultura y quizá a continuación hablar de su costo con más detalle. 
En primer lugar, el contenido de humedad de los cereales. 
Hemos propuesto que se mantenga el nivel del 15 %; dicho con otras palabras, no se aplicaría únicamente este año sino que seguiría utilizándose. 
Uno de los principales problemas para los Estados miembros septentrionales es el contenido de humedad de los cereales. 
Resultaría muy caro y se desperdiciarían recursos valiosos si hubiera que esforzarse por conseguir que los cereales tuvieran una humedad inferior al 15 %. 
Por consiguiente espero que la Comisión acepte que se mantenga el nivel del 15 %. 
En términos presupuestarios esta cuestión no tiene consecuencias. 
En cuanto a los cultivos proteínicos, recientemente- de hecho, en los dos últimos años- se ha registrado una gran disminución en el volumen de esos cultivos. 
Me gustaría que se mejorase el sistema de ayuda en favor de los cultivos proteínicos. 
Es muy oportuno plantear esta cuestión en estos momentos porque acabamos de sostener un prolongado debate de casi 18 meses de duración sobre la EBE y los problemas de las proteínas animales. 
Por lo tanto, a la Unión Europea se le ofrece ahora una gran oportunidad de producir más proteínas propias, y sobre todo de producir proteínas vegetales. 
Estimo que es importante que consideremos seriamente las oportunidades que se nos ofrecen en esta esfera. 
La comisión parlamentaria tiene la intención de ayudar a la industria del arroz cáscara (» paddy» ). 
Una de las cosas que he aprendido desde que llegue a este Parlamento es que somos 15 Estados miembros. 
Por lo tanto tengo que fijarme en todos los Estados miembros y en todas sus regiones y sus problemas. 
El sector del arroz ha pasado por momentos realmente difíciles en los últimos años. 
Estoy proponiendo una simplificación de la legislación actual. 
La simplificación nos ofrecerá la oportunidad de prestar apoyo rápidamente a la industria del arroz sin que haya costos elevados o a largo plazo. 
El costo de las propuestas será de unos 60 millones de ecus, y en esta cantidad se incluyen todas las medidas conexas. 
En cuanto a la remolacha azucarera, hemos recomendado que la Comisión examine el elemento fijo del reembolso de los gastos de almacenamiento del azúcar. 
Han pasado más de diez años desde que hicimos esos cambios. 
Este sistema debe reflejar ahora los actuales cambios en materia de costos, y probablemente debería revisarse, de ser posible, cada tres años. 
También propongo que se preste ayuda para los costos de producción en España y en Portugal. 
Esta ayuda, concretamente, debe proceder del presupuesto nacional y no del presupuesto de la Unión Europea. 
Por lo que se refiere al lino textil y al cáñamo, propongo que se ponga en consonancia al cáñamo con el lino textil. 
El cáñamo ofrece un útil cultivo alternativo, tiene características ecológicas y sólo costaría un millón de ecus. 
Por lo que se refiere al vino, si la prohibición de la destilación se implantara en la fecha propuesta por la Comisión, se colocaría en situación muy difícil a los viñedos meridionales. 
Por eso proponemos que la aplicación de la prohibición se retrase un año. 
El costo aproximado es de un millón de ecus también. 
Me desagrada tener que decir que, desgraciadamente, estas medidas y otras previstas en mi informe costarán 170 millones de ecus. 
Esa cantidad hay que encontrarla en algún sitio. 
Nos hallamos en una situación de limitaciones presupuestarias. Tenemos que darnos cuenta de que en la Comisión de Agricultura no podemos seguir añadiendo cargas al presupuesto. 
Hay diversas posibilidades. 
Dos de ellas se proponen con el actual paquete de precios. 
Una consiste en una enmienda relativa a los incrementos mensuales para los cereales. 
Esa propuesta se ha vuelto a presentar en las enmiendas. 
La supresión de los incrementos mensuales reduciría el presupuesto en 160 millones de ecus. 
Como hemos gastado 170 millones de ecus en el presupuesto, esto ofrecería una posibilidad de lograr que el paquete no costase prácticamente nada en términos de recursos presupuestarios. 
Para los que no lo entienden diré que los incrementos mensuales consisten en un pago que aumenta mensualmente y que se hace a los agricultores que retrasan la colocación de sus cereales en régimen de intervención. 
Podría ser un sistema popular desde diversos puntos de vista porque veo que la intervención se utiliza por lo general lo menos posible, y porque se trataría de una propuesta de urgencia. 
También apoyo otra propuesta que consiste en neutralizar todo el presupuesto. 
Esta propuesta proviene del Sr. Böge, que ha presentado una serie de propuestas. 
Se trata de encontrar los fondos en el presupuesto. 
En mi explicación de motivos insto a la Comisión a que fije el porcentaje de retirada de tierras, menciono una fecha de julio y sugiero que dicho porcentaje sea del 5 %. 
Me permitiré añadir aquí que estimo que la retirada de tierras ha sido una brillante opción entre las reformas de MacSharry. 
Ha sido una buena medida equilibradora. Ha interrumpido la superproducción, y ha sido favorable para el medio ambiente. 
Una de las cosas que se dijo al principio en contra de ella es que sería perjudicial para el medio ambiente. Se ha demostrado que ese temor estaba infundado. 
Sin embargo, la Comisión impone actualmente una tasa a la exportación para los cereales procedentes de la Unión Europea porque, en teoría, no tenemos suficientes cereales. 
Esa tasa es algo así como 10 ecus por tonelada. 
En consecuencia, no veo el interés de elevar el porcentaje de retirada de tierras por encima del 5 % el año próximo. 
Sean cuales fueren las medidas que acuerde el Consejo, la agricultura podrá adaptarse a ellas si se le da tiempo suficiente. 
Por eso he sugerido que la Comisión y el Consejo fijen el porcentaje de retirada de tierras tan pronto como sea posible y, si se puede, en julio a más tardar, según se indica en mi informe. 
Se formula una propuesta en materia de precios con un 0.45 % de aumento. 
Uno de los problemas con que tropieza el ponente es que se esfuerza por encontrar algo de dinero para cada uno pero, al mismo tiempo, sin poner en peligro la solidez de los principios presupuestarios. 
Si queremos más poder para este Parlamento y más respeto y responsabilidad, tenemos que dar pruebas de responsabilidad en nuestra posición respecto del presupuesto. 
Espero haber hecho algunas propuestas razonables y sigo pendiente de la respuesta del Comisario. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Fischler, estimadas y estimados colegas, mi informe trata del aplazamiento del pago de anticipos para las oleaginosas y de la reducción de las ayudas por hectárea en los cultivos herbáceos. 
Permítanme que realice las siguientes observaciones: la reforma agraria MacSharry pretendía lograr un cambio de rumbo en la política agraria. 
Se trataba de la reducción de los excedentes y de una adaptación al acuerdo del GATT con una reducción radical de los precios de los cereales, oleaginosas y plantas proteínicas. 
Al mismo tiempo, se introdujeron primas por animales madres y bovinos machos y se redujeron fuertemente los precios de intervención. 
Los pagos compensatorios por hectárea surgieron sobre esta base. 
Así pues, no fue casual que, por ejemplo, en Francia y en algunas otras regiones de la Unión Europea con los mayores rendimientos, hayan recibido los mayores pagos compensatorios, pero en esta ocasión no en base a una resolución del Parlamento Europeo, lo que quiero dejar aquí totalmente claro. 
Pero fue el caramelo para mantener la aceptación de esta reforma agraria entre los agricultores y sus organizaciones. 
Los pagos compensatorios fueron además garantizados hasta 1999 en varias ocasiones por el Comisario Fischler. 
En su actual propuesta ha previsto ahora recortes lineales. 
Como justificación alegó primero la crisis de la EEB y después la gran cosecha de cereales. 
Entretanto sus argumentos han quebrado pues el presupuesto agrario de 1997 basta para respetar los plazos de los compromisos financieros. 
Es evidente que un recorte lineal de las ayudas es algo sin imaginación y en la mayoría de los casos es además injusto. 
No tiene en cuenta las condiciones naturales in situ, las posibilidades de cosechas de los agricultores y se ignora totalmente también la desfavorable evolución de los ingresos en las explotaciones de determinado tamaño. 
El agricultor joven que acaba de invertir en una explotación mixta de ganado bovino y de cultivos herbáceos, se encuentra de espaldas a la pared en la presente situación. 
Los agricultores jóvenes solamente pueden recurrir al arrendamiento rústico. 
El arrendamiento se basa por lo general en estas ayudas por hectárea garantizadas hasta 1999. 
Señor Comisario Fischler, usted tiene sin duda excelentes especialistas en la Comisión. 
Si se hubiesen ocupado más detalladamente de los problemas de los agricultores en las regiones europeas, no se habría producido sin duda esta propuesta indiscriminada. 
Es totalmente desequilibrada y va a ocasionar una ruptura de confianza entre los agricultores. 
Rechazo decididamente la reforma de la financiación del mercado de los cereales exigida por la Comisión. 
Yo mismo provengo de un Estado federal en el que las explotaciones agrícolas- por término medio, 20 vacas- son sensiblemente más pequeñas que en otras muchas regiones de la Unión Europea. 
El caso más usual son explotaciones entre 20 y 50 ha. 
Señor Presidente del Consejo, le ruego que lo tenga también en cuenta. 
El Gobierno de mi Estado federal me ha entregado hoy las cifras. 
49.143 explotaciones perciben pagos compensatorios, por término medio 8.595 DM al año. 
Por esta suma no trabajaría ni un sólo funcionario de la Comisión ni un mes. 
Estimado Sr. Comisario, estas familias agricultoras tienen que luchar muy duramente. 
Sería para ellas un insulto si en estos casos hablase de un exceso de compensación. 
Una reducción de la compensación perjudica en especial a las explotaciones mixtas. 
Las explotaciones forrajeras que padecen de modo especial no obtendrían nada si reducimos las ayudas por hectárea en los cultivos herbáceos. 
Este es el punto más débil de la propuesta de la Comisión. 
Si realmente existe un exceso de compensación, se deberá determinar objetivamente en base a los precios que obtiene el agricultor en su mercado y en su moneda. 
Los países que se han beneficiado de las devaluaciones permanentes, alcanzan buenos precios en productos de reglamentos de mercado. 
Por ello, es necesario presentar una propuesta modificada para la determinación de los pagos compensatorios. 
La Comisión de Presupuestos apoya también nuestra propuesta de no aplazar los anticipos de las oleaginosas para el año 1997, pues existen créditos presupuestarios. 
Nos movemos dentro del marco de la directriz agrícola. 
Señor Presidente, le ruego me deje terminar. 
Se nos ha confinado a hablar por la noche. 
El orador anterior ha hablado durante ocho minutos. 
Yo también soy ponente. 
Creo que tengo el derecho a decir aún tres frases. 
Tenga la bondad de dejarme terminar. 
Es necesario. 
El Presidente del Consejo ha venido para escuchar mi exposición. 
Al memos lo espero. 
Para prevenir evoluciones erróneas, es absolutamente necesario presentar pronto propuestas para después de 1999, pues está en juego la credibilidad de las decisiones políticas y la confianza en una Europa común. 
Ruego encarecidamente a la Comisión que retire su propuesta de aplazamiento de los anticipos por las oleaginosas y que garantice plenamente el pago de las ayudas por hectárea para los años 1998 y 1999, tal como está previsto en la reforma agraria. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que esta noche servirá de ayuda para que el Parlamento aborde a fondo algunas importantes propuestas de la Comisión, al igual que creo que a usted, señor Comisario, este debate le será útil para perseguir los objetivos de la política de reforma de la PAC. 
He seguido con atención el compromiso que usted asumió en la Conferencia celebrada hace pocas fechas, sin embargo, estimo que debemos hacer algo más, esto es, no debemos esperar la apertura del mercado a los nuevos países- Polonia y Hungría- sino que debemos acelerar la reforma desde ahora mismo. 
Si estos debates servirán también para este proceso, no cabe duda de que van a representar algo positivo. 
Éste ha sido también el motivo que me ha impulsado, como ponente, a afrontar la propuesta de la Comisión desde un punto de vista que debe tener en cuenta no tan sólo el aspecto jurídico, sino también la reforma global del sistema de organización agrícola a escala comunitaria. 
Existen ya unas agriculturas u otras actividades interesadas, en particular las mediterráneas que, cada vez más, son víctimas de una especie de ostracismo. 
Dichas producciones usuarias son muy importantes, ya que permiten mantener unos beneficios en situaciones difíciles y marginales, sobre todo en las zonas pertenecientes al objetivo 1, en donde la cohesión económica y social es muy importante. 
El trigo duro es una de estas producciones, el aceite de oliva otra y el tabaco otra más. 
Por lo que se refiere en particular al trigo duro, y a fin de racionalizar las propuestas, creo que es justo prever una superficie máxima de trigo duro, fijada para cada Estado y luego distribuida a escala territorial. 
La considero una propuesta inteligente y seria, que intenta eliminar toda una serie de fraudes que posiblemente han existido en la gestión de esta agricultura, pero que ofrece sobre todo la posibilidad de dar respuestas en lo referente a la colocación de dicho producto en el mercado, ya que con frecuencia algunos productores cultivan únicamente con objeto de obtener la compensación. 
Dicho régimen, por lo tanto, es importante porque establece un vínculo entre la producción y el territorio. 
Señor Comisario, considero que también revisten importancia las propuestas de la Comisión de Agricultura, unas propuestas aprobadas unánimemente y que marcan dos pautas fundamentales. La primera atañe ante todo a la posibilidad de conseguir una ampliación del límite del 5 %, en definitiva un rebasamiento de las cuotas atribuidas a escala nacional y, en consecuencia, regional para los jóvenes agricultores. 
Las cuotas son un instrumento rígido. 
Nosotros pensamos en que los jóvenes agricultores deben tener la posibilidad de entrar en el mercado y, sobre todo, compensar un giro comercial que ya no existe en el sector agrícola. Por consiguiente, esta posibilidad del 5 % de las cuotas, puesta fundamentalmente a disposición de los jóvenes agricultores, es muy significativa. 
La consideramos una de las elecciones que la Comisión y el Consejo deben adoptar en virtud de lo indicado por el Parlamento y su Comisión de Agricultura. 
Otra propuesta se refiere a las semillas certificadas. 
Estamos de acuerdo con que esto sea así, aunque estamos convencidos también de que es preciso mantener la biodiversidad que es un elemento fundamental. 
Para los pequeños agricultores, por lo tanto, el mantenimiento de la biodiversidad y también de algunas características específicas de las semillas, en particular de trigo duro, es algo muy importante. 
Hemos añadido a las producciones tradicionales también Alemania y Austria, habida cuenta de que consideramos que existe una exigencia de mercado y al mismo tiempo hemos actualizado las cuotas de asignación de trigo duro a los Estados tradicionalmente interesados. 
Me parece una propuesta en definitiva bien equilibrada, una propuesta que tiene en cuenta la opinión unitaria de la comisión, una propuesta que, señor Comisario, puede servirle como base para un debate en el Consejo. 
No voy a añadir nada más, tan sólo espero que lo manifestado pueda ser acogido favorablemente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la pregunta oral formulada a la Comisión por iniciativa mía y apoyada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se justifica plenamente ya que es indispensable que la Comisión tome una decisión sobre la retirada de tierras en el marco del «paquete» de precios 1997/1998. 
Cuando el porcentaje de retirada de tierras es diferente del que establece el reglamento de base, debería ser conocido en un plazo lo suficientemente breve para permitir que los productores de la Unión Europea apliquen su plan de rotación de cultivos y de siembra con total conocimiento de causa. 
Habida cuenta de los períodos de siembra en determinadas regiones de la Comunidad convendría, por lo tanto, que la Comisión presentara lo más rápidamente posible una propuesta. 
Desde la aplicación de la reforma de la PAC, el 1 de julio de 1993, el mercado de cereales se ha reequilibrado como consecuencia de la disminución de la producción y sobre todo de la reconquista del mercado interior, particularmente con respecto a la alimentación animal. 
Esta situación ha conducido a una importante reducción de las existencias de cereales en la Unión Europea. 
Dos de los principales objetivos de la reforma han sido, pues, alcanzados. 
Sin embargo, se trata de consolidar estos resultados conservando un nivel de disponibilidad capaz de garantizar el mantenimiento e incluso el incremento del consumo intracomunitario. 
Hemos podido comprobar, por otro lado, la emergencia de una demanda asiática que parece consolidarse en el tiempo. 
Además, la Unión Europea debe garantizar el abastecimiento regular de sus clientes tradicionales de los terceros países. 
Durante la campaña de 1995/1996, hemos constatado que la insuficiencia de nuestra producción cerealera impedía la realización de algunos de nuestros compromisos, en particular con Oriente Medio y África del Norte. 
La Comisión tuvo incluso que aplicar gravámenes a las importaciones, para proteger el abastecimiento interior. 
También hemos podido constatar que la cosecha «récord» de 1996/1997, de alrededor 202 millones de toneladas, ha sido rápidamente absorbida por el mercado interior y por las exportaciones. 
Antes de la cosecha de 1996/1997, las existencias de la Comunidad se evaluaban en 24 millones de toneladas; ahora bien, actualmente alcanzan apenas 28 millones de toneladas, lo que resulta escaso en la medida en que se necesitan de 30 a 35 millones de toneladas para garantizar la seguridad alimentaria de Europa durante dos meses. 
Actualmente, la disminución de las existencias cerealeras mundiales amenaza la seguridad alimentaria del planeta. 
Estos excedentes se evalúan actualmente sobre la base de 55 días de consumo. 
En 1996, eran apenas 51 días. 
Los expertos nos afirman que por debajo del umbral de 70 días de consumo la seguridad alimentaria mundial se encuentra amenazada. 
En conclusión, pido a la Comisión y al Consejo que fijen el porcentaje de retirada de tierras antes del 30 de junio de 1997 y que tomen en cuenta las contingencias meteorológicas, la demanda de crecimiento de los mercados y los excedentes relativamente bajos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, estoy siguiendo con sumo interés el debate de hoy en el Parlamento Europeo sobre el paquete de precios. 
Gracias a ello he podido constatar la seriedad y la dedicación con que sus Señorías elaboran los dictámenes que emiten a la Comisión y al Consejo sobre las propuestas. 
Quería dejarlo por sentado antes de tratar las propuestas en profundidad. 
Por cierto, la semana pasada asistí como invitado a un excelente simposio sobre el futuro de la política agrícola, preparado y dirigido por su compañero el Sr. Sturdy, y hoy asisto a este debate sobre cuestiones políticas actuales. 
Quiero darles las gracias, señor Presidente y Señorías, por el hecho de que hayan estado dispuestos a aplazar la sesión a petición mía a esta avanzada hora de la noche. 
Lo solicité porque el Parlamento holandés me necesitaba urgentemente esta tarde y les agradezco que podamos celebrar el debate esta noche. 
Hasta aquí la introducción; quisiera esbozar brevemente qué piensa el Consejo sobre el paquete de precios para el año que viene. 
Por supuesto se trata tan sólo de una reacción provisional que no ofrece garantías sobre el sentido que adoptará la toma de decisiones. A fin de cuentas, ésta no tendrá lugar antes del Consejo de junio. 
No obstante, pienso que los debates han ofrecido hasta ahora una buena idea de las diferentes posiciones. 
En primer lugar, el volumen del paquete de precios. Como saben ustedes, es muy modesto. 
La Comisión propone un roll over para los niveles de precios y el apoyo. Esto significa que todo seguirá como hasta ahora y pienso que no estaría mal, pues los agricultores necesitan cierta medida de estabilidad, de seguridad en la gestión de sus empresas, y dado que la evolución salarial también es bastante estable, es probable que por esta razón pueda defenderse que, para el año que viene, la Comisión se mantenga en un compás de espera. 
Por supuesto, siempre hay Estados miembros que habrían preferido ver un paquete de precios más voluminoso, con propuestas de mayor alcance para las reformas y, por supuesto, todos los Estados miembros han expresado deseos y peticiones específicas ante la Comisión. 
Pero, en general, pienso que podemos afirmar que las delegaciones comprenden que el paquete de precios de este año sea modesto en cuanto a su tamaño. También porque la Comisión ha anunciado que en otoño presentará propuestas de reforma para los cereales, la carne de vacuno y los productos lácteos. 
Al hablar este año de un paquete de precios, no podemos pasar por alto la situación presupuestaria, pues saben ustedes que los gastos agrícolas para 1998 se han fijado provisionalmente en un importe que supera en un 0, 5 % al presupuesto de 1997. 
La razón es clara: muchos países, como indica también el informe del Sr. Sturdy, han de jugarse el todo por el todo para poner en orden su presupuesto nacional a fin de cumplir los criterios de Maastricht, y por ello es comprensible que también la Comisión se imponga a sí misma una disciplina presupuestaria estricta. 
Naturalmente, en el Consejo apenas han surgido comentarios al respecto, y también el Parlamento, según tengo entendido, aprueba que los gastos agrícolas se fijen en aproximadamente 41.000 millones de ecus. 
Si el importe del presupuesto total no puede dar lugar a muchas discusiones, la distribución de los recursos es, por supuesto, otra cosa y esto ya es habitual. 
En las propuestas de la Comisión se parte de un recorte del 7 % en las primas agrícolas. En el Consejo de Agricultura- y he de elegir una terminología diplomática; por tanto, mediré mis palabras- no había mucho entusiasmo por la idea. 
Al Parlamento tampoco le gusta la propuesta, según mi interpretación del dictamen y de lo que acaba de decir el Sr. Funk. 
La cuestión es, por supuesto, cómo conseguir que los gastos no sobrepasen el tope, pues no sólo la Comisión sino también la Presidencia pretenden lograrlo. 
Personalmente tengo algunas ideas al respecto, pero se trata más o menos de ideas personales que no reflejan la opinión del Consejo. 
Pienso que deberíamos fijar el tope para el presupuesto. Que hemos de reducir un poco de forma genérica todas las partidas presupuestarias, a fin de que no se supere el importe. 
Por medio de una gestión flexible, hay que pedir a la Comisión que se juegue el todo por el todo para no exceder este tope y creo que le será posible, dado que en los últimos años no se ha alcanzado ese tope. 
Por otra parte, siempre nos queda la posibilidad de pagar un año más tarde los anticipos para las semillas oleaginosas, pero con toda seguridad no necesitaremos este instrumento en el ejercicio presupuestario de 1997, en vista de cómo evolucionan los gastos. 
Esto significa que para 1998 seguiremos teniendo esta posibilidad, en caso de surgir gastos imprevistos. 
Con ello pienso que hay suficientes posibilidades de mantener en 1998 los gastos dentro de los marcos acordados. 
Por supuesto, resulta muy difícil pronosticar cómo se desarrollará la toma de decisiones en el Consejo, pero ahora saben ustedes lo que más o menos piensa personalmente el Presidente del Consejo al respecto. 
Ahora, una observación sobre la situación presupuestaria. 
Como he dicho, veo posibilidades de no superar el techo por medio de una gestión flexible. 
Pero para ello es necesario que seamos muy reservados en cuanto a la lista de deseos y peticiones de diversos Estados miembros. 
Pienso que es incluso una condición absoluta, pues de lo contrario no lograremos encontrar los 1.400 millones de ecus que muchos Estados miembros querrían borrar de la propuesta de la Comisión. 
En este sentido, también este Parlamento tiene una responsabilidad y quisiera repetir lo que ha dicho el Sr. Sturdy de que el Parlamento ha asumido tal responsabilidad. 
Dentro de unos días votarán ustedes sobre este paquete y acabo de recibir la propuesta de dictamen. 
Pienso que en el próximo período convendría estudiarla a fondo. 
Un dato importante es que los gastos extraordinarios de sus enmiendas ascienden a un importe total aproximado de 170 ecus y, dada la situación presupuestaria, considero que es un modo muy realista de manejar el presupuesto agrícola. 
A este respecto quisiera remitir tanto a lo que ha dicho del Sr. Sturdy esta noche como a lo que señala al inicio de su informe, donde hace algunas observaciones valiosas. 
No creo que sea conveniente explayarme demasiado, ni siquiera necesario en esta fase de la toma de decisiones, ahora que además los Estados miembros se preparan para el Consejo. 
Como Presidente haré todo lo posible, y espero que también podamos hacerlo con la Comisión, para que en el Consejo del 23, 24 y 25 de junio tenga lugar una toma de decisiones sobre el paquete de precios. 
Pienso que es necesario y que los agricultores tienen derecho a saber a tiempo qué les espera el año que viene. 
En este sentido, han realizado ustedes un buen trabajo y quisiera dar las gracias a los Sres. Funk, Baldarelli y Sturdy por su concienzuda tarea. 
El Parlamento ha hablado y ahora tiene la palabra el Consejo. 
Quisiera comunicarles que mi intención es que el Consejo de junio tome una decisión sobre el asunto de las sanciones. 
Recuerdo que en enero, cuando estaba en la Comisión de Agricultura, también hablamos de esta cuestión y que el Parlamento pidió que la Presidencia holandesa iniciara la toma de decisiones. 
Espero que consigamos hacerlo. 
La propuesta se remonta a hace casi un año y contiene, por un lado, un elemento para amortiguar algo las sanciones en caso de catástrofes, algo muy importante para nuestros socios meridionales, y por otra un elemento de nivelación entre las regiones. 
El Parlamento Europeo ya emitió un dictamen sobre esta propuesta, si no recuerdo mal, en setiembre del año pasado. 
Y espero que ahora haya llegado el momento de tomar una decisión sobre este complejo sistema. 
Por ello se ha incluido este sunto en el orden del día de junio. 
Un asunto que no se incluye en el orden del día, quiero ser del todo franco al respecto, es la propuesta relacionada con los cereales. 
Lamentablemente he de decirle al Sr. Baldarelli que la toma de decisiones aún no ha progresado lo bastante. 
Todos los Estados miembros implicados han presentado peticiones para un aumento de las superficies máximas garantizadas. 
Y si lo sumo todo, no se asusten, llegaría a un total de 600.000 hectáreas más, lo cual significa cientos de millones de ecus adicionales. 
Por supuesto, esto es imposible a la luz del problema al que nos enfrentamos, y les ruego sean comprensivos. 
Aunque dentro de poco el Parlamento Europeo emitirá un dictamen, considero que en el marco del Consejo aún no se han hecho suficientes progresos para tomar una decisión. 
Por otra parte, está el problema presupuestario. 
Además pienso que, de todas formas, en junio será una dura tarea completar el paquete de precios. 
Y por cierto, ésta es para mí una razón para ocuparme de ello con más energía. 
Por lo demás, quisiera hacer una observación, dirigiéndome también al Comisario Fischler. 
Varios Estados miembros y los diputados al Parlamento han instado a una toma de decisiones rápida sobre el porcentaje de retirada de tierras para el próximo año. 
La Sra. Poisson acaba de explicar una vez más esta petición. Pienso que lo ha hecho con el mismo argumento que acabo de utilizar. 
Además de otros argumentos que ha mencionado, que tienen que ver con los cambios en el mercado mundial de cereales, pienso que conviene ofrecer claridad a corto plazo a los agricultores que cultivan cereales. 
El ponente, Sr. Sturdy, lo ha dicho en su informe, en el que también indica cómo tendría que ser aproximadamente esta toma de decisiones. 
Creo que también la resolución del Sr. Goepel, que examinarán ustedes el jueves, exhorta a una pronta decisión. 
De hecho, esto significa que quieren ustedes que la Comisión presente cuanto antes una propuesta en relación con la cuestión. 
Lo apoyo y espero que la Comisión esté dispuesta, pues siempre es capaz de hacerlo, y además a hacerlo a corto plazo, pues ello podría simplificar algo la toma de decisiones sobre el paquete de precios. 
Creo que el Sr. Comisario ha cometido un error. 
El Sr. Comisario, al hablar de las propuestas para el azúcar, dijo que no aceptaba las enmiendas núms. 12 al 15 porque significarían una reintroducción de ayudas nacionales. 
Aquí se cae en un error, porque en el caso de Portugal no se trata de ninguna reintroducción: sería la primera introducción, ya que sólo ahora se va empezar a aplicar el sistema de cuotas. 
El pequeño paquete es minúsculo y representa el statu quo más absoluto que jamás se ha visto en este Pleno para los precios y las medidas conexas y es objeto del informe del Sr. Sturdy. El gran paquete, por el contrario, pesa como una piedra y representa el recorte de las ayudas a los cultivos herbáceos de 1, 4 millardos de ecus para 1998 y es objeto del informe Funk. 
Voy a comenzar con el paquete pequeño. 
El Sr. Sturdy ha llevado a cabo un buen trabajo, con gran realismo y rigor y ha renunciado a todo tipo de demagogia. 
Debo manifestar que nosotros los Socialistas, vamos a ir más allá, pues, vamos a votar en contra de cualesquiera aumentos del gasto, incluso los aprobados en el seno de la Comisión de Agricultura. 
Los varios problemas que siguen existiendo en los diferentes sectores agrícolas deben afrontarse mediante las reformas previstas y no aquí cuando se están fijando los precios. 
Señor Comisario Fischler, en esto estamos de acuerdo con usted. 
Permítame, sin embargo, una salvedad: el vino. La propuesta de reforma de la que usted nos habla, en realidad, ya no existe. 
Desde 1994, fue aparcada conscientemente en un cajón y el Parlamento no puede soslayarlo. 
Entonces vamos a pedir la supresión, sin más gastos, de la destilación obligatoria, como señal encaminada a indicar que algunos instrumentos inadecuados y superados por las circunstancias deben eliminarse una vez por todas, para dar espacio a la responsabilidad de los productores y al mercado. 
Voy a pasar ahora a abordar el paquete grande. 
El Sr. Funk se ha dejado escapar una ocasión al oponerse total y frontalmente a cualquier tipo de recorte propuesto por la Comisión en lo que respecta a los cultivos herbáceos y, sobre la base de artificios contables, finge no darse cuenta de los problemas reales. 
El anticipo o el aplazamiento de los pagos para las semillas oleaginosas son unos escamoteos que desaparecen a los pocos momentos. Luego, sin embargo, se llega al nudo de las compatibilidades presupuestarias queriendo o sin querer. 
Señor Funk, confiar en la acostumbrada generosidad de las previsiones de gasto agrícola de la Comisión, que según parece vamos a encontrar también en el año 1997 y que, al final, permitirá arreglarlo todo sin más, también por lo que respecta al año 1998, me parece bastante cómodo. 
Como Parlamento Europeo, ¿somos o no somos la autoridad presupuestaria? 
¿Vamos a pedir o no que se nos escuche en lo referente a los gastos obligatorios? 
Es por esto que el Sr. Funk, con un informe tan blindado e inmovilista, ha perdido la ocasión de hacer oír con más fuerza la voz del Parlamento Europeo con respecto a los problemas objetivos que existen en nuestro presupuesto agrícola. 
Envidio al Presidente en ejercicio del Consejo, pues, él sabe perfectamente el resultado de la votación del jueves. 
Lo único que siento es que, si hubiera escuchado el debate y no sólo la opinión de los ponentes, habría entendido que no todos nosotros estamos de acuerdo con la opinión de los ponentes sobre estos informes tan delicados y, en particular, no todos compartimos la opinión del Sr. Funk. 
Nuestro Grupo desea defender las demandas de los agricultores, aunque no es escondiendo la cabeza bajo el ala que se lleva a cabo una buena defensa de los mismos. 
Somos conscientes de que los desequilibrios de la PAC están generando serios problemas, incluso de índole financiera. 
El informe sobre la cohesión nos dice cuáles son los problemas de redistribución de la PAC. 
Las previsiones sobre la sobrecompensación facilitadas ayer por la Comisión añaden más problemas. 
Las exigencias de la nueva política de desarrollo rural están ahí y ya no nos basta lo que nos anuncia el Comisario. 
Y tampoco nos convence el hecho de que quien decide para los agricultores y su futuro sean sólo los Quince del Consejo ECOFIN. 
Al Parlamento le corresponde dar alguna señal y nosotros, como Grupo Socialista, hemos hecho unas propuestas, por ejemplo, comenzando a poner en tela de juicio ciertas distorsiones de las ayudas, reduciendo las compensaciones para la retirada de tierras voluntaria que corre el riesgo de comprometer cada vez más la maniobra global sobre la retirada de tierras obligatoria, y no aplazando por más tiempo el tema de la redefinición de las ayudas, comenzando enseguida con llevar al menos el importe de la compensación para la retirada de tierras a mismo nivel que las ayudas a la renta. 
No estoy de acuerdo con el recorte del 7 % para las ayudas a la renta, pero no porque se trata de recortes, sino porque se trata de recortes lineales y, en consecuencia, añadirán más injusticia a la injusticia. 
Con nuestras propuestas de enmienda, como Grupo Socialista contamos con ahorrar en el presupuesto para 1998 unos 500-600 millones de ecus. 
Y eso no es todo, no obstante, es una primera señal, un primer paso dado con sentido de la responsabilidad. 
Vamos a ver si los demás Grupos nos van a apoyar, será duro aceptar que se opte por ser rigurosos con el informe Sturdy y laxos con el informe Funk. 
Es cómodo hacer los rigurosos con el paquete pequeño y devolver al remitente el paquete grande. 
Señor Comisario Fischler, en cuanto al remitente, no he entendido por qué usted dijo a los ministros de Agricultura que no habrían más razones presupuestarias para recortar los cultivos herbáceos. 
Según mi opinión, no fue muy sensato. 
Tenemos ante nosotros el anteproyecto de presupuesto para 1998, aprobado por su Comisión. 
Si no me equivoco, hay un recorte y lo hay para garantizar el equilibrio del presupuesto para 1998, e incluso después de haber escuchado la palabras del Presidente en ejercicio del Consejo, tengo que decir: señor Fischler, si esta maniobra es una farsa, digánoslo honestamente. 
Si usted, por el contrario, desea luchar en serio, sepa que, a pesar de las debidas divergencias, el Grupo Socialista está dispuesto a razonarlas seriamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera empezar agradeciendo a nuestro colega, el Sr. Sturdy, su informe, en el que ha hecho un trabajo lleno de sensatez y altamente responsable ante este Parlamento. 
Me gustaría también agradecer al Sr. Baldarelli el esfuerzo que ha hecho en su trabajo sobre el trigo duro y, en especial, la comprensión que ha mostrado respecto al problema específico de Portugal, que es bastante delicado y que él y la Comisión de Agricultura comprendieron bien. 
Espero que la Comisión y el Consejo también lo comprendan. 
En primer lugar, quisiera referirme más detalladamente a nuestro colega, Sr. Funk, y a su informe. 
Hemos de aceptar, por honestidad intelectual, que de hecho estamos ante un asunto realmente delicado y que la Comisión tiene razón cuando dice que el sector de los cereales está siendo sobrecompensado. 
No estar de acuerdo con esto es como decir, por ejemplo, que ahora es de día, cuando no es así, ¡es de noche! 
Y, sobre todo, deberíamos estar de acuerdo en que ya no hay razón para que la tasa del pago por barbecho no sea igual que la de las ayudas. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores igualmente importantes. 
En primer lugar, porque este recorte en las ayudas sólo se justificaría aquí y puntualmente si no existiese ningún margen de maniobra en el presupuesto de la PAC. 
No es éste el caso. 
Las tendencias presupuestarias no nos indican eso. 
Por otro lado, sabemos que desde 1992, en la PAC sistemáticamente nos quedamos cerca del 5 % por debajo de la línea directriz y ese dinero se devuelve a los Estados miembros. 
Ahora bien, yo prefiero que ese dinero quede en manos de los agricultores, incluso mal distribuido, a que se le devuelva a los Estados miembros para que lo dediquen a otros fines distintos de los agrícolas. 
En segundo lugar, hemos de decir que los problemas de los agricultores en Europa no se resuelven con este simple recorte puntual, forzoso y disperso de las ayudas a los cultivos herbáceos. 
La PAC tiene desequilibrios profundísimos, es necesario que la Comisión, el Consejo y todos nosotros lo encaremos. 
Partimos de la hipótesis de que el GATT tendrá el mismo impacto en toda la agricultura europea, ¡cosa que no es verdad! 
Hay regiones desfavorecidas que sufrirán mucho. 
Y, por lo tanto, la próxima reforma de la PAC tiene que considerar muy seriamente en su sistema de ayudas la cuestión de la igualdad en los apoyos al rendimiento, en esto estoy de acuerdo con el Sr. Comisario. 
Deberá ser un sistema de ayudas desligadas de la producción, de las cantidades y de las productividades. 
Sólo así daremos respuesta a los problemas reales de la variada agricultura de Europa, que no es homogénea, sino heterogénea. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, la Comisión ha adoptado el paquete de precios para la campaña 1997-1998 sin aportar, según hemos podido comprobar, ninguna gran novedad en cuanto a la situación anterior y, al respecto, deseo expresar mi aprecio al ponente Sr. Sturdy por el esfuerzo realizado, dirigido a intentar revitalizar una plataforma tan inmóvil y sujeta a posiciones ya cristalizadas. 
Y siguen estando cristalizadas, sobre todo después de lo anunciado por el señor Comisario, a quien como siempre se le ha ido la mano en recortar nuestras enmiendas. 
A parte de algunas excepciones, de hecho, las propuestas retoman las orientaciones relativas a los precios y la organización de los mercados en línea con la política de estabilidad aplicada enseguida después de la reforma de 1992. 
Como coartada parcial en cuanto a esta falta de propuestas, hay que recordar la revisión en curso que afecta a algunas importantes organizaciones comunes de mercado tales como las del tabaco, el aceite de oliva, la carne y, dentro de poco, así lo esperamos, de la leche. 
Junto con esta base inmutable, es justo recordar que existen algunos ajustes menores. 
Primero, la reducción de los incrementos mensuales de los precios de intervención para los cereales y el arroz, así como el reembolso de los gastos de almacenamiento del azúcar, con el fin de tener en cuenta la baja de los tipos de interés. 
Segundo, el importe de la ayuda prevista para promocionar el lino, que deberá fijarse en cero, con el fin de tener en cuenta el hecho de que existen fondos que reúnen importes más elevados de los necesarios para las acciones de promoción. En consecuencia, la ayuda total por hectárea se reduce por el mismo importe. 
Tercero, la ayuda por hectárea en el sector del cáñamo, que sufre una reducción del 7, 5 %, a fin de evitar que el cáñamo sea más atractivo en comparación con el lino, tras la reducción de la ayuda en favor de dicho producto. 
Según las estimaciones de la Comisión, el impacto presupuestario de todas estas propuestas se traduce en un ahorro de 82 millones de ecus para 1998. 
Tal como han manifestado los demás colegas, conviene recordar asimismo que la propia Comisión ya propuso la reducción de la ayuda en favor de los cultivos herbáceos, que permitirá ahorrar 1.400 millones de ecus. 
Y esto, como es obvio, para fomentar el relanzamiento de la carne de bovino. 
La estimación coyuntural de las necesidades de crédito para el ejercicio de 1997, tal como se estableció en enero, asciende a 41.050 millones de ecus que superan los créditos presupuestarios en 245 millones de ecus y dejan un margen de 755 millones de ecus respecto de la línea directriz. 
El presupuesto registra una muy significativa reducción de las necesidades de crédito en los sectores de la carne de ovino y caprino, debida fundamentalmente a unos precios de mercado demasiado elevados respecto de los previstos en el presupuesto. 
Se registra asimismo una reducción importante en el sector de la leche y los productos lácteos, debido a la retirada adicional que, por una parte, todavía no se ha apuntado en el capítulo correspondiente a la campaña 1995-1996 y, por otra, se ha estimado para la campaña 1996-1997. 
La reducción de las necesidades de crédito en el sector de los cultivos herbáceos se debe ante todo a las semillas oleaginosas. 
Se prevé asimismo una reducción de las necesidades en otros sectores, en particular en el del azúcar, los forrajes secos, las frutas y hortalizas, el tabaco, los huevos y las aves de corral, además de la ayuda alimenticia. 
Como hemos podido comprobar, en este debate se ha hecho una especie de cocido entre el informe tradicional sobre los paquetes de precios agrícolas y otros dos informes, o sea, el del Sr. Funk y el del Sr. Baldarelli que, en cierta forma, lo complementan, fortalecen y proyectan hacia el futuro. 
En cuanto al informe Funk, me parece que hay que apoyar, especialmente, desde la perspectiva de la estabilización de las carnes de bovino, la propuesta de no aplazar los pagos correspondientes a las oleaginosas y de pagar, a partir del 16 de octubre, únicamente esa parte de anticipos que no puede cubrirse en el marco del presupuesto de 1997. 
Con respecto al informe Baldarelli es justo hacer hincapié en la propuesta de aumentar las superficies nacionales destinadas a los cultivos de trigo duro al efecto de ayudar a los jóvenes productores y de reequilibrar evaluaciones ya superadas. 
A propósito de las superficies, soy portador de un llamamiento del colega Rosado Fernandes, que siente no poder hoy estar aquí, ya que se encuentra en Portugal, donde el Presidente de la República le acaba de hacer entrega de una condecoración, y que, no obstante, me ha dejado el siguiente mensaje: » En la actualidad, Portugal posee una superficie garantizada de 35.000 hectáreas, que en la realidad alcanza las 90.000 hectáreas, siendo su potencial, de acuerdo con la media histórica, de más de 100.000 hectáreas». 
Se trata, en definitiva, de una invitación a respetar al menos las cifras, las dimensiones y la verdad, en interés de todos los agricultores europeos. 
Señor Presidente, tanto el informe del Sr. Sturdy como el del Sr. Funk tienen una característica común y es que deben hacer frente a unos mismos condicionantes financieros- también, de alguna manera, el informe del Sr. Baldarelli-. 
A este respecto, nunca es ocioso recordar que, en los últimos años, los gastos agrícolas han quedado por debajo de los límites establecidos por la línea directriz presupuestaria. 
Si se pretende obtener un margen financiero para otros objetivos políticos, conviene plantear las cosas en sus justos términos. 
En el caso del informe del Sr. Funk la situación se complica bastante más, ya que en el origen del problema se encuentra una circunstancia muy delicada, que ha sido objeto de una comisión de investigación, y sobre cuya financiación han sido emitidas recomendaciones. 
Creo que el informe que nos somete el Sr. Funk tiene una larga historia, y creo que ha tenido la virtud de haber enfocado, desde el primer momento, de un modo equilibrado un problema extremadamente difícil. 
Por lo tanto, manifiesto el apoyo de mi Grupo al informe del Sr. Funk. 
En cuanto al informe del paquete de precios, debo decir que, en su forma original, tal como la presentaba la Comisión, mi Grupo tenía muchas reservas. 
Pienso que, tras el debate en comisión, no ha mejorado mucho el resultado final. 
En este sentido, espero que el resultado final de las votaciones permita a mi Grupo considerar que se han mejorado sustancialmente algunos aspectos del paquete de precios; pero, en este momento, manifiesto enormes reservas. 
Por último, quiero felicitar al Sr. Baldarelli por su informe y manifestarle también el apoyo total de mi Grupo. 
Señor Comisario, no creo que lo que le mueva sean problemas presupuestarios. 
Esto fue así hace medio año. Los argumentos han cambiado. 
Pero aunque fuesen problemas presupuestarios, hay otras posibilidades para ahorrar. 
En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ya he indicado que un recorte lineal es una solución con muy poca imaginación. 
Tampoco es ecológico ni social. 
Usted siempre dice ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que quiere dotar a las primas de un carácter ecológico y social. 
¿Porqué no comienza entonces con esta propuesta si se trata de recortes y de ahorro? 
Hoy ha puesto de relieve una lógica muy especial cuando ha dicho: como hemos recortado el lino, tenemos que recortar el cáñamo, pues de lo contrario estará en una posición ventajosa; y las semillas oleaginosas tendrán ventaja porque recortamos en los cereales. 
Lo que se esconde detrás de ello es que usted contempla la reducción de precios como un mandato incuestionable. 
Señor Funk, naturalmente, tengo que decirle que nuestro grupo político apoya su informe pero que no nos lo pone fácil. 
Mediante una enmienda- que hemos presentado de nuevo y tengo una gran curiosidad por ver como la valora y vota su grupo político-hemos intentado hacer caer este asunto, pero con la condición de que lleguemos a una reforma de los pagos compensatorios que tenga en cuenta criterios ecológicos y sociales, en la que exista una degresión, es decir, una graduación, así como una orientación más intensa hacia métodos de cultivo ecológicos. 
Usted ha rechazado esto siempre llanamente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Las mismas enmiendas vinieron del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Nos lo pone difícil. 
Usted es como grupo político- no personalmente, pero tiene que defenderlo- igual de testarudo que la Comisión, que dice «recorte» y usted dice «no». 
Pero se deben encontrar soluciones intermedias, al menos para el futuro. 
Lo mismo es aplicable a la retirada de tierras de la producción. 
Señor Comisario, hay una enmienda- a la que no se ha referido- consistente en autorizar que el próximo año puedan ser utilizadas las superficies retiradas de la producción que están sembradas de trébol y hierba. 
Usted sabe que el Parlamento Europeo aprobó esta enmienda el año pasado, lo que no tiene como consecuencia necesaria que la Comisión tenga que aceptarla, pero sería muy positivo si se ocupase de este problema. 
Tengo gran curiosidad por ver cómo va a votar su grupo político sobre nuestra enmienda. 
Quizás el comportamiento de mi grupo en la votación dependa de ello. 
Si los socialistas votan otra cosa, nos necesita para que tengamos la mayoría en este punto. 
Esta sería quizás una posibilidad para llegar a un equilibrio. 
Pero, en general, señor Comisario, creo que nos encontramos ante las puertas de la reforma- lo ha indicado claramente- y entonces los enfoques deberían estar claros. 
Creo que debemos mostrar claramente que queremos pasar de una orientación a los mercados mundiales a una orientación al mercado interior. Tenemos que mostrar claramente que no concedemos pagos compensatorios por todas las superficies, que no queremos una subvención de las exportaciones y que lo que han sido las medidas de acompañamiento se van a convertir en el centro de gravedad del desarrollo rural, si bien, naturalmente, necesitamos dinero. 
Lo entiendo todo, pero no podemos saquear otros sectores sólo para que podamos financiarlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tengo la extraña impresión de que en este debate estamos sumidos en una total incoherencia. 
Las consideraciones presupuestarias y económicas, las supuestas necesidades de funcionamiento del librecambio, la supuesta ineludible globalización paralizan todo tipo de reflexión de fondo sobre la definición de las verdaderas orientaciones políticas. 
Desde 1992 se nos habla de reforma de la PAC, de integración de las exigencias de la protección del medio ambiente, de política de desarrollo rural, del mantenimiento de la población y del empleo en las zonas rurales, etcétera. 
¿De qué sirven, por lo tanto, estas grandes declaraciones de principios si no van acompañadas de ninguna iniciativa concreta para modificar los mecanismos de la PAC? 
Señor Comisario Fischler, usted nos ha confirmado su adhesión a una PAC más armoniosa, destinada a convertirse en el verdadero motor del desarrollo rural. 
Sin embargo, en realidad, para garantizar el futuro de la PAC, usted sólo permite una opción: la baja de los precios o la retirada de tierras. 
Perdóneme usted, pero creo que le falta algo de imaginación, y sólo se limita a soluciones mercantiles, cuando los PECO esperan de nosotros signos tangibles sobre la próxima PAC y cuando las próximas negociaciones de la OMC se acercan a pasos acelerados. 
Se ejercen sobre la Unión presiones cada vez más fuertes para acelerar la liberación de sus mercados agrícolas. 
Para poder hacer frente a ello es necesario dotar a la PAC de nuevos principios constitutivos. 
Todos debemos participar en los esfuerzos, y dentro de este espíritu mi Grupo acepta apoyar las propuestas de la Comisión. 
Dicho esto, el hecho de que este «paquete» no contenga ninguna orientación política resulta inaceptable. 
Pretende ser neutro, pero adolece, por su neutralidad mercantil, de una ausencia de reflexión política de fondo. 
Sin gastar más, se habría podido gastar mejor, reorientando las ayudas comunitarias hacia las prioridades políticas, tan a menudo anunciadas. 
Es siempre este espíritu mercantil el que lleva a la Comisión a financiar las medidas relativas a la EEB con respecto a los productores de determinados cultivos arables. 
Ciertamente, es urgente reequilibrar las ayudas entre los diferentes sectores de producción, y es verdad que el sector cerealista ha cobrado durante mucho tiempo amplias sobrecompensaciones del FEOGA. 
Pero debo oponerme a las técnicas utilizadas, puesto que mezclan los conceptos y corren el peligro de crear un precedente que podría ser utilizado al capricho de las emergencias presupuestarias. 
¿No se podría obtener el mismo resultado a través de una mejor estructuración global de las economías generales y sobre todo recurriendo a los créditos infrautilizados? 
En cuanto a la retirada de tierras, sigue predominando este afán mercantil. 
Mi Grupo se ha opuesto siempre a este sistema. 
Cada año se decide, pues, globalmente el número de hectáreas que deberán quedar improductivas. 
Esto es lo que me choca. 
No se razona más que desde el punto de vista de la regulación global del mercado puesto que la única prioridad es producir menos. 
¿Qué pasa si se produce mejor? 
Es posible regular la producción orientándola hacia producciones de calidad o apoyando las exportaciones, por razonar sólo en términos de calidad. 
Por otro lado, el verdadero barbecho no es improductivo, sino que tiene una función de reconstitución ecológica, mientras que la retirada de tierras no es más que una gestión desprovista de imaginación con respecto a la producción. 
Finalmente, me parece absurdo disociar la cuestión de los precios de la cuestión de la retirada de tierras. 
¿Cómo pueden los productores planificar sus actividades en tales condiciones? 
Para concluir, si bien podemos aprobar la mayoría de las propuestas de la Comisión relativas a la fijación de los precios y a otras medidas conexas, hay que lamentar que éstas no se inscriban en un esquema voluntarista de reorientación de las ayudas, con el fin de realizar los objetivos de una PAC duradera, ya que es la única manera de garantizar la supervivencia y la rentabilidad de las pequeñas explotaciones y de mantener un tejido social en las zonas rurales. 
Señor Comisario, si no se desea una PAC productivista, algún día habrá que dejar de utilizar recetas para ello. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a los dos ponentes por los informes que nos han presentado esta noche. 
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el Sr. Funk. Ha presentado sus argumentos con mucha claridad y de forma muy sucinta, y todos son comprensibles. 
Éste es un presupuesto de refinanciación y aporta muy pocas novedades. 
En realidad este paquete de precios apenas tiene efectos, si tiene alguno, por lo que se refiere al agricultor. 
El ponente nos ha dicho que va a costar 170 millones de ecus. 
Después de escuchar esta noche lo que ha dicho el Comisario me pregunto si ha quedado en pie algo de lo que proponían los informes, pues el Comisario ha dado la impresión de estar eliminando una por una todas las propuestas. 
¿Ha quedado algo en pie? 
En este Parlamento podemos decir lo que nos parezca pero, a fin de cuentas, lo que es realmente importante es lo que está sucediendo en la granja. 
Yo soy de una región de Irlanda del Norte. 
El Comisario lo sabe perfectamente bien porque está cansado de oirme decírselo. 
Si uno es un agricultor en Irlanda del Norte, especialmente si cría ganado bovino o cultiva cereales, uno tiene poquísimas esperanzas o poquísimo futuro. 
Los precios del ganado bovino, como consecuencia de la crisis de la EBE, están más bajos que nunca. 
Eso no tiene nada que ver con Europa. 
La Comisión Europea se ha portado muy bien con el apoyo que ha prestado a través del régimen de intervención. 
Ahora bien, si uno cultiva cereales o cría ganado bovino en esas zonas, en estos momentos uno no tiene ninguna posibilidad de ganar dinero, ni siquiera de sobrevivir. 
Hay que grabarse en la cabeza lo que acabo de decir y hay que tenerlo presente. 
En estos momentos, este año, las esperanzas de recuperación son escasísimas. 
Personalmente tengo pocas esperanzas por lo que se refiere al futuro de nuestros agricultores en esa zona. 
Los agricultores están pagando en la actualidad un precio terrible por la crisis de la EBE. 
Esa crisis les está resultando penosa, les está perjudicando a fondo y les está vaciando los bolsillos, que es la peor forma de crisis para ellos. 
De las demás cuestiones que realmente les están afectando en estos momentos, una de ellas es la firmeza de la libra respecto del ecu, respecto del valor de la «libra verde». 
Es evidente que esto es de la incumbencia del Gobierno del Reino Unido, y espero que mis colegas del otro lado de esta sala ejerzan presión sobre el nuevo Ministro de Agricultura para que se decida a solicitar la ayuda. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señor Presidente, suscribo, en primer lugar, las palabras que, en este debate, ha pronunciado el Sr. Fantuzzi, palabras que comparto plenamente porque creo que están en la línea del pensamiento del Grupo Socialista. 
En segundo lugar, quisiera señalar que existe cierta confusión en el debate, sobre todo en relación con el informe del Sr. Funk, porque, inicialmente, las propuestas de recorte de las ayudas de cereales se vinculaban a la necesidad de fondos para solucionar el problema de la carne- ese es el origen de esas propuestas que presenta la Comisión-. 
Sin embargo, en este momento, parece que el Comisario las presenta de una manera autónoma, como en el marco de una posible reforma de la política agraria. 
Así, me ha parecido oír que, puesto que existe un exceso de compensación en el sector de los cereales, hay que reducir las ayudas, desvinculándolas completamente del tema del vacuno. 
Y sobre ese tema- aceptando que sea ese el planteamiento- yo creo que haría falta mayor claridad acerca de si estamos en un caso de reforma o estamos en el expediente de la EEB. 
Y digo esto porque si en este momento las ideas del Comisario están desvinculadas ya del problema de la carne, creo que hay que ser, en la línea de lo que decía el Sr. Fantuzzi, mucho más realista. 
A mí me parece que no es posible abordar una reforma de las ayudas compensatorias en cereales diciendo «café para todos» , porque esa sobrecompensación a la que usted ha hecho referencia no se ha producido en todas las regiones de la Comunidad en igual medida. 
Es posible que algunas regiones hayan tenido una sobrecompensanción, pero este no es el caso general en la Unión Europea. 
Por consiguiente, a mí me parece que deberíamos empezar a introducir elementos de discriminación. 
En ese sentido, las propuestas que ha introducido el Grupo Socialista van en esa dirección. 
Compartimos la idea de que es necesario hacer ciertas rectificaciones, pero no de una manera lineal para todo el mundo igual, porque ese es el defecto que venimos arrastrando como consecuencia de que el Consejo no aceptase en su día las propuestas iniciales del Sr. McSharry. 
Nosotros abogamos por un cierto rigor, pero, eso sí, discriminando las posiciones de unos y de otros para que esa reforma tenga realmente algún sentido. 
Y no solamente eso: también para que se valoren los aspectos sociales, como recordaba antes el Sr. Graefe zu Baringdorf, y para que se valoren también los aspectos ecológicos. 
A mí me parece que sería un buen marco para empezar a discutir sobre algunas ideas. 
En resumen, y como decía el Sr. Fantuzzi, yo creo que deberíamos pasar ya de los discursos y las buenas palabras a ciertos hechos concretos. 
Aceptamos su reto, señor Comisario, pero póngase a trabajar para que ya en los próximos meses dispongamos de algunos elementos que nos permitan saber hacia dónde apuntan sus ideas sobre la reforma de la política agrícola común. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, voy a hablar sobre los tres informes desde el punto de vista del ponente de la Comisión de Presupuestos para el presupuesto de 1998. 
En primer lugar, me voy a referir al informe del Sr. Funk. 
Ante las elevadas sumas del sector agrario que no se pudieron utilizar en el presupuesto de 1997, la Comisión de Presupuestos ha dado su aprobación a la propuesta del Sr. Funk, quien, a su vez, ha recogido en su mayor parte la propuesta de la opinión de la Comisión de Presupuestos aunque, lamentablemente, no los aspectos relativos a la modificación del reglamento. 
En lo que se refiere al traspaso a los años 1998/99 del pago de las semillas oleaginosas o la suspensión para el año 1997, la Comisión ha declarado explícitamente que al menos actualmente no está dispuesta a hacerlo. 
Creo que deberemos debatir aún al respecto en el marco del procedimiento ad-hoc. 
Tengo más bien simpatía por la propuesta de la Comisión. 
En lo que se refiere al informe del Sr. Sturdy, al menos quisiera felicitarle. 
Ha tomado la vía adecuada, aunque el Sr. Martinez no lo vea así. Su propuesta es realmente neutral. 
Respecto a la resolución de la Comisión de Agricultura, habría que observar que la Comisión de Presupuestos ha emitido su opinión sobre la propuesta de la Comisión y no sobre la propuesta de informe de la Comisión de Agricultura, que prevé un aumento en 170 millones de ecus. 
Por ello, desde un punto de vista procedimental, sería correcto devolver el informe del Sr. Sturdy a la comisión, para que la Comisión de Presupuestos pueda emitir su opinión en base a la nueva situación. 
Cubrir los costes de este aumento mediante otros ahorros en el presupuesto agrícola, tal como propone la Comisión de Agricultura, es una solución ficticia, pues no es neutral desde un punto de vista presupuestario y al final queda un aumento. 
En lo tocante a lo que ha dicho la Presidencia del Consejo, quiero referirme al menos a dos declaraciones. 
Espero que logre crear una estructura flexible presupuestaria en el sector agrario. 
Le deseo mucho éxito. 
Pero lo que también ha dicho me hace ser pesimista de nuevo. 
Ha hablado indirectamente de recortes horizontales. 
Esto sería eficaz y, sin duda, la solución más simple, pero estaría en contradicción con lo que han dicho los colegas, a saber, que habría que ver las líneas y recortar allí donde ya durante años ha existido un exceso de pagos compensatorios. 
Creo que tenemos que negociar aún durante mucho tiempo al respecto. 
La solución más sencilla, tanto para nosotros como Parlamento como para el Consejo, habría sido sin duda la aceptación de la propuesta de la Comisión. 
Desde un punto de vista presupuestario, habría sido la más lógica. 
Señor Comisario, tampoco quiero dejarle a usted totalmente incólume. También tengo que criticarle. 
Es curioso que dos semanas después de la presentación de la propuesta del anteproyecto de presupuesto, sus servicios nos hagan llegar una corrección oral pues se ha equivocado en 329 millones de ecus. 
Este asunto va a ser sin duda también objeto del procedimiento ad-hoc. 
Lo abriremos a finales del otoño y todos nos pronunciaremos a favor de una disciplina presupuestaria tal como hemos acordado en los puntos 9 y 10 de las «guidelines». 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera constatar que este debate muestra de nuevo que deben reforzarse los poderes del Parlamento en materia agraria, tal como ha propuesto el Presidente de la Comisión, es decir, que debe haber una codecisión. 
En lo que se refiere a los precios de los productos agrícolas, es evidente que debe cumplirse la disciplina presupuestaria impuesta a los gastos comunitarios. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la congelación de los precios agrícolas al nivel de 1997, que pide la Comisión, se retrotrae en realidad a los niveles de 1992 y prescinde de la inflación comunitaria media y de posibles mecanismos de compensación en favor de la renta. 
Así, los sectores que no han sido revisados desde 1992 sufren la mayor pérdida de ingresos, a diferencia de aquellos otros que se han revisado en su momento, como el de los cereales. 
Ahora bien, sucede extrañamente que esos sectores revisados corresponden siempre a productos del Norte, para los cuales existen mecanismos de compensación. 
Por lo tanto, habría que preguntarse si no estamos congelando tan sólo los precios de productos básicos del Mediterráneo. 
En este contexto, quisiera mencionar unos 15 tipos de frutas y hortalizas cuyo mercado fue revisado, sin que se previeran, sin embargo, mecanismos de compensación para ellos. 
Es justo proponer para esos productos un pequeño aumento de los precios oficiales de 1998, menor o como mucho igual al promedio de la inflación comunitaria prevista, porque no es ninguna casualidad que el Sur agrario de Europa tenga cada vez más la impresión de que se le está persiguiendo. 
Por último, quisiera agregar que, en materia de fijación de los precios oficiales y adopción de las medidas conexas, se requiere una política específica que sirva a los intereses de la Unión en relación con los productos que se caracterizan por una escasez crónica. 
Es comprensible, por ejemplo, que se congelen los precios de los productos en los que hay excedentes, pero no es comprensible que se actúe así cuando un producto es escaso y la Unión importa más del 50 % de su demanda. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, hay que decirlo con toda franqueza, con sus propuestas de precios para la campaña 1997-1998, la Comisión Europea no se contenta con congelar el nivel de los precios y de las ayudas, sino que prepara nuevas adaptaciones de la PAC en la perspectiva de las negociaciones con la OMC y de la ampliación de la Unión Europea a los países del Este. 
El objetivo del ajuste de los precios comunitarios a los precios mundiales busca adaptar la PAC al modelo norteamericano, lo que supone una nueva reducción de los ingresos, la aceleración de la concentración de las explotaciones y la aplicación de métodos de producción superintensivos. 
Esta política de precios completa la firma con terceros países de acuerdos que dejan mal parada la preferencia comunitaria. 
La agricultura representa el papel de moneda de cambio en las relaciones con los terceros países, así como en el mercado interior, por lo que se da prioridad al principio de la libre competencia. 
Los productores se ven forzados a competir para el único provecho de los grandes sistemas de distribución y de las transacciones internacionales. 
Es lo que ocurre actualmente en el sector de las frutas y hortalizas. 
Más allá de los actos de violencia contra los bienes y las personas, que condeno enérgicamente, las manifestaciones de los productores dan una señal de alarma frente a la degradación de su situación. 
Los demás sectores, como el de la leche, el de la carne de bovino, no escapan a esta situación. 
No basta, como propone la Comisión de Agricultura, aún cuando sea justo, de oponerse a la reducción de los incrementos en el sector cerealero. 
Es urgente iniciar un proceso de renovación y de mejora de la PAC. 
El cambio de gobierno en Francia puede contribuir a ello en el marco de la reorientación de la construcción europea propuesta por la declaración conjunta del Partido Socialista y Comunista. 
Esta reforma de la PAC deberá extraer la lección de la crisis de las «vacas locas» , que es reveladora de una política nociva para los intereses de los productores y de los consumidores. 
Gracias a la acción común de los productores, de los consumidores y de los asalariados, que contamos transmitir al Gobierno francés y a los organismos comunitarios, podremos imponer unas orientaciones diferentes que respondan a las necesidades alimentarias de la población y de los productores. 
Señor Presidente, los agricultores necesitan un marco de trabajo estable y previsible si deseamos eliminar el flujo de pérdida de puestos de trabajo en el sector agrícola, que todavía en 1996 perdió 230.000 puestos de trabajo. 
Nuestro Grupo lamenta, por consiguiente, que aún no se nos haya presentado la propuesta de la Comisión sobre el porcentaje de retirada de tierras para la próxima campaña, en el momento en que nuestros agricultores deben preparar sus siembras. 
Debo recordar que el año pasado fue necesario crear por primera vez en la historia de la Comunidad una tasa de importación. 
Este año, a partir del 14 de mayo, la Comisión se ha visto en la obligación de reinstaurar dicha tasa, para garantizar el abastecimiento interno de los Estados de la Unión. 
Es indispensable, por consiguiente, no rebasar el actual porcentaje del 5 % y suprimir la congelación extraordinaria consecutiva a los posibles rebasamientos. 
En cuanto al presupuesto agrícola, sabemos que el presupuesto del FEOGA-Garantía sólo aumentará un 0, 5 %. 
Con respecto a la línea directriz del compromiso de Edimburgo, ello se traducirá por una pérdida total del presupuesto agrícola para el año próximo de alrededor de 2.400 millones de ecus. 
La verdadera razón es la aplicación de la moneda única, y su corolario: el respeto de los criterios de convergencia de Maastricht. 
Todos nosotros lo sabemos, pero los agricultores no lo saben. 
Quizá estuviera bien que aquí algunos lo expresaran claramente. 
Con respecto al trigo duro, deseo llamar la atención de nuestros colegas sobre la enmienda 5 que hemos presentado y aprobado en comisión, con el fin de que las superficies de trigo duro se establezcan en lo sucesivo a un nivel interregional. 
Es absolutamente necesario flexibilizar, en parte, la gestión de una producción que es imprescindible para el abastecimiento de un sector agroalimentario específico. 
Finalmente, deseo subrayar el carácter esencial de la obligación, aprobada por la comisión, de utilizar semillas certificadas para la producción de trigo duro. 
Este punto es particularmente importante para el sector de las semillas, y quería hacer hincapié en ello. 
Nosotros hemos propuesto una enmienda que también se aprobó en comisión, que introduce una mayor flexibilidad para nuestros agricultores. 
Espero, igualmente, que el Consejo adopte nuestra propuesta sobre este punto. 
Señor Presidente, la política agrícola de la UE ha sobrevivido a sí misma en muchos sentidos. 
Hoy tenemos un sector agrícola que utiliza cantidades incalculables de sustancias tóxicas para obtener el mayor rendimiento posible. 
Desgraciadamente, el resultado se manifiesta en grandes problemas medioambientales y en unos productos alimenticios que reciben cada vez mayores críticas por parte de los consumidores. 
Estamos en vísperas de una ampliación de la UE a países de la Europa central y oriental que también tienen un importante sector agrícola. 
Por muchas razones- sobre todo económicas- hemos de ser conscientes de que debe producirse una reforma de las propuestas de precios antes de la adhesión de dichos países. 
Las exigencias de la Organización Mundial de Comercio nos obligarán, además, a acercarnos a los precios del mercado mundial. 
Por eso debemos ver esta propuesta de la Comisión como un reto que ofrece ventajas tanto económicas como medioambientales. 
Es asimismo positivo que muchos Estados miembros deseen una estricta disciplina presupuestaria en el futuro. 
Creo que la propuesta presentada por la Comisión refleja una actitud realista ante los problemas relacionados con los precios del mercado mundial. 
Sería bueno que suspendiésemos el cultivo de productos que no son propios de la UE. 
Un ejemplo es la producción de tabaco. 
Apoyo la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de una reducción de las primas del 10 % en este sector. Si no lo hacemos así, no conseguiremos la cohesión entre la agricultura, la salud y el medio ambiente. 
Espero que en el futuro no empleemos tiempo y dinero en propuestas de precios en la UE. 
En lugar de eso, deberíamos conceder las ayudas a objetivos sociales tales como el cuidado del paisaje y unas producciones que favorezcan al medio ambiente. 
También la agricultura biológica necesita ayudas. 
En resumen, debemos garantizar una agricultura sostenible con productos de alta calidad en la UE. 
Estoy seguro de que únicamente así podremos recuperar la confianza de los consumidores en la política agrícola común, lo cual es necesario si queremos que sobreviva. 
Señor Presidente, ante todo he de manifestar que estoy de acuerdo con las conclusiones adoptadas por la Comisión de Agricultura y, en consecuencia, estoy a favor de respaldar en el Pleno el tipo de soluciones que adoptamos en el seno de la misma. 
Dicho esto, sin embargo, voy a añadir en seguida- y me dirijo, en particular, a sus Señorías, así como al Consejo y a la Comisión- que, a mi juicio, cometeremos un error si, al finalizar el debate de esta noche y con la votación que tendrá lugar mañana o pasado mañana, dejamos caer en saco roto el debate que se ha abierto esta noche aquí y que, por el contrario, considero muy importante. 
Me refiero a las dificultades de diálogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de los Ministros y a la intervención del amigo y colega Sr. Fantuzzi, que parece que quiere abrir un contencioso en el seno del Parlamento entre reformistas y conservadores sobre el tema de la agricultura. 
No estuve de acuerdo con el Sr. Sturdy cuando intentó hacer una especie de redistribución entre los sectores de gastos a través del paquete de precios. No estoy de acuerdo con el Sr. Fantuzzi que parte de un supuesto de análisis acertado y que, sin embargo, llega a una conclusión equivocada, ya que llega a la conclusión de que precisamente en este debate, en este Pleno, hoy, podemos ofrecer unas repuestas a unos problemas de enfoque general de la agricultura que, ciertamente existen y a los que debemos intentar ofrecer una respuesta. 
No sé si la Comisión tiene pensado emprender la reforma general de la agricultura, sin embargo, estoy convencido de que, de hecho, está elaborando, a través de las OCM, el paquete de precios, etcétera, su proyecto, respecto al que nosotros, Parlamento Europeo, debemos dotarnos de una estrategia que, no obstante, hasta ahora no se ha definido claramente. 
Confío en que la lección que en cierta forma estamos viviendo a través de este debate, nos ayude a encontrar, como Parlamento, el camino correcto para las relaciones con la Comisión y el Consejo. 
Señor Presidente, desde el punto de vista agrícola los precios de los productos del campo son de importancia fundamental para la viabilidad de la industria. 
La agricultura consiste en producir alimentos, pero también en gestionar el ambiente rural del cual los agricultores son los principales guardianes. 
A diferencia de las demás profesiones, los agricultores no poseen un ingreso garantizado y la industria ha sufrido como consecuencia de las fluctuaciones de los precios y del costo de producción. 
Es cierto que la PAC y las medidas conexas han aportado una importante contribución a la estabilidad del mercado y a la adaptación de la producción a las necesidades del mercado, pero los pagos directos han sido de inmensa importancia para conseguir la supervivencia económica de muchas familias agrícolas, en particular las que poseen explotaciones agrícolas pequeñas y medianas. 
Un examen de los precios agrícolas o de la PAC tiene que tener en cuenta no solamente la viabilidad económica de la agricultura como productora de alimentos, sino también la importancia ambiental y social de mantener el mayor número posible de familias agrícolas. 
En su informe el Sr. Sturdy hace hincapié lógicamente en la necesidad de que haya gestión presupuestaria, en particular en el contexto de la UEM. 
Aunque se reconozca que el presupuesto agrícola representa una proporción importante del presupuesto global de la UE, es absurdo que las restricciones propuestas se basen más en lo que queda después de que obtengamos el incremento anual del 8 % convenido para los fondos estructurales en vez de basarse sobre todo en las necesidades actuales de la agricultura europea. 
Hay que tener presente también que la refinanciación de los precios agrícolas representa en realidad una reducción de dichos precios si se tiene en cuenta la inflación, sin hablar de los problemas asociados con la reevaluación de las monedas. 
Los fondos de garantía constituyen un elemento fundamental para el presupuesto agrícola general, y la limitación propuesta del 0, 5 % de aumento generará considerable presión para un sector que no acaba de recuperarse de las repercusiones de la EBE. 
La agricultura europea se enfrenta con muchos problemas en el contexto de la reforma de la PAC y de las conversaciones sobre comercio mundial. 
La industria sólo puede encontrar oportunidades de expansión en el contexto de la competitividad en el mercado mundial. 
Hay que adoptar graves decisiones acerca de las estructuras agrícolas del futuro. 
O permitimos que las presiones del mercado nos impulsen en dirección de ranchos como los de Nueva Zelandia, con consecuencias desastrosas para los intereses de los agricultores, o introducimos políticas para consolidar y desarrollar el concepto europeo de la familia agrícola tradicional. 
Comprendo muy bien lo que opina el ponente acerca de la necesidad de apoyar los precios agrícolas en estos momentos, particularmente ahora que iniciamos negociaciones sobre un nuevo acuerdo mundial de comercio, la reforma de la PAC y una nueva ampliación hacia el Este. 
Repito que la única manera de que progrese la agricultura europea, y la agricultura irlandesa que con otros colegas represento en el contexto europeo más amplio, consiste en que instituyamos una mayor eficacia y una mayor competitividad que nos permitan obtener una parte mayor del mercado mundial. 
En el contexto de la planificación para el futuro tenemos que lograr que los objetivos se alcancen dentro del marco económico de la explotación agrícola familiar tradicional. 
Señor Presidente, primero quiero felicitar a los ponentes por sus informes. 
Me parece que han tenido en cuenta la gravedad de la situación y han reconocido que la reforma agrícola ha de ir más lejos. 
También la propuesta de la Comisión sobre la estabilidad de precios me parece correcta, aunque tengo un par de objeciones a los argumentos que ofrece a favor de la reducción de los pagos compensatorios por hectárea para los cultivos herbáceos. 
No puedo aceptar la opinión de que ha habido una sobrecompensación en este sector. 
Haré referencia tan sólo a lo que ha dicho el Sr. Funk sobre las cifras de una parte de Alemania, que probablemente son aplicables a todos los países con una moneda fuerte. 
En ese caso concreto no se ha podido constatar una sobrecompensación en el mercado de los cereales. 
El otro tema es si resulta políticamente correcto seguir aplicando en el futuro la reducción de pagos compensatorios por hectárea para los cultivos herbáceos. 
Si hemos de contribuir a atender la demanda de cereales en el mercado internacional, no se puede eliminar la red de seguridad de los cultivos herbáceos, ya que dejaría de ser rentable cultivar cereales, por lo que opino que en este caso la Comisión no ha acertado. 
Por lo demás, creo que la política de la Comisión de suprimir los pagos compensatorios por precio y sustituirlos por pagos compensatorios por hectárea ha sido correcta. 
Si hemos de tener una política agrícola en el futuro, será necesario eliminar totalmente los pagos compensatorios por precio y aplicar únicamente los pagos compensatorios por hectárea. 
Esta es la futura agricultura de Europa. 
Señor Presidente, abundancia de palabras, pero escasez de sentido: así podría resumirse el tratamiento de este tema. 
Propuestas del Consejo, de la Comisión, extensas intervenciones del Presidente en ejercicio y del Comisario competente, tres informes y una pregunta oral. 
Los traduciré no literal, ni lingüísticamente, sino por su significado. 
Todos, a su manera, confirman que nos encontramos ante la política antiagrícola, antisocial, antieconómica e inhumana siempre presente en la Comunidad. 
Es lo que prueban la congelación y las reducciones de los precios, la congelación y reducción de las subvenciones y demás medidas protectoras, la congelación del volumen de producción aun en casos de escasez de los productos, pasando por alto que la inflación va en aumento, que el coste de producción crece implacablemente de mes en mes y de año en año. 
La pregunta es: ¿Cómo vivirá esa población agrícola de la Comunidad, sobre todo la del Sur? 
Nadie se interesa por ella. 
Debe obedecer al becerro de oro del presupuesto, de la disciplina monetaria. 
Es decir, que el presupuesto se ha creado para que estén a su servicio los agricultores con sacrificios y penas, y no para que esté él a su servicio y les ayude a llevar una vida más humana. 
Señor Presidente, el problema es que la situación debe invertirse radicalmente. 
Si no la cambian radicalmente, la cambiarán los mismos agricultores, las mismas clases trabajadoras, y ya tienen ustedes indicios de ello. 
No lleguen hasta este punto. 
Apresúrense, si quieren, modificando de alguna manera esa inhumana política suya. 
Señor Presidente, según el anteproyecto de presupuesto para 1998, los gastos agrícolas sólo pueden aumentar un 0, 5 %. 
Los 1.300 millones de ecus adicionales para la crisis de la EEB tienen que financiarse también dentro de este estrecho marco. 
Pero, ¿es esto justo? 
Con ello la agricultura es la que tiene que apechugar con los criterios de la UEM y la crisis de la EEB. 
No puedo aceptar la discutida propuesta de reducción de las primas para los cereales. 
No es justo reducir de forma indiscriminada las subvenciones para los cereales por el hecho de que en determinados Estados miembros haya una sobrecompensación. 
No hemos de olvidar que eso se debe principalmente a una devaluación de las monedas de estos Estados miembros. 
En los países con una moneda fuerte hay incluso una leve subcompensación. 
Al igual que el ponente Funk, considero que, como alternativa a la reducción de las subvenciones, hay que descongestionar el presupuesto de 1998 utilizando lo que no se haya gastado en 1997 en el pago de las semillas oleaginosas. 
Si no resulta suficiente, habrá que olvidarse del máximo de 0, 5 %. 
Recuerdo las promesas hechas durante las reformas de 1992 y señalo que la directriz agrícola permite un aumento adicional de 2.000 millones de ecus. 
En lo que respecta al informe Sturdy, estoy de acuerdo con una congelación general de los precios agrícolas. 
Teniendo en cuenta la inflación, esto puede significar una reducción en términos reales, pero los precios de mercado, y por tanto los ingresos de los agricultores, dependen más de la gestión del mercado europeo que de la cuantía de los precios de intervención. 
Apoyo las enmiendas en que se suprime la reducción propuesta de los cálculos graduales de intereses para los cereales y el azúcar. Las compensaciones actuales apenas bastan para atender los costes de almacenamiento y los intereses. 
Por último, debido a la retención de la ayuda al lino se ha acumulado considerable capital para fomentar las ventas de este producto. 
Pero ello no ha de comportar una reducción de las actividades de promoción. 
Quisiera que el Comisario me dijera si quiere utilizar los millones que hay en caja para fomentar las ventas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en este debate hay que decir una cosa con toda claridad: las aportaciones actuales y anteriores de parte del Grupo del Partido Popular Europeo en la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural al debate son documentos fehacientes de hechos silenciados y, en consecuencia, también de hechos manipulados. 
Pues, no es la Comisión la que ha suprimido muchos miles de millones al comienzo de estos debates sino que han sido los Ministros de Hacienda europeos y el Consejo los que quieren cortar en la carne de los pequeños y medianos agricultores utilizando para ello argumentos de cualquier tipo. 
Este es un hecho que hay que reconocer. 
Señor Funk, es su propio Ministro de Hacienda quien apoya esta política. 
Por ello, habría que tener el valor y la hombría de escribir una carta a este Ministro de Hacienda, aunque pertenezca a su partido, y decirle que se trata de una política deshonesta la que aquí se practica sobre las espaldas de los pequeños agricultores. 
Esto tiene que cambiar. 
En lugar de ello, en la Comisión de Agricultura usted ha rechazado incluso la mención de esta circunstancia. Creo que esto muestra que aquí se practica una política que es aceptada en Alemania y en algunos otros países pero que en el fondo es negativa y antieuropea. 
Usted toma por enésima vez a la Comisión como el gran coco e intenta esconder tras esta Comisión, tras ese coco de múltiples utilidades, la responsabilidad nacional. 
Creo que el motivo de todo este comportamiento es que partes del PPE- subrayo, partes del PPE- rechazan en el fondo una reforma básica y razonable de la política agrícola que no sólo es necesaria sino que además se encuentra ante puertas según lo planificado. Con esta actitud intransigente también en casa- con lo que practica también política interior- quiere despertar la impresión tras un gran lobby de que todo queda como ha sido hasta ahora. 
Esta política es en el fondo una política contra los pequeños y medianos agricultores que no van a apoyar los social-demócratas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, hoy no se trata de documentos ni tampoco de disputas sobre la futura configuración hasta el próximo milenio, sino de unos temas muy importantes, como los precios agrícolas y las normas de compensación que, en cualquier caso, no son tan controvertidas como en años anteriores. 
Pero el tercer tema «régimen para el trigo duro» es un tema importante como régimen de apoyo para los agricultores de determinadas regiones. 
Creo que merece también que se le dedique el tiempo adecuado. 
Felicito a los ponentes. 
Se ha aportado algo de color al debate. 
Hoy solamente puedo hablar aquí sobre el régimen para el trigo duro. En la nueva propuesta se simplifica el cambio de las primas individuales a las superficies máximas garantizadas por país miembro. 
Saludamos también este cambio. 
En la Comisión de Agricultura también ha habido un amplio acuerdo sobre las propuestas especiales del ponente, el Sr. Baldarelli, quien se ha esforzado mucho. 
Se apoya la reserva del 5 % para agricultores jóvenes y los aumentos derivados de ello. 
No obstante, también vemos que siguen teniendo razón de ser las exigencias justificadas de algunos países- menciono a Austria y Alemania- de que se tengan en cuenta las llamadas zonas de cultivo no tradicionales. 
El cultivo del trigo duro tiene una larga tradición también en Alemania. 
Antes del actual régimen de primas, se cultivaba ya allí una superficie de 25.000 ha para consumo interno, lo que sigue siendo necesario. 
Señor Presidente, este debate sobre los precios agrícolas queda eclipsado en gran medida por los entuertos financieros de la EEB, y trasladar los problemas de un sector a otro no es más que parte del problema. 
A mi entender, es inminente un nuevo fracaso económico en Europa, a saber, el de la peste porcina; una enfermedad que hace estragos unas veces aquí y otras allí, en estos momentos en mi país, y cuyos costes ascienden ahora a 150 millones de ecus sólo en los Países Bajos. 
Me parece una locura, pero quiero hacer un llamamiento urgente a la Presidencia y al Comisario Fischler para que busquen nuevos métodos para combatir la enfermedad, poniendo a prueba vacunas, de momento en combinación con el sacrificio preventivo de animales. 
Considero que el Consejo y la Comisión, sea o no con la aprobación del Comité Veterinario Permanente, han de trazar rápidamente un plan global para evitar más sufrimiento a los animales, más perjuicios comerciales y un incremento del euroescepticismo. 
Por supuesto, valoro el trabajo de los Sres. Funk y Sturdy, pero quería hablar de este problema aquí, esta noche. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, respecto al informe Funk y Baldarelli, mi colega el Sr. Salvador Jové Perez ya ha expresado la posición de nuestro Grupo. 
En cuanto a las resoluciones sobre los precios agrícolas propuestos por la Comisión para la campaña de 1997-1998, siguen siendo un hecho incomprensible para la mayoría de los agricultores, sobre todo los de las regiones más desfavorecidas. 
Si bien es cierto que en algunos casos dichas reducciones ponen en entredicho hasta los presupuestos de la reforma de 1992, no cabe duda de que para más del 80 % de los agricultores, los de mi país, por ejemplo- recuérdenlo: el único de los cuatro países de la cohesión contribuyente neto en términos agrícolas -, tales propuestas agravarán con toda seguridad sus ya escasísimas rentas. 
En algunos de los casos, el Parlamento Europeo, a través del informe Sturdy, no cambia nada. 
En otros casos presenta propuestas que tienden a mantener ciertos precios en los niveles del año pasado, método, por otra parte, que ya utilizamos para la campaña vigente. 
Estas enmiendas, no obstante, no impiden que se llegue a una disminución real de las rentas, que atañe a todos por igual, ya sean grandes o pequeños, ricos o pobres, pero que, evidentemente, sólo comprometerá la supervivencia de los pobres. 
Apoyar las enmiendas parlamentarias que buscan el mal menor no significa, pues, que por nuestra parte demos apoyo alguno a la perspectiva global de la política de precios de la Comisión, es decir, que podamos estar de acuerdo con la continuación de una perspectiva agrícola que no tiene en cuenta las diferencias y las especificidades, ni a las regiones desfavorecidas, ni la dimensión de la propiedad, ni la escasez de las rentas. 
Señor Presidente, el presente debate nos ofrece la oportunidad de deliberar sobre los precios agrícolas de 1997/1998 y al mismo tiempo sobre temas relacionados con la cantidad y el reparto de los presupuestos para determinados gastos agrarios. 
El debate conjunto de hoy sobrepasa el marco establecido por el paquete de precios agrícolas 1997/1998, la normativa sobre retirada de tierras y el régimen de apoyo a determinados cultivos herbáceos. 
Las nuevas prioridades de la Unión, los programas financieros rigurosos, la programada pero temporalmente indeterminada ampliación y su coste aún no concretado son, esencialmente, el núcleo del problema. 
Esto no quiere decir que el paquete de precios no plantee problemas. 
Si tuviera que adjetivar de alguna manera la propuesta de la Comisión, diría que tiene carácter de gestión sin la necesaria perspectiva, porque crea inseguridad en los productores, a quienes deja solos con un marco de programación anual, carente de horizontes y en espera de las nuevas regulaciones. 
El ahorro de 1, 4 millones de ecus en ayudas a los cultivos herbáceos, distribuidas linealmente entre todos los productores, perjudica principalmente a los pequeños cultivadores. 
Es la salida, claro está, que la Comisión suele elegir para solucionar sus problemas. 
Personalmente no estoy de acuerdo con su propuesta de una financiación generosa de la estabilización del sector de la carne de vacuno. 
A decir la verdad, y me alegro que esté presente el Presidente en ejercicio del Consejo, nosotros, como muy bien ha expresado el Sr. Fantuzzi, queremos apoyar su esfuerzo por lograr tanto una disciplina presupuestaria como un ahorro, si quiere. 
Para ello, sin embargo, la lógica predominante en la Comisión no debe ser la de los buenos y los malos productos, considerándose, como es costumbre, malos productos los del Sur. 
No está bien que los cereales reciban una generosa financiación mientras se recortan todas las líneas presupuestarias, es decir, que se ahorre a costa de los productos del Sur. 
Esta política no puede contar con el apoyo de todos nosotros. 
Señor Presidente, con motivo del debate anual sobre los precios agrícolas es conveniente mirar hacia el futuro. 
El informe del Sr. Sturdy aborda estas cuestiones. Él propone que se simplifique el sistema de intervención para los cereales estableciendo un precio y eliminando las subidas mensuales. 
Además de ser necesaria para equilibrar el presupuesto, esta propuesta constituye un pequeño paso en dirección a la adaptación a las condiciones del mercado mundial, una adaptación que acojo con satisfacción. 
Se trata de un pequeño paso que corresponde a menos del 0, 5 por ciento del volumen de negocios del sector de los cereales. No se puede decir que esto represente en absoluto una amenaza para la política agrícola común. 
Desde una perspectiva más a largo plazo, estoy convencido de que la agricultura europea debe adaptarse al mercado global si quiere jugar un papel en él. 
En las próximas negociaciones deberíamos intentar, junto con otros países, suprimir las subvenciones a la exportación y los sistemas de cuotas que limitan la producción. 
Sólo de este modo podremos desarrollar una agricultura dinámica. 
Ciertamente, me preocupa más el futuro de la agricultura europea si nos quedamos atascados en una política invariable que si nos atrevemos a tomar el toro por los cuernos y continuamos realmente en el espíritu lógico de la reforma de la PAC. 
Me parece que el Comisario Fischler hace esporádicamente unos razonamientos en este sentido, pero de un modo increíblemente cauteloso. 
Si realmente lo piensa, se merece el fuerte apoyo del Parlamento. 
Las caídas de precios deben ser compensadas en algunos casos con unas indemnizaciones fijas, y poderse eliminar en caso de subida de aquellos, lo cual va a ponerse en práctica de acuerdo con las previsiones de la OCDE. 
Para la agricultura europea resultaría suicida que nos empecinásemos en un sistema obsoleto de reglamentos. 
La agricultura europea merece un destino mejor. 
Señor Presidente, los informes Funk tratan de medidas encaminadas a limitar la producción de ganado bovino y acerca de la forma de sufragar esas medidas. 
El pasado mes de septiembre la Comisión pidió al Parlamento que diera carácter de urgencia al examen de sus propuestas. 
Dimos carácter de urgencia a esas actividades, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre la forma de financiarlas y de esto es de lo que trata el presente informe. 
Las actividades incluyen el sacrificio de terneras, un mayor régimen de intervención, etc., pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre la forma de financiar el costo de esas medidas. Algunos dicen que el saldo positivo que esperamos tener este año financiará las medidas. 
Me parece que en este caso tenemos que actuar con sentido de la moralidad y decir: bueno, es posible que lo que no hemos gastado se pueda utilizar para financiar las medidas, pero de todos modos tenemos que encontrar una solución. 
Esperemos que nos sea posible encontrarla. 
Lo que decidamos esta tarde no alterará el hecho de que las actividades no han disminuido la producción de bovino, así que tenemos que pensar para el año próximo y para los años venideros algún medio más efectivo de reducir la producción de bovino. 
El descenso del consumo en toda Europa oscila entre el 10 % y el 15 %, así que no tenemos más remedio que cortar la producción o promover el consumo de carne de bovino. 
Una parte importante del presupuesto de que tendremos que ocuparnos en la segunda parte de este año está destinando fondos a la promoción del consumo de carne de bovino, a fin de retirar al ganado bovino del régimen de intervención. 
Por cada 50 millones de ecus que invirtamos de esta manera efectuaremos un ahorro de 100 millones de ecus. 
Espero que podamos tomar una decisión esta semana y que no tengamos que ocuparno el año que viene del tercer y el cuarto informe Funk. 
El pueblo británico quisiera saber cuál es la contribución real del Reino Unido al presupuesto agrícola común, teniendo en cuenta el costo de la erradicación de la EBE en Gran Bretaña y el costo de las compensaciones concedidas a los agricultores como consecuencia de la reevaluación de la «libra verde» a la luz del reembolso negociado en la época Thatcher. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, me alegra que hoy esté presente el Presidente del Consejo. 
Austria es un país tradicional de cultivo de trigo duro a pesar de que no se aceptó o se rechazó este hecho en las negociaciones de ingreso. 
La producción de trigo duro en Austria tiene tradición- lo que se puede seguir hacia atrás hasta comienzos de los años 60 y demostrar mediante los certificados de cultivo. 
Además, las numerosas exportaciones demuestran que el trigo duro austríaco es demandado en el mercado internacional a causa de su alta calidad. 
Saludo por ello muy en especial que la Comisión de Agricultura haya llegado a una nueva valoración y votado a favor de la concesión de ayudas al cultivo del trigo duroen Austria para 9.600 ha. 
El concepto de la reforma agraria de 1992 supuso una mejora de la situación económica de la agricultura en la Comunidad. 
Hay que garantizar el atractivo de la agricultura y de las áreas rurales con sus múltiples funciones. 
La explotación y conservación de los recursos naturales, el aumento de las prestaciones para el medio ambiente así como la adaptación y desarrollo de la agricultura son aspectos importantes para una política integrada. 
Por este motivo, es necesario proporcionar a las agricultoras y los agricultores la seguridad de que Europa sigue una política de estabilidad. 
La confianza de los agricultores solamente se puede ganar mediante una política de perspectivas a largo plazo. 
En este contexto, quiero mencionar que es importante que los agricultores puedan obtener sus ingresos de su producción primaria y que los pagos compensatorios sean solamente eso, una compensación. 
No puede ser solamente la disciplina presupuestaria la que determine la política agrícola común si queremos practicar en Europa una agricultura extensiva. 
Señor Presidente, llevo esperando dos horas y media para hacer una vez más mi intervención sobre cuestiones monetarias y me tienta la posibilidad de volver a decir que el dinero no crece en los árboles, pero como ya lo he dicho una vez, no lo volveré a repetir. 
Hace siete años estuve en el Parlamento de Papua Nueva Guinea y he de decir que me divertí mucho más que ahora que estoy aquí. 
Durante el debate, que estaba teniendo lugar en un inglés aproximativo, uno de los oradores que estaba refiriéndose al enorme caos en que se encontraba el Gobierno de Papua Nueva Guinea utilizó una excelente expresión. 
Dijo: » Han organizado ustedes un lío monumental». 
La expresión «lío monumental» es tan significativa, que siempre me acuerdo de ella cuando veo el informe del Sr. Sturdy que el autor había preparado en términos neutrales desde el punto de vista presupuestario, dejando todo en su lugar, y de repente llega la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, aplica el principio del «lío monumental» y organiza un lío verdaderamente monumental con el informe del Sr. Sturdy. 
Comisario, ha dicho usted lo mismo pero con más elocuencia. 
Lo que ha dicho usted es, en realidad, que deberíamos hacer caso omiso de todas las enmiendas y apoyar el informe Sturdy. 
Por lo menos de esa manera nos hallaríamos en una posición neutral desde el punto de vista presupuestario. 
Uno de los problemas de este Parlamento es que no hay mucha gente que se fije en lo que uno dice, sobre todo en ese lado de la sala. 
Por eso hay que manifestarse a través de la intervención monetaria. 
Lo único que han aprendido es que no se pueden evitar las leyes de las matemáticas. 
Hay que encontrar el dinero en alguna parte. 
No podemos hacerlo aparecer ante nuestros ojos. 
Doy gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por estar aquí. 
Estoy de acuerdo con él en que hay que eliminar los 170 millones de ecus y lo mismo piensan muchos colegas míos, como ha dicho el Sr. Fantuzzi. 
También ha dicho que el Parlamento tiene la obligación de apoyar la reducción de 1.400 millones de ecus. 
Estoy de acuerdo con usted. 
El Sr. Fantuzzi llegó a la misma conclusión. 
Los de este lado de la sala estamos unidos. 
Eso es lo que estamos procurando hacer con las enmiendas presentadas por los nuestros. 
Si el Parlamento no obra de forma responsable, no se le tomará en serio. 
Ésta es la afirmación que hemos de tener presente siempre que nos ocupemos de cuestiones agrícolas. 
Señor Presidente, tomo la pregunta sobre la retirada de tierras de la producción como motivo para llamar la atención sobre dos o tres cosas. 
Primera: el debate sobre el porcentaje de retirada de tierras a finales de 1998 es en estos momentos aún especulativo y, sin embargo, los agricultores deben saber lo antes posible a qué atenerse. 
Por ejemplo, Francia exige una tasa de retirada de tierras de la producción de 0. 
El Sr. Comisario ha hablado de una tasa máxima del 17, 5 %. 
Desde el punto de vista alemán debo decir que no compartimos esas opiniones. 
¿Porqué? 
Debemos calcular que la cosecha de cereales será similar a la de 1996. 
Pero ya ahora se muestra que los cereales destinados a la alimentación animal, que ascendieron enormemente el año pasado, van a retroceder y que las previsiones de exportación, como usted sabe, no representan en absoluto un factor fiable. 
Por ello, hay que aferrarse bajo todas las circunstancias al instrumento coyuntural y, sobre todo, voluntario, de la retirada de tierras de la producción, lo que subrayo expresamente frente a los colegas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos aunque, desgraciadamente, el Sr. Rehder ya no esté presente. 
Cualquier recorte, ante todo de la retirada voluntaria de tierras de la producción, no sería explicable a nuestros agricultores. 
Como se sabe, podemos compensar el 85 % de una retirada voluntaria de tierras de la producción con un sobrepasamiento de la grande culture. 
De este modo, llego al segundo punto. 
Señor Comisario, en otoño de 1995 usted planteó la posibilidad de realizar la liquidación de la superficie básica ya para finales de 1996 en el Consejo de Ministros de Agricultura, si bien ha presentado su propuesta sobre este problema con retraso tras la cosecha de 1996. Los países afectados, entre ellos, Alemania y Francia, presentaron enmiendas que la Comisión no ha aceptado hasta ahora. 
Le insto para que lleve por fin a la práctica su anuncio del otoño de 1995, además, a tiempo para la liquidación de 1997. 
Una última palabra sobre el exceso de compensación. 
Cree la misma situación que en las ayudas para las semillas oleaginosas y tome todo el dinero sobrante para la transformación en la producción animal. 
Entonces tendrá nuestro apoyo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, la actual PAC sufre un profundo desajuste respecto a las distintas realidades políticas, económicas y sociales de la Europa comunitaria y no concuerda con su filosofía. 
Financia prioritariamente todas las producciones que generan desempleo, con una excepción escandalosa, que es la de la pequeñísima área de cultivo de tabaco. 
Reparte el 47 % de todo el presupuesto de la Comunidad a una minoría sumamente privilegiada de 20 % de los agricultores europeos, que reciben alrededor del 80 % del total de las ayudas. 
Fomenta un productivismo salvaje que pone en peligro el medio ambiente, la sanidad y el bienestar animal y la salud pública. 
La PAC es en la actualidad una aberración política que exige cambios radicales. 
Todas las ayudas a la producción deberían acabarse y ser transferidas a las explotaciones mediante normas muy concretas. 
Esas ayudas deberían estar condicionadas a la utilización de técnicas de producción compatibles con la defensa del medio ambiente, de la sanidad y el bienestar animal y de la salud pública. 
La regulación de las ayudas en la producción, en proporción inversa a la dimensión, es un imperativo social; la regionalización con importes aumentados proporcionalmente según el subdesarrollo de cada región es una imposición de la cohesión; y un incremento por cada puesto de trabajo fijo existente en cada explotación constituye la puesta en práctica de la prioridad comunitaria de lucha contra el desempleo. 
Se debe imponer una lucha rigurosa, en buenas condiciones, abierta a la participación y fiscalización por parte de los consumidores y financiada por el FEOGA-Garantía. 
La imposición de ese control riguroso debe transformarse en un emblema comercial de gran valor para el mercado interior y exterior de la propia Comunidad. 
El informe del señor Funk va en el sentido opuesto a la dirección que se desea. 
Su único objetivo es aumentar las injusticias de la PAC y desviar más medios financieros hacia una producción que ya absorbe el 45 % de todas las ayudas, que es la que más desempleo genera y que más desertiza la Comunidad. 
Señor Presidente, a pesar de las críticas, quisiera dar gracias a los ponentes por su labor. 
El colapso del mercado y el colapso de la confianza de los consumidores a causa de la EBE ha provocado una enorme pérdida de ingresos para los agricultores. 
En Irlanda la pérdida es de aproximadamente un 19 %, y los ganaderos han sufrido reducciones aún mayores en sus ingresos. 
A pesar de lo que acaba de decir el Sr. Wynn, se trata de un problema muy humano, un problema del que tenemos que ocuparnos. 
Reconozco sin reserva lo que ha hecho el Comisario Fischler para aliviar el colapso del mercado, y le doy gracias por la ayuda que ha prestado. 
Espero que esa ayude continúe hasta que la industria pueda recuperarse. 
Por lo que se refiere a los informes, la propuesta de la Comisión de asignar otros 1.400 millones de ecus al sector bovino es muy de agradecer pero no puedo aceptar el método de financiación propuesto, que consiste en reducir en la misma cantidad la ayuda a los agricultores que cultivan cereales. 
Me opongo a esa forma de pagar por la EBE, crisis en la que los cultivadores de cereales no han intervenido para nada y por la cual no se les puede pedir que paguen. 
Me parece que la financiación necesaria se puede encontrar de otra manera, quizá haciendo economías o mediante un retraso en los pagos. 
No olvido lo que el Comisario nos ha dicho ya. 
Soy partidario de la propuesta de que la retirada de tierras se fije en el 5 % en el caso de la cosecha de 1998, sin reducir los pagos para las tierras retiradas de la producción. 
Como ponente de un informe anterior sobre la retirada de tierras, pido que los porcentajes se fijen cada año en el mes de julio a más tardar, para que los agricultores puedan planificar con tiempo. 
Sobre esta cuestión hay acuerdo general. 
Pido ahora al Consejo y a la Comisión que tomen una decisión inmediata sobre el porcentaje del 5 % para la retirada de tierras y que mantengan la cuantía actual de la ayuda prestada según la superficie. 
Por último, un elemento importante del presente debate debería ser el futuro de la producción de la UE. 
Tenemos que empezar a ocuparnos de la posición de la agricultura a plazo más largo, teniendo en cuenta que la actual reforma de la PAC acaba en 1999 y que pronto tendrá lugar la próxima ronda de la OMC. 
Hay que explorar la posibilidad de aumentar la producción agrícola a fin de producir artículos destinados al creciente mercado mundial sin tener que recurrir a la restitución por las exportaciones u a otras fuentes de gastos para el presupuesto de la UE. 
Me parece que valdría la pena hacerlo. 
Señor Presidente, doy gracias al Sr. Sturdy por su informe. 
No estoy de acuerdo con su propuesta básica de que, como los Estados miembros tienen que imponer rigurosas limitaciones de tipo presupuestario, nosotros tengamos que hacer lo mismo. 
Los criterios de Maastricht son de la incumbencia de los Estados miembros. No son de la incumbencia de la política agrícola común. 
Los agricultores de Europa y sus ingresos sí que son de nuestra responsabilidad. 
Durante años y años los Estados miembros han obtenido en préstamo demasiado dinero, han gastado demasiado y han hecho caso omiso de sus directrices presupuestarias. 
Nosotros obrábamos de forma diferente. 
Nosotros vivíamos dentro del marco de nuestras directrices presupuestarias año tras año. 
No solamente hicimos lo que digo, sino que respetamos el 75 % de crecimiento en que tanto insistía la Sra. Thatcher. 
No solamente lo hicimos nosotros, sino que cada año pudimos disponer de dinero que habíamos ahorrado gracias a nuestra buena política financiera. 
La Sra. Thatcher está seguramente muy orgullosa de la forma en que hemos actuado y estoy seguro de que estaría particularmente orgullosa esta tarde de Terry Wynn si se percatase de la forma en que está defendiendo lo que tanto preconizó la Sra. Thatcher en relación con el presupuesto de la Unión Europea. 
Este año, del dinero de que disponemos, devolveremos 2.270 millones de ecus. 
Y lo haremos en un momento en que los ingresos de los agricultores europeos están disminuyendo. 
Olvidémonos del 20 % de que ha hablado el orador anterior, lo cierto es que contaremos con 2.270 millones de ecus que podíamos destinar a atender las necesidades del 80 %, los cinco millones de agricultores europeos, cuyos ingresos apenas alcanzan a la mitad del salario industrial medio. 
Coincido con el Sr. Kofoed. 
Es verdad que no deberíamos aumentar los precios indefinidamente y que deberíamos relacionarlos con la ayuda prestada por superficie o por el número de personas del campo que protegen el medio ambiente y mantienen la estructura rural. 
Por todo lo antedicho me parece que nos hemos fijado una dirección equivocada y no puedo hacer mía la propuesta básica de que, como hay que obrar con rigor en el plano nacional, también tenemos que obrar con rigor nosotros. 
Señor Presidente, intervendré muy brevemente, pues en realidad en este debate no se me han formulado preguntas, pero debo señalar que he seguido el debate con sumo placer el debate. 
Pienso que también el Consejo de junio puede aprovechar este debate y quisiera decirle al Sr. Fantuzzi que no sólo he escuchado lo que han manifestado los ponentes y he tomado buena nota del contenido de sus informes, sino que he prestado atención al debate en su totalidad, tal y como se ha desarrollado esta noche. 
Por supuesto, para la toma de decisiones en el Consejo es necesario que el Parlamento emita un dictamen, pues sin él el Consejo no puede realizar su trabajo y creo que, en interés de los agricultores y de las comunidades agrícolas en toda Europa es conveniente tomar realmente una decisión a finales de junio sobre el paquete de precios. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, yo también quiero expresarles mi agradecimiento por este debate. 
Creo que se ha discutido muy constructivamente sobre este paquete de precios. 
No es este el lugar para referirse a los detalles, pero quiero volver de nuevo a destacar algunos aspectos básicos. 
El paquete de precios está para determinar las correspondientes condiciones de producción para el siguiente ejercicio económico siempre que caigan dentro de las competencias del Consejo y del Parlamento. 
En consecuencia, per definitionem, no se puede exigir de un paquete de precios que sea al mismo tiempo un paquete de reforma. 
Pero ya les he anunciado que la Comisión va a presentar este año al Parlamento los correspondientes paquetes y propuestas de reforma. 
Todos saben que nuestros servicios han publicado hace pocas semanas unos análisis de los que se deduce claramente dónde y hasta qué punto existe una necesidad de reforma. 
Independientemente de ello, en este debate ha encontrado un amplio eco la cuestión del presupuesto y de la reducción de las primas. 
Reconozco que quizás en nuestras propuestas, tal como las hemos presentado, hayamos subrayado demasiado el argumento del presupuesto debido a la situación presupuestaria anterior. 
Pero desde un principio hemos llamado también la atención sobre el hecho de que existe un exceso de pagos compensatorios, lo que entretanto también hemos cuantificado. 
Por lo demás, la Comisión no necesita disculparse de que haya realizado una gestión presupuestaria ahorrativa, pues ha seguido más bien en este aspecto la voluntad del Parlamento. 
Señor Funk, tengo que decirle una cosa: si tal como usted ha dicho, no existe ninguna disposición para algo, no puede funcionar. 
La representación de los agricultores, la Copa, muestra entretanto una mayor flexibilidad en lo que se refiere a los pagos compensatorios. 
En lo tocante al argumento de los países de moneda fuerte, hemos constatado en nuestros cálculos que también en dichos países ha tenido lugar un exceso de pagos compensatorios y no solamente en países en los que se han producido devaluaciones en los últimos años. 
Las propuestas que se han realizado en relación con una modulación son en parte muy interesantes y dignas de ser debatidas, pero creo que deben ser consideradas más bien en relación con la reforma del sector. 
Señor Fantuzzi, reconozco que sus consideraciones en el sentido de equiparar en un primer paso las primas por retirada de tierras de la producción con las primas normales por los cereales, significa una cierta modulación. 
Pero, por otro lado, quiero llamarle la atención sobre el hecho de que con una medida de este tipo también debemos adoptar medidas para garantizar en especial la producción de plantas energéticas para el futuro. 
En lo que se refiere a la propuesta del Sr. Goepel, relativa a una liquidación, sin duda, también se puede debatir. 
En cualquier caso, lo que para mi es decisivo es que lleguemos realmente a lo que estaba previsto inicialmente en el reglamento, es decir, que las primas de compensación por superficie deben adaptarse a las correspondientes circunstancias económicas. 
Alimentos nuevos 
Señor Presidente, nos hemos reunido una vez más para tratar del Reglamento sobre nuevos alimentos. 
Casi nadie tiene ya dudas de que este Reglamento ha fracasado. Ha originado una situación de confusión. 
En la práctica, existen por lo menos cuatro modalidades distintas de etiquetado para los alimentos modificados genéticamente y se prevén más. 
Las autoridades de los Estados miembros no saben cómo se las van a ingeniar con este Reglamento que acaba de entrar en vigor. 
Los consumidores están preocupados, se sienten mal informados. 
Incluso los minoristas exigen públicamente instrucciones claras que garanticen que no van a tener que avergonzarse delante de sus clientes. 
¿Ha averiguado la Comisión si es posible que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tenga algo en contra de que en la Unión Europea se introduzca una práctica de etiquetado de envases tal como estaba previsto? 
¿Ha recibido la Comisión respuesta de la OMC? 
Me gustaría preguntar también si los cardenales de la Comisión se ha reunido ya para tratar acerca de a quién se elige Papa? 
Quiero decir con ello que, por lo que se sabe, varios miembros de la Comisión han formulado sus propias propuestas acerca quién debería coordinar realmente la modalidad de etiquetado de envases y a quién se elige como Papa de la Comisión para este tema. 
¿Cuántos días va a necesitar aún la Comisión para la designación del Papa y tienen previsto ustedes algún tipo de modalidad de etiquetado uniforme para los alimentos modificados genéticamente? 
Señor Presidente, es una gran satisfacción poder debatir de nuevo sobre los nuevos alimentos con las y los colegas y el Sr. Comisario Bangemann. 
Señor Bangemann, en el pasado, en muchas ocasiones hemos tenido pequeños intercambios de palabras y nos hemos asegurado más o menos indirectamente nuestra apreciación recíproca. 
Lo que me decepciona un poco es que, en lo tocante a los novel food y a su legislación, tengo la sensación de que usted, como representante de la Comisión, puede ser de repente un mal perdedor. 
Me decepciona también porque me he equivocado en mi propia calidad de conocedora de las personas, pues le considero un pragmático, una persona testaruda pero pragmática. 
Para ello me apoyo en lo que he oído de la Comisión en el pasado así como en lo que he sido testigo. 
Señor Bangemann, como letrado usted sabe igual que yo que un reglamento debe aplicarse. 
En el texto del reglamento aprobado por el Comité de Conciliación- y en la Unión Europea no se puede proceder de un modo más democrático- se dice que la Comisión tiene la posibilidad de aprobar normas ejecutivas. 
La Comisión si así quiere, puede no hacerlo. 
Pero entonces, sería su tarea la de ocuparse de que esta legislación se aplique en la Unión. 
O una cosa o la otra. 
O los países miembros lo hacen por su cuenta y, en este caso, la Comisión tiene que proporcionar una directriz así como una pequeña indicación o bien la Comisión lo hace ella misma. Por ello, espero que esta tarde me diga que la Comisión está trabajando en las normas ejecutivas. 
Entonces le preguntaré de nuevo con cara avinagrada porqué no lo hizo ya a comienzos de mayo ya que el reglamento entró en vigor el 15 de ese mes. A continuación le criticaré un poco y le diré que debería haberlo sabido pues no es nada nuevo. 
Pero estaré satisfecha si escucho de usted que está convencido de que los consumidores, tras el resultado del Comité de Conciliación, tienen el derecho a ser informados totalmente sobre los alimentos modificados genéticamente, de modo que puedan diferenciarlos de los alimentos tradicionales, no en lo que se refiere a la suma de todas las cosas que se encuentran en el reglamento, al valor y las características nutritivas y otras muchas cosas. 
Lo que ahora nos ocupa no es una suma sino una alternativa y el texto de la ley lo dice claramente. 
Estoy gustosamente dispuesta a que el Tribunal Europeo de Justicia lo examine. 
Por lo demás, no soy de la opinión como política y jurista de que el Tribunal de Justicia deba hacer política. 
Señor Bangemann, me gustaría escuchar hoy de usted que está trabajando en las normas ejecutivas. Si no lo hace, entonces me gustaría escuchar de usted cómo deben etiquetar con claridad los países miembros y también- debo reconocer que sigo teniendo una gran confianza en su seriedad- que no debe ser posible un etiquetado que desinforme a los consumidores. 
Yo no soy nadie en absoluto que advierta frente a la tecnología genética. 
Por el contrario, creo que la tecnología genética ofrece muchísimas posibilidades, pero si los alimentos se modifican genéticamente no debe figurar en el etiquetado «con métodos de la biotecnología moderna». 
Sé que hay países miembros que lo quieren así. 
Pero espero que usted esté de lado del Parlamento para impedir que ocurra esto y reconozco que a esta hora tan tardía me gustaría escuchar de usted algo así. 
Señor Presidente, señoras y señores, en nombre del Grupo del PPE voy a justificar las preguntas que hemos planteado. 
Con el reglamento sobre los nuevos alimentos se ha creado seguridad jurídica para el consumidor, el comercio y los fabricantes, en especial, en lo relativo a la autorización y etiquetado de los nuevos alimentos y también de los alimentos modificados genéticamente. 
Este ha sido un gran logro de todas las instituciones europeas. 
Un reglamento de la UE se convierte directamente en derecho interno de todos los Estados miembros el día de su entrada en vigor- en este caso fue el 15 de mayo. 
Cualquier reglamento que es válido en los 15 Estados miembros de la Unión Europea a partir de un día determinado plantea necesariamente problemas de interpretación y de ejecución en una fase inicial, y mucho más en una materia tan difícil. 
Aunque la ejecución y aplicación de un reglamento se tratase unitariamente en todos los Estados miembros, vemos precisamente en esta complicada materia algunas dificultades de aplicación práctica. 
Creo que afectan a tres puntos: el cómo y sobre todo, con qué tenor literal se debe etiquetar, qué productos caen bajo el reglamento y, finalmente, qué ocurre con los productos de maíz y soja que ya estaban autorizados antes de la entrada en vigor del reglamento. 
A este respecto existe, por lo visto, una inseguridad provocada por una interpretación diferente. 
Por ello, nos parece urgentemente necesario que nos pongamos de acuerdo a nivel comunitario sobre una interpretación unitaria. 
Creo que estas dificultades son perfectamente solubles, pero para ello estas cuestiones tienen que plantearse en un debate objetivo con expertos a nivel europeo, además urgentemente. 
Urgentemente, porque alimentos elaborados en base a soja y maíz autorizados y modificados genéticamente, se encuentran ya en las estanterías de las tiendas y deberían etiquetarse ahora de acuerdo con las normas del reglamento sobre nuevos alimentos. 
Se revela con toda claridad que también es más que necesaria la revisión de la directiva 220 relativa al etiquetado. 
Pero todos estos problemas no son solucionables del modo que intentan algunos diputados de esta Asamblea. Se tiene la impresión que para ellos se trata más de lograr publidad y de impedir la tecnología genética que de una eficaz protección del consumidor. 
Quiero mostrarlo claramente en base a la pregunta que la Sra. Breyer y el Grupo de los Verdes han planteado, pues este grupo político dice que habría que modificar o incluso sustituir la totalidad del reglamento. 
Esto no solamente es un sinsentido sino que además está en contradicción con la mayoría del Parlamento Europeo. 
No se trata de azuzar el pánico sino de solucionar dificultades muy frecuentes y para ello queremos animar a la Comisión con nuestras preguntas. 
Señor Presidente, hemos de ser muy, y repito, muy cautelosos con respecto a cuestiones como la de los nuevos alimentos en Europa. 
Después de la peste porcina, después de la EEB, el consumidor quiere estar más informado sobre lo que come. 
El 15 de mayo entró en vigor un reglamento y no sabemos en modo alguno cómo interpretan determinadas partes del mismo los Estados miembros. 
¿Por qué la Comisión- le pregunto al Sr. Bangemann- no ha elaborado a tiempo una directiva para regular uniformemente lo relativo al etiquetado? 
¿Cómo se regula ahora, señor Bangemann, el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente? 
Y ¿quién es responsable de dicho etiquetado, si la Comisión no ha regulado nada? 
¿Acaso los fabricantes? 
Resumiendo, hay muy poca claridad y consideramos que la Comisión ha actuado de forma negligente, ha dañado gravemente la confianza del consumidor y queremos saber cómo solucionará ahora esta cuestión, pues es urgente. 
Señor Presidente, señor Comisario, debemos felicitarnos de la entrada en vigor, el pasado 15 de marzo, del nuevo Reglamento (CE) 258/97 referente a los nuevos alimentos y a los nuevos ingredientes alimenticios, habida cuenta de que las nuevas disposiciones de aplicación correspondientes al etiquetado constituyen un importante paso adelante en un sector que para el consumidor no es todavía familiar y que es fuente de gran confusión y perplejidad. 
Y es precisamente sobre la base de este hecho que surge espontánea la pregunta acerca de la necesidad de disponer de orientaciones más claras y transparentes que el texto de dicho Reglamento. 
En efecto, no queda claro si dicho Reglamento tiene efectos retroactivos. 
De hecho, ¿cuál es su efectivo ámbito de aplicación? 
Por ejemplo, en el sector del maíz y de la soja modificados genéticamente, cuya comercialización en el mercado comunitario fue autorizada en el pasado mes de diciembre, ¿el etiquetado es obligatorio o no lo es? 
Y, en caso afirmativo, ¿el mismo debe respetar las disposiciones del Reglamento o no? 
¿Cómo deben comportarse los Estados que ya disponen de normas nacionales en este sector? 
¿Con qué grado de rigidez deben aplicarse las normas? 
¿Quizás el pedir orientaciones concretas y precisas con respecto al ámbito de aplicación del reglamento y su aplicabilidad, así como con respecto al etiquetado es demasiado pedir? 
¿Se tuvieron en cuenta las diferentes normativas nacionales, como por ejemplo la italiana? 
Y, por último, ¿se ha tenido en cuenta la confusión que puede generarse entre la mayoría de los consumidores que, en muchos casos, están poco informados y no son capaces de interpretar correctamente las especificaciones relativas a los organismos modificados genéticamente y que, por esto, sienten una comprensible desconfianza? 
Por último, parece oportuno subrayar que, a pesar de encontrarnos ante un reglamento que es fruto de un consenso entre los conflictos de intereses de los Estados miembros, las organizaciones y los grupos afectados, ello no significa que, para cubrir la ausencia total de una reglamentación en un sector, debemos conformarnos con unas disposiciones incompletas e insatisfactorias, que dejan el camino abierto a diferentes interpretaciones y que, de hecho, pueden generar perplejidad y confusión. 
Señor Presidente, el Sr. Bangemann nos ha explicado muy extensamente porqué cosas que deberían haber ocurrido hace ya mucho tiempo, no han ocurrido aún. 
Señor Bangemann, hoy hablamos de disposiciones ejecutivas sobre el reglamento de los nuevos alimentos. El Libro Verde sobre el derecho alimentario dice que los reglamentos se deben aplicar siempre para elevar la transparencia del derecho comunitario, para facilitar la aplicación de las normas jurídicas en el mercado interior y para que, de este modo, desaparezcan las diposiciones ejecutivas nacionales. 
Esto significa que tienen que existir disposiciones ejecutivas comunitarias para que cualquier país miembro tenga que hacer exactamente lo mismo que los demás. 
Si queremos un mercado interior, es necesario que lo hagamos con especial exactitud en los productos que son considerados por los consumidores con desconfianza por su novedad y que no digamos: desde el 15 de mayo tenemos una legislación y sólo estamos a 15 de junio, por lo que aún tenemos mucho tiempo. 
Señor Bangemann, usted ha tenido mucho tiempo para prepararlo en sus servicios y creo que la DG III podría haberlo hecho. 
Señor Bangemann, no le puedo entender totalmente. 
Algunas cosas las entiendo pero en abril de 1997 usted escribió en el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung que el etiquetado no aporta nada en absoluto. 
Naturalmente, esto le dispara a uno las alarmas. 
Creemos que el etiquetado si aporta algo. Aporta algo al consumidor y a la industria. 
Tras las penosas experiencias tenidas con la EEB, debemos aprovechar la ocasión que supone el Reglamento sobre los nuevos alimentos. 
Creo que esta tarde se ha mostrado con claridad que no hablamos sobre el contenido de la directiva sino sobre lo que hemos hecho con dicho contenido. 
Si usted dice que ha entrado en vigor en mayo, entonces le digo que de jure es cierto. 
No soy letrado, pero usted ya sabía en enero que el asunto se avecinaba y cuál era la situación. 
Nos habría gustado ver que usted se esforzaba por aclarar a los 15 países miembros de esta Unión en qué dirección debemos ir. 
Incluso comprendemos que no se hayan podido presentar unos papeles definitivos. Creo que no debemos iniciar una campaña de acusaciones superficiales, tal como han hecho los Verdes en este caso, a veces sin ninguna imaginación. 
Señor Bangemann, creo seriamente que el reglamento sobre los nuevos alimentos supone un buen inicio en esta nueva dirección. 
Inicie la tarea con valor y entonces podremos decir a los países miembros en qué dirección deben marchar. 
Señor Presidente, creo que esta tarde el Sr. Bangemann ha sido sincero y nosotros debemos serlo también. 
El reglamento sobre nuevos alimentos ha sido creado realmente por el Parlamento y el Consejo de Ministros conjuntamente. 
En enero no solamente indiqué aquí que no había disposiciones ejecutivas sino también en el Comité de Conciliación. 
Para las y los colegas que ahora se quejan significaba que estaba claro que el reglamento sobre los nuevos alimentos era lo mejor que hay y que todo debe someterse al mismo. 
Bien, yo no quiero mirar hacia atrás sino hacia delante. 
Expreso mi agradecimiento al Sr. Bangemann, quien, a pesar de la formulación del artículo 8, donde se dice que la Comisión puede decretar disposiciones ejecutivas- el Parlamento no quería que fuese así sino que se dijese que la Comisión tiene que decretarlas- se ha declarado dispuesto a hacerlo. 
Creo que son importantes, pues no solamente lo critican las asociaciones de medio ambiente y de consumidores sino la misma industria. 
Así pues, lo que necesitamos es una formulación sobre cómo deben ser etiquetados los productos que caen bajo el reglamento. 
Insto de nuevo para que se elija la fórmula «elaborado con ayuda de la tecnología genética» , pues «moderna biotecnología, optimizada desde un punto de vista fisiológico-alimenticio» sería confundir al consumidor y no le aportaría ninguna información clara. 
Además, se nos podría achacar que el reglamento sobre nuevos alimentos es una impostura. 
Si la industria aplica el procedimiento, debe tener también el valor de etiquetarlo así para que la ingeniería genética se convierta en una etiqueta de calidad en alguna ocasión en el sentido de la industria. 
Con ello he llegado al punto «etiqueta de calidad». Lo positivo en el reglamento sobre nuevos alimentos es que en el considerando 10 preveemos que exista un etiquetado positivo. 
Señor Bangemann, ante el hecho de que la industria proyecta declarar como libre de tecnología genética lo que no cae bajo el reglamento sobre los nuevos alimentos, me gustaría saber de usted si usted está dispuesto a elaborar criterios para que lleguemos a un etiquetado positivo, de modo similar a cómo hemos hecho con los cultivos biológicos y ahora, de nuevo, con los productos animales. 
Una cosa debe quedar clara: no debemos quebrantar la confianza del consumidor. 
De lo que ahora se trata es de crear por fin claridad. 
Señor Presidente, quisiera preparar un corto guión para el Comisario Bangemann. 
Si un consumidor de un Estado miembro sufre como consecuencia de un etiquetado inadecuado en circunstancias normales en que la legislación es clara, ese consumidor quizá encuentre una posibilidad de recurso en el juicio de Francovitch contra el Estado miembro interesado por no haber aplicado la legislación europea. 
El Comisario lo sabe, y yo también. 
Esta nueva legislación, según la consideramos todos, ha recibido amplia publicidad. 
La mayor parte de los ciudadanos de la Unión Europea que se interesan por esta cuestión habrán llegado a la conclusión de que a partir del 15 de mayo hay una nueva ley que ofrece protección. 
Es posible que el Gobierno de un Estado miembro que se halle en circunstancias como las que se plantean ahora pueda decir a un consumidor descontento en una vista judicial: » Pero si no sabemos cuál es la situación. 
La Comisión no nos ha informado». 
Eso quiere decir que hay una responsabilidad para la Comisión. 
Me parece que el Comisario ha tratado bien del argumento esta tarde desde el punto de vista de la responsabilidad del Parlamento y, como miembro del equipo de conciliación, participo en la carga de esa responsabilidad. 
Ahora bien, he de señalar al Comisario que hay tres lecturas en virtud del procedimiento de codecisión. 
La Comisión queda involucrada en la propuesta cuando se nos presenta por primera vez. 
Queda involucrada también en la segunda lectura. 
Únicamente cuando no estamos en condiciones de ponernos de acuerdo con la Comisión es cuando pasamos a la fase de conciliación. 
Por lo tanto, en la actualidad hay una responsabilidad para la Comisión, como la había al principio de esta legislación, en el sentido de que ha de velar por que los consumidores estén debidamente protegidos. 
En mi intervención y en las intervenciones de la mayor parte de las personas de este Parlamento eso no ha quedado todavía demostrado. 
Señor White, el reglamento ha entrado en vigor el 15 de mayo. 
Estamos a 10 de junio, es decir, ha pasado menos de un mes. 
Hasta ahora no hemos tenido ni un único caso y en lo que se refiere a la cuestión del etiquetado, en el marco del reglamento hemos determinado unos requisitos de etiquetado detallados que son directamente vinculantes en los Estados miembros. 
Señor Florenz, este es el sentido de un reglamento. 
Usted ha hablado de una directiva. 
Este es un reglamento válido directamente en los países miembros y si hay litigios sobre la cuestión de si el etiquetado es correcto, el Comité de Alimentación puede decidir. Este es el contenido del reglamento. 
Independientemente de ello, les he dicho que estamos realizando actualmente nuevas consideraciones, tanto ustedes como la Comisión. 
Cuando lleguemos a un resultado, la Comisión les presentará lógicamente el mismo y entonces quizás digan ustedes: abandonamos los criterios del reglamento sobre los nuevos alimentos, pues siempre que entre en juego la ingeniería genética, aunque desaparezca en el curso de la cadena alimenticia, siempre queremos que figure en el etiquetado, pues esta es la posición en el caso de la soja y del maíz. 
¡Por supuesto! 
Se exige que cualquiera que emplee estas dos sustancias en la cadena alimenticia, indique que han sido modificados genéticamente, independientemente de si se dan los tres criterios. 
Señora Schleicher, me he comprometido tanto en esta cuestión del reglamento sobre los nuevos alimentos porque creo que si abandonamos estos principios básicos del etiquetado, vamos a hacer un flaco servicio al consumidor. 
Pero si lo quiere así, debemos seguir siendo lógicos. 
No puede ser que en el caso de la soja y del maíz apliquemos unos criterios de etiquetado más estrictos que en los nuevos alimentos que van a parar directamente al consumidor final, por lo que tenemos que plantearnos de nuevo estas consideraciones. 
Ya me conocen: si he cometido un error, lo reconozco. 
Todo el mundo puede equivocarse en alguna ocasión, pero lo que no puedo aceptar es que se me acuse al cabo de tres semanas, sin que haya surgido ni un solo caso, tal como dice el Sr. Eisma, que he olvidado todo y que no he cumplido mis obligaciones. 
Sobre todo, cuando en una emisión de noticias he oído decir a la Sra. Roth-Behrendt lo siguiente: el Comisario Bangemann ha recibido una sonora bofetada. 
De acuerdo, si esto ha sido así, recapacite si usted misma no ha sido la que se ha propinado una sonora bofetada. 
Este es el problema. 
El debate conjunto queda cerrado. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.25 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, ayer, en una de sus raras intervenciones, el Sr. Tomlinson mencionó la soberanía de este Parlamento en la formulación de decisiones. 
En otro momento de este año, cuando votamos sobre el informe acerca de la investigación en materia de tránsito, el Parlamento decidió que la labor de seguimiento debería corresponder a la Comisión de Control Presupuestario. 
En el Acta de ayer, por lo visto, aprobamos un informe sobre la telemática en el transporte- que forma parte del sistema de tránsito- para que se asignara a la Comisión de Transportes y Turismo. 
Sin embargo, en un documento que distribuyó ayer el servicio pertinente y que se denominaba «Actividades» , se dice que el plan de acción de la Comisión para el nuevo tránsito en la política aduanera europea debe asignarse a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
¿Existe la soberanía de este Parlamento, o no? 
Verificaremos lo que usted dice y adoptaremos las medidas necesarias. 
Señor Presidente, pido la palabra por alusiones personales. 
El pasado lunes, al comienzo de la sesión, el Sr. Ford pidió intervenir para denunciar un hecho muy grave, esto es, que en la sesión anterior, aquí en Estrasburgo, fue arrancado de la puerta de su despacho un cartel que evocaba la resistencia del pueblo alemán contra Hitler. 
El Sr. Ford, sin embargo, hizo luego unas observaciones que, a mi entender, son claramente desafortunadas e inoportunas. En efecto, dijo que no le extrañaba que en este Parlamento pudieran suceder este tipo de hechos de vandalismo político, ya que en el propio Parlamento ocupan un escaño personas como Roberta Angelilli, o sea, yo misma, que en Italia es responsable de presuntas actividades, organizaciones e iniciativas de cariz filonazi. 
Desconozco sinceramente las causas que inspiraron estas acusaciones, estas insinuaciones y estas asociaciones de ideas. 
Probablemente el Sr. Ford, diputado muy conocido, para conseguir más aplausos en el Pleno utilizó unos medios de la peor e infamante demagogia política, fruto de la peor intolerancia. 
Pues bien, deseo manifestar tan sólo una cosa: al menos en Italia, proferir insinuaciones sin fundamento es en la práctica un hecho perseguible penalmente, que constituye un delito de calumnia. 
Invito, por lo tanto, al Sr. Ford a que se informe mejor antes de sugerir insinuaciones sin fundamento y, de cualquier modo, invito al Presidente o a quien se encargue de ello a esclarecer lo sucedido. 
Por mí parte, tengo intención de acudir a cualquier vía, quizás incluso a la penal, a fin de aclarar lo acontecido. 
Señora Angelilli, yo me permito recordarle a usted dos cosas: 
En primer lugar, que las observaciones por alusiones personales se deben hacer el mismo día o el siguiente de producirse la alusión. 
En segundo lugar, que cualquier diputado tiene libertad de pronunciarse en el Pleno, y no es el presidente ni ninguna otra autoridad quién para censurarle en el Pleno. 
Eso, como usted sabe bien, se llama irresponsabilidad. 
Nadie puede censurar a otro diputado ni hay posibilidad de persecución penal ni en Italia ni en ningún otro país de nuestro entorno por las expresiones proferidas en el Pleno. 
Para eso está el trámite de alusiones personales, que se deben hacer inmediatamente para corregir cualquier error de hecho o para protestar y aclarar cualquier circunstancia como la que usted ha querido aclarar hoy. 
Voy a dar la palabra al Sr. Ford, pero no es oportuno continuar manteniendo un debate sobre el tema. 
Usted, al hacer sus alusiones personales, se ha referido al Sr. Ford. 
No tengo más remedio que darle la palabra, pero le pediría que terminásemos este tema sin más, porque hay muchos asuntos importantes en el día de hoy. 
Señor Presidente, la Sra. Angelilli ha hecho comentarios acerca de lo que yo dije el lunes. 
Lo dije sobre la base de un artículo de prensa en el Reino Unido. 
Le voy a dar una copia del artículo de prensa que trata de lo que al parecer se esperaba que hiciera la Sra. Angelilli. 
No hace falta decir que supongo que la Sra. Angelilli procederá judicialmente contra mí y, si no lo hace, entonces será fácil extraer las conclusiones del caso. 
Señor Presidente, desearía intervenir también por razones personales. 
No estaba aquí el lunes pero no puedo dejar pasar por alto las palabras del Sr. Ford que, de acuerdo con su costumbre de provocar, hizo una mezcla escandalosa, acusándome de racismo, una vez más. 
Desearía manifestar al Sr. Ford que conozco Francia y el racismo del que ha sido víctima mi ayudante. Su nombre es Stéphane Durbeck, es de raza negra y antillano, y ha sido molido a golpes y tratado de «tara genética» porque me hace el honor y tiene la amabilidad de acompañarme en todas mis actividades. 
Los ahijados vietnamitas que educo se han visto atacados y agredidos por ser ahijados míos, y porque les trato como a mis otros hijos. 
En cuanto a los pequeños huérfanos libaneses, unos tres mil, a los que he ayudado durante años, también están marcados, se les ataca y están condenados a la venganza porque son cristianos. 
Si hay un racismo que arrasa, ése es el del Sr. Ford, cuyos maestros de pensamiento han asesinado a 200 millones de personas en el mundo, por ser campesinos, burgueses o cristianos. 
Por lo tanto, ¡no nos impresionan las acusaciones estalinistas del SR. Ford! 
Señor Ford, ¡es usted un provocador! 
(Reacciones diversas) 
Señor Antony, permítame que le recuerde el Reglamento sobre las cuestiones personales. 
El orador no puede expresarse sobre el fondo del debate. 
Sólo puede rechazar las manifestaciones realizadas en el transcurso del debate que le conciernan personalmente, o las opiniones que se le atribuyan y/o incluso rectificar sus propias declaraciones. 
Usted ha rectificado las palabras que le concernían, pero no es el momento de iniciar un debate que está completamente fuera de lugar, ni de lanzar ataques contra otra persona. 
Deseo recordarle el Reglamento porque no permitiré más intervenciones de este tipo. 
(El Acta queda aprobada) 
Como usted sabe, el lunes discutí con mucha firmeza acerca de la determinación del orden del día para la prórroga del plazo de las enmiendas a la CIG. 
Tengo entendido que sus servicios desplegaron un esfuerzo sobrehumano y me parece que lo lógico es que lo reconozca aquí, hoy; ha habido personas que han trabajado toda la noche para que podamos tener la posibilidad de votar hoy. 
Es evidente que me doy cuenta de que el voto puede reflejar frustraciones e irritaciones, y nos ocuparemos con simpatía de los errores cometidos, pero creo que podemos y debemos rendir homenaje a los servicios y dar las gracias por su labor. 
Muchas gracias, Sra. Green, tiene usted razón: hay personas que han trabajado con saña toda la noche y de nuevo a partir de las ocho de la mañana para que la votación sea posible. 
Creo que todos hemos de ser comprensibles si se ha deslizado algún error, y pido la cooperación de todos para que podamos votar sin problemas sobre esta cuestión de importancia crucial. 
Me hago cargo de que se trata de una cuestión absolutamente excepcional, y no podemos repetir en cada período de sesiones esta forma de actuar. 
Lo hacemos únicamente en esta ocasión y no lo volveremos a hacer más. 
Trabajos preparatorios de la reunión del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los trabajos preparatorios de la reunión del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio en Amsterdam, incluido el plan de acción de la Comisión para el mercado interior. 
Tiene la palabra el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. van Mierlo. 
Señor Presidente, Señorías, considero un privilegio- también es un deber, pero a veces es un privilegio cumplir un deber- poder informarles sobre el orden del día y las cuestiones que se tratarán a principios de la semana que viene en la Cumbre Europea de Amsterdam. 
Como todos ustedes saben, esta cumbre se desarrolla bajo la influencia de circunstancias más o menos confusas en torno al euro, causadas por nuevas elecciones. 
Sin duda ello influirá- más adelante seguramente diré algo más al respecto, en respuesta a las preguntas formuladas por sus Señorías -, pero tengo la fuerte impresión de que hay buenas posibilidades de que también en estas circunstancias podamos llevar a buen término la Cumbre y de forma productiva. 
Más adelante volveré a tratar esta cuestión. 
Naturalmente, en el Consejo Europeo se prestará mucha atención a la conclusión de las negociaciones de la CIG. 
Además hay otras cuestiones importantes en el orden del día, como el empleo, la UEM, el plan de acción para luchar contra el crimen organizado y el plan de acción para el mercado interior. 
Dado el carácter del orden del día, el debate sobre los asuntos exteriores, entre los que se encuentran los temas relacionados con la política exterior actual, se limitará a los puntos principales. 
Me refiero concretamente al proceso de paz en Oriente Medio, la situación en la República Democrática del Congo y el proceso de paz en la antigua Yugoslavia. 
Formalmente, estos puntos se han incluido en el orden del día. Es posible que el desarrollo de la Cumbre nos obligue a tratarlos de forma incluso muy limitada. 
En primer lugar trataré brevemente las cuestiones del empleo y la UEM, para luego examinar de forma más extensa la conclusión de las negociaciones de la CIG. 
El fomento del empleo es y sigue siendo de la máxima importancia. 
En primer lugar, en el marco de la CIG se presta mucha atención a este tema. 
Más tarde volveré a referirme a ello. 
Durante el Consejo Europeo se hablará del habitual informe semestral del Consejo de Asuntos Sociales, el Consejo ECOFIN y la Comisión sobre la situación del empleo en la Unión. 
Además, la Comisión dará cuenta de los progresos del pacto de confianza para el empleo. 
Bajo la Presidencia holandesa se ha puesto en marcha de forma enérgica el Comité de empleo y mercado laboral. 
Entre otras cosas, este comité desarrolla, en cooperación con el Comité de política económica, los indicadores de empleo a fin de medir los progresos con respecto a las prioridades. 
Para que la UEM pueda empezar a tiempo se acordó que el Consejo Europeo tomaría algunas decisiones, aunque en estos momentos está por ver si se podrán tomar las que no sean absolutamente necesarias para la entrada en vigor de la UEM. 
Seguramente volveré a hablar de ello más detenidamente en mi segunda respuesta. 
La idea era que se acordara el Pacto de Estabilidad. 
En segundo lugar se debe fijar el mecanismo de tipos de cambio entre los países en cabeza y los Estados miembros que no participen en 1999. 
En tercer lugar la idea es que el Consejo Europeo acepte el acuerdo alcanzado en el Consejo ECOFIN sobre el estatuto jurídico del euro. 
Por último, en Amsterdam se dará a conocer el diseño de la euromoneda. 
Hay muchas posibilidades de que podamos despachar todas estas cuestiones, que en sí deberían exigir poco tiempo porque ya se han logrado acuerdos políticos sobre ellas, pero no es seguro. 
Por otra parte, ayer, en Francia, en nuestra visita al Presidente Chirac y al nuevo Primer Ministro Jospin, nos tranquilizó constatar que realmente se intenta encontrar una solución al hecho de que por un lado no se puede romper el Pacto de Estabilidad, lo cual es algo que el nuevo Gobierno no quiere, y que, por otro lado, el nuevo Gobierno constata que hay ciertas deficiencias, que no se ha prestado suficiente atención al aspecto del empleo; habrá que atenderlo en una especie de addendum. 
No se trata tan sólo de un deseo del nuevo Gobierno francés: hay muchos Estados miembros que comparten esa opinión y en estos momentos se trabaja en ello. 
Depende un poco del resultado de este trabajo el que sea posible completar del todo el paquete, y no es improbable que se adopte la postura de que o bien se hace todo el paquete o no se hace, pero no se hace sólo una parte. 
Esta es por lo pronto la situación. 
Ahora quiero tratar el tema principal: la revisión del Tratado de Maastricht. 
Desde el Consejo Europeo de Dublín, la Presidencia ha hecho todo lo posible por perfeccionar los textos de los proyectos de tratado. Ha sido una tarea ardua. 
La propuesta de la Presidencia irlandesa tenía muchísimas cualidades, sobre todo en cuanto a la creación de un marco- es muy importante disponer de él -, pero en los grandes problemas políticos había lagunas y últimamente los debates se han centrado en esta cuestión y aún sigue siendo así. 
Quiero agradecer ya la constructiva aportación del Parlamento Europeo a esta cuestión. 
La perspectiva que se presenta ahora es la de una Unión Europea que manifiesta mucho más que está ahí para el ciudadano. 
Están en juego su seguridad, su prosperidad, su salud y su movilidad. 
Además, la Unión Europea ha de estar lista, en sentido institucional, para la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
Ahora pasaré revista a diversas cuestiones de la CIG. 
Para empezar, margen para la libertad, la seguridad y la justicia. 
Las negociaciones indican que esta CIG tendrá como resultado un fortalecimiento de los principios del estado de derecho democrático y los derechos fundamentales de la Unión. 
Se reforzará el cotejo jurídico de la política de la Unión Europea con los derechos fundamentales tal como están fijados en el CEDH. 
Además, la CIG está decidida a incluir una disposición de no discriminación en el Tratado. 
Es muy importante la intención de dar un impulso en la buena dirección a la libre circulación de personas. 
En este sentido se está examinado la propuesta de integrar el acervo de Schengen en la Unión Europea. 
Además, de esta manera será posible mejorar la legitimidad democrática y jurídica de la cooperación de Schengen utilizando el marco institucional de la Unión Europea, es decir, incluyendo al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Tribunal. 
Ahora quiero hablar de la Unión Europea y el ciudadano. 
En primer lugar mencionaré el aspecto social, que ha recibido mucha atención en esta CIG. 
Ahora contamos con el apoyo unánime para la inclusión del Pacto Social en el Tratado. 
Quiero mencionar también la inclusión de un nuevo capítulo sobre empleo. 
La política de empleo sigue siendo responsabilidad primaria de los Estados miembros, pero la Unión quiere desempeñar un papel estimulante, por ejemplo, reforzando la coordinación y el intercambio de experiencias entre los Estados miembros. 
En estos momentos se trabaja duramente para mejorar la transparencia de la gestión dentro de la Unión Europea. 
Me complace que parezca existir una amplia base de apoyo para adoptar una disposición que otorgue a los ciudadanos el derecho de acceder a los documentos del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Un objetivo importante de la CIG es también lograr una política exterior y de seguridad común que sea eficaz. 
Los posibles medios para conseguirlo son la toma de decisiones por mayoría y el concepto de abstención constructiva. 
Por el momento no puedo dar explicaciones sobre las modalidades exactas, como también sucede con algunas otras cuestiones, pero en los proyectos han podido ustedes apreciar que se ha creado la posibilidad de encontrar una solución al deseo de todos los Estados miembros de podernos liberar del yugo del derecho de veto absoluto que hasta ahora ha dominado tantas veces en el segundo pilar. 
Me refiero a la posibilidad de que el Consejo Europeo logre una decisión básica consensuada en que se indique la estrategia para un determinado país, una determinada región o cuestión. 
Ustedes dirán que es bastante complicado, sí, es cierto, pero la Unión es complicada y no tenemos un consenso en este tipo de cuestiones, con lo que, en cualquier caso, se logran dos cosas. 
Por un lado, un Estado miembro no podrá ser desautorizado por otros Estados miembros en caso de que esté en juego un interés nacional que aquél considere realmente importante, y por otro lado, la ventaja de lo intrincado del procedimiento es que se han de presentar buenos argumentos si no se quiere hacer el ridículo. 
Por así decirlo, hay que demostrar dos o tres veces a los demás miembros que se maneja de forma justa el concepto de interés nacional. 
Todos somos conscientes de las debilidades procedimentales, pero es más de lo que tenemos ahora. 
Hasta ahora no hemos tenido nada parecido. 
En este punto hemos de demostrar claramente que la Unión da un paso adelante, y muchos de ustedes y también muchos Estados miembros esperan que avancemos hacia una forma más eficaz de mayoría cualificada. 
Lo considero un gran logro teniendo en cuenta que hace dos años se consideraba imposible conseguir una regulación de este tipo. 
Por tanto, algo hemos logrado, por lo menos si conseguimos tomar una decisión. 
Las perspectivas son buenas. 
En lo que se refiere a la financiación de las actividades de la PESC, sin duda estarán ustedes al corriente de la intención de lograr un acuerdo interinstitucional al respecto entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
De este modo, se garantizan en esencia los poderes presupuestarios actuales del Parlamento Europeo. 
Observo que algunos mueven la cabeza, con razón, pero- añado en seguida «pero» , aunque también podría esperar el alud de observaciones del Parlamento- la situación es en realidad que en el Consejo existe la sensación de que no se puede seguir así, que los procedimientos causan demasiados retrasos. 
La intención era en realidad- ustedes recordarán la de los primeros conceptos- limitar el conjunto y convertirlo en gastos obligatorios; gracias a la excelente cooperación con su Presidente, quien merece todos los elogios, hemos logrado que un acuerdo interinstitucional les permita controlar la totalidad de los gastos del exterior. 
Es menos de lo que habían pedido ustedes, pero mucho más de lo que el Consejo pensaba concederles en un principio. 
En estos momentos es difícil prever cómo terminará la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea. 
Hemos realizado muchos progresos. 
Ustedes conocen la situación. 
Hay un pequeño grupo de países que sólo quiere cooperación entre las dos, y hay un grupo mucho más grande, unos ocho Estados miembros, que quiere pasar a una integración total. 
Estas dos posturas son irreconciliables, en el sentido de que no hay posibilidad de que un grupo convenza al otro de que adopte su postura. 
La propuesta de la Presidencia se encuentra a medio camino, y esperamos que ambas posturas puedan converger hacia la propuesta de la Presidencia. 
Para ello tendremos que darle mil vueltas y todo el mundo tendrá que sacrificar parte de la razón absoluta que cree poseer, pero es una posibilidad; tendrá que decidirse en la cumbre, pues forma parte de lo que se dado en llamar grandes cuestiones. 
Por último, en lo que se refiere a la política económica exterior de la Unión, quiero hacerles partícipes de nuestro esfuerzo para que la Unión hable con una sola voz, también con respecto de los sectores servicios y propiedad intelectual. 
Todavía se está negociando sobre esta cuestión, y en estos momentos no puedo decirles dónde estamos, pero se está trabajando para garantizarlo de una u otra forma. 
Ahora llego a otro punto esencial: las cuestiones institucionales. 
El debate sobre esta cuestión se ha intensificado sobre todo desde que se celebró el Consejo Europeo informal de Noordwijk. 
Se trata del punto políticamente más difícil. 
La cuestión se ha politizado en todos los países en un debate entre el gobierno y el parlamento. Y esto significa que es casi imposible encontrar una solución satisfactoria para todo el mundo. 
No obstante, tendremos que hacer algo al respecto. 
La ampliación nos obliga a mejorar este punto. 
Se ha hablado extensamente de la composición y el funcionamiento de la Comisión. 
Hay un creciente apoyo para el refuerzo de la posición del Presidente de la Comisión. 
La adaptación del número de comisarios sigue siendo un punto controvertido. 
Pero en lo que respecta a la cuestión del refuerzo del papel del Presidente de la Comisión, esto significa al mismo tiempo, si se aprueba la actual propuesta, un refuerzo de la posición del Parlamento Europeo, que interviene hasta dos veces en el proceso de formación de la Comisión. 
La primera vez cuando el Consejo les presente al Presidente elegido, y ustedes celebren un debate con él y hayan de emitir su conformidad, y la segunda vez cuando el Presidente haya elegido a sus comisarios previa consulta con los Estados miembros, y comparezca nuevamente ante ustedes con todo su equipo y ustedes hayan de darle su visto bueno. 
Por consiguiente se trata de un refuerzo considerable, también de la posición del Parlamento Europeo si la propuesta sale adelante. 
La adaptación del número de comisarios es por supuesto el gran punto de discusión. 
La CIG es muy consciente de que en caso de una fuerte ampliación de la Unión no basta con limitarse a extrapolar el sistema que empezamos cuando éramos seis. 
Hemos de darnos cuenta de lo diferentes que son las relaciones de fuerza. 
De hecho, en cada ampliación extrapolamos como si se tratara tan sólo de una diferencia gradual en lugar de lo que es en realidad, una diferencia estructural. 
De ahí que en estos momentos se trabaje con la idea básica de que los Estados miembros mantienen un comisario por país, pero que en un momento dado en una determinada ampliación, los Estados miembros grandes renunciarían a su segundo Comisario. 
Frente a esto ha de producirse una reponderación del voto y cuando seamos más de veinte Estados miembros, tendremos que llevar a cabo una revisión estructural de todo el sistema. 
Entonces tendremos que estudiar cómo podemos dirigir mejor la Comunidad que ahora estamos creando. 
Disponemos de mucho tiempo para hacerlo, pues transcurrirá bastante tiempo antes de que seamos veinte Estados miembros. 
Pero tenemos que aprovechar bien el tiempo. 
Hemos de tomarnos el tiempo para crear un grupo de trabajo, y luego hemos de lograr una nueva construcción de la gestión de la Comunidad. 
Esta idea básica, que en estos momentos se está debatiendo, ha motivado reacciones positivas. 
Pero también sé que the devil is in the detail, pues luego se tratará de cómo funcionará la reponderación y tal. 
Todavía no hemos llegado, pero vamos por buen camino. 
En todas partes notamos que hay simpatía por los fundamentos de este razonamiento, que por un lado tiene en perspectiva una reforma estructural, y por otro implica que no se puede esperar hasta la ampliación para tomar ya algunas decisiones dolorosas, de forma que hagamos realmente nuestros deberes, lo cual también exigimos a los países candidatos. 
El último tema que quiero someter a su atención es la flexibilidad. 
A la luz de la ampliación de la Unión y la heterogeneidad resultante, muchos parecen convencidos de que hay que aumentar la posibilidad de una cooperación reforzada. 
La condición es que la unidad de la Unión quede suficientemente garantizada. 
La flexibilidad parece ofrecer sobre todo posibilidades en el pilar de JAI, manteniendo su carácter intergubernamental. 
En el pilar de la CE es preciso tener mucha cautela, y esta es expresada también en los presentes textos. 
En este momento ha de celebrarse aún la conversación final sobre qué sistema elegiremos exactamente: si trabajamos con una lista negativa, lo cual parece más probable, o bien si tendremos descripciones generales a las que se tendrá que satisfacer cada flexibilidad en el primer pilar. 
Sea como fuere, se necesitan muchas garantías y estas se colocan en el primer pilar. 
El debate se centra un poco en la cuestión de cómo hacerlo exactamente. 
La posición del Parlamento Europeo. 
De antemano soy consciente, Señorías, de que no puedo nunca satisfacer todos sus deseos. 
No obstante, puedo decirles que considero que se están realizando progresos en diversos aspectos en relación con el refuerzo de la posición del Parlamento Europeo aspirado por la Presidencia. 
Mencionaré la simplificación del procedimiento de codecisión, que redunda en beneficio tanto de la eficacia como del carácter democrático de la toma de decisiones. 
Además, la introducción del procedimiento de codecisión allí donde ahora se aplica todavía el procedimiento de cooperación. 
Esto implica, a mi entender, un refuerzo considerable del Parlamento Europeo y anteriormente he mencionado ya su mayor influencia en la formación de la Comisión. 
Después de esta consideración global sobre la CIG habrá quedado claro que la Presidencia está decidida a llevar a buen término las negociaciones en Amsterdam. 
La Presidencia ha hecho todo lo que estaba en sus manos para hacerlo posible y sigue haciéndolo. No porque estemos empeñados en vincular el nombre de nuestra capital al Tratado- aunque admito que tiene gracia cuando vives allí, pero esta no es la razón- sino porque este es el momento 
(Murmullos y risas) de hacer más eficaz y dinámica a la Unión, equipada para la próxima ampliación y más visible para el ciudadano. 
Quiero decir algo en este sentido. 
La visibilidad para el ciudadano es muy importante. 
De eso se trata en realidad. 
Por no hemos de confundir las cosas. 
Es algo que he expresado en los últimos días, también hacia el exterior. 
Estamos reformando la cocina. 
El ciudadano está interesado sobre todo en la comida. 
Está muy bien que estrenemos la nueva cocina, pero es más importante que se preparen buenos platos, 
empleo, medio ambiente, este tipo de cosas. 
Es ridículo pensar que el ciudadano tendría que sentirse implicado desde el principio en cómo reformaremos exactamente la cocina y qué técnica y material utilizaremos. 
¡Es tan complicado! 
Si voy a un taller, no me entero de nada, pero quiero que me arreglen el coche y quiero poder conducirlo y tengo que fiarme del mecánico del taller. 
(Aplausos y risas) Por tanto les pido que adopten mi punto de vista, que lo relativicemos un poco. 
Los detalles de nuestro trabajo no tienen por qué ser siempre comprensibles. 
Basta con que el producto sea bueno. De eso se trata. 
Señor Presidente, la aceptación pública del nuevo Tratado está también en sus manos. 
La Presidencia también espera lo mismo en cuanto a las demás cuestiones importantes. 
Al principio me referí a la UEM, el empleo, el mercado interior y la lucha contra la criminalidad. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Tiene ahora la palabra el Presidente de la Comisión Europea, Sr. Santer. 
Señor Presidente, Señorías, en menos de una semana, el Consejo Europeo de Amsterdam será llamado a vencer los últimos obstáculos existentes en la vía de la reforma del Tratado. 
Veremos entonces si la Unión Europea ha ganado su triple apuesta: reabsorber el desfase entre el proyecto europeo y los ciudadanos, darse los medios para existir en la escena internacional, revisar las instituciones para llevar a cabo la ampliación en buena condiciones. 
Cuatro presidencias sucesivas se han turnado para hacer avanzar este proyecto. 
Ha llegado el momento de concluir. 
Esperar más, no cambiaría nada en el mejor de los casos, y en el peor, conduciría al retroceso. 
El texto actual elaborado por la Presidencia holandesa constituye un punto de equilibrio y, espero que de reencuentro. 
En efecto, hubiera preferido mayor audacia en uno u otro punto, pero me doy cuenta de la dificultad de casar ambición y realismo y pienso que el equipo de la Presidencia holandesa ha llegado, con creces, a hacer frente a este desafío. 
Si hoy sigo inquieto, es porque hay demasiados intentos de deshacer en el último momento el trabajo tan pacientemente realizado. 
Me gustaría decir a todos los que, inquietándose por el desfase entre la política y los ciudadanos, intentan rodearse de mil precauciones: ¡» Atrévanse de una vez»! 
Atrévanse porque hay en europa más gente insatisfecha por nuestra lentitud que hostiles a los progresos de integración». 
Y apelo asimismo a los Jefes de Estado y de Gobierno para que resistan a la tentación de aprovechar el esfuerzo final hacia el objetivo para arreglar, mediante los diferentes protocolos y enmiendas los problemas que se prestan mal a improvisaciones constitucionales. 
Espero más bien de ellos que aprovechen las negociaciones finales para constituir un paquete institucional coherente y ambicioso. 
En efecto, es en este ámbito donde los límites de una solución final permanecen vagos, cuando resulta indispensable un buen resultado. 
Y repito lo que he manifestado a menudo: una ampliación mal preparada equivaldría a transformar en pesadilla lo que, en realidad, considero una oportunidad histórica para Europa. 
Ahora, Señor Presidente, algunos comentarios rápidos sobre los puntos clave de la negociación y, en primer lugar, la Unión para los ciudadanos. 
El nuevo Tratado nos ofrece la posibilidad de crear un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En este ámbito, el trabajo realizado es notable y el texto de la presidencia ambicioso. 
Los ciudadanos no esperaban menos, cansados de ver que el sistema actual es deficiente y que, al día de hoy, ningún convenio, repito, ninguno, ha entrado en vigor. 
No podemos por menos de felicitarnos por la amplia comunitarización que contempla el tercer pilar. 
Después de un período transitorio de tres años, habrá que llegar efectivamente a la mayoría cualificada y al derecho de iniciativa exclusivo de la Comisión. 
Pero habrá que llegar también hasta el final de la lógica comunitaria, es decir, introducir el procedimiento de codecisión. 
(Aplausos) En cuanto a la cooperación penal y policial, a estas alturas, es legítimo seguir en el terreno intergubernamental, siempre que aumentemos su eficacia y su carácter democrático. 
Y la integración en el Tratado del acervo de Schengen es algo bueno. 
El reparto entre los pilares debe ser claro para garantizar una mayor coherencia de la acción de la Unión en los ámbitos ligados a la libre circulación de las personas. 
Algunos Estados miembros tienen dificultades específicas a este respecto, lo reconozco. 
Encontrémosles soluciones específicas, pero no al precio de bloquearles cualquier progreso real. 
Se da por hecho que, en adelante, el Tratado implicará un capítulo sobre el empleo. 
Evidentemente, no podemos esperar que una medida así reabsorba directamente el desempleo- volveré más tarde sobre la problemática más amplia del empleo- pero este capítulo es indispensable, al menos, por dos razones. 
En primer lugar, porque muestra que el carácter endémico del desempleo ha hecho pasar al corazón del proyecto europeo una parte de las preocupaciones, así como de las esperanzas de los Europeos. 
Además, porque las disposiciones previstas en este capítulo son útiles. 
Desde el momento en que nuestros Estados han escogido como objetivo una amplia convergencia de sus políticas económicas, necesitan asimismo una estrategia coherente y coordinada sobre el empleo. 
Para ello, es necesario instaurar un dispositivo de concertación y la posibilidad de medidas de fomento. 
Es lo que propone el proyecto de la presidencia holandesa. 
La integración del protocolo social en el Tratado permitirá restaurar la unidad y la coherencia de la política social. 
Pero habría que aprovechar la ocasión que se nos brinda para mejorar y reformar sus disposiciones, de lo contrario, corremos el riesgo de sustituir una acción ya difícil entre catorce por una constatación de impotencia con quince. 
Por otra parte, es preciso reforzar la protección de la salud de los consumidores para responder a las inquietudes de los ciudadanos. 
A diferencia de 1992, hoy, nadie impugna las propuestas de la Comisión. Permiten, en lo sucesivo, y con razón, asociar plenamente el Parlamento Europeo a la adopción de las medidas contempladas en el artículo 129 aplicado a los ámbitos veterinario y fitosanitario. 
(Aplausos) Nosotros, es decir, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, deberemos demostrar a continuación que somos capaces de actuar por el interés de los consumidores, basándonos en las disposiciones que se nos han dado. 
Señor Presidente, el segundo gran objetivo de la Conferencia Intergubernamental se resume en cinco palabras: existir en el escenario internacional. 
Hay un tiempo para lamentarnos por nuestra impotencia colectiva, pero también hay un tiempo para reaccionar y deseo que Amsterdam sea la ocasión para que se produzca un arranque de la voluntad política. En primer lugar, por lo que respecta a la PESC propiamente dicha. 
El dispositivo propuesto por la presidencia constituye un importante paso hacia adelante. 
Prevé el recurso a la mayoría cualificada para la aplicación de las decisiones estratégicas tomadas por el Consejo Europeo. 
La posibilidad restringida de invocar el interés nacional (en casos excepcionales) -además, prefiero hablar del interés de la seguridad- es un precio a pagar por este avance. 
La nueva troika, compuesta por la Presidencia, la Comisión y la Secretaría General del Consejo encargado de la PESC, es una herramienta prometedora en la media en que reúne todos los aspectos de una política exterior de una política exterior y que asocia renovación periódica y continuidad. 
En mi opinión, deberá desempeñar un papel de coordinación y de agente de coherencia a lo largo del proceso, apoyándose en la nueva célula de análisis. 
Me alegro asimismo del acuerdo sobre la financiación de la PESC. 
Pero más allá de los instrumentos, es esencial tener una verdadera voluntad política y servirse de ella efectivamente para desarrollar una política común. 
Una última palabra sobre la PESC: Señorías, no sé cómo puede pretender Europa convertirse en un actor de peso sin dotarse de un papel militar. 
Ello significa que habrá que concederse un plazo para la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea, como lo proponen seis de nuestros Estados miembros en una posición común. 
(Aplausos) En la vida moderna, los factores económicos, financieros y monetarios juegan un papel creciente en las relaciones exteriores. 
Está claro que la llegada del euro va a cambiar el reparto de cartas y conducir a un reequilibrio de las relaciones financieras y monetarias internacionales. 
En el aspecto comercial, la Comisión pide la adaptación del Tratado a las realidades de hoy. 
Es una simple postura de sentido común, un sentido común que desaparece a veces en las luchas diplomáticas y en las reacciones burocráticas. 
Lo digo claramente: al negarse a progresar en el ámbito de los servicios y de la propiedad intelectual, la defensa de los intereses de la Unión, de los Estados miembros y de las empresas corre el grave riesgo de retroceder. 
(Aplausos) Es preciso que cada cual asuma sus responsabilidades. 
El texto propuesto por la Presidencia holandesa es un progreso, porque prevé una extensión, en efecto limitada, del artículo 113 a los servicios. 
Pero hay delegaciones que quieren diluir o añadir condiciones suplementarias, incluso en otros artículos, aún a riesgo de vaciar este progreso de cualquier sustancia, incluso de llegar a un retroceso con relación a la situación actual. 
Me opondré a ello. 
Ahora, señor Presidente, quiero referirme a las cuestiones institucionales, que son esenciales, puesto que condicionan tanto el apoyo de los europeos como el futuro de la Unión, en vísperas de su ampliación. 
El texto de la presidencia prevé, como lo ha pedido siempre la Comisión, un refuerzo del papel del Parlamento Europeo como colegislador. 
Es un signo de confianza que corresponde a la evolución de su institución. 
Sólo el Parlamento Europeo puede garantizar el control democrático del que necesita la Unión en la fase de desarrollo a la que ha llegado. 
Además, basta con recordar las recomendaciones del Tribunal Constitucional de Karlsruhe para darse cuenta de ello y el enfoque de la presidencia representa un progreso real, ya que trata de cubrir una gran parte de los ámbitos que revisten esencialmente un carácter legislativo. 
Además, la simplificación del procedimiento de codecisión, mediante la supresión de la tercera lectura, pondrá en pie de igualdad las dos ramas legislativas. 
(Aplausos) En este contexto, creo que también ha llegado el momento de definir un sistema electoral que acerque a los elegidos de los electores y un estatuto del diputado europeo. 
Creo asimismo que es un factor esencial de refuerzo de la legitimidad del sistema institucional comunitario. 
(Aplausos) Por lo que respecta al funcionamiento del Consejo, el punto esencial es el de la extensión del voto por mayoría cualificada. 
La presidencia ha abordado esta cuestión con la apertura necesaria que se traduce en una incursión en el segundo pilar y actual tercer pilar, y en una consolidación en el ámbito comunitario. 
Podría hacerse un esfuerzo suplementario para prever una adopción por mayoría cualificada de las disposiciones sociales así como de una parte de las medidas en materia fiscal, pero, a decir verdad, las actitudes de los Estados miembros dejan poca esperanza aquí. 
Es una pena, porque la unanimidad, en una Unión de más de quince miembros, será fuente de bloqueos, incluso de parálisis. 
En cuanto a la nueva ponderación de los votos, la Comisión está abierta a las propuestas alternativas de la Presidencia, siempre que la solución elegida no haga más difícil la toma de decisiones y abra más la vía a la mayoría cualificada. 
Por último, me refiero a la composición de la Comisión. 
La solución a la cual llegaremos no estará probablemente muy alejada de lo que habíamos propuesto para preparar nuestra institución para la ampliación. 
El presidente designado deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo. 
Además, espero que su papel se vea reforzado, sobre todo, en materia de nombramiento de otros comisarios. 
En cuanto al número de comisarios, me parece que la suerte no está todavía echada. 
La Comisión sigue pensando que convendría fijar un número máximo de comisarios. 
Además, por lo que nos afecta, vamos a hacer lo que hemos anunciado en materia de reformas internas, incluido el reagrupamiento de las tareas. 
Señor Presidente, permítame concluir por lo que respecta a la Conferencia Intergubernamental. 
Se lo he dicho de entrada, el proyecto de Tratado que debatimos hoy responde, en muchos puntos, a las expectativas que formuló la Comisión en febrero de 1996. 
Cada cual juzgará el resultado final en virtud de sus expectativas. 
Es el fruto de un largo trabajo. 
Si podemos mejorarlo, hagámoslo, pero cuidémonos de poner en tela de juicio el nivel del proyecto mediante peticiones de última hora que alteren el equilibrio alcanzado. 
No es fácil celebrar un tratado de calidad entre quince. 
Será todavía más difícil después de la ampliación. 
Señor Presidente, si hay una cuestión que preocupa a todos los europeos, es la del empleo. 
Los ciudadanos esperan de la Unión Europea que aporte respuestas a su primera preocupación. 
La inserción de un capítulo «empleo» en el Tratado contribuirá a ello. 
Pero hay urgencia. 
¿Por qué no anticipar la aplicación del dispositivo previsto? 
No podemos dejar para mañana el aprendizaje mutuo o la elaboración de una estrategia coordinada para el empleo. 
Debemos hacerlo hoy. 
Es hoy cuando debemos traducir en recomendaciones las mejores prácticas. 
En menos de un año, tomaremos la decisión sobre la entrada en la tercera fase de la UEM. 
El establecimiento de un marco macroeconómico estable ha progresado mucho en estos últimos tiempos. 
La inflación y los tipos de interés están en niveles muy bajos, los déficits públicos se han reducido de forma neta. 
En Amsterdam, habrá que terminar los últimos preparativos para el euro, el nuevo mecanismo de cambio, el estatuto jurídico del euro y el pacto de estabilidad y de crecimiento. 
Esto último es importante para garantizar un crecimiento duradero, siempre que sea rico en empleos. 
Me congratula constatar que el Consejo «Ecofin» , de hace dos días, haya reconocido la necesidad de la UEM de caminar con sus dos piernas, la monetaria y la económica. 
Si la parte monetaria está claramente definida, queda por hacer un esfuerzo para utilizar plenamente todo el potencial de los procedimientos previstos en el artículo 103 del Tratado dirigido a la coordinación de las políticas económicas. 
Una política monetaria ambiciosa no tiene sentido si no va pareja a una política por el empleo fuerte y comprendida por todos. 
(Aplausos) Desearía subrayar de nuevo que el pacto de estabilidad, como lo dice además su denominación, es también un pacto de crecimiento, y por lo tanto, un pacto creador de empleo. 
Todos los Estados miembros lo han querido así. 
Y sin poner en tela de juicio el pacto de estabilidad en su substancia y en sus modalidades, resulta pues perfectamente posible poner más de relieve el empleo y superar así una preocupación expresada por un Estado miembro en el último Consejo «Ecofin». 
Esta preocupación es asimismo la nuestra, y lo ha sido siempre. 
Deseo ardientemente que los contactos en curso permitan cosechar, en Amsterdam, un éxito total, incluido un acuerdo sobre el pacto de estabilidad y de crecimiento. 
Deseo asimismo que el Consejo Europeo, antes de final de siglo, dé una señal manifiesta para lograr un mercado interior. 
El potencial del mercado interior para la competitividad, el crecimiento y el empleo, es enorme. 
El plan de acción que propone la Comisión define cuatro ejes para lograr el mejor resultado de este potencial: reforzar la eficacia de las normas, suprimir las distorsiones a la competencia y fiscales, eliminar los obstáculos sectoriales y poner el mercado único al servicio de todos los ciudadanos. 
Habrá que adoptar compromisos concretos y fijar plazos claros. 
Reformar y modernizar los mercados del trabajo constituye el tercer eje de una estrategia coherente e integrada para el empleo. 
El papel de los interlocutores sociales es aquí especialmente importante. 
Me congratulo, por lo tanto, por el acuerdo firmado sobre el trabajo a tiempo parcial, al final de la última cumbre del diálogo social, el pasado viernes, en La Haya. 
He ahí una señal alentadora que demuestra que la flexibilidad y defensa de las aspiraciones legítimas de los trabajadores están lejos de ser antinómicas. 
Por último, la muy positiva reacción de los Estados miembros, de todos los Estados miembros, a la idea de pactos territoriales para el empleo constituye otro motivo de satisfacción. 
Una nueva forma de asociación está naciendo sobre el terreno y se va a concretar mediante el lanzamiento de unos 90 pactos, que constituirán otros tantos laboratorios para la creación de empleo. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de Amsterdam marcará el futuro de la Unión Europea. 
Espero que será una cita histórica que dará testimonio de la voluntad de nuestros quince Estados miembros de avanzar en el camino de la unificación, en el respeto de las diversas identidades. 
Un buen acuerdo sobre la CIG dará un nuevo impulso a Europa y le permitirá abordar el momento de la aplicación de la UEM y de la ampliación en buenas condiciones. 
No podemos faltar a esta cita. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Tiene ahora la palabra la Sra. Green. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar al Presidente en ejercicio y al Presidente de la Comisión por la franqueza de lo que han dicho esta mañana. 
Vamos a llevar pronto más de dos años en este proceso y, cuando comenzamos, mi Grupo estimaba que lo esencial era que nos esforzáramos por hacer todo lo que pudiéramos en el proceso del Tratado a fin de volver a conectar a la Unión Europea con sus ciudadanos, y, en segundo lugar, que preparásemos a la Unión para su ampliación. 
Esos serán los dos requisitos fundamentales para esta ronda de reuniones de la Conferencia Intergubernamental. 
Mi Grupo estima que los cambios del Tratado han de basarse en cuatro conceptos: apertura, democracia, claridad y eficacia, y ésos son los objetivos que estimábamos que habíamos fijado para esta ronda relacionada con el Tratado y que plasmaban lo que teníamos que conseguir. 
Muchos de mis colegas informarán detalladamente acerca de las cuestiones que el Sr. Van Mierlo y el Sr. Santer han planteado. 
Yo quería y estaba asignado por mi Grupo para que transmitiera un breve mensaje político algunos días después de la Cumbre de Amsterdam a fin de que la posición de mi Grupo fuera absolutamente clara. 
Transmití ese mensaje con gran claridad al Congreso de mi partido político, el Partido de los Socialistas Europeos, en la sesión de la semana pasada en Malmoe y, en particular, a los nueve primeros ministros del Consejo que provienen de nuestra familia política y que estaban todos presentes en Malmoe. 
El mensaje es que reconozcamos el carácter intrincado del Tratado, pero dentro de unos cuantos días habrá tres esferas importantes en las que mi Grupo estima que quisiéramos que se hicieran más progresos y, al decirlo, reconocemos los progresos que se han efectuado en el Tratado y lo hacemos con toda claridad. 
No pecamos por exceso de cinismo y nos percatamos de que se han hecho algunos cambios que son positivos y que corresponden a nuestras demandas. 
Ahora bien, queremos que se haga más y estaremos pendientes de ver si se puede obtener mucho más en las pocas horas finales de la reunión de Amsterdam. 
Nuestras tres prioridades son las siguientes: en primer lugar, queremos que se refuerce el texto sobre el empleo en el Tratado de la Unión Europea. 
No basta con las disposiciones actuales y apenas es un texto de retórica piadosa. 
Tiene que corresponder a la coordinación de las políticas económicas y de empleo. 
En segundo lugar queremos que se incluyan en el Tratado los derechos sociales fundamentales y que se refuerce el capítulo social, y no basta con la incorporación de una política social en el Tratado. 
En tercer lugar, estimamos que la promoción de la democracia en Europa reviste importancia crucial y confíamos en la ampliación de la votación por mayoría cualificada y del procedimiento de codecisión en todo el campo legislativo del primer pilar. 
El Sr. Van Mierlo ha hablado de la cláusula antidiscriminatoria. 
Nos agrada que lo haya hecho, pero no basta con que se base en la unanimidad. 
Tiene que basarse en la votación por mayoría cualificada y en la codecisión con este Parlamento. 
Por último, en nuestro Grupo dejamos bien sentado que lo que queremos es que las cuestiones que se van a trasladar, como esperamos que se trasladen, del tercer al primer pilar queden subordinadas también a la votación por mayoría cualificada y a la codecisión como ha dicho ya con toda claridad el Sr. Santer en nombre de la Comisión. 
No es posible que el traslado de esas cuestiones se haga sin el debido escrutinio parlamentario. 
Únicamente si progresamos en esas esferas tendremos la seguridad de que la Unión está ya en condiciones de ampliarse y tiene algo serio que ofrecer a su pueblo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, han hecho ustedes unas introducciones notables y elaboradas, y les doy las gracias por ello, así como por el trabajo que han realizado. 
La Conferencia Intergubernamental se está preparando desde hace más de 18 meses. 
El Acta Europea se preparó durante cinco meses; el Tratado de Maastricht durante un año. 
Hemos mantenido siempre una actitud positiva. 
Usted, señor ministro, se ha referido a las circunstancias cambiantes y, no lo ocultemos, en Amsterdam nos enfrentamos a un problema político, al que quiero referirme para empezar, después de la reunión de seis Jefes de Gobierno del Partido Popular Europeo que se celebró ayer aquí en Estrasburgo. 
El Gobierno francés exige un período de evaluación del Pacto de Estabilidad y pone en tela de juicio el calendario para la firma en Amsterdam. 
¿Cuál es nuestra postura? 
Nuestra postura es: » Pacta sunt servanda» ; el compromiso de Dublín sobre el Pacto de Estabilidad debe mantenerse. 
No aceptamos ninguna modificación del Pacto de Estabilidad, que es también un pacto para el crecimiento económico. 
Los criterios y la planificación para la Unión Monetaria deben mantenerse y aplicarse, y queremos que la CIG en Amsterdam sea un éxito. 
Pero estamos de acuerdo en que este Pacto de Estabilidad ha de complementarse. 
Ayer, el Sr. Lamfalussy señaló la revolución fundamental que la Unión Monetaria ha supuesto ya en Europa. 
La reducción de la inflación a menos del 2 %, la disminución del déficit presupuestario. 
Es una base esencial también para lograr prosperidad económica y crear empleo. Pero hemos perdido diez años. 
Quizás me esté permitido decir que, como Presidente del Consejo Europeo en 1987, junto con Jacques Delors, intenté crear un pedestal social común, el diálogo entre los interlocutores sociales europeos, y celebrar convenios colectivos europeos. 
No lo logramos. 
Hemos perdido 10 años y en la cumbre de Maastricht no conseguimos incluir el capítulo social en el Tratado. 
Esto sí sucederá hoy, tiene que lograrse, en eso estamos de acuerdo. 
Pero también es muy importante que el empleo se convierta en un objetivo de la Comunidad Europea y, por tanto, estamos de acuerdo con la propuesta holandesa de incluir un nuevo título de seis puntos- el número no es tan importante- sobre la cooperación entre los Estados miembros, que sea estimulada, apoyada y, en caso necesario, complementada. 
La Presidencia holandesa apunta que, por lo visto, se acepta la creación de un Comité para el empleo y ello nos complace mucho. 
Del mismo modo en que seguimos contando con que finalmente pueda cumplirse el Pacto de Estabilidad de Jacques Santer. 
A nuestro juicio, no puede romperse el Pacto de Estabilidad, sino que ha de complementarse. 
Realmente puede complementarse y Jacques Delors señaló hace unos días que el artículo 103 del Tratado lo permite. 
Por tanto, instamos a que se haga y esperamos que en estas circunstancias, como decidieron ayer los Jefes de Gobierno del PPE, el Pacto de Estabilidad pueda firmarse en Amsterdam. 
En cualquier caso, éste es nuestro punto de vista. 
Y ahora llego a la CIG. 
Las propuestas de la Presidencia holandesa forman, a nuestro entender, un documento notable. 
Diría que se trata de un mínimo válido, señor Presidente del Consejo. 
Pero no aceptamos, como nos dice, y el Presidente de la Comisión Europea lo ha señalado, que los grandes países emprendan todo tipo de iniciativas para socavarlo. 
Para nosotros sigue siendo sólo un mínimo válido si no se reduce. 
Ha mencionado usted los puntos: comunitarización de elementos importantes del tercer pilar. 
La inclusión del acervo de Schengen en el Tratado, la operatividad de Europol son para nosotros elementos esenciales. 
Respecto al segundo pilar somos partidarios de la integración de la Unión Europea Occidental, como han propuesto seis Estados miembros, y apoyamos su intento de crear un sistema de toma de decisiones por mayoría en el segundo pilar para las acciones y las posiciones comunes, sobre la base, como ha dicho usted, de una estrategia común. 
Tercera cuestión importante: la inclusión de un título sobre el «empleo» en el Tratado. 
Cuarto punto: modificación del artículo 113 del Tratado sobre los servicios y la propiedad intelectual, y luego las instituciones. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Presidente de la Comisión; comprendo las enormes dificultades que afronta usted, pero constato que hay una gran voluntad política por parte de la Presidencia holandesa para no dejar que se desintegre la Unión Europea, que se halla ante el reto histórico de una ampliación de 15 a quizás 25 Estados miembros. 
Por ello es tan importante que se reformen las instituciones. 
Para tener un buen coche, señor Van Mierlo, se necesita un buen taller. 
A mí no me interesa cómo está pintado el taller, lo que me interesa es que sea bueno. Y que tengamos un coche bueno que pueda ser reparado adecuadamente, pues hoy cojea. 
Para nosotros, las decisiones por mayoría en el Consejo y, en estos ámbitos, la codecisión del Parlamento, son esenciales. 
Asimismo consideramos que una cooperación más estrecha no ha de decidirse por unanimidad, sino por mayoría. 
Señorías, quiero terminar: no podemos estar de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo con el criterio de la Sra. Thatcher de convertir Europa en una gran zona de libre comercio, limitada a una cooperación intergubernamental. 
Durante 12 años me he opuesto a ello en el Consejo Europeo, junto con otros. 
No podemos estar de acuerdo con la decisión oportunista del Gobierno sueco, que no había pedido ningún opting out para la Unión Monetaria y que, por razones oportunistas y porque la moneda única no es popular en Suecia, ha decidido no adherirse. 
Es una decisión oportunista. Así no avanzamos. 
Y espero que los grandes Jefes de Estado, Mitterrand y Delors y la Sra. Guigou y muchos otros con quien hemos luchado por Europa durante diez años, sigan manteniendo a Europa en su curso. 
Y que con su gran influencia en el Gobierno francés hagan posible que la Cumbre de Amsterdam sea un éxito, que se firme el Pacto de Estabilidad y, sobre todo, que Europa dé voz y voto al ciudadano. Que se convierta en una Europa social y humana. 
Espero que lo consigamos aunando fuerzas. 
Señor Presidente, Señorías, la próxima Cumbre de Amsterdam será la primera de una serie de citas que moldearán la arquitectura de la Europa del siglo XXI. 
Esperamos que vaya seguida del establecimiento de la Unión Económica y Monetaria, de las ampliaciones al Este y al Sur, que dibujarán los límites de una Europa reunificada, y de la afirmación de la identidad europea en el escenario internacional, única perspectiva que permite a los ciudadanos europeos hacer frente a los desafíos de la mundialización que, con razón, les inquieta. 
Por consiguiente, dicha Cumbre debe percibirse como una etapa de un largo camino y no como un final. 
Sus resultados deberán juzgarse a la luz de estos retos. 
En primer lugar, Europa necesita de instituciones eficaces, es decir, dispuestas a tomar las decisiones que se imponen, en el momento oportuno, y procedimientos democráticos y transparentes que asocien los parlamentos nacionales al Parlamento europeo en su calidad de codetentores de la legitimidad democrática. 
Los que rechazan, con razón, la Europa burocrática y democrática, deben darle los medios para su legitimidad política. 
El acervo comunitario debe reforzarse, ya se trate del mercado interior, de la política comercial exterior- como lo ha propuesto el Sr. Santer- que debe ser más agresiva, de las políticas comunes de la agricultura y de la pesca, que deben hacerse más eficaces y más equitativas. 
Asimismo, debe reforzarse la cohesión social, en particular, mediante la inclusión en el Tratado de un protocolo social mejorado, como lo pidió en marzo de 1996 el Gobierno francés en un memorándum sobre el modelo social europeo, y mediante la inclusión de un capítulo o de un título nuevo que haga del empleo en beneficio de todos, uno de los objetivos más importantes de la construcción europea, con el mismo título que la garantía de nuestra seguridad interior y exterior, sin las cuales no podría haber verdadera democracia. 
Señorías, a menudo, se le critica a Europa no tanto por lo que hace, que con frecuencia no se conoce, como por lo que no hace y debería hacer. 
Habría una incoherencia grave que denunciar, la parálisis debida al mentenimiento de la norma de la unanimidad que algunos Estados desean legítimamente poder invocar cuando estiman que están en juego intereses nacionales superiores, y rechazar al mismo tiempo la posibilidad de desarrollar cooperaciones reforzadas entre los Estados que desean ir por delante. 
Señorías, guardémonos de querer ceñir el ejercicio de esta flexibilidad o cooperación reforzada dentro de normas tan apremiantes que lo harían prácticamente inoperante. 
Si queremos que la construcción europea siga progresando, conservémosle el pragmatismo y la flexibilidad que le han permitido desarrollarse hasta ahora y que, más que nunca, serán necesarios en una Europa ampliada a todo nuestro continente. 
Lo que esperamos de los Jefes de Estado y de Gobierno, es la voluntad política de ir resueltamente hacia adelante, para que la Unión Europea adquiera finalmente la identidad política que corresponde a su peso económico y a su influencia cultural. 
Si Europa suscita hoy temores entre un número creciente de nuestros conciudadanos es porque sus instituciones no han tomado hasta ahora suficientemente en consideración sus inquietudes ante un futuro que les parece incierto y amenazador. 
Señor Presidente del Consejo, Amsterdam no debe ser sólo el bonito título de una canción de Jacques Brel, sino un éxito. 
Por lo tanto, es preciso que sus resultados permitan devolver la esperanza a los europeos que esperan respuestas concretas frente a sus angustias relativas principalmente al empleo y a la seguridad. 
Es la señal que esperamos. 
Confíemos en que esta espera no constituya una decepción. 
Para terminar, señor Presidente del Consejo, particularmente, le diré que he apreciado su discurso de introducción impregnado de realismo y de pragmatismo. 
Creo que se ha esforzado en llenar bien el plato- acaba usted de hablar de cocina -, esperemos que nuestros colegas del Consejo no sean demasiado adeptos a la nueva cocina, y para concluir, deseo decirle, señor Presidente del Consejo, gracias por los resultados ya logrados. 
¡Ánimo y suerte! 
Señor Presidente, en lugar de perseverar en la comparación vulgar entre el garaje y el garajista, desearía recordar la definición dada por Robert Schuman, en 1950, de las normas comunitarias: » Europa no se hará de golpe, ni en una construcción de conjunto, sino en realizaciones concretas creando solidaridades de hecho». 
Con este espíritu se crearon las instituciones fuertes y las normas de derecho que permiten a los Estados vivir juntos, lograr un espíritu común y garantizar la eficacia. 
Es lo que se llama de forma más prosaica el método del engranaje y de los pasitos. 
Al referirme a estos principios, que siguen siendo fundamentales para el progreso de la Unión, desearía evaluar el proyecto de Tratado en tres ámbitos. 
Por lo que respecta al empleo y a lo social, el proyecto de texto de la Presidencia holandesa toma en consideración la exigencia de los ciudadanos europeos al introducir en el Tratado la lucha contra el desempleo, la creación de nuevos empleos, el mantenimiento de un sistema de seguridad social conforme al modelo europeo. 
Aun cuando algunos consideren insuficientes los compromisos, está abierta la puerta a otros desarrollos; es el método de los pasitos y del engranaje. 
Muy distinto es el resultado por lo que respecta a la política exterior y de seguridad común, también sentida por los ciudadanos como una manifestación de la existencia de Europa. 
Ahí no existen ni pasitos ni engranaje, y las herramientas creadas- lo siento, señor Ministro- son de naturaleza intergubernamental. 
La unanimidad, es decir, el derecho de veto, se encuentra por encima y por debajo de las decisiones. 
La autoridad del Consejo se ve reforzada en detrimento de la autoridad de la Comisión. 
La abstención constructiva está fragilizada por el derecho de veto, aunque fuera por el mal humor, de uno de los quince Estados, ¡y sólo hablo de quince Estados! 
En cuanto a la cooperación reforzada, es evidente que las condiciones de su aplicación serán esenciales para la evaluación de conjunto realizada sobre los resultados de la Conferencia, dicho de otro modo, sobre el futuro de la construcción europea. 
La condición de unanimidad para la PESC es un verdadero disparate que no puede justificarse con ningún argumento. 
Frente a los resultados modestos y previsibles de la Conferencia Intergubernamental, el respeto del plazo de la Unión Económica y Monetaria y el pacto de estabilidad aparecen como un imperativo absoluto. 
Cualquier aplazamiento, cualquier cuestionamiento de las condiciones y del calendario nos devolverían a las horas más sombrías de la historia de la Unión. 
Por lo tanto, hemos llegado a momentos de gran desafío y de gran peligro. 
Deseamos mucha suerte a la Presidencia holandesa. 
Señora Presidenta, la Conferencia Intergubernamental debería suscitar una nueva adhesión de los ciudadanos respondiendo a tres desafíos: dar nuevamente un sentido a la construcción europea, democratizar las instituciones, y compartir claramente las responsabilidades. 
En vísperas de la Cumbre de Amsterdam, estamos lejos de alcanzar estos objetivos. 
Soy pragmático y no pido la luna, pero pienso que podemos hacer más y que es preciso intentar hacerlo mejor antes de la moneda única y de la ampliación que, personalmente, considero ambas necesarias. 
No podemos contentarnos con un marco institucional tan débil. 
Si no progresamos suficientemente dentro de los ocho días, trabajemos ahora, dos o tres meses suplementarios este verano para resolver mejor tres o cuatro cuestiones cruciales; Podría firmarse un Tratado más serio al término de dicho plazo. 
Junto con mi grupo, pido que la conclusión se aplace a otoño, si no se producen algunas mejoras imperativas de aquí a Amsterdam. 
¿Qué hay que mejorar? 
En primer lugar, hay que aclarar el mandato que deberán respetar los Estados de la Unión relativo al objetivo «empleo». 
Demasiados equívocos obstaculizan el establecimiento de una acción clara. 
La iniciativa francesa encaminada hacia la búsqueda de nuevas condiciones de crecimiento y de empleo, por supuesto, sin negar los retos de la competitividad y de la estabilidad, es muy oportuna y valiente. 
Pero, ¿cómo concretarla? 
No bastaría con un protocolo adicional de intenciones al pacto de estabilidad. 
Es el Tratado el que debe prever compromisos claros e instrumentos operativos para que la coordinación de las políticas económicas integre verdaderamente la exigencia de cooperación para el empleo. 
En efecto, con este fin, la decisión sobre algunas cuestiones fiscales, financieras o industriales no debe verse obstaculizada más por la norma de la unanimidad; si cada Estado puede vetar, jamás habrá política común de crecimiento y de empleo. 
No nos contentemos pues con un acuerdo cosmético sobre fondo de bloqueo. 
En segundo lugar, la democratización de las instituciones exige más esfuerzos y, en este punto, apruebo las propuestas del Parlamento Europeo que van en el sentido de la codecisión, del control del poder ejecutivo y, en especial, de la transparencia. 
En tercer lugar, por lo que respecta al reparto leal de las responsabilidades y el refuerzo de la Unión en vísperas de la ampliación, el proyecto de Tratado da muestras de graves deficiencias en este punto concreto. 
Cada Estado se planta en sus prerrogativas. 
Es la Europa intergubernamental la que avanza y no la Comunidad. 
La legitimidad y la eficacia de la decisión común no se verán reforzadas. 
Los Estados disponen de los medios necesarios, pero se niegan a comprometerse con los fines y rechazan el control democrático. 
No debemos esperar que esta CIG levante del todo estas barreras. Por consiguiente, y es lo mínimo, la prudencia manda prever desde este Tratado una nueva cita de las reformas institucionales para el año 2000. 
Habrá entonces que prever un procedimiento de naturaleza constituyente que será necesario. 
Señorías, deseo saludar el trabajo realizado por la comisión institucional bajo la dirección de Biagio de Giovanni. 
Queda una duda en cuanto a la conclusión política. 
Superémosla, pidamos a los gobiernos que prosigan con sus esfuerzos. 
Señora Presidenta, estimados colegas, como es sabido la historia alecciona y por esta razón les contaré hoy una historia. 
El príncipe Gregor Potemkim, favorito de la zarina Catalina, conquistó Crimea. 
Cuando la zarina recorrió el territorio recién conquistado Potemkim la engañó sobre el verdadero estado del mismo con aldeas construidas rápidamente, con fachadas y con espectáculos militares. 
Esto sucedió en el año 1787. 
Hoy, 210 años después, hace tiempo que no existe ningún príncipe Potemkim ni un imperio zarista, pero se siguen construyendo aún aldeas al estilo Potemkim. 
La mayor que se haya construido jamás se inaugurará la semana próxima en Amsterdam con el Tratado de Maastricht II. 
Su fachada se ha mantenido amigable e invitadora- libertad, seguridad, Ley, la Unión y los ciudadanos- el Sr. Van Mierlo la describe con los más hermosos colores y yo me pregunto realmente si él cree lo que está diciendo. 
¿Qué se esconde, en efecto, tras la fachada? 
Una obra maestra de los parágrafos generales e indeterminados como en el caso del artículo sobre la no discriminación, una obra maestra de las puertas traseras como en el caso de la transparencia, y de las declaraciones de labios afuera como en el denominado capítulo sobre el empleo, una nadería llena de palabras. 
Maastricht II debe realizar las correcciones necesarias para dar capacidad de futuro a la Unión Europea en lo que respecta a una perspectiva europea global, a la democracia y a la ecología social. 
Lo que hay ahora no solamente es demasiado poco sino que también imposibilita las esperanzas, las exigencias y las legítimas expectativas que hemos formulado. 
Con Maastricht II se lleva a cabo el comienzo de la desdemocratización en favor de las facultades ejecutivas. 
No otra cosa es la aparente comunitarización de partes del tercer pilar, el comienzo de la erosión de los derechos fundamentales y de los principios del estado de Derecho, tales como el derecho individual al asilo o a la protección de datos. 
En vez de dar, por fin, a la Unión un fundamento de Derecho civil, en donde seguridad significa seguridad jurídica y no law and order. 
En el preámbulo se habla de sostenimiento para quedar atrapado luego en todo el texto en la lógica reinante del crecimiento que, como es sabido, es todo lo contrario de una responsable combinación de ecología y economía. 
Se inicia la militarización de la UE, en vez de favorecer una civilización de la política exterior. 
Nuestra tarea ha de ser la de retirar esta fachada, ya que nos gusta hablar tanto de transparencia y de credibilidad. 
Sólo que luego no debemos dejarnos manipular y no debemos describir como éxito y como progreso algo que no lo es. 
No somos los testigos principales del moderno príncipe Potemkim, se llame Helmut Kohl, Jacques, Hans van Mierlo o como sea. 
Nuestra tarea es la de poner en claro a los gobiernos que la democracia constituye el prerrequisito de la integración europea y no un obstáculo molesto. 
Hemos de poner en claro que existen nuevas expectativas de un cambio de rumbo en la política económica, en la política social y en la política medioambiental y ecológica. 
Señor van Mierlo, los ciudadanos no quieren solamente pan y espectáculos, quieren saber quién, cómo y con qué cocina en la cocina y qué es lo que se está cocinando. 
Queremos cocinar nosotros mismos. 
Esto es participación y esto es democracia, incluso en Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo- le felicito por su franqueza- señor Presidente de la Comisión, la multiplicidad de los cambios políticos en Europa y la brevedad de las fechas que nos separan de la Cumbre de Amsterdam, hacen que el ejercicio sea especialmente difícil de superar. 
Para nuestro grupo, está claro que nada debe dificultar el proceso de integración europea y que la necesaria toma en consideración de las exigencias sociales y del empleo no constituyen un freno a esta integración sino, bien al contrario, un argumento añadido en favor del refuerzo de la Unión. 
Por lo que respecta a las cuestiones del orden del día de la Cumbre, fuera de la reforma de las instituciones propiamente dicha, nuestro grupo apoya la resolución de compromiso que se votará luego, ya se trate de la Unión Económica y Monetaria, de los social y del empleo, del mercado único y del plan de acción propuesto por la Comisión, y otras cuestiones. 
Unas palabras sobre el pacto de estabilidad, objeto de discusión desde hace algunos días. 
Estimamos que este pacto es el corolario de la creación de la Moneda Única y que su adopción no debería diferirse, de lo contrario, correríamos el riesgo de retrasar la creación del euro, lo que constituiría una grave falta política. 
Sin embargo, comprendemos la necesidad de completar este pacto mediante posiciones económicas y sociales que tengan como objetivo el empleo. 
Esperamos que de aquí a Amsterdam, se llegará a un compromiso para que nada frene el establecimiento del euro. 
Para ello, tal vez no sea indispensable que se incluyan en el pacto estas disposiciones económicas y sociales. 
Podrían figurar en otro documento complementario. 
Por lo que respecta a las propias instituciones, lamentamos constatar que a unos días de la Cumbre, quedan todavía incertidumbres en algunos puntos importantes. 
El Sr. Presidente del Consejo lo ha confirmado. 
Por lo tanto, nos vemos reducidos a pronunciarnos sobre una propuesta presentada por nuestra comisión institucional. 
La primera versión de esta propuesta, redactada por el Sr. De Giovanni, era exigente y bastante severa. 
La segunda versión presentada por la propia Comisión es más optimista y menos exigente. 
Por nuestra parte, lamentamos esta evolución ya que deseamos que la Cumbre vaya tan lejos como sea posible en la reforma de las instituciones y en la vía de la integración, ya se trate de las modalidades de votación en el seno del Consejo, de la composición, del papel y del refuerzo de la Comisión, de las prerrogativas del Parlamento Europeo, en especial de la generalización de la codecisión, o bien del pilotaje de una verdadera política exterior y de seguridad, o de la elaboración, como del establecimiento, de una política económica y social de la Unión, lo que algunos llaman gobierno económico de la Unión, junto a lo que será el Banco Central. 
Todo esto lo hemos dicho en nuestro Parlamento desde hace dos años. 
Si no se nos diera satisfacción, haría falta una nueva CIG, como lo ha propuesto el presidente del Consejo. 
Señora Presidenta, la preparación del Consejo de Amsterdam está dominada por una polémica artificial sobre el pacto de estabilidad, que llega a ocultar los verdaderos retos de esta reunión. 
Polémica artificial, porque sabemos bien que el capítulo «empleo» , reivindicado por los socialistas franceses para reequilibrar el pacto, se encuentra ya en el proyecto del Tratado preparado por la Conferencia Intergubernamental y que no se podrá hacer mucho más. 
Polémica artificial asimismo, porque la moneda única, a partir del momento en que no existen zonas monetarias óptimas en Europa, no puede sino desfavorecer el empleo y, al lado de esta gran realidad, todo lo demás no es más que charlatanería o adorno político. 
Polémica artificial, por último, porque la primera y verdadera política de empleo a nivel europeo era la política comercial común, que Europa ha enterrado lanzándose de lleno al librecambismo. 
Pero esta polémica artificial sobre el pacto de estabilidad desvía la atención de los verdaderos retos de Amsterdam. 
En primer lugar, la muy fuerte progresión del federalismo en el proyecto del Tratado, que va a subordinar más aún a las naciones y agravar el déficit democrático. 
Además, el escamoteo del debate más inmediato sobre la moneda única, el que concierne a los cambios constitucionales radicales que habría que decidir para que funcione de verdad, pero que nadie se atreve a abordar con franqueza por miedo a suscitar problemas que no se puedan controlar. 
Cuando vemos las prudencias y las precauciones, bastante risibles, a decir verdad, del proyecto del Tratado, para eludir esta cuestión fundamental de la viabilidad de la moneda única, no podemos por menos de pensar en la frase de Jean-Jacques Rousseau: » Hay que dejar la daga en la llaga para que el herido no expire al extraérsela». 
Señora Presidenta, en Amsterdam, por desgracia, no podremos celebrar el definitivo orden de la Unión Europea. 
Los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, de hecho, todavía no han logrado la consolidación de la unión política, ni tampoco hubiera podido ser de otro modo, ya que a la Unión le falta aún una estructura institucional democrática y funcional, capaz de regir los avatares de una Europa ampliada. 
¿Cómo se puede pensar en una Unión política, en una política exterior y de defensa común que garantice la paz, y en una política que lleve a cabo dentro de la Unión, y fuera de ella con los países asociados, una política de respeto y de defensa de los derechos humanos, sin un orden institucional sólido y eficaz? 
¿Cuál va a ser la autoridad que recibirá de los Estados miembros una parte de su soberanía, a fin de resolver autorizadamente los problemas que acabo de mencionar? 
La falta de unión política está reportando a nuestros Estados enormes e innumerables dificultades para la Unión Económica y Monetaria, debido al hecho de que, al igual que un nuevo edificio se construye desde los cimientos, también la realización de la unión económica a través de la unión monetaria debería ser la consecuencia directa de la unión política, y no viceversa. 
Por estos motivos, Alianza Nacional considera importante que la Conferencia Intergubernamental no termine en Amsterdam, sino que prorrogue sus trabajos hasta alcanzar una meta política consolidada e institucionalmente bien estructurada. 
La cuestión de la ampliación, en consecuencia, debe afrontarse también desde este punto de vista. 
La falta de homogeneidad entre los países candidatos y los 15 Estados de la Unión es muy grande y, en algunos sectores, incluso parece insalvable. 
Por ello, además de la legítima preocupación sobre la funcionalidad y eficacia de la futura Unión, parece absolutamente indispensable un período transitorio, que deberá debatirse en el marco de las negociaciones. 
Desde esta óptica, parece obvio que aplazar durante algunos meses las decisiones de la Conferencia Intergubernamental, no constituye un grave peligro para el porvenir de la Europa ampliada, sino la única solución posible para lograr una ampliación cuyos resultados sean provechosos y sobre cuya base se cree por fin la Europa política. 
Señora Presidenta, me alegro de que se haya progresado en la preparación del nuevo Tratado de la Unión Europea y me alegro de que se haya llegado a un acuerdo que corresponde poco más o menos a lo previsto. 
Será un paso modesto pero importante para la Unión Europea. 
Ahora bien, incluso en esta fecha relativamente tardía insto a la Presidencia neerlandesa a que haga todo lo posible por reforzar el texto, particularmente por lo que se refiere al capítulo del empleo y a las esferas selectivas de votación por mayoría cualificada. 
Por el momento el texto es más bien impreciso; necesitamos mayor precisión y mayor firmeza, pero la Cumbre de Amsterdam examinará también otras cuestiones, particularmente los esfuerzos por llegar a la unión económica y monetaria, el pacto de estabilidad y el programa del mercado único de la Comisión. 
Lo que quiero decir esta mañana es que la creación de puestos de trabajo merece la prioridad central. 
Hoy en día hay 18 millones de personas desempleadas en Europa, y un 21 % de desempleo entre los jóvenes. 
Esto es una catástrofe, y necesitamos desarrollar una acción coordinada para enfrentarnos con el problema. 
Necesitamos un pacto de estabilidad y de crecimiento. 
Hablamos de prestar apoyo a la industria, pero deberíamos hacer todo lo que podamos por estimular a las empresas pequeñas y medianas. 
Necesitamos dar efecto a las propuestas de Essen, completar el mercado único y dotar a Europa de una verdadera competitividad. 
Todas éstas son importantes cuestiones que hay que examinar en la Cumbre de Amsterdam, además de los cambios institucionales. 
Me parece que si lo conseguimos, la Cumbre de Amsterdam pasará a la historia como un hito en el desarrollo de Europa, no solamente a causa del nuevo Tratado de la Unión Europea sino también porque habrá puesto la creación de puestos de trabajo a la cabeza del programa de acción europeo. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, muchas gracias por sus intervenciones. 
Creo que son un buen augurio de lo que puede ser el Consejo Europeo de Amsterdam si al final se acierta. 
Y me parece que la labor de este Parlamento debe ser, en este momento, la de intentar que acierten ustedes, que acierten los Gobiernos. 
La muy brillante intervención del señor Martens, Presidente del Grupo del PPE, hace que yo pueda concentrarme en temas más concretos. 
El primero de ellos, que recogemos en la propuesta de resolución que se va a someter a votación a este Parlamento en el curso de esta mañana, se refiere a algo que me parece fundamental: la preservación del método comunitario. 
Lo que caracteriza a esta «cosa» tan rara y complicada- como ha dicho el Sr. Van Mierlo -, que es la Comunidad o la Unión Europea, es el método comunitario, es el hacer cosas juntos, a través de un órgano supranacional que dice en cada momento cuál es el interés comunitario. 
Y por tanto, a mí me parece importantísimo que la labor de la Comisión quede perfectamente preservada, porque, sin la Comisión, esto que hemos creado sería una organización de cooperación intergubernamental, pero carecería de ese factor de integración que le caracteriza. 
Me parece también importante que mantengamos las competencias jurisdiccionales del Tribunal de Justicia, que ha cumplido una labor importante y que es una garantía democrática eficaz. 
Y en ese sentido, creo que también tenemos que buscar el papel que debe corresponderle al Parlamento. 
Yo creo, señor Van Mierlo, que si usted examina la propuesta de resolución que vamos a votar esta mañana, verá usted que en ella se produce un cambio de naturaleza de este Parlamento. 
Este Parlamento ha sido durante muchos años un Parlamento impulsor que, al no tener competencias propias, lo que hacía era impulsar, mandar hacia adelante. 
Este Parlamento, desde el Tratado de la Unión Europea, es un Parlamento decisor en algunas materias. 
Y yo creo que esta propuesta de resolución que vamos a votar hoy muestra ese nuevo carácter del Parlamento: un Parlamento que decide, un Parlamento que busca, en cada momento, hacia dónde tiene que ir la Comunidad. 
Y, por eso, en nuestra propuesta de resolución- que, como podrá observar si mira hacia atrás, presenta grandes diferencias con otras resoluciones de la década pasada- este Parlamento ha puesto de relieve aquello que le parece positivo del proyecto neerlandés, que es mucho, y queremos apoyarle a usted en aquellos temas donde nos parece que la Presidencia neerlandesa, como las anteriores Presidencias, va en la buena dirección. 
También queremos puntualizar aquellos temas donde creemos que hay que hacer un esfuerzo de última hora. Porque yo creo que, si hacemos un esfuerzo, podremos lograr un buen resultado. 
Y creo que ese esfuerzo tiene que concentrarse en dos puntos: 
Primero, el tercer pilar. 
Aunque hay otros compañeros en esta Cámara, seguramente, que piensan que hay que ir más lejos, yo creo que la propuesta de la Presidencia neerlandesa de integrar el tercer pilar en el primero en relación con determinadas materias, va en la buena dirección, aunque sea con plazos, y nosotros, por eso, vamos a apoyarla. 
Sin duda, la mejor política social, la mejor política de empleo, es una buena política económica nacional- yo me alegro mucho de poder decirlo, puesto que, en mi país, mi Gobierno está, en estos momentos, en una espléndida situación -, pero creo que también tenemos que dar una señal clara a los ciudadanos de que la Unión se preocupa por esos temas. 
Y esa señal clara, señor Presidente, es algo que debe estar contemplado en el Tratado. 
Finalmente, quisiera también señalar que en esta recta final hacia el Consejo Europeo de Amsterdam, si sabemos afrontar estos retos, si tenemos también audacia- creo que la audacia es necesaria- y si tenemos ambición, creo que haremos un buen Tratado que servirá para la ampliación. 
No hay que olvidar que si no conseguimos un Tratado correcto en su funcionamiento la ampliación no podrá hacerse. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio del Consejo y al Presidente de la Comisión por haber contribuido al debate de esta mañana. 
Las negociaciones en curso sobre una revisión de los Tratados Europeos están teniendo lugar simultáneamente con los preparativos para la creación de una moneda única. 
Se comprende que los preparativos para la moneda única hayan recibido mucha más atención pública que la CIG en vista de las repercusiones directas y evidentes que el Euro tendrá en nuestra vida cotidiana. 
Sin embargo, la CIG y el nuevo Tratado que surgirá de esas negociaciones pueden tener repercusiones aún más importantes para la vida de nuestros ciudadanos, a condición de que los gobiernos de los Estados miembros mantengan las negociaciones bien centradas en la solución de las cuestiones que más interés revisten para el público en general. 
Las elecciones que han tenido lugar recientemente en varios Estados miembros pueden contribuir a que así suceda. 
La cuestión de interés más amplio es el empleo, tanto el suministro de oportunidades de empleo para los que no lo tienen como el mejoramiento de la seguridad laboral para los que están trabajando actualmente. 
La tasa de desempleo de la Unión Europea es el doble de la de los Estados Unidos de América y el triple de la del Japón. 
Estos son valores inaceptablemente elevados, y los gobiernos tienen que centrar su atención en la adopción de medidas que creen puestos de trabajo, particularmente para nuestros jóvenes. 
La seguridad del empleo en el futuro para los que tienen la suerte de contar con un empleo en la actualidad es una cuestión no menos importante. 
La Unión tiene que conseguir que las compañías europeas mantengan su competitividad en los mercados internacionales y que nuestros países sigan siendo puntos de destino atractivos para las inversiones extranjeras y los proyectos de las compañías de otros continentes encaminados a la creación de puestos de trabajo. 
El mejor método de que disponemos para conseguir que haya seguridad en el empleo para los trabajadores consiste en mantener y, en muchos casos, mejorar las ventajas competitivas de que disfrutan las industrias de base europea. 
Tenemos que precavernos contra la tendencia de promulgar nueva legislación, particularmente en el plano europeo, que incrementa los gastos globales de producción de nuestra industria y pone en peligro la seguridad en el empleo de todos los que trabajan para la industria. 
La Unión debe tener por objetivo la reducción al mínimo de las cargas burocráticas y administrativas impuestas a nuestra industria, particularmente por los reglamentos y las directivas de la Unión. 
Debe ayudar a mejorar la competitividad mediante las inversiones y a mejorar la capacitación de las aptitudes de nuestros trabajadores y de los desempleados temporales. 
Por último, tenemos que defender con firmeza nuestros intereses en el mercado internacional, basando nuestra política comercial en la premisa de que las compañías del extranjero sólo tengan acceso a nuestros mercados si nosotros tenemos también buen acceso a sus propios mercados. 
No tiene sentido, o tiene poco sentido, que la Unión Europea elabore una política comercial basada en principios de mercado libre y liberal, si nuestros competidores siguen aplicando prácticas restrictivas en sus mercados nacionales. 
La CIG debería abordar las cuestiones de la creación de puestos de trabajo y de la seguridad en el empleo velando por que las propuestas de revisión del Tratado incluyan la obligación específica de dar mayor prioridad a las medidas encaminadas a mejorar la posición competitiva de la industria de la Unión Europea en el mercado internacional. 
Señora Presidenta, la Conferencia Intergubernamental que está finalizando tiene un interés especial para los nuevos países miembros. 
Es ahora cuando comprobaremos si la adhesión llegó a convertirse en lo que nos prometieron al principio aquellos que la defendían. 
Puedo afirmar que existen grandes diferencias entre lo que ahora se propone y las esperanzas que se dieron al pueblo sueco con anterioridad al referéndum. 
Antes del referéndum un argumento principal a favor era nuestra posibilidad de influir sobre la Unión. 
Ahora vemos que vamos a tener menos votos en el Consejo de Ministros y que se elimina el derecho a veto en una serie de cuestiones. 
Otro argumento a favor era que se podrían mantener los controles fronterizos suecos. 
En el nuevo proyecto de Tratado van a prohibirse los controles en la práctica. Además se producirán amplias armonizaciones en cuestiones jurídicas y de política de asilo. 
Otro argumento era que se permitiría la continuación de la política sueca de neutralidad militar. 
Sin embargo, se están dando cada vez más pasos en dirección a una defensa común. 
A causa de los ambiciosos cambios que se proponen, mi partido votará en primer lugar contra la modificación del Tratado, y en segundo propondrá la celebración de un referéndum sobre éste en Suecia. 
Señora Presidenta, tras las manifestaciones hechas por el Consejo y por la Comisión no se siente uno tentado precisamente a jurar por la visión de la unidad de Europa. 
Estos discursos, el ciego y mezquino pragmatismo, el apocamiento, la mentalidad tecnocrática se alejan demasiado de la tarea histórica de la unificación de Europa. 
No obstante, creo que esta Conferencia intergubernamental debe ser medida en base a esta dimensión histórica. Creo también que nosotros, el Parlamento, debemos ser medidos también con arreglo a la misma. 
Si estamos de acuerdo en que queremos construir la Casa Europa y que sus cimientos son la democracia y los derechos de los ciudadanos, entonces hemos de decir que esta Conferencia intergubernamental no ha fortalecido los cimientos de la casa Europa, sino que estos cimientos se están haciendo más quebradizos, desde los derechos para Europol, la deficiente codecisión y la ausencia de derechos fundamentales hasta la deficiente estructura democrática de esta construcción tecnocrática. 
Si somos unánimes en que su estática consiste en la cohesión social de las sociedades y en la justa participación de las personas en el bienestar, entonces esta Conferencia intergubernamental no significa ningún fortalecimiento de esta estática. 
En vista del desempleo masivo, del aumento de la pobreza, de la profundización de la brecha entre pobres y ricos, los instrumentos que se ofrecen en esta Conferencia intergubernamental no son adecuados para fortalecer esta estática. 
Si somos unánimes en que el pilar de seguridad de esta casa europea es un orden de paz europeo y no un pacto militar, entonces está errada la concepción que ha expuesto aquí el Presidente de la Comisión. 
Señor Presidente, quizá usted no pueda imaginar, tal como se ha expresado usted aquí, que Europa sin fuerza militar puede jugar en el mundo un papel dirigente. 
Sin embargo, esta Europa en el caso del carbón y del acero se apoyaba ya precisamente en esta idea de unificarse sin fuerza militar y representar un régimen de paz. 
Y si somos unánimes en que el constructor de esta casa Europa no es una élite política, sino que lo son los ciudadanos de esta Europa, entonces le pregunto lo siguiente: ¿con qué se va a inflamar el entusiasmo de los ciudadanos por esta Europa, en vista de los resultados de esta Conferencia intergubernamental? 
Si el Parlamento es el abogado del constructor de la casa Europa, si es el abogado de los ciudadanos, entonces debe oponerse hoy enérgicamente a la pusilanimidad y al pragmatismo de esta Conferencia. 
Señora Presidenta, he seguido esta mañana con gran interés el debate, esperando que se materializara en una respuesta realista a las preocupaciones de los ciudadanos de Europa. 
Desgraciadamente no ha sucedido así. 
Tanto el Consejo como la Comisión parecen resueltos ha seguir adelante con la convicción de que son los únicos que saben lo que hay que hacer. 
Millones de nuestros ciudadanos sienten preocupaciones muy sinceras por el futuro de la UEM. 
Les inquieta el ritmo y la velocidad con que progresamos, y no se les pasan por alto las manipulaciones y el «masaje» que sufren las reservas nacionales en el impulso por crear y cumplir los criterios de Maastricht. 
Los ciudadanos de Europa están pagando el precio máximo en términos de desempleo elevado, y las esperanzas de que la situación mejore en el futuro próximo son muy escasas. 
Si tuviéramos que consagrar la misma energía a la creación de nuevos puestos de trabajo, de nueva seguridad, me parece que nuestros ciudadanos tendrían más confianza. 
Las cuestiones del interés nacional y de la votación mayoritaria requieren una clara solución. 
Me temo que estemos en camino de crear una situación aún más borrosa con mayor número de zonas oscuras. 
La función de los parlamentos nacionales tiene que aumentar, y no disminuir. 
No creo que podamos proceder a una ampliación mientras no sepamos con toda claridad qué es lo que queremos para nosotros mismos. 
Si no contamos con estructuras firmemente establecidas antes de la ampliación, de valor bien demostrado y bien verificadas, no hay posibilidad alguna de que la ampliación tenga éxito. 
Hemos de tener mucho cuidado en Amsterdam para no destruir lo que hemos conseguido y lo que se ha creado hasta ahora. 
Señora Presidenta, la valoración del proyecto de un Tratado modificado debe ahcerse con arreglo a las posiciones del Parlamento Europeo. 
En primer lugar, prioridad para medidas activas de empleo y para la justicia social, en segundo lugar, una política operativa exterior y de seguridad, en tercer lugar, medidas comunitarias en los ámbitos de Interior y de Justicia; en cuarto lugar, democratización de nuestras estructuras con un nuevo equilibrio interinstitucional y, en quinto lugar, hacer todo lo que sea posible para dar realmente capacidad de ampliación a la Unión Europea. 
Las propuestas de la Presidencia neerlandesa constituyen, en conjunto, pasos importantes en la dirección deseada por el Parlamento Europeo. 
Pero es preciso que se siga avanzando por este camino en Amsterdam, pues deseamos y necesitamos el éxito de esta Conferencia intergubernamental. 
A este respecto, le corresponde un papel muy específico al Parlamento Europeo. 
Quiero recordar que el Proyecto constitucional Spinelli fue el prerrequisito del Acta Unica Europea de 1986, que el Tratado de Maastricht de 1992 se vió influido ya por propuestas importantes de esta Asamblea y que ahora estamos representados por dos diputados europeos que intervienen en las deliberaciones. 
Hoy es ya indiscutible lo siguiente: muchas propuestas que figuran sobre la mesa de negociaciones han nacido en el Parlamento Europeo. 
Hemos sido un motor de esta Conferencia y en todos los pasos ulteriores de reforma que aguardan después del cambio de milenio el Parlamento Europeo debe participar con igualdad de derechos en las negociaciones y en la ratificación. 
Ahora la responsabilidad reside en los jefes de Estado y de Gobierno. 
En todos sus discursos de los domingos están a favor de un desarrollo ulterior de la Unión Europea. 
Ahora, en un lunes, deben contribuir con decisiones concretas a mejorar la realidad existencial de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos. 
Señora Presidenta, la operatividad de la Unión Europea y, con ella, su capacidad de ampliación han sido unas de las tareas esenciales de esta Conferencia intergubernamental, y la Presidencia neerlandesa del Consejo ha intentado- como sus predecesoras- hacer todo lo posible por avanzar en estos ámbitos. 
Pero, lamentablemente, en muchos ámbitos es tan grande la desconfianza entre nuestros gobiernos que en aquellos sólo se producen avances limitados, y yo quisiera dar las gracias al Presidente Santer por su alusión al artículo 113. 
Si en el ámbito de los servicios- éste es solamente un ejemplo que vale para otros muchos ámbitos- en el copyright y en las inversiones directas prevemos tres páginas de excepciones en un protocolo, convertimos a fin de cuentas la reforma del artículo en lo contrario. 
No puedo menos que animar a la Presidencia neerlandesa del Consejo a que ponga en claro con este ejemplo, que se debe realizarse todavía una ruptura en Amsterdam, para que no tengamos un status quo negativo, es decir, que los gobiernos defiendan posiciones que, vistas con serenidad, van contra sus propios intereses, por ejemplo, cuando se trate de las negociaciones en la ronda de la OMC. 
Lo mismo vale para la política de Justicia y de Interior. 
Considero absolutamente indispensable que los ámbitos que la Presidencia neerlandesa del Consejo propone para que sean transferidos del tercer pilar al primero, sean incluidos realmente en éste para que se pueda lograr operatividad. 
Esta operatividad debe ser realzada por una transición automática de la toma de decisiones por unanimidad a la toma de decisiones por mayoría para lograr una auténtico avance. 
Me entristece escuchar a los hombres de estado decir que Europa quiere luchar contra la criminalidad internacional, cuando le niegan después a Europa los instrumentos para ello, tal como ha sucedido. 
Sólo se puede funcionar a través de este automatismo que debe ser introducido en el primer pilar. 
Digamos aquí sólo de manera marginal que con esto van conectados también los derechos del Parlamento. 
Lo mismo sea dicho de la política exterior y de seguridad. 
Aquí se han encontrado maravillosas construcciones; no estoy seguro de si en la práctica éstas van a llevar hacia una mayor operatividad, pero sí estoy seguro de que esto se va a revisar. 
En el segundo punto se trataba de lograr una mayor democracia y de poner Europa más cerca de los ciudadanos. 
Creo, señor Presidente del Consejo, que usted mantendrá firme su apoyo al Parlamento y que se conseguirán avances en el ámbito de la codecisión. 
Espero que podamos darle a usted las gracias el próximo miércoles, espero que suceda así. 
Existen algunas mejoras posteriores como, por ejemplo, en la cláusula antidiscriminación y en algunos otros ámbitos. 
Quizá se produzca también un momento de generosidad el lunes o el martes, de manera que en estas cuestiones puedan hacerse todavía mejoras posteriores en esto o en aquello. 
Quizá pudiera introducirse también el derecho del Parlamento a realizar modificaciones de los Tratados, tal como acaba de comentar nuestro colega, el Sr. Schäfer. 
Creo que en el punto tercero el Parlamento ha logrado algo con mucha presión en los últimos años, en concreto, que logremos un mejor equilibrio social. 
Se integrará el protocolo sobre el empleo y asuntos sociales. 
Espero que en este ámbito logremos unos mejores mecanismos de toma de decisión y que tengamos una cooperación mejor que hasta ahora, por ejemplo, en el procedimiento de codecisión, si se puede mantener la estrategia que se ha seguido hasta ahora. 
También soy de la opinión de que necesitamos un capítulo sobre el empleo en el que se logre una coordinación real de las políticas nacionales de empleo. 
No necesitamos ninguna competencia europea nueva, sino coordinación, pues las políticas de empleo, diferentes e incluso opuestas, se neutralizan debido a nuestra interdependencia en el mercado común. 
Esto va en interés de todos. 
Aquí no importan los nuevos programas financieros, no son importantes, en absoluto, podemos aprovechar de igual manera los Fondos estructurales. 
Lo importante es poner en marcha los mecanismos y el empleo. 
Este es el punto de arranque. 
El empleo es un objetivo macroeconómico junto a otros. 
De esta suerte podemos solucionar también los problemas que están interrelacionados con... 
(Interrupción por el Presidente) 
Señora Presidenta, los Países Bajos han adoptado una actitud coherente, pragmática, realista, con un toque de idealismo. 
El Sr. Van Mierlo habla de una Unión más dinámica y eficaz, que sea visible para el ciudadano y con una cocina en la que se preparen buenos platos. 
¡Pero de qué sirve una cocina bien equipada, con buenos platos, si la sala en que se sirven es una ruina! 
Tras las puertas de esta casa inadaptada, el Consejo sigue celebrando reuniones secretas. 
No hay puertas abiertas, ni apertura democrática; en sus habitaciones enrarecidas, los Comisarios tropiezan entre sí mientras en la cocina el Presidente prepara la comida. 
El ciudadano quiere hechos, trabajo y seguridad. 
El empleo, ha dicho el Presidente, no puede ser garantizado por el Tratado. 
Pueden suscitarse de nuevo sentimientos antieuropeos si el sueño del empleo, que inscribe usted en el Tratado, no se hace realidad. 
En cuanto a la seguridad, todavía no veo claramente qué acciones se emprenderán para fomentarla. 
Los Países Bajos adoptan precisamente medidas contrarias a ello, como declarar en excedencia al fiscal Van Der Voort, que tenía todas las pruebas sobre el tráfico de cocaína desde Surinam vía los Países Bajos. 
No es una buena señal, señora Presidenta. 
Otro ejemplo: los conductores ebrios y los que superan los límites de velocidad eluden la acción penal porque se ha olvidado presentar las disposiciones técnicas en Bruselas. 
¿Dónde está la seguridad que se le prometió al ciudadano? 
Los representantes holandeses en la Unión para Europa no desean pan y circo, ni una fachada, sino hechos. 
Con todo, Amsterdam todavía no está perdido, y espero que logremos un buen Tratado. 
Señora Presidenta, creo que es evidente que, por un lado, no puede continuar la discriminación en la UEM ni, por otro lado, en la Conferencia Intergubernamental. 
Y por supuesto es necesario que continúe la UEM. 
Ahora bien, la Conferencia Intergubernamental ha de restablecer los equilibrios. 
Ha de restituir el papel de la Unión Económica, como también el papel de un gobierno económico respecto a la UEM. 
Para eso se han de restaurar las condiciones de una política democrática. 
Nadie cederá derechos a organismos que tomen decisiones importantes si no tiene la convicción de que podrán practicar políticas dentro de la Unión: políticas sociales, de empleo, de medio ambiente. 
Pero, en cualquier caso, los políticos y los ciudadanos deben volver a encontrar su papel y su peso. 
No podemos dejar estos asuntos en manos de un organismo que desarrolle sus tareas en el vacío y tenga poco peso, como el Banco Central. 
Señora Presidenta, las solemnes intervenciones que se celebraron con anterioridad a la redaccción del proyecto en el sentido de que el nuevo Tratado incluiría un programa de reformas que constituiría la base para la nueva Europa, para el futuro, y que haría que los ciudadanos superasen sus críticas hacia la UE, han fracasado rotundamente en mi opinión. 
Del proyecto se deduce que no se ha hecho énfasis en absoluto en lo que se había dicho al principio, en la democracia, la transparencia, la seguridad social y un desarrollo sostenido. 
Además- y esto es lo más importante- se han pospuesto los preparativos para admitir nuevos miembros. 
Opino que el proyecto dificulta la ampliación y con ello nos arriesga a que se consolide la división de Europa, lo cual produce un sentimiento de decepción. 
También hemos escuchado al Sr. van Mierlo alabar la CIG por haber alcanzado los objetivos de la democracia y la transparencia, además de haber cumplido con los deseos de los ciudadanos en torno a la creación de empleo, pero lamentablemente todo esto son hermosas palabras. También los ciudadanos comprobarán que el guiso que sale de la olla de la UE está muy, muy bautizado. 
Daré algunos ejemplos: En lo referente al requisito de la transparencia, información y apertura lo que se ha conseguido es totalmente inaceptable. 
Primero se ha dicho que los ciudadanos debían tener derecho a acceder a todo acto jurídico, para después derogar esto dándole al Consejo de Ministros potestad para limitar este derecho. 
Además, cada institución podrá establecer por sí misma las normas que rigen para la transparencia. 
¿Qué se quiere decir con esto? 
Si a esto le añadimos el reglamento sobre archivos de la UE, veremos que no queda nada de transparencia. 
Nos limitamos a solemnes declaraciones y vanos deseos. 
Lo mismo reza lamentablemente para la claúsula de salvaguardia, que tiene la apariencia de haber resultado reforzada a través de algunas precisiones. 
Pero si un país desea conservar o introducir una legislación más rigurosa en torno al medio ambiente tiene que exponer sus razones a la Comisión, que puede desestimarlas haciendo referencia a obstáculos al comercio. 
Las cuestiones del desarrollo sostenido y el medio ambiente siguen estando por desgracia en la categoría de fuera de combate. 
En primer lugar quiero darle las gracias al Presidente del Consejo por haberse tomado el tiempo de rendir cuentas aquí, pues pienso que es el único lugar donde un Presidente del Consejo puede hacerlo. 
Algunos puntos. 
Sobre la CIG, la cocina y la Europa de los ciudadanos. 
Quizás sea cierto que los ciudadanos no están interesados en la construcción de la cocina, pero quieren saber si habrá más Europa de los ciudadanos. 
Y en tal caso la pregunta de cómo se ha montado, más o menos chapuceramente, la cocina y si hay alguna posibilidad de que se pueda contar con cocineros que sepan cocinar es muy relevante. 
Por tanto, la iniciativa está ahí, pero la continuación se hace esperar. 
El asunto no estará claro de inmediato. 
Pienso que estamos de acuerdo en que la CIG ha de permitir la ampliación. 
Hemos de evitar las situaciones a la Ioannina- y eso que era relativamente simple -, así como que, después de la ampliación, retrocedamos en lugar de avanzar. 
Pienso que todavía podemos estar de acuerdo con el Secretario de Estado alemán Hoyer, quien ha dicho en la Comisión de Asuntos Institucionales que en estos momentos el proyecto de Tratado no es suficiente para hacer posible la ampliación. 
Y que no esperemos que cuando se pongan en marcha las negociaciones, todo sea más fácil. 
Por tanto, hay un enorme problema que no podrá solucionarse en Amsterdam y mi pregunta sigue siendo, pese a lo que ha dicho Van Mierlo, cómo hemos de entenderlo. 
Una tercera cuestión: la democratización. 
Admito que para el Parlamento Europeo haya algunos puntos de mejora en el texto, aunque también haya peligro de retroceso en ciertos aspectos. 
Pero lo que más me interesa es la situación global de la democracia parlamentaria con relación al proyecto de Tratado. 
Y creo que los parlamentos nacionales corren el riesgo de sufrir un retroceso considerable, que no se ve compensado por lo que se gana a nivel europeo. 
Por último, el sistema de la CIG. 
Pienso que esta negociación tan larga ha demostrado que, en realidad, este sistema ya no puede funcionar en una Comunidad grande. Se parece cada vez más al intento del barón Von Münchhausen de salir del pantano tirándose de los pelos. 
¿No es posible buscar un nuevo sistema? 
Señora Presidenta, con el actual proyecto de Tratado de Amsterdam muchos de nosotros tenemos la impresión de vivir con el alma en vilo. 
Porque, por un lado, los limitados progresos que se han logrado hasta ahora supondrán unas mejoras limitadas en el antiguo Tratado. 
Pero, por otro lado, habrá algunas cosas que no se logren y seguramente tendremos un Tratado deficiente, y eso justo antes de la ampliación a los nuevos Estados miembros de la Europa Central y Oriental. 
Sobre los progresos limitados seré breve. 
No son pocos, pero tampoco muchos. 
Con todo, nos complace que el empleo y el medio ambiente salgan mejor parados; que en el ámbito de la lucha contra la delincuencia internacional se hayan realizado progresos; que los procedimientos de decisión se simplifiquen; que el Parlamento tenga algo que decir en la legislación. 
Pero nos preocupa lo que no se ha logrado. 
Me refiero, por ejemplo, a la transparencia de la gestión, al contenido democrático de la Unión, a la política exterior y también a la ponderación del voto. 
En lo que respecta a la transparencia de la gestión, es bueno que a partir de ahora se pueda disponer antes de los documentos sobre la legislación de la Unión. 
Es importante para los ciudadanos, para los parlamentos nacionales y para nosotros. 
Pero es una lástima que no parezca haberse progresado en relación con la transparencia en el Consejo. 
En realidad, es un atentado contra la democracia parlamentaria. 
Considero que no es aceptable y que el Consejo debería cambiar de actitud. 
Por desgracia hemos de constatar que también en otros ámbitos, el Sr. Dankert acaba de mencionar algunos puntos, las democracias parlamentarias van mal. 
Cuando advierto que tanto en materia de seguridad interior como de política exterior los parlamentos nacionales corren el riesgo de perder competencias que no se transfieren al Parlamento Europeo, me pregunto si no estaremos dando marcha atrás. 
Y si tampoco se nos permite administrar la problemática presupuestaria o todo el presupuesto, ahora es el caso de 50.000 millones, en realidad no podemos hablar de taponar un agujero democrático. 
Esta es una de mis principales preocupaciones y sé que el Sr. Van Mierlo tiene buenas intenciones al respecto. 
A fin de cuentas, es inaceptable que se socave la democracia parlamentaria a nivel europeo. 
Ahora quiero reclamar su atención sobre la ponderación del voto. 
He visto que, en las propuestas, la suma de países grandes obtienen más puntos que los países pequeños. 
Aunque los Países Bajos no salen mal parados. 
Pero me pregunto si no supondrá una inflexión en los referendos y en los parlamentos nacionales. 
En realidad considero que el compromiso desarrollado en Ioannina era muy bueno, y ¿no sería sensato mantener estas relaciones también en la nueva ponderación del voto? 
De hecho, adelantamos en algunas cuestiones, pero en otras no. 
Deseo a la Presidencia holandesa mucha fortaleza y mucha sabiduría, y también una buena dosis de suerte. 
Señora Presidenta, el nuevo proyecto de Tratado, a pesar de sus imperfecciones, contiene muchas nuevas pistas. 
Pienso que la negociación ha tomado en consideración nuevas reivindicaciones. 
¡Qué podemos hacer en esta fase del debate? 
A lo sumo, podemos lograr empujones suplementarios en los últimos días de la negociación, ya que facilitarían la aceptación de las nuevas disposiciones por parte de la opinión pública. 
Voy a dar tres ejemplos de ello: el primero, es el capítulo del empleo. 
Es el asunto que preocupa a todo el mundo. 
La gente está dispuesta a salir a la calle. 
Por consiguiente, está bien que la política del empleo se mencione en el Tratado. 
Sin embargo, si no se precisan algunos medios concretos, en materia de política económica, Europa hará ver que contribuye a una política del empleo y ello producirá más desencanto que satisfacción. 
Por lo tanto, es preciso saludar la insistencia de la Comisión, del Presidente Santer, del Gobierno francés y también de otros gobiernos, para precisar en este punto el pacto de crecimiento y de estabilidad. 
Segundo ejemplo: el servicio público. 
El nuevo artículo 7D es relativamente vago. 
También aquí, la esperanza no sólo de los asalariados de los servicios públicos, sino también de los usuarios, es grande. 
No habría que seguir desmantelando el servicio público al tiempo que utilizamos palabras grandilocuentes sobre su valor social. 
Por lo tanto, vale más precisar, como lo pide el Parlamento Europeo. 
Tercer ejemplo: la grave crisis debida a la enfermedad de las vacas locas sigue preocupándonos. 
Precisamente, salgo de una reunión- es la razón por la que he tenido que ausentarme, lo siento- con el comisario Oreja, sobre las disposiciones institucionales relativas al ámbito veterinario y a la salud pública. 
Si la Comisión y el Consejo no reaccionan de forma enérgica, esta crisis puede llevarnos a una crisis institucional mayor. 
Por consiguiente, hay que ser más concreto y más preciso. 
Señora Presidenta, el Sr. van Mierlo nos ha descrito la imagen que se nos presenta al término de la Conferencia Intergubernamental, cinco días antes de la cumbre de Amsterdam, y se ha referido a los esfuerzos de la Presidencia holandesa. 
Seríamos injustos si no los reconociésemos. 
Sin embargo, no estamos en el atletismo, donde el esfuerzo por sí solo ya cuenta. 
Estamos en la política, donde lo que cuenta principalmente es el resultado. 
El resultado de Amsterdam se presenta, en el mejor de los casos, como un acuerdo basado en un denominador común mediano, si se llega a un compromiso con los socialistas franceses, que prometieron mucho antes de las elecciones y que ahora miden la desmesura de sus promesas. 
Una razón para que nosotros también midamos bien nuestras palabras. 
Los retos son realmente históricos, puesto que los ciudadanos de Europa temen por su empleo, por su seguridad y por la paz. 
No obstante, nuestra voluntad política para afrontarlos, señora Presidenta, es muy débil, y marcando el paso nos apresuramos a alcanzar nuevos compromisos a medias para ir al encuentro de la Europa del siglo XXI. 
De nuevo se ha hablado mucho hoy sobre el nuevo título para el empleo. 
Sin duda será muy útil, pero no demos a los ciudadanos la falsa impresión de que estos títulos bastarán para combatir el azote del desempleo. 
Para ello se requieren grandes políticas, y nos estamos mostrando incapaces de concebirlas y adoptarlas. 
Además, es necesario que pongamos atención en las cuestiones del equilibrio institucional, que no debe transformarse en perjuicio de los más pequeños. 
La Unión es una Unión de Estados miembros iguales. 
Esta igualdad debe conservarse en Amsterdam, para que permanezca realmente una Unión Europea que no decepcione a sus ciudadanos. 
Por supuesto, estamos en espera de una Unión Económica y Monetaria que supondrá un cambio realmente revolucionario. 
No le cerremos el paso en Amsterdam. 
El presidente Martens ha dicho que ya hemos perdido 10 años. 
No perdamos muchos más, señora Presidenta. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, seguramente en el proyecto de Tratado de 30 de mayo existe todavía un vacío muy serio con relación a los temas institucionales. 
Todos los equilibrios europeos que se están definiendo, incluso la cuestión planteada acerca de un reequilibrio entre Unión Monetaria y Unión Económica y Social, no funcionarán y no serán posibles sin los profundos cambios institucionales que se solicitan y que, por otra parte, ya figuraban en el mandato de la Conferencia Intergubernamental. 
Deseo hacer hincapié en dos puntos. 
El primero ya ha sido subrayado por otros diputados: la ampliación como eje del mandato de la Conferencia Intergubernamental. 
El Sr. Santer, Presidente de la Comisión, acaba de decir: » Si no preparamos correctamente la ampliación, podríamos ir hacia una situación muy negativa». 
Por ello, deseo preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo: ¿Qué se ha hecho en concreto con respecto a esto, y qué esperanzas hay de que pueda hacerse algo todavía? 
He podido observar que la cuestión de la mayoría cualificada se ha abordado en la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo únicamente con respecto a la PESC, donde en definitiva es algo ilusorio. 
En cuanto al tema de la Comisión, todos sabemos que ha habido un aplazamiento en cuanto a la toma de decisiones, aunque con respecto a estos temas no cabe duda de que es fundamental seguir adelante a los efectos de la ampliación. 
Otro tema es la cuestión de la democracia, con relación al cual ya ha intervenido el Sr. Dankert. 
Consideramos positivo el hecho de que se hayan registrado más codecisiones, no obstante, pedimos que se acuda a la codecisión con respecto a las nuevas políticas. 
Todo el tema del tercer pilar y de la integración de éste en el primero no debe concretarse en absoluto en un debilitamiento del pilar comunitario, habida cuenta de que ello comportaría una forma de regresión más que un avance. 
Señor Presidente, permítame hacer una última consideración sobre el artículo 113. 
No cabe duda de que el artículo 113 ha ampliado las competencias de la Comunidad, pero, al mismo tiempo, ha reducido los poderes del Parlamento, y la reducción de los poderes del Parlamento con respecto a este punto nos parece sumamente peligrosa. 
Señora Presidenta, hoy, hace casi justamente tres años, el 12 de junio de 1994, celebramos en Austria un referéndum sobre la adhesión de nuestro país a la Unión Europea. 
No todos los ciudadanos estaban entonces satisfechos con todas las particularidades, ni todos los ciudadanos estaban entonces informados sobre todos los detalles de esta adhesión. 
Pero los ciudadanos dijeron fundamentalmente «sí» al proyecto Europa y, ciertamente, con la conciencia de que todavía no existe una Europa acabada, común, y de que todos hemos de seguir trabajando para que continúe el proceso de profundización y de ampliación en Europa. 
En estos días están teniendo lugar nuevas e importantes tendencias. 
Desde hace un cierto tiempo, y todavía durante algún tiempo más, todo nuestro sistema político, los ciudadanos y la política, se ven abocados a dar otro paso muy importante en dirección hacia Europa mediante la introducción de la divisa común europea. 
Por consiguiente, correspondamos nosotros también en el marco de la política económica a este pacto de estabilidad. 
Hoy el Parlamento Europeo se ve requerido a aportar su contribución a la Conferencia intergubernamental. 
Después del fin de semana los Jefes de Estado y de Gobierno serán requeridos a concluir con éxito los trabajos realizados hasta ahora. 
Los resultados que hemos logrado hasta la fecha no carecen de interés. 
Algo se ha logrado. Algo queda aún por hacer. 
Enfrentémonos todos a este reto. 
Profundicemos y ampliemos Europa para poder corresponder a estas expectativas de los ciudadanos. 
La pregunta que Elmar Brok quería plantear aún al Presidente es la siguiente: si Amsterdam no es suficiente para una ampliación total de once estados ¿se producirá, al menos, un nuevo artículo N en el marco de esta Conferencia intergubernamental? 
Sospecho que en estos momentos el Presidente del Consejo piensa sobre todo en el compromiso que ha de lograr entre los Sres. Kohl y Jospin, y pienso que es justo, pues en realidad es un poco el núcleo de todo el debate. 
No porque sea ante todo un problema político, sino porque, a mi entender, ambos representan en realidad dos importantes responsabilidades de la Unión Europea. 
Uno, el Sr. Kohl, que sobre todo defiende la pureza de la UEM, un pacto de estabilidad fuerte con que han de estimularse el empleo y el crecimiento, y otro, Jospin, que dice: todo esto está muy bien, pero quisiera también una política para los 18, 3 millones de desempleados y 57 millones de pobres. 
Creo que son posturas que no se encuentran a ambos extremos de una vara, sino que ambas residen en el corazón de la responsabilidad política de la Unión y que uno de nuestros problemas es que en los últimos años nos hemos centrado excesivamente en uno de los extremos de esa vara, personificado en la política de Kohl y Waigel. 
Hago un llamamiento al Presidente para que busque un compromiso sustancial, no un mero gesto, no una fachada, sino algo con lo que pueda corregirse realmente una política limitada. 
Creo que es un objetivo central y también el único medio para recuperar la confianza del ciudadano. 
A mi entender, es el principal objetivo de esta CIG. 
No preparar la ampliación, ni volver a delimitar la UEM, sino recuperar la confianza del ciudadano, que en los últimos años está en juego. 
El hecho de que por primera vez los sindicatos hayan sido capaces de sacar a la calle a miles de trabajadores es una señal que ha de tomarse muy en serio. 
Señora Presidenta, Señorías, saludo el esfuerzo constructivo de la Presidencia holandesa. 
Constato, sin embargo, que las Conferencias Intergubernamentales tardan cada vez más tiempo para llegar cada vez a menos conclusiones, demostrando al final que cocinar mucho no hace que salga un buen plato. 
Quizá sea una de las razones por las que hasta llegar a esta CIG hayan caído tres gobiernos que, sin embargo, presentaban buenos resultados en el ámbito económico. 
Es también sintomático que sea la primera vez que en las elecciones nacionales, Europa y la moneda única sean el tema principal. 
Estos hechos demuestran que la primera responsabilidad de los actuales líderes es, en la actualidad, encontrar una salida a la nueva cuestión europea, puesta ante nuevos desafíos históricos que no se pueden resolver con métodos antiguos. 
En especial, hacer viable la ampliación, legitimar y equilibrar la moneda única y negociar la globalización en situación de igualdad respecto a las grandes potencias, como la norteamericana. 
Los progresos ya realizados en la Conferencia Intergubernamental responden a estos objetivos. 
Quizá estemos avanzando en la buena dirección. 
Pero nos quedamos por debajo del sentido histórico de una unión política y una unión paneuropea a las puertas de un cambio de siglo. 
Nos tememos incluso que el proyecto de tratado ya presentado por la Presidencia holandesa agrave la antigua complejidad en vez de reforzar una nueva coherencia. 
En definitiva, no podemos tener una Europa unida, monetaria y económicamente, pero dividida en todos los otros ámbitos, sobre todo en los de la seguridad interior y exterior, que son de los que depende en primer lugar la propia confianza económica. 
Es importante comprender que cuanto más se insista en una unanimidad, más se abrirá el paso a la flexibilidad de hecho o de derecho. 
Cuanto más se rechace la democratización de las instituciones, más amenazada quedará la cohesión social y política. 
Repito una vez más, cocinar mucho no hace buena la comida. 
No parece que Maastricht esté muy lejos de Amsterdam. 
Espero, sin embargo, que se tenga en cuenta que en el camino hay un siglo y una nueva historia. 
Señora Presidenta, estimados colegas, de pasada quisiera hacer al Consejo y a la Comisión dos ruegos referentes a Amsterdam. 
En el ámbito de la libertad de circulación el actual proyecto del Tratado prevé un paso atrás. 
No se habla más de libertad de circulación, sino meramente de libre circulación de las personas y ésta se ve diferenciada más aún en libre circulación para ciudadanos de la Unión y para ciudadanos de terceros estados, es decir, aquellos que viven aquí, entre nosotros, de forma permanente, pero no disfrutan del estatus de ciudadanos. 
Si esto llega a realizarse, cosa que tememos, es decir, que se haga una diferencia entre ciudadanos de la Unión que gozan de libertad de circulación, y ciudadanos de terceros estados que vivan legalmente aquí, pero que disponen de una libertad restringida de circulación, entonces existe el peligro de que creemos una vez más en la Unión Europea otra estructura dual de clases en el ámbito de los derechos de ciudadanía, estructura dual que es peligrosa. 
Por consiguiente, pido que en este punto no se pierda de vista el camino que el Tratado ha seguido hasta hoy y que se lleve a la práctica, por fin, la libertad de circulación que, en realidad, estaba garantizada ya en el último Tratado a partir del 1.1.1993. 
Segundo punto: la política de visado, la política aduanera, la cooperación aduanera, la política de asilo, la emigración, se van a comunitarizar sin que el Parlamento Europeo disponga de plenas competencias, pero al privar de competencias a los Parlamentos nacionales surge en el ámbito central de los derechos de los ciudadanos en la Unión Europea una zona libre de democracia. 
Impidan esto, señoras y señores, pues esto sería realmente una tragedia. 
Señora Presidenta, jamás me permitiría criticar su Presidencia, pero permítame una puntualización. 
Incluso este Parlamento debe reformarse en el contexto de la revisión del Tratado de Maastricht y del debate sobre la revisión. 
Si, como espero, recibimos realmente más competencias como Parlamento, entonces este Parlamento debe modificar su trabajo. 
No puede ser que un hombre como el Sr. Brok, que ha representado este Parlamento durante dos años en la Conferencia intergubernamental, o el Sr. Dankert, en su calidad de antiguo Presidente del Parlamento, no puedan hablar hasta el final y se vean interrumpidos por la advertencia de que a las 12.00 horas comienza nuestra orgía de la votación de mediodía. 
Sencillamente, no puedo permitir esto. 
Deberíamos ser capaces de celebrar de manera flexible semejante debate. 
Pienso que el ejercicio que se perfila en Amsterdam está cargado de peligros y hace pensar en el famoso cuento de Andersen en el que el rey está desnudo, pero en el que nadie se atreve a confesar de verdad que lo está. 
Hemos hablado de empleo pero a falta de poder llevar una política de empleo, decidimos introducir un capítulo sobre este asunto en el Tratado. 
Está bien, pero no sirve en política. 
Es la preferencia por lo nominal, como dicen los economistas. 
Hemos hablado de derechos fundamentales, pero las sanciones previstas para poner en marcha los derechos fundamentales son inexistentes. 
Hemos hablado de política exterior, pero el bizantinismo de los procedimientos es tal que incluso el Presidente del Consejo, esta mañana, estimaba que dichos procedimientos eran demasiado complicados para ser inteligibles por un auditorio, sin embargo, especializado como el nuestro. 
Hemos hablado de política de defensa, pero nos exponemos a la contradicción cuando afirmamos que queremos hacer una política de defensa a quince, cuando tenemos en nuestro seno a países que están en la OTAN y a otros que no lo están, y cuando es en la OTAN donde se hará esta política a quince. 
Que lo entienda quien pueda. 
Hablamos de gobierno económico, pero la mayoría de los que lo preconizan no están en absoluto dispuestos a ceder sus competencias correspondientes. 
Por último, hablamos de ampliación, pero las medidas correspondientes, las reformas institucionales necesarias no se toman con el vigor necesario y, en particular, el problema de la Comisión sigue intacto. 
La Comisión es el gran foco de coherencia de la Unión. 
Nadie, salvo ella misma, y de manera tímida, la ha defendido durante la preparación de la CIG. 
Me temo que la Comisión, dividida, reventada, entorpecida, perdiendo su segundo comisario para los grandes Estados intergubernamentalizados sea la gran perdedora del sistema. 
No puedo resignarme a ello, y lanzo, queridos colegas, un grito de alarma. 
Señora Presidenta, me referiré a la sección sobre la PESC. 
A la presidencia le sorprenderá oirme decir que reconozco las dificultades con que tropieza en esta esfera ultrasensible de la soberanía nacional. 
Está entre dos fuegos: por una parte, los que, como yo, estiman que tenemos que aprender a andar antes de poder correr, y por otra parte los que estiman que hay que tirarse al agua, y aprender a nadar o ahogarse. 
Creo que hay que rendir homenaje a los esfuerzos desplegados por la Presidencia neerlandesa para tratar de conseguir un acuerdo sobre esta sección. 
Permítanme que plantee de entrada el punto más importante: mi Grupo concede gran importancia al acuerdo interinstitucional sobre la financiación de la PESC. 
Queremos que la cuestión quede bien anclada en el Tratado de Amsterdam. 
De no ser así, sospecho que a mi Grupo le resultará muy difícil respaldar las conclusiones de la Cumbre de Amsterdam. 
Espero que la presidencia transmita este mensaje a los Estados miembros que tengan alguna duda sobre el particular. 
Por lo que se refiere a los demás aspectos, en la PESC hay muchas esferas positivas: los trabajos de Petersberg, los nuevos arreglos para la Troika, la dependencia de política y planificación, todos estos aspectos nos brindan la oportunidad de obtener una coherencia mayor. 
La abstención positiva y un ámbito mayor para la votación por mayoría cualificada marcarán el camino hacia el desarrollo de la PESC, aunque, evidentemente, la sección que trata de la votación por mayoría cualificada no es en realidad más que una versión ligeramente más ambiciosa de lo que ya tenemos en el Tratado de Maastricht; a fin de cuentas, dependerá de que haya voluntad política el que la veamos llevada a cabo. 
Las reservas que cabe hacer es que, claramente, el Parlamento casi no tiene funciones en la PESC. 
No hay disposición alguna que estipule que el Consejo responderá oficialmente a nuestras recomendaciones y, aunque la Comisión puede hacer recomendaciones a la dependencia de política y planificación, el Parlamento no puede. 
Me gustaría que el Parlamento pudiera involucrarse más. 
En cuanto a la UEO, es evidente que aún tenemos que mejorar esa relación. 
Deberíamos preguntar al Consejo si el apartado 3 del artículo 7 significa que los que no son miembros de la Unión Europea pueden participar en las actividades y la adopción de decisiones en nuestra Unión. 
No estamos negociando un Tratado único, lo que estamos haciendo es readerezar las sobras de anteayer. 
Ojala consigamos más adelante convertirlas en un plato suculento. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que en resumen se puede afirmar que en esta etapa de la Unión Europea, el tema institucional es el quid de todos los temas. 
Quizás sea cierto que en los elementos más complejos y en los detalles más sofisticados, esto puede escapar a la compresión de la opinión pública, sin embargo, al igual que los Gobiernos que deben conducir a los pueblos hacia un desarrollo cada vez más elevado y ordenado, también nosotros, elegidos para representar a dichos pueblos, lo sabemos muy bien y no podemos fingir no saberlo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, sin duda lo que cuenta es el resultado y no hay duda de que a los ciudadanos no les importa tanto la manera, sino el hecho de ver mejorar su vida con el avance de la Unión Europea en lo que concierne a su bienestar, la seguridad personal y colectiva, las posibilidades de empleo, la protección social, la ampliación de los espacios de libertad, expresión, circulación, iniciativa, etcétera. 
En este contexto, yo también deseo remarcar lo positivo de la convergencia unánime acerca de la incorporación del Protocolo social y de nuevas disposiciones sobre el empleo en el Tratado. 
Esto quizás permitirá relanzar en otro contexto institucional y con otra perspectiva ese Pacto de confianza que el Presidente Santer propuso con acierto en Florencia, sin encontrar, no obstante, el consenso esperado. 
En una Europa que crece globalmente de forma más lenta de lo previsto y deseado, y que todavía no consigue luchar con eficacia contra el desempleo, ni siquiera a escala nacional, éste es un cambio de rumbo muy importante. 
Sin embargo, somos conscientes de que sin una verdadera democracia europea, sin unos procedimientos de toma de decisiones transparentes y simplificados, sin una evaluación de los procedimientos y del sistema de las Instituciones comunitarias, capaz de neutralizar la que, con mucho acierto, fue definida como renacionalización de las mentes, no podrá existir la Europa que deseamos. 
Señora Presidenta, dos de los ámbitos más sensibles y centrales para las ciudadanas y los ciudadanos de Europa están regulados de manera totalmente insuficiente en el presente proyecto del Tratado y, en concreto, por un lado, el nuevo artículo, denominado de la no discriminación y, por otro, el procedimiento futuro que se seguirá en el ámbito del derecho de asilo, de extranjería y de emigración. 
El artículo de la no discriminación está redactado de tal manera que tendrá eficacia solamente si el Consejo adopta por unanimidad medidas al efecto. 
El Parlamento Europeo tiene solamente el derecho de ser oído. 
De esta manera el artículo carece prácticamente de eficacia. 
Pero parece que en otras materias se está llegando también a una desdemocratización, en concreto, en aquellas que serán transferidas ahora del tercer pilar al primer pilar. 
Se desconecta a los parlamentos nacionales, pero en el lugar de éstos no entra el Parlamento Europeo. 
Esta es una desdemocratización sobre la que también alertaremos a nuestros colegas de los parlamentos nacionales. 
Es preciso respetar no sólo los estándares mínimos democráticos, sino también los del estado de Derecho y entre éstos se encuentra el de que el Tribunal Europeo de Justicia adquiera una competencia plena en los ámbitos mencionados. 
Pero quisiera destacar también una cosa positiva: las nuevas disposiciones, en especial el artículo 119 sobre la equiparación de la mujer, están sustancialmente mejor reguladas ahora en el presente proyecto de Tratado que en el primer proyecto de la Presidencia neerlandesa. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, permítanme que exprese mi opinión en dos puntos esenciales, por un lado, sobre el pacto de estabilidad y, por otro, sobre el programa de acción del profesor Monti. 
En primer lugar, sobre el pacto de estabilidad: ustedes recuerdan que sobre el pacto de estabilidad hemos celebrado intensas negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. 
Debo decir, señores Presidentes, que hemos celebrado un diálogo extraordinariamente fecundo sobre esta cuestión. 
El Parlamento ha propuesto algunas enmiendas y yo quisiera traer una vez más a la memoria los puntos más importantes que el Parlamento ha expuesto. 
En primer lugar, el punto de que somos de la opinión de que a la hora de configurar el pacto de estabilidad debería tomarse en consideración la llamada regla de oro, según la cual las inversiones han de ser más elevadas que el nuevo endeudamiento neto. 
Esta regla está anclada ya en la Constitución de algunos Estados miembros, pero en otros esto no ocurre todavía. 
Los Estados miembros cuya Constitución contienen esta regla tienen actualmente dificultades con esto, lo cual muestra que ésta es una regla severa. 
Yo celebraría también que esta regla encontrase una realización paulatina en las constituciones de los Estados miembros, pues, por un lado, esto respondería al principio de subsidiariedad y, por otro lado, ofrecería también una garantía adicional para la orientación de todos los Estados miembros hacia la estabilidad. 
Este es el primer punto, por tanto, una exigencia del Parlamento, y debo decir que el Presidente del Consejo en ejercicio, el Sr. Zalm, se ha referido al mismo de una manera muy positiva. 
El segundo punto sobre el que negociamos es que somos de la opinión de que los dineros, las multas, que se pagan, deben ser tratadas con arreglo a los principios generales presupuestarios, es decir, deben ingresar en el presupuesto de la Comunidad Europea. 
Yo sé que entre los Ministros de finanzas se está buscando una regulación fuera del presupuesto. 
Pero, señores Presidentes, tengo la sensación de que en este punto se está buscando aún un fundamento jurídico. 
No sé si del lado del Consejo se ha realizado entretanto algún descubrimiento en la búsqueda de un fundamento jurídico para una solución fuera del presupuesto europeo. 
Como parlamentarios, creemos que debe haber una solución dentro del presupuesto europeo. 
La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha confirmado esto una vez más de forma totalmente palmaria. 
Cómo hayan de distribuirse después estos dineros, ésta es una cura posterior. 
Sobre esta cuestión podemos hablar. 
En este punto el Parlamento Europeo está dispuesto también a colaborar en una reflexión creativa. 
En las negociaciones han participado personas como el Sr. Christodoulou, que intervino ya una vez como el inventor de la reserva negativa. 
Aquí es preciso un pensamiento creativo. 
Me alegraría mucho que pudiéramos lograr un resultado. 
Señora Presidenta, en el documento de la CIG el empleo continúa siendo sólo retórica, un capítulo social sin metodología, y la democracia se ve obstaculizada por la burocracia. 
Con estas condiciones, la Unión no conquistará la confianza de los ciudadanos. 
De esta forma no se puede llevar a cabo la ampliación y no se va a hacer del euro una moneda estable si se construye sobre la base de un índice elevado de desempleo y sobre la desigualdad. 
Es absolutamente indispensable lograr un control socioeconómico de un Banco Central Europeo con los ojos cegados por su estructura. 
Las instituciones europeas son importantes cuando cada nación se siente representada en ellas. 
El Parlamento, que lamentablemente cuenta con poco poder, es para los ciudadanos el único órgano representativo cuya actividad pueden seguir abiertamente y con el que se identifican. 
Así debería ser también en el caso de la Comisión. 
Si a los Estados miembros pequeños se les quita la posibilidad de contar con su propio Comisario, la credibilidad de la UE disminuirá a los ojos de los ciudadanos. 
El euroicono desaparecerá. 
La intensificación de la cooperación entre la UEO y la UE está presente a la hora de reforzar la política exterior y de seguridad común. 
Pero los socialdemócratas finlandeses no consideran conveniente la integración de la UEO en la OTAN. 
El no alineamiento militar y una defensa creíble han conocido una historia militar más larga que la del alineamiento y, al menos desde el punto de vista de Finlandia, igual de exitosa. 
Ahora se intenta conciliar el alineamiento con la geopolítica septentrional, lo cual crearía inseguridad en las condiciones actuales. 
Señora Presidenta, por principio y en nombre de la igualdad entre hombres y mujeres, no haré ninguna alusión a los equipos de cocina, ni a los utensilios de cocina ni a las comidas, dejo eso para los hombres. 
En la treintena de intervenciones que acabamos de escuchar, en el fondo, siempre han escuchado ustedes lo mismo. 
Como no tenemos poder de ratificación, podrían ustedes decir que, en resumidas cuentas, no lo tendrán en cuenta. 
Diré que hay dos razones para tenerlo en cuenta. 
La primera es que, muy a menudo, estamos en contacto con los ciudadanos y creo que lo que se ha dicho aquí refleja bien lo que quieren. 
Están hartos de una Europa que les da la impresión de que no se tienen en cuenta sus problemas cotidianos. 
La segunda razón es que si no tenemos poder de ratificación para la Conferencia Intergubernamental, tenemos el dictamen conforme para la ampliación. 
Además, los parlamentos nacionales deberán ratificar asimismo las ampliaciones. 
Muy francamente, si las ampliaciones no se preparan en buenas condiciones, no estoy seguro de que nuestras opiniones públicas se adhieran a ellas. 
Por estas dos razones, creo que este último debate en el Parlamento Europeo debe serles muy útil. 
Terminaré diciendo que estamos profundamente vinculados a la democracia y a los poderes del Parlamento Europeo. 
Si hay cuarenta y dos intervenciones en este debate, hay una razón para ello y desearía manifestarla: no tenemos la suficiente legitimidad. 
Con toda franqueza, si cuando me presento a las elecciones, los ciudadanos tuvieran la impresión de que tengo un verdadero poder legislativo y una verdadera influencia sobre las decisiones europeas, hoy no hubiera pedido intervenir personalmente. 
Me diría que el Parlamento en sí, representa algo importante para los ciudadanos. 
Señora Presidenta, lo propuesto es aún insuficiente y no cubre los mínimos deseados. 
No procede, desde luego, condenar al eterno bloqueo de la unanimidad la no discriminación de la mujer europea. 
Y en lo que respecta al tratamiento del asilo entre los Estados miembros, en España se dijo que Aznar ya lo había conseguido todo: tamaño «farol» se deshincha hoy día cuando estamos viendo las propuestas y los textos. 
Como no le echemos un poco de sustancia del nuevo Gobierno socialista francés- de buena cocina francesa- es un guiso machista, aún es machista, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
¡Qué hipocresía decir después que se defienda a la mujer europea! 
No puede admitirse: sus textos condenan a la unanimidad y al bloqueo todos esos temas. 
Es decepcionante aún, y hay que esperar que en la próxima semana se mejore este texto, porque, de lo contrario, la ciudadanía europea recibirá una fuerte decepción. 
Señora Presidenta, permítame que utilice una frase histórica: » Un fantasma recorre Europa». El fantasma del cambio de la política económica. 
¿Cuál puede ser la nueva política económica en la nueva etapa de Europa iniciada por las elecciones inglesas y francesas? 
Nosotros mantenemos que debe tener las siguientes características: debe conservar los elementos positivos alcanzados hasta la fecha, porque sin duda éstos existen, como son el control de la inflación y la restauración de la rentabilidad de las empresas y de las cosas positivas que hay que conservar. 
Al mismo tiempo, sin embargo, debe rechazar la parcialidad que ha conducido a los actuales niveles de desempleo, pobreza y marginación social. 
Para ello, debemos dejar de idolatrar la omnipotencia del mercado y restablecer el equilibrio entre el mercado y la intervención estatal. 
El objetivo de la intervención estatal en la nueva etapa que se inicia no puede ser el del pleno empleo mediante un consumo prodigioso, ni el aumento de puestos de trabajo inútiles en el sector público. 
No es nuestro objetivo convertir en funcionarios a la mayor parte de los habitantes, no es nuestro ideal. 
Nuestro proyecto es que vuelva a florecer la producción, lo cual, sin embargo, presupone mostrar interés por el trabajador y una mayor justicia al repartir el PIB. 
Señora Presidenta, se prevé que será preciso negociar otro de los próximos cinco años. 
El texto que estamos examinando, de hecho, es sólo una piadosa cobertura de algunas de las incoherencias y debilidades del Tratado de Maastricht. Los problemas más importantes siguen sin solucionarse. 
Afirmar que el Consejo Europeo será quien va a encargarse de este cometido es, a mi juicio, una respuesta incorrecta. A nivel de la Comunidad, no existe una verdadera complementariedad entre la política económica y la política monetaria, ya que una declaración y un protocolo demás no convertirán en menos coja la actual construcción. 
Aunque se declare lo contrario, seguiremos sin contar con una verdadera Política Exterior Común. 
La idea de conferir al Secretario General del Consejo competencias en esta materia es una solución no sólo antidemocrática- al menos el Secretario de las Naciones Unidas responde a la Asamblea- sino también de dudosa eficacia. 
No existe ninguna intención de volver a examinar las competencias de la Unión. 
El protocolo relativo a la subsidiariedad parece un catálogo de principios, sin embargo, no obstante los compromisos adquiridos, los Estados miembros no han vuelto a examinar las normas en materia de comitología, lo que significa que seguiremos sumergidos cada año en una avalancha de decisiones nimias y de poca importancia. 
¿Podía encontrarse una solución a estos problemas? 
Teóricamente sí; de hecho, las diplomacias nacionales e incluso este Parlamento, nunca lo creyeron posible. 
Deseo concluir con una nota de optimismo, ya que parece que llegan buenas noticias desde la Europa social, a juzgar por las manifestaciones de estos últimos días. 
Señor Presidente, quisiera sugerir que se invitara al administrador delegado de Renault al Consejo de Amsterdam, habida cuenta de que, a diferencia de este Parlamento, ha logrado que se incluyeran las disposiciones del Acuerdo social en el Tratado. 
Señora Presidenta, no estaría mal que el Presidente de la Comisión pudiera escuchar lo que voy a decir. 
Éste es un momento importantísimo para la Unión Europea. 
En los últimos años los ciudadanos de la Unión Europea... 
Señorías, desearía que escuchásemos a nuestro último interviniente el Sr. Alan John Donnelly, con la dignidad de nuestra Asamblea y, a continuación, las respuestas del Consejo y de la Comisión. 
Si me lo permiten, desearía sugerir a la Conferencia de Presidentes que considere la necesidad, en el futuro, de dar más tiempo a debates tan importantes. 
En efecto, sepan, Señorías, que si no ha sido agradable para ustedes ser interrumpidos en sus intervenciones cuando sobrepasaban su tiempo, no ha sido nada agradable para la presidencia de la sesión tener que retirarles el uso de la palabra. 
(Aplausos) De verdad, creo que lo deben tener en cuenta y ahora que cada cual se instale, tranquilamente, sin charlatanerías y escuchemos en primer lugar al Sr. Donnelly y, a continuación, al Consejo y a la Comisión. 
Señora Presidenta, todos acogemos con satisfacción esa declaración y esperamos que la Conferencia de Presidentes se ocupe de la cuestión. 
Los ciudadanos de la Unión Europea sienten claramente que Europa se ha separado de ellos en los últimos años. 
Por eso la CIG de Amsterdam reviste importancia crucial, si queremos volver a tener el tipo de orden del día que la gente entiende. 
Por eso digo al Consejo que el capítulo del Tratado que se ocupa de la política de empleo no puede ser un capítulo puramente cosmético: tiene que tratar detalladamente del tipo de instrumentos que la Comisión y el Consejo han de utilizar para luchar contra los niveles inaceptables de empleo en la Unión Europea. 
Al mismo tiempo tenemos que velar por que, si queremos que haya un pacto de crecimiento y estabilidad, como ha dicho el Sr. Caudron, el pacto esté equilibrado, contenga elementos de estabilidad y, lo que es aún más importante, contenga elementos de crecimiento. 
Una vez pasada la reunión en la Cumbre de Amsterdam, necesitaremos que el Consejo dé instrucciones a la Comisión para que presente medidas que activen las políticas que permitirán reducir los niveles de desempleo. 
Este Parlamento está totalmente desilusionado al ver que desde la reunión de la Cumbre de Essen no se ha hecho nada por resolver los problemas del desempleo y a pesar de lo que ha dicho el Sr. Santer, hay algo que no podemos desestimar, y ese algo son las medidas que nos permitan reducir el nivel de desempleo. 
Insto al Consejo a que dé instrucciones a la Comisión en Amsterdam, una vez que contemos con el capítulo sobre empleo y una vez que contemos con un pacto que equilibre la estabilidad y el crecimiento, para que elabore un nuevo modelo de desarrollo que nos permita ocuparnos del problema del desarrollo y de la exclusión social y esforzarnos por que esta Europa tenga más valor para sus ciudadanos. 
Señora Presidenta, quiero darle las gracias por la generosidad con que dirige usted esta sesión y por haberme cedido también un sitio. 
Sin embargo, soy consciente de que después de este debate tendrá que ser modesto. 
Sé cuál es su orden del día. 
Agradezco mucho la aportación del Parlamento Europeo, por dos razones. 
En primer lugar, porque es cierto lo que ha dicho uno de ustedes, creo que se trataba de la Sra. Dury, que el Parlamento Europeo está cerca de los ciudadanos. 
Como institución podría acercarse aún más a los ciudadanos de lo que hace ahora, aunque las personas que hay en él están a menudo más cerca de los ciudadanos que los miembros del Consejo. 
De ahí que haya escuchado muy atentamente lo que se ha dicho aquí. 
Por desgracia, me es imposible contestar a todo el mundo, habida cuenta del escaso tiempo de que disponemos. 
Pero tampoco es tan necesario. 
Les he dicho lo que tenía que decir y ustedes han dicho lo que tenían que decir. 
Ahora quiero explicar la segunda razón por la que estoy agradecido, y es que la Presidencia constata que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo en cuestiones tan esenciales como la ampliación de la codecisión, el traslado del tercer al primer pilar, el reforzamiento del papel del Tribunal, la atención otorgada a los derechos fundamentales, el trabajo y el medio ambiente, por mencionar sólo algunos aspectos; en realidad, todas ellas han sido planteadas por ustedes. 
Por supuesto, el Parlamento Europeo quiere más. 
Yo mismo he sido parlamentario durante 30 años, pero precisamente ustedes, como Parlamento Europeo, tienen en el proceso de la Europa naciente la tarea de manifestar una especie de descontento profesional en lo que concierne a las mejoras. 
Gracias a Dios, tienen ustedes la generosidad de decir que hay mejoras, pero también han de estar descontentos, pues en efecto nos encontramos en un proceso de integración y necesitamos la presión del Parlamento Europeo para superar las difíciles fronteras que hay entre los Estados miembros, de los que tengo el privilegio de ser el Presidente, aunque a veces me vea atormentado por las fronteras existentes. 
Lo comunitario ha de conquistarse interviniendo en la historia de nuestros propios Estados, labor en la que el Parlamento Europeo desempeña un papel muy importante, y no sólo hoy. 
Quiero mencionar especialmente el papel de su Presidente y de dos representantes que han estado casi permanentemente presentes en el proceso y que nos han ayudado mucho en los debates. 
Me limitaré a hacer algunas observaciones generales. 
Si logramos un acuerdo en Amsterdam- y repito, los astros no parecen sernos desfavorables -, es posible que, como ha dicho uno de ustedes, sea menos de lo esperado. 
Pero a ello quiero añadir: será más de lo previsto. 
Cuando nos reunimos hace medio año, el tono del Parlamento en cuanto a expectativas era bastante más negativo; les escuché entonces con la humildad que corresponde a un administrador provisional, pero era una imagen bastante negativa. 
Al oírles hoy, me consuela ver tantos estímulos por su parte, y que puedan apoyar tantos aspectos de las presentes propuestas. 
Mencionaré ahora la situación respecto a la UEM. 
Quizás me permitan repetir una vez más que es cierto que la UEM tiene un fuerte acento monetario, pero es natural, y permítanme recordarles que hace dos años, cuando iniciamos el debate sobre el empleo, más de la mitad de los Estados miembros consideraban ridículo que Europa siguiera una verdadera política de empleo. 
Así empezamos y ahora hemos progresado, aunque todavía no podamos hablar de consenso; ello se debe, por supuesto, a las alarmantes cifras de desempleo en Europa, que nos ayudan a comprender que no tenemos más opción que hacer algo al respecto. 
La cuestión es, por supuesto, qué grado de viabilidad tiene la política europea con respecto a los resultados en la cuestión del empleo. 
Sería un craso error pensar que la Comunidad Europea tiene la culpa del elevado desempleo actual en Europa. 
Hemos de pensar que, en primer lugar, el Estado nacional es el que tiene la tarea de atacar el problema del empleo, aunque la Comunidad pueda ayudarle. 
Quiero reiterar que, si estamos decepcionados sobre Europa, conviene pensar que la crisis en Europa es en muchos sentidos la suma de las crisis en los Estados miembros. 
Al hablar de «crisis» me refiero a la capacidad de solucionar sus propios problemas y no a todos esos problemas que traspasan las fronteras. 
Las democracias de Europa Occidental tienen un problema de autoridad. 
En el proceso de creación de Europa, para el «tira y afloja» se necesita una gran autoridad en las naciones, y en todos nuestros países la autoridad de la administración nacional es precisamente objeto de debate y no se acepta con tanta naturalidad; ha de conquistarse a nivel de ciudadanía. 
Este es el problema al que nos enfrentamos ahora que nos encaminamos hacia la Cumbre e intentamos dar unos cuantos pasos adelante. 
Debido a las elecciones francesas, ahora se plantea el paquete de la UEM. 
Repito de nuevo que los franceses no son los únicos que piensan que hay que hacer algo en relación con el empleo, sino que hoy lo he oído de todas las direcciones. 
También en los últimos días, durante la gira que hemos realizado el primer ministro Kok y yo por Europa, he observado que muchos otros Estados miembros consideran conveniente que pongamos mayor énfasis en los componentes del empleo. 
De ahí que ayer acordásemos claramente con el Gobierno y con el Presidente francés que el paquete para la UEM, y sobre todo el Pacto de Estabilidad, no ha de romperse, pues si lo rompemos se armaría un jaleo y cada cual iría por su cuenta. 
Aunque Francia no lo haga, otros Estados miembros pueden hacerlo. 
En este paquete hay que añadir un contrapeso del lado del empleo, y no debe considerarse como algo separado, sino como algo vinculado al Pacto de Estabilidad. 
Por lo menos en cuanto a la intención hay consenso al respecto, y así espero que sea posible terminar todo el paquete de reglamentos que he mencionado, aunque no sea necesario fijarlos en Amsterdam- para ello disponemos todavía de seis meses-. 
Si lo logramos, irradiará una gran fuerza psicológica. 
Si no lo logramos, no se podrá decir que la Cumbre ha sido un fracaso, pues todavía nos queda el margen de seis meses. 
Vale la pena luchar por ello y hasta ahora noto que todo el mundo está dispuesto a hacerlo. 
Ahora algunas observaciones sobre la transparencia, que casi todo el mundo ha mencionado como punto importante. 
Todos los ciudadanos tendrán acceso a los documentos, según las reglas establecidas por el Consejo con el Parlamento Europeo. 
En la aplicación de la transparencia, el Parlamento Europeo desempeña un papel importante. 
Sería preferible que las sesiones del Consejo fueran más abiertas; no se ha logrado consenso al respecto, pero en cualquier caso el resultado de las votaciones, las declaraciones de voto y otras declaraciones serán abiertas y considero que esto, junto a lo anterior, es un claro paso hacia la transparencia. 
En algunos momentos el debate ha adquirido un tono culinario porque utilicé el símil de la cocina. 
Siempre hay que tener cuidado al hacer comparaciones, pues otros te las quitan y luego te exigen cuentas de forma que acabas pensando: ojalá no hubiera utilizado este símil. 
La Sra. Roth ha dicho: todos los ciudadanos quieren ponerse a cocinar. 
Es posible que sea un deseo profundo, aunque a mi entender ello no mejoraría la comida. 
Pero comprendo lo que quiere decir la Sra. Roth y estoy de acuerdo cuando dice que los ciudadanos quieren comprender cómo funciona la Comunidad en la que viven. 
Espero que contribuyamos a ello, aunque quizás no podamos satisfacer todos sus deseos, pero no obstante avanzamos en todos los ámbitos. 
Una última observación sobre la democracia, algo que muchos han recalcado. 
Ya he dicho que, a mi entender, estamos progresando; es algo que se reconoce expresamente. 
Es un proceso en el que se avanza poco a poco. 
En resumidas cuentas, en los casos en que se refuerzan las competencias de la Unión, en general vamos en dirección de la codecisión. 
Esto significa más democracia. En los casos en que las competencias del Parlamento Europeo no aumentan realmente, hay una relación con los parlamentos nacionales, y me dirijo también al Sr. Dankert. 
Luego ha habido una diputada que ha dicho: el segundo pilar, con la toma de decisiones por mayoría, no llega al Parlamento Europeo. 
Pero en el segundo pilar sigue existiendo la posibilidad de utilizar el derecho de veto, tanto en el Consejo Europeo como en el Consejo de Asuntos Generales, y cualquier no utilización del derecho de veto puede ser objeto de crítica y debate parlamentario. 
En los casos en que se pasa del tercer al primer pilar, con las cuestiones de asilo, migración y visado, se produce una situación de transición en relación con el parlamento nacional, en el primer período, a través del consenso y luego un desplazamiento al Parlamento Europeo, donde entramos en el segundo período cuando se decida al respecto con la toma de decisiones por mayoría. 
Se trata, a mi entender, de un desplazamiento del control, pero no una disminución de éste. 
Señora Presidenta, tengo suficientes notas para seguir hablando durante media hora, si usted quisiera, pero sé que no es compatible con sus propios intereses. 
Ha interpretado usted muy bien nuestro interés. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Santer. 
Señor Presidente, tras la intervención y las respuestas dadas por el Presidente en ejercicio, podré ser muy breve. 
En primer lugar, deseo agradecer a todos los intervinientes que han demostrado bien que en esta cuestión relativa a la Conferencia Intergubernamental, la Comisión y el Parlamento Europeo están unidos. 
Además, he podido constatar, en las intervenciones del Parlamento Europeo y en sus resoluciones, que la mayor parte de los elementos de su posición coinciden con la posición adoptada por la Comisión, en su dictamen, desde febrero de 1996. 
Por otra parte, desearía rendirle homenaje a usted, señor Presidente, y a su predecesor, el Presidente Hänsch, así como a sus delegados Elmar Brok y la Sra. Guigou, que han influido de forma considerable en el debate y, espero que en las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental, en primer lugar a nivel ministerial, pero sobre todo, en el ámbito de los representantes personales. 
Si, hoy, disponemos de un paquete bastante equilibrado, es ciertamente gracias a la insistencia y a la colaboración de los diputados y de sus delegados en los diferentes niveles, que se ha podido realizar esta obra. 
Ahora, señor Presidente, Señorías, desearía simplemente concentrarme en dos aspectos esenciales que, en mi opinión, también han sido objeto de sus intervenciones. 
En primer lugar, las cuestiones que afectan a la UEM y al empleo. 
Esta mañana, en mi introducción, he dicho que la UEM, la Unión Económica y Monetaria, como lo dice además esta denominación, implica dos partes: la monetaria y la económica. 
Es importante que la UEM camine con las dos piernas. 
La parte monetaria, lo sabemos, y los apreciamos además, está muy desarrollada y ello por razones evidentes. 
Está también centralizada y el pacto de estabilidad y de crecimiento la completa de forma útil, incluso con el objetivo de asegurar la disciplina presupuestaria de forma duradera. 
Con mucha razón, el Presidente Wilfried Martens, y hace un momento el Presidente en ejercicio del Consejo, han dicho: pacta sunt servanda. 
El pacto de estabilidad y de crecimiento ha sido aprobado en su esencia y en su sustancia por el último Consejo Europeo de Dublín. 
Saben ustedes que las negociaciones no han sido fáciles y han dado lugar a compromisos. 
Por consiguiente, lo que se ha adoptado son las modalidades, no sólo los objetivos, sino las modalidades y la sustancia del pacto de estabilidad. 
Por lo tanto, no se trata de modificar este pacto de estabilidad. 
Además, de ahí se derivaría un problema de credibilidad y de confianza que tendría graves repercusiones en la confianza entre los Estados miembros, y añadiría también, sin duda, en los mercados financieros internacionales. 
Sería asimismo contraproducente, porque una política rigurosa y la disciplina presupuestaria son los garantes de un crecimiento sostenible. 
Por el contrario, la parte económica debe centralizarse. 
Por supuesto, la gestión de las políticas económicas sigue siendo del ámbito de los Estados miembros, pero éstos se han comprometido a coordinar sus políticas económicas en el seno del Consejo, basándose en el artículo 102A y 103 del Tratado y, sin duda, podemos y debemos lamentar que todavía no se haya puesto en marcha, de la misma forma que la parte monetaria, la coordinación de nuestra políticas económicas. 
Por lo tanto, conviene valorizar plenamente el instrumento del artículo 103, como lo ha demostrado además la Comisión en su informe sobre Europa como entidad económica como consecuencia de la iniciativa Rasmusen. 
Debemos explotar mejor juntos el potencial de crecimiento de la economía europea y su vasto mercado interior. 
El Consejo deberá utilizar plenamente la posibilidad de hacer recomendaciones específicas a los Estados miembros. 
No basta con tener un crecimiento, sino que es preciso además que dicho crecimiento sea portador y creador de empleo. 
Las políticas económicas deben, por consiguiente, basarse en nuestra primera prioridad y todos, sin excepción alguna, lo han subrayado ustedes esta mañana como objetivo de toda su política. 
La primera prioridad es la creación de empleo. 
Si llegamos a completar el pacto de estabilidad y de crecimiento con una nueva dimensión, sin modificar su sustancia, pero paralelamente a lo que se ha hecho sobre la base de los artículos 102A y 103 del Tratado, entonces, efectivamente, tendremos un conjunto y la Unión Económica y Monetaria podrá funcionar de forma válida. 
La inclusión del capítulo «empleo» en el Tratado no debe subestimarse en su valor, siempre que, por supuesto, prevea los instrumentos necesarios que permitan definir y establecer una estrategia común para el empleo. 
Por supuesto, a menudo lo he repetido ante ustedes, la política social sigue siendo competencia propia de los Estados miembros. 
Pero, por otra parte, nadie puede imaginar hoy que la Europa de los quince Estados miembros, con 370 millones de habitantes, la primera potencia comercial del mundo, pueda seguir siendo neutral frente a la primera preocupación de los ciudadanos, cual es, el empleo. 
Fue ése el espíritu con el que lancé, sobre la base y como complemento, en ejecución del Libro Blanco de 1993 de Jacques Delors, el pacto de confianza para el empleo y hoy me siento feliz al constatar que todos los Estados miembros, sin ninguna excepción en la actualidad, se encuentran ahora en esta línea que avancé. 
En efecto, tuve claramente la percepción, hace ya un año, el 31 de enero de 1996, cuando me presenté ante ustedes, que había que luchar en dos frentes: el frente de la Unión Económica y Monetaria, que no es un fin en sí mismo- la moneda única es sólo un instrumento para el desarrollo de una política económica y social- y, por otra parte, el frente del empleo contra el desempleo. 
He ahí los dos ejes de nuestra actividad, de nuestra estrategia, y espero, señor Presidente en ejercicio, que dicha estrategia hallará una concreción en el Consejo Europeo de Amsterdam, mediante la firma del pacto con el espíritu que he indicado. 
Segunda observación: es preciso que nos dispongamos a preparar la ampliación. 
Muy pocas intervenciones han tenido lugar sobre la perspectiva de la ampliación. 
Ahora bien, debemos saber que la ampliación hacia los países de la Europa Central y Oriental es una oportunidad única, y lo he dicho esta mañana, una oportunidad histórica, para reconciliar, por vez primera desde hace más de 500 años, a nuestro continente consigo mismo, en paz y en libertad. 
No debemos perder esta oportunidad histórica.Es la razón por la cual la ampliación debe convertirse en un éxito, pero no podrá serlo si no la preparamos, si no procedemos a una reforma de nuestras instituciones para poder acometer la ampliación. 
Es la razón por la cual estimo que a partir de Amsterdam, tendremos la señal necesaria para que la Comisión pueda continuar, de acuerdo con la estrategia que habíamos adoptado en el último Consejo Europeo, hacia la ampliación. 
Si ése es el caso, y si esta evaluación recibe la aprobación de ustedes, entonces, en ese momento la Comisión estará lista. 
Se lo digo hoy, la Comisión estará lista para presentarles el 15 o el 16 de julio próximo, toda la documentación necesaria, los dictámenes sobre los diferentes Estados miembros, las perspectivas financieras después de 1999, la reforma necesaria de las políticas: Política Agrícola Común, Fondos Estructurales, Fondos de Cohesión, con sus repercusiones sobre la futura ampliación. 
Estaremos dispuestos, pero siempre que Amsterdam sea un éxito. 
Tal es el reto de Amsterdam y creo que debemos estar vigilantes para que dicho reto responda asimismo a nuestras expectativas y a nuestras aspiraciones. 
Muchas gracias, señor Santer. 
He recibido nueve propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar de inmediato. 
Votaciones 
La enmienda 47 figura en nuestra lista y en la versión sueca como una enmienda al apartado 4 c, y no al 1, al que ahora nos referíamos. 
Pido disculpas y ruego al Presidente que repita la votación sobre este apartado o que controle dónde tenía pensado el Grupo PPE que figurase la enmienda. 
Sra. Thors, se ha comprobado efectivamente que aunque había una indicación errónea en la enmienda, la votación se ha desarrollado de acuerdo con el texto al que correspondía. 
Por otro lado, una vez efectuada una votación, el resultado es inamovible. 
Señor Presidente, perdone que intervenga, pero creo que, por la buena marcha de los debates, convendría que siguiéramos el orden de las enmiendas. 
La enmienda 47 que acaba usted de someter a votación es la relativa no al considerando C sino al párrafo cuarto, apartado C, si he visto bien los textos. 
Como nadie parece seguir, tal vez podríamos seguir la resolución, aun cuando visiblemente no tenga ninguna importancia para nuestros colegas. 
Y como se ha producido la votación, pero se ha producido claramente en un momento en que no debería haberse producido, podrá rehacerla usted sin problemas. 
Señor Fabre-Aubrespy, lo lamento, se ha verificado con todo el cuidado posible que esta enmienda no se refería al párrafo que se indicaba al principio, sino que era otra enmienda. 
Es la razón por la cual se ha procedido a la votación sobre el texto al que se refería la enmienda. 
Señor Presidente, como autor de esta enmienda, junto con los Sres. Anastassopoulos y Lucas Pires, creo que en la Asamblea se ha producido una confusión debido a que, en un principio, los servicios de la Asamblea hicieron que esta enmienda se votara en relación con el apartado 4 c. 
Aunque los servicios de la Asamblea lo han rectificado, creo, señor Presidente, que hay varios Grupos que no han tenido noticia de ello. 
Me parece que es de puro sentido común. 
Señor Presidente, ha habido una confusión. 
Lo acepto porque mi lista de votación estaba desordenada, pero conseguimos encontrar las razones del desorden y hemos votado como mi Grupo deseaba votar. 
No me parece que necesitemos otra votación. 
He encontrado a tiempo lo que buscaba, gracias a que nos ha concedido usted unos cuantos segundos para ello. 
Como acaba de declarar la Sra. Green, no ha habido confusión al respecto. 
Se ha llevado a cabo la votación de la enmienda en cuestión sin que sus autores hayan manifestado la más mínima objeción en su momento y, una vez efectuada la votación, su resultado no se puede cambiar. 
Sobre la emmienda nº 50 
Señor Presidente, vamos a ocuparnos ahora del párrafo 8. Este párrafo contiene una importante petición del Parlamento Europeo: la petición de que tengamos un sistema electoral común a tiempo para las elecciones del Parlamento Europeo. 
La enmienda 50 del Grupo Socialista procura restar firmeza a nuestra petición en favor de un sistema electoral común. 
El Parlamento me perdonará si recuerdo que ayer, en la Camara de los Comunes, el nuevo Secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sr. Cook, hubo de decir lo siguiente: » Deseamos y procuraremos introducir un nuevo sistema electoral basado en listas y en la representación proporcional en las próximas elecciones para el Parlamento Europeo». 
En vista de este importante cambio de posición del Gobierno británico, quisiera saber si el Grupo Socialista está de acuerdo en retirar la enmienda 50 para que podamos adoptar el párrafo 8 sin aditamentos. 
(Fuertes aplausos) 
Señor Presidente, me parece que el Sr. de Vries debería saber exactamente por qué el Grupo Socialista ha presentado esta enmienda. 
Cada uno de los miembros del Partido Laborista Británico en este Parlamento conoce la política del Partido Laborista. 
Eso no es un problema para nosotros. 
Es posible que sea un problema para los conservadores británicos, pero no para nosotros. 
Estamos muy satisfechos de esta posición, y les diré que la razón de que hayamos presentado esta propuesta es que la palabra «esencial» , en opinión de todo el grupo, significa que si esas cuestiones no se abordan en el Tratado, el Tratado no obtendrá nuestro apoyo. 
Queremos ser un poco menos contundentes a ese respecto, y ésa es la posición que ha aceptado siempre el Sr. de Vries, la de no amenazar. 
Señor Presidente, en la Cámara de los Comunes, el día anterior, el Sr. Jack Straw, Secretario del Interior y, por lo tanto, responsable del reglamento electoral, dijo que no había ningún compromiso claro para introducir la representación proporcional o el sistema de listas regionales en las elecciones europeas de 1999. 
O sea que con los Laboristas puede elegir uno la posición que le parezca. 
Bien. 
Han quedado ustedes informados de lo que ocurre en la Cámara de los Comunes. 
Pero estamos en el Parlamento Europeo y debemos proseguir con la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, me preocupa que el dirigente del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas en este Parlamento haya procurado dar una idea equivocada de la posición del Gobierno británico durante este debate. 
El Secretario de Asuntos Exteriores no dijo que tendríamos representación proporcional a tiempo para las elecciones de 1999, sino que: » Deseamos y procuraremos introducir un nuevo sistema electoral basado en listas y en la representación proporcional en las próximas elecciones para el Parlamento Europeo». 
En cambio, sí que dijo lo siguiente: » Ya dije en otro momento que el calendario es muy justo y que tendremos que ver si se puede hacer. 
En todo caso no lo hemos descartado». 
Creo que ahora saben con claridad qué es lo que dijo el Secretario de Asuntos Exteriores. 
Señor Titley, eso no es una cuestión de orden: es una cuestión de orden para su grupo político, pero no para este Parlamento. 
Nuestra Asamblea debe pronunciarse hoy, en segunda lectura, sobre la posición común relativa a la octava directiva «hora de verano». 
Se trata de un acto importante para nuestros conciudadanos, prueba de la construcción concreta de la Europa de los ciudadanos. 
Por mi parte, creo que deben abordarse dos puntos: la aplicación del principio de subsidiariedad y la implicación de este cambio de hora. 
El fin confesado de esta octava directiva es, en efecto, armonizar el período de aplicación de la hora de verano, y lo suscribo, pero también evaluar las diferencias horarias entre los Estados miembros. 
Es ése el nivel en el que el principio de subsidiariedad adquiere todo su significado. 
El Consejo y la Comisión deben plegarse a ello y dejar que los Estados miembros decidan sobre la utilidad de los cambios de hora. 
Voy con el segundo punto: la implicación del cambio de hora. 
En nuestra calidad de elegidos y de representantes de los ciudadanos europeos, se recurre a nosotros con observaciones, comentarios y sugerencias sobre la oportunidad de este cambio de hora. 
Para evaluar esta oportunidad, en particular, en la perspectiva de una ampliación de la Unión Europea hacia el Este, que deberá acompañarse de una ampliación de los husos horarios, es urgente redactar un informe circunstancial consultando a todas las partes interesadas. 
Todos los aspectos deben analizarse profundamente a la luz de la experiencia. 
Pienso que antes de imponer una obligación cualquiera, debemos escuchar y estudiar las ventajas e inconvenientes del informe. 
En esta espera, seguimos a favor de una armonización de las fechas de inicio y de fin de la hora de verano. 
Examinamos en segunda lectura el informe de nuestro colega Belleré sobre la hora de verano. 
Deseo recordar aquí algunos elementos esenciales: hasta ahora, la Comisión siempre ha presentado la aplicación de la hora de verano como libre elección de cada Estado miembro, concreción perfecta del principio de subsidiariedad. 
Ahora bien, las últimas evoluciones del debate sobre la hora de verano, relanzado recientemente por el antiguo Gobierno francés, parecen indicar que la Comisión ya no se conforma solamente con indicar las fechas y horas de paso a la hora de verano, sino que juzga sin dudar la oportunidad de su aplicación para el conjunto de la Unión. 
La Comisión aporta como argumento la dificultad de contemplar un mercado único donde las horas varíen de un Estado a otro. 
Sin embargo, dicho argumento no es válido para Gran Bretaña, Irlanda y Portugal. 
Así, como en la actualidad, la Comisión nos dice que es preciso una hora única para la Unión Europea y que muchos estudios de expertos han demostrado que las ventajas de pasar a la hora de verano eran marginales y los inconvenientes sustanciales, invito a la Comisión y al Consejo a reflexionar en la supresión pura y simple en toda la Unión del principio de paso a la hora de verano. 
Informe Read (A4-0171/97) 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe de la Sra. Read. 
Para nosotros es decisivo garantizar a los ciudadanos el acceso a servicios de telecomunicaciones de alta calidad a precios razonables. 
No obstante, nos preocupan las posibles interpretaciones del apartado 2 del artículo 7 de la propuesta de directiva, ya que su redacción no es clara. 
En caso de que los operadores establecidos tengan un «peso significativo en el mercado» , según el citado apartado 2 del artículo 7, se les imponen una serie de limitaciones y obligaciones que facilitan el acceso al mercado de operadores potenciales. 
Cabe pensar que una serie de operadores de servicios de televisión establecidos en Dinamarca tienen un «peso significativo en el mercado» si se consideran la red fija y la red móvil como redes independientes. 
En cambio, si ambas redes se consideran como un único mercado, no cabe considerar ya que tales empresas tengan un «peso significativo en el mercado» , por lo que no se las pueden imponer las limitaciones y obligaciones que puedan contribuir a romper las condiciones de cuasi monopolio existentes en el mercado de telecomunicaciones. 
Por eso es importante que el apartado 2 del artículo 7 sea interpretado de forma que la red fija y la red móvil sean consideradas mercados independientes. 
Apoyo con sumo placer el llamamiento de mi colega del Partido Laborista Británico, Mel Read, para que se apruebe el acuerdo de conciliación con el Consejo de Ministros. 
Hemos de tener en cuenta las ventajas personales y comerciales que aportará un mercado de telecomunicaciones más liberal, pero tenemos que garantizar los intereses de los consumidores. 
Velar por que un servicio universal esté a disposición de todos nuestros ciudadanos y darles la oportunidad de poderse llevar consigo su número a una nueva dirección son ventajas prácticas para el público. 
Al fin y al cabo, los beneficios potencialmente considerables que conseguirán las compañías de telecomunicaciones se financiarán con las facturas que paguen los consumidores. 
De manera análoga, la idea de que las grandes compañías de telecomunicaciones no puedan estar en condiciones de abusar de una posición monopolística reviste importancia capital. 
A cambio de que las compañías puedan competir en el nuevo mercado, es natural que se hagan cargo de sus obligaciones respecto de sus clientes de pago. 
Es satisfactorio ver que el enfoque del nuevo Gobierno laborista británico respecto de los mercados y los consumidores esté obteniendo aceptación en el plano de la Unión Europea, nueva señal de las posibilidades constructivas que ofrece la participación británica en la Unión Europea. 
Consejo europeo 
El apartado 4 c de la Resolución de Amsterdam se aprobó por un escaso margen. 
Fue una suerte que se aprobara, pero debe mejorarse la comprensión de su contenido, tanto en el Parlamento como en otros foros. 
Lo más importante que puede hacer la Unión para crear una política sólida y continuada que cree más y nuevos puestos de trabajo es aprobar unas acciones para aumentar la capacidad competitiva. 
Se trata de desregular y de aumentar la flexibilidad en el mercado de trabajo. 
Las medidas que menoscaban el clima inversor de los Estados miembros son devastadoras. 
Europa debe ser fuerte a nivel global y descartar políticas heredadas y obsoletas. 
Gran Bretaña ha celebrado recientemente elecciones por este motivo. 
Se ha debatido en esta ocasión para conseguir unas normas flexibles en el mercado de trabajo. 
Ahora hemos de estar a su nivel en Europa. 
Son necesarias unas vigorosas acciones comunitarias, una capacidad competitiva y desregulación reforzadas, pero también unas acciones a nivel nacional con objeto de aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo. 
La Conferencia Intergubernamental ha demostrado que la mayoría de políticos de la UE no está interesada en las cuestiones concretas y cotidianas- para los ideólogos de la UE se trata de convertir a la UE en un instrumento a utilizar en su política de acumulación de poder. 
Se pronuncian declaraciones solemnes en favor de la igualdad, la creación de empleo, el desarrollo sostenido y la transparencia. 
Pero no se llega a más. 
No se establecen unos objetivos jurídicamente eficaces en torno al empleo que sirvan de contrapartida para los requisitos de moderación financiera de la UEM. 
No existe ningún apartado redactado en términos enérgicos que haga que la claúsula de salvaguardia siga siendo una claúsula utilizable, de manera que un país miembro pueda tener unas normas más estrictas que la UE en relación con su medio ambiente. 
Sigue siendo la Comisión la que puede frenar a los países que desean una normativa más dura. 
Europol será una «cooperación operativa entre fuerzas policiales» -es decir, no solamente una cooperación administrativa entre las autoridades policiales. 
Los policías de Europol podrán además ejercer sus funciones en «el territorio de otro Estado miembro» (y en estas ocasiones disfrutar de inmunidad diplomática). 
Por tanto, se está dando un gran paso en dirección a una policía federal de la UE, un «FBI de la UE». 
Los acuerdos de Schengen se incluyen en la UE, y toda esta cooperación judicial se transfiere del ámbito interestatal al supranacional. 
Ahora será la UE la que tendrá el poder decisorio en todo lo que se encuadre dentro de los ámbitos de inmigración, asilo, fronteras, pasaportes y visados. 
A petición española se ha incluido un protocolo consistente en que no se podrá conceder asilo a ciudadanos procedentes de otro Estado de la UE. 
¿Pero es que una democracia puede permitirse rechazar a determinados grupos? , ¿Es justo, y de conformidad con el Convenio de Ginebra de 1951, que todos los Estados de la UE se comprometan a no conceder jamás asilo a los movimientos independentistas vascos, irlandeses o corsos? , ¿Una disposición de esta naturaleza no equivale a decir que la UE es un Estado? 
La UE «reforzará y desarrollará su solidaridad política recíproca» , es decir, hablará con una sola voz en materia de política exterior. 
Tendrá un Ministro de Asuntos Exteriores, que se denominará Secretario General y un Departamento de Asuntos Exteriores que se denominará «Centro para la planificación política y detección de conflictos». 
Esto significa el final definitivo de las posibilidades de los países pequeños de expresarse en voz alta en el plano de la política mundial en favor de los derechos humanos y por encima de los dictados de la política comercial procedente de las grandes potencias. 
Ahora se perfilan los objetivos de la UE en dirección a una «configuración gradual de una política de defensa común con miras a una defensa común». 
La alianza militar de la UEO «se integrará sucesivamente en la Unión» y los Estados de la UE «apoyarán a través de la cooperación en el ámbito del armamento la configuración gradual de una política de defensa común». 
¿Cómo puede un país que quiere conservar una política neutral creíble aceptar esto? 
¡Para un ciudadano sueco esto es inaceptable! 
Se afirma que la transparencia aumentará con el nuevo Tratado, ya que todos los ciudadanos tendrán acceso a los actos legales. 
Pero después se les niega este derecho, ya que corresponde a cada institución de la UE decidir a qué actos se va a permitir acceso y a quién. 
Como además no existe un registro de entrada de correo, es imposible solicitar documentos- simplemente no se sabe lo que hay. 
Con referencia a lo anteriormente explicado, nos preguntamos adónde han ido a parar el principio de subsidiariedad y el respeto hacia los ciudadanos de la Unión. 
Por consiguiente, votamos contra la totalidad de la Resolución e invitaremos al pueblo sueco a que no ratifique los resultados de la Conferencia (SV) Intergubernamental. 
Se trata de la UEM, que centralizaría poderosamente las políticas económicas en el Banco Central Europeo de Frankfurt sujeto a un escaso control democrático. Se trata de reforzar la política exterior y de seguridad común a través de unas decisiones adoptadas por mayoría y de integrar los Acuerdos de Schengen en el Tratado de la UE, además de transferir las decisiones en materia de asilo, inmigración y visados, etc. del tercer al primer pilar. 
En su lugar, debería haberse hecho más énfasis en la ampliación y en el proceso democrático con miras a una cooperación paneuropea, en la creación de empleo, en el medio ambiente y en un desarrollo sostenible a largo plazo. 
Si la modificación hubiese ido más por este camino, también habría facilitado las relaciones con los ciudadanos. 
Por estos motivos he votado en contra de la Resolución. 
¿Son las doce menos cinco o son ya las doce y cinco para mover al Consejo Europeo a que aborde con sensibilidad las necesidades de las ciudadanas y de los ciudadanos? 
En una época con 18, 5 millones de desempleados en la Unión Europea los Estados miembros deben proclamar su adhesión a una responsabilidad europea común de cara a conseguir un mayor nivel de empleo. 
Precisamente nosotros, los cristianodemócratas, como partidarios de la economía social de mercado, no permitiremos que se obstaculice el progreso social, ni el progreso económico constante. 
Por consiguiente, uno de los elementos más esenciales del Tratado de Maastricht II será el capítulo sobre el empleo. 
Merecerá su nombre si no se compone de declaraciones no vinculantes, ni conduce a programas de creación de empleo, que supongan muchos millones, pero que no sean financiables. 
Debe indicar vías para salir de la crisis de empleo que afecta a toda la Comunidad, sin modificar el principio de que los Estados miembros siguen teniendo la responsabilidad principal de la lucha contra el desempleo y de la transformación de las estructuras en las regiones. 
La Unión Europea aporta una plusvalía coordinando las medidas de los Estados miembros, posibilitando un intercambio regular e intenso de experiencias y apoyando la puesta en práctica de los proyectos modelo. 
El prerrequisito para el éxito en la actuación es que los Estados miembros se unan para asegurar un alto nivel de empleo y estén dispuestos a realizar una evaluación regular de este objetivo común. mediante un informe sobre los avances hay que posibilitar un debate anual abierto- incluso en el Parlamento Europeo- sobre las cosas que se hayan logrado y las que no se hayan conseguido. 
El propio Consejo Europeo ha creado el fundamento para la vía común de la lucha contra el desempleo. 
En la cumbre de Essen el Consejo decidió una estrategia global sobre la cooperación de los Estados miembros en la política de mercado de trabajo. 
Es preciso continuar con la concentración de las medidas en los ámbitos de intensificación del empleo, desde la inversión en formación profesional, pasando por la ayuda a los grupos problemáticos, hasta el aumento de la intensidad del empleo. 
Esta política concreta proporciona una perspectiva a las ciudadanas y a los ciudadanos de la Unión Europea. Incluye para los Estados miembros el compromiso político de invertir permanentemente en el capital más importante de Europa, el capital humano. 
Esta podría y debería ser la cumbre del giro necesario, que concertase la marcha de la Unión Europea con la voluntad de los pueblos y con las necesidades reales de nuestros días. 
En nuestra opinión, la lucha contra el desempleo deberá asumirse, sin ningún género de dudas, como la primera de las prioridades; combatiendo sus causas más profundas y no sólo exponiendo algunas intenciones vagas, aunque estén incluso recogidas en el Tratado. 
Es indispensable, por ello, el abandono de forma definitiva de las orientaciones monetaristas y neoliberales actuales- en particular, los criterios de convergencia nominal -, y su sustitución por orientaciones centradas en el crecimiento económico, en la creación de puestos de trabajo y en el diálogo social; en la concretización de la cohesión; en la lucha contra los movimientos especulativos de capitales; en la defensa de los servicios públicos y en la protección del medio ambiente. 
Mientras tanto, tenemos presente la indudable importancia de la ampliación y los compromisos asumidos en ese ámbito, particularmente en lo que se refiere al inicio de las negociaciones. 
Pero ello no sólo no debe poner en tela de juicio la indispensable inflexión a la que me he referido antes, sino que se exige, de por sí, la mayor ponderación. 
Rechazamos, con carácter previo y por encima de todo, que, con el pretexto de su realización, se introduzcan en el Tratado modificaciones en el ámbito institucional que perjudiquen los intereses de los países más pequeños; y reclamamos, igualmente, que se tomen en debida consideración las repercusiones económicas que pudiesen producirse en dichos países. 
Los procesos electorales que han tenido lugar en algunos países en los últimos tiempos y, en especial, las recientes elecciones en Francia, muestran sin dejar lugar a dudas el profundo deseo de cambio en los distintos pueblos de Europa. 
Esta es la ocasión para dar satisfacción a ese deseo. 
Dado que la resolución de compromiso adoptada por algunos Grupos del Parlamento Europeo no va en ese sentido, no la suscribiremos. 
La cumbre de Amsterdam constituirá un punto bajo de la historia reciente de la integración europea. 
Ninguna de las grandes tareas a las que está enfrentada la Unión Europea encuentra solución, siquiera en su punto de arranque: cumplimiento de los compromisos de Río, superación del desempleo masivo, preparación de la ampliación prometida hacia el este y hacia el sur, democratización de la UE, regulación socioecológica del mercado interior, nada de esto se puede conseguir en el actual estado de preparación. 
En esta situación nuestro Parlamento habla bien de una situación cada vez más crítica en que se ha metido la UE bajo la hegemonía neoliberal, en vez de aprovechar la oportunidad histórica de corregir el rumbo, que se ha producido tras las elecciones en Gran Bretaña y en Francia. 
De esta manera, esta Asamblea sigue desmontando una vez más. 
Projecto de Tratado 
Señor Presidente, el Tratado de Maastricht II, tal como será aprobado el día 17, por lo menos si se sigue la ponencia, no es la constitución de un nuevo estado, pero se le parece mucho. 
Maastricht II no es una superestructura para países independientes, sino un edificio independiente levantado sobre cimientos democráticos que permiten castigar a los países no democráticos. 
Habrá libertad y derechos humanos, no existirá la discriminación por razón de sexo, edad ni tendencias sexuales; todo esto son aspectos habituales de una constitución. 
Habrá una autorización general, al amparo de la cual será posible concederse a sí mismo nuevas competencias. 
Se autorizará a cada Estado miembro para regular los acuerdos salariales, la cultura, la enseñanza y los hospitales- igual que la constitución de un Estado federal- los medios de comunicación, los servicios públicos y la libertad de expresión. 
Se incluirá un protocolo de subsidiaridad, en el que se establecerán el principio de prioridad y la política de asuntos exteriores a través de la toma de decisiones por mayoría, algo así como un esbozo de un ministerio de asuntos exteriores común; se incluirá la defensa, al igual que la política judicial, y la policía y los Estados miembros perderán el control de los territorios. 
Se añadirán medios de poder como la moneda, el ejército y la policía. 
Lo único que faltará será democracia, y por eso he votado hoy en contra. 
Señor Presidente, he dado mi voto desfavorable porque este texto de la Presidencia holandesa, sobre el cual decidirá finalmente la cumbre de Amsterdam, es un texto, una creación, con la que los pueblos de Europa no tienen ninguna relación. 
No están informados. 
Según EUROSTAT, los ciudadanos hasta cierto punto informados suman aproximadamente un 2 %. 
Además, el texto no ofrece nada en absoluto. 
Se limita a palabras y más palabras, mientras que forja ataduras, establece privaciones; en otros términos, desempleo. 
Los representantes del Consejo y de la Comisión, que no han pasado de usar la palabra empleo, a duras penas han incluido algún protocolo o alguna disposición sobre el desempleo en el Tratado. 
Parece como si los 20 millones de desempleados no existieran porque no aparece esta palabra en el Tratado, pero en realidad la causa es otra: es el sistema sociopolítico que domina la Comunidad. 
Este texto, señor Presidente, esta creación, digo, pone la mesa para un banquete en honor de los monopolios multinacionales y todas las resoluciones hacen de camareros. Por esto he votado en contra de ellas también. 
Señor Presidente, he votado en contra de este texto porque no promete ni construye una Europa democrática, sino un estado central autoritario. 
En el texto del Tratado de Maastricht aparece constantemente la idea de espacio de libertad, de seguridad y de derecho. 
Sin embargo, a la opinión pública no se nos ofrece ninguna posibilidad de transparencia. 
No se introduce ningún nuevo mecanismo democrático de control; al contrario, los mecanismos democráticos de control son debilitados. 
El lenguaje es muy interesante en este punto. 
Lo que antes era el concepto de «libertad» en la política europea se ha convertido en el concepto de seguridad, de la seguridad interior y de la política de seguridad exterior. 
Sin embargo, la seguridad no se está consiguiendo a través de más democracia, a través de la política de empleo o a través del aseguramiento social, sino en el ámbito de Interior por los gobiernos a través de Schengen y de Europol, y en el ámbito exterior se garantiza por medio de una nueva política exterior y militar. 
El Sr. X no es controlado por el Parlamento, sino que constituye un planteamiento intergubernamental, y las personas o los parlamentarios no participan en el mismo. 
Los sueños de superpotencia de esta integración encuentran su punto máximo en la integración de la UEO y ésta no está controlada democráticamente. 
Por esta razón, como demócrata no se puede prestar conformidad a semejante texto. 
Ante el proyecto de Tratado presentado al Consejo de Amsterdam, el Parlamento Europeo parece afligirse debido a que dicho texto carece, al parecer, de ambición federalista. 
En realidad, el Parlamento no hace más que utilizar una vez más su vieja táctica consistente en pedir el máximo para conformarse después, protestando, con compromisos que, de todos modos, representan avances federalistas importantes y que le satisfacen de forma secreta. 
Los gobiernos nacionales, por su parte, caen habitualmente en la trampa con una facilidad tan increíble que no puede sino ocultar renuncias voluntarias. 
Aquí, nos encontramos exactamente ante este caso simbólico. 
Tomemos, por ejemplo, las propuestas del proyecto de Tratado en los ámbitos de la seguridad, de la justicia y de la inmigración. 
La resolución del Parlamento Europeo declara que el proyecto de Tratado sería insuficiente porque no prevé posibilidad de recurso de los individuos ante el Tribunal de Justicia. 
Pero esta protesta sirve, sobre todo, para desviar la atención de la realidad federalista de dicho texto: si se adoptara, las cuestiones de circulación de las personas, de asilo y de inmigración, se sustraerían en lo sucesivo a las competencias nacionales y caerían en el seno comunitario, con el monopolio de iniciativa de la Comisión, poder de interpretación del Tribunal de Justicia, decisión por mayoría del Consejo (a menos que se trate de la unanimidad con codecisión del Parlamento Europeo). 
Estas propuestas representarían un salto federalista extraordinario porque, en adelante, por ejemplo, las cuestiones de inmigración se resolverían en Bruselas. 
El pueblo francés ya no podría decidir sólo sobre su propia política en este ámbito, y los partidos no tendrían más que suprimir el capítulo «inmigración» de su programa con miras a las elecciones legislativas nacionales. 
Entonces, podemos preguntarnos en qué medida sería todo esto conforme a la Constitución francesa. 
Para hacer tragar mejor esta enorme píldora, la Presidencia holandesa utiliza una estrategia perfectamente hipócrita, pero que con frecuencia se ha mostrado rentable en otros tiempos: se introduce en el Tratado un principio, pero difiriendo en algunos años su aplicación para hacer creer a los ciudadanos que posiblemente podrían beneficiarse, en el entretanto, de un derecho de arrepentimiento, lo cual no es en absoluto el caso. 
Así, el proyecto actual prevé que el Consejo, para las materias de circulación, de asilo y de inmigración que serían comunitarizadas, continuaría decidiendo por unanimidad, durante tres años después de la entrada en vigor del Tratado; los controles de personas en las fronteras se mantendrían, pero durante cinco años como máximo; Europol recibiría competencias operativas sobre los territorios de los Estados miembros, pero sólo al cabo de cinco años. 
Así, ante los lamentos del Parlamento Europeo destinados a desviar la atención de los puntos esenciales se añaden las manipulaciones de la Presidencia destinadas a hacer que se aprueben los principios peligrosos, haciendo creer que sus consecuencias serían lejanas o hipotéticas. 
La gran estrategia federalista está en marcha, ¡para burlarse de los pueblos! 
Tenemos ciertas objeciones a la decisión. 
Lo previsto en el punto C, 1, letra c, y 12 puede interpretarse como si algunos deseasen posponer la ampliación, pero nosotros apoyamos el calendario fijado. 
Las verdaderas dificultades son de índole presupuestaria y agrícola y no institucional. 
El punto 1, letra a, no es totalmente correcto, la letra b es tendenciosa y, como ya se ha mencionado, la letra c es una posible amenaza para la ampliación. 
No podemos votar a favor del punto 3, ya que afecta a las reservas danesas. 
Votamos en contra del punto 5, porque afecta a las reservas danesas. 
No podemos votar a favor del punto 6 debido a las referencias al tercer pilar y a la composición de la Comisión. 
A pesar de ello, votamos a favor de la decisión, porque apoya ámbitos que nos parecen importantes, como la transparencia, la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, la protección de los consumidores y el empleo, y porque no somos indiferentes ante un cambio en la UE, la que verdaderamente necesita una revisión aquí y allá. 
No he votado en favor de la resolución, porque considero que no conviene suprimir la regla de la unanimidad y hacer participar al Parlamento en la fijación del escaño, estando como están las cosas en esta materia. 
Dado que el Presidente del Pleno se ha apartado de la lista de votación a la que yo tenía acceso, ni yo ni muchos diputados de la sala sabíamos qué era lo que estábamos votando cuando se presentó la enmienda nº 47. 
Por eso no se dedujo de la votación que yo apoyaba la enmienda nº 47, que hace hincapié en que es importante conservar el equilibrio entre países grandes y pequeños, lo cual deseaba poder hacer. 
También quiero destacar que la Resolución que se ha aprobado debería hacer en mi opinión que el Parlamento se muestre favorable cara a las próximas negociaciones para la ampliación. 
El Tratado de Amsterdam no significa ningún paso adelante hacia una democracia europea. 
Al contrario: la revisión del Tratado de Maastricht prevé un crecimiento de los procedimientos interestatales sin un adecuado control parlamentario y judicial. 
De esta suerte el principio de la división de poderes es llevado al absurdo. 
Sin la codecisión la ampliación de las decisiones por mayoría en el Consejo, que en otros casos es deseable, se convierte en altamente peligrosa. 
El Tratado no introduce el carácter público de la legislación, ni el PE recibe informes sobre codecisión y control en ámbitos centrales de la integración, como la Unión Monetaria. 
El nuevo Tratado no crea equilibrio alguno entre la integración política y la integración económica de la Unión. 
A pesar de las solemnes afirmaciones de estar comprometida con un desarrollo sostenible, la Unión permanece presa de la lógica de una competencia sin límites. 
Maastricht II no garantiza que los países puedan introducir o conservar criterios más altos sobre el medio ambiente. 
En el proyecto del Tratado no se menciona la introducción de impuestos ecológicos. 
El capítulo del empleo es una nadería llena de palabras. 
No se habla del objetivo del pleno empleo. 
El Tratado de Amsterdam no prevé instrumentos financieros e institucionales para ejecutar una política activa de empleo a nivel de la UE. 
Se habla de la coordinación de la política de empleo de los Estados miembros, pero éstos, a causa del estrecho corsé de los criterios de convergencia, han perdido hace tiempo el margen presupuestario de maniobra para ofensivas de empleo. 
Tal como aparece hoy el Tratado, entierra la democracia y los derechos de los ciudadanos, los auténticos fundamentos de la unificación europea. 
Ahora corresponde al PE y a los parlamentos nacionales concertar una alianza en favor de una democracia europea y pugnar por un aplazamiento de la Conferencia intergubernamental. 
Efectivamente, tal como aparece el Tratado, resulta inaceptable. 
El resultado debería ser más importante que el mantenimiento del calendario. 
Europa se encuentra en una encrucijada. 
La terminación de la Conferencia Intergubernamental es la primera cita importante. 
Para profundizar más y preparar la Unión Europea para el siglo venidero es preciso adaptar los tratados, las reglas del juego y las instituciones. 
La evaluación de los resultados de la Conferencia gubernamental se realizará sobre la base de tres criterios: 
1.Es preciso reducir al máximo la paralizante regla de la unanimidad. 
Una actuación eficaz de la Unión Europea será imposible mientras un único Estado miembro pueda hacer primar sus intereses sobre el interés general de todos los habitantes de la Unión. 
2. 
Es preciso reforzar el componente social. 
La Unión Europea ha de escuchar a sus habitantes y debe ofrecer una respuesta a la exigencia de trabajo y de una vida digna para todos. 
Por ello, es preciso mejorar el capítulo social. 
Por ello abogamos también por la inclusión de un capítulo eficaz sobre el empleo en el Tratado. 
Hay que restablecer el equilibrio entre la política monetaria por un lado y la política socioeconómica por otro. 
3. 
Es preciso mejorar la implicación democrática del Parlamento Europeo en el segundo y tercer pilar. 
La Unión Europea ha de poder actuar para mantener la paz y la seguridad tanto dentro como fuera de la Unión. 
Para ello hay que involucrar más activamente al Parlamento Europeo en esta política y, en algunos ámbitos esenciales, transferirle las prerrogativas democráticas que pierden los Estados miembros.Las propuestas de la Presidencia holandesa- que sepamos- no ofrecen aún suficientes perspectivas en relación con estos tres criterios. 
En nombre del Partido Socialista, pido encarecidamente que en Amsterdam se haga un esfuerzo importante para mejorar estos textos y acercarse a los puntos de vista que ha mantenido repetidas veces el Parlamento Europeo. También en la resolución que acabamos de aprobar. 
En caso de que faltar tiempo o margen político para lograr progresos significativos, siempre es preferible optar por un breve aplazamiento en lugar de una caja vacía. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Progresos de la PESC 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0193/97) del Sr. Spencer, en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre los progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común (enero-diciembre 1996). 
Nos alegramos mucho de que el Sr. Ministro van Mierlo se halle presente aún, y aprovechamos gustosos la ocasión para escuchar su intervención, en nombre del Consejo, sobre este informe del Sr. Spencer. 
Señora Presidenta, agradezco mucho al Sr. Spencer que haya sido tan amable de cambiar el orden de comparecencia. 
Habría sido más lógico que fuera él el primero en tomar la palabra, pero sobre todo en los últimos días antes de una Cumbre como ésta, la lógica ha de ceder una y otra vez ante los acontecimientos, y tengo que salir urgentemente hacia Bonn para una importante reunión con una de las figuras clave en el problema que afrontamos en estos momentos y, por tanto, acepto con gratitud su generosa propuesta. 
En el camino hacia la conclusión de la Conferencia Intergubernamental en que se aspira a preparar a la Unión para los retos del futuro es muy importante no olvidar dónde nos encontramos ahora y qué hemos conseguido en el último período. No sólo con respecto a la integración europea en general, sino también en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. 
En el informe que ha elaborado el Sr. Spencer sobre el año 1996 y en la propuesta de resolución vinculada se esboza una imagen mixta en este ámbito. 
Asimismo se constata que es importante que la PESC sea más coherente y eficaz. 
El Consejo piensa del mismo modo y es una de las razones de que la aspiración a una mejor estructura de funcionamiento de la PESC sea una parte de la CIG. 
Pero no olvidemos que, de hecho, la Unión está al principio de un largo camino, un camino en el que, en los últimos años, se han realizado progresos no desdeñables. 
Con este trasfondo hemos de formular nuestras expectativas y formar nuestro juicio. 
Como saben ustedes, en el Tratado de Maastricht se establecieron las bases para una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
Este ámbito político se encuentra en la intersección de la capacidad tradicional de los Estados nacionales desarrollada históricamente, por un lado, y de la realidad de la integración europea, por otro. 
Ello se expresará por el modo en que se diseñe la PESC. 
Una PESC fuerte debe su fuerza a la concurrencia de criterios de los Estados miembros de la Unión. 
El diseño de la política común en este ámbito significa, de hecho, darse cuenta de los intereses comunes compartidos que hay que expresar. 
Esta conciencia está más desarrollada en algunos ámbitos que en otros, pero en cualquier caso está claro que se manifiesta un proceso de desarrollo gradual. 
A nivel institucional, este desarrollo se refleja en el incremento de la cooperación política europea durante 25 años hasta la práctica de la PESC desde Maastricht. 
Las reformas institucionales en el ámbito de la PESC, que ahora se consideran en el marco de la Conferencia Intergubernamental, constituyen un paso más en este proceso y han de considerarse como tal. 
Hace apenas diez años se daba por descontado que el gigante económico de la Comunidad Europea era un gigante con pies de barro en el ámbito de la política exterior y de seguridad, y que este ámbito no era un factor significativo. 
Esta situación, impuesta por la situación geopolítica, era, de hecho, poco natural. 
La caída del muro de Berlín y la ola de democratización en los PECO han enfrentado a la Comunidad a retos inesperados y vertiginosos. 
Europa tiene que expresar más que nunca su identidad y su peso político. 
Y poco a poco empieza a dibujarse el modo en que ello se llevará a cabo, aunque esté claro que este proceso requerirá todavía mucho tiempo. 
En la CIG observamos, por así decirlo, las disposiciones del Tratado de Maastricht sobre la PESC a la luz de las experiencias de los últimos años y de las necesidades que hemos identificado con miras al futuro. 
Es cierto que las experiencias con el instrumental de la PESC todavía son limitadas y también que la opinión pública tiene a menudo la impresión de que la Unión no puede aún actuar con dinamismo. 
Pero seamos realistas. 
¿Se debe ello al instrumental o a la disposición de los Estados miembros que han de trabajar con él? 
A fin de cuentas, una política común dinámica y eficaz en este ámbito presupone el deseo y la disposición de cooperar, basados en la conciencia de que están en juego nuestros intereses comunes. 
La Unión está en desarrollo y se prepara para su futuro, incluido lo que respecta a la PESC. 
Mantenemos relaciones cada vez más estrechas con los países asociados de la Europa Central y Oriental y del Mediterráneo. 
Además, trabajamos en el diseño sostenible de nuestras relaciones con los países circundantes en Europa del Este y en la región mediterránea. 
En lo que respecta a los problemas en nuestro propio continente, como en Bielorrusia, la antigua Yugoslavia y Albania, la Unión empieza a desempeñar cada vez más el papel que se merece y que le ha sido adjudicado. 
Intenta desempeñar este papel en buena cooperación con organizaciones como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE, utilizando todos los medios disponibles. 
Esto no quiere decir que la Unión pueda aportar o imponer soluciones a corto plazo, pero en el ámbito de la política exterior ejerce una influencia que se ajusta a sus intereses, incluso a la luz de la envergadura de sus relaciones económicas con los países en cuestión. 
Está claro que la restauración y el fomento de la estabilidad política y económica son indisolubles y también son muy importantes para la Unión y sus Estados miembros. 
Los instrumentos como la estrategia de preadhesión y los programas PHARE y TACIS son muy importantes en este sentido. 
La Unión Europa también ha desempeñado un papel muy activo en las relaciones con los demás países vecinos. 
El desarrollo del diálogo euromediterráneo constituye un ejemplo importante. 
El proceso iniciado con la Conferencia de Barcelona se ha convertido en un sistema de estrechos vínculos económicos y de diálogo político más intenso que tiene una importancia estratégica para la Unión, sus Estados miembros y nuestros vecinos meridionales. 
También se han reforzado los lazos con los vecinos de la Europa Oriental. 
Mediante el desarrollo de planes de acción de formulación amplia, la Unión intenta transformar, por ejemplo, las relaciones con la Federación Rusa y Ucrania en una asociación sostenible y significativa. 
De este modo, la Unión contribuye al diseño de una estructura de seguridad estable para Europa. 
En cuanto a la evolución en Oriente Medio y en la región de los Grandes Lagos en África, la Unión ha intensificado sus esfuerzos. 
Para ambas regiones ha nombrado representantes especiales, los Sres. Moratinos y Ajello respectivamente, a fin de expresar su compromiso y ejecutar de forma más eficaz en política. 
Sin embargo, está claro que la Unión sólo puede desempeñar un papel de apoyo en esta región. 
Los problemas que subyacen a estos conflictos han de ser solucionados en primer lugar por los implicados. Pero la Unión sí puede desempeñar un papel de apoyo. 
La mediación y la diplomacia preventiva complementan así el esfuerzo del apoyo humanitario y otras ayudas. 
Personalmente he podido constatar lo importante que ha sido que hayamos nombrado al Sr. Moratinos en Oriente Medio, pues desde ese momento, debido además a que la Presidencia ha trabajado de forma muy centrada en ello, se ha dado la situación de que Europa desempeña un papel completo, político y no sólo económico en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Es muy importante que sigamos intentando complementar los esfuerzos norteamericanos. 
La actitud pueril frente a la competencia- quién puede intervenir en Oriente Medio- ha desempeñado un papel durante demasiado tiempo y de forma excesiva. 
Personalmente tengo la impresión de que también la diplomacia norteamericana se queda atascada cuando la europea no la complementa. 
A mi entender, hasta ahora hemos sabido explotar de forma cuidadosa y armoniosa este aspecto. 
A partir de ahora será posible desempeñar un papel activo de forma mucho más congruente. 
En el último período se han desarrollado las relaciones entre la Unión y nuestros socios transatlánticos. 
Aunque a veces discrepamos sobre el empleo de los medios- tenemos, por ejemplo, criterios distintos sobre la utilidad y la eficacia del aislamiento o el boicot -, compartimos en gran medida nuestros objetivos, normas y valores. 
Este acuerdo se refleja en el alcance de la cooperación en el marco del diálogo transatlántico. 
Recientemente hemos logrado buenos resultados en la cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
Tal como he dicho antes sobre Oriente Medio, tenemos necesidad de cooperar. 
Esto también era importante en la, por otra parte, desafortunada historia de una resolución común sobre la política de derechos humanos en China, pero en cualquier caso se trató de una muy buena cooperación entre Europa y Estados Unidos. 
La cooperación dentro de Europa no ha sido tan evidente. 
La estrecha cooperación en el ámbito del diálogo político complementa también nuestras relaciones económicas con los países latinoamericanos, así como con nuestros socios más importantes en Asia. 
La Cumbre entre la Unión Europa y los países de la ASEAN es ejemplo de una forma de consulta que permite intercambiar ideas de forma abierta y constructiva. 
Nadie hubiera pensado que fuera posible debatir durante más de dos horas y media, como hicimos en la cumbre de ASEAN, sobre la situación en Birmania. 
Nosotros lo impusimos, pero sin que ello implicara un elemento perturbador. 
Pienso que con una diplomacia un tanto sagaz se puede llegar más lejos de lo que creemos muchas veces. 
De esta manera, la Unión ya no es ante todo un socio comercial, sino también un socio cada vez más importante en el diálogo político. 
Por supuesto, en este sentido es muy importante que dentro de ella haya unanimidad sobre la política a seguir. 
Se nos escuchará sólo si hablamos con una sola voz. 
Esta unanimidad, basada en la noción de los intereses compartidos, comunes, no puede imponerse simplemente a través de las estructuras institucionales. 
Por ello es muy importante que en el marco del Consejo, pero también en el diálogo con ustedes, como representantes de los pueblos de la Unión, intercambiemos ideas e intentemos lograr un acuerdo sobre los retos de la política exterior a los que se enfrenta Europa. 
En este sentido, por supuesto, no está de más que la estructura nos ayude un poco. 
Hasta ahora hemos encontrado las estructuras menos comprometedoras, la intergubernamental y el consenso. 
En el último momento todo el mundo puede, por tanto, hacer lo que quiera y bloquear algo. 
Hemos de dificultarlo más y lo haremos por medio del Tratado. 
Admito que las estructuras no son decisivas. 
Pero, dado que la carne es débil, una estructura puede ayudar a hacerla un poco más fuerte. Esto es lo que estamos haciendo. 
Le agradezco que me haya dado la oportunidad de hablar ante este Parlamento. 
Doy las gracias a la Presidencia del Consejo por sus manifestaciones sobre la política exterior y de seguridad. 
Señora Presidenta, doy gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por sus comentarios. 
Siempre me alegra estar en buenas relaciones con la presidencia, con la esperanza de que podamos ver a la Presidencia neerlandesa y a otras presidencias con algo más de frecuencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Como ha indicado usted, éste es el informe anual sobre la ejecución de la política exterior y de seguridad común que se enuncia en el Tratado. 
Como éste es el tercer debate sobre el particular, este año he preparado cuadros comparativos que indican las tendencias- y en algunos casos la falta de tendencia- de los instrumentos de política. 
Quedo muy agradecido a nuestra excelente secretaría por la exactitud de tan complejos datos. 
La tercera parte de mi informe representa, por vez primera, dichos datos sobre una base geográfica, partiendo de nuestros países hacia el resto de Europa y hacia casi todas las demás regiones del mundo. 
Espero con ansiedad que llegue el momento en que podamos dejar de ocuparnos del desarrollo institucional de la PESC y podamos concentrarnos en el debate sobre la sustancia de las relaciones de Europa con el mundo. Un debate sobre el estado del mundo, simultáneamente con nuestro debate sobre el éxito del estado de la Unión. 
Me agradó e interesó mucho la referencia del Presidente en ejercicio a las cocinas y a los platos, en el debate de esta mañana. 
Tiene mucha razón. 
En política exterior tenemos que concentrarnos en la comida y dejar de preocuparnos por las tuberías. 
Desgraciadamente no nos hallamos todavía en tan feliz situación, y por eso la segunda parte de mi informe repite una vez más nuestras críticas acerca de la forma en que la PESC no se ha podido llevar a cabo como estaba previsto en Maastricht. 
Es un historial de timidez institucional y alguno que otro fallo de la solidaridad europea provocado por las presiones comerciales. 
No me concentraré únicamente en las deficiencias y en los fallos de la política porque estamos progresando. 
Hace 20 años éramos incapaces de actuar juntos en cuestiones de política exterior y nadie lo consideraba sorprendente ni recriminable. 
Hace 10 años nos sentíamos culpables de nuestros fallos. 
Hace cinco años habíamos desarrollado ya aspiraciones y retórica, pero carecíamos de instituciones y de reglas fundamentales. 
Después de Maastricht teníamos algunos mecanismos pero no sabíamos muy bien cómo servirnos de ellos. 
No hemos sabido aprovecharlos debidamente y no los hemos utilizado para orientarnos en nuestro camino hacia los grandes problemas con que se enfrenta la Unión. 
Lo que más me preocupa son las repercusiones de este fallo para nuestro público y, en particular, las repercusiones de ese fallo, políticas y técnicas, en las guerras de sucesión de Yugoslavia, en la que nuestros pueblos esperaban que salváramos vidas y fracasamos. 
A mí me parece que, a fin de cuentas, la lección que cabe extraer de Bosnia es que la Unión tiene que poseer la capacidad de intervenir militarmente. 
Si soslayamos esa responsabilidad, nos condenaremos a ser solamente los mecenas de los esfuerzos de establecimiento de la paz desarrollados por Potencias no europeas. 
En este contexto es donde necesitamos lanzar un proceso de aproximación de la Unión Europea y la Unión Europea Occidental. 
Mi informe contiene una sección, también por vez primera, sobre la función de este Parlamento, de su Presidente, de sus comisiones y de sus delegaciones. 
Soy un entusiasta inveterado de la participación parlamentaria, tanto nacional como europea, en la PESC. 
No acepto la doctrina de que los asuntos exteriores sean prerrogativa del poder ejecutivo. 
En mi opinión, los poderes ejecutivos de Europa son ya demasiado fuertes y los parlamentarios son demasiados flojos. 
Ese enfoque parece basarse en teorías acerca de la primacía de la Corona en asuntos exteriores, argumento que rechazó el Senado de los Estados Unidos desde los primeros años de esa gran república. 
Me parece que es lógico que aspiremos a tener esa influencia, pero para ello tenemos que ser críticos objetivos de nuestra propia actuación como institución, así como también de nuestra tendencia a disparar sin desenfundar el revólver en cuanto se trata de resoluciones de urgencia ante este plenario. 
Reitero la preocupación expresada esta mañana por el Presidente Santer acerca de las tentativas de limitar la coherencia de la función de la Comisión para negociar en nombre de la Unión en virtud de los artículos 113 y 238. 
Hay política exterior de importancia en el primer pilar, y no debemos menospreciar su utilidad. 
Para mí, la política exterior, según la entienden los electorados de Europa, no se limita a la diplomacia clásica del tipo que absorbe la atención de todos los que participan cotidianamente en la PESC. 
Para cualquier Potencia, pero especialmente para una superpotencia predominantemente civil como esta Unión, la política exterior tiene que ser una mezcla de comercio y de economía, de medio ambiente y de desarrollo, de seguridad y de derechos humanos. 
Tiene que desarrollarse y enraizarse en las percepciones y los temores genuinos de nuestros ciudadanos. 
No se trata únicamente de completar el proceso técnico de la revisión del Tratado. 
No es solamente un foro para los diplomáticos. 
Es algo que trata de comercio, de puestos de trabajo, de sequía y de huracanes. 
Es algo que se ocupa tanto de lo que pasa en Kioto y en Ginebra como de lo que pasa en Moscú y en Washington. 
Confíamos en poder progresar en Amsterdam. 
No nos abstendremos de hablar cuando se hable, pero permaneceremos dispuestos a hacer todo lo que corresponda para que sea una realidad política, que viva en el pensamiento del pueblo de Europa, lo que los Estados miembros presenten como PESC reformada y mejorada después del Tratado de Amsterdam. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo quiero dar las gracias al ponente, Sr. Spencer, por su informe. 
Pienso que en él y en la resolución correspondiente ha tratado las cuestiones oportunas. 
Asimismo doy las gracias al ministro Van Mierlo por su amplia apología de la PESC en el año 1996. 
Todo me ha parecido muy bien. 
Al mismo tiempo he constatado que aquí, en esta Asamblea, estamos celebrando un debate obligatorio cuya conclusión, por desgracia, ya es inamovible. 
Las cosas no van bien con la PESC y al Parlamento Europeo le interesaría más ejercer influencia en relación con los acontecimientos en el ámbito de la PESC que celebrar este tipo de debates con posterioridad. 
Esta Asamblea no duda de la importancia de la política exterior. 
Hoy sólo nos está permitido evaluarlo. 
Algunos miembros de mi Grupo examinarán diferentes vertientes de la política. 
Hay que decir que en 1996, dentro del ámbito de la política exterior, la Unión no satisfizo las expectativas. 
Sin duda se realizaron progresos en diversos ámbitos, sobre todo en relación con ámbitos que, en efecto, corresponda el primer pilar. Me refiero a la ayuda humanitaria y a la intensificación de las relaciones con los PECO y la antigua Unión Soviética. 
En otras muchas situaciones, la UE no estuvo presente o fue capaz de contribuir de forma decisiva a la solución de los conflictos y las situaciones tensas. 
En muchos casos no se siguió ninguna política de derechos humanos común, y sobre todo los Estados miembros grandes mantuvieron su propia actuación, sus propias orientaciones en algunas situaciones importantes. 
Además, como ya se ha dicho, Estados Unidos intervino varias veces en situaciones que en realidad tendríamos que haber solucionado nosotros. 
Y es una lástima, pues la Unión Europea es un factor importante, además de un patrocinador importante de muchas actividades internacionales, lo cual no se aprecia suficientemente, no es suficientemente visible para los ciudadanos. 
Me refiero, por ejemplo, al papel de la Unión Europa en la ONU. 
En el ámbito de la seguridad hemos de esperar que Amsterdam aporte algo, también en este sentido pienso que la imagen de la Unión Europea no es optimista. 
Lo que vemos es que, en realidad, en los últimos años la OTAN parece prosperar a costa del desarrollo del papel de la Unión Europea. 
El informe Spencer señala claramente lo que hay que cambiar. 
Es preciso crear mejores condiciones institucionales para la política exterior de la Unión, concretamente en el ámbito de la prevención de conflictos. 
Pero esto sólo tendrá sentido y funcionará si los Estados miembros son más ambiciosos que ahora en lo que respecta a la cooperación en el ámbito exterior. 
Señora Presidenta en ejercicio, acojo con gran satisfacción la publicación de este informe. 
En él se destaca la ineficacia de la política de la Unión Europea en esta esfera concreta. 
Me parece bastante irónico que hablemos de política exterior y de seguridad común. 
Hay muchas esferas en las que no tenemos política de ningún género, y cuando la tenemos es raro que pueda calificarse de política común. 
Este informe subraya una serie de esferas de importancia principal en las que hemos fracasado. 
Se menciona el fracaso en la respuesta a los continuos problemas en Bosnia-Herzegovina o en la adopción de iniciativas sobre Kosovo, la falta de respuesta eficaz al continuo problema de Chipre y a nuestras relaciones con Turquía, y la falta de una política a largo plazo para el Oriente Medio o África. 
También hemos de admitir con penosa vergüenza que nuestra respuesta a la reciente crisis de Albania ha sido bastante defectuosa. 
Se sugieren varias razones para explicarlo. 
A menudo nos escudamos en las deficiencias estructurales y a mí no me cuesta trabajo reconocer que hay deficiencias estructurales, y no hablemos de los requisitos para la unanimidad. 
Sin embargo, eso no explica todo lo sucedido, Fijémonos, por ejemplo, en el fracaso de la Unión Europea que no ha podido expresarse con una sola voz ante las continuas infracciones de derechos humanos en China continental- cuestión que más adelante será objeto de debate-. 
Los intereses económicos han prevalecido sobre los principios políticos, y si no conseguimos expresarnos con una sola voz, particularmente en los casos en que se trate de cuestiones de principio, entonces hemos de reconocer que el mundo geopolítico no nos reconoce ningún papel de importancia. 
Por lo tanto, ocupémonos del problema de las deficiencias estructurales, pero reconozcamos asimismo que algunas de las formas en que configuramos nuestra política acusan una falta de principios. 
Espero que esta CIG se ocupe de las deficiencias estructurales, que liquidemos el concepto de unanimidad y lo sustituyamos con el concepto de la votación por mayoría cualificada, que reforcemos la relación con la Comisión y el Parlamento en toda esta esfera y nos apartemos del intergubernamentalismo, y que nos comprometamos a iniciar un verdadero debate sobre la estructuración de una política de defensa, de ser posible que incorpore el pilar de la UEO y de la UE. 
Una vez más quisiera rendir homenaje al ponente. 
Nos indica en qué sectores acusamos deficiencias y esperemos que, especialmente en el resto de la semana y en Amsterdam, empecemos a adoptar medidas para subsanarlas. 
Señora Presidenta, como se sabe, la PESC constituye un punto de fricción en la Unión Europea, no tanto por su existencia como por su ausencia. 
Reiteradamente se ha subrayado en esta Asamblea la debilidad de Europa para ejercer una auténtica política exterior y de seguridad común, con el resultado de que es ella siempre la que paga, sin poder desempeñar ningún papel esencial a nivel internacional. 
El informe del Sr. Spencer, que es cauteloso, sincero y perspicaz, subraya esta realidad en numerosos puntos, pero, al mismo tiempo, ofrece las orientaciones necesarias para que la Unión asuma alguna vez también ese papel suyo. 
Pide que se promueva el papel del Parlamento Europeo en la adopción de acciones y posiciones comunes y su participación en las negociaciones internacionales. 
Subraya el concepto de una seguridad común que se vea reflejada, principalmente, en la estabilidad económica y social, en la distensión de los conflictos étnicos y en el fomento de la integración continua, es decir, una seguridad que determine el marco del siglo XXI, más allá de enfrentamientos militares y confrontaciones. 
El informe Spencer propone, asimismo, un control parlamentario de la financiación de la PESC, que no es compartido por todos los Estados miembros. 
Sin embargo, también ésta es una cuestión importante y de carácter más general, que se deja una y otra vez pendiente. 
Señora Presidenta, desearía felicitar al Sr. Spencer por su excelente trabajo. 
Lamentablemente, el balance de la PESC es bastante decepcionante y la actualidad no desmiente este estado de hecho. 
El Sr. Spencer extrae las lecciones de la impotencia europea, incluso de la desaparición de Europa del escenario diplomático internacional. 
La crisis de la ex Yugoslavia ha revelado la incapacidad de acción de la Unión Europea. 
En la actualidad, desgraciadamente, constatamos lo mismo ante la situación albanesa. 
A falta de una verdadera política exterior y de seguridad común, Europa no puede desempeñar el papel que le correspondería, entre otros, el de restablecer la paz. 
Cómo podría ser de otra manera si la PESC sigue siendo la expresión de los Estados miembros a nivel intergubernamental. 
La CIG debe poder remediarlo reforzando el principio de solidaridad política, permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros no participar activamente en algunas acciones comunes. 
Hasta ahora, el Consejo ha recurrido poco a las acciones y posiciones comunes y ha dado muestras de una lentitud evidente. 
Lamento la debilidad de la acción diplomática comunitaria en el caso de Chipre y Turquía, por ejemplo. 
Deploro nuestra parálisis en relación con Argelia. 
Nuestra falta de política común respecto de África es dramática, y tengo mucho miedo de lo que se perfila en el horizonte de África Central. 
Desde el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa en 1954, por primera vez, señora Presidenta, hoy parece que se reúnen las condiciones básicas para que emerja una política europea de seguridad. 
No perdamos esta oportunidad. 
Señora Presidenta, el balance de la PESC de este año demuestra, como en ocasiones anteriores, que la actuación internacional de la Unión Europea está marcada por la falta de voluntad política, la inexistencia de objetivos comunes y la insuficiencia de mecanismos institucionales. 
Lo ocurrido en el pasado en Bosnia, y hace muy poco en Albania, sustenta la insatisfacción de la mayor parte de la opinión pública en este ámbito, y ello a pesar de esfuerzos realmente positivos como los desarrollados, por ejemplo, por el enviado especial Moratinos en el Próximo Oriente. 
Pero el inmediato futuro no augura precisamente que la situación mejore. 
Hemos visto cómo la OTAN y Rusia firmaban un acuerdo sobre el que Europa se ha limitado a aplaudir y a ver. 
Vamos a ver a principios de julio en Madrid cómo la OTAN, una institución proveniente de la guerra fría, se amplía en detrimento ¿de quién? : en detrimento de las capacidades de la propia Unión Europea, en el campo de la seguridad. 
Incluso lo que se propone para la Conferencia Intergubernamental, a pesar de algunos aspectos positivos, es claramente insuficiente. 
Hay que dar un giro rápidamente. 
Hace falta una política exterior autónoma, dotada de medios suficientes, una entidad europea de seguridad y defensa propia e independiente, una capacidad para la prevención de conflictos y una decidida actuación para reducir la brecha existente entre el norte y el sur. 
De lo contrario nos veremos obligados otra vez a frases inmodestas e irreales, que podrían incluso calificarse de graciosas, como la que ha presentado el Sr. Van Mierlo de que la diplomacia norteamericana a veces se estanca si no actúa Europa. 
Eso no es verdad. 
En efecto, se nos ha presentado un informe muy bueno del Sr. Spencer sobre la PESC, pero hace menos de dos horas, hemos aprobado un documento absolutamente abominable, que sanciona la falta de cualquier esperanza en este mismo ámbito en la Cumbre de Amsterdam. 
Todos sabemos ya, y no estoy de acuerdo con mi colega y amiga Anne André-Léonard a este respecto, que no ocurrirá nada en el ámbito de la política exterior y de seguridad común en Amsterdam. 
Todos sabemos que la propuesta de Tratado, tal como se nos ha presentado, se aprobará y que no contiene ningún progreso significativo de nuestra política de asuntos exteriores. 
Es eso lo que hay que demostrar. 
Nos hemos convertido en un Parlamento que murmura, que murmura de forma profesional, en efecto, como diría el Sr. van Mierlo, pero que ya no tiene ninguna eficacia frente a las otras dos instituciones, y, en particular, frente al Consejo. 
Murmuramos nuestros desacuerdos, murmuramos nuestros deseos, pero no tenemos ni siquiera la convicción de lo que desearíamos. 
Pienso que esto es particularmente grave. 
En alguna parte, hoy, la decepción es muy grande. 
Tenemos este informe que propone cosas muy claras. Propone líneas políticas para una serie de regiones del mundo; indica una serie de reformas puntuales de la política exterior y de seguridad común; propone utilizar las delegaciones de la Comisión para convertirlas en representaciones diplomáticas para los Estados miembros que no tengan representación diplomática en más de la mitad de los Estados del mundo. 
Son pistas concretas. 
Podríamos explorarlas. 
Además, hemos votado, el pasado mes, una propuesta del informe Tindemans pidiendo la creación de un cuerpo europeo para las misiones de Petersberg. 
Y no dejamos de lamentarnos de Bosnia, Rwanda y Albania. 
Habría que comenzar por hacer cosas concretas y dejar de llorar porque no logramos integrar la UEO. 
Comencemos por aquello en lo que estamos de acuerdo. 
Sabemos que en el seno de nuestro Parlamento existe una mayoría muy fuerte en este sentido. 
¡Que deje, pues, de murmurar y proponga cosas positivas! 
Señora Presidenta, el informe anual sobre el progreso de la PESC, como lo deplora mi grupo, lamentablemente, es más la ocasión de una celebración ritual del integrismo integracionista, más que una reflexión profunda y preocupada por enfrentarse a los objetivos y a las realidades. 
El presente informe, tras su innegable calidad documental y la riqueza de sus indicaciones cifradas, no va contra las reglas. 
Se trata del mismo enfoque ideológico del año pasado, en particular, al desarrollar una concepción de la PESC que tendría la vocación de absorber la totalidad de los medios de acción exterior de nuestras naciones, y que, por consiguiente, se concibe constantemente como oposición, en relación con las diplomacias nacionales, como si una iniciativa acertada de uno o varios Estados miembros no pudiera, por naturaleza, beneficiar a Europa en su totalidad. 
Por el contrario, los servicios diplomáticos nacionales competentes y eficaces en los que se apoyan tales acciones se presentan como un obstáculo al desarrollo de la PESC y, durante los debates, se ha contemplado seriamente su reciclaje, por no decir su reeducación. 
La falta de consistencia actual de la PESC se atribuye, cito «a la persistencia de una dinámica intergubernamental que refleja el temor de los Estados miembros de renunciar a la quimera del poder nacional». 
Después del cascarón vacío del Sr. Lamers, he aquí la quimera del Sr. Spencer. 
El Estado nacional viene así a desempeñar en la nueva ideología dominante, el papel que antiguamente correspondía al enemigo de clase en la que le había precedido inmediatamente. 
Enfrentar así la PESC a las políticas exteriores nacionales, es condenarla a la esterilidad. 
La PESC no será eficaz si no desempeña un papel de complemento y no de sustituto de las diplomacias nacionales. 
Cuando tenemos intereses realmente comunes, bien enumerados, actuar juntos para hacerlos valer aporta innegablemente un valor añadido. 
En otros ámbitos, nuestras actitudes difieren. 
El proceso de la PESC puede entonces permitir, mediante la concertación, conciliar al máximo la diversidad de nuestros enfoques. 
Pero hay que reconocer asimismo la existencia de políticas divergentes ligadas, en algunos ámbitos esenciales, a la protección de intereses nacionales vitales perfectamente legítimos y que responden al deseo de los ciudadanos. 
Querer negar estas realidades, en nombre de la PESC, no puede sino perjudicar el objetivo que pretendemos buscar: afirmar el lugar de Europa en el nuevo escenario internacional. 
Lamento que el informe Spencer no haya seleccionado este enfoque realista de la PESC que, sin embargo, es la condición necesaria de su éxito. 
Es la razón por la cual nuestro grupo no podrá votar en favor de su aprobación. 
Señora Presidenta, Señorías, todos los años, desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el 1 de noviembre de 1993, nuestro Parlamento hace un balance de los progresos realizados en la elaboración de la política exterior y de seguridad común, definida en el artículo 17 del Tratado. 
Y todos los años, el Parlamento deplora el decepcionante balance, la falta de política común en las crisis internacionales. 
El informe del Sr. Spencer no se sustrae a la regla. 
Según su autor, los inicios de la PESC siguen siendo poco convincentes a los ojos del ciudadano europeo. 
Pasando revista a las crisis del año 1996, el informe lamenta, sobre todo, la falta de propuestas comunes y de iniciativas de la Unión sobre la ex Yugoslavia, la ampliación de la OTAN y las relaciones con Rusia, su ineficacia en Albania, su debilidad diplomática en relación con Chipre y Turquía, y sus divisiones a propósito de China. 
Curiosamente, el informe juzga positiva la acción del enviado especial de la Unión a Oriente Próximo, y estima que quedan posibilidades por explotar en África Central, Zaire o en la región de los Grandes Lagos. 
Hay que tener valor para escribir esto, no quiero hacer otros comentarios. 
Las medidas propuestas, como de costumbre, para poner remedio a estas lagunas son las siguientes: la integración de la Unión Occidental, la UEO en la Unión, la inclusión en el presupuesto comunitario de los gastos, no obligatorios, de funcionamiento de la PESC, que permitan un control del Parlamento, y por último, la consulta sistemática del Consejo al Parlamento Europeo antes de la adopción de posiciones comunes. 
La Comisión de Asuntos Exteriores cuenta con la Conferencia Intergubernamental para la aplicación de estas reformas. 
Si ésta sigue desmantelando la soberanía de los Estados miembros en materia de política exterior, desgraciadamente, no aportará más armonía ni más paz entre las naciones, y ésa es la razón por la que no votaremos en favor del informe. 
Señora Presidenta, Señorías, cada vez se hace más notoria la diferencia de credibilidad entre el prestigio y la fuerza de la economía de la Unión Europea y la debilidad y la incapacidad en política exterior de seguridad y defensa. 
Esta disparidad existe porque no se ha cumplido el Tratado de la Unión. 
Los pequeños progresos en la ejecución de la política exterior de seguridad y defensa son decepcionantes, como expresa el excelente informe de nuestro colega, el Sr. Spencer, informe que deberíamos apoyar y votar favorablemente. 
Señora Presidenta, en la Unión Europea no poseemos servicios de informaciones estratégicas que hagan posible el análisis prospectivo de la evolución política mundial. 
No tenemos en Europa y en tiempo útil poder de decisión en política exterior. 
Es harto conocida en el marco del universo europeo la incapacidad operativa y de medios en el campo de la seguridad y la defensa. 
La aplicación urgente de estas medidas impone la creación de un marco institucional sólido y coherente, como este Parlamento ha recomendado y sigue recomendando en este informe, sin que, sin embargo, el Consejo le haya prestado mucha atención. 
Esperamos ansiosos el tímido progreso en este ámbito, repito, el tímido progreso en este ámbito propuesto para la Conferencia Intergubernamental. 
Señora Presidenta, todos sabemos que prever con base y conocimiento, decidir con rapidez y actuar con eficacia es la trilogía que podrá dar credibilidad a una política exterior apoyada y enmarcada dentro de una política de seguridad y defensa común de la Unión Europea. 
Sin esas condiciones estructurales, la posición de la Unión Europea en política exterior continuará estando desprestigiada- el término es duro, pero corresponde a la realidad- y no dará a medio plazo el apoyo necesario para el desarrollo de las políticas económica y financiera, con el correspondiente progreso social. 
No obstante, tengo la esperanza de que el pleno funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, la puesta en marcha de un Banco Central Europeo y la moneda única como factor positivo y de mayor cohesión sirvan para lanzarnos hacia una Unión Europea (pero tendrá que ser sin duda con una nueva generación de dirigentes políticos europeos- la actual está agotada- y posiblemente en un marco institucional nuevo- éste ya se ha agotado -) cuyos objetivos sean, junto con la buena calidad de vida, un poco más de orgullo vital por parte del ciudadano europeo. 
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar al Sr. Spencer por su excelente informe, a la par que deseo expresar mi decepción por el hecho de que, una vez más, este Parlamento está a punto de hacer otra plática inútil. Una vez más, vamos a decir que es necesaria una política exterior común, a pesar de que no haremos nada en concreto para conseguir este objetivo. 
Me pregunto- y les pregunto- si, como justamente ha dicho el Sr. Spencer en su informe, hay todavía alguien que sigue abrigando la esperanza de que los ya vetustos Estados nacionales pueden desempeñar un papel protagonista en un escenario internacional que se va desarrollando clara y fuertemente. 
Me pregunto si la Europa que, a pesar de todo desempeña un papel sin duda de primer plano desde el punto de vista comercial y económico en el contexto mundial, por el contrario, prefiere seguir desempeñando el papel de los quince enanitos políticos, de los quince gnomos políticos que continúan riñendo por cualquier tema de política exterior importante que se propone a escala internacional. 
Es pasmosa la cuestión de la antigua Yugoslavia, aunque podríamos facilitar unos cuantos ejemplos más, como la política con respecto a Rusia y a China, que abordaremos más tarde, y con respecto a la política mediterránea. 
En realidad las acciones y posiciones comunes se cuentan con los dedos de una mano. 
Creo, por consiguiente, que después de este debate, es preciso adoptar una posición precisa y firme a través de una intervención concreta del Parlamento. 
Señora Presidenta, hay que dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Spencer, porque su informe pone de manifiesto que un informe sobre la práctica de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE tiene que conducir ahora sencillamente a una enumeración de las oportunidades perdidas y de las omisiones. 
Y me temo que una vez que la Conferencia intergubernamental no va a traer ningún avance real en este ámbito, los informes, pertinentemente, van a tener también este aspecto en el futuro. 
Por consiguiente, para encontrar ejemplos prácticos del fracaso, no necesitamos buscar muy lejos en el mundo, sino que entre los países miembros de la Unión Europea o entre países que quieren ingresar en la misma, se amenaza abiertamente con el poder militar. 
Considero un fracaso imperdonable de la Unión Europea que no se logre solucionar la zona de crisis Grecia-Turquía-Chipre. 
Al contrario, estamos viendo cómo países económicamente débiles entierran en un rearme totalmente desproporcionado recursos económicos que necesitan urgentemente en otros ámbitos. 
Creo que aquí debería estar el punto de insistencia de todas las instituciones europeas para que se tome bajo control este auténtico escándalo europeo. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Spencer contiene sin duda observaciones acertadas; sin embargo, quisiera ser un poco más estricto. 
Existe, evidentemente, un déficit institucional que impide el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común, pero también hay otros déficit. Hay una falta de solidaridad. 
Así lo comprobamos en 1996 con ocasión de la crisis de las islas de Imia y la posición neutral que prácticamente mantuvo la Unión Europea, a pesar de que estaba involucrado un Estado miembro. 
Segundo, falla el principio de igualdad de trato. 
La Unión Europea trata de distinta manera los derechos de los chechenos que los derechos de los kurdos, guardando silencio ante la invasión de otros países por el ejército turco. 
La política exterior de la Unión Europea adolece de un complejo de inferioridad y se ha hecho a la idea de servir de vagón de la locomotora de los Estados Unidos. 
Es característica la cuestión de Chipre, donde la Unión Europea ha hecho lo posible para minusvalorar a su delegado especial frente al de los Estados Unidos, es decir, frente al Sr. Holebrooke, nombrado recientemente delegado especial en el conflicto de Chipre. 
Creo además que la tragedia de la política exterior de la Unión Europea en 1996 se puso de manifiesto también en la cuestión de Albania. 
Distinguida señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, nos alegramos de este informe porque nosotros abogamos por una rápida realización de la PESC en lo que respecta al ingreso de Austria en la UEO y en la OTAN. 
Consideramos especialmente importante la mejora de las condiciones de trabajo entre la UEO y la UE y el desarrollo de un sistema de seguridad europeo que sea independiente de los EE.UU.. 
Sin embargo, el sentido y el objetivo prioritario de un sistema europeo de seguridad debe ser el de impedir los conflictos militares, pero, sólo en segundo lugar, la resolución de conflictos, incluso con medios militares, si fuera necesario. 
Debido a su historia en el presente siglo, Europa tiene una responsabilidad especial de cara a una política activa de seguridad. Esta no puede ser dañada por una forma ingenua del pacifismo, pues en este punto no hemos de olvidar una cosa: siguiendo los principios de un pacifismo unilateral, del antimilitarismo y del neutralismo militar Auschwitz jamás habría sido liberado. 
Señora Presidenta, tanto el Sr. Spencer como su informe merecen felicitaciones. 
Se ha tachado en ocasiones de gran ausente, gran incógnita, gran culpable a la titulada pero inexistente Política Exterior Común, y no sin razón. 
Aunque tras el terremoto de 1989 debería haberse convertido en la máxima y principal preocupación de la Unión, sigue siendo hasta la fecha, en vísperas de la revisión del Tratado, un sueño lejano, aunque no poco deseado, como han mostrado algunos en este Asamblea. 
Sin embargo, la dolorosa experiencia debería habernos enseñado, primero con la crisis del Golfo, después con la disolución de Yugoslavia, con el drama de Bosnia-Herzegovina, con las tragedias en Africa- y no quiero hablar de la confusión con respecto a Turquía -, que se acerca, que se perfila cada vez más claramente una tendencia a la renacionalización en lugar de a una comunitarización de la Política Exterior Común. 
La mayor potencia comercial del mundo, como se autodenomina la Unión, parece dar la razón a quienes la califican irónicamente de diplomático sordo, militar ciego y soldado cojo. 
Los buenos deseos para la PESC, claro está, no faltan en Maastricht, ni faltarán pasado mañana en Amsterdam. 
Lo que falta es la voluntad política unánime de adoptar una política exterior eficaz. 
Se buscan diversas soluciones técnicas. 
De hecho, existe la voluntad, en medio de una difusa mentalidad dominada por lo económico, de compensar nuestra ausencia política y militar con dinero. 
Como ayer decía muy acertadamente el Sr. Van der Broek, en todos los frentes de crisis, desde Sarajevo hasta Palestina, los europeos son los pagadores y los demás los ejecutores. 
Para encontrar la causa de esta debilidad debemos buscar en lo que en los últimos años guardamos cuidadosamente en silencio: el abandono de la idea federal. 
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar al Sr. Spencer por su informe. 
Coincido con él en que el progreso en la esfera de la política exterior y de seguridad común ha sido decepcionante. 
Es verdad que la UE no ha podido aplicar las claúsulas de derechos humanos y democracia en sus acuerdos. 
Como el Sr. Spencer ha subrayado, la Comisión no ha hecho las propuestas que podría hacer con arreglo al artículo J.8. 
Me parece particularmente apropiada su referencia a la dependencia de análisis, que ayudaría a la UE a instituir una política exterior y de seguridad común más eficaz y a colaborar en la prevención de conflictos. 
Es cierto que necesitamos que haya una relación más estrecha entre la UE y la UEO. 
Ahora bien, como la Sra. Theorin, estoy en desacuerdo con el contenido de los párrafos 15 y 19 sobre la integración de la UEO en la UE y sobre un mayor recurso a la votación mayoritaria en cuestiones de política exterior y de seguridad común. 
Como ha dicho el Sr. Lambrias, la política exterior y de seguridad común ha fracasado claramente en algunas esferas; por ejemplo en el caso de la antigua Yugoslavia, en Albania y en otras zonas del mundo. 
Por último, quisiera felicitar al Sr. Spencer por incluir una referencia a las minas terrestres antipersonal, y por esforzarse por conseguir que colaboremos todos para lograr que queden eliminadas de la faz de la tierra, para que dejen de causar tantos daños y tantos dolores a gente de todo el mundo. 
Señora Presidenta, con independencia de cuál sea el resultado de la Conferencia intergubernamental, una cosa es segura: el aplauso por esta Conferencia va a ser limitado. 
De la misma forma que es importante que demos a los ciudadanos la impresión de que viven en un espacio de libertad y de seguridad interior al que pertenecen también la seguridad social y el derecho al trabajo, igualmente se necesita también seguridad exterior. 
Precisamente para países, como Austria, que se encuentran en una zona marginal de la UE, es importante que la Unión Europea adquiera peso en política exterior y de seguridad y pueda convertirse así en un factor estabilizador en Europa. 
Hasta ahora se han puesto de manifiesto, sobre todo, los déficits de la PESC, tanto en Bosnia, como en Albania o en el Cercano Oriente. 
El Informe Spencer hace esto dolorosamente patente. 
No nos engañemos: sin el compromiso de los EE.UU. en estas zonas de crisis no sería posible nada. 
Ellos expiden a la Unión Europea un certificado de pobreza. 
Por consiguiente, es tanto más importante para nosotros que incluso en el ámbito de la PESC las decisiones por mayoría faciliten la operatividad de la Unión Europea. 
Es positivo que la UE asuma las tareas del Petersberg, es decir, misiones de mantenimiento y de producción de la paz. 
Es negativo que hasta ahora no haya una fecha concreta para la integración de la UEO, es decir, que falte la columna vertebral. 
Una línea clara de la PESC facilitaría también el debate nacional en países neutrales, como Austria. 
Mientras existan imprecisiones en la PESC, será fácil atrincherarse detrás de una neutralidad que, merced a que se ha modificado el panorama político europeo, ha perdido su sentido y debería ser sustituida por una solidaridad que fuera partidaria de una política de seguridad común. 
Señora Presidenta, lo corriente en estos casos es felicitar al ponente, y así lo hago con toda sinceridad. 
No es tan corriente que las felicitaciones sean realmente sinceras, pues anteriores presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa han producido el informe anual sobre una base muy absolutista: nos han hablado del mundo que quisieran ver instaurado, y no del mundo según es en realidad. 
En cambio, el informe del Sr. Spencer es práctico y concreto, y eso es precisamente la base sobre la cual debemos abordar este tema. 
Al fin y al cabo, si tenemos una política exterior y de seguridad común no es porque necesitemos una especie de símbolo prestigioso para demostrar al resto del mundo que hemos alcanzado la mayoría de edad como organización, sino porque estimamos que nuestra fortaleza económica y política puede dar beneficios por conducto de la PESC no solamente a los ciudadanos de la UE sino también a los ciudadanos de Europa en general e incluso del mundo, y hay que juzgarnos sobre la forma de proporcionar esos beneficios positivos. 
Por el momento la PESC es muy fragmentaria: debe más a la inspiración de Heath Robinson que a la moderna edad tecnológica computarizada. 
Lo que necesitamos es una definición más clara de lo que queremos. 
¿Qué es una política exterior común, y qué es lo que está procurando conseguir? 
No tenemos la menor idea de lo que definimos como dificultad común, o como problema común, y no tenemos la menor idea de lo que es un enfoque común. 
¿Cómo puede decidir alguien la estrategia que hemos de seguir en Albania cuando el Consejo de Ministros ha recibido 15 documentos de orientación diferentes? 
Ni siquiera podemos empezar a abordar el problema. 
Mientras los gobiernos nacionales estén orientando todavía a sus funcionarios civiles, no podemos contar con una política exterior y de seguridad común. 
Por eso necesitamos una dependencia de análisis, que espero veamos establecida en Amsterdam. 
Por eso necesitamos también que haya más coherencia en lo que se refiere a la financiación de la PESC. 
Pasando el sombrero a la redonda y procurando desplazar las cosas de un pilar a otro no nos brinda la manera ideal de obrar. 
Espero que el acuerdo interinstitucional sobre la financiación de la PESC quede anclado al Tratado de Amsterdam, antes de que sea demasiado tarde. 
Necesitamos una estructura decisoria que respete la sensibilidad de la soberanía nacional y la sensibilidad de algunas de estas cuestiones para nuestros Estados miembros, pero que no nos impida que efectuemos progresos. 
El concepto de la abstención constructiva y de mayores posibilidades de votación mayoritaria en el marco de estrategias definidas de común acuerdo nos ofrece una nueva forma de progresar. 
La CIG se ocupará de algunas de estas cuestiones. 
De lo que no puede ocuparse es de la falta de voluntad política. 
La desgracia más grave de la política exterior y de seguridad común es lo que ha sucedido en Mostar, y lo que le ha sucedido al Sr. Koschnick, que era nuestro administrador en Mostar. 
El Consejo de Ministros le traicionó, y ése ha sido un caso de falta de voluntad política. 
Lo que tenemos que fomentar es una voluntad política. 
Tenemos que mejorar la función del Parlamento en el marco de una política exterior y de seguridad común. 
Después de decir lo que antecede, he de reconocer que me agrada mucho que el Sr. Spencer haya criticado al Parlamento. 
¿Cómo queremos que el Consejo confíe en nosotros y nos tome en serio si somos incapaces de formular recomendaciones coherentes y si producimos casos de urgencia que son inexactos y contradictorios? 
Si queremos desempeñar un cometido importante en la elaboración de una política exterior y de seguridad común, hemos de ocuparnos personalmente de conseguirlo. 
Señora Presidenta, espero que cuando añada mis cumplidos a los de muchos oradores por el informe del Sr. Spencer les parezcan sinceros después de las palabras introductorias del Sr. Titley. 
Creo que, en su muy elaborado informe, el Sr. Spencer ha hecho un análisis bastante certero de las deficiencias en la política exterior de la Unión Europea y que expone el modo en que podría mejorarse. 
En este sentido, y también después del debate de esta mañana sobre la Conferencia Intergubernamental, cabría decir que se está logrando un consenso sobre la manera en que habría que introducir mejoras en los instrumentos de la política exterior común. 
A este respecto pienso que esperamos con igual nerviosismo que esta Asamblea los resultados de la Cumbre de Amsterdam, que después habrán de demostrar en qué medida el Tratado ha aportado diversos instrumentos y mejoras en los procedimientos y estructuras que ofrezcan una oportunidad de seguir una política exterior y de seguridad común más eficaz, más lograda y más dinámica, algo a lo que esta tarde han instado tantos de ustedes. 
Sin pretender de modo alguno relativizar las críticas que con razón se han hecho a la política exterior común, quisiera advertir contra la tendencia que tal vez existe de atribuir los conflictos internacionales y la miseria que sigue presente en el mundo a la impotencia de la Unión Europa o a la falta de posibilidades para poner fin a dichas situaciones en un plazo razonable. 
Por desgracia, también podemos mencionar numerosos ejemplos en que grandes países, potencias mundiales con una gran capacidad diplomática, militar y económica, no pueden poner fin de forma repentina a este tipo de situaciones, se trate del conflicto en Oriente Medio o de los problemas en África Central. 
A ello quisiera añadir que con respecto a la política exterior de la Unión, afortunadamente diría yo, también podemos mencionar muchos elementos positivos. 
No sólo que somos el mayor donante internacional, y no sólo que Europa se solidariza internacionalmente con las situaciones de miseria de los países y de las personas en el mundo; no sólo que estamos dispuestos a explicar a nuestros ciudadanos porqué es necesario seguir haciendo un enorme esfuerzo internacional para el restablecimiento y la reconstrucción de la antigua Yugoslavia, donde en su momento nos quedamos rezagados tanto política como diplomáticamente, aunque hoy estamos en cabeza para intentar consolidar realmente la paz de Dayton. 
Con respecto a todo nuestro entorno estratégico, Europa Oriental, la antigua Yugoslavia, el Mediterráneo, Oriente Medio, hemos revisado nuestras relaciones con cada uno de estos países y reforzado los vínculos. 
Lo mismo puede decirse de Turquía, país del que se ha hablado mucho en esta Asamblea, con el que hace dos años firmamos una Unión aduanera y con el que seguimos intentando estrechar relaciones, aunque también es preciso que dé unos pasos muy claros y concretos y deje de imponer condenas como la de 21 años a un activista político por retirar una bandera de un edificio. 
En resumidas cuentas, también pueden decirse cosas positivas sobre la política exterior de la Unión. 
Pero vuelvo al punto de partida, y de hecho el núcleo del informe del Sr. Spencer, y es- y lo ha vuelto a recalcar el Sr. Titleyque, sean cuales sean las estructuras o procedimientos que se acuerden en Amsterdam, nunca pueden valer como sustitutivo de la voluntad real de defender los intereses comunes de forma verdaderamente común. 
Pienso que convendría que todos los Estados miembros volvieran a leer detenidamente los tratados vigentes de la Unión en cuanto a la política exterior y de seguridad común, y que se sumaran a la declaración de esta mañana del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, de que pacta sunt servanda, y que en Maastricht en 1991 se acordó muy expresamente, con la plena aprobación de todos los Estados miembros, que no sólo se aspiraría a una política exterior común, sino también a una política de seguridad con- a la larga- una política de defensa común y todos los instrumentos correspondientes, y las observaciones que se han hecho en este sentido sobre el refuerzo de la Unión Europea Occidental y la adquisición de un conjunto de instrumentos que también pueden utilizarse y pueden ejercer presión cuando la diplomacia amenaza con fracasar, también éstas merecen, pienso, toda la atención. 
Señora Presidenta, termino manifestando nuevamente mi gran aprecio por el Sr. Spencer y expresando la esperanza de que en los próximos años podamos intercambiar ideas en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y también en el pleno sobre la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0179/97) de la Sra. Neyts-Uyttebroeck, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista felicito a la ponente. 
Hemos colaborado excelentemente con ella en la comisión parlamentaria, y el Grupo Socialista apoyará su propuesta de resolución cuando llegue el momento de votar. 
La función de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo es, y tiene que ser, complementaria. 
Hay que resistir a las tentativas de los euroescépticos y de los diversos nacionalistas de la extrema derecha encaminadas a azuzar unos contra otros a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo. 
La función es complementaria, porque los parlamentos nacionales tienen un papel que desempeñar en sus capitales nacionales en lo que se refiere al control, el escrutinio y la supervisión de las actividades de los ministros que representan a su país en las reuniones del Consejo en Bruselas. 
Todos tienen diferentes maneras de desempeñar su cometido, maneras que han desarrollado de conformidad con sus propias tradiciones constitucionales. 
No tengo la menor duda de que algunas de esas maneras se pueden mejorar. 
Eso depende de ellos. 
Pero por bueno que sea el modelo- tanto si es el modelo escandinavo en el que el ministro aparece ante la comisión parlamentaria competente cuando va al aeropuerto para asistir a una reunión del Consejo, o cuando regresa de una reunión del Consejo, que es una forma muy directa de escrutinio- o si se trata de uno de los demás métodos que se han elaborado, lo cierto es que, por bueno que sea el escrutinio parlamentario nacional, sigue entrañando un escrutinio diferente hecho por 15 diversos parlamentos nacionales, a cada uno de los cuales corresponde un miembro del Consejo. 
Aqui es donde la función del Parlamento Europeo empieza a ser importante. 
Alguien tiene que tratar con el Consejo como órgano colectivo, como institución que adopta decisiones en el plano europeo en su calidad de institución europea. 
Y en esto estriba la importancia del procedimiento de codecisión: conseguir que un órgano parlamentario elegido directamente en el plano europeo sostenga una interacción con el Consejo. 
Las dos funciones, por lo tanto, son complementarias, y hay que tener cuidado de que en el Tratado queden bien diferenciadas. 
Podemos apoyar los compromisos que parecen estar surgiendo en la CIG para adoptar medidas que faciliten el control nacional que los parlamentos nacionales tienen que ejercer, mediante mejores límites cronológicos y una mejor distribución de documentos que les dejen tiempo suficiente para familiarizarse con las cuestiones. 
Aún más importante que la mencionada es una cuestión conexa: la de la ampliación de la votación por mayoría cualificada. 
Si hay unanimidad en una Unión ampliada de una veintena de Estados miembros, entonces no hace falta tomar ninguna decisión para que alguien se ocupe del escrutinio y el control. 
Ni los parlamentos nacionales ni el Parlamento Europeo tendrán que ocuparse de nada, porque reinará la parálisis. 
A no ser que difundamos la votación por mayoría cualificada en el nuevo Tratado por lo menos a toda la esfera de la legislación comunitaria, no valdrá la pena de discutir la mejor forma de efectuar el escrutinio parlamentario nacional europeo. 
De esta cuestión tiene que ocuparse esta CIG. 
Señora Presidenta, creo que el éxito del informe de la Sra. Neyts-Uyttebroeck, que fue aprobado por gran mayoría en comisión, se debe a que tiene el enfoque adecuado. 
¿Por qué? , porque parte de una constatación: Parlamento Europeo y Parlamentos nacionales representamos a los ciudadanos europeos y, como ha dicho el Sr. Corbett, no tenemos que pugnar por nada, tenemos que ir en la misma dirección en el control y en la actividad legislativa. 
Por tanto, este informe, en el que se menciona el apoyo de los Parlamentos nacionales- tal y como recogía la COSAC en su reunión de Dublín- a que se extienda la codecisión del Parlamento Europeo a los actos normativos de naturaleza legislativa, va en la buena dirección. 
Y por ello, ¿qué podemos hacer nosotros para progresar en esa buena dirección? 
Pues bien, creo que el informe de la Sra. Neyts-Uyttebroeck contiene propuestas concretas, propuestas que mejoran el control político que los Parlamentos nacionales ejercen sobre la legislación comunitaria en el ámbito de su propia competencia, que es el ámbito de los Parlamentos nacionales, y el control de gobierno que ejercen sobre ese mismo gobierno que, como sabemos, ocupa su sitio en el Consejo de Ministros. 
La Sra. Neyts-Uyttebroeck hace también propuestas muy concretas respecto a cómo se puede mejorar el control por parte del Parlamento Europeo y, finalmente, sobre la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
La propia ponente reconoce en su informe, señora Presidenta, que las propuestas no son espectaculares. 
Es verdad, no lo son, pero están regidas por el buen sentido, van en la buena dirección, apuntan a lo que los Parlamentos nacionales, junto con la representación del Parlamento Europeo- y quiero rendir homenaje a los Vicepresidentes Fontaine e Imbeni, que nos representan en ese foro- han acordado en la COSAC. 
Y por tanto, van en esa dirección a la que me he referido anteriormente como la correcta. 
Asimismo, quiero felicitar a la ponente por su espléndida labor, por sus propuestas concretas en las que ha recogido el sentido de los Parlamentos nacionales, expresado en la audiencia que tuvo lugar hace unas semanas en Bruselas. 
Con textos como este, que no son espectaculares, se avanza de verdad, paso a paso, en la construcción europea. 
Ciertamente, la que hoy estamos analizando no es una propuesta para reducir las competencias o el poder de los Parlamentos nacionales en favor del Parlamento Europeo, sino todo lo contrario. 
La misma se sitúa en la lógica de desarrollar las mejores conexiones y sinergias entre los dos Parlamentos, con un objetivo muy preciso, esto es, mejorar la representatividad de los ciudadanos, que de nacionales deben sentirse cada vez más europeos. 
Inevitablemente, el proceso de toma de decisiones pasará con más frecuencia por Estrasburgo y Bruselas, a pesar de que se hará con un papel complementario y paralelo al de las decisiones adoptadas en cada uno de los Estados miembros. 
Queremos acercar en las evaluaciones, los análisis, los objetivos y, ante todo, en las urgencias las dos Instituciones, la comunitaria y la nacional. 
En este marco, las regiones, o sea, el territorio, desempeñarán un papel fundamental, a través de una mejor ubicación del organismo correspondiente, es decir, el Comité de las Regiones. 
El Parlamento Europeo está dispuesto a cooperar de forma muy estrecha con los Parlamentos nacionales. 
Confiamos en que esto sea recíproco. 
Y, al objeto de que esto se lleve a cabo en tiempo real, tal como pide en el informe su ponente, a quien le damos las gracias, sería muy oportuno disponer de conexiones electrónicas entre las sedes europeas y nacionales de cada Grupo político y de cada diputado, y las respectivas comisiones. 
Trabajemos juntos para simplificar los procedimientos legislativos, trabajemos juntos en torno a las acciones comunes de urgencia, trabajemos juntos, sobre todo, a fin de que los ciudadanos entiendan por qué existen y cómo funcionan las dos mayores Instituciones que les representan. 
Señora Presidenta, acabo de presentar una enmienda que retoma la sugerencia principal, que formulé en un informe que trata de la misma problemática y que va destinado al Primer Ministro luxemburgués, a saber, la concesión de un derecho de recurso de anulación a los parlamentos nacionales contra actos comunitarios por abuso de poder u otro motivo grave, de acuerdo con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Tratado. 
En efecto, es preciso constatar que a los parlamentos nacionales se les mantiene muy al margen de todo lo que se trama a nivel legislativo europeo, incluidos los ámbitos que dependen de sus atribuciones originarias de poderes constituyentes, lo que no deja de plantear problemas en el clima de desconfianza contra la causa de la integración europea que prevalece en la mayor parte de los Estados miembros. 
Por lo tanto, mi intención es proponer lo que se llama en alemán ein Vorschlag zur Güte, por lo tanto, una idea apta para limar las asperezas y contrarrestar el sentimiento de frustración y de impotencia que los diputados de los parlamentos nacionales sienten a menudo con respecto a la construcción europea. 
En la medida en que nos encontramos en un sistema de delegación de competencias, no es más que la justa recompensa de las cosas, que los que delegan también tengan los medios de comprobar si los poderes así confiados a las instancias comunitarias se utilizan efectivamente con un buen fin y en el marco de las delegaciones acordadas. 
Así pues, para evitar la inflación vergonzosa de un cheque en blanco, propongo que los parlamentos nacionales se conviertan en parte integrante del sistema jurisdiccional de la Unión Europea, con los mismo derechos que los gobiernos nacionales y las instituciones de la Unión. 
Señora Presidenta, también nosotros apreciamos el trabajo que se ha realizado en la elaboración de este informe y estamos absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta este momento. 
De cualquier forma, me gustaría subrayar lo siguiente: considero que en este informe no se ha llegado tan lejos como era necesario, particularmente en dos aspectos que me parecen vitales y que algún día tendremos que resolver. 
El primer aspecto es que con la transferencia de competencias del ámbito nacional al ámbito comunitario se invierte una situación que es la de la tradicional dependencia del poder ejecutivo respecto al poder legislativo. 
El poder legislativo ha estado concentrado en los ejecutivos. 
Esta cuestión ha de resolverse. 
El segundo aspecto, que es muy real, es el del alejamiento efectivo de los ciudadanos de los lugares donde se toman las decisiones. 
Ahora bien, estas dos cuestiones, que están muy relacionadas con lo que habitualmente llamamos el «déficit democrático» han de ser abordadas frontalmente y, en mi opinión, necesitarán un reforzamiento de la función de los parlamentos nacionales, complementando, como ya se ha dicho y ello es obvio, al Parlamento Europeo. 
Para tal cosa es necesario reforzar los parlamentos nacionales, particularmente en ámbitos que no sólo son el del control del ejecutivo, sino también a nivel legislativo. 
Creo que la cuestión de la asociación de los parlamentos nacionales en la fase del proceso de toma de decisión comunitaria es una cuestión de especial relevancia sobre la que tendremos que profundizar. 
El valor del informe de la Sra. Neyts reside ante todo en la atención que se presta a la importante función que desempeñan los parlamentos nacionales en la Unión Europea. 
Como europarlamentarios tendremos que admitir que los ciudadanos se sienten más unidos a su parlamento nacional porque está más cerca de ellos y está arraigado en la historia y la tradición de su propio país. 
Por ello, el refuerzo de la democracia en la Unión tendrá que buscarse en primer lugar en la revalorización de los parlamentos nacionales dentro del régimen europeo. 
Aunque el refuerzo del control parlamentario nacional sobre la legislación europea es asunto de los propios parlamentos, a nivel europeo pueden tomarse diversas medidas para aumentar su implicación. 
El informe Neyts contiene muchas ideas valiosas en este sentido. 
Me complace que las propuestas, como la necesidad de informar mejor a los parlamentos nacionales sobre las cuestiones europeas, aparezcan de nuevo en el protocolo sobre el papel de los parlamentos nacionales que ha sido propuesto por la Presidencia holandesa con miras a la Cumbre de Amsterdam. 
Al mismo tiempo, constatamos que el informe no tiene muy en cuenta la deficiente legitimidad democrática del Parlamento Europeo. 
Se espera demasiado del reforzamiento de las competencias del PE. 
Es cierto que el Parlamento Europeo es elegido directamente por los ciudadanos, pero un mayor papel del Parlamento no reducirá la distancia entre la Unión y los ciudadanos. 
A fin de cuentas, el ciudadano apenas logra reconocerse en un parlamento en que la pluriformidad político-nacional penetra difícilmente y en el que ya sólo la barrera lingüística imposibilita entablar un verdadero debate político. 
Por ello, un buen funcionamiento de la representación democrática de tantos ciudadanos, tantas lenguas y culturas por un Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo seguirá siendo, por definición, problemático. 
De ahí que sea preciso seguir limitando el orden del día político de la Unión Europea a las tareas que tienen un claro valor añadido en relación con el enfoque nacional. 
Esta será la mejor contribución a la reducción de la distancias entre el ciudadano y la política europea y la disminución del déficit democrático. 
Señora Presidenta, a mi entender, la ponente, nuestra apreciada colega la Sra. Neyts, a quien deseo felicitar desde este lado de la barricada por su informe, con el que personalmente no estoy de acuerdo, está equivocada en lo que respecta a la idea de que el llamado déficit democrático puede ser combatido, entre otras cosas, otorgando más poder a esta institución, el Parlamento Europeo. 
A mi entender, la diversidad de los pueblos europeos, la diversidad de lenguas, de culturas, la diversidad política es tan grande- y contemplo esta diversidad como una riqueza que ha de defenderse- que otorgar mayor poder a ésta o a cualquier otra institución federal significaría un paso adelante hacia el «uniformismo». 
Por ejemplo, en mi propio país, Flandes, constato que en el parlamento flamenco todos los partidos políticos son contrarios a la introducción sin más del derecho de voto europeo. 
Pues bien, esta protesta de todo un pueblo apenas es escuchada y aún menos respetada en este Parlamento Europeo. 
Si se quiere hablar de déficit democrático, creo que aquí tenemos un claro ejemplo. 
De ahí mi alegato, entre otras cosas, en favor de la importancia de mantener el derecho de veto de todos los Estados miembros con la esperanza de que mi país, Flandes, pueda convertirse cuanto antes en un Estado miembro de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, sabemos que existe una especie de malestar entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Los primeros se quejan de verse rebajados a meras cámaras de registro de las decisiones que se toman en otro lugar, entre otros, en particular, en el Parlamento Europeo. 
Por lo que respecta a este último, quiere mantener, si no aumentar, sus poderes democráticos, lo que los parlamentos nacionales ven a veces con malos ojos, temiendo que se les quite más poderes. 
Ante este malestar, pienso que el informe de la Sra. Neyts constituye una excelente clarificación del problema y muestra que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales tienen una misma lucha que llevar a cabo: la de la democratización de Europa. 
Dicho informe muestra, sobre todo, que en lugar de rivalidad, hay que hablar de complementariedad, ya que los parlamentos nacionales disponen de un enorme campo en barbecho para cultivar. 
Éste comprende toda la actividad legislativa del Consejo, de los gobiernos nacionales, así como de todo el ámbito de la cooperación intergubernamental. 
Al haber conocido yo mismo el parlamento nacional antes que el Parlamento Europeo, puedo dar fe de la dificultad de los parlamentos nacionales de comprometerse en el terreno de la política europea. 
En primer lugar, al lado de un pequeño número de diputados muy comprometidos en la política europea, la gran masa de los diputados nacionales se interesa relativamente poco por ella, no por falta de voluntad política, sino por toda una serie de razones prácticas. 
Asimismo, a menudo, los parlamentos nacionales no tienen ni el tiempo, ni los medios para seguir la evolución de los informes europeos. 
Muchas cosas son complicadas y burocráticas en Europa y la simplificación del Tratado, podemos preverlo, no se hará mañana. 
La transparencia jamás ha sido la palabra clave de la construcción europea. 
Por lo tanto, debe hacerse todo lo que pueda facilitar el trabajo de los parlamentos nacionales, pero, sin embargo, desearía hacer una advertencia contra una tendencia que emerge en algunos países, en algunos parlamentos nacionales, que consiste en querer crear una nueva institución nacida de los parlamentos nacionales. 
La multiplicación de las asambleas siempre ha constituido una regresión más que un avance democrático ya que cada asamblea tiende a desarrollar su propia vida y a querer afirmarse en detrimento de las otras. 
Así pues, señor Presidente, tratemos de entendernos, de colaborar, de respetar las competencias de todos, de facilitar nuestro trabajo respectivo. 
Una vez más, el excelente informe de la Sra. Neyts contribuye en gran medida a ello. 
Señor Presidente, he de admitir que me sigue sorprendiendo la existencia de dos Europas. 
Existe, por un lado, la Europa de las instituciones, que comprende la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento, y por otro lado la Europa de los ciudadanos. 
Lo he experimentado una vez más ahora, justo antes de la clausura de la Conferencia Intergubernamental en los Países Bajos. 
De ahí que subsista el problema de la comprensión por la opinión pública. 
El llamado lenguaje comunitario sigue constituyendo, como antes, una barrera para los pueblos. 
El lenguaje comunitario es muy poco atractivo y se caracteriza por el uso de todo tipo de siglas. 
A veces da la impresión de que las instituciones se encuentran en naves espaciales que sobrevuelan la Tierra y que se comunican entre sí en un lenguaje codificado especial. 
Es posible captarlo en la Tierra, pero no se entiende. 
Abundan palabras como subsidiaridad, geometría variable y comitología, y más del mismo tipo. 
El resultado es que la gente lo encuentra poco interesante y aun aburrido. 
Lo mismo pasa en las redacciones de prensa. 
A este respecto es importante resaltar el papel de los parlamentos nacionales y la necesidad de que éstos sean conscientes de la existencia de Europa. 
De hecho, los parlamentos nacionales se encuentran más cerca de los pueblos que el Parlamento Europeo, así que conviene utilizarles precisamente para acercar todo más a los ciudadanos. 
Es algo necesario, como se ha señalado con insistencia aquí hoy. 
Digo todo esto sabiendo que lo que consideramos política interior nacional se ha convertido en gran medida en política interior europea, y precisamente debido a este reconocimiento es importante implicar a los parlamentos europeos en la cooperación europea, para evitar que queden como estaciones de satélites. 
Por eso apoyo el presente informe, que constituye una buena y práctica contribución al reforzamiento de las relaciones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, de un informe que quiere incluirse en la obra grandiosa de la construcción europea, esperábamos un himno a la alegría, pero no tenemos derecho más que a una cancioncilla de modistilla, con letra de moda, quince veces repetida, sobre el déficit democrático. 
Los viejos partidos acaban de descubrir el éxito del verano de 1997, como lo hicieron el pasado año, en Bélgica, tras haber enterrado la pena de muerte y haber asistido después a la exhumación de los cuerpos de cuatro jovencitas, descubriendo el éxito del año 1996, el mal funcionamiento de la justicia y de las instituciones. 
Querido colega liberal y compatriota, sabe usted muy bien que hablar hoy de déficit democrático es más bien irrisorio. 
Cuando, por ejemplo, la mayoría de los diputados europeos y de los diputados federales de Bélgica toleran que, en nuestro país, las elecciones, ya sean nacionales o europeas, estén sistemáticamente trucadas por el dinero de los contribuyentes que reciben todos los partidos, salvo el mío, el Frente Nacional, por los medios de comunicación, en una Bélgica donde la prensa es libre pero está subvencionada, por la justicia que aparta sin motivo la lista del Frente Nacional en el Senado y, mañana, por qué no, en el Parlamento Europeo, por el poder que, de forma regular, encierra en prisión a los militantes de mi partido porque tienen la ambición de barrer una clase política corrupta y, por fin, devolver la palabra al pueblo. 
Pero, tal vez, no obstante, votaré a favor del informe de la Sra. Neyts porque es tan bello como inútil. 
Señor Presidente, estimados colegas, mi ceterum censio deja a Cartago totalmente intocado. 
Está dirigida más bien contra la falta de transparencia, contra la falta de cercanía a los ciudadanos de la Unión, y contra el déficit democrático existente. 
Por consiguiente, quisiera expresar sinceramente mis felicitaciones a la ponente. 
Aunque no soy de su opinión en todos los puntos, la he admirado ya en la comisión porque ha preparado el presente informe con mucha prudencia, con una mirada aguda para lo esencial y quizá también con mucha paciencia. 
En mi opinión, de la solución de los problemas enumerados en el informe dependerá esencialmente en el futuro la aceptación de la idea europea, sobre cuya configuración se pueden tener, evidentemente, opiniones diferentes. 
Sólo un control democrático más fuerte, sobre todo una implicación operativa de los Parlamentos nacionales, puede asegurar el transporte de esta idea a los ciudadanos de los estados particulares. 
Por el contrario, sin las mejoras que se han propuesto crecerá el euroescepticismo existente y, ciertamente, sin necesidad de la intervención de los que el Sr. Corbett ha denominado, quizá por costumbre, derechistas. 
Señora Presidenta, la Comisión Europea considera, y así lo ha expresado repetidas veces, que los parlamentos nacionales tienen un importante papel que desempeñar en la democratización, también de la Comunidad. 
Por ello, el informe de la Sra. Neyts es de esencial importancia. 
El papel de los parlamentos nacionales es importante, en primer lugar, porque han de ratificar las modificaciones del Tratado y más tarde aprobar las decisiones esenciales tomadas por el Consejo. 
En segundo lugar, los parlamentos nacionales pueden contribuir a disminuir el déficit democrático a través del control democrático que ejercen sobre sus propios gobiernos. 
Es importante en los ámbitos en que la toma de decisiones sigue siendo principalmente una cuestión intergubernamental, como por ejemplo el de la política exterior y de seguridad común y también el de los asuntos de justicia e interior, donde el papel del Parlamento Europeo es demasiado limitado, incluso a ju@3 de la Comisión Europea. 
Unos parlamentos nacionales bien informados pueden desempeñar un papel útil e importante en el decisivo debate que está teniendo lugar actualmente sobre la integración europea. 
No podemos dejar de recalcar lo importante que es implicar estrechamente a los parlamentos nacionales y no excluirlos, sino convertirlos en aliados valiosos y apreciados con un interés en este proceso. 
Esto no significa que tengamos que complicar aún más, entorpecer aún más la toma de decisiones, creando nuevas instituciones y estructuras. 
Por todas estas razones estoy de acuerdo con el mensaje político que contiene el informe de la Sra. Neyts y que se desprende claramente del considerando en que, entre otras cosas, se afirma que en la Conferencia Intergubernamental y en otros ámbitos es necesario tomar una serie de medidas con objeto de reforzar las funciones de los parlamentos de la Unión y aprovechar al máximo su influencia colectiva respetando el marco institucional único, sin crear nuevas estructuras formales ni minar las disposiciones constitucionales nacionales o las tradiciones parlamentarias. 
Estoy plenamente de acuerdo con ello. 
Permítame decir algunas palabras sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Todo parece indicar que se ampliará el papel de los parlamentos nacionales mediante un protocolo que se centrará en dos aspectos. 
En primer lugar, los parlamentos nacionales han de estar mejor informados sobre las actividades de la Unión a través de la entrega- la Sra. Neyts lo ha señalado- en un plazo de cuatro semanas de los libros blancos y verdes de la Comisión y también de las propuestas legislativas. 
El segundo de estos aspectos tiene que ver con el papel consultivo, al que también se han referido anteriormente, de la COSAC. 
Es preciso reforzarlo, en especial en el ámbito de la subsidiariedad y en el ámbito de los asuntos de justicia e interior. 
Consideramos que las medidas para reforzar el control de los parlamentos nacionales han de seguir siendo principalmente un asunto de los propios parlamentos nacionales y que pueden ayudarles a desempeñar con mayor eficacia su papel en la Unión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Espacio jurídico y judicial para la protección de los intereses financieros frente a la criminalidad 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas B4-0168/97- O-0056/97 dirigidas al Consejo, y B4-0169/97- O-0057/97 a la Comisión, de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, y del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la creación de un espacio jurídico y judicial europeo para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente a la criminalidad de dimensión internacional. 
Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, con las dos preguntas orales enlazamos con los conocimientos que se obtuvieron a lo largo de la audiencia que tuvo lugar en el mes de abril sobre la protección jurídica del presupuesto de la UE y, por tanto, de los fondos procedentes de impuestos. 
Al mismo tiempo, constituyen un llamamiento urgente a la Conferencia intergubernamental para que apruebe soluciones eficaces para combatir el fraude. 
La audiencia ha producido un resultado escindido. 
Por un lado, existe ya una serie de instrumentos contra el fraude, contra la corrupción y contra la criminalidad internacional. 
Quiero recordar el acuerdo para la protección de los intereses financieros comunitarios, el primer protocolo, perteneciente al mismo, sobre la corrupción de funcionarios de la UE y el segundo protocolo sobre el blanqueo de dinero. 
Sobre la mesa hay más propuestas, como las del grupo de altos expertos sobre la criminalidad internacional y la prevista acción común de la Comisión contra el crimen organizado y contra la corrupción en general. 
Quiero recordar los informes de los Estados miembros sobre las disposiciones jurídicas nacionales relativas a la lucha contra el fraude y, finalmente, el notable estudio de un corpus juris sobre el Derecho penal y sobre procedimientos penales que ha surgido por iniciativa del Parlamento. 
Aquí se hace patente que la mejor vía hacia una protección eficaz de las finanzas de la UE sería una especie de fiscalía europea que pudiera remover los obstáculos existentes en la cooperación de las instituciones jurídicas nacionales, sin herir con ello su soberanía. 
Todos estos textos, propuestas y estudios demuestran la elevada sensibilidad de la opinión pública cuando se trata de abusos de los recursos comunitarios y de fraudes internacionales. 
Pero ahora llega la realidad. 
Esta es decepcionante y contradictoria. 
Ciertamente, en el Derecho administrativo hemos logrado un determinado nivel de protección mediante el reglamento sobre sanciones y controles de tipo administrativo in situ. 
Sin embargo, en el ámbito penal vamos muy retrasados. 
El acuerdo, que he mencionado al principio, que fue firmado ya en 1995, y los dos protocolos que contiene no han sido ratificados todavía. 
Efectivamente, temo que la ratificación por todos los Estados miembros se haga cada vez más improbable. 
Con ello los textos se quedan en letra muerta. 
Pero, incluso si todos los Estados miembros los ratifican no se conseguirá con ello de manera automática una protección equilibrada de los intereses financieros de la UE. 
Efectivamente, algunos Estados miembros ha hecho saber que sus disposiciones jurídicas se hallan en consonancia con el acuerdo. 
Que esto no es así lo prueban sus propios informes nacionales. 
Sin embargo, suponiendo que se realizara una correcta traslación del acuerdo, la armonización descansaría sobre pies de barro. 
En efecto, no se recoge una serie de aspectos como, por ejemplo, los procedimientos de conciliación, de prescripción, del flujo de información desde la administración hasta el ámbito jurisdiccional. 
Es claro que no podemos esperar pasivamente a una eventual ratificación de los textos que, de todos modos, son débiles. 
Es preciso que se produzcan iniciativas más allá del marco actual. 
Por esta razón planteamos las siguientes exigencias: en primer lugar, los Estados miembros deben cumplir con su responsabilidad y ratificar el acuerdo y los dos protocolos antes del próximo año; en segundo lugar, si no se logra esta ratificación, la Comisión debería ser instada a proponer iniciativas más eficaces. 
En tercer lugar, tal como se acordó en Dublin, la Conferencia intergubernamental debería reforzar el artículo 209a del Tratado en el sentido de que se otorgue al Parlamento el derecho de codecisión. 
En cuarto lugar, el texto del corpus juris debería posibilitar a la Comisión poner en marcha paulatinamente propuestas en materia de Derecho penal y de Derecho procesal, teniendo en cuenta a este respecto los aspectos jurídico-constitucionales de los Estados miembros. 
Finalmente, quiero dirigir a la Comisión y a los Estados miembros un llamamiento bajo la forma de petición urgente en el sentido de que utilicen exhaustivamente las regulaciones ya existentes sobre la lucha contra el fraude, de manera que la opinión pública y también nosotros, como parlamentarios, no suframos constantes sobresaltos a causa de auténticos o supuestos escándalos financieros. 
Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, en realidad, este debate que hemos propiciado a través de estas dos preguntas, nos sirve para lanzar una vez más desde el Parlamento Europeo un fuerte grito de alarma acerca de una prioridad: la lucha contra la criminalidad organizada, de la que todos hablan, pero que poco y mal se sustancia en los hechos. 
Creo que el análisis del porqué de esta clamorosa contradicción entre las palabras y los hechos no admite discusión. 
Resumiendo, nos encontramos frente a una realidad criminal, sobre todo internacional, que ha convertido en obsoleto el marco legislativo, administrativo e institucional, destinado a hacerle frente. 
Ante esta criminalidad, descubrimos una situación estática y alarmante, esto es, quince sistemas nacionales no homogéneos desde el punto de vista del Derecho substantivo y procesal, que no consiguen dialogar entre sí de forma eficaz y rápida. 
Y no sirve de mucho el haber firmado una amplia serie de tratados, de convenios de cooperación administrativa y judicial, cuando estos instrumentos, como ha denunciado la Sra. Theato, con frecuencia son letra muerta. 
Entonces, si por un lado tenemos rapidez y eficacia- por desgracia, desde el lado de la criminalidad- por el otro tenemos lentitud, discontinuidad e ineficacia. 
Por consiguiente, considero que tras la audiencia que hemos celebrado y tras la fuerte señal de alarma que recibimos de los siete jueces europeos que lanzaron el llamamiento de Ginebra hace tan sólo un año, está claro que, ante esta dificultad o esta impotencia, es preciso pensar en nuevos instrumentos para la Europa de la justicia, en nuevos instrumentos para el ciudadano europeo contribuyente- en el caso de los fraudes- así como para el ciudadano europeo de a pie, ante los problemas de la seguridad frente a la criminalidad organizada. 
Hemos recibido sugerencias e indicaciones. 
Me parece que algunas de ellas deben ser tenidas en cuenta y es preciso pensar seriamente en traducirlas en hechos y en medidas concretas. Me refiero a la supresión del secreto bancario con ocasión de solicitudes de cooperación internacional; a la introducción de normas que permitan a los jueces europeos dirigirse directamente a sus colegas, sin pasar por complicados, larguísimos y agotadores procedimientos; a la importancia de nuevos tipos comunes de delito, sobre todo en materia de delitos económicos. 
En el ámbito de la corrupción se aprobó un convenio, existe la comunicación de la Comisión sobre la política contra la corrupción en general y está este importante esfuerzo del Consejo contra la criminalidad organizada. Y además, se está debatiendo un convenio sobre la mutua asistencia judicial. 
No subestimamos el contenido ni tampoco la importancia política de estos actos, sin embargo, repito, sin una revolución, incluso cultural, que supere los tradicionales instrumentos de Derecho internacional, así como las históricas inercias nacionalistas que caracterizan los sistemas judiciales, será muy difícil que las medidas, aún siendo buenas, produzcan unos resultados satisfactorios. 
El caso de los convenios es una advertencia inquietante, ya que disponemos de un gran número de ellos, pero ahí están, arrinconados, en espera de su ratificación y sin surtir efectos. 
En consecuencia, considero que a través de estas preguntas y de este debate, pero, sobre todo, ante las citas que nos esperan- la ratificación de los convenios y, ante todo, la Conferencia Intergubernamental, así como la ocasión que nos brinda el corpus juris- ha llegado el momento de realizar un cambio cualitativo y de pasar de las declaraciones y de los pronunciamientos a la acción. 
Entonces, son los principios de legalidad y de protección no sólo del contribuyente, sino también del ciudadano en general, los que nos indican los caminos que hay que seguir. 
Tenemos cuatro planteamientos de trabajo que aparecen definidos con claridad en la propuesta de resolución. 
El primero consiste en la reforma del tercer pilar, hecho que es muy poco democrático y además muy poco eficaz. Al respecto, esperamos importantes resultados del Consejo de Amsterdam, a pesar de que el texto que hemos podido examinar no nos satisface plenamente. 
El segundo consiste en una iniciativa, también de carácter extraordinario, que este Parlamento está dispuesto a poner en marcha para lograr la ratificación de los convenios pendientes. 
El tercero consiste en la experimentación, al menos en materia de intereses financieros de la Comunidad, del proyecto de normativa común de derecho y procedimiento penal contemplada en el corpus juris. También en este caso, es preciso reiterarlo, hay que actuar conforme a todas las garantías democráticas, garantías en cuanto al principio de igualdad de partes, aunque algo hay que hacer para lograr una normativa común. 
El cuarto consiste en la atribución a la UCLAF de la función de coordinación y de soporte técnico a las autoridades judiciales nacionales. 
El Parlamento Europeo establece cuatro enfoques. 
Nosotros no somos tan sólo el parlamento de las quejas, somos también, con respecto a estos temas, un parlamento que considera que ofrece unas propuestas viables. 
Señora Ministra, señora Comisaria, rogamos que sean tomados seriamente en cuenta los resultados de este debate y de esta votación. 
En la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Libertades Públicas se han celebrado debates sobre la instauración de lo que se denomina un espacio judicial para poder proteger los intereses financieros de la Unión Europa contra la criminalidad internacional. 
Los diputados Sra. Theato y Sr. Bontempi han formulado preguntas al respecto. 
Con ello indican ustedes- pienso que con razón- lo importante que es combatir el fraude dentro de la Unión. 
Estoy de acuerdo con ustedes. 
El fraude cuesta anualmente muchos millones de ecus a los Estados miembros y a los ciudadanos. 
El Consejo y el Parlamento Europeo están del mismo lado en la lucha contra el fraude y la criminalidad. El Consejo considera también importante que se mantenga un intercambio continuo de ideas entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
En cualquier caso, nos estimula mutuamente. 
Durante la Presidencia holandesa, este intercambio de ideas ya ha demostrado su fertilidad. 
En diversas ocasiones he tenido el privilegio de hablar con las comisiones responsables de este Parlamento sobre los progresos en las conversaciones en el tercer pilar y concretamente en el ámbito de la lucha contra el fraude. 
Y afortunadamente, he podido constatar que el Parlamento valora mucho esta información y este intercambio de ideas. 
Así, me complace poder debatir hoy esta cuestión con ustedes en el pleno. 
Responderé a las preguntas que han formulado concretamente sus Señorías Theato y Bontempi. 
Además, al hacerlo tendré también en cuenta las decisiones tomadas por el Consejo durante la Presidencia holandesa en el ámbito de la lucha contra el fraude y en el de la lucha contra el crimen organizado en general. 
El crimen organizado representa realmente una creciente amenaza para nuestra sociedad. 
Este mantenimiento se ve dificultado porque la criminalidad se preocupa cada vez menos- todos los sabemos- de las fronteras del poder judicial de los Estados miembros. 
Los criminales se ven secundados por las nuevas tecnologías. 
La libre circulación de personas, servicios y mercancías hace necesario que los Estados miembros desarrollen mejores métodos para combatir la creciente criminalidad que también es transfronteriza. 
No obstante, todos tenemos la sensación, ustedes y también yo, de que siempre vamos a la zaga. 
Para lograr que Europa sea una zona de libertad, seguridad y justicia, todos tendremos que mejorar la prevención y la lucha contra el crimen organizado. 
Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han de comprometerse plenamente con este objetivo. 
A la luz de esto, se ha desarrollado un plan de acción a petición del Consejo Europeo de Dublín, bajo la Presidencia holandesa, para entablar la lucha contra el crimen organizado. 
Este plan será presentado al Consejo Europeo de Amsterdam para su aprobación. 
El 28 de abril, el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior trató de él en una sesión especial. 
En ella se llegó al acuerdo de un apoyo unánime del contenido del plan por parte de los ministros responsables de Justicia e Interior de la Unión. 
Durante la reunión de ese Consejo, apunté a mis colegas la importancia de un buen control parlamentario y judicial en el desarrollo de las medidas para luchar contra la criminalidad. 
Les hice llegar el texto del plan de acción y mantuve un debate fértil con la Comisión de Libertades Públicas e Interior- sin duda lo recordarán- sobre las medidas propuestas. 
Para el Consejo, supone un estímulo elaborar estos puntos de acción en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo. 
Como saben ustedes, el plan de acción ofrece un importante número de medidas que, juntas, han de permitir entablar una lucha eficaz contra la criminalidad en Europa. 
Es indudable que este enfoque europeo es necesario. 
Ustedes han solicitado repetidas veces la operatividad de Europol. 
No me detendré más en el contenido del plan de acción. 
Pienso que todos lo conocen suficientemente. 
Pero sí quiero recalcar por un momento su importancia. 
A fin de cuentas, ofrece un marco dentro del cual el fraude se ha de afrontar con recursos financieros de la Unión y expongo los elementos del espacio jurídico europeo dentro del cual los Estados miembros pueden cooperar de forma óptima al hacer frente conjuntamente a la criminalidad. 
Por supuesto, los Estados miembros tendrán que verse respaldados por una Europol eficaz. 
Considero que éste es el marco, con las medidas correspondientes, del que hablan quienes han formulado las preguntas. 
Y he de añadir que, por supuesto, a este respecto existen limitaciones debido a la actual estructura del tercer pilar. 
Además el Consejo y el Parlamento Europeo hablarán a menudo de las medidas separadas que el Consejo desarrolle y confío en que tenga lugar una cooperación siempre constructiva entre el Consejo y el Parlamento. 
Quiero añadir, en relación con lo que han señalado la Sra. Theato y el Sr. Bontempi sobre la ejecución práctica de estas medidas, que en repetidas ocasiones he dicho que estos textos son muy buenos, claro, pero que finalmente han de aplicarse. 
Los tratados han de ratificarse y las medidas han de ejecutarse. 
Por tanto, los Estados han de hacer con estos instrumentos lo que puedan hacer. 
Las preguntas formuladas al Consejo guardan relación específica con la lucha contra el fraude con dinero de la Comunidad. 
Desde hace varios años, el Consejo concede gran importancia al desarrollo de instrumentos eficaces. 
Esta importancia se manifiesta, por ejemplo, en el programa de trabajo plurianual para la cooperación en el ámbito de los asuntos de justicia e interior. 
Por tanto, parece que el Consejo va muy en serio. 
Esto mismo se desprende del hecho de que, dentro de la actual estructura del Tratado de la Unión, se haya optado por la creación de tratados como el instrumento más vinculante. 
Es una gran ventaja para la práctica jurídica y para los servicios competentes en los Estados miembros. 
A fin de cuentas, la claridad que ello genera sobre las obligaciones mutuas no hace más que favorecer la cooperación eficaz. 
Sin embargo, hay por supuesto un importante inconveniente, al que se han referido ambos diputados. 
Vuelvo a decirles: la entrada en vigor depende de la terminación de los procedimientos de ratificación nacionales. 
Por supuesto, los procedimientos constitucionales forman la espina dorsal de nuestras democracias parlamentarias. 
Es un hecho. Pero está claro que hay que intentar hacerlo con rapidez. 
En este sentido se ha pedido también que se estimule a los Estados miembros a que ratifiquen el Tratado en materia de protección de los intereses financieros de la Comunidad, acelerando el primer protocolo. 
El Consejo ha satisfecho esa petición respaldando plenamente las recomendaciones de dicho plan de acción. 
Y al mismo tiempo se indica concretamente que estos instrumentos han de entrar en vigor a más tardar a mediados de 1998. 
El segundo protocolo del Tratado fue examinado durante una reunión del Consejo de Asuntos de Justicia e Interior celebrada el pasado 26 y 27 de mayo. 
Allí llegamos a un acuerdo sobre todas las cuestiones pendientes. 
El segundo protocolo al que me refiero incluye regulaciones sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, sanciones penales o administrativas por corrupción o fraude, sanción del blanqueo de dinero, embargo y confiscación de bienes adquiridos ilegalmente del fraude y la corrupción, y finalmente, estímulo de la cooperación entre la Comisión y el Consejo en este ámbito de trabajo. 
Quiero recalcar la importancia de la responsabilidad de las personas jurídicas, lo cual constituye una novedad en la normativa de la Unión Europea. 
Ello ha tenido como consecuencia que el texto se esté preparando ahora para su firma, que espero pueda tener lugar durante la Presidencia holandesa. 
El espacio jurídico no se creará sólo con estos Tratados. 
Y es algo que han indicado también sus Señorías Theato y Bontempi. 
El Consejo comparte tal opinión y ello se desprende del plan de acción. 
No les informaría correctamente si no pudiera ponerles al corriente de otros resultados que hemos logrado durante la Presidencia holandesa. 
Durante el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior se firmó el acuerdo para luchar contra la corrupción de funcionarios de las Comunidades Europeas y funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea. 
También otorgamos mucho valor a este instrumento en la lucha contra el fraude y la corrupción. 
No fue posible completar del todo las actividades sobre la propuesta de acuerdo en materia de ayuda jurídica mutua en las causas criminales- otra cuestión muy importante -, aunque sí se ha progresado sustancialmente. 
Además, se han completado algunos informes aclaratorios, por ejemplo, sobre el Tratado en materia de protección de los intereses financieros de la Comunidad y el acuerdo en materia de extradición, que permiten agilizar los procedimientos nacionales de ratificación. 
Todos los instrumentos que he podido tratar constituyen, junto con el marco que ofrece nuestro plan de acción, el mejor modo de lograr una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión. 
Las medidas contra la corrupción y el fraude van acompañadas de otras medidas para luchar contra el crimen organizado. 
Todavía queda mucho por hacer, y así seguirá siendo por lo pronto, y, a mi entender, el Parlamento Europeo tendrá que desempeñar un papel permanente. 
Señor Presidente, señora Ministra, Señorías, se ha trabajado mucho durante los últimos años con objeto de mejorar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 
Que se considere la lucha contra el fraude dentro de la UE como un objetivo evidente y de gran primacía ya demuestra que los trabajos han dado unos resultados. 
No existe ningún sistema marco jurídico que regule todas las cuestiones relativas al fraude. 
Esto es natural. 
A menudo se trata de ámbitos en los que anteriormente no ha existido mucha cooperación. 
Estoy de acuerdo con quienes dicen que puede hacerse mucho para mejorar la cooperación entre los sistemas jurídicos existentes, pero también estoy convencida de que hemos de tener una actitud abierta ante las modificaciones cuando éstas sean necesarias. 
Los acuerdos concluidos durante los últimos años deben considerarse como un gran paso adelante en este ámbito. 
Pienso también en el Convenio para la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad. 
Se necesitan unos grandes esfuerzos para alcanzar la unanimidad en esta cuestión. 
Me preocupa tanto como a la Sra. Theato y al Sr. Bontempi que todavía no se haya ratificado este convenio. Han pasado a pesar de todo ya dos años desde que se firmó. 
Puedo asegurarle a la Asamblea que yo aprovecho cualquier ocasión que se me presenta para recordarles a los Estados miembros lo urgente que es. 
Lo hago no solamente con ocasión de las reuniones del Consejo, sino casi cada vez que doy una entrevista, escribo un artículo o pronuncio un discurso con ocasión de una visita a un país miembro. 
Sería naturalmente de gran ayuda que también sus Señorías ejercieran la mayor presión posible en sus contactos con los Gobiernos y Parlamentos nacionales. 
El lento proceso de ratificación representa como todos sabemos un problema también en otros ámbitos. 
Hasta la fecha, solamente Gran Bretaña y Dinamarca han ratificado el Convenio Europol, y sólo Gran Bretaña ha ratificado el Convenio sobre la extradición. 
Todos reconocen que ambos instrumentos jugarán un importante papel en el futuro en la lucha contra el crimen internacional en Europa. 
Resulta por ello muy difícil explicarles a los ciudadanos por qué tardan tanto tiempo los convenios en entrar en vigor. 
Mi conclusión es que los métodos de trabajo que tenemos a nuestra disposición no son lo suficientemente eficaces. 
Éste es también el motivo de la propuesta de la Comisión de transferir todas las cuestiones, excepto la de la cooperación policial y la del Derecho penal, del tercer al primer pilar con ocasión de las negociaciones intergubernamentales que se están desarrollando. 
Además, debe ser notablemente más eficaz la cooperación dentro de los ámbitos que permanecerán en el tercer pilar. 
Yo también he observado, como apuntaba la Sra. Theato, que el artículo 209a existe como una propuesta presentada ante la Conferencia Intergubernamental y que hay que reforzarlo. 
Espero, precisamente como las Señorías de esta cámara, que la Cumbre de Amsterdam de la próxima semana nos proporcione realmente los instrumentos que necesitamos. 
Me parece excelente además que el Grupo de alto nivel en su Plan de acción contra el crimen internacional haya dejado meridianamente clara la importancia de que se concluya el proceso de ratificación lo más rápidamente posible, y que también para este caso se haya establecido un calendario. 
Se trata también de los tres Protocolos adicionales al Convenio sobre el fraude, para los que ahora hay unanimidad, y que giran en torno a la corrupción, amonestaciones preliminares y asistencia jurídica. 
El último Protocolo se aprobó, como ha dicho la Ministra Sorgdrager con ocasión de la reunión de los Ministros de justicia e interior los días 26-27 de mayo. 
Se trata entre otras cosas del blanqueo de dinero, la asistencia jurídica y la posibilidad de exigir responsabilidades a las personas jurídicas. 
Esto significa que la Comisión jugaría por primera vez un papel en la administración del Derecho penal. 
Aunque se trate de un papel limitado, yo lo veo como un gran paso hacia adelante. 
Por parte de la Comisión seguiremos naturalmente desarrollando los instrumentos que se requieren para proteger del mejor modo posible los intereses financieros de la UE. 
Ya hemos presentado unas propuestas de normas para el reconocimiento recíproco de pruebas, la colaboración directa entre las autoridades que administran la justicia, la centralización de las acciones judiciales en casos de fraude, además de la introducción de un registro de crímenes fraudulentos cometidos. 
El Informe de 1996 sobre el fraude presentado al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo muestra con toda claridad los problemas ante los que nos encontramos para someter a la acción judicial los casos de infracciones más allá de las fronteras. 
Existe el riesgo evidente de que las deficiencias en cuanto a coordinación, tanto a nivel nacional como entre los Estados miembros, nos lleven a una dispersión tal que en la práctica sea imposible entablar un proceso en un tribunal o que en cualquier caso éste resulte infructuoso. 
Precisamente en casos de fraude transfronterizo la Unidad de Coordinación para la Lucha contra el Fraude necesita reforzar sus competencias penales mediante el establecimiento de una unidad de coordinación jurídica, lo que llamamos judicial interface, compuesta por jueces, fiscales y otros expertos legales, para que la UCLAF pudiera, además de su actual papel coordinador, que ya funciona bien, tener también una función de consulta y apoyo con respecto a los Estados miembros. 
Señor Presidente, la Comisión examinará naturalmente los temas incluidos en el corpus juris, en especial con el estudio realizado a petición del Parlamento, y en el que la Comisión ha participado activamente. 
La creación de una función pública europea de procurador fiscal con derecho a entablar procesos judiciales relacionados con la protección penal de los intereses financieros de la Unión es una idea provocativa. 
Es evidente que existen motivos para que se lleven a cabo más acciones con objeto de mejorar la situación de la asistencia jurídica, así como el intercambio de información en asuntos de justicia penal. 
Señor Presidente, muchas gracias por haberme concedido la palabra otra vez. 
En primer lugar, quisiera dar una vez más las gracias a la Comisaria, Sra. Gradin. 
Ella sabe que nosotros apreciamos siempre mucho su apoyo y también su valiente manera de proceder. 
No siempre se logran los objetivos. 
Sin embargo, ahora quiero hacer una pregunta concreta a la Sra. Ministra. 
Muchas gracias por sus explicaciones. 
Quizá no la he entendido bien del todo. 
¿Puede asegurarnos usted que la ratificación de los protocolos y también de la convención quedará concluida, en su opinión, antes de mediados de 1998, o se ha referido usted a los protocolos solamente? 
Esto sería, ciertamente, desequilibrado, pues propiamente la convención es ante todo la base, y los protocolos constituyen después un añadido a la misma. 
Quizá pueda recibir todavía una respuesta a esta pregunta. 
Señora Presidenta, en el plan de acción hemos acordado conjuntamente que nos ocuparemos de que tanto los Tratados como los protocolos se hayan ratificado a mediados de 1998. 
¿Que si puedo darle una garantía? 
Mi respuesta ha de ser: no, pues evidentemente no tengo control sobre los procedimientos de otros Estados miembros, pero se ha acordado conjuntamente; por tanto, supongo que todo el mundo se atendrá a ello. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, agradezco mucho la respuesta clara de la Sra. Ministra, en el sentido de que ella no puede dar garantía alguna de la traslación de sus propios programas. 
Esto no hace sino confirmar lo que han afirmado ya sobre esta problemática los que me han precedido en el uso de la palabra, la Sra. Presidenta de nuestra Comisión de Control y nuestro colega, el Sr. Bontempi. 
Estimada Sra. Comisaria, usted no tiene que tener miedo. 
Hablaremos de este tema en cada ocasión, pues precisamente como diputados nos entendemos de hecho también como representantes de los contribuyentes europeos y vemos con gran extrañeza con qué lentitud y con qué irresolución proceden las instituciones europeas en el ámbito de un marco jurídico europeo. 
El programa de lucha contra el fraude 97/98 de la Comisión Europea hace formulaciones muy cautelosas sobre la investigación, deseada por el Parlamento Europeo, sobre un marco jurídico, un corpus juris, en el sentido de que ella analizaría qué consecuencias concretas se siguen de esta iniciativa para la cooperación con las autoridades judiciales. 
Al menos, desde las tomas de declaración de la comisión de investigación para el procedimiento comunitario de venta por catálogo sabemos en el Parlamento Europeo qué consecuencias queremos tener, en concreto, un sistema jurídico que, por fin, esté a la altura de las exigencias del mercado interior europeo. 
He oído aquí muchas cosas sobre Europol y sobre los tratados que han de venir y ojalá vengan y los acuerdos entre los Estados miembros. 
En este punto quisiera citar un ejemplo, que quizá sea un poco más primitivo, extraído del informe de la comisión de investigación y que data del mes de mayo del año pasado, es decir, que es realmente actual. 
No puede ser que, tal como se describe en este informe, no se pueda pedir cuenta a defraudadores de gran envergadura- se trataba en este caso de 8 millones de libras esterlinas- porque no está regulado el reconocimiento mutuo de las pruebas. 
Puesto que quizá haya también espectadores interesados y ciudadanos europeos en la tribuna y acaso habría que deslatinizar un poco este corpus juris, quisiera hacer una breve cita del informe: » Los dos primeros puntos de la acusación fueron rechazados porque el juez no autorizó como medio de prueba la traducción jurada de la ley española con la que se iba a demostrar que los acusados habían cometido una grave infracción de la ley española, pero al juez no le pareció esto suficientemente claro.» 
Todo esto se desarrolla en un nivel que muchos ciudadanos no se pueden imaginar hoy. 
Probablemente tampoco se podrán imaginar que en un mercado común a finales del siglo XX se esté intentando proteger los intereses de los que participan en el mercado y también los de los contribuyentes en una forma que las solicitudes de asistencia judicial en el caso de formación de causa circulen de acá para allá, como hace 100 años, por vía diplomática. 
En mi opinión, los Estados miembros de la Unión Europea han contemplado con negligencia en el pasado cómo el mercado interior europeo se convertía también, en parte, en un mercado interior de los fraudes. 
Los mismos Estados miembros se extrañan hoy, cuando se trata de una coronación de este mercado interior bajo la modalidad de la introducción de una moneda comunitaria, que nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos confíen cada vez menos en la capacidad de estas instituciones europeas para resolver los problemas. 
Como representantes de los contribuyentes europeos no cejaremos, con seguridad, en denunciar constante y renovadamente las negligencias de las diferentes instituciones y de los Estados miembros. 
Y en ello no nos vamos a dejar contentar con vagas y gratuitas declaraciones de intenciones. 
Quien diga A al mercado interior debe decir también B a la protección del mismo. 
Señor Presidente, la lucha contra el fraude organizado en el caso de las subvenciones en la Comunidad Europea está organizada con tanta eficacia, como lo estaría el intento de Michael Schumacher de ganar con un carruaje de postas una competición de fórmula 1. 
Pero la culpa no es, por ejemplo, del Parlamento Europeo. 
Hay diputados expertos aquí, en especial nuestros colegas la Sra. Theato y el Sr. Bontempi, que desde hace tiempo se vienen ocupando con expertez y con empeño en que se haga algo en este terreno. 
Por lo tanto, esto hay que cargárselo más bien al Consejo. 
Es, ciertamente, muy apreciable que la Sra. Ministra Sorgdrager, comente el intercambio mutuo de ideas entre el Parlamento y el Consejo, pero yo abrigo el temor de que tal charla deja bastante frío al crimen organizado y en cualquier caso no afecta a sus actividades. 
Y resulta también insustancial citar Europol en cualquier ocasión, sobre todo si el convenio, sobre cuya base ha de trabajar Europol, ni siquiera ha sido ratificada. 
Que esto esté organizada de manera tan miserable entre nosotros y que sea tan dañoso para el prestigio de la Unión Europea, reside en que existe un defecto en el sistema. 
Hemos dotado a la Comunidad Europea con la facultad de disponer sobre el dinero. 
Pero no le hemos dado la facultad de asegurar también penalmente, si fuera necesario, contra el abuso este poder decisorio. 
En todos los Estados miembros esto es de otra manera. 
En ellos quien dispone sobre el dinero, puede llevar ante el juez a quien cometa un fraude con el mismo y hacer que le condenen. 
La Comunidad Europea no puede hacer esto; depende de que el Consejo o los Estados miembros particulares lo hagan. 
Y precisamente en este punto es donde están el agujero y la falla en el sistema. 
Al parecer, si la Comunidad procede penalmente, atenta contra la soberanía nacional. 
Puesto que la parte esencial de la competencia estatal, la distribución del dinero, está transferida ya a la Comunidad, no sería sino lógico que la Comunidad dispusiera, como un anexo, por decirlo así, de la facultad de dar protección a este ámbito por la vía sancionadora. 
Todo lo demás, en efecto, carece de eficacia. Así lo enseña la experiencia y el ridículo ejemplo, casi estremecedor, que nuestro colega, el Sr. Bösch, acaba de exponer. 
Por consiguiente, si nosotros no nos encontramos dispuestos a dar también competencias penales a la Comunidad en ámbitos concretos en que tenga competencias, entonces a largo plazo correremos tras los delincuentes. 
Y, en realidad, de esto nadie puede responsabilizarse. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más, tratamos el asunto, qué digo, la plaga del fraude. 
Hacemos y rehacemos nuestro trabajo, pero tenemos que confesarlo, con muy pocos resultados habida cuenta de la amplitud del problema. 
Incluso diría, no sin ironía, que el problema es tan considerable que ni tan siquiera podemos evaluar su amplitud con exactitud. 
¿Qué representa el fraude? 
Se estima que de 5 a 10 % del presupuesto de la Unión Europea, o incluso más. 
En cualquier caso, miles de millones de ecus, que cada año se desvían del presupuesto de la Unión Europea. 
Sabemos que hay fraude en todas partes, que gangrena las políticas comunitarias, por supuesto el FEOGA, pero también las políticas estructurales, las políticas internas de la Unión, como el turismo. 
La comisión temporal de encuesta del Parlamento Europeo sobre el tránsito comunitario, que ha realizado un trabajo notable, ha revelado que tal como funciona, el mercado unificado de la Unión Europea se había convertido en la tierra de elección de la delincuencia internacional. 
Entonces, ¿podrían ustedes decirme de quién es la culpa? 
Si a menudo resulta difícil establecer las responsabilidades, además difusas, sin embargo, un hecho me parece significativo. 
El Convenio Europeo sobre la Protección de los intereses financieros de la Comunidad, firmado en julio de 1995, sigue sin ratificarse por los parlamentos de los Estados miembros. 
Por consiguiente, es inoperante, incluso inútil. 
Y a lo mejor esperamos su ratificación para el año próximo. 
¿Es esto serio? 
El ambicioso plan de lucha contra el fraude, incansablemente reivindicado por el Parlamento Europeo y bien definido por la Comisión está parado porque el Consejo, con su actitud de profunda inercia, se opone a cualquier progreso. 
En materia de fraude, el Consejo y los Estados miembros se preocupan más de protegerse de las prerrogativas de la Comisión que de las audacias de los defraudadores. 
Se equivocan de adversario y este error cuesta caro a las finanzas de la Unión Europea. 
El verdadero malestar, es la falta de voluntad política del Consejo. 
Son los Estados miembros los que administran en su territorio la ejecución de casi el 80 % de los gastos comunitarios y les corresponde reconocer a las instituciones de la Unión, la Comisión esencialmente, un derecho real e innegable de control y de intervención en la gestión de los recursos propios de la Unión, desde el momento en que se desvía el dinero de la Comunidad. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que espere hoy, una golondrina no hace verano, un compromiso explícito y valiente del Consejo.En ello nos va la credibilidad de Europa a los ojos de sus ciudadanos. 
¿Queremos realmente dar la imagen de una Europa colador? 
Señor Presidente, este debate empieza a hacerse cada vez más pesado, ya que no aporta nada nuevo. 
Me parece deprimente tener que escuchar una y otra vez que suponemos, que creemos, que esperamos. 
La respuesta de la Sra. Ministra hoy es que quizás a mediados de 1998, es decir, tres años después del acuerdo sobre el Convenio para la lucha contra el fraude, éste sea ratificado. 
A mí me parece una vez más- ruego me disculpe, señora Ministra- que se trata de excusas por parte de todos los miembros del Consejo, incluido el suyo, pero también el de mi propio país, que no hacen nada para ratificar los Convenios. 
Es habitual que los gobiernos se demoren en las ratificaciones. 
Se trata de una muestra de falta de respeto a las decisiones que ellos mismos han contribuido a adoptar. 
Es fácil ponerse de acuerdo en la mesa si a continuación no se va a incorporar el texto a la legislación propia. 
Me parece que la reacción de los Estados miembros muestra desdén por los problemas con que nos enfrentamos. 
Este comportamiento es decepcionante en mi opinión, y, según lo que se puede ver en este momento, no se tomarán medias serias para solucionar tal problema en la Conferencia Intergubernamental que se está celebrando. 
Hace falta modificar los procedimientos. 
Tal como ha dicho, señora Ministra, es posible que el Parlamento esté desempeñando un papel importante, pero nuestro problema es que no tenemos competencias en el proceso de toma de decisiones. 
Si las tuviésemos, nos encargaríamos de que se hiciese un esfuerzo importante para luchar contra el fraude. 
La situación es penosa y finalmente, señor Presidente, quiero apelar a los diputados a los parlamentos nacionales para que se interesen más por este tema y para que presionen a sus propios gobiernos. 
Señor Presidente, mis colegas ya han planteado las cuestiones más urgentes. Por tanto, yo sólo voy a tratar un pequeño detalle. 
El problema fundamental son las infracciones. 
¿Cuál es su causa? 
Creo que una causa importante es que la UE y su dinero no despiertan afecto alguno. 
Cuando se oye hablar a los ciudadanos de la UE, se tiene la impresión de que en general se trata de «desvalijar» a la UE de sus fondos y de averiguar cuáles son las ayudas que se pueden conseguir. 
Esto crea la impresión de que todos los medios valen para conseguir ayudas de la UE. 
Rápidamente se descubre que también existen atajos. 
Esto, evidentemente, no debe continuar. 
Pero, ¿Es que el remedio consiste en darle a la UE mucho más poder sobre todo esto, cuando su credibilidad ya está tan baja, tanto la de la UE como la de Europol y los convenios, etc.? 
Yo creo que en su lugar, uno de los caminos sería «hacer un poco de limpieza» en la jungla de ayudas que existen, establecer una normativa clara para su concesión y procurar que no se fijen ayudas demasiado voluminosas. 
Creo que en este sentido sería necesario actuar sin concesiones. 
Le deseo suerte a Anita Gradin- su trabajo en la UE es intentar solucionar el problema- aunque la suya sea una labor fatigosa. 
Señor Presidente, las propuestas que hoy se someten a debate, prefiguran la inclusión en el Tratado de un fundamento jurídico que permita una normativa contra el fraude, a fin de dar contenido y eficacia a la voluntad política de luchar contra los fraudes cometidos en menoscabo del presupuesto comunitario de forma realmente escandalosa. 
Sin embargo, al armonizar las normas existentes y la cooperación comunitaria, quisiéramos ser realistas y preguntar si la Comisión cree realmente en la ratificación del convenio de 1995, dado que a la dificultad de coordinar la voluntad política de los quince Estados miembros, se añade el hecho de que la ratificación depende de dos protocolos adicionales que no sólo afectan a las responsabilidades de los funcionarios, sino también a los Gobiernos, los diputados y las Instituciones. 
Theato y Bontempi, deseo subrayar el contenido de algunos puntos fundamentales. En primer lugar, el hecho de que nuestras fronteras han quedado totalmente obsoletas frente al fenómeno del fraude comunitario y al fenómeno de la criminalidad a pequeña y gran escala, que dispone de excelentes medios técnicos y financieros para franquearlas fácilmente. 
En consecuencia, y bajo este aspecto, la iniciativa reviste suma importancia. En segundo lugar, la cooperación judicial y la propia comunitarización que quizás ha quedado superada con respecto a las que son las problemáticas en curso y considerando las substanciales diferencias que existen entre los sistemas judiciales y jurisdiccionales de los Estados miembros. 
Lo que pido es que puedan fijarse unos criterios y unas responsabilidades, claramente definidos, para el ejercicio de la acción penal y que exista, de cualquier modo y siempre, un principio de equilibrio entre los poderes de acusación y de defensa. 
Si esto se lograra, crearemos una carta magna fuente de derechos y de libertades, así como, evidentemente, de seguridad para los ciudadanos. 
Señora Presidenta, la Sra. Kjer Hansen ha dicho que celebramos este mismo tipo de debate reiteradamente y que poco a poco empieza a resultar deprimente. 
Me inclino por estar de acuerdo con ella, porque siento que la manera en que se debate sobre la lucha contra la criminalidad en esta Asamblea es completamente distinta de la manera en que debatimos sobre ella en el Consejo Europeo, con lo cual no quiero decir que ambas sean erróneas, pero tampoco que sean buenas. 
Así pues, hemos de intentar encontrar el modo de desarrollar instrumentos adecuados para luchar contra la criminalidad. 
Para mí, adecuado no significa por definición que haya que elevarlo todo a nivel europeo, sino que hagamos realmente lo que acordamos, y puede mejorarse bastante; más adelante trataré esta cuestión. 
En este sentido, me pido a mí misma y a todo el que reflexione sobre esta problemática que intentemos mantener los pies en el suelo. 
Para mí, en primer lugar es importante- y razono desde la estructura que tiene ahora el tercer pilar- que ejecutemos los acuerdos, las actuaciones comunes que hemos acordado, que todos las ratifiquen, y si me dicen ustedes que es demasiado lento, tendré que decirles que estoy de acuerdo. 
Intento, y es lo que está en mis manos, que mi propio país lo consiga cuanto antes. 
Sé que no somos los primeros en lograrlo. Pero lo vigilo y espero, por tanto, que otros Estados miembros también lo hagan. 
Pero esto significa que sólo tendremos un texto. 
Luego tendremos un convenio. 
Tenemos un tratado, pero esto no es todo. 
Es preciso ejecutarlo y luego habrá que hacer algo en la práctica- se trata simplemente del trabajo de la policía -, sobre la base de las posibilidades legales creadas. 
Este es el sistema que tengo en perspectiva. 
Espero que funcione. También tenemos que ser realistas. 
El trabajo en el tercer pilar es reciente. 
Desde que se estableció el tercer pilar hasta hoy, y de eso hace tan sólo tres o cuatro años, hemos realizado progresos importantes. 
No es suficiente, estoy de acuerdo. Pero hemos de darnos cuenta de que hemos logrado algunas cosas. 
Lo que me irrita es que hayamos tomado más de 200 decisiones y que gran parte de ellas todavía no se hayan ejecutado. 
Quisiera disponer de un monitoring system para contemplar desde un punto independiente si los Estados miembros hacen realmente lo que han acordado. 
En estos momentos, creo que es lo más importante. 
Al tratar aquí la lucha contra el fraude, abordamos una cuestión muy difícil. 
El fraude con el dinero de la UE, y a este respecto también he de señalar la calidad de la normativa, es relativamente fácil. 
Pero no me refiero sólo al fraude real, sino también al mal uso y al uso indebido de las subvenciones, del dinero del contribuyente europeo que se utiliza indebidamente. 
Son cosas que hemos de controlar para ver si se procede según lo acordado. 
Por supuesto, el Sr. Bösch tiene razón cuando dice que en la lucha contra el fraude hay un problema que tiene que ver con la dificultad de reconocer los medios de prueba mutuos. 
Se trata, por supuesto, de un problema que no debería darse en Europa. 
Pero estoy de acuerdo. 
Lo mismo puede decirse- nadie lo ha mencionado, pero yo sí lo he señalado en mi introducción- de la asistencia jurídica mutua en las causas criminales. 
Es inaceptable que estemos en Europa y que existan tantos problemas procedimentales para ayudarse mutuamente en las causas criminales. 
He trabajado duramente en esta cuestión. 
Por desgracia, esperaba que pudiéramos llegar a una conclusión definitiva; no ha sido posible, si bien hemos llegado a un punto que me permite predecirles, por así expresarme, que a mediados del año que viene lograremos un acuerdo al respecto. 
El Sr. Giansily se pregunta por la envergadura del fraude. 
Ni siquiera nosotros lo sabemos. 
Se trata de una característica de lo que tiene lugar en la ilegalidad. 
Por supuesto, nunca se sabe del todo. Pero se trata de mirar bien lo que sucede y de cómo sucede. 
Señor Presidente, formulo la pregunta complementaria a la Ministra, porque, a pesar de que entiendo las preocupaciones de realismo, habida cuenta de que personalmente soy realista, dejo de entenderlas cuando se convierten en una coartada para el mantenimiento del statu quo. 
Deseo recordar que en otros sectores han sido necesarios unos escándalos que han suscitado un gran clamor popular, por ejemplo el caso Dutroux en Bélgica, para acelerar todavía más, si cabe, un proceso de acuerdo, de consenso a escala europea para luchar contra la pedofilia o el tráfico de seres humanos. 
No debemos esperar que se produzca otro escándalo, dado que el escándalo ya existe. 
Me pregunto si realmente no ha llegado el momento de realizar un cambio cualitativo. 
Lo han dicho todos los colegas. 
En un sistema que pretende proteger nuestros intereses financieros, le pregunto a la Ministra si no se trata de realismo afrontar el problema tal como es y no como se piensa que es, o sea, con métodos totalmente ineficaces. 
No creo haber abogado en favor del mantenimiento del status quo. 
Sólo he dicho que hemos llegado a gran número de acuerdos, que hemos firmado acuerdos, hemos tomado decisiones que no se han ejecutado. 
He dicho que no estoy satisfecha al respecto. 
Esto es lo que quería decir. 
Tenemos un acuerdo sobre pedofilia. Tenemos acuerdos sobre el fraude. 
Ahora es cuestión de que se pongan en práctica. 
Muchas gracias, señora Ministra. 
Les comunico que he recibido una propuesta de resolución, presentada de conformidad con el punto 5º del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0170/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 1 y 2 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 1 formulada por Jan Bertens (H-0379/97): 
Asunto: La política de la UE con China 
Habida cuenta de que la situación de los derechos humanos en China ha empeorado evidentemente durante el pasado año, y que a pesar de ello la UE no apoyó un proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en China, con ocasión de la 53 reunión en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, provocando de esta forma que la UE no cuente con una política común con relación a China por primera vez desde la masacre de la plaza de Tiannanmen en 1989, 
¿Cómo piensa reaccionar el Consejo ante las acciones de castigo del Gobierno chino contra los Países Bajos y Dinamarca? 
¿Qué medidas piensa emprender el Consejo para garantizar que la política futura de la Unión sea fuerte y coherente, y para evitar que se repita lo sucedido en Ginebra? 
¿Está de acuerdo el Consejo en que debemos resistirnos a los intentos chinos de que se levante el embargo de armas? 
Pregunta nº 2 formulada por Per Gahrton (H-0380/97): 
Asunto: Política de la UE con respecto a China 
La UE fracasó en su intento de acordar un proyecto de resolución común sobre la violación de los derechos humanos en China con ocasión de la reunión de la Comisión de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos recientemente celebrada en Ginebra. 
La actitud de cuatro de los grandes países de la UE se rige por sus intereses comerciales. 
Estos países juntos disponen de una minoría de bloqueo en el Consejo. 
Incluso una política exterior de la UE más sólida no hubiera impedido a estos cuatro países oponerse a la propuesta de resolución. 
Ahora, Dinamarca, con la ayuda de los Países Bajos que ocupa la Presidencia en el Consejo ha presentado una propuesta de resolución, lo que ha supuesto la sanción a estos dos países por parte de China. 
¿Qué conclusiones extrae el Consejo de esta situación? 
Si queremos que la UE hable con una «sola voz» , ¿cómo se podrá evitar que, en el futuro, los Estados miembros importantes impidan a los más pequeños actuar en favor de los derechos humanos? 
¿Cómo se podrá evitar que los Estados miembros importantes den prioridad a sus intereses comerciales mientras que los pequeños Estados miembros que toman en serio sus ideales democráticos se exponen a represalias diplomáticas y económicas? 
En relación con estas dos preguntas, la siguiente respuesta. 
Con motivo de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Unión Europea someterá sus fuentes de información sobre la situación de los derechos humanos en China a una profunda investigación con objeto de lograr un enfoque coherente para la futura política a partir de los criterios divergentes de los Estados miembros. 
Este proceso de evaluación de la política tendrá lugar en las próximas semanas, quizás meses, en los foros apropiados del Consejo de Ministros de la Unión, como el grupo de trabajo del Consejo sobre asuntos regionales, el grupo de trabajo del Consejo para los derechos humanos, el Comité Político, etc. 
Durante los debates se prestará especial atención a las cuestiones que han abordado sus Señorías. 
El Parlamento Europeo será informado en su momento sobre el resultado de estos debates en el marco del Consejo en relación con la evaluación y el desarrollo de una política europea coherente sobre China en el terreno de los derechos humanos. 
Señora ministra, bienvenida a esta Asamblea, y muchas gracias por su respuesta. 
Quisiera formular una pregunta complementaria: ¿qué instrumentos reales quiere utilizar el Consejo en el marco del llamado diálogo con China para dar mayor «réplica» a la presión económica de China, la presión efectiva? 
¿Disponen ustedes de otros instrumentos salvo la creación de diversas comisiones, grupos de trabajo y grupos de estudio? , pues pienso que ya se ha estudiado bastante la situación en China. 
Pienso que he de responder al Sr. Bertens que, al hablar de una valoracion política, se habla de todo el conjunto. 
En estas circunstancias no quisiera anticiparme a las conclusiones de la valoración a la que acabo de referirme. 
En realidad no hemos recibido una respuesta suficiente de la Presidencia del Consejo. 
En primer lugar tiene que poder responder satisfactoriamente a la pregunta, qué se va a hacer ante el hecho de que varios países de la UE, entre ellos el de la propia Presidenta, hayan sufrido represalias por parte de China. ¿Qué se entiende por solidaridad si no se puede responder a esta pregunta? 
En segundo, me gustaría recibir respuesta a mi pregunta básica sobre lo que pasará cuando tengamos una política exterior más uniforme. 
¿Qué pasará con las posibilidades de los países pequeños de hacer lo mismo que Dinamarca y los Países Bajos con respecto a China en colaboración con el Comité de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos? 
Los países grandes han conseguido la mayoría. 
¿Se ha pensado en alguna política con respecto a este problema? 
¡Quizá ni siquiera se haya pensado en ello! 
A juzgar por la respuesta increíblemente deficiente y desprovista de contenido que hemos recibido, tengo que decir que no parece que la Presidenta en funciones haya reflexionado sobre la cuestión. 
Pienso que, de hecho, la clave se hallaba ya en la primera parte de mi respuesta. 
He dicho «a partir de los criterios divergentes de los Estados miembros». 
Por tanto, en primer lugar es importante que internamente en Europa se dé una respuesta, del modo que he indicado, a los diferentes criterios que hay en estos momentos. 
Por supuesto, en estos momentos no es correcto hablar de todas las acciones y posiciones políticas posibles, dado que todavía se está buscando un consenso. 
Me gustaría preguntar a la señora del Consejo una cosa: ¿es el plan que han presentado ustedes un estudio serio sobre la situación de los derechos humanos, algo donde ustedes exponen principios generales que son aplicados a todos por igual? 
Tengo, en efecto, con demasiada frecuencia la impresión de que existen determinados estados, como, por ejemplo, China, que no son impopulares aquí y contra los que se emplean cosas que no son emplean en el caso de otros. 
Lo que necesitamos es una política europea común. 
¿Están dispuestos ustedes a elaborar semejante política europea que luego valga también para todos y no sólo para un país específico? 
Para lograr una política común, una posición común, es preciso tener los ingredientes, los argumentos para conseguir un consenso y ésta es exactamente la razón por la que he respondido como lo he hecho. 
No tiene ningún sentido anticiparse a una investigación como ésta y a un debate como éste, porque con ello no se logrará encontrar una solución para lo que usted denomina una política común. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, las relaciones de la Unión Europea con la República Popular China son complejas. 
Hay un tema de enorme actualidad que es el inminente retorno de la soberanía de Hong-Kong a China Popular. 
Esta situación es muy paradójica porque las autoridades chinas están respetando los acuerdos chino-británicos del 84, mientras que las autoridades británicas no los han respetado, precisamente porque han desarrollado la democracria, que no existía antes del 84. 
Por lo tanto, las nuevas decisiones de las autoridades chinas pueden significar un retroceso democrático y un retroceso en el respeto de los derechos humanos a partir del 1 de julio en Hong-Kong, si se aplica a la letra los acuerdos preexistentes. 
¿Piensa adoptar alguna actitud el Consejo a este respecto? 
¿Ha emprendido ya alguna iniciativa ante las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional Popular China sobre la normativa vigente en Hong-Kong? 
Eso quisiera yo, señora Presidenta, pero en estos momentos no tengo preparada la respuesta. 
Se trata de una pregunta interesante. 
Permítame que le dé una respuesta más adelante, ya sea en el marco de este turno de preguntas o más tarde, por escrito. 
Pregunta nº 3 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0384/97): 
Asunto: Defensa del empleo en la propuesta de reglamento sobre la OCM del tabaco crudo 
¿Dará el Consejo prioridad a la defensa del empleo en el nuevo reglamento sobre la OCM del tabaco crudo? 
¿Qué mejoras concretas prevee para los cultivadores de Granada, Extremadura y otras zonas en regiones del objetivo 1, muy desfavorecidas? 
Además de la preocupación manifiesta por el cultivo del tabaco en Austria, que tanto centra la atención de algunas instituciones europeas, ¿se atenderá equitativamente a los países mediterráneos? 
En respuesta a la pregunta de su Señoría sobre la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo, le recuerdo que, a principios del presente año el Consejo examinó el informe de la Comisión sobre esta cuestión. 
Dicho informe contiene en primer lugar un análisis de la situación socioeconómica en el mercado en cuestión y en segundo lugar expone el resultado de la revisión de esta OCM, llevada a cabo en 1992. 
Al mismo tiempo se esbozan algunos posibles guiones de un nuevo curso para la política comunitaria para este sector. 
A la luz de las deliberaciones del Consejo, creo poder constatar principalmente lo siguiente. En primer lugar, todas las delegaciones mostraron un gran apoyo al informe de la Comisión y al análisis que contenía de la situación en el mercado del tabaco. 
En lo que respecta al curso a seguir y a los objetivos y elementos principales de la reforma de la OCM del tabaco, parecía existir gran unanimidad, aunque por supuesto surgieron diferencias de criterio en relación con la envergadura de la reforma y el carácter de las medidas específicas a tomar. 
Por último, señora Presidenta, la Comisión expresó su apoyo a los comentarios pertinentes de las delegaciones. 
Declaró que estudiaría con la debida atención sus observaciones en el marco de la preparación de sus propuestas formales. 
Finalmente, el Consejo pidió a la Comisión que presentara cuanto antes estas propuestas, tan pronto como dispusiera de la información y las aportaciones necesarias, entre otras el dictamen del Parlamento sobre el informe. 
Cuando se hayan presentado estas propuestas, el Consejo tendrá en cuenta como es debido el dictamen que el Parlamento emitirá al respecto. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, su respuesta ha sido muy impropia. 
Es impropio que el Consejo conteste de esta forma burocrático-descriptiva a una pregunta que no se refiere al informe que ha presentado la Comisión sino que pregunta por el empleo. 
Yo le pregunto al Consejo: ¿Qué vamos a hacer con los agricultores del sur, si no van a poder producir ni tabaco ni aceite de oliva? 
Esta es mi pregunta parlamentaria: el empleo; eso que ustedes en sus discursos llaman «primera prioridad de nuestras políticas» ; el empleo. 
Y cuando ante una reforma de las dimensiones de la del tabaco se pregunta qué impacto va a tener esa reforma sobre el empleo, la contestación es «bla, bla, bla... ». 
¿No cree, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, que el mantenimiento del empleo ha de ser la condición, la premisa básica de cuantas acciones prevea el Reglamento que tiene que aprobar el Consejo? 
Comprométase con el empleo. 
¿Qué impacto va a tener? 
¿Tienen ustedes estudios? ¿Los han hecho? 
¿Qué consecuencias socioeconómicas van a tener? 
Yo puedo decirle que en Granada más de 2.000 familias viven de eso. Pero además no viven con un plus de lujo, sino que se trata del material básico del que disponen para seguir viviendo. 
¿Cómo puede contestarme el Consejo diciendo que si el informe de la Comisión es «bla, bla, bla»? 
Comprométanse ustedes, que están ocupando la dirección de la Unión Europea, y que, por cierto, no dejan que el Parlamento avance en sus poderes. 
Valoro el ferviente alegato de su Señoría en favor de esta cuestión que, en efecto, merece mucha atención por parte de la Unión, y espero que esta atención se reconozca también más adelante en el debate, cuando se trate de la CIG. 
Pero ahora me limito a la cuestión a la que se ha referido. 
Por supuesto, en todo lo que hacemos tenemos en cuenta el empleo. 
Considero que la política de empleo no ha de enfocarse por temas, sino que ha de verse a la luz de toda la política; de lo contrario, siempre podrán aducirse argumentos cuando se aborden la política agrícola, los medios disponibles o incluso las posibilidades del mercado en el marco limitado de las circunstancias del momento y del lugar, de una fuerte competencia y las correspondientes dificultades para algunos en relación con los precios. 
Por consiguiente, estoy de acuerdo con usted en cuanto a su apasionada pregunta referente al empleo, pero no lo estoy cuando dice que es «bla, bla, bla». 
Esto no hace justicia al esmero con que se enfoca esta cuestión y tampoco hace justicia a la información que le he dado en mi respuesta. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, aunque el tema de la transcendencia del empleo en relación con el futuro que aguarda al cultivo de tabaco en los países mediterráneos de la Unión es un tema recurrente en este Parlamento- yo mismo he tenido ocasión de plantearlo anteriormente, tanto a la Comisión como al Consejo -, quiero insistir hoy de nuevo en este asunto, justamente, por la oportunidad que tenemos ahora en esta Asamblea de poder debatir la OCM del tabaco crudo. 
El asunto es inquietante para muchas familias modestas, por ejemplo en las provincias españolas de Granada y Cáceres, que están pendientes de las decisiones que se adopten en las instituciones europeas. 
Nosotros creemos que la solución está en el rechazo de las medidas para abandonar el cultivo, por la sencilla razón de que esto llevaría consigo no una disminución del consumo sino un incremento de la importación de tabaco, con consecuencias perversas y con el incremento del paro en las zonas europeas productoras. 
Por tanto, creemos que es improcedente el modular la prima y medidas semejantes. Sin embargo, sería muy conveniente el incrementar del 1 al 2 % el porcentaje para los fondos de investigación. 
Puesto que usted, señora Van Dok, ha hablado de medidas pendientes por parte del Consejo, ¿qué puede decirnos sobre estas medidas? 
No quiero quebrantar el procedimiento que he esbozado antes al explicar lo que va a hacerse. 
Ya he señalado que el Consejo ha pedido a la Comisión que presente cuanto antes propuestas para tener una idea de la información necesaria y que, una vez presentadas estas propuestas, el Consejo tendrá en cuenta como es debido el dictamen que emite el Parlamento al respecto. 
Por tanto, no me parece conveniente hacer aquí in extenso lo que he indicado en mi respuesta como procedimiento usual y cuidadoso. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, el tabaco, en mi Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene, desde hace más de medio siglo, una gran importancia económica y social. 
Es una región del objetivo 1, con un PIB per cápita de 7.322 ecus, y el tabaco proporciona a sus gentes un alto nivel de ocupación, al generar un trabajo intenso durante la mayor parte del año, tanto en la fase de cultivo y curado como en la de transformación. 
Solamente en la fase de cultivo y curado- para que nos hagamos una idea- se generan 1.600.000 jornales directos; y eso con independencia de los indirectos que generan las actividades complementarias. 
Por tanto, mi pregunta al Consejo- aunque ya ha contestado y creo que la respuesta va a ser reiterativa, pero no quiero dejar de formularla- es: ¿No cree usted, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, que la reducción de las primas, tal y como propone el documento de la Comisión, conllevaría el cese de la actividad de muchas pequeñas explotaciones de las regiones del sur de la Unión, favoreciendo, por tanto, la importación de tabaco, y tendría consecuencias muy negativas para los agricultores, que no tienen otra alternativa de cultivo ni de actividad económica? 
La Comisión se ocupa de la organización de los mercados y por tanto busca el lugar que ocupa un determinado producto, cómo se ajusta su producción al mercado en general y de qué modo funcionan las primas considerando las diferencias. 
Como ya he dicho, también se tiene en cuenta el aspecto del empleo. 
Quisiera abogar por un debate basado en buenos análisis y propuestas, y no celebrarlo aquí sobre la base de datos incompletos. 
Le he indicado muy claramente dónde puede encontrarlos, comprendo que se preocupe por determinados aspectos de los posibles resultados, pero quisiera rogarle que se conforme con mi respuesta en estos momentos sobre el procedimiento. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 4 y 5 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 4 formulada por Hans Lindqvist (H-0386/97): 
Asunto: Cierre de la empresa Ericsson de Norrköping 
En la actualidad, está teniendo lugar en Suecia un debate parecido al de Bélgica sobre la responsabilidad social de las grandes empresas. 
La empresa Ericsson que, entre otras cosas, fabrica teléfonos móviles, está proyectando reducir la producción de Norrköping y trasladar la producción de circuitos impresos a dos empresas multinacionales, SCI System y Solectron de Escocia. 
Este proyecto afecta a 1400 puestos de trabajo, de los cuales, 700 se ven directamente amenazados por el traslado. 
Según informaciones aparecidas en la prensa, entre otros, el diario TT de Suecia, la empresa escocesa se creó con la ayuda de subvenciones regionales de la UE. 
Por este motivo, pregunto directamente al Consejo, ¿es cierto que esa empresa de Escocia ha recibido ayuda económica o de otro tipo de la UE? 
En caso afirmativo, ¿por qué motivo y qué forma y volumen tenía dicha ayuda? 
Pregunta nº 5 formulada por Jan Andersson (H-0400/97): 
Asunto: Ayudas regionales como causa para la deslocalización de empresas 
Los trabajadores de la empresa Ericsson están con razón preocupados por sus puestos de trabajo, ya que la empresa ha previsto trasladar la fabricación de circuitos impresos a Escocia. 
Los representantes sindicales se han dirigido a la delegación socialdemócrata sueca para que les ayude a determinar las ayudas de la política regional de la UE que han contribuido a hacer posible el traslado de la empresa de Norrköping a Escocia. 
¿Pueden las ayudas regionales u otra forma de ayuda comunitaria contribuir a hacer posible el establecimiento de la empresa Ericsson en Escocia y, en caso afirmativo, qué lecciones considera el Consejo que conviene aprender con vistas al futuro reparto de las ayudas? 
Las preguntas de los Sres. Andersson y Lindqvist guardan relación con las posibles consecuencias del apoyo comunitario, en el marco de la política regional, para el cierre de empresas en general y de la fábrica Ericsson en particular, que proyecta trasladar la producción a otro lugar. 
Como sabrá su Señoría, los Fondos estructurales se regulan por los reglamentos aprobados en julio de 1993 por el Consejo. 
En virtud de esta normativa, el Consejo confía la gestión de los Fondos estructurales a la Comisión. 
Por consiguiente, corresponde más bien a la Comisión responder a estas preguntas. 
Pero, más en general, quiero comunicarle que la delegación danesa en el Consejo ha pedido, por medio de un memorándum, que se preste más atención a los efectos de la política estructural y al apoyo regional estatal, y se asigna esta competencia a la Comunidad. 
Así podría fijarse el modo de ayudar mejor con la política estructural a las zonas en la Comunidad que sufren un retraso en el desarrollo, sin que por ello se afecten negativamente otras partes de la Comunidad. 
Esta cuestión fue tratada en el Consejo de Industria del 24 de abril de 1997. 
El Consejo ha pedido a la Comisión que informe lo antes posible y pienso que con ello queda abierto el debate y que podrá proseguirse en la segunda mitad del presente año, es decir, que la cuestión estará en el orden del día correspondiente. 
Doy las gracias por la respuesta, aunque no me haya aclarado mucho la situación. 
Entiendo que existe una división del trabajo entre la Comisión y el Consejo, pero no entiendo por qué el Consejo no intenta indagar sobre los resultados a los que ha llegado la Comisión durante el largo mes que ha transcurrido desde que se formuló la pregunta. 
Deseo saber porqué no se nos da una respuesta concreta sobre si es cierto que la empresa de Escocia ha recibido ayudas de la política regional o de otro tipo procedentes de la UE. 
Este incidente tiene grandes repercusiones para la vida empresarial sueca y para miles de personas empleadas en la empresa Ericsson. 
Si lo que sucede es que se conceden ayudas de la política regional a una empresa europea que consigue una fuerza de trabajo, al tiempo que esto produce desempleo en otro lugar me gustaría recibir una respuesta general a una pregunta normal: ¿Piensa el Consejo que esto es desafortunado? , y si este es el caso, ¿De qué modo intentará el Consejo impedir que se reproduzca en el futuro? 
Me gustaría además recibir una respuesta más concreta a la primera pregunta, que es de importancia decisiva para nosotros. 
Aquí contesto a las preguntas en calidad de Presidenta del Consejo y en este sentido he de decir que la cuestión se trató en el Consejo de Industria y que a continuación- éste es el procedimiento habitual- se pidió a la Comisión que elaborase un análisis y un informe sobre cuya base se pueda determinar qué solución se adoptará. 
El Consejo no procede independientemente, sino que en el procedimiento habitual se prevé que presentemos una petición como ésta a la Comisión y que luego el Consejo la examine como cuestión muy urgente. 
Pienso que todo irá bien, sobre todo por la aportación de Dinamarca, pues de hecho la cuestión que ha formulado Dinamarca ha sido reconocida y se ha incluido en el orden del día por la vía usual. 
Yo también agradezco la respuesta. 
Está bien que la cuestión figure en el orden del día de los trabajos, pero no les va a servir de mucho a los trabajadores de Norrköping- una ciudad que ha atravesado un gran proceso de reestructuración y que tiene altos índices de paro- que no podamos responder a la pregunta que nos han formulado y cuya respuesta hemos solicitado, que es si se han concedido ayudas de la política regional en este caso en concreto. 
Casualmente sé que la empresa escocesa ha recibido anteriormente ayudas de la política regional del RSA, Regional Selective Assistance, que ascendieron a 10 millones en 1994. 
Mi pregunta es: ¿Se han recibido ayudas recientemente, y si este es el caso, han repercutido en relación con el traslado? 
En tal caso, esto sería grave. Es una respuesta que nos interesa tanto a mí como a los trabajadores de Norrköping. 
Aquí hay un gran malentendido, no sólo sobre el procedimiento y sobre la competencia, sino también sobre los análisis. 
En Europa tenemos, en efecto, un apoyo, una política estructural para las regiones que son más débiles que otras. Pero ello no quiere decir que haya que establecer una relación directa entre las razones de la deslocalización de una empresa y la concesión de ayudas. 
Estas ayudas tienen por objeto compensar otros factores débiles en una determinada región y por eso no se puede decir cada vez, ante cada incidente: hagan algo contra la deslocalización de empresas en virtud de sus ayudas, sino que hay que considerar en qué medida hay una competencia excesiva por las ayudas, al margen del hecho de que la región reciba la ayuda debido a su retraso. 
Así pues, no se puede establecer automáticamente una relación entre una ayuda y la desaparición de una empresa. 
Sé que es molesto. 
Por supuesto, en los Países Bajos nos enfrentamos también a situaciones como ésta; por ello, tampoco contestaré a la pregunta de si hace poco se concedió una ayuda. 
Usted ya sabe dónde están las responsabilidades. 
Mucho más interesante es la pregunta de en qué medida los análisis permiten sacar la conclusión de que, en efecto, se produce una perturbación de la competencia en este ámbito y dónde está. 
He escuchado con gran interés esa respuesta del Consejo. 
El Sr. Smith y yo mismo estamos interesados en esta cuestión, particularmente la circunscripción del Sr. Smith. 
Que esto sea así no constituye una novedad. 
Lo que me preocupa es que, mientras los Comisarios Flynn y Wulf-Mathies están jugueteando con las normas legislativas, las colas de ayuda humanitaria en Suecia y en otros lugares son cada vez más largas. 
A los trabajadores desempleados de Suecia no les consuela mucho el saber que los Comisarios están estudiando el problema. 
Me parece que no basta con eso. 
¿Va a ocuparse la Presidencia neerlandesa del cambio de la política de fondos estructurales cuando llegue el momento de volver a redactar las reglas, o preferirá asistir a Luxemburgo y al Reino Unido añadiendo algún tipo de garantía respecto de los fondos estructurales para evitar gran parte de lo que está sucediendo y para esforzarse por que haya un mejor régimen de consulta de los trabajadores y de participación en el trabajo? 
Tiene que haber normas mínimas básicas en materia de remuneración y condiciones. 
Una de las empresas, la ICI, tiene un malísimo historial en la materia. 
En primer lugar, quiero repetir que siempre es muy desagradable que desaparezca una empresa que ofrece puestos de trabajo en una región. 
Por lo general, se tiende a buscar razones evidentes de porqué otra región se beneficia de la inversión. 
Sólo que ya he indicado en mi primera respuesta que condenar la política estructural supone sacar conclusiones demasiado rápidas. 
Considero que el enfoque del Consejo de Industria es mucho más equilibrado; concretamente, realizar una buena investigación sobre la base de la señal que ha indicado usted, la cuestión de si hay elementos perturbadores de la competencia y porqué han surgido, incluyendo la ayuda. 
Pienso que, si se elabora un buen informe, cuando veamos estas perturbaciones de la competencia, podrá procederse a una adaptación. 
De hecho, me pide usted que me anticipe a un debate que acaba de iniciarse y en el que intervienen la Comisión y el Consejo de Industria. 
Sobre la base de lo que ha dicho ya la Ministra, quisiera presentarle dos propuestas. 
En primer lugar, la principal razón de que las empresas se deslocalicen dentro de la Unión Europea no se debe sencillamente a los fondos estructurales o a otros incentivos, sino a que en la nueva localización el personal quizá trabaja más y con mayor eficacia, y quizá también a que en esos Estados miembros los impuestos son más bajos. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a la cuestión de utilizar fondos estructurales en la forma que se ha sugerido, ayer escuchamos lo que dijo la Comisión acerca de la supresión de las tiendas libres de impuestos; la Comisión dijo que permitiría las subvenciones estatales en favor de algunos sectores regionales de transporte, para conseguir que no estuvieran en una situación de desventaja. 
Ahora bien, en este Parlamento todos sabemos que cualquier tipo de subvención, sea con cargo a fondos estructurales o con cargo a fondos de subvención estatales, no puede durar indefinidamente en el próximo futuro. 
Quizá el Consejo debería releer de nuevo algunas de sus propias decisiones, particularmente por lo que se refiere a sectores como las tiendas libres de impuestos y otras decisiones análogas, a fin de evitar que esos sectores sean objeto de ataques de ese tipo. 
Pienso que, en efecto, su Señoría hace un comentario muy notable, que también apoya mi respuesta en primera instancia, según la cual, en efecto, es preciso proceder de forma mucho más analítica cuando se plantean estas cuestiones. 
Estoy de acuerdo en que el apoyo otorgado a las zonas atrasadas ha de considerarse como un catalizador para lograr una Europa en que ya no existan grandes atrasos estructurales. 
En este sentido, tiene razón que no hay que esperar que esta política dure eternamente. 
Espero que no. 
Espero que lleguemos a una situación en que exista una competencia sobre un level playing field. 
Su pregunta era en realidad: ¿puede evitarse que se solucione el desempleo en un lugar eliminando puestos de trabajo en otro? 
He señalado que no existe una política de ayudas desde Europa; perdóneme si he dado tal impresión, pero no era mi intención. 
El apoyo procede de los propios Estados hasta el límite permitido por el régimen de Bruselas. 
Si se va más lejos, puede hablarse de una ayuda estatal ilegal. 
De lo que hablamos ahora es del apoyo legítimo que se puede otorgar a diversas regiones. 
Se reflexiona una y otra vez sobre si hay razones para seguir concediéndolas apoyo. 
Para ello suelen aplicarse criterios estrictos, concretamente en el ámbito del empleo y de sus consecuencias para el retraso. 
Pienso que, aunque no hubiera un sistema de apoyo, el empleo seguiría deslocalizándose. 
Lo vemos en Europa, pero también lo vemos en mayor medida a escala global. 
Algunos contemplan el resultado inmediato después de una deslocalización y es deplorable, desde luego, para la región de que se trate. 
Por otro lado, vemos cómo en los Países Bajos, gracias a la globalización de nuestras empresas, también hemos alcanzado mucha prosperidad y empleo. 
En resumidas cuentas, no hay que relacionar inmediatamente la deslocalización del empleo con la política de apoyo. 
En segundo lugar, no hay que considerar los efectos de tal deslocalización únicamente en el marco europeo, sino a la luz de la globalización. 
Estoy de acuerdo con la representante del Consejo en que constantemente se producen deslocalizaciones; las empresas se trasladan y se están produciendo muchos cambios. 
Naturalmente, los efectos no se producen en cadena sino que las relocalizaciones de las empresas afectan en general al clima reinante en la vida empresarial. 
Me pregunto cómo se puede conseguir información sobre la medida en que se han concedido ayudas a la empresa en concreto. 
Uno de los objetivos principales de la UE es garantizar que la competencia se desarrolle en condiciones de igualdad. 
Si se demuestra con el informe que se realizará que las políticas estructurales actuales de la UE distorsionan la competencia, y se demuestra que precisamente esto es lo que ha sucedido en este caso, ¿Estamos dispuestos a realizar recortes dentro de las políticas estructurales y a tener menos ámbitos y menos fondos que gestionar, precisamente para frenar la distorsión y evitar que se consoliden los viejos problemas estructurales que tiene Europa? 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Carlsson cuando dice que hay que seguir el pulso en lo que respecta al efecto del apoyo prestado a las regiones que sufren un retraso que les impide participar suficientemente en lo que antes denominé la competencia sobre un level playing field. 
Lo que hay que tener en cuenta es en qué momento el apoyo es justificable, adecuado y está permitido, y en qué momento se logra, de hecho, un equilibrio y a partir de ahí hay que decir: ojo, que ahora va a aparecer un efecto perturbador. 
Esta es precisamente la razón, y hablo un poco desde la perspectiva de la Comisión, de que muy a menudo se evalúe la elección de zonas de forma muy estricta a partir de criterios entre los cuales, por supuesto, figuran el del desempleo y el de la estructura económica enrarecida. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 6, 7, 8 y 9 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 6 formulada por Tony Cunningham (H-0388/97): 
Asunto: La acción común de 1 de octubre de 1996 adoptada por el Consejo sobre la base del artículo J.3 del Tratado de la Unión Europea sobre minas antipersonal 
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo para llevar a la práctica la acción común de 1 de octubre de 1996? 
¿Qué se propone hacer el Consejo si se produjera una infracción de la acción común? 
Pregunta nº 7 formulada por Wilfried Telkämper (H-0399/97): 
Asunto: Minas 
¿Cuál es la posición del Consejo acerca de la sesión de negociación de Bruselas del Proceso de Ottawa? 
¿Está dispuesto a refrendar la declaración de Bruselas? Pregunta nº 8 formulada por Joan Colom i Naval (H-0432/97): 
Asunto: Prohibición de minas antipersonas en la UE 
En el llamado proceso de Ottawa participan 50 países con el objetivo de firmar un tratado que garantice la prohibición de minas antipersonas. 
¿Ha emprendido el Consejo algún tipo de iniciativa para unirse a este proceso? ¿Ha emprendido, o piensa emprender, el Consejo alguna acción a nivel de la Unión para lograr la prohibición de fabricación, exportación, importación o traslado de minas antipersonas? Pregunta nº. 
Asunto: Minas terrestres 
Tras la decisión del Gobierno inglés de prohibir las minas terrestres, ¿que se propone hacer el Consejo para obtener la prohibición total en Europa? 
¿Qué se propone hacer el Consejo además para lograr una posición común sobre una prohibición a escala mundial en Otawa en diciembre? 
Como quizás sepan sus Señorías, existe una acción común en relación con las minas antipersonas, aprobada el 1 de octubre de 1996 por el Consejo. 
Se compone de tres partes, que trataré una por una. 
La primera parte se centra en la eliminación total de todas las minas antipersonas y en trabajar activamente para lograr cuanto antes un acuerdo internacional. Este acuerdo deberá tener como resultado no sólo la eliminación, sino también la prohibición. 
La segunda parte de la estrategia se sustente en la idea de ampliar la moratoria vigente de la Unión Europa sobre exportación de minas antipersonas a todos los destinos. 
Desde la aprobación de la acción común, la Unión Europea ha trabajado enérgicamente en su puesta en práctica, y poco después, en la Conferencia de Ottawa, todos los Estados miembros tomaron la decisión, a la que se vincularon 50 países, de cooperar para suscribir cuanto antes un acuerdo internacional de prohibición de las minas antipersonas. 
Desde entonces, Austria y Alemania han organizado otras conferencias en el marco del proceso de Ottawa. 
La Conferencia de Bruselas, que está programada para finales de junio, es por ahora la reunión más importante de seguimiento de la Conferencia de Ottawa. 
La Unión Europea considera importante asistir a la misma, por cuanto que constituirá un hito importante en el desarrollo de las actividades surgidas a raíz de la declaración de la Conferencia de Ottawa, que la Unión Europa aplaude. 
Paralelamente a estos esfuerzos, la Unión Europea intenta lograr que la Conferencia de Desarme acepte un mandato para negociar en su propio marco sobre la pronta firma de un acuerdo internacional para prohibir a escala mundial el uso, almacenamiento, producción y traslado de las minas antipersonas; se trata de un paquete de medidas concluyente. 
Ahora diré algo sobre la contribución propia a la desactivación de minas a escala internacional. 
La Unión ha decidido recientemente asignar 3, 5 millones de ecus a la acción común para contribuir al fondo voluntario de desactivación de minas de las Naciones Unidas. 
Este importe se utilizará para financiar proyectos en Angola, Mozambique, Bosnia, Croacia, Somalia y Tayikistán, y además la acción común prevé la asignación de otros 3, 5 millones de ecus para atender las peticiones de una organización regional o la autoridad de un tercer país. 
Se ha acordado dedicar 2, 07 millones de ecus de este importe a la iniciativa regional relacionada con las minas de la comunidad en desarrollo del África meridional. 
En estos momentos se está estudiando la posibilidad de asignar 1, 3 millones de ecus. 
Por último, en lo que respecta a los Estados miembros en relación con la ejecución de la acción común, sus Señorías saben que en el artículo J 3 del Tratado de la Unión Europea se indica, entre otras cosas, que las acciones comunes serán vinculantes para los Estados miembros en la adopción de sus posiciones y en el desarrollo de su acción. 
En el mismo artículo se establece además que, en caso de que surjan dificultades importantes para aplicar una acción común, el Estado miembro deberá someterlo al Consejo, que deliberará al respecto y buscará las soluciones adecuadas. 
Hace aproximadamente una hora que nos estamos ocupando del Turno de preguntas y, durante esa hora, cuatro personas han perecido o han quedado mutiladas por una mina terrestre en alguna parte del mundo. 
Eso da una idea de la gravedad de la situación. 
Estamos hablando de remoción de minas, cuestión que es importantísima, y aprecio debidamente la labor que se ha estado llevando a cabo en esa esfera por lo que se refiere a la Unión Europea. 
Ahora bien, el año pasado se quitaron 100.000 minas y se pusieron dos millones de nuevas minas. 
No hace falta ser un genio matemático para llegar a la conclusión de que, a menos que instituyamos una prohibición mundial, este problema no se resolverá nunca. 
Dos conferencias sumamente importantes sobre el particular van a tener lugar en Bruselas y en Otawa. 
Esto nos ofrece una excelente oportunidad para hacer algo realmente positivo acerca de ese terrible problema. 
¿Qué va a hacer el Consejo para conseguir que los 15 países de la Unión Europea firmen una prohibición mundial en Otawa, y qué va a hacer para promover la idea no solamente en Europa sino en todo el resto del mundo? 
Me complace que su Señoría haya expuesto claramente lo terrible que es este problema y cuáles son sus consecuencias. 
Por esta razón he explicado muy ampliamente las distintas partes de la estrategia que adopta la Unión Europea. 
Pero quiero añadir que, paralelamente a los esfuerzos en el marco del proceso de Ottawa, la Unión Europea seguirá luchando para que la Conferencia de Desarme asuma un mandato de negociación para una prohibición total de las minas antipersonas, y sigue apoyando la rápida creación de un comité ad hoc de la CD con un mandato de negociación que sea compatible con su propia acción común. 
La Unión considera que los esfuerzos internacionales que se realizan a la luz de la Declaración de Ottawa y dentro de la Conferencia de Desarme son complementarios. 
La Unión seguirá buscando todas las vías posibles para progresar en dirección al pronto establecimiento de un acuerdo realmente concluyente. 
Tengo una pregunta adicional en relación con el presupuesto con diversas facetas: sabemos por los datos de la ONU que se necesitarán 4.000 años para retirar las minas sólo de Afganistán. 
En este punto, los medios financieros con que contamos no significan más que una gota de agua sobre una piedra al rojo. 
¿Van a ser aumentados estos recursos por el Consejo? 
Ustedes se han pronunciado en favor de una prohibición concreta, de una prohibición total, global. 
¿Cuándo se va a adelantar la UE, o existen recursos destinados a empresas que siguen produciendo aún, para que abandonen inmediatamente la producción? 
Luego leo en estos últimos días que Dasa Dornier, una empresa filial del gigante armamentista, fabricante de minas, Daimler Benz, se alegra en estos días de recibir, junto con el fabricante francés de armas, Tomson CSF, la adjudicación de la fuerte suma de 100 millones de ecus destinados a la investigación de nuevos sistemas de localización y radar. 
El argumento: que son adecuados para la detección de minas. 
Aquí hemos aprobado que quien produzca minas, y esto lo hace Daimler Benz, no recibirá dinero adicional para la limpieza de minas. 
¿Cómo puede explicarse esto el Consejo? 
¿Va a actuar en este punto para que estos recursos no se dilapiden así? 
Cuando se trata de cuestiones relacionadas con tanto sufrimiento humano, me resulta siempre muy difícil hablar de tratados. 
Y no obstante es la única manera de poner límites. 
¿Por qué es tan buena la estrategia elegida por la Unión Europea? 
Pienso que porque en realidad elimina algunas posibilidades. 
En primer lugar, podría decirse que hay que erradicar las minas antipersonas. 
Hay que ocuparse de que no se coloquen ni utilicen. 
Pero un complemento muy bueno, y es el segundo que veo, es que- y esto se puede controlar- nos centremos en el tráfico de estas minas. Esto significa que nos dedicamos no sólo a la importación, sino sobre todo a la exportación de este tipo de productos. 
En efecto, serán necesarios muchos esfuerzos para retirar las minas. 
En este sentido, pienso que no sólo es muy importante el dinero, sino también la tecnología y una buena organización. 
No conozco la situación que ha esbozado su Señoría. 
Sé que es extraordinariamente importante que utilicemos toda la pericia que tenemos en este ámbito en Europa y quizás también fuera de ella para desactivar cuanto antes las minas y no detenerse demasiado en los procedimientos en este ámbito. 
Hemos de ponernos manos a la obra. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, sería bueno que el Consejo se dirigiera a China con respecto a la producción de minas y al comercio internacional de minas. 
Ha dicho muy ufana, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, que la Unión Europea ha decidido aportar tres millones de ecus a esta campaña. 
No quisiera tener que recordar cuál fue la actitud del Consejo en el presupuesto 97 en esta materia, y quién fue- de la Unión Europea y de la autoridad presupuestaria de la Uniónquien puso esos tres millones. 
Espero que el Consejo se muestre más sensible este año para el presupuesto 98, al menos su colega de Hacienda. 
Quisiera preguntar, si, dado que estamos reduciendo los ejércitos europeos, no podría el Consejo tomar la decisión de enviar ingenieros zapadores de minas como instructores para desactivar minas en muchos de estos países. 
Es una de las peticiones constantes, por ejemplo, en Angola, donde falta personal capacitado para instruir las brigadas de desactivación de minas. 
¿No podría el Consejo adoptar una decisión conjunta para enviar este tipo de instructores? 
He de admitir sinceramente que no estoy familiarizada con los detalles de la sistemática de desactivación de las minas antipersonas. 
En mi respuesta me he limitado a señalar lo que podemos hacer desde el punto de vista administrativo, concretamente apoyar a las organizaciones que sí pueden hacerlo ofreciéndoles dinero y medidas complementarias. 
Espero que no me tome a mal que no pueda responder detalladamente a su pregunta. 
Por otra parte, en cuanto a su pregunta sobre China, es muy importante que reunamos a todos los países posibles en un acuerdo de este tipo, tal como hicimos con las armas químicas y también en otras cuestiones. 
Quiero empezar agradeciendo a la Ministra holandesa su respuesta. 
Celebro que también el Consejo esté de acuerdo en que es sumamente importante que este tema sea debatido en la reunión de Otawa. 
En vista de lo que se ha dicho, me gustaría formular la siguiente pregunta: ¿Hasta dónde ha llegado el Consejo para encajar este tema? 
Entiendo que está usted de acuerdo en que hay que encajarlo, por lo que me permito preguntarle: ¿hasta dónde han llegado las negociaciones para coordinar los puntos de vista a fin de llegar a una posición común en la reunión de Otawa? 
¿Opina usted, señora Ministra, que será posible llegar a un acuerdo sobre una posición común relativa a una prohibición en la importante reunión de Otawa? 
Brevemente y con asentimiento y placer por mi parte: todos los Estados miembros de la UE estarán presentes en la próxima Conferencia de Bruselas, y de ellos dos Estados miembros, Grecia y Finlandia, seguramente como observadores. 
Todos están de acuerdo con la coordinación de la UE en relación con el proceso de Ottawa. 
Permítame darle las gracias a la ministra por su entusiasta respuesta. 
El Sr. Cunningham y yo somos ponentes, no a favor, sino en contra de las minas antipersonas en lugar de minas antipersonal. 
Ha hablado usted con razón de la iniciativa de Ottawa, que continuará la semana que viene en Bruselas, y esperemos que a finales de año se logre la firma de un convenio, que quisiera calificar de entusiasta. 
¿Pretende el Consejo dejar claro que el verdadero teatro en que tendría que haberse celebrado la conferencia antinuclear son las Naciones Unidas, donde todavía hay una disputa entre la India y Estados Unidos sobre las armas nucleares? 
Espero que esto no se convierta luego en algo que se torpedee el Convenio de Ottawa a finales del presente año. 
Estoy plenamente de acuerdo con la conclusión de su Señoría. Yo tampoco lo espero. 
Pregunta nº 10 formulada por Arthur Newens (H-0392/97): 
Asunto: El régimen del plátano de la UE 
¿Tiene intención el Consejo de hacer una declaración sobre el futuro del régimen del plátano a la luz de los últimos acontecimientos? 
Como sabe el Sr. Newens, el panel de la OMC ha dictado recientemente una resolución negativa para la Comunidad en la disputa sobre la política europea en materia de importación de plátanos, es decir, en lo que respecta a la organización común de mercados al respecto. 
Conforme a los procedimientos vigentes, la Comunidad dispone de un plazo de sesenta días para fijar su punto de vista a partir de la fecha de divulgación del informe del panel a todos los miembros de la OMC. 
Usted sabe que, en primer lugar, es tarea de la Comisión averiguar cómo se pondrá en práctica el informe del panel y concretamente responder a la pregunta de si es conveniente recurrir. 
La Comisión ha anunciado que tiene intención de presentar un recurso contra las conclusiones del panel de la OMC. 
En cuanto la OMC haya tomado una decisión definitiva- para mayor claridad, señalo que esto todavía no ha sucedido -, el Consejo celebrará sin duda un debate, conforme a los procedimientos habituales, para establecer las consecuencias que deban sacarse de tal decisión definitiva. 
Además se considerarán, por supuesto, los elementos principales de la política de importación de plátanos, fijada en la OCM, y las obligaciones específicas de la Unión Europa frente a países que han firmado el Convenio de Lomé y naturalmente, por otro lado, frente a los Estados miembros de la OMC. 
En este contexto quiero recordar que la Comisión ya ha presentado propuestas al Consejo. 
En primer lugar, una propuesta del 8 de marzo de 1996, para la modificación de la organización común de mercados en el sector del plátano. 
En segundo lugar, una propuesta del 6 de abril de 1995 que, entre otras cosas, ofrece la posibilidad de transferir cantidades de plátanos tanto de la categoría tradicional como de la no tradicional entre los países ACP de la misma región geográfica. 
Lo cual significa- y ahora me dirijo a quienes no están familiarizados con esta jerga- que se puede modificar la cuota. 
En las instituciones del Consejo aún se están examinando estas propuestas, concretamente en espera de los resultados del procedimiento de la OMC. 
Doy gracias a la Presidenta en ejercicio por su respuesta y respaldo sin reservas la decisión de recurrir contra el dictamen de la OMC sobre el régimen del plátano, en vista de los efectos devastadores que dicho dictamen puede tener para las frágiles economías de los países del Caribe y de otras regiones, muchas de las cuales derivan más del 50 % de sus ingresos en concepto de divisas de la exportación de plátanos. En vista de lo antedicho, ¿hará la Presidenta en ejercicio todo lo que pueda por conseguir que defendamos con todas nuestras fuerzas esta cuestión? 
¿No es un hecho establecido que los verdaderos beneficiarios de la decisión de la Organización Mundial del Comercio, si entra en vigor, serían las compañías multinacionales norteamericanas, que controlan ya más del 90 % del comercio mundial de plátanos? Por lo tanto, ¿no tenemos la obligación, si queremos luchar contra la pobreza en el mundo, de defender con firmeza el acuerdo que hemos concertado con los países productores de plátanos? 
En primer lugar, por supuesto que Europa hará todo lo necesario para defender su política si surge una reclamación y hay discrepancias, ante el panel de la OMC. 
Cuando dice usted ir hasta el final, quiero hacer una observación sobre la ponderación de intereses que se realiza en un panel de la OMC. 
Hemos instituido el panel de la OMC precisamente en previsión de situaciones en que haya un conflicto de intereses, y no me refiero a intereses de los países grandes, sino sobre todo de los países pequeños- Honduras, Guatemala, México y Ecuador en este caso -, para ofrecerles un buen asidero que les permita actuar en caso de perturbación del mercado que les afecte, incluso contra los países grandes. 
A este respecto, considero muy importante que ahora tengamos un panel de la OMC. 
Pero ello no implica que, de pura satisfacción con la existencia del panel, no podamos utilizarlo para defender nuestras propias causas. 
Esta es la línea según la cual, me imagino, actuaremos. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, he oído su intervención, la he oído hablar de los países ACP- países de África, el Caribe y el Pacífico -, pero, en cambio, ni en su intervención ni en la del Sr. Newens les he oído hablar de la producción comunitaria de banano, que es bastante importante: 720.000 toneladas, producidas en Canarias, Madeira, Creta, etc. 
Y lo digo porque para estas regiones, que tienen escasísimos medios de defensa, la desaparición del plátano sería algo parecido a la desaparición de las vacas lecheras en Holanda. 
Yo creo que a los holandeses no les gustaría ver desaparecer las vacas y a estas regiones no les gustaría ver desaparecer el banano. Lo digo porque tiene un valor económico y social importante. 
En segundo lugar, la señora Presidenta sabe que el sistema de solución pacífica de conflictos de la Organización Mundial del Comercio no es un tribunal de justicia en el sentido estricto, sino que el procedimiento de solución aparece vinculado a ciertas negociaciones comerciales, y espero que el Consejo tenga en cuenta este aspecto de negociaciones o compensaciones a la hora de resolver la cuestión. 
Quiero presentar mis excusas por el hecho de haberme olvidado de los interesados evidentes en Europa y eso que hace muy poco he estado en España para tratar extensamente esta cuestión con mi colega. 
Pienso que hablamos de dos cosas distintas: el status del panel de la OMC y el cumplimiento de las decisiones de la OMC cuando hay perturbaciones del mercado, y la posición que adoptamos desde la Unión Europea, donde todavía ha de tomarse una decisión definitiva, para defender nuestros intereses a través de ese panel de la OMC. 
Por tanto, no me parece sensato decir que ponemos en tela de juicio el valor de este panel de la OMC. 
No es lo que yo opino. 
Opino que podemos defender muy bien nuestros intereses utilizando un instrumento tan bueno como éste. 
Por otro lado, no sólo desempeñará un papel en el sector de los plátanos, sino que asumirá un papel cada vez más destacado en el mundo para todo tipo de productos que en estos momentos aún están protegidos a la luz de los acuerdos suscritos en Marraquech sobre reducción de las subvenciones, cuotas y otras limitaciones, y de las negociaciones en curso sobre posibles nuevas reducciones de aranceles en todo tipo de ámbitos. 
Hemos de ser conscientes de que precisamente debido a la Organización Mundial del Comercio se producirán desplazamientos en el comercio mundial, pero por otro lado surgirán oportunidades en el mismo mercado. 
En relación específica con esta situación, les vuelvo a dar la respuesta formal de que tenemos la posibilidad de recurrir, algo que se está estudiando en estos momentos; defendemos nuestros intereses en el panel de la OMC, el cual es un instituto valioso también para nuestra causa, no sólo en manos de quienes ahora nos acusan, sino también en manos de la propia Unión Europea. 
No deja de sorprenderme la respuesta acerca de las demandas y la apelación de los servicios jurídicos de la Comisión, pues acabo de dar una entrevista al Servicio Mundial de la BBC en la que se me ha dicho que la apelación ha sido presentada hoy. 
O bien la BBC se equivoca, o bien las fuentes de información del Consejo no han funcionado lo debidamente bien en este caso. 
Me interesa mucho saber lo que nos dice la Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Me gustaría que nos dijera si estima que la opinión de la mayoría del Consejo, incluida la de su propio país- los Paises Bajos -, es que debemos continuar con el régimen del plátano y que debemos seguir apoyándolo. 
También me gustaría preguntar si estima que es apropiado que un país que no tiene nada que ver directamente con la industria del plátano esté en condiciones de formular una demanda de ese tipo y de conseguir un dictamen como el que han conseguido los Estados Unidos después de haber presentado sus demandas. 
Por último, quisiera también preguntar si estima usted que sería apropiado, ahora que aparentemente se ha aceptado la apelación, que los ACP presentaran otra apelación paralela y que la Unión Europea ofreciera financiación, recursos y apoyo para dichos países a fin de conseguir que puedan formular su apelación de la forma más eficaz que sea posible. 
En mi respuesta he indicado que la Comisión ya ha anunciado su intención de presentar un recurso. 
Puedo imaginarme que a raíz de ello se saque la conclusión de que se ha adoptado una decisión. 
Esto es lo único que sé de momento. Aunque ya es mucho. 
Por tanto, pienso que no hay tanta diferencia entre la conclusión de la Sra. Kinnock sobre la decisión y mi análisis. 
Ahora, la decisión en sí. 
En estos momentos- como ya he señalado- la tramitación del procedimiento de reclamación es asunto de la Comisión. Ello no quiere decir que no haya que tomar decisiones en algún momento, que no haya que examinar propuestas a través del Consejo. 
Usted me pregunta cuál es la posición de los Países Bajos como Estado miembro. 
Permítame no contestarle, pues no estoy aquí en calidad de representante de mi país. 
Intento sacar a la luz los intereses de Europa y hacerlo con cierta neutralidad. 
Dentro de la Organización Mundial del Comercio se ha regulado cuidadosamente el modo de presentar una reclamación y de volverla a presentar, y por tanto estos serán conjuntamente decisivos en la medida en que surja una nueva resolución sobre esta cuestión. 
Otra cosa es cuando habla usted de fondos, compensación y otras cosas por el estilo. 
Por supuesto, se trata de una cuestión que hemos de examinar por separado dentro de la Unión Europea. 
No es algo que en este momento forme parte del procedimiento de revisión del panel de la OMC. 
Pregunta nº 11 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0393/97): 
Asunto: Acuerdo de «cielos abiertos» en el transporte aéreo entre la UE y los EE.UU. 
¿Puede el Consejo informar, a la vista del trabajo desarrollado últimamente al respecto por los ministros de Transportes, sobre las posibilidades de llegar pronto a un acuerdo de «cielos abiertos» en transporte aéreo comercial entre la UE y los EE.UU.? 
La pregunta del Sr. Camisón Asensio trata de las negociaciones sobre un acuerdo de «cielos abiertos» entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
He aquí mi respuesta. 
El 17 de junio de 1996, el Consejo adoptó las directrices autorizando a la Comisión a enviar negociaciones en nombre de la CE en materia de transporte aéreo con Estados Unidos. 
La idea básica es el concepto de zona de transporte aéreo común entre la Comunidad Europea y Estados Unidos, y el acuerdo que se alcance ha de reemplazar al actual sistema de relaciones bilaterales entre los Estados miembros de la UE por separado y Estados Unidos. 
Desde 1995, Estados Unidos ha iniciado contactos con diferentes Estados miembros con miras a la firma de los llamados acuerdos open skies y algunos Estados miembros han firmado, en efecto, acuerdos de este tipo con Estados Unidos, mientras que otros continúan negociando. 
Sin embargo, el nuevo enfoque de la Comunidad implica la celebración de negociaciones estructuradas con Estados Unidos, que a su debido tiempo desemboquen en un acuerdo para instaurar una zona de transporte aéreo común. 
Por otra parte, quiero señalarles que estas negociaciones se desarrollan en diferentes fases. 
En la primera fase se examinará con Estados Unidos si es posible crear un conjunto de preceptos aplicables a las compañías aéreas de la Comunidad y de Estados Unidos, a fin de que éstas compitan en condiciones reglamentarias similares, los denominados soft rights. 
En caso de que se obtuvieran resultados sustanciales, se procedería a negociar en la segunda fase sobre la regulación de la zona de transporte aéreo común en su conjunto, lo que denominamos derechos de tráfico o hard rights. 
En el marco que acabo de esbozar, la Comunidad o, en este caso, la Comisión y Estados Unidos, mantuvieron conversaciones previas el pasado 30 y 31 de octubre en Washington y el 3 de abril en Bruselas. 
En el Consejo de Transportes del 17 de abril, la Comisión elaborará un informe sobre los resultados de las conversaciones mantenidas hasta hoy. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, nos tememos, después de oírla, que en este asunto se está yendo demasiado por las ramas en la negociación. 
Se están abordando aspectos secundarios y se está relegando el verdadero objetivo de la cuestión, que debe consistir en establecer los derechos de tráfico, iniciando, de una vez por todas, el acceso al mercado del otro, en beneficio del ciudadano y mutuo. 
Otra vez aparece aquí la imperiosa necesidad de unión que tiene nuestra Comunidad Europea- que usted ha esbozado y que yo le animo a seguir-. 
Porque es obvio que si los 15 Estados miembros unen sus esfuerzos, el acuerdo que se persigue será mejor y establecerá un perfecto equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Europea, sin ganadores ni perdedores. 
He aquí otra gran ocasión para que las instituciones europeas- y el Consejo, por supuesto- muestren su agilidad y eficacia. 
Porque tal acuerdo, que es urgente, ahora lo es más a la vista de la posible integración, que parece inminente, de American Airlines y British Airways, grupo al que al parecer se une Iberia, decisión que, ante los hechos, es perfectamente razonable y comprensible. 
¿Puede informarnos acerca de esta urgencia? 
En primer lugar: es necesario cierto dinamismo para lograr un buen resultado sobre la base de la inexistencia de vencedores ni vencidos. 
Le he indicado que con la idea de las dos fases se pretende en primera instancia conseguir una igualdad de oportunidades de competencia, a través de los llamados soft rights, y sólo después considerar una mayor regulación de la que surja de hecho un acuerdo de «cielos abiertos». 
Pero aquí hay implicadas muchas cuestiones, algo que ha señalado usted con razón. Una de ellas es, en efecto, la cuestión de la fusión de las compañías aéreas. 
Esta es precisamente una de las cuestiones referidas al primer tema la igualdad de oportunidades de competencia. 
Por tanto, es también un aspecto que se tratará sin duda en la primera etapa. 
Hablando de dinamismo: el 17 de junio de 1996 aprobamos las directivas de negociación, y acabo de indicar que en el Consejo de Transporte del 17 de junio se informará sobre los primeros resultados. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nos 12, 13 y 14 caducan. 
Pregunta nº 15 formulada por Sören Wibe (H-0406/97): 
Asunto: Seguimiento de las futuras elecciones en Albania 
En las últimas elecciones legislativas celebradas en Albania en mayo de 1996 se produjo un fraude electoral generalizado que favoreció decididamente al Partido Democrático en el poder. 
Los observadores internacionales formularon protestas, pero ello no ha dado lugar a ninguna medida diplomática contra el Gobierno de Albania por parte de los demás países europeos. 
Ahora nos encontramos ante un Gobierno autoritario que no sólo ha maniobrado para mantenerse en el poder sino que también está implicado en actos de corrupción y estafas que han dado lugar a una rebelión armada. 
Actualmente se están celebrando negociaciones entre los partidos políticos y los rebeldes. 
Existen divergencias en cuanto al sistema electoral y no se ha respetado el calendario de desarme de los rebeldes. 
El mandato futuro del Presidente Berisha también provoca fuertes reacciones. 
¿Puede repetirse esta situación? 
¿Van a reaccionar los Estados miembros de la UE y a exigir un nuevo escrutinio si las elecciones legislativas del mes de junio fueran objeto de irregularidades? 
¿Cuál será en el futuro el umbral de tolerancia respecto a nuevos fraudes electorales en Albania? 
He aquí mi respuesta a la pregunta del Sr. Wibe. 
El Consejo ha señalado repetidas veces que considera muy importante que en Albania se celebren elecciones libres y justas. 
Recientemente, el Consejo de Asuntos Generales de junio se mostró satisfecho con la decisión de Albania de celebrar elecciones el 29 de junio y ha hecho un llamamiento a todos los partidos para que participen plenamente en ellas y respeten sus resultados. 
Al mismo tiempo, el Consejo recalcó que la responsabilidad del futuro de este país radica en primer lugar en el pueblo albanés. 
No obstante, lo que hemos de hacer ahora es apoyar al Gobierno de Conciliación Nacional en la preparación de unas elecciones libres y justas en las que participen todos los partidos, a ser posible en la fecha acordada. 
La Unión Europea apoya plenamente los esfuerzos de la OSCE en este ámbito y también en el marco de la posición común adoptada el 2 de junio por el Consejo sobre la base del artículo J 2 del Tratado de la Unión Europea. 
En él, el Consejo pidió a la comunidad internacional que apoyara el proceso electoral, sobre todo aportando un número suficiente de observadores. 
La Unión Europea ha subrayado también su apoyo a la fuerza de protección multilateral que se ocupará dentro de su mandato de que las elecciones transcurran de forma pacífica. 
En caso de que el proceso de elecciones corra peligro debido a la política interna de poder en Albania, la Unión Europea y la comunidad internacional tendrían que reconsiderar sin duda su postura frente a Albania. 
Quiero subrayar cara al Consejo la importancia de que adoptemos un papel duro en esta cuestión. 
Hace exactamente un año, después de la celebración de los comicios en Albania, dirigí la misma pregunta a la Presidencia italiana en funciones. 
La respuesta fue que «no era necesario, que el país se encaminaba hacia un régimen democrático, etc». 
Ahora tenemos el testimonio de los hechos. 
Se ha producido casi una situación de guerra civil en el país. 
Ya tenemos indicios de que se empieza a engañar en proporciones claras. 
Por ejemplo, yo creo que el llamado «accidente automovilístico» que se dice que sufrió el presidente Berisha ha sido obra de sus propios hombres para atraer la atención mundial sobre su persona. 
Sólo quiero preguntarle al Consejo: ¿Pueden asegurarnos que vamos a adoptar unas sanciones rápidas contra el Gobierno si en esta ocasión se descubren los menores indicios de fraude electoral? 
Pienso que el Sr. Wibe nos advierte contra un excesivo optimismo y contra un optimismo demasiado fácil en lo que respecta al proceso. 
Por otro lado, por supuesto, es muy bueno que se celebren elecciones y que de este modo se reinstaure un equilibrio sobre cuya base pueda construirse algo. 
Así, en mi respuesta he expresado una opinión positiva pero cautelosa en la última frase- me atrevería a hablar de una red de seguridad para mi pesimismo -, lo cual nos señala usted como algo que hay que tener en cuenta. 
Por lo pronto, quiero dejarlo en la respuesta que he dado sobre el apoyo que sí puede concederse. 
Señor Presidente, en mi opinión, la pregunta por escrito no es una pregunta sino una historia de terror. 
Pero quisiera preguntar al Consejo con toda claridad lo siguiente. 
En primer lugar, ¿no opina también el Consejo que para la estabilización de Albania es necesario un equilibrio entre el Presidente Berisa, elegido de nuevo, y la oposición que existía hasta hoy y que ahora pertenece a la coalición de gobierno, cosa que celebro mucho? 
En segundo lugar: ¿cómo se quiere celebrar elecciones si no se desarma a las bandas que existen en el sur? 
En tercer lugar: ¿cómo restablecer allí a las autoridades democráticas locales? 
Existe el peligro de que los intereses económicos sólidos que figuran tras estas bandas tomen sencillamente de la calle el poder. 
Por consiguiente, es importante que se restablezca a las autoridades democráticas locales. 
Podría interpretarse como una pregunta, pero de hecho esboza usted la preocupación que siente por el desarrollo correcto del proceso electoral y todo lo que ello implica. 
De nuevo repito que comparto su preocupación; lo que he hecho es únicamente indicar de qué modo se pueden fijar algunas condiciones, desde la posición de la Unión Europea, en relación con otras instituciones, algunas condiciones esenciales para que todo pueda desarrollarse lo mejor posible, indicando que gran parte de la responsabilidad radica, en este sentido, en el propio pueblo de Albania. 
Por tanto, repito que tomo buena nota de lo que ha señalado usted, pero no obstante intentaría empezar con la línea que acabo de esbozar. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nos 16 a 31 se contestarán por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.19, se reanuda a las 21.00 horas) 
Relaciones China-Europa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0198/97) del Sr. McMillan-Scott, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0279- C4-0288/95) relativa a una política a largo plazo para las relaciones China-Europa. 
Señor Presidente, esta tarde vamos a discutir un documento preparado por la Comisión: una Comunicación relativa a una política a largo plazo para las relaciones China-Europa. 
El Parlamento Europeo se interesa mucho por China y a lo largo de los años ha adoptado muchas resoluciones que, casi todas, criticaban severamente a China por diversos motivos. 
Durante el tiempo que hemos consagrado a la preparación de este informe hemos tratado de establecer una nueva forma de colaboración con China, y en particular con el Congreso Popular Nacional, en un entorno caracterizado por una enorme expansión del comercio con la República Popular; todos nuestros Estado miembros participan estrechamente en el desarrollo económico que ha tenido lugar en China desde 1978, pero no podemos olvidar que China sigue siendo un Estado monopartidista- y desde algunos puntos de vista un régimen tiránico -, que aquí y en otros lugares ha sido criticado justamente por sus problemas en materia de derechos humanos. 
Sin embargo, el tema que hemos escogido para este informe no es el ya clásico «todo sigue igual en el negocio» sino «todo sigue igual en la política» , con lo que queremos destacar que, aunque acogemos con satisfacción el desarrollo del comercio, al mismo tiempo estamos procurando establecer alguna forma de diálogo político con los dirigentes políticos chinos. 
En ese espíritu dimos por vez primera a la delegación del Congreso Popular Nacional, que visitó Bruselas en abril, la oportunidad de discutir detalladamente el proyecto de informe. 
Me alegró sobremanera que estuvieran dispuestos a hacerlo: les envíamos una copia preliminar que examinaron detalladamente y, como es natural, formularon algunas fuertes críticas acerca de determinados aspectos. 
Es importante esforzarse por involucrar a los dirigentes chinos en alguna forma de diálogo, y por eso basamos el informe en los criterios de Maastricht, que son la democracia y el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, con la esperanza de que, con el tiempo, esas cuatro condiciones acaben por encontrar sitio en la vida china. 
La Comisión participa en la promoción de la democracia en China, mediante el programa de poblados democráticos. 
Como los Estados miembros, la Comisión procura promover el Estado de derecho, sin el cual los derechos humanos no obtendrán reconocimiento en ningún territorio. 
En cuanto a las libertades fundamentales- que constituyen el aspecto más básico de la vida política -, todavía no están reconocidas en territorios como el Tíbet, y de esta cuestión nos ocupamos en el informe con bastante detalle. 
Queremos instituir también un enfoque más cooperativo con China. 
Por ejemplo, una reunión en la cumbre entre la Unión Europea y China, que elevara las relaciones a un nivel más alto en vez de dejarlas confinadas al proceso de la Cumbre Asia-Europa (ASEM). 
Quisiéramos que un nuevo Tratado de comercio y cooperación reemplazase al de 1985 e incluyese la cláusula habitual referente a derechos humanos. 
Quisiéramos que los programas de la Unión Europea en China se ampliasen. 
En estos momentos no son muy importantes en términos monetarios ni tampoco en términos prácticos, y deberían corresponder mucho mejor a las dimensiones de China y a su potencial en la economía mundial e incluso en la política mundial. 
Quisiéramos que en China se abriera una oficina para los grupos comerciales europeos que deseen participar en el comercio con el país. 
He procurado indicar en mi informe que, por encima de todo, en China se registra un gran déficit, debido a que el denominado mercado interior no funciona; en realidad, nunca ha funcionado. 
La Comisión tiene mucho que ofrecer a China, aprovechando la experiencia que hemos adquirido con la creación del mercado único en Europa y la conversión de las economías de la antigua Unión Soviética en economías de mercado. 
No olvidamos la experiencia que hemos tenido con el funcionamiento de la PESC; por ejemplo, el fracaso de la Unión Europea en Ginebra el pasado mes de abril. 
No olvidamos tampoco la reanudación de las discusiones a nivel de la Troika con China, en materia de derechos humanos. 
Quisiéramos que a todo eso se añadiera un informe semestral, no solamente sobre derechos humanos, sino también sobre los aspectos económicos de nuestras relaciones, para tener en cuenta particularmente la actitud de China respecto de la adhesión a la OMC y a la OCDE. 
Todos estos son aspectos de que se trata en el informe. 
Es evidente que también nos ocupamos de la devolución de Hong Kong a la soberanía china. 
Decimos muy concretamente que repudiamos la legitimidad del Consejo Legislativo Provisional y que esperamos que China cumpla las promesas que nos ha dado a nosotros y a la comunidad internacional respecto de los derechos civiles y políticos de Hong Kong. 
Quedo muy agradecido por toda la ayuda que he recibido de académicos, hombres de negocios, colegas del Parlamento Europeo, la Comisión y el personal del Parlamento para la preparación de este informe. 
Señor Presidente, mientras debatimos en este Parlamento, también debate el Congreso americano. 
Deseo subrayar el carácter simbólico de esta coincidencia, ya que quizás la Conferencia de Presidentes de nuestro Parlamento no ha llegado a comprender perfectamente la importancia de esta estratégica puesta a punto de las relaciones entre la Unión Europea y China, que quizás sea el tema político, económico, que afecta al desarrollo y la estabilidad del mundo, más importante en estos momentos. 
No ha entendido por qué se está celebrando un debate, por decirlo así, en estas condiciones, mientras que, por el contrario, parece que en el Congreso de Estados Unidos éste es un tema que atrae a las masas. 
Esto significa que aún nos queda mucho camino por recorrer a fin de adquirir plena conciencia en nuestros partidos, en el Parlamento, así como en la Unión Europea, de la importancia de definir de forma eficaz y provechosa para la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo, una relación a largo plazo con China. 
Con este informe, hoy el Parlamento tiene la oportunidad de comenzar a indicar las pautas de una política orgánica, global y a largo plazo y no sólo ocasional y a menudo a través de justas denuncias que, sin embargo, no tienen en cuenta el alcance de la problemática que entraña la relación con un país tan grande. 
China es necesaria para la paz, la estabilidad y el crecimiento económico. 
La línea más acertada no es aislar a China, una tesis y una posición que serían, entre otras cosas, prácticamente imposibles de realizar, habida cuenta de las dimensiones y de las actuales relaciones internacionales de dicho país. 
La línea más acertada es la de dialogar y cooperar con lealtad y transparencia y llevar a este país a valorar gradualmente, en pro de su desarrollo, su crecimiento y su bienestar, su interés en cooperar, así como su interés, de cara a lograr todo esto, en respetar las reglas internacionales, unas reglas que atañen a los acuerdos, los tratados y que afectan a los derechos humanos, la solución de algunos grandes nudos que aún quedan por resolver, como por ejemplo Hong Kong, el Tibet y Taiwán. 
Adquirir un compromiso con China es la única solución posible. 
He observado que en el Congreso americano la Sra. Albright ha apoyado estas tesis que también son las nuestras, y ha mencionado asimismo cuatro campos- por falta de tiempo, no voy a citarlos todos- a través de los cuales China se está de alguna forma adentrando positiva y constructivamente en la problemática de la política internacional. 
El primero y muy importante, es el de haber respaldado la aprobación del Tratado de prohibición de ensayos nucleares, lo que es significativo. 
El segundo se refiere a la ayuda ofrecida para intentar controlar la inestabilidad de la península de Corea, el apoyo a las operaciones para mantener la paz en Camboya y en otros lugares, el inicio de un efectivo control de las exportaciones de tecnologías importantes o peligrosas, con vistas al ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. 
Y podría seguir adelante. 
Evidentemente, nos encontramos con la cuestión de los derechos humanos. 
Creo justo intentar definir una política transparente, abierta y leal con China, en la que se anuncia y se apoya una voluntad de cooperar. 
A esta última le siguen unos actos y no se silencian las diferencias; y no se silencian los problemas, porque creo que la intensificación de las relaciones y el desarrollo de la cooperación económica van a contribuir a cambiar la opinión de la clase dirigente de China y a impulsar unos cambios políticos que en parte ya están en curso. 
Considero, por lo tanto, que se trata de un informe importante, ya que, pese a que no agota nuestro esfuerzo, que como Parlamento acaba de comenzar, de cara a definir una política justa, de cualquier modo es un buen comienzo. 
Señor Presidente, Heine dijo una vez de Alemania lo siguiente: » Si de noche pienso- quiero modificarlo- en China, pierdo el sueño». 
Todos nosotros nos vemos privados de nuestra noche en este tema tan importante, pero este importante tema suscita también por sí mismo algunas preocupaciones. 
Y entre los temas de la política exterior y de la política comercial exterior, que ciertamente suscitan muchas discusiones en el Parlamento Europeo, hay temas relacionados con China, con el papel de China en el mundo y, sobre todo, temas relativos a las regiones que están vinculadas política o culturalmente a China. 
El Sr. McMillan-Scott nos ha presentado un amplio informe que trata muchos aspectos. 
Yo quiero limitarme aquí al aspecto de los derechos humanos que es el más crítico para nosotros. 
A este respecto, la actitud de la Unión Europea se va a convertir en un test, no sólo para la política común en relación con China, sino también para su actitud en las negociaciones futuras con otros países. 
Muchos países reaccionan de manera crítica cuando se les pregunta por la cuestión de los derechos humanos. 
Estos van a tomar como medida nuestra actitud con China. 
El Informe McMillan-Scott plantea exigencias en el ámbito de los derechos humanos que aclaran nuestros principios. 
No deberíamos caer en contradicciones precisamente en este ámbito tan sensible y debilitar así nuestras exigencias a otros países. 
Las relaciones económicas son también relaciones políticas. 
Todo el que oriente sus esperanzas a contribuir a la democratización de un país, apoya precisamente esta tesis, ahora bien, a la democracia pertenecen los derechos humanos. 
Las buenas relaciones con China son algo que deseamos, sobre todo, deseamos una apertura hacia las personas que habitan en China. 
China, por su parte, tiene delante determinados retos. 
La entrega de Hongkong mostrará hasta que punto respeta los compromisos derivados del Tratado de retrocesión, sentando así señales para la cooperación internacional. 
Nadie pone en duda que la reconvertir la estructura de un gigantesco imperio en un estado moderno implica muchos problemas, como los implica también un estado pluriétnico. 
Pero el Gobierno chino debería tener el arrojo de marchar, también en el ámbito del estado de Derecho, a la cabeza de los derechos humanos y de la democracia. 
Su cultura milenaria le puede proporcionar las fuerzas. 
Lo mismo vale para su actitud frente al Tibet y para el respeto a una cultura que igualmente es muy antigua. 
Lo mismo sea dicho respecto de una regulación pacífica de sus relaciones con Taiwan y aquí el cambio debería seguirse también realmente del intercambio comercial. 
Señor Presidente, he apreciado mucho el informe del Sr. McMillan-Scott, sin embargo, al igual que el Sr. Colajanni, considero que este Parlamento no demuestra ninguna seriedad cuando debate sobre un tema tan importante ante un hemiciclo casi vacío, en concomitancia con los partidos de fútbol y demás acontecimientos. 
Estoy de acuerdo con el Sr. McMillan-Scott en el hecho de que, por ejemplo, se lleve a cabo un acuerdo marco de cooperación económica y comercial, ya que estoy seguro de que los derechos humanos tienden a comprenderse y a protegerse mejor en las sociedades abiertas al libre cambio y a la libre circulación de los capitales, las personas y las ideas. 
Creo, no obstante, que la importancia de la cuestión de los derechos humanos no puede infravalorarse con respecto a lo que está sucediendo y sucede diariamente, esto es, prácticas ilegales, violación sistemática de los derechos humanos, creciente recurso a la pena de muerte a gran escala, incluso por pequeños delitos. 
Muchas personas son detenidas sólo por el hecho de expresar pacíficamente sus ideas políticas o religiosas. 
Pues bien, no podemos silenciar todo esto, porque de lo contrario nos parecería una traición a nosotros mismos, ni tampoco podemos silenciar el hecho de que con Hong Kong estamos ante una prueba concreta de las que son las buenas intenciones del Gobierno chino. 
Así y todo, no podemos dejar de vigilar el mantenimiento de las disposiciones en vigor relativas a la libertad de expresión, de prensa, de asociación y al derecho de manifestación. 
Sobre esto se basará la seriedad de un próximo y posible acuerdo marco con China. 
Señor Presidente, El Grupo de los Liberales se siente, en líneas generales, satisfecho con el informe elaborado por el Sr. McMillan-Scott, por lo que le felicitamos. 
En el informe se concede a las relaciones entre la UE y China una especial trascendencia y se abordan desde múltiples perspectivas. 
Consideramos positivo que las cuestiones relativas a los derechos humanos ocupen un lugar fundamental en el informe. 
A este respecto quiero hacer hincapié en que en estos asuntos debemos ser también consecuentes. 
Lo que exigimos a China debemos exigírselo también a los demás. 
En nombre del Grupo de los Liberales he presentado dos enmiendas al informe relacionadas con las cuestiones medioambientales. 
Tras votación se aprobó en comisión a propuesta de los Verdes un considerando en el que se señala que también los países occidentales y Europa deben reducir la utilización de recursos naturales y la contaminación. 
En mi opinión es importante que las cuestiones medioambientales se planteen también en un apartado del informe, en la parte de los apartados operativos. 
Mi primera propuesta tiene este objetivo. 
El contenido temático del apartado es el mismo que el del considerando aprobado. 
Además propongo una nueva redacción para el apartado 9. 
El texto que propongo establece una situación de igualdad para la UE y China y resulta más diplomático que la versión original. 
Espero conseguir para mis enmiendas un amplio apoyo de los diputados. 
Señor Presidente, el párrafo primero de la resolución relativa a la política a largo plazo de las relaciones entre China y Europa, señala, con razón, que dichas relaciones deberían basarse más bien en la cooperación y no en el enfrentamiento. 
Desgraciadamente, el conjunto de la resolución va a la inversa de este objetivo, injiriéndose de forma grosera en las opciones de política interior y exterior de China. 
El punto de partida de cualquier cooperación consiste en considerar al país socio como una nación soberana. 
No es eso lo que hace la resolución al exigir a China opciones de sociedad que sólo le pertenecen a ella, en particular, en cuestiones que afectan a su integridad territorial. 
Sin conceder nada de la concepción de los derechos humanos del Parlamento Europeo, hubiera sido posible, y creo que mucho más útil, abordar esta cuestión de forma que se contribuya a una evolución positiva de China en este ámbito, en lugar de formular exigencias para con ella que, además, no siempre se respetan en los Estados miembros o aliados de la Unión Europea. 
Cuando se va a dar un paso histórico con la devolución de Hong-Kong, en las condiciones de un reglamento negociado y positivo de este profundo contencioso, no hay una palabra en la resolución que salude esta transición suave, desgraciadamente, tan rara en el mundo actual. 
Por último, la presión reclamada a la Comisión en favor de la adhesión de Taiwan a las organizaciones internacionales y el proyecto de apertura de una oficina de información en Taipei, supone más un acto de provocación y de irresponsabilidad que unas relaciones normales y equilibradas con China. 
Pienso que todo esto no es razonable y no corresponde en modo alguno a una voluntad de relaciones basadas en la cooperación y el respeto mutuos, que solo ellas pueden ser benéficas tanto en el ámbito económico y social como en el de los derechos humanos, de la paz y la seguridad. 
Cuando muchas cosas han evolucionado en China desde 1995, aun cuando siga habiendo muchos problemas, es muy lamentable que la actualización de la comunicación de la Comisión, que data de 1995, se realice en un sentido tan negativo. 
Formularé el deseo de que las relaciones chinoeuropeas, que suponen un gran reto para el siglo XXI, se enfoquen en lo sucesivo con una óptica muy diferente. 
Señor Presidente, mi enhorabuena al Sr. McMillan-Scott por un informe excelente que no ha hecho sino mejorar con la casi totalidad de las enmiendas del Grupo de los Verdes que se aprobaron en la Comisión de A. Exteriores. 
Como Presidente de la Delegación para las relaciones con China, escucho a menudo y a raíz de mis contactos con los representantes del Gobierno de Pekín que llevamos a cabo una campaña personal y arbitraria contra China. 
Creo que el informe demuestra que estamos tratando de establecer los fundamentos para una cooperación constructiva, que tomamos nota de las mejoras pequeñas pero a la vez reales que se han ido produciendo en China, pero que simultáneamente y de un modo bien abierto y sin reservas presentamos las críticas fundadas y necesarias de las deficiencias profundamente graves del sistema chino en lo relativo a la democracia y al respeto de los derechos humanos. 
Hemos de seguir por este camino. 
Por eso es tan deplorable que a nivel gubernamental no haya sido posible unificar a nuestros países en las críticas. 
Es lamentable que ciertos países grandes, con Francia a la cabeza, hayan puesto el libre comercio por encima de la defensa de los derechos humanos. 
Este hecho debe criticarlo abiertamente el Parlamento. 
Señor Presidente, no somos muchos pero tenemos el gusto de tener al Comisario entre nosotros, lo que considero especialmente importante. 
No lo digo por la Sra. Moreau, pero pienso que cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de democracia y nuestro objetivo es también actuar de forma que no se imponga en el mundo un modelo de desarrollo sin democracia y un gran Singapur. 
Por lo tanto, nuestro trabajo, como Parlamento Europeo, es definir una política que permita llegar lo antes posible al establecimiento de la democracia en China. 
Ello nos permitirá asimismo azuzar al Comisario Brittan, pero esto no resuelve más que una parte del problema. 
Pienso que todos recordamos los graves acontecimientos que ocurrieron tanto por la definición de una política europea común en materia de política exterior, como en materia de respeto de los derechos humanos en China. 
Todos recordamos Ginebra y el desastre que allí sufrió la política de la Unión. 
Se ha producido sucesivamente el viaje a China del Presidente de la República francesa el Sr. Chirac, que nos prometió cambios que seguimos esperando y la semana pasada, el viaje del Presidente del Consejo italiano, el Sr. Prodi, quien nos dijo en múltiples ocasiones que sería muy firme y que pediría compromisos precisos por parte de China acerca de los derechos humanos. 
No hemos visto ningún resultado concreto de este viaje. 
Por lo tanto, deseo manifestar que lo que hacemos aquí es importante, pero pienso que, en los meses venideros, debemos ser muy duros con el Consejo que ha anunciado hace un momento que está redefiniendo su política sobre China. 
Si dicha política se redefine basándose en el informe McMillan-Scott, pienso que se trata de un primer paso en la buena dirección. 
Por el contrario, si la definición de esta política es la confirmación de la política escogida por los Sres. Chirac y Prodi, creo que vamos derechos al desastre. 
Señor Presidente, señor Comisario, deseo felicitar al Sr. McMillan-Scott por su informe que ha seguido unas pautas realistas y ha evitado el repetido error de un enfoque ideológico más que político en lo referente a China. 
En general, chocan entre sí dos excesos: por un lado, la cultura mercantil y, por el otro, la cultura radical. 
Lo que se necesita, por el contrario, es un enfoque más pragmático, como el de nuestro ponente, que tenga en cuenta tanto la historia y las condiciones objetivas diferentes de un país que cuenta con 1.200 millones de habitantes, como el peso de su tradición y de sus enormes contradicciones. 
Por consiguiente, hay que intentar entender y apoyar la posible transición confiando en la cultura del desarrollo y de la libertad. Este último es un camino más difícil, pero más seguro y, de cualquier modo, el único camino posible. 
En los próximos veinte años, será preciso rendir cuentas con China, que va a ser el mayor elemento de cambio y también de incertidumbre. 
En consecuencia, o el crecimiento fuertemente autárquico y nacionalista que va a representar un peligro para la región adyacente y para el mundo entero o un progresivo acercamiento al mercado y a la libertad. 
Mucho dependerá de nosotros. 
Por ello, es desacertado el choque frontal, que por la específica tradición china empuja al cierre, al igual que es desacertado intentar exportar lo peor de nuestra tradición, como por ejemplo el consumismo, la corrupción, la ley del más fuerte. 
Hay que centrarse en la cooperación económica, técnica, científica y cultural para ayudar a China en su esfuerzo. 
Hay que exportar la cultura de la libertad, la diversidad entendida como riqueza, la tolerancia, el pluralismo, los derechos humanos, la coexistencia pacífica y el respeto de las minorías. 
Si apostamos a la cooperación y al encanto de nuestro valores, no cabe duda de que con el tiempo conseguiremos una repercusión política. 
La política del Gobierno chino, de un país con dos sistemas, demostrará la superioridad del mercado, aunque, al mismo tiempo, la influencia cultural de los valores de la civilización occidental convencerá al pueblo chino de tomar el camino de la libertad. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Scott presenta puntos positivos. 
Son positivos la introducción y unos 30 o 40 apartados en los que se subrayan el peso, el enorme papel equilibrador y la importancia económica y de otros tipos que China tiene en la región del mundo donde se encuentra, con las consiguientes repercusiones generales. 
A partir de ahí, sin embargo, el informe contiene unos 20 apartados que invierten radicalmente todos estos puntos positivos, por mucho que diga que los apoya, expresando la opinión de que es necesaria una cooperación creativa entre la Unión Europea y ese país. 
El Sr. Scott considera que China ha perdido en alguna guerra y le dicta condiciones. 
En el apartado 18 describe con todo detalle qué tipo de constitución debe tener la China actual. 
Se convoca una asamblea constituyente del pueblo chino. 
¿No sé por orden de quién? 
¿Por orden del Dalai Lama, o de Dios? 
No lo sé. 
Segundo, menciona el Tibet/Dalai Lama. 
Sin embargo, el Tibet ha sido una parte inseparable de China desde siempre. 
Lo que sucede en Tibet es un asunto interno, igual que ha sido y sigue siendo asunto interno la reunificación de la Alemania oriental con la Alemania occidental. 
Tercero, menciona Hong Kong. 
Hong Kong ha cambiado de soberanía. 
¿Acaso no se ha dado usted cuenta, señor Scott? 
Se ha firmado un acuerdo entre dos Estados soberanos y Hong Kong se va a incorporar a China... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Quisiera felicitar al Sr. McMillan-Scott por su informe utilísimo y bien equilibrado sobre las relaciones con China. 
Estoy muy de acuerdo con el Sr. De Luca en que, cuando elaboremos nuestra política en relación con China, hemos de ser realistas y hemos de ser pragmáticos. 
Por lo que he visto hasta ahora no creo que haya un conflicto de objetivos, como algunos han sugerido. 
El Sr. Gahrton parece estimar que estamos dando preferencia al libre comercio respecto de los derechos humanos. 
No acabo de percibir ese conflicto porque estamos hablando de un país sumamente grande e importante, como muchos oradores han indicado en el debate. 
Tenemos que hacernos una pregunta de carácter práctico: ¿qué intereses tenemos, en lo que se refiere a China? 
Naturalmente, nuestros intereses son económicos, pero también nos interesa que China participe pacíficamente en la vida mundial y que sea un importante agente económico, que desarrolle una sociedad libre y que establezca el Estado de derecho y los derechos humanos en China. 
Ése es nuestro objetivo. 
Hay quien menciona la coherencia. 
Me parece que no podemos ser totalmente coherentes porque la forma de conseguir resultados en China será muy diferente de la forma de conseguir resultados en otros países, que son más pequeños y que quizá se hallen en diferentes fases de desarrollo. 
No tengo la menor duda de que la mejor forma de alcanzar esos objetivos comunes consiste en instituir los vínculos económicos y políticos más estrechos posibles con China, y coadyuvar a su desarrollo, particularmente en los sectores de interés especial, pero también es importante que seamos francos en nuestra manera de pensar acerca de los derechos humanos. 
Me parece que no hay ninguna contradicción entre esos objetivos. 
A la larga la forma más probable de mejorar la situación en materia de derechos humanos consiste en que China se desarrolle económicamente y en que animemos a China a que se desarrolle, no sólo en el plano interior, sino también respecto del mundo exterior, por ejemplo mediante la participación en la Organización Mundial del Comercio; no una participación sin significado como si se tratase de un club y quisiéramos costearles la cuota de ingreso, sino una participación sobre la base de la aceptación de las normas de la OMC, que por una parte requieren que China se abra al mundo exterior y establezca una economía más liberal, reconociendo sus dificultades y su fase de desarrollo, y por otra parte da acceso a China al resto del mundo. 
Si esto sucede la libertad económica se instaurará automáticamente en China. 
A largo plazo no cabe separar la libertad económica de la libertad política. 
El crecimiento de la libertad económica en China constituye la forma más segura de conseguir también a largo plazo la libertad política. 
Pero esto no quiere decir que nuestra postura haya de ser la siguiente: comerciemos con China, negociemos la participación de China en la OMC, y esperemos que todo eso desemboque un día en una sociedad más libre en China. 
No, eso tampoco es suficiente. 
Tenemos que trabajar activamente para ayudarles, tenemos que enviarles las señales y los mensajes apropiados, pero también hemos de darles la ayuda necesaria. 
Me alegra que el Sr. McMillan-Scott haya dicho que hay que ampliar el programa de cooperación. 
El Parlamento puede desempeñar una función importante para conseguirlo, pero hay que obrar de forma que ayude a desarrollar una sociedad civil y a estimular la democracia. 
Tenemos un programa que, como se ha dicho, promueve el apoyo a nivel de poblado para efectuar reformas en la buena dirección. 
El Sr. Väyrynen ha hablado de las cuestiones ambientales. 
También en ese sector tenemos mucho que ofrecer a China y a China le interesa recibir lo que podemos ofrecerle en términos de programas ambientales, capacitación de planificadores ambientales principales, apoyo a proyectos experimentales que incluyan transferencias de tecnologías, y ayuda para la gestión y planificación ambientales en China. 
Además del comercio y de la cooperación tenemos la cuestión de los derechos humanos. Esta cuestión ha revestido importancia central en la acepción más directa de la palabra, y no en la forma indirecta que he descrito, para nuestra política amplia y coherente con China. 
La Comisión nunca ha vacilado en manifestar pública y privadamente nuestras críticas por las deficiencias de China en materia de derechos humanos. 
Yo he hecho lo mismo en los círculos más importantes, mencionando casos particulares. 
Coincido con los que han dicho o insinuado que la incapacidad de la Unión Europea de formular una opinión común y enunciarla en Ginebra en la Comisión de Derechos Humanos, es un gran fracaso y un signo de gran debilidad. 
Espero muy sinceramente que la Conferencia Intergubernamental, reforzando nuestra capacidad de crear una política exterior, nos permita en el futuro, en esta cuestión y en otras, brindar al mundo exterior una imagen nuestra más convincente y defender nuestros intereses con mayor eficacia. 
No deberíamos dudar en hacerlo. 
Hong Kong es importante. 
Somos los testigos de un experimento sin precedentes, un experimento que consiste en crear un solo país con los dos sistemas de Hong Kong y de China bien imbricados. 
El Gobierno de China se ha comprometido a hacerlo y debemos observar y vigilar con cuidado, con interés y con preocupación para ver si cumple ese compromiso sin precedentes que ha asumido. 
Se trata de un interés común europeo, no solamente a causa de nuestros intereses económicos en Hong Kong, sino también porque el propio Hong Kong puede dar un ejemplo, no como base de subversión, sino como ejemplo que puede persuadir a la población de otras zonas de China y de toda la región de que la ruta de la libertad económica y la libertad política es el camino más apropiado para progresar, no solamente en Europa occidental o en países que tienen una tradición común, sino también en otras partes del mundo que poseen antecedentes diferentes pero en los cuales los valores humanos tienen que acabar por prevalecer. 
Recomiendo el informe y estimo que la política que estamos siguiendo en el caso de China es una política amplia y pragmática, que reconoce la importancia del comercio y del desarrollo económico tanto por su propio valor como por su calidad de punto de partida para la creación de una sociedad más liberal en China, todo ello reforzado con programas de cooperación encaminados en la misma dirección y con una firme expresión de nuestros pareceres cuando los derechos humanos sufran violaciones en China o en cualquier otra parte del mundo. 
Muchas gracias, Sir Leon. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0196/97) del Sr. Burenstam Linder, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión (SEC (96) 0608- C4-0362/96) relativa a la Iniciativa Báltica. 
Señor Presidente, la iniciativa para la región del mar Báltico adoptada por la Comisión cara a la Cumbre sobre el Báltico que se celebró en Visby fue importante. 
Hay que trabajar para crear unas relaciones más estrechas entre la UE y los Estados de la Europa central y del Este situados alredededor de este mar. 
La región báltica constituye actualmente una plataforma única para el diálogo político y la coordinación de las acciones en favor de la democracia que se están llevando a cabo en Europa. La región es también importante desde el punto de vista de la seguridad. 
Los Estados bálticos son, en base a su situación geográfica e histórica, a la ocupación rusa y sus fronteras con este país, una zona propensa a posibles conflictos, algo que a su vez repercutiría sobre toda Europa. 
Debemos eliminar este riesgo. Esto debe conseguirse sobre todo haciendo que estos países queden encuadrados en la cooperación internacional. 
También es importante el papel de Rusia. 
Rusia debe integrarse profundamente en la cooperación alrededor del Báltico. 
Hay que utilizar del mejor modo posible los actuales instrumentos de cooperación con objeto de reforzar la democracia, la estabilidad política y el desarrollo económico en esta región. 
La UE es una organización vital para la cooperación. 
La inminente ampliación es de gran importancia para toda la región del mar Báltico, y en definitiva, para toda Europa. 
No hay que dejar pasar esta ocasión única de unificar Europa en el plano social, cultural y económico. 
Todos los países solicitantes deben tener las mismas oportunidades para cualificarse. 
No hay que descartar a nadie de antemano de los debates, sino que todos tienen que partir de la misma línea de salida. 
En este sentido es también importante considerar a los Estados bálticos como tres Estados independientes y tratarlos como tales. 
Por último: la ampliación de la UE en dirección a una Europa pacífica y unida debe mantenerse separada de la ampliación de la alianza militar para la defensa de la OTAN. 
La cooperación internacional debe basarse en unas señales de caracter pacífico y no seguir existiendo a la sombra de la guerra fría. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente. 
El informe aborda la cooperación en la región báltica de manera muy amplia. 
En la cooperación económica y en materia de seguridad de la región báltica debe hacerse hincapié en la diversidad de ámbitos relacionados con la seguridad de la región. 
La situación política, económica y social de los Estados de la región varía ya que entre ellos se cuentan Estados miembros de la UE, futuros Estados miembros y, a la vez, esta región es también una región fronteriza de la UE. Sólo se podrá incrementar la estabilidad y la seguridad mediante redes de cooperación, en las que la participación de los ciudadanos será imprescindible. 
El proceso de ampliación de la UE sólo ha recibido unos cimientos verdaderamente democráticos cuando las personas corrientes, y no sólo los Estados, sienten que viajan en el mismo barco que el resto de los europeos. 
La cooperación en la región báltica abarca tanto el proceso de integración y las necesidades regionales generales, como la dimensión septentrional. 
La política septentrional debe ser también parte de la estrategia Báltica, porque la política báltica contiene más elementos favorecedores de los efectos multiplicadores y de la cohesión que la denominada política septentrional. 
No obstante, esto requiere su interiorización, que la región báltica englobe a los Estados de la región con sus particularidades junto con la dimensión septentrional. 
Las enmiendas formuladas por el Sr. Väyrynen se dirigen en sí hacia la cuestión correcta, pero la enfocan desde la perspectiva contraria. 
Es fácil sumarse a los principios del programa de acción de Kalmar, entre los que figuran la participación de los ciudadanos, el desarrollo sostenible y la cooperación medioambiental en la región. 
Se echa de menos un mayor compromiso. 
La zona de los Estados bálticos muestra posibilidades y amenazas como, por ejemplo, en el ámbito de la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. 
Es importante que la reunión del Consejo del Mar Báltico que tendrá lugar este mes realice también unas estimaciones sobre la ejecución del programa. 
La propia cooperación y la inversión en la región revisten una importancia fundamental. La Unión no es más que un agente en la misma. 
En lo que respecta a la ratificación de la Acuerdo Europeo por parte de los Estados miembros, están los denominados dos caracoles, Bélgica y Francia. 
A la hora de evaluar a los países candidatos, la Comisión debe ser consciente de que en las disputas fronterizas entre Estonia y Rusia, la pelota está en el tejado de Rusia. 
La Comisión debería asimismo decidir cuanto antes si ponen en práctica las exigencias del Parlamento sobre el inicio simultáneo de las negociaciones con los países candidatos, ya que el reloj avanza ya hacia el mes de julio. 
Señor Presidente, del mismo modo en que la adhesión a la Unión Europea ha significado un aumento de la seguridad para Suecia y Finlandia, aumentará también la seguridad para nuestros vecinos del mar Báltico, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia el día en que entren a formar parte de la UE. 
Con ello no sólo se incrementará su seguridad, sino la de toda Europa, lo cual hace que resulte muy conveniente para nosotros que estos países se conviertan en miembros lo antes posible. 
Por eso es también importante que no establezcamos ningún otro sistema para los países que solicitan la adhesión, y que cumplan con los requisitos, las condiciones para la entrada. 
Sólo esto debe contar. 
Es importante para la seguridad de Europa que les recibamos con los brazos abiertos. 
El Acuerdo Europeo constituye una parte central de este proceso y un gran paso en el camino hacia la adhesión. 
Por eso es incomprensible que una serie de países- por pura desidia, por lo que yo sé- no hayan ratificado aún los Acuerdos europeos que existen con los Estados bálticos. 
Me permito resaltar que para nosotros es un requisito irrenunciable que los países que solicitan ser miembros- también los del Báltico, como es el caso ahoracumplan con los requisitos en torno al respeto de los derechos humanos. 
Podemos ayudarles para que lo hagan, pero también es central que verdaderamente les exijamos algo, como todo lo establecido por la Comisión, inclusive la exigencia de que se elimine la pena de muerte. 
Finalmente, le doy las gracias al Sr. Burenstam Linder por un informe excelente. Se trata de un informe de gran calidad, en la misma línea del que su predecesora del Partido de la Coalición de Partidos Moderados, Margaretha af Ugglas, presentó al Parlamento sobre el mismo tema. 
Señor Presidente, de cara al desafío lanzado a la UE de hacer una eficaz contribución al desarrollo y a la estabilidad del espacio báltico y superar, de una vez por todas, las relaciones fronterizas en el continente europeo, el documento de la Comisión es un certificado de pobreza y la calificación de iniciativa es más bien un penoso paso en falso. 
En un espacio en el que existen desde hace siglos relaciones regionales y locales es preciso que tras la superación del telón de acero se supere también el telón de plata intensificando los esfuerzos encaminados a eliminar las diferencias en el nivel de vida y a fortalecer las reformas democráticas, en vez de crear nuevas fronteras mediante el acuerdo de Schengen. 
Para ello es preciso añadir al pacto de estabilidad aprobado en 1993 un segundo pacto que por medio de un programa, adaptado a la nueva situación, convierta el espacio báltico en un modelo para la estabilidad, la democracia y el desarme y dé así una respuesta eficaz a la necesidad de seguridad de los países de la Europa central y oriental, en especial de aquellos países pequeños como son los Estados bálticos. 
Hagamos retroceder los relojes hasta diciembre de 1995. 
El Consejo Europeo se encuentra reunido en Madrid y decide que los preparativos para la ampliación de la UE se ajustarán a un procedimiento que garantice a los países candidatos a la adhesión un trato en plano de igualdad. 
Apoyaba esta actitud y lo sigo haciendo ahora. 
Es muy importante para la estabilidad de los países candidatos que no se publiquen ahora los nombres de aquéllos que han alcanzado un nivel más elevado y que, por lo tanto, son más aptos para entrar en la UE. 
Inicialmente, el ponente previó en su propuesta de informe una estrategia de adhesión que no era ni justa ni ponderada. 
Afortunadamente, la diputada sueca, Sra. Theorin, cuidó de que quedase claro en el informe definitivo que no se podrá determinar qué países cumplen mejor las condiciones para la adhesión hasta que todos los candidatos se encuentren alineados en la línea de salida y hayan comenzado las negociaciones de adhesión. 
La cooperación en la región del Mar Báltico podría reforzarse a través de un programa báltico específico. 
El Consejo de los Estados del Mar Báltico podría ser el centro de esta cooperación y participar además en el proceso político como socio responsable. 
Podría ser ventajoso unir todas las buenas iniciativas incluidas en las directrices presupuestarias existentes en un programa báltico específico. 
Las tareas de política económica que esperan solución son obvias. 
Conciernen a la energía, el transporte y el medio ambiente. 
El desarrollo de un modelo de comercio es igualmente importante. 
Finalmente, quiero decirles que me parece muy importante que, en el caso de que uno o varios Estados bálticos cumplan las condiciones para la adhesión una vez iniciadas las negociaciones y se califiquen así para la adhesión, los motivos históricos o el egoísmo estratégico entre los Estados miembros actuales de la UE no deberán obstaculizar la adhesión. 
Señor Presidente, también yo quiero sumarme a las felicitaciones al Sr. Burenstam Linder. 
Ha logrado producir una síntesis de análisis claros y de amplias visiones, visiones que pueden tornarse realidad, si se aprovechan de manera consecuente las oportunidades y se minimizan los riesgos. 
A tal respecto, tampoco se descuidan los próximos pasos necesarios y a uno de estos próximos pasos necesarios quiero referirme también enérgicamente. 
En el párrafo 1 exige el ponente que se impulse la plena ratificación del Acuerdo-Europa con Estonia, Letonia y Lituania. 
Cuando votemos mañana este informe, estos acuerdos tendrán exactamente dos años. 
La firma tuvo lugar ya el 12 de junio de 1995. 
Por esta razón, la exigencia del ponente está más que justificada y redunda también en interés del Parlamento Europeo. 
En efecto, después de la ratificación por todos los Estados miembros y por el Consejo las actuales delegaciones podrán constituirse como comités parlamentarios conjuntos y éste no es un acto formal, sino que asegura la participación vinculante en el diálogo estructurado. 
Asegura la participación del Parlamento Europeo y de los respectivos Parlamentos de los países en la configuración de los tratados, en la fijación de los acentos y de las prioridades políticos y en el control. 
Con ello nos aseguramos el influjo sobre los complicados procesos de adaptación que han de llevarse a cabo en los estados que aspiran a la adhesión y también en la Unión. 
Precisamente en la región báltica es necesaria tanto una cooperación más estrecha como también una rápida admisión de nuevos Estados miembros. 
Efectivamente, precisamente aquí tenemos también la oportunidad de implicar fuertemente a Rusia en el futuro en una cooperación regional y de contribuir así de manera esencial a la estabilidad. 
Señor Presidente, el Sr. Burenstam Linder ha elaborado un buen informe sobre la cooperación en la región báltica, por el que le felicito. 
He presentado en nombre del Grupo de los Liberales dos enmiendas que lo completan, relativas a la cooperación en la región de Barents y que se basan en el informe del Sr. Tindemans aprobado en mayo. 
Como se señala en el informe del Sr. Tindemans, las regiones de cooperación del Mar Báltico y de Barents se superponen en parte. 
Además, todos los países miembros del Consejo del Mar de Barents lo son también del Consejo de Estados del Mar Báltico, y, a su vez, la Comisión forma parte igualmente de ambos. 
Según el informe del Sr. Tindemans, la Unión debería contar con una política global para las regiones septentrionales, uno de cuyos elementos, la cooperación en la región de Barents, debería desarrollarse. 
Mis propuestas tienen como objetivo que en la Unión se defina cuál es el lugar de la cooperación en la región de Barents dentro de la política para las regiones septentrionales de la Unión y cuál es su relación con la cooperación en la región báltica. 
Espero que se aprueben mis propuestas. 
Muchas gracias, señor Leon. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Igualdad de retribución para hombres y mujeres 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0143/97) de la Sra. González Alvarez, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (96) 0336- C4-0460/96) relativa a un Código práctico sobre la aplicación de la igualdad de retribución para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. 
Ponente para opinión (): Sra. Colombo Svevo, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer (Procedimiento «Hughes») 
Señor Presidente, creo que debemos empezar por agradecer a la ponente para opinión, Maria Paola Colombo, su trabajo en este tema, que es complementario del que realizamos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y expresar también nuestro agradecimiento a las personas que, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales- Waddington, Wolf y Schörling- presentaron enmiendas. 
Enmiendas que no hicieron más que enriquecer ese informe y que, sencillamente, me han parecido muy importantes. 
Una de ellas se refería a la incidencia del recorte del gasto público en aspectos tales como la sanidad, la educación y otros, en los que el índice de empleo de la mujer es muy alto, y cómo esos recortes del gasto público pueden ir en detrimento del trabajo de las mujeres. 
En algunas de las enmiendas se prevé que las medidas del Código vayan dirigidas no a un grupo sino a todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, sobre todo a las trabajadoras, que en muchas ocasiones tienen contratos de los llamados «basura» , tiempo parcial, etc. También es importante la propuesta de Susan Waddington de hacer un análisis de la incidencia del Código en este aspecto, dentro de tres años, y ver si no es mucho más efectivo convertirlo en un instrumento jurídico. 
El Código prevé, en síntesis, que los destinatarios sean los agentes sociales, los gobiernos y las asociaciones. 
También prevé el análisis de las estructuras salariales y la evaluación de los puestos de trabajo y, como paso previo, la recopilación de información suficiente sobre los sistemas retributivos- que son diferentes en los distintos países- y el estudio de los procesos de negociación colectiva, para determinar dónde hay que intervenir y evitar la discriminación salarial. 
Después de 20 años de aplicación de la Directiva del año 75, se puede constatar- lo constata la ponente para opinión Colombo Svevo, pero también las estadísticas de la propia Unión Europea- que existe entre un 20 y un 30 % de diferencia salarial entre hombres y mujeres para trabajos de igual valor. 
Según otra estadística, sólo en un 20 % de los convenios se tratan los temas que afectan a la desigualdad entre hombres y mujeres. 
Por lo tanto, nos falta mucho camino por andar. 
Yo tengo que decir que soy un poco escéptica con respecto a los acuerdos voluntarios, porque si no somos capaces de respetar la legislación que es de obligado cumplimiento, no sé si seremos capaces de cumplir acuerdos voluntarios, como es el Código entre los empresarios y los diferentes agentes sociales. 
Sin embargo, puesto que la diferencia salarial sigue existiendo y la legislación no ha sido capaz de superarla, a mí me parece que cualquier medida que podamos adoptar, puede ser útil. 
Una fórmula para que sea útil puede consistir, en primer lugar, en fomentar la formación y la información de las mujeres para que puedan acceder a las negociaciones colectivas. En segundo lugar, fomentar la presencia de las mujeres en los comités de empresa. 
Porque hay hombres que discuten y defienden los derechos de las mujeres, pero, en general, son las mujeres las que deben defender los derechos de las propias mujeres. 
La actual precariedad del empleo- se decía en una de las enmiendas- y el recorte del gasto público no favorecen la situación. 
Nosotros creemos que el sector público daría, probablemente, un buen ejemplo a la iniciativa privada si adoptara medidas para ir reduciendo las desigualdades salariales. 
Creemos que es necesaria la transparencia, no sólo en la evaluación de los puestos de trabajo, sino también en la negociación colectiva. 
Es necesaria la sensibilización e información de los interlocutores sociales, la difusión del Código, no sólo entre las grandes empresas, no sólo entre los interlocutores sociales, no sólo entre los gobiernos, sino, sobre todo, entre las PYME, que crean más del 85 % del empleo de la Unión Europea. 
Yo añadiría también la difusión entre las asociaciones de mujeres. 
En lo que nos compete a las ponentes, intentaremos hacer llegar este código a todas las asociaciones de mujeres para que lo utilicen como un instrumento de defensa de sus derechos. 
También debería considerarse la ampliación del artículo 119, ahora que estamos en este vaivén de la Conferencia Intergubernamental. Con la ampliación de ese artículo quedaría consagrada en el nuevo Tratado la igualdad de salario para un trabajo de igual valor. 
Señor Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer ha mostrado un evidente interés con respecto a este informe y desea dar las gracias a la ponente por haber acogido la mayor parte de las enmiendas que le fueron propuestas. 
Nuestro interés es evidente, habida cuenta de que, como sus Señorías saben, esta igualdad representa en cierto modo el origen de cualesquiera otras igualdades, y es sobre esta igualdad que hemos construido todas las demás. 
Por consiguiente, resulta paradójico que, mientras este artículo sirvió para construir una igualdad más amplia en otros campos y derechos tanto sociales como políticos, esta paridad no logre encontrar una correcta aplicación en nuestros Estados. 
Todavía hace pocas fechas en una conferencia promovida por los sindicatos, se confirmó que en Europa las mujeres ganan por término medio aproximadamente un 20 % menos que los hombres, y los promedios, como es sabido, encubren muy púdicamente desigualdades que en la realidad son mucho más graves. 
En este momento sobre todo, debido al trabajo atípico, se agravan las diferencias salariales incluso en esos Estados que antes no presentaban grandes discriminaciones. 
Ante la persistencia de estas condiciones de desigualdad, no obstante la existencia de leyes sobre la igualdad formal, la Comisión de Derechos de la Mujer es consciente de que, pese a que el Código es, sin duda, un instrumento débil, no obstante es un instrumento que puede revelarse fuerte para descubrir esos mecanismos en los que se anidan las discriminaciones y, en consecuencia, para ayudar a identificar unos sistemas que en un futuro puedan ser más vinculantes. 
Hoy es preciso descubrir dichos mecanismos ocultos, esto es, cómo se evalúa un trabajo, cómo nacen y cómo se utilizan los sistemas de evaluación, cómo se construye un sistema de retribución, ya que esta discriminación, por ejemplo, existe también en los convenios colectivos. 
El segundo punto: el Código debe leerse en el marco del Memorándum. 
Es una de sus partes, no lo es todo y no es sustitutivo, sin embargo, este Código, que nosotros consideramos mejorable, no es superficial, posee un carácter incisivo, porque conlleva el análisis del sistema retributivo, un análisis que incluye la recogida de informaciones útiles para evaluar dichas informaciones, así como identifica las causas de las posibles discriminaciones; hace seguir al análisis también acciones correctoras contra la discriminación retributiva y, por último, prevé también una evaluación de la aplicación de estas acciones. 
El tercer punto que ha resaltado la comisión es que el código posee una lógica interna y, por consiguiente, debe interpretarse según esta lógica. 
La comisión considera que este mecanismo puede ponerse en marcha y producir resultados positivos sólo si existe un requisito previo fundamental, o sea, la transparencia, sin la cual no se puede hacer nada y, en segundo lugar, si existe una difusión minuciosa de la información, esto es, campañas de sensibilización, con la formación de expertos en este sector y, ante todo, con un intercambio de buenas prácticas, a las que hay que hacer seguir una evaluación para conocer los resultados, a fin de tranquilizar a las que entre nosotras se muestran algo escéptica en cuanto a que ésta no es una iniciativa decisiva, sino útil si, como es obvio, nadie hace trampas. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe que tenemos ante nosotros se refiere a una propuesta de la Comisión relativa a un código práctico sobre la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres en un trabajo de igual valor. 
Es un buen informe. 
Comparto con muchos colegas la apreciación sobre el informe y sobre el código práctico. 
Las leyes sobre la equiparación del hombre y de la mujer en materia salarial no nos han hecho avanzar un paso en los últimos años. 
La única alusión a la equiparación que se encuentra en el Tratado de la Unión Europea es el artículo 119, el cual se concentra de forma precisa sólo en cuestiones salariales. 
A las mujeres que de forma demostrable están infrarremuneradas en todos los países miembros este artículo no ha proporcionado nada, salvo una pequeña esperanza. 
Las mujeres no quieren ser privilegiadas. 
Quieren estrictamente en un trabajo de igual valor el mismo salario que sus colegas masculinos de trabajo. 
Esto no puede ser pedir demasiado. 
Los parágrafos y los discursos solemnes no han servido de ayuda, tampoco las demandas ante el Tribunal de Justicia. 
Por consiguiente, debe elaborarse algo a lo que puedan atenerse los patronos y las trabajadoras, nada de apariencias, nada de nuevas declaraciones solemnes, sino una auténtica directiva. 
El código práctico puede ahora actuar sobre estas lagunas y contribuir a una mejora esencial del principio de retribución salarial. 
Será un instrumentario práctico para los interlocutores sociales, en el que la clasificación y valoración del puesto de trabajo con independencia del sexo ha de ocupar el lugar central, sin que haya interpretaciones erróneas en lo que respecta al contenido del trabajo y al rendimiento laboral. 
Desde el principio dependemos en gran medida de una buena cooperación de los interlocutores sociales, sin cuya activa intervención también está condenado el código práctico sobre la equiparación salarial. 
Por esta razón siento malestar en algunos puntos del informe. 
Cuando se plantea que se quiere marcar la dirección dentro de las concertaciones salariales y de sus resultados y se amenaza con sanciones si no se satisfacen las disposiciones jurídicas necesarias, hay que decir que debe haber control pero nosotros deberíamos guardar una forma respetuosa de comunicación. 
También considero realmente absurdo otro punto. 
Es necesario hacer comparaciones actuales del nivel salarial. 
Sin embargo, esto puede hacerse solamente dentro de un sector. 
Las comparaciones que sobrepasen los límites de un sector- como se exige en el informe- carecen totalmente de realismo. 
No se puede comparar un puesto de trabajo en una mina de carbón con un puesto de trabajo en la Secretaría o con una tarea de cuidar a alguien. 
Ahí no tiene ninguna importancia que sea en la misma empresa o en empresas diferentes. 
Lo realmente decisivo es el puesto de trabajo en sí, tal como se dice también en el texto. 
Tan sólo cabe comparar una cocinera con un cocinero y no establecer comparaciones sin orden ni concierto. 
Espero que tengamos muchos aliados favorables al código práctico, de suerte que para las mujeres en este caso la esperanza se convierta en equiparación, aunque sólo sea en cuestiones salariales. 
Señor Presidente, la política de equiparación debe llevarse a todos los planos políticos, en los Parlamentos nacionales y a nivel europeo. 
Una de las cuestiones más importantes de la equiparación gira en torno a la igualdad de retribución por igual trabajo. 
Esto debería ser evidente en las cercanías del año 2000, pero no lo es. 
El Código que propone la Comisión y el informe elaborado por la Sra. González Alvarez constituyen un importante paso adelante con miras a la realización de la equiparación de salarios. 
El desempleo afecta a las mujeres de un modo más duro que a los hombres. 
Por eso hay que facilitar sus posibilidades de acceder a los puestos de trabajo. 
Debe ampliarse el mercado de trabajo para las mujeres. 
Tengo unas propuestas que creo que facilitarían esta evolución: la prórroga de los permisos parentales, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de acceder al trabajo retribuido y de combinarlo con las obligaciones familiares; es muy importante que existan las mismas normas de seguridad para el trabajo a tiempo parcial que para el de tiempo completo; el acceso a unos buenos cuidados para niños y ancianos aumentaría la equiparación; y es de rigor que se lleven a cabo actividades de información en lugares de trabajo y escuelas. 
En Suecia y muchos otros países el sector público es de gran importancia a la hora de dar a hombres y mujeres, pero en especial a las mujeres trabajo, equiparación e igual retribución. 
Los recortes en este sector pueden influir negativamente en esta evolución, por lo que no debemos permitir que esto suceda. 
Señor Presidente, ¡Mi aplauso por un informe de gran calidad! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías. Estoy de acuerdo con el informe de la Sra. González, a la cual felicito, pero la propuesta de la Comisión sobre el Código me parece insuficiente. 
Según el informe anual de la Comisión sobre igualdad de oportunidades, de 1966, » sólo los países que aplican sistemas correctores de desigualdad de forma sistemática y estricta consiguen equilibrar las diferencias». 
Es el caso de Suecia. 
El Código trata, sin embargo, de equilibrar las retribuciones salariales de hombres y mujeres, pero siempre que voluntariamente lo tengan en cuenta gobiernos, empresarios y representantes de los trabajadores. 
Insisto: son necesarias acciones más radicales para igualar los salarios y eliminar la segregación laboral. 
Cito un ejemplo próximo: los datos facilitados por la Dirección General de Personal y su unidad de igualdad de trato, que integra toda las instituciones europeas. 
En su informe de 1996 se dice que, en el grupo A, el número de mujeres representa el 18, 91 % y el de hombres el 81, 09 %; en el grupo C, sin embargo, es al contrario: 71, 16 % de mujeres y 20, 84 % de hombres. 
Por lo tanto, señor Comisario, le pido que se comprometa, de acuerdo con el apartado 16 de la propuesta de resolución, a que si en tres años el Código no produce los efectos que esperamos, se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento y felicitación a la Sra. González Alvarez y a la Sra. Colombo por este magnífico informe. 
Pero debo decir que no soy optimista en cuanto a que surta el efecto que la mayoría, por no decir toda esta Asamblea, queremos que surta. 
Y no soy optimista, porque si una Directiva de hace más de 20 años, que es de obligado cumplimiento, no ha surtido el efecto necesario, evitando que se tenga que presentar este informe ahora, algo que es de carácter voluntario lo va a surtir mucho menos. 
Pero, de cualquier forma, el informe es bueno; y, además, debemos reivindicar y sensibilizar especialmente al Consejo, que representa a los Gobiernos, para que desde la iniciativa de estos y a través de las administraciones públicas, no sólo estatales, sino también regionales y locales y a través de las empresas públicas y participadas, se sensibilicen y pongan en práctica este instrumento, cuya aplicación entiendo que es de suma justicia. 
Es verdad que también es bueno sensibilizar a los agentes sociales: sindicatos, empresarios, colectivos de mujeres y colectivos de otra índole, muy sensibilizados y que luchan y reivindican diariamente la igualdad de derechos. 
Yo confío en que la Comisión va a estar detrás y va a hacer un seguimiento real. 
Me atrevería a decir aquí, incluso, que si en estos tres años de prueba el Código no surte efecto, se va a intentar que tenga carácter vinculante y ejecutivo. 
Confío un poquito menos en el Consejo, como he dicho anteriormente. 
Hay pocas cosas que atenten tanto contra la dignidad de las personas y ofendan tanto a estas, y en este caso a las mujeres, como estar realizando un trabajo de igual calidad, de igual intensidad que el de un compañero, que es un hombre, y percibir no un 20 % o un 25 % menos, sino en algunos casos hasta un 40 %. 
Por lo tanto, desde la voluntad política de este Parlamento de reivindicar permanentemente esa igualdad absoluta, yo creo que es un tema interesante que queremos vigilar y seguir de cerca. 
Señor Presidente, en un momento en que se habla con creciente preocupación del fenómeno de las nuevas pobrezas, sobre todo entre las mujeres, no puedo dejar de coincidir en la necesidad de incluir un Código práctico a los efectos de la aplicación de la igualdad retributiva entre los dos sexos. 
Estoy de acuerdo siempre y cuando dicho Código no se limite a expresar unas peticiones mínimas de tipo general y logre garantizar la efectiva aplicación de las legislaciones nacionales en materia retributiva, y prever, en consecuencia, procedimientos y sanciones específicas. 
Considero asimismo importante que la campaña de información y de sensibilización con respecto a este Código no debe limitarse a los interlocutores sociales y a las grandes empresas, sino que debe dirigir sus mayores esfuerzos de difusión a esas mujeres, que en definitiva son la mayoría, que realizan su actividad en el ámbito de los pequeños o muy pequeños centros de trabajo, o sea, a todas esas mujeres no afiliadas a ningún sindicato que con frecuencia están obligadas a soportar condiciones laborales y contractuales realmente atípicas, precarias y al borde de la explotación. 
Los primeros responsables y garantes del éxito de este Código deberían ser, por último, los mismos Gobiernos de los Estados miembros de la Unión que muy a menudo fingen ignorar la existencia de dichas discriminaciones o, de cualquier modo, no consiguen intervenir con eficacia para eliminarlas. 
Quien gobierna no puede tener la conciencia tranquila sólo por el hecho de que ha aprobado leyes, códigos y reglamentos, si luego falta la voluntad política de controlar de forma constante la efectiva aplicación de los mismos. 
Tal como acaba de decir la Sra. Colombo Svevo, con la que me felicito, este Código, como cualquier otro instrumento o procedimiento, tiene un sentido y puede funcionar únicamente si nadie hace trampas. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a las dos ponentes, las Sras. González Álvarez y Colombo Svevo. 
Me satisface asimismo que esta noche hayan colegas masculinos dispuestos a hablar de este asunto. 
Permítanme, sin embargo, mostrarles mi personal e inevitable amargura. 
Ciertamente, podemos coincidir en el hecho de que en la Unión Europea existe un considerable corpus iuris en relación con el tema de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de retribución: el artículo 119 del Tratado, que todos esperamos que pueda ser mejorado con el próximo Tratado, el artículo 6 del Acuerdo sobre la política social, numerosas directivas y sentencias del Tribunal de Justicia. 
Confiamos asimismo en que el Consejo apruebe cuanto antes, sobre la base del dictamen del Parlamento, la Directiva sobre la carga de la prueba que por primera vez prevé una precisa definición de discriminación indirecta. 
Por último, tenemos una serie de programas, financiados a través del presupuesto comunitario, que fomentan y han contribuido en el conjunto de los Estados miembros a que se considere la adquisición del derecho a la igualdad de retribución y de oportunidades como un principio fundamental. 
Mi amargura, sin embargo, se debe a que, pese a todo, esta noche estamos debatiendo en torno a un Código práctico importante, porque lo que realmente sucede es que la retribución de las mujeres en Europa es todavía, en términos generales, inferior en un 30 % a la de los hombres. 
En algunos sectores laborales las mujeres ganan un salario inferior no sólo por trabajos de igual valor, sino por el mismo trabajo. 
Existe la segregación laboral tanto horizontal como vertical y las discriminaciones, tal como han mencionado las colegas, están aumentando, ya que están aumentando los trabajos precarios y con escasas garantías. 
Y esta discriminación existe también en los regímenes de jubilación. 
Entonces, si todo esto es cierto, bienvenido sea este Código práctico, siempre que tenga las características indicadas por las ponentes en sus informes y siempre que, realmente, dentro de tres años, si los resultados se demostrarán insuficientes, se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante para todos. 
Distinguido señor Presidente, señor Comisario, el principio de una retribución salarial igual por un trabajo igual para mujeres y hombres existe solamente en el papel. 
La realidad es totalmente otra. 
Todavía hoy las mujeres ganan un 30 % menos que los hombres y esto tras haber transcurrido más de 20 años desde que se aprobara una directiva sobre la igualdad de remuneración en el trabajo. 
En el sector de los salarios bajos las mujeres se hallan representadas en exceso, y a causa de la recesión de los últimos años la horquilla entre los salarios de las mujeres y de los hombres ha seguido aumentando. 
El desfavorecimiento de las mujeres se muestra también en el ámbito educativo, en el corrimiento hacia las profesiones denominadas típicamente femeninas, hacia los puestos de trabajo de tiempo parcial que frecuentemente carecen de seguridad social, y se muestra también en los impedimentos a la promoción profesional y a la consecución de puestos directivos. 
Pero, lamentarse no sirve de nada. 
Para lograr transformaciones y medidas eficaces es necesario realizar análisis precisos. 
La Comisión ha seguido las sugerencias del Parlamento Europeo de desarrollar un código práctico como base para la eliminación de los desfavorecimientos por razón del sexo en el mundo laboral. 
Hay que investigar en qué forma existen las desigualdades profesionales, si las discriminaciones se encuentran disimuladas en la medida en que los hombres reciben primas adicionales, o si las valoraciones de los puestos de trabajo son sencillamente unilaterales. 
Hay que documentar los avances logrados así como los proyectos piloto que hayan tenido éxito. 
El plan de medidas debe ser elaborado paso a paso en colaboración con los interlocutores sociales. 
Estos han de ser instruidos, informados y sensibilizados de tal manera que en los futuros acuerdos salariales se cumpla de manera estricta el principio de la no discriminación. 
Finalmente, en las negociaciones colectivas salariales las mujeres, como representantes comprometidas de sus intereses, deben participar directamente en mayor medida que hasta ahora. 
Señor Comisario Flynn, la iniciativa de la Comisión Europea constituye un paso importante hacia una mayor justicia, si usted considera las sugerencias de la Comisión de Derechos de la Mujer, de la Comisión de Empleo y este interesante informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nos complace poder examinar este excelente informe en vísperas de lo que esperamos sea la terminación del texto definitivo del nuevo Tratado Europeo de Amsterdam. 
El código de conducta sobre la igualdad de retribución para trabajos de igual valor ganará sin duda en importancia con la nueva redacción del artículo 119, que por fin tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal y que fija el derecho a una igualdad de retribución para trabajos de igual valor. 
Estoy plenamente de acuerdo con la ponente en que es preciso implicar a las mujeres en el desarrollo de los sistemas de valoración de tareas y en la negociación colectiva. 
Mientras las negociaciones salariales sigan siendo cosa de hombres, no podrá eliminarse la discriminación salarial. 
Como ya han recalcado algunos diputados, será preciso considerar la posibilidad de establecer un instrumento legalmente vinculante en caso de que el código de conducta voluntario no produjera el resultado adecuado. 
En mi país, el ministro competente tiene intención de añadir la valoración de tareas al reglamento laboral. 
Pienso que sería bueno que otros Estados miembros siguieran este ejemplo. 
Señor Presidente, agradezco a las dos ponentes su excelente informe, y asimismo a la Comisión su comunicado sobre el Código. 
Todos los que han participado hoy han comprobado que la legislación vigente no ha bastado. 
Es importante tenerla, pero no suficiente. 
Se necesita mucho más. 
También en mi país, Suecia, que se felicita por haber llegado más lejos que otros en lo relativo a la participación de las mujeres en la vida laboral y de tener las menores diferencias de salarios, siguen habiendo diferencias entre hombres y mujeres. Estas diferencias han tendido a aumentar durante la situación de coyuntura baja que hemos atravesado en los últimos años. 
Se necesitan muchos cambios. 
Se necesita una modificación del mercado de trabajo. 
Actualmente son las mujeres las que ocupan los puestos menos retribuidos, trabajos dentro del sector público, a tiempo parcial y atípicos. 
Hay que procurar que estos empleos se incluyan en la seguridad social, precisamente como los demás. 
Hay que lograr que las mujeres que trabajan a tiempo parcial tengan la posibilidad de pasar al tiempo completo, hay que abrir la posibilidad de una discriminación favorable, de manera que los hombres puedan trabajar en campos típicamente femeninos, y las mujeres puedan hacerlo en los empleos tradicionalmente ocupados por hombres. 
Además, hay que llevar a cabo una valoración neutral en cuanto al sexo del tipo de trabajo realizado. 
En este sentido no comparto la opinión de la diputada Glase. 
Es posible valorar la actividad realizada dentro de distintos sectores. 
Tiene que poderse equiparar el trabajo que realiza una mujer en el sector del cuidado de ancianos con el de un empleado de la construcción. 
Se trata de un tipo de trabajo igualmente duro y exigente. 
Aunque sea importante la legislación al respecto, ésta es una cuestión para los interlocutores laborales. 
Hemos de obligarles a tomar en serio estas cuestiones. Cuando lo hayamos conseguido, creo que podremos progresar en nuestra labor. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Puedo informarles que en el debate han participado ocho mujeres y seis hombres. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0153/97) de la Sra. Plooij van Gorsel, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el próximo decenio. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Plooij, que es una buena oradora, pero que, y eso es aún más importante, sabe escuchar muy bien. 
Es evidente que ha seguido los debates de la comisión parlamentaria sobre su informe y que ha incorporado muchas de las ideas que se plantearon en dichos debates. 
Tenemos informes presentados por iniciativa propia porque queremos destacar cuestiones que a menudo tienen que ver con la legislación que se está preparando. 
Eso es lo que sucede en este caso, que forma parte de nuestro proceso de reflexión en comisión parlamentaria con miras a elaborar el quinto programa marco. 
¿Hemos de seguir haciendo hincapié en las tecnologías de las comunicaciones y la información que ya figuraban en el cuarto programa marco? 
El título del informe presentado por iniciativa propia trata del desarrollo y la aplicación de tecnologías de comunicaciones e información en el próximo decenio, y es importante que no nos confinemos a la tecnología propiamente dicha y que nos fijemos también en su aplicación. 
Éste es un informe bien ajustado, que contiene sugerencias concretas. 
En primer lugar la competitividad de la Unión Europea. 
Estamos realmente hasta la coronilla de este síndrome inventado en los Estados Unidos y puesto en práctica en el Japón, y tenemos que cambiar esa mentalidad. 
La Sra. Plooij nos avisa con mucha insistencia de que nuestra competitividad está disminuyendo. 
Algunos investigadores científicos de mi propia circunscripción que habían visitado el Asia del sudeste me previnieron de que nos estamos engañando a nosotros mismos si creemos que no están a punto de superarnos. 
Esa región envía estudiantes para que aprendan lo que estamos haciendo, vuelvan a su país y traten de mejorarlo. 
Nosotros reaccionamos con suficiencia y no visitamos esos países para ver lo que está sucediendo. 
Los Estados Unidos, que son una sociedad capitalista de mercado libre, son muy partidarios de la intervención para ayudar a sus industrias. 
Deberíamos copiarles eso también. 
Algunos de los factores involucrados en la competitividad incluyen- como ha indicado la Sra. Plooij- el mercado único y la coordinación y compatibilidad entre Estados miembros. 
Ahora bien, el mercado único por sí solo no es bastante. 
Necesitamos que haya reglamentación, necesitaríamos ocuparnos de cosas como las obligaciones en materia de servicios públicos, que son importantes en esta esfera; nuestras políticas de cohesión, el apoyo a las empresas pequeñas y medianas. 
Visito muy a menudo tiendas pequeñas en las que personas que antes solían trabajar para grandes empresas de tecnología de la información como Alcatel se han instalado por su propia cuenta y han resuelto aprovechar sus ideas; ésta es una esfera suceptible de enorme crecimiento. 
Tenemos que fijarnos en las repercusiones para la sociedad de la tecnología de las comunicaciones y la información, los beneficios ambientales que pueden obtenerse con cosas como la reducción de los desplazamientos para ir a trabajar. 
Entre las repercusiones para la sociedad figuran los abusos, la pornografía, etc, las aplicaciones, la salud, la educación. 
Tenemos una enorme ventaja gracias a nuestra diversidad lingüística, que incluye dos lenguajes de ámbito mundial: el español y el inglés, y que no se me olvide el francés, naturalmente, con la Sra. Cresson entre nosotros. 
La Sra. Plooij-van Gorsel tiene razón cuando dice que no se trata de un aspecto cuantitativo, sino de un aspecto mucho más cualitativo que el crecimiento. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar a la ponente por su informe. 
Toda la esfera de la tecnología de las comunicaciones y la información reviste importancia vital para nuestra forma de vivir y para nuestra economía. 
He podido comprobar lo que acabo de decir de forma sumamente práctica esta mañana: la pantalla de la televisión de mi oficina no funcionaba cuando llegué. 
En realidad, tampoco funcionaba durante el último período parcial de sesiones de Estrasburgo, a pesar de lo que los servicios técnicos se esforzaron por repararla. 
Por último, ayer por la tarde, la imagen y el sonido empezaron a funcionar de nuevo. Por fin pude ver dónde tenían lugar las reuniones a las que se esperaba que asistiese, e incluso pude seguir las noticias en BBC World, con detalles de esa importantísima elección: la dirección del Partido Conservador. 
Mientras el equipo no funcionó, me sentí verdaderamente capitidisminuido. 
Tuve tiempo de darme cuenta de que el equipo había sido proporcionado por una empresa nacionalizada en un país que aún tiene que luchar para equilibrar una economía que está demasiado orientada hacia el sector público y protegida de toda presión de la competencia. 
Todos saben que este sector- la tecnología de las comunicaciones y la información- es una de las industrias de crecimiento más dinámico de todo el mundo. 
La apertura del mercado de telecomunicaciones a la competencia ha aportado un gran impulso al crecimiento y a la innovación en el Reino Unido, y lo mismo hará en toda Europa a partir del año que viene. 
En este informe hay llamamientos a los Estados miembros para que coordinen mejor sus políticas, así como llamamientos a la Comisión para que elabore una nueva política en materia de tecnología de las comunicaciones y la información. 
¿Por qué? 
Permítanme que se lo diga: para ir de la mano con las fuerzas de la competencia y la innovación, para no tratar de adivinar la evolución del mercado o los futuros ganadores, porque así no se consigue nada. 
Quizá sea mejor centrar los recursos públicos en desafíos identificables, como la planificación para el enorme cambio y costo que conlleva la introducción de la moneda única, o, aún más importante, para encontrar una solución del denominado problema del milenio que hará que las computadoras no reconozcan el año 2000 y dejen de funcionar. 
Después de pensarlo mejor, diré que los mercados pueden encontrar soluciones para la cuestión de la moneda única, como las encontramos en septiembre de 1992. 
Me he enterado de que ya hay empresas en el Reino Unido que ofrecen soluciones al problema de la fecha. 
No cabe duda de que vivimos en tiempos interesantes. 
Ésta ha sido mi intervención. 
A continuación iniciaré un ejercicio de cooperación anglo-neerlandesa. 
Mi colega el Sr. van Velzen se disculpa por no estar aquí, y yo hablo con sus notas, así que no se extrañen si lo que digo suena a anglo-neerlandés. 
El Grupo PPE respalda las principales líneas generales de este informe. 
En la Unión Europea podemos aprender mucho de los Estados Unidos de América. 
Esto no significa que la Sra. Cresson tenga que escribir un libro sobre la tecnología de las comunicaciones y la información, sino que la Unión Europea debe desempeñar un papel activo en el desarrollo de dicha tecnología. 
Lo que cabe preguntarse es lo siguiente: ¿Qué papel va a ser ése? 
La Sra. Plooij-van Gorsel da algunas respuestas: normas mejores para el mercado interior, prioridad para las tecnologías de comunicaciones e información en el quinto marco, prioridad para la tecnología de las comunicaciones y la información en la política de cohesión y mejores condiciones, mejor prioridad, para las inversiones en la tecnología de las comunicaciones y la información. 
A pesar de ello, el Sr. van Velzen echa de menos algo en el informe Plooij-van Gorsel: la coordinación. 
Corremos el riesgo de que los Estados miembros y la UE desarrollen políticas incoherentes. 
El presente informe abarca prácticamente todos los aspectos de política. 
El Sr. van Velzen quiere hacer una sugerencia, que trata de la división de competencias en el seno de la Comisión. 
¿Por qué no designamos a un Comisario para que sea responsable de la política en materia de tecnología de telecomunicaciones e información en general, y, sobre todo, para que se ocupe de la coordinación general entre las diferentes Direcciones Generales? 
Si organizamos bien nuestras políticas en materia de tecnología de las comunicaciones y la información, ese nombramiento nos dará una importante ventaja en términos competitivos porque habremos integrado las tecnologías europeas en materia de telecomunicaciones e información. 
El Sr. van Velzen espera con interés la respuesta del Comisario. 
Con esto concluyo mi segunda intervención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe de la Sra. Plooij vuelve a referirse al tema de la sociedad de la información, de las aplicaciones y del desarrollo del mercado. 
Se trata de un texto equilibrado, que contiene muchas referencias y recoge de hecho todas las sugerencias que formulamos en el seno de la Comisión de Investigación. 
Voy a abordar tan sólo dos puntos. 
Mi idea y diría también mi experiencia sobre el crecimiento y la difusión la sociedad de la información, es que los factores más importantes que la limitan y en torno a los cuales hay que trabajar son fundamentalmente el coste de acceso a la telemática y el factor cultural. 
Voy a intentar explicarme mejor. 
En cuanto a los aspectos del coste, equipos y servicios, confiamos en que los costes puedan bajar gracias a la liberalización de las telecomunicaciones. Sin embargo, si bien es cierto que los ordenadores valen cada vez menos, no he comprobado aún ningún efecto significativo en las cuentas del teléfono. 
La diferencia que ha de cubrirse con respecto a Estados Unidos en términos de coste de los servicios es realmente grande. 
Con relación a las barreras culturales, veo aparecer en Internet aplicaciones de compra directa de software, de comercio electrónico, a pesar de que dichas aplicaciones son de momento fundamentalmente americanas. 
Esta diferencia aumenta debido al problema lingüístico y, hoy por hoy, me parece difícil navegar en Internet sin saber inglés. 
En Europa se hace todavía muy poco para aprender las lenguas que en las escuelas se llaman extranjeras y no lo suficiente para superar las barreras lingüísticas, incluso utilizando las tecnologías de la sociedad de la información. 
Y demasiado poco se hace en pro de la utilización, la familiarización con el ordenador en las escuelas. 
Mi hijo empezó a acudir a la escuela en Estados Unidos y cuando volvimos a Europa y recibía cartas de sus compañeros de colegio americanos, eran cartas escritas con ordenador por niños de nueve años. 
Esos chicos encuentran más fácil pulsar las teclas de un teclado que manejar una pluma. 
La escuela europea no ofrece a nuestros jóvenes las mejores oportunidades en este mundo emergente de la telemática, y me temo que ésta va a ser una importante desventaja estratégica. 
Los Gobiernos deberían ofrecer respuestas concretas y urgentes en cuanto a este aspecto. 
Señor Presidente, en relación con el excelente informe de la Sra. Plooij-van Gorsel voy a destacar 7 aspectos con toda la rapidez posible en este breve minuto. 
En primer lugar, las tecnologías de la información y la comunicación deben utilizarse más en las regiones periféricas de la UE. 
Esto es de la mayor importancia, y son precisamente las personas que viven en estas áreas las que más pueden beneficiarse de ellas. 
En segundo lugar, las TIC también deben servir de apoyo a la población anciana. 
Los jóvenes ya las dominan a la perfección. No obstante, son los mayores los que más pueden llegar a beneficiarse de estas tecnologías, por ejemplo, cuando no puedan salir a efectuar sus compras y en su lugar puedan adquirir alimentos a través de sus ordenadores en sus casas. 
En tercer lugar, hay que dirigirse a las pequeñas empresas. 
Las grandes ya disponen de suficientes ordenadores. 
En cuarto, las TIC deben ser fáciles de utilizar para que pueda aprovecharlas la mayoría de los ciudadanos. 
En quinto, y como apuntaba el Sr. Chichester, hemos de estar preparados para lo que suceda en el año 2000. 
¿Qué pasará entonces? 
En sexto, debe disminuir la burocracia de los programas de la UE. 
En séptimo y último lugar, el Parlamento Europeo debe anticiparse con un buen ejemplo. 
Es lamentable que no utilicemos mejor las tecnologías de la comunicación en esta casa. 
Como la situación no puede ser peor de lo que ya es actualmente, sólo puede mejorar. 
Señor Presidente, este informe trata de una materia extraordinariamente interesante y fascinante. 
Del mismo se puede deducir cómo el sector TIC europeo se está quedando retrasado en relación con la competencia de fuera de Europa, especialmente en relación con los EE.UU. 
Espero que el informe estimule a la Comisión, pues una tarea importante de la UE será la de implantar medidas concretas en este sector y emplear de manera finalista recursos en el mismo para mantener competitiva la posición europea. 
Permítanme destacar algunos puntos que son importantes: la concentración en los nuevos productos y segmentos verticales del mercado, como, por ejemplo, la telemedicina, la traducción o la enseñanza a distancia, la consideración especial de la pequeñas y medianas empresas, en especial también las del turismo, a las que se abren nuevas situaciones de mercado y posibilidades de negocio y en las que se pueden crear puestos de trabajo con la ayuda de la técnica moderna de la comunicación. 
La motivación y la emoción que son necesarias tendrán su apoyo más claro si se intensifica el uso de la técnica de la información en el sector escolar y educativo. 
Señor Presidente, Señorías, este informe de iniciativa del Parlamento Europeo llega en un momento especialmente oportuno para recordar la aceleración que conocen las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en particular, por lo que respecta a la dimensión económica y social de su impacto. 
Por su parte, la Comisión es plenamente consciente de ello y, a este respecto, desearía citar tres ejemplos para afianzar mis palabras. 
En primer lugar, las comunicaciones hechas recientemente sobre la sociedad de la información y, en particular, el plan de acción, que está en su segunda edición. 
Luego, las actividades que he lanzado en el ámbito de la educación y que se han debatido en varios Consejos de Ministros de Educación, en particular el programa «Aprender en la sociedad de la información» cuyo objeto es poner a disposición de los alumnos de las escuelas los medios multimedia necesarios, inspirándonos en los ejemplos que existen en algunos países, en particular, los escandinavos, pero son iniciativas que hoy tienden a generalizarse e insistimos mucho en este punto. 
Hoy, la mayoría de los Estados miembros han definido programas de equipamiento de escuelas, y, naturalmente, se plantea asimismo el problema de los programas informáticos educativos. 
He organizado un grupo de trabajo que se ocupa de los programas informáticos educativos que reúne a la vez a productores, usuarios, poderes públicos y algunos especialistas. 
Hemos avanzado mucho en este ámbito desde hace dos años. 
Las herramientas que nos han proporcionado las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como por ejemplo, el Multimedia de Internet, están llamadas a desempeñar un papel esencial en la vida cotidiana. 
En todos nuestros programas, en particular, en los programas de desarrollo local, ayudamos enormemente a las colectividades locales que utilizan estos dispositivos para, por ejemplo, facilitar el acceso al empleo, difundir las informaciones que necesitan nuestros conciudadanos. 
Por último, el quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico se transmitió a finales de 1997. 
Además, espero que el Parlamento nos participe próximamente su opinión, en primera lectura, y que por su rapidez manifieste en particular al Consejo «investigación» el peso que hay que conceder a la investigación. 
La investigación necesita de continuidad. 
Para ello, hay que procurar que el calendario de codecisión del quinto programa marco se respete y que el Consejo «investigación» llegue a una posición, común a más tardar en su reunión de noviembre. 
En efecto, la investigación desempeña un papel motor en materia de tecnología avanzada y de competitividad industrial. 
Esto es particularmente cierto para las industrias de la información y de la comunicación. 
Efectivamente, uno de los tres temas del quinto programa marco trata de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y los otros dos temas apelan a las tecnologías de la información y de las comunicaciones de manera sustancial. 
Basta con que cite, a este respecto, las acciones clave que hemos establecido tales como productos, procedimientos, organizaciones, u otras acciones clave como «Nuevas perspectivas para la industria aeronáutica» , o «La ciudad del futuro». 
En todos esos sectores, apelamos a las tecnologías avanzadas en el ámbito de la comunicación. 
Además, el pilotaje de los programas y de las acciones, en función de su impacto económico y social, se inscribe en la estructura misma de la propuesta relativa al quinto programa marco. 
El mensaje del Parlamento, en su informe de iniciativa, está claro. 
El enfoque, para las tecnologías de la información y de las comunicaciones, debe ser global y su eficacia debe estar a la altura de los retos. 
La Comisión hace suyo este punto de vista. 
Además, el desarrollo de la sociedad de la información, lejos de crear una sociedad a dos velocidades, por el contrario, debe proporcionar los medios para colmar las diferencias entre los diversos grupos sociales y entre las regiones desarrolladas y las que están menos favorecidas. 
Con las primeras experiencias en curso, ya vemos que la distancia disminuye fácilmente, por ejemplo, en las zonas rurales en lo concerniente a la educación e incluso a la salud, y que ahí tenemos instrumentos que permiten a las categorías o a las regiones menos favorecidas tener acceso a algunos servicios. 
La Comisión suscribe, en particular, la recomendación final del informe, a saber, la necesidad de velar por asegurar igualmente, por una parte, el desarrollo duradero y respetuoso del medio ambiente y el bienestar social, y, por otra parte, el crecimiento económico. 
No podríamos decirlo mejor, porque son exactamente nuestros dos objetivos. 
Para concluir, desearía decirle que la Comisión acoge favorablemente el conjunto de las recomendaciones, en particular, las que se dirigen a ella, y les prestará una atención especial en la aplicación de las acciones cuya responsabilidad ostenta. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de investigación y desarrollo sostenible 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0170/97) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la política comunitaria de investigación y desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, los puntos de partida del informe son tres: 
En primer lugar, consiste en la decidida voluntad expresada, tanto en el Tratado de la Unión como en las propuestas actuales sobre la revisión del Tratado, en favor del desarrollo sostenible. 
Es decir, la Unión Europea proclama de forma inequívoca su compromiso con el modelo de desarrollo sostenible, con los valores del respeto al medio ambiente que, a su vez, expresa la solidaridad intergeneracional. 
En segundo lugar, la constatación de que, a pesar de todas las declaraciones de buenas intenciones, la evolución en Europa y en el mundo es la de un consumo creciente de recursos energéticos y materias primas y, consecuentemente, una contaminación igualmente creciente y un subsecuente agotamiento de los recursos naturales. 
En tercer lugar, la evidencia de que las fuerzas del mercado, dejadas a su libre concurrencia entre la oferta y la demanda, no garantizan por sí mismas la implantación de un modelo de desarrollo sostenible precisándose para tal cosa una intervención consciente social, decidida voluntaria y democráticamente. 
No se puede pretender que por un milagroso descubrimiento técnico o por una medida fiscal concreta se llegue a la solución del problema. 
Hace falta, por tanto, que la conciencia de la población desee el conjunto de valores que implica el modelo de desarrollo sostenible. 
Por estas razones en el informe se analizan en primer lugar las preocupaciones de la Comisión por las consecuencias del actual modelo de crecimiento económico y, a partir de ahí, se hacen 13 propuestas concretas en 3 grandes bloques. 
En primer lugar, en relación con la necesidad de concebir la transición al modelo de desarrollo sostenible a partir del actual modelo socioeconómico de crecimiento insostenible, se estima que dicha transición sólo será posible por medio de un amplio consenso social, parecido al que en su momento facilitó la creación del Estado del bienestar. 
En ese sentido, la investigación puede contribuir analizando las interconexiones entre los procesos sociales y los económicos, así como nuevas formas de usar recursos, fuentes de energía, etc. 
En segundo lugar, en relación con la revisión del Tratado de la Unión, incorporando de forma decidida los objetivos del desarrollo sostenible en todos los ámbitos significativos: los criterios de convergencia, el funcionamiento de las instituciones europeas y aquellos capítulos y artículos pertinentes (el VI, el XV y el XVI). 
En tercer lugar, en la configuración de la política de investigación y desarrollo- en concreto en el V Programa marco -, y ello a través de los siguientes puntos: 
Primero, propuestas de promoción de equipos de investigación en áreas de producción, distribución y consumo ecosuficiente, integrando varios países. 
En tercer lugar, investigando la función de los ciudadanos, los municipios y los poderes locales en la participación protagonista en el modelo de desarrollo sostenible, eficiencia energética, eficacia en la extracción de materias primas, uso de fuentes renovables, optimización de sistemas de distribución, agricultura no intensiva, etc. 
Y en cuarto lugar, indagando sobre las posibilidades de los modelos globales en cuanto al uso de energía. 
De ahí la necesidad de prestar más importancia a las fuentes de energía distribuidas de forma extensa y uniforme, que permita el uso racional y responsable de los ciudadanos de cada sitio, unido a pautas democráticas y a los nuevos valores. 
Estas son las principales líneas del informe que la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía presenta al Pleno para que, si se estima oportuno el aprobarlo, se conviertan en la orientación más precisa para la Comisión, para el Consejo y para nosotros mismos en la consecución de una sociedad más solidaria, justa, ecosostenible económicamente y, sobre todo, mejor para los futuros ciudadanos europeos- nuestros hijos y nietos- que son, en definitiva, los destinatarios últimos de nuestros desvelos y preocupaciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, es un mérito del ponente, el Sr. Marset Campos, haber iniciado con su informe de iniciativa una discusión sobre el concepto de desarrollo sostenible, una discusión que, evidentemente, está en sus inicios y que va a necesitar todavía mucho tiempo. 
Pero esto se debe al propio planteamiento intelectual que se esconde en el concepto de desarrollo sostenible que nos obliga a tematizar desde sus complejos efectos, y efectos secundarios, futuros todas nuestras acciones y decisiones políticas. 
Un proceso de reflexión, una producción de reflexión ad infinitum. 
El ponente ofrece un trozo de esta producción al calificar desfavorablemente, con razón, el actual modelo económico como de desarrollo sostenible. 
Pero, luego, difieren nuestras interpretaciones cuando, por ejemplo, se enjuician en sus efectos las nuevas tecnologías avanzadas. 
Nuestra discusión va a continuar y tendrá que continuar. 
Con todo, hay que calificar de positivo que se haya propuesto el desarrollo sostenible para la organización de uno de los programas temáticos en el quinto programa marco de investigación. 
Nosotros, los parlamentarios, queremos y tendremos que vigilar con ojos muy atentos si bajo este título se financian productos y procedimientos realmente limpios e inteligentes, si el transporte intermodal y las energías renovables tienen realmente las oportunidades que merecen y si las zonas industriales urbanas con sus problemas evidentes son tematizadas de manera tan intensa como el empeoramiento dramático del estado de los recursos marinos y el tan frecuentemente lamentado efecto invernadero. 
En casi todas las sesiones plenarias tenemos la oportunidad de poner a prueba la «presencia» del referido tema en nuestras decisiones concretas. 
Por lo demás, nosotros, los políticos, somos responsables de la discusión pública acerca de lo que debemos querer políticamente. 
Doy las gracias al ponente por haberse enfrentado a esta responsabilidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hay que celebrar un desarrollo que pretende asegurar permanentemente las necesidades sociales y ecológicas. 
Sin embargo, el informe pasa considerablemente por alto cuestiones de I+D y representa el ingenuo intento de sustituir la economía social de mercado occidental por una economía verde de planificación y a este respecto el Parlamento Europeo tendría tanto la necesaria función de puesta en práctica de las decisiones como la función de control. 
Un desarrollo sostenible, tal como lo imaginamos, no debería fundarse en modelos utópicos sino que debe tomar en cuenta la realidad global. 
Por consiguiente, sólo puede ser logrado reformando las situaciones actuales. 
Un cambio revolucionario, como se exige en el informe, comporta incalculables riesgos y por consiguiente no es aceptable. 
En el informe se construye una discrepancia entre el progreso tecnológico y un desarrollo sostenible. 
A este respecto, lo uno no es posible sin lo otro. 
Por consiguiente, desarrollo sostenible no significa una «vuelta a la naturaleza» ; esto sería un fantaseo romántico sin apoyo en la realidad. 
Por lo demás, el ponente tiene que reconocer que el cambio modélico que se reclama en el informe ya está teniendo lugar, sólo que no se está produciendo a través de medidas radicales, sino a través de reformas. 
Además, en el modelo no se tiene en cuenta el hecho de que las medidas de protección del medio ambiente sólo pueden ser financiadas a través de una economía que funcione. 
La protección del medio ambiente requiere grandes esfuerzos de la economía nacional. 
Hay otro punto que considero importante: para los países de la UE y para otros estados industriales el concepto de desarrollo sostenible encierra, además de los aspectos ecológicos, aspectos económicos y sociales. 
Por esta razón, el problemas más acuciante en la actualidad, el alto desempleo, debe recibir una consideración especial. 
Sin embargo, puestos de trabajo sólo pueden crearse donde una política de desarrollo sostenible no se haga a costa de la eficiencia económica. 
El informe ignora las posibilidades de la investigación y el desarrollo para el mercado de trabajo y para el Estado social. 
Tampoco se ajusta a la realidad hacer responsables a la ciencia y a la técnica de las malformaciones que se producen en la economía y en la sociedad. 
Esta manera de ver las cosas está superada ya hace tiempo y está reconocida como errónea. 
Sucede más bien que la ciencia y la técnica ofrecen posibilidades que sólo se convierten en realidad a través de decisiones que se adoptan en la política, en la sociedad y en la economía. 
Podía exponer aún muchas cosas. 
El informe encierra, en conjunto, numerosos errores e inexactitudes. 
Además, a lo largo de extensos pasajes se mantiene en un plano muy general y se limita a exigencias utópicas que contradicen la realidad política y social. 
No se toma en cuenta suficientemente el carácter global de la ciencia, de la tecnología, de la economía y de la protección del medio ambiente, y muchas de las propuestas podrían acarrear con su realización enormes perjuicios para la UE sin lograr un desarrollo sostenible al que todos estamos aspirando. 
Por esta razón nuestro grupo no puede dar su conformidad al informe en su forma actual. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Marset Campos responde a una necesidad real, esto es, la de incluir las consideraciones de desarrollo sostenible como fundamento de la reflexión en torno a la investigación y las políticas en materia de energía. 
Esta intención encuentra el mayoritario apoyo de la opinión pública y del Parlamento Europeo. 
Algunas partes del informe son equilibradas y pueden compartirse, aunque en la votación estaremos en contra de algunos puntos y sólo si van a decaer, podremos aprobar el informe. 
Estoy de acuerdo con el ponente sobre la interconexión entre los elementos de la sociedad y del medio ambiente, por lo que es difícil actuar con respecto a un punto sin influir en los demás. 
Si me permiten divagar por un instante, tengo que decir que a raíz de la experiencia de mi vuelo espacial me queda una visión de la tierra que la hace semejante a un barco, a un arca de Noé, de viaje por el cosmos, donde todos los sistemas de a bordo, entre los que se encuentran los que producen oxígeno y los que producen anhídrido carbónico, deben mantener un equilibrio. 
Pero, volviendo al informe, creo que nuestro cometido no es el de mirar de manera sospechosa la tecnología, sino más bien el de establecer una reglas, garantizar el acceso universal a las nuevas oportunidades, rechazar los monopolios públicos y las posiciones intransigentes. 
No comparto, en consecuencia, algunas afirmaciones ideológicas del ponente que, a veces, se inclina a demonizar la ciencia y la tecnología como consumidoras de recursos, como productoras de trastornos para la sociedad y de riesgos para la supervivencia misma del ser humano, especialmente cuando, por el contrario, la tecnología sigue desempeñando un papel de fuerza motriz en la comunicación, el desarrollo, la producción de bienes materiales e inmateriales que mejoran la vida y su calidad. 
Señor Presidente, el ponente esboza con razón la importancia de la política europea en el ámbito de la investigación y el desarrollo sostenible. 
La política europea de I+D no ha de basarse tan sólo en el crecimiento económico, sino sobre todo en lo que es deseable desde el punto de vista ecológico y social. 
El Grupo de los Liberales aplaude, por tanto, un informe por propia iniciativa sobre esta cuestión. 
Sin embargo, los términos de la presente resolución son inaceptables para mi Grupo. 
El conjunto recuerda a la clásica lucha entre trabajo y capital y a las viejas luchas entre clases. 
Así, se habla de la economía de mercado como un modelo de individualismo engreído y las teorías de Keynes son tachadas de incorrectas. 
Pero, Señorías, seamos claros al respecto: debemos nuestra prosperidad en la Unión sobre todo a la economía de mercado. 
Mi Grupo apoya sólo los considerandos A, D y F. Además, si no se aprueban nuestras enmiendas a los apartados, nos veremos obligados a votar en contra del informe. 
Si votamos en contra en esta Asamblea, el informe no podrá ser aprobado tal como están las relaciones de voto. 
Mi Grupo considera importante la realización de este informe. 
Y creo haberlo demostrado en la Comisión de Investigación a través de mi actitud constructiva. 
Espero que se vote de acuerdo con ello. 
Ahora que parece que el concepto de desarrollo sostenible ocupará un lugar destacado en el nuevo Tratado, se creará un fundamento jurídico para el tema de este informe: la investigación al servicio de la sostenibilidad. 
Por tanto, es útil anticiparse a ello. 
Soy favorable a la intención del informe. 
Apoyamos las recomendaciones prácticas. 
En efecto, es preciso hacer más investigación sobre cuestiones como el reciclaje, el cambio climático y la contaminación del mar. 
Sin embargo, tengo un problema con el informe. 
Al hablar de «desarrollo sostenible» , todo el mundo se refiere a otra cosa. 
El ponente ofrece una imagen bastante concreta, esto está claro. 
Quiere ir hacia un nuevo modelo de sociedad. 
Pero es sólo una de las muchas visiones. 
Por cierto, radical. 
Por otra parte, el ponente no es realmente concreto o quizás lo sea en las notas en castellano a pie de página no traducidas. 
Hay gran disparidad de criterios sobre diversas cuestiones importantes. 
A mi entender, sobre todo con respecto a las tres siguientes. 
En primer lugar, ¿a qué ritmo han de producirse los cambios? 
En segundo lugar, ¿quién llevará el mando? 
Dejo a cuenta del ponente las opiniones personales que expresa en la exposición. 
A mi entender, parte de una imagen demasiado positiva del ser humano y de la sociedad, y espera demasiado del Estado. 
Me temo que el cambio necesario en los patrones de consumo se tope con la irresistible tendencia de las personas a aumentar sus bienes y su placer. 
En lo que respecta a la propuesta de resolución, tengo críticas sobre diversos considerandos y sobre los apartados 8 a 10, inclusive. 
A mi entender, en estos apartados se exagera mucho el «pacto social» y el papel del Parlamento. 
Por consiguiente votaré en contra. Apoyaré las enmiendas de la Sra. Plooij. 
Por lo tanto, en lo que a mí respecta, estoy plenamente de acuerdo con algunas recomendaciones concretas del informe, pero no comparto su punto de vista optimista. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Marset Campos por diversas razones, de las cuales su paciencia y persistencia con este informe no son las menos importantes. 
Como el informe anterior, este informe es un recordatorio muy oportuno, ahora que consideramos el quinto programa marco, de la doctrina que preside la realización de investigaciones en la Unión Europea. 
A veces nos olvidamos de que, aunque la principal justificación de las investigaciones es ganar más competitividad en el plano internacional, incluso en el actual Tratado se nos dice que tenemos que promover todas las actividades de investigación que se estimen necesarias en los demás capítulos. 
Entre ellos figura el capítulo sobre cohesión económica y social, y el capítulo sobre el medio ambiente. 
El concepto de «desarrollo sostenible» está empezando a plantearse en relación con las disposiciones del Tratado- cosa que nos agradapero es evidente que tenemos la obligación, con arreglo al Tratado, de tener en cuenta esas otras cuestiones. 
Así lo ha hecho el Sr. Marset Campos. 
No las ha incluido a última hora por haberse olvidado de ellas: las ha incluido deliberadamente. 
Sería realmente peligrosísimo concentrarse únicamente en el crecimiento y la competitividad. 
Si pergeñamos un supuesto en el que el incremento científico conlleva más desarrollo, más consumo de recursos naturales, más desempleo por razones técnicas y una divergencia creciente entre ciudadanos ricos y pobres, regiones ricas y pobres, y hemisferios de este mundo ricos y pobres, los resultados serían completamente inaceptables y peligrosísimos. 
El análisis que hace el Sr. Marset Campos es muy claro y contiene una serie de advertencias, pero no es un análisis pesimista. 
Es optimista, y nos muestra el camino que hemos de seguir para estar seguros de que nuestra labor de investigación cumple los requisitos del desarrollo sostenible. 
Destaca muchas medidas posibles. 
Gran parte de ellas figuran ya en el cuarto programa marco. 
Buena parte de la labor ambiental se ha efectuado ya. 
Se ha trabajado menos en los aspectos socioeconómicos del desarrollo sostenible, y quizá sea esto una lección para el quinto programa marco. 
El quinto programa marco es prometedor. 
Se diría que la Comisión, en sus sugerencias, se hace cargo de la necesidad de incluir la dimensión del desarrollo sostenible. 
No basta con abordar las cuestiones técnicas. 
No basta con desarrollar los aspectos tecnológicos. 
También hay que tener en cuenta los aspectos relativos a la sociedad. 
Jacques Delors lo sabía cuando escribió en su Libro Blanco que las tecnologías ecológicas pueden crear puestos de trabajo y, de esa manera, instituir una sociedad mucho más equitativa. 
El Grupo Socialista tiene algunas reservas acerca de la redacción de varios párrafos y, por lo tanto, votaremos en consecuencia. 
Ahora bien, quiero hacer constar que apoyamos sin duda alguna las líneas generales de este informe y consideramos que es sumamente importante para la campaña de mentalización necesaria antes de comenzar el quinto programa marco. 
Señor Presidente, Señorías, el año pasado, al decidir dedicar un informe de iniciativa al tema de la investigación y del desarrollo sostenido, la Comisión de Investigación dirigía a las instituciones europeas y a la comunidad científica un mensaje político importante. 
La expresión de «desarrollo sostenido» hace, en efecto, referencia a uno de los desafíos importantes a los que se enfrenta hoy la Unión, al igual que el resto del mundo desarrollado. 
El Sr. Marset Campos ha preparado sobre este tema un informe en torno al cual desearía hacer tres observaciones. 
La primera será para subrayar la plena adhesión de la Comisión a la idea de la necesidad de tomar ampliamente en consideración, en la definición de la política de investigación de la Unión, las exigencias del desarrollo sostenido. 
La investigación y el desarrollo tecnológico pueden y deben desempeñar un papel determinante a este respecto. 
En efecto, nos confiere los medios de concebir y poner en marcha un desarrollo económico que no se ejerza en detrimento de la calidad del medio ambiente y de la vida, de hoy y de mañana. 
Mi segunda observación consisitirá en matizar un poco la primera. 
Situar la política de investigación de la Unión Europea sólo bajo el signo del desarrollo sostenido, como no está lejos de recomendarlo el Sr. Marset Campos, y proponer que se deje que esta idea domine tan masivamente como lo sugiere nuestro programa de investigación, creo que sería un error. 
La Unión Europea debe hacer frente a otros muchos desafíos. 
Para hacer justicia las esperanzas de los ciudadanos, en particular, en materia de empleo, debemos contemplar otros objetivos, más particularmente, debemos poner resueltamente la investigación al servicio de la economía y de las empresas, y ayudar, de esta manera, a la industria europea a reforzar su competitividad, factor clave del crecimiento y del empleo. 
Lejos de oponerse, estos dos objetivos se refuerzan mutuamente. 
En los mercados del futuro, los productos más competitivos no serán solamente los productos menos caros y más eficaces; serán también los productos más «limpios» , aquellos cuya utilización necesite menos gasto de energía, que impliquen menos consecuencias negativas para el medio ambiente, y que se puedan reciclar más fácilmente. 
Europa debe demostrar ser capaz de poner a punto y de comercializar dichos productos. 
Debe asimismo hacerse un lugar en el mercado en rápida expansión de las tecnologías del medio ambiente. 
Por último, tercera y última observación. En efecto, el informe del Sr. Marset Campos tiene muy poco en cuenta el papel, sin embargo determinante, desempeñado por la idea de desarrollo sostenido en la propuesta del quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Comisión. 
Y, sin embargo, si se lee bien el texto, esta idea está presente, diría incluso que omnipresente, en el texto presentado por la Comisión. 
En torno a ella se organiza el programa temático nº 1, que se titula «Descubrir los recursos de los seres vivos y del ecosistema» -no se puede ser más claro- y el nº 3 «Favorecer un crecimiento competitivo y sostenido». 
En este segundo caso, las exigencias de desarrollo sostenido se combinan muy explícitamente con los imperativos de crecimiento y de competitividad. 
Señor Presidente, Señorías, se les ofrece a ustedes una posibilidad muy concreta de promover el desarrollo sostenido en Europa. Consiste en apoyar el enfoque desarrollado en la propuesta del quinto programa marco, y en actuar de forma que éste pueda aprobarse rápidamente durante el primer trimestre del año próximo y ponerlo en marcha en su momento, es decir, para finales de 1998, a más tardar. 
Les doy las gracias anticipadamente por lo que harán ustedes en este sentido, y agradezco al Sr. Marset Campos el habernos ayudado, gracias a su informe, a mantener el espíritu con el que la política de investigación y desarrollo tecnológico debe concebirse ante todo, al servicio de los ciudadanos europeos, tanto los de hoy como los de mañana. 
Gracias a usted, señora Comisaria. 
Gracias por su excelente respuesta, y ruego disculpe la avanzada hora. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdo internacional en materia de captura no cruel con Canadá y la Federación Rusa 
De acuerdo con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0187/97) del Sr. Pimenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la firma y celebración de un Acuerdo internacional de normas en materia de captura no cruel con Canadá y la Federación Rusa. 
Señor Presidente, Señorías, hoy analizamos una vez más un capítulo de la larga serie de los cepos de mandíbulas. 
Quiero tratar tres aspectos: la cuestión del bienestar de los animales, la cuestión institucional de la decisión dentro de la Comunidad Europea y la relación con la Organización Mundial de Comercio, OMC. 
Y, por último, me referiré al asunto de las poblaciones indígenas y al comportamiento del señor Comisario, Sir Leon Brittan. 
Respecto al asunto de la crueldad contra los animales, no cabe duda de que esos cepos provocan sufrimientos monstruosos. 
Por ello el Parlamento ha solicitado repetidamente su abolición, por ello la Unión Europea tiene en vigor desde 1991 un reglamento que contempla su prohibición. 
Ya en el siglo pasado Charles Darwin afirmaba que la utilización de este tipo de instrumentos de captura y de muerte era incompatible con las sociedades civilizadas. 
¡Han transcurrido ciento treinta años! 
La cuestión que se plantea es saber si un acuerdo sobre normas de captura no cruel podría ser una buena estrategia para disminuir la crueldad animal en el mundo. 
La respuesta sería afirmativa si nos encontrásemos ante un buen acuerdo. 
Desgraciadamente, este texto es malo e insuficiente. 
Sin duda, no por culpa de los funcionarios que lo negociaron, sino porque fueron a la negociación, como decimos en portugués, » atados de pies y de manos» , debido al deseo que tenía su jefe, Sir Leon Brittan, de llegar a un acuerdo a cualquier precio. 
No faltan ejemplos que ilustren tal cosa en el texto. 
En el punto sobre los cepos mortíferos, los especialistas europeos propusieron, en nombre de la Comisión, un plazo de 30 segundos para la muerte. 
El acuerdo fija uno de 5 minutos. 
Es mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo para morir con un sufrimiento agudo y que multiplica por diez el tiempo propuesto por la Comisión. 
Pero el gran problema de este acuerdo es la falta de selectividad en el método de clasificación de los cepos en relación con las normas establecidas. 
No quiero discutir ahora el tipo de normas, que en algunos casos considero bastante deficientes. 
Definir un criterio para la aprobación de cada tipo de cepo- como se hace en este acuerdoen función de los resultados, no para el 80 % de los animales capturados, sino sólo para el 80 % de los animales de la especie para la que se define cada cepo específico, es decir, las especies contempladas en el acuerdo, es una ofensa a la inteligencia. 
Estos cepos, por definición, no son selectivos. 
Capturan a animales de todo tipo, que sufren por igual, aunque esos cepos no les estén destinados, bien porque por casualidad anduviesen por donde no debían, o porque bebiesen agua donde no debían haberlo hecho. 
Sin embargo, donde queda más patente la mala fe de la Comisión es en la sutil enmienda que introduce en el punto 2 del artículo 4 del Anexo I, que, presenta una gran diferencia entre la versión de enero y la versión actual del acuerdo. 
Efectivamente, voy a leer, en el original inglés la versión de enero decía así: conventional steel jaw leghold retaining traps to be prohibited within four years of the entering into force of this agreement. 
Señorías, esto ha desaparecido en la versión actualmente debatida, y se ha sustituido por declaraciones unilaterales de los países que se quisieran adherir a este acuerdo. 
¡Se trata de una clara concesión a los Estados Unidos! 
¿Qué poderes tiene la Unión Europea para controlar las declaraciones unilaterales de los países que quisieran suscribir este acuerdo? 
Podría decir muchas más cosas de lo demás, por ejemplo, Rusia, en su declaración unilateral, pide dinero. 
En los pasillos se habla de 30 millones de ecus. 
Vamos a comprar a los rusos por 30 millones de ecus. 
Podría decir todavía mucho más. 
Una pregunta: si Estados Unidos no firma este acuerdo y expulsan a Europa de la OMC, ¿qué haríamos? 
Estaríamos igual que estamos ahora. 
Ahora me gustaría hablar del pacto institucional. 
La Comisión, bajo el impulso de Sir Leon Brittan, impidió en 1995 la adopción de los reglamentos que hacían vigentes el Reglamento 91. 
En enero de 1996, a través de una carta de dos de sus funcionarios, aconsejó a los Estados miembros que no aplicaran la legislación vigente. 
¿Una simple carta puede impedir la aplicación de la legislación aprobada por la Comisión y el Consejo? 
Where is the rule of the law, Sir Leon Brittan? 
En 1996 presentaron una nueva versión que el Parlamento rechazó en primera lectura. 
El Consejo ya no la devolvió nunca. 
En enero de 1997 intentaron que en el Comité del Consejo se aprobara una lista de países, que incluía a Canadá y a Rusia, cuando no había acuerdo internacional y esos países no habían abolido los cepos de mandíbulas, violando claramente la legislación europea. 
El Consejo rechazó, con gran acierto, este enfoque. 
Ahora me gustaría hablar de la OMC. 
Quería decir, no obstante, que el señor Comisario dijo en el momento de la ratificación que no había más legislación europea en tela de juicio por la adhesión a la OMC, sino sólo la que presentó entonces y que yo apoyé. 
Hoy plantean problemas los cepos de mandíbulas y las hormonas de la carne de bovino. 
¿Qué será lo siguiente en el futuro, señor Comisario? 
Me gustaría todavía decir unas palabras sobre las comunidades indígenas. 
Desde el principio intenté elaborar un régimen para las comunidades indígenas. 
Pueden contar con la comprensión de este Parlamento para hallar una solución que haga compatible nuestro legítimo derecho de emplear menos crueldad en el mundo y de satisfacer las pretensiones de vida que legítimamente tienen estas comunidades. 
Desgraciadamente no he encontrado interlocutores ni en Europa ni en Canadá. 
No obstante, sigo dispuesto a ello. 
Señor Presidente, agradezco la tolerancia que ha mostrado y pido a los señores diputados que manifiesten su voluntad de rechazo de este mal acuerdo. 
Señor Presidente, el historial de los cepos de mandíbulas de acero, o cepos dentados, es tan triste como vergonzoso. 
Francamente, el Parlamento tiene razón para estar indignado por la patética situación en que nos encontramos después de tantos años de insistencia. 
Antes que nada he de decir que no acepto la validez del denominado acuerdo que se nos ha presentado, porque lo ha negociado la Comisión sin haber recibido mandato alguno. 
Señalo a la atención de la Comisión el debate que tuvo lugar en este Parlamento el 21 de febrero de este año y en el que la cuestión suscitó un intercambio de opiniones muy acalorado. 
Sugiero que Sir Leon Brittan lea el acta de ese debate ya que todo lo que dijimos entonces sigue siendo válido en la actualidad. 
Mi Grupo apoya sin reservas el excelente informe del Sr. Pimenta, que también obtuvo el apoyo de una gran mayoría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Este baturrillo inadecuado e inoperable en forma de acuerdo está lleno de agujeros tan grandes que un oso polar podría pasearse a través de él. 
No pone término a la crueldad de que son víctimas los animales a causa de la utilización de cepos dentados, y lo que hace en realidad es tolerar su uso durante cuatro años más por lo menos. 
Ni siquiera refleja la posición de los propios expertos científicos de la Unión Europea. 
Ahora tenemos cepos con una especie de revestimiento alrededor de los dientes que, según se nos dice, son más humanos. 
Me supongo que eso quiere decir que no hacen tanto daño si el animal se amputa a dentelladas su propia pata cuando se encuentra atrapado en uno de ellos. 
Hemos aprobado la utilización de cepos que matan al animal en menos de cinco minutos, y que, evidentemente, siguen capturando por lo menos a un 20 % de animales a los que no estaban destinados; peor para esos animales, pues al fin y al cabo no se tenía la intención de capturarlos. 
Tenemos también cepos dentados que se pueden utilizar debajo del agua, característica que, por lo visto, les resta crueldad. 
Se ha hablado mucho acerca de los derechos de las poblaciones indígenas, especialmente el Gobierno canadiense, pero la verdad es que este denominado acuerdo no es muy firme por lo que se refiere a la posibilidad de incluir a esas poblaciones en las negociaciones. 
El arreglo a que hemos llegado con Rusia no vale siquiera el precio del papel en que está escrito: sólo se llevará a cabo si desembolsamos considerables sumas de dinero. 
El plazo de validez parece haber desaparecido en un agujero negro, y en ningún lado se habla de medidas de represión y de sanciones por incumplimiento. 
No hay acuerdo alguno con los Estados Unidos, como ha dicho el ponente, pues han admitido que no pueden imponer ninguna medida a todo su sistema federal, de forma que sus cazadores pueden seguir sirviéndose de los cepos dentados. 
Podríamos seguir enumerando las críticas que nos inspira el denominado acuerdo, pero la verdad es que estamos demasiado descorazonados. 
La única actitud sensata es rechazarlo y volver a las normas legislativas que ya hemos convenido en este Parlamento y que son perfectamente defendibles si el Canadá nos emplazara ante la OMC. 
Por ejemplo, nadie puede acusarnos de que queramos obtener una ventaja injusta para el comercio doméstico de la Unión Europea y, como la razón principal en que se basan las normas legislativas es el bienestar de los animales, nuestra posición es perfectamente defendible como manifestación de nuestra voluntad de proteger la ética pública. 
Este acuerdo es irremediablemente malo y no podemos aceptarlo. 
Insto a la Comisión a que negocie un acuerdo más firme y a que prohiba la venta en la Unión Europea de las pieles provenientes de los animales capturados con cepos que no cumplan las normas fijadas en un acuerdo internacional nuevo y mucho más riguroso. 
Distinguido señor Presidente, señor Comisario, por enésima vez se insta al Parlamento Europeo a emitir su opinión sobre la problemática de los cepos de mandíbulas. 
Tenemos ante nosotros el proyecto de un acuerdo por el cual se van a establecer a nivel internacional normas humanas de captura. 
Sin embargo el proyecto del acuerdo tiene sus deficiencias aunque nosotros celebraríamos con gusto como un avance el hecho de que tras años de negociación y de estancamiento se presente un proyecto. 
Un rechazo, eventualmente necesario, del acuerdo y la implantación de la prohibición europea de pieles perjudica a la industria peletera europea y, en especial, a los pueblos indígenas del Canadá que se ganan el sustento con el comercio de pieles. 
Quien me conozca, sabe que he tomado siempre especialmente en serio estos argumentos. 
La protección de los animales y la forma permanente de vida y de economía de muchos pueblos indígenas no se excluyen mutuamente- pienso yo- sino que más bien se complementan. 
Nuestro objetivo común debe ser conciliar entre sí el objetivo de la protección de los animales y los intereses legítimos de los pueblos indígenas. 
En mi opinión, para alcanzar este objetivo ha habido hasta ahora dos caminos, uno de ellos la celebración de un acuerdo sobre métodos humanos de captura, que merezca este nombre- el actual probablemente no lo merece -, que establezca estándares altos de protección de los animales y a la vez responda a los legítimos intereses de los pueblos indígenas o, si esto no resulta, la constitución de un sistema propio de comercialización para pieles de animales que hayan sido capturados por tramperos indígenas. 
En mi opinión, si los representantes de los pueblos indígenas hubieran participado en las negociaciones se habría llegado con más rapidez a un resultado en este punto. 
Después de mis contactos con representantes de pueblos indígenas de Canadá- y los he tenido, Sr. Pimentasé que es necesaria la renuncia a los cepos de mandíbulas; incluso esta renuncia se practica allí. 
Una solución del problema consiste también en el mejoramiento de la selectividad de las trampas, es decir, hay que desarrollar trampas que sólo puedan capturar a determinado animales. Esto demanda también, naturalmente, una mejor formación de los cazadores. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo deseo apuntar que estoy interviniendo en nombre de la Sra. Baldi, a la que le ha sido imposible estar aquí esta noche y que me ha entregado sus notas, pues ha seguido de cerca este dossier. 
Personalmente, deseo expresar mi simpatía hacia el Sr. Pimenta que trabaja con gran entusiasmo en favor de estas causas. 
Tras una larga serie de obstáculos e incertidumbres, en el pasado mes de diciembre se alcanzó el Acuerdo Internacional de Normas en materia de captura no cruel entre la Comunidad Europea, por una parte, y Canadá y la Federación Rusa, por otra. 
El Acuerdo, fruto de un gran esfuerzo por parte canadiense y rusa, no satisfizo al Consejo que solicitó una serie de mejoras. 
La Comisión, en consecuencia, volvió a reanudar las negociaciones y ha elaborado una nueva propuesta de acuerdo que se va a presentar en el Consejo de los Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea de los días 19 y 20 de junio. 
Ya que el Sr. Pimenta no considera satisfactorio dicho texto, nos encontramos ante un informe que se anticipa en el tiempo e impugna un acuerdo que el Consejo, de hecho, todavía no ha aprobado. 
Los cierto es que Estados Unidos no ha firmado el acuerdo y que por tanto se trata de un acuerdo parcial, de un compromiso, aunque se trata de un compromiso que, según la Sra. Baldi, implica un avance. 
Por consiguiente, nuestro Grupo estima que no hay que rechazar el acuerdo alcanzado. 
Señor Presidente, este debate sobre el tema de los cepos parece interminable. 
Podría repetir sin dificultad lo que dije hace un año y hace dos años. 
Pero una cosa es segura: para la Comisión Europea, los intereses comerciales han primado sobre el bienestar de los animales y los principios democráticos. 
Yo y la gran mayoría del Grupo ELDR consideramos muy lamentable que la Comisión no haya cumplido lo acordado y ahora nos endilgue un acuerdo voluntario sobre los métodos de captura. 
Ello implica un vaciamiento de la democracia europea, pues había un reglamento del Consejo de 1991, y nosotros queríamos mantenerlo. 
Después, la Comisión decidió aplazar por un año la prohibición de importar pieles procedentes de países que utilizan cepos, que luego se volvió a aplazar otro año, y he de reconocer que resultará muy desagradable para la Comisaria Bjerregaard que esté presente el Comisario Brittan. 
Ha ganado usted. 
Sus intereses comerciales han primado sobre el bienestar de los animales de la Sra. Bjerregaard. 
Le felicito, pero lo lamento. 
Considero que un acuerdo en que no se ponga fin a corto plazo a los cepos es inaceptable, y estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Pimenta en que este acuerdo es totalmente inadecuado e ineficaz, por lo cual ha de rechazarse, y en que es preciso aplicar sin demora una prohibición de importación. 
Señor Presidente, considero increíble esta historia por dos razones: primero, porque tenemos un reglamento del año 1991 que debería regir a partir del 1.1.1995. 
Esta fecha fue aplazada un año hasta el 1.1.1996 y después fue aplazada de nuevo hasta el 1.1.1997, y de repente no tenemos nada. 
Lo que ustedes se permiten presentarnos como un acuerdo constituye sencillamente una frescura. 
Pues, en primer lugar, no existen trampas humanas. 
Basta con que uno se atrape los dedos en la puerta del automóvil, y con independencia de que haya goma dentro o no, dolerá igual, y que un animal luche por su vida y tenga que sufrir su agonía y morir asquerosamente en una trampa, que nosotros denominamos humana, le es también totalmente indiferente al animal. 
Por lo demás, un animal no puede leer si la trampa está destinada para este o aquel animal o si se trata en su caso de una especie protegida. 
Sin embargo, considero absolutamente más increíble la frase- y ahora cito literalmente del Diario Oficial: » El bienestar de los animales descenderá transitoriamente a un nivel muy bajo en la trampa mortal». 
Hay que imaginarse que el bienestar en una trampa mortal desciende transitoriamente, por decirlo así, a un nivel muy bajo. 
¿Quieren tomarnos realmente el pelo con estos documentos en el Diario Oficial? 
Esto constituye directamente una burla de toda la protección de los animales. 
Vamos a apoyar el informe del Sr. Pimenta y nos prohibimos semejantes asuntos cínicos. 
Considero esto una frescura. 
Primero desprecian ustedes los reglamentos, los deseos del Parlamento, esto es pitorrearse de la democracia, y luego se permiten ustedes semejantes escritos. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista y en mi calidad de presidente del Intergrupo parlamentario de conservación y bienestar de los animales, quiero hacer constar que apoyo firmemente el informe del Sr. Pimenta y que espero que este Parlamento lo adopte. 
Todavía me acuerdo de que hace seis, siete e incluso ocho años hablábamos ya de estas cuestiones. 
Creíamos haber encontrado una solución cuando recibimos el Reglamento del Consejo de 1991, aunque nos desilusionó el comprobar que teníamos que esperar cinco años antes de que se pusiera en vigor. 
Han pasado casi dos años después del final de ese plazo que nos desanimaba, y seguimos esperando que pase algo. 
Ahora, en junio de 1997, la Comisión pide al Consejo que respalde un acuerdo inadecuado y poco satisfactorio con el Canadá y con Rusia, sin que se trate para nada de los Estados Unidos. 
Las considerables derogaciones que se han tolerado, la falta de medidas de represión convincentes, la falta de sanciones en caso de incumplimiento, son otros tantos aspectos que hacen dudar acerca de la posibilidad de que se consiga algo sustancial con los compromisos de poca monta asumidos por el Canadá y por Rusia. 
Esto significa que no se ha adoptado ninguna medida encaminada a abordar la cuestión íntegra de los sufrimientos impuestos a los animales. 
Tenemos que rechazar las medidas que se nos sugieren. 
Se diría que la Comisión teme que el GATT intervenga en nombre de la libertad de comercio y que la OMC adopte una decisión negativa sobre esta cuestión. 
No tiene por qué ser así. 
Al fin y al cabo, cuando el Parlamento extendió su apoyo al acuerdo GATT se nos prometió que se tendrían debidamente en cuenta las cuestiones de la protección del medio ambiente y del bienestar animal. 
Personalmente nunca he confiado mucho en ese tipo de promesas, y por eso no voté a favor del Acuerdo del GATT. 
No creo que las medidas previstas fueran adecuadas, pero se nos dijo que sí que lo eran. 
Si lo son, opongámosnos a una decisión adversa de la OMC. 
Opongámosnos con firmeza. 
Si no podemos ganar el caso, entonces tendremos que pensar en la posibilidad de reformar el GATT para asegurarnos de que el comercio, por importante que sea, no tiene preferencia sobre otras consideraciones como el bienestar de los animales, la protección del medio ambiente y el bienestar de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, la discusión sobre la prohibición de los cepos de mandíbula es la historia interminable del sufrimiento de los animales, de la indigencia de los animales, de la crueldad humana y del fracaso político. 
Una vez más tenemos un reglamento de la UE que está en vigor desde el 1 de enero de 1996 y que sencillamente no se lleva a la práctica. 
Ahora se nos sirve un acuerdo que no es ningún acuerdo. 
Los cepos de mandíbula se van a permitir durante algunos años más. 
La muerte de los animales se producirá tras 300 segundos, es decir, tras 5 minutos de angustia mortal, de agonía, de crueles dolores. 
El acuerdo tampoco prevé una regulación acerca de cómo deben sacrificarse los animales retenidos. 
Muchos animales, señor Comisario, suelen ser muertos por aplastamiento, colocándose el trampero encima del animal y pisándolo hasta que muere. 
Nosotros los europeos no queremos ningún cepo de mandíbula y esto es así. 
Pero aparte de los cepos de mandíbula, en Europa están autorizadas otras trampas, con independencia de qué heridas causan o del tiempo que tardan en matar. 
Tenemos mucho que hacer, no sólo en Canadá, sino también en Europa. 
Espero que mañana el Parlamento apoye a Carlos Pimenta y rechace la propuesta de la Comisión. 
Si el Consejo de Ministros de medio Ambiente hace también lo mismo el 19 y el 20 de junio, habremos ganado. 
Si no lo hace, entonces no se tratará de un fracaso del Parlamento, sino de los Ministros de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, todos nos hacemos cargo de que durante muchos años esta cuestión ha suscitado sentimiento sinceros y profundos. 
Ahora bien, lo que hemos de preguntarnos es si el último acuerdo representa o no representa un adelanto sin precedentes en materia de normas internacionales para la utilización de cepos, normas que, si se adoptan, mejorarán el bienestar de los animales y aliviarán la amenaza de que son objeto nuestras relaciones con nuestros asociados canadienses y rusos. 
Puedo decirles sin la menor vacilación que el bienestar de los animales mejorará considerablemente si este acuerdo se pone en vigor y que si no es así y se impone una prohibición del tipo que los diputados que la preconizan desean que se imponga, entonces no se habra hecho nada para mejorar el bienestar de los animales, porque sería un gran error creer que, de suceder lo que acabo de decir, los países interesados, ante semejante perspectiva, adaptarían sencillamente sus leyes y modificarían la situación de la forma que quieren los diputados de este Parlamento. 
Ésta es una presunción total e íntegramente utópica. 
Por esa razón coincido con el Sr. Malerba en que este acuerdo representa un progreso considerable. 
Me agrada que ayer la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores adoptase una opinión que recomienda claramente que se apruebe este acuerdo. 
Se ha hablado mucho del mandato y de los objetivos y de las finalidades. 
Hay que decir con toda claridad que el reglamento sobre cepos dentados brindaba dos opciones diferentes a los países que deseaban evitar las restricciones en la importación de pieles: o prohibían la utilización de cepos dentados, o podían utilizar métodos de captura que cumplieran las normas de aceptación internacional en materia de cepos no crueles. 
Nunca se ha tenido la intención de que se aplicaran las dos opciones. 
Es evidente que a falta de acuerdo sobre las normas de captura con cepos se podía recurrir a la institución del embargo sobre las pieles. 
Ahora bien, el reglamento dejaba perfectamente sentado que había una opción- y me permitiré añadir, una opción preferible- para concertar un acuerdo sobre normas de captura no cruel. 
La razón de que se hiciera constar esa opción es que dicho acuerdo representaría una mejora para el bienestar de los animales, mientras que una prohibición no mejoraría nada a ese respecto. 
Por eso no tenemos que disculparnos si hemos negociado con el Canadá, los Estados Unidos y la Federación de Rusia. 
Se ha hecho referencia a los Estados Unidos. 
No tenemos un acuerdo con los Estados Unidos y, por lo tanto, de lo que estamos hablando ahora es del acuerdo con el Canadá y con Rusia. 
Se impartieron directivas para la negociación y el acuerdo obtenido era compatible con esas directivas. 
Este aspecto no se refleja en absoluto en el informe Pimenta, que tampoco habla para nada del hecho de que, después de que el Consejo de Ministros nos pidiera que lo hiciéramos, seguimos negociando y obtuvimos importantes mejoras en el acuerdo con el Canadá y la Federación de Rusia. 
La Comisión transmitió el acuerdo revisado al Consejo de Ministros de Asuntos Generales del 2 de junio, que manifestó su satisfacción por las mejoras conseguidas. 
El acuerdo revisado ha sido transmitido oficialmente al Consejo para su aprobación, junto con una lista de los terceros países que podían exportar pieles a la Comunidad Europea, entre los cuales figuran el Canadá y la Federación de Rusia pero no los Estados Unidos. 
Según estipulan los procedimientos pertinentes, al Parlamento Europeo se le consultará oficialmente acerca del acuerdo revisado antes de su ratificación final. 
Las mejoras conseguidas en la última ronda de negociaciones son considerables y lamento que no se hayan enunciado detalladamente en la resolución que propone el Sr. Pimenta. 
El informe del Parlamento no tiene en cuenta las considerables mejoras que se están negociando, ni las menciona. 
El acuerdo se aplicará ahora a todos los dispositivos mecánicos que matan o retienen, utilizados para capturar 19 especies independientemente de la finalidad de la captura. 
Los dispositivos que no cumplen las normas del acuerdo serán suprimidos por las partes dentro de un plazo de tiempo perfectamente definido. 
Por lo tanto el acuerdo es mucho más amplio que el reglamento, que trata únicamente de un tipo de cepo y que sólo abarca a 13 especies. 
El acuerdo aliviará el sufrimiento de los animales, tanto en la Unión como en terceros países, en mucha mayor medida que si se impone una prohibición. 
Las normas se han fijado a un nivel elevado para la protección de los animales, teniendo en cuenta los conocimientos científicos y empíricos de que se dispone en la actualidad. 
Exigir más de lo que exige el acuerdo podría desembocar en una situación en la que la mayor parte de los métodos de captura, incluidos los que se utilizan actualmente en la Unión Europea, no cumplirían las normas. 
Se ha hecho referencia al tiempo límite de 300 segundos hasta llegar a la muerte del animal. 
Es evidente que hubiera sido mejor que hubiéramos podido fijar un plazo más corto, pero de todos modos el límite sugerido representa un considerable mejoramiento de los métodos mortíferos de captura, incluidos los que se utilizan corrientemente en la Unión. 
Además, el acuerdo prevé que ese límite de 300 segundo se revise dentro de tres años, con miras a disminuirlo hasta 180 segundos. 
Hay que tener en cuenta las consideraciones técnicas y de seguridad. 
Para matar rápidamente a un animal es preciso que un cepo tenga mucha fuerza y eso puede presentar un peligro para los propios cazadores o para cualquier otra persona o animal doméstico que ponga en funcionamiento el cepo. 
El acuerdo prevé una aplicación gradual que incremente progresivamente el rigor de sus disposiciones. 
La primera revisión de las normas está prevista para tres años después de que entre en vigor el acuerdo, y en ella se tendrán en cuenta las actividades de investigación que hayan desarrollado las partes. 
Por lo tanto, el acuerdo representa un primer paso ambicioso encaminado a establecer normas internacionales de base científica que no existen en la actualidad. 
La Organización Internacional de Normalización ha pasado casi diez años tratando de definir esas normas, sin éxito. 
Si hubiera conseguido establecer normas, hubieran sido de aceptación voluntaria. 
Este acuerdo es obligatorio en derecho internacional. 
El carácter vinculante del acuerdo se ha reforzado en el texto revisado pues ahora se estipula que las decisiones del Tribunal de Arbitraje serán obligatorias para las partes. 
Las derogaciones en favor de las poblaciones indígenas se han aclarado también y se ha limitado aún más su ámbito. 
Por último, sin que esto quiera decir que sea menos importante, uno de los principales logros de la nueva ronda de negociaciones ha sido que se han reforzado sustancialmente las obligaciones de Canadá y de Rusia acerca del establecimiento de un calendario acelerado para la eliminación de determinados tipos de cepos dentados. 
Está muy bien que se muestre indignación por el hecho de que no se han eliminado instantáneamente, pero debo decirles que, a falta de acuerdo, aunque se instituyera una prohibición, no se eliminarían dichos cepos en absoluto. 
Para el Canadá habrá una prohibición sobre la utilización de todos los tipos de cepos de mandíbulas para la retención del animal en el caso de siete de las doce especies canadienses que se capturan, tan pronto como el acuerdo entre en vigor. 
Por lo que se refiere a las otras cinco especies canadienses, quedará prohibida la utilización de cepos convencionales de retención con mandíbulas de acero al final de la tercera temporada de caza y captura después de la concertación del acuerdo por la Unión, o sea para el 31 de marzo del año 2000 si el Consejo aprueba el acuerdo antes del 1 de octubre de 1997. 
Es evidente que los demás tipos de cepos dentados, y en realidad todos los cepos mecánicos, quedarán prohibidos también con arreglo al calendario fijado en el acuerdo si se demuestra que no son compatibles con las normas. 
Comprendo que nos ocupemos tanto de los cepos dentados, pero no olvidemos que hay otros cepos y que el acuerdo ofrece un método para ensayar dichos cepos y prohibirlos si no cumplen lo especificado en el acuerdo. 
En el caso de la Federación de Rusia, los cepos normales de retención con mandíbulas de acero, que son el único tipo de cepo dentado que se utiliza en Rusia, quedarán prohibidos por lo que se refiere a las especies rusas para el 31 de diciembre de 1999 si se presta suficiente asistencia financiera para reemplazar los cepos actualmente existentes. 
Espero que el Parlamento, al que tanto preocupan estas cuestiones, utilice su influencia para ayudarnos a obtener los medios financieros para hacer lo que he dicho. 
He de decir sencillamente que no es verdad que, como se ha indicado en el debate, de no brindarse asistencia financiera no se sustituirán los mencionados cepos, porque en el acuerdo se estipula el compromiso de que, de no facilitarse asistencia financiera, los cepos se eliminarán de todos modos, a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo. 
La principal cuestión que hay que tener presente al evaluar este acuerdo es la siguiente: ¿cuál es realmente la mejor opción para mejorar el bienestar de los animales capturados en el Canadá y en Rusia? 
Para nosotros no hay duda de que la aprobación del acuerdo ofrece la opción que mejorará considerablemente el bienestar de los animales y que preservará los intereses superiores de la Unión Europea. 
No hay conflicto alguno entre el comercio y el bienestar de los animales. 
Este acuerdo mejora el bienestar de los animales al mismo tiempo que protege los intereses comerciales. 
Por vez primera un acuerdo internacional establecerá normas vinculantes para controlar el comercio por razones de bienestar de los animales. 
Me dirijo a todos los que son objetivos y están dispuestos a escuchar los argumentos que demuestran que se trata de un notable paso adelante. 
No cabe subestimar la importancia de semejante precedente. 
Es literalmente la primera vez que un acuerdo internacional establecerá normas vinculantes por motivos de bienestar animal. 
Un embargo sobre las pieles no conseguiría nada, y tendría seguramente consecuencias económicas, sociales y políticas negativas, tanto en los terceros países como en la Unión Europea, que afectarían a las comunidades indígenas, pero no solamente a ellas. 
Como ya he dicho la situación en el caso de los Estados Unidos es diferente. 
No tenemos todavía un acuerdo con ellos. 
No hay alternativa a la plena ejecución de lo dispuesto en el Reglamento 3254/91 sobre pieles provenientes de los Estados Unidos, pero confío en que se pueda encontrar todavía una solución más satisfactoria para el caso de dicho país. 
Estoy seguro de que la mejor manera de conseguirlo, y de lograr por lo tanto el bienestar de los animales en los Estados Unidos, consiste en obtener la aprobación de este acuerdo con el Canadá y con Rusia. 
Es razonable que situemos esta cuestión en el contexto más amplio de nuestra política sobre comercio internacional, medio ambiente y bienestar de los animales. 
No creo que el sistema de comercio multilateral socave los intereses del medio ambiente. 
Pretenderlo me parece que es equivocarse y hacer caso omiso de los enormes esfuerzos que ha desplegado la Unión Europea, que incluso está a la cabeza en esa esfera, para promover la labor sobre el medio ambiente en el marco de la OMC. 
Me hubiera gustado que el Comité de la OMC sobre comercio y medio ambiente hubiera podido ir aún más allá, y si no hemos podido conseguirlo no ha sido por la renuencia de la Unión Europea y menos aún por la renuencia de la Comisión en favor de insistir en dirección del medio ambiente. 
Ha sido porque el resto del mundo no nos ha seguido. 
No tenemos que avergonzarnos de nada. 
A la luz de lo antedicho, todo intento de servirse de esta cuestión para crear controversias en el marco de la OMC menospreciará nuestros honorables esfuerzos y obstaculizará el continuo progreso del comercio internacional y del medio ambiente en que todos confiamos y casi seguramente desembocará en una autoderrota y pérdida de credibilidad de la Unión Europea en el marco de los procedimientos multilaterales de solución de controversias; todo esto sucederá si seguimos otro camino. 
Todas éstas son las razones por la que recomiendo firmemente, al igual que la Comisión- y los esfuerzos desplegados para dividir a la Comisión no tendrán éxito -, que se adopte una actitud positiva respecto del acuerdo con el Canadá y la Federación de Rusia. 
Insto al Parlamento Europeo a que tenga en cuenta el texto más reciente al expresar su opinión sobre esta cuestión tan delicada como importante. 
Señor Presidente, quisiera dirigirme directamente a Sir Leon Brittan porque es la primera vez que asiste a un debate sobre esta cuestión en este Parlamento, por lo menos en los dos últimos años. 
Ha leido usted el discurso que traía escrito. 
Desgraciadamente no nos contestó ni a la Sra. Pollack, ni al Sr. Eisma, ni al Sr. Flemming, ni al Sr. Schnellhardt ni a mí. 
Hemos planteado cuestiones de gran importancia sobre selectividad, falta de sanciones, lo que podría suceder si los Estados Unidos de América nos emplazaran ante la OMC, etc. 
Es demasiado tarde para ocuparse detalladamente de artículos determinados, pero cuando el Presidente Santer vino a este Parlamento y nos pidió que aprobáramos su equipo y su programa, en su calidad de Presidente de la Comisión se comprometió a prestar seria consideración a las opiniones que exprese democráticamente este Parlamento, aunque se hallen al margen del procedimiento legalista de codecisión. 
Cuando el Parlamento votó sobre esta cuestión en febrero de este año, el resultado de la votación fue 85 votos a favor y 3 en contra. 
Si más del 75 % de los presentes adoptamos este texto mañana, ¿aceptará usted que tenemos un derecho democrático legítimo a estar en desacuerdo con lo que usted piensa? 
Incluso aunque crea usted todo lo que ha dicho, si nosotros, los representantes de 15 países de Europa, que abarcamos a todos los partidos políticos, rechazamos su opinión por una considerable mayoría, ¿tendrá usted la humildad de aceptar que no es usted el único varón sobre la tierra y que a lo mejor está usted equivocado? 
Señor Presidente, muchas gracias por darme la oportunidad de transmitir brevemente una información. 
Soy portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Ayer tarde dimos nuestra conformidad, realmente por gran mayoría, a la propuesta de la Comisión, por las razones que Sir Leon Brittan acaba de exponer y que han sido expuestas también aquí como argumentos por el Sr. Malerba en nombre de la Sra. Baldi. 
Sabemos que la discusión sobre la colocación de trampas es un difícil problema. 
Sin embargo, creemos que en un desarrollo gradual hacia métodos más humanos de captura la decisión de la Comisión ha sido acertada. 
Hemos votado por gran mayoría a favor de la propuesta de la Comisión, pero contra el voto del ponente de la Comisión de Medio Ambiente, y con los votos favorables del Sr. Ilaskivi y de otros colegas pertenecientes a otros grupos. 
Sé que esta posición es quizá una posición minoritaria, incluso dentro de mi grupo, pero quisiera advertir que ayer hemos prestado nuestro apoyo a la Comisión de acuerdo con nuestro leal saber y entender. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.25 horas) 
Aprobación del Acta 
Se ha distribuido el Acta de la sesión de ayer. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, por lo que se refiere a la lista de votaciones y al controvertido apartado 4c de los debates de la Conferencia Intergubernamental, diré que en nuestro Grupo me esforcé vigorosament por que votáramos a favor. 
Ahora bien, cuando llegó el momento de la votación, se produjo una situación muy desagradable porque el Sr. Harrison, el Sr. Donelly y yo votamos en contra cuando deberíamos haber votado a favor. 
Para subsanarlo entregamos una declaración escrita a la Secretaría pidiendo que se corrigiera el Acta para que se viera que habíamos votado a favor del apartado 4c. 
En el Acta sigue constando que votamos en contra y lo que pido es que se corrija el Acta. 
Le remito a la página 14 de la versión inglesa del Acta en la que dice que los Sres. Wynn, Donnelly, Harrison y Elchlepp tenían la intención de votar a favor. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención para que se corrija una equivocación que hay en la versión española de las propuestas de resolución. 
Aparece equivocada la autoría del Grupo de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica que sí figura en el resto de las versiones. 
Hay una equivocación en cuanto a los autores que se podría corregir. 
Serían Alonso Puerta, Jové, Marset, etc. 
Comprobaremos lo que acaba de decir y lo corregiremos 
El martes me referí a la cuestión del salmón noruego y a la necesidad de que la Comisión hiciera una declaración ante este Parlamento. 
Como tenemos hoy entre nosotros a una delegación del Parlamento de Noruega... 
Sr. McMahon, estamos hablando del Acta del miércoles. 
El Acta del martes se aprobó el día siguiente, como es costumbre. 
Señor Presidente, quisiera solicitar la corrección de un error en el orden del día que se nos ha distribuido para hoy. 
En la resolución relativa a la libre circulación de mercancías en la Unión, en la resolución del PPE, B4-0488/97, no figura mi nombre. 
Como usted podrá comprobar, en la propuesta de resolución común sí figura, pero, por algún error que se ha deslizado, mi nombre no figura entre los firmantes de la B4-0488/97 y, por tanto, le pediría que lo añadiese. 
Nos ocuparemos de que se corrija. 
Señor Presidente, ha señalado usted a nuestra atención la página 14 de la versión inglesa del Acta. 
Veo que 40 diputados tuvieron que corregir ayer sus votos. 
¿Es culpa de los diputados, o del sistema que seguimos para votar? 
Me parece absurdo que haya 40 correcciones de voto en una sola sesión de votaciones. 
Yo diría que se trata de un fallo por parte de algunos diputados y de una pequeña pifia del sistema de votación. 
Si no me equivoco, aquella votación no seguía la secuencia normal y por eso algunos diputados se equivocaron. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, el martes, cuando me referí a la necesidad de que la Comisión hiciera una declaración sobre el salmón noruego- el Parlamento Europeo ha sido el único órgano al que no ha consultado Sir Leon Brittan -, el Presidente dijo que remitiría la cuestión a la Comisión. 
Quisiera saber si Sir Leon Brittan está dispuesto a salir de su claustro en la Comisión y a comunicar al Parlamento los términos del acuerdo que ha firmado con el Gobierno de Noruega. 
Con arreglo a las disposiciones del Tratado, la Comisión tiene la obligación de consultar al Parlamento acerca de los aspectos de ese Tratado. 
Hoy tenemos aquí a una delegación parlamentaria de Noruega que desea discutir esta cuestión con nosotros. 
Sr. McMahon, ha dicho usted lo que quería decir y así ha sucedido todas las mañanas de esta semana. 
Me hago cargo de que es una cuestión importante pero, como ya dije el martes cuando ocupaba la Presidencia, la Conferencia de Presidentes tiene derecho a pedir a la Comisión que venga a este Parlamento y que haga una declaración sobre cualquier tema. 
Lo mejor sería que hablara usted de esta cuestión con el dirigente de su Grupo y otros diputados con sus respectivos dirigentes, para que la cuestión se pueda plantear en la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, en el anterior período parcial de sesiones aquí en Estrasburgo, al comienzo de la sesión del lunes, formulé una pregunta sobre una licitación pública destinada a adquirir mobiliario para la cantina del nuevo edificio del Parlamento. 
Formulé una pregunta sobre las reglas que han de aplicarse. 
Lo hice primero oralmente y luego, el Presidente, Sr. Gil-Robles, me dijo que debía hacerlo por escrito. 
Lo hice ese mismo día, pero todavía no he obtenido una respuesta a mi pregunta. 
No sé cuándo obtendrá usted una respuesta pero comunicaré sus observaciones a los servicios y les pediré que contesten a su pregunta. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Macartney pero le prevengo que si se refiere al salmón le retiraré la palabra inmediatamente. 
Ya nos hemos ocupado de esa cuestión. 
Señor Presidente, ésta es una cuestión de orden. 
Con arreglo a los artículos 37 y 95, la Comisión Europea puede indicar en cualquier momento que desea venir y hacer una declaración en este Parlamento. 
El Presidente puede proponer un cambio del orden del día cuando lo desee. 
Ahora voy a mencionar la palabra «salmón» y si quiere usted retirarme la palabra, retíremela, pero lo cierto es que este Parlamento tiene su Reglamento y que la Comisión tiene también su Reglamento. 
Apoyo sin reservas lo que ha dicho el Sr. McMahon. 
Tenemos derecho a saber dónde está el Comisario. 
Sir Leon Brittan estuvo aquí anoche. 
Está procurando soslayar esta cuestión y ya es hora de que venga y hable con nosotros. 
Sé muy bien que se trata de una cuestión delicada y que el Parlamento tiene ideas muy firmes sobre el particular, pero la Comisión no ha pedido permiso para tomar la palabra. 
Ésta es la posición en que nos encontramos. 
Programa de acción «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0182/97) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de acción comunitaria «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» (COM (96) 0610- C4-0681/96-96/0318 (COD)) 
Señor Presidente, Señorías, la acción que la Comisión Europea nos propone hoy bajo la denominación «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» , de la que me cabe el honor de ser ponente en nombre de nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, no es una iniciativa aislada. 
Se inscribe en un contexto más global, el de la aplicación de una verdadera política de la juventud por la que nuestro Parlamento Europeo ha hecho constantemente votos. 
Más que nunca, los jóvenes son nuestros mejores aliados para construir la Europa de mañana. 
Para ello, no obstante, es preciso que puedan circular, estudiar, trabajar en el seno de los países de la Unión sin tropezar, como todavía lamentablemente ocurre, con trabas de todo tipo; es preciso intensificar las cooperaciones transfronterizas entre los centros escolares y universitarios para que puedan beneficiarse de numerosos y fructíferos intercambios; es preciso ayudarles a perfeccionar su formación profesional, añadiendo la plusvalía de la dimensión europea, y con ello, facilitar en un determinado plazo una integración en la vida activa, a la hora en la que el paro constituye, desgraciadamente, para una parte importante de nuestra juventud, un drama ineludible y un gérmen de desemperanza. 
Todos estos son hitos encaminados a facilitar también la adquisición de una ciudadanía europea activa, que no se decreta, sino que va esculpiéndose día a día y a través de las acciones. 
En la propuesta de la que tan oportunamente tomó la iniciativa, señora Comisaria, para ofrecer a los jóvenes de 18 a 25 años la posibilidad de experimentar, en otro país, una acción de solidaridad concreta, volvemos a encontrar lo mejor de estos ingredientes y quisiera felicitarla, al igual que a sus colaboradores, pero quizás de manera más especial a usted, señora Comisaria, porque sé que ha dedicado a este proyecto su talento y su alma. 
Nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación apreció esta iniciativa. 
La alienta firmemente y las enmiendas que presento en su nombre ante nuestra Asamblea tienen, no se malinterprete, como único objetivo garantizar al Servicio Voluntario Europeo de los jóvenes la mayor eficacia posible. 
Al igual que usted, nos preocupa que el servicio voluntario europeo sea accesible a todos los jóvenes, sin excepción. 
Esto supone una información más adaptada al terrreno. 
Supone que las asociaciones de solidaridad participen estrechamente en los procesos que determinarán a los jóvenes voluntarios. 
Al igual que usted, deseamos sacar el máximo provecho de las oportunidades de éxito del Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes, lo que supone que se preste especial atención a la calidad de este servicio. 
Esta calidad dependerá del grado de motivación, tanto del joven como de la estructura de acogida. 
Asimismo, tanto la preparación lingüística y cultural del joven, como las medidas de acompañamiento, serán elementos determinantes. 
La Comisión ha querido precisar con toda claridad que el Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes no reemplaza los distintos servicios militares o civiles nacionales. 
Estamos totalmente de acuerdo. 
No obstante, pensamos que las actividades de servicio voluntario europeo podrían fácil y oportunamente hacerse compatibles con los servicios civiles nacionales, de modo que los Estados miembros que lo deseen puedan integrar estas actividades en el marco de los servicios nacionales. 
Concluir acuerdos entre el Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes y los servicios civiles nacionales podría concretar esta perspectiva que hemos querido incluir en nuestras enmiendas. 
Asimismo, insistimos en un aspecto que nos parece esencial, que nos interesa mucho, es el del estatuto europeo del joven voluntario. 
Actualmente es todavía demasiado impreciso. 
Este estatuto debe garantizar totalmente a los jóvenes las condiciones de protección social, exoneración fiscal y marco jurídico equivalentes en todos los países de la Unión Europea, de lo contrario, el proyecto corre el riesgo de quedarse en letra muerta. 
Nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación examinó ampliamente el tema de la apertura a los jóvenes de terceros países. 
A este respecto, hace suyas las excelentes conclusiones del informe para opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación presentadas por nuestro compañero el Sr. Dimitrakopoulos. 
Por último, nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación examinó las perspectivas presupuestarias de la Comisión ejecutiva. 
Integramos lo esencial de la opinión de la Sra. Ghilardotti, pero nos pareció que los medios previstos todavía no estaban a la altura de las ambiciones y, especialmente, de la necesidad de alcanzar el umbral de una masa crítica suficiente para crear en los jóvenes una dinámica de impulso y contagio. 
Nuestra propuesta de incrementar la dotación financiera a 80 millones de ecus se inspira en esta preocupación, una preocupación que no tiene otro objeto que garantizar un efecto lo más irradiante posible a esta excelente iniciativa. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Vicepresidenta del Parlamento, la Sra. Nicole Fontaine, por su extraordinaria labor sobre el servicio voluntario. 
Asimismo, quisiera felicitar a la Comisión. 
Su propuesta es realmente muy importante, dado que intenta poner orden y sistematizar un ámbito muy importante dentro de la Unión Europea, que es el del servicio voluntario. 
Señor Presidente, Señorías, es natural que en la Comisión de Desarrollo hayamos examinado no tanto o no sólo el servicio voluntario en el marco de la Unión Europea, que es un tema con el que naturalmente estamos de acuerdo. 
Hemos tratado de ver el servicio voluntario, a partir de la propuesta de la Comisión y de las observaciones de la Sra. Fontaine, en la perspectiva de las relaciones que la Unión Europea mantiene con terceros países, una relaciones que se presentan modificadas después de la introducción de las nuevas políticas. 
Así, las propuestas a las que nos referimos y nos hemos referido en la Comisión de Desarrollo abarcan, por ejemplo, todos los países incluidos en el Convenio de Lomé y asimismo los amparados por la nueva política mediterránea, por mencionar sólo dos ejemplos. 
Confiamos en que estas propuestas, independientemente de que ahora, cuando se inicia una nueva política sobre el servicio voluntario, tropiecen con ciertas dificultades prácticas merecedoras de examen, sirvan de todas formas para dar una perspectiva al servicio voluntario en el futuro. 
En nuestra opinión, ofrecer un marco concreto en el que se desarrolle en adelante el servicio voluntario es importante tanto para los jóvenes, que son y siempre serán los primeros voluntarios, como para todos los que acepten dicho servicio. 
Evidentemente, y lo hemos dicho muchas veces, el servicio voluntario no reemplaza ni sustituye a nada. 
Es un trabajo complementario y por este motivo- e insistimos en esto, señor Presidente- la propuesta de la Comisión establece un principio importante: presenta la forma en la que se debe realizar este servicio complementario. 
Por último, dado que, como decía, nos hemos dedicado al aspecto exterior del servicio voluntario, quiero subrayar que es muy importante que las representaciones de la Unión Europea en diversos países tomen a su vez en consideración la propuesta realmente buena que tenemos ante nosotros. 
Señor Presidente, yo también deseo sumarme a las felicitaciones a la Sra. Fontaine por su excelente informe, así como quiero congratularme con la Comisión y, en particular, con la señora Comisaria Cresson y sus servicios, de la comunicación y presentación de este programa. 
El Servicio Voluntario, deseo recordarlo, tiene su origen en una iniciativa impulsada por el Parlamento Europeo que, como todos sabemos, en el transcurso del procedimiento presupuestario de 1996 y a través de una nueva línea presupuestaria, permitió poner en marcha la fase piloto con una dotación de 15 millones de ecus en 1996 y 10 millones de ecus en 1997. 
El objetivo prioritario del Servicio, como ha manifestado la Sra. Fontaine, es hacer posible que los jóvenes puedan vivir una experiencia formativa, una experiencia de trabajo voluntario a través de la ejecución de proyectos en varios ámbitos tales como la protección del medio ambiente, la ayuda social, el aspecto cultural, la conservación del patrimonio, la lucha contra la droga, que de hecho se sitúan en el centro de las prioridades de la Unión Europea. 
Creo, sin embargo, que fundamentalmente esta experiencia es un instrumento importante que permite a los jóvenes europeos construir la identidad europea, fomentar la conciencia de pertenencia y concretar la ciudadanía europea, en torno a la cual tanto debatimos en este momento. 
La experiencia de la fase piloto, que ha sensibilizado a 2.500 jóvenes, ha demostrado en este año y medio lo acertado de esta elección del Parlamento y de la Comisión. 
Y ha demostrado además que esta acción es viable y contribuye a fomentar el sentimiento de pertenencia a la identidad europea en los jóvenes y a mejorar su formación tanto desde el punto de vista de la educación y de la enseñanza como, principalmente, desde la perspectiva de su vida futura. 
La Comisión de Presupuestos ha expresado su apoyo a esto último a través de su opinión y, a fin de convertir en más eficaz la ejecución del programa, ha considerado que la gestión operativa del mismo debe inspirarse en la máxima transparencia y hacer especial hincapié en su difusión y sensibilización a nivel de los Estados miembros, y ha invitado a la Comisión a actuar en consecuencia. 
Quisiera felicitar a la Sra. Fontaine y a la Sra. Cresson, así como al personal de la DG XXII, por lo mucho que se han esforzado por llevar a cabo esta excelente iniciativa. 
Desde la elección de los nuevos Gobiernos socialistas de Francia y del Reino Unido, se ha empezado a hacer hincapié de nuevo en la Europa de los pueblos y, en particular, en la cuestión de los puestos de trabajo y en relacionar directamente a Europa con la vida de esos pueblos. 
El Servicio Voluntario Europeo nos ofrece un excelente ejemplo de la forma de combinar la experiencia laboral y la experiencia cultural; realmente ofrece una oportunidad singular para los jóvenes. 
Gracias al servicio voluntario europeo, millares de jóvenes tendrán la posibilidad de salir del marasmo social y económico en que se hallan y de afrontar el desafío de vivir y trabajar en otro país. 
Permítanme que insista en que la prioridad en este programa debe ser para los jóvenes que no tienen corrientemente la oportunidad de viajar y de trabajar en el extranjero. 
Espero que los Estados miembros aprovechen esta oportunidad para, en particular, ayudar a los desempleados de larga duración. 
He de admitir que me he dejado atraer a la idea de incluir y permitir a una mayor gama de personas de diversos sectores sociales que participen en el Servicio Voluntario Europeo, a fin de evitar que no se convierta en una especie de aparcamiento para los desempleados de largo término; hay que considerar que la idea incluye a esas personas. 
Dicho lo que antecede, hay que evitar que el programa se convierta en un trampolín para que los graduados recien salidos de la universidad ingresen en el Servicio Voluntario Europeo. 
Me referiré a continuación a algunas de las inquietudes que me hace sentir el Servicio Voluntario Europeo, y a algunas de las críticas que ya se han formulado como resultado del programa piloto. 
Antes que nada, diré que el programa peca de excesivamente burocrático. 
Hemos desarrollado un programa piloto y esto nos ha ayudado a subsanar algunos de los problemas que se plantearon en la fase inicial, pero aún queda mucho por hacer y es cierto que algunos de los mensajes que recibimos de los sectores populares es que el programa sigue siendo demasiado burocrático. 
He de decir que tengo graves reservas acerca de la posibilidad de que se extienda el Servicio Voluntario Europeo a terceros países, y en particular a países en desarrollo, no porque yo quiera hacer de nuestra Europa una fortaleza, sino porque no debemos precipitarnos y extender esta idea a todo el mundo sin antes cerciorarnos de que funcionará muy bien aquí en Europa. 
Una de las finalidades del programa del Servicio Voluntario Europeo es que debe promover la identidad cultural de Europa, con lo que se reducirán las consecuencias de la xenofobia. 
Hay trabajo suficiente para hacer participar a los jóvenes de Europa, y no estoy seguro de que se reconozca la identidad europea si enviamos, por ejemplo, un alemán a Kenya. 
Me parece que se le considerará como alemán y no como europeo y que, por lo tanto, esta cuestión es de la incumbencia de los Estados miembros. 
Por último, quisiera referirme al costo del programa del Servicio Voluntario Europeo pues siento graves reservas acerca de la cifra de diez mil ecus al año. 
Lamento tener que decir que, en algunos países, hay personas que no ganan tanto. Al fin y al cabo, se trata de un programa voluntario y, en particular, se puede reducir considerablemente el costo de la preparación, que asciende a dos mil ecus al año. 
Conseguiremos que se hagan economías de escala en este sector. 
Conviene que volvamos a ocuparnos de este aspecto y que nos esforcemos mucho más para reducir el costo por voluntario, para que así aumente el número de personas que puedan aprovechar esta oportunidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, todos somos conscientes de que en la población domina actualmente un elevado grado de euro-escepticismo que debemos combatir con eficacia. 
Los jóvenes pueden ser nuestros aliados en esta tarea pues tienen una gran capacidad de aprendizaje y de entusiasmarse y son también abiertos ante las nuevas experiencias que adquieren en sus estancias en el extranjero. 
Los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. 
Por ello, estoy convencido que debemos incluirlos al máximo en la construcción de la Europa común y a ello puede contribuir el servicio voluntario europeo. 
Saludo por ello la idea, pero coincido con la Sra. Fontaine en que la propuesta de la Comisión tiene algunos fallos. 
Lo más importante es la cuestión del marco jurídico. 
A la movilidad transfronteriza de los jóvenes se oponen unos grandes obstáculos jurídicos que deben ser suprimidos mediante la cooperación entre todos los Estados miembros para definir para todos los voluntarios un status común. 
Todos los Estados miembros tienen que adoptar las medidas necesarias para posibilitar a los jóvenes una participación sin obstáculos en el programa. 
Se trata ante todo de la concesión del derecho de residencia durante el servicio voluntario y de la conservación de los derechos en el ámbito de la seguridad social así como de la exención fiscal de los gastos y dietas percibidos por los jóvenes. 
Hay que adoptar unas normas claras para estas garantías, pues la Comunicación tienen un carácter demasiado general. 
Además, los Estados miembros deben coordinar el servicio voluntario europeo y los servicios civiles existentes en los diversos países. 
La decisión de si los servicios civiles se pueden incluir en el servicio voluntario europeo en base a acuerdos entre el servicio voluntario y los servicios civiles nacionales, queda al albedrío de los legisladores nacionales. 
A pesar de estos fallos, estoy muy satisfecho de que la iniciativa del servicio voluntario adopte por fin unas formas concretas. 
Creo que este servicio puede contribuir considerablemente a mejora la actual e insatisfactoria movilidad de los jóvenes europeos. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada, yo también deseo felicitar a la ponente y Vicepresidente de nuestro Parlamento Europeo, por el óptimo trabajo realizado. 
En Florencia, el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 1996 formuló la idea del Servicio Voluntario Europeo, a fin de implicar a estudiantes y jóvenes, en particular diplomados o parados, en acciones concretas que puedan acercar a la juventud a la construcción europea a través de actividades de ayuda social a las personas necesitadas, de lucha contra la droga, teniendo en cuenta asimismo nuestro patrimonio cultural, artístico y deportivo. 
Este proyecto de integración europea de los jóvenes en torno a los valores expresados por la cultura humanística, pasa necesariamente por su movilidad y es por esto que es preciso apoyar la iniciativa económicamente mediante, espero, un aumento de la dotación financiera. 
El Servicio Voluntario Europeo no puede sustituir al servicio militar obligatorio ni a los servicios civiles nacionales, y esto lo han de tener muy en cuenta los Estados miembros. 
Reviste importancia, sin embargo, favorecer el acceso a las infraestructuras nacionales a los jóvenes voluntarios europeos y contribuir a la creación de una sinergia y complementariedad entre las actividades transnacionales y las acciones nacionales de voluntariado, así como examinar la posibilidad de crear un instrumento comunitario permanente dotado de medios jurídicos y financieros. 
Los Estados miembros han manifestado su interés por el Servicio Voluntario Europeo y muchos de ellos están intentando poner en marcha iniciativas nacionales. 
En virtud de ello, la Comisión debe hacer hincapié en el hecho de que dicho programa ofrece una ulterior contribución en el plano de la ciudadanía, a través de una relación equilibrada entre costes/beneficios desde el punto de vista del presupuesto comunitario. 
El objetivo de la Unión es apoyar proyectos transnacionales de calidad y de larga duración- 6 meses o 1 año- y permitir así a los jóvenes de hasta 29 años residentes en un Estado miembro participar, incluso en terceros países, a una gran variedad de actividades en los ámbitos social, cultural y medioambiental. 
Dicha acción es muy significativa, ya que establece una relación con realidades diferentes y, lo más importante, permite el contacto entre los jóvenes a nivel europeo, así como con los jóvenes de terceros países. 
Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con el informe de la Sra. Fontaine y a mí me parece que habría que destacar algunas ideas sugestivas del mismo. 
La propuesta puede ayudar a que los jóvenes participen en la construcción europea, a que se sientan sujetos y protagonistas de esa construcción europea. 
Hoy, una parte muy importante de la juventud europea no participa en la construcción europea. 
También puede ayudar a tener una visión de tolerancia y cooperación desde un trabajo voluntario en la Unión Europea, a conseguir una preparación lingüística y cultural que muchos jóvenes hoy aún no tienen. 
La ponente destaca que su propuesta no debe ir dirigida a unos jóvenes de elite, que tienen toda la información y todas las posibilidades, sino a un amplio grupo. 
Debe haber un número suficiente de jóvenes que participen en un proyecto de estas características, que trabajen en acciones de utilidad pública y se debe huir de toda acción caritativa o dumping social. 
Estas son, a mi juicio, las ideas más sugestivas del informe de la Sra. Fontaine. 
Debe existir la posibilidad de que los servicios de objeción de conciencia de los países sean complementarios con los servicios en Europa. 
Sé muy bien, y se aclara bien en el informe y es propuesta de la Sra. Cresson, que esta propuesta no debe sustituir los servicios obligatorios militares ni los servicios de objeción de conciencia. 
Sin embargo, ¿por qué no llegar, en un momento determinado, a hacer posible que países como el mío, en el que hay cientos de jóvenes objetores de conciencia que no tienen un destino, puedan hacer este servicio europeo y cumplan así con el servicio en su país y con este servicio de cooperación en Europa? 
Lo digo como una sugerencia posible. 
Porque hoy, en mi país, algunos jóvenes- se puede compartir o no su opción- están en prisión por insumisos al servicio militar e insumisos a la objeción de conciencia, que sustituye ese servicio militar. 
Yo estoy completamente convencida de que, como mínimo, hay que respetar su opción. 
Es mucho más fácil hacer la objeción de conciencia que no estar dos años y cuatro meses en la cárcel. 
En el futuro- no ahora -, un servicio público de cooperación fuera de su país, que trabaje por la paz, puede tener carácter sustitutivo y evitar que estos jóvenes vayan a la cárcel y opten por esa situación. 
En nombre del Grupo de los Verdes y como todos los diputados que me han precedido hago elogio de la Sra. Fontaine por su excelente trabajo. 
El informe es bueno porque se centra en los jóvenes; no se tratan muchos temas que giren en torno a la juventud y al Servicio Voluntario en este Parlamento. 
Por eso es correcto que se haga hincapié en los proyectos que se ponen en funcionamiento tanto dentro como fuera de la UE, por ejemplo puede tratarse de la Europa oriental o del tercer mundo. 
El Servicio Voluntario aporta una comprensión y unos conocimientos que no pueden adquirise en la escuela. 
Su interés es aun mayor por el hecho de que se centra en los ámbitos sociales y del medio ambiente, por los que sabemos que los jóvenes se interesan y en los que desean trabajar. 
No obstante, tengo un problema que puede ser debido a la traducción. 
En la enmienda nº 12 se dice que hay que dar a los jóvenes que tienen más dificultades la posibilidad de participar en el programa. 
Al mismo tiempo, se cita en la enmienda nº 25 que para participar son necesarios unos conocimientos buenos o suficientes de lenguas extranjeras. 
Pienso que estas enmiendas son algo contradictorias, pero voy a controlar con la versión inglesa si se ha producido algún error en la sueca. 
Además solicito a la Comisión, teniendo en cuenta que concede muchos fondos a la investigación espacial y a la construcción de edificios para su organismo, que financie los 20 millones de ecus destinaados a los jóvenes de la UE y a este excelente proyecto. 
Señor Presidente, a pesar del gran aprecio que siento por la ponente, como persona y como Vicepresidenta del Parlamento, no puedo aprobar el presente informe. 
A fin de cuentas, no creo que se necesite un servicio civil organizado a nivel europeo, salvo que éste pretenda ser el enésimo pequeño paso, según la conocida técnica que en francés se describe como la tactique du voleur chinois, hacia la instauración de una Europa más centralizada, más federalista. 
Así, la afirmación incluida en el informe de que la Unión tiene derecho a ocuparse de la política de juventud porque en el artículo 126 del Tratado se hace una leve mención a la educación constituye un típico ejemplo de ello. 
Asimismo, como parlamentarios hemos de tener en cuenta que los importes que reservamos para todo tipo de acciones de propaganda europeísta- en este caso se trata de 80 millones de ecus, que son 3.200 millones de francos belgas- no nos llegan llovidos del cielo, sino que han de ser pagados franco a franco por los ciudadanos, agobiados ya por el terror fiscal. 
Permítame ser descarado y decirle que, si estos importes se descontaran de nuestros propios emolumentos, quizás estaríamos menos inclinados a hacer de Papá Noël. 
Y lamento por último no disponer de más tiempo para exponer las, como mínimo, otras veinte objeciones que tengo contra esta iniciativa. 
En francés se dice: et c ' est pourquoi votre fille est muette. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera referirme a las observaciones que acaba de hacer la Sra. González Álvarez a propósito del servicio militar. 
Acepto sus observaciones y apoyaré firmemente la oposición al servicio militar en cualquier país, el derecho a ser objetor de conciencia y, naturalmente, el objetivo de la paz, pero es peligrosísimo vincular el servicio voluntario con el servicio militar y en las negociaciones nos hemos opuesto firmemente a esta cuestión. 
Este aspecto es una desviación, no es lo que el programa quiere conseguir. 
Se trata de un programa interesante- y felicito a todos los que están involucrados- pero tiene una dimensión mucho más vasta. Europa es más que la circulación de capitales, dinero y mercancías, o que una moneda única o que la Unión Económica: Europa significa personas. 
Se trata de dar a los jóvenes la oportunidad de vivir y trabajar en otros países, de estudiar y de viajar. 
Por eso tenemos que velar porque no haya ninguna vinculación con el servicio militar obligatorio y utilizarlo como alternativa, por loable que pueda ser. 
Europa tiene que ser para sus pueblos; tiene que ocuparse de los verdaderos problemas con que se enfrentan sus pueblos. 
Por eso mi Grupo viene promoviendo cuestiones y argumentos acerca de la lucha contra el desempleo en toda Europa. 
Estas cuestiones se han destacado en las últimas elecciones, no solamente en las del Reino Unido sino también en las de Francia. 
Los jóvenes de Europa tienen un espíritu abierto y están tratando de obtener las oportunidades que les proporciona este programa. 
Hemos de utilizar debidamente este programa para ayudar a vencer las poderosísimas fuerzas subyacentes que, si no las controlamos, desembocarán en el racismo, el facismo y el nacionalismo. 
Viajando a otros países en el marco de este proyecto, los jóvenes pueden conocer otros países y otras formas de vivir diferentes. 
Por eso apoyo firmemente el programa y espero que salga bien parado en la votación que tendrá lugar hoy. 
Señor Presidente, para mi generación el político sobresaliente en los años de la postguerra ha sido Kennedy, Presidente de los Estados Unidos. 
Sigue siendo un nombre conocido en todo el mundo. 
Los fundadores de nuestra Europa, que suscitan el profundo respeto de este Parlamento y cuyos logros han sido sin duda alguna tan grandes e incluso quizá mayores que los de Kennedy, son menos conocidos. 
¿Por qué se recuerda a Kennedy? 
Por el apoyo prestado a Berlín durante la guerra fría, por su discurso inaugural al hacerse cargo del poder: » No preguntes lo que puede hacer por ti tu país, sino lo que tú puedes hacer por él» , y también por el Cuerpo de Paz Kennedy. 
Con esa idea ha dado su nombre a un plan que ha encauzado el idealismo, la energía y el deseo de ser útiles que millares de jóvenes americanos vienen demostrando al mundo desde hace 30 años. 
Los jóvenes europeos de nuestros días poseen el mismo idealismo, la misma energía, el mismo entusiasmo y el mismo deseo de ayudar. 
No hay más que una minoría de vándalos y de gamberros, pero a juzgar por los titulares de los periódicos se diría que lo son todos. 
Ésta es la razón de que apoye firmemente el Servicio Voluntario Europeo. 
Este Servicio ayudará a los jóvenes europeos a encauzar sus esfuerzos en un nivel más amplio que el mero plano nacional. 
En el excelente informe de la Sra. Fontaine se formulan diversas cuestiones importantes, sin contar la evidente observación de que los buenos proyectos requieren siempre más dinero. 
Tiene que haber una labor de seguimiento después de haberse obtenido la experiencia; hay que evaluar debidamente los programas. 
Tenemos que exonerar a los voluntarios del pago de impuestos sobre sus gastos. 
No hay ninguna idea en el mundo que sea tan buena que no pueda desvirtuarla el recaudador de impuestos, así que tenemos que ordenar a los recaudadores de impuestos que dejen en paz a los voluntarios del servicio europeo. 
Me refiero de nuevo al Cuerpo de Paz Kennedy y a la necesidad de dar al Servicio Voluntario Europeo un nombre popular. En mi calidad de conservador británico, propongo que en homenaje a la Sra. Cresson y a la Sra. Fontaine vinculemos esta manifestación de apoyo a uno de los más grandes europeos de nuestros tiempos: François Mitterrand. 
Demos a los voluntarios europeos ese nombre que es, al mismo tiempo, una orientación espiritual. 
Un buen informe de Nicole Fontaine y estamos acostumbrados a ello. 
La Europa de los ciudadanos, la Europa de los jóvenes, está un poco más cerca. 
Los jóvenes voluntarios europeos que se esfuerzan por otros y no sólo por sí mismos. 
Algunas condiciones por parte de los Liberales. 
En segundo lugar: una participación equilibrada, no una élite o sólo los jóvenes con pocas oportunidades. 
En tercer lugar: el control de la igualdad de participación de chicos y chicas. 
En cuarto lugar: los 60 millones de ecus del Acuerdo Interinstitucional son suficientes para el Grupo de los Liberales. 
Estuve en el proyecto piloto en el barrio Molenbeek de Bruselas y era un buen ejemplo. 
Los jóvenes miraban más allá de sus intereses nacionales y se esforzaban conjuntamente por enfrentarse a uno de los retos más grandes del siglo XXI. Convivir en armonía y comprensión, y sobre todo con las muchas culturas de fuera de la Unión Europea. 
Es decir, un buen programa. 
Pongámonos manos a la obra. 
Señor Presidente, yo también deseo dar mis más sinceras gracias tanto a la señora Comisaria Cresson como a nuestra ponente, Sra. Fontaine, por el excelente trabajo llevado a cabo. 
Considero que el texto que nos ha presentado la Comisión, integrado por el trabajo realizado por la Comisión de Cultura y por la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la Comisión de Derechos de la Mujer sirve a facilitar un conjunto de elementos que permiten dar cuerpo y forma a esta propuesta tan sumamente importante. 
Estimo asimismo fundamental la correcta integración entre servicio voluntario europeo y servicio voluntario nacional, en particular para resolver aquellos problemas que afectan a los servicios de los objetores de conciencia, problemas que hasta ahora no podían afrontarse a causa de la situación existente en Grecia. 
En dicho país, en efecto, no existía un servicio voluntario que pudiera sustituir al servicio militar, sin embargo, a partir de esta semana también se ha resuelto este problema, aunque de forma discutible, mediante la aprobación de una nueva ley. 
Estimo importante adecuar la información en los diferentes países y entre las diferentes organizaciones no gubernamentales y eliminar cualesquiera obstáculos con respecto a la libre participación de los jóvenes de ambos sexos. 
Esto fomentará también entre los jóvenes ese concepto de ciudadanía europea que tanto deseamos. 
Señor Presidente, Señorías, la persona de la ponente no está en tela de juicio, pero seré sumamente critico. 
Efectivamente, este informe desborda, claro está, buenas intenciones, pero también demagogia; cabe preguntarse, por lo demás, si lo que se busca en realidad no un objetivo politiquero en este asunto, puesto que se ha dicho claramente que los jóvenes deben ser los «aliados» de una cierta construcción europea. 
Por lo que se refiere a los medios, es un artilugio que carece de seriedad, ya que si se se aplicara realmente el principio de susidiariedad, apenas se ve la utilidad de esta iniciativa a nivel europeo. 
El presupuesto, claro está, es muy limitado y sólo benefiará a una minoría de privilegiados; queda totalmente claro que la masa popular quedará excluida. 
Me temo, especialmente, que la finalidad real de este proyecto sea hacer olvidar el paro masivo provocado por una política de deflación europea y de apertura sin medida de todas las fronteras. 
Se ofrece trabajo voluntario, financiado por el fisco, cuando la demanda de trabajo de las empresas es insuficiente. 
Se sustraerá el dinero que financia este proyecto de lujo a la verdadera lucha contra el paro. Es un insulto para los parados y los que tienen bajos salarios y éstos no dejarán de tomarlo en cuenta. 
Señor Presidente, el Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes constituye un paso importante hacia la Europa de los ciudadanos. 
En esta casa se adoptan numerosas resoluciones que no siempre repercuten marcadamente en el ciudadano normal de la Unión. 
Pero en lo concerniente al Servicio Voluntario, no vacilo en subrayar su importancia. Este Servicio aportará desarrollo personal, experiencia y nuevas competencias al recurso más importante con que cuenta la sociedad: nuestros jóvenes. 
Por tanto doy las gracias a la ponente, Sra. Fontaine, por su excelente trabajo. 
Nos ha escuchado abiertamente y ha aceptado diversas propuestas de los que formamos parte de la Comisión de Cultura. 
También doy las gracias a un camarada de partido, el Sr. Vecchi. Todos conocemos el papel que ha desempeñado como fuente de iniciativas para el Servicio Voluntario. 
Hay muchos aspectos positivos en este programa. 
Personalmente, deseo destacar los intercambios recíprocos con terceros países. 
El desarrollo de la UE no lo dirigimos únicamente quienes residimos en la Unión, sino que también se ve influido por los que viven fuera de ella. 
Por ello es importante que se proporcione a los jóvenes de terceros países la oportunidad de visitarnos y de experimentar la cultura de distintos lugares de Europa. 
Esto es igualmente importante con motivo de la posible ampliación hacia el Este. 
Los jóvenes son el futuro de Europa. 
Tienen que disfrutar de la oportunidad de conocerse, ya que cuando las personas se conocen se crea la diplomacia. 
De este modo contrarrestaremos la creación de la» fortaleza europea». 
Señor Presidente, después de tantos oradores no quiero repetir lo mismo, aunque sí insistir en lo que han dicho muchos: que la Sra. Fontaine, como ponente, merece nuestros elogios por el contenido de su informe, pero también por la rapidez con que ha realizado tanto trabajo. 
Asimismo quiero felicitar a la Comisaria, la Sra. Cresson, que ha presentado con dinamismo la propuesta y seguramente tendrá muchas dificultades para lograr su financiación. 
Está claro, como ya han dicho muchos oradores, que este programa es vital para nuestros jóvenes, y ni que decir tiene que los jóvenes son vitales para la construcción de Europa. 
Y esto significa que hablamos de una parte muy esencial de la política total de la unidad europea. 
Significa también que no podemos hacer como si se tratara de un hobby de la Sra. Fontaine o un hobby de la Sra. Cresson o de la Comisión de Cultura de este Parlamento. 
Se trata de una parte esencial de una política de integración europea. 
¿Por qué lo digo? 
Porque me temo que luego tendremos que luchar para obtener un presupuesto para esta parte esencial, y que muchos de nuestros colegas con potestad presupuestaria digan: ¡hay tantos programas! , la Comisión de Cultura tiene que moderarse, o el Consejo de Ministro diga: el Parlamento tiene que moderarse. 
Últimamente hemos tenido muy malas experiencias con el Consejo de Ministros en relación con programas culturales esenciales. 
Por ello, quisiera defender que iniciáramos este programa sólo cuando haya un presupuesto suficiente que permita que los jóvenes a quienes va dirigido puedan participar en él, y no sólo el pequeño grupo que conoce el camino para llegar al mismo. 
No podemos poner un plato de comida delante de los jóvenes y retirarlo en el momento en que quieren probarlo. 
Sería malo para la unidad europea, pues de esto modo sólo sembraríamos decepción en lugar de esperanza. 
Señor Presidente, no podemos dejar de acoger favorablemente la propuesta de acción comunitaria en relación con el Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes que, les recuerdo, nació gracias a una idea lanzada por el Parlamento Europeo y puesta en marcha en el último semestre de Presidencia italiana. 
De hecho, se trata de una iniciativa útil para que los jóvenes protagonistas del futuro crezcan en un contexto que deja de ser nacional y que, finalmente, se convierte en europeo. 
Estamos de acuerdo con los contenidos y las propuestas formuladas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y damos las gracias a la ponente, pues se trata de propuestas para aumentar la dotación presupuestaria y elevar la edad máxima de participación de los jóvenes de entre 18 y 29 años, en vez que de 25 años. 
Sin duda, la globalización del mercado ofrecerá riesgos, pero al mismo tiempo oportunidades a los que hoy afrontan el mundo de la escuela o de la universidad y, mañana, afrontarán el del trabajo. En consecuencia, es preciso que sean capaces de comprender el nuevo contexto laboral y las oportunidades que el mismo ofrece. 
Deseamos únicamente invitar a la Comisión a que elabore un texto estratégico que mantenga activamente operativo el otro programa «La Juventud con Europa» y permita a las dos iniciativas desarrollarse de forma paralela y complementaria. 
Por último, insistimos a fin de que los ámbitos más viables del nuevo proyecto de voluntariado sean los del medio ambiente, el deporte y la valorización cultural, ya que los jóvenes dialogarán y crecerán juntos gracias a estos valores sociales. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Cresson y a la ponente de este importante informe. 
El principio de ciudadanía debe desarrollarse de forma responsable, y la propuesta de instaurar un servicio voluntario europeo ofrece, según nuestra opinión, la posibilidad de integrar a los jóvenes europeos en la vida social, así como la oportunidad de adquirir una experiencia profesional adecuada. 
No cabe duda de que la cuestión de la financiación representa un aspecto importante, por lo que consideramos que hay que hacer un esfuerzo para que aumente la dotación prevista. Asimismo estimamos importante facilitar a los jóvenes voluntarios una información completa acerca de sus derechos y deberes y velar para que el servicio voluntario europeo pueda ser compatible con los servicios nacionales y pueda integrarse en los planes establecidos por los distintos Gobiernos para luchar contra la crisis ocupacional. 
Quisiéramos asimismo que los jóvenes voluntarios europeos quedaran protegidos con respecto a sus derechos en materia de seguridad social y se les eximiera del pago de los impuestos correspondientes a sus actividades a lo largo de toda la duración del servicio. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero sumarme a las felicitaciones a la Sra. Fontaine y a la Comisaria. 
Señorías, la acción voluntaria se ha convertido, hoy en día, en uno de los instrumentos básicos de actuación de la sociedad civil en el ámbito social. 
Un servicio voluntario europeo podrá sin duda contribuir a superar las divisiones culturales y sociales que existen y, sobre todo, favorecerá el fomento de la tolerancia, la paz y la solidaridad internacional. 
Nuestro objetivo principal es poder pasar de experiencias aisladas y no coordinadas a un programa más amplio, que permita que un mayor número de jóvenes pueda ejercer una actividad de interés general en un marco multinacional. 
Esta es la razón por la que apoyo firmemente las enmiendas de la ponente a la propuesta de la Comisión sobre un aumento presupuestario para el programa y sobre la necesidad del reconocimiento de un estatuto jurídico del voluntariado europeo. 
Es justo que este servicio cuente con el respaldo de una protección social, un reconocimiento y una remuneración. 
Debido a las complejas normas vigentes en los Estados miembros, muchos de los que finalizan un período de trabajo voluntario, cuando vuelven a casa, no ven recompensados sus esfuerzos. 
Para que este servicio salga adelante, como se ha dicho, es preciso que a los voluntarios se les reconozca su condición, de modo que todos los ciudadanos jóvenes de nuestros Estados miembros puedan disfrutar de unas mismas prestaciones. 
Me preocupa, sobre todo, que el servicio voluntario pueda ser utilizado incorrectamente o explotado para resolver problemas de desempleo. 
El marco de un programa europeo debe contemplar las garantías deseadas en términos de libre circulación, de derechos de estancia y de seguridad social. 
Asimismo, conviene tratar la convalidación de la experiencia adquirida y esto sólo puede lograrse, insisto, otorgando un marco jurídico claro y concreto. 
En Europa no podemos desatender nuestro futuro, no podemos desatender, por lo tanto, a los jóvenes, sobre todo cuando estos jóvenes están dispuestos a colaborar generosamente con nuestra sociedad. 
Creo que es nuestra obligación ayudarles y apoyarlos en todo cuanto esté en nuestras manos. 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, es una gran satisfacción encontrarme entre ustedes hoy para hablar del Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes, gracias a la propuesta de decisión sobre un programa plurianual. 
Quisiera agradecer de manera muy especial a la Sra. Fontaine por el excelente informe que presentó, así como a todos los demás oradores a los que escuché con mucha atención. 
Esta propuesta de decisión confirma la fructífera colaboración que se ha establecido entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
El Parlamento Europeo siempre sostuvo la idea de un servicio voluntario a escala comunitaria. 
Como respuesta a su resolución del 22 de septiembre de 1995, la Comisión aprobó, desde enero de 1996, un documento de trabajo sobre el Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes, antes de formular la propuesta de decisión de la que ahora se ocupa el Parlamento Europeo. 
Por lo demás, quisiera informarles que la Comisión apoya activamente la propuesta española de incluir un nuevo artículo sobre el servicio voluntario en el Tratado y puedo decirles que la propuesta de la Presidencia neerlandesa incluye una declaración que destaca la importancia del servicio voluntario. 
Por tanto, si, como cabe pensar, esta propuesta de la Presidencia neerlandesa es aprobada, representará una etapa importante a nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Asimismo, añado que la línea presupuestaria B/31-011, que ustedes crearon en 1996 con el fin de llevar a cabo una acción piloto en la materia, y la renovación de la dotación para 1997 que, espero, acabe de completarse con el procedimiento Notenboom, permitieron a la Comisión concretar y poner a prueba sus orientaciones, en cooperación con los Estados miembros. 
¿En qué etapa nos encontramos ahora? 
Esta iniciativa encuentra sobre el terreno, y ustedes lo saben, un amplio eco entre los jóvenes, en lo que se refiere a propuestas de acogida. 
Las agencias nacionales y la Comisión han seleccionado una decena de miles de proyectos que abarcan toda Europa, de Islandia al sur de España. 
Esta selección se ha hecho según criterios de interés general de las actividades propuestas y el encuadramiento personalizado de los jóvenes voluntarios. 
Estos proyectos contemplan los ámbitos de actividad más variados y brindan a los jóvenes la oportunidad de traducir, en actos, la solidaridad entre europeos, al mismo tiempo que les aporta una experiencia de formación real en el ámbito social, pero también en la acción cultural, la protección del medio ambiente y todo tipo de diversas actividades de acompañamiento, por ejemplo, destinadas a los enfermos, especialmente los enfermos de sida, o los niños que padecen una enfermedad. 
Por lo demás, su diversidad es muy vasta, mucho más rica de lo que esperábamos en un principio porque no podíamos prever todas las propuestas que nos presentarían los organismos de base. 
El número de demandas, la abundancia de proyectos, el entusiasmo de los responsables, muestran la intensidad de la voluntad de compromiso que mueve a tantos jóvenes y también a muchos responsables políticos locales y muchas personas pertenecientes al mundo asociativo. 
Demuestran la profundidad de la aspiración de los ciudadanos para contruir la Europa. 
Es ahí donde el apoyo del Parlamento es absolutamente esencial, ya que traduce, mejor que otras instituciones, estas aspiraciones ciudadanas. 
En el transcurso del mes de julio, la Comisión elaborará un segundo informe que proporcionará cifras detalladas y un análisis de la puesta en práctica de la acción piloto. 
Para responder a una de las preguntas que se formularon, pronto tendré la ocasión de entregar su certificado a los primeros voluntarios que hayan terminado su servicio voluntario. 
Ya tenemos un gran número de salidas positivas en la materia. 
Quisiera señalarles, si acaso no lo saben, la existencia de este pequeño boletín que se llama Service volontaire européen-Info volontaires, que existe en tres lenguas, inglés, francés y alemán, y, en principio, se distribuye a todos los diputados del Parlamento- ya me dirán ustedes si es verdad- y también a las estructuras nacionales, que a su vez lo distribuyen a todos los reponsables de proyecto. 
Deseo que este documento tenga una gran difusión, porque contiene ejemplos muy concretos de las realizaciones, tanto en el interior de la Unión Europea como en los países terceros. 
Allí se ve cómo se movilizaron los jóvenes durante el Año Europeo contra el racismo. 
Se encuentran los proyectos de acogida, propuestas de acogida que aún no han encontrado voluntarios. 
Será puesto a su disposición, así como a la disposición de las delegaciones nacionales. 
Si, por casualidad, no fuera así, les pediría que me lo señalaran. 
Asimismo, estará disponible en Internet para que, a través del servidor Europa, pueda consultarse fácilmente. 
Por tanto, para aquellos que lamentan, y yo me uno a ellos, que la información haya sido poco difundida, estamos organizando un sistema que podrá dar información, regularmente, a las personas interesadas. 
Por otra parte, si se hubiera difundido demasiado ampliamente hubieramos corrido el riesgo de decepcionar, porque, finalmente, hemos tenido muchas demandas. 
Naturalmente, la Comisión espera un incremento significativo del número de jóvenes voluntarios en el curso de los dos próximos meses. 
Muchos jóvenes han esperado el fin del curso universitario, o escolar, para comprometerse. 
Por ende, sabemos que, en los dos próximos meses, vamos a tener una afluencia importante. 
Acaban de aprobarse 750 nuevos proyectos que van a iniciarse en las próximas semanas. 
Están en preparación un centenar de proyectos nuevos que deberían ponerse en práctica al finalizar el verano. 
Claro está, se mantendrá regularmente informado al Parlamento Europeo de la acción piloto y de su evaluación. 
Ahora tocaré el punto de la propuesta de decisión sobre el programa plunianual. 
En el informe que les ha presentado hoy, la Sra. Fontaine ha dado perfectamente cuenta del espíritu y el alcance de este programa. 
Basado en el artículo 126 del Tratado, éste último se inscribe en el marco de la política de cooperación comunitaria en el ámbito de la juventud. 
Por tanto, es complementario al programa «La Juventud con Europa» ; está destinado a brindar a los jóvenes la oportunidad de ejercer a la vez una ciudadanía solidaria y la adquisición de competencias y aptitudes en un marco educativo informal. 
La Comisión se alegra de comprobar que el Parlamenteo Europeo comparte su enfoque y ha tratado de enriquecer su propuesta gracias a las enmiendas presentadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Por tanto, vamos a poder retomar en gran parte estas enmiendas, ya sea en el texto de la decisión, o en las orientaciones que acompañarán la aplicación del programa «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes». 
Más precisamente, la Comisión retiene un determinado número de enmiendas relativas a los siguientes temas: el desarrollo de la política de cooperación en el ámbito de la juventud, la importancia de la coherencia y la coordinación con el programa La Juventud con Europa, la necesidad de eliminar las trabas jurídicas que dificultan la movilidad transnacional de los jóvenes. 
Hace un momento se aludió a un problema de fiscalidad en Finlandia, pero me parece tener entendido que las cosas están evolucionando en este sentido. 
En efecto, los Estados miembros, bajo la presión de ustedes, cada uno en su país, toman conciencia de la necesidad de modificar las disposiciones jurídicas y fiscales que resultan, evidentemente, aberrantes en estas circunstancias. 
Sé que siempre es muy difícil hacer que modificar este tipo de aspectos, pero, al fin y al cabo, sé que serán ustedes los mejores abogados- mucho mejores que la Comisión, porque no es su ámbito de competencia- para poder convencer a los responsables de sus respectivos Gobiernos de que es preciso tomar un determinado número de decisiones. 
Otros temas retenidos por la Comisión: la contribución a una verdedera ciudadanía europea en lo que toca a los ideales de democracia, tolerancia y cohesión de la construcción europea. 
El papel del sector asociativo en la participación de los jóvenes, que cada vez tropiezan con un número cada vez mayor de dificultades de acceso a los programas comunitarios, fue destacado por varios de ustedes. 
Se trata de hacer un esfuerzo especial hacia los jóvenes que no se dirigen naturalmente hacia las estructuras de acogida que les están reservadas. 
Por ende, se precisa una acción voluntarista que, por lo demás, pueda, a mi juicio, reposar en gran medida en las colectividades locales. 
La participación de los jóvenes nacionales de países terceros en las actividades del programa, en su país de origen y en el seno de la Unión Europea, así como tomar en consideración determinados aspectos específicos para el servicio voluntario en los países en desarrollo y también en los países PECO. 
La importancia de la preparación lingüística e intercultural- algunos de ustedes consideraron que la puesta en marcha resultaba un poco costosa, pero no tenemos derecho al error. 
Por tanto, debemos tener todas las garantías necesarias para que estos jóvenes, sobre todo cuando salen de la Unión Europea, estén verdaderamente bien preparados. 
La importancia de una información y una sensibilización adecuada de los voluntarios sobre sus derechos y sus obligaciones- ello forma parte, en efecto, de esta formación; una determinada flexibilidad en lo que concierne al límite superior del tramo de edad, especialmente para lo proyectos en los países terceros. 
En ese sentido, coincido con las propuestas que acaban de hacerse; la igualdad de oportunidades y la facilidad de acceso al programa para todos los jóvenes- lo dijeron hace un momento- así como la igualdad entre chicos y chicas, claro está. 
Entre las enmiendas que la Comisión no puede retener, por razones jurídicas, figura la parte de la enmienda 11 relativa al vínculo con los servicios civiles nacionales, porque éstos son competencia de los Estados miembros. 
Se trata, sin embargo, de un tema importante, que deberemos profundizar, especialmente durante los debates en el Consejo. 
También por razones jurídicas, la Comisión no pudo retener las enmiendas 1, 4, 7, 10 y 38. 
El principio de subsidiariedad también llevó a la Comisión a no retomar una parte de la enmienda 28 y la enmienda 29, que tocan aspectos que forman parte de la competencia exclusiva de los Estados miembros. 
La Comisión no pudo retener tampoco las enmiendas 30, 31, 32, 33, 34 y 35 relativas a la comitología. 
Saben que se trata de un tema muy sensible al que los Estados miembros conceden suma importancia. 
Naturalmente, todo lo que implique una simplificación de la comitología tendrá mi apoyo, pero todavía nos falta para eso. 
Por último, la enmienda 20, relativa al presupuesto, si, evidentemente, cuenta con toda mi simpatía, pero no puede, en esta etapa, ser retenida por la Comisión. 
No quisiera concluir sin agradecer de nuevo a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y, especialmente, a su ponente, la Sra. Nicole Fontaine, así como al ponente de la resolución, Sr. Luciano Vecchi, al Presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, el Sr. Pex, así como a los coordinadores de los grupos políticos, la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la Comisión de Presupuestos. 
Merece destacarse la calidad de su trabajo y el carácter tan constructivo de las enmiendas presentadas. 
Asimismo, quiero agradecer a todo el Parlamento Europeo en su conjunto por el apoyo y el interés constante que ha manifestado hacia este proyecto. 
Señor Presidente, la Comisaria Cresson acaba de hacer una comunicación interesante. 
Ha presentado a este Parlamento una nueva publicación de la Comisión. 
Una nueva publicación que guiará el programa de acción comunitario para el trabajo voluntario europeo. 
Esta publicación va dirigida en principio a todos los jóvenes de la Unión Europea. 
La Comisaria ha dicho que se publicará en tres lenguas, francés, inglés y alemán. 
¿Hemos de sacar la conclusión de que la Comisión Europea no respeta la exigencia, no sólo de este Parlamento, sino también de los propios Tratado Europeos, de que todas las lenguas oficiales de la Unión merecen y han de recibir una igualdad de trato? 
Quisiera una respuesta. 
Estos documentos no se dirigen a todos los jóvenes, están dirigidos, como ya dije, a los miembros del Parlamento Europeo y a las estructuras nacionales. 
Me parece haber entendido a través de su intervención que desea que nos mostremos ahorrativos con los fondos públicos. 
Por tanto, tratamos de hacer las cosas de una manera rápida. 
También me pareció comprender que estaba usted más bien en contra, como, por lo demás, los miembros de la misma formación política en el Parlamento Europeo, de esta experiencia y evolución relativa al servicio voluntario. 
No disponemos de muchos fondos para empezar. 
Debemos ser vigilantes. 
Naturalmente, todo lo que está en Internet, suele encontrarse, como sabe usted, en un número sumamente reducido de lenguas. 
En lo que a nosotros respecta, este folleto se distribuye en los Estados miembros y en las estructuras nacionales que podrán, claro está, con mayor razón puesto que se trata de ejemplos, publicar localmente la traducción. 
Por otra parte, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarles. 
Lo que ho hay que hacer es decir, por un lado, que eso cuesta caro y, por otro, reprocharnos al mismo tiempo hacer las cosas de la manera más económica posible. 
Se trata, pues, de un principio. 
Quizás algún día pueda publicarse este folleto en todas las lenguas. 
Por el momento, hechos optado comenzar por ahí y como se trata de un elemento que puede considerarse, si no secundario- yo no digo que no sea importante que todo el mundo tenga estos textos en su lengua- si como un primer proyecto que se pone en marcha en condiciones financieras bastante limitadas, como ya lo destacó usted, no desearía que nos opusiera este argumento. 
Por tanto, haremos todo lo posible, claro está, para que estos textos estén rápidamente disponibles localmente en todas las lenguas. 
Señora Comisaria, ¿con qué rapidez cree usted que será posible establecer las normas estatales internas para exonerar fiscalmente los gastos y dietas percibidas por los jóvenes y adoptar las necesarias normativas relativas a la seguridad social? 
Esto es de importancia para saber cuándo se pueden presentar de modo realista solicitudes a este programa. 
No creo que el hecho de que nos encontremos hoy en una situación todavía sumamente insafisfactoria haya frenado mucho el desarrollo, puesto que el número de solicitudes excede con mucho las posibilidades actuales de acogida de los jóvenes. 
El problema al que se refiere es un problema importante. 
No concierne únicamente a los jóvenes voluntario sino también a los investigadores, cuyas becas son absurdamente gravadas en un determinado número de Estados miembros, al igual que, por ejemplo, los intercambios de aprendices. 
Sabe usted que pusimos en marcha el aprendizaje por turno que es también un sistema educativo y de formación muy interesante: hace usted su aprendizaje en otro Estado de la Unión, percibe una pequeña retribución y, naturalmente, se encuentra ante el sistema fiscal del Estado en el que efectúa su aprendizaje. 
Asimismo, publicamos un Libro Verde que debe debatirse en el Consejo. 
Desearía que el tema de las trabas a los intercambios de jóvenes se trataran globalmente y, por ende, que se discuta al mismo tiempo la cuestión de los jóvenes del servicio voluntario, los jóvenes aprendices y los jóvenes investigadores que están terminando, por ejemplo, un doctorado. 
El Sr. Monti, que es el comisario responsable del mercado interior y con quien coopero en relación con este tema, se ocupa activamente de este problema. 
Esperamos convencer a los Estados miembros lo más rápidamente posible. 
A este respecto- y aquí también, no me refiero solamente a las enormes trabas a la movilidad respecto al servicio voluntario, sino también a las que existen respecto a los jóvenes afectados- les pido que hagan los trámites necesarios ante sus Estados miembros, los montantes que perciben los Estados miembros son irrisorios, visto que estas retribuciones son mínimas. 
De hecho, son sobre todo los Ministerios del Interior los que quieren controlar a través de este sistema a los jóvenes que entran en el país. 
Ahora bien, nosotros no hemos hecho Europa únicamente para los capitales y las mercancías. 
La hemos hecho para la circulación de los hombres y las mujeres y los jóvenes en especial y, por ende, les agradecería mucho que nos ayudaran en esta labor de convencimiento que nos vemos obligados a acometer ante los Estados miembros. 
No obstante, una vez más, se trata de una cuestión que atañe el ámbito de la subsidiariedad y que concierne, además, a varios ministros: el Ministro de Finanzas, el Ministro del Interior, el Ministro de Asuntos Sociales, en relación con los problemas de protección social. 
No podemos multiplicar a 4 o 5 ministros por 15. 
Ese es el problema. 
Todo lo horizontal es mucho más difícil que lo vertical. 
Por tanto, realmente necesitamos el apoyo del Parlamento en este asunto. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas de hoy. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0188/97) de la Sra. Pack, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación sobre el programa de acción comunitario SOCRATES. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, hoy hablamos sobre el programa SOCRATES. 
No se trata de una evaluación sino que hoy es solamente el momento que se determinó en el procedimiento de conciliación de 1995, por el que nos debemos reunir para determinar si los créditos que acordamos en 1995 para cinco años son suficientes o no. 
No obstante, permítanme que diga algunas palabras sobre este programa y su extraordinaria importancia. 
Este programa no se ha creado para obstaculizar a los Estados miembros en su trabajo sino para que se vea el valor adicional que puede aportar la formación europea, para fomentar la dimensión europea en el sector de la formación y acercar, en consecuencia, la Unión Europea a las ciudadanas y ciudadanos. 
Los positivos resultados de este programa se han podido establecer en campos totalmente nuevos gracias esta cooperación europea en el sector de la formación. 
Les recuerdo que por primera vez nos ocupamos de la cooperación entre escuelas en la parte del programa que se llama Comenius, que por primera vez tratamos la educación de adultos, un tema que desempeñó también un importante papel en el Año europeo de la educación y formación a lo largo de toda la vida, celebrado el año pasado, que por primera vez se tiene en cuenta el aprendizaje abierto y a distancia, que en este programa se encuentra incluido un programa- Erasmus- que ha constituido un enorme éxito de la Unión Europea- otro hijo del Parlamento Europeo- que permite a estudiantes realizar estudios en el extranjero que son reconocidos en su país. 
En este programa está también incluido el programa de aprendizaje de idiomas LINGUA. 
Creo que se trata de un programa que afecta a innumerables personas, niños a partir de una edad de seis años hasta adultos que participan en cursos de formación y que quieren saber más y algo nuevo sobre el tema de Europa. 
En este programa hemos creado también la posibilidad de que se dé un mayor valor a la dimensión europea dentro de los 15 Estados miembros al introducir este aspecto en los planes de estudios, tanto en la formación inicial como la continuada de los profesores. 
Pues ¿cómo puedo esperar que nuestros niños sean educados como ciudadanos europeos si los profesores miran a Europa con escepticismo? 
Los profesores tienen que ser formados también como auténticos europeos para que lo puedan transmitir a los niños, los jóvenes y estudiantes. 
Este programa es realmente bueno y corresponde exactamente a lo que se dice en el artículo 126 del Tratado. 
Contribuye a una formación cualitativamente elevada en toda la Comunidad. 
A todos los que tienen algo en contra tengo que decirles que no podemos socavar la subsidiariedad. 
Solamente hacemos lo que los Estados miembros no quieren o, a veces, no pueden hacer. 
Permítannos seguir haciendo lo que podemos hacer muy bien. 
Este programa tiene un gran problema, que está muy escasamente dotado. 
No quiero referirme ahora a su contenido. 
Sólo quiero decir que este programa se estableció en 1995 para 12 países miembros. 
Luego se sumaron los 3 restantes y todos los Estados del Espacio Económico Europeo. 
Hemos adoptado ahora una decisión política que ha apoyado también el Parlamento para que los Estados asociados participen. 
Queremos a los jóvenes polacos, húngaros, checos, eslovacos, rumanos, estonios, letonios y lituanos. 
Queremos incluirlos a todos ellos en este programa pues por esta vía podremos lograr también una europeización más intensa en estos países. 
Y ahora nos encontramos con que no tenemos dinero. 
Solamente disponemos del que se nos concedió en 1995. 
Naturalmente, no es suficiente ni siquiera para lo que nos hemos marcado como objetivo. 
En aquella ocasión, hemos dicho con el Consejo que apoyamos el resultado de la conciliación solamente si pasados dos años y medio nos planteamos de nuevo conjuntamente la cuestión de si es suficiente el dinero. 
Y no lo es. 
Necesitaría al menos 165 millones de ecus para dos años para poder cubrir más o menos lo que nos hemos marcado como objetivo. 
Somos modestos y decimos que planteamos solamente 100 millones de ecus pues de este modo podremos salir más o menos adelante. 
Pero si seguimos a la Comisión con los 50 millones de ecus propuestos por mí- más no podía exigir pues está sometida a otras obligaciones- en el futuro tendremos incluso menos de lo que proyectamos para los 12 países. 
Por ello, creo no nos hacemos ningún favor si ahorramos en este sector. 
No nos hacemos ningún favor y nos engañamos. 
Cuando escuchamos a los políticos, siempre dicen que Europa es una Europa de las ciudadanas y ciudadanos. 
Precisamente este programa afecta a ciudadanas y ciudadanos de todas las edades y situaciones. 
Pero nosotros nos dirigimos a ellos y les decimos que no hay dinero. 
Por favor, fortalezcan al Parlamento Europeo en su lucha contra el Consejo para lograr un mejor resultado en el Comité de Conciliación. 
Para ello, necesito un voto mayoritario de este Parlamento. 
Señor Presidente, como todo el mundo sabe éste es un programa importantísimo y aún me acuerdo muy bien de las prolongadas negociaciones que sostuvimos en 1995 acerca del proceso de conciliación, que evidentemente forma parte integrante de nuestra situación actual por lo que se refiere a las cuestiones de financiación. 
La Sra. Pack ha hablado elocuentemente acerca del valor y la importancia de este programa, y la Sra. Cresson también habló antes de él. 
Este programa es importante porque Europa tiene que ser, y es, mucho más que negocios y capitales, circulación del dinero por nuestros países y la posibilidad de que nuestros pueblos sean cada vez más ricos. 
Europa significa personas, significa jóvenes. 
Europa significa escuelas y centros educativos en nuestros países, y abarca las oportunidades de que se interrelacionen entre sí. 
La gente habla del programa y a menudo me escribe para pedirme más detalles sobre él. 
Ha recibido ya cuatro veces más solicitudes de las que puede atender. 
Los estudiantes que han participado en esos programas o en esas escuelas que han colaborado en los intercambios poseen una enorme experiencia que recordarán durante toda su vida, y constituyen los cimientos de la Europa que todos queremos que exista. 
No estamos pidiendo más que un pequeño aumento del presupuesto. 
Ojala fuera mucho mayor, porque este programa es una inversión realmente útil. 
El Parlamento Europeo y la Unión Europea conceden subvenciones para el cultivo del tabaco, para criar toros para las corridas, y, si hemos de creer lo que dice la prensa esta semana, para criar escarabajos en Italia a fin de utilizarlos como colorantes para bebidas alcohólicas, y a pesar de todo se diría que nos resistimos o nos oponemos a un pequeño aumento del presupuesto para este proyecto. 
Quisiera que el aumento fuera mucho mayor, pero de todos modos hemos de luchar por conseguir este pequeño aumento para los jóvenes de hoy y de mañana. 
Señor Presidente, la juventud de Europa puede sentirse orgullosa de estar representada, entre otros, por la Sra. Pack, que ha logrado por los pelos que ahora podamos hablar de este programa y del complemento presupuestario. 
En realidad, es una vergüenza que hayamos tenido que dedicarle tanta energía, pues, como ya ha dicho claramente la Sra. Pack, se había acordado que después de un tiempo volveríamos a examinar el presupuesto, una vez que este programa, que tiene tanto éxito y que amenaza con sucumbir precisamente por ello, ha sido ampliado a tantos países. 
Como Presidente de la Comisión de Cultura, me veo presionado por diversos países que dicen: nos habéis prometido que podríamos participar en los programas, tenemos listos los proyectos, pero no podemos llevarlos a cabo. 
Y de nuevo, como ya dije en relación con el otro programa, sembramos decepción en lugar de sembrar la visión de que el futuro es de los jóvenes y que Europa les necesita para su propio futuro. 
Es muy peligroso. 
Más tarde, cuando hablemos de la política de información de la Unión- y tenemos que hablar de ello, pues va mal, de poco servirá dar más dinero para su mejora si al difundir información sobre este programa sembramos decepción en los contactos con tantos ciudadanos, con tantos jóvenes. 
Sería contraproducente, y esto significa que tanto nosotros como el Consejo no tenemos otra opción que aceptar que este programa tiene éxito, que rinde servicio a la integración europea como tarea principal y que por ello hay que ampliarlo a todos los países que están implicados en la integración europea; la consecuencia ha de ser, por supuesto, que, si se quiere que el programa sea accesible para todos, se amplíe su presupuesto. 
Se trata en realidad, y sé que este término se interpreta de forma distinta, de gastos obligatorios, pues no se puede engañar a la población. 
Si se otorgan derechos a la población, si de otorgan derechos a la juventud, también hay que prever que puedan ejercerlos. 
Aquí ni siquiera existe la libertad de debatir sobre si tenemos que ampliar el presupuesto. 
Hemos prometido algo a la población y no podemos permitirnos, ni el Consejo de Ministros puede permitirse, decirle luego: lo siento, pero sólo es válido para un grupo limitado, y el resto no recibe nada. 
Me sumo a la petición apremiante a la Comisión Europea de que luche con el Parlamento por un complemento digno del presupuesto para este programa, ahora y en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo felicitar a la Sra. Pack, y mis felicitaciones se suman a las de los colegas que me han precedido. 
Deseo recordarles el gran éxito que está consiguiendo el programa SÓCRATES en la Unión, sobre todo en cuanto a la potenciación de la educación superior con ERASMUS y el fomento del aprendizaje de idiomas a través de LINGUA. 
El programa SÓCRATES ha fomentado de forma increíble la movilidad y los intercambios de estudiantes, profesores y asistentes, así como la creación de redes de cooperación. 
Los programas de cooperación interuniversitaria han alcanzado hasta la fecha el número de 2673. 
El éxito conseguido por SÓCRATES ha permitido que se registrara un aumento de las solicitudes de participación de estudiantes y profesores en las distintas acciones en las que se articula el programa, especialmente a partir del año 1995. 
En el territorio de la Unión Europea existen, de hecho, unos 60 millones de escolares y unos 11 millones de estudiantes. 
La Comisión Europea propone un aumento de 50 millones en la dotación financiera, establecida en su momento por el Consejo en 850 millones para el período 1995-1999. 
Dicho importe, ostensiblemente inferior a la propuesta inicial de 1005 millones de ecus para 12 Estados miembros, resulta a todas luces insuficiente para los actuales 15 Estados miembros y para los países AECL, los PECO y Chipre, que se han incluido en dicho programa. 
En efecto, en el período 1998-1999, los países de la Europa central y oriental y Chipre van a participar muy activamente en el programa; los PECO contribuirán a SÓCRATES, con la ayuda del programa PHARE, con unos 70 millones de ecus, sin embargo, esta participación, para que el esfuerzo de movilidad tenga sentido, deberá asociarse con la movilidad recíproca de los Estados miembros, cuyo importe deberá cifrarse en unos 70 millones de ecus más. 
Por consiguiente, la demanda supera con creces la dotación financiera del programa. 
En consecuencia, es evidente que si realmente queremos potenciar la educación europea a través de campañas de información y de diálogo entre los ciudadanos lanzadas, por otra parte, por la propia Unión, debemos dotarlas de los instrumentos financieros adecuados. 
De lo contrario, perderemos credibilidad ante los ojos de aquellos ciudadanos que querrán construir la Europa del futuro, de los jóvenes que esperan de la Unión Europea no palabras o promesas, sino hechos concretos, especialmente en una época, como la nuestra, en la que los ideales están en crisis y la cultura debe desempeñar el papel que le corresponde. 
Señor Presidente, nosotros los Verdes consideramos que, a fin de no comprometer la credibilidad del programa SÓCRATES, concebido en su momento para responder a las necesidades de sólo doce Estados miembros, hoy por hoy es imprescindible aumentar la dotación para su realización. 
El considerable aumento de del número de solicitudes de participación y, ante todo, la participación en el programa de once nuevos países a partir de 1998, constituye, mejor dicho, impone un mayor esfuerzo presupuestario, a fin de garantizar una movilidad recíproca entre la Unión Europea y los países asociados. 
La propuesta de la Comisión de un aumento del 5, 9 % del marco básico es del todo insuficiente y no tiene en cuenta ni la demanda real ni la apertura del programa a los países asociados. 
No queremos que el éxito de SÓCRATES corra el peligro de verse comprometido, así como tampoco queremos que favorezca sólo a quien puede permitirse sufragar los gastos de estancia en el país de acogida. 
Por esto, los Verdes apoyamos con fuerza la solicitud de la Sra. Pack, o sea, pedimos un consistente aumento que pueda dar una señal positiva a la comunidad educativa y a la opinión pública. 
Señor Presidente, decididamente, los medios que la Unión Europea dedica a su política de la juventud se encuentran en el centro de los debates de esta mañana. 
Ya que este es efectivamente el problema del programa SÓCRATES: todo el mundo reconoce su carácter positivo y la necesidad de desarrollar sus acciones. 
Sin embargo, esta voluntad expresada carecerá de efecto si no se incrementa el presupuesto en consecuencia. 
Por ello, debemos apoyar el objetivo de los 100 millones de ecus propuesto por nuestro ponente, la Sra. Pack, a la que quisiera felicitar por su trabajo. 
No olvidemos que en la conciliación, nuestro Parlamento aceptó estos 850 millones de ecus, muy inferiores a la propuesta inicial, únicamente a condición de que se revisaran sus objetivos al cabo de dos años. 
Así, la asociación de determinados PECO a estos programas, que deberá concretarse muy próximamente, incluso si será cofinanciada especialmente por el programa PHARE, exige algunos ajustes. 
Este es un ejemplo entre otros, pero demuestra que si queremos que el programa SÓCRATES responda a las expectativas que legitimamente ha suscitado, será preciso darle la ayuda presupuestaria necesaria. 
Señor Presidente, a pesar de que la UE fue fundada originariamente como Unión Económica, la evolución apunta cada vez más a una Unión de la formación. 
Ante la tensa situación del mercado laboral y la competencia de trabajadores más baratos pero peor formados, la gran esperanza de Europa radica en un elevado nivel de formación. 
Por ello, creemos que la ampliación de los programas de acción comunitarios en el sector de la formación es una forma inteligente de luchar eficazmente a medio plazo contra el paro en Europa y consideramos al programa SOCRATES como una importante inversión en el futuro de Europa. 
A pesar de que, en principio, se debe apoyar un aumento de los fondos, sin embargo, estos créditos se tienen que redistribuir internamente para no gravar aún más el presupuesto general e impedir eventuales elevaciones de las aportaciones nacionales. 
Independientemente de ello, es totalmente necesario exigir de los órganos ejecutivos unos controles estrictos y una transparencia total en los proyectos subvencionados para impedir de este modo ayudas financieras no justificadas. 
En lo tocante a la inclusión de los países de la Europa central y oriental en el programa SOCRATES, lo que también saludamos, exigimos que se realicen unos estudios fundados de las necesidades para aclarar las exigencias financieras reales. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la cuestión de una elevación de los créditos para SOCRATES se tiene que plantear por fin en un marco político europeo mucho más amplio. 
Como sabemos, este programa es una enorme ayuda a la obra de construcción europea ya que mediante los encuentros y medidas de intercambio se crean unas bases permanentes para la comprensión entre los pueblos y contribuye a la movilidad y a la cualificación de los jóvenes en la formación y en la profesión. 
Pero como cada vez se puede atender a menos solicitudes de ayuda y los importes que se conceden son en parte vergonzosos y conducen a una selección social, debe estar fuera de toda duda que es necesario aumentar los créditos. 
Felicito a la colega Pack por su informe y exposición- también en lo tocante al importe de las ayudas financieras deseadas- y quiero indicar que se debe incluir por fin plenamente a los Estados de la Europa central y oriental. 
Pero si no se elevan los créditos, los programas de intercambio se verán limitados a los Estados de la Europa occidental. 
Por ejemplo, los jóvenes de las pequeñas y medianas empresas deberían tener más oportunidades de intercambio. 
Debemos recapacitar sobre una nueva estructura de los créditos. 
Estos jóvenes apenas participan en programas de intercambio por propia iniciativa y con fondos propios. 
Estos jóvenes que se encuentran realizando su formación profesional necesitan también un encuentro cultural con los vecinos de Europa y que se ejerciten en la tolerancia y se abran más al mundo. 
Esto es importante si queremos atacar realmente de raíz la intolerancia y xenofobia que están renaciendo en Europa. 
Por ejemplo, debemos tener posibilidades de organizar programas de intercambio en el marco de hermanamiento entre ciudades. 
Son importantes en un mundo en que los idiomas extranjeros desempeñan un papel cada vez más importante. 
Es insuficiente la participación de apenas un 1 % de todos los alumnos de formación profesional en las correspondientes medidas de intercambio. 
La globalización de la economía exige también la globalización, es decir, la internacionalización, de la formación. 
Nuestra cualificación se encuentra hoy en competencia con otras regiones del mundo. 
La formación, la movilidad y las oportunidades del mercado laboral están cada vez más encadenadas causalmente, por lo que SOCRATES es también una aportación a la política de empleo en Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones y agradecimiento a Doris Pack por su gran dedicación. 
Todos sabemos por la experiencias en nuestros países lo bien que funciona el programa SOCRATES y el eco que despierta. 
Estoy seguro que cada uno de nosotros conoce al menos un estudiante que ha estudiado con una beca ERASMUS en el extranjero europeo o una clase de colegio que ha podido organizar un intercambio gracias a COMENIUS. 
A pesar de estos ejemplos tan positivos, queremos recortar los créditos para el programa SOCRATES. 
Esto no puede ser. 
SOCRATES es uno de los programas comunitarios más conocidos, sus actividades corresponden exactamente a las necesidades de los ciudadanos y les llegan directamente. 
El programa puede mostrar un gran número de logros, entre ellos, un aumento de la movilidad dentro de la Unión Europea y progresos en lo tocante al reconocimiento de titulaciones. 
No podemos hablar siempre de la proximidad al ciudadano y luego no garantizar que se pueda mantener un programa de tal éxito. 
Independientemente de ello, opino que se debería conceder una mayor importancia al aspecto de la formación de los adultos dentro del programa SOCRATES. 
Solamente con un aumento de los créditos en 100 millones de ecus podremos lograr que se lleve a la práctica el tan propagado lema de la educación y formación a lo largo de toda la vida. 
SOCRATES puede y tiene que realizar una aportación a este y otros procesos de innovación si la Unión Europea quiere permanecer siendo fiel a sus objetivos en el campo de la formación y demostrar de un modo creíble su proximidad al ciudadano. 
Señor Presidente, Señorías, el programa SÓCRATES, dirigido a promover la dimensión europea en el ámbito de la educación y, en particular, a acercar la Unión a sus ciudadanos, ha registrado en los primeros años de aplicación un éxito incluso superior a las expectativas. 
Gracias al mismo, jóvenes y adultos han podido conocer la realidad europea, sus lenguas y su cultura mucho mejor que antes de ahora, y éste es un dato de hecho que consideramos fundamental para una mayor y efectiva unidad de nuestro continente. 
Por una vez, todos coincidimos en expresar un juicio positivo con respecto a una iniciativa y en afirmar que la misma debe apoyarse y replantearse en el futuro. 
Existe, sin embargo, un problema financiero. 
Inicialmente, la Comisión propuso, como todo el mundo sabe, un importe global de 1.005 millones de ecus para doce Estados miembros. 
La decisión final, adoptada hace dos años, asignó al programa tan sólo 850 millones de ecus para un total de treinta y nueve países. Mientras tanto los Estados miembros se convirtieron en quince, a los que hay que añadir los trece países AELC, los diez PECO, así como Chipre. 
Ahora bien, a pesar de que comprendo perfectamente los motivos de índole financiera que indujeron a la Comisión a formular una propuesta que prevé un aumento de tan sólo 50 millones de ecus para el programa, comparto la opinión de la ponente, con la que me congratulo, según la cual este proyecto debe financiarse con al menos 100 millones de ecus más. 
Formo parte de la Comisión de Presupuestos y sé que no sería imposible liberar estos fondos de otros capítulos. 
Creo que, y tan sólo a título de ejemplo, un Parlamento y unas Instituciones comunitarias que se enfrentan diariamente con respecto a los costes excesivos de los inmuebles en los que trabajan, deben encontrar la fórmula para financiar esta importante iniciativa cultural. 
La ponente ya ha hablado sobre la importancia de SOCRATES para la formación. 
En todos los lugares denunciamos el renacimiento de las tendencias nacionalistas, ante todo, entre los jóvenes. 
La Unión Europea crea un medio realmente excelente para oponerse a ello al hacer posible a cientos de miles de estudiantes que conozcan Europa y, a continuación, recortamos estos programas reduciendo sus efectos. 
No deben ocurrir dos cosas. 
Primera: que debido estas restricciones financieras solamente puedan permitirse estos programas estudiantes acomodados. 
Ya hoy es difícil para un estudiante costearse con estas ayudas los costes reales de vida en una ciudad extranjera. 
En segundo lugar, sería una majadería política ampliar este programa a la Europa oriental y no poder poner luego a disposición los créditos necesarios. 
Por ello apoyo este aumento de los créditos y considero, por lo demás, importante que se revise todo este campo de las ayudas en la UE. 
Vemos que se han dado preferencias erróneas. 
La formación es un objetivo muy importante y espero que lo logremos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Pack por su informe. 
Cuando el Parlamento redactó su informe original sobre el programa SÓCRATES, del cual éramos coautores la Sra. Pack, el Sr. Verde i Aldea y yo mismo, estábamos sumamente esperanzados con el programa. 
Muchas de las esperanzas que abrigábamos se han materializado, pero se ven en peligro por la insuficiencia de fondos. 
Como se ha indicado ya, aunque el Parlamento acepte lo que se propone en este informe- una cantidad adicional de 100 millones de ecus para los dos años y medio próximos -, eso seguirá siendo menos que lo que la Comisión consideraba al principio que sería necesario para este programa quinquenal para los doce países que entonces constituían la Unión. 
El programa tiene éxito y es popular; es popular dentro de la Unión Europea y con los países que solicitan el ingreso o que están asociados con nosotros, pero corremos el peligro de desilusionarles. 
Me gustaría que, cuando los políticos, sean los de este Parlamento, los del Consejo de Ministros o los de la Comisión, deciden que van a promover programas de este tipo y suscitan las expectativas de la gente- en particular de los jóvenes de toda la Unión Europea -, quisiera, repito, que estuvieran dispuestos a respaldar sus declaraciones y a facilitar dinero para los programas. 
Desgraciadamente, no sucede así. 
Como otros han dicho ya, el problema estriba a veces en la forma de gastar el dinero. 
El costo de este programa a lo largo de cinco años equivale a lo que concedemos en un solo año como subvenciones para los cultivadores de tabaco. 
Año por año, lo que cuesta este programa es probablemente mucho menos que lo que la Unión pierde por fraude y por incompetencia. 
Se ha incorporado al Tratado de Maastricht un artículo sobre la educación. 
Ha sido un verdadero logro incluir ese artículo en los Tratados, pero cuando nos comprometemos con un programa de este tipo, tenemos que facilitar la financiación necesaria para que los jóvenes de sectores desfavorecidos, de minorías y de otros grupos, no figuren al final de la lista, que es lo que muy bien podría suceder si no lo evitamos. 
Espero que el Parlamento apoye sin reservas lo que se propone en el informe. 
Señor Presidente, la segunda decisión más importante en la vida de una persona es la de qué profesión va a ejercer. 
La decisión más importante es la de qué cónyuge escoge. 
Creo que ambas decisiones tienen estar muy recapacitadas y ya en el colegio es necesario obtener más informaciones sobre qué posibilidades profesionales existen para el futuro. 
Precisamente el programa SOCRATES se ocupa de la investigación y de las medidas de formación inicial y de educación y formación a lo largo de toda la vida. 
Creo que SOCRATES nos garantiza que se puedan cubrir las necesidades de formación futuras, que la formación no se realice al margen del mercado y que los padres, profesores y alumnos sean muy conscientes de lo qué se va a demandar en el futuro en el sector de la formación. 
Tenemos políticos que creen que con un añadido, con un artículo o una ley se pueden crear puestos de trabajo. 
Creo que solamente se pueden crear puestos de trabajo enseñando a las personas a producir tal cosa o a ofrecer aquel servicio que desean los consumidores. 
Es decir, en las profesiones, en la economía, tenemos que enseñar a las personas cómo se fabrican productos y cómo se ofrecen productos y servicios que van a ser comprados luego por los consumidores. 
Precisamente el programa SOCRATES, que se ocupa muy intensamente de la formación continuada, tiene enormes ventajas en este aspecto al igual que el programa LEONARDO. 
Pueden mostrar a las personas lo que necesitan para poder cubrir las necesidades del futuro. 
También los proyectos del futuro, como el euro o la ampliación hacia el Este, son pasos importantes que tenemos que enseñar a nuestros escolares, adultos y profesores. 
Por ello, la educación y formación a lo largo de toda la vida y, en consecuencia, LEONARDO, son muy importantes para nuestro futuro y se le debe proporcionar prioridad absoluta. 
Señor Presidente, con el advenimiento de nuevos gobiernos socialistas en Europa, es importantísimo que se haga hincapié en la Europa de los pueblos. 
Ningún programa es mejor prueba de la Europa de los pueblos que el programa SÓCRATES, con la excepción quizá del Servicio Voluntario sobre el que acabamos de deliberar. 
Millares de estudiantes y alumnos de toda la Unión Europea tienen la posibilidad de participar en programas de intercambio y de conocer mejor a sus compatriotas y a sus vecinos. 
Ésa es la razón de que, hace dos años y medio, no estuviéramos satisfechos con la cantidad de dinero propuesta por el Consejo y, durante el proceso de conciliación, nos esforzáramos por negociar el regreso al punto en que nos hallamos actualmente para examinar de nuevo la cuestión de las finanzas. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación tiene la firme opinión de que, para hacer justicia al programa, es necesario incrementar sustancialmente su financiación. 
Desde 1994 no solamente ha habido un aumento del número de Estados miembros de la Unión Europea y de su derecho a solicitar fondos, sino que ahora es cuando se deja sentir plenamente el impacto de las campañas de información realizadas en 1995 y 1996. 
Solamente ahora estarán plenamente disponibles por vez primera determinadas esferas del programa. 
Además, ha aumentado la demanda en el marco de los diversos proyectos como consecuencia de las asociaciones establecidas a raíz del Año Europeo del Aprendizaje durante toda la Vida, que tuvo mucho éxito en toda la Unión Europea. 
No olvidemos tampoco las recomendaciones del informe final del equipo de tareas sobre multimedia y programas de informática educativos. 
Todos estos fondos tienen que salir ahora del programa SÓCRATES. 
¿Qué pasará si no encontramos los fondos que necesitamos? 
Teóricamente, disponemos de un subsidio máximo de 5.000 ecus al año para cada estudiante, pero si todos los estudiantes reciben el dinero que han solicitado, no habría más de 75 ecus por estudiante al mes. 
Eso es inaceptable. 
Es evidente que no habrá ningún problema para gastar el dinero. 
Hay cuatro veces más solicitudes que fondos disponibles para atenderlas y en el anteproyecto de presupuesto se le considera como un programa prioritario. 
Es evidente que seguirá figurando en lo más alto de nuestro programa de trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, Europa no tiene futuro si no se ocupa cuidadosamente de sus jóvenes generaciones. 
De nada sirve la moneda única, la libre circulación y la seguridad común, si no hay hombres que quieran y sepan construir, partiendo de ahí, un mundo de paz y una vida mejor. 
SOCRATES es un programa que, basado en el éxito indiscutible del intercambio universitario ERASMUS, permite a un número cada vez mayor de estudiantes y profesores intercambiar experiencias y confrontar conocimientos, creando una Comunidad Europea del espíritu y los sentimientos. 
Sabemos que no es sana ni duradera la existencia de una única superpotencia mundial. 
Europa está obligada a responder al desafío y a ocupar el lugar que le corresponde, por el buen equilibrio de esta nueva sociedad globalizada. 
La Unión no puede seguir ya ni un solo día más siendo un gigante económico y un enano social, político y cultural. 
Por ello es necesario, no sólo mantener sino hacer que crezca exponencialmente, año tras año, SOCRATES y su complemento natural, el nuevo servicio voluntario europeo. 
Son ellos y sólo ellos los que pueden invertir la peligrosa tendencia al autismo, al individualismo y al consumismo que nos desgasta y nos desacredita. 
SOCRATES, señor Presidente, ha sido un éxito. 
¿Qué ceguera permite que incluso el crecimiento cero, propuesto en el presupuesto para 1998, haya tenido que ser arrancado a trancas y barrancas por nuestra valerosa ponente Doris Pack? 
Tengo tentaciones, señor Presidente, de proponer un especial SOCRATES para los que toman las decisiones políticas. 
Quizá después sabríamos ver con mayor claridad las prioridades de esta Europa a la que decimos querer, pero que no sabemos construir. 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, ante todo, quisiera agradecer al Parlamento haberse ocupado con tanta premura de esta propuesta de la Comisión, aprobada apenas hace tres meses. Con ello demuestran su decidido compromiso en favor de este programa. 
Cuando se aprobó, hace poco más de dos años, este programa gozó de un firme apoyo de su parte. 
Hoy quisiera agradecer especialmente a la Sra. Pack por su excelente informe y a la Sra. Dührkop Dührkop por haber apoyado este expediente ante la Comisión de Presupuestos. 
El programa SÓCRATES es, efectivamente, esencial para la construcción de esta «unión del conocimiento» que todos deseamos. 
Naturalmente, sería mejor poder expresarse ante un auditorio donde hubiera más calma y todo el mundo estuviese sentado. 
Ruego a sus Señorías que guarden silencio, de manera que podamos escuchar las explicaciones de la Sra. Comisaria. 
Por lo demás, ustedes lo recordaron. SÓCRATES permite aproximar a la Unión a todos los ciudadanos, y pienso más precisamente en unos 70 millones de jóvenes de la Comunidad, en los 4 millones de profesores, en los 11 millones de estudiantes, pero también en todos los adultos que siguen actualmente en formación. 
En vísperas de la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam, alrededor de la que intentamos reunir a todos los ciudadanos europeos, SÓCRATES aporta una demostración ejemplar de una construcción europea al servicio de los individuos. 
Asimismo, desempeña un papel determinante para el desarrollo de los recursos humanos, que son una de las claves para la reconquista de nuestros puestos de trabajo, nuestra competitividad económica y nuestro crecimiento. 
Por último, constituye un pilar importante para el proceso de ampliación de la Comunidad, puesto que abre a Chipre y a los países asociados de Europa central y oriental los programas que preparan tanto a sus ciudadanos como a sus instituciones para la cita con la adhesión. 
De igual manera, es oportuno destacar que estos resultados se obtienen a un coste sumamente bajo. 
En efecto, teniendo en cuenta el aumento de la dotación financiera prevista por la Comisión, SÓCRATES representará solamente un 0, 2 % del presupuesto de la Comunidad en 1998. 
Por ello, vista su importancia, la Comisión, como incluso también el Parlamento Europeo, no pudo sino lamentar la cuantía de la dotación financiera votada hace dos años, que, recordarán, correspondía, en efecto, a una disminución de 150 millones de ecus en relación con nuestra propuesta inicial. 
La experiencia en estos dos años anteriores demuestra que la propuesta inicial de la Comisión era no solamente realista, sino que incluso correspondía a la dotación mínima de lo que habría sido necesario. 
El programa recibió, en efecto, una acogida especialmente entusiasta de parte de la comunidad educativa en todos los Estados miembros. 
Se trata de uno de los programas más populares y no hay Estado miembro en el que los profesores, los jóvenes, los estudiantes y los centros escolares no hayan oído hablar de los programas educativos de la Unión Europea. 
Al proponer un aumento de la dotación financiera, al cabo de estos dos años de desarrollo del programa, la Comunidad intenta responder a las expectativas manifestadas por los ciudadanos. 
Al examinar las enmiendas presentadas por el Parlamento... 
Discúlpeme, tengo la impresión de que le molesta mucho el ruido de la sala, y quisiera pedir que cese. 
Señorías, tengan la amabilidad de guardar silencio. 
Es muy desagradable hablar con tanto ruido. 
Lo saben todos ustedes, ya que todos lo hemos experimentado. 
Gracias por su comprensión. 
Al examinar las enmiendas presentadas por el Parlamento a nuestro proyecto de decisión, nos parecía claro que éstas tendían en su mayor parte a fortalecer la argumentación de la Comisión en favor del aumento, argumentación que no cesamos de defender ante el Consejo. 
No puedo, de nuevo, sino alegrarme de este apoyo. 
Especialmente en el caso de la primera enmienda que llama la atención sobre el Libro Blanco y sobre el Libro Verde así como sobre la prioridad presupuestaria que el Parlamento Europeo concede al programa de educación. 
Claro está que retenemos esta enmienda. 
Asimismo, hacemos nuestra la segunda enmienda que refuerza los argumentos de la Comisión relativos a las consecuencias del mantenimiento del statu quo financiero o de un aumento demasiado reducido, que entrañaría la reducción continua del importe de las ayudas financieras concedidas. 
Por tanto, esta enmienda se retomará haciendo una ligera modificación con vistas a equilibrar mejor el análisis de las repercusiones que tendría el rechazo del aumento. 
Lo mismo puede decirse de la tercera enmienda. 
En su exposición de motivos, la Comisión llamó la atención sobre las repercusiones presupuestarias que podría implicar, para los centros de los Estados miembros, la apertura de SÓCRATES a los países asociados de Europa central y oriental y a Chipre. 
Por ende, la enmienda se conservará con una ligera modificación en su redacción. 
Por lo demás, añado que los Estados de Europa central y oriental pueden beneficiarse de los programas PHARE. 
En efecto, si los costes directamente relacionados con la participación de estos nuevos países también son cubiertos por sus propias contribuciones, la cooperación con ellos podría representar para las instituciones de los Estados miembros importantes costes suplementarios. 
No obstante, la enmienda se modificará ligeramente con vistas a tomar en cuenta el hecho de que la apertura del programa aún no ha entrado en vigor, ya que está prevista para el segundo semestre de 1997. 
En lo que toca a la cuarta enmienda, la Comisión considera que los argumentos que presenta ya han sido suficientemente tomados en cuenta en las enmiendas 2 y 3, y por ende, no la retendrá. 
La quinta enmienda introduce una referencia pertinente en el contexto presupuestario permitiendo la financiación del aumento propuesto en el proyecto de decisión presentado por la Comisión. 
Por tanto, se aceptará modificando ligeramente la redacción. 
En cambio, sin dejar de observar que refuerza su argumentación en favor de un aumento de la dotación financiera, la Comisión no tiene la posibilidad, en esta etapa, de retener la sexta enmienda relativa al aumento del importe adicional. 
En efecto, considera que en el contexto presupuestario actual, le es difícil proponer un importe más elevado. 
No obstante, para 1998 la Comisión propuso para SÓCRATES un aumento del 11 % en relación con 1997, y este 11 % ha de compararse con el aumento de las políticas internas que no es sino del 0, 5 %. 
Por ende, tenemos paralelamente un aumento de la totalidad de las políticas internas del 0, 5 %, un aumento de SÓCRATES del 11 % que también ha de relacionarse con el aumento de las políticas de educación, formación y juventud que no asciende sino a poco más del 6 %. 
En resumen: el 0, 5 % para las políticas internas, el 6 % para las políticas de educación, formación, juventud y el 11 % para el programa SÓCRATES. 
Sin duda alguna no es perfecto, pero, en todo caso, estas cifras manifiestan una voluntad de avanzar en lo que concierne a SÓCRATES. 
Naturalmente, estoy consciente de la decepción que esta respuesta puede provocar en los miembros del Parlamento que han luchado, como lo hemos hecho nosotros, para tratar de que el programa disponga de una dotación financiera más adecuada a sus perspectivas de desarrollo y a las expectativas de nuestros conciudadanos. 
En cambio, puedo asegurarles que la Comisión concederá un gran interés a los resultados de sus deliberaciones. 
Su apoyo a los programas comunitarios en los diversos ámbitos de la educación tendrá, en efecto, una repercusión sumamente importante en el programa SÓCRATES en su forma actual y continuará produciendo sus efectos a la hora de diseñar nuestras acciones más allá del año 2000. 
Así es, ahora comienza el trabajo de concepción de la próxima generación de programas comunitarios, y los diseñadores tomarán en cuenta, en gran medida, sus sugerencias. 
Quisiera destacar hasta qué punto este período es crucial, puesto que este trabajo se lleva a cabo en el momento en que se despejan nuevas perspectivas financieras. 
Su compromiso en favor del fortalecimiento de los medios del programa SÓCRATES representa un compromiso y un mensaje político muy claros en cuanto a sus prioridades de acción para la Europa de mañana. 
Quiero ver en este mensaje una extraordinaria señal de estímulo y se los agradezco. 
Los aplausos de nuestra Asamblea muestran hasta qué punto cada uno y cada una de nosotras la hemos escuchado con atención, señora Comisaria. 
Gracias. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Votaciones 
Señorías, vamos a proceder a la votación. 
Como pueden observar, la situación se presenta un poco difícil. 
Tenemos muchas votaciones. 
Voy a hacerles dos propuestas. 
La primera, que votemos hasta las 13.30 horas, y la segunda, el aplazamiento de la votación del informe de la Sra. Fontaine para esta tarde. 
La ponente me dice que no tiene ningún inconveniente en que este informe se vote esta noche, aunque contenga una propuesta legislativa. 
Informe (A4-0173/97) del Sr. Sturdy, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las propuestas de dieciséis reglamentos del Consejo sobre la fijación de los precios de productos agrícolas y algunas medidas afines 1997-1998 (COM (97) 0089- C4-0114/97 a C4-0129/97-97-0087 (CNS) a 97/0089 (CNS) , 97/0091 (CNS) a 97/0094 (CNS) -97/0096 (CNS) a 97/0102 (CNS) , 97/0905 (CNS) y 97/0906 (CNS)) 
Señora Presidenta, quizás pueda facilitar algo el horario con la solicitud del Grupo del PPE sobre el informe Sturdy. 
En nombre de mi grupo político, quiero solicitar que se aplace la votación sobre este informe. 
Lo voy a fundamentar con tres frases. 
En su votación sobre el informe Sturdy, la Comisión de Agricultura ha acordado un paquete equilibrado sobre las propuestas de precios agrícolas. 
Sin embargo, este paquete contiene en total unos costes adicionales de aproximadamente 170 millones de ecus. 
Ante los compromisos presupuestarios a los que estamos sometidos, esto supone, naturalmente, un problema. 
Paralelamente a estas votaciones, está en marcha el procedimiento ad-hoc para el presupuesto de 1998 y se muestra que en el marco de este procedimiento ad-hoc se puede encontrar una compensación mucho más allá de los 170 millones de ecus. 
Para aclarar este enfoque de neutralidad presupuestaria, presentamos las enmiendas nº 31 a 46 que fueron declaradas como no admisibles por motivos formales. 
Ante este trasfondo, queremos proponerles que la votación sobre el informe Sturdy tenga lugar en relación son el informe sobre el procedimiento ad-hoc, para garantizar también la integridad presupuestaria de esta Asamblea. 
Les ruego su aprobación. 
Señor Böge, si entiendo bien, pide la aplicación del artículo 131 del Reglamento. 
¿Hay un orador que se oponga a esta propuesta? 
Señora Presidenta, el Grupo Socialista no se deja engañar por el aparente rigor del Grupo del Partido Popular Europeo. 
En realidad, si existe un problema de neutralidad presupuestaria en cuanto a los precios agrícolas, éste se debe a la grave contradicción que hay entre los dos informes, Sturdy y Funk. 
Deseo recordar a sus Señorías que los aspectos esenciales de los precios agrícolas para 1998 no se decidirán sobre la base del informe Sturdy, sino en virtud del informe Funk y, por lo tanto, son dos cosas que están estrechamente relacionadas. 
Invito a los colegas a votar a favor de las enmiendas núms. 24 y 26 formuladas al informe Funk por el Grupo Socialista, ya que se trata de dos enmiendas que, sin crear graves iniquidades a los agricultores, permiten un ahorro presupuestario de 500 millones de ecus en 1998. 
Sobran para cubrir la posible falta de neutralidad presupuestaria de los precios agrícolas señalada en el informe Sturdy. 
Por consiguiente, creo que no existen argumentos en favor de este aplazamiento. 
Quizás sería más sensato aplazar las dos enmiendas, a fin de volver a debatir las cosas, pero como esto no se hará, creo que no va a ser posible. 
En el caso de existir un sector en el que pueden ahorrarse fondos en agricultura, éste sería el de los cultivos herbáceos que cubre el 40 % del gasto agrícola. 
Con el informe Funk hemos perdido la ocasión de decir algo con respecto a este importante sector. 
En consecuencia, más que de neutralidad presupuestaria, la posición del Grupo del Partido Popular Europeo, a mi juicio, pone de manifiesto una grave parcialidad política. 
(El Parlamento rechaza el aplazamiento de la votación) 
(El Parlamento aprueba las dieciséis resoluciones legislativas) 
Señorías, les agradezco su votación masiva en favor de mi informe. 
Señora Presidenta, anteayer el Comisario Fischler declaró aquí que se negaba a tomar en consideración 20 de las 22 enmiendas a la propuesta tan ligera que presentó. 
Estas dos enmiendas son, prácticamente, de pura forma. 
Mi primera reacción ante esta actitud, que ignora sin miramientos las propuestas que habíamos aprobado aquí hace dos años y medio en favor de las ayudas directas para salvar la apicultura europea, fue de pedir que se devolviera a la comisión parlamentaria. 
Pero como ustedes acaban de aprobar masivamente mi informe, y para no perder aún más tiempo en discusiones estériles con la Comisión, habida cuenta de su actitud, me dirijo hacia el Consejo de Ministros, y espero que el Consejo no ignore nuestras propuestas, propuestas que este Parlamento ha reflexionado detenidamente durante doce años, y que les reserve un curso favorable. 
Señora Presidenta, este es el espíritu en el que ruego que se apruebe la resolución legislativa. 
(Aplausos) 
Muy bien, Señora Lulling. 
Voy a proceder a la votación del proyecto de resolución legislativa, pero antes, me dirijo a la Sra. Cresson para preguntarle si, por casualidad, el Comisiario Fischler no ha reflexionado durante la noche. 
Lamentablemente, no tuve la oportunidad de encontrar al Comisario Fischler esta mañana para saber si había reflexionado durante la noche, pero si tengo nuevas informaciones, se las comunicaré. 
Pienso que le pondrá al corriente del descontento de esta Asamblea. 
Naturalmente, también lamento la ausencia del Consejo. 
Se procede a la votación del proyecto de resolución legislativa. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
No tengo enmiendas en relación con esta propuesta común, sin embargo, tengo una petición de rectificación de error que va a formular el Sr. Jarzembowski y, luego, una enmienda oral al apartado 4 que va a presentar el Sr. Cornelissen. 
Señora Presidenta, hemos acordado hacer ambas cosas conjuntamente para que no perdamos demasiado tiempo. 
Como rectificación, quiero que en la letra d se suprima la observación sobre una reunión del Consejo de Turismo pues ésta no se ha celebrado. 
Se trata pues de un problema técnico. 
Si nadie en la Asamblea se opone, solicitamos que en el número 4 se sustituyan las palabras to take into account por to adopt without further delay. 
Esta es nuestra solicitud oral. 
¿Hay alguna observación a esta propuesta del Señor Jarzembowski? 
No la hay. 
Por tanto, se procede a la votación de la propuesta de resolución así modificada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, intervengo muy brevemente para hacer presente que, también este año, el Grupo de los Verdes y otros muchos diputados presentaron unas enmiendas para recordar que la Unión Europea sigue financiando, a través de los precios agrícolas para la carne de bovino, también las corridas. 
Habida cuenta de que lo consideramos un hecho en abierto contraste con el espíritu del Tratado y con el sentido común de gran parte de la colectividad europea, estimamos que no se puede seguir alimentado este tipo de espectáculo cruel: antieducativo para quien va a verlo y cruel para los animales que lo sufren. 
Por estas razones, ya el año pasado el Parlamento Europeo se manifestó, al menos a nivel de un considerando, en contra de este hecho y pidió a la Comisión y al Consejo que remediaran este inconveniente. 
No se ha hecho nada. 
Por ello, se han vuelto a presentar unas enmiendas y yo, en nombre del Grupo de los Verdes, expreso mi voto favorable a las mismas, pese a que, por desgracia, el Pleno no ha considerado oportuno seguir estas indicaciones. 
Nos abstenemos de votar sobre este informe porque pensamos que hay que reformar a fondo la política agrícola común. 
La actual política agrícola con un exceso de regulación es burocrática, ineficaz y desechable desde el punto de vista de las políticas distributivas. 
Esperamos- y por nuestra parte haremos todo lo posible por que se cumpla- que tenga lugar una reforma drástica de la política agrícola en 1999. 
En lo concerniente a la propuesta legislativa relativa al vacuno pesado compruebo con gran decepción que el Parlamento no ha adoptado las enmiendas sobre el toreo. 
No entiendo cómo el Parlamento Europeo ha podido aprobar que las ayudas agrícolas de la UE vayan a parar a unos animales que se destinan al toreo. 
Este modo bárbaro y enajenado de tratar a los animales no debería en mi opinión recibir apoyo económico. 
Personalmente, he votado naturalmente a favor de las enmiendas sobre el tema. 
El Parlamento Europeo se ocupa de dieciséis reglamentos que fijan los precios agrícolas para 1998. 
El entorno en el que se celebra esta misa agrícola anual, que hoy está muy apagada, se resume en tres fechas: 
1999 la moneda única y el «paquete del año III» sobre la programación presupuestaria quinquenal; 
2000 y la apertura de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio; 
2002 por último, con el inicio de la ampliación al Este. 
Estas tres citas, que representan tres cambios violentos, reconfortan a la Comisión en la estrechez de su visión de experto contable regido por una política de austeridad y racionamiento. 
Ello explica la congelación de los precios agrícolas 1998, con la reducción de las ayudas compensatorias a la baja de los precios de los cereales y las oleaginosas, así como la reducción de las primas por retirar las tierras de la producción, con una tasa de retirada de tierras para 1998 que aumentó, por lo demás, hacia el 10 %, con la amenaza de una tasa de base del 17, 65 %. 
Esta línea de racionamiento se justifica invocando otra vez la antigua línea de la sobreproducción y el coste excesivo de las existencias. 
Bruselas vuelve a pasar la película de catástrofes de principios de la década de los años 1990, amenazando con unas existencias de cereales de 58 millones de toneladas en 2005, bajo pretexto de una buena cosecha de 202 millones de toneladas en 1996-1997, de las que hubo 60 millones de toneladas en Francia. 
Sin embargo, la Comisión olvida, evidentemente, decir que las existencias mundiales se encuentran en su punto más bajo, con 40 días de consumo mundial. 
Es, por lo demás, una verdad tan grande, que, para poder mantener el abastecimiento del mercado europeo, ha vuelto a instaurarse un gravamen de 15 ecus la tonelada sobre la exportación. 
Parece como si nos encontráramos al final del Antiguo Régimen, cuando se organizaba la penuria de cereales para beneficio de algunos. 
Eso es tanto como decir que la solución razonable sería suprimir al unísono la retirada de tierras extraordinaria y la retirada de tierras ordinaria. 
El «paquete de precios» resulta del proyecto de presupuesto de la sección «garantía» del FEOGA. 
Mientras la línea directriz preveía un tope de gastos de 43.267 millones de ecus, el presupuesto preventivo para la próxima campaña sólo es de 41.009 millones de ecus, o sea un crecimiento del 0, 5 % en relación con el actual presupuesto agrícola. 
La mayor parte de los Estados miembros imponen límites de gastos muy estrictos con miras a satisfacer a los criterios de convergencia previstos por el Tratado de la Unión Europea y que condiciona la participación en la Unión Económica y Monetaria. 
Por tanto, los agricultores contribuyen con unos 2.258 millones de ecus a la realización de la moneda única, teniendo en cuenta únicamente el presupuesto de la sección «garantía» del FEOGA. 
Por tanto, la Comisión propone un paquete de precios que pueda resumirse mediante una congelación de los precios y una disminución de las ayudas (reducción de los aumentos mensuales de los precios de intervención de los cereales, el arroz, así como las restituciones al almacenamiento del azúcar). 
En su propuesta, la Comisión Europea precisa que las medidas propuestas en el paquete de precios deben considerarse conjuntamente con su propuesta anterior de modificación del pago de las ayudas para los cultivos herbáceos previendo una disminución del 7 % así como una reducción de los pagos para las tierras retiradas en la óptica de su ajustamiento a las tierras que no son retiradas. 
El objetivo es ahorrar 1.400 millones de ecus en el presupuesto agrícola 1998. 
En lugar de este enfoque estrechamente contable de la agricultura, la Comisión Europea más bien debería tener un enfoque social del mundo rural en el que la agricultura constituye la armazón económica. 
En términos de balance social, el año 1996 fue catastrófico para el mundo agrícola: desaparición de 600.000 explotaciones, supresión de 230.000 asalariados agrícolas de tiempo completo. 
A estas cifras inquietantes, sería preciso añadir además las pérdidas de empleo en el medio rural, en la producción y distribución de la agricultura, en los sectores del comercio, de la artesanía y los servicios públicos. 
Nuestro Grupo apoya las enmiendas presentadas y votadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
El Sr. Tillich, ponente general del presupuesto, precisó, durante el debate, que tenía la intención de rechazar estas enmiendas que «costarían» 140 millones de ecus en un presupuesto total de la sección «garantía» del FEOGA de 41.009 millones de ecus, en aras del rigor presupuestario y en aras del establecimiento de la moneda única. 
Esperamos que el Consejo sabrá influir en las propuestas de la Comisión para brindar la oportunidad a un número máximo de agricultores y asalariados agrícolas preservar su herramienta de trabajo y su empleo en una Europa que experimenta un alarmante aumento del paro (más de 12 millones de parados). 
Informe del Sr. Funk (A4-0176/97) 
Hemos decidido votar de conformidad con la línea del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y aceptar las propuestas de la Comisión de reducir los pagos en concepto de compensación para cultivos agrícolas. 
Pensamos que esto es lo máximo que se puede conseguir en estos momentos. 
Nuestra posición de principio es, no obstante, que las subvenciones a la agricultura deben reducirse mucho más de lo que suponen estas propuestas de la Comisión. 
Votamos a favor del informe Funk ya que éste rechaza las bases de la propuesta de la Comisión relativa a un sistema de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos. 
De hecho, la Comisión pretendía obtener ingresos destinados a financiar los planes de emergencia que tienen como objetivo paliar las consecuencias de la EEB con el retraso de los pagos de las oleaginosas y la reducción de los apoyos a los cultivos de cereales y a la retirada de tierras, medidas que, por si fuera poco, pasarían a revestir carácter permanente e irreversible. 
De las conclusiones del estudio de la EEB se colegía que la financiación de las consecuencias debería imputarse al presupuesto y/o al Estado miembro principal responsable de la propagación de dicha enfermedad. 
La Comisión pretendía obtener esa financiación de los ahorros resultantes de la disminución de los apoyos a la agricultura. 
El informe Funk merece nuestro voto favorable porque rechaza esta intención de la Comisión. 
Sin embargo, cabe subrayar que no es en el ámbito de la presente propuesta de la Comisión ni en el ámbito de este informe donde se deban analizar las eventuales modificaciones de apoyos relativas a la futura reformulación de la Política Agrícola Común, tales como las (para nosotros deseables) modificaciones de los apoyos a estos cultivos con vistas a beneficiar, aumentándolas, las ayudas a los pequeños agricultores, agricultores con rentas más bajas, sin alternativas o establecidos en regiones desfavorecidas. 
La crisis de la encefalopatia espongiforme bovina (EEB) acarreó a la vez una caída del consumo de carne de vacuno y una fortísima disminución de los precios. 
Vista la responsabilidad de la Comisión Europea, tal como lo puso de manifiesto el informe de la comisión temporal de investigación, es normal que la Unión Europea indemnice a los productores. 
Por solidaridad hacia los agricultores, la Comisión había, en su propuesta inicial, previsto un paquete de tres propuestas de reglamento. 
La primera presentaba medidas favorables en el sector de la carne de vacuno, la segunda, la financiación de estas ayudas mediante una importante disminución de las ayudas a los grandes cultivos y, la tercera, medidas estructurales. 
En contra de la opinión de su Comisión de Presupuestos, el Parlamento Europeo decidió aprobar únicamente las medidas favorables en el sector de la carne de vacuno y rechazar las otras dos propuestas de reglamento. 
Por tanto, el informe del Sr. Funk que hoy nos ocupa está amputado de las dos propuestas de reglamento que fueron rechazadas el 17 de septiembre de 1996. 
Nuestro Grupo es favorable a las enmiendas presentadas y votadas en Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que suprimen o modifican un determinado número de considerandos y artículos contrarios a los intereses de los agricultores franceses y europeos. 
Los ahorros presupuestarios propuestos ya no permiten compensar las ayudas a los productores de carne de vacuno, pero permiten realizar un ahorro presupuestario de 2.400 millones de ecus en el presupuesto agrícola (cf. informe del Sr. Sturdy sobre el paquete de precios). 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones rechaza este informe exclusivamente presupuestario que no tiene otro objeto sino permitir a algunos Estados miembros cumplir con las obligaciones relacionadas con el establecimiento de la moneda única. 
Deploramos que los debates hayan sido organizados de esta manera, en el seno de este Parlamento, que los informes Sturdy y Funk sean debatidos conjuntamente y, así, se encuentren relacionados por consideraciones presupuestarias. 
Habida cuenta que las ayudas a los productores fueron financiadas gracias a una subevaluación de los precios y las ayudas agrícolas, superando los 1.000 millones de ecus, no podemos aceptar la disminución del 12, 2 % del nivel de las intervenciones sobre la carne de vacuno tal como se contempla en el anteproyecto del presupuesto agrícola 1998. 
Un gran número de explotaciones agrícolas se encuentran hoy en situación de precaridad; por tanto, es necesario poner en práctica una política agrícola de reconquista del mundo rural y no una política de restricción presupuestaria. 
Puesto que los productores agrícolas no van a beneficiarse del establecimiento de la moneda única, si ésta se realiza, sería especialmente injusto que financiaran su establecimiento. 
Informe del Sr. Baldarelli (A4-0189/97) 
Nos abstenemos de votar sobre este informe porque pensamos que hay que reformar a fondo la política agrícola común. 
La actual política agrícola con un exceso de regulación es burocrática, ineficaz y desechable desde el punto de vista de las políticas distributivas. 
Esperamos- y por nuestra parte haremos todo lo posible por que esto se cumpla- que tenga lugar una reforma drástica de la política agrícola en 1999. 
A través de una propuesta de enmienda del Reglamento 1765/92, la Comisión pretendía fijar valores de superficie máxima garantizada (SMG) para la producción de trigo duro que, en el caso de Portugal, era sólo de 35.000 ha. 
El informe del Sr. Baldarelli propone que esa SMG pase, en Portugal, a 90.000 ha, que es superior al nivel de producción histórica (cerca de 70.000 ha, pero aún inferior al nivel de producción potencial (100.000 ha). 
La enmienda es mucho más positiva que lo que propone la Comisión. 
A esto se añade el hecho de que en el informe Baldarelli se prevé una margen excedentario del 5 % para la SMG destinado a incentivar la instalación de jóvenes agricultores. 
Por esta razón votaremos a favor. 
Para explicar la posición adoptada por el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, es necesario recordar que la producción de trigo duro no fue favorecida por la PAC de 1992. 
Las superficies europeas de trigo duro descendieron un 12 % entre 1991 y 1992 (media de ambos años) así como en 1995 y 1996 debido a la retirada de tierras de la producción y sobre todo a la falta de apoyo en las zonas no tradicionales. 
Al mismo tiempo, la producción descendió abruptamente un 35 %, ya que al efecto de superficie se añadió un efecto de rendimiento. 
Las condiciones climáticas, la regresión de la producción en las zonas no tradicionales con rendimientos más elevados y una determinada extensificación relacionada con la parte muy importante de la ayuda directa en el producto/Ha de las zonas tradicionales son las principales razones de la caída del rendimiento de la producción europea. 
Como consecuencia, la Unión Europea ha pasado de una situación neta exportadora de 2 millones de toneladas de sémola y pastas alimenticias a una situación neta deficitaria. 
Nuestras enmiendas, aprobadas en comisión, permiten por un lado dar flexibilidad a los mecanismos de gestión de las referencias individuales en las zonas tradicionales, lo que aumentará efectivamente la superficie que se encuentra en producción, y por otra, aumentar los límites de superficie que se beneficien de la ayuda reducida en las zonas no tradicionales, lo que garantizará la seguridad de abastecimiento de las industrias transformadoras europeas, y más particularmente las del norte de Francia. 
El informe interregional que propusimos debería a la vez satisfacer los productores franceses de las zonas tradicionales y a los de las no tradicionales, sin dejar de limitar las importaciones europeas de trigo duro procedentes de terceros países. 
Con el fin de conseguir una buena utilización de las ayudas en las zonas tradicionales del sur de Europa y una buena adaptación cualitativa del trigo duro a las necesidades de las empresas usuarias, es indispensable exigir semillas de calidad. 
Sobre este punto preciso, propusimos una enmienda que también fue aprobada en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y que permite la producción directa de semillas certificadas mediantes estructuras de asociación de productores. 
Conviene salvaguardar las antiguas variedades tradicionales que siempre pueden ser utilizadas a nivel regional, especialmente para preservar la biodiversidad. 
De manera general, la utilización de semillas de calidad debe favorecer el desarrollo de las semillas de trigo duro. 
Resolución sobre la retirada de tierras 
Por razones obvias, es preciso que los productores agrícolas conozcan, a más tardar el 30 de junio de cada año, el porcentaje de retirada de tierras de la campaña siguiente para poder preparar sus siembras. 
En efecto, deben organizar sus rotaciones de cultivo, y, claro está, pedir los distintos productos para sembrar (semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios) a sus proveedores. 
Por ello, nuestro Grupo ha apoyado la pregunta oral de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural como cosignatario de la propuesta de resolución común. 
No obstante, nuestro Grupo propuso dos enmiendas importantes destinadas a limitar la tasa de retirada de tierras obligatoria al 5 % y a suprimir la tasa de retirada extraordinaria en caso de rebasamiento de las superficies durante la campaña en curso. 
Estoy especialmente satisfecho de comprobar que el Parlamento escuchó a nuestro Grupo aprobando, con una clara mayoría, la limitación de la tasa de retirada de tierras al 5 % que propusimos. 
A escala mundial, un rápido análisis de la campaña que debe terminar el 30 de junio muestra que las previsiones en materia de producción y precio han quedado desmentidas por los hechos. 
En efecto, el 25 de julio de 1996, el Consejo Internacional de Cereales previó una cosecha mundial de 560 millones de toneladas; de hecho, alcanzó 580 millones de toneladas. 
La Unión Europea, por su parte, se vio obligada a reexaminar su producción con un incremento de 7 millones de toneladas. 
Todos los expertos habían previsto una baja progresiva del precio mundial de los cereales a partir de esta primavera. 
De hecho, el precio mundial se incrementó considerablemente y la Comisión Europea se vio obligada a instaurar, a partir del 14 de mayo, un gravamen a la exportación, con el fin de poder garantizar el abastecimiento del mercado interno de la Unión Europea. 
Este gravamen a la exportación, fijado por la Comisión, es de 15 ecus por tonelada para el trigo blando, la harina y la sémola de trigo duro, de 20 ecus por tonelada para la harina y la sémola de trigo blando y de 10 ecus por tonelada de trigo duro. 
Es sumamente lamentable que la Comisión Europea se dedique, además de instaurar este impuesto a la exportación, a multiplicar las trabas a la exportación de cereales. 
Al igual que los exportadores, lamentamos que cada vez que nos aproximamos a la restitución cero y nos encaminamos hacia el gravamen, Bruselas obstaculice las exportaciones y someta a los exportadores a certificados «entre comillas» , que no constituyen más que una fórmula disuasiva. 
En este caso preciso, el exportador no sabe con antelación si Bruselas establecerá una restitución o un gravamen. 
En cambio, no le cabe duda de que si se aplica la restitución, no la recibirá, en cambio, si se instaura el gravamen, lo pagará. 
El Consejo Internacional de Cereales (CIC) disminuyó a principios de mayo de 583 a 578 millones de toneladas sus previsiones para la cosecha mundial de trigo en 1997. 
La sequía va a limitar la producción de la Unión Europea, mientras que las heladas en Kansas disminuyeron la producción de trigo de invierno en aproximadamente 3 millones de toneladas y las inundaciones en Dakota retrasaron la siembra de trigo de primavera. 
Por tanto, es plausible que se asista a una nueva disminución de las existencias mundiales de cereales y a un incremento de los precios mundiales. 
En conclusión, en este contexto general de un alza de la demanda mundial de cereales, y ante las perspectivas de la cosecha 97 en el hemisferio norte, es necesario tener una tasa de retirada de tierras lo más baja posible y, en todo caso, limitarla estrictamente al umbral del 5 % aplicado durante esta campaña. 
Es indispensable que los agricultores, cuya función primera es la producción de productos agrícolas, no tengan que padecer una tasa de retirada de tierras superior al 5 % en un contexto de demanda mundial creciente y menoscabo de las existencias mundiales. 
Informe de la Sra. Pack (A4-0188/97) 
Uno de los objetivos del programa SOCRATES es fomentar la dimensión europea de la educación, a la vez que constituye «una clara contribución para conseguir el objetivo que establece el artículo 126 del Tratado» , como se dice en el informe. 
La llamada dimensión europea es un intento de enfocar la educación en la Unión Europea, sin pensar en la existencia de un mundo exterior que podría ser muy interesante conocer como alumno o estudiante. 
Se enseña historia de la UE y cultura de la UE, en vez de enseñar historia y cultura europeas o historia mundial y culturas de otras partes del mundo. 
Este estrechamiento de la perspectiva nos parece peligroso y erróneo, por lo que hemos decidido votar en contra del informe de la Sra. Pack sobre el programa SOCRATES. 
Informe del Sr. Stockmann (A4-0130/97) 
Desde hace unos años, la Comunidad Europea examina el fomento del transporte combinado de mercancías, única alternativa para desatascar las carreteras y solución al respeto del medio ambiente. 
En 1992, el programa PACT (acciones experimentales en favor del transporte combinado) entró en vigor por un período de cinco años. 
Con una dotación presupuestaria relativamente modesta, financió estudios de viabilidad y medidas directas. 
Hoy, este programa ha sido elevado al rango de reglamento y me felicito por ello. 
Además, se ha retenido un trámite más operativo en lo que concierne a la eligibilidad de los proyectos. 
En efecto, los Estados miembros desempeñarán de ahora en adelante el papel de filtro para la presentación de los concursos financieros. 
Por tanto, retenemos una determinada lógica para los proyectos de gran envergadura en una determinada región. 
Dentro de esta lógica, hubiera sido deseable retener igualmente una complementariedad en el aporte financiero, aporte que habría debido acarrear igualmente otras fuentes de financiación (por ejemplo, concursos de créditos FEDER, créditos del programa marco de investigación y desarrollo). 
Por último, reconociendo el trabajo de mi compañero ponente, me uno a su reflexión relativa a la dotación presupuestaria de este futuro reglamento (35.000 millones de ecus durante 6 años) , interrogándome sobre la verdadera motivación política encaminada a fomentar este tipo de transporte. 
El desarrollo del transporte combinado debe ser una de las prioridades de la política europea de transportes. 
En efecto, la combinación de modalidades de transporte ofrece una solución de sustitución interesante al transporte «únicamente por carretera» , permitiendo valorizar otros medios de transporte, cuyas infraestructuras y capacidades a veces están subexplotadas. 
Hoy por hoy, es urgente revitalizar el transporte ferroviario en Europa, así como la navegación en todas sus formas y, especialmente, las conexiones marítimos cortas, o las conexiones fluviales. 
La expansión del transporte combinado se encuentra en el centro de este proceso en el que tiene lugar un nuevo despliegue y desarrollo del transporte. 
Para lograr este nuevo equilibrio, los Estados requieren un fuerte incentivo de la Unión Europea, habida cuenta de que es preciso poner en práctica condiciones de competencia iguales entre los medios de transporte. 
Para ello, los Estados requieren una ayuda para mejorar la competitividad económica de los medios de transporte marítimo, fluvial, o ferroviario. 
Por ello me pronuncié en favor de la aprobación del informe del Sr. Stockmann, relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias a acciones en favor del transporte combinado de mercancías. 
El desarrollo del programa PACT va en este sentido y saludo en particular, en la propuesta de reglamento del Consejo, la aplicación de modalidades que permitirán: 
una mejor competitividad del transporte combinado en términos de precio y calidad de servicio en relación con el transporte por carretera; -la promoción de una tecnología de punta en el sector del transporte combinado; -un mejor acceso de las empresas al transporte combinado, cualquiera que sea su dimensión.Además, estas modalidades prefieren la realización de medidas innovadoras concretas en lugar de la iniciación de estudios previos. 
Otro elemento, cuya importancia debe subrayarse: las acciones experimentales del programa PACT iniciadas desde 1992 se han prolongado y amplificado en una verdadera programación quinquenal, a partir de 1997. 
Este esfuerzo de programación se acompaña de un incremento de medios que aumenta el presupuesto del programa PACT a 35 millones de ecus en un período de 6 años. 
En los años venideros, estos medios financieros todavía deben amplificarse. 
Yo velaré personalmente de ello con especial atención, en el curso de los trabajos de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Informe de la Sra. Lulling (A4-0191/97) 
Se lleva a cabo de un modo descentralizado en toda Europa. Reviste una gran importancia sobre todo para las economías locales. 
Hay que someter a revisión toda la política agrícola de la UE. 
Deben reducirse las modalidades de ayuda, los reglamentos y las compensaciones. 
Bajo esta perspectiva resulta erróneo introducir nuevos sistemas regulatorios y de compensación para un nuevo sector agrícola. 
En su lugar, debería incrementarse la colaboración en materia de investigación, medio ambiente, asistencia tecnológica y lucha contra las plagas. 
En primera instancia, esto debería llevarse a cabo por la vía de las organizaciones existentes en el ramo en cuestión. 
Las migas presupuestarias propuestas por el reglamento del Consejo para la comercialización de miel y la ayuda técnica a la acción sanitaria o a la mejora de la calidad vuelven a presentar el expediente al Parlamento Europeo que, ya el 20 de enero de 1995 llamaba la atención sobre la difícil situación de la apicultura europea. 
En efecto, nuestros apicultores desaparecen- no quedan, por ejemplo, que 3.000 de dedicación completa en Francia- debido al efecto de la competencia desleal de las 126.000 toneladas de miel importadas a precios que rondan los 7 francos el kilo, cuando los costes de producción de nuestros apicultores ascienden a 14 francos el kilo. 
No estoy hablando del fraude que consiste en hacer producir miel por la abejas alimentándolas de jarabe de maíz o de arroz. 
El incumplimiento de la preferencia comunitaria en favor de las mieles chinas que representan el 30 % de la producción mundial, o de las mieles de México o Argentina, exigiría una contrapartida en forma de una prima que compensara precisamente los efectos negativos del incumplimiento de la preferencia para nuestros apicultores. 
Los Estados Unidos de Bill Clinton no lo dudaron, impusieron un gravamen del 151 % para proteger sus mieles. 
Nosotros somos el primer importador mundial. 
Asimismo, el Parlamento Europeo había pedido una prima a la polinización justificada por el trabajo de las abejas, en el caso de los árboles frutales especialmente, habida cuenta que una abeja liba hasta 2700 hectáreas en un radio de 5 km. 
En lugar de estas dos primas que se justifican en una Europa de Quince que importa el 50 % de las mieles comercializadas en el mundo, con 80.000 toneladas de importaciones alemanas o 10.000 toneladas de importaciones francesas, la Comisión Europea se limita a conceder una línea presupuestaria de 15 millones de ecus, de los cuales 11, 6 millones se destinan a la lucha contra la varroasis. 
Para un país como Francia, ello representa una ayuda de 14 millones de francos, es decir, para 1.434.000 colmenas, 10 francos por colmena. Con eso no pueden equilibrarse las cuentas de los 100.000 apicultores, pluriactivos u otros, de Francia que producen, con sus 30.000 toneladas, el 25 % de la miel comunitaria y el 3 % de la miel mundial. 
¡No! No cabe duda de que la Comisión Europea no quiere a las abejas, al menos no a las abejas europeas. 
El Parlamento Europeo había aprobado por unanimidad, en su resolución del 20 de enero de 1995, la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Documento de reflexión sobre la situación de la apicultura europea» , la introducción de medidas directas de apoyo (prima a la polinización; pagos compensatorios por pérdidas de ingresos atribuibles a la ausencia de una preferencia comunitaria). 
A pesar de estas propuestas importantes y necesarias a la supervivencia de la apicultura europea y francesa, la Comisión sólo nos propone algunas medidas puntuales, destinadas en realidad a darse buena conciencia. 
Está contemplado especialmente: conceder ayuda técnica a los apicultores para mejorar la calidad de la producción de miel, luchar contra la varroasis y las enfermedades vinculadas a ella, una mejor orientación de la trashumancia e instalar laboratorios de análisis de la miel. 
Ninguna de las medidas propuestas por la Comisión responde a las dificultades económicas que aquejan a la apicultura. 
Los costes de producción se encuentran constantemente en alza, el número de colmenas disminuye a ojos vistas y, claro está, las importaciones procedentes de países terceros aumentan en gran cantidad. 
Nuestros Grupo es favorable a las 22 enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y nuestro disgusto fue grande al escuchar las declaraciones del Comisario Fischler rechazando casi todas estas enmiendas, salvo las dos enmiendas más anodinas. 
A guisa de ejemplo, con el fin de movilizar al conjunto de las disposiciones financieras en favor de acciones positivas para el sector de la apicultura, pedimos que las investigaciones necesarias para la lucha contra las enfermedades de las abejas, tales como la varroasis, se integren en la política veterinaria de la Unión Europea. 
La Comisión debe proponer una política de promoción, pero también y sobre todo una política de introducción de normas comunes de comercialización para la miel comunitaria y la miel importada. 
Ante esta actitud de obstrucción sistemática de la Comisión, nuestro Grupo apela a la sabiduría del Consejo y le pide con insistencia que tome la iniciativa de medidas eficaces en favor de una profesión que hoy se encuentra amenazada y un producto que asegura una función ecológica primordial. 
Si mañana ya no quedaran abejas, no podría asegurarse la polinización de numerosos vegetales. 
Se asistiría entonces a un verdadero drama ecológico, cuya solución necesitaría mucho más medios financieros que los que propone el informe de la Sra. Lulling. 
Resolución común relativa al turismo (B4-0458/97) 
Quienes llevamos años, desde antes del inicio de esta legislatura, insistiendo, contra viento y marea, en la necesidad de que el turismo quede incluido en un capítulo aparte en el Tratado revisado de la Unión, volvemos a reiterar la citada petición, tal y como ya hice en la primera comparecencia del Sr. Papoutsis antes de su investidura. 
Una enmienda conjunta «Díez de Rivera-Méndez de Vigo» , introdujo esta petición en el informe Bourlanges-Martin sobre la CIG, cuando muchos de los que hoy se extrañan de la ausencia del turismo en el Tratado revisado, votaron entonces en contra de ella... 
Afortunadamente, rectificar es de sabios y, confiemos en que el nuevo Tratado haga justicia a una de las primeras industrias europeas como es el turismo. 
Tengo la absoluta certeza de que no es necesaria ninguna claúsula de la UE sobre el sector del turismo en el Tratado de la UE. 
Ateniéndonos al principio de subsidiariedad, cada país debería decidir por sí mismo en estos asuntos. 
Es naturalmente cierto que el turismo tiene una gran importancia para la creación de empleo, pero yo creo que es importante que estas cuestiones se decidan a nivel exclusivamente regional/local. 
Por consiguiente, he votado en contra de esta Resolución. 
Los socialdemócratas daneses votan hoy a favor de la propuesta de resolución común sobre turismo y asimismo de la propuesta de resolución del Sr. Simpson en nombre del Grupo del PSE sobre turismo. 
Ambas propuestas incluyen una serie de elementos positivos. 
Hace falta una política de turismo en la UE. 
Una política de turismo basada en la calidad y la competitividad puede contribuir al crecimiento y a un aumento del empleo en la UE. 
Tal política debe tener un alto grado de coordinación dirigida por la Comisión y ha de estar dotada de un proceso decisorio lo más transparente posible, pero no debe tener un fundamento jurídico independiente en el Tratado. 
La política de turismo es un ámbito tan amplio que un fundamento jurídico independiente permitiría incluir un abanico de aspectos demasiado extenso. 
El turismo está basado en ámbitos tan diferentes que no sería sostenible un fundamento jurídico independiente. 
Informe del Sr. Spencer (A4-0193/97) 
Éste es en su mayor parte un informe de gran calidad. 
No obstante, no pensamos que la UE y la UEO deban integrarse. 
Tampoco pensamos que haya que aplicar de modo general el principio de las votaciones por mayoría en cuestiones que se encuadran dentro de la política exterior y de seguridad común. 
Un país que tenga objeciones en cuestiones que considere de interés vital para su seguridad debe disponer siempre del derecho a veto. 
Por tanto, hemos votado contra las opiniones sobre este tema que se expresan en los apartados 15 y 19. 
El pensamiento federalista en materia de política exterior europea se resume en algunas frases sencillas, repetidas hasta la saciedad desde hace años, en todos los tonos y en todas las formas: » Sin la impotencia de Europa, el drama yugoslavo habría podido evitarse. 
Por ende, es preciso que, de ahora en adelante, Europa hable al unísono en el exterior, determinando sus posiciones de acuerdo con la mayoría». 
No obstante, nunca se nos ha dicho lo que Europa habría podido hacer concretamente, de haber estado unida, en el asunto yugoslavo. 
Y con razón: la política que aplicaron los países miembros finalmente fue bastante sabia. 
Ni siquiera estoy seguro, por lo demás, de que queriendo determinar a todo trance una posición europea única, con la mayoría de votos, la Unión no hubiera transportado el conflicto a su seno, retrasando con ello, claro está, nuestra intervención salvadora, ¡puesto que habría sido necesario arreglar primero las disensiones entre nosotros! 
Esperamos que estas no hubieran degenerado demasiado, ya que entonces habríamos tenido encima dos conflictos en lugar de uno, hipótesis de ninguna manera descabellada si se analiza la historia de nuestro continente en el curso de este siglo. 
Finalmente, ¡feliz impotencia, felix culpa, qué nos evitó tal ruina! 
Resulta tanto más curioso puesto que nadie pone en tela de juicio el dogma federalista que tenemos ante nosotros, todos los días, los resultados de este sistema en un campo particular, el de las relaciones económicas exteriores. 
Ahí, la Unión Europea habla al unísono, a través de la Comisión, y el Consejo decide por mayoría, es decir, exactamente lo que buscan los federalistas. 
Ahora bien, este sistema no funciona. 
Peor aún, al reducir nuestras políticas al más pequeño denominador común, al debilitar al Consejo ante las iniciativas librecambistas de la Comisión, es el principal responsable de nuestros sucesivos retrocesos en las negociaciones comerciales internacionales y contribuye, por su parte, al paro devastador que destruye Europa. 
¿Es realmente necesario, vistos los resultados de este sistema, extenderlo al conjunto de nuestras relaciones exteriores? 
A mi juicio, concluyo que es totalmente necesario, por el propio bien de Europa, que los Estados mantengan su política extranjera nacional. 
Si nuestros intereses y nuestros objetivos concuerdan sobre uno u otro punto- y espero que eso ocurra a menudo- actuaremos juntos con toda naturalidad. 
De lo contrario, cada uno defenderá sus intereses. 
No hay nada más legítimo. 
Sólo recordaré el ejemplo de la francofonía: ¿cómo puede creerse un sólo instante que, con una política exterior europea determinada por mayoría, los intereses de la francofonía estarían bien defendidos? 
¿Cómo puede creerse un sólo instante que con una política exterior determinada por mayoría, la especificidad de la relación Francia-Quebec, por ejemplo tendría peso ante los intereses europeos llamados «globales»? 
Aquellos que aún albergaran una duda sobre este último punto, pueden consultar la declaración eurocanadiense firmada el año pasado. 
Por ende, pedimos con insistencia a los jefes de Estado y de Gobierno que mantengan firmemente el cabo hacia una política exterior europea que exprese la alianza de naciones soberanas. 
Ello significa, especialmente: 1. es preciso mantener las decisiones por unanimidad respecto a todas las cuestiones de principio, con la posibilidad de precisar, si se quiere, que las abstenciones no pueden impedir la toma de decisión; 2. si se acuerda tomar decisiones por mayoría sobre aspectos secundarios, es preciso reafirmar paralelamente el compromiso de Luxemburgo de la manera más clara, más neta, más completa y sin ninguna complejidad de procedimiento; 3. es necesario rechazar la inclusión en el presupuesto comunitario de los gastos operativos de las acciones de política exterior común, a menos que caigamos en un engranaje que lleva directamente al federalismo. 
El coste de estas acciones debe sencillamente ser compartido entre los Estados participantes según una clave por convenir, por ejemplo, el PNB; 4. es preciso rechazar toda concesión de personalidad jurídica a la Unión Europea, ya que esta disposición se utilizaría para reforzar la idea de que puede existir una política exterior distinta a la de los Estados. 
Asimismo, daría pauta a que la Comisión adoptara un protagonismo que explicara con toda naturalidad que debe representar a la Unión a la hora de concluir actos jurídicos; 5. por último, es preciso reformar el procedimiento de negociaciones comerciales internacionales reestableciendo la autoridad del Consejo sobre la Comisión; sobre todo no hay que aceptar, sin contrapartida, que se incluyan negociaciones relativas a los servicios y a la propiedad intelectual en los procedimientos comunitarios, ya que ello significaría que, de ahora en adelante, los Parlamentos nacionales ya no tendrían nada que decir, nada que ratificar, sobre todo lo que atañe al comercio internacional. 
Esta perspectiva nos parece tan escandalosa que cabe preguntarse cómo puede figurar en los documentos preparatorios del Consejo de Amsterdam. 
No podemos apoyar este informe por varios motivos. 
No podemos adherirnos al deseo ardiente del ponente de crear una política exterior y de seguridad común y por eso tampoco compartimos sus críticas sobre su falta de eficacia. 
La realización de una política exterior y de seguridad común supondrá la creación de una UE fuerte con un Ministro de A. Exteriores común, una defensa común y posiciones comunes cara a terceros países. 
Nosotros no lo deseamos. 
La opinión pública de los países nórdicos no está a favor de la creación de una nueva potencia militar en Europa, muy al contrario. 
Y la falta de fuerza de las declaraciones del Consejo, que critica el ponente, es otra prueba de que ni los representantes de los países miembros de la UE en el seno del Consejo, ni sus pueblos respectivos, están preparados para adoptar un perfil común en materia de política exterior y de seguridad. 
Ésta es otra prueba de que el Parlamento desea avanzar en dirección a unos Estados Unidos de Europa con más rapidez de lo que es el caso entre las poblaciones de los países miembros de la UE. 
Votamos en contra del informe Spencer porque, en lugar de representar el ejercicio de esclarecimiento esperado, se limitó a inscribirse en la misma línea ideológica de sus predecesores. 
No obstante, hubiera sido indispensable precisar que la acción exterior de la Unión Europea es hoy, ante todo y esencialmente, la proyección y la defensa de las políticas propias con las que se le ha dotado: política comercial común; política agrícola común; política común de la pesca... 
Por tanto, es peligroso y artificial separar la acción económica exterior de una PESC que tendría como ámbito de intervención la política exterior «pura». 
Por el contrario, sería necesario reagrupar estos dos aspectos inseparables de la acción exterior bajo la autoridad del Consejo, que debería enmarcar de manera sumamente estricta el conjunto de las negociaciones comerciales de las que forma parte la Unión. 
De hecho, la defensa económica exterior es el requisito previo a toda auténtica PESC. 
Si la Unión Europea no se muestra capaz de defender con energía y eficacia los intereses comerciales comunes de sus miembros en relación con sus socios exteriores, es inútil ir más lejos y hablar de política exterior común. 
En segundo lugar, habría sido indispensable precisar que una política exterior se aprecia en términos de influencia efectiva sobre el terreno. 
Una política común que no tendría por objeto sino la búsqueda sistemática de posiciones idénticas sobre todos los temas, sin preocuparse de su carácter operativo, no merecería el nombre de PESC. 
Obtendría consensus minimalistas que harían insignificantes las posiciones europeas así expresadas. 
Puede verse bien el carácter irrisorio y pernicioso de tantas resoluciones aprobadas de manera irreflexiva por el Parlamento Europeo sobre todos los temas posibles de política exterior, donde la ausencia de profesionalismo rivaliza con la falta de sentido político. 
Hay que elegir la vía opuesta, apoyándose en las grandes tradiciones diplomáticas de los Estados miembros que constituyen un capital sumamente valioso para el conjunto de la Unión. 
No hay que tratar de construir una PESC que reste movilización, motivación o merme a las diplomacias nacionales: hoy día son el canal de expresión privilegiado de los intereses europeos en la escena internacional. 
Por último, en materia de política exterior y de defensa, es preciso apegarse estrictamente al principio de la unanimidad. 
El objetivo al que tienden los Estados miembros es el de una política exterior común, no el de una política exterior mayoritaria. 
Es literalmente impensable que pueda ponerse en minoría a un Estado en ámbitos tan sensibles como los de la política exterior y la política de defensa. 
Por el contrario, es indispensable incluir el espíritu del compromiso de Luxemburgo en los Tratados. 
Aplicar el esquema clásico de la comunitarización en el ámbito esencial de la política exterior y de defensa colocaría a Europa en un callejón sin salida especialmente peligroso. 
Informe de la Sra. Neyts-Uyttebroeck (A4-0179/97) 
El informe proporciona un buen análisis del problema que existe con el control democrático de las instituciones de la UE. 
En general, el informe es de calidad, pero hay dos aspectos en los que disentimos. 
En primer lugar, es cierto que el debate político que se produce en los Estados miembros gira en torno a la actividad y el mandato de los respectivos Gobiernos nacionales. 
La mayor legitimidad, entre otras cosas en relación con la participación electoral, la tienen los Parlamentos nacionales respectivos. 
Tampoco es correcto considerar que existen unas «cuestiones europeas» específicas que se puedan deslindar de los debates nacionales y elevar a un «nivel europeo». 
El incremento del debate político al «nivel europeo» se ve complicado además por el hecho de que faltan unos medios de comunicación comunes, además del hecho de que las lenguas, las tradiciones, las culturas, y las nociones políticas son lo dispares que son entre los países miembros de la UE. 
También existe un grave problema con la representatividad democrática del Parlamento Europeo en relación con la ampliación hacia el Este. 
Consiste en el modo en que un Parlamento Europeo, que cuenta con 700 diputados, va a poder representar de un modo justo a alrededor de 500 millones de ciudadanos todos ellos con diversas agrupaciones políticas, diversos grupos sociales, minorías lingüísticas, y en el modo en que se va a poder alcanzar una distribución justa por edades paralela a la de los ciudadanos de la UE, etc. Nuestra conclusión es que son las ideas y el control de los Parlamentos nacionales lo que debe reforzarse dentro de la cooperación en la UE, no el Parlamento Europeo. 
El segundo aspecto atañe a los apartados 10 y 11 de la propuesta de resolución, donde entre otras cosas se propone que se amplíe la codecisión del Parlamento Europeo en materia presupuestaria, acabando con la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
Nuestro objetivo es que el presupuesto de la UE dentro de la política agrícola y regional entre otras se decida a través de negociaciones entre los Estados miembros de la UE, representados por sus Gobiernos respectivos. 
La cooperación dentro de la UE debe basarse en una colaboración entre Estados independientes, no en un regimen supranacional y a través de un parlamento federal. 
Por los motivos arriba indicados, nos abstenemos en la votación final sobre el informe, a pesar de que contiene un buen número de propuestas de calidad. 
El papel de los Parlamentos nacionales es un criterio fundamental de la Europa que deseamos. 
En la Europa de las naciones, el Parlamento nacional es la asamblea superior que en ocasiones delega determinadas competencias precisas al Parlamento Europeo, cada vez que ratifica una modificación del Tratado. 
En una Europa federal, por el contrario, el Parlamento Europeo sería la asamblea superior, no dejando a los Parlamentos nacionales más que una competencia local y subordinada. 
Actualmente, nos encontramos todavía, en teoría, en el primer sistema, pero la cantidad de competencias delegadas a nivel europeo ha adquirido tal magnitud que bastaría un ligero empujón para caer en el segundo. 
Ello demuestra toda la habilidad táctica, la sutileza, incluso la seducción, que se ven obligados a desplegar los federalistas europeos, puesto que deben conseguir que los Parlamentos nacionales abandonen voluntariamente competencias críticas. 
El informe de la Sra. Neyts-Uyttebroeck del que hoy nos ocupamos, no les decepcionará, ya que maniobra con fineza, tratando de desarmar las reticencias, exponiendo, por ejemplo, que de ahora en adelante el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales ya no deberían entrar en conflicto o hacerse competencia, sino al contrario, complementarse en la mayor armonía. 
Sin embargo, muestra un poco mejor sus intenciones cuando precisa en qué debería consistir esta complementariedad; el Parlamento Europeo debería controlar las instituciones comunitarias, los Parlamentos nacionales deberían limitarse a controlar a los Gobiernos respectivos. 
Esta presentación tiene el defecto, evidentemente voluntario, de omitir lo esencial: los dos órdenes no son solamente complementarios, sino también están jerarquizados. 
Ciertamente, los Parlamentos nacionales controlan el nivel nacional, pero también tienen como misión, al ratificar el Tratado, determinar las reglas del juego europeo y las relaciones generales de sendos niveles. 
Y el Parlamento Europeo, aunque haya sido elegido mediante sufragio universal, sólo dispone de las competencias delegadas por las naciones y sus Parlamentos. 
Estos temas no son teóricos. 
Ya que si Europa experimenta hoy una pérdida de favor, si sufre de un «déficit democrático» se debe a que ha dado demasiadas prendas a la concepción federalista, que priva a los ciudadanos de su marco de expresión natural, las instituciones nacionales, sin lograr, y con razón, reemplazarlas gracias a una participación vivaz en una democracia europea. 
De ahí procede la oposición completa de nuestras propuestas y la de los federalistas; quieren subordinar los Parlamentos nacionales, nosotros queremos reavivarlos; ellos quieren que Bruselas controle las naciones; nosotros queremos que las naciones controlen Bruselas. 
En estas condiciones, no resulta sorprendente que la Conferencia Intergubernamental, donde figura una mayoría de Gobiernos condescendientes con las tesis federalistas, no estuviera dispuesta a dar sino migas a los Parlamentos nacionales; el «derecho» de estar informado en el momento oportuno de las propuestas legislativas de la Comisión; el «derecho» en la conferencia semestral que reúne a sus representantes (COSAC) , de «someter a la consideración de las instituciones de la Unión» sugerencias, modestamente denominadas «contribuciones» , en especial en los ámbitos del tercer pilar o de la subsidiariedad. 
Es todo. 
Y el informe Neyts-Uyttebroeck, por su parte, apenas dice más. 
Estas propuestas microscópicas reflejan bien el estado de espíritu federalista según el cual los Parlamentos nacionales no deberían apenas poseer, en lo que concierne los asuntos europeos, más que un derecho de información o sugerencias. 
Nosotros opinamos lo contrario. 
El Grupo Europa de las Naciones desea devolver protagonismo a los Parlamentos nacionales, en el marco de una Europa fundada en las democracias nacionales. 
En una asociación de naciones semejante, Bruselas no dispondría de ninguna superioridad intrínseca. 
Por el contrario, los Parlamentos nacionales, al votar cada año su contribución comunitaria, verificarían si su instrumento bruselense les rinde buenos servicios y, en caso contrario, lo reformarían. 
Además, los Parlamentos nacionales, representantes de los pueblos, deberían ser los jueces últimos del buen empleo de las competencias delegadas; por tanto, deberían detentar un derecho de veto sobre las cuestiones de subsidiariedad y un derecho de ratificar los decretos del Tribunal de Justicia europeo en virtud de un procedimiento por determinar, cuando estas decisiones tuvieran como fin ampliar las competencias delegadas. 
Por lo demás, en los ámbitos en los que la cooperación europea debería reforzarse, sin que por ello sea deseable una comunitarización, los Parlamentos nacionales deberían poder organizarse en foma de red para tomar decisiones de manera más rápida que con los procedimientos intergubernamentales clásicos. 
Por ejemplo, podrían imaginarse, en los expedientes relativos a la seguridad y la inmigración, » jornadas europeas» de los Parlamentos nacionales, durante las que estas asambleas, reunidas en sus respectivas capitales, deliberaran al mismo tiempo sobre los mismos temas. 
Una revitalización semejante de los controles parlamentarios nacionales nos parece, en esta etapa, indispensable a la supervivencia de una Europa realmente democrática. 
Se trata desde luego de la exposición de motivos donde se comprueba entre otras cosas que la transferencia de competencias decisorias a la UE no se ha visto complementada por un aumento correspondiente de las competencias de los Parlamentos nacionales. Se trata también del énfasis hecho en la necesidad del acceso a la actividad legislativa del Consejo, del acceso a los documentos, de mejores plazos límite para el tratamiento de los textos legislativos de la UE, etc. 
El informe es en parte un reconocimiento de la importancia de los Parlamentos nacionales. 
A pesar de las dificultades y deficiencias de los sistemas parlamentarios nacionales, es principalmente en éstos donde prospera la legitimidad democrática. 
Sólo a nivel nacional pueden los ciudadanos con la ayuda de sus papeletas exigir responsabilidades a sus políticos y elegir nuevos diputados que a su vez promulguen nuevas leyes. 
El Parlamento Europeo carecerá durante tiempo indefinido de una legitimidad similar. 
Por ejemplo, en Suecia en las elecciones al Parlamento Europeo participa la mitad de los ciudadanos que en las nacionales. 
La falta de una lengua común y de unos medios de comunicación comunes dentro de la Unión limita las posibilidades de que se desarrolle un diálogo político y democrático con anterioridad a la adopción de decisiones. 
La distancia entre electorado y políticos aumentará cada vez más con la ampliación de la UE. 
Grandes estratos de población se verán desprovistos de representación pero de todos modos sometidos al poder legislativo de la Unión. 
Esto puede llevarnos al surgimiento de unas tensiones desastrosas. 
Con respecto a estos problemas el informe carece de respuestas. 
Se limita a enumerar las propuestas tradicionales de la mayoría parlamentaria consistentes en mayor poder para la propia institución a pesar de su evidente insuficiencia en materia de legitimidad popular y democrática. 
Existe, no obstante, una solución alternativa. Esta clase de contribución fue presentada en 23 apartados por los críticos de la Unión Nórdica al Grupo David en relación con la aprobación del informe Martin-Bourlanges el 17 de mayo de 1995. 
Se basa entre otras cosas en dar a los Parlamentos nacionales competencias reales, como el derecho a adoptar iniciativas para elaborar leyes, una mayor influencia para los grupos y organizaciones a costa de los burócratas y representantes de los grupos de interés, etc. 
A pesar de las serias críticas expuestas hasta aquí, pensamos que existen partes del informe que pueden dar inicio a un proceso razonable que aborde el dilema democrático fundamental de la Unión. 
Por consiguiente, hemos decidido abstenernos en la votación final. 
El informe contiene un análisis excelente del «déficit democrático» en la UE. Contiene además una serie de propuestas concretas de calidad para reforzar el papel de los Parlamentos nacionales. 
No obstante, debería haberse extendido más sobre el problema fundamental en relación con la falta de legitimidad de la UE y del Parlamento Europeo. 
El informe tendría que haber celebrado unas consultas formales preliminares con los Parlamentos nacionales, solicitando su opinión dentro de un plazo límite determinado con anterioridad a la celebración del debate en el Parlamento Europeo. 
El informe va por el buen camino y por eso he votado en su favor. 
Informe del Sr. McMillan-Scott (A4-0198/97) 
China, primera potencia demográfica del mundo, durante largo tiempo replegada en sí misma, está destinada a desempeñar un papel de primer orden en la escena internacional. 
Las relaciones entre la Unión Europea y China abarcan ámbitos tan variados tales como los intercambios culturales, el desarrollo de las relaciones comerciales y las cuestiones de seguridad y estabilidad política de el Sudeste asiático. 
El Grupo de Independientes para la Europa de las Naciones se felicita en especial de la adhesión de China al tratado de no proliferación nuclear. 
El informe del Sr. Mac-Millan-Scott subraya con razón la necesidad de profundizar las relaciones interparlamentarias entre Europa y China con el fin de alcanzar una mejor comprensión mutua. 
Asimismo, nuestro Grupo sólo puede aprobar la voluntad de continuar y ampliar los programas europeos de desarrollo de los recursos humanos en China incluyendo una acción en el ámbito de la cooperación jurídica. 
Este deseo de cooperación podrá expresarse igualmente en ámbitos donde las normas europeas son una referencia a escala mundial: el cumplimiento de las normas del medio ambiente, la tecnología de la información, derecho, seguros, banca. 
Con toda razón, el informe observa que las relaciones económicas deben ir a la par del deseo de remediar la deterioración del medio ambiente, consecuencia del auge industrial de China. 
Los intereses comerciales tienen un estrecho vínculo con la cuestión del respeto de la dignidad humana. 
Efectivamente, este respeto debe garantizarse incluso si no nos corresponde a nosotros importar a China nuestro modelo de organización política y social. 
La integración de Hong Kong y Macao a China debe llevarse a cabo, no obstante, en el respeto de las libertades políticas, sociales y económicas que caracterizan el estatuto de estos territorios y las tradiciones políticas que se han arraigado. 
No obstante, a pesar de la solicitud de encuesta presentada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento a la Comisión Europea, el informe no dice nada sobre la competencia desleal impuesta a las empresas europeas por las empresas chinas que utilizan por un coste irrisorio millones de trabajadores poco o de ningún modo remunerados. 
Por lo demás, la cuestión de las prácticas de dumping tiene un peso importante en este asunto que, no obstante, parece haberse descuidado: la existencia de estas prácticas proviene para China de una comparación entre el valor normal del producto y los precios a la exportación hacia la Unión Europea, los cuales son muchos más bajos; de ahí un perjuicio para los productores europeos comprobado por el incremento de las importaciones procedentes de China, el incremento de su parte de mercado europeo y sus precios bajos que han afectado gravemente a la situación financiera de la industria comunitaria. 
En 1995, el margen «dumping» alcanzaba el 110 % para los persulfatos destinados a las industrias textil y química, lo que en esa época obligó a la Comisión a fijar un derecho «antidumping» provisional del 83, 3 %. 
El mismo problema se planteó a propósito de los zapatos forrados con materia textil, los cassettes de vídeo, los bolsos de mano, las bicicletas, las cubiertas de anillos destinadas a las carpetas. 
No obstante, estas medidas no remediaron fundamentalmente el dumping. 
Por otra parte, una mejor apertura del mercado chino de los servicios, especialmente en lo que se refiere a los servicios financieros y bancarios, los seguros, las agencias de prensa e información... es un objetivo hacia el que deben tender los esfuerzos europeos. 
En este ámbito, será conveniente exigir de China una misma transparencia y restricciones comparables a las que están sometidos los Estados miembros de la OMC. 
La adhesión de China a la OMC sólo podrá estudiarse correctamente cuando se hayan zanjado estos candentes problemas. 
El ponente McMillan-Scott merece ser felicitado por el modo en que ha sabido aunar las visiones presentes en el Parlamento Europeo en un marco más interesante para la política entre China y Europa. 
El informe recoge de forma útil la actitud crítica del Parlamento Europeo en relación con el respeto de los derechos humanos, tanto en el marco de la evolución hacia un mercado libre como en el de la protección del medio ambiente. 
Las exigencias del Parlamento en relación con el respeto de la libertad y los derechos en Hong Kong y Macao son claras. 
La ocupación del Tíbet y las tensas relaciones tensas con Taiwán siguen preocupando al Parlamento. 
Nuevamente, el ponente ha trazado una línea política a la que la Unión Europea puede ajustar su política en el futuro. 
Informe del Sr. Burenstam Linder (A4-0196/97) 
Éste es un buen informe. 
En relación con la enmienda nº 5 queremos hacer una aclaración. 
Pensamos que es evidente que la Unión Europea debe estar abierta a todos los países europeos, también cara a Rusia. 
No obstante, no pensamos que haya que incluir este aspecto en el informe y por eso hemos votado en contra de la propuesta, aunque estamos de acuerdo en la opinión. 
Otra cuestión que no pensamos que deba incluirse en el informe es la de la posible adhesión a la OTAN de los Estados bálticos. 
Este informe trata de las relaciones de la Unión Europea con la región del Báltico, y no de la posición de la región con respecto a la ampliación de la alianza militar de la OTAN. 
La Iniciativa Báltica de la Comisión, presentada en la cumbre del Consejo de los Estados del Mar Báltico en Visby, no incluye suficientes iniciativas nuevas para la región del Mar Báltico, que posee un gran potencial económico y político. 
Celebro, por lo tanto, que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa haya elaborado un informe sobre esta Comunicación de la Comisión en el que se insiste en la necesidad de aplicar políticas que fomentan las reformas, el crecimiento, la integración y la estabilidad en la zona. 
Los tres Estados bálticos, al cabo de cincuenta años de ocupación soviética, han podido recuperar finalmente su soberanía y sus libertades. 
Hoy día, nadie contesta la vocación natural de estos tres países a entrar en el seno de la Unión Europea. 
El Grupo de Independientes para Europa de las Naciones sólo puede aprobar la iniciativa descrita por el Sr. Burenstam Linder, la multiplicación de los vínculos de cooperación con los Estados bálticos y en el seno del mundo báltico. 
Esta cooperación pone en juego múltiples aspectos, habida cuenta que conciernen a la vez los intercambios culturales, la investigación, el desarrollo económico de países debilitados por cincuenta años de comunismo impuesto, la lucha contra el crimen organizado y la consolidación de la estabilidad política de esta región de Europa. 
Somos especialmente sensibles a la preocupación de la Comisión y de este informe de reparar las heridas sufridas por el medio ambiente luchando contra una contaminación masiva y gestionando el difícil problema de las centrales nucleares. 
Nos asociamos a la solicitud de inventario de los desechos nucleares y otras fuentes redioactivas en esta región. 
A este respecto, deseamos poner de manifiesto la necesidad de una cooperación completa y eficaz que respete la libertad que estos países han pagado a un precio tan alto. 
Esta cooperación, liberada del peso de la supranacionalidad, debe conservar su eficacia a lo largo del proceso de adhesión que pronto va a iniciarse. 
No cabe duda de que alentar a los Estados bálticos a efectuar las reformas necesarias a su integración en el seno de la Unión resulta loable, no obstante, es insuficiente. 
Es indispensable que la Unión Europea responda a las inmensas esperanzas de los pueblos del Este de Europa mediante un lenguaje mucho más acogedor que el de los criterios de convergencia y las meras incitaciones. 
Este es el interés esencial de la Conferencia Intergubernamental, la historia nos juzgará dependiendo nuestro éxito o nuestro fracaso. 
(La sesión, interrumpida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Señora Presidenta, Señorías, los reiterados ataques de grupos de agricultores franceses que de forma persistente obstaculizan la libre circulación de mercancías, principio básico de la Unión, ha llegado a una situación que requiere una actuación enérgica, ya que no sólo se ha puesto en peligro la integridad física de los transportistas sino incluso su propia vida. 
No se entiende la persistencia de los ataques sin la permisibilidad de las autoridades francesas. 
No se entiende tampoco que, después de años de transgresiones, la Comisión y el Consejo no hayan encontrado la fórmula adecuada para evitarlos. 
Las imágenes de los ataques son la mejor escuela para convertir en escépticos a los que crean en la Unión Europea, y destruyen nuestra acción a favor de la misma. 
Mientras trabajamos para profundizar en la dimensión de la Unión, otros la boicotean salvajemente. 
Por ello, reclamo una acción firme y enérgica por parte de las autoridades francesas- a ver si se ve el cambio- que impida cualquier nuevo ataque. 
La Comisión y el Consejo deben actuar también con prontitud, urgencia y eficacia para hacer respetar el principio de libre circulación de mercancías y evitar cualquier agresión, ciertamente intolerable en toda sociedad civilizada, y nosotros creemos y deseamos que la Unión Europea sea una sociedad civilizada. 
Señora Presidenta, durante esta semana el Comisario Monti ha tenido ocasión de discutir con nosotros en reiteradas ocasiones el plan de acción del mercado interior que él pretende presentar en el Consejo Europeo de Amsterdam, pero anteayer tuvo lugar la vista oral en el Tribunal de Justicia Europeo sobre un recurso que ha presentado la Comisión Europea contra Francia, por unos actos acaecidos en el año 95 por no adoptar, y leo, » las medidas adecuadas para evitar la realización en su territorio de acciones violentas contra frutas y hortalizas procedentes de otros Estados miembros, infringiendo las disposiciones que regulan las OCM agrícolas y el artículo 30 del Tratado». 
Se trata de una infracción continuada que dura más de 10 años. 
Los incidentes denunciados constituyen el objeto de esta demanda, pero se han producido también en el año 96 y durante este mismo año, porque lo que buscan los violentos es romper el mercado interior. 
Pues bien, está claro que no podemos hablar de completar o de perfeccionar el mercado interior si falla una de sus columnas vertebrales como es la libre circulación de mercancías. 
Resulta imprescindible, pues, introducir en la reforma de los tratados la posibilidad de que la Comisión Europea pueda imponer inmediatamente sanciones pecuniarias a los Estados miembros, instituciones o representantes de los sectores que quiebren el principio de libertad y de circulación. 
No podremos avanzar si se consolida, señora Presidenta, un sentimiento de impunidad absoluta ante nuestras opiniones públicas. 
Señora Presidenta, ¿para qué sirve que ahora, durante un minuto o dos, cada uno de los diputados preocupados por estos ataques a la libre circulación estemos debatiendo sobre este asunto? 
¿De qué sirve que el Parlamento Europeo manifieste su repulsa, que lo haga también el Comité de las Regiones, que lo hagan de la misma forma los Parlamentos regionales, y los Parlamentos de los Estados e incluso los propios Ayuntamientos? 
Yo creo que debemos hacer un esfuerzo para superar el valor testimonial de esta repulsa, y que sirva para lanzar un mensaje en dos direcciones. 
Por una parte, a los Gobiernos, como aviso general y generalizado de que esto no se puede tolerar ni repetir y, por otra, a los ciudadanos, para darles la sensación de seriedad, de que realmente las autoridades e instituciones de la Unión Europea no están dispuestas a permitir los ataques que vienen repitiéndose durante quince años a la agricultura, al transporte, a los bienes inmuebles e incluso a la integridad física de las personas. 
Es un problema que tenemos que tratar con muchísima seriedad porque, de hecho, ya hay amenazas de cortar otras fronteras, de plantear otro tipo de reivindicaciones. 
Mantengo la confianza sincera de que el pronunciamiento de este Parlamento sirva para algo más que para manifestar nuestra repulsa, y de que tanto la Comisión como el Consejo actúen de forma justa, pero enérgica y rápida, para poner fin a estos ataques que se repiten, año tras año, ante la lamentable pasividad de la Comisión, del Consejo y, sobre todo, de los distintos Gobiernos franceses. 
Señora Presidenta, si el libre comercio y el mercado interior significan que cada uno pueda colocar sus excendentes, lo producido en exceso a un precio barato a base de química y de racionalización, en otros países, entonces es cuando nos encontramos exactamente con este problema. 
Volcar camiones no sirve de nada y las sanciones tampoco. 
Hay que lograr que la producción se coloque en mercados locales, produciéndose para la misma población bajo el lema que hemos creado: nuestro mercado interior significa mercado semanal o la región necesita muchos mercados interiores. 
Si llegamos a una estabilidad de las relaciones entre productores y consumidores entonces podremos producir calidad en lugar de cantidad y ofrecer fresas que además les gusten a la gente. 
Yo no tengo ningún miedo de que las fresas que cultivamos en nuestra región sean desplazadas por fresas españolas o francesas, pues estas fresas son compradas por mis consumidoras y consumidores, además a un precio respetable y adecuado. Señora Presidenta, le voy a traer en alguna ocasión una y verá que aún saben bien. 
Señora Presidenta, una de las regiones que más sufre los condenables e injustificados ataques a los camiones españoles con frutas y hortalizas es la región de Murcia por tres razones: por el número de sus camiones y camioneros, por la importancia de su producción de frutas y hortalizas y porque la exportación y comercialización supone una importante actividad en la región de Murcia. 
Por ello repercute negativamente en nuestra región. 
Es por ello por lo que hay que defender, a toda costa, la riqueza de una parte importante de España, de toda España, de toda Europa, para poder producir y, por eso, nos parecen imprescindibles dos cuestiones: 
La primera es la de garantizar, tanto desde el Parlamento como desde la Comisión, que se va a aprobar una adecuada indemnización tanto por las consecuencias directas como indirectas- por pérdida de mercados- en relación con lo que ha ocurrido en Francia, y que nunca más vuelva a ocurrir. 
Y la segunda cuestión- que yo creo que hay que atacar a fondo, para no quedarnos en la superficie -, es la causa de que todo esto venga ocurriendo. 
Hay que reconocer que algo no funciona en la política agraria común cuando ese tipo de sucesos ocurren y, por ello, conviene ir al fondo de la cuestión, como decía anteriormente, y tratar de hacer una reforma adecuada de la política agraria común, encauzar también adecuadamente la OCM de frutas y hortalizas para que franceses, españoles, italianos, para que todos los europeos sintamos Europa como la patria común, que es en lo que estamos empeñados, desde nuestro Grupo de Izquierda Unitaria Europea, de manera que la Unión Europea sirva para todos los europeos, y que sirva para los trabajadores, para los campesinos, para todos los que estamos intentando que sea la Europa de la solidaridad y no la Europa de la insolidaridad. 
Señora Presidenta, Señorías, un año más, como si se tratara de un círculo maldito e infernal, volvemos a plantear en este Parlamento la denuncia de ataques a camiones y mercancías procedentes de España, que sufren esos ataques cuando pasan por Francia, y ataques a personas, porque los camiones no andan solos y son conducidos por personas, y hay ciudadanos comunitarios que son atacados directamente por otros ciudadanos en el seno de esta Unión Europea, en vísperas de compartir, ni más ni menos, que una moneda única. 
Denunciamos, un año más, este atentado grave a un principio básico de la construcción europea, que es la libre circulación de personas y mercancías. 
Hace un momento se decía que hay que plantearse la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo es algo tan sencillo como aceptar o no la libre circulación de personas y mercancías en el seno de la Unión Europea. 
Algo tan sencillo como aceptar o no que existe un mercado interior. 
¿Quién va a responder de los daños y quién va a responder de la pérdida de mercados, y cómo es posible que asistamos, señora Presidenta, señor representante de la Comisión, otra vez a la pasividad manifiesta de quienes deben evitar estos actos delictivos, porque son actos delictivos, no son actos de carácter puramente administrativo. 
Hace un año, más o menos en estas fechas, yo decía aquí que quería conocer un nombre, solamente un nombre de algún culpable que hubiera sido condenado en Francia por estos actos delictivos. 
Transcurrido un año, quizás por mi ignorancia, no sé todavía cómo se llama ninguno de los condenados por atacar a personas y mercancías procedentes de otros países europeos que tienen que pasar necesariamente por Francia. 
Si al salir de aquí un grupo de ciudadanos, -diputados europeos o funcionarios -, un grupo de ciudadanos atacáramos un camión, ahí, en la calle, ¿qué ocurriría? 
De momento, pienso que seríamos detenidos. 
Seríamos juzgados y, lógicamente, tendríamos algún tipo de condena. 
¿Qué ocurre para que los ataques a las mercancías, a los camiones y a las personas en Francia queden en absoluta impunidad? 
Sería importante que, por una vez, no condenáramos estos hechos únicamente con las palabras. 
Sé que la competencia de la Comisión en estos temas es limitada, pero la impresión de la población es que no se hace lo suficiente por parte de las autoridades comunitarias. 
Sí, hay que defender los mercados locales- como decía también otro diputado -, pero en estos momentos no se puede negar la evidencia de la necesidad de superar los mercados locales mediante las exportaciones de los productos que se producen en cualquiera de nuestros países. 
Ojalá el año próximo no exista esta resolución de urgencia sobre ataques a camiones, a mercancías y a personas de un país europeo en otro país europeo. 
Señora Presidenta, estoy convencida de que todos los miembros de este Parlamento estarán de acuerdo, una vez más, en reiterar nuestra condena contra los ataques, por parte de grupos incontrolados de agricultores franceses, a los camiones que transportan productos agrícolas procedentes de España y a las personas que transportan estos productos. 
Estoy también convencida de que estaremos de acuerdo en reclamar, tal como pedimos en la resolución, el pago de las compensaciones prometido por el Gobierno francés y que este pago incluya- así lo exigimos- todo tipo de daños causados. 
Pero este Parlamento, ante lo que constituye un flagrante atentado a la libre circulación de mercancías y, por tanto, a uno de los pilares de la construcción europea, debe exigir a la Comisión y al Consejo que, de una vez por todas, adopten las medidas que impidan que año tras año vengan reiterándose los mismos lamentables hechos. 
Es cierto, se aduce falta de competencia por parte de la Comisión. 
Pero lo que sí es cierto es que los violentos no pueden seguir actuando impunemente y, por tanto, hay que buscar la manera, como sea, de que el ciudadano europeo, nuestros agricultores en concreto, no deban seguir enfrentándose a una problemática que les afecta y les daña gravemente, y que, sobre todo, les separa cada vez más del proyecto de construcción europea. 
Señora Presidenta, Señorías, esta tarde nos ocupamos de los recientes actos de vandalismo de los productores franceses respecto a las frutas y hortalizas españolas. 
Claro está, no podemos sino reprobar estos actos de violencia y vandalismo. 
Por tanto, no defenderé la forma, sino el fondo. 
Por ejemplo, en lo que se refiere a los tomates- objeto de los últimos enfrentamientos- en el mercado SaintCharles de Perpignan, la oferta de tomates españoles se situaba en el mes de abril alrededor de las 800 toneladas diarias, en comparación con 100 toneladas para los franceses. 
Súbitamente, los días 9 y 12 de mayo, los tonelajes españoles se duplicaron para pasar a 1.700 toneladas diarias, con una caída de los precios que descendieron de 600 francos la tonelada a 114 francos la tonelada, apenas lo necesario para cubrir los gastos de transporte. 
Se trata de un fenómeno de dumping inadmisible. 
Estas pocas cifras nos muestran que se puede comprender la cólera de nuestros productores franceses, pero ciertamente no sus actos de violencia. 
Por lo demás, los llamamientos al boycott de nuestros productos, lanzados del otro lado de los Pirineos por los campesinos españoles para responder a los ataques de los campesinos franceses tampoco son más disculpables. 
A mi juicio, este conflicto no es un mero conflicto francoespañol. 
Las razones son mucho más profundas. 
Todo ello demuestra la existencia de un disfuncionamiento real de la OCM frutas y hortalizas. 
La Comisión tendrá que volver a abrir este difícil expediente. 
Deberá estar más atenta a la reglamentación de las producciones y los precios, velar por evitar toda competencia desleal entre los Estados miembros, impidiendo que se pongan en el mercado productos con precios inferiores a su coste de producción, controlar más seriamente las importaciones masivas procedentes de países terceros. 
En conclusión, Señora Presidenta, el deber que nos corresponde a nosotros, Comisión, Parlamento Europeo y Consejo, es conciliar todas nuestras producciones con vistas a establecer una buena armonía entre la totalidad de nuestros productores europeos. 
Estoy convencida de que lo lograremos. 
Señora Presidenta, no podemos sino condenar los actos de violencia cometidos contra los chóferes de camiones españoles. 
No obstante, resultaría peligroso y reductor inscribir este debate únicamente en el tema de la libre circulación de las mercancías. 
Se trata de un problema agrícola y es preciso reconocer que, de cierta manera, esta violencia es reveladora del profundo descontento de los productores de frutos y hortalizas ante la pérdida de salidas, ante la caída catastrófica de los precios y las prácticas de dumping. 
Es preciso evitar a todo precio dejarse engullir por la espiral de los enfrentamientos entre productores. 
Los intereses de los productores franceses y españoles no son contrarios: son víctimas de una misma política ultraliberal que privilegia la competencia para mayor beneficio de la gran distribución y del negocio internacional. 
Por ello, proponemos en lo inmediato la apertura de una concertación entre los Gobiernos francés y español y entre las organizaciones de productores, para evitar los enfrentamientos, apaciguar las tensiones, iniciar el diálogo, con miras a encontrar soluciones que permitan a los productores de ambos lados de los Pirineos vivir dignamente de su trabajo. 
Ante la degradación de la situación en el sector de las frutas y hortalizas, es necesario mejorar los mecanismos de mercado teniendo en cuenta los acuerdos con los países terceros mediterráneos, especialmente para la salida de las producciones y la mejora de los ingresos. 
Para evitar toda competencia, que corre el riesgo de agravarse a la hora de la ampliación de la Unión Europea al Este, es preciso acelerar el proceso de armonización hacia arriba de la retribución y la protección social de los agricultores y los asalariados agrícolas. 
Señora Presidenta, estamos una vez más ante un problema que vivimos todos los años en esta Asamblea y por estas fechas. 
Yo creo que es un tema importante para todos los ciudadanos de la Unión, y si, hoy, son los productos españoles los directamente afectados, otra vez podrán ser otros. 
No es solamente un problema de política agrícola común, ni es un problema de la OCM de frutas y hortalizas, como se nos acaba de señalar, ni que los precios sean más bajos o más altos, o un problema de dumping. 
Señorías, es un problema que está resuelto en el Tratado de la Unión en el artículo 35, que garantiza la libre circulación de mercancías, y todos los Estados miembros tienen la obligación de garantizar esta libre circulación de mercancías. 
Estamos en los umbrales de la Conferencia Intergubernamental y yo pediría a la Comisión, que ya se ha concienzado de que sólo con las denuncias no se avanza nada, ni con urgir al gobierno implicado, que estos actos no queden impunes, que se inviertan los términos y que sea la Comisión la que pueda imponer las sanciones y sean los agresores directos quienes tengan que recurrir, porque todos sabemos que esta justicia que se está pidiendo nos está llegando muy tarde, puesto que todavía no ha habido ninguna sentencia, y una justicia que llega tarde deja de ser justicia. 
Señora Presidenta, esta pieza de fruta carece en la práctica del derecho a la libre circulación de mercancías que le consagra en teoría el Tratado de la Unión Europea. 
Y la Comisión Europea, como garante de los tratados, debe asegurar también que esta pieza de fruta pueda circular libremente en el marco de la Unión Europea. 
Y esto pasa todos los años, porque determinados productores buscan posiciones de privilegio en los mercados, oponiéndose a la libre circulación de frutas y hortalizas. 
Y así como la Comisión Europea tiene un mecanismo en las políticas de competencia para sancionar económicamente, hay que exigir que en el próximo Consejo Europeo de Amsterdam se reforme el Tratado, también para permitir que la Comisión Europea pueda sancionar económicamente a aquellos que impiden la libre circulación de mercancías y la consolidación del mercado interior. 
Solamente de esta forma, la próxima semana en Amsterdam, el Consejo puede conseguir que esta pieza de fruta tenga el mismo derecho que tienen las personas, capitales y mercancías a circular en el mercado libre de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, ante cierta incapacidad de las autoridades francesas para hacer frente a los desórdenes provocados por grupos de agricultores contra productos de otros Estados miembros, concretamente de España, la Comisión recuerda que dentro del ámbito del ejercicio de sus competencias como guardiana de los Tratados, ha recurrido al procedimiento por infracción para hacer que la República Francesa cumpla con las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 30 del Tratado. 
Este asunto está actualmente ante el Tribunal del Justicia, habiendo tenido lugar la vista el pasado día 10 de junio y, teniendo en cuenta que el abogado general presentará sus conclusiones el día 8 de julio, es conveniente esperar la sentencia del Tribunal de Justicia. 
No obstante, esta espera no es pasiva, toda vez que la Comisión, cuando tuvo conocimiento del primer incidente el día 24 de abril, se puso inmediatamente en contacto con las autoridades francesas con el fin de que éstas ejercieran las competencias que les son propias en materia de seguridad pública mediante la adopción de las medidas indispensables para la prevención y represión de la violencia, protegiendo de este modo el derecho a la libre circulación de mercancías que garantiza el Tratado. 
Por otro lado, la Comisión, en carta del señor Comisario Franz Fischler fechada el día 4 de junio del corriente, instó una vez más al Gobierno francés a tomar con la máxima urgencia las medidas necesarias con vistas a garantizar la libre circulación de mercancías en Francia. 
A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera haber tomado todas las medidas posibles para inducir a las autoridades francesas a cumplir rigurosamente con sus obligaciones. 
En lo referente a la Organización Común de Mercado, la Comisión destaca que, en el ámbito de la reforma de la OCM «frutas y hortalizas» , aprobada por el Consejo el 21 de noviembre del año pasado, está prevista la creación de unos fondos operacionales destinados a las organizaciones de productores que permitirán un abanico de medidas con el fin de mejorar las condiciones de producción y comercialización de dichos productos. 
El funcionamiento descentralizado de estos fondos permitirá, así pues, que las organizaciones de productores orienten mejor sus acciones hacia los sectores más necesitados. 
Por otro lado, tanto en la reforma de los mecanismos de retirada de productos como en las medidas para favorecer la salida de los productos retirados, está también prevista especialmente la distribución gratuita. 
También es útil precisar que al final del período transitorio de la reforma está prevista la elaboración de un informe sobre el funcionamiento de la OCM «frutas y hortalizas» , que englobará todos los productos, incluido el sector de las fresas. 
Por último, la Comisión está en este momento elaborando un análisis global de la situación de los Acuerdos Mediterráneos relativos al sector que nos ocupa. 
Para terminar, señora Presidenta, añadiré que éste es un sector que, evidentemente, preocupa mucho a la Comisión, que en ninguna circunstancia dejará de asumir sus responsabilidades. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. 
Señora Presidenta, por supuesto nos ha conmocionado el golpe de Estado militar perpetrado en Sierra Leona. 
El país es uno de los más pobres de África y en los últimos seis años ha sufrido una guerra civil y otros tres golpes de Estado. 
Por fin empezaban a lograrse modestos progresos con el acuerdo de paz de noviembre de 1996 y la incipiente democracia instaurada en marzo del año pasado. 
Y otra vez hemos de partir de cero. 
Los militares han asumido el poder y han anulado toda mejora. 
Apoyo todas las iniciativas diplomáticas para restaurar la democracia y aislar a la junta militar. 
El Consejo ha de instar también a la Organización para la Unidad Africana a que siga estas iniciativas. 
Hay que evitar que los distintos países se aprovechen de las actividades del ECOMOG. 
Las intervenciones militares han de orquestarse mejor para no poner en juego la credibilidad de la Comunidad. 
Los Liberales piden al Consejo y a la Comisión que utilicen todos los instrumentos para que pueda regresar la democracia, por incipiente que sea. 
Entre ellos, habría que incluir el cese de la cooperación de Lomé. 
Hemos de ocuparnos de que este pequeño y pobre país pueda proseguir cuanto antes el camino de la reconstrucción y el desarrollo. 
Señora Presidenta, coincido con el Sr. Bertens. 
En lo que se refiere a las riquezas del suelo, Sierra Leona es uno de los países más ricos del mundo pero uno de los más pobres en lo que se refiere a la situación de la población. 
Tenemos que intervenir para que vuelva el Gobierno democrático. 
No podemos permitir que los militares conserven el poder tras su golpe. 
En este contexto, también quiero condenar la intervención de Nigeria. 
Allí el general Abacha ha accedido al poder mediante un golpe militar. 
Con esta intervención, quería ampliar su poder pero no introducir la democracia. 
Sería grato si en Nigeria hubiese estructuras democráticas. 
Ahora se trata de Sierra Leona. 
Creo que la cooperación en el marco ACP y la diplomacia pueden contribuir no solamente a que se condene este golpe de Estado sino a que adoptemos medidas prácticas para restablecer la democracia. 
Ruego al Comisario Pinheiro que intervenga al respecto y espero que Nigeria se mantenga en el futuro al margen del conflicto. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con los dos oradores precedentes. 
Tratándose de la crisis provocada en Sierra Leona por el golpe militar, el Grupo de Coalición Radical Europea es evidentemente favorable al retorno, sin retraso y sin condiciones, al orden constitucional legítimo encarnado por el presidente Kabbah. 
No obstante, nuestra intervención en este debate está destinada, ante todo, a denunciar el poder de policía militar regional que se ha arrogado Nigeria en esta crisis y en otros acontecimientos. 
Nigeria abusa manifiestamente de un mandato que le había concedido el ECOMOG para intentar restaurar la imagen internacional tan empañada por las prácticas dictatoriales del régimen nigeriano respecto a su oposición, ya que la paradoja de la situación de Sierra Leona se debe a que Nigeria pretende representar allí el derecho, la paz y la libertad. 
Este sainete sólo es posible debido a la pusilanimidad de la comunidad internacional que se negó, por razones económicas y geoestratégicas, aplicar a Nigeria las sanciones que merecía. 
Para la Unión Europea, ya es hora de utilizar los instrumentos que posee y especialmente los que le confiere el Convenio de Lomé, para ayudar a restaurar el derecho en Sierra Leona y condenar el imperialismo regional de Nigeria. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hace algún tiempo, en marzo, los amigos de África experimentamos alegría cuando un general, que entonces gobernaba como resultado de un golpe militar, entregó en Sierra Leona- una antigua colonia británica de menos de cinco millones de habitantes- el poder a un abogado de 64 años, con experiencia internacional, musulmán- como la mayoría de sus compatriotas -, que estaba vestido con las ropas tradicionales. 
Hoy, ese presidente civil ha sido derrocado por otros militares que se han quedado con el poder y se han quedado también con el oro y con los diamantes, que son las riquezas principales de Sierra Leona. 
Entre tanto, el pueblo se queda con los millares de muertos, con los 200 dólares de renta per cápita, con el 70 % de analfabetismo, con una perspectiva de vida media de 50 años y, entre tanto, un país que es, evidentemente, una dictadura feroz- Nigeria- intenta imponer la democracia, paradójicamente, en Sierra Leona. 
Y ¿qué ha hecho Europa? 
Pues hemos hecho lo de siempre: hemos dado ayuda humanitaria- que está muy bien -, una cierta cooperación al desarrollo, hemos enviado- los ingleses- un avión para retirar a sus compatriotas, y nada más. 
Eso prueba que la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo son muy necesarias, pero no resuelven esos problemas. 
Tampoco, seguramente, los resolvería una intervención militar, en la cual, además, sería difícil enviar a nuestros propios soldados al riesgo de la muerte. 
Pero este hecho, multiplicado por otros, demuestra que hace falta, señora Presidenta, una política general de Europa, y no sólo de Francia o de Inglaterra, para afrontar los problemas de África. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión, con la ayuda del Parlamento, quizá un día nos la proponga. 
Señora Presidenta, el proceso de democratización iniciado en 1996 por la celebración de elecciones presidenciales y legislativas ha volado en mil pedazos después del golpe de Estado del 25 de mayo pasado. 
La junta militar quisiera volver a poner a la cabeza al dirigente del Frente Revolucionario Unido, Sr. Foday Sankoh, con todos los riesgos de desestabilización de la región que ello implica. 
Recordemos los centenares de civiles sin defensa que los rebeldes mataron, torturaron, golpearon con machetes y ejecutaron en condiciones atroces. 
Esa guerra civil que duró cinco años, causó la muerte de más de 10.000 personas. 
Condenando vigorosamente este golpe de estado, hacemos un llamamiento a la OUA para que tome las iniciativas necesarias encaminadas a permitir la restauración del régimen elegido democráticamente en marzo de 1996. 
Mientras no se reúnan todas estas condiciones, pedimos a la Comisión y al Consejo que suspendan la aplicación del Convenio de Lomé y toda ayuda al gobierno de Sierra Leona. 
No obstante, ni que decirse tiene que es preciso asegurar la continuación de la ayuda humanitaria para las poblaciones más vulnerables. 
Señora Presidente, no hace falta decir que la Comisión condena el coup d ' état del Comandante Koroma en Sierra Leona. 
La Comisión considera totalmente inaceptable que el Gobierno legítimo, elegido democráticamente, del Presidente Kabbah, que obtuvo el poder apenas hace más de un año, haya sido derrocado de forma tan abrupta por un pequeño grupo de soldados respaldados por los rebeldes. 
Una declaración de la Pesidencia en nombre de la Unión Europea, formulada el 28 de mayo, deploraba la deposición del gobierno elegido e instaba a que se restaurase el gobierno civil democrático. 
También se expresaban inquietudes por el grado de violencia contra los locales y los expatriados. 
Esa declaración refleja sentimientos similares expresados por organizaciones y países de todo el mundo: las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, el Commonwealth, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, el Japón, y los países de la región. 
La crisis de Sierra Leona ha tenido como consecuencia la suspensión de facto de todos los programas de ayuda que se desarrollaban en el país. 
Todo el personal de los proyectos y el personal de la Comisión ha sido evacuado. 
En cuanto a la formalización de la suspensión mencionada, las discusiones entre Estados miembros tendrán lugar en los foros apropiados del Consejo según vaya evolucionando la situación. 
Ahora bien, la Comisión estima que es importante enviar un firme mensaje a los autores del coup d ' état para decirles que su acción es inaceptable y que su resultado será que la comunidad de donantes no proporcionará ninguna ayuda financiera o de otro tipo. 
La Unión Europea apoya todos los esfuerzos que se están desplegando actualmente para lograr una solución pacífica negociada del conflicto, que permita el regreso del gobierno civil del Presidente Kabbah, elegido democráticamente. 
Estamos perfectamente al corriente de las paradojas y dificultades que puede entrañar la intervención de ECOMOG y del importante cometido que está desempeñando Nigeria, como ha mencionado el Sr. Hory. 
Dicho lo que antecede, he de admitir que los contactos personales que he tenido con el Primer Ministro de Guinea Conakry a ese respecto no dejan duda alguna de que los países de la región- y no solamente Nigeriaestán haciendo todo lo que pueden para evitar que este coup d ' état tenga éxito. 
En cuanto a la ayuda humanitaria, por el momento todas las operaciones de ayuda humanitaria financiadas por ECHO han quedado en suspenso a causa de la falta de seguridad que reina en el país y a causa también de la evacuación de la mayor parte del personal de los organismos encargados de la ayuda humanitaria. 
Si la seguridad lo permite, las misiones de evaluación de necesidades serán llevadas a cabo lo antes posible por los organismos de ayuda humanitaria. 
En caso de necesidad, ECHO podrá intervenir para proporcionar asistencia a las poblaciones que han sido desplazadas como resultado de la crisis actual. 
Por último, quisiera insistir en que es importante que la OUA asuma el liderazgo para definir una estrategia encaminada a contrarrestar la acción de los autores del coup d ' état y de las fuerzas rebeldes que les están ayudando en Sierra Leona. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Kreisl-Dörfler y Alvoet, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los derechos humanos en Colombia; -B4-0538/97 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Colombia; -B4-0552/97 del Sr. Lenz y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Colombia; -B4-0560/97 del Sr. Howitt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos humanos en Colombia; -B4-0485/97 del Sr. Maij-Weggen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación política y la permanente violación de los derechos humanos en Birmania; -B4-0547/97 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Birmania y el ingreso de Birmania en la ASEAN; -B4-0551/97 de los Sres. Telkämper y Hautala, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Birmania; -B4-0467/97 del Sr. De Vries y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el retorno de refugiados a Croacia; -B4-0510/97 del Sr. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Croacia y la aplicación de acuerdo de paz de Dayton; -B4-0517/97 del Sr. Hory y otros, en nombre del Grupo Coalición Radical Europea, sobre la ejecución del acuerdo de Dayton en la antigua Yugoslavia; -B4-0531/97 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la ejecución del acuerdo de Dayton en Croacia y Bosnia; -B4-0548/97 del Sr. Alavanos y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la ejecución del acuerdo de Dayton en Croacia; -B4-0553/97 del Sr. Oostlander y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las condiciones para la reconstrucción económica y el retorno de los refugiados a su patria en la República de BosniaHerzegovina; -B4-0559/97 del Sr. Wiersma y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la evolución del proceso de paz en la antigua Yugoslavia; -B4-0486/97 del Sr. Castagnetti y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la institución «Isla de la esperanza» en Moscú; -B4-0515/97 del Sr. Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el destino de los niños de la calle en Moscú; -B4-0503/97 del Sr. André-Leonard y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las elecciones en Indonesia; -B4-0537/97 del Sr. Ribeiro, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Timor y las elecciones en Indonesia; -B4-0550/97 del Sr. McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Indonesia/Timor Oriental; -B4-0514/97 del Sr. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la obstaculización de las organizaciones humanitarias no gubernamentales en Belarús. 
Abolición de la pena de muerte 
Señora Presidenta, hay un amplio consenso en el Parlamento de los europeos sobre lo inhumano de la pena de muerte. 
Este tema figura en un lugar prioritario de nuestra agenda política y hemos dejado constancia de que ningún país que mantenga la pena de muerte será bienvenido en nuestra Unión. 
También nos felicitamos de que cada vez sean más los países de nuestro continente y de otros que se abstienen de ejecutar a sus ciudadanos. 
La Unión tiene, en conexión con el Consejo, la labor central de defender la causa del humanismo en sus contactos con el mundo exterior. 
Por eso, señora Presidenta, es una invitación importante la que el Parlamento dirige al Consejo, a la Comisión y a los quince Estados miembros. Es el requisito, con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que va a reunirse en otoño, de una moratoria de todas las ejecuciones como un paso hacia la supresión total de la pena de muerte en todo el mundo a partir del primer día del próximo siglo. 
Señora Presidenta, Señorías, la lucha por la abolición de la pena de muerte se identifica con la marcha hacia una humanidad responsable de ella misma. 
Como abogado, pude observar no solamente el horror, sino la vergüenza que se ampara de todos aquellos que deben participar en lo que representa una tragedia humana. 
Hoy día, sin embargo, Europa se encuentra ante una responsabilidad de un orden especial. 
Hace unas semanas, asistí con unos compañeros a la sesión de Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y, por primera vez, se votó una resolución por mayoría. 
Ciertamente, los Estados Unidos de América y China se opusieron, juntos, a la tesis abolicionista apoyada por un gran número de países, entre los que se encontraban los países de la Unión Europea. 
Se dice que Europa no debe ser una mera identidad económica, sino una identidad portadora de esos valores universales que se extienden por el mundo entero. 
Se trata del mismo debate, cuando hablamos de la pena de muerte, la cláusula social y la conducta correcta en los negocios. 
Se trata de una actitud ante el hombre, de una actitud ante la humanidad. 
Por tanto, es deseable que Europa dé el ejemplo mostrando una señal fuerte que los demás países del planeta tendrán que seguir más tarde o más temprano. 
Señora Presidenta, ante todo quisiera agradecer al Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos su decisivo apoyo a esta propuesta de resolución, y quisiera destacar junto con él la importancia que esta resolución podría representar para el desarrollo de nuestra Unión. 
Si la Unión, contrariamente a lo que hizo en Ginebra, no sobre la pena de muerte, donde, como lo recordó el Sr. Soulier, adoptó una posición muy decidida e importante para tener el éxito que tuvimos, sino sobre la cuestión de los derechos humanos en China, donde adoptó una posición mucho menos atinada, se dedicara a promover en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta propuesta de moratoria sobre las ejecuciones, estoy seguro de que podría reunirse una mayoría de Estados miembros para conseguir por fin, cien años después de la abolición universal de la esclavitud, una abolición de la pena de muerte, o en todo caso, hacer un paso decisivo en esta dirección. 
Quisiera aprovechar la presencia del Comisario Pinheiro, para recordarle que las dos últimas asambleas paritarias ACP-UE aprobaron resoluciones en favor de la abolición de la pena de muerte y, por tanto, es muy importante recordar, siempre que se celebren encuentros y contratos, debates con los países ACP, y sé que son numerosos, la importancia que la Unión Europea concede a la pena de muerte. 
Habrá otras ocasiones, en especial en Amsterdam, para hablar también de la cuestión de la pena de muerte. 
Italia pidió la introducción, en el Tratado, de un artículo que prevea la desaparición de la pena de muerte. 
Se trata de un punto que puede parecer marginal a muchos, pero es importante porque nos permite comenzar a introducir este capítulo sobre los derechos fundamentales. 
Pienso que se trata de un tercer elemento en el que podría centrarse la acción de la Unión Europea. 
Por tanto, quedan muchas cosas por hacer, pero en primer lugar, pediría al Comisario Pinheiro que intervenga ante sus compañeros de la Comisión para que ésta, que también está presente en Nueva York, haga lo necesario y, desde la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, se inscriba en el orden del día este tema tan importante. 
Señora Presidenta, de los países de la Europa oriental, son ante todo los nuevos miembros del Consejo de Europa, Rusia y Ucrania, los que hasta ahora apenas han cumplido las exigencias de un derecho penal humano, a pesar de todas las promesas realizadas. 
Esto no solamente se debe a dificultades técnicas de introducción de una legislación democrática, del establecimiento de tribunales o de la necesaria formación de jueces para la aplicación de una justicia independiente, sino que lo que falta es sobre todo voluntad política. 
Ucrania tampoco ha cumplido la moratoria y sigue ejecutando penas de muerte. 
¿Qué es lo que va a resultar en este contexto de las promesas realizadas por la Comisión al Parlamento Europeo cuando se trataba de la ratificación del Acuerdo de Colaboración y Cooperación y cuando utilizó todos los medios a su alcance para que Rusia y Ucrania se convirtiesen con mucha antelación en miembros del Consejo de Europa? 
¿Dónde existe realmente una ayuda financiera y hasta qué punto se esgrime el preámbulo del Acuerdo para lograr que se adopten medidas dirigidas a abolir realmente y en la práctica en esos dos países la pena de muerte? 
Señora Presidenta, la pena de muerte ha sido siempre esgrimida como el instrumento último para erradicar el delito, pero ha quedado sobradamente demostrado en los países donde se ha aplicado, y se sigue aplicando, que en ningún caso ha conducido a la erradicación del delito, sino que ha tenido incluso efectos perversos, en la medida en que ha generado un tipo de delito sin testigos. 
Las grandes organizaciones criminales no se han intimidado por la ejecución de las penas de muerte, lo único que ha ocurrido es que se ha generalizado un tipo de delito en el cual el testigo no puede sobrevivir a la comisión del mismo. 
Pero además, la pena de muerte plantea otro problema: el problema del error judicial. 
¿Cómo se repara un error judicial cuando éste ha dado lugar a que se aplique la pena de muerte? 
Cuestiones como ésta, la imposibilidad de reparar un error y el hecho mismo de que el delito pueda incluso agravarse, nos deben hacer pensar en la necesidad de erradicar en todos los países del mundo la pena de muerte. 
Pienso que Europa está en la cultura de la defensa de la vida como fin y, por lo tanto, ha sido el lugar donde el movimiento abolicionista ha tenido más difusión. 
Pero debemos dar ejemplo y tener en cuenta este aspecto en los acuerdos de asociación, y pedir que se incluya una moratoria de las ejecuciones. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en el apartado 6 de la resolución conjunta se exige que los Estados que quieran ingresar en el Consejo de Europa deben comprometerse a firmar y ratificar antes del ingreso el Segundo Protocolo facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos. 
Considero que éste es uno de los mensajes centrales de esta resolución. Hemos logrado un avance en la Conferencia sobre derechos humanos de Ginebra, sobre lo que ha llamado la atención el Sr. Soulier. 
N puede ser un progreso que en los numerosos debates que mantenemos en el Parlamento, en esta misma sala en la que se reúne también el Consejo de Europa, ocupen sus lugares representantes de países que anuncien con grandilocuentes palabras todo lo que quieren realizar en lo tocante al derecho pero que cuando vuelven a casa les importa un bledo lo prometido. 
Es uno de los escándalos que tenemos que denunciar y debo decirles que siempre he considerado al Consejo de Europa como un gran enriquecimiento político para Europa. 
Quizás suene algo provocador, pero en la cuestión de la pena de muerte y de la aplicación de los compromisos adquiridos por los nuevos países miembros del Consejo de Europa, considero un peligro para la idea de los derechos humanos en la Unión Europea si se actúa de un modo tan negligente con este bien tan elevado. 
Con este elevado bien me refiero a que la comunidad internacional de Estados debe cumplir también lo que ha declarado de un modo vinculante y solemne. 
Si solamente se queda en declaraciones y éstas no se respetan, entonces los derechos que figuran en las declaraciones quedarán vacíos de contenido. 
Es esta una evolución muy peligrosa en la lucha contra la pena de muerte. 
Quiero concluir diciendo también con orgullo que en esta Asamblea, en el Parlamento Europeo, con muy pocas excepciones significativas tanto política como humanamente, la gran mayoría se ha pronunciado y se pronuncia con toda consecuencia contra la pena de muerte- lo que muestra la resolución conjunta- y me parece que, ante todo lo que nos separa, se debe mencionar también lo que nos une. 
Señora Presidenta, » que los asesinos comiencen». 
Esta fórmula se ha atribuido, creo, a Alphonse Karr, el siglo pasado, en el debate sobre la pena de muerte. 
Era la época en que se hacia gala de ingenio en este tipo de debates. 
La abolición de la pena de muerte se ha convertido en uno de los elementos centrales de lo que puede llamarse el humanismo europeo y eso es lo que expresa muy bien la resolución común. 
En todo caso, es la filosofía que sustenta esta resolución. 
Para integrarse en la Europa que construimos, la abolición de la pena de muerte no es una condición suficiente en lo que concierne al respeto de los derechos de humanos, sino una condición necesaria. 
Y sabemos que en materia penal, hay muchas otras penas, empezando por la perpetuidad, que no sería nada sin los trabajos forzados, como dice un personaje de una célebre película: » Existen muchos, muchos otros castigos». 
Hemos de felicitarnos que en esta Asamblea exista el consenso y que no se haya alzado voz alguna para matizar la resolución que vamos a aprobar dentro de un momento. 
Colombia 
Señora Presidenta, en la mañana del 19 de mayo hombres armados penetraron en una vivienda de Bogotá y extinguieron toda una familia. 
Solamente pudo sobrevivir un bebé porque se le pudo esconder a tiempo en un armario. 
Los asesinos se identificaron ante el portero- lo que es muy importante- como empleados de la fiscalía. 
Como siempre ocurre en Colombia, se escaparon sin ser reconocidos. 
Los asesinados eran colaboradores del renombrado instituto jesuita CINEP. 
Mario Calderón trabaja allí en la ecología y su mujer, Elsa, en proyectos relacionados con los derechos humanos. 
La brutalidad sin límite de este acto no sacudió solamente a la opinión pública colombiana sino también a la internacional. 
De nuevo han sido asesinadas personas en Colombia por trabajar en pro de los derechos humanos y de nuevo es de esperar que estos asesinatos queden sin castigo. 
Desde hace años, en los informes de la Comisión de Derechos Humanos se exige con regularidad al Gobierno colombiano que proteja y respete los derechos humanos y a las personas que los defienden. 
Desde hace años, el Gobierno colombiano reacciona lamentándose y encogiéndose de hombros. 
Permítanme que dirija algunas palabras en portugués a nuestro Comisario: 
Me gustaría decirle al señor Comisario que si no trabajamos juntos en favor de los derechos humanos en Colombia, si no luchamos juntos aquí contra la injusticia que existe en Colombia, no resolveremos nada. 
También sé, al igual que usted, señor Comisario, que el Gobierno de Colombia debe trabajar por los derechos humanos. 
También sabemos claramente que dicho gobierno no merece toda la confianza que junto con el PSOE y el PP españoles le estamos dando. 
El pueblo de Colombia merece nuestra ayuda, pero no el Gobierno. 
Señora Presidenta, Señorías, queremos expresar nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas y expresar también nuestra condena y nuestra preocupación. 
No es la primera vez que este Parlamento se pronuncia al respecto. 
En febrero incluimos a Colombia entre los diez países del mundo que tenían los problemas más graves en materia de derechos humanos y de violencia. 
Hemos confiado en el Gobierno colombiano firmando- la Unión Europea y este Gobierno- acuerdos comerciales preferenciales. 
Pero esta confianza deberá también apoyarse en signos incuestionables de defensa de los derechos humanos y de la democracia, por parte de este Gobierno. 
Hay que buscar a los responsables y, si son paramilitares, todavía es mayor la responsabilidad de este Gobierno; porque, si no los buscan, disminuye su credibilidad. 
En la defensa de la democracia y sus valores podrá contar a la Unión Europea entre sus colaboradores, pero si no lleva a cabo esta defensa nos defraudará y las consecuencias pueden ser también penosas para este Gobierno y, sobre todo, para este país. 
Señora Presidenta, han llegado a nuestro oídos diversos informes inquietantes sobre graves violaciones de derechos humanos en Colombia, particularmente en los últimos meses. 
Ha sido difícil comprobar algunas de esas denuncias, en parte quizá porque al parecer han tenido lugar en zonas muy remotas de Colombia. 
Ahora bien, según han manifestado los dos oradores anteriores, no cabe duda alguna de que se ha planteado una trágica situación por lo que se refiere a la familia nombrada en la resolución, sin que la situación afecte únicamente a esta familia. 
Esperamos en primer lugar que el Gobierno de Colombia lleve a cabo una detenida investigación y, a falta de otra autoridad pertinente, hemos de dirigirnos de nuevo a la Comisión Europea para preguntarles qué acción estiman que hay que adoptar. 
Por ejemplo, nos preocupamos por el caso de otra persona, Neftali Vanegas, cuya vida al parecer ha estado en peligro estas últimas semanas y cuya organización está financiada, al menos parcialmente, por la Comisión Europea. 
Quizá el Comisario tenga la amabilidad de comunicarnos sus observaciones acerca de ese caso concreto. 
Señora Presidenta, desde hace medio siglo Colombia es víctima de violencias y crímenes crueles en escala horrenda. 
El reciente asesinato de tres personas de la familia Calderón y las graves lesiones sufridas por otra son otros tantos ejemplos del salvajismo incivilizado que hoy en día es un rasgo familiar de la vida en Colombia. 
Mario Calderón y Elsa Constanza Alvarado fueron asesinados por ser miembros de la organización de derechos humanos CINEP, que se esfuerza por defender a los seres humanos contra la violencia y el terror y que trabaja en favor de la paz. 
Sus muertes y la violencia infligida a sus familiares por un grupo de asesinos armados hasta los dientes demuestra la vergonzosa falta de humanidad de los que organizan el terrorismo en Colombia en la actualidad. 
En los seis últimos meses se calcula que 650 personas han sido víctimas de la violencia en Colombia, incluidos pobres campesinos y muchas otras personas. 
En realidad, se estima que aproximadamente un millón de personas han huído de sus hogares para escapar a la violencia que tan devastadores efectos está teniendo en todos los aspectos de la vida en el país. 
Tenemos que manifestar que deploramos esos asesinatos, y tenemos que instar al Gobierno de Colombia a que persiga a los asesinos y a que vele por su castigo. 
Celebramos el establecimiento de la oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la contribución de ECHO a la prestación de asistencia a las personas desplazadas. 
Además de todo lo antedicho debemos acordarnos de que la Unión Europea desempeñó un papel fundamental en la ayuda para la restauración de la paz en Centroamérica, y está cooperando con América Latina en su conjunto con miras a conseguir relaciones más estrechas y desarrollo. 
Al denunciar las violencias cometidas en Colombia, deberíamos estudiar cuidadosamente la situación para ver si hay algún medio, por difícil que sea, de contribuir al final de la violencia y a la restauración de la paz completa. 
Ésta es la única forma, a la larga, de que podamos tener la seguridad de que estamos aportando una verdadera contribución para poner término a esta lamentable situación de horror. 
Señora Presidenta, el asesinato del matrimonio Calderón simboliza la espiral de impunidad respecto a esta cuestión en Colombia. 
Recientemente, el Gobierno de Colombia confirmó el legítimo papel de las ONG, pero hace poco en favor de esta política. 
El Gobierno colombiano ha de poner en práctica por lo menos esa declaración política. 
La apertura de una oficina del Alto Comisario para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un hecho positivo y aplaudimos también en este contexto el apoyo de ECHO a la población exiliada en Colombia que ha huido de la misma violencia impune. 
Más importante aún es, por supuesto, que se ponga fin a la violencia y para ello ha de presionarse al Gobierno a fin de que haga frente a los grupos paramilitares, proteja los derechos humanos y refuerce el poder judicial. 
Esta es la solución. 
Pero no es la primera vez que hablamos de Colombia y me temo que tendremos que quejarnos muchas veces más en esta Asamblea al respecto. 
Señor Presidente, en su intervención de ayer, el Presidente del Consejo dijo entre otras cosas que en la Conferencia ASEAN se ha hablado durante dos horas y media sobre Birmania, lo que representa una señal esperanzadora. 
Quizás se deba considerar como un cierto éxito un debate de dos horas y media, algo que debería ser evidente, ante el hecho de que la dirigente de la oposición, Aung San Sun Kyi, a pesar del premio Nobel y del premio Sajarov, se la escucha tan poco ante la opinión pública. 
Pero si se escucha muy poco a esta dirigente de la oposición, aún menos se escucha a los miles de niños que mueren bajo trabajos forzados y otras medidas. 
Raramente se habla de esto. 
¿Qué cabe esperar de los Jefes de Gobierno de estos países, de los cuales solamente uno se ha opuesto a aceptar a Birmania en la Comunidad de Estados? 
Por otro lado, el Jefe de Estado de Malasia incluso ha saludado que con la inclusión de Birmania se acoja a otro país no precisamente democrático sino gobernado centralistamente. 
Quiero preguntar a la Comisión si ve vías y posibilidades de imponer las medidas contempladas en el apartado 4 de la resolución y si espera tener éxito con ello. 
Señor Presidente, en los dos últimos años hemos hablado muy frecuentemente sobre Birmania y siempre solamente hemos podido lamentar los hechos y acusar al Gobierno de ese país. 
Se siguen sin respetar los derechos más elementales y cientos de opositores de la oposición democrática, de la Liga Nacional por la Democracia, la NDL, están encarcelados. 
Precisamente hace muy poco, un destacado miembro de la NDL, Tin Shwe ha fallecido a la edad de 67 años. 
Ha estado siete años en la cárcel. 
Tenía una enfermedad del corazón y ha tenido que morir en prisión. 
El motivo oficial de su encarcelamiento era propaganda subversiva. 
En el presente caso, propaganda subversiva es informar al exterior sobre las catastróficas circunstancias reinantes. 
Hay todavía cientos de personas encarceladas. Creo que solamente mediante medidas económicas, ejerciendo presión para que la Unión Europea no invierta y que el régimen no encuentre aquí ningún apoyo, será posible sacar a estas personas de la cárcel. 
Desde hace mucho tiempo exigimos también que la Sra. Aung San Sun Kyi, portadora del Premio Sajarov del Parlamento Europeo, pueda moverse libremente. 
Siempre es difícil enjuiciar a otros países, pero el que los Estados de la ASEAN hayan acogido a Birmania en la Comunidad bajo estas circunstancias, es algo que no podemos saludar. 
Creo que deberíamos condenarlo y colocarlo siempre en el orden del día en nuestras relaciones diplomáticas y políticas así como en nuestras relaciones económicas con los Estados de la ASEAN. 
Todavía comprendo menos que desde la Unión Europea establezcamos relaciones, en lo que coincido con la Sra. Günther. 
La Sociedad de la Feria de Muestras de Munich desea reunirse en la próxima Feria en Rangún. 
Señora Günther, me tomo en serio su apelación. 
Baviera es un Estado Federado de la CSU. 
Espero que la Sociedad de la Feria de Muestras no vaya allí. 
Mi colega, el alcalde de los Verdes, Monatzeder, ha protestado y lo ha exigido así. 
Espero que estemos de acuerdo en la protesta y logremos que la Sociedad de la Feria de Muestras de Munich no apoye a este régimen. 
Señor Presidente, pese a las protestas procedentes de todo el mundo, los países de la ASEAN han decidido incorporar a Birmania a sus filas, a pesar de las continuas violaciones de los derechos humanos y del secuestro permanente de la primera ministra electa, Aung San Suu Kyi, todo ello por obra de la dictadura militar. 
Resulta muy cínico tener que comunicar que la ASEAN está creándose una reputación de grupo de países con grandes aspiraciones económicas y poco interés por la democracia y los derechos humanos. 
El dinero y los bienes son, por lo visto, más importantes que los valores y las normas fundamentales. 
Mientras tanto, en Birmania se siguen violando los derechos humanos y socavando la democracia. 
En mayo, el régimen de arresto domiciliario de la Sra. Aung San Suu Kyi fue reforzado de tal modo que resultó imposible celebrar el congreso de su partido, que hace seis años ganó las elecciones con un 80 % de los votos, y asimismo se dificulta cada vez más la visita de periodistas extranjeros. 
En lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos, el gobierno del SLORC sigue con el trabajo esclavo, el trabajo infantil, las intimidaciones, las desapariciones, los asesinatos y las acciones permanentes contra las minorías. 
La Unión Europea ha suprimido el sistema preferencial para Birmania y ello es positivo. 
Pero, ¿no va siendo hora de imitar a Estados Unidos y anunciar también una suspensión de las inversiones? 
Existe el peligro de que el vacío que se ha producido con la reducción de las inversiones de Estados Unidos sea llenado por empresas europeas. 
En realidad, es una cuestión muy triste. 
Quisiera preguntarle al Comisario si no puede presentar una propuesta al Consejo Europeo de Ministros. 
Sé que se reúne dentro de poco, y así confío en que satisfará usted este deseo del Parlamento. 
Señor Presidente, los diputados europeos aporrean desde hace más de dos años la puerta de los generales de Rangún. 
Por tanto, no estoy de acuerdo con la Sra. Maij-Weggen, pues los nuevos inversores proceden de otra región y tienen bastante menos conciencia social que nosotros. 
Pero todo indica que nuestra actitud no da resultados. 
Al contrario, la región asiática cierra filas en torno a Birmania en la ASEAN. 
¿No es una señal para que reconsideremos nuestro enfoque? 
No es cuestión de hacer una declaración altisonante cada mes para satisfacción de nuestras propias filas. 
Los tigres asiáticos se ríen de los rugidos que emiten los tigres europeos en sus propias jaulas. 
A mi entender, ya no es posible seguir con la protesta unilateral desde el Parlamento Europeo. 
¿No sería posible que, al igual que en Oriente Medio y en la región de los Lagos, nombráramos un enviado especial en la ASEAN y la región circundante como mediador? 
Quisiera que el Comisario me diera su opinión al respecto. 
Me temo que se van a reír tanto de este enviado especial como de los tigres europeos de los que habla, pero, sea como fuere, el NLD intentó celebrar hace dos meses su enorme victoria en las elecciones de hace siete años. 
La junta militar reaccionó oportunamente, encarcelando de inmediato a 300 activistas. 
La señal de la ASEAN de admitir a Birmania como miembro es una bofetada para la comunidad internacional y la llamada universalidad de los derechos humanos. 
Precisamente en un momento en que el Presidente Clinton decreta sanciones contra Birmania, la ASEAN reacciona con un efecto contrario. 
Y de hecho, tengo que dar la razón a la Sra. Van Bladel en que, en primer lugar, no se trata de inversores europeos, sino sobre todo de los tigres asiáticos. 
La Unión ya hace algo, y he de decir que no estoy descontento. 
Pero hay que convencer a la ASEAN para que modifique su política con respecto a Birmania. 
La manera más eficaz de presionar al régimen del SLORC plantea muchos interrogantes. 
Espero que, en cualquier caso, lo que aquí decimos, se rían o no de nosotros, llegue de vez en cuando a oídos, por lo menos, de Aung San Suu Kyi, para que sepa que la solidaridad sigue siendo primordial para nosotros. 
Señor Presidente, respeto mucho a la Sra. van Bladel pero dudo de que debamos modificar radicalmente nuestro enfoque. 
Hay cosas como el honor y una profunda inquietud por las situaciones de violación de los derechos humanos que van más alla de la táctica y que requieren una estrategia. 
Por eso me agrada sobremanera la actitud del Presidente de los Estados Unidos, que ha impuesto sanciones económicas a Myanmar con lo cual ha prohibido que los ciudadanos de los Estados Unidos puedan efectuar nuevas inversiones en Myanmar. 
No hay duda de que esto va a tener efectos. 
Personalmente no estoy en contra de la adopción de sanciones económicas, aunque me hago cargo de que se trata de una política muy difícil de vender en la Unión Europea. 
Soy partidario de ejercer presión sobre las empresas de la Unión Europea para que desinviertan o no inviertan en el país. 
Esto es importantísimo. 
Hay diversas empresas que han sabido obrar adecuadamente: Heineken, en los Países Bajos, es un caso; Carlsberg es otro. 
Me gustaría mucho que el Club Méditerranée, entre otras, siga ese ejemplo. 
Aplicación de los Acuerdos de Dayton en la antigua Yugoslavia 
Señor Presidente, el respeto de los acuerdos concluidos, inclusive los de Dayton, y el respeto a los derechos humanos es por lo que se ve algo de lo que ninguno de los Estados de la ex-Yugoslavia ha comprendido la importancia. 
Croacia no es peor que los demás Estados de la antigua Yugoslavia, pero sí manifiesta mayores pretensiones de ser aceptado como país asociado a la Unión Europea. 
Esto no va a ser así, ni lo será en el futuro mientras el Gobierno croata siga fusilando a personas sospechosas de haber sido criminales de guerra y permitiendo que se hostigue y maltrate a los serbios, además de negarles el derecho a regresar a sus lugares de origen. 
Esto, señor Presidente, debe terminar, así como otras violaciones que tienen lugar en Serbia y Bosnia. 
La Unión Europea tiene el deber de exigir respeto hacia los derechos humanos y los acuerdos concluidos. 
¡Hágamoslo y hagámoslo con mayor fuerza! 
Señor Presidente, creo que es evidente para todo el mundo que los Acuerdos de Dayton sólo pueden aplicarse si todos los países implicados respetan realmente lo establecido en dichos acuerdos. 
Sabemos perfectamente que estos acuerdos tienen unos límites, no obstante, si ni siquiera se cumplen en los términos suscritos por todos los países signatarios, es obvio que volveremos a situaciones muy peligrosas. 
Por este motivo, tenemos que poner de manifiesto que, por ejemplo, en Krajina, donde vivían 200.000 serbios, estos se encuentran en su mayoría desplazados y que una ley del Parlamento y del Gobierno de Croacia ha autorizado a los croatas procedentes de otras partes del país a ocupar las propiedades serbias en el caso de que se encontrara ausente su legítimo propietario. 
Según la OSCE, los serbios que en estos últimos meses han vuelto a la región no han podido regresar a sus casas. 
De conformidad con los Acuerdos de Dayton, el regreso de los refugiados y personas desplazadas es crucial para solucionar los problemas y garantizar la paz. 
Debemos asegurar que las acciones de la Unión Europea y, por consiguiente, de la Comisión se dirigen a pedir al Gobierno croata y al de Bosnia Herzegovina el cumplimiento de esta disposición recurriendo, si ello fuera necesario, al instrumento económico para garantizar dicho cumplimiento. 
Señor Presidente, quisiera decir que el debate que hoy nos ocupa es extraño e incluso francamente paradójico. 
El proyecto inicial de los grupos políticos era condenar firmemente al Gobierno croata, habida cuenta de las violaciones de los derechos humanos en Krajina y Eslavonia. 
Curiosamente, debido al juego de influencias en el seno de nuestro Parlamento, en el que varios miembros llevan a cabo una verdadera cruzada contra Yugoslavia y sus autoridades políticas, la resolución común acaba condenando en primer lugar al Gobierno de Serbia, que sin embargo, no tiene nada que ver con la cuestión del retorno de los refugiados a las repúblicas que se vieron azotadas por la guerra. 
Por tanto, sencillamente quisiera recordar la verdad, es decir que la confiscación de los bienes inmobiliarios de los serbios por parte de las autoridades croatas es un crimen, que su atribución a croatas está encaminada a avivar las tensiones étnicas en la región, que los riesgos que corren los ciudadanos de Eslavonia oriental imponen el mantenimiento de la SFOR y la administración temporal de las Naciones Unidas. 
Por último, puesto que desea dejarse a Croacia ajena a este debate, quiero denunciar la irresponsabilidad de aquellos, en cuya primera fila se encuentran los Estados Unidos, que toman el riesgo, armando masivamente a las autoridades musulmanas de Sarajevo, de volver a prender la mecha en Herzegovina o en el norte de Bosnia. 
Señor Presidente, se ha dicho muchas veces en esta Asamblea que la Unión Europea no ha logrado desempeñar un papel importante en la crisis de la antigua Yugoslavia. 
Han sido necesarios una intervención americana y el Acuerdo de Dayton para iniciar un acercamiento en principio pacífico a un conflicto que ha dejado casi todas las heridas abiertas. 
El Parlamento Europeo ha adoptado varias resoluciones que llevan su impronta. 
Ahora, con las observaciones del Sr. Hory, que son de peso, intentamos hacer lo mismo, sin que nuestra decisión- según se deja entrever, unánime- vaya a conseguir nada. 
En una región de Europa que ha conocido la primera guerra feroz después de la segunda guerra mundial, en una región que todavía cuenta los muertos y en la que están presentes las tensiones, nada ha cambiado en realidad. 
La Unión Europea sólo podrá intervenir si reconoce que tiene una gran parte de la responsabilidad, tanto por su apresuramiento en fomentar y saludar la disolución de la antigua Yugoslavia como por su demora posterior, cuando ya se había encendido el conflicto. 
Ahora pedimos algo que es justo y natural: el regreso de los refugiados a sus lugares de origen, como los serbios de la Krajina, que han vivido lo que se conoce y se ha expuesto aquí. 
La libre circulación, etc. etc. y la eliminación de las diferencias étnicas. 
Somos realistas, además. 
Tenemos una parte B en la que señalamos que el Acuerdo de Dayton no ha conseguido grandes progresos, pero insistimos, y con razón, en su correcta aplicación. 
Nuestro Grupo, señor Presidente, apoya la propuesta de resolución común con todas sus reservas, ya históricas, mencionadas, y le dará su voto. 
En nuestra opinión, cada persona tiene derecho a regresar a su casa y los criminales de guerra, todos, sin excepción, deben ser castigados. 
De aquí a la visión optimista de que las diferencias y separaciones, acentuadas por el resultado de las elecciones en Bosnia, vayan a extinguirse o a superarse hay una distancia muy grande, pero más grandes deben ser nuestros esfuerzos a partir de ahora. 
Y es que, como ya he dicho, no estamos en absoluto libres de culpa de lo ocurrido en la antigua Yugoslavia. 
Señor Presidente, menos mal que en esta resolución se dice que Serbia o bien la Federación de Yugoslavia vuelve a ser bastante fuerte, pues, en contra de lo que ha dicho el Sr. Hory, el Gobierno de Serbia, sobre todo el Gobierno de Serbia, supone una amenaza para la seguridad internacional y también para el regreso seguro de los refugiados, en cuanto que no coopera a la detención de los criminales de guerra que han de ser juzgados en La Haya. 
Posiblemente porque también el Sr. Milosevic tendrá que oír demasiadas cosas y será el siguiente candidato para una investigación. 
Sea como fuere, no hemos de olvidar a las víctimas de la guerra iniciada por los neorracistas en la antigua Yugoslavia. 
Hemos de recalcar, y también lo hace la resolución, que la política étnica y la división étnica son diametralmente opuestas al establecimiento de un orden jurídico en esa zona. 
El orden jurídico no es en sentido alguno un lujo o una superestructura idealista, sino el fundamento para la restauración de la sociedad y también para la economía. 
Sin que se ponga fin a la división étnica, y al pensamiento y los bloqueos étnicos contra el regreso de los refugiados, nada será económicamente posible en varios de estos Estados, concretamente en la República de Srpska, donde el pensamiento étnico ha alcanzado un punto álgido y donde de hecho sigue habiendo en el poder personas que sólo explotan la propia zona, que tienen poco interés por los ciudadanos y que persiguen sus propias ideologías étnicas. 
También es positivo que la resolución abogue por la UNTAES, aunque este caso sea algo diferente, en la medida en que trata de dar confianza; pero en el caso de la SFOR la cuestión es realmente de vida o muerte, de seguridad de las personas que viven allí. 
Todas las personas de los tres Estados son víctimas del engaño de sus jefes étnicos. 
Asimismo son víctimas de las frustraciones de personas con otros antecedentes étnicos. 
A veces no son culpables, como en Croacia, donde tantas frustraciones han sufrido los croatas que han sido expulsados de la Krajina. 
Muchos serbios son culpables, otros no. 
Es de lamentar que también los serbios sufran la frustración, aunque ésta sea mucho peor en diferentes partes de Bosnia Herzegovina, donde la vida de las personas no es segura al estar el poder en manos de la chusma. 
La chusma: he conocido personas que ocupan el cargo de teniente de alcalde y que sólo pueden ser calificadas de chusma. 
El Grupo del PPE propone que se cree una oficina central en Bosnia que tenga autoridad sobre el regreso de los refugiados, pues esa operación es tan compleja y está tan supeditada al regreso en Croacia y en Eslavonia que hay que crear una clearinghouse común y una autoridad central capaz de regular la organización; de lo contrario, no lo lograremos. 
Mientras se siga regulando independientemente, y sobre bases territoriales en Bosnia Herzegovina, el regreso no podrá realizarse con éxito. 
Ahora las personas se alojan en viviendas provisionales, en espera de un posible regreso, o en casas ajenas. 
Por eso pedimos con firmeza a la Comisión que aplique una política de ayuda fuerte que parta de la condicionalidad y que la lleve a cabo de forma descentralizada, para que siga manteniéndose una diferencia entre quienes quieren el bien y quienes quieren el mal. 
Señor Presidente, de todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el tema, las palabras del Sr. Oostlander han sido las más claras, comprensibles y equilibradas. 
Esto se debe sencillamente a que ha estado en el país, a que se ha ocupado desde el principio de este país, por lo que sabe cómo están las cosas. 
No hace declaraciones ideológicas por motivos de serbofilia u otras razones que falsifican totalmente la imagen. 
No debemos olvidar sencillamente una cosa: el ataque ha salido de Serbia. 
En Serbia no se ha destruido ni una sola casa, mientras que en Croacia- y la Krajina pertenece a Croacia- se han destruido muchas. 
Naturalmente, estoy a favor de que todos, también los serbios, puedan retornar y también estoy a favor de acoger en alguna ocasión a los serbios en nuestra Comunidad, pero primero tenemos que dejar las cosas bien claras e indicar que mientras este país esté gobernado por extremistas y asesinos de masas, no habrá ningún lugar para él. 
Primero tiene que producirse un cambio. 
Señor Presidente, una vez más nuestro Pleno vuelve a ocuparse de las violaciones de los derechos humanos en Croacia. La vez anterior por las manifiestas limitaciones a la libertad de prensa e información, esta vez por el incumplimiento de los acuerdos de Dayton que- y es bueno recordarlo a las autoridades croatas- representan la condición indispensable no sólo para el mantenimiento de la paz en los territorios de la antigua Yugoslavia, sino también para que sigan vigentes los acuerdos de cooperación y de ayuda de la Unión Europea. 
Por el contrario, se viola el derecho a la libre circulación, así como el derecho de los refugiados y personas desplazadas a regresar a sus casas. 
El Gobierno croata obstaculiza su regreso autorizando la confiscación de las propiedades de los serbios mediante una ley de vivienda temporal y emprendiendo un programa para asentar a los croatas procedentes de Bosnia en propiedades confiscadas. 
Se trata, evidentemente, de una limpieza étnica que, por otra parte, recuerda las peores tradiciones de estos pueblos. 
Me refiero, en efecto, a las persecuciones, las expoliaciones y el éxodo forzoso que soportaron, después del final de la segunda Guerra Mundial, cientos de miles de italianos residentes desde siglos en dichos territorios. 
Niños de la calle en Moscú 
Señor Presidente, la presente resolución aborda el tema del abandono de los niños, en su mayoría sin hogar, en la ciudad de Moscú. 
El problema está asumiendo unas dimensiones muy considerables, hasta el punto de que puede pensarse en el nacimiento, también en el caso de Moscú, de un grave fenómeno que podríamos definir como el fenómeno de los niños de la calle. 
Las autoridades municipales, debido a las graves y consabidas limitaciones presupuestarias y al temor de fomentar la inmigración urbana de niños de otras ciudades de la Federación Rusa, de hecho rechazan hacerse cargo de este problema, bajo el pretexto de que dichos niños carecen de documentos oficiales, aunque no se discute su nacionalidad rusa. 
Habida cuenta de la gravedad de la situación, están surgiendo algunas iniciativas de asistencia promovidas por ciudadanos particulares, movidos exclusivamente por un espíritu humanitario. 
La más significativa, eficaz y organizada de estas iniciativas de la sociedad civil rusa es la llamada «Isla de la Esperanza» , que intolerable e incomprensiblemente sufre vejaciones casi a diario y el pasado 15 de mayo, incluso, fue objeto de una durísima agresión policial, cuyos objetivos además de represivos eran intimidatorios. 
Aunque nos esforzamos en comprender las dificultades financieras de las autoridades municipales de Moscú, el Parlamento Europeo no puede dejar de denunciar todo acto de violencia a cargo de quien es responsable sólo de su generosidad y no puede dejar de denunciar el total abandono de este pequeño pueblo de los niños de la calle de Moscú. 
Por ello, confío en la aprobación de la resolución presentada. 
Señor Presidente, el aspecto exterior de Moscú es cada vez más atractivo y cada vez que voy allí tiene más fachadas renovadas. 
Pero esto es lo único que es nuevo. 
Lo que ha perdurado es el antiguo sistema soviético de la «propiska». 
Esto significa que sólo tienen un derecho a vivir en Moscú los que tienen el documento adecuado. 
Esto significa que muchas familias que no pertenecen a los ganadores en el proceso de transformaciones- se trata sobre todo de mujeres solas con hijos a su cargo las que pertenecen a las perdedorasson arrojadas a la pobreza más profunda. 
Estas madres y sus hijos se convierten en Moscú en mendigas. 
Pero el alcalde de Moscú es muy concienzudo limpiando fachadas pues también la isla de la esperanza va a ser víctima de esta limpieza. 
Es la mayor autoiniciativa para los niños de la calle en Moscú. 
Les proporciona un rincón caliente, comida e incluso intenta proporcionarles una formación escolar. 
En el caos de la autojusticia, los niños habrían tenido la oportunidad de acceder a una vida normal mediante esta isla. 
Pero el cierre de esta institución significa que estos niños van a ser enviados de nuevo a las bandas callejeras, a las tiendas de campaña, a las canalizaciones. 
Así se forma un potencial criminal para los próximos años. 
La ciudad de Moscú no tiene ninguna alternativa a la isla de la esperanza. 
Exigimos por ello que esta institución pueda proseguir su trabajo sin ningún obstáculo. 
Señor Presidente, la urgencia sobre los niños de la calle en Moscú revela dos problemas surgidos como fenómeno paralelo a las gigantescas transformaciones políticas y económicas en Rusia. 
El primero es que la situación social de muchos niños en Rusia es muy mala. 
Entre el 25 % de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza se incluyen muchos niños y los problemas que surgen en este contexto los conocemos aquí en el Parlamento Europeo desde hace mucho tiempo también de otras partes del mundo. 
No se trata de un problema típicamente ruso. 
Lo que es típicamente ruso- lo que viene a dificultar aún más la situación- es que existe una norma que define el derecho a vivir en Moscú. 
Se trata de una norma de la antigua Unión Soviética que no encaja en absoluto en un orden liberal, que hace que muchos niños no tengan un derecho a residir en Moscú. 
El segundo punto importante es que, hasta hoy, las ONG no pueden realizar sus actividades en Rusia como en otros países europeos o del mundo. 
En Rusia sigue existiendo una arbitrariedad estatal contra las organizaciones no gubernamentales y la presencia y aceptación de tales organizaciones tampoco es grande ante la opinión pública. 
Saludo, por ello, que hoy se haya planteado esta urgencia, pero pido también que, en el futuro, el Parlamento compruebe si solamente se ve afectada una organización o si hay más. 
No deseo que debido a decisiones del Parlamento Europeo, otras organizaciones no mencionadas tengan dificultades y necesitemos de nuevo una urgencia. 
Indonesia y Timor Oriental 
Señor Presidente, como lo sospechábamos, las elecciones se desarrollaron muy mal en Indonesia. 
La campaña electoral se vio marcada por violencias y numerosas irregularidades el día del escrutinio. 
La victoria masiva del Golkar gubernamental permitirá al Presidente Suharto pretender a un séptimo mandato presidencial consecutivo durante las elecciones presidenciales previstas el año próximo. 
Los principales descontentos son, evidentemente, los jóvenes excluidos y los oponentes al régimen. 
Condenamos las prácticas arbitrarias utilizadas por las autoridades indonesias, convirtiendo las elecciones en una verdadera farsa. 
El sistema realmente necesita una bocanada de oxígeno ya que, incluso si el país está muy bien desde el punto de vista económico, será preciso canalizar, en el futuro, las reivindicaciones de los olvidados de la abundancia. 
La mitad de la población de Yakarta no tiene acceso al agua potable ni a los servicios médicos más elementales y la situación se agrava día a día. 
¡Es intolerable! 
Respecto a la situación en Timor oriental, también existe una gran inquietud. 
Una delegación de nuestro Parlamento debe poder visitarlo y hacernos un informe para que podamos actuar con verdadero conocimiento de causa y, llegado el caso, tomar las medidas que se impongan. 
Señor Presidente, señor Comisario, una vez más tenemos a Timor Oriental en el Parlamento Europeo, porque la ocupación militar continúa, porque la represión no da treguas, porque los derechos humanos son violados cotidianamente en ese territorio todavía sin descolonizar. 
Pero no sólo por eso. 
Y mucho menos para cumplir con una rutina o un ritual. 
Ahora, en esta sesión, hay que subrayar que lo que se llamaron elecciones en Indonesia no fue un paso hacia la democratización del régimen, sino que confirmó su naturaleza dictatorial. 
Hay también, como elemento nuevo en relación con lo que estamos tratando en los últimos períodos parciales de sesiones, el hecho de que la resistencia interna se ha manifestado, desmintiendo a quienes anunciaban que la lucha armada en el interior se había acabado y que sólo el frente diplomático y político mantenía viva la aspiración a la autodeterminación y a la independencia, que esa misma resistencia hizo nacer y consiguió hacer prevalecer contra la ocupación, la represión y el genocidio. 
Tamnién existe el dato nuevo de que el premio Nobel de la Paz ha probado ante los medios de comunicación que es posible comprar armas en un país de la Unión Europea para continuar con la ocupación militar de un territorio y dominar a un pueblo. 
Nos complace que haya sido posible alcanzar la propuesta de resolución común de compromiso que vamos a votar. 
Sin embargo, al apoyar, al suscribir, al votar esta propuesta de resolución que fue iniciativa nuestra queremos subrayar que, en nuestra opinión, falta en ella la relevancia que se ha de dar al hecho de que en Timor Oriental no se ha acabado la resistencia y de que la represión cae ahora y con gran violencia sobre aquellos que para los ocupantes son sospechosos de continuar con dicha resistencia. 
Asimismo falta también reiterar las posiciones de este Parlamento respecto a la suspensión inmediata de cualquier ayuda, asistencia militar y venta de armas a Indonesia. 
Este es nuestro punto de discrepancia. 
Señor Presidente, con motivo de estas desafortunadas elecciones se ha puesto de manifiesto que la violencia está aumentando de nuevo en el Timor Oriental. 
Nos sentimos profundamente preocupados por la noticia de que se ha matado a civiles y, por lo que sabemos, los civiles corren el serio peligro de ser sometidos a torturas. 
Cuando el Premio Nobel de la Paz Ramos Horta visitó este Parlamento en abril, nos presentó a los que actuamos en favor del Timor Oriental un documento, una filmación, en la que se mostraba cómo la policía y el ejército crucificaban a personas en las cárceles. 
Debemos hacer todo lo posible por que esto acabe. 
El Parlamento Europeo ha exigido en reiteradas ocasiones el envío de una delegación del Parlamento al Timor Oriental. 
Recientemente se ha creado de nuevo el intergrupo Timor Oriental, que se ha fijado como objetivo prioritario que el Parlamento envíe realmente una delegación. 
El problema viene dado sobre todo por la situación, que se vuelve insostenible de día en día. 
Lamentablemente también las elecciones han incrementado la opresión y la represión general. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha continuado alertando sobre la situación tras las elecciones. 
Señor Presidente, Señorías, cuando no hace ni un mes subscribíamos una resolución sobre las elecciones o el acto electoral previsto para finales de mayo en Indonesia, tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra postura crítica frente a las condiciones en que dichas elecciones se iban a celebrar, reafirmando nuestra solidaridad con el movimiento pro-democracia y denunciando el hecho de que el gobierno indonesio rechazase una comisión independiente de seguimiento para las elecciones y detuviese a un elevado número de estudiantes, que se atrevieron a protestar contra una campaña electoral fuertemente controlada. 
El desarrollo de esta farsa electoral demostró que, desgraciadamente, teníamos razón. 
A pesar de la represión y de la tortura, los medios de comunicación social internacional pudieron levantar un poco el velo que cubría este fraude electoral. 
Con la resolución de hace un mes, el Parlamento Europeo fue el precursor de un enorme conjunto de tomas de posición de la comunidad internacional, de repulsa por la manipulación electoral de Indonesia y de condena por la reiterada violación de los derechos humanos, en particular en el territorio ocupado de Timor Oriental; la última de estas tomas de posición fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y condenaba firmemente la violación de los derechos humanos contra el pueblo de Timor Oriental. 
Así pues, la presente resolución se inscribe dentro de un marco coherente con las posiciones políticas del Parlamento Europeo, siendo innecesarias interpretaciones capciosas e injustificables, como ocurre con la venta de armas a Indonesia. 
La posición de este Parlamento es clara y sabida, y se repitió hace apenas un mes: el Parlamento Europeo reitera la exigencia de que los Estados miembros de la Unión Europea se abstengan de cualquier asistencia militar y de la venta de armas a Indonesia. 
Esta es la posición de este Parlamento y los propios autores de las propuestas de resolución de este debate consideraron innecesario repetirlo, no solicitando una nueva inclusión de este llamamiento en la resolución común que vamos a votar. 
Por último, insto al Sr. Presidente- y me gustaría aprovechar esta ocasión para instar al actual Presidente del Parlamento Europeo- a reactivar los esfuerzos para el envío de una delegación parlamentaria a Timor Oriental, y pedir a la Comisión que dispense una atención especial al punto en el que se le solicita la presentación de un informe sobre la situación en Timor Oriental y sobre la violación de los derechos humanos en Indonesia. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, la resolución que presentamos referente a las elecciones en Indonesia y a la situación que ha generado en Timor da muestras, una vez más, de la falta de libertad y la falta de respeto por los derechos humanos y de la violencia moral y física que practican sistemáticamente las autoridades de Indonesia. 
Mientras el pueblo mauber de Timor, con la ayuda del Secretario General de la ONU, presenta propuestas de resolución pacífica de un conflicto, el régimen de dictadura militar de Indonesia, ignorando resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y manifestando una absoluta falta de respeto por los derechos humanos, responde con violencia asesina. 
Por estas razones objetivas, pedimos al Parlamento que apruebe los considerandos y las propuestas de resolución presentados. 
Señor Presidente, Indonesia lleva el sobrenombre de Cinturón de Esmeralda. 
En efecto, es un país precioso, con 13.000 islas, un bonito país, pero también un país complicado, con 280 idiomas y pueblos, que se extiende por una superficie comparable a la que va desde Irlanda hasta la frontera entre Rusia y Siberia. 
Un país económicamente próspero, al que la región mira con envidia, un país con una clase media creciente y una élite financiera creciente. Una élite que, a diferencia de América Latina y de África, invierte el dinero en su propio país. 
Sin embargo, no crea usted que no veo los aspectos negativos. 
Hace un año visité a algunos periodistas en la cárcel y también al líder sindicalista Pakpahan. 
En diversas ocasiones protesté ante las autoridades por esta situación. 
Pero ¿qué sentido tiene aprobar cada mes una resolución sobre este país cuando la Unión Europea sigue siendo el mayor inversor? 
Una de dos: o dejamos de invertir y nos retiramos, o entablamos una mejor comunicación con Indonesia a través de nuestras delegaciones parlamentarias, de la organización para los derechos humanos existente allí, de la delegación en Timor, ya que entonces se establecerá otra relación y habrá una posibilidad de manejar bien la cuestión de Timor, siempre que los colegas portugueses de todas las tendencias políticas se esfuercen por ello al 200 %. 
Señor Presidente, las elecciones de Indonesia han llamado la atención no sólo por los centenares de muertos que han causado los preparativos, sino también por el modo en que el gobierno ha puesto fuera de juego de forma muy bien organizada a la oposición, ha impedido a los medios de comunicación cumplir con su deber y ha manipulado enormemente a los medios de comunicación internacionales. 
Sea como fuere, la Sra. Van Bladel tiene razón: no es ninguna sorpresa tratándose de Indonesia. 
He de admitir que la Unión Europa no tiene disculpa cuando dice: las cosas no pueden seguir así. 
Son, en efecto, los inversores europeos los que más se aprovechan del Cinturón de Esmeralda fraguado por el régimen colonial de los Países Bajos en los últimos 350 años. 
Sea como fuere, una cosa puede hacer el Consejo de Ministros: no dar su brazo a torcer e insistir en que se llegue a un acuerdo sobre la cláusula democrática en la misma ASEAN a la que nos hemos referido al ocuparnos de Birmania. 
Europa ha de oponerse en bloque a las prácticas antidemocráticas, pero pienso que en efecto- y la Sra. Van Bladel vuelve a tener razón, casi diría que siempre la tiene- hay que hablar con los indonesios, pues quizás sí hayan aprendido esto de los holandeses: a hablar y escuchar. 
Claro está que una cosa bien diferente es si harán lo que les digamos. 
Belarús 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a las y a los colegas que con su ayuda haya sido posible tratar hoy este tema, pues urge realmente. 
Desde 1996, mediante resolución política se ignora la contaminación radiactiva y se quiere revitalizar la región, es decir, se labran las tierras y se fomenta el retorno de la población. 
En consecuencia, el número de niños que padecen las consecuencias de las radiaciones a largo plazo no se reduce. 
Las iniciativas internacionales y las numerosísimas iniciativas privadas están siendo discriminadas mediante decreto desde comienzos de este año y se les impide la participación en la distribución de ayudas. 
Las organizaciones del país que tienen contactos internacionales son criminalizadas y, en parte, están asiladas en Alemania. 
No se puede proseguir prácticamente el trabajo. 
Esto significa que no solamente están detenidas las reformas democráticas en este país sino también las acciones caritativas que son vitales para este país, pues el Gobierno no tiene dinero y está recortando sus propias medidas de ayuda. 
Tenemos que exigir que la ayuda humanitaria pueda proseguir según estándares internacionales en el sentido de ayuda a la salud en este país. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Schroedter por su compromiso con Bielorusia y con los derechos humanos. 
Ella ha crecido en un régimen comunista y sabe exactamente de lo que habla cuando menciona los valores y libertades fundamentales. 
La quiero felicitar por ello. 
En Bielorusia, bajo el gobierno del Presidente Lucaschenko, tenemos un régimen en suelo europeo que, por un lado, es una marioneta de Rusia y, por otro, no dispone de un orden liberal-democrático o de algo en este sentido. 
Allí el lema es del siguiente tenor: » política mediante decretos del Presidente». 
Como los políticos solamente gobiernan allí con violencia, tenemos que utilizar un lenguaje claro pues solamente esto es lo que se entiende allí. 
Apoyo por ello también las exigencias de esta propuesta de resolución. 
Ya es hora de que la Unión Europea elabore un claro catálogo de las libertades básicas y de los derechos humanos y que fije las consecuencias para aquellos países que las violen y con los que tenemos que ver. 
Esto debe hacerse con independencia de si estos países se encuentran en Europa, Africa, Asia o en cualquier otro sitio. 
Sólo así tendremos credibilidad en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, seré todo lo sintético que pueda en mi intervención. 
En lo relativo a las propuestas de resolución sobre la abolición de la pena de muerte, debo volver a afirmar que la Comisión, sumamente sensible a las cuestiones planteadas, considera esencial que se respeten las garantías recogidas en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y en su protocolo opcional nº 2, que tiene por objeto abolir la pena de muerte, así como en el protocolo nº 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
La Comisión considera además que la cuestión de la abolición de la pena de muerte está recogida implícitamente en la claúsula que se incluye sistemáticamente desde 1995 en los acuerdos con los países terceros y que consagra el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos como un elemento esencial. 
Pero debemos tener en cuenta que- tal como algunos diputados lo mencionaron -, existe mucha hipocresía en la escena internacional y que algunos de nuestros principales socios comerciales en el mundo siguen teniendo la pena de muerte. 
En lo que a Colombia se refiere, sólo diré que habida cuenta del deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país, se considera este asunto prioritario para la asignación de recursos, con base en el capítulo presupuestario «Democracia y derechos humanos en Amércia Latina». 
Además, la Comisión tuvo conocimiento con intensa emoción de los recientes asesinatos de varios activistas de derechos humanos cosa que, lógicamente, condenamos firmemente, así como instamos al gobierno colombiano a desplegar todos los esfuerzos para identificar a los responsables de estos crímenes. 
Con esta filosofía, la Comisión sigue prestando su apoyo a las organizaciones no gubernamentales locales que tienen como objetivo la defensa de los derechos humanos y de la democracia y está financiando la presencia de cinco observadores en el marco del Alto Comisariado de la Naciones Unidas, con el fin de conocer con detalle la situación y hacer propuestas concretas que rebasen el ámbito colombiano y puedan acordarse a nivel internacional. 
Quisiera destacar además que, en esta misma línea, se confirma nuestro apoyo continuado al reforzamiento de las instituciones judiciales colombianas. 
Por último, y sobre este mismo tema, me gustaría decir que, en el ámbito de las poblaciones desalojadas, que es un tema sumamente preocupante, la Comisión ha logrado atribuir a través de la ECO unos 5 millones de ecus para una primera actuación frente a este problema, juntamente con nuestro apoyo. 
Está claro que la Comisión también comparte la preocupación del Parlamento Europeo en lo referente a las constantes y generalizadas violaciones de los derechos humanos y a las reiteradas amenazas al movimiento democrático por parte del gobierno de Myanmar. 
Seguimos muy de cerca la situación interna de este país y pensamos que, por desgracia y con la excepción de la liberación de Aung San Suu Kyi el pasado mes de julio, no se constatan mejoras destacables hasta la fecha. 
La Comisión suscribe íntegramente el llamamiento hecho por la Unión Europea al State Law and Order Council en el sentido de instaurar un diálogo productivo con las demás fuerzas políticas con vistas a la reconciliación y la implantación de una democracia multipartidista. 
Destacaré, además, que en los últimos diez años, en Myanmar y salvo las acciones humanitarias, la Comisión no ha puesto a disposición ningún recurso financiero para proyectos de ayuda al desarrollo en este país en los que pudiese participar el gobierno. 
Por último, la Comisión espera que la adhesión de Myanmar como miembro de pleno derecho al ASEAN contribuya a que pueda ser más sostenido y continuado el apoyo a los derechos humanos y a los principios democráticos. 
Queremos también decir que en lo referente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, no podemos tener dos raseros distintos. 
No se puede, por un lado, condenar la ley Helms-Burton por su carácter unilateral, por su extraterritorialidad, y ahora utilizar estas mismas medidas y aplicárselas a Myanmar. 
Dicho esto, me gustaría subrayar, con todo, que la Comisión en sus propuestas de trabajo entre la Unión Europea y el ASEAN, no dejará de insistir sobre este punto, como cuestión obligatoria. 
Decía, sin embargo, que esto no llega a producirse, ya que los contenidos de las reuniones han de aprobarse por ambas partes para que puedan consignarse. 
Y en el pasado se ha comprobado, por ejemplo, que la cuestión de los derechos humanos en Indonesia o la cuestión de Timor Oriental nunca se inscribieron en las reuniones de debate entre la Unión Europea y los países ASEAN, por oposición de Indonesia. 
Así pues, Señorías, no existe garantía ninguna de que el tema de los derechos humanos y de la situación de la democracia en Myanmar llegue a formar parte del diálogo entre la Unión Europea y la ASEAN. 
Señorías, en cuanto al proceso de paz en la antigua Yugoslavia, quisiera informarles de que en la reunión del Consejo de coordinación en el ámbito del Consejo de Aplicación del Plan de Paz, que tuvo lugar en Sintra el pasado día 30 de mayo, quedó claro que ninguna de las partes de la antigua Yugoslavia está respetando plenamente sus obligaciones y que el asunto del posible regreso de los refugiados a sus lugares de origen en Bosnia Herzegovina plantea especiales dificultades, especialmente si éstos forman parte de una minoría. 
Asimismo, se constata una grave ausencia de cooperación con el Tribunal Internacional. 
La Comisión apoya, por lo tanto, plenamente la aplicación de una claúsula condicional más rigurosa para todas las partes. 
En lo relativo a Croacia, es muy importante que los refugiados serbios de Croacia que pretenden regresar dejen de estar expuestos a graves situaciones de inseguridad y persecución por razones de carácter jurídico o de otra índole. 
La futura relación de la Unión Europea con Croacia se verá en gran medida condicionada por el comportamiento de esta última en relación con el regreso de estas minorías. 
Se constatan progresos notables en la integración pacífica de la Eslavonia Oriental en Croacia. 
Las elecciones municipales del 13 de abril han sido un éxito y un documento de intenciones del Gobierno croata traducía su voluntad de comprometerse de forma constructiva en relación con los serbios de Croacia. 
Debo añadir que se ha concluido recientemente un acuerdo entre el Gobierno croata, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la administración transitoria de las Naciones Unidas para Eslavonia Oriental, que fija las reglas para el regreso a Crajina de los serbios de Croacia que se hallan en Eslavonia. 
Desgraciadamente, estas intenciones positivas, expresadas al más alto nivel, no llegan a veces hasta las autoridades locales, y se siguen produciendo incidentes de ámbito local. 
Esperemos que con el tiempo y con perseverancia, también se puedan eliminar estos últimos. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión conoce la situación extremadamente preocupante y difícil de los niños en Rusia, así como las dificultades que viven actualmente varios centros de acogida de niños. 
Podrían mencionarse varios ejemplos de las iniciativas muy constructivas llevadas a cabo por las autoridades rusas. 
Sin embargo, aquellos centros se enfrentan a una situación presupuestaria sumamente difícil. 
Así pues, la Comisión ha atribuido una parte de las dotaciones disponibles en aplicación de los instrumentos TACIS LIEN para ayudar a estos niños. 
La Comisión sigue de cerca, claro está, esta situación a través de su delegación en Moscú y está, lógicamente, a disposición del Parlamento Europeo para un trabajo más profundo sobre este tema, después de una visita que hará a Rusia una delegación del Parlamento en breve plazo. 
Señor Presidente, Señorías, es casi un asunto recurrente hablar de la falta de democracia en Indonesia o del tema de Timor Oriental. 
Y todos tememos que el efecto de repetición haga que se pierda el impacto. 
A pesar de ello, los recientes acontecimientos electorales en Indonesia y la violación de los derechos humanos en Timor nos recuerdan, una vez más, que éste sea tal vez uno de los elementos clave para la coherecnia de las instituciones europeas. 
No repetiré las posturas del Consejo y de la Comisión, que ya son conocidas, sino que tan sólo voy a destacar una vez más el impacto, la importancia decisiva y la valentía de que ha hecho gala este Parlamento en defensa del pueblo de Timor. 
¡Es digno de mención! 
Para acabar, señor Presidente, Señorías, en lo referente a la cooperación con Bielorrusia, me cumple informarles de que la Comisión suspendió el pasado mes de noviembre el marco de la cooperación habitual, es decir, el programa TACIS en favor de Bielorrusia. 
Sin embargo, la Comisión apoya la propuesta del Consejo en el sentido de conceder una asistencia a Bielorrusia circunscrita a los sectores de la reforma constitucional, de la protección de los derechos humanos y de la libertad de los medios de comunicación social. 
Por lo tanto, la Comisión está dispuesta a elaborar en 1997 un programa TACIS ad hoc considerablemente reducido en favor de Bielorrusia, por una cantidad de 5 millones de ecus, con el fin de contribuir a la rehabilitación de la sociedad civil, de conformidad con las conclusiones del Consejo y contando con la opinión de este Parlamento. 
Debido a la ausencia de algunos diputados, hemos tenido tiempo, pero quisiera pedir a los Grupos políticos que controlen estas cuestiones más escrupulosamente, porque me sabe muy mal tener que interrumpir a diputados que no disponen de tiempo suficiente para expresar sus opiniones mientras que diputados que se han inscrito en la lista de oradores no se presentan. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Bertens y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en el Congo-Brazzaville, -B4-0536/97 de los Sres. Hory y Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación de crisis en el Congo. 
Señor Presidente, hace apenas unas semanas, antes de la investidura del Sr. Kabila, Brazzaville era un reducto de paz. 
La llegada de refugiados con la ropa hecha jirones, de traficantes de todo tipo, y antiguos militares derrotados generaron la inestabilidad. 
Desde hace seis días, Brazzaville ha sido testigo de verdaderas atrocidades. 
Los enfrentamientos con armas pesadas han causado ya millares de víctimas. 
La situación de los europeos es particularmente preocupante y su repatriación especialmente difícil. 
Se ha violado a las mujeres europeas y se ha puesto fuego a las viviendas de los cooperantes. 
Ante la inminencia de las elecciones presidenciales, debe hacerse todo lo posible por evitar que esas escaramuzas no degeneren en depuración étnica. 
Únicamente la celebración regular de elecciones debería poder garantizar la legitimidad necesaria al próximo Jefe de Estado y permitir al país recuperar la estabilidad. 
El espectro de 1993 está presente. 
Recuerden. 
Esperemos que la mediación internacional ofrecida por el Presidente gabonés, Omar Bongo, con vistas a poner fin a las hostilidades tenga éxito. 
Efectivamente, no se excluye un efecto de boomerang hacia Kinshasa. 
Es preciso evitar a todo precio que una balcanización en minirregiones y minitribus inflame no solamente el país sino que se extienda como reguero de pólvora en toda Africa central. 
Señor Presidente, me suscribo, evidentemente, a la resolución de compromiso que los radicales y los federales propusieron al Parlamento sobre la crisis congolesa. 
No obstante, deseo llamar su atención sobre una enmienda que presento, en la que pido a los países europeos que se abstengan de intervenir militarmente en Brazzaville mientras no reciban un mandato de la Unión Europea, o de las Naciones Unidas, claro está, y que éste no se limite estrictamente a asegurar la seguridad de sus nacionales. 
En efecto, una vez más, Francia ha sido puesta en tela de juicio en el Congo, como ayer en Rwanda, en Zaire, en Centroáfrica, en Níger y, lamentablemente, como probablemente lo será mañana en otros países de Africa. 
El descrédito en el que ha dejado a Francia su política imperial neocolonial es tan grande que, en lo sucesivo, incluso sus mejores intenciones resultan sospechosas. 
En este caso, todo parece indicar que una compañía petrolera francesa armó a las milicias congolesas durante los primeros enfrentamientos que inflamaron Brazzaville, después de las elecciones legislativas. 
Asimismo, todo parece indicar que la misma compañía sigue desempeñando hoy todavía un papel ante los diferentes jefes de facción. 
Pareciera que Francia no propuso nada mejor a las autoridades congolesas que aplicarles la doctrina denominada «de la soberanía limitada». 
Pareciera, según los propios expatriados franceses, que la embajada de Francia está más preocupada por sus influencias políticas en esta crisis que por la seguridad de los ciudadanos franceses que viven en Brazzaville. 
Es preciso acabar con esto. 
Ya es hora de que Francia se desprenda de una política que produce resultados tan manifiestamente desastrosos, incluso para sus propios intereses. 
Pienso que lo más prudente para mi país sería renunciar en lo sucesivo a lo esencial de su cooperación bilateral y poner a la disposición de la Unión Europea sus medios humanos, técnicos y financieros de ayuda al desarrollo. 
En cuanto a las intervenciones militares en Africa, no deberían producirse más que en el marco de mandatos asignados por las Naciones Unidas a la Unión Europea con el visto bueno de la Organización de la Unidad Africana. 
Este es el sentido de mi enmienda. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, haré una brevísima declaración para subrayar que el Grupo Socialista se une a esta propuesta de resolución y a la formulación de resolución común; quisiera subrayar el punto en el que se pide a las partes el respeto de la aplicación del alto el fuego y se destacan los esfuerzos y la propuesta del Presidente de Gabón y, por otro lado, decir que nosotros, por nuestra parte, no vamos a votar a favor de la propuesta que nos ha presentado el orador anterior, porque entendemos que cualquier intervención militar en este contexto debería estar ligada a un mandato de las Naciones Unidas y, por esta razón, no votaremos a favor de esa enmienda. 
Pero como portavoz, en este caso, del Grupo Socialista, me gustaría ofrecer nuestro apoyo global a la propuesta de resolución común. 
Señor Presidente, decenas de miles de muertos son de lamentar de nuevo en Congo/Brazaville. Este es el conflicto que nos ocupa. 
Me pregunto si no podemos practicar una política preventiva para que no se produzcan estas luchas y muertes. 
Lo que ha ocurrido allí en los últimos seis días es un espanto. Y esto, a pesar de que este país era precisamente era un ejemplo de que el Presidente, que introdujo él mismo la democratización en 1989, no fue renovado en el cargo por los electores en 1992 en una transición pacífica. 
Ante las elecciones a la Presidencia del 27 de julio, ahora surgen nuevos conflictos. 
¿No sería razonable si un conflicto está latente desde 1992 y si se comprueba que hay ejércitos privados, influir políticamente mediante nuestras relaciones comerciales para que no se produzcan acontecimientos tan atroces? 
Si se envía a un ejército para sacar a franceses u otros europeos, puede que sea importante para esas personas, pero no es una solución al conflicto y siempre llega muy tarde. 
Hagamos una política de paz preventiva dotándola de los fondos financieros adecuados en lugar de recortar permanentemente el presupuesto de desarrollo. 
Señor Presidente, Señorías, son varias las enseñanzas que puede dejarnos la dramática situación por la que atraviesa actualmente el Congo. 
Si nos referimos a los trabajos de un experto mundialmente reconocido, como el profesor Bernard Lugan, se percibe, en efecto, que nos equivocamos al descuidar esta realidad esencial, es decir, que nuestro régimen político, la democracia parlamentaria, posee sin duda alguna méritos considerables, pero que es una falta muy grave desear trasplantarla artificialmente a las realidades africanas, y de una manera más general, a las realidades de pueblos que tienen una cultura y una civilización distinta a la nuestra. 
Efectivamente, estas realidades africanas son, en el Congo, esencialmente étnicas. 
Existen 54 tribus principales, repartidas en tres grupos: los mbochis en el norte, que representan el 13 % de la población y cuyo dirigente actual es el antiguo Presidente Denis Sassou N ' Guesso; los tekes en el centro, los kongos o bakongos en el sur, el 52 % de la población, representados especialmente, en uno de sus subgrupos, por el Presidente Pascal Lissouba. 
Por lo demás, estos últimos están repartidos actualmente en tres Estados: Congo, Zaire y Angola. 
Cada uno de estos grupos o subgrupos tienen los ojos puestos en la capital, y los representantes de unos y otros no corren el riesgo de venir sin ser acompañados, protegidos por su propia milicia. 
Esta es la realidad que desemboca en la situación que hoy conocemos. 
Observemos de paso, y esta es la tercera enseñanza, que el racismo del que tanto nos hablan en este Parlamento, es una realidad bastante extendida en el mundo. 
No me remito sino a las pruebas de las violaciones, que, por lo demás, afectaron principalmente a las personas que habían hecho matrimonios mixtos: europeos casados con africanas, africanos casados con europeas. 
Vemos, y este es el cuarto punto que merece destacarse, que la independencia en el marco de las fronteras nacidas de la descolonización, consideradas como intangibles- gran principio jurídico y político que presidió esta descolonización- está directamente en contradicción con el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. 
Los países occidentales jamás han asumido esta contradicción, cuyos efectos dramáticos presenciamos hoy. 
Cómo no mencionar igualmente la extraña influencia de los Estados Unidos que se ejerce en esta región del mundo, con la preocupación, sin duda, de eliminar la influencia francesa. 
Ya se vieron los efectos en Zaire, donde pudo tener lugar un verdadero genocidio ante la más completa indiferencia de la Organización de las Naciones Unidas y de lo que se ha convenido en llamar la buena conciencia universal. 
Observemos también la influencia de las compañías multinacionales que financian las milicias. 
No habrá solución, ni paz duradera, mientras no se haya separado a los combatientes, que es posible hacerlo en este país. 
Espero, yo también, que el arbitraje del Presidente gabonés Omar Bongo, uno de los sabios de Africa, se imponga en esta parte del mundo al Sr. Pascal Lissouba, así como a sus adversarios. 
Señor Presidente, la trágica situación en el Congo/Brazzaville recuerda la del cercano Congo antiguo Zaire, donde, por otra parte, las esperanzas de paz que la Comunidad europea confió en Kabila parece que se desvanecen ante la crueldad de los crímenes que se están cometiendo contra personas indefensas e inocentes. 
Probablemente, en Brazzaville vamos a asistir a la misma comedia y, también en esta ocasión, los que se barajan son ante todo unos enormes intereses económicos, que las poblaciones locales no saben ni pueden explotar y que pasarán a formar parte de las estrategias de adquisición de los países extranjeros. 
Es evidente que África está explotando, dado que ya no aguanta su reparto artificial en Estados y pequeños Estados, resultado de la época colonial y poscolonial. 
Reaparece la atávica identidad tribal y, sobre todo, las clases dirigentes africanas ocupan el poder para satisfacer sus ambiciones personales y no para conseguir el bien de las poblaciones que deberían administrar. 
En consecuencia, Europa, si quiere ser creíble, debe volver a definir con seriedad toda su política con respecto al continente africano. 
Señor Presidente, la Comisión comparte las graves preocupaciones expresadas en el proyecto de resolución en lo relativo a los trágicos acontecimientos de Brazzaville y sus nefastas consecuencias para la estabilidad política y la situación económica y social de la República del Congo y de la región. 
Considera que únicamente una solución negociada podrá devolver progresivamente la paz civil, permitir la organización de elecciones presidenciales y la reanudación del funcionamiento de las instituciones. 
Por ello, apoyamos plenamente la mediación emprendida por el Presidente de la República de Gabón aunque se haga bajo la égida del alcalde de Brazzaville, Sr. Kolelas. 
El jefe de la delegación está presente en el Congo. Se encuentra en concertación permanente con los embajadores de la Unión presentes y creo que contribuimos a facilitar la mediación mencionada en la resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de ocho propuestas de resolución relativas al Convenio CITES: 
B4-0473/97 del Sr. Eisma y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la conservación de los tigres y el papel de las partes en CITES, -B4-0478/97 de la Sra. van Putten, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre CITES y su aplicación en la Unión Europea, -B4-0479/97 de la Sra. Pollack, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la conservación de los tigres y el papel de las partes en CITES, -B4-0506/97 de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre del Grupo de los Verdes, sobre CITES, -B4-0516/97 del Sr. Weber, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el comercio internacional de especies silvestres (CITES) , -B4-0532/97 de la Sra. van Bladel y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el comercio de marfil, -B4-0545/97 de la Sra. González Alvarez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el comercio internacional de especies silvestres (CITES) , -B4-0557/97 del los Sres. Pimenta, Schnellhardt y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la conservación de los tigres y el papel de las partes en CITES. 
Señor Presidente, la ausencia de algunos diputados indica lo dificilísimo que al Parlamento le resulta funcionar en Estrasburgo. 
La Conferencia de las Partes del Convenio ha iniciado ya sus deliberaciones, y por eso es ya demasiado tarde para que procuremos exponer algunas de las opiniones de este Parlamento, pero confío en que los servicios pertinentes velen por que nuestras opiniones se transmitan rapidísimamente al equipo negociador de Harare, ya que en estos momentos está trabajando sobre el particular. 
No hay duda de que algunos oradores mencionarán cuestiones muy importantes, algunas de las cuales se citan en el texto de transacción. 
Muchas de ellas, como la situación de los elefantes y el comercio de marfíl, son sumamente complejas, y hay discrepancia de opiniones no solamente entre los países habitados sino también entre las organizaciones no gubernamentales y otros grupos de expertos. 
En vista de la difundida corrupción y de que prosigue el comercio ilegal de marfil, estimamos que lo mejor sería mantener el status quo en el caso de los elefantes. 
Me referiré en particular a los tigres, porque estas magníficas fieras están a punto de desaparecer y buena parte de los que aún quedan están en la India, país con el que mantengo relaciones como Presidenta de la delegación encargada de las relaciones con los países de Asia meridional. 
Sé que hay organizaciones no gubernamentales como el Fondo Mundial para la Naturaleza que trabajan en estrecha relación con el Gobierno de la India para colaborar en sus esfuerzos encaminados a conservar la especie de los tigres. 
Ahora bien, es evidente que la peor amenaza a corto plazo para la supervivencia del tigre es la caza ilegal de tigres para comerciar con partes de su cuerpo, principalmente para el mercado de productos farmaceúticos de Asia, así como el escaso grado de apoyo popular de la conservación de la fauna salvaje en la India, a pesar de los loables esfuerzos desplegados por el Gobierno a través de su proyecto denominado «Tigre». 
Es incumbencia de todas las partes en el convenio CITES el colaborar para poner término al comercio ilegal de tigres y de partes del cuerpo de ese animal, así como de animales y partes de animales de otras especies que también están en peligro de desaparición. 
En primer lugar, necesitamos que las Partes en el Convenio CITES (y no entiendo por qué Irlanda no es una de ellas) adopten legislación que proteja las partes, los productos, los derivados y las subespecies del tigre. 
En segundo lugar, es muy importante que prestemos apoyo a las campañas de información pública en cada uno de los países que han suscrito el Convenio CITES. 
En tercer lugar, necesitamos que se cumpla eficazmente la legislación, y éste es realmente el problema del Convenio CITES. 
El Convenio enuncia una serie de medidas muy dignas de elogio, pero si no las ponemos en práctica- cosa que sucede muy a menudo con la legislación de la Unión Europea- y si no hay legislación eficaz sobre la materia, no sucederá nada y las especies y su hábitat seguirán disminuyendo en todo el mundo. 
Ésta es realmente la cuestión básica más fundamental en los esfuerzos desplegados por proscribir el mercado ilegal de partes y productos de especies en peligro de desaparición, y, por lo tanto, en la lucha contra la obtención de ganancias que tanto valor tienen para las numerosísimas personas pobres de algunos de los países involucrados. 
La capacitación de agentes de aduana y los intercambios de información para ayudarles a reconocer los productos ilegales son aspectos esenciales, y todos los países de la Unión Europea pueden ayudar prestando la asistencia técnica que tanto necesitan los países menos desarrollados. 
El tiempo pasa rapidamente, y las especies en peligro de desaparición son exactamente eso: especies en peligro de desaparición, para quienes el tiempo pasa aún más de prisa. 
El tiempo pasa a toda velocidad por lo que se refiere al hábitat y a la diversidad biológica de nuestro planeta. 
Tenemos que mancomunar nuestros esfuerzos en el marco del convenio CITES, y espero que el Parlamento apoye el texto de transacción. 
Señor Presidente, desde 1975, año de su entrada en vigor, el Convenio de Washington sobre el comercio internacional de las especies amenazadas, se ha demostrado un instrumento útil, mejor dicho, el único que basándose en criterios ecológicos y no comerciales, ha dado frutos positivos. 
No obstante, tenemos que manifestar que han habido limitaciones en cuanto a la aplicación de este Convenio. El comercio ilícito, en efecto, sigue siendo considerable y oscila entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares anuales, y Europa, por desgracia, no siempre ha estado a la altura de las circunstancias en cuanto a la aplicación de dicho Convenio. 
En la actualidad, se corre el peligro de que se produzca una relajación de las normas sobre la salvaguardia de las especies amenazadas, ya que precisamente en estos días, en la X Conferencia que se está celebrando en Harare, se proponen unas modificaciones del Convenio orientadas a reclasificar determinadas poblaciones de especies controvertidas, reclasificación que podría conducir a una reactivación del comercio internacional y a una revitalización de la caza furtiva de dichas especies. 
Deseo apuntar en particular el problema de la población de elefantes africanos y el riesgo de que se reanude el comercio ilícito de marfil, así como el problema del rinoceronte blanco y los comercios ilícitos derivados, sobre todo la producción de medicamentos en Oriente, discurso que retoma en parte el de la caza del tigre, que ha sido objeto de la intervención anterior. 
Sin embargo, hay otras especies amenazadas como la vicuña en Perú, Argentina y Bolivia, la ballena, tras la propuesta de Noruega y Japón, y las tortugas Caretta, a raíz de la petición de Cuba. 
En general, debemos manifestar que hoy se corre el grave peligro de que se replantee la situación de las especies amenazadas. 
Si bien es cierto que en algunos casos estas especies, gracias al Convenio, han mostrado un aumento de la población, también es cierto que, si se aceptara la atenuación de las disposiciones del Convenio, esto fomentaría inevitablemente el comercio ilícito y, en consecuencia, se correría el peligro de llegar a una situación insostenible. 
Por este motivo, hay que rechazar el planteamiento, expuesto por Francia, de utilizar los ejemplares decomisados a los efectos de salvaguardar el patrimonio artístico y cultural, así como la solicitud de Namibia de suavizar los criterios antes indicados. 
Es preciso que todos los Estados europeos y la Unión se empleen a fondo en esta dirección en la X Conferencia. 
Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en decir que este Convenio CITES es un convenio importante, pero quisiera recordar a los oradores que me me han precedido que lo mejor puede ser enemigo del bien y que, de la misma manera, en éste como en otro ámbito del que no nos ocupamos lo suficiente, a saber, el de la droga, nos encontramos ante una lógica de prohibición que ha demostrado todas sus limitaciones en lo que se refiere a la droga, y también en el ámbito que hoy nos ocupa. 
Esta lógica de prohibición tiene efectos negativos sumamente acusados, tales como el mercado negro y la paradoja de ver a los hombres sufrir las consecuencias de una reglamentación favorable a los animales; esto es lo que ocurre en Botswana, donde la presencia de elefantes impide los cultivos y, por tanto, impide a los habitantes de esta región vivir. 
Pienso que para salvar este convenio tan importante, es preciso reformarlo considerablemente y dar a una organización internacional, si posible en el marco de la ONU, los medios que le permitan decidir con toda independencia los programas de matanza. 
Así, se podrán poner en el mercado productos que pueden competir con los productos que circulan actualmente en el mercado negro; se podrán regular estas poblaciones de animales y, en resumen, dar un marco viable a este convenio que es indispensable. 
Señor Presidente, el tema que nos ocupa es en realidad tan claro que puedo ser breve. 
El avance del hombre es una amenaza contra la belleza de la creación y, a pesar de todos los acuerdos para salvar lo que aún sea salvable, hay animales amenazados, como los elefantes y los tigres. 
Por ello es positivo que en este momento, en este Parlamento Europeo, mientras se celebra una conferencia en Zimbabwe para proteger a estos animales amenazados, dejemos claro que, como representantes en Europa de las naciones europeas, queremos salvar la fauna para nuestros hijos. 
Por ello puedo decir que mi Grupo apoya plenamente la resolución. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Grupo del PPE apoya la resolución conjunta. 
Creo que es ponderada y toca los puntos importantes. 
Solamente quiero observar dos cosas. 
En el punto 4 se menciona la situación del elefante africano. Allí se dice que se debe garantizar de un modo aceptable que no se produzca una confrontación excesiva entre los intereses de las personas y los de los elefantes. 
Creo que se debe tener también en cuenta esto, pues los Estados africanos exigen que el elefante africano sea clasificado de otro modo ya que lo consideran como una amenaza para ellos. 
Pero también debemos garantizar la protección de los animales del modo adecuado. 
Quizás sea también una tarea de la Unión Europea proporcionar a las personas una base de vida en relación con la cooperación para el desarrollo. 
Quiero mencionar muy brevemente que el Parlamento Europeo indica de nuevo que los productos de las especies animales amenazadas no deben en absoluto ser utilizados para medicinas del tipo que sea. 
Lo hemos hecho en el informe Lannoye y debemos subrayarlo ahora de nuevo. 
Pediría a sus Señorías que lleguen a su hora, para no perderse el turno, porque no estoy seguro de estar siempre en situación de concederles la palabra excepcionalmente. 
Sé que los diputados tienen numerosas obligaciones, pero el orden de trabajos de la Asamblea no puede cambiarse en función de ellas. 
Señor Presidente, el tigre está amenazado de extinción. En los últimos cincuenta años se han exterminado ocho especies y en los últimos cinco años las restantes especies han disminuido de forma alarmante. 
Esto último es válido sobre todo para la India, donde viven dos terceras partes de los tigres del mundo. 
Se trata de un proceso dramático, no sólo por la destrucción del entorno natural, sino sobre todo por el tráfico ilegal de productos del tigre, que incluso aumenta de forma alarmante. 
China es el mayor productor y consumidor de medicinas tradicionales en que se emplean partes de los tigres. 
Casi a diario desaparece un tigre porque es molido para obtener polvos y pastillas supuestamente curativas. 
Se trata de un negocio muy lucrativo. 
Es preciso detener este tráfico ilegal. 
El Sr. Pollack ya ha señalado que esta semana se celebra la Conferencia CITES en Harare, por lo que es el momento idóneo para abordar la cuestión de la supervivencia del tigre. 
Desde aquí quiero instar a la delegación europea a que luche a brazo partido por la conservación del tigre y además quiero hacer un llamamiento a los demás participantes en CITES para que prohíban el comercio de productos del tigre y adopten medidas adicionales para evitar la extinción de esta especie única. 
Señor Presidente, la entrada en vigor el 1 de junio del Reglamento No 338/97 del Consejo, que rebasa el ámbito del Convenio CITES, es un claro ejemplo de los esfuerzos desplegados por la Unión en ese sentido. 
A la Conferencia de las Partes del Convenio CITES, que se está celebrando en Harare, asisten todos los Estados miembros que son partes en el Convenio, y la Comisión participa activamente en el establecimiento de posiciones comunes, en el espíritu del nuevo Reglamento, en materia de principios prácticos de prevención y sostenibles. 
Estos principios se reflejarán en las posiciones sobre las propuestas relativas al elefante africano, al rinoceronte blanco, a los tigres y a las ballenas, así como a otras muchas cuestiones importantes sometidas al examen de la Conferencia de las Partes. 
Ahora bien, como las deliberaciones de Harare acaban de comenzar, la Comisión no está aún en condiciones de dar respuestas concretas acerca del destino final de las propuestas que se están examinando. 
La Comisión apoya la resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, planteo una cuestión de orden. 
Como melómanos que somos, estoy seguro de que le hubiera gustado mucho el recital que hubo esta tarde en el atrio del Palais. 
En el marco del Festival de Música, habrá otras interpretaciones esta noche, a partir de las 20.30 horas, en la Sala de conciertos de la Orangerie. 
Espero y me agradaría que todos los diputados y todo el personal hicieran lo posible por asistir. 
Señor Presidente, simplemente quiero informarle de que, al llegar esta tarde a mi escaño, no estaba mi tarjeta, sino la de un compañero, colocada en este instrumento. 
He pedido que me dieran una tarjeta en sustitución, pero no sé si esta mañana he estado votando con mi tarjeta o con la de un compañero. 
Quiero decirlo de manera pública, a los efectos que correspondan y, no obstante, naturalmente, haré las comprobaciones oportunas cuando tengamos la lista de votaciones. 
Tiene usted razón en declarar públicamente lo sucedido. 
Son errores que pueden ocurrir. 
Procuraremos que los servicios del Parlamento velen por que los votos se registren debidamente. 
Votaciones (continuación) 
La propuesta de la Comisión de crear un servicio voluntario destinado a hacer participar a los jóvenes en actividades de interés colectivo, en la Unión o en terceros países, quizás refleja una buena intención, pero no parece tener ningún fundamento legal en el Tratado. 
El artículo 126, que es el único mencionado en los considerandos de la propuesta de decisión, sólo contempla temas relacionados con la educación y el sistema educativo. 
No obstante, se nos dice que esta laguna no plantea problema, puesto que todos los Estados miembros apoyarían el proyecto. 
Precisamente, nos parece asombrosa esta práctica, corriente en Bruselas, que consiste en pasar por alto el Tratado a partir del momento en que la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo se ponen de acuerdo para no aplicarlo. 
El Tratado es la ley de la Unión. 
Ha sido ratificada por los pueblos. 
Si no quiere aplicarse, es preciso pedir a los pueblos que la modifiquen. 
Pero en todo caso, es intolerable proceder como se hace hoy. 
Dicho sea de paso, esta situación demuestra muy bien hasta qué punto carecemos en Europa de un verdadero control del respeto de la subsidiariedad, suficientemente fuerte e independiente como para poner fin a tales extravíos. 
Lamentablemente, la Conferencia Intergubernamental no propuso nada convincente a este respecto. 
Como anécdota, el Parlamento Europeo, a propuesta de su ponente, la Sra. Fontaine, no dudó en ocuparse de esta cuestión aparentemente marginal para tratar de hacer aprobar varios de sus caprichos. 
Así, votó enmiendas pidiendo un estatuto europeo para estos jóvenes voluntarios, con un régimen social uniforme; la posibilidad de integrar el servicio voluntario europeo en los servicios nacionales, con vistas a aportarles «una dimensión transnacional» ; la apertura de este servicio europeo a jóvenes de países terceros y, claro está, el aumento de los créditos destinados a este proyecto. 
En Dinamarca existe una larga y buena tradición de realización de trabajo voluntarios en todos los grupos de edad y no sólo entre jóvenes, aun cuando el nivel de actividades sea bastante más intenso entre estos últimos. 
Se llama a menudo a Dinamarca «el país de las organizaciones» y, como media, cada ciudadano danés es miembro de alguna organización, ya se trate de un partido político, una organización juvenil, un grupo de boyscouts o una asociación de vecinos. 
Todos trabajan para mejorar las condiciones de los miembros de su organización y de otras personas que simpatizan con su causa, pero pocos trabajarían para fomentar la conciencia de la «identidad europea» o de una verdadera «ciudadanía europea» , tal como se menciona varias veces a lo largo del informe de la Sra. Fontaine. 
Cuestionamos la existencia de una identidad y una ciudadanía europeas. 
Rechazamos este tipo de propaganda de la UE entre los jóvenes y entre el resto de la población. 
Creemos asimismo que no hace falta un certificado con una «marca de calidad europea» o una «categoría europea» para los jóvenes voluntarios. 
El ámbito de la política de juventud no figura en el Tratado de Maastricht y así debe seguir en el futuro. 
Creemos que sería inútil intentar crear una «política europea de juventud» , tal como solicita el informe. 
Consideramos asimismo que es un acto de irresponsabilidad enviar a los jóvenes a terceros países, tal como se propone en el informe. 
A menudo existen en dichos países condiciones muy difíciles y creemos que los jóvenes no están suficientemente preparados para asumir una tarea de este calibre. 
Estos comentarios explican que votemos en contra del informe de la Sra. Fontaine sobre un Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes. 
La idea de enviar a un Estado miembro algunos miles de jóvenes europeos (por un período lo suficientemente largo como para que sea eficaz) con vistas a cumplir una misión, estar allí y ser de utilidad, hace de este programa, más que los tradicionales intercambios de jóvenes, un verdadero instrumento de la ciudadanía. 
En efecto, abre perspectivas nuevas a nuestra juventud y es la prueba de que la construcción europea también es el resultado de la movilidad de la juventud, de su deseo ciudadano y de su apego al conocimiento del otro. 
Quiero rendir homenaje a Edith Cresson, que ha defendido con determinación este proyecto, ya que cree, con toda razón, ¡que es vital para la Unión y la ciudadanía europea! 
Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a Nicole Fontaine, que para este caso se ha convertido en el portavoz de nuestra Asamblea, que siempre ha sido una de las primeras defensoras de la juventud europea y ha apostado por ella como vector de aceleración del proceso de construcción. 
Por ello, puesto que se nos pide que nos pronunciemos sobre el servicio voluntario europeo, ¡no debe faltar ni un solo voto! 
Apostamos por la juventud. 
Han nacido o van a nacer en su seno grandes esperanzas. 
¡No les decepcionemos! 
¡Mostrémonos audaces hacia aquellos que vivirán y mejorarán una Europa que hoy estamos construyendo para ellos! 
Por último, aprovecho la ocasión para manifestar paralelamente mi apoyo a las demandas de aumento de los créditos para el programa SÓCRATES. 
Antes de hablar sobre las cosas tan positivas que pienso del excelente informe de la Sra. Fontaine, quisiera recordar que el Parlamento Europeo siempre ha desempeñado un papel de promotor en lo que se refiere a las políticas de la juventud. 
En efecto, siempre se ha dedicado a hacer participar a los jóvenes en la vida de la Unión y a aumentar las posibilidades que podrían brindárseles a escala europea. 
Por tanto, en toda lógica apoyo la iniciativa de Edith Cresson de volver a plantear la idea del «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» creando en 1996 una nueva línea presupuestaria B3-1011 destinada a la financiación de esta acción. 
Una vez dicho esto, quiero felicitar a la Sra. Fontaine, por el trabajo de calidad realizado. 
Este informe sienta las bases de una nueva participación de los jóvenes en la ciudadanía europea. 
Gracias al servicio voluntario, todos los jóvenes de 18 a 25 años, y a veces incluso de 29 años, podrán participar con acciones de utilidad pública en la vida de la Unión. 
Se trata de un programa de envergadura (1998-2202) que despierta un gran entusiasmo entre nuestros jóvenes; no hay que decepcionarles. 
Asimismo, es un nuevo tipo de programa en la medida en que permite al joven, no solamente ser recibido en un país de acogida, sino sobre todo estar activo y hacerse útil en ese país. 
Además, la presencia de «tutores personalizados» en el país de acogida hace que el joven se sienta valorizado y responsable de su acción. 
Quedan pendientes muchos problemas (fiscalidad, protección social... ) , pero la Comisión y los Estados miembros tratan de encontrar soluciones. 
La estructura del programa está sumamente descentralizada, precisamente para fomentar la flexibilidad necesaria sobre el terreno. 
Por ello, Señorías, les pido que voten como yo, este informe con las enmiendas de la Comisión de la Cultura, la Juventud, la Educación y los Medios de Comunicación, especialmente la relativa a los créditos asignados. 
Pedimos 80 millones de ecus para el período de 1998 a 1999. 
Este importe coincide con las perspectivas financieras y finalmente, es un importe poco elevado en relación con los beneficios que los jóvenes obtendrán. 
Por tanto, no nos mostremos mezquinos con una acción que moviliza a nuestra juventud y le inculca un fuerte sentimiento de ciudadanía europea. 
El Servicio Voluntario Europeo puede ser un instrumento muy valioso de consolidación de una Europa más humana y más competitiva, dos dimensiones que, sólo si van juntas, definirán la nueva Europa. 
Más humana por los lazos que crea entre los jóvenes de las diferentes culturas, más competitiva por el reforzamiento que supone en cuanto a la formación y porque garantizará ciudadanos más activos, informados, participativos y competentes. 
Pero sólo conseguirá ser dicho instrumento si no se desvía de sus objetivos. 
Ese desvío puede causarlo un mal procedimiento de selección, un error en la combinación entre los jóvenes y los proyectos, una falta de acompañamiento de los jóvenes al finalizar la experiencia de voluntariado para que canalicen bien la cualificación adquirida y, last but not least un mal entendimiento, por parte de los gobiernos nacionales, de su función. 
Creo que el Servicio Voluntario debe estar dirigido a proyectos de larga duración para que la experiencia sea suficientemente importante y duradera. 
Espero que los Estados miembros asuman el compromiso de hacer que este programa crezca de forma exponencial, un mínimo de un 10 % por año, de manera que garantice que, en unos cuantos años, todos los jóvenes de entre 18 y 25 años puedan tener acceso al Servicio Voluntario, el cual los convertirá, de modo natural, en ciudadanos europeos. 
Quiero felicitar a mi compañera Nicole Fontaine por su informe relativo a la propuesta de la Comisión Europea sobre un programa de acción comunitario titulado «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes». 
Sin duda alguna, cabe hacer observar que esta iniciativa comunitaria ya ha permitido a varios centenares de jóvenes europeos llevar a cabo esta experiencia que constituye un acto concreto de ciudadanía europea. 
En este marco, la propuesta de la Comisión Europea está destinada a dar mayor ambición e interés a este programa. 
No obstante, es indispensable, tal como lo destaca con toda razón nuestra ponente, fortalecer y ampliar la participación en este programa. 
Por ello, apruebo enteramente sus propuestas que se dirigen, por una parte, a aumentar los créditos asignados a los dos primeros años de aplicación del programa y, por otra, a eliminar los obstáculos que ponen trabas a una participación más amplia de los jóvenes. 
Por lo demás, los Estados miembros deberían tomar las medidas necesarias para hacer que los servicios civiles nacionales sean compatibles con este servicio voluntario. 
Así, este programa debería permitir a un mayor número de jóvenes conocer una experiencia de interés general en otro Estado miembro o fuera de la Unión Europea, lo que sin duda alguna contribuye a que Europa adquiera mayor concreción para las jóvenes generaciones. 
La industria europea TIC ofrece un importante potencial de creación de empleo y de mejora de las posibilidades democráticos de desarrollo. 
En vista de ello, celebro la elaboración de un informe por propia iniciativa de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, en el que se ruega a la Unión Europea y a los Estados miembros que adopten las medidas legislativas necesarias para reforzar las fuerzas libres del mercado. 
El desarrollo en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones no debe ser frenado debido a la falta de seguridad jurídica. 
Informe Marset Campos (A4-0170/97) 
Sería importante elaborar un modelo de desarrollo sostenible en la Unión Europea, tanto para aumentar el empleo como para crear puestos de trabajo atractivos. 
Tanto más lamentable es, por lo tanto, que no haya sido posible elaborar un informe en el que se ponderen de forma realista la necesidad de una solución de los problemas internos sociales y medioambientales de la Unión, por un lado, y las crecientes exigencias de competencia en vista de la globalización industrial, por otro. 
El ponente enfoca en su informe demasiado en un modelo de solución unilateral, por lo que me veo obligado a votar en contra. 
Informe Pimenta (A4-0187/97) 
Señor Presidente, en varias ocasiones nos hemos ocupado de un reglamento de 1991 que estipulaba la prohibición de la importación de pieles de animales que hubiesen sido cazados con cepos, se trataba exactamente de trece especies animales. 
A partir del 1 de enero de 1996, esas prohibiciones de importación deberían estar vigentes como lo están en 80 países. 
Ahora bien, han transcurrido dieciséis meses desde el 1 de enero de 1996 y siguen haciéndose estas importaciones. 
Se concluyó un acuerdo internacional con Canadá y Rusia- puesto que Estados Unidos no quiso firmarlo- para establecer normas aceptables para la caza con trampa, es decir para organizar la tortura. 
Se convino en que las laceraciones de tendones, ligamentos, tejidos, todo eso es aceptable. 
Este acuerdo llega incluso a fijar los plazos aceptables para que un animal entre en coma, 30 segundos como media, pero 120 segundos para la marta cibelina o 45 segundos para el armiño, es decir, que en lugar de prohibir la tortura, se la reglamenta, dándose por sentado que los animales se cogen en una trampa en la que hay un cerco que cuenta con un cronómetro para medir estos plazos. 
Todo ello, manifiestamente, se hace sin sanciones, puesto que el acuerdo firmado con Canadá y Rusia no prevé, durante años, sanciones, y los cepos, en el mejor de los casos, se prohibirán a partir de 2005. 
Señor Presidente, con esto termino: esta barbarie normativa e inverosímil se hace en nombre de los inuits, es decir los indios. 
Pero me parece que esos inuits habitan en suntuosas residencias de la costa oeste o la costa este, habitan en Amsterdam, en París, o en Tel Aviv, ese es uno de los milagros de los cepos con mandíbulas de acero, ver el planeta entero poblado de inuits. 
Hemos votado a favor del ruego al Consejo y a la Comisión de que se rechace el Acuerdo propuesto y se aplique la prohibición de importación. 
La caza con cepos armados es una forma de captura cruel que ha de ser suprimida. 
No obstante, no somos tan escépticos como el ponente ante las excepciones incluidas en el Acuerdo para conservar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas. 
Nos ha preocupado en todo momento que una prohibición general afectase a las pieles procedentes de animales no capturados con cepos armados, que la prohibición privase a las comunidades indígenas de su sustento, y les dejase a merced de la asistencia social. 
Es importante advertir a la gente sobre la hipocresía existente en relación con este tema, pero lamentablemente el informe no concede ninguna importancia a ello. 
La UE es la zona en el mundo en la que se hace más uso de cepos armados, aunque con ello capturemos ratas normales y de agua en vez de animales salvajes con bellas pieles. 
Es como si estuviésemos en contra de esta forma de captura cuando se trata de animales, en cuya piel nos gusta envolvernos, pero prescindiéramos del dolor de los animales cuando éstos aparecen calificados como alimañas. 
Carlos Pimenta nos ruega que rechacemos el Acuerdo internacional de normas en materia de captura no cruel. 
No obstante, el análisis que hace en el informe incluye varios errores de hecho que pueden distorsionar la opinión. 
¿Cómo es posible que se elaboren en el Parlamento reglamentos basados en informes con errores? 
Expondré a continuación algunos de los errores de hecho y problemas generales del informe del Sr. Pimenta. 
El análisis del ponente adolece fundamentalmente de comprensión por lo que es realmente la protección de los animales. 
1) El primer problema es que el informe no hace referencia a las normas vigentes sobre el empleo de cepos en la UE ni en otros países. 
Una comparación con el Acuerdo internacional demostraría que las normas en vigor son considerablemente menos restrictivas que las que figuran en éste. 
2) Otro problema es que el informe no analiza las normas en vigor sobre el empleo de cepos ni tiene en cuenta el número de animales que son capturados en la UE o en algunos de los otros países que tienen la intención de firmar el Acuerdo. 
Tal análisis demostraría que pocos animales son capturados con cepos armados y que la mayor parte de las capturas se realizan con cepos mortíferos. 
Demostraría también que en la Unión capturamos entre 4 y 5 millones de animales con cepos, para los que no existen normas comunitarias. 
Supondría una verdadera mejora el que se aprobasen normas para estos cepos. 
3) Llego ahora a los errores de hecho. 
Carlos Pimenta pasa por alto la presencia de las siguientes normas en el Acuerdo internacional: Formación y autorización para los cazadores. 
Exigencia de inspecciones diarias de los cepos. 
Posibilidad de una selectividad. 
Con estas medidas ya se va más allá del nivel establecido en las medidas comunitarias en vigor. 
El Acuerdo atiende más al comercio que al bienestar de los animales. 
Por el contrario, trata de someter el comercio a normas referentes al bienestar de los animales. 
Finalmente, nos ruega que rechacemos el Acuerdo internacional por ser «totalmente inaceptable e ineficaz». 
El ponente nos pide con estas palabras que aceptemos las normas comunitarias actuales, que son mucho menos estrictas. 
Nos ruega asimismo que rechacemos un Acuerdo que no será renegociado. 
¡A eso sí lo llamamos «totalmente inaceptable e ineficaz»! 
La decisión del Parlamento de rechazar el Acuerdo internacional no mejoraría en absoluto el bienestar de los animales. 
He secundado el llamamiento del ponente para que se rechace este acuerdo entre la Unión Europea, el Canadá y Rusia sobre cepos para animales. 
Como muchas de las personas de mi circunscripción, me opongo a la utilización cruel de cepos dentados. 
El hecho de que este acuerdo, tal como está redactado, permitirá que se usen dichos cepos durante otros cuatro años por lo menos es, por lo tanto, inaceptable. 
En mi opinión no cabe decir tampoco que algunos tipos de cepos dentados sean «no crueles». 
No se habla para nada de la necesidad de inspeccionar periódicamente los cepos, a pesar de que la oposición a su utilización se basa principalmente en la crueldad de dejar a los animales capturados y sufriendo durante largos periodos. 
Una cuestión fundamental es que los Estados Unidos de América no han querido firmar el acuerdo, de forma que las normas mínimas que contiene ni siquiera se aplicarán a los numerosos animales que son capturados en ese país. 
Por último, me sumo al llamamiento que se hace en el informe para que se prohiban las importaciones de pieles de trece especies capturadas en países que no respetan normas de aceptación internacional en materia de capturas. 
A los países civilizados hay que juzgarlos por la forma de tratar a las especies más débiles, y no solamente por la forma de tratar a sus poblaciones humanas. 
Función de la Unión Europea en el ámbito del deporte 
De conformidad con el orden del día se procede al examen del informe (A4-0197/97) de la Sra. Pack, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la función de la Unión Europea en el ámbito del deporte. 
Señor Presidente, hemos tenido que aplazar el debate a esta tarde. Espero que estén presentes las personas que esta mañana se han disculpado por no poder estar presentes en el debate sobre el deporte. 
Hoy hablamos sobre el deporte en Europa. Lo hacemos, sobre todo porque el año pasado una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia hizo furor en la Unión Europea. 
Me refiero a la sentencia Bosman. Hemos creído que deberíamos ocuparnos de este tema ya que el deporte es considerado sólo como un factor económico en Europa mientras que creemos que es mucho más que eso. 
Es de temer que la Unión Europea, a pesar de que con su política de información quiere transmitir el mensaje de que es una Unión de los ciudadanos, coloca en primer plano temas que interesan muy poco al ciudadano e ignora que el deporte es un tema que sí debería figurar en primer plano. 
El deporte ha unido a pueblos antes de que se fundase la Unión Europea, por lo que se debería reconocer al menos el elevado valor del deporte en la vida comunitaria. 
Debemos tener bien presente que el deporte en la Unión Europea, aparte del factor económico que representa, desempeña un gran papel. 
Cien millones de ciudadanos europeos practican deporte en clubs deportivos o fuera de ellos. 
Hay decenas de miles de clubs deportivos, numerosas asociaciones y federaciones, hay movimientos deportivos y todo este movimiento es un gran movimiento ciudadano en la Unión Europea. 
Por ello, el deporte, junto a la importancia económica que no negamos, tiene un elevado valor cultural y social. 
El deporte contribuye con el 1, 5 % al producto interior bruto, por lo que es también un factor económico y debe contemplarse y tratarse en el marco de las actividades económicas de la Unión Europea dentro del sector de los servicios. 
Pienso que el hecho de que exista una enorme cifra de personas interesadas en el deporte debe hacer que hablemos más sobre el deporte en la Unión Europea y que le concedamos una mayor importancia. 
Tampoco estoy diciendo que la Comisión Europea no lo haga, pero lo hace en campos en los que utiliza al deporte como vehículo para promover la tolerancia y luchar contra la droga. 
También utiliza el deporte para medidas de fomento de la salud. Creo que deberíamos tener en cuenta este hecho haciendo lo que por fin lo que no se ha hecho, es decir, proporcionar al deporte una base legal en el Tratado, sobre el que se está negociando de nuevo ahora. 
La Comisión viene cada año a este Parlamento con su presupuesto y siempre encontramos una línea vacía. 
En el deporte figura un cero porque la Comisión siempre tiene que decir que no existe un fundamento jurídico para ello. 
Queremos pues crear un fundamento jurídico para que no tengamos que intentar año tras año introducir créditos para el deporte en la línea presupuestaria siempre con nuevos motivos. 
Se trata de un porcentaje muy reducido del presupuesto el que se dedica a ello, pero se gasta muy bien en el programa EURATHLON y en el programa que figura en esta línea para el deporte de los discapacitados. 
Creo que el Consejo debería tomar nota de ello en Amsterdam. 
El deporte se encuentra hoy en el orden del día para que este Parlamento exprese su voluntad de que se mencione al deporte en el Tratado de Amsterdam, el Tratado subsiguiente al de Maastricht, a continuación del artículo sobre cultura, es decir, el artículo 128, quizás en un apartado. 
Si esto no fuese posible, también estaría satisfecha si se añadiese como protocolo. 
Sería suficiente para proporcionarle un fundamento jurídico. 
Con este informe hemos querido también otra cosa. 
Queremos que los acontecimientos deportivos importantes, en el futuro no se puedan ver solamente a través de la televisión de pago. 
Gracias a Dios, este deseo del informe ha sido tenido en cuenta ya en la directiva sobre la televisión sin fronteras. 
Esperamos que listas nacionales de los acontecimientos deportivos importantes que se exigen en la directiva sobre la televisión sin fronteras se elaboren en cooperación con las asociaciones deportivas, pues éstas son las mejores consejeras en este campo. 
Esperamos también que la Comisión ponga por fin manos a la obra para unificar el trabajo sobre el deporte, que está distribuido entre 18 ó 20 Direcciones Generales, en una «task-force» donde se pueda trabajar realmente con mayor eficiencia. 
Resumiendo: no queremos sustituir a las asociaciones deportivas ni a los Gobiernos en lo que se refiere a las medidas concretas. 
Solamente queremos apoyar a nivel europeo lo que no se puede hacer a nivel nacional. 
Creo que nos encontramos exactamente en la línea de la subsidiariedad. Espero que todos hagamos presión con este informe, aprobándolo con gran mayoría, para que en Amsterdam sepan que queremos verlo reflejado en el Tratado. 
Indicaría que la frase Citiciens first no se refiere a que solamente el euro es importante para el ciudadano sino también cuando se trata del deporte. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, a pesar de que el deporte tiene un elevador valor en la vida de los ciudadanos europeos, la UE apenas se ha preocupado del tema. 
Es, por ello, muy importante que se debata en el Parlamento Europeo el papel de la UE en el campo del deporte. Felicito a la Sra. Pack por su excelente informe. 
Como consecuencia de la sentencia Bosman del Tribunal Europeo de Justicia de diciembre de 1995, el deporte ha pasado al centro del debate público. 
En el informe de hoy, que apoyo plenamente y al que he presentado algunas enmiendas como ponente en la sombra, el deporte se plantea sobre todo como una tarea social. 
Pues el deporte es un significativo fenómeno social. 
Con sus factores educativos, democráticos, culturales, sociales, integradores y de fomento de la salud, tiene una influencia positiva sobre nuestra vida diaria. 
Los acontecimientos deportivos y los deportistas convocan a millones de personas en los estadios y ante las pantallas de televisión y animan a las personas a imitar a sus ídolos y a practicar el deporte. 
Solamente en mi pequeño Estado Federado alemán, una cuarta parte de todos los habitantes, es decir, dos millones de personas, están organizadas en 14.000 clubs deportivos. 
Por ello, ocuparse solamente de su carácter económico y no del carácter global del deporte es demasiado poco; esto hace que surjan efectos secundarios no deseados, como por ejemplo, una menor motivación en el trabajo juvenil debido a la desaparición de los pagos de transferencia, consecuencia lamentable de la sentencia Bosman. 
Segunda: solicitar a la Comisión que cree una task-force para el sector del deporte para unificar en un lugar las competencias deportivas que actualmente están distribuidas entre 18 Direcciones Generales. Tercera: que se elabore un Libro Verde tras deliberar con todos los sectores del movimiento deportivo, lo que debe desembocar en un plan de acción de la UE para el deporte. 
Igualmente importante me parece el derecho general a la información por parte de los ciudadanos, es decir, que los acontecimientos deportivos importantes los puedan recibir todos los ciudadanos no solamente a través de la televisión de pago sino decodificadamente y que a la hora de elaborar la lista correspondiente de acontecimientos deportivos, se consulte a los clubs deportivos. 
También es importante la especial atención que se presta al deporte escolar, juvenil y femenino en este informe, en el sentido de que se debe conceder un derecho a ejercer el deporte sobre todo a los grupos de población más débiles económicamente o desfavorecidos. 
Condición previa para ello es también la buena formación de los profesores de deporte. 
Finalmente, la realización de la exigencia de un Año Europeo del Deporte, subrayaría la importancia del deporte para los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Doris Pack por este importante informe. 
Es difícil hacer un trabajo de pioneros cuyo objetivo claro es cubrir las lagunas existentes en algún ámbito de la legislación de la Unión Europea. 
En mi opinión, la Sra. Doris Pack ha logrado un informe equilibrado, en cuya elaboración he podido participar activamente. 
La ausencia de un estatuto oficial del deporte en la legislación de la Unión es una carencia insostenible. 
¿Acaso se teme que el deporte le quite parcela de terreno dentro de la acción de la Unión, por ejemplo, al resto de la actividad cultural? 
Me he llevado una decepción al ver que en la Conferencia Intergubernamental, que concluirá próximamente, no se van a realizar cambios en la legislación de la Unión en relación con el estatuto del deporte. 
Me sorprende la actitud de los funcionarios y los ministros. 
El deporte tiene verdaderos efectos multiplicadores, tanto sanitarios, sociales y culturales como económicos. 
A través de él se realiza también un importante trabajo contra las drogas. 
Es prácticamente imposible calcular su importancia económica, por ejemplo, en el mercado interior o incluso en la salud pública. 
Con las normas comunitarias se influirá de numerosas maneras en la actividad deportiva, pero el mundo del deporte no puede influir en las decisiones. 
La situación es irracional porque la situación social y jurídica del deporte se enfrenta a una marcada contradicción. 
Todo el proceso de toma de decisiones y la legislación de la Unión afectan al deporte, se encuentran por encima de la legislación deportiva. 
Sin embargo, a las organizaciones y clubes deportivos no se les pregunta en la fase de elaboración de la legislación por las repercusiones que ésta tendrá para ellos. 
El deporte puede llegar a tener que adaptarse a leyes y directrices elaboradas por personas desconocedoras del deporte. 
No entiendo esta manera de actuar. 
La juventud que practica deporte tampoco va a participar en ningún programa de la UE porque el deporte no tiene estatuto. 
El deporte es algo así como una palabra malsonante para la Unión. 
La juventud que practica deporte tiene, por supuesto, el mismo valor que la que pinta o toca música, o ¿acaso un joven deportista va a tener que hacerse pasar por estudiante o por flautista para poder participar, por ejemplo, en los programas que fomentan la movilidad de los ciudadanos? 
Los clubes deportivos de aficionados realizan un excelente trabajo voluntario en favor de los jóvenes, lo cual tiene numerosos efectos positivos en la sociedad. 
Sin embargo, para este trabajo no es posible recibir ninguna ayuda importante de la Unión.. 
En cambio, otras organizaciones juveniles no deportivas, pero que realizan un trabajo similar, reciben ayudas. 
El presupuesto anual de 3 millones de ecus de EUROATHLON es ridículamente pequeño. 
Sin el trabajo activo del Parlamento ni siquiera habría alcanzado esa cifra. Gracias pues a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Cultura. 
El deporte debe ocupar en la Unión el lugar que le corresponde. 
Aunque con limitaciones, se debería invitar a las organizaciones y clubes deportivos a participar en la fase de preparación de la legislación. 
Señor Presidente, Señorías, voy a intervenir en sustitución de mi colega Giampiero Boniperti, a quien le es imposible estar aquí en el Pleno a esta hora. 
El deporte, como todos sabemos, ocupa un lugar muy relevante en la vida de los ciudadanos. 
Piénsese en el deporte no sólo como un momento de sana competición, sino como un elemento de sociabilidad, de formación de la personalidad de los jóvenes y de prevención de su inadaptación social. 
Quien lo ha practicado ha desarrollado un espíritu de lucha y de sacrificio, respeto hacia sí mismo y hacia los demás, cualidades todas ellas que completan el carácter del ser humano y le ayudan en el camino de la vida. 
Cuando digo que para un joven es bueno aprender a dar una patada a un balón, para luego podérsela dar a una jeringuilla, quiero decir exactamente esto: la escuela y el deporte deben ir al compás, ya que ambos son indispensables para el crecimiento de nuestros jóvenes. 
Para los hombres responsables, gestores y políticos es indispensable encontrar los medios para realizar este objetivo social que integra nuestra manera de vivir. 
Es preciso asimismo formar a educadores especializados que desde la escuela primaria ayuden a los jóvenes a conocer sus potenciales y ambiciones. 
El empleo, el trabajo, la moneda única, el racismo, la convivencia y otros temas de difícil solución tienen, sin duda, una importancia prioritaria. 
El deporte, sin embargo, no debe considerarse la última de las asignaturas de los planes de educación. 
Países como Estados Unidos de América, Gran Bretaña y otros, nos han enseñado lo importante que es formar a los jóvenes a través del deporte. 
Estos deberán forjarse en las federaciones deportivas y nacionales que tengan un común denominador en el tratado europeo en materia de deporte. 
En Inglaterra, el fútbol forma parte de las asignaturas que se imparten en las escuelas. 
Hace poco, se presentó y votó una enmienda que subraya que el deporte debería incluirse en el Tratado de Maastricht, con especial referencia a la educación básica, a la formación profesional y al empleo. 
Por consiguiente, es necesario que las federaciones nacionales elaboren un proyecto que siente las bases de un sistema deportivo a nivel de la Unión, ya que sólo a través de la superación de las autonomías nacionales se podrá conseguir un reglamento que supere todas las diversidades en un acuerdo unitario. 
En Europa hay diferentes lenguas nacionales, no obstante, como dice el Sr. Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, sólo una lengua es realmente internacional: la del deporte. 
Leí en un diario italiano las declaraciones de la Sra. Bouffet, nueva ministra de Juventud y Deportes del Gobierno Jospin. 
Madre de dos hijos, la ministra se interesa desde hace años por los problemas de la juventud, en particular de los barrios periféricos conflictivos. 
Recientemente manifestó: » Si la juventud está enferma, quizás el deporte, entendido como sana competición, puede ayudarla a salir del laberinto de la desesperación». 
Cada uno de nosotros defiende sus ideas políticas, sin embargo, con respecto al deporte todas ellas tienen un mismo denominador común. 
Señor Florio, perdóneme si le parezco excesivamente meticuloso, pero según el Reglamento no puede usted leer el discurso de otra persona ante este Parlamento. 
Por lo tanto, antes de iniciar la lectura tendrá que decir usted que su colega hubiera dicho sobre poco más o menos lo que usted dirá a continuación. 
En el Acta no se puede decir que se trata de un discurso que hubiera pronunciado su colega. 
Señor Presidente, como ponente más antigua de esta Asamblea, estoy satisfecha con el informe Pack. 
En las resoluciones que he elaborado en nombre de la Comisión de Cultura, el Parlamento Europeo ha pedido ya por tres veces un enfoque estructural, un programa de acción europeo para el deporte. 
La ponente Pack lo vuelve a pedir encarecidamente en su excelente informe. 
Y ahora, Comisario Pinheiro, le pregunto: por el amor de Dios, ¿qué hace la Comisión Europea? 
¿Está durmiendo? 
Sé que los escasos funcionarios de los servicios de deportes de la DG X son excelentes y estudian desde hace tiempo los textos. 
¿Cómo es posible que el Parlamento, que pide desde hace años un enfoque estructural, todavía no lo haya conseguido? 
Señora Pack, ha vuelto usted a incluir el deporte en el orden del día, eso es importante. 
Y quién sabe si habrá una alianza Kohl-Kok para incluir en el último momento el deporte en la CIG y en el Tratado de Amsterdam, como pide desde hace años el Parlamento Europeo. 
El Grupo de los Liberales está de acuerdo con las propuestas de la ponente, pero quiero llamar su atención sobre una cuestión a la que, a mi entender, no se ha prestado suficiente atención. 
Concretamente, un enfoque estructural del problema crónico que provoca muchos problemas. 
Me refiero a la pésima relación entre el mundo del deporte y la Comisión Europea. 
El deporte no reconoce a la Unión Europea y la Unión Europea no reconoce al deporte. 
Este el es quid de la cuestión. 
Y si no lo solucionamos, no podremos hacer nada con el mundo del deporte. 
Podemos declarar el año europeo del deporte, o crear un fondo para la juventud, o convocar el foro europeo del deporte, todos ellos bellos gestos, pero insuficientes para salvar el abismo entre el mundo del deporte y la Unión Europea. 
La falta de comprensión y la desconfianza llevan la voz cantante. 
Los conflictos entre los reglamentos deportivos y la legislación europea son el pan nuestro de cada día. 
Por ello, el diálogo constructivo ha de ser la prioridad absoluta y Bosman tiene que habernos enseñado algo a todos. 
Aquí se nota la falta de una política estructural para el deporte, de un enfoque estructural. 
Las acciones ad hoc de la Comisión Europea no solucionan el problema. 
Es muy importante advertir activamente al mundo del deporte de las consecuencias que tiene la legislación del mercado interior para la legislación deportiva. 
Tiene que quedar bien claro cómo hay que manejar los procedimientos de selección, los acuerdos de patrocinio, los campeonatos, los procedimientos de control del dopaje, las sanciones, etc. El deporte y la UE no pueden seguir distanciándose. 
Unos buenos acuerdos entre ambas partes darán siempre ganadores. 
Por tanto, señor Comisario, presente ya el Libro Verde en estrecha colaboración con el mundo del deporte y establezcamos entonces un enfoque estructural y una cooperación en el ámbito del deporte. 
Señor Presidente, ante todo, deseo dar las gracias a la Sra. Pack por su excelente informe y por su incansable y positiva labor en nuestros trabajos parlamentarios con respecto a éste y a otros muchos urgentes y difíciles asuntos. 
El deporte ha desempeñado en todo momento entre los jóvenes una función de mucha cohesión y desarrollo de valores positivos tales como la voluntad, el valor, la tolerancia, la solidaridad y la amistad. 
La Unión Europea hasta ahora se ha interesado por el deporte sólo como actividad económica olvidando a menudo su dimensión cultural y social. 
Por el contrario, es fundamental reconocer la especificidad y la autonomía del movimiento deportivo. Para hacerlo se podría comenzar incluyendo una referencia expresa al deporte en el artículo 128 del Tratado de la Unión Europea. 
El segundo punto importante es la invitación dirigida por la ponente a la Comisión, a fin de que cree una task force encargada de examinar los diferentes aspectos del deporte y de elaborar un Libro Verde, para lanzar un plan de acción global. 
Nosotros los Verdes pedimos asimismo el apoyo del Pleno a nuestra enmienda orientada a estipular un acuerdo con las federaciones nacionales e internacionales, a fin de que se respete la Directiva 337/85 y sus posteriores modificaciones sobre la evaluación del impacto ambiental con ocasión de importantes acontecimientos deportivos. 
Señor Presidente, en la actualidad, más de 100 millones de ciudadanos europeo practican el deporte. 
Su práctica está organizada por decenas de miles de círculos deportivos agrupados en asociaciones y federaciones. 
El movimiento deportivo es uno de los movimientos más importantes a los efectos de aglutinar a los ciudadanos de la Unión Europea. 
No podemos dejar de recalcar que el mismo ha adquirido tanta importancia en el ámbito de las actividades recreativas que trasciende las implicaciones sociales y culturales, para influir, de forma realista, en una buena parte del ámbito económico. 
Deporte y cultura, unidos por un vínculo muy estrecho, representan, a nuestro juicio, las dos caras de la misma moneda que puede, mejor dicho, debe alcanzar más valor, siempre y cuando seamos capaces, con nuestra presión, de lograr la inclusión de una referencia explícita y realista al deporte en el texto del nuevo Tratado de la Unión. 
Consideramos que dicho espacio debe buscarse en el marco del artículo 128, que es el que se refiere a la cultura. 
El mundo deportivo en general y, más en particular el del fútbol, con la sentencia «Bosman» ha sufrido un duro varapalo y ha quedado tan trastornado y revuelto que hoy vive graves problemas tanto por lo que se refiere a las relaciones entre los diferentes clubes y, sobre todo, a la formación de los jóvenes jugadores, como por lo que se refiere a la supervivencia misma de miles de asociaciones deportivas de aficionados. 
Es posible volver a situar el deporte y, sobre todo su práctica, al servicio del ciudadano, a fin de contribuir a su bienestar, a través de un proyecto global que armonice las acciones que deben llevarse a cabo mediante la creación de un organismo capaz de agrupar todas las organizaciones que hoy se ocupan de deporte y de superar la fragmentación existente en la actualidad a nivel europeo. 
Suscribimos las propuestas formuladas por la Sra. Pack y, felicitándola por su excelente trabajo, expresamos nuestro pleno apoyo al informe objeto de examen. 
Señor Presidente, la Sra. Pack ha elaborado un informe muy bueno, pero, como usted sabe, soy un elemento molesto en este cenáculo y quiero pedir atención para dos enmiendas que he presentado, una de las cuales, lo admito, no ha obtenido el apoyo de mi Grupo. 
Quiero tener la franqueza de reconocerlo. 
No obstante, la he presentado porque es pertinente y actual; todo el mundo pide que se incluya un artículo sobre el deporte en el Tratado, y en sí es evidente que vale la pena. 
Pero lo que me molesta es el razonamiento de algunos como si la sentencia Bosman impidiera las actividades juveniles de los clubs deportivos europeos. 
Representantes de la Comisión, ustedes lo saben, los estudios han demostrado que de los importes de los traspasos, de las regias compensaciones que se perciben, de este tipo de trata de personas, apenas se dedica un 5 % a las actividades juveniles; ¡ni siguiera un 5 %! 
¿Qué sucede? 
La consecuencia lógica de la sentencia Bosman tendría que ser que la ayuda estatal a los clubs profesionales implica una violación del artículo 92 del Tratado, en el sentido de que se trata de una ayuda estatal a entidades económicas que ningún argumento justifica y que supone pura y llanamente competencia desleal. 
He presentado otras dos enmiendas que sí cuentan con el apoyo no sólo de mi Grupo, sino también de otros. 
En ellas pido un poco de atención hacia los excesos derivados de la sentencia Bosman y, concretamente, al antiguo papel de los clubs que es asumido ahora por comerciantes privados y jugadores. 
Se esgrime la sentencia Bosman, tanto si viene a cuento como si no, y se rompen los contratos durante una temporada deportiva en curso, supuestamente en nombre de ella. 
Los que antes esclavizaban eran los grandes clubs deportivos; ahora son los intermediarios. 
Busquemos un arreglo con las federaciones deportivas que no sea contrario al derecho comunitario. 
Les ruego vuelvan a reflexionar sobre estas enmiendas. 
Sé, señora Pack, que no está usted a favor, pero es la consecuencia lógica del Tratado y de sus artículos 2, 48 y 92. 
Señor Presidente, la Sra. Pack no sólo ha organizado una excelente audiencia sobre el deporte, sino que también ha elaborado un excelente informe que hoy tenemos oportunidad de examinar. 
Si el Consejo de Ministros y los miembros de la Comisión Europea se toman realmente en serio la Europa de los ciudadanos por la que abogar, tendrán que concretar las recomendaciones del informe de la Sra. Pack, y eso hacerlo cuanto antes. 
A fin de cuentas, el deporte afecta a todos los aspectos de la vida del ciudadano, tanto la cultura como la salud, el esparcimiento, la educación, la integración, las minorías y la educación. 
Aunque por desgracia tengamos que constatar que últimamente, el deporte ha desaparecido a menudo de los planes de estudio, debido a los recortes. 
¿Qué pedimos? 
Pedimos en realidad dos cosas. 
Primero la legitimación, es decir, una base jurídica para la mención del deporte en el Tratado. 
En segundo lugar, un presupuesto suficiente para financiar los aspectos importantes del enfoque europeo del deporte. 
Y por último, necesitamos una señal de que también el Parlamento se toma en serio el deporte. 
Afortunadamente, he oído que todos los diputados son favorables a la propuesta de la Sra. Pack y espero que la Mesa del Parlamento acceda a la solicitud que recibirá usted pronto de la comisión de la que soy presidente, en el sentido de cambiar su nombre por el de Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Señor Presidente, estimada colega, quiero felicitarle por su excelente informe. 
Permítame que como científico especializado en el deporte y antiguo entrenador de Austria, contemple el deporte europeo desde una perspectiva muy específica. 
Hasta ahora, la importancia del deporte ha estado totalmente infravalorada en la UE y si llegaba a mencionarse, se veía exclusivamente como un factor económico. 
El deporte no tiene ningún fundamento jurídico en la UE. 
No se menciona específicamente en ningún artículo. 
Sin embargo, en la actual estructura social, el deporte tiene grandes tareas que cumplir. 
Apenas como ningún otro campo de actividad, el deporte anima a los jóvenes a practicar actividades razonables en el tiempo libre y puede contribuir a reintegrar a grupos sociales marginales con actividades plenas de sentido y motivar a las personas mayores a practicar actividades para conservar la salud. 
Es decir, junto a su gran importancia como medicina preventiva, cobra una importancia sociocultural muy elevada. 
Totalmente en el sentido de la ponente, los liberales exigimos que el deporte se integre sin demora en el artículo 128 para reflejar su importancia. 
Finalmente, el deporte cobra una extraordinaria importancia también en lo tocante a la comprensión entre los pueblos cuando se trata de medirse con otros países en una competencia deportiva limpia, estando orgulloso del país del que se proviene y en cuyo nombre se participa, sin caer en estúpidos y exagerados nacionalismos. 
El deporte es un idioma internacional. 
El deporte une. 
El deporte subraya los aspectos comunes y no las diferencias. 
Por ello, el deporte puede contribuir más a la comprensión recíproca que algún proyecto europeo artificialmente construido. 
Por ello, no debemos contemplar al deporte en primera línea como un factor económico sino como una aportación esencialmente integradora y cultural a la comprensión internacional y fomentarlo lo más posible respetando estrictamente el principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, siempre he considerado que la posibilidad de trabajar junto a la Sra. Pack es una de las ventajas que ofrece el ser un diputado de este Parlamento. 
Se podría decir de ella que es un verdadero motor humano. 
Permítanme que haga un terrible juego de palabras en inglés y que diga que este informe está «packed» de su energía y de su voluntad. 
Apoyo sin reservas el llamamiento en favor de incluir una referencia a los deportes en el Tratado de Amsterdam. 
El Tratado de Maastricht reconoce la importancia de la cultura en su artículo 128, pero para millones de europeos el deporte es más importante. 
El mes que viene en Portsmouth, mi circunscripción, asistiré a la inauguración de los Juegos Olímpicos Especiales organizados para jóvenes de toda Europa que tropiezan con dificultades graves para aprender. 
Nunca podrán ir a la universidad y nunca podrán utilizar el programa SÓCRATES. 
Nunca podrán sumarse al Servicio Voluntario Europeo, pero pueden participar en pruebas deportivas. 
Me alegra muchísimo que vayan a recibir una subvención, pero me da vergüenza que sea tan pequeña. 
Como ponente presupuestario para cuestiones de cultura, sé que los fondos asignados al deporte- tres millones de ecus- son irrisorios, pero incluso con una cantidad tan pequeña tenemos que luchar todos los años contra los que pretenden que no hay base jurídica y contra las tentativas periódicas del Consejo por suprimir esa cantidad. 
Somos un Parlamento de Europa y creemos en la promoción de la salud, en la ayuda para la integración social, y en el reconocimiento de las necesidades de los discapacitados. 
¿Hay alguna forma mejor de conseguirlo que a través del deporte? 
Esta mañana pedí que el servicio voluntario para los jóvenes lleve el nombre de Voluntarios de Mitterrand. 
Esta tarde me voy a permitir ser algo menos francófilo y recordaré a los diputados que en Inglaterra decimos que la batalla de Waterloo se ganó en los campos deportivos de Eton. 
Contruyamos Europa en los campos deportivos de Europa. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a la Sra. Pack por el trabajo acometido, ella que es un miembro sumamente activo del Parlamento Europeo. 
La Sra. Pack, al igual que la Sra. Larive y otros miembros del Parlamento Europeo, siempre ha trabajado en favor del desarrollo de una política del deporte en la Unión Europea. 
Pero usted misma ha mencionado las dificultades que experimentamos antes y seguimos experimentando en esta empresa. 
Dicho esto, habida cuenta de que en Amsterdam se debatirán temas importantes para el porvenir de la Unión Europea, espero que este informe pueda ser considerado por nuestros Jefes de Estado y Gobierno como una contribución que auspicie un gran debate sobre las competencias de la Unión Europea. 
El tema del deporte desborda ampliamente el marco de los deportes propiamente dichos. 
Por tanto, cabe profundizar tres aspectos para tener un enfoque global de la política del deporte en la Unión Europea. 
En primer lugar, el modelo del deporte. 
¿Qué se piensa del deporte como servicio público? 
¿Qué se piensa de la relación entre el deporte profesional y el deporte aficionado? 
¿Cuál es el papel de las instituciones públicas en relación con las organizaciones no gubernamentales? 
¿Cómo debe concebirse la organización del deporte europeo? 
En segundo lugar, la relación entre la televisión y el deporte. 
Hoy por hoy, su dependencia mutua es enorme, en algunos casos es casi una cuestión de supervivencia. 
En tercer lugar, ya se ha mencionado, el papel social del deporte. 
El deporte en su calidad de instrumento adecuado para la creación de empleo; el deporte como instrumento para la lucha para la exclusión social y la pobreza en los medios desfavorecidos; el deporte como vector de integración por excelencia; el deporte para crear lazos entre diferentes pueblos de diferentes lugares del mundo y como factor de convivialidad. 
Estos son algunos aspectos que, a mi juicio, la Comisión debe tomar seriamente en consideración en su reflexión futura sobre el deporte. 
Considero que la idea del Libro Verde es excelente, e incluso la de una task-force. 
Deberá fortalecerse mediante una mejor cooperación entre los servicios de la Comisión: la educación, la cultura, la investigación, e incluso las relaciones exteriores y la DG X. Gracias, Sra. Fontaine, por su informe y espero que se le dé un curso favorable. 
Señor Presidente, quiero preguntar al Comisario si me puede asegurar que se va a hacer lo que el Sr. Papas, el Director General, ya ha apuntado más o menos a los clubs deportivos, es decir, que se está dispuesto a crear esta task-force, no a final del próximo período sino del presente. 
Todos estamos esperando y, tal como ha dicho la Sra. Larive, esperamos ya desde hace mucho tiempo y en alguna ocasión nos vamos a poner impacientes. 
Hablo también en nombre de la Sra. Larive. 
Me gustaría saber si en este campo de la task force es de esperar algo más que hermosas palabras, si se van a dar realmente pasos al respecto. 
En la medida en que pueda responder en nombre de algunos de mis compañeros, debo decir que la intención de la Comisión es realmente presentar una comunicación después de Amsterdam. 
Para hacerlo, queda de manifiesto que es absolutamente necesario crear las condiciones necesarias para presentar esta comunicación. 
Para ello, la task-force desempeñará un papel sumamente difícil. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Tipos del impuesto especial vigentes, para determinados hidrocarburos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0206/07) del Sr. Cox, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a continuar aplicando a determinados hidrocarburos, cuando se utilicen para fines específicos, las exenciones o reducciones de tipos del impuesto especial vigentes, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE (COM (96) 0549- C4-0071/97-96/0263 (CNS)) 
Señor Presidente, la inhabitual longitud de mi intervención de esta noche- y quizá no utilice todo el tiempo que me corresponde- se debe a la hora que es y a la longitud del informe de que estamos tratando, cuyo título acaba de leer usted, que probablemente requerirá 7 minutos para poderlo explicar. 
El informe trata de las exenciones de los impuestos especiales aplicados a determinados hidrocarburos. 
La razón de que estemos tratando ahora de esta cuestión es que proviene de un examen de las exenciones que había que adoptar, examen que se preveía en la legislación básica sobre tipos del impuesto especial aprobada en 1992. 
Esta directiva, junto con la directiva sobre el IVA, representa uno de los principales cimientos del aspecto fiscal de la instauración del mercado único. 
Se trata de unas 80 exenciones, que abarcan a los 15 Estados miembros, y que constituyen el fundamento del presente informe. 
Aunque la Directiva de 1992 sobre tipos del impuesto especial fijaba un procedimiento para la concesión de exenciones, en realidad se han seguido tres procedimientos. 
Gran número de exenciones se aprobaron en 1992, precisamente al mismo tiempo que se aprobó la Directiva sobre el impuesto especial. 
Aunque esas exenciones corresponden a los requisitos de exención dispuestos por la legislación, la lista se aprobó sin hacer referencia directa a la legislación puesto que la lista de exenciones y la Directiva se aprobaron el mismo día. 
Como quien dice, hubo que aceptar una especie de transacción política para dar curso a la Directiva sobre tipos de impuesto especial. 
El Consejo estima que la lista que se aprobó aquel día contiene todas las exenciones posibles. 
Esto es algo que, en principio, el Parlamento no acepta. 
En la lista de exenciones hay un segundo grupo que incluye las que se han venido aprobando con el tiempo y que sigue más o menos las normas fijadas en el artículo 84 de la Directiva de 1992 que trata precisamente de esas exenciones. 
Por último, hay algunas otras exenciones, unas 80 en total, que se han integrado en el sistema por acuerdo tácito: un Estado miembro dice que desea instituir una exención, nadie se opone, y la exención queda instituida. 
Así se ha constituido la lista de exenciones que corresponde examinar ahora. 
Al revisar esta lista larga y compleja, el Parlamento enuncia en la enmienda 4 del punto 8 de la propuesta de la Comisión su opinión esencial sobre lo que, en principio, debe suceder: que el Consejo no debe aprobar ningún procedimiento de revisión cuyo objeto o efecto sea la ampliación ilimitada e indefinida de las exenciones. 
Este principio, naturalmente, descarta la posibilidad de prorrogar exenciones, lo único que dice es que tenemos que mantenerlas bajo examen constante y periódico y que no pueden existir indefinidamente. 
Además, este Parlamento insiste en la conveniencia de que todas las exenciones se sometan a revisión periódica con posibilidad de renovación, a condición de que se cumplan tres condiciones: que la renovación de las exenciones se haga respetando la libre competencia; el buen funcionamiento del mercado interior, y la política comunitaria en materia de protección medioambiental. 
Al enunciar estos principios en un apartado, estamos poniendo de relieve una firme voluntad del Parlamento, pero a pesar de ello el Consejo no debe tropezar con dificultades operacionales en las próximas semanas para resolver esta cuestión de las exenciones. 
Ahora bien, en la enmienda 5 ponemos de relieve que todas las exenciones habrán de someterse a una revisión fundamental en el marco de la propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario relativo al régimen fiscal de los productos energéticos. 
Ésta es una revisión importante en la que se incluyen el desdichado impuesto sobre el dióxido de carbono, todas las exenciones, todos los tipos del impuesto especial sobre hidrocarburos, y las políticas energética y ambiental. 
Como cuestión de principio fundamental insistimos en que esa revisión no sea exhaustiva hasta el punto de que ninguna de las exenciones de que estamos tratando hoy pueda suponerse que queda libre de revisión como parte de esta propuesta marco que estudiaremos a su debido tiempo. 
Aceptando que estos principios se enuncien en los considerandos y no en los artículos de la propuesta de decisión, evitamos ya desde ahora toda posibilidad de enfrentamiento con el Consejo. 
Lo evitaremos si el Comisario puede confirmar esta noche que la Comisión acepta los principios que hemos enunciado y que los respaldarán y se los expondrán al Consejo, concretamente en relación con la directiva marco sobre fiscalidad energética de la que, como ya he dicho, nos ocuparemos más adelante. 
Este procedimiento ha sido lento y el resultado es que algunas de las fechas que se mencionaban en la propuesta han quedado ya rebasadas. 
Por eso muchas enmiendas no hacen otra cosa que actualizar el documento para que tenga en cuenta el paso del tiempo. 
El Grupo de los Verdes ha recomendado dos elementos de carácter temporal: dicen que en el futuro el procedimiento de revisión de exenciones debe estar vinculado al documento marco. 
En principio estoy de acuerdo con esa idea, pero tengo ciertos temores y por eso, en calidad de ponente, no recomiendo que se acepten las enmiendas del Grupo de los Verdes. 
Sabemos lo difícil que es conseguir que, en el marco del artículo 99, el Consejo de Ministros acepte cualquier cosa que se relacione con la fiscalidad, y mi temor es que, si aprobamos las enmiendas del Grupo de los Verdes, quizá no consigamos que se revisen las exenciones durante años porque- espero que no suceda así, pero puede suceder- el Consejo retrasará la aprobación del documento marco durante un período de tiempo prolongado. 
Me gustaría que se dejaran las fechas actuales y si el texto queda sustituido por el documento marco que preconizan los Verdes- con el que en principio estoy de acuerdo- entonces sabremos lo que sucede. 
Pero por razones prácticas sugiero que nos atengamos a mis enmiendas originales y no a las enmiendas del Grupo de los Verdes. 
Por último, repito que me gustaría que en el Acta de esta noche del Parlamento constase el compromiso de la Comisión de apoyar plenamente los principios del Parlamento en este ejercicio. 
Esos principios son: no a las exenciones indefinidas e ilimitadas de los tipos del impuesto especial; sí a las revisiones periódicas con la posibilidad de renovación; sí a la revisión fundamental de todas las exenciones actuales sobre hidrocarburos, como parte integrante del marco propuesto para la fiscalidad de los problemas energéticos. 
Señor Presidente, después de la intervención del Sr. Cox no queda gran cosa por decir, pero empezaré por felicitar al ponente, Sr. Cox, por haber sabido conducir este informe a través de la comisión parlamentaria, y es de esperar que también a través de este Parlamento, en forma prácticamente incontrovertida. 
Hay una serie de modificaciones respecto de los documentos originales pero la gran mayoría, como ha dicho el Sr. Cox, se refieren a plazos de tiempo. 
Las prórrogas que se han propuesto son sensatas en conjunto y, por lo tanto, son aceptables para el Grupo Socialista. 
Las dos que ha destacado, o sea las dos enmiendas 1 y 3 presentadas por los Verdes, recibirán el respaldo del Grupo Socialista porque estimamos que dan mayor flexibilidad y suponemos que quizá el Consejo de Ministros presente una decisión sobre el particular y podamos revisar las exenciones en el futuro. 
También apoyaremos las enmiendas encaminadas a evitar que cualquier procedimiento futuro de revisión se base en una prórroga indefinida e ilimitada de las exenciones. 
La cuestión integra de los tipos del impuesto especial, tanto si se refieren a hidrocarburos como si se refieren a tabaco o a alcohol, es una cuestión que este Parlamento tiene que afrontar. 
Durante demasiado tiempo nos hemos aislado de la realidad, no hemos querido enfrentarnos con los problemas. 
Uno de los objetivos de este Parlamento es dar por terminada la fase preparatoria del Mercado Único Europeo, pero demasiado a menudo la protección de las vacas sagradas, que es lo que muchos grupos de este Parlamento defienden, ha obstaculizado el camino hacia la finalización del mercado único. 
Soy la última persona que se permitiría defender la armonización completa de los tipos de impuestos especiales o renunciar a ella, pero si las diferencias son tan grandes que pueden provocar distorsiones del mercado y comercio fraudulento, entonces habrá llegado el momento de que este Parlamento pase a la acción. 
No hacerlo equivaldría a hacer creer que respaldamos las peores prácticas que existen en la actualidad en el mercado único. 
Esto es aplicable a los hidrocarburos, es aplicable al tabaco y también es aplicable a las bebidas alcohólicas. 
Para que el Parlamento pueda superar esta situación, tenemos que apartarnos de nuestra estrechez de miras en nuestras esferas regionales o nacionales, y tenemos que considerar las consecuencias más amplias de la cuestión. 
Los informes sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas se examinarán más adelante este año. 
Desgraciadamente no me parece que en esas esferas se hayan logrado los mismos progresos que en la esfera de los hidrocarburos, pero la esperanza es lo último que se pierde. 
Al fin y al cabo, éste es un año de cambio. 
Por primera vez en 18 años tenemos un gobierno laborista en Gran Bretaña. 
Mientras seguía el debate anterior no podía dejar de pensar en que, por primera vez en 68 años, Kilmarnock ha ganado la Copa de Escocia y eso corrobora lo que acabo de decir: realmente éste es un año de cambio. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Sr. Cox ha puesto el dedo en la llaga. 
Se trata de la relación de este informe con la iniciativa del Comisario Monti de crear un marco jurídico para la imposición de los productos energéticos. 
Como no va a apoyar nuestras enmiendas por los motivos que ha expuesto, nosotros no vamos a dar nuestro voto favorable a su informe si no se incluyen nuestras enmiendas, pues lo vemos como un punto central para mostrarle claramente la necesidad de que la iniciativa Monti se apruebe. 
Tenemos ante portas aún más cambios de Gobiernos y si cambiamos en Alemania el Gobierno ya no habrá un Gobierno que quiera sabotear sistemáticamente la armonización y coordinación de los impuestos. 
En cualquier caso, nadie tendrá ya la excusa de que hay Gobiernos que quieren aprovecharse de las injustas ventajas por motivos tradicionales o nacionales de estrechas miras. 
Señor Cox, pero como en un tiempo previsible esto va a ser así, nuestra propuesta de coordinar los plazos no significa un aplazamiento hasta el día del Juicio Final sino que es un intento de intervenir políticamente en esta situación, aguantar la presión y de atacar la necesaria transformación de todos los impuestos indirectos para reducir por fin las injustas distorsiones antiecológicas y antisociales que están establecidas hoy en los mercados por motivos tradicionales o nacionales. 
Esta es una tarea urgente. Pertenece a la culminación del mercado interior, por lo que no deberíamos aflojar la presión. 
Por ello, vamos a comportarnos como le he explicado. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión Europea de eliminar una gran cantidad de exenciones referentes a los impuestos especiales sobre carburantes cuenta con nuestro apoyo. 
El uso de hidrocarburos está asociado a efectos externos que a menudo no se incorporan al precio del mercado. 
El establecimiento de un impuesto especial puede atender a esta necesidad. 
Por supuesto, tendrá que procederse de la forma más coherente posible. 
Hay una excepción incomprensible que está en flagrante contradicción con esta regla y es la relativa a la exención para el queroseno en la aviación comercial. 
La Comisión Europea concluye con razón que esta exención no se ciñe a los objetivos de una política sostenible y se propone instar a la Organización Internacional de Aviación Civil a que realice un estudio de viabilidad. 
No obstante, pienso que tal actitud es demasiado laxa. 
Así se tardará años en conseguir algo. 
En la disposición propuesta se eliminan todas las exenciones para la aviación de recreo nacional. 
Con razón. 
El siguiente paso lógico es aplicar un tipo al queroseno para toda la aviación comercial dentro de la Unión Europea. 
Sobre todo cuando existen buenas alternativas de transporte para los vuelos a distancias cortas. 
Un segundo paso es que los Estados miembros de la Unión, a ser posible junto con Estados Unidos y Japón, invaliden el acuerdo internacional en esta cuestión e introduzcan un tipo conjunto para el queroseno. 
¿En qué medida y a qué plazo está dispuesta la Comisión a emprender estos pasos? 
Hemos de aspirar a una política de transporte lo más sostenible posible. 
No hay diversidad de opiniones al respecto. 
La exención para la navegación fluvial se ciñe a este objetivo político porque este modo de transporte provoca muchos menos efectos externos que el transporte por carretera. 
Por ello es preciso concentrar al máximo en la navegación fluvial el aumento que cabe esperar del transporte, en parte con miras al aprovechamiento de la sobrecapacidad en este sector. 
Al hacerlo, hay que garantizar al máximo la seguridad del transporte en las aguas interiores. 
Asimismo hay que luchar de forma efectiva contra la contaminación de la superficie del agua. 
La exención para el transporte público local supone un estímulo para mejorar el medio ambiente en las ciudades europeas. 
Es posible que en el futuro se limite a los combustibles más ligeros, como el GLP, el metano y el gas natural, con lo cual se obtendrá un medio ambiente más limpio. 
Comparto la opinión de la Comisión de que en el futuro deberán seguir siendo posible las excepciones para los Estados miembros. 
Aunque el objetivo medioambiental debe ser prioritario y no pueden hacerse excepciones por tiempo indefinido. 
La Comisión acoge con satisfacción el informe Cox que contiene la opinión del Parlamento, pues refleja y respalda la opinión de la Comisión de que no debe haber derogaciones sin plazo fijo. 
Todas las propuestas de enmienda que modifican las fechas reales que se dan en el proyecto de decisión del Consejo se pueden aceptar sin reservas. 
La enmienda del considerando 8 también se puede aceptar en principio, a reserva de que se examine detalladamente su redacción. 
Por otra parte, aunque el nuevo considerando 8a describe con precisión la intención de la Comisión de introducir un nuevo procedimiento en su propuesta para la reestructuración del sistema de impuestos para los productos energéticos, no podemos aceptarla como nuevo considerando porque no se refiere a ninguna disposición del texto y, por lo tanto, no se puede justificar en términos jurídicos. 
En este contexto quisiera indicar al Parlamento que durante los debates del Consejo sobre las propuestas de la Comisión encaminadas a reestructurar el sistema para la imposición fiscal de productos energéticos, la Comisión aprovechará la oportunidad para referirse de nuevo a toda la cuestión del tratamiento de las derogaciones y para procurar obtener, mediante la introducción de un nuevo procedimiento, una situación en la que ninguna derogación pueda existir durante un período indefinido. 
Señor Presidente, en cuanto al fondo de la cuestión no hay desacuerdo entre el Parlamento y la Comisión. 
Por lo que se refiere a la enmienda 5, es decir, al (nuevo) considerando 8a, que el Comisario dice que no puede aceptar porque no encuentra una base jurídica en la decisión, la enmienda se refiere a exenciones que figuran en la decisión del Consejo. 
En mi opinión y en la de la comisión parlamentaria, esta cuestión está firmemente enraizada en la actual propuesta de decisión y se basa únicamente en ella, aunque añade la importante referencia política de que todas estas exenciones deben quedar sometidas a una revisión fundamental en el documento marco. 
No niego en absoluto que estemos totalmente de acuerdo por lo que se refiere al fondo de la cuestión. 
Otros tendrán que ocuparse de los aspectos jurídicos porque yo no soy un experto en esta materia, pero por lo que se refiere al fondo, estamos totalmente de acuerdo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas 
(Se levanta la sesión a las 19.05 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
Hay alguna observación. 
Señora Presidenta, en la lista de votaciones de ayer veo que, por razones que no acabo de entender, y he de decir que me ocupo muy cuidadosamente de estas cuestiones, hay tres votaciones en las que no figuro entre los que han votado. 
Ayer participé y voté en todas las votaciones. 
Tomamos nota de su observación y se realizarán los controles necesarios. 
Señora Presidenta, en la página 8 de la versión inglesa del Acta de ayer el Presidente dice: » El debate queda cerrado». 
Lo que no dice es que se llamó a los diputados para que votasen a mediodía pero el debate seguía en curso. 
De hecho, la Comisaria Cresson tuvo que intervenir en el debate para responder a las preguntas mientras los diputados seguían entrando en la sala para votar. 
El Presidente tuvo que invitar a los diputados a que dejaran de hablar y a que se sentaran para que la Comisaria pudiera acabar su respuesta. 
Tengo la impresión de que no estamos organizando nuestros trabajos de la mejor manera posible. 
Los diputados vienen al Parlamento para hablar y si llegan a la sala para participar en una votación y se encuentran con que el debate sigue en curso, no tiene nada de particular que se pongan a hablar unos con otros. 
Creo que debemos organizar nuestros trabajos mejor y que debemos dejar cierto plazo de tiempo en la sesión de la mañana para los colegas que tengan que referirse, como yo estoy haciendo en este momento, a este tipo de cosas, o comenzar las votaciones más tarde. 
Su intervención no se refería al Acta; no obstante, tomo nota de su solicitud. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, el martes por la mañana aprobamos con serias reticencias la aplicación del procedimiento de urgencia a las ayudas financieras para Macedonia y Bulgaria, a pesar de no haber tenido oportunidad de debatirlas en comisión. 
Aun así aceptamos la solicitud dada la urgencia de la situación en dichos países y en la comisión se nos dijo que el viernes tendríamos oportunidad de debatir brevemente dicha cuestión. 
Hoy constato que no está previsto ningún debate al respecto, contra lo cual yo quiero expresar mi protesta, pues no era esto lo convenido y, además, tampoco se ha respetado la práctica instaurada en la materia. 
Señor Posselt, yo sólo puedo decirle que la Comisión ha decidido aplicar el procedimiento sin informe y, por consiguiente, no existe fundamento alguno para celebrar un debate en el Pleno. 
Señora Presidenta, lo que dice el Sr. Posselt es correcto. 
Examinamos esta cuestión y en su momento pedimos al Sr. Posselt que no la tratara así porque sabíamos muy bien que no sería tratada en la comisión ni, por tanto, en el pleno. 
Por tanto, tiene usted razón al decir que no es serio que se haga sin debate, pero formaba parte del paquete propuesto por usted y ése es el problema. 
Muchas gracias, Sra. Aelvoet. 
Votaciones 
La propuesta se considera aprobada al no existir oposición por escrito de la décima parte de los miembros que integran el Parlamento. 
Yo quiero manifestar mi decidido rechazo contra la presión a la que nos está sometiendo el Consejo en el caso de la ayuda financiera para Bulgaria y Macedonia. 
La aprobación de dicha ayuda financiera no es urgente, puesto que no se trata de una ayuda de emergencia para una población hambrienta. 
En los citados países no acaban de ocurrir catástrofes que hagan necesario el envío inmediato de mantas. 
Aun así, el Consejo acude al Parlamento Europeo en un momento en que no es posible examinar y debatir en las comisiones competentes, ni tampoco en el Pleno, los detalles de la propuesta, elaborar un informe y adoptar una decisión con conocimiento de causa. 
La desconsideración del Consejo hacia el Parlamento Europeo proyecta, por lo tanto, una vez más una luz desfavorable sobre el sistema institucional europeo y hace urgentemente necesaria una revisión a fondo del mismo. 
Una segunda crítica se refiere a las ayudas financieras en sí mismas. 
En el caso que nos ocupa se trata de conceder un préstamo no transparente, destinado a equilibrar los presupuestos de los países en cuestión. 
En el fondo, la única finalidad de estos créditos es garantizar otros créditos concedidos por bancos privados europeos. 
O sea que una vez más se emplearán recursos públicos para evitar que se reduzcan los beneficios privados de los bancos. 
El dinero público se utiliza para lubricar los engranajes de los bancos privados. 
Ésta no es una manera responsable de administrar los fondos de los contribuyentes. 
Por otro lado, los países «favorecidos» continuarán cogidos en la trampa del endeudamiento. 
Por consiguiente, nos encontramos nada menos que ante un golpe de mano en favor de la perpetuación del sistema de dependencia de los bancos. 
Los créditos forman parte de una estrategia global coordinada por el FMI. 
Por esta vía se practica un grado de ingerencia francamente descarado en la política interna de los países afectados. 
En Bulgaria incluso se derribó un gobierno por este tema. 
La política del palo y la zanahoria es sumamente problemática. 
La UE tiene siempre en su mano la posibilidad de cerrar el grifo del dinero si los gobiernos no cumplen e impulsan exactamente el tipo de política financiera y monetaria que se juzga adecuada en Washington y Bruselas. 
Nuestro Grupo político no se opone en modo alguno por principio a las ayudas financieras a Bulgaria y Macedonia. 
Pero éstas no deberían servir para garantizar los beneficios de los bancos, sino que deberían llegar a los países y a las poblaciones afectadas y contribuir de un modo transparente a la recuperación de unos sistemas económicos en dificultades. 
La urgencia se ha impuesto sin debate- ni en la comisión competente, ni en el Pleno- dejando de lado al Parlamento. 
La presente ayuda financiera es una ayuda de emergencia destinada a liquidar las deudas contraídas por los citados países como parte del ajuste realizado para cumplir los criterios exigidos por el FMI. 
Estos fondos no beneficiarán en absoluto a la población de dichos países, sino que se traspasarán de un banco a otro. 
El documento de la Comisión señala que el desembolso sólo tendrá lugar una vez que los países afectados hayan saldado la mayor proporción posible de sus deudas. 
En el fondo, estos fondos públicos sólo irán a alimentar el sistema bancario privado y arrastrarán a los países afectados hacia una trampa de endeudamiento permanente. 
Los Verdes pedimos unas medidas de apoyo creíbles, que incluyan ayudas estructurales para proyectos de desarrollo sostenible. 
No se está favoreciendo el desarrollo democrático de los países en proceso de transformación cuando una gran parte de los logros de su política económica van a parar a los bancos de los países occidentales. 
¿Cuándo se demostrará por fin la voluntad de avanzar hacia un sistema humano de relaciones económicas internacionales? 
Yo abandoné el hemiciclo después de la votación de este punto y, por consiguiente, no participé en el posterior debate sobre la observancia del Reglamento. 
No obstante, no considero que la participación en dicho debate sea decisiva para dirimir la legitimidad de la presentación de una explicación de voto por escrito, puesto que, como ya he señalado, yo participé en la votación y el citado debate sobre la observancia del Reglamento tuvo lugar después de que se hubiese anunciado ya el debate del informe de la Sra. Magda Aelvoet. 
Informe Cox (A4-0206/97) 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe del Sr. Cox. 
La propuesta autoriza a los Estados miembros a aplicar una serie de exenciones y reducciones de tipos del impuesto especial hasta el 31 de diciembre de 1998 y deja sin efecto otra serie de exenciones y reducciones a partir del 31 de diciembre de 1996. 
A los socialdemócratas daneses nos gustaría que la Directiva 92/81/CEE, que es el fundamento jurídico de la presente propuesta de decisión, fuese modificada lo antes posible, para que se permitiese a los Estados miembros establecer un impuesto especial sobre los aceites minerales que se suministran como carburantes para motores de buques comerciales especialmente contaminantes en aguas comunitarias. 
Debe suprimirse lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva del Consejo 92/81/CEE, a fin de que los Estados miembros puedan establecer un impuesto especial sobre los carburantes utilizados, por ejemplo, en transbordadores del tipo catamarán. 
Estos transportadores son la causa de una contaminación acústica y del medio ambiente importante y de la perturbación de la vida animal, representan un peligro para los otros buques que navegan en alta mar y molestan a los bañistas. 
Los socialdemócratas daneses desean que el transporte de mercancías y de pasajeros sea transferido de los transbordadores del tipo catamarán y otros buques rápidos a otros navíos menos perjudiciales para el medio ambiente. 
El Grupo del PPE está de acuerdo con el ponente. 
Es decir, que también nosotros pedimos que no se apruebe ningún procedimiento de revisión que tenga como consecuencia una prórroga indefinida de las exenciones. 
Según el Grupo del PPE, es muy importante que se aclare cuándo acaban todas las reducciones o exenciones existentes de tipos de impuestos especiales. 
Si los Estados miembros quieren prorrogar las exenciones o las reducciones de un tipo de impuesto especial, habrán de motivarlo aportando buenas razones. 
Estas razones no deben ser contrarias a los principios del mercado interior, la competencia leal y una política medioambiental sostenible. 
Si se hacen demasiadas excepciones que no cumplan estas tres condiciones, el mercado interior no podrá funcionar. 
Por ello, mi Grupo considera evidente que la fijación de tipos de impuestos especiales no puede dejarse en manos de los Estados miembros. 
La Comisión se pronuncia en su informe sobre muchas cosas relativamente pequeñas, pero no sobre cuestiones esenciales, como el carácter excepcional del tipo de impuesto especial sobre el combustible para la aviación y la navegación profesional. 
Me he enterado de que la Comisión va a elaborar una nueva propuesta sobre los tipos de impuestos especiales sobre los hidrocarburos; me pregunto de qué sirve entonces el presente documento. 
Quizás el Comisario pueda aclararnos la cuestión. 
No puedo por menos de plantear otra cuestión. 
Cuando observo que en el transcurso de los años se han otorgado por lo menos 70 exenciones o excepciones encaminadas a objetivos políticos diversos y a menudo ni siquiera convincentes, me asombra que la Comisión se muestre tan reacia a admitir un tipo de IVA reducido para los servicios con elevada intensidad de mano de obra, que podría fomentar el empleo en los sectores sensibles. 
Quizás la Comisión pueda por fin tomarse en serio esta consideración, a la luz de las muchas excepciones que se han establecido en este terreno. 
Volviendo a las excepciones de tipos de impuestos especiales, en la próxima reunión del Consejo ECOFIN ha de decidirse por unanimidad sobre un nuevo paquete de solicitudes al respecto. 
Parece ser que todas han sido aprobadas salvo las dos holandesas. 
Los Países Bajos quieren aumentar los impuestos especiales para el combustible a partir del 1 de julio de 1997, salvo para los camiones pesados (diesel morado). 
Además, se aumentará menos el tipo de impuesto especial para la gasolina en las regiones fronterizas que en el resto de los Países Bajos (la llamada zona Zalm). 
Comprendo que no estén de acuerdo con ello. 
Con tal zona (Zalm) no surge una única diferencia en el mercado interior, sino varias a la vez y dentro de un solo país. 
Si el gobierno no puede argumentar mejor esta solicitud, como pide el Parlamento en su resolución, espero que no se acceda a ella con respecto a la zona Zalm. 
Supondría una nueva barrera comercial y ya tenemos suficientes. 
Informe Pack (A4-0197/97) 
Compartimos la opinión de que el deporte tiene un papel importante para el desarrollo de los jóvenes, pero también para la salud de toda la población. 
En cambio, esto no quiere decir que estemos de acuerdo en que la UE tenga que participar en una rama especial de la política del deporte, ya sea en la del de élite o la del que practican los jóvenes en general. 
La actividad deportiva de los ciudadanos apenas necesita regulación dentro de la esfera política. 
La responsabilidad principal sobre el deporte la detentan las organizaciones deportivas, y así debe seguir siendo. 
Estas organizaciones han construido por sí solas una amplia cooperación internacional, con organismos de cooperación a nivel global y regional que se apoyan en estructuras locales y nacionales. 
Las organizaciones deportivas han demostrado ser capaces, sin la intervención de políticas de signo supranacional, de poner en pie unos magníficos acontecimientos internacionales como son la Copa Europea de Fútbol, la Mundial y los Juegos Olímpicos. 
Debemos permitir que estas fuerzas trabajen en paz. 
También es importante subrayar que el deporte de los jóvenes es en su totalidad responsabilidad de los padres y la familia, quienes constituyen la instancia más cercana en la cadena de la subsidiariedad. 
Los grandes proyectos deportivos europeos no entran dentro del marco en el que la Unión debe desarrollar sus trabajos. 
El deporte es una de las actividades humanas más practicadas. 
Ya sea por motivos económicos o por placer, de forma regular u ocasional, millones de personas participan en las diversas actividades deportivas que se ofrecen en la Unión. 
Ahora bien, a pesar del entusiasta discurso de la Comisión sobre el deporte, el simple diputado europeo que soy teme que sólo se trate de una cortina para ocultar la falta de medios jurídicos y financieros, la dispersión que confirma la falta de visión de conjunto y la debilidad de los Tratados, donde no se hace ninguna mención al deporte. 
Por consiguiente, acojo con fervor y reconocimiento este informe excelente de nuestra colega, la Sra. Pack. 
El momento es de los más oportunos ya que podemos esperar la posibilidad de presionar al mismo tiempo a nuestros gobiernos y a la Comisión para que la CIG acepte el reconocimiento del deporte como tal, y no sólo a través del capítulo presupuestario «información y comunicación». 
El deporte, como lo ha planteado involuntariamente la sentencia Bosman, no es una simple actividad económica que se ha de tratar según las reglas de la competencia. 
También, y sobre todo, es un ámbito que permite un acercamiento de culturas y nacionalidades diferentes, que contribuye a la integración social de los discapacitados y en el que espectadores y deportistas son iguales entre sí. 
El deporte reúne a muchas personas en el seno de organizaciones y asociaciones, en las que éstas se encuentran comprometidas en redes culturales y en las que practican la responsabilidad democrática. 
Por consiguiente, es hora de que nos dotemos de los medios adecuados a nuestras ambiciones. 
Por ello apoyo y aplaudo el informe de la Sra. Pack. 
Deseo que esta Asamblea haga lo mismo. 
No cabe ninguna duda de la importancia del deporte y del interés que la mayoría de los ciudadanos de la UE siente por el deporte. 
Pero no coincido con la ponente en que sea necesario un artículo sobre el tema en el Tratado de la UE. 
Pienso que las decisiones dentro de este sector deben tomarse a nivel nacional. 
No puedo dar mi respaldo a la enmienda nº 3 del Grupo socialista, puesto que su contenido pretende prohibir las ayudas públicas a las asociaciones de jugadores profesionales. 
En Suecia no existe una división entre asociaciones de jugadores profesionales y no profesionales, sino que todos se hallan dentro de un mismo organismo. 
Si esto se adoptara como norma de la UE, se destruiría el engranaje en el que se basa la actividad deportiva sueca. 
En cambio, considero positivo que el sector público dé unas ayudas, ya que esto hace que las asociaciones se mantengan independientes. 
El deporte es tan importante, también para los jóvenes, que su práctica no debe depender de que se consigan patrocinadores. 
Hasta el día de hoy, desafortunadamente, el deporte se ha visto abandonado en nuestros Tratados. 
Este extraordinario instrumento de cohesión social, de educación, de prevención de la delincuencia y de creación de empleo debe movilizar actualmente toda nuestra energía. 
En el seno de la Unión, más de 100 millones de europeos practican deporte, a través de decenas de miles de círculos deportivos, y no existía visión de conjunto de la acción a realizar a nivel comunitario. 
El excelente informe de la Sra. Pack tiene el mérito de hacer una notable síntesis sobre un tema que afecta a múltiples ámbitos. 
Se considera con demasiada frecuencia al deporte como una actividad lúdica y no como un elemento social, médico, cultural y económico esencial. 
Una buena política deportiva, por su componente integrador y educativo, puede limitar el gasto social. 
El deporte es un medio de educación individual, colectivo y que permite desarrollar también la apertura europea. 
El deporte es la primera forma para que un joven conozca y respete su cuerpo, y va a permitirle en el futuro aprender a respetar a un adversario y las reglas de la vida en sociedad, desarrollar su energía en equipo sin distinción de origen, formación o lengua, y finalmente estrechar lazos en el seno de la Unión. 
Sin volver sobre el principio de subsidiariedad, debemos apoyar las iniciativas propuestas por la Sra. Pack que reafirman las acciones piloto ya emprendidas. 
Cada uno de los países de la Unión tiene sus particularidades y se habla con frecuencia de un modelo inglés. 
La Francia deportiva tiene ventajas pero también carencias y, de creer a nuestros amigos de la Unión, los franceses son malos en deporte a causa quizá de un fuerte absentismo de los alumnos en la escuela, del orden de un 15 % en una disciplina que, sin embargo, es obligatoria como el deporte. 
Deseo que se lleven a cabo intercambios en el interior de la Comunidad, no sólo para observar las experiencias, sino también para inspirar y no imponer algunas medidas. 
Como conclusión, desearía que se concediera una atención particular a la práctica del deporte en el entorno rural, que presenta mayor dificultad. 
En muchos lugares del campo, las infraestructuras siguen estando con frecuencia alejadas de los jóvenes y centradas en una única disciplina. 
En los pueblos, las distintas formas de diversión son escasas y el deporte puede ser un excelente medio para estrechar los lazos de convivencia entre las personas, para ayudarles también a encontrar un empleo y evitar que abandonen nuestro importante tejido rural. 
En unas regiones cada vez más abandonadas, el deporte permanece así como un punto de anclaje, que permite también expresar la identidad de la población. 
Sí, desde nuestro pueblo hasta Europa, el deporte es un poderoso vector de unión y cohesión que debemos estimular decididamente. 
Más de 100 millones de ciudadanos europeos practican deporte, y pensando en la amplia afición a presenciar deportes en calidad de espectadores, puede decirse que el deporte, en toda su dimensión, es un verdadero movimiento popular. 
Es también un importante factor económico y una fuente generadora de empleo. 
Por ello resulta totalmente insólito que no se mencione en modo alguno en el Tratado de la UE. 
Esto, por su parte, ha conducido a que en la UE no exista un visión de conjunto sobre la actividad del sector del deporte. 
El proceso de toma de decisiones de otros muchos sectores puede llegar a influir en gran medida en la situación del deporte. 
Es el caso de ejemplos como la sentencia Bosman sobre pagos de traspasos como obstáculo a la libre circulación o la recientemente aprobada directiva sobre televisión relativa a la limitación de los derechos de retransmisión de acontecimientos importantes en defensa de los derechos de los ciudadanos. 
Naturalmente, el deporte es ante todo una cuestión nacional y la principal responsabilidad corresponde al sector del deporte y a las autoridades nacionales. 
Sin embargo, a nivel de la UE debe fomentarse este ámbito que tanto interesa a los ciudadanos. 
En la cooperación se pueden reforzar los efectos positivos del deporte y reducir los problemas a él ligados. 
En mi opinión, el deporte no necesita un artículo propio, pero lo natural sería incluirlo con una mención especial dentro del campo de actuación del artículo de cultura. 
De esta forma, la actividad de la Unión sería, por su carácter, complementaria de la política nacional, no rectora. 
La Comisión debería elaborar un Libro Verde sobre el ámbito del deporte y crear un grupo especial para definir unas líneas de desarrollo global. 
En la audiencia sobre el deporte celebrada en la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo se puso claramente de manifiesto la preocupación común por la disminución de la educación física de los jóvenes en los diferentes países miembros y por el efecto perjudicial para la salud de los niños y jóvenes de una situación que está empeorando. 
Los resultados de varias investigaciones recientes refuerzan la idea de la gran importancia que reviste el deporte y la educación física para un crecimiento físico y psíquico sano de niños y jóvenes. 
Los clubes deportivos y las escuelas deben llevar a cabo una mayor cooperación en favor de los jóvenes. 
Hasta este momento, el interés a nivel comunitario se ha centrado únicamente en el deporte profesional, entendido principalmente como una actividad económica. 
Sin embargo, en el funcionamiento de la UE el deporte debe verse ante todo como una actividad cultural, educativa y social, que debe ser apoyada y fomentada también mediante una financiación presupuestaria. 
Señora Presidenta, sólo una pregunta. 
¿Está permitido realizar explicaciones de voto sin haber participado en las votaciones? 
Al menos dos terceras partes de las que usted ha citado corresponden a diputados que no participaron en las votaciones. 
Claro está que podría pasarlo por alto, ¡pero me parece un descaro! 
Muchas gracias por su indicación. 
Se harán las verificaciones necesarias. 
Con motivo de las afirmaciones de la Sra. Pack, deseo expresar que coincido con su opinión de que resulta extraño que se presenten explicaciones de voto cuando los diputados no se encuentran presentes. 
Pero dado que las explicaciones de voto deben presentarse antes de que se hayan terminado en la cámara los debates sobre los informes, sucede que se presentan explicaciones de voto por escrito si, por ejemplo, se ha fijado la votación para la hora del almuerzo del jueves. Esto hace que, en caso de que la votación se haga en varios turnos, queden las explicaciones de votos de colegas que por motivos diversos ya no están presentes. 
Esto no se debe al hecho de que los diputados ya no se encuentren aquí, sino a que las normas son un poco artificiosas. 
Muchas gracias. 
Se verificará este punto. 
Señora Presidenta, planteo una cuestión de orden. 
Van a comprobar ustedes esta cuestión, pero no veo muy bien de qué forma van a hacerlo, pues no saben ustedes quiénes están presentes para luego poder comparar esos nombres con los de las personas que han formulado explicaciones de voto. 
Sugiero que efectuemos una votación nominal y de esta manera tendrá usted una lista sobre cuya base podrá efectuar la comprobación. 
Señora Presidenta, yo no quisiera alargar la discusión, pero en una explicación de voto se explican las razones por las que uno ha votado en uno u otro sentido. 
Si no se ha votado, tampoco se puede presentar una explicación de voto ¡y punto! 
Ya llevamos cinco minutos de retraso; no obstante, recogiendo la propuesta del Sr. Tomlinson, podríamos proceder a una votación nominal para verificar los diputados presentes en el hemiciclo. 
¿La Asamblea está de acuerdo en que así se haga? 
Señora Presidenta, todos los presentes han podido ver cómo varias personas que estaban presentes en la votación han abandonado la sala. 
Por tanto, si usted lo permite ahora, será demasiado tarde. 
Perdóneme, pero esto no ofrece una imagen justa. 
Señora Presidenta, me sorprende un poco esta propuesta. 
Quisiera saber en qué artículo del Reglamento se basa usted para solicitar una votación que podríamos calificar casi de control policial, como se diría vulgarmente, con el objeto de supervisar la asistencia. 
Las votaciones nominales tienen por objeto asegurarse de que los diputados votan en uno u otro sentido. 
Que yo sepa, hasta hoy, la función de la Presidencia no es pasar lista como en clase. 
Se ha solicitado que se proceda a una votación nominal para verificar los diputados presentes en el hemiciclo. 
En cualquier caso, ésta sólo permitirá verificar quién se encuentra presente en el hemiciclo en este instante preciso. 
(La Asamblea expresa su acuerdo con que se proceda a una votación nominal y la Presidenta ordena que se proceda a la misma) El número de los presentes constará en Acta. 
Sin embargo, este resultado no permite deducir retroactivamente el número de diputados que se encontraban presentes hace diez minutos. 
Señora Presidenta, deseo únicamente señalar que no he participado en la votación, a pesar de que estaba presente, puesto que me parece que por primera vez en este Parlamento votamos algo que no es nada. 
¿Qué hemos votado? 
No se puede proceder a una votación que carece de objeto. 
Muchas gracias. 
Tal como ya he aclarado antes, sólo hemos verificado los diputados que estaban presentes en el hemiciclo en un instante preciso. 
La Asamblea así lo ha querido. 
Señora Presidenta, yo quisiera advertir que ninguno de los diputados que han presentado explicaciones de voto estaban autorizados a hacerlo, puesto que tal como se ha demostrado ninguno de ellos se encontraba en el hemiciclo y tampoco se ha verificado su presencia. 
Por consiguiente, dichas explicaciones de voto no pueden constar, toda vez que, de conformidad con el artículo 122 de nuestro Reglamento- tal como ha señalado acertadamente la Sra. Pack -, la presencia de sus autores es indispensable y ésta no se ha comprobado y, obviamente, la votación nominal tampoco ha permitido verificarla. 
Por lo tanto, debe considerarse que se trata de una votación sin explicaciones de voto. 
Muchas gracias, Sr. Nassauer. 
Yo sólo quisiera señalar una vez más que la votación que acabamos de realizar no puede tener ningún efecto retroactivo. 
Señora Presidenta, no puedo constatar ninguna Geschäfsordnungswidrigkeit. 
El artículo 118 dice: » Se dejará constancia del resultado de las votaciones». 
El artículo 118 no dice cómo se dejará constancia. Por tanto, si pide usted una votación electrónica, está en su derecho, puede dejar constancia como quiera, con o sin nombre. 
Señora Presidenta, durante la votación del informe, ha hecho usted que se procediera a una serie de verificaciones de votación. 
Entonces éramos 178. 
Acaba de hacer que se cuente la sala, y somos 151 ó 152. 
Muy vivo será el que sepa quienes estaban y ya no están. 
Dicho de otro modo, esta verificación no ha servido para nada. 
No podemos continuar debatiendo este asunto durante horas. 
Yo voy a conceder otros cuatro turnos de uso de la palabra y a continuación se procederá al debate del informe de la Sra. Aelvoet. 
Señora Presidenta, me sumo a lo que ha sugerido el Sr. Tomlinson. 
Tengo la impresión de que esta mañana se ha deslizado algún error en los preparativos del PPE para la votación. 
Todavía no ha tenido lugar la votación nominal, y algunos de los aquí presentes estamos esperando pacientemente para votar. 
Señora Presidenta, creo que ya hemos proporcionado suficiente diversión para los que siguen nuestros debates desde la galería, y sugiero que sigamos adelante con nuestro programa de trabajo y que instituyamos de nuevo cierto orden y concierto en nuestros debates. 
Señora Presidenta, esta sesión está demostrando que nunca podemos tomar en serio las sesiones del viernes por la mañana. 
Por lo tanto, me voy. 
(Reacciones diversas) 
Yo quiero manifestar mi desacuerdo con la intervención del Sr. Cars. 
Tenemos el deber y la responsabilidad de estar presentes aquí el viernes, como todos los demás días de la semana. 
Fuimos elegidos para contribuir a los trabajos de la Asamblea, no para que nos ausentemos. 
Yo le deseo que tenga un buen viaje, Sr. Cars, pero usted ya no es un diputado. 
(Aplausos) 
Artículo 366 bis del Convenio de Lomé IV 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0175/97) de la Sra. Aelvoet, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0069- C4-0045/97-96/0050 (AVC) ) relativa a un procedimiento marco de aplicación del artículo 366 bis del Cuarto Convenio de Lomé. 
Señora Presidenta, el Consejo pide que emitamos nuestro dictamen conforme para una propuesta de decisión relativa al procedimiento de aplicación del artículo 366 bis del Convenio de Lomé IV. 
El pasado 15 de abril, la Comisión de Desarrollo y Cooperación aprobó mi propuesta de presentar un informe provisional de acuerdo con el apartado 3 del artículo 80 de nuestro Reglamento. 
La primera vez que se incluyó una cláusula sobre los derechos humanos en la parte dispositiva del Convenio de Lomé fue en 1989. 
Se trataba de Lomé IV. De hecho, se atendía con ello a una constelación geopolítica totalmente nueva, en el sentido de que desde la caída del muro el uso y también el compromiso con los derechos humanos en los acuerdos internacionales podía convertirse en el pan nuestro de cada día. 
Fue en 1991, es decir dos años más tarde, cuando el Consejo aprobó una resolución no sólo sobre una cláusula relativa a los derechos humanos, sino también sobre los principios democráticos y el desarrollo. 
Sobre estos tres temas se aprobó después una extensa resolución. 
Un año más tarde, en las negociaciones y finalmente con la aprobación del Tratado de Maastricht, se ratificó esta voluntad política al incluir una cláusula relativa a los derechos humanos en el artículo 130 U. En ese momento, la cláusula sobre los derechos humanos era considerada como una parte tanto de los objetivos generales de la cooperación al desarrollo como de la política exterior y de seguridad común. 
A partir de 1992 vemos que también los derechos humanos y los principios democráticos son considerados como parte esencial de la política exterior. 
En realidad observamos una gradación: primero un reconocimiento, la inclusión en el Tratado y luego la consideración como parte esencial de la política. 
En 1995, en su documento nº 216, la Comisión incluyó una comunicación en que no sólo se refería a ello, sino que incluso abría la posibilidad de suspender inmediatamente un acuerdo internacional, sin ni siquiera iniciar el procedimiento para la conciliación de disputas, cuando se tratara de una cuestión importante y muy urgente. 
En lo que respecta al núcleo de la cuestión, en relación con la decisión de examinamos hoy, la Comisión de Desarrollo y Cooperación propone diversas modificaciones, es decir, diversas recomendaciones del Parlamento, que se desvían de lo que propone el Consejo. 
En primer lugar, en los considerandos se remite expresamente a una serie de acuerdos internacionales que podrían permitir la aplicación de todo el concepto en el sentido más amplio posible. 
En segundo lugar, el Parlamento desea que, para poner en marcha el procedimiento, no sólo pueda tomar una iniciativa la Comisión o un Estado miembro, sino también el propio Parlamento Europeo. 
Una segunda modificación importante es que la Comisión de Desarrollo y Cooperación considera que el Consejo ha de decidir no por unanimidad, sino por mayoría cualificada, y que al hacerlo debe contar con el dictamen conforme del Parlamento. 
Pedimos el dictamen conforme del Parlamento y una decisión por mayoría cualificada. 
Por último, consideramos que es necesario que se mencione la reanudación de la ayuda, de la cooperación, pervio informe de evaluación de la Comisión, sobre el cual el Consejo vuelva a decidir por mayoría cualificada, previo dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
Esta es básicamente la posición de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Señora Presidenta, como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, estoy muy satisfecho del contenido del informe. 
La Sra. Aelvoet, con la modestia que la caracteriza, ya lo ha dicho. 
Considero que es un informe de trascendental importancia para el futuro. Porque, por fin, se condicionan los derechos humanos y la democracia a formas de cooperación. 
En estrecha colaboración con diferentes comisiones se ha elaborado un informe que supone el primer paso para iniciar un proceso de negociación con el Consejo. 
Al elegir el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 80, el Parlamento puede presentar propuestas de modificación en respuesta a una solicitud de emisión de un dictamen conforme sobre un acuerdo que normalmente sólo se puede aprobar o rechazar y respecto al cual no hay posibilidad de enmiendas. 
Estas propuestas de modificación son necesarias aunque la propuesta de la Comisión suponga en principio un paso adelante. 
Hablamos aquí de una propuesta de procedimiento para determinar qué vía ha de seguirse si uno de los países de Lomé incumple los elementos esenciales de un Convenio de Lomé. 
Estos elementos esenciales de los Convenios de Lomé son la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. 
La opción de suspender la cooperación ha de basarse en criterios claros y los procedimientos han de ser transparentes para los países asociados y parecer justos. 
En principio, la Comisión de asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa aplaude la propuesta de la Comisión Europea de fijar procesalmente la aplicación de la llamada cláusula de democracia. 
La claridad y la transparencia son esenciales en una buena política exterior y de derechos humanos. 
Nuestro socios- que, como ya he dicho, en este contexto son los países de Lomé- tienen derecho a saber qué les espera. 
La consulta sobre la adopción de sanciones es uno de los principios de la asociación, pero además a menudo es un instrumento eficaz. 
La transparencia exige también claridad en relación con los criterios sobre cuya base se suspende la cooperación. 
La propuesta de la Comisión no dice nada al respecto. 
El Parlamento ha de llenar esta laguna. 
El respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del «estado de derecho» , como proponen las enmiendas, merece nuestro pleno apoyo. 
Me pregunto si durante el procedimiento de negociación con el Consejo no habrá que incluir también el respeto de la inviolabilidad territorial de terceros países. 
En cuanto a la toma de decisiones, la Comisión de Asuntos Exteriores aplaude la propuesta de la Comisión Europea de que la toma de decisiones final en el Consejo se realice por mayoría cualificada. 
En la Unión ya tenemos demasiada experiencia con la prevalencia de los intereses económicos de uno o varios Estados miembros por encima de la consideración de los derechos humanos. 
Las decisiones por unanimidad hacen que Europa sea impotente y lo hemos visto con demasiada frecuencia. 
Sin embargo, la votación por mayoría no es suficiente. 
La Comisión de Asuntos Exteriores aboga por el derecho del Parlamento a emitir dictamen conforme sobre la suspensión de un Convenio de Lomé. 
Para nosotros, es inaceptable que una cooperación que se ha iniciado con la aprobación del Parlamento se pueda suspender sin implicación alguna del Parlamento Europeo. 
La Comisión de Asuntos Exteriores quiere, además del dictamen conforme sobre la entrada en vigor, también el dictamen conforme sobre la suspensión de la cooperación en un Convenio de Lomé. 
Otra laguna en la propuesta de la Comisión se refiere al procedimiento de finalización de la suspensión. 
La Comisión apenas lo menciona. 
Este aspecto es necesario, incluso urgentemente necesario. 
A fin de cuentas, no queremos que cada suspensión provisional sea definitiva. 
La suspensión provisional ha de tener un efecto corrector y, siguiendo con la lógica anterior del derecho de dictamen conforme, la Comisión de Asuntos Exteriores considera que también su finalización ha de decidirse por mayoría cualificada en el Consejo, a propuesta de la Comisión y con el dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
La Comisión de Asuntos Exteriores espera que el pleno de esta Asamblea apoye las enmiendas propuestas. 
Estas darán más consistencia a la propuesta de la Comisión y ofrecerán mayor claridad a los implicados. 
Hay que abandonar la práctica actual de toma de decisiones ad hoc en el Consejo. 
Aparte de algunos incidentes, la Unión goza de buena reputación en el ámbito de la política de derechos humanos. 
Por lo menos, tiene intención de seguir una buena política. 
La Unión, sobre todo por iniciativa de este Parlamento, busca de forma siempre activa el modo de conseguir que su política sea más eficaz y transparente. 
La cláusula relativa a los derechos humanos supuso un paso adelante, y uno de los grandes problemas en este sentido ha sido la falta de una aplicación unívoca en cuanto al procedimiento y al contenido. 
La actual propuesta supone el primer paso hacia esta aclaración y espero que el Consejo apoye nuestras propuestas. 
Por último, señora Presidenta, considero muy importante señalar, y por ello lo he guardado hasta el final, que a nuestro entender un procedimiento de suspensión como éste no ha de aplicarse tan sólo a los países ACP. 
Esta construcción ha de servir de ejemplo para todos los acuerdos con los demás países. 
Todos los acuerdos necesitan un régimen de suspensión parecido. 
Cuanto más esperemos, más culpables seremos de discriminación. 
Esto es precisamente lo que hemos de evitar en la aplicación de los derechos humanos universales. 
Señora Presidenta, la ponente ha descrito muy adecuadamente los antecedentes de este informe provisional, y no es necesario que me extienda en detalles: la ponente nos ha preparado un excelente informe. 
Lo que sí quisiera es exponer las ideas que teníamos y las recomendaciones en que convinimos cuando examinamos esta cuestión en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
En primer lugar, queremos que la Comisión inserte en el procedimiento propuesto las diversas fases que se han de seguir al examinar la suspensión de las preferencias comerciales en virtud del Convenio de Lomé, en consonancia con las fases seguidas para la suspensión de las preferencias comerciales que prevé el Sistema de Preferencias Generalizadas. 
Esto coincide en gran parte con lo que ha pedido el Sr. Bertens: que contemos con cierto grado de continuidad y de adhesión a determinadas normas generales, para que no se nos pueda acusar de tratamiento discriminatorio. 
Hemos pedido también concretamente que se incluyan artículos que, en caso de suspensión de las preferencias comerciales de Lomé, expongan las circunstancias en que se pueden suspender dichas disposiciones: el proceso de consulta involucrado, la duración y el ámbito de la investigación que efectúe la Comisión, y las modalidades de la propuesta final de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la suspensión de las disposiciones comerciales de Lomé para el país de que se trate. 
También apoyamos sin reservas la propuesta de la Comisión de que las peticiones del Consejo sobre la suspensión con arreglo al artículo 366a se tomen por mayoría cualificada, e insistimos en que, si el Consejo no conviene en el principio de mayoría cualificada en el procedimiento propuesto, entonces haya que consultar de nuevo al Parlamento con carácter de urgencia. 
También pedimos al Consejo y a la Comisión que velen por que haya la necesaria transparencia y coherencia en las medidas de suspensión respecto de países individuales ACP y haya trato igual de los países ACP en comparación con los demás asociados de la Unión Europea para la cooperación. 
Instamos a la Comisión y al Consejo a que velen por que se involucre antes al Parlamento Europeo en todos los casos de suspensión con arreglo al artículo 366a. 
Estimamos que la presencia del Parlamento Europeo durante el período de consulta ha sido de importancia capital. 
Permítanme que reitere dos aspectos importantes que se han planteado en nuestras deliberaciones: primero, que esas decisiones se adopten únicamente por mayoría cualificada en el Consejo y que, si no se acepta esto, que se vuelva a consultar inmediatamente al Parlamento; segundo, que se involucre al Parlamento en todos los casos de suspensión tan pronto como sea posible. 
Agradecería mucho que la Comisión nos confirmara que así se hará. 
Señora Presidenta, Señorías, el Grupo del PPE apoya el presente informe. 
Consideramos que la cláusula relativa a los derechos humanos es una cláusula muy importante en favor de los habitantes de los países en cuestión, puesto que su finalidad no es castigar a las personas, sino a los gobiernos que atenten contra los derechos humanos de sus ciudadanos. 
Por lo tanto, la suspensión del Convenio de Lomé en ese ámbito no constituye una medida contra los países afectados, sino contra los gobiernos que no respeten los derechos humanos. 
Es cierto que la Unión Europea sigue midiendo en este aspecto por un doble rasero y todavía no es plenamente consecuente. 
No obstante, yo no comparto la opinión de quienes afirman que los Estados ACP reciben un trato más severo por principio, sino que pienso que, lamentablemente, lo que ocurre es más bien que con frecuencia intervienen consideraciones geopolíticas y económicas. 
En efecto, lo determinante no es que un país sea miembro del grupo ACP o no, sino si algún Estado miembro tiene determinados intereses allí. 
Debemos superar de una vez para siempre este escollo. 
Debemos desarrollar una política consecuente en materia de derechos humanos ¡y medir a todos por el mismo rasero! 
Señora Presidenta, por lo que puedo juzgar, el informe provisional de la Sra. Aelvoet pretende abordar dos cuestiones: los derechos humanos en los países ACP y la participación y poderes de este Parlamento al respecto. 
A raíz de los sucesos de los últimos dos años en África, todo el mundo está convencido de que la suspensión de la ayuda al desarrollo en muchos casos es una medida muy necesaria, a menudo inevitable y por desgracia no siempre eficaz. 
Pero, por lo general, cabe decir que los países que no se toman en serio el cumplimiento de los derechos humanos también pierden el derecho al desarrollo en sentido amplio. 
Con toda franqueza, hay que decir que la cláusula de derechos humanos forma desde hace mucho tiempo parte importante del Convenio de Lomé. 
Dado que este aspecto ha aparecido sólo después en acuerdos con otros países, no podemos permitir que se juzgue con mayor dureza a los países ACP. 
La propuesta de modificación del procedimiento presentada por la Sra. Aelvoet tiene que basarse en criterios claros. 
También los países en cuestión tienen derecho a la claridad. 
Un paso adelante ha de ser que la toma de decisiones tenga lugar por mayoría cualificada en el Consejo y previo dictamen conforme del Parlamento. 
Este informe provisional de la Sra. Aelvoet, apreciada colega e incansable defensora de los derechos humanos, se ajusta muy bien al actual ambiente de las negociaciones de la CIG. 
Por último, comparto plenamente la opinión del Sr. Bertens de que el enfoque propuesto por la Sra. Aelvoet ha de aplicarse también a otros acuerdo con terceros países. 
Mi Grupo apoya plenamente la propuesta de la Sra. Aelvoet. 
Señora Presidenta, he aquí un informe, el de la Sra. Aelvoet, que viene muy a punto para permitirnos poner de acuerdo nuestros principios con las acciones que planteamos, nuestros discursos con nuestros actos. 
Desde el inicio, la cooperación entre la Unión Europea y los países de África-Caribe-Pacífico está basada, en teoría, en el respeto por los derechos humanos y las libertades. 
Pero este fundamento, tal como muestra la realidad todos los días, sólo es, por desgracia, teórico. 
Finalmente, muchos años después del inicio de esta cooperación, se nos proponen medidas que instauran una condicionalidad de la ayuda o, más bien, que permiten, en la medida en que tenemos ya una tradición de ayuda, suspender nuestras intervenciones si se constatan ataques graves a los derechos humanos y a las libertades individuales en los países beneficiarios de la ayuda. 
Debo añadir que lo que se nos propone no es demasiado vinculante, ya que está previsto un procedimiento de concertación que permite establecer un diálogo con el país para el que se prevé una sanción. 
Por consiguiente, sólo veo ventajas en el dispositivo propuesto, sobre todo porque se ha visto mejorado por el trabajo de la Sra. Aelvoet y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Suscribimos totalmente el espíritu de las enmiendas que la Sra. Aelvoet ha aportado a la propuesta que se nos ha sometido. 
Y pienso principalmente en las enmiendas que pretenden compartir la iniciativa del procedimiento de suspensión con el Parlamento y aplicar la mayoría cualificada a las decisiones del Consejo, ya que, si es preciso requerir la unanimidad, conozco casos en que un solo país, a veces incluso el mío, bloquearía la totalidad del dispositivo que deseamos aplicar. 
Por el contrario, no seguimos a la Sra. Aelvoet cuando nos propuso una lista exhaustiva de los derechos cuya violación provocaría una suspensión de la ayuda, pues nos parece que es necesario atribuir una participación más justa a las diversas situaciones de los países beneficiarios de la ayuda. 
Finalmente, quisiera reclamar la atención de este Parlamento sobre una enmienda de nuestro antiguo colega, Bernard Kouchner, que nos pedía que diéramos prueba de toda la circunspección posible en el recurso al embargo o al bloqueo, ya que hemos podido constatar que son los pueblos los que sufren las consecuencias de estas sanciones, cuando es a las autoridades a quienes deseamos sancionar. 
Creo que el Consejo deberá escuchar las propuestas de modificación del texto que se le han formulado, y creo que si hubiéramos aplicado, en el pasado, un dispositivo así, se hubieran evitado muchas tragedias en África. 
Me parece, para terminar, que nuestra reflexión será completa cuando hayamos propuesto la aplicación de este mecanismo de condicionalidad también a la cooperación bilateral de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en este último minuto quiero centrar la atención en dos cosas. 
En la práctica vemos en efecto cómo la actitud que adopta la Unión frente a los países ACP y los demás países es discriminatoria. 
Se actúa con mayor facilidad contra los países ACP que contra los otros, con una excepción: Birmania. 
En segundo lugar, se establece una gran diferencia en la práctica entre los países ACP ricos y poderosos, y los otros. 
Así, se actúa rápidamente contra Gambia y Niger y muy lentamente en el caso de Nigeria. 
Por último, y es mi última observación, había retirado las enmiendas que no fueron aprobadas en la comisión. 
Ahora, por lo visto, vuelven a presentarse. 
Así pues, lo único que propongo es lo que fue aprobado por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, porque el establecimiento de una distinción en la política de sanciones entre los derechos políticos y los derechos civiles es una cuestión debatida entre los estudiosos de los derechos humanos. 
Pienso que es preferible hacer una declaración política cuando haya más claridad. 
De ahí que hubiese retirado estas enmiendas ante el pleno. 
Por lo visto, ello no ha sido respetado a nivel administrativo. 
Señora Presidenta, la Comisión ha seguido con interés el informe provisional sobre el artículo 366a del Convenio de Lomé, así como la opinión de la Comisión REX y de la de Asuntos Exteriores. 
La Comisión comparte el criterio de que son necesarias unas perspectivas consecuentes y comunes en lo referente a los derechos humanos, los principios democráticos y la seguridad jurídica. 
Por tanto, en breve presentaremos una comunicación al Consejo y al Parlamento en la que aclararemos los principios a seguir y propondremos un procedimiento mas estructurado. 
La propuesta de la Comisión gira en torno al propio procedimiento decisorio dentro de las instituciones europeas. 
Esto no cambia y no puede cambiar el procedimiento establecido por el artículo 366a del Convenio de Lomé, lo cual es importante subrayar. 
Una parte de las enmiendas que propone la Comisión de A. Exteriores harían que la redacción del artículo perdiese sentido. Se trata de la propuesta de solicitar la conformidad de cada país en el procedimiento, especialmente cuando se invita a efectuar consultas al país involucrado y antes de que se aprueben o deroguen las medidas. 
El artículo propone que se adopten medidas adecuadas en situaciones de urgencia o si un país se niega a la celebración de consultas. También se dice que dichas medidas deberán, y cito textualmente: » invalidarse tan pronto como ya no existan los motivos para su adopción». 
No sería posible aplicar estas normas con un procedimiento tan difícil y fatigoso como el que propone la Comisión parlamentaria. Éste también contradeciría los procedimientos normales previstos en los Tratados. 
En cambio, es evidentemente posible analizar qué papel más relevante debe tener el Parlamento en relación con la puesta en práctica de las claúsulas de sanción, es decir, lo que en el texto se denomina la non-executive clause. 
La Comisión está dispuesta a examinar el modo en que esto podría realizarse. 
Muchas gracias, Sra. Gradin. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, unos segundos para decir que, evidentemente, he votado a favor de la propuesta de la Sra. Aelvoet. 
Pero quisiera decir a todos los colegas que han votado a favor de esta propuesta que no se puede disociar la política de los derechos humanos con respecto a los ACP de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 
Creo verdaderamente que la problemática de los derechos humanos está vinculada a nuestra concepción política con respecto a esos países. 
En este sentido, sugeriré a los colegas que han votado a favor de la propuesta de la Sra. Aelvoet que es preciso aplicar la mayoría cualificada en el Consejo y no la unanimidad por lo que respecta a la política exterior y de seguridad. 
A veces se hacen aquí votaciones contradictorias. 
Ayer, una serie de colegas rechazaron nuestra posición sobre la votación por mayoría cualificada para la política exterior y de seguridad. 
Esta votación por mayoría cualificada es necesaria para que seamos coherentes en el plano de la defensa de los derechos humanos. 
Control de biotoxinas marinas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0177/97) del Sr. Macartney, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0464- C4-0547/96-96/0234 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión 93/383/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los laboratorios de referencia para el control de biotoxinas marinas. 
Señora Presidenta, quisiera rendir homenaje a la labor realizada por un excelente laboratorio de referencia en Torry, Aberdeen (Escocia). 
Rara e irónicamente, de esa labor no se ocupa la rama escocesa del Gobierno de Gran Bretaña, sino del Ministerio inglés. 
El historial de ese laboratorio es excelente, y así ha sido reconocido en toda Europa. 
En realidad, en el mencionado Ministerio el laboratorio de referencia de Torry ha sido el que más ha contribuido a la obtención de financiación conjunta de la Comisión Europea. 
La recompensa que ha obtenido por su excelente labor es que ha sido cerrado. 
Ha sido cerrado únicamente por motivos de costo, debido a que el ministerio correspondiente del Gobierno anterior decidió concentrar la actividad al sur de la frontera y cerrar el instituto marino de investigaciones alimentarias de Torry. 
No hace falta decir que todos los afectados quedaron estupefactos. 
Incluso la Comisión Europea expresó su inquietud, y le quedo agradecido por su apoyo. 
El laboratorio de Torry estaba a la vanguardía de las investigaciones sobre, por ejemplo, la salmonella, el botulismo y la E.Coli 0157, y con la preocupación por la salud pública que tan extendida está en estos momentos, era exactamente el tipo de laboratorio que deberíamos haber promovido en vez de cerrarlo. 
Los que venimos de esa zona- y yo represento a esa circunscripción escocesa- nos sentimos indignados por el curso que se ha dado a este asunto. 
Cuando en aquel entonces quise suscitar esta cuestión, se me dijo que la cosa no tenía nada que ver con el Parlamento Europeo e incluso se me criticó por plantearla. 
Lo grande del caso para los especialistas del procedimiento parlamentario es que, de repente, la base jurídica se modifica y un año después, cuando el laboratorio está ya cerrado y es demasiado tarde para cambiar la situación, al Parlamento se le dice: » Claro que tenía que haber intervenido el Parlamento». 
El mes pasado me dijeron que iba a modificarse la base jurídica y la cuestión llegó ante la Comisión de Pesca el lunes pasado. 
A última hora se nos dijo: » Claro que tenían ustedes derecho a intervenir, se trata de una responsabilidad conjunta para el Parlamento». 
Todo esto hace que la cuestión revista más importancia que el simple destino de un laboratorio en algún lugar de Europa. 
El personal del laboratorio se ha dispersado por los cuatro puntos cardinales. 
Algunos de los investigadores han ido a York, otros a Norwich. 
Algunos se han exiliado a Inglaterra y, en algunos casos, han perdido su puesto de trabajo. 
Debo decir con satisfacción que parte de los trabajos se siguen desarrollando en la misma región, tras una intensa campaña, y que en la zona de Aberdeen están ubicadas cinco dependencias diferentes que se han hecho cargo de algunos de los trabajos que antes realizaba el laboratorio. 
Quisiera creer que el espíritu de Torry no ha desaparecido, aunque este caso es un ejemplo de la forma en que los Estados miembros se pueden mofar de la subsidiariedad. Les basta con decir: » Es decisión nuestra, vosotros no tenéis nada que ver con esta cuestión». 
Me parece que éste es el tipo de decisiones en que el Parlamento tendría que intervenir en el futuro. 
Sea como fuere, todas estas son cosas que han pasado ya y quisiera acabar mi intervención rindiendo homenaje a toda la labor del laboratorio. 
La necesidad de dicha labor seguirá manifestándose en el futuro, no solamente en Escocia sino en toda Europa sobre una base cooperativa. 
Éste es un informe muy técnico pero muy importante, pues trata de la cuestión de la higiene y la seguridad alimentarias. 
Hace apenas un par de meses un grupo de científicos alemanes descubrieron una extraña enfermedad de los salmones. 
El mes pasado se publicó en un periódico de los Países Bajos un artículo que decía: » Han pasado las vacas locas, ahora los que están locos son los salmones». 
Al parecer se ha descubierto una enfermedad en el cerebro de los salmones que es análoga a la que ocasionó la tragedia de la EBE. 
Por eso es importante que mantengamos la labor de instituciones como el Instituto de Torry, y que velemos por que la higiene alimentaria en el pescado sea lo mejor posible. 
El Instituto de Torry es un excelente instituto. 
Como ha dicho el Sr. Macartney, ha sido una víctima de los crueles cortes presupuestarios de los conservadores. 
También ha sido una víctima de la privatización, pues constituyeron una empresa privada para que se ocupase de los aspectos de la investigación piscícola. 
El cierre del laboratorio provocó estruendosas manifestaciones de descontento entre los diputados de todos los grupos políticos. Todo esto ha exasperado a esa comunidad situada al nordeste de Escocia. 
Me alegra mucho que la Comisión esté modificando ahora la base jurídica para que, en el futuro, la Comisión de Pesca participe en este tipo de discusiones. 
Particularmente cuando estamos en tratos con los Estados miembros, se pedirá a la Comisión de Pesca que comunique su parecer y su opinión. 
También hay un problema de transparencia involucrado en esta cuestión. 
Sólo podemos conseguir que haya más transparencia si podemos intervenir. 
El Grupo Socialista está muy satisfecho de que se modifique la base jurídica. 
Esperamos tener en el futuro una provechosa colaboración con el Comisario que se encargue de los asuntos de pesca, en cuestiones como ésta. 
Apoyo este informe en nombre del Grupo Socialista. 
Señor Presidente, la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina proyecta ahora efectivamente también su sombra sobre la pesca, si bien en este caso en un sentido positivo. 
El Presidente de la Comisión, Jacques Santer, aseguró ante el Parlamento Europeo en febrero de este año, como reacción frente a la citada crisis de la EEB, que las decisiones legislativas sobre temas veterinarios se adoptarían en el futuro en el marco del procedimiento de codecisión. 
La Comisión quedó comprometida de ese modo ante el Parlamento a aplicar también a las propuestas que afectan a la salud pública el procedimiento de codecisión previsto en el artículo 101a del Tratado de Maastricht. 
Dicho procedimiento se ha aplicado efectivamente ahora por primera vez en relación con la Directiva que establece las normas en materia de higiene y de carácter sanitario en el ámbito de la pesca, concretamente, en el caso que nos ocupa, por lo que respecta al control de biotoxinas marinas en la producción y comercialización de moluscos bivalvos y productos pesqueros vivos. 
Esto podría constituir un precedente en virtud del cual la codecisión pase a ser también el principal procedimiento de decisión aplicado en relación con la pesca. 
Así lo solicitamos, en todo caso, ante la Conferencia Intergubernamental para el desarrollo de los Tratados de Maastricht. 
Desde luego los 15 Gobiernos de la UE ya no podrán cerrarse ahora a abordar este tema en Amsterdam. 
Por lo que respecta al contenido del informe, la propuesta prevé la adopción de dos decisiones. 
En primer lugar, la relativa a la aplicación de las disposiciones sanitarias para la producción y comercialización de los citados moluscos bivalvos y productos pesqueros vivos. 
Cada Estado miembro debe designar con este objeto un laboratorio nacional de referencia, competente en particular para el control de biotoxinas marinas. 
Gran Bretaña por fin vuelve a cumplir dicho requisito. 
En segundo lugar, la Comisión propone que se simplifique el procedimiento que debe seguirse en estos casos. 
En el futuro, se limitará a informar al Parlamento cuando únicamente se solicite un cambio en la dirección de los laboratorios nacionales de referencia. 
Es una propuesta que, a mi parecer, se justifica por sí misma. 
La Comisión de Pesca también la aprobó con unanimidad, a condición de que no peligre el cumplimiento del principio de fondo, o sea, la permanente presencia de un laboratorio de estas características en un Estado miembro. 
Yo debo añadir que el modo de proceder que decidió seguir Gran Bretaña en este caso es fundamentalmente contrario al procedimiento establecido. 
Yo comprendo la decepción de mis colegas, pero no obstante me alegro de que, tras perseverantes negociaciones, finalmente haya sido posible alcanzar a pesar de todo- así lo espero- una solución adecuada. 
Señor Presidente, me alegra que estemos discutiendo hoy el informe del Sr. Macartney. 
El informe plantea una cuestión importantísima. 
¿Por qué la Comisión no pensó desde el principio en la posibilidad de permitir que los Gobiernos de los Estados miembros pudieran modificar la lista de los diversos centros científicos que quedarían reconocidos? 
Me parece realmente extraordinario que, cuando la Comisión redactó su propuesta inicial, no incluyera ninguna disposición que permitiera efectuar este tipo de cambio de poquísima importancia que afecta a un Estado miembro sin tener que recurrir al proceso íntegro de consulta. 
Dicho lo que antecede, me hago cargo de lo que han dicho los Sres. Macartney y McMahon: esta cuestión ha provocado muchísimos trastornos y mucha indignación entre todos los afectados en Escocia. 
He de declarar que tengo un interés oficial en esta cuestión, pues soy Presidente de una parte de una organización que ha tenido que hacerse cargo de algunos de los investigadores que trabajaban en el antiguo Instituto de Investigaciones de Torry. 
Lo que me preocupa principalmente- y no sé si en algún momento habrá una respuesta de la Comisión sobre el particular- es saber de qué forma los nuevos arreglos que el Presidente de la Comisión ha anunciado en materia de seguridad alimentaria y la supervisión de la seguridad alimentaria se relacionarán con las demás partes y los demás organismos de la Unión Europea. 
¿Cómo se va a relacionar esta nueva organización alimentaria con una nueva posible entidad del Reino Unido encargada de las nuevas normas en materia de alimentos? 
¿Qué control va a tener respecto de organizaciones como el Instituto de Investigaciones de Torry, que está ahora repartido entre tres o cuatro organismos diferentes? 
Los vínculos entre la Unión Europea y los Estados miembros van a revestir importancia vital en el futuro, y sin embargo no sabemos todavía cómo se van a instituir esos vínculos. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Mandato del Grupo de consejeros para la ética dela biotecnología (GCEB) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral del Sr. De Clercq (B4-0348/97) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sobre la prórroga del mandato del Grupo de Consejeros para la ética de la Biotecnología (GCEB). 
He recibido, para cerrar el debate, dos propuestas de resolución, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar al acabar el debate. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, apreciada señora Comisaria Gradin, como todos sabemos, la biotecnología encierra un enorme potencial que puede redundar en beneficio de la humanidad. 
No obstante, nos llegan noticias que prueban que dicho potencial está asociado a grandes riesgos y plantea considerables problemas éticos, tanto si se trata de la clonación de ovejas como de la noticia de que un médico británico se propone ofrecer en Arabia Saudita la procreación de un hijo de sexo masculino a las parejas que lo pidan o de una secta de Suiza que desea hacer propaganda en favor de la clonación de niños y bebés pagando mucho dinero. 
Este breve número de noticias indica cuáles son los problemas éticos asociados y que se están planteando. 
Constituyen una prueba suficiente de la absoluta necesidad de contar con un Grupo de consejeros para las cuestiones éticas. 
El mandato del Grupo de consejeros para la ética de la biotecnología de la Comisión Europea expira el 31 de julio de 1997. 
Este hecho ha motivado, naturalmente, que en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos nos preguntemos qué ocurrirá después de esa fecha. 
Por esto formulamos las siguientes preguntas: ¿piensa prorrogar la Comisión el mandato de dicho grupo? 
En caso afirmativo, ¿continuará trabajando con su composición, su función y su estructura actuales o tiene previsto modificar la Comisión el mandato de este Grupo de consejeros? 
Lo cual debo añadir que sería deseable. 
Si la Comisión proyecta una modificación del mandato, ¿en qué forma y con qué finalidad se organizará en el futuro el examen de los asuntos relacionados con la ética? 
Y yo añadiría: ¿con cuánta celeridad se hará? 
¿De qué forma tiene previsto la Comisión hacer participar al Parlamento Europeo en la elaboración de una estructura destinada al examen de asuntos de ética en el ámbito de la Unión Europea? 
Yo aguardo con sumo interés las respuestas que nos ofrecerá la señora Comisaria y es posible que vuelva a intervenir en el debate para exponer mi correspondiente respuesta. 
Dada la importancia del tema, yo pienso que no es necesario que vuelva a señalar que me propongo agotar plenamente los cinco minutos que me corresponden para plantear este importante asunto. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, examinamos esta mañana la cuestión de la prolongación del Mandato del Grupo de asesores para los aspectos éticos de la Biotecnología. 
Sabemos que este ámbito de la Biotecnología es un ámbito difícil, tiene una dimensión ética, moral y religiosa. 
A este ámbito se incorporan problemas tecnológicos muy agudos y con frecuencia de difícil comprensión para quien no sea un especialista. 
Finalmente, abordamos, en ese caso, desafíos sociales e industriales considerables. 
Quisiera, en nombre de mi grupo, saludar el trabajo de la Sra. Lenoir y de sus colegas que forman el grupo de asesores. 
Las opiniones de ese grupo han sido muy valiosas en aquellos temas sobre los que la Comisión la ha solicitado. 
A través de las opiniones expresadas, han podido adquirir una autoridad incuestionable tanto técnica como moral. 
Sin duda, no siempre estamos de acuerdo con las opiniones señaladas y ello es normal en una materia tan difícil. 
La práctica de las opiniones individuales (pienso por ejemplo en la del profesor Mieth en el asunto de la patentabilidad de inventos biotecnológicos) ha permitido aportar las respuestas necesarias a esta dificultad, ya que en este tema se trata de iluminar la decisión política y no de ponerse en el lugar de aquellos que toman las decisiones políticas. 
La renovación del mandato de este grupo es sin duda bienvenida. 
Aún hay trabajo que hacer y no dudo de que la Sra. Gradin nos lo confirmará. 
Pero, al mismo tiempo, se trata de aprovechar el plazo de reflexión que sería una renovación del mandato del grupo para afinar más la puesta en marcha de una instancia ulterior. 
Deseamos que la autoridad institucional de esta instancia se vea reconocida y reforzada. 
Sin duda, se nos dice, es difícil reforzar la naturaleza misma de esta instancia, ya que la biotecnología, como tal, no depende de las competencias comunitarias. 
Es exacto y el Tribunal de Justicia lo ha reconocido, es exacto sólo en parte, ya que (y es precisamente por ello por lo que se ha instituido el grupo en primer lugar) la biotecnología afecta a un conjunto de temas que dependen plenamente del ámbito de nuestra acción y del campo de la competencia comunitaria. 
Pido por tanto a la Sra. Gradin y a sus colegas que reflexionen, que retomen la cuestión de la posibilidad de conceder un estatuto reforzado interinstitucional a esta instancia encargada de iluminarnos en los objetivos en materia de biotecnología. 
Deseamos que el Parlamento Europeo esté asociado a la designación de los miembros de la futura instancia. 
No se trata en absoluto de que pensemos politizarla, sino al contrario, garantizar la independencia de la propia instancia y de sus miembros y, al hacerlo, reforzar la autoridad, un poco a imagen de lo que hacemos en el marco de la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas, algo que, en el pasado, permitió evitar algunos nombramientos por demasiado políticos. 
El mandato de esta instancia ha de seguir siendo estrictamente consultivo. 
Sería un error transferir un poder de decisión en la materia a un órgano independiente y cualquiera que sea la autoridad de este órgano por otra parte, en razón de la diversidad de concepciones y culturas éticas de la Unión Europea. 
No existe un espacio bioético europeo unificado. 
Sin duda, necesitamos directivas, referencias, después es necesario que la responsabilidad política de la decisión se vea asumida en el marco institucional democrático que es el nuestro, ello, por supuesto, en un espíritu de laicidad bien entendido, es decir, marcado a la vez por la adhesión a nuestros valores, a los valores que nos son comunes y por el rechazo de la intolerancia e irracionalidad, demasiado frecuentes todavía en este ámbito. 
Señor Presidente, la Comisión propone por su parte que se prolongue el mandato del Grupo de consejeros para la ética de la Biotecnología hasta el fin del año en curso. 
El objetivo es que este grupo, que trabaja bajo la presidencia de la Sra. Léonard, concluya los trabajos iniciados a petición de la Comisión. 
Se trata en primer lugar de la revisión del proyecto para el V Programa Marco para la investigación y el desarrollo. 
Actualmente surgen cada vez más cuestiones de naturaleza ética en relación con los progresos realizados dentro del ámbito biotecnológico. 
La Comisión desea por ello dar un nuevo impulso al Grupo. 
Las nuevas cuestiones que surgen en este terreno afectan a la vida cotidiana de todos los ciudadanos y en consecuencia deberían examinarse más de cerca. 
La Comisión ha invitado por ello al Grupo a que configure un plan para sus futuras actividades. 
En base a este plan podremos dar al Grupo un nuevo mandato, lo cual debería poder hacerse a finales de año. 
Entonces será posible también reforzar su papel, estructura y posición como un equipo ético consultivo e independiente dentro del debate europeo. 
La Comisión está satisfecha con el trabajo realizado por el Grupo hasta la fecha. Al mismo tiempo, es nuestra opinión que debería reforzarse en el futuro, para que esté a la altura de las expectativas que albergan los ciudadanos y que se expresan también en la pregunta que nos dirige el Parlamento. 
Mientras, la Comisión celebrará debates sobre estas cuestiones en el equipo de miembros que se ocupa de las cuestiones de salud de los consumidores. 
Señor Presidente, señora Comisaria Gradin, el momento adecuado para responder a la pregunta hubiese sido, naturalmente, antes de la exposición de la posición del Sr. Cot y no a continuación de la misma, pero yo estoy dispuesto a ser indulgente si usted, señora Comisaria Gradin, escucha con atención también las opiniones de los restantes Grupos políticos del Parlamento sobre el tema. 
Lo repetiré para que conste en el Acta. 
Sólo deseo reiterar, señora Comisaria, que el momento adecuado para su intervención hubiese sido obviamente a continuación de la pregunta de la Sra. Gebhardt, pero estamos dispuestos a ser tolerantes si usted escucha con atención también las intervenciones de los restantes Grupos políticos y sus opiniones sobre este tema. 
Las oportunidades que ofrece la biotecnología son indiscutibles y debemos aprovecharlas, como también debemos asumir nuestra responsabilidad, en nuestra calidad de legisladores, en este ámbito. 
No obstante, sólo será posible aprovechar dichas oportunidades si las personas confían en la tecnología, si saben que existen unos límites éticos bien definidos y motivados que no se traspasarán y si cualquier forma de abuso está sancionada, o sea, castigada. 
En este sentido fue sin duda una buena idea establecer un Grupo de consejeros, de diferente procedencia, es decir, que fuese a la vez pluridisciplinario y también plurinacional. 
Sin embargo, la manera en que ha trabajado dicho grupo ha sido insatisfactoria en opinión de mi Grupo político. 
En primer lugar, le falta transparencia. 
No existe una estructura clara que determine quién debe manifestarse sobre qué cuestiones en el citado grupo de trabajo y, como resultado, es mucho lo que depende de las personas, de la confianza que inspiren las personas que actúan en su nombre y yo debo decir que la confianza en dichas personas, incluida la que lo preside, no se ve precisamente reforzada cuando se presta tan poca atención a la opinión del Parlamento Europeo como ha ocurrido en las últimas semanas. 
En el mes de marzo adoptamos un dictamen inequívoco en relación con la clonación y ahora el Grupo de consejeros ha presentado también su dictamen y resulta que la diferencia entre uno y otro es flagrante. 
El Parlamento Europeo se manifestó por una enorme mayoría en contra de cualquier tipo de clonación, ni siquiera en la fase embrionaria, y queremos que la aplicación del procedimiento seguido con Dolly a los humanos esté penalmente proscrita en todo el mundo y en nuestros Estados miembros como mínimo. 
El Grupo de consejeros, en cambio, se mueve entre dos aguas y sólo prohíbe la implantación en útero, lo cual, a mi parecer, desde luego no concuerda con la posición del Parlamento Europeo. 
Nuestra confianza en el Grupo de consejeros ha mermado un poco por esta causa. 
Ese hecho puede tener consecuencias bien visibles, como ha podido comprobarse en relación con el tema de la manipulación de la dotación genética. 
La directiva sobre patentación de los hallazgos biotecnológicos tampoco salió adelante debido a que en el Comité de Conciliación se adoptó como texto de compromiso una formulación propuesta por el Grupo de consejeros, que sin embargo era claramente contraria a la opinión del Parlamento, que se ha manifestado en contra de la manipulación genética, no durante un período determinado, sino en sí misma. 
Es decir, que no se tomó seriamente en consideración dicha posición. 
En resumen, es preciso que se sepa que el legislador tiene una responsabilidad en relación con este tema y sólo podremos confiar en el Grupo de consejeros si constatamos que se toma seriamente en consideración nuestra opinión. 
Yo también me pregunto cómo es posible justificar que la Comisión transponga en su totalidad los dictámenes del Grupo de consejeros. 
Obviamente se trata de personas altamente cualificadas, pero en el Parlamento también contamos con personas igualmente cualificadas. 
Sólo citaré a título de ejemplo, por lo que respecta a mi Grupo político, al Profesor Casini que ha venido ocupándose durante largo tiempo de estas cuestiones en su calidad de jurista, y al Profesor Trakatellis o la Sra. Heinisch, como científicos. 
En esta Asamblea también contamos con abundantes teólogos y no sólo en nuestro Grupo político. 
¿Posee acaso mayor autoridad como jurista la Sra. Lannoye que los juristas del Parlamento que se ocupan de este tema y cuya autoridad procede del hecho de haber sido elegidos por los ciudadanos? 
Por consiguiente, yo pido a la Comisión que tome más seriamente en consideración nuestros dictámenes que los del Grupo de consejeros. 
Éste puede ofrecer orientaciones, puede señalar determinados problemas, pero la decisión debe adoptarla el legislador y si la Comisión no se guía por este principio, la fricción se traduce en una pérdida. 
Una última consideración: siempre se argumenta que la posición es aún mucho más liberal en Estados Unidos y que esto no nos permite ser más estrictos. 
En relación con el tema de la protección de los embriones, Estados Unidos es más estricto que el Grupo de consejeros de la Comisión Europea, puesto que allí al menos no se destinan fondos públicos a la investigación con embriones. 
El Grupo de consejeros no excluye, en cambio, esta posibilidad. 
¡O sea que el citado argumento tampoco es válido en este caso! 
Gracias, señor Liese. 
Permítame que le dé una explicación que exime de toda responsabilidad a la Sra. Gradin. 
En los debates sobre una pregunta oral interviene el autor de la pregunta oral, en este caso la Sra. Gebhardt- que lo ha hecho en nombre del Sr. De Clercq -, y después la representante de la Comisión. 
En los servicios de la Presidencia ha habido una ausencia- de la que soy responsable, porque yo debo vigilar que no existan estos errores- y entonces la Sra. Gradin aparecía al final de la lista. 
Al advertir la Sra. Gradin que no había podido responder al autor de la pregunta oral, nos ha pedido que rectificáramos. 
Por lo tanto, no es que ella haya pedido responder antes que los otros Grupos, sino que ha indicado un error del que, en último término, yo soy responsable y por el que pido disculpas a la Sra. Gradin. 
Dicho esto, tiene ahora la palabra la Sra. Breyer, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, apreciada Sra. Gradin, el Grupo de los Verdes no puede sumarse de ningún modo a las felicitaciones al Grupo de consejeros para la ética. 
¡Al contrario! 
Se ha demostrado que dicho Grupo de consejeros actúa como claque de la Comisión Europea y su tarea se limita únicamente a generar aceptación en favor de la tecnología genética y la biomedicina. 
En sus informes y dictámenes emitidos hasta ahora se limita a cubrir éticamente las espaldas de la Comisión Europea y su dictamen más reciente sobre la clonación incluso llega a declarar éticamente aceptable la investigación con embriones, que está prohibida en la República Federal de Alemania. 
También se concede un certificado de no objeción ética a la clonación de animales. 
El Grupo de consejeros para la ética ha demostrado una vez más con su dictamen sobre la clonación que lo que le preocupa no es la evaluación ética de las nuevas tecnologías, sino crear aceptación en favor de las mismas. 
No presenta ningún tipo de propuestas sobre las posibilidades de actuación a escala internacional contra la clonación humana. 
A la vista de los insatisfactorios informes del Grupo de consejeros y a su visible labor como creador de aceptación resulta totalmente incomprensible que en la resolución común de los democristianos y del Grupo socialista se felicite a dicho Grupo de consejeros por la labor desarrollada hasta ahora. 
¡Esto constituye una muestra de ineptitud política por parte del Parlamento Europeo! 
El Sr. Liese ya ha hecho referencia al ejemplo de la terapia genética. 
Yo también quiero recordar que el Grupo de consejeros para la ética declaró éticamente inobjetable el secreto decretado por la Comisión en relación con el Reglamento «Novelfood». 
El Grupo de consejeros para la ética también celebra sus sesiones a puerta cerrada y hasta ahora no ha tomado en absoluto en consideración las posiciones del Parlamento en sus trabajos, tal como ya ha expuesto antes el Sr. Liese. 
El Grupo de consejeros para la ética ha tenido muy en cuenta los intereses de la investigación en sus trabajos y ha pasado totalmente por alto las repercusiones de las nuevas tecnologías para la sociedad. 
El Grupo de consejeros para la ética actúa como un sedante para la opinión pública. 
Al delegar el debate público en los supuestos expertos seleccionados exclusivamente por la Comisión Europea se intenta evitar precisamente el debate social. 
El Grupo de consejeros para la ética no informa a la opinión pública, sino que intenta acallarla y actuar como una ITV para asuntos de ética. 
Por lo tanto, resulta totalmente incomprensible que, con la citada resolución común de los dos grandes Grupos políticos, aparezcamos en cierto modo como mandados de la Comisión Europea y del Grupo de consejeros para la ética. 
Habida cuenta de la parcialidad del Grupo de consejeros para la ética y de su función como generadores de aceptación al servicio de la Comisión Europea, su mandato no debería prolongarse en ningún caso, a nuestro parecer. 
Sra. Gradin, yo puedo entender que a la Comisión Europea le interese tener siempre a alguien que les cubra las espaldas en el aspecto ético. 
Pero dicho Grupo de consejeros para la ética no ha prestado ningún servicio al debate público. 
¡Al contrario! Lo que debe hacerse es promover el debate público mediante conferencias de consenso, a semejanza de las que se celebran en Dinamarca. 
En lugar de un Grupo de consejeros para la ética que excluye a la opinión pública de sus deliberaciones, lo que se requiere es que las cuestiones éticas relativas a la tecnología genética se aborden de manera democrática y participativa. 
Los temas que afectan a la humanidad no pueden dejarse en manos de unos pocos expertos seleccionados por la Comisión Europea que se reúnen a puerta cerrada, sino que deben ser debatidos por la sociedad. 
Colofón: sólo la sociedad por sí misma puede decidir lo que es éticamente admisible, pero en ningún caso pueden hacerlo unos expertos designados como sus representantes tutelares. 
Señor Presidente, en efecto yo he intervenido en nombre del señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Sra. Gradin, muchas gracias por su respuesta. 
Yo también pienso que es adecuado que el mandato del Grupo se prolongue hasta finales de este año, con objeto de que así pueda completar con calma y adecuadamente los trabajos ya iniciados. 
Esto es muy importante para que éstos no deban concluirse a toda prisa antes de finales de julio. 
También es correcto afirmar que es preciso reforzar el citado Grupo. 
No obstante, yo debo manifestar que su respuesta me ha parecido a pesar de todo insuficiente, dicho lo cual, yo quisiera señalar a mis colegas que éste no es el momento de entrar en los aspectos de contenido de dicho Grupo de consejeros. 
Ése es otro debate que no nos corresponde desarrollar hoy. 
Yo tampoco he considerado siempre plenamente satisfactorias las respuestas del Grupo de consejeros. 
Esto es evidente. 
Sin embargo, el problema reside en que dicho Grupo debe adoptar decisiones, lo cual en realidad contribuye a una difuminación de las mismas. 
Yo quisiera pedirle, señora Comisaria, que en la Comisión consideren la posibilidad de modificar el mandato del citado Grupo de consejeros, de manera que éste se encargue de elaborar y presentar las líneas de argumentación ética importantes. 
En efecto, dicho Grupo debería actuar como un grupo de asesores encargados de ofrecernos el instrumental que nos permita adoptar las decisiones correctas, sin verse obligado a alcanzar finalmente una decisión unitaria. 
Esto favorecería la transparencia y también permitiría dejar claro quien tiene tomar las decisiones somos nosotros, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y obviamente también el Consejo Europeo, y no a un grupo de consejeros. 
Éste sólo puede aconsejar y nada más. 
¡Y quizás convendría volver a aclararlo! 
Mi colega Cot ya lo ha expresado antes con toda claridad. 
También es muy importante que la composición de dicho Grupo sea plural y sería asimismo sumamente importante que el Parlamento Europeo participe en la decisión sobre la composición y el mandato de dicho Grupo y pueda manifestar su opinión, puesto que deseamos que éste nos asesore. 
Esto es de suma importancia para hacer realidad la transparencia que exigimos y que es tan importante, precisamente en relación con estos temas, para poder demostrar claramente en la práctica a las personas, a las ciudadanas y ciudadanos a quienes representamos, cómo trabajamos y cómo alcanzamos tales y tales decisiones precisamente en relación con temas éticamente tan difíciles como los de la biotecnología en todas sus facetas. Ustedes ya saben cuán múltiples son éstas. 
Finalmente, un último aspecto: es absolutamente necesario que el Grupo pueda trabajar con total y absoluta independencia. 
Ésta también debe garantizarse y debe ser una de las condiciones que será necesario volver a verificar con toda precisión, incluida la independencia de quienes encargan sus trabajos, o sea del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. 
Yo también he tenido repetidamente la impresión de que se estaba ejerciendo una cierta presión en una dirección determinada. 
Puede ser que dicha impresión fuera errónea, pero yo sencillamente la he tenido, al igual que otros colegas, y por lo tanto deberíamos hacer todo lo posible para evitar que se pueda crear esta impresión. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que nuestro debate debe centrarse en la función que puede desempeñar el Grupo de asesores para cuestiones de ética en la Unión Europea. 
La Unión debe regular sectores de la economía, como por ejemplo la biotecnología, que influyen profundamente en los derechos fundamentales del ser humano tales como el derecho a la vida, la integridad física y la unicidad. 
Por ser humano entiendo también al embrión humano desde la fecundación que suscita, sin embargo, el interés de gran parte de la investigación más eficiente. 
La biotecnología afecta a la agricultura, puesto que, en efecto, asistimos continuamente a la producción de animales y plantas transgénicos. 
Todos sabemos que la biotecnología en sí no es ni buena ni mala: puede ofrecer grandes ventajas, pero también puede crear grandes riesgos. 
Desde el punto de vista económico, el informe Delors ha demostrado que el sector de la biotecnología es realmente un sector puntero. 
Por una parte, los que han invertido dinero en la investigación deben obtener un beneficio a través del sistema de patentes. 
Y por otra, es cierto que existen, como he dicho, unos riesgos, ya que pueden causarse desordenes en la especie humana y en los equilibrios biológicos. 
Por ello, creo que es necesario prever una instancia en la que, a nivel no político, sino profesional y técnico, esto es, sin la preocupación inmediata de representar a la gente y sin la preocupación inmediata del consenso, pero de forma profesional, se emitan dictámenes que, al servir únicamente para asesorar, no pueden sustituir la decisión final de la autoridad política, ni tampoco ser dictámenes de cobertura, tal como alguien ya ha manifestado. 
La Comisión actuó creando un Grupo de asesores que ha emitido unos dictámenes respecto a cuyo contenido no me parece ahora oportuno opinar, a pesar de que, como es obvio, personalmente puedo mantener ciertas reservas con respecto a algunos de ellos. 
Considero que el papel que debe desempeñar dicho Grupo es importante. 
Ahora bien, entiendo que el mismo ha ido más allá de la función de asesor de la Comisión y se ha convertido, no sé si consciente o inconscientemente, en una especie de Comité de ética de la Unión. 
Entonces si se trata de un Comité de ética de la Unión, hay que otorgarle una legitimación democrática y sus miembros no pueden designarse sin consultar al Parlamento y al Consejo. 
Creo que hay que eliminar este equívoco: ¿queremos crear un Comité de ética o ampliar la función y las competencias del Grupo de asesores? 
En todo caso, debe quedar claro que se tratará de algo distinto y completamente nuevo con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora. 
Dicho Comité no deberá servir únicamente para dar visibilidad a alguien. 
Las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Grupo de asesores o el Comité de ética deberán regularse claramente. 
El Parlamento tendrá que convertirse en un interlocutor del Comité al igual que la Comisión, con el objeto de encargar dictámenes sobre la legislación que se esté elaborando. 
Las cuestiones en juego son demasiado importantes, habida cuenta de que la Unión Europea no se basa sólo en el mercado, sino también en los derechos humanos, y los derechos humanos afectan profundamente a las cuestiones éticas. 
Señor Presidente, Señorías, nos encontramos ante el típico fenómeno de los viernes, de nuevo el Parlamento empieza a desmembrarse y cada vez somos menos. 
Por consiguiente, yo voy a ser muy breve, sobre todo porque tengo la impresión de que el Sr. Liese y el Sr. Casini ya han expuesto con gran claridad cuál es la opinión de nuestra comisión. 
En principio estamos a favor de que se prolongue el mandato, pero también propugnamos con toda claridad que se refuerce la influencia del Parlamento sobre el citado Comité de consejeros y se intensifique correspondientemente la cooperación, puesto que, en tanto que Parlamento, también nos corresponde la función de actuar, por así decirlo, como la conciencia de la Unión Europea. 
Los resultados alcanzados hasta ahora por el Comité de consejeros no permiten afirmar que éste esté cumpliendo dicha función de conciencia colectiva. 
¡Nos corresponde desempeñar una tarea muy esencial! 
Es cuanto deseaba añadir. 
Señor Presidente, hace un par de años este Parlamento rechazó la primera propuesta hecha por la Comisión sobre biotecnología, en mi opinión muy acertadamente, pues la propuesta no contenía ninguna disposición sobre ética. 
Me acuerdo de que estaba en la sala cuando tuvo lugar la votación y, quizá con demasiada ingenuidad, di por supuesto que, cuando la Comisión volviera a examinar toda la cuestión de la biotecnología, presentaría una nueva propuesta que tendría una dimensión ética adecuada. 
Desgraciadamente, hasta ahora por lo menos- aunque en la próxima semana habrá una votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, no hemos visto en ninguna propuesta de la Comisión que se incluya una dimensión ética. 
Sin embargo, la oveja Dolly ha cambiado todo en esta esfera. 
Dolly no tiene nada que ver con las patentes genéticas, lo admito, pero ha hecho que nuestros pensamientos se concentren, maravillados, en los aspectos éticos de la biotecnología. 
Es posible reproducir artificialmente una oveja y, evidentemente, este año o dentro de diez años será posible reproducir artificialmente a un ser humano. 
Cuando nos embarcamos en ese camino, ¿estamos jugando, o lo hacemos seriamente? 
¿Vamos a tolerar que se cree un ser humano de la misma manera que ha sido creada Dolly, y decidir luego que nos hemos equivocado? 
¿Y, a continuación, podemos matar a ese ser humano? 
He aquí el problema de ética. 
Comprendo que haya personas que dicen que no hay ética común en la Unión Europea porque provenimos de sectores culturales muy diferentes, pero hay algunas esferas en las que estoy convencido de que podemos instaurar una causa común. 
Ésa debe ser la función que se asigne a un comité de ética que se establezca, pues tengo la convicción- y es importante hacerlo constar- de que la biotecnología es la vía del progreso de la medicina en el futuro. 
Si en la actualidad es posible- y me han dicho que sí que lo es- identificar al gene que da a la mujer la propensión al cáncer de mama, y si dentro de cinco años conseguimos eliminar el gene que da al hombre la propensión al cáncer de la próstata, entonces es evidente que tenemos que seguir ese camino. 
No hay otro remedio. 
En muchos programas de radio y de televisión he visto y he oído a científicos, que considero ingenuos, decirnos: » ¿Qué interés podemos tener en reproducir a seres humanos? ». 
Basta con recordar lo que sucedió en los días nefastos transcurridos entre 1933 y 1945, cuando el principio eugenésico fue adoptado y ejecutado cruelmente en Alemania. 
Por eso tenemos que ser muy cuidadosos antes de aceptar que no va a haber ninguna dimensión ética. 
He presentado la enmienda 177 del informe Rothley. 
Se ha formulado una propuesta de transacción que todavía no es aceptable. 
Lo que yo quisiera es que se estableciera un comité de ética que no se reuniera y presentara informes todos los años, sino que estuviera en condiciones de determinar las tendencias en esa esfera. 
Es importante hacerlo para mantenerse al corriente del desarrollo científico. 
Señor Presidente, yo también doy las gracias por este interesante y valioso debate. 
Como he dicho, la Comisión está dispuesta a prorrogar el mandato del Grupo a finales de año. 
De forma paralela a estas ideas, el equipo de la Comisión responsable de las cuestiones éticas celebrará unos debates sobre el modo en que han de continuarse los trabajos, y también sobre la modalidad que adoptarán la nueva composición y el mandato. 
Volveremos sobre esta cuestión más adelante. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución (B4-0484/97) presentada por los diputados De Clercq y Gebhardt, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el mandato del Grupo de asesores de la Comisión Europea encargado de analizar los aspectos de la biotecnología: aprobada. 
Señor Presidente, yo he votado afirmativamente la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos porque las enmiendas del colega Liese han permitido mejorarla substancialmente. 
No obstante, yo quisiera hacerle notar a la Sra. Breyer que no se trata de un texto de los socialistas y del Grupo del Partido Popular Europeo, sino de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y también decirle que estoy muy de acuerdo con su valoración del Grupo de consejeros y sobre todo con su valoración de la tristemente famosa recomendación nº 9 y que lamento que no haya presentado sus consideraciones, en parte justificadas, en forma de enmiendas a la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos- dado que en ese caso hubiésemos podido votarlas afirmativamente -, sino como una propuesta separada. 
Yo le ruego que la próxima vez nos ofrezca la oportunidad de apoyar su posición mediante las correspondientes enmiendas. 
Apartados 1 (i) y (ii) y 2 del artículo 64 del Acuerdo Europeo con Bulgaria 
Señor Presidente, usted acaba de leer con toda exactitud el título del informe y yo quisiera hacerles saber a todos los colegas que un periodista me comentó con sorna: » Si en Europa no dejáis de escoger esta clase de títulos, no debéis sorprenderos de que nadie preste atención al contenido de esos asuntos, pues son demasiado complicados ¡y no hay quien entienda a qué se refieren!» 
No obstante, yo puedo asegurarles a todos los colegas aquí presentes, que el tema no es en absoluto tan complicado. 
En efecto, se trata sencillamente de la armonización de las normas de la competencia vigentes entre la Unión Europea y la República de Bulgaria. 
Dicho lo cual, realmente deberíamos plantearnos alguna vez por qué escogemos, entonces, títulos tan complicados. 
En ello debe intervenir también una cierta atracción por los mismos. 
Más allá de esto, el texto se propone definir también el marco para la adopción de las normas de aplicación necesarias. 
La Unión Europea y la República de Bulgaria han concluido un Acuerdo Europeo que entró en vigor el 1º de febrero de 1995. 
Su propósito es establecer una asociación entre ambas partes y preparar a Bulgaria para su adhesión a la Unión Europea. 
Bulgaria presentó, por otra parte, su solicitud de adhesión a la UE el 16.12.1995, con el deseo de poder iniciar a finales de 1997 las negociaciones formales para la misma. 
Yo quiero recordar que la Comisión presentará en julio una propuesta al Parlamento Europeo sobre cómo deberán desarrollarse dichas negociaciones para la adhesión y qué países deberán participar en las mismas. 
También en este sentido es necesario que hoy adoptemos una decisión sobre esta cuestión. 
También por este motivo yo quisiera solicitar a todos los parlamentarios presentes que voten afirmativamente el presente informe. 
Por otro lado- y también éste es un aspecto importante -, en Bulgaria la transición no se inició hasta siete años después de la caída del comunismo. 
Sólo después del triunfo de la Unión de Fuerzas Democráticas se inclinó Bulgaria decididamente hacia Occidente y manifestó su deseo de adherirse a la Unión Europea como miembro. 
Un asunto aún más difícil es el de su integración en la OTAN. 
Sabemos que también en Bulgaria siguen desarrollándose apasionados debates en torno a este tema. 
Los llamados acuerdos de libre cambio permiten establecer, por otra parte, una zona de libre comercio sobre una base asimétrica, lo que implica que nosotros abriremos nuestros mercados antes y en mayor medida de lo que se espera que lo haga la parte búlgara. 
Con el fin de garantizar un funcionamiento satisfactorio de la zona de libre comercio y facilitar la adaptación a la Unión Europea, de manera que pueda llegar a ser posible la adhesión a la UE, los Acuerdos Europeos y también los Acuerdos provisionales, celebrados con todos los países de la Europa oriental y que son de la exclusiva competencia de la Unión Europea, incluyen normas básicas detalladas en materia de competencia que son prácticamente idénticas a las contenidas en el Tratado CE. 
Los acuerdos de asociación tienen por objeto la armonización de las legislaciones nacionales sobre competencia de los Estados de la Europa central y oriental con el Derecho comunitario de la Unión Europea. 
Precisamente éste es el tema del informe que hoy debemos votar. 
Para que todo esto sea posible es preciso adoptar un paquete de normas para la aplicación del artículo 64 del Acuerdo Europeo. 
Esto debe hacerse además- y yo pienso que es adecuado- antes de que el Consejo de Asociación pueda tomar una decisión, para lo cual la Unión Europea debe adoptar primero una posición común. 
El Parlamento Europeo también debe ser consultado- y yo quiero señalarlo también aquí -, en aplicación del fundamento jurídico del artículo 87 en conjunción con los apartados 2 y 3 del artículo 228. 
Dicha consulta es, por otra parte, obligatoria. 
Las normas de aplicación deberán ejecutarse en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Europeo. 
Dichas normas de aplicación, y esto es en verdad francamente interesante, comprenden- como ya he señaladotodas las regulaciones, todas las disposiciones en materia de competencia que también figuran en el Tratado CE. 
Su finalidad es armonizar la legislación nacional sobre competencia de Bulgaria con el Derecho comunitario de la Unión Europea. 
Se trata de recomendar, de promover la observancia y el desarrollo de una política de competencia efectiva. 
Ésta constituye por otra parte la clave para que todos los Estados de la Europa central y oriental puedan instaurar una verdadera economía de mercado. 
Esto es necesario para que dichos países permitan el acceso efectivo a su mercado y naturalmente también para que puedan acceder a los nuestros. 
Una política de competencia efectiva comprende un marco jurídico, así como la ejecución de dicha política y a continuación obviamente también su control. 
Son competentes para ello la Dirección General IV, por nuestro lado, y la Comisión para la Protección de la Competencia, por el lado búlgaro. 
Permítanme una observación al respecto: a mi parecer, no podemos seguir atribuyendo un número creciente de tareas a la Dirección General IV sin deliberar al mismo tiempo si no debería ampliarse su personal en el futuro. 
Actualmente, dicha Dirección General IV ya debe hacerse cargo, como es sabido, de toda una gama de tareas y no se encuentra en absoluto en condiciones de seguir cumpliéndolas con el detalle y la amplitud que serían necesarios. 
El Parlamento Europeo tendrá que deliberar muy pronto qué recomendaciones podemos emitir para que se modifique lo más pronto y lo más rápidamente posible dicha situación. 
Entre los principios básicos de la política de competencia figura la notificación, es decir que deberán comunicarse todos aquellos casos cuya declaración sea obligatoria en el marco de la política de competencia, tanto por el lado búlgaro como por el lado de la Unión Europea. 
También incluyen- como ya he señalado- la designación de una autoridad de la competencia, la posibilidad de que ambas partes puedan recabar información, al igual que el intercambio de información confidencial secreta y toda la gama de exenciones por categorías. 
Incluyen asimismo la regulación de los procedimientos que deberán seguirse en los casos de menor importancia y la exigencia de que el Consejo de Asociación procure encontrar en todo momento soluciones de común acuerdo siempre que surjan dificultades. 
Finalmente también forma parte de dichos principios que cuando un caso no sea de la competencia de ambas autoridades- y éste es un punto de la máxima importancia -, o sea cuando una única autoridad tenga la competencia exclusiva, se comuniquen en cada caso las circunstancias detalladas a la otra autoridad de la competencia. 
Como pueden comprobar, se trata del marco habitual y de la gama habitual de normas que solemos aplicar en la Unión Europea. 
Una gama de normas que por otra parte ya sabemos cuán importantes han llegado a ser a la vista de los enfrentamientos y diferencias que se están produciendo en el caso Boeing o en muchos otros. 
Sabemos que es necesaria una base de confianza, que es necesario contar con una base común para todos los Estados vinculados a la Unión Europea en el marco de acuerdos de asociación, que permita garantizar una política de competencia común en dicho marco. 
Por otra parte también necesitamos contar a la vez con un paquete suficiente y seguro que nos permita defender nuestros intereses en el ámbito internacional. 
Esto será cada vez más importante en el futuro. 
Dicho paquete debe incluir naturalmente un trato equitativo, que toleremos y respetemos el hecho de que los países de la Europa central y oriental se encuentran en un proceso de transformación política, económica y social, debe incluir la aceptación de que sus condiciones históricas previas son distintas. 
También toleramos, en efecto, las diferencias entre Francia, Alemania e Inglaterra, etc. Todo esto forma parte del mismo paquete. 
De ahí la importancia del proceso de negociación que debe tener lugar en el seno del Consejo de Asociación y entre las correspondientes autoridades de la competencia. 
El Parlamento Europeo- y es una permanente satisfacción para mí que también seamos competentes para ello en el marco de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores- debe cumplir una importante función. 
Yo les pido una vez más su voto afirmativo y hago votos por que podamos seguir debatiendo también en el futuro sobre esta política de competencia común. 
Señor Presidente, señora Comisaria Gradin, estimadas y estimados colegas, es preferible actuar conjuntamente en vez de enfrentarse. 
La armonización de común acuerdo de las normas de competencia de Bulgaria con las de la Unión Europea es preferible a la posible utilización de instrumentos de política comercial en contra de Bulgaria. 
Éste podría ser el leitmotiv del excelente informe que acaba de presentarnos la Sra. Erika Mann y que hoy se somete a debate. 
El Grupo del PPE también apoya decididamente la propuesta relativa a la posición común del Consejo. 
Podemos dar justificadamente por sentado que la aplicación de las normas propuestas situará al comercio entre la Unión Europea y Bulgaria sobre una base más equitativa y permitirá su rápida expansión y mejora. 
La armonización previa con los contenidos del Derecho comunitario constituye una etapa importante del camino nada sencillo que ha de conducir a Bulgaria a la adhesión a la Unión Europea. 
Por lo tanto, yo respaldo con toda firmeza el informe de la Sra. Mann. 
Permítanme, no obstante, una breve referencia a la ayuda financiera para Bulgaria, que esta mañana hemos tenido que aprobar sin debate por el procedimiento de urgencia. 
A nuestro parecer, el préstamo a largo plazo de apoyo a la balanza de pagos, por valor de 250 millones de ecus y con un vencimiento a 10 años, constituye una excelente ayuda inicial para el nuevo Gobierno búlgaro, que ha emprendido con decisión la reforma de los presupuestos públicos y está estableciendo el marco de condiciones jurídicas para una economía social de mercado. 
El Primer Ministro Kostov y su ministra de Asuntos Exteriores nos persuadieron, en el curso de una conversación con el Grupo del PPE celebrada la semana pasada en Bruselas, de que las fuerzas reformadoras agrupadas en la Unión Democrática procederán rápidamente a la necesaria modernización del Estado y de la economía. 
Nosotros instamos a la Comisión a que otorgue las ayudas necesarias de manera rápida y no burocrática y contribuya así a que el pueblo búlgaro pueda salir pronto de una dura crisis económica y aproximarse a la Unión Europea. 
No obstante, hoy, 13 de junio, no podemos mostrarnos comprensivos con el hecho de que la Comisión no haya consultado a la Comisión de Asuntos Exteriores inmediatamente después de aprobar su propuesta, el pasado 22 de mayo. 
La Comisión de Asuntos Exteriores hubiese podido elaborar sin dificultad un informe en su última sesión de mayo y presentarlo hoy. 
El Parlamento no seguirá tolerando en el futuro estas omisiones de la Comisión. 
Por lo tanto, permítanme que le ruegue muy cordialmente a la Sra. Gradin puesto que ella no es la responsable de lo ocurrido- que inste al Sr. Van den Broek y también a Sir Leon Brittan a que en el futuro nos consulten rápidamente en casos análogos y procuren que no vuelva a repetirse la farsa del presente procedimiento. 
Señor Presidente, la aprobación del presente informe, de este preciso y claro informe del Sr. Mann, no presenta ninguna dificultad especial. 
Apunta a garantizar el cumplimiento de las normas sobre competencia, para evitar irregularidades en los intercambios comerciales con Bulgaria. 
Sin embargo, lo importante, señor Presidente, es el mensaje que debe transmitirse a las autoridades búlgaras paralelamente a la adopción del informe. 
El Sr. Schwaiger se ha referido ya al paquete destinado a atender las necesidades financieras de la reconstrucción de la economía búlgara. 
En este punto no debemos olvidar que la Unión Europea no es la única entidad que contribuye a la reconstrucción económica de los países de la Europa central y oriental y, por lo tanto, de Bulgaria, y que las concesiones que ya ha hecho mediante los acuerdos firmados, aunque aceleren el acceso de esos países a la Unión Europea y al mercado comunitario en el ámbito de los productos industriales, no constituyen más que una ventaja relativa, porque el marco global de las relaciones está determinado de forma mucho más general por los acuerdos del GATT. 
En consecuencia, nosotros tratamos cuestiones parciales. 
Lo que me parece de mucha mayor importancia, señor Presidente, es el mensaje que debe transmitirse a Bulgaria y al pueblo búlgaro directamente acerca del ingreso en la Unión Europea. 
Como ustedes saben, la principal plataforma política del gobierno de Bulgaria es el objetivo de su ingreso en la Unión Europea. Estos acuerdos sólo pueden tener un verdadero contenido si se firman dentro del mencionado marco político e institucional de solución de los problemas. 
Por el contrario, si constantemente firmamos acuerdos parciales, aplicados según el caso y al margen de un marco político general que garantice su correcta aplicación, estaríamos tratando los asuntos en parte y no globalmente. 
Puesto que el punto de partida de casi todos los partidos democráticos búlgaros es el ingreso en la Unión Europea, creo que el inicio del proceso del ingreso y las respectivas negociaciones, darán remate a y confirmarán la aplicación de acuerdos de este tipo. 
Señor Presidente, nosotros apoyamos el informe de la Sra. Mann, en el cual se expone con extraordinaria claridad la necesidad de que se establezcan las mismas condiciones para todos los candidatos a la adhesión asociados a la UE. 
Esto es absolutamente esencial, a mi parecer, pues nuestra política común de ampliación hacia el Este corre el riesgo de desembocar en un callejón sin salida, debido a que estamos realizando una selección exagerada de algunos candidatos preferentes, a la vez que creamos un grupo mucho más amplio destinado a «comer pavo». 
Yo rechazo este proceder porque nada es absolutamente negro ni absolutamente blanco, sino que sólo existen diferentes gradaciones de gris. 
Después de escuchar ayer en la Comisión parlamentaria mixta UE-República Checa que la Comisión está encontrando dificultades para obtener de la República Checa, en el caso de los nuevos pagos que deben hacerse efectivos, las correspondientes cauciones, de conformidad con el Derecho comunitario y los acuerdos de asociación vigentes, salta a la vista que quienes ocupan los primeros puestos también pueden tener problemas. 
Por otro lado, apenas se habla de Bulgaria y yo soy del parecer que deberíamos promover una competencia en verdadera igualdad de condiciones y sobre todo dejar bien claro que la Unión Europea, tal como nosotros la entendemos, es una comunidad de derecho y que el Derecho comunitario debe cumplirse tanto en el marco de los acuerdos de asociación como también, con mayor razón, después de la adhesión, y que no es aceptable que se incumpla el Derecho comunitario ya en la fase de preadhesión. 
Por esto es tan importante que prestemos atención a la legislación sobre la competencia. 
Por esto es tan importante crear unas condiciones equitativas para Bulgaria ¡y que no declaremos que de todos modos se trata de la Cenicienta de los Balcanes! 
Señor Presidente, me permito empezar felicitando a la diputada Mann por su informe sobre los principios de la política de competencia de conformidad con el artículo 64 del Acuerdo Europeo con Bulgaria. 
La decisión final, lo cual también se ha mencionado, debe surgir del Consejo de Asociación EU-Bulgaria. 
Cuando se apruebe, en la modalidad de una resolución, representará un paso importante más para el Acuerdo Europeo y los preparativos de Bulgaria cara a su próxima entrada en la Unión Europea. 
La decisión define los principios básicos para una política de competencia saneada. También proporciona un marco para la cooperación entre las autoridades búlgaras competentes en estos casos y la Comisión. 
Incluye además unos criterios para la solución de posibles conflictos. 
La Comisión comparte la opinión de la distinguida diputada de que son necesarios unos acuerdos sobre el modo en que van a llevarse a la práctica las normas para las ayudas estatales. 
No obstante, este aspecto no se aborda explícitamente en la propuesta, ya que forma parte de una normativa especial. Esta normativa se está negociando precisamente ahora en el Consejo entre los países asociados y los Estados miembros. 
Las negociaciones sobre ayudas estatales han resultado ser mucho más difíciles que la propuesta que hoy debatimos. 
La Comisión y el Grupo de trabajo del Consejo han llegado afortunadamente a un acuerdo sobre la puesta en práctica de un primer paquete de normas para las ayudas estatales en lo que atañe a la República checa. 
Por consiguiente, las normas checas servirán de ejemplo en la continuación de las negociaciones. 
Señor Presidente, la ponente afirma especialmente en el apartado 7 que las propuestas del Consejo y de la Comisión no incluyen unas normas sobre el control de las fusiones de empresas, el merger control. 
Permítame que aclare la situación: La primera propuesta no incluía esta cuestión. En cambio, sí figura en el documento actual. 
La Comisión adoptó en octubre de 1996 la decisión de incluir un apartado especial, el nº 7, precisamente sobre el control de las fusiones de empresas. 
Me permito finalizar dando las gracias una vez más a la diputada Mann por un informe positivo y constructivo. 
Señor Presidente, yo sólo quisiera referirme brevemente a lo que acaba de manifestar la Sra. Gradin. 
Tiene usted toda la razón, también se ha incorporado el control de las fusiones. 
Se me ha olvidado señalarlo y todavía no figura en mi informe. 
¡Le ruego que me disculpe! 
No obstante, también debo manifestar que el procedimiento por el que recibimos los documentos resulta a veces muy complicado, quiero decir que obviamente debería habérsenos informado sobre las negociaciones posteriores que usted estaba desarrollando mientras nosotros seguíamos trabajando con el informe anterior. 
Por lo general, los parlamentarios solemos acudir a la Comisión y naturalmente preguntamos por las negociaciones en curso. 
Pero, como puede usted constatar, en alguno que otro caso ocurre lo que ahora ha sucedido. 
Yo le ruego que me perdone. 
No obstante, en el debate en comisión ya rectificamos el texto en dicho sentido. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Dumping del salmón de origen noruego 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el problema del dumping del salmón de origen noruego. 
Señor Presidente, el 1 de junio la Comisión aprobó un grupo de medidas, con inclusión de un precio mínimo, la posibilidad de gravar con impuestos al dumping, un volumen máximo de exportaciones indicativo, un impuesto más elevado para la exportación de salmón noruego, y procedimientos rigurosos de aplicación que contrarresten el dumping y las subvenciones del salmón noruego en el mercado europeo y supriman los perjuicios causados en este proceso a los productores de salmón europeos. 
Con arreglo a las medidas negociadas y acordadas con Noruega, los exportadores de salmón noruego respetarán un precio mínimo por kilo; si no lo respetan, se impondrán tasas automáticamente en caso de venta a la Unión Europea. 
También habrá un techo indicativo para la tasa de aumento de las exportaciones noruegas en los cinco próximos años, así como un incremento en los propios impuestos de Noruega para la exportación de salmón y un riguroso régimen de supervisión y ejecución para velar por la aplicación de las condiciones del acuerdo. 
Las negociaciones comenzaron a raíz de una investigación que demostró que el salmón noruego había beneficiado de ventas en dumping y de subvenciones entre 1995 y 1996, con perjuicio para los intereses de los productores de salmón europeos, especialmente escoceses. 
Las industrias comunitarias que se han quejado han recibido toda clase de detalles sobre el contexto de las medidas adoptadas, y han indicado que las encontraban ampliamente satisfactorias. 
La Comisión sostiene reuniones periódicas con la industria comunitaria a fin de examinar todos los aspectos prácticos de la ejecución y supervisión de dichas medidas. 
La Comisión ha mantenido informado regularmente de los detalles de este caso al subcomité del salmón, de la Comisión de Pesca; recientemente, en una reunión que tuvo lugar en Bruselas la semana pasada. 
Durante estas investigaciones y las subsiguientes negociaciones con los noruegos, la principal preocupación de la Comisión ha sido proteger a los productores de salmón escoceses e irlandeses, y defenderlos contra prácticas comerciales incorrectas. 
La Comisión no ignora la difícil situación en la que se hallan los productores de salmón de la Unión que ejercen su oficio en zonas rurales y a menudo desfavorecidas. 
Después de haber examinado seriamente la situación, la Comisión considera que el conjunto de medidas que se ofrecen, que ha sido objeto de extensas negociaciones con Noruega, representa una defensa eficaz de los intereses de la industria comunitaria. 
Podemos confiar ahora en un período quinquenal de estabilidad de precios y de mejores oportunidades de competencia en condiciones libres y justas. 
En breve, el conjunto consta de las siguientes medidas: compromiso en materia de precio mínimo. 
Los exportadores de salmón noruego se comprometerán a vender en el mercado de la Unión Europea por encima de un precio mínimo acordado por kilo. 
Este precio mínimo se mantendrá durante cinco años. 
Los exportadores noruegos tendrán que demostrar que su precio medio ponderado a lo largo del período de tres meses no es inferior al precio mínimo; tampoco puede descender por debajo del 85 % del precio mínimo en ninguna transacción individual. 
Habrá una cláusula de revisión para tener en cuenta los cambios del mercado. 
Como en todos los casos de lucha antidumping, cada una de las partes, incluida la Comisión y los denunciantes, conservan el derecho a pedir o a iniciar una revisión. 
Si un exportador noruego no respeta el precio mínimo, tendrá que abonar los impuestos antidumping y antisubvención que sean aplicables. 
La Comisión propondrá en breve al Consejo los impuestos aplicables. 
Dichos impuestos se aplicarán a todos los exportadores de salmón noruegos que firmen el acuerdo. 
Los que no lo firmen obtendrán una exención que será nula e inaplicable si no respetan el precio límite inferior. 
La Comisión ha recibido ya declaraciones hechas por una serie de asociaciones de exportación de salmón noruego, en la que se dice que instarán a sus miembros a que se adhieran al precio mínimo. 
Habrá un techo indicativo para el incremento de las ventas del salmón noruego durante los cinco próximos años. 
En 1997 las ventas no podrán exceder de las efectuadas en 1996 en más del 11 %, ni en más del 10 % para cada año consecutivo hasta el año 2002. 
De hecho, el mercado del salmón se ha ampliado en un promedio del 18 % al año durante los cuatro últimos años. 
Las autoridades noruegas aumentarán su propio impuesto de exportación aplicable al salmón noruego del 0, 75 al 3 %. 
Este porcentaje aumentará al 6 % si se rompe el límite máximo fijado para las exportaciones. 
La supervisión y ejecución del acuerdo se realizarán meticulosamente, especialmente por lo que se refiere al precio mínimo. 
La Comisión tendrá derecho a examinar las cuentas de todos los exportadores de salmón noruego a fin de cerciorarse de que los precios indicados no son artificialmente elevados en relación con el verdadero precio límite. 
Además, la Comisión tendrá derecho a comprobar todo esto sobre la base de las cuentas de los importadores conexos. 
Las estadísticas sobre precios y volúmenes de exportación se facilitarán sobre una base semanal y habrá consultas periódicas entre la Comisión y el Gobierno de Noruega para examinar cuestiones generales o concretas que se planteen en el mercado del salmón y para velar por el respeto de los términos del acuerdo. 
Señor Presidente, doy gracias a la Comisaria por la detalladísima explicación del problema. 
La única dificultad es que nos llega demasiado tarde. 
Lo que la Comisaria leyó ante este Parlamento figura en el comunicado de prensa que la Comisión publicó después de las negociaciones. 
Una y otra vez hay casos de diputados de este Parlamento, particularmente de la Comisión de Pesca, a quienes se les anuncian las cosas después de que han ocurrido. 
Con arreglo del artículo 90 del Reglamento de este Parlamento, la Comisión tiene la obligación de consultarnos en materia de acuerdos internacionales. 
Este Parlamento tiene derecho a disentir de estos acuerdos. 
¿Va a presentarnos la Comisión algo por escrito? 
Ayer, por ejemplo, tuvimos en el Parlamento una delegación de Noruega para discutir acerca de esta cuestión. 
Los que representaban a la Unión Europea se vieron en una situación de desventaja porque no tenían ante sí los datos que la Comisaria acaba de leer a este Parlamento. 
El Comisario, Sir Leon Brittan, se ha conducido abominablemente por lo que a esta cuestión se refiere. 
No ha extendido su confianza a este Parlamento, cosa que debería haber hecho. 
Se nos ha ignorado y se nos ha soslayado; hemos leído lo que está sucediendo en los periódicos. 
Esto es inaceptable para el Parlamento Europeo, que ha sido responsable de importantes acuerdos. 
Ni el Comité Rex ni la Comisión de Pesca han tenido oportunidad de escuchar una extensa exposición sobre está cuestión por Sir Leon Brittan, mientras que en otras comisiones parlamentarias ha habido alguna discusión. 
La Comisión tiene mucho que aprender de lo sucedido. 
Dejo la cuestión de los riesgos y los problemas creados para las industrias escocesa e irlandesa a otros diputados de este Parlamento. 
Quisiera concentrarme únicamente en el aspecto de comitología. 
No nos agrada lo que ha sucedido en esta esfera. 
Quisiera insistir más firmemente en este aspecto, pero Sir Leon Brittan está de viaje por el mundo y no está aquí con nosotros para darnos una explicación. 
Gracias, señor Presidente, y gracias, Comisaria, por su declaración. 
Quisiera congratular a Alan Macartney por la destreza con que ha conseguido mantener esta cuestión ante la Comisión y cerciorarse de que hoy habría una declaración sobre el particular. 
También Alan Macartney merece nuestro agradecimiento. 
Señora Comisaria, usted acaba de decirnos que los productores de la Unión Europea parecen estar relativamente contentos con el resultado de las decisiones que han adoptado la Comisión y Noruega. 
¿Por qué no habrían de estarlo? 
Cualquier situación es mejor que la situación en que se han encontrado estos últimos años. 
Se hallaban en riesgo de bancarrota, y cualquier cosa que sucediera les aportaría ventajas. 
No estoy seguro de que la declaración que le acabamos de escuchar sea la mejor para el futuro de los productores de salmón de la Unión Europea. 
No hay duda de que un precio mínimo será de utilidad, pero también será de utilidad para los noruegos, que saben que van a obtener un precio satisfactorio para el salmón que envíen a la Unión y que seguirán recibiendo subvenciones en Noruega. 
No hay ninguna posibilidad de impedir que el Gobierno de Noruega siga ayudando a sus productores y desequilibrando aún más la situación a este respecto. 
Dijo usted a continuación que habría rigurosos procedimientos para el cumplimiento de las normas. 
Espero que sea verdad. 
Espero que hagamos un seguimiento adecuado del cumplimiento del acuerdo porque lo que ha sucedido hasta ahora es que Noruega enviaba salmón a países como Dinamarca al precio mínimo y a continuación el salmón se elaboraba y salía de esas fabricas a un precio mucho más bajo que el que tenía cuando entró en ellas. 
Así es como todo este problema ha surgido. 
Espero que haya un seguimiento firme de los procedimientos para hacer cumplir las disposiciones del acuerdo, y para cerciorarnos de que no vuelva a suceder lo mismo en el futuro. 
Mi grave preocupación es que Noruega ha tenido la posibilidad de ampliar la piscicultura del salmón muy considerablemente en los últimos años. 
Como en el informe se dice, ahora reconocemos que se han socavado hasta cierto punto los principios del mercado europeo y que los noruegos han podido obtener una parte mayor del mercado mientras que nuestros propios productores no han tenido esa oportunidad. 
Me preocupa ahora que esos productores de salmón de Noruega, que han llegado a alcanzar tal valor económico y tan gran dimensión, estén ahora en una posición firme para empezar a comprar algunas de las empresas de las zonas periféricas de la Unión Europea. 
Si así sucede, lo que tendríamos ante nosotros sería una ficción y habría que encausar a la Comisión Europea por dejar que sucedan esas cosas. 
Señor Presidente, nos agrada que la Comisión haya hecho una declaración y doy gracias a la Sra. Gradin por venir a esta sala a efectuarla. 
¿Cuántos diputados que no tienen ningún interés directo en la industria del salmón me han preguntado a mí en los últimos períodos de sesiones que cómo puede suceder que un país que no es miembro de la Unión Europea pueda haber hecho un negocio tan bueno a expensas de los productores de la Unión? 
Si les queda a ustedes alguna duda, pregunten a cualquier noruego que está involucrado en la industria de su país por su reacción ante el resultado de las negociaciones. 
Con las palabras de un corresponsal que telefoneó a Noruega inmediatamente después, los noruegos «saltaban de alegría» al ver que habían eludido la imposición de multas. 
También lo sé por otras fuentes, incluido el Embajador de Noruega ante la Unión Europea, que está muy satisfecho con el acuerdo. 
La satisfacción noruega se ha conseguido a expensas de lo que debería haber sucedido, que es la imposición automática de derechos de aduana por la Comisión el 1 de junio. 
Ésa era la alternativa. 
Todo lo que se indica en este conjunto de medidas inmensamente complicado ha de compararse con la falta de satisfacción producida al descubrir que los noruegos, que hemos encontrando culpables de dumping y de recibir subvenciones, están saliendo de la cárcel, como quien dice, o evitando la imposición de una multa. 
Aún quedan por contestar una o dos preguntas, y no estoy seguro de que la Sra. Gradin pueda contestarlas hoy. 
No hay duda de que conviene contestarlas lo antes posible. 
Una de ellas se refiere al proceso reglamentario: tenemos que ir ante el Consejo y después ante la Comisión antes de poder adoptar medidas. 
Si un productor noruego comete una infracción de las normas, habrá que esperar a que el Consejo decida autorizar a la Comisión; a continuación habrá que esperar a que la Comisión decida autorizar, según tengo entendido, a la Dirección General de Sir Leon Brittan a que imponga los derechos. 
O sea que en vez del 1 de junio, supongo que no cabe esperar que suceda nada antes del final de septiembre, y eso si no ha habido ningún incidente en el desarrollo del proceso. 
Éste es el conjunto de medidas, y el retraso es el precio que ha de pagar la industria. 
Permítanme que haga hincapié una vez más, como la Sra. Gradin y otros han indicado ya, en que serán las vulnerables comunidades periféricas las que abonarán el mencionado precio, y los noruegos se reirán a carcajadas mientras llevan al banco el dinero obtenido. 
Queda cerrado el debate. 
Señorías, permítanme que agradezca a los servicios de la Presidencia la colaboración que han prestado para nuestros trabajos. 
Señorías, extendiéndome en las prerrogativas que me da el presidir hoy, permítanme también que les diga a ustedes que en las dos últimas sesiones ha habido en este hemiciclo un vacío inexplicable: no teníamos entre nosotros al Sr. von Hasburg. 
Pero todo quedó aclarado al haberse sabido que había sufrido un accidente. 
Afortunadamente, se ha recuperado rápidamente y nos felicitamos por ello. 
Yo, personalmente, le quiero expresar mi satisfacción por su presencia aquí todos los viernes, dignificando esta sesión. 
Muchas gracias a todos por su colaboración, que hoy ha sido especial porque a mi habitual incapacidad se ha sumado una inoportuna faringitis primaveral, que para mí ha tenido al menos la ventaja de recordarme que todavía soy sensible a la primavera, y esto es importante. 
Declaro interrumpido el período de sesiones. 
(Se levanta la sesión a las 11.38 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 13 de junio de 1997. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del 13 de junio de 1997 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en el Acta del viernes se ha reflejado correctamente mi protesta de que en no se ha debatido en el Pleno la ayuda financiera para Bulgaria y Macedonia. 
La Presidenta en funciones del Consejo me ha dicho asimismo de modo correcto que, según sus informaciones, esto lo acordó la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Quiero decir claramente que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores aprobó unánimemente lo contrario. 
Se trataba de una urgencia que aprobamos el martes por la mañana. 
La comisión se reunió el martes por la tarde en Estrasburgo y acordó unánimemente que su Presidenta o un sustituto elaborasen un informe oral. De repente, el viernes por la mañana hemos constatado que no se celebra debate. 
Estoy a favor de procedimientos abreviados, pero que una cuestión política importante, en la que se trata de mucho dinero, no se discuta en la comisión ni en el Pleno, no tiene nada que ver con parlamentarismo ni con nuestro Reglamento. 
Señor Posselt, averiguaré exactamente qué es lo que ha pasado y le informaré de qué ha ocurrido. 
Señor Presidente, deseo intervenir sobre una cuestión referente a la observancia del Reglamento. 
Debo señalar que en el pasado mes de febrero planteé a la Mesa una pregunta acerca de la construcción de los inmuebles de Estrasburgo. 
Pues bien, pese a que han transcurrido casi cuatro meses, todavía no he recibido respuesta alguna. 
No creo que se puede trabajar de esta forma dentro del Parlamento. 
Le ruego que tenga a bien contestar con urgencia dicha pregunta, así como las preguntas de los demás diputados que, por la inobservancia del Reglamento, deben esperar demasiado. 
Señor Florio, quiero informarle a usted de que el proyecto de contestación a su pregunta ha sido sometido esta mañana a la Mesa. 
La Mesa ha estimado que se necesitaba una respuesta más completa y, por tanto, ha quedado pendiente para aprobación para el día 10 de julio, con objeto de que usted pueda tener una respuesta más completa. 
Señor Presidente, retomando lo que acaba de decir el Sr. Posselt, quiero indicar que la ayuda financiera para Bulgaria fue acordada por la Comisión ya a mediados de mayo, que existían los documentos y que la Comisión nos habría podido encargar el asunto de modo normal a través del Consejo. 
Ya lo advertí el viernes en Estrasburgo: en el futuro, no solamente el Parlamento es el que debe iniciar los procedimientos sino también la Comisión y el Consejo deben hacerlo frente a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
De lo contrario, no podremos ejercer nuestras importantes tareas. 
Muchas gracias, señor Schwaiger. 
Le contesto como al Sr. Posselt: averiguaré qué es lo que ha ocurrido y le contestaré. 
(El Acta queda aprobada) 
Bienvenida 
Asuntos políticos urgentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre las cuestiones económicas examinadas en el Consejo Europeo de Amsterdam y en la Cumbre de Denver. 
Señor Presidente, señoras, señores, el Presidente Santer me ha encomendado informarles sobre los resultados económicos del Consejo Europeo de Amsterdam y el G7 celebrado el pasado fin de semana en Denver, Estados Unidos. 
De estas dos reuniones internacionales pueden retenerse tres enseñanzas principales. 
De hoy en adelante, el euro es un hecho y ello es positivo tanto para Europa como para el mundo entero; la coyuntura económica evoluciona favorablemente y el empleo ha sido situado a la cabeza de las prioridades económicas de los gobiernos. 
Primeramente, el euro. 
La Cumbre del G7 ratificó los resultados del Consejo de Amsterdam. 
A partir de ahora, la llegada del euro es un hecho. 
Como prueba de ello está la terminación de los trabajos preparatorios relacionados con su introducción y el reconocimiento de su dimensión internacional. 
El Consejo Europeo de Amsterdam aprobó definitivamente el marco jurídico técnico del euro, integrado, se los recuerdo, por los siguientes tres elementos esenciales: la resolución sobre el sistema monetario europeo bis, los dos reglamentos relativos al estatuto jurídico del euro, es decir la ley monetaria de la Europa del año 2000, y los dos reglamentos, uno preventivo, el otro disuasivo, que constituyen, junto con la resolución de Amsterdam, el pacto de estabilidad y crecimiento. 
Este dispositivo, necesario para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, fue elaborado en estrecha colaboración con su Asamblea. 
Favorecerá el crecimiento y el empleo impidiendo o corrigiendo los déficits públicos excesivos. 
El Consejo Europeo de Amsterdam también dio un mandato preciso a la Comisión, al Consejo y al Instituto Monetario Europeo sobre los trabajos que han de realizarse para asentar el papel internacional del euro sobre bases claras y sólidas. 
Por lo demás, en Denver, el advenimiento del euro fue objeto de un reconocimiento internacional. 
El G7, en su comunicado, destacó, por primera vez, que la Unión Económica y Monetaria, basada en políticas macroeconómicas sanas y reformas estructurales, contribuiría de manera útil a la estabilidad del sistema monetario internacional. 
En segundo lugar, la situación económica. 
Más allá de una coyuntura económica favorable, tanto en Amsterdam como en Denver se confirmó la necesidad de aplicar adaptaciones estructurales. 
En lo que toca a la coyuntura económica, la Cumbre de Denver brindó la oportunidad de comparar la situación de Europa con la de Estados Unidos, en particular. 
Más allá de la oposición tradicional entre los modelos estadounidense y europeo, en gran medida artificial a mi parecer, quedó claramente de manifiesto que la diferencia principal entre sendos continentes se debía a la confianza de los estadounidenses en el poder de su economía, confianza de la que aún se carece, por desgracia, en Europa. 
Sin embargo, la economía europea registra actualmente una recuperación real, sostenida por los esfuerzos de convergencia de los Estados miembros en el marco de los preparativos para la Unión Económica y Monetaria. 
El crecimiento del PIB comunitario- en 1996, fue del 1, 6 %- debería alcanzar el 2, 4 % en 1997 y el 2, 8 % en 1998. 
El retorno a un ritmo de crecimiento más alto debería permitir en Europa una creación neta de dos millones de puestos de trabajo en el curso de sendos años 1997 y 1998. 
Además del retorno al crecimiento, lo que permitirá reducir sustancialmente el desempleo en Europa son las reformas estructurales, en especial las relativas al mercado del trabajo, la educación, la investigación y mejorar la competitividad de las empresas, ya que el nivel intolerable que alcanzan socava la confianza. 
Pero, para ser eficaces, esas reformas deben ser globales, ambiciosas, socialmente soportables y políticamente presentables. 
Por lo demás, nuevo elemento interesante, la Cumbre de Denver puso de manifiesto el vínculo que existe entre la demografía, los regímenes sociales y los déficits presupuestarios a causa del irreversible problema del envejecimiento de la población, especialmente la europea. 
Este envejecimiento es significativo. 
Basta una cifra para probarlo. 
La proporción de los habitantes no activos sobre los activos debería pasar del 25 % al 51 % entre 1995 y 2040. 
Si no se cambia de política, esta evolución conllevará una degradación de las finanzas públicas a largo plazo y los gastos de pensión podrían aumentar, de aquí al año 2030, del 3 al 4 % del PIB. 
De ahí la necesidad de continuar el ajuste presupuestario que se impone. 
El marco presupuestario introducido por la Unión Económica y Monetaria, destinado a recuperar a medio plazo el equilibrio de las finanzas públicas, permitirá obtener márgenes de maniobra. 
Y estos podrán aprovecharse para la financiación de los sistemas sociales y de pensión. 
Sin embargo, el G7 destacó la necesidad de reformas estructurales progresivas, especialmente en lo relativo a la reforma de los sistemas de pensión y el papel atribuido a los fondos de pensiones. 
Este es, en sustancia, uno de los mensajes de peso, tanto del Consejo Europeo de Amsterdam como del G7 de Denver. 
En tercer lugar, el empleo y la coordinación de las políticas económicas. 
A iniciativa del Presidente Santer, el Consejo Europeo de Amsterdam aprobó una resolución sobre el crecimiento y el empleo mediante la que los Estados miembros, la Comisión y el Consejo se comprometieron firmemente a situar el empleo en el primer plano de las preocupaciones de la Unión y de sus políticas económicas. 
El Consejo Europeo recuerda a este respecto que las políticas macroeconómicas y presupuestarias sanas van a la par con un crecimiento fuerte y durable en términos de producción y empleo. 
De manera sumamente simbólica, el Consejo Europeo reagrupó bajo una misma política, denominada «Estabilidad, crecimiento, empleo» , tanto la resolución sobre la aplicación del pacto de estabilidad y de crecimiento como la resolución sobre el crecimiento y el empleo. 
El Consejo Europeo adoptó dos orientaciones para mejor engastar el empleo en el centro de la política económica. 
Primera orientación: el desarrollo del pilar económico de la Unión Económica y Monetaria. 
Con arreglo a los artículos 102 A y 103 del Tratado, se ampliarán las grandes orientaciones para tratar la competitividad, el mercado del trabajo, la innovación tecnológica, la educación, la formación, la fiscalidad con el propósito de poner el conjunto de la política económica al servicio del empleo. 
Desde el punto de vista práctico, el Consejo podrá, a propuesta de la Comisión, dirigir a los Estados miembros recomendaciones específicas en estas materias. 
Se trata de un significativo avance en la vía del fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas, que su Asamblea suele pedir regularmente. 
Segunda orientación fundamental: la aplicación anticipada del capítulo «empleo» del Tratado de Amsterdam, sin siquiera esperar su ratificación. 
El Consejo podrá así formular recomendaciones en materia de política de empleo. 
Por último, dispondrá de una base jurídica para tomar decisiones concretas en favor del empleo. 
Evidentemente, la Comisión tendrá especialmente en cuenta estas dos orientaciones a la hora de preparar las grandes orientaciones de política económica para 1998. 
No obstante, para poner en práctica estas recomendaciones del Consejo Europeo sin dilación, la Comisión quiere plasmar en hechos este nuevo impulso en favor del empleo desde el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo dedicado a este tema. 
Este Consejo Europeo deberá concretar las nuevas iniciativas tomadas en Amsterdam en favor del empleo. 
Conciernen especialmente la extensión del papel y del campo de actividad del BEI. 
Asimismo, conciernen la CECA, para la que se pidió crear un fondo de reserva con vistas a utilizar los ingresos procedentes de las entradas disponibles a partir de 2002 con el fin de acelerar la investigación en los sectores relacionados con la industria del carbón y el acero. 
Se pidió a la Comisión y al Consejo que elaboraran, en colaboración con el BEI, un informe destinado a este Consejo Europeo especial sobre todos estos temas, y sobre bastantes otros, especialmente en relación con las PYME. 
Su Asamblea participará, claro está, en nuestros trabajos. 
Este nuevo impulso en favor del empleo, decidido por los europeos, se acompaña de iniciativas similares a escala mundial. 
Así se decidió en Denver. 
Pienso en la próxima cita de Kobé, en noviembre de 1997 y en el G7 «empleo» , a principios de 1998, a iniciativa del Primer ministro británico. 
Permítanme, a guisa de conclusión, destacar que el Consejo Europeo de Amsterdam y la Cumbre del G7 de Denver envían un mensaje de optimismo para Europa, encaminado a devolverle la confianza en sí misma. 
La Unión Europea se encontraba en una situación inicial más difícil que su socio americano, sin embargo, Europa prosigue actualmente sus esfuerzos en la vía del progreso económico y las reformas estructurales. 
Ya están ahí los primeros resultados alentadores. 
Las perspectivas de crecimiento en Europa no habían sido tan favorables desde hace varios años. 
Deberían reflejarse rápidamente en términos de competitividad y empleo. 
Por último, yo añadiría que la próxima introducción del euro, con arreglo a las condiciones y al calendario previsto por el Tratado, fortalecerá la recuperación de la actividad económica en Europa. 
Señor Comisario, habló usted del problema irreversible del envejecimiento de la población en Europa y, por otra parte, mencionó muy a menudo las reformas indispensables. 
Me permito formularle las siguientes preguntas: ¿no piensa usted que, a nivel intelectual, una reforma muy importante consistiría en revisar el concepto demasiado estrecho de los criterios económicos recibidos en estas conferencias y que ya sería hora de tener en cuenta una sugerencia de la Cumbre mundial sobre el Desarrollo Social de Copenhague en 1995, que pide integrar, en los cálculos económicos, el cometido educativo realizado en el seno de la familia? 
¿No piensa usted, visto que en cada uno de nuestros países las políticas familiares registran una disminución del poder de compra de las familias, que ya sería hora de reformar nuestros esquemas económicos y tener en cuenta, por fin, el deseo de las parejas europeas, de las mujeres europeas que quisieran dar vida a más hijos, pero que se ven obstaculizadas por razones económicas? 
¿No sería la mejor manera de reactivar la economía en Europa dar un nuevo impulso demográfico, que es una cuestión de voluntad política y de reforma intelectual? 
A mi juicio, no veo incompatibilidad alguna entre una reactivación demográfica, una reforma intelectual y el simple reconocimiento de las realidades económicas. 
Hoy día, quiérase o no, Señora, nos encontramos en una situación donde la generación del «baby-boom» aún está activa, pero a partir de 2010, tendremos en Europa un déficit demográfico de gran magnitud. 
Actualmente, se plantea a los Gobiernos la cuestión de saber si no deben plantearse ya el problema, en términos políticos, para evitar que las generaciones activas de hoy se encuentren en la incapacidad de tener, durante su jubilación, pensiones suficientes para vivir. 
Hoy día, Señora, conviene continuar el esfuerzo de política económica, destinada precisamente a volver a dar a nuestras economías el margen de maniobra presupuestario suficiente para asumir gastos sociales que serán más importantes en los próximos años. 
Ello no impide de ninguna manera, claro está, que en el marco de una política de educación y una política familiar, se desarrolle y fortalezca el papel de la familia, dando por sentado que en esta materia creo que las consideraciones de orden personal son a menudo más importantes que las meras consideraciones de orden económico. 
Señor Presidente, en este Parlamento fui ponente de un informe sobre la situación demográfica en Europa. 
No hace mucho que ese informe fue aprobado y con razón se ha prestado mucha atención al tema de si se podrán pagar las pensiones de jubilación. 
Me tomo la libertad de discrepar con el Comisario, quien afirma que las pensiones serán imposibles de pagar en el futuro. 
Se trata más bien de empezar a tiempo y de dirigir adecuadamente la cuestión. 
En el informe pedí que se incluyera en el orden del día de la Comisión Europea esta cuestión, tanto en lo referente a las pensiones complementarias como a las pensiones privadas y las pensiones del Estado. 
Hasta ese momento era una cuestión de subsidiariedad. 
La pregunta concreta que quiero formular a la Comisión es la siguiente: ante la perspectiva de la Cumbre sobre el empleo, ¿podría convertirse en una cuestión tanto de la Comisión como de los gobiernos nacionales? 
Comparto totalmente su sentimiento de que es preciso anticiparse y tomar precauciones para resolver este asunto, pero añado que éste se ve agravado por el hecho de que con el envejecimiento de la población, los gastos de salud aumentan. 
En efecto, queda de manifiesto que cada vez más personas mayores requieren a menudo cuidados que resultan cada vez más onerosos. 
Por ende, el problema se complica, en términos financieros, debido al vínculo que existe entre envejecimiento de la población y el incremento en los gastos de pensión así como en los gastos de salud. 
Claro está que la Comisión se interesa en este asunto y es por ello que me he permitido insistir, en mi presentación oral, sobre esta cuestión del envejecimiento. 
En el marco de los debates que tuvimos en Denver, la contribución de la Comisión a este respecto fue especialmente completa y apreciada. 
Asimismo, puedo decir, Señora, que esta cuestión concierne ante todo a los Estados miembros, ya que, en nombre de los principios de subsidiariedad y con arreglo a los términos del Tratado, no podemos substituirnos a los Estados miembros, pero este problema tiene incontestablemente una dimensión comunitaria y una dimensión europea. 
Por ello, especialmente en el marco de la preparación del Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo, antes de finalizar el año, las propuestas, las recomendaciones, que hará la Comisión tendrán ampliamente en cuenta su sugerencia. 
La Comisión velará por que estos temas puedan ser tratados por los Estados miembros de manera coordinada, y especialmente intercambiando información sobre las medidas aplicadas en cada uno de ellos. 
Añado que se concederá una atención muy particular al problema de los fondos de pensión. 
Señor Presidente, dos breves preguntas al Sr. Comisario: 
La primera es: ¿pedirá la Comisión en la Cumbre de Luxemburgo que se asignen determinados presupuestos adicionales a la política de empleo? 
Porque desde Essen sabemos que sólo con palabras no se hace ninguna política de empleo ni, desde luego, se crean puestos de trabajo. 
La segunda pregunta es: he oído a un Ministro de Economía- de los que han participado en Amsterdam- anunciar en una reunión pública que podría contemplarse un aplazamiento del comienzo del euro. 
Sé que me lo negará, pero quisiera que me lo repitiera con énfasis. 
Yo, que participé de principio a fin tanto en el Consejo de Ministros de Finanzas de Luxemburgo, a principios de este mes, en el Consejo Europeo y en la Cumbre de Denver, puedo responder inmediatamente a su segunda pregunta afirmando que nunca escuché a nadie considerar un aplazamiento cualquiera del euro. 
Por el contrario, cada vez tuve la ocasión de comprobar, incluso del lado americano, el firme apego de todos los participantes europeos y no europeos al cumplimiento del calendario. 
Y esta determinación estuvo presente en los comunicados, las decisiones y los comentarios oficiales que se hicieron. 
En segundo lugar, en relación más precisamente con este Consejo Europeo, podría completar mis afirmaciones de hace un momento comentándoles que entre las iniciativas tomadas en Amsterdam se encuentra especialmente la relativa a la extensión del papel desempeñado por el BEI. 
Esta iniciativa se aplicará de tres maneras. En primer lugar, mediante el establecimiento de una facilidad especial para financiar los proyectos de las PYME de alta tecnología; en segundo, mediante la ampliación del campo de estas intervenciones en la educación, la salud, el medio ambiente urbano y la protección del medio ambiente, y por último, a través de la disminución de la duración de los préstamos para las grandes redes. 
Asimismo, hace un momento señalé que se liberarían fondos procedentes de las reservas CECA, especialmente con miras a crear un fondo de investigación, destinados a la investigación en los sectores relacionados con la industria del carbón y el acero. 
Asimismo, les señalo que el Consejo examinará las iniciativas sobre las posibilidades de creación de empleo para las PYME tomando como base un nuevo informe del comité consultivo sobre la competitividad. 
Por último, el Consejo también estudiará las prácticas correctas establecidas en cada uno de los Estados miembros relativas a sus políticas en materia de empleo. 
Vistos todos estos temas, pienso que el mandato es suficientemente denso, suficientemente importante para permitir a la Comisión presentar al Consejo Europeo soluciones concretas, capaces de aportar una respuesta, al menos parcial, a los problemas actuales del desempleo. 
Señor Presidente, muchas gracias por haberse referido a las pequeñas y medianas empresas. 
En los últimos decenios hemos visto que la mayoría de los puestos de trabajo se han creado precisamente en las pequeñas empresas. Con la fundación de nuevas empresas se pueden crear muchos puestos de trabajo y, en especial, las iniciativas SLIM deben desgravar a las empresas para que sean más competitivas. 
¿Qué posibilidades ve usted en Luxemburgo de referirse, ante todo, a los programas de formación elevando los estímulos en este campo? 
Creo que la formación es el único método para poder crear realmente nuevos puestos de trabajo. 
Responderé a su pregunta de dos maneras. 
En primer lugar, la formación es un elemento determinante para las PYME. 
Es exacto, claro y trabajamos en ello. 
Sin embargo, la formación es también uno de los elementos esenciales que hay que poner en práctica en el marco de las políticas estructurales globales y ambiciosas que debemos aplicar para aportar una reforma a las causas estructurales del paro. 
En segundo lugar, teniendo en cuenta el papel, la importancia de las PYME en materia de empleo, la importancia que se concede a estas empresas supera ampliamente el mero aspecto de la formación. 
En especial, la nueva orientación que se ha pedido al BEI, a saber, liberar recursos para las PYME, especialmente a las que trabajan en los sectores de punta, es decir aquellas que, por definición, son creadoras de empleo, debe permitir liberar más medios en beneficio de las PYME. 
Sobre este punto, añado que la Comisión ya presentó un determinado número de propuestas, y ha hecho varias recomendaciones que están siendo examinadas, o que ya lo han sido, por su Asamblea. 
Ahora se encuentran en manos del Consejo, pero algunas de ellas han sido bloqueadas a este nivel, y lo lamento. 
A pesar de ello, en el marco de la preparación del Consejo Europeo especial de Luxemburgo, concederemos especial importancia a las PYME, al papel que desempeñan en la lucha contra las causas estructurales del paro y, en ese marco, se prestará una atención muy especial, claro está, a los temas relativos a la formación. 
Señor Comisario, usted acaba de mencionar una coyuntura económica favorable a la mejora de las situaciones económicas de los Estados miembros. 
Desde luego, y en este contexto, usted hizo ayer unas declaraciones con respecto a las que la prensa italiana ha destacado las consideraciones referentes a Italia. 
Por otra parte, todos nosotros recordamos la fotografía que usted hizo de Italia en este Pleno hace un par de meses. 
Deseo plantearle dos preguntas. 
Aprovechando la ocasión que nos brinda su presencia entre nosotros, deseo escuchar por su voz la visión que usted tiene de Italia y su opinión acerca de la posibilidad de que Italia cumpla los criterios solicitados. 
Y además, ¿qué justifica sustancialmente este cambio de la situación italiana? 
Para responder a su segunda pregunta, señor Arroni, diría que la voluntad política es seguramente la del Gobierno italiano. 
Lo que dije ayer sobre Italia es el resultado de un análisis, de una comprobación, que muestra que Italia realiza actualmente progresos sumamente impresionantes en materia de convergencia económica. 
Y si Italia realiza las ambiciones que se ha fijado su Gobierno, habrá conseguido este año la reducción más fuerte del déficit público que ningún país europeo haya conseguido desde hace quince años. 
Por otra parte, como el Gobierno todavía no ha transmitido oficialmente su programa de convergencia, yo no podía hacer públicamente una apreciación precisa. 
Una vez dicho esto, teniendo en cuenta los elementos que conocía, señalé que los objetivos presentados, especialmente en el Documento di programmazione economica i finanziaria italiano son buenos. 
Por otra parte, los ámbitos identificados por el Gobierno para las reformas presupuestarias son adecuados, trátese de las pensiones, de la seguridad social, de la función pública o de la ampliación de la base fiscal. 
Asimismo, añadí, y quizás la prensa hizo menos eco de ellos, que la hora de la verdad sonará el mes de septiembre, cuando el Gobierno presente las medidas específicas destinadas a dar un contenido concreto a estos objetivos, y que, a mi juicio, se incluirán en el presupuesto de 1998. 
Por tanto, de ninguna manera se trata, hoy, de hacer una prueba por anticipado, de hacer pasar un examen de cualificación a los países miembros. 
El examen tendrá lugar en el mes de marzo de 1998 tomando como base los resultados reales de 1997. 
Lo que puedo decir hoy, es que, manifiestamente, la evolución de la situación en Italia va en el buen sentido. 
Es alentador y me incita a pensar que efectivamente, cuando los países tienen la determinación política de cumplir tanto con los calendarios como con las condiciones previstas por el Tratado de Maastricht para entrar en el euro, consiguen hacerlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, hoy nos ha traído el mensaje de Amsterdam de que Europa va a poner de nuevo manos a la obra. 
Hemos tomado nota de ello y lo vemos de modo muy positivo. 
Pero me gustaría saber de la Comisión qué iniciativas va a adoptar para que las líneas básicas de la política económica de la Comunidad y de los Estados miembros se puedan aplicar del modo correspondiente. 
Si usted, la Comisión y el Consejo Europeo se tomasen en serio las recomendaciones de esta Asamblea y las integrasen en sus propias propuestas, la situación económica y de empleo podría ser diferente a la que puede derivarse hasta ahora en base a la recomendación. 
Por favor, infórmenos sobre el modo cómo se puede modificar, pues lo que hasta ahora han presentado los Ministros de Hacienda de la Unión Europea no es suficiente para que Europa ponga de nuevo manos a la obra. 
Mi segunda pregunta, señor Comisario, es la siguiente: he comprendido perfectamente que usted se ocupa del papel internacional del euro, pero me gustaría saber si usted también piensa en los consumidores, en la protección de los consumidores. 
¿Cuándo vamos a tener por fin un reglamento que garantice que las consumidoras y consumidores de la Unión Europea no van a ser gravados con los costes de la conversión? 
¿Cuándo vamos a tener la seguridad mediante un reglamento de que se va a introducir una doble indicación de precios? 
Señora, en primer lugar, si lee atentamente las conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam- no voy hacerlo aquí, pero estoy dispuesto hacerlo directamente con usted- se dará cuenta de que las preocupaciones del Parlamento Europeo, especialmente tal como se expresan en sus resoluciones sobre el pacto de estabilidad y crecimiento, fueron ampliamente tomadas en consideración. 
Además, yo personalmente me ocupé, en los últimos debates, de que el Consejo pudiese recuperar el número máximo de orientaciones propuestas por su Asamblea. 
En mi presentación de hace un momento, señalé de manera general las orientaciones que habían sido despejadas, ya sea en términos de coordinación de las políticas económicas o de política del empleo. Y lo que íbamos a hacer para darles curso. 
Sin salir de lo esencial, creo que lo primero que hay que hacer es dar a los artículos 102 A y 103 un contenido más orientado hacia el empleo. 
Esta es la razón por la que las grandes orientaciones de política económica van a ser ampliadas- ya lo verán el año próximo cuando las presentemos- para que se ocupen más de la competitividad, el mercado del trabajo, la innovación tecnológica, la educación, la formación y la fiscalidad. 
Todo ello puede ir lejos, puesto que, llegado el caso formularemos, por otra parte, con arreglo al apartado 4 del artículo 103 del Tratado, propuestas de recomendación del Consejo a los Estados miembros sobre estos temas. 
En otras palabras, existe un paralelismo entre los poderes de recomendación que hemos aplicado hasta ahora en el ámbito presupuestario y que podremos extender al ámbito económico. 
En segundo lugar, en relación con el empleo, creo haber respondido hace un momento diciendo que vamos a sacar el máximo provecho del hecho de que el capítulo «empleo» del Tratado de Amsterdam se introducirá incluso antes de la ratificación del Tratado de Amsterdam y, por tanto, brindará los fundamentos jurídicos para realizar acciones más concretas. 
Todo ello se encuentra, por el momento, en curso de examen, de análisis y de profundización. 
Tendré el gusto de informarles de ello muy rápidamente, en cuanto los trabajos hayan progresado, a nivel de nuestros servicios, pero puedo asegurarles que les mantendré estrechamente asociados a la evolución de la reflexión sobre este tema. 
En relación con los consumidores, organizamos, el 15 de mayo, un mesa redonda que permitió determinar cierto número de problemas concretos, prácticos, entre los que se encuentra, la doble advertencia, o el doble etiquetado, la fecha de puesta en circulación de los billetes, la duración de la doble circulación, etc. Después de esta mesa redonda, organizamos y realizamos un determinado número de talleres con los consumidores, los bancos, las empresas, tema por tema. 
Mi objetivo sería fijar dos citas globales para estos asuntos, una en otoño y otra en el mes de marzo, para ver qué soluciones pueden aportarse, dando por sentado que si se puede, es preferible evitar recurrir a una reglamentación. 
Nuestra Unión Europea ya acusa el defecto de la parálisis por exceso de reglamentación, entonces prefiero que peque por exceso de dinamismo y consenso. 
Por tanto, en esta etapa trabajamos en búsqueda del consenso, visto que el objetivo es poder, claro está, cuando hagamos pública la decisión relativa a los países que pasan al euro, o sea a finales de abril, principios de mayo de 1998, aportar al mismo tiempo respuestas concretas a los consumidores sobre las cuestiones concretas que se plantean. 
Lo que puedo asegurarles, por ahora, es que estas cuestiones prácticas son uno de los ámbitos de actividad esenciales de la Comisión sobre este tema. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha exigido que a la hora de determinar el déficit excesivo se examine todo el ciclo económico de la economía del país de que se trate. 
Esto es una consideración ciertamente inteligente con el fin de que no se ponga en dificultades aún mayores a un país que ya esté atravesando por una situación difícil. 
Sin embargo, las conclusiones sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Cumbre de Amsterdam contienen una alusión directa a la declaración del Consejo que, por su parte, hace hincapié en un mecanismo muy estricto en el examen del déficit excesivo, lo que da lugar a multas de manera casi directa. 
¿No resulta esto muy poco juicioso? 
¿Qué relación guarda esto con las aspiraciones de fomentar el empleo? 
¿O acaso la declaración sobre el empleo sólo era necesaria para que los franceses pudieran irse a casa con tranquilidad? 
Respondería ante todo que el pacto de estabilidad se inscribe, plenamente, en el Tratado de Maastricht. 
Le remito al artículo 104 C del Tratado que dice: » El Consejo puede decidir imponer sanciones si se reúnen determinadas condiciones». 
En este caso, el pacto de estabilidad y crecimiento conserva intacta la autonomía de la Comisión en lo que se refiere al poder de propuesta, y conserva intacta la autonomía de decisión del Consejo en el marco de los poderes normales que le reconoce el Tratado. 
El pacto de estabilidad y de crecimiento es un código de buena conducta, una guía de comportamiento, destinada a precisar las condiciones, así como el calendario, para conseguir que se recobre el equilibrio presupuestario. 
Puedo decirle, Señora, que hasta donde estoy enterado, los déficits públicos no crean empleo. 
Lo compruebo tanto en Estados Unidos como en Europa- no estoy hablando de Francia, tranquilícese- así como en los demás países europeos. 
Estos últimos años, aquellos que más han disminuido su déficit público también han experimentado el mayor crecimiento y creado el mayor número de puestos de trabajo. 
Pienso especialmente en la Presidencia holandesa. 
Ello no impide dirigir reformas estructurales, pero tanto en Denver como en Amsterdam, los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países insistieron mucho en el hecho de que hay concordancia, compatibilidad, y yo diría incluso efecto de sinergia, entre la dirección de una política económica sana, la reducción del déficit público, el estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
Me gustaría que el Comisario nos explicara de qué forma cree que van a utilizar el euro las compañías internacionales en la Unión Europea. 
En los países que tienen derecho a quedar fuera o que quizá no reúnen todas las condiciones para participar en la unión monetaria desde el principio, ¿cree usted que habrá compañías internacionales importantes que utilicen el euro a efectos prácticos y para fines contables, con lo que el euro podría utilizarse en esos países como moneda reconocida? 
¿Va a velar la Comisión para que haya una base jurídica que lo permita? 
Puedo tranquilizar al señor Provan. 
Las empresas internacionales podrán, claro está, incluso si no están en un país euro, utilizar el euro. 
Actualmente, los reglamentos aprobados en relación con el estatuto jurídico del euro tienen precisamente por objeto proporcionar las garantías jurídicas suficientes para que el euro pueda ser utilizado por todas las empresas del mundo, si así lo desean. 
En segundo lugar, añado- y con ello les doy una información- que la Comisión ha trabajado, con los responsables de los mercados financieros especialmente, sobre cuestiones sumamente técnicas de convenios, denominaciones, en materia financiera, para tratar de determinar las normas, a petición de los propios operadores financieros, para que el euro pueda ser utilizado de manera concertada. 
Tercera observación: queda de manifiesto que si el euro es una moneda cabal, es decir una moneda estable, será una alternativa al dolar, y los inversores lo piden para diversificar su cartera. 
Por ello, el euro está destinado a desarrollarse y su utilización a extenderse como moneda de cambio, como moneda de pago y también como moneda de reserva. 
Señor Comisario, quisiera volver a hablar unos momentos sobre las propuestas concretas en favor del empleo que la Comisión prevé poder elaborar, con arreglo a la resolución del Consejo Europeo de Amsterdam. 
¿Considera la Comisión que dicha resolución, el nuevo capítulo sobre el empleo, así como la integración del protocolo social, constituyen un compromiso político suficientemente ambicioso y explícito para permitir a la Unión abordar eficazmente, de aquí a la consecución de la moneda única, el problema crucial y capital del paro en Europa, y responder a la demanda y la inquietud a veces desesperada de las categorías sociales afectadas? 
¿No se ve la Comisión tentada, por el contrario, a considerar con tristeza que las conclusiones del Consejo Europeo, retomadas en la resolución sobre el crecimiento y el empleo, no hacen sino reunir algunas generalidades de economía política para uso de los estudiantes de primer nivel, y demuestran la visión tímida y a menudo incoherente de una Europa minimalista, que capitula ante algunas de sus dificultades capitales, en este caso, el problema social? 
En resumen, señor Comisario, no pienso que su aparente optimismo sea compartido por nuestros dieciocho millones de desempleados. 
Ante todo, respondería que, ciertamente, no es con papeles ni con tratados que se crea empleo. 
Tampoco cruzándose de brazos y mostrando un pesimismo permanente se devolverá a Europa la confianza necesaria para que recupere su dinamismo y cree puestos de trabajo. 
Hoy por hoy, cuando Europa dispone de experiencia y recupera el crecimiento, la mejor manera de volver a dar el impulso necesario y la voluntad de éxito es alentar a los ciudadanos y no desalentarlos. 
En segundo lugar, añado que el establecimiento del euro forma parte integrante de la solución que ha de darse al problema del paro, ya que el euro fomentará el crecimiento en Europa. 
El euro permitirá también suprimir las fluctuaciones monetarias- que algunos franceses denominaban antes devaluaciones competitivas- que costaron a Europa un millón y medio más de parados en dos años, entre 1995 y 1996. 
Por tanto, pienso que esta aportación del euro, en términos de crecimiento para Europa, será una contribución útil para la lucha contra el paro. 
Sin embargo, como la mayor parte del paro es de orden estructural, lo que hay que dedicarse a realizar, ahora más que antes, son las reformas estructurales. 
Es decir, la reducción de cargas que pesan sobre los salarios bajos, la flexibilidad que hay que dar al mercado del trabajo, es decir, la educación, el aprendizaje, la formación, otros tantos cometidos que requieren constancia y determinación. 
Una vez más, de vuelta de los Estados Unidos, después de haber visto a los estadounidenses y hablar con ellos, me di cuenta de que Europa no era ciertamente más débil que los Estados Unidos, pero que teníamos un punto débil, es decir, que no creemos en nosotros mismos. 
Y yo pienso que el papel de los hombres políticos, sin distinción de partido, es, hoy por hoy, volver a dar a los ciudadanos europeos confianza en sí mismos. 
Señor Presidente, una pregunta un poco especial, incluso original, al señor Comisario europeo. 
El G8 en Denver que se caracterizó por la ausencia de decisiones positivas para Europa, estuvo marcado por una velada de vaqueros que consagraba el orden mundial estadounidense. 
El Presidente de la Comisión Europea, Sr. Santer, recibió en esta ocasión, como la mayoría de las personalidades presentes, salvo el Sr. Blair, que lo rechazó, un regalo en la forma de un reloj de oro de gran valor. 
¿No sería ese regalo, señor Comisario, la ocasión de una iniciativa de la Comisión y el Parlamento de crear un museo al que se entregarían y en el que se expondrían todos los regalos recibidos, en el marco de sus funciones y sus responsabilidades, por las personalidades de la Unión Europea, ya sean del Parlamento, del Consejo o de la Comisión? 
A mi juicio, el deseo de rigor y transparencia que tenemos tanto ustedes como nosotros, encontraría así la mejor manera de expresarse a los ojos de la opinión pública europea, a los ojos de los ciudadanos europeos. 
¿Desea contestar el señor Comisario? 
Personalmente, yo no he recibido este tipo de regalos. 
Museos, sí, se pueden crear museos, ¿pero no enterraríamos a Europa con cierta facilidad en los museos? 
Para volver a la política del empleo, señor Comisario, citó usted, entre los medios, el recurso a las grandes orientaciones económicas, la ampliación de estas grandes orientaciones, las recomendaciones del Consejo en materia de empleo. 
Asimismo, habló especialmente de la extensión del papel del Banco Europeo de Inversiones y la utilización de los fondos de la CECA. 
Me gustaría que nos precisara cuáles son los efectos sobre el empleo que pueden esperarse de estos dos medios muy concretos, puesto que, como lo dijo el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Sr. Roth, actualmente, el BEI ya tiene en cuenta los problemas de empleo en las inversiones que financia. 
Por otra parte, los fondos de la CECA no son fondos disponibles, son fondos que provienen de la industria y no pueden tomarse así para utilizarlos en una perspectiva keynesiana. 
Me gustaría saber de la parte del señor Comisario qué tenía pensado el Consejo Europeo cuando señaló estos dos medios muy concretos. 
Señor diputado, le agradezco su pregunta. 
Podría responderla en dos horas, porque es técnicamente complicada. 
Diré, para ser lo más sencillo posible, que se pidió al BEI acelerar, facilitar el acceso al crédito, y en segundo lugar, disminuir el coste de este crédito para las pequeñas y medianas empresas que trabajan en los ámbitos de las tecnologías avanzadas. 
Por tanto, se trata de acciones puntuales dirigidas que permiten al BEI, con sus recursos propios, con sus reservas, si puedo decirlo así, facilitar el acceso al crédito para las empresas que lo necesitan para poder desarrollarse, y tiene futuro porque se trata de sectores en desarrollo, lo que se llama la alta tecnología. 
En relación con la CECA, usted sabe que posee reservas importantes que tiene la obligación de conservar porque necesita cubrir los créditos que ha hecho a la industria. 
La CECA desaparecerá el 23 de julio de 2002. 
Un determinado número de créditos seguirán todavía vigentes, tendrán todavía curso durante un determinado número de años. 
Por tanto, en la medida en que sea necesario cubrir estos créditos, las reservas se mantienen. 
Lo que es interesante, es que el Consejo Europeo ha dicho: puesto que esas reservas se han constituido a partir de una exacción sobre las industrias del carbón y el acero, cuando puedan ustedes liberar estas reservas las darán a un fondo que permitirá alimentar la investigación en las industrias relacionadas con este sector. 
Por ende, en lugar de que ello se termine con una recuperación de estos fondos por no sé quién, se asegura que tenga un destino y una utilización óptima para facilitar la investigación, porque la investigación ayuda al empleo y no se hace suficiente investigación en Europa. 
Señor Presidente, ahora que la llegada del euro parece cada vez más probable, o incluso casi segura, quisiera preguntar al Comisario qué pasará con el sistema de tipos de cambio verdes en Europa. 
¿Habrá un euro verde, o cuándo piensa la Comisión hacer propuestas concretas en este ámbito para que también en materia agrícola tengamos un solo euro en toda Europa? 
Su pregunta es excelente. 
Estamos iniciando las reflexiones sobre este tema. 
Lo que puedo decirle, es que el euro va a simplificar la situación, en todo caso para los países de la zona euro. 
Por tanto, en materia agrimonetaria, las dificultades que han surgido debido a las variaciones monetarias, y que han tenido repercusiones agrimonetarias, desaparecerán. 
Ello simplificará, por ende, la situación. 
En segundo lugar, seguirá siendo una asignatura pendiente con los países que no tengan el euro y sean miembros de la Unión Europea. 
Estos aspectos son actualmente objeto de reflexiones técnicas y puedo asegurarle que se tomarán todas las disposiciones necesarias para que en el momento del nacimiento del euro, desaparezcan todas las dificultades que aún pudieran subsistir. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
Ofertas públicas de adquisición 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0204/97) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de decimotercera Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de derecho de sociedades relativa a las ofertas públicas de adquisición (COM (95) 0655- C4-0107/96-95/0341 (COD)) 
He recibido una solicitud del Grupo UPE, presentada sobre la base del artículo 129 del Reglamento, de devolución del informe a comisión. 
Tiene la palabra el Sr. Florio para defender la solicitud. 
Señor Presidente, hemos presentado esta solicitud porque consideramos que el tema merece una ulterior profundización. 
Hacemos presente que esta propuesta de la Comisión nació como una propuesta de recomendación que luego se ha convertido, a lo largo del tiempo, en propuesta de directiva. 
Las consultas se realizaron sobre la base de la propuesta de recomendación y no sobre la base de la propuesta de directiva, en la que se transformó posteriormente. 
Ahora bien, a la luz de estas consideraciones, en mi Grupo se ha ido plasmando el propósito y la convicción de que es oportuno seguir profundizando en este tema en el seno de la comisión, a fin de abordar eventual y paralelamente el inminente- o casi inminente- debate sobre la Directiva relativa a las sociedades anónimas europeas. 
En nombre de mi Grupo, por consiguiente, reitero la solicitud de devolución del informe a comisión. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, quiero comunicar que el tema ha sido extensamente debatido en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, se han tomado en cuenta todas las consideraciones y se han apreciado todos los aspectos. 
Me parece que, en este momento, no tiene sentido la devolución a comisión. Por tanto, pido que se mantenga en el orden del día. 
Someto a votación la solicitud de devolución del informe a comisión. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) Tiene la palabra la ponente, Sra. Fontaine. 
Señor Presidente, el informe sobre las ofertas públicas de adquisición, que tengo el honor de presentar ante nuestra Asamblea en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, no puede disociarse de su contexto histórico y usted me permitirá, señor Presidente, unas palabras sobre este tema. 
En 1989, la Comisión ejecutiva, al comprobar que en el seno del sector privado europeo se multiplicaban las tomas de control, amigables u hostiles, tomó la iniciativa de proponer que se adoptaran a este nivel un determinado número de disposiciones comunes que regularan estas prácticas. 
La propuesta de la Comisión era, en realidad, una verdadera directiva de armonización. 
Nuestro Parlamento Europeo la complementó con algunas enmiendas, pero la aprobó en su conjunto en un informe que votamos en el mes de enero de 1990. 
No obstante, tuvimos que comprobar a continuación la persistente resistencia en el seno del Consejo. 
La Comisión nos propone hoy un nuevo enfoque. 
Se trata de una directiva marco que establece los principios generales en materia de ofertas públicas de adquisición, sin tratar de armonizar en detalle las reglamentaciones en vigor en los diferentes Estados miembros. 
Hay que observar, por lo demás, que desde 1989 éstos se dotaron unos tras otros de una determinada reglamentación en la materia. 
El nuevo paso de la Comisión se inscribe en el espíritu de compromiso, adoptado en Edimburgo en 1992, de respetar el principio de subsidiariedad y dejar a los Estados miembros libres de aplicar los principios inscritos en la directiva teniendo en cuenta sus tradiciones y prácticas nacionales. 
Asimismo, este nuevo paso tiene como objetivo, en este caso, salir del callejón sin salida creado por el Consejo. 
Nadie ignora que la oposición más fuerte procedía de los Estados miembros que consideraban que la armonización inicialmente propuesta iba más allá de lo deseable y de lo que se deseaba. 
En este contexto, esta ponente quiso, y espero que el Sr. Florio me escuche, que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos examinara, ante todo, muy atentamente, la oportunidad de esta nueva línea propuesta por la Comisión. 
Se trataba en cierto modo de una pregunta previa que yo formulaba a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, previa a todo examen de fondo del dispositivo. 
¿Era preciso, sí o no, legislar? 
Y en caso afirmativo, ¿habría que hacerlo a través de una directiva? 
¿Habría que hacerlo de la manera limitada que nos proponía la Comisión? 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, después de realizar, una vez más, un examen exhaustivo, respondió afirmativamente a estas dos preguntas. 
Dio mandato a esta ponente para continuar sus trabajos en esta vía, es decir en la de una directiva de armonización mínima. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos consideró, en efecto, que la extrema diversidad de las legislaciones nacionales no permitía realizar las operaciones de ofertas públicas de adquisición en un contexto de seguridad jurídica satisfactoria ni para los accionistas minoritarios, ni para los asalariados de las empresas interesadas. 
Considera que una tentativa de armonización, incluso limitada en sus objetivos, incluso, hay que decirlo, muy poco audaz, permitiría de todas maneras instaurar una cierta lealtad entre los diferentes protagonistas, disuadiendo a los más fuertes de lanzar incursiones meramente especulativas. 
Añadiría, Señorías, que el argumento que consiste en decir «cuidado, no hagamos nada mientras la quinta directiva sobre la participación de los trabajadores, la décima directiva sobre las fusiones transfronterizas, el proyecto de sociedad europea no hayan sido desbloqueadas» forma parte de la estratagema de Penélope. 
Nada, en estos distintos proyectos que, en efecto están, lamentablemente, bloqueados en el seno del Consejo, y desde hace años, tiene vínculos suficientemente directos con el asunto que hoy nos ocupa como para justificar una resistencia global. 
Por el contrario, la señal que vamos a enviar podría ser el inicio de un descongelamiento en este ámbito tan esperado del Derecho comunitario de sociedades. 
En lo relativo al fondo, la preocupación que nos ha guiado no ha sido, por tanto, la de hacer el texto más vinculante, sabiendo que las mismas causas producirían los mismos efectos, que sería de nuevo rechazado por el Consejo, sino, con un espíritu pragmático y de eficacia, hacerlo más claro, más preciso, pero también más dinámico en sus perspectivas de aplicación posterior por parte de los Estados miembros. 
Este es el espíritu que inspiró nuestras enmiendas definiendo al postor, protegiendo a los accionistas prioritarios, precisando las misiones de la autoridad de control. 
Por último, y como ya lo habíamos hecho en 1990, insistimos en la transparencia necesaria respecto a los asalariados. 
Algunas de nuestras enmiendas, retomadas del excelente informe de nuestro compañero Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, permitirán sobre todo brindar a éstos una mejor información. 
Señor Presidente, Señorías, después de la Cumbre de Amsterdam, que registró algunos tímidos progresos para que la construcción europea se dote por fin de una dimensión social, de la que carece cruelmente, deseo que nuestra Asamblea demuestre que por su parte no acepta ni las parálisis, ni las evasivas. 
Deseo de todo corazón que nuestra Asamblea apruebe las orientaciones de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y de su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en favor de esta directiva y las enmiendas que proponemos para concretar nuestra voluntad de transparencia, equidad y equilibrio social del mercado interior europeo. 
Señor Presidente, ante todo- y no es simple cortesía ni rutina- debo felicitar a la Sra. Fontaine por el trabajo que ha realizado sobre un texto que es de una levedad extraordinaria. 
Hay que felicitar a la ponente, la Sra. Fontaine, porque ha intentado dar a dicho texto un contenido un poco más preciso, aunque siempre con las limitaciones que ella ha señalado. 
En efecto, como ella misma ha dicho aquí e indicado en su informe, la Sra. Fontaine sintió la duda sobre si valía o no la pena seguir hablando de esta directiva y dedicarle un esfuerzo importante. 
Ella se ha decidido por este esfuerzo y yo la felicito por el trabajo que ha realizado. 
Además, con el trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, y con algunas enmiendas, se ha intentado dotar de cuerpo a esta directiva. 
Pues, en efecto, la presente propuesta de directiva es un ejercicio cuyos resultados me parecen bastante limitados. 
Ello se debe a que se ha utilizado el principio de subsidiariedad para salvar el escollo de las resistencias en el Consejo a dar su acuerdo a propuestas anteriores. 
Este es uno de los casos en que el principio de subsidiariedad se ha utilizado de un modo un poco forzado, porque si este asunto es competencia de los Estados, entonces todo el Derecho de sociedades, o la mayor parte del Derecho de sociedades, va a ser competencia de los Estados, Y no es lo mismo el tipo de Derecho de sociedades británico por ejemplo, que el Derecho de sociedades continental. 
En este proyecto de directiva, los británicos han jugado un papel de freno muy importante- quiero decir el gobierno de la época- y se podrá decir que, efectivamente, hay muchos aspectos del Derecho de sociedades que son propios del Derecho anglosajón y que, por lo tanto, no tiene que haber una dimensión comunitaria al respecto. 
Sin embargo, la ponente señala- y creo que esto es importante- que en una situación de globalización como la actual, es evidente que la Unión Europea no está respondiendo, en este campo del Derecho de sociedades, a lo que podría esperarse de ella cuando, curiosamente, el comercio y todos sus aspectos se internacionalizan, se globalizan y tienden cada vez a ser más parecidos. 
Yo recuerdo que, hace muchos años, estudiando Derecho comparado, se me indicaba que no era posible armonizarlo todo, y se ponía como ejemplo el Derecho de familia, el divorcio, por ejemplo. 
Este aparece, sin embargo, prácticamente armonizado en casi toda la Unión y, en cambio, tenemos el Derecho de sociedades que no lo está. 
Espero que, por lo menos, se apruebe este texto. 
Nosotros votaremos a favor con algunas enmiendas, porque más vale algo que nada. 
Señor Presidente, señoras y señores, la propuesta de la Comisión tiene en cuenta el principio de subsidiariedad en base a las experiencias acumuladas con la fracasada propuesta de 1989 que se ha mencionado. 
La propuesta contiene un objetivo, un marco, y deja en gran medida en manos de los Estados miembros su configuración concreta. 
En consecuencia, solamente se logra de un modo restringido el objetivo de que los accionistas de sociedades que cotizan en Bolsa, en caso de un cambio de control de la sociedad, encuentren en el mercado interior unas normas protectoras del mismo valor. 
Ante las muy diferentes regulaciones en los Estados miembros en el sector de las ofertas públicas de adquisición, se planteó con razón en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos así como en mi grupo político la cuestión de si en lugar de una directiva no sería adecuada una recomendación. 
Personalmente, habría preferido una recomendación pero hay buenas razones para la decisión adoptada en favor de una directiva marco. 
Si se quieren evitar distorsiones de la competencia y garantizar a los mercados bursátiles una transparencia y, al menos, una protección mínima de los accionistas que están en minoría, hace falta una garantía jurídica mínima. 
Ante las amplias diferencias existentes entre las normas nacionales sobre las ofertas de adquisición, esta seguridad jurídica solamente se podrá lograr determinando un marco de actuación jurídico, aunque sea mínimo. 
La actuación entre los diferentes participantes en el mercado bursátil debe garantizarse en primera línea con una armonización y no con códigos de conducta sobre la base de la voluntariedad. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha fortalecido aún más el carácter de la propuesta de la Comisión como norma marco. 
En el informe se contienen algunas enmiendas que crean unos márgenes de actuación adicionales para que los Estados miembros recurran a sus sistemas nacionales. 
En la directiva hay algunos puntos esenciales que no se tocan o sólo de un modo incompleto. 
Entre ellos se incluyen, por ejemplo, la definición del accionista minoritario, la inclusión de acciones concertadas en el ámbito de aplicación de la directiva así como la precisión de los casos en los que los Estados miembros pueden autorizar a sus autoridades de supervisión a conceder excepciones a las normas de la directiva. 
Si se tienen en cuenta las dificultades señaladas, la propuesta de la Comisión merece sin embargo nuestro pleno apoyo en la versión de la ponente. 
Señor Presidente, antes de nada deseo disipar cualquier duda. 
Guardo el máximo respeto y la máxima consideración por el excelente trabajo que ha realizado la ponente y mi solicitud, presentada en nombre de mi Grupo, de devolución del informe a comisión no quería ni quiere parecer en absoluto una crítica hacia el trabajo llevado a cabo por la Sra. Fontaine. 
La propuesta de directiva marco sobre las ofertas públicas de adquisición, como ya se ha dicho, es el resultado de anteriores iniciativas, puesto que ya en 1989 la Comisión Europea propuso una directiva de armonización clásica que, sin embargo, no mereció el visto bueno del Consejo. 
Posteriormente, a través de la realización del mercado interior, la Comisión propuso, tal como acabo de mencionar, una recomendación seguida por una directiva marco que establece algunos principios generales, cuyo fin es crear condiciones parecidas en todos los Estados miembros, a los que se les deja un amplio margen de maniobra. 
En consecuencia, para la Comisión, la gran y actual diversidad de legislaciones nacionales no permite realizar las operaciones de oferta pública de adquisición en un contexto de seguridad jurídica satisfactoria, y una armonización flexible, a pesar de que inicialmente la Comisión hubiera preferido una directiva vinculante, logrará instaurar cierta lealtad entre los diferentes agentes del mercado de valores. 
En consecuencia, pese a que la directiva establece varios principios, que no voy a recordar, se han dejado unas amplísimas facultades de legislar de otra forma a los Estados miembros. 
Consideramos que en este campo, relacionado con la libre circulación del dinero, hubiera sido preferible establecer un mayor número de reglas precisas comunes. No ha sido así. 
Por ello, y con cierto pesar, constatamos que la Unión Europea, ante determinadas elecciones graves e importantes, no logra hacer unas verdaderas elecciones comunes. 
Quiero decir en nombre del Grupo liberal que tenemos grandes reservas en torno a esta fase de los trabajos. 
Pensamos que existen cuestiones más urgentes dentro del Derecho empresarial a las que deberíamos dedicar nuestras fuerzas. 
Pienso en la mayor gravedad de los problemas que experimentan las empresas en su actividad transfronteriza. 
Necesitamos unas medidas rigurosas en base al informe del Grupo Davignon, la fiscalización estandarizada de empresas que actúan en varios países miembros y el modo en que hay que tratar la cuestión de los déficit. 
En estos asuntos deberíamos haber concentrado nuestros trabajos y espero que la Comisión los aborde seriamente. 
La situación en torno a la oferta de adquisición es como es sabido distinta en nuestros países miembros, lo cual ya han dicho otros antes que yo. 
Algunos países tienen sistemas jurídicos detallados y otros voluntarios. 
Espero que la Directiva, también después de que la Comisión la haya examinado, nos ofrezca unas garantías a este respecto. 
Aunque dispongamos de una Directiva marco, hay cuestiones dentro de una Directiva marco en las que hay que hacer precisiones. 
Pienso, por ejemplo, en la propuesta de leyes aplicables. 
Yo no creo que sean satisfactorias ni la propuesta de la Comisión ni la surgida a raíz del curso dado al asunto en la comisión parlamentaria; me refiero especialmente al artículo 3.2. 
También pienso que es importante conseguir una verdadera protección para los accionistas minoritarios cuando se apruebe esta Directiva. 
Este aspecto no se encuentra recogido en el artículo 10. Por eso hemos elaborado una enmienda. 
Estimados colegas, yo también pienso que la Comisión de A. Jurídicos propone unas modificaciones que no concuerdan con el mundo real. 
Pienso en la obligación de publicar informes anuales durante los cinco años siguientes a una adquisición sobre la evolución registrada en el ámbito del empleo. 
Esto va producir empleo, pero no unos puestos de trabajo reales y competitivos. 
Señor Presidente, quisiera sumarme también a las felicitaciones que está recibiendo la Sra. Fontaine. Es como si estuviera recibiendo un ramo de flores. 
Se ha ocupado muy bien de esta cuestión en la comisión parlamentaria. Casi obtuvo la unanimidad en la votación final de la comisión parlamentaria, excepción hecha de dos abstenciones y del Sr. Cassidy, que votó en contra de toda la decisión integra de la comisión. 
Me parece que se necesitaría un milagro del Arcángel Gabriel para persuadir al Sr. Cassidy de que se sumara a nuestra posición. 
La directiva original de 1989 ha quedado ya muy bien explicada en este Parlamento. 
La presente directiva abarca un ámbito mucho menor. Su texto es muy moderado en cuanto al estilo porque ha tomado en consideración lo que sucedió en el Consejo en 1989 y en 1990. 
En el Reino Unido se registra la tasa más elevada de ofertas públicas de adquisición y de batallas en torno a ofertas públicas de adquisición de toda la Unión Europea. 
Ha habido unos 1.500 casos entre 1995 y 1996. 
El Reino Unido posee también una excelente reputación por sus conocimiento acerca de estas cuestiones concretas, debido quizá a la existencia de un órgano apropiado. 
Aceptamos esta situación, y la propuesta también la acepta en gran medida. En el artículo 6 se dice que la autoridad supervisora puede ser un órgano no regulador. 
Al órgano encargado de las ofertas en Gran Bretaña se le ha tenido en cuenta en dicha enmienda. 
En Europa se están viendo en la actualidad ofertas públicas de adquisición hostiles. 
En este contexto el caso de Krupp/Thyssen puede considerarse como un caso aislado, si uno piensa en el gran número de ofertas hostiles que puede haber en el futuro. 
Por lo tanto, el Grupo Socialista opina que redunda en interés de la política de competencia en esta esfera que contemos con alguna forma de legislación reguladora en este campo. 
En cuanto a la hostilidad de la Comisión respecto de la enmienda 11, diré que únicamente en mi país se perdieron unos 12.500 puestos de trabajo en 1995-1996 como consecuencia de fusiones y ofertas públicas de adquisición. 
La enmienda 12 preconiza que las personas que posean participación en las sociedades involucradas a través de las inversiones institucionales para su régimen de pensiones- el número de personas en este caso está aumentando en toda Europa- sean consultadas antes de tomar una decisión final sobre el particular. 
Tengo entendido que a la Comisión le preocupa este aspecto. 
Si va a presentarnos otras normas legislativas, por ejemplo la directiva sobre pensiones que el Consejo tiene actualmente ante sí, podríamos tener en cuenta lo mencionado. 
Para acabar diré que el obstáculo con que tropieza el Parlamento es la legislación angloamericana, y la posibilidad de que la legislación angloamericana reemplace al modelo europeo. 
Espero que este Parlamento rechace la propuesta, y confío en ello. 
La legislación angloamericana nos ha originado complejos problemas en el Reino Unido y no quisiera tropezar de nuevo con ella aquí. 
Estoy seguro de que, cuando entremos en el procedimiento de conciliación con el Consejo, la Sra. Fontaine luchará firmemente en nombre del Parlamento en favor de nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, de la intervención que tenía preparada sólo voy a retener una observación y es mi felicitación a la ponente por el hábil trabajo desarrollado por ella. 
Verdaderamente, ha sabido conducir este buque del informe del Parlamento Europeo con mano maestra, y estoy segura de que conseguirá llegar a buen puerto. 
A partir de ahí, mi reflexión se va a hacer más amplia y se va a centrar en el debate entre quienes desean regular el Derecho de sociedades por medio de una recomendación- por lo que han solicitado la devolución de este informe a comisión- y quienes propugnan que se haga mediante una directiva o, al menos, una directiva marco. 
Pues bien, señor Presidente, superado el de Amsterdam, nuestro próximo reto es la tercera fase de la Unión Monetaria, y para que la tercera fase de la Unión Monetaria tenga posibilidades de constituir un éxito- y Europa necesita que esa tercera fase de la Unión Monetaria sea un éxito -, necesitamos completar el mercado interior. 
Y, cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta de que hay un sector que no avanza en el mercado interior desde hace 20 años, y es el sector de sociedades. 
Pero esto es paradójico, porque el sector de sociedades fue el sector pionero en la integración europea, el sector que dio el primer impulso al mercado interior. 
Hace 20 años que este sector no avanza, y ahora se nos viene a decir que no se debe hacer una directiva- que ha tenido una historia complicadísima desde hace caso 10 años -, sino una recomendación. 
Y es curioso, porque también he escuchado, de labios de las mismas personas que propugnan la recomendación, que esta directiva es demasiado poco ambiciosa y que se debería intentar una mayor integración, así como otro argumento, que no tiene nada que ver con este asunto, según el cual hay que esperar, para hacer buena normativa, a que se termine el informe Davignon y a tener una directiva sobre la sociedad anónima europea. 
Y yo me pregunto, señor Presidente, ¿qué es esto?. 
Esto en España se llama filibusterismo institucional, es querer que el buque de la Unión Europea no avance y detrás de esto hay dos palabras: una es la de subsidiariedad y, paradójicamente, la otra es la de globalización. 
Y entre Scylla y Charybdis debemos practicar, como ha dicho muy bien el colega del Grupo Socialista, Verde i Aldea, una política realista. 
Esta directiva, en mi opinión, no es suficiente, pero es un primer paso y un paso absolutamente necesario que esperemos sea seguido por otros pasos, absolutamente necesarios también en el ámbito del Derecho de sociedades. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión, me congratulo con la Vicepresidenta Sra. Fontaine de su excelente informe sobre esta importante medida en el ámbito del Derecho de sociedades. 
Pienso que podemos estar todos de acuerdo sobre un punto, esto es, la situación en la Comunidad en lo referente a las ofertas públicas de adquisición y la protección de los accionistas minoritarios, en el caso de cambio de control de una sociedad que se cotice en bolsa, se caracteriza hoy por hoy por una pluralidad de reglas que fragmentan el mercado. 
La Comisión considera que esto, a la luz de la paulatina integración de los mercados financieros europeos, representa un verdadero escollo para el funcionamiento del mercado único. 
Como sus Señorías saben- y se ha recordado- el anterior intento de remediar esta situación no tuvo mucho éxito, puesto que la propuesta de directiva formulada a finales de los años ochenta, modificada en 1990 a fin de tener en cuenta la opinión del Parlamento, encontró fuertes resistencias por parte de algunos Estados miembros. 
Los debates han puesto de manifiesto lo difícil que es conciliar algunas divergencias fundamentales a través de una directiva orientada a armonizar en profundidad las ofertas públicas de adquisición, ya que por lo general, más allá de este tema específico, el planteamiento de las armonizaciones en profundidad está ya trasnochado. 
Por este motivo la propuesta se inspira, como ha apuntado la Sra. Fontaine, en el principio de subsidiariedad. 
Por ello, algunos hubieran preferido una recomendación y otros una directiva más densa y pormenorizada. 
Por nuestra parte, nos hemos movido en la perspectiva de una directiva marco que establece algunos principios y condiciones mínimas, si bien deja a los Estados miembros la tarea de aplicarlos de tal manera que coincidan plenamente con sus tradiciones y estructuras, incluidas las que adoptan la forma de códigos de autorregulación. 
Por lo tanto, los objetivos de fondo de la Comisión son asegurar que, en el mercado único, los accionistas de una sociedad que cotice en bolsa gocen de las mismas garantías en el caso de cambio de control, así como que existan disposiciones mínimas para la realización y la transparencia de las ofertas públicas de adquisición. 
Es primordial garantizar que, en el momento en que se lanza una oferta pública, esta se realice en un contexto de seguridad jurídica en el que todas las partes afectadas conozcan las condiciones conforme a las que deben operar. 
La Comisión puede acoger la mayor parte de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, con una pequeñas modificaciones en cuanto a su redactado por lo que se refiere a las enmiendas núms. 
1, 4 y 6. Por el contrario, no puede aceptar en esta fase, la enmienda nº 17, que se refiere al plazo de aceptación de la oferta, porque, a la vista de la economía general del texto y de sus objetivos, no nos parece que la motivación sea lo bastante clara. 
La Comisión se reserva la facultad de reconsiderar su posición con respecto a este punto en una fase posterior del examen parlamentario. 
Señor Presidente, en lo que atañe a los aspectos sociales- y deseo aprovechar este momento para dar las gracias también a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y al Sr. Hugues- la Comisión es favorable a la inclusión del principio general de protección del puesto de trabajo contemplado en la enmienda nº 11. 
Sin embargo, no puede aceptar dos enmiendas que se refieren, la primera- la enmienda nº 13- a las informaciones acerca del personal empleado, y la segunda- la enmienda nº 21- a la consulta a los empleados por parte del órgano de administración de la sociedad objeto de la oferta. 
Nos parece difícil poder conciliar estas dos enmiendas con el concepto de directiva marco y el principio de subsidiariedad. 
Aceptamos la enmienda nº 14, pero con una formulación menos rígida, y la nº 16 sólo parcialmente. 
En cuanto a la enmienda nº 12, no podemos acogerla, puesto que no nos queda claro que los accionistas, que lo son en virtud de inversiones efectuadas por los responsables de los inversores institucionales, puedan implicarse en el procedimiento de oferta pública de adquisición. 
Preferimos pensar, en cambio, que esta materia, que se refiere a la gestión de los fondos de pensión, debe regularse a nivel nacional. 
Las enmiendas núms. 23, 25, 26, 28 y, en parte, la nº 27, presentadas durante la sesión de hoy, deben ser rechazadas por la Comisión. 
Por el contrario, puede aceptarse la enmienda nº 24, al igual que la parte de la enmienda nº 27 que prevé la información de los empleados dentro de un plazo razonable después de la publicación de la oferta. 
Confío en que el Parlamento Europeo siga respaldando nuestra iniciativa y coincido en lo que se ha manifestado, esto es, que existen otras iniciativas importantes como las operaciones transfronterizas, el estatuto de la sociedad europea, la necesidad de coordinar la fiscalidad. 
Sin embargo, al igual que la ponente, no considero que la devolución de esta propuesta ayude a solucionar las demás cuestiones, por no decir que la rápida y positiva consideración de esta propuesta puede ofrecer una importante contribución para desbloquear todo el contexto. 
Por último, señor Presidente, al redactar la propuesta hemos tenido particularmente en cuenta las preocupaciones expresadas por diputados británicos de este Parlamento y en Gran Bretaña en general. 
Tal como está redactada, la directiva tiende a mantener lo más intacto posible el sistema de ofertas públicas de adquisición del Reino Unido. 
Los litigios en forma de revisión judicial en el Reino Unido ofrecen ya una posibilidad, aunque no se les pueda considerar como táctica común debido a que los tribunales ingleses son reacios a intervenir durante una licitación, pues una parte que se considere perjudicada tiene derecho a reclamar daños y perjuicios. 
La propia directiva estimula explícitamente a que la autoridad supervisora ejerza un control voluntario para evitar que se recurra a acciones administrativas o judiciales. 
Quiero, pues, asegurar a los diputados de este Parlamento que están preocupados, que nosotros estamos tan preocupados como ellos acerca de los mencionados aspectos y que hemos tratado de encontrar un mecanismo que, al mismo tiempo que ofrece una directiva marco, cause la mínima alteración posible a un sistema bien establecido y que funciona bien como el de Gran Bretaña. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Preparados peligrosos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0186/97) de la Sra. Baldi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de los preparados peligrosos (COM (96) 0347- C4-426/96-96/0200 (COD) ). 
2) Productos fitosanitarios y biocidas, puesto que la Directiva sobre la clasificación, envasado y etiquetado de los plaguicidas será abrogada. 3) Fichas de datos de seguridad, que deberán proporcionar los fabricantes en relación con los preparados que no están clasificados como peligrosos. 
La gran mayoría de las modificaciones introducidas revisten importancia, ya que guardan relación con la evaluación de los preparados en razón de los peligros que entrañan para el medio ambiente y se armonizarán con la Séptima Adaptación al Progreso Técnico de la Directiva 67/548/CEE sobre sustancias peligrosas, que es una directiva estrechamente relacionada con la que estamos examinando en este Pleno. 
Por consiguiente, el procedimiento que se ha seguido ha sido un procedimiento de armonización de la legislación existente sobre las sustancias químicas y, si bien es cierto que la propuesta no es fácilmente comprensible para los legos en la materia, hay que recordar que el papel del Parlamento es dar una orientación política. 
Les recuerdo, sin embargo, que la evaluación de los peligros de un preparado se basa en la fijación de las siguientes sustancias indicadoras de peligro: propiedades físicas y químicas, propiedades con efectos sobre la salud, propiedades medioambientales. 
Lo que es preciso subrayar una vez más es la importancia de la armonización de la legislación existente, dado que las normativas en vigor en la actualidad en los diferentes Estados miembros, en lo referente a la clasificación, envasado y etiquetado de los preparados peligrosos, obstaculizan, tal como ha evidenciado con acierto la Comisión, los intercambios intracomunitarios, producen distorsione de la competencia e inciden negativamente en el funcionamiento del mercado interior. 
Por ello, se acoge con satisfacción una directiva orientada a regular este sector anteponiendo, siempre y en todo caso, la protección del consumidor. 
Y es precisamente para salvaguardar la salud, la seguridad y protección de los ciudadanos europeos, que queremos que la Directiva introduzca normas de seguridad estrictas en todos los Estados miembros. 
De ahí la necesidad de las fichas de datos de seguridad, del etiquetado de determinados sensibilizantes, etcétera. 
El ciudadano tiene derecho a que se proteja su salud y esto es posible ante todo a través de una información clara y transparente, proporcionada también por un etiquetado legible y fácilmente reconocible. 
Se ha seguido esta pauta insertando asimismo, entre las demás disposiciones, una indicación de peligro detectable al tacto, con el fin de proteger a los invidentes. 
Sin embargo, en el caso de preparados no peligrosos que contengan una sustancia que afecta a la salud, si la información sobre determinadas propiedades no fuera útil para la protección de la salud de los consumidores, entonces será preciso introducir fichas de datos de seguridad simplificadas para los preparados no clasificados como peligrosos, teniendo en cuenta que la elaboración y la puesta al día de las fichas de datos completas implica costes, tiempo e importantes dificultades para las pequeñas y medianas empresas que, con frecuencia, carecen de los recursos humanos y técnicos necesarios. 
Quisiera subrayar, por último, el hecho de que la Directiva europea abarca y refleja la voluntad de la gran mayoría de los Estados miembros, manifestada en los contactos que me apresuré en tener con las autoridades nacionales europeas, habida cuenta de que se ha intentado crear una normativa equilibrada que tuviera en cuenta, mejorándolas e intentando armonizarlas, las diferentes legislaciones de los Estados miembros. 
Éste es el sentido de las enmiendas que he presentado en la Comisión y el Pleno, puesto que la legislación sobre los preparados químicos necesita una armonización. 
La presente propuesta pretende ser un verdadero paso adelante en esta dirección y es fruto de una mediación entre las diferentes legislaciones nacionales existentes. 
Ahora, es preciso que la directiva sea factible y operativa. 
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a la Sra. Baldi que haya trabajado tan a fondo en esta cuestión vital y complicada. 
El modo en que tratamos los productos químicos constituye una de las cuestiones más importantes dentro del ámbito del medio ambiente. 
Cada día comprobamos que aumentan las alergias y que las personas y el medio ambiente se ven afectadas de un modo negativo. 
Por eso doy la bienvenida a la propuesta de la Comisión, que hará que abordemos estos problemas seriamente a nivel europeo. 
La Directiva es difícil y muy técnica en su contenido, pero la adopción de posiciones políticas es sencilla si consideramos sus repercusiones. 
Estamos adoptando decisiones sobre la clasificación, el embalaje y etiquetado de los preparados peligrosos. 
Esto es naturalmente importante para miles de trabajadores europeos que diariamente están en contacto con estos productos químicos. 
Dependen de una información exhaustiva y veraz sobre el modo en que hay que emplear estos preparados para no poner en riesgo su salud. 
En la Directiva es sobre todo el artículo 16 el que se centra en el medio ambiente. 
Este artículo propone que sea obligatoria la llamada ficha de datos de seguridad, que incluirá unas indicaciones para el uso. 
Sería injusto que el Parlamento intentara simplificar este tipo de ficha. 
Además esto implicaría que los tres nuevos países miembros se verían obligados a menoscabar su legislación actual en este ámbito. 
Estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos en su puesto de trabajo. 
No se trata de una lectura de ocio que haya que simplificar para que su comprensión le resulte más fácil a alguno de los diputados del Parlamento, sino de asuntos vitales que giran en torno a la salud de las personas. 
Sin embargo, no es solamente el medio ambiente laboral el que se verá afectado por esta Directiva, sino el medio ambiente en general y nuestra vida cotidiana como consumidores. 
Muchos de los productos que adquirimos en los comercios tienen un etiquetado que nos advierte de que pueden dañar la salud o provocar alergias. 
En base a esto me parece poco realista que se haga referencia a que son los intereses de los consumidores los que propugnan una debilitación de la Directiva. 
Son otros los intereses que desean una debilitación de la Directiva y espero verdadermente que la Cámara diga «no» a ésta y otras propuestas que harán que en el futuro no se puedan conservar las fichas de datos de seguridad que tenemos en Suecia, Finlandia y Austria. 
Esto formó parte de los acuerdos concluidos con ocasión de las negociaciones para la adhesión. 
Espero por tanto que la Cámara vea lo conveniente que resulta partir de un nivel elevado en lo que atañe a la seguridad, tanto para nosotros como para los trabajadores, consumidores y miembros de la sociedad en Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores, en nombre del Grupo del PPE quiero decir que esta propuesta de directiva sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos es un buen ejemplo de una legislación europea positiva. 
El problema de los preparados peligrosos está regulado a nivel comunitario ya desde 1988, si bien esta regulación ha sido completada y modificada varias veces desde entonces. 
Con la presente propuesta de la Comisión no solamente se realiza una revisión y compendio de las diferentes legislaciones sino que mediante la inclusión de las repercusiones de los preparados peligrosos sobre el medio ambiente se cierra una laguna legislativa que aún existía. 
La materia a regular es tan complicada porque no solamente se trata de muchos agentes activos- más de mil- sino de aún muchos más preparados en los que se contienen estos agentes activos. 
Se trata de varios cientos de miles. 
También es muy complicado porque los preparados no solamente se venden a los consumidores finales sino porque hay muchos que solamente se emplean dentro de la industria. 
Los fabricantes de preparados son muchas pequeñas y medianas empresas. 
Se espera de ellas que pongan a disposición todos los datos necesarios. 
Esto significa que, naturalmente, debe garantizarse la protección de las personas y del medio ambiente. 
En los datos que van más allá de este objetivo, hay que encontrar un equilibrio razonable entre los gastos y las utilidades adicionales. 
En este sentido, creo que la propuesta de la Comisión era una base muy buena. Incluso para la mayoría de los preparados clasificados como no peligrosos, el fabricante debe poner a disposición una hoja de datos de seguridad si esto es deseado por los usuarios. 
Naturalmente, se derivan problemas especiales en lo tocante al etiquetado. 
Por un lado, tiene que ser comprensible para el consumidor final y, por otro, proporcionar muchas informaciones que, por ejemplo, son importantes para una empresa procesadora posterior pero totalmente ausentes de interés para la opinión pública. 
Me parece importante que con el etiquetado llamemos la atención sobre los peligros realmente graves. 
Estos pueden ser tres, cinco o siete. 
Pero no se pueden indicar adicionalmente 20 peligros posibles o pensables. 
Esto sería excesivo para cualquier etiquetado y el consumidor se vería más bien confundido que informado. 
Esto es también válido para la indicación de fórmulas químicas que el consumidor normal no entiende y en las que con frecuencia tendría más sentido indicar una denominación sustitutoria, por ejemplo, formaldehído. 
Exactamente este es el motivo por el que hay problemas con algunas enmiendas. 
Una cantidad de informaciones de tal tipo no ofrece una mayor protección sino más bien lo contrario, a causa de la falta de claridad. 
Aunque se crea que mediante una enumeración se concretiza y, por tanto, se mejora un concepto general superior, en la práctica se logra lo contrario pues una enumeración limita y deja sin mencionar otros posibles aspectos que el concepto superior encierra. 
Estos son los motivos principales por los que mi grupo político rechaza algunas enmiendas de la comisión. 
Señor Comisario, para finalizar, quiero llamar la atención sobre un punto. Me refiero a la defectuosa traducción. 
Al menos, en lo que se refiere a la versión alemana puedo decir que contiene una serie de errores. 
Hay una diferencia si se habla de patentar o de potenciar. 
Hay varias cosas de estas en el texto. 
Ya lo he tratado en la comisión pero, lamentablemente, no se han corregido los errores. 
Ruego a la Comisión que lo revise de nuevo. 
De todas formas, señora Schleicher, me llega la información de que los servicios competentes ya han corregido el error. 
Señor Presidente, en realidad estamos bastante satisfechos con la directiva propuesta que, al fin y al cabo, amplía algo la esfera de acción de las directivas originales, pues pretende incluir en un único documento la normativa en vigor desde hace tiempo en materia de preparados peligrosos. 
Consideramos que se trata de una buena propuesta de la Comisión Europea, porque se han añadido los peligros para el medio ambiente al texto existente, que sólo preveía los peligros para la salud. 
Es una mejora. 
Además consideramos como otra mejora el etiquetado de las sustancias que pueden provocar una reacción alérgica. 
Nosotros, los liberales, somos firmes partidarios de un alto nivel de protección para el medio ambiente y un etiquetado claro para el consumidor. 
Como ya he dicho, la propuesta de la Comisión parece muy razonable, pero me habría gustado que fuera más estricta. 
A nuestro entender, el informe de la Sra. Baldi apenas supone una mejora de la propuesta original de la Comisión y, por desgracia, en lo que respecta a algunas enmiendas suyas he de constatar que incluso suponen un debilitamiento. 
Por esta razón, mi Grupo no puede apoyar las enmiendas presentadas nuevamente por la Sra. Baldi, que en su momento no fueron aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Por el contrario, somos favorables a las enmiendas aprobadas por la propia Comisión de Medio Ambiente que, a nuestro entender, mejoran de forma útil el texto de la Comisión. 
Estas enmiendas se refieren, entre otras cosas, al etiquetado de las sustancias peligrosas que alcanzan una concentración peligrosa, no por separado, pero sí combinadas. 
Si las aprobamos, creemos que lograremos una buena directiva, considerando la propuesta de la Comisión. Espero que el Sr. Bangemann comparta nuestra opinión al respecto. 
Señor Presidente, en su versión actual el informe Baldi es excelente. Por tanto, mi Grupo votará a favor. 
El informe no era lo suficientemente bueno antes de la votación de la Comisión de Medio Ambiente, puesto que en su versión original se proponía un menoscabo de las normas para la elaboración de la ficha de datos. 
Por consiguiente, votaremos en contra de toda propuesta que se presente de nuevo y que consista en llevar a cabo estos recortes en la ficha de datos y asuntos que estén en la misma línea. 
En general, el informe en su forma actual y la propuesta de la Comisión son de gran calidad y contienen una normativa más estricta en varios ámbitos. 
Se incluyen más tipos de sustancias peligrosas, lo cual representa una ventaja para los alérgicos. 
Además se incluyen los plaguicidas. 
Es muy importante que no se obligue a los nuevos países miembros a dar marcha atrás adoptando unas normas insuficientes. 
Votaremos a favor del informe en su forma actual y contra la enmienda del Grupo UPE. 
Señor Presidente, me alegra que hayamos recibido esta propuesta de la Comisión. Es una reseña de un sector legislativo que es muy necesaria y que debía haberse efectuado hace ya mucho tiempo. 
Es importante, no solamente por lo que se refiere a la seguridad del medio ambiente, sino en particular para la seguridad y la salud humanas. 
La ampliación general de la información a los preparados y sustancias peligrosos para el medio ambiente, que es una nueva forma de reconocer su importancia; la ampliación de la propuesta a los plaguicidas y biocidas, que es algo muy necesario y que debería haberse hecho hace tiempo, y la ampliación de la obligación de proporcionar información sobre sustancias que no son necesariamente peligrosas por su caracterización química, pero cuya utilización puede plantear riesgos. 
La propuesta de la Comisión, como todas las cosas de este mundo, no es perfecta. 
Por lo tanto, recomiendo a la Comisión que acepte la mayoría de las enmiendas de mis colegas que amplían, aclaran y desarrollan las propuestas de la Comisión en una dirección que es útil, en particular las enmiendas que amplían el suministro de información en fichas de datos de seguridad. 
Esta parte de la propuesta es muy positiva y ya se aplica en algunos Estados miembros, entre ellos el Reino Unido y Suecia. 
Es importante que los proveedores queden obligados a proporcionar fichas de datos de seguridad a los usuarios. Este aspecto es esencial. 
Además, quisiera destacar la necesidad de conseguir que las fichas estén bien diseñadas para que puedan comprenderlas todos los usuarios de la Unión Europea, cosa no fácil de obtener cuando hay que tratar de material técnico como ése en muchos idiomas diferentes. 
Espero que la Comisión se ocupe cuidadosamente de esta cuestión. 
Tengo algunas reservas acerca de las propuestas en favor de la utilización de nombres comunes o genéricos sin, además, dar el nombre completo o detalles de la sustancia. 
Espero que en estas circunstancias aceptemos las salvaguardias que ofrece la Comisión, pues es un esfuerzo que vale la pena realizar porque se compensará con el tiempo. 
Por último, quisiera dar gracias a la ponente. El entusiasmo y la amenidad con que ha preparado este informe lo hace sumamente interesante. 
Su labor y su intervención personal dan a su informe un valor especial. 
Señor Presidente, la directiva sobre la aproximación de de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo tocante a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos es sin duda un paso importante hacia la realización del mercado interior, pues precisamente en el campo de los productos químicos es necesario que etiquetemos por fin unitariamente, llamemos unitariamente la atención sobre los peligros y tratemos también unitariamente estos peligrosos materiales. 
Sin duda, también es importante que los diversos sistemas jurídicos de los países miembros se aproximen. 
Sin embargo, señor Comisario Bangemann, habría sido bonito si las leyes que ya existen en este campo en los tres nuevos países miembros- Finlandia, Suecia y Austria- se hubiesen incluido ya y no se esperado a que el Parlamento llame la atención con las correspondientes enmiendas sobre el hecho de que existen países miembros con una legislación más estricta, lo que, por lo demás, es muy razonable. 
Mis colegas ya han indicado varias veces que en los preparados peligrosos no se trata solamente de la peligrosidad de diversas sustancias, sino que con frecuencia la suma de ellas representa un peligro mucho mayor. 
Habría que llamar la atención sobre este aspecto tanto a las empresas que procesan posteriormente estos productos como a los que compran el producto final. 
Espero que esta enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor encuentre aquí la correspondiente mayoría y sea tratada positivamente por la Comisión y el Consejo, pues se trata de un punto muy importante. 
Quiero complementar un aspecto que ya han mencionado mis colegas: desde el punto de vista del consumidor, debemos prestar atención para que estos preparados peligrosos no se puedan exponer en la publicidad como productos inocuos ecológicamente o no dañinos para el medio ambiente o venderlos con estos atributos, pues este es un modo de engañar a las personas. 
Para finalizar, quiero decir algo sobre las hojas de datos de seguridad que, en mi opinión, son precisamente necesarias para las pequeñas y medianas empresas aunque ocasionen costes, pues allí los propietarios de las empresas participan mucho más en el trabajo con la gente que en las grandes empresas y no tienen la posibilidad de informarse como en las grandes empresas, en las que existen departamentos completos que se ocupan exclusivamente de los productos químicos. 
Señor Presidente, esta directiva es importante para todos los países miembros de la Unión Europea, pero resulta evidente que cuando en las negociaciones para la adhesión con los tres nuevos Estados miembros se alcanzaron acuerdos sobre determinadas cuestiones cabía esperar que esas cuestiones se tendrían en cuenta de manera adecuada. 
Sin embargo, existe el riesgo de que a principios de 1999 estos países se queden al borde del vacío. 
Desde el principio, la directiva presentada como propuesta de modificación por la Comisión ha recibido en su recorrido un contenido realmente adecuado. 
La nueva directiva mejora sin lugar a dudas la situación reinante, por ejemplo, recogiendo y armonizando la legislación de la UE en materia de preparados peligrosos. 
La mejora es que en la nueva propuesta de directiva se tienen también en cuenta las mezclas peligrosas para el medio ambiente y se exige su clasificación y etiquetado. 
No obstante, la cuestión se ha quedado a medias. 
En la directiva se propone que en relación con los preparados que no estén clasificados como sustancias peligrosas pero que contengan una baja concentración de esas sustancias que pueden tener efectos tratadas en grandes cantidades, se facilite a los usuarios profesionales una ficha de datos de seguridad sólo si la piden. 
No obstante, esta ficha incluiría únicamente una indicación sobre las sustancias peligrosas para la salud, pero no para el medio ambiente. 
Sin embargo, la selección de las mezclas que se utilizarán en la producción se realizará en la mayor parte de los casos en los lugares de trabajo, donde se decidirá el proceso de tratamiento y almacenamiento de las sustancias y la destrucción de residuos. 
Muchos trabajadores, al igual que el movimiento sindical, han tomado conciencia tanto de las cuestiones relativas a la salud y la seguridad en el trabajo como al medio ambiente. 
Así pues, sería más razonable que en cualquier circunstancia se indicasen en estas mezclas los componentes peligrosos tanto para la salud como para el medio ambiente. 
La enmienda 40 apunta a este objetivo. 
Determinadas sustancias sensibilizantes y las que puedan producir alergia deberían indicarse siempre que puedan ocasionar una reacción en las personas sensibilizadas. 
Señor Presidente, la Directiva objeto del debate de hoy no se refiere únicamente a las etiquetas de latas y toneles y a las exigencias de entrega de fichas de datos de seguridad. 
Esta Directiva decidirá si los pintores daneses estarán protegidos en el futuro contra los disolventes orgánicos. 
Muchas personas en Dinamarca tienen una opinión propia sobre este tema. 
Creen que se trata de un aspecto de la cooperación comunitaria que reduce el nivel de las elevadas normas danesas. 
En Dinamarca pensamos que, aunque no se haya probado con seguridad que los pintores sufren lesiones cerebrales al exponerse a los vapores de los disolventes orgánicas, la simple sospecha de ello basta para intervenir. 
Los pintores deben, por lo tanto, saber exactamente con qué producto están trabajando. 
Ahora tenemos nuevos amigos en este círculo, es decir, los tres nuevos Estados miembros que también apoyan un mejor etiquetado. 
Los tres países temen que su entrada en la Unión Europea implique para ellos un deterioro del medio ambiente y del medio de trabajo. 
El resultado de la revisión de la antigua directiva, que también incluye sustancias fuertes, como plaguicidas, biocidas y medicamentos, será considerada por esos países una prueba decisiva de si la pertenencia a la Unión es compatible con las elevadas normas danesas en materia ambiental. 
El Parlamento Europeo desempeña, por lo tanto, un papel importante en este caso. 
De nosotros depende presionar al máximo a la Comisión y al Consejo de Ministros para que al final no se adopte una Directiva que reduzca el nivel de protección de los consumidores y de los trabajadores. 
El Parlamento es la única institución comunitaria que ha sido elegida por sufragio directo en los quince Estados miembros, lo que nos obliga a hablar en favor de la gente corriente. 
Señor Presidente, no me voy a referir a los objetivos que perseguimos con nuestra propuesta, pues en el debate se ha reflejado claramente que la Comisión trabaja junto con el Parlamento para mejorar las normas existentes. 
De modo general, todos los colegas que han participado en el debate lo han confirmado. 
Ante todo, quiero felicitar a la ponente y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor pues las enmiendas que han presentado son aceptables en su mayoría para nosotros y mejoran la propuesta que, en general, creo era relativamente buena, lo que ha subrayado con razón la Sra. Schleicher. 
Me voy a centrar en lo esencial en las enmiendas. 
De las 39 enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor podemos aceptar 29, bien totalmente o en su sentido. 
Totalmente, las enmiendas nº 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 y en su sentido las enmiendas nº 6, 17, 24, 29 y 30. 
Como se ha aceptado al enmienda nº 35, hay que suprimir el artículo 12 de la propuesta, lo que significa que las enmiendas previstas al respecto, decaen. 
Me voy a referir a las enmiendas que no queremos aceptar. 
Creemos que la enmienda nº 4 traería como consecuencia innecesarios experimentos con animales ya que suspende la aplicabilidad del método tradicional. 
Las enmiendas nº 8, 9, 11 y 12, a las que se han referido en especial diputados de Suecia, Finlandia y Austria, intentan introducir en la propuesta una situación determinada que existe en Austria. 
Si alguna damas que han hablado aquí piensan que, al elaborar la propuesta, no hemos tenido en cuenta los Tratados concluidos con los nuevos Estados miembros, les debo decir que no es cierto. 
Por ejemplo, se han introducido las normas de clasificación y etiquetado para pesticidas, es decir, lo que es ley en Austria. 
Lo mismo es aplicable a las sustancias que pueden ser peligrosas para el medio ambiente; también hemos recogido esta característica austríaca. 
No es cierto, pues, que no lo hayamos tenido en cuenta. 
Lo que no hemos hecho es recoger una norma que exige que figuren en la etiqueta las denominaciones químicas de todas las sustancias peligrosas que se contienen en el preparado, incluso aunque su concentración esté por debajo del valor umbral que hemos determinado. 
Lo hemos rechazado porque creemos- y esto no significa ninguna ofensa para Austria, Suecia o Finlandia- que no proporciona realmente ninguna ventaja a los consumidores. 
Al contrario, si exponemos todas las sustancias que pueden estar contenidas, incluso por debajo del umbral, tendremos una lista interminable que no tendría ningún valor aclaratorio. 
La Sra. Schleicher ha llamado la atención con razón al respecto. 
Tampoco lo hemos hecho como si se tratase de un asunto de segundo orden; quiero decirlo pues se nos ha criticado diciendo que habríamos hablado por teléfono con alguien. 
Naturalmente, preparamos con cuidado nuestra propuesta, hablando con expertos de todos los países miembros, quienes pueden exponer sus posiciones en grupos de trabajo. 
Durante estos preparativos, junto con los expertos de otros países miembros hemos solicitado a Austria que aportase materiales o argumentos que justificasen la situación especial en Austria. 
Esto no ha ocurrido, por lo que todos los Estados miembros restantes han aprobado la posición de la Comisión. 
No se puede decir realmente que hayamos actuado arbitrariamente o sin tener en cuenta dichos intereses. 
Lo tomo casi como un ataque personal pues amo a Austria y naturalmente también a Finlandia y Suecia. 
(Exclamación) Señora Flemming, todos los amoríos son peligrosos, esto es lo bonito en este tema. 
Hemos actuado así en base a unas consideraciones muy ponderadas y espero que el Parlamento nos apoye. 
En lo tocante a la cuestión de la traducción, debo decirle que lamentamos que haya ocurrido. 
Ciertamente, en el texto alemán existe una serie de errores. 
Señora Schleicher, ahora no podemos corregirlo. 
El texto está en manos del Consejo a quien la delegación alemana ha presentado una propuesta para corregir esos errores. 
Supongo que se podrá corregir. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 12.00 horas. 
Estado de previsiones del PE y del Defensor del Pueblo para el ejercicio 1998 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0178/97) del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento y sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Defensor del Pueblo para el ejercicio 1998. 
Tiene la palabra el ponente, Sr. Tomlinson. 
Señor Presidente, quisiera recomendar al Parlamento el informe que lleva mi nombre y que he preparado en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
En primer lugar, quiero decir al Parlamento que ha de hacerse cargo de que el debate de hoy es el principio de nuestro procedimiento presupuestario, y no el final. 
Lo digo como preludio de las observaciones que tendré que hacer más adelante en relación con algunas de las enmiendas. 
Esto no es la conclusión sino únicamente el comienzo y, como nuestro Presidente dijo acertadamente cuando leyó el tema de debate, es un informe sobre el estado de previsiones de los ingresos y de los gastos del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo. 
Esto es de lo que vamos a tratar hoy. 
Por consiguiente, quiero hacer hincapié, antes de tratar del informe propiamente dicho, en la enmienda 17 presentada por el Sr. Wynn por solicitud de mi Grupo y mía. 
Es evidente que yo no podía presentarla porque no habíamos tratado de ella en la comisión parlamentaria. 
La importancia de la enmienda 17 es que al preparar el proyecto de presupuesto hemos rebasado el techo del 20 % de las consignaciones de la Categoría 5 que, normalmente, sería el máximo que el Parlamento puede desembolsar de conformidad con nuestra práctica normal. 
Por lo tanto, la enmienda 17 enuncia el firme compromiso de no rebasar el límite del 20 % de las consignaciones administrativas. 
Ayer por la tarde tuve una larga conversación con el Presidente del Parlamento y con el Vicepresidente encargado de las cuestiones presupuestarias. 
Estamos de acuerdo sobre la forma de proceder. 
La Mesa del Parlamento enviará una carta rectificativa a la Comisión de Presupuestos. La carta se debe enviar a mediados de septiembre a más tardar a fin de que se puedan efectuar los cambios necesarios. 
Esto significa que por encima de las sugerencias que ya se hacen en el proyecto de informe sobre las previsiones, la Mesa se enfrenta con la necesidad de efectuar nuevas reducciones en el proyecto de presupuesto por valor de cuatro millones de ecus, y de presentar la propuesta de reducción de cuatro millones de ecus a la Comisión de Presupuestos. 
Ahora bien, la carta rectificativa tendrá que tratar también de otras cuestiones. 
Habrá que determinar si hay consecuencias, por ejemplo, de lo que resuelva la CIG en relación con los puestos de trabajo. 
Esto puede ser más complicado de lo que la gente puede imaginar a primera vista. 
No quiero originar una discusión más bien engorrosa acerca de las observaciones que se hagan hoy aquí, pero es evidente que los resultados de la CIG tendrán repercusiones para el presupuesto del Parlamento y que esta cuestión también tendrá que tratarse en la carta rectificativa de la Mesa a la Comisión de Presupuestos. 
La tercera esfera que esa carta rectificativa tendrá que abarcar también- y digo esto con toda claridad al Parlamento- es la cuestión de los resultados de la labor del grupo de trabajo de la Mesa en relación con la transparencia y el control cuya creación pidió el Parlamento en su resolución de diciembre del año pasado relativa a los subsidios para diputados. 
La Comisión de Presupuestos y yo mismo nos opondremos en la votación de esta semana a diversas enmiendas relacionadas con esos subsidios. 
Lo que acabo de decir no significa que esas enmiendas carezcan de valor: lo que se desea es respetar debidamente la competencia de la Mesa para desempeñar el mandato que se le ha encomendado. 
Se ha pedido a la Mesa que prepare un informe para el Parlamento en abril a más tardar. No ha podido hacerlo. 
El Parlamento y la Comisión de Presupuestos han dado pruebas de gran tolerancia al aceptar que el plazo se prolongue hasta septiembre, pero no pueden aceptar que pase de septiembre. 
Si no hemos recibido las propuestas de la Mesa sobre la transparencia y el control de los subsidios para diputados en esa carta rectificativa de aquí a septiembre, entonces lo lógico y adecuado será que el Parlamento adopte sus propias decisiones sobre la recomendación de la Comisión de Presupuestos en la votación en primera lectura. 
Digo esto con toda la claridad posible porque no quiero que nadie interprete mal los votos que se hagan en contra de algunas de las enmiendas. 
No se hacen por estimar que las enmiendas no tienen valor, sino por respeto hacia la competencia de la Mesa, a título de promesa de que volveremos a ocuparnos de estas cuestiones en la lectura del presupuesto en octubre si no estimamos que se han tratado debidamente para entonces. 
A continuación me referiré al informe propiamente dicho. 
Trabajamos con previsiones que han sido establecidas por la Mesa sobre la base de un informe del Secretario General. 
La Comisión de Presupuestos ha formulado principalmente propuestas en seis esferas para trabajar sobre la base del informe que hemos recibido y, en mi opinión, para mejorarlo algo. 
La primera de estas seis esferas es el cambio de la actualización de comentarios y de la nomenclatura, especialmente en los ingresos. 
Es una cuestión bastante técnica pero, sin embargo, es importante para la claridad y la transparencia de nuestro presupuesto. 
La segunda esfera, a la que ya me he referido en parte, tiene que ver con los gastos de viaje de los diputados. 
Hemos llegado ahora a un acuerdo con la Mesa, según el cual no habrá ningún aumento de los gastos de viaje, ni siquiera el aumento correspondiente a la inflación del año 1998. Hemos incluido claramente esto en el texto. 
No depende ya de ninguna votación futura. La cuestión se enuncia en este proyecto de informe. 
La tercera esfera en la que hemos concentrado nuestro trabajo se refiere a la congelación del organigrama de la Secretaría pero, al mismo tiempo, dentro del contexto general de congelación del organigrama, se han concedido una serie de revalorizaciones sobre la base de los parámetros adoptados para el desarrollo de las carreras. 
Hay otras cuestiones de las que nos ocuparemos con detalle sobre la base de informes que pedimos se presenten en el curso del procedimiento presupuestario. 
Por ejemplo, en varios casos pedimos más detalles acerca de los gastos de misión y de los gastos de las cafeterías. 
He de decir que no me siento ofendido en absoluto por la forma más bien peyorativa en que me ha presentado el Comité del Personal, que publica lo que en su opinión es el precio de Tomlinson. 
He sugerido que dejemos en reserva las consignaciones para subsidios destinados a las cafeterías hasta que podamos examinar más a fondo de qué forma se utilizan en la actualidad y cómo se pueden justificar en el futuro, si se pueden justificar. 
De todos modos, reflexionando sobre el particular he de decir que sospecho que el personal no está de acuerdo con su Comité del Personal porque en las elecciones para dicho Comité, en las que esta cuestión era una de las que figuraban en primer plano durante la campaña electoral, el Comité del Personal descubrió que le faltaban 350 votos para el quórum. 
Esto indica que el Comité del Personal necesita concentrar sus actividades en cuestiones de verdadero interés y no en cuestiones frívolas como la de saber si merecen una subvención para sus cafeterías. 
Otra cuestión principal de la que nos ocuparemos es la de la política en materia de edificios. 
Uno de los problemas que encontramos en el presupuesto para 1998 es que, aunque salimos del edificio Belliard para ocupar el nuevo edificio, nuestro alquiler del edificio Belliard continúa hasta entrado el siglo próximo. Eso explica por qué no se consignaron fondos para el alquiler del edificio Belliard. 
Esta explicación podría satisfacer en teoría a cualquiera, pero no al casero. El casero necesita que se le pague. 
Por lo tanto, hemos tenido que incluir más de siete millones de ecus en el presupuesto para el alquiler del edificio Belliard hasta que consigamos resolver esta cuestión. 
Una parte importantísima de nuestra política en materia de edificios, por lo tanto, no es la mudanza a nuevos edificios, sino el asegurarnos de que liquidamos adecuadamente los alquileres de edificios existentes como el Van Maerlant y el Belliard. 
Por último, otra cuestión es la evaluación y puesta a punto de la estrategia en el ámbito de la informática, sector en que la Comisión de Presupuestos está colaborando muy eficazmente con el Vicepresidente Haarder, en quien recae la responsabilidad por estas cuestiones. 
Se ha dejado en reserva una cantidad considerable de dinero en espera de que se aclare algo la estrategia en materia de informática. 
En las deliberaciones de la Comisión de Presupuestos se han mencionado muchas otras cosas que me gustaría detallar. 
Por ejemplo, nos hemos ocupado de toda la cuestión de las telecomunicaciones en un mercado de telecomunicaciones liberalizado. 
Nos ha parecido bastante sorprendente que, a pesar de la liberalización del mercado de telecomunicaciones, no hayamos recurrido a la licitación para obtener servicios de telecomunicaciones. 
Por consiguiente, la Comisión de Presupuestos ha pedido a la administración que prepare un informe apropiado que indique economías apropiadas. 
A la luz de lo que acabo de decir, repito que me opondré a todas las enmiendas del informe de la Comisión de Presupuestos e instaré a los autores de las enmiendas a que se den cuenta de que, a menudo, el mejor lugar para formular enmiendas no es en la presentación del estado de previsiones sino cuando lleguemos a la lectura del presupuesto en el mes de octubre. 
No necesito más de los 20 segundos que me quedan para ocuparme de la otra parte del informe. Se trata del estado de previsiones de ingresos y gastos del Defensor del Pueblo. 
El hecho de que no haya recibido ninguna enmienda indica que la modestia de sus peticiones y demandas ha suscitado una satisfacción general. 
Recomiendo el informe al Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Tomlinson por su informe sobre el estado de previsiones del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo. 
Este informe demuestra claramente la necesidad de continuar en la línea de austeridad presupuestaria, iniciada ya el año pasado, por lo que el incremento de la sección I en un 2, 7 en comparación con el año pasado es el correcto, y el más ajustado que se podría hacer. 
Pero la austeridad debe ser secundada por una buena gestión financiera, que requerirá obligatoriamente una mayor cooperación interinstitucional y una mejor utilización de los recursos tecnológicos, pues la transferencia electrónica rápida de información, tal como acaba de comentar ahora el Sr. Tomlinson, aumentará la eficacia de los trabajos realizados. 
Y estoy totalmente de acuerdo con él en que, por lo mismo que se va a pagar, se podría obtener mucho más. 
Sin embargo, hay que constatar que varias partidas de la sección I siguen siendo utilizadas de un modo poco transparente, con la consiguiente falta de información: el Epicentro, la seguridad, la limpieza y el mantenimiento. 
Lamento igualmente que no se haya clarificado la situación sobre el futuro de los edificios Belliard I y II y la cesión del edificio van Maerlantd. 
¿Será ocupado el van Maerlantd por el Comité Económico y Social, o es el Comité de las Regiones el que lo ocupará? 
Soy consciente de que todas estas decisiones no están exentas de dificultades ya que lo que nos sobra hoy- edificios- nos puede faltar tras la ampliación. 
Sigue siendo imprescindible garantizar la coordinación de la mudanza del edificio van Maerlantd para evitar una situación de no ocupación, lo cual se traduciría en gastos suplementarios. 
Confío en que la administración competente haga lo posible para aclarar la futura situación del tema inmobiliario. 
En relación con lo último que ha mencionado el Sr. Tomlinson sobre la línea 1840- la subvención a los restaurantes -, yo creo que con la subvención se compensa a una empresa que está dando un servicio continuado y correcto a unas personas que no están durante toda la semana y que, además, una semana al mes están muchas de ellas en Estrasburgo. 
Por tanto, creo que la subvención compensa de alguna manera una menor utilización. 
Si se eliminase, repercutirá su supresión en un incremento de precios y, al final, como la pescadilla se muerde la cola, en una menor utilización y en tener que salir a comer fuera, lo cual aumentará el tiempo de ausencia de las oficinas. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Tomlinson el espíritu de austeridad que ha caracterizado su intervención, y a la Comisión de Presupuestos y a la Mesa, de la que soy miembro, la unanimidad en el mantenimiento de los gastos de viaje, etc. de los diputados al mismo nivel que el del año pasado, o mejor dicho, de los gastos del próximo año al mismo nivel que el del presente año. 
Quiero agradecer al Sr. Tomlinson su declaración de que el abono de los gastos de viaje se supeditará en el futuro a la presentación de documentos que demuestren que el viaje se ha realizado realmente. 
Es lo menos que se puede pedir. 
El Grupo liberal tiene un punto de vista muy firme al respecto. 
Ninguna empresa atendería los gastos de viaje de sus empleados sin que se acreditase que se ha realizado el viaje. 
Nuestro Parlamento no debe garantizar a los políticos mejores condiciones que las que tienen los ciudadanos. 
No se trata de mala fe, sino de orden, cuidado y transparencia, de forma que todo el mundo puede ver que las cosas se hacen correctamente. 
El Grupo liberal se expresa con la misma claridad sobre las reuniones del Parlamento en Estrasburgo. 
Aceptamos- con pesar- la imposición de que se reúna el Parlamento en Estrasburgo cada mes; esto supone 11 o 12 períodos parciales de sesiones al año. 
Nos parece que el Consejo de Ministros está demostrando desdén por el Parlamento al no tenerlo en cuenta, y este procedimiento ayuda además a aumentar los gastos de una forma poco lógica. 
Es importante que el Parlamento aprenda a ahorrar en todos los sitios y que planifiquemos nuestro trabajo con más eficacia. 
Si aprendemos a ahorrar, podremos permitirnos hacer las inversiones necesarias, por ejemplo, en tecnología de la información. 
Debemos cambiar la imagen del Parlamento para que deje de ser un espantajo, como se ve en algunos países, y se convierta en un modelo a seguir, un ejemplo de un Parlamento internacional único, eficaz y moderno en estrecha cooperación con los parlamentos nacionales y con los ciudadanos. 
Este debe ser el objetivo de nuestras actividades. 
Señor Presidente, cada vez es mayor el porcentaje de la opinión pública que se opone a que los parlamentarios reciban ingresos extras y libres de impuestos. 
Estos privilegios dañan a la democracia y aumentan la distancia entre nosotros y los ciudadanos. 
En el interés de la democracia cabe suprimirlos. 
Los responsables de ello deberán tenerlo en cuenta en setiembre. 
El informe Tomlinson propone además que se destinen medios a los partidos políticos que funcionan a nivel europeo. Esta propuesta es muy extraña. 
Actualmente los partidos han sido elegidos por sus poblaciones respectivas. 
Su legitimidad consiste en esta base compuesta por los ciudadanos. 
La creación de «superpartidos» a través de donaciones no es natural desde el punto de vista de la democracia. 
Contradice las Constituciones de los países en el sentido de que unos partidos con base en el extranjero podrían influir y ejercer su actividad en la política nacional en competencia con partidos nacionales independientes. 
Estos «superpartidos» por encima de la sociedad y de los ciudadanos son ajenos a toda tradición democrática. 
La democracia no se construye desde arriba. 
Tampoco los parlamentos- ni tampoco pueden comprarse con dinero. 
Señor Presidente, señoras y señores, creo que la política inmobiliaria es una carga muy seria para el Parlamento y sospecho también que el punto más sensible es respetar el límite del 20 % que tenemos que alcanzar hasta la primera lectura. 
Independientemente de ello, creo que no podemos sustraernos a la necesidad de reformas y a la exigencia de transparencia en esta Asamblea. 
En este contexto, quiero expresar al ponente mis felicitaciones y agradecimiento por haber incluido en su informe una exigencia que mi grupo político viene planteando desde hace mucho tiempo en esta Asamblea. 
Les remito al apartado 36. 
Deseamos tener una auditoría ecológica también para los edificios del Parlamento. 
No puede ser que exijamos que se respete la directiva sobre la auditoría ecológica en la UE y que nosotros mismos nos sustraigamos en nuestros propios edificios a nuestras obligaciones medioambientales. 
La segunda observación que deseo hacer se refiere al régimen de adquisición pública en esta Asamblea. 
Hemos presentado una enmienda adicional al respecto y estaría muy agradecido si se tuviese en cuenta. 
Me parece que en nuestra Asamblea hay un comportamiento que deja mucho que desear con el cumplimiento del régimen de adquisición pública. 
La Comisión de Control Presupuestario está examinando actualmente los diversos casos surgidos en el curso de los dos últimos años y creo que lanzar una advertencia para que se respeten estas normas públicas solamente puede ser positivo para nosotros y, en especial, para la administración y la oficina. 
Mi tercera observación se refiere a la urgentemente necesaria transparencia en relación con las indemnizaciones de nuestros gastos, de los diputados de esta Asamblea. Hemos podido comprobar que el grupo de trabajo creado para ello no ha llegado hasta ahora a ningún resultado. 
Quizás no solamente deberíamos limitarnos a amenazar con decidir nosotros mismos en septiembre en la primera lectura las correspondientes propuestas de reforma sino que quizás deberíamos decir directamente que en el futuro el Parlamento acordará él mismo las indemnizaciones de gastos y no una oficina. 
En este contexto, quiero apoyar expresamente al ponente. 
Todas nuestras exigencias, en especial las que ha planteado mi grupo político en lo tocante a la transparencia de la liquidación de los gastos de viaje, al control de la presencia mediante una votación nominal, a una auditoría de los gastos de la secretaría y a la transferencia directa al fondo de pensiones de la cantidad global general, todas estas solicitudes que yo y mi grupo político contemplamos como estándares mínimos para la transparencia en relación con las indemnizaciones de gastos, se van a presentar a votación en septiembre a esta Asamblea con un «roll call vote». 
Entonces se verá la seriedad que tiene esta Asamblea cuando habla de transparencia. 
Señor Presidente, dado que sólo dispongo de dos minutos para intervenir, tendré que limitarme a algunas observaciones fundamentales. 
En primer lugar, lamento de nuevo que los propios diputados no intenten de verdad predicar con el ejemplo. 
Es un hecho que en todos los Estados miembros- entre otras cosas, a consecuencia de las normas de Maastrichtse imponen grandes esfuerzos materiales, nuevas cargas y nuevos impuestos a los electores. 
Sin embargo, nosotros no tocamos nuestras regias compensaciones de gastos, que son exageradas incluso de acuerdo con las normas parlamentarias. Sé que me reprocharán que soy un hipócrita. 
Comprendo tal observación. Sobre todo ahora, al constatar que quien ha presentado las principales enmiendas pertenece al partido socialista flamenco, el partido tristemente famoso por los sobornos y otros escándalos, de los que todavía no se ha devuelto ni un solo franco al contribuyente. 
Pero si mañana todos apoyamos las enmiendas que rectifican las anomalías de nuestras compensaciones, ya nadie tendrá por qué ser hipócrita. 
En segundo lugar, como flamenco quiero corroborar expresamente que en ningún caso se puede ahorrar a costa de los llamados gastos de traducción. 
Compruebo cómo, entre otros, los miembros de la Comisión pisotean cada vez más la regla del derecho a la información en la lengua propia. 
Lo viví hace apenas un mes en Estrasburgo, en una intervención de la Comisaria Cresson. 
Si se repasa, aunque sea superficialmente, el presupuesto de este Parlamento, se verá en seguida que es posible ahorrar decenas de millones de ecus. 
No es exagerado afirmar que en «Europa» se tira el dinero por la ventana. 
Ahora bien, quien en estas circunstancias quiera ahorrar en los gastos de traducción tiene, a mi entender, otros motivos aparte de los presupuestarios. 
Señor Presidente, empezaré por felicitar a nuestro ponente: tiene ese estilo típico que cabe esperar de él, combativo y sin miedo de los riesgos cuando se lanza a la lucha. 
Ahora bien, he de repetir que estamos tratando aquí de previsiones de ingresos y gastos. 
Antes de que acabe el año tendremos la primera lectura, y entonces será el momento de adoptar decisiones esenciales. 
En nombre de mi Grupo, como contribución a este debate y con referencia al presupuesto del Parlamento para el marco financiero 1998, me gustaría destacar lo siguiente: en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestro enfoque general respeta el rigor en la supervisión de los gastos del presupuesto. 
Esto quiere decir que, como en 1997, simpatizamos con los Estados miembros que tienen que reducir sus gastos para cumplir los criterios de Maastricht en relación con la moneda única. 
En el marco de nuestra posición deseamos retener el límite del 20 % y es evidente que habrá que adoptar una decisión sobre la forma de conseguirlo. 
En segundo lugar, con referencia a cuestiones concretas, el Grupo del Partido Popular Europeo presentará enmiendas, en particular sobre la política de información, para cerciorarse de que las economías que se van a hacer en los presupuestos de la Comisión y del Parlamento son apropiadas. 
Así lo hemos hecho en el pasado, y seguiremos haciéndolo. 
Por ejemplo, tenemos por objetivo la existencia de casas comunes europeas en nuestros Estados miembros en el año 2000 a más tardar. 
Igualmente, coincidimos con la actitud del ponente en cuanto al epicentro. 
Tenemos que tener muchísimo cuidado y no establecer un nuevo sistema de información sin coordinarlo eficazmente con otros medios de distribución de información a los diputados. 
Por lo que se refiere a la política de edificios, ahora que el Consejo ha resuelto que el Parlamento tenga su sede en Estrasburgo, vamos a votar a favor de la forma más económica de adquirir nuestros edificios. 
Nos atendremos a la solución de los diez años, por inconveniente que sea. 
Por último, cuando pasemos a la primera lectura nos interesaremos por el informe que el Parlamento pidió a la Mesa acerca de la cuestión de un estatuto para subsidios de los diputados. 
Ése es el momento en que tenemos que adoptar una decisión y no ahora, como uno o dos diputados parecen pensar, a fin de obtener algunos beneficios políticos a corto plazo. 
En el apartado 4 del artículo 138 del Tratado de Amsterdam se pide al Parlamento que presente propuestas acerca del funcionamiento de un estatuto común. 
Procuraremos agrupar todos esos elementos y adoptar algunas decisiones sensatas acerca de la forma de desembolsar nuestros fondos. 
Señor Presidente, Señorías, yo también deseo felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado y, obviamente, dado el escaso tiempo del que dispongo, me limitaré a hacer algunas consideraciones de carácter general sobre el estado de previsiones del Parlamento Europeo. 
A la hora de hablar de las previsiones del Parlamento Europeo, considero que hay que poner de manifiesto que la primera gran operación de falta de transparencia y de costes excesivos dentro de este Parlamento, la representa la política inmobiliaria tanto de Bruselas como de Estrasburgo, con respecto a la que, entre otras cosas- deseo recarcarlo- la Presidencia, cada vez que se le formula una pregunta, muestra una actitud extremadamente reticente. 
Hoy, nos vemos obligados a limitar en buena parte determinadas funciones que son importantes para el Parlamento- me refiero, por ejemplo, a todo el servicio de interpretación- para pagar los costes excesivos de operaciones nacidas de forma equivocada, de operaciones que se caracterizan por graves irregularidades, de operaciones en su mayor parte innecesarias. 
Y esto hay que decirlo muy claramente. 
No alcanzo a comprender si en el estado de previsiones para el ejercicio 1998, entre los ingresos del Parlamento se prevén también los ingresos generados gracias a las penalizaciones que CERS deberá pagar por los retrasos con los que se va a entregar la nueva sede de Estrasburgo. 
Con respecto a este punto, me gustaría que se me facilitara alguna aclaración. 
¿Se quiere ahorrar? 
Creo que se puede hacer alguna sugerencia. 
Haría falta empezar, creo, con eliminar la posibilidad de que los grupos políticos se reúnan fuera de las sedes institucionales con un gran dispendio de dinero; economizar en las sedes en cada uno de los Estados miembros que cuestan muchísimo y rinden muy poco; economizar en los gastos de restaurantes sí, sin duda, tal como ha sugerido también el ponente. 
Por último, hay que tener cuidado con no crear una nueva estructura burocrática que se encargue únicamente de controlar los justificantes de los diputados. 
Es justo que exista una transparencia, no obstante, debemos ir con cuidado para evitar el resultado de gastar el mismo importe y, además, aumentar la burocracia que deberá llevar a cabo los controles de forma minuciosa. 
Señor Presidente, el estado de previsiones sobre los gastos del año próximo del Parlamento Europeo que se somete a examen se ha realizado con profesionalidad, por lo que quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Tomlinson. 
El presupuesto del Parlamento no debería rebasar el 20 % de los créditos de la rúbrica 5. 
El documento rebasa el límite en cuatro millones de ecus, lo cual constituye un pequeño defecto que debería corregirse. 
Por este motivo doy mi apoyo a la enmienda 17. 
Con respecto a los demás puntos importantes quiero resaltar el ámbito de la informática, que figura en la letra f) del apartado 6 de la parte B. Los sistemas informáticos del Parlamento Europeo llevan años de retraso con respecto a los de los Parlamentos de los países miembros, al menos con los de Finlandia. 
Por este motivo es totalmente adecuado el hincapié que hace el ponente en este tema. 
También me parece correcto que el ponente haya eliminado los gastos de funcionamiento de las cantinas. 
Los gastos corrientes de funcionamiento eran originalmente de dos millones y medio de ecus, es decir, aproximadamente cien francos belgas por usuario al día, suponiendo que cada trabajador y cada diputado come en ellas todos los días laborables. 
Creo que la subvención es innecesaria. 
Si el Parlamento quiere subvencionar la comida del trabajador, debería realizarlo de otra forma, abiertamente, por ejemplo, mediante cheques de restaurante. 
La organización del servicio de comida y de la posible tienda del Parlamento debería llevarse a cabo sobre la base de una licitación abierta como ya se hace, por ejemplo, en varios países miembros. 
Señor Presidente, me alegro de la determinación del Sr. Tomlinson en relación con los gastos y dietas de que disfrutan los diputados. 
Ha decidido poner en orden estos asuntos en el caso de que el grupo de trabajo creado por la Mesa no consiga nada pronto. 
Como miembro de ese grupo de trabajo, tengo que decir que el Sr. Tomlinson es demasiado cortés. 
Desde luego puedo afirmar que no cabe esperar mucho de este grupo. 
Su presidente, que se va del Parlamento para dedicarse a otras tareas, anuló precisamente la última reunión, en la que debían formularse propuestas. Nos ha sido totalmente imposible recibir información concreta acerca de la manera en que las diferentes enmiendas se van a reflejar en el presupuesto del Parlamento. 
Pero no cabe duda de que el Parlamento debe adoptar rápidamente una decisión en este asunto, ya que, por lo que se sabe, también el Tribunal de Cuentas se ha interesado por este interesante problema, es decir, el hecho de que aquí se paguen viajes que no se han hecho. 
Se sabe también que los ciudadanos han denunciado ante el Defensor del Pueblo esta irregularidad administrativa. 
Así pues, hay que formular propuestas cuanto antes. 
Como ha dicho Edith Müller, el Grupo de los Verdes considera que los viajes deben reembolsarse únicamente si se presentan justificantes de los mismos. 
Es la única forma de poner fin a los problemas actuales, que menoscaban toda la legitimidad del Parlamento. 
También debería pasarse lista en los Plenos, para que no se percibieran las dietas correspondientes a los días de sesión si no se ha estado presente en la votación electrónica. 
Quiero llamar la atención también sobre las ayudas de secretariado que se llevan nada menos que el 7 % del presupuesto total del Parlamento. 
Tengo la impresión de que en esta cuestión se producen muchas irregularidades, por lo que debe realizarse la pertinente auditoría. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 12.00 horas. 
La sociedad de la información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A4-0163/97) del Sr. Hendrick, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un programa plurianual comunitario para estimular el establecimiento de la sociedad de la información en Europa (COM (96) 0596- C4-0030/97-96/0283 (CNS) ); - (A4-0208/97) de la Sra. Boogerd-Quaak, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre las comunicaciones de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre -» La sociedad de la información: las nuevas prioridades surgidas entre Corfú y Dublín» y «Las implicaciones de la sociedad de la información en las políticas de la Unión Europea- Preparación de las próximas etapas» (COM (96) 0395- C4-0521/96) y -» Europa en la vanguardia de la sociedad mundial de la información: Plan de actuación móvil» (COM (96) 0607- C4-0648/96) ; - (A4-0209/97) del Sr. Rübig, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «La normalización y la sociedad mundial de la información: El enfoque europeo» (COM (96) 0359- C4-0523/96) ; - (A4-0200/97) de la Sra. Ahlqvist, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativo a «Aprender en la Sociedad de la Información: Plan de Acción para una Iniciativa Europea de Educación» (COM (96) 0471- C4-0528/96). 
Señor Presidente, mi informe trata de la concienciación, los estudios y la difusión de la información sobre la sociedad de la información. 
Como todos sabemos, información equivale a poder. 
Y nuestra labor, como representantes electos del pueblo, consiste en difundir ese poder entre el pueblo. 
Lo conseguimos mediante la creación de una sociedad de la información en la que la información abunde y se distribuya extensamente y por conducta de una infraestructura digna de confianza. 
La información da poder al pueblo, y como socialistas que somos no podemos aceptar una sociedad de la información en la que haya gente que tiene y gente que no tiene. 
Por eso la Comisión, con el apoyo de este Parlamento, sigue respaldando el programa plurianual encaminado a estimular el establecimiento de la sociedad de la información en Europa. 
La creación de la oficina del proyecto sobre la sociedad de la información representa un enorme paso adelante. 
La WWW e Internet se han transformado en un medio de información fenomenal. La utilización de este medio revolucionará al tipo de sociedad que todos conocemos. 
El siglo XIX fue la era de la agricultura y el siglo XX es la era de la industria manufacturera. 
Con los ordenadores y la mecanización, la mayor parte de nuestros alimentos, nuestros bienes de consumo y nuestros servicios serán proporcionados por sistemas automatizados. 
En la primera parte del próximo siglo, sólo un 8 % aproximadamente de nuestra población estará empleada en agricultura o en la fabricación de artículos y prestación de servicios. 
La información será la materia prima. 
La prosperidad y el rendimiento económico estarán determinados por la capacidad de transformar información bruta en conocimientos, por la capacidad de transportar esos conocimientos a través de infraestructuras de información, por conducto de cables de fibra óptica y por conducto de satélites hasta puntos de destino en los que se utilizará para crear riqueza para nuestros ciudadanos. 
El trabajo a distancia, las compras a distancia, las teleconferencias son otras tantas actividades que utilizarán las nuevas tecnologías y la nueva infraestructura. 
Lo que necesitamos también son personas que posean las aptitudes necesarias para desempeñar esos cometidos. 
El programa plurianual contribuirá sobremanera a conseguir que la gente esté al corriente de esas nuevas tecnologías y a animar a la gente a que aproveche las nuevas tecnologías y se capacite en las aptitudes necesarias a fin de poder utilizarlas de forma que tengan un buen futuro y tengan trabajo y una prosperidad que ponga a Europa a la vanguardia en términos de rendimiento económico. 
Además, no basta con que establezcamos un programa para estimular esas aplicaciones sin supervisar la eficacia de dicho programa. 
Por eso en mi informe sugiero que supervisemos el desarrollo del programa, utilizando parámetros concretos que definan lo efectivo que ha sido ese programa y que nos den la seguridad de que los fondos comunitarios se están utilizando debida y eficazmente. 
También es importante que involucremos en este proceso a otros agentes, aparte de la Comisión, el Parlamento y las autoridades reguladoras nacionales. 
Por eso he sugerido que establezcamos un comité formado por industrialistas y académicos, expertos en su propia esfera particular, que pueda proporcionar información a la Comisión, el Parlamento y las autoridades reguladoras para que este programa plurianual pueda tener en cuenta la opinión del pueblo de la Unión Europea en su conjunto, y por eso repito que esperamos que la sociedad de la información sea beneficiosa para todos nuestros ciudadanos en el futuro, y pueda proporcionarles los puestos de trabajo y la prosperidad que tan desesperadamente necesitan en estos momentos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el Libro Blanco «Crecimiento, competitividad y empleo» ya contiene una notable visión global de lo que hay que hacer para que Europa entre en el siglo XXI como un protagonista en la sociedad de la información. 
Después del Libro Blanco hemos tenido las Cumbres de Corfú, Essen y Dublín. 
Y en todas ellas, el Consejo y la Comisión han tomado las medidas necesarias. Ahora bien, estas medidas no se aplican, o se aplican con suma lentitud. 
Ahora hemos tenido la Cumbre de Amsterdam, donde se ha abogado por el crecimiento del empleo y se ha acordado celebrar una cumbre extraordinaria en Luxemburgo. 
Sobre el papel lo tenemos todo. Las propuestas de la Comisión que hoy examinamos, los estudios del high level group, el Club de Bruselas, el foro de la sociedad de la información, y muchísimas cosas más. 
Lo que falta ahora es tomar la decisión final y ejecutarla cuanto antes. 
Por ello, hago un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que concedan un lugar destacado en el tema del empleo a todas las medidas propuestas en relación con los aspectos del empleo en la sociedad de la información. 
La conferencia ministerial de Bonn puede dar los impulsos necesarios para ello. 
Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un ejemplo de nueva actividad que permite crear nuevos puestos de trabajo sin demasiados recursos europeos adicionales, siempre que se creen las condiciones adecuadas. 
Por ejemplo, sólo en el sector de las telecomunicaciones se han creado 150.000 nuevos empleos. 
El efecto indirecto de las TIC en el conjunto de la economía europea puede comportar incluso un crecimiento de 0, 5 ó 1, 5 millones de puestos de trabajo. 
En segundo lugar, es necesario que en Europa se establezca un entorno competitivo para las empresas. 
Un mercado interior que por desgracia sigue siendo defectuoso implica una competitividad europea defectuosa. 
Por ello es importante que se sigan a rajatabla los plazos previstos en los planes de acción. 
Es preciso mejorar cuestiones tales como la lucha contra la ayuda estatal a las empresas nacionales y el control de la competencia leal. 
Por tanto, quiero apoyar las propuestas del Comisario Monti dirigidas a la terminación del mercado interior. 
Por otra parte, el principal problema en esta cuestión radica en los Estados miembros, que a menudo son demasiado indolentes al ejecutar las normas europeas. 
Señor Presidente, señor Comisario, sobre todo las pequeñas empresas jóvenes desempeñan un papel innovador en la sociedad de la información al desarrollar nuevos productos, y por ello son importantes para aumentar la competitividad de Europa. 
Sin embargo, en estos momentos sólo el 4 % de las pequeñas y medianas empresas en Europa tienen acceso a Internet. 
La UE tiene ante sí la tarea de estimular las actividades de estas pequeñas empresas. 
En este sentido cabe considerar los préstamos a las pequeñas y medianas empresas nuevas y de rápido crecimiento por parte del Banco Europeo de Inversiones, como se ha acordado durante la Cumbre Europea de la semana pasada. 
Además considero que una parte sustancial de los recursos del quinto Programa marco han de dedicarse a las actividades relacionadas con la sociedad de la información. 
También pueden aprovecharse los Fondos estructurales. 
En estos momentos se utiliza tan sólo el 2 % del Fondo Regional. 
Lo mismo puede decirse del Fondo Social Europeo. 
O sea, que con el mismo dinero podríamos hacer más cosas y mejor. 
La sociedad de la información no es sólo una cuestión de técnica, sino también de repercusión social. 
Me complace que el foco del programa de acción permanente se desplace hacia los aspectos sociales de la sociedad de la información. 
Esperemos que este aspecto no quede desatendido en la conferencia ministerial de Bonn. 
Hay que prestar atención especial a la formación continua y a la educación de adultos. 
Asimismo habrá que prestar atención- y quizás sea este el aspecto más difícil del trabajo de la Comisión Europea- a un mercado más flexible y a la nueva formulación de los derechos y deberes de trabajadores y empresarios. 
Los Estados miembros han de recordar que una población europea que tenga constantemente la posibilidad de reeducarse profesionalmente en condiciones laborales que tengan en cuenta las nuevas formas de trabajo es un arma temible en la competencia con Estados Unidos y con Japón. 
Los cuatro ámbitos que aparecen en el informe que he comentado están bien planteados. 
Me siento satisfecha con los presentes documentos, pero, como ya he dicho, a la postre se trata de que las TIC estén a disposición de las personas, y no al revés. 
Mi mayor preocupación es la aplicación de las medidas correctas y por ello quiero hacer un llamamiento a la Comisión, al Parlamento y al Consejo para que elaboren menos notas y se centren más en la aplicación. 
Señor Presidente, quiero felicitar a los negociadores en Amsterdam por no haber degradado la cuestión de los puestos de trabajo a una mera cuestión de convergencia sino por haber decidido ocuparse intensamente del tema en una cumbre en Luxemburgo. 
Creo que el enfoque esencial para la creación de nuevos puestos de trabajo es la competitividad de la economía europea. 
Esto significa que tenemos que trabajar aún más intensamente en un concepto de mercado interior y aquí se encuentra en el punto central la sociedad de la información. 
El Sr. Hendrick lo ha expuesto muy bien. 
Es aquí donde tenemos que insistir y avanzar. 
Un elemento para ello es la normalización, pues puede contribuir a que la economía europea sea más competitiva. 
Las normas no son un problema técnico o jurídico sino condición previa para la competitividad. 
En los sectores de las tecnologías de información y comunicaciones, el desarrollo de normas está- y debe estar- dirigido por el mercado. 
Creo que esta dirección desde el mercado es de importancia esencial para la elaboración de las normas. 
En este contexto se plantean cuatro cuestiones esenciales: Primera: normas oficiales y aparición de especificaciones de acceso público. 
Creo que hay que recapacitar sobre su forma técnica y jurídica. 
La segunda cuestión es la importancia cambiante de las normas y de los organismos europeos de normalización. 
Creo que es necesario cooperar más intensamente en el futuro tanto con las organizaciones nacionales de normalización como con las internacionales. Se debe evitar la duplicación de trabajos y sobre todo acelerar la velocidad del proceso. 
La tercera cuestión que se plantea es el estatuto jurídico de las especificaciones de acceso público, también llamadas PAS, en la legislación comunitaria. 
Creo que en este estatuto jurídico habría también que recapacitar hasta qué punto se debe tratar el sector del «software» , del «hardware» o del «manware». 
El Sr. Ahlqvist se va a referir a este aspecto más adelante. 
El aprendizaje en la sociedad de la información es una base esencial y para este aprendizaje necesitamos normas para poder ver si se han alcanzado determinados estándares o cuáles deben impulsarse. 
La cuarta cuestión es la importancia estratégica para el desarrollo de la competitividad con los instrumentos de la política de normalización. 
Con ello, llego a la misma normalización. 
Ofrece ventajas esenciales, es decir, seguridad jurídica y técnica para el usuario, las empresas, los consumidores y los proveedores. Creo que las consideraciones básicas son muy importantes a este respecto. 
Se trata también de un fundamento jurídico para la expansión a nivel mundial de estas normas así como de la consideración directa de requisitos esenciales, como la seguridad- las cuestiones relativas a la seguridad se encuentran siempre en el punto central- la interconexión de redes, la interoperabilidad de las aplicaciones y la protección de datos. 
Pero las normas nos ofrecen también la ventaja de que se publican, por lo que son rápidamente accesibles en todo el mundo y que se marcan plazos. 
De este modo se dispone de documentos y opiniones comprobadas y por escrito con los que podemos mejorar también nuestras normas. 
Actualmente, estos procesos tardan demasiado tiempo; seis hasta ocho años no son compatibles con los ciclos de vida de los productos de estas tecnologías. 
También vemos que ciertas normas no se han hecho realidad. 
Un ejemplo muy simple es el enchufe eléctrico europeo; en la Comunidad Europea tenemos muchos sistemas diferentes que no son compatibles. 
Tenemos también normas que no llegan con suficiente rapidez, en las que la economía europea no se ha decidido con suficiente rapidez, como por ejemplo, Video 2000, que no ha logrado salir adelante. 
Por otro lado, tenemos normas que han encontrado reconocimiento internacional, como la GMS. 
Esta norma se impone en todo el mundo y si hoy se quiere telefonear a Eslovaquia o Rusia, con GMS se logra. 
Por otro lado, con la introducción del euro surgen nuevas oportunidades para esta normalización y, en especial, para el PAS. 
De cara a la introducción de códigos bancarios, se puede recapacitar ya sobre cómo Europa puede aplicar internacionalmente este desafío y ganar en competitividad. 
Creo que el informe toca muy bien el tema de que las normas «de facto» y «de iure» deben aplicarse y que también se trata de desarrollar nuevos sistemas. 
Al igual que en los derechos protegidos- patentes, marcas, derechos de autor, protección de modelos de utilidad -, en el caso de las normas se debería desarrollar también un sistema completo y vincular en ello especialmente a las pequeñas y medianas empresas así como a las organizaciones de consumidores. 
Señor Presidente, con ocasión de nuestro debate de hoy sobre el primer informe que he tenido la satisfacción de redactar en nombre de la Comisión de Cultura, he experimentado un sentimiento especial. 
Me ha dado mucho ánimo recibir este encargo porque se considera a mi país, Suecia, por muchos motivos como un ejemplo en lo tocante a las tecnologías de la información y sus aplicaciones. 
La Comisión ha encargado al Ministerio de Educación sueco la construcción de una red informática escolar que se utilizará en toda Europa. 
Ya hemos dado comienzo a estos trabajos y espero poder presentar los resultados a la Comisión de Cultura a finales de año. 
Al mismo tiempo, no puedo evitar comprobar lo barroco de la posición del Parlamento con respecto a un Plan de acción que se lanzó en diciembre del pasado año. 
Realmente no soy de los que desean que el aumento de competencias del Parlamento se aplique a todo, pero desde luego pienso que lo que hacemos ha de hacerse de un modo serio. 
Naturalmente, he mantenido contactos regulares con la Comisión y doy por descontado que algunos de mis puntos de vista dejarán su huella en el tratamiento futuro que se dé al Plan de acción. 
No obstante, deseo subrayar encarecidamente que también las posiciones no legislativas del Parlamento tienen que ser tratadas con toda seriedad. 
De otro modo cómo van a creer los ciudadanos en el lema de «los ciudadanos primero» cuando las manifestaciones de sus políticos se tratan como si fueran pura formalidad. 
Con respecto al propio Plan de acción apoyo la propuesta de la Comisión en su mayor parte. 
La iniciativa tiene tres objetivos: impulsar la entrada de las escuelas en la sociedad de la información, promover un aumento del uso de los medios informáticos en la enseñanza y reforzar la dimensión europea dentro de la formación con la ayuda de los instrumentos que proporciona la sociedad de la información, al tiempo que se enfatiza la diversidad cultural y lingüística. 
Para alcanzar los tres objetivos, la iniciativa debe orientarse hacia cuatro directrices que deben apoyar iniciativas locales y nacionales. 
Éstas consistirán en favorecer la interconexión de las redes escolares además de incitar al desarollo y distribución de programas. 
Además, hay que impulsar la formación de los profesores y las ayudas que se les conceden, y todos los involucrados deben recibir información sobre las posibilidades pedagógicas que ofrecen estos medios. 
Tanto la investigación como los proyectos piloto demuestran que las tecnologías de la información facilitan la adquisición de nuevos conocimientos y estimulan el desarrollo personal, bajo la condición de que se adapten a las necesidades concretas y de que el intercambio de formación sea suficiente. 
En base a mi experiencia como directora del Instituto de enseñanza media Hertsöns en Luleå, considero que la formación del profesorado y la información cara a los padres constituyen requisitos previos para que el proyecto tenga éxito. 
Es importante que los profesores dispongan de tiempo para acostumbrarse a los nuevos métodos de enseñanza y descubrir nuevas posibilidades. 
Al mismo tiempo, sé que también los padres juegan un papel central para el seguimiento del trabajo escolar en los hogares. 
Ambos puntos los destaca también la Comisión. 
En cambio, el Plan de acción original no trata una cuestión que considero de extrema importancia en este contexto, y que es la situación de los minusválidos. 
Gracias a las tecnologías de la información aumentan las posibilidades de las personas discapacitadas con respecto a su formación y empleo. 
No obstante, para que esto funcione es necesario el desarrollo de soportes lógicos, de la información, y de la formación profesional. 
Lo bueno de la mayoría de estos soportes es que casi no son necesarios costes adicionales para adaptarlos a las personas discapacitadas si la adaptación se realiza en las primeras fases de elaboración del producto. 
Yo pienso que a esto debe dársele primacía política. 
La Comisión se ha mostrado favorable a mis propuestas que espero que ahora también se concreticen. 
Lo mismo rige para las perspectivas de equiparación. 
Es también extremadamente importante que luchemos contra la distribución de sexos que todavía hoy se observa en el terreno informático. 
Por ello he propuesto que dentro de este Plan de acción se cree un proyecto piloto especialmento dirigido a las jóvenes. 
A pesar de los riesgos relacionados con la sociedad de la información, hemos de reconocer que no existe ninguna alternativa realista. 
Por consiguiente, es importante que los políticos participemos en el debate en sus primeras fases, y que veamos las posibilidades que encierran las nuevas tecnologías de la información. 
Es en las escuelas primarias y en las secundarias donde hay que aprender estas nuevas teconologías. 
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos me permito felicitar a la Sra. Boogerd-Quaak por su informe y expresarle también mi agradecimiento por haber integrado plenamente en el mismo las conclusiones aprobadas unánimemente por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Todos los informes debatidos hoy conjuntamente demuestran que el Parlamento Europeo apoya con gran compromiso la política de la Comisión respecto a la sociedad de la información, pero también revelan que es necesario llamar la atención sobre los peligros de una evolución demasiado unilateral. 
Con el avance de dicha evolución, se ve cada vez más claramente esta unilateralidad y la política de la Comisión debería enfrentarse mejor a ella. 
Mientras que, por ejemplo, las aplicaciones en el sector comercial y de las tecnologías del entretenimiento son cada vez más variadas y frecuentes, el sector de las administraciones públicas se queda atrás tanto a nivel nacional como de la UE. 
No se ven mejoras similares para el ciudadano en el acceso a las informaciones públicas, al derecho a tener procedimientos judiciales y administrativos rápidos y ágiles. 
Lo mismo es aplicable a las aplicaciones no comerciales en el campo de la escuela, formación y cultura. 
Estas útiles aplicaciones serían las que las harían más atractivas a una gran parte de las mujeres para servirse de las técnicas de la sociedad de la información. 
Lamentablemente, en el plan de acción no se contempla otro campo de posibles aplicaciones o sólo de un modo muy indirecto; me refiero al potencial de la sociedad de la información para fortalecer los derechos democráticos de los ciudadanos. 
Se podría desarrollar más imaginación a todos los niveles de la política. 
Si queremos acercar el proyecto de Europa al ciudadano, lo que va a ser más necesario que nunca después de Amsterdam, entonces habrá que poner en marcha experimentos de gran alcance de «teledemocracia». 
Señor Presidente, ellos tienen apenas diez años y ya están navegando en Internet. 
Dejan mensajes en «voicemail» e intercambian por «E-Mail» datos y novedades. 
No emplean solamente el CD-Rom para juegos y hacen sus descubrimientos también en la realidad virtual. 
Los jóvenes de Europa utilizan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que para muchos adultos son aún un misterio. 
Pero mientras una parte de los escolares aprende jugando y enseña al mismo tiempo a sus padres estas nuevas tecnologías, otra parte tiene excluido el acceso: los minusválidos y los jóvenes con dificultades de aprendizaje así como aquellos que carecen de los recursos económicos para adquirir un equipamiento básico. 
Hay que reducir la distancia existente entre los que saben y los que no saben. 
Se deben posibilitar las mismas condiciones de acceso a estas técnicas en un estadio temprano. 
Hay que enseñar y aprender una actuación responsable con dichas técnicas. 
Fomentar su empleo en las escuelas primarias y secundarias es el objetivo de un plan de acción de la Comisión que apoyamos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Independientemente del tipo de escuela y del nivel de cualificaciones, deben transmitirse conocimientos mínimos para posibilitar la participación de los jóvenes en la futura vida profesional y social. 
Europa se acerca con estas tecnologías. 
Los escolares pueden contactar por encima de las fronteras, conocer otras culturas e idiomas y desarrollar aspectos en común que se deben profundizar in situ mediante visitas de varias semanas en las familias anfitrionas. 
Los costes de equipamiento para los bancos de datos en los colegios siguen siendo demasiado elevados y las aplicaciones de los multimedios son totalmente insuficientes. 
La ponente, la Sra. Ahlqvist, lo ha mostrado muy claramente. 
Por tanto, hay que impulsar sobre todo proyectos como la iniciativa «Escuelas en la red» que existe en Alemania. Gracias a ella, diez mil escuelas se han unido durante los tres últimos años a redes nacionales e internacionales y servicios multimedia. 
A nivel europeo, se apoya la formación continuada de los profesores en estas tecnologías del futuro con el programa SOCRATES. 
Llamo en especial la atención sobre la necesidad de apoyar a las profesoras, cuyas desventajas en un mundo técnico dominado con frecuencia por los hombres, no se puede aceptar por más tiempo. 
En las escuelas faltan también contenidos docentes pedagógicos. 
Se debe desarrollar y emplear un material de datos de alta calidad. 
Para que el ordenador no sea el único interlocutor para muchos, las clases deben motivar el espíritu de equipo y el trabajo creativo de grupo. 
También debe contribuir a que no sólo se recojan informaciones sino a interpretarlas y comprobar su contenido de autenticidad. 
De este modo, las tecnologías de la información y de la comunicación contribuyen a facilitar los juicios y las decisiones, elementos esenciales de una democracia viva. 
Señor Presidente, soy ponente para la opinión de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía sobre el informe de la Sra. Ahlqvist en torno a la educación en la sociedad de la información. 
La Comisión adoptó unánimemente mi propuesta de opinión. 
La Sra. Ahlqvist ha incluido la mayor parte de puntos que los integrantes de la Comisión habíamos defendido. 
Por tanto, comentaré brevemente tres ámbitos que deseo destacar especialmente. 
El primero es que actualmente existe una gran disparidad en lo que concierne a las TIC y a las posibilidades que ofrece Internet en las diversas escuelas de la Unión Europea. 
A mediados del año pasado eran menos del 5 % las escuelas europeas con acceso a las redes. 
La cifra es muy dispar en los distintos países miembros. 
Por ejemplo, en Suecia y Finlandia tienen acceso a Internet las dos terceras partes de las escuelas, mientras que en Alemania la cifra es de menos del 2 %. 
Hay que tener esto en cuenta cuando debatimos sobre estos asuntos. 
Lo segundo que hemos debatido a fondo es la postura de los profesores ante las nuevas tecnologías. 
Personalemente, no creo que sean los jóvenes o los niños los que tengan problemas a la hora de aceptar la información que ofrecen las TIC. 
Las dificultades están más bien relacionadas con la actitud y conocimientos del profesorado. 
En muchos casos es a los enseñantes a quienes les resulta más difícil acceder a esta información mientras que los adolescentes lo ven más como algo natural. 
También hay que evitar pasarse a la fe ciega en los medios informáticos. 
No es en absoluto seguro que estos medios conlleven unos mejores métodos pedagógicos para las escuelas. 
Son un complemento para la enseñanza normal. 
Por tanto, las escuelas necesitan también unos recursos para ámbitos no logísticos, como es la formación del profesorado. 
Esto va relacionado con mi tercer punto, que consiste en que cabe examinar minuciosamente la UEM, puesto que exige el cumplimiento de unos criterios de convergencia los cuales, por ejemplo en Suecia, han significado lamentablemente que el sector público del cual forman parte naturalmente las escuelas se ha visto obligado a ahorrar. 
Yo no creo que sea correcto ahorrar en un aspecto tan importante como es la educación. 
Los jóvenes son el futuro de la UE. Por consiguiente, en el ámbito escolar no se debería economizar, que es lo que está sucediendo actualmente. 
Señor Presidente, si desarrollamos el increíble potencial de la tecnología de la información, podremos mejorar la economía, facilitar la vida diaria de los más débiles de la sociedad, y reforzar la formación y la democracia. 
Por todas partes aparecen posibilidades de aplicación sin fin. 
Ahora bien, para que la UE adquiera plena ventaja y consiga la parte que le corresponde de este nuevo mercado y de estas posibilidades, es imperioso el establecimiento de un mercado interior europeo uniforme y homogéneo. 
Se necesita seguridad jurídica. 
Esta carencia debilita a las empresas europeas con respecto a las americanas. 
Una serie de directivas están esperando su aplicación. 
Las normas sobre competencia actuales no bastan. 
Queda mucho por hacer. 
Ha supuesto un alivio- y podemos agradecérselo a la Comisión- el acuerdo alcanzado en la cumbre de Amsterdam para solicitar al Banco Europeo de Inversiones la creación de un nuevo tipo de préstamos en favor de las PYME para proyectos de alta tecnología. 
Ha sido un paso muy importante. 
Debemos pedir a la Comisión que aumente sus esfuerzos para garantizar y mejorar el funcionamiento del mercado interior en materia de información y tecnología. 
Los gobiernos de los Estados miembros deben asumir la tarea de garantizar una implantación homogénea y puntual de la liberalización del sector de las telecomunicaciones antes de 1998. 
No debemos olvidarnos de nuestro propio esfuerzo. 
Las instituciones europeas deben pensar en su propia política en materia de tecnología de la información, y esto tanto la Comisión como el Parlamento. 
Lo mismo ocurre con las Escuelas Europeas, que se han quedado algo retrasadas en el aprovechamiento de estas posibilidades. 
En grandes ámbitos del sector de la formación existen problemas al respecto. 
Como antiguo ministro de Educación, me gustaría hablar extensamente sobre este tema, pero me limitaré a felicitar a Thomas Mann por su magnífica intervención. 
Señor Presidente, se me ha pedido que presente en nombre del Sr. Ripa di Meana los puntos de vista de la Comisión de Cultura sobre los dos documentos de la Comisión relativos a la sociedad de la información. 
Es evidente que la Comisión tiene el deber de tomar en consideración en estos asuntos los aspectos culturales, ya que el Tratado de la Unión Europea obliga a ello, y más exactamente el apartado 4 de su artículo 128. 
La Comisión de Cultura muestra su preocupación por el hecho de que, a pesar de ello, en su proyecto de sociedad de la información, la Comisión no se haya tomado este deber lo suficientemente en serio. 
La Comisión de Cultura ha señalado, en particular, que ahora serían necesarias fórmulas concretas para fomentar la pluralidad cultural. 
Sobre esta cuestión se pronuncian hermosas palabras, pero las propuestas concretas no son muy efectivas. 
Un elemento muy importante de la pluralidad cultural es la diversidad lingüística. 
Existe el grave riesgo de que la sociedad de la información evolucione hacia una sociedad monolingüe. 
Desde luego, este no es el objetivo deseado. 
Por ello, la Comisión debería continuar formulando propuestas concretas acerca de cómo fomentar una sociedad de la información multilingüe. 
También hay que llamar la atención sobre el hecho de que en realidad esta cuestión no se refiere únicamente a aparatos y tecnología, sino, en gran medida, a las repercusiones sociales que las tecnologías de la información van a tener, y no se puede dejar de resaltar lo suficiente que estas repercusiones no se han estudiado en absoluto en la medida que requiere la seriedad del asunto. 
Nos encontramos al borde de una verdadera revolución: incluso los sistemas fiscales nacionales se están viendo ya seriamente amenazados desde el momento en que la gente hace negocios en Internet. 
Señor Presidente, señoras y señores, me voy a referir a tres aspectos del informe de la colega Boogert-Quaak. 
Creo que la transformación hacia la sociedad de la información implica también una profunda transformación de nuestra sociedad. 
Esta sociedad de la información descansa en dos pilares: el desarrollo tecnológico, por un lado, y el desarrollo social, por otro. 
El desarrollo tecnológico se encontraba hasta ahora en el primer plano de las consideraciones y sigue teniendo una importancia decisiva para la industria europea. 
Este sector se caracteriza por una rápida transformación tecnológica. 
Palabras como redes de banda ancha, IDSN, Internet, Intranet, telemática en el tráfico, etc, acuñan actualmente el paisaje. 
Son loables los numerosos esfuerzos de la Comisión en este campo. 
Apoyamos las exigencias de la ponente en el sentido de que se concentren las numerosas actividades. 
Necesitamos una mayor claridad en este campo. 
La Comisión debe intensificar sus esfuerzos para lograr una obra clara y transparente de entre el gran número de diferentes informaciones y normas existentes. 
El segundo pilar de la sociedad de la información es el de la sociedad y sus aspectos sociales. 
Al principio, este aspecto no ha sido muy tenido en cuenta pero cada vez cobra más importancia. 
Saludo expresamente que la Comisión lo destaque en el Libro Verde «Vivir y trabajar en la sociedad de la información- el hombre en el punto central». 
Se han acuñado frases como: educación y formación a lo largo de toda la vida, el conocimiento como cualificación central, etc., pero también miedo a la técnica, disgregación de la sociedad en una parte que sabe manejarse con los nuevos medios y tecnologías y otra parte que no tiene una relación técnica y sicológica con los mismos. 
La ponente tiene razón cuando descubre carencias en el sector de los aspectos sociales. 
Comparto su observación. 
No queremos una sociedad de la información en la que solamente se trate de que unos pocos puedan aumentar sus beneficios. 
Las ciudadanas y ciudadanos tienen que participar en el concepto europeo de la sociedad de la información del futuro. 
Los cambios sociales tienen que abrir también en gran medida oportunidades individuales. 
Con ello, me refiero a una mayor codecisión, un mayor acceso a las informaciones, más posibilidades de formarse y de una comunicación más económica. 
En su posterior camino, la UE tiene que prepararse ya para la próxima ronda de ampliación. 
La integración de los candidatos al ingreso en el proceso de regulación es de gran importancia si queremos tener un mercado homogéneo en Europa. 
Hay que subrayar de nuevo la importancia de una autoridad reguladora europea en el campo de las telecomunicaciones. 
Creo que sólo así se podrá asegurar la competencia en este campo y reducir las divergencias entre los operadores europeos y los Gobiernos. 
Respecto al informe en si se han presentado siete enmiendas que apoyamos exceptuando la nº 3 y 4. 
Indican que los derechos protegidos de los trabajadores no pueden cuestionarse como consecuencia del desarrollo de la sociedad de la información. 
Rechazamos un espacio en el que no exista protección. 
Podríamos apoyar la enmienda nº 2 si se sustituyese la palabra «servicio público» por «servicio universal». 
Pero probablemente se trata solamente de un problema de concepto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, durante la última sesión debatimos un informe de propia iniciativa sobre la sociedad de la información, presentado por la Comisión de Investigación; la semana pasada en el Salón de Bourget tuvimos ocasión de escuchar los compromisos de las agencias espaciales y de la industria europea en el sector de las comunicaciones por satélite; en mayo, en el Cairo, estando presente el Comisario Bangemann, intentamos poner sobre la mesa los primeros elementos de un proyecto sobre las aplicaciones de la sociedad de la información por satélite, con vistas a una cooperación que va más allá de las fronteras de la Unión actual. 
Me parece que el trabajo sobre las reglas del libre mercado está llegando a su fin y, en consecuencia, se está superando a poco a poco el primer obstáculo para el ciudadano en la sociedad de la información. 
Me congratulo de que el plan de actuación de la Comisión, que hoy estamos debatiendo, resalte por fin el esfuerzo en pro de la educación, la barrera quizás más difícil de superar para el ciudadano y las empresas. 
La idea de conectar las escuelas con Internet y de crear una red de banda ancha multimedia para la enseñanza y las nuevas aplicaciones, así como la idea de fomentar la iniciativa «Ciudadanos de Europa» con ulteriores programas, son todas ellas unas ideas excelentes que, por otra parte, los Estados Unidos ya han puesto en práctica, a su manera. 
Las que para mí siguen siendo fuente de preocupación, pues no me queda claro de qué forma va a actuar la Comisión, son la cooperación con los Estados miembros y con los Gobiernos locales, las formas de incentivo y de financiación, así como los correspondientes grados de compromiso económico y la forma en qué se van a introducir en un sistema- el de la educación básica, en general rígido en cuanto a los programas y las reglas, y bastante falto de recursos y reacio a los cambios- las nuevas técnicas del teclado y del ratón. 
Y es en estos temas que afectan a la flexibilidad de nuestra sociedad donde, creo, la sociedad de la información encontrará sus mayores dificultades. 
Señor Presidente, las cuestiones técnicas han dominado en exceso el debate sobre la sociedad de la información a costa del contenido. 
Ha llegado pues el momento de ver el desarrollo de la sociedad de la información desde el punto de vista de las necesidades de las personas y como una amplia línea de progreso de la sociedad. 
La capacitación para utilizar la tecnología de la información y de las comunicaciones será un requisito imprescindible en el futuro para poder participar adecuadamente tanto en la vida laboral como en el resto de la vida social. 
Por este motivo, estos conocimientos deben proporcionarse a todos y, de esta forma, intentar evitar nuevas divisiones de clases y la exclusión. 
Solamente una sociedad basada en la igualdad puede fortalecer la competitividad y el empleo. 
En el meritorio informe de la Sra. Ahlqvist se pone de relieve que la familiarización con la informática debería empezar ya en el jardín de infancia y en la escuela primaria con el fin de que el mayor número posible de niños parta en unas condiciones de igualdad. 
Es muy importante ofrecer a las personas adultas la posibilidad de aprender a manejar las nuevas tecnologías y las redes de información. 
Esto es lo que supone también los importantes desafíos de la formación continua, para la que serán necesarios el material y los métodos adecuados. 
La oferta y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones revisten una especial importancia desde el punto de vista de la igualdad regional. 
Debe desarrollarse la educación a distancia y conseguirse que las regiones periféricas participen en el desarrollo económico y social común. 
La dotación de las escuelas en materia de conexión a las redes varía mucho de unos países a otros, como se ha señalado aquí. 
En mi país, Finlandia, más de dos tercios de las escuelas están conectadas a las redes, mientras que a nivel de la Unión la cifra no llega al 5 %. 
En este sentido cabe destacar la importancia no sólo de las escuelas, sino también de las bibliotecas y las grandes posibilidades que ofrece el hecho de que funcionen como centros de enseñanza regionales, abiertos a todos. 
Los profesionales del sector de las bibliotecas y de la información que hayan recibido una formación acorde con los tiempos podrán ayudar también a localizar la información que se presente bajo nuevos soportes y a descubrir nuevas experiencias. 
Debe reforzarse el papel de la tecnología de la información y de las comunicaciones en la capacitación y formación complementaria de los profesores. 
La mejora de los programas y materiales destinados a la enseñanza de los grados superiores constituye, en mi opinión, una tarea urgente. 
La Comisión debe mantener igualmente los esfuerzos por desarrollar una industria multimedia europea con el fin de que constituya un apoyo real para la diversidad lingüística y cultural de Europa. 
(sin micrófono )... hace hincapié en los peligros que implica reforzar las desigualdades sociales en la aplicación de la sociedad de la información, reconociendo así que las nuevas técnicas representan una oportunidad y un progreso para la sociedad, a condición de que sean accesibles a todos a través de la enseñanza y el servicio universal, encargándose además de proporcionar los equipos necesarios a los distintos centros públicos. 
Ahora bien, si la Comisión reconoce el carácter evolutivo y dinámico del servicio universal, sigue rechazando incluir en éste la provisión de servicios avanzados de telecomunicación a los centros educativos. 
Estamos de acuerdo con el informe Ahlqvist cuando lamenta la ausencia total de nuevos recursos para alcanzar estos objetivos. 
Compartimos el análisis de las causas de esta falta total de presupuesto, es decir, la austeridad presupuestaria relacionada con los criterios de convergencia de la moneda única, lo que implica la disminución del gasto público afectando especialmente la educación, cerrando clases, suprimiendo partidas y no brindando una formación real a los docentes acerca de las nuevas técnicas. 
Lamentamos que, en el conjunto de estos informes, no se haya hecho ninguna crítica sobre la concepción dominante de la educación que se desprende de las distintas comunicaciones de la Comisión. 
Sí, no podemos aceptar que en nombre del progreso vuelva a ponerse en tela de juicio el propio fundamento de la enseñanza pretendiendo dar prioridad al sistema de aprendizaje, en contra de la enseñanza y la formación, para responder a las exigencias de la industria. 
El apartado 62 del informe Herman, que pone sobre aviso contra la ilusión de ver en la tecnología de la información la solución a todos los problemas de la enseñanza. 
Por este motivo, seguimos oponiéndonos y sumamente inquietos respecto a todo lo que sean asociaciones demasiado vinculantes, privadas o públicas, y sobre todo a las financiaciones de la enseñanza por parte del sector privado. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión ejecutiva, lejos de preocuparse de una política, global y coordinada en el seno de la Unión sobre las nuevas tecnologías, prefiere librar a cuenta gotas sus reflexiones, comunicaciones, sus libros de todos los colores, en función del criterio sumamente objetivo de competencia de las comisiones parlamentarias. 
Y las comisiones parlamentarias, en el fondo, no tuvieron otro remedio que actuar como solistas. 
Es preciso, Señorías, que cese esta farsa de procedimiento, ya que si, como se deja entender, el mejor de los mundos es para mañana, en la sociedad de la información que sustituirá a la sociedad industrial, acaso la prioridad no es tener, finalmente, en el Parlamento Europeo, un debate coherente y razonable sobre el advenimiento de las nuevas tecnologías y sus profundas consecuencias sobre el siglo XXI. 
Por tanto, no podemos sino felicitarnos del debate común que hoy nos ocupa. 
En efecto, los cuatro informes presentados tocan varios ámbitos de la sociedad de la información: financiación, normalización, educación y formación, mutación del valor «trabajo» , vocación hegemónica de las multinacionales de la información. 
Ya que, finalmente, Señorías, la cuestión esencial no es: ¿autopistas de la información para ir adonde? 
Nada más que para la construcción de las infraestructuras, el Libro Blanco de Jacques Delors evalúa a 150.000 millones de euros el importe de las financiaciones para la conexión en red de toda la Unión. 
Ahora bien, el programa quinquenal comunitario está dotado de un presupuesto de 45 millones de euros. 
Es ridículo, es insuficiente, no lleva a ninguna parte. 
Ya que si se desea jugar como los mayores, es preciso, Señorías, empezar por darse los medios financieros. 
Ante tales aspectos económicos en juego, reconozco con el Sr. Bangemann que la prudencia auspicia la seguridad. 
Pero mal que le pese al Sr. Bangemann, hay muchas posibilidades de que el modelo europeo de la sociedad de la información se parezca a Microsoftland hasta el grado de confundirse. 
Y no se sorprendan, Señorías, si los consumidores europeos preferirán siempre el original estadounidense a la pálida copia europea. 
Entonces, es verdad que no es demasiado tarde para trabajar en favor de un verdadero modelo europeo de la información. 
Hace cuatro meses, el Parlamento Europeo aprobó el informe correspondiente de la Sra. Morgan sobre la sociedad de la información, cultura y educación, que recomendaba un modelo europeo guiado por preocupaciones democráticas, sociales, culturales y educativas. 
Tener en cuenta la dimensión humana es una prioridad para cada uno de nosotros. Ya que, hipertecnológica, la sociedad de la información será capaz de fabricar cada vez más y más riquezas utilizando para ello cada vez un menor número de personas. 
Por tanto, se presenciará, más que hoy día, más de lo que se cree, a una generalización del trabajo a tiempo parcial y con salario parcial. 
Por esta razón, las políticas tienen que volver a considerar el valor «trabajo» como el único vector de cohesión social de nuestras sociedades. 
Por esta razón, las cosas también van a cambiar para la escuela. 
Es preciso que los niños aprendan sirviéndose de las nuevas tecnologías y no aprendan solamente a servirse de ellas. 
Y en este sentido, me dirán ustedes, qué papel representa el mundo político ante las multinacionales de la información. 
Guiados únicamente por la ley del dinero, los gigantes de la informática, de las telecomunicaciones, de la fibra óptica y los medios de comunicación se lanzan a una gran aventura para ellos, el control del mundo. 
Ahora bien, una nación que ya no domina la producción de sus imágenes, ni el control de las nuevas tecnologías ¿sigue siendo una nación soberana? 
Esto es lo que realmente pone en juego esta revolución ineluctable. 
Lo que llamamos, señor Presidente, en nuestras democracias occidentales, » el cuarto poder» ¿no va a convertirse sencillamente en el primer y único poder? 
Esta es la cuestión que tenemos que plantearnos en nuestros trabajos futuros. 
Señor Presidente, debemos apoyar los informes que se someten a debate. 
Sin embargo, uno no puede liberarse del temor de que de nuevo se emplee mucho dinero fundamentalmente para la producción de papel. 
No tengo nada en contra de análisis y estudios detallados, pero habría que considerar si los 45 millones de ecus de que se dispone para el programa plurianual de información para el fomento de la sociedad de la información, no se podrían dedicar más razonablemente a la realización de proyectos concretos útiles. 
Un ejemplo: para mantener la competitividad de la industria europea del turismo en el próximo milenio, será necesario crear unos sistemas electrónicos de información y de reserva que cubran todo el territorio. 
Aunque las condiciones técnicas para tales sistemas de «marketing» ya existen en el sector del turismo, sin embargo esta rama económica, debido a su microestructuración y fragmentación, no puede, organizativamente y por falta de motivación, proporcionar un contenido y actualización fiables a los sistemas de información y de reserva que cubren todo el territorio. 
En el futuro, determinante para el éxito de las numerosas pequeñas y medianas empresas que trabajan en el turismo y que constituyen la espina dorsal del turismo europeo, va a ser, junto a la oferta, la precisión y rapidez de la información. 
Los clientes, es decir, los consumidores de productos turísticos, hacen la reserva cada vez a más corto plazo y tienen mayores exigencias. 
Una información detallada pulsando un botón y una reserva en el último minuto es algo que esperan los consumidores como algo evidente. 
La interconexión de los oferentes entre si y, ante todo, de los oferentes con los mercados, en especial, con la rama de las agencias de viaje, pero también directamente con los consumidores, por ejemplo, a través de Internet, es algo que se debe impulsar a nivel europeo. 
Precisamente en relación con los esfuerzos para mantener los puestos de trabajo y crear otros nuevos, la rama europea del turismo tiene que incluir hasta los territorios más alejados en los sistemas de información y de reserva a nivel mundial. 
En el marco del programa de acción se podría lograr un importante avance por ejemplo, en el campo de la formación, motivación y transferencia de «know-how» y ayudar a ser más competitivo a un sector que pierde continuamente partes de mercado. 
Señor Presidente, señorías, uno de los argumentos más frecuentes que se esgrimen en favor de la sociedad de la información es que ésta suprime las distancias y, por lo tanto, permite un uso más eficaz del espacio. 
Se pueden utilizar los servicios, dirigir los negocios y crear puestos de trabajo sin necesidad de trasladarse a los grandes centros de población. 
Sin embargo, en esta apreciación optimista no se han tenido en cuenta dos problemas importantes que deben resolverse para que la evolución no se produzca precisamente en la dirección contraria. 
A pesar de que se parte del hecho de que la informática y las telecomunicaciones mejorarán la situación del empleo, el valor añadido que proporcionará no redundará en absoluto en beneficio de la sociedad en su conjunto mediante el trabajo tradicional, sino que las oportunidades laborales y el poder adquisitivo se trasladarán en su mayor parte a los habitantes de las ciudades que estén cualificados, en tanto que el poder adquisitivo de los habitantes de las regiones alejadas no aumentará. 
La cuestión de la democracia también forma parte fundamental de la sociedad de la información, es decir, la existencia de un control democrático y de una alternativa democrática que garanticen también la participación de los denominados grupos marginados en el diálogo electrónico. 
El informe de la Sra. Boogerd-Quaak es digno de elogio. 
Como complemento al informe he recibido advertencias acerca de la sobrecarga de las redes de información, su mundialización, la exclusión de los que carecen de formación y el uso de su poder. 
Pido una vez más a la Comisión que estudie las consecuencias de la sociedad de la información para el empleo y que haga hincapié en que, a pesar de la informática, un profesor capacitado sigue siendo insustituible. 
Las posibilidades tanto del usuario como del productor de aprovechar los servicios de la sociedad de la información dependen de la existencia de un soporte técnico representativo de la última tecnología y de una infraestructura general. 
Estas costosas inversiones, casi únicamente privadas, se llevan a cabo fácilmente en regiones densamente pobladas y se concentran en ellas. 
Esto incrementa la marginación de aquellas regiones que ya anteriormente contaban con medios de comunicación insuficientes. 
Habrá especial motivo de preocupación si el término de servicios generales de telecomunicaciones significa más bien la preocupación por los servicios básicos de algunos grupos de clientes insolventes en vez del ambicioso objetivo de desarrollo de toda la sociedad. 
Y es que los medios informáticos modernos y, en particular, las posibilidades de utilización de Internet en las regiones menos desarrolladas no pueden estar basadas en equipos adquiridos a nivel particular. 
Es necesario contar con lugares de trabajo de fácil acceso situados en espacios públicos, como, por ejemplo, en las escuelas, las bibliotecas y los hospitales. 
Por último, me gustaría llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que la transmisión de datos sería posible en todo el territorio de la Unión y, en particular, en las regiones donde la infraestructura convencional de comunicaciones es deficiente o está obsoleta mediante la comunicación vía satélite y los conocimientos técnicos más recientes. 
La creación de una red inteligente europea de banda ancha constituye un proyecto urgente. 
Señor Presidente, Señorías, como suele pasarnos a menudo, parecemos descuidar lo esencial en favor de consideraciones, efectivamente muy legítimas, efectivamente democrática y moralmente de primer orden, pero secundarias en el orden de los medios y los fines. 
En efecto, lo esencial, es hoy día que Europa se encuentra sumamente atrasada en relación con Estados Unidos, en relación con Japón, cuando la tasa de crecimiento de las grandes sociedades y los productores estadounidenses, en todos los ámbitos, es cinco veces superior al de sus homólogos europeos. 
Como decía con toda razón el Sr. Scarbonchi, Europa va a convertirse en un «Microsoftland». 
Esto es lo esencial. 
¿Por qué? 
Porque estamos todos apegados, unos al servicio público, otros al sector público; los terceros quieren primero el acceso a todo el mundo, y un grupo más quiere evitar las desigualdades. 
Todo ello está bien, todo ello es perfecto, pero mientras tanto, ¿qué pasa? 
Mientras nosotros nos extendemos hablando sobre todo lo que debería hacer la sociedad de la información, los demás la hacen. 
Y finalmente no seremos mas que los usuarios de lo que producirán los demás. 
Estoy de acuerdo con el contenido de la mayor parte de los informes. 
Me siento menos cómodo con lo que proponen las enmiendas que, por lo demás, son las mismas para todos los informes. 
En éstas se lee que es preciso que los trabajadores, los consumidores, los representantes de esto, los representantes de aquello participen en la normalización, etc. Todas estas condiciones hacen que nos volvamos incapaces de tomar la más mínima decisión. 
Así como estoy de acuerdo con la idea de consultar a todo el mundo, ya que el proceso de consulta no debe tener límites, de igual manera creo que la decisión no debe ser compartida, de lo contrario ya no queda ninguna decisión. 
Esto es lo que aqueja a Europa, y esto es lo que, lamentablemente, muchos de nosotros no ven. 
Cuando leo todas las enmiendas propuestas, ya sea al informe del Sr. Rübig, al de la Sra. Boogerd-Quaak, o al del Sr. Hendrick, son siempre las mismas: hay que hacer compartir la decisión con todo el mundo. 
Hay que hacer participar a todo el mundo. 
Por favor, si quieren que no se haga nada y que no se participe en nada, pidan la participación de todo el mundo. 
Ya lo hemos visto en algunos casos en Bélgica. 
Se quiso hacer participar, en las políticas de ordenamiento del territorio, a casi todos los intereses afectados. 
El resultado: ya no hay manera de tomar decisiones. 
Entonces, es el mercado el que impone las decisiones que resultan, la mayoría de las veces, nefastas para todo el mundo. 
Esto es a lo que se llega. 
Por tanto, quisiera hacer un llamamiento solemne a mis compañeros para que no se anulen voluntariamente ellos mismos, para que no maten la sociedad de la información europea, precisamente en el momento en que ésta necesita mucho aire para respirar. 
Señor Presidente, no puedo por menos de estar de acuerdo con el orador que me ha precedido, el Sr. Herman. 
No suelo estar de acuerdo con él, pero hoy lo estoy plenamente. 
En primer lugar quiero felicitar, claro está, a la Sra. Boogerd-Quaak por su informe. 
Pienso que el problema, señor Herman, no radica solamente en los diputados al Parlamento, sino también en la Comisión Europea. 
A fin de cuentas, ¿qué hace la Comisión? 
Nos envía continuamente documentos sobre la sociedad de la información. A cuál más grande. 
Todas estas comunicaciones se solapan en gran medida. 
No es eso lo que queremos. 
La propia Comisión tiene que coordinar mejor sus secciones para que recibamos material unívoco al respecto. 
Es decir, que tendremos que empezar otra vez desde el principio. Así los ciudadanos de Europa no avanzarán nada con la sociedad de la información. 
Hago, pues, un llamamiento a la Comisión para que coordine esta cuestión. 
Señor Presidente, Señorías, en el fondo lo que se da en llamar la sociedad de la información es el resultado de un proceso objetivo de revolución tecnológica que se ha ido concretando, especialmente en el plano de las técnicas de información y de comunicación. 
Es el resultado de la introducción de nuevas tecnologías, servicios e innovaciones a un ritmo casi alucinante. 
Es, indudablemente, el resultado de las conquistas de la humanidad. 
A pesar de todo, al haberse acelerado estas conquistas merced a intereses egoístas y gracias al motor de los negocios, los que las han acelerado se las han apropiado y su utilización dista mucho de querer beneficiar a toda la humanidad, ¡antes al contrario! 
Y nos preocupa mucho el papel que puede tener todo este proceso en la acentuación- incluso en el agravamiento- de las diferencias sociales ya de por sí tan importantes. 
En realidad, nos parece evidente que, tal como se está construyendo, la sociedad de la información agrava y acentúa estas diferencias mediante la dualidad entre los que tienen acceso a ella y los que están lejos o incluso excluidos de ella. 
Las modificaciones que propugnamos al informe del Sr. Boogerd-Quaak tratan de reflejar esta preocupación y, en caso de ser aceptadas, harán que votemos a favor del informe, al igual que haremos con los informes de los Sres. Hendrick, Rübig y Ahlqvist, agradeciéndoles a todos ellos el trabajo realizado. 
Para acabar, no puedo ni quiero omitir una voz de alerta frente a la amenaza de compatibilidad entre distintos tipos de analfabetismo, que está en la base de la sociedad de la información tal como se está construyendo: 
el analfabetismo de los que ni siquiera aprenden a leer, a escribir y a contar porque están obligados a vivir todavía en un siglo muy pretérito, y que constituirán parte significativa de los muchos y cada vez más numerosos estratos sociales centrifugados en el acceso a las nuevas tecnologías.-el analfabetismo de los que rápidamente se olvidan de leer, escribir y contar porque sólo saben hacer «clic» con una ratón electrónico, sin duda de manera excelente, y que ya vivirán en un mundo futuro, un mundo futuro que no deseo, y lucho para que no sea de este modo, pues esto dividiría todavía más a los seres humanos, con una base del espectro social cada vez más amplia que sería la de los infrahombres y en el otro extremo estarían los superhombres informatizados que no saben quién era Rimbaud y que se muestran indiferentes a los horrores económicos. 
Señor Presidente, doy las gracias a los tres ponentes por sus informes, que considero absolutamente excelentes. 
Sólo haré unas cuantas reflexiones, especialmente con motivo del informe BoorgerdQuaak. 
Al contrario de lo que han destacado muchos de mis colegas, yo no creo que debamos preocuparnos tanto por la superioridad tecnológica de los Estados Unidos en el ámbito que nos ocupa. 
De hecho, éste es el mismo argumento que el Sr. Servan-Schriber utilizó hace treinta años, cuando escribía sobre el desafío americano argumentando que Europa había acabado por estar en situación de irremediable inferioridad con respecto a los Estados Unidos. 
Es un hecho que el índice de crecimiento per cápita no ha sido más elevado en los Estados Unidos que en Europa durante los últimos treinta años, y estoy absolutamente convencido de que así seguirá siendo también en el futuro. 
El motivo de que no tengamos por qué preocuparnos tanto es que el comercio se basa en ventajas relativas. 
Europa tiene unas ventajas comerciales en otros ámbitos. 
Por consiguiente, no es ninguna catástrofe que Europa no sea el líder del mercado en todos los sectores que se hallan dentro de las tecnologías de la información. 
Además, creo que si realmente queremos que Europa se convierta en líder en materia de tecnologías avanzadas, tendríamos que empezar con el simple hecho de que diez de las personas que han obtenido el Nobel de ciencias son de Estados Unidos. 
Por consiguiente, es en la investigación donde hay que invertir si se quiere ser líder en las tecnologías del futuro. 
Lo que realmente me preocupa más es la equiparación dentro de la sociedad de la información. 
Actualmente son los jóvenes de buena formación y con salarios elevados los que se ven representados más claramente entre aquellos que dominan las tecnologías de la información. 
El problema es en mi opinión cómo podemos hacer que estos conocimientos lleguen a la mayoría. 
Pienso que la Sra. Boogerd-Quaak tiene toda la razón cuando apunta hacia el papel de las escuelas. 
Tenemos una gran responsabilidad en este sentido y hemos de procurar que no se cree una sociedad de clases a raíz de las tecnologías de la información en las futuras generaciones. 
También observamos actualmente que las familias de buena posición se conectan a Internet a través de sus propios ordenadores y con ello a sus hijos les entran los conocimientos sobre estas tecnologías por así decirlo con la leche materna. 
Desgraciadamente, no son todos los padres, o padres de niños interesados en la informática los que pueden permitirse adquirir un ordenador. 
De algún modo, creo que también habrá que abordar este problema para garantizar que no se creen clases en la sociedad de la información. 
Finalmente, señor Presidente, quiero señalar simplemente que también cabe tener en cuenta las grandes posibilidades que nos abren las tecnologías de la información en lo concerniente al empleo descentralizado. 
Que puedan colaborar desde sus hogares personas del norte y del sur en unos proyectos comunes- esto nos concederá la posibilidad de promover el desarrollo de las regiones rurales y de disminuir las concentraciones de población en las grandes ciudades. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Ahlqvist por su trabajo. 
La comunicación de la Comisión, que se basa en su excelente obra, tiene como título «aprendizaje en la sociedad de la información» y pretende ser una iniciativa europea para la formación escolar. 
Quiero decir que quizás no se hace totalmente justicia a nuestros sistemas de formación cuando se afirma que es ahora cuando se está entrando en la era del procesamiento electrónico de datos. 
La informática, como asignatura, y las salas de ordenadores como aulas de clase, se encuentran ya en muchos lugares de Europa. 
No obstante, mediante esta iniciativa se quiere recordar que el el procesamiento electrónico de datos y los medios representan un desafío al que tienen que someterse continuamente de nuevo todos en el sector de la educación. 
Pero no debemos ignorar que en la educación y en la formación básica nos encontramos ante un sector del que son responsables en primera línea los Estados miembros. 
Por ello, saludo que en el punto 3 se mencione la soberanía de los Estados miembros en lo tocante a la cultura y que en otros puntos se resista a la tentación de imponerles normas y solamente se les realice sugerencias. 
Tengo que reconocer que los puntos 13, 14 y 15 me siguen preocupando. 
Estoy harta de que se siga presentando a las chicas y mujeres como ineptas técnicamente. 
Solamente hace falta mirar en las oficinas que nos rodean para ver que precisamente las mujeres manejan soberanamente estas nuevas técnicas. 
Si se constata aquí una carencia, esto significa también que en el fondo 40 años de coeducación no han servido para nada. 
Además, no se debería ser demasiado aleccionador. 
Aunque la observación sobre una utilización lúdica como consejo pedagógico no es perjudicial, sin embargo es superflua. 
Coincido plenamente con la ponente en que los cambios en la comunicación deben ir paralelos a una reforma de las escuelas. 
Esto puede parecer superfluo, pero la formación de los profesores no se incluye entre las tareas de la Comunidad, por lo que veo problemas para exigir esta medida en el marco de los Fondos estructurales. 
Por ello, mi grupo político va a solicitar una votación por separado para el apartado 27 y solamente va a votar en favor de una parte. 
Quiero saludar aún dos aspectos. Por un lado, la observación sobre los minusválidos, que considero muy importante, y por otro, la propuesta de revisar los programas de investigación y formación en lo que a su aplicabilidad en el campo de la interconexión de escuelas se refiere. 
Pero debemos tener claro a qué queremos dar prioridad y qué es lo que debemos suprimir. 
A pesar de las objeciones planteadas, deseo que el informe tenga un apoyo amplio. 
Señor Presidente, hoy se han dicho cosas que son evidentes, pero un sector que ni la Comisión ni la mayoría de países miembros han tomado suficientemente en serio es la creciente necesidad de que Europa cree unos niveles uniformes y unas infraestructuras para la información geográfica digital. 
Con esto nos referimos a la rúbrica de la información básica. 
Existe un apartado en el Plan de acción donde se menciona la GI2000, pero no se ha dado ningún paso aunque los ministros francés, alemán, español y holandés exigían unas medidas en este sentido en su carta dirigida a la Comisión en 1994. 
Podemos ahorrar muchos fondos en concepto de seguimiento. 
Hay que hacer algo dentro del V Programa Marco para la Investigación. 
En el presupuesto para 1998 no se asigna nada a la información geográfica. Si esto no se corrige, la UE tampoco podrá hacer lo que se nos exige y que prometimos en relación con la Conferencia del G7 sobre la información, celebrada hace dos años. 
También es necesaria una mejor coordinación de las bases de datos que produce la propia Comisión. 
Es razonable que lo hagamos así, pues la sociedad de la información tiene tantos aspectos que solamente podemos contemplarlos integradamente. 
Pero, ¿cuál es la situación en la Unión Europea? 
Estamos perdiendo sectores de mercado año tras año. 
Tenemos dos grandes empresas europeas que representan sólo el 10 % y lo que hacemos es desatar un amplio debate social sobre los posibles peligros de la sociedad de la información y sobre los posibles perdedores. 
No tenemos mercados armonizados. 
Reducimos los créditos para investigación y desarrollo también en el campo de las tecnologías de la información. 
Los norteamericanos nos preguntan- lo que ha pasado realmente la última semana en Bonn en un círculo de trabajo- porqué estamos tan en contra del correo electrónico y de Internet. 
Por cierto, en el caso de Internet pensamos más en los riesgos y en la pornografía infantil que en la comunicación entre lugares apartados del mundo. 
¿Qué necesitamos entonces? 
En primer lugar, necesitamos más créditos para investigación y desarrollo y, para ello, necesitamos también una amplia aceptación. 
No podemos financiar solamente lo que queremos conservar sino también lo que nos va a asegurar el futuro. 
Esta investigación tiene que estar coordinada y relacionada con las aplicaciones. 
A su vez, esto exige aceptación, que nos centremos más en las aplicaciones y ofrezcamos ayuda a la industria allí donde sea necesario. 
Pero también necesitamos una amplia investigación en el ámbito de la normalización. 
Solamente si adoptamos nosotros mismos nuestras normas, podremos conquistar los mercados del mañana. 
Precisamente en este contexto, necesitamos para la sociedad de la información una transferencia mucho mayor y mejor de tecnología de lo que hasta ahora ha sido necesario. 
¿Porqué somos tan aristocráticos que no queremos financiar aplicaciones y nos quedamos en la investigación básica? 
Los satélites que aportan dinero, los satélites de aplicación no son poco aristocráticos. 
No debemos enviar solamente satélites de investigación. 
Pero, sobre todo, solamente crearemos una sociedad de la información y redes si el ciudadano lo acepta y si hay una demanda. 
En otras palabras- aunque en otros contextos no lo considere muy acertado- aquí necesitamos una amplia y positiva campaña de información que nos enumere las posibilidades y oportunidades de la sociedad de la información y no sus posibles riesgos. 
Por lo demás, necesitamos una amplia ofensiva en favor del teletrabajo. 
Si tenemos mucho teletrabajo, será también una aportación para el desarrollo en las áreas rurales, para el trabajo de las mujeres, quienes podrán combinar mejor la familia y la actividad laboral. 
Cuando tengamos muchos puestos de teletrabajo será el momento de acompañarlos socialmente. 
Pero si lo prohibimos y tenemos una actitud negativa de antemano, no tendremos nunca éxito. 
A veces temo que vamos a dejar pasar de largo una oportunidad para el futuro. 
Precisamente en el campo de la sociedad de la información tenemos que actuar centralizadamente y esto es algo que tenemos que hacer ahora. 
Por ello, son de saludar estos cuatro informes así como las cuatro propuestas de la Comisión en estos momentos. 
Señor Presidente, si se leen los informes y se comparan con el debate de esta tarde, se constata una considerable diferencia. 
Todos los informes se ocupan de lo que la Comisión ha hecho hasta ahora junto con el Parlamento y analizan los nuevos aspectos propuestos aquí, es decir, el programa de acción, las posibilidades especiales que mostramos para las escuelas, para la formación en general y algunas cosas más. 
Como ocurre frecuentemente cuando se discute sobre la sociedad de la información, el debate ha servido como una especie de muro de lamentaciones para muchos miembros de esta Asamblea que se quejan de las injusticias del mundo y del negativo hecho de que existen ricos y pobres y cosas similares. 
Naturalmente, en el marco de la sociedad de la información esto es también un tema, pero el problema es que cuando la Comisión intenta responder a estas críticas, las damas y caballeros que han planteado dichas críticas ya se han marchado. 
No lo digo por un sentimiento de vanidad herida, pues esto no es tan importante para mi. 
Hay también otros partidarios, entre los que se encuentra la Sra. Pailler. 
Siempre me alegra que quiera mantener realmente un debate y que lo haga, aunque a veces seamos de opiniones diferentes. 
Quiero intentar otra vez establecer la relación que algunos participantes en el debate han echado en falta. 
Desde un principio no hemos entendido las tecnologías de la información y su desarrollo como un problema técnico o económico, lo que ya se puede deducir de la elección del concepto «sociedad de la información» , sino que desde un principio, desde nuestro primer documento, el llamado informe Bangemann sobre la cumbre de Corfú, hemos llamado la atención sobre el hecho de que las cuestiones esenciales se encuentran en el campo de la política social y que el empleo de estas nuevas tecnologías presupone que se cree una predisposición positiva en la sociedad. 
No obstante, también he dicho al final que solamente podemos discutir sobre una aplicación razonable de tales tecnologías desde un punto de vista social si nosotros mismos disponemos de ellas, si nosotros mismos las desarrollamos y si no somos solamente clientes de otros. 
Por este motivo, hemos intentado desde un principio superar los obstáculos que había y me permito recordarles que la propuesta que hemos realizado de eliminar los monopolios públicos en el sector de las telecomunicaciones, ha sido un tema muy controvertido en el Parlamento. 
Nos encontramos muy próximos a esta fecha. 
El 1 de enero del próximo año va a existir competencia en este campo. 
También ha sido muy debatida la competencia como elemento de esta nueva tecnología y su aprovechamiento económico. 
La competencia ha reducido ya hoy a la mitad la distancia en los costes de transmisión de informaciones respecto a los EE.UU. Cuando empezamos, los costes eran diez veces superiores a los existentes en los EE.UU. Hoy son cinco veces superiores, lo que sigue siendo cinco veces superiores. 
Tenemos que llegar al mismo nivel, pero la supresión de los monopolios, la introducción de la competencia y de relaciones de mercado ha aportado ya considerables facilidades a aquellos para los que el pago de tarifas en el pasado ha hecho que estuviesen excluidos de las informaciones. 
Este es el efecto social que logramos utilizando los instrumentos que nos pone a disposición la economía de mercado. 
Con ello, no estoy magnificando nada. 
No soy de la opinión de que la competencia sea un objetivo en si. 
No discuto que debemos esforzarnos más, pero afirmo que no existe otra posibilidad para ayudar mejor a los desfavorecidos que la de descender los costes que hay que pagar cuando uno se quiere informar. 
Algunas de las cosas que aquí se han dicho no son sencillamente ciertas. 
Por ejemplo, se ha dicho que estamos retrasados y que nuestra proporción de mercado se reduce. 
Esto no es correcto. 
En ocasiones anteriores ya he indicado que si toman los tres elementos esenciales de esta tecnología, a saber, la infraestructura y los llamados «hardware» y «software» , no estamos atrasados en absoluto en el campo de la infraestructura. 
No es casualidad que los norteamericanos hayan calificado a sus propios esfuerzos como «highways of information» porque tienen problemas de infraestructura que nosotros no tenemos. 
En lo tocante al «hardware» somos competitivos a nivel mundial, no sólo con las grandes empresas en las que siempre se piensa, como Siemens, Alcatel y Philips, sino también con las empresas pequeñas de países miembros más pequeños. 
Ericsson de Suecia o Nokia de Finlandia son empresas competitivas a nivel mundial. 
Tampoco es cierto que no hayamos dado importancia a la normalización. 
Alguien del Grupo de los Liberales nos ha criticado diciendo que debemos ocuparnos de la normalización. 
La dama en cuestión ha olvidado por lo visto que estamos tratando el informe Rübig, que se ocupa exclusivamente de la normalización. 
Con la normalización de GSM hemos creado un estándar para la telefonía móvil que ha sido reconocido a nivel mundial. 
Estoy a favor de que de vez en cuando uno dé rienda suelta a su enojo por los defectos del mundo, pero no se deben ignorar los hechos. 
Por ejemplo, nuestra proporción de mercado en comparación con los EE.UU, el Japón y los llamados cuatro tigres, apenas ha cambiado en los tres últimos años. 
En 1995 teníamos el 30, 3, en 1996 el 29, 7 y en 1997 el 29, 3. 
Los EE.UU tenían el 34, 5, el 34, 6 y el 34, 7; Japón, el 15, 1, el 14, 9 y el 14, 6 y los llamados cuatro tigres el 3, 9 y el 4 %. 
Pueden ver que la posición de estos cuatro competidores apenas se ha modificado y lo que han perdido, con frecuencia lo han ganado países en desarrollo. 
Quiero llamar la atención sobre este aspecto, pues continuamente se habla del creciente abismo entre países en vías de desarrollo e industriales: precisamente en el campo de la sociedad de la información los llamados países en vías de desarrollo tienen considerables ventajas competitivas, en especial en el sector del software, en el que somos sin duda aún más débiles que otros, si bien entretanto estamos recuperando terreno. 
Por ejemplo, la India es uno de los países del mundo más avanzados y competitivos en software y si en el pasado hemos creído que crear industrias competitivas en países en vías de desarrollo era posible dándoles dinero, hoy sabemos que esto no ha aportado mucho. 
La auténtica ayuda al desarrollo es incluirlos en nuestros mercados con sus conocimientos, aceptarlos como competidores y si se hace esto entonces algunos descubren inmediatamente que esto va a ser en perjuicio de Europa y hablan de deslocalización, de casos de globalización y de cosas similares. 
Las mismas personas que siempre han exigido la ayuda para el desarrollo y dinero, descubren hoy que al aceptar también las ventajas competitivas de los países en vías de desarrollo en un sistema de competencia, que se trata de una trampa para nosotros. 
Se ha dicho además, creo que ha sido un diputado del Grupo Liberal- tengo que ir de nuevo allí, señor Presidente, pues se nota que en los últimos tiempos no he estado con el Grupo Liberal- que solamente producimos papel. 
Solamente los proyectos prácticos que fomentamos y atendemos en el campo de la sociedad de la información desde hace tres o cuatro años ascienden a 3.000. 
Hemos iniciado con las ciudades de Europa una tarea que entretanto se ha ampliado a todas las ciudades del mundo, consistente en poner en marcha junto con ellas proyectos que son de importancia para los ciudadanos, es decir, no sólo informaciones sobre la oferta de las ciudades sino también una mejor atención médica. 
En la telemedicina tenemos entretanto toda una serie de excelentes proyectos. 
Hemos desarrollado junto con estas ciudades otros proyectos y realizado un trabajo práctico. 
Hemos creado también el Foro de la sociedad de la información. 
Hemos dicho al Parlamento que nos gustaría que participasen representantes suyos. 
Primeramente, previmos dos diputados y se produjo una oleada de indignación pues se dijo que no era suficiente. 
Queríamos hablar con aquellos que, por lo general, no pueden hablar, es decir, con los grupos sociales. 
En consecuencia, elevamos el número de diputados a cinco. 
Lamentablemente, tengo que decirles que la participación de los diputados es decepcionante para nosotros y también para el Foro. 
Sería estupendo que el Parlamento tomase nota de lo que se realiza en este Foro. 
Es excelente. 
Creo que sería muy positivo que mantuviésemos debates de vez en cuando con aquellos a los que se quieren dirigir sus Señorías, para que puedan ver todo lo que ocurre. 
Pero permítanme que diga algo sobre los diversos informes, pues no sería justo que me ocupase solamente del debate y no dijese nada sobre los informes. 
Felicito al Sr. Hendrick, quien ha subrayado exactamente lo que queremos hacer y que por cierto es una respuesta a muchas preguntas. 
El programa plurianual pretende en primera línea facilitar a los grupos sociales la transición a la sociedad de la información, pues no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. 
Alguien ha exigido aquí que habría que pensar más en los desfavorecidos y en las regiones más apartadas. 
Esta persona no ha leído el informe Hendrick pues es exactamente esto lo que se exige. 
Felicito también a la Sra. Günther. 
Al igual que el Sr. Herman, usted ha reflejado exactamente lo que yo pienso. 
Si yo fuese una mujer, me opondría decididamente a que se me equiparase continuamente con los grupos que realmente merecen una atención especial. Se despierta la impresión de que las mujeres manejan la tecnología de la información peor que los hombres. 
La realidad es la contraria. Ahora, en que por una vez la elogio, se va la Sra. Roth-Behrendt. 
Si se ve cómo hoy las mujeres que trabajan en las empresas no tienen en absoluto ningún problema con el manejo de estos sistemas de información... 
(Exclamación )... de acuerdo, no sigo. 
Podemos ver juntos en una ocasión tales empresas. 
El problema es que se puede tener diferentes opiniones de la realidad. 
Ya lo he dicho al principio: me parece que el teletrabajo es una solución excelente para solucionar conflictos irresolubles para muchas mujeres. 
Hasta ahora era algo prácticamente irresoluble querer desempeñar en la familia también sus obligaciones como madres siendo el punto central de la misma y ejercer al mismo tiempo una profesión. 
Se trata de un conflicto en el que aún se ven inmersas muchas mujeres; el teletrabajo permitiría combinar las dos posibilidades en el sentido de trabajo a tiempo parcial. 
Cuando he dicho esto, de nuevo algunos diputados de esta Asamblea se han echado sobre mí diciendo que esto conduce al aislamiento de la mujer, que no puede tomar café con los colegas, etc. 
Uno se puede imaginar un mundo totalmente ideal. 
Nunca lo lograremos. 
Pero si es posible realizar una cierta mejora en un mundo tal como es hoy, me parece que merece la pena iniciarla en lugar de esperar hasta que el mundo sea todo lo ideal que uno se pueda imaginar. 
Lo que hacemos en este programa es exactamente lo que se ha reflejado en el debate. 
Tenemos que expresar nuestro agradecimiento a la Sra. Boogerd-Qaak porque en su informe ha llamado la atención sobre lo que hemos hecho desde un principio. 
Naturalmente, debemos atacar nuevas tareas. 
Por ello, hemos presentado estos programas «Rolling Action». Esto significa que lo que ahora hacemos con Electronic Comerce, con la modernización de nuestros sistemas de formación inicial y continuada, con la mejora de la cohesión social y regional y con la protección de los ciudadanos frente a los contenidos dañinos e ilegales, es un nuevo programa de trabajo. 
Esto no lo hemos hecho desde un principio, pero son los problemas que han surgido con el desarrollo de los sistemas. 
Por ejemplo, en 14 días tendrá lugar una conferencia en Bonn junto con muchos interlocutores, no solamente de la Unión sino también de fuera, sobre la siguiente cuestión: ¿Cómo logramos una protección real frente a los contenidos ilegales o de otro tipo que no quiere el usuario? 
Se trata de un difícil problema que no se soluciona discriminando a Internet alegando que en Internet también hay pornografía y otros contenidos ilegales, sino hablando sobre cómo se puede organizar técnicamente esta protección. Esto es lo que pretendemos y queremos hacer. 
Expreso mis felicitaciones al Sr. Rübig. 
Ha llamado con razón la atención sobre el hecho de que en el campo de la normalización vemos la necesidad de una elaboración rápida y práctica de normas. 
Pero tampoco en este campo es malo nuestro balance. 
Cuando yo propuse que no regulásemos nosotros todo sino que intentásemos llegar a unos resultados prácticos con el sector económico, recordará que se me criticó virulentamente en el Parlamento porque muchos que creen ciegamente en la autoridad pensaban que no se puede hacer así. 
Hemos tenido buenas experiencias con ello. 
Para la emisión de señales digitales- y somos los únicos que lo tenemos a nivel mundial- tenemos una serie de normas sin lagunas que hemos elaborado conjuntamente con la economía. 
Se refieren a la emisión, compresión, descompresión y recepción de señales. 
No estamos pues atrasados sino todo lo contrario. 
Estamos incluso mejor que otros muchos y vemos también que esto aporta unos buenos resultados desde un punto de vista de política industrial. 
La Sra. Ahlqvist se ha referido a un punto en el que también hemos estado muy activos desde el principio. 
Una de las «task forces» que hemos creado en el sector de la investigación y desarrollo se ocupaba del software en el campo de la educación y formación inicial y continuada. 
Han pasado años desde entonces. 
Hemos invitado a los países miembros a hablar con nosotros sobre el mejor modo de incluir a las escuelas en la red. 
Reconozco que no somos directamente competentes y este es en parte nuestro problema, pero todos los países miembros se han ocupado del mismo. 
Algunos están más atrasados y otros más avanzados, pero todos saben que se trata de uno de los principales problemas. 
Quiero rogar a la Sra. Pailler que no vea tan críticamente la participación de empresas privadas. 
Son empresas que, naturalmente, están interesadas en que en el futuro surjan nuevos clientes mediante el manejo de ordenadores, Internet y otros medios, pero, en primer lugar, estas empresas están dispuestas a poner a disposición por poco dinero y, a veces, gratuitamente, equipos que las escuelas no tienen y que tampoco son financiados por el Estado. 
También aquí existe una diferencia entre el mundo ideal que uno se puede imaginar y la práctica. 
Naturalmente, uno se podría imaginar que todos los países miembros tienen tanto dinero que pueden financiar todo con sus presupuestos. 
Pero el mundo no es tan ideal, por cierto, tampoco en el comunismo, señora Pailler. 
He visitado los países candidatos a la adhesión y todos ellos han sido países comunistas. 
Allí apenas hay escuelas con conexión a Internet. 
A veces, allí apenas hay escuelas. 
Por ello, no se debería creer que se trata de un comportamiento erróneo capitalista. 
Pero queremos aprovechar estas oportunidades. 
Este plan de acción tiene cuatro líneas de acción y esperamos que, si lo llevamos a cabo, lo logremos sin créditos públicos adicionales. 
En cualquier caso, deberíamos esforzarnos en no detenernos por estas dificultades presupuestarias sino en hacer algo práctico. 
Señor Presidente, disculpe si he insistido algo sobre esto, pero tengo la sensación de que nuestro debate debe aún desarrollarse si queremos ocuparnos de los problemas prácticos que se plantean hoy para los ciudadanos de la Unión. 
Señor Bangemann, quiero repetir algo que usted no ha entendido correctamente. 
Lo voy a decir por ello en alemán. 
Usted ha tenido hoy una actitud muy defensiva. 
No era necesario, pues yo no he dicho que usted nos envíe solamente papeles. 
Solamente he dicho que los diversos departamentos de la Comisión siempre nos envían comunicaciones en los momentos más diversos. 
De ahí nuestra reacción. 
Queremos que se haga de modo más integrado. 
He preguntado si usted podría coordinar mejor el trabajo en la Comisión. 
Quizás sepa usted que a veces visito proyectos y que hablo en conferencias sobre «Telecitys» y otras cosas. 
Sé exactamente todo lo que hace en este sector y me alegro de ello. 
Luego usted ha dicho que no perdemos sectores de mercado. 
Debería volver a leer mi informe de la última semana. 
En 1990 teníamos una proporción del 35 % en el mercado y ahora solamente del 29 %, lo que supone un retroceso del 6 %. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la importación en la Unión Europea de carne tratada con hormonas (OMC). 
Señor Presidente, en primer lugar quiero que disculpen a mi colega Fischler, a quien le habría gustado realizar personalmente esta declaración pero que no puede hacerlo, por lo que me ha rogado que lea su declaración, que es la de la Comisión. 
El grupo especial de la OMC para las hormonas ha entregado a las partes el 8 de marzo de 1997 dos informes provisionales prácticamente idénticos, uno para los EE.UU. y otro para Canadá. 
Como resultado provisional, subrayo lo de provisional, el grupo especial encontró que la prohibición de la CE de importar carne tratada con hormonas no es compatible con una serie de normas del Convenio de la OMC sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. 
Naturalmente, la Comisión está decepcionada por ello. 
A solicitud de la Unión Europea, el 4 de junio de 1997 tuvo lugar un encuentro con el grupo especial para realizar un examen intermedio, en el que la Comisión presentó sobre todo una serie de observaciones sobre la aplicación de datos científicos por parte del grupo especial. 
Se espera el informe definitivo para finales de mes, por lo que la Comisión no desea exponer su dictamen antes de que el grupo especial concluya sus trabajos. 
Incluso aunque las perspectivas posiblemente no fuesen demasiado grandes, probablemente el resultado sería otro, en cualquier caso, un error procedimental. 
Pero la Comisión utilizará todos los medios a su alcance en el marco de la OMC para llegar a un resultado en el que se reconozca ilimitadamente el derecho de la Comunidad Europea para decidir qué nivel de protección considera adecuado para sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Bangemann, no siempre puede la Comisión emitir dictámenes tan satisfactorios como el presente. 
De lo que usted ha dicho y de una carta que el Sr. Fischler ha dirigido hace pocas semanas al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, he deducido que la Comisión, junto con el Parlamento Europeo, se atienen a las numerosas resoluciones y decisiones que prohiben en la Unión el empleo de estimulantes del crecimiento, naturales o artificiales, es decir, hormonas, y que se mantienen firmes en esta posición. 
Su empleo está prohibido en Europa por una buena razón. 
No hay estudios a largo plazo sobre las repercusiones sobre las personas. 
En la ciencia hay muchas opiniones diferentes sobre las utilidades y daños de las hormonas en la alimentación animal. 
No hay ningún tipo de datos sobre las repercusiones que pueden tener los cócteles de hormonas que se emplean en la mayoría de los casos, sobre los animales pero, sobre todo, sobre las personas. 
Ante este hecho, para mí y para mi grupo político- y estoy seguro de que también para la mayoría del Parlamento Europeo- está totalmente claro que debemos perseverar en la prohibición. 
Permítame decir algo sobre la situación de la Unión Europea y sobre lo que imponemos a las consumidoras y consumidores. 
No se puede medir en absoluto la pérdida de confianza que hemos sufrido en los últimos tiempos en relación con la producción de alimentos en la Unión Europea, debido también al escándalo de la EEB. 
Probablemente los agricultores lo pueden medir así como algunas organizaciones de distribución y de mercado, pero no se puede medir su significado para las personas. 
Si ahora, obligados por la OMC, tuviésemos que autorizar hormonas, ya sean importadas de los Estados Unidos, etiquetadas o no, esto ocasionaría otra enorme pérdida de confianza en la población, además con razón. 
Por ello, la estrategia debe ser asegurar que se siga prohibiendo cualquier tipo de utilización de hormonas en el nuevo reglamento de mercado para la carne de vacuno y la leche. 
Además, hay que desarrollar una estrategia sobre el modo de actuar con los interlocutores en el marco de la OMC. 
Señor Bangemann, le ruego que adopte en la Comisión las medidas correspondientes para que en la Unión Europea estemos en situación de rebatir los datos científicos que van a ser presentados por la OMC, analizándolos a fondo. 
Pues los supuestos certificados de inocuidad que se presentan no están en absoluto comprobados y ya conocemos el antiguo dicho: diez científicos, diez opiniones. 
Es exactamente igual en el caso de los letrados. 
Frente a lo presentado por la OMC, podemos encontrar del mismo modo otras conclusiones. 
Si queremos crear de nuevo en la población de la Unión Europea algo parecido a confianza o seguridad, la sensación de que nos preocupamos de que la carne y los alimentos son totalmente inofensivos, entonces tenemos que mantenernos firmes en la prohibición de las hormonas. 
Señor Presidente, coincido sin reservas con las observaciones finales de la Sra. Roth-Behrendt. 
Estamos hablando de la confianza del consumidor, y eso es lo más importante. 
Esta noche, nuestro objetivo como Parlamento que somos, es reforzar la posición que tenemos desde hace varios años y asegurarnos de que la Comisión conserva su resolución de mantener la actual posición de la Unión Europea. 
Me intrigó oir decir al Comisario que sería un error que la Comisión prejuzgase la decisión que pueda tomarse a raíz del resultado final a que llegue el grupo de trabajo de la OMC. 
Tenemos que ser cuidadosos porque nos encontramos en una situación muy firme. 
Una decisión ha sido adoptada por la Comisión, el Parlamento y en todas las fases del proceso decisorio de la Unión. 
Y el hecho de que haya algunas compañías influyentes de los Estados Unidos que tienen mucho peso en el Capitolio, en el proceso decisorio de los Estados Unidos, no quiere decir que debamos debilitar nuestra actitud sobre esta cuestión. 
No se trata de que lo que sea bueno para los Estados Unidos haya de serlo también para todos los demás. 
No hay duda de que en la Unión tenemos derecho a adoptar nuestras propias decisiones sobre este tipo de cuestiones. 
Vamos a tropezar con muchas dificultades y muchas decisiones contrarias en la Organización Mundial del Comercio si no tenemos respeto mutuo y reconocimiento mutuo respecto de lo que otros piensan en el mundo. 
El grupo de trabajo de la OMC va a llegar a una decisión. 
Espero que el Comisario se de cuenta de la firmeza de sentimientos de este Parlamento sobre el particular, y de que, si se mantiene una decisión que no sea satisfactoria en lo que a nosotros respecta, la Comisión sabrá invocar lo que queremos que invoque, lo que la Unión cree, y velará por que no entre en la Unión una carne que no es aceptable con arreglo a nuestra propia legislación. 
Señor Presidente, señor Comisario, las palabras de mi colega Provan me han animado muchísimo: cuando veo a un representante del Reino Unido apoyar una medida contra los Estados Unidos y contra la prepotencia que estos representan actualmente esto siempre me da ánimos. 
El Reino Unido es el aliado más antiguo de Portugal. 
Así que, por vez primera, noto que está, de hecho, funcionando aquí una vieja alianza luso-británica. 
En cuanto al asunto de las hormonas, todos sabemos que también se utilizan en Europa, y los norteamericanos también lo saben. 
Y saben que no se ha efectuado el control en Europa de manera suficiente. 
Desgraciadamente, en Portugal también se fabrican hormonas, y en estos momentos éstas están produciendo mayor rentabilidad que la cocaína. 
¡Es cierto! 
Por otro lado, las hormonas también me preocupan desde un punto de vista filosófico. 
¿Por qué hay que fabricar hormonas? 
¿Por qué razón crear animales más deprisa cuando tenemos excedentes de carne? 
¿Para que seamos más competitivos? 
Fue precisamente el principio basado en la competitividad de la leche lo que nos llevó a la EEB... 
Y lo cierto es que, desde el punto de vista científico, no tardarán en llegar los resultados de una investigación que pruebe que las hormonas tiene efectos cancerígenos. 
Por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, siempre he afirmado a los estadounidenses que no estaba de acuerdo con el hecho de que hubiesen utilizado la falsa noción de progreso para producir en mayores cantidades aquello que ya producen sobradamente. 
En cuanto a la salud, todos sabemos que el asunto de las hormonas plantea las mayores dudas desde el punto de vista cancerígeno. 
En cuanto al control, todos sabemos, asimismo, que éste no es suficiente en Europa. 
De todos modos, lo que me sorprende todavía más es ver la forma en que actúa el órgano rector de la Organización Mundial de Comercio. 
¿Cómo se escogen los jueces? 
Ya vimos qué pasó en el asunto de los plátanos, en que los tres jueces eran de Hong Kong, de Australia y de Suiza. 
También parece que el órgano que dirimió el asunto de las hormonas estaba constituido por juristas, ¡que, por lo tanto, nada sabían del tema de las hormonas! 
Así pues, existe una clara intención de que haya unos jueces poco imparciales y que, lógicamente, tengan del concepto de justicia una idea totalmente equivocada. 
Confío en que la Comisión tenga la valentía de arrostrar este problema y de dar al traste con las pretensiones de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, una vez más hablamos en esta Asamblea de la cuestión de las hormonas en relación con Estados Unidos. 
Puedo comunicar a la Comisión que el Grupo de los Liberales apoya su intención. 
Somos contrarios al uso de hormonas artificiales para la producción de carne de vacuno. La principal razón- como ya han dicho otros Grupos- es que aún existen demasiadas dudas entre los científicos sobre los efectos de su uso y, mientras haya dudas, no podemos permitirlo. 
Por tanto, pienso que hemos de apoyar a la Comisión Europea para que siga adelante mientras lo permita el procedimiento. 
Sin embargo, no quisiera- y esta opinión es compartida por el Grupo liberal- llegar al punto de tener que condenar al panel de la OMC como tal. 
No se puede destituir al juez porque alguna vez haya dictado una sentencia errónea. Por tanto, hemos de seguir los procedimientos previstos. 
Ahora bien, creo que la Comisión ha de prepararse para una cosa. En Europa no pensamos lo mismo sobre la producción de alimentos que, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros continentes. 
Pensamos de forma distinta sobre la alimentación, el alojamiento y transporte de animales, etc. Creo que en este caso hemos de seguir al máximo los deseos de los consumidores. 
Es algo que ya se aprecia en diversos Estados miembros de Europa. 
A cada cual más ecológica, etc. Pienso que la Comisión Europea ha de tomar las riendas para conseguir que el consumidor europeo pueda distinguir más fácilmente los alimentos seguros de los que no lo son. 
Es quien ha de poder elegir, el que ha de tener la elección, y nosotros hemos de hacerlo posible a nivel europeo. 
Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Provan: hemos de indicar qué es lo que queremos, y lo que hemos de fomentar en la OMC es el respeto mutuo. 
Señor Presidente, señor Comisario, esperan ustedes que terminen los trabajos del comité especial, tomo nota, pero reconozcan que los veredictos de la Organización Mundial del Comercio continúan y no dejan de ser semejantes. 
Después de la decisión relativa a las importaciones de plátanos, el grupo especial de la OMC concluyó que la prohibición de la Unión Europea para importar carne tratada con hormonas era contraria a las reglas del comercio internacional. 
El rechazo de los europeos a consumir carne tratada con hormonas no fue considerada de mayor recibo que el argumento del apoyo a la economía de los territorios de ultramar y los países ACP para el plátano. 
Una vez más, la OMC hace prevalecer los intereses comerciales y el principio del libre comercio sobre cualquier otra consideración humana, de orden sanitario, social, cultural o medioambiental. 
Si la Unión Europea, recordémoslo, decidió prohibir la importación de carne tratada con hormonas desde el 1 de enero de 1988, no fue para impedir los intercambios de manera artificial y proteccionista, sino para asegurar la protección de los consumidores contra la nocividad de las hormonas, ya sean naturales o artificiales, una nocividad reconocida por numerosos expertos científicos y el Comité Veterinario Europeo. 
De hecho, los dirigentes de los Estados Unidos, a los que tiene sin cuidado la situación de los productores europeos así como la salud de sus propios consumidores- cada año se cuentan en este país varios millares de muertos por intoxicación alimenticia (4.000 en 1996) -sólo tienen un objetivo: comercial. 
En efecto, de importadores, los Estados Unidos se convirtieron en exportadores netos de más de dos millones de toneladas. Quieren seguir con el impulso adquirido. 
Esta dimensión comercial es tanto más importante para ellos puesto que, detrás de las hormonas de crecimiento para la carne, se esconde la hormona para la producción lechera, la BST, cuya autorización en Europa representaría un enorme mercado para las empresas estadounidenses. 
Este veredicto del grupo especial de la OMC es inaceptable, como lo es la utilización del Codex alimentarius como criterio de referencia para las cuestiones de salud y calidad. 
Por tanto, debemos negarnos a transigir con la salud humana y la seguridad de los alimentos, que deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. 
Es por ello que nuestro Grupo pide a la Comisión y al Consejo que no ceda a las exhortaciones de la OMC, y a nuestro Parlamento, que vote la resolución. 
Señor Presidente, mi grupo político se pronuncia decididamente en contra de la utilización de hormonas y la autorización de importación de carne de los EE.UU tratada con hormonas. 
¡No queremos esa bazofia ni la necesitamos! 
Nos apoya la mayoría de las agricultoras y agricultores de Europa y de las consumidoras y consumidores. 
No se puede alegar nada en principio en contra de intereses comerciales pero si estos se oponen a los intereses comerciales y financieros de las agricultoras y agricultores de Europa, entonces sí tenemos algo en contra. 
Y si además van en contra de la salud de los consumidores, entonces también tenemos algo en contra. 
Creo que la Comisión debe seguir una línea dura. 
Si por razones de estrategia procedimental no puede decir ahora nada, en el Parlamento nos encontramos en una situación mejor. 
Mañana podemos adoptar una decidida resolución y estoy convencido de que el Parlamento la va a aprobar casi sin votos en contra. 
Los norteamericanos- quizás sería más exacto decir la química y las multinacionales agrícolas norteamericanas- mantienen una posición arrogante, nacionalista y desvergonzada. 
Intentan imponernos sus ideas de producción agraria y de comida. 
Tenemos que oponernos a ello. 
«There is no culture without agriculture». 
Si en Norteamérica existe otra cultura que la vivan ellos pero a nosotros no nos gusta. 
Nos arrogamos el derecho a desarrollar nuestra propia cultura de alimentación y en ella no tienen sitio las hormonas. 
Señor Bangemann, insto a la Comisión para que desarrolle una estrategia no sólo de cara al arbitraje sino también a las próximas negociaciones de la OMC. 
Estas consideraciones tienen que reflejarse en las nuevas resoluciones y se debe poder justificar el rechazo por motivos del consumidor y sanitarios. 
Los Estados y organizaciones correspondientes tienen que poder adoptar decisiones ellos mismos y no ser obligados por otros a marchar en una dirección que no desean. 
No me parece necesario que la pubertad surja antes de tiempo en nuestros hijos debido a las hormonas sexuales. 
La Sra. Roth-Behrendt ha indicado que no hay estudios a largo plazo, pero si existiesen señalarían casi con toda certeza en esta dirección. 
Por ello, tenemos que oponernos con toda decisión y no permitirlo tampoco a largo plazo. 
Señor Presidente, Señorías, acepto la respuesta del Sr. Bangemann. Afirma que se emplearán todos los medios para seguir luchando y para que la Organización Mundial del Comercio nos dé la razón. 
Me complace mucho y espero que la Comisión siga adelante con la lucha. 
En él no se tienen en cuenta los puntos de vista de nueve científicos designados por la Unión Europea. Nuestros científicos procedían de Alemania, Noruega, Hungría, Puerto Rico y también de Estados Unidos. 
El mes pasado invité a tres de ellos a participar en un coloquio en Bruselas. Se trataba de los profesores Metzler de Karlsruhe, Liehr de Texas y Epstein de Illinois. 
Afirmaron rotundamente que las denominadas hormonas americanas no se suministran nunca por separado, sino en combinación. Y que a largo plazo precisamente esta fórmula combinada puede tener consecuencias nefastas para el ADN humano. 
La conferencia científica reunida por la Comisión Europea también afirmó en sus conclusiones la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda sobre el uso de hormonas en forma combinada, y esto es esencial. 
Es decir, sobre todo una investigación de la nocividad a largo plazo. 
Frente al panel de la Organización Mundial del Comercio, nuestros nueve especialistas afirmaron que los datos científicos en los que se apoyaba y sigue apoyándose Estados Unidos han quedado terriblemente anticuados. 
Todo se basa en el llamado informe JEFCA, que data de 1987. 
Y más de la mitad de las 80 referencias estaban anticuadas ya en 1987. 
Estados Unidos se basa, por tanto, en datos científicos que tienen más de 20 años. 
Todos sabemos que la investigación científica, afortunadamente, evoluciona de forma constante. Hoy puede quedar demostrado que lo que se consideraba inocuo hace 20 años es nocivo. 
La historia del DES, que en un principio se consideraba totalmente inocuo, lo dice todo. Viente años más tarde se demostró que el DES es cancerígeno. 
Es evidente que el mero argumento de que el suministro de hormonas puede ser perjudicial tendría que ser suficiente para la Organización Mundial de Comercio para aceptar la prohibición europea de las hormonas. A fin de cuentas, en la toma de decisiones internacional debe aplicarse el principio de previsión. 
Por ello apoyamos plenamente a la Comisión Europea, que ya ha presentado objeciones o respuestas en Ginebra a este informe provisional, y la apoyaremos también en sus- espero- futuros intentos de recurrir, en caso de que saliera mal. Hay que recurrir en caso de que la Organización Mundial del Comercio mantenga su postura original. 
Asimismo queremos que la Comisión Europea prepare un nuevo foro científico, un foro de científicos libres, que no estén al servicio de la industria. Científicos que no sólo del ámbito de la veterinaria, sino de la medicina y que sean también conocidos y famosos en la investigación del cáncer. 
Y además científicos que investiguen sobre todo los riesgos del uso combinado de hormonas. De este modo podremos completar el análisis de riesgos y finalmente tendrán que darnos toda la razón. 
Al fin y al cabo, el principio de prevención tiene prioridad sobre cualesquiera otras consideraciones. 
Naturalmente es preciso mantener la prohibición general de usar hormonas, incluida la prohibición de importar carne tratada con hormonas. 
Por supuesto, quiero apoyar a la Comisión en la postura que adopta ahora y espero que nuestra resolución sea aprobada unánimemente. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde las décadas de los años 1970, la utilización de sustancias anabolizantes en la producción animal en el seno de la Comunidad suscitó importantes controversias, en las que han participado desde entonces, en un debate casi constante, hombres políticos, consumidores, expertos científicos y la comunidad internacional en su conjunto. 
El expediente no es, pues, nuevo y les ahorraré el historial. 
No obstante, el pasado 7 de mayo, el grupo especial común entregó a las partes su informe provisional, que habría debido, por lo demás, mantenerse confidencial, tal como lo exige el memorándum de reglamento de litigios. 
Las conclusiones de este informe son claras y sin ambigüedades. 
El grupo especial formula con toda claridad considerandos de orden estrictamente comercial por encima de cualquier preocupación legítima de salud pública, y rechaza el principio de precaución que debe beneficiar a los consumidores. 
En su resolución, nuestro Grupo pidió a la Comisión que organizara a la mayor brevedad posible una conferencia que pusiera de manifiesto las reacciones del consumidor en cuanto a la salubridad de la carne tratada con hormonas. 
Sobre este punto, no cabe sino oponerse al hecho de que el grupo especial precisa que, para responder a las preocupaciones de información del consumidor, podría preverse un etiquetado voluntario indicando que la carne bovina no tiene hormonas. 
Muy al contrario, al igual que para los organismos genéticamente modificados, es necesario establecer un etiquetado obligatorio que precise que la carne ha sido tratada con hormonas. 
En todo caso, no obstante, las medidas de prohibición de las hormonas para la producción de carne son fundamentales y no podrían cuestionarse. 
Los consumidores no comprenderían que se retiraran tales medidas, cuando no se ha probado, ni comprobado, la inocuidad de estas hormonas. 
Por otra parte, las exigencias de producción impuestas a los productores europeos no deben ser aplazadas por la importación de productos que no presenten las mismas garantías sanitarias y de calidad. 
Por tanto, pedimos que se prosiga con el procedimiento contencioso hasta su fin, es decir en apelación, y todo nuestro Grupo en su conjunto está dispuesto a apoyar a la Comisión. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, señor Comisario, no hay razón, ¿no es cierto? para que la carne escape al nuevo dogma, es decir a la adoración del becerro de oro, que parece ser el único hilo conductor de los ciudadanos y de sus dirigentes en nuestras sociedades, llamadas ricas y llamadas civilizadas. 
¿Por qué las hormonas, cuando ya hay, como se dijo anteriormente, demasiada carne y demasiada leche? 
Es muy sencillo, simplemente para sacar más beneficios. 
Si los estadounidenses quieren hacernos comer carne con hormonas, y no es sencillamente por el placer de vendernos carne, es sobre todo para hacernos adoptar el principio de las hormonas, porque el verdadero beneficio está, evidentemente, en la producción y la comercialización de las hormonas. 
Yo ya lo entendí desde hace más de diez años, cuando hice el primer informe sobre la somatotropina. 
La finalidad que quiere que se venda carne mala, que se vendan productos de mala calidad, quiere decir que se roba dos veces al consumidor, primero en lo que toca a su confianza, y luego en los valores nutritivos. 
Los corticosteroides y otras hormonas, ya sean combinadas o no, sirven para hinchar la carne. 
Esto quiere decir incorporar más líquido, es decir, vender al consumidor agua a precio de carne. 
El interés humano, el interés del ciudadano no existe, puesto que es un mero consumidor inculto y, por tanto, sumiso. 
Las hormonas son peligrosas. 
Por lo demás, nadie va a decir que se trata de vitaminas. 
Se combatió a la DES. Es preciso combatir las demás. 
La salud humana se encuentra en peligro, claro está, pero también la salud animal. 
Ya desde ahora se ha probado que la utilización de hormonas provoca la deficiencia oseosa para las madres y la esterilidad para las crías, a medio plazo. 
No cabe duda de que será preciso imponer, más todavía de lo que lo necesita la EEB, el etiquetado, la procedencia y la transparencia. 
Tenemos el derecho, en Europa, a la diferencia cultural de la alimentación. 
Es un derecho que usted, señor Comisario, puede defender en nombre de los ciudadanos y en nombre de la sociedad humana. 
Que el Sr. Bill Clinton considere necesario jugar a los moralizadores en relación con los europeos diciéndoles que gestionan mal, o que no comprenden, la sociedad moderna, en la cumbre del G8, es su problema. 
Lo que yo, a mi juicio, no aceptaré será decir a los ciudadanos europeos que deben comer carne envenenada, porque se beneficia a los estadounidenses. 
Por ello, señor Comisario, le pido encarecidamente que continúe el combate para prohibir la carne, y las hormonas en general, en Europa. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Comisario por su declaración. 
La Unión Europea se pronunció hace varios años sobre la cuestión de las hormonas, pero la decisión que tomó no era de base científica sino de base visceral. 
He de recordar al Parlamento que todos los alimentos contienen hormonas. Como ejemplos me limitaré a citar los gérmenes de trigo, las verduras, etc., que contienen un nivel de hormonas muchas veces superior al de la carne. 
Ahora bien, se trata de sustancias naturales y no de cócteles sintéticos y peligrosos. 
Los Estados Unidos y la OMC seguirán insistiendo en que el patrón para determinar la calidad de los alimentos y su seguridad ha de ser la ciencia y en particular las mediciones científicas, y no los sentimientos. 
Una vez que hemos impuesto la prohibición, no veo otra posibilidad que la de atenernos a lo que hemos hecho y seguir adelante, aunque tengamos que pagar para salir de esta situación. 
Ya se ha hecho mucho daño a la paciencia y la confianza de los consumidores en estos últimos tiempos. 
No podemos correr el riesgo de perjudicar aún más a la industria. 
Quisiera sumarme al llamamiento hecho por otro orador, que ha pedido que se establezca un órgano científico independiente y competente para que desempeñe funciones de supervisión y comunique con el público desde el principio, especialmente por conducto de las asociaciones de consumidores. 
A ese órgano se le debería encomendar la labor concreta de conseguir que el público esté debidamente protegido, por una parte, y, por otra, que las novedades relativas a la producción alimentaria se expliquen cuidadosamente lo antes posible. 
Sólo de esta manera conseguiremos que sean hechos y no ficciones lo que inspire nuestras decisiones en materia de legislación y seguridad alimentarias en el futuro. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, creo que estamos en una situación difícil y somos conscientes de ello. 
Sabemos aproximadamente cuál va a ser el resultado del arbitraje. 
Va a ser negativo para nosotros. 
Podemos más o menos anticiparlo, es decir, debemos prepararnos para una estrategia. 
La segunda dificultad es que no solamente se trata de países como los EE.UU y Canadá sino también de otros países productores de carne, como Argentina, Sudáfrica y Australia y otros más. 
Es decir, lo que en el futuro tenemos que recapacitar es una estrategia mucho más amplia que debe abarcar una política agrícola, comercial y de protección del consumidor totalmente nuevas. 
En la última ronda de la OMC hemos dejado pasar la oportunidad de introducir este debate. 
Recuerdo a sus Señorías que en el marco de la Conferencia de Singapur logramos introducir el comercio y el medio ambiente, y exactamente esto es lo que deberíamos haber hecho, iniciar un debate sobre el comercio y la salud, el comercio y la protección del consumidor. 
Tendremos que hacerlo necesariamente en una nueva ronda de la OMC. 
No sabemos si la vamos a tener pero deberemos darnos prisa en implementar estas consideraciones en el marco del debate en la OMC. 
Pero deberemos ir aún más allá. 
La Sra. Roth-Behrendt ha indicado con toda razón que debemos mantener debates con nuestros interlocutores y discutir, por un lado, cómo podemos asegurar el librecomercio, que no queremos en absoluto cuestionar y que existe también para proteger a nuestros propios productores y, por otro, cómo podemos mantener diferentes comprensiones culturales de diferentes niveles de protección. 
¿Cómo se podrá compaginar esto en el futuro y llegar a una regulación? 
Sé que se trata de cuestiones relativamente difíciles, pero creo que tenemos que atacarlas con rapidez. 
Creo que en cualquier caso la Comisión va a presentar recurso. 
En cualquier caso, tendremos la oportunidad de endurecer esta estrategia en base a nuevos estudios científicos. 
El debate queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 20.10, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0167/97 del Sr. Novo, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el informe anual de la Comisión relativo al Fondo de cohesión de 1995 (COM (96) 0388- C4-0509/96) ; -A4-0210/97 del Sr. Belenguer, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el séptimo informe anual de la Comisión relativo a los Fondos estructurales de 1995 (COM (96) 0502- C4-0020/97). 
Señor Presidente, señora Comisaria Señorías, como se sabe el Tratado de la Unión Europea creó un Fondo de Cohesión destinado a contribuir financieramente a la realización de proyectos en los sectores del medio ambiente y de las infraestructuras de transportes en el ámbito de las redes transeuropeas. 
Así pues, se trata de un fondo destinado básicamente a dotar de contenido el principio de la cohesión económica y social y, como tal, sólo está destinado a los cuatro Estados miembros con un Producto Interior Bruto per capita inferior al 90 % de la media comunitaria, España, Grecia, Irlanda y Portugal, a pesar de que se hayan dado los apoyos concretos de manera algo contradictoria, sujetos regularmente a la aceptación y el cumplimiento de un programa de convergencia destinado a satisfacer los criterios de convergencia nominal previstos para la Unión Económica y Monetaria. 
Al ser éste un informe relativo a la ejecución del Fondo de Cohesión para el año 1995, conviene destacar algunos aspectos importantes verificados en dicho período. 
Sin embargo, es obligación política de este Parlamento no contentarse con meras constataciones. 
Sobre la base de un análisis de los hechos, su deber consiste en encontrar nuevas pistas de trabajo, encontrar nuevas soluciones y adaptaciones, realizar propuestas políticas con vistas al futuro. 
El informe ha pretendido hacer tal cosa. 
Me gustaría destacar los siguientes aspectos de su contenido. 
En primer lugar, el elevado grado de ejecución, plasmado en una utilización del 99, 9 % de las dotaciones en autorizaciones y un 97, 1 % de las dotaciones en pagos. 
Este dato es todavía más significativo por cuanto es cierto que, por las propias características del fondo-en el que cada proyecto individual se ve sometido a un análisis minucioso antes de que se pueda proceder a cualquier autorización o pago -, estos índices corresponden a la ejecución real de los proyectos sobre el terreno. 
Al mismo tiempo que se constatan elevados índices de ejecución, sigue dándose una inexistencia de fraude en la utilización de los medios financieros. 
Este hecho le otorga un seguimiento a la plena regularidad de utilización del Fondo de Cohesión, que además ya se vio en años anteriores, y que la detección de algunos problemas relacionados con pequeñas irregularidades administrativas o procesales no empaña en absoluto. 
Estos hechos permiten constatar, en contra de lo que a algunos les gustará hacer creer, la elevada capacidad de absorción, regular y transparente, de los medios disponibles por parte de los cuatro países de la cohesión, así como la competencia puesta de manifiesto en la presentación de proyectos inscritos en la finalidad del fondo. 
De este modo, se confirma la necesidad que estos países tienen y seguirán teniendo en el futuro de infraestructuras medioambientales y de transportes, puesto que sigue habiendo grandes asimetrías en este ámbito dentro de la Unión Europea. 
En segundo lugar, quisiera destacar los progresos realizados en la obtención de un equilibrio global para la financiación de los proyectos medioambientales y las redes transeuropeas de transporte, aunque haya algunos desequilibrios nacionales que deberán corregirse, en Grecia en detrimento del sector de los transportes y en Portugal del sector medioambiental. 
En este sentido, es justo subrayar el apoyo a la distribución equitativa entre estos sectores de inversión, a pesar de que en el informe se destaque que dicho equilibrio sólo podrá alcanzarse, de forma flexible, en el actual período global de aplicación del fondo, es decir, no antes de 1999. 
Además de esto, y para mejorar la presentación de los proyectos, así como para permitir la diversificación de su utilización respectiva en las regiones más desfavorecidas de los Estados miembros beneficiarios, se considera necesario reforzar las inversiones en infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias y en el tratamiento de los residuos, así como se considera admisible la presentación de candidaturas de valor inferior a los diez millones de ecus, y en nuevos ámbitos, como son los proyectos de combate a la erosión, de repoblación forestal, de conservación de la naturaleza y de protección de los hábitats. 
En tercer lugar, se constata la existencia de normas definidas por la Comisión para dar una aplicación práctica a la cláusula condicional, que siguen suscitando gran controversia, ya que, por un lado, esta cláusula debería modularse en función del objetivo primordial del fondo, el seguimiento de la cohesión y, por el otro, tales normas, en contra de lo que se imponía, siguen sin ser comunicadas y debatidas en el Parlamento Europeo. 
Por otro lado, y aunque el informe recuerda que el Fondo de Cohesión no fue creado ni tiene una función explícita de generar empleo, se recomienda la evaluación de las repercusiones socioeconómicas de las intervenciones financiadas, sobre todo mediante la divulgación pública de los estudios encargados, que, según sabemos, muestran los beneficios directamente resultantes para los países de la cohesión, pero también y sobre todo, los beneficios que suponen para la totalidad de los Estados miembros. 
En cuarto y último lugar, el informe aborda la cuestión central y esencial del futuro del Fondo de Cohesión. 
Desde este punto de vista, la posición que expresa está clara. 
En sus puntos 16 y 17 se reafirma que este fondo tiene características nacionales, sin que por ello haya que confundirlo ni diluirlo en los Fondos Estructurales. 
Por otro lado, se propone que se tomen medidas para prorrogar el Fondo de Cohesión más allá de 1999, teniendo como base de la respectiva renovación los mismos criterios de su creación, es decir, mantenerse como un instrumento financiero destinado a promover la cohesión económica y social en los países cuyo PIB per capita siga siendo inferior al 90 % de la media comunitaria y que, de modo complementario, pueda ayudar a estos países en los esfuerzos de convergencia nominal a los que están actualmente sujetos. 
Cosa que ocurrirá, obviamente, tras la reciente confirmación del Pacto de Estabilidad. 
Por último, me gustaría, agradecerles a mis colegas su colaboración en este informe y, naturalmente, a los servicios de la Secretaría de la Comisión de Política Regional. 
Señora Presidenta, el informe que hoy presentamos y debatimos estudia el séptimo informe anual presentado por la Comisión sobre los Fondos estructurales correspondiente al año 1995, informe completado en su día con las enmiendas aprobadas en la Comisión de Política Regional, enmiendas que a buen seguro ayudarán a definir y concretar las ideas que en el presente informe presentamos. 
Este año de 1995 tiene vital importancia si tenemos en cuenta que es el primer ejercicio de realización completa de las intervenciones del periodo 94-99, donde se incluyen además, por fin, Austria, Finlandia y Suecia. 
Es necesario constatar que han sido más de 400 los programas de iniciativa comunitaria presentados por los Estados miembros y que esto ha llevado a la Comisión a reconocer que se originaron algunos problemas por la complejidad producida. 
En base a todo ello, el presente informe se divide en cinco grandes apartados que hacen referencia a la ejecución, a la complementariedad, a la adicionalidad, a la evaluación y seguimiento y, por ultimo, al principio de cooperación. 
En cuanto a la ejecución, cabe decir que se han producido unas proporciones alarmantes de subejecución presupuestaria, que no afecta por igual a los diversos fondos, objetivos y Estados. 
Sin embargo, sí hay que resaltar la mejora observada en las zonas objetivo 1 de los cuatro «Estados de la cohesión» , esto es, Grecia, Irlanda, Portugal y España. 
Por todo ello, en mi informe solicito a la Comisión que en el próximo informe analice las causas de los retrasos de esa ejecución, la situación en los distintos Estados miembros y las consecuencias sobre el paquete global para el periodo 1994-99. 
Asimismo pedimos a la Comisión que nos suministre los datos correspondientes a la evolución de los créditos pendientes de liquidación. 
En segundo lugar, respecto de la complementariedad con las otras políticas comunitarias, nos congratulamos de la preocupación de los Fondos por mejorar el medio ambiente. 
Destacamos también la atención prestada por la Comisión para compatibilizar y complementar otras políticas comunitarias, ya que hay que tener en cuenta que los Fondos estructurales son la masa financiera más importante de que dispone la Unión Europea y que el propio Tratado atribuye su carácter horizontal a fomentar la política de cohesión, que se deberá complementar con otras políticas comunitarias. 
Así pues, hacemos especial hincapié en que el objetivo básico de los Fondos estructurales es la consecución de la cohesión económica y social, con el fin de superar las disparidades territoriales y sociales en que se plasma la solidaridad intracomunitaria, advirtiendo no obstante que las disparidades regionales siguen manteniéndose. 
En tercer lugar, en relación con la adicionalidad, constatamos con preocupación que la propia Comisión no puede garantizar el principio de adicionalidad, y digo que nos preocupa porque una de las notas características de los Fondos estructurales es su carácter adicional, para reforzar los esfuerzos estatales y regionales y asegurar así su contribución a la cohesión. 
La Comisión sigue sin poder probar este principio en siete Estados miembros. 
No voy a citar cuáles son estos Estados, pero sí que hay cuatro de los que la Comisión dice no tener ningún dato y tres de los que la Comisión manifiesta tener datos incompletos. 
Para evitar este problema, pedimos a la Comisión que se estudie la posibilidad de incluir cláusulas suspensivas de las ayudas para el caso de que no se respete el principio de adicionalidad o incluso la obligatoriedad de remitir los datos de cada Estado miembro. 
En cuarto lugar, respecto de la evolución y seguimiento, destacamos lamentablemente que no se haya realizado aún un estudio completo y detallado sobre el primer período de programación de los Fondos estructurales. 
Aplaudimos en este caso la propuesta de la Comisión de que intervengan expertos independientes, aún todavía sin nombrar, así como los esfuerzos realizados para el seguimiento, felicitándonos de la elaboración de la guía del seguimiento. 
Sin embargo, aún hay mucha complejidad en los criterios y procedimientos relativos a los Fondos estructurales, por lo que abogo por una simplificación de la normativa que ayudaría, en consecuencia, a la buena realización de ese seguimiento. 
En quinto lugar, sobre la cooperación, se constata que la cooperación con las autoridades regionales ha mejorado sustancialmente, aunque todavía existen deficiencias en lo que se refiere a las autoridades locales. 
Sin embargo, esto último ha mejorado en materia de información. 
Destacamos la buena sintonía con el Comité de las Regiones y la necesidad de reforzar el principio de cooperación de manera que tanto las entidades locales como las regionales realicen una auténtica política de aproximación al ciudadano. 
Por último, reiteramos nuestra confianza en la descentralización como método de gestión de los Fondos aunque cabe señalar que el actual sistema conlleva una contradicción puesto que, mientras la gestión de los Fondos corresponde casi totalmente a los Estados, la responsabilidad de dicha gestión corresponde casi en exclusiva a la Comisión. 
Y acabo, señora Presidenta, agradeciendo a todos los miembros de la Comisión de Política Regional el conjunto de enmiendas presentadas debatidas en comisión, que mañana se debatirán en el Pleno y también a la secretaría y, lógicamente, a todos cuantos han colaborado en la elaboración del informe. 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento se ha ocupado concretamente del informe Novo Belenguer sobre el Informe anual relativo al Fondo de Cohesión. 
En él hemos observado que a menudo se interpreta de forma demasiado amplia el concepto de medio ambiente. 
Cuando se trata del abastecimiento de agua, o el vertido de residuos, podemos comprenderlo, pues son realmente proyectos medioambientales. 
Pero cuando se trata de una presa que a todas luces es perjudicial para el medio ambiente- como puede leerse en el informe -, a la Comisión de Medio Ambiente le resulta muy difícil comprender que se conciba como un proyecto medioambiental. 
Por ello es bueno que la Comisión de Medio Ambiente intervenga en la política regional, en eso que llamamos inclusión del medio ambiente y otros sectores. 
Y por eso mismo me felicito de que algunas de nuestras enmiendas hayan sido aprobadas por el ponente y por su comisión. 
Tenemos una interpretación demasiado amplia del término medio ambiente. 
Por ello, quisiera más bien abogar por unos proyectos puramente ambientales en el futuro: lucha contra la erosión, reforestación, conservación de la naturaleza, protección de los hábitats. Se trata de cuestiones a las que hay que prestar más atención en el marco de la política de cohesión. 
En este contexto hemos presentado una enmienda- la nº 4 -, que espero sea aceptable también para la Comisión. 
Apoyo a la Sra. Schroedter en las enmiendas que ha presentado, donde dice que se presta demasiada atención a la lluvia y no se recalcan suficientemente los tipos de infraestructuras con el medio ambiente, como los ferrocarriles. 
Por último, quiero subrayar- y es una opinión compartida también por nuestra comisión, que la ha incluido en su informe- que los estudios de impacto ambiental han de ser realizados por investigadores no implicados en la planificación o la ejecución del proyecto. Son necesarios, y hay que hacerlos de forma objetiva. 
Repito, señor Presidente, mi satisfacción por que, gracias a la idea de inclusión del medio ambiente en la política regional, hayamos encontrado tanta buena voluntad en el ponente y en su comisión para aceptar nuestras enmiendas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, yo querría iniciar mi discurso comentando el hecho de que haya pocas personas en esta sala, cuando en realidad estamos hablando del 34 % del presupuesto comunitario, que se destina a los Fondos estructurales y al Fondo de cohesión y, en este caso, refiriéndonos al ejercicio del año 1995. 
Yo creo que este debate debe servir para abrir perspectivas sobre lo que han de ser los Fondos estructurales, tanto sobre lo que han de ser el año 1999, año en que termina el actual periodo de vigencia de los actuales Fondos, como sobre de qué modo han de modificarse los reglamentos con el fin de hacer más eficaz la aplicación de dichos Fondos en beneficio de una mayor cohesión económica y social, y una mayor cohesión territorial de los distintos territorios que integran hoy la Unión Europea. 
Y tampoco debemos olvidar la nueva perspectiva- que podríamos situarla quizá hacia el año 2004- de la ampliación de la Unión Europea. 
Yo creo que no debe olvidarse nada de esto cuando se analiza lo que han sido los Fondos estructurales. 
En este sentido, yo querría felicitar al Sr. Novo Belenguer por su informe y destacar algunos puntos que me parecen preocupantes, como es el bajo índice de ejecución de los Fondos. 
Esto conlleva que queden remanentes presupuestarios por adjudicar- y estos remanentes pueden ser muy importantes -, y entonces habrá que decidir de qué modo pueden utilizarse estas cantidades, con el fin de poder beneficiar por lo menos a aquellos Estados que han sido más dinámicos en la aplicación de los Fondos estructurales. 
Es altamente preocupante el tema de la adicionalidad, como también ha comentado el Sr. Novo Belenguer, porque no hay información suficiente a la Comisión de la aplicación que han hecho los Estados del criterio de adicionalidad, necesario para la aplicación de los Fondos. 
El tema de la cooperación me parece especialmente importante, sobre todo con las autoridades regionales y locales, y especialmente en aquellos aspectos en que las autoridades regionales tienen competencias importantes relativas a los Fondos. 
En lo que hace referencia a las áreas rurales, los Fondos estructurales representan un soporte muy importante para las rentas agrarias y para las rentas de la población rural, y en este sentido, también es de destacar que, tal como se acordó en la Conferencia de Cork, la descentralización de la gestión de los Fondos estructurales debe servir para evitar el peligro que conllevaría una futura renacionalización de la Política Agraria Común. 
En este sentido es necesario dar más información sobre las posibilidades de actuación y difusión de los Fondos estructurales en las actividades del mundo rural. 
Creo que es positivo saludar también el Observatorio Europeo de Innovación y Desarrollo Rural que ha sido creado, y darle las necesarias posibilidades. 
Creo por todo ello que este informe es en este sentido positivo, pero que debemos velar por la aplicación de los Fondos estructurales en el futuro. 
Señora Presidenta, este Séptimo Informe Anual tiene 341 páginas en su versión inglesa. 
Para los diputados del Parlamento Europeo o para los diputados de parlamentos nacionales o regionales es dificilísimo leer y asimilar una publicación de ese volumen. 
Me gustaría que hubiera un breve resumen, como el que incluye el Tribunal de Cuentas con sus informes, para que el diputado vulgar y corriente del Parlamento pudiera hacerse rápidamente una idea del contenido del informe. 
El ponente para la Comisión de Política Regional, Sr. Novo, ha expresado su preocupación por la carga de trabajo burocrático que representa el ejercicio de formulación de programas en el plano de los Estados miembros y de la Comisión. 
A esa carga de trabajo atribuye el bajo nivel de utilización de los fondos. 
Deberíamos tomar muy seriamente en cuenta esa observación, e indicar asimismo que los cuatro fondos diferentes, los siete objetivos y las trece iniciativas constituyen una enorme labor administrativa. 
También hacen más difícil la evaluación de lo que se ha hecho. 
La Comisión de Presupuestos está preocupada por el bajo nivel de utilización que ha destacado el Sr. Novo Berlenguer, y reconoce que algunos países han tropezado con dificultades a causa de la complejidad de los reglamentos involucrados. 
El nivel de utilización para 1995 fue el 82 % de los fondos disponibles. 
Si hubiéramos dispuesto de una reglamentación más sencilla, hubiéramos podido hacer mucho más y hubiéramos podido hacerlo con menos gastos administrativos. 
De todos modos, es digno de mención el hecho de que hayan sido los Estados miembros más pobres los que han conseguido el grado más elevado de utilización, cosa que por lo menos nos da la satisfacción de que estamos alcanzando el objetivo de la cohesión económica y social. 
Me gustaría recomendar que el dinero de que se disponga- y es evidente que se dispondrá de dinero- y no se haya utilizado el año anterior, se vuelva a distribuir para los fines a los que se destinaba entre los países que hayan conseguido utilizar los fondos puestos a su disposición. 
Señora Presidenta, los Fondos estucturales han de reformarse profundamente. 
No se han utilizado casi 100 de los 250 mil millones de coronas suecas destinadas a los Fondos en 1995. 
La situación es decadente porque las administraciones y la burocracia no consiguen dar curso a las solicitudes y distribuir los Fondos. 
Esto es efectivamente un escándalo de magníficas proporciones ya que en realidad se trata de cantidades astronómicas de dinero que no se gasta de un modo eficaz. 
Simplemente, es un caso de mala gestión de los impuestos recaudados. 
También existen graves deficiencias en el terreno de la planificación de programas, de su seguimiento y valoración. 
El método más radical consistiría efectivamente en dejar que cada país fuera responsable de su propia política regional, de conformidad con unos pocos objetivos específicos de la UE con respecto al modo en que han de gestionarse los Fondos. 
Eso no vamos a conseguirlo hoy, sino que vamos a ir paso a paso reformando los Fondos. 
Tengo algunas propuestas de nuestra comisión que deseo subrayar: En primer lugar, debe reducirse drásticamente la burocracia, tanto la de la UE como la de los países miembros a través de una reducción de los Fondos, objetivos e iniciativas comunitarias. 
Además cabe mejorar la planificación de programas, la toma de decisiones y el seguimiento. 
También deben adoptarse más decisiones a nivel local y regional. 
Todas las acciones de la política regional deben en nuestra opinión ir encaminadas a la resolución del grave problema de desempleo que tiene la UE y al logro de un medio ambiente mejor y de la cooperación regional transfronteriza. 
Es en esta dirección en la que va orientada la propuesta del Sr. Novo Belenguer y se halla en nuestra opinión en la misma línea que las propuestas de la Comisión de Empleo de una mayor descentralización de la toma de decisiones, de que se adopten más decisiones a nivel local y de una mejor coordinación entre la política regional de los Estados miembros y la política con respecto al mercado de trabajo de la UE. 
En cambio soy escéptico con respecto a la conveniencia de sancionar a los Estados miembros a través de unas acciones como las que propone el informe para los casos en que éstos no cumplan con el principio de adicionalidad, es decir, con la aportación de medios propios. 
Creo que éste es el camino equivocado para modificar y mejorar la función de los Fondos estructurales. 
Pero, por lo demás, mi aplauso para el informe del Sr. Novo Belenguer. 
Señora Presidenta, la situación de los Fondos estructurales en el sector de la pesca es la siguiente. Primero: para el período 1994-1999, la estimación presupuestaria para el instrumento financiero para la orientación de la pesca, léase IFOP, asciende a 2.600 millones de ecus. 
Segundo: para la iniciativa comunitaria PESCA se han previsto 250 millones de ecus para el mismo período. 
En el caso de IFOP, en 1994/95 vinieron a añadirse una serie de elementos innovadores a la política estructural. 
Entre otros, se introdujeron nuevas acciones, en especial a instancia de la Comisión de Pesca. Primera: un régimen de jubilación anticipada para los pescadores y segunda: indemnizaciones individuales para pescadores jóvenes que tienen que dejar su profesión debido a la puesta fuera de servicio de buques de pesca. 
Los porcentajes del IFOP para los créditos de compromiso y para los pagos en las regiones del Objetivo 5 a) se encuentran en general dentro de la media de todos los Objetivos de la ayuda estructural en la UE. El nivel de utilización en las regiones del Objetivo 1 es también satisfactorio. 
Diferente es la situación en la nueva iniciativa comunitaria PESCA aunque la evolución general sea positiva. 
La tasa de aprobación de programas del 98 % se encuentra por encima de la media de todas las iniciativas comunitarias. 
Por el contrario, la tasa de pagos se encuentra considerablemente por debajo de la media, lo que nos preocupa. 
La explicación de ello es que los mecanismos administrativos son demasiado caros, complejos y lentos. 
En la Comisión falta una coordinación suficiente. 
Precisamente por ello, los Estados miembros tienen que trabajar más efectivamente, tal como dice el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Según mis informaciones, en 1996 esta situación no ha mejorado sensiblemente, pero en 1997 parece que está cambiando. 
Mañana va a tener lugar en Bruselas una conferencia PESCA de la Comisión. 
En cualquier caso, quiero apelar a todos para que en el próximo debate sobre la reforma estructural no supriman la iniciativa PESCA, pues todos los inicios son difíciles y los pescadores necesitan esta iniciativa. 
Señora Presidenta, Señorías, no cabe duda de que el informe anual presentado por la Comisión Europea sobre las actividades del Fondo de cohesión correspondiente al año 1995 es un texto muy significativo, dado que ofrece una información clara y completa sobre el funcionamiento y la eficacia del Fondo, aporta datos y tendencias y predetermina perspectivas. 
La evaluación positiva de la contribución del Fondo al objetivo de la cohesión económica y social adquiere un valor especial después de la publicación hace pocas semanas del informe general sobre la cohesión presentado por la Comisión Europea, donde lamentablemente se constata que aún no se han suavizado las diferencias entre los países más y menos desarrollados de la Unión Europea, al mismo tiempo que se registran graves diferencias incluso dentro de los Estados miembros. 
El acercamiento al objetivo de la cohesión económica y social, por tanto, debe considerarse como un proceso de larga duración y persistencia, y no como un esfuerzo que pueda realizarse en un tiempo limitado. 
La cohesion económica y social no constituye un punto estable, sino un objetivo en constante movimiento. 
Dada la gran diferencia de desarrollo entre unos Estados y otros, ninguno de los cuales está estancado, sino en permanente evolución, no es razonable esperar que los objetivos de la cohesión económica y social se logren en cinco o diez años. 
En países del Sur, como Grecia, las principales prioridades políticas siguen siendo la modernización de la infraestructura, la atracción de inversiones productivas y la educación y la formación profesional, con el objetivo de garantizar a largo plazo perspectivas de empleo. 
Paralelamente, el fomento de la cohesión presupone la adopción de políticas que mitigen los efectos negativos de la liberalización y unificación del mercado, y del cumplimiento de los requisitos para la participación en la Unión Económica y Monetaria. 
Por ejemplo, con referencia a las redes transeuropeas de transportes, telecomunicaciones y energía, quisiera subrayar que su liberalización antes de finalizar la estructura básica y garantizar un nivel mínimo de servicios para la totalidad de los habitantes puede ahondar las diferencias, en lugar de favorecer la cohesión. 
Consideramos que las constataciones mencionadas corroboran la necesidad de introducir unos períodos transitorios de adaptación, como los que ha pedido Grecia. 
Se impone, por tanto, tomar mucho más en cuenta los parámetros de la cohesión al planear y aplicar el conjunto de políticas estructurales de la Comunidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, comulgo activamente con la preocupación del Parlamento Europeo a la hora de subrayar en la resolución debatida sobre el Fondo de Cohesión que, teniendo en cuenta el aumento de las disparidades regionales internas que se dan en los Estados miembros beneficiarios, se debe incluir el análisis de los eventuales efectos de la forma de aplicación del Fondo de Cohesión sobre las mencionadas disparidades en el ámbito de los esfuerzos desarrollados por la Comisión en la valoración de su impacto socioeconómico. 
El fondo de cohesión tiene por misión fundamental, como otros fondos, la de contribuir a la cohesión económica y social. 
Esta se evalúa tanto por la relación de los niveles de desarrollo de los Estados miembros entre sí, como por el grado de disparidades sociales y territoriales existentes dentro de cada Estado miembro. 
En este contexto es pertinente la opción que se ofrece a los que presenten proyectos en cuanto a la localización de las inversiones en cada unos de los cuatro Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión. 
Si las opciones no tuvieran una base de criterios, podría suceder que el conocido aumento de las disparidades sociales y territoriales en los Estados miembros beneficiarios se vea también, a la postre, relacionado contradictoriamente con la utilización del mismo Fondo de Cohesión. 
Bastará para ello con que las regiones con proyectos financiados sean exclusiva o mayoritariamente las que ya ostentan el mayor nivel de desarrollo. 
Todavía se puede rectificar lo que parece necesario rectificar. 
Es incoherente y, por lo tanto, insostenible la escasa atención que presta el Fondo de Cohesión a las zonas más periféricas. 
Por esta razón veo con gran satisfacción que la Comisión, con el acuerdo expreso del Parlamento Europeo, asuma una posición de mayor flexibilidad en la aprobación de proyectos por valor inferior a los 10 millones de ecus, puesto que con esta actitud, se permitirá aumentar los niveles de inversión en proyectos destinados a regiones menos desarrolladas, lo que ayuda a contrarrestar una excesiva concentración de apoyos en las zonas más prósperas. 
Sin embargo, si es preciso garantizar la contribución del Fondo de Cohesión para la realización del principio de cohesión económica y social, también es esencial que al financiar exclusivamente este fondo de inversiones en los sectores del transporte y del medio ambiente, también este fondo se emplee en la realización de las políticas de la Unión Europea en estos sectores. 
Así pues, la estrategia anunciada por la Comisión de reforzar la aplicación de las directivas comunitarias a través del Fondo de Cohesión, por ejemplo, en materias como el abastecimiento o el tratamiento de las aguas y de los residuos, cuenta con todo nuestro apoyo. 
En torno al Fondo de Cohesión me parece evidente que hay una gran coincidencia de puntos de vista entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Esto se debe, por supuesto, al gran trabajo conjunto que hemos hecho todos en este sentido, y aprovecharé para felicitar- a mi modo de ver muy legítima y justamente- al Sr. Honório Novo por su excelente informe. 
Ahora sólo queda esperar los resultados. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera felicitar al ponente Sr. Novo por su excelente informe. 
Ésta es la primera vez que la Comisión ha presentado un informe anual sobre la base de un año completo de funcionamiento del Fondo de Cohesión, y es la primera vez que este Parlamento ha tenido oportunidad de examinar de qué forma se ha utilizado el Fondo de Cohesión en los Estados miembros beneficiarios. 
No hay duda de que el informe Novo es excepcionalmente importante. 
Veo con agrado por el informe de la Comisión que, en términos generales, los resultados son positivos. 
El grado de ejecución presupuestaria en el año de referencia alcanzó casi el 100 % de los compromisos y de los pagos, resultado excelente y digno de elogio. 
Ahora bien, me parece extraordinario que en un Estado miembro por lo menos, las inversiones del Fondo de Cohesión en una región hayan originado graves problemas en otra. 
Éste es un aspecto inquietante, pues está en contradicción con la finalidad del Fondo. 
Invito a la Comisión a que, junto con el Estado miembro interesado, encuentre soluciones rápidas y apropiadas para este problema. 
También es reconfortante observar que no se encontró ningún caso de fraude en relación con los proyectos que se financiaron, ejemplo que merece seguirse en otras esferas. 
Sobre la base de un informe preparado en 1996 por el Sr. Hatzidakis y relativo a la política de cohesión y el medio ambiente, agrada comprobar que el Sr. Novo haya hecho particularmente hincapié en los aspectos ambientales relacionados con el Fondo. 
Es evidente que en este sector se han conseguido mejoras, en particular un equilibrio más adecuado de los proyectos referentes al transporte y al medio ambiente. 
Estoy de acuerdo en que hay que esforzarse más en este sector. 
Aunque no se aplican a todos los Estados miembros beneficiarios de la misma forma y en el mismo grado, coincido con las preocupaciones del ponente acerca de otros aspectos fundamentales relacionados con el Fondo. 
El Sr. Novo dice que debe pensarse en otros proyectos ambientales como, por ejemplo, la lucha contra la erosión costera. 
Sobre esta cuestión el ponente puede contar con mi apoyo total. 
Hace mucho tiempo que vengo diciendo que la erosión costera no debe ser considerada ya como un problema local, ni siquiera como un problema nacional: hay que considerarla como problema de la Unión Europea. 
Para los problemas de la Unión Europea tiene que haber soluciones en la Unión Europea, y he de hacer hincapié en que la erosión costera es un problema de particular importancia en Irlanda. 
Puedo apoyar lo que el ponente dice en el punto 9 de la resolución, dando por supuesto que se refiere a regiones como las Islas Azores y Madeira. 
Por último, diré que la mera existencia del Fondo de Cohesión ha revestido la máxima importancia para Irlanda. 
Gracias al Fondo de Cohesión se ha progresado mucho en mi país hacia el objetivo de la cohesión económica y social, y espero que se siga progresando. 
El llamamiento del Sr. Novo a la Comisión y al Consejo para que garanticen la continuación del Fondo de Cohesión más alla de 1999 cuenta con mi apoyo inequívoco y sin reservas. 
Señora Presidenta, el informe de la Comisión es una especie de exposición imperfecta, con lagunas intencionadas, de la aplicación de la política comunitaria destinada a la cohesión social y económica, y de la acción y eficacia de los Fondos estructurales. 
Sobre este informe de la Comisión tenemos dos informes paralelos, de una u otra manera entrelazados, los informes Novo y Novo Belenguer. 
Ambos examinan el informe de la Comisión con una actitud positiva, pero con notables puntos de crítica. 
Expresando mi opinión sobre este díptico, informe de la Comisión-informes de sus Señorías, quiero decir que, aunque por un lado se indica cuál es el problema, por el otro se observan deficiencias. 
El problema principal es determinar a qué aspira la Unión Europea con la política de los Fondos estructurales y con la política de la cohesión política. 
Aspira al desarrollo de las regiones, al acercamiento, la convergencia y la cohesión de los países y regiones a un cierto nivel. 
El informe demuestra que el balance es negativo hasta la fecha, y que, por lo tanto, la política ha fracasado. 
Ha fracasado: 
primero, porque los recursos de que se dispone son insuficientes y deben aumentarse; 
segundo, porque los programas e iniciativas comunitarias son numerosas y polifacéticos, pero no aportan ninguna prioridad ni criterio acerca de lo que deben desarrollar, y, 
tercero, señor Presidente, porque después de la Conferencia de Amsterdam tampoco se ha promovido este ámbito. 
Nosotros tememos una continuación de esas carencias, nos tememos el estancamiento de países y regiones en una situación de subdesarrollo y el despilfarro en gastos burocráticos e inútiles o no acertados en cuanto a su prioridad, supuestamente al servicio del desarrollo pero inútiles respecto al resultado deseado. 
Es lo que puede decirse, por ejemplo, de Grecia, típico país con características especiales. 
Éstas no se tienen en cuenta. 
Se pasa por todas las regiones y todos los países una especie de apisonadora que los trata de la misma forma. 
Existen características especiales: una suprarregionalidad, un subdesarrollo, una concentración de la población en determinados centros y un despoblamiento en otras regiones, pero estas características no se tienen en cuenta en los diferentes fondos y programas, ni en las iniciativas comunitarias, desde el punto de vista de su atención adecuada. 
Se presenta a Grecia, y esto se oye también aquí ahora, como la eterna mendiga. 
Las cantidades destinadas a Fondos estructurales para los cuatro países del Fondo de cohesión, teniendo en cuenta las especialidades y necesidades, se reparten desigualmente en el caso de Grecia, al ser los recursos inferiores a las necesidades. 
Si no se trata de esta forma este problema, si la política comunitaria no soluciona de raíz el problema de la cohesión social y económica, y del desarrollo de países y regiones, volveremos a pedir más informes, sin ningún resultado. 
Señora Presidenta, si se pone a disposición dinero para infraestructuras, no significa ni mucho menos que se logren automáticamente avances en la cohesión. 
Esto se puede ver ya en el hecho de que hasta ahora las diferencias de desarrollo entre las regiones ricas y pobres no se han podido superar a pesar de las grandes sumas de dinero. 
No se trata pues de la cantidad de dinero que se entrega sino ante todo de la calidad de los proyectos. 
Los grandes proyectos de construcción de carreteras en los países de cohesión hasta ahora han destruido más de lo que han alcanzado realmente. 
Un desarrollo sostenible solamente puede tener éxito si se fortalecen las infraestructuras menores, lo que es aún más válido para la infraestructura del medio ambiente. 
Una infraestructura de medio ambiente sobredimensionada endeuda a los ciudadanos y ayuntamientos en las regiones desfavorecidas y las empuja aún más hacia la pobreza. 
Por ello, insto a la Comisión para que dé preferencia a los proyectos menores y aquellos que dejen a las próximas generaciones un medio ambiente digno de ser vivido. 
Cuando, en sus decisiones sobre las redes transeuropeas, el Parlamento Europeo determinó criterios porcentuales para el transporte combinado- carreteras y ferrocarriles- marcando unos límites superiores e inferiores, puso luego el freno de emergencia. 
No parece posible lograr de otro modo la disposición a aplicar realmente modelos de desarrollo sostenible, tal como se exige en el capítulo 10 del Libro Blanco. 
Estas resoluciones han sido adoptadas por el Parlamento y sería realmente fatal si nos desviásemos de esta base. 
Una mirada hacia el futuro: dudo que la vinculación de los créditos destinados a las intervenciones estructurales a estos criterios de convergencia haya aportado realmente algo. 
Por ello, estoy a favor de disolver esta vinculación en las próximas previsiones financieras y de colocar como criterio central las necesidades de las regiones para intervenir estructuralmente. 
Pues se trata de hacer realmente algo en favor de las ciudadanas y ciudadanos de Europa. 
Señora Presidenta, los informes de la Comisión sobre los Fondos de Cohesión y los Fondos estructurales correspondientes a 1995 nos llegan puntualmente. 
La Comisión considera satisfactoria la ejecución presupuestaria del Fondo de Cohesión y se congratula de que no se constataran casos de fraude en relación con los proyectos financiados. 
La Comisión debe prestar la misma atención a fin de dar a conocer la disponibilidad de los Fondos estructurales y facilitar su utilización. 
El documento de trabajo, elaborado por la Dirección General XIX en 1996, menciona expresamente la preocupante subejecución de los créditos de los Fondos estructurales, además de los numerosos datos y análisis inquietantes. 
El mismo procedimiento presupuestario de 1997 contempla una reducción de los créditos de pago de los Fondos estructurales debida a la subejecución. 
Si queremos incidir concreta y sustancialmente en el territorio con proyectos específicos y eficaces, debemos potenciar ante todo las iniciativas dirigidas a ampliar los instrumentos de difusión y de información a través de las nuevas tecnologías de comunicación. 
Asimismo, tenemos que modificar la compleja normativa y convertirla en más transparente y fácilmente aplicable, a fin de desalentar desde el principio los fraudes y estimular la descentralización de la gestión de las intervenciones de los Fondos. 
La experiencia demuestra que en las regiones con gestión descentralizada hubo una mejor utilización de las posibilidades de las intervenciones estructurales comunitarias, puesto que las autoridades regionales gozan de una mayor y directa capacidad de evaluación. 
El ejemplo nos lo ofrece el preocupante y bajo índice de ejecución- 28 %- de un Estado centralista como Italia, respecto al 66 % de un Estado federal como Alemania. 
Si estos datos se hacen públicos en Italia, no cabe duda de que van a contribuir a fomentar todavía más, si cabe, la lucha por la independencia de Padania. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, 1995 fue el primer año en que los tres nuevos Estados miembros, Austria, Suecia y Finlandia, participaron en la política estructural europea. 
Hace algún tiempo hemos debatido y aprobado en esta Asamblea un excelente informe elaborado por el Sr. Rack. 
Creo que estos países han logrado una aplicación realmente buena de la política estructural, entre otros motivos, debido a las experiencias que ya tenían en la política regional local existente. 
Pero permítanme que diga con el desenfado de un diputado proveniente de uno de los nuevos países miembros que hemos tenido grandes dificultades con la burocracia administrativa de estas políticas estructurales. 
A pesar de esta aplicación relativamente positiva en nuestros países, a veces es desalentador presentar las correspondientes solicitudes a la Comisión Europea o a las instancias regionales. 
Un segundo punto: algunas y algunos colegas ya han indicado que el importe de los créditos no utilizados ha aumentado entre 1993 y 1995 de 15.000 a 23.400 millones de ecus, tal como constata el informe. 
Esto hace que nos planteemos el éxito de las políticas estructurales. 
¿Qué éxito puede tener una política estructural si no logra que se gaste el dinero para las correspondientes medidas que incluimos como Parlamento en el presupuesto? 
Creo que no utilizar el dinero puesto a disposición es un hecho único en el mundo. 
Si pensamos que hace pocos días ha finalizado una cumbre en la que, por lo visto, se ha dado gran importancia al tema del empleo, constatando que en la Unión hay aproximadamente 18 millones de parados y, al mismo tiempo, no se utilizan los créditos estructurales, es un asunto que habla por si mismo y que no podemos aceptar sencillamente como diputados. 
Quiero apoyar y subrayar la propuesta realizada por la Comisaria que está presente. 
Creo que en la Unión Europea necesitamos una política regional. 
No podemos empezar a diferenciar según el siguiente tenor: aquí tenemos algo de áreas rurales, allá zonas urbanas, etc. Recuerdo los debates de los que se dedujo claramente que todo el mundo estaba de acuerdo en concentrar los créditos, no solamente de los demás sino también los propios. 
Creo que en este aspecto hay que apoyar el enfoque de la Comisaria competente para la futura reforma de las políticas estructurales. No obstante, necesitamos otra forma. 
El colega McCartin ya ha indicado en nombre de la Comisión de Control Presupuestario que debemos poder desplazar los créditos no utilizados de un país miembro a otro. De lo contrario, veo un futuro más bien negro para la política estructural comunitaria ante los diversos enfoques que apuntan hacia una renacionalización de las diversas políticas estructurales. 
Señora Presidenta, por parte de nuestro Grupo, el Partido Popular Europeo, el Sr. Costa Neves se ha referido ya al informe sobre el Fondo de cohesión. 
Por lo tanto, yo me referiré al informe del Sr. Novo Belenguer sobre los Fondos estructurales, que he de admitir es muy bueno y ha sido aprobado unánimamente por la comisión, por lo que creo que el Sr. Novo Belenguer merece ser felicitado. 
Quisiera referirme a determinados puntos, con la intención, principalmente, de sacar diferentes enseñanzas con vistas al futuro, ya que el pasado, es decir, lo ocurrido en 1994 o 1995 y 1996, ha de servirnos para la revisión de los reglamentos de los Fondos estructurales. 
El primer punto que quiero abordar concierne al fenómeno de la subejecución, es decir, la no absorción de los recursos de los Fondos estructurales. 
Quisiera subrayar que este fenómeno se observa sobre todo en los Estados miembros más ricos- no tanto en las regiones del objetivo nş 1- y que se refiere en primer lugar al Fondo de cohesión, que no está dentro de la competencia de la Sra. Comisaria, si bien, dado que el problema se presenta, tendremos que incluirlo en nuestro debate. 
Quiero afirmar que se trata de una cuestión que todos debemos abordar seriamente, tanto la Comisión como los Estados miembros, y, en mi opinión, aparte de los demás esfuerzos, en el sentido de una simplificación de los reglamentos, sin impedir la transparencia, tal como, según mis conocimientos, ya prevé la Comisión. 
El segundo punto al que me quiero referir concierne al control y a la aplicación del principio de adicionalidad. 
La Comisión, como es natural, no puede garantizar su pleno cumplimiento y existen graves sospechas de que no se respeta lo bastante ni durante el periodo de programación corriente. 
Se trata de un tema sumamente importante, que impone una estrecha colaboración de la Comisión con los Estados miembros para introducir las mejoras necesarias, quizás incluso bajo la amenaza que el propio informe menciona, es decir, la suspensión de las ayudas cuando no se respete el principio de adicionalidad. 
Otro tema que se plantea es el del nuevo sistema de evaluación propuesto por la Comisión, basado en la intervención de expertos independientes. 
Sin duda, se trata de un paso positivo que ayudará a prevenir y corregir ciertos errores, y sobre todo a mejorar la calidad de los futuros nuevos programas. 
Sin embargo, debe garantizarse en cualquier caso que la elección de los expertos se efectúe según criterios de cualificación y de objetividad, previendo su subordinación a algún tipo de control. 
En mi opinión, los controladores deben ser controlados. 
Otro punto es el referido a la cuestión del medio ambiente. 
Me consta que la Comisión le presta ahora especial atención y esto, como Parlamento, nos satisface. 
No obstante, pienso que puede irse más allá, sobre todo en lo que respecta a los estudios de impacto ambiental, que deben tener un carácter más sustancial y vinculante. 
Señora Presidenta, termino con una última observación sobre la participación de las autoridades locales y regionales, que también contribuye a la transparencia de los programas. 
Me consta que se han dado pasos, pero creo que se pueden dar muchos más, y mayores, para que la participación de las autoridades regionales y locales sea sustancial de verdad. 
Señor Presidente, un diputado a este Parlamento que defiende el gasto del Fondo de Cohesión y de los Fondos estructurales alcanza de inmediato popularidad entre los ciudadanos, pues éstos ven cómo mejora su entorno vital, y eso es bueno, y con ello mejora la base de apoyo para Europa y resulta eficaz el gasto de esos Fondos. 
Pero bajo la base de apoyo de los Fondos estructurales se oculta una bomba. Una bomba de dinero que no se gasta. 
Si no se subsana esta infrautilización, no de forma drástica, sino por supuesto de forma responsable, se corre el riesgo de perder de nuevo el apoyo del ciudadano europeo. 
Por desgracia, a la larga no se puede explicar al ciudadano europeo que hay mucho dinero que no se gasta, al mismo tiempo que se pide a los Estados nacionales que contribuyan más a Europa. 
Resulta difícil de entender, precisamente en vísperas de la ampliación. 
Las cargas conjuntas que soportamos han crecido con un sentimiento mutuo de solidaridad dentro de Europa. Así tiene que seguir, tanto antes como después de la ampliación. 
Pero antes de que llegue el momento ha de quedar bien claro cuál es el valor añadido de los proyectos amparados en los fondos europeos, pues de lo contrario no haremos más que pasar el dinero de un bolsillo a otro, y en este caso además sentarnos encima. 
Por consiguiente, hago un llamamiento a todas las administraciones para que presenten buenas propuestas a fin de poder gastar este dinero. 
En vísperas de la ampliación, una bomba de dinero no gastado es una señal errónea para la cohesión de la solidaridad europea, sobre todo de cara a la Europa central y oriental. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero referirme brevemente a dos puntos. 
En primer lugar, a la adicionalidad, pero más desde el punto de vista de aquellos que se esfuerzan cada vez más por acceder a los créditos de los Fondos estructurales desde el nivel municipal. 
Tenemos el problema de que en la UE existen varios principios. 
Uno de los más recientes- y también más razonable- consiste en intentar reducir los nuevos endeudamientos públicos. 
Desde Amsterdam, con el pacto de estabilidad se ha determinado de un modo bastante permanente y estricto que se siga en esta línea. 
Una consecuencia de ello va a ser- lo que ya se está viendo en los presupuestos municipales- que en especial los municipios pequeños siempre tienen dificultades en aportar sus créditos complementarios para proyectos de la UE aunque se hayan puesto a disposición, como es natural, créditos nacionales y regionales. 
Debemos prestar atención para esto no se convierta en una tendencia funesta para determinadas regiones. 
Creo que debemos maniobrar a tiempo para evitarlo. 
En segundo lugar, quiero realizar una observación sobre el principio de cooperación. 
En una posterior ampliación de este principio existen aún grandes reservas en varios aspectos. 
Quiero felicitar expresamente a la Comisión por haber realizado en este campo considerables esfuerzos adoptando iniciativas. 
Si aún existen obstáculos, en su mayor parte son entre los niveles de los Gobiernos nacionales, las administraciones regionales y, con frecuencia, entre estas últimas y las autoridades locales. 
Por ejemplo, en Turingia tenemos numerosos conceptos de desarrollo regional elaborados democráticamente que siguen sin ser tenidos suficientemente en cuenta en la elaboración de los documentos de planificación de programas. 
Para finalizar, quiero indicar en este contexto una cosa: quien quiera solucionar en este campo las decisivas tareas de los próximos años, deberá dedicar al principio de cooperación una mucha mayor atención, pues la tarea principal consiste en emplear más eficientemente menos créditos. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, este séptimo informe anual sobre los Fondos estructurales correspondiente a 1995 ha incluido por primera vez a los nuevos países miembros, Austria, Suecia y Finlandia. 
Hace poco tiempo hemos tenido la ocasión de especificar algo las experiencias tenidas en un informe especial sobre la ejecución de la política regional en estos tres países miembros. Aprovecho la ocasión para realizar alguna que otra comparación. 
Es en parte muy interesante. 
Nuestro informe fue muy similar en muchos aspectos. 
Criticamos- porque realmente supone un problema- que tanto a nivel de la Comunidad como de los países miembros, existía y existe demasiada burocracia, demasiados programas y, comparativamente, demasiado poco dinero. 
En una serie de puntos, la imagen de los tres nuevos Estados miembros es más positiva de la que hemos visto en la media europea y, en cualquier caso, también en algunos highlights negativos. 
En lo que se refiere a la utilización de los créditos, a pesar de que somos miembros desde hace muy poco tiempo, los tres nuevos Estados han empleado una gran parte de los mismos en esta fase inicial. 
En este contexto, recuerdo, porque es importante, que hasta la expiración de este año los créditos no utilizados aún se pueden y deben utilizar. 
El empleo de los créditos ha sido muy buena en total. 
En las PYMES, en programas de la mujer, en la sociedad de la información y, ante todo, en el ámbito de LEADER e INTERREG hemos tenido excelentes ejemplos de un buen empleo de los créditos. 
Algunas cosas han sido más negativas. 
En especial, en los nuevos países miembros no se ha logrado realmente hacer ver que se han recibido créditos de la UE para proyectos concretos. 
Debemos extraer consecuencias de ello. 
Debemos mejorar la información, aprender también de best practices, tomar en serio la evaluación y llevar a cabo en el futuro la planificación con gran cuidado. 
Tomamos nota con satisfacción que la misma Comisión proyecta simplificar radicalmente los programas para la siguiente fase. 
Participaremos gustosamente como Parlamento Europeo en esta tarea, aunque no dispongamos aún de las nuevas formas de codecisión del Tratado de Amsterdam. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, este séptimo informe anual supone algo especial no solamente porque por primera vez han participado los tres nuevos Estados miembros, sino porque la ponencia tiene lugar al comienzo del segundo período de planificación, en el que el debate sobre la revisión de los Fondos estructurales está ya en plena marcha. 
Echar un vistazo al pasado, en este caso el año 1995, solamente tiene sentido si se extraen de ello lecciones para el futuro. 
No quiero valorar de nuevo los muchos aspectos positivos que muestra el informe de la Comisión en comparación con los anteriores sino colocar el dedo en algunas llagas. 
Como en informes anuales anteriores, también hay que constatar aquí que los favorecidos han experimentado en la práctica el problema de una burocracia excesiva y de un procedimiento de pago más o menos inflexible. 
Por ello, aunque se escuchen continuamente estos conceptos, la simplificación de las normas jurídicas y del procedimiento administrativo no son palabras huecas sino que es una conclusión importante para la revisión si es que se quiere lograr una eficiencia y transparencia mayores. 
También en el séptimo informe anual se ve claramente que en las regiones en las que se ha llevado a cabo una administración descentralizada, esto ha conducido a una mejor utilización de las posibilidades de las intervenciones de los Fondos estructurales. 
Mediante una administración descentralizada, en algunos Estados miembros se puede solucionar también el grave problema del considerable retraso con que reciben los pagos de Bruselas las regiones. 
Otra conclusión se deduce de la planificación. 
En lo tocante a los objetivos político-estructurales y a la fijación de los aspectos centrales de ayuda, hay que tener más en cuenta la responsabilidad política directa de los agentes regionales. 
Y si se quiere tener más posibilidades para los Fondos estructurales 2000 y 2000+, independientemente de las cifras estadísticas, hay que prever también una modificación relativa para poder reaccionar a oscilaciones estructurales imprevisibles. 
En breve, los programas se deben poder reajustar con flexibilidad. Esta es una exigencia que deberíamos plantear para la revisión. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero felicitar a los dos ponentes, el Sr. Novo y el Sr. Novo Belenguer por sus claros y ponderados informes así como a todos los que han participado en el debate por sus valiosas observaciones que son aún de mayor importancia ya que no se trata solamente del año 1995 sino de lo vayamos a hacer conjuntamente- espero que mejor- a partir del 2000. 
Permítanme primeramente que me refiera a algunas cuestiones relativas al informe del Fondo de cohesión para 1995. 
Me alegra que se hayan elogiado expresamente los progresos que hemos logrado hacia una financiación más equilibrada de los proyectos de medio ambiente y de transporte. 
Como ustedes saben, la Comisión persigue una división al 50 % de los créditos para inversiones de medio ambiente y de infraestructura para la totalidad del período de planificación y puedo decir que la positiva evolución que han visto en 1995 se ha estabilizado. 
En 1996 hemos logrado por primera vez casi un reparto perfecto al 50 % con 1.200 millones de ecus para proyectos de medio ambiente y de transporte respectivamente. 
Creo que la sugerencia de combinar más intensamente proyectos de medio ambiente y de transporte es interesante y la tendremos muy en cuenta de cara a las posibilidades de que disponemos en este campo. 
Por lo demás, llamamos la atención de los países miembros sobre la necesidad de ampliar las líneas de ferrocarril, los puertos, los transportes combinados y los transportes urbanos para, de este modo, dar preferencia a los medios de transporte menos contaminantes frente a los gigantescos proyectos de construcción de carreteras. 
Creo que avanzamos lentamente paso a paso, si bien no estoy satisfecha en general con los avances. 
Esperamos que con la nueva directiva sobre los controles de compatibilidad medioambiental que acordó el Consejo en marzo, mejoremos el procedimiento. La Comisión velará para que se aplique correcta y estrictamente. 
En cualquier caso, no podemos hacer más que esto, pues probablemente coincidiremos en que nos podemos imaginar unos controles de compatibilidad medioambiental mejores según sus deseos y los nuestros. 
Precisamente en relación con los acuerdos con el Parlamento sobre el «greening» del presupuesto, hemos formado a nuestros empleados para que puedan detectar mejor los problemas precisamente en este sector. 
En el marco del greening of the budget, el Fondo de cohesión va a encargar a expertos independientes que evalúen globalmente la aportación de este Fondo a la protección del medio ambiente y a un desarrollo sostenible. 
No estoy segura de que solamente cosechemos alabanzas pero creo que es importante hacerlo para aprender para el futuro. 
En lo que se refiere a los pequeños proyectos, ante todo en el campo de la protección del medio ambiente, sólo quiero indicar que la Comisión es ya extremadamente flexible en este campo para lograr esta división al 50 %. 
Comparto su opinión de que precisamente muchos proyectos municipales en el campo de la protección del medio ambiente necesitan nuestro apoyo. 
Por ello, los hemos unificado en gran medida para dotar de un mayor espacio al sector de la protección del medio ambiente en los países de cohesión. 
En su informe, ha advertido frente a una información relativa a la aplicación de la cláusula de condicionalidad. 
Solamente quiero indicar que el procedimiento se explicará extensamente en el informe sobre los Fondos de cohesión de 1996, cumpliendo de este modo el deseo expresado por ustedes cuando aplicamos por primera vez este procedimiento. 
En el informe sobre el informe de los Fondos estructurales de 1995, por el que también les felicito, critican con razón la reducida utilización de los créditos presupuestarios, en especial en la fase inicial de 1994/95, la complejidad de los procedimientos y las elevadas trabas burocráticas- creo que podríamos decir, demasiado elevadas- existentes tanto en los Estados miembros como en la Comisión. 
Sin embargo, permítanme que les diga que entretanto se ha podido mejorar sensiblemente la ejecución presupuestaria. 
En 1996, los créditos presupuestarios se afectaron casi al 100 %. 
La tasa trianual es en total también satisfactoria; sin embargo, esto no significa que no haya habido excepciones en algunos campos. 
Respecto a la intervención del diputado italiano, debo decir que no son solamente los programas nacionales los que han contribuido considerablemente al retraso de Italia sino que en algunas regiones sencillamente no se ha hecho aún casi nada. 
No existe una panacea sino que los tres niveles- el europeo, el nacional y el regional- deben tirar de la misma cuerda. 
Sin embargo, permítanme que les aclare que en el caso de los programas de los Fondos estructurales se trata de programas plurianuales. 
Está claro que si se planifica una inversión para varios años, por lo general, los gastos aumentan en los años posteriores, lo que no significa necesariamente que se trabaje mal. 
Lo que ocurre es que a veces transcurre algo más de tiempo hasta que los proyectos están claros y pueden afectar créditos y hasta que se realizan los pagos. 
Soy de la opinión de que entre el trascurso normal de los programas plurianuales y lo que aquí criticamos sobre la deficiente utilización de los créditos, existe una zona gris. 
Me alegraría si, mediante nuestros esfuerzos conjuntos, lográsemos para el próximo período de Fondos estructurales algo así como una orientación de éxito, pero no sólo en relación a la utilización de los créditos sino a la calidad de los programas y proyectos, pues no sirve de nada que el dinero se gaste mal. 
Debemos intentar que el dinero se gaste adecuadamente y que se emplee para buenos proyectos con perspectivas de éxito, lo que no va a ser sin duda tarea fácil. 
Por lo demás, quiero indicar de nuevo que en la mayoría de los casos en los que se ha criticado la lentitud de los pagos de los créditos en las regiones, éstos han estado aparcados en las capitales de los Estados miembros. Esto significa que también son necesarias considerables simplificaciones en los Estados miembros así como un procedimiento mejorado. 
Señor diputado, en su informe ha destacado la importancia de los principios de la política estructural europea, como el mandato de cohesión económica y social, la adicionalidad, la ampliación y la profundización de la cooperación. 
También subraya con razón la complementariedad con otras políticas comunitarias y prioridades horizontales, como el empleo, el medio ambiente, la igualdad de oportunidades y el fomento de las pequeñas y medianas empresas que hemos propuesto los últimos años, por ejemplo, como directrices para los nuevos programas del Objetivo II, como posibilidades de adaptación para lograr unos mayores efectos para el empleo y la reactivación económica y que hemos propuesto para los programas del Objetivo I en la evaluación intermedia. 
Me parece importante que utilicemos realmente ahora la evaluación intermedia. 
Estamos algo atrasados porque algunas cosas han durado algo más de tiempo también en los comités de seguimiento, es decir, al nivel que queremos que tenga un mayor grado de responsabilidad participando más intensamente hasta que se nombren los expertos. 
A pesar de ello, confío en que podamos reaccionar más flexiblemente ante las modificaciones del mundo y de las condiciones económicas y que prestemos mayor atención a crear realmente puestos de trabajo duraderos como uno de los objetivos esenciales de los Fondos estructurales. 
Por lo demás, haremos evaluaciones temáticas sobre el empleo, el medio ambiente, la igualdad de oportunidades y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas para cumplir sus deseos también en este punto y espero que mejore paulatinamente la cultura de evaluación en los Estados miembros y en la Comunidad. 
Aproximadamente hace medio año, hemos avanzado por primera vez un trecho gracias a la disposición de los Estados miembros a utilizarlo no como un ejercicio burocrático sino como oportunidad para mejorar la ejecución de la política estructural. 
Espero que nosotros avancemos también de este modo un trecho. 
En su informe y en las intervenciones del debate sobre las propuestas de reforma para reducir el número de Fondos, sobre la estructura presupuestaria, sobre la descentralización y sobre una mayor combinación de créditos y préstamos, han tocado aspectos centrales de los que también se está ocupando la Comisión en sus deliberaciones sobre los principios fundamentales de la reforma de los Fondos estructurales para el paquete Santer. 
La Comisión aprobará el 15 de julio en Estrasburgo este paquete y lo presentará el 16 al Parlamento. 
Por ello, no hay actualmente aún ninguna propuesta concreta y oficial. 
Ayer traté con algunos miembros de la Comisión de Política Regional algunos aspectos derivados del Foro sobre la Cohesión, en el que participaron también muchos diputados del Parlamento, por lo que solamente voy a repetir algunos conceptos clave. 
Se trata, por ejemplo, de la necesidad reconocida por todos nosotros de simplificar los procedimientos de aplicación y financiación, de lograr una mayor transparencia, una reducción de los objetivos, una reducción drástica de las iniciativas comunitarias, una concentración en la cooperación transfronteriza y un traslado de la mayoría de las iniciativas comunitarias a los programas mainstream. La descentralización significa teambién tener responsabilidades más claras. 
No puede ser que los Estados miembros realicen la ejecución y la Comisión siga teniendo la responsabilidad. 
Por ello, en la reforma del Reglamento sobre los Fondos estructurales, deberemos encontrar unas normas claras que signifiquen una simplificación para todos y aclaren las responsabilidades pero que, a la postre, garanticen el control y la evaluación también en el futuro y creo que este es un punto esencial que va a interesar al Parlamento. 
Creo que también estamos de acuerdo en que necesitamos unas normas más concretas y vinculantes para la configuración del principio de cooperación. 
Ustedes saben que no se ha debido en primera línea a las propuestas de la Comisión sino, ante todo, a la deficiente disposición de los Estados miembros para aprobar estas propuestas. 
Sin embargo, creo que de nuestras experiencias se deduce la necesidad de proseguir por esta vía y estoy segura de que el debate sobre la Agenda 2000 y la reforma de los Reglamentos de los Fondos estructurales nos va a proporcionar en los próximos meses muchas ocasiones para mantener extensos debates. 
Muchas gracias por las sugerencias y el debate de hoy. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdo con la República de Kirguistán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0032/97) del Sr. Chesa, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra, sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio (COM (95) 49-11156/95- C4-0685/96-95/0063 (CNS) ). 
Señora Presidenta, los motivos que llevaron a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores a aprobar al acuerdo interino sobre Kirguistán son los mismos que la llevaron a aprobar los aspectos económicos y comerciales del acuerdo de asociación. 
Este acuerdo se basa en las dificultades y las perspectivas de la economía de Kirguistán, dificultades consecutivas al desmembramiento de la URSS, dificultades vinculadas con las relaciones con las demás repúblicas de Asia, dificultades relacionadas con la privatización y la modernización de la economía, que se traduce, en un primer tiempo, en una baja de la producción agrícola industrial y una baja de la producción alimenticia. 
El acuerdo de asociación de 1994, similar a los ya celebrados con otros países de la antigua Europa del Este, trata especialmente tres grandes puntos. 
El primero, son los intercambios de mercancías, tomando como base el trato de la nación más favorecida, por lo que se refiere a las operaciones de aduana, ya que los productos textiles son objeto de un acuerdo por separado. 
El segundo punto se refiere a las disposiciones relativas al comercio, las inversiones, especialmente con condiciones relativas al empleo, al establecimiento de la actividad de sociedades, a los pagos corrientes, a la liberación de las transacciones, la protección de la propiedad intelectual. 
El tercer punto se refiere a la cooperación económica, con vistas a contribuir al proceso de reformas, de recuperación económica y de desarrollo durable de la República de Kirguistán. 
Con esta finalidad, la cooperación económica se concentra especialmente en el desarrollo económico y social, el desarrollo de recursos humanos, el apoyo a las empresas, la agricultura y la alimentación, la energía nuclear civil, los transportes, el turismo, la protección del medio ambiente, la cooperación en general y muchas otras esferas. 
La envergadura de todos estos ámbitos, que abarca el tratado de asociación y cooperación, hace especialmente prometedor el porvenir de las relaciones económicas y comerciales entre la República de Kirguistán y la Unión Europea. 
Por todas estas razones, pido a los miembros de nuestro Parlamento que se pronuncien en favor del acuerdo interino entre la Unión Europea y Kirguistán, con mayor razón cuanto que la Comisión de Presupuestos emitió una opinión favorable. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en nombre del Grupo del PPE quiero adherirme a la positiva valoración que ha realizado nuestro ponente, el Sr. Chesa, del Acuerdo interino y proponerles asimismo que lo aprueben. 
De este modo, se logrará una rápida aplicación de las normas comerciales del Acuerdo de Colaboración y Cooperación. 
Tras la disolución de la Unión Soviética, esta República del Asia Central ha luchado y sigue luchando no solamente contra enormes dificultades políticas sino también económicas. 
Todo el sistema comercial ha quebrado y durante un largo tiempo apenas ha sido posible un suministro regular de alimentos y de energía. 
De ello ha resultado un aislamiento económico que se puede notar aún hoy y, en consecuencia, un bloqueo para el posterior desarrollo económico. 
Paradójicamente, la difícil situación de Kirguistán se mantiene debido a la Unión Aduanera iniciada hace poco tiempo con Kazajastán y Uzbekistán ya que ambos Estados asociados prevén y aplican limitaciones comerciales frente a terceros Estados. 
Por otro lado, se puede detectar un gran potencial en el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre Kirguistán y la UE. 
Los programas TACIS para Kirguistán se han reformado a fondo, lo que puede traer como consecuencia un mayor compromiso local y más inversiones. 
El ambicioso programa de privatizaciones de Kirguistán es la parte principal de la reforma económica iniciada. 
Hasta ahora, la población parece poco motivada para pasar a una economía privada, para crear nuevas empresas, a pesar de que se puede constatar una paulatina reducción de la inflacción. 
Precisamente por ello, los siguientes sectores parecen especialmente adecuados para una intensificación de la cooperación entre la UE y Kirguistán. 
Primero: el desarrollo y aplicación de un nuevo plan energético nacional. 
Segundo: la transferencia de «know-how» técnico y administrativo. 
Tercero: la creación de joint ventures en el sector de los servicios, del turismo y de las infraestructuras. 
Pero ¿cuál es la situación en la transmisión de capacidades empresariales a los jóvenes kirguíses? 
¿Cómo organiza la Comisión esta ayuda para la autoayuda, precisamente para activar por fin la privatización? 
¿No se podrían utilizar más que hasta ahora las posibilidades del programa TACIS? 
En cualquier caso, me parece que está claro que el Acuerdo interino ofrece un marco favorable para el desarrollo comercial entre la Unión Europea y Kirguistán, por lo que deberíamos apoyarlo. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero realizar algunas observaciones básicas sobre la estrategia del Consejo y de la Comisión que pretende reducir el amplio Acuerdo de Colaboración y Cooperación a una mera cooperación comercial. 
Los Verdes no podemos apoyar esta estrategia y consideramos mucho más importante que entre en vigor con relativa rapidez el Acuerdo de Colaboración y Cooperación y no colocar en primer plano los intereses de la UE, sino desarrollar una estrategia global para apoyar el proceso de transformaciones en estos países. 
Esto tiene consecuencias fatales para Kirguistán. 
Prácticamente, sólo se ha privatizado el 20-30 % y no existe en lo esencial una legislación sobre privatizaciones sino que sólo es posible el «leasing». 
La democratización se ha atascado y es necesario un apoyo mucho mayor en este campo. 
Por otro lado, la UE tiene un gran interés en explotar los valiosos recursos naturales de Kirguistán, como las minas de oro y uranio, con lo que tiene una influencia destructora sobre las valiosas reservas naturales de esta República ubicada entre montañas. 
Lo que aún se ha conservado se destruirá con toda seguridad. 
Los Tratados están ya en los cajones y ya son posibles los joint ventures. 
Para ello no es necesario el Acuerdo interino. 
La mejor solución sería la estrategia global del Acuerdo de Colaboración y Cooperación. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su excelente informe. 
La Comisión comparte su opinión de que se trata de un importante paso en nuestras relaciones con Kirguistán. 
El objetivo del Acuerdo interino es que entren en vigor las normas sobre comercio sin esperar a la ratificación por parte de los Parlamentos de todos los Estados miembros. Creo que este primer paso es muy positivo para la evolución económica y democrática de aquel país. 
El Acuerdo interino contiene también normas sobre el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. 
La entrada en vigor permite e impulsa la ampliación de las relaciones comerciales que actualmente apenas están desarrolladas. 
Ya se ha indicado en varias ocasiones que con Kirguistán existe el tráfico bilateral comercial más débil entre la UE y una de las antiguas Repúblicas de la Unión Soviética. 
También creo que se deben emplear los créditos de TACIS para programas de formación en el sentido de transformar la economía y de utilizar los propios recursos mediante actividades propias. 
Por ello, aproximadamente una tercera parte de los créditos de TACIS están previstos para programas de formación de este tipo. 
Con la entrada en vigor del Acuerdo interino se puede también ejercer presión sobre el Gobierno de Kirguistán apoyándonos para ello en las normas sobre el respeto de los derechos humanos, siempre que esto sea necesario y se violen en esta democracia tan joven y poco afianzada. 
Esperamos que esto suponga un primer paso para la mejora de las relaciones y también para una mejora de las posibilidades de Kirguistán. 
Señora Presidenta, señora Wulf-Mathies, sé que usted no es experta en este campo, pero es un hecho que esta promesa de apoyar la democracia con la cláusula democrática, nos la ha realizado regularmente el Sr. van den Broek. 
Pero cuando realmente había que aplicarla se imponía un gran silencio. 
Le ruego que transmita al Sr. van den Broek la petición de que aplique por fin un procedimiento que se encuentra en el cajón desde 1995 para que se respeten por fin las promesas. 
Debe cumplirse lo que se nos promete continuamente, es decir, allí donde existan dificultades se debe aplicar la cláusula democrática. 
Señora Schroedter, esta no era ninguna pregunta sino una prosecución del debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0169/97) del Sr. Wiersma, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre los informes anuales de la Comisión relativos al programa PHARE de 1994 y 1995 (COM (95) 0366- C4-0022/96) y COM (96) 0360- C40176/97). 
Mis excusas a todos los compañeros que todavía no están presentes esta noche. En sí es una lástima, porque el programa PHARE es el principal instrumento de la Unión Europea para ofrecer apoyo a la Europa central y oriental, y esperemos que sea también el principal instrumento para hacer posible la ampliación de la Unión Europea a estos países. 
Me temo que la manera en que se ha incluido esta cuestión en el orden del día haya ahuyentado a muchas personas, pero la intención es claramente utilizar este debate para hablar del futuro del programa PHARE. 
Dentro de seis meses, en una isla del Mediterráneo se iniciará un debate con diversos países de la Europa central y oriental sobre la ampliación. 
Se trata, por supuesto, de una inversión muy importante para el futuro de una Europa más integrada y más segura. 
De ahí que sea tan urgente considerar seriamente cómo funciona el programa PHARE como principal instrumento en el proceso de ampliación. 
Como ya he dicho, hemos aprovechado la oportunidad de los informes anuales para realizar una evaluación algo más funcional del programa PHARE, una evaluación orientada al futuro. 
Por desgracia, la posición constructiva del Parlamento al redactar este informe y la consulta que ha tenido lugar entre tanto con la Comisión sobre numerosos aspectos se ven castigadas esta noche- de nuevo con mis respetos por el Comisario presente- debido a la ausencia del Comisario van den Broek. 
Lo lamento mucho, quizás la próxima vez tengamos que ser algo más negativos. 
No obstante, mencionaré algunas cuestiones, si bien ya he dicho que éste parece más un debate para el Acta, que creo merecen la máxima atención por parte de la Comisión a corto plazo, considerando una reorientación del programa PHARE. 
A raíz de la evaluación, por ejemplo, de la situación del programa PHARE en Rumania, surgió un importante obstáculo que a mi entender también es válido en general: concretamente, que las evaluaciones deficientes o la falta de evaluaciones han repercutido en la ejecución de los proyectos. 
¿Cómo puede mejorarse esto? 
Como Parlamento no podemos calcular cuáles son los efectos reales de los miles de millones que en estos momentos invierte la Unión Europea en la Europa oriental. 
Hay una gran falta de claridad sobre los objetivos de los diferentes proyectos PHARE en los diferentes países de la Europa central y oriental. Tampoco hay claridad sobre el modo en que estos proyectos contribuyen al proceso de reforma y más adelante al proceso de ampliación. 
Sólo cuando dispongamos de instrumentos de evaluación reales podremos ver como Parlamento, pero también como Unión Europea, de qué manera contribuyen realmente nuestros esfuerzos de apoyo a una estrategia de ampliación adecuada. 
En segundo lugar, una cuestión importante, y es que hay una infrautilización del programa PHARE. 
Gran parte del mucho dinero disponible no se gasta o se gasta tarde. 
Pienso que se trata de una situación muy lamentable. 
Ya se ha hablado mucho de ella en este Parlamento, pero creo que en el futuro habrá que estudiar sobre todo el modo de ponerle fin. Está perjudicando el alcance del programa PHARE, pero sobre todo es perjudicial para los países a los que va destinado este dinero. 
Así pues, defiendo que se conceda más dinero a los grandes proyectos, centrados sobre todo en el fomento de las inversiones, en la mejora de la infraestructura en los países candidatos y particularmente en la mejora de lo que denomino la cultura administrativa en dichos países, una cultura administrativa que todavía no cumple las normas vigentes en la Unión Europea; concretamente, es importante que los gobiernos y las administraciones de los países candidatos sean capaces de manejar la normativa y los acuerdos vigentes en la Unión Europea. 
Otra cuestión importante que quisiera subrayar es la de las prioridades. 
Me temo que en los próximos años toda la atención se centre en los países candidatos que, por decirlo así, tienen éxito, países como Hungría y Polonia, de los que todo el mundo dice que entrarán en la primera ronda de nuevos Estados miembros. 
Yo también asumo esta perspectiva, encierra una cierta lógica, pero precisamente por ello quiero abogar por una inversión adicional y una atención adicional en el marco del programa PHARE hacia aquellos países que parecen relegados a la segunda ronda. 
Pienso que debería ser una premisa muy importante de este Parlamento. 
Quiero decir algo más sobre la gestión del programa PHARE. 
En este Parlamento se ha hablado mucho de ello, de la licitación de proyectos, de la licitación de la licitación, por decirlo de algún modo. 
Como Parlamento, como Comisión de Relaciones Exteriores, consideramos que la propia Comisión ha de asumir una mayor responsabilidad y que las cuestiones relativas a los funcionarios políticos sometidos a la autoridad de la Unión Europea implican una intensificación de esa responsabilidad. 
En otras palabras, una ampliación del personal del programa PHARE. 
Quiero pedir atención para otra cuestión importante, también en el marco de la estrategia de adhesión. Me refiero a la cuestión de la democracia y la democratización. 
Considero preciso reservar más dinero para el desarrollo y el refuerzo de la democracia en los países que quieren adherirse a la Unión Europea. 
Por último- y pienso que se trata de una última cuestión importante -, si miramos el futuro y los medios que pone la Unión Europea a disposición de los países candidatos, y que tan importantes son para que estos países salgan ganando, hay que concluir que es preciso acentuar más la cofinanciación, dentro del programa PHARE, de modo que se les fuerce a reservar medios para proyectos conjuntos. 
Estas han sido algunas observaciones que he podido hacer durante el tiempo de uso de la palabra que tengo concedido. 
Espero que la Comisión se tome en serio estas recomendaciones, pero sobre todo que en el futuro la Comisión, aunque asimismo este Parlamento- también hemos de dirigirnos a nosotros mismos -, se tome más en serio el debate sobre la ampliación y los medios que utilizamos. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, al igual que el Sr. Wiersma yo también lamento que su informe, que considero muy bueno e importante, se presente ante un número tan limitado de diputados de esta Asamblea. 
Como ya se han mencionado los puntos esenciales, permítanme que exponga algunas observaciones sobre las experiencias tenidas con PHARE en los últimos tiempos. 
Primera: estos días se ha celebrado la Conferencia Paneuropea de Transportes en Helsinki. 
He estado presente allí y he visto como un representante gubernamental tras otro de los Estados de la Europa Oriental, han subrayado con toda claridad lo importante que son los programas PHARE para el desarrollo de la infraestructura en esos países. 
Si se quiere que Europa crezca conjuntamente- lo que es necesario -, es totalmente decisiva precisamente la ampliación de las infraestructuras, en especial del transporte público, y a ello contribuye PHARE. 
Si contemplamos las tablas comparativas de los dos informes anuales, se puede ver claramente cuánto se ha hecho por el transporte. 
En relación con la evolución de los próximos años, creo que va a ser importante vincular mejor los programas PHARE en la Europa Oriental a los programas regionales y de infraestructura en Occidente, para que el éxito de los objetivos sea aún mayor, lo que coincide con los deseos de la Sra. Comisaria Wulf-Mathies. 
Pues si ahora se acuerdan corredores en Helsinki y viene a sumarse un décimo corredor, es muy importante que se lleve también a la práctica. 
Segundo: la última semana estuve en Zagreb, Croacia, con una delegación del Parlamento. 
Allí también hemos visto la importancia que conceden a PHARE, como apoyo y medio de ayuda de factores económicos y también para la democratización. 
Al principio teníamos ciertos reparos. 
Deberíamos recapacitar hasta qué punto en el marco de este objetivo que ha mencionado también el colega Wiersma, a saber, el fomento de la democratización, el fomento de la integración de diversos grupos étnicos, etc., no se deberían iniciar nuevas conversaciones para aplicar PHARE de un modo aún más dirigido y eficaz en este campo. 
Albania es sin duda un ejemplo de cuánto dinero se ha dado sin emplearlo con eficiencia. 
No quiero criticar a nadie en concreto pero sí llamar la atención y rogar a la Comisión que a la hora de emplear estos créditos preste más atención a que se utilicen eficientemente. 
Sé que es difícil convencer a un país: recibís dinero pero tenéis que modificar vuestras estructuras administrativas, vuestro comportamiento y vuestra estructura política. Pero va a ser importante pues, de lo contrario, los ciudadanos de Europa se preguntarán para qué damos dinero si luego se emplea de un modo tan negativo o sencillamente se pierde. 
Para los países afectados pero también para los países occidentales es importante que se preste mayor atención a que se empleen de modo óptimo estos fondos. 
Vamos a apoyar en este sentido el informe del colega Wiersma. 
Consideramos que el programa PHARE es un programa esencial que aún va a ganar más importancia con la ampliación de la Unión Europea. 
No obstante, creemos que la Comisión debería prestar mayor atención a un empleo más eficiente de los créditos. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el programa PHARE es un hijo legítimo del Parlamento Europeo. 
Fueron valientes diputados los que a finales de los años 80 reunieron créditos para impulsar la modernización de la economía húngara y polaca, países que entonces querían alejarse de la hegemonía de la Unión Soviética. 
Naturalmente, la modernización de la economía significa transformación de la misma hacia una economía social de mercado. 
Estamos muy interesados en que el programa PHARE tenga un gran éxito y que se integre de modo permanente en los próximos años en la estrategia de preadhesión que se va a reflejar también de modo diferenciado en la Agenda 2000. 
Pero coincido con el ponente y colega Wiersma en que no vemos aún con toda nitidez si los créditos PHARE se emplean ahora de modo más eficiente que al principio, si son excesivos o si no son suficientes y si se han corregido entretanto los destinos erróneos que en la fase inicial se producían sobre todo en favor de empresas asesoras. 
Si examinan los bien presentados informes, se puede pensar que se trata de informes de una asociación industrial, con la diferencia de que aquí no se recogen las estadísticas de resultados sino que hay estadísticas de gastos sin ningún horizonte o trasfondo de resultados. 
Naturalmente, esto dificulta el control del Parlamento Europeo, quien da una gran importancia a un desarrollo positivo del programa PHARE. 
Pensamos por ello que a la larga no es oportuno elaborar informes de este tipo sino que debemos modificar las posibilidades de control, tal como ha propuesto entretanto el Jefe de Gobierno húngaro hace algunos días en la comisión parlamentaria mixta. 
El Sr. Horn era de la opinión de que había que prever un programa global de preadhesión que aporte transparencia a los créditos INTERREG, los créditos PHARE y los créditos del Banco de Inversiones Europeo y que, al mismo tiempo, proporcione a la Unión Europea y al país afectado la oportunidad de emplear con éxito dichos créditos. 
Se plantea la cuestión de si este sería el camino. 
Todos tenemos nuestras experiencias. 
También me podría imaginar que la Comisión apoye parte del programa PHARE, tal como ha hecho en Rumanía con los Human Ressources. 
Si analizan ahora la composición del Parlamento y del Gobierno rumanos, podrán ver un gran número de políticos jóvenes a los que se ayudó primeramente como miembros de sindicatos o asociaciones y que ahora ejercen importantes funciones políticas y que representan también una parte de la élite política rumana. 
Este es un ejemplo que se puede ver sólo en base a la propia experiencia. 
Pensamos que debe haber otros medios para mostrar mejor de modo permanente los éxitos que tiene sin duda PHARE, tanto para la Comisión, quien debe seguir trabajando sobre esta base, como para el Parlamento Europeo, que debe controlar estos gastos de un modo más eficaz. 
Señora Presidenta, Señorías, yo también quiero felicitar al Sr. Wiersma por su excelente trabajo. Este informe está más claro que el agua. 
Espero que la Comisión- aunque no esté representada aquí por el Sr. Van den Broek- se tome en serio todas las críticas que contiene el informe. 
Pues ¿cómo podemos juzgar si los recursos europeos se gastan con eficacia si no hay criterios para evaluarlos? 
Hace un tiempo estuve en la República Checa con una delegación y allí me preguntaron si el programa PHARE era sobre todo un proyecto de empleo para los consultores europeos. 
Paulatinamente, el programa PHARE ha ido cambiando y creciendo, pasando de ser un programa de ayuda técnica a un programa de apoyo a la adhesión de los países de la Europa central y oriental. 
¿Qué significa esto para PHARE y para la futura prioridad? 
En primer lugar, es muy importante una mejora de la infraestructura en los países en el ámbito del transporte, las telecomunicaciones, la energía, los conocimientos, pero asimismo- tal como ya ha dicho la Sra. Van Bladel- la infraestructura bancaria. 
A fin de cuentas, de otro modo no se puede invertir. Una segunda cuestión es el refuerzo del marco legal e institucional y la ayuda en los ámbitos que la Unión subraya cada vez más, como la libre competencia, el medio ambiente, la seguridad de las centrales nucleares y un clima favorable para las pequeñas y medianas empresas. 
Esto plantea otras exigencias a la tutoría de los proyectos, tanto para la Comisión como para las autoridades locales en la Europa central y oriental. 
La Comisión tiene que conseguir que sus procedimientos sean más simples y transparentes. Pero también las autoridades de la Europa oriental deben reformar rápidamente sus instituciones y reducir la burocracia para evitar una infrautilización. 
Por otra parte, las grandes necesidades financieras de la Europa oriental no pueden ser financiadas únicamente por las administraciones occidentales. También se necesita mucha financiación privada. 
Los bancos están dispuestos a hacerlo. Ya hay una propuesta para un nuevo Plan Marshall, y éste ha de proceder sobre todo del sector bancario privado. 
Hay que atraer a los inversores privados y para ello se requiere un marco normativo que suponga un estímulo en los países en cuestión y asimismo estabilidad. 
La Unión Europea puede contribuir activamente a través del programa PHARE. 
Se pueden imponer condiciones a estos países que permitan que la financiación se produzca en gran parte desde el sector privado. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, yo también tengo que felicitar al ponente por su excelente informe. 
Ya solamente el hecho de incluir en el mismo las numerosas sugerencias de los colegas y de que ha mantenido largos procesos de concertación en las diversas comisiones, proporciona a este informe una calidad realmente extraordinaria como no se ha dado hasta ahora en este Parlamento en relación con el programa PHARE. 
Los esfuerzos que el proceso de transformaciones está impulsando en estos países, deben fomentarse en especial allí donde los problemas son mayores. 
Sin embargo, PHARE no es suficiente para el proceso de aproximación de los países de la Europa Central y Oriental antes del ingreso en la Unión Europea. 
Por ello, sería muy importante recapacitar sobre si no deberíamos desarrollar nuevas ideas para un programa de ayuda que haga justicia a una estrategia de adhesión que se base más que hasta ahora en los Fondos Estructurales que en PHARE, pues, ni por su montante, ni por su espectro de ayudas ni por su procedimiento, PHARE puede cumplir la estrategia de adhesión o impulsar los correspondientes objetivos. 
Habría que considerar si no se debería transferir antes de tiempo algún que otro Fondo estructural a los países de la Europa Central y Oriental que quieren adherirse. 
Señora Presidenta, el Sr. Wiersma ha hecho un análisis claro de las deficiencias vinculadas a la ejecución del programa PHARE: infrautilización del dinero, costosa presencia de consultores y expertos externos e insuficiente evaluación de los resultados que se obtienen con PHARE. 
Entre tanto, la Comisión ha tenido en cuenta gran parte de estas críticas en las nuevas directivas elaboradas en marzo para PHARE. 
En adelante, los proyectos tendrán que ceñirse más a la estrategia de adhesión. Esto significa que la Comisión tendrá más peso a la hora de determinar los objetivos de los fondos. 
Habrá que prestar mayor atención al desarrollo de la infraestructura y la industria, y a la adaptación de la legislación interna de los países de la Europa central y oriental a la normativa de la Unión Europea. 
En el marco de la estrategia de preadhesión tendrá que prestarse una atención prioritaria a la construcción de la llamada sociedad civil. Una sociedad con instituciones eficientes y democráticas, que cuenten con una base de apoyo suficiente. 
El Comisario Van den Broek conoce nuestra preocupación por la posición de las minorías religiosas en los PECOS. Al apoyar la democratización, PHARE tendría que beneficiar también la integración de estas minorías religiosas. 
Por último, durante la reciente visita de una delegación de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores a Alemania oriental, de la cual pude formar parte, se advirtió que es muy importante que el programa PHARE pueda aplicarse también de forma transfronteriza. 
Por ejemplo, combinando PHARE con el programa INTERREG se evitaría que los proyectos se detengan en la frontera y pierdan por ello eficacia. 
Coincido con él cuando exige, entre otras cosas, que se cierre la laguna existente entre los créditos de pago y de compromiso y que se dediquen más créditos para aquellos países que van a la zaga en el proceso de reformas económicas. Lamento mucho que la evaluación haya sido tan insuficiente hasta ahora. 
No lo puedo entender. También lamento que el Sr. Comisario no pueda estar hoy presente. 
El programa PHARE va a desempeñar en el futuro un mayor papel con la adhesión de países de la Europa Central y Oriental. 
Es absolutamente necesario dar nuevas prioridades y destacar nuevos aspectos dentro del programa. 
Espero que se puedan superar así algunos de los fallos conocidos. 
Creo que la nueva orientación debería concederse a la Comisión Europea un mayor derecho de consulta a la hora de seleccionar los puntos centrales de los programas y proyectos cuando en el futuro se trate de conceder prioridad a la ampliación de las estructuras administrativas e inversiones. 
Los créditos tienen que gastarse de un modo más concentrado y eficiente. 
Quiero referirme a un punto especial basado en mi propia experiencia. 
En el futuro se debería conceder más importancia a la cualificación de los especialistas, más de lo que se ha reflejado hasta ahora en las propuestas de la Comisión. 
Si tenemos en cuenta las experiencias tenidas hasta ahora, en el proceso de adhesión deberá desempeñar un papel central la formación profesional inicial y continua para poder impulsar la reforma estructural. 
La cualificación de las ciudadanas y ciudadanos en estos países debe tener el mismo valor que las inversiones en capital. 
No es suficiente llevar a cabo reformas de empresas con el concepto de moda «formación de gestores». 
Hay que impulsar intensamente la participación de las empresas en la formación inicial y continuada a todos los niveles, en especial en la de especialistas. 
Les ruego que presten atención a este aspecto. 
Para llevarlo a cabo, habría que crear una red de agentes multiplicadores para facilitar la cooperación con instituciones de Europa Occidental. 
Las inversiones en este campo crean interlocutores fiables para proyectos serios y tienen un efecto multiplicador que a veces debe valorarse más que algunas inversiones materiales. 
Señora Presidenta, Señorías, la última semana se reunió la Comisión de Relaciones Interparlamentarias Parlamento Europeo/Eslovaquia. 
En este encuentro con el Parlamento eslovaco, hemos tomado nota de que la Comisión ha realizado un trabajo muy bueno allí. 
Precisamente en este momento acaba de finalizar la cumbre de Amsterdam que ha llegado a la conclusión de que Eslovaquia no se va a incluir probablemente entre los candidatos a la adhesión en la primera ronda. 
Hemos constatado que en nuestras negociaciones con el Parlamento han realizado extraordinarias concesiones, como una ley electoral, el respeto a las minorías, es decir, las lingüísticas y todo esto hasta finales de noviembre, es decir, en el plazo más breve. 
Creo que el programa PHARE ha creado la base necesaria y que la aproximación a la adhesión ha tenido mucho éxito. 
El sistema descentralizado de ejecución ha demostrado su validez y las delegaciones han trabajado bien ya que en ellas se encuentran muchos expertos que han trabajado muy bien junto con las personas de los Estados miembros. 
Pero creo que es importante incluir a las pequeñas y medianas empresas en este proceso pues mantener conversaciones entre las personas y la experiencia personal son esenciales. 
Insto también a la Comisión para que aplique más medidas de formación en este campo, que controle los gastos e impulse una concesión de obras transparente y la evaluación. 
También creo que las delegaciones interparlamentarias pueden apoyar todo muy positivamente, incluyendo quizás el control y quizás se debería intensificar en el futuro la cooperación en este campo. 
Señora Presidenta, el programa PHARE es el programa más importante de la Unión Europea para aproximar los países de la Europa Central y Oriental a la Unión Europea. Hasta el día de hoy ha tenido muchos y muy importantes éxitos pero también defectos esenciales. 
Todos los años debatimos en la Comisión de Presupuestos sobre las diferencias entre los créditos de compromiso y de pago en el programa y sobre sus causas y consecuencias y en estos momentos estamos haciéndolo de nuevo. 
Naturalmente, las causas son las más diversas. 
Entre otras cosas, es también difícil emitir un juicio al carecer de criterios de evaluación, pero incluso aunque los tuviésemos tampoco se podrían superar las causas de dichos fallos sino sólo evaluarlas mejor. 
Según mis experiencias personales, el programa PHARE sigue dependiendo demasiado de los gobiernos nacionales o de sus administraciones que están aún muy poco desarrolladas, de modo que siempre ocurre que los interlocutores regionales crean programas y proyectos fantásticos pero luego el Estado central no los autoriza o les da largas. 
Respecto a los aspectos centrales de las ayudas de la Unión Europea, los países participantes de la Europa Oriental tienen asimismo las opiniones más diversas. 
Por ejemplo, en Polonia no es muy difícil establecer un proyecto de infraestructura y que se autorice. 
Pero no se desea en absoluto el desarrollo de una civil society, de modo que en Polonia no fluyen prácticamente créditos a este sector. 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿se debe dejar a los países afectados que determinen ellos los puntos centrales de las ayudas o se deben crear posibilidades para descentralizar las decisiones y para que las regiones participen más intensamente e las decisiones sobre estos programas? 
La Comisión de Presupuestos siempre ha defendido la postura de no recortar los créditos del programa PHARE. 
Pero esto no puede ser motivo para seguir aplazando el tema de los 3.000 millones de ecus. 
Un aspecto es que, de cara a las negociaciones de ampliación que van a comenzar en breve, deberíamos recapacitar cómo puede trabajar más eficientemente el programa PHARE. 
El informe del Sr. Wiersma proporciona toda una serie de sugerencias al respecto. 
Presenta posibilidades que deben realizarse, por ejemplo, en el programa cross-border cooperating. 
Deberíamos llevarlo por fin a cabo tras años de debates. 
Señora Presidenta, el informe es positivo pues muestra claramente y de modo inequívoco la superficialidad y falta de sustancia del informe de la Comisión o, mejor dicho, de ambos informes. 
En opinión del ponente, estos informes de la Comisión no son mucho más que un resumen de los proyectos que se han llevado a cabo estos dos últimos años. 
Apoyo plenamente esta apreciación. 
No se formulan objetivos concretos. 
Los objetivos generales- como la transferencia de tecnología- no sirven de nada para un eficaz control de la eficiencia. 
Por ello, no hay resultados controlables y, en consecuencia, ninguna posibilidad de realizar una valoración de los programas. 
La mera exposición del flujo del dinero no supone en modo alguno una justificación del empleo dado a los créditos. 
Incluso el Tribunal de Cuentas viene constatando desde hace años carencias en el control y ejecución de los programas. 
Habla de necesidad de racionalización en la aplicación, de falta de claridad en el empleo de los créditos, de problemas de coordinación en la tramitación de los sistemas y habla además de conflictos de intereses entre los actores participantes así como de licitaciones restringidas. 
Estos defectos criticados por el Tribunal de Cuentas tienen que ser subsanados sin demora ni lagunas antes de que se pueda discutir sobre una eventual elevación de los créditos. 
Ante el conocido hecho de que de los 6.600 millones de ecus puestos a disposición en 1996, solamente se empleó aproximadamente la mitad, hay que dudar sobre la necesidad de obtener una nueva inyección financiera. 
Lo que necesitamos es una clara definición de los objetivos, eficiencia, transparencia y una nueva y diversificada estrategia de las ayudas. Lo que también necesitamos es más proyectos de cofinanciación para lograr un mayor grado de identificación de los países de la Europa Central y Oriental con los correspondientes proyectos. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Wiersma por su amplio informe. 
Hans van den Broek está tomando parte en una reunión del Consejo en Luxemburgo, por lo que le tengo que disculpar y rogarles comprensión porque se tengan que contentar conmigo. 
En cualquier caso, les puedo asegurar no solamente que comunicaré el resultado del debate al Sr. Hans van den Broek sino que además intentaré aplicar directamente en mi ámbito de competencias las declaraciones que se han hecho sobre la cooperación entre INTERREG y PHARE. 
PHARE es de hecho el instrumento más importante de la Unión Europea para la cooperación con los países de la Europa Central y Oriental y, al mismo tiempo, el proyecto de ayuda internacional más amplio para esos países. 
Estamos de acuerdo en que el programa PHARE tiene que orientarse de nuevo y concentrarse para preparar la adhesión de los países a la UE. 
La Comisión conoce los puntos débiles. 
Por ello, el 19 de marzo ha acordado unas nuevas directrices para el programa PHARE con la finalidad de preparar la adhesión. 
Estas directrices generales se comunicarán al Parlamento y al Consejo y nos alegramos de la positiva reacción general ante la nueva orientación. 
La Comisión apoya muchos de los puntos expuestos por el Sr. Wiersma en su informe. 
En las nuevas directrices se han se han previsto dos nuevas prioridades. El apoyo de la estructura administrativa necesaria hasta la recepción del acquis communautaire- aspecto sobre el que se ha llamado la atención en muchas intervencionesy la financiación de las necesarias inversiones. 
De este modo cumplimos también dos importantes recomendaciones del ponente. 
Se da más importancia a las inversiones y se persigue una coordinación y cooperación más estrechas con las instituciones financieras internacionales. 
Mediante una mayor cooperación con las instancias públicas en los países en cuestión se pretende reducir también la dependencia de los consultants. 
Para nosotros, junto a estas prioridades, se encuentran en primer plano el desarrollo de la sociedad civil y el afianzamiento de la democracia, aspectos estos que vamos a apoyar. 
Las nuevas directrices prevén también una reforma de la administración de los programas, inclusive una simplificación de los informes de planificación y de ejecución así como una mayor descentralización y la transmisión de funciones de control a las delegaciones de la UE. 
El catálogo de medidas incluye una considerable reducción del número de puestos administrativos del programa, una mejor inclusión del programa en el trabajo de las autoridades interlocutoras, una revisión a fondo de los programas en curso para acelerar la ejecución y reducir el atraso financiero así como una revisión a fondo del manual para la ejecución descentralizada del programa PHARE. 
Señor Wiersma, usted plantea en su informe la pregunta de si PHARE se debe concentrar en el futuro más en los países que se quedan atrasados en el proceso de reformas. 
La Comisión tratará esta cuestión en el marco del paquete Santer que presentará al Parlamento el 16 de julio. 
Respecto a la evaluación, a la que la Comisión concede con razón la mayor importancia, la Comisión introdujo en 1995 un nuevo sistema de seguimiento y evaluación. 
Además, la Comisión creó un gremio de evaluación independiente en consonancia con los principios de una gestión presupuestaria económica y eficaz SEM 2000. 
De este modo, se pueden apreciar mejor las repercusiones globales del programa más allá de las evaluaciones ad-hoc tenidas hasta el momento. 
En breve va a concluir una amplia valoración intermedia del programa PHARE que se presentará al Parlamento antes de que finalice este mes. Espero que de este modo exista también una base mejor para su evaluación, pues esta valoración intermedia se apoya al fin y al cabo en más de 80 evaluaciones y valoraciones que se han realizado hasta ahora. 
Esperamos que se produzca un diálogo crítico y constructivo con el Parlamento sobre los resultados de la evaluación intermedia e informaremos regularmente a los diputados sobre los progresos en este campo. 
Para finalizar, voy a referirme al programa PHARE para la cooperación transfronteriza. 
El ponente ya ha indicado que debe darse prioridad al fomento de proyectos destinados a fortalecer la democracia, el respeto de los derechos humanos y la estabilidad así como a la integración social y económica. 
Saludo estas sugerencias del Sr. Wiersma. 
A la hora de aplicar las nuevas directrices del programa PHARE, dedicaremos una gran atención a los aspectos de la cooperación transfronteriza. 
Al mismo tiempo, quiero indicar que se va a fortalecer el contenido y los recursos financieros de esta cooperación mediante un mejor engranaje de INTERREG 2a y 2c con PHARE-crossborder. 
Indico expresamente que se trata del desarrollo de infraestructuras y de áreas. 
También quiero subrayar de nuevo que la nueva orientación de PHARE prevé una elevación de los créditos para inversiones del 25 al 70 % y un aumento del presupuesto TEN, de modo que vamos a avanzar también un trecho en este campo aunque no podamos financiar todos los proyectos deseados y necesarios. 
Les expreso mi agradecimiento por el debate y las sugerencias realizadas. 
Pueden estar seguros de que las vamos a tener en cuenta a la hora de su aplicación práctica pues tenemos el mismo interés que ustedes en que el programa PHARE sea un éxito y contribuya considerablemente a facilitar la estrategia de preadhesión. 
Señora Wulf-Mathies, ¿le he entendido correctamente? 
¿Ha dicho usted hasta finales de mes, es decir, que va a estar sobre la mesa hasta el lunes? 
(La Sra. Wulf-Mathies lo confirma) El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.15 horas) 
Señor Presidente, por una cuestión de orden. 
En la sesión del 12 de mayo le formulé una pregunta sobre el procedimiento de una licitación pública. 
En dicha ocasión me dijo usted que no era una pregunta para el pleno, que había que formularla por escrito. Así lo hice ese mismo día. 
De eso hace ahora más de seis semanas, siete ya; por tanto, se ha rebasado totalmente el plazo. 
Se lo volví a preguntar en Estrasburgo y todavía no he obtenido ninguna respuesta por su parte. Por tanto, quisiera recibir una respuesta hoy. 
La contestación a su pregunta está siendo preparada por los servicios. 
Como sabe usted, las respuestas deben ser aprobadas por la Mesa. 
La contestación a su pregunta será sometida a la Mesa en la primera ocasión posible. 
Espero que esto se pueda hacer el próximo 10 de julio y que tenga usted la contestación antes del próximo Pleno de Estrasburgo. 
Bienvenida 
Una delegación del Grupo del Partido Demócrata Cristiano flamenco (CVP) en la Cámara de Representantes belga está asistiendo a este debate desde la tribuna oficial. 
Permítanme que les dé la bienvenida en nombre del Parlamento, y que salude esta manifestación más de la colaboración entre parlamentos. 
Consejo europeo de los días 16 y 17 de junio- Presidencia neerlandesa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre 
el informe del Consejo y la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio en Amsterdam y-la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el semestre de actividad de la presidencia neerlandesa. 
Señor Presidente, Señorías, es un gran placer para mí encontrarme hoy entre ustedes para informarles sobre los resultados del Consejo Europeo de Amsterdam y del modo en que se ha trabajado durante nuestra Presidencia en el orden del día que les fue presentado hace seis meses y que debatimos con ustedes. 
Al fin y al cabo se trata de algo más que la Cumbre de Amsterdam, por importante y determinante que ello sea para la imagen. 
Señor Presidente, los retos de nuestra Europa en el umbral del nuevo siglo forman la base de la tarea del Presidente del Consejo. 
Me refiero a la rápida creación de la Unión Económica y Monetaria sobre bases sólidas y a la ampliación de la Unión Europea. 
La adaptación del Tratado de Maastricht es necesaria también por otra razón. 
A fin de cuentas, la Unión Europea es del ciudadano y para el ciudadano. 
Sus expectativas, sus preocupaciones han sido igualmente el tema de las conversaciones que han culminado en Amsterdam. 
Permítanme resumir el resultado del Consejo Europeo de Amsterdam del siguiente modo: hemos dado un paso positivo en dirección a una Europa que tiene en cuenta a las personas, el mercado, la moneda y el medio ambiente. También un paso irreversible hacia una Europa indivisa, para la que, en 1989, se abrieron nuevas posibilidades sin precedentes. 
Junto a la preparación de «Amsterdam» hemos tenido que prestar atención a otras muchas tareas internas y externas que la Presidencia asumió gustosa. 
No habríamos podido ser una Presidencia del Consejo eficaz sin un excelente entendimiento con todos los socios en el proceso de integración europeo. 
En primer lugar menciono la cooperación con esta Asamblea, señor Presidente. Su contribución sustancial y activa a la creación del Tratado de Amsterdam puede considerarse uno de sus fundamentos. 
La cooperación con la Comisión Europea ha sido excelente. 
El apoyo constructivo e intensivo ofrecido por la Secretaría del Consejo a la Presidencia merece una mención expresa. 
Y por supuesto, un Presidente del Consejo depende en gran medida de la herencia dejada por sus predecesores. 
Pues bien, los irlandeses, que tomaron el relevo de los italianos, nos dieron una sólida línea de partida, en forma del esbozo de propuesta de Tratado Dublín II. Nosotros hemos podido seguir edificando sobre estos cimientos irlandeses. 
Permítame analizar con más detalle los resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
El texto que firmaremos en octubre no concuerda punto por punto con el esfuerzo de la Presidencia holandesa. 
Ahora bien, creo que, considerándolo todo, no tenemos por qué estar descontentos de lo logrado. 
Me complace que este Tratado suponga en muchos sentidos un paso adelante hacia una Europa mejor: más democrática, más viva y, sobre todo, más humana. 
En este contexto quiero recalcar algunas cuestiones. 
En sentido amplio, así deseo expresarlo, se ha mejorado la calidad de la gestión europea, materialmente en forma de nuevos artículos del Tratado para reforzar las políticas y también institucionalmente. 
Las palabras clave son democracia y transparencia. 
Quiero señalar el considerable refuerzo del papel legislativo del Parlamento Europeo. 
Mencionaré tres elementos. 
En primer lugar, se ha borrado en su práctica totalidad el procedimiento de cooperación insatisfactorio desde el punto de vista democrático, y- salvo en el caso de la UEM- ha sido reemplazado por el de codecisión. 
A partir de ahora, en la normativa de la CE el Parlamento Europeo y el Consejo serán colegisladores reales en plano de igualdad. 
En segundo lugar, se ha simplificado considerablemente el procedimiento de codecisión, sobre todo al eliminar la tercera lectura tan aborrecida por el Parlamento Europeo. 
En tercer lugar, este procedimiento de codecisión también se aplica a la mayoría de las nuevas disposiciones del Tratado de la CE, es decir, las que han sido introducidas por «Amsterdam». 
También se ha potenciado el papel del Parlamento en el ámbito que hasta ahora cubría el tercer pilar. 
En relación con la libre circulación de personas se pone rumbo a un enfoque comunitario. 
Hasta ahora, el Parlamento Europeo no desempeñaba un papel significativo en este campo. 
En el nuevo Tratado se incluye una iniciativa para cambiarlo, al otorgar al Parlamento Europeo un derecho de consulta formal y un derecho de información adecuada. El derecho presupuestario existente ha podido mantenerse. 
El tema de la «gestión transparente» , por fin, cristaliza a nivel europeo. En primer lugar, a través de la agilización ya mencionada del procedimiento de toma de decisiones. 
En segundo lugar, a través de la decisión de que los Tratados de la CE sean más comprensibles para el lego. Se eliminarán diversas disposiciones anticuadas y tan pronto como sea posible después de la CIG se publicará un texto legible y consolidado del Tratado. 
La transparencia tiene que ver sobre todo con la información al público y con el acceso a los documentos de las instituciones. Este principio se recoge en el Tratado, para que las instituciones se encarguen de desarrollarlo por la vía de la codecisión. 
En primer lugar, se incorpora el Pacto Social. Con ello se subsana una anomalía del pasado y se establece una base de apoyo sólida para el desarrollo socioeconómico europeo. 
Pero no todo se limita a la incorporación. Se ha reforzado considerablemente el Tratado en varios puntos. 
Señalo la nueva base para la acción de la Unión en el ámbito de la no discriminación y de la igualdad de trato de hombres y mujeres. Remito asimismo a la disposición para luchar contra la exclusión social y a la referencia a los derechos socioeconómicos fundamentales. 
A continuación quiero pedirles que presten atención al lugar destacado que se asigna a la política de empleo. 
El elevadísimo paro es el problema social y económico más amargo al que se enfrenta Europa. 
El Tratado contiene un nuevo epígrafe que ha de ofrecer un marco para una acción de la Unión a fin de reforzar y complementar la política de los Estados miembros. 
Los Estados miembros y la Unión han de seguir conjuntamente una política más dinámica y, sobre todo, coordinada. 
Se hacen recomendaciones para mejorar las prestaciones de los distintos Estados miembros en este ámbito y además se prevé la posibilidad de incluir medidas de estímulo, teniendo en cuenta las condiciones presupuestarias esenciales. Más adelante volveré a referirme a ello brevemente. 
Ya he mencionado el enfoque comunitario de la libre circulación de personas. 
Las ambiciones de la Presidencia se centraban en un planteamiento más rápido y más incondicional. 
Sin embargo, aquí también se aplica el lema de count your blessings. 
En esta ocasión se ha podido realizar la travesía hacia el tercer pilar de la CE, aún inalcanzable en Maastricht. 
Se han conseguido así varias ventajas directas: el uso del instrumental de la CE, la publicación de propuestas, el reforzamiento del papel del Tribunal, del Parlamento Europeo y de la Comisión, y la restauración de la cohesión entre las cuatro libertades, pero también varias ventajas indirectas, en forma de una posibilidad de evolución a largo plazo. 
Además, se ha incorporado el acervo de Schengen y con ello se ha establecido el fundamento para proseguir con esta fecunda cooperación en el marco de la Unión. 
En lo que respecta a la política exterior y de seguridad, el Tratado ofrece diversos instrumentos para el progreso. 
No hay una comunitarización radical, aunque sí elementos para la mejora, en tres aspectos: en primer lugar, una mejor preparación de la política; en segundo lugar, la toma de decisiones y en tercer lugar, una ejecución más unívoca. 
La preparación de la política adquirirá más profundidad y calidad a través del diseño de una unidad de planificación y análisis. 
La toma de decisiones en el marco de la PESC se agiliza mediante la posibilidad de abstención constructiva y asimismo mediante la posibilidad condicionada de la toma de decisiones por mayoría. 
Al fin y al cabo, el Alto Representante para la PESC ha de reforzar la vertiente ejecutiva. 
Finalmente, en lo que respecta al presupuesto de la PESC, quiero expresar mi satisfacción por el acuerdo interinstitucional alcanzado con este Parlamento. 
Es algo que agradezco mucho, tanto a usted, señor Presidente, como a los diputados más comprometidos. 
El acuerdo interinstitucional constituye una buena base para una cooperación fecunda entre el Consejo y el Parlamento. 
En el importante ámbito de la reforma institucional, quiero mencionar las decisiones sobre la reforma de la Comisión. Se refuerza la posición del Presidente de la Comisión en relación con la candidatura ratificada por el Parlamento. 
El Presidente podrá formar su colegio de acuerdo con los Estados miembros y durante el mandato podrá redactar directrices para el colegio. 
Lamento que la CIG no haya podido tomar ninguna decisión clara sobre la futura ponderación del voto en el Consejo en relación con la composición de la Comisión, aunque ya se han adoptado algunas decisiones fundamentales. 
En todo caso, tendrán que tomarse todavía algunas decisiones importantes de cara a la próxima ampliación. 
En lo que respecta a las cuestiones institucionales, quiero mencionar asimismo la ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas europeo. En interés de la lucha contra el fraude y una mejor gestión del dinero de la Comunidad por parte de las instituciones y los Estados miembros, el Tribunal Europeo aumenta sus competencias. 
Les ruego presten especial atención a la posibilidad de cotejar la actuación de las instituciones con los derechos fundamentales. 
Por último, unas palabras sobre la cuestión relacionada con la mayor flexibilidad de la cooperación. Su diseño es, a mi entender, equilibrado. 
Por un lado se garantiza una toma de decisiones dinámica, concretamente, en principio, por mayoría cualificada. Por otra parte, en el procedimiento se incluyen suficientes garantías para evitar un uso demasiado irreflexivo. 
Además, para conseguir la flexibilidad en el pilar de la CE se asigna una función evaluadora central a la Comisión. Y así debe ser: la Comisión es la guardiana del Tratado. 
En general, tengo la impresión de que «Amsterdam» ha conseguido una revisión del Tratado de la Unión que, pese a las concesiones en detrimento de los objetivos iniciales, ha valido la pena. 
Los preparativos más importantes para la Unión Económica y Monetaria ya se han completado. 
Me refiero al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al acuerdo sobre el sistema de cambios, el SME II, que entrará en vigor a partir de la tercera fase y al marco jurídico del euro. 
Con ello se han dado pasos realmente esenciales hacia la creación de la UEM el 1 de enero de 1999. 
Todavía falta mucho trabajo práctico y es importante que se facilite una información clara. Pero sobre la base de estas decisiones y a la luz de los grandes esfuerzos que se realizan para lograr una convergencia sostenible, tengo la seguridad de que vamos camino de lograr una pronta introducción de un euro estable. 
La moneda es muy importante, pero por supuesto no es un objetivo en sí. 
La UEM se ocupa de la relación entre personas, moneda y mercado. 
En este sentido, en Amsterdam hemos podido tomar decisiones importantes al aprobar, en relación con la decisión sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una resolución sobre crecimiento y empleo. 
Un mercado interior que funcione bien y una situación macroeconómica sana son condiciones esenciales para el empleo. 
En este sentido, la moneda única y el mercado único son cruciales. 
Sin embargo, hay que considerarlo en el contexto de un buen equilibrio entre la Europa monetaria, la económica y la social. 
El núcleo de nuestra toma de decisiones en Amsterdam radica en encontrar ese equilibrio. 
Los Estados miembros son y seguirán siendo responsables primarios de la política de empleo, pero pueden aprender mucho más los unos de los otros y cooperar mucho mejor. 
Así, a nivel europeo- en conexión con una política monetaria y macroeconómica sana- se pueden dar impulsos eficaces para crear más trabajo. 
No con más dinero, sino usando mejor los instrumentos existentes y, como ya he dicho, escuchando, aprendiendo y cooperando unos con otros. 
El nuevo capítulo del empleo en el Tratado de Amsterdam, la mencionada resolución sobre empleo y crecimiento y la creación de una política realmente social a nivel europeo constituyen en su coherencia un buen complemento para la UEM. 
Otro punto importante de nuestro orden del día, aparte de la Conferencia Intergubernamental y la UEM, ha sido la preparación de la ampliación de la Unión a los PECOS y los países del Mediterráneo. 
La ampliación exige una buena preparación, tanto por parte de los países implicados como por la nuestra. 
Hay que tender puentes entre los países y entre las personas que van a dar forma a nuestra Europa indivisa. 
Nosotros hemos de intentar hacerlo dando un contenido máximo a los diálogos estructurados con los países candidatos. 
En este contexto y en estrecha consulta con la Comisión- y después de mantener conversaciones previas con los países candidatos -, se han abordado tan sólo una o dos cuestiones por reunión, a fin de concentrar realmente la atención. 
De este modo se ha logrado un verdadero intercambio de ideas en un amplio espectro de dictámenes y temas, desde la preparación para el mercado interior hasta aspectos como el del Estado de derecho. 
Asimismo se ha profundizado en un debate más libre. 
Consideramos que un diálogo profundo con los países candidatos es importante no sólo para la calidad técnica de la adhesión, sino también para el refuerzo de la base de apoyo en los países implicados, aquí y allí. 
Tenemos la impresión de que este enfoque es valorado positivamente por nuestros socios. 
Mañana, en la reunión con los países candidatos, informaremos de los resultados de Amsterdam y al mismo tiempo reforzaremos la confianza en un futuro en que daremos forma conjuntamente a esa Europa indivisa. 
El buen funcionamiento del mercado interior es y sigue siendo crucial para la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. Con ello lo es también para la integración europea en sentido más amplio. 
Por ello, este tema ocupaba un lugar prioritario en nuestro orden del día. 
Sobre la base de las conversaciones en el Consejo del Mercado Interior y el Consejo ECOFIN, la Comisión ha elaborado un plan de acción con cuatro objetivos estratégicos: reglas eficaces, enfoque de las perturbaciones del mercado, supresión de los obstáculos sectoriales y por último más ventajas del mercado interior para los ciudadanos. 
El Consejo Europeo ha apoyado plenamente el plan de acción. Esperamos que se aprueben rápidamente las propuestas legislativas que han de ser aprobadas en el marco del plan. 
La preocupación por un mejor equilibrio entre mercado y medio ambiente sigue exigiendo la dedicación de todos nosotros. 
Por ello nos complace que, además de un mayor afianzamiento y una mayor integración de la política medioambiental en el marco europeo, se hayan dado algunos pasos importantes en la política en curso. 
La Presidencia ha dado la máxima prioridad a la problemática del cambio climático. 
La Unión Europea ha acordado conjuntamente una posición de partida en las negociaciones para concretar el tratado climático mundial que ha de concluirse en diciembre en Kyoto. Se pretende lograr la reducción del 15 % de los principales gases de invernadero para el año 2010. 
Otros pasos importantes en el ámbito medioambiental en el último semestre son el fomento de una gestión integrada y sostenible del agua y la disminución de las emisiones contaminantes causadas por el tráfico por carretera. 
Gracias a ello, el Consejo Europeo de Amsterdam ha podido aprobar el informe de este grupo, para luego encargarle que se ocupe de la aplicación. Se tiene en cuenta una amplia escala de medidas contra el crimen y la delincuencia organizada: prevención, instrumental jurídico, mejora de la cooperación práctica, ampliación del mandato de Europol, aspectos fiscales y financieros y cooperación internacional. 
También se han logrado progresos en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. 
Así, se ha aprobado una propuesta para un early warning system en materia de drogas de síntesis. 
Además se han creado diversas formas de cooperación práctica dentro y fuera de la Unión Europea. 
En este año del racismo se ha logrado completar la creación de un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, que tendrá su sede en Viena. 
Deseo de todo corazón que este órgano desempeñe un papel eficaz en la lucha contra la acción y el pensamiento racistas, así como contra la discriminación y la exclusión, contra el sufrimiento humano derivado de todo ello. 
La política exterior de la Unión ha reclamado gran parte de nuestra atención. 
A fin de cuentas, la Unión mantiene internacionalmente un modelo cada vez más variado e intensivo de relaciones. 
A ello hay que añadir que la relación entre política y economía en las relaciones internacionales se ha hecho más complicada. 
La Presidencia ha intentado dar el máximo contenido a los innumerables diálogos que mantiene la Unión con sus socios. 
Me limitaré a tratar brevemente algunos de los principales asuntos. 
La Presidencia ha querido dar fuertes impulsos a la cooperación transatlántica, por un lado logrando resultados concretos a corto plazo para demostrar la utilidad de la cooperación intensificada por la Nueva Agenda Trasatlántica, y por otro lado propiciando mejoras estructurales que sienten las bases para obtener resultados a largo plazo. 
La cumbre entre la Unión y Rusia ha reforzado e intensificado las relaciones con este país. 
Se ha ampliado el diálogo político y últimamente aumenta el comercio mutuo, aunque debido al clima de inseguridad jurídica y económica, las inversiones europeas en Rusia siguen siendo escasas. 
El Consejo Europeo ha dado la bienvenida a la nueva acta de cooperación entre la OTAN y Rusia como contribución fundamental a la nueva estructura de seguridad europea. 
Ayer tuvo lugar una reunión muy útil y constructiva entre la Unión Europea y Japón, en la que se lograron importantes acuerdos para proseguir el diálogo, entre otras cosas en el ámbito de la desregulación y la distribución. 
La Presidencia se ha esforzado mucho por el proceso de Barcelona, en el convencimiento de que la estabilidad euromediterránea nos atañe a todos en la Unión. 
El 15 y 16 de abril de 1997 se celebró a nivel político la Conferencia Euromediterránea en Malta, en la que quedó reflejada la importancia que todos conceden al proceso euromediterráneo. 
El diálogo político y de seguridad irá adquiriendo contenido gradualmente. 
Se seguirán estudiando las posibilidades de crear la zona de libre cambio euromediterránea prevista en torno al año 2010, mientras se trabaja para facilitar el comercio recíproco y el fomento de las inversiones. 
Se prestará más atención a las dimensiones sociales, culturales y humanas de la cooperación. En este sentido, me refiero también a los derechos humanos y al papel de la sociedad civil. 
La Unión desempeña un importante papel en el apoyo del proceso de paz en el Próximo Oriente. 
Con una buena cooperación con Estados Unidos y contando con el sustancial apoyo económico que concede a la región, la Unión ha desempeñado un papel político activo, que aún prosigue. 
Quiero expresar mi aprecio por el importante papel que ha desempeñado el Sr. Moratinos, nuestro representante especial en el lugar. 
Se ha dado un nuevo impulso a las relaciones entre la Unión y Turquía a raíz de diversos acontecimientos ocurridos durante nuestra Presidencia. 
En el Consejo informal de Asuntos Generales celebrado en marzo en Apeldoorn se prestó una atención especial al desarrollo de nuestras relaciones a largo plazo con Turquía. 
El Consejo de Asociación se reunió el 29 de abril por primera vez desde octubre de 1995. 
Es de esperar que la creación de una comisión de expertos que estudie las disputas territoriales pendientes entre Ankara y Atenas pueda ofrecer una contribución constructiva a la relación entre Grecia y Turquía, y con ello entre Turquía y la Unión, así como a una solución de la cuestión chipriota. 
Asimismo han cristalizado las relaciones entre la Unión y Chipre a través de las reuniones en el marco del diálogo estructurado. 
En lo que respecta a la cuestión chipriota, los esfuerzos de la Presidencia servían de apoyo a la ONU, que es el organismo responsable de encontrar una solución del conflicto. 
Como complemento del juicio político expresado en las conclusiones del Consejo Europeo sobre los acontecimientos en los diferentes países de la antigua Yugoslavia, quiero llamar la atención sobre la estrategia coherente que se ha creado respecto a la región. 
Durante nuestra Presidencia se ha trabajado en la elaboración de una estrategia para concretar la relación con los países de la antigua Yugoslavia, a excepción de Eslovenia, que tiene un Acuerdo europeo. Se ha elaborado así un documento en el que se enumeran minuciosamente las condiciones en las que la Unión está dispuesta a estrechar los vínculos con Croacia, Bosnia-Herzegovina, la República Federal de Yugoslavia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania. 
La Comisión informará con regularidad del grado en que los países cumplen las condiciones formuladas. 
Desde el principio hemos seguido de cerca los preocupantes acontecimientos de Albania. 
Cuando el país cayó en una crisis a gran escala, la Presidencia allanó el camino a la OSCE para establecer un Coordinating Framework bajo la dirección del ex canciller Vranitzky. Por supuesto, es sumamente importante que las próximas elecciones- que la Unión apoya tanto financieramente como mediante observadores- despejen el camino hacia una situación estable con un contenido mínimo de democracia, pluralidad y disposición a la reforma. 
Señor Presidente, ya acabo. 
En realidad, el orden del día europeo, que tan a menudo es tildado de tecnocrático y frío, guarda relación directa con su entorno político inmediato. 
Este entorno está fuertemente determinado por el clima político en los quince Estados miembros, por las expectativas y las preocupaciones de los ciudadanos. 
La interacción entre el orden del día político en cada uno de los 15 Estados miembros y el orden del día de Bruselas es cada vez más estrecha. 
En este entramado- en el hecho de que, por lo visto, » Europa» importa cada vez más, que «Europa» desempeña un papel cada vez más importante, por ejemplo en las elecciones nacionalesreside un gran reto político. También para el Presidente del Consejo. 
Y nosotros hemos aceptado este reto de camino a «Amsterdam». 
Si consideramos el contexto político más amplio de estos seis meses, creemos que al final del período no hay razón para estar insatisfechos. Ni con los resultados concretos, ni con la voluntad política para progresar paso a paso con «Europa». 
Ciertamente paso a paso, pero avanzando en la buena dirección. 
Esperamos que con nuestros resultados hayamos establecido una buena base para la próxima Presidencia luxemburguesa. 
Deseamos mucha suerte a Luxemburgo. Puede contar con nuestro apoyo. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Permítame que deje constancia pública en este momento del espíritu de colaboración y de las facilidades que la Presidencia holandesa ha dado a este Parlamento para un trabajo constructivo en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Se lo agradezco especialmente. 
Señor Presidente del Parlamento Europeo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señoras y señores diputados, el Consejo Europeo de Amsterdam concluyó con éxito el trabajo de la Presidencia holandesa a la que quisiera rendir especial homenaje por el espíritu de dinamismo, compromiso y determinación que hizo prevalecer en el curso de estos seis últimos meses. 
Después de Maastricht, mi prioridad consistía en acercar a la Unión Europea a los ciudadanos. 
Este Consejo hizo lo que debía hacer. 
Las conclusiones sobre el empleo, la libertad, la seguridad y la justicia, sobre el medio ambiente, así como el Tratado de Amsterdam, demuestran que las preocupaciones de los ciudadanos están en el orden del día de nuestras reuniones. 
Las conclusiones muestran también que hemos entrado en una nueva etapa de nuestra historia comunitaria. 
También a ello se debe que todo nuevo paso resulte difícil: afecta a los temas más sensibles. 
Avanzamos poco a poco, cierto. Pero, progresamos. 
Eso es lo esencial. 
Primeramente, el empleo, preocupación primera de nuestros ciudadanos. 
El empleo estuvo, efectivamente, en el centro de los debates, tanto en la Conferencia Intergubernamental, de la que hablaré más tarde, como en la mayor parte de los temas abordados por los Jefes de Estado y Gobierno. 
Al determinar los últimos preparativos técnicos, el Consejo Europeo dio definitivamente luz verde al lanzamiento de la moneda única, el 1 de enero de 1999, fortaleciendo al mismo tiempo la coordinación de las políticas económicas al servicio del empleo. 
Los Quince también confirmaron netamente su determinación de que el euro entre en vigor en las condiciones previstas. 
Ahora todos conocemos la cara común de las monedas: ¡de hoy en adelante el euro tiene una cara! 
Como están enterados, el pacto de estabilidad y crecimiento fue aprobado en todos sentidos. 
Trae consigo dos resoluciones. 
La relativa al crecimiento y al empleo sitúa de manera concreta y operativa el empleo en el centro de las prioridades de la Unión. 
Añádase a ello el nuevo capítulo sobre el empleo, que se aplicará con anticipación, y el fortalecimiento en el Tratado de las disposiciones en materia social. 
De aquí al Consejo Europeo extraordinario, bajo la Presidencia luxemburguesa, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se tomen iniciativas concretas destinadas a promover la creación de empleo. 
Está bien hablar de ello a nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno, ahora falta que las palabras se traduzcan en hechos. 
Este es el combate que libra la Comisión desde hace más de dos años, con el apoyo de su Parlamento. 
Asimismo, saludo la señal positiva emitida por el Consejo Europeo para la consecución del mercado interior, cuyo efecto sobre la competitividad, el crecimiento económico y el empleo es de esencial importancia. 
La Comisión velará por que los cuatro objetivos del plan de acción se apliquen eficazmente, y en los plazos previstos. 
Todas nuestras instituciones deben movilizarse, cada una en el ámbito que le corresponde. 
Por último, saludo la conclusión de unos 90 pactos territoriales de empleo, que constituyen otros tantos laboratorios en favor del empleo en todo el conjunto de la Unión. 
Señor Presidente, ahora comentaré la Conferencia Intergubernamental. 
Es la tercera vez que participo en una revisión del Tratado de Roma. 
Todas las reuniones terminaron en la madrugada. 
Por ende, el hecho de haber trabajado 18 horas seguidas no es, en sí mismo, excepcional. 
Las negociaciones propiamente dichas jamás han sido fáciles. 
Y esta vez puedo decir que fueron particularmente difíciles y, a veces, incluso decepcionantes. 
En varias ocasiones, constaté una cierta falta de voluntad política y una tendencia inquietante a privilegiar puntos de vista puramente nacionales. 
Por lo demás, hubo una u otra tentativa aislada de poner en tela de juicio los elementos clave de nuestro sistema comunitario. 
La negociación es una cosa, y el resultado, otra. 
¿Alcanzamos los objetivos que nos habíamos fijado al iniciar esta Conferencia Intergubernamental? 
¿Logramos fortalecer la Unión para llevar a cabo la ampliación en buenas condiciones? 
Hace quince días, me presenté ante esta Asamblea tomando como base un texto de la Presidencia que representaba un punto de equilibrio. 
A mi juicio, este texto aunaba ambición y realismo. Y yo esperaba un esfuerzo suplementario de parte de los Jefes de Estado y de Gobierno para reforzarlo y mejorarlo. 
Los temores que expresé el pasado 11 de junio ante usted, señor Presidente, se revelaron, en parte, exactos. 
En uno u otro punto, hubo un retroceso. 
Y qué decir de la inflación de protocolos y declaraciones, 14 protocolos, 46 declaraciones. 
Es un récord que no añade nada a la legibilidad del Tratado. 
No obstante, mantengámonos lúcidos. 
En relación con el Tratado de Maastricht, los progresos realizados son importantes. 
El resultado final coincide con la opinión que presentó la Comisión en febrero de 1996. 
Basta un rápido análisis del resultado para demostrarlo. 
Una de nuestras ambiciones era acercar la Unión a sus ciudadanos para que éstos pudieran encontrar una respuesta a sus preocupaciones y brindaran su apoyo al nuevo Tratado a la hora de proceder a su ratificación. 
A este respecto, el balance es positivo. 
El nuevo Tratado, tal como lo deseaban la Comisión y el Parlamento Europeo, comunitariza una gran parte del tercer pilar e integra a Schengen. 
Habría deseado que los Jefes de Estado y de Gobierno franquearan desde ahora el paso hacia la mayoría cualificada y el procedimiento de codecisión, en lugar de concederse un período de reflexión. 
Reconozco, claro está, el carácter sensible de estos ámbitos. Sin embargo, digo al mismo tiempo a todos aquellos que dudan en aceptar la mayoría cualificada: es precisamente porque se trata de un ámbito sensible y crucial que la Unión Europea debe ser capaz de tomar las medidas que se imponen. 
Observo con satisfacción que al terminar el período de transición, se aplicarán las pautas normales en materia de derecho de iniciativa exclusivo de la Comisión. 
Esto está muy bien. 
En lo que se refiere a la integración del acervo de Schengen, espero que, conforme al deseo del Consejo Europeo, se adopten lo antes posible las medidas de puesta en práctica. 
Pudo encontrarse una solución para el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
En materia de empleo, tenemos un nuevo capítulo y una base jurídica para las medidas de fomento. 
Se integró el protocolo social. 
Este es un progreso considerable. 
El nuevo texto incluye también puntos positivos sobre la aplicación del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres y una base jurídica para ayudar a las personas que padecen la exclusión social. 
El Parlamento Europeo participará en estas decisiones que interesan particularmente a los ciudadanos gracias a la aplicación del procedimiento de codecisión. 
El fortalecimiento de las disposiciones en materia de salud y protección de los consumidores no fue puesto en tela de juicio en Amsterdam. 
Me alegro especialmente de que el Parlamento Europeo también participe estrechamente en la adopción de medidas veterinarias y fitosanitarias. 
En relación con el artículo 100 A4, la nueva redacción permite a los Estados miembros responder mejor a las preocupaciones de sus ciudadanos en materia de protección del medio ambiente. 
No obstante, gracias al papel determinante concedido a la Comisión en el procedimiento, hemos velado por eliminar todo riesgo de desmantelamiento del mercado interior. 
La consolidación de los derechos fundamentales, el reconocimiento del lugar que ocupan los servicios de interés general, componente esencial de nuestro modelo europeo de sociedad, y el fortalecimiento de la lucha contra el fraude, son otros tantos puntos positivos que hay que saludar. 
Ahora, tocaré el tema de la subsidiariedad. 
La Comisión no tiene dificultades con el contenido propiamente dicho del protocolo aprobado, puesto que actúa, desde el inicio de mi mandato, con este espíritu. 
No obstante, el principio de subsiedariedad no debe servir de pretexto para impedir la acción comunitaria cuando ésta es indispensable. 
Por lo demás, los Estados miembros harían bien en poner el ejemplo, ya que estamos inundados de peticiones para elaborar propuestas o estudios en los ámbitos más dispares. 
Y mejor no hablo de las trabas burocráticas nacionales que hacen la vida de las pequeñas y medianas empresas tan difíciles en la Unión. 
Nuestra segunda ambición era dar a la Unión los instrumentos de una política exterior y de seguridad digna de este nombre. 
En esta esfera, el texto responde ampliamente a las expectativas de la Comisión. 
Los instrumentos quedaron esclarecidos, la mayoría cualificada se introdujo ampliamente. 
Claro está, hay cinturones o frenos de seguridad- abstención constructiva, invocación de intereses nacionales importantes. 
Todo dependerá del uso que se haga de ellos. 
Las estructuras, también, se mejoraron: el Secretario General del Consejo, en calidad de alto representante de la PESC, la nueva troika, la célula de análisis. 
Por tanto, hemos hecho progresos apreciables, pero que deberán valorarse en la práctica. 
Todo será cuestión de voluntad política. 
En cambio, en materia de defensa, lamentablemente no se abrió una verdadera brecha. 
Las negociaciones fueron especialmente difíciles en lo que se refiere a la política comercial. 
Algunos Estados miembros no estaban dispuestos a dar un gran paso hacia adelante y ello por diversas razones, que, me temo, reflejan cierta miopía. 
Antes que dejar debilitarse el texto de la Presidencia, preferí preservar el porvenir. 
Hice añadir en el actual artículo 113 una cláusula que permite al Consejo, a propuesta de la Comisión, y después de consultar al Parlamento Europeo, ampliar las disposiciones de este artículo a la propiedad intelectual y a los servicios. 
Estoy convencido de que tarde que temprano prevalecerán la razón y el consenso y que se utiizará esta cláusula. 
Mencionaré ahora los asuntos institucionales, que suscitaron muchos comentarios. 
Dos ámbitos, que interesan directamente al Parlamento Europeo, tuvieron avances sumamente significativos. 
Se trata primeramente del procedimiento de codecisión: se abrió una brecha en materia de democratización, con una extensión muy amplia de la codecisión y una simplificación del procedimiento que pondrá a los colegisladores en un pie de igualdad. 
Creo que ésta es una verdadera señal de confianza hacia la institución que representa a los ciudadanos. 
No cabe duda alguna de que el Parlamento Europeo salió ganando en esta Conferencia. 
Luego, se trata de un triple fortalecimiento del papel del Presidente de la Comisión. 
Además, el Presidente designado será de hoy en adelante aprobado formalmente por el Parlamento Europeo. 
En cambio, el resultado en materia de extensión del voto por mayoría cualificada es regular. 
El paquete institucional de la Presidencia era ambicioso y lamento que esta ambición no haya podido conservarse a nivel del Consejo Europeo. 
Hay, efectivamente, zonas de luz, en materia de investigación y de PESC, por ejemplo, o en el ámbito del empleo, de la exclusión social, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de la salud. 
Sin embargo, muchas otras disposiciones se quedaron en el tintero. 
No es de muy buen augurio para la ampliación, pero conservo la esperanza de que sabremos rectificar el tiro en el momento oportuno. 
Una palabra sobre las cooperaciones reforzadas. 
Deberían permitir a los Estados miembros que lo deseen adelantarse y ser un instrumento sumamente útil en una Europa ampliada. 
En el primer pilar, su iniciación se hará por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión. 
Me alegro de ello. 
Por último, quiero mencionar la composición de la Comisión y la nueva ponderación de los votos. 
En lo que toca a la Comisión, el reforzamiento del papel de su Presidente es un punto sumamente positivo para su funcionamiento futuro. 
Participará en el nombramiento de otros comisarios y su papel determinante en la definición de las orientaciones políticas se fundamentará en el Tratado. 
La declaración relativa a la organización interna de nuestra institución también es bienvenida. 
Anuncié en varias ocasiones nuestra intención de emprender reformas internas, y lo haremos. 
La importancia del asunto relativo al número de comisarios fue probablemente exagerada en el curso de las negociaciones. 
Sin embargo, ahora todos admiten que no debe sobrepasarse un determinado número. 
Pude comprobar que los grandes Estados miembros están dispuestos, bajo ciertas condiciones, a renunciar a su segundo comisario. 
Este asunto no caía por su propio peso. 
Queda de manifiesto que un acuerdo estará relacionado con una nueva ponderación de los votos. 
No cabe la menor duda de que se encontrará una solución a este asunto. 
Pero seamos honrados: este asunto interesa más a los Estados miembros que a la Comisión o al Parlamento Europeo. 
Yo puedo contentarme con el sistema actual de ponderación. 
La solución sobre el número de comisarios, retenida por los Jefes de Estado y de Gobierno, finalmente no difiere tanto de la opinión de la Comisión. 
Siempre pensamos que el número de comisarios debería reducirse a uno por Estado miembro y que la Conferencia Intergubernamental debería prever el procedimiento adecuado para cambiar el sistema una vez que contáramos con más de veinte Estados miembros. 
La reducción del número de comisarios se hará, llegado el momento, en el marco de un compromiso global que abarque la nueva ponderación de votos y deberá entrar en vigor a la par de la primera ampliación. 
Por lo demás, una nueva Conferencia Intergubernamental deberá proceder a un nuevo examen completo de la composición y el funcionamiento de las instituciones- y digo bien instituciones, no solamente de la Comisión- un año antes de que la Unión cuenta con más de veinte miembros. 
En relación con el paquete institucional, es verdad que será necesario, llegado el momento oportuno, de demostrar más voluntad política. 
No quiero que la víspera de la ampliación, nos veamos obligados a decir a los futuros Estados miembros: » Hicieron todo lo necesario para poder entrar en la Unión, lamentablemente, la Unión no fue capaz de prepararse para recibirlos». 
(Aplausos) Señor Presidente, ahora la Unión tiene ante ella plazos políticos cruciales para su porvenir. 
La Comisión someterá en unas semanas su opinión sobre los países candidatos a la adhesión. 
Presentará sus propuestas para la Agenda 2000: el porvenir de nuestras políticas, incluida la política agrícola común y los fondos estructurales, la ampliación, el futuro marco financiero. 
Se precisará determinación y voluntad política. 
Empecemos por dar vida al Tratado de Amsterdam explotando todas sus potencialidades. 
(Aplausos) 
Tiene la palabra ahora la Sra. Green. 
Señor Presidente, empezaré mi intervención expresando mi sincero reconocimiento por los esfuerzos desplegados por la Presidencia neerlandesa durante los seis últimos meses. 
Sea cual fuere nuestra reacción ante los resultados de la Conferencia Intergubernamental, reconocemos el rigor y la firmeza que el Primer Ministro Kok ha aportado personalmente. 
Mi Grupo desearía que se hiciera constar en acta su agradecimiento al Primer Ministro, al Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Van Mierlo y al Ministro de Asuntos Europeos, Sr. Patijn, así como a los demás miembros de su Gobierno, que tan firme apoyo han brindado a este Parlamento. 
Corresponde ahora que expresemos nuestra actitud política inicial ante el Tratado de Amsterdam. 
Para mi Grupo este Tratado se juzgará por dos criterios principales: en primer lugar, ¿responde el Tratado a las aspiraciones, las esperanzas y las expectativas de los pueblos de la Unión Europea? 
En segundo lugar, ¿consigue el Tratado que la Unión esté en condiciones de ampliarse a Chipre, los Estados bálticos y Europa central y oriental? 
Quiero dejar bien sentado que mi Grupo reconoce y aprueba los progresos que aporta el Tratado de Amsterdam en relación con la Europa de los pueblos. 
En primer lugar, acogemos con sumo agrado la decisión del Consejo de poner al empleo en un lugar destacado del programa de trabajo. 
Mi Grupo apoya la inclusión del nuevo título sobre empleo y el protocolo social en el Tratado, así como la referencia a los derechos sociales fundamentales. 
Sabemos muy bien que el texto de un Tratado no ha creado nunca un solo puesto de trabajo, pero también reconocemos que la nueva competencia nos permite por vez primera crear un marco para que se puedan empezar a coordinar seriamente las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros. 
No hay duda de que podemos obrar de esta manera en el plano europeo para conseguir que los esfuerzos que están desplegando los Estados miembros para luchar contra el azote del desempleo sean sostenibles, a fin de que las políticas económicas y de empleo de 15 de los países más ricos del mundo, que trabajan en estrecha y cuidadosa armonía, aporten una enorme contribución al crecimiento y a la verdadera creación de puestos de trabajo. 
Como sé que el Presidente en ejercicio tiene verdadera voluntad de luchar contra el desempleo, quisiera transmitirle un mensaje del Grupo Socialista. 
Si el Consejo piensa seriamente en la creación de puestos de trabajo, ahora se le ofrece una verdadera oportunidad de demostrarlo inmediatamente. 
Las amplias directrices económicas de la Unión no han sido todavía íntegramente adoptadas por el Consejo. 
En la resolución sobre crecimiento y empleo se asume el compromiso de lograr que se tenga más en cuenta al empleo al establecer las amplias directrices económicas. 
Por otra parte, también sabemos que los Ministros de Finanzas reunidos en el ECOFIN tienen fama de ignorar por completo las intenciones del Consejo Europeo. 
Necesitamos que los Primeros Ministros de los Estados miembros ejerzan su autoridad e insistan en que se revisen ahora las amplias directrices económicas. 
Nada dará una prueba más fuerte de buena intención que eso. 
Nada silenciará a los cínicos con mayor rapidez que eso. 
Y, Presidente Santer, nada demostrará la voluntad política de la Comisión Europea mejor que si insisten en esa revisión. 
Eso daría también una clara señal de que la cumbre sobre empleo que va a celebrarse en octubre bajo la presidencia de Luxemburgo tiene verdadero peso político y está dispuesta a formular propuestas concretas, en vez de la habitual palabrería ritual. 
Es preciso que las promesas hechas en materia de empleo se traduzcan en algo más concreto. 
La adopción de las amplias directrices económicas ofrece la primera oportunidad y la cumbre sobre el empleo ofrece la segunda. 
En nombre de mi Grupo deseo admitir también los demás aspectos positivos del Tratado de Amsterdam. El reconocimiento del respeto por los derechos humanos; la nueva cláusula de no discriminación, aunque es una lástima que en el Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia, el Consejo no pueda adoptar esta política por votación por mayoría cualificada; el claro progreso en materia de igualdad de oportunidades, el medio ambiente, la salud pública y la protección de los consumidores; la evolución en materia de transparencia y apertura, y la reducción del número de procedimientos decisorios, así como la racionalización y ampliación del procedimiento de codecisión para el Parlamento Europeo. 
Tengo entendido que algunos gobiernos están cuestionando ahora la lista ampliada de codecisión, alegando que las decisiones tomadas por unanimidad en el Consejo no pueden quedar sujetas al procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo. 
Quizá el Primer Ministro pueda señalar a la atención de los Estados miembros las actuales facultades en materia de cultura, artículo 128 del actual Tratado de Maastricht, y las actuales facultades en materia de investigación, artículo 130 del mismo Tratado, que son dos textos que reconocen la codecisión con el Parlamento Europeo sin perjuicio de la unanimidad en el Consejo. 
El Primer Ministro contará con el apoyo total de este Parlamento si insiste en que la lista de artículos de que hay que tratar por codecisión, según figura en el proyecto del Tratado de Amsterdam y según se ha distribuido ampliamente ahora, sigue siendo válida. 
Mi Grupo se siente también muy defraudado por la falta de progreso en relación con el segundo y el tercer pilares del Tratado. 
Nos hemos pronunciado con toda claridad y hemos apoyado sus esfuerzos al trasladar al sector comunitario algunos aspectos del pilar relativo a la justicia y a los asuntos de gobernación. 
Respetamos el hecho de que ha habido alguna transferencia pero quiero reiterar la verdadera ansiedad que sentimos acerca de la falta de control parlamentario que ahora existe en esferas tan cruciales como la política de inmigración, los controles de visado y el asilo. 
Mientras se siga insistiendo en mantener el requisito de unanimidad del Consejo y en limitarse a consultar al Parlamento Europeo, la verdadera democracia no existirá plenamente en esos sectores. 
En cuanto a la cuestión de la política exterior y de seguridad común, siempre nos hemos imaginado que iba a ser difícil realizar verdaderos progresos, en particular por lo que se refiere a las cuestiones de la defensa, y mi Grupo acoge con satisfacción que hayamos podido integrar las tareas de Petersberg en el Tratado, aunque seguimos preocupados por la falta de una voz coherente para Europa en materia de política exterior. 
Nos enteramos de lo que dice el Tratado acerca de la política exterior y de seguridad común, pero con la unanimidad requerida en el Consejo, no sabemos por qué boca se va a expresar dicha política. 
Tenemos serias dudas acerca de la clara incapacidad del Consejo para ponerse de acuerdo sobre cualquier ampliación significativa de la votación por mayoría cualificada. 
Esta cuestión, más que cualquier otra, pone en peligro la ampliación. 
Con un número mayor de Estados miembros en la mesa de negociación en los próximos años, ¿cómo podemos esperar que se establezcan normas elevadas en la legislación europea para proteger las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos de Europa? 
Por eso mi Grupo estima que reviste importancia vital que, antes de la ampliación, el Consejo Europeo estudie a fondo la cuestión de la votación por mayoría en el Consejo así como la composición de la Comisión y la ponderación de los votos. 
Acabaré diciendo que mi Grupo tiene la firme opinión de que no podemos dejar de lado un Tratado que, a pesar de nuestras dudas, ha hecho que el progreso constante en la ejecución del programa de trabajo sea importante para nuestros pueblos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar y sobre todo quisiera felicitar al ministro Kok y también a sus colaboradores por el excepcional trabajo que ha realizado. 
La Cumbre Europea de Amsterdam ha sido, señor Presidente, sin duda un gran éxito para el euro. 
Esperamos que ahora se haya subsanado el último obstáculo y pienso que el euro puede liberar fuerzas que den un nuevo ímpetu a Europa. 
Además, Amsterdam ha conseguido lo que habíamos echado en falta en Maastricht. 
En primer lugar, el Protocolo Social. 
Espero que el Reino Unido aplique la legislación que se ha aprobado ahora a nivel europeo. 
Pero además el desempleo se convierte en un objetivo principal de la Unión Europea. 
Hace ya diez años, cuando asumimos la Presidencia, intentamos introducir una dimensión social mediante la consulta entre los interlocutores sociales europeos, los convenios colectivos de trabajo; en suma, un pedestal social. 
Hemos perdido mucho tiempo. 
Europa ha de recibir un rostro social y humano. 
Hemos de poder dar una respuesta a los problemas que hay en la sociedad europea, y en primer lugar el desempleo. 
Esperamos que la Cumbre de Luxemburgo produzca en efecto resultados válidos. 
Por lo visto, Señorías, la Unión Europea ha aprendido la lección de la enfermedad de las vacas locas. 
La política comunitaria se refuerza intensamente en lo que atañe al entorno vital, la salud pública, la protección del consumidor. 
Se ha logrado un avance real en la defensa de los derechos humanos, en la supresión de la discriminación entre hombres y mujeres, y en la eliminación de la exclusión social y de la discriminación, por ejemplo, por razón de la inclinación sexual. 
La abolición de la pena de muerte y el voluntariado como expresión de solidaridad social son objeto de protocolos o declaraciones extremadamente importantes. 
Por ello, la creación de una zona de libertad, seguridad y justicia es tan prioritaria para los pueblos de Europa. 
Los Jefes de Gobierno han mostrado su clara convicción de que la cooperación intergubernamental no puede aportar soluciones eficaces, y por ello comunitarizado la libre circulación de personas, el asilo y la inmigración. 
Con todo, esta decisión no se ejecutará de forma automática. 
Dentro de cinco años se exigirá la unanimidad para que el Consejo decida por mayoría y para otorgar la codecisión al Parlamento. 
Sí estamos satisfechos de que Europol vaya a ser operativa a largo plazo y de que el acervo de Schengen se incluya en el Tratado. 
Pero estas reglas son extremadamente complejas. En especial, los protocolos con el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca han de permitir a estos Estados miembros permanecer al margen de la libre circulación de personas. 
El avance con respecto a la política exterior y de seguridad común ha sido mucho más limitado. 
Esperamos que la abstención constructiva pueda facilitar la toma de decisiones. 
Se han ratificado las tareas de Petersburg, la unidad de planificación y análisis que incluso puede ser establecida por el Tratado, y la figura de los altos representantes es positiva. 
Pero, una vez más, ha sido imposible integrar a la UEO en la Unión Europea y ampliar más la política comercial. 
Antes de Amsterdam se dijo que el Parlamento Europeo sería el gran perdedor. 
Ha sido todo lo contrario. 
Nuestro observador, Elmar Brok, ha calculado que la codecisión del Parlamento Europeo se ha ampliado de 15 a 38 ámbitos, 23 más, y el procedimiento de dictamen unánime, de 8 a 11. 
¿Podría el Presidente del Consejo Europeo confirmarlo, indicando concretamente los ámbitos en que el Consejo seguirá decidiendo por unanimidad y en que el Parlamento Europeo mantendrá la codecisión, como se desprende del documento oficial que nos ha sido entregado? 
Además, el procedimiento de codecisión se ha simplificado de forma radical. Se trata de reformas muy positivas. 
Deseo rendir homenaje al Presidente del Parlamento Europeo y a nuestros dos observadores, que han tenido una influencia decisiva en este contexto. 
Pero el Parlamento Europeo también tendrá que asumir su responsabilidad. 
Inesperadamente, tiene ahora la posibilidad de establecer el estatuto de sus diputados. 
Se trata de un reto decisivo para nuestra Asamblea. Espero que estemos a la altura y que lo llevemos a buen término antes del final de esta legislatura. 
Mientras tanto, tendremos que erradicar todos los abusos. 
El Consejo tendrá que aprobar unánimemente este estatuto. 
Entonces se verá si el Consejo quiere dejar que el Parlamento ejerza su tarea de forma creíble. 
Las reformas de la Comisión, con la gestión política que se encomienda al Presidente de la misma, suponen un cambio muy positivo. 
La conclusión del Grupo del PPE es que Amsterdam está en línea con las grandes reformas que se iniciaron hace quince años, con la Declaración de Stuttgart en 1983: el mercado interior, la Unión Económica y Monetaria, la moneda única, la unión política. 
En Amsterdam se han vuelto a realizar progresos esenciales. 
Es decir, vemos con buenos ojos el Tratado de Amsterdam. 
El Grupo del PPE lo ve con buenos ojos. 
Pero somos muy conscientes de que hay un problema que aún no se solucionado y que ha sido aplazado. 
En los próximos años, la Unión Europea ha de asumir una responsabilidad histórica y reunir a los países democráticos del continente europeo. 
Y no podrá lograrlo sin la reforma de las instituciones y, sobre todo, sin la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo. 
Por ello, en la resolución común declaramos que no se han tratado en absoluto las cuestiones que deberían regularse antes de aceptar nuevos miembros en la Unión. 
Sin estas reformas, la Unión se debilitará. 
Si se despoja a la Unión de estructuras fuertes y coherentes, me temo que sucumba bajo la tarea histórica de la ampliación. 
Señorías, aun elogiando a la Presidencia que ha logrado estos resultados positivos que acabo de subrayar, hemos de admitir que todavía queda por regular una cuestión importante. 
Muy a menudo me planteo una pregunta cuando leo las declaraciones que se hacen después del Consejo Europeo, en las que diferentes primeros ministros dicen siempre: he podido defender nuestro interés nacional. He ganado la baza. 
La Sra. Thatcher era un ejemplo de ello. 
Cuando acudía a la Cámara de los Comunes, decía siempre: he defendido nuestro interés nacional. 
La cuestión es: ¿Quién defiende el interés general? 
¿Quién defiende el interés europeo? 
Helmut Kohl lo ha hecho. Durante años. 
(Aplausos) El Primer Ministro belga lo ha hecho. 
Usted también lo ha hecho, señor Ministro Presidente. 
Este es el nuevo espíritu que hay que crear. De lo contrario, me temo que la tarea histórica que tenemos, reunir en la Unión a todos los países democráticos de Europa, será demasiado pesada a falta de estructuras sólidas y coherentes, y de voluntad política para crear una verdadera Unión, no una mera zona de libre cambio, sino una Unión verdadera que también pueda desempeñar su papel en el mundo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, los resultados de la Cumbre de Amsterdam, pese a los esfuerzos desplegados por la Presidencia holandesa, a la que saludamos, aparecen, desde el punto de vista estrictamente institucional, sumamente insuficientes si se les compara con los objetivos ambiciosos enunciados por los Quince al iniciar la Conferencia Intergubernamental. 
La reforma de las instituciones, para hacerlas más eficaces y transparentes, ha sido pura y llanamente diferida. Trátese de la extensión del voto por mayoría cualificada, que no sabría concebirse sin una nueva ponderación, que tome en cuenta el peso demográfico y económico de los Estados, o de la estructura de la Comisión, para permitirle desempeñar plenamente el papel que le confieren los Tratados, sin dejar de garantizar los derechos legítimos de los pequeños Estados, miembros de pleno derecho de la Unión. 
En cuanto a la PESC, los pocos retoques útiles que se hicieron al dispositivo actual para aprovechar las enseñanzas de la experiencia adquirida no permiten descubrir una verdadera voluntad política, de la parte de los Quince, de dotar a la Unión con las instituciones y procedimientos que le permitan desempeñar un papel activo a la altura de su envergadura económica en la escena internacional. 
No podemos sino lamentar, tan grande es la expectativa de Europa, de parte de numerosos países terceros que día a día soportan menos la hegemonía de una sola superpotencia mundial. 
Esta impresión de cometido inconcluso que dejan las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental tuvo por efecto ocultar los progresos significativos y sustanciales obtenidos en otras esferas. 
La inclusión en el Tratado del protocolo social, de un capítulo sobre el empleo y, sobre todo la integración, en el dispositivo comunitario, del acervo de Schengen, representan avances nada desdeñables que deben saludarse como tales. 
Estos progresos destacan, si acaso fuese necesario, el interés de la fórmula de cooperación reforzada que de ahora en adelante se reconoce en el Tratado y que hasta hance poco ha permitido avanzar esquivando el obstáculo de la regla de la unanimidad. 
Asimismo, nos felicitamos por la simplificación del procedimiento legislativo puesta en práctica por el Parlamento Europeo, la inclusión en el Tratado de una base jurídica que permita progresar en la vía del estatuto del diputado europeo y de un procedimiento electoral uniforme. 
Permítaseme, a este respecto, señor Presidente, felicitarle muy especialmente por el papel decisivo que desempeño en este ámbito. 
En conclusión, Amsterdam no es una construcción acabada, tal como cabía esperar en Turín, sino una etapa nada desdeñable en el largo y difícil camino de la unificación política de Europa. 
Quizás sea aventurada la apuesta que parece haberse hecho al afirmar que la introducción del euro será un poderoso factor de integración política, visto que las difíciles discusiones sobre la introducción de una política común de crecimiento y empleo mostraron los límites del ejercicio. 
Desde el principio, Europa se ha visto confrontada a la elección entre una mera zona de libre cambio que puede, llegado el caso, combinarse con una moneda única y la construcción de una verdadera unión de Estados independientes, decididos a hacer escuchar su voz en el mundo entero y no un simple murmullo apenas audible, como en Denver. 
Hagamos votos porque las siguientes etapas, los desafíos de la globalización y la organización de nuestro planeta en grandes bloques regionales, capaces de asegurar el crecimiento y el pleno empleo, sabrán dictarnos la elección de la orientación europea correcta. 
Señor Presidente, la caída del muro de Berlín y el hundimiento del comunismo marcan un punto de inflexión en la historia europea. 
Estos sucesos históricos anunciaron también para la Unión Europea una nueva fase de desarrollo. 
La integración de Europa occidental no es ya el objetivo de la Unión. 
Desde 1989, nuestra principal razón de ser es la integración de Europa, tanto oriental como occidental. Es reunir en un marco jurídico común a todos los pueblos que quieren compartir su destino. 
La Unión Europea sólo podrá cumplir esta tarea histórica si no sucumbe bajo su carga. 
Cuanto mayor sea el número de Estados miembros, mayor será la diversidad de intereses dentro de la Unión. 
Antes de poder ampliar con éxito la Unión, es preciso reforzarla. 
Sin duda la Cumbre de Amsterdam ha reforzado a la Unión. 
El principal paso en la integración europea desde 1957, la introducción del euro, se ha dado gracias al pacto de estabilidad. 
También Francia se ha vinculado ahora de forma expresa a una política presupuestaria sana, es decir, estricta. 
No obstante, me preocupa la unión monetaria. 
Países como Alemania, Francia e Italia necesitan por lo menos cinco años para sanear de forma sostenible sus finanzas y aumentar su competitividad. 
Sin embargo, no hacen lo suficiente para ganarse el apoyo de la población para esta política. 
Si los tres grandes Estados miembros no consiguen cumplir de forma sostenible los criterios, el Banco Central Europeo no podrá sino aumentar los tipos de interés, con todos los perjuicios políticos que ello implica para la Unión Europea. 
Irlanda y los Países Bajos han demostrado que la disminución del gasto público y el aumento del empleo son compatibles. Que Alemania, Francia e Italia sigan este ejemplo. 
De lo contrario, temo que el euro no será el aglutinante político, sino la manzana de la discordia. 
La Cumbre de Amsterdam tenía por tarea reforzar institucionalmente a la Unión. Aplaudo que el Tratado de Amsterdam haya reforzado el carácter jurídico de la Unión. 
Las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos, la igualdad de trato de hombres y mujeres, la prohibición de toda discriminación, así como la ampliación de las competencias del Tribunal de Justicia, son mejoras importantes. 
Se ha reforzado nuevamente el poder legislativo del Parlamento Europeo. Doy las gracias a Elmar Brok y a Elisabeth Guigou, y en especial al Presidente del Consejo, Sr. Kok, por su dedicación personal a esta cuestión. 
Por desgracia, al margen de estos puntos, el Tratado de Amsterdam da pocos motivos para entonar el canto a la alegría. 
La Cumbre ha realizado un trabajo a medias. 
Se han aplazado las principales decisiones que había que tomar. 
Se ha aumentado poco o nada el dinamismo en la política de asilo, la lucha contra la delincuencia y la política exterior. 
Por lo visto, los Estados miembros eligen la quimera de la soberanía nacional por encima de la realidad de la dependencia mutua. 
No se ha reparado el fallo de Maastricht de otorgar a la Unión tareas sin los medios correspondientes. 
Una Unión como ésta ni convence, ni inspira. 
No se puede construir una Europa fuerte con instituciones débiles. 
Ahora que el Tratado ha resultado tan magro, en algunas capitales se oyen voces a favor del aplazamiento por unos años de la adhesión de nuevos Estados miembros, hasta el año 2005 o más tarde. 
¿Acaso era ésta también la intención de algunos países en Amsterdam? 
Es cierto, las decisiones sobre el euro y el Tratado de la UE justifican tan sólo una ampliación limitada de la Unión. 
Sólo unos cuantos de los doce países que aspiran a adherirse podrán hacerlo en el año 2002. 
Lo importante es que en esta primera oleada se incluya un Estado báltico, me refiero a Estonia. 
Así, la Unión podrá contribuir a la estabilidad política necesaria en Europa en una región en que la OTAN, por lo pronto, no puede hacerlo. 
Aquí, en la contribución a la estabilidad política en Europa, reside la principal tarea de la Unión en las próximas décadas. 
Por consiguiente, las negociaciones de adhesión han de iniciarse según lo previsto, pero sólo podrán ser coronadas por el éxito si en 1999 el euro se convierte en una moneda estable y si se aumenta a tiempo la capacidad de decisión de la Unión. 
Centremos nuestras aspiraciones en este objetivo. 
Señor Presidente, nosotros agradecemos a la Presidencia holandesa el buen trabajo realizado, pero queremos hacer un análisis sobre los resultados del Consejo Europeo. 
Y tenemos que decir que, como todo el Parlamento, hemos sentido primero una gran preocupación. 
La ha expresado la Comisión y hoy la ha recordado el Sr. Santer al decir que han estado en peligro elementos sustantivos del sistema comunitario. 
Luego hemos sentido decepción en los últimos días al llegar las noticias alarmantes de Amsterdam y finalmente, al conocer los resultados, sentimos consternación. 
No queremos dramatizar, pero ese es nuestro estado de ánimo. 
Sentimos consternación, señor Presidente en ejercicio del Consejo, porque los resultados del Consejo Europeo suponen un fracaso del plan de reforma de las instituciones europeas de cara a la ampliación, y porque a nuestro juicio se ha cometido el error de ratificar de forma dura el pacto de estabilidad. 
Y voy a tratar- muy brevemente- de los dos temas, haciendo más hincapié en los aspectos negativos que positivos, no por ser catastrofista sino porque tengo menos tiempo que los Grupos mayoritarios y tengo que expresar las críticas antes que las alabanzas. 
A nuestro juicio es un error, y sabemos que estamos en minoría en el Parlamento, dejar sin holgura a los presupuestos nacionales para hacer políticas sociales, así como castigar los déficit excesivos con unas curiosas sanciones que van en contra del concepto clásico de redistribución de la renta. 
Con esas medidas vamos a hacer más deficitarios a los países obligatoriamente deficitarios y más solventes a los más solventes. 
Reconocemos, no obstante, algo muy positivo y es que a propuesta del Gobierno francés va a haber, por fin, un debate institucional importante sobre el empleo que culminará en Luxemburgo, en términos no retóricos, sino- espero- en términos decisorios. 
En cuanto a los tres objetivos que se marcaron en Turín para la CIG y en donde hay una gran unanimidad del Parlamento, creemos que el problema es gravísimo. 
En el primer objetivo- acercar Europa a los ciudadanos, superar el déficit democrático- se han logrado tímidos pasos muy lejos de las expectativas. 
Se ha incorporado un protocolo social, pero muy limitado. 
Será necesaria la unanimidad para medidas de protección social. 
La «comunitarización» del pilar de justicia e interior será muy limitada, y no se produce un verdadero reequilibrio en las instituciones europeas. 
Respecto del segundo objetivo- dotar a la Unión de los medios adecuados para una política exterior más eficazcreemos que ha faltado voluntad política en la PESC, y si nos referimos a la política comercial, hay un verdadero naufragio al quedar inmutable el artículo 113 que trata de la política comercial. 
En el tercer objetivo- mejorar el funcionamiento de las instituciones de cara a la ampliación- el fracaso ha sido tan grande que más valdría haber pospuesto el final de la Conferencia. 
Y tampoco se puede, al final, dar como enorme resultado la supresión de la tercera lectura en el procedimiento de codecisión. 
Esto indica los pocos objetivos que se han alcanzado en la conferencia. 
Amsterdam se ha convertido en un Maastricht II, no representa ningún cambio sustancial en el camino hacia la Unión política, -que ya es imprescindible en términos democráticos al culminar la Unión Económica y Monetaria -, y no prepara la ampliación. 
Pedimos una revisión del Tratado más seria de cara a la ampliación y desde el Parlamento, sin ser corporativos, no podemos aceptar que se nos niegue el dictamen conforme en los momentos constituyentes de esta Unión política europea que demandan todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, la cuestión sobre la que hemos de pronunciarnos hoy es en qué estado ha abandonado el puerto de Amsterdam el buque de la Unión. ¿Está equipado para resistir el azote de las tormentas y para superar los grandes escollos que sabemos nos esperan? 
Me parece totalmente fútil buscar con una lupa los puntos positivos, los famosos pequeños pasos adelante. 
Hemos de considerar la construcción global y ver si es segura o no. 
Si la casa está torcida, si los cimientos no son seguros, no podremos admirar relajadamente las nuevas adquisiciones en la cocina o en el salón. No, Señorías, en tal caso hay que medir los daños sin enmascararlos y reflexionar sobre la manera de repararlos. 
En este Parlamento se tuvo una vez el convencimiento de que, después de Amsterdam, la Unión tendría que estar lista para tres grandes retos. 
Aparte de la unión monetaria, había que terminar de edificar la unión política, capaz de dar el contrapeso político necesario al enfoque monetario parcial que ha provocado que el euro, antes de su introducción, haya sido identificado por millones de europeos con la desintegración social y la pérdida de puestos de trabajo. 
Ahora bien, esta unión política con instrumentos de gestión europeos no existe por el momento. 
Amsterdam ha pulido el Tratado en relación con el empleo, pero el talón de Aquiles ha sido siempre si había dinero europeo sobre el tapete para poder llevar a cabo diversas cosas. 
Para ello hemos tenido que luchar con el Sr. Willockx con los ministros de hacienda, que nunca quieren soltar dinero, y a este respecto ni los textos del Tratado ni la resolución sobre crecimiento y empleo han supuesto un paso adelante en cuanto a garantías concretas. 
En segundo lugar, la toma de decisiones en Europa tenía que ser más rápida, más transparente, más democrática, de forma que la ampliación pudiera llevarse a cabo sin apremios y con confianza. 
Ello suponía algunas reformas institucionales cuyos ingredientes principales eran la mayoría cualificada para el Consejo, el derecho de codecisión para el Parlamento y un papel más amplio para el Tribunal de Justicia. 
En lo que a esto último se refiere, ya han surgido problemas y discusiones, mencionados por otros compañeros, y yo también quiero pedir al Consejo una aclaración. 
El Primer Ministro belga ha calificado la estructura institucional de rotundo fracaso. 
Pero nosotros aquí, por lo menos en boca de la mayoría, ¡somos tan educados! 
Somos tan buenos, señor, padecemos tanto el síndrome de estadistas que no hablamos claro y dentro de unos meses volveremos a quejarnos de que no se nos toma en serio. 
¿Y por qué no empezamos a tomarnos en serio a nosotros mismos, desde las palabras que pronunciamos ayer y que hoy nos tragamos? 
En tercer lugar, la Unión debería emprender pasos decisivos que le condujeran a una clara opción por un desarrollo sostenible. 
El texto del Tratado contiene mejoras, pero el instrumento central, la ecofiscalidad, sigue bloqueado por la unanimidad del Consejo. 
Después del fracaso de Maastricht II, oigo que en diversos Grupos se habla de aprender de las lecciones del modelo de la Conferencia Intergubernamental. 
A este respecto, la cuestión política es por supuesto: ¿cómo seguir adelante? 
¿Quién defenderá realmente el interés general europeo? 
Pienso que el camino indicado es la asamblea constituyente y que el Parlamento Europeo tendrá que desempeñar un papel pionero. 
Pero no poniéndose en ridículo con una resolución común que, llevando la contraria a la opinión pública, a los análisis de los medios de comunicación, al propio sentido común, finalmente haga un balance que el elector no consigue reconocer como un balance político justo. 
Decir que esas esperanzas fueron defraudadas es poco. 
Es inútil disimular la verdad en una resolución, tal como se nos presenta y que es exageradamente optimista. 
La verdad es más triste, y algunos ya lo dijeron. Amsterdam no fue lamentablemente un éxito. 
En efecto, en determinados puntos, y rindo homenaje a la Presidencia holandesa, el balance no fue totalmente negativo. 
Este es el caso, por ejemplo, de la moneda única. 
Mal que bien, el euro salvó el obstáculo y nos alegramos de ello, así como nos alegramos de la esfera económica y social que, finalmente, toma en consideración las preocupaciones en materia de crecimiento y empleo. 
Pero incluso en estos ámbitos, los progresos son incompletos, ya que prácticamente no se previó ningún crédito suplementario para estas acciones. 
En cuanto a las instituciones para culminar estas políticas, no se precisaron en modo alguno. 
Por lo demás, es en materia institucional donde el balance de Amsterdam es más negativo. 
No obstante, éste debía ser el punto central de esta Cumbre, preparada desde hace meses por una Conferencia Intergubernamental en la que participó parcialmente el Parlamento. 
Los optimistas dirán que, gracias a la extensión de la codesición, el Parlamento Europeo, sale fortalecido. 
Es verdad que el nuevo tratado fortalece, aparentemente, nuestros poderes legislativos. Aunque, sobre este punto, el texto de Amsterdam sea lo suficientemente ambiguo como para prestarse a interpretaciones restrictivas. 
Espero que ello no ocurra, pero nos mantendremos al alba. 
No obstante, si, hoy, avaláramos al conjunto de la reforma institucional, tal como se nos ha propuesto, no cabe duda alguna de que no favoreceríamos el prestigio de nuestra institución. 
Durante meses, hemos repetido que queremos instituciones reforzadas, aunque sólo sea para hacer posibles las próximas ampliaciones. 
Ahora bien, las insuficiencias quedan de manifiesto. 
El abandono de la regla de unanimidad está lejos de realizarse. 
Numerosos sectores escapan todavía a la mayoría cualificada: los asuntos sociales, la fiscalidad, los asuntos interiores y judiciales, de ahora en adelante comunitarizados, etc. Incluso la adopción de un futuro estatuto del diputado europeo requerirá la unanimidad en el Consejo. 
El Consejo Europeo tampoco solucionó el problema de la ponderación de los votos, ni el del número de comisarios. 
Renunció a reconocer la personalidad jurídica de la Unión. 
Ha previsto un procedimiento de revisión de los tratados demasiado ambiguo antes de las próximas ampliaciones. 
Sobre todos estos puntos, y sobre algunos otros, los textos que hemos votado desde hace dos años eran mucho más ambiciosos que el texto destinado a convertirse en el Tratado de Amsterdam. 
Por ello desearíamos que se instaure, a la mayor brevedad posible y con vistas a preparar eficaz y sinceramente las próximas ampliaciones, una nueva Conferencia Intergubernamental, o, en todo caso, deseamos que se realice una nueva reforma de los tratados. 
Si los Jefes de Estado y de Gobierno no saben avanzar sino a pequeños pasos, démosles entonces la oportunidad de dar muchos pequeños pasos. 
A la larga, quizás alcancen un resultado que sea finalmente satisfactorio. 
Señor Presidente, en circunstancias muy difíciles, la Presidencia holandesa ha logrado cerrar las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental en la Cumbre de Amsterdam. Mi enhorabuena por ello. 
Siento menos entusiasmo por el contenido del Tratado. 
Renuncio a comentar las distintas disposiciones. Si lo hiciera, los puntos negativos superarían con creces a los positivos. 
Pero sí quiero observar que aprecio mucho el modo en que se ha elaborado el principio de subsidiariedad y el papel de los parlamentos nacionales en dos protocolos independientes en el Tratado. Lo interpreto como un reconocimiento de la importancia de los Estados nacionales para un buen funcionamiento de la Unión y de una toma de decisiones que esté lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Dudo que quienes han redactado el Tratado piensen igual. Pues, y ahí reside el núcleo de mis objeciones, el Tratado de Amsterdam sigue basándose en la vieja idea de una Europa unida. 
Por pequeños que sean los pasos, éstos se encaminan a una mayor centralización. Con ello se olvida el hecho de que el mapa de Europa ha cambiado fundamentalmente desde la caída del muro de Berlín. 
Parece lógico reforzar las instituciones europeas para evitar que la Unión pierda dinamismo a consecuencia de la ampliación. 
Sin embargo, una Unión con quizás 24 Estados en el futuro no puede seguir usando un modelo que en un principio se diseñó para seis Estados. 
Sobre la base de Amsterdam todavía es posible ampliar a dos o tres Estados miembros. Pero para una cooperación eficaz entre 24 países se requiere otra arquitectura de la Unión Europea. 
Para ello es preciso someter a debate de forma fundamental la actual forma y contenido de la Unión, así como el papel del Parlamento Europeo. 
La CIG era una excelente oportunidad para la Presidencia holandesa de iniciar este debate. 
No se ha aprovechado. 
Por el contrario, la idea subyacente del Tratado es la de lograr un aumento de la democracia y de la capacidad de gestión por medio de una mayor concentración de competencias a nivel europeo. 
Se ha añadido un apartado sobre el empleo, se ha incluido el Protocolo Social, a la larga se comunitarizará la política de asilo, visado e inmigración, se ha ampliado la toma de decisiones por mayoría, así como las competencias del Parlamento Europeo. 
A mi entender, esta centralización provocará a largo plazo un resultado contrario al que se pretende, concretamente la obstrucción de la ampliación, la pérdida de capacidad de gestión y de democracia. 
En la actual Unión con 15 Estados miembros, la cooperación y el cumplimiento de la normativa europea adolecen de graves deficiencias. 
¿Cómo será en una Unión ampliada, con una mayor diversidad de culturas, ordenamientos jurídicos, tradiciones políticas y niveles de prosperidad? 
Y los países que acaban de obtener su soberanía, ¿estarán dispuestos a entregar una parte importante de esta soberanía a Bruselas? 
En Amsterdam se ha visto que la integración topaba ya con limitaciones. 
Otra cuestión importante es si los ciudadanos pueden reconocerse en una Unión Europea en que la toma de decisiones tiene lugar a gran distancia. 
¿Pueden sentirse representados democráticamente por un Parlamento ampliable a un máximo de 700 diputados, con 24 nacionalidades y muchas lenguas, en el que apenas puede ya penetrar la diversidad política nacional? 
Se parte, con demasiada facilidad, de la suposición de que podemos vencer el mal en el mundo y construir una sociedad mejor con una estructura institucional ampliada. 
En resumidas cuentas, la ampliación de la Unión merece atención prioritaria como una necesidad política y un deber moral. 
A fin de prepararse para ello, considero que el Tratado de Amsterdam tendría que haber empezado por transformar la Unión en una mancomunidad más descentralizada, con un número limitado de tareas y un menor nivel de ambición. 
El Presidente De Gaulle dijo en una ocasión que difícilmente se podía hacer una tortilla con 6 huevos duros, por no hablar de 15 o más adelante 24. 
La condición para la estabilidad de una Unión ampliada no es una dirección central fuerte, sino la existencia de democracias parlamentarias que funcionen bien en los Estados miembros independientes. 
Espero que, antes de que se amplíe la Unión, se celebre un debate fundamental sobre la futura estructura de Europa. 
He recibido, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, ocho propuestas de resolución para cerrar el presente debate. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Hänsch. 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam no es algo espectacular ni hay motivos para saltar de júbilo. 
Pero tampoco es acreedor al rechazo, sorna y desprecio que se reflejan en muchos comentarios. 
Va a demostrar que es mejor que la fama que tiene hoy. 
Ciertamente, comparado con los enormes problemas ante los que se encuentra hoy Europa, los Jefes de Estado y de Gobierno se han comportado como enanos. 
Señor Presidente del Consejo, por motivos evidentes esto no es aplicable a usted. 
El nuevo Tratado es el mismo galimatías que el antiguo. Nada de simplificación y claridad. 
Pero, sobre todo, el Tratado no permite que la Unión Europea pueda ampliarse. 
Antes de la primera adhesión, deberá realizarse otra reforma de las instituciones. 
Es más importante ampliar el campo de decisiones mayoritarias en el Consejo que reducir el número de Comisarios. 
Comparado con lo que sería necesario en la Unión, el Tratado es insuficiente. 
Comparado con el Tratado en vigor de Maastricht, el nuevo Tratado representa un considerable avance. 
Se ha fortalecido considerablemente al Parlamento. 
Somos colegisladores, además con los mismos derechos. 
Es cierto que hay lagunas, pero se pueden corregir. 
Quien hace dos años hubiese profetizado que se lograría sustituir la totalidad del procedimiento de cooperación por el de codecisión, habría sido considerado como un lunático. 
Ha tenido éxito nuestra estrategia de concentrarnos en la codecisión. 
Nuestros dos representantes, Elmar Brok y Elisabeth Guigou, quienes han participado durante un año bajo difíciles condiciones en la elaboración del Tratado, han tenido éxito. 
Quiero felicitarles expresamente por el excelente trabajo realizado. 
(Aplausos) Oigo ahora que hay intentos de manipular a posteriori el Tratado porque en algunos casos no se ha introducido sistemáticamente el derecho de codecisión, que hay intentos de anular el derecho de codecisión en aquellos casos en los que el Consejo tiene que decidir unánimemente. 
Sólo puedo advertir en contra. 
El Parlamento Europeo no va a permitir que se modifique a posteriori el Tratado acordado. 
(Aplausos) Se han producido avances. 
Yo también habría deseado un Tratado mejor, pero un Tratado mejor no sirve de nada si falta la voluntad de ejecutarlo y llenarlo de contenido. 
Se produce un claro retroceso en el establecimiento de la libertad de circulación, pues el Tratado exige resoluciones unánimes para los próximos cinco años. 
Durante diez años ha existido la posibilidad de decidir con mayoría pero los Gobiernos no lo han hecho. 
Criticamos las normas de la política exterior y de seguridad comunes como totalmente insuficientes. 
Si, por ejemplo, quieren que SFOR obtenga en Yugoslavia un nuevo encargo y prórroga del mandato, lo pueden acordar así, independientemente de cuáles sean las normas de la nueva política exterior y de seguridad comunes. 
Un capítulo de empleo no significa ni mucho menos una política de empleo. 
Mientras los Gobiernos no hagan lo que ellos mismos han acordado, a saber, aplicar en acciones políticas el Libro Blanco de Delors y el Pacto por el Empleo de Santer, podrán introducir tantos capítulos de empleo en el Tratado como quieran. 
Por cierto, llenar de contenido el Tratado es algo válido también para el Parlamento Europeo. 
Tenemos que modificar nuestro modo de trabajo si queremos hacer uso realmente de los nuevos derechos que queremos tener. 
(Aplausos) Es decir, necesitamos este Tratado de Amsterdam y no vamos a dejar que sea papel mojado. Pero, señor Presidente del Consejo, el método actual de modificación del Tratado ha llegado a su fin. 
La Unión se va ver obligada a introducir nuevas reformas antes de lo que usted cree. 
En el Parlamento Europeo, vamos a ocuparnos de que no se pierda la perspectiva de una Europa con capacidad de maniobra, justa, democrática y unida que cree trabajo y garantice la paz. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, también de nuestra parte, quiero dar la bienvenida al Primer Ministro, Sr. Kok, a esta sesión del Parlamento Europeo en Bruselas. 
Quizás haya visto usted que se está construyendo aquí un enorme complejo para garantizar nuestro alojamiento en Bruselas después de la ampliación. 
Con este trasfondo hemos recibido con sentimientos encontrados la decisión del Consejo de que nos reunamos doce veces al año en Estrasburgo. 
¿Por qué cree el Consejo necesario tomar una decisión en nuestro lugar? 
¿No es algo que convendría dejar al propio Parlamento? 
En este debate sobre los resultados de la Cumbre de Amsterdam impera la imagen de los sentimientos encontrados. Encontrados porque vemos con buenos ojos lo que se ha logrado, pero también tenemos críticas sobre lo que se ha logrado a medias o no se ha logrado. 
Vemos con buenos ojos el modo en que se ha reforzado la posición de los ciudadanos en los Tratados. 
El artículo sobre no discriminación se ha sacado casi literalmente de la resolución de marzo de 1996 de este Parlamento Europeo, y representa una buena barrera contra las fuerzas racistas y negativas de la sociedad. 
También estamos satisfechos de que se hayan mejorado los artículos sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres. Pero en este marco lamentamos la ausencia de la acción directa. 
Incitaremos a la Comisión a que presente rápidamente directivas que concreten los nuevos artículos, a fin de que signifiquen realmente algo para los ciudadanos en la sociedad. 
Asimismo estamos satisfechos de los pasos emprendidos en el ámbito de la apertura y el carácter democrático de la Unión. 
En lo que respecta a los nuevos artículos sobre la transparencia, también necesitamos líneas de ejecución para darles contenido. 
Pero una ley europea sobre transparencia de la gestión podría ser beneficiosa para la burocracia de Bruselas, y una parte del ejército de representantes de los grupos de interés existentes aquí, en Bruselas, quizás pueda encontrar un trabajo útil cuando ya no tenga la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos, por un montón de dinero, una información que éstos tendrían que poder recabar por sí mismos. 
También vemos con buenos ojos que se haya reforzado en parte el contenido democrático de la Unión. 
Si he calculado bien a partir de la lista de Elmar Brok, el Parlamento Europeo tendrá la última palabra en casi un 80 % de la legislación europea, y apoyo la observación de nuestro presidente de Grupo en el sentido de que el Parlamento Europeo ha sido el vencedor absoluto en este Tratado. 
Pero lamentamos la falta de resultados en relación con la competencia presupuestaria. 
No es bueno que se gasten más de 50.000 millones, sobre todo en el ámbito agrícola, sin ningún tipo de control parlamentario. 
Lamentablemente, también hay puntos negativos, sobre todo en el ámbito de la política. La política de empleo europea recibe nuevos impulsos. 
Incluso en el ámbito de la política ambiental ha habido progresos. 
Pero el escollo está sobre todo en la seguridad interior, la política exterior y la política en materia de emigración y refugiados. 
En estos tres ámbitos se han realizado pocos progresos, a pesar de su importancia para nuestros ciudadanos. 
Es muy grave que el enfoque de la delincuencia internacional y la cooperación transfronteriza en el ámbito judicial y policial no llegue a ponerse realmente en marcha, y de hecho es inconcebible si tenemos en cuenta que la mafia en los PECOS hace cada vez más estragos. 
Existe aquí un grave peligro para la ampliación y el papel de la Unión Europea. 
También en el ámbito de la política exterior nos quedaremos atascados en la indecisión. 
Es inadmisible. 
No se lo reprocho a la Presidencia holandesa. 
Apoyándose en una moción del Congreso de los Diputados holandés se han aportado propuestas constructivas, pero sí reprocho que parte de los Primeros Ministros no quieran avanzar en esta cuestión. 
Lo mismo ocurre en lo que respecta a la política de asilo y refugios hemos abandonado un poco a los ciudadanos, porque éstos exigen una política mejor, más coordinación y un mayor ajuste. 
En realidad, no se ha logrado. 
Y termino. La ampliación es demasiado importante para dejarla estancada por falta de voluntad en torno a la CIG. 
Quisiera recomendar que dentro de tres o cuatro años se recuperen los temas de la seguridad interior, la política exterior, la política de refugiados y asilo, la ponderación del voto y la toma de decisiones a fin de acabar nuestros deberes antes de la adhesión. 
Quizás lo consigamos a la vista de la ampliación. A fin de cuentas, la Unión ha realizado a menudo sus mejores actuaciones bajo una gran presión. 
Por último, quiero decir algo sobre la Presidencia en conjunto. 
La desafortunada actuación inicial de algunos miembros del gobierno holandés, la Sra. Sorgdrager, el Sr. Zalm, ha sido mitigada por el buen trabajo de otros ministros: el Sr. Van Mierlo, en el ámbito de los derechos humanos, cuenta con nuestro apoyo; la Sra. De Boer, que ha realizado una buena actuación en la política en materia de CO2; el Sr. Melkert, con su gran esfuerzo en la política de empleo, y el Sr. Pronk, que ha intentado hacer algo por África. El apoyo dado por nuestro Primer Ministro holandés es indiscutible. 
Entre los actuales Primeros Ministros no hay muchos verdaderos europeos. 
Nuestro presidente de Grupo tiene razón al decir que el interés general europeo a menudo va a la zaga de los intereses nacionalistas estrechos. 
Usted se encuentra entre los verdaderos europeos y es usted de los pocos. 
Le deseo que siga así por mucho tiempo y que le vaya bien, señor Primer Ministro, y espero que pueda ayudar a menudo al progreso de la cooperación europea. 
Señora Presidenta, Señorías, el proyecto de Tratado de Amsterdam es el resultado de casi quince meses de Conferencia, durante los cuales se evaluaron las propuestas procedentes de todos los agentes institucionales y no institucionales, implicados en la reforma del Tratado, y las difíciles negociaciones han llevado al compromiso, ratificado a través del acuerdo de los Estados miembros, del actual proyecto de Tratado. 
Las expectativas de esta reforma eran muchas y muchos son los avances, sin embargo, también son muchas las decepciones. 
Se ha dicho que el Acta Única forjó el mercado único, que el Tratado de Maastricht sentó las bases de la Unión Económica y Monetaria y que el futuro Tratado de Amsterdam volverá a situar el ámbito social en el lugar preferente de las prioridades de Europa, con todo su corolario de equilibrio entre los factores macroeconómicos y las políticas de empleo de los Estados miembros. 
Obviamente, aplaudimos este impulso positivo y los vamos a respaldar ampliamente. 
Acogemos con satisfacción asimismo los avances registrados en el ámbito de una integración más real y efectiva, como por ejemplo el compromiso al que se ha llegado sobre el Pacto de Estabilidad presupuestaria, la incorporación del protocolo social en el Tratado, el nuevo Título sobre el empleo, el reforzamiento de algunas políticas comunes como la política de medio ambiente, salud y protección de los consumidores, la incorporación al Tratado del acervo de Schengen, los avances registrados en los referente a EUROPOL, la creación de una Unidad de planificación y de alerta rápida dentro de la PESC, la ampliación del procedimiento de codecisión y su simplificación. 
La lista obviamente no es exhaustiva y podría continuar, sin embargo, debo pasar a los aspectos negativos. 
En efecto, consideramos que desde el punto de vista institucional los avances siguen siendo insuficientes. 
En nuestra opinión, debían solucionarse algunos temas prioritarias antes de la prevista ampliación, a fin de agilizar los procedimientos de adhesión y evitar que las importantes negociaciones a realizar arrastren tras de sí cuestiones institucionales todavía no resueltas. 
Me refiero, como es obvio, al aplazamiento de las decisiones referentes a la nueva ponderación de los votos dentro del Consejo y al consiguiente problema político de la composición y funcionamiento de la Comisión Europea. 
Además, el escaso avance registrado en cuanto a la ampliación de la votación por mayoría en el seno del Consejo, perjudica al corazón mismo del proceso de integración de la Unión y constituye una seria amenaza para el proceso de toma de decisiones de la propia Unión Europea. 
Sería necesario asimismo volver a examinar cuanto antes el actual procedimiento de revisión de los Tratados e ir más allá del estrecho ámbito intergubernamental, a fin de permitir que se reduzca el déficit democrático, así como una más directa participación de los ciudadanos, a través de sus representantes electos, en el proceso de unificación europea. 
Como vemos, nos queda todavía mucho camino, aunque somos optimistas y haremos una primera evaluación en los próximos meses cuando, después de la necesaria armonización de los textos y la puesta a punto jurídica, se llegará a la firma del Tratado y el Parlamento Europeo podrá pronunciarse definitivamente sobre su contenido. 
Por lo tanto, confiamos en que por el bien de la Unión Europea, de sus actuales y futuros Estados miembros y de sus poblaciones, se pueda llegar, a través de este período de perfeccionamiento y de esperada reflexión, a la más amplia aprobación del Tratado del siglo XXI, con vistas a una próxima y más fructífera Conferencia Intergubernamental. 
Señora Presidenta, el vínculo entre una reforma audaz de las instituciones y la apertura de las negociaciones de adhesión nunca han sido contestados ni por los Estados miembros, ni por el Parlamento Europeo, por la innegable razón de que este vínculo era evidente. 
Esta reforma, necesaria tratándose de quince Estados, se hacía imperativa en beneficio de los candidatos a la adhesión, a fin de que las negociaciones se lleven a cabo sobre una base institucional consolidada. 
Tenemos que comprobar, con decepción, el fracaso en lo que se refiere al objetivo institucional. 
Por estas razones, señor Primer ministro, hubiese sido más conforme a la realidad reconocer que no se había alcanzado el resultado esperado, que se pondría remedio a ello fijando claramente un nuevo calendario y que, vistas estas limitaciones, las negociaciones de adhesión podían comenzar. 
La responsabilidad de los parlamentarios europeos es de evaluar el contenido del Tratado, dar su opinión, justificar su posición ante los electores. 
Tenemos un deber de exigencia. 
Cómo aprobar un proyecto que no posee nada, o tan poco, de lo que se consideraba esencial en las resoluciones firmadas por algunos y votadas por una gran mayoría en el Parlamento Europeo. 
La Comisión Europea tiene, por su parte, la responsabilidad de defender los intereses superiores de la Unión. 
El Comisario Oreja, hizo, en este sentido, una exposición valiente y sin complacencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales. 
¿Es preciso, señor Presidente Santer, que sean los parlamentarios los que defiendan la autoridad de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a la visibilidad de la política exterior y de seguridad común? 
Esta responsabilidad de la Comisión implica una actitud rigurosa, un juicio independiente y un deber de evaluación estricto. 
Esperamos que podrá demostrar de lo que es capaz en su informe de mediados de julio. 
Por último, y quizás sea lo más importante, el fracaso de esta conferencia es también el fracaso del método intergubernamental. 
Ahora es preciso volver a reactivar la maquinaria. 
Los europeos siempre han hecho gala de imaginación y coraje. 
Tal es la voluntad que debe animarnos y estoy convencida, señor Primer ministro, de que mañana se encontrará usted entre los mejores. 
Señora Presidenta, el orden del día del Consejo Europeo de Amsterdam se vio trastornado por la irrupción de la cuestión del empleo, a petición del Gobierno francés, y bajo la presión del movimiento social. 
En efecto, la aceptación del pacto me parece ser un acto grave, pero hemos ganado un punto, el debate sobre el empleo está abierto. 
Es un resultado apreciable, fruto de múltiples movilizaciones que tuvieron lugar recientemente en Europa, con Vilvorde, por ejemplo, o del debate político abierto en Francia y en otros lugares. 
Los diputados franceses de mi Grupo vuelven a afirmar su total oposición al pacto de estabilidad, que enmarca de manera apremiante las políticas presupuestarias, imponiendo criterios de austeridad emparejados con sanciones para satisfacer las exigencias de los mercados financieros. 
Este pacto, que se mofa de la soberanía de los pueblos de Europa, constituye el obstáculo a una solución eficaz y durable del problema del paro. 
La resolución sobre el empleo y el crecimiento aprobada en Amsterdam, abre algunas pistas por explorar que podrían permitir la creación de empleo, pero sigue estando fuertemente marcada por el sello del Consejo Europeo de Essen, destacando la competitividad, la flexibilidad, la disminución del coste del trabajo. 
El Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo, en otoño, será la ocasión para los pueblos de Europa de hacer oír sus exigencias, expresadas por el movimiento social a través de Europa. 
Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para continuar e intensificar la movilización del movimiento social de los ciudadanos en pos de una reorientación de la construcción europea, para hacer del progreso social y del empleo los motores de un nuevo desarrollo económico en Europa. 
Señora Presidenta, nos hallamos en el umbral del siglo XXI, pero la democracia en Europa parece decimonónica. Si hemos examinado los non-papers y los textos del Tratado del último semestre, habremos visto que la CIG ha avanzado bordeando abismos democráticos e, irónicamente, si no nos hemos precipitado en ellos no es porque los Jefes de Gobierno crean que la integración europea ha de ser más democrática, sino por la ficción de la soberanía nacional. 
Por supuesto, ha habido progresos en el Tratado de Amsterdam, pero es significativo- no voy a mencionar los temas uno por uno, pues todo el mundo ya lo ha hechoque aún esté candente la cuestión ambiental, la garantía ambiental. 
Los Estados miembros que quieren respetar el medio ambiente han tenido que luchar para lograr en su país lo que Europa no logra. 
En cuando al empleo, hay que preguntarse si se dan a Europa instrumentos para desplazar los impuestos del trabajo hacia consumo ambiental y el capital, y para distribuir mejor el trabajo. 
No se ha iniciado en absoluto tal ofensiva para fomentar el empleo. 
Este Tratado no crea puestos de trabajo, sino falsas expectativas. 
Querer ajustarse estrictamente a la planificación de la UEM en contra del sentido común contrasta violentamente con la negligencia con que en Amsterdam se ha dado largas a la ampliación de la Unión. 
Las próximas negociaciones se limitarán a meras conversaciones sobre las malas noticias. Europa occidental está todavía demasiado ocupada consigo misma: éste será el mensaje. 
Una Unión más grande exige unas pautas de medición más grandes y en este sentido este Tratado no da la talla. 
Es preocupante que la comunitarización de la política de migración y asilo no se vincule a la introducción de controles y balances democráticos normales. 
Se considera que los parlamentos nacionales no han de inmiscuirse en ello y el Parlamento Europeo consigue el derecho a emitir dictamen. 
Más ilustrativo aún es, por supuesto, que los Jefes de Gobierno europeos hayan decidido que tengamos nuestra sede en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, y que tengamos que reunirnos doce veces al año en Estrasburgo. 
Si este Parlamento lo acepta, este Parlamento no valdrá nada. 
Señora Presidenta, mi conclusión personal provisional después de Amsterdam es que se han activado las barreras a la integración. 
Se ha mostrado que el denominador común europeo es menor aún de lo que se sospechaba en Maastricht. 
Creo que se debería haber tenido en cuenta que el proceso de integración solamente puede ser paulatino, que la comunitarización no se puede realizar mediante decreto sino sólo paso a paso sobre la base de una voluntad política común. 
Se deberá también tomar nota de que ciertos sectores no son adecuados en absoluto o todavía no lo son. 
Sólo si se reconoce todo esto y se deja a los países miembros un margen de actuación nacional, será posible un posterior avance. 
La esperanza expresada en la Comisión de Asuntos Institucionales de mejorar el Tratado por la vía de la interpretación, me parece también extremadamente engañosa. 
Creo que la ausencia de un acuerdo político no se puede sustituir mediante interpretaciones sutiles sin desatar de nuevo de este modo entre los ciudadanos aquella desazón cuya superación era uno de los objetivos principales de la revisión del Tratado. 
Señora Presidenta, si recordamos los problemas que surgieron durante la Cumbre de Amsterdam, podemos constatar sin más que la Presidencia holandesa ha realizado un buen trabajo, concretamente al lograr quince firmas en el Tratado de Amsterdam. 
Por ello, deseo elogiar y expresar mi aprecio por la hábil Presidencia. 
Pero en los pocos minutos de que dispongo aquí no puedo alargar demasiado mis alabanzas. A fin de cuentas, el papel de un diputado es juzgar fríamente si los resultados de la CIG se acercan a las ideas y objetivos que teníamos antes. 
Por supuesto, éste es el caso en algunos temas, avanzamos paso a paso en la buena dirección. 
Pero por desgracia no puede decirse lo mismo de los temas que han de hacer posible la ampliación. 
Se necesita una lupa para poder apreciar progresos. 
También se necesita una lupa para apreciar la necesaria modificación en el ámbito de la cooperación en materia de justicia e interior. Allí se han aplazado decisiones importantes. 
¿Qué pensar, por ejemplo, del nuevo epígrafe en que se clasificarán la libre circulación, el asilo y la migración? 
¿Qué pensar de la libre circulación, vinculada a tantas condiciones que ya no merece tal nombre? 
Asimismo tendremos que esperar para conseguir la toma de decisiones por mayoría y la codecisión del Parlamento. 
Lo que sabemos seguro es que no se ha satisfecho el punto de partida del Parlamento de lograr competencias normales para el Tribunal de Justicia. 
No es posible ampliar sin profundizar. 
Por ello hemos incluido el apartado correspondiente en nuestra resolución. 
De nuevo hay que sentarse en la mesa de negociaciones. 
Quienes acaban de abandonarla, después de trabajar duramente, estarán horrorizados. 
Pero será inevitable proseguir a corto plazo con el proceso de reforma. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Presidente del Consejo, al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores van Mierlo, al Sr. Patijn y a su equipo de colaboradores por la actitud realmente cooperativa que han mostrado con la Sra. Elisabeth Guigou y conmigo durante los meses pasados. 
Estoy convencido de que esta actitud va a ser similar durante los próximos días y semanas ante determinados asuntos prácticos. 
Creo que a la hora de enjuiciar este texto, podemos aplicar el lema «lo mejor es enemigo de lo bueno» , pues tenemos que constatar que, comparado con las esperanzas que depositamos en la futura Constitución Europea, esto no supone un avance grandioso. 
Por otro lado- en 1980 me convertí en miembro del Parlamento Europeocon las Conferencias Intergubernamentales de 1987, 1991 y 1997 se ha producido una enorme y positiva modificación de la Unión Europea y entre 1985 y 1997 ha ocurrido más para el desarrollo de la Unión Europea que entre 1958 y 1985. 
Creo que también se debe tener en cuenta esta evolución si se considera la posición de partida. 
Creo que debemos ser también algo justos. 
Este Tratado ha aportado un equilibrio social. 
El Acta Unica era el Tratado del mercado interior. 
El Tratado de Maastricht era el Tratado de la Unión Monetaria y ahora se ha introducido el capítulo social, la Carta Social de 1961 y 1989, un capítulo de empleo, se ha fortalecido el Tribunal Europeo de Justicia y se dispone de una serie de derechos cívicos adicionales en este Tratado. 
Es este un balance del Tratado que quizás no sea suficiente pero del que debe tomarse nota. 
Creo que es mejor incluir en el primer pilar las partes de la política jurídica y de interior y trabajar aún durante un tiempo con la unanimidad que dejarlo en un tercer pilar para adoptar ya ahora decisiones mayoritarias. 
¿Porqué? 
Porque el traspaso a la estructura comunitaria significa que los Jefes de Estado y de Gobierno han reconocido que el enfoque intergubernamental no es el correcto sino el clásico enfoque integrador de Monet. Ya lograremos luego que se impongan las decisiones mayoritarias. 
Esta es la decisión estratégica que debemos tener en cuenta y sobre la que hemos debatido en el pasado. 
Gracias también al trabajo del Parlamento, en la política exterior y de seguridad comunes se ha logrado que en la planificación y en el análisis y también en otros asuntos, la Comisión esté presente y que no solamente decidan los Gobiernos y el Consejo en exclusiva. 
Hace pocos meses, la situación era totalmente diferente. 
Se trata de un importante enfoque llevar esta parte paulatinamente al acervo comunitario. 
Que se haya incluido a Peterberg, que la Unión Europea tenga hoy una función directriz frente a la UEO, que para el segundo y tercer pilar la Unión tenga capacidad de concluir Tratados con terceros Estados, son cosas notables que creo deben tenerse en cuenta. 
En lo tocante a la flexibilidad, Schengen, etc., esto significa que los campos que según el Tratado están en el primer pilar, se acuerden también en este campo según sus métodos; no se han creado, por ejemplo, los pilares 3a y 3b o cosas similares. 
También debería tenerse esto en cuenta. 
Pero tenemos que reconocer que este Tratado tiene un defecto esencial. 
Consiste en que las decisiones mayoritarias son demasiado reducidas como para conservar la capacidad de actuación. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno lo han reconocido realizando la observación de que antes del ingreso del dieciseisavo país miembro debe tener lugar otra Conferencia Intergubernamental. 
Creo que de esta confesión se pueden deducir otras consecuencias. 
Me podría imaginar que, por ejemplo, esta resolución que se debe adoptar en el Consejo, de pasar al cabo de cinco años la política jurídica y de interior al sistema de decisiones mayoritarias y a la codecisión, se modifique y se adelante a este plazo, por ejemplo, antes de la primera ronda de ampliación. 
Entonces no necesitaríamos ninguna Conferencia Intergubernamental para ello, pero se lograrían considerables progresos en este campo. 
Quizás se pueda incluir en las consideraciones del Consejo. 
El Parlamento Europeo codecide hoy en los casos normales en la legislación. 
El Presidente de la Comisión accede a su cargo solamente con el asentimiento del Parlamento Europeo. 
La Comisión en total necesita la investidura del Parlamento Europeo. 
No hay ningún presupuesto contra la voluntad del Parlamento Europeo. 
No hay Tratados de ampliación y de asociación y muchos otros tratados con terceros Estados sin el consentimiento del Parlamento Europeo. 
Tenemos que criticar, tenemos que lograr muchas cosas adicionales en el futuro, tenemos que mostrar claramente que este método de Conferencias Intergubernamentales quizás no es ya el correcto. Tenemos que mostrar claramente que a la larga debemos llegar a una asamblea constituyente incluyendo a los Gobiernos nacionales, al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales, para superar de este modo los obstáculos burocráticos. 
Ya no podemos afirmar que este Parlamento Europeo no tiene influencia. 
En 1999 se van a celebrar elecciones y debemos decir sinceramente a los ciudadanos que este Parlamento Europeo es un factor de la política europea y que poco se puede hacer en Europa contra su voluntad. 
Sólo así podremos mover a los ciudadanos a una mayor participación en las elecciones y sólo entonces tendremos la fuerza para obtener más cosas del Consejo Europeo en la próxima ronda. 
Ruego por ello que no se infravaloren los resultados para el Parlamento sino que seamos conscientes y avancemos con los instrumentos de que disponemos. 
Señora Presidenta, este Parlamento ha deliberado durante dos años y, fruto de ello, ha elaborado una ambiciosa lista de deseos, de los cuales muy pocos se han satisfecho. 
¿Significa esto que Europa está perdida? 
Ni mucho menos. 
La introducción de la Unión Económica y Monetaria se ha hecho realidad en el último momento, una medida aparentemente técnico-económica que a largo plazo puede conducir al sentimiento de solidaridad política. 
Lo preocupante es que en el camino hacia la ampliación siga existiendo el obstáculo de la estructura de la propias instituciones. 
Lamento mucho que ni siquiera el Benelux haya tenido la generosidad de proponer un Comisario de turno. 
El hermetismo constante del Consejo es asimismo una señal equivocada para las jóvenes democracias de Europa oriental. 
Sigue siendo un déficit democrático. 
Es una pena que el número de diputados de este Parlamento aumente a 700. ¡Así no se puede trabajar! 
¿Por qué no tenemos la honradez de recortar y decir: 400 a 500 diputados como máximo? 
¿Acaso el ciudadano europeo se siente más seguro ahora? 
El Presidente del Consejo anuncia un paquete de medidas, pero por desgracia, en la práctica hace lo contrario. 
Aún no se ha dado la orden de detención del narcotraficante internacional Bouterse, al tiempo que el fiscal es suspendido. 
No se ha realizado la comprobación de las nuevas disposiciones jurídicas en Bruselas. 
Los conductores ebrios se libran del castigo, y eso no fomenta en modo alguno la seguridad de los ciudadanos. 
Tengo entendido que, sobre esta base, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento, Sr. De Clercq, ha pedido al ministro de Justicia que venga a dar una explicación al respecto. 
Amsterdam no ha sido un éxito si se compara con las ambiciones, pero los líderes europeos que son un reflejo directo de los electores de quince Estados miembros han decidido lo contrario. 
Esta es la imagen de la Europa a finales del siglo XX. La Presidencia holandesa ha funcionado lo mejor que ha podido y merece un cumplido por el mero hecho de que haber sido capaz, como primus inter pares, de mantener juntos a quince Estados miembros con problemas dispares. 
Amsterdam no es fracaso, es un pequeño paso adelante. 
Estrasburgo es y sigue siendo, más que este Bruselas burocrático, el símbolo de la paz en Europa. 
Señora Presidenta, con todo el respeto ante los aspectos positivos, tenemos que centrarnos en los objetivos fallidos de la Conferencia de Amsterdam. 
Primero: debido a la total ausencia de una reforma de las instituciones nos encontramos ante el siguiente dilema: o las ya muy malas estructuras decisorias existentes en la Unión Europea se empeoran aún más con los nuevos miembros o aplazamos la ampliación. 
Ambas cosas no son aceptables, por lo que tenemos que insistir con toda firmeza para que se dé preferencia a las reformas de las instituciones y para que se adelanten con toda claridad los plazos previstos para ello en Amsterdam. 
Segundo: los resultados de la política exterior y de seguridad común no llegan siquiera a la categoría de modestos. La cumbre de Denver ha mostrado qué desafíos se van a plantear a Europa, pues los Estados Unidos quieren imponer al resto del mundo su abusivo modelo económico. 
Creo que debemos prepararnos para estos enfrentamientos y pongo decididamente en duda que la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam haya adoptado las medidas institucionales para ello. 
Señora Presidenta, en Amsterdam se han dado pasos importantes, pero fragmentarios y descoordinados. 
Una cosa está clara, y es que se ha salvado el trayecto hacia la moneda única. 
No es poco, pero tampoco me parece suficiente. 
Aparte de la Unión Monetaria está pendiente la Unión Económica, el gobierno económico, como dicen algunos. 
Prescindiendo de las declaraciones a favor, está pendiente la adopción de una seria política contra el desempleo, una política comunitaria realmente común. 
Todo esto permanece poco claro y depende de otras decisiones, que no se han tomado en Amsterdam. 
¿Qué propuestas nos traerán para el presupuesto en el futuro? 
¿O acaso harán todas esas políticas sin presupuesto- o con el presupuesto que existe ahora? 
¡Que poco serio e inverosímil! 
Además, queda pendiente la fijación de una perspectiva clara para la unificación política. 
Ningún Estado concederá recursos ni poderes a otros Estados, sino que los concederá al conjunto político. 
Habrá que intentar, por lo tanto, una nueva Conferencia Intergubernamental o aplazar la ampliación. 
Hasta entonces, ¡inténtese al menos fortalecer la credibilidad política de la Unión! 
No podemos adoptar acciones de Política Exterior Común si no condenamos seriamente los lamentables y horribles incidentes causados en Somalia por los «pacificadores» de países pertenecientes a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, yo quiero empezar mi exposición felicitando a la Presidencia en ejercicio del Consejo por la gran labor que ha realizado en un tema que parecía difícil de conseguir. 
Nadie pensaba hace dos o tres semanas que fuera posible que en Amsterdam se llegara a concluir el proyecto de Tratado. 
Sin embargo, al hacerlo, creo que se han cubierto muchos aspectos, que ha habido una gran evolución y un gran avance, pero yo querría señalar alguna deficiencia importante desde el punto de vista jurídico. 
Estamos empeñados en construir un ordenamiento jurídico comunitario en el cual las decisiones se tomen en interés de la generalidad, y no en beneficio de un Estado o de un grupo de personas determinadas y, concretamente, para mí la mayor preocupación la encuentro en las cláusulas de flexibilidad. 
La flexibilidad supone la introducción en el ordenamiento comunitario de los principios aplicables a las relaciones entre Estados en el Derecho internacional. 
Y hay el peligro de que en Amsterdam, los Estados hayan descubierto de nuevo el Derecho internacional. 
Yo quiero recordar que el Derecho internacional fue inventado hace 500 años por otro holandés, -que no es el presidente en ejercicio del Consejo- por Hugo Grocio. 
Entonces, yo no sé si en este momento era necesario que volviéramos otra vez a caer en ese Derecho internacional que ese ilustre holandés descubrió hace 500 años. 
Estamos en otra cosa distinta, estamos en la creación de una unidad supranacional y, en ese aspecto, creo que encontramos deficiencias en el tema del espacio judicial europeo. 
Esto es algo que señaló antes la presidenta del Grupo Socialista, y creo que tendríamos que haber avanzado más en el terreno de la creación de un espacio judicial europeo porque, al incorporar el acervo de Schengen a la Unión Europea, nos podemos encontrar con una situación en la que, al no haber fronteras nacionales, una persona puede cometer un delito en un país y, sin ningún control fronterizo, pasar a otro país. 
Es decir, concretamente en esta Comunidad, no tiene ningún sentido hablar de asilo político, ya que las relaciones entre los Estados miembros no son relaciones de Derecho internacional, sino que son relaciones comunitarias. 
Las cláusulas relativas al derecho de asilo político pueden incluso suponer un retroceso, ya que no creo posible que un Estado miembro de la Unión Europea pueda conceder el asilo a una persona que ha cometido un delito en otro país, y no veo qué sentido tiene la invocación del asilo político cuando estamos en una Comunidad gobernada por Estados democráticos. 
En una Comunidad gobernada por Estados democráticos, el asilo político carece en absoluto de sentido. 
Si un Estado no cumple las exigencias democráticas, ese Estado no debería ser miembro de la Comunidad. 
Es cierto que hay ciertas disposiciones en virtud de las cuales es posible la expulsión, pero no veo posible cómo la autoridad de un Estado, una autoridad judicial o una autoridad administrativa, se puede negar a entregar una persona que ha cometido un delito en otro país miembro de la Comunidad- que respeta los derechos humanos, que se inspira en las garantías constitucionales de los Tratados comunitarios -, invocando las disposiciones del derecho de asilo. 
Aquí, los convenios internacionales en materia de asilo no son aplicables, sólo son aplicables en Derecho internacional. 
Si queremos garantizar un espacio judicial europeo libre, de acuerdo con los principios constitucionales, el asilo debe considerarse como el mayor defecto que tiene en este momento el Tratado de Amsterdam, pues no ha sido capaz de establecer un espacio judicial europeo que proporcione, a la vez, garantías de libertad y seguridad. 
Gracias, señor Medina Ortega. 
Su discurso era tan interesante, que el tiempo se detuvo. 
Afortunadamente, hoy tenemos más tiempo que la última vez para este importante debate. 
Señora Presidenta, en el primer Pleno que llevamos a cabo tras el Consejo Europeo de Amsterdam, quiero aplaudir sus resultados, sobre todo en lo que concierne al Parlamento Europeo, cuya relevancia ha quedado, sin duda, reforzada. 
Estoy convencida de que la mayor atribución de poderes a nuestra institución es la mejor manera de garantizar que siga viva la idea de Europa, surgida del Tratado de Roma. 
No obstante, directamente relacionado con los resultados de esta cumbre, se ha producido un hecho que nos ocasiona gran preocupación, ya que de alguna manera viene a contradecir las bases de esa Europa unida igualitaria a la que antes me he referido. 
Durante la conferencia, el Reino Unido ha trabajado para que el derecho de los países comunitarios a abanderar buques en cualquier Estado miembro- el denominado por ellos quota hopping- fuese limitado en el texto final. 
La iniciativa de introducir modificaciones en el Tratado no prosperó debido a la imposibilidad de incluir tales limitaciones, contrarias al acervo legal existente en la Comunidad, aunque se trató de forzar una declaración de la Comisión facilitando el camino a las reivindicaciones británicas, que fue bloqueada finalmente por el Consejo. 
Ante la imposibilidad de que de la CIG saliera ningún texto oficial, el Presidente Santer, motu propio y en una decisión asombrosa y sin precedentes, envió una carta personal al Primer ministro británico en la que, unilateralmente, pone a su disposición los servicios de la DG XIV para ayudar a un país- Gran Bretaña- a salirse con la suya frente a los intereses de otros Estados miembros, llegando a incluir en dicha carta sugerencias que contradicen claramente el Derecho comunitario y hasta tres sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. 
Tal actuación unilateral, en la que el Presidente de la Comisión decide personalmente asumir la defensa de un determinado país frente al interés comunitario a espaldas del resto de los Estados miembros y de las instituciones comunitarias como el propio Parlamento, pone en tela de juicio la supuesta imparcialidad y necesaria transparencia, lo que afecta a toda la Comisión, a pesar de las declaraciones de la Comisaria Sra. Bonino intentando matizar los términos de la carta, lo que como usted comprenderá, señora Presidenta, no contribuye especialmente al prestigio de la Unión Europea. 
Creo que el deber más elemental de la Comisión es la transparencia ante los Estados miembros y si la institución que preside el Sr. Santer opinaba que las leyes comunitarias- incluidas las sentencias del Tribunal de Luxemburgo- permitían interpretaciones como la del Sr. Santer, esta opinión debía haber sido transmitida a todos los Estados miembros y no a uno solo, y en el marco donde el problema se había planteado. 
Señor Santer, usted ha creado un precedente antidemocrático gravísimo, que ni los Estados miembros ni el Parlamento deben tolerar, por lo cual, como mínimo, deberían exigírsele las correspondientes y públicas explicaciones. 
Señora Presidenta, un minuto no permite un análisis a fondo del Tratado de Amsterdam, pero me concentraré en una cuestión. 
En el Protocolo sobre política de asilo figura un artículo que en la práctica significa que se impide que a los ciudadanos de la UE se les conceda el asilo en otros países pertenecientes a ella. 
Esto significa efectivamente una reducción del derecho a solicitar asilo que va en contra de las disposiciones del Convenio de Ginebra. 
La decisión no sólo es érronea por este motivo, sino que además constituye un ejemplo muy peligroso en caso de que empezara a aplicarse en otros lugares del mundo, es decir, que las regiones se negaran a aceptar sus respectivas solicitudes de asilo. 
Es una decisión muy negativa la que se ha adoptado en Amsterdam. 
Tras su adopción se ha intentado quitarle importancia a la decisión. 
No obstante, está muy claro que va en contra del Convenio de Ginebra, lo cual ha confirmado el Comisario de las Naciones Unidas para cuestiones de asilo. 
El hecho de que Bélgica haya rechazado indirectamente esta decisión en una declaración especial al respecto honra a este país. 
Es una lástima que no lo hayan hecho también más Estados miembros. 
Señora Presidenta, no esperaba más de Amsterdam y, como muy bien se ha observado, en Amsterdam no han nacido ni una montaña ni un ratón. 
Evidentemente, como cualquier Tratado, éste debe ser juzgado por la dinámica que sea capaz de transmitir y por las perspectivas que trace. 
Desde este punto de vista, considero que los resultados de la cumbre no han sido malos. 
Empezando por el capítulo sobre empleo, hay que resaltar el equilibrio que se ha mantenido, por mucho que el nuevo régimen pudiera ser más ambicioso. 
En todo caso, influirá mucho la manera en que se aplique. 
Igualmente importante es la inclusión del Protocolo social. 
Con ello se elimina una de las mayores debilidades de Maastricht, que ha recibido nuestras reiteradas críticas. 
El Acuerdo de Amsterdam no ha logrado solucionar el tema institucional, remite a nuevas negociaciones a principios del nuevo milenio y espero que las enmiendas de entonces se basen en las mismas ideas en que se basó la idea de la construcción europea, evitando todo tipo de discriminaciones contraproducentes y artificiales entre los miembros. 
No deben minusvalorarse ciertas normas del Tratado revisado que van en la dirección correcta. 
Me refiero en concreto al procedimiento de codecisión y a la abolición de la tercera lectura, que permiten equilibrar el papel del Parlamento con el del Consejo. 
Los resultados del Acuerdo de Amsterdam en lo que respecta a la acción exterior de la Unión son limitados y están por debajo de nuestras aspiraciones. 
En Amsterdam han imperado una vez más los reflejos de siempre. 
No se han adoptado normas que permitan a la Unión determinar su papel. 
Como ya he mencionado, mucho depende de la manera en que se aplique el Tratado. 
Las deficiencias que todos comprobamos pueden compensarse en buena medida con un uso dinámico de las nuevas direcciones que se abren. 
Señora Presidenta, ¿quién podría decir hoy que la Conferencia Intergubernamental ha cumplido su mandato? 
El balance positivo de dos años de negociaciones se resume en unos puntos. 
Primeramente, una entrada de lleno del empleo en el Tratado, compromiso por el que deberán darse señales concretas en el Consejo extraordinario de Luxemburgo; luego, en la integración del protocolo social al Tratado, fruto en primer lugar de la victoria de los laboristas en Gran Bretaña; en un avance para los servicios de interés general, de los que se reconoce que pertenecen al acervo de valores comunes de la Unión desempeñando en ella un papel en favor de la promoción de la cohesión social y territorial; en una extensión casi inesperada del campo de la codecisión, en lo esencial en ámbitos relacionados con la consecución del mercado interior, tareas legislativas, casi terminadas. 
Ajena al mandato de la Conferencia Intergubernamental y fruto del éxito electoral de los socialistas en Francia, Amsterdam nos trae finalmente la buena nueva de una solución sobre el crecimiento y el empleo, nivelación indispensable de la resolución sobre el pacto de estabilidad, sin que por ello pueda hablarse del establecimiento de un verdadero gobierno económico. 
Por el resto, sin embargo, la cuenta sale mal. 
Amsterdam debía aportar democracia, eficacia y transparencia a nuestras instituciones. 
En lugar de la extensión de la mayoría cualificada, de una supresión del derecho de veto, principio y fin de todo análisis comunitario profundo, se nos ofrece una cooperación reforzada, difícil de poner en práctica, trama destinada a deshacer la dinámica comunitaria, cuando tal cooperación existirá de hecho alrededor del euro. 
Después de los tres pilares de Maastricht, el pelo en la sopa de la integración europea, henos aquí a la cabeza de cuatro pilares. 
Desde el punto de vista institucional, el Tratado de Amsterdam es una etapa hacia una manera de gobernar no democrática. 
Amsterdam debería permitir a la Europa de los Quince funcionar mejor y ampliarse. 
En Madrid, los Jefes de Estado y de Gobierno se habían comprometido a abrir las negociaciones de ampliación seis meses después de las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental, tomando como base estos resultados. 
Manifiestamente, no podrán hacerlo. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno deben sacar las conclusiones, lo que no hicieron en Amsterdam. 
El Tratado de Amsterdam no es un resultado satisfactorio de la Conferencia Intergubernamental. 
Mañana, Europa, para ser fuerte, requiere del aspecto político y del social. 
Respecto a lo social, se ha marcado una etapa, pero respecto a lo político, queda todo por hacer. 
Ello supone pasar por encima de nuestros egoísmos nacionales, un despertar colectivo. 
Con el proyecto Spinelli, nuestro Parlamento supo dar aliento a Europa. 
Señora Presidenta, yo también pienso que hay motivos para dar la bienvenida al Tratado y felicitar a la Presidencia holandesa. 
Desde que Suecia entró a formar parte de la Unión hace dos años y medio hemos trabajado para que la lucha contra el paro fuera una causa común de la Unión. 
Eran muchos los que no creían que esto se conseguiría, pero naturalmente los 18 millones de desempleados que tiene Europa constituyen una realidad que ha obligado incluso a los gobiernos más reacios a incluir la cuestión en el Tratado. 
Ahora se trata de completar el artículo con unas acciones reales. Tenemos la gran responsabilidad de hacer que esto suceda, también con motivo de la celebración de la Cumbre extraordinaria sobre el empleo. 
Otra propuesta que sido atendida ha sido el aumento de transparencia en la Unión Europea, lo cual Suecia acoge con satisfacción. 
En Suecia es una cuestión que no suscita controversias, ya que nosotros ya tenemos apertura e información. 
Al mismo tiempo, existen grandes diferencias entre los Estados miembros de la Unión a este respecto. 
Ahora es importante que también se dé al artículo sobre la transparencia un contenido claro y concreto y que las instituciones de la Unión lo cumplan. 
Yo pienso que los resultados de este Tratado desde una perspectiva sueca demuestran que, al contrario de lo que se ha dicho, es efectivamente posible para los pequeños Estados influir en la orientación general de la política de la Unión. 
El Presidente Santer lamentaba que hubieran habido muchos intereses nacionales en este proceso. 
Yo apunto que, aunque yo haya hecho muchas referencias a las cuestiones típicamente suecas en esta ocasión, pienso que se trata también de intereses europeos. 
El empleo es un problema europeo, la información es un interés europeo, la equiparación es un derecho europeo y el medio ambiente es una responsabilidad europea. 
A pesar de las opiniones en contra, el orden del día de la Conferencia Intergubernamental fue amplio e incluía los temas que tienen más importancia para la gente. 
Los ciudadanos de todos los rincones de Europa consideran el desempleo el primer problema que ha de ser abordado por los sistemas políticos. 
Al iniciarse la Conferencia Intergubernamental, no muchos pensaban que la UE conseguiría su capítulo sobre el empleo, pero se ha conseguido. 
Obviamente, han soplado vientos más suaves en esta dirección debido a los resultados de las recientes elecciones en el Reino Unido y en Francia. 
La UE está obligada ahora a iniciar la lucha contra el desempleo. 
Una nueva política económica en Dinamarca ha hecho mucho para la creación de nuevos puestos de trabajo, pero los resultados serían mucho mejores si hubiese una política común para la UE, y no cabe duda de que se depositarán muchas esperanzas en la cumbre sobre creación de empleo que se celebrará en Luxemburgo en el próximo otoño. 
En todo caso, un resultado extraordinario importante de la cumbre de Amsterdam es la posibilidad de iniciar negociaciones con los Estados bálticos y con los países de la Europa central y oriental. 
Todos ellos pueden pedir la adhesión a la UE, y la cooperación civil entre países que antes estaban en guerra o divididos por un muro de hormigón es la contribución de la UE a la paz y la estabilidad en Europa. 
El Tratado de la Unión insiste ahora en los valores en que se basa la cooperación: el respeto de los derechos humanos, los derechos fundamentales y el trato no discriminatorio. No era más que un deseo al principio de la negociaciones, pero ha terminado convirtiéndose en una realidad. 
El Tratado de Amsterdam supone realmente un avance de la Unión Europea en dirección a una cooperación que establezca las prioridades y aborde los problemas que son importantes para los ciudadanos. 
Quisiera empezar expresando mi agradecimiento a sus Señorías por sus intervenciones y también por las palabras de apoyo a la Presidencia. Transmitiré estas palabras de apoyo a los miembros del gabinete holandés, pues, aun agradeciendo algunas palabras que iban dirigidas a mí personalmente, ha sido un trabajo de equipo, ha sido siempre un trabajo de equipo. 
En este momento quiero dar expresamente las gracias al Sr. Brok y la Sra. Guigou por su contribución en nombre del Parlamento Europeo- y lo mismo puede decirse, por cierto, del Presidente del Parlamento- al progreso de las actividades. 
Es algo que hemos valorado en alto grado. Lo digo sobre todo en nombre del Gobierno holandés, porque antes de asumir la Presidencia desde los Países Bajos pugnamos a favor de que el Parlamento participara en las actividades. 
La división de tareas con el Secretario de Estado Sr. Patijn implica que tendré que limitarme a algunas cuestiones; más adelante él contestará a algunos puntos. 
He escuchado atentamente las intervenciones, por supuesto, y constato que, al igual que ha sucedido en la opinión pública, los juicios sobre los resultados del Tratado de Amsterdam son heterogéneos. 
Hay puntos a favor y puntos en contra, y a ellos se vinculan consecuencias políticas dispares o se sacan conclusiones dispares. 
Es menos de lo que muchos habían deseado, esperado o previsto- lo mismo puede decirse de la Presidencia -, pero supone un paso adelante. 
Un paso adelante que no ha de menospreciarse; éste es mi consejo a todos ustedes, pues, si menospreciamos el resultado, contribuiremos a desalentar al ciudadano, que quizás podría tener la impresión de que no se puede conseguir nada con el progreso. En segundo lugar, menospreciar los resultados significa también subestimar las propias posibilidades. 
Cada cual en su lugar, para dar contenido a una continuación enérgica. Eso es válido para los gobiernos nacionales, para la Comisión Europea, para los parlamentos nacionales y también para el Parlamento Europeo. 
Hay posibilidades de seguir construyendo sobre los cimientos y, por supuesto, la construcción de la Casa Europea es un proceso de crecimiento. 
Siempre ha sido así y seguirá siendo así. 
Se trata de saber si queremos darle un contenido creyendo en nuestras propias fuerzas y también en la sinceridad de nuestros criterios. 
Lo deseo de todo corazón, no sólo para los últimos días de Presidencia que quedan, sino también de cara al período posterior. 
El empleo y los elementos sociales vinculados a él han pasado a ocupar un lugar más destacado en la Europa de los próximos años. Es un gran logro. 
Era muy necesario, pues por supuesto queremos introducir el euro en 1999, pero este euro tiene que ir de la mano de una política de empleo y una política económica social más visible. Se lo digo también a los presidentes de Grupo que se han referido a ello esta mañana, en realidad a todo el mundo: la introducción del euro, la realización de la última fase de la UEM, tiene un enorme peso político y económico. 
Se trata de la pieza final del mercado interior, se trata de una base para una cooperación política reforzada en los próximos años y se trata de reforzar el poder económico de Europa en el mundo. 
A veces subestimamos el camino que aún nos queda por recorrer para mantener y reforzar más la posición estructural de Europa después de la maniobra de adelantamiento que iniciamos a mediados de la década de los ochenta cuando, de hecho, se incluyó el mercado interior en el orden del día político. 
Se trata, por tanto, de introducir la UEM a lo largo de las líneas del Tratado en el momento acordado y con los criterios acordados, pero tememos que ocuparnos de que Europa no sea solamente sólida desde el punto de vista monetario, sino también de que tenga un alto contenido económico y social. 
Acabamos de concluir la Cumbre de Denver, donde por supuesto también los norteamericanos han hecho lo posible por dejarnos claro que su modelo económico es el mejor. 
Quiero aprovechar esta ocasión para decir que Europa puede y tiene que estar orgullosa de su propio modelo de dinámica económica, pero al mismo tiempo de justicia social, y pienso que hay muchos norteamericanos, pero también habitantes de otras grandes ciudades del mundo, que contemplan con cierta admiración a Europa en lo que respecta a este equilibrio. 
En este sentido hemos reforzado el soporte de la Europa social y una política de empleo de una forma que es necesaria. 
Me dirijo a la presidenta del Grupo de los socialistas y socialdemócratas, la Sra. Green: todos los gobiernos se han comprometido a seguir con la tarea que hemos asumido en Amsterdam. 
Tanto los ministros de Hacienda como los de Asuntos Sociales y Empleo, de Asuntos Económicos, los Presidentes de Gobierno, todos, en resumidas cuentas, sin ninguna excepción. 
Tampoco tengo motivos para dudar de las contribuciones de los ministros de Hacienda a este proceso, pues en los últimos días han trabajado duramente no sólo en torno al pacto de estabilidad, sino también a los acuerdos, la resolución sobre crecimiento y empleo. 
Muchas de sus Señorías han hablado de la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo que se dedicará al empleo. 
Quiero hacer cuatro observaciones al respecto. En primer lugar, la fecha de la reunión será fijada por la Presidencia luxemburguesa. 
En segundo lugar, tendremos que prepararla muy bien; sobre todo el propio Luxemburgo, pero todos hemos de contribuir a ella. 
En tercer lugar, el orden del día habrá de tener un carácter principalmente práctico, una serie de elementos prácticos, a fin de que se sepa de qué se habla. 
En cuarto lugar, no hay que alimentar expectativas desmesuradas. 
No deben ustedes pensar que, si se celebra una Cumbre de Luxemburgo, en algún momento del segundo semestre, saldrán miles de puestos de trabajo porque hayamos ideado soluciones milagrosas después de conversar unas cuantas horas. 
Pero sí es un momento importante para, por así decirlo, reunir de forma concentrada el saber y el ideario de Europa a fin de expresar que, además de la solidaridad monetaria, se configuran mejor la coordinación de la política económica y el refuerzo de la política de empleo. 
Esta mañana he oído decir a un diputado que se necesita más dinero europeo. 
¿Qué es dinero europeo? Aparte del euro, claro, que se introducirá más adelante. 
No se puede decir que, en un momento en que los Estados miembros nacionales tienen posibilidades financieras limitadas para seguir una política de empleo, apretando el botón del dinero europeo surgirán puestos de trabajo. 
La cosa no es tan sencilla. 
Pero sí podemos ocuparnos, con mucho esfuerzo, de que, dentro de los presupuestos europeos, se utilicen los recursos disponibles de forma favorable para el empleo y de que aprendamos a cooperar mejor, aprendamos unos de otros, nos escuchemos en cuanto a la política de empleo práctica. 
En los años pasados- lo digo porque yo mismo he sido responsable de ello, no se lo reprocho a nadie más- se ha dedicado muchísimo tiempo a las cuestiones monetarias, a reunir a expertos en el ámbito de la UEM y, en proporción, se ha prestado mucha menos atención al componente social. 
Ahora estamos recuperando el tiempo perdido y seguiremos haciéndolo en los próximos tiempos, también después del cierre de esta Presidencia, a la que le quedan sólo unos días. 
Ahora quisiera pedir urgentemente que no se nieguen, no se subestimen los progresos en el ámbito de la política exterior y de seguridad, ni en el ámbito del enfoque comunitario de la circulación de personas. Me refiero a las tareas de Petersberg. 
Y por supuesto, al hecho de que ahora no se pueda progresar mucho con la Unión Europea Occidental, ya que la Unión Europea tiene que ver con la existencia en esta Europa de los quince de criterios diametralmente opuestos. 
Lo que hemos hecho, por lo menos en algunos textos, es esbozar la perspectiva de un proceso de avance para configurar este enfoque. 
El aspecto institucional. En primer lugar, estoy de acuerdo con quienes han hecho observaciones críticas al respecto. 
Señor Presidente, quizás le parezca pueril, pues usted dice que estoy defendiendo el resultado final. 
Así lo hago, pues, si no hubiésemos tenido ninguna base para concluir Amsterdam, tendríamos que haberlo reconocido sinceramente. Por tanto, estoy a favor del resultado logrado; no nos escabullimos, ni asumimos una gran responsabilidad, pero considero que en la cuestión de la toma de decisiones por mayoría habría sido necesario tener el valor de ir más lejos de lo que se ha hecho. 
Es sabido que la Presidencia ha luchado duramente. En la preparación, pero también en la Cumbre de Amsterdam. 
Finalmente, hemos tenido que aceptar que la lista no demasiado extensa de ampliaciones de la toma de decisiones por mayoría quedase aún más reducida debido a la aportación de diversos Estados miembros. 
Es suficiente para defenderla, aunque ciertamente sea menos de lo que deseábamos. 
Ahora, la cuestión de la ponderación del voto. 
A este respecto, en la última noche de Amsterdam nos enfrentamos a las opiniones excluyentes de determinados Estados miembros. 
Algunos sólo querían aceptar una segunda llave para la toma de decisiones teniendo en cuenta el número de habitantes, y no querían ni hablar de una reponderación del voto que siguiera en cierto modo las líneas de la propuesta holandesa, ni ninguna otra alternativa. 
Frente a ello estaban otros Estados miembros adoptaban la otra posición extrema. Así pues, en la última noche de Amsterdam la opción era aceptar ese conflicto y no acabar, o intentar hacer lo que hicimos, concretamente, acordar por lo menos que luego, en la primera ampliación, los Estados miembros grandes renuncien a su segundo Comisario, lo cual es un hecho político de gran significado, y acordar ya ahora que para compensarlo, antes de que tenga lugar la primera ampliación, partiendo del hecho de que ésta implicará a menos de seis Estados miembros, se haga otro reparto del número de votos en el Consejo. 
Por supuesto, este acuerdo hipoteca el futuro, porque no podemos excluir que los problemas que hemos tenido en la Cumbre de Amsterdam no vayan a repetirse cuando tengamos que tomar decisiones sobre la ampliación, y por tanto tengamos que establecer una nueva ponderación del voto. 
Pero yo digo- y hago una observación política- que, en tal caso, los Estados miembros que entonces quieran bloquear la ampliación sobre la base de este problema asumirán una responsabilidad muy grande. 
Ahora puedo decirles que estoy y seguiré estando a favor de una ampliación de la Unión y en un plazo lo más corto posible. 
Sabemos que ello exige preparación. 
Sabemos que los Estados candidatos han de cumplir una serie de criterios, que económicamente todavía no dan la talla. 
Tenemos los criterios de Copenhague: democracia, minorías y derechos humanos. 
Pero en la medida en que los Estados candidatos se comprometan a cumplir estas exigencias y sean capaces de clasificarse, la Europa de los actuales quince Estados miembros no puede bloquear el ritmo de esta ampliación, ni siquiera sobre la base de la ponderación del voto, que guarda relación con las relaciones de poder. 
Pues hemos de recordar que cuando en 1989 todos- por lo menos supongo que era válido para todos, en cualquier caso era válido para mí- nos sentimos eufóricos por la caída del muro y por la desaparición de la opresión, de la dictadura y del comunismo, sabíamos que queríamos ofrecer una perspectiva a las poblaciones de estos países en esa nueva Europa indivisa. 
Los estancamientos en el tema de las relaciones de voto no pueden suponer más adelante un obstáculo para seguir con buen ritmo la ampliación de la Unión. 
Por ello nos cuesta aceptar la idea expresada por muchos en este Parlamento de celebrar unas negociaciones intergubernamentales totalmente nuevas antes de la primera ronda de la ampliación. 
Es muy peligroso. 
Con ello corremos el riego de que vuelvan a abrirse todo tipo de cuestiones, con el peligro, quizás de forma no intencionada, de que se retrase la dinámica y el ritmo de preparación de la ampliación. 
Es cierto que en Amsterdam se ha acordado que en un momento dado tendrá lugar una revisión institucional. Será en cuanto superemos la frontera de los veinte Estados miembros. 
Partiendo de la idea de que la primera ronda se limitará a menos de seis Estados miembros, la primera ola de ampliación tendría que ir vinculada a un acuerdo ya tomado sobre la reponderación de los votos, mientras que al sobrepasar la frontera de veinte Estados miembros se impondrán revisiones institucionales que por nuestra parte no se han de limitar a la envergadura de la Comisión y las relaciones de voto, sino también a la toma de decisiones. 
Vale la pena, pero aún queda por ver si, por así decirlo, tenemos que hacerlo a costa del ritmo de la primera ola de ampliación. Sea como fuere, no quisiera recomendarlo, teniendo en cuenta mis criterios al respecto. 
Por último, el Sr. Martens, en un discurso apasionado, ha colocado el interés nacional frente al interés europeo, según se desprende claramente de algunas de sus manifestaciones sobre la Cumbre de Amsterdam. 
De hecho, a veces es un poco más complicado. 
El interés nacional es en no pocos casos el resultado de relaciones políticas e institucionales dentro de los Estados miembros, como hemos podido constatar. 
Me pregunto si la confrontación que se observa en algunas capitales entre lo nacional y lo europeo es realmente pura, pues el progreso en Europa responde al interés nacional. 
¿Qué otra cosa queremos en los Estados miembros nacionales de Europa, mirando los próximos quince y veinte años en realidad desde el interés nacional, más que seguir configurando y construyendo la Casa Europea? 
Por supuesto, en los Estados miembros subsisten bastantes situaciones que dificultan estos procesos. 
Pero yo diría- y quiero terminar con esto, en realidad termino con un llamamiento- que esta decepción que puede haber, y que sin duda la hay, en ciertos sectores, incluso entre los diputados al Parlamento y los miembros de los gobiernos y la Presidencia, debe quedar subordinada a la firme voluntad de seguir por este camino, que ciertamente nos obliga a veces a adoptar un ritmo más lento del que quisiéramos, a seguir incansablemente en la buena dirección con pasos irreversibles, porque queremos dejar a nuestros hijos y nuestros nietos una Europa pacífica, próspera e indivisa, y si ahora no reforzáramos los cimientos que ha dado el Tratado de Amsterdam para seguir construyendo esta Casa, quizás cometeríamos un error histórico. 
Señor Presidente, después de la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera ser relativamente breve y no repetir todas las consideraciones de sus intervenciones, que por lo demás reflejan, en general, las preocupaciones que expresamos nosotros mismos en nuestra introducción. 
De hecho, se trata un poco, en la apreciación del futuro Tratado de Amsterdam, de la historia de la botella medio vacía o medio llena. 
Se trata de una cuestión de percepción, según se tenga una actitud optimista o una actitud más pesimista hacia el Tratado de Amsterdam. 
Se sabe muy bien cuáles han sido las brechas abiertas en Amsterdam. 
El Presidente en ejercicio acaba asimismo de explicar cuáles son sus propias decepciones y sus inquietudes para el futuro. 
Sin embargo, por otra parte, es preciso recordar qué estaba en juego en el Consejo Europeo de Amsterdam. 
Ya que yo estoy íntimamente convencido de que si no hubiera podido concluirse a la vez el acuerdo sobre la moneda europea y el pacto de estabilidad, crecimiento y empleo, tampoco habría podido haber un acuerdo sobre la Conferencia Intergubernamental. Y viceversa. 
Esto es lo que estaba en juego en Amsterdam, y la Presidencia holandesa evitó el escollo. 
Por lo demás, no es uno de los logros menos meritorios de la Presidencia haber sabido llegar a un acuerdo sobre los preparativos de la moneda única, puesto que ahora queda muy claro que el euro está en marcha, que se encuentra en una buena vía, pero también logrando integrar los artículos 102A y 103 del Tratado mediante la formulación de orientaciones económicas y la integración del objetivo del empleo; y, por otra parte, también logró llevar a cabo las negociaciones en el seno de la Conferencia Intergubernamental. 
Claro está, tuvieron que aceptarse compromisos en el seno de esta Conferencia Intergubernamental para obtener la unanimidad de los Quince Estados miembros, pero para apreciar los compromisos, es preciso saber si se trata de compromisos que hacen progresar. 
Ahora bien, aquí, efectivamente, hubo compromisos que hacen progresar, que van en la buena dirección. 
No se registró un retroceso en ninguno de los puntos. 
Esto es lo esencial para todos nosotros, ya sea el Parlamento Europeo, la Comisión, o el Consejo, con vistas a valorar todas las potencialidades inherentes al nuevo Tratado para el porvenir de Europa. 
Si me lo permite, señor Presidente, quisiera retomar un tema planteado hace un momento por la Sra. Fraga Estévez, dirigido directamente al Presidente de la Comisión. 
Este tema no incumbe en nada al Consejo Europeo de Amsterdam, además, ni siquiera fue mencionado en Amsterdam, y se refiere al quota-hopping. 
Responderé a la Sra. Fraga Estévez diciéndole con toda claridad que es normal que la Comisión conteste a un Estado miembro cuando éste se dirige a ella. 
Se trata de la cortesía más elemental que un Presidente de la Comisión conteste a un Primer ministro sobre un problema de aplicación del Derecho comunitario, ya que de ello se trata precisamente en el quota-hopping. 
Sabiendo que el tema del quota-hopping es sumamente sensible, no solamente para los británicos, sino también para los españoles, la Sra. Bonino, comisaria responsable, y yo mismo, nos empeñamos en que las autoridades españolas siempre estén al corriente de los contactos con las autoridades británicas. 
La Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, siempre ha respetado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y en lo que se refiere a la cuestión del quota-hopping, nos vemos obligados a comprobar que el Tribunal admitió que puede exigirse una relación económica real entre el buque del Estado y el Estado miembro al que se ha asignado la cuota en materia de pesca. 
Y en lo que se refiere concretamente a la manera en que puede demostrarse esta relación, en mi carta al Primer ministro británico, me limité a enumerar una serie de alternativas posibles- desembarque de un porcentaje mínimo de pescados en un puerto del Estado miembro titular de la cuota, residencia de una parte del equipaje en ese mismo Estado miembro, mayoría de los viajes del buque teniendo como punto de partida ese mismo Estado miembro- siendo compatibles todas estas alternativas con la jurisprudencia del Tribunal, en la medida en que se aplican de manera proporcional, no discriminatoria y no acumulativa, es decir dejando al propietario del buque la elección entre una y otra manera de demostrar esta relación económica. 
Tengo que responder aún a una pregunta, o más bien a una preocupación, expresada por algunas de sus Señorías. Tiene que ver con el alcance de la codecisión. 
En el Tratado de Amsterdam hemos acordado, en efecto, una ampliación muy extensa del alcance de la codecisión y la implicación del Parlamento Europeo. 
Algunos Estados miembros han señalado que, si determinadas cuestiones de la lista de toma de decisiones por mayoría se vuelven a someter a la regla de la unanimidad, el resultado será que se pasará de la codecisión a la consulta. 
La Presidencia no lo considera lógico. En primer lugar, porque en Amsterdam no se ha sacado expresamente tal conclusión, y en segundo lugar porque desde el Tratado de Maastricht ya existen precedentes de que cuestiones que se deciden por unanimidad en el Consejo pueden, no obstante, ser decididas en el Parlamento Europeo a través de la codecisión, entre otras las referentes a los Fondos estructurales y al Fondo de cohesión. 
Por consiguiente, la Presidencia no ve motivo para volver a cuestionar la toma de decisiones de Amsterdam. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar de inmediato. 
Votaciones 
Estoy seguro de que sabe usted que el Tratado de Amsterdam no está ratificado todavía. Por lo tanto no tiene efecto alguno para la labor de este Parlamento. 
Señor Presidente, tiene usted toda la razón del mundo. 
Es evidente que ésta ha sido una de las intervenciones menos justificadas del Sr. Fabre-Aubrespy en este Parlamento. 
Es una persona que se interesa mucho por todas estas cuestiones, y si hubiera estado presente ayer se hubiera percatado de que hoy estamos hablando únicamente de previsiones. 
Las votaciones sobre el presupuesto tendrán lugar en octubre, en Estrasburgo. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señor Presidente, intervengo por motivos personales. 
En efecto, el Sr. Tomlinson, que, lamentablemente, no parece encontrarse en el hemiciclo en este momento, me puso en tela de juicio hace un momento diciendo no solamente que estaba equivocado respecto al fondo, olvidando que existía, incluso antes del Tratado de Amsterdam, el compromiso de Edimburgo, cuya existencia me permito recordar, sino destacando, por otra parte, mi ausencia en el hemiciclo ayer por la tarde. 
Podría contentarme con el hecho de que note mi ausencia, pero simplemente quisiera recordarle que estaba presente en la Comisión de Presupuestos durante el examen de su informe, que participé en la discusión y que si no pude estar presente ayer en el Pleno, sencillamente se debe a que tenía un concejo municipal y que el tiempo de palabra atribuido a mi Grupo no me permitía estar presente ese día. 
Señor Presidente, a menudo hemos escuchado en este debate que el proyecto del Tratado de Amsterdam no prepara las instituciones de la Unión a la ampliación. 
Mi Grupo suscribe esta afirmación, pero sin duda alguna no por las mismas razones que los federalistas. 
Para ellos, la adaptación de las instituciones de cara a la ampliación significa sencillamente que sería preciso acelerar la aplicación de su eterno programa, primero, generalizando las votaciones por mayoría en el Consejo. 
Querrían compensar el riesgo de dispersión que creen avizorar en la perspectiva de ampliación fortaleciendo los procedimientos centralizados. 
Sin embargo, para nosotros este fortalecimiento de una Europa monolítica, en un marco institucional único, sería un error que llevaría a imponer mayor rigidez ahí donde, por el contrario, se requeriría mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las demandas de los diversos pueblos. 
En estas condiciones, la ampliación no implica la aceleración del programa federalista. 
Exige, por el contrario, repensar Europa y hacer prevalecer instituciones más diferenciadas. 
En el Consejo de Amsterdam, pareciera como si los Jefes de Estado y de Gobierno, a los que la Presidencia holandesa presentó un texto preparatorio ampliamente inspirado en las tesis antiguas, habrían tenido dudas y finalmente hubiese preferido esperar ver un poco más claro respecto a las ampliaciones antes de introducir ciertas reformas. 
De ahí nuestro sentimiento. 
Efectivamente, la dirección tomada es mala, pero en realidad el buque sigue su camino con las máquinas paradas. 
Una conversión intelectual tal como la que espera Europa no se hace en un día y no carece de significación que la idea de cooperación reforzada haya adquirido derecho de ciudadanía mientras espera, mañana, las cooperaciones diferenciadas. 
Dejemos que las ideas germinen. 
Señor Presidente, a diferencia de la mayoría de mi Grupo, amordazado por la inercia holandesa, y a pesar de la votación de la enmienda 7, yo no voté la resolución, que me parece demasiado endeble. 
Hay que decir las cosas por su nombre y un fracaso es un fracaso. 
No se cumplió con el contrato. 
La Unión no está institucionalmente lista para las ampliaciones. 
Y esto plantea el problema de la ratificación. 
Al vencerse los plazos precedentes, el Acta Unica, Maastricht, las decepciones se esfumaban ante el sentimiento de que, incluso a pequeños pasos, Europa marchaba hacia adelante y era preciso alentar esta progresión. 
Hoy, ¿es la ratificación el atajo hacia la verdadera reforma, hacia el indispensable fortalecimiento institucional? 
Francamente, no estoy seguro de ello. 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam entraña diversas mejoras con relación a los Tratados en vigor. 
En cambio, cosa curiosa, no introduce los cambios necesarios para que una unión de más de 30 Estados miembros pueda funcionar debidamente. Las mejoras son numerosas. 
Tratan del capítulo relativo al empleo, del capítulo social, normas mejores en relación con el medio ambiente, salud pública y protección del consumidor, extensión del procedimiento de codecisión y cambios de procedimiento a ese respecto que este Parlamento quería y había pedido que se introdujeran. También incluye muchas otras cosas. 
Por consiguiente, procede ratificar el Tratado porque representa un paso adelante, pero es un paso adelante insuficiente, especialmente por lo que se refiere a la capacidad de la Unión para funcionar con más de 20 Estados miembros. 
A este respecto el propio Consejo Europeo reconoció que tenía que volver a ocuparse de la cuestión al menos por lo que se refería a la ponderación de los votos y al tamaño de la Comisión. 
Tenemos que velar por que vuelva a ocuparse también de las cuestiones referentes a la ampliación de los casos de votación por mayoría cualificada, pues un sistema que requiera la unanimidad en una Unión de más de 20 Estados miembros, es un sistema condenado a la parálisis. 
Éste es el problema con que se enfrenta este Parlamento. Tenemos que velar por que la ampliación incorpore los cambios institucionales necesarios. 
Voté contra la resolución final debido a la aprobación de la enmienda 12 formulada por el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, que rechaza el protocolo sobre la sede de las instituciones. 
El Tratado de Amsterdam implica una serie de pequeños pasos y algunos grandes saltos hacia MAS UNION. 
No se ha transferido ni una sola decisión de Bruselas a los Estados miembros y a los regiones. 
Por el contrario, se han previsto nuevos traspasos de competencias y el sistema de votación por mayoría en nuevas materias. 
Ambas cosas darán lugar a un mayor grado de centralización de las decisiones en la UE. 
La forma del Tratado de Amsterdam es la de un acuerdo internacional, pero su contenido es el de una constitución de un nuevo estado, con unas libertades comunes y una ciudadanía de la Unión. 
Las decisiones importantes siguen requiriendo la unanimidad de los gobiernos, pero ya no es necesario consultar a los electores. 
Perdemos nuestra soberanía como electores. 
Los parlamentos nacionales elegidos por los pueblos pierden poder legislativo. 
El Parlamento Europeo tendrá más poder para presentar enmiendas y para vetar las nuevas leyes, pero el derecho de veto no equivale a la democracia, y aun en el caso de que el Parlamento Europeo asumiese el poder legislativo sería un mal sustitutivo de la democracia cercana, propia de los Estados miembros y de las regiones. 
No existe todavía ningún pueblo europeo dispuesto a ser gobernado por una democracia europea común. 
Una democracia sin el apoyo del pueblo sería una simple forma de gobierno. 
Esta es la desgracia democrática de la Unión y el motivo por el que cualquier demócrata se verá obligado a votar en contra del Tratado de Amsterdam. 
Los que preferimos la Europa de la Naciones a los Estados Unidos de Europa tenemos más motivos todavía para votar no. 
No deseamos una política exterior común basada en decisiones adoptadas por mayoría, un ministerio de Asuntos Exteriores común, ni un ministro de Asuntos Exteriores común. 
No deseamos que el ejército se entrometa en la UE civil. 
No deseamos una política judicial ni una policía federal comunes. 
Queremos unas fronteras suaves y amables alrededor de unas naciones libres y democráticas y una cooperación obligatoria en todos los temas transfronterizos. 
El Tratado de Amsterdam es mejor que su antecesor en un aspecto. 
Incluye unas palabras a favor del empleo. 
No obstante, es difícil divisar los nuevos puestos de trabajo que puedan sustituir a los que se perderán al introducir la moneda única. 
Tres países como España, Francia y Alemania podrán bloquear la transparencia. 
Se ha recortado el contenido de la garantía en materia de medio ambiente, así como los temas incluidos en ella y su alcance geográfico. 
La ampliación a los países de la Europa central y oriental se aplaza. 
Queremos que esté incluida toda Europa, no sólo algunas partes de ella, por lo que rogamos a todos que exijan un referéndum. 
Las conclusiones de la Cumbre de Amsterdam tienen un sabor amargo y producen un sentimiento de inconcluso, de haber perdido la ocasión. 
Ciertamente, y no lo negamos, ¡es mucho mejor que Maastricht! 
A todos los niveles, los progresos son reales y hay que decirlo a los negociadores y felicitar por ello a la Presidencia holandesa. 
Ciertamente, en materia de empleo, de lucha contra el paro y respecto a la Europa social, gracias a los cambios políticos en Gran Bretaña y sobre todo en Francia, los avances son reales, las perspectivas claras y el calendario preciso. 
Ahora, el marco se ha fijado: permite actuar. 
Conforta a una gran parte de la Comisión y pone al Parlamento Europeo ante sus responsabilidades. 
La Cumbre de Luxemburgo para el empleo está ante nosotros. 
Los Gobiernos, la Comisión y el Parlamento ya no tienen «derecho al fracaso» , ni derecho a propuestas vagas e incertidumbres en lo que respecta a los plazos. 
Los ciudadanos europeos esperan medidas y un calendario preciso... al menos tan preciso como el calendario monetario, financiero y bancario. 
En el plano institucional, el balance es mucho más negativo. 
El Parlamento ganó en poderes, con la ampliación de la codecisión, pero la incapacidad de la Cumbre de zanjar las medidas que hay que tomar para hacer que el Consejo y la Comisión sean sencillamente «gestionables» en caso de ampliación es un fracaso grave. 
Razonablemente, no pueden iniciarse las negociaciones sobre esta base ya que condenaríamos a la Unión Europea a la ineficacia completa y al estancamiento. 
Por tanto, es preciso que la Unión Europea profundice muy rápido sus propuestas destinadas al crecimiento, al aspecto social y contra el paro, al mismo tiempo que reanuda las discusiones sobre nuestras instituciones, que deben ser adaptadas y reforzadas con toda prontitud, so pena de crisis. 
El espíritu de este juicio figuraba en la resolución común y yo estaba dispuesto a votarla. 
Pero el rechazo del protocolo que confirma a Estrasburgo como sede del Parlamento Europeo me llevó, junto con mis compañeros franceses, a votar en contra. 
Como muchos de mis colegas del Parlamento Europeo deseaba que en Amsterdam diéramos un importante paso adelante hacia la integración europea. 
No ha sido así. 
Lo que hemos hecho es dar uno cuantos pasos cortos y cautos para mejorar y profundizar la integración. 
Pequeños pero importantes, esos pasos merecen nuestra satisfacción. El poder y la influencia del Parlamento Europeo han quedado fortalecidos en diversos sectores, se ha preservado nuestra capacidad como pequeño Estado miembro para presentar la candidatura de un Comisario, y se ha introducido en el Tratado un nuevo capítulo sobre el empleo. 
Aún más importante, Europol, el organismo policial de coordinación, recibirá una función operacional y los 15 Estados miembros han prometido reforzar la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia conexa. 
Poco se ha progresado hacia la mejora del funcionamiento de la política exterior de la UE. 
Seguiremos en una situación de impotencia en el escenario político mundial mientras no tengamos el valor de elaborar una política exterior firme para la UE. 
He sido siempre partidario de negociar debidamente la ampliación de la Unión hacia el Este. 
El hecho de que la Cumbre de Amsterdam no haya podido ponerse de acuerdo sobre la reforma institucional complicará sobremanera esas negociaciones, pues todas las decisiones que no se han adoptado en Amsterdam deberán ser negociadas ahora con los países que soliciten la adhesión. 
Me expreso hoy teniendo plena conciencia de las responsabilidades que son las nuestras, las mías. 
Como nuevo parlamentario, permítanme primeramente agradecerles la calidad de su acogida. 
No insisto en los elementos positivos, otros ya lo hicieron, a veces excesivamente. 
¿Cómo pueden realmente, en su vida cotidiana, darse cuanta de que esta Europa, cuyos méritos tanto se les ponderan, es benéfica? Por último, pero no por ello menos importante, 7. la reforma de las instituciones se ha remitido, en lo esencial, al tercer milenario.Permítaseme insistir un momento sobre este punto fundamental, puesto que asistí a las reuniones de la Comisión de Asuntos Institucionales desde el pasado 18 de junio. 
No se trata aquí de manías jurídicas, sino del porvenir de la Unión ampliada. 
No avanzará apoyada en un solo pie monetario. 
No avanzará apoyada sobre dos pies, uno monetario y otro social. 
Ya que los pies no se mueven, no tienen movimiento, sin un cerebro que se los ordene. 
Y el cerebro es la política, por ende, es lo institucional lo que permite el movimiento. 
Es la toma de decisiones por mayoría, no por unanimidad. 
Más precisamente todavía: la toma de verdaderas decisiones europeas, luego, por mayoría, en lugar de la parálisis o la suma de microdecisiones nacionalistas. 
Si estamos de acuerdo con esta comprobación, busquemos los medios para curar al enfermo, y sobre todo, impedir que su mal no se haga crónico. 
La medicación es, pues, conocida: es la reforma de las instituciones y, principalmente, la extensión de la toma de decisión mayoritaria. 
Todavía falta que el enfermo acepte tomar el medicamento. 
Hoy día, se niega a hacerlo. 
Tenemos que explicarle que lo necesita e incitarlo firmemente a aceptarlo. 
Para conseguirlo: no seamos hoy demasiado diplomáticos. 
No es nuestra función. 
Digamos clara y netamente lo que no funciona. 
Y pidamos, antes de que se lleve a cabo cualquier ampliación, una nueva reforma de los tratados, es decir, en el fondo, de la constitución de Europa. 
Procuremos que esta reforma se haga de la manera más democrática y transparente, para que los pueblos tengan una oportunidad de comprender algo y, por tanto, adherir a ello. 
Una enmienda propuesta por los miembros de los diferentes Grupos, en el apartado 1 de la propuesta de compromiso, lo afirma con fuerza. 
El Partido de los Socialistas Europeos, a solicitud de la delegación socialista francesa, se inspiró en ella y apoya la exigencia esencial: la reforma de las instituciones sin tardanza. 
Nos alegramos de ello. 
Si nos mostramos firmes en nuestras críticas y nuestras propuestas, exasperaremos un poco hoy, pero seremos útiles, mañana. 
Espero no haberlos exasperado demasiado hoy y ser útil mañana. 
Mi voto es favorable a la propuesta de resolución común que acepta globalmente el resultado del Consejo Europeo que se ha celebrado en Amsterdam, y especialmente el nuevo Tratado que será conocido como Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, no puedo apoyarlo con plena satisfacción. 
En todo caso, lo mejor de los acuerdos de Amsterdam es que haya habido acuerdo en relación al pacto de estabilidad y crecimiento, reforzando así el compromiso para realizar la Unión Económica y Monetaria y el euro en los plazos y condiciones previstas, y que formalmente haya un nuevo Tratado, aunque este nuevo Tratado no puede esconder las grandes carencias y preocupantes aplazamientos que se han decidido en cuestiones clave. 
La Unión Europea muestra desde hace años una preocupante falta de liderazgo y ambición. 
No responde a los retos de la situación mundial presente, ni aprovecha las extraordinarias posibilidades que se ofrecen a la UE después de la situación creada con el hundimiento de la Unión Soviética y el acceso a la libertad de las sociedades del Centro y el Este de Europa, que la Unión Europea debe acoger con generosa solidaridad. 
Reitero mi preocupación por el excesivo peso y reserva de los Estados miembros en la toma de decisiones, los modestos avances en el papel atribuido al Comité de las Regiones, y las limitaciones que ahora existen para desarrollar políticas europeas en el ámbito de la seguridad, relaciones exteriores, justicia e interior e incluso en el ámbito de una política económica y monetaria que es absolutamente necesaria e imprescindible, contando ya con un mercado interior europeo y la perspectiva de una UEM y una moneda única europea. 
Reitero asimismo la denuncia por la incertidumbre grave que se crea al no haber acordado el necesario refuerzo institucional para la dirección política que exige la Unión Europea del siglo XXI. 
Los socialdemócratas daneses tienen un par de objeciones a la decisión. 
No podemos apoyar el punto 10 sobre la integración de la UEO en la UE, debido a una de las reservas danesas. 
Otro motivo de objeción es que el Acuerdo de Schengen no debe incluirse en el Tratado y creemos asimismo que la ampliación se ha hecho más difícil después de la Conferencia Intergubernamental. 
Por eso no votamos a favor del punto 5. 
Con todo, votamos a favor de la decisión, ya que pone de relieve que se ha dado prioridad en el nuevo Tratado a los aspectos que son importantes para nosotros, como la transparencia, la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, la protección de los consumidores y el empleo. 
Lindqvist (ELDR) , Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , Bonde (I-EDN) , por escrito. 
(SV) Puede que el Tratado de Amsterdam no vaya tan lejos como muchos habían temido o deseado. 
Pero aumenta esencialmente el poder de la UE y son los órganos supranacionales, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Tribunal los que consiguen más poder. 
El Parlamento logra la codecisión para alrededor del 75 por ciento del poder legislativo real de la UE, además de que gana influencia en materia de financiación de la política exterior. 
La Comisión y el Tribunal tendrán más influencia en cuestiones que anteriormente se encuadraban dentro de los ámbitos de cooperación interestatal, por ejemplo las cuestiones en torno a la política exterior y de seguridad, además de las de interior y justicia. 
En un Protocolo especial con motivo de la ampliación que se prepara se prometen más votos a los Estados que actualmente tienen dos comisarios, es decir, los mayores. 
La única ventaja substancial que se ofrece a los Parlamentos nacionales es el acceso al Libro Verde y al Libro Blanco de la Comisión con un plazo de tiempo suficiente. 
Debería colocarse el desarrollo de la Unión bajo una perspectiva más amplia. 
Durante los últimos once años se han modificado las leyes fundamentales de la UE de forma real en tres ocasiones. 
A través del Acta Unica Europea de 1980 se introdujeron las decisiones por mayoría a gran escala, especialmente para promover la libre circulación de productos, fuerza de trabajo y capital, lo cual limitaba radicalmente la soberanía de los Estados miembros. 
El Tratado de Maastricht de 1991 introdujo nuevas disposiciones para la política exterior y las cuestiones de justicia e interior. 
Pero principalmente fue el Tratado de Maastricht el que representó el triunfo de la UEM. 
La Unión monetaria nos llevará efectivamente a una integración más profunda y a una disminución del derecho a la autonomía de los Estados miembros. 
El Tratado de Amsterdam ratifica la idea de que la Unión siempre irá encaminada a una Unión más estrecha, a una federación, aunque puedan variar el ritmo y la intensidad de los avances. 
El Tratado de Amsterdam de la UE es una agresión contra la democracia. 
Estimo que la resolución presentada por los principales grupos políticos no refleja adecuadamente la gravedad de sus consecuencias. 
Por esa razón he votado en contra de dicha resolución. 
Los dirigentes de la UE han hecho caso omiso de la democracia en algunos de los sectores más importantes del Tratado, especialmente en la esfera de la justicia y de los asuntos de gobernación. 
El Parlamento Europeo ha recibido un papel meramente consultivo en la mayor parte de las cuestiones relativas a la justicia, pero ahora ya no tiene nada que decir acerca de Europol, la fuerza policial federal. 
El papel del Tribunal Europeo de Justicia en muchos casos sigue siendo impreciso. 
En cuanto a la política de medio ambiente, el Tratado se ha convertido en una carta de la paralización. 
Los Estados miembros se ven en la imposibilidad de ejecutar estrategias ambiciosas de protección ambiental que rebasen las normas de la UE. 
Las medidas eficaces de gestión de desechos, como la prohibición impuesta en Dinamarca a las latas de aluminio para bebidas, figurarán entre las medidas en entredicho. 
El objetivo de la promoción del empleo que se enuncia en el Tratado es incompatible con los esfuerzos desplegados para conseguir la unión económica y monetaria (UEM). 
Es indispensable que el Tratado sea objeto de referéndum en todos los Estados miembros que disponen de ese mecanismo. 
De lo contrario, a los ciudadanos se les privará de la posibilidad de expresar su opinión acerca del futuro desarrollo de la UE. El déficit democrático se agravará aún más. 
Rechazo las sugerencias de que los temores acerca de la neutralidad irlandesa quedaran disipados en Amsterdam. 
Aunque se aplazó la fusión propuesta entre la UE y la Unión Europea Occidental (UEO) , que es una organización dotada de armas nucleares, el Tratado sigue estipulando que se prestará apoyo a la estructuración progresiva de una política de defensa común, según los Estados miembros estimen apropiado, mediante la cooperación entre ellos en el sector de los armamentos. 
No hay duda de que Irlanda está siendo succionada por una unión militar, que quiere obtener el apoyo de su propia industria de armamentos. 
La cumbre de Amsterdam ha supuesto una profunda decepción e incluso un serio fracaso. 
No se esperaba mucho de ella, pero los resultados han sido incluso peores que las pobres expectativas que se habían generado. 
En primer lugar, en lo que se refiere a las cuestiones institucionales, conviene retener una conclusión fundamental: las modificaciones que se quieren introducir en el Tratado se integran totalmente en el espíritu de Maastricht y no tienen en cuenta en lo más mínimo las profundas reservas y las crecientes oposiciones que suscitó y sigue suscitando tanto por un lado como por el otro. 
Es cierto que algunas de las propuestas negativas que estaban sobre la mesa no han sido todavía contempladas, al menos, explícitamente. 
Sin embargo, se insiste, sin asumirlo, en un sesgo federal; los poderes de decisión se concentran a nivel comunitario, los ciudadanos se alejan cada vez más de las decisiones y, por consiguiente, aumentan los déficits democráticos. 
Mientras tanto, hay que resaltar algunos aspectos en los planos económico y social. 
En primer lugar, hay que destacar el hecho de que el desempleo, su vínculo inevitable con la marcha forzada hacia la moneda única y el pacto de estabilidad- cuestiones fundamentales en el momento actual- han acabado siendo inscritos en el orden del día de la cumbre, como siempre habíamos defendido. 
A pesar de ello, son decepcionantes, en términos objetivos, las decisiones del Consejo en este campo. 
Lo que sobra en intenciones falta en medidas y en medios para llevarlas a la práctica. 
Se le da continuidad, en lo esencial, a la actual política restrictiva, con inevitables repercusiones negativas en el sector del empleo, y al mismo tiempo se da una absoluta ausencia de medidas efectivas y de medios orientados a combatir el desempleo; esto último contradice y va totalmente en contra de las intenciones anunciadas en el ámbito social. 
Una mayoría del Parlamento Europeo sigue, entre tanto, apartada de la realidad y de los anhelos y preocupaciones de los ciudadanos y manifiesta, una vez más, su propensión a un seguidismo ciego en lo referente a las decisiones más importantes del Consejo. 
Tal cosa resulta evidente en la propuesta de resolución debatida. 
Por esta razón ni la suscribimos ni votaremos a favor de ella. 
Tras los días en que la opinión pública europea ha sido acosada, con grandes titulares de los medios de comunicación, recogiendo los prejuicios y las visiones nacionalistas de la construcción europea, es bueno que el Parlamento Europeo sea el foro donde se expresen las posiciones institucionales del Consejo, Comisión y Parlamento Europeo. 
Por encima de cualquier análisis pormenorizado, el mensaje que debería llegar a la opinión pública es que el Tratado de Amsterdam es un nuevo paso positivo hacia la construcción política europea. 
Dicho esto también hay que destacar, como tendencia negativa, el que ha faltado voluntad política para avanzar en campos que estaban perfectamente definidos en los trabajos preparatorios. 
Hay que denunciar el posicionamiento de base de carácter nacionalista de buena parte de los Jefes de Estado y de Gobierno. Olvidando que la mejor defensa de los intereses nacionales se hacen en el seno de la CE. 
La existencia de 14 protocolos y otras tantas declaraciones, suponen, en sí mismas, un fracaso del Consejo Europeo, que no ha tenido la talla política que la historia les exigía de avanzar en la unidad preservando la diversidad. 
Los particularismos miopes han predominado. 
Tampoco ha sido buen signo la incorporación de largos textos en el articulado, lo que demuestra, también, una desnaturalización del Tratado, invadido de cláusulas reglamentistas. 
Otro motivo de preocupación es la actuación de algunos Gobiernos, recién nombrados, que no han sabido respetar el principio de lealtad institucional que debe obligar a los Gobiernos a confirmar los compromisos suscritos. 
Los ciudadanos deberían exigir que la política europea sea una cuestión de Estado, ajena a las veleidades del último Gobierno. 
Siempre he sostenido que la prueba de fuego para valorar los avances, eran perfectamente mensurables. 
Todo lo que es comunitarización del segundo y del tercer pilar sería signo claro de auténtica voluntad de perseguir la integración europea. 
Se ha avanzado, razonablemente, en el tercer pilar y en el ámbito de la política exterior y de seguridad, todo dependerá de la voluntad política que muestren los jefes de Gobierno. 
Pero que los ciudadanos no culpen a Europa de los posibles fracasos en este ámbito. 
Es la no-Europa la responsable. 
La extensión del voto por mayoría cualificada y la extensión de las políticas reguladas por la codecisión, es otro termómetro político clave. 
Hay que reconocer avances significativos; Parlamento y Consejo, en ciertos ámbitos, siguen reequilibrando su poder, en beneficio de la unidad europea. 
La reforma institucional sigue pendiente. 
Pero mejor así. 
Algunas de las propuestas debatidas suponían una desnaturalización del espíritu de los Tratados. 
El Consejo se aferra a los vetos, la unanimidad y las mayorías de bloqueo. 
Sin embargo, es bien conocido que las votaciones en solitario, no consiguen nada, salvo el aislamiento político. 
La famosa minoría de bloqueo, como su nombre lo indica, sólo sirve para retrasar la construcción europea. 
No se comprendería el alcance del Tratado de Amsterdam sin mencionar que su nacimiento ha sido precedido por la ratificación de la puesta en marcha, irreversible, de la moneda única. 
El euro disciplinará todas las corrientes más nacionalistas y particularistas. 
Debemos felicitarnos: Europa sigue su construcción política inexorable. 
Informe Fontaine (A4-0204/97) 
Pensamos que la ponente ha elaborado un informe del que resulta un proyecto de Directiva esencialmente mejor que la propuesta presentada por la Comisión. 
Sobre todo queremos subrayar las propuestas del informe sobre los derechos de los trabajadores. 
En este sentidio es importante hacer hincapié en la protección de los trabajadores y de los pequeños accionistas. 
La posición descrita es válida solamente para el supuesto de que se establezca una directiva a nivel comunitario. 
Pensamos que se puede poner en cuestión la necesidad concreta de que exista una directiva a nivel comunitario. 
Informe Tomlinson (A4-0178/97) 
Señor Presidente, Señorías, el informe Tomlinson no obtuvo la aprobación de mi Grupo. 
En efecto, resulta inaceptable por cinco razones. 
Este informe es inaceptable en primer lugar porque, como ya lo dije hace un momento, se ha presentado durante un período de sesiones adicional en Bruselas, cuando la sesión presupuestaria tiene lugar y seguirá teniendo lugar en Estrasburgo. 
Este informe es inaceptable porque prevé once períodos de sesiones de cinco días en Estrasburgo y siete períodos de sesiones adicionales en Bruselas, a pesar de los Tratados, trátese del compromiso de Edimburgo o del que pronto va a inscribirse en el Derecho comunitario, después del Consejo Europeo de Amsterdam. 
El informe es también inaceptable, por lo que dice respecto a los emolumentos, cargas y gastos de los diputados del Parlamento Europeo. 
Cómo, en efecto, no darse cuenta de la hipocresía que demuestran nuestros compañeros al aprobar la enmienda que se les propone cuando se sabe, y estoy especialmente bien situado para saberlo puesto que participo en él, que el grupo de trabajo constituido por la Mesa no va a desembocar en nada. 
No hay ningún cambio en lo que se refiere a este punto tan importante. 
El informe es igualmente inaceptable en lo relativo a los edificios del Parlamento. 
El ponente, Sr. Tomlinson, se inquieta de que se recurre demasiado a las contribuciones de los contribuyentes europeos. 
Es verdad, basta con mirar alrededor nuestro. Aquí y en el exterior de este hemiciclo, es verdad que no podría construirse ni comprarse mucho más que lo que ya se ha hecho aquí, en Bruselas. 
Finalmente, el informe es inaceptable en lo que toca a la financiación de los partidos políticos europeos. 
La voluntad presupuestaria todavía creyó responder al objetivo fijado por el artículo 138A del Tratado, adaptando la nomenclatura del capítulo 37, pese incluso a que esta creación no corresponde a ninguna necesidad. 
Todo ello no implica nada bueno para el presupuesto 1998. 
Esperamos este presupuesto. Participaremos en su discusión, pero las decisiones tomadas, ya que se trata de verdaderas decisiones, no dirigen este presupuesto hacia la buena dirección. 
Deseamos presentar nuestros puntos de vista sobre el presupuesto aunque hayamos votado a favor del informe. 
1.Uno de sus aspectos más absurdos bajo la perspectiva de los costes es que el Parlamento deberá efectuar sus trabajos en tres localidades. Esto originará unos costes administrativos amplios e innecesarios. 
No obstante, el Parlamento no puede decidir por sí mismo en esta cuestión.2.No es justo que se abonen las compensaciones en concepto de viajes a partir de una tarifa fija por kilómetro. 
Las compensaciones pueden administrarse fácilmente dándoles a los diputados una tarjeta de viaje. 
Nuestros electores se preguntan con razón cómo manejamos el dinero. Así, se escandalizan entre otras cosas de nuestras espléndidas compensaciones de gastos. 
Casi 2.000 millones de francos belgas para gastos de viaje y de estancia para 626 diputados es, sin duda, un importe muy elevado. 
A finales del pasado año, después del enésimo incidente con la prensa, el Presidente del Parlamento prometió mejoras. 
Entre tanto no hemos ido más allá de la creación de un grupo de trabajo al nivel de la Mesa. 
El ponente, Sr. Tomlinson, da algunos pasos en la buena dirección, y por ello quiero felicitarle sinceramente. 
No obstante, considero que nuestros electores esperan una señal más clara. 
Por ello he presentado, junto a otros diputados, una enmienda que propone que los gastos de desplazamiento y de estancia sólo se abonen sobre la base de los gastos reales, que además deberán documentarse. 
La aprobación de esta enmienda habría sido una señal a la opinión pública de que vamos en serio. 
La apertura y la transparencia significan también que todos los ciudadanos de la Unión pueden estar informados de las actividades del PE en su propia lengua. 
Queremos afianzar este principio de «igualdad» , como por cierto ha hecho la Cumbre de Amsterdam en el Tratado. 
Coincidimos en general en lo que el ponente ha sugerido en torno al presupuesto. 
Por ejemplo, es excelente que se lleve a cabo un examen de los edificios y modalidades de los trabajos del Parlamento Europeo desde el punto de vista medioambiental, lo cual nos llevará posiblemente a una mejor utilización de las tecnologías de la información que se aplican en el Parlamento. 
Por lo que se refiere a la enmienda 3, sobre el Fondo de pensiones para los diputados, naturalmente hemos decidido votar a favor. 
Se trata de una cuestión ética y moral que reviste un gran valor simbólico. 
Es importante dejar que los diputados pertenecientes al Fondo de pensiones abonen las contribuciones a través de sus propias cuentas bancarias, lo cual conlleva que estos diputados efectúen un acto por propia iniciativa, en lugar de que la suma se extraiga directamente de las cantidades destinadas a los costes. 
Votamos en contra de la propuesta de que exista un centro comercial para el personal en el nuevo edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. 
Es inaceptable que existan comercios especiales que vendan productos libres de impuestos a una élite de la UE que ya disfruta de salarios escasamente fiscalizados. 
Tenemos reservas sobre la concesión de fondos a los partidos políticos europeos, puesto que en ciertos casos esto puede interpretarse como un instrumento exclusivo para el aumento de ayudas y no como algo que los ciudadanos hayan solicitado. 
En cambio, apoyamos la iniciativa de que todas las lenguas oficiales reciban el mismo tratamiento en el Parlamento Europeo y de que todos los documentos que se utilicen se traduzcan al conjunto de todas las lenguas. 
Finalmente, respaldamos la enmienda nº 15 consistente en que las dietas de viajes de los diputados se concedan solamente por los gastos realizados y no, como es el caso actualmente, bajo la modalidad de una compensación general a tanto alzado que no exige la presentación de justificantes por los gastos reales. 
He votado hoy a favor del punto 10 de la enmienda nº 15 del Sr. De Coene aun siendo miembro del grupo de trabajo del Parlamento que ha elaborado las propuestas de modificación de las condiciones de los diputados. 
Estoy de acuerdo en que las normas sobre viajes sean modificadas, de forma que se repongan a los diputados los gastos de viaje reales contra presentación de los documentos. 
En cambio, me parece que se crearía demasiada burocracia si se abonasen los gastos de estancia, comidas, etc. mediante reposición de los gastos reales. 
En este aspecto, tanto las empresas públicas como las privadas utilizan algún tipo de dietas. 
Nos vemos obligados a presentar nuestros puntos de vista sobre el presupuesto aunque hayamos votado en su favor. 
1.Uno de los aspectos más absurdos desde el punto de vista de los costes es que el Parlamento se vea en la situación de efectuar sus trabajos en tres lugares distintos. Esto origina unos grandes e innecesarios gastos administrativos. 
No obstante, el Parlamento Europeo no puede decidir por sí mismo en esta cuestión.2.Es injusto que se abonen las dietas por gastos de viajes según una tarifa fija por kilómetro. 
Estas dietas pueden administrarse fácilmente dando a los diputados una tarjeta de viaje.3.También pensamos que el Fondo de pensiones para los diputados al Parlamento de la UE debe ser independiente y no subvencionarse con medios públicos de la UE. 
Por consiguiente, hay que reembolsar anteriores contribuciones al mismo. 
Los gastos de viajes y estancia deben modificarse de manera que coincidan con lo que el ciudadano considera aceptable. 
El sistema de financiación debe ser abierto, fácil de cumplir y de controlar. 
Las devoluciones se pueden efectuar ante la presentación de recibos. 
No hay que financiar los Grupos de partidos políticos europeos a base de fondos procedentes del presupuesto de la UE. 
Cabe llevar a cabo una revisión exhaustiva de los costes de todos los edificios construidos o en proceso de construcción de las tres localidades de trabajo del Parlamento, para controlar que los recursos se utilizan de un modo efectivo. 
El Parlamento debe hacer todo lo posible por evitar que los edificios construidos, por ejemplo las sedes administrativas de Bruselas se dejen sin utilizar o se utilicen de modo erróneo con los gastos innecesarios que esto supone para los ciudadanos. 
La STOA es la Oficina de evaluación de opciones científicas y tecnológicas del Parlamento Europeo. 
Situada administrativamente en el seno de la Dirección de Estudios (DG IV) de nuestro Parlamento, sigue siendo un organismo de evaluación independiente para nuestra institución. 
Está dirigido por un grupo de parlamentarios pertenecientes a cada una de las comisiones especializadas: el grupo especial del programa STOA. 
La STOA ayuda a estas comisiones en los ámbitos donde la ciencia y la tecnología desempeñan un papel preponderante. 
El plan de trabajo de la STOA se define, a finales de cada año, para el año siguiente, a propuesta de los miembros de las diferentes comisiones y teniendo en cuenta el calendario del Parlamento. 
Es aprobado por el grupo especial de la STOA y por la Mesa del Parlamento. 
Los informes elaborados por los contratistas exteriores, elegidos mediante licitación producen documentos de trabajo que se presentan al grupo especial de la STOA antes de que sean considerados como documentos definitivos de la STOA. 
Gracias a esta reorientación, la STOA es una oficina de evaluación al servicio de las actividades del Parlamento, mejor coordinada con los trabajos de las comisiones, conservando su independencia de expertos. 
En estas condiciones, queda de manifiesto que la fusión de ambas líneas presupuestarias 260 y 261 es incompatible con los esfuerzos permanentes del programa STOA para garantizar una gestión basada en mayor transparencia presupuestaria: los créditos inscritos en la línea 261 están específicamente destinados a la financiación del programa STOA, cuyo mandato fue confirmado por la Mesa en el curso de su reunión del 17 de febrero de 1997. 
La Comisión de Control Presupuestario recibe, por lo demás, trimestralmente un informe sobre la ejecución del presupuesto. 
Así, la aprobación del punto 37, y especialmente la reducción de una tercera parte de las cantidades previamente asignadas, llevaría a desviar la responsabilidad política ejercida por la Mesa del Parlamento y el grupo especial de la STOA hacia una gestión puramente administrativa implicando al menos tres responsables para ordenar los informes. 
Además de la puesta en tela de juicio de una gestión democrática, tal disposición alargaría el plazo de entrega de los informes y amenazaría la coordinación que se ha recuperado en los trabajos del programa STOA y los de las comisiones. 
Por todas estas razones, de acuerdo con los miembros del grupo de la STOA, les pido que voten en contra del punto 37 de la resolución del informe Tomlinson, con vistas a permitir a la STOA continuar sus actividades de ayuda a las comisiones en sus actividades legislativas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que condicionan, por una parte, el porvenir de la economía de la Unión Europea. 
La construcción de los nuevos edificios en Estrasburgo y Bruselas plantea enormes problemas presupuestarios para el Parlamento Europeo. 
Es preciso realizar recortes en otras partidas para poder financiar estos complejos de reuniones. 
En el informe Tomlinson se da un primer impulso en este sentido, entre otras cosas, con la propuesta de estabilización del organigrama. 
Sin embargo, para la determinación definitiva del presupuesto parlamentario habrá que buscar posibilidades de ahorro complementarias. 
Con el actual paquete Tomlinson seguimos estando más de cuatro millones por encima de la directriz de los presidentes de Grupo de 1988, sobre cuya base el presupuesto del Parlamento no puede ascender a más del 20 % de los gastos administrativos totales. 
A ello hay que añadir que, al efectuar las estimaciones, la Mesa ha partido de una paridad ECU/BEF muy favorable. 
Cuando en 1998 cambie la actual tendencia positiva con respecto a esta paridad, la Mesa se encontrará en serios problemas. 
Entre otras cosas, habrá que hacer algo con el plan de jubilación voluntario para los diputados. Es cierto que los gastos disminuyen en un 28 % en comparación con 1997. 
Pero esta cifra ofrece una imagen distorsionada, porque en años anteriores había un déficit muy alto. Este se ha cubierto para 2/3 del Parlamento. 
El Parlamento tendrá que efectuar bastantes recortes también en el ámbito de las bonificaciones de gastos de viaje y estancia. 
Es de suma importancia que el grupo de trabajo que se ocupa de estos problemas presente pronto propuestas concretas, para que puedan incluirse en el procedimiento presupuestario de 1998. 
Apoyo la propuesta del ponente de congelar las bonificaciones de gastos de viaje y de estancia al nivel de 1997, en espera de las conclusiones del grupo de trabajo. 
Asimismo apoyo la eliminación de la partida presupuestaria para los partidos políticos europeos. Pero me opongo a la inclusión de una referencia al artículo 138A del Tratado en las explicaciones de las partidas presupuestarias 3705, 3706 y 3707. 
Con ello se da vía libre al apoyo financiero a estructuras políticas internacionales totalmente independientes del Parlamento Europeo. 
A mi entender, el presupuesto del Parlamento ha de limitarse a las actividades del Parlamento Europeo. 
Además quiero objetar contra la creación de una nueva partida A7 en el Defensor del Pueblo europeo. 
La ampliación de esta institución parece no tener fin. 
Sobre todo ahora que los márgenes presupuestarios son tan pequeños es preciso aplicar la congelación de contratación de personal propuesta por la Mesa al Defensor del Pueblo. 
Resumiendo, grosso modo estoy de acuerdo con el informe Tomlinson. 
No obstante, para la primera lectura habrá que realizar recortes complementarios en diversos puntos a fin de evitar que, en 1998, el Parlamento reivindique para sí más del 20 % de la categoría 5. 
Informe Hendrick (A4-0163/97) 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un programa plurianual comunitario para estimular el establecimiento de la sociedad de la información en Europa. 
El desarrollo de la sociedad de la información influye intensamente en la forma en qué vive, aprende y trabaja la gente. 
La marginación y la exclusión son riesgos muy concretos en relación con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Los socialdemócratas daneses quieren evitar una nueva estratificación social como consecuencia de la sociedad de la información, por lo que adoptamos una actitud muy positiva ante las iniciativas que conceden a la legislación un papel activo en el estímulo del desarrollo. 
Por eso, los socialdemócratas daneses hemos votado claramente que sí, si bien nos oponemos al fundamento jurídico propuesto. 
Es un principio de derecho básico el de establecer un fundamento jurídico tan específico como sea posible. 
Creemos que podrían haberse propuesto otros fundamentos jurídicos, como los que autorizan la presentación de iniciativas en relación con el mercado interior, la investigación y desarrollo tecnológico, la formación, el medio ambiente o los transportes. 
Difundir «informaciones» sobre la sociedad de la información, ¿quién podría contradecir esto? 
Las trabajadoras, los asalariados, las personas activas social y culturalmente, todos ellos necesitarán muchas más informaciones de las que hoy circulan para poder superar los cambios que se resumen hoy bajo el concepto de «sociedad de la información». 
Pero esto no es suficiente e incluso las «informaciones» no se pueden recoger de un modo meramente pasivo. 
Necesitamos por fin un amplio discurso social, un debate democrático sobre la configuración de la «sociedad de la información». 
La cuestión no puede ser solamente «¿cómo nos adaptamos a la nueva situación? » sino «¿qué sociedad de la información» queremos, cómo vamos a configurarla? 
Quiero aventurar un pronóstico: si la UE no abre un espacio político de este tipo para el discurso democrático sobre la sociedad de la información en Europa, las personas se tomarán y conquistarán por su cuenta dicho espacio. 
Si la Comisión y el Consejo siguen fracasando ante esta tarea, las fuerzas políticas de esta Unión deberán comenzar ya a poner en marcha el discurso político. 
Informe Boogerd-Quaak (A4-0208/97) 
Quiero recordar sencillamente que el Sr. Comisario Bangemann, quien desde hace años nos está martirizando con su táctica de la novela por entregas en esta cuestión (por inevitables motivos técnicos, tal como afirma) , ha prometido a esta Asamblea que va a presentar una directiva marco sobre la preparación de la sociedad de la información. 
En cualquier caso, no deberá consistir en elevar la deregulación y privatización a un principio básico de nuestros procesos sociales y culturales de comunicación transmitidos técnicamente, como siempre hace el Sr. Comisario Bangemann (ver el debate sobre la «convergencia» ). 
Por el contrario, se trata de determinar con mayor claridad los límites y condiciones de la apropiación privada y de abrir de nuevo la esfera de la comunicación de los medios a una autorganización y configuración democrática y de sustraerla al acceso de los monopolios billonarios, quienes intentan apropiarse del «colectivo imaginario» del «pueblo mundial» como una nueva fuente de enriquecimiento. 
Informe Ahlqvist (A4-0200/97) 
He votado hoy en favor de este informe porque comparto la actitud positiva de la ponente acerca de la Comunicación de la Comisión sobre «Aprender en la Sociedad de la Información». 
Como profesora que soy, me impresionan las oportunidades y los desafíos que la tecnología de la información ofrece a nuestros servicios docentes. 
Por consiguiente, hay que apoyar las propuestas de la Comisión encaminadas a fomentar la utilización de la enseñanza multimedia. 
Una de las mejores maneras de que los niños aprendan consiste en hacerles practicar, y esto es mucho más fácil si el niño o estudiante está en condiciones de utilizar un ordenador multimedia. 
A menudo esa tecnología es más familiar para los niños que para los adultos, y por eso la Comisión tiene razón cuando anima a los profesores para que aprendan la manera de utilizar la tecnología de la información para mejorar sus enseñanzas. 
Ahora bien, comparto la preocupación de la ponente que estima que hay que añadir otro objetivo al plan de acción de la Comisión. 
Corremos el peligro de que se use la tecnología en aras de la tecnología, sin pensar en sus repercusiones para todos los aspectos de nuestra vida. 
Hay que animar a los niños para que no vean solamente en la tecnología de la información algo que utilizan en la escuela para aprender o en casa para jugar. 
La tecnología de la información afectará a toda su vida futura. Cuanto más familiarizados estén nuestros jóvenes con esa tecnología en su infancia, más probable es que consigan que los sistemas trabajen para ellos, y no lo contrario. 
En la sociedad de la información global no ir hacia delante significa retroceder. 
Por ello es de gran importancia una acción urgente, persistente y coordinada de los Estados miembros para crear una buena industria europea con contenido y nuevas generaciones capaces, de manera general, de utilizar las tecnologías de información y de comunicación a su favor, es decir, en aras de una mejor calidad de vida. 
Para que pueda llevarse a cabo esta educación con la eficacia y rapidez necesarias es preciso apoyar la traducción a otras lenguas europeas de los mejores soportes lógicos y productos multimedia educativos producidos en Europa, en particular los que promueven una educación para los ciudadanos. 
Por último, se sugiere un listado de las entidades culturales no gubernamentales existentes en cada Estado miembro que puedan prestar apoyo activo a las escuelas para el desarrollo de los proyectos sobre el terreno; sólo de esta manera se conseguirá evitar la fractura social, que es el mayor riesgo que debe evitarse. 
Informe Chesa (A4-0032/97) 
Hemos votado a favor del informe de Raymond Chesa sobre la cooperación con la República de Kirguistán. Lo hemos hecho porque naturalmente somos partidarios de entablar relaciones económicas y comerciales con todas las nuevas repúblicas que han surgido a raíz de la desmembración de la Unión Soviética. 
Tenemos, no obstante, reservas en lo concerniente a la configuración del informe, que se concentra en gran medida en la liberalización y la privatización económicas. 
En un país donde, según el informe, el 70 por ciento de la población vive en la pobreza, debería prestarse más atención a la cuestión de cómo crear un desarrollo real combinado con la distribución justa de la riqueza. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo se subleva con toda razón en contra del informe preliminar de la Organización Mundial del Comercio que, en base a la queja de los Estados Unidos y Canadá, tiende a condenar la prohibición europea de importar carne tratada con hormonas. 
Lo lamentable, en este asunto, es que la argumentación del informe se apoya especialmente en una disposición de los acuerdos de la Ronda Uruguay, aprobada por nuestra Asamblea en 1994. 
En efecto, el artículo 2 del acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias sólo prevé la eventualidad de restricciones al comercio internacional, para proteger la salud de las personas, si estas restricciones se fundamentan en pruebas científicas. 
Ahora bien, en el caso de las hormonas de crecimiento, tenemos, es verdad, indicios muy serios de su nocividad, pero no pruebas absolutas. 
Efectivamente, en toda lógica, el principio de prudencia debería bastar para justificar nuestra prohibición. 
Lamentablemente, no obstante, precisamente el principio de prudencia no figura en el artículo 2 del acuerdo que acabo de mencionar. 
Tampoco figura el derecho fundamental de los pueblos a elegir su agricultura, sus alimentos, su modo de vida, su sociedad. 
Tras el asunto de las vacas locas, muchos diputados acusaron a la Comisión Europea de hacer pasar las consideraciones sobre la libre circulación de las mercancías por encima de la preocupación prioritaria de la salud de los consumidores. 
Nos encontramos ahora exactamente ante el mismo problema, con la circunstancia agravante de que esta política desastrosa ha quedado gravada en el mármol de un tratado internacional. 
Se acusa hoy a Bruselas de las consecuencias de sus actos pasados. 
Por ello pedimos a las instituciones de la Unión Europea, no solamente que no cedan en este asunto de la carne tratada con hormonas, sino que introduzcan una solicitud oficial de renegociación del GATT. 
El caso de la carne tratada con hormonas demuestra, una vez más, todos los defectos e injusticias de este tratado. 
Contestarlas, no es proteccionismo, es la defensa justa de los derechos de nuestros pueblos. 
Los socialdemócratas daneses consideran que el grupo especial de la OMC que ha investigado la queja de los Estados Unidos sobre la prohibición de importación de carne tratada con hormonas no ha tenido en cuenta las circunstancias reales. 
El grupo especial duda de que la UE tenga una política coherente respecto a los restos de hormonas en la carne de vacuno. 
Menciona tres aspectos: la UE no establece límites para el contenido de hormonas naturales en la carne, la UE no establece valores límite para las concentraciones de restos de hormonas en caso de tratamientos prescritos por veterinarios y, finalmente, la UE permite utilizar Carbadox como activador del crecimiento en la producción de ganado porcino. 
Creemos que no se puede decir que, aceptada una cosa, también hay que aceptar la otra. 
Obviamente, hay que basar las medidas sanitarias en principios científicos, pero la seguridad y unanimidad científicas absolutas son poco frecuentes. 
Si existe una inseguridad científica respecto a la nocividad de una sustancia, el gobierno ha de tener la posibilidad de optar porque prevalezca el principio de cautela en beneficio de los consumidores. 
Creemos que la política de defensa de los consumidores de la UE debe estar basada en esta idea, y a este respecto existe una diferencia fundamental entre la OMC y la UE. 
El comercio internacional debe basarse en el reconocimiento de los derechos de los consumidores y en la consideración de la salud pública, y no sólo en la consideración del mercado. 
La reciente decisión arbitral de la Organización Mundial de Comercio en lo relativo al mercado del plátano ya dio muestras de la creciente y visible supeditación de esta organización a los intereses y deseos de la economía estadounidense. 
Esta vez, la decisión de la OMC, que considera injustificables las medidas de prohibición de importación de la carne tratado con hormonas, rebasa todo lo que sería admisible, puesto que no respeta las opiniones científicas y veterinarias, desprecia la salud pública, olvida las reglas mínimas de sanidad y de bienestar animal y pretende comprometer la confianza del conjunto de los consumidores en la calidad de la carne que se vende en la Unión Europea. 
Hay que recurrir esta decisión arbitral de la OMC; pero también hay que asumir con firmeza la continuidad de la prohibición actualmente en vigor y que impide que se importe de Estado Unidos y de Canadá aquella carne de animales cuyo crecimiento y engorde se obtenga gracias a las hormonas, concretamente a través de un incremento de controles externos e internos que hagan eficaz la decisión. 
Hay que insistir igualmente para que la utilización de las hormonas se prohíba totalmente a nivel mundial, y si se sigue por este camino se defenderá la salud pública y la sanidad animal, y se podría llegar a impedir la aparición y propagación de nuevas enfermedades del tipo de la EEB. 
Por este conjunto de razones, votaremos favorablemente la resolución política hoy aprobada por el Parlamento. 
Informe Novo Belenguer (A4-0210/97) 
Un año después de la reforma de los fondos estructurales del período 19941999, la Comisión nos propone su informe de ejecución. 
Lamentablemente, el juicio sigue siendo sumamente negativo. 
Negativo respecto a la lentitud de los procedimientos administrativos; negativo respecto a la ejecución anormalmente baja de las dotaciones financieras por los Estados miembros; negativo, por último, respecto al principio de adicionalidad. 
Felicito a mi compañero de la Comisión de Política Regional por su trabajo. 
En mi calidad de representante de un cantón admisible en el objetivo 2, me veo confrontado, con todos los agentes locales (autoridades competentes o interlocutores sociales) , a estas dificultades para introducir proyectos que creen empleo. 
Tenemos la obligación de introducir un sistema flexible que implique una simplificación de los procedimientos de decisión y una mayor complementariedad con las demás políticas comunitarias (lucha contra la exclusión, el empleo y las PYME). 
Pienso que el informe de nuestro compañero constituirá una buena base de discusión, al acercarse la propuesta oficial de la Comisión relativa a la próxima reforma de los fondos estructurales. 
Los fondos estructurales son, como lo saben todos ustedes, uno de los elementos esenciales de la política de cohesión económica y social de la Unión Europea. 
Por tanto, es sumamente importante que nos mostremos vigilantes respecto a su aplicación, para asegurarles la mayor eficacia posible. 
El informe del Sr. Novo Belenguer tiene el mérito de señalar las dificultades que persisten en la gestión y ejecución de los fondos estructurales y proponer posibilidades de acción para remediar estos defectos. 
Por ello, yo voté su aprobación. 
Deseo simplemente insistir en dos temas mencionados en este informe y en los que tengo gran interés. 
El primer punto se refiere a la ejecución anormalmente baja de los fondos estructurales. 
El problema es considerable, incluso si hoy las cifras son menos alarmantes que en 1995, primer año del período de programación. 
Me expreso aquí también en calidad de representante de un departamento francés. 
Este consumo anormalmente bajo está enormemente relacionado con la dificultad de los procedimientos que deben encarar los agentes del desarrollo social. 
Parece necesario que a nivel de la Comisión Europea, así como a nivel de los Estados miembros, se contemple una simplificación de los procedimientos de aplicación. 
Esta simplificación requiere también, sin duda alguna, una disminución del número de programas de iniciativa comunitaria, con el fin de evitar una excesiva dispersión de las financiaciones, y para ofrecer una mayor legibilidad a los agentes locales. 
Asimismo, insistiría rápidamente en la importancia de la cooperación, destacada en su informe por el Sr. Novo Belenguer. 
Ya se han realizado grandes progresos, pero es indispensable continuar por esta vía. 
Es así como se logrará una mejor adecuación entre las necesidades que existen sobre el terreno y la utilización de los fondos estructurales. 
Por último, no terminaré sin expresar mi decepción ante las recientes decisiones tomadas durante la Cumbre de Amsterdam. 
El informe del Sr. Novo Belenguer constata la necesidad para el Parlamento Europeo de ser colegislador en los temas relacionados con los fondos estructurales. 
Ahora bien, contrariamente a lo propuesto por la Presidencia holandesa, el procedimiento de codecisión no fue adoptado para las disposiciones del artículo 130D relativo a los fondos estructurales y de cohesión. 
El procedimiento sigue siendo el de dictamen conforme. 
Lo lamento enormemente y espero que de aquí a la firma del Tratado, en octubre de 1997, el Parlamento Europeo podrá comunicar su desacuerdo sobre este punto. 
Me agrada sobremanera poder apoyar hoy este informe. 
Me parece que en nuestra Unión Europea la gente compartirá el deseo del ponente de que se establezca un sistema más efectivo para el desembolso de fondos europeos en nuestras regiones. 
Los que solicitan la financiación de la UE saben que el dinero es limitado. Se dan cuenta de que tienen que presentar proyectos de alta calidad para que se les pueda tomar en consideración. 
Por eso es inaceptable que quede sin gastar tanto dinero asignado a proyectos regionales y sociales. 
Es absolutamente injusto que algunos proyectos no reciban fondos, que otros reciban apenas una cantidad mínima, mientras que en algunas partidas del presupuesto hay fondos valiosísimos que están durmiendo en las cuentas bancarias sin que nadie los utilice. 
Realmente me sorprende que Alemania, que tanto contribuye al presupuesto de la UE, tarde tanto en aprovechar la parte que le corresponde: dos terceras partes del dinero del Fondo Social asignado a Alemania no se han podido consignar a proyectos. 
Coincido con el ponente en que debemos descentralizar la adopción de decisiones sobre fondos, involucrar más a las autoridades locales en todo este proceso, y considerar a la Comisión como una especie de órgano regulador que se cerciore de que los fondos se gastan debidamente. 
Si hay países que no quieren o no pueden gastar la parte que les corresponde en los fondos de la UE, puedo darles la seguridad de que muchos grupos y muchas personas de mi propia circunscripción estarían muy contentos si pudieran utilizar debidamente esos fondos, y merecerían que se les diera esa posibilidad. 
Hay que poner término a este desperdicio de nuestros escasos recursos. 
Espero que este informe haga de espuela para que la Comisión y el Consejo obren rápidamente en relación con este problema. 
El Turno de preguntas queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.20 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 26 de junio de 1997. 
Declaración del Presidente 
Señorías, hace apenas 48 horas el brutal asesinato de Miguel Angel Blanco, concejal del Ayuntamiento de Ermua, sacudía los sentimientos y convicciones más profundos de las mujeres y hombres de bien del País Vasco y de toda España. 
Estos días, millones de esos hombres y mujeres han salido a la calle en una impresionante manifestación de solidaridad, gritando «Basta ya de violencia» y diciendo «Sí a la libertad, a la paz y a la tolerancia». 
El Parlamento Europeo, coherente con su trayectoria, condena del modo más enérgico no sólo ese odioso atentado a la convivencia, sino también el intento mismo de imponer la voluntad de una minoría a la mayoría democráticamente elegida. 
Tampoco podemos tolerar que el sólo hecho de ostentar un cargo por elección de los ciudadanos sea un motivo para perder la vida. 
Demasiadas veces hemos visto en Europa el rostro oscuro de la dictadura y de la intransigencia como para no saber reconocerlo en quienes el sábado asesinaron a uno de nuestros conciudadanos. 
A la familia de Miguel Angel Blanco le hacemos llegar nuestro más profundo sentimiento de dolor y nuestro apoyo en estos momentos difíciles. 
A las fuerzas políticas democráticas que unánimemente han pedido el aislamiento de ETA y de Herri Batasuna en España y fuera de ella, hemos de darles nuestro apoyo explícito. 
Como representantes de los ciudadanos europeos, les pido que nos sumemos con un minuto de silencio a ese grito de tristeza, pero también de esperanza, que ha brotado espontáneamente del pueblo. 
Nosotros Señorías, también somos Miguel Angel. 
(El Parlamento guarda un minuto de silencio) 
Aprobación del Acta 
Se ha distribuido el Acta de la sesión del 26 de junio de 1997. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el Acta literal del 25 de junio contiene un error. Aquella noche celebramos un debate sobre el gasto de los fondos del programa PHARE. 
Yo dije que convendría ampliar el número de miembros de la comisión para poder aprovechar mejor los fondos de PHARE. En dicha ocasión utilicé la palabra «bestaffing» (dotación de personal) , pero por desgracia en el Acta literal figura la palabra «bestraffing» (castigo). 
Es un craso error. Asimismo es un error que se utilice el dinero de PHARE para que en Eslovaquia se publiquen libritos de historia que contienen observaciones xenófobas y es lamentable que el Consejo no responda en absoluto a mis preguntas. 
Muchas gracias, señora van Bladel, aunque le hago observar que esto no se refiere al Acta de la sesión sino al Acta literal, es decir, la que recoge todas las intervenciones textualmente. 
Tiene la palabra la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Señor Presidente, permítame que pregunte cómo ha sido posible que el representante de la Presidencia neerlandesa del Consejo haya dicho a preguntas de las ONG de allí y de representantes gubernamentales cuál es la opinión del Parlamento Europeo sobre CITES. 
Exactamente ocho días antes, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en el debate de urgencia que abarca aproximadamente tres páginas. 
Ha dicho literalmente que el Parlamento Europeo no tiene ninguna opinión al respecto. 
Esto es un escándalo. 
No estamos jugando a ser un Parlamento sino que somos un Parlamento. 
¡A ver si toman nota por fin de ello los representantes del Consejo! 
El representante del Consejo no puede decir que el Parlamento no tiene ninguna opinión al respecto cuando ocho días antes ha aprobado en el debate de urgencia una resolución de tres páginas. 
Muchas gracias, señora Bloch von Blottnitz, le aseguro que averiguaremos qué es lo que ha ocurrido exactamente y lo que ha dicho la presidencia neerlandesa y, en caso necesario, me dirigiré a ella para llamarle la atención. 
(Queda aprobada el Acta) 
El 12 de mayo formulé una pregunta sobre el concurso público relativo al mobiliario para este Parlamento. 
En esa ocasión, usted me dijo: tiene que hacerlo por escrito. Así lo hice el 14 de mayo. 
De eso hace ahora nueve semanas y sigo sin recibir una respuesta. 
El 26 de junio, durante el pleno de Bruselas, le pregunté de nuevo cuándo me daría una respuesta y entonces me dijo usted: antes del siguiente período parcial de sesiones en Estrasburgo. 
Pues bien, este ha empezado hoy, pero sigo sin recibir ninguna respuesta. 
No comprendo cómo puede usted tratar así a las empresas de la Unión, pues tenía una pregunta al respecto. 
¿Es éste un ejemplo de la transparencia de nuestro Parlamento? 
Por tanto, quisiera recibir mañana a más tardar una respuesta por parte de la Mesa. 
Señora Plooij-van Gorsel, tiene usted razón en que le dije que tendría la respuesta antes de esta semana, pero hay muchas preguntas que contestar y los servicios van preparando las contestaciones en el momento que pueden. 
Estas respuestas tienen que pasar, además, por la Mesa, no las redacto yo personalmente. 
En todo caso, como la Mesa se va a reunir esta tarde y el jueves de esta semana, espero que en esta semana tenga usted esa contestación. 
Tiene la palabra el Sr. Gallagher. 
Señor Presidente, yo quisiera referirme a un incidente muy grave acaecido este fin de semana en mi circunscripción del condado de Mayo. 
En las poblaciones de Glencullen, Glenamoy y Bangor Erris, muchas familias perdieron sus hogares arrasados por las riadas, los ríos desbordaron sus cauces, las inundaciones provocaron corrimientos de tierra, dejaron intransitables las carreteras y destruyeron instalaciones agrícolas y viviendas. 
Se perdieron cabezas de ganado ovino y bovino, las cosechas quedaron destruidas y ha sido un auténtico milagro que no se perdiera ninguna vida humana. 
Esto tendrá graves consecuencias económicas y sociales para toda la región. 
Yo pido al Parlamento que respalde una petición dirigida a la Comisión para que se pongan fondos de ayuda a disposición de las personas afectadas por dicha catástrofe natural. 
Soy consciente de que no se trata de la única región de Europa afectada- ha habido catástrofes en otras zonas- y espero que el Parlamento respaldará una petición a la Comisión para que ponga a disposición de la citada región de Mayo los créditos oportunos. 
Gracias, señor Gallagher, pero esto no es una cuestión sobre el orden del día. 
Normalmente, el cauce para estas cuestiones es el del debate sobre problemas de actualidad y urgencia. 
Tiene la palabra el Sr. Titley. 
Señor Presidente, hoy hace una semana que un autocar que transportaba a un grupo de alumnos del Colegio Saint James, de Bolton, que pertenece a mi circunscripción, sufrió un grave accidente en los Alpes franceses. 
Tres jóvenes perdieron la vida como resultado del accidente. 
Con la seguridad de que la Asamblea comparte mi pesar y mi dolor por tan trágica pérdida, yo le ruego, señor Presidente, que tenga a bien transmitir a la escuela el pésame en nombre de todo el Parlamento. 
Dicho accidente ha llamado una vez más la atención sobre el tema de los cinturones de seguridad en los autocares, especialmente los que transportan niños. 
Un aspecto particularmente trágico es que el Colegio Saint James tiene como norma utilizar siempre autocares provistos de cinturones de seguridad. 
Lamentablemente, su autocar tuvo una avería y se vieron obligados a alquilar un autocar local francés que no estaba equipado con cinturones de seguridad. 
Esta tragedia ilustra a la perfección la necesidad de contar con una legislación eficaz de ámbito europeo que proteja a nuestros ciudadanos cuando viajan entre los Estados miembros. 
Por consiguiente, yo le pido, señor Presidente, que escriba una carta al Presidente de la Comisión y al Presidente en ejercicio del Consejo con objeto de llamar la atención sobre esta trágica pérdida de vidas humanas e instarles a examinar las posibilidades de mejorar la legislación comunitaria en relación con la instalación de cinturones de seguridad en los autocares. 
Finalmente, yo quisiera dejar constancia de mi reconocimiento al Comisario de Transporte, Sr. Kinnock, por la rapidez y comprensión con que ha respondido en relación con este tema. 
Señor Presidente, lamento tener que decirle que no puedo aceptar la respuesta que acaba de darme. 
En dos ocasiones me ha dicho usted que se encargaría cuanto antes de que se me diera una respuesta. 
Es innegable que el jefe de sus servicios de licitación puede contestar a esta pregunta. 
Si resulta tan difícil indicar si las empresas de los distintos Estados miembros gozan de igualdad de oportunidades en los concursos, me pregunto hasta qué punto este Parlamento es transparente. 
Señora Plooij-van Gorsel, ya ha repetido usted su punto de vista dos veces. 
Esto no es una cuestión de orden. 
Hay un cauce para plantearla y un cauce para ser respondida. 
No le volveré a dar la palabra sobre este tema. 
Composición del Parlamento 
Señorías, les comunico que la Sra. Péry me ha notificado por escrito su renuncia como vicepresidenta, con efecto a partir del martes 15 de julio de 1997 y como diputada al Parlamento Europeo con efecto a partir del miércoles 16 de julio de 1997. 
De conformidad con el artículo 12 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, la Asamblea constata esta vacante e informará de ello al Estado miembro interesado. 
A título personal, pero creo que interpretando el sentir de esta Asamblea, creo que debemos manifestar nuestra gratitud a la Sra. Péry por los largos años durante los que ha servido como vicepresidenta de esta Asamblea, con absoluta efectividad y con la aprobación de todos los miembros de la Asamblea. 
Las autoridades francesas me han comunicado la sustitución del Sr. Philippe de Villiers por el Sr. Eric Pinel, con efecto a partir del 17 de junio de 1997. 
Doy la bienvenida a este nuevo colega y recuerdo que, en virtud del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, todo diputado ocupa su escaño en el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos, aunque no se haya verificado su credencial o no se haya resuelto sobre una posible impugnación. 
Orden de los trabajos 
Señor Presidente, por lo que respecta a la sesión del miércoles, debo formular una propuesta que afecta en particular a la declaración de la Comisión sobre la Cumbre «Planeta Tierra» , o sea, la Cumbre de Nueva York. 
Habida cuenta de que una declaración tan importante corre el riesgo de ser tratada demasiado tarde, a medianoche, puesto que tenemos un orden del día muy cargado, deseo solicitar si es posible adelantarla a la sesión del martes o atrasarla a la del jueves. 
De otro modo, corre el peligro de no ser tomada en consideración debidamente, y Europa, como es obvio, debe ocupar un espacio importante en lo referente a dicha declaración. 
Señora Baldi, yo le recuerdo que se pueden hacer propuestas de modificación hasta una hora antes de iniciarse la sesión. 
Esa propuesta que usted ha hecho ahora no ha llegado una hora antes. 
Por tanto, no es posible tomarla en consideración, aun lamentándolo mucho. 
Tiene la palabra el Sr. Blot. 
Señor Presidente, desearía plantearle una cuestión relativa al orden del día. 
Como usted sabe, hoy es 14 de julio, fiesta nacional y día festivo para los ciudadanos franceses. 
La Presidencia tiene la intención de transmitir un sencillo mensaje de cortesía a los diputados, al personal de los diferentes grupos y al personal del Parlamento o asignado a su servicio, que sean de nacionalidad francesa, en nombre de todos, por supuesto. 
Creo que nuestros amigos serían muy sensibles a ello, al igual que nosotros, sobre todo porque la cortesía forma parte de las costumbres parlamentarias más esenciales para el buen funcionamiento de una institución como la nuestra. 
Señor Presidente, le agradecería lo que pudiera hacer o decir en este sentido. 
Señor Blot, sabe usted que cualquier petición que apele a la cortesía recibirá siempre una respuesta favorable por parte del Presidente del Parlamento Europeo. 
Usted mismo se ha pronunciado sobre cuál ha de ser el contenido del mensaje solicitado. 
Lo hago mío y pido a todos los franceses que lo acepten. 
Gracias. 
Señor Presidente, yo quisiera pedirle que confirme aquí en el Pleno que la votación del informe Rothley se realizará el miércoles. 
Así consta en el orden del día, pero parece que existe bastante confusión al respecto y, dado el carácter delicado del tema, es importante que todo el mundo pueda escuchar de sus propios labios cuándo se realizará la votación. 
La votación se realizará el miércoles a las 12.00 horas. 
Jueves: 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, solicita la inclusión de una declaración de la Comisión sobre la cuestión de las exportaciones fraudulentas de carne de bovino procedentes del Reino Unido. 
Tiene la palabra el Sr. Novo para defender la solicitud. 
Señor Presidente, Señorías, como sin duda sabrán, hace algunos días la Comisaria Emma Bonino informó en conferencia de prensa de que se habían producido casos de exportación fraudulenta de carne bovina procedente del Reino Unido. 
Creo que hay razones para que debatamos este asunto en el pleno. 
En primer lugar, las informaciones de la señora Comisaria fueron imprecisas e incompletas, lo que contribuyó a un singular agravamiento espectacular de la especulación informativa entre la población. 
Además, la propia Asociación Europea de Defensa de los Consumidores se hizo eco de ello. 
Por otro lado, y en segundo lugar, las informaciones de la Comisión llegaron con retraso, pues dos meses antes de la conferencia de prensa el propio Comité Veterinario Permanente ya había informado a la Comisión de los hechos divulgados. 
En tercer lugar, si la señora Comisaria presenta una información ante los órganos de comunicación social que es incompleta y poco detallada, con mayor razón debe hacerlo ante esta Cámara, pero aquí de forma completa si fuera posible. 
En cuarto lugar, situaciones de este tipo son las que contribuyeron a que la crisis de las vacas locas cobrase las importantes dimensiones que llegó a tomar. 
Conviene que no repitamos errores del pasado y que tratemos, ahora mismo, sobre esta cuestión. 
En quinto lugar, considero que esta materia, que la señora Comisaria Emma Bonino saca a colación, no está dentro del ámbito de competencias de la Comisión de seguimiento de la crisis de EEB. 
¡No hay relación entre una y otra cosa! 
Por todas estas razones, yo pediría a todos los colegas que accediesen a nuestra propuesta de que se incluya en el orden del día del jueves una declaración de la Comisión sobre la exportación fraudulenta de carne bovina procedente del Reino Unido. 
Tiene la palabra la Sra. Roth-Behrendt para argumentar en contra de la solicitud. 
Mi grupo político y yo estamos en contra que se coloque en el orden del día de esta semana un dictamen de la Sra. Bonino por el siguiente motivo: el Parlamento ha creado una comisión temporal para controlar las actividades de la Comisión en lo tocante a la Comisión de Investigación para la EEB. 
Esta comisión temporal se reúne públicamente, lo hace hoy, mañana y el jueves. 
Todos los diputados de esta Asamblea pueden participar en sus reuniones y escuchar las declaraciones que hace allí la Comisión. 
Hoy lo hará el Comisario Fischler. 
La Sra. Bonino y el colega están invitados a escuchar hoy en la comisión temporal la declaración de la Comisión que él desea para el jueves. 
Si el colega indica que la Comisión ha informado demasiado tarde entonces tiene otra información que yo. 
El Comité Científico no ha sido el que ha asesorado a la Comisión sino que lo ha hecho el departamento para la lucha contra el fraude de la Comisión. 
Cuando la Comisión actúa responsablemente entonces informa una vez que todos- la fiscalía, la policía y aduanas- han adoptado sus medidas. 
Hasta ahora no tengo ningún motivo para dudar de que la Comisión no lo haya hecho así. 
Esta tarde vamos a escuchar al Sr. Fischler y a la Sra. Bonino, mañana al Sr. Cunninghan, ministro británico de agricultura y el jueves al Sr. Boden, ministro luxemburgués de agricultura y Presidente del Consejo. 
Con ello, el Parlamento debería estar suficientemente informado a través de su comisión, por lo que no existe ninguna necesidad de que la Comisión emita un dictamen ante el Pleno. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Señor Presidente, siento pedirle que volvamos al orden del día del miércoles. 
Usted, señor Presidente, ha dicho que el orden del día del miércoles no presenta ninguna variación. 
¿Debo entender que, como es consuetudinario, de 17.30 a 19.00 horas tendrá lugar el turno de preguntas al Consejo? 
Sí, es así. 
Y le agradezco que me dé la ocasión de aclarar el asunto. 
La Conferencia de Presidentes retrasó media hora el turno de preguntas al Consejo para hacer posible una declaración más del Consejo. 
Lo que ocurre es que en la versión española se ha producido una errata y pone la hora 17.30 a 19.00 en vez de 18.00 a 19.00, que sería la correcta. 
Señor Presidente, con el debido respeto parlamentario, no sólo a usted sino a la Conferencia de Presidentes, quiero recordar que hay un derecho consuetudinario consistente en que todos los miércoles el Consejo responda a las preguntas de sus Señorías durante una hora y media. 
En este caso, según mi información, hay 37 preguntas formuladas por sus Señorías que esperan recibir respuesta del Consejo. 
No me parece que disminuir o retrasar este tiempo contribuya a resaltar la gran importancia que tiene el diálogo entre los diputados y diputadas de esta Asamblea y los representantes del Consejo. 
Por lo tanto, quiero expresar, con todo respeto, mi disconformidad con esta modificación del horario y con esta disminución del tiempo. 
Muchas gracias a usted, Sr. Gutiérrez Díaz. 
Esta semana tiene un orden del día extremadamente cargado. 
Los Grupos han entendido que debía haber tres declaraciones del Consejo, que también es una forma de diálogo parlamentario, por lo cual excepcionalmente se ha introducido esta modificación en el orden del día. 
Tiene la palabra el Sr. Posselt. 
Señor Presidente, quiero adherirme a esta crítica. 
El turno de preguntas, que durante años se ha celebrado entre las 21.00 y 22.30 horas, se ha aplazado a la hora después del almuerzo de mediodía. 
En alguna ocasión se descubrió que el Consejo estaba demasiado cansado a esas horas de la tardes por lo que se adelantó el turno de preguntas a después del mediodía. 
Desde entonces, cada dos o tres veces se acorta o se aplaza. 
Me parece que se debería colocar de nuevo a las 21.00 horas, con lo que se solucionaría el problema. 
Muchas gracias, señor Posselt. 
Ya he explicado las razones por las que se ha modificado el orden del día. 
La disconformidad habría que expresarla cada uno en su Grupo parlamentario, dado que los Grupos han dado su conformidad respecto de este cambio. 
Presentación por el Defensor del Pueblo europeo de su informe anual (1996) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual del Defensor del Pueblo europeo (1996). 
Gracias, señor Söderman. 
Informe anual de actividad (1996) del Defensor del Pueblo europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0211/97) del Sr. Papakyriazis, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual de actividad (1996) del Defensor del Pueblo de la Unión Europea (Defensor del Pueblo europeo). 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Södermann, Señorías, esta noche tengo el gran honor de presentar al pleno el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el informe anual de actividad del Defensor del Pueblo europeo para 1996. 
Es el primer informe de actividad del Defensor Europeo que cubre un año completo y nos da así, creo, la posibilidad de examinar más madura y detalladamente este nuevo órgano. 
Porque el Defensor del Pueblo europeo es un órgano nuevo que tiene, sin embargo, una amplia historia en esta sala. 
Aquí fue donde se configuró, donde tomó su forma final y aquí se votó en 1995 el primer Defensor del Pueblo europeo. 
Una Europa cercana a los ciudadanos no sería factible, no sería realidad, si sus mecanismos fueran desconocidos y si ella misma fuera hostil e impenetrable para los ciudadanos, a cuyo servicio está la Unión Europea. 
El Defensor del Pueblo es uno de los órganos que invitan a trabajar con paciencia, con insistencia y rigor, y que en su caso intervienen para contrarrestar actuaciones que alteren o transgredan el funcionamiento de una gestión honrada por parte de los órganos europeos. 
Presento hoy, y hablo siempre en nombre de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un informe que tuvo la suerte de ser aprobado unánimemente, sin ningún voto en contra ni ninguna abstención. 
Quiero pues, en nombre de la comisión, felicitar al primer Defensor del Pueblo europeo por su detallado, extenso y orientativo informe. 
Y le felicito por el fondo de su trabajo y por los resultados logrados en 1996. 
Aunque la institución del Defensor del Pueblo cuenta con una larga tradición, el Defensor del Pueblo europeo es un órgano nuevo, con nueva fuerza y nuevas exigencias. 
Queremos felicitarle por los resultados concretos obtenidos en el examen de las denuncias en situaciones concretas y precisas. 
La colaboración registrada hasta el momento entre los órganos implicados de la Unión Europea nos permite, creo, ser optimistas para el futuro. 
Ciertamente, ha habido situaciones en las que el Defensor del Pueblo ha encontrado alguna oposición, como hay también situaciones que esperan todavía su consumación. 
Creemos que el Parlamento Europeo es el órgano institucional que puede y debe aportar su solidaridad y su peso político especifico al ejercicio del control parlamentario por parte del Defensor del Pueblo en relación con los órganos institucionales de la Comunidad Europea. 
Esto no significa en ningún caso que el Parlamento Europeo influya o discuta la autonomía o la independencia del Defensor del Pueblo europeo. 
Por lo demás, es necesaria la profundización continua de nuestra mutua cooperación, de la colaboración entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo europeo, en una actuación paralela y diaria en pos del objetivo común. 
En el informe se exponen propuestas concretas en sus doce apartados. 
No me entretendré en ellas refiriendo pruebas concretas y prácticas de la plena colaboración y coordinación de nuestras actividades. 
Tan sólo diré que se requiere una profundización, un mayor esfuerzo de información a los ciudadanos, porque en muchos de ellos existe, en todos los países europeos, una imagen en cierto modo confusa de las competencias y las posibilidades del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo europeo. 
No volveré sobre las cuestiones que el Sr. Södermann ha expuesto. 
Estamos de acuerdo en la utilidad de una consideración realista de la mala administración. 
En todo caso, creo que es común la necesidad de dotar de un contenido más preciso a la buena administración. 
Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de investigación de las mismas iniciativas. 
Concluyo diciendo que nos encontramos ante una nueva institución establecida en Maastricht oficialmente y que hoy, después de Amsterdam, adquiere una nueva dimensión y perspectiva. 
Confío en que coincidimos todos en seguir y dinamizar su papel, siempre en beneficio de los ciudadanos a los que, como Parlamento Europeo, representamos. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, yo quiero felicitar al Defensor del Pueblo europeo, Sr. Söderman, por su excelente informe anual correspondiente a 1996. 
Quienes hemos tenido oportunidad de examinar con anterioridad dicho informe sabemos con cuánta minuciosidad está redactado. El Sr. Söderman expone en él su primer año completo de trabajo y los casos alegados de mala administración que ha investigado. 
Es importante que el Sr. Söderman haya destacado en su intervención las investigaciones que ha iniciado por iniciativa propia, ya que éstas dimanan de cuestiones importantes; no las ha ideado él, sino que tienen su origen en reclamaciones que él ha examinado y en quejas que han atraído su atención hacia problemas generales que requieren su intervención. 
Como hemos podido escuchar, las quejas relativas a las evaluaciones del impacto medioambiental de la variante de Newbury y la M40, correspondientes ambas a mi país, el Reino Unido, llevaron al Defensor del Pueblo a la convicción de que la Comisión estaba incumpliendo su cometido en algunos aspectos y que era más apropiado realizar un examen general de la posición de los reclamantes individuales en materia de procedimiento, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 169. También su investigación por propia iniciativa encaminada a promover el acceso del público a los documentos de las instituciones comunitarias tuvo su origen en las reclamaciones recibidas. 
Acogemos con profunda satisfacción todas estas actividades. 
Es importante que se divulgue más ampliamente el derecho de los ciudadanos a dirigir al Defensor del Pueblo sus quejas por presuntos casos de mala administración, al igual que el derecho de los ciudadanos y residentes a dirigir peticiones al Parlamento Europeo sobre otras cuestiones que afectan al ámbito de competencias de las Comunidades Europeas, y también las respectivas competencias y responsabilidades del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones. 
Finalmente, yo quiero felicitar a nuestro ponente de la Comisión de Peticiones, Sr. Papakyriazis, que ha elaborado un informe ponderado que examina con gran detalle el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, le felicita merecidamente por su labor y le ofrece apoyo y propuestas positivas para el futuro. 
Señor Presidente, a raíz del informe del Sr. Perry sobre las actividades de la Comisión de Peticiones, que se trató en la sesión plenaria del mes de junio, y del informe del Sr. Papakyriazis sobre las actividades del Defensor del Pueblo, yo también me sumo a la invitación del Sr. Newman para que sus Señorías lean el precioso informe del Sr. Södermann. 
A través de estos dos informes, el Parlamento Europeo desea afrontar en concreto y no de forma abstracta, el crucial y decisivo asunto de la ciudadanía europea: una ciudadanía que surge del convencimiento de todos los ciudadanos europeos de pertenecer a una Comunidad en la que la soberanía no se atribuye a los déspotas modernos, esto es, a los burócratas, sino a la ley, una ley en cuya elaboración participan los propios ciudadanos por medio de sus representantes en los Parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo. 
Por desgracia, el Parlamento Europeo no posee plenos poderes de iniciativa legislativa, sino sólo poderes de codecisión, a pesar de que estos últimos fueron ampliados en la reciente Cumbre de Amsterdam. 
Para un Parlamento, sin embargo, se trata de una grave carencia, de una carencia estructural, ya que la tarea fundamental del Parlamento debería ser la de legislar, aunque esto es imposible. 
Dicha carencia tiene una doble consecuencia: la primera plantea la existencia de un grave déficit democrático en la relación entre los ciudadanos y nuestro Parlamento, puesto que los ciudadanos no se sienten involucrados en el proceso de elaboración de las leyes. 
La segunda consecuencia es que la integración europea no se asienta sobre un proceso inductivo: del hecho a la ley, del particular a lo universal, sino sobre un proceso abstracto y deductivo: de la ley a la directiva y a la realidad específica, de lo general a lo particular. 
Y quien conoce la historia de nuestro continente conoce la pluralidad de historias, culturas, lenguas que lo caracterizan. 
De ello se derivan las crisis de rechazo, los incumplimientos y las dificultades de las comunidades nacionales en cuanto a transponer las directivas comunitarias. En otras palabras, la Unión corre el riesgo de fracasar, porque los ciudadanos no se consideran el sujeto, sino el objeto de las decisiones de las Instituciones comunitarias o incluso, en cierta medida, víctimas de lo que se decide a escala comunitaria. 
Por otra parte, la Comisión debe vigilar la aplicación de la ley, debe ser la garante de la construcción europea. 
Los antiguos decían: ¿Quis custodiet custodes? 
¿Quién vigila a los vigilantes? 
Los propios ciudadanos, esto es, los ciudadanos europeos son los que tienen, en el caso de incumplimiento de la ley y en virtud del Tratado de Maastricht, tan sólo dos posibilidades reales, dos caminos principales: el primero es el de dirigirse al Parlamento Europeo a través de la Comisión de Peticiones- el famoso derecho de petición- y el segundo el de acudir, en el caso de mala administración de la acción de las Instituciones comunitarias, al Defensor del Pueblo europeo, cuya actividad nos la acaba de ilustrar el Sr. Papakyriazis. 
La acción diferenciada- política la una y administrativa la otra -, pero convergente y de colaboración de estos dos organismos se dirige, por un lado, a crear un sistema de protección de los ciudadanos europeos de tipo no judicial, simple, eficaz y gratuito y, por otro, a señalar y colmar todas las lagunas, que son muchas e impiden pasar de la norma general abstracta y a menudo lejana a su concreta aplicación, a fin de lograr el pleno establecimiento de la ciudadanía europea que es una de nuestras aspiraciones. 
Por eso acostumbro a decir lo que pienso. 
Y digo que lo que aquí tenemos es un informe de calidad elaborado por el Defensor del Pueblo que espero que cree escuela en relación con futuros informes. 
Se centra en las observaciones esenciales, y no da todos los detalles. 
Pienso que este informe nos ayudará a comprender lo que se quiere decir con el término buena administración, que tenemos derecho a unos plazos mejores y más justos de tramitación de reclamaciones, a mejores explicaciones de los motivos para las decisiones adoptadas, y a que disminuya la discriminación, como ha dicho el propio Defensor. 
Además pienso que este período de un año y medio ha demostrado que el Defensor del Pueblo es necesario en sus funciones de guardián de los guardianes, como él ha dicho refiriéndose al artículo 169. 
Apoyamos lo que se dice en el informe, pero existen algunos comentarios de la Comisión de Peticiones, a los que se referirán mis colegas de Grupo, en los que no estamos del todo de acuerdo. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Papakyriazis, en su punto primero- y no es una formalidad -, felicita al Defensor del Pueblo europeo por su amplio y bien elaborado informe anual relativo a 1996. 
Yo creo que ésta es una felicitación justa, pero que debiéramos extender retrospectivamente a la idea feliz de haber creado esta institución en el ámbito del Parlamento Europeo en los acuerdos de Maastricht, y felicitarnos también por la buena colaboración entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones. Convendría decir aquí que en esta buena colaboración influye la personalidad del Sr. Söderman y la de los dos presidentes que durante este período han encabezado nuestra Comisión de Peticiones, el Sr. Newman y el Sr. Fontana. 
En su intervención nos ha dicho que se está abriendo paso una concepción de la ciudadanía europea que implica el saber que, ante la mala administración, se puede acudir al Defensor del Pueblo; un Defensor del Pueblo que ha demostrado tener iniciativa y al que hay que felicitar por haber tomado la iniciativa de vigilar esa función fundamental de la Comisión, que consiste en velar por el cumplimiento de los Tratados. 
También hay que felicitarlo por haber respondido- por iniciativa propia, pero con un gran sentimiento general- a esta preocupación por la transparencia de nuestras instituciones. 
Así pues, por todo ello, creo que hay que felicitar al Sr. Söderman por su informe y por su trabajo, y al Sr. Papakyriazis porque nos lo ha interpretado de tal forma que ha permitido que se aprobara el informe por unanimidad en la Comisión de Peticiones, y tengo la impresión de que ése es el camino que va a seguir el informe también en este Pleno. 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, estimados colegas, en nombre del Grupo de los Verdes tengo el placer de felicitar al Defensor del Pueblo por el gran éxito con que se ha saldado este año de actividades. Durante este periodo el Sr. Söderman también ha logrado cobrar un mayor protagonismo, algo que el Parlamento Europeo echó en falta el año pasado. 
De manera particular, me gustaría felicitar al Defensor del Pueblo por sus propias iniciativas, comenzando por aquella que hace referencia a las reclamaciones relacionadas con la legislación comunitaria. 
Reviste una gran trascendencia otorgar una mayor importancia al peticionario, de manera que éste pueda realizar un seguimiento minucioso del curso que se da a su reclamación. 
El peticionario debe tener derecho a ser informado acerca del diálogo que entablen el País miembro y la Comisión, y puede, también, tener motivos para completar su reclamación en virtud de la información que obtenga. 
En segundo lugar, la iniciativa encaminada a lograr una mayor transparencia en las instituciones, que tendrá unas repercusiones de gran alcance, constituye un pilar fundamental para la democracia en la Unión Europea. 
Aguardamos con gran expectación el primer informe específico del Defensor del Pueblo sobre esta cuestión. 
A pesar de que el Acuerdo de Amsterdam ya hace un mayor hincapié a este respecto, estoy convencida de que la mera presencia del Defensor del Pueblo impulsará un aumento de la transparencia. 
Señor Presidente, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo aprobó la semana pasada las normas de esta institución en materia de transparencia. 
Es de lamentar que ello tuviera lugar a puertas cerradas. 
Ni siquiera los miembros de esta cámara tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración de dichas normas. 
Desgraciadamente, estas normas son, en muchos aspectos, menos rigurosas que las normas de transparencia del Consejo. 
Creo que se trata de una gran derrota, habida cuenta de que el Parlamento ha querido aparecer como un adalid de la transparencia en el ámbito político. 
En esta ocasión, la transparencia atañe principalmente a los documentos administrativos, por lo que el Parlamento debería haber predicado con el ejemplo también en lo relativo a esta cuestión. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar no solamente al ponente por su excelente informe, sino sobre todo al Defensor del Pueblo europeo por su magnífico trabajo y por esa función (fundamental para la Unión Europea) a la que ha conseguido dar una importancia evidente. 
Es fundamental, por una razón que quizá no ha sido suficientemente señalada y que consiste en que se priva de una serie de coartadas a los gobiernos nacionales que intentan siempre alejarse de los males de todo tipo sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias y, por consiguiente, de trasladar al nivel europeo los problemas que no consiguen resolver a nivel nacional. 
Por supuesto, sabemos que no será sólo gracias al Defensor del Pueblo como podremos solucionar un problema mucho más fundamental, como es el de la democracia de la Unión Europea, una democracia que se respeta tan poco que si la propia Unión Europea tuviera que ingresar ateniéndose a los mismos criterios que los países candidatos, sin duda se vería suspendida. 
Ciertamente, no esperamos mucho en ese sentido por parte del Defensor del Pueblo, pero, en cualquier caso, puede eliminar una serie de coartadas, puede actuar de forma que las instituciones europeas sean un poco menos el chivo expiatorio de los gobiernos nacionales. 
Unas palabras acerca de los temas sobre los que mi grupo desearía que trabajase el Defensor del Pueblo europeo un poco más intensamente: convendría reforzar aún más (ya lo ha hecho) la utilización de Internet, para permitir a los ciudadanos que presenten denuncias a través de Internet, actuando de manera que sea también más conocido, sobre todo utilizando medios más tradicionales de información, y pienso en los diarios nacionales y regionales. 
Quizá se le pueda sugerir que vea si, con el Comité de las Regiones, no sería posible llegar a difundir la existencia de Internet, su papel y su función fundamental hasta en las regiones más alejadas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el Defensor del Pueblo ejerce su oficio de forma plenamente independiente. Así lo establece el artículo 138 E del Tratado, que dice que el Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus investigaciones. 
Quisiera referirme a cuatro pequeñas cuestiones relacionadas con el informe del Sr. Papakyriazis, a quien quiero saludar y asimismo felicitar. 
El Defensor del Pueblo acaba de decir, en su explicación sobre la definición de una mala gestión, que en realidad no existe una definición estricta. 
Me complacería que, para el informe del año que viene, el Defensor del Pueblo tratara más detenidamente esta cuestión a fin de darnos una definición mejor. 
La segunda cuestión es la de las iniciativas. 
Las iniciativas del Defensor del Pueblo han de responder, por supuesto, a reclamaciones repetidas. Claro está, el Defensor del Pueblo debería entablar contacto con otras instituciones y así lo hace. 
El Defensor del Pueblo ha felicitado a todas las demás instituciones, pero yo quisiera decir: no seamos ingenuos en esta investigación con respecto a las demás instituciones. 
Por supuesto, la Comisión Europea dará por escrito todo tipo de explicaciones, pero eso no significa que se hayan solucionado todas las cuestiones. 
Baste pensar en el ejemplo de la EEB, la enfermedad de las vacas locas. Si hubiera llegado hasta el Defensor del Pueblo en forma de reclamación, me pregunto qué habría pasado. 
Por tanto, pienso que cuando hay una mala gestión es preciso realizar un control mayor y más serio, y que el Parlamento ha de desempeñar su función en este contexto. 
Señor Defensor del Pueblo, en su informe ha indicado usted que cerca del 65 % de las reclamaciones presentadas no encajan en su mandato. 
Para nosotros y para el público sería muy útil saber qué ha pasado con ese 65 %. 
¿Han recibido estas personas una carta que les diga: su reclamación no ha sido admitida a trámite y así lo dejamos? 
Pienso que también hay que investigar en qué medida estas reclamaciones pueden remitirse a la Comisión de Peticiones, para que el ciudadano no reciba tan sólo una respuesta negativa, sino también una posible solución de la reclamación. 
Por consiguiente, nos interesaría mucho que este informe anual no incluyera sólo los 32 casos, como este año, sino que indicara también qué ha pasado con el resto y por qué han sido rechazadas las reclamaciones. 
Una última cuestión, que algunas de sus Señorías ya han apuntado: se trata de la información que se facilita al ciudadano europeo. Se ha creado un nuevo derecho para el ciudadano europeo, pero éste no lo sabe. 
El Parlamento Europeo tiene oficinas de información en todas las capitales, la Comisión Europea tiene oficinas de información en todas las capitales. ¿Qué hacen estas oficinas para informar a la población sobre un derecho esencial, concretamente la posibilidad de presentar reclamaciones? 
Considero que esta cuestión ha de investigarse más a fondo. 
Señor Presidente, tenemos ahora el primer informe anual del Defensor del Pueblo. 
Su actuación es modesta, pero considero que su reciente ataque a la falta de apertura del Consejo supone un avance positivo. 
Considero que el Defensor del Pueblo ha de adaptarse poco a poco a su función y para ello es preciso que el Parlamento Europeo le proporcione el ámbito necesario. 
Las relaciones jurídicas y reglamentarias con el Defensor del Pueblo son difíciles. 
Es independiente, pero informa a este Parlamento. 
Para aprovechar bien este instrumento de la Europa del ciudadano, no hemos de adoptar una actitud forzada y no hemos de considerar al Defensor del Pueblo un competidor. 
El presente informe del Sr. Papakyriazis está lleno de críticas innecesarias al Defensor del Pueblo y le otorga muchas tareas que no tiene. 
El Defensor del Pueblo no es responsable del mantenimiento del equilibrio institucional. Asimismo es exagerado incluir todas las reclamaciones en su informe anual. 
Por ello, el Grupo de los Liberales ha presentado una serie de enmiendas e intentará que se rechacen diversos apartados para dar al Defensor del Pueblo el ámbito que necesita y merece, no como un hermano pequeño de la Comisión de Peticiones, sino para investigar independientemente las reclamaciones de los ciudadanos con respecto a las instituciones. 
Por último, quiero declarar mi plena conformidad con lo que ha dicho mi colega el Sr. Chanterie. 
Siguiendo la línea del Sr. Bertens, pienso en efecto que el Parlamento Europeo ha de dar la señal política correcta aprovechando este primer informe anual. 
Esta señal política correcta no puede consistir en que el Parlamento Europeo diga: Defensor del Pueblo, tenga cuidado, ocúpese de que no se altere el equilibrio entre las instituciones, y en tal sentido considero totalmente negativo el apartado 4 del informe; pienso que hay que eliminarlo, pues de lo contrario daremos una señal equivocada al ciudadano. 
La función del Defensor del Pueblo ha de desarrollarse, de hecho ha de poder ser evaluada, y en este sentido me parece tarea imposible dar una definición de lo que entendemos por mala situación, mala gestión o lo que sea. 
Este tipo de asuntos surgen de la práctica y no hemos de dar la vuelta a las cosas. 
Por tanto, en primer lugar hemos de ocuparnos sobre todo de enviar una señal positiva desde el Parlamento Europeo, que apoye el cargo del Defensor del Pueblo y no le perjudique. 
En segundo lugar, hay que dejar claro que la ampliación de competencias de la Unión, entre otros en el ámbito del tercer pilar, que atañen a derechos fundamentales de los ciudadanos, implica que se amplíen las competencias del Defensor del Pueblo. 
Hemos presentado enmiendas en este sentido y espero que puedan contar con el apoyo de la mayoría de este Parlamento. 
Señor Presidente, yo quiero sumarme a las felicitaciones dirigidas al ponente, Sr. Papakyriazis, y al Defensor del Pueblo europeo, Sr. Söderman. 
Quienes tomaron parte en el nombramiento inicial del Defensor del Pueblo saben que éste no fue sencillo pero, como diríamos en inglés, la institución del Defensor del Pueblo se ha desarrollado hasta convertirse en una robusta criatura. 
Las instituciones europeas no siempre tienen buena prensa y, para ser sincero, no siempre la merecen, e incluyo aquí también al Parlamento. 
No obstante, es preciso reconocer que las tareas que deben cumplir las burocracias y las administraciones no son sencillas. 
Por esto es importante poder contar con un Defensor del Pueblo que ayude a los ciudadanos a abordar los problemas particulares que puedan encontrar en sus relaciones con la burocracia europea. 
Los ciudadanos de Europa que tengan dudas o reservas sobre la administración necesitan conocer la existencia del Defensor del Pueblo y que éste es la persona a quien puede acudir el pueblo. 
Con frecuencia hablamos de una Europa de los ciudadanos y esta expresión tiene significados distintos para las diferentes personas. 
Para mí, una Europa de los ciudadanos es una Europa donde los individuos cuentan. 
El papel del Defensor del Pueblo y también el de la Comisión de Peticiones, dicho sea de paso, son dos vías institucionales importantes para dar prioridad al individuo y garantizar la protección de sus derechos. 
Y desde el Parlamento- y en esto coincido con mis colegas- deberíamos procurar ayudar al Defensor del Pueblo a cumplir su cometido y no imponerle una interpretación excesivamente restrictiva de su mandato. 
Finalmente, yo quisiera señalar dos aspectos. 
Periódicamente se hace un llamamiento en favor de una información clara y de una mayor publicidad. 
El informe del Sr. Papakyriazis destaca este aspecto y yo lo respaldo. 
¿Cuántos ciudadanos conocen la existencia del Defensor del Pueblo, un 1 % o el 100 %? 
Mucho me temo que la proporción se aproxima más a la primera que a la segunda cifra. 
No obstante, yo quiero felicitar al Defensor del Pueblo por su utilización de las nuevas tecnologías. 
Francamente, nos lleva ventaja. 
Está utilizando mejor que nosotros las bases de datos, el correo electrónico e Internet para su trabajo y a la Comisión de Peticiones le convendría seguir su ejemplo. 
Por último, si no se desprende ya de lo que se ha dicho hasta ahora, yo quiero agradecerle al Sr. Söderman su labor en favor de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al Defensor del Pueblo por su primer informe anual. 
El hecho de que cuatro miembros del Grupo del Partido Europeo de los Liberales hayan querido tomar la palabra hoy demuestra la importancia que atribuimos a la institución del Defensor del Pueblo. 
El Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones constituyen conjuntamente un importante instrumento democrático, quizás el más importante de toda la Unión, aparte del Parlamento Europeo. 
El Defensor del Pueblo es el camino directo de los ciudadanos para lograr que se modifiquen las decisiones erróneas. 
No obstante, para eso se necesita que puedan saber lo qué está pasando, y por eso me siento muy satisfecha de que una de las iniciativas tomadas por el Defensor del Pueblo haya sido estudiar el grado real de conocimiento de los ciudadanos sobre la legislación comunitaria. 
Lamentablemente, ha llegado a la conclusión de que éste no es satisfactorio, y me felicito que el Defensor del Pueblo haya rogado a las instituciones que establezcan normas para la difusión de la legislación comunitaria, ya que, como he dicho, sin los conocimientos necesarios los ciudadanos no pueden saber lo que se está haciendo. 
Este primer informe demuestra, en mi opinión, que el Defensor del Pueblo se encuentra en el buen camino y que ha logrado un buen resultado con los recursos que tiene a su disposición. 
Por eso, quiero felicitar a Jacob Söderman por su informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir con toda claridad a mi compañero de grupo político, Sr. Bertens, que el Defensor del Pueblo es un aliado del Parlamento en la lucha contra la sensación de impotencia que muchos europeos tienen frente a las instituciones europeas. 
Esto es muy importante. 
En segundo lugar, también es muy importante que no solamente se pueda ayudar a los diversos ciudadanos sino que todos los funcionarios europeos e instituciones tengan la sensación de que un Defensor del Pueblo fuerte les controla y muestra sus errores como una situación anómala general. 
Este es el efecto preventivo del Defensor del Pueblo. 
En tercer lugar, la eficacia de este cargo depende del éxito que alcance ante la opinión pública. 
Por ello, le ruego que dedique todos los medios al trabajo de cara a la opinión pública, para dar a conocer casos concretos en toda Europa cuando son especialmente graves. 
El último punto es para mí muy importante. 
En mi país, en Austria- estamos desde hace poco tiempo en la Unión Europea- casi nadie conoce el cargo de Defensor del Pueblo. 
Esto tiene que cambiar, por lo que le ruego que vaya a los diversos países, que esté personalmente a su disposición y que se presente del modo más eficaz posible ante la opinión pública. 
Esta es la vía por la que este importante cargo puede despertar mucha mayor atención y aumentar su eficacia en interés de la democracia europea. 
Señor Presidente, tras un gran esfuerzo por parte danesa cuando se procedió a la elaboración del Tratado de Maastricht y por iniciativa del Parlamento Europeo se consiguió hacer realidad la institución del Defensor del Pueblo europeo. 
Por eso hemos esperado con ansiedad el primer informe anual completo del Defensor del Pueblo, el cual se refiere al informe del Sr. Papakyriazis. 
Tal como se ha subrayado varias veces, es muy importante que los ciudadanos de la Unión tengan más presentes las funciones y competencias del Defensor del Pueblo europeo. 
Hasta ahora, no se ha difundido suficiente información sobre las posibilidades que tanto particulares como empresas tienen de presentar reclamaciones ante él. 
Por eso es importante que éste garantice a los ciudadanos la transparencia de las instituciones comunitarias. 
Es asimismo importante que se garantice al Defensor del Pueblo acceso a las actas y a la información existente en las distintas instituciones comunitarias. 
Muchas de las reclamaciones que ha recibido hasta ahora se refieren al acceso a las actas. 
Se demuestra así que está resultando difícil aplicar en la práctica los objetivos de transparencia del Tratado de Maastricht. 
El Defensor del Pueblo europeo supone una clara mejora de la democracia en la Unión Europea y podrá contribuir a que la organización de la comunidad sea más transparente, al brindar a los ciudadanos europeos la posibilidad de quejarse si sienten que han recibido un trato injusto. 
Por eso, es importante informar a los ciudadanos europeos de la existencia del Defensor del Pueblo y del modo de presentar una queja. 
Esta es la única posibilidad de crear una Unión que no trabaje en contra, sino a favor de los ciudadanos y atienda a sus derechos. 
El informe me parece brillante y quiero felicitar al Defensor del Pueblo por el excelente resultado del primer período en que ha ejercido sus actividades. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Pesca frente a la costa de Senegal y en las aguas de Mauricio 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0220/97 de la Sra. Péry, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0611- C4-0032/97-96/287 (CNS) ) relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas por el que se prorroga provisionalmente el protocolo adjunto al Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Senegal relativo a la pesca en alta mar de la costa senegalesa del 2 de octubre de 1996 al 1 de noviembre de 1996; -A4-0224/97 de la Sra. Péry, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0324- C4-0322/7-97/0179 (CNS) ) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Senegal, relativo a la pesca frente a la costa de Senegal, para el período comprendido entre el 1 de marzo de 1997 y el 30 de abril de 2001; -A4-0229/97 del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0043- C4-0136/97-97/0035 (CNS) ) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas de Mauricio durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1996 y el 30 de noviembre de 1999. 
Señor Presidente, me alegra mucho poder presentar un acuerdo de pesca con un espíritu nuevo, que tiene más en cuenta no solamente los intereses de la Unión Europea, sino también los de los pescadores autóctonos de Senegal y el estado de los recursos pesqueros. 
Recuerdo brevemente los hechos. 
El protocolo precedente, de una duración de dos años, llegó a su término el 1 de octubre de 1996, cuando las negociaciones para la renovación aún no habían concluido. 
Este protocolo fue prorrogado por un mes, con el fin de evitar la interrupción de las actividades pesqueras. 
Posteriormente, las negociaciones fueron interrumpidas y las actividades de nuestros buques suspendidas. 
Debo recordar que se organizó un debate aquí, durante el período parcial de sesiones plenario de noviembre de 1996 y que esta Asamblea votó una resolución señalando la ruptura de esas negociaciones y precisando los términos para un reinicio del diálogo. 
El empobrecimiento de los recursos en las aguas senegalesas, las dificultades de relación entre la pesca artesanal y la pesca industrial, el desarrollo de la pesca autóctona, nos parecía que debían tomarse más en consideración. 
En diciembre de 1996, yo misma fui a Dakar, en nombre del Parlamento Europeo, no para retomar las negociaciones porque no tenemos las competencias necesarias para ello, sino para retomar un diálogo político. 
El mensaje fue debidamente transmitido ya que se ha producido un nuevo acuerdo, que considero positivo. 
Su duración es de cuatro años en lugar de dos, desde el 1 de mayo de 1997 hasta el 30 de abril del 2001; su estabilidad se ve, por tanto, aumentada por las dos partes. 
Se trata de un protocolo mixto, que permite tres tipos de pesca: la pesca de arrastre, la pesca de pelágicos y la pesca de túnidos que, debo recordar, nutre a las industrias locales de transformación. 
Las zonas de pesca han evolucionado para tomar en consideración las preocupaciones locales de la pesca artesanal. 
Por ello, nuestros buques de más de 150 TRB (que representan la parte principal de la flotilla que faena en Senegal) ejercen su actividad por encima de las 12 millas, en lugar de las 6 millas. 
El protocolo es de una utilización más flexible para los armadores europeos, ya que las licencias pueden ser de tres o de seis meses, con un estricto respeto por las fechas. 
Por el contrario, los cánones que los armadores pagan a Senegal se verán incrementados en un 10 % anual durante cuatro años. 
El control y las visitas técnicas de los buques pesqueros europeos se verán sometidos a medidas más vinculantes. 
Por primera vez, las autoridades senegalesas han solicitado el descanso biológico. 
Con una duración de dos meses, afecta a la pesca de arrastre, demersal, costera y de alta mar, sin discriminación, y se dirige, por consiguiente, a la totalidad de los buques: senegaleses, europeos y otros. 
Esta petición ha sido aceptada por la Unión. 
Las mallas se han aumentado, principalmente por lo que respecta a los cefalópodos, pasando de 65 a 70 mm. El coste del acuerdo es de 18 millones de ecus por año, 48 millones de ecus para el acuerdo global. 
Por tanto, lo que considero positivo es el conjunto. 
Debo destacar una declaración del Gobierno de la República de Senegal, adjunta al protocolo, que precisa «que un porcentaje significativo del importe de la contrapartida financiera será asignado al apartado «pesca» , de conformidad con los objetivos de desarrollo duradero del sector de la pesca y principalmente de la pesca artesanal». 
Este compromiso de las autoridades senegalesas se ha concretado en forma de una carta del Ministro de Pesca a la Señora Comisaria Emma Bonino por la cual las autoridades senegalesas toman la decisión de asignar el 50 % de la contrapartida global al tesoro público, y el 50 % restante al sector pesquero, sobre la base de los objetivos de desarrollo duradero previstos en las rúbricas que contiene el protocolo. 
En este caso podemos hablar de un espíritu nuevo y de un avance en el equilibrio de los intereses de las dos partes. 
Terminaré señalando que algunos de mis colegas, principalmente de la Comisión de Presupuestos, desearían que se procediese a una revaluación de este acuerdo a medio plazo. 
Creo que esta solicitud es admisible y sólo puede comprometer a las dos partes a respetar el espíritu de este nuevo acuerdo. 
Señor Presidente, en 1989 se celebró un Acuerdo pesquero entre la Comunidad y Mauricio. 
El primer protocolo a dicho Acuerdo estuvo en vigor de 1990 a 1993 y el segundo, entre 1993 y el 30 de noviembre de 1996. 
Por consiguiente, se ha rubricado un nuevo Protocolo para el período de diciembre de 1993 a noviembre de 1999 y se ha consultado al Parlamento acerca del mismo. 
En espera de la decisión que adoptará el Parlamento esta semana, de la emisión de su dictamen y de la firma del Consejo y también de Mauricio, el Acuerdo se está aplicando de manera provisional, de conformidad con un acuerdo en forma de canje de notas. 
El primer pago de compensación financiera a Mauricio se realizó a finales de mayo de 1977. 
El Protocolo es del tipo muy habitual de acceso a los recursos/compensación financiera y prevé licencias para 43 buques. 
Esta cifra se ha más que duplicado, con objeto, obviamente, de que los propietarios de buques españoles puedan beneficiarse del acuerdo. 
El límite de capacidad es de 100 toneladas brutas registradas. 
La compensación financiera es, en total, de 1.746.750 ecus, lo que representa un promedio de 582.250 ecus anuales. 
Esto supone un incremento con respecto a la cifra del Protocolo anterior, que era de 1.455.000 ecus, equivalentes a 485.000 ecus anuales. 
El considerable incremento de las posibilidades de pesca obtenidas explica el aumento del precio. 
Éste incluye las fracciones de la contribución financiera destinadas a programas científicos y técnicos y a mejorar la cualificación y los conocimientos de los ciudadanos de Mauricio que se dedican a la pesca marítima. 
En la primavera de 1996, la Comisión comunicó los siguientes porcentajes de utilización de las posibilidades de pesca obtenidas de Mauricio: atuneros cerqueros oceánicos: 85 %, buques que practican la pesca con línea: 10 %. 
La Comisión de Pesca elaboró una serie de directrices aplicables a los acuerdos y protocolos sobre pesca. 
Estas directrices permiten disponer de una lista de control para el examen de la conformidad de cada acuerdo y de cada protocolo con los objetivos de la Política Pesquera Común, su coherencia con los objetivos pertinentes de la política regional y de la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad y su conformidad con las obligaciones y compromisos de la Comunidad en virtud de los Tratados, los códigos de conducta y las declaraciones de ámbito internacional suscritos. 
Todavía no existe un marco adecuado para los Acuerdos pesqueros y su evaluación se hace aún más difícil debido a la falta de procedimientos rutinarios establecidos para la recopilación y comunicación al Parlamento de toda la información pertinente. 
Es justo reconocer las recientes mejoras en la información de la Comisión sobre la utilización de las oportunidades de pesca y la ejecución de las líneas presupuestarias en cuestión, así como la mayor rapidez con que se han remitido los nuevos protocolos, pero estas mejoras distan mucho de ser suficientes y no pueden compensar la persistente carencia de un sistema global de evaluación, que es necesario para mejorar la base de referencia para las acciones de la Comisión, los dictámenes del Parlamento y las decisiones del Consejo. 
Yo quisiera referirme ahora a las comunidades locales de pescadores, las cuales al parecer no se ven afectadas negativamente por las actividades de la flota comunitaria. 
Según parece, estas comunidades no se dedican a la pesca del atún. 
Los buques comunitarios no están autorizados a pescar dentro de la zona de 12 millas de Mauricio. 
Cabe esperar que el Protocolo tendrá efectos positivos para la economía de Mauricio. 
En este contexto, es de destacar que el PIB per cápita de Mauricio es de hecho más elevado que el de Portugal y sólo ligeramente inferior al de España. 
El nuevo Protocolo con Mauricio debe ser aprobado. 
La Comisión debe procurar mejorar, no obstante, la recogida de información relevante y ponerla a disposición del Parlamento. 
Con este fin, debería adoptar un procedimiento uniforme como el que se describe en el informe de propia iniciativa de la Comisión de Pesca sobre los Acuerdos pesqueros de 1997. 
En conclusión, no debería pedirse al Parlamento que apruebe retrospectivamente ningún Acuerdo. 
Si se dispusiera con tiempo de la información, la Comisión de Pesca y el Parlamento podrían agilizar la elaboración del informe y remitirlo, junto con su aprobación en caso necesario, antes de la realización de ningún pago. 
Yo quisiera remitirme al contenido de una enmienda que sugiere que, dada la importancia de la pesca del atún en esta zona y que los Estados ribereños del Océano Índico son varios, ésta debería contemplarse desde una perspectiva regional. 
Señor Presidente, la UE compra derechos de pesca en terceros países debido a la disminución de las poblaciones de peces en aguas propias y a la sobrecapacidad de su flota pesquera, y con ello surge la pregunta si la UE no está exportando a cualquier precio el exceso de pesca de sus buques a las aguas de los países pobres. 
Es necesario garantizar una actividad pesquera sostenible en la UE, pero también en los países en desarrollo, y quizás sobre todo en éstos, ya que la pesca es uno de los pocos recursos de los más pobres. 
El sector de la pesca emplea en Senegal a unas 250.000 personas y es muy vulnerable, sobre todo, en lo que respecta a la actividad no industrializada en las zonas costeras. 
Los pescadores senegaleses están preocupados por la pesca de la UE en sus aguas. 
Se trata de sus peces, su supervivencia y su sustento, tal como manifestaron sus representantes durante la tramitación de esta propuesta en la Comisión de Desarrollo. 
Se hace muy difícil no respetar tal preocupación, y de hecho los pescadores senegaleses rogaron a la Comisión de Desarrollo que votase en contra del Acuerdo. 
Es, por lo tanto, difícil compartir el entusiasmo que la Sra. Pery demuestra por el nuevo Acuerdo celebrado con el Senegal. 
Admito que se han introducido mejoras, pero no son suficientes y lamento que no se haya tenido más en cuenta la opinión de la Comisión de Desarrollo. 
Si no se ha rechazado el Protocolo, pero se ha exigido una revisión a mitad de período, es, entre otras cosas, porque el Acuerdo ya ha entrado en vigor. 
Lo más inquietante es que, a pesar de que en principio la zona exclusiva de pesca ha sido ampliada de seis a doce millas, un número reducido de buques siguen teniendo acceso a las zonas costeras en detrimento de los pescadores senegaleses. 
Aunque el acceso de la UE a las especies del litoral sea reducido, sigue siendo importante y constituye un problema para los pescadores locales, ya que el Centro de Investigaciones Oceanográficas ha constatado una reducción tanto de las poblaciones como del tamaño medio de las especies comerciales capturadas. 
Es, por lo tanto, inaceptable para el desarrollo de la pesca no industrializada y para la lucha contra la pobreza que conceda a los buques pesqueros de la UE acceso a las especies costeras demersales. 
El Protocolo permite además por primera vez acceso a las especies costeras pelágicas. 
Éstas, en particular las sardinas, representan una importante fuente de proteínas a bajo coste para la población pobre. 
Las pesca por los buques pesqueros de la UE preocupa, por lo tanto, a la población. 
Al contrario. 
Es verdad que gran parte de la compensación financiera de la UE será asignada al desarrollo del sector pesquero local, pero es un pobre consuelo si no quedan peces que pescar. 
Ruego encarecidamente que voten a favor de las enmiendas núms. 6 y 7 y sobre todo de la enmienda nº 5, que recomienda una revisión a mitad de período. 
Sería una condición para que yo pudiese votar a favor de la propuesta. 
Señor Presidente, me gustaría destacar tres puntos fundamentales del informe de la Sra. Pery sobre el acuerdo de pesca con Senegal. 
En primer lugar, destacaré que por vez primera este acuerdo se refiere a un periodo de cuatro años, lo que supone un periodo más o menos estable para los armadores, los pescadores y los empresarios vinculados al sector, toda vez que les otorga ya unas condiciones de planificación a corto plazo. 
En segundo lugar, quisiera decir que este texto es un acuerdo que ya tiene cierta envergadura, que permite la pesca de cerca de 150 barcos de arrastre, de pesca de bajura y de atún, y que supone 48 millones de ecus de compensación. 
A pesar de que es un acuerdo de dimensión mediana, hay que reconocer que tiene alguna incidencia para la flota de la Unión Europea. 
En tercer lugar, quería subrayar- y para mí, éste es el punto más importante -, que a pesar de que los acuerdos de pesca son, básicamente, de naturaleza comercial, este texto constituye la prueba de que estos acuerdos de pesca, si se negociasen bien, podrían también llegar a ser un importante instrumento de apoyo a estos países y a sector de la pesca. 
En realidad, en este caso concreto, cerca de la mitad de los pagos comunitarios van a parar al desarrollo del propio sector, desde la investigación a la fiscalización, la pesca artesanal, la reestructuración del sector en su conjunto, o la propia protección biológica de los recursos. 
Pienso que es interesante, innovador y hasta nos puede dar, de hecho, alguna idea para que en el futuro podamos negociar otros acuerdos de pesca una dimensión y un equilibrio similares. 
Por último, quería felicitar a la Sra. Nicole Pery por este trabajo excelente, al tiempo que lamento que los diputados del Parlamento Europeo pierdan a un colega de tan grandes cualidades. 
Señor Presidente, parece ser que siempre me toca intervenir a continuación del Sr. Cunha en estos debates. 
Nuestras opiniones coinciden sobre muchos temas, pero cuando se trata de los Acuerdos pesqueros internacionales a menudo diferimos ligeramente. 
El Grupo Liberal ha presentado dos enmiendas al Acuerdo con Senegal y una al Acuerdo con Mauricio. 
Esta última es similar a las que hemos presentado con anterioridad a otros acuerdos internacionales y les reprocha que no son de ningún modo acuerdos comerciales. 
De hecho, se trata de acuerdos altamente subvencionados, lo cual consideramos difícilmente justificable, excepto con el argumento de que si los contribuyentes no financiamos estos acuerdos, perderemos posiciones frente a las grandes naciones pesqueras, ya sea Corea, Japón o anteriormente la Federación Rusa. 
Pero éste es un argumento falaz y complicado. 
Los Acuerdos pesqueros debería negociarlos primordialmente la propia industria. 
No existe ningún motivo real que justifique la intervención del Estado. 
Más aún, al subvencionarlos estamos fomentando un problema mundial de sobreproducción y exceso de capacidad en las pesquerías internacionales que, por sus propias características e inevitablemente desde una perspectiva económica, provoca un esquilmamiento excesivo de las poblaciones de peces a escala mundial. 
¿Qué podemos hacer frente a ello? 
Una de las posibilidades sugeridas en los debates de la FAO y el WWF ha sido que la Organización Mundial de Comercio debería ocuparse de esta cuestión. Dicha Organización dispone de los poderes para ello y el año próximo debería intentar excluir las subvenciones estatales en el ámbito de la pesca del mismo modo que intenta hacerlo en otros ámbitos de la actividad económica. 
No existe ninguna diferencia. 
Por esto hemos presentado las citadas enmiendas. 
Mi colega, el Sr. Eisma, que se ocupa mucho de los temas medioambientales, ha presentado además una enmienda por la que se solicita una evaluación intermedia del Acuerdo con Senegal con objeto de verificar su adecuado funcionamiento en términos del impacto sobre las pesquerías locales y el estado de las poblaciones de peces. 
Nuestro Grupo estaría firmemente a favor de que así se haga. 
Señor Presidente, Señorías, señora Pery, nuestro Grupo ha insistido en la necesidad y en las ventajas bilaterales de establecer reglas y principios claros que permitan la continuidad del acceso de las flotas pesqueras de la Unión Europea a los recursos de los países terceros. 
Como orientación fundamental, hemos defendido que la zona marítima de las doce millas tiene que reservarse exclusivamente a la actividad de la pesca artesanal y costera locales, que constituyen una base económica y social de muchas regiones en todos los países ribereños, siendo también en algunos casos, como éste de Senegal, la base esencial de alimentación y de supervivencia de las poblaciones. 
No olvidemos- sino al contrario, valoremos- algunos aspectos positivos que introduce este acuerdo, como son los casos de la pesca accesoria o de la mayor consignación de las compensaciones financieras al desarrollo del sector pesquero local. 
Sin embargo, y sin dejar de acentuar y de recordar algunos aspectos incipientes en el ámbito del control multilateral del esfuerzo de pesca, tenemos que afirmar que, en lo esencial, nos plantea dudas que se haya propuesto, aunque de forma cuantitativamente limitada, el acceso de las unidades de arrastre a los recursos de pesca de Senegal situados en las aguas territoriales de las doce millas. 
Esperemos que se corrija debidamente este acceso para que podamos estar perfectamente en sintonía con el espíritu del acuerdo. 
Acabaré saludando a la Sra. Pery, que, desgraciadamente, nos abandona, y con quien no podremos contar, también por desgracia, en próximos informes y trabajos, perdiendo de este modo a una colega que se ha destacado por la gran calidad en lo que ha realizado y aportado a esta Cámara. 
En mi nombre propio y en nombre de mi Grupo le deseo la mayor felicidad en su futuro trabajo. 
Señor Presidente, seguro que todos los presentes saben que el enfoque de la Unión Europea por lo que respecta a los Acuerdos pesqueros plantea algunos problemas fundamentales para los Verdes. 
No somos contrarios por principio a los Acuerdos pesqueros. 
Pero nos oponemos firmemente a la manera en que se negocian y a la base sobre la cual se negocian. 
Cuando elaboré el informe sobre Madagascar, realizamos un análisis detallado del Acuerdo pesquero con dicho país y detectamos serias insuficiencias en el mismo. 
Desde entonces hemos votado en contra de dichos Acuerdos. 
El Acuerdo con Mauricio es muy parecido al establecido con Madagascar, toda vez que se trata de una isla vecina. 
El caso de Senegal plantea otro problema. 
Se trata de una renovación por cuatro años y por primera vez permite el acceso de los buques de la UE a las poblaciones pelágicas. 
Éstas constituyen uno de los principales objetivos del amplio e importante sector de la pesca artesanal y los pescadores están muy preocupados por las repercusiones que esto tendrá para su medio de vida y para el abastecimiento de alimentos de las aldeas costeras. 
Por esto hemos presentado, conjuntamente con el Grupo I-EDN y con el Sr. Macartney, una enmienda por la que se solicita una evaluación intermedia del Acuerdo. 
Nuestro deseo es que esta revisión examine el impacto de la actividad pesquera de la UE tanto sobre las poblaciones de peces como sobre la comunidad pesquera artesanal. 
Los pescadores artesanales de Senegal apoyan firmemente esta propuesta. 
La evaluación debería realizarla un órgano independiente y no quienes tienen un interés directo en la continuación de la actividad pesquera de la UE. 
Si se constata que el impacto ha sido negativo, nosotros pedimos que se renegocie el Acuerdo con objeto de suprimir las actividades pesqueras causantes de los problemas. 
Yo quisiera plantear una pregunta muy sencilla a la Comisión y desearía recibir una respuesta esta noche. 
Mi pregunta es: ¿aceptaría la Comisión una revisión de este tipo si el Parlamento aprueba nuestra enmienda por la que se solicita una evaluación intermedia independiente? 
Señor Presidente, ante todo yo quiero felicitar a la Sra. Pery por su informe. 
Ella y yo tuvimos la suerte de poder viajar a Senegal y hablar con los pescadores. 
Éste es quizás uno de los motivos por los cuales el Acuerdo con Senegal es mejor que algunos de los anteriores. 
Uno de los defectos del sistema es que, no sólo se nos sitúa a menudo ante un hecho consumado, sino que tampoco tenemos oportunidad de visitar el país en cuestión. 
Desde luego, el presupuesto de la comisión no lo contempla. 
Esto sitúa a los ponentes en una posición muy desventajosa. 
En el caso de Senegal, invitamos además a algunas personas a comparecer ante la comisión. 
Esto nos ha permitido compensar un poco esta desventaja. 
Seguimos teniendo problemas con la puntualidad de la presentación de los Acuerdos en general, pero también en este aspecto yo pienso que en el caso de Senegal se ha progresado un poco en relación con algunos otros. 
El tema de los costes y beneficios sigue siendo objeto de debate. 
En seguida volveré sobre ello y luego le pediría a la señora Comisaria que también lo comente. 
Otros motivos de satisfacción son que hemos ampliado la distancia de la costa a partir de la cual pueden empezar a operar las flotas de la UE. 
La gran preocupación de todos esos países es que su flota costera autóctona tradicional jamás llegará a tener oportunidad de desarrollarse o se encontrará con que las grandes y potentes flotas europeas ya se han llevado sus capturas. 
Por lo que se refiere al coste de estos Acuerdos, yo discrepo de mi colega, el Sr. Treverson de la Comisión de Pesca. 
A mi modo de ver, el Acuerdo constituye una oportunidad que beneficia a las flotas pesqueras europeas. 
La crítica que se formula en muchas partes de la Unión es: ¿por qué sólo determinados países se benefician de estos acuerdos? 
¿Por qué se benefician en particular España, Francia, Portugal y Grecia? 
La pregunta que yo quisiera hacerle a la señora Comisaria es la siguiente: ¿existe algún problema para que participen pescadores de otros países? 
¿Cuál es el procedimiento? 
Ésta es la pregunta que ahora se plantea y yo agradecería una respuesta a la misma. 
De una forma general, los acuerdos de pesca internacionales han de responder a un doble objetivo. 
Por una parte, para la Unión Europea, deben permitir la continuidad de la actividad de su flota en alta mar y por tanto garantizar el mantenimiento de los empleos que ésta procura al conjunto del sector. 
Por otra parte, para los países terceros, los acuerdos internacionales de pesca deben contribuir al desarrollo duradero de su economía. 
Estos dos objetivos no son contradictorios y han de perseguirse conjuntamente. 
Globalmente, éste ha sido el caso en lo que se refiere al acuerdo que se nos propone. 
En cuanto a Senegal, es importante recordar que este país posee 700 kilómetros de costas y que hay 500.000 personas trabajando, directa o indirectamente en el sector pesquero, que representa por sí mismo el 11 % de su PIB primario y el 2, 5 % de su PIB total. 
Senegal ha sido el primer país en firmar un acuerdo pesquero con la Unión Europea. 
Se trata de un acuerdo llamado de tercera generación. 
Nuestro grupo comprueba con satisfacción que este acuerdo concede un lugar más importante a la pesca tradicional, que debería disfrutar, hasta el 2001, según los compromisos asumidos por el Gobierno senegalés, de una parte significativa de la contrapartida financiera desembolsada por la Unión Europea. 
El importante esfuerzo previsto en el ámbito de la formación, más en particular la de las mujeres de los pescadores que garantizan la gestión comercial de las empresas pesqueras, nos parece totalmente pertinente. 
El sector de la pesca artesanal hay que desarrollarlo en todas partes y en su conjunto, de arriba abajo. 
En esta óptica, nuestro grupo lamenta las divisiones que separan la política estructural de la pesca y de la política de desarrollo. 
Así, en lugar de desguazar regularmente partes enteras de la flotilla de pesca europea (espectáculo difícilmente sostenible para aquellos de nosotros que hemos sido testigos) , ¿no sería más oportuno vender esos buques a los pescadores artesanales de los países socios de la Unión Europea a precios, naturalmente, adaptados? 
Operaciones así permitirían progresar a las flotas artesanales de países terceros, principalmente en el plano de la seguridad en la mar y en el de algunas técnicas de pesca. 
Esta propuesta nos parece perfectamente adaptada a la demanda de muchos países ACP, entre los cuales, por supuesto, se encuentra Senegal. 
Somos favorables a ello, como lo somos también a la demanda de revisión a medio plazo del acuerdo, un acuerdo que, entre otros, tiene el mérito de una mayor duración que sus predecesores. 
Señor Presidente, tenemos que decidirnos entre dos acuerdos, más exactamente, emitir un dictamen: el acuerdo con Senegal y el acuerdo con Mauricio. 
Me permitirá insistir más en el de Mauricio ya que se trata de una antigua isla de Francia, que fue francesa entre 1715 y 1810. 
En este sentido, comprenderá usted que, el 14 de julio, yo recuerde que si se ha llegado a esos acuerdos, es porque Senegal y Mauricio son Estados independientes. 
Por consiguiente, ha intervenido el principio de autodeterminación, del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, el principio de las nacionalidades. 
Han sido estos principios y fue Francia quien los inventó el 14 de julio de 1789. 
Es decir, que hoy no se trata simplemente de una fiesta nacional, sino de una fiesta de dimensión universal. 
Lamento que el Sr. Faure no se encuentre aquí, él que es un apasionado de los derechos humanos. 
No se trata simplemente del Bill of Rights de 1689 ó las 10 enmiendas de 1787 a la Constitución de Jefferson, sino también de la declaración de 1789 que les dio una dimensión universal. 
Nosotros, que somos trabajadores, trabajamos incluso el día de una fiesta universal. 
Este acuerdo se inscribe en el marco de otros más numerosos: hemos conocido un laborioso acuerdo con Marruecos, que, para ayudar a los pescadores españoles de Andalucía u otros lugares y a algunos pescadores portugueses, nos llevó a desembolsar sumas muy importantes en el momento (mi colega Souchet lo recordaba hace unos momentos) en que los pescadores europeos debían desguazar sus propios buques. 
Sería necesario, por otra parte, armonizar esas reglas, como la Comisión de Pesca señaló en abril en un informe de propia iniciativa, porque vuelven los mismos problemas y se imponen las mismas soluciones. 
En concreto, para Mauricio, el acuerdo constituye una especie de derecho de peaje para introducirse en la zona económica en la que se ejercen los derechos exclusivos de Mauricio desde el Convenio de Montego Bay sobre el derecho de la mar, convenio en el que, por otra parte, Mauricio y Senegal no han estado especialmente en primera línea, ya que se trataba sobre todo de los Estados latinoamericanos o los de África oriental. 
Así pues, tenemos un derecho de peaje del orden de 20 ecus por tonelada que creo que puede alcanzar los 50 ecus si se sobrepasan las cantidades, evidentemente, con una compensación económica de 1, 7 millones de ecus. 
Esto plantea el problema, además, de la relación coste/eficacia, el problema de la relación del equilibrio entre las dos partes contratantes: cuando el PNB per cápita de los habitantes de Mauricio es superior al de los portugueses y casi igual al de los españoles, ¿hasta qué punto hay que continuar haciendo regalos a quienes son al menos tan ricos como los que los hacen? 
El aspecto más interesante es, sin embargo, el de la cooperación con los países en vías de desarrollo: es la óptica del informe de Michel Rocard. 
Reconozco que permite prevenir la inmigración formando tripulaciones locales, descargando localmente las capturas o creando empresas mixtas. 
Por mi parte, me alegro de que, en este acuerdo con Mauricio, 110.000 ecus sirvan para la formación de los pescadores locales. 
Desde esta óptica, sólo podemos suscribir este tipo de acuerdo que, en un plazo de tres o cuatro años, es decir, la duración del acuerdo con Senegal y con Mauricio, permite abrir perspectivas interesantes. 
Sobre este punto, coincido con el Sr. Souchet. 
Se trata de acuerdos de tercera generación, o de tercera ola, y los suscribimos. 
Señor Presidente, este es el primer debate sobre pesca desde Amsterdam. 
El Parlamento esperaba que Amsterdam supusiese un progreso en la política de pesca común en el sentido de una reducción de la burocracia de los procesos legislativos y de elevar el contenido democrático, es decir, de una mayor responsabilidad del Parlamento. 
Se trata de un derecho político totalmente normal de una asamblea democrática en una sociedad democrática. 
No obstante, se han ignorado nuestras aportaciones a Amsterdam. 
Nos aproximamos al año 2002 y es incomprensible que el Parlamento no pueda realizar aportaciones más amplias en el proceso de codecisión. 
La totalidad del mercado interior está incluido en el proceso de codecisión, por lo que aún parece menos lógico que se excluya aquí a la pesca después de que ha habido un período de excepciones provisionales que ha finalizado ahora. 
Tenemos que compensar la deficiente atención que nos ha dedicado el Consejo Europeo con una organización y control aún más firmes de nuestro trabajo en esta Asamblea así como con una mayor transparencia. 
El desafío comienza en nosotros mismos. 
El Parlamento debe otorgar a la Comisión de Pesca las competencias necesarias. 
Por ello, deberíamos agotar al máximo las competencias que nos han sido concedidas en el proceso de la codecisión. 
No debemos permitir que se excluyan de la Comisión de Pesca las cuestiones veterinarias y temas análogos, como la creación de laboratorios específicos para productos de pesca y similares. 
Pues me permito afirmar que el comité especializado tiene unos conocimientos más profundos en el tema. 
Tal como hemos escuchado, hoy nos ocupamos también del Acuerdo Internacional de Pesca con el Senegal y con la isla de Mauricio. 
Felicito a los ponentes por la calidad de sus informativos trabajos. 
Sin embargo, tengo que decir también en este contexto que en el futuro vamos a exigir una mayor puntualidad de la Comisión y del Consejo, más transparencia y más competencias. 
La comisión está dispuesta al diálogo y acepta aportaciones constructivas pero estoy totalmente seguro de que no va dejarse instrumentalizar ni va a entrar en disquisiciones, tampoco con otras comisiones de esta Asamblea, que puedan perjudicar a los que viven de la pesca. 
Para finalizar, yo también deseo un gran éxito a la Sra. Pery en su nueva tarea. 
Señor Presidente, yo suscribo todos los comentarios elogiosos que se han expresado sobre Nicole Pery y quisiera añadir uno más: su experiencia ha sido muy valiosa para la Comisión de Pesca, dado que también forma parte de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y ambos aspectos aparecen vinculados en un informe aprobado por el Parlamento en mayo, del cual yo fui ponente. 
Tenemos que considerar muy atentamente las vinculaciones entre el desarrollo y los acuerdos pesqueros internacionales. 
Es una gran satisfacción para mí que la Comisión realmente parezca haber empezado a hacerlo en el caso del Acuerdo con Senegal, probablemente bajo la influencia de la Sra. Pery. 
Dicho Acuerdo es ciertamente mejor que otros celebrados en el pasado. 
Los tres principios enunciados en el citado informe sobre los acuerdos pesqueros internacionales de mayo pasado se han tomado al parecer en consideración en parte, aunque no en su totalidad. 
Sostenibilidad: sí, la hemos tenido en cuenta, pero permitiremos el acceso de los buques de arrastre. 
Confío que dé resultado y que se realice una evaluación intermedia. 
Cooperación: la cooperación ha sido ciertamente mucho mayor y es evidente que en este caso se ha consultado a los pescadores; un proceso que debería mantenerse y quizás reforzarse en el futuro. 
Coherencia: me satisface la idea de que una gran proporción del dinero del Acuerdo con Senegal se dedique al desarrollo. 
Espero que el control de los gastos sea muy riguroso y que podamos ver resultados en el curso de estos cuatro años. 
En conclusión, yo acojo con satisfacción las mejoras que introducen las enmiendas y suscribo las observaciones de la Sra. Langenhagen sobre el papel del Parlamento en relación con estos Acuerdos. 
Esto ya figuraba en el informe al que me he referido antes. 
Debemos insistir en que el Parlamento quiere tener una mayor intervención en el desarrollo de estos Acuerdos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría agradecer, por supuesto, los trabajos importantes que han realizado los dos ponentes- tanto la Sra. Péry como el Sr. Gallagher -, pero, en particular, quisiera expresar mi reconocimiento a la Sra. Péry por su trabajo; no sólo por este informe, sino también por la labor que ha desarrollado siempre en nuestra Comisión de Pesca. 
Echaremos mucho de menos la seriedad de su trabajo, sus conocimientos y su entrega al sector pesquero desde su puesto en nuestra comisión. 
Le deseo mucha suerte, Sra. Péry, en sus nuevas responsabilidades. 
La echaremos mucho de menos. 
Pero siempre quedarán a nuestra disposición sus magníficos trabajos, sus magníficos informes, no siempre sobre temas fáciles, como usted sabe. 
Pero, además, ahora mismo quisiera agradecer a la Comisión y resaltar la nueva fase de colaboración que hemos iniciado entre la Comisión y el Parlamento, un inicio marcado por el Acuerdo con el Senegal. 
El texto del acuerdo con el Senegal fue enviado a nuestra comisión al día siguiente de haber sido firmado, lo que ha permitido al Parlamento emitir su dictamen en este Pleno antes de que se efectúe el primer pago de la compensación financiera. 
El Acuerdo con Mauricio también se ha beneficiado de este compromiso entre la Comisión y el Parlamento; y además tengo que resaltar que, obviamente, en estos últimos meses se ha agilizado la transmisión de información de una manera tal que tengo que elogiar por ello claramente a la señora Comisaria. 
Son dos buenos acuerdos y nos congratulamos de la obtención de mayores posibilidades pesqueras para la flota comunitaria, contenidas en el Acuerdo con Mauricio, y de la extensión de dos a cuatro años del Acuerdo con el Senegal, lo que permitirá una mayor estabilidad. 
Y, por eso mismo, no entiendo por qué se han pedido revisiones aquí a medio plazo, cuando ni siquiera el Senegal ha solicitado esto. 
Insisto: la extensión de dos a cuatro años va a significar una gran estabilidad para la flota que faene allí. 
Pero insisto aún más. Lo más significativo de este debate me parece que es el incremento de la colaboración entre las instituciones y- señora Comisaria- yo, como presidenta de la Comisión de Pesca, quiero dejar público reconocimiento de que esta es la vía que- por supuesto, perfeccionada en un futuro- nos permitirá poder seguir actuando. 
Y perdóneme un minuto, porque aquí he oído algunas cosas sobre las que me gustaría hacer unas preguntas puntuales para que sea la Comisaria la que conteste. 
Me refiero a las preguntas sobre si los acuerdos son solamente utilizados por España y Portugal. 
Yo quiero que la señora Comisaria- ya que estamos hablando del Senegal -, me diga, en primer lugar, qué flotas de Estados miembros van a utilizar este Acuerdo; y quiero que me explique, además, el tema de los pelágicos, el que ha hecho que se incremente altamente el coste de este acuerdo, y cuáles son los Estados miembros que han solicitado la pesca de pelágicos. 
Señor Presidente, en mi opinión, los nuevos acuerdos y la renovación de los acuerdos con los países ACP exigen un cambio de actitudes. 
No en último término, debe existir la máxima cohesión entre la política comercial y la política de desarrollo. 
A mi parecer, también deben prevalecer la preocupación y las acciones en favor de la conservación de las poblaciones de peces, a fin de que nuestra política pesquera sea sostenible. 
El artículo 130 U del Capítulo XVII obliga a la UE a garantizar la coherencia entre sus políticas de desarrollo y los Acuerdos pesqueros. 
Sin embargo, el Acuerdo alcanzado con Senegal socava obviamente en cierta medida el objetivo en materia de desarrollo relativo a la mitigación de la pobreza, dado que el Acuerdo permite el acceso de la flota de la UE y de otras, supongo, a las especies demersales y las especies pelágicas, que constituyen la principal fuente de proteínas no sólo para la población de Senegal, sino también para las poblaciones africanas que viven en países sin salida al mar. 
El Acuerdo también manifiesta, a mi parecer, una considerable indiferencia hacia las necesidades crecientes de la flota pesquera artesanal y las advertencias sobre la reducción de las poblaciones de peces. 
Senegal nos ofrece un ejemplo de los riesgos, de lo que puede ocurrir cuando los Acuerdos pesqueros se enfocan desde una perspectiva estrecha de miras. 
A mi parecer, la UE, como parte en los Acuerdos suscritos, debe ofrecer asistencia a los países ACP en forma de vigilancia científica, servicios de formación y aportación de inspectores, y en relación con los propios buques, a fin de permitir la inspección las capturas de los países ACP y de la UE. Y el objetivo debe ser, obviamente, una política pesquera sostenible. 
Yo le recomiendo y recomiendo a la Asamblea el informe Pery y les insto a que le den todo su apoyo y aprobación. 
Y, en mi calidad de copresidenta del Grupo de trabajo para los países ACP, quiero manifestarle a la Sra. Pery, no sólo en nombre de la Asamblea, sino también de muchísimos diputados de los países ACP, el deseo de que el éxito la acompañe en el futuro. 
Vamos a echarla de menos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero referirme a otro aspecto. 
Estos dos acuerdos son acuerdos en los que por primera vez se nos consulta según el code of conduct que se aprobó en diciembre junto con el presupuesto. 
En la declaración conjunta que firmaron el Consejo, el Parlamento y la Comisión, ésta se compromete a informar mejor y, sobre todo, a tiempo, a esta Asamblea sobre los acuerdos internacionales de pesca. 
Independientemente de ello, las tres instituciones se comprometen a llevar a cabo lo más rápidamente posible el proceso legislativo para impedir que la Comisión realice pagos a terceros Estados- tal como ha ocurrido- sin que nosotros hayamos podido emitir nuestro dictamen como autoridad presupuestaria. 
Lamentablemente, tengo que constatar que a pesar de este pacto, respecto al Acuerdo con el Senegal se nos consultó tres meses y medio después de la firma provisional del mismo y en el caso de Mauricio cuatro meses y medio más tarde. 
Es decir, la primera fecha de pago a Mauricio se ha sobrepasado desde hace un mes y medio y para emitir nuestro dictamen sobre el Acuerdo con el Senegal tenemos teóricamente quince días antes de que venza el primer plazo en julio. 
No es esto lo que nos imaginamos al firmar el code of conduct. 
Quiero decir al Consejo que el hecho de que hoy podamos debatir sobre el Senegal lo debemos agradecer solamente a que la Comisión nos ha transmitido al menos el texto del Acuerdo y finalmente también la ficha financiera aunque sólo lo haya hecho hace un mes. 
Creo que la Comisión debería trabajar más rápidamente pero la principal crítica va dirigida al Consejo. 
Por lo demás, las informaciones previas de la Comisión sobre las nuevas negociaciones del Acuerdo con el Senegal, en especial, en lo que se refiere a los aspectos financieros, han sido absolutamente insuficientes. 
La Comisión de Presupuestos ha aprobado tres enmiendas al Acuerdo que les ruego apoyen. 
Se refieren como siempre a la clasificación. 
Naturalmente, en los créditos para los acuerdos de pesca internacionales se trata de gastos no obligatorios. 
En lo tocante a la información, dos enmiendas pretenden garantizar que en el futuro no existan los déficits de información mencionados. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a Nicole Péry por su elección. 
Estoy convencido de que los pescadores europeos han perdido una excelente representante en el seno de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. 
Por el contrario, los pescadores franceses, afortunadamente para ellos, ganan un apoyo inestimable en la Asamblea Nacional. 
Enhorabuena, Nicole. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar, y como miembro de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Presupuestos de este Parlamento, felicitar a la Comisión- tal como la Sra. Fraga ha comentado- por la celeridad con la que ha remitido al Parlamento estos acuerdos, tanto el de Mauricio como el del Senegal. 
Esto abre evidentemente- y creo que hay que felicitar por ello a la Comisaria- una importante etapa de colaboración. 
Quiero felicitarla concretamente por el Acuerdo con Mauricio. 
Es un buen acuerdo. 
Se prevé un incremento de licencias importante- 43 atuneros oceánicos- lo que permite extender las licencias no sólo a buques franceses, sino también a buques españoles. 
Por lo tanto, es una importante flota comunitaria la que se beneficia del mismo. 
Es un acuerdo para 3 años, con lo que se logra una estabilidad importante. 
La compensación financiera de 1.746.000 ecus- frente a los 1.455.000 ecus anteriores- supone un incremento añadido lógico, dado el incremento de la capacidad pesquera que supone este Acuerdo. 
Además, el Acuerdo es equilibrado en la medida en que estas reservas, que van a ser el objetivo de estos buques comunitarios, no muestran signos de sobreexplotación; por lo tanto, desde un punto de vista de pesca sostenida y estable, creo que también es un buen acuerdo. 
Teniendo en cuenta, además, que la revisión del Protocolo del período 1993-1996 presenta unos resultados positivos, creo que todo ello nos permite pensar que se trata de un acuerdo equilibrado, beneficioso para la flota comunitaria y estable en relación con los recursos pesqueros. 
Por tanto, quiero felicitar a la Comisión, como miembro de la Comisión de Presupuestos, por la celeridad con que ha remitido este acuerdo al Parlamento. 
, miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, no repetiré los puntos importantes del acuerdo pesquero. 
Además, el ponente de ustedes, la Sra. Péry, los ha expuesto magníficamente. 
Me limitaré más bien a hacer algunos comentarios de orden más general sobre diferentes cuestiones que se han planteado. 
En primer lugar, para descartar cualquier ambigüedad, a menos que yo no haya entendido una traducción, se trata, en efecto, de 48 millones de ecus, por consiguiente, de 12 millones por año. 
Dicho esto, quisiera aprovechar esta ocasión para volver a resumir, de una vez por todas, los acuerdos pesqueros. 
He oído en el día de hoy prejuicios, lugares comunes que, francamente, me desesperan, porque ya no sé qué hacer para poner orden en la información. 
En primer lugar, señor Gallagher, lo lamento, pero este acuerdo nada tiene que ver con la flota española. 
Es un acuerdo que afecta principalmente a los franceses. 
Se trata de una apertura solicitada por los países del norte, esencialmente los alemanes y los neerlandeses. 
Por consiguiente, para ser claros, es necesario saber de qué se habla. 
En segundo lugar, volveré sobre la pobreza. 
Lamento que el Sr. Morris no esté aquí porque siempre se me plantean las mismas preguntas. 
Intento contestar y a continuación volvemos a empezar. 
La pesca artesanal es un debate, Sr. Crampton, que ya tuvimos aquí en el mes de mayo con el mismo sentimiento de frustración, ya que los diputados me plantean preguntas y cuando contesto ya se han ido. 
Sé que todo el mundo tiene cosas que hacer pero es por eso por lo que me repito. 
Así pues, la pesca artesanal en Senegal afecta a un pescado llamado sardinela y el acuerdo en cuestión abre una posibilidad de explotación para 25 toneladas. 
Debo recordar que los pescadores artesanales senegaleses, sin ninguna medida, ni de control ni de gestión de los recursos, pescan 400.000 toneladas de este pescado. 
Basta ya de decir que las 25.000 toneladas suplementarias de sardinela van a destruir los recursos o reducir al hambre a los pescadores artesanales senegaleses, que pescan sin ninguna gestión ni control 400.000 toneladas. 
Yo misma desearía que los pescadores locales siguieran unas reglas de control y de buena gestión como las que se les imponen a los barcos europeos. 
Por otra parte, deploro, y yo misma he escrito una carta en este sentido, el reportaje tan largo y totalmente desequilibrado de la RTBF que me pareció simplemente insultante en el plano de la verdad. 
Creo que, cuando se hace un reportaje acusando a una institución, sería normal darle la palabra a dicha institución. 
Es evidente que el representante de los pescadores artesanales tiene todo el derecho a venir a Bruselas a defender su causa, pero yo desearía que la otra institución negociadora, en este caso la Comisión, pudiera dar su propia versión. 
Vuelvo de nuevo a la pobreza. 
Visto el conjunto de mi trayectoria, me parece indignante ser acusada de explotación de los países en vías de desarrollo. 
Recapitulemos el contenido del acuerdo. 
Prevé que el 33 % de los marinos sean senegaleses. 
Prevé también el desembarco obligatorio de al menos 16.000 toneladas de atún para transformar por una industria de transformación local que, de otro modo, no tendría trabajo ya que las piraguas artesanales, con toda evidencia, no pescan atún. 
Pescan sardinela que no necesita transformación. 
El acuerdo prevé también un observador científico a bordo y prevé que el 50 % de esos cánones los asigne el Gobierno senegalés a un sector de la pesca. 
Pero, señor Jöns, estamos hablando de un acuerdo con países soberanos. 
Por consiguiente, podemos negociar y discutir con ellos sobre lo que consideran bueno para el desarrollo de su país. 
Pero resulta evidente que no vamos a imponerles lo que han de hacer, sobre la acuicultura o sobre otro tema. 
Hay un debate en curso y se trata claramente de una negociación con un Estado soberano. 
Segundo elemento. 
Le corresponde a este Estado hacer la evaluación de las reservas de sus propias aguas. 
Lo podemos hacer en conjunto si el Estado lo desea, pero en principio eso depende de él. 
No hemos de imponerle que nos permita hacer la evaluación de las reservas. 
Si no desea hacerlo porque se trata de sus aguas, tiene derecho a negarnos el acceso. 
Tercer elemento. 
Si las flotas, el Estado miembro o el Estado socio lo desean, es posible, junto con el IFOP, vender a un precio absolutamente especial nuevos buques de nuestra flota a los pescadores artesanales. 
Todos estos elementos son posibles, sólo falta que las flotas y nuestros armadores lo deseen. 
Señora McKenna, por lo que respecta a la revisión a medio plazo, una cosa es proceder a la evaluación del acuerdo cada año, algo a lo que nos hemos comprometido, y otra es una revisión a medio plazo. 
Este aspecto no formaba parte del mandato de negociación y no es el acuerdo al que hemos llegado con las autoridades senegalesas que, además, ni siquiera lo han solicitado. 
Por tanto, cuando usted me pide revisar el acuerdo en dos años para renegociar si procede, yo le contesto que no, precisamente porque el acuerdo ha sido negociado, y se trata de un elemento de estabilidad para las dos partes. 
Me parece claramente sorprendente que se reclame ahora una revisión a medio plazo cuando nadie, ni siquiera los senegaleses, la han pedido. 
Además, he oído aquí que las autoridades senegalesas se oponían a este acuerdo. 
Me sorprende, porque en todos los contactos que he mantenido con ellas, desde el Primer Ministro hasta el Ministro de Pesca, pasando por los demás ministros, y la Sra. Péry lo sabe muy bien, es exactamente lo contrario de lo que he podido comprobar. 
En cuanto a los que han manifestado esas preocupaciones, se trata del responsable de la pesca artesanal. 
Repito que pescamos 25.000 toneladas de sardinela mientras que la pesca artesanal totaliza 400.000 toneladas. 
Si este sector aplica algunas medidas de buena gestión de la pesca con piragua, ello podrá ayudarle. 
Sólo pescamos sardinela a razón de 25.000 toneladas como captura accesoria, para no rechazarlo. 
La sardinela es el pescado que da de comer a los senegaleses, el único que comen, y se pesca con piraguas, a razón de 400.000 toneladas, sin ninguna gestión de las reservas. 
Doy estos datos para que las cosas queden muy claras. 
Creo haber respondido un poco a todo el mundo, intentando explicarme una vez más. 
Por otra parte, no volveré al acuerdo sobre Mauricio porque ya está todo dicho. 
Sin embargo, quiero felicitarme por la mejora de la cooperación que se está instaurando con el Parlamento. 
Siempre hay momentos difíciles en las relaciones con otras instituciones e incluso a veces entre diferentes comisiones del Parlamento, pero creo que el recorrido positivo que hemos hecho hasta ahora puede darnos la esperanza para avanzar y ver los aspectos y pasos positivos que hemos dado y no lo contrario. 
El hecho de que se trate de un nuevo acuerdo, que se ha definido de conformidad con el artículo 130 del Tratado, es una prueba de que incluso a nivel de los servicios de la Comisión, entre la DG XIV y la DG VIII se ha establecido una estrecha colaboración, una estrecha cooperación con un objetivo que nos es común, como es concluir acuerdos paritarios, equilibrados, y no acuerdos que vayan en detrimento de una de las partes. 
La Sra. Bonino ha malinterpretado algo que he dicho. 
En la Comisión de Desarrollo nos visitó una delegación que representaba a los pescadores locales y fue ella la que nos rogó que votásemos en contra del Acuerdo de pesca, debido a su preocupación por el acceso permitido dentro de la zona de las doce millas. 
Por eso, rogamos se realice una revisión a mitad de período, no vaya a ser que tal preocupación tenga fundamento. 
Señor Presidente, es muy importante que la señora Comisaria ratifique ante la Asamblea la insinuación de que la información contenida en mi informe, a cuya preparación dediqué varias semanas, no corresponde a los hechos. 
Yo rechazo la crítica de la señora Comisaria cuando ha dicho que el Acuerdo no tiene nada que ver con España y ha insinuado que no debería haberla mencionado. 
Yo le sugeriría que lea bien los informes sobre Mauricio y también sobre Senegal. 
Quiero dejar las cosas claras ante la Asamblea. 
Mi intención no era polémica. 
Me he limitado a señalar un hecho. 
No he expresado mis opiniones personales sino las de la Comisión de Pesca. 
El informe afirma que aumento del número de atuneros cerqueros permite que los buques españoles puedan beneficiarse. 
Por lo tanto, yo insto a la Comisaria a que aclare ahora mismo las cosas y a que no mancille mi integridad en esta Cámara. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Libro verde sobre las comunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0219/97) de la Sra. Larive, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (COM (96) 0192- C4-0365/96) , relativo al Libro verde de la Comisión sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior Ponentes para opinión () Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor Sr. Arroni, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación Sr. Añoveros Trias de Bes, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (Procedimiento «Hughes») 
La eliminación de las trabas innecesarias a la publicidad transfronteriza, el marketing directo, el patrocinio y muchas comunicaciones comerciales tiene y sigue teniendo un carácter nacional, y esto significa que depende exclusivamente de la normativa nacional. 
La riqueza de Europa radica en su diversidad cultural, y por ello es justo que no nos metamos con las diferencias entre normativas nacionales, a condición, señor Blokland, de que sean proporcionadas y no discriminen ni obstaculicen la comunicación comercial transfronteriza. 
A través del procedimiento Hughes que se ha aplicado, en la resolución de la CAEM se han tomado en serio las opiniones de las Comisiones de Asuntos Jurídicos, de Cultura y de Medio Ambiente y Protección del Consumidor. 
Conjuntamente hemos solventado un craso error del Libro Verde, a saber, la necesidad de una mayor protección del consumidor, y una cuarta parte del texto de la resolución de la Comisión de Asuntos Económicos está dedicada a ello. 
En este sentido, nuestra propuesta en relación con la composición del comité que ha de evaluar las reclamaciones es esencial. 
No ha de tratarse únicamente de un club de funcionarios que arreglen la cuestión a puerta cerrada, como propone la Comisión Europea, sino de un comité tripartito en el que la administración, la industria y las organizaciones de consumidores estudien las reclamaciones conjuntamente y en plano de igualdad. 
Una legislación que también ha de cumplir la comunicación comercial, incluso en Internet, pues lo que es ilegal offline también lo es online. En segundo lugar, en los considerandos se exponen los principios básicos del mercado interior. 
Por último, en la parte dispositiva se hacen propuestas concretas para reforzar y complementar el Libro Verde. Un Libro Verde que, por cierto, consideramos bueno, un buen impulso para la acción. 
Además del comité tripartito, queremos que se proteja el mecanismo de evaluación propuesto para la proporcionalidad. 
Queremos una base de datos, un punto de contacto europeo, el procedimiento SLIM en el sector, y que la Comisión tome más en serio su función de guardiana de los Tratados y aplique de forma más consecuente el artículo 169. 
Nuestra resolución es sistemática y equilibrada. 
Por un lado aspiramos al mercado interior, por otro tenemos en cuenta las diferencias culturales. 
También la industria ha de asumir su responsabilidad y ocuparse de establecer buenos códigos nacionales de autorregulación en todos los países europeos, para establecer preferiblemente un único código europeo. 
La industria ha de reforzar asimismo sus acciones en relación con los procedimientos de reclamación transfronterizos para los consumidores. 
Señor Presidente, cuál sería mi sorpresa cuando el pasado jueves aparecieron un montón de enmiendas que a mi entender socavan el mercado interior. 
Lo que me asombró fue que los Verdes, Europa de las Naciones y los Socialistas hayan presentado literalmente el mismo texto en diversas enmiendas. 
Me pregunto si es casualidad que también sean literalmente los mismos textos que propone la OEUC, la Organización Europea de Consumidores, en su carta del 8 de julio. 
Todos rechazamos este tipo de influencia por parte de las multinacionales. Recuerdo lo mucho que se indignó esta Asamblea al respecto. 
Rechazo semejante influencia de todos los grupos de presión. 
Por último, la controversia entre el país de origen y el país de destino que se recalca en las enmiendas. El artículo 59 del Tratado dice que las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad serán progresivamente suprimidas. 
Según el Tratado, si un servicio cumple las reglas del país de origen y es sometido a otras reglas en el país de destino, se limita la libre circulación. 
El artículo 59 pretende eliminar tales barreras para que el control por parte del país de origen se convierta en norma. 
¿Significa esto que el control por parte del país de destino siempre será contrario al Tratado? 
No, pues la limitación puede concordar con el Tratado si es proporcionada, y esto significa que la medida adicional sea proporcionada al objetivo formulado y que dicho objetivo no pueda alcanzarse con medidas menos restrictivas. 
Entonces está permitido el control por parte del país de destino. 
En tal caso, la armonización es la única manera de lograr la libre circulación. 
Si no se quiere, no existirá ningún mercado interior para ese servicio especial. 
No obstante, si la medida es considerada desproporcionada, por ejemplo, porque sólo pretende proteger a la industria local, entonces es incompatible con el Tratado. En tal caso habrá que aplicar el control en el país de origen. 
E incluso habrá que recurrir al artículo 169. 
El Tribunal Europeo confirmó la semana pasada el principio del país de origen en el asunto D ' Agostino. El Parlamento Europeo lo hizo en la directiva «Televisión sin fronteras». 
Es el eje en torno al cual gira el mercado interior. 
Y no olviden que el principio del país de origen facilita al consumidor el acceso a mecanismos de reclamación eficaces, ya que permite aplicar de inmediato el ordenamiento jurídico del país en que están emplazados los medios de comunicación y los anunciantes denunciados. 
Para concluir, buscamos un enfoque equilibrado: por un lado realizar el mercado interior y por otro tener en cuenta las diferencias culturales. 
Señor Presidente, sustituyendo a mi compañero Añoveros y en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quiero, en primer lugar, subrayar la oportunidad de este Libro Verde y la necesidad, la urgencia, de que la Comisión aborde la intervención del Derecho comunitario en esta área que nos ocupa. 
En términos generales, la Comisión de Asuntos Jurídicos comparte los criterios que sustentan el Libro Verde y suscribe, también en términos generales, las líneas que animan el informe de la Comisión de Asuntos Económicos. 
Hay un aspecto en el que la Sra. Larive ha insistido, pero en el que- aunque sea redundante- me gustaría hacer hincapié. 
Dice la señora Larive, con toda la razón, que las medidas de control- esto es, restrictivas- adoptadas por el Estado de acogida son, en principio, contrarias a la libre circulación. 
Son, por lo tanto, contrarias al principio de confianza mutua que constituye la esencia misma del mercado interior y, en consecuencia, contrarias al Tratado. 
Así pues, estas medidas sólo excepcionalmente son conformes al Tratado. 
Desde la clásica sentencia Legia de 1986, la jurisprudencia, efectivamente, ha sido en este sentido uniforme y establece dos requisitos: en primer lugar, la proporcionalidad, como se ha dicho ya; y además, que no sea posible conseguir ese mismo fin por otras medidas menos restrictivas de la libre circulación; esto es, más acordes con el mercado interior. 
Tenemos que insistir en los dos aspectos. 
Y que tampoco se nos diga- como ha dicho muy bien la señora Larive- que estas medidas se justifican por la protección del consumidor. 
Porque, seamos claros, señor Presidente: si creemos en esa protección del consumidor, si queremos construir una Europa realmente integrada, si en un Estado miembro una determinada medida se justifica por la protección del consumidor, ¿qué es lo lógico, dejarla al arbitrio de un Estado miembro? 
No, sino armonizar las otras catorce normativas para que esa protección del consumidor se extienda a todo el mercado interior, en vez de dejarla como excepción en un Estado miembro. 
Por lo tanto, debemos entender que estas medidas de control- establecidas por el Estado de acogida- son medidas excepcionales, transitorias hasta el momento en que esa armonización tenga lugar. 
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme que comience con un aspecto que me ha llamado la atención al principio cuando vi por primera vez este Libro Verde de la Comisión. 
El título «comunicaciones comerciales» me parece confuso pues nadie que lea o escuche este concepto entiende realmente qué es lo que se esconde detrás del mismo y mucho menos el consumidor. 
Por ello, propongo que, en el futuro, cuando se trate de Libros Verdes de este tipo se elijan unos conceptos algo más precisos. 
En el presente caso, el concepto de «comunicaciones comerciales» se refiere al derecho publicitario en el mercado interior europeo. 
Muy en concreto se trata de la cuestión de bajo qué circunstancias, dónde, en qué país y para qué producto puedo realizar publicidad de ventas. 
Se trata de un campo que es tratado de modo muy diferente en los diversos Estados. 
Por ejemplo, en Alemania, así como también en otros muchos países miembros- la Comisión ha realizado un listado muy bueno en el Libro Verde- existe toda una serie de normas muy exóticas. 
Por ejemplo, en el derecho alemán existe la Ley de rebajas o el Reglamento sobre ventas con primas, que no existen en otros lugares. 
Este hecho hace que el libre tráfico de servicios en el campo de la publicidad se vea continuamente impedido. 
Por ello, el consumidor, cuando recibe diversos mensajes publicitarios, no siempre puede saber con exactitud cómo deben entenderse pues, como he dicho, existen diferentes regulaciones jurídicas que en parte están permitidas y en parte no. 
Por ello, apoyo muy en especial los esfuerzos de la Comisión para acercarse por fin de un modo unitario a esta temática y, en base al Libro Verde, desarrollar quizás también otras propuestas para armonizar el derecho publicitario. 
El mecanismo del pasado, consistente en extraer aspectos parciales como, por ejemplo, la publicidad comparativa, es insatisfactorio. 
Me parece mucho mejor, tal como se hace en este Libro Verde, acercarse de un modo global al tema, atacar de un modo general la cuestión del derecho publicitario. 
Deseo mucho éxito a la Comisión en estos trabajos. 
Puede estar segura del apoyo del Parlamento, lo que se deduce de las opiniones expuestas por la Comisión de Asuntos Económicos y por las demás comisiones. 
Señor Presidente, naturalmente se puede ser de diferente opinión sobre la mesura de la propuesta de resolución de la Sra. Larive. 
Pero no me atrevería a decir que si se hace algo desde la perspectiva de la protección del consumidor, se deba de alguna manera a los intereses negativos de algún «lobby». 
Al igual que yo, usted tiene una ideología determinada; yo también he sido en una ocasión representante de los intereses de los consumidores. 
Respecto al concepto, se podrían decir naturalmente algunas cosas: el concepto «comunicación comercial» abarca todas las formas de publicidad, del «marketing» directo, del «sponsoring» , del trabajo cara a la opinión pública, del fomento de las ventas así como la utilización de los servicios de comunicación comercial por parte de la industria de bienes de consumo y de los oferentes de servicios de todo tipo. 
Precisamente por ello, la comunicación comercial se ha convertido hoy en un factor de extraordinaria importancia social. 
En principio, estoy abierto a todas las tendencias liberalizadoras que permitan nuevas prácticas económicas, pero es absolutamente necesario no dejar de lado los intereses de los consumidores. De esto se trata. 
La autora del informe destaca la necesidad de incluir a los consumidores en todas las fases de este proceso. 
Es una exigencia que saludo, ante todo porque la protección del consumidor, basada en un sistema liberal y autoresponsable de defensa de intereses, no solamente es una cuestión de competencia leal y de igualdad de oportunidades en el mercado interior, tal como exige la economía cada vez que se produce un impulso liberalizador, sino que la protección del consumidor es en realidad algo más. 
Las enmiendas presentadas por mi grupo político apuntan a un aspecto esencial: se trata de la inclusión y del respeto de los consumidores y, en especial, del derecho de nuestros niños a no ser sometidos a un lavado de cerebro total. 
Este es el meollo de la protección del consumidor. 
En nuestro sistema de valores se trata de una cuestión de estándares democráticos mínimos precisamente porque se trata de grandes potenciales económicos. 
El ciudadano en la Unión Europea no debe tener la sensación de que está sometido sin protección a cualquier «lobby» y a sus intereses en una Unión Europea liberalizada pues, de lo contrario, podría transmitir a la larga esta sensación a la Unión Europea y no queremos que esto ocurra. 
La protección del consumidor es una cuestión de confianza y de creación de confianza. 
Tengo totalmente claro que, por un lado, cualquier empresa o cualquier industria quiere que se transfieran al mercado las correspondientes normas de su país. 
Pero también debemos tener en cuenta que el consumidor, el comprador, tiene un derecho a que se apliquen en su país las normas o disposiciones jurídicas. 
Las enmiendas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pretenden que los consumidores tengan una mejor comunicación, un mejor acceso al derecho, un control mejor de la comunicación comercial que fortalezcan la confianza de los consumidores. 
Se trata de la protección de más débil y no de una nueva forma de proteccionismo. 
Por ello, en la votación se trata de tener también en cuenta esta exigencia. 
Señor Presidente, quiero decir al Sr. Ettl que es algo que todos los proteccionistas han dicho siempre a lo largo de los siglos. 
En la sociedad actual, la comunicación comercial es casi decisiva para el éxito de un producto. 
Es preciso eliminar las grandes diferencias entre normativas nacionales para que las empresas puedan acceder al mercado que tiene el mayor poder adquisitivo del mundo: nuestro propio mercado europeo. 
La llegada de este Libro Verde ha sido acogida con gran entusiasmo por la industria que, a fin de cuentas, se beneficia de que haya claridad. 
Es preciso revisar la maraña de reglas nacionales a la luz de la normativa europea y de los objetivos más amplios del Tratado. 
Las diferencias entre normativas nacionales constituyen, junto a las diferencias culturales, los principales obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Es posible que las diferencias culturales formen efectivamente un gran obstáculo, pero esperamos que siga siendo así. 
Si al consumidor no le gusta un producto porque la manera en que se comercializa no tiene en cuenta su trasfondo cultural específico, dicho producto fracasará en ese mercado. 
A mi entender, el consumidor es quien determina si el fabricante ha tenido suficientemente en cuenta sus raíces culturales. 
Para ello no hace falta una normativa adicional. 
Como cristianodemócratas, creemos que el nuevo espíritu que se desprende del Tratado de Amsterdam sobre el respeto de la Unión Europea por las Iglesias y las convicciones religiosas y el principio de no discriminación ha de seguirse plenamente en las futuras directivas en este ámbito. Apoyaremos las enmiendas en tal sentido. 
Al evaluar la normativa en este ámbito, mi Grupo cree que sólo puede partirse del principio del país de origen. Es la única manera de eliminar o evitar en la práctica los obstáculos comerciales que surgen a raíz de las diferencias entre normativas nacionales. 
En cuanto se hace una combinación entre el país de origen y el país de destino, se crea una situación imposible, en la que las empresas han de pasar por 15 Estados miembros para ser admitidas. 
Dicho esto, repito que el mercado interior es importante, pero es preciso proteger bien los intereses de los consumidores, sobre todo los niños, frente a una publicidad excesivamente agresiva. 
Por ello, apoyamos plenamente la creación del comité tripartito que propone la ponente para tramitar las reclamaciones que se presentan ante la Comisión. 
Por otra parte, el Parlamento no puede formar parte de dicho comité. 
El Parlamento llama la atención a la Comisión sobre su responsabilidad, pero nuestra función es meramente de control. 
Señor Presidente, resumiendo, mi Grupo está a favor de todos los principios básicos incluidos por la ponente en este excelente informe. 
Esto significa que apoyamos el principio del país de origen, el principio de proporcionalidad y un comité tripartito sin el Parlamento Europeo y que incluya al mundo empresarial, bajo la presidencia de la Comisión Europea. Por tanto, votaremos en contra de todas las enmiendas que pretenden socavar estos principios claros. 
Señor Presidente, si la «comunicación comercial» es, por definición todo lo que sirve para promover productos, servicios e imagen de empresas, grupos u organizaciones ante los distribuidores y/o los consumidores, se podría decir que dentro de esto todo cabe, desde la información seria y científica hasta la publicidad engañosa e incluso los lavados de cerebro a los que aludía el Sr. Ettl. 
En el informe de la Sra. Larive se reconoce la preocupación por la defensa de los consumidores, cosa de la que nos alegramos. 
Sin embargo, nos gustaría aprovechar el cortísimo tiempo de que disponemos para reforzar una observación que nos parece de la mayor pertinencia: es indispensable reglamentar la comunicación comercial de modo que se evite que ésta pueda ser utilizada perversamente como cauce para que, a través del uso de medios sólo al alcance de los grandes grupos, se machaque o se acabe con la competencia, es decir, con los competidores sin capacidad para poder emplear tales medios. 
La cuestión consiste en saber si la competitividad, la competencia leal y la protección de los más débiles de las que tanto se habla, podrán ser un objetivo real y realizable, habida cuenta de la polarización de los medios, incluidos y sobre todo, los de comunicación comercial. 
Señor Presidente, la comunicación comercial transfronteriza no es un fenómeno libre de problemas. 
La ponente señala los obstáculos que encuentran los prestadores de servicios en este sector cuando quieren abarcar todo el mercado interior. Cada Estado miembro tiene sus propias normas en lo que respecta a la permisibilidad de la comunicación comercial. 
Una investigación demostró que no era así. 
Son precisamente las diferencias entre culturas y estructuras de mercado las que forman la base de la diversidad legislativa. 
Este hecho no se subraya suficientemente en el informe de la Sra. Larive. 
Además, la aplicación rigurosa del principio del país de origen hace que el nivel de protección de los consumidores y niños descienda al peldaño más bajo. 
Otro aspecto tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. 
Esta libertad implica deberes y responsabilidades, según reza el apartado 2 del artículo 10 del CEDH. 
Hay que proteger la libertad de expresión, pero ésta no debe causar perjuicios a terceros. 
En mis enmiendas núms. 19 y 26 he enumerado- por cierto exhaustivamente- los límites que han de tener en cuenta los prestadores de servicios de comunicación comercial. 
Espero de todo corazón que la ponente apoye dichas enmiendas. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, sólo quiero decir que no figuro en la lista de asistencia del Acta de ayer. 
Probablemente por culpa mía, porque no recuerdo si firmé, pero aquí estaba. 
Señor Presidente, yo sólo quiero comunicar a la Asamblea que ayer me encontraba aquí, aunque mi asistencia no se recoge en el Acta. 
Muy bien. 
Se efectuarán las correspondientes rectificaciones. 
Señor Presidente, ¿puedo hacer una observación en el sentido de que ayer uno de nuestros colegas del Frente Nacional nos instó a celebrar el 14 de julio y a bailar la carmañola, mientras el alcalde de Toulon prohibía la fiesta organizada por SOS Racismo con ocasión de este día de la libertad en Francia? 
Hay dos balanzas y dos varas de medir en Estrasburgo y en Toulon. 
Señor Presidente, ayer inscribimos en el orden del día del miércoles la votación sin debate de un acuerdo interinstitucional relativo a la financiación de la política exterior y de seguridad común. 
Teníamos así la intención de aplicar el artículo 143 del Reglamento, que supone que la Comisión de Presupuestos haya aprobado en primer lugar el informe que propone a la Asamblea. 
Ahora bien, la Comisión de Presupuestos se reunió ayer por la tarde y no pudo, por falta de tiempo, examinar el texto en cuestión. 
E incluso, aunque hubiera podido hacerlo, la aplicación del artículo 143 del Reglamento sólo puede llevar a una inscripción en el próximo período parcial de sesiones. 
Debo añadir, finalmente, que se trata de un acuerdo interinstitucional, que va a aplicarse a todas las instituciones, que no ha sido objeto de debate alguno en ningún parlamento nacional, que no ha sido objeto de debate alguno en la Comisión de Asuntos Exteriores, y que se pretende aprobemos aquí sin debate alguno. 
Mientras que por otra parte se señala con toda justicia el déficit democrático de la Unión Europea, este procedimiento muestra un desprecio flagrante con relación al conjunto de los ciudadanos de la propia Unión Europea. 
Por consiguiente, le pido que no se intente aprobar la parte del acta relativa a la aprobación e inscripción de este punto en el orden del día. 
A falta de lo cual necesitaremos aplicar las demás posibilidades que nos ofrece el artículo 143 para que no eludamos este debate. 
Por otra parte, es necesario normalmente esperar a su aprobación por los diferentes Estados miembros del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la intervención del Sr. Fabre-Aubrespy no nos coge por sorpresa pues ya lo anunció ayer por la tarde en la Comisión de Presupuestos. 
Se trata del Acuerdo Interinstitucional que, en relación con el Acuerdo de Maastricht, se acordó con el Consejo y la Comisión para la financiación de las medidas de política exterior en el segundo pilar. 
El documento existe desde la conclusión de las negociaciones en Amsterdam. 
El hecho de que como fecha del informe figure el 4 de julio en la primera página se debe a que el documento se ha convertido en un informe. 
Sin embargo, este documento existe desde Amsterdam, es decir, desde el 30 de junio empieza a correr el plazo para la presentación de enmiendas. 
En la Comisión de Presupuestos hemos acordado una reunión extraordinaria para esta tarde para debatir sobre los detalles de este informe, pues se presentó la solicitud de tratar este informe sin debate el miércoles en base al artículo 143. 
Señor Presidente, supongo que de este modo se cumplirán los formalismos- motivo por el que se ha colocado en el orden del día- y le ruego que rechace la solicitud del Sr. Fabre-Aubrespy. 
Muchas gracias, señor Samland. 
De hecho, teniendo en cuenta lo que dice- y puesto que esta tarde o esta noche se reúne la Comisión de Presupuestos- creo que se puede mantener el debate para la sesión de mañana, tal y como estaba previsto. 
¿Hay alguna observación más en cuanto al acta? 
Señor Presidente, mi presencia en la sesión de ayer no figura en el Acta. 
Le ruego que se rectifique esta omisión. 
Muchas gracias, señora Ahern. 
Se toma buena nota de ello. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Decisión sobre la urgencia 
Pregunto al presidente de la Comisión de Agricultura, Sr. Colino Salamanca, si se quiere pronunciar en cuanto al fondo. 
Señor Presidente, ayer la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural decidió aprobar el carácter urgente de la propuesta de la Comisión y someter a la consideración del Pleno que se pueda debatir el viernes sin informe. 
Solicito, sin embargo, que el Sr. Funck, que ha sido encargado para ello por nuestra comisión, pueda presentar un informe oral al Pleno, de conformidad con el apartado 5 del artículo 97 del Reglamento. 
(El Parlamento aprueba la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia) 
Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0222/97) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (95) 0661- C4-0063/96-95/0350 (COD) ) relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Señor Presidente, una periodista del Wall Street Journal me preguntó hace unos días si yo era agente de la propiedad industrial. 
Le respondí que no y que no estoy especialmente interesado en patentes. 
Pero sí estoy interesado en que se pueda curar a personas que tienen una enfermedad genética y en que las personas encuentren trabajo. 
Y también estoy interesado en que Europa no siga quedándose atrasada en el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética. 
(Aplausos) Con esta directiva no abrimos ninguna puerta sino que cumplimos nuestras obligaciones derivadas de acuerdos con terceros. 
Todos los Estados miembros de la Unión Europea y la misma Unión Europea se han comprometido a proteger mediante patentes todos los productos y procedimientos en todos los sectores tecnológicos. 
Este derecho de patentes se ha creado en los EE.UU y en el Japón. 
Solamente se trata de que la Unión Europea eleve su derecho de patentes a este nivel internacional. 
Esto es todo. 
La Oficina Europea de Patentes otorga patentes en este ámbito. 
Sin embargo, estas patentes se pueden impugnar a nivel nacional, con lo que existe el peligro de una disparidad jurídica en Europa lo que, a su vez, sería altamente pernicioso para las inversiones en Europa. 
Por ello necesitamos esta directiva. 
Por lo demás he dicho que en los EE.UU y en el Japón ya existe esta protección de patentes. 
No creo que los norteamericanos o los japoneses sean unos depravados morales. 
¡Qué ridícula arrogancia suponer que somos moralmente superiores a los demás! 
En el curso de este debate se afirmará con toda seguridad que con esta directiva se impide la investigación. 
Naturalmente, esto es falso. 
La protección mediante patentes es una condición previa para la investigación. 
¿Cómo puede ser posible la investigación sin que se publiquen los inventos? 
Sabemos por la experiencia que una protección eficaz mediante patentes y la investigación son elementos inseparables. 
¿O quizás está la investigación en los EE.UU o en el Japón por los suelos? 
En absoluto. 
Si no creamos esta protección mediante patentes, naturalmente, la investigación proseguirá. 
Pero lo hará tras puertas cerradas. 
No tendremos la posibilidad se seguir y de debatir sobre el desarrollo de la biotecnología y de la ingeniería genética. 
Por lo demás, destruiremos los pequeños institutos universitarios de investigación o las pequeñas y medianas empresas que viven de sus ventas de patentes a las empresas farmacéuticas. 
Quien así lo quiera deberá votar contra la directiva. 
Pero en el futuro no debería firmar ninguna resolución en contra del paro. 
Esto es falso. 
Esto no lo afirma ninguna persona del mundo que entienda algo de derecho de patentes, exceptuando los expertos de patentes de Greenpace. 
Se afirma que en el futuro se patentarían terapias. 
Esto es también falso. 
Los procedimientos de diagnóstico y de terapias no se van a patentar, como tampoco se ha hecho en el pasado. 
Esto se expone de modo extenso en los considerandos de esta directiva. 
Se afirma que se patentarían partes del cuerpo humano. 
Esto es también falso. 
Lo hemos diferenciado con total claridad en el texto de esta directiva. 
No se van a patentar partes del cuerpo humano. 
Lo que se van a patentar son productos creados por la mano del hombre y no otra cosa. 
Lo hemos expuesto con total claridad en el artículo 3. 
El apartado 1 describe lo que son descubrimientos y el apartado 2 lo que son inventos. 
No se me puede hacer responsable de determinadas formas de legastenia. 
(Risas) El Parlamento Europeo se ha visto sometido durante estos días a una considerable presión, no sólo aquí. 
La Iglesia Evangélica de Alemania, mi Iglesia, ha permitido a Greenpace que organice en su Congreso Eucarístico una Cruzada de niños contra esta directiva. 
(Exclamaciones) Supongo que los niños que han participado habrán escuchado en esta ocasión por primera vez en su vida la palabra «patente». 
(Aplausos) Dejemos esta estupidez y volvamos a este derecho de patentes. 
Este derecho de patentes no podrá solucionar las cuestiones éticas que se plantean en relación con la biotecnología y la ingeniería genética. 
Esto no lo puede hacer el derecho de patentes sino que es una tarea permanente de la sociedad y del legislador. 
El derecho de patentes no lo puede hacer él solo. 
El derecho de patentes no quiere otra cosa que prohibir que alguien utilice el invento de otra persona. 
Esto es todo. 
Si así lo desean es parte del derecho de competencia. 
Por ello, para fortalecer la competencia dentro de la Unión Europea necesitamos esta directiva. 
La necesitamos urgentemente y, por ello, les pido su apoyo. 
(Aplausos) 
Por primera vez en la historia de la Humanidad se pretende conceder patentes sobre materia viva. 
Cuando el Sr. Rothley dice que de lo que se trata es de proteger productos creados por la mano del hombre tenemos que constatar que aquello sobre lo que hoy se quiere conceder patentes ha sido creado por la mano del hombre a lo largo de generaciones. 
Generaciones anteriores a nosotros han creado con un extraordinario esfuerzo cultural aquello de lo que hoy vivimos, lo que es nuestro fundamento de vida. 
Ahora vienen círculos interesados y dicen que quieren una parte de esta tarta, de esa evidencia con que las agricultoras y agricultores han desarrollado y sembrado semillas o han alimentado animales poniéndolos a disposición para la alimentación. 
Añadimos un toque genético a este desarrollo genético y a esta prestación cultural, pero queremos que debido a este toque genético que patentamos tener acceso a la totalidad de las semillas y de la cría. 
Señor Rothley, de lo que se trata es de hacer negocios con lo que siempre ha sido algo evidente. 
La Comisión de Agricultura ha querido impedirlo a toda costa y establecido el llamado privilegio para el agricultor. 
No es otra cosa que el derecho de las agricultoras y agricultores a criar sus animales y a sembrar sus semillas. 
No hemos podido imponer esto totalmente pero hemos logrado que se reconozca en parte este derecho. 
Señor Rothley, la Comisión de Agricultura ha exigido que se anule la inversión de la prueba que se establece en esta directiva. 
Ruego a esta Asamblea que apoye también en este punto la propuesta de la Comisión de Agricultura para que aquellos que reclaman para si un derecho de patente tengan que demostrar que la poseen justamente. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Asuntos Económicos se manifestó por amplia mayoría a favor de la propuesta de directiva que hoy estamos debatiendo y solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que afinara la misma. 
Por mí parte no puedo dejar de estar de acuerdo con las consideraciones del Sr. Rothley y deseo señalar únicamente algunos aspectos de la cuestión, ya que existe una consistente demanda de productos de la investigación biotecnológica, demanda que procede de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos que se encuentran en situaciones muy determinadas, y afecta prioritariamente al sector de los medicamentos; una demanda que procede de sectores como la agricultura, en que este tipo de productos podría suponer notables ventajas desde muchos puntos de vista. 
En consecuencia, se trata de determinar si Europa, la Unión Europea, desea ser un mero consumidor, y por lo tanto, importador de los resultados de la investigación biotecnológica, a través de los productos que forman parte de la misma, o también productor y, por ende, exportador potencial. 
La protección de las invenciones que se derivan de la investigación biotecnológica, solicitada asimismo para lograr un mejor funcionamiento del mercado único, es indispensable para ofrecer un marco favorable al desarrollo de la industria europea del sector con ventajas del todo evidentes: para el empleo, tal como acaba de manifestar el Sr. Rothley y que no puedo dejar de reiterar con fuerza; para el desarrollo de la investigación en un sector en rápido crecimiento; para generar plusvalía, renta y bienestar; para mantener, permítanme remarcarlo, un mayor control en este sector, habida cuenta de las preocupaciones de carácter ético y de otra índole que muchos manifiestan, unas preocupaciones que no podremos manifestar en absoluto si seguimos siendo dependientes y, en consecuencia, marginales, respecto del trabajo de investigación y desarrollo industrial que se lleva a cabo, incluso por parte de las industrias europeas, en otras partes del mundo, especialmente- tal como se ha recordadoen los Estados Unidos y Japón. 
Asimismo, en estos países se encuentra el 86 % de todas las plantas del mundo. 
Uno de cada cuatro medicamentos se elabora con recursos genéticos de plantas tropicales. 
El 83 % de la diversidad genética conocida y del conocimiento sobre el terreno se encuentran en Africa, Latinoamérica y Asia. 
El Ministerio alemán de Cooperación Económica indica que, según apreciaciones de la Sociedad Etnobotánica Internacional, los pueblos indígenas que viven allí poseen en total el 99 % de todos los conocimientos sobre la biodiversidad aprovechable. 
En otras palabras: una gran parte de los recursos sobre los que hoy hablamos aquí, recursos para las invenciones biotecnológicas y las patentes concedidas o a conceder potencialmente provienen del Tercer Mundo. 
Con frecuencia, estos recursos biológicos se utilizan sin el consentimiento o incluso contra la voluntad de los pueblos indígenas o de las comunidades locales de cuyas tierras provienen. Se podría también decir que se roban. 
La utilización de estos recursos para invenciones biotecnológicas presupone la aplicación de conocimientos tradicionales, como los conocimientos médicos o agrícolas. 
Es decir, los consorcios multinacionales obtienen enormes beneficios con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de los países en vías de desarrollo sin que la población afectada pueda decidir ni asentir y sin una protección jurídica ni participación en la patente de material humano o biológico. 
Los ejemplos más conocidos son quizás los indios Guayami en Panamá, los Hagahai en Papúa-Nueva Guinea o en las Islas Salomón. 
Por ello, es de especial importancia el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y cultural de los países del Tercer Mundo y, sobre todo, de los pueblos indígenas. 
Cuando el Sr. Rothley afirma que están en juego puestos de trabajo, no intenta otra cosa que polemizar. 
Los consorcios multinacionales se hacen con los derechos de propiedad de la población mundial. 
Necesitamos por ello un acuerdo sobre los derechos tradicionales. 
Por estas causas, la comisión ha rechazado el informe. 
Nos hemos puesto de acuerdo con el Sr. Rothley en recoger el artículo 8 J del Convenio sobre diversidad biológica de 1993. 
Para la comisión la votación está abierta. 
Si se recoge el artículo cambiará la situación. 
Como político interesado en el Tercer Mundo puedo decir personalmente que no se crean aquí puestos de trabajo sino que se multiplica el capital de los consorcios multinacionales. 
Era mejor la regulación existente hasta ahora con el Acuerdo Europeo sobre Patentes. 
Esta armonización no va a lograr que las personas de este mundo lleguen a un acuerdo común. 
Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Medio Ambiente intenta restringir el informe del Sr. Rothley. 
Cuando la gente de la calle oye que estamos debatiendo las patentes de genes, la reacción es la misma en todos partes: eso no es patentable, aunque lo sea una determinada sustancia cuando pueda caracterizarse a través de su estructura. 
Debemos tomarnos en serio esta repulsa instintiva y limitar la patentabilidad de los genes al máximo, de forma que la patente comprenda exclusivamente la explotación industrial específica que se busca con ella. 
Hemos de hacerlo por el bien de los pacientes. 
A los pacientes con enfermedades raras o con cáncer, que implican conocimientos sobre muchos y diferentes genes, les preocupa profundamente que, en caso contrario, la investigación no fuese rentable. 
En cuanto a los métodos de diagnóstico, no deben ser patentables. 
Las autoridades danesas han puesto mucho empeño en garantizar que no puedan patentarse los métodos de ingeniería genética en relación con las células del cuerpo humano. 
Así se evitará que se puedan patentar, por ejemplo, las intervenciones cosméticas en el ser humano. 
Por eso ruego que voten a favor de mi enmienda al apartado 2a- no 2b como se ha indicado erróneamente- del artículo 9. 
La enmienda excluye tal posibilidad de patente. 
Finalmente, con arreglo al Convenio sobre la diversidad biológica ha de quedar garantizada una distribución económica justa antes de que se conceda una patente, en los casos de materia biológica procedente de un país en desarrollo. 
En mi enmienda nº 65 ruego, por motivos que no me da tiempo a exponer, ya que el tiempo de mi intervención es muy, muy breve, que la frase sobre publicación sea suprimida. 
Señor Presidente, después de ocho años tenemos finalmente la esperanza de ver concluir este importante texto, del que el Sr. Rothley recordaba todos los desafíos, y ello gracias a los esfuerzos en común de nuestro ponente, a quien felicito por su trabajo, y de los sucesivos presidentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, el Sr. Casini hace poco y el Sr. De Clerq en la actualidad. 
Tres observaciones ya que tengo tres minutos. 
Primera observación, el proyecto de directiva que se nos ha sometido responde a las principales objeciones que habían llevado al rechazo del primer proyecto, como recordarán, en marzo de 1995, la prohibición de la terapia germinal, la protección de los derechos de los animales, la constitución de un comité de ética y, sobre todo, la prohibición de patentar el cuerpo humano y, sobre este punto, creo que la redacción emanada de nuestra comisión, que elimina las ambigüedades de la redacción inicial de la Comisión, no podía ser más clara. 
Segunda observación. Mi segunda consideración tiene relación con el eslógan «no a las patentes sobre la vida» , que ha sido impuesto con un exceso de medios, sobre los que me planteo muchas interrogantes, en un torrente de cartas, tarjetas y comunicados, de los que todos hemos sido destinatarios. 
Como si los opositores a la directiva tuvieran el monopolio de la protección de la vida y sus partidarios fueran de alguna manera portadores de muerte. 
Deseo decir con firmeza que, para mí, proteger la vida es permitir el progreso de la investigación médica. 
Proteger la vida es dar una esperanza a los niños afectados de mucoviscidosis. 
Proteger la vida es abrir nuevas perspectivas en la lucha contra la malaria. 
Proteger la vida es, finalmente, cortar el hambre en el mundo mediante el aumento de la alimentación disponible. 
Proteger la vida es encontrar nuevas formas de cultivo, más económicas para nuestros suelos, con menos fertilizantes y pesticidas. 
El llamado principio de precaución, que alegan algunos, es un lujo para los occidentales con buena salud. 
Quisiera decir una palabra sobre la excepción de la patentabilidad, que tiene relación con los métodos de intervención sobre los embriones. 
Seamos claros sobre este punto, de ninguna manera se trata de patentar el embrión, que está excluido de la patentabilidad, al mismo nivel que el cuerpo humano y sus elementos. 
Sin duda. 
Sin embargo, esta disposición aporta una dificultad entre el PPE y nosotros. 
Se trata de una disposición que resulta de una iniciativa de nuestros colegas del PPE y que afecta, digámoslo, por encima de la patentabilidad, a la investigación, ya que se refiere al orden público y a las buenas costumbres. 
Sabemos que la investigación sobre los embriones está prohibida en la República Federal de Alemania, y yo respeto esta decisión, respeto este régimen, pero esta misma investigación está autorizada y estrictamente delimitada por disposiciones legislativas o deontológicas, en el Reino Unido, en España, en Bélgica, en Francia. 
Es necesaria no solamente para hacer progresos (se han hecho en ámbitos como la fecundación «in vitro» ) sino también para abrir perspectivas en la lucha contra las enfermedades nerviosas, o contra la enfermedad de Alzheimer. 
Señorías, comprenderán ustedes que mi grupo no puede aceptar la desconfianza que plantea este apartado. 
Respetamos las convicciones de ustedes, surgidas de su historia, de su cultura, de su religión. 
Respeten también las nuestras. 
Por supuesto, votaremos a favor del informe Rothley. 
Señor Presidente, creo que el duro trabajo que acompañó esta Directiva está justificado y lo está porque a través de esta Directiva se trata de ofrecer una regla jurídica a la vista y a las manos del ser humano que, después de haber observado y manipulado los aspectos más íntimos de la materia, el átomo, hoy manipula los aspectos más íntimos de la materia viva. 
Los problemas existen y no son secundarios. 
El duro trabajo se convierte en más difícil por el hecho de que la materia no es fácilmente comprensible tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista biológico. 
La materia patentable es jurídicamente difícil, el ámbito es nuevo, la biología es difícilmente explicable para los que no son especialistas. 
Por último, existen las fuertes presiones de las industrias farmacéuticas europeas que exigen ser puestas en condiciones de soportar la competencia que ejercen los Estados Unidos y Japón, y formulan la posibilidad de generar mayor empleo, pero que necesitan realizar grandes inversiones, habida cuenta de que las invenciones hoy por hoy no son un golpe de suerte, sino el resultado del esfuerzo largamente programado de muchas personas. 
Por otra parte, los sectores culturales y medioambientales ejercen otro tipo de presiones, puesto que temen la contaminación del medio ambiente y la apropiación de los grandes recursos por parte de una minoría y en perjuicio de la mayoría. 
Hoy, acabo de leer por casualidad las palabras pronunciadas por el Sr. Cuomo, antiguo alcalde de Nueva York, en una entrevista que me parece que pueden servir de orientación y que deseo repetir: » Creo que la cuestión fundamental en la que hay que centrarse- afirma el ex alcalde al hablar de biotecnología- es sólo una: la vida, que es lo más valioso que el ser humano debe proteger. 
Si logramos poner la vida, que es lo más sagrado que tenemos, en el centro de nuestras consideraciones políticas, filosóficas y científicas, el progreso será indoloro.» 
En consecuencia, estoy a favor de la aplicación global de la directiva, porque pienso en la vida de los numerosos enfermos que están esperando y que nos han escrito. 
Alguien quizás mantuvo incluso contactos con ese lobby de la industria que quiere a toda costa la Directiva. Sin embargo, lo cierto es que los enfermos existen; lo cierto es que los medicamentos ya se han descubierto gracias a las nuevas técnicas de manipulación genética y que otros, aún más importantes, pueden descubrirse. 
Sin embargo, la misma razón que me hace apoyar el fondo de esta directiva, me induce a creer que deben establecerse unas vías y unos límites insuperables. 
Dichos limites insuperables son los que establece la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos en la enmienda al artículo 9. 
A pesar de que intento defender la Directiva, considero que la misma se vería perjudicada en su largo camino que no acaba hoy, si todos los límites previstos en el artículos 9 fueran modificados o eliminados. 
Al respecto, deseo manifestar que tiene razón el Sr. Rothley cuando afirma que con la patente queremos proteger las invenciones y no los genes o las secuencias genéticas. 
En este caso, no obstante, hay que llevar hasta sus últimas consecuencias el principio según el cual lo que se protege es la invención y no el gen, hecho que implica que la invención queda supeditada a una indicación específica de la concesión industrial. 
Ya lo manifestamos en la Comisión Jurídica, lo repetimos ante este Pleno y esperamos que el texto final se oriente en esta dirección. 
En la misma dirección, les ruego que tengan a bien considerar, precisamente debido a la importancia de la Directiva, la necesidad de mantener sin cambios la enmienda de la comisión al artículo 9. 
Señor Rothley, no está en juego una antigua ideología, no se está hablando de aborto y tampoco de experimentación, en general, sobre el embrión. 
Únicamente se dice que los embriones humanos no deben ser utilizados con fines de lucro y ello en un artículo que establece precisamente que hay que evitar sufrimientos a los animales. 
Se dice tan sólo esto. 
Me parece que el Parlamento Europeo, que considera el valor del ser humano como base para solicitar inversiones al servicio del ser humano, tendría que tener el valor de llevar a cabo una tarea de simple pacificación aceptando también este límite junto con los demás. 
Señor Presidente, Señorías, el texto del informe del Sr. Rothley es el resultado de un arduo y difícil camino. 
En 1995, como todos recordamos, el Pleno rechazó el texto del Comité de Conciliación considerando que en el mismo no quedaban suficientemente especificadas las líneas y las limitaciones necesarias en una materia tan delicada como la que atañe a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. 
Gracias al nuevo trabajo llevado a cabo por el Sr. Rothley- con el cual, en nombre de mi Grupo, yo también me congratulo- hoy nos encontramos ante un texto mucho más claro y capaz de responder a las exigencias tanto de quien, por un lado, quiere garantizar a las empresas europeas un marco jurídico favorable y que no perpetúe la desventaja existente con respecto a la competencia americana y japonesa, como de quien, por otro, justamente no desea renunciar a garantizar la protección del ser humano y de los demás seres vivos. 
La nueva propuesta de directiva, basada en el artículo 100 A del Tratado de la Unión Europea, presenta algunos importantes aspectos fundamentales. En particular, distingue entre descubrimiento e invención, retoma los principios del Derecho existente en lo referente a los requisitos de patentabilidad, excluye la patentabilidad de las terapias genéticas germinales aplicadas al ser humano, establece que el cuerpo humano y sus elementos en su estado natural no pueden considerarse como invenciones patentables, y está orientada- exigencia que se ha planteado y debe ser tenida en cuenta- a proteger los intereses de los agricultores en lo referente al sector del ganado de explotación. 
Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos pretenden excluir la patentabilidad, entre otras, de las especies vegetales y animales, de los procedimientos biológicos para la producción de plantas y animales, de los elementos del cuerpo humano en las diferentes fases de su desarrollo, del simple descubrimiento de las secuencias genéticas, de los procedimientos de clonación humana o aptos para modificar la identidad germinal del ser humano, de los métodos en los que se utilicen embriones humanos, de las invenciones cuya explotación y publicación sea contraria al orden público y a las buenas costumbres. 
Este último, sin duda, es un aspecto que dará seguramente mucho trabajo a la jurisprudencia y los abogados, habida cuenta de que sabemos perfectamente que el concepto de orden público y de buenas costumbres puede cambiar sensiblemente, según los tiempos y las latitudes. 
Ello no obstante, queda incluido en el marco del compromiso global alcanzado en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, un compromiso que creemos que debe ser apoyado en todas sus partes, porque, de otro modo, se correría el riesgo de llevar de nuevo a este Parlamento a un punto muerto. 
Consideramos que en este momento en el que todos los ojos de Europa y no tan sólo de Europa, están puestos en el trabajo que está llevando a cabo este Parlamento, el hecho más grave sería demostrar una vez más nuestra incapacidad de decidir. 
Señor Presidente, esta directiva, ya se ha dicho, es especialmente importante ya que armoniza el Derecho de patente de los Estados miembros en el ámbito de las invenciones biotecnológicas, con el objetivo de disipar las incertidumbres jurídicas y evitar los riesgos de fragmentación. 
En este sentido, es preciso recordar, como ha hecho el Sr. Rothley, excelente ponente al que felicito, los porqués de las patentes. 
Se trata de recompensar a los inventores por su actividad creadora, estimular la actividad inventiva y promover una innovación técnica como factor esencial del crecimiento económico. 
Es mediante la protección que se concede a las patentes como se aseguran las inversiones, la rentabilidad de las inversiones onerosas, incluso enormes, en el ámbito de la investigación y aplicación industrial de los resultados. 
El mercado de los productos biotecnológicos está en considerable expansión. 
Se estima este mercado en 80 millardos de ecus en el año 2000, de los cuales la cuarta parte es para medicamentos. 
Actualmente, por desgracia, Europa no está en ninguna parte: en biotecnología, en inmunología, nos vemos superados en nuestro propio continente por las firmas americanas. 
La primera cuestión es, por consiguiente, ésta, ¿se va a permitir a la industria europea recuperar su retraso y hacernos menos dependientes de los Estados Unidos en el ámbito de los nuevos medicamentos como en el de los productos vinculados a la agricultura? ¿Se van a poner a punto en cierto modo los instrumentos que nos permitan tomar a nuestro cargo nuestra propia salud? 
Ése es el objeto de la directiva. 
Pero, por supuesto, ya que se trata de investigación y patente de los seres vivos, el aspecto ético ha llamado naturalmente nuestra atención durante mucho tiempo. 
Por ello, se ha dicho, la directiva proclama claramente que el cuerpo humano no puede ser objeto de patentes, que está prohibida la clonación humana, y que no pueden modificarse las entidades genéticas del ser humano en lo que respecta a su descendencia. 
Se han tomado todas las precauciones orientadas a impedir eventuales derivas y, por consiguiente, las objeciones que se hacen a los riesgos de manipulaciones genéticas no son fundadas, sobre todo porque la directiva prevé la creación de un comité europeo de ética. 
Como conclusión, digo que, para nosotros, tal como está, la directiva, con las enmiendas votadas en comisión, constituye un equilibrio entre la voluntad de proseguir con el progreso científico en biotecnología y la preocupación por proteger la dignidad y la integridad del ser humano. 
A aquellos que, una vez más, como intentaron ya hace algún tiempo con la propuesta de moratoria sobre la investigación, desearían detener cualquier avance en el conocimiento del ser humano, prohibir cualquier investigación e invención en cuestión de materiales biológicos, diré simplemente que asumirían una enorme responsabilidad, la de suprimir cualquier esperanza de curación para los enfermos para los que las intervenciones genéticas son la única posibilidad de no vivir con discapacidades, incluso de no morir. 
En cualquier progreso humano se puede descubrir siempre una cara negra, una utilización desviada de las invenciones. 
A nosotros, países e instituciones democráticas nos corresponde evitar ese riesgo, no retrocediendo en la historia científica, sino asegurando, por medio de medidas de delimitación apropiadas, que el conocimiento cada vez más profundo del ser humano se pondrá exclusivamente al servicio de la lucha contra los dramas físicos y mentales. 
Eso es lo que pretende hacer la directiva, tal como ha sido modificada; ésa es la razón por la que el grupo ELDR votará, evidentemente, el informe del Sr. Rothley. 
Señor Presidente, la presunta finalidad de esta directiva y, a su vez, del informe Rothley, consiste en el interés público que se pretende defender con la extensión de la patentabilidad al material biológico. 
Sin embargo, hay que mirar con cautela esta pretensión, pues las patentes de genes y células otorgarán a manos privadas el control casi ilimitado sobre los elementos básicos de la vida y ése es un peligro sobre el cual no sólo no se reflexiona, sino que se elude tratar en el informe, insistiendo, en su lugar, en que los problemas éticos no interesan al derecho de patente. 
De hecho, se excluyen del debate las cuestiones morales. 
Y ello es discutible, si se tiene en cuenta que todo derecho, incluso el de patente, concierne a la responsabilidad, al deber y a la obligación; y todo aquello que concierne a los elementos básicos de la vida genera consideraciones morales. 
Pero, con ser cuestionable esta exclusión de las cuestiones morales, parece más cuestionable todavía pretender que se defiende- desde el punto de vista de la coherencia- el interés público, cuando en realidad se crean instrumentos jurídicos que permiten a la industria reivindicar que ha inventado los procesos naturales y se favorece que ésta pueda llegar a un control monopolístico sobre todo ello. 
¿Qué garantías tenemos de que ese control será ejercido en beneficio del interés público? 
Ninguna, salvo la buena voluntad de quién ejerce el control. 
Consideraciones financieras- que no públicas- determinarán la decisión sobre cómo y cuándo ha de explotarse una invención y quiénes se han de beneficiar de ella, habida cuenta de que el control sobre si una invención patentada es explotada, se concede al propietario de la patente, quien decidirá sobre la misma según sus propios intereses, como es obvio. 
Este es un panorama inquietante y, por otro lado, en el informe del Sr. Rothley se enfatiza la necesidad de eliminar las incertidumbres jurídicas y asegurar que la ley sobre patentes se interprete de manera uniforme en los Estados miembros de la Unión. 
Pero, en la práctica, esta incertidumbre se mantiene, habida cuenta de que esta directiva choca con los principios del Convenio sobre concesión de patentes europeas, ampliando el alcance de las patentes sobre los límites actualmente establecidos. 
La concesión de patentes no debería depender de consideraciones exclusivamente técnicas; las solicitudes deberían examinarse en profundidad en relación con sus repercusiones sociales más amplias. 
En la nueva propuesta de la Comisión no se ha intentado examinar estas repercusiones sociales más amplias ni explorar formas alternativas de derechos de propiedad intelectual que recompensen a la innovación genuina sin garantizar los poderes de control monopolísticos que confieren las patentes. 
Todas estas cuestiones inducen a una reflexión serena y a una decisión política que vaya más allá de la solicitud de satisfacer la demanda de productos biotecnológicos. 
También es necesario tomar una decisión política que atienda a la ética. 
Mi Grupo pretende que este Parlamento decida conforme a principios morales. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Rothley, aquí se permite y se puede permitir todo lo que es posible. 
Hoy mantenemos un debate de fondo que desborda límites y que precisa sin embargo de unos límites totalmente nuevos. 
En este debate se trata nada menos que de responsabilidad. 
Se trata de moral y de ética. 
Se trata de la dignidad de los seres vivos, de la intangibilidad de la naturaleza y de los derechos humanos. 
Al realizar esta llamada de crecimiento y progreso y la engañosa promesa de más puestos de trabajo ¿no se cuestiona del mismo modo el Estado social de derecho y el respeto ante la Naturaleza? 
Pues patentar seres vivos y negar la inviolabilidad del individuo son el resultado de un híbrido que ya no conoce fronteras. 
¿Quiénes somos nosotros para considerar la evolución como propiedad privada y reclamar derechos de posesión sobre una vida que se ha desarrollado en millones de años en millones de seres vivos y que es nuestra herencia común cuya diversidad de especies supone una riqueza indescriptible? 
¿Quiénes somos para creer que tenemos el derecho de elevarnos sobre los animales y plantas para someter a la postre al hombre, hacerlo utilizable y reducirlo a un mero material biológico? 
Sólo seremos responsables frente a nosotros y nuestros descendientes con un rechazo estricto y consecuente de las patentes de genes, plantas, animales, personas o sus componentes. 
Estamos a favor de la libertad de investigación y desarrollo pero rechazamos que éste último se obstaculice precisamente como consecuencia de una protección excesiva mediante patentes ya que no se podrá disponer libremente de los conocimientos científicos sino del stock de mercancías de los diversos consorcios y, en consecuencia, los intereses económicos y la cuestión del acceso y participación en los conocimientos se convertirá en una cuestión de dinero. 
Estamos a favor de la moral en la política. 
Moral significa, ante todo, independencia. 
No somos los administradores de una ideología competidora sin límites que someta y adapte su política a estos intereses. 
Apelo a nuestra responsabilidad social que es algo diferente a la dependencia de la política de la BASF, Boehringer, etc. Habría deseado del ponente esta independencia, pues si la política y la moral se separan, el resultado es una política inmoral. 
Señor Presidente, Señorías, hace dos años, el Parlamento Europeo rechazaba, en tercera lectura, la primera propuesta de directiva sobre la protección jurídica de las intervenciones biotecnológicas. 
Hecho único en los anales del procedimiento de codecisión, este voto negativo daba a entender que esta Asamblea no estaba dispuesta a adoptar un texto legislativo de contornos mal definidos, que afecta a lo que el hombre tiene de más sensible, su patrimonio genético, la apertura del libro de la vida. 
Hace un año, durante una audiencia pública organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, asistimos a debates tan apasionantes como contrastados entre los expertos invitados a pronunciarse sobre el fundamento de la patente para la investigación y el desarrollo científico. 
Eso fue ayer, me dirán ustedes. 
Sí, pero entre ayer y hoy, el debate desafortunadamente ha evolucionado poco y persisten zonas de sombra. 
Los desafíos comerciales se hacen más presionantes, los mismos grupos de presión se han manifestado con los mismos argumentos y la Comisión, durante esos dos años, al confundir velocidad y precipitación, ha redactado un nuevo texto sensiblemente diferente, pero que no ha cambiado ni una letra su concepción inicial. 
En efecto, la Comisión fija un postulado básico en función del cual el Derecho de patente es, en cualquier caso, un derecho técnico que, por este motivo, sólo tendría más o menos que conocer sobre cuestiones éticas, incluso cuando este derecho se aplicase al material vivo humano. 
Por tanto, ésta basa las fronteras de la patentabilidad sólo en la distinción entre invención y descubrimiento. 
Hermosa manera de rechazar con un revés de la mano cualquier debate filosófico y político sobre el devenir del ser humano. 
Se plantean algunas preguntas. 
¿Por qué la propia Comisión en ningún momento se ha interrogado sobre la pertinencia de la aplicación de los principios del Derecho de patente a la materia viva y, en particular, a la materia viva humana ni sobre la pertinencia de la adaptación de esos principios? 
Éste es, con todo, un punto fundamental. 
¿Qué decir del informe votado en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos? Se trata del clon imperfecto de la propuesta de la Comisión. 
Clon en el sentido que la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene manfiestamente la misma concepción jurídicamente rigurosa de la aplicación del Derecho de patente al material vivo humano. Imperfecto ya que es necesario señalar las sensibles mejoras aportadas por los diputados a los artículos 3 y 9 del texto, que fijan los principios éticos en la materia. 
Aunque la afirmación de los principios éticos es siempre tan poco satisfactoria. 
Ningún principio superior, como la no patrimonialidad del cuerpo humano, el respeto por la dignidad humana, sirve de fundamento a las disposiciones de carácter ético. 
La enmienda 81, presentada por el Grupo ARE, pretende restablecer la primacía del hombre y la idea de que la ciencia debe estar ante todo al servicio del individuo. 
Es la biotecnología la que está al servicio del hombre y no a la inversa. 
Incluso cuando estos principios éticos están explícitamente escritos (me refiero a la enmienda 11 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que determina el principio de la exclusión de la patentabilidad del cuerpo humano, de sus elementos y de sus productos) el principio de exclusión de los productos del cuerpo humano, como la sangre, las lágrimas, el sudor, el esperma, no se encuentra en el artículo 3, enmienda 49, que trata de la no patentabilidad del cuerpo humano. 
Para algunos juristas que reivindican la aplicación estricta del Derecho de patente, esa falta de rigor me sorprende. 
Otra incoherencia, la afirmación en el artículo 4 del principio de exclusión de la patentabilidad de las especies vegetales y la raza animal, cuando la noción de raza animal ni siquiera está definida. 
Lamento igualmente que los principios éticos se encuentren diluidos en un conjunto heterogéneo. 
¿Qué interés hay en fijar, en el artículo 9, una referencia a los principios jurídicos estándar como son las buenas costumbres y el orden público, en establecer una lista exhaustiva de los tipos de manipulaciones genéticas estrictamente prohibidas, y por tanto no patentables, y en hacer referencia a la cuantificación del dolor en los animales de laboratorio? 
Un cierto rigor jurídico ¿no justifica un estatuto específico del cuerpo humano? 
Es torpe y engañoso intentar presentar una ética de los seres vivos común a los animales, a los vegetales y al hombre. 
La Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Jurídicos no lo han hecho. 
Ambas serán sancionadas por nuestro grupo si se siguen ignorando nuestras propuestas. 
Señor Presidente, el tema abordado por el informe Rothley es un tema difícil que, como ya se ha dicho en varias ocasiones, afecta directamente a cada diputado y a las convicciones profundas de cada cual. 
Recuerdo nuestros interrogantes en el momento de la votación, difícil, que tuvo lugar el 1 de marzo de 1995. 
Sobre este tema no me parece posible tener una votación de grupo, como he oído por ahí. 
A cada cual le corresponde determinar en conciencia y me pronunciaré a título personal. 
En primer lugar, soy sensible al argumento según el cual, la intervención de una directiva es una necesidad a nivel de la Unión Europea. 
Sin duda, existe el Derecho de patente a nivel internacional; se menciona en el proyecto que se nos ha presentado. 
Existen también las posibilidades que ofrecen los textos a nivel nacional. 
En Francia, por ejemplo, la ley de 29 de julio de 1994. 
Pero probablemente se necesita más, para armonizar lo mínimo y ser más eficaces a nivel europeo. 
Lo que no se haga entre nosotros probablemente se hará en otra parte. 
Debo confesar que soy igualmente sensible al argumento según el cual es necesario disponer de terapias, indispensables para muchas enfermedades. 
Las enfermedades graves, con frecuencia de origen genético, afectan a millones de personas. 
Pero me hago preguntas, como muchos de nuestros colegas, sobre nuestra preocupación por la ética. 
¿Se ha tomado suficientemente en consideracion? 
Sin duda es necesaria una directiva que permita patentar las invenciones biotecnológicas cuando (y solamente cuando) éstas tengan una utilidad real para la sociedad, una directiva que aporte una respuesta real al sufrimiento. 
El cuerpo humano no es patentable, únicamente los productos creados por el hombre lo serán. 
El trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido útil. 
¿Hemos llegado muy lejos? 
Me lo planteo, en particular, en lo que respecta al tema de la patentabilidad de los animales. 
Por consiguiente, será en función del resultado de las votaciones sobre las enmiendas como determinaremos ambas. 
Aun cuando, a priori, por el momento soy más bien favorable, esperaré a ver los resultados de las votaciones antes de tomar una determinación definitiva. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no existe ningún motivo razonable para que el Parlamento Europeo se propine a si mismo una bofetada. 
Hoy existe este peligro. 
El 1 de marzo de 1995, tras difíciles y serias negociaciones, rechazamos una directiva para patentar invenciones biotecnológicas con una clara mayoría. 
Hoy nos tenemos que ocupar de nuevo del tema. 
Las formulaciones son nuevas pero los contenidos son los antiguos. 
Podría tomármelo a la ligera y decir que votemos como entonces con un «no». 
Las invenciones biotecnológicas son de utilidad para las personas no sólo en la medicina sino también en otros campos. 
Por lo tanto, deben protegerse, si bien no en favor del capital interesado sino de nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos. 
Las partes descubiertas del cuerpo humano no pueden redefinirse como invenciones que se puedan patentar. 
No puede ser que algunos puedan decidir en exclusiva al respecto. 
Los genes y las secuencias de genes tienen que seguir siendo un bien general de la humanidad y estar a libre disposición de los investigadores, en beneficio de todas las personas. 
Esta es la decisión política ante la que nos encontramos. 
El derecho de patentes en vigor no desempeña ningún papel al respecto. 
Está orientado al capital y no a las personas. 
Nuestro mandato como diputados del Parlamento Europeo es servir a 370 millones de niños, mujeres y hombres. 
Esta obligación es la que se encuentra tras las enmiendas nº 71 hasta 76. 
Por ello las hemos presentado. 
Repito: no estoy en contra de patentar las invenciones biotecnológicas. 
Estoy en contra de que partes del cuerpo humano, animales, plantas y descubrimientos se declaren como invenciones para que se puedan patentar. 
Señor Presidente, este es el décimo año en que debatimos sobre la directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
El hecho de que estos debates no terminen se debe también a que el alineamiento sistemático de esta directiva de mercado interior con el objetivo de armonizar el derecho de patentes en Europa, ha perdido continuamente su perspectiva. 
Se ha intentado continuamente limitar o incluso excluir la protección de la propiedad industrial al intentar sobrecargar la directiva con regulaciones que no pertenecen al derecho de patentes. 
Se debate esta directiva bajo tres aspectos: el jurídico, el económico y el ético. 
Se ha hecho necesaria la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito para ofrecer un contrapeso a la diferente evolución en el campo de la legislación y jurisprudencia de los Estados miembros. 
Hay que atajar el peligro de una disgregación jurídica aún mayor. 
Necesitamos seguridad jurídica. 
Bajo aspectos económicos, de lo que se trata es de estimular invenciones e innovaciones y no imitaciones. 
Hay que impulsar la competitividad de la industria europea, hay que motivar a los investigadores europeos para que se queden e investiguen en Europa y para que no emigren al extranjero. 
Por ello, la presente directiva es de gran importancia para la política europea de empleo. 
El motivo de disputa de esta directiva ha sido y es hasta qué punto deben integrarse en la directiva aspectos éticos. 
Diversas intervenciones lo han mostrado hoy de nuevo. 
La protección de la propiedad industrial regula la relación jurídica entre inventores y terceros. 
No regula el derecho de uso en si. 
En el derecho de patentes se excluyen de la patentabilidad las invenciones si su publicación y empleo atentan contra el orden público. 
Pero tanto la investigación como el uso de los resultados de la investigación se regulan mediante otras leyes, por ejemplo, mediante la Ley de Tecnología Genética o la Ley para la Protección de los Embriones. 
El orden público se define en base a las normas centrales de las diversas Constituciones nacionales y de las leyes derivadas de las mismas. 
En otras palabras: el control de la tecnología no es de la incumbencia de los Parlamentos. 
La directiva merece nuestro pleno apoyo en la versión que ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Lo que hay que lograr ahora es que se impongan las fuerzas que son conscientes de la importancia y, en consecuencia, de los límites de la protección de la propiedad industrial y que la directiva se pueda aprobar pronto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando en el mes de marzo de 1995 votamos la primera Directiva relativa a la patentabilidad de las biotecnologías, yo voté a favor. 
Hoy, al menos por dos razones estoy contento de que dicha directiva haya sido objeto de revisión. En primer lugar, porque estoy convencido de que esta directiva es mejor, ya que es más precisa en sus definiciones, como subrayaron los demás oradores que me precedieron y, en segundo lugar, porque ha habido el extraordinario acontecimiento de la oveja clónica y, más recientemente, el anuncio de que existe la posibilidad de fabricar plasma sanguíneo a través de procedimientos biotecnológicos. 
Estas novedades han permitido profundizar el debate público, de confrontar en concreto lo imaginable con lo posible, las percepciones y los conocimientos. 
Cabe preguntarnos si en este año y medio de retraso la investigación y la industria biotecnológica en Europa han sufrido un perjuicio competitivo respecto a los competidores americanos y japoneses, y si perdieron capitales y puestos de trabajo. 
Me temo que la respuesta de la industria va a ser afirmativa. 
La importancia de esta directiva y el nuevo ámbito de la vida en el que se adentra, el recelo con el que la opinión pública sigue los avances de la ciencia y de la tecnología confundiéndolos a veces con algunas hazañas de dudosa utilidad en el ámbito de la procreación humana, nos obligan a una gran prudencia y un respeto hacia las sensibilidades. 
En consecuencia, me parece muy importante que más allá de la directiva que estamos aprobando, todos los interesados se comprometan a profundizar la información en este complejo sector tan rayano, a fin de facilitar la comprensión, así como a eliminar el miedo que nace de la ignorancia. 
Confío mucho en el Comité de ética que se ha creado y en el debate que en la Comisión de Investigación seguiremos llevando adelante en torno a la ciencia de los seres vivos en el ámbito del Quinto programa marco. 
Señor Presidente, desde hace diez años, la protección mediante patentes de las invenciones biotecnológicas ha sido objeto de debate dentro de las instituciones europeas. 
Y desde que tengo el honor de ser presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se han dedicado no menos de 15 reuniones, entre enero y junio del presente año, a la nueva propuesta de la Comisión, con un resultado de 250 enmiendas y 47 enmiendas transaccionales. 
Todo ello para decir que nuestras instituciones en general, y el Parlamento en particular, no se han tomado a la ligera la tramitación de este delicado tema, donde es normal que se oigan todas las opiniones. 
¿Nos hallamos ahora, en el ámbito de la investigación biotecnológica, en el límite de lo humanamente posible? 
Algunos afirman que sí; los científicos piensan que sólo nos encontramos en el principio. 
Nuestra tarea, la de los políticos, es crear un marco legal claro para este ámbito. 
Y con toda objetividad pienso que el presente texto aspira a lograr un equilibrio justo entre quienes desean ir más allá y quienes se oponen a cualquier tipo de investigación. 
El texto aspira a lograr un equilibrio entre la dimensión técnica y la dimensión ética. 
Quisiera hacer un llamamiento a todos para que como personas nos atrevamos a asumir un nuevo reto, a saber, controlar clara y adecuadamente nuestra inventiva y nuestras ansias de desplazar continuamente nuestros límites, en un régimen de protección legal adecuado. 
Señor Presidente, todo el mundo lo observa aquí, la biotecnología se ha desarrollado con rapidez en numerosos ámbitos. 
Los intereses económicos y comerciales son enormes y estimulan muchos apetitos financieros. 
Es forzoso reconocer que Europa ha experimentado en este ámbito un cierto retraso frente a la competencia internacional. 
Uno de los medios para sacar a flote este desafío científico, industrial y comercial es poner fin al retraso actual y armonizar las legislaciones nacionales. 
Ello permitiría descompartimentar las actividades de investigación y terminar con la segmentación del mercado. 
Al término del procedimiento de codecisión, esta directiva fue rechazada en marzo de 1995 por el Parlamento Europeo porque la dimensión ética no se había tomado suficientemente en consideración. 
Desde entonces, la Comisión ha presentado su nueva propuesta de directiva sobre la protección de las invenciones biotecnológicas por medio de patentes, precisando las condiciones y excepciones de patentabilidad. 
Sin duda, se han recogido propuestas del Parlamento pero, una vez más, las exigencias éticas que impone la patentabilidad del material humano no se han tomado suficientemente en cuenta. 
Recuerdo que la legislación de mi país prohíbe patentar el cuerpo humano, sus elementos y sus productos, pero también el conocimiento de la estructura total o parcial del gen humano. 
Creo que estos principios éticos deberían figurar en la propuesta de directiva. 
Es indispensable para evitar graves derivas y para salvaguardar la dignidad humana. 
El argumento adelantado aquí es que tales exigencias obstaculizarían la investigación. 
Lo considero inadmisible, siendo que los investigadores son los primeros en dar la alerta. 
Considero por tanto que la directiva, en este caso, deja la puerta abierta a todo tipo de derivas y se queda en una concepción estrictamente comercial. 
Señor Presidente, los recursos genéticos, las patentes y su control económico son los temas clave para el próximo milenio. 
La patentabilidad ilimitada convertiría a la vida misma, a todas las plantas y animales vivos, en un producto industrial. 
Incluso la explotación de la vida humana quedaría incluida en la presente directiva. 
Los recursos genéticos de nuestro planeta no deben convertirse en un monopolio en manos privadas de unas pocas empresas. 
Actualmente la Convención Europea sobre Patentes establece una línea divisoria clara entre los inventos y el material vivo. 
Ante todo, no se consideran patentables los descubrimientos, de genes por ejemplo; las variedades de plantas y animales y los procedimientos para la reproducción de plantas y animales quedan excluidos del ámbito de las patentes. 
Fotocopiar los genes y declarar luego que se trata de un invento es una farsa científica. 
La industria ha ejercido una intensa presión sobre los políticos para conseguir la inclusión del material vivo en el sistema de patentes. 
La manera en que se está forzando la aprobación de esta directiva va en contra de los procedimientos aceptables para la adopción de decisiones políticas. Éstas exigen un debate abierto y una decisión fundamentada de quienes han recibido un mandato de sus ciudadanos. 
Si es cierto que la Comisión ha intentado prohibir a sus funcionarios la libre difusión de información a la opinión pública, esto supondría un ataque directo al corazón de nuestra democracia europea y yo pido una respuesta del señor Comisario sobre esta cuestión. 
La Comisaria Cresson ofreció garantías a esta Asamblea de que se prohibiría la clonación humana, pero la directiva no prohíbe la patentación de los productos de la clonación humana. 
La posibilidad de que un protohumano sea canibalizado para obtener piezas de recambio es inadmisible. 
Se ha dicho a los pacientes que sufren enfermedades genéticas que la patentación es necesaria para el desarrollo de los tratamientos. 
En realidad ocurre lo contrario: la patentación de genes humanos creará problemas para el desarrollo de los tratamientos. 
Un acceso libre e inmediato a la información, concretamente en el marco del proyecto sobre el genoma humano, es un requisito previo para un uso favorable de dicha información. 
Las patentes sobre los genes supondrían que una sola empresa biomédica podría llegar a controlar por completo todas las futuras investigaciones y desarrollo tecnológico médico a partir del aislamiento de un gen específico. 
Esto no fomentaría la investigación, sino que por el contrario la aniquilaría. 
También supondría que la posibilidad de realizar pruebas genéticas para la detección de problemas como el cáncer de mama resultaría tan prohibitivamente costosa que estaría fuera del alcance de los servicios públicos de salud. 
A pesar de que las nuevas técnicas pronto permitirán el análisis rápido y con un coste inapreciable de los genes, si tuviera que pagarse una patente cada vez que se analiza un gen, las pruebas para detectar una predisposición al cáncer de mama podrían llegar a ser prohibitivamente caras. 
Una de las cuestiones clave es si los médicos y el personal médico tendrán la posibilidad de diagnosticar y tratar a las personas sin verse obligados a pagar un royalty al titular de la patente. 
La legislación actual prohíbe patentar los métodos para el tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o los métodos de tratamiento y diagnóstico aplicados al cuerpo humano. 
El proyecto de directiva suprime esta prohibición. 
Yo solicito encarecidamente a los colegas diputados su voto afirmativo para la enmienda 91, presentada por el Grupo de los Verdes, que propone una excepción para los médicos en ese contexto. 
Un ejemplo de los problemas que se plantean es el caso ya citado del gen asociado al cáncer de mama. 
Los titulares americanos de la patente, Myriad, han solicitado una patente europea y su intención es cobrar más de 2.000 dólares por su utilización en pruebas de detección. 
Si se aprueba la presente directiva, ésta tendrá graves implicaciones para nuestro acceso a los alimentos y medicamentos. 
Nuestros genes, nuestras células y otras partes del cuerpo y nuestra resistencia a las enfermedades hereditarias serían propiedad exclusiva de las empresas titulares de las patentes sobre los mismos. Lo cual legitimaría el comercio de artículos como el plasma sanguíneo y los órganos para trasplantes, cuya venta está prohibida actualmente en muchos Estados miembros y que son objeto de una compleja red de donantes, organizada por los Ministerios de Salud nacionales al servicio del bien público. 
Por ejemplo, la concesión de una patente sobre la sangre del cordón umbilical podría vedar el acceso a las células en ella contenida a cuantos no pudiesen pagar un precio por ellas. 
Señorías, en Estados Unidos, el Gobierno de Clinton ha intentado aproximar la atención de salud americana al modelo europeo. 
Los ciudadanos de nuestros Estados miembros no nos lo perdonarán si ahora aproximamos nuestros servicios europeos de salud al modelo americano, olvidándonos del bien público. 
Señor Presidente, Señorías, un debate que se presenta bajo apariencias puramente jurídicas puede disimular cuestiones más importantes, y percibimos hoy en primer lugar enormes desafíos económicos que ha recordado el Sr. Monfils hace unos instantes, y que se han revelado con crudeza a través la intensa presión de que hemos sido objeto. 
Observamos también lo que podemos definir como un choque ideológico entre humanismo y liberalismo, con, por encima de ese choque, es cierto, algunas transversales singulares que se han planteado sobre las quiebras políticas clásicas y que se han desvelado por ejemplo en la intervención de nuestro colega Casini o la escrupulosa intervención del Sr. Fabre-Aubrespy. 
Así pues, ¿se trata de un problema jurídico? 
En ese caso, tenemos legislaciones nacionales, un convenio europeo, unas indicaciones facilitadas por el Observatorio Europeo, y tenemos un acuerdo universal celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Por tanto, creo que no se trata de un problema puramente jurídico, sino sobre todo (y debemos estar vigilantes) de la ampliación del campo de aplicación de la patentabilidad a los seres vivos. 
Si se trata de un problema técnico, económico, el proyecto de directiva y el informe se basan en un planteamiento apriorístico: la patente permitiría el progreso técnico. 
¿Es esto cierto? 
Yo creo, al contrario, que la patente, como ha dicho el Sr. Telkämper hace unos instantes, permite con frecuencia el pillaje del débil por parte del fuerte. 
Por razones económicas, podemos decidir, de forma cínica, situarnos de parte del más fuerte, pero en ese caso no es ésa mi decisión personal. 
Por otra parte, ¿la técnica de la patente asegura siempre el progreso? 
Conozco mil ejemplos que demuestran que la patente, por su posibilidad de retroventa, permite estrangular el progreso técnico y científico. 
Por tanto, cada uno tiene su estilo, la Comisión y el ponente nos dicen: » escuchen, no hablemos de moral, no hablemos de ética, no hablemos de humanismo, ésa no es la cuestión, se trata de derecho, se trata de comercio, de «business» , de cocina, hablemos de cocina» No estoy en absoluto de acuerdo con este punto de vista y no creo que se pueda tachar de oscurantismo al Sr. Monfils y a otros intervinientes que pueden sentir ante el progreso técnico una especie de terror medieval. 
He oído las observaciones de la Sra. Roth, de la Sra. Ainardi y del Sr. Scarbonchi: somos muchos los que creemos que habría de haber dotado a este texto de un preámbulo moral y ético que diera luz a las decisiones técnicas que habríamos de tomar con posterioridad. 
Debemos señalar que el hombre ha adquirido los medios para autodestruirse totalmente y los medios para recrearse infinitamente. 
Esta evolución no puede, por consiguiente, quedar limitada a sus aspectos técnicos comerciales. 
No soy yo el que ha dicho: » ciencia sin conciencia sólo es la ruina del alma». 
Por tanto es cierto que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha mejorado este texto. 
Estamos atentos al debate de esta mañana: oiremos las respuestas de la Comisión y las aperturas posibles, juzgaremos la suerte que se reserve a las enmiendas para pronunciarnos al final de los finales, pero en el actual estado de la directiva, nuestro grupo no es favorable a su aprobación. 
Señor Presidente, a lo largo del último año, el debate sobre esta directiva se ha centrado más en los aspectos técnico-jurídicos que en la reflexión ética. 
En sí no hay nada que objetar. Gracias a ello se ha mejorado jurídicamente el texto. 
Sin embargo, sigo teniendo importantes objeciones. 
La Comisión y el ponente Rothley optan por una interpretación amplia del acuerdo TRIPS, que permite patentar el gen humano identificado y aislado. 
Según ellos, esta interpretación es la única solución técnica adecuada y cualquier otra solución propuesta no es técnica, sino que viene dictada por los sentimientos. 
Esto me lleva a una doble reacción. 
La primera tiene carácter ético. No se deriva de sentimientos baratos, sino que está basada en el convencimiento de que la persona es una creación única de Dios, y por tanto no puede calificarse nunca, ni aun en sus partes, de invención humana. 
Aislar un gen constituye en sí un logro técnico. 
Además, el alcance de una patente de este tipo es transcendental respecto de las nuevas aplicaciones basadas en el gen. 
En segundo lugar considero que un enfoque técnico-jurídico de un problema no implica que sólo exista una posible respuesta, como afirma el Sr. Rothley. 
Sigue habiendo un margen de libertad de elección, del que pueden hacer uso de forma responsable los políticos. 
A mi entender, en el documento de la Comisión y en el informe Rothley se distorsionan con todo tipo de malabarismos conceptos como invención, novedad y aplicación técnica, para lograr que el gen humano se ciña al derecho de propiedad industrial. 
En este sentido, me parece que la interpretación según la enmienda Gebhardt es más natural. 
Por ello considero que la elección de las patentes para los métodos de producción o los productos resultantes, sobre la base del descubrimiento de un gen, es una elección defendible. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi opinión, el sentido del informe Rothley sobre la propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, se ha recogido perfectamente por los diferentes oradores y también por el Sr. Casini. 
El iter del informe ha sido, sin duda, muy trabajoso, aunque me parece que se ha cumplido su objetivo cuando se ha afirmado: proteger la vida no explotar el embrión con fines de lucro, salvaguardar la industria de la competencia japonesa y americana. 
No voy a entrar en el fondo de las enmiendas, que vamos a debatir mañana cuando tendrá lugar la votación. 
Los que pertenecemos al Grupo de Alianza Nacional vamos a votar a favor del informe en su conjunto y de esas enmiendas que están dirigidas a proteger la vida, el embrión y la moral- y esta vez la moral deberá conjugarse con la política- y en contra de las que, desde un punto de vista jurídico y biológico, están orientadas, por el contrario, a alterar lo fisiológico en el sentido estricto de la palabra. 
Permítanme ahora hacer una reflexión sobre las patentes. 
Estoy de acuerdo con la Comisión de Desarrollo y Cooperación cuando dice que la patentabilidad de material vivo tiene consecuencias negativas desde el punto de vista ético y práctico para la humanidad, el reino animal y el medio ambiente. 
Hay que evitar, en definitiva, las patentes en los siguientes casos: cuerpo humano, partes del cuerpo humano, tejidos humanos y todo el material genético derivado de fuentes humanas; animales, partes de animales, tejidos animales y procesos de modificación genética, plantas, semillas, tejidos vegetales y otro material de propagación. 
Señorías, es preciso salvaguardar la vida, proteger la ética y no alterar lo que Dios nos ha dado. 
Sólo así se podrá hacer frente al reto de los tiempos, aunque se siga avanzando en la investigación. 
Est modus in rebus. 
Señor Presidente, me parece que no es necesario poner nuevamente de relieve la importancia del debate. 
Basta con ver la cantidad de información- y de deformación a veces- que hemos recibido los diputados en este Parlamento en torno a esta directiva. 
Quiero señalar en principio que debemos resistir a todos los intentos de manipulación de esta directiva. 
Y manipulación significa decir cosas que la directiva no dice, o afirmar cosas que se dicen necesarias y que ya están en la directiva. 
He estado oyendo discursos sobre moral y derecho, moral y política, y yo los suscribo totalmente, pero esto no tiene nada que ver con la directiva. 
En la directiva se afirman principios morales, se afirma la sumisión a las buenas costumbres y al orden público y se hace una serie de afirmaciones sobre las cosas que no son tolerables. 
Por otra parte, se piden a la directiva cosas que la directiva no puede dar. 
En España hay una canción que dice: » a la mar fui a por naranjas, cosa que la mar no tiene» , y es evidente. 
Aquí, a veces, se piden también naranjas cuando el árbol es distinto. 
Estamos ante un derecho de patentes. 
Hay otras normas éticas. 
La Comisión tiene un Grupo de trabajo sobre ética. 
Aquí mismo se ha aprobado, en esta sede del Consejo de Europa, un Convenio para la protección de los derechos humanos en las manipulaciones de carácter médico. 
Todo esto existe y forma parte de un contexto en el que se inscribe esta directiva. 
Tampoco hemos de sucumbir a los eslóganes. 
Creo que la directiva anterior se hundió sobre todo porque había un eslogan que decía: » No a las patentes sobre la vida». 
Afortunadamente, en este debate, ha aparecido otro: » Patentes en favor de la vida». 
Hay quien también quiere las patentes para que la vida siga existiendo. 
Y finalmente, no puedo dejar de recomendar a todos que antes de la votación lean la directiva. 
Para terminar, quiero felicitar al Sr. Rothley porque no sólo ha recogido en gran medida el sentido de las enmiendas, sino que ha cambiado prácticamente toda la directiva, la ha sistematizado desde un principio, y yo creo que la mayor parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos nos hemos sentido bien representados por su trabajo. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar yo también quiero felicitar al ponente. 
El presente proyecto de directiva es sin duda de enorme importancia económica para Europa. 
Nueve millones de puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de qué condiciones marco creemos para la biotecnología. 
Sin embargo, el derecho de patentes es solamente una de esas condiciones marco. Creo que muchas otras cosas son asimismo importantes, por ejemplo, tenemos que eliminar todos los obstáculos burocráticos. 
Como médico advierto firmemente frente a la instrumentalización de los pacientes en este debate que, en primera línea, es un debate económico. 
Esto es aplicable a ambas partes, por lo que el aplauso ha sido quizás algo precipitado. 
Si aquí se actúa como si la aprobación de la directiva condujese necesariamente a unos enormes progresos terapéuticos en el campo de las enfermedades de origen genético, en la ciencia existen al menos opiniones diferentes. 
También aquellos que dicen que una protección absoluta del material del ADN puede ocasionar problemas, tienen buenos argumentos de su lado. 
Me dirijo claramente a ambas partes para decirles que no lo sabemos. 
Los políticos quieren siempre respuestas claras, pero la ciencia no puede dar actualmente respuestas claras. 
Indico de nuevo que precisamente el desarrollo del diagnóstico, un diagnóstico mejor, no es necesariamente una ventaja para el paciente cuando vamos a disponer de los métodos terapéuticos quizás en veinte o treinta años. 
Así pues, aquí hay que ser precavidos y prudentes. 
Para nuestro grupo político es de importancia esencial que existan en esta directiva algunos límites de origen ético. 
Aquí se incluye la intervención en el genoma humano así como las patentes sobre los métodos que utilizan el embrión humano y también la protección de los animales. 
Pero ante todo hay que excluir el clonado de los embriones humanos. 
El clonado atenta contra la dignidad humana. 
Todas las fuerzas políticas de esta Asamblea han estado de acuerdo en este análisis cuando con motivo de la oveja Dolly ha entrado dentro de lo posible el clonado de personas. 
No tenemos que hablar más sino actuar. 
Tenemos que excluir con toda claridad en esta directiva el clonado de embriones humanos. 
No es suficiente excluir el implante en el útero, es decir, el clonado reproductivo, lo que desearía el grupo de asesores de la Comisión. 
Pues, en primer lugar, ya es condenable la experimentación con embriones y supone una violación de las buenas costumbres y del orden público. 
Pero, en segundo lugar, y les ruego que me escuchen con atención, quiero decirles lo siguiente: ¿qué es una novedad?. 
La implantación en el útero es ya conocida. 
Afortunadamente, el parto es aún un proceso natural. 
Por ello, no se puede querer patentar estas cosas. 
El paso al hombre clonado, al que tenemos que poner límites en algún lugar, presupone el clonado de embriones. 
Y el camino a la oveja Dolly se ha visto precedido de muchos embriones de oveja. 
No queremos que el camino al hombre clonado se vea precedido de muchos embriones humanos. 
Por ello, les ruego que apoyen la enmienda nº 55, en especial los dos últimos párrafos. 
Señor Presidente, en el año 1995 organizamos una gran cruzada con el Sr. Langer para que no fuera aprobada esta Directiva. 
Entonces el Sr. Langer defendía intensamente las plantas y los animales, mientras que yo estaba de parte del embrión y, por lo tanto, del ser humano. 
Unir estas dos realidades, el ser humano con las plantas y los animales, confundió muchas ideas e hizo perder mucho tiempo. 
Si hubieran estado separadas, habríamos dado desde hace tiempo el pistoletazo de salida a la competencia con los Estados Unidos y Japón que es necesaria para el desarrollo en Europa y para generar empleo. 
Hoy se vuelve a presentar el informe Rothley. 
Me parece que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha llevado a cabo un gran trabajo. 
Personalmente, estoy de acuerdo con el trabajo realizado. 
Por lo que se refiere al artículo 9, pido ante todo que se mantenga inalterado e invito a este Pleno a que vote el mismo tal como está, sin cambiar nada. 
Señor Presidente, como era de esperar, este debate ha generado un enorme interés público y yo creo que este contexto sitúa al Parlamento, en tanto que órgano legislativo, ante un reto que nos obliga a afrontar nuestras responsabilidades con madurez. 
El informe Rothley, en la medida en que es producto de un prolongado debate, constituye, a mi parecer, una propuesta eficaz, equilibrada y razonable y por la cual yo congratulo al ponente. 
La Sra. Roth, en su anterior intervención en nombre de los Verdes, ha expresado su convicción de que es necesaria una ética en la política. 
Yo comparto firmemente esta convicción y por esto, en esta ocasión, siento que puedo apoyar con tranquilidad el presente informe y lo hago con buena conciencia. 
En él se establece una distinción clara entre descubrimientos e inventos. 
Las patentes sobre los cuerpos humanos, sobre la clonación humana, sobre los embriones y sobre las modificaciones del genoma humano quedan todas prohibidas en la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
También se protege explícitamente el derecho de los agricultores a resembrar en las tierras de su propiedad y a criar animales en las mismas, tal como ocurre en la actualidad. 
El Parlamento insiste en la necesidad de que se respete el Convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas y de que se establezcan salvaguardas frente a los temores a una biopiratería en relación con el mundo subdesarrollado y con el medio ambiente, dos obligaciones importantes que no podemos descuidar. 
Hoy mi buzón estaba una vez más repleto de cartas, procedentes no en último lugar de grupos de mi país que representan a las personas afectadas por alteraciones genéticas y otros trastornos médicos para los que actualmente no existe cura y que piden que apoyemos esta medida, porque les ofrece alguna esperanza. 
En conciencia, yo no voy a votar contra la posibilidad de ofrecerles esta esperanza. 
También proponemos que se cree un comité de ética y, por todas estas razones, yo creo que se trata de una propuesta eficaz y también equilibrada y en esta ocasión, a diferencia de otras anteriores, yo la apoyo de buen grado. 
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a la Sra. Sierra González su intervención, que apoyo completamente porque yo también pienso que la legislación actual debe asumir las nuevas exigencias que le plantea la sociedad, precisamente en lo concerniente a las repercusiones éticas y sociales. 
Debería existir y existe una gran divergencia entre las invenciones de maquinaria e industriales y lo que estamos debatiendo aquí. 
En este caso concreto se daría más pie a que los investigadores que estuviesen en posesión de una patente tuvieran más poder y control a través de la posición de monopolio que alcanzarían, lo cual yo considero como un obstáculo al desarrollo, por ejemplo, de las medianas y pequeñas empresas. 
Pienso que el descubrimiento de las funciones de un gen, por ejemplo, debería considerarse efectivamente como el descubrimiento fantástico que es, y con ello también ser puesto al servicio de la humanidad- y no al de unos intereses privados y económicos. 
Lamento verdaderamente que no hayamos llegado más lejos en nuestra labor política y que no estemos trabajando de una manera práctica y efectiva con unas propuestas que promuevan la colaboración global en lugar de la competencia entre empresas, especialmente cuando están en juego cuestiones tan importantes como en este caso la salud de las personas y la diversidad biológica, no solamente en la Unión Europea sino en todo el mundo. 
Señor Presidente, Señorías, después de ocho años de vacilaciones, hoy parece necesario modificar la legislación europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
El texto que propone en este caso la Comisión tiene en cuenta ampliamente las normas éticas de la ley natural que es indispensable respetar en la materia, principalmente la exclusión del cuerpo humano de lo patentable. 
Aunque en este ámbito sería necesario ser un poco más precisos y, en este sentido, seríamos favorables a que se añadiera al texto, tal como está presentada en la actualidad, la enmienda 84 de la Sra. Sandbaek que precisa claramente la prohibición de cualquier intervención, no solamente sobre el cuerpo humano, sino también sobre el embrión. 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta, por supuesto, a los pacientes que esperan progresos que les faciliten la posibilidad de ser tratados de forma eficaz mediante esas nuevas tecnologías. 
Es necesario finalmente recordar cuál es el objetivo de una patente, en definitiva: recompensar a los inventores por su actividad creadora mediante un derecho exclusivo para disponer de su invención durante unos veinte años. 
Es un estímulo para la innovación, para invertir y, por consiguiente, para crear empleo. 
Ahora bien, sabemos que nuestra legislación nos deja impedidos hoy frente a la competencia americana y japonesa. 
Por otra parte, según el propio ponente, en su exposición de motivos, sólo el 24 % de las patentes aceptadas por la Oficina Europea de Patentes son de origen europeo. 
Creo además que por encima de los discursos de indignación moral que se han podido oír y que, para muchos son sinceros, con mucha frecuencia hay poderosos intereses económicos del otro lado del Atlántico detrás de estas tomas de posición. 
Lo cual por otra parte no sería la primera vez. 
Por todas estas razones, pues, votaré este texto, que representa un buen compromiso entre las diferentes restricciones que se imponen al legislador pero, una vez más, insisto para que la enmienda 84 de la Sra. Sandbaek se añada al texto del ponente. 
Señora Presidenta, los diputados de esta Cámara han sido objeto durante las pasadas semanas de un bombardeo de información errónea, organizado por el movimiento de los Verdes, en relación con este tema. 
Esta mañana a las 7, en el programa informativo de la BBC, la noticia sobre el presente debate era en gran parte inexacta por lo que respecta al contenido del proyecto de directiva. 
El lema central del aparato propagandista de los Verdes ha sido: » No a las patentes sobre la vida». 
Como acaba de señalar el Sr. Verde i Aldea, lo mismo ocurrió hace dos años. 
Uno de los aspectos más lamentables del presente debate es que la campaña contra la directiva ha ignorado los hechos y también ha ignorado las modificaciones de mucho calado que se han negociado para disipar las preocupaciones y temores de que la investigación genética se haga extensiva al sistema reproductivo. 
Es una gran lástima que quienes se oponen a la directiva no reconozcan las modificaciones que se han realizado. 
Debemos reconocer- y es una idea muy poco agradable- que la mayor parte de los medicamentos que tomamos no tienen en realidad un efecto curativo: sólo alivian los síntomas. 
Las vacunas y los antibióticos han permitido tratar muchas de las enfermedades mortíferas del pasado. 
A medida que nuestra vida se alarga, estamos expuestos a otro tipo distinto de enfermedades: el cáncer, las dolencias cardíacas, las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer. 
Todas ellas son enfermedades con un componente genético y los progresos en el campo de la biotecnología y la ingeniería genética ofrecen alguna esperanza de una posible cura. 
Yo respaldo la directiva no sólo por consideraciones médicas, sino también porque la biotecnología nos ofrece un mundo más limpio; nos ofrece un mundo con un uso más eficiente de la energía; y yo creo que nos ofrece la esperanza de una vida no sólo más larga, sino también más sana en el futuro. 
Quienes se oponen a la directiva deberían reflexionar sobre qué es lo que están intentando impedir. 
Señora Presidenta, si pudiéramos sacar el máximo beneficio de las tecnologías del ADN controlando al mismo tiempo sus peligros, habríamos encontrado el mejor modo de ayudar a las inversiones en este sector. 
En la actualidad, un importante instrumento para la intensificación de las inversiones en biotecnología es el sistema de patentes, que, al recompensar a los investigadores por su dedicación de tiempo, dinero y experiencia, estimula este tipo de inversiones. 
En la práctica, sin embargo, la defensa legítima se complica con factores sociales, morales, científicos y legales. 
Después del fracaso de la resolución legislativa de este Parlamento hace dos años y medio, la legítima defensa de las aplicaciones biotecnológicas sigue siendo un tema sensible, público y abierto. 
En parte es consecuencia de que la biotecnología implica por definición la aplicación de la tecnología a organismos vivos, incluido el hombre. 
Los derechos de patente relacionados con temas de la vida suscitan, como es natural, fuertes sentimientos. 
El debate de hoy pretende aclarar concretamente algunos de los elementos sometidos a discusión. 
En el caso de las tecnologías del ADN, el debate suscita oposición debido a la dificultad para establecer cuándo y cuál de los elementos de una adaptación tecnológica concreta constituye una invención y cuál es un descubrimiento- dado que la patente debe concederse, según mi opinión, sólo a las invenciones e innovaciones y no a los descubrimientos, que deben tener como conclusión la aplicación industrial. 
En el caso de las tecnologías del ADN, puesto que el gen o la célula o cuerpo humano y los elementos son preexistentes, no existe «invención» ni, por consiguiente, protección mediante patente. 
Ahora bien, cuando los investigadores consiguen perfeccionar un método para aislar un gen que podrá usarse ex vivo para la producción de una proteína humana, entonces el método admite la protección mediante patente. 
Aquí exactamente se sitúa nuestra demanda a la Comisión y también al ponente: que se esclarezca el apartado 2 del artículo 3. 
El artículo no aclara si se solicitarán derechos de patente para los genes, ya que en estos casos, según mi parecer, hay un descubrimiento y no una invención. 
Es necesario insistir en que, independientemente de lo que pueda hacer cualquiera con un gen, su estructura y su información son preexistentes a su uso y, por consiguiente, no hay ninguna invención. 
Por el contrario, su uso, que puede conducir mediante nuevas técnicas a la producción de una nueva sustancia con aplicaciones industriales, constituye en realidad el objeto de una protección legítima. 
Es más, la eventual modificación del gen, que conduce a una nueva estructura, admite la protección mediante patente como adaptación concreta industrial. 
Expresamos, pues, nuestras reservas más serias, puesto que, con la actual redacción del texto, podrían solicitarse derechos de patente incluso para los genes naturales, los cuales ya existen y su descripción, repito, constituye un descubrimiento. 
Si aceptamos la concesión de derechos de patente para los genes naturales, llegaremos a una explotación oligárquica, diría, tanto de los genes como de las proteínas. 
En conjunto, y a reserva de las observaciones que he hecho y que espero sean tomadas en cuenta, puesto que se recogen en las correspondientes enmiendas, me pronuncio a favor de la propuesta, ya que con ella se facilitará el desarrollo biotecnológico, que implicará evidentemente una mejora en aspectos que influyen de manera importante en la salud y la enfermedad, la alimentación, la defensa del medio ambiente, la agricultura y otros ámbitos fundamentales de la vida y las actividades humanas. 
Señora Presidenta, no deseo volver en el día de hoy sobre los aspectos técnicos de la patentabilidad, sino más bien insistir en los aspectos propios de la patentabilidad de los seres vivos. 
Gracias a los magníficos trabajos del ponente y del Parlamento Europeo, la nueva directiva ya toma en consideración los aspectos éticos y sociales basándose en un planteamiento coherente. 
Hay diferencia entre descubrimiento e invención: un gen no es la vida, es importante distinguir entre el todo y las partes. 
La ingeniería genética no es la manipulación de embriones: es importante distinguir el mecanismo del núcleo y la transmisión de los caracteres hereditarios. 
Las enmiendas de compromiso aseguran el respeto por el ser humano desde su concepción hasta la muerte, la no comercialización del ser humano o de sus componentes, la prohibición de la manipulación del embrión o de las células germinales, la prohibición de la clonación con fines reproductivos del ser humano. 
Por mi parte, considero ético asegurar el reconocimiento del valor añadido vinculado a la inteligencia y a la creatividad del ser humano, sin la que no habrá progreso duradero. 
La nueva directiva, no solamente se basa en una armonización del Derecho de patente, sino que también tiene en cuenta las características propias del ser humano y del mundo de los seres vivos, protege al inventor, asegura el privilegio del agricultor, permite el desarrollo de productos procedentes de las biotecnologías, con el fin de responder a lo que esperan los enfermos y sus familias para el tratamiento de las leucemias y de los diferentes tipos de cáncer mediante los factores de crecimiento celular, para el tratamiento de la hemofilia, de la diabetes, por medio de productos purificados, no contaminantes, (insisto en esto, no contaminantes) mucho más eficaces que los productos utilizados hasta el momento actual. 
Ésta misma directiva permite tratar los grandes azotes genéticos, como la mucoviscidosis y la miopatía, pero también las enfermedades poco frecuentes, llamadas enfermedades «huérfanas». 
Finalmente, no olvidemos que una patente no es una licencia de explotación. 
No mezclemos la protección de la invención y la comercialización de productos procedentes de las biotecnologías, que dependen más específicamente de la subsidiariedad. 
En la preparación de una directiva así, este Parlamento ha ejercido su responsabilidad de control democrático con el objeto de asegurar el reconocimiento de la investigación y de los investigadores y la competitividad económica de la Unión Europea en el respeto por la vida, en el respeto por el ser humano y por los derechos de la persona. 
Señora Presidenta, ésta es una cuestión sobre la que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. 
Lamentablemente, también es un poco diálogo de sordos; hay además unas cuantas falsedades, lo cual ha señalado anteriormente el Sr. Adam. 
Lo que resultó decisivo para mí cuando, junto con mi Grupo, adoptamos nuestra posición, lo cual ya ha dicho también el Sr. Pompidou, es que realmente se trata de una cuestión de legislación sobre patentes- todo lo que pueda ser patentado no se va a poder utilizar, por ejemplo, a nivel nacional. 
Demasiadas veces durante este debate se nos ha olvidado que estamos en Europa. 
Tenemos una tradición europea en cuanto al patentado que implica que tradicionalmente hemos establecido unos requisitos más rigurosos al respecto y que las solicitudes han de estar convenientemente especificadas. 
Tenemos un convenio europeo para proteger la dignidad humana en las aplicaciones de la medicina y la biología; esto rige también para las patentes. 
A través de la investigación biotecnológica espero que se realicen progresos en todos los retos de la medicina sobre los que han hablado los expertos de esta sala. 
La verdadera desigualdad afectará a las personas que podrían sobrevivir si pagasen 200.000 marcos por un producto médico, pero no disponen de medios. 
Amigos míos, por otra parte hay que ser humildes y decir que ésta es una nueva modalidad de patentes y que, hoy por hoy, no sabemos en absoluto lo que la investigación nos puede acarrear. 
Es por ello que, en caso de que suceda algo inaceptable, hemos de estar dispuestos a someter a revisión la legislación vigente. 
Por ello es importante que la Comisión y el Comité ético presenten nuevos informes al Parlamento sobre la cuestión. 
Señor Presidente, muchos colegas han puesto en evidencia de forma brillante lo que hay de inaceptable para nosotros en el informe del Sr. Rothley. 
Personalmente, desearía atenerme a un aspecto de ese informe. 
En efecto, el Convenio Europeo de Patentes, que sirve de base a las legislaciones nacionales, excluye, en el párrafo 4 del artículo 52, los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia así como los métodos de diagnóstico. 
Esta disposición no se ve recogida en el proyecto de directiva de la Comisión, ni tampoco por el Sr. Rothley y la Comisión de Asuntos Jurídicos, cuando sí figuraba en el proyecto precedente. 
Dos enmiendas del Grupo de los Verdes pretenden reintroducir esta disposición. 
¿Por qué? 
Porque nosotros pensamos que es peligroso patentar tales métodos al mismo tiempo para el derecho de los pacientes, para el progreso de la medicina y para el progreso del conocimiento en general. 
Un ejemplo para ilustrar esta posición: la empresa americana «Biocyte» ha conseguido una patente en relación con las células sanguíneas humanas del cordón umbilical. 
Esta patente incluye no solamente las células sanguíneas en cuestión, sino también el uso terapéutico que de ellas pueda hacerse. 
Numerosos clínicos e investigadores que trabajan en el ámbito de los trasplantes de médula ósea están en contra, al mismo tiempo por las razones éticas que acabo de mencionar, pero también porque dicen que no se trata realmente de una invención sino de una capacitación técnica, que consiste sencillamente en aislar las células y congelarlas, que no aporta nada nuevo en el ámbito del conocimiento. 
Creo que el debate actual sobre esta patente, que se ve contestado por numerosos investigadores y médicos, corre el riesgo de hacer que la balanza se incline a favor de la empresa «Biocyte». 
El informe Rothley da incuestionablemente la primacía a los aspectos económicos y técnicos del debate. 
Confunde el interés de los enfermos víctimas principalmente de enfermedades de origen genético y el de la industria farmacéutica que los toma como rehenes. 
Por consiguiente lo consideramos totalmente inaceptable, en este sentido. 
Señorías, ante la importancia de la presente propuesta de directiva para el presente, pero aún mucho más para el futuro, no quiero referirme a las oportunidades que se crean con ella pues ya se ha debatido suficientemente al respecto. 
Quiero llamar la atención sobre los peligros que nos pueden esperar si se aprueba el proyecto y que deberíamos tener muy en cuenta en el momento de votar. 
Pienso que no nos debemos dejar arrastrar por ventajas a corto plazo hipotecando en gran medida el futuro. 
Deberíamos tomar en serio las objeciones planteadas por numerosos expertos y ocuparnos de ellas. 
Quiero exponerles el alcance de las decisiones en base a un ejemplo: el presente proyecto prevé que el genoma humano y las secuencias de genes en él contenidas se puedan patentar. 
Hay que rechazarlo con toda decisión pues el genoma humano es sin duda un bien general al que todo el mundo debe poder tener acceso sin obstáculos. 
Excluir aspectos concretos de este derecho significaría la monopolización de los conocimientos y de su aplicabilidad. 
En contra de la patentabilidad de las secuencias del ADN humano está además el hecho que la utilización de variantes de secuencias específicas se vería impedida por otras y, en consecuencia, la investigación. 
Por el motivo expuesto, vamos a rechazar la directiva. Los austríacos sabemos que tenemos de nuestro lado a nuestros compatriotas, quienes con 1, 2 millones de firmas han convocado un referéndum. 
Señora Presidenta, en mi breve intervención no quiero entrar en los detalles de muchos de los puntos de esta Directiva tan importante, ni tampoco en profundizaciones técnico-científicas que no es aquí el momento de hacer o aclarar. 
Los que pertenecemos a la delegación italiana del Grupo Socialista consideramos el resultado al que llegó la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre todo gracias al ponente, Sr. Rothley, globalmente positivo y fruto de una confrontación atenta y entusiasta. 
A nuestro entender, el mismo debe ser apoyado, aunque pueden haber, como es obvio, enmiendas que pueden mejorarlo y aclararlo. 
Señorías, no debemos olvidar que aquí nos ocupamos sobre todo de un aspecto muy puntual, esto es, del Derecho de patentes y del hecho de que la presente Directiva plantea una clara distinción entre descubrimiento e invención. 
El descubrimiento no es ni puede ser objeto de patentabilidad. 
Sólo es objeto de patentabilidad la invención, o sea, el resultado de un proceso intelectual y de investigación que precisa esta garantía para llegar a ser un punto de referencia fundamental para el desarrollo industrial. 
Estimamos que el comité de ética que se quiere crear desempeñará un papel importante, a pesar de que el mismo no tiene que ser de carácter legislativo directo. 
No nos encontramos ante un debate ideológico o teológico sobre la vida, sino ante un instrumento laico de garantía, de reglamentación y de organización de un espacio europeo para las biotecnologías, un espacio que hoy por hoy es sumamente necesario si se considera lo que sucede a escala internacional. 
Si Europa seguirá el ejemplo del sistema americano y trabajará al unísono, en el año 2005- según las previsiones de los expertos- las biotecnologías se dispararán y se convertirán en competitivas y darán trabajo a un número de europeos de entre 1, 5 y 3 millones de personas y garantizarán, al mismo tiempo, el derecho a la salud y al desarrollo de la investigación y la industria. 
Si esto no fuera así, es decir, si la industria, la política, la investigación y los medios de comunicación no se unirán, entonces la flor de la industria biotecnológica europea que acaba de brotar se marchitará y, tal como ya sucedió en el sector de la informática, Europa se convertirá en una colonia biotecnológica. 
Señora Presidenta, intervenir a estas alturas del debate permite ser bastante simple: decir «rechazo» y decir «suscribo». 
Pues bien, rechazo la retórica vacía que se ha escuchado hoy en esta Asamblea, rechazo los juicios de valor y de intenciones totalmente gratuitos, exclusivamente dirigidos a la descalificación- casi me atrevería a decir personal -, y suscribo las cosas importantes que también se han oído. 
Las primeras las ha dicho usted, señor Rothley; para usted mi reconocimiento y mi admiración. 
Suscribo también las cosas importantes que ha dicho mi también querido y admirado Sr. Casini, y las claras observaciones del Sr. Cot, las agudas observaciones del Sr. Fabre-Aubrespy y las fundadísimas observaciones del Sr. Pompidou. 
Sencillamente, podría terminar aquí mi intervención; y sin embargo, voy a ir un paso más allá. 
Yo votaré a favor del informe Rothley, y votaré a pesar de que tiene, en mi opinión, algunos importantes defectos técnicos, como pueden ser las enmiendas 42 y 43 a los considerandos 39 y 40, incorrectas desde mi punto de vista, o la enmienda 45 al apartado 2 del artículo 1. 
Votaré también a favor, cualquiera que sea el resultado, de la letra d) del apartado 2 del artículo 9, es decir, el problema de la utilización o de la patentabilidad de invenciones donde se han utilizado embriones. 
¿Y por qué lo hago? 
Lo hago porque las más oscuras, las más profundas y las más atávicas convicciones se dan cita en este Aleph que constituye hoy la investigación biotecnológica, una industria que, en el año 2000, tendrá un volumen estimado de 83.000 millones de ecus. 
Y además de ello, esta situación nos afecta absolutamente a todos, y ante ella Europa sigue mirando al pasado y el Derecho, una vez más, va no ya tres pasos por detrás de la realidad social- como decía el clásico alemán- sino muy por detrás de la realidad social. 
Porque no olvidemos- para muestra un botón -: entre 1981 y 1995 se concedieron 1175 patentes sobre el ADN en todo el mundo; no estamos legislando para el futuro; tenemos que salir al paso de una realidad que nos invade, de una realidad que debemos encauzar hacia las normas del Derecho. 
Y también votaré a favor por las razones económicas expuestas, pero sobre todo, señora Presidenta, votaré a favor por una razón fundamental que constituye, en mi opinión, el fondo de este debate que estamos manteniendo. 
Esta directiva, efectivamente, no es un proyecto de norma reguladora de la biotecnología; su objeto es mucho más delimitado y, como se ha dicho, se trata de proteger las invenciones biotecnológicas, nada más ni nada menos. 
Esta directiva no aspira, ni puede aspirar, a ser el Derecho de la biotecnología, sólo quiere ser- sólo debe serDerecho de patente y, por supuesto, eso nos obliga a recordar, señor Casini- yo estaré en esa lucha con ustedque carecemos de un marco jurídico sistemático y general del Derecho material en el que encuadrar la directiva y que los paliativos que en ella se ofrecen son pocos y malos; y que debemos hacer frente a ese reproche de que el edificio no se ha empezado precisamente por los cimientos. 
Pese a todo- y con esto termino -, yo votaré a favor de esta directiva, en el convencimiento de que es un paso necesario y de que tenemos todavía mucho tiempo para mejorarla. 
Señor Presidente, Señorías, en los próximos años, dos sectores industriales producirán muchos puestos de trabajo a escala mundial, a saber, la tecnología de la información y la biotecnología, y en ambos sectores el Parlamento Europeo tiene el poder de decidir dónde se creará empleo. 
¿En Europa o en otros lugares del mundo? Hasta ahora, el crecimiento de la industria biotecnológica no ha sido reconocido por el Parlamento con una legislación adecuada que apoye económicamente este sector. 
Después de nueve años sigue sin haber una armonización europea. 
Señorías, este Parlamento padece un síndrome específico, a saber, el síndrome de la patente sobre la vida. 
Más del 95 % de las empresas europeas de biotecnología son PYME, pequeñas y medianas empresas. 
Precisamente en ellas se encuentra el potencial de innovación y de creación de empleo de Europa. 
Pero esta innovación se ve frenada por una protección fragmentada y, en relación con Estados Unidos y Japón, muy costosa de las invenciones biotecnológicas. 
Una solicitud de patente a través de la Oficina Europea de Patentes cuesta unos 19.000 ecus para ser válida en 8 países, y se trata de un volumen de mercado comparable al de Estados Unidos. 
En Estados Unidos cuesta 1.500 ecus. 
En el ámbito científico, Europa está en la cima, pero no explotamos estos conocimientos y eso, señor Presidente, cuesta puestos de trabajo. 
La biotecnología conoce aplicaciones muy prometedoras, entre las que quiero mencionar la prevención y curación de enfermedades transmisibles genéticamente. 
Señorías, no tenemos derecho a elegir por otros si han de vivir sanos o minusválidos. 
Por ello mi Grupo votará a favor del excelente informe del Sr. Rothley y la directiva de patentes. 
Señora Presidenta, un principio de la fe cristiana dice que todos los seres vivos deben considerarse como nuestros semejantes. 
Si queremos que esto no sea solamente una fórmula vacía de contenido, la integridad física, genética y de creación de estos semejantes es un bien jurídico que debe protejerse, además en todos los campos del derecho, incluido el derecho de patentes, señor Rothley. 
La presente directiva lo hace sólo de modo insuficiente y en determinados aspectos incluso elimina esta protección jurídica, por ejemplo, en la enmienda nº 74. 
Lo hace porque, tal como el mismo ponente dice en la página 32 de su informe, sigue a aquellos que exigen un uso industrial de la vida. 
Lo rechazamos. 
No rechazamos la libertad de investigación, el desarrollo de terapias, el progreso de la industria de la biotecnología, sino el hecho de que todo se haga depender de intereses económicos muy particulares como se acaba de decir con toda claridad. 
Quien lo haga no debe sorprenderse si dentro de poco tiene que levantar las prohibiciones de clonación formuladas, exactamente por los mismos motivos que se han expuesto ahora para esta directiva. 
No es la vida la que tiene que estar al servicio de la industria sino, al contrario, todos los usos industriales deben servir a la vida. 
Para ello existe el derecho y no para otra cosa. 
Señora Presidenta, a veces, en política, como en la vida en general, es preciso dar un paso al frente y reconocer: me equivoqué. 
Yo debo decir ahora que el Parlamento Europeo se equivocó en 1995, cuando rechazamos la directiva originaria sobre biotecnología y que yo me equivoqué al votar en el mismo sentido que la mayoría del Parlamento en aquella ocasión. 
Sin embargo, lo que importa no es que de vez en cuando nos equivoquemos sino si sabemos aprender de nuestros errores. 
Me complace decir ahora que el Parlamento aprendió de su error y que el Sr. Rothley ha conducido con mano experta esta nueva propuesta en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Yo me sumo a los numerosos diputados que han elogiado el trabajo que ha realizado a lo largo de casi un año. 
Ahora contamos con una propuesta que, por un lado, consigue un equilibrio entre la necesidad real de proteger los inventos y a los científicos e investigadores que trabajan para conseguir esos inventos, y también, así es en efecto, a las empresas que dedican recursos a la financiación de dichas investigaciones. Éstas merecen obtener un rendimiento de sus inversiones. 
La presente propuesta también hace justicia a los grupos de pacientes. 
Las cartas más convincentes de los centenares o quizás millares que he recibido procedían de grupos de pacientes. 
Y la propuesta les hace justicia. 
Les ofrece la esperanza de que esta rama relativamente nueva de la ciencia podrá contribuir al tratamiento de las alteraciones genéticas y a la cura de enfermedades como el cáncer y el SIDA. 
Por otro lado, y tan importante como lo anterior, la nueva propuesta establece garantías para el medio ambiente; establece garantías para el bienestar de los animales; respeta los acuerdos internacionales existentes; garantiza la ilegalización de la clonación humana. 
Hace dos años, nos dejamos cautivar y asustar por los cuentos de terror de quienes se oponen a la investigación biotecnológica. 
Tengo presente lo que señalaba antes el Sr. Liese, en el sentido de que no tenemos más que esperanzas, pero esta vez deberíamos tomar en consideración las aspiraciones de millares de europeos que sufren dolencias y enfermedades incurables y ofrecerles alguna esperanza con el impulso de esta directiva y la introducción de un cierto orden en el ámbito de la biotecnología. 
Señora Presidenta, lo que acaba de decir el Sr. Martin refleja en muchos aspectos mis propias opiniones en relación con este tema, si bien, a diferencia de él, yo puedo reconocer con satisfacción que ya apoyé la propuesta cuando se sometió a votación dos años atrás y que no tengo intención de cambiar de parecer ahora. 
Como ha señalado antes el Sr. Adam, la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo se han visto sometidos a un bombardeo de información errónea sobre este tema. 
Yo tengo aquí una carpeta de informaciones erróneas. 
Como saben mis colegas, yo soy el primero en reconocer la importancia de la contribución de los lobbistas para el adecuado desarrollo de nuestra tarea; pero en última instancia somos nosotros, en nuestra calidad de parlamentarios, quienes debemos formarnos un juicio e inclinarnos por uno u otro bando en el debate. 
Yo tengo muy claro por qué bando del debate me inclinaría: por el de los intereses de los pacientes y los intereses del mercado único. 
Muy pocos oradores han señalado hoy que se trata de una medida en el marco del mercado único. 
La Comisión la presentó por primera vez al Parlamento en 1988. 
Muy pronto estaremos en 1998. 
En el contexto de una industria que evoluciona rápidamente, la Comunidad Europea se ha quedado rezagada frente a los rapidísimos progresos realizados en Estados Unidos. 
Se ha señalado, en efecto, que los principales beneficiarios de las patentes biotecnológicas serán las grandes multinacionales. 
Esto es un perfecto disparate. 
En mi propio país tenemos 165 pequeñas y medianas empresas importantes que se dedican a la biotecnología. 
En Estados Unidos hay 1.300. 
En Europa deberíamos ser ciertamente capaces de igualar al menos, o de superar tal vez, los logros de los americanos. 
Otro aspecto del mito es que actualmente no existe en Europa una legislación que proteja las patentes biotecnológicas. 
Tenemos 15 legislaciones distintas sobre patentes biotecnológicas, que son motivo de confusión y caos e incrementan enormemente los costes del registro de una patente. 
El objetivo de la presente propuesta es sustituir los 15 conjuntos de normas nacionales por un solo conjunto de normas europeas. 
Por lo que se refiere a la ética- aunque yo soy del parecer que las consideraciones éticas no son apropiadas en realidad en el contexto de la presente directiva -, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y su ponente han incluido en la enmienda 56 un nuevo artículo 9 bis que prevé la creación de un comité de ética. 
Como ya se ha señalado, también hemos velado por los intereses de los animales y también, ciertamente, por los intereses de los humanos, aunque entre los diputados de esta Cámara parece haber algunos que consideran más importantes los derechos de los animales que los derechos humanos. 
En conclusión, yo votaré afirmativamente la presente directiva y espero que la Comisión pueda aceptar la mayor parte, si no la totalidad, de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Señora Presidenta, me parece que el único razonamiento claro del ponente fue que Europa debe aprobar una resolución relativa a las patentes en el sector de las biotecnologías porque los Estados Unidos y Japón ya poseen una normativa similar. 
Esto, Sr. Rothley, es ridículo, porque implica subordinar nuestro papel a elecciones ya hechas en otros países. 
Por el contrario, no es ridículo preguntarse sobre las consecuencias de una elección de este tipo, aunque esto último el ponente evitó planteárselo. 
¿Qué significa patentar un organismo vivo, aunque modificado genéticamente? 
Significa considerar el organismo fruto de una invención humana, pero esto, científica y lógicamente, es falso, mejor dicho, parece el delirio de omnipotencia de un aprendiz de brujo. 
En realidad, el único objetivo es la explotación económica de los descubrimientos en el sector biotecnológico: descubrimientos, porque los genes sólo pueden ser descubiertos o modificados, y no inventados. 
De nada sirven los sofismos propuestos por alguna enmienda. Es una verdadera hipocresía excluir de la patentabilidad al ser humano y sus partes, ya que desde un punto de vista biológico, el ser humano es una de las especies animales. 
Por consiguiente, deberíamos concluir que lo que no se puede aceptar para el ser humano tampoco debería aceptarse para los demás organismos animales. 
Por el contrario, en nombre de los intereses económicos de unas cuantas multinacionales, se quiere establecer un criterio que conlleva nuevas pruebas y nuevos sufrimientos para los animales. 
Se dice que hay que patentar genes y tratamientos genéticos para responder a las exigencias de los enfermos. 
Deseo recordar que tales tratamientos existen también sin patente. Por no decir, que aceptar la patentabilidad significa fomentar investigaciones únicamente para tratamientos que generan beneficios para las multinacionales. 
Esto supone que dichos tratamientos estarán a disposición sólo de los ciudadanos y de las poblaciones ricas y no de los más pobres del mundo y, sobre todo, no de los que sufren enfermedades poco comunes, que no generan suficientes beneficios a las multinacionales. 
Todo puede ser menos la defensa de los enfermos. 
Hay que añadir asimismo que estos genes, como ya sucedió en los Estados Unidos, son extraídos a sus legítimos propietarios que, aunque los tienen en sus cuerpos, después de la patente dejarán de disponer de ellos libremente. 
Se trata de consecuencias graves para el futuro de la humanidad, que no pueden asumirse con ligereza, como querría nuestro ponente. 
Por este motivo estamos en contra. 
Señora Presidenta, quiero emplear mi tiempo de intervención para llamar la atención sobre algunos malentendidos que han surgido repetidamente en este debate. 
En contra de las opiniones expuestas por algunos colegas, el informe Rothley sí prevé la patentabilidad de los genes humanos, plantas y animales. 
Ruego a todos los que creen lo contrario que lean atentamente el apartado 2 del artículo 3 y el artículo 1 b). 
En el apartado 2 del artículo 3 se habla del gen humano aislado, pero hay que constatar que el gen humano aislado sigue siendo un gen. 
Las enmiendas nº 71 hasta 75 presentadas por mí junto con la colega Gebhardt no pretenden impedir las patentes en el campo de la biotecnología sino que solamente queremos excluir patentes que vayan demasiado lejos, precisamente porque para nosotros son también de gran importancia los pacientes y la cura de enfermedades graves así como los puestos de trabajo en Europa. 
En el sentido de una investigación responsable, nuestras enmiendas permiten patentes de procedimiento y de aplicación así como patentes de productos sobre proteínas, medicamentos, vacunas y otras muchas cosas más. 
Esto debería ser un estímulo y premio suficiente para la industria europea de la biotecnología; muchos de sus representantes lo ven también así. 
Lo que queremos excluir es la protección sobre el material genético originario, tanto por motivos éticos como por motivos de investigación. 
Los conocimientos sobre el modo de funcionamiento del cuerpo humano deberían seguir siendo accesibles a la generalidad y no ser objeto de derechos exclusivos de protección o explotación. 
Una protección sobre el material genético originario garantiza a algunas pocas empresas europeas, pero sobre todo a las norteamericanas y a las japonesas- que estarán sencillamente presentes con mayor rapidez- el monopolio durante muchos años, también en Europa. 
Podrán excluir a otras empresas de la utilización del material genético patentado y exigir elevados derechos de licencia. 
En tercer lugar, las normas propuestas serán muy caras también para los agricultores europeos, los criadores de animales y de plantas y, en consecuencia, también para los consumidores. 
Caras para Europa e inalcanzables para los países en vías de desarrollo. 
Si se patentan animales y plantas, no sólo en la primera generación sino que también la protección de la patente alcanza a todas las siguientes generaciones que surjan mediante multiplicación natural, sirve de poco el privilegio del agricultor previsto. 
Para finalizar, ruego a todas y todos los colegas que están buscando un compromiso entre los diversos intereses legítimos que están en juego que apoyen nuestras enmiendas nº 71 hasta 75. 
Señora Presidenta, durante el debate sobre la Directiva relativa a las patentes, me ha afectado especialmente el hecho de que ciertas organizaciones de pacientes, entre ellas la de los pacientes de fibrosis quística daneses, afirmen que existe un «lobby verde» que se mofa de las necesidades de los enfermos graves. 
¡Naturalmente esto es mentira! 
Especialmente notoria es la afirmación de que sin la Directiva relativa a la protección de las invenciones las grandes empresas se verían obligadas a mantener secretos los resultados de su labor investigadora. 
Pero en una sociedad democrática, con una investigación libre, es obvio que los resultados de los trabajos de investigación deben ser accesibles a todos los investigadores sin tener que pagar tasas en concepto de licencia. 
La Directiva sobre patentes significa, como ha señalado la organización nórdica en contra del abuso de animales destinados a experimentos, que las empresas pueden tener un monopolio sobre genes importantes, lo cual puede hacer que resulte difícil sacar nuevos productos médicos al mercado. 
El informe Rothley abre también la posibilidad de patentar métodos de tratamiento, puesto que no existe la llamada excepción médica. 
Esto significa según el Consejo cristiano sueco, que se van a bloquear los trabajos de investigación y que los grupos sociales con escasos recursos se verán privados del acceso al mejor tratamiento médico posible. 
Anteriormente el Sr. Adam ha dicho que existe una «máquina de propaganda verde» , que se ha dedicado a ejercer presiones de cara a este debate. 
Eso es absolutamente grotesco, teniendo en cuenta las enormes inversiones en propaganda que ha realizado la industria biotecnológica para intentar hacer que un pequeño número de diputados de este Parlamento cambiase de posición con respecto a la que adoptamos hace dos años. 
Por eso tengo que decir que si se adopta esta Directiva, esto no sólo representará una derrota para la democracia, sino también una vergüenza para el Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, yo no tengo la menor duda de que la biotecnología representará el futuro mismo de la ciencia. 
Dicho esto, también creo que plantea algunos dilemas éticos fundamentales y el dilema ético con el que yo me enfrento podría resumirse como sigue: ¿Qué debo decirles a los padres y a la familia de un niño que sufre una fibrosis cística si no existe ninguna esperanza de que se desarrolle una investigación científica seria en ese ámbito? 
Por otro lado, ¿qué decir cuando se habla- y pueden ser comentarios serios- de personas que querrían diseñar su descendencia? 
¿Que querrían poder decir: » mi hijo tendrá el pelo rubio y la nariz más pequeña»? 
¿Cómo podemos resolver este dilema? 
Se trata de un dilema ético, Sr. Cassidy, y la ética interviene en este asunto. 
Cuando en marzo de 1995, yo formé parte de quienes nos enorgullecimos de votar en contra de la anterior directiva, lo hice porque consideré que aquélla no incluía suficientes garantías éticas. 
Ése fue el claro razonamiento que inspiró mi decisión. 
Y debo decir que cuando recibimos el proyecto de directiva en la Comisión de Medio Ambiente me sorprendió constatar que no incluía ninguna referencia a la dimensión ética; el Sr. Rothley, en su calidad de ponente, hizo suya en la Comisión de Asuntos Jurídicos una enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, que el Sr. Cot y yo ampliamos luego. 
Por lo que respecta al comité de ética, en esa segunda enmienda no decimos qué aspectos deberá abarcar, sino sólo que la Comisión se encargará de presentar una propuesta. 
Cuando lo haga podremos considerar cuál debería ser el mandato de dicho comité de ética y quiénes deben integrarlo. 
Establezcamos como condición previa para la entrada en vigor de la presente directiva la creación de un comité de ética, como una pieza central de nuestro proceso de toma de decisiones. 
Señora Presidenta, cuando se debate sobre la biotecnología, la industria repite una y otra vez el mismo estribillo sobre la competitividad, como si de un canto gregoriano se tratara. 
En mi opinión, nuestros responsables políticos deberían ser mucho más críticos ante las promesas que se lanzan acerca de millones de nuevos puestos de trabajo en este campo. 
De hecho, no existe ninguna prueba clara que indique que la mejora en las actividades de las empresas que se conseguirá precisamente gracias a esta directiva vaya a contribuir a crear puestos de trabajo. 
En el periódico de hoy, un economista austríaco afirma que las empresas pequeñas que actúan en el campo de las obtenciones vegetales podrían llegar a perder puestos de trabajo, ya que la competencia que les plantearán las empresas más grandes acabará con ellas. De hecho, la patente equivale a un cierto monopolio. 
Por lo que respecta a la protección jurídica, la Comisión también podría haber optado por otros planteamientos. 
Así, podría haber contemplado por separado dos formas de vida completamente distintas como son los procedimientos microbiológicos y los animales transgénicos, incluidos ahora en la misma propuesta de directiva a pesar de que, en realidad, merecerían ser objeto de una evaluación mucho más matizada. 
Por ejemplo, el derecho de los obtentores de vegetales corresponde a la tradicional protección jurídica para las obtenciones vegetales, basándose en la cual se hubiera podido establecer una protección jurídica también en el ámbito de los animales. 
Señora Presidenta, después de este largo debate, quisiera poner algunos puntos sobre las íes, y principalmente sobre dos íes. 
El primero tiene relación con el concepto de patente. 
La patente, hay que señalarlo una vez más, es un elemento esencial, que aporta a la vez la seguridad jurídica y la seguridad económica, sin la cual no hay invención. 
Cada vez que hablamos de estos problemas, destacamos aquí la debilidad de Europa en materia de innovación. 
Ahora bien, el proceso de innovación está estrechamente vinculado al de invención y, por consiguiente, a su protección. 
Hace seis meses votamos un informe del que yo era autor, en el que señalábamos esta paradoja europea como campeona del descubrimiento, pero débil en materia de invención. 
Este informe fue votado por unanimidad. 
Así pues, debo constatar que si, algunos aquí padecen, como decía el Sr. Rothley hace unos momentos, de «Legastenia» , curiosamente, también padecen de amnesia y temo mucho por ellos que la ingeniería genética no pueda apenas mejorar la cuestión. 
Segundo elemento que quisiera señalar: se ha hablado mucho de humanismo y de moral. 
El humanismo es claramente el elemento que hace que el hombre sea la medida de todas las cosas y, especialmente, aquellos que, entre los hombres y las mujeres, sufren en sus cuerpos y en sus mentes estas enfermedades que aún no se pueden vencer hoy y para las cuales la ingeniería genética aporta una esperanza considerable. 
Este humanismo no tiene nada que ver con el naturalismo del que se nos habla en el día de hoy, que hace de la naturaleza deificada la vara de medir de no sé qué juicio. 
Diré a la Sra. Roth que si, efectivamente, la moral vivifica la política, el moralismo la mata con más seguridad todavía. 
Si tuviéramos que discutir hoy sobre Pasteur y sus invenciones, temo mucho que una parte de este hemiciclo lo condenaría como hace algunos siglos otros condenaron a Galileo. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en largas y honestas conversaciones para llegar a un compromiso, el ponente y yo nos hemos puesto de acuerdo sobre las enmiendas nº 16 y 49. 
Se refieren a los considerandos 16a hasta 16e y al artículo 3. 
Entre otras cosas, pretenden impedir el uso abusivo. Este uso abusivo, que ya se ha intentado, podría consistir en patentar secuencias genéticas sin una aplicación concreta demostrable científicamente. 
Con la fórmula «aplicabilidad comercial concreta» se delimita con toda claridad que no son patentables las secuencias de ADN solamente porque se hayan descubierto. 
Se pueden patentar en base a la aplicabilidad descrita concretamente, por ejemplo, para la producción de sustancias activas. 
Quien se haya ocupado en alguna ocasión de los enormes gastos que supone desarrollar tales sustancias activas, tendrá que comprender y aprobar la justificación e incluso la necesidad de estimular la investigación y desarrollo con la perspectiva de lograr una patente. 
No se trata, como se dice demagógicamente, de patentes sobre la vida sino de patentes para la vida. 
Las hormonas elaboradas mediante ingeniería genética van a suponer, por ejemplo, un avance trascendental para los diabéticos, anémicos y las personas que padecen enfermedades metabólicas de origen genético. 
Cuando en 1995 este Parlamento rechazó la propuesta de la llamada directiva sobre las biopatentes, algunos colegas calificaron este hecho como de momento estelar del Parlamento Europeo. 
Pero los expertos en biotecnología de Europa quedaron consternados, pues este rechazo sin alternativa no ha podido aportar naturalmente lo que pretendía la propuesta, a saber, un estímulo motivador. 
Por ello, queridas y queridos colegas, contribuyamos hoy a un auténtico momento estelar del Parlamento. 
Aprobemos por fin un ley tras nueve años de debates. 
Señora Presidenta, estimado colega Rothley, usted ha argumentado hoy de un modo muy elocuente en favor de la cuestión del empleo, proporcionando realmente a este tema una visión de futuro. 
Pero entre su exposición oral y su informe escrito existen algunas pequeñas discrepancias. 
Permítame que le indique algunas. 
En esta cuestión sigue tratándose de la situación de monopolio de los fabricantes de medicamentos, ocasionada, por ejemplo, por los largos tiempos de vigencia de las patentes. 
Impedimos la investigación de los pequeños. 
Los titulares de licencias y de sustancias investigarán en primera línea allí donde se trate de grandes grupos de pacientes. 
Esta ha sido hasta ahora la realidad y no podemos ignorar este hecho. 
Según su informe, los descubridores de genes deben equipararse a los titulares de sustancias. 
Se deja casi en exclusiva a los titulares de las sustancias el negocio y la posibilidad de comercializar los nuevos resultados de investigación y, ante las concentraciones casi oligopolistas existentes en este ámbito, existe el peligro de que las PYMES y las pequeñas unidades de investigación se vean arrolladas. 
La realidad es lo contrario de su línea de argumentación, por lo que para poder apoyar este informe se deberían introducir aún algunas correcciones que se encuentran en las enmiendas Gebhardt y Berger. 
Señora Presidenta, Señorías, el Parlamento Europeo está a punto de llevar a cabo esta primera lectura en torno a la nueva propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Ha sido un reto difícil. 
Todos nosotros recordamos y algunos de ustedes han mencionado la votación que se llevó a cabo el 1 de marzo de 1995. 
En esa ocasión y en general a lo largo de todo el procedimiento a través del cual se examinó la propuesta anterior, el Parlamento expresó su preocupación con respecto a las consecuencias que podría producir la adopción de la propuesta y planteó cuestiones importantes. 
A través de esa votación de 1 de marzo de 1995 y a pesar de los esfuerzos realizados por todos durante el procedimiento de conciliación, el Parlamento Europeo manifestó con claridad una cosa, manifestó que no estaba convencido de las motivaciones y de las explicaciones facilitadas. 
Se trataba de interrogantes éticos y políticos sencillos que, evidentemente, no obtuvieron respuestas igual de sencillas y claras. 
Con la nueva propuesta de directiva, la Comisión se ha fijado, en el fondo, un objetivo esencial, es decir, responder a las preocupaciones mostradas y marcar las limitaciones en torno a las que anteriormente no hubo suficiente claridad. 
Y esto, como es obvio, en el ámbito de lo que una directiva sectorial sobre patentes puede hacer. 
¿Cuál es, por lo tanto, la cuestión fundamental? 
Asegurar con certeza que las razones de la investigación, la industria y la competitividad están enmarcadas dentro de una limitaciones claras que impiden cualesquiera apropiaciones del cuerpo humano, incluso de su más pequeño elemento. 
Recuerdo que también el Consejo Europeo de Amsterdam en sus conclusiones afirmó claramente el principio fundamental del respeto de la integridad del ser humano. 
Se trata de saber si el material biológico puede ser patentado. 
O sea, hace falta establecer con claridad la diferencia entre el descubrimiento de lo que existe en la naturaleza y la invención fruto de la intervención humana para fines bien definidos. 
En consecuencia, la dimensión ética de las invenciones biotecnológicas, en particular de las que afectan a elementos aislados del cuerpo humano, para la Comisión fue el punto de partida de una reflexión profunda a fin de hallar la solución más adecuada a una temática tan sensible y delicada. 
La Comisión consultó al Grupo de Consejeros para la ética de la biotecnología sobre los aspectos éticos de la patentabilidad de las invenciones que afectan a los elementos de origen humano. 
El dictamen fue emitido el 25 de septiembre de 1996. 
Dicho dictamen, favorable, animó a la Comisión en cuanto a su enfoque y facilitó ulteriores conclusiones. 
Compruebo, por otra parte, que la enmienda nº 1 se refiere a esto de forma explícita. 
Durante los trabajos previos a esta sesión plenaria, seis comisiones del Parlamento Europeo trabajaron alrededor de la propuesta de directiva y celebraron numerosas y largas reuniones. 
El debate fue transparente, abierto y profundo y se caracterizó por un exhaustivo intercambio de argumentaciones. 
En consecuencia, es con un amplio conocimiento de causa que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos votó su informe el pasado 18 de junio y deseo agradecer aquí de forma especial al ponente, Sr. Rothley, el extraordinario trabajo llevado a cabo que es digno de gran admiración. 
Deseo asimismo dar las gracias a todos, también a los que se han manifestado menos favorablemente, porque se ha tratado de un importante debate de civilización. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos votó, en definitiva, 64 enmiendas. 
La Comisión puede aceptar todas estas enmiendas, porque las mismas aclaran... 
... cuestiones delicadas que en la actualidad son objeto de debate. 
Se trata fundamentalmente de los siguientes puntos: una fórmula que define con claridad la distinción entre descubrimiento e invención con respecto a elementos aislados del cuerpo humano; la exclusión de la patentabilidad de las razas animales o de las variedades vegetales; la exclusión explícita de la patentabilidad de los procedimientos de clonación reproductiva humana y de los procedimientos de modificación de la identidad génica germinal del ser humano; la necesidad de no solapar en ningún momento la dimensión ética y la posibilidad de que ésta sea objeto de una adecuada evaluación previa; el logro de un equilibrio entre el sufrimiento que ciertas invenciones podrían provocar a los animales y la efectiva utilidad de dichas invenciones en el campo médico; una mejor formulación de los privilegios de los ganaderos con respecto al ganado de explotación. 
Con relación a estos puntos y, evidentemente, a otros muchos más, la Comisión considera que la contribución de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos es esencial para alcanzar el objetivo principal que no es otro que el equilibrio entre los imperativos económicos y la absoluta necesidad de respetar la ética. 
La Comisión, por consiguiente, está dispuesta, repito, a aceptar todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y a integrarlas en su propuesta modificada. 
Serán necesarios algunos retoques en cuanto a su redacción, sin, no obstante, modificar en absoluto el contenido de las enmiendas, y sólo con objeto de mejorar su forma para respetar los imperativos jurídico-institucionales. 
Por ejemplo, la enmienda nº 1, que ya he citado, debe, según la Comisión, incluirse más adecuadamente en el ámbito de un considerando. 
En relación con la enmienda nº 56 que pide que se cree un comité de ética, la Comisión se referirá al Grupo de Consejeros para la ética de la biotecnología, ya existente. 
Por otra parte, el Parlamento votó hace pocas fechas una resolución relativa a la renovación del mandato de dicho Grupo de Consejeros. 
Desde el punto de vista de la búsqueda del equilibrio que he recordado, la Comisión está en disposición de aceptar algunas enmiendas presentadas posteriormente como, por ejemplo, las enmiendas núms. 67, 69, 77, 79 y 99. 
La propuesta modificada se presentará al Consejo para que éste pueda definir su posición común. 
La propuesta de directiva tiene una importancia prioritaria para el Consejo, porque se trata de una de las cuatro iniciativas del Plan de acción para el mercado único que los Estados miembros, a raíz de la invitación del Consejo Europeo, deben adoptar lo más rápidamente posible y en todo caso antes del 1 de enero de 1999. 
Por lo tanto, confiamos en que la Presidencia luxemburguesa, extremadamente sensible al problema, logre alcanzar la posición común con ocasión del Consejo «Mercado interior» del próximo 27 de noviembre. 
En esa ocasión, el Parlamento Europeo podrá contar con el compromiso de la Comisión para que su aportación sea respetada y mantenida. 
Aportación por la que les doy las gracias en nombre de la Comisión y que, particularmente, aprecio sobremanera. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Me parece que esto es un ejemplo de lo bien que pueden trabajar conjuntamente la Comisión y el Parlamento. 
Funciona realmente. 
Quiero felicitarle encarecidamente por su intervención, señor Comisario. 
Señora Presidenta, tengo que plantear una pregunta al Sr. Monti sobre la enmienda nº 49. 
He sobrepasado en mucho el tiempo previsto para este debate. 
Quizás se pueda dirigir personalmente al Sr. Monti. 
El señor Monti debería declarar si acepta esta enmienda o no porque en el fondo se trata de la patentabilidad de la vida. 
No voy a permitir ya ninguna pregunta más pues el debate es muy amplio. 
Quizás pueda reunirse de nuevo con el Sr. Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Biotecnología y el Libro Blanco 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0239/97) del Sr. Bowe, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el informe de la Comisión (COM (96) 0630- C4-0008/97) sobre la revisión de la Directiva 90/220/CEE en el contexto de la comunicación de la Comisión sobre biotecnología y el Libro Blanco. 
Señora Presidenta, esta mañana ya hemos desarrollado un considerable debate sobre un tema de considerable importancia relacionado con la biotecnología. 
Ahora debemos proceder al debate de un informe sobre otro tema biotecnológico de igual importancia. 
En este caso, hemos tenido la oportunidad de comentar las ideas de la Comisión antes de que ésta presente un texto legislativo al Parlamento, a través de un informe sobre la revisión de la Directiva 90/220, que regula la liberación intencional de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente. 
El Parlamento acoge con satisfacción esta posibilidad y espera la pronta publicación de una propuesta revisada de la Comisión. 
Como ya he señalado, la Directiva 90/220 tiene por objeto garantizar la seguridad humana y medioambiental de las liberaciones y de la comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG) e introduce un único punto de entrada en el mercado comunitario para los productos consistentes en OMG. 
En Parlamento no puede sino estar de acuerdo con la Comisión en que, a la luz de los problemas que se han planteado recientemente con la aplicación de la Directiva, es necesaria una revisión de la misma, y nosotros quisiéramos ofrecer los siguientes comentarios a las propuestas de la Comisión, así como algunas propuestas adicionales para su modificación. 
Parece evidente que debemos seguir manteniendo y aplicando el principio de prevención como base en la que se cimenta la Directiva. 
En definitiva siempre es preferible prevenir antes que lamentar. 
Aun así, en la Directiva también debe cumplir claramente un papel una evaluación de los riesgos de los productos propuestos, con una definición centralizada de los objetivos y la metodología de dicha evaluación, que garantice que se han tomado en consideración todos los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto. 
Reconocemos y aceptamos que, a la luz de la experiencia adquirida, es posible establecer una clasificación acorde con los riesgos detectados en la liberación de cada OGM. 
No obstante, creemos que la Comisión no ha presentado aún ningún argumento convincente que sustente las propuestas de que se permitan las liberaciones multiestado y consideramos que debería adquirirse mayor experiencia en la aplicación del procedimiento simplificado previsto en la Directiva antes de poder contemplar una reducción de los requisitos exigidos. 
Tenemos el firme convencimiento de que una información y recogida de datos más sistemáticas y exhaustivas en el curso de las liberaciones experimentales contribuiría a mejorar el funcionamiento de la Directiva. Esto permitiría una evaluación adecuada de los riesgos de las liberaciones a escala comercial plena y aportaría información adicional útil para la elaboración de una base de datos, que la Comisión debe crear con objeto de facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros y una mejor cooperación sobre la base de dicha información. 
También consideramos que el funcionamiento de la Directiva sería mucho más adecuada si se incrementa la rapidez, la transparencia y la responsabilidad democrática de los procedimientos de toma de decisiones de la Comisión. 
Por consiguiente, cremos que es importante garantizar que los procedimientos del Comité científico técnico y del Comité técnico se ajusten al llamado acuerdo del modus vivendi y que las reuniones de dichos comités sean públicas y se publiquen sus actas. 
Los ciudadanos deben tener un acceso adecuado a la información sobre las liberaciones propuestas y deben ser consultados. 
Finalmente, existe un creciente reconocimiento de que algunas liberaciones plantearán problemas éticos. 
Pedimos a la Comisión que también lo reconozca y que busque un medio que permita tomar en consideración los aspectos sociales y éticos en el procedimiento de toma de decisiones. 
Debemos reconocer el derecho de la opinión pública a estar informada y el derecho de los consumidores a conocer el origen de los productos que se les ofrecen. 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción la reciente aplicación por parte de la Comisión de las disposiciones sobre etiquetado de la Directiva. 
Consideramos que los productores de productos con OGM deben ser los responsables últimos de sus productos. 
Por consiguiente, pedimos a la Comisión que introduzca en la Directiva una disposición sobre responsabilidad civil, que garantice que dichos productores serán considerados responsables y serán objeto de penalizaciones en caso de que se produzcan accidentes o problemas. 
En conclusión, aunque son muchas y muy graves las preocupaciones que se plantean en relación con la utilización de la biotecnología, sobre todo en los ámbitos de la producción de alimentos y de productos farmacéuticos, el Parlamento Europeo considera que los políticos deberían adoptar un enfoque extremadamente serio y atento en lo que se refiere a la utilización de la biotecnología en esos sectores, basando sus decisiones en un conocimiento científico seguro, sin limitarse a rechazar sencillamente esta tecnología, que ofrece muchos beneficios evidentes si se utiliza de una manera segura y sensata. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al colega Bowe por haber recogido en su informe prácticamente todas las enmiendas acordadas por la Comisión de Agricultura. 
No ocurre esto con demasiada frecuencia entre los agricultores y los protectores del medio ambiente. 
Por ello, este dato tiene para mí una especial importancia. 
Creo que debemos tener claro que en las plantas y animales modificados genéticamente para su uso agrícola, los beneficios y peligros se encuentran muy próximos entre si. 
El colega Bowe ha mostrado claramente que el consumidor, que es el que consume a la postre los productos finales, tiene derecho a que existan unos procedimientos transparentes, sin lagunas y públicos. 
El ejemplo del maíz muestra lo cercanas que se encuentran las apreciaciones positivas y negativas tanto de los agricultores como de los consumidores. 
Si recapacitan a fondo, sólo pocos tienen realmente algo en contra de una selección de resistencia mediante modificaciones genéticas en el maíz si de este modo se mantiene alejado el insecto que se lo puede comer. 
Entonces ya no necesito emplear insecticidas, una ventaja ecológica. 
Pero, sí tengo algo que objetar si al mismo tiempo, introduzco en el maíz una resistencia contra un herbicida especialmente agresivo. 
Apelamos, por ello, a la industria para que se preocupe por la aceptación y que se pueda diferenciar entre lo que es útil y menos útil. 
Tal como ha ocurrido hasta ahora, se ha logrado exactamente lo contrario, es decir, una aceptación mínima o incluso rechazo entre los consumidores. 
Hay que aclarar las mismas cuestiones a las que el Sr. Bowe se ha referido, como las relativas a la responsabilidad. 
No se puede escurrir el bulto diciendo que con una responsabilidad general está todo cubierto en este campo. 
Este campo es demasiado nuevo y hay que analizar exactamente este tema de las responsabilidades. 
Resumiendo, creo que quizás se habría facilitado el trabajo si se hubiese preparado este documento mostrando con claridad las alternativas de las diferentes posibilidades. 
Debemos insistir para que las propuestas se formulen jurídicamente con nitidez y que puedan ser entendidas por los que tienen que trabajar con ellas. 
Señora Presidenta, desearía felicitar al ponente por haber intentado, al menos en parte, tener presentes en su arduo trabajo los puntos de vista de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Se deben incluir en la directiva 220 las modificaciones que sean precisas para intentar simplificar unos procedimientos innecesariamente complejos. 
Además, hay que lograr un intercambio de información más eficaz y transparente entre las autoridades nacionales y la Comisión. 
No se podrá nunca hacer el suficiente hincapié en la importancia que reviste la transparencia en todas y cada una de las fases de la reglamentación relativa a los organismos modificados genéticamente. 
Los propios consumidores han de poder elegir los productos que deseen utilizar. 
Por este motivo, cuando la composición de los productos incluya organismos modificados genéticamente, o cuando este tipo de organismos se utilice para la fabricación de algún producto, no se debe dejar de indicar bajo ningún concepto tal circunstancia en dicho producto. 
Por todo ello, pido a la Comisión que respete la posición del Parlamento a este respecto. 
La Comisión deberá tener también en cuenta la evaluación de los riesgos en materia de medio ambiente y los resultados del estudio científico social y del comportamiento relacionado con la definición de tales riesgos. 
La ciencia avanza continuamente y cada vez disponemos de una mayor información. 
Es importante que los análisis tengan una base científica y que gracias a estos resultados se intenten esclarecer y ampliar los principios utilizados en la evaluación de los riesgos que entraña la propagación deliberada de organismos modificados genéticamente y de sus consecuencias para el medio ambiente. 
La tecnología genética permite dotar a un alimento de nuevas características de manera más rápida y precisa que mediante el procesamiento tradicional de productos alimenticios. 
Por ejemplo, es posible mejorar la calidad y fertilidad de las plantas mediante el desarrollo de variedades inmunes a las enfermedades causadas por bacterias, virus u hongos. 
Se puede reducir simultáneamente el uso de pesticidas y de sus restos en los productos alimenticios y en el medio ambiente combatiendo las plagas con ayuda de la tecnología genética. 
Por el contrario, esta tecnología podría dar lugar también a un aumento del uso de los pesticidas. 
Las primeras aplicaciones comerciales de la tecnología genética se han realizado en variedades de soja y maíz, que son más resistentes a los pesticidas que la mayoría de los cultivos. 
Además de hacer posible la introducción de alguna característica deseada, el transplante genético puede dar lugar además a la aparición de características perjudiciales. 
La concentración tóxica de origen natural puede llegar a ser más elevada en las plantas modificadas. 
Los productos con organismos modificados genéticamente han de respetar en todo momento unas estrictas pautas marcadas por la cautela. 
A medida que dispongamos de más experiencias y datos científicos, será indispensable que podamos también modificar las disposiciones de la directiva. 
Señora Presidenta, mi intervención será casi una continuación del debate anterior, dado que el Sr. Bowe, en su exposición de motivos, manifiesta que «cuanto más se avanza en este sector, más parecen ser las cuestiones de tipo ético que se plantean en cuanto a su aceptación. 
Así pues, la Comisión debe examinar la manera de introducir la dimensión ética en el proceso de toma de decisiones relacionado con la Directiva.» 
Esto es totalmente acertado, pero el Comisario Monti, en su respuesta al debate que acabamos de desarrollar, pareció indicar que la Comisión trasladaría al grupo de asesores la petición del Parlamento de que se cree un comité de ética. 
Esto, francamente, no es y nunca será suficiente. 
Si leen la enmienda al informe Rothley presentada por la comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, verán que pedimos a la Comisión que presente propuestas. 
Remitir esta cuestión a un grupo de asesores, que es un órgano externo al Parlamento, no basta. 
Hablando claro, yo quisiera recibir una respuesta de la señora Comisaria que ahora está presente, puesto que sé que también se encontraba aquí cuando el Comisario Monti ofreció esa respuesta que yo considero inadecuada. 
La liberación de OGM en el entorno global es ciertamente un tema que plantea problemas éticos más amplios. 
Éste es exactamente el tipo de cuestiones que deberían someterse a la consideración del citado comité de ética. 
Por otra parte, si consideramos este tema en el contexto del informe Bowe, en el mismo no se menciona explícitamente dicho comité de ética, puesto que todavía no se ha creado. 
Deberíamos plantearnos ya desde ahora, antes del examen en segunda lectura del informe Rothley y en anticipación de futuros progresos en el campo de la biotecnología, cómo nos proponemos abordar todo este asunto. 
No será suficiente con que lo traslademos a un comité de asesores ya existente. 
Esto es razonable como primer paso, pero no nos ayuda a avanzar en la definición de la estructura de un comité de ética propiamente dicho, que más pronto o más tarde deberá tratar esta cuestión en nombre de la Unión Europea en un foro mundial más amplio. 
Señora Presidenta, el debate del informe relativo a la revisión de la Directiva 90/220 en relación con la liberación intencional de organismos genéticamente modificados se encuadra en el contexto de la modernización de la legislación comunitaria en el sector de la biotecnología. 
Así, se pueden tener en cuenta las experiencias y conocimientos derivados tanto del desarrollo y el progreso de la ciencia como de la aplicación de esa Directiva en los últimos siete años. 
Uno de los elementos más importantes de esta revisión es el relativo a la evaluación del riesgo, con la consiguiente clasificación, de forma que pueda preverse en ciertos casos una simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión del permiso de liberación deliberada de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente. 
Por supuesto, esta simplificación de los procedimientos no puede poner en peligro la seguridad, por lo que ha de limitarse a los casos de demostrado bajo riesgo. 
En consecuencia, la Comisión, al presentar la revisión de la Directiva 90/220, debe ofrecer disposiciones claras en materia de evaluación del riesgo. 
Espero que la Comisión, en cumplimiento de los objetivos de obtención de la confianza del público, desarrollo de la competitividad de la industria europea y defensa de la salud pública y del medio ambiente, que ella misma ha declarado, tome en cuenta determinados datos: ante todo, la clase de modificación genética y, por supuesto, si ésta se refiere a una simple característica, como el color o la textura de un fruto, o por el contrario a la obtención, por ejemplo, de un herbicida. 
En este último caso es posible que se influya tanto en el equilibrio del ecosistema como en la competencia, dada la dependencia de los agricultores respecto de empresas concretas que son titulares de patentes sobre plantas manipuladas genéticamente o sobre herbicidas. 
En segundo lugar, si al modificar uno o más genes se modifica la sensibilidad a uno o más antibióticos. 
Aquí debe valorarse la eventual posibilidad de modificación de la resistencia a los microorganismos. 
En tercer lugar, cuando el organismo manipulado genéticamente sea una planta y se cultive experimental y comercialmente, si podrán protegerse a las plantas de la misma especie que no estén manipuladas. 
Y esto porque se supone que se producirá una polinización de la que resultarán nuevos ejemplares que acaso presenten características diferentes y no deseadas. 
Querría aquí subrayar que los anexos 2, 3 y 4 de la directiva están bien planteados y, evidentemente, el problema consiste en que no se traduzcan en una identificación concreta del riesgo. 
Doy aquí todavía algunas ideas y querría obtener una respuesta de la Comisión. 
Primero: ¿en qué se apoya la evaluación de los riesgos y cómo se clasifican éstos? 
Segundo: ¿cómo se vinculan las categorías de riesgo con los procedimientos administrativos? 
En lo que concierne el tema de la seguridad, estoy de acuerdo con el ponente. 
En lo que respecta al etiquetado de los alimentos, soy de la opinión de que conviene la existencia de un etiquetado en todos ellos a fin de que el consumidor sepa lo que compra en cada caso. 
Por lo demás, casi todos los consumidores quieren tener información sobre los alimentos que compran. 
Sólo así se podrá recuperar su confianza. 
Conviene reforzar aún más la información a los consumidores para ayudarles en la elección de los productos. 
Quiero subrayar que todo este sector exige un seguimiento tanto desde los Estados miembros como desde la Comisión. 
Señora Presidenta, este tema supone, como también han mencionado otros oradores, una continuación directa del que hemos debatido anteriormente. 
Se puede decir que uno depende del otro. 
Para comenzar, quiero dar las gracias al ponente por su trabajo y decir que coincido con él en las líneas generales expuestas en el informe. 
Me gustaría comentar tan sólo algunos temas específicos y lo primero que me gustaría preguntar a la Comisión es si resulta lógico seguir manteniendo esta Directiva como una sola. 
Como se sabe, por un lado tenemos la liberación experimental y, por otro, la comercialización de algo que ha pasado ya por una serie de ensayos. 
Al fin y al cabo, no se trata de las mismas normas y me parece que, a la luz de la aplicación de otras directivas, nos preguntemos si es lógico seguir manteniendo una sola directiva o si resultaría más sencillo manejarla si se dividiese en dos diferentes. 
Quiero añadir que, como otros, apoyo la idea de la Comisión de una simplificación y, por lo tanto, de una posible clasificación de los riesgos. 
No todos los OMG implican el mismo grado de riesgo y habiendo aprobado una simplificación en relación, por ejemplo, con el uso confinado de los OMG, parece lógico hacer lo mismo en este caso. 
La propuesta de la Comisión de intentar fijar unos procedimientos que permitan realizar comparaciones directas también me parece correcta, y creo que esto es lo adecuado para que cada país acepte los resultados de otros países, en vez de generalizar diciendo que, si el producto ha sido examinado en un país, ha de ser aceptado en los otros. 
En todo caso, a estas alturas hemos de procurar una armonización en este ámbito. 
Lo digo así porque, sea cual sea nuestra opinión sobre este tema, sigue siendo un tema muy delicado para el gran público, por lo que es importante tener en cuenta su preocupación al debatir los procesos de simplificación. 
Señora Presidenta, la Comisión ha cumplido la promesa que hizo en el Libro Blanco de evaluar en un informe la Directiva 90/220. 
Es una lástima que al tratar la directiva no se haya hecho nada en relación con el uso limitado. Habría sido útil. 
La cuestión es demasiado importante y compleja para tratarla de pasada. 
Todo parece indicar que, en los próximos años, en Europa aparecerán muchas plantas en el mercado. 
En los últimos años, en Estados Unidos se han introducido más de 3.600 plantas. Así que Europa puede esperar más o menos lo mismo. 
Sin embargo, tal cifra no ha de implicar que nos tomemos a la ligera la introducción de nuevos productos. 
El principio de prevención ha de seguir prevaleciendo y esto implica prestar la máxima atención tanto en la fase de experimentación como en la fase de comercialización. 
En lo que respecta a la evaluación, considero que la Comisión ha realizado un buen trabajo. Sólo ha olvidado una cosa: mirarse en el espejo. 
Mientras que los Estados miembros están sujetos a plazos estrictos, la Comisión no tiene ningún plazo para tomar su decisión final sobre la admisión. 
Debido a la amplitud de las consultas internas, el expediente circula a veces durante meses en los despachos de la Comisión. Estoy plenamente de acuerdo con la sugerencia de la Comisión de incluir en la nueva directiva que hay que mencionar las ventajas y los riesgos de la introducción. 
El público tiene derecho a la información. A fin de cuentas, es quien ha de comer los nuevos alimentos. 
Considero que la propuesta de resolución no es siempre clara. 
Así, en los primeros apartados no queda claro que se trata tan sólo de una fase de experimentación. 
Asimismo en otros apartados se utilizan expresiones encubiertas. 
En el apartado 12 no se tiene en cuenta la modificación recién aprobada del Anexo III. 
Tengo curiosidad por conocer la nueva propuesta de la Comisión. Sea como fuere, esta evaluación me ha inspirado confianza. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hay dos tecnologías de riesgo que se han desarrollado y ampliado en el siglo XX. 
La primera es la energía nuclear y la segunda es la manipulación genética. Hoy nadie puede decir cuál de las dos va a ser más peligrosa al final. 
El informe del Sr. Bowe muestra con toda claridad que precisamente se van a repetir aquellos errores que cometió una generación de políticos antes de nosotros. 
En el caso de la energía nuclear no se realizó un estudio de los riesgos. 
La decisión de extender este tipo de energía se realizó en base a informaciones erróneas sobre las posibles repercusiones. 
De la manipulación genética, hoy conocemos una mínima parte de las consecuencias reales. 
A pesar de ello, se pretende imponer a una velocidad totalmente innecesaria. 
Debemos preguntarnos quién necesita esta tecnología. 
¿Quién la necesita enseguida y para qué se utiliza? 
Son algunos consorcios que quieren ampliar al máximo sus beneficios sin participar al mismo tiempo en los riesgos. 
El informe de la Comisión intenta dar cobertura a este modo de proceder. 
Creo que el Sr. Bowe ha intentado de un modo muy convincente delimitar los daños. 
Una cosa está totalmente clara: la velocidad con que se liberan organismos manipulados genéticamente tiene una causa: cuanto mayor es la información de la población sobre las posibles consecuencias y riesgos, tanto más difícil será imponer estas tecnologías. 
Nuestra tarea como representantes del pueblo solamente puede consistir en mantener lo más reducido posible cualquier tipo de peligro para las personas. 
Señora Presidenta, señoras y señores, esta directiva tiene que garantizar la seguridad, tanto para las personas como para el medio ambiente, de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
De lo contrario, no se deberían permitir estos productos en el mercado común. 
Pero si se quiere que la investigación de la Comunidad tenga un mayor éxito competitivo con los productos elaborados mediante la biotecnología, entonces se deben garantizar y practicar normas de aplicación unitaria así como acumular datos e informaciones a nivel comunitario sobre los resultados de los experimentos de la liberación de estos organismos, en especial sobre los controles de compatibilidad medioambiental. 
En lo que las intenciones de la Comisión tienen en cuenta este objetivo, se debe saludar expresamente su informe. 
Pero lo que no puede ser, señora Comisaria, es que la Comisión pretenda modificar el ámbito de aplicación de la directiva, es decir, su anexo, sin participación del Parlamento, tal como apunta en su informe. 
Sólo puedo advertir para que no se haga, pues no sólo sería perjudicial para la democracia. 
En la investigación biotecnológica, las liberaciones intencionales en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente son irrenunciables como último control sobre la inocuidad para el hombre y la biosfera. 
Pero en la revisión de la directiva se debería lograr definir unas claras categorías de riesgos para las liberaciones y plantear con la misma claridad unos requisitos administrativos al respecto. 
De ello se deducirá si es necesario un llamado procedimiento simplificado. 
No me parece lógico. 
Pues a la categoría de riesgo más baja lógicamente debería corresponder el procedimiento más simple, de modo que no sea necesaria ninguna simplificación adicional. 
Concluyo con una apelación a la Comisión: elimine el procedimiento simplificado, haga más clara la directiva y tome las medidas necesarias para una aplicación consecuente. 
Señora Presidenta, para comenzar quiero dar las gracias a los ponentes, David Bowe, Matikainen-Kallström y Willi Görlach, por el informe sobre el informe de la Comisión relativo a la revisión de la Directiva 90/220 referente a la liberación en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
Se trata de una Directiva de procedimiento que tiene como objetivo garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, y por lo tanto un desarrollo en regla de la tecnología de los OMG. 
La Directiva tiene gran importancia práctica, y en el informe que estamos debatiendo hoy, la Comisión ha realizado un análisis de cómo ha funcionado desde su entrada en vigor. 
Me gustaría señalar algunos de los aspectos problemáticos que han sido mencionado hoy aquí y que señalamos en el informe. 
Respecto a la valoración de los riesgos, las directrices son insuficientes, lo que el ponente, Sr. Bowe, ha subrayado en su intervención. 
Falta un sistema de clasificación de la liberación, falta un sistema que adapte los procedimientos administrativos a la clase de liberación y falta el acceso a un comité científico para consultarle sobre temas relativos a la salud humana y al medio ambiente. 
La gestión de los procedimientos y sistemas de aprobación para la comercialización de los productos resulta además engorrosa. 
Hace falta mayor transparencia y- como todos sabemos y lo hemos debatido con anterioridad- hace falta con urgencia un etiquetado. 
Como el Parlamento sabe, la Comisión adoptó a propuesta mía una modificación técnica provisional del Anexo 3 de la Directiva 90/220/CEE, según la cual se exige etiquetado de todos los productos liberados. 
Esta modificación ha sido aprobada por fin ahora, por lo que a partir del 1 de agosto del presente año será obligatorio etiquetar todos los productos incluidos en la Directiva. 
La Comisión considera esta medida un paso importante en la dirección correcta y creemos que con ella facilitaremos a los ciudadanos la información que el Parlamento, sobre todo, ha solicitado en varias ocasiones. 
Me alega mucho ver que el informe ha dado lugar a un amplio debate en el Parlamento Europeo. 
Con ello podré incluir la propuesta del Parlamento en la propuesta de revisión que está siendo elaborada en la Comisión. 
Tengo pocos comentarios que hacer a la propuesta de resolución del Parlamento. 
El primero se refiere al régimen especial sobre responsabilidad civil que el Parlamento desea introducir en la Directiva. 
Se trata de un tema importante y el Parlamento sabe que estoy de acuerdo en que necesitamos una disposición relativa a la responsabilidad civil en una serie de ámbitos, entre ellos el de la biotecnología. 
Para poderlo hacer, la Comisión está elaborando un Libro Blanco sobre este tema, el cual espero nos ofrezca la base necesaria para establecer normas comunes que nos permitan exigir la responsabilidad civil en la legislación medioambiental específica. 
El otro punto que quiero destacar es el referente a la ética. Varios ponentes lo han abordado. 
Un vez más, estoy de acuerdo con los comentarios del Parlamento, pero como ya se dijo durante el debate anterior, la Comisión ha optado por examinar la dimensión ética en un contexto más amplio y no únicamente en relación con la liberación de los OMG en el medio ambiente. 
Por eso, hay que tener en cuenta el debate general antes de incluir el tema en la legislación específica. 
En cuanto a las propuestas del informe que han sido debatidas hoy sobre un mayor intercambio de información entre los Estados miembros y la creación de un banco de datos, me satisface poder informarles que la DG XI ya ha tomado todas las medidas necesarias para ello. 
Esto quiere decir que, en los próximos años, la información sobre la liberación de OMG será accesible a través de Internet tanto a nivel científico como comercial. 
Apoyo, por lo tanto, plenamente el deseo del ponente de mayor información y transparencia en este ámbito. 
Quiero agradecer una vez más al Parlamento su propuesta. 
Ha representado un apoyo importante para la DG XI en su elaboración de la propuesta de modificación de la Directiva 90/220/CEE y espero que sea aprobada por la Comisión inmediatamente después de las vacaciones de verano. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señora Presidenta, como la mayoría de los presentes ya saben, ésta será la última oportunidad en que usted presidirá el Pleno antes de dejar el Parlamento para dedicarse plenamente a continuar su carrera en la Asamblea Nacional francesa. 
En nombre de mi Grupo político y tengo la seguridad de que también en nombre de todos los diputados de esta Cámara, yo quiero desearle un gran éxito en su carrera y manifestar, en particular, que su integridad y también la consideración del Parlamento por la manera en que usted ha presidido el Pleno a lo largo de muchos años son incuestionables. 
Le deseamos mucha suerte y queremos ofrecerle estas flores en nombre de mi Grupo político y, de hecho, de toda la Asamblea. 
(Grandes aplausos) 
Estoy enormemente conmovida, diría incluso que enormemente emocionada. 
Estos seis años que he pasado con ustedes son para mí una experiencia de tal riqueza que espero poder influir en algunos trabajos de la Asamblea Nacional francesa, particularmente en todo lo que afecta a la Unión Europea. 
Pueden contar ustedes con mi total fidelidad. 
Haré todo lo que pueda para valorizar el objetivo al que, durante seis años, hemos contribuido juntos. 
Muchísimas gracias. 
Votaciones 
Señora Presidenta, nos encontramos ante una votación poco usual. 
En la primavera de 1995 se votó en el Pleno sobre el informe, que fue devuelto a la comisión ya que la Comisión no quiso recoger las enmiendas del Parlamento. 
En el tiempo trascurrido, en estos dos años, hemos negociado con la Comisión y hemos llegado a un acuerdo, que se presenta ahora. 
Nos hemos puesto de acuerdo con la administración en que se vote hoy de nuevo sobre las enmiendas que a la sazón se aceptaron. 
Además, se votará sobre las enmiendas que se han convenido de mutuo acuerdo con la Comisión, de modo que hoy podemos presentar el informe completo para su votación. 
Parto del hecho de que la Comisión aprobará las enmiendas, por lo que llevaremos a efecto también la votación final. 
Esto es un ejemplo de que aunque, según el artículo 43, seamos solamente una instancia de consulta, podemos participar en la codecisión mediante un procedimiento legal, negociando con la Comisión. 
Si logramos ahora una posición común entre el Parlamento y la Comisión, solamente se podrá rechazar unánimemente en el Consejo, con lo que el Parlamento obtiene una gran fuerza para lograr sus objetivos. 
Señora Presidenta, señoras y señores, no quiero prolongar el debate, por lo que voy a retomar el tema donde acaba de dejarlo el diputado, Sr. Graefe zu Baringdorf. 
En lo esencial, me voy a referir sólo a las enmiendas relativas a los organismos modificados genéticamente, no solamente porque probablemente son las más importantes sino también por la necesidad de introducir una serie de cambios de redacción de poca importancia. 
En primer lugar, el tenor literal de la enmienda nº 22 sobre el control de la compatibilidad medioambiental se debería modificar ligeramente por motivos de seguridad jurídica. La letra b) del apartado 4 debería ser como sigue: » Los procedimientos dirigidos a garantizar que el control de compatibilidad medioambiental sea equiparable al establecido en la Directiva 90/220, se introducirán a propuesta de la Comisión mediante reglamento del Consejo sobre el fundamento jurídico adecuado del Tratado de la CE». 
En segundo lugar, quiero hablar sobre la enmienda nº 23 que se refiere al catálogo de clases y al etiquetado y que es reflejo del deseo de la Comisión y del Parlamento para que el usuario de semillas esté informado de si se trata de una clase modificada genéticamente o no. 
Pero las normas de etiquetado deben establecerse en las partes de las normas jurídicas que se refieren al producto en cuestión, en este caso, a la semilla. 
Por ello, la cláusula del etiquetado no debería figurar en la directiva sobre el catálogo de clases sino en la directiva sobre el comercio con semillas. 
Este cambio no afecta al fondo del acuerdo y podrá ser tenida en cuenta en el momento oportuno en la propuesta revisada por la Comisión. 
Para finalizar, permítanme que hable brevemente sobre la enmienda nº 8, que se refiere a la propuesta para introducir controles recíprocamente reconocidos, es decir, controles europeos. 
Según la apreciación de la Comisión, esta enmienda no se ha seguido. 
Pero si no fuese así, la propuesta no sería aceptable porque ya existen normas satisfactorias en las directivas. 
Por lo demás, me alegra comunicarles que la Comisión puede aceptar todas las enmiendas si se tienen en cuenta estas mejoras de redacción y quiero agradecer de nuevo al ponente, Sr. Graefe zu Baringdorf, la cooperación mostrada. 
Enmienda 21 
Señora Presidenta, en la enmienda nº 21 hay que tener en cuenta dos puntos: en la traducción francesa es por lo visto difícil reflejar claramente el contenido del segundo apartado. 
Aquí se dice lo que significa «no puesta en circulación» y existe luego una negación doble, a saber, » no puesta en circulación» significa que la semilla que llega al mercado no está dirigida al aprovechamiento comercial de la clase. 
En el texto francés ha sido algo difícil ya que los conceptos puesta en circulación, aprovechamiento comercial y mercado se asemejan mucho. 
Pero ruego a los colegas franceses que confíen en el texto original y equiparen la redacción del texto. 
Una segunda observación: se ha solicitado una votación por separado; en lo esencial se trata del tercer guión, en el que el intercambio local de semillas entre explotaciones agrícolas para su uso exclusivo en la propia explotación se denomina como «no puesta en circulación». 
Esto se negoció así de acuerdo con la Comisión. 
Sin embargo, entretanto existe una considerable presión de la industria semillera para que no se incluya en esta directiva esta práctica agrícola de intercambio entre vecinos que es usual en todos los países, pues teme que se le pueden escapar algunos negocios. 
Ruego a todas y todos los colegas que den su apoyo a este tercer guión a pesar de la presión que se ejerce. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, por una cuestión de orden, en relación con el apartado 5 del artículo 53 del Reglamento. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha incumplido el mandato del Parlamento puesto que no ha examinado debidamente las enmiendas relativas al fundamento jurídico que yo presenté. 
Por esta causa, el Parlamento corre el riesgo de adoptar un texto jurídicamente inadecuado. 
Esto no nos dejaría en demasiado buen lugar si esta cuestión se plantea posteriormente ante el Tribunal de Justicia. 
Yo solicito que esta cuestión de orden conste en el Acta y quiero instar a sus señorías a que, como única salida posible, den su voto afirmativo a las enmiendas 3 y 4, que ofrecen una clara salvaguarda frente a cualquier intento de tergiversar el fundamento jurídico de la Política Pesquera Común. 
Señora Presidenta, creo que después de la intervención del Sr. Macartney, quizá fuera útil, para esclarecer el criterio de nuestros colegas, conocer la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos manifestada por su presidente. 
Señora Presidenta, la comisión no ha de considerar necesariamente las enmiendas propuestas. 
La propia comisión ya se ha pronunciado, yo no tengo nada más que añadir. 
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. 
Lo que acaba de exponer el Sr. Macartney es cierto y nos obliga a cuestionar, de hecho, la actuación de la Comisión de Asuntos Jurídicos en relación con estos temas. 
Señora Presidenta, la cuestión de fondo es que la Comisión de Asuntos Jurídicos no remitió los documentos a sus miembros. 
Los documentos necesarios para que la Comisión de Asuntos Jurídicos pudiera emitir una opinión jurídica se presentaron, pero no fueron sometidos a la consideración dicha comisión. 
Este es el fondo de la cuestión. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, quiero expresar de nuevo mi satisfacción porque hayamos podido aprobar así este informe y por haber logrado introducir posiciones de fondo del Parlamento en las negociaciones con la Comisión. 
Entre estos aspectos de fondo se incluye, entre otras cosas, el etiquetado de las semillas modificadas genéticamente, un acuerdo de etiquetado que va mucho más allá de la directiva sobre los «novelfood». 
Espero que tenga unos efectos ejemplares, de modo que se produzca una revisión y que próximamente se prescriba también un etiquetado similar para las consumidoras y consumidores. 
En este informe es también especialmente importante que se autoricen de nuevo variedades locales y que se pueda comerciar con ellas, con lo que contribuirán sin duda a la variedad genética. 
Lo que lamento algo- y en este aspecto no entiendo en especial al Grupo del PPE que, por lo demás, siempre coloca en un primer plano la defensa de los intereses de las agricultoras y agricultores- es que haya rechazado este tercer guión, en el que se trata de que en el ámbito local, en el de vecindad, se puedan intercambiar semillas para su uso en la propia explotación. 
En consecuencia, la enmienda ha fracasado por unos pocos votos. 
Espero que la Comisión recoja este texto- que hemos negociado con ella- en sus disposiciones ejecutivas para que podamos llegar a una legalización de las actuales prácticas de vecindad. 
Los socialdemócratas daneses no han votado hoy sobre el informe mencionado. 
El paquete relativo a las semillas se basa en el artículo 43 del Tratado de la Unión, lo cual pueden aceptar los socialdemócratas daneses cuando se trata de la fusión de directivas relativas a la comercialización en materia agrícola. 
Lo que ocurre es que en este caso se trata asimismo de incluir parte de la Directiva sobre liberación de los OMG en la Directiva sobre semillas. 
La base jurídica de la Directiva sobre liberación suele ser el artículo 100A, lo que permite, entre otras cosas, a los Estados miembros aplicar la cláusula en materia de medio ambiente, y los socialdemócratas daneses no pueden aceptar la desaparición de tal posibilidad. 
El resto del informe es satisfactorio. 
Nuestro grupo ha votado la totalidad de las enmiendas propuestas por la Comisión de Agricultura relativas a la modificación de las directivas relativas a la comercialización de las semillas, con excepción del tercer guión de la enmienda 21. 
Nuestro grupo puede felicitarse por un compromiso tal como resulta de la votación celebrada en el Pleno. 
En efecto, las empresas que comercializan semillas han de respetar una serie de imposiciones legítimas como el etiquetado y la información al usuario. 
Una delimitación de este tipo permitirá al proceso en cuestión desarrollarse y eliminar algunos operadores menos escrupulosos. 
Por lo que respecta a los agricultores, el principio del privilegio del agricultor no se pone en duda, mediante las enmiendas que se han presentado y que han sido aprobadas en el Pleno. 
Con respecto al tercer guión de la enmienda 21, nuestro grupo se ha opuesto, y con satisfacción ha tomado nota de su supresión. 
En efecto, si el principio del comercio de semillas entre vecinos puede parecer legítimo, es necesario evitar la puesta en marcha de un mercado paralelo y sobre todo el riesgo de perder toda rastreabilidad de las semillas procedentes de organismos genéticamente modificados. 
Informe Souchet (A4-0144/92) 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe del Sr. Souchet. 
Los socialdemócratas daneses apoyan la idea de que la política de pesca común esté basada en principios de racionalidad y sostenibilidad. 
La acuicultura es una fuente de contaminación importante del sector pesquero. 
Por eso, los socialdemócratas daneses no desean que la acuicultura forme parte de la estrategia de empleo ni de la estrategia en materia de medio ambiente. 
Nuestra opinión es la misma en el caso de otras fuentes de contaminación parecidas en el sector pesquero. 
Yo he votado en contra del Informe Souchet, puesto que, a mi parecer, el Parlamento Europeo no ha considerado de manera satisfactoria el tema del fundamento jurídico que yo planteaba en mis enmiendas al fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión que modifica el Reglamento básico de la PPC. 
A mi parecer, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha incumplido el mandato del Parlamento, puesto que ha examinado sólo parte de la propuesta de la Comisión y precisamente no la parte de la misma que yo pienso que plantea mayores problemas. 
Por este motivo, yo creo que el Parlamento no puede apoyarse con confianza en la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos para excluir la posibilidad de que la adopción de la propuesta de la Comisión pueda comprometer el principio de estabilidad relativa sobre el que se cimenta la PPC y crear desafortunados precedentes para el desarrollo futuro de la política pesquera de la UE. 
Está en juego el futuro del principio sobre el que se cimenta la PPC y es absurdo que el Parlamento Europeo realice una votación sobre un tema tan delicado y complejo como éste sin tomarse el debido tiempo para reflexionar sobre el daño potencial que puede causar esta propuesta sin plazo definido y poco meditada de la Comisión. 
Las enmiendas que presentó el Sr. Macartney a mi informe planteaban un problema jurídico que sobrepasaba el marco y cuyo examen está en el origen de un aplazamiento de la votación de dos meses. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo acaba de remitirnos sus conclusiones: ésta considera, por amplia mayoría, que la base jurídica aceptada por la Comisión es correcta. 
En el momento de la votación, el Sr. Macartney había precisado que no le parecía que la Comisión de Asuntos Jurídicos hubiera examinado muy minuciosamente la cuestión que él había planteado. 
En respuesta a mi intervención, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha indicado que sus conclusiones eran, al contrario, suficientemente precisas. 
Sobre esta base, nuestro grupo ha decidido, por tanto, no aceptar las enmiendas de Sr. Macartney y votar, naturalmente, a favor de la resolución final. 
En cuanto al fondo del informe, sólo puedo lamentar que, durante el debate en el pleno, la Comisaria Sra. Bonino no haya admitido el fundamento de las dos enmiendas que yo presentaba en mi informe y que fueron aprobadas por la cuasi unanimidad de los miembros de esta Asamblea. 
En efecto, no es normal que la Comisión intente arrogarse derechos de los que no dispone, para evitar cualquier control sobre la manera como negocia. 
Si, en el marco de conferencias internacionales, acepta nuevas restricciones técnicas que hayan de aplicarse a los pescadores de la Unión Europea, nos parece indispensable que el Consejo y el Parlamento puedan pronunciarse sobre el fundamento de tales restricciones. 
Al tener que estar el Consejo, en todo momento, en condiciones de controlar los actos de la Comisión, no nos parece oportuno modificar el procedimiento de decisión existente que prevé el ejercicio de ese control. 
Observo con satisfacción que esta Asamblea ha decidido así por la cuasi unanimidad. 
Informe Péry (A4-0220/97) 
Le agradecemos a la ponente su trabajo bien realizado para la elaboración de este informe. 
No obstante, deseamos poner de relieve nuestra posición de principio en cuestiones sobre acuerdos pesqueros de este tipo. 
Pensamos que la Unión Europea debería abandonar esta modalidad costosa de acuerdos pesqueros y en su lugar pasar a apoyar sobre todo la propia actividad pesquera de los países en vías de desarrollo. 
Esta solución contribuiría mejor a desarrollar la importancia de la pesca para el aprovisionamiento global de alimentos, a fortalecer el desarrollo económico de estos países, y a eliminar los riesgos que pueden conllevar los acuerdos pesqueros de que la actividad de ciertos Estados miembros reciba unas ayudas indirectas para su continuación, en una situación en la que la totalidad de la pesca europea necesita de unas restricciones considerables. 
Estamos votando sobre la prórroga del Protocolo de un Acuerdo de pesca que no sólo está en vigor, sino que ya ha expirado. 
Es una situación grotesca. 
Omito dar mi voto, ya que no puedo apoyar plenamente el contenido de estos Acuerdos de pesca con el Senegal, sobre todo sabiendo que los pescadores locales no los quieren. 
Informe Gallagher (A4-0229/97) 
Señora Presidenta, Señorías, el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo es una ocasión para recordar la amplitud de la tarea que incumbe a este órgano. 
Como miembro de la Comisión de Peticiones, sólo puedo así saludar el trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo como participante en el proceso que pretende acercar los ciudadanos nacionales a unas instituciones europeas demasiado distantes. 
Sin embargo, tengo una preocupación. El informe del Sr. Papakyriazis, habla, y cito «de reforzar el equilibrio institucional que definen los tratados y, en especial, el correcto ejercicio de los poderes discrecionales de la Comisión y del Parlamento Europeo así como del Tribunal de Justicia». 
Sin embargo, como los poderes discrecionales necesitan, por definición, ser ejercidos con toda independencia, por consiguiente sin control a posteriori, está claro que las instituciones y órganos europeos no pueden en ningún caso escapar a las reglas de equidad y de derecho que los propios Estados miembros han establecido, pero no es menos evidente que la gestión comunitaria necesita, como cualquier otra, de flexibilidad. 
Sin ella, conservará e incluso desarrollará su pesadez y formalismo. 
Con el ponente, señalamos así la necesidad de definir con claridad las misiones del Defensor del Pueblo Europeo y, sobre todo, la noción de mala administración, con el fin de evitarle cualquier tentación intervencionista. 
Insisto, a fin de cuentas, en la necesidad de reformar, cuando ello sea necesario, sin conformarse con la buena conciencia que proporcionarían los correctivos residuales aportados por la acción del Defensor del Pueblo Europeo. 
Y no olvidemos que somos, como representantes electos de nuestros diferentes pueblos, sus mejores defensores en el seno de la Unión. 
Para concluir, desearía recordar que, según el artículo 13 de la decisión de esta Asamblea con fecha 9 de marzo de 1994 y por el que se instituye el estatuto del Defensor del Pueblo, la sede del Defensor del Pueblo Europeo es la del Parlamento Europeo. 
Ahora bien, las conclusiones de la CIG lo han recordado recientemente, éste está en Estrasburgo. 
No quiero ver, por tanto, en la instalación, y cito el informe del Defensor del Pueblo Europeo «de una pequeña sucursal en Bruselas» , más que una modalidad práctica que no debería anunciar una deslocalización centralizadora suplementaria y que, al final, haría de Estrasburgo una pequeña sucursal de Bruselas. 
Por parte nórdica vemos como un paso adelante que se haya establecido la función del Defensor del Pueblo, el cual ha de velar por los intereses de los ciudadanos. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta las insuficiencias democráticas de la UE, además del excesivo celo regulador que caracteriza a las autoridades de la Unión. 
Hemos votado a favor de las propuestas que tienen como objeto mejorar las posibilidades del ciudadano de presentar reclamaciones. 
En cambio, hemos votado contra el apartado 4 del informe, en el que se dice entre otras cosas que «el cometido del Defensor del Pueblo debe reforzar el equilibrio institucional establecido por los tratados... » 
Esto va en contra del mismo objetivo del cargo de Defensor del Pueblo de servir a los intereses del ciudadano normal y de transmitir sus quejas. 
Además, a la redacción le falta fundamento en las partes relevantes del Tratado constitutivo, concretamente en los artículos 8d, 138d y el 138e. 
Informe Larive (A4-0219/97) 
La triste realidad nos demuestra que lamentablemente muchas empresas invierten sumas enormes de dinero en bombardearnos a los consumidores con alegres anuncios de productos que yo ni sabía que existieran. Ni tampoco los había echado a faltar en mi vida. 
Que los anuncios, las llamadas comunicaciones comerciales, hayan de reglamentarse a nivel de la UE creo que es negativo para los consumidores. 
Es mejor que los Estados fijen unas normas por sí mismos para lo que se considere aceptable teniendo en cuenta los aspectos culturales. 
En el Libro Verde de la Comisión echo de menos sobre todo el significado de la cuestión para el consumidor. 
La orientación está clara, y es la de qué normas han de regir para las empresas, pero yo pienso que es importante resaltar la situación de los consumidores. 
Es vital que existan unas organizaciones sólidas de protección del consumidor o una autoridad pública con la función de admitir reclamaciones y de garantizar que se sigan las normas establecidas. 
Esto no es menos importante en relación con los anuncios «más alla de las fronteras» que nos llegan a los consumidores. 
Lo mejor habría sido que estos servicios fueran gratis para el consumidor. 
Naturalmente, es importante que el mercado tenga una función autorreguladora. Que la lleven a cabo las propias empresas no va a funcionar, lo cual se demuestra con la situación actual (esta cuestión tampoco se debía haber abordado... ). 
Finalmente, cabe establecer unos requisitos rigurosos con respecto a los anuncios que van dirigidos a los niños y a los jóvenes, ya que se trata de grupos muy expuestos. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe de la Sra. Larive, pero en contra de dos puntos relativos a la aplicación del principio del país de origen o del país de destino. 
En atención a los consumidores, los socialdemócratas daneses son partidarios de un compromiso entre los dos principios, de modo que un consumidor que compre un producto en un país basándose en publicidad procedente de otro país no necesite conocer el derecho y la práctica de otro país para poder presentar una queja por eventuales defectos del producto. 
Apoyamos, por lo tanto, dos de las cuatro enmiendas presentadas sobre los dos puntos mencionados. 
Lamentablemente, el problema de la comunicación comercial en el mercado interior europeo es actualmente un ejemplo especialmente nítido de cómo y bajo qué condiciones la UE funciona como «comunidad dereguladora» , es decir, como una fuerte palanca para eliminar las regulaciones existentes a nivel de los Estados miembros sin crear en contrapartida a nivel europeo las correspondientes normas. 
El presente informe se entrega sin ninguna crítica a esta tendencia dereguladora, abriendo de este modo el núcleo central de la cultura humana y del desarrollo de la personalidad a una comercialización sin barreras. 
Como Verdes, no podemos ni queremos apostar por una renacionalización frente a esta tendencia pero sí aprovechar todas las posibilidades para lograr pequeños pasos dirigidos a limitar esta tendencia destructiva mediante la correspondiente utilización del derecho de iniciativa de la Comisión así como también mediante una aplicación razonable del principio de subsidiariedad. 
Esto no puede sustituir a las directivas-marco europeas pero sí ayudar a franquear el tiempo hasta que sea necesaria su imposición. 
El mercado interior de la UE puede existir también con la diversidad cultural de los Estados miembros y de las regiones. No hay razón alguna para utilizarlo como apisonadora en un afán desmedido de hacer que todo sea igual. 
Por el contrario: un mercado articulado en cuyo centro estén las necesidades de las personas necesita precisamente esta diversidad y su protección. 
Una transformación del desarrollo de los mercados como un objetivo en si mismo para el que las necesidades de las personas se convierten en un mero medio de producción de valor, como se propone aquí, hacerlo mostrar de un modo racional... 
Informe Bowe (A4-0239/97) 
En el marco de la comunicación de la Comisión sobre la biotecnología, la posición de nuestro grupo consiste en permitir un cierto desarrollo de esta industria de futuro, prestando mucha atención para prevenir las posibles derivas. 
En esta perspectiva, nos parece absolutamente indispensable poner en marcha un etiquetado riguroso que permita un seguimiento real de los productos provenientes de la ingeniería genética. 
En los diferentes debates que hemos dedicado a los organismos genéticamente modificados, los industriales nos han precisado en muchas ocasiones que estaban en condiciones de controlar su diseminación. 
Por esta razón nuestro grupo apoyó la petición instando a la Comisión a aplicar reglas precisas relativas a la responsabilidad de los diferentes operadores. 
Los asuntos de la EEB han mostrado los peligros de una investigación centrada exclusivamente en la hiperproductividad en la agricultura y la necesidad de prever un sistema de control realmente independiente de los poderes económicos y políticos. 
Con este fin, hemos apoyado el proyecto de creación de un comité científico central. 
Pero será necesario velar porque se elaboren los procedimientos adecuados con el fin de que no vuelvan a producirse los fallos de funcionamiento constatados en el asunto de las vacas locas. 
Como conclusión, nuestro grupo insiste en la necesidad de preservar el principio de precaución, con el fin de asegurar la protección de los consumidores y la protección del medio ambiente. 
La biotecnología sólo se verá realmente aceptada por los ciudadanos de nuestros Estados si se aportan garantías reales de seguridad. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Telecomunicaciones- Competencia en el sector de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes siguientes: 
A4-0215/97 del Sr. W.G. van Velzen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el Libro Verde de la Comisión: » Política de numeración de los servicios de telecomunicación en Europa» (COM (96) -0590-C4-0658/96) ); -A4-0213/97 del Sr. Argyros, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el proyecto de comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones (COM (96) 0649-C4-0010/97) ; -A4-0240/97 del Sr. Herman, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva 97 /... /CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones (C4-0306/97-95/0280 (COD) ). 
Señora Presidenta, me referiré tanto al Libro Verde sobre la numeración como al informe del Sr. Argyros. 
Después de haber tratado primero la legislación en el ámbito del buen funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones, por ejemplo en lo relativo a la interconexión y las licencias, ahora hemos llegado a directivas y libros verdes que se ocupan sobre todo de los intereses del consumidor, concretamente el contenido y el funcionamiento del servicio universal y este Libro Verde sobre la política de numeración en la Unión Europea. 
Está claro que es sobre todo el consumidor quien ha de beneficiarse de la liberalización del mercado de telecomunicaciones, gracias a una mejora de la relación precio/calidad y a un servicio mejor y más amplio. 
En este ámbito siguen quedando muchas cosas por hacer, como se desprende de la reducción de los precios y de la mejora de los servicios que ahora ofrecen los nuevos operadores. 
¿Cuáles son los instrumentos que puede manejar el consumidor para forzar una mejora de la calidad o del precio? 
Estos residen sobre todo en el ámbito de la transportabilidad del número y en el ámbito de la preselección de operador, es decir, que el propio consumidor pueda elegir qué operador quiere para las conferencias a larga distancia. 
Es algo que le conviene, dado el elevado precio de estas conferencias. 
La transportabilidad del número, es decir, la posibilidad de que uno conserve el número al cambiar de operador, es primordial. 
Se trata de un instrumento muy eficaz que obliga a los operadores a esforzarse por tratar bien a los clientes so pena de que perder a éstos de forma relativamente fácil. 
No olvidemos que el Parlamento Europeo, en el largo camino hacia la directiva de interconexión, siempre ha instado a una introducción rápida de la transportabilidad del número. 
Me complace que, en su última reunión, el Consejo haya cambiado de opinión y haya adoptado el viejo punto de vista del Parlamento Europeo, instando a una rápida introducción de la transportabilidad del número. 
En mi informe propongo al Parlamento que considere a aquellos países en los que después del 1 de enero del año 2000 todavía no se haya puesto en marcha transportabilidad del número como países en los que todavía no existe una competencia plena en el mercado de las telecomunicaciones, a fin de que periódicamente se informe al público que su país no está listo y que por ello el consumidor paga demasiado. 
Esta portabilidad del número ha de introducirse a la larga también en el sector móvil, pero sé que todavía hay dificultades desde el punto de vista técnico. 
Otra cuestión importante es la relativa a la selección y la preselección de operador. 
Sin una selección de operador a larga distancia, de poco le sirve la liberalización al consumidor europeo. 
Dado que queremos una competencia leal en toda la Unión, considero que cada país ha de cumplir la obligación de permitir la selección y preselección de operador. 
Quisiera hacer un llamamiento urgente a mi colega la Sra. Read para que retire su enmienda nº 1. No va en interés del consumidor y protege los elevados costes del tráfico interurbano de un gran operador, mientras que el mismo operador se beneficia de las posibilidades de competencia favorables en el continente. 
Esto no es reciprocidad. 
Propongo dar una base jurídica tanto a la transportabilidad del número como a la selección y preselección de operador a través de la revisión de la directiva de interconexión. Espero que el Comisario Bangemann esté dispuesto a acceder a este deseo. 
Otro aspecto de mi informe es el desarrollo de los llamados «números de servicios paneuropeos». 
Se espera que, en los próximos años, los servicios prestados mediante estos números crezcan enormemente. 
Subraya que el desarrollo de los números europeos no puede perder de vista el desarrollo de los números mundiales. 
He oído declaraciones contradictorias sobre los números europeos especiales. Quisiera que el Comisario me dijera cómo ve el desarrollo de estos números a escala mundial y cuál ha de ser en su opinión el papel de la Unión Europea. 
En todo caso, considero que Europa ha de asumir un papel de guía si los cambios globales tardan demasiado en producirse, como muchos temen. 
Quien examine las páginas con ofertas de Eurosport- y sé que ambos Comisarios son grandes aficionados al deporte, por lo que le dedicarán muchas horas- sabrá que la gran diversidad de números no fomenta en modo alguno el desarrollo de los servicios paneuropeos. 
Asimismo considero que los consumidores han de saber claramente si utilizan un número gratuito o un número por el que han de pagar. 
En algunos Estados miembros, la diferencia no es siempre clara y los consumidores han de esperar varios minutos antes de que les toque el turno sin saber que ello les va a costar mucho dinero. 
No se les puede imponer cambios periódicos de sistemas de numeración. Ello crea recelo, al tiempo que provoca costes demasiado elevados para los ciudadanos y las empresas. 
Por ello es preferible una sola operación adecuada, por ejemplo, en cinco años, en lugar de introducir cambios cada año. 
Asimismo considero que la introducción de un código nacional europeo con el número 3 va demasiado lejos. Es preciso estudiarlo más detenidamente. 
Mi Grupo apoya en grandes líneas las propuestas del Libro Verde y tenemos curiosidad por saber cuál será la reacción de los Comisarios a nuestras propuestas y enmiendas. 
Por último, unas breves palabras sobre el informe del Sr. Argyros. 
Quisiera precisar que lo realmente importante es lograr claridad en la relación entre, por un lado, el acceso especial a la red, y por otro cómo ha de interpretarse este. 
Quisiera que el Comisario me dijera algo al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de la Comisión es asegurar la igualdad de condiciones de competencia en los innumerables acuerdos de acceso que resultarán entre las redes y servicios existentes de telecomunicaciones y sus nuevos competidores en el sector de las telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1998. 
Como ponente del informe, aspiro con mis comentarios a indicar a la Comisión y al Consejo los supuestos indispensables para una competencia pura que pueden impulsar el desarrollo y la modernización tecnológica en el sector de las telecomunicaciones. 
Las cuestiones a las que me refiero en mi informe son las siguientes: 
Primero, el programa de liberalización y las características que debe tener la regulación en el sector de las telecomunicaciones, es decir, precisión, claridad, compatibilidad con el sector regulador internacional. 
Segundo, el desarrollo tecnológico y la modernización del sector. 
Tercero, los principios para una aplicación eficaz y equivalente de las normas sobre la competencia de tal modo que se facilite la transición del sector a la competencia, es decir, una armonización y una aproximación de las disposiciones en lugar de la actuación heterogénea de las actividades nacionales de reglamentación, y unos criterios objetivos para la demostración de los casos de falseamiento de la competencia. 
Finalmente, intento examinar la dimensión mundial de las telecomunicaciones. 
Más concretamente, en relación con el programa y el sector regulador: la liberalización está fijada para el 1 de enero de 1998. 
Se señala que no podrán conseguirla todos los Estados miembros de la UE. 
Surge así ya un problema para la aplicación de la normas sobre la competencia. 
La Comisión debe examinar el modo de actuar durante este período transitorio en relación con el falseamiento transfronterizo de la competencia entre los mercados de telecomunicaciones liberalizados y los no liberalizados. 
Considero que es ventajoso para todos los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para cumplir las condiciones que se exigen para la liberalización. 
La normativa en el sector de las telecomunicaciones está constituida por múltiples directivas, cada una referida a un tema. 
Esta regulación fragmentaría supone una dificultad para los interesados que no tengan una imagen clara de la legislación vigente, y crea un clima de rechazo para las inversiones en el sector. 
Recordando, pues, la necesidad de un marco legislativo preciso y claro, pido que exista compatibilidad y coherencia entre la regulación de las interconexiones y de los acuerdos de acceso. 
Igualmente, estimo que la Comisión debe promulgar un texto único que establezca el marco legislativo de las telecomunicaciones de manera precisa y clara. 
El segundo tema importante de la exposición concierne a la fuerte influencia que ejerce el rápido ritmo del cambio tecnológico. 
Para ser competitiva en este sector a escala internacional, Europa tendría que adoptar una normativa, compatible con los recientes desarrollos tecnológicos, que prevea la utilización de las nuevas tecnologías y ofrezca seguridad jurídica a las partes interesadas. 
Para superar la marginación del sector por razón de la tecnología anticuada y dada la convergencia que representan los sectores de las telecomunicaciones, las comunicaciones y la tecnología informática, estimo que también se impone la adaptación de las normas sobre la competencia en el campo de la transmisión digital. 
Las telecomunicaciones conciernen a un sector de actividad económica que es tradicionalmente monopolista, dada la necesidad de prestar los servicios básicos a todos los ciudadanos. 
El paso de una estructura monopolista a una estructura competitiva tiene carácter sensible y exige un cuidado especial por lo que atañe a la aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia. 
Únicamente podrá darse ese paso si se cuenta con normas sobre la competencia claramente establecidas y aplicadas de manera estricta, equivalente y armonizada. 
A esta armonía pueden contribuir unos principios reguladores nacionales que se apliquen al suministro de red abierta, es decir, la legislación específica del sector de las telecomunicaciones. 
Estos principios han de ser totalmente independientes de la subvención a los operadores públicos y deben perseguir una aproximación europea armonizada que respete totalmente las reglas de competencia. 
La Comisión acepta que los operadores oficiales existentes disfruten de una ventaja hasta que surjan nuevas alternativas. 
Para el éxito de la igualdad de condiciones es preciso que todos los operadores garanticen un acceso equivalente y que la Comisión esclarezca los factores que tendrá en cuenta para determinar cuándo hay una posición dominante, adopte un enfoque más elástico y se apoye en y adoptar criterios objetivos. 
Un último punto, aunque muy importante para la posición de la Comisión en el sistema mundial, dado el carácter internacional de las telecomunicaciones y los intentos de apertura de los mercados, es el constituido por la necesaria compatibilidad del marco comunitario con la reglamentación vigente en terceros países. 
La coherencia entre una y otra normativa y la explotación de la ventaja competitiva europea permitirá a nuestras empresas competir fuertemente con sus rivales no comunitarios, con los consiguientes beneficios para sus economías y para los ciudadanos europeos. 
Quiero finalmente agradecer a sus Señorías su colaboración y su apoyo. 
Señora Presidenta, Señorías, señores Comisarios, para un buen funcionamiento del mercado de telecomunicaciones liberalizado es necesario introducir la transportabilidad del número. 
Ello deberá producirse simultáneamente en todos los Estados miembros para asegurar una competencia justa en el mercado interior a las empresas. 
La promulgación de la normativa ha de realizarse con cuidado y los mercados han de establecerse sobre la base de la reciprocidad. 
En el sector de las telecomunicaciones trabajan muchas personas; por ello, este sector tiene mucho que perder, y la Comisión tiene que vigilar que los Estados miembros no frenen la introducción simultánea de la transportabilidad del número por afán de proteccionismo. 
Una de las premisas de la política de numeración es fomentar la innovación. 
La innovación en el sector de las telecomunicaciones puede facilitar la mejora de la prestación de servicios, potenciar el uso de los servicios de telecomunicaciones y, por tanto, el empleo. 
La investigación y el desarrollo tecnológico pueden generar una contribución importante en este contexto. 
Las inversiones en investigación por parte del mercado pueden fomentar el desarrollo de software y hardware que ponga a disposición del consumidor, de forma rápida y sencilla, un sistema de numeración. 
Al considerar la introducción de la transportabilidad del número hay que tener en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos que conducen a la convergencia de las telecomunicaciones y la informática. 
No hay que frenar la vinculación y la continua integración de diferentes tecnologías con una normativa excesiva o precisamente con la falta de normativa. 
Mi última observación, señora Presidenta, tiene que ver con la normativa sobre la denominación en Internet. 
La Comisión de Investigación y Tecnología piensa que es preferiblemente la comunidad de Internet a escala global quien ha de solucionar la escasez de espacio para la denominación en Internet. 
Es conveniente mantener una actitud reservada con las reglas procedentes de arriba a fin de no obstaculizar esta importante piedra angular de la sociedad de la información. 
Por lo demás, la Comisión de Investigación y Tecnología desea mucha suerte al ponente, Sr. Van Velzen. 
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos para expresar nuestra opinión relativa al informe del Sr. van Velzen sobre el Libro Verde dedicado a la política de numeración en los servicios de telecomunicaciones en Europa. 
Y, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. van Velzen la acogida que él ha dado a las conclusiones de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos- conclusiones que se aprobaron por 10 votos a favor y 1 en contra- porque, por razones de procedimiento, él las ha hecho suyas presentándolas como enmiendas al Pleno. 
Por lo tanto, yo, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, recomiendo vivamente votar a favor de las enmiendas presentadas por el Sr. van Velzen. 
Respecto del Libro Verde y desde el punto de vista jurídico- que ha sido el punto de vista adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos -, indudablemente se trata de una iniciativa necesaria y oportuna. 
Necesaria y oportuna porque el mercado interior de las telecomunicaciones es una asignatura pendiente y es una empresa que se debe abordar sin demora. 
Y en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos lo que se ha puesto de relieve es, desde el punto de vista general, la concurrencia de intereses legítimos a proteger- los intereses de las industrias- pero, sobre todo, los intereses de los consumidores y, también, aspectos que no son puramente económicos: por ejemplo, aspectos relativos a la rápida evolución de la tecnología, o aspectos sociológicos, como hasta qué punto cada uno de nosotros nos identificamos con nuestro número de teléfono, hasta qué punto, para cualquier usuario- persona física o jurídica- es un trastorno tener que cambiar de número de teléfono, pues es un coste enorme que tenemos que evitar y, de ahí, la necesidad de que una medida como la portabilidad o transportabilidad del número sea efectiva. 
Aparte de estas cuestiones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se ha fijado en cuestiones más metodológicas. 
En primer lugar, no tiene ningún sentido, desde el punto de vista jurídico, la discriminación de la telefonía móvil respecto de la telefonía fija. 
En segundo lugar, tenemos que poner énfasis en la necesidad de una sistematización general. 
Yo, como ponente de opinión, he tenido que recopilar- y siento tener que valorar la dispersión jurídica en términos de kilos- casi un kilo de fotocopias de normativa directamente necesaria para estudiar este Libro Verde. 
De acuerdo con las conclusiones de Amsterdam tenemos que ir hacia la claridad, hacia la simplificación. 
Pues bien, en este terreno es absolutamente necesario contar con un texto coordinado y poner orden en la maraña de normativa que hay en este campo. 
Y, en segundo lugar, para una buena sistematización en esta materia no es necesario crear nuevos instrumentos normativos para tomar en cuenta estos tres aspectos- selección, preselección y portabilidad- sino aprovechar los instrumentos jurídicos ya existentes: la directiva sobre telefonía vocal y la directiva sobre la interconexión. 
Señor Presidente, en primer lugar yo quiero expresar mi habitual, pero también sincero, agradecimiento a los tres ponentes, Sres. Herman, Argyros y van Velzen. 
La observación de la Sra. Palacio con respecto al volumen de la legislación y documentación en este ámbito es totalmente cierta. 
En realidad, a veces pienso que la única capacidad que se requiere para actuar como ponente en este ámbito es la de una gran rapidez de lectura. 
No obstante, soy consciente del enorme esfuerzo invertido en estos textos legislativos y otros documentos. 
Es una gran satisfacción constatar la presencia de los dos Comisarios competentes en el hemiciclo y yo espero que ambos tendrán oportunidad de responder en el presente debate. 
Yo voy a referirme sobre todo al informe del Sr. van Velzen y sus ideas sobre la preselección de los operadores. 
Yo he presentado una enmienda, con el apoyo de muchos colegas, y espero poder convencer, a mi vez, al Sr. van Velzen para que retire su petición de que yo retire mi enmienda, y que también la haga suya. 
Yo no pido a la Comisión que retire sus propuestas por lo que respecta a la preselección de los operadores. 
Ésa no es en absoluto mi intención, si bien quisiera preguntarles porque este aspecto ha de ir inevitablemente asociado a la numeración. 
Podrían ofrecerse buenos argumentos en favor de que se adopte una directiva separada sobre estas dos cuestiones, pero yo le pediría a la Comisión que realice un nuevo estudio sobre las posibles consecuencias de una preselección de los operadores. 
Dichas consecuencias distan mucho de estar claras. 
Si esto significa que la inversión en redes competitivas de ámbito local resultará menos atractiva, si refuerza la posición de los titulares actuales, si va en detrimento de las oportunidades para los consumidores locales que realizan primordialmente llamadas locales y favorece a quienes realizan habitualmente un mayor número de llamadas de larga distancia o internacionales, lo cierto es que no se habrá cumplido adecuadamente nuestro objetivo. 
El único propósito de mi enmienda es pedirle a la Comisión- y el momento lógico para hacerlo es ahora que está considerando la adopción de una directiva- que vuelva a examinar cuáles serán los resultados. 
Si mis temores y los de quienes apoyan la enmienda son infundados no habrá ningún problema. 
Pero si existen argumentos en contra a los que es preciso dar respuesta, éste es el momento de examinarlos con mucho mayor atención y yo espero que los colegas apoyarán mi propuesta. 
El informe del Sr. Argyros y los comentarios del Sr. Herman sobre el marco normativo plantean un interrogante que se repite continuamente, a saber, si las normas existentes resultarán adecuadas para el mercado de telecomunicaciones recientemente liberalizado. 
Esto resulta difícil debido a que la liberalización ha avanzado a un ritmo muy distinto en los diferentes Estados miembros. 
El Parlamento ha pedido, por consiguiente, a la Comisión- y yo sé que el Comisario ha trabajado en este sentido, lo cual le agradecemos- y al Consejo que presenten propuestas para la adopción de un marco normativo europeo. 
El Sr. Argyros y yo hemos presentado un texto común de compromiso, el cual espero vivamente que cuente con el respaldo de la Asamblea. 
Debo hacer una crítica muy secundaria- aunque ni siquiera estoy seguro de que pueda considerarse tal- al informe del Sr. Argyros: algunos de los términos que emplea ensalzan quizás en exceso la liberalización, pero esto no es motivo suficiente para modificar la intención de voto. 
Yo sólo quisiera señalar que algunos de los antiguos monopolios públicos tenían sus ventajas y que sería desastroso que acabásemos teniendo unos nuevos monopolios privados con todos los defectos de los públicos y sin ninguna de sus ventajas. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, ante todo deseo felicitar a los tres ponentes por el excelente y amplio trabajo llevado a cabo y, en particular, al Sr. Herman, cuyo trabajo culmina este tema tras una conciliación realmente brillante. 
Deseo abordar por un momento el tema de la portabilidad de los números de teléfono que, sin duda, es un elemento fundamental de la política de competencia en el sector de las telecomunicaciones. 
La tecnología puede hacer cosas extraordinarias, o sea, permitir asociar una dirección móvil en tiempo real al usuario en movimiento a través de la tecnología celular que se ampliará por medio de la tecnología por satélite, sin embargo, pueden crearse barreras no competitivas y burocráticas, especialmente resistentes al cambio de un operador a otro. 
Comparto los principios anunciados en la Comunicación de la Comisión, así como las recomendaciones de nuestra Comisión de Asuntos Económicos y animo a la Comisión a que emprenda con rapidez el camino marcado, habida cuenta también del crecimiento del comercio electrónico y de los nuevos servicios como Internet. 
Quisiera llamar la atención de sus Señorías y de los Comisarios sobre un aspecto de la transportabilidad y de la armonización que me parece que se ha olvidado, o sea, el de las tarjetas telefónicas y las tarjetas prepagadas. 
Considero, haciendo una comparación con la experiencia en los Estados Unidos, que también este sistema de llamada pertenece, en sentido amplio, al ámbito de la transportabilidad y del mercado único, en cuanto instrumento a través del cual el usuario logra efectuar llamadas desde cualquier lugar, público o privado, mediante mecanismos sencillos. 
En Europa, por el contrario, tenemos un exceso de tarjetas telefónicas, prepagadas y de crédito, magnéticas, con chip y tarifas poco transparentes que animan a utilizar el teléfono móvil, mucho más costoso tecnológicamente hablando, incluso cuando la llamada sería más barata desde un lugar público. 
Me pregunto, y le pregunto a la Comisión, si no se debería hacer algo también en este ámbito pidiendo, además de la transportabilidad del código personal, la de la cuenta particular. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo de los Liberales quiero dar las gracias a la Comisión Europea y a los tres ponentes por el trabajo que han realizado y que hoy debatimos. 
La Unión Europea desempeña un papel importante en la competitividad al retirar la normativa contraproducente y desarrollar medidas de estímulo. 
Las propuestas e informes que hoy examinamos constituyen un paso en la buena dirección. 
Aplaudo que se intente lograr una armonización de diferentes condiciones fundamentales en el sector de las telecomunicaciones. 
Es necesario porque las diferencias entre los Estados miembros, por ejemplo en relación con la normativa en materia de telecomunicaciones, como la transportabilidad del número, la selección y preselección del operador, pero también en otros ámbitos, han dado pie a una política europea de IDT muy fragmentada. 
En este sentido, la transportabilidad del número es crucial para un funcionamiento ágil del mercado interior. Así se estimula realmente la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Todos conocemos ejemplos de liberalización que todavía no funciona, incluso en países donde ya hace diez años que se puso en marcha. 
Por ello es importante que todas las instituciones de la Unión se esfuercen por que el 1 de enero de 1998 se promulgue una legislación lo más completa posible. 
Pido a la Comisión que controle que también los Estados miembros se esfuercen por armonizar a corto plazo sus disposiciones en el sector de las telecomunicaciones. 
Hay que evitar en la medida de lo posible los períodos transitorios largos para determinados Estados miembros. 
Doy las gracias al ponente Van Velzen, sobre todo por haber atendido finalmente con la enmienda nº 8 del PPE a la propuesta que presenté en la Comisión de Asuntos Económicos de introducir la transportabilidad del número de la forma más amplia posible en Europa. 
Técnicamente existen posibilidades; ahora lo que hace falta es voluntad política. 
Les recuerdo por un momento la conferencia de Bonn, donde se hicieron grandes promesas en torno a estas propuestas. Espero que estas promesas también se hagan realidad. 
Señor Presidente, debatimos hoy algunos de los aspectos más serios de la completa liberalización de las telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1998, así como algunos de los efectos secundarios más llamativos de esa liberalización, como lo referente al sistema de numeración. 
El desarrollo tecnológico en el sector de las telecomunicaciones y la abundancia de factores que influyen en él determinan que los nuevos problemas sean cada vez más complejos. 
Esta tendencia se refuerza en Europa por la presencia de factores políticos y económicos en la liberalización del sector de las telecomunicaciones, que han conducido a la subestima de los aspectos científicos y técnicos, con las obligadas repercusiones organizativas y comunitarias. 
Ha predominado así la impresión de que se trata de un sector necesitado de la inversión pública, caracterizado por la penetración del gran capital multinacional, encaminado a la explotación interesada de los extraordinarios beneficios ligados a su revolucionaria expansión y al papel determinante que representa en unos mercados globalizados. 
De este modo, decisiones fundamentales para el sector se han adoptado principalmente a nivel político, al tiempo que se insistía en el papel y la contribución de los organismos internacionales competentes, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la necesaria colaboración internacional. 
Ante los problemas que plantea la numeración a la vista de la estructuración paneuropea y universal de la telefonía clásica, la telefonía móvil, las comunicaciones personales y el impuesto de valor añadido en coordinación con la liberalización total del mercado, la existencia de múltiples operadores de servicios implica un riesgo explosivo en un futuro inmediato. 
Existe igualmente el peligro de caos o de monopolización total del mercado por parte de los grandes grupos privados desarrollados a partir de fusiones y concentraciones de grandes multinacionales. 
Para evidenciar una vez la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, aparte de las medidas que ofrecen los ponentes o que pueda impulsar la Comisión en nombre de la libre competencia, habría que contar con la oferta a la mayoría de ciudadanos únicamente del servicio público, el monopolio del mercado por parte de grandes grupos privados, el aumento final de los precios y el despido de miles de trabajadores. 
Es deber de la Comisión coordinar su intervención con la de los organismos internacionales con miras a abordar, hasta donde sea posible, los graves problemas de coordinación y colaboración internacionales que aguardan tras la liberalización. 
Señor Presidente, hoy debatimos cuatro informes sobre las políticas de telecomunicaciones, y quisiera felicitar a los ponentes por el trabajo realizado. 
Me gustaría destacar, no obstante, este informe del Sr. Herman sobre la nueva directiva de adaptación del sector a un nuevo entorno de competencia, cuya versión final votaremos esta semana en régimen de codecisión y en cuyo comité de conciliación yo mismo participé. 
Quisiera felicitar al Sr. Herman no sólo por su informe sino también por la eficacia con que ha presidido el proceso de conciliación por parte del Parlamento Europeo, lo que ha permitido su aprobación en un espacio de tiempo extremadamente corto y ha probado, una vez más, que la codecisión es un buen método que, además de ser mucho más democrático, es eficaz si existe voluntad política en las partes que intervienen. 
El hecho de que el nuevo Tratado de Amsterdam haya ampliado sustancialmente los ámbitos en los que el Parlamento Europeo tendrá un poder de codecisión es una buena garantía para los ciudadanos de la Unión Europea de que sus intereses serán defendidos con tenacidad, pero también con eficacia y sin pérdida de tiempo inútiles por parte de los diputados a los que han elegido. 
Los informes que hoy analizamos forman parte de un conjunto de legislación que contempla la futura liberalización de los servicios de telecomunicaciones prevista para el 1 de enero de 1998, con derogaciones para Grecia, Irlanda, España, Portugal y Luxemburgo por períodos que serán reducidos. 
Considero que la Comisión debe tener presentes los siguientes cinco aspectos esenciales: primero, la ventaja de la fijación en un único texto del marco jurídico de las telecomunicaciones, teniendo en el punto de mira facilitar la actividad comercial del sector, sobre todo de las PYME; en segundo lugar, el acceso en condiciones de igualdad a las redes y a los servicios como una de las obligaciones más importantes de las entidades explotadoras de las telecomunicaciones; en tercer lugar, la necesidad de asegurar el servicio universal de manera que la liberalización de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones no vaya en detrimento de los usuarios; en cuarto lugar, la garantía de transparencia del sistema de precios y el establecimiento de un método de facturación justo; en quinto lugar, la garantía a nivel de la Unión Europea de un ambiente competitivo y que permita que las empresas comunitarias de telecomunicaciones compitan a nivel mundial, como se prevé en el reciente acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre la apertura mutua de las telecomunicaciones. 
En estas circunstancias, considero que los ciudadanos y las empresas europeas podrán beneficiarse en el futuro de un servicio de telecomunicaciones que tenga condiciones de acceso... 
(EL Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, es importante que se tenga en cuenta al usuario a la hora de efectuar modificaciones en el sistema telefónico, y que el sistema sea sencillo, barato y continuado. 
Hay que reflexionar bien sobre los nuevos números y sistemas antes de ponerlos en funcionamiento, de otro modo esto les supondrá grandes dificultades de tipo práctico a los usuarios y costes adicionales para la sociedad. 
Tengo una pregunta para la Comisión. 
Yo no deduzco del informe- me refiero sobre todo al del Sr. W.G. van Velzen- que un prefijo común para toda la UE nos lleve automáticamente a unos costes menores y a un mejor servicio. 
Me gustaría que la Comisión hiciera un comentario al respecto. 
Existe el riesgo de que una cantidad excesiva de cifras en los números telefónicos, por ejemplo, 9 o 10, les cause problemas a los usuarios, al menos según la información que he recibido de las directivas de las compañías telefónicas suecas. 
Es importante conservar los números utilizados para no cambiar un sistema que ya funciona bien. 
También es relevante que se tenga muy en cuenta la opinión de las autoridades telefónicas nacionales y que se contemplen las modificaciones que se producen a nivel de la UE desde una perspectiva global e internacional. 
Por lo demás, nos parece bien la enmienda del Grupo liberal. 
Queremos señalar que en el proceso de modificación del sistema hay que partir del punto de vista del usuario. 
Señor Presidente, la concordancia o, mejor dicho, la competitividad o incluso las enormes potencialidades del negocio de las telecomunicaciones son una parte básica de lo que se ha aprobado en este sector. 
De hecho, lo que nos preocupa es este paquete que engloba informes aparentemente técnicos y uno sobre normas de la competencia, como en el mismo sentido también nos preocupa y ya lo hemos anunciado. 
Permítame dos observaciones, en relación con otras que ya hemos realizado, y que por ser más puntuales queremos que queden como expresión de una postura contraria al ritmo y a la forma de este proceso de liberalización privatizadora. 
En primer lugar, el reequilibrio arancelario en función de los costes no debería realizarse, tal y como se está comprobando, a costa de una subida de precios para el tráfico local y a costa de una asignación de los servicios sociales locales, en claro detrimento de las pequeñas empresas y de los particulares con menores capacidades financieras. 
Y en segundo lugar, las obligaciones del servicio universal, consideradas como un deber, no deberían traducirse en una forma de financiación universal a unos particulares que se benefician de la liberalización del sector. 
Señor Presidente, me voy a referir al informe del Sr. van Velzen y al de mi amigo Herman. 
El informe del Sr. Argyros será tratado por mi colega Karel van Miert. 
Quiero felicitar al Sr. van Velzen por su informe que, como siempre, está muy bien fundamentado. 
Su tendencia así como las enmiendas señalan en la misma dirección que las respuestas que hemos recibido al Libro Blanco, dirección que coincide con la que quiere seguir también la Comisión. 
Una cosa está totalmente clara: con los dos aspectos que aquí se tratan, es decir, con la transportabilidad de los números de teléfono pero, ante todo, con la selección del operador, intervenimos directamente en el área de la competencia en favor del usuario. 
Quiero subrayar de nuevo, también de cara a las declaraciones realizadas por el Sr. Theonas, quien ha descrito de nuevo este parque jurásico marxista en el que los monopolios privados aplastan todo sin que sobreviva ni la planta más pequeña para el usuario, que miren de nuevo las realidades. 
Siempre es bonito discutir, pero si se miran las realidades, se constatará que en los países miembros en los que se estableció la competencia han quedado también algunas antiguas grandes compañías. 
Pero si han sobrevivido es porque durante mucho tiempo han sido monopolios de carácter jurídico público y, sin embargo, la situación de los consumidores ha mejorado sensiblemente. 
Esto explica quizás también el entusiasmo que se apodera del Sr. Argyros cuando piensa en ello y la cierta falta de entusiasmo que muestra la Sra. Read, pues cuando se está inmerso en esta maraña de monopolios públicos, uno anhela precisamente que sea de otro modo. 
Aunque el Sr. Theonas no lo crea, las tarifas telefónicas- que junto con la calidad y el Universal Service son señales de una red de telecomunicaciones eficaz- en los países en los que se ha deregulado representan en parte solamente la mitad o la tercera parte de las que existen en los países en los que trabajan aún monopolios públicos. 
Por ejemplo, Grecia: Grecia es el país con las tarifas telefónicas más elevadas. 
La Comisión no puede ver qué ventajas representa esto para el consumidor. 
Por ello, estamos a favor de la selección del operador. 
Con ello llego a lo que ha dicho la Sra. Read. 
Por lo general siempre estoy de acuerdo con ella en lo que se refiere a las telecomunicaciones pues con gran frecuencia defiende posiciones muy abiertas y correctas para el consumidor. 
Sólo en lo tocante a la selección del operador creo que se deja arrastrar demasiado por la posición de su país. 
De acuerdo, cada persona está acostumbrada a lo que tiene en casa y a veces se considera mejor que otra cosa. 
Pero en el presente caso, 14 países miembros coinciden con nosotros en que la selección del operador es muy importante para la competencia, para el consumidor y, ante todo, para unas tarifas telefónicas reducidas. 
En Gran Bretaña no existe la selección de operador. 
Se puede elegir libremente el operador local, pero éste tiene sus contratos fijos con los operadores long distance, de modo que si se ha elegido el operador local, en la práctica se ha elegido su elección, sin poder elegir realmente con libertad. 
En primer lugar, nos parece que esto no es bueno para el consumidor y, en segundo lugar, si en un país se permitiese un sistema diferente al de los 14 restantes, surgirían distorsiones de la competencia que no podríamos autorizar. Todo el mundo que examine estos sistemas lo reconocerá. 
El Sr. van Velzen ha llamado la atención al respecto. 
Por ello, no podemos apoyar su enmienda. Naturalmente, podemos elaborar un estudio y estamos recapacitando permanentemente al respecto, pero me parece erróneo hacer depender de ello ahora el calendario. 
Queremos avanzar con rapidez y, por ello, en contra de nuestras consideraciones anteriores nos hemos decidido por el 1 de enero del año 2000. 
En este aspecto, coincide con lo que ha dicho el Sr. van Velzen. 
El fundamento jurídico, al menos en lo que se refiere a call by call, lo tenemos ya en la directiva «Interconnection» y crearemos un fundamento jurídico para la selección del operador, probablemente complementando la directiva «Interconnection» para hacerlo correctamente. 
Respecto a la transportabilidad de los números puedo decir algo similar, pues está totalmente claro que el poder transportar el número es el instrumento que puede animar adicionalmente al consumidor a cambiar de compañía telefónica. 
Queremos avanzar con más rapidez también en este campo y espero que el Parlamento Europeo apoye estas consideraciones. 
Esto se prevé en la enmienda nº 8, por lo que queremos apoyarla gustosamente. 
Voy a mencionar las enmiendas que no deseamos apoyar. Son las relativas al artículo 6. 
No nos parece necesario un fundamento jurídico para call by call. 
Respecto a la enmienda nº 1 ya he dicho algo y respecto a la nº 10, relativa a Gibraltar, no se ha dicho nada en el debate. 
Sin embargo quiero constatar lo siguiente: es mejor que figure aquí Gibraltar. 
Si no lo hubiésemos hecho, habrían podido surgir consideraciones políticas. 
Se trata de un asunto meramente técnico. 
Naturalmente, a la inclusión de Gibraltar no vinculamos consideraciones políticas de ningún tipo. 
Respecto a las observaciones realizadas sobre la numeración europea o los números de teléfono europeos, hemos obtenido de la UIT un código común para Europa que se va a ensayar ahora. 
Espero que tengamos experiencias positivas con ello. Veremos luego. 
Me voy a referir rápidamente al informe Herman. 
Me permito felicitarle oficialmente pero también de modo personal. 
El hecho de que el Presidente del Consejo haya aparecido en este momento aquí subraya la importancia de mi felicitación. 
La delegación del Parlamento, a la que pertenecían el Sr. Verde I Aldea, el vicepresidente, el Sr. von Wogau y, como he dicho, el Sr. Herman, como ponente, ha realizado un trabajo realmente excelente. 
Hemos logrado una normas muy claras para los países miembros, que van más allá de lo que el Consejo de Ministros quería. 
En ello radica la importancia de la delegación del Parlamento y de sus esfuerzos que garantizan que autoridades reguladoras independientes observen la base técnica que se desarrolla en el mercado y que se ocupen de que en todos los lugares exista una oferta mínima de líneas y, sobre todo, que pueda reinar una competencia leal. 
Naturalmente- quiero reconocérselo gustosamente al Sr. Herman- también habríamos deseado obtener más y les digo que vamos a lograrlo. 
Pero, para ello, primero es necesaria la disposición de los países miembros. 
Se encuentran ante un proceso de aprendizaje y, probablemente, sólo después saldrán de su posición inicial y llegarán a una mayor solidaridad y coordinación europeas. 
Este es el único motivo. 
De lo contrario, habríamos propuesto una autoridad independiente europea de regulación. 
Me dirijo al Presidente del Consejo que se encuentra presente: si lo promete así, entonces la Comisión presentará inmediatamente la correspondiente propuesta. 
No quedará sin resolverse por nosotros. 
Me voy a referir ahora a la Comisión de Asuntos Jurídicos y les ruego me disculpen que no lo haya dicho aún. 
Señora, por supuesto que usted tiene razón. Es una maraña de diferentes normas. 
Pero solamente podremos cambiar esta situación si llegamos a unas normas europeas. 
Por el momento trabajamos con directivas pero estamos pensando qué podemos hacer para que esta maraña sea algo más clara. 
Tenemos que hacerlo en cualquier caso, pues debido a la convergencia estamos obligados a preparar unas normas totalmente diferentes. 
Me permito mencionar un problema relativo a las prestaciones telefónicas: si en el futuro se puede telefonear a través de INTERNET con la misma calidad pero a unos costes entre el 5 y el 10 % de los costes actuales, entonces podemos olvidar todo lo que aquí decimos. 
Entonces nadie empleará las líneas y la infraestructura de las compañías telefónicas actuales sino que todos utilizarán las nuevas infraestructuras y ofertas. 
Este será el momento en que, esperemos, solamente existan normas europeas y se haya acabado con la maraña de la que se han quejado ustedes y la Sra. Read. 
Entretanto estamos andando por esta jungla. 
Como he dicho, hemos dejado tras de nosotros el parque jurásico aunque algunos se encuentren aún allí, pero, por así decirlo, estamos en la savana y vemos la luz en el horizonte. 
Espero que cuando lleguemos allí obtengamos una regulación razonable para los usuarios. 
Señor Presidente, como algunos de ustedes han constatado, a lo largo de estos últimos años Martin Bangemann y yo mismo nos hemos presentado juntos ante este Parlamento y ante el Consejo de Ministros. 
Hemos intentado así hacer que avance una política coherente y bien determinada, en busca de los objetivos que acaba de recordar el propio Martin Bangemann, es decir, trabajar de forma que la Unión Europea recupere un cierto retraso en la materia, cree una política a favor de los usuarios ya se trate de empresas o de particulares y que se intente, de este modo, reforzar nuestra posición competitiva. 
Ahora estamos cerca del objetivo, desde el punto de vista de la legislación, quiero decir. 
Pero esto no es más que el principio o el final del principio, por así decir, y los principios de la aplicación de una política y un régimen de competencia en toda la Unión Europea aunque en algunos Estados miembros haya un pequeño retraso. 
Por lo que me afecta, quisiera concentrar mi reflexión en el informe del Sr. Argyros (a quien felicito sinceramente por su trabajo) analizando una comunicación de la Comisión que explicita, que trata de indicar, cómo queremos aplicar las reglas en materia de competencia en este ámbito. 
Hay dos apartados: las directivas de conformidad con el artículo 90, por una parte y el apartado, gestionado por Martin Bangemann de conformidad con el artículo 100 A, por otra. Aquí, se trata de explicitar en primer lugar cómo tenemos la intención de aplicar en realidad, sobre el terreno, las reglas en materia de competencia. 
La razón por la que hemos redactado esta comunicación es triple. 
En primer lugar, hemos querido dar más seguridad a los operadores en el mercado y decirles cómo teníamos la intención de aplicar las reglas de juego, por adelantado, y hacerlo asegurando la transparencia necesaria. 
Se trata por tanto de un ejercicio de transparencia por parte de la Comisión. 
Después, algunos de ustedes con toda razón han mencionado este problema, intentamos determinar bien, de alguna manera, la línea divisoria entre el trabajo hecho por Martin Bangemann y sus servicios, de conformidad con el artículo 100 A, y lo que depende, principalmente la ONP, de las demás directivas de conformidad con el artículo 90. 
Es necesario ser tan precisos como sea posible ya que (estoy totalmente de acuerdo con algunas observaciones que se han hecho) hay toda una serie de textos que han sido concebidos, desarrollados, defendidos y decididos en el transcurso de estos últimos años, y creo que algunos comienzan a perder un poco la percepción de la perspectiva de conjunto. 
Por consiguiente, estamos haciendo un esfuerzo por nuestra parte para clarificar las cosas. 
Finalmente, hay un desarrollo extraordinario, no solamente en el sector telecom sino también en el de los multimedios. 
Está la convergencia de las actividades y los sectores y, también ahí, hay lugar para que nosotros explicitemos cómo tenemos la intención de aplicar las reglas de competencia en la materia. 
Unas palabras ahora sobre el tema del informe como tal. 
En primer lugar, me alegro mucho de que el tono general sea positivo con respecto a la iniciativa de la Comisión. 
Sin duda, hay una serie de cuestiones que, con toda razón, según creo yo, plantean el ponente y la comisión. Ello merece que nos detengamos en ellas unos minutos. 
Pero antes quisiera decir sobre el nuevo considerando A, insertado en el texto del Parlamento y que hace referencia a la «transmisión digital» , que este documento, es decir, nuestra comunicación, no es el texto más apropiado para mencionar esta cuestión. 
Estoy de acuerdo en cuanto a lo sustancial, en cuanto a su preocupación y, por otra parte, lo saben ustedes bien, en la gestión de los casos concretos, se trata en efecto de un problema que nos preocupa. 
Por otra parte, ha habido algunas decisiones, el caso de MSG hace algunos años en Alemania, por ejemplo, en que justamente esto jugó un papel crucial. 
Por consiguiente, por el hecho de que yo abogue por que no se conserve este añadido en el texto no quiere decir que estemos de acuerdo en lo sustancial. 
Por otra parte y con toda razón, han hecho referencia ustedes también al período un poco difícil que estamos viviendo. 
Actualmente, no existe todavía el régimen de libre competencia, eso ocurrirá a partir del año próximo y, entretanto, siempre hay monopolios en la mayoría de los Estados miembros en el ámbito de la telefonía vocal principalmente. 
Es cierto, en este caso han señalado con toda razón una dificultad, que nos pone a veces en la obligación de intervenir en algunos Estados miembros incluso considerando que sería mucho mejor que las dificultades se resolvieran a nivel nacional. 
Tomaré el caso de las tarifas en Alemania. 
Normalmente, este tipo de problema debería poder resolverse a nivel del Estado miembro en cuestión, pero, por el momento, no es el caso. 
Así pues, sobre la base de toda una serie de denuncias, nos hemos visto obligados a intervenir (seguimos haciéndolo además) porque, principalmente en lo que respecta a las tarifas de interconexión en Alemania, las tarifas propuestas por «Deutsche Telekom» , son demasiado elevadas a nuestro juicio. 
Será necesario reducirlas. 
Hay un conflicto y seguimos gestionando este problema pensando que mañana, como esperamos, este tipo de problemas se puedan resolver a nivel nacional. 
Sin duda, podría ponerles otros muchos ejemplos, pero ése bastará para explicarles cómo, por el momento, nos ocupamos de esos problemas. 
Tomo nota de su preocupación pero creo que puedo decir que, en realidad, intentamos ocuparnos de ello de la manera más adecuada. 
Además, como saben ustedes, Martin Bangemann y yo mismo, hace algunas semanas todavía, hicimos público un análisis de la situación, por así decir, de la aplicación de toda una serie de directivas por los Estados miembros. 
Hemos constatado que, en la inmensa mayoría de ellos, se avanzaba tal como está previsto (algunos incluso van adelantados, como los Países Bajos, por ejemplo). 
Otros deberán recuperar el tiempo perdido. 
Es el caso de Italia, pero creo que está haciéndolo. 
Acabo de recibir también, hace algunos días, los Reales Decretos belgas que desarrollan la ley. 
Ven ustedes que las cosas se mueven y es exactamente eso lo que tratamos de hacer. 
En este sentido, puedo asegurarles que hemos constituido, los servicios de Martin Bangemann y los míos, un grupo común para seguir de la mañana a la noche, diría yo, lo que sucede y, si hay cosas que descarrilan o derrapan, intervenimos inmediatamente o tan rápidamente como sea posible. 
En su informe, Sr. Argyros, hay otras cuestiones que son competencia, más bien, creo yo, de mi colega Bangemann, especialmente en lo que respecta a la codificación de una serie de reglas. Él ya ha respondido. 
Las cosas evolucionan tan rápidamente que, en el futuro, será necesario reajustar algunos elementos de la política, lo que creo que no excluye que podamos hacer un esfuerzo en los meses venideros. 
Pero, por el momento, nuestra prioridad, evidentemente, es que se aplique sobre el terreno el trabajo legislativo que se ha acordado en conjunto con el Parlamento y con el Consejo de Ministros. 
Termino. 
Sin duda hay otras cuestiones, pero (no se molestarán ustedes) podremos discutirlas directamente, y bilateralmente si lo desean. 
Para concluir, quisiera decir que, habiendo recibido sus observaciones, habiendo recibido decenas de observaciones sobre esta comunicación, por parte de los operadores, de las autoridades, etc., estaremos en condiciones, en otoño, de fijar el texto definitivo de esta comunicación. 
Ustedes ven que se trata de un asunto que deseamos, de todas las maneras, terminar antes de finales de año y crear así a la vez más seguridad y transparencia. 
Pero, una vez más, desde el fondo del corazón, gracias, muchas gracias por su aportación y por el aliento que están dando ustedes a la política de la Comisión. 
Señor Bangemann, no he utilizado mi turno de palabra para hablar de esta enmienda precisamente porque creo que conflictos bilaterales entre Estados miembros no deben hacer perder el tiempo a un ponente que habla en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Dicho esto, dice usted que ha incluido a Gibraltar en esta lista porque pensaba que era técnicamente mejor. 
Pues bien, creo que es una manera muy curiosa de entender la técnica, ya que se trata de una lista no exhaustiva de los códigos de los Estados miembros. 
La tecnicidad es incorrecta, al menos jurídicamente, cuando, entre cinco ejemplos, se toma el de Gibraltar y se le concede la calificación de país. 
Señor Bangemann, no estoy en absoluto de acuerdo con su calificación de tecnicidad. 
La intención es política, y muy política. 
Señor Presidente, ve usted que incluso utilizando diez minutos como yo he hecho, lo confieso, en lugar de los cinco que usted mismo y sus servicios me habían asignado, no se responde a todas las preguntas. 
La dificultad está ahí. 
Hemos examinado tres informes juntos y suscitan muchas preguntas. 
Creo que vale la pena responder a estas preguntas, pero ello necesita un cierto tiempo. 
Señora, he dicho cuál había sido nuestra intención. 
Lo he repetido y las cosas son así. 
Si usted considera que no lo son, no comprendo por qué protesta contra nuestra intención. 
Mi declaración es clara. 
Ahora, con su protesta, ha creado usted una situación que no es clara, pero es su responsabilidad. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario su aclaración. 
Querría seguir con el tema de la retransmisión digital. 
La única razón por la cual lo incluí en mi informe es que, a raíz de la presentación del informe a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, pregunté concretamente a los representantes del Sr. Van Miert si tenían intención de fragmentar su tratamiento de este tema. 
Y me respondieron claramente que no. 
Entonces consideré mi obligación incluirlo en mi informe de hoy. 
Manifiesto mi alegría de todos modos por que el Comisario haya confirmado que, efectivamente, recibirá una atención especial. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario Bangemann que haya tenido el honor de referirse a mi intervención. 
Querría de todos modos subrayar lo siguiente. 
Cualquiera puede aducir argumentos ideológicos y políticos para fundamentar su posición. 
Sin embargo, esta posición debe corresponderse con la realidad. 
Querría señalarle al Sr. Comisario que Grecia no tiene las tasas de telecomunicaciones más elevadas en Europa. 
Si considera que es así, querría solicitarle que nos diera una lista con las facturas de los Estados miembros de la Unión Europea, en la que se comprobará que Grecia tiene las tasas más bajas de Europa. 
Señor Presidente, voy a entregar esta lista al Sr. diputado y podrá ver que, lamentablemente, la realidad no coincide con lo que ha expuesto en su intervención. 
Señor Comisario, le ruego que nos la envíe. 
El debate queda cerrado. 
La votación de los tres informes tendrá lugar mañana a las 12: 00 horas. 
Velocidad máxima de los tractores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0218/97) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, respecto a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se modifican las directivas del Consejo nº 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE y 89/173/CEE, sobre la velocidad máxima por construcción de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. (C4-0150/97-96/0129 (COD) ). 
Señor Presidente, ha merecido la pena llegar a tiempo al menos para manifestar que estoy de acuerdo con el Sr. Bangemann- algo que raras veces me ocurre en el Parlamento, pero que reconozco de muy buen grado en esta ocasión- y felicitar a la ponente. 
El presente ejemplo demuestra que la Unión Europea debe estar atenta a los progresos en los equipos. 
Ya existen buenos argumentos para afirmar que parte de la maquinaria en cuestión podría tolerar perfectamente velocidades superiores a las que se proponen en la presente directiva. 
Sin embargo, antes de proponer estas velocidades más altas, es necesario que comprendamos todas sus implicaciones: no sería correcto que nos limitemos a dar por sentado que no habrá ningún problema. 
A mi parecer, la ponente ha reconocido muy acertadamente este aspecto cuando ha dicho: » Adoptemos la decisión ahora que tenemos la seguridad de haberla examinado detenidamente por lo que se refiere a la seguridad, a una mayor eficiencia y a todos los demás aspecto, pero condicionémosla a la realización de estudios independientes y exhaustivos; reconozcamos que existen argumentos en favor de que se eleve la velocidad máxima, pero procedamos con cautela antes de adoptar efectivamente la decisión definitiva, puesto que ésta sería irreversible.» 
Yo sólo puedo añadir que me habría gustado que se hubiese adoptado este mismo enfoque meticuloso en todas las anteriores ocasiones. 
Ha dicho todo lo que hay que decir respecto al fondo del asunto. 
Hemos logrado una solución rápida que recoje en parte la situación actual, es decir, todos los tractores con una velocidad de hasta 40 km/h. Respecto a las demás cuestiones técnicas vamos a preparar y presentar una propuesta. 
Me he quedado muy aliviado cuando he visto que mi amigo Barton no estaba presente. 
Pero cuando llegó me dí un gran susto pues pensé que iba exigir lo mismo que ha exigido para las motos, es decir, ninguna limitación de velocidad, ningún límite de potencia, ninguna norma sobre tubos de escape y sobre ruidos. 
Pero veo que ha aprendido algo de las experiencias. 
Cuando hayamos presentado las propuestas para los tractores, podremos ocuparnos de las motos. 
Quizás sea una evolución muy interesante pues veo que el Sr. Barton ha evolucionado también en sus consideraciones. 
Reconozco que no ha aprendido a hacer este tipo de cálculos, que tienen que ver con los mercadillos de mi barrio vecino. 
No sabía que el amigo Bangemann, que tiene gran experiencia y los conocimientos necesarios, hubiera aprendido a hacer tales cálculos. 
Lo tendré en cuenta en el futuro, pues me parece original. 
El debate queda cerrado. 
PRS nº 1 para 1997- Gastos agrícolas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0232/97 de los Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Presupuestos, en relación con el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/97 (SEC (97) 750-9210/97- C4-0299/97) y-del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, en relación con el procedimiento ad hoc para los gastos agrícolas. 
Señor Presidente, hemos logrado considerables progresos en relación con el proyecto de presupuesto suplementario y rectificativo para 1997. 
La Comisión se mostraba al principio un poco reacia a aceptar que parte de los nuevos puestos se cubriesen mediante traslados durante 1998. 
Ahora hemos alcanzado, no obstante, un compromiso razonable. 
Existe el dato positivo de que la Comisión temporal de investigación sobre la EEB podrá iniciar muy pronto sus trabajos, dado que ésta es una prioridad de primer orden para la Comunidad. 
Una dotación inicial de 35 personas puede ser muy útil. 
Yo espero que podremos ver los primeros resultados a finales de año y en 1998 deberían realizarse algunos traslado. 
Yo quisiera preguntarle a la Comisión es: ¿cuándo podrán empezar a trabajar realmente en esta cuestión? 
Cuando el personal se traslade a Dublín, en parte se tratará sólo de un destino temporal, a la espera de la creación definitiva de la Oficina Veterinaria. 
Yo confío que la Comisión retirará muy pronto la propuesta relativa a la sede de Grange y la adecuará a las demás agencias. 
El tema principal del debate de hoy es el informe del Sr. Tillich sobre el procedimiento ad hoc. 
Ante todo, yo quiero felicitar al ponente para el ejercicio de 1998, Sr. Tillich, ya que se trata de una novedad muy importante. 
Empezamos a ocuparnos del tema de la agricultura hace algún tiempo y paulatinamente estamos logrando rentabilizar el dinero empleado. 
El año pasado, cuando revisamos por primera vez las previsiones de la Comisión, esto sólo ocurría en contados casos. 
Sin embargo, este año la cooperación entre la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Presupuestos ha resultado muy positiva. 
Además, este año la propia Comisión ha revisado las previsiones, lo cual nos permitirá consignar por primera vez 329 millones de ecus en una reserva especial. 
Es importante que el Parlamento los deje en reserva, pues esto significa que los Estados miembros no deberán empezar a desembolsar inmediatamente el dinero. 
Éste es un elemento importante de los criterios de Maastricht y con vistas a la introducción del euro en 1999. 
Como resultado de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Agricultura a finales de junio, se rebasará en 1.400 millones de ecus el Presupuesto y en esta Cámara se debaten a menudo cantidades inferiores a ésa. 
El Presupuesto se rebasará en 1.400 millones de ecus porque el Consejo no aceptó la propuesta de la Comisión de un reajuste de los precios de los cereales. 
En opinión de la Comisión de Presupuestos, debería recuperarse el anteproyecto de presupuesto. 
Acogemos con satisfacción la propuesta del Sr. Tillich de un reajuste del presupuesto mediante una redistribución proporcional de los últimos tres años, de manera que se recuperaría de hecho el anteproyecto de presupuesto inicial de la Comisión. 
Posiblemente esta solución sea más adecuada que un recorte lineal y en este aspecto seguiremos gustosamente a la Comisión de Agricultura, aunque no podemos aceptar de ningún modo su solución de «contabilidad creativa» consistente en trasladar a 1998 los pagos correspondientes a las oleaginosas. 
Lamentamos tener que manifestar nuestro desacuerdo con el ponente para el presupuesto agrícola, quien manifestó que ésta había sido la solución adoptada para el pasado ejercicio. 
De hecho, no se adoptó esta solución; quizás ésa era la intención, pero no se llevó a la práctica. 
La contabilidad creativa, como manifestó el Presidente en funciones del Consejo en el curso del diálogo tripartito, es lo último que necesitamos. 
Por consiguiente, será necesario un reajuste del Presupuesto para 1998 en el ámbito de la agricultura y éste deberá efectuarse en última instancia en detrimento de los productos que se han mantenido en mayor medida por debajo del gasto previsto en el último período. 
Todo lo cual indica que el procedimiento ad hoc- aunque en sentido formal continúa incluido en la categoría de los gastos obligatorios- por fin está dando frutos. 
Está teniendo una influencia real en el momento presente y también tiene un influencia real sobre la actitud de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Agricultura. Ambas estamos colaborando mucho más estrechamente ahora. 
Yo quedo a la espera de la Carta rectificativa de la Comisión. 
Además del Comisario, yo veo también aquí al galardonado con la Legión de Honor y quiero felicitarle sinceramente, aunque estemos a 15 de julio. 
Esta situación quizás también favorecerá una mayor rapidez en el envío de la Carta rectificativa. 
Señor Presidente, yo creo que todavía recordamos todos perfectamente que el punto más importante de los presupuestos de 1997, en lo que se refiere a las otras instituciones, fue el tema del crecimiento cero en materia de personal. 
Realmente, la única institución que cumplió plenamente este objetivo fue precisamente el Tribunal de Cuentas. 
Por tanto, es lógico que fuese el Tribunal de Cuentas el que tuviese mayores problemas a la hora de llevar a cabo todo el trabajo que se le ha encomendado. 
Así pues, si cierto es que la austeridad presupuestaria debe ser un punto importante, no es menos cierto que también debemos tener en cuenta la buena gestión financiera y sobre todo la relación coste-eficacia; de qué nos sirven unas instituciones que cuesten poco, que no dejamos crecer, si al final su eficacia no es la que esperamos de ellas. 
Por tanto, se pidió al Tribunal de Cuentas que hiciese un estudio global de cuáles eran sus necesidades y según ese estudio- que nos presentó- se necesitaban 107 nuevos puestos para su institución. 
Es cierto que esta cifra es difícil de asumir por parte de quienes tienen la responsabilidad del presupuesto; pero no es menos cierto también que el Tribunal de Cuentas tenía un déficit de auditores. 
A ello hay que sumar el incremento del radio de acción de los controles que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas y el incremento del volumen de trabajo. 
Tengamos en cuenta el mayor trabajo que tienen en cuanto a las agencias y el aumento de declaraciones de fiabilidad. 
Y aquí me gustaría también añadir algo para información de todos los presentes: solamente en lo que respecta al multilingüísmo, una institución como el Tribunal de Cuentas necesita un 25 % más de efectivos humanos. 
Así pues, llegamos a la conclusión de que, entre lo que pedía el Tribunal de Cuentas y lo que creíamos que era posible concederle, se llegaba a un incremento de 48 personas. 
Puestos en contacto con el Sr. Tomlinson- responsable del presupuesto para 1998 -, llegamos a la conclusión de que, a través del presupuesto rectificativo y suplementario que en estos momentos estamos presentando, podíamos dar, en 1997, 23 puestos; los otros 25 podrían incluirse en el anteproyecto del Sr. Tomlinson. 
Gracias a la actuación del Consejo, que ha concedido ya 5 puestos, los 23 de que hablaba yo para el año 1997 van a ser en realidad 18. 
La motivación para adelantar la concesión de puestos a 1997, mediante este PRS, se justifica, por un lado, por el plazo de formación que necesitan estos efectivos antes de prestar su colaboración al 100 % a la institución y, por otro lado, también por el margen de disponibilidad que teníamos gracias a la tasa de cambio favorable que se estaba registrando desde que se elaboró el presupuesto hasta este momento. 
Me refiero a la tasa de cambio entre el ecu y el franco belga. 
Por otro lado, estos 18 nuevos puestos que se concederían en este momento (vuelvo a repetir: 18, más 5 que ha dado el Consejo, igual a 23) se desglosarían de la siguiente forma: en cuanto a la parte auditoría, serían un A-3, doce A-7 y tres C-5; en cuanto a la administración, serían dos personas: un A-7 y un C-5. 
Gracias a Dios, este incremento de personal no va a repercutir en un incremento de espacio, o sea que no hay que hablar de inmuebles, algo de lo que no nos gusta demasiado hablar en este Parlamento. 
Y eso es todo. 
Yo estoy convencido de que con este incremento de personal el Tribunal de Cuentas no hará más que aumentar la rigurosidad a la que ya nos tiene acostumbrados dicha institución y mejorar, si cabe, la magnífica colaboración que siempre ha mantenido con el Parlamento. 
Señor Presidente, señoras y señores, en el procedimiento presupuestario de 1995 se ha aplicado por primera vez el procedimiento ad hoc. 
El informe presentado y la votación que va a tener lugar el jueves pretenden conceder un mandato a la delegación negociadora del Parlamento Europeo. 
Todos los años el procedimiento presupuestario comienza con el procedimiento ad hoc y las negociaciones entre el PE y el Consejo sobre los gastos obligatorios con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la modificación del anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
A los visitantes de la Tribuna y también a algunos diputados de esta Asamblea puede que les parezca más bien un intercambio técnico-intelectual pero se trata de un acto profundamente político, una negociación con el Consejo y la Comisión. 
El procedimiento prevé que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se pongan de acuerdo para iniciar el procedimiento a instancia del PE y el Consejo o del Consejo. 
Esto ha ocurrido formalmente el 26 de julio en el marco de un diálogo tripartito. 
Modificando el procedimiento pactado, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron al acuerdo de no concluir el procedimiento ad hoc antes de la primera lectura del presupuesto del Consejo para conceder a la Comisión la oportunidad de presentar en el otoño un proyecto de presupuesto más real para 1998 en base a un conocimiento mejor del mercado con ayuda de una carta rectificativa. 
El Consejo y el parlamento Europeo tienen que dar su asentimiento a esta propuesta. 
De este modo, por primera vez tenemos una oportunidad real de tener un presupuesto más próximo a la realidad, lo que corresponde a nuestras resoluciones anteriores sobre disciplina presupuestaria y una mejor ejecución presupuestaria. 
En el informe presentado, el ponente se refiere al problema hasta ahora sin solucionar de la clasificación de los gastos. 
La Comisión ha dado el primer paso, si bien a medias. 
Aunque ha reagrupado los gastos que en opinión del Parlamento Europeo se incluyen entre los no obligatorios, sin embargo, falta el paso decisivo, consistente en clasificar estos gastos no obligatorios también como tales. 
En el informe, el ponente les propone además la creación de una reserva especial para las incertidumbres del mercado que solamente gravará a los Estados miembros cuando sea necesario el dinero. 
El importe total del presupuesto agrícola no se ve afectado por ello. 
Actualmente practicamos algo similar con la ayuda humanitaria y la reserva monetaria. 
Además, el ponente propone negociar con el Consejo y la Comisión sobre los siguientes aspectos centrales: por un lado, el respeto del anteproyecto de presupuesto de la Comisión y, en consecuencia, del crecimiento del 0, 45 % del presupuesto agrícola y, por otro, no realizar un recorte lineal de las líneas presupuestarias agrícolas, sino un recorte específico en base a la no utilización de los últimos años 1994 y 1995. 
El Sr. Brinkhorst ya se ha referido a ello con el objetivo de volver al anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Lamentablemente, el Consejo de Ministros de Agricultura no ha logrado llegar a una decisión en su reunión de mediados de abril. 
En consecuencia, el Consejo debe encontrar aún una solución para los 1.400 millones de ecus que actualmente sobrepasan de facto el anteproyecto de presupuesto de la Comisión, lo que debe lograr hasta la primera lectura. 
Naturalmente estamos de acuerdo con la propuesta de la Presidencia del Consejo de hacerlo sin recurrir a la «contabilidad creativa». 
La presente propuesta del Parlamento garantiza la neutralidad presupuestaria y fortalece de este modo la posición negociadora del Parlamento. 
Quiero expresar mi agradecimiento en especial a los colegas de la Comisión de Agricultura por la positiva cooperación mostrada en este procedimiento ad hoc y también por el pragmático enfoque de su ponente, Sr. Mulder. 
Quiero decir a la Comisión y, con ello, a altos representantes de la DG IXX, que próximamente tienen que decidirse sobre quién es su interlocutor, el Consejo o el Parlamento Europeo. 
También hemos negociado con ustedes sobre soluciones conjuntas, pero si de repente encuentran errores en el recorte específico, esto afecta también a sus cálculos para el anteproyecto de presupuesto. 
Lo que rinden en nuestra institución dos funcionarios de la categoría A, no lo hacen en la suya 600 de la misma categoría. 
Voy a añadir algunas palabras sobre el Acuerdo Internacional de Pesca. 
En el diálogo tripartito fue el mismo Comisario quien confirmó el principio de que no se va a realizar ningún pago en base a este acuerdo antes de que el Parlamento haya emitido su dictamen. 
Esto es lo que se acordó en el diálogo tripartito, por lo que no se debería criticar como hacen algunos representantes de su servicio. 
Ruego al Pleno que apruebe el presente informe y que otorgue a la delegación del Parlamento Europeo el mandato para las negociaciones y lograr así un presupuesto equilibrado para 1998. 
Señor Presidente, este año, tan pronto se publicaron las cifras del anteproyecto de presupuesto, la Comisión de Agricultura empezó a debatirlas. 
Nos ha complacido la buena colaboración con la Comisión de Presupuestos, en especial con los ponentes. 
¿Cuáles han sido las principales conclusiones de la Comisión de Agricultura en torno a este anteproyecto de presupuesto? 
En primer lugar, apoyamos la propuesta de la Comisión de aumentar el presupuesto tan solo un 0, 45 %. 
Apoyamos el punto de vista expresado muchas veces en este Parlamento: ninguna reducción de las primas agrícolas. Por tanto, no se trata únicamente de una decisión del Consejo de Ministros, sino también de una decisión de esta Asamblea. 
¿Cómo deben cubrirse estos 1.400 millones? 
No por la vía de la contabilidad creativa. 
Apoyamos la propuesta del año pasado, que ciertamente no se aplicó, que implicaba un aplazamiento del pago de las primas para las semillas oleaginosas. 
La Comisión de Presupuestos ha aceptado los primeros dos puntos y no el último. Lo lamentamos. 
No comprendemos porqué algo que en principio era posible el año pasado, pero que no se aplicó, no puede serlo este año, ni siquiera en casos especiales. 
La Comisión de Agricultura se ha pronunciado en contra de las reservas. 
En todo caso, si he entendido bien al Sr. Brinkhorst, nos hallamos en buena compañía, a saber, la del Consejo. 
El Sr. Brinkhorst ha citado muchas veces al Consejo y creo haber entendido que el Consejo también está en contra. La Comisión de Agricultura igualmente. 
La Comisión de Agricultura en pleno ha presentado una serie de enmiendas que son neutrales desde el punto de vista presupuestario. En total, un aumento de 1 millón sobre un presupuesto de 41.000 millones. 
Por tanto, volveremos a hablar de ello en el pleno y esperamos también con impaciencia la lettre rectificative de la Comisión este mismo año, sobre la cual emitiremos nuestro parecer. 
Señor Presidente, recuerdo que, con posterioridad a la solicitud del Parlamento Europeo, la línea presupuestaria B7-800 se subdividió en dos: la nueva línea B7-8000 «Acuerdos Internacionales de pesca» y la nueva línea B7-8001 «Contribuciones a las organizaciones internacionales». 
Este nuevo planteamiento contable permite una lectura más clara de los gastos relativos al sector de la pesca. 
En el marco del procedimiento ad hoc, se comunicó a la Comisión de Presupuestos un primer balance de la ejecución de la declaración común relativa a la mejora de la información de la autoridad presupuestaria sobre los acuerdos de pesca del 12 de diciembre de 1996. 
En este estadio del procedimiento sólo puede ser confirmado en los mismos términos. 
Por lo que respecta a la inscripción de los créditos en el anteproyecto de presupuesto para 1998, la Comisión había seguido literalmente la distribución prevista en el punto 1A de la declaración común. 
En efecto, ésta había propuesto inscribir los importes referidos a los acuerdos internacionales que estarán en vigor al principio del ejercicio de 1998 en la línea B7-8000 e inscribir en la reserva el importe necesario para los acuerdos que haya que renovar y para los posibles nuevos acuerdos. 
La Comisión de Pesca es de la opinión de que los importes relativos a los acuerdos ya concluidos para los cuales el Parlamento aún no ha emitido su dictamen pueden ser inscritos igualmente en la reserva. 
Es necesario por consiguiente tener en cuenta los últimos acuerdos firmados con Senegal y con Guinea Bissau. 
En función del resultado de otras negociaciones y de los dictámenes emitidos por el Parlamento, los importes que se hayan de poner en reserva habrán de ser adaptados a lo largo del proyecto presupuestario. 
Para concluir, se puede constatar que no hay divergencias entre la Comisión de Pesca y la Comisión de Presupuestos en el marco del procedimiento ad hoc. 
Quisiera simplemente recordar la importancia de los acuerdos internacionales, tanto para la flota pesquera europea como para los países terceros, entre los cuales la mayor parte están vinculados a la Unión Europea por los acuerdos ACP. 
Un buen acuerdo internacional de pesca es un compromiso que permite al mismo tiempo preservar el empleo, tanto a bordo de los buques como en las zonas marítimas, y favorecer una gestión duradera de los recursos de pesca en los países terceros. 
Por ejemplo, en el marco del acuerdo pesquero con Senegal, que hemos examinado esta mañana, hemos señalado el interés en dedicar, tal como ha decidido hacer el Gobierno senegalés, una parte de la contribución financiera de la Unión al sector local de la pesca costera artesanal, particularmente en el ámbito de la formación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme que comience diciendo algo sobre el presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 para el ejercicio 1997 que han explicado los Sres. 
Quiero subrayar aquí con toda claridad que con la decisión que la Comisión de Presupuestos ha propuesto al Pleno, hemos iniciado una vía totalmente nueva en la política de personal. 
Esto tiene una gran importancia pues va a suponer un símbolo para el desarrollo de la política de personal en la Comunidad durante las próximas semanas y meses. 
La Comisión solicitó al principio casi 160 nuevos puestos para hacer justicia al problema de la EEB, una nueva prioridad de la Comunidad. 
Ahora nos encontramos con 35 nuevos puestos que hemos vinculado además a una modificación interna de la estructura de la Comisión pues, de hecho, con el mismo número de puestos de la categoría C y A hay algo que está podrido en la casa de la Comunidad. 
Si, tal como hemos propuesto ahora, se exige que los puestos de la categoría C se reduzcan por el volumen de costes que significa la ampliación de los puestos de la categoría A, esto muestra que la hucha está cerrada y que va a seguir estándolo también en el año 1999. 
Va a ser necesario que las nuevas tareas que se van a plantear con la presentación mañana aquí del gran informe sobre la Agenda 2000, se solventen mediante una redistribución y determinación de nuevas prioridades y también mediante una redistribución del personal y no creando sencillamente nuevos puestos en el gran autoservicio de Europa. 
La segunda cuestión a la que me quiero referir es la relativa al procedimiento ad hoc. 
Permítanme que realice algunas observaciones al respecto. 
El procedimiento ad hoc se ideó en un Acuerdo Interinstitucional como resultado de un largo proceso de debates y de litigios sobre la delimitación de los créditos que son o no obligatorios. 
Para el Parlamento siempre estaba claro que una cifra, una cifra presupuestaria, no puede ser por principio obligatoria. 
Un reglamento de mercado puede ser obligatorio pero la consecuencia derivada de ello de cuál es el importe de la suma que se va a emplear no puede ser obligatoria, pues no podemos definir obligatoriamente de antemano cuál va a ser el tiempo y el precio del mercado mundial. 
Por ello, el litigio o discusión de los últimos años siempre se centraba en la siguiente cuestión: ¿cuáles son las cifras de los correspondientes gastos obligatorios? 
Nuestra experiencia de los últimos quince años nos muestra además que las cifras dedicadas siempre habían sido más elevadas que las prestaciones reales de la Comunidad. 
Esta es la invitación a la «contabilidad creativa». 
Acaban de escuchar de nuevo al Sr. Mulder y también el Sr. Sonneveld ha dicho ayer por la tarde en la comisión que las semillas oleaginosas que nosotros definimos ahora como «contabilidad creativa» , las quieren desplazar de un año a otro. 
Entonces todos estos colegas deben responder a la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar en el año 1999? 
Ahí finalizan las previsiones financieras y no se podrá desplazar más. 
Nos encontraremos entonces ante el problema de que el año 1999 habrá que financiar dos veces las semillas oleaginosas: una, para el año en que se aplazó y otra para el ejercicio presupuestario en curso de 1999. 
Pero esto no lo va a dar el presupuesto jamás. 
Por ello, hemos saludado expresamente lo que ha dicho el Presidente del Consejo en el diálogo tripartito. Ninguna «contabilidad creativa» sino una solución. 
Lo que proponemos con el informe Tillich es una invitación al Consejo de Ministros de Hacienda para que cumpla las condiciones que él mismo ha marcado. 
No tiene porqué aceptar la invitación, se trata de una oferta de negociación al Consejo y en el diálogo tripartito hemos acordado conjuntamente que en el otoño de este año vamos a recibir cifras corregidas, de modo que con este debate no concluimos hoy el procedimiento ad hoc. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político, yo quiero agradecer el trabajo de los Sres. Brinkhorst, Fabra Vallés y Tillich y manifestar que respaldo sus informes. 
También quiero agradecer personalmente a los Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés sus esfuerzos para resolver el problema en relación con el Instituto veterinario de Grange y expesar mi satisfacción por el resultado alcanzado. 
Yo suscribo el informe Tillich y, en particular, la estrategia de su autor para mejorar los procedimientos presupuestarios y contribuir a la elaboración de proyecciones correctas, de manera que el proyecto de presupuesto sea realmente el que se requiere para cumplir su objetivo. 
Por otro lado, yo quisiera destacar un aspecto que señala el Sr. Mulder en el informe que ha elaborado en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, donde destaca que, dentro de la perspectiva de la Agenda 2000, no podemos esperar financiar la ampliación de la Unión Europea con los recortes del gasto agrícola. 
La agricultura es la única política rural de competencia totalmente comunitaria. No podemos debilitar esta política para establecer o financiar otro objetivo. 
Los posibles ahorros en el ámbito de la agricultura serán necesarios para evitar el deterioro medioambiental, y de hecho también económico, de la Europa rural en las presentes circunstancias. 
Es preciso recordar que, en estos momentos, dentro de los límites de los fondos disponibles en el marco de las perspectivas financieras, hemos podido contribuir con otros 1.000 millones de ecus al presupuesto para el año próximo. 
Esa cantidad sería suficiente para financiar las necesidades de una política agrícola común en el contexto de la primera ampliación. 
Pero debemos recordar que no podemos financiar una política regional adecuada para la nueva Europa con los presentes recursos presupuestarios. 
Yo diría que será necesario duplicar al menos los Fondos estructurales actuales para financiar una nueva política regional para la nueva Europa ampliada, si no queremos generar una enorme insatisfacción en los países que se adhieran y el rechazo de muchos de los ciudadanos que ya forman parte de la Comunidad. 
Si bien estoy de acuerdo con los procedimientos generales que define el informe Tillich, no suscribo en cambio algunos de los conceptos que se introducen subrepticiamente. 
Podemos obtener los recursos necesarios para financiar la ampliación a 100 millones de personas mediante una redistribución del gasto y un recorte de las políticas actuales. 
Para que sea posible la integración de estas personas y para obtener los beneficios de la ampliación a través del comercio y del crecimiento económico, necesitaremos algo parecido a un pequeño Plan Marshall que les ayude a despegar, de manera que todos podamos cosechar los beneficios de la Unión ampliada. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro colega Tillich se ha entregado a un ejercicio difícil, si no peligroso, al presentar sus propuestas en el marco del procedimiento ad hoc para los gastos agrícolas inscritos en el presupuesto de 1998. 
Aunque el planteamiento del ponente, que se inscribe en la tradición de una voluntad tenaz del Parlamento Europeo de reducir el conjunto del FEOGA, tiene el mérito de ser racional, sin embargo, en mi opinión, reposa en una percepción errónea del gasto agrícola. 
En efecto, hay una especificidad del gasto agrícola que lo hace diferente de los demás gastos del presupuesto. 
El gasto agrícola es un instrumento económico de regulación de los mercados, cuya expresión, pero no su naturaleza, es presupuestaria. 
Lo repito ahora y desde hace tiempo sin ser, por desgracia, verdaderamente oído. 
Y sin embargo, a pesar de todo el aprecio que tengo por él, debo decir a Stanislas Tillich que su planteamiento, que se basa en la constatación de la infrautilización de la dotación agrícola en los presupuestos anteriores y que deduce de ello una sobrevaloración deliberada por parte de la Comisión en sus previsiones y que, finalmente, opera reducciones en la mayoría de las líneas presupuestarias, procede de una visión exclusivamente aritmética de la política agrícola. 
Las consecuencias de una actuación así podrían revelarse como molestas para algunos sectores económicos de producción, en el mundo agrícola. 
Pienso, en particular, en la financiación de las medidas de acompañamiento, que se ha visto reducida en proporciones importantes, por ejemplo para la carne de bovino. 
Ante la incierta situación en el ámbito de la lucha contra la EEB y a la luz de los recientes acontecimientos revelados por la Comisión, quién puede decir hoy que los créditos asignados a los productores comunitarios de carne de bovino están sobreestimados. 
Finalmente, he constatado con sorpresa que el ponente ha hecho que figure, en el anexo de su resolución, una lista de clasificación de las líneas presupuestarias del FEOGA, que transforman en gastos no obligatorios lo que, en su prudencia, los tratados han inscrito como gastos obligatorios. 
Una actuación así se revela como inaceptable y, por estas razones, el Grupo UPE no puede votar el informe del Sr. Tillich, que provocaría riesgos importantes en la política agrícola. 
Con respecto al presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 para el ejercicio 1997, habrán de permitirme, saludando el excelente trabajo del ponente, Sr. Laurens Brinkhorst, que ha sabido hacer hincapié en las prioridades de creación de puestos nuevos en la Comisión, expresar la preocupación de mi grupo en cuanto a la subvención asignada a la Oficina de Marcas de Alicante, cuya dotación total, es decir, 12, 5 millones de ecus, se ha puesto en reserva. 
Una decisión equitativa sería no inscribir en reserva más que la mitad de esta suma, tal como por cierto solicita la dirección de la Oficina, para permitir que este organismo dinámico desarrolle su programa de actividades. 
Efectivamente, creo que la drástica decisión de suprimir la dotación procede de un malentendido y de una confusión entre tesorería y compromisos contables y que este error debería corregirse en sesión plenaria. 
Ésta es la razón por la que nuestro grupo presentará una enmienda solicitando que los créditos en reserva no excedan de los 6 millones y medio de ecus. 
Señor Presidente, permítame unas pocas palabras en relación con el procedimiento ad hoc, puesto que los otros dos informes no nos plantean grandes dificultades. 
De entrada diremos que de estos dos procedimientos ad hoc tenemos una visión positiva. 
Y esto es así porque para nosotros constituyen la única vía de una participación del Parlamento en la correcta definición de los gastos obligatorios, en particular de los agrícolas. 
Y éste debería ser, además, el sentido exacto de estos procedimientos, esto es, que a través de ellos el Parlamento aportase una contribución importante a una previsión adecuada y racional de los gastos en un sector en el que todavía no se le han reconocido competencias. 
Sin embargo, no nos parece que éste sea el sentido predominante en las propuestas aprobadas ayer en la Comisión de Presupuestos. 
La preocupación de obtener ahorros en los gastos agrícolas predomina, de hecho, sobre cualquier otra obligación, en particular la de obtener una mayor racionalidad. 
Todos sabemos el porqué de tal cosa. 
Ahora bien, con tal orientación no podemos estar, obviamente, de acuerdo. 
Y no podemos estarlo porque sabemos que dichas reducciones en los gastos agrícolas, y esta vez también en los acuerdos de pesca, si el Consejo las adoptara parcial o totalmente, se verían inevitablemente acompañadas de otros recortes en otras categorías presupuestarias. 
La experiencia del pasado año confirma exactamente lo que digo. 
Así pues, rechazamos con carácter previo, el hecho de que el Parlamento abandone la posibilidad de incidir en una correcta distribución de las partidas presupuestarias de los gastos obligatorios y, simultáneamente, se constituya en paladín de una política restrictiva. 
Sin embargo, hay otra razón de principio que nos lleva a discrepar del informe que ayer fue aprobado por la Comisión de Presupuestos. 
Al admitir, e incluso al propugnar que los Estados miembros liberen únicamente las partidas presupuestarias consignadas en las reservas en la medida en que ésta quede desbloqueada, se crea una situación sin precedentes y de una gravedad indudable. 
Es evidente que se pretende, por encima de todo, obtener algún tipo de ahorro, pero básicamente lo que se está poniendo en tela de juicio es la naturaleza del propio procedimiento presupuestario. 
Si se sigue por esta vía, más tarde o más temprano llegaremos a un presupuesto à la carte, y con esto no podemos estar de acuerdo. 
Señor Presidente, ante todo deseo dar las gracias al señor Comisario Liikanen que ha querido asociar a su presencia en este Pleno de tan alto nivel también la Dirección General de la que es responsable. 
Su presencia aquí es, a nuestro entender, importante a fin de que pueda transmitirse el mensaje que hoy queremos lanzar a través de este presupuesto rectificativo y suplementario, un mensaje que en todo caso yo interpreto así y que afecta al consabido tema de los puestos adicionales para la Dirección General XXIV. 
Me parece evidente que los acontecimientos de las últimas semanas demuestran claramente el gran retraso que sufrimos. Sin culpar a nadie de nuestro retraso que, por el contrario, se debió a las circunstancias, es preciso, sin embargo, recalcar la sumamente urgente necesidad de reforzar dicha Dirección y dotarla de los instrumentos que permitan, dentro de lo posible, mejorar los controles, a fin de evitar nuevos sucesos dramáticos como el de las vacas locas. 
Con la votación que tendrá lugar el jueves, nos proponemos desbloquear 35 puestos, pero ante todo pedir, con la obligación de conseguir resultados, que la Comisión haga todo lo que esté en su mano- me parece que la misma dispone ampliamente de este margen- para dotar efectivamente a la Dirección General XXIV, a partir del 1 de enero de 1998, de los puestos solicitados, a través de un despliegue interno de los demás recursos humanos necesarios. 
Éste es el objetivo del Parlamento y es con este espíritu que mi Grupo, inicialmente reticente en cuanto al procedimiento seguido, considera ahora apropiado el procedimiento impuesto tan acertadamente por el ponente Sr. Brinkhorst de cara a garantizar un correcto diálogo interinstitucional; dicho procedimiento consiste en asignar de inmediato estos puestos y en pedir que en 1998 esta redistribución interna responda esencialmente a las solicitudes de la Dirección General XXIV. 
Señor Presidente, a fuerza de querer complicarlo todo, mientras que las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son generalmente razonables, realistas y, en todo caso, cercanas a los agricultores, el objetivo no es, a plazo, financiar otras políticas que la de la agricultura europea, demostrar que la única política común que funciona menos mal, desde el Tratado de Roma, no funciona, y deducir así las financiaciones. 
No faltan los pretextos: diversidad de nuestros territorios, de nuestras producciones, grandes plazos mundiales y europeos, respeto por los criterios. 
Las coartadas falsas tampoco: el coste de la crisis de la EEB, las cantidades sobrevaloradas y no utilizadas, los regalos a la apicultura (3 millones de ecus) , el control del fraude. 
Con claridad, 310 millones para poner en reserva. 
Al conocer las dificultades del mundo rural y más especialmente de la agricultura, sólo puedo lamentar este incremento simbólico de un 0, 45 % previsto por el presupuesto de 1998, y ver este presupuesto amputado en unos 2, 4 millardos de ecus con relación a la línea directriz del compromiso de Edimburgo. 
En su informe, nuestro colega Tillich confirma la modificación oculta de los gastos obligatorios en gastos no obligatorios mediante el artificio de la creación de una reserva. 
El año pasado, nuestro colega, Sr. Brinkhorst, nos había dicho que la solución de la reserva era eficaz, ya que permitía ajustar los gastos agrícolas en función de las necesidades financieras vinculadas a las fluctuaciones de los precios mundiales, de la producción y del consumo. 
Nuestro grupo se opuso. 
Pudimos comprobar que la reserva de un millardo de ecus, tal como estaba constatada en 1997, se había suprimido totalmente. 
Hoy, que no conocemos aún la amplitud de la peste porcina, ni la calidad de los trigos planificables, ni el nivel de las cosechas en general, la Comisión de Presupuestos prevé por su parte, recortes en algunas partidas presupuestarios con el fin de crear esta reserva. 
Como conclusión, nuestro grupo desea recordar que el Consejo es competente en última instancia sobre los llamados gastos obligatorios. 
Por consiguiente, no deseamos aceptar un subterfugio que, a través de un aumento ficticio de los poderes del Parlamento Europeo, sólo tenga por objetivo una reducción del presupuesto agrícola. 
En el marco de la Agenda 2000, desearíamos que se propusiera una política agrícola equitativa, realista y que permitiera detener la desertificación del mundo rural. 
Señor Presidente, el informe Brinkhorst/Fabra Vallés trata un campo muy sensible de la Unión Europea. 
El hecho es que la idea europea se está desacreditando por el fraude, el derroche y la mala administración. 
Hay que hacer todo lo posible para frenar este desarrollo. 
Ante todo, son los mismos Estados miembros los que deben impedir estas irregularidades. 
Pero, al mismo tiempo, es necesario dotar personal y materialmente a las instancias de control de la Comisión de modo que puedan cumplir su misión eficazmente. 
Naturalmente, esto es aplicable también al Tribunal de Cuentas, que tiene la tarea de constatar irregularidades en sus controles a posteriori y de realizar propuestas de mejora para descender el nivel de derroche. 
Los puestos de servicio adicionales para la Comisión y el Tribunal de Cuentas son de saludar en este sentido. 
Si embargo, mediante una configuración más eficiente de los recursos administrativos dentro de la Comisión se puede encontrar al menos una parte de los puestos necesarios. 
Otro punto que quisiera destacar es la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad que surja para poner a disposición créditos adicionales para medidas concretas en el campo de la investigación y desarrollo. 
Por ello, es muy de saludar la propuesta del ponente de distribuir los 100 millones de ecus de la reserva en diversas líneas presupuestarias y emplearlos de este modo de una manera eficaz. 
Señor Presidente, yo quisiera agradecer al Sr. Brinkhorst el trabajo que hemos realizado en relación con el presupuesto rectificativo y suplementario (PRS). 
Mis observaciones se referirán a dos dimensiones particulares del mismo: en primer lugar, la relativa a la Unidad de política de salud de los consumidores y, en segundo lugar, por lo que se refiere a la transferencia de fondos para la Agencia de registro de marcas comerciales de Alicante. 
En primer lugar, por lo que respecta a la Unidad de política de salud de los consumidores tal como se contempla en el PRS, yo creo que a la vista de las conclusiones de la primera Comisión de investigación quedó suficientemente clara la necesidad de acciones reales en materia de seguridad de los alimentos a escala de la UE. 
No obstante, es igualmente evidente que la propuesta originaria y más bien limitada de la Comisión de establecer una Oficina veterinaria en Grange quedó superada por los acontecimientos. 
Esto es indiscutible. 
Además, y esto es más importante, la propuesta estaba mal planteada y ni siquiera ofrecía un fundamento jurídico adecuado para la creación de un órgano tan importante. 
Yo quiero subrayar que la oposición contra el proyecto inicial de creación de una Unidad de política sanitaria no era una oposición por principio a que se establezca una Oficina en Irlanda o a que se mejore la protección de los consumidores. 
Era una oposición contra una política reactiva y contra la extensión de cheques en blanco para el futuro. 
Para mí, lo preocupante de la propuesta de la Comisión por la que se crea dicha Oficina en Irlanda fue constatar que la Comisión ya había alquilado un espacio de trabajo en Dublín, lejos de los centros habituales de trabajo de la Unión Europea, para unos trabajadores cuya contratación todavía no estaba aprobada, un hecho todavía más reprobable dada la existencia de un acuerdo para congelar el contingente de personal de la Comisión. 
Esta desconsideración de la Comisión hacia los deseos del Parlamento no constituye un buen augurio para el futuro de la segunda Comisión de investigación. 
Sin embargo, me complace poder anunciar que el Sr. Brinkhorst, los funcionarios de la Comisión y el Sr. Tillich han alcanzado un principio de acuerdo en las reuniones que hemos mantenido para tratar sobre el futuro de la Unidad de protección de la salud y que éste se refleja ahora en el PRS. 
La Comisión ha aceptado retirar la actual propuesta de crear una Oficina veterinaria y presentar una propuesta completa y detallada para la creación de una nueva Unidad alimentaria y veterinaria, que incluya el programa de trabajo, la dotación de personal prevista, las instalaciones, las políticas, la localización, etc. El Parlamento tendrá ocasión de debatir entonces la totalidad de la propuesta. 
La Comisión de Presupuestos del Parlamento aprueba, asimismo, la decisión de conceder a la Comisión 35 puestos adicionales para la reorganización de la DG XXIV, para mejorar la coordinación con los Comités científicos y, en tercer lugar, para garantizar en el interín una gestión más saneada y más eficaz. 
No podemos aceptar que se creen temporalmente 70 nuevos puestos en Dublín y se mantengan 35 puestos en Bruselas hasta que la Oficina veterinaria y fitosanitaria esté debidamente establecida. 
Finalmente y como punto más importante, se ha llegado al acuerdo de que la Unidad de política de salud de los consumidores permanecerá en Bruselas. 
En cuanto a la Agencia de Alicante, por lo que se refiere a la transferencia de fondos, yo considero sumamente importante el hecho de que dicha agencia pueda solicitar una provisión de fondos a la autoridad presupuestaria en caso necesario. 
La UE creó esta Agencia como parte de las tareas esenciales para completar la realización del mercado interior. 
Su asombroso éxito ha superado con creces todas las expectativas. No podemos permitir que se la penalice por su eficacia. 
Por esto yo propongo que rechacemos la propuesta de la Comisión de consignar la totalidad de los 12, 5 millones en una reserva negativa y que el montante total se mantenga en reserva a la espera de una solicitud detallada de la Agencia de registro de marcas que justifique la transferencia de la totalidad o una parte de dichos fondos para su utilización. 
Al Sr. Giansily, yo le respondería que si no lo hacemos así, el Parlamento, la Comisión de Presupuestos, dejará de controlar la financiación de dicha agencia. 
Esto es algo que no debemos olvidar. 
Permítanme que añada que el Sr. Brinkhorst, como dijo Margaret Thatcher de Mijaíl Gorbachov, es un hombre con quien resulta un placer trabajar. 
Ha sido un placer colaborar con usted en el examen del PRS. 
Señor Presidente, el procedimiento ad hoc para los gastos obligatorios en el trámite presupuestario adquiere en el Parlamento y el Consejo una importancia cada vez mayor. 
Con una preparación intensiva, el Sr. Tillich, ponente general, y el Sr. Mulder, ponente de la Comisión de Agricultura, han intentado realizar un trabajo equilibrado en relación con la política presupuestaria, combinando el deseo político general de un presupuesto austero para la UE con la salvaguardia de la política ya establecida. 
Los gastos agrícolas no subirán más de un 0, 45 %, aunque según el acuerdo interinstitucional podrían haber llegado al 2, 1 %. 
Además se efectúan recortes importantes en determinadas partidas para que otras puedan aumentar, como las restituciones a la exportación de carne de vacuno. 
Tres instrumentos, entre otros, son objeto de debate. 
Una rebaja lineal de todas las partidas. Es algo que rechazan con razón la Comisión de Agricultura y el ponente Tillich. 
En su lugar se defiende un recorte según el cálculo de las posibilidades de infrautilización a la luz de la experiencia de los tres últimos años presupuestarios. 
A continuación, el Parlamento Europeo también introduce con el informe Tillich una nueva especie de reserva por un importe de más de 300 millones de ecus. 
De este modo, los excedentes en determinadas líneas del presupuesto agrícola siguen a disposición de otros gastos agrícolas también recortados. 
Convendría que este enfoque recibiera un reconocimiento general. En este sentido, el Consejo debería hacer gala de una mayor creatividad y flexibilidad. 
Por último, la posibilidad de trasladar una determinada partida presupuestaria característica: los anticipos de las primas por hectárea en el sector de las semillas oleaginosas, por un importe de 1.400 millones de ecus. 
No hay nada insólito en cargar estos anticipos, que tienen lugar en torno al mes de octubre, al siguiente año presupuestario. 
Por lo visto, el Consejo y al parecer también la Comisión de Presupuestos rechazan esta posibilidad de elección, que ha demostrado rendirnos buenos servicios en diversas ocasiones, calificándola de «contabilidad creativa». 
Es incorrecto. 
Si se quisiera anular del todo esta posibilidad, este tipo de instrumento, podría hablarse de masoquismo presupuestario. 
El Parlamento no ha de atarse las manos a sí mismo, sino que ha de proponer suficientes opciones para poder encajar del mejor modo posible el difícil problema de los gastos obligatorios en un presupuesto ordenado y disciplinado. 
Señor Presidente, ante todo, yo quiero felicitar a los ponentes por sus informes. 
No obstante, debo manifestar con toda firmeza que la Comisión, el Consejo y el Parlamento tienen la responsabilidad de garantizar el mantenimiento de los niveles de ingresos de los agricultores europeos, sobre todo en un momento en el que muchos sectores deben hacer frente a enormes problemas financieros por el lado de los ingresos. 
A mi modo de ver, es evidente que los agricultores pueden prever ahora que sus ingresos se verán marginados y ellos tendrán que afrontar varios años de estancamiento y de dificultades financieras. 
Es de lamentar que la Comisión de Presupuestos no haya seguido las recomendaciones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre todo habida cuenta de que sus propuestas eran muy claras. 
Yo quiero rendir tributo desde aquí a Jan Mulder por la manera en que ha abordado estos problemas. 
Desde luego, soy contrario a cualquier medida que reduzca los ingresos de los agricultores y las propuestas de la Comisión de Agricultura eran muy constructivas y positivas. 
Yo me opongo rotundamente a que se favorezca a un sector de la agricultura a expensas de otro. 
Debemos dedicar más recursos a la erradicación del fraude en la Unión Europea. 
Ésta es una cuestión en la que todos deberíamos coincidir. 
Nadie defiende el fraude, pero éste existe y es preciso erradicarlo en todos los Estados miembros. 
La EEB ha supuesto una lección muy costosa para todos que no es posible cuantificar. 
Ahora tenemos, además, la peste porcina y no sabemos cuál será finalmente su coste. Ambas continuarán representado una considerable carga durante algún tiempo. 
También es preciso recordar que, a pesar del apoyo que han recibido en el Reino Unido, los criadores de bovino han sufrido una grave pérdida de ingresos y algunas se enfrentan ahora con problemas muy difíciles. 
Finalmente, debemos apoyar las acción en favor de la promoción de la agricultura y sus productos. 
Éste es un reto al que debemos responder. 
Tenemos que recuperar la confianza de los consumidores. 
Para conseguirlo se requerirán recursos suplementarios. Este gasto se verá compensado, a largo plazo, por el incremento del consumo de productos europeos. 
Señor Presidente, mi intervención, en nombre del Grupo Socialista y de la Comisión de Presupuestos, se referirá al informe del Sr. Tillich. 
El debate que hoy se celebra sobre dicho informe constituye la segunda fase del examen previo en el Parlamento del proyecto de presupuesto de gastos de la Comisión para 1998, una vez establecidas las orientaciones para la resolución en el mes de marzo. 
El examen en primera lectura del proyecto tendrá lugar en el Consejo el 24 de julio y el 23 de octubre, en el Parlamento. 
En nombre del Grupo Socialista, yo quiero felicitar al Sr. Tillich por su informe y por todos los esfuerzos que dedica a orientarnos en medio de la maraña de normas, acuerdos institucionales, diálogos tripartitos y conciliaciones que constituyen el pan de cada día de las negociaciones presupuestarias anuales. 
También quiero congratularle y expresarle mi gratitud por su voluntad de flexibilidad con vistas a alcanzar el consenso más amplio posible. 
Hoy se debate en el Pleno el procedimiento ad hoc sobre gastos obligatorios con objeto de otorgar un firme mandato a nuestra delegación en el diálogo tripartito con el Consejo y la Comisión, de mejorar la transparencia y de maximizar la participación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca en la definición de este mandato. 
El procedimiento ad hoc nos ha sido muy útil este año y ha adquirido una importancia adicional habida cuenta de que la las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam no incluían ningún tipo de reforma del procedimiento de decisión presupuestaria. 
Por consiguiente, voy a reseñar brevemente los resultados conseguidos hasta ahora. 
El resultado clave ha sido la adopción de una declaración conjunta sobre el gasto agrícola, que abre a la Comisión la posibilidad de presentar una Carta rectificativa al anteproyecto de presupuesto, incluso más allá de los plazos normales indicados en el Reglamento financiero. 
Esto permitirá elaborar un presupuesto agrícola basado, así lo esperamos, en las previsiones e hipótesis más recientes y debería contribuir a evitar hasta cierto punto los problemas que plantea la previsión de las necesidades presupuestarias en el ámbito de la agricultura. 
Esta ampliación del procedimiento ad hoc responde a una petición de la Comisión de Agricultura y yo quiero destacar la estrecha y excelente cooperación que se establecido este año entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Agricultura en relación con la elaboración del presupuesto para 1998. 
Aun así, no nos ha sido posible recoger todas las peticiones de la Comisión de Agricultura. 
Dado que la Comisión ha actualizado sus previsiones de gastos obligatorios para 1998 en 329 millones de ecus, consideramos que estos créditos deberían dejarse en reserva y, en segundo lugar, que no tendría que ser necesario recurrir a ninguna forma de contabilidad creativa para no rebasar el incremento del 0, 45 % con respecto a 1997 previsto para el presupuesto agrícola. 
Nos complace coincidir con la Comisión de Agricultura en cuanto a la conveniencia a largo plazo de una revisión de las ayudas a la renta en el sector de los cultivos herbáceos, pero nuestra posición con respecto a la propuesta de la Comisión de recortar las ayudas a la renta en alrededor de unos 1.400 millones de ecus sería más positiva. 
Desde luego, estamos dispuestos a discutir los aspectos concretos de la aplicación de dicho recorte. 
Los principios de una buena gestión presupuestaria recomiendan utilizar las previsiones e hipótesis más actualizadas y los procedimientos y metodologías más fiables. 
Si observamos que los procedimientos actuales son poco fiables y determinan por lo tanto una asignación inadecuada de los recursos, no deberíamos vacilar en corregir estos problemas. 
También debemos procurar que el equilibrio del gasto entre las diferentes líneas presupuestarias no corra el riesgo de verse demasiado alterado, puesto que muchas se encuentran muy cerca del nivel mínimo posible. 
Cuando sea razonable consignar un ahorro como resultado de una sobreestimación, debemos hacerlo, pero no deberíamos gravar en exceso a determinados sectores en busca de ahorros que permitan alcanzar la disciplina presupuestaria especialmente rigurosa que se intenta conseguir este año en el Presupuesto comunitario. 
Señor Presidente, señoras y señores, el acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo sobre los gastos agrícolas en el presupuesto lo denominamos procedimiento ad hoc. 
No se cuestiona el aumento del 0, 45 %, repito, el 0, 45 %. 
Lo que sí es totalmente cuestionable y a lo que no puedo dar mi asentimiento es a la propuesta de un recorte lineal- hoy he constatado que entretanto se suprime- pero ante todo a la de un recorte específico. 
No podemos aceptarlo como agricultores. 
¿Cuál es la causa de la falta de los 1.400 millones de ecus? 
Sencillamente, el aseguramiento de la financiación derivada de la crisis de la EEB. 
En octubre de 1996, el Consejo previó un desplazamiento de las semillas oleaginosas de 1996 a 1997. 
No tuvimos necesidad de hacer uso de ello, por lo que quizás no sería honesto hablar en este caso de una «contabilidad creativa». 
Señor Samland, usted ha planteado la pregunta de qué va a pasar en el año 1999 o en el 2000 si se desplaza en el 98/99. 
Parto sencillamente del hecho de que nos encontraremos ante una situación como la de este año y no tendremos que realizar ningún desplazamiento. 
En este sentido apunta también de un modo puramente teórico la propuesta del Sr. Mulder de que en el caso de que no se emplee todo, incluyendo las situaciones que no caen dentro del sector obligatorio, se puede encontrar una compensación. 
En un año quizás nos contradigamos pero pienso que es sin duda posible. 
Respecto al paquete de precios, el Consejo de Ministros de Agricultura se ha comprometido frente a la Comisión a mantener los gastos de FEOGA-Garantía dentro del los límites presupuestarios previstos para 1998. 
Lamentablemente, el Consejo no se ha expresado sobre las posibilidades de un nuevo desplazamiento de las ayudas para las semillas oleaginosas. 
Nos habría ahorrado muchas molestias. 
Señor Presidente, desearía felicitar a los ponentes por la labor que han realizado. 
La cooperación entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido transparente y bastante constructiva. 
La larga experiencia nos demuestra que las rápidas variaciones del mercado y el excesivo esfuerzo presupuestario han influido año tras año en los créditos consignados a los gastos agrícolas. 
Las previsiones económicas deben basarse en unos datos lo más actualizados posibles, ya que estos datos están disponibles con relativa facilidad, siempre y cuando exista una voluntad en este sentido. 
Como es sabido, los numerosos y constantes factores de incertidumbre tienen una repercusión particular en el sector de los cereales. 
A pesar de su gravedad, los problemas con que se han enfrentado el sector cárnico, como la crisis de la EEB y la peste porcina, son casos particulares que ojalá no se vuelvan a repetir. 
En la adaptación al marco presupuestario de los gastos agrícolas hay que prestar una mayor atención a los países periféricos de la Unión Europea, como Finlandia y Suecia, que presentan una productividad y una rentabilidad claramente inferior que el resto de los países. 
Si bien cabe pensar que el recorte de las ayudas a la renta puede llegar a ser oportuno en el futuro, desearía subrayar que una transformación radical del sistema podría ser fatal, en particular de cara a la práctica de la agricultura en los Estados miembros nórdicos. 
El sistema actual coloca a la agricultura septentrional en una difícil posición. 
Los datos hechos públicos en torno a las próximos cambios harían aún más difícil la práctica de la agricultura en los Estados nórdicos. 
El procedimiento ad hoc se ha saldado hasta el momento con resultados relativamente favorables. 
Si queremos que continúe mejorando la situación, cabe desear que la Comisión comprenda en el futuro la significación de una cooperación constructiva. 
Señor Presidente, señoras y señores, me remito a mi informe sobre el que votamos hace pocas semanas, el 12 de junio de 1997. 
El Parlamento rechazó con gran mayoría el recorte de los pagos compensatorios para determinados cultivos herbáceos y para la retirada de las tierras de la producción. 
Al mismo tiempo, de acuerdo con la Comisión de Presupuestos, el Parlamento se pronunció en contra de un desplazamiento de los pagos adelantados para las semillas oleaginosas. 
En otra enmienda de mi informe se acordó asimismo garantizar plenamente el pago de las ayudas por hectárea para los años 1998 y 1999, tal como se prevé en la reforma agraria. 
Me parece muy extraño que se desvíe de esta línea sin que se presente una propuesta alternativa razonable. 
Ayer leí en la prensa especializada que las primas por superficies y por animales van a constituir la base de la futura política agrícola de la UE. 
Señor Comisario Liikkanen, como miembro de la Comisión, usted ha apoyado esta resolución. 
Lamentablemente, nos enteramos por los periódicos antes de que se exponga aquí. 
Consultas posteriores confirman que las noticias de los periódicos son ciertas. 
Tengo gran curiosidad por saber qué va decir después sobre cómo quiere ganarse la confianza de los agricultores para la futura política agrícola si ésta es una mera prosecución de la practicada hasta ahora. 
Creíamos que usted estaba a favor de una política agrícola sostenible. 
En lugar de ello, se sigue con las ayudas por hectárea y con primas por animales. 
¿Cree usted que los agricultores nos van a creer que vamos a poder mantener estas cosas? 
Espero con gran atención su respuesta. 
Muchas gracias ante todo a nuestro colega Mulder quien ha argumentado muy razonablemente; nos adherimos plenamente a sus argumentos. 
No queremos lo imposible sino seguir trabajando de mutuo acuerdo con la Comisión de Presupuestos. 
Mañana por la mañana, el Presidente de la Comisión, Sr. Jacques Santer, presentará la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000. 
Esta primera presentación tendrá lugar aquí, en el Parlamento Europeo. 
Las enormes conjeturas de la prensa europea no son mayores de lo que ya es habitual, pero los documentos se presentarán por primera vez mañana en el Parlamento, a fin de que los honorables diputados del Parlamento Europeo puedan tener el privilegio de iniciar el debate antes que las restantes instituciones europeas. 
El procedimiento ad hoc en relación con los gastos obligatorios se estableció en virtud del Acuerdo Interinstitucional de 1993. 
Las meticulosas deliberaciones en cada institución y entre las mismas indican que el procedimiento está respondiendo a las expectativas. 
Éste permite que el Consejo, el Parlamento y la Comisión realicen un examen detallado de los gastos obligatorios que se consignarán en el Presupuesto comunitario para 1998. 
Por lo que respecta al presupuesto agrícola para 1998, el factor clave es que el Consejo no ha aceptado la reducción de las ayudas directas al sector de los cereales que proponía la Comisión. 
El Consejo también se ha negado a adoptar cualquier medida de ahorro real equivalente. 
El Consejo tampoco ha recibido demasiados estímulos del Parlamento Europeo en este sentido. 
Esto es decepcionante. 
El rigor en materia de equilibrio presupuestario también requiere ahorros presupuestarios reales en este sector, que absorbe el 48 % del Presupuesto comunitario. 
En la presente situación, sin una modificación de las normas de base, la principal responsabilidad de la autoridad presupuestaria es predecir las previsiones de gasto con la máxima exactitud posible. 
Por esto, es un logro importante que en el diálogo tripartito del 26 de junio se alcanzara un acuerdo sobre la presentación en otoño de una Carta rectificativa que permitirá tomar en consideración la información más reciente. 
Asimismo, las conversaciones entre la Comisión y el Parlamento ya han permitido ajustar las previsiones en algunos sectores, lo cual se traduce en una reducción de unos 300 millones de ecus en las necesidades previstas. 
Uno de los temas de la conciliación de la semana próxima será la búsqueda de un acuerdo sobre cuándo y cómo debe incorporarse esto al Presupuesto. 
Yo tomo nota de la propuesta del Parlamento de que se consignen 310 millones de ecus en una reserva destinada a hacer frente a las contingencias del mercado. 
En principio, parece interesante examinar la posibilidad de crear una reserva de este tipo en la Categoría 1, pero las disposiciones normativas son en apariencia demasiado estrictas para que esto sea posible a corto plazo. 
Una alternativa para el Presupuesto de 1998 podría ser un ajuste directo de las líneas presupuestarias afectadas, lo cual podría contribuir bastante a cubrir los 400 millones de ecus necesarios para volver a las previsiones del anteproyecto de presupuesto. 
Tanto el Consejo como el Parlamento parecen coincidir en que la ausencia de ahorros reales debería compensarse mediante un recorte general de las previsiones en todas las líneas presupuestarias. 
Los métodos aplicados para ello son, sin embargo, distintos. 
El Consejo se inclina por un recorte lineal; el Parlamento propugna un enfoque más complejo basado en las previsiones no ejecutadas en el pasado inmediato. 
Debería ser posible alcanzar un acuerdo en relación con el método, puesto que la ejecución del Presupuesto deberá recurrir en ambos casos a las transferencias con objeto de adecuar el Presupuesto a las necesidades reales. 
Por lo que respecta a los tratados internacionales de pesca, la declaración común de 1996 por la que se adopta un código de conducta constituye un marco muy útil para el intercambio de información y para contemplar sus consecuencias presupuestarias. 
He tomado nota de las dudas del Parlamento en relación con los Acuerdos rubricados pero todavía no ratificados y me propongo examinar con la comisaria Bonino qué garantías podemos ofrecer al Parlamento con respecto a los tratados que entrarán a vigor a principios del año próximo y a los fondos que deberán incluirse, por lo tanto, en la línea presupuestaria. 
Por lo que respecta al Presupuesto rectificativo y suplementario, sólo quiero hacer tres observaciones. 
En primer lugar, quiero agradecer al ponente, Sr. Brinkhorst, y al Parlamento Europeo el debate constructivo que hemos mantenido sobre la necesidad de reorganizar los servicios comunitarios de protección de la salud de los consumidores. 
La solución que propone ahora el Parlamento permitirá cubrir las necesidades más urgentes en 1997 y la Comisión así lo reconoce. 
Evidentemente, con esto no queda resuelto definitivamente este tema y más adelante se requerirán fondos adicionales. 
En segundo lugar, los debates también han aclarado otros aspectos de la futura organización de los citados servicios. 
En particular- y quisiera volver a insistir en ello- la Comisión siempre ha tenido el propósito de trasladar a Irlanda únicamente la Oficina alimentaria y veterinaria, pero no el resto de servicios de la DG XXIV. 
Yo quisiera hacer hincapié en la conveniencia de que se adopte rápidamente el Presupuesto rectificativo y suplementario. 
Espero que los productivos debates desarrollados entre el Consejo y el Parlamento en el contexto del diálogo tripartito del 26 de junio de 1997 permitan su adopción en la primera lectura. 
Agradezco a todos los ponentes, Sres. Tillich, Brinkhorst y Fabra Vallés, y también al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, los esfuerzos que han dedicado a este procedimiento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0349/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Señor Presidente, el diputado Truscott ha formulado una pregunta sobre las restricciones a la circulación dentro de la Unión Europea para ciudadanos de terceros países. 
El Reglamento sobre visados aprobado por el Consejo de Ministros en 1995 sólo establece qué ciudadanos de estos países deben acreditar estar en posesión de un visado para poder entrar en cualquier país de la Unión. 
La propia expedición del visado se produce en el país miembro afectado. 
Esto significa que no se puede garantizar la expedición de visados a todos los ciudadanos procedentes de terceros países. 
La Comisión se ha esforzado por facilitar el procedimiento de expedición de visados a estos ciudadanos. 
En la propuesta original del Reglamento sobre visados había por ejemplo un apartado que propugnaba el mutuo reconocimiento de visados entre los Estados miembros de la UE. 
No obstante, la propuesta fue eliminada en el transcurso de las negociaciones celebradas en el seno del Consejo de ministros. 
Esto se hizo además sin consultar previamente al Parlamento Europeo. En base a la falta de consultas con el Parlamento, el Tribunal de Justicia ha derogado la decisión del Consejo. 
El sistema actual tendrá vigencia hasta que se adopte un nuevo Reglamento. 
La idea del reconocimiento mutuo de visados también se incluía en el proyecto de Convenio sobre control de las frontenas externas presentado por la Comisión en 1994. 
Como usted sabe, lamentablemente no fue posible lograr la unanimidad con respecto al Convenio. 
El problema que describe el diputado Truscott no se habría suscitado si se hubiera llegado a un acuerdo sobre el Reglamento para los visados en su versión original, o sobre el Convenio para el control de las fronternas externas. 
Con respecto al derecho a introducir el requisito de que los ciudadanos de terceros países que sean familiares de un ciudadano de la UE lleven visado, este aspecto lo regula el Derecho comunitario. 
Es obvio que los países miembros deben expedir visados a estas personas sin costes para ellas. 
Yo agradezco la detallada respuesta de la señora Comisaria, pero me pregunto si la Comisaria está al corriente de que los nacionales de terceros países que solicitan en Londres un visado para visitar Bélgica se ven obligados a esperar un mínimo de tres semanas para obtenerlo y que todas estas solicitudes son tramitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas, lo cual ocasiona un considerable retraso. 
Por consiguiente, yo quisiera preguntarle a la señora Comisaria si no considera que este exceso de burocracia obstaculiza la libre circulación de personas en la Unión Europea. 
Como he señalado en mi respuesta, las disposiciones prácticas para la concesión de visados son de la competencia de cada país y es de su responsabilidad reorganizar su trabajo si se producen retrasos. 
¿Tiene presente la señora Comisaria que en 1997 se celebra el Año Europeo contra el Racismo, un tema significativo dado que, de hecho, la mayoría de los entre 12 y 14 millones de nacionales de terceros países que residen en la Unión Europea son negros, y no cree usted que las autoridades belgas podrían estar tomando en consideración este hecho cuando se toman con tanta calma la resolución de este problema? 
El Tratado de Roma establece la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. 
La libre circulación de los tres primeros es indudable, pero la libertad de circulación de las personas, y en particular de los residentes legales en la Unión Europea que son nacionales de terceros países y que constituyen una población que duplica la de Bélgica, se ve obstaculizada en la práctica por las autoridades belgas de un modo que yo considero totalmente inaceptable. 
¿Está de acuerdo conmigo la señora Comisaria? 
Señoría, yo quisiera recordarle que la Comisión intentó aplicar un convenio sobre el control de las fronteras exteriores, pero un país concreto nos impidió autorizar la libertad de circulación, la cual yo hubiese deseado que se hiciera extensiva también a los nacionales de terceros países. 
Esto no fue posible y yo lo lamento muchísimo porque, si de mí dependiera, yo desearía que las personas que residen legalmente en la Unión disfrutasen también del derecho a la libre circulación. 
El reglamento básico que establece el régimen comunitario en materia de pesca y acuicultura prevé que cada año los Estados miembros deben informar a la Comisión con respecto a los criterios que han fijado para la distribución de las cuotas de pesca que les fueran asignadas. 
O sea, les corresponde a los Estados miembros repartir sus cuotas y le corresponde a la Comisión comprobar que en esta ocasión se respetan los principios del Tratado, las disposiciones que regulan la política común de pesca y la jurisprudencia. 
Y es en este espíritu que desde hace más de veinte años se ha establecido un diálogo entre los Estados miembros y la Comisión acerca de las condiciones nacionales de reparto de dichas cuotas. 
En este contexto, el Reino Unido, al igual que todos los demás Estados miembros, ha solicitado a la Comisión su opinión con respecto a un sistema de reparto de las cuotas de pesca, basado en la prueba de la existencia de un vínculo económico real entre el buque y su bandera, tal como resulta de la práctica constatada en los demás Estados miembros. 
El pasado 17 de junio, el Presidente Santer, en nombre de la Comisión, contestó a las solicitudes de aclaración presentadas por el Sr. Blair. 
El Presidente Santer recordó que el Tribunal de Justicia reconoció que la finalidad del sistema de cuotas puede justificar la adopción de medidas aptas para garantizar la existencia de un vínculo económico real entre el buque de pesca y el Estado miembro interesado, si el objetivo de dichas medidas es que se beneficien de las cuotas las poblaciones que dependen de la pesca y las industrias del sector. 
El Presidente de la Comisión subrayó asimismo en su carta que las medidas propuestas deben ser compatibles con el Derecho comunitario y cumplir la condición de ser no discriminatorias y proporcionadas al objetivo propuesto y alternativas en cuanto ofrecen a los pescadores la posibilidad de cumplir una o más medidas, u otros posibles requisitos dirigidos a comprobar la existencia de un vínculo económico con el pabellón de un Estado. 
En conclusión, la Comisión deberá emitir su opinión con respecto a las disposiciones que adoptarán las autoridades británicas. Con ocasión de este análisis, la Comisión verificará que todas las medidas adoptadas resultan compatibles con el Derecho comunitario, a fin de comprobar, precisamente, que no son discriminatorias, que son proporcionadas a la finalidad y alternativas, así como plenamente concordantes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia teniendo en cuenta, como es su obligación, los legítimos intereses de todos los Estados miembros. 
Señora Comisaria, muchas gracias por sus aclaraciones en esta cuestión, en la que, por ser muy sensible, hay que hilar muy fino. 
Quería preguntar, en primer lugar, si las declaraciones del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, -a las que usted ha hecho referencia- recogen oficialmente la postura de la Comisión, es decir, del Colegio de Comisarios; si ha habido un pronunciamiento sobre esas declaraciones y, por lo tanto, si usted me puede dar la fecha en la que han tenido lugar, incluso si se han hecho con los preceptivos informes jurídicos. 
Si existen dichos informes me gustaría saber si yo los puedo tener, porque tengo un enorme interés en conocer esa interpretación. 
Porque la interpretación contenida en esa carta se ajusta- como usted dice- a las sentencias del Tribunal, pero no totalmente, porque hay algunos apartados o algunos párrafos de esos considerandos que siempre van más allá, que aluden a conceptos jurídicos indeterminados como, por ejemplo, » que no afecten a los principios generales del Tratado o al Derecho comunitario» ,» que no deben dificultar el normal funcionamiento de las empresas» etc. Y por lo tanto, cuando se dice que las medidas no pueden ser discriminatorias y tienen que ser proporcionadas, hay que ver y saber cuándo son proporcionadas y cuándo no son discriminatorias. 
Todo esto, evidentemente, entraña enormes dificultades y a mí me gustaría conocer la opinión de la Comisaria en relación con estas preguntas concretas que le he formulado. 
Efectivamente, no ha sido necesario, en mi opinión, ningún debate en el Colegio de Comisarios porque no se trata de nuevas interpretaciones ni de nada nuevo. 
La carta del Presidente Santer, como usted puede comprobar, sólo alude a dos cosas: 
Primero, que la Comisión tendrá que comprobar que toda iniciativa del Gobierno británico respete el Tratado. 
No hay pues medidas que el Gobierno británico pueda aplicar sin consultar previamente a la Comisión sobre las mismas, como ya es el caso en otros Estados miembros. 
Segundo, porque se trata explícitamente del vínculo económico previsto en el Asunto Jaderow del Tribunal de Justicia. 
No es pues un planteamiento nuevo de la Comisión. 
El presidente se limitó a confirmar que existen estos tipos de posibilidades, entre otros; pero que el Reino Unido, antes de decidir cualquier medida, tiene que dirigirse a la Comisión, que en ese momento emitirá su propia opinión sobre si las medidas pueden resultar o no discriminatorias, proporcionadas o alternativas. 
Señora Comisaria, es una cuestión importante y muy delicada como ha dicho el Sr. Varela. 
El mercado único tiene ventajas para todos los países y cada uno lo usa de su manera. 
Hay países más débiles y países más fuertes y España podría quejarse de los desperfectos que en su economía ocasiona, en determinadas ocasiones, el mercado único. 
En concreto, la pregunta que yo quería hacer a la Comisaria- ciñéndome a la cuestión- es la siguiente: ¿puede confirmar que es contrario a la libertad de establecimiento- al principio fundamental de libertad de establecimientoel exigir que los tripulantes de un determinado barco- con bandera británica en este caso- sean residentes en Gran Bretaña? 
¿Puede confirmar si, según su opinión, es contrario o no a la libertad de establecimiento el exigir que la pesca capturada en ese barco sea desembarcada, total o parcialmente, en puertos británicos? 
Porque el parecer del Tribunal de Justicia ha sido exactamente el contrario: que esto- el exigir este tipo de medidas- es contrario al principio de libertad de establecimiento. 
Efectivamente, ningún Estado miembro puede exigir que se descargue el pescado en sus puertos ni que las tripulaciones sean nacionales ni que las empresas se establezcan en su territorio. 
Teniendo en cuenta que, según el Tribunal de Justicia, una de las finalidades de las cuotas es que beneficien a las poblaciones costeras, lo que un Estado miembro- por ejemplo el Reino Unido- puede hacer es preguntar a todas las empresas sin discriminación (y no sólo a las de «quota hopping» ), qué tipo de vínculo económico pretenden establecer con las zonas costeras. 
Se pueden establecer criterios para apreciar el vínculo económico que tienen determinados buques con un país, pero no se pueden imponer medidas discriminatorias. 
Yo me congratulo de que la señora Comisaria Bonino haya aclarado la situación, ya que, como resultado de la declaración realizada después de la Cumbre de Amsterdam, se había creado la impresión de que el Gobierno y el Primer Ministro del Reino Unido habían recibido un trato de favor. 
Su respuesta de hoy indica que no fue así y yo agradezco la declaración de la señora Comisaria. 
Yo quisiera recordarle a la señora Comisaria que, de conformidad con las disposiciones de la Política Pesquera Común, lo que es favorable para el Reino Unido, también lo es para Irlanda y, de hecho, para cualquier país. 
Estoy seguro de que la señora Comisaria, en su calidad de guardiana de los intereses de la industria y de los pescadores, estará de acuerdo. 
No obstante, ¿podría indicarnos qué se entiende por vínculo económico? 
¿Quién adoptará la decisión? 
¿Quién la arbitrará? 
¿Quién juzgará y adoptará una decisión en relación con este tema? 
Yo quisiera pedirle a la señora Comisaria que vele por que la vinculación económica no consista simplemente en el desembarco del pescado en un puerto de Irlanda, del Reino Unido o cualquier otro, para transportarlo luego de inmediato a España o a cualquier otro país. 
Éste no es un vínculo económico suficiente; el vínculo debería ser más amplio. 
En realidad, no ha habido un trato preferente. Esto sería contrario al Derecho comunitario ante el cual todos los Estados miembros son iguales. 
Yo no podría aprobar un proceder de ese tipo, sino todo lo contrario. 
Durante el pasado año hemos presentado propuestas y sugerencias a las autoridades del Reino Unido sobre la aplicación del concepto de vínculo económico al que hacía referencia el Tribunal de Justicia. 
La Comisión verificará que la aplicación del concepto de vínculo económico sea equitativa y no discriminatoria en cuanto reciba una propuesta del Gobierno del Reino Unido sobre los criterios que se propone aplicar. 
Pero no podemos imponerle unos criterios. 
El Gobierno del Reino Unido puede indicar a cada buque: para acceder a una cuota usted debe demostrar que mantiene un vínculo económico. 
Este vínculo económico podría corresponder a alguno de los criterios que han sido aceptados por la Comisión. 
Pero la Comisión no puede imponer a nadie ninguno de estos criterios. 
Señorías, permítanme que les recuerde, por ejemplo, que la legislación nacional de Dinamarca exige que un 50 % de los desembarcos se realicen en puertos daneses. 
Ésta es una de las posibilidades para que exista un vínculo económico con el país del pabellón. 
El Sr. Varela me pide la palabra para una cuestión de orden. 
¿Qué artículo del Reglamento invoca usted para una cuestión de orden, Sr. Varela? 
Señor Presidente, no tengo el Reglamento a mano y no puedo citar ningún artículo, pero no quería entrar para nada en el fondo de la cuestión. 
La Comisaria habla de barcos de «quota hopping» , y yo quería pedirle, por favor, que no emplee esa terminología británica; que la traduzca al italiano o, en su caso, al castellano, porque esa terminología entraña una connotación negativa. 
Estamos hablando de inversiones directas de un Estado miembro en otro Estado miembro. 
Por eso, yo hablo de empresas conjuntas. 
Señor Varela, no sé hasta qué punto esto es una cuestión de orden y no una cuestión puramente semántica, pero en todo caso esta Presidencia, como es tan laxa, le ha dado la palabra y le agradece su información, como he visto que se la agradecía la Sra. Bonino con la amabilidad que es característica en ella. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 40 caduca. 
Pregunta nº 41 formulada por Sirkka-Liisa Anttila (H-0575/97): 
Asunto: Posible exportación de carne de vacuno procedente del Reino Unido a pesar de su prohibición 
Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el Reino Unido ha exportado carne de vacuno, entre otros países, a los Países Bajos, a pesar del embargo que pesa sobre la exportación de esta carne. 
De ser cierta esta información, el Reino Unido ha actuado en contra de la prohibición de exportar carne de vacuno, decretada como consecuencia de la crisis de la EEB. 
Por este motivo, es de gran importancia aclarar si la información aparecida en los medios de información sobre este tema es cierta y, si se ha producido una exportación en contra de la prohibición, debe precisarse a qué países y en qué cantidad. 
La aclaración de este tema reviste una importancia fundamental también desde el punto de vista de la credibilidad de toda la Unión Europea. 
No debemos olvidar tampoco que la Unión Europea ha intentado de múltiples maneras recuperar la credibilidad y la confianza de los consumidores en la carne de vacuno, por ejemplo, mediante una campaña de fomento del consumo por un importe de 32 millones de ecus, y mediante el establecimiento de un sistema de etiquetado con indicación del origen de la carne. 
Estos esfuerzos se irán al garete si se violan las disposiciones anteriormente señaladas. 
Asimismo, la protección legal de los consumidores requiere que se les den a conocer los países en los que puede haber carne infectada por el agente causante de la EEB. 
Se trata de un asunto especialmente urgente y grave para garantizar la salud de los consumidores. 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para averiguar la veracidad de la información aparecida en los medios de comunicación, es decir, si el Reino Unido ha exportado carne de vacuno sometida al embargo? Y si se confirma, ¿a qué países y en qué cantidad?. 
Ayer presenté un informe completo y detallado ante la Comisión temporal encargada del seguimiento de las recomendaciones en relación con la EEB. 
No obstante, tal vez pueda recordar ahora tan sólo algunos elementos básicos aquí en el Pleno. 
El informe detallado está a la disposición de todos los diputados. 
El 29 de abril, las autoridades neerlandesas tuvieron la sospecha de que 1.650 toneladas de carne vendidas por la empresa belga Tragex-Gel y almacenadas en Vlissingen correspondían a exportaciones ilegales de carne de vacuno del Reino Unido. 
Más de 100 toneladas se habían vendido a empresas exportadoras europeas, que posteriormente las exportaron a terceros países y obtuvieron una restitución. 
El remanente de 700 toneladas fue confiscado por la Fiscalía neerlandesa. 
Luego, a principios de mayo, los servicios veterinarios neerlandeses informaron de estos hechos a las autoridades belgas y al Ministro de Agricultura británico. 
El Ministerio de Salud neerlandés informó a la UCLAF el 7 de mayo, pero solicitó una rigurosa confidencialidad por lo que respecta a la investigación iniciada simultáneamente por el Ministerio fiscal neerlandés. 
Los servicios de la Comisión fueron informados el 26 de junio y la Agencia alimentaria y veterinaria envió una misión de inspección los días 26 y 27 de junio. 
Las autoridades británicas confirmaron que la carne confiscada por las autoridades neerlandesas era de procedencia británica, con lo cual confirmaban también el incumplimiento del embargo. 
El equipo encargado de la misión manifestó la opinión de que los controles de la carne son insuficientes y, en consecuencia, la Comisión remitió el 8 de julio una carta a este efecto a las autoridades del Reino Unido, previa a la aplicación del artículo 169. 
Las autoridades del Reino Unido han respondido hoy y la Comisión está examinando su carta. 
Por cierto que, como seguramente ya saben, el Ministro de Agricultura, Sr. Cunningham, está asistiendo en estos momentos a una reunión de la Comisión temporal de investigación sobre la EEB. 
El 2 de julio, la Comisión informó a todos los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a la opinión pública de estas exportaciones ilegales de carne y también se ha informado de los nombres de los terceros países identificados de momento como posibles puntos de destino. 
Éstos son Rusia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Bosnia Herzegovina y Polonia. 
El 3 de julio se realizó una visita de inspección a dos plantas belgas. 
La situación se juzgó insatisfactoria en el aspecto del control y se obtuvieron algunas pruebas de una vinculación entre Tragex-Gel y la planta británica en cuestión. 
Sobre la base de estos resultados, la Comisión solicitó el 4 de julio a las autoridades belgas la inmediata revocación de la autorización para ambas empresas y el Ministerio de Salud belga informó ese mismo día a las empresas Tragex-Gel y Lefebre de su propósito de revocar su autorización y prohibió la salida de carne de dichos establecimientos. 
La Comisión también está examinando si las autoridades belgas aplican debidamente la legislación comunitaria. 
Las autoridades alemanas comunicaron el 4 de julio a la Comisión el descubrimiento de un cargamento de 172 toneladas de carne procedentes de los dos establecimientos belgas, que se encontraban almacenadas en Hamburgo. 
En consecuencia, el 8 de julio se realizó una misión en Alemania y las autoridades alemanas confiscaron la carne sospechosa. 
El 8 de julio se inició, con la cooperación de los servicios del Reino Unido, una misión encargada específicamente de investigar las empresas británicas y el magistrado británico competente autorizó el registro de varios establecimientos británicos sospechosos de tráfico ilegal, sobre la base de las pruebas aportadas por la Comisión. 
Se obtuvieron pruebas de que probablemente se ha atribuido a la carne británica un origen comunitario distinto. 
Sobre la base de las pruebas obtenidas en Safex Cold Store y Heine Foods, el 4 de julio solicitamos a las autoridades del Reino Unido la revocación de la autorización de dichas empresas. 
El Sr. Cunningham me confirmó telefónicamente ayer que revocará la autorización de las dos empresas en cuestión. 
En resumen, el resultado final es que hemos localizado 1.650 toneladas de carne. 
En una semana hemos conseguido localizarla toda y sabemos dónde se encuentra. 
Lo que no puedo garantizarles es que el asunto se acabe aquí o, puesto que la investigación continúa, que no descubramos otras cantidades en otro lugar. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Comisaria Bonino por su extraordinaria respuesta. 
Este tipo de actividades contrarias a la normativa de la UE y a la prohibición de exportación debilita aún más la confianza de los consumidores en la carne de vacuno, lo cual es ya de por sí enormemente deplorable para un sector de la UE en crisis como es éste. 
Por lo tanto, desearía preguntar cómo tiene previsto la Comisión mejorar el control y la supervisión en el futuro, para que podamos evitar la aparición de nuevos fraudes de este tipo, que llegan a poner en peligro la salud de los ciudadanos. 
Se debe aplicar un mayor rigor en la represión de los fraudes que, poniendo en peligro la salud humana, se cometen con fines lucrativos. 
Por tal motivo desearía preguntar aún si la Comisión ha considerado recomendar a los Estados miembros un endurecimiento de las sanciones. 
Ante todo, permítame que le recuerde que la inspección es competencia de los Estados miembros. 
La Comisión sólo está autorizada a coordinar el control. 
También quiero recordarle que la Comisión cuenta con 27 inspectores veterinarios para 15 Estados miembros, para controlar toda la legislación, las importaciones de países terceros, etc. Por esto la Comisión ha solicitado poder contar, como mínimo, con 200 inspectores en total y me alegra saber que el Parlamento al parecer nos permitirá contar con 35 inspectores más a finales de este año. 
Sin embargo, la Comisión sólo puede hacer dos cosas. 
Si disponemos de mayores recursos humanos, podremos intensificar los controles al azar e incrementar también con ello los procedimientos de infracción en caso necesario. 
Yo debo reconocer, no obstante, ante la Asamblea que llevamos retraso en las inspecciones en otros ámbitos de enorme importancia. 
Pero con sólo 27 inspectores veterinarios- y no es posible su clonación, ya que está prohibidano podemos hacer mucho más. 
Es una satisfacción para mí que hayamos conseguido localizar el origen de toda esa carne de vacuno en una sola semana. 
Señora Bonino, no me voy a referir ahora a la imprudencia o precipitación de la Comisión- tema del que ya debatimos ayer suficientemente en la comisión de seguimiento- y no me preocupa que haya infractores, porque a éstos se les persigue y se les aplica el peso de la ley. 
Lo que sí me preocupa es que no funcionen los sistemas de control y supervisión, así como la infracción continuada por parte de algunos Estados miembros. 
Entonces, ¿no cree la Comisión que, con el sistema actual de control- independientemente del número de inspectores, que es algo que se puede solucionar -, no funciona dicho control? 
¿No se debería volver a considerar el sistema anterior que se servía de guías que acompañaban a un producto, tanto si fuese animal vivo o muerto, desde su origen hasta su destino, ya que estas guías- que en nuestro país se llaman así- iban perfectamente sancionadas por el veterinario competente? 
Por lo tanto, desde su origen hasta su destino, la mercancía iba perfectamente identificada y controlada. 
¿No se debería reconsiderar este sistema? 
Porque es barato y no supone gastos adicionales para la Comisión. 
Efectivamente, puede que el método anterior fuera mejor, pero esto no impidió que se llegara a una grave crisis y se acusara a la Comisión también de falta de control. 
De todas maneras, hay un reglamento que aplicar y me parece que siempre se pueden modificar cosas. 
Pero antes de cambiar el reglamento, tenemos que darnos los recursos humanos indispensables para cambiar la posición. 
Y es importante saber que vamos a elaborar, dentro de algunos meses, un informe sobre los sistemas de control. Esto podría dar al Parlamento y a la Comisión la posibilidad de debatir sobre ello, comparando los dos métodos y las dos experiencias y decidir cuál puede ser el método mejor. 
Podría ser una combinación de los dos, por ejemplo. 
Estoy reflexionando sobre ello, pero me parecería mejor que tuviéramos un poco más de experiencia en este método, para elaborar después un informe que pueda ser debatido por el Parlamento y la Comisión para ver de qué manera lo podemos mejorar. 
Me alegra la respuesta positiva que la Comisaria Bonino nos ha dado. 
Lamentablemente, es un hecho comprobado que son las malas noticias las que aparecen con grandes titulares, mientras que las buenas sobre lo que se ha logrado descubrir no se publican. 
Por eso me pregunto en primer lugar: ¿Puede la Comisión, a través de sus oficinas de información de las capitales europeas, informar verdaderamente sobre el modo en que se ha procedido, concretamente si se tienen unos resultados positivos? 
En segundo lugar: ¿No hay motivos para acelerar la entrada en vigor del Reglamento sobre el etiquetado de productos a base de carne de vacuno? 
Temo que puedan suscitarse muchas situaciones parecidas si el Reglamento no entra en vigor con mayor rapidez. 
En tercer lugar, agradezco la humildad de que ha dado muestras la Sra. Bonino al preguntarse a sí misma si se han descubierto todos los casos de infracción. 
¿Hay indicios de que exista más fraude, por ejemplo, en Gran Bretaña? 
Para aclarar cualquier posible malentendido, yo he dicho que hemos conseguido localizar el origen de la totalidad de las 1.650 toneladas, pero no puedo afirmar si éstas corresponden a la totalidad del fraude o si existen otras cantidades, puesto que la investigación continúa. 
Sólo estamos en sus inicios. 
Se están realizando nuevos controles e investigaciones en el Reino Unido, por ejemplo. 
Ambas empresas han quedado clausuradas por el momento y estamos revisando toda la documentación, expedientes, etc. Sabemos qué ocurrió con las 1.650 toneladas citadas, pero yo no puedo afirmar que el asunto acabé ahí. 
Podría ser que hubiese otras cantidades en circulación. Ojalá no sea así. 
Por lo que respecta al segundo punto, usted ya conoce la posición de la Comisión sobre el tema del etiquetado. 
La decisión y la respuesta de todos los Estados miembros fue que el etiquetado obligatorio se establecerá a partir del año 2000 y que hasta entonces éste seguirá siendo voluntario, siempre que sea posible localizar el origen de la carne. 
Yo confío en que no sólo la presente crisis, sino también una mayor conciencia de los consumidores, inducirán a los Estados miembros a acelerar al menos en la medida de lo posible el etiquetado voluntario. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 42 caduca. 
La Comisión está de acuerdo con el honorable diputado en que establecer contratos por programas puede ayudar a superar la sobrecarga administrativa que supone la financiación de cada proyecto por separado. 
La Comisión tiene previsto introducir, por lo tanto, en sus condiciones revisadas para la cofinanciación de las ONG la posibilidad de establecer contratos por programas. 
En estos momentos estamos trabajando en la revisión de las citadas condiciones de cofinanciación. 
Estos acuerdos por programas comenzarán a celebrarse de manera experimental con las ONG que puedan demostrar un enfoque apropiado en materia de desarrollo, en colaboración con ONG locales, y con las que la Comisión haya venido manteniendo una relación prolongada y satisfactoria de cofinanciación, y luego se ampliarán progresivamente. 
Los contratos por programas representarán sólo un determinado porcentaje de los fondos anuales destinados a la cofinanciación, puesto que la Comisión continuará financiando proyectos individuales de las ONG europeas que continúen operando sobre la base de un enfoque proyecto a proyecto o que tengan unas dimensiones demasiado reducidas para establecer contratos por programas. 
La Comisión ya ha utilizado este instrumento, particularmente en el ámbito de la ayuda humanitaria, a través de los contratos marco de cooperación. 
Dichos contratos marco se establecieron en 1993 y ofrecen un marco jurídico general para las relaciones con los agentes humanitarios, o sea con las ONG y los organismos internacionales, que contribuye a la racionalización y agilización de los procedimientos de gestión de las operaciones humanitarias. 
Doy las gracias por una respuesta muy positiva que me causa una gran alegría. 
El hecho es que los acuerdos marco podrían disminuir los gastos administrativos de la Comisión y de las organizaciones en cuestión. 
A través de ellos se conseguiría canalizar más fondos para el desarrollo que lo impulsarían eficazmente. 
Los acuerdos marco no son sólo aplicables a los grandes proyectos. 
Muchas de las ONGs tienen además organizaciones locales que quizá desean llevar a cabo proyectos menores. 
Creo que las grandes organizaciones, si consiguen los acuerdos marco, también podrían asumir la responsabilidad de llevar a cabo proyectos menores que realizarían sus delegaciones locales. 
Como muy bien señala el Comisario, se ha experimentado con este método dentro de ECHO, el Departamento para la Ayuda Humanitaria de la UE, y ha dado buenos resultados. 
Esto debería inspirarnos para continuar aplicándolo también en otros ámbitos. 
Sra. LÖöw, yo coincido plenamente con usted en que, si se tiene en cuenta que la ayuda a las ONG ha pasado en veinte años de 2, 5 millones a 175 millones de ecus, esto representa un enorme incremento y el número de proyectos que es preciso tramitar requiere, sin duda, la máxima simplificación posible de su gestión. 
Hemos estado trabajando en colaboración con el Comité de enlace de las ONG con objeto de establecer el llamado Programa de apoyo a la cofinanciación. 
El objetivo es ayudar a las ONG a preparar debidamente las solicitudes de financiación, los informes, etc., etc. Confiamos que estos programas de apoyo a la cofinanciación permitirán mejorar la calidad y la exactitud de los informes y, por lo tanto, la intención es hacer extensivos progresivamente estos proyectos plurianuales al mayor número posible de ONG. 
Yo puedo asegurarle que el trabajo realizado hasta ahora con el Comité de enlace ha resultado sumamente alentador y tengo la confianza de que éste sólo será el inicio de un nuevo tipo de relación con las ONG. 
Señor Presidente, tengo que plantear una breve y precisa pregunta adicional. 
¿Existe un índice o lista completa de todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por encargo nuestro y con nuestro dinero, no solamente en la cooperación para el desarrollo sino en general con terceros Estados y dónde se puede obtener esta lista? 
Por lo que se refiere a los países ACP, todos los proyectos corresponden posiblemente a la DG VIII, la Dirección general competente para el desarrollo. Seguro que en cada una de las Direcciones Generales geográficas disponen de una lista completa de ONG. 
Como usted sabe, en este contexto se trabaja sobre todo con criterios geográficos. 
Si le interesa esta lista y presenta una solicitud, yo estoy seguro de que la respuesta será muy rápida. 
Pregunta nº 44 formulada por Graham Watson (H-0431/97): 
Asunto: Elecciones en Kenia 
A lo largo de este año se celebrarán en Kenia elecciones presidenciales, legislativas y municipales. 
¿Querría la Comisión Europea exponer sus observaciones sobre las persistentes restricciones a la libertad de reunión y asociación de los partidos políticos y presentar su ofrecimiento de enviar observadores a Kenia durante las elecciones y pedir, además, al Gobierno que otorgue a la Comisión Electoral de Kenia la independencia a la que tiene derecho bajo la Constitución de Kenia, de forma que los electores keniatas puedan disfrutar de elecciones libres y justas sin sospechas ni miedos? 
La Comisión ha participado, en el marco del llamado Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo de Kenia, en la redacción de una declaración conjunta sobre la celebración de elecciones libres e imparciales a finales de este año en Kenia. 
Dicha declaración destaca la importancia de que se cumplan cuatro requisitos previos para que las segundas elecciones multipartidistas que se celebran en Kenia tengan lugar en un contexto más equitativo, a saber: acceso al censo electoral; acceso al electorado; acceso a la información; y libertad de reunión. 
La Comisión considera que estos cuatro puntos constituyen el conjunto de condiciones mínimas para que puedan celebrarse unas elecciones libres e imparciales en Kenia. 
El 6 de mayo se hizxo entrega de esta declaración al Presidente Daniel arap Moi. 
En dicha reunión se acordó que el Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo se reuniría periódicamente con las máximas autoridades keniatas a fin de mantener un diálogo sobre algunos aspectos básicos en relación con las elecciones que se celebrarán próximamente en Kenia. 
Como resultado de este acuerdo, el 1 de julio se celebró otra reunión con el Presidente. 
La Comisión Europea coincide en que la actuación y la independencia de la Comisión Electoral son cruciales para la dirección de las elecciones. 
La Comisión Europea, juntamente con los estados miembros de la Unión Europea, examinará minuciosamente las actividades de la Comisión Electoral con vistas a mejorar la transparencia del proceso de gestión de las elecciones en Kenia. 
El Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo está elaborando en estos momentos una recomendación relativa al control de las elecciones, incluida la posibilidad de enviar observadores y de establecer una secretaría que se encargue de dicho control. 
Un experto financiado por la CE forma parte del equipo técnico de apoyo al Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo. 
Los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Kenia, en el curso de los cuales 14 personas murieron en los enfrentamientos violentos cuyo detonante fueron los intentos de la policía de disolver las concentraciones convocadas para presionar en favor de las reformas constitucionales, demostraron que la situación se está deteriorando y que el diálogo entre el Gobierno, la oposición y la comunidad de donantes es más necesario y urgente que nunca. 
Agradezco la respuesta del señor Comisario. 
Como usted debe saber, la situación económica y en materia de seguridad se están agravando en Kenia. 
Mientras sus carreteras están en ruinas y sus hospitales y escuelas carecen de los suministros básicos, además prolifera el bandidaje; el partido gobernante emplea la fuerza contra las concentraciones en favor de un cambio constitucional. 
La reciente irrupción en la Catedral de Todos los Santos y el apaleamiento del reverendo Timothy Njoya son sólo un ejemplo de ello. 
Yo me congratulo de que la Comisión se proponga considerar el envío de observadores a las elecciones, pero yo me pregunto si también prestará atención a las demás medidas necesarias: el nombramiento de una Comisión Electoral independiente encargada de dirigir las elecciones; la derogación de la legislación sobre reuniones públicas que somete al control del Gobierno los mitines electorales de la oposición; y el tema de la independencia de la radio y la televisión y el acceso a las mismas para todos los partidos. 
En particular, yo quisiera preguntarle al señor Comisario si la Comisión considerará la suspensión de la ayuda que concede a Kenia en aplicación del Convenio de Lomé, habida cuenta de que dicho país ha incumplido claramente el artículo 5 del IV Convenio de Lomé. 
La importancia de crear un contexto equitativo como condición necesaria para unas elecciones libres e imparciales queda reflejada, como es evidente, en mi anterior declaración y yo pienso que las cuatro condiciones que acabo de enumerar, esto es, acceso al censo electoral, acceso al electorado, acceso a la información y libertad de reunión, incorporan, si me permite decirlo así, algunos de los aspectos que usted ha citado, como el acceso a la radio, que actualmente no está garantizado Kenia. 
Todos sabemos que en Kenia existe libertad de prensa, pero también sabemos que la radio es el único medio de comunicación con muchas zonas distantes. 
De ahí la importancia que concede, no sólo la Unión Europea, sino todo el grupo al cual he hecho referencia, al seguimiento de las actividades de la Comisión Electoral. 
Yo debo manifestar que también estamos sumamente preocupados por los casos de denominado mal gobierno que han observado algunas de nuestras embajadas y delegaciones Kenia. 
Durante la visita que realicé a Kenia, yo mismo le expresé claramente al presidente arap Moi que estamos dispuestos a cooperar e incluso a aumentar nuestra cooperación, pero que nuestras condiciones son claras y quedaron claramente reiteradas en la revisión del Convenio de Lomé, en particular en su artículo 5 sobre los derechos civiles y políticos, pero también en relación con el buen gobierno. 
Usted ha mencionado la mala situación actual de la economía. 
Este hecho es cierto y ha inducido al FMI ha considerar que Kenia «no avanza al ritmo debido». Por consiguiente, se ha suspendido el segundo tramo del crédito de ajuste estructural que se disponía a concederle el FMI y, en consecuencia, nosotros también hemos decidido suspender nuestros créditos de apoyo al reajuste estructural de Kenia, a pesar de que reconocemos que el Ministro de Finanzas personalmente merece un apoyo y su actuación es sumamente positiva. 
También he constatado que hemos señalado que estamos dispuestos a aplicar el artículo 5 si llegamos al convencimiento de que no se cumplen las citadas condiciones relativas a la celebración de elecciones libres e imparciales. 
Pregunta nº 45 formulada por Clive Needle (H-0511/97): 
Asunto: Medidas de la Comisión para erradicar la polio en África 
¿Podría exponer la Comisión las medidas que está tomando para contribuir a la erradicación de la poliomelitis mediante programas de vacunación en los países en desarrollo, en particular en el caso de África? 
Señor Presidente, especialmente en Africa, la Comisión ya está desplegando importantes esfuerzos para apoyar los programas de vacunación. 
Por un lado, estos esfuerzos tratan básicamente de garantizar de modo duradero el abastecimiento en vacunas prioritarias- me estoy refiriendo concretamente a las vacunas contra la difteria, el tétanos, el sarampión, la tos compulsiva, la BCG y la poliomielitisy, por otro lado, tratan de desarrollar y mejorar las llamadas actividades de vacunación rutinaria. 
Y ello fundamentalmente a través del apoyo a los servicios de salud de base. 
Estas intervenciones tienen como objetivo, en el futuro próximo, la ampliación con vistas al reforzamiento de las capacidades nacionales en materia de vigilancia epidemiológica y mejora de respuesta en el caso de epidemias. 
Además de esto, a petición específica de las autoridades nacionales, la Comisión podrá contribuir a que se asegure la financiación de los gastos adicionales vinculados, sobre todo, a los programas de erradicación de la poliomielitis, y que incluyen, si se solicitaran por parte de las autoridades nacionales, el apoyo a la organización y realización de jornadas nacionales de inmunización contra la poliomielitis. 
Sin embargo, repito que nuestro objetivo principal es reforzar el abastecimiento de vacunas y reforzar la capacidad de vacunación sobre una base rutinaria para todo el conjunto de las enfermedades que acabo de mencionar. 
Muchas gracias por su respuesta general, señor Comisario. 
En el curso de su intervención, usted ha manifestado que si las autoridades nacionales solicitaban una ampliación, usted estaría dispuesto a considerar dichas peticiones. 
Yo desearía conocer su respuesta a la carta que le dirigió en marzo el presidente Mandela de Sudáfrica en nombre de varias organizaciones que representan en un sentido amplio a una coalición cuyo objetivo es la erradicación de la poliomielitis en África. 
Sé que usted ha recibido cartas de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones en las que han dejado perfectamente claro que una de sus máximas prioridades es disponer de grandes programas para las jornadas de vacunación que usted ha citado. 
Sin embargo, según me comunican, la UE se está quedando significativamente atrás con respecto a la actuación de Estados unidos, el reino unido y las autoridades nacionales. 
Yo desearía saber qué cantidad se dedica específicamente a este ámbito, cuál ha sido su respuesta concreta al presidente Mandela y a los países africanos que han solicitado la ayuda de la UE y si se propone conceder verdadera prioridad a esta cuestión, de manera que la UE contribuya debidamente a la erradicación de la poliomielitis en África para el año 2000, de conformidad con la meta de la OMS. 
El motivo por el que en mi respuesta he insistido en que debe mediar una petición de las autoridades es que hemos venido rechazando las peticiones de apoyo para las llamadas «jornadas de vacunación» que nos ha dirigido la Organización Mundial de la Salud. 
¿Por qué motivo? 
Porque pensamos que el efecto multiplicador de los recursos es muy superior si se canalizan a través de los procedimientos rutinarios normales y de los servicios básicos de atención de salud que se han desarrollado en algunos países. 
Aceptamos que estos servicios no pueden atender en algunos casos las vacunaciones periódicas, que están bien implantadas en muchos países africanos, para todas las enfermedades que he citado. 
Por consiguiente, en aquellos casos en que las autoridades nacionales de determinados países nos piden apoyo para una iniciativa ad hoc de este tipo, estamos dispuestos a ofrecerlo porque consideramos que las autoridades sanitarias nacionales están en mejores condiciones de juzgar cuál es la mejor manera de invertir los recursos. 
Ésta ha sido nuestra política en la lucha contra algunas enfermedades, tal como le expuse al Director de la organización Mundial de la Salud y a algunas ONG del otro lado del Atlántico y de otros lugares que me visitaron con este objeto. 
Se trata de un enfoque flexible que hasta el momento ha resultado satisfactorio para los países, que han optado bien por el refuerzo de sus programas normales o bien, en otros casos, por organizar una campaña de sensibilización de la población. 
Por lo tanto, supongo que la respuesta al presidente Mandela fue afirmativa. 
Resulta muy difícil negarle algo a Nelson Mandela. 
Pregunta nº 46 formulada por Glenys Kinnock (H-0556/97): 
Asunto: Prevención de conflictos y desarrollo 
¿Apoya la Comisión el principio general de que la asistencia en materia de seguridad debería formar parte de los programas de desarrollo en las regiones propensas a padecer conflictos (la «seguridad en primer lugar» )? 
En caso afirmativo, ¿cómo piensa garantizar que los Programas Indicativos nacionales y regionales se organicen de tal forma que permita este tipo de asistencia a corto plazo? 
La Comisión sigue otorgando una gran importancia al tema de la prevención de los conflictos. 
La Comisión ha encabezado la iniciativa del diálogo con la Organización de Unidad Africana en la Unión Europea, sobre todo en relación con el apoyo al mecanismo de resolución de conflictos de la OUA. 
La Comisión ha dado los pasos necesarios para configurar la llamada red de prevención de conflictos y ha desempeñado un papel muy destacado en la elaboración de las directrices del Comité para Suráfrica (South African Comittee: SAC) en relación con los conflictos, la paz y la cooperación al desarrollo. 
La Comisión también fue la que impulsó la adopción de la posición común y las conclusiones del Consejo en relación con la prevención y la resolución de los conflictos en África, adoptadas por el Consejo de asuntos generales el 2 de junio 1997. 
Estos documentos reflejan los conceptos y recomendaciones centrales de la Comunicación de la Comisión sobre construcción de la paz y resolución de los conflictos en África del 6 de marzo de 1996. 
La Comisión también contribuyó a la adopción de la resolución sobre la coherencia adoptada por el Consejo de Desarrollo el pasado 5 de junio, que contempla como un tema específico la construcción de la paz y la prevención de los conflictos. 
Estos dos últimos documentos son totalmente complementarios y permiten contar con un fundamento muy firme para una serie de actividades concretas en diversos ámbitos. 
Ambos documentos confirman que la ayuda al desarrollo deberá desempeñar un papel de primer orden en la construcción de la paz y la prevención de los conflictos. 
No obstante, si queremos que nuestra ayuda sea eficaz, con el objetivo de construir la paz, debe quedar claro que tendremos que reconsiderar los objetivos de nuestra ayuda. Yo tengo el firme convencimiento de que ha llegado el momento de dejar de centrarnos exclusivamente en el desarrollo económico y que debemos suscribir, y observar, el principio de que el crecimiento económico por sí solo no evita ni resuelve los conflictos. 
A veces incluso puede desencadenar o intensificar las tensiones en la sociedad. 
Yo pienso que la política- unos sistemas políticos que funcionen- es la clave del bienestar de África. 
La quiebra del Estado, una acción de gobierno ineficaz e ilegítima, la corrupción, los desequilibrios de poder y en las oportunidades, el saqueo de la riqueza nacional por una élite reducida, y la represión de la democracia, de los derechos y libertades, éstos son los problemas clave que es necesario abordar. 
En ellos se encuentran las causas últimas de los conflictos violentos y nuestra ayuda debe tener como objetivo dichos problemas. 
La ayuda a los países en desarrollo, incluidos los Programas en el marco del Convenio de Lomé, debe diseñarse y aplicarse de manera que contribuya a atacar las causas últimas de los conflictos violentos. En este sentido, yo respaldo plenamente el principio general de que la asistencia en materia de seguridad debería formar parte de los programas de desarrollo en las regiones propensas a padecer conflictos. 
Yo sólo querría añadir que estos documentos estratégicos se elaboraron por primera vez después de consultas previas con los Estados miembros, el Banco Mundial, el PNUD y, en algunos casos, Estados Unidos. 
Yo creo sinceramente que el resultado es muy alentador, pero todavía no corresponde a lo que yo entiendo por un documento estratégico en favor del desarrollo completo e integral. 
Agradezco la respuesta del señor Comisario. 
Sin duda ya debe conocer mi preocupación y la de otras personas por el hecho de que en el Libro Verde se hace escasa, por no decir ninguna, referencia al tema de la prevención de los conflictos. 
Yo acojo naturalmente con satisfacción que en su respuesta haya mencionado la inclusión de la seguridad en el marco del Convenio de Lomé. 
Yo querría preguntarle al señor Comisario: ¿de qué manera práctica y tangible se propone garantizar que este aspecto se incorpore realmente al Convenio de Lomé? 
También querría dirigirle otra pregunta en relación con la importancia del mantenimiento de la paz. 
La desmovilización constituye un aspecto importante del mismo. 
Yo dirigí una carta a la Comisión a propósito de la desmovilización de más de la mitad de las fuerzas de la UNITA en Angola. 
A mi parecer, no disponemos de un mecanismo para una rápida liberación de los fondos en estas situaciones de posconflicto. 
Ya sé que nuestros procedimientos son engorrosos, pero ésta no puede ser la única explicación. 
Es necesario que el señor Comisionado se ocupe de esta cuestión. 
¿No cree usted que el principio de cooperación de Lomé puede constituir el núcleo central del problema? 
¿Se propone considerar el Comisario la creación de un instrumento financiero que permita superar el problema que él considera claramente que es preciso encarar? 
Yo agradezco a la Sra. Kinnock su insistencia en la importancia de la prevención de los conflictos y en el hecho de que en el Libro Verde este aspecto no está tan presente como debería. Tampoco lo están otros aspectos de los que la Comisión se ha ocupado muy recientemente, como el desarrollo humano y social o los temas relativos al género. 
Consideramos que, al ser tan recientes, se contemplarían como temas muy importantes juntamente con el Libro Verde. 
No obstante, yo no tengo la menor duda de que debemos mantener un diálogo político más maduro con nuestros socios de los países ACP y debatir los problemas que antes he señalado desde una perspectiva de madurez. De lo contrario, nos moveremos en círculos sin afrontar el verdadero problema. 
Por consiguiente, yo pienso que esta cuestión ocupará un lugar destacado en el próximo Convenio de Lomé. 
Por lo que se refiere al segundo aspecto del problema al que ha hecho referencia la Sra. Kinnock, yo he participado muy intensamente en la discusión del problema de Angola con las autoridades angoleñas. 
Es cierto que el Convenio impone restricciones que lo dificultan muchísimo. Voy a mencionar sólo algunas. 
En primer lugar, dado que no podemos financiar ni ofrecer asistencia en relación con ningún aspecto militar, ¿debemos considerar la desmovilización con la asistencia del ejército como un tema militar o no militar? 
Yo creo que no es militar, pero existen algunas dudas sobre lo acertado de este juicio. 
En segundo lugar, está el tema de la liberación de fondos para este fin. 
Cada caso de desmovilización es singular. 
Por ejemplo, en Liberia se aplicó el principio de «armas por empleos» y está dando resultado. 
En Angola, el enfoque tendría que ser muy distinto pues las aldeas y ciudades han quedado arrasadas. 
Por lo tanto, es preciso reconstruirlas desde los cimientos. Lo cual constituye una experiencia totalmente nueva. 
Se ha sugerido que podríamos canalizar la ayuda a través de las ONG, pero nuestra línea financiera para las ONG es insuficiente si se considera que sería necesaria la desmovilización inmediata de unas 60.000 personas y su reinstalación en algún lugar situado fuera de las ciudades. 
Ésta es, por lo tanto, una de las cuestiones que está examinando la DG VIII, sobre todo porque yo voy a viajar a Angola a principios de octubre y uno de los puntos prioritarios la lista de temas que me propongo tratar con las autoridades angoleñas y con la UNITA es precisamente cómo vamos a encarar a corto plazo el problema de la desmovilización de entre 60.000 y 90.000 hombres que llevan treinta años combatiendo. 
Será un placer para mí invitarla a acompañarme, pues pienso que el viaje y las conversaciones merecerán la pena. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 47 caduca. 
La pregunta nº 48 formulada por el Sr. Barros Moura ha sido retirada. 
Pregunta nº 49 formulada por Ian White (H-0494/97): 
Asunto: Restricciones en el marco del Fondo de Desarrollo Regional 
El 7 de abril se presentó una pregunta escrita (E-1395/97) en la que se preguntaba a la Comisión, en relación con el desarrollo de las instalaciones del aeropuerto de Benbecula, en las Islas Hébridas, si el uso de fondos de la Unión Europea está más restringido en el caso de las instalaciones civiles que en el de las militares. 
En su respuesta, la Comisión indica que se ha pedido información al respecto al Estado miembro afectado. 
¿Puede indicar la Comisión si ya ha recibido esa información? 
En el período 1988-1991, se entregaron dos ayudas para el aeropuerto de Benbecula en el marco de Highlands and Islands National Programm of Community Interest del Fondo Europeo para Desarrollo Regional. 
La primera ayuda estaba destinada a la construcción de una nueva terminal y la segunda para un proyecto de ampliación de la pista y de la superficie útil. 
De los datos de las autoridades competentes de su ejecución se puede deducir lo siguiente: en primer lugar, la terminal del aeropuerto cofinanciada con el Fondo Regional no es utilizada por las fuerzas armadas a no ser como pasajeros de pago en vuelos comerciales; en segundo lugar, para la pista de aterrizaje no existen unas limitaciones especiales. 
El ejército puede utilizar el aeropuerto con finalidades de tránsito. 
Ocasionalmente, el aeropuerto se puede utilizar para ejercicios excepcionales, pero sigue estando abierto a la aviación civil durante ese tiempo. 
No existen instalaciones militares permanentes en el aeropuerto. 
A los vuelos militares se les aplican las tarifas usuales, lo que contribuye a la rentabilidad del aeropuerto. 
Sin embargo, los vuelos militares representan una parte muy pequeña de la totalidad del tráfico aéreo en el aeropuerto de Benbecula; determinante para la ayuda de la UE han sido las repercusiones sobre la economía regional. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su utilísima respuesta. 
Yo tengo la sospecha de que la información aportada por la «autoridad competente» , según sus palabras, no es del todo exacta. 
Lo digo porque yo he estado en el aeropuerto de Benbecula y mi pregunta se debe sencillamente a que estuve allí en calidad de pasajero civil y fui testigo del aterrizaje de varios aviones militares. 
También pude observar que una gran base militar de la RAF linda directamente con el aeropuerto y la Royal Artillery posee un poco más allá una enorme base pegada a la carretera. 
Yo me pregunto seriamente si la Unión Europea no ha subvencionado, inadvertidamente al parecer, parte de lo que de hecho viene a ser una importante base militar en las Hébridas Exteriores. 
Yo querría señalarle de antemano a la señora Comisaria que su respuesta me ha interesado, pero creo que deberíamos ir más lejos. 
Señor Presidente, he comprendido que la respuesta no le es suficiente. 
La decisión se tomó en el año 1988. 
Entretanto se han liquidado los créditos y, según mis informaciones, éstos solamente se emplearon para los proyectos financiados. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 50 caduca. 
Pregunta nº 51 formulada por Gary Titley (H-0507/97): 
A la vista de la fase de reestructuración que atraviesa la industria europea de defensa, ¿prevé la Comisión conceder una mayor importancia al programa KONVER tras 1999? 
Señor Titley, hoy es un momento poco favorable porque, como ustedes saben, mañana el Presidente de la Comisión va a presentar la Agenda 2000 así como modificaciones que se van a reflejar en el programa de los Fondos estructurales. 
Les ruego que comprendan que no quiera anticiparme al Presidente de la Comisión y que por el momento solamente realice algunas observaciones generales. 
Ustedes saben que las actuales iniciativas comunitarias son criticadas fuertemente porque su número es demasiado elevado así como los diversos programas que se refieren a dichas iniciativas. 
De los 800 programas generales que tenemos, 400 se refieren a iniciativas comunitarias. 
Pero esto es aplicable solamente a aproximadamente un 9 % de los créditos de los Fondos estructurales. 
Esto refleja unos gastos administrativos desproporcionadamente elevados y un sobrelapamiento de contenidos con los programas objetivo. 
Como no quiero anticiparme al Presidente, hoy sólo voy a indicar que las iniciativas comunitarias que no se van a proseguir se integrarán dentro de lo posible en los programas mainstream. 
Puesto que la respuesta en el fondo ha sido que «espere a mañana» , me resulta difícil formular una pregunta suplementaria. 
Sin embargo, lo que me preocupa es que si algunas de las murmuraciones sobre los instrumentos comunitarios son ciertas, el programa KONVER probablemente se perderá. 
Dicho programa cubre unas zonas que actualmente no están cubiertas por los Objetivos 1 ó 2 y que, en realidad, tampoco pueden incluirse fácilmente en ninguno de los restantes objetivos de la Comisión. 
Sin embargo, son zonas que han sido importantes para llevar a cabo la conversión de las industrias de defensa, lo cual es un factor clave que debemos poner en juego. 
¿Podría indicarme la señora Comisaria si está de acuerdo en que el programa KONVER cumple un objetivo legítimo y si ella desea que estos objetivos se cumplan en el programa que se aplique a partir de 1999, cualquiera que éste sea? 
Señor Titley, comprendo sus argumentos en favor de KONVER y también sé que existía un motivo muy específico porqué KONVER era importante para determinadas regiones. 
Sin embargo, tenemos que desarrollar un concepto global que tenga en cuenta todas las objeciones. 
Tendremos que comprobar en qué forma se puede apoyar en el futuro lo que es necesario en este campo. 
Pero les ruego que comprendan que va a ser muy difícil mantener todo lo que hacemos ahora, al menos con la misma calidad, y aún más difícil será hacerlo en otros campos. 
Por ello, tendremos que encontrar un compromiso justo que tenga en cuenta los intereses de todos los afectados, ante todo, de las regiones que necesitan más ayuda. 
Como la señora Comisaria ya sabe, el oeste de Inglaterra es la región más dependiente de la industria relacionada con la defensa de todo la Unión Europea. 
Por esto el programa KONVER es tan importante para nosotros. 
Yo querría preguntarle, en nombre de los sindicatos del oeste de Inglaterra, si la Comisión tiene previsto evaluar la eficacia del programa KONVER durante sus primeros años de funcionamiento como programa comunitario. 
¿Ha realizado la Comisión una evaluación, y sería posible contemplar tal vez incluso la celebración de una conferencia o algún tipo de encuentro al que se invitase a los sindicatos para que expongan sus opiniones al respecto? 
Yo puedo asegurarle, señora Comisaria, que en los sindicatos existe una insatisfacción muy generalizada con el funcionamiento de este programa en el pasado, pues se considera que los trabajadores han tenido una participación insuficiente en el mismo. 
Señor White, naturalmente que vamos a evaluar los resultados, al igual que hacemos con otros programas nuestros. 
Pero le ruego que comprenda que, como KONVER se ha puesto en marcha en parte extremadamente tarde, solamente será posible hacerlo cuando tengamos algunos resultados. 
No tengo aquí sus cifras, pero si recuerdo bien nos encontramos aproximadamente en un 6 % de la iniciativa total. 
Pero voy a consultar especialmente para usted lo que se refiere al Reino Unido. 
Es decir, apenas hemos gastado créditos de KONVER y lógicamente apenas hemos podido lograr éxitos. 
En primer lugar, vamos a examinar cuáles son las repercusiones generales del programa KONVER y, en segundo lugar, vamos a proporcionar posibilidades para un intercambio de informaciones en los distintos campos, tal como ha se ha hecho hasta ahora. 
Ya se han celebrado algunas conferencias de regiones KONVER. 
Señora Comisaria, quisiera formular una pregunta en torno al futuro de la iniciativa RECHAR, que al parecer ya no se incluye más adelante. 
Yo sé que mañana va a presentar la Agenda 2000, pero quería su opinión sobre si van a continuar esas reestructuraciones, además, por imperativos comunitarios, por las competencias que tiene la Unión Europea en el Tratado de la CECA, algo que va a seguir afectando a países como Alemania, España e incluso Francia. 
También quería preguntarle si no es consciente de que, al caducar el Tratado de la CECA- y por lo tanto todas las ayudas que se recibían para la reindustralización- y en vista de la decisión del Consejo de Amsterdam de destinar estos fondos remanentes- las reservas de la CECA- a otras funciones, no habría realmente que pensar en un programa de transición para estas regiones. 
Señora Wulf-Mathies, como usted ha podido comprobar, la pregunta complementaria de la Sra. García Arias está fuera del marco de la pregunta formulada inicialmente. 
No obstante, puede responder si lo desea. 
Creo que debo ser justa. 
Si hoy no digo qué va a pasar con KONVER, tampoco puedo decir qué va pasar con RECHAR. 
Le ruego que lo comprenda. 
Pero usted sabe que conocemos muy bien los problemas que intentamos solucionar con RECHAR y que vamos a intentar estar a disposición también en el futuro para solucionar tales problemas, de la forma que sea. 
Pero, en segundo lugar, le ruego que comprenda también que tenemos que respetar las decisiones del Consejo en lo tocante a la CECA. 
Pregunta nº 52 formulada por Miguel Arias Cañete (H-0515/97): 
Asunto: Red de Regiones capitales 
¿Es consciente la Comisión Europea de la especificidad de los problemas que afectan a las Regiones Europeas que albergan la capital del Estado? 
¿Conoce la Comisión Europea las actividades de la Red de Capitales que integran las regiones de Madrid, Bruselas, Ile de France, Atenas, Lisboa, Roma, Estocolmo, Helsinki y en la que participan Berlín, Dublín y Viena como observadores? 
Señor Presidente, me alegra muy en especial poder responder al presidente de mi comisión y lo voy a hacer gustosamente diciéndole que la Comisión ha mantenido un intercambio de opiniones con representantes del Grupo de Regiones capitales en 1996. 
En esa ocasión se abordó también la problemática especial de las regiones europeas en las que se encuentra la capital de un Estado. 
En este contexto, la Comisión ha instado al Grupo de Regiones capitales para que presenten sus deseos de cara a la estrategia de ordenación del territorio que se está elaborando actualmente en el marco del concepto europeo de desarrollo del territorio y como usted sabe dicho concepto se ocupa del sistema de ciudades en la Unión Europea y también de las diversas funciones de las diferentes ciudades. 
La Comisión ha tomado nota con interés de la Carta de las Regiones capitales de la Unión Europea en la que se muestran los elementos esenciales de la problemática mencionada. 
Con su comunicación de mayo de 1997 sobre el desarrollo europeo de las ciudades, la Comisión ha instado a las instituciones interesadas a que inicien un diálogo. 
En el marco de un encuentro informal celebrado en junio de 1997 en Noordwijk, los ministros competentes para cuestiones urbanas y de ordenación del territorio de los Estados miembros de la UE han subrayado el gran interés existente en un intercambio europeo de opiniones y experiencias. 
Las opiniones de las instituciones europeas, del Parlamento Europeo, de la Comisión de las Regiones, de la Comisión de Agricultura, Asuntos Monetarios y de Política Industrial, de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo así como las propuestas de las organizaciones de ciudades como, por ejemplo, la red, pueden proporcionar importantes estímulos para el Foro de las Ciudades que la Comisión ha previsto para 1998. 
Por ello, espero también una opinión de esta institución, que nos podrá ayudar a obtener una imagen correcta de la situación de diversas ciudades con diferentes problemas. 
Señora Comisaria, le agradezco mucho su respuesta y quisiera decirle que las ciudades capitales, como centros de decisiones políticas, financieras y culturales, tienen el más alto grado de concentración de servicios del país de que se trate, pero que también esta concentración las convierte en polo de atracción de la inmigración local y de terceros países, con un aumento muy notable de la población marginal, de los desempleados, y el consiguiente despoblamiento y empobrecimiento de su entorno regional. 
Además, las relativamente altas cotas de ingresos de la población realmente ocupada desplaza hacia otras regiones la ayuda de los Fondos estructurales. 
Por eso mi pregunta, señora Comisaria, es si en el nuevo Objetivo 2, que se contempla en la Agenda 2000, la Comisión piensa considerar, entre los criterios de elegibilidad, la situación de estas regiones con ciudad capital, que tienen un problema muy específico, que concentran muchas veces gran parte de los ciudadanos, incluso de un Estado miembro, y que, sin embargo, hasta la fecha no son destinatarias de ayudas estructurales. 
Señor Presidente, señor diputado, ruego no me obliguen a tocar el tema de la Agenda 2000 pues mañana se va a ocupar el Presidente del mismo en su totalidad. 
Pero permítame que le indique que ciertamente sería importante comprobar qué es lo que diferencia a las capitales de otras ciudades con problemas similares, que tienen que enfrentarse a la inmigración o la contaminación del medio ambiente, y que desempeñan unas determinadas funciones centrales para una región. 
Rogaría que nos expusiesen sus problemas- lo que hemos pedido también a la Región de capitales- pues me parece que se puede tener más éxito si nos ocupamos de los problemas en el marco de iniciativas urbanas, independientemente de si esos problemas se producen en capitales o en otras ciudades. 
Tienen la misma gravedad para las personas que viven allí y las personas en las capitales padecen exactamente con la misma intensidad que los demás estos problemas. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a las preguntas formuladas a la Sra. Wulf-Mathies, las preguntas nº 53 a la nº 58 se contestarán por escrito. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 59 caduca. 
Pregunta nº 60 formulada por Anne McIntosh (H-0440/97): 
Asunto: Reconocimiento de la cualificación de instructor de esquí en Francia 
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar la debida aplicación de la legislación por la que se reconoce la cualificación de instructor de esquí en Francia, evitando así la práctica de las pruebas de aptitud como recurso para discriminar a los instructores que no posean la nacionalidad francesa? 
En lo que concierne al derecho de establecimiento, qué medidas piensa tomar la Comisión contra las autoridades francesas en caso de que no hayan modificado las normas de autorización para quienes estén en posesión de un título expedido por otro Estado miembro, de conformidad con la Directiva 92/51/CEE? 
Señor Presidente, la Comisión está perfectamente al corriente de los problemas que encuentran los instructores de esquí en posesión de un título británico para que se les reconozca su título en Francia. 
La Comisión, de hecho, se empleó a fondo a fin de resolver estas dificultades. 
Deseo recordar que, a raíz de la intervención de la Comisión, Francia aplicó correctamente el Derecho comunitario. 
Por lo que atañe a la libertad de establecimiento, se siguió un procedimiento de infracción. 
La cuestión debería solucionarse en breve, puesto que hace pocas fechas las autoridades francesas emanaron un decreto que transpone la Directiva 92/51/CEE relativa al reconocimiento de títulos en el ordenamiento francés. 
La correcta aplicación de las nuevas disposiciones del Derecho francés deberá comprobarse en la práctica y la Comisión desea continuar actuando en este sentido. 
La Comisión asimismo se ha empleado a fondo para establecer un diálogo entre la asociación británica British Association of skii instructors (BASI) y las autoridades francesas. 
El objetivo de dicha iniciativa consiste en fomentar el debate bilateral sobre las condiciones que regulan el reconocimiento del título BASI de primer grado. 
Ya se han celebrado encuentros entre funcionarios franceses y miembros de la British Association of skii instructors. 
La Comisión además ha invitado a las autoridades francesas a facilitar una primera evaluación con respecto al Decreto sobre los prestadores de servicios que deberíamos recibir en las próximas semanas. 
Si se comprobara que las pruebas de aptitud se solicitan de forma automática, la Comisión invitará a las autoridades francesas a modificar esta práctica. 
Señor Presidente, aun cuando yo acojo con satisfacciones las acciones que ha emprendido la Comisión hasta el momento, mucho me temo que sencillamente no son suficientes. 
El Gobierno francés, en su calidad de miembro fundador de la Unión Europea, debería tener más buen criterio y debería saber que, tal como ha indicado el señor Comisario, está incumpliendo flagrantemente las disposiciones del Tratado relativas al derecho de establecimiento y también, en particular, la Directiva de aplicación, la cual- permítame que se lo recuerde- se adoptó en 1992. 
En nombre de los esquiadores británicos, muchos de los cuales se han dirigido por carta a mí y a otros eurodiputados británicos, yo le pregunto: ¿podría decirnos cuándo podrá ocupar un ciudadano británico, con un diploma británico, un puesto en igualdad de condiciones con un ciudadano francés, de conformidad con el artículo 7 del Tratado? 
Las normas sencillamente no son equitativas y yo repito que Francia está incumpliendo el Tratado y la Directiva de aplicación. 
Señor Presidente, quizás pueda ofrecerle los últimos detalles en relación con este asunto, en el que la Comisión tiene tanto interés como usted, Sra. McIntosh. 
Primero, el año pasado se realizaron grandes esfuerzos, por medio de reuniones, contactos informales o cartas oficiales, para resolver los problemas que encuentran los instructores de esquí extranjeros que desean desarrollar su actividad en Francia y se consiguieron progresos reales. 
No podemos olvidar los dos Decretos franceses. 
Segundo, la Comisión ha pedido a Francia que examine todos los casos pendientes de los que tiene noticia la Comisión. 
Tercero, la Comisión acaba de recibir una nueva denuncia del Sr. Holmes, abogado de la Asociación Británica de Instructores de esquí, que ha quedado registrada oficialmente como tal. 
El tema que preocupa al Sr. Holmes es que pueda exigirse sistemáticamente la realización de pruebas de aptitud a los prestadores de servicios. 
Si así fuera, la Comisión podría decidir iniciar una acción. 
Cuarto, el 17 de junio de 1997 yo recibí a una delegación de instructores de esquí de base encabezada por la Sra. Billingham. 
Finalmente, con fecha 3 de abril de 1977, se envió a las autoridades francesas una carta firmada por el director general Mogg, en la que se les solicitaba que remitieran a la Comisión una primera evaluación del Decreto relativo a los proveedores de servicios. 
La Comisión acaba de recibir los elementos de dicha evaluación en junio de este año. 
Por lo tanto, yo creo, Sra. McIntosh, que estos hechos podrán convencerla de que la Comisión está dedicando una rigurosa atención a este caso tan importante. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
Yo estoy segura de que no le sorprenderá que intervenga en relación con este tema, si bien mi pregunta va un poco más allá. 
Yo le agradezco que ya haya recordado usted la importantísima reunión que celebramos con el presidente y el presidente ejecutivo de la Asociación Británica de Instructores de Esquí. 
Yo debo decir que, como ha podido apreciarse en la intervención de la Sra. McIntosh, la exasperación en relación con este tema concreto es muy grande. 
Me alegra saber que se están realizando progresos, pero existe un cierto escepticismo al respecto. 
Lo que esperamos son acciones, más que palabras. 
No es necesario decirle que esta cuestión constituye un microcosmos de todo su Plan de acción para la realización del mercado único. 
Si no podemos resolver este problema, ¿qué posibilidades y probabilidades existen llegar a resolver todos los otros múltiples problemas más complejos? 
Por lo que se refiere a los instructores de esquí, su enfrentamiento con las autoridades franceses sólo constituye una parte del tema general. 
Yo estoy segura de que este caso tendrá resonancia en el resto de Europa. 
Yo agradezco el interés de la Sra. Billingham por las actividades de la Comisión en este ámbito. 
Su intervención me ofrece la oportunidad de señalar que, en efecto, mis palabras sólo eran palabras, pero palabras sobre unos hechos. 
Es posible que estos hechos todavía no sean suficientes y adoptaremos todas las acciones que sean necesarias. 
Usamos palabras para referirnos a las acciones, pero el elemento clave en este ámbito es la acción. 
Yo comparto su punto de vista en el sentido de que la libre circulación de personas, en sentido amplio, es esencial para el mercado único. 
Por esto nos estamos ocupando con tanto ahínco de este tema. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 61 caduca. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 62 y 63 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 62 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0482/97): 
Asunto: CIG y nuevas propuestas para garantizar la libre circulación de mercancías, especialmente por Francia 
¿Qué medidas serían las más eficaces, a juicio del Comisario, para evitar que en adelante se vuelvan a producir impunemente reiteradas violaciones del derecho a la libre circulación de mercancías? 
¿Qué propuestas formularía con vistas a la CIG y al nuevo tratado de la UE? 
¿Qué políticas y medidas concretas? 
Pregunta nº 63 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0492/97): 
Asunto: Medidas contra el vandalismo que impide la libre circulación de mercancías 
En el contexto del plan de acción para la culminación del mercado único, uno de cuyos objetivos es la eliminación de los obstáculos sectoriales en beneficio de todos los ciudadanos, ¿qué disposiciones se han previsto contra el vandalismo practicado en ocasiones impidiendo la libre circulación de mercancías agrarias? 
En lo referente a los asuntos mencionados por sus Señorías y que actualmente se están examinando, la Comisión ya ha expresado en reiteradas ocasiones su posición con respecto a los actos de vandalismo contra algunos productos agroalimenticios procedentes de España, repetidamente cometidos por algunos colectivos de productores franceses o por algunas de sus organizaciones. 
Hace algunos días, yo mismo envié una carta al ministro francés de Asuntos Europeos a fin de significarle la preocupación de la Comisión con relación a este suceso. 
Por otra parte, hechos similares, registrados en años anteriores, obligaron a la Comisión a instar un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 169 del Tratado, procedimiento que hoy por hoy se está tramitando ante el Tribunal de Justicia. 
Recientemente, el abogado general, Sr. Lenz, presentó al Tribunal sus conclusiones apoyando la posición expresada por la Comisión. 
No cabe duda de que, si el Tribunal de Justicia estimara que Francia ha incumplido las obligaciones derivadas del Tratado y si las medidas tomadas por las autoridades francesas no permiten acabar con dicho incumplimiento, la Comisión podrá interponer recurso conforme al artículo 171 del Tratado de la Unión Europea y, si fuera necesario, instar al Tribunal de Justicia a que conmine a Francia al pago de una suma a tanto alzado o de una multa. 
En cuanto a las iniciativas de carácter general que podrían emprenderse en un futuro próximo y que son objeto de la otra pregunta, la Comisión es consciente de que las condiciones de aplicación de los procedimientos, instados con arreglo a los artículos 169 y 171, no permiten afrontar y solucionar con rapidez los problemas que se plantean a raíz de los hechos referidos por sus Señorías. 
La Comisión, por otra parte, ha llamado la atención de los Estados miembros sobre este punto en el dictamen emitido en el mes de febrero de 1996 con ocasión de la Conferencia Intergubernamental. 
Posteriormente, en el Plan de acción para el mercado único, la Comisión precisó que, caso de existir violaciones del Derecho comunitario con serias repercusiones en el funcionamiento del mercado único, podrá adoptar medidas urgentes contra los Estados infractores e imponer, en su caso, sanciones. 
El fortalecimiento de las competencias ejecutivas de la Comisión contribuirá a reducir los retrasos en cuanto a la solución de los asuntos. 
La Conferencia Intergubernamental, sin embargo, finalizó sin que se incluyera en el texto del nuevo Tratado ninguna enmienda al respecto. 
El propio Consejo Europeo de Amsterdam, no obstante, pidió a la Comisión que examinara las medidas para garantizar de forma eficaz la libre circulación de mercancías y admitiera la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros y la invitó a presentar propuestas en este sentido antes de la próxima reunión del Consejo Europeo que se celebrará en el mes de diciembre de 1997. 
Señor Presidente, es demasiado pronto para manifestar que la Comisión tiene previsto actuar al respecto. 
Lo cierto es, sin embargo, que ha comenzado a examinar todas las posibilidades que ofrece el Tratado para responder plenamente a la invitación que le fue dirigida por los jefes de Estado y de Gobierno con ocasión de su última reunión. 
Señor Comisario, la Conferencia Intergubernamental ha sido decepcionante respecto de este problema, que sigue en pie. 
Agradezco muchísimo a la Comisión la disposición que ha mostrado antes de la Conferencia Intergubernamental, y veo- por sus palabras, señor Comisario- que también después de la misma. 
Por tanto, en esta actitud de mutuo apoyo- porque el problema sigue en pie -, le agradecería mucho que diese copia al Parlamento, y a esta diputada concretamente- para información parlamentaria y del común de la opinión pública europea -, de la carta que ha dirigido al Ministro francés. 
Le agradezco su disposición y, en el futuro, también agradecería que todas estas acciones de la Comisión, que está intentando solucionar el problema, tuvieran máxima transparencia y difusión. 
Creo que la Comisión Europea está haciendo mucho más de lo que sabe la gente. 
Deseo manifestar a la Sra. Izquierdo Rojo que el día 8 de julio, fecha en la que dirigí al ministro francés de Asuntos Europeos la carta que acabo de mencionar, la Comisión emitió un comunicado de prensa con el contenido de dicha carta. 
Señor Comisario, a usted le consta que, a pesar de sus cartas de reprimenda al Ministro francés de Asuntos Europeos- al del anterior Gobierno y al del actual -, se siguen cometiendo actos vandálicos contra camiones españoles ante la pasividad de la Gendarmería francesa. 
Ahí está, por ejemplo, el atropello cometido el pasado día 2 en Cintegabelle. 
Supongo, señor Comisario, que sentirá usted una gran frustración al constatar que están resultando estériles sus buenas intenciones de arreglar el asunto durante la pasada Conferencia Intergubernamental de Amsterdam, cuando propuso que las sanciones fueran automáticas. 
Comprendo su frustración, ya que a los europeos nos consta su entereza e incluso obstinación por defender, contra viento y marea, la libre circulación de mercancías en la Unión para conseguir ese objetivo irrenunciable de la culminación del mercado único. 
Comprendo su frustración, señor Comisario, pero usted tiene que comprender que la nuestra es mayor, porque todavía estamos- como ha dicho la anterior oradora- ante un problema irresoluto. 
No cabe duda de que existe cierta frustración, sin embargo, somos conscientes de que está creciendo en las Instituciones y en la opinión pública, el deseo de solucionar estos problemas realmente. 
A la Comisión y a mí personalmente nos animó conocer las conclusiones presentadas al Tribunal por el abogado general, Sr. Lenz, con relación a los sucesos acontecidos en 1995. 
No cabe duda de que ha transcurrido mucho tiempo y que la dinámica de estos asuntos es lenta, sin embargo, si el Tribunal de Justicia estima las conclusiones presentadas por el abogado general, Sr. Lenz, se tratará de un asunto concreto en el que se habrá dado un paso importante para garantizar la libre circulación de mercancías. 
Transporte de viajeros por carretera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos recomendaciones para la segunda lectura: 
recomendación para segunda lectura (A4-0234/97) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0172/97-96/0002 (SYN) ) con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo por el que se determinan las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los transportes nacionales de los transportes de viajeros por carretera en un Estado miembro (Ponente: Sr. Killilea).-recomendación para la segunda lectura (A4-0233/97) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0173/97-96/0125 (SYN) con vistas a la modificación del Reglamento (CEE) nº 684/92/CEE del Consejo por el que se establecen normas comunes para los transportes internacionales de viajeros efectuados con autocares y autobuses (Ponente: Sr. Killilea). 
Señora Presidenta, el Parlamento no puede considerar totalmente satisfactoria la manera de proceder del Consejo en el ámbito del transporte internacional de viajeros efectuado con autocares y autobuses. 
La Comisión había recogido sólo 9 de las 26 enmiendas del Parlamento y el Consejo ha recogido menos aún. 
Sin embargo, hay que reconocer que la decisión de introducir una licencia comunitaria constituye, obviamente, un paso importante. 
La posición común del Consejo ha aportado nuevas modificaciones al texto de la Comisión. 
Entre otras cosas, prevé la creación de un comité consultivo para asistir a la Comisión en la aprobación de medidas de ejecución relativas a los documentos de transporte. 
Aunque muchas de las enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento Europeo no han sido recogidas en la posición común, la Comisión de Transportes y Turismo ha optado por concentrar la acción sobre unos pocos objetivos que considera los más importantes. 
Éstos se contemplan principalmente en las enmiendas 15 y 16 de la primera lectura, presentadas ahora como enmiendas 1 y 2 de la presente recomendación, que se refieren al cumplimiento de las normas de seguridad social y vial vigentes en relación con el acceso al mercado para los vehículos y los conductores. 
Asimismo, yo he querido presentar de nuevo la enmienda 24 de la primera lectura, que ahora figura como enmienda 3 de la presente recomendación, donde se pide a la Comisión que presente, antes de diciembre de 1999, una nueva propuesta de reglamento para una nueva ampliación del alcance de la presente propuesta. 
Habida cuenta del largo tiempo que requerirá la ejecución y aplicación del presente reglamento, parece oportuno empezar a trabajar de inmediato en una nueva propuesta para evitar que se aplace indefinidamente la profundización del proceso de liberalización. 
Como introducción a mi segundo informe relativo al transporte por carretera, creo que puede ser útil que exponga brevemente la historia de esta propuesta, que ha seguido una trayectoria curiosa y también, debo añadir, muy tortuosa. 
Históricamente, el Consejo adoptó, concretamente el 23 de julio de 1992, el Reglamento nº 2454/92 por el que se determinaban las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los servicios nacionales de transporte por carretera en un Estado miembro, las llamadas operaciones de cabotaje. 
Dicho Reglamento fue anulado posteriormente por una sentencia del Tribunal de Justicia, emitida el 1 de junio de 1994, como resultado de una acción iniciada por el propio Parlamento. 
El Tribunal dictaminó al mismo tiempo que la nueva parte operativa del Reglamento se mantendrá en vigor hasta que se adopte una nueva normativa. 
El Tribunal de Justicia decidió anular el Reglamento debido a que el Consejo había alterado substancialmente, en el texto final adoptado, la propuesta de la Comisión sobre la cual emitió su dictamen el Parlamento y todo el mundo sabe- y el Consejo mejor que nadie- que una modificación tan significativa exigía una nueva consulta al Parlamento. 
Algunos de los procedimientos y formalidades establecidos en el texto final podían dificultar el ejercicio de la libertad de ofrecer servicios de transporte de viajeros. 
Un año y siete meses después de la sentencia de 1 de junio de 1994, la Comisión presentó la propuesta que ahora se debate, la cual recoge en gran parte el contenido del Reglamento anulado, si bien amplía, obviamente, la liberalización de las operaciones de cabotaje. 
Después de la primera lectura por el Parlamento, la Comisión aceptó 9 de las 16 enmiendas presentadas, pero el Consejo lamentablemente sólo aceptó 3 de ellas. 
Sin embargo, existen varios aspectos positivos. 
La posición común del Consejo introduce un grado de liberalización más avanzado respecto del contemplado en el anterior Reglamento nº 2254/92, en la medida en que se liberalizan todos los servicios regulares especializados, como pueden ser los transportes de trabajadores y estudiantes, siempre que estén regulados por un contrato entre la organización en cuestión y los transportistas. 
Además, el acceso a un mercado nacional de los servicios de viajeros ofrecidos en el contexto del transporte internacional constituye un primer paso hacia el reconocimiento por parte del Consejo del principio de cabotaje en el territorio comunitario. 
Por estos motivos, me he abstenido de volver a presentar muchas de las enmiendas adoptadas en primera lectura y que no fueron aceptadas por el Consejo, puesto que entiendo que la posición común representa un progreso con respecto a la legislación anterior. 
Sin embargo, el Parlamento no debe olvidar su responsabilidad de promover ulteriores progresos en este campo. 
La enmienda 1 del proyecto de recomendación tiene por objeto, por lo tanto, alentar a la Comisión a proseguir sus esfuerzas por liberalizar el sector, teniendo en cuenta la posición ya expresada por el Parlamento. 
Dicha enmienda se remite a la declaración final que ha adjuntado la Comisión a la posición común del Consejo, en la que reafirma su compromiso de preparar nuevas iniciativas legislativas en este sector sobre la base de las reacciones al Libro Verde «Una red para los ciudadanos». 
La Comisión de Transporte ha querido alentar a la Comisión con la inclusión de un considerando en el que se prevén ulteriores pasos en materia de liberalización para el futuro, en vistas de lo cual se consideran temporalmente aceptables las modificaciones realizadas por el Consejo en la propuesta inicial. 
La aprobación de este considerando es, por consiguiente, más importante de lo que puede parecer a primera vista, puesto que expresa el fuerte interés del Parlamento en que siga progresando la normativa en materia de transporte de viajeros. 
La enmienda 2 subraya la indisputable función de control del Parlamento Europeo, ya que expresa el compromiso explícito de la Comisión de informar al Parlamento sobre la puesta en práctica tanto del Reglamento en cuestión como del Reglamento anulado por el Tribunal de Justicia. 
Más concretamente, la Comisión deberá presentar antes de junio de 1988 un informe sobre los resultados de la aplicación del antiguo Reglamento y antes de diciembre de 1999, un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, sobre la base de los datos estadísticos que recogen periódicamente los Estados miembros. 
La enmienda también recoge el contenido del considerando anterior mediante una referencia a ulteriores desarrollos legislativos en este sector. 
En resumen, sólo vuelven a presentarse dos enmiendas para la segunda lectura. 
No obstante, dichas enmiendas resumen la determinación del Parlamento de mantenerse vigilante en relación con el cabotaje y los servicios de transporte de viajeros en el interior de la Comunidad, en aras del principio de la libre circulación de personas y de la libertad de establecimiento en el ámbito del mercado interior, y en interés de los ciudadanos europeos en general. 
Hay otra enmienda, que ha sido presentada únicamente por el Sr. Grosch del Grupo del PPE. Dicha enmienda tiene por objeto la inclusión del término «regional». 
De la consulta mantenida con el Sr. Grosch se desprende que, al parecer, en Bélgica, como también ocurre en Alemania, las organizaciones de transporte organizan transportes en autobús en las zonas urbanas, pero éstos tienen un carácter regional. 
A la vista de su aclaración explícita y teniendo en cuenta la diversidad de las organizaciones de transportes en autobús en la Unión Europea, yo propongo que se apruebe esta enmienda. 
Yo quiero expresar mi gratitud a la Comisión de Transporte por el apoyo que ha permitido presentar el informe en su presente forma y también quiero agradecer personalmente al señor Comisario y a su equipo su asistencia y su colaboración en el intento de conseguir un texto legislativo lo más satisfactorio posible. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista Europeo, yo voy a referirme brevemente, en primer lugar, a la propuesta de la Comisión con vistas a la modificación del Reglamento del Consejo por el que se establecen las normas para los transportes internacionales de viajeros. 
Tal como manifestamos en la primera lectura, nuestro grupo político acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión, que a nuestro parecer contribuirán a impulsar la liberalización del sector, en particular a través de la simplificación de las normas que regulan los servicios internacionales de viajeros efectuados con autocares y autobuses. 
Si bien también quisiera aprovechar la ocasión para congratular al ponente y agradecerle sus esfuerzos, yo comparto su decepción por la escasa acogida que han tenido nuestras enmiendas. 
Es importante que esta noche nos concentremos en los aspectos positivos de esta propuesta concreta. 
En particular, deberíamos hacer notar a todo el mundo que, por ejemplo, las mejoras introducidas en la formulación de la definición de los servicios ocasionales simplificará muchísimo la aplicación del Reglamento y contribuirá a mejorar la eficacia del sector. 
En segundo lugar, la supresión de la definición de unos servicios internacionales regulares, que nunca ha existido en la legislación nacional, también contribuirá a clarificar mucho la situación. 
Finalmente, pero no por ello menos importante, como ya ha señalado el ponente, la creación de un documento de control unificado y simplificado, una licencia comunitaria para los transportes en autocar, evitará las confusiones de la presente situación, en la que se enmiendan a mano los documentos antiguos. 
Estas propuestas concretas, en su conjunto, merecen a mi parecer el apoyo del Parlamento en la segunda lectura. 
Paso a referirme ahora brevemente a las propuestas relativas a los transportistas no residentes que operan servicios nacionales de transporte de viajeros por carretera. 
El objetivo de esta propuesta, tal como ha señalado el ponente, es armonizar las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los servicios nacionales de transporte efectuados con autocares y autobuses en un Estado miembro. 
Mi Grupo político comparte y aplaude el objetivo de instaurar la libre oferta de servicios de transporte y de eliminar cualquier discriminación contra los transportistas en razón de su nacionalidad. 
El objetivo es garantizar el cumplimiento del Tratado y, más concretamente, del mercado único. 
En conjunción con las otras medidas que he citado antes y con la supresión de los controles fronterizos, esto significa que los sistemas de cabotaje se harán extensivos ahora a todos los servicios de transporte efectuados por los operadores de autobuses o autocares, incluidos los servicios regulares. 
Más concretamente, el conjunto de dichas medidas ofrecerá, a mi parecer, nuevas oportunidades para los operadores de servicios de autobús y de autocar, que a su vez crearán nuevos empleos, muy necesarios, en la industria del transporte. 
Se introducirán nuevas normas y una mayor flexibilidad abrirá nuevos mercados. La supresión de las actuales restricciones permitirá que las empresas de transporte optimicen la gestión de sus actividades y la rentabilidad de sus flotas de vehículos. 
En conclusión, el Grupo Socialista apoya con satisfacción estas tres medidas porque éstas crearán un nuevo sistema más ágil, que permitirá que los servicios de autobús y autocar operen en beneficio de las propias empresas, de los pasajeros, de la economía y del medio ambiente. 
Señora Presidenta, yo también quiero felicitar a la Comisión, por haber conseguido llegar hasta la aprobación de una posición común, y al ponente, por el esfuerzo que ha dedicado a estas dos propuestas. 
Yo acepto la posición común como un primer paso hacia el reconocimiento del principio del cabotaje dentro del territorio de la Unión Europea. 
No obstante, quiero expresar mi preocupación, y el pesar y decepción personales y del Grupo del Partido Popular Europeo por la enorme lentitud de los progresos en relación con la liberalización en este ámbito. 
Lamentablemente, la posibilidad de acceso de los transportistas no residentes a los servicios nacionales de transporte de viajeros por carretera en el interior de otro Estado miembro seguirá estando seriamente limitada. 
Yo sueño con el día en que un autocar podrá viajar a través de Francia, desde Gran Bretaña hasta Burdeos, con una parada en París para recoger y dejar viajeros. 
Con este paso se haría realidad el mercado único en el transporte por carretera efectuado con autobuses y autocares, se fomentaría la utilización de este tipo de transporte por un mayor número de personas y se aportaría un valor real a la Europa de las personas de la que todos hablamos. 
Las ventajas para los operadores de autocares de las propuestas que se debaten esta noche son tangibles y también positivas. 
Los operadores de servicios de transporte podrán beneficiarse del derecho a ofrecer servicios en otro Estado miembro y, evidentemente, sólo lo harán si esta actividad favorece sus intereses comerciales. 
Los operadores de servicios internacionales de autocares podrán obtener un beneficio, sin ningún coste adicional, con la ocupación de los asientos libres en los servicios ya existentes. 
La mayor liberalización que se proponen alcanzar la posición común y los informes del Sr. Killilea contribuirá a reducir los costes de los operadores y les permitirá ahorrar tiempo. 
Esta racionalización de los procedimientos sólo se verá ligeramente mermada por la necesidad de renovar cada cinco años la licencia comunitaria, la cual forma parte, obviamente, de la propuesta. 
Yo quiero aprovechar la ocasión para expresar mi apoyo a la posición común y a los informes del Sr. Killilea y recomendar su aprobación a la Asamblea. 
Señora Presidenta, Señorías, con los dos informes de mi colega Mark Killilea llegamos hoy al término de un procedimiento legislativo muy importante para todo el sector del transporte de viajeros por carretera. 
Estoy convencido de que la aprobación de estos textos y la de los reglamentos de aplicación van a dar un impulso nuevo al transporte de personas ofreciendo mayor diversidad de servicios a unas tarifas más atractivas. 
Hay, en este caso, una apertura considerable del mercado del transporte por autocar o autobús. 
Mediante la autorización del cabotaje, se ha instaurado la libre prestación de servicios eliminando cualquier discriminación con respecto al prestatario por su nacionalidad o porque esté establecido en un Estado miembro diferente de aquel en el que se provee la prestación. 
Es necesario también señalar la simplificación aportada a los transportes internacionales de viajeros con la introducción de una licencia comunitaria, que está llamada a convertirse finalmente en el único documento necesario para transportar pasajeros a través de la Unión Europea. 
Éstas son las razones por las cuales yo les invito a votar a favor de los dos proyectos de recomendación del Sr. Killilea, a quien doy las gracias muy sinceramente. 
Estos magníficos avances no deben, sin embargo, hacer que perdamos de vista un imperativo máximo: el de la seguridad. 
A las reglas comunes para la libre prestación de servicios debe corresponder la armonización de las condiciones requeridas para el ejercicio de la profesión de transportista. 
Es ése el sentido de otro informe, el de la Sra. Berger, sobre el que habremos de pronunciarnos después de los informes del Sr. Killilea. 
En esta ocasión lamento mucho que la Comisión de Transportes no haya examinado en profundidad los puntos que me parecen esenciales, a saber, la formación de los conductores, la fiabilidad individual o también el contenido de los exámenes de aptitud. 
Estos elementos son, con toda evidencia, corolarios de una gran apertura del transporte por carretera de viajeros o de mercancías. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, al igual que el ponente, el Grupo del Partido Popular Europeo considera la posición del Consejo como un importante paso, si bien no el último, en la liberalización del transporte transfronterizo. 
El hecho de que se excluya provisionalmente el transporte de cercanías de personas es por deseo del Parlamento. 
Por ello, nos parece insólito que no se incluya el transporte regional de personas, si bien la votación de mañana eventualmente lo podrá enmendar. 
Expreso mi agradecimiento al ponente por apoyar también esta enmienda. 
Creemos que lo que ha propuesto el ponente es razonable, es decir, presentar enmiendas sobre los aspectos centrales y no presentar de nuevo todas las enmiendas que se propusieron en la primera lectura. 
Las normas jurídicas en el ámbito social y la seguridad en el transporte por carretera se incluyen sin duda entre las condiciones esenciales que deben determinar el acceso al mercado. 
Todos somos conscientes de ello y esperamos que el Consejo también lo vea así para que la liberalización y las condiciones de competencia derivadas de ello no repercutan negativamente sobre las normas sociales y de seguridad. 
Creemos que la última enmienda del ponente es también lógica, si bien, tal como he dicho al principio, no la consideramos como un último paso. 
Las fechas mencionadas allí son las últimas para introducir un nuevo procedimiento legislativo. 
Espero que hasta entonces el Parlamento pueda reflejar más intensamente su opinión en el ámbito del transporte. 
Tengo la esperanza de que el Consejo lo tenga hoy ya en cuenta; quizás se trate de un piadoso deseo, pero no quería dejar pasar la ocasión sin expresarlo. 
Señora Presidenta, en primer lugar, yo quisiera corresponder a los generosas expresiones de gratitud que ha dirigido el Sr. Killilea a mis servicios- a las personas que trabajan conmigo- y a mí mismo, y excusarme a la vez por haber llegado con tres minutos de retraso, motivo por el cual me he perdido alguna de las margaritas que ha ofrecido al cerdo de la Comisión. 
Yo les ruego que excusen. 
La única explicación que puedo ofrecer es que me estaba manteniendo un intenso debate en mi oficina con mi diputada en el Parlamento Europeo sobre el enojoso asunto de la pintura de nuestra cocina y, por consiguiente, me he entretenido más de lo que ninguno de los dos habíamos previsto. 
Yo le ruego que me perdone y no dudo de que así lo hará. 
Las dos posiciones comunes que hoy se presentan a la Asamblea merecen ciertamente un amplio respaldo, tal como ha demostrado el debate de esta noche. 
El mérito corresponde sin duda a la capacidad ampliamente reconocida del Sr. Killilea para promover el consenso, no sólo en su país natal, sino también en el Parlamento Europeo. 
Por lo que se refiere a los transportes internacionales en autobús, la posición común hace suyas la mayor parte de las mejoras recomendadas por la Comisión y el Parlamento en la fase anterior y también incorpora la propuesta de crear una licencia comunitaria para los autocares. 
Aun cuando el Parlamento, como recordarán Sus Señorías, suscribió el deseo de la Comisión de que se suprimiera la llamada «cláusula de protección del ferrocarril» , esta modificación no obtuvo el respaldo suficiente en el Consejo, a pesar de que ningún Estado miembro ha aplicado jamás dicha cláusula. 
Como contrapartida, el Consejo alcanzó un compromiso en virtud del cual dicha cláusula se mantendrá hasta finales de 1999 y luego se sustituirá por una cláusula de excepción. 
La Comisión seguirá, naturalmente, con atención el uso que puedan hacer los Estados miembros de dichas cláusulas, con objeto de evitar una distorsión de la competencia entre las diferentes modalidades de transporte. 
Como recordarán los colegas, las enmiendas 1 y 2 que hoy se debaten fueron rechazadas en la primera lectura tanto por la Comisión como por el Consejo. 
Tal como yo lo entiendo, la Comisión de Transportes y Turismo quiere asegurarse de que se respetará la legislación sobre los períodos de conducción y de descanso y, naturalmente, yo suscribo firmemente este objetivo. 
No obstante, yo puedo dar garantías a la Asamblea de que el texto existente ya contempla este aspecto y, por lo tanto, ruego a Sus Señorías que reconsideren esta cuestión, sobre todo habida cuenta de que ésta es una de las pocas ocasiones en que la formulación que propone la Comisión de Transportes no contribuye a una mayor claridad de la disposición. 
Yo tengo que decirles a Sus Señorías que no podemos aceptar la enmienda 3, no por razones de principio, sino sobre todo de orden práctico. 
Si bien la Comisión se propone elaborar, obviamente, un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, sencillamente no es realista esperar que esto se haga antes de finales de 1998. 
El Reglamento se adoptará aproximadamente en octubre de este año y entrará en vigor unos 12 meses más tarde. 
Con lo cual, obviamente, el plazo que quedará será demasiado breve para poder extraer conclusiones prácticas con respecto a su aplicación y yo confío que Sus Señorías opinarán lo mismo una vez que la Asamblea haya tomado en consideración estas cuestiones de calendario. 
La situación del cabotaje de autobuses es satisfactoria, a pesar de que la posición del Consejo es menos ambiciosa que la propuesta de la Comisión. 
No obstante, representa un primer paso aceptable en la liberalización del acceso a la prestación de servicios regulares de autobús. 
Además, permítanme añadir que la Comisión se propone revisar la situación de los servicios regulares de autobús que quedan excluidos del campo de aplicación del presente Reglamento cuando procedamos a la revisión de los Reglamentos relativos a los servicios públicos, tal como anunciamos el año pasado en el Libro Verde «Una red para los ciudadanos». 
También tengo la satisfacción de anunciar a la Asamblea que la Comisión hará suya una versión modificada de la enmienda 1 y también parte de la enmienda 2, concretamente la que se refiere al informe sobre la aplicación del Reglamento nº 2454/92. 
Dicho informe se presentará al Parlamento en el transcurso del año próximo, tal como se pide en la enmienda presentada a la Asamblea. 
Sin embargo, no me es posible aceptar la enmienda del Sr. Grosch por la que se propone la exclusión de los servicios regionales de autobús del campo de aplicación del presente reglamento, lo cual supondría un retroceso con respecto a los progresos ya alcanzados. 
Yo agradezco muchísimo al Sr. Killilea y sus colegas el trabajo que han realizado y también su constante interés, el cual es, obviamente, de una gran ayuda para conseguir un progreso continuado en la aplicación de unas normas comunes para los transportes efectuados con autobuses y autocares en el interior de la Comunidad. 
Doy las gracias al Sr. Comisario Kinnock y veo que el Sr. Kililea desea intervenir de nuevo. 
Señora Presidenta, yo sólo querría ofrecer una información al señor Comisario. 
Usted ha dicho que la enmienda 1 no contribuye a una mayor claridad. 
Por consiguiente, su inclusión tampoco puede ir en mayor detrimento de la claridad, por lo que yo no comprendo cuál es la lógica del razonamiento. 
Pero el tema al que querría referirme brevemente es el de la enmienda del Sr. Grosch, porque yo creo, señor Comisario, que usted debería convocar al Sr. Grosch mañana en su oficina y discutir el asunto con él, igual que tuve que hacer yo, para darle una oportunidad de explicar el sentido técnico de su enmienda. 
Éste difiere mucho de la interpretación que usted acaba de ofrecer y yo agradecería un pequeño arbitraje sobre esta cuestión, que permita aclararla de una vez para siempre. 
Confío que usted así lo hará, pues sé que es un hombre que respeta los pequeños deseos y yo creo que cuando el Sr. Grosch se haya explicado, usted podrá comprender los matices de su propuesta. después de haber escuchado su explicación, yo no creo que su intención sea realmente negativa. 
Señora Presidenta, yo debería habérmelo pensado mejor antes de elogiar el don del Sr. Killilea para el consenso. 
Después de escuchar sus últimos palabras, me siento bañado en una especie de bálsamo caliente y me parece flotar hacia el paraíso después de oír sus dulces lisonjas para convencerme de que es absolutamente esencial que me entreviste con el Sr. Grosch. 
Si podemos alcanzar un acuerdo sobre los detalles técnicos que nos permita progresar de común acuerdo, sin duda lo haré; pero desde luego yo no puedo prometer el resultado que el Sr. Killilea a todas luces desea antes de examinar más detenidamente el asunto. 
Por lo que respecta a la enmienda 1, yo creo que usted reconocerá que la Comisión busca continuamente un valor añadido, la clarificación, la simplificación y la transparencia. 
Y aunque una formulación no vaya en detrimento de ninguno de estos aspectos, siempre será inferior a otra que añada algo en este sentido. 
Por consiguiente, yo debo reafirmarme en lo que he señalado antes a la Asamblea. 
Desde luego, me propongo seguir ocupándome de la cuestión que ha planteado el Sr. Killilea, con la esperanza de alcanzar una solución satisfactoria, pero sin ofrecerle ninguna garantía. 
Gracias, Sr. Kinnock, por esta apertura, que creo que el Sr. Grosch aprecia. 
Creo que el Sr. Watts tiene también una petición que hacerle. 
Señora Presidenta, muy brevemente, en relación con un tema mucho más triste. 
Como sin duda ya sabe el señor Comisario, mi colega, el Sr. Titley, planteó este mismo lunes el tema de la trágica pérdida de vidas como consecuencia del accidente de un autocar en los Alpes franceses, en el cual murieron tres jóvenes de su circunscripción que viajaban en un autocar alquilado localmente en Francia, que no tenía cinturones de seguridad. 
Yo sé que el Sr. Titley ya ha agradecido los esfuerzos del comisario Kinnock para garantizar que los autocares sean lo más seguros posible. 
Desde luego, yo no quisiera poner en un aprieto al señor Comisario esta noche, pero tango la seguridad de que todos agradeceremos, aunque el suceso sea muy triste, esta oportunidad de reconsiderar si podríamos hacer algo más para garantizar una mayor seguridad de los autocares en toda la Unión Europea y de aprender de esta tragedia para asegurarnos de que ésta no volverá a repetirse. 
- (EN) Tal como ha manifestado el Sr. Watts, este tema es motivo de seria preocupación. 
Yo he permanecido en contacto con su colega, el Sr. Titley, quien me planteó con mucho acierto esta cuestión inmediatamente después de la terrible tragedia sufrida por los alumnos del Colegio Saint James, situado en la circunscripción del Sr. Titley. 
Entonces pude decirle al Sr. Titley que ya hemos conseguido la legislación necesaria para garantizar la instalación universal de cinturones de seguridad en los nuevos autocares y, de hecho, en todos los que se fabriquen en los últimos años de esta década, en toda la Unión Europea. 
También estamos elaborando una legislación que garantizará una seguridad mucho mayor en relación con las lesiones causadas por el vuelco de los autocares. 
Resulta particularmente trágico en el caso que nos ocupa que un colegio que utilizaba escrupulosamente sólo autocares provistos de cinturones de seguridad, se viese obligado a recurir a otro vehículo debido a la avería de un autobús. 
Esos jóvenes ahora están muertos, posiblemente debido a ese cambio inevitable. 
Tenemos el propósito de revisar continuamente este tema con la esperanza de lograr una aplicación más rápida y más generalizada de las modificaciones encaminadas a mejorar la seguridad de los autocares y autobuses, como ha de ser el deseo de cualquier persona civilizada, en el Parlamento, en la Comisión y en todo lugar. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0243/97) del Sr. Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos industriales por el uso de determinadas infraestructuras (COM (96) 0331- C4-0027/97-96/182 (SYN)) 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Transportes y Turismo ha debatido muy a fondo sobre la propuesta de la Comisión para una nueva directiva sobre impuestos para camiones así como sobre peajes y derechos de uso de carreteras. 
Gracias a Dios, con este informe se han unificado las posiciones y se ha aprobado con gran mayoría una opinión común. 
Creemos que el sistema para las tarifas de los impuestos sobre vehículos propuesto por la Comisión es demasiado complicado y debería simplificarse. 
Se debería renunciar a tarifas máximas e introducir solamente tarifas mínimas. 
Pero éstas deberían estar clasificadas claramente en función de la carga que los vehículos supongan para las carreteras y para el medio ambiente, proporcionando así un incentivo para la compra de vehículos menos contaminantes. 
Creemos que las tarifas para los vehículos Euro I y Euro II deberían representar un 80 % de las tarifas no Euro más contaminantes. 
En cualquier caso, creemos que estas tarifas mínimas no deben poder ser reducidas por un Estado miembro aunque en ese Estado se perciban tasas por la utilización de las carreteras, pues ya hoy las considerables diferencias que existen entre los Estados miembros en las tarifas provocan distorsiones de competencia entre las empresas en la Comunidad, lo que daña la idea del mercado interior y de la limpieza en la competencia. 
Independientemente de ello, la Comisión de Transportes y Turismo propone revisar regularmente el sistema de tarifas mínimas, por primera vez el 1 de enero del año 2002. 
Personalmente, me permito añadir que se debería renunciar totalmente a los impuestos sobre vehículos pues no son unos impuestos realmente relevantes para el medio ambiente. 
Pero aún es más importante que la comisión se haya puesto de acuerdo sobre los peajes y derechos de uso de carreteras. 
Creemos que la Comisión debería presentar su Libro Blanco sobre la internalización de los costes externos y ante todo el estudio sobre la prueba de los costes externos de todos los medios de transporte, exigido como consecuencia del informe Schmidbauer. 
Pues seguimos siendo de la opinión de que no puede se puede admitir introducir ahora en los peajes un componente que refleje los costes externos, gravando unilateralmente a los camiones. 
También creemos que no se deberían permitir en el momento actual unos peajes superiores por el uso de las llamadas «rutas sensibles». 
Primero habría que elaborar y acordar normas específicas en el derecho comunitario para definir los corredores especialmente sobrecargados desde el punto de vista ecológico. 
Para ello y para la prueba de los costes externos, la Comisión de Transportes y Turismo insta a la Comisión para que presente las correspondientes propuestas en un plazo de 12 meses. 
No obstante, ante la fuerte carga medioambiental de la región alpina derivada del tráfico de camiones, la Comisión de Transportes y Turismo está de acuerdo con una regulación especial para la autopista del Brénero. 
Pero esto tiene que ser preparado por la Comisión de un modo detallado y debatido a fondo por el Parlamento y el Consejo, teniendo además en cuenta las negociaciones sobre transporte que se están manteniendo con Suiza y que esperamos concluyan pronto. 
Por lo demás, el sistema de tasas por el uso de carreteras propuesto por la Comisión debería simplificarse en interés de su aplicabilidad práctica. 
Debería estar más desglosado en base a criterios sobre emisiones de gases y de la carga que los vehículos representan para las carreteras. En este contexto, hay que tener en cuenta que los Estados miembros son libres de determinar entre el 50 y el 100 % de las tarifas máximas. 
Y también hay que considerar que entre la última determinación de la tarifa máxima actual hasta la introducción de las nuevas el 1 de enero de 1999, pasarán cinco años. 
Por ello, la comisión propone una clara elevación de los importes máximos anuales, a saber, entre 1.500 ecus para los vehículos menos contaminantes y los 2.500 ecus para los más contaminantes. 
Esperamos con gran atención la respuesta del Sr. Comisario Kinnock a nuestras propuestas. 
En la comisión, nuestro proyecto de informe ha sido calificado como de muy realista por los representantes de la Comisión. 
Neil, espero que tú lo veas del mismo modo. 
En el sentido de una buena cooperación, espero también que la Comisión recoja todas las propuestas del Parlamento pues es muy raro que un Parlamento se ponga de acuerdo con una mayoría tan grande sobre un informe que toca un tema tan difícil. 
También creo que el Consejo debe aprobar con rapidez una posición común sobre la base de nuestro dictamen consultivo y del subsiguiente dictamen de la Comisión, pues hay que aplicar aún la directiva y los empresarios de camiones afectados tienen que saber a tiempo qué es lo que les espera el 1 de enero de 1999. 
Para finalizar, señora Presidenta, quiero expresar mi agradecimiento a los colegas de la Comisión de Transportes y Turismo, a su secretaría y a los representantes de la Comisión. 
Creo que la Comisión y el Parlamento hemos debatido en la Comisión de Transportes y Turismo en en una atmósfera positiva. 
Muchas gracias a la Comisión y a mis colegas. Espero que mantengamos esta armonía en un asunto tan importante. 
Señor Presidente, tras la intervención del Sr. Jarzembowski, deseo ante todo hacer hincapié en que, a pesar de que algunas enmiendas presentadas en la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor fueron acogidas por la Comisión de Transportes y Turismo como, por ejemplo, la referencia al Convenio de los Alpes, sin embargo, el planteamiento expuesto en el informe del Sr. Jarzembowski es muy diferente del que se expone en la opinión de la que soy ponente y que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad Pública y Protección del Consumidor. 
En particular, deseo manifestar que, en lo referente a la evaluación de la propuesta que nos fue presentada por la Comisión, valoramos positivamente la introducción de la posibilidad de un componente externo en los peajes y en los derechos de uso, por no decir que consideramos necesario mejorar y aclarar aún más, si cabe, estos aspectos a través de propuestas y enmiendas. 
Asimismo, consideramos oportuno y necesario extender la noción de rutas sensibles, que figura en la propuesta de la Comisión, a zonas sensibles con objeto de no transferir tráfico de rutas definidas como sensibles a carreteras de la zona en cuestión que pueden sufrir un daño mayor y son menos seguras, considerando, por ejemplo, toda la región alpina como zona sensible. 
A dicho propósito, deseo precisar que habiendo la Comisión de Transportes y Turismo incluido también como enmienda a los considerandos la referencia al Convenio de los Alpes, creo justo afirmar que toda la región alpina, y no tan sólo el Brennero, debe ser tomada en cuenta en la directiva. 
Por esta razón, aun apreciando el hecho de que se tuviera en cuenta el caso del Brennero, no podemos olvidar que toda la región de los Alpes sufre los problemas que estamos tratando. 
Basta pensar en que, desde 1970 hasta 1995, registramos un incremento de 28 millones a 112 millones de toneladas en el tráfico por la región alpina y que dicho incremento afecta sobre todo al transporte por carretera. 
Por estas razones, he considerado oportuno presentar algunas enmiendas con el fin de que se acepte el punto de vista expresado en la opinión aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y confío en que el señor Comisario y el Parlamento lo tengan en cuenta. 
Señora Presidenta, recuerdo que un día, cuando era diputado al Parlamento holandés, el viento del éste nos trajo la noticia de que el Gobierno alemán introduciría la Benutzungsgebühr y que con el tiempo se prestaría la factura por el creciente flujo de camiones impulsado sobre todo por el viento del Oeste. 
Mucho ruido, incluso detrás de la mesa, y el Tribunal Europeo dio la razón a los que se opusieron. Eso no podía ser. 
No obstante, el barco ya había zarpado: tras laboriosas consultas, nació la Euroviñeta. 
Dado que el Parlamento Europeo no se implicó suficientemente en este proceso, la directiva fue declarada nula por el Tribunal, por cierto sin que se prorrogara su vigencia, y la Comisión empezó a elaborar una nueva propuesta que ahora tiene un año de vida y sobre la cual el Sr. Jarzembowki ha elaborado un informe como ponente. 
Entre tanto hay que constatar que esta cuestión ha caído en desgracia. 
Diversos debates en el Consejo no han permitido una toma de decisión, y si estoy bien informado, no se puede excluir que el resultado final- los debates se reanudarán el 4 de octubre- será bien distinto del que había propuesto la Comisión. 
No podemos cerrar los ojos a la realidad. 
También he de mencionar otra realidad. Aunque quiero decir expresamente que el trabajo del Sr. Jarzembowki cuenta con nuestro aprecio, no estamos muy satisfechos del resultado y él lo sabe. 
En un principio, las conversaciones que mantuvimos al respecto no dieron ningún resultado. 
En realidad, solo estábamos de acuerdo en que estábamos en desacuerdo. 
Mi Grupo consideraba y considera que tanto los costes externos como la sensibilidad de determinados ámbitos han de ser componentes esenciales de una política de transporte equilibrada. 
Mi Grupo consideraba y considera que después de aceptar el informe Schmidbauer es preciso esforzarse por lograr un enfoque inteligente de los problemas que quedan por solucionar y que el Consejo tiene el deber ante sí mismo y el ciudadano europeo de colaborar activamente para lograr una política que ofrezca realmente una perspectiva. 
Uno de los predecesores del Comisario Kinnock, su actual colega Van Miert, encargó hace unos años un informe a una comisión de sabios sobre las consecuencias del transporte que a la sazón ya crecía mucho. 
Desde entonces se han elaborado muchos estudios, se ha hablado y escrito mucho sobre todas las posibles soluciones. 
Un transporte más limpio se compensa con un mayor volumen de transporte. 
Se proclaman solemnemente objetivos ambientales y a continuación se da largas al asunto. 
No se desarrollan suficientes alternativas adecuadas en la circulación de personas y mercancías. 
Habría sido una señal errónea que los dos principales Grupos de este Parlamento se hubieran enfrentado aquí y ahora. Quizás sea bueno para la claridad política, pero es malo para la perspectiva de seguir la línea que ha trazado en su informe la Sra. Schmidbauer. 
A decir verdad, este Parlamento no tiene capacidad decisoria en la formulación definitiva de estas directrices. De ahí que sea más importante que se diga claramente que las diferencias de opinión reflejan una cosa clara: la gran mayoría de este Parlamento defenderá, así lo espero, la filosofía que expone el Libro Verde sobre «costes externos». 
Quizás apenas sirva de consuelo para muchos diputados, y también para mí, como ya he dicho, no es realmente lo que se dice un ensueño, pero a la larga es más importante que lo que suponemos ahora. 
Sea como fuere, en lo que a nosotros respecta, apoyamos expresamente tanto a la Comisión como a las fuerzas que en el Consejo de Transportes no sólo dicen que hay que hacer algo, sino que también están dispuestas a defenderlo en su propio país y en la Unión. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su informe y por sus esfuerzos en la búsqueda de compromisos. 
Señor Jarzembowski, como belga, sé apreciar los compromisos pero también sé que los compromisos sólo tienen la ventaja de encontrar una solución allí donde la mayoría no se pone de acuerdo. 
En este sentido, todos creemos que partes del informe suponen un buen compromiso pero que, sin embargo, deben considerarse como compromiso. 
En el marco de los esfuerzos por lograr una política de transportes compatible con el medio ambiente y segura, el transporte por carretera no es precisamente el mejor modelo pero sí es el que, con diferencia, mejor se ha adaptado a los modernos requerimientos del mercado. 
En mi opinión así como en la de muchos otros colegas, las tarifas en el transporte por carretera no van a contribuir a relanzar otros medios de transporte, como el ferrocarril o las vías fluviales o marítimas. 
En todo este asunto de las tarifas, no debemos olvidar que se puede hacer peligrar la existencia de muchas pequeñas empresas que trabajan en este sector. 
Esto se puede ver de un modo muy claro, pues la demanda aumenta, la cifra total de empresas retrocede pero crece el número de grandes empresas. 
Si hay que introducir tasas por el uso de carreteras, éstas deben tener más en cuenta los daños que sufren las carreteras y las emisiones. 
Creo que las clasificaciones que se proponen en el informe están plenamente en esta línea. 
También estamos de acuerdo en que hay que tener en cuenta las regiones sensibles. 
Al igual que en la determinación de los costes externos, en ambos casos necesitamos un análisis más exacto por parte de la Comisión para poder plantear propuestas objetivas y lógicas. 
El hecho de que ya ahora se mencione en especial a la autopista del Brénero, no precisa de un análisis especial ni de más argumentos. 
Creemos que conservar unas tasas mínimas implica que también en el sector fiscal son necesarios unos criterios mínimos si no se quiere distorsionar el mercado con los impuestos. 
Pero con la presente propuesta no tenemos ni mucho menos una garantía de que las tarifas propuestas representen la misma carga en todos los Estados miembros. 
Para finalizar, quiero decir que me parece positivo que el ponente proponga una revisión de las tasas mínimas hasta el año 2001. 
El desarrollo tecnológico y en otros sectores del tráfico son argumentos suficientes para ello. 
Señora Presidenta, yo querría felicitar ante todo al ponente por su informe y también al señor Comisario, porque con el Nuevo Laborismo podrá cambiar el color de su cocina, que ahora sin duda estará pintada de un rosa muy pálido. 
Señora Presidenta, el debate que celebramos hoy nos tiene ocupados desde hace años. El tratamiento en el pleno llega en el peor de los momentos. 
A fin de cuentas, actualmente estamos negociando con Suiza y ponemos cara de póquer cuando los suizos están ocupados en barrer la suciedad de sus aceras al lado de sus vecinos. 
Por tanto, habría sido preferible no hacerlo ahora.La segunda circunstancia desafortunada tiene que ver con el hecho de que se trata de una tasa y que los ministros de Hacienda han de decidir al respecto. 
Esto implica la unanimidad y, simplemente, no la hay. 
Sin duda el ponente también lo sabe y por ello lo que hace en su informe es, por así decirlo, llevar agua al mar. 
El tercer problema, que por desgracia el ponente no ha tratado o que por lo menos no reconoce suficientemente, es el crecimiento del comercio mutuo dentro de la Unión, que es la causa que de haya más transporte. 
Con el actual modal split, en que el 75 % del transporte se realiza por carretera- y respecto del cual este Parlamento ha dicho: queremos más transporte por ferrocarril, por vía acuática -, es seguro que el transporte por carretera seguirá siendo la principal modalidad. 
Esto significa que hemos de hacer lo posible por limitar los daños que causa el transporte por carretera, y que yo no niego en absoluto. 
Esto significa que tendríamos que haber aprovechado la oportunidad en este informe de dar un impulso real a la solución menos perjudicial para el medio ambiente. 
Ahora bien, tanto en las propuestas de la Comisión como en las del ponente, la diferencia entre lo más perjudicial para el medio ambiente y digamos el vehículo Euro, el Euro clase 0, el Euro I y II y las clases superiores, es demasiado pequeña. 
Esto significa que esta propuesta no ofrece ningún incentivo para cambiar a una versión mejor. 
Esto significa también que perdemos la oportunidad, y citaré un ejemplo, señora Presidenta: las emanaciones de dióxido de nitrógeno (NOx) descendieron el año pasado un 3, 5 % en mi país gracias a los vehículos Euro II. Entre 1990 y 1996 el total de kilómetros aumentó un 13 % y las emanaciones descendieron un 11 %; las de SO2, un 16 %. 
Hemos de fomentar los vehículos Euro II y Euro III. 
Señora Presidenta, el debate sobre la elevación de las tarifas para vehículos industriales pesados es de gran actualidad en toda Europa en lo tocante a la financiabilidad de las costosas infraestructuras de carreteras. 
Esto es aplicable de modo muy especial a Austria. 
Situada geopolíticamente en el centro de Europa, Austria es además una región alpina sensible y difícil de franquear. 
Debido a ello, su sensible medio ambiente se ve más intensamente afectado y los costes de construcción de carreteras y de mantenimiento son superiores. 
Hay que saludar que en el informe se subraye el concepto de «uso» a la hora de calcular las tarifas así como que se diferencien más intensamente los vehículos industriales según sus emisiones y categorías de daños que provocan en las carreteras. 
Saludamos asimismo las constructivas enmiendas de los Verdes, en especial, la nº 31, 34 y 41 que reflejan muy fielmente nuestro catálogo de exigencias. 
Sin embargo, a pesar del rechazo sufrido en la comisión, sigue siendo una exigencia irrenunciable la internalización de los costes externos aunque existan aún diferencias de interpretación a la hora de realizar una definición exacta. 
Supondría una importante señal precisamente de cara a la situación del medio ambiente. 
Creo que la definición de las zonas sensibles dentro de la UE y la definición específica de la totalidad de la región alpina como región sensible es una decisión de largas miras y una señal para el futuro. 
Como habitante directamente afectado de la región más sensible de toda Europa en lo que se refiere al tráfico, el valle del Inntal en Tirol y el paso del Brénero, sé lo importante que sería elevar o poder elevar los peajes como un elemento de costes y crear de este modo la base para una movilidad compatible con el medio ambiente. 
Señora Presidenta, la directiva sobre peajes era algo más que necesario desde que el primer intento fracasó ante el Tribunal Europeo de Justicia en 1995. 
La directiva sobre la que hoy debatimos va mucho más lejos que la primera propuesta, lo que solamente puedo saludar. 
Como ponente sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la internalización los costes externos en el transporte, veo en la propuesta de la Comisión un primer paso para la aplicación práctica de un sistema más justo de precios según el principio de «quien contamina paga». 
Permitiría a los Estados miembros diferenciar las tarifas por el uso de carreteras en base a las retenciones de tráfico, la contaminación del medio ambiente y los accidentes y además se podrían determinar rutas sensibles. 
El ponente suprimió radicalmente en su primer borrador los conceptos «costes externos» y «rutas sensibles». 
Mi grupo político aceptó llegar a un compromiso con la reserva de dejar abierta la decisión en la segunda lectura, yo misma con gran pesar. 
Con la enmienda nº 1 se encarga a la Comisión que exponga en el plazo de un año la prueba exacta de los costes externos y su imputación a los distintos modos de transporte y que presente la correspondiente propuesta. 
Hasta llegar a ese punto se debería realizar sólo una diferenciación en función de las carreteras y de las tasas por el uso de las mismas y en lugar de las «rutas sensibles» introducir de momento sólo la región alpina. 
Pero también deberían autorizarse como diferenciación tarifas extras por horarios punta o nocturnos. 
Aunque el compromiso significa que no se tienen inmediatamente en cuenta los costes externos, sin embargo soy optimista. Por otro lado, abre la posibilidad de unas medidas legislativas de mucho mayor alcance cuando la Comisión presente las propuestas detalladas sobre los costes externos. 
Pero si el ponente quiere utilizar esta resolución de compromiso de la Comisión de Transportes para enterrar para siempre el debate sobre la internalización de los costes externos- lo que deduzco de la conferencia de prensa de esta semana -, mi grupo político no lo va a apoyar, pues aunque la propuesta de la Comisión sea algo complicada en algunos puntos, ante todo en el Anexo sobre la clasificación de tarifas, sin embargo, la intención global significa una mejora para la totalidad del tráfico y, sobre todo, se introduce un sistema más justo que actúa según el principio de «quien contamina paga». 
Señora Presidenta, la tarifación y los costes externos del transporte constituyen la preocupación ya antigua de las instituciones comunitarias. Acerca de ella existen antecedentes desde principios de los años sesenta y ha sido objeto de propuestas formales. 
La primera de ellas fue la imputación de los costes de infraestructuras a los vehículos de carretera, caballo de batalla de la armonización de costes y fiscal. 
En 1986, la Comisión presentó un documento sobre la eliminación de las distorsiones de competencia de carácter fiscal en el transporte de mercancías por carretera, que contemplaba los impuestos sobre vehículos, los impuestos sobre carburante y los peajes. 
A primeros de 1988, la Comisión presentó su proyecto de directiva del Consejo relativa a la implantación de costes de la infraestructura viaria a los camiones de gran tonelaje. 
Con ella se pretendía que el Consejo diera fuerza normativa a las medidas necesarias para eliminar las distorsiones de la competencia constatadas y debidas a la diferente imputación de costes de infraestructura. 
Pero la iniciativa de la Comisión no obtuvo respuesta. 
De hecho, la propuesta fue ya modificada por dos veces en 1990 y en 1992, siempre en busca de soluciones posibilistas. 
La causa no es otra que el cúmulo de intereses que habitan en torno al transporte por carretera y las diferencias prácticas de imputación y no imputación de costes existentes en los diferentes Estados miembros. 
Y para colmo, cuando al fin el Consejo logra un acuerdo y saca adelante la Directiva 93/89/CE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, así como de los peajes y derechos de usos percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras, fue anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a causa de la insuficiente participación del Parlamento Europeo. 
Sumemos a todo esto el contenido del Libro Verde de la Comisión sobre la internalización de los costes externos de transportes en la Unión Europea, donde los procedimientos propuestos plantean serias dudas de que sean capaces de poder afrontar un problema tan complejo, puesto que la información que da es escasa y no fiable, y tengamos en cuenta que la propia Comisión admite sus dudas sobre el cálculo de los costes externos. 
Podemos darnos cuenta pues, Señorías, que se trata de un asunto muy complejo y que requiere fórmulas globales que contemplen los distintos modos de transporte, si queremos resolver definitivamente el problema; porque, por las noticias que tengo, será difícil llegar a un acuerdo en el Consejo de Ministros, a pesar del excelente trabajo llevado a cabo por el ponente, Sr. Jarzembowski, al cual felicito, y quien, con sus enmiendas, mejora el contenido de la propuesta de directiva que estamos debatiendo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, deseo congratularme no tan sólo del contenido del informe, sino también de la habilidad con la que nuestro ponente, Sr. Jarzembowski, ha superado un auténtico eslalon institucional para someter aquí en el Pleno este informe a un debate que, según parece, es bastante sosegado, a pesar de que hay una inevitable diferenciación entre las posturas. 
El título, sin embargo, era atractivo y tranquilizador: tarifas correctas y ajustadas en el sector de los transportes, un título que marca las orientaciones a largo plazo para una política madura de imputación de los costes de infraestructura y de congestión del transporte por carretera. 
Uno de los principios fundamentales que se ha recordado también esta tarde, consiste en recuperar totalmente los costes de infraestructura y explotación que deberían imputarse a los diferentes usuarios según criterios armonizados. 
Se ha citado el caso del Brennero que, sin duda, es el que más preocupación suscita entre los muchos casos de transporte por los Alpes. 
Preguntas, toma de posiciones y enmiendas llevaron a considerar este puerto de montaña como el caso piloto para estudiar cómo se debe y puede gestionar el tráfico en una zona definida como «sensible». 
En este caso, sin embargo, existe alguna pequeña incongruencia- lo han manifestado con claridad los diputados alemanes, además de los italianos- porque quizás se trata de un caso demasiado específico. 
En la actualidad, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y, a partir de este año, también Suecia, utilizan el sistema común denominado «Euroviñeta» ; Austria goza de un sistema autónomo y además, según parece, destinado a perdurar. 
El Gobierno austriaco, en efecto, ha puesto en marcha una enérgica acción a fin de conseguir que el tráfico por el Brennero, actualmente contingentado a través del sistema de los ecopuntos, se limite indirectamente, incluso después de la fecha de vencimiento del Protocolo de adhesión nº 9, es decir, después del año 2004. 
A dicho fin, y basándose en las iniciativas suizas, Austria propuso que los peajes correspondientes al tráfico del Brennero fueran más elevados de lo necesario para recuperar los costes de infraestructura, a fin de desalentar el tráfico que gravita sobre dicho puerto tan sensible. 
Principio que, sin duda, se puede compartir, siempre y cuando se extienda también a otras zonas de los Alpes, en particular, al valle que limita con el puerto del Brennero. 
No se entiende, de hecho, por qué respecto a valles idénticos, divididos tan sólo por una frontera, entre el Tirol norte y el Tirol sur, se apliquen normas tan distintas y de forma tan exageradamente diferente. 
Estamos de acuerdo, por consiguiente, con la distinción entre Euro 0, Euro I y Euro II, aunque hay que respetar las normas. 
Los ingresos no deben superar los costes de construcción, explotación y desarrollo y, sobre todo, deben ceñirse a ciertos criterios que, hasta ahora, nadie ha indicado de forma más transparente. 
¿Quién estableció, por ejemplo, los parámetros para decidir si una zona es sensible desde el punto de vista medioambiental o no lo es? 
No me consta su existencia, y por consiguiente, se podrían cometer arbitrariedades. 
Cada uno de nosotros considerará sensible, mejor dicho más sensible que las demás, la zona limítrofe de su territorio. Pienso en el peaje de Puente Europa que voy a atravesar con mi coche dentro de dos días y por el cual voy a pagar, como todo el mundo, un peaje exorbitante. 
Existe asimismo un problema en materia de empleo, ya que muchas empresas de transporte ya han cerrado sus puertas y no quisiéramos ser nosotros los responsables de otros casos similares. 
Señora Presidenta, quiero seguir el hilo de lo expuesto por el orador anterior. 
Me ha gustado mucho cómo ha destacado que para solucionar este problema ecológico tiene que tenerse en cuenta la totalidad de la región alpina. 
Estoy realmente convencido de que ha sido un error que la Comisión de Transportes y Turismo no haya seguido a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor en pasar del principio de las rutas especialmente sensibles al principio de las regiones especialmente sensibles. 
La totalidad de la problemática de los Alpes y de su sobrecarga de tráfico es un problema europeo. 
No se trata de intereses locales, a pesar de que, naturalmente, es también muy importante para las personas que viven allí, sino que tenemos que encontrar una solución europea pues los Alpes son un problema europeo y no sólo uno austríaco, suizo o italiano. 
Apelo por ello al Comisario de Transportes para que se esfuerce por encontrar una solución ecológica global europea para esta zona tan sensible de los Alpes. 
Sólo esta puede ser la solución. 
Debemos evitar que el problema de la sobrecarga de transporte se traslade de un tramo a otro. 
Esta no es una solución política. 
Señora Presidenta, mi Grupo me ha encargado que intervenga sobre este tema, que no es de mi competencia. 
En principio, estamos de acuerdo con la exposición del Sr. Jarzembowski. 
De todos modos, quiero señalar los siguientes puntos: 
Primer punto que consideramos esencial: que se impulse un sistema más simplificado que el complicado que se prevé en la propuesta de la Comisión. 
Segundo punto, que se procure una aproximación realista del gravamen máximo para favorecer el acuerdo con el Consejo. 
Tercer punto, muy importante, que los mínimos se configuren de modo que se tengan en cuenta los costes de las vías públicas y las emisiones contaminantes, para favorecer vehículos y sistemas que sean más respetuosos con el medio ambiente. 
Cuarto y último punto, que, previendo la revisión en el año 2001, se avance hacia sistemas más flexibles. 
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Jarzembowki por su informe, con el que ha sabido ganarse el apoyo de la práctica totalidad de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Me parece importante que reciba también el apoyo de la Comisión y de los Estados miembros, y obtenga una amplia base de apoyo social. 
Quiero limitarme a hacer dos observaciones. 
En primer lugar, para lograr el apoyo de las empresas es importante que no tengan la sensación de que se va «a por ellas» , es decir, que haya un cálculo justo de los costes y además que se aplique a todas las modalidades el principio de igualdad de trato. 
Mi segunda observación tiene que ver con el Anexo III. Agradezco al ponente que en su enmienda nº 26 responda en parte a mis deseos diferenciando más los derechos de uso entre «vehículos no Euro» y «vehículos Euro II y superiores». 
Quisiera ir más lejos, y ahora que mi colega Wijsenbeek ha sido tan amable de incluir en su enmienda nº 28 la propuesta que hice durante las deliberaciones en la Comisión de Transportes y Turismo sobre este punto, quiero pedir al Comisario que lo comente de forma expresa. 
Lo que quiero saber es si una mayor diferenciación entre las diferentes categorías no fomentará el desarrollo y el uso de vehículos más limpios, que es lo que todos pretendemos. Por ello apreciaría que el Comisario comentara expresamente esta cuestión. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, las tasas europeas por la utilización de carreteras para los vehículos industriales pesados ocupa de nuevo al Parlamento Europeo y de nuevo se desata un debate de fondo sobre los pros y contras del transporte de mercancías. 
Pero precisamente de eso no se trata hoy. 
Hoy solamente se trata de la aportación de los camiones al mantenimiento de las carreteras y los costes de infraestructura. 
Nos hemos puesto de acuerdo- y el ponente así lo ha expuesto- en que tenemos que realizar primero un estudio sobre los costes externos. 
Por ello, esto no tiene nada que hacer nada en esta directiva. 
Lo mismo es aplicable a los corredores sensibles que se exponían en la propuesta primigenia de la Comisión. 
Tampoco este puede ser el tema de esta directiva. 
Voy a formularlo de otra manera: ¿debemos encarecer productos y suministros en determinadas regiones? 
Los ciudadanos de esas regiones nos maldecirían, pues la regulación no sólo es aplicable al transporte de tránsito sino también al de origen y destino en esa región y entonces la comprensión de repente es totalmente diferente en lo que al acuerdo sobre camiones se refiere. 
Lo mismo es aplicable en especial al tramo del Brénero. 
El único punto en que no coincido con el ponente y la Comisión de Transportes y Turismo es que tengamos que permitir una regulación especial para el tramo del Brénero. 
Coincido con muchas y muchos colegas en que debemos llegar a una solución unitaria para la totalidad de la región alpina, región que está constituida por todos los países que han firmado el Convenio de los Alpes. 
Pero no puede hacerse al nivel suizo en lo que se refiere a las últimas propuestas. Ni tampoco puede ser la base para una política común. 
Aquí necesitamos normas unitarias para toda la región alpina. 
Las normas especiales para un único tramo las considero una aberración bastante grande. Lo debo decir con toda claridad. 
Para finalizar, felicito al ponente por su excelente informe y por sus esfuerzos para llegar a un amplio consenso en el Parlamento. 
Señor Comisario, me alegraría si recogiese todas las enmiendas exceptuando las que se refieren al Brénero. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Jarzembowski por haberse esforzado en buscar un equilibrio entre los diversos intereses que existen en la Unión Europea, sobre todo en el sector del transporte, lo que creo ha logrado al primer intento. 
En el presente informe sobre las tasas por el uso de carreteras para los vehículos industriales pesados quiero apoyar las enmiendas de compromiso del ponente. Aunque creo que hacer recaer los costes externos solamente sobre los camiones ocasiona una distorsión de la competencia, sin embargo debe ser un aspecto prioritario tener en cuenta el tramo del Brénero. 
Es de la mayor importancia que se tenga en cuenta la carga que el transporte significa para esta sensible región alpina. 
En su propuesta, la Comisión prevé solamente que los Estados miembros puedan cobrar una tasa para cubrir los costes externos que no puede superar los 0, 03 ecus por kilómetro. 
La propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo se refiere en concreto a la autopista del Brénero. 
El Consejo debe tener la posibilidad de autorizar a los países miembros afectados a elevar el peaje considerándolo como un elemento de costes que debe contribuir a hacer realidad una distribución duradera del tráfico en la totalidad de la región alpina. 
Saludo asimismo que la Comisión de Transportes y Turismo se haya pronunciado en favor de que la Comisión examine y defina en un procedimiento separado no solamente las rutas sensibles sino también las regiones sensibles. 
En este procedimiento considero importante que no solamente se incluya a representantes de los Estados miembros sino que también se escuche a representantes de las regiones afectadas. 
Para Austria es importante que se tenga en cuenta en un considerando el Convenio de los Alpes. 
Tal como he mencionado al principio, estoy en contra de que se imputen los costes externos sólo a los camiones, pero en general puedo dar mi apoyo a esta propuesta de compromiso ya que tiene en cuenta por fin los intereses de Austria y de la sensible región de los Alpes. 
Los ciudadanos de Europa aceptarán y amarán más a nuestra Europa común si tenemos más en cuenta sus intereses legítimos. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Jarzembowski es meticuloso e inventivo, como suele ser habitual en él, y yo le felicito por ambas cualidades. 
No obstante, las modificaciones graduales de las disposiciones actuales por las que se aplican elevados impuestos y tasas a los vehículos pesados en la Comunidad que se proponen en la directiva mantienen el equilibrio adecuado entre lo que sería necesario y lo que es factible. 
Puesto que la Comisión prefiere avanzar en vez de permanecer inmóvil, no me es posible aceptar gran parte de las enmiendas que propone el Sr. Jarzembowski. 
Como sabe la Asamblea, la Comisión concede gran importancia al problema central de los costes externos, tal como expusimos claramente en nuestro equilibrado y eficaz Libro Verde sobre los precios, publicado en diciembre de 1995. 
Si bien yo acojo con satisfacción la importancia que otorga el Parlamento a los costes externos- y también comprendo el deseo de que se presente una propuesta exhaustiva para todos los modos de transporte en un futuro inmediato -, tenemos que ser pragmáticos y conseguir progresos, y debemos lograrlos cuando esto sea posible en la práctica. 
Por consiguiente, yo no puedo aceptar la propuesta del informe de que se anulen incluso las limitadas disposiciones relativas a los costes externos a la espera de una medida exhaustiva. 
De hecho, a pesar de las honestas motivaciones de las personas que han presentado enmiendas en este sentido, en este caso lo mejor acabaría siendo en realidad enemigo de lo bueno y lo ideal, enemigo de lo posible. 
Lo que proponemos en la directiva es la posibilidad, no la obligación, de que los Estados miembros introduzcan un moderado componente del coste externo en los peajes. 
Esto representa una señal importante y, por lo tanto, no acepto las enmiendas 9 y 17. 
El tema de los costes externos está vinculado, obviamente, con el concepto de rutas sensibles y las posibilidades que puede ofrecer para introducir un sistema diferenciado de tarifas. 
Las nuevas disposiciones del proyecto de directiva en relación con las rutas sensibles son importantes- y quiero subrayarlo- mientras se desarrollan otros medios técnicos más refinados para la fijación de tarifas. 
La Comisión no puede aceptar, por lo tanto, las enmiendas 14, 18, 19, 20, 21 y 22. 
Nunca existe el riesgo de que el Sr. Jarzembowski se duerma en su tarea, pero yo ya sabía que esta referencia lo pondría en activo estado de alerta. 
La capacidad innovadora del Sr. Jarzembowski queda de manifiesto en la enmienda 7, que propone la definición de zonas sensibles, un tema al que se han referido varias de las intervenciones en el curso del presente debate. 
No obstante, el concepto de zonas sensibles trasciende significativamente, como es evidente, la propuesta de la Comisión. 
El hecho de que esta idea aparezca en un informe que por otra parte se propone suprimir totalmente las rutas sensibles constituye una prueba de la inventiva de Sus Señorías. 
Sin embargo, no me es posible aceptar la enmienda 7, ya que el concepto de zona sensible resulta poco práctico. 
El mundo entero es, en definitiva, una zona sensible. 
Puedo aceptar, no obstante, la enmienda 3, por la que se incorpora una referencia al Convenio de los Alpes. 
Por lo que se refiere a los impuestos aplicables a los vehículos, yo quisiera recordar a la Asamblea que el objetivo que se persigue al establecer unos niveles mínimos, a la vez que se permite que los Estados miembros apliquen a los vehículos impuestos inferiores a los mínimos aplicables, siempre que apliquen un régimen de tasas, es garantizar que no se incrementen más aún las diferencias existentes entre los gravámenes asociados al transporte en el conjunto de la Comunidad. 
No obstante, reconozco que no son los elementos más fundamentales de la propuesta, de manera que puedo aceptar las enmiendas 3, 5, 11 y 12. 
También puedo aceptar la enmienda 13, que prevé una revisión periódica de los impuestos aplicables a los vehículos. 
No me es posible aceptar, en cambio, la enmienda 6, que introduciría una excepción ilimitada con respecto a las impuestos mínimos aplicables a los vehículos, en lugar de una excepción temporal limitada. 
Por lo que se refiere a la enmienda 1, a la que han hecho referencia varios oradores, yo comprendo los esfuerzos del Parlamento por mantener la coherencia. 
El informe de la Sra. Schmidbauer, como ella misma ha señalado, reconocía la importancia de los costes externos y pedía a la Comisión que presentase propuestas para todos los modos de transporte. 
La enmienda 1 refleja esta posición y esto, como también ha señalado la Sra. Schmidbauer, es perfectamente coherente y encomiable. 
Pero, lamentablemente, dicha enmienda limita la aplicación actual de esos principios al transporte por carretera. 
Por consiguiente, la enmienda no es aceptable. 
Al margen de esta consideración, yo no puedo aceptar en ningún caso la parte de la enmienda 1 donde se sugiere que sólo podrá realizarse una diferenciación considerable de las tasas en función de las cargas que los vehículos suponen para las infraestructuras y de las emisiones de gases de escape en el caso de las tasas percibidas por el uso de las carreteras. 
La enmienda que ha presentado el Sr. Jarzembowski está en contradicción con la enmienda 25, presentada también por él. Salta a la vista que el Sr. Jarzembowski es un fiel seguidor de Oscar Wilde, quien dijo, muy sabiamente, que «la coherencia de los argumentos es el corsé de las mentes estrechas». 
No obstante, lo fundamental es que la diferenciación de las tasas aplicables a los vehículos en función de las cargas que suponen para las infraestructuras, expresadas en relación con el peso total del vehículo y la propensión contaminante, tal como se expresan en la clasificación Euro, no sólo es posible, sino relativamente sencilla y también cuenta con una amplia aceptación entre los Estados miembros. 
Como siguiente punto, yo pienso que no es necesario simplificar el cuadro de impuestos mínimos aplicables a los vehículos, tal como se propone en la enmienda 24, dado que éste es el mismo que establece la Directiva actual y los Estados miembros no han formulado ninguna queja al respecto. 
Por lo que respecta ahora a las enmiendas relativas a las tasas percibidas por el uso de las carreteras, puedo aceptar la enmienda 9 por la que se establecen tasas diferenciadas en las horas punta y en horario nocturno, siempre que no superen, obviamente, los máximos autorizados. 
Esto concuerda con el deseo de establecer una diferenciación de las tasas aplicables en diferentes momentos. 
También puedo aceptar, con algunas modificaciones, la enmienda 15, por la que se propone una reducción del 50 % en las tasas para los vehículos matriculados en regiones periféricas. 
No obstante, también ésta debe ser una medida temporal limitada. 
Por lo que se refiere a las tasas percibidas por el uso de las carreteras y la estructura de las mismas, yo quisiera destacar que las tasas anuales máximas que se proponen en la enmienda 26, y que oscilan entre los 1.000 y los 2.500 ecus, son sencillamente demasiado altas. 
Esto determinaría un aumento excesivo, de casi un 100 %, con respecto a los niveles actuales y no cumpliría el requisito de aplicación gradual de las tasas. 
Esta propuesta desde luego no es aceptable y yo creo que mi punto de vista no sorprenderá en absoluto a los autores de la enmienda. 
La clasificación de los vehículos en tres categorías, en función de la carga que suponen para la infraestructura, permitiría una aproximación de las tasas al coste real más adecuada que la que permiten los actuales sistemas de tasas percibidas por el uso de las carreteras y también más adecuada que la que resultaría de la aplicación de tasas diferenciadas en función del número de ejes de los vehículos, como propone la enmienda presentada. 
Por lo tanto, las enmiendas 16-25 no son aceptables. 
En relación con el resto de las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo, que no corresponden a un tema concreto, yo tengo que decir que la enmienda 4 no guarda relación con ninguna disposición jurídica concreta de la directiva y, por lo tanto, debe ser rechazada; en cambio, es posible aceptar las enmiendas 8, 10 y 23. 
Se han presentado una serie de nuevas enmiendas, además de las que propone la Comisión de Transportes y Turismo. 
Todas ellas- concretamente, las enmiendas 27-45- fueron examinadas y rechazadas por la Comisión de Transportes. 
Yo tengo que comunicar a la Asamblea que también rechazo la totalidad de dichas enmiendas. 
Después de esta referencia pormenorizada a todas las enmiendas propuestas- salvo las enmiendas 27-42, que ya comenté en detalle en otra ocasión -, yo quiero reiterar que el objetivo de la propuesta de la Comisión es desarrollar gradualmente un sistema diferenciado de tarifas más adecuado en la Comunidad, que garantice una mayor aproximación de las tasas a los costes reales y que éstas sean equitativas tanto para los usuarios como para los no usuarios. 
Yo confío que, si reflexionan al respecto, todos los diputados de esta Cámara compartirán esta visión pragmática y progresiva. 
Sólo siento haber tomado tanto tiempo, pero lo cierto es que las enmiendas, además de ser sumamente interesantes, también eran muchas. 
Señor Kinnock, nuestro ponente debía tener una cierta idea de las respuestas que usted iba a darle porque me había vuelto a pedir la palabra antes incluso de que usted se pronunciara. 
Así las cosas, como usted sabe, la hora es avanzada y aún tenemos dos informes para debatir esta tarde. 
Sr. Jarzembowski, puede usted responder a las palabras del Comisario, pero no puedo volver a dar el uso de la palabra a todos los intervinientes, de lo contrario haremos un segundo debate y eso no es muy correcto para el informe de la Sra. McIntosch y para el de la Sra. Berger. 
Así pues, vamos a oír al Sr. Jarzembowski, lo más brevemente posible. 
Señora Presidenta, he pedido la palabra porque primero quería referirme a lo expuesto por Florus Wijsenbeek, pues ha sido una excusa inteligentísima pero errónea. 
Entre hoy y mañana tenemos que hablar y decidir pues el Consejo escurre el bulto a la hora de adoptar una decisión sobre las tasas por el uso de las carreteras escudándose, entre otras cosas, en que el Parlamento no ha decidido aún nada. 
Por ello, tenemos que emitir nuestro dictamen para que el Consejo no pueda seguir manteniendo esa actitud. 
También quiero hacer dos observaciones relativas al Comisario. Señor Comisario, normalmente mantenemos una actitud muy abierta entre nosotros, pero lo que hoy nos ha ofrecido ha sido un pseudodebate. 
Por un lado, nos dice que lamenta que no imputemos por el momento los costes externos. 
Por otro lado, si decimos que tenemos que introducir las emisiones y el nivel de daños para las carreteras en las categorías de las tasas por el uso de las carreteras, entonces también se queja y nos dice que no es así como quiere que se regule el tema. 
Esto es hablar con dos lenguas. 
En segundo lugar, señor Comisario, usted está luchando aquí por su propuesta originaria pero desde que sabemos cómo marchan las negociaciones en el Consejo, debo decir que usted se queda muy por detrás de lo que queremos acordar hoy como Parlamento. 
Señora Presidenta, quisiera hacer una sugerencia para ahorrar mucho tiempo en este tipo de debates. 
Considero indigno de un Comisario que venga aquí para leer una lista de las enmiendas que va a aceptar y de las que no. 
Esto produce un debate ficticio, no tiene ningún sentido, daña el prestigio del Parlamento y quisiera pedir que a partir de ahora este tipo de debates se tramiten por escrito. 
Ello habría sido posible esta noche en lo que respecta a la intervención del Comisario, y lo lamento mucho. 
Señora Presidenta, agradezco la intervención, sobre todo porque da la oportunidad de ofrecerles a Sus Señorías la posibilidad de que, si asisten al Pleno para exponer sus enmiendas y las presentan sin notificarlas previamente a la Comisión, podrán ahorrarse cualquier tipo de respuesta inteligible y coherente a sus preguntas. 
Esto permitirá ahorrar tiempo a la Asamblea y yo no tendré que acudir aquí. 
No será demasiado favorable para la responsabilización ante los ciudadanos de la Comunidad Europea, pero estoy seguro de que ofrecerá a los diputados la oportunidad de exponer sus argumentos con dramatismo. 
Por lo tanto, si no quieren notificarnos las enmiendas y no quieren que yo me presente con una lista de respuestas, no tienen más que decírmelo y yo acataré de inmediato los deseos del Parlamento. 
Permítanme también que diga que si el Sr. Jarzembowski utiliza la expresión «remedo de debate» , yo le preguntaría, en tanto que político maduro y experimentado, ¿qué esperaba en realidad? 
Si no es capaz de elegir entre lo deseable- y yo coincidiría con él en cuanto a lo que es deseable- y lo que es factible, en efecto tendremos un remedo de debate. 
Y si el Sr. Jarzembowski no es capaz de distinguir entre el progreso gradual y la pureza estancada, el debate será además bastante irreal. 
Y el resultado es que, ante el dilema con el que se enfrentan Sus Señorías (y yo comprendo a los Sres. Castricum y Jarzembowski y a todos los demás diputados y comparto su dilema) , es preciso elegir si queremos avanzar un poco, aunque sea milímetro a milímetro, o si preferimos ensalzar nuestra buena conciencia, mientras permanecemos inmóviles y no avanzamos. 
Éstas son las alternativas. Yo les pido a Sus Señorías que opten por el progreso. 
Señora Presidenta, estoy muy sorprendido por el tono adoptado por el Comisario esta tarde, cuando en todos los trabajos preparatorios ha reinado un excelente ambiente entre él mismo y nuestra comisión, entre sus servicios y los nuestros. 
Nuestros colegas Jarzembowski y Castricum han hecho respectivamente una observación de apreciación política y una observación técnica. 
Efectivamente, creo que todo el mundo aquí se ha visto sorprendido por esta enumeración de enmiendas, que han sido rechazadas, con frecuencia además sin una explicación muy argumentada. 
Personalmente, suscribo el análisis de nuestros colegas y considero que deberíamos volver a empezar sobre nuevas bases en el futuro. 
Considero también las últimas palabras del Comisario un poco fuera de lugar. 
Señora Presidenta, si he respondido en un tono sincero y contundente ha sido porque respeto a la Asamblea y no la trato como un parlamento de mentirijillas. 
Por lo tanto, cuando unos diputados del Parlamento Europeo, directamente elegidos, me dicen: » no se presente con una lista de respuestas» , yo me veo obligado a preguntarles qué tipo de rendición de cuentas esperan de la Comisión Europea. 
Ahora bien, no me molesta que me critiquen. No me molesta que se ataque el contenido de mis palabras, pero no estoy dispuesto a aceptar que se me critique por haber intentado responder a los argumentos detallados y las consideraciones que han presentado los diputados de esta Asamblea, sobre todo cuando mis servicios se pasan días enteros procurando cooperar con los diputados del Parlamento y dar respuesta a sus preocupaciones, igual que hace mi secretaría y como también hago, de hecho, yo mismo. 
Y cuando se plantea un argumento político, yo, como político que soy hasta la médula, respondo políticamente. 
Tras este debate, un poco vivo, que muestra todo el interés que conceden los diputados y el Comisario a esta cuestión, declaro el debate cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Estrategia para mejorar la seguridad aérea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0091/97) de la Sra. McIntosh, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión titulada «Definición de una estrategia comunitaria para mejorar la seguridad aérea» (SEC (96) 1083-C4-0423/96). 
Señora Presidenta, yo acojo con satisfacción la oportunidad de exponer nuestras opiniones sobre la comunicación de la Comisión dedicada a la definición de una estrategia europea para mejorar la seguridad aérea. 
Yo quisiera aprovechar la ocasión para congratular al señor Comisario y a sus servicios por los trabajos realizados hasta y que sé que continúan en este mismo momento. 
El 10 de diciembre del año pasado, la Comisión recabó un mandato para negociar la creación de una organización europea responsable de la seguridad de la aviación civil. 
El Consejo de Ministros de Transporte ratificó la creación de dicho órgano el 20 de junio de este año. 
Según tengo entendido, el COREPER está diseñando y definiendo ahora su marco organizativo, los aspectos institucionales y la forma y el alcance de la participación de la Unión Europea. 
A finales de este año se habrán alcanzado las conclusiones sobre dicho marco organizativo. 
Nuestra intervención de esta noche es, por lo tanto, muy oportuna. 
Es el firme deseo de esta Cámara que esta autoridad europea de aviación civil tenga verdadera capacidad de actuación y que no sea excesivamente burocrática. 
La conclusión unánime de la audiencia que organizamos fue que la presente estructura de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas y el actual Reglamento nº 3922, de 1991, sencillamente no están funcionando de manera adecuada. 
A nuestro parecer la autoridad que debe crearse debería ser democráticamente responsable. 
Por lo tanto, proponemos que el Parlamento Europeo esté representado en el comité consultivo que asista al órgano ejecutivo de la organización y que dicho órgano elabore un informe anual de sus actividades y lo presente al Parlamento. 
Queremos expresar nuestra preocupación por el continuo incremento de la demanda de transporte aéreo, que se espera que se duplique para el año 2010, lo cual somete obviamente a una presión sin precedentes nuestra seguridad. 
Sólo las cifras correspondientes al Reino Unido indican que 86 millones de viajeros utilizaron los aeropuertos británicos en 1986. 
Diez años más tarde esta cifra era de 135 millones de viajeros. 
Asimismo, también nos preocupan las grandes diferencias en la interpretación y aplicación de las normas de seguridad de la OACI, tanto en el ámbito europeo como mundial. 
La ausencia de un mercado liberalizado de productos aeronáuticos genera mayores costes y presiones adicionales sobre la industria europea, que reducen su competitividad. 
No podemos permitirnos caer en la complacencia. 
En Europa disfrutamos en estos momentos de un nivel sumamente alto de seguridad. 
No obstante, esta semana sufrimos una catástrofe aérea en Cuba y el año pasado, una en la república Dominicana y otra en la India. 
Tenemos que garantizar el mantenimiento del máximo nivel de seguridad, sin dejar de tener en cuenta el incremento de los viajes aéreos en Europa y en el mundo y la creciente competencia de terceros países, sobre todo de los países en desarrollo. 
Nuestro objetivo debe ser evitar que ocurran accidentes, en vez de limitarnos a reaccionar cuando ya han ocurrido. 
En el contexto del proyecto separado de directiva por el que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilicen los aeropuertos de la Unión Europeo, nuestro objetivo ha de ser establecer un sistema de controles de seguridad análogo al de la supervisión por el Estado rector del puerto, vigente en el sector del transporte marítimo. 
En este sentido, un posible paso adelante en los aeropuertos más congestionados de Europa sería exigir a los operadores que demuestren que cumplen las normas de seguridad internacionales y también una prueba del cumplimiento de las normas en el país de origen. 
Personalmente, yo tengo algunas reservas. 
La Comisión de Transportes y Turismo recomienda que la Unión Europea elabore una lista negra. 
En ésta figurarían las compañías de terceros países utilizadas por pasajeros europeos en cualquier parte del mundo y todas las compañías de terceros países que utilicen aeropuertos situados en la Unión Europea que no cuenten con sistemas adecuados de notificación y que no respeten las normas de la Unión Europea en materia de seguridad, con vistas a denegarles el permiso de aterrizar o despegar en la Unión Europea. 
La elaboración de cualquier tipo de lista negra de operadores entraña el riesgo inherente de medidas de represalia. 
A mi modo de ver, otro enfoque más conciliador sería prestar ayuda a las compañías de terceros países, sobre todo en relación con la utilización de sistemas de navegación por satélite y otras tecnologías modernas. 
También podría ser útil ofrecer asesoramiento al mundo en desarrollo en materia de normativa y de formación. 
La organización europea competente en materia de seguridad de la aviación civil prevista debería establecer normas vinculantes en relación con los aspectos de seguridad de la aviación civil, particularmente por lo que se refiere al funcionamiento y mantenimiento de las aeronaves. 
También debe establecerse un sistema obligatorio de notificación de incidentes y un sistema confidencial europeo de notificación voluntaria de incidentes, y deben adoptarse igualmente medidas para reducir las lesiones en caso de accidente. 
Como un punto tal vez más controvertible, pedimos a los Estados miembros que coordinen todas las medidas que resulten necesarias para aumentar el grado de seguridad de los aeropuertos, incluida la inspección mediante rayos X de los equipajes y la prohibición de transportar equipajes que no vayan acompañados. 
Si bien esto se considera habitualmente competencia de los Gobiernos nacionales, el desastre de Lockerbie ha dejado inevitablemente una serie de interrogantes no resueltos en relación con la seguridad. 
Pedimos a la Comisión que observe el sistema estadounidense de publicación de información detallada sobre los aspectos relacionados con la seguridad y otros afines, y que introduzca disposiciones similares si lo considera pertinente. 
Debe exigirse a las agencias de viajes que indiquen el nombre de las compañías aéreas que operan los vuelos. 
Las medidas que proponemos, junto con un perfeccionamiento del sistema de control del tráfico aéreo, pueden contribuir a mejorar, a nuestro parecer, la seguridad aérea en toda la Unión Europea. 
Yo tengo una reserva en relación con la enmienda presentada por el Grupo Socialista Europeo relativa a la admisión de equipajes personales en las cabinas de los aviones. 
Por mi experiencia, se trata de una norma internacional que las mujeres ya cumplimos. 
Quienes tienden a pasarla por alto son los hombres que realizan viajes de negocios. 
Quizás lo que deberíamos hacer es aplicar las normas que ya existen. 
Yo invito a la Asamblea a que apruebe nuestras propuestas y quedo a la espera de la respuesta del señor Comisario. 
Señora Presidenta, espero que no me considere descortés si no puedo felicitar a la ponente por su informe, ya que el que presentó en la Comisión de Transportes y Turismo aportaba realmente muy poco. 
No obstante, felicito a la Comisión de Transportes por las enmiendas que ha presentado y que ahora llenan de contenido el informe. 
Solamente no se adoptó una enmienda- la relativa a los equipajes de mano -, que ahora vuelve a presentarse a la Asamblea. 
Todos estamos de acuerdo en que la seguridad aérea es un tema de creciente importancia: cada vez es mayor el número de personas que viajan en avión, no sólo por motivos de trabajo sino también en sus vacaciones. 
En el año 2010 se habrá duplicado el número de vuelos. 
Esta semana, la compañía Boeing ha estimado que, con este incremento, en esa fecha se producirá un accidente importante a la semana. 
O sea que es preciso que actuemos para mantener y mejorar las normas de seguridad. 
La ponente, en su intervención, y la Comisión parecen estar obsesionadas con la liberalización. 
La liberalización no debe traducirse en una reducción de las normas de seguridad. 
La liberalización tiene que ser controlada. 
Se presentará otro informe sobre este tema y ahora no entraré en detalles. 
En mi propio país, British Airways constituye un ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir con una liberalización incontrolada. 
Dicha compañía está reduciendo los costes de personal de cabina, en vez de aumentarlos. 
No tiene en cuenta los costes sociales. 
La compañía necesita más personal, que a su vez necesita mejorar su moral y una mejor formación y remuneración. 
Pero BA está decidida a reducir sus costes en un millardo de libras, al margen, a nuestro parecer, de las consecuencias que esto pueda tener para la seguridad. 
¡Por fuerza ha de repercutir sobre la seguridad! 
British Airways redujo, por ejemplo, el número de puertas de emergencia de sus aviones para añadir más asientos y ahora está obligando a las filiales que ha absorbido en Francia a que reduzcan su personal. 
¿Cómo puede hacerse esto sin que se vean afectados los niveles de seguridad? 
Yo quisiera poner en conocimiento de British Airways, y en particular de su Presidente ejecutivo, y de las demás compañías el punto 16 del presente informe, donde se observa que: » para el mantenimiento de un alto nivel de seguridad, son esenciales los aspectos sociales, de salud profesional y de formación» ; no las amenazas, la intimidación del personal y la prepotencia, que parecen caracterizar el nuevo enfoque en materia de gestión de British Airways. 
Tenemos que gastar más, y no menos, en seguridad. 
También insto a las compañías aéreas a que adopten cuanto antes las recomendaciones del apartado c) del punto 13, sobre todo por lo que se refiere a la instalación de sistemas de protección de los pasajeros contra los humos, sistemas de aspersión de agua y cámaras externas. 
Esto podría hacerse en seguida. 
Cuando la ponente intervino ante la Comisión de Transportes, afirmó que la instalación de sistemas de protección de los pasajeros contra los humos, con un coste de 40 libras esterlinas por asiento, resultaría demasiado costosa. 
Esto es absurdo cuando una aeronave nueva vale 100 millones de libras esterlinas. 
También debemos destacar que el punto 15 señala la obligación de inspeccionar por rayos X todos los equipajes y la necesidad de aumentar el grado de seguridad. 
La información más reciente sobre el accidente de Lockerbie sugiere que la bomba se introdujo, de hecho, en el avión en Heathrow, donde las medidas de seguridad son muy buenas. 
No debe haber más Lockerbies. 
También me preocupa que la obsesión por la reducción de costes está obligando a los pilotos a trabajar ininterrumpidamente un número cada vez mayor de horas. 
Ahora es posible que un piloto trabaje 17 horas sin interrupción, por ejemplo en el caso de un vuelo de ida y vuelta de Manchester a Luxor. 
Esto es inaceptable. 
Necesitamos normas comunes que regulen los horarios de trabajo de las tripulaciones de los aviones y el personal de cabina, no sobre la base de consideraciones de coste, sino de seguridad. 
Finalmente, yo estoy de acuerdo con la ponente en que debemos eliminar la posibilidad de que el transporte aéreo siga el ejemplo del transporte marítimo y utilice pabellones de conveniencia para las aeronaves y tripulaciones. 
No debe permitirse la entrada en la Unión Europea de ninguna aeronave que no cumpla todas las disposiciones en materia de seguridad y el mismo criterio debe aplicarse a las tripulaciones. 
Debemos apoyar la elaboración de una «lista negra» de las compañías poco seguras. 
A la vista del aumento del tráfico aéreo, ha llegado el momento de establecer unas normas en materia de seguridad. 
El Parlamento Europeo no está dispuesto a aceptar que se cumpla la predicción de Boeing de un accidente importante por semana. 
Señor Presidente, suscribo los objetivos fijados por el informe de la Sra. McIntosh con vistas a mantener un grado de seguridad lo más elevado posible con el empleo de personal cualificado y la utilización de equipos seguros. 
Comparto también las preocupaciones relativas al aumento ininterrumpido de la demanda de transporte aéreo, que ejerce una presión nueva sobre la seguridad. 
En efecto, no se puede aceptar el riesgo previsible de un accidente grave por semana de aquí a veinte años si permanecemos en el nivel de seguridad actual. 
Conviene identificar correctamente las causas profundas de las amenazas que pesan sobre la seguridad. 
No podemos atenernos sólo al respeto por las normas internacionales y hacer responsables a las compañías extraeuropeas, no podemos ignorar las decisiones que imperan desde hace varios años en materia de política de transportes. 
¿Cómo se puede hablar de seguridad sin extraer todas las consecuencias de la política de liberalización? 
A golpe de reestructuraciones, de desregulaciones, las compañías aéreas están inmersas en una perspectiva de guerra económica con efectos desastrosos sobre el empleo. 
La exacerbación de la competencia lleva a multiplicar los vuelos y el número de compañías aéreas, lo que satura la capacidad de los aeropuertos y amenaza la seguridad de los pasajeros y los residentes, en proporciones que nada tienen que ver con el aumento del número de pasajeros. 
De ello resulta igualmente una degradación de las condiciones de trabajo, una precarización creciente y el descenso del nivel de formación. 
Comparto las preocupaciones de los empleados y de los usuarios, comprendo las luchas que mantienen los empleados, sobre todo los de British Airways, que vive sus primeras grandes huelgas frente al proyecto de reducción de un 30 % de sus costes salariales. 
El transporte aéreo europeo necesita más que nunca verdaderas cooperaciones entre compañías regidas por criterios de servicio público que únicamente son compatibles con una fuerte exigencia de seguridad. 
Finalmente, la seguridad aérea tiene necesidad de transparencia y de democracia. 
Los empleados y sus representantes, los usuarios, los representantes electos, deben disponer de nuevos derechos de intervención en las decisiones comerciales. 
En esta óptica, la puesta en marcha necesaria de una organización europea de seguridad debería tomar muy en consideración estas exigencias, sin por ello sustituir a las estructuras nacionales encargadas de asegurar el control del cielo. 
Señora Presidenta, el transporte aéreo se ha democratizado considerablemente. 
Ha entrado en la era del consumo de masas y, al hacerlo, ha sufrido los riesgos de la ley de los grandes números, con defectos técnicos, servicios a veces insuficientes, un entorno a veces perjudicial, que se traducen en desviaciones. 
Salvo que, en este caso, las consecuencias son terribles porque se miden en pérdidas de vidas humanas. 
Por consiguiente, tenemos la obligación moral de trabajar para que, lo más rápidamente posible, se reúnan las condiciones de máxima seguridad, y ejercer las presiones necesarias para provocar un alineamiento por arriba. 
Estas presiones deben afectar a las mejoras técnicas y a las transferencias de tecnología, ello es cierto hasta tal punto que los países con retraso en su desarrollo tienen una tasa de accidentes e incidentes preocupante. 
Ahora bien, la vida humana tiene el mismo valor en todos los puntos del planeta. 
Estas presiones deben igualmente afectar a la formación de las tripulaciones constantemente renovada y del resto del personal, y unas condiciones de trabajo compatibles con las mejores cualidades técnicas. 
Ahora bien, la deslocalización que se observa en algunos contratos, principalmente en puestos cualificados, participa del dumping social. 
Esta estrategia comunitaria es bienvenida, porque una estrategia no es ni un puñetazo sobre la mesa ni un grito de angustia que se perdiera en las arenas de nuestras contingencias cotidianas. 
Es el compromiso de una acción reflexiva y continua que fija objetivos, precisa medios y procede a evaluaciones. 
El informe de la Sra. McIntosh trabaja en el sentido correcto, con argumentos pertinentes. 
La propuesta de directiva sobre la seguridad de las aeronaves extranjeras, de la que mi colega González Triviño es ponente, se le puede añadir con toda utilidad. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el 7 de febrero del año pasado 189 personas perdieron la vida ante la costa dominicana como consecuencia de la caída de un avión de la Birgen Air. 
No es la primera vez que debatimos en el Parlamento Europeo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad aérea. 
En el presente caso, el Sr. Brian Simpson y yo tomamos este accidente como motivo concreto para presentar el pasado año, exactamente una semana después, una propuesta de resolución en el Parlamento que se trató una semana más tarde en la Comisión de Transportes y Turismo. 
En mi intervención voy a limitarme a exponer lo que resultó de aquellas sugerencias. 
Puedo decir que un año y medio después de aquella iniciativa parlamentaria hemos avanzado un buen trecho gracias a la positiva cooperación entre Comisión, Parlamento Europeo y Consejo. 
Este último ha recogido los elementos más importantes, lo que expuso claramente en su reunión del 17 y 18 de junio de este año en Luxemburgo. 
En la mencionada propuesta de resolución exigimos también que se elaborase una lista negra. 
Pero creo que lo importante no es qué nombre se dé a este documento en el que se expongan los pecadores y sus pecados. 
El Consejo se ha puesto de acuerdo en solicitar el asentimiento del Parlamento. 
La posición común para aceptar una regulación de este tipo se podrá aprobar en el otoño de este año. 
Se expondrá una lista de fallos constatados en los controles de tierra de las máquinas sospechosas. 
Creo que esto representa un gran paso. 
La publicación de una lista negra tendría sin duda unos efectos intimidatorios. 
Lo que nos falta expresamente en la formulación es la posibilidad de realizar también controles a aviones de los Estados miembros de la Unión Europea. 
No obstante, la Comisión ha emitido una declaración al respecto y esta es, señor Comisario, el Reglamento 3922/91 que aún se podría cambiar. 
Señor Comisario, le rogaría que emita una declaración sobre si estas cosas se han puesto entretanto en marcha, de modo que todos los aviones que despierten alguna sospecha en los controles sobre el suelo- incluyendo los de terceros Estados y ante todo los de la Unión Europea- se puedan realmente controlar. 
Hemos expuesto aún un tercer punto, consistente en la obligación de las agencias de viajes de indicar en sus catálogos con qué compañías aéreas se realizan los vuelos. 
Señor Comisario, en nombre también de mis colegas, desearía que se impulsase todo esto. 
En muchas empresas, se realiza ya voluntariamente. 
Señor Comisario, se debería comprobar si existen deficiencias de seguridad en terceros Estados y en los contratos bilaterales con terceros Estados. 
Sé que, entretanto, se ha encargado a la Comisión que se ocupe de un sector parcial, pero debería ampliarse a todos los tratados bilaterales. 
Señora Presidenta, el transporte aéreo tiene fama de ser una modalidad de transporte especialmente segura. 
Sobre todo las compañías aéreas europeas tienen una excelente hoja de servicios. 
Sin embargo, hay razón para preocuparse y por tanto para tomar medidas. 
El año 1996 fue el peor hasta ahora en la aviación civil, con 1.600 muertos. 
En general se prevé que en los próximos diez años la aviación casi se duplique, y la industria aeronáutica europea ha declarado que, manteniendo el actual nivel de seguridad, dentro de 20 años habrá un promedio de un desastre aéreo por semana. 
Es algo que no podemos ni debemos aceptar. 
Para dar una buena respuesta a este reto es esencial adoptar un enfoque conjunto entre todos los implicados y explotar plenamente avances tecnológicos como los sistemas de navegación por satélite. 
La comunicación de la Comisión supone un buen impulso, así como el informe del Sr. McIntosh. Quiero felicitar a ambos por ello. 
Quisiera examinar tres cuestiones. 
En primer lugar, la creación de una organización europea para la seguridad de la aviación. 
Me agrada mucho la idea, a condición de que en la elaboración se garantice el dinamismo y la eficacia, y se excluya una burocracia excesiva. Quisiera preguntarle al Comisario si esta organización también se ocupará de la seguridad del tráfico aéreo militar. 
Le remito al trágico accidente que tuvo lugar el año pasado en el aeropuerto de Eindhoven con un aparato militar. La investigación ha demostrado que muchos de los ocupantes fallecidos seguramente habrían podido salvarse si los bomberos hubieran sabido cuántas personas había a bordo. 
En segundo lugar, la seguridad en torno a los aeropuertos. 
Para poder hacer frente al crecimiento previsto de la aviación será necesario ampliar la capacidad de los aeropuertos. 
Para ello es preciso contar con una base de apoyo suficiente en la población. 
¿Considera el Comisario que aquí hay una tarea para la Comisión? 
En conexión con esto, quisiera preguntarle si considera que la ampliación de los aeropuertos existentes y la selección de nuevas ubicaciones, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ha de dejarse totalmente en manos de los Estados miembros. 
Lo pregunto porque tales decisiones pueden tener consecuencias importantes, en especial para los países vecinos. 
Estas cuestiones son actuales; le remito, por ejemplo, a los debates sobre el futuro del aeropuerto de Amsterdam (Schiphol). 
Agradecería que el Comisario diera su opinión al respecto, ahora o en otra ocasión. 
Mi última cuestión, la seguridad en el espacio aéreo de la antigua Unión Soviética. 
Las noticias procedentes del mundo de la aviación hacen que me preocupe mucho por la seguridad del espacio aéreo de la antigua Unión Soviética. 
Quisiera pedir al Comisario que prestara una atención especial a esta cuestión y quiero preguntarle si puede comunicar si sus numerosas conversaciones en la conferencia paneuropea de Helsinki, concretamente con las autoridades rusas, ofrecen perspectivas de mejora a corto plazo. 
Pienso que es muy necesario, señora Presidenta. 
Señora Presidenta, se han dicho muchas cosas sensatas esta noche, así que iré directamente al grano. 
Para mis vacaciones de agosto, señor Comisario, cabe las posibilidad de que piense en irme a Guatemala, a Austria, a Rusia o a China. No obstante, al examinar la lista de las compañías aéreas con las peores calificaciones, veo que proceden de esos países. 
Un estudio puede, obviamente, ser subjetivo, pero hemos logrado que se elabore una lista de las peores compañías. 
Éste es un tema. 
El otro es lo que hemos oído al Sr. Cornelissen, es decir, que en el debate en la Comisión de Transporte se ha hecho hincapié en que existen problemas. 
Por eso, no podemos limitarnos a decir que no pasará nada y que lo único que falta es cierta liberalización, etc. Hablamos de near misses y problemas con el air traffic control en casi todas las reuniones, pero tenemos una liberalización que está presionando a las tripulaciones. 
Los pilotos tienen en realidad- y no se trata de un cuento- peores condiciones de trabajo que los camioneros de largo recorrido en las carreteras europeas. 
En algunos casos trabajan, como se ha dicho, 17 horas. 
Algo que no puede hacer un camionero de largo recorrido. 
A la Sra. McIntosh quiero decirle que la liberalización es una buena cosa, y le doy la bienvenida, pero hemos de tener en cuenta que antes había un avión que volaba de A a B y que quizás estaba siempre lleno, mientras que tenemos ahora tres aviones en esa misma ruta que quizás sólo se llenan a medias. 
Esto tiene un costo tanto en cuanto a las tripulaciones como al medio ambiente, etc. Sabemos también que un número cada vez mayor de aviones desechados están volando. 
El tercer tema que quiero mencionar quizá sea nuevo para algunos. 
Me refiero a la contaminación en los aeropuertos. 
Una compañía danesa gasta anualmente 25 millones de ecus en eliminar la suciedad que se mete en los motores de sus aviones. 
Esta suciedad provoca aterrizajes de emergencia, y entre los aeropuertos con este problema cabe mencionar los de Newark, Heathrow y Milán. 
Se encuentran por debajo de la media en cuanto a limpieza. 
A las compañías aéreas les cuesta entre 25.000 y 80.000 ecus al día tener un avión fuera de servicio, así que la liberalización presenta muchas caras. 
Quizás el texto publicado recientemente sobre las compañías aéreas del mundo no deba ser considerado una blacklist o lista negra, o como se llame en las distintas lenguas. 
Acaso sirva únicamente de escarmiento. 
Pero cuando compañías del renombre como Air France o British Midlands no sacan nada más que una nota media, quizás haya motivos para dar también la alarma en Europa. 
Se han expuesto muchas buenas ideas hoy. 
No las voy a repetir. 
Me limitaré a dar la bienvenida a la iniciativa de la Comisión y a subrayar que la apoyo en este proyecto, al igual que, obviamente, a la ponente. 
Señora Presidenta, yo agradezco la comunicación de la Comisión. 
Conviene recordar que éste es uno más de los muchísimos que se han presentado en relación con la seguridad aérea. 
Es preciso insistir en la necesidad de que al debatir el tema de la seguridad aérea en general consideremos todo el paquete de disposiciones relativas a la aviación y la totalidad de los informes elaborados por la Comisión. 
En el breve tiempo que me ha sido asignado esta noche, yo quisiera destacar un problema cada vez más grave que afecta a la seguridad aérea, a saber, el volumen de equipaje que se transporta en las cabinas. 
Yo congratulo a la ponente y a la Comisión de Transportes y Turismo por haber abordado determinados problemas que afectan a la seguridad aérea, pero pienso que no han abordado el problema de los equipajes de mano, un problema que tanto las compañías aéreas como la tripulación de cabina no sólo reconocen que existe, sino que actualmente también es motivo de preocupación. 
La ponente tiene razón: ya existen normas relativas al equipaje de mano. 
Éstas estipulan el peso y tamaño máximos autorizados y que sólo se autorizará una pieza de equipaje por pasajero, además de los bolsos de mano o un maletín de equipo fotográfico, por ejemplo. 
El motivo de estas normas es que el equipaje de mano no debe obstaculizar o restringir los movimientos de los pasajeros en el caso de una evacuación de emergencia. 
Lo que ahora debemos preguntarnos es por qué las compañías aéreas y las autoridades nacionales de aviación civil no aplican sus propias normas con tanta frecuencia. 
Este incumplimiento compromete la seguridad y puede poner en peligro la vida de las personas. 
Mi enmienda no propone, por lo tanto, nuevas normas. 
Sencillamente pide que se apliquen las existentes. 
En estos momentos es posible embarcar legalmente en un avión llevando lo que sea, hasta el fregadero de la cocina, sin que nadie se oponga. 
Si uno viaja en business class es posible que consiga embarcar con dos fregaderos, un ordenador portátil, una funda para trajes, las compras de la tienda libre de impuestos, una cartera y una bolsa de deporte y ocupar todo un compartimiento de equipajes si ha sido el primero en subir al avión, abriéndose paso a codazos para obtener ese privilegio. 
El exceso de equipaje de mano, particularmente de los hombres de negocios y las mujeres, está alcanzando proporciones epidémicas y compromete la seguridad, y no se puede tolerar. 
Las normas son claras y deben aplicarse. 
Las compañías aéreas tienen el deber de garantizar que así se haga y los diputados del Parlamento Europeo, en su calidad de legisladores, tienen la responsabilidad de procurar que ellos mismos no puedan ser acusados de embarcar literalmente de todo, incluido el fregadero de la cocina, en la cabina del avión, como lamentablemente hacen muchos de nuestros colegas. 
Mi enmienda sólo recuerda sus responsabilidades a las compañías aéreas y las autoridades nacionales de aviación civil. 
Señora Presidenta, permítanme ante todo que exprese mis condolencias al Sr. Simpson, como sin duda usted también desea hacer, por su grave herida en la sien. 
Yo sólo querría aclararle, señora Presidenta, en su calidad de francesa, que según tengo entendido el Sr. Simpson sufrió esta herida mientras practicaba el críquet que, como todo el mundo sabe, es un juego decoroso y de habilidad que suele ser practicado por caballeros y damas. 
Sin duda Su Señoría, el Sr. Simpson, también constituye una excepción a esa norma. 
Permítanme que exprese mi agradecimiento al parlamento y, en particular, a la ponente, Sra. McIntosh, por el excelente trabajo realizado, y que congratule igualmente a la Comisión de Transportes, no sólo por su sólido informe, sino también por su iniciativa de organizar una audiencia sobre la seguridad aérea, donde todas las partes implicadas tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones en relación con este tema tan importante y, de hecho, vital. 
Obviamente acojo con satisfacción el gran respaldo del informe a la estrategia de la Comisión para mejorar la seguridad aérea y también las sugerencias para seguir avanzando en las iniciativas que proponemos, así como en varias otras iniciativas, también relacionadas con la seguridad aérea, que no figuraban en nuestra comunicación. 
Como señala el informe, ya se han iniciado los trabajos en relación con varias de las iniciativas que se describen en la comunicación de la Comisión. 
El ejemplo más visible es el nuevo proyecto de directiva por el que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad. 
Dicho proyecto era una de las principales iniciativas de acción inmediata que anunciamos y ya se ha remitido Parlamento Europeo y al Consejo. 
También estamos tomando en consideración las prioridades expresadas por el Parlamento y a las que se ha referido, por ejemplo, el Sr. Lüttge en el curso del debate. 
Por lo tanto, estamos trabajando con ahínco en la creación de una futura autoridad europea de seguridad aérea, en el establecimiento de sistemas europeos de notificación de incidentes, en la preparación de una cláusula de seguridad que deberá incluirse en nuestros futuros acuerdos con terceros países en materia de aviación y, evidentemente, estamos desarrollando negociaciones con los países de la Europa central y oriental que han solicitado la adhesión a la Comunidad. 
Estamos dedicando grandes esfuerzos a examinar con todas las partes relevantes el controvertido tema de la duración de los turnos de servicio que ha planteado el Sr. Seal, entre otros oradores, y también a impulsar acciones que garanticen una formación sistemática y rigurosa de la tripulación de cabina en todos los aviones de pasajeros. 
Yo espero que podremos seguir contando con el bienvenido apoyo y aliento de la Asamblea en estos y otros ámbitos. 
Yo quiero manifestar a la Asamblea que comparto la convicción de Sus Señorías en cuanto al derecho de los consumidores a disponer de información que les permita escoger los medios de transporte y los operadores más seguros. 
Y obviamente es necesario organizar debidamente la difusión de este tipo de información. 
Sin embargo, es esencial que el procedimiento escogido sea el más eficaz para ofrecer una información que sea de utilidad para el viajero europeo y yo no estoy seguro de que la mejor manera de cumplir este objetivo sea la difusión al azar de información no matizada sobre todos los incidentes menores o el establecimiento de una llamada «lista negra» de operadores. 
Como la Asamblea posiblemente ya sabe, en ningún lugar del mundo existe una «lista negra». 
Sólo en Estados Unidos se publica una lista y ésta clasifica a las autoridades de aviación de los países en función de la capacidad de cumplimiento de sus obligaciones de supervisión en materia de seguridad. 
Afortunadamente, los accidentes aéreos no son frecuentes en relación con el número de viajes o de los millones de millas recorridas por viajero, pero nadie puede atreverse a vaticinar quién tendrá el próximo accidente y quién tendrá un historial sin mancha en el futuro. 
Por lo tanto, yo espero que, si lo reflexionan, Sus Señorías estarán de acuerdo en que el enfoque de la «lista negra» no ofrecería la precisión, ni tampoco el detalle, necesarios para proporcionar a los usuarios una información fidedigna y significativa. 
Si bien reconozco la rectitud de las intenciones de quienes se han manifestado en favor de una «lista negra» , yo confío que comprenderán que las consideraciones prácticas son de demasiado peso para que tengan posibilidades de llevar adelante este enfoque. 
El informe también menciona varias otras cuestiones relacionadas con la seguridad, como algunas medidas para mejorar las posibilidades de supervivencia y reducir las lesiones en caso de accidente. 
Yo puedo confirmar a la Asamblea que la Comisión ha apoyado activamente las actividades de investigación en este ámbito y obviamente continuará haciéndolo. 
Varias otras nuevas sugerencias del informe, como el establecimiento de una base de datos europea de los obstáculos próximos a los aeropuertos, la prevención del tráfico ilegal de piezas de recambio no autorizadas, que es una práctica letal, o la elaboración de un reglamento técnico por el que se establezca el número máximo de pasajeros y la carga máxima que podrá transportar una aeronave, son todas cuestiones de las que actualmente se ocupan las autoridades nacionales, en la Unión Europea y en todo el mundo. 
No obstante, la Comisión continúa interesándose, obviamente, por estos temas y estaría preparada para actuar en caso de necesidad, siempre que se cumplan, naturalmente, los requisitos de la subsidiariedad. 
El informe también se ocupa del tema muy importante de las medidas de seguridad en los aeropuertos, incluida la inspección por rayos x de los equipajes, pero como ya se señala acertadamente, este tipo de actuaciones forman parte del llamado tercer pilar del Tratado de Maastricht y deben contemplarse en el contexto más amplio de la cooperación policial. 
La Comisión continuará impulsando las iniciativas ya iniciadas y se propone ocuparse en el futuro de varias otras cuestiones relacionadas con la seguridad. 
Participaremos en los esfuerzos colectivos de la industria aeronáutica para intentar garantizar la máxima seguridad posible en el transporte aéreo para nuestros ciudadanos y para todas las personas, y naturalmente también procuraremos contribuir a la protección del bienestar de las personas que residen en las proximidades de los aeropuertos. 
En estas actividades, como en el resto, continuaremos agradeciendo muchísimo el apoyo y las ideas innovadoras de los diputados de este cámara, tal como quedan patentes una vez más en el informe que acabamos de debatir esta noche. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta. 
Comprendo que no haya podido responder a todas las preguntas. 
¿Puedo confiar en que contestará por escrito a las preguntas que aún no ha contestado? 
Le agradecería que me diera una respuesta. 
Sí, señora Presidenta, así lo haré, tal como tengo por costumbre. 
Muchas gracias, Sr. Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acceso a la profesión de transportista 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-238/97) de la Sra. Berger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 0025- C4-0087/97-97/0029 (SYN) ) por la que se modifica la directiva 96/26/CEE relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los transportes nacionales e internacionales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas que aún tienen la paciencia de estar con nosotros. 
El ramo del transporte se ha convertido hoy como ningún otro en un auténtico ramo europeo. 
Con la liberalización del cabotaje en el transporte de mercancías, el 1 de julio de 1998 habremos completado en este sector las condiciones del mercado interior y existirá un acceso ilimitado al mercado en toda la Unión. 
Esta es la causa directa de esta propuesta de directiva y del mayor nivel de armonización que se persigue con ella. 
En los últimos años han cambiado también de modo determinante otras condiciones marco para el ramo del transporte, cambios ante los que reacciona esta propuesta de directiva. 
Unos nuevos modos de gestión y de producción en la industria y en el comercio al por menor, junto con unas estrategias just in time han hecho que aumente la demanda de transportes rápidos, flexibles y de alta calidad unidos a sistemas logísticos ampliamente ramificados y sofisticados de modo que el volumen de los envíos es siempre menor pero, en contrapartida, la frecuencia de los suministros es mayor. 
De este modo se ha llegado a un desplazamiento del transporte por cuenta propia a un transporte de mercancías por cuenta ajena y a oferentes cada vez mayores que ofrecen también servicios de transporte y de logística. 
En consecuencia, por motivos de flexibilidad y de ahorro de costes, se han multiplicado también subempresas pequeñas que se han hecho cargo del transporte con camiones pequeños también en el tráfico transfronterizo. 
Entretanto, también el sector público plantea unas mayores exigencias al sector del transporte en lo tocante a la protección del medio ambiente, la seguridad técnica y la observancia de las normas sociales. 
Es también un hecho que las empresas de terceros Estados, en especial las de la Europa central y oriental, compiten cada vez más intensamente con empresas de la Unión en el territorio de la Unión Europea. 
Por ello, sugiero que se examine al margen de la directiva concreta hasta qué punto se pueden dar pasos concretos mediante los Acuerdos Europeos existentes con estos países antes de su ingreso para incluirlos paso a paso en las normas de la UE también en este campo. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha saludado expresamente todas las medidas de armonización propuestas por la Comisión- el aumento de las exigencias de capacidad financiera, la fiabilidad personal y la competencia profesional -, así como la ampliación del ámbito de aplicación de esta directiva. 
Como ponente, me he permitido introducir algunas enmiendas que han sido apoyadas también por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se refieren fundamentalmente a la inclusión de las normas sobre el transporte de animales en la valoración de la fiabilidad personal del empresario de transportes. 
Aunque el conocimiento de las disposiciones relativas al transporte de animales vivos figura en la directiva como objeto de examen, sin embargo no constituye uno de los supuestos que en caso de infracción puede conducir a un no reconocimiento o revocación de la licencia de transportista. 
Esto coloca a las normas sobre el transporte de animales detrás de otras normas, lo que no me parece justificado. 
Nuestra comisión y la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo han tocado otro tema que es muy importante para mí. 
En su informe, ha indicado muy claramente que los transportistas y empresas de transporte, a sabiendas o no, son con frecuencia protagonistas de prácticas fraudulentas contra el régimen de tránsito comunitario. 
Por este motivo, con esta directiva se pretende garantizar que las empresas de transporte estén perfectamente informadas sobre las normas pertinentes y que en caso de infracciones repetidas se les pueda retirar la licencia. 
También me he permitido presentar algunas propuestas para determinar mejor los conceptos de «capital» y «reservas» así como algunas otras modificaciones de carácter jurídico-técnico. 
Como ponente apoyo las enmiendas nº 1 hasta 14 de la Comisión de Asuntos Jurídicos pero no la nº 15 hasta 17. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a los colaboradores de la Comisión y de la Secretaría. 
Este es el primer informe que presento al Parlamento Europeo, por lo que sería de gran importancia para mí obtener su apoyo. 
Muchas gracias, Sra. Berger, y la felicito, ya que se trata de su primer informe. 
Señora Presidenta, la presente propuesta es una consecuencia de los avances logrados con la aplicación de un mercado común en materia de transporte por carretera. 
Es un tema que interesa mucho a la Comisión de Transporte. 
La posibilidad de un transportista profesional de actuar en igualdad de condiciones es de importancia vital para la realización del mercado único y para miles de transportistas. 
La competencia tan sólo es tal si se ejerce en igualdad de condiciones. 
Ya era hora de que tuviésemos normas iguales. 
La presente propuesta incluye buenas y malas noticias. 
Las malas son, entre otras cosas, que la propuesta está dirigida a las autoridades y a su control de las empresas de transporte. 
Esta es la parte de la propuesta que no me convence. 
La Comisión considera que el transporte se realiza a intervalos regulares y fijos. 
En mi opinión, debe haber un control flexible y continuo. 
Me parece que esta propuesta sobra y que limita el ejercicio de control de las autoridades. 
Me parece además una mala idea diferenciar el requisito de capital en función del peso del vehículo. 
Estoy en contra de ello. 
La parte buena es que ahora habrá un esfuerzo a nivel comunitario que será decisivo para evitar la distorsión de la competencia. 
La propuesta que estamos debatiendo hoy abrirá el camino para un aumento de las exigencias financieras y profesionales. 
Favorecerá, por lo tanto, al medio ambiente y a la seguridad vial. 
La propuesta de la Comisión exige asimismo más a los transportistas; tienen, por ejemplo, que ser honestos. 
El requisito de honorabilidad no se ha cumplido cuando un transportista es condenado por una infracción grave de la legislación vigente o por una serie de infracciones leves reiteradas. 
Lo novedoso es que las infracciones de las normas sobre protección del medio ambiente y responsabilidad profesional sean consideradas infracciones en relación con el transporte. 
Esto merece un aplauso. 
Ya era hora de que ampliásemos la ley, de forma que no incluya únicamente los actos delictivos clásicos, sino también las infracciones de las normas relativas a la protección del medio ambiente y al tiempo de conducción y de descanso. 
La honorabilidad y el transporte de alta calidad están estrechamente relacionados. 
Parte del transporte por carretera lo ha notado este año. 
El régimen de tránsito común no funciona muy bien. 
Otro exigencia a los transportistas es que sean profesionalmente competentes. 
Tienen que presentarse a una prueba escrita de competencia. 
La presente propuesta incluye una determinación y una internacionalización de los temas que los candidatos tienen que conocer. 
Estoy, por lo tanto, de acuerdo en que hacen falta normas comunes para el transporte, el medio ambiente y el tiempo de trabajo en la Unión. 
Las buenas noticias de la presente propuesta sobrepasan con creces las malas. 
Por eso apoyo el informe, que me parece excelente, y quiero felicitar a la ponente por él. 
Yo quiero expresar mi enorme gratitud al Parlamento por el trabajo que han realizado la Sra. Berger y sus colegas en relación con esta iniciativa destinada a establecer criterios más rigurosos para el acceso a la profesión de transportista por carretera, con vistas a armonizar la aplicación de los tres principales criterios y ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva. 
También quiero felicitar a la Sra. Berger por su competente primer informe, sobre todo habida cuenta de que es diputada del Parlamento desde hace sólo nueve meses. 
¡Quién sabe de lo que será capaz dentro de 18 meses! 
Quedamos a la espera de sus futuros trabajos. 
Es una satisfacción para mí poder aceptar, por lo tanto, varias de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
En primer lugar, aceptaré gustoso las enmiendas que contribuyen a la claridad del texto y a la coherencia de la propuesta en todas sus versiones lingüísticas. 
Por consiguiente, aceptaremos las enmiendas 4, 8, 9, 10 y 11, con algunas pequeñas modificaciones en los casos oportunos. 
En segundo lugar, mi posición en relación con algunos de los elementos incluidos en las enmiendas 1 y 3 es favorable, toda vez que la Comisión ha manifestado el propósito de establecer «listas negras» en otros ámbitos aparte del de la agricultura, aunque debo decir que no en el caso de la aviación civil. 
Estoy dispuesto a aceptar la referencia adicional a la lucha contra el fraude en la Comunidad y al régimen de tránsito común. 
Es importante volver a subrayar la determinación de la Comisión de combatir el fraude en este sector y su deseo de eliminar a los «piratas» en el curso de esta legislatura. 
También estoy dispuesto a aceptar la parte final de la enmienda 1 y la parte correspondiente de la enmienda 3, que piden que para determinar si se han producido infracciones leves reiteradas, se tome en consideración el número de viajes efectuados por la empresa de que se trate. 
Sin embargo, no puedo aceptar la referencia al transporte de animales vivos que figura en las enmiendas 1 y 3. 
Ya existen normas comunitarias relativas a la protección de los animales vivos durante el transporte y los Estados miembros ya pueden adoptar medidas en el contexto de la aplicación de las disposiciones de la correspondiente Directiva. 
La Comisión tampoco puede aceptar la incorporación de una referencia a los tribunales administrativos. 
Dadas las diferencias entre los sistemas judiciales de los Estados miembros, con sanciones penales ya muy distintas, la inclusión de las sanciones administrativas sólo contribuiría a acentuar las discrepancias entre los Estados miembros, en perjuicio de los operadores. 
La Comisión puede hacer suya la enmienda 7, que permite una cierta flexibilidad en relación con las empresas que sufran dificultades financieras temporales en el momento de evaluar el cumplimiento del requisito de capacidad financiera, si bien tal vez será necesario modificar un poco el redactado con objeto de eliminar cualquier duda en relación con este tema. 
A la Comisión no le es posible aceptar algunas enmiendas. 
Las enmiendas 2, 5 y 14 modifican el período de aplicación del Acuerdo transitorio en Austria, Finlandia y Suecia a fin de tener en cuenta su pertenencia al Espacio Económico Europeo. 
No obstante, yo considero que el período transitorio debe ser consistente con el aplicado con anterioridad a otros nuevos Estados miembros y, por lo tanto, debe calcularse teniendo en cuenta su fecha de adhesión a la Unión Europea. 
La enmienda 6- que presume que no podrá exigirse la repetición de la prueba de competencia a los candidatos que ya hayan satisfecho en una ocasión el requisito de competencia profesional- se basa en una interpretación errónea de la propuesta de la Comisión. 
Nuestra propuesta simplemente establece que los Estados miembros deberán comprobar que las empresas empleen en un puesto directivo a una persona que cumpla el requisito de competencia profesional. 
Por lo tanto, no hay lugar para la preocupación que ha motivado la enmienda y yo espero que, por consiguiente, se retire dicha enmienda. 
Las enmiendas 12 y 13 tienen por objeto definir de manera detallada un aspecto de los conocimientos que deberán adquirirse en el curso de la formación para realizar la prueba de competencia profesional. 
Yo tengo que decir que estas enmiendas añaden excesivos detalles y exigirían a los candidatos unos conocimientos exageradamente detallados sobre un aspecto de la legislación aduanera especializada. 
Por consiguiente, por consideraciones prácticas y de equidad, no puedo aceptar estas enmiendas. 
Las enmiendas 15, 16 y 17 proponen todas ellas la supresión de referencias a las infracciones leves, con vistas a que éstas no se tengan en cuenta al considerar la honorabilidad de un operador. 
Es evidente que esto se contradice con la línea del proyecto, cuyo objetivo es establecer normas de admisión más rigurosas y excluir a los operadores que sistemáticamente incumplan o hagan un uso abusivo de la ley. 
Yo comprendo los motivos de la permisividad de quienes han propuesto estas enmiendas, pero cualquier disposición que permita que se cometan infracciones leves reiteradas debilitaría obviamente el proyecto y generaría inconsistencias e injusticias entre las legislaciones de los Estados miembros. 
El informe de la Sra. Berger examina detallada y meticulosamente los problemas que se plantean en relación con este tema. 
Contribuye de manera positiva y constructiva a la iniciativa de la Comisión y aporta, de hecho, percepciones innovadoras de una comisión parlamentaria que no se ocupa habitualmente de los temas relacionados con el transporte. 
Todos compartimos el deseo de mejorar las normas aplicables a los operadores de servicios de transporte por carretera en el interior de la Unión, reducir las disparidades existentes entre los Estados miembros y desarrollar un conjunto coherente de criterios que garanticen que sólo permanecerán en el mercado los operadores honorables que ofrezcan servicios de alta calidad, en interés de sus clientes y de la sociedad en general. 
Por lo tanto, yo acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento en este esfuerzo y espero que éste tenga continuidad. 
Doy las gracias a la Asamblea por su atención y a los intérpretes por sus servicios. 
Somos nosotros los que le damos las gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación del informe de la Sra. Berger tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas) 
Bienvenida 
Quisiera dar la bienvenida a las delegaciones de alto nivel de varios Estados candidatos a la adhesión, que nos acompañan hoy desde la tribuna, en representación de sus respectivos Gobiernos y Parlamentos. 
Hoy serán ustedes testigos con nosotros de un momento histórico en la vida de la Unión Europea que nos dará a todos la oportunidad de ampliar y profundizar nuestras relaciones. 
Sin duda, su presencia hoy aquí es más que oportuna y me alegra por tanto saludarles muy cordialmente. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden sobre las actividades de los grupos de presión en esta Asamblea. Usted sabe que no suelo hacerlo. 
Algunos diputados de otros Grupos han sido muy atentos y me han señalado que desde hace días circula un fax que no he encontrado hasta esta mañana, patents for life, en el que se habla de una enmienda que presenté junto con otras personas y que ahora ha sido aceptada por mi Grupo. 
En el fax se afirma que, si se aprueba dicha enmienda, se harán públicos todos los datos sobre pacientes de todo el mundo que tengan que ver con la biotecnología y las patentes, y que serán enviados a las compañías de seguros, lo cual puede provocar perjuicios. 
Le aconsejo no tome en consideración semejantes actividades de los grupos de presión. Lea cuidadosamente la enmienda y verá que dice lo contrario. 
Se trata de que, si se toma un gen de usted, de su vecino o de cualquier otra persona, la industria tenga que contar primero con la autorización de la persona jurídica o de usted mismo o tratándose, por ejemplo, de un niño, de su representante. 
Además, una vez que ha expirado la patente, estos datos siguen siendo totalmente secretos. 
Por último, ello significa que las compañías de seguros y las industrias tampoco pueden abusar de estos datos, pues se las verán con el juez. 
Señora van Putten, yo le agradeceré que no utilice el procedimiento de las cuestiones de orden para adelantar debates que son de fondo. 
Señor Presidente, comprendo que a veces le moleste que en esta fase de la sesión se planteen cuestiones que no tienen nada que ver con el Acta, pero en este caso concreto se trata de corregir el Acta. 
En relación con el punto 12, acerca del régimen comunitario de la pesca y de la acuicultura, se indica que en mi intervención protesté por el modo en que la Comisión de Asuntos Jurídicos se había ocupado de la modificación de la base jurídica propuesta por la Comisión de Pesca. 
Esto es un error, y el texto debería decir lo siguiente: »... el modo en que se ha realizado el examen de la modificación del fundamento jurídico propuesto por la Comisión Europea». 
Hay una considerable diferencia institucional entre la Comisión Europea, respecto de este Parlamento, y la Comisión de Pesca. 
No quisiera que este Parlamento confundiera una con otra, y por eso pido que se haga la modificación que acabo de indicar. 
Tomamos nota y se verificará el Acta. 
Señor Presidente, querría pedirle que anote que en la votación sobre los desastres voté a favor y no en contra. 
Me equivoqué en mi máquina. 
Tomamos nota de sus observaciones. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden del día 
He recibido una solicitud de la Comisión de Presupuestos con objeto de inscribir en el orden del día con debate el informe del Sr. Samland sobre el acuerdo interinstitucional relativo a las disposiciones sobre la financiación de la política exterior y de seguridad común (doc. A4-249/97). 
Ante la importancia de este tema, por una parte, y la gran carga de trabajo de nuestro orden del día, por otra, deseo hacerles la siguiente propuesta de modificación del orden del día de conformidad con el artículo 96 del Reglamento: 
el informe Samland se inscribe con debate en el orden del día de la presente sesión; -el debate se celebrará a las 11.45 horas; -el ponente presentará su informe y, a continuación, cada grupo político y los diputados no inscritos dispondrán de dos minutos de tiempo de uso de la palabra; -la votación se celebrará en el turno de votaciones de la presente sesión. ¿Hay alguna objeción? 
Tiene la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy 
Señor Presidente, quiero hacer varias intervenciones sobre la observancia del Reglamento en relación con la declaración que acaba de hacer y la propuesta de modificación del orden del día. 
Permítame comenzar simplemente diciendo que es imposible, en un cuarto de hora, dar la palabra durante dos minutos a cada grupo político, al ponente de la Comisión de Presupuestos, con las votaciones que comienzan a mediodía. 
Lo digo de paso para demostrar hasta qué punto este asunto resulta improvisado. 
Quisiera, señor Presidente, que mi intervención relativa a la observancia del Reglamento, que se ampara en el artículo 129, reciba respuestas jurídicas y no esa respuesta que viene a decir: » la mayoría decide». 
Efectivamente, estamos en Europa, en países democráticos, pero tener la mayoría política no es una razón para descartar automáticamente las objeciones jurídicas. 
Tanto más cuanto que estamos en la primera etapa de la ratificación de las decisiones de Amsterdam. 
Por tanto, señor Presidente, tengo siete intervenciones sobre la observancia del Reglamento en relación con lo que acaba usted de decir. 
Le cito los artículos, si usted lo permite, y tomaré el uso de la palabra sucesivamente en relación con cada uno de ellos. 
Los artículos a los que me refiero son el apartado 2 del artículo 96, el apartado 2 del artículo 143, el artículo 99, el apartado 1 del artículo 96, el apartado 2 del artículo 97, el apartado 1 del artículo 51 y el apartado 2 del artículo 124. 
Voy a comenzar, si me lo permite, por la primera intervención relativa a la observancia del Reglamento. 
Señor Fabre-Aubrespy, le recuerdo que, de conformidad con el Reglamento, disponía usted de un minuto de tiempo de uso de la palabra, que ya ha sobrepasado con creces. 
Le doy todavía un minuto más para terminar. 
(Reacciones diversas) 
Señor Presidente, comienzo con la primera intervención relativa a la observancia del Reglamento, para la que dispongo de un minuto de tiempo de uso de la palabra. 
El apartado 2 del artículo 96 dispone: » Si se rechazare una cuestión de orden... 
Señor Fabre-Aubrespy, usted es jurista. 
Este procedimiento es contrario al Reglamento. 
La intervención relativa a la observancia del Reglamento le da derecho a un minuto de tiempo de uso de la palabra en total, pero no a un minuto para cada una de las cuestiones de orden que usted presenta. 
Es evidente que, para cada intervención, debe contarse con un minuto, señor Presidente. 
Vamos a dejarlo así, de lo contrario le retiro el uso de la palabra. 
Exponga su argumento y, luego, se someterá a votación. 
Señor Presidente, hablamos mucho de democracia, déjeme entonces hacer, al menos, una intervención relativa a la observancia del Reglamento. 
Presentaré las demás más tarde, eso no me molesta. 
El apartado 2 del artículo 96, señor Presidente, dice lo siguiente: » Si se rechazara una cuestión de orden sobre la modificación del orden del día, ésta no podría suscitarse de nuevo durante el mismo período parcial de sesiones». 
Ahora bien, señor Presidente, ayer por la mañana solicité una modificación del orden del día de hoy. 
La solicité invocando la importancia del tema. 
Pedí que hubiera un debate y no una votación sin debate. 
Di los argumentos que figuran hoy en la página 5 del Acta. 
Dio usted la palabra al Sr. Samland, Presidente de la Comisión de Presupuestos, que pidió a la Presidencia que no aceptara mi solicitud y, para retomar lo que figura en el Acta: » El señor Presidente considera que vistos los argumentos presentados, el punto en cuestión puede mantenerse en el orden del día de la sesión de mañana». 
Figura, por lo demás, en el orden del día de hoy como votación sin debate. 
Ahora nos propone usted aportar una nueva modificación al orden del día. 
El apartado 2 del artículo 96 se opone a ello, ya sea que la solicitud provenga de la Comisión de Presupuestos, de usted mismo o de veintinueve diputados. 
Esta es mi primera intervención sobre la observancia de Reglamento. 
Quiero mencionar que tengo otras seis para denunciar la irregularidad del procedimiento. 
Señor Fabre-Aubrespy, el apartado 2 del artículo 96, que usted mencionó, exige, para que una cuestión de orden no pueda suscitarse de nuevo, que haya sido rechazada. 
Su cuestión de orden no fue votada porque usted la presentó fuera de plazo. 
Por tanto, no fue puesta a votación y no fue rechazada. 
Nosotros nos amparamos en el mismo artículo, primer párrafo del apartado 2, que autoriza al Presidente a hacer propuestas de modificación del orden del día. 
La cuestión queda zanjada. 
Someto a votación la propuesta del Presidente destinada a modificar el orden del día. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de modificación del orden del día) 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
Señor Presidente, quisiera hacer una intervención relativa a la observancia del Reglamento. 
En efecto, ya hemos inscrito 6 puntos en el asunto «Derechos humanos» cuando sólo tenemos derecho a 5. 
Por tanto, si añade un séptimo, es contrario al Reglamento. 
Señor Giansily, efectivamente, esta no es una disposición reglamentaria, forma parte de la práctica, producto del acuerdo de los grupos políticos. 
No se trata del Reglamento. 
Por tanto, los grupos políticos pueden derogar esta práctica en caso excepcionales. 
(Reacciones diversas) No es una disposición reglamentaria. 
No hay una disposición en el Reglamento que prohiba votar sobre este punto. 
Por tanto, someto la objeción a votación. 
(El Parlamento aprueba el escrito de objeción) 
Señor Presidente, quisiera intervenir en relación con el artículo 47 y hacer observar, aprovechando la presencia de numerosos diputados, en qué medida el Secretario General adjunto puede inducirle a usted en error. 
Acaba de decirnos, en respuesta a la excelente pregunta del Sr. Giansily, que el número 5 no figura en el Reglamento. 
En el apartado 2 del artículo 47, dice que el número de asuntos incluidos en el orden del día no debe ser superior a 5. 
En el mismo apartado 2 del artículo 47, segundo párrafo, dice que, si existiese una modificación, -que puede hacerse- el número total de asuntos no debe, en ningún caso, ser superior a 5. 
Asimismo, quisiera rendir homenaje a mi compañero Giansily destacando la pertinencia de su argumentación, y ello a pesar de lo que pueda decirle su entorno. 
Señor Fabre-Aubrespy, usted es un parlamentario experimentado. 
Usted sabe que en el asunto «Derechos humanos» hay numerosos puntos y que es práctica corriente en nuestra Asamblea aceptar que, por votación, se incluyan en el interior del asunto «Derechos humanos» puntos en calidad de subpuntos. 
El Reglamento limita a 5 el número total de asuntos. 
En todo caso, reconozco que, efectivamente, el número de 5 figura en el Reglamento, pero, se trata, en este caso, del número total de asuntos, no de subpuntos «Derechos humanos». 
En parte tenía usted razón, y en parte estaba equivocado. 
(Reacciones diversas) 
Agenda 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por la Comisión de su comunicación sobre la Agenda 2000 (desarrollo de las políticas de la Unión, ampliación, futuro marco financiero) seguida de debate. 
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el 17 de enero de 1995, me expresaba ante su Parlamento para señalar cuál era mi concepción del ejercicio del mandato de esta Comisión, este mandato que tocará a su fin los primeros días del próximo siglo. 
Yo recordaba entonces la perspectiva de la ampliación. 
Mencioné las reformas internas que era preciso llevar a cabo para prepararse a una Europa ciertamente más vasta, pero también más fuerte. 
Nuestras reflexiones, al cabo de dos años y medio, nunca han perdido, en el fondo, de vista estos dos objetivos: reforzar la Unión Europea, preparar la ampliación. 
Yo no soy de los que piensan que la Unión Europea puede incrementar el número de sus miembros sin ningún riesgo para su proyecto político. 
Sabemos por experiencia que el mero hecho del número complica y aminora el paso de nuestro proceso de decisión, pero también somos muchos los que consideramos que la puesta histórica que representa la apertura hacia nuevas democracias se lleva la palma sin equívoco alguno sobre otras consideraciones. 
La Europa unificada cuyos cimientos echamos en 1952 y que estamos construyendo desde hace más de 40 años, esta Europa, lo digo con orgullo, que ha realizado grandes cosas, ahora ve cómo se acaban sus divisiones artificiales. 
Es una oportunidad histórica, generatriz de cambios profundos. 
Hoy día, como expresó su deseo el Consejo Europeo en el curso de su reunión de Madrid, en diciembre de 1995, la Comisión presenta un proyecto coherente para tratar una serie de problemas complejos, y sobre todo interdependientes, permítaseme insistir sobre este último punto. 
No puede concebirse la continuación de las reformas agrícolas o la reforma de las políticas estructurales, sin tomar en consideración, a la par, la ampliación o las restricciones financieras. 
Esta es la ecuación que la Comisión ha querido resolver al elaborar la comunicación «Agenda 2000». 
La profundización y la ampliación se presentan a veces como objetivos contradictorios porque una Unión más amplia será necesariamente más diversa y más compleja, porque se añadirán nuevas solidaridades a las que ya unen hoy a los Estados miembros, porque tomará más tiempo y será más difícil tomar decisiones en una Unión ampliada, y estas obligaciones, Señorías, son reales. 
No pueden dejarse pasar en silencio, ya que, para la Comisión, la ampliación no puede, en ningún caso, constituir una evasiva. 
Exigen una doble respuesta: por una parte, la profundización de la Unión, con la introducción del euro tal como está previsto, el 1 de enero de 1999, y el desarrollo de políticas internas y, por otra, la reestructuración de nuestras instituciones. 
Respecto a la reforma institucional, seré claro: si queremos que la Unión Europea siga siendo un modelo de éxitos sin precedentes, si queremos, a pesar de la desventaja del número, conservar los medios para actuar, si queremos que cada ciudadano de Europa reconozca como legítimas las decisiones de la Unión, si, en resumen, los hombres y mujeres políticos siguen determinados a construir Europa, entonces debemos aceptar ir más lejos en las reformas de las instituciones y los procedimientos de decisión. 
La Conferencia Intergubernamental que acaba de celebrarse en Amsterdam aporta una primera respuesta. 
Pero ya sabemos que no basta. 
Este es el sentido del protocolo relativo al futuro de las instituciones anejo al Tratado de Amsterdam. 
Para preparar el terreno, me parece necesario darse, desde ahora, los plazos correctos. 
Antes de toda ampliación- digo efectivamente, antes de toda ampliación- será preciso definir la ponderación de los votos en el Consejo, que se aparejará con la reducción del número de comisarios a uno por Estado miembro. 
Es esencial, desde el punto de vista de la Comisión, llegar a un acuerdo político sobre esta reforma antes de que termine el siglo. 
El clima de los últimos tiempos- lo vimos en Janina- es apenas propicio a las buenas decisiones. 
Tal como lo prevé el protocolo institucional que acabo de mencionar, la Unión Europea no podrá ampliarse aceptando un número superior a cinco nuevos miembros sin una reforma más profunda de las disposiciones del Tratado relativo a la composición y al funcionamiento de las instituciones. 
La Comisión considera que cabe convocar una nueva Conferencia Intergubernamental a la mayor brevedad posible después del año 2000. 
(Aplausos) Señor Presidente, la comunicación Agenda 2000 incluye tres grandes secciones: reforzar las políticas de la Unión, abordar de la mejor manera posible la ampliación, introducir un marco financiero. 
Comenzaré por las políticas de la Unión y las reformas que es preciso emprender por ahora. 
Estas reformas, es preciso concebirlas ante todo para los ciudadanos de la Unión. 
Es preciso definirlas con referencia a los desafíos que nos esperan. 
Citaré, pues, las obligaciones demográficas, el advenimiento de las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, las reestructuraciones, la interdependencia cada vez mayor de las economías y la necesidad de dar a Europa una mayor talla internacional. 
Añado que también es preciso hacer prevalecer una visión de conjunto para comprender el futuro de las acciones comunitarias. 
Ya no es posible administrar cada política de gran calado por sí sola, tratar nuestros programas como otros tantos instrumentos independientes, en suma, dejar que la mano derecha ignore lo que hace la otra mano, cuando es más que nunca necesaria la movilización ordenada de todos nuestros medios. 
Por último, es preciso tener presente lo esencial y aquello que lo es menos. 
El pacto de confianza para el empleo que presenté ante su Asamblea, hace más de un año, se inspiraba en una misma empresa global. 
Las decisiones tomadas en Amsterdam en relación con el pacto de estabilidad y crecimiento nos dan la razón. 
La Comisión eligió cuatro grandes objetivos para las políticas comunitarias internas: crear las condiciones para un crecimiento durable, fundar el crecimiento en el conocimiento, emprender una modernización profunda de los sistemas laborales, promover, por último, una sociedad solidaria y segura, preocupada por el interés general y respetuosa del medio ambiente. 
Para poner en práctica estas orientaciones, la Comisión propone incrementar la parte relativa de las políticas internas y el presupuesto comunitario, sin dejar de concentrarse en las prioridades, tales como la investigación y el desarrollo, la formación y, claro está, las grandes redes. 
La Comisión deberá pensar de nuevo en su propio papel, concentrar su acción en estos cometidos principales y, tal como se anunció en la Conferencia Intergubernamental, la Comisión procederá a una reagrupación, a una redefinición de sus cometidos, así como a la correspondiente reorganización de sus servicios. 
Señor Presidente, con el tiempo, la cohesión económica y social se ha convertido en uno de los pilares de la construcción europea. 
La prioridad política de este objetivo debe mantenerse con toda claridad. 
De hecho, la perspectiva de la ampliación a nuevos países, con un menor nivel de desarrollo, incrementa todavía más esta necesidad. 
Reducir las disparidades regionales, apoyar las regiones que se encuentran en mutación económica, desarrollar los recursos humanos en toda la Unión, esas son las tres prioridades meridianas que ha despejado la Comisión y que deberán traducirse en tres objetivos correspondientes. 
Al pasar de los siete objetivos anteriores a los tres actuales, la Unión va a incrementar la eficacia y la visibilidad de su acción estructural. 
A la par de la concentración temática, recomendamos una mayor concentración geográfica. 
En este momento, más de la mitad de la población de la Unión Europea se beneficia de ayudas estructurales, lo que resulta exagerado. 
Es preciso restablecer la tasa de cobertura por debajo del 40 %. 
En este contexto, los criterios de eligibilidad para el objetivo 1, destinado, pues, a las regiones que presentan un retraso de desarrollo, es decir, que se encuentran por debajo del 75 % del PIB comunitario, se aplicarán de manera estricta, con un phasing out progresivo. Por ende, se aplicarán con períodos de transición para las regiones que pierdan la eligibilidad. 
Este enfoque, combinado con el mantenimiento, en términos de PIB, del esfuerzo global de cohesión alcanzado en 1999, permitirá responder a la par las necesidades reales de ayuda estructural en la Unión actual y tomar en consideración las nuevas solidaridades impuestas por la ampliación. 
En términos concretos, éste se traducirá en una dotación de 230.000 millones de ecus para el período 2000 a 2006, para los actuales quince Estados miembros, y 45.000 millones de ecus para los nuevos Estados miembros. 
Se trata, pues, para los Quince, de un aumento del 15 % durante ese período, concentrado en las regiones más desfavorecidas. 
El Fondo de cohesión seguirá siendo el instrumento por excelencia para ayudar a los países menos prósperos a continuar su proceso de recuperación económica y de convergencia. 
Por tanto, la Comisión propone prorrogar la dotación de este fondo porque estimula los proyectos relativos al medio ambiente y al transporte. 
Este instrumento será de gran interés para los futuros Estados miembros cuyas necesidades de inversión son particularmente importantes a este respecto. 
Visto que se trata ante todo de un instrumento de cohesión, la Comisión propone mantener su beneficio para los países que formen parte de la zona euro y cuyo PIB per cápita sea inferior al 90 % de la media comunitaria. 
No obstante, la Comisión considera necesario proceder a mitad del camino a una revisión de la eligibilidad al Fondo de cohesión. 
Por último, la Comisión se dedicará a incluir, en una asociación reforzada, una gestión simplificada y descentralizada de los fondos estructurales e introducir estructuras de evaluación y control adecuadas. 
Señor Presidente, desde la integración europea, la política agrícola común se ha impuesto como una de las políticas fundadoras. 
Creo firmemente que seguirá siendo central para la construcción europea, tal como ha logrado serlo con éxito en el transcurso de los últimos cuarenta años. 
Para afirmarse y desarrollarse, la política agrícola común ha debido reformarse continuamente. 
Las perspectivas a largo plazo de los mercados demuestran que ha llegado el momento de concebir una nueva reforma. 
Nosotros queremos, a la vez, preservar la competitividad y la vocación exportadora de nuestra agricultura, y desarrollar el espacio rural. 
Esta reforma debe ser una continuación de la de 1992, reforma tan criticada en la época y que ha llevado a la reabsorción de los excedentes, a alzas significativas de la renta agrícola. 
El movimiento suplementario hacia los precios mundiales propuesto por la Comisión no permitirá solamente incrementar la futura competitividad de la agricultura en sectores tan importantes como los cereales y la carne bovina. 
También colocará a la Unión en posición de fuerza para las futuras negociaciones que tendrán lugar en la Organización Mundial del Comercio. 
Por último, este ajuste hará más fácil la integración progresiva de los nuevos Estados miembros gracias a un doble movimiento de descenso de los precios en el interior de la Unión y alza de los precios en los países de Europa central y oriental. 
Este esquema permite asimismo reducir el riesgo de un crecimiento incontrolado de la producción de los futuros Estados miembros. 
Añado que las predicciones alarmistas que he podido leer aquí o allá sobre el coste de la ampliación en la política agrícola común quedan absolutamente desmentidas por nuestros análisis. 
La Comisión prevé una baja de los precios institucionales, e insisto en el término institucional. 
Sustanciales para los cereales y la carne bovina, más moderados para la leche, sometidos a un régimen de cuotas que el sentido común dicta preservar en esa fase, estas bajas se verán, por supuesto, compensadas con el aumento de las primas destinadas a la renta. 
Por tanto, el consumidor se beneficiará directamente del nuevo enfoque mientras que el apoyo público a la agricultura aumentará ligeramente. 
Sin embargo, quisiera destacar que no podemos permitirnos compensar excesivamente las pérdidas de ingresos engendradas por las bajas de precios. 
Por ello, la Comisión prevé compensaciones inferiores al 100 %. Propuesta justificada por el hecho de que, según nuestras previsiones, los precios del mercado seguirán siendo superiores al precio de apoyo institucional. 
De ahí, de nuevo, nuestra sugerencia de fijar un techo particular por explotación para todas las ayudas directas a la renta financiadas por la Comunidad. 
Hace un momento hablé de competitividad, sin embargo, también quisiera mencionar el desarrollo rural, la necesaria mutación hacia una agricultura más próxima al hombre, más próxima al medio ambiente, más preocupada también de la calidad de su producción. 
Es preciso concebir la política de las estructuras agrícolas más como un elemento del equilibrio social y económico de las zonas rurales. 
Asimismo, es preciso poner de relieve la dimensión medioambiental de la agricultura. 
Con esta finalidad, la Comisión propone adaptar los instrumentos de la política rural haciendo, por ejemplo, especial hincapié en las medidas estructurales de acompañamiento financiadas por el FEOGA de Garantía. 
Al mismo tiempo, la Comisión desea que el incremento de los medios presupuestarios se destine a medidas agromedioambientales. 
Por lo demás, la Comisión propondrá al Congreso autorizar a los Estados miembros a introducir una condicionalidad entre los pagos directos y el cumplimiento de las disposiciones medioambientales. 
Señor Presidente, la segunda parte de Agenda 2000 está dedicada al desafío de la ampliación. 
Saca las conclusiones que se desprenden del análisis profundo de la situación de los distintos países candidatos en relación con los criterios políticos y económicos de Copenhague. 
A partir de estas conclusiones, la Comisión formula recomendaciones precisas sobre cada candidatura y el inicio del proceso de negociación. 
Estoy seguro de que la lectura atenta de los documentos que hoy les presenta la Comisión les convencerá de la seriedad y la objetividad de nuestro trabajo. 
Siempre he dicho que la Comisión asumiría en alma y conciencia sus responsabilidades, las ha asumido, trátese de la condición democrática previa, de las perspectivas económicas o incluso de la capacidad de adoptar el acervo comunitario. 
La democracia, los derechos humanos y el respeto de las minorías, el Estado de derecho constituyen condiciones previas con las que no es posible transigir. 
El nuevo Tratado de Amsterdam confirma este enfoque. 
Únicamente los Estados democráticos, respetuosos de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho pueden pertenecer a la Unión Europea. 
En este ámbito, no hay lugar a hacer apuestas. 
Puede prolongarse una curva estadística o evaluar las tendencias económicas, no puede concederse el beneficio de la duda en materia de democracia. 
Por ello, la Comisión se ve obligada a comprobar que Eslovaquia no satisface al criterio político de Copenhague, lo que excluye toda apertura de negociación. 
Señor Presidente, la situación es distinta en el terreno económico, el hecho de que un país no tenga en este momento una economía de mercado plenamente desarrollada y capaz de hacer frente a la presión de la competencia en la Unión, no es en sí un factor determinante. 
De hecho, ninguno de los candidatos reúne hoy día el conjunto de los criterios económicos, pero algunos de ellos ciertamente han avanzado lo suficiente como para que podamos predecir que estarán listos en su día. 
La apreciación de estos criterios es, pues, prospectiva. 
La misma observación se aplica, a fortiori, a la capacidad de aplicar el acervo. 
En este contexto, hago hincapié en que no basta aprobar los actos legislativos. 
Se precisa además la capacidad administrativa de aplicarlos. 
Al igual que en las ampliaciones precedentes, los Estados candidatos deben, al finalizar las negociaciones, ser capaces de aplicar el acervo, sin que para ello sea preciso prever períodos transitorios demasiado extensos, ni, claro está, derogaciones permanentes, de lo contrario acabaríamos en una Europa dividida, una Europa a la carta. 
Ahora bien, nuestros trabajos ponen en evidencia que, para algunos países, esta perspectiva no está asegurada en el momento actual. 
La evaluación de los criterios nos lleva a concluir que es posible considerar la apertura de las negociaciones de adhesión con cinco países, además de Chipre. 
Se trata, según el orden de presentación de su candidatura en la Unión, de Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. 
A este respecto, hago hincapié en que unos más, otros menos, es preciso que todos los países realicen importantes esfuerzos complementarios para hacer posible una adhesión a medio plazo, como, por lo demás, resulta de las opiniones a nivel individual. 
Me parece útil precisar que el cierre de cada negociación dependerá de los progresos realizados por el país interesado, pero nada de lo que propone la Comisión en el momento actual significa el rechazo de algunas candidaturas. 
Antes al contrario, se invita a todos a convertirse en miembros de pleno derecho de la Unión Europea. 
Nuestras propuestas quieren decir que los países menos preparados deben situarse con determinación en la perspectiva de futuras negociaciones. 
Este es el sentido de la asociación que la Comisión propone establecer para la adhesión con cada uno de los países candidatos. 
Esta estrategia se cimienta en la recuperación de las deficiencias que tuvieron la ovasión de observarse a la hora de elaborar los dictámenes. 
Dejaré que mi compañero Hans van den Broek exponga este punto más pormenorizadamente, mas destacaré que estas asociaciones para la adhesión implican un triple aspecto para los países candidatos: la adopción progresiva del acervo, la familiarización con los programas y métodos de trabajo comunitarios y, por último, a partir de 2000, ayudas financieras a la preadhesión. 
Con este fin, la Comisión propone importantes dotaciones financieras para todos los países candidatos de Europa central y oriental: 1.500 millones de ecus para el programa PHARE, 500 millones de ecus para la ayuda agrícola y 1.000 millones de ecus para la ayuda estructural. 
Estas son, evidentemente, montantes anuales que representan 21.000 millones de ecus en total durante todo el período en su conjunto de las perspectivas financieras. 
La Comisión presentará cada año un informe al Consejo Europeo sobre los progresos constatados. 
Para los países con los que aún no se hayan iniciado las negociaciones, esta evaluación objetiva permitirá a la Comisión recomendar, en el momento oportuno, la puesta en marcha del proceso de adhesión. 
Por último, la Comisión ha hecho suya la idea de convocar a una conferencia de todos los Estados europeos con vocación para la adhesión y que estén vinculados a la Unión mediante un acuerdo de asociación. 
En efecto, parece esencial que todos estos países se concierten más estrechamente sobre cuestiones tan importantes para el futuro de la Unión como la política exterior común o los asuntos de justicia y seguridad interna. 
Señor Presidente, el nuevo marco financiero, que se aplicará a partir del año 2000, deberá abarcar un período suficientemente amplio, financiar al mismo tiempo la profundización de nuestras políticas y la ampliación y asegurar una gestión sana de las finanzas públicas. 
Para el período comprendido entre 2000 y 2006, las propuestas de la Comisión responden a estos objetivos, sin dejar de preservar los márgenes por debajo del techo de los recursos que se ha propuesto mantener en el 1, 27 % del PIB. 
La Comisión considera que es posible, por debajo de este techo, continuar la reforma de la política agrícola común, mantener el esfuerzo de cohesión y desarrollar las políticas internas y externas. 
Al mismo tiempo, podrían financiarse los costes de una primera ampliación y la introducción de un importante programa financiero para preparar los candidatos a la adhesión. 
¿Cómo es posible hacerlo? me dirán ustedes. 
La Comisión ha tomado en consideración un determinado número de factores, y especialmente los márgenes que es posible liberar bajo la línea directriz agrícola y el efecto de una concentración creciente de los gastos estructurales. 
Asimismo, es preciso mencionar los frutos del crecimiento económico y, por último, los beneficios del rigor presupuestario observado durante el período actual de las perspectivas financieras. 
En efecto, es preciso recordar que, para 1997, los créditos de pago se sitúan en un nivel del 1, 17 % en comparación con el techo autorizado del 1, 23 % del PIB. 
Permítanme citar algunos montantes relativos a las implicaciones financieras de la Agenda 2000: la reforma posterior de la política agrícola común se traducirá, al final del período, en un coste neto adicional de aproximadamente 4.000 millones de ecus anuales. 
A pesar de estos costes adicionales, aún quedará un margen de 4.700 millones de ecus en la línea directriz agrícola. 
Este margen es indispensable para hacer frente a los avatares del mercado agrícola, para garantizar una buena integración de los nuevos Estados miembros y prepararse a las futuras ampliaciones. 
En lo que toca a la cohesión económica y social, el montante total disponible para el período de 2000 a 2006 se elevará a 275.000 millones de ecus de los que reservamos, como ya dije, 45.000 millones a los nuevos Estados miembros. 
No obstante, de estos 45.000 millones se deducirán 7.000 millones para financiar una ayuda estructural de preadhesión para todos los países candidatos. 
El esfuerzo combinado de las distintas ayudas de preadhesión y de la integración de los nuevos Estados miembros en las políticas comunitarias, representará el considerable montante de 75.000 millones de ecus durante este período. 
Se trata, Señorías, de un verdadero plan Marshall para los PECO. 
Esto, en lo que toca a los montantes. 
Añado que todo ello será posible sin revisar el techo de los recursos propios, ni, por lo mismo, el sistema de financiación. 
Sobre este último punto, la comunicación Agenda 2000 expone un determinado número de consideraciones a medio y largo plazo en cuanto a la equidad del sistema, la posibilidad de introducir nuevos recursos y las correcciones presupuestarias. 
Señor Presidente, Señorías, de todos los documentos que acabo de presentar, quisiera que se retuvieran dos cosas: la coherencia y la objetividad. 
Permítanme recordar mis palabras preliminares: la Agenda 2000 espera abordar el conjunto de las cuestiones que se plantearán a la Unión Europea al despuntar el siglo XXI. La profundización de las políticas de la Unión para responder a esta necesidad de Europa que no cesa de crecer; la ampliación, porque este deber histórico requiere una respuesta ambiciosa; y el bosquejo de un marco financiero compatible con la Unión Económica y Monetaria, proyecto prioritario por excelencia. 
Ya hemos señalado los hitos. 
La Comisión Europea aborda estos plazos con la voluntad de triunfar. 
No dudo de la voluntad de los Estados miembros y de todos los países candidatos. 
No dudo de la suya, ya que su Parlamento se ha pronunciado en varias ocasiones en favor de una Europa fuerte, solidaria, abierta a las nuevas democracias y fiel a las ambiciosas aspiraciones que le asignan los Tratados. 
Nuestro triunfo, Señorías, ¡será el triunfo de Europa! 
(Aplausos prolongados) 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Presidente Santer, me parece positivo que presente la Agenda 2000 en primer lugar al Parlamento Europeo, lo que saludo expresamente. 
Pero aún habría saludado más si un portavoz de la Comisión no hubiese presentado ya ayer por la tarde partes esenciales de la Agenda 2000 a la prensa. 
La Agenda 2000 muestra que la Unión Europea tiene una responsabilidad ante toda Europa pero es más que solamente un concepto para la ampliación. 
Es un concepto íntegro en si para el futuro de la Unión Europea al comienzo del próximo milenio. 
El concepto que nos ha presentado es coherente y completo. 
Damas y caballeros de la Comisión, ustedes han hecho lo que era posible pero no va a ser suficiente para enfrentarse a los desafíos del futuro. 
En el trascurso de los próximos meses habrá que discutir y se discutirá a fondo sobre muchas cosas en esta Asamblea, en la opinión pública, en los Gobiernos y con los Gobiernos. 
Así debe ser. 
Como el Presidente del Consejo está esta mañana aquí- de lo que me congratulo- quiero aprovechar la ocasión para apelar a través de su persona a los Gobiernos de los Estados miembros: no comiencen a manipular, hacer trizas o descuartizar el concepto. 
La Unión Europea necesita un concepto coherente y uniforme sobre los objetivos y políticas. 
Tiene que acabar la política del gallinero en la cada uno de los 15 Gobiernos picotea aquí y allá un grano para declararla a continuación como política común. 
(Aplausos) Deseamos y queremos la adhesión de los Estados de la Europa oriental y de Chipre en la Unión Europea. 
La consideramos inevitable y necesaria. 
Es nuestro compromiso político y moral frente a los pueblos que han recuperado su libertad. 
Los que pertenecemos a la Unión desde hace muchos años, en parte desde decenios, creemos que podríamos reaccionar algo malhumorados ante lo que es la política europea y la Unión Europea. 
Los pueblos de la Europa oriental ven en la Unión Europea, en la unión de Europa, la gran esperanza para su futuro y nosotros tenemos que hacer honor a esa esperanza. 
No se trata solamente de distribución de subvenciones o de transferencia de créditos sino de reconocer que esta Europa es una unidad de valores culturales y morales en el mundo y no solamente un mercadillo de subvenciones. 
(Aplausos) Ni a este Parlamento ni a mi grupo político le va a faltar la voluntad política para enfrentarse a estos desafíos. 
La ampliación no es solamente una obligación moral. 
Redunda también en nuestro interés, en el más frío interés de los Estados miembros de la Unión Europea y de ésta en su totalidad. 
Sin duda, va a haber costes, problemas políticos, por cierto, no sólo para nosotros sino también para los Estados de la Europa oriental. 
También se trata de que recojan las normas sociales, económicas y ecológicas que hemos encontrado en esta Unión Europea. 
Pero, ante todo, se trata de crear o de apoyar la estabilidad política. 
Por ello, digo que para todas las normas de la Unión Europea, para la recepción del acquis communautaire, podemos determinar plazos y períodos transitorios. 
Pero para la democracia no puede haber un plazo transitorio en la ampliación. 
Naturalmente, tenemos que preguntarnos qué es lo que cuesta la adhesión. 
Señor Santer, usted ha presentado una propuesta para la financiación. 
Pero no sólo debemos preguntarnos qué cuesta la adhesión sino también la no adhesión de los países de la Europa oriental. 
Para nosotros está totalmente claro: o mediante la ampliación la Unión Europea exporta hacia el Este estabilidad económica, política, social y ecológica o un día nos veremos obligados a importar inestabilidad del Este. 
Ante esta alternativa, la decisión que tenemos que adoptar es muy fácil. 
(Aplausos) No sólo tenemos que preguntar qué y cuántos Estados de la Europa oriental son capaces de ingresar en la Unión. También está justificada la pregunta de si y cuántos ingresos podemos permitirnos en los próximos años. 
El desafío ante el que nos encontramos consiste en hacer aceptable a las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Unión la ampliación hacia el Este. 
Es mayor una actitud positiva hacia la ampliación entre la clase política de los Estados miembros que entre la población. 
Debemos ser conscientes de esto en todo lo que hagamos. 
Queremos exportar estabilidad pero nosotros mismos tenemos que ser estables. 
Esto significa que la Unión debe resolver por fin sus propias tareas. 
Tiene que realizar su aportación para crear empleo en la Unión Europea. 
Los 18 millones de parados no aceptarán que la Unión Europea eche sobre sus espaldas nuevos problemas sin solucionar el del empleo. 
(Aplausos) En este contexto, la cumbre de Luxemburgo que se va celebrar en noviembre tiene que señalizar que la Unión centra por fin su política en el empleo, en la creación de empleo. 
Un éxito en Luxemburgo es también una aportación para hacer aceptable la ampliación. 
¿Cuánto cuesta la ampliación? 
Señor Presidente Santer, no quiero realizar aquí un cálculo de costes pues lo va a hacer el Parlamento Europeo y mi grupo político en los próximos meses. 
No quiero valorar las propuestas de reforma de la Comisión pero me parecen plausibles a primera vista. 
Sea como sea, está claro que la ampliación no se va a obtener gratuitamente, ni financiera, ni política ni institucionalmente. Usted lo ha expresado también con toda claridad. 
Respecto a los costes financieros es necesario seguir debatiendo si bien quiero destacar un aspecto básico, señor Presidente. 
En las nuevas previsiones financieras hay que introducir una cláusula de revisión que determine que en caso de un ingreso de nuevos Estados miembros se tengan que revisar también las previsiones financieras. 
Aquí no se trata de ampliar el marco financiero más allá del 1, 27 % del producto social bruto sino de emplearlo totalmente y de redistribuir los gastos dentro del marco. 
También se trata de una posible corrección del mecanismo de pagos. 
Dicha corrección no debe hacerse a costa de los más pobres, los llamados receptores netos, y a favor de los más ricos, los llamados contribuyentes netos, sino que en el futuro debe hacerse más justicia entre los más ricos, entre los contribuyentes netos. 
(Aplausos) Si financieramente no se puede realizar la ampliación gratuitamente, políticamente tampoco. 
Señor Presidente Santer, usted ha anunciado la prosecución de la reforma de la política agraria. 
Todos vemos que es necesaria. 
Sin duda, la ampliación no debe realizarse exclusivamente a espaldas de los agricultores. 
Pero quien quiera traspasar sencillamente el sistema actual a la Europa oriental, hará que la ampliación no se pueda pagar. 
Estamos dispuestos a la reforma de los Fondos estructurales. 
Saludo las líneas maestras y las intenciones que ha expuesto. 
Política, económica y también socialmente es una estupidez que uno de cada dos ciudadanos de la UE viva en una región receptora de ayudas de la UE. 
En el futuro, no vamos a poder ni querer mantenerlo, pues esta no es una política razonable de ayudas de la Unión Europea. 
Respecto a los costes institucionales: la cumbre de Amsterdam no ha creado las bases para que la Unión Europea pueda ampliarse. 
Tal como está estructurada, la Unión Europea no será capaz de enfrentarse a los desafíos cuando entremos en el nuevo milenio. 
No es suficiente introducir aquí algunas reformas institucionales, por ejemplo, en lo tocante al peso de los votos en el Consejo de Ministros, y quitar allá algo, por ejemplo, en la cifra de Comisarios. 
Tampoco es suficiente remitirse al muy oscuro protocolo adicional de Amsterdam, cuya interpretación va a ocupar a generaciones completas de letrados. 
Dejo esto de lado. 
Hablando seriamente: la ampliación, es decir, el destino de Europa, no se puede hacer depender de si existen quince, dieciséis, veinte o veintiún Comisarios y de si el país X o el país Y tiene diez o doce votos en el Consejo de Ministros. 
Esto es absurdo, este no puede ser el objetivo de la Unión Europea. 
(Aplausos) La capacidad de ampliación depende de que lleguemos por fin a las decisiones mayoritarias en todo el ámbito de decisiones de esta Unión. 
También depende de si logramos un nuevo equilibrio entre la necesaria flexibilidad en una Unión mayor y la necesaria solidez en una Unión Europea ampliada. Hay que encontrar este equilibrio. 
No debemos perdernos en debates de cortas miras sobre el número de Comisarios o sobre el peso de los votos. 
Queremos y necesitamos una reforma a fondo y no sólo una corrección de tal o cual institución. 
Necesitamos esta reforma a fondo antes de la primera adhesión y no después de ella. 
(Aplausos) Y añado que esto no se puede lograr mediante una Conferencia Intergubernamental que en la oscuridad de la noche se dedique a ensamblar a toda prisa e incoherentemente un Tratado con clavos y tablones. 
(Aplausos) Un Tratado con clavos y tablones en el que además nadie puede reconocer cuáles son los clavos y cuáles son los tablones. 
(Risas) No todos los Gobiernos han comprendido que va a tener lugar la próxima ampliación, independientemente de si se realiza con cinco, seis u once nuevos Estados miembros. No es comparable a ninguna ampliación del pasado, la de 1973, la de 1985/86 o la de 1995. 
Esta ampliación va a modificar profundamente de un modo u otro a la Unión. 
Después de acoger a Estados de la Europa oriental esta Unión va a ser diferente. 
No todos los Gobiernos de la Unión han comprendido la relación entre ampliación y reforma. 
No es posible ampliar y seguir actuado igual que hasta ahora. 
Sin una reforma, la Unión ampliada se disolverá con gran rapidez en una mera zona de librecomercio. 
Este no es nuestro objetivo. 
Digo con toda claridad que si el precio de la ampliación fuese una disolución de la Unión para convertirse en una simple zona de librecambio, no se debería pagar ese precio. 
(Aplausos) Sería demasiado elevado, no sólo para los Estados miembros que pertenecen hoy a la Unión Europea sino también para los Estados de la Europa central y oriental. 
Pues quieren entrar en una Unión que funcione, una Unión que esté en situación de cumplir las tareas que debe cumplir, una Unión que esté en situación de proporcionarles ayuda y solidaridad y no una Unión que se encuentre en un estado de disolución. 
Algunos Gobiernos dicen sí a la ampliación pero no a la reforma de la Unión. 
No quieren otra cosa que esta Unión se disuelva en una zona de librecomercio. 
Hay otros Gobiernos que dicen no a la reforma para impedir la ampliación. 
También hay de esto. No debemos caer en la trampa. 
Quien niegue la ampliación para imponer la reforma impedirá la ampliación pero tampoco tendrá la reforma. 
Este es el problema al que nos vamos a enfrentar durante los próximos años. 
La Comisión propone iniciar negociaciones con 6 Estados, 5 + 1. 
Quiero subrayar que el Comisario van den Broek ha dicho sobre Chipre que esto debe y tiene que servir de catalizador. 
Las negociaciones de ampliación con Chipre tienen que utilizarse para lograr una solución al problema de Chipre. 
Hay que prestar también atención para que Chipre no se convierta en rehén de una parte que no quiera negociar. 
(Aplausos) Esta Conferencia Europea quiere ocuparse de los cuatro restantes y de otros. 
De acuerdo. 
Vamos a comprobar qué resultado aporta. 
Existe otro concepto consistente en comenzar las negociaciones con todos conjuntamente pero, naturalmente, no finalizarlas conjuntamente con todos. 
Sea como sea, en cualquier caso debemos diferenciar pero no excluir. 
Durante los próximos meses tendremos que comprobar si el concepto de la Conferencia Europea es adecuado para garantizarlo. 
No puede consistir en un mero foro de debates sino que debe poder adoptar acuerdos, al menos en el segundo y tercer pilar. 
(Aplausos) Por lo demás, permítanme una observación personal: ya a principios de 1993, en un informe estratégico que presenté a este Parlamento, propuse un concepto similar. 
Dije lo mismo en la cumbre europea de Essen. 
En aquella ocasión no tuvo ningún eco. 
Me alegro de que la Comisión se haya ocupado ahora del tema. 
Tanto si se trata de seis nuevos Estados o de más, una cosa está clara: para nosotros- hablo en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos- no existe ninguna relación con la ampliación de la OTAN. 
No nos limitamos a los tres de la OTAN. 
No se puede excluir a un Estado de las negociaciones porque no esté en Madrid ni tampoco tiene que estar presente en nuestra ronda negociadora porque se le haya negado en Madrid el ingreso a la OTAN. 
La calidad de miembro en la Unión Europea no es un premio de consolación por no haber podido convertirse en miembro de la OTAN sino que tiene su propio valor y tiene que ser tratado así. 
(Aplausos) Respecto a comenzar con seis países, ya he dicho que recapacitaremos sobre si es razonable. 
Pero quien quiera otra cosa diferente a lo que usted propone tiene también que decir cómo podemos superarlo y cómo se puede pagar. 
Por lo demás, esto es aplicable a los Jefes de Estado y de Gobierno cuando se reúnan en diciembre si es que quieren otra cosa. 
Entonces tendrán también que decir cómo se puede solucionar y pagar. 
En cualquier caso va a ser un duro camino para todos nosotros, para los pueblos y Estados de la Europa oriental, pues tienen que realizar enormes esfuerzos para superar las condiciones que les imponemos, pero también va a ser un duro camino para nosotros. Pues también nosotros, la Unión Europea, tenemos que ser capaces de ampliarnos. 
La Comisión ha realizado hoy su aportación. 
Le felicito por ello. 
Los Estados miembros no la han realizado hasta ahora. 
Nosotros, el Parlamento Europeo, la realizaremos durante los próximos meses, antes de la cumbre de Luxemburgo y después. 
Se trata nada menos que del futuro de Europa. 
(Vivos aplausos) 
Me pide la palabra el Sr. Alavanos para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, querría pedirle que se interrumpa el debate sobre la Agenda 2000 en virtud de los artículos 102 y 103 del Reglamento. 
Hace poco, como muchos compañeros, pedí los textos y éstos sólo existen en francés, inglés y alemán. 
El artículo 103 del Reglamento expresa que se imprimirán y se distribuirán a los diputados los documentos en que se basen los debates y decisiones del Parlamento, y el apartado 1 del artículo 102 dice que todos los documentos del Parlamento Europeo deberán estar redactados en las lenguas oficiales. 
Considero que constituye un grave error de la Comisión el haberlos editado sólo en tres lenguas, cuando se trata del futuro de la Unión. 
Confío en que también usted, como portugués, respete el Reglamento y su propia lengua y sigamos el debate a condición que los textos existan en todas las lenguas de la Unión Europea. 
No puede limitarse este debate a los diputados que hayan obtenido el Proficiency o que sepan francés o alemán. 
Muchas gracias. 
Señor Alavanos, le ruego que lea el Reglamento del Parlamento. 
El artículo 103 dice que todos los documentos tienen que ser distribuidos a los diputados y el artículo 102 dice que todos los documentos del Parlamento tienen que estar en todas las lenguas oficiales. 
Este documento no es del Parlamento, por lo que no hay por qué suspender el debate. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar a la Comisión unas palabras de reconocimiento y de felicitación en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo por haber elaborado y presentado hoy aquí la Agenda 2000 para una Unión más fuerte y ampliada. 
Esta es una buena señal también para la cooperación entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Señor Presidente de la Comisión, esperamos de usted que los futuros debates importantes no se den a conocer solamente a través de portavoces de prensa sino que las orientaciones políticas importantes se presenten siempre primero al Parlamento Europeo como representación de 370 millones de ciudadanas y ciudadanos. 
Si hace diez años alguien hubiese tenido la aventurada idea de predecir que la Comisión Europea, representada por su Presidente, Jacques Santer, el 16 de julio de 1997 iba a proponer al Parlamento Europeo iniciar negociaciones con Estonia, Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre para la adhesión a la Unión Europea, se habría calificado a esta persona de fantasioso. 
Pero nuestra generación ha sido testigo en los años 1989/90 y posteriores de un cambio dramático en nuestro continente, como apenas ha experimentado una época anterior a la nuestra. 
No olvidemos que fueron las personas de los Estados de la Europa central y oriental las que han hecho posible este cambio. 
(Aplausos) Fueron las personas de la Europa central y oriental a las que se impuso la dictadura del comunismo desde 1945. 
Fueron las personas de la Europa central y oriental las que siempre se aferraron a la idea de la libertad, de los derechos humanos y al deseo de autodeterminar su propia vida y el propio orden social. 
Los europeos del occidente de nuestro continente debemos tener un gran respeto ante las personas del centro y este de Europa y un profundo reconocimiento y agradecimiento. 
Las personas de la Europa central y oriental tienen ahora el derecho a asegurar el orden liberal y democrático que han logrado mediante una revolución pacífica. 
No quieren ser engañados y manipulados de nuevo. 
En la Unión Europea tenemos ahora la obligación de ayudar a las personas de la Europa central y oriental a asegurar su propia libertad. 
La Unión Europea está vinculada mediante Acuerdos Europeos con Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía. 
Aunque estos Estados no pertenezcan aún a la Unión Europea, todos son miembros de la familia europea. 
Es nuestra obligación política y moral hacer posible a estos países el ingreso en la Unión Europea en un tiempo previsible mediante un procedimiento adecuado, una Unión Europea con instituciones democráticas, una Unión que sea el ancla de la estabilidad del continente europeo en el siglo XXI, una Unión Europea que pueda actuar conjuntamente, con eficacia, decisión y convincentemente tanto hacia el interior como hacia el exterior. 
Señores Santer y van den Broek, ustedes han dicho que no se puede discriminar a ningún país en los preparativos para el ingreso en la Unión Europea. 
Si la Comisión propone iniciar negociaciones de adhesión con seis Estados, es decir 5 más 1, hay que mostrar claramente que los otros cinco países que desean el ingreso no pueden ser excluidos. 
No puede existir ninguna diferenciación entre in y out. 
Esto es lo que han dicho ustedes y nosotros lo hemos escuchado con alegría. 
Pero tenemos que mostrar claramente que en el marco de la estrategia de ingreso y debido al informe que debe elaborar la Comisión anualmente, cada país con el que ha concluido la Unión Europea un Acuerdo Europeo puede convertirse mediante un proceso flexible en un país con el que se negocie sobre la adhesión. 
Sólo si expresamos esto siempre con claridad animaremos a las personas en todos los Estados de la Europa central y oriental con los que hemos concluido acuerdos a proseguir decididamente sus esfuerzos para el laborioso pero necesario proceso de reformas. 
Actualmente no tenemos una respuesta a todas las cuestiones de la ampliación de la Unión Europea pero algunas ya se van perfilando. 
En lo tocante a la política regional- me dirijo a la Sra. Wulf-Mathies- debemos concentrar los créditos financieros en las regiones más necesitadas. 
Señor Comisario Fischler, usted siempre ha subrayado que la política agraria debe seguir reformándose. 
Si empleamos este dinero, lo que apoyamos como Grupo del Partido Popular Europeo, deberemos asegurar que se gaste y se controlen los gastos adecuadamente. 
Se ha mencionado repetidamente el plan Marshall. 
El éxito de este plan se basó en que se trataba de préstamos con unos tipos de interés favorables con los que se alentó la iniciativa de los beneficiarios. 
Es correcto que los programas de la Unión Europea se abran a los países candidatos al ingreso para que se preparen para el mismo. 
¿No sería también razonable vincular a estos países antes del ingreso de modo que participen en los trabajos de la Unión Europea, por ejemplo, como observadores en el Parlamento Europeo? 
La Comisión propone tratar bilateralmente con los países candidatos la mayoría de las cuestiones relativas a la adhesión. 
Por otro lado, se ha previsto para la Política Exterior y de Seguridad Común así como para la Política de Interior y de Justicia una Conferencia Europea en un marco multilateral que debe celebrarse una vez al año a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Planteamos la pregunta de si no sería razonable ampliar esta Conferencia Europea a nivel de ministros para tratar otras cuestiones. 
Apoyo expresamente lo que ha dicho al respecto el Sr. Hänsch para que, en un marco multilateral, se sienten también a la mesa aquellos países con los que por el momento no se negocia aún sobre la adhesión, pues sabemos que, política y psicológicamente, esto es de gran importancia para los países de la Europa central y oriental. 
¿Qué papel va a desempeñar Turquía? 
Tenemos que dar respuestas. 
Ante todo, tenemos que hacer realidad a tiempo, el 1 de enero de 1999, la Unión Monetaria Europea, pues proporcionará a la Unión Europea unas nuevas perspectivas de futuro, esperanzas y fuerza. 
Ante el umbral del año 2000, Europa se encuentra ante grandes desafíos. 
El Grupo del Partido Popular Europeo siempre ha estado del lado de los que quieren reformar la Unión Europea. 
Por ello, saludamos que la Comisión se comprometa frente a los Estados miembros a convocar una Conferencia Intergubernamental inmediatamente después del año 2000, que contribuya ante todo a fundamentar las decisiones mayoritarias como instrumento decisorio básico en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
El Grupo del Partido Popular Europeo se pronuncia en favor de una Europa unida, pacífica y democrática en el siglo XXI. 
Lograremos este objetivo si trabajamos con valor y decisión, pero también con paciencia, por el futuro de nuestro viejo, pero siempre renovado continente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, quisiera emitir una solemne protesta contra la manera en la que se desarrolla este debate. 
Cuando la Agenda 2000 es el programa de acción de la Unión Europea cuyo objetivo no es ni más ni menos que conseguir lo que será la gran ambición de Europa en los próximos diez años, a saber, su reunificación política, vamos a dedicarle apenas media jornada, o sea, lo mismo que para los debates llamados de actualidad y urgencia, donde más de la mitad de los puntos no concierne sino indirectamente Europa. 
Además, esta mañana, perdimos media hora contestando estas urgencias, recortando otro tanto un debate esencial. 
Por lo demás, tenemos que reaccionar en caliente en relación con un documento que pesa varios kilos, del que no hemos tenido mas que un resumen oral. 
Pido, en nombre del Grupo Unión por Europa, que dediquemos, antes de finales del año, una sesión excepcional de por lo menos dos días, en el marco de nuestro calendario, a este importante debate, después de que los grupos políticos y las comisiones competentes hayan podido examinar en detalle las propuestas de la Comisión. 
Paralelamente, deberemos proceder a hacer todas las audiciones necesarias, especialmente de las organizaciones agrícolas, primeras interesadas en la reforma de la PAC. 
El día de hoy me limitaré a reaccionar sobre una cuestión esencialmente política, sobre la que el Parlamento Europeo deberá pronunciarse antes de finalizar el año, a saber, la elección de los países candidatos con los que se iniciarán las negociaciones con vistas a su futura adhesión. 
Hasta ahora, se había admitido explícitamente que las negociaciones se iniciarían al mismo tiempo con todos los países candidatos, lo que evidentemente de ninguna manera juzgaba de antemano la fecha del desenlace final y el resultado de las negociaciones. 
Ahora bien, la Comisión propone iniciar las negociaciones, en una primera etapa, con sólo seis de once candidatos. 
En lo que a mi concierne, considero esta elección como arbitraria, torpe y provocadora. 
Arbitraria, ya que juzga a priori los esfuerzos que los candidatos son capaces de realizar basándose únicamente en la evaluación de sus prestaciones actuales, respecto a las cuales, por lo demás, las opiniones pueden divergir. 
Elección peligrosa, ya que corre el riesgo de desestabilizar los gobiernos de los países suspendidos, sumetidos a una sesión de exámenes suplementaria en un plazo incierto. 
Imagínense la situación del Gobierno eslovaco, cualquiera que éste sea, aprisionado entre la República Checa y Hungría, admitidas en la primera vuelta de las negociaciones. 
Imagínense la situación del Gobierno rumano que ha padecido ya la vejación de no ser admitido inmediatamente en la OTAN y del Gobierno búlgaro, ambos hechos a un lado de nuevo, cuando las recientes elecciones les han conferido una incontestable legitimidad democrática. 
Si se hubiese querido dar la impresión de que la Unión Europea es un club de ricos, que sigue siendo inaccesible para los más pobres, éste hubiera sido el mejor modo de hacerlo. 
¿Se ha querido, por lo demás, sacar las consecuencias del fracaso de la Cumbre de Amsterdam, en lo que respecta a la reforma institucional, limitando arbitrariamente a 20- con la esperanza secreta de que uno de los primeros seis seleccionados se retire a medio camino- el número de los futuros miembros de la Unión, para poder continuar funcionando sin reformar las instituciones? 
Elección peligrosa y provocadora, por último, en lo que concierne a Rusia, que consiste en dejar de lado la candidatura de la República Eslovaca sin dejar de mantener buenas relacionas con ella, y retener la de Estonia, con el enorme problema que plantea la existencia, en ese país, de una minoría sumamente fuerte de habla rusa no integrada y privada de todo derecho cívico. 
En conclusión, Agenda 2000 representa un notable trabajo de compilación de datos estadísticos y contables, mas carece de dimensiones políticas. 
Mis compañeros del Grupo Unión por Europa y yo mismo, no nos resolveremos nunca a dejar a un lado del camino a nuestros amigos eslovacos, rumanos, búlgaros, lituanos y letones. 
Señor Presidente, se presenta la Agenda 2000 pocas semanas después del decepcionante resultado del Consejo Europeo de Amsterdam, que procedió a una reforma más que tímida del Tratado de Maastricht y afrontó de mala gana el debate sobre el empleo. 
Ese no es el mejor prólogo para abordar cuestiones de tanto calado para el futuro de la Unión, como son su ampliación al Este y a Chipre o las nuevas perspectivas financieras. 
Parece que abordamos estas cuestiones un poco sobre el vacío. 
No se trata de que en Amsterdam no se terminara de definir la composición de una u otra institución; con ser relevante, eso es lo de menos. 
Lo verdaderamente preocupante es que la práctica ausencia de avances en la Unión política en Amsterdam puede terminar haciendo realidad el que la ampliación convierta a la Comunidad en una mera zona de libre cambio, aunque- ¡eso sí! -con una flamante moneda única y 20 millones de desempleados. 
Quizás sea eso lo que algunos Gobiernos desean, pero no la mayoría de este Parlamento ni de los ciudadanos. 
Sería sencillamente inaceptable. 
Precisamente, para evitarlo, es por lo que seguimos exigiendo profundización al mismo tiempo que ampliación; y, en consecuencia, pedimos la convocatoria de una nueva Conferencia Intergubernamental, antes de la entrada de nuevos socios, para dar pasos sustanciales en la Unión política; una Conferencia Intergubernamental nueva y diferente en la forma y en el fondo. 
Y exigimos políticas activas de empleo para evitar que ampliación y paro sean fenómenos convergentes y explosivos en el tiempo y en el espacio. 
Decimos sí a la ampliación en términos políticos, a través de un proceso sólido en las negociaciones y sosegado en los plazos, que garantice el mantenimiento y desarrollo de políticas e instrumentos como la PAC y los Fondos estructurales y de cohesión; que evite la generación de costes sociales y productivos, inaceptables en los actuales y futuros miembros, con los que debería negociarse sobre bases individuales, privilegiando el desarrollo de los sistemas democráticos y de solidaridad social y sin que el orden de inicio de las conversaciones signifique automáticamente una adhesión privilegiada en el tiempo o de carácter colectivo. 
Responder al desafío histórico de la ampliación de la Unión Europea al Este y a Chipre exige de la propia Unión un esfuerzo de profundización y un esfuerzo de ampliación de sus propias capacidades para responder a los problemas de los ciudadanos día a día. 
Señor Presidente, Señorías, después de Amsterdam la principal crítica fue que la Unión no se había transformado lo suficiente para hacer frente de forma responsable a la ampliación. 
Ahora nos enfrentamos a este enorme déficit fundamental y desde luego no podemos negarlo. 
La verdadera cuestión política que se plantea ahora es, por supuesto, si son los países de la Europa Oriental y Chipre que han de pagar la incapacidad de los Quince para transformarse a tiempo. 
Pienso que la respuesta es «no». 
Por otro lado, seguir trabajando para realizar la ampliación constituye una posibilidad, un impulso político, para realizar las reformas institucionales necesarias. 
Pero éstas no serán fruto de un automatismo, habrá que tomar la iniciativa. 
Y en este sentido, me gustaría que la Comisión hubiera hecho algo más que una profesión de fe; quiero saber qué iniciativas políticas concretas se toman para garantizar que seremos capaces de asumir el reto ante el cual nos hallamos. 
Los Verdes queremos disponer de suficiente tiempo para estudiar el impresionante documento que hemos recibido de la Comisión. 
Pero consideramos que hay que plantear algunas preguntas críticas. 
La primera pregunta es, naturalmente, porqué solo se seleccionan a algunos países para participar en las negociaciones. 
Sabemos que durante mucho tiempo la Comisión consideró la posibilidad de iniciar negociaciones con todos los países y quisiera saber por qué se ha abandonado tal opción, cuáles han sido los argumentos determinantes. Pues es evidente que la propuesta actual implica también inconvenientes políticos. 
En segundo lugar, la sensación que cunde en diversos países de que han quedado descalificados y no podrán participar; en el caso de Turquía, de que no es candidato porque se trata de un país islámico. 
En este contexto, a nuestro entender, hay una falta de sentido crítico en lo que se ha dicho hasta ahora en nombre de la Comisión; concretamente, sentido crítico en relación con los términos en que queremos iniciar la ampliación. 
¿No hemos de plantearnos preguntas a nosotros mismos? 
Me complace oír que se busca un reajuste serio de la política agrícola. Todo dependerá de si se realiza de forma consecuente, pues trasplantar nuestra política agrícola significará la destrucción de las estructuras agrícolas de estos países, desempleo a gran escala, y cosas por el estilo. 
Lo mismo puede decirse de la cuestión ambiental. 
Hay puntos positivos en nuestra política, pero tienen posibilidades también los países de la Europa del Este que podemos utilizar para iniciar esta reforma a fin de llevar a cabo los cambios necesarios en nuestro propio interés. 
Por tanto, no se trata de un proceso unilateral en que sólo ellos tengan que adaptarse a nosotros. 
Hemos de aprovechar las fuerzas y los elementos más potentes en estos países para avanzar conjuntamente. 
Una última cuestión tiene que ver con la financiación. 
Quien habla de ampliación, ha de estar dispuesto a poner suficientes recursos financieros sobre el tapete. 
En este sentido, la cifra anunciada me parece insuficiente y no creo que debamos compartir la pobreza retirando el dinero del Sur y pasándolo al Este. 
Ocupémonos de que se realicen los grandes objetivos a que se aspira, pues con demasiada frecuencia hemos visto que se anuncian grandes objetivos y que a la postre tropezamos con unas pocas cajas de tomates. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el debate que hoy nos ocupa trata numerosas cuestiones. 
No abordaré más que el tema de la ampliación, que representa nuestro horizonte, pero para nosotros también una obligación política. 
Ante todo, quisiera reaccionar en relación con dos puntos. 
El primero se refiere a la lista de los países elegibles. 
En aplicación de los criterios previamente definidos en Copenhague en 1993, la Comisión ha seleccionado cinco candidatos, más Chipre, entre un total de once postulantes. 
A primera vista, la Comisión ha realizado el trabajo técnico que se le había pedido, pero, al hacerlo, sus análisis, sus opciones y la presentación que se hace, corren el riesgo de constituir un grave error político. 
En efecto, de esta manera se va en contra de una promesa esencial, la de poner a todos los candidatos en una misma línea de salida. 
A pesar de que, hoy, nos encontramos en la línea de salida, ya se ha hecho una selección entre los buenos y los demás. 
¡Cuántas frustraciones e incomprensiones en perspectiva, sin contar los riesgos de desestabilización, después de las decepciones provocadas por la ampliación de la OTAN! 
Esta manera de actuar no es solamente lamentable, también corre el riesgo de ser peligrosa si el plan Marshall para los PECO, del que habló usted, señor Presidente Santer, para todos los candidatos sin distinción, no viniera a suavizar la distinción hecha, imprudentemente, entre los seis primeros y los demás. 
Ello no quiere decir que sea preciso dirigir un discurso angelical a los países candidatos y ocultarles las dificultades que deberán superar y que deberemos superar nosotros mismos. 
Mas una cosa es hablar claro y otra, dar el sentimiento de injusticia. 
Respecto a un segundo punto, afortunadamente, tengo la satisfacción de indicar mi acuerdo. 
Apoyando la idea de convocar una nueva Conferencia Intergubernamental para realizar, por fin, las reformas institucionales necesarias a toda ampliación, en especial el voto por mayoría en el seno del Consejo, la Comisión retoma una idea propuesta aquí mismo después de la cumbre de Amsterdam. 
Espero que esta idea se confirme rápidamente. 
Dejo a mis compañeros de Grupo el cuidado de desarrollar nuestras observaciones sobre las condiciones y las consecuencias presupuestarias de la ampliación. 
También hay mucho que decir sobre estos puntos. 
Señor Presidente, la adhesión de los países de Europa central a la Unión Europea no es el beneficio que los círculos de Bruselas llaman así en nombre de su ideología, sin tener en consideración el verdadero interés de los pueblos interesados. 
En efecto, la integración, para los países de Europa central, debe ser considerada desde un doble punto de vista geopolítico y económico. 
¿Brinda esta integración la posibilidad de una mayor seguridad o da pauta a una desaparición en un conjunto controlado por otros y sobre el cual estos países no ejercerían sino muy poca influencia? 
¿Y por qué esta premura para iniciar las negociaciones con estos países? 
¿No tiene como objetivo oculto echar atrás el fracaso de la Conferencia de Amsterdam y provocar una nueva Conferencia Intergubernamental, tomando como pretexto la ampliación? 
Nadie ignora, por lo demás, las direcciones tradicionales del expansionismo alemán. 
Todo el mundo conoce el empeño del Canciller Kohl, un hombre de Estado, a preparar el futuro. 
La integración en la Unión Europea acarrearía sobre todo como consecuencia que estos Estados ya no podrían oponerse a la compra de empresas locales por parte de sociedades que operan desde otro país de la Unión. 
Por lo demás, ¿podrían las economías renacientes, pero frágiles, de los países de Europa central soportar el choque de la apertura de las fronteras, cuando desaparecieran incluso las ventajas en el terreno de la competitividad? 
Sería ilusorio pensar que los pocos fondos estructurales entonces disponibles limitarían el aumento del paro y la inmigración. 
¿Qué son, además, los montantes citados hace un momento en relación con la inmensidad de las necesidades, cuando se sabe las considerables cuantías que gastó Alemania occidental en ayudar a Alemania del Este? 
La integración en la Europa de Maastricht es en realidad, para los países de Europa central, la marcha hacia la regresión social y el protectorado. 
Señor Presidente, parece que todas las fuerzas políticas presentes en este Pleno coinciden en afirmar que Europa no debe acabar siendo un mero hecho comercial; por el contrario, no todas las fuerzas políticas coinciden en la exigencia de que la Unión Europea no se vaya transformando en una gran zona de libre cambio a través de la ampliación a los PECO. 
Nosotros estamos entre los que temen que esto suceda, ya que, si así fuera, se resquebrajaría a poco a poco el acervo comunitario y la Unión perdería toda connotación política relevante. 
Es por esta razón que desde hace algunos años venimos pidiendo que se subordine la ampliación a la consecución de la Unión política. 
Pedimos, de hecho, que las negociaciones con los países candidatos se emprendan sólo después de conocer cuáles serán las reglas de funcionamiento institucional de la Unión ampliada. 
Y diré algo más: queremos conocer por fin el funcionamiento de la Europa de los Quince que no ha realizado todavía el segundo ni tampoco el tercer pilar y que, por lo tanto, no es una Unión política. 
Queremos saber cuándo se va a debatir seriamente la estructura institucional y si se ha abandonado definitivamente la idea de un Estado federal europeo, ya que Europa está destinada a ser sólo una tierra de conquista por parte de los países más ricos. 
Alianza Nacional desea saber cómo puede pensarse, después de haber perdido a Malta, tras unas agotadoras negociaciones, en llevar a cabo hoy y en tan poco tiempo la ampliación, por ejemplo, a Polonia, República Checa y Hungría, mientras que las declaraciones del Presidente francés vuelven a cuestionar la propia Unión Monetaria en los plazos ya marcados, una unión monetaria que, repetimos, debe ser simultánea con la consecución de la Unión política. 
Queremos saber qué se pretende hacer en cuanto a los 20 millones de desempleados y los más de 20 millones de pobres que viven en la Unión actualmente, antes de preocuparnos del desempleo y la pobreza de los nuevos países que deberán compartir el destino europeo común. 
Rechazamos con firmeza la costumbre, implantada en este Pleno, de debatir textos densos y que no están disponibles en las lenguas nacionales y reivindicamos nuestro papel de diputados electos que, sobre todo, nos hace responsables frente a los ciudadanos de la Unión Europea antes que frente a los intereses europeos de algún Estado o de alguna multinacional. 
La ampliación implicaría un aumento de más de una tercera parte de la población de la Unión Europea, lo que elevaría a 500 millones el número de habitantes de Europa que actualmente asciende a 370 millones. 
El PIB, por el contrario, aumentaría sólo un 5 %, lo que determinaría una fractura cada vez mayor entre países ricos y pobres, grandes y pequeños, países del Norte y países del Sur. 
No olvidemos además la vocación mediterránea de la Unión, las inversiones en el sector de las frutas y hortalizas, que se contrastarán con la fuerte necesidad de ayudas económicas de los grandes países con vocación agrícola. 
Por consiguiente, el gasto correspondiente a la política agrícola, que cubre más de la mitad del presupuesto de la Unión, aumentaría de forma dramática, ya que los países candidatos se convertirían en países beneficiarios netos. 
Decimos no a la ampliación antes de la consecución de la Unión política entre los Quince; sugerimos acuerdos de asociación que, en plazos razonables, nos conduzcan a todos a una ampliación exenta de problemas, a una Europa creíble. 
Señor Presidente, la comunicación que presenta hoy la Comisión es de hecho importante y esencial, apunta en la dirección correcta y presenta una construcción y un marco para los próximos años, algo que es indispensable para tener una dirección como Unión Europea. 
No es posible obviamente, no pudiendo nadie leer el texto, hacer un estudio detallado, sobre todo en cuestiones de economía. 
Por esto me limitaré a algunas observaciones generales, tras mostrar mi conformidad con la propuesta que se ha hecho de que se convoque una reunión especial inmediatamente después de las vacaciones para poder analizar como es debido este texto tan importante. 
En principio, un punto en el cual no puedo entender la posición de la Comisión es el relativo a la elección de algunos países concretos y, en cierta medida, el aplazamiento de otros. 
La posición del Parlamento Europeo era clara. 
Dijimos que todos deben empezar las negociaciones desde el principio, independientemente de lo que éstas duren. 
En el período transcurrido podrán darse todos los supuestos que hacen referencia al acervo comunitario, a los necesarios cambios institucionales y al nivel de desarrollo económico que se exigen para integrarse en la Unión Europea. 
Pero ahora, tal como se presenta el tema, surgen problemas, puesto que, según nos han detallado el Presidente Santer y el Sr. Van den Broek, los países que no estén en la primera línea de las negociaciones no tendrán la autorización formal para iniciar tales negociaciones. 
Participarán en el access on partnership e intervendrán en todos los debates generales y en todas las decisiones como oyentes u observadores. 
Esencialmente, pues, los estados que no estén en la primera línea de las negociaciones participarán como normalmente, pero con esa importante salvedad. 
No veo porqué no van a poder iniciar las negociaciones, dado que resulta claramente inadmisible- y es de alabar que así se haya declarado-la imposición de condiciones de admisión, venga de quien venga. 
La admisión podrá producirse en diferentes marcos temporales, precisamente porque el desarrollo de los Estados en los años venideros acaso presente grandes diferencias. 
Habrá Estados que hoy parecen reunir las condiciones y que, de repente, no las reúnan. 
Y otros que no las cumplen y que las cumplirán. 
¿Por qué no empezamos todos juntos? 
Y esto lo digo también por las razones políticas ya expuestas, puesto que la plataforma política básica de las fuerzas democráticas en muchos de estos Estados es la admisión en la Unión Europea y no deben suscitarse dudas en estos pueblos. 
El segundo elemento es mucho más práctico. 
No veo porqué debemos castigar a estos Estados imponiendo límites de financiación, por decir algo, a la deuda pública de los peores de ellos. 
No cabe duda de que, una vez que un Estado inicie las negociaciones con la Unión Europea, su nivel de importancia y credibilidad en los mercados internacionales crecerá. 
¿Por qué, pues, van a quedarse atrás los que tengan necesidades mayores? 
Creo que es algo que debemos volver a considerar. 
He oído con mucho interés lo que ha dicho la Comisión: que el mandato que ha recibido es hacer un análisis objetivo. 
El elemento político sigue residiendo, pues, en las decisiones del Consejo de Ministros y, me atrevo a decir, también en el Parlamento Europeo. 
Quiero esperar, pues, que el Consejo de Ministros tome realmente una iniciativa y, basado en el análisis de la Comisión, decida que las negociaciones se inicien al mismo tiempo en todos los Estados. 
Dos palabras sobre Chipre, señor Presidente. 
He oído con mucho interés lo que han dicho el Sr. Van den Broek y el Sr. Hänsch, esto es, que la perspectiva de adhesión puede ser un catalizador para que se resuelvan los problemas allí existentes, pero esto no debe implicar nunca que se considere a la República de Chipre como un rehén de la adhesión y de la evolución política. 
Quiero mencionar un nuevo aspecto y solicito que piensen en él. 
Nadie se acuerda de la situación de la población musulmana de Chipre, la que está fuera de la República de Chipre y que, por el análisis hecho por la Comisión, vemos que sufre una gran pobreza y miseria. 
El producto por habitante es aproximadamente una cuarta parte del producto interior bruto de la República de Chipre. 
No hay que olvidar la fusión de los inmigrantes, del ejército de ocupación, etc. con la población permanente de Chipre. ¿Nadie piensa en ellos? 
¿Y qué solución se les dará si acaban por establecerse en la República de Chipre, en el marco de adhesión a la Unión Europea? 
Es algo que deberemos tener presente al tomar cualesquiera decisiones de carácter político. 
En lo que concierne a la parte económica, no puedo, evidentemente, hacer un análisis detallado. 
Un simple vistazo a los temas suscita numerosas cuestiones. 
Por ejemplo, la noción de mantenimiento de las perspectivas financieras puede presentar algunos problemas. 
La propuesta tampoco presenta políticas nuevas. 
Simplemente fija metas y, como es obvio, excluye el automatismo respecto a los recursos de transporte, lo cual es correcto, ya que los recursos deben transferirse en función de las necesidades y no en virtud de un mecanismo automático que no tiene en cuenta en muchas ocasiones la realidad. 
Es muy importante el cambio de PHARE, que se convierte en esencia en un nuevo órgano, de conformidad con la propuesta del Parlamento Europeo, puesto que cubre las inversiones en infraestructura y se aparta, por consiguiente, del objetivo inicial. 
Sin embargo, el capital disponible no parece que sea suficiente. 
Mucho me temo que nos encontraremos con problemas. 
Por eso quisiera pedir que pensemos si quizá no deberíamos llegar hasta el año 2006 en las perspectivas financieras. 
He oído decir al Presidente Santer que tendrá lugar otra Conferencia Intergubernamental que decidirá sobre numerosos asuntos y ratificará nuevas situaciones o revisará algunas de las existentes. 
¿Por qué no mantener las perspectivas financieras hasta esa Conferencia en el nivel del 1, 27, de modo que puedan tenerse en cuenta los cambios que se produzcan entre tanto? 
Nadie puede prever cuáles serán las necesidades. 
A juzgar por la situación actual, las cosas irán bien. 
No se prevé nada, sin embargo, para el segundo pilar, ni para el tercero. 
La evolución política y de otro tipo puede ser totalmente diferente y podemos encontrarnos con muchas más necesidades. 
A la vista de todo ello, en mi opinión hay dos soluciones: una es alargar las perspectivas financieras hasta la próxima Conferencia Intergubernamental y la segunda es tensar el límite más alto, sin la obligación de aplicación. 
Si no se adoptan ni una ni otra, serán necesarias nuevas ratificaciones por parte de los parlamentos nacionales en caso necesario, y mucho me temo que tengamos dificultades financieras. 
Señor Presidente, suscribo plenamente convencido lo que acaba de manifestar mi copresidente, Sr. Pasty, y con la misma convicción deseo manifestar mi parecer sobre la futura reforma de los Fondos estructurales y las propuestas que hoy ha presentado la Comisión. 
Ante los futuros retos de la Unión no cabe duda de que, después del año 1999, se impondrá la necesidad de reformar los Fondos estructurales; los retos que nos hemos fijado serán numerosos y requerirán mucho esfuerzo desde el punto de vista político, económico y social. 
El principio de cohesión económica y social, en un contexto en continuo cambio como el europeo que se dispone a una futura ampliación, adquiere, por lo tanto, una importancia y actualidad cada vez mayores. 
En consecuencia, habida cuenta de que el objetivo de cohesión sigue siendo uno de los principios fundamentales para la construcción europea, acojo favorablemente las propuestas de la Comisión con miras a simplificar los procedimientos administrativos, financieros y de control, puesto que, sin duda, facilitarán el acceso a las financiaciones, acelerarán los procedimientos y, esperemos, constituirán también un estímulo más para aquellos países que sufren todavía retrasos significativos. 
Estoy asimismo abierto a las propuestas de concentración geográfica y temática. 
En mi calidad de miembro de la Comisión de Política Regional, así como de diputado electo en una región perteneciente al Objetivo nº 1, es mi deber, no obstante, reiterar mis preocupaciones y poner en guardia tanto a la Comisión como a mis colegas sobre el peligro derivado de proyectos decididamente ambiciosos, así como onerosos para la Unión. 
Las restricciones financieras no permiten aumentar el porcentaje de la dotación financiera destinada a los Fondos que, en consecuencia, seguirá siendo igual al 0, 46 % del PNB de la Unión, conforme a las decisiones adoptadas en su día en Edimburgo. 
Dicha dotación, sin embargo, frente a las futuras ampliaciones, será de hecho inferior en términos de porcentaje para cada Estado miembro, mientras que el principio de concentración, pese a que presenta ventajas desde el punto de vista del procedimiento, me deja algo perplejo en lo referente a los aspectos geográficos y temáticos. En efecto, la reducción de los objetivos de seis a tres, de los cuales sólo dos son regionales, y la reducción global de las zonas actualmente elegibles, me parecen difícilmente viables, ya que no me queda claro la manera en que sucedería. 
Estoy convencido, en efecto, de que esto conllevará inevitablemente simplificaciones excesivas en cuanto a las diferentes realidades territoriales, de desarrollo, económicas y sociales y necesitadas, por consiguiente. de intervenciones más específicas. 
Y termino invitando a la Comisión a que presente al Parlamento propuestas de reforma más precisas con su correspondiente articulación. 
Por mi parte, me comprometo a estudiar durante las vacaciones todo el material que nos fue facilitado y me reservo volver a analizar el tema con abundancia de detalles. 
Señor Presidente, es problemático dividir los países de antemano en los que estarán dentro y los que lo estarán pronto. 
Se trata de una falta de visión pedagógica y de visión política, en caso de que eso signifique que hemos de hacer más esfuerzos a favor de ciertos países y menos a favor de otros que quizás tengan mayores necesidades y mayor importancia para la conservación de la paz y la seguridad en la Europa del futuro. 
Es sumamente importante que Estonia entre, pero dentro de unos pocos años Letonia estará en la misma situación. 
¿No le queda a Letonia otro remedio que esperar a la próxima ronda, o tiene alguna posibilidad de entrar en la primera? 
Me gustaría mucho recibir una respuesta del Sr. Comisario. 
Le ruego que confirme ante el Parlamento que tal división es únicamente un pronóstico que no excluye modificaciones en caso de que algunos países tengan un desarrollo rápido, y que el objetivo final es que todos los países reciban ayuda para entrar y que evitemos nuevas divisiones. 
Señor Presidente, un mínimo de atención a la evolución presupuestaria de los últimos años, a las tendencias restrictivas desarrolladas en éstos y también a ciertas reglas que, paulatinamente, se han impuesto, darían una idea muy aproximada de lo que hoy presenta la Comisión en el plano financiero. 
Para nosotros, la cuestión fundamental es ésta: hay que mantener sin cambios el techo de los recursos propios decidido en Edimburgo más allá de la fecha prevista (1999) y hay que dar respuesta no sólo a los objetivos fijados por los Quince sino también a los costes de preadhesión y de los primeros años de una Unión ampliada, siendo indudable que éstos serán necesariamente elevados. 
No tenemos objeciones específicas ni de principio en cuanto a la ampliación. 
Sin embargo, está claro que no podemos aceptar estas condiciones, y ello porque, inevitablemente, ese marco significa unos recortes sustanciales en objetivos y prioridades actuales y porque pone en tela de juicio de modo definitivo imperativos del momento actual. 
Un caso ejemplar es el de la cohesión, inscrita en el Tratado como un pilar fundamental de la Unión, aunque se haya postergado inevitablemente a las calendas griegas, al igual que se está viendo con las propuestas formuladas para los Fondos Estructurales y para el Fondo de Cohesión. 
En cuanto a esto último, los actuales beneficiarios verán sensiblemente reducido el acceso a este fondo. 
Respecto a los fondos estructurales es indudable que la dotación anual media para el nuevo período será inferior a la actual para los quince países. 
Esto es una realidad. 
Y así parece que los actuales «países de la cohesión» no sólo dejarán de serlo, sino que tampoco se sabe por qué vara de medir están condenados a pagar por la ampliación en virtud de ese éxito virtual. 
¿Quién puede estar de acuerdo con esto seriamente? 
En definitiva, éste es el interrogante que se mantiene: ¿dónde están ahora esos «medios a la altura de nuestras ambiciones?» 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, mientras que a los candidatos a la adhesión se les imponen siempre nuevas tareas, la Unión Europea no ha logrado hasta ahora solucionar las suyas. 
No se ha reconocido la urgente necesidad de un desarrollo sostenible ecológico y social. 
Las reformas, en especial en la política agraria y económica, siguen siendo deficientes. 
Se ha superado la confrontación en Europa porque los ciudadanos del Este hemos mantenido una lucha incansable para que la democracia y la coparticipación se conviertan en realidad en toda Europa. 
Es un desafío histórico desarrollar ahora una Europa democrática que no tenga líneas de separación. 
Pregunto por ello de nuevo a la Comisión porqué ha dejado de lado la opción de incluir a todos los candidatos en las negociaciones para la adhesión. 
¿No se va a seleccionar de nuevo entre aquellos que están dentro y los que se quedan fuera? 
¿Se encuentran aquí los motivos porqué no se ha cumplido aún la exigencia del Parlamento de suprimir la obligación de visado entre Bulgaria y Rumanía? 
En especial para la cooperación entre los Estados bálticos, excluir a uno de ellos tendría consecuencias fatales pues tienen una cooperación económica muy estrecha y existe entre ellos la libre circulación de personas. 
Posiblemente, una estrategia de este tipo colocaría a los jóvenes Gobiernos ante nuevas dificultades frente a su propia población al legitimar las cargas derivadas del proceso de aproximación. 
Por ello, para la ampliación necesitamos una estructura marco institucional eficaz y común para todos los candidatos y no sólo en lo tocante a la política exterior, interior y de justicia. 
Ninguno de los países asociados debe tener la impresión de ser excluido. 
En la cooperación económica entre la UE y los candidatos a la adhesión se echa de menos una integración económica con igualdad de derechos. 
La UE sigue negando la entrada a ciertos productos. 
Decisivo para un desarrollo equilibrado es la participación también en el amplio abanico de medidas de ayuda estructural. 
La integración en la UE no debe ser solamente asunto de una élite política sino que se debe dar más importancia a la participación de todas y todos los ciudadanos. 
Por ello, nos preocupa mucho la nueva determinación de prioridades que se realiza en el programa PHARE. 
Se incluye en el Tratado el nuevo modelo antidemocrático y contrario a los derechos humanos de la política de inmigración y el Protocolo de Schengen y, a continuación, se impone a los candidatos a la adhesión para crear una especie de parachoques para el núcleo de Europa. 
Los Verdes consideran irresponsable exportar la actual política de interior y de justicia de la UE a los países de la Europa central y oriental. 
Los derechos democráticos de control del Parlamento y del Tribunal de Justicia deberían constituir la base del Tratado. 
La experiencia con una justicia independiente y una policía controlada democráticamente no es aún tan antigua para las jóvenes democracias, pero le dan gran importancia. 
Señor Presidente de la Comisión, esta mañana usted se refirió a su discurso de investidura del pasado 17 de enero y yo también me permito recordar ese día, porque entonces le dije que esperábamos de usted la visión de una Europa mejor, de una Europa de los años 2000. 
Me parece que dicha visión escasea bastante en la Agenda 2000. 
Ciertamente, la Comisión desempeña un papel difícil, pues se le pide que lleve a cabo ampliaciones y reformas, así como que llegue al 2000 manteniendo los mismos recursos establecidos en Edimburgo y que no pueden superar el techo del 1, 27 % del producto nacional bruto. 
No cabe duda de que incluir a países como Eslovenia que, en mi opinión, no merecerían esta inclusión, y excluir a otros, es una tarea difícil y problemática. 
El único mérito que tienen ustedes en esta Agenda que vamos a debatir, es proponer una Conferencia Intergubernamental antes de que finalice el año 2000. 
El Parlamento les va a apoyar en cuanto a esto, habida cuenta de que representa lo único serio que hay que pedir al Consejo actualmente. 
Señor Presidente, he escuchado esta mañana con gran interés al Presidente Santer y al Sr. Van Den Broek, que nos han dicho que querían ofrecernos un mapa de carreteras para el futuro. 
He de decir que la ruta que nos han descrito esta mañana está muy mal construída, tiene muchas curvas peligrosas, y no se ve con claridad cuál es su último destino. 
Necesitaremos un largo período de negociaciones para poder ampliar las reformas requeridas con nuestra actual composición de 15 Estados miembros, si queremos estar en condiciones de hacer frente al desafío de la ampliación. 
Las propuestas para la reforma de la política agrícola común y de los fondos estructurales son trascendentales y resultarán penosísimas para muchas regiones de la actual Unión Europea. 
Tenemos que preocuparnos por que en el proceso de ampliación no queden aisladas regiones que actualmente están en la Unión. 
Espero que las negociaciones se desarrollen con sumo cuidado, teniendo siempre muy en cuenta el delicado equilibrio que existe en la actualidad y que hay que mantener. 
Comprendo que tengamos que orientarnos hacia la ampliación. 
Comprendo también muy bien que esos países deseen ingresar en la Unión Europea, pero no podemos olvidar la desilusión que sintieron esta mañana los países que no fueron nombrados. 
Insto al Presidente de la Comisión y a los demás negociadores a que tengan muy en cuenta el importante desafío que se nos ha descrito, y les deseo toda clase de éxitos, pero espero que negocien con deliberación y sumo cuidado. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, señoras y señores diputados, acabamos de oír la presentación por parte de la Comisión de la llamada Agenda 2000, que pretende constituir, junto con las evaluaciones de cada solicitud de adhesión a la Unión, la respuesta a las peticiones formuladas por el Consejo Europeo de Madrid. 
No se puede evaluar este paquete de modo simplista, sino que es necesario analizar por separado los diversos elementos que contiene. 
Podemos apoyar sin reservas las propuestas que se realizan para garantizar la efectividad de una ampliación razonable de la Unión, estructurada en los plazos más breves posibles. 
Y yo, como español con memoria, como representante de un país que estuvo largo tiempo llamando a las puertas de la Comunidad, puedo comprender perfectamente las legítimas aspiraciones de todos y cada uno de los países candidatos. 
Sin embargo, señor Presidente, nos preocupa que, cuando se plantea un paquete de ampliación tan ambicioso y tan justificado desde un punto de vista político, no se establezcan previsiones financieras suficientes y equilibradas para su financiación. 
Cuando anteriores Comisiones presentaron los llamados «paquetes Delors I y II» , en paralelo a los ambiciosos objetivos que se trazaban, se dotaba a la Comunidad de los medios necesarios para afrontar el cumplimiento de sus legítimas ambiciones. 
En esta ocasión se aborda, como reconoce la Comisión en su comunicación, el proceso de ampliación más importante de la historia comunitaria desde cualquier perspectiva que se enfoque, sea geoestratégica, política, económica o social. 
Más de 105 millones de habitantes, más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, países que no alcanzan un tercio de la media de renta en PIB per cápita comunitaria y países cuyo empleo en la agricultura supone un 26 % frente a un 5 % de media en la Unión. 
Y este importante reto, simultáneamente con el mantenimiento de la política de cohesión económica y social y el lanzamiento de la nueva política de empleo diseñada en Amsterdam y la garantía de la continuidad de las restantes políticas comunitarias, se pretende afrontar sin incrementar en modo alguno el presupuesto comunitario y sin modificar su estructura de ingresos. 
Se nos quiere convencer de que todo se puede financiar sin incrementar el techo del presupuesto comunitario sobre el 1, 27 %, vigente en las actuales perspectivas, y, además, estableciendo unas perspectivas en las que los créditos de pago se reducen incluso respecto a los de 1999, bajando del 1, 25 % previsto en la tabla que se nos ofrece, al 1, 22 % previsto en el año 2006. 
Se hace la ampliación y se reducen los créditos de pago. 
Si este es el planteamiento, señor Presidente, es indudable que alguna de las políticas comunitarias, en el seno de la Unión a Quince, tiene necesariamente que verse recortada en términos relativos. 
¿Y cuál es esa política? 
Pues no es otra que la política de cohesión. 
Efectivamente, según la propuesta presentada, la preadhesión se financiará con 500 millones de ecus de la rúbrica 1 y 1.000 millones de ecus de la rúbrica 2, cantidades que se elevarán a 45.000 millones de ecus para la rúbrica 2 cuando se produzcan las primeras adhesiones a partir del año 2002 y hasta el año 2006. 
Por cierto, que en ningún punto de la comunicación se justifica cómo se ha calculado esta cifra mágica de los 45.000 millones de ecus para la ampliación. 
¿Por qué 45.000 y no 90.000 ó 35.000? 
Máxime cuando se habla de una ampliación escalonada y no simultánea en el tiempo. 
Además, se sigue estableciendo un techo del 0, 46 % del PIB comunitario al montante total destinado a la política regional, lo que supone congelar, en términos relativos, el crecimiento de esta rúbrica en los niveles de 1999. Ello tendrá consecuencias regresivas porque se fija un techo al crecimiento de los recursos disponibles para la política más relacionada con el objetivo de cohesión económica y social- ya que se incrementa el número de regiones y países candidatos que optan a un total de fondos a cuyo crecimiento se ha puesto freno -, y porque la mayor parte de la ayuda de la financiación de preadhesión se hace con cargo a la rúbrica 2 de las perspectivas financieras. 
Y se encubre esta regresividad con una pretendida apariencia de progresividad. 
En efecto, se nos anuncia que en el Objetivo nº 1 se reservan aproximadamente dos tercios de los recursos totales y se anuncia, eso sí, mayor concentración geográfica. 
No obstante, hay que recordar que, ya en las actuales perspectivas, el Objetivo 1 absorbe hoy dos tercios del total de los fondos y habría que precisar qué significa el término «aproximadamente» , porque en ningún caso el porcentaje del Objetivo 1 debería ser inferior al actual. 
También hay que pensar que las regiones más prósperas no van a contribuir adicionalmente al esfuerzo de ampliación por la congelación del presupuesto comunitario, por el lado de los ingresos, y por la previsión de reducir los créditos de pago del 1, 25 % al 1, 22 % a lo largo de las nuevas perspectivas financieras. 
Yo creo que la posición de la Comisión es contradictoria con el artículo 3 F del Tratado de la Unión que consagra el principio de suficiencia de medios y, además, con las posiciones políticas que este Parlamento mantuvo en su día en los informes Oostlander, de 30 de noviembre de 1994, Bourlanges-Martin, de 17 de mayo de 1995, y Christodoulou, de 12 de diciembre de 1996, todos los cuales apuntaban a que la ampliación no debía comprometer la solidaridad a Quince y que, en su caso, habría que incrementar los recursos comunitarios para su financiación. 
Será difícil explicar a muchos Parlamentos nacionales, sobre todo en los países de la cohesión, cómo se va a financiar este proceso de ampliación. 
Pero realizada esta crítica de carácter general, hay dentro de las propuestas de la Comisión que afectan a la política de cohesión económica y social elementos muy positivos por los que hay que felicitar a la Comisión, y muy especialmente a la Comisaria responsable, Sra. Wulf-Mathies, que ha estado siempre disponible para la Comisión de Política Regional de este Parlamento a lo largo de todo este proceso de reforma y a la que yo agradezco muy especialmente esta disponibilidad. 
Estos elementos positivos son el mantenimiento, en su formulación actual, del Fondo de Cohesión, que nos parece constituye un elemento que permite a los Estados miembros más desfavorecidos articular una política de desarrollo en todo su territorio nacional; la simplificación inteligente de los objetivos de los Fondos estructurales, que requerirá sin embargo criterios de elegibilidad de las zonas transparentes, sencillos y absolutamente objetivos, y la simplificación de los procedimientos de gestión ampliamente demandada por los agentes sociales y por las autoridades regionales. 
Termino agradeciendo a la Comisión el gran esfuerzo y trabajo que sin duda ha requerido la elaboración de esta propuesta y confiando en que este Parlamento sea capaz, en los próximos meses, de mejorar los aspectos que no compartimos en esta propuesta, porque el reto que afrontamos es de una importancia política sin precedentes y va a requerir la suma de los esfuerzos de todos. 
Señor Presidente, la carga de la financiación de la ampliación de la Unión hacia el Este debe repartirse entre los actuales Estados miembros de forma justa y equitativa. 
La propuesta de congelar efectivamente la cuantía del presupuesto de la Unión Europea al 1, 27 por ciento del PIB de la Unión Europea significa que habrá que cortar en términos reales la cuantía de los fondos estructurales disponibles para estimular el crecimiento económico en las regiones menos adelantadas de los 15 Estados miembros actuales. 
Esto sería un paso atrás que podría poner en peligro los resultados positivos que está consiguiendo en la actualidad el actual programa con ayuda a los cargos estructurales para algunas partes de la Unión, como por ejemplo Irlanda. 
Los fondos estructurales deben mantenerse en su actual cuantía para los quince Estados miembros hasta que se consiga el objetivo consistente en crear una igualdad de condiciones en toda la Unión. 
Ahora bien, es necesario examinar los criterios que han de cumplirse para poder recibir esa ayuda. 
En la actualidad, el límite arbitrario del 75 por ciento del PIB no tiene en cuenta factores importantes como, por ejemplo, el desempleo y el carácter periférico. 
Conviene servirse de los niveles de desempleo para determinar qué países pueden recibir ayuda con cargo a los fondos estructurales. 
No menos importante es que los gastos de transporte y de comunicaciones desempeñen un importante papel para determinar si una industria es o no es competitiva. 
Hay que tener en cuenta hasta cierto punto el carácter periférico para lograr que la industria siga creando puestos de trabajo en regiones periféricas una vez que se haya creado la zona de moneda única. 
La Unión tiene que seguir adoptando medidas estructurales para estimular un desarrollo equilibrado en toda la Unión y para evitar que las inversiones móviles comiencen a tener preferencias por el centro. 
Antes de proponer cambios para las regiones que pueden aspirar a las diferentes tasas de asistencia con cargo a los fondos estructurales, la Comisión debe iniciar una evaluación de los niveles de crecimiento económico dentro de la región. 
Seguramente sería un error que una región que sigue respondiendo al límite del 75 por ciento no pueda calificarse para la recepción de ayuda solamente porque la Comisión la ha agrupado con la zona vecina más próspera. 
Por ejemplo, el fuerte crecimiento económico de la región costera oriental de mi país no se refleja necesariamente en todas las partes del país, y la existencia de tasas desiguales de crecimiento dentro de un país y dentro de una región es cosa que debería tener en cuenta la Comisión. 
La agricultura es un sector de importancia capital para la economía irlandesa y la protección de los niveles de ingreso de las explotaciones agrícolas familiares de Irlanda reviste importancia fundamental para nuestras aspiraciones en materia de desarrollo rural. 
El sector agrícola necesita ser competitivo y tiene que cambiar para tener en cuenta circunstancias variables como la ampliación de la Unión Europea y las condiciones comerciales mundiales, pero es importante indemnizar adecuadamente a los agricultores por las reducciones de precios que tendrán que afrontar. 
Las propuestas de la Comisión acerca de los pagos directos a los agricultores constituyen un elemento esencial del grupo de medidas. 
Los agricultores han de tener garantías en materia de apoyo directo a sus ingresos a niveles adecuados de plazo mediano a largo plazo si han de estar en condiciones de poder planear de cara al futuro. 
El incremento de la producción sólo debe preverse en los sectores en que exista ya un mercado abierto para los productos, y a este respecto la agricultura tiene que prepararse para hacer frente a los desafíos de los mercados mundiales. 
El mejor método de preparar este sector consiste en instituir un sistema de apoyo estable y a largo plazo para nuestras explotaciones familiares agrícolas. 
Por último, apoyo firmemente el llamamiento de Sr. Pasty en favor de que contemos con un período de tiempo decente y justo para poder examinar estas propuestas importantísimas que nos ha presentado el Presidente Santer en nombre de la Comisión. 
Ocuparse a toda velocidad de estas cuestiones como si el diablo fuera a apoderarse de nosotros si no acabamos para mediodía no estaría en consonancia con la declaración que acaba de hacer el Presidente Santer. 
Sería una locura, y el Presidente Santer merece algo mejor que eso. 
Señor Presidente, creo que la propuesta de la Comisión en lo relativo a la ampliación es acertada, ya que es posible llevarla a cabo sin una transformación de las instituciones. 
Entre los países candidatos figuran Estonia y Polonia, los cuales reforzarán con su adhesión la dimensión nórdica de la Unión. 
Se debe llevar a cabo una amplia revisión de la reforma de las políticas agrícola y regional. 
Hay que mantener el objetivo número 6, de vital importancia para las regiones más septentrionales, y equiparar el nivel de sus ayudas al de las previstas para el objetivo número 1. 
Se debe condicionar la aprobación de recortes en los precios a la producción agrícola al pago de indemnizaciones equitativas y al hecho de que los precios a la producción sean en todo momento superiores a los costes de producción. 
Por lo que respecta a la financiación común en el marco de esta reforma de la política agrícola común, hay que prestar atención a las ayudas agrícolas específicas de carácter nacional que, atendiendo a las condiciones particulares derivadas de su situación geográfica, la Unión ha aceptado para Finlandia, pero que este país, contrariamente a los principios generales de la política agrícola común, se ve ahora obligado a financiar por sí solo. 
Preocupación, primero, por el tema de las lenguas, como he señalado antes. 
Un documento como éste, que anuncia una apertura tan amplia de Europa, no parece despertar en la Comisión el interés por informar a los diputados y a los ciudadanos de un modo equiparable. 
Hay algunos que son más equiparables que otros: los que hablan alemán, inglés o francés. 
Preocupación, segundo, por el hecho de que pocas semanas después de Amsterdam venga aquí la Comisión, su Presidente, y nos diga que tenemos que pensar en una nueva revisión de los Tratados para solucionar las cuestiones institucionales. 
Y pregunto: ¿qué confianza tendrían los ciudadanos de un país que vieran a su gobierno pedir la revisión de la constitución antes incluso de que se ratificase formalmente la última revisión hecha? 
Si esto ocurriese en un Estado miembro, ¡vaya problema político que se plantearía! 
Preocupación, tercero, por la gran inseguridad existente en relación con el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales. 
En cuarto lugar, abogo por una aproximación más abierta y amplia hacia Bulgaria y Rumania en lo que concierne a la ampliación. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, hoy comenzamos a marcar, a señalizar, lo que va a ser el camino que vamos a recorrer en los primeros años del próximo milenio. 
Un cambio importante para el futuro de la Unión. 
Es la primera discusión sobre un tema que absolutamente todos estábamos esperando, y confío en que tengamos muchas más oportunidades- como ya se ha dicho aquí- para debatir las condiciones, los pactos y las modificaciones de la ampliación y del paquete financiero; y ello, teniendo presente una premisa avalada por la propia Comisión en la última reunión de la Comisión de Política Regional: que el Sur no debe ni puede pagar la factura del Este. 
No podemos perder de vista determinados hechos que han resultado probados tras el análisis y estudio del último período de ampliación de los Fondos estructurales y de cohesión. 
Las diez regiones más ricas siguen manteniendo las mismas diferencias con respecto a las diez más pobres. 
Y en cuanto al paro- un tema vital para el futuro de la Unión -, los Fondos no han reducido el desempleo en Europa. 
Así, las 25 regiones más pobres han tenido más paro que las 25 más ricas. 
Finalmente, señor Presidente, creemos que es peligroso confiar, para la financiación de esta ampliación, en la agricultura; porque, como usted sabe y todos sabemos, ésta está sometida a muchísimos riesgos. 
Y acabo, finalmente, apoyando lo que se ha dicho sobre la necesidad de realizar una nueva Conferencia Intergubernamental donde se profundice sobre la reforma necesaria de las instituciones europeas. 
Señor Presidente, la Agenda 2000 realiza un sugestivo análisis de conjunto del que se deduce que es necesario incluir en los trabajos futuros a todas las fuerzas políticas de Europa, incluyendo también a aquellas que tienen una opinión muy diferente a la de la Comisión sobre un futuro sano y pacífico para Europa. 
Para que tenga éxito, se deberá tener el valor de marcar prioridades en todos los campos y apartarse del principio de una distribución indiscriminada. 
Es satisfactorio que se subraye la importancia del medio ambiente para el desarrollo rural y la política agrícola. 
Va a ser necesario eliminar los tabúes en todas las cuestiones y no practicar una política del avestruz. 
El Presidente Santer ha dicho que el euro debe introducirse el 1-1-1999, tal como está planeado. 
La pregunta que quizás se plantea es si el euro se puede introducir en esa fecha en contra de la voluntad de muchos ciudadanos si, al mismo tiempo, se quieren alcanzar los grandes objetivos de la Agenda 2000, sobre todo, la ampliación. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, de hecho me gustaría que sus servicios hubiesen tenido tiempo para escribir un libro más corto. 
Es difícil escribir poco y bien. 
De cualquier modo, en su discurso no he detectado ninguna indicación sobre lo que es o no es posible que siga siendo preferencia comunitaria, si es posible seguir con la unidad del mercado, si es posible seguir con la solidaridad financiera. 
Hace cuarenta años tal cosa tenía sentido, ¡hoy también lo tiene! 
Por otro lado, y en lo que se refiere a la política agrícola común, también me parece que la modulación sería sumamente importante si se vinculara a los handicaps naturales de los países, si se vinculara al empleo, si se vinculara al territorio. 
Esta era una medida que yo considero que tiene todo su sentido y que, naturalmente, todavía no sé- porque no he leído aún este documento inmenso- si es posible o no conservarla. 
De todos modos, en lo referente a los recursos de la Comunidad, me gustaría preguntar, en lo relativo al presupuesto que tantos dicen que es insuficiente para la ampliación, ¿cómo es posible que no se haya dicho ni una palabra sobre la forma institucional de combatir el fraude a nivel de territorio comunitario, un fraude que acumula miles de millones de ecus y que contribuiría en este momento a que tuviéramos más dinero para financiar la ampliación y financiar nuestra propia política económica interna? 
¿Cómo es posible que nuestros ayatolás presupuestarios, que intentan recortar en los gastos justos de actividades justas, se olviden siempre de que en este momento hay miles de millones de ecus que están siendo robados a la Comunidad por la vía del IVA, que además de significar un fraude a la Comunidad y a los intereses de los Estados miembros, también perjudica a la competencia real y a la competitividad leal, y a la posibilidad de que subsistan estas empresas? 
Señor Presidente, todos los porqués de los oradores que me han precedido tienen una explicación: la Comisión y todo lo que se encuentra alrededor y detrás de ella se afana por ocultar que se trata en esencia de la apertura de un espacio vital ala acción depredadora y rentable del gran capital comunitario y financiero. 
Esta ampliación tendrá un coste y la Comisión quiere encubrir el hecho de que tal coste lo pagarán los países pequeños y enfermos, los trabajadores. 
Por eso no hay ninguna referencia a los gastos del paro; en cambio, se hace una referencia clara a la reducción de los gastos de la Política Agraria Común, del Fondo de Cohesión; y de nuevo el coste lo pagarán los países que resulten afectados. 
Más adelante, señor Presidente, la Comisión presenta de tapadillo algunos temas, como el de la adhesión de Turquía, o comprueba y certifica la cautividad de Chipre diciendo que las negociaciones llevarán a la adhesión, olvidando que ésta dependerá de la voluntad de Denkás, de Turquía, de los americanos. 
Esta, señor Santer, no es la gran y vigorosa Europa a la que aspira esta Agenda; es la mísera Europa de los pueblos de Europa y la rentable Europa del gran capital. 
Señor Presidente, se han dicho ya muchas cosas. 
Querría señalar que la prensa se ha apresurado ya a decir que la Agenda 2000 será en los próximos 50 años lo mismo que fue la Conferencia de Yalta en los años precedentes. 
Como no hemos leído el texto, esperemos que así sea en lo que Yalta tuvo de positivo, y que no abra heridas como las que abrió Yalta. 
Porque el bloqueo de esta primera fase de la ampliación respecto a muchos países europeos implicará amarguras, dudas y tensiones, y esto no concuerda en absoluto con las obligaciones grandilocuentes del primer tiempo. 
El Presidente de la Comisión ha hablado de un nuevo plan Marshall. 
La diferenciación resultante sólo será aceptable si se refuerzan los programas en los países bloqueados, y especialmente en Rumania y Bulgaria, que se enfrentan con grandes problemas. 
Históricamente, el primer país en solicitar la adhesión fue Chipre. 
Chipre tiene vínculos fundamentales con la Unión Europea, que han sido mencionados también por el Presidente de la Comisión. 
Por otra parte, Chipre, y esto debe subrayarse, es el único país que cumple todos los criterios económicos requeridos. 
En este punto deben señalarse la buena fe y la disposición mostradas por el gobierno chipriota en las recientes conversaciones, al margen de la continua intransigencia de la parte turca, razón por la cual no puede convertirse a Chipre en rehén de esta situación, ni la solución puede erigirse en una condición para su admisión. 
Surgen interrogantes, señor Presidente, sobre la reestructuración institucional de la Unión en el futuro, que acaso sea necesaria pero no hasta el punto de debilitar su cohesión ni arriesgar la equivalencia de los socios. 
Como tampoco es posible olvidar el criterio del paro en la marcha hacia el año 2000, ni descargar sobre el Fondo de Cohesión el coste de la ampliación. 
Finalmente, señor Presidente, en lo que concierne a la Política Agrícola Común, querría subrayar que es sabido que desde hace mucho tiempo se pretende la destrucción de la economía agraria del Sur. 
Señor Presidente, es un fenómeno corriente olvidar los proyectos en que se ha fracasado a base de iniciar continuamente otros nuevos. 
La Unión Europea ha fracasado en casi todo: el desempleo, la política económica, la agrícola, la medioambiental y el control del fraude. 
¿No sería mejor que la Unión solucionase sus propios problemas antes de involucrar a otros en ellos? 
Este proyecto está mal preparado. 
No existen cálculos fiables de los costes ni de las repercusiones sociales. 
Por fin estamos reaccionando contra el hecho de que la Unión les dicte a los países solicitantes de adhesión la política interior a seguir y exija su sumisión al dogmatismo económico destructivo de la Unión, exactamente como si estos países no tuvieran en sí ningún valor que aportar, y en cambio hubiera que tratarlos como colonias, cuyos productos pueden comprarse y su población dominarse. 
Señor Presidente, no es un punto de partida afortunado en absoluto para un proyecto que éste se limite a imitar la Europa de 1930. 
Señor Presidente, en este siglo no se han tenido muchas oportunidades de trabajar por el futuro de Europa desde una situación de paz. 
La Comisión ha presentado una propuesta coherente en la que hay en juego mucho dinero. 
No obstante, no puede convertirse en un juego de Monopoly en el que se vayan desplazando subvenciones y se perturbe aún más la escasa cohesión entre el norte y el sur dentro de la Unión. 
Mucho dependerá de la fuerza de persuasión para realizar la política agrícola común. 
En este sentido, señor Presidente, no se pueden pasar por alto los acuerdos con los países del Mediterráneo, que en parte tienen una base agrícola. 
La Sra. Aelvoet ha citado un ejemplo de una cuestión que no funciona bien. 
España causa problemas en el Acuerdo de Asociación con Jordania por unas cuantas toneladas de tomates. 
Un mal presagio, también para los países de la Europa del Este. 
Avanzamos juntos hacia un mercado ampliado. En el camino tendremos que convencer al ciudadano de que Schengen, la OTAN y la Unión están relacionados entre sí y que poco a poco conducirán a un nuevo contexto político que se destaque por encima del mercado. 
La Agenda 2000 liquida definitivamente la segunda Guerra Mundial. 
Alemania se integra de forma definitiva y nosotros asumimos la responsabilidad y la carga conjuntamente. 
Un reto, pero también una ilustración de la fuerza interna de Europa. Una iniciativa que como diputados queremos defender ante nuestros electores. 
Una iniciativa, señor Presidente, que, pensándolo bien, se merece un mejor momento que esta horita del miércoles por la mañana. 
Señor Presidente, las condiciones de la Comisión para la ampliación de la Unión Europea se basan, en lo esencial, en poner en competición las economías y los pueblos. 
Este es particularmente el caso en el sector agrícola, en el que, por lo demás, la Comisión apenas demuestra imaginación, ya que sus propuestas se inspiran en gran parte en el modelo americano: se basan en la baja de los precios en la producción, parcialmente compensada con las ayudas directas a la renta. 
Estas propuestas se inscriben en el estricto esquema de las normas de la Organización Mundial del Comercio, que tiende a convertirse en un instrumento exclusivamente al servicio de Estados Unidos, como ya lo demostraron los veredictos sobre el plátano y la carne tratada con hormonas. 
Estas orientaciones, tomadas en nombre de la sacrosanta competitividad, acentúan la baja de los precios agrícolas y la disminución del número de agricultores. 
Corren el riesgo de traducirse en un descenso de los gastos agrícolas, perjudicial para nuestra agricultura. 
La posibilidad de modular las ayudas a la renta puede ser una pista interesante, a condición de traducirse en una nueva nivelación de las ayudas en beneficio de los pequeños y medianos productores y las producciones desfavorecidas. 
La crisis de las vacas locas debería hacer que se rompiera con la lógica actual ultraliberal y productivista, perjudicial para los intereses de los productores y los consumidores. 
Es preciso hacer que la PAC sea más equitativa garantizando una remuneración justa del trabajo agrícola, una redistribución de los recursos en favor de las regiones menos desarrolladas, la instauración de una preferencia comunitaria renovada, una modulación y un techo de las ayudas agrícolas, con el fin de luchar a la vez contra la intensificación excesiva y la desertificación, ambas perjudiciales para el medio ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera intervenir muy brevemente, sabiendo cuán cargado está hoy su orden del día, para agradecer a todos los oradores que han intervenido en este debate. 
Me doy muy bien cuenta de que la Comisión les ha puesto en cierta dificultad al distribuirles el mismo día un paquete de 1350 páginas, que apunta problemas muy importantes, y que proporciona los fundamentos mismos de la arquitectura europea del siglo XXI. 
Se presentó, es verdad, rápidamente, pero por otra parte, creo que hay que rendir homenaje a todos aquellos que han querido responder, en caliente, a la interpelación de la Comisión. 
Estoy convenido de que, bajo la Presidencia luxemburguesa, éste será uno de los puntos centrales que ocuparán a los distintos Consejos de Ministros. 
Tendrán la oportunidad, no me cabe duda, de discutirlos ampliamente con los comisarios responsables, a saber, la Sra. Wulf-Mathies para los fondos estructurales- mencionados en varias ocasiones, por lo demás, sin razón, en un contexto que no siempre corresponde al que nosotros mismos hemos fijado- y el Comisario Fischler, para la política agrícola común. 
Ambos esclarecerán sus preguntas respecto a los objetivos que persigue la Comisión Europea en el marco de su Agenda 2000. 
Esta Agenda 2000 está destinada a crear las condiciones necesarias en un mundo cambiante en el que Europa debe, claro está, cambiar también. 
Por supuesto, es preciso integrar la ampliación, pero también es necesario que nos adaptemos al entorno internacional y que podamos desempeñar nuestro papel en la escena internacional. 
Ahora, me dicen ustedes que hemos tratado de sacar la cuadratura del círculo. 
Sí, en cierta medida, porque hemos tomado en cuenta la ampliación, así como las repercusiones de la ampliación en un determinado número de políticas, especialmente en los fondos estructurales y en la política agrícola común, pero también en otras. 
Por ende, hemos desarrollado un nuevo marco financiero para el conjunto de las políticas internas, a las que hemos centrado de nuevo para responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos y hacer frente a los desafíos de la Europa del siglo XXI. 
Este documento de la Comisión es todo un conjunto. 
En todo caso, hemos asumido nuestras responsabilidades a este respecto, y precisamente por eso la Comisión ha demostrado que actúa en tanto que Comisión política, como institución política comunitaria. 
Diría al Sr. Vanhecke que la Comisión no es ese areópago de tecnócratos apáticos, como se dice a veces, que no está integrada por altos funcionarios. 
Antes al contrario, yo mismo, fui elegido en junio de 1994 en este Parlamento Europeo. 
Yo mismo, fui elegido Primer ministro en mi país. 
Puedo jactarme, como otros, de la soberanía nacional y europea. 
Nosotros, pues, desempeñamos nuestro papel, con mis compañeros de la Comisión, en tanto que institución política, en esta Unión política europea, y en ese marco, hemos asumido nuestras propias responsabilidades. 
No obstante, quisiera atacar de falsedad dos observaciones generales hechas en varias ocasiones. 
En primer lugar, en lo que se refiere a los costes señalados, afirmo que estos costes no serán financiados por la política agrícola común. 
Tampoco por los fondos estructurales. 
Gracias a las reformas emprendidas en el marco financiero hemos centrado, reagrupado, reorganizado los fondos estructurales para hacerles más eficaces. 
Si analizan los montantes, verán que a través de los fondos estructurales, los Estados miembros perciben, en todo el período, un 15 % más en asignaciones que lo que perciben actualmente. 
Decirme, entonces, que la ampliación se financia mediante la reducción de los fondos estructurales, es sencillamente erróneo y falso. 
No corresponde a la verdad. 
No corresponde con los montantes que figuran en los documentos y que les pido que analicen. 
A continuación, quisiera atacar de falsedad también otro proceso de intensión que se hecho a la Comisión. 
Algunos han hablado de Yalta, del establecimiento de una nueva línea de demarcación en Europa. 
¡Es falso! 
La Comisión ha dicho, y el Sr. Van den Broeck y yo mismo lo hemos entendido muy bien, que se ha puesto en marcha todo un proceso de negociaciones y que todos los Estados candidatos, sin excepción alguna, están llamados a convertirse en miembros de pleno derecho de la Unión Europea. 
Para ello, hemos previsto igualmente un determinado número de estructuras destinadas a establecer una verdadera asociación con vistas a la adhesión. 
Es así como lo habíamos presentado. 
Por esta razón, también instituimos esta conferencia europea, donde se reagrupen todos los países que tengan la vocación de convertirse en miembros de la Unión Europea. 
Este es el único espíritu, tomando como base criterios objetivos, y los análisis realizados por nuestros servicios en colaboración con expertos internacionales, como lo dijo el Sr. Van Den Broeck- nosotros no participamos en ellos por razones políticas- con el que anunciamos cuáles son los países candidatos que pueden iniciar en este momento las negociaciones que culiminarán a medio plazo. 
Lo que se estableció con ello fue una prospectiva. 
En lo que concierne a los derechos humanos, no puede hacerse una división entre los distintos Estados miembros, dado que los derechos humanos son indivisibles, y hemos tomado una actitud muy firme a este respecto, que corresponde, por lo demás a un determinado número de preocupaciones de su Parlamento. 
En cambio, en materia de economía y en lo que se refiere al cumplimiento de los criterios económicos, sin dejar de tener en cuenta la evolución futura de los distintos países candidatos, según los resultados de nuestros propios análisis, llegamos a la conclusión de que es posible comenzar desde ahora, cuando ningún candidato cumple con todos los criterios económicos, a entablar negociaciones con algunos de ellos. 
Claro está, es el Consejo Europeo el que tiene la última palabra, pero hemos asumido nuestras propias responsabilidades en el marco de la evolución del entorno internacional que nos preocupa. 
Estoy de acuerdo con aquellos que afirmaron, como lo hago yo, que la ampliación es una oportunidad única en su género. 
Tenemos, por primera vez desde hace más de quinientos años, la oportunidad histórica de reconciliar nuestro continente consigo mismo, y hacerlo en un marco de paz y libertad. 
Esta oportunidad, debemos aprovecharla. 
Esta ampliación debe, por tanto, tener éxito. 
Esta es mi única ambición, la ambición de esta Comisión que tengo el honor de presidir. 
Dejemos, pues, a un lado todos los problemas politiqueros, todas las estrategias y las estratagemas, que denotan a veces en los recintos políticos, hay que decirlo, una cierta hipocresía, porque lo que importa es que logremos la ampliación. 
Este es el sentimiento y el deber de esta Comisión. 
Este es el espíritu en el que presentamos la Agenda 2000. 
Señor Presidente, ha hecho una pregunta muy sencilla. 
He preguntado si Letonia puede entrar en la primera ronda si en dos años cumple todos los criterios. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Van den Broeck contestó con toda claridad a esta pregunta en su intervención. 
Si lo escucharon, dijo con toda claridad que este proceso se inicia en la medida en que el Consejo Europeo, al que presentamos anualmente un informe, considera que un país reúne un determinado número de criterios. 
A partir de ese momento, podemos recomendar al Consejo Europeo que inicie las negociaciones con el país interesado, en la medida, pues, en que reúne los criterios, tomando también como base nuestros propios análisis 
Creo que esto responde de manera afirmativa a su pregunta. 
Financiación de la PESC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0249/97) del Sr. Samland, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las disposiciones sobre la financiación de la política exterior y de seguridad común. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, este documento sobre el que hoy debatimos ha sido saludado como un éxito por este Pleno. 
En el segundo período parcial de sesiones de junio en el que se debatió sobre los resultados de Amsterdam, el Parlamento saludó con una aplastante mayoría como un éxito y progreso la resolución del Consejo Europeo sobre el acuerdo interinstitucional relativo a los aspectos presupuestarios de la PESC. 
Con esta resolución hemos mostrado claramente la dirección en que queremos marchar. 
No les voy a exponer ahora como ponente los detalles de estas normas pero quiero llamar la atención sobre dos puntos. 
Primero: el acuerdo interinstitucional se elaboró para retirar el segundo pilar de aquellos gastos que se querían hacer gastos obligatorios en la Conferencia Intergubernamental y dejarlos en los gastos no obligatorios. 
Este es un éxito negociador de todos aquellos que han asegurado y protegido los derechos del Parlamento Europeo y aquí incluyo expresamente a su Presidente y también a la antigua Presidencia neerlandesa del Consejo. 
Se ha logrado también un segundo aspecto. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Sr. Spencer, me ha autorizado expresamente a decirlo en su nombre. 
Se ha logrado de hecho una comunicación institucionalizada sobre el segundo pilar, una comunicación institucionalizada entre nuestros políticos de exteriores y la actividad del Consejo en este segundo pilar, lo que hasta ahora no estaba acordado ni prescrito. 
Creo que el acuerdo que hoy se nos ha presentado representa un progreso por lo que ruego a la Asamblea que dé su voto afirmativo. 
Señor Presidente, me parece que finalmente deberíamos firmar este acuerdo, pero no debemos hacernos ninguna ilusión: no se trata de una victoria para el Parlamento, pues hemos estado sometidos a una presión intensísima. 
Si el Parlamento no hubiera dado su acuerdo, el Consejo hubiera hecho de esta cuestión una partida de gastos obligatorios, en vez de no obligatorios. 
Hemos evitado lo peor, y creo que nos podemos congratular de ello. 
Al mismo tiempo, es totalmente cierto que todo depende ahora de la forma en que dos instituciones- el Consejo y la Comisión- pongan esto en práctica: el Consejo mediante la aplicación del acuerdo con buena fe y mediante la transmisión de la información necesaria, y la Comisión cooperando realmente con el Parlamento para que haya transparencia y control democrático. 
En las actuales circunstancias no hay otro remedio, pero en el futuro tenemos que esforzarnos para evitar que haya incidentes en los cuales el Consejo, cínicamente, procure arrebatarnos poderes que hemos ejercido útilmente en el pasado. 
Señor Presidente, mi grupo político se ha pronunciado expresamente en favor de que los gastos en el campo de la política exterior y de seguridad sigan siendo no obligatorios y de que no se limiten los derechos del Parlamento en el Presupuesto. 
Por ello, no podemos hacer otra cosa que dar nuestro voto afirmativo a este compromiso que está sobre la mesa, pues queremos evitar lo peor. 
En cualquier caso, veo un problema y estaría muy agradecido si la Comisión pudiese dar una respuesta aunque no sea hoy. 
Siempre hemos constatado que en el marco de la política exterior y de seguridad el punto débil determinante no es el presupuesto sino la cuestión de a quién hacemos responsable y cómo podemos controlar el lado del Haber. 
Siempre hemos dicho que en el artículo J.11 existe una laguna en el procedimiento. 
Creo que mediante este acuerdo interinstitucional no se va cerrar esta laguna. 
Estaría muy agradecido si la Comisión presentase un dictamen de nuevo a la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, nuestro Grupo votará este Acuerdo Interinstitucional por su sentido de la responsabilidad, aunque no le convenza del todo. 
No creemos, en efecto, que deban votarse tan rápida y únicamente estas dos páginas de todo el Tratado de Amsterdam, mientras que el resto del Tratado es tan confuso que los propios miembros del Consejo Europeo aún deben firmarlo, cosa que harán en octubre. 
Somos conscientes, no obstante, de que esto representa un mal menor para el Parlamento, ya que ha logrado, al menos por lo que atañe a las grandes líneas, mantener la clasificación de los gastos de la Política Exterior y de Seguridad Común como gastos no obligatorios. 
No queremos, sin embargo, que la votación de este Acuerdo nos haga olvidar que hemos perdido el gran reto planteado al Consejo, esto es, la nueva clasificación de todos los gastos presupuestarios, que para nosotros sigue siendo una cuestión prioritaria en el análisis del Tratado de Amsterdam que llevaremos a cabo en noviembre. 
Señor Presidente, al iniciar este debate y en virtud del artículo 128 del Reglamento, transmití a la Presidencia una pregunta previa por causa de inadmisibilidad. 
No me concedió usted la palabra, a pesar de la consideración que le tengo, lamento que no haya aplicado el Reglamento: la propuesta de inadmisibilidad es de derecho y usted habría tenido que darme la palabra. 
En cuanto al fondo, nuestro Grupo no es favorable al acuerdo interinstitucional. 
No lo votaremos. 
Se trata de un compromiso adoptado por los Estados miembros en Amsterdam, cuando varios de ellos se habían opuesto, con toda razón, a que los gastos de la política exterior y de seguridad común sean gastos no obligatorios. 
Al aprobarlo, por lo demás, el Parlamento dobla la cerviz en lo que toca a sus demandas. 
En todos los lugares del mundo, la política exterior no concierne a asambleas deliberantes sino al ejecutivo. 
No puede asociarse al Parlamento, en tanto que brazo de la autoridad presupuestaria, a la política exterior. 
Además, se trata- le agradezco, señor Presidente, presidir y hacer reinar el silencio en esta Asamblea- se trata además, decía, de una parte de los acuerdos de Amsterdam: ¡este acuerdo todavía no ha sido ratificado! 
¡Qué desdén por la democracia! 
Aprobamos un texto, en medio de la algarabía que constatamos actualmente, un texto que se suma, sin duda alguna al Derecho comunitario, un texto que se aprobó en menos de 48 horas, precipitadamente, rechazando prácticamente todo debate. 
Los dos Grupos principales de esta Asamblea se niegan a pronunciarse sobre este texto cuando cada uno tenía dos minutos para hacerlo. 
Todo ello es revelador de que, desde Maastricht, nada ha cambiado. 
El famoso déficit democrático de la Unión Europea, denunciado con toda razón en todos los países de Europa, no está cerca de reabsorberse. 
¡Usted rechaza la mínima contestación, rechaza el mínimo debate real, niega la palabra a los parlamentos de los Estados miembros y a los ciudadanos de los países de Europa! 
Señor Presidente, el Grupo Unión por Europa va votar en favor de la propuesta del Sr. Samland. 
En efecto, a pesar de que, efectivamente, tuvimos pocos debates en comisión, no hay que dar a este informe más importancia de la que tiene. 
Permite a nuestra Asamblea dar su opinión, en las próximas semanas, sobre todo lo que toca a la política de seguridad común y, por lo tanto, lo que ha hecho el Presidente Samland en su calidad de ponente ha sido ajustar el Reglamento de nuestra Asamblea con este texto, que es un texto importante. 
Creo que no hay que dar a los hechos materiales más importancia de la que tienen y llegar al fondo. 
Respecto al fondo, este informe es un informe justo, y es por ello que el Grupo Unión por Europa lo votará. 
El debate queda cerrado. 
Se procederá a la votación inmediatamente. 
Votaciones 
Como consecuencia de la elección de la Sra. Nicole Péry a la Asamblea nacional francesa y, por ende, de su dimisión ante el Parlamento Europeo, vamos a proceder a la elección de un nuevo vicepresidente. 
He recibido una sola candidatura, la del Sr. Jean-Pierre Cot. 
Señor Cot, van a aplaudirle dos veces, ya que voy a dirigirme a la Asamblea para consultarla formalmente y saber si acepta elegirle por aclamación puesto que sólo recibí su candidatura. 
(La Asamblea elige al Sr. Cot por aclamación) Enhorabuena, señor Cot. 
Señora Presidenta, le agradezco que me de la palabra, de conformidad con el artículo 129, para una solicitud de devolución a comisión. 
Aprovecho la ocasión para felicitar al Sr. Cot por su brillante elección. 
Son tres las razones que motivan mi solicitud de devolución a comisión, señora Presidenta. 
En primer lugar, porque el debate en la Comisión de Presupuestos se hizo de prisa y corriendo. 
No fue posible presentar enmiendas a la propuesta de resolución, cuando ésta es evidentemente distinta al propio acuerdo institucional. 
En segundo lugar, no se consultó a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Ahora bien, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa es manifiestamente competente, en virtud del anexo VI, I-1 del Reglamento, para las cuestiones relativas a la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 
En tercer lugar, y este es el más grave, señora Presidenta, no se consultó a la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Habría dado su opinión durante su reunión de los días 1 y 2 de julio, cuando este punto ni siquiera figuraba en el orden del día. 
No se distribuyó ningún texto de acuerdo durante esa reunión y no tuvo lugar ninguna votación sobre ninguna opinión. 
Pongo de testigos a los miembros de esta Comisión. 
Estas son las razones por las que pido la devolución a comisión. 
Ninguno de sus tres argumentos son correctos. 
En primer lugar, la Comisión de Presupuestos ha debatido ayer por la tarde en una reunión especial durante dos horas sobre el contenido de la resolución. 
El Sr. Fabre-Aubrespy ha participado en él, por lo que es una desvergüenza despertar aquí la impresión de que no se ha celebrado ningún debate. 
En segundo lugar, la imputación de que la Comisión de Asuntos Exteriores es competente para el fondo no es correcta. 
Se ha encargado a la Comisión de Presupuestos que emita su opinión sobre este informe, lo que se ha comunicado al Pleno mediante decisión del Presidente. 
Señor Fabre-Aubrespy, en tercer lugar, mediante un escrito fechado el 4-7-1997 y firmado por su presidente, la Comisión de Asuntos Institucionales ha comunicado al presidente de la Comisión de Presupuestos que la Comisión de Asuntos Institucionales aprueba este acuerdo. 
Por todo ello, sus tres argumentos carecen de base y ruego que se vote ahora. 
Señora Presidenta, quisiera apoyar la solicitud del Sr. Fabre-Aubrespy destinada a devolver este acuerdo interinstitucional a comisión. 
La apoyo por todos los motivos que ha expuesto y también por una razón sobre la que, en mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, quisiera insistir particularmente: yo no recuerdo que haya habido una votación sobre la opinión relativa a este acuerdo interinstitucional y nunca vi la carta que escribió el presidente. 
Por lo demás, me pregunto en qué momento se distribuyó a la Comisión de Asuntos Institucionales el documento que se supone hemos votado, porque si se habla del Tratado de Amsterdam, quisiera destacar que el acuerdo institucional que se encuentra en el proyecto de Tratado de Amsterdam es distinto al que se nos pide que votemos hoy. 
Por ejemplo, desde la segunda línea se citan artículos distintos, el artículo J 17 o el artículo J 18. 
Señor Berthu, para refrescarle la memoria, le invito a venir, después de nuestra sesión, a leer la carta del Sr. de Giovanni fechada el pasado 3 de julio. 
(La Asamblea rechaza la devolución a comisión) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicito al Sr. Rothley y a todos aquellos que han contribuido para obtener este resultado. 
Señora Presidenta, el acuerdo interinstitucional sobre la financiación de la política exterior y de seguridad común, que acaba de ser aprobado precipitadamente por nuestra Asamblea, nos parece totalmente irregular tanto en lo que concierne al procedimiento parlamentario que se ha seguido como en cuanto al fondo. 
En primer lugar, respecto al procedimiento: se fija en una sola mañana, a la vez la inscripción en el orden del día, un debate de prisa y corriendo y la propia votación, sin ninguna posibilidad de proponer enmiendas, ni siquiera sobre la propuesta de resolución legislativa. 
Si este Parlamento tuviera un poco de dignidad, esta desenvoltura habría bastado para hacer rechazar este texto. 
En lo que concierne al fondo, este acuerdo está destinado a hacer que los gastos operativos de la PESC, salvo excepción, se incluyan en los gastos comunitarios no obligatorios, es decir, la parte del presupuesto sobre la que el Parlamento Europeo tiene la última palabra. 
Es completamente incoherente, visto que la PESC es siempre de naturaleza intergubernamental, tal como lo confirmó el Consejo de Amsterdam, al dejarle un estatuto de segundo pilar del Tratado de la Unión. 
De todas maneras, la modificación propuesta, en la medida en que anticipa una ratificación que no es un hecho, equivale a una revisión del Tratado, lo que, evidentemente, no es posible a nivel de un acuerdo interinstitucional. 
Todo ello es tan improvisado que el acuerdo votado se refiere a un artículo J 18 del Tratado, que por ahora no existe, puesto que no ha sido ratificado. 
Además, el texto provisional se encuentra se está debatiendo todavía entre los representantes permanentes. 
Tan es verdad que el artículo J 18, que acabo de mencionar, se llamaba J 17 en el único texto del Tratado en nuestra posesión, el que salió del Consejo de Amsterdam. 
Todas estas irregularidades tienden a forzar la mano a los Estados miembros para que avalen el texto provisional de Amsterdam, que es incoherente por haberse aprobado en medio de la confusión, ¡si es que se le hubiese aprobado! 
Señora Presidenta, quisiera, aunque sólo sea para que figure en el Acta, que se mencionen un determinado número de irregularidades. 
No hablaré del fondo. 
Mi compañero, Georges Berthu, ya lo hizo excelentemente hace un momento. 
El procedimiento retenido al principio era el procedimiento simplificado. 
No se observaron los plazos para ello. 
Luego se cambió, se quiso hacer un debate, pero nadie ha dado la verdadera razón. 
Se temía, con toda razón, que veintinueve diputados, encabezados quizás por nosotros, se opusieran al procedimiento expeditivo de la votación sin debate. 
Luego, se decidió una votación con debate. 
Se previeron 15 minutos y un plazo de dos minutos por cada grupo político, sin darse cuenta de que no era suficiente. 
Los grupos políticos más importantes de la Asamblea se niegan a hablar. 
Yo presento una propuesta de inadmisibilidad, una cuestión previa, que llegan sobre la Mesa de la sesión cinco minutos antes del inicio. 
Se me niega tomar el uso de la palabra. 
Señora Presidenta, existía la posibilidad de enmienda. 
Por error, el Presidente decidió lo contrario. 
Por lo demás, mire el proyecto de informe, menciona un plazo de presentación de enmiendas. 
Estas son las irregularidades. 
Todo ello demuestra que no se hacen las cosas con seriedad, sobre todo cuando son importantes. 
Quería que quedara bien patente. 
Nuestras instituciones, que tanto gustan de dar lecciones Urbi e Orbi en materia de respeto del derecho, harían bien en empezar por aplicarse a ellas mismas el rigor que reclaman a los demás. 
Ahora bien, las condiciones en las que acaba de tener lugar la financiación de la PESC demuestran, una vez más, el poco caso que la mayoría de este Parlamento hace al cumplimiento de las normas de derecho. 
Cuando se invocaron éstas últimas, tal como acaban de hacerlo sobre todo mis compañeros Fabre-Aubrespy y Berthu, la respuesta invariable de la Presidencia es la siguiente: » Están jurídicamente equivocados, puesto que son políticamente minoritarios... » 
¿Qué temen, pues, los estrategas de esta demostración de fuerza para precipitar e improvisar así, con una prisa sospechosa, el examen en el Pleno de un texto que ni siquiera ha sido presentado a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa? 
No dejó de observarse con sorpresa el mutismo absoluto de esta última, cuando incluso habría podido reivindicar legítimamente la competencia en el fondo, puesto que el acuerdo institucional se refiere no solamente a los aspectos financieros, sino al conjunto de la aplicación de la PESC. 
Asimismo, se observó que el informe Samland invocaba una opinión favorable de la Comisión de Asuntos Institucionales, cuando ese punto nunca figuró en su orden del día. 
Análogamente, se observó el debate precipitado, de prisa y corriendo, organizado con gran desenvoltura por la Comisión de Presupuestos, ayer por la tarde. 
Por último, se observó el sorprendente rechazo de los dos grupos dominantes en el seno de esta Asamblea a expresarse, esta mañana, sobre el informe Samland. 
¿Por qué tanta prisa? 
¿Por qué tantas anomalías? 
¿Se temían algunos arepentimientos de último momento por parte de algunos negociadores, que de repente se hubieran vuelto más conscientes de lo que está en juego, cuando todavía se encuentran negociando un determinado número de artículos esenciales (entre los que se encuentra éste en el que se basa el acuerdo institucional sometido a nuestro examen) de un tratado reputado por tanto de haber sido aprobado en la Cumbre de Amsterdam? 
Este acuerdo institucional presenta, lo recuerdo, como sus antecesores, todos los caracteres de un «monstruo jurídico». 
No solamente no se explicitan las condiciones en las que han de concluirse estos acuerdos, sino que además estos acuerdos, que no son objeto de ratificación por parte de los Parlamentos nacionales, interpretan, no obstante, los tratados sometidos, éstos sí, a ratificación. 
¡Curiosos objetos jurídicos estos acuerdos interinstitucionales, mediante los cuales las instituciones europeas se conceden a sí mismas una capacidad de interpretación de los tratados! 
Además, en este caso, nuestro Parlamento acaba de pronunciarse respecto a un acuerdo desprovisto del fundamento jurídico que invoca, puesto que la negociación del artículo J 18 sigue sin concluirse hasta la fecha... ¡y, evidentemente, no ha sido, por tanto, ratificado! 
Por último, a propósito del fondo, habría mucho que decir sobre el proceso de desnaturalización de una política intergubernamental cuyo carácter intergubernamental acaba de ser solemnemente confirmado en la Cumbre de Amsterdam por la comunitarización de su financiación. 
Se trata de una verdadera transferencia de competencias de hecho, puesto que la clasificación en gastos no obligatorios de la financiación de la PESC da la última palabra al Parlamento Europeo y, por tanto, retira a los ejecutivos, en la práctica, el dominio real de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
En esta manera de proceder, no hay ni democracia, ni transparencia, ni realismo, puesto que no se ha visto nunca en ningún lugar asambleas deliberantes dirigir con eficacia políticas exteriores... 
El Parlamento Europeo sólo ha podido conservar su derecho de enmienda en relación con los gastos de política exterior prometiendo que a partir de ahora será bueno y dócil. 
Este es el tenor del acuerdo interinstitucional. Una ilustración de la situación decimonónica en que se encuentra la democracia europea. 
Con el cuchillo al cuello, el Presidente del Parlamento Europeo se ha doblegado ante los gobiernos de los Estados miembros. Algunos de ellos consideraban que el Parlamento Europeo causaba molestias en relación con el presupuesto de la PESC, y en el Tratado de Amsterdam querían cortar por lo sano en lo que es nuestra única posibilidad de control democrático de la PESC. 
La humillante prosternación que hace el Parlamento Europeo para conservar su derecho de enmienda tendría por lo menos que haberse mencionado en la explicación del informe Samland, que esta semana se ha tratado apresuradamente en la Comisión de Presupuestos y en el pleno. 
Pero no, esta explicación muy concisa del acuerdo interinstitucional disimula las concesiones que ha tenido que hacer el Parlamento: no podemos reducir los gastos en política exterior si no es con la conformidad del Consejo; no podemos poner importes en reserva. 
¿Qué significa entonces nuestro derecho presupuestario? 
En un intento por salvar una pizca de control democrático, el Presidente de este Parlamento ha olvidado que tenemos que demostrar también algo así como un sentimiento de dignidad. 
El respeto del Consejo por los procedimientos democráticos normales no nos vendrá regalado, tendremos que luchar por ello. 
Simplemente no deberíamos haber aceptado este chantaje de los negociadores del Tratado, para luego expresar nuestra indignación al discutir el Tratado de Amsterdam. 
Por último: queda por ver si el Consejo cumplirá el deber de informar que también se establece en este acuerdo institucional. 
En caso de no ser así, espero que el Parlamento Europeo tendrá el valor que hoy no ha demostrado, el valor de anular este acuerdo y ejercer plenamente su derecho presupuestario. 
Informe Rothley (A4-0222/97) 
Señora Presidenta, como ninguno de los puntos importantes del informe Rothley para la agricultura ha obtenido una mayoría, quiero indicar para que conste en Acta que quería abstenerme en la votación final sobre el informe, incluso en la votación modificada. 
Lamentablemente, he pulsado por error otra tecla. 
Señora Presidenta, quisiera felicitarme por la votación que acaba de tener lugar dando una sustancial mayoría en favor del informe presentado por el Sr. Rothley. 
Creo que, al hacerlo, iniciamos de una manera útil el diálogo necesario con el Consejo. 
Me felicito de la calidad de los debates que tuvieron lugar en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos así como de la votación que ha permitido obtener esta mayoría. 
Lamento, en nombre de mi Grupo que en el artículo 9, y a propósito de la noción de orden público y buena conducta, haya sido aprobado por mayoría un párrafo que me parece claramente contrario a la legislación o a la práctica de un determinado número de nuestros Estados miembros: pienso que el Consejo lo pondrá inevitablemente de manifiesto en el marco del procedimiento que seguirá sin duda alguna. 
Quisiera destacar aquí con fuerza el importante gesto del Comisario Monti que afirmaba que la Comisión retomaba como suyas el conjunto de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, es decir lo esencial de lo que nosotros votamos, y ello me parece muy importante para el curso del procedimiento. 
Quisiera dirigirme al Consejo de Ministros para pedirle que se inspire en esta sabiduría. 
Nos viene a la memoria, señora Presidenta, la manera poco afortunada en la que el Consejo, mediante fórmulas ambiguas, había sin duda alguna complicado la discusión de la primera versión de este proyecto. 
Creo que sería una buena idea tomar una posición clara, con vistas a poder llegar conjuntamente a un texto que a todos nos parece necesario y que, para ser aprobado en esta Asamblea, debe serlo de una manera suficientemente límpida y desprovista de estas fatales ambigüedades. 
Señora Presidenta, hicimos bien en rechazar, en 1995, la directiva que se nos propuso entonces. 
El texto que hoy nos ocupa es, en efecto, mucho más protector en lo que toca al punto absolutamente esencial que concierne a la vida del ser humano, la dignidad del ser humano, y ello desde el comienzo de su vida. 
Sin embargo, se impone la vigilancia. 
Se trata de una etapa, en modo alguno de una conclusión. 
En efecto, el hombre es totalmente incapaz de crear la vida. 
Procrea o manipula esta vida, para bien o para mal. 
Me parece- y los términos mismos del informe lo señalan- que es preciso tener una reflexión más honda. 
La vida no es un material, la vida tampoco es una propiedad de la materia. 
Y creo que todos tenemos interés, para mostrarnos fieles a la gran tradición filosófica de Europa, que remonta a la Grecia antigua y se ha visto enriquecida con influencias judeocristianas, y encarar realmente los desafíos que plantea el progreso de la ciencia en este ámbito de la genética, tenemos interés, decía, en ahondar la reflexión. 
Lo que necesitamos no es un mero comité de ética, en la cumbre de la vida de nuestras sociedades, por así decirlo. 
De lo que tenemos todavía mayor necesidad es de introducir, a mi juicio, en el curso de formación de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes- nuestros futuros investigadores dentro de algunos años, nuestros futuros médicos, nuestros futuros responsables políticos- en este nivel, una reflexión de calidad en este ámbito de la vida y de la manipulación genética. 
Personalmente, deseo que, de conformidad una vez más con la grandeza humanista de Europa, en todas sus tradiciones, podamos encontrar la sabiduría que consiste en reconocer que la única manera de dirigir correctamente a la naturaleza es obedeciéndola, o, dicho de otra manera, que hay una nueva alianza entre la sabiduría creadora y la inteligencia humana. 
Señora Presidenta, diré sencillamente que hoy he votado en contra del documento de la Comisión, que había procurado modificar todo lo posible para que me resultase aceptable. 
Me desagrada el resultado de esta cuestión. 
Me parece que el Parlamento ha dejado que le intimiden las grandes compañías farmacéuticas y la Comisión, y que no hemos tenido más remedio que dar un paso atrás. 
Hoy hemos dado a las grandes compañías la licencia efectiva de acuñar moneda. 
Incluso con las modificaciones introducidas- no se olviden de que el Parlamento ha tenido que desestimar hasta una tercera parte del texto original para conseguir su aceptación- estimo que hemos dado un importante paso atrás, y sospecho que en fases ulteriores del proceso legislativo no conseguiremos nada y nos avergonzaremos de haber votado a favor de este documento de la Comisión. 
Señora Presidenta, a pesar de las graves objeciones que comparto con las colegas Schierhuber y Seillier, he votado a favor del informe Rothley pues en él se contienen enmiendas esenciales para proteger la vida humana y, ante todo, los embriones humanos. 
Cito en especial las enmiendas nº 55 ba y 55 bb. 
No obstante, quiero advertir con toda claridad al Consejo que no excluya estos elementos centrales del compromiso, pues muchos de nosotros no podríamos votar entonces a favor de esta directiva, pues están en juego realmente cosas importantes. 
Por lo demás, podemos estar satisfechos de haber rechazado hace más de un año este miserable proyecto y de no habernos dejado impresionar por la amenaza «si lo rechazáis, obtendréis menos derechos». 
Hoy tenemos más derechos que nunca. 
En aquella ocasión se intentó ejercer presión con el argumento «si lo rechazáis, no habrá con tanta rapidez un nuevo proyecto». 
Hoy lo tenemos. 
Le insto para que no excluya de este compromiso la vida humana. 
Tras una minuciosa reflexión, hemos decidido votar contra la Directiva bajo la condición de que ciertas propuestas importantes no reciban un apoyo mayoritario. 
Pensamos que es precisa una redacción más clara que se reafirme en que no se permiten bajo ninguna circunstancia las patentes de genes humanos. 
Nosotros nos oponemos también a los procesos que incluyen la utilización de embriones humanos. 
Alianza Nacional está a favor de la Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Consideramos, en efecto, que es necesario e improrrogable dar a conocer las patentes de las invenciones biotecnológicas, a fin de que la opinión pública pueda comprobar y controlar el constante desarrollo de la biotecnología. 
Estimamos que la protección mediante patente de las invenciones no sólo no representa un freno para la investigación, sino que permite asimismo que se conozcan los resultados y evita el monopolio en el ámbito científico. 
Recalcamos que la propuesta de directiva tiene como objetivo eliminar la actual inseguridad jurídica y evitar la amenaza de una fragmentación debida a la posibilidad de que los tribunales nacionales resuelvan de modo diferente sobre cuestiones de importancia fundamental en base a normativas nacionales diferentes. 
El Convenio sobre patentes europeas de 1973 de hecho no puede eliminar la inseguridad jurídica en los ordenamientos nacionales de patentes y no contiene ninguna cláusula que obligue jurídicamente a los Estados miembros a armonizar las disposiciones del Derecho de patentes nacional. 
Con esta Directiva se armonizarán el Convenio y el Derecho de patentes en el ámbito de la biotecnología de 15 de los 18 Estados signatarios. 
Estamos de acuerdo con el Comité de ética de la Comisión cuando manifiesta que el cuerpo humano y sus elementos, en las diferentes fases de su evolución y desarrollo, no constituyen invenciones patentables, del mismo modo que lo estamos cuando afirma que, en lo concerniente a las invenciones surgidas del conocimiento de un gen humano, la concesión de una patente es aceptable solamente si la identificación de la función del gen permite nuevas posibilidades y el uso a que se destina la patente es suficientemente específico y determinado. 
Consideramos asimismo indispensable la creación de un comité de ética encargado de evaluar todos los aspectos vinculados a la biotecnología y a su utilización y, es necesario, igualmente, que la Comisión publique cada 5 años a partir de la entrada en vigor de la Directiva, prevista para el 1 de enero de 1999, un informe sobre todos los problemas que haya acarreado la aplicación de la Directiva en relación con los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos a los que se hayan adherido los Estados miembros. 
Votaré a favor de la directiva sobre las patentes en materia de biotecnología. 
Se trata de una cuestión sumamente compleja e importante. 
La legislación sobre patentes es muy técnica y muy difícil, y cuestiones como la que nos ocupa tienen repercusiones trascendentales. 
Tengo la convicción de que los beneficios para la población, en materia de trabajo y en materia de investigación, van a ser enormes. 
En el caso de Irlanda, que ha calificado a la biotecnología de industria con potencial enorme, la cuestión es importantísima. 
En Irlanda tenemos una elevadísima incidencia de enfermedades heredadas como la fibrosis cística y la espina bífida. 
También tenemos una alta incidencia de otras condiciones como la diabetes, respecto de la cual los adelantos en materia de producción de insulina, como resultado directo de la investigación biotecnológica, han aportado beneficios enormes. 
Hoy estamos votando sobre un juego de normas encaminadas a dar a la industria una posibilidad de desarrollo. 
Normas análogas existen ya en los Estados Unidos y en el Japón, y nadie sugiere que esos países sean víctimas de un derrumbamiento moral, ni que estén ciegos en términos éticos como resultado de su existencia. 
Hay temores y tenemos que responder a ellos, pero también hay grandes esperanzas que llegan a nosotros precediendo nuevas situaciones. 
Para muchos de ellos, su única esperanza, para ellos mismos y para generaciones futuras, estriba en la investigación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías. 
En otra ocasión, cuando este Parlamento rechazó las propuestas originales que había recibido, sentíamos preocupaciones éticas acerca de la posibilidad de patentar partes del cuerpo humano, así como preocupaciones de índole práctico por la posibilidad de que se evitara que los agricultores pudieran utilizar semillas producidas en sus propias explotaciones. 
Creo que las propuestas legislativas que tenemos ante nosotros disipan todas nuestras preocupaciones. 
Se trata de normas que no están escritas en una piedra: pueden ser objeto en todo momento de modificaciones, y si hubiera alguna prueba de abuso o de peligro por lo que respecta a las normas, no cabe la menor duda de que responderemos, y de que responderemos rápidamente, a fin de resolver cualquier problema que se plantee. 
El tema que hoy nos ocupa es capital, un tema que hemos tratado varias veces en nuestra Asamblea sin darle una conclusión definitiva: ¿debe concederse, a nivel europeo, una protección jurídica armonizada a las invenciones biotecnológicas, es decir a las invenciones que ejercen una acción sobre los genes de un vegetal, de un animal, o de un ser humano? 
Después de haber estudiado atentamente esta cuestión, así como el informe Rothley del Parlamento Europeo y el informe Mattei de la Asamblea Nacional francesa, confieso sentir una profunda sensasión de malestar, fruto del carácter confuso de la directiva propuesta: se trata de resolver problemas técnicos- a saber, la patentabilidad de algunos inventos- sin haber establecido, previamente, con una claridad meridiana los principios éticos fundamentales. 
Además, se quiere regular, en una sola directiva, asuntos totalmente distintos, unos relacionados con la medicina, otros con la agricultura. 
Primer punto: la propuesta de directiva, en su dispositivo, no contiene nada sobre los principios fundamentales que nos proponemos respetar: la obligación de proteger al ser humano en su dignidad y su identidad; la garantía de respetar la integridad genética del hombre; el rechazo de todo derecho patrimonial susceptible de tener como objeto el cuerpo humano, sus elementos, o sus productos; la gratuidad de la donación de los elementos del cuerpo humano, así como su carácter voluntario. 
Si estos principios no se encuentran en la directiva, es porque ésta se limita a tratar las reformas económicas relacionadas con la realización del mercado interior; en este marco, tiene por objeto armonizar un aspecto jurídico del derecho de patentes, pero no establece principios morales para los que no disponen de ninguna competencia las instituciones de la Unión. 
Sobre este punto, se nos remite a las leyes nacionales, tales como la ley francesa del 29 de julio de 1994, que establece buenos principios, especialmente el de la no patrimonialidad del cuerpo humano. 
Pero no todos los países de Europa adoptan exactamente el mismo enfoque. 
Se abordan aquí los límites de una armonización meramente técnica. 
El segundo punto me parece todavía más grave: el texto que hoy nos ocupa mezcla alegremente cuestiones médicas y agrícolas, de manera que muchos diputados tienen la impresión de que se les está forzando la mano. 
Los temas en cuestión son, en efecto, muy distintos: por un lado, en el ámbito médico, se trata de encontrar los tratamientos para luchar contra enfermedades graves, hoy incurables, ejerciendo una acción sobre los genes de los enfermos, pero excluyendo la «terapia génica germinal» , es decir las intervenciones tendientes a modificar el patrimonio genético de la descendencia; por otra parte, en el ámbito agrícola, se trata de modificar los genes de la fauna o de la flora para adaptarlos a los imperativos de rentabilidad de la fabricación de alimentos. 
Así, en el primer caso, parece delimitarse estrictamente la población a la que va destinada; sus necesidades son patentes; las eventuales consecuencias negativas se limitarán al individuo tratado. 
En el segundo caso, la población a la que se destinan es muy amplia- el conjunto de los consumidores- de manera que la posible diseminación de consecuencias negativas corre el riesgo de no poder ser dominada. 
Autorizar la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, en un caso o en otro, no tiene en modo alguno las mismas incidencias; en aquella se alienta a curar enfermos, en ésta, por el contrario, se abre la puerta a la difusión en el comercio de organismos genéticamente modificados, cuyas repercusiones últimas sobre el conjunto de la población se evalúan muy mal. 
En el primer caso, el de la medicina, pienso que puede ser útil dirigirse con prudencia hacia la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, a condición de proteger bien nuestros principios éticos fundamentales. 
La propuesta de la Comisión va por buen camino a este respecto, especificando que el cuerpo humano y sus elementos no son, en su estado natural, patentables. 
El Parlamento Europeo obtuvo con razón ir un poco más allá, precisando que los elementos del cuerpo humano incluyen la secuencia total o parcial de un gene. 
Lamento que no se haya ido aún más lejos, tal como lo proponía el Grupo Europa de las Naciones, declarando no patentables, además, otras diversas intervenciones sobre el genoma. 
En el segundo caso, el de la agricultura, los problemas más graves atañen menos el orden ético que el de la salud pública. 
En efecto, no vemos cómo podríamos, hoy, autorizar la patentabilidad del maíz genéticamente modificado, por ejemplo, cuando el propio Parlamento Europeo ha pedido recientemente que se prohiba el cultivo, la importación y la comercialización de este producto. 
Ciertamente, se nos afirma que ambos actos son jurídicamente distintos, y que en teoría se puede imaginar muy bien patentar un producto que está prohibido fabricar. 
Esos son sofismas. 
Si no jurídicamente, ambos están vinculados políticamente. 
Por ello, al rechazar los alimentos fabricados con la ayuda de plantas o animales genéticamente modificados, rechazamos también las patentes que protegen estas producciones. 
Por tanto, rechazamos esta propuesta de directiva que trata de sacarnos votos en la confusión. 
Pedimos que se sometan al Parlamento dos textos distintos, con dos votaciones distintas, sobre las invenciones biotecnológicas, uno relativo al ámbito médico y, otro, al ámbito agrícola. 
Me hago cargo de que la votación sobre la directiva encaminada a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas ha sido una de las más importantes que ha habido en este Parlamento en muchos años. 
Si voté a favor del informe Rothley es porque, después de casi un decenio de andar a vueltas con esta importante cuestión, estimo, al igual que la mayoría de este Parlamento, que ahora es necesario contar con un marco jurídico estable para poder patentar las invenciones biotecnológicas. 
En términos económicos, una base jurídica para ocuparnos del proceso de reconocimiento de patentes mejorará las inversiones y constituirá un incentivo para la investigación. 
Será de ayuda para los pacientes y para las pequeñas compañías de investigación, así como para las grandes empresas, y será de beneficio para contar con puestos de trabajo en este sector. 
En términos éticos, que es el aspecto esencial de nuestras deliberaciones, he respaldado firmemente la enmienda de Ian White que establece un comité de ética antes de que se determine la base jurídica. 
También he respaldado las enmiendas que preconizaban una mejor protección del bienestar de los animales. 
Hemos votado contra el informe Rothley. 
Este informe se caracteriza por una posición de principio que nosotros no compartimos. 
Pensamos que debe darse primacía a la salud de las personas y a la diversidad biológica. 
En esta cuestión no se trata de invenciones mecánicas o industriales. 
El descubrimiento de las funciones de un gen debería ser efectivamente un descubrimiento fantástico, y por ello ponerse al servicio de la humanidad global, no al de unos intereses económicos privados. 
Voté en favor del informe del Sr. Willi Rothley, porque considero que la biotecnología es una ciencia de futuro que presenta enormes potencialidades para la medicina, la alimentación y el medio ambiente y porque Europa debe dar a esta ciencia un marco jurídico en materia de patentes de invención. 
Actualmente, la concesión de patentes se lleva a cabo a escala nacional. Sobre todo en Estados Unidos, donde la biotecnología se desarrolla a un ritmo fulminante. 
Ante este hecho, el informe Rothley hace las veces de pionero reuniendo, en las enmiendas a la directiva, lo esencial de las preocupaciones morales y jurídicas de nuestras opiniones públicas. 
En efecto, no hay que subestimar los problemas que la biotecnología plantea al porvenir de la humanidad. 
Tampoco hay que subestimar los temores y las emociones que aquellos que se comprometen en la defensa de nuestras sociedades y de nuestros valores levantándose en contra de los beneficios a cualquier precio y la ciencia sin conciencia. 
Por ello, era preciso conseguir un equilibrio entre las normas que protegen a las invenciones biotecnológicas de la explotación económica y las preocupaciones de orden ético que, con toda razón, se han planteado. 
Este equilibrio, lo ha logrado el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, incluso si sobre uno u otro detalle hubiese podido acusar mayor precisión. 
Sin embargo, este cometido puede ser objeto de los trabajos que se proseguirán en el Parlamento y la Comisión. 
Habida cuenta del proceso de integración europea pero, sobre todo, en el contexto de la sociedad globalizada y cada vez más tecnificada en el que nos movemos, resulta evidente la necesidad de una Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
En primer lugar, para evitar la fragmentación jurídica en un ámbito tan complejo como éste en el que, además, el Derecho de patentes de los Estados miembros no da respuestas precisas. 
Y en segundo lugar, porque la seguridad jurídica que ofrece una Directiva favorecerá, a buen seguro, la investigación, lo que asegurará que la Unión Europea no pierda el tren del progreso científico en una materia, además, que nos sitúa de lleno en el siglo XXI. 
Sin embargo, por importante que sea avanzar en el terreno de las invenciones biotecnológicas, más importante aún es garantizar que estas invenciones no vulneren en ninguna de sus fases ni bajo ningún pretexto la dignidad y la integridad de la persona humana, en todos los estadios de su constitución y de su desarrollo. 
De ahí que ningún elemento del cuerpo humano pueda ser patentable y que deban quedar excluidos de la patentabilidad, muy en particular, la clonación de los seres humanos, la modificación de su identidad genética germinal y la utilización de embriones humanos. 
El informe Rothley sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, además de ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que la Unión Europea ocupe, también en el terreno de la biotecnología, el lugar que por su vocación política le corresponde, garantiza que estas investigaciones se lleven a cabo en el pleno respeto de la dignidad suprema de la persona, motivaciones estas más que suficientes para votarlo afirmativamente. 
Votaré a favor del informe Rothley, modificado, acerca de la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
No me ha sido fácil tomar esta decisión. 
He recibido más presiones exteriores en relación con este informe que en cualquier otro momento de los trece años que llevo en el Parlamento Europeo; presiones de la industria y los sindicatos, de agrupaciones de pacientes, de agrupaciones religiosas y de organizaciones ambientales. 
Es una cuestión que tiene profundas repercusiones en materia de empleo y de ética, temas que no son fáciles de equilibrar. 
Cuando examinamos esta cuestión hace dos años no apoyé las propuestas, pues no estaban bien equilibradas. 
Ahora se han presentado algunas enmiendas importantes en favor de un comité de supervisión ética y modificaciones encaminadas a evitar la utilización de patentes en relación con la persona humana. 
He apoyado la enmienda 72 de la Sra. Gebhardt y otros, en la que se dice que la directiva no prejuzga la exclusión de variedades vegetales y animales de la utilización de patentes. 
Me defrauda que la enmienda no haya obtenido la mayoría necesaria. 
Tengo la intención de seguir vigilando la evolución de esta cuestión. 
Cuando el tema se presente de nuevo al Parlamento el año que viene, mi apoyo dependerá de que el Consejo adopte esas enmiendas positivas y de que se preserve el equilibrio. 
El resultado de la votación sobre la Directiva relativa a patentes de genes es una derrota para la democracia, una vergüenza para el Parlamento Europeo y una gran victoria para los grupos de presión de la industria biotecnológica. 
La Directiva sobre el patentado constituye una amenaza no solamente para la dignidad humana, la protección de los animales, la diversidad biológica y la economía de los agricultores de los países en vías de desarrollo, sino también para la libertad del investigador y con ello para las oportunidades de las personas gravemente enfermas de recibir ayuda a través de nuevos productos y métodos de tratamiento médicos. 
Efectivamente, no es por consideración hacia los enfermos que la gran industria ha invertido sumas gigantescas para conseguir hacer cambiar de opinión a los diputados dudosos del Parlamento Europeo sino, como se reconoce abiertamente en una carta de la filial Europa Bio de la industria biotecnológica europea, con el fin de «dar a Europa un entorno favorable para el desarrollo de una industria biotecnológica competitiva». 
O, como figura en una carta de MSF, otro grupo de presión en defensa de las patentes: El objetivo de la Directiva sobre patentes es favorecer «el crecimiento continuado de la industria biotecnológica». 
¡Ni una palabra sobre la consideración debida a las personas gravemente enfermas! 
La European Alliance of Genetic Support Groups ha afirmado que sin el patentado de las células humanas, animales y vegetales, las grandes empresas mantendrían secretos los resultados de su labor investigadora, lo cual menoscabaría el desarrollo de nuevos productos médicos. 
Esto revela que las llamadas organizaciones de pacientes se han creído a pies juntillas los puntos de vista supercomerciales y contrarios a la ciencia de la gran industria con respecto a los descubrimientos. 
En la sociedad científica ha estado siempre meridianamente claro que los resultados de la investigación deben ser accesibles a todos los investigadores a través de las publicaciones científicas y los congresos. 
Pero gracias a la Directiva sobre patentes, ciertas empresas van a conseguir monopolizar no solamente una invención biotecnológica comercializable, sino también descubrimientos de conocimientos sobre las células genéticas y su interconexión, inclusive las células humanas, animales y vegetales. 
Resulta alarmante y revelador que el Parlamento ni siquiera haya dado su aplauso a la enmienda que tenía como objetivo introducir en la Directiva la llamada excepción médica que ya figura en el Convenio de Patentes Europeo, en su artículo 52.4, donde se establece que «los métodos de tratamiento de personas o animales a través de la cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico» están exentos del patentado. 
El objetivo de la Directiva no es mejorar las normas sobre patentes ya existentes, sino introducir nuevos principios para el patentado que en el fondo sólo tienen un objetivo, que es el de servir los intereses de la industria biotecnológica con base en la UE. 
Los perdedores somos todos los demás- en gran medida lo serán las personas gravemente enfermas que verán frustradas sus esperanzas de curación cuando el libre desarrollo de nuevos experimentos y métodos se vea asfixiado por los monopolios científicos y la exigencia del pago de licencias, como consecuencia de la Directiva sobre patentes. 
El 1 de marzo de 1995, tras difíciles y serias negociaciones, rechazamos con una clara mayoría una directiva para patentar las invenciones biotecnológicas. 
Hoy, el Parlamento Europeo ha acordado exactamente lo que queríamos evitar en aquella ocasión, es decir, que las partes descubiertas del cuerpo humano se califiquen como invenciones. Esto significa que partes del cuerpo humano se pueden patentar. 
Esto puede conducir a que se impida la investigación, a fortalecer a los monopolios en la industria farmacéutica y a que aumenten los costes en el sector sanitario al impedir la competencia. 
No puedo apoyar esta decisión política, por lo que he tenido que votar negativamente en la votación final. 
Me satisface el apoyo casi unánime de este Parlamento por la Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Nuestras consideraciones éticas y de otra índole quedan plenamente satisfechas por las propuestas de la Comisión y reforzadas por enmiendas, aceptables para la gran mayoría de los diputados, que ha presentado mi Grupo, el Grupo PPE. 
Me agradan particularmente las disposiciones relativas al «privilegio de los agricultores» , que permite claramente que los agricultores utilicen libremente las semillas producidas en sus propias explotaciones agrícolas. 
En una ocasión anterior, cuando este Parlamento rechazó las propuestas originales que teníamos ante nosotros, teníamos preocupaciones éticas acerca de la utilización de patentes en relación con partes del cuerpo humano y la preocupación práctica de que los agricultores no pudieran utilizar las semillas producidas en sus propias explotaciones agrícolas. 
Me parece que nuestras preocupaciones han quedado totalmente disipadas por el proyecto de Directiva que tenemos ante nosotros. 
Ha llegado el momento de legislar en esta esfera de importancia vital para la investigación y el desarrollo económico europeos, Irlanda incluida. 
No podemos negar a los pacientes que sufren como consecuencia de enfermedades hereditarias la posibilidad de encontrar soluciones para sus problemas y para los problemas de sus descendientes. 
Sé que hay grupos de presión y otros grupos que sienten la legítima preocupación de que la aplicación de esta Directiva quizá no permita controlar y supervisar las actividades de investigación e industriales en esta esfera. 
Me parece que esos temores carecen de fundamento, especialmente si se establece un comité especial para que analice todas las cuestiones éticas. 
De todos modos, siempre podemos plantear de nuevo esta cuestión y modificar las normas si, por alguna razón, resultase necesario. 
Los socialdemócratas daneses han decidido votar a favor de la propuesta en la primera lectura. 
Nos parece importante que a nivel comunitario se aprueben normas claras sobre lo que puede y no puede patentarse y lo que se consideran invenciones y lo que se definen como descubrimientos que no pueden ser objeto de patente. 
Los patentes en materia de biotecnología se conceden en este momento, al menos en los Estados Unidos, según criterios totalmente tradicionales, pero la biotecnología plantea cuestiones éticas que queremos incluir en las normas comunitarias. 
¡Una UE sin una base especial para la patente de las invenciones biotecnológicas no es una UE sin biotecnología o sin patentes! 
Por eso, apoyamos la enmienda sobre creación de un Comité de Ética a escala comunitaria. 
Podrá reforzar la base ética de la propuesta de directiva que desde el principio es mejor que la que rechazamos hace dos años, ya que la propuesta original era una propuesta de patente más tradicional y sin consideraciones suavizadoras. 
Una patente significa que hay una invención que se publica, y la protección inherente de los intereses económicos del inventor hace que sea más probable que la biotecnología se emplee en una investigación que pueda contribuir a combatir graves enfermedades. 
La Directiva permite a los agricultores sembrar su propia cosecha sin tener que pagar derechos al titular de la patente. 
Este llamado privilegio del agricultor es sobre todo importante en los países en desarrollo. 
Es asimismo importante que la Directiva haga referencia a la biodiversidad, ya que ésta contribuirá a que las nuevas creaciones, los conocimientos y las prácticas de los pueblos autóctonos no sean asumidos por otros. 
Nos hubiera gustado que la Directiva dejara totalmente claro que no es posible patentar células del cuerpo humano y ni animales. 
Por eso, apoyamos las enmiendas que intentan modificar la redacción en este sentido, habiendo tomado nota de que según el texto de la Directiva no es posible hacer la vida objeto de patente. 
El Movimiento Popular contra la Unión Europea no puede votar a favor del informe, ya que éste es un claro intento de la Unión de entrometerse en la legislación nacional y en los acuerdos y convenios internacionales. 
No solucionaría los problemas del conjunto de los países europeos en relación con las patentes de biotecnología, sino que únicamente crearía otro actor en la materia, lo que no interesa a nadie. 
Tampoco debe existir un armonización, ya que la experiencia demuestra claramente que no es posible tener en cuenta las diferencias, tradiciones y actitudes nacionales. 
En vez de crear una legislación comunitaria, hay que reforzar la legislación de patentes a través de las instituciones existentes, tal como queda establecido, por ejemplo, en el Convenio sobre la patente europea. 
He votado en favor del informe Rothley sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Ahora bien, ha sido necesario examinar las diversas opciones que se le ofrecían a este Parlamento y he apoyado algunas enmiendas sobre la base de que, durante la primera lectura, deberíamos incluir salvaguardias que luego pudieran incluirse en la segunda lectura. 
He votado a favor del informe porque es necesario instituir un claro marco jurídico para la protección de derechos de propiedad intelectual en la esfera biotecnológica en el plano europeo. 
Ahora bien, he apoyado también diversas enmiendas importantes que procuran responder a las preocupaciones manifestadas por la profesión médica, las agrupaciones de bienestar animal, los ecólogos y los países en desarrollo. 
Esta vez el Parlamento Europeo ha demostrado de una vez por todas que son los grupos de interés los que adoptan las decisiones importantes. 
A cambio de unas ventajas a corto plazo se ha dicho «sí» a poner fuera de juego el desarrollo y la investigación en el futuro. 
Un parlamento que sirve a los intereses de la industria pierde rápidamente su credibilidad y la confianza de los ciudadanos. 
Cuando ese mismo parlamento dice también «no» a la prohibición de patentes para «todo tipo de usos de la ciencia genética que puedan llevar a la producción de armas destinadas a ser utilizadas contra el sistema psicológico, fisiológico o anatómico de individuos concretos o de grupos de población específicos» (enmienda 93, Grupo V) , a una la estremecen el mundo y el futuro al que van al encuentro los ciudadanos de la UE- si se permite que sea el Parlamento Europeo el que decida. 
He votado en contra del informe por los motivos siguientes. 
El informe propone que se concedan patentes de genes humanos que puedan ser aislados cuando sea posible su aplicación industrial. 
Con respecto a los genes de animales y plantas ni siquiera se da esta vaga conexión con su posible aplicación. 
Esto significa que será posible patentar genes, es decir, vida, sin que se sepa si ésta tiene una aplicación industrial. De este modo puede monopolizarse y boicotearse el desarrollo de nuevas especies y productos, además de que se verán reforzadas las multinacionales en detrimento de las pequeñas empresas, del medio ambiente y de los consumidores. 
Tampoco existe motivo alguno para introducir patentes sobre la vida y sus componentes. 
Es suficiente con el derecho de patentes vigente. 
Con respecto a los medicamentos, actualmente ya existe un sistema perfecto de protección a través de las patentes de productos, y para los productos agrícolas existe el derecho de perfeccionamiento de las especies vegetales. 
Hay que prohibir las patentes de células humanas, de genes, de órganos y de partes del cuerpo humano, además de plantas y razas de animales. 
Lo que se propone que se proteja en el informe tampoco son invenciones, sino descubrimientos sobre la vida humana que se han producido durante siglos; sobre eso nadie puede tener la patente. 
Tampoco es válido, como argumento a favor, decir que las patentes y los monopolios constituyen una condición previa para la continuación de la investigación en el ámbito médico y otros. 
Las normas vigentes para la protección son suficientes. 
Nuestro Grupo GUE/NGL no está satisfecho con el contenido del informe Rothley debido a que las modificaciones introducidas al informe originario han sido muy ligeras, por lo que se mantienen los aspectos más preocupantes que motivaron en su momento el rechazo mayoritario de esta Asamblea. 
Las razones de nuestra preocupación descansan en primer lugar en consideraciones éticas concernientes a la importancia que le damos a la dignidad humana. 
Nos parece que a pesar de una redacción ambigua persiste tanto la posibilidad de incidencia en la línea embrionaria, como la clonación humana, como la patentabilidad de aspectos o elementos de la vida humana, bajo excusas que remiten a cuestiones como la terapia génica u otras. 
Existen otras razones que se refieren a las dimensiones económicas, concretamente comerciales, igualmente con aspectos éticos. 
Nos parece peligroso la posibilidad de patentar elementos naturales constitutivos de los usos culinarios, ganaderos, agrarios, terapéuticos o similares, puesto que además de privar a los pueblos, sociedades o culturas de un derecho consuetudinario, les somete a exacciones económicas ulteriores injustas e insoportables, contrarias a la conciencia. 
Por último, hay que mencionar las consideraciones globales biológicas por suponer una amenaza a la biodiversidad genética tan crucial para la vida sobre la Tierra. 
Habría otras consideraciones referentes a la propia actividad de investigación y descubrimiento del funcionamiento de los procesos biológicos y su eventual patentabilidad. 
Las patentes en materia de biotecnología plantean diversas cuestiones. 
La cuestión principal es la de saber si son éticas. 
A diferencia de otras muchas esferas de dimensión ética en las que las cuestiones son blancas o negras, la cuestión de la biotecnología ofrece muchas zonas grises. 
No es fácil decir a los que padecen enfermedades genéticas, muchos de los cuales estiman que las patentes propuestas les beneficiarán, que sus esperanzas se basan en un mal concepto ético. 
Es mucho más fácil decirselo a las empresas transnacionales. 
Ahora bien, hay que reconocer que muchas empresas pequeñas y medianas, y muchas instituciones de beneficencia, han colaborado mucho y de muchas formas en la investigación científica con miras a ser de ayuda en la lucha contra las enfermedades genéticas. 
Por eso es lamentable que la controversia acerca de las patentes haya restringido la discusión hasta el punto de que se sugiere que rechazando las propuestas en materia de patentes se obstaculizarán esas investigaciones en el futuro. 
Es evidente que ya se ha efectuado un loable esfuerzo en favor de mejorar las propuestas originales, pero sigo considerando que las patentes biotecnológicas no son éticas, particularmente en los casos en que existan posibles repercusiones inconvenientes para la propia vida humana. 
Los genes existen y no son propiedad de nadie, excepto quizá de todos nosotros. 
Las cuestiones políticas, económicas y ambientales se deben tratar en ese contexto. 
Cuando se habla del principio de patentabilidad de las biotecnologías, se nos citan múltiples ejemplos con el fin de demostrarnos el interés que revisten. 
Estos ejemplos provienen esencialmente del sector de la salud humana (producción de insulina, terapia génica ,... ). 
En el terreno económico, es importante recordar que las previsiones para el futuro en términos de la industria biotecnológica demuestra que los sectores con mayor futuro son el agrícola y el agroalimentario. 
Hace dos años, nuestro Grupo se opuso, al igual que una escasa mayoría de los miembros del Parlamento, a la primera propuesta de directiva de la Comisión relativa a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. 
Conocemos las consecuencias que pueden acarrear en este sector de porvenir. 
Analizamos con satisfacción las mejoras incorporadas en la nueva propuesta de la Comisión. 
El informe del Sr. Rothley, tal como fue votado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, permite poner de manifiesto algunas de nuestras interrogaciones. 
En efecto, en lo que se refiere especialmente a la agricultura, es necesario no sólo proteger, sino también desarrollar el principio del «privilegio del agricultor». 
Quiero precisar que no se trata de un privilegio en cuanto tal, sino de un derecho, a la vez legítimo y ancestral, que permite a los agricultores utilizar una parte de sus cosechas para utilizarlas como semillas. 
Es importante hacer extensivo este derecho al conjunto del sector de la producción animal y no solamente al ganado, tal como proponía la Comisión. 
En efecto, ¿por qué se aplicaría este derecho a los productores de carne bovina y no a los avicultores? 
Nuestro Grupo apoyará, pues, el conjunto de las enmiendas, tanto las presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos como las de los distintos diputados que tengan por efecto reforzar este derecho. 
Nuestro Grupo, en su conjunto, no puede sino ser favorable a los progresos científicos que permitan mejorar la salud humana. 
No obstante, se requiere un determinado número de condiciones para no privatizar el patrimonio mundial que representa la riqueza genética. 
Es preciso ayudar a la ciencia a desarrollarse por el bienestar de todos. 
Por ello, rechazaremos todo principio de patentabilidad de tal o cual gene humano y, claro está, de todo o parte del ser humano. 
Por último, nuestro Grupo, no puede sino mostrarse favorable a la creación de un comité de ética, verdadero comité de sabios, que debe ser independiente en relación con toda índole de presión económica o política. 
Los recientes acontecimientos revelados por el asunto de las vacas locas, demostraron que será difícil, pero necesario, mostrarse exigente respecto a este principio de independencia. 
No hemos podido apoyar la enmienda nº 74 pues está formulada de tal modo que excluye una protección de patente, entre otras, también para las proteínas humanas. 
El informe del Sr. Rothley sobre la patentabilidad de los productos biotecnológicos, plantas, animales y genes humanos inclusive, aprobado hoy por el Parlamento Europeo, se corresponde, por desgracia, con el que rechazó el Pleno hace algo más de dos años. 
La verdadera razón de este voto estriba en el hecho de que Europa aprueba una medida relativa a las patentes en el ámbito de las biotecnologías porque los Estados Unidos y Japón ya poseen una normativa similar. 
La elección de hoy no sólo mortifica nuestro papel sometiéndolo a elecciones realizadas de antemano en otros países, sino que entraña enormes riesgos para la biodiversidad, los equilibrios medioambientales, la libertad de la investigación médica y la defensa de los enfermos y presagia situaciones inconcebibles para la integridad humana como, por ejemplo, los cruces de genes, la formación de híbridos celulares de ser humano y animales, la creación de armas genéticas. 
Hoy es un día aciago para nosotros los ecologistas y para todos los sectores de las sociedades contemporáneas, preocupadas por la integridad y por el carácter sagrado de la naturaleza. 
Europa ha estado paralizada durante demasiado tiempo por la legislación sobre producción de medicamentos basados en invenciones biotecnológicas. 
Es absolutamente necesario que se aprueben disposiciones a nivel comunitario para fomentar las iniciativas de investigación de las enfermedades genéticas. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos incluye las competencias necesarias. 
Supone un adelanto importante para la industria farmacéutica europea. 
La investigación intensiva y la fabricación de preparados biotecnológicos han estado concentradas en los Estados Unidos y Japón durante demasiado tiempo en detrimento de los pacientes europeos y de la industria europea, que ha tenido dificultades para desarrollar un sector profesional en este ámbito. 
Esta situación ha perjudicado asimismo el empleo en Europa. 
Obviamente, no es posible que la vida o cualesquiera partes del cuerpo humano sean objeto de patente, pero la legislación de patentes puede conceder a la industria farmacéutica una protección que le permita desde un punto de vista económico afrontar nuevos retos científicos y de investigación, cuyos resultados no se conocen de antemano. 
Existen una serie de enfermedades poco frecuentes que tienen el rasgo común de ser a menudo fatales. 
Debido a una mala legislación, la UE no ha podido establecer la necesaria protección de las invenciones biotecnológicas. 
Ahora se han tomado las medidas éticas necesarias, por lo que la industria farmacéutica tendrá que mostrar rápidamente su capacidad de actuar y su determinación para recuperar, en lo posible, lo perdido. 
Los pacientes con enfermedades causadas por anomalías genéticas han esperado bastante. 
Una vez más los all round men del Parlamento Europeo se ven confrontados a un problema de una enorme importancia para el porvenir de la Comunidad Europea y el bienestar de sus ciudadanos y sus animales. 
Sin ser un hombre de ciencia, me veo obligado a pronunciarme en favor o en contra de una directiva que representa, y los debates lo han demostrado, un tema sumamente controvertido. 
¿Separa a los diputados un problema jurídico o un problema ético? 
La protección de las invenciones biotecnológicas es ante todo un problema técnico, que tiene repercusiones jurídicas, incluso si el apasionante debate de ayer se desarrolló, en su mayor parte, con una dimensión ética y moral. 
Al igual que muchos de nosotros, pienso que es preciso evitar todo tipo de abuso y toda desviación que ponga en tela de juicio los fundamentos éticos y sociales de nuestra sociedad, pero, por otro lado, de ningún modo se trata de querer detener los progresos de la investigación. 
Ahora bien, ¿qué constatamos? 
Que las importantes diferencias existentes en el terreno de la reglamentación llevan a muchas compañías europeas dedicadas a la investigación a transferir algunas de sus actividades de investigación y de desarrollo en dirección de Estados Unidos, Japón y otros países terceros, con vistas, especialmente, a aprovechar un entorno científico, económico y normativo más favorable. 
Nos vemos obligados a constatar que los desarrollos de la investigación en biotecnología se hacen cada día más rápido en el extranjero, sin que podamos intervenir directamente, y en un ámbito donde los progresos en biotecnología deben poder ser utilizados en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
Pero también sabemos que, para los europeos, el respeto del ser humano en tanto que individuo es prioritario, que nos es preciso garantizar la dignidad humana y, por qué no, animal, evitando por todos los medios atentar en contra de la dignidad del ser vivo mediante el uso no controlado de las invenciones biotecnológicas. 
Por tanto, nos es preciso reglamentar, y es por ello que votaré a favor del informe Rothley. 
Es un informe de compromiso, que ha sido discutido durante largos años y que debería satisfacer a la gran mayoría de los ciudadanos. 
Por último, quisiera, después de haber seguido los esfuerzos del Sr. Rothley en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, felicitarle por el trabajo que nos ha presentado. 
Es un informe que honra el cometido parlamentario. 
Hace dos años, el Parlamento Europeo rechazó una propuesta de la Comisión relativa a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. 
La nueva propuesta que hoy nos ocupa demuestra que tuvimos razón al rechazar la anterior, ya que se han incorporado un determinado número de mejoras. 
No obstante, tal como lo demuestra el elevado número de enmiendas propuestas, aún quedaban un gran número de incertidumbres por resolver. 
En materia vegetal, somos favorables a la utilización de la biotecnología para mejorar genéticamente las semillas, pero nos mostramos desfavorables a la supresión o disminución del «privilegio del agricultor». 
La agricultura mundial no debe depender de algunas multinacionales semilleras. 
En relación con la aplicación de la biotecnología en el ámbito de la salud humana, en principio, somos favorables a ella, pero, claro está, no podemos sino oponernos, por razones éticas, a la patentabilidad de uno u otro gene humano. 
La riqueza genética forma parte del patrimonio de la humanidad y no puede privatizarse en modo alguno. 
Comprendemos perfectamente la utilidad del principio de la patentabilidad, que permite a las empresas esperar un beneficio de sus inversiones en términos de investigación. 
Pero si nos vemos llevados a aceptar este principio, sólo puede ser a condición de tener las garantías suficientes. 
La patentabilidad no debe permitir, en ningún caso, la comercialización sistemática de productos genéticamente modificados. 
Habida cuenta de que no se adoptaron las principales enmiendas destinadas a definir serias garantías y el texto que resulta de las distintas votaciones en el Pleno presentan un carácter incoherente, nos es imposible votar a su favor. 
He votado en contra del informe Rothley de mala gana porque acepto la necesidad de que en la Unión Europea haya un marco jurídico para las patentes- todas las patentes- y porque respeto el volumen y la dificultad del trabajo que el Sr. Rothley y otros han consagrado al informe. 
Ahora bien, me parece que es importante, en esta primera lectura, que el Parlamento indique con mayor claridad sus preocupaciones éticas y políticas acerca de las posibles consecuencias de una expansión en gran escala de la biotecnología. 
En particular, me preocupa que en la agricultura la expansión de la biotecnología no dé más resultado que una nueva fase en el camino de la agricultura industrial que tan perjudicial ha resultado ya para nuestro medio ambiente y para nuestra alimentación. 
Tenemos que cuidarnos mejor de preservar la diversidad biológica del planeta y, por consiguiente, su seguridad alimentaria. 
El «reducto de conocimientos» de las grandes empresas en el mundo en desarrollo aumentará más las desigualdades mundiales y podrá dar por resultado la privatización de los recursos genéticos del mundo en desarrollo. 
Cuando finalmente se apruebe la directiva, si se aprueba, el Parlamento tiene que vigilar más estrechamente la actuación de la representación de la Unión Europea en la OMC y tiene que conseguir que no se explote al mundo en desarrollo y que se respete el Convenio sobre la diversidad biológica. 
El futuro depende de la agricultura biológica, no de la biotecnología. 
Como explicación del voto negativo sobre el informe Rothley y sobre la propuesta relativa a la Directiva de la Comisión, quiero señalar los siguientes puntos: 
Las posibilidades de la biotecnología actual superan los conocimientos científicos anteriores y ofrecen múltiples posibilidades de prevención y tratamiento de enfermedades y de solución de los problemas agrícolas, medioambientales y de otros tipos. 
Es ciertamente peligroso frenar lo que inventa el pensamiento humano. 
Hemos de favorecer las ciencias, los nuevos descubrimientos y de las tecnologías. 
Pero hay que aceptar el compromiso, la petición o la solicitud de no dañar la naturaleza y la vida, sino de intensificarla, respetarla y defenderla. 
Embellecer los peligros no significa su inexistencia ni, menos aún, su evitación. 
Tememos que la intervención ilógica e incontrolada en sistemas complejos para cuyo perfeccionamiento necesitó la naturaleza cientos de millones de años, al igual que la intervención en los códigos genéticos potencialmente de todos los organismos vivos, incluido el hombre, en nombre del desarrollo científico y de la lucha contra las enfermedades, susciten enormes peligros de perturbación, alteración y derrumbamiento del ecosistema, con consecuencias imprevisibles para la vida en el planeta. 
La transformación del hombre, entidad única e inseparable, en una serie de piezas suministradas por empresas multinacionales que se producen y se convierten en cada uso bajo la protección de patentes constituye un ataque y una infravaloración del género humano y niega en su esencia la propia ciencia y el pensamiento humano. 
Existe el peligro de que los organismos modificados genéticamente impliquen una contaminación en el futuro, una contaminación irreversible, con capacidad para reproducirse, mutarse y multiplicarse, que compita con las especies naturales que no hayan tenido el tiempo ni la posibilidad de crear mecanismos de defensa. 
Nadie puede prever ni garantizar el número y la clase de enfermos que pueden surgir de las intervenciones genéticas, ni las consecuencias imprevisibles de los nacimientos in vitro. 
No es posible valorar las excepciones y tan sólo habrá evidencia inmediata de sus consecuencias, que, cuando se conviertan en perceptibles, acaso sean catastróficas y irreversibles. 
Nos preocupa especialmente que estos procedimientos de consolidación y explotación de los descubrimientos biotecnológicos se desarrollen al socaire de la competencia y del funcionamiento armonioso del mercado interior. 
Para nosotros es incomprensible e intolerable la intervención en la cadena de la vida, con ocasión de la multiplicidad de actividades económicas de las grandes empresas multinacionales, para la creación de un mercado lleno de peligros y que deja un margen para la desviación delictiva de los mecanismos de control, seguridad y garantía de respeto de las normas deontológicas, con la constitución de un nuevo y superior orden neogenético. 
Nos encontramos ante un gigantesco desafío para el futuro de la misma vida, y los peligros descritos no permiten omisiones, negligencias ni condescendencias. 
Más aún, no permiten dejar el proceso en manos de las multinacionales, ya que los intereses que éstos representan no son la mejor garantía de respeto de la integridad de la vida humana. 
Y de ello tenemos múltiples y oscuros ejemplos. 
Solicitamos, pues, la revisión radical de la directiva con la colaboración de organismos científicos paneuropeos, que con objeto de disponer de un estudio atento, supervisado e irreprochable de las condiciones y los objetivos de aplicación de la biotecnología, ya que primero hay que tener datos seguros sobre los peligros y los beneficios de tal empresa, para luego definir con claridad la normativa, el ámbito de aplicación y las condiciones para garantizar una altísima seguridad. 
Con los datos actuales, las invenciones biotecnológicas y su aplicación semejan el lanzamiento de una nueva, tal vez impensable y peligrosa bomba atómica, con la que después será indiferente quién tenga la «patente» de la responsabilidad y de las consecuencias. 
Ante todo hay que afirmar que esta propuesta de protección jurídica de las invenciones biotecnológicas es una apuesta clara de Europa por el progreso científico y que preserva la seguridad jurídica y la dignidad de las personas. 
Hace casi ya 10 años que se publicó la primera propuesta de la Comisión. 
En aquel momento el Parlamento protestó enérgicamente por considerar que la dimensión ética no estaba recogida en el texto. 
Estaba claro que los aspectos técnicos predominaban sobre los éticos en aquella propuesta inicial. 
Esta es la razón por la que el Parlamento decidió, en su momento, rechazar la propuesta de la Comisión. 
Hoy nos encontramos frente a un nuevo texto de la Comisión que recoge, en líneas generales, nuestras preocupaciones anteriores. 
Estos aspectos éticos han sido reforzados y ampliados en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Efectivamente, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos nos asegura que la dimensión ética forma ahora parte integrante del texto. 
Así, figura la inclusión en el texto de prohibir la clonación del ser humano y la llamada a la Comisión ejecutiva para que se establezca un comité ético para tratar los temas biotecnológicos. 
Nadie podrá decir que esta directiva no ha sido suficientemente debatida en el Parlamento Europeo. 
Hemos de rendir homenaje al Prof. Monti que, como Comisario responsable, ha realizado un excelente trabajo y ha comprendido las razones y preocupaciones de este Parlamento, aceptando más de cincuenta enmiendas. 
Es un ejemplo de trabajo fructífero entre la Comisión y el Parlamento. 
Pero está claro que para ciertos grupos políticos la cuestión no es llegar a un consenso y a un texto razonable sino boicotear sistemáticamente la directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Su estrategia es clara: argumentos fáciles, emotivos, que llegan al gran público, pero sin base jurídica correcta. 
El derecho de patentes no es nuevo ni en Europa ni en el mundo. 
Es parte del derecho de la competencia y se practica desde hace muchos años. 
Desengañémonos: aquí de lo que se trata es de una armonización de las leyes de los distintos Estados miembros. 
Hay que resaltar la importancia que este sector tiene cara al futuro de los medicamentos. 
Los medicamentos que tienen su origen en la biotecnología son hoy en día una realidad. 
De los 50 nuevos medicamentos que llegan al mercado cada año, entre 10 y 15 son productos producidos a través de la biotecnología. 
Enfermedades como el cáncer, alzeimer, diabetes y la fibrosis cística, entre otras, son ya tratados con estos productos. 
Por no hablar de las vacunas contra la hepatitis B y C que gracias a la biotecnología han eliminado los posibles riesgos que antes existían de contaminación vírica. 
Y podría seguir enumerando otros productos y enfermedades que todos debemos reconocer han ayudado si no a curar definitivamente ciertas enfermedades sí a mejorar el nivel de vida de los pacientes. 
La industria biotecnológica europea está muy por detrás de la americana y la japonesa. 
Nosotros como parlamentarios europeos debemos ayudar a que Europa cuente con una legislación estable y consensuada y creo que después de todos estos años de discusión sobre el tema, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha alcanzado un texto equilibrado que tiene en cuenta no sólo el futuro desarrollo de la industria biotecnológica en Europa sino también la dimensión ética que se deriva de la misma. 
Una directiva que no ofrezca una marco legislativo seguro y en línea con los acuerdos internacionales en vigor llevará a la industria biotecnológica europea a un bloqueo en su desarrollo. 
Y lo que es peor, nos convertiremos en simples consumidores de productos americanos y japoneses. 
Europa no puede quedar atrás en un sector que está en pleno desarrollo y que la misma Comisión ha reconocido en distintos textos como un gran sector de futuro. 
No aprobaré el informe Rothley porque no trata suficientemente ni tiene en cuenta los principios fundamentales aplicables al cuerpo humano. 
A fin de cuentas, parto del supuesto de que el cuerpo humano, en todos los estadios de su formación y desarrollo, sus partes y productos, y los conocimientos de la estructura genética no son patentables. 
Se da una prioridad absoluta a las posibilidades de la investigación científica, cuando todavía no se han estudiado suficientemente las consecuencias sociales. 
Ello equivale a desplazar las prioridades sociales. 
Además, el derecho de propiedad industrial atenderá a las posiciones monopolistas de los laboratorios farmacéuticos. 
La vida humana no puede estar sujeta en modo alguno a un monopolio. 
Al fin y al cabo, el derecho de propiedad industrial da una prerrogativa absoluta al mejor postor, sin que se tengan suficientemente en cuenta las consecuencias sociales. 
He votado en contra del informe Rothley no porque esté en contra de una regulación jurídica de las patentes de las invenciones biotecnológicas. 
He votado en contra porque tanto él como el proyecto de la Comisión ignoran sencillamente las graves objeciones éticas del Parlamento que hicieron que se rechazase el 1 de marzo de 1995. 
La directiva trastoca los principios fundamentales del derecho de patentes para atender los intereses de la industria de la ingeniería genética. 
Se quiere hacer que el descubrimiento de genes aislados se convierta en una invención patentable para que se puedan conceder licencias para su explotación económica y los monopolios económicos puedan imponer su comercialización. 
Los promotores de este derecho de patentes sacrifican con esta directiva los límites éticos más fundamentales en aras de un pensamiento orientado a los beneficios y conceden a los intereses económicos individuales un derecho casi totalitario sobre los elementos básicos de toda vida. 
En contra de las afirmaciones de la industria, con esta directiva se limita además masivamente la libertad de investigación. 
Libre de licencia estaría sólo la comprobación de la invención pero no los ensayos científicos que se basan en los resultados patentados. 
Esta limitación de la libertad científica la han rechazado la Asociación Alemana de Médicos así como la Comisión «Enquete» del Parlamento austríaco y alemán. 
Finalmente, esta monopolización conducirá también a un encarecimiento masivo de las terapias médicas y de los medicamentos. 
En contra del Acuerdo Internacional sobre la Biodiversidad, se quiere hacer posible también el acceso a los recursos genéticos del Tercer Mundo sin ningún tipo de contraprestación. 
De este modo, los monopolios de los países industrializados del Norte dominarán el potencial genético, lo que agudizará enormemente el conflicto Norte-Sur. 
(La sesión, interrumpida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Felicito a los presentes. 
Debo decir que la asistencia es mayoritariamente luxemburguesa. 
No son, ciertamente, los únicos, hay otros diputados, pero la presencia luxemburguesa es impresionante. 
Programa de actividad de la Presidencia luxemburguesa 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el programa de actividad de la Presidencia luxemburguesa. 
Señor Presidente, habida cuenta de la composición de la asistencia, me pregunté si no debía pronunciar mi discurso más bien en luxemburgués. 
Pero como espero que numerosos parlamentarios se unan a nosotros, voy a pronunciarlo en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, Luxemburgo ha sido llamado a asumir la Presidencia del Consejo por décima vez. 
En el curso de las décadas, la rotación de las Presidencias parece constituir un poderoso medio de sensibilizar a las opiniones públicas respecto de las cuestiones europeas y movilizar las administraciones nacionales a favor de nuestra causa común. 
Ante todo, quiero destacar que Europa es percibida por nuestros pueblos como una empresa colectiva, en cuya gestión participan todos y cada uno. 
El hecho de que la identidad nacional del más pequeño de los países miembros no haya sido puesta en tela de juicio en los más de cuarenta años de integración es visto por los ciudadanos de los países candidatos como un elemento tranquilizador y, por ende, reviste importancia a la hora de entablar los debates internos relativos a la adhesión de estos países. 
Señor Presidente, Señorías, una vez concluida la Conferencia Intergubernamental, por la que quiero felicitar una vez más a nuestros amigos holandeses de la manera más cálida, corresponde prioritariamente a la nueva Presidencia dar su forma definitiva a los textos que hayan sido objeto de un acuerdo, verificar una última vez su concordancia en las once lenguas y someterlo a la firma de los plenipotenciarios en Amsterdam, el 2 de octubre de 1997. 
De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo, tomaremos las medidas correspondientes para asegurar, desde el momento en que se firme, la aplicación del Tratado en los ámbitos señalados. 
La Presidencia tendrá como cometido prioritario preparar las decisiones que la Unión deberá tomar el próximo mes de diciembre sobre la apertura de nuevas negociaciones con vistas a la ampliación de la Unión. 
Esta misma mañana, se presentaron al Parlamento Europeo las opiniones de la Comisión sobre las solicitudes de adhesión, así como de una comunicación detallada, denominada Agenda 2000, sobre el porvenir de las políticas comunes, las cuestiones horizontales vinculadas a la ampliación y el futuro marco financiero. 
La Agenda 2000 y sus anexos constan de más de mil páginas y constituyen a buen seguro la comunicación más sustancial que la Comisión haya presentado al Consejo desde los orígenes de la Comunidad. 
Esta comunicación es también sumamente densa y está bien articulada. 
La Presidencia rinde homenaje a la Comisión y a sus servicios, por el trabajo impresionante que han realizado. 
Asimismo, saluda el hecho de que la Comisión haya asumido claramente sus responsabilidades y que nos haya presentado un proyecto de hoja de ruta caracterizado por una clarividencia ejemplar. 
Ahora toca, al Consejo en particular, pero también al Parlamento, examinar atentamente la comunicación, sus implicaciones y las recomendaciones que trae consigo. 
Por su parte, la Presidencia luxemburguesa está determinada a instruir esta comunicación y las distintas opiniones relativas a las candidaturas sin a priori alguno, con toda objetividad y transparencia. 
Constatamos que la Comisión ha elegido la vía de la diferenciación a la hora de abrir las negociaciones de adhesión con los países candidatos. 
El Consejo Europeo de Luxemburgo deberá pronunciarse sobre esta elección. 
Una vez dicho esto, de todas formas y sea cual fuere la decisión finalmente tomada en Luxemburgo en diciembre, la estrategia de ampliación de la Unión debe ser un proceso de inclusión y no de exclusión. 
A este respecto, el Consejo deberá prestar especial atención a la definición de una estrategia de preadhesión reforzada, cuyo objetivo es la adhesión en un determinado plazo de todos los países candidatos para los que la Comisión haya emitido una opinión. 
Velaremos porque los países candidatos adquieran firmemente la vocación a la adhesión y la discusión verse únicamente sobre el momento en el que esta vocación podrá concretarse. 
La intención de la Presidencia es de poner todo lo que esté en su mano para que lleguemos, en el Consejo Europeo de Luxemburgo, a una decisión sin equivocos que permita iniciar el proceso de ampliación. 
La comunicación de la Comisión nos recuerda con toda pertinencia que el proceso de ampliación se inscribe en une enfoque más amplio, que exige de todos los Estados miembros una dedicación plena. 
La Comisión nos ha presentado un determinado número de orientaciones para el futuro de las políticas de la Unión, en particular la política estructural, la política agrícola común, así como el futuro marco financiero de la Unión. 
La Comisión ha realizado una relación exhaustiva de las decisiones de reforma que la Unión habrá de tomar en los años venideros. 
Como ustedes saben, el Consejo Europeo de Amsterdam pidió al Consejo hacer un informe sobre estos temas destinado al Consejo Europeo de Luxemburgo de los días 12 y 13 del próximo mes de diciembre. 
La Presidencia asumirá este cometido, con el fin de brindar al Consejo Europeo la oportunidad de tomar con todo conocimiento de causa las decisiones relativas a la ampliación. 
El Consejo Europeo encargó al Consejo «Asuntos generales» dirigir las negociaciones. 
Se ocupará de la coordinación y la uniformidad de los trabajos. 
A nuestro juicio, este informe deberá reflejar las sensibilidades de todos los Estados miembros, especialmente las relativas al mantenimiento de la solidaridad comunitaria y el rigor en materia presupuestaria. 
Asimismo, deberá permitir poner de relieve algunas prioridades para el porvenir de las políticas de la Unión. 
Si deseamos, como manifiestamente es el caso, contribuir al esclarecimiento de un determinado número de orientaciones fundamentales, especialmente en lo que toca al futuro marco financiero de la Unión, la política agrícola común y las políticas estructurales, los plazos para la toma de decisiones en este ámbito serán mayores. 
Para concluir con este punto, quisiera repetir que la Presidencia luxemburguesa pondrá todo lo que esté de su parte para que la decisión de la ampliación sea objetiva e inclusiva. 
El Parlamento Europeo podrá hacer valer su punto de vista a lo largo de todo el proceso. 
Los ciudadanos europeos tendrán, a través de ustedes, el derecho de expresarse respecto a esta gran obra en marcha y esta gran ambición que representa la ampliación de nuestra Unión. 
Durante el Consejo Europeo de Amsterdam, la Presidencia luxemburguesa recibió mandato de convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. 
Esta reunión se ocupará especialmente del examen de las iniciativas en materia de creación de empleo a nivel de las pequeñas y medianas empresas, del nuevo grupo consultivo sobre la competitividad, el estudio de las prácticas correctas relativas a las políticas de los Estados miembros en materia de empleo y las iniciativas tomadas por el Banco Europeo de Inversiones para crear posibilidades de empleo. 
La Comisión y el Consejo, en cooperación con el Banco Europeo deben elaborar un informe acerca del estado en que se encuentran los trabajos destinados a la sesión especial del Consejo Europeo sobre el empleo. 
La Presidencia luxemburguesa puso inmediatamente en marcha los trabajos relativos al mandato que se le confió. 
Por lo demás, consideró indispensable que los Jefes de Estado y de Gobierno participen personalmente en la preparación de la Cumbre sobre el «Empleo» , con el fin de que responda a las expectativas de los ciudadanos de la Unión Europea y desemboque en resultados concretos. 
Con el fin de enriquecer los trabajos de análisis, hemos recurrido a un determinado número de personalidades. Estas trabajarán en estrecha colaboración con la Presidencia para explorar nuevas vías en la lucha contra el paro y en favor de la conservación del empleo. 
Resulta impensable que Europa se resigne a la perspectiva de la marginación de millones de ciudadanos, de que se les deje fuera del juego económico y social. 
El paro hunde a las categorías sociales afectadas en un desamparo material y moral. 
Los jóvenes suelen ser a menudo las primeras víctimas. 
El empleo se encontrará, por ende, en el centro de nuestras preocupaciones. 
El único medio de aproximarse a medio plazo al pleno empleo es asegurar, para los próximos años, un crecimiento fuerte, durable y generador de puestos de trabajo. 
Es posible, ya que las condiciones son actualmente favorables. 
Ahora deberemos elaborar y ejecutar las políticas macroeconómicas y estructurales adaptadas en estrecha coordinación. 
La Presidencia ha pedido a los Estados miembros, a las instituciones y a los interlocutores sociales que participen activamente en la reflexión durante la fase de preparación de la Cumbre. 
Además, se pidió a los Estados miembros avanzar la presentación de la puesta al día de los programas plurianuales sobre el empleo para finales de julio. 
Tomando estos datos como base, la Comisión y el Consejo elaborarán el informe conjunto tal como lo prevé el nuevo título relativo al empleo en el Tratado de Amsterdam, parte del Tratado que, por lo demás, se anticipará. 
Este paso responde a las disposiciones pertinentes que figuran en la resolución sobre el crecimiento y el empleo, aprobada en Amsterdam. 
A la par del empleo, también merecen toda nuestra atención los demás aspectos de la política social europea, en el sentido amplio del término. 
Europa ha desarrollado un modelo social que concede a los trabajadores un determinado número de derechos. 
Estos forman parte de nuestra cultura. 
No hay que poner nuestro modelo en tela de juicio, basado en la solidaridad, mediante una política de desregulación social. 
Velaremos por dar un nuevo impulso a uno de los expedientes en los que el Consejo no ha avanzado desde hace mucho tiempo. 
Habida cuenta de la actualidad reciente y dolorosa en materia de reestructuración de empresas, desplegaremos todos los esfuerzos necesarios para que las discusiones sobre los derechos de los trabajadores en materia de información, consulta y participación vuelvan a ponerse en vigencia sobre nuevas bases, más prometedoras. 
Asimismo, la Presidencia se dedicará a conseguir que el Consejo brinde un marco jurídico vinculante al acuerdo concluido hace unas semanas entre los interlocutores sociales europeos sobre el trabajo a tiempo parcial. 
Entre los expedientes a los que concederemos prioridad en el curso de los próximos meses, figura también el acervo social en el contexto de la ampliación. 
En una primera etapa, se tratará, en el marco del diálogo estructurado, previsto para el 7 de octubre próximo, de hacer contactos más estrechos entre responsables políticos de nuestros Estados miembros y sus homólogos de los países de Europa central y oriental, candidatos a la adhesión. 
La Unión Económica y Monetaria es el proyecto económico y político de mayor importancia y ambición que Europa haya puesto en práctica desde que se inició el proceso de integración. 
El Consejo Europeo de Amsterdam dio pasos concretos, sustanciales, con miras a la realización de la UEM, el 1 de enero de 1999, fecha que ha fijado el Tratado y que se respetará. 
La aprobación del Pacto de estabilidad y crecimiento así como la resolución sobre el crecimiento y el empleo garantiza a la par la continuación de políticas macroeconómicas y presupuestarias sanas y el desarrollo del empleo. 
Gracias a los progresos realizados, la mayor parte de los preparativos técnicos destinados al establecimiento de la UEM ya se encuentran terminados actualmente. 
El marco jurídico del euro ha quedado establecido. 
Ahora, se trata de que todos los protagonistas, incluidas las administraciones, aceleren los esfuerzos de orden práctico con miras a preparar la introducción del euro. 
De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam, la Presidencia se compromete a que se estudien modalidades de aplicación eficaces del artículo 109. 
Se trata, especialmente, de formular orientaciones generales en materia de política de cambio que sean compatibles con los estatutos del futuro Banco Central Europeo. 
El Consejo Europeo de Luxemburgo se ocupará también de un informe sobre los medios para mejorar la coordinación de las políticas económicas. 
Estos trabajos se llevarán activamente a cabo. 
Los operadores económicos europeos desean, en su gran mayoría, la moneda única en el plazo previsto. 
Esta creará ese clima de confianza que tanto necesita la economía europea. 
Favorecerá la recuperación de las inversiones y contribuirá de manera significativa a la creación de empleo. 
Los esfuerzos de saneamiento desplegados son considerables. 
Las economías europeas no habían conocido nunca antes un grado de convergencia tan elevado. 
Por ello, es contraproducente perpetuar mediante toda índole de declaraciones o especulaciones las incertidumbres que frenan hoy la expansión en Europa. 
La UEM se encuentra técnicamente en marcha. 
Es nuestro objetivo mayor del que también depende, en buena parte, la credibilidad del proyecto europeo. 
Hoy, nos toca acabar el trabajo para que el año próximo se tomen las decisiones con serenidad y a favor del porvenir económico de toda nuestra Unión. 
Por otra parte, los ciudadanos están muy preocupados por el aumento de la criminalidad en todas sus formas. 
Por ello, los trabajos en materia de justicia y asuntos interiores incluirán como prioridad esencial la aplicación del programa de acción relativo a la criminalidad organizada, tal como lo confirmó el Consejo Europeo de Amsterdam. 
El problema de la droga exige una acción urgente. 
Sus costes, en términos humanos son enormes. 
Por ello, el Consejo Europeo de Dublín confirmó la prioridad de una acción eficaz y coordinada en la lucha contra la droga y la toxicomanía. 
La Presidencia tiene la intención de continuar esta acción con determinación, especialmente en lo relativo al programa plurianual destinado al intercambio de conocimientos entre los Estados miembros sobre los métodos de investigación, la información y las medidas destinadas a grupos específicos considerados como objetivo. 
En materia de droga, se presentará un informe de evaluación al Consejo Europeo de Luxemburgo sobre la ampliación de la acción común relativa al acercamiento de las legislaciones y prácticas de las autoridades judiciales y los servicios policiales y aduaneros. 
La puesta en práctica de la acción común relativa a las drogas sintéticas ocupa un buen lugar en el orden del día. 
En este contexto, lanzaremos una iniciativa inédita. 
La Presidencia organizará un encuentro conjunto de los ministros de Sanidad y los ministros de Justicia y Asuntos Interiores para entablar un debate sobre las múltiples facetas del problema relacionado con la droga. 
La intención de la Presidencia es confrontar a los responsables encargados de la prevención y a los responsables políticos encargados de la represión. 
La Presidencia luxemburguesa se esforzará, asimismo, en impulsar a la cooperación regional, especialmente con América Latina, el Caribe y Rusia, así como el diálogo estructurado con los países asociados y el diálogo transatlántico en el terreno de las drogas. 
En materia de asilo e inmigración, proponemos el examen del proyecto de la Comisión sobre la protección temporal de las personas desplazadas así como la aplicación del Convenio de Dublín. 
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, se dará curso concreto a la comunicación de la Comisión sobre una política anticorrupción. 
Por último, en un ámbito más general, la Presidencia luxemburguesa preparará el terreno para la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam que implica la incorporación del acervo de Schengen. 
La necesidad de reforzar la dinámica del mercado interior fue destacada con precisión y fuerza en el reciente plan de acción sobre el mercado interior presentado por la Comisión a iniciativa del Comisario Sr. Monti. 
El Consejo Europeo de Amsterdam retomó por su cuenta el objetivo general de este plan confirmando, cito «la importancia que concede a un mercado interior que funcione correctamente como elemento fundamental de una estrategia general para fomentar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en toda la Unión». 
En esta óptica, la Presidencia trabajará con determinación con el fin de iniciar la puesta en práctica de los cuatro objetivos estratégicos del plan de acción. 
Esta puesta en práctica deberá escalonarse en el tiempo, en una perspectiva global que implicará en un primer y mismo esfuerzo a las tres próximas Presidencias. 
Estará encaminada a obtener, con el apoyo, así lo deseo, del Parlamento Europeo, progresos significativos en los principales expedientes prioritarios que figuran en el plan de acción. 
Quisiera reiterar una vez más que, para la Presidencia luxemburguesa, de ninguna manera se trata de adoptar una visión puramente económica del mercado interior. 
En efecto, estamos convencidos de que el mercado interior sólo podrá desarrollarse y producir plenamente sus efectos en beneficio de los ciudadanos si se complementa con un componente social fuerte y consistente, así como con políticas valientes en materia de protección del medio ambiente y salud de los consumidores. 
En lo que toca a la fiscalidad, la Presidencia se esforzará en hacer avanzar los expedientes que se encuentran actualmente sobre la mesa, tanto en materia de fiscalidad indirecta como directa. 
En este último ámbito, además de una propuesta prevista relativa al régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y tasas efectuados entre las sociedades matrices y las filiales de distintos Estados miembros, se prestará especial atención a las conclusiones del grupo de política fiscal presidido por el Comisario Monti. 
La Presidencia espera que pueda elaborarse una primera relación de ámbitos sujetos a un acercamiento así como un código de buena conducta. 
Como acabo de señalar, la salvaguardia de un elevado nivel de protección de los consumidores, y, por ende, de la salud y la seguridad de los ciudadanos europeos en sus actos más cotidianos, es una dimensión esencial para la construcción de un mercado interior creíble y eficaz. 
Y sé que su Parlamento comparte este enfoque. 
En múltiples ocasiones ha tenido la oportunidad de dar testimonio de ello con vigor y compromiso. 
Los cambios introducidos en los artículos 129 y 129A en el Tratado de Amsterdam representan un progreso notable. 
Se han sentado las bases de un nuevo punto de partida en materia de protección de los consumidores. 
Existe, evidentemente, un vínculo con el vivo desasosiego que experimentaron las opiniones públicas europeas en el curso del año 1996 en relación con lo que se ha dado en llamar la «crisis de las vacas locas». 
Gracias a la acción de su comisión temporal de investigación, sustituida a partir de ahora por su comisión temporal encargada del seguimiento de las recomendaciones relativas a la EEB, han podido determinarse los elementos constitutivos de un nuevo enfoque en materia de seguridad alimentaria a todo lo largo de la cadena de producción y consumo. 
Por su parte, la Comisión inició un determinado número de medidas y tomó decisiones enérgicas destinadas a restablecer la confianza de los ciudadanos-consumidores que somos todos nosotros. 
De ahora en adelante, ha de prolongarse y profundizarse este esfuerzo ahí donde sea necesario. 
La Presidencia luxemburguesa tiene la intención de contribuir plenamente a la introducción de esta nueva estrategia en materia de política alimentaria. 
Con esta finalidad, va a proponer el lanzamiento de un vasto debate político en las diversas instancias interesadas del Consejo. 
Más allá de las decisiones concretas que se esperan de su parte, el Consejo podrá hacer escuchar su voz en el contexto de esta importante discusión, que implica a todas las instituciones de nuestra Unión, así como a los representantes de la sociedad civil y los sectores económicos interesados, agricultores e industrias de la transformación. 
Sólo en la medida en que se aborden estas cuestiones de frente y con toda transparencia podremos recuperar y reconfortar esta confianza que es la que da pauta a un funcionamiento armonioso del mercado interior. 
Señor Presidente, Señorías, desafortunadamente no puedo abordar, en el marco de la presente exposición, los numerosos ámbitos de actividad que atañen el desarrollo interno de la Unión Europea y a los que mis colegas del Gobierno luxemburgués van a dedicar toda su energía. 
En el programa escrito de la Presidencia luxemburguesa, que está a su disposición, encontrarán una presentación sumamente pormenorizada de los objetivos que nos hemos fijado en estos sectores. 
Por mi parte, no me resta sino comunicarles el espíritu en el que la Presidencia tiene la intención de abordar los principales problemas planteados actualmente a escala internacional. 
En la esfera de las relaciones comerciales multilaterales, me limitaré a los dos plazos que revisten un carácter prioritario. 
Después de los acuerdos sobre las telecomunicaciones de base y las tecnologías de la información concluidos en el curso del primer semestre, se tratará de trabajar a favor de la consolidación de la liberalización de los servicios en el seno de la Organización Mundial del Comercio mediante un acuerdo, antes de finales de año, sobre los servicios financieros. 
Por otra parte, la Unión ha de confirmar su tradicional acción en favor de los países menos avanzados. 
Por tanto, prestaremos una atención muy especial a la preparación de la reunión a alto nivel sobre los países menos avanzados del próximo mes de octubre, así como a la puesta en práctica de las conclusiones del Consejo sobre el acceso de estos países al mercado. 
La Presidencia trabajará en favor del desarrollo armonioso de las relaciones transatlánticas a las que concedemos una de las mayores importancias. 
Aplicaremos rápidamente las conclusiones de la Cumbre de La Haya. 
En materia económica, se concederá especial atención a la continuación de los trabajos relativos al estudio conjunto y a la promoción de la transatlantic market place. 
Con este fin, habrán de asegurarse en las mejores condiciones la entrada en vigor y la eventual extensión de los acuerdos de reconocimiento mutuo. 
La Presidencia continuará activamente con sus socios norteamericanos la búsqueda de una solución a los problemas acarreados por las legislaciones estadounidenses Helms-Burton y d ' Amato. 
Evidentemente, deberá ser compatible con los principios jurídicos a los que estamos firmemente apegados. 
La Presidencia cooperará con sus socios transatlánticos en la búsqueda de una solución a los conflictos, especialmente en la antigua Yugoslavia, el Oriente medio, Chipre y Africa central. 
En el terreno de la justicia y los asuntos exteriores, que reviste desde ahora una importancia particular en las relaciones transatlánticas, la Presidencia intensificará la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico internacional de la droga. 
La Presidencia concederá igualmente una gran importancia a la puesta en práctica de las conclusiones de la Cumbre de Denver entre la Unión Europea y Canadá, de conformidad con la declaración de política común y el plan de acción Unión Europea-Canadá. 
Paso ahora a mencionar los numerosos focos de crisis en los que Europa está comprometida. 
La situación en Bosnia-Herzegovina sigue siendo sumamente preocupante. 
Los progresos realizados para consolidar a Bosnia en tanto que Estado único son excesivamente paulatinos. 
¿Quieren las partes poner sinceramente en práctica los compromisos que adquirieron en Dayton, o prefieren precipitarse en un nuevo desastre? 
El Consejo recordó claramente la vía a seguir y ha fijado las condiciones de una ayuda europea. 
Es preciso que acaben de establecerse en su totalidad las instituciones de Bosnia-Herzegovina y que no se obstaculice su funcionamiento. 
Es preciso que el retorno de los refugiados se lleve a cabo y que los criminales de guerra sean entregados al tribunal penal internacional. 
Las elecciones municipales de septiembre deberán ser libres y limpias. 
La Unión Europea, juntamente con la OSCE y el Alto Representante, las vigilará muy de cerca y sacará las conclusiones que se impongan. 
Por lo demás, la comunidad internacional sigue esperando la aplicación completa del informe González relativo a la República Federal de Yugoslavia. 
Las autoridades de Belgrado deben asegurar por fin el respeto de los derechos humanos en Kosovo y abrir un diálogo sobre la definición de una amplia autonomía. 
Se requiere la realización de nuevas etapas del proceso de transición en Eslavonia oriental. 
En Croacia, los derechos humanos y los de las minorías deberán respetarse en todo el país. 
La repatriación de las personas desplazadas y los refugiados debería por fin llevarse a cabo. 
En Albania, la Unión Europea aporta una contribución esencial al esfuerzo internacional de restauración y rehabilitación. 
La Presidencia continuará esta acción. 
El seguimiento de las elecciones legislativas de finales de junio constituye una etapa importante en el proceso de recuperación de Albania. 
La Presidencia actuará en cooperación especialmente con la OSCE, cuyos esfuerzos de coordinación apoya plenamente, la Unión de Europa occidental y el Consejo de Europa. 
Próximamente, se celebrará una conferencia sobre la ayuda económica a Albania. 
En este contexto, rindo un vibrante homenaje a Italia y a los demás países europeos que han enviado sus soldados para ayudar a estabilizar la situación. 
En el Oriente medio, el proceso de paz se encuentra en un inquietante callejón sin salida. 
Ahora bien, no existe alternativa a este proceso. 
El llamamiento lanzado en Amsterdam por la Unión Europea en favor de la paz en el Oriente Medio traza la vía para el establecimiento de una paz justa, durable y global. 
La Presidencia se dedicará, a través de los esfuerzos del enviado especial de la Unión Europea, a alentar a los dirigentes israelíes y palestinos a reanudar las negociaciones para hacer avanzar la aplicación de los acuerdos celebrados y reanudar las conversaciones sobre el estatuto definitivo. Cada una de las partes debe abstenerse de tomar medidas unilaterales susceptibles de juzgar de antemano el resultado de las negociaciones sobre el estatuto definitivo. 
Con miras a luchar contra el terrorismo, debe establecerse una cooperación durable y eficaz en materia de seguridad. 
La promoción de los derechos humanos, la democracia y la sociedad civil constituye otra prioridad, al igual que la recuperación de la situación económica y social de los palestinos. 
En el contexto de los trabajos de ampliación de la Unión Europea, la Presidencia preparará igualmente la apertura de negociaciones de adhesión con Chipre. 
Concede gran interés a un arreglo político de la cuestión de Chipre. 
Apoyaremos activamente las negociaciones directas entre los dirigentes de ambas comunidades chipriotas que acaban de reanudarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
El Consejo de Asociación del pasado 29 de abril constituyó una etapa importante en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Apoyaremos el impulso creado gracias a este Consejo alentando la realización de nuevos progresos en las cuestiones susceptibles de mejorar nuestras relaciones con este país, especialmente en materia de derechos humanos. 
El desarrollo de vínculos políticos y económicos entre la Unión Europea y la Federación de Rusia reviste una importancia primordial. 
Después de los acontecimientos de estos últimos meses, especialmente la conclusión del acuerdo OTAN-Rusia, se presentan nuevas perspectivas. 
El segundo semestre de 1997 probablemente se situará bajo el signo de la entrada en vigor de los acuerdos de asociación y cooperación firmados el 24 de junio de 1994. 
La Presidencia continuará activamente la preparación de este plazo importante para permitir la celebración del primer Consejo de Cooperación con Rusia. 
En otoño, tendrá lugar una cumbre Unión Europea-Rusia. 
La celebración de una primera cumbre en otoño, en Kiev, entre la Unión Europea y Ucrania, permitirá también afirmar de nuevo la importancia de las relaciones con este país. 
Estas deberían intensificarse con motivo de la entrada en vigor del acuerdo de asociación y cooperación. 
Se ha previsto la celebración de un primer Consejo de Asociación y Cooperación a nivel ministerial. 
La Unión no disminuirá sus esfuerzos y continuará sus acciones a favor de la seguridad nuclear en Ucrania, así como en los demás países de Europa central y oriental, en relación especialmente con las conclusiones a las que llegó en este contexto el G8 en Denver. 
El continuo fortalecimiento de la asociación euromediterránea reviste una importancia particular para la política exterior de la Unión. 
Por ende, deseamos que puedan concluirse en un futuro cercano nuevos acuerdos de asociación euromediterráneos con Egipto, Líbano, Jordania y Argelia. 
La organización de la segunda conferencia de ministros de la Industria en Marraquex y de una conferencia de los ministros del Medio Ambiente en Helsinki permitirán dar un nuevo ímpetu. 
La Presidencia aportará su propia contribución al desarrollo de la asociación social, cultural y humana organizando en Luxemburgo una conferencia en el ámbito de la educación alrededor del tema de la percepción del otro. 
En Africa, la Presidencia apoyará el proceso de estabilización, reconciliación y democratización en la región de los Grandes Lagos, especialmente en la República Democrática del Congo. 
Actuará especialmente a través de la misión del enviado especial de la Unión Europea. 
Han de establecerse y desarrollarse relaciones constructivas con las nuevas autoridades de la República Democrática del Congo en función de los progresos que acuse este proceso. 
Los compromisos adquiridos por el Presidente Kabila en relación con la celebración de elecciones, la protección de los refugiados y la investigación de las violaciones de los derechos humanos deberán cumplirse. 
En relación con la renovación del Convenio de Lomé, la Presidencia organizará dos debates a nivel del Consejo, uno con los ministros de Asuntos exteriores, otro con los ministros encargados del Desarrollo. 
La Comisión se ha comprometido a presentar al Consejo, a finales de octubre, una comunicación de naturaleza esencialmente política sobre las adaptaciones que cabe aportar a la asociación que vincula a la Unión con 70 Estados socios. 
La Comisión presentará entonces al Consejo un proyecto de mandato de negociación con vistas a la renovación del marco privilegiado y ejemplar que representa Lomé. 
Europa presta especial atención a las relaciones con Asia. 
La Presidencia trabaja en favor de la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y los países de la ANASE, de conformidad con las conclusiones de la reunión ministerial celebrada en febrero, en Singapur, e iniciará los trabajos de preparación de la segunda cumbre de la ASEM que tendrá lugar en Londres, en 1998. 
La Presidencia seguirá de cerca el proceso de transición que se encuentra en curso en Hong Kong, especialmente el respeto de los acuerdos así como los derechos y libertades de la población. 
La negociación de nuevos acuerdos y la puesta en práctica de acuerdos bilaterales e interregionales firmados estos últimos años, así como el desarrollo y la consolidación de diálogos políticos ya entablados, constituyen las prioridades anunciadas en lo que se refiere a las relaciones de la Unión Europea con los países de América Latina. 
En este contexto, la negociación del nuevo acuerdo con México así como los preparativos para la puesta en práctica de la segunda fase de nuestros acuerdos con MERCOSUR y Chile ocuparán especialmente nuestra atención. 
Empezará a reflexionarse en la preparación de una cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el primer semestre de 1998. 
En lo que concierne a las relaciones con el Parlamento Europeo, el semestre de la Presidencia luxemburguesa será especialmente fértil en grandes debates sobre el futuro de la Unión Europea. 
El Tratado de Amsterdam ha sabido efectuar los cambios institucionales necesarios para hacer más eficaz, más democrático y más transparente el proceso de decisión en el seno de la Unión. 
Así, el papel legislador del Parlamento Europeo, que desde ahora comparte en un mismo pie de igualdad con el Consejo, se ha visto netamente reforzado gracias a la simplificación y la extensión del procedimiento de codecisión. 
Además, es preciso mencionar la reducción del número de procedimientos a tres, a saber, el dictamen conforme, la codecisión y la consulta. 
Por lo demás, el papel del Parlamento Europeo en materia de lucha y prevención contra la criminalidad se ha visto reforzado: el Consejo consultará al Parlamento antes de adoptar decisiones marco, decisiones o convenios en la materia, y el Parlamento Europeo está habilitado a introducir, para el procedimiento que rige su propia elección, propuestas que deberán fundarse en los principios comunes a todos los Estados miembros. 
Nos mantendremos a la escucha del Parlamento respecto a la ampliación y las reformas de nuestras políticas internas. 
Se informará regularmente al Parlamento sobre el avance de nuestros trabajos. 
La Presidencia desea establecer estrechas relaciones de intercambio y diálogo con su Asamblea. 
Al igual que sus compromisos con el Parlamento Europeo, la Presidencia luxemburguesa cumplirá con sus obligaciones hacia el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. 
Señor Presidente, Señorías, apenas terminada la Conferencia Intergubernamental, la Unión deberá encarar de nuevo, en el curso de los próximos meses, desafíos fundamentales. 
La Presidencia se esforzará en hacer todo lo que esté en su mano para que este difícil debate se desarrolle en un clima de solidaridad, un clima que debe caracterizar las relaciones entre los Estados miembros que comparten el mismo ideal europeo. 
La Presidencia servirá este ideal con compromiso y dedicación. 
Señor Presidente, tengo el gusto de dar la bienvenida, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Presidencia luxemburguesa. 
La presentación del programa se llevó a cabo en un ambiente íntimo y ante una asistencia sumamente atenta. 
De todas maneras, señor Presidente, los luxemburgueses están acostumbrados a reemplazar la cantidad por la calidad. 
Señor Presidente, su Presidencia da comienzo al día siguiente de la Cumbre de Amsterdam. 
Una de las decisiones de esta Cumbre de Amsterdam fue organizar una nueva cumbre, la del empleo. 
Ante el paro que no retrocede, el Consejo ha dado por fin una señal fuerte. 
Por el momento, no cabe duda de que no se trata sino de una señal, pero el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos se felicita por ello y tiene la intención de aprovechar las semanas y los meses que vienen para contribuir a una nueva dinámica del empleo en Europa. 
Queremos utilizar de la manera más eficaz, mayormente ofensiva y constructiva posible la ocasión que ofrecen los cuatro próximos meses para actuar a favor del empleo. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de nuestro Parlamento se ocupa, como usted sabe, de elaborar un informe sobre el tema. 
El propio Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha establecido una taskforce para dirigir sus propias consultas. 
Nuestra Presidenta, la Sra. Pauline Green, acaba de escribir esta semana a los Jefes de Estado y de Gobierno una carta en la que señala las seis pistas a las que vamos a dedicar nuestros esfuerzos de reflexión y propuestas: mejorar la coordinación de las políticas económicas nacionales; reducir las cargas que pesan sobre el trabajo; acabar con el paro de los jóvenes y el paro de larga duración; buscar una nueva distribución de la duración del trabajo; desarrollar nuevos puestos de trabajo en el ámbito social y medioambiental; desarrollar la inversión pública y privada. 
Más allá de estas pistas, si se quiere que el esfuerzo común obtenga resultados, es preciso ponernos claramente de acuerdo- y me felicito que haya mencionado especialmente este punto, señor Presidente- para ultimar, a nivel de la Unión Europea, un modelo social y económico que sirva de referencia. 
Para nosotros, socialistas, si bien es verdad que es preciso modernizar el modelo social, la legislación del trabajo, ello no puede entrañar la precarización sistemática del trabajo o el desmantelamiento del servicio público. 
En un terreno mucho más concreto, señor Presidente del Consejo, la Presidencia luxemburguesa debe decirnos qué piensa hacer para que las decisiones de la Cumbre de Luxemburgo, del 20 al 22 de noviembre, sean tomadas en consideración en el presupuesto de 1998, cuya primera lectura está prevista en el Parlamento Europeo para el 21 de noviembre. 
Señor Presidente, la Presidencia luxemburguesa declara querer preparar con prudencia y circunspección el Consejo Europeo del mes de diciembre dedicado a la ampliación. 
Yo, por mi parte, recuerdo que, para usted, la estrategia debe ser un proceso de inclusión y no de exclusión respecto a los países candidatos a la adhesión. 
Para el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, es preciso tener presente, a todo lo largo de este proceso, dos condiciones. 
En primer lugar, queremos que esta Unión Europea siga siendo un conjunto políticamente coherente. 
No queremos una división de la Unión Europea que la convierta, al final del proceso, en una mera zona de libre comercio. 
En segundo lugar, y es la consecuencia lógica de esta primera condición, antes de toda ampliación, se precisa un acuerdo relativo al voto por mayoría cualificada para que esta Unión Europea pueda continuar tomando decisiones en todos los terrenos. 
Señor Presidente, estos grandes objetivos no deben hacernos olvidar poner orden en nuestra propia casa. 
La crisis de las vacas locas tiene repercusiones escandalosas. 
El Consejo tiene por desempeñar un papel esencial si ha de hacerse realidad la Europa de la salud, que el Sr. Santer no ha prometido. 
Es preciso, por ejemplo, que el Consejo conceda los fondos necesarios para la investigación sobre la EEB. 
También es necesario que los Estados miembros tomen en serio su tarea de control y moralización del mercado de la carne. 
¿De qué sirve, en efecto, ampliar el mercado interior, moderar las reglamentaciones nacionales, abatir las fronteras si es para obtener un mercado del fraude? 
La Unión Europea, señor Presidente, corre el riesgo de experimentar una crisis institucional en otoño si el Consejo y la Comisión no toman en serio la protección de la salud de los consumidores. 
Señor Presidente del Consejo, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiere ser un socio crítico y constructivo de la Presidencia luxemburguesa. 
Sobre todo, esperamos- y los últimos quince días dieron señales alentadoras a este respecto- que la Presidencia tenga muchos contactos con el Parlamento Europeo y que tome en serio nuestras propuestas. 
Le deseamos, pues, buena suerte en su difícil y apasionante cometido. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, su primer gran reto es la cumbre extraordinaria sobre el empleo en noviembre. 
Pienso que juntos hemos de ser conscientes del riesgo de decepcionar nuevamente a la población. 
Asimismo tendremos que asumir nuestra responsabilidad; a principios de noviembre celebraremos un congreso del partido PPE en Toulouse. Espero que los Jefes de Gobierno de nuestra familia política puedan reunirse allí. 
En todo caso, esta cumbre está siendo preparada por un grupo especial de trabajo, en que también participa nuestro Grupo parlamentario. 
Pienso que no hemos de dar la impresión de que la reunión de los máximos jefes políticos de la Unión se vaya a limitar a solucionar un problema que nos persigue desde hace tiempo. 
A diferencia de otros continentes, el desempleo es una plaga duradera en Europa. A la larga puede suponer una amenaza para la legitimidad de nuestras sociedades democráticas y para el proceso de integración europea. 
Pienso que el éxito de la lucha contra el desempleo depende de los esfuerzos conjuntos de las economías de los Estados miembros. 
El saneamiento de las finanzas públicas es una condición fundamental para lograr un crecimiento sostenible y sano, y un requisito indispensable para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Asimismo cada Estado miembro ha de introducir una mayor flexibilidad en el mercado laboral reduciendo los costes de las cargas sociales y las contribuciones. 
Pero el Grupo del PPE subraya nuevamente su apego al modelo de cooperación europea basada en la economía de mercado. 
Esta economía social de mercado significa que la lucha contra la rigidez no puede degenerar en una desregulación salvaje que aumente la desigualdad y amenace a los más desfavorecidos entre nuestros ciudadanos. 
Por tanto, decimos «sí» a una mayor competitividad. «Sí» a las nuevas soluciones innovadoras que hagan prosperar la iniciativa y el espíritu empresarial, pero sin la rigidez ni los obstáculos burocráticos propios de las economías dirigidas. 
Además pedimos que estas reformas de nuestra política económica se decidan en un diálogo abierto y buscando el máximo consenso posible. 
Señor Presidente, ¿cómo podemos convencer a nuestros conciudadanos de que la Unión Europea ofrece un valor añadido? 
Después de Amsterdam hemos de realizar y profundizar más que nunca el mercado interior. 
La UEM eliminará los elevados costes de transacción, los riesgos monetarios y la devaluación competitiva. 
Por ello, el cumplimiento de los objetivos y del calendario de la Unión monetaria está tan estrechamente vinculado a una política de empleo activa en los Estados miembros. 
Por ello deseamos que se reabra el debate sobre las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones. Fomentaremos el comercio intercomunitario y mejoraremos la estructura económica europea. 
Señor Presidente, el otro gran reto de su Presidencia es la ampliación de la Unión. Quisiera advertir a la Presidencia de las desastrosas consecuencias que tendría para la unidad de nuestro continente una sensación de frustración en los pueblos que no participarán en la primera oleada de la ampliación. 
No hemos de olvidar que la apertura de la Unión a los PECO, los Estados del Báltico y Chipre es un proceso político por excelencia. 
Si nos limitamos a los criterios económicos, el proyecto europeo se convertirá en una mera zona de libre cambio. 
Sin embargo, queremos una Unión política inspirada en un ideal democrático, apoyada por un proyecto de civilización, necesario por razones geopolíticas. 
Bajo ningún concepto aceptaremos un procedimiento que provocara en decenas de millones de europeos el sentimiento de que quedan excluidos. 
Hemos de mantener abierta la puerta a la adhesión de todos los países candidatos, convocar una conferencia permanente e intensificar la estrategia de preadhesión, es decir, aceptar un método de trabajo que ha mencionado esta mañana la Comisión con las palabras «ins» y «pre-ins». 
La «Agenda 2000» , el «paquete Santer» , que algunos llaman «Jacques III» , implica un reconocimiento real de la política estructural de la Unión e incluso de ámbitos políticos comunes y tan esenciales como la política agrícola y regional. 
Es imprescindible para la ampliación y también para poder alcanzar el 1, 27 % del PNB. 
Pero estas limitaciones encierran el riesgo de una verdadera política de toma y daca que colocaría en primer plano los egoísmos nacionales y los derechos adquiridos. 
Es responsabilidad suya y de la Comisión evitar una crisis aguda en los próximos debates, cuyo efecto sería nefasto en la población. 
Intentemos en cambio mover más a la Unión en una dirección comunitaria para que el interés común prime por encima de la simple suma de los intereses nacionales. 
Leal, señor Presidente del Consejo y de la Comisión, a la función motriz que ha desempeñado siempre Luxemburgo, tendrá que jugarse el todo por el todo para que la Unión pueda salir reforzada de las difíciles negociaciones que se avecinan. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio, en el programa que asigna usted a su Presidencia, pone de relieve tres grandes plazos: la Cumbre extraordinaria sobre el empleo, el proceso de ampliación y la continuación de la preparación monetaria. 
Me ocuparé de manera más especial, en nombre de mi Grupo, de estos dos primeros puntos. 
Si lo que desea es una Europa más eficaz y solidaria, si su objetivo es actuar ante todo a favor de los ciudadanos, el empleo es, efectivamente, el problema al que es preciso dedicarse en cuerpo entero para responder a sus expectativas reales. 
No le ocultaremos que seguimos esperando una verdadera evolución de los comportamientos que facilitará la creación de empleo, especialmente para las PYME. 
Por lo demás, este punto está en relación directa con los trabajos de transposición y aplicación del derecho comunitario y la reducción de las cargas administrativas que pesan sobre las PYME. 
La reunión extraordinaria del Consejo Europeo representará, sin duda alguna, una prueba para su Presidencia. 
Sea que ésta se quede en un mero texto en el que las conclusiones irán a parar al catálogo de las buenas intenciones, sea que de ahí salgan propuestas realmente concretas, y entonces se hará perceptible la voluntad de los Estados miembros en adoptarlas. 
Aprobamos su sugerencia a los Estados miembros de dar a conocer las medidas nacionales que tienen repercusiones sobre el empleo. 
No hay vergüenza alguna en utilizar recetas eficaces, aunque no se haya sido su inventor. 
En lo que concierne a la ampliación, si la Comisión nos presentó, esta mañana, una propuesta contable de las candidaturas, el Consejo se honraría teniendo una visión política de esta ampliación. 
Países tales como Rumania, y cito a la Comisión «que se ha dotado de instituciones democráticas cuya estabilidad parece, ahora, asegurada» , pero también Eslovaquia, que es al menos tan democrática como los demás, requieren del reconocimiento político que representaría el examen de su candidatura. 
No me atrevo a creer que la limitación de los candidatos a «cinco más uno» sea una manera valiente de resolver el problema de la reforma de las instituciones, hecho a un lado por la Cumbre de Amsterdam. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea hacia los países de Europa central y oriental se inscribe en una perspectiva histórica, que nos brindará la oportunidad de eliminar las últimas secuelas de la Europa de Yalta. 
El carácter histórico de este cometido nos pide, a mi juicio, abstenernos de hacer cuentas de tendero a propósito del precio de la ampliación. 
Efectivamente, los medios presupuestarios requeridos para este fin, la ya ineluctable reestructuración del sistema institucional, en resumen, el conjunto de los esfuerzos que hemos de desplegar hacia Europa central y oriental, son de una envergadura excepcional. 
No obstante, me parece juicioso calificar nuestra contribución, en este caso, como el precio de la responsabilidad. 
En 1947, el precio de la responsabilidad fue el precio que pagó Estados Unidos en forma del Plan Marshall, destinado a hacer renacer Europa occidental, no sin éxito, por lo demás, de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. 
En 1997, lo que se nos exige es el precio de la responsabilidad si queremos conceder a los países de Europa central y oriental el derecho legítimo de participar en la construcción de un nuevo orden político, económico, de paz, justicia y seguridad en Europa. 
Señor Presidente, casi no hay alternativa al precio de la responsabilidad, salvo el precio de la indiferencia que tendríamos que pagar en la hipótesis, definitivamente descartada, espero, de que nos echemos atrás ante nuestras responsabilidades hacia aquellos a los que, todavía hasta hace poco, les estaba prohibido practicar con la Unión Europea un diálogo digno de este nombre. 
Corresponde a la Presidencia luxemburguesa asumir la dirección de los asuntos del Consejo en la materia durante los próximos seis meses. 
Al hacerlo, la actual Presidencia puede contar con el apoyo condescendiente del Parlamento Europeo, en general, y del Grupo liberal, en particular, que no ha dejado de darse cuenta de que la calidad de una Presidencia no corresponde necesariamente a la talla del Estado miembro que la ejerce. 
Señor Presidente del Consejo, ejerce usted la Presidencia en nombre de un Estado miembro que, ya en el siglo pasado, había comprendido que era demasiado pequeño para hacer frente solo a todos los desafíos económicos, políticos y de seguridad. 
Habida cuenta de que la obligación de tener éxito se ha convertido en una constante en la historia de su país, Sr. Poos, no me queda sino desearle la imaginación, el valor y la lucidez indispensables para llevar a bien su cometido histórico. 
Señor Presidente, quisiera trasladar al señor Poos, Presidente en ejercicio del Consejo, un buen deseo y dos preocupaciones. 
El deseo es que acierten en el Consejo de diciembre en la preparación de la ampliación. 
Esta mañana hemos debatido largamente sobre ella, se nos han presentado los criterios de la Comisión, y todo ello es una buena base para que el Consejo, con la Presidencia luxemburguesa, pueda dar pasos importantes para esta imperativa ampliación. 
Pero, además, quería presentarle estas dos preocupaciones: una de ellas, que vienen mencionando todos los colegas, es el Consejo Europeo sobre el empleo el 21 y 22 de noviembre en Luxemburgo. 
La Presidencia luxemburguesa ha aceptado una enorme responsabilidad. 
Y empieza a haber cierto desasosiego en la opinión pública europea y en los partidos políticos, porque se crean grandes expectativas, y no puede ser que esto se convierta sencillamente en una operación de propaganda para cubrir las deficiencias del Consejo Europeo de Amsterdam o de los mecanismos que tiene la Unión Europea para conseguir una política de empleo. 
Mi Grupo tiene una vocación especial por defender una política de empleo; se llama Izquierda Unitaria Europea, y esto lo dice casi todo. 
Y pensamos que, con esta subordinación a los criterios del Pacto de Estabilidad, es muy difícil crear empleo si no hay un cambio en las políticas macroeconómicas. 
De todas formas, instamos a la Presidencia luxemburguesa a que establezca unos objetivos claros y unos mecanismos al respecto, y recibirá también la visita de nuestro Grupo en Luxemburgo para entregarle nuestras propias propuestas. 
La segunda preocupación- ya en pocos segundos- es el presupuesto de la Comunidad. 
La propuesta inicial de la Comisión es muy restrictiva y nosotros vemos también con mucha preocupación el que los Gobiernos tiendan a un presupuesto cero. 
Confiamos en la Presidencia luxemburguesa para que esto no sea así. 
Que tenga usted éxito y que tenga éxito la sociedad europea en estos momentos tan difíciles y tan esperanzadores. 
Señor Presidente, desde una oposición plena de imaginación, radical y, por tanto, también responsable, queremos expresar nuestro asentimiento a la Presidencia luxemburguesa. 
Vamos a ver exactamente qué es lo que hace y apoyaremos cualquier paso, incluso el más pequeño, que se aleje de la política errónea actual y reconduzca el rumbo hacia una Europa más democrática, ecológica y social. 
Una Europa, una Unión Europea que no sirva en primer lugar a los Bancos y a los grandes consorcios sino a los ciudadanos de a pie y que desempeñe a nivel mundial un papel constructivo, solidario y preventivo de conflictos. 
Aquí se incluye que se atienda seriamente la exigencia de una auténtica igualdad en el trato a los candidatos al ingreso, incluyendo aquellos que no se han propuesto para la primera ronda. 
Aquí se incluye también la necesidad de ocuparse más intensamente de la política de empleo. 
Puedo anunciar que 14 días antes de la Cumbre, vamos a celebrar en Luxemburgo una cumbre verde por el empleo. 
Vamos a estar presentes en la Cumbre de Luxemburgo junto con otras fuerzas de la Asamblea Europea por el Pleno Empleo, para presentar nuestras exigencias. 
Aquí se incluye dar un auténtico rechazo a la orientación neoliberal y monetarista de la política de empleo que está orientada a presentar como solución sueldos de miseria y empleos en precario. 
No queremos programas de gastos keynesianos, en los que se derrochan sin ningún sentido y razón miles de millones de ecus. 
Hay que poner en marcha una política de empleo europea que, naturalmente, también cuesta dinero pero que sobre todo se base en una transición hacia otro modelo de desarrollo: programas ecológicos con inversiones de futuro, fomento oficial de la reducción de la jornada de trabajo, fortalecimiento directo de la demanda interior mediante la redistribución hacia abajo y medidas financieras en el tercer sector. 
Si ponemos en marcha todo esto conjuntamente, lograremos que la Agenda 2000 no sea un león rugiente que salte para acabar siendo luego un humilde servidor de aquellos que han determinado hasta ahora la política europea. 
Señor Presidente, se ha dicho que la Conferencia Intergubernamental se convocó para preparar a la UE para la ampliación a los nuevos Estados miembros. 
Tal cosa no se ha logrado. 
La Comisión solicita ahora una nueva Conferencia Intergubernamental para el año 2000, antes de la posible ampliación. 
No obstante, el Tratado de Amsterdam dificulta más la unión de los países europeos. 
Los nuevos Estados miembros han de cumplir requisitos aún más rigurosos en cuanto a la política económica y a los presupuestos nacionales. 
Han de participar forzosamente en la cooperación monetaria. 
Así se dificultará un desarrollo económico sostenible en los países con economías atrasadas. 
Una condición para participar es que los nuevos Estados miembros eliminen sus fronteras comunes y las fronteras con la UE. 
¿Está la UE dispuesta a abrir su mercado laboral a la inmigración teniendo 18 millones de desempleados? 
¿Será esto posible sin conflictos sociales? 
Con los nuevos y más rigurosos requisitos para los futuros Estados miembros, el Tratado de Amsterdam supone un retraso real de la ampliación. 
En vez de unir Europa, estamos haciendo lo contrario, es decir, dividirla. 
El Tratado de Amsterdam incluye bellas palabras sobre transparencia, desarrollo sostenible y empleo, pero las bellas palabras sobre empleo redundarán, junto con la Unión Monetaria, en un mayor desempleo. 
Las declaraciones sobre el medio ambiente se acompañan de la eliminación de la garantía ambiental prevista en el apartado 4 del artículo 100A del Tratado, que es sustituida por un régimen de exención gestionado por la Comisión. 
La transparencia puede en este momento ser aprobada por 8 de los 15 países. 
Mañana misma puede ser suprimida por tres países como España, Francia y Alemania. 
Lo que me gustaría alabar no lo veo por ningún lado, así que tendré que sentarme sin alabar nada. Con todo, quiero felicitar a Luxemburgo por asumir la Presidencia de la UE. 
Normalmente tenemos buenas presidencias cuando son ejercidas por los países pequeños. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la ocasión para llamar la atención de la Presidencia luxemburguesa sobre un problema que se manifiesta en estos momentos en mi país en relación con la transposición al derecho belga de la Directiva europea del 19 de diciembre de 1994 sobre el derecho de sufragio de los ciudadanos europeos. 
Ante todo quiero decir que esta Directiva es un ejemplo- por lo menos a mi entender- de una toma de decisiones antidemocrática a escala europea. 
A fin de cuentas, para introducir el derecho de sufragio europeo, en Bélgica se necesita modificar la Constitución por mayoría parlamentaria de dos tercios. 
No obstante, en mi país tanto el Tratado de Maastricht como la Directiva fueron aprobados por mayoría simple. 
La prevalencia efectiva de la Directiva europea sobre la Constitución belga implica, por consiguiente, que un ministro cualquiera con una mayoría simple o un Consejo de Ministros europeo cualquiera pueda modificar la Constitución de mi país, lo cual me parece inaceptable y antidemocrático. 
Concretamente, los flamencos nos enfrentamos al enorme problema de que el derecho de sufragio para los ciudadanos de la UE en Bruselas y en los municipios flamencos equivale a una especie de limpieza étnica en detrimento de los neerlandófonos, en detrimento de los flamencos. 
Creo que es una situación que resultará conocida a los luxemburgueses, que también tienen una cultura lingüística muy específica. 
Hoy he de afirmar que el consabido lema de la «diversidad europea como riqueza de nuestro continente» no puede seguir siendo papel mojado. 
Y que la diversidad significa que un pueblo tiene un territorio propio y protegido, donde domina su cultura y donde son bien recibidos los inmigrantes, aunque han de adaptarse. 
Pues bien, los flamencos han de constatar que quienes hablan otra lengua, los inmigrantes en su territorio, en Bruselas y en los alrededores, no sólo no se adaptan, sino que intentan imponer su cultura, su lengua, su ley. 
Hoy, la Directiva europea a la que nos referimos sigue sin transponerse al derecho belga. 
Si la Presidencia luxemburguesa, como se ha anunciado, toma medidas para obligar a aceptarlo a mi país, Flandes, tiene que ser consciente de que todo un pueblo, los flamencos, se volverá en contra de esa Europa y eso sería lamentable. 
Señor Presidente, a lo mejor no hago más que repetir lo que todos ya saben, pero vale la pena de indicar que la Presidencia luxemburguesa toma posesión en un momento de importancia capital para el desarrollo de Europa. 
Hoy vamos a ocuparnos del final de la Conferencia Intergubernamental, y tenemos ante nosotros el documento sobre la Agenda 2000. 
Estas dos cuestiones, desde diferentes puntos de vista, apuntan a la ampliación de la Unión Europea. 
Esa ampliación reviste una enorme importancia, no solamente en el sentido simbólico sino también en un sentido sumamente real. 
La ampliación es importante para los países que desean adherirse a la Unión Europea, pero también es importante para nosotros, los que ya somos Estados miembros. 
No hay duda alguna de que va a ser la ampliación lo que, de muchas maneras pero muy acertadamente en todas ellas, suscite el principal interés durante la Presidencia de Luxemburgo. 
En estas circunstancias, mi llamamiento especial es que no nos olvidemos del empleo. 
Más aún: hagamos más hincapíe en la creación de puestos de trabajo. 
No saben lo que me agrada que en noviembre haya una reunión especial en la cumbre para ocuparse del empleo. 
Esto será de la máxima importancia para todos, y no solamente para los 18 millones de personas que no tienen empleo en la Europa de nuestros días. 
Ahora bien, no quisiera que la Conferencia fuera una conferencia tranquila y cortés: quisiera que fuera un acontecimiento dinámico. 
Un acontecimiento dinámico que no se limite a exponer las mejores prácticas sino que haya sabido preparar a fondo propuestas concretas y convenga en ponerlas en práctica. 
Por ejemplo, me gustaría que hubiera recomendaciones sobre «empleabilidad» , sobre una utilización más eficaz de los fondos estructurales, sobre el mejoramiento de la competitividad en la Unión Europea, sobre la promoción de la capacitación y la educación, sobre la presentación de formas de promover medidas relacionadas con el bienestar en el trabajo, sin perjuicio alguno para el Estado de bienestar. 
Tenemos que seguir realizando el programa de acción sobre el mercado único, pero necesitamos también encontrar nuevos recursos para la creación de puestos de trabajo. 
Quiza una de las mejores formas de hacerlo consista en disponer de préstamos de bajo tipo de interés en toda Europa destinados a las redes transeuropeas pero también al desarrollo de pequeñas y medianas empresas; ésa sería una de las formas esenciales de crear eficazmente nuevos puestos de trabajo en la Europa de nuestros días. 
Si no lo hacemos, entonces correremos el gravísimo riesgo de alimentar la desilusión que existe hoy en Europa acerca de todo el concepto de la cooperación y la integración europea, pero hoy me siento optimista y estoy seguro de que podemos basarnos en lo que ya hemos conseguido en Amsterdam, seguir promoviéndolo, continuar los debates sobre la ampliación y crear también esos puestos de trabajo que tanto necesitamos. 
Estimo que las indicaciones que nos ha dado esta tarde la Presidencia luxemburguesa son muy alentadoras y muy válidas. 
También me ha alegrado la determinación muy legítima de cooperar con el Parlamento Europeo, y estoy seguro de que si la Presidencia luxemburguesa examina muchas de las prioridades con este Parlamento, podremos decir sin duda que va a tener éxito en su cometido. 
Asi se lo deseo muy sinceramente. 
Señor Presidente, la Presidencia luxemburguesa promete ser agitada, pero apasionante. 
En efecto, el próximo semestre verá llegar a su punto contradicciones que exigirán tomar opciones decisivas para el porvenir de la construcción europea. 
La más fuerte de estas contradicciones es la que opone más que nunca las exigencias de la política social y del empleo al cerrojo financiero impuesto en la actual Unión Económica y Monetaria. 
En todas partes se agudiza el debate sobre la marcha forzada hacia la moneda única, la rigidez de los criterios y del pacto de estabilidad, el irrealismo del calendario, incluso sobre la propia lógica que sostiene todo el proyecto. 
Oficialmente, el asunto está zanjado desde hace cinco años, pero solamente ahora nuestros conciudadanos pueden verificar concretamente que estas opciones neoliberales son sencillamente incompatibles con una Europa social. 
A ello se debe que la crisis del euro estalle por todas partes. 
Suecia, ayer firmante sin ambajes del Tratado de Maastricht, considera desde ahora el proyecto de la moneda única incierto y vacilante y decide no integrar la Unión Monetaria en 1999. 
Al hacerlo, demuestra a todos aquellos que tienen dudas que es efectivamente posible cambiar de opción basándose en la experiencia. 
Gran Bretaña, por su parte, espera poder juzgar con sus propios ojos para decidirse. 
En Francia, el propio Primer ministro anunció que presentará a la opinión, en el momento oportuno, los términos de la contradicción entre las exigencias sociales y la marcha hacia el euro, para que le ayude a decidir. 
La idea de un aplazamiento del proyecto de moneda única se está abriendo paso. 
Mejor aún, ya no es un sacrilegio formular la pregunta: ¿no hay que volver a ponerla en el telar? 
Por ejemplo, se pensó que la disminución de los gastos públicos sociales iba a reducir los déficits. 
Pues bien, esto no funciona, de ahí que se recurra a artificios para respetar los criterios. 
¿Por qué no elegir, al contrario, una reactivación bien utilizada de los gastos públicos sociales, dicho de otro modo, de los gastos que contribuyen a incrementar el crecimiento y el número de verdaderos puestos de trabajo y, por tanto, más ingresos públicos y sociales, lo que reduce los déficits? 
El instrumento de cooperación monetaria para tal política debería ser, a nuestro juicio, no una moneda única, es decir, el alineamiento con la moneda más fuerte, acusando todas las consecuencias económicas y políticas, sino una moneda común europea, verdadera unión de las monedas nacionales para la cooperación. 
En todo caso, ha llegado la hora de aceptar un debate abierto y sin tabues sobre la pregunta que ronda todas las cabezas, no las de los adversarios de Europa, sino, por el contrario, de aquellos que quieren que ésta llegue a buen puerto. 
Esta pregunta es la siguiente: ¿qué es preciso cambiar profundamente en esta construcción europea para que nuestros conciudadanos se reconozcan en ella y se comprometan con ella de nuevo? 
Señor Presidente del Consejo, ocupa usted la Presidencia de la Unión Europea en una etapa difícil en la que deberá contribuir a resolver los problemas esenciales que atañen el futuro de la moneda única, problemas que sus predecesores no han logrado tratar y que solamente han aplazado para dejarlo a la Presidencia siguiente. 
Mencionaré por ello la geometría exacta de los países que participan en el euro, la orientación de la política de cambio, la eventualidad de un gobierno económico del euro y su posición ante el Banco Central Europeo. 
Precisará usted de mucha habilidad para tratar estos problemas fundamentales, ya que, evidentemente, es difícil preservar el relativo consenso que existe cuando ya no puede seguirse por más tiempo en la ambigüedad y se ve obligado a abandonarla. 
Se dice que tiene la intención, para acabar con las discusiones y las especulaciones, de proponer la fijación directa y definitiva, antes del final del año, de las paridades entre un determinado número de monedas. 
Este método, aparentemente hábil desde el punto de vista táctico, no está, sin embargo, previsto en el Tratado y, de todas formas, dejaría sin resolver los problemas que mencioné hace un momento, dando a los Estados miembros la impresión de estar maniatados en el momento en que finalmente será preciso abordarlos. 
Personalmente, yo pienso- aunque no es la intención que usted manifiesta- que sería más prudente, en virtud del apartado 4 del artículo 109 J, del Tratado, que pidiera al Consejo, antes del 1 de enero de 1997, fijar para la moneda única, otra fecha de entrada en vigor distinta al 1 de enero de 1999. 
De esta manera, podría abrirse el debate sobre temas muy importantes para nuestro futuro, especialmente los relativos a la articulación de la organización monetaria, las instituciones y la ampliación. 
Actualmente, es muy grande la tentación de querer eludirlo. 
El Sr. Poos quizás ha cedido ya en parte al sugerir que sería preciso elegir el método- cito- «más expeditivo posible» para ratificar el proyecto de Tratado de Amsterdam. 
¡Cuál no fue nuestra sorpresa al escuchar a la salida del mismo Consejo a un Jefe de Estado felicitarse porque la insignificancia de las reformas permitiría, según él, evitar un referéndum en su país! 
¡Curiosa Europa democrática en verdad, donde no consultar a un pueblo se considera un punto positivo! 
Este es el engranaje de malentendidos entre la Unión y sus pueblos del que queremos salir y esperamos, señor Presidente, que la Presidencia luxemburguesa contribuya a ello. 
Señor Presidente, no cabe duda de que la Presidencia luxemburguesa va a ser extraordinariamente difícil por los siguientes motivos: primero, porque hereda una Conferencia Intergubernamental inacabada y, segundo, porque el problema del desempleo, el más prioritario en Europa, hasta el momento se ha afrontado sólo con meras palabras. 
De todos modos, haré una consideración de carácter general basándome en lo que ocurrió en la reciente Cumbre de la OTAN en Madrid, en la que se decidió la ampliación de dicha organización militar a Polonia, Hungría y República Checa, para demostrar las muchas carencias de Europa en el ámbito de la política europea de seguridad común. 
En dicha Cumbre, de hecho, sólo Francia y, muy tímidamente, Italia desaprobaron que la ampliación al Este excluyera a Eslovenia y Rumania. 
Únicamente, el presidente de la República francesa rechazó las decisiones de Estados Unidos y apoyó con vehemencia sus posiciones magnífica pero, por desgracia, infructuosamente solo. 
Europa, por lo tanto, acudió a esta importante cita de gran valor histórico todavía dividida y desacreditada. 
La diplomacia americana, tras haber decidido que se llevara a cabo la ampliación de la OTAN, decidió además que la misma implicara tan sólo a tres países, teniendo en cuenta las divisiones europeas y la falta de una orientación unitaria de los propios Estados europeos. 
En nuestra opinión, hubiera sido preferible no ampliar la OTAN al Este en este momento ante el riesgo de desencadenar un nuevo síndrome de aislamiento en Rusia y de reconstruir el militarismo paneslavista. 
Hubiera sido mejor que estos tres países, más Eslovenia y Rumania, se adhirieran a la Unión Europea Occidental coincidiendo quizás con su futura adhesión a la Unión Europea. 
Lo que nosotros rechazamos, sin embargo, es ante todo la falta de una estrategia comunitaria unitaria que, por desgracia, seguirá existiendo mientras no se reforme el procedimiento de toma de decisiones abandonando el principio de la unanimidad y no se asigne a la Política Exterior y de Seguridad Común un papel prioritario en el proceso de construcción europea. 
Señor Presidente, el orador que me ha precedido ha empezado diciendo que Luxemburgo tendrá muchos problemas, por lo menos la Presidencia. 
Quiero enfocarlo de forma distinta. A mi entender, la Presidencia luxemburguesa tiene una enorme oportunidad. 
A mi entender, en Europa todo el mundo está harto de tantas declaraciones sin sentido y está tan convencido de que en realidad han de formularse hechos concretos, que la posibilidad de éxito en la cumbre sobre el empleo es mucho mayor que lo que se supone comúnmente. 
Me atrevo a decirlo tan tajantemente por la gran confianza que tengo en la Presidencia luxemburguesa. 
Y no porque se trate de un país pequeño, no pienso que eso sea importante, sino porque sé que siente simpatía por esta cuestión y porque tiene las cualidades para formularla con claridad y sobriedad, aunque también de forma muy concreta. 
Me complace que ayer en la Comisión de Empleo, el presidente Juncker nos pidiera expresamente que presentemos una aportación a mediados de octubre. 
Lo haremos de buena gana y quiero decir algo sobre nuestra dedicación y nuestros criterios. 
En primer lugar, nuestro trabajo tiene que ser muy concreto. 
Es preciso formular un calendario, hay que establecer objetivos, fijar recursos y hay que concretar los porcentajes, las cifras, etc. Las decisiones deben entrar en vigor de inmediato, lo cual significa que en la cumbre habrán de tomarse decisiones que surtan efecto al día siguiente, inclusive en los presupuestos nacionales. 
Pues queda muy bien decir que el empleo es sobre todo una cuestión nacional, pero entonces hay que asumir la responsabilidad en los presupuestos nacionales. Espero que los presupuestos nacionales no se hayan fijado ya antes de la Cumbre. 
Lo mismo puede decirse, por cierto, del Consejo ECOFIN. 
También allí ha de haber espacio suficiente para aplicar en segunda lectura lo que se haya decidido en la Cumbre. 
Asimismo prestaré atención, y espero que también lo haga el Parlamento, a la aportación de los interlocutores sociales, pues estos desempeñan un papel importante. 
En lo que a mí respecta, la flexibilización y la modernización no pueden ser un tabú. Pero nunca ha de ser un sacrificio unilateral por parte de los trabajadores. 
La flexibilización y la modernización sólo pueden ser consecuencia de un contrato en que por un lado se encuentre la flexibilización y por otro, por ejemplo, más puestos de trabajo o suficiente seguridad, seguridad social. 
Habríamos querido que en todo caso se tomara una decisión concreta y es que la política laboral activa se centre principalmente en los dieciocho o treinta millones de personas sin empleo. 
No queremos formación permanente en Europa, sino un compromiso por el que toda formación culmine siempre con un año por lo menos en un puesto de trabajo. Va siendo hora de que entre en vigor la antigua propuesta de Delors. 
Como ya he dicho: la política de empleo es nacional. 
En parte es cierto y en parte es absurdo. 
Uno de los principales instrumentos es la política fiscal. 
La política fiscal es una de las cuestiones que tienen carácter principalmente europeo y, si queremos dar espacio para las medidas incentivadoras, Europa tendrá que desempeñar un papel muy importante en este contexto. 
Señor Presidente del Consejo, solamente quiero exponer mi opinión sobre un aspecto, la armonización fiscal. 
La legislación en materia fiscal en Europa es extremadamente diversa, lo que acarrea considerables distorsiones de la competencia y la destrucción de puestos de trabajo. 
Muchas decisiones empresariales no se adoptan hoy por motivos económicos sino que se tienen en cuenta sobre todo aspectos fiscales, es decir, motivos ajenos al negocio. 
Le apelo ante el Parlamento Europeo para que presente propuestas, tal como usted ha indicado. 
Si no es posible una armonización en un primer paso, al menos se pueden dar de un modo realista pasos de aproximación. 
Sé que precisamente mi Gobierno ha dicho hasta ahora que la unanimidad en la legislación fiscal es muy importante. 
Le propongo hoy suprimir el principio de unanimidad para los márgenes de fluctuación y para las bases de cálculo de los impuestos. 
Para estos aspectos deberíamos estar dispuestos a decidir también sin unanimidad, pues, de lo contrario, no nos acercaremos a la solución de este problema de la armonización fiscal. 
Por ello, le estoy tan agradecido de que se haya referido a este tema en su intervención. 
Por nuestros ciudadanos y por la competencia en el mercado mundial con los norteamericanos y asiáticos, esperamos que dé realmente pasos en dirección a una armonización fiscal y que lo haga con el apoyo del Parlamento. 
Por lo demás, ruego que conste en Acta que no he agotado mi tiempo de uso de la palabra. 
Señor Presidente, tras desear suerte a la Presidencia en ejercicio, quisiera formular una serie de preguntas concretas para las que me gustaría, en la medida de lo posible, recibir también respuestas concretas. 
Empezando por lo más inmediato, le ha correspondido a la Presidencia en ejercicio la tarea de ultimar la redacción de los acuerdos del Tratado de Amsterdam y he sabido que hay algunos Estados miembros que contestan algunos de los acuerdos, en concreto los que se refieren a la extensión de los poderes de codecisión de este Parlamento y también algunos aspectos relativos a la libre circulación de personas. 
Creo que sería deseable, señor Presidente, que la Presidencia en ejercicio, como garante del interés general, pusiese y movilizase todos los medios al objeto de poder garantizar que estos acuerdos, a los que se ha llegado en el Consejo Europeo de Amsterdam, se cumplen. 
En lo que se refiere, señor Presidente, al funcionamiento del mercado interior, la verdad es que se siguen produciendo violaciones a la noción de mercado interior y en concreto en el ámbito de la libre circulación de mercancías. 
Y este tipo de comportamientos, que vienen siendo ya abusivos, reiterados y permanentes, ponen en peligro la esencia misma del mercado interior y, además, ponen en peligro la credibilidad del proyecto europeo, pues no podemos pedir a nuestros ciudadanos que crean en una realidad que no funciona correctamente. 
La pregunta es muy sencilla, señor Presidente: ¿estaría la Presidencia en ejercicio de acuerdo con la idea, dentro del plan de acción que ha aprobado la Comisión para el mercado interior, de sancionar o de introducir sanciones para aquellos Estados miembros que no garanticen las libertades a las que les obliga el Tratado? 
Celebro la referencia que ha hecho al reforzamiento de las relaciones con los países de América Latina y me gustaría saber, señor Presidente en ejercicio, si en relación con la Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina- que en principio parece que se va a celebrar bajo Presidencia alemana- la Presidencia luxemburguesa podría ir avanzando en lo que se refiere a la determinación del lugar, las modalidades, el formato y la fecha de participación. 
Y termino como empecé, señor Presidente, expresándole mis mejores deseos para el ejercicio de su Presidencia y convencido de que, gracias a su experiencia y a su probada voluntad de defender el interés general, podremos alcanzar los resultados que todos esperamos. 
Señor Presidente, esta mañana el Presidente Santer dijo en guisa de conclusión a su presentación de la Agenda 2000: » Nuestro éxito será también el de Europa». 
Hace un momento, el Sr. Poos, presentando su programa ha llamado la atención sobre lo que es casi una verdad de perogrullo, es decir, que Luxemburgo asume la Presidencia de la Unión en un momento crucial del desarrollo de ésta. 
El éxito de la Presidencia luxemburguesa será, pues, también el de Europa. 
Lo deseo de todo corazón. 
No quisiera insistir en las grandes citas de esta Presidencia, que mis compañeros ya han comentado ampliamente, sin embargo, en mi calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, quiero expresar nuestra satisfacción respecto las intenciones de la Presidencia luxemburguesa en materia de armonización fiscal. 
En este recinto, a menudo se acusa equivocadamente a mi país cuando se trata este asunto. 
Espero que la Presidencia luxemburguesa también sepa convencer a este Parlamento de que, para hacer cesar todo tipo de competencia fiscal malsana, el enfoque correcto es el suyo, es decir un enfoque global. 
Por tanto, puedo tranquilizar a mi compañero Friedrich. 
Mis compañeros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural me han pedido decir que, vista la Agenda 2000, esperamos de la Presidencia luxemburguesa, y sobre todo de nuestro amigo Fernand Boden, ministro de la Agricultura, un trato mucho más atento a nuestras posiciones que la triste suerte reservada, por ejemplo, a 20 de las 22 enmiendas de mi informe para salvar a las abejas en Europa. 
Sé que la Presidencia luxemburguesa está consciente de los nuevos desafíos que es preciso encarar para el desarrollo futuro de la política agrícola común y que tiene la intención de abordarlos con prudencia, pero también con la determinación indispensable para hacer avanzar los expedientes. 
Sin embargo, le ruego que no tome el sentido equivocado convirtiendo a los agricultores y los viticultores europeos en eternos necesitados de ayuda. 
Los agricultores y viticultores no deberían ser las principales víctimas de la ampliación: lo que piden no son más subvenciones, sino las condiciones para poder producir con responsabilidad, tanto en lo que se refiere a la calidad como a la cantidad. 
Querer justificar la reducción de los precios pretendiendo que los consumidores saldrían beneficiados demuestra un cierto cinismo, en la medida en que nuestros consumidores gastan una parte cada vez mayor de sus ingresos en cosas superfluas, a menudo a precios excesivos, y cada vez menos en la necesidad esencial que representa una alimentación sana y equilibrada. 
Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer a todas aquellas y aquellos que han reaccionado directamente a la presentación del programa marco de la Presidencia luxemburguesa para los próximos seis meses y les agradezco sinceramente, en nombre de todo el equipo de la Presidencia, el ánimo y el aliento que todas ellas, y ellos, han tenido a bien desear a la Presidencia entrante. 
Me gustaría responder brevemente a tres o cuatro grandes temas que han aparecido reiteradamente en la mayor parte de las intervenciones que acabamos de escuchar. 
Primer tema y primer desafío, la Cumbre del empleo, que deseamos preparar con ustedes de manera eficaz. 
Ustedes no quieren, lo sabemos, que la Cumbre del empleo se convierta en una cumbre de la desregulación, una cumbre de la desmovilización del derecho laboral y las conquistas sindicales. 
Sabemos también que la Cumbre no debe convertirse en una ilusión, ni en un festival mediático sin mañana. 
Por ello, hemos iniciado un procedimiento concreto de preparación de la Cumbre mediante la movilización de todas las energías de Europa a favor del empleo. 
Durante los próximos cuatro meses, de aquí a la Cumbre, todos los Gobiernos, todos los interlocutores sociales, los expertos, los partidos políticos y el Parlamento Europeo, se movilizarán para comunicarnos sus sugerencias con el fin de que esta Cumbre sea un éxito. 
En cuanto al fondo, es preciso que esta Cumbre se convierta en una cumbre del valor añadido europeo a las políticas nacionales de lucha contra el paro, es decir, que será preciso consolidar la competitividad de nuestras empresas responsables de la creación de empleo; será preciso hablar de nuevo de la disminución de las cargas no salariales; será preciso hablar de nuevo de la ecofiscalidad; asimismo, también habrá que movilizar a favor del empleo el dinero escondido, empezando por nuestras propias instituciones, el presupuesto comunitario, el Banco Europeo de Inversiones, sin olvidar los presupuestos nacionales, donde la lucha en favor del empleo deberá recibir una atención prioritaria. 
Y luego, será preciso revisar de nuevo todas las buenas propuestas que ya se encuentran sobre la mesa, el informe Delors, el informe Santer sobre la creación de puestos de trabajo de proximidad. 
Existen canteras de empleo en Europa que es necesario movilizar y espero que la cumbre europea pueda lanzar algunas pistas concretas sobre este tema. 
Por tanto, nada de operaciones publicitarias, sino un objetivo concreto, una Cumbre del empleo diferente a todas las demás, que deberá fijar algunos objetivos prioritarios y cuantificados a nuestros Estados miembros. 
Segundo tema, el desafío de la ampliación. 
Se ha abordado de dos maneras, insistiendo una vez más en la necesidad de profundizar antes de ampliar y, en segundo lugar, insistiendo en la necesidad de no crear una nueva división en Europa. 
El Sr. Fayot y, esta mañana, el Sr. Häsch, dijeron que la eficacia de nuestras instituciones comunitarias no depende de la talla de la Comisión, ni de la ponderación de los votos en el Consejo. 
La eficacia de nuestras instituciones depende de la manera en que tomen sus decisiones, de la manera en que estén organizadas. 
La reorganización de la Comisión se llevará a cabo e igualmente propondré al Consejo que revise sus métodos de trabajo. 
Además, está la cuestión de la mayoría cualificada. 
Los quince países miembros podrían aceptar, para algunos ámbitos del Tratado, más mayorías cualificadas y una reducción de los artículos que todavía se rigen por la unanimidad. 
Sin embargo, si se le adiciona el número de vetos emitidos por tal o cual país respecto a una u otra categoría de decisión se llega, tengo que decirlo claramente, a la pequeña relación de mayorías cualificadas que figura en el Tratado de Amsterdam. 
Y si, mañana, iniciamos de nuevo este ejercicio de examinar minuciosamente el Tratado de arriba a abajo y de abajo a arriba para descubrir otros artículos en los que podría introducirse la mayoría cualificada, es posible que se encuentren uno o dos artículos más, pero no merece la pena intentar el ejercicio. 
Esperemos, pues, algunos años antes de lanzarnos a esta nueva operación. 
Este es el sentido del protocolo institucional anejado al Tratado de Amsterdam, que prevé para las cinco primeras ampliaciones una adaptación puramente mecánica de la talla de la Comisión y de la ponderación de los votos, y que prevé efectivamente una nueva Conferencia Intergubernamental si el número supera a los cinco, donde no sólo se trataría de nuevo la talla de las instituciones, sino también su funcionamiento, incluido la cuestión de la mayoría cualificada. 
En lo relativo a la necesidad de evitar una nueva división de Europa, estoy de acuerdo con todos aquellos que han destacado esta exigencia. 
Es preciso que el proceso de ampliación de la Unión Europea mantenga la puerta abierta a todos los Estados candidatos, que reafirme que todos tienen la vocación de adhesión. 
Actualmente, la única incógnita que existe para nosotros es el momento de su entrada. 
La empresa histórica de la reunificación del continente europeo no debe convertirse en la víctima de una falta de procedimiento. 
Algunos oradores mencionaron también el tema de la moneda única. 
A mi juicio, la moneda única forma parte del marco macroeconómico estable necesario a la creación de empleo. 
Si no logramos cumplir con este objetivo, nos precipitamos en una crisis destructora de empleo. 
Por ello, digo a todos aquellos que han expresado la idea de dejar a un lado la introducción del euro en lugar de aplazarla a más tarde, que con ello se corre el riesgo de anular varios años de esfuerzos de convergencia nacional y provocar una grave crisis europea. 
Más bien sería preciso anticipar su introducción desde el momento en que quede de manifiesto que un número significativo de Estados miembros reúne los criterios del Tratado. 
Al final, un orador que no sé si todavía se encuentra presente en la sala, me hizo algunas preguntas concretas. 
En lo relativo al Tratado de Amsterdam, confirmo que la Presidencia luxemburguesa no abrirá de nuevo el debate. 
El Tratado quedó formalmente establecido por el Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, el Primer ministro Wim Kok, quien verificó el acuerdo formal de todas las delegaciones respecto al texto. 
Nosotros no lo abriremos de nuevo al debate. 
La violación del mercado interior en algunos países es una práctica condenable, pero los Estados sobre cuyo territorio se presenten tales prácticas tienen la responsabilidad de respetar el Tratado y los reglamentos correspondientes. 
Hasta ahora, no disponemos de sanciones europeas a este respecto, pero no excluyo la posibilidad de que este tema se discuta a nivel del Consejo e introduzcamos sanciones tales como las que existen, por ejemplo, en el pacto de estabilidad que acaba de establecerse en Amsterdam en materia de moneda única. 
En relación con la Cumbre de América Latina, todavía no hemos comenzado a prepararla concretamente. 
Pienso que tendrá lugar en uno de los países de América Latina y vamos a iniciar, en las siguientes semanas, los preparativos correspondientes. 
Concluyo, señor Presidente, dándole una vez más las gracias. 
Ha quedado de manifiesto que la Presidencia luxemburguesa se ejercerá en un momento crítico de la historia de la Unión Europea. 
Hoy, se han mostrado ustedes críticos y constructivos. 
Deseo que sigan por esta vía en el curso de los próximos meses, y la Presidencia luxemburguesa se esforzará en no decepcionar sus expectativas. 
Muchas gracias por su respuesta, señor Poos. 
El debate queda cerrado. 
Incursiones de Turquía en el norte del Iraq 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo sobre las incursiones de Turquía en el norte del Iraq. 
Señor Presidente, Señorías, a guisa de introducción quisiera decir que los años pasan, pero que algunos elementos conflictivos permanecen. 
Hace seis años, en el marco de la Presidencia luxemburguesa, tuve la oportunidad de dialogar con este Parlamento sobre el mismo tema que hoy nos ocupa y, lamentablemente, es preciso comprobar que los problemas persisten. 
Señor Presidente, Señorías, una vez dicho esto, quisiera recordarles que el respeto de los derechos humanos y la democracia en Turquía siguen siendo una de las preocupaciones centrales del Consejo de Ministros. 
Después de las incursiones turcas en el norte de Irak, el Consejo- quiero recordarlo- puso de manifiesto sus agudas preocupaciones. 
Sin dejar de comprender el deseo de Turquía de acabar con los actos terroristas la Presidencia de la Unión Europea destacó que el problema kurdo sólo puede resolverse por vía política, y no a través de una vía militar. 
Ha instado a Turquía a demostrar la mayor moderación, en especial, a no poner en peligro la vida de civiles inocentes. 
Por lo demás, ha exhortado a los responsables turcos a retirar sus fuerzas militares del territorio iraquí a la mayor brevedad posible. 
Señor Presidente, quiero recordar, asimismo, que durante la reunión del Consejo de Asociación con Turquía, celebrado el 29 de abril de este año en Luxemburgo, la Unión Europea reafirmó el principio de eligibilidad de Turquía a la adhesión a la Unión Europea, tal como, por lo demás, lo enuncia el acuerdo de asociación que remonta a 1963. 
Este principio figura también en la opinión de la Comisión, opinión que data de 1989 y que el Consejo ha aceptado. 
Por ello, Turquía será juzgada tomando como base las mismas normas y criterios objetivos que los demás candidatos a la adhesión. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha subrayado que la continuación del reforzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía se hace en función de un determinado número de datos objetivos, entre los que se incluye una solución del problema kurdo. 
Teniendo presente la envergadura del problema que encara Turquía en el sudeste del país, la Unión ha destacado, no obstante, que la lucha contra el terrorismo debe librarse respetando los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Por ello, hizo un llamamiento para que se encuentre, repito, una solución política. La Unión ha destacado que es imperativo que Turquía cumpla con los compromisos que le corresponden tanto en su calidad de miembro del Consejo de Europa, como de la OSCE. 
Parece que la mayor parte de las fuerzas militares turcas se ha retirado actualmente del territorio iraquí. 
En este contexto, la Unión Europea observa con interés que el nuevo Gobierno, presidido por el Sr. Yilmaz, pondrá en marcha programas económicos y sociales encaminados a mejorar las condiciones de vida en el sudeste del país. 
En la reunión del Consejo de Asociación, la Unión Europea recordó el compromiso de Turquía de renovar sus esfuerzos para que se respeten los derechos humanos. 
Señor Presidente, creo que sería prematuro comentar la comunicación que la Comisión acaba de dirigir al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la profundización de la Unión aduanera, pero puedo asegurarles, Señorías, que la Presidencia luxemburguesa instruirá esta comunicación en las próximas semanas y que estoy totalmente a su disposición para volver a tratar este tema en su próximo período de sesiones. 
Señor Presidente, una vez más estamos hablando de Turquía. 
Oyendo las mismas cosas acerca de Turquía. 
Recibiendo las mismas respuestas de Turquía, escuchando las mismas denegaciones de Turquía, y oyendo las mismas promesas de Turquía. 
Peor aún, pues nuestros interlocutores forman parte de círculos políticos de Turquía que están cada vez más desacreditados. 
Las alianzas políticas se hacen y se deshacen, y los gobiernos turcos llegan, prometen, y se van. 
Recordemos lo que nos prometió el antiguo Primer Ministro de Turquía antes de que votáramos a favor de la Unión Aduanera en este Parlamento, que pondría término a las detenciones debidas a la libertad de expresión, crimen terrible, la libertad de expresión y de pensamiento en Turquía. 
Bueno, pues aquí tenemos otro comunicado de prensa del nuevo Primer Ministro de Turquía, que nos dice que pondrá término a las detenciones por libertad de expresión antes de que acabe este mes y que garantizará todas las libertades de prensa. 
En marzo de este año estuve en Turquía y el Gobierno de entonces nos prometió que antes de que acabara este año se pondría término a todos los abusos de derechos humanos en Turquía. 
Pero los derechos humanos no mejoran, y todo eso de Presidente, democracia política y Estado de derecho no son más que meros subterfugios repetidos hasta la saciedad por los dirigentes políticos de Turquía. 
El estado de excepción en el sudeste del país se instituyó por primera vez el 19 de julio de 1987, hace casi exactamente diez años, en un período durante el cual han perecido unas 26.500 personas. 
Y ésta no es más que la cifra oficial. 
Como dice la resolución, más de 1.800 personas perecieron en la última incursión de las fuerzas turcas en el Iraq septentrional. 
Muy pronto será el 20 de julio y habrán transcurrido 23 años desde la invasión y ocupación de la parte septentrional de Chipre. 
Esta mañana hemos oído decir a la Comisión que ha adoptado una comunicación sobre las relaciones con Turquía. 
Aquí la tengo, la acabo de recibir y todavía no he tenido tiempo de estudiarla, pero es evidente que pide a este Parlamento que apoye el desarrollo económico de Turquía. 
Esta mañana el Sr. Santer y el Sr. van den Broek pidieron muy razonablemente que Turquía ayudara a encontrar una solución del ya antiguo problema de Chipre, utilizando como catalizador el ingreso de Chipre en la Unión Europea. 
¿Qué ha contestado Turquía? 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía dijo ayer que si la Unión Europea entablara negociaciones con Chipre, Turquía no respaldaría la asistencia de Rauf Denktash a la segunda ronda de reuniones destinadas a resolver el problema de Chipre. 
¿Cabe imaginar mayor hiprocresía? 
A pesar de todo hay algunos tenues rayos de luz, y en esos tenues rayos de luz se basan nuestras esperanzas: la legítima voluntad de que la sociedad civil turca se desarrolle debidamente, según se refleja en las iniciativas de TÜSIAD; los círculos comerciales de Turquía que promueven con todas sus fuerzas el desarrollo democrático; los sindicatos y las federaciones de pequeñas empresas de Turquía que por primera vez en la historia se agrupan en un esfuerzo por forzar el cambio democrático en su propio país. 
Ésa es la esperanza del propio pueblo turco: que haya paz y estabilidad en el futuro. 
Por último, mi Grupo acoge realmente con satisfacción y alegría la reunión de exploración y el acuerdo del Presidente Demirel y el Primer Ministro Simitis de Grecia en Madrid. 
Ésa es la esperanza que tenemos para el futuro. 
Señor Presidente, al contrario que la Sra. Green, creo que el nuevo Gobierno turco despierta esperanzas, esperanzas de normalización con Europa, progresos en la democratización y en los derechos humanos. 
Me alegra que el Jefe de Gobierno Yilmaz haya encontrado hace cuatro días una mayoría relativamente amplia en la Gran Asamblea Nacional Turca con apoyo de dos partidos social-demócratas. 
Espero que este Gobierno de transición esté en situación hasta las próximas elecciones de controlar y mejorar las cosas que no han logrado solucionar los anteriores Gobiernos de Erbakan y Ciller. 
Tengo la sensación de que una parte del debate de hoy está dirigido a defender al antiguo Gobierno que ya no está en funciones. 
En la Unión Europea tenemos que mirar hacia adelante. 
Felicito expresamente a la Comisión por tratar este tema de un modo ofensivo. 
Para nuestro grupo político es aún demasiado pronto para emitir hoy un juicio definitivo sobre lo que ha ocurrido en los meses y años precedentes. 
Pues el nuevo Gobierno necesita tiempo para su concepto. 
Necesita tiempo para desarrollarlo, para estabilizar en el Parlamento su mayoría de orientación conservadora y social-demócrata, para introducir un nuevo derecho electoral, garantizar la libertad de opinión y aplicar todos los artículos que se han tratado con razón aquí en nuestro Parlamento. 
Por ello, sería mejor no mantener ahora este debate sino inmediatamente después de las vacaciones de verano. 
La breve intervención del Presidente del Consejo me ha mostrado que en el fondo es de la misma opinión. 
Señora Roth, sería deseable que emitamos un dictamen moderado, en el que no tenemos que negar nuestra posición pero sí reconocer las oportunidades del nuevo Gobierno y esforzarnos conjuntamente para que el Parlamento pueda ejercer su influencia. Naturalmente, esto es aplicable a la retirada de Turquía del norte de Irak. 
Todos coincidimos en ello. 
Sobre esta base deberíamos aprobar una resolución razonable y dar una oportunidad al nuevo Gobierno. 
Señor Presidente, yo también considero que este debate sobre Turquía coincide con un momento muy delicado y especial, un momento de transición en el que es muy difícil entender cuáles son las intenciones del nuevo Gobierno: un Gobierno que, repetimos, se constituyó tras grandes esfuerzos diplomáticos a raíz de las presiones ejercidas por las fuerzas parlamentarias; un Gobierno que, sin embargo, nos hace confiar en un nueva etapa de la política turca. 
Lo sucedido en estos meses no puede pasarse por alto ni silenciarse, porque el riesgo, el peligro que vemos es que detrás del acuerdo parlamentario, que permitió que se le otorgara la confianza al Gobierno de Ylmaz, puedan haber habido componendas- ojalá no sea así- con las fuerzas armadas dejándoles el campo libre para actuar violando abiertamente los derechos humanos en el sureste del país, en Kurdistán y en el norte de Irak. 
Considero, no obstante, que es prioritario mantener un diálogo abierto con el nuevo Gobierno turco. 
Evidentemente, debemos exigir que se respete el Convenio Internacional de los Derechos Humanos y que Turquía lo suscriba- esto es indiscutible -, así como exigir la mejora de las condiciones judiciales de los detenidos que se encuentran en las cárceles turcas actualmente y que están detenidos sólo por haber expresado sus opiniones, lo que constituye el más torpe de los motivos por los que un ciudadano puede ser encarcelado- y también esto es indiscutible- pero debemos tener cuidado de que no se cierren las puertas a esta nueva experiencia gubernativa. 
Podría ser un grave error para Europa. 
Señor Presidente, este Parlamento ha tardado mucho en debatir la situación en Turquía y el norte de Iraq. 
Desde hace meses, Turquía ocupa una parte del territorio de su vecino soberano sin que en realidad se hayan emitido muchas críticas. 
Aunque yo también rechazo el terrorismo del PKK, la reacción turca no constituye base alguna para lograr una solución pacífica. Lo indicado es una retirada inmediata, sobre todo en combinación con un reconocimiento de los derechos de la minoría kurda. 
Desde hace años, Turquía pasa por tiempos difíciles. 
Afortunadamente, con la llegada del nuevo gobierno parece que la inestabilidad política ha disminuido un poco. 
Esperemos que los militares, aunque también defienden una Turquía secular, se retiren de la política. 
También el nuevo Gobierno turco conoce la actitud de la Unión y los cinco criterios, pero las otras tantas expectativas surgidas a raíz de la firma de la Unión aduanera siguen sin cumplirse. 
Comprendo que la inestabilidad política complique el proceso de reforma, pero las prácticas diarias en las prisiones turcas, la actitud turca frente a los kurdos, la lenta reforma constitucional y la inquebrantable actitud frente a Chipre no son para mi Grupo motivo para reconsiderar nuestra política. 
Lo más importante, señor Presidente, es que Turquía podría ser un candidato para la adhesión a la Unión. 
La puerta está abierta si se cumplen los criterios y se puede esperar mucho de un país candidato. 
Que esto sea válido también para Turquía no es discriminarla, sino sólo aplicar los criterios objetivos en una situación extremadamente difícil. 
La retirada de las tropas del norte de Iraq es sólo el principio del largo proceso que Turquía ha de recorrer para poder adherirse a la Unión. 
Por último, señor Presidente, no me complace leer, por lo menos en los medios de comunicación holandeses, que a raíz de la decisión que hemos oído esta mañana, entre otros, por boca del Comisario Van den Broek, el viceprimer ministro Bülent Ecevit, encima antiguo responsable de la invasión de Chipre, haya dicho que si la Unión no cambia de actitud se iniciará la integración de la República turca del norte de Chipre. Es decir, si seguimos negociando con Chipre en torno a la adhesión. 
Al hablar de la integración del norte de Chipre se refiere claramente a una segunda invasión. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hoy hemos hablado sobre la Agenda 2000, es decir, sobre el futuro de Europa. 
Cuando ahora debatimos sobre Turquía, se trata de nuevo de Europa y de nuestro futuro común. 
Deseamos ese futuro común con Turquía. 
Queremos puertas abiertas y no nuevos muros. 
No queremos una Europa que se defina como baluarte del Occidente cristiano sino que se base en el laicismo y en la que todos tengan su sitio: el cristiano, el musulmán, el judío y el ateo. 
Pero este futuro se basa en un principio irrenunciable que el nuevo Gobierno turco debe tomar realmente en serio: democracia y derechos humanos. 
Democracia y derechos humanos tienen que ser algo más que los acostumbrados anuncios cosméticos que hemos venido escuchando como una letanía a la Sra. Ciller antes de la unión aduanera. 
Democratización significa proporcionar a los derechos fundamentales una sólida base, como la garantía de la libertad de opinión y de prensa, que deben constituir una condición previa para poder empezar a pensar en voz alta sobre el futuro en Turquía. 
Democratización significa querer por fin una solución política a la cuestión kurda, el fin de la opción militar y de cualquier invasión en el norte del Irak. 
La cuestión kurda está unida inseparablemente a esta democratización. 
No se puede delegar a los militares aunque algunos de entre nosotros y en Turquía nos quieran hacer creer que el ejército es el garante de la democracia y del Estado de derecho. 
¿No son precisamente las estructuras antidemocráticas en Turquía la herencia del último golpe militar de 1980? 
No más muros significa también que hay que derribar los antiguos. 
Chipre necesita por fin la perspectiva de una solución. Las últimas amenazas del Sr. Ecevit hacen un flaco favor a este asunto. 
Señor Presidente, no soy de aquellos que, como la Sra. Green, practican como deporte favorito tirar al blanco contra Turquía. 
Pienso, y en ello no estoy de acuerdo con el Consejo, que la política de la Unión Europea respecto a Turquía no es la misma que se reserva a los demás países. 
Turquía no se encuentra en la lista de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y los turcos han comprendido muy bien lo que ello quiere decir. 
Creo que se está reproduciendo con Turquía lo que se construyó científicamente, durante diez años, con Yugoslavia y que condujo al desastre que todos conocemos. 
O bien la Unión Europea propone claramente a Turquía que entre en la Unión Europea, y, asimismo, le dice cuáles son las condiciones de su adhesión, o, por el contrario, no se trata sino de pura palabrería, que servirá de pretexto tanto a Turquía, para continuar sin respetar los derechos humanos, como a la Unión Europea, que seguirá creyendo que puede hacer una política a medias. 
Sin embargo, esto no es una política, nosotros lo sabemos muy bien, esto conducirá al desastre, a desastres como el de la antigua Yugoslavia, como el de Argelia. 
Puede hacerse algo diferente, pero hay que querer hacerlo, y es preciso hacerlo rápidamente. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a la Presidencia del Consejo por la diafanidad con que ha presentado el programa de la Presidencia luxemburgesa, si bien debo recordar que fue el mismo Sr. Poos quien, en la misma condición especificó hace seis años con análoga claridad la necesidad de resolver la cuestión chipriota. 
A lo cual habría que añadir los veintitrés años de ocupación turca de Chipre, la tragedia del desmembrado Chipre y la violación de los principios del derecho internacional. 
Desgraciadamente, ahora tenemos otra ocupación turca. 
Y persisten otras flagrantes violaciones del derecho, dada la distancia existente entre las declaraciones correctas y los deseos políticos para su realización, alentada por unos representantes injustos que inventan pretextos ante las protestas internacionales, ofrecen vanas promesas y difaman a sus víctimas. 
El drama kurdo es uno de los ejemplos más reprobables e interminables. 
Desde hace décadas hay guerra en Anatolia, con frecuentes matanzas y una irrefrenable hemorragia de vidas. 
Pero para Ankara, como anteayer declaró su embajador en Bruselas, no hay guerra; no hay un pueblo de 14 o 15 millones de personas sin los derechos humanos básicos y sin la posibilidad de educarse y comunicarse en su lengua. 
Tan sólo existe, según el Sr. Güner Oztek, una hábil propaganda que dirige la opinión común internacional. 
De este modo, Turquía tiene derecho a ejecutar, encarcelar, violar y perseguir a quienes defienden los derechos de los kurdos, aunque sean diputados, escritores o periodistas, y finalmente a invadir tierra extranjera. 
Esta monstruosa hipocresía debe terminar de una vez. 
La solución política del tema kurdo y el respeto de los derechos humanos son términos que se han reiterado con toda claridad en todas las conversaciones de la Unión Europea con Turquía. 
Esperemos que, después de la caída de la pareja contra natura Erbakan y Çiller, el nuevo gobierno Gilmash dé garantías concretas de una orientación europea, aunque para eso se requiere que los planteamientos por parte de la Unión Europea sean definitivos e inmediatos. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar a la Presidencia del Consejo, así como al Sr. Van den Broek por lo que ha relatado a los periodistas sobre Chipre. 
Ha sido mucho más claro con ellos que aquí, en el pleno. 
Hace poco, los representantes diplomáticos de Turquía en los países europeos acudieron a Ankara para debatir algunas de las vías que podrían seguirse para mejorar la imagen pública de su país en la Unión Europea. 
Porque ésta es una imagen negativa, tras las comprobaciones por parte de numerosos organismos internacionales de las continuas violaciones de los derechos humanos, de la represión de los 15 millones de kurdos que viven en Turquía, de la falta de respeto a los principios del derecho internacional, la ocupación de parte de la República de Chipre y de la inexistencia de un estado de derecho. 
Pero la mejora de la imagen de Turquía no es una cuestión de relaciones públicas. 
Es una cuestión de fondo, y creo que así deben entenderlo los dirigentes políticos de ese país. 
Ha llegado la gran oportunidad de que Turquía pruebe que quiere decir lo que dice, que respeta los tratados y acuerdos internacionales, que respeta los derechos humanos, que acepta la retirada del ejército de ocupación de Chipre, que quiere mantener buenas relaciones con Grecia, cuyos acuerdos serán válidos si Turquía mantiene su palabra. 
Sin embargo, las declaraciones recientes son preocupantes: ha mencionado algunas la Sra. Green, y hay otras del vicepresidente del gobierno turco, Bulent Ecebit, quien ha dicho que, si la Unión Europea no cambia su posición, su país no tendrá otra opción que seguir con la incorporación del sector ocupado de la República de Chipre. 
Necesitamos un nuevo principio de relación con Turquía y esto debemos tomarlo y aceptarlo como condición de trabajo. Este nuevo principio, sin embargo, debe caracterizarse por la sinceridad y por el intento consciente de mejora de la inadmisible situación que existe en Turquía. 
Necesitamos que las palabras se conviertan en hechos, en acciones de fondo. 
No estamos ya dispuestos a aceptar mentiras, falsas promesas y palabras engañosas y amenazas como las del Sr. Ecebit. 
Turquía es un pedazo de la historia europea. 
Desgraciadamente, el comportamiento de Turquía parece desmentirlo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, me dirijo a usted pero me refiero a la Presidencia que estaba en funciones cuando se produjo esta violación del derecho internacional, cuando Turquía invadió con sus tropas el norte del Irak. 
Es una vergüenza que el Consejo no haya encontrado unas palabras más enérgicas para condenar esa violación, que no la haya calificado como tal en lugar de indicar qué acciones terroristas han movido a Turquía a hacerlo. 
Creo que con los buenos amigos debemos ser francos, pero ante todo, no debemos ser cobardes. 
El Consejo no aceptó nuestra petición de emitir una declaración en ese momento. 
El colega Langen ha dicho que el nuevo Gobierno se ve obligado a escuchar ahora unas críticas que deberían ir dirigidas al antiguo. 
En un Estado existe continuidad, tiene que existir continuidad. 
El Gobierno es responsable de los que hace el Estado. 
Si los Gobiernos cambian en Turquía cada seis meses, no podemos olvidar siempre lo que ha dicho el anterior y mirar sólo hacia el futuro. 
Necesitamos también medidas que generen confianza. 
Este Parlamento tiene que saber también que tiene un interlocutor con el que pueda negociar y en el que se pueda fiar. 
Esto es muy importante. 
Señor Langen, como todo el Parlamento, yo también tengo muchas esperanzas en este nuevo Gobierno. 
Pero este nuevo Gobierno tiene que comprender que tiene que adoptar esas medidas generadoras de confianza y que nos tiene que mostrar que se cree lo que nos promete. 
Espero ardientemente que Turquía ocupe su puesto en Europa y estoy a favor de que tenga la opción a una adhesión. 
Pero tiene que cumplir todo lo que también cumplen otros candidatos, ni más ni menos. 
Queremos tener a Turquía con nosotros en Europa. 
Lamentablemente, su Gobierno siempre se ha alejado de Europa, por las violaciones de los derechos humanos, la ausencia de democracia, la situación en Chipre y también por el irresoluto problema kurdo. 
Esperamos una solución pacífica al problema kurdo, el fin de la ocupación de Chipre y que mejore la situación de los derechos humanos y de la democratización. 
Entonces el lugar de Turquía estará entre nosotros. 
Señor Presidente, quisiera responder brevemente a los oradores que han expresado su posición y agradecerles su contribución, a veces, sin embargo, muy crítica hacia la Presidencia. 
En lo que concierne a la claridad del lenguaje, puedo ser totalmente franco en lo que respeta al último orador, dado que tuve el privilegio, hace seis años, en las repercusiones de la guerra del Golfo pérsico, de visitar los campos de refugiados kurdos. 
Durante esta misión, también me entrevisté con los responsables del ministerio de Asuntos Exteriores en Turquía y les expuse claramente la posición, no solamente de la Unión Europea, sino también del Parlamento Europeo. 
Entendámonos bien. 
No hay equívoco a este respecto. 
En esa época, e incluso hoy, ustedes lo saben, ciertos responsables políticos turcos niegan que exista un problema kurdo y dicen que no se trata de una minoría: calificaban a los kurdos, en la época en que yo me encontraba con ellos, de «turcos de la montaña». 
Esa era la expresión que empleaban. 
Negaban decididamente el problema. 
Para mí, era y sigue siendo inaceptable. 
Por lo demás, quisiera concluir, señor Presidente, precisando que, a pesar de algunas decepciones, a pesar de algunas frustraciones, creo que es deber del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión mantenerse en un marco de diálogo, que yo calificaría de crítico, firme y constructivo, con el nuevo Gobierno turco, sin dejar de ser muy firmes y rechazando toda ambigüedad en lo que se refiere a los derechos humanos y al respeto de los derechos de la minoría kurda. 
Quisiera destacar, señor Presidente, que, incluso si hemos de ser vigilantes y prudentes, también es preciso, al mismo tiempo, que alentemos por todos los medios posibles a todas las fuerzas democráticas turcas que quieran promover la democracia y el respeto de los derechos humanos, pero de manera concreta y no solamente con palabras, en palabras que se han quedado en letra muerta durante demasiado tiempo. 
Muchas gracias, señor Wohlfart. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Situación en Albania tras las elecciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Albania tras las elecciones. 
Señor Presidente, Señorías, a guisa de introducción sobre la situación en Albania, quisiera hacer un breve resumen de los hechos. 
Destacaré que, desde el derrumbamiento del orden civil en Albania a principios de este año, la Unión Europea ha desempeñado un papel activo para ayudar a ese país a recuperar la estabilidad política y económica, a restablecer la seguridad interior y promover la democracia procediendo a elecciones libres y en regla, de conformidad con las normas internacionales. 
Por lo demás, el Consejo tomó la iniciativa, en marzo, de enviar una misión de exploración a Tirana, que se ha convertido en el núcleo de la misión consultiva para Albania en el marco de la coordinación de la OSCE. 
Esta misión tenía como cometido emitir opiniones respecto a la evolución de la situación a nivel monetario, económico, financiero y de la seguridad. 
El Consejo coordinó su acción con la de otras organizaciones internacionales y ha apoyado plenamente los esfuerzos de coordinación del representante personal del Presidente en ejercicio de la OSCE, Sr. Vranitzky. 
En esta etapa de la crisis, la contribución particular de la Unión consistía, por una parte, en proporcionar ayuda humanitaria, especialmente víveres y medicinas, y, por otra, contribuir al reestablecimiento de la fuerza policial albanesa, y a apoyar el proceso electoral, punto clave de los esfuerzos internacionales. 
Como ustedes saben, las elecciones legislativas tuvieron lugar el 29 de junio y el 6 de julio y el Consejo había exhortado a los partidos políticos y a todos los ciudadanos albaneses a participar en las elecciones en un espíritu de paz, disciplina y conciliación. 
Quisiera recordar que, en el marco del dispositivo de vigilancia establecido bajo los auspicios de la OSCE, los Estados miembros habían enviado observadores sobre el terreno para velar por el correcto desarrollo de estas elecciones. 
Por lo demás, el Consejo puso de manifiesto que las futuras relaciones entre la Unión Europea y Albania dependerán del restablecimiento integral de los príncipios democráticos, el respeto de los derechos humanos y los derechos de las minorías y la aplicación de prácticas económicas sanas, así como de que existan relaciones de cooperación entre Albania y sus vecinos. 
El Consejo acogió con satisfacción el juicio general que señalaba que las elecciones legislativas se desarrollaron de manera aceptable. 
Destacó la necesidad de que los albaneses respetasen los resultados de las elecciones y la autoridad del nuevo Gobierno que se encontraba en formación. 
El Consejo destaca el importante papel desempeñado por la fuerza multinacional de protección, que contribuyó a crear un entorno seguro para las elecciones y las diversas misiones de la comunidad internacional en Albania. 
Por lo demás, el Consejo instó a todas las formaciones políticas y sindicales albanesas a continuar con determinación un proceso de reconciliación nacional, con vistas a superar las divisiones en el seno de la sociedad e incrementar la confianza en los poderes públicos. 
Las condiciones de la ayuda internacional dependen igualmente del curso que se dé a este proceso. 
En este contexto, la Unión está movida por la voluntad de continuar su ayuda a Albania, basándose en su posición común del 2 de junio y teniendo en cuenta el principio de condicionalidad. 
La Unión Europea actuará bajo su propia responsabilidad, pero cooperará estrechamente con otras organizaciones internacionales en el marco de la coordinación de la OSCE. 
Para apoyar este paso, el Consejo alentará la elaboración, en coordinación con las autoridades albanesas, de un plan de acción internacional común y global. 
Con este fin, la Unión celebra la iniciativa del Sr. Vranitzky de crear un grupo encargado, entre otras cosas, de definir los elementos de este plan de acción. 
La Unión tiene la intención de contribuir a su establecimiento y se dispone a elaborar una serie de medidas concretas para la desmovilización de los grupos armados y la instauración de un clima favorable a la seguridad. 
Por lo demás, la Unión aprecia la propuesta de Italia de organizar, el 31 de julio, una conferencia de altos funcionarios, con la participación de responsables albaneses. 
Esta conferencia debería sentar las bases de una reunión ministerial en Roma, el próximo mes de septiembre. 
En este contexto, el Consejo espera de las autoridades albaneses recién elegidas y de todos los sectores de la sociedad albanesa que colaboren con la comunidad internacional en favor de la estabilización, la democratización y la recuperación económica de su país y se abstengan de toda actividad que entorpezca estos objetivos. 
Estos esfuerzos conjuntos deberían desembocar en las reformas políticas y económicas que se imponen y van en el sentido del respeto de los derechos humanos y de las normas democráticas internacionalmente aceptadas. 
La organización de una conferencia internacional de donadores, en la Comisión, por parte del Banco Mundial, estará subordinada al establecimiento por parte del Gobierno albanés de un programa de reformas económicas que se beneficien del apoyo del FMI. 
Una estrategia de recuperación económica elaborada por el Banco Mundial servirá de marco a las reformas económicas e institucionales del país. 
Será preciso asegurar un seguimiento de los compromisos de las autoridades albanesas. 
Tomando como base lo anterior, el Consejo puede considerar la posibilidad de reanudar el diálogo político instaurado con Albania en 1992. 
El acuerdo de cooperación que data del mismo año continuará sirviendo de marco para la profundización de las relaciones con la Unión Europea. 
Gracias, señor Wohlfart. 
Ahora, en nombre de la Comisión, tiene la palabra el Comisario Sr. van den Broek. 
Señor Presidente, sólo unas palabras para complementar lo que ha dicho el Presidente del Consejo, palabras a las que quiero sumarme. 
Quisiera aprovechar la ocasión para dirigir unas palabras de aprecio a la Sra. Lalumière quien, como coordinadora de la OSCE para las actividades de los observadores internacionales, ha logrado llevar a cabo con éxito su misión en circunstancias a menudo difíciles. 
Nos ha complacido que la Comisión también pudiera ofrecer bastante apoyo. 
Esperamos que este mes se forme un nuevo Gobierno en Albania que pueda trabajar junto con la comunidad internacional en la llamada agenda internacional común para Albania, que tiene por objeto indicar qué puede lograrse a corto, medio y largo plazo. 
Las prioridades que hemos establecido en este contexto son por supuesto las reformas democráticas, entre las que se encuentran la redacción y aprobación de una legislación constitucional, la mejora de la situación de la seguridad interior- me refiero a la generalizada posesión de armas entre la población- y la necesaria reorganización de la policía, las reformas institucionales y la mejora del aparato estatal, y por supuesto la rehabilitación económica. 
Las organizaciones internacionales con las que colabora estrechamente la Comisión desempeñarán, cada una sobre la base de sus propias competencias, un importante papel en este proceso, y tal como ha expuesto el Presidente del Consejo, el Sr. Vranitzky- coordinador de la OSCE- ya ha convocado para mañana una reunión a fin de sincronizar las diferentes actividades en el marco de la llamada agenda común. 
Asimismo estaremos presentes a finales de mes en Roma, donde se tratará la condicionalidad política y económica que quizás haya que vincular a la ayuda. 
A continuación, en septiembre se decidirá a nivel ministerial la ejecución de la agenda común. 
Una vez que se haya puesto en marcha la ejecución y se hayan establecido acuerdos con el nuevo gobierno, podrá celebrarse la reunión de donantes internacionales. 
Suponemos que será en otoño, y así habrá de dar un mayor impulso al programa de recuperación económica. Una condición es que se llegue a acuerdos con el FMI. 
En los últimos meses, la Comisión Europea ha concedido ayuda siempre que ha podido. 
A través de ECHO se ha facilitado ayuda humanitaria y se han reservado provisiones de víveres en caso de que se produjera un deterioro de la situación. 
En el marco del programa PHARE ya se ha iniciado la reparación de las prisiones destruidas y se ha podido ofrecer ayuda a las autoridades aduaneras. Esto último es muy importante para poder garantizar una determinada fuente de ingresos públicos. 
Actualmente la Comisión está estudiando en qué medida ha de revisarse el programa PHARE para Albania a fin de poder dar una respuesta adecuada a la nueva situación. 
Sobre la base de los programas existentes se dará prioridad a la agilización del programa que tiene por objeto el desarrollo local, abordando, entre otros temas, la creación de empleo, la asistencia en la reorganización de la policía, una auditoría sobre el modo en que se organizaron los bancos piramidales, la realización de obras estructurales para mejorar las conexiones entre diversas ciudades y la mejora del sistema de recaudación fiscal. 
Además colaboramos con el FMI, el Banco Mundial y el BERD para elaborar un documento que englobe la estrategia para la política de recuperación económica. Dicho documento indica la orientación, así como las condiciones a corto, medio y largo plazo, para reanudar el apoyo financiero internacional. 
Pensamos que este documento se podrá completar en breve, y en el Anexo se indicará qué estrategias sectoriales han de seguirse en el ámbito de las medidas sociales, el transporte y la administración pública, y qué necesidad hay de asistencia técnica y financiera. 
El nuevo Gobierno de Albania tendrá que pronunciarse sobre el documento y después podrán fijarse acuerdos sobre un seguimiento. 
En resumidas cuentas, seguimos de cerca la situación junto con el Consejo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, gracias por los informes. 
A la postre, parece que la evolución en Albania se ha modificado en un sentido positivo. 
Como ya se ha mencionado, creo que la OCDE ha tenido mucho éxito y como austríaco estoy naturalmente orgulloso de que haya sido Franz Vranitzky quien haya podido prestar la ayuda esencial. 
En cualquier caso, todo esto no habría sido posible sin el apoyo y ayuda de la Unión Europea. 
Quiero decir con toda claridad que aunque es cierto que las elecciones han transcurrido en general limpiamente sin embargo no han sido totalmente pacíficas pues ha habido algunos problemas. 
Señor Comisario, también quiero mencionar- y le ruego que investigue el asunto- que la observación de las elecciones por parte de diputados de esta Asamblea no ha podido llevarse a cabo de un modo óptimo, ya que la llamada visibility, que se ha mencionado en repetidas ocasiones, ha sido mínima si es que incluso ha llegado a existir. 
Usted ha mencionado con alabanzas a la Sra. Lalumière, a lo que nos adherimos plenamente. 
Esta Asamblea debería haber tenido el derecho a estar representada oficialmente en la «troika» en nombre de la Unión Europea. 
Se debería investigar también lo siguiente. 
Para la observación de las elecciones se compraron muchos aparatos emisores de radio que se deberían entregar luego a la UE. 
Nosotros- el colega Roubatis y yo- no pudimos encontrar ningún «walkie-talkie». 
Lo mismo les ocurrió a muchas y muchos colegas. 
Quizás se hayan entregado directamente a la UE, no lo sé, pero habría que investigarlo. 
No obstante, le doy la razón en que lo esencial es ayudar ahora, en esta difícil situación en la que Albania necesita urgentemente ayuda. 
Apoyamos totalmente el aproach condicional que se ha mencionado aquí para que se pueda garantizar con total claridad que ahora, tras la democratización pueda seguir el desarrollo económico. 
Este es el aproach correcto. 
Tendrá sin duda el amplio apoyo de la Asamblea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, las elecciones en Albania han sido necesarias para hacer posible un nuevo inicio en este país. 
La OSCE ha preparado estas elecciones junto con las autoridades albanesas, ante todo con dinero europeo y la tropa multinacional de paz, que tenía originariamente un mandato muy diferente, ha garantizado el día de las elecciones un trascurso relativamente tranquilo. 
No obstante, el hecho es que estas elecciones no han sido libres ni limpias. Por ejemplo, durante la campaña electoral muchos candidatos no tuvieron la posibilidad de presentarse ante los ciudadanos en sus circunscripciones electorales. 
Por motivos de seguridad, ni siquiera nosotros pudimos estar presentes como observadores el día de las elecciones en las zonas rurales. 
Sin embargo, todos los colegas que estuvieron allí como observadores coincidieron en que estas elecciones se tienen que aceptar bajo las condiciones existentes. Deben representar un punto de partida para el desarrollo de estructuras democráticas. 
El nuevo Gobierno tiene difíciles tareas ante si. 
Primero tiene que restablecer el orden en el país, es decir, tiene que recoger las innumerables armas y, ante todo, disolver por fin los comités de rebeldes con los que el partido en el Gobierno concluyó un pacto a finales de marzo. 
Esperamos que el Gobierno aporte claridad total mediante expertos independientes sobre quién estaba detrás de los juegos de pirámides que arrojó con sus maquinaciones criminales a la desgracia a la población. 
La Unión Europea tiene que seguir ayudando a este país. 
Pero, ante todo, tiene que ayudar a establecer estructuras democráticas. Felicito a los dos diputados que han hablado sobre la condicionalidad. 
El hecho de que sólo en los tres últimos días han muerto once civiles muestra que es absolutamente necesario recoger las armas para poder seguir avanzando. 
La tropa multinacional de paz debería tener un nuevo mandato hasta que el Gobierno haya reestablecido de nuevo el orden. 
El Grupo del PPE desea a este Gobierno toda la suerte para que proporcione a las fuerzas democráticas en su partido la mayoría y deje atrás su herencia comunista. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, ciertamente las elecciones en Albania eran un paso obligado muy importante, nadie lo pone en duda, un paso para dar comienzo al lento y sumamente laborioso proceso de reconstrucción del país. 
Analicemos, no obstante, qué sucedió durante estas elecciones. 
Ante todo y una vez más Europa sale mal parada del suceso albanés: aparece como un enano político, dividido por los problemas internos de siempre y las posiciones enfrentadas que mantienen los diferentes Estados miembros; y como de costumbre tuvimos que adoptar una posición minimalista. 
Sin embargo, debemos agradecer a la OSCE y a Branitzky esa operación que implicó la reanudación de las negociaciones en Albania. 
Esperemos que, en un futuro próximo, Europa no siga llevando a cabo esta política suicida y de tan poco calado para el proceso de reconstrucción. 
Por lo que se refiere a las elecciones, coincido con el Sr. Pack: en realidad, las elecciones no fueron ni libres ni justas. 
Obviamente, estoy contento de que se hayan celebrado- por otra parte, si no se hubieran celebrado quizás hubiera sido peor- pero está claro que es muy difícil hablar de democracia en una parte del país. 
Nos felicitamos de que todas las fuerzas políticas hayan aceptado los resultados, aunque también es cierto que, si el resultado de las elecciones hubiera sido otro, o sea, si hubiera ganado el partido democrata y no el partido socialista, ¿cuál sería hoy la reacción de la parte vencida? 
En consecuencia, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, hay que vigilar esto, a fin de que el futuro sea un futuro realmente democrático y no normalizado según las viejas costumbres albanesas y el estilo del socialismo real que nosostros conocemos, de cuarenta años de obscurantismo y del más torcido, más atroz y cruel comunismo. 
Confío en que los grupos armados puedan ser desarmados, a fin de que no pongan en peligro la vida de los civiles y, sobre todo, que dicha vida vuelva a emprender el camino hacia el desarrollo económico de una democracia liberal. 
Señor Presidente, la persona que abandona el poder a un dictador- o la lucha contra quien quiera convertirse en dictador- abandona efectivamente todo: sus posesiones, su libertad y su vida. 
En cambio, cualquier democracia real se caracteriza por el hecho de que el vencedor está dispuesto a conceder al perdedor unas garantías respecto a su vida, así como la posibilidad de criticar su modo de gobernar. 
Para ello el perdedor tiene que disponer de medios para poder hacer llegar sus críticas al electorado. 
En este sentido puede hablarse de un interés personal ilustrado. El vencedor sabe que en los próximos comicios pueden cambiarse las tornas. 
En Albania se han celebrado elecciones recientemente. 
Nadie se ha ocupado de garantizar que la actividad electoral cumpliera con unos requisitos justos de honestidad. Por el contrario, los dos candidatos principales han intentado impedir que la otra parte se expresara y difundiera su mensaje político. 
La propia elección, no obstante, y como ha expresado la Sra. Lalumière en sus funciones de presidenta de los observadores internacionales, se ha desarrollado de manera que puede dársele la calificación de «aprobado dudoso». 
Pienso que, a pesar de todo, esto representa un avance para Albania. 
La elecciones no hacen de Albania una democracia. 
Para ser amables- y eso es lo que queremos en el Parlamento- podemos decir que constituyen un trampolín para la democracia. 
Sobre Albania- tanto sobre su Gobierno como sobre la oposición- van a centrarse todas las miradas. 
En el Parlamento Europeo esperamos poder apuntarnos todos los progresos democráticos que se sucedan. 
También queremos subrayar, para ser precisos, que las ayudas multimodulares que deseamos que la UE ofrezca a Albania van encadenadas a la evolución de Albania hacia la constitución de un Estado democrático de derecho. 
Cuando haya pasado la época de los caudillos, Albania será bienvenida en la Europa de las democracias. 
Señor Presidente, creo que quienes han tenido la oportunidad de asistir como observadores en las elecciones de Albania habrán observado- si juzgan objetivamente -, primero, que más allá de los pequeños episodios, de las pequeñas debilidades advertidas, el pueblo albano muestra una gran responsabilidad y sangre fría ante las circunstancias por las que atraviesa su país. 
Creo que debe subrayarse esto como un elemento muy importante en el desarrollo de la situación en Albania. Segundo, que el pueblo albano, con su sublevación, pedía tres cosas: que se fuera Berisa, que se les devolviera el dinero y que cambiase el régimen que ha desangrado al país. 
Lo primero lo ha conseguido con los votos. 
Ha expulsado a Berisa. 
Por su parte, el proceso de cambio de la Presidencia de la República y el apoyo de la comunidad internacional y de la Unión Europea suponen un acicate para la devolución del dinero y para la reconstrucción económica del país. 
Aquí es donde debe trabajar la Unión Europea y no en el reforzamiento del militarismo en Albania. 
Señor Presidente, tal como estimaron todos los observadores internacionales, a pesar de las dudas y las preocupaciones de la víspera, justificadas por las circunstancias especiales y las dificultades que existían en Albania, creo que debe considerarse aceptable el desarrollo de las elecciones gracias también a la presencia de la fuerza multinacional de protección y del gran número de observadores internacionales. 
Sin embargo, el hecho de que los comicios se hayan celebrado y se consideren aceptables no sólo por parte de los observadores internacionales, sino también por las fuerzas políticas albanesas, tan sólo representa el primer paso para la reconstrucción de la democracia en Albania. 
Por ello, es preciso fijarse una serie de objetivos con respecto a algunos problemas. 
El primer problema se plantea por el hecho de que la fuerza multinacional de protección iniciará su retirada a mitades de julio y concluirá a finales de agosto; en esa fecha, sin embargo, con toda probabilidad no se habrá conseguido una situación de autosuficiencia de los sistemas de control internos de Albania; por dicho motivo es preciso pedir a las Naciones Unidas que prorroguen el mandato de la fuerza multinacional con una nueva composición ampliada también a otros países. 
Serán necesarias asimismo la cooperación entre la Unión Europea y el nuevo parlamento y el nuevo Gobierno y una utilización de los fondos en favor de Albania dirigida no tan sólo a la exportación de los bienes de consumo, sino también a los bienes de consumo internos, dentro de una lógica de desarrollo duradero y sostenible. 
Señor Presidente, agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario Van den Broek las informaciones que acaban de darnos sobre Albania. 
Habiéndome encomendado la OSCE la misión de coordinar a los observadores encargados de evaluar las elecciones que acaban de llevarse a cabo en ese país, puedo, en efecto, confirmar gran parte que lo que acaba de decirse. 
Hoy, una vez celebradas las elecciones que se desarrollaron en condiciones consideradas aceptables, a pesar de numerosos incidentes, quisiera insistir en los siguientes puntos. 
Nada está estabilizado en Albania. 
Todos los días se producen incidentes, provocando a menudo muertes humanas. 
El nuevo poder aún no está establecido. 
Las estructuras de un Estado normal no existen. 
El ejército es prácticamente inexistente. 
La justicia, la policía, deben reformarse enteramente. 
La población sigue excesivamente armada. 
Cada persona, o casi, posee su kalachnikov, y se sirve de ella. 
Ante tal situación, nuestras responsabilidades siguen siendo grandes. 
Expresaré aquí dos deseos. 
Por un lado, me parece indispensable que la Unión Europea reinicie rápidamente su ayuda económica y financiera a Albania, sin olvidar la ayuda destinada a la democratización. 
El tiempo apura, ya que la población carece de todo. 
Esta urgencia no significa, no obstante, que sea preciso enviar dinero sin discernimiento. 
Desde este punto de vista, deseo ardientemente que la Comisión demuestre más vigilancia en el empleo de los fondos que moviliza. 
El asunto de las pirámides financieras demuestra que un reforzamiento de los controles no sería superfluo. 
Debemos mejorar nuestros métodos. 
Por otra parte, en lo que se refiere a la presencia de la fuerza multinacional de protección en Albania, desearía que esta fuerza, que ha realizado un trabajo notable, no se retire brutalmente, como lo prevé el mandato del Consejo de Seguridad. 
Normalmente, esta fuerza debe abandonar Albania a mediados de agosto. 
Sería sumamente deseable que esta salida se haga progresivamente, conforme van estableciéndose los medios albaneses de seguridad. 
Asimismo, sería sumamente deseable que los cometidos encomendados a esta nueva fuerza no sean solamente tareas de mantenimiento del orden, sino también tareas de formación, con el fin de dotar a Albania del ejército que necesita. 
Albania es un país pequeño, pero es un país europeo, próximo geográficamente a nosotros y situados en una región ultrasensible. 
Nuestro interés es mostrarnos generosos, activos y eficaces. 
Con este fin, deseo que la Unión Europea apoye la propuesta sumamente práctica y oportuna, que acaba de formular el antiguo Canciller Vranitzky, de crear rápidamente un grupo de trabajo encargado de coordinar la acción de las distintas organizaciones internacionales en Albania, con el fin de evitar dispersiones y contradicciones. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, me alegra mucho haberles oído hace un momento aprobar la idea del Canciller Vranitzky. 
Gracias, señora Lalumière. 
He recibido, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, siete propuestas de resolución para cerrar el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Parigi. 
Señor Presidente, también con respecto a Albania, Europa ha causado la impresión de un gigante económico con los pies políticos de barro. 
Sólo varias semanas después de que se desencadenara la crisis albanesa a través de las revueltas populares, el saqueo de los depósitos de armas y el éxodo de los refugiados, y gracias a la iniciativa casi aislada de la diplomacia italiana y tras la necesaria autorización de la ONU, finalmente fue posible enviar una fuerza multinacional e instaurar un mínimo de estabilidad en ese país. 
En consecuencia, Albania pudo renovar, esperemos que no sólo aparentemente, su clase política dirigente que confiamos en que contribuya a resolver, con el apoyo internacional, los innumerables problemas que angustian a la población albanesa. 
Los que pertenecemos a Alianza Nacional denunciamos, sin embargo, la no total regularidad de las votaciones y sospechamos que tantas indulgencias internacionales se deben al hecho de que quien ganara fuera la izquierda. 
Quién sabe si hubiera habido la misma comprensión si hubiera vencido el partido de la oposición. 
De todos modos, confiamos en que Albania pueda salir del túnel en el que se encuentra y en que la experiencia albanesa sirva de acicate para que Europa se dote cuanto antes de una política exterior y de seguridad común, a fin de no encontrarse una vez más desprevenida y trágicamente rezagada frente a los varios focos de crisis que de vez en cuando se encienden en sus propias fronteras. 
Señor Presidente, observo que algunas de sus Señorías parecen decepcionadas porque las cosas no se hayan desarrollado en Albania como esperaban. 
Los albaneses han conseguido celebrar elecciones en medio de una profunda crisis, y estas elecciones han sido consideradas satisfactorias. 
Si algunos se han decepcionado, lo siento. 
Fatos Nano, el líder del Partido Socialista, ha conseguido superar las trampas y provocaciones que se le habían tendido, y ha ganado las elecciones. 
Y no sólo las ha ganado, sino que ha constituido un gobierno formado no por un partido, sino por varios. 
Son muchos los que participan en este gobierno y ni el Presidente del Parlamento ni algunos de los ministros pertenecen a su partido. 
Tal vez esto decepcione a algunos, pero a mí me anima, y espero que anime a otros. 
Lo que he oído a la Presidencia del Consejo y al Sr. Van der Broek me lleva a concluir que están de acuerdo conmigo. 
Actualmente nos enfrentamos con un desafío que nos impulsará, espero, a adoptar una acción común en Albania a fin de que se corrijan sustancialmente la política y la situación social y económica del país. 
Debemos ayudar a Albania a profundizar en la democracia, una democracia que está en sus inicios, a controlar y desarmar los grupos armados criminales, a establecer un programa económico que le ayude a transitar por un nuevo camino. 
Hago, pues, un llamamiento para que no sigamos actuando como en el pasado. 
No temamos ayudar a Albania, como nos ocurrió cuando era necesario y sólo algunos países europeos hicieron acto de presencia. 
La Unión Europea, creo, beneficia a la totalidad personándose en Albania, actuando allí coordinadamente y ayudando al país. 
Albania, quiero recordárselo, está en Europa, se encuentra a nuestro lado y debemos ayudar a sus ciudadanos. 
Unos ciudadanos que se merecen algo mejor. 
Y creo que también Europa estaría mejor si este país consiguiera una situación económica mucho mejor. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la secuencia de los hechos demuestra lo acertado de las opciones que se llevaron a cabo. 
Intervinimos antes de que la crisis desembocara en lo que, sin duda, habría sido una situación de desintegración social además que estatal. 
El detenerse a evaluar hoy lo sucedido sería un ejercicio estéril. 
Se han celebrado las elecciones, no hay ninguna decepción, los comicios han representado de todos modos un cambio de rumbo desde el cual hay que partir. 
Así y todo, es preciso que Europa y los partidos que actúan en el Parlamento, al igual que en otros países, estén atentos a no crear formas de influencia, porque uno de los factores positivos que llevaron a este resultado debe buscarse en la actitud de imparcialidad que se adoptó. 
Creo que desde este punto de vista la intervención de la fuerza multinacional fue fundamental. 
Debo decirle al Presidente en ejercicio del Consejo que Europa fue bastante débil en este sentido. 
El Parlamento pidió una acción común, sin embargo, sólo algunos países aceptaron intervenir y, en consecuencia, contribuir eficazmente a solucionar la crisis albanesa. 
Sería deseable que el futuro vea a Europa, unida en el programa que se ha marcado aquí y que merece mi apoyo, actuar de forma mucho más eficaz y sensible. 
Deseo recordar que, en el ínterin, los partidos que conformaron la coalición de Gobierno se reunieron en Roma y alcanzaron unos acuerdos que son positivos. Quien venció no debe pretender abusar de la victoria y quien perdió debe aceptar democráticamente los resultados obtenidos. 
Sería quizás necesario que el Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario se dieran cuenta de este acuerdo alcanzado en la comunidad de San Egidio y que representa una base importante para poder construir el futuro. 
Las líneas que se marcaron son sin duda positivas y estoy a favor del programa del Comisario que puede ser un programa positivo para todos. 
Señor Presidente, voy a intervenir para recordar ante todo que, aun no cumpliendo las expectativas, la acción de Europa fue decisiva, ya que la presencia de la fuerza multinacional y la contribución ofrecida a la iniciativa de la OSCE fueron dos elementos determinantes que no deben olvidarse. 
En cuanto al futuro, considero que el problema fundamental estriba en no dar la sensación de que nos estamos marchando, que lo más importante ya se hecho y que la página se ha pasado definitivamente. 
Las elecciones significaron un momento importante, y dado que la alternativa a las mismas era el caos, estuvo acertado Vranitzky en insistir en que se celebrasen a finales de junio. 
La situación en Albania sigue siendo delicada desde cualquier punto de vista. 
Sin embargo, debemos darnos cuenta ante todo de que Albania no es un país pobre: la situación económica y social es dramática sólo porque el país se empobreció por elecciones equivocadas, hechas en un pasado lejano y en un pasado más reciente. 
Ahora es preciso que el Consejo y la Comisión establezcan con precisión los plazos y los programas del futuro y que Albania tenga la certeza de que existen programas que se llevarán a cabo y unos plazos que serán respetados. 
Señor Comisario van den Broek, deseo señalar ahora un punto esencial que abordamos antes de las elecciones, esto es, el control de la intervención internacional y los controles de las ayudas. 
No debe repetirse lo que sucedió en el pasado. 
Nosotros dimos a Albania más dinero que a cualquier otro país y el resultado fue desastroso por la falta de controles. 
¡Que no vuelva a ocurrir más! 
El Sr. Cars me pide la palabra para una cuestión de orden. 
Tiene usted la voluntad clara de que los oradores se ciñan a su tiempo de uso de la palabra. 
Puesto que soy uno de los pocos a los que no ha tenido motivos para interrumpir, quiero no obstante recordarle que a menudo ha dejado usted caer el martillo algunos segundos antes de que expirase el tiempo asignado al orador. 
Por consiguiente, le ruego que reflexione sobre la corrección de este modo de proceder. 
Señor Cars, la cuestión del tiempo es uno de los grandes problemas de este Parlamento. 
La Presidencia no puede hacer callar a los parlamentarios, pero les advierte cuando han agotado su tiempo. 
La responsabilidad o no de ir más allá, es de cada uno de los diputados y diputadas; en todo caso yo hago lo posible para que se respete el tiempo. 
El debate queda cerrado. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0349/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Jaime Valdivielso de Cué (H-0477/97): 
Asunto: Inclusión en la reforma del Tratado de un artículo que regule una base jurídica para el voluntariado 
El voluntariado social y las ONG constituyen un fenómeno de desarrollo creciente. 
Un 30 % de los ciudadanos españoles participa en alguna actividad de voluntariado. 
Cientos de europeos realizan actividades humanitarias y en misión de paz en regiones azotadas por hambre, pobreza, brotes epidémicos o conflictos bélicos. 
El Tratado no recoge específicamente la figura jurídica del voluntariado; el cual tiene entidad e importancia suficientes como para figurar por sí mismo en un artículo propio. 
¿Tiene previsto el Consejo la inclusión de un artículo que regule y apoye el voluntariado y las actividades de las ONG? 
¿Qué medidas concretas se prevén en orden a la mutua cooperación entre organizaciones humanitarias de distintos países a fin de optimizar sus esfuerzos y fomentar una dimensión europea? 
¿Existe algún registro de ONG y organizaciones humanitarias que puedan canalizar y distribuir entre los más necesitados los productos incautados por fraude comunitario que actualmente están siendo destruidos? 
Ante todo, quisiera decir que el Presidente en ejercicio del Consejo ya tuvo la oportunidad de responder, durante el período de sesiones del mes de junio, a una pregunta idéntica formulada por el Sr. Valdivieso de Cué. 
En efecto, esta pregunta exige en primer lugar la siguiente puntualización, a saber, que el Consejo, en su calidad de institución, no participa en la Conferencia Intergubernamental. 
Por lo demás, el Sr. Valdivieso de Cué sabe que entretanto los trabajos de la Conferencia Intergubernamental han terminado y que los resultados son ahora del dominio público. 
Quisiera destacar, no obstante, que comparto la opinión del Sr. Valdivieso de Cué sobre la aportación de las ONG y las actividades de voluntariado en sectores sumamente diversos, ya que representan contribuciones decisivas para aliviar un gran número de sufrimientos, al mismo tiempo que permiten en algunos casos a sectores enteros de sociedades en desarrollo asumir su propio destino. 
En lo que concierne a las medidas concretas tomadas con vistas a optimizar los esfuerzos de las organizaciones humanitarias, el reglamento «Ayuda humanitaria» aprobado en 1996 prevé, entre otras cosas, la posibilidad de financiar acciones de fortalecimiento de la coordinación de la Comunidad con las organizaciones e instituciones internacionales humanitarias, las organizaciones no gubernamentales, así como las organizaciones representativas de estas últimas. 
En relación con la creación de un registro de ONG y organizaciones humanitarias que pueden distribuir a los más necesitados productos incautados por fraude, sólo puedo señalar al Parlamento que, en esta materia, la Comisión no ha presentado al Consejo propuestas que vayan en este sentido. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me ha parecido interesante la respuesta que me da. 
Quiero hacer hincapié en el potencial, no voy a decir ilimitado, pero sí fantástico y magnífico que tiene la sociedad europea y que podríamos aprovechar mejor. 
Creo que no lo estamos haciendo, y esto es una laguna, seamos conscientes. 
En segundo lugar, y en un aspecto mucho más material, se dan muchos casos dentro de la Unión Europea en que, por razones de fraude, de falsificación industrial, etc., destruimos aquellas partidas que son producto de procedimientos ilegales. 
Muchas veces estamos quemando ropas, destruyendo mantas y calzados, porque se ha usurpado una marca, etc. Comprendo perfectamente que esto se haga así desde un punto de vista de criterios de registros mercantil u otro, pero es una pena que no lo aprovechemos para ayudar a los más humildes. 
Me alegro de que haya concordancia de puntos de vista entre el Sr. Valdivieso de Cué y yo mismo sobre el papel extraordinario que desempeñan nuestras ONG en el terreno que acaba de mencionarse, sobre todo en lo relativo a los más necesitados y los más desfavorecidos. 
Puedo aquilatar el trabajo efectuado por las ONG, dado que me encargo, en el seno del ministerio de Asuntos Exteriores, de la sección de cooperación y desarrollo. 
En lo que se refiere a la última parte de su intervención, de su deseo, que puedo comprender perfectamente, quizás sea igualmente útil interrogar a la Comisión para saber si ella tomaría una iniciativa en el sentido que desea el Sr. Valdivieso de Cué. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 2 caduca. 
Pregunta nº 3 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0481/97): 
Asunto: Situación en Argelia 
¿Cómo valora el Consejo la actual situación en Argelia? 
¿Qué perspectivas y acciones se contemplan en nuestras relaciones a corto plazo? 
A guisa de respuesta a la pregunta formulada por la Sra. Izquierdo Rojo, quisiera comunicar los siguientes elementos. 
Como usted sabe, el Consejo sigue de muy cerca la evolución de la situación interior en Argelia. 
El Consejo está satisfecho de la celebración de elecciones legislativas el pasado 5 de junio. 
El pueblo argelino se pronunció en orden y en buenas condiciones de seguridad. 
A petición de las autoridades argelinas, un número significativo de Estados miembros de la Unión Europea respondieron positivamente enviando observadores a escala nacional, coordinados por las Naciones Unidas. 
La Unión ha tomado nota del informe de la misión de observación conjunta que confirma que, a pesar de algunas imperfecciones notables, el escrutinio se desarrolló en condiciones que pueden calificarse de generalmente satisfactorias. 
La participación relativamente elevada a este escrutinio demuestra, a nuestro juicio, la determinación del pueblo argelino de tomar las riendas de su futuro. 
El Consejo considera que estas elecciones marcan un paso adelante en el proceso de las reformas políticas. 
Por lo demás, espera que la nueva Asamblea multipartita y el Gobierno de coalición, que dispone de una amplia base, sean los protagonistas clave en el proceso de reforma encaminado a la edificación de una sociedad democrática y sin violencia en Argelia. 
El Consejo seguirá con mucha atención la celebración de la próxima vuelta del escrutinio, esta vez a nivel de las elecciones municipales, que tendrá lugar a principios de otoño. 
En lo relativo a las relaciones bilaterales, el Consejo espera que la situación permita una conclusión rápida del nuevo acuerdo euromediterráneo con Argelia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por esta respuesta. 
Pero teniendo en cuenta que se ha referido más bien al pasado inmediato y a las elecciones, quisiera preguntarle, en relación con el presente de hoy, ¿cómo valora usted la puesta en libertad condicional de Abasi Madani, líder del FIS? 
¿Lo valora como una contribución efectiva en el intento de encontrar salidas a la violencia? 
Creo que tenemos interés en que haya un diálogo abierto entre todas las partes interesadas en Argelia. 
La liberación, ayer, del Sr. Abassi Madani podría ayudar a calmar la situación que prevalece actualmente en Argelia y que nos preocupa a todos y a todas. 
Esta liberación podría constituir un paso hacia adelante en la difícil negociación y el difícil camino hacia una solución del conflicto, que ya ha provocado demasiadas víctimas. 
Señor Presidente del Consejo, ¿cree usted realmente que es democrático que se celebren elecciones para partidos privilegiados y que se excluya al partido que obtuvo la mayoría absoluta la última vez, pero que fue derrocado por los militares? 
Al menos, se ha dado un paso en la dirección correcta. 
¿Está usted dispuesto a seguir ejerciendo presión sobre el Gobierno argelino para que permita una auténtica democracia en la que esté representado el pueblo argelino y no sólo aquellas personas que son aceptables para los detentadores del poder? 
Independientemente de ello, señor Presidente del Consejo, usted sabe exactamente lo mucho que se ha apoyado financiera y administrativamente así como con todos los medios de que dispone el Gobierno, a este partido que ha obtenido la mayoría. 
Creo que ya puse de relieve en mi primera respuesta a esta pregunta, que estas elecciones representaban un primer paso. 
Comprendo que el señor diputado no esté en modo alguno satisfecho con las condiciones en las que tuvieron lugar estas elecciones. 
No obstante, creo que es preciso hacer todo lo que esté en nuestra mano actualmente para que las futuras elecciones se desarrollen en condiciones más democráticas. 
No obstante, quisiera decir que el clima actual es poco propicio. 
No obstante, esto no debería disuadirnos para que hagamos, por nuestra parte, todo lo que sea posible para iniciar el diálogo positivo, el diálogo constructivo que conducirá, finalmente, a unas elecciones democráticas, sin omitir destacar el hecho de que, después de todo, los partidos que recurren a la violencia y al terrorismo no deberían, normalmente, tener voz ni voto. 
Todas las demás fuerzas democráticas, que acepten los principios de la democracia, deberán poder participar en las próximas elecciones celebradas en este país. 
Pregunta nº 4 formulada por John Iversen (H-0488/97): 
Asunto: Birmania 
Después de concluidas las recientes elecciones en Gran Bretaña y Francia, ¿ha cambiado el Consejo su posición sobre un boicot comercial común a Birmania? 
En relación con esta pregunta sobre la situación en Birmania, quisiera decir que el Consejo decidió, el 29 de abril de este año, prorrogar por un nuevo período de seis meses las sanciones administrativas previstas por la posición común de la Unión Europea en relación con Birmania, aprobada el 29 de octubre del año anterior. 
Esta decisión de prolongación fue tomada vista la ausencia de progresos internos en Birmania, en particular en lo que se refiere a la situación de los derechos humanos y el proceso de democratización. 
En la etapa actual, aún no se han retenido las sugerencias de medidas adicionales en el terreno económico. 
No obstante, éstas podrían ser objeto de un debate posterior en el caso en que la situación en Birmania se deteriorase aún más. 
Por lo demás, puedo confirmar que la Unión Europea está constantemente vigilante respecto a la situación en Birmania y aborda la cuestión de la necesidad de reformas significativas y rápidas con todos sus interlocutores internacionales, los Estados de ANASE en particular, a los que pide utilizar todos los medios de presión a su alcance para influir en la posición del SLORC (Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden). 
Quiero darle las gracias por la respuesta y preguntarle, señor Presidente del Consejo, cuándo- ya que todos sabemos que la situación es seria en la zona y sobre todo en la misma Birmania- se incluirá el tema en el orden del día del Consejo. 
¿Será dentro de un mes, de dos meses, o ya ha sido fijado, cuando el Consejo debatirá la imposición de nuevas sanciones a Birmania? 
Quisiera añadir un elemento más como respuesta a esta pregunta complementaria que acaba de formularse y decir que actualmente, como ya lo dije, todavía no hay sanciones precisas, pero que no excluyo que el Consejo «Asuntos Generales» del mes de septiembre presente este expediente ante el Consejo de Ministros. 
Pregunta nº 5 formulada por Ulla Sandbæk (H-0490/97): 
Asunto: Apartado sobre la no discriminación en el Tratado de Maastricht II 
En Dinamarca existe una Iglesia nacional, a la que el Estado presta ayuda económica, por ejemplo, para el mantenimiento de los edificios y el pago de los salarios de los sacerdotes. 
¿Puede el Consejo indicar hasta qué punto la introducción de un apartado sobre la no discriminación en el nuevo Tratado de Maastricht II puede significar que, en un país como Dinamarca en el que existe una Iglesia nacional, otras comunidades religiosas pueden exigir que se les equipare a la Iglesia nacional, de manera que reciban también ayudas del Estado y que puedan protestar ante los tribunales en el caso de que esto no ocurra? 
En respuesta a la pregunta de la Sra. Sandbaek, quisiera destacar que el Tribunal de Justicia es el único habilitado para interpretar las disposiciones que podría implicar, en el futuro, el Tratado que instituya a la Comunidad Europea después de la Conferencia Intergubernamental que acaba de concluirse en Amsterdam. 
Creo que no corresponde al Consejo hacer una apreciación sobre un texto que aún no ha entrado en vigor, ni tampoco ha sido firmado. 
Me gustaría preguntar al señor Presidente del Consejo qué ideas tenía presente el Consejo al incluir a la Iglesia en este apartado sobre la no discriminación. 
¿De qué tipos de discriminación se ha imaginado el Consejo que puede ser objeto la Iglesia? 
Por las razones que acabo de exponer, sólo podría tratar de contestar a título estrictamente personal a la pregunta complementaria de la Sra. Sandbaek. 
En mi opinión, en la primera lectura, el futuro artículo del Tratado no tendrá efecto directo, es decir que los particulares no podrán fundarse sobre estas disposiciones ante un tribunal nacional o ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Al estatuir por unanimidad, a propuesta de la Comisión y después de consultar con el Parlamento Europeo, ofrecerá al Consejo la posibilidad, mas no la obligación, de tomar medidas destinadas a combatir, y no a prohibir, un determinado número de discriminaciones respecto a las personas, en los límites de las competencias que el Tratado reconoce a la Comunidad. 
A este respecto, ha de observarse que las relaciones entre la Iglesia o las Iglesias, y el Estado, en el seno de cada Estado miembro, no son competencia de la Comunidad y, por ende, no pueden ser objeto de medidas comunitarias. 
Por lo demás, en relación con este tema puede remitirse al acta final de la Conferencia Intergubernamental sobre el estatuto de las Iglesias conforme al derecho nacional. 
Señor Presidente, estoy agradecido de que haya mencionado el Acta Final que, al contrario que el Tratado, ya se ha firmado y que contiene una cláusula sobre las relaciones entre Estado e Iglesia. 
El cristianismo ha acuñado del mismo modo a todos los Estados miembros y Europa no existiría sin cristianismo pero las relaciones entre Estado e Iglesia son muy diferentes en los diversos Estados. 
Por ello, es muy razonable que en este aspecto se aplique la subsidiariedad. 
Me gustaría saber si considera suficiente la mención del Acta Final y porqué no ha sido posible cumplir el deseo delas Iglesias europeas y reflejarlo en el Tratado. 
A este respecto, también Luxemburgo ha debido mostrar en especial reserva. 
Creo que ha contestado usted a su propia pregunta. 
Ha hecho alusión a la subsidiariedad, al principio de subsidiariedad, que yo mismo había mencionado como elemento de respuesta a la primera pregunta complementaria. 
Esa es efectivamente la razón, no hay otra. 
Puedo asegurarle que no había reserva alguna de Luxemburgo. 
Pregunta nº 6 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0491/97): 
Asunto: Medidas para la seguridad en carretera 
La seguridad vial ha venido siendo objeto de interés creciente por parte del Consejo, como se refleja en varias resoluciones del mismo. 
En relación con ello, ¿estima el Consejo que las medidas propugnadas relativas al sometimiento de cualquier proyecto de infraestructura viaria a un «estudio de impacto de seguridad» , y al equipamiento de los automóviles con «Limitadores de velocidad» , son oportunas? 
Para responder a esta pregunta, quisiera decir ante todo que el Consejo aprobó, en el período de sesiones del 17 y 18 de junio de 1997, conclusiones respecto a la comunicación de la Comisión «Fomentar la seguridad vial en la Unión Europea, programa para el período de 1997 al año 2001». 
El Consejo, después de tomar nota del programa de acción citado anteriormente, presentado por la Comisión, se felicitó de que prevea nuevas iniciativas comunes para definir un enfoque integrado de la seguridad vial. 
El Consejo no se ha expresado de manera explícita sobre las dos medidas de prevención de los accidentes mencionadas por el Sr. Camisón Asensio relativas, una, a los limitadores de velocidad y, la otra, al estudio de impacto de seguridad de las infraestructuras. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Consejo de Seguridad en el Transporte Europeo ha presentado a la Comisión- y supongo que al Consejo- su famoso plan en el que figura el ambicioso objetivo de reducir el número de víctimas de accidentes en carretera, en la Unión Europea, de 45.000 al año a 25.000 en el 2010. 
Se intenta, asimismo, reducir los costes socioeconómicos- supermillonarios- que hoy día enmarcan a la Unión. 
Entre las medidas legislativas vinculantes, se está proponiendo la obligación de someter cualquier proyecto de infraestructura a un estudio de impacto en la seguridad, algo similar a lo que hoy ocurre con el medio ambiente. 
A nosotros nos parece bastante razonable esta medida y le preguntamos al Consejo su opinión al respecto, aunque, todavía- como ha dicho el Consejo- no haya entrado a estudiarlo; pero nos gustaría conocer su opinión. 
Respecto al otro asunto, nos parece más discutible, aunque no descartable, y nos parece una propuesta de elaboración de proyectos piloto como pudiera ser la posibilidad de equipar a los automóviles con limitadores de velocidad, con el fin de disminuir el número de accidentes y de víctimas. 
No se olvide que algunos camiones ya los tienen y que, según está medido, una reducción de tan sólo 5 km/hora en la velocidad media de las carreteras de la Unión Europea significaría poder salvar nada menos que 11.000 vidas humanas al año. 
¿Qué opina el Consejo al respecto, aunque todavía no haya entrado en materia? 
En realidad, al formular su pregunta complementaria, el Sr. Camisón Asensio hizo el balance trágico de los accidentes en carretera en la Comunidad: vidas humanas, pero también número de lesionados, 1.600.000 lesionados. 
En mi calidad de médico, puedo asegurarle que, a veces, la suerte de los lesionados, de la que ya no se habla después, es sumamente difícil de soportar, no solamente por los propios lesionados, sino también por su familia, sin hablar de los exorbitantes costes socioeconómicos. 
Todo ello se toma en cuenta. 
Por lo demás, puedo decirle que, ante esta hecatombe, el Consejo de Ministros está totalmente de acuerdo con usted y con las propuestas de la Comisión. 
A nuestro juicio, no habría que descuidar ninguna pista en materia de prevención. 
La pregunta nº 7 formulada por Patricia McKenna (H-0499/97) no se responderá por tratarse de un asunto ya incluido en el orden del día. 
Pregunta nº 8 formulada por Sören Wibe (H-0501/97) , suplido por la Sra. Ahlqvist: 
Asunto: Recomendaciones del Consejo ECOFIN a Suecia 
Según noticias publicadas en los periódicos suecos, los ministros de Hacienda de los países de la UE recomendaron a Suecia el 12 de mayo de 1997 que redujera su déficit presupuestario mediante una reducción de los impuestos sobre los hogares y las empresas y recortes en el sector público y/o en el sistema de transferencias sociales. 
El Tratado de Maastricht, que Suecia ha firmado, prevé un límite máximo para los déficits presupuestarios de los Estados miembros. Ahora bien, el Tratado no incluye ninguna disposición sobre la manera en que los países deben alcanzar este objetivo. 
Con su recomendación, el Consejo ECOFIN ha optado por una clara prioridad política. 
Suecia deberá efectuar reducciones en el sistema de seguridad social, a pesar de que todas las investigaciones muestran que la población está en contra de estas medidas. 
¿Considera el Consejo que es adecuado que el Consejo ECOFIN defina prioridades políticas? 
¿No hubiera sido mejor recomendar simplemente a Suecia que alcanzara el objetivo presupuestario bien con reducciones o bien con un incremento de los impuestos? 
¿Ha pensado el Consejo en el número de puestos de trabajo que se perderían en Suecia en el caso de que el país efectuara las mencionadas reducciones fiscales y de las prestaciones del sistema de seguridad social? 
El artículo 104 C del Tratado por el que se instituye la Comunidad Europea estipula que cuando el Consejo decide que hay un déficit excesivo, dirige recomendaciones al Estado miembro interesado para que éste ponga un término a esta situación en un determinado plazo. 
Por una parte, para tener un efecto útil, tal recomendación no puede limitarse a un mero recordatorio del objetivo presupuestario. 
Por otra, el Consejo se pronuncia siempre en términos suficientemente generales como para dejar un margen de apreciación a los Estados miembros sobre sus prioridades internas. 
El texto relativo a Suecia, al que se refieren ambos diputados, que todavía no ha sido objeto de una publicación de conformidad con el artículo 104 C del Tratado, respeta, a nuestro entender, este equilibrio. 
Por lo demás, el Consejo Europeo de Amsterdam ha confirmado que las finanzas públicas sanas son una condición necesaria para un crecimiento fuerte y duradero, generador de empleo. 
Por lo demás, es interesante observar, en este contexto, que el programa de convergencia presentado por el Gobierno sueco en septiembre de 1995, para el período que abarca hasta fines de 1998, comparte este enfoque. 
Gracias, señor Presidente del Consejo. Le transmitiré la respuesta a mi camarada de partido, Sören Wibe. 
No obstante, tengo una pregunta: ¿Cuándo se publicará el texto sobre Suecia que aún no se ha hecho público? 
Así lo espero, señora Ahlqvist, a la mayor brevedad. 
Esta es la única respuesta que puedo darle. 
De lo contrario, sería poco honrado con usted. 
Quiero formular dos preguntas adicionales al Consejo de Ministros. 
El hecho es que si se reducen los impuestos, disminuyen los ingresos del Estado y aumenta el déficit. 
Por tanto no comprendo la lógica de la Presidencia. 
¿No debería Suecia en su lugar aumentar los impuestos para disminuir el déficit en las finanzas públicas? 
Esta es la primera pregunta. 
La segunda es: Si el Consejo de Ministros va a aconsejar a Suecia en que ámbitos ha de ahorrar, ¿se trataría por ejemplo de la defensa, del cuidado infantil o del sector social? 
¿Dónde tiene que ahorrar Suecia? 
A mi modo de ver, ésta es una recomendación política que en realidad trata de hacer que los países lleven adelante una política de derechas. 
No tengo una receta, visto que acabo de explicarme a propósito de los procedimientos que deberían llevar a una disminución del déficit presupuestario. 
La apreciación es competencia del Gobierno sueco y es a éste al que corresponde tomar las medidas necesarias para conformarse a las exigencias. 
Ni el Consejo, ni el Presidente en ejercicio del Consejo, pueden dar lecciones al Gobierno sueco. 
En este tema se aplica el principio de la subsidiariedad. 
¿Es consciente el Presidente del Consejo de que Suecia no tiene actualmente ningún déficit en sus finanzas estatales por lo que respecta a los asuntos generales? 
¿Es consciente además de que la llamada alta tasa de impuestos de Suecia es sólo aparente, porque es consecuencia de que el sistema de seguridad social es público en Suecia? 
Hay aparentemente menor presión fiscal en otros países donde el sistema de seguridad social y sus costes no se financian públicamente sino que son de carácter privado. 
En realidad, se trataba más de una puntualización que de una pregunta, si he entendido bien. 
El señor diputado acaba de decirme que no había déficit presupuestario debido a los impuestos sumamente elevados. 
Yo puedo decirle que, en Luxemburgo, se da una situación inversa con una ausencia de déficit, a pesar de los impuestos bastante bajos. 
Pregunta nº 9 formulada por Arthur Newens (H-0503/97): 
Asunto: Cooperación comercial con México 
¿Tiene el representante del Consejo la intención de hacer declaraciones sobre los progresos realizados en las negociaciones comerciales y de cooperación con México? 
Pido disculpas porque la respuesta podrá parecer un poco larga, pero quisiera dar los elementos de información necesarios de los que se dispone en este momento. 
Las negociaciones de nuevos acuerdos con México están prácticamente terminadas. 
El único punto actualmente pendiente concierne la eventual fijación de las modalidades y las bases de arranque para las negociaciones sobre la liberalización de los bienes y servicios. 
Sin embargo, espero que en los próximos días podrá encontrarse una solución que permita rubricar los textos. 
Se me dice que esto se hará mañana. 
En primer lugar, en lo que se refiere a la sustancia. 
Ambas partes han convenido en establecer un marco favorable al desarrollo de los intercambios de mercancías, servicios e inversiones, incluida la liberalización recíproca y progresiva de éstos, teniendo en cuenta la sensibilidad de algunos productos y conforme a las normas correspondientes de la Organización Mundial del Comercio. 
Además, ambas partes se comprometen a instaurar, entre otros aspectos, una cooperación en materia económica, científica, industrial, educativa, social, audiovisual, cultural y regional, a crear un diálogo político y prever ciertas disposiciones institucionales. 
Por lo demás, ambos acuerdos incluyen, como todos los acuerdos concluidos por la Comunidad, cláusulas relativas al cumplimiento de los principios democráticos y los derechos humanos, que constituyen un elemento esencial de los acuerdos. 
Luego, en el terreno formal y de procedimiento, ambas partes han negociado un acuerdo global de naturaleza mixta así como, en espera de la ratificación de éste, un acuerdo provisional de competencia comunitaria. 
Este acuerdo sirve de instrumento para las negociaciones, a través del Consejo conjunto que lo establece, para la liberalización de los intercambios. 
Además, mediante una declaración conjunta por separado, ambas partes se han comprometido a negociar paralelamente la liberalización de los servicios, movimientos de capitales, medidas relativas a la propiedad intelectual, etc., que al ser competencia de los Estados miembros no podía tratarse en el marco del acuerdo provisional. 
Al celebrar este acuerdo, ambas partes se aseguraron de la globalidad del tratamiento de los distintos sectores que serán objeto de la liberalización. 
Cabe destacar a este efecto que la entrada en vigor de la liberalización de los bienes no tendrá lugar sino después de que el Consejo se haya pronunciado sobre los resultados de las negociaciones para todo el acuerdo en su conjunto, y después de firmar el acuerdo global. 
Doy gracias al Ministro por su extensa declaración y expreso mi satisfacción por los progresos realizados hacia la consecución de un acuerdo que esperamos promueva mejores relaciones entre México y la Unión Europea, pero le agradecería que siguiera comentando los debates sobre derechos humanos, que sin duda alguna son una cuestión delicada, y que nos confirme que seguiremos prestando estrecha atención a esta cuestión, pues algunos de nosotros seguimos recibiendo regularmente quejas o informes en nombre de ciudadanos mexicanos. 
Creo que el progreso que consigamos en esta cuestión será de beneficio para todos nuestros pueblos. 
No existe un problema en particular en los ámbitos que acaba de mencionar el señor Newens. 
Creo que también se trata de tener en cuenta, en estos acuerdos de nueva generación con México, nuestra política horizontal en materia de derechos humanos. 
Pregunta nº 10 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0506/97): 
Asunto: Desmantelamiento de la democracia en Belarús 
El presidente Lukashenko ha disuelto el Parlamento democráticamente elegido y designado un parlamento títere. 
La posibilidad de funcionamiento de los periódicos de la oposición en Belarús está fuertemente limitada. 
También está muy limitada la libertad de expresión de la oposición y numerosos dirigentes de la oposición están actualmente encarcelados. 
Se puede decir que Belarús es actualmente el país menos democrático de Europa. 
¿Debemos tolerar que ocurra esto en nuestro continente en 1997? 
Desgraciadamente, en la mayoría de los casos las democracias europeas contemplan en silencio esta evolución. 
Ya he formulado una pregunta a la Comisión sobre este tema y la respuesta ha sido «estamos a la espera». 
¿Ha examinado el Consejo de Asuntos Exteriores este asunto? 
¿Se han examinado medidas comunes para conseguir que el Presidente de Belarús restablezca un régimen democrático? ¿Se ha examinado el futuro de las relaciones comerciales entre la UE y Belarús? 
Quisiera decir que el Consejo sigue con mucha preocupación la evolución de la situación en Belarús y ha iniciado un esfuerzo común para intentar ejercer influencia sobre las autoridades belarusas con el fin de que restablezcan plenamente el cumplimiento y practiquen los principios democráticos aceptados a escala internacional. 
En enero de 1997, se envió a Belarús una misión de investigación de la Unión Europea con el Sr. Ad Kosto, antiguo ministro holandés de Justicia a la cabeza para comprobar los hechos relativos a la legalidad del referéndum, evaluar la compatibilidad de una nueva relación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno con los principios de la separación de poderes y verificar finalmente si la oposición y los medios de comunicación son objeto de acoso. 
La misión enumeró varios disfuncionamientos constitucionales y políticos graves en el país. 
Tomando como base estas comprobaciones, el Consejo acordó en febrero de 1997 que las relaciones entre la Unión Europea y Belarús se insertaban en un enfoque global, destacando que la Unión Europea no desea aislar al país y sigue apegado a un proceso que brinde a ese país la posibilidad de desempeñar, en su día, un papel significativo en el seno de las estructuras europeas. 
No obstante, Belarús es el que posee la clave de este proceso. 
El Consejo estudia también las consecuencias de esta actitud para la Unión Europea y los países en cuestión. 
Se ha convenido que ante la ausencia de medidas positivas de la parte de las autoridades belarusas, a) los Estados miembros de la Unión Europea no apoyarán la candidatura de Belarús a la adhesión al Consejo de Europa; b) la Unión Europea no procederá a la conclusión del acuerdo provisional ni del acuerdo de asociación y cooperación; c) los contactos bilaterales con Belarús a nivel ministerial serán objeto de una evaluación caso por caso; d) los programas de ayuda técnica de la Comunidad y los Estados miembros son examinados de nuevo, evaluados partiendo del principio que deberían servir directamente al proceso de reformas. 
Además, después de los acontecimientos que rodearon las manifestaciones de marzo de 1997 y de la ola de detenciones y manifestaciones de los opositores, el Consejo aprobó, en abril de 1997, una declaración crítica y confirmaba de nuevo que la cooperación entre la Unión Europea y Belarús no podía continuar ante la ausencia de esfuerzos convincentes para establecer en Belarús un sistema político que respete las normas aceptadas a nivel internacional en materia de derechos humanos y libertades políticas. 
La Unión Europea pidió a las autoridades belarusas a traducir en hechos su compromiso de iniciar la consulta con el decimotercer Soviet Supremo elegido para llegar a un justo equilibrio entre los poderes. 
El Consejo se felicita de la creación de un grupo de trabajo tripartita constituido por representantes del Gobierno belarús, el decimotercer Soviet Supremo y expertos de la Unión Europea que tratará de cumplir con este objetivo. 
Quisiera señalarles, Señorías, que el grupo celebró su primera sesión en junio de este año y aún no ha terminado sus trabajos. 
El Consejo continuará siguiendo atentamente los resultados de los trabajos del grupo así como la evolución de la situación global en Belarús. 
Los esfuerzos de la Unión Europea finalmente complementan y refuerzan los de la OSCE y el Consejo de Europa. 
Me alegra que por lo menos el Consejo tenga pensadas unas medidas más concretas que la Comisión con el fin de reaccionar ante la situación en Belarús. 
He planteado la pregunta anteriormente a la Comisión y se me ha dado una respuesta muy cauta y a la espera de los acontecimientos. 
Belarús bien podía haber dado origen en los últimos años a todo un relato de suspense, pero se trata efectivamente de hechos reales. 
Hemos de hacer algo concreto. 
Yo entiendo que las intenciones del Consejo son más concretas. 
No es suficiente preocuparse, examinar y valorar la situación. 
Eso ya se ha hecho. 
Sabemos cómo está la población. 
Sabemos también que los medios de comunicación están sujetos a censura, y que están prohibidos los sindicatos y las manifestaciones. 
Volveré a referirme a esta cuestión más adelante. 
Me satisface la respuesta del Consejo. 
Creo que no se trataba realmente de una pregunta. 
La señora Ahlqvist nos ha agradecido nuestra respuesta y si he entendido bien, se mantendrá atenta a este asunto. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 11 y 12 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 11 formulada por Anne McIntosh (H-0508/97): 
Asunto: Supresión de las ventas libres de impuestos 
¿Estaría el Presidente en ejercicio del Consejo de acuerdo en revisar urgentemente la propuesta de supresión de las ventas libres de impuestos a partir del 1 de julio de 1999, con vistas a proteger tanto los intereses de los trabajadores de los sectores marítimo y turístico como de los viajeros? 
¿No está de acuerdo el Consejo en que la supresión de las ventas libres de impuestos va a suponer un aumento de las tarifas y de los costes de viaje para los pasajeros ya que está previsto que el precio de los billetes de transporte aumente en un 30 % por término medio, lo que supondrá, consecuentemente, una reducción de las posibilidades de elección de los consumidores? 
En caso de que se suprima las ventas libres de impuestos, ¿qué medidas de apoyo tiene el Consejo la intención de proponer para compensar sus efectos, sin lugar a dudas negativos, en el sector del turismo y proteger los intereses de los viajeros? 
Pregunta nº 12 formulada por Brian Crowley (H-0545/97): 
Asunto: Compensaciones en relación con la propuesta de abolir las ventas libres de impuestos en 1999 
Recientes manifestaciones de la Comisión Europea sugieren que las consecuencias sociales y económicas derivadas a nivel regional de la abolición de las ventas libres de impuestos dentro de la UE se deberían compensar mediante subvenciones estatales. 
¿Considera el Consejo que debe contemplarse la posibilidad de otorgar subvenciones estatales para compensar las consecuencias de la abolición de las ventas libres de impuestos en trayectos intracomunitarios, en particular, los que comunican los países y regiones marítimos y periféricos, como Irlanda, con el resto de la Unión Europea? 
Quisiera responder conjuntamente a las preguntas formuladas por la Sra. McIntosh y el Sr. Crowley, ambas sobre las consecuencias de la supresión de las ventas libres de impuestos en los puertos y aeropuertos, especialmente en los trayectos realizados en el interior de la Unión Europea. 
Ante todo quisiera destacar que el mantenimiento de las ventas libres de impuestos en el tráfico intracomunitario de viajeros se encuentra en contradicción con la existencia de un mercado interior sin fronteras. 
Si el Consejo, durante la aprobación de las directivas que establecían la abolición de las fronteras fiscales en 1993, decidió prolongar temporalmente las ventas libres de impuestos para los viajeros intracomunitarios hasta el 30 de junio de 1999, era precisamente con la intención de evitar los problemas sociales y regionales que habrían podido derivarse de una abolición súbita de estas ventas. 
Por tanto, se trataba de dar tiempo suficiente a los sectores afectados, especialmente a las autoridades aereoportuarias, las compañías aéreas, las sociedades de transbordadores, los productores de mercancías que suelen venderse en las tiendas libres de impuestos, los explotadores de estas tiendas, con el fin de que pudieran prepararse para la abolición de las ventas libres de impuestos intracomunitarias previstas por las directivas de 1993. 
La respuesta del Consejo es muy desalentadora. 
Sigue habiendo fronteras fiscales. 
Además, los controles fronterizos entre el Reino Unido y otros países han empeorado, pues ahora tenemos países que aplican las disposiciones de Schengen y otros que no lo hacen. 
Quisiera reiterar mi pregunta al Presidente en ejercicio: ¿Qué va a hacer para proteger los intereses de los que desempeñan actualmente su cometido, en particular en los transbordadores, en las compañías de aviación y en el sector turístico, así como los de los viajeros? 
Comprendo que, por ser una isla, el Reino Unido vaya a quedar particularmente desfavorecido con la abolición de las ventas libres de impuestos. 
Los viajes serán más caros. 
Siendo como es una isla, el Reino Unido es menos accesible. 
La contribución de las ventas libres de impuestos a la economía del Reino Unido, a nuestro sector turístico y a nuestro sector laboral es más elevada por lo que se refiere a mantener tarifas, a mantener servicios, a poder elegir servicios, y en términos de empleo. 
¿Tendría el Presidente en ejercicio la amabilidad de responder a mi pregunta?. 
Puedo comprender que la respuesta que acabo de formular no satisfaga a la Sra. McIntosh. 
No obstante, quisiera recordar una vez más que, cuando se aprobaron las directivas relativas a la abolición de las fronteras fiscales, los Estados miembros decidieron aplazar su aplicación hasta 1999. 
Este plazo estaba destinado a permitir a los operadores y empleados en el sector encontrar soluciones para una conversión paulatina, si puedo expresarme así, hacia otras actividades económicas. 
Quisiera destacar, una vez más, que no se decidió de repente la abolición de las ventas libres de impuestos. 
Una vez dicho esto, también quisiera hacer notar que, a fin de cuentas, no se ha presentado al Consejo ninguna propuesta destinada a prolongar más allá del 30 de junio de 1999 las ventas libres de impuestos en los trayectos intracomunitarios. 
Cae por su propio peso que el Consejo concederá toda la atención necesaria a las eventuales propuestas que la Comisión tendrá a bien someterle en este terreno. 
Por último, también quiero recordar que se mantienen las ventas libres de impuestos destinadas a los viajeros que abandonan la Comunidad. 
Por tanto, Sra. McIntosh, para resumir mi respuesta, el Consejo está siempre a la espera de eventuales propuestas de la Comisión relativas a los ámbitos que acaba usted de mencionar. 
Quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Sobre la base de lo que ha dicho, la Comisión ha indicado al Parlamento que no puede iniciar acción alguna porque el Consejo ha adoptado una decisión y se ha negado a modificar en absoluto dicha decisión. 
Por lo tanto, ¿puede prometernos el Presidente en ejercicio que planteará la cuestión en la próxima reunión del Consejo para ver si consigue que se modifique radicalmente la decisión o que haya alguna prórroga? 
En segundo lugar, como ha mencionado ya mi colega en relación con el carácter periférico- y el Presidente en ejercicio también lo ha mencionado -, lo cierto es que las personas que salgan de la Unión seguirán teniendo derecho a efectuar compras libres de impuestos. 
¿Sabe qué número de ciudadanos comunitarios viajan fuera de la Unión en comparación con el número de ciudadanos comunitarios que viajan regularmente dentro de la Unión? 
En Irlanda solamente la proporción es de aproximadamente un 74 % de personas que viajan dentro de la Unión y un 26 % de personas que viajan fuera de ella. 
A riesgo de decepcionar al Sr. Crowley, quisiera de todas maneras destacar el hecho de que el derecho de iniciativa incumbe siempre a la Comisión y no al Consejo. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio, en primer lugar, si tiene motivos que indiquen que el turismo quedará perjudicado por la abolición de las ventas libres de impuestos en la Unión Europea. 
En segundo lugar, si las ventas libres de impuestos continuaran, ¿podría exponernos algún motivo lógico de que los que viajen por vía aérea y por vía marítima tengan la posibilidad de hacer compras libres de impuestos, mientras que los que viajan por ferrocarril o por automovíl y cruzan fronteras nacionales no tienen ninguna oportunidad de efectuar dichas compras? 
¿Dónde está la lógica de esta situación? 
Aunque no me facilitan las cosas, no obstante, voy a tratar de dar una respuesta. 
Creo que nos encontramos en una lógica de mercado interior. 
Me doy muy bien cuenta de esto: a la hora de discutir todas las directivas, y no solamente ésta, que establecían el mercado interior, quizás algunos estaban realmente conscientes de las consecuencias posibles. 
Yo no sé si todos y cada uno se plantearon entonces esta pregunta, en el momento de la aprobación de estas directivas, las cuales, lo recuerdo, fueron aprobadas por el Consejo de Ministros con el fin de establecer el marco legislativo necesario al buen funcionamiento de un mercado interior. 
Hoy día, al cabo de tres años de funcionamiento, se han sacado las primeras conclusiones y se ve que algunas disposiciones todavía deben mejorarse para que el mercado interior funcione adecuadamente. 
Se acaba de hablar, creo, esta mañana y esta tarde, de muchos aspectos que tocan igualmente al mercado interior, así como las disposiciones que serán necesarias para que este mercado interior funcione cien por cien. 
Creo que estamos en esta problemática del funcionamiento del mercado interior. 
Ahí está todo el problema. 
Algunas consecuencias son desafortunadas, estoy de acuerdo, pero esta es una de las constataciones que es preciso asumir: en el mercado interior, se quieren eliminar ciertas formas de competencia que, a nivel de un mercado interior, podrían, no lo olvidemos, resultar desleales. 
Señor Wohlfart, me consta que miembros de este Parlamento no quieren hacer las cosas difíciles, lo que pasa es que a veces las cosas son difíciles y quizá, esta sea una cuestión difícil. 
Y vamos a ver si no nos pone las cosas excesivamente difíciles el Sr. Lindqvist que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. 
No estoy tan seguro de que éste sea el caso. 
Esta pregunta se ha formulado varias veces en otras ocasiones. 
La respuesta ha sido aproximadamente la misma. 
Estos son los hechos. 
Me gustaría preguntarle al Consejo si, a raíz del gran número de preguntas de una serie de países miembros, no juzga conveniente hacer que la Comisión realice un estudio de las consecuencias de las repercusiones que tendrá para el empleo y el turismo de los países afectados la eliminación de la venta libre de impuestos, de manera que tengamos unos datos suficientes sobre las repercusiones que suscitará dicha eliminación. 
Se trata de un buen número de empleos dentro de la UE, lo cual constituye sin duda uno de los problemas más graves que tiene actualmente Europa. 
El empleo es una de nuestras grandes preocupaciones y puede estar completamente seguro de que soy el último en no preocuparme de las personas que pierden un empleo: creo que ésto es algo que nos une en esta cuestión que nos divide. 
Sé muy bien que hubo decisiones tomadas, quisiera recordarlo, por unanimidad en el Consejo ECOFIN en esa época para introducir este dispositivo, tal como lo he descrito, con un período transitorio. 
Si presenta dificultades, puedo asegurarles que es algo que también nos preocupa. 
Si tiene usted preguntas en relación con los efectos sobre el turismo y otros ramos de nuestras actividades económicas, pienso- y créame que no es que no quiera responder a su pregunta- pienso, decía, que, en este contexto, la Comisión está mejor armada que yo para darle respuestas más satisfactorias. 
Pregunta nº 13 formulada por Clive Needle (H-0510/97): 
Asunto: Modificación de las disposiciones de la política comunitaria relativa al bienestar de los animales 
¿Qué cambios piensa realizar el Consejo en la política comunitaria tras la introducción en el Tratado de la Unión Europea de un nuevo requisito según el cual se ha de tener totalmente en cuenta el bienestar de los animales como «seres sensibles»? 
El Consejo, haciéndose eco de la toma de conciencia cada vez más neta, en el seno de nuestras opiniones públicas, está en posibilidades de afirmar que el perfeccionamiento de la legislación comunitaria destinada a asegurar una mayor protección y un mayor respeto del bienestar de los animales en tanto que seres sensibles constituye una de las prioridades de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Esta sensibilización ha llevado a nuestros Jefes de Estado y de Gobierno a acordar, durante el reciente Consejo Europeo de Amsterdam, la inclusión en el futuro Tratado de un protocolo relativo al bienestar de los animales. 
Ni qué decirse tiene, señor Presidente, que este Tratado, en el momento actual, todavía no está firmado ni a fortiori ratificado. 
Asimismo, ni que decirse tiene que, tratándose de un objetivo que a partir de ahora formará parte integrante del Tratado, todas las instituciones comunitarias afectadas, incluido el Consejo, así como los Estados miembros, deberán tener plenamente en cuenta las exigencias relacionadas con el bienestar de los animales a la hora de formular y aplicar políticas comunitarias en los ámbitos de la agricultura, los transportes, el mercado interior y la investigación. 
Ante todo, tocará a la Comisión formular, como siempre que sea necesario, las propuestas apropiadas a este efecto. 
En lo que a mí toca, estoy convencido de que su Parlamento aportará una contribución sumamente valiosa al proceso de evolución de la legislación comunitaria en la materia. 
Señor Presidente, agradezco al Presidente en ejercicio su amable declaración sobre la nueva prioridad, que estoy seguro tendrá eco en toda la Unión y suscitará una profunda satisfacción entre muchas personas. 
He de decir que la pregunta se formuló tras las primeras efusiones de alegría al enterarnos por la prensa de la relativamente inesperada inclusión del protocolo por el que tantas personas de este Parlamento han estado luchando durante tanto tiempo; sospecho que apenas pueden creer lo sucedido. 
Quisiera que el Consejo supiera que desde entonces los diputados de este Parlamento hemos recibido una enorme inyección de confianza en la seguridad de que las cosas seguirán adelante. 
Por ejemplo, se progresará en relación con las gallinas que ponen en batería, se progresará en relación con las condiciones que reinan en los parques zoológicos. 
Lo sucedido suscita ahora toda clase de expectativas y la gente esperará que haya progresos concretos en los próximos meses. 
Comprendo lo que ha dicho el Presidente en ejercicio acerca de la necesidad de que, antes que nada, se ratifique el protocolo, pero ¿podría decirme si han comenzado los trabajos en algunas esferas concretas en las que podemos esperar que se progrese a corto plazo, para que consigamos que la gente confíe aún más en que no se trata de sencillas palabras de un Tratado, sino que se van a adoptar medidas concretas? 
Quisiera agradecer al Sr. Needle su reacción positiva a la respuesta del Consejo. 
Respecto a sus preocupaciones sobre la aplicación de distintas medidas destinadas a mejorar la suerte de los animales en diversos ámbitos tales como la agricultura, los transportes, el mercado interior y la investigación, quisiera decir que toda modificación de la legislación existente en la materia debe, antes de ser sometida al Consejo, ser objeto de una propuesta de la Comisión. 
Espero que dentro de poco se presentarán iniciativas y propuestas de la Comisión en el sentido que desea el Sr. Needle. 
Pregunta nº 14 formulada por Christine Oddy (H-0512/97): 
Asunto: Masacre en Sri Lanka 
¿Tiene conocimiento el Consejo de la investigación que actualmente se está llevando a cabo sobre el asesinato de 24 civiles tamiles por fuerzas militares, ocurrido en la localidad de Kumarapuram, en Trincomalee, Sri Lanka, en febrero de 1996? 
¿Qué iniciativas va a adoptar el Consejo para garantizar que los resultados de esta investigación independiente se hagan públicos una vez finalizada la misma? 
¿Apoyará el Consejo las acciones encaminadas a garantizar que las familias de los 24 civiles perciban una indemnización del Estado, cuyo pago reflejaría el compromiso estatal con el establecimiento de las debidas responsabilidades y la prevención de futuras violaciones de la ley por las fuerzas encargadas de velar por la seguridad? 
La Unión Europea ha expresado de manera constante sus preocupaciones ante las violencias y violaciones de los derechos humanos que caracterizan el conflicto civil en Sri Lanka. 
La Unión Europea ha formulado sus observaciones en el marco del diálogo político con Sri Lanka y ha emprendido gestiones en los foros internacionales pertinentes, especialmente a través de declaraciones. 
En lo que se refiere al caso preciso relatado por la Sra. Oddy, no ha sido específicamente puesto en conocimiento del Consejo. 
No obstante, éste está dispuesto a pedir informaciones suplementarias a las autoridades competentes de Sri Lanka, gracias a los medios que ofrece el diálogo institucional. 
Por lo demás, el Consejo recuerda sus declaraciones del 17 de abril de 1997, en las que saluda el intercambio de cartas entre el Presidente de Sri Lanka y el jefe de la oposición, cartas relativas a un enfoque común por ambas partes del conflicto étnico que azotaba el país. 
La Unión Europea espera que este acuerdo contribuirá a instaurar la confianza y poner fin a la política de enfrentamiento. 
Agradezco los comentarios que ha formulado el Presidente en ejercicio. 
Quisiera señalar a la atención de la Presidencia el hecho de que la masacre es particularmente grave porque entre las víctimas había mujeres y niños. 
Por lo tanto, no cabe atribuirla al ejército que está tratando de eliminar a los Tigres Tamiles y a los combatientes terroristas. 
La organización que me lo ha comunicado es una organización muy respetada en Sri Lanka. 
Insto al Consejo a que tome buena nota de lo que acabo de decir. 
Facilitaré de muy buena gana la información que he recibido a quien lo desee. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Orden del día 
Debo anunciarles que el presidente del Grupo del PPE ha informado a la Presidencia de que el Sr. Graziani está ausente por enfermedad y solicita que se modifique el orden del día y se aplace el debate sobre el informe del Sr. Graziani (A4-0140/97). 
El Reglamento establece en el apartado 2 del artículo 96 que, aprobado el orden del día, éste no podrá modificarse salvo que se apliquen las disposiciones de los artículos 97 y 128 a 132, o a propuesta del Presidente. 
Dado que hoy no existe quorum para realizar una votación válida, la Presidencia acepta la propuesta del Sr. Martens de no debatir el informe del Sr. Graziani. 
Señor Presidente, sólo quería, en nombre del Grupo Socialista, apoyar su propuesta- aunque no tenga valor reglamentario- y desear que nuestro colega, el Sr. Graziani, se recupere prontamente y pueda presentar su informe en el Pleno del mes de septiembre. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, le agradezco la comprensión demostrada y su disponibilidad. 
Confiamos en que el informe del Sr. Graziani sobre las relaciones entre la Unión Europea y Canadá pueda presentarse en la próxima sesión de septiembre. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
Situación en Albania tras las elecciones (continuación) 
De conformidad con el orden del día, reanuda el debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión en relación con la situación en Albania tras las elecciones. 
Señor Presidente, hoy más que nunca Albania necesita de Europa. 
Éste es el significado más auténtico de la problemática que hemos tratado a lo largo de esta tarde. 
Más de 1.500 personas fueron asesinadas en el período anterior a las elecciones de los pasados 29 de junio y 6 de julio y alrededor de 1 millón de armas de fuego automáticas siguen en poder de los ciudadanos. 
Por ello, el resultado de las últimas elecciones, considerado satisfactorio por muchos colegas, no puede inducir al Consejo y, en general, a la Unión Europea a bajar la guardia. 
En particular, es preciso que el Consejo lleve a cabo todos los actos necesarios, convenientes y oportunos para estabilizar y democratizar a Albania, también a través de ayudas económicas supeditadas al respeto de los derechos humanos y a la aplicación de las reglas democráticas en ese desdichado país. 
Sólo este tipo de actitud puede justificar la política de ampliación a los países de la antigua Europa del Este que la Unión Europea está llevando a cabo. 
Ya no podemos resignarnos al principio expresado por el refrán «antes que nada es mejor antes». 
Señor Presidente, espero que, a pesar de la ausencia de la Comisión y del Consejo, podamos insistir en los siguientes puntos: 
Realmente las elecciones han resultado difíciles, pero al final han sido aceptadas para todos. 
Recuerdo, por ejemplo, que el Sr. Berisa, que controlaba la televisión en el país, prohibió la retransmisión de cualquier acto de la precampaña electoral. 
Sin embargo, ahora empiezan las dificultades para el nuevo gobierno. 
Señor Presidente, puesto que todo ha sido dicho, quiero subrayar lo siguiente: 
En primer lugar, esperemos- y me gustaría contar también con el apoyo de los ausentes- que no se apoye ya más, de ningún modo, el régimen del Sr. Berisa, cuyo subdesarrollo no hace falta demostrar, ni dentro de Albania ni en sus aventuras estranjeras, de las que ya empieza a haber pruebas. 
Espero que se abstengan tanto los órganos de la Comunidad como los Estados miembros que tengan algún interés en este asunto. 
En segundo lugar, en lo que concierne a la ayuda, señor Presidente, hemos concedido a Albania la ayuda per cápita más elevada de la Unión Europea. 
¿Qué ha pasado con el dinero? 
Tercero, la ayuda futura debe dedicarse prioritariamente a indemnizar a las víctimas de la estafa piramidal, cuya responsabilidad principal corresponde al régimen anterior. 
De otro modo no habrá estabilidad política en el país. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ariane 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0237/97) de la Sr. Mouskouri, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un programa de apoyo en el ámbito del libro y de la lectura- ARIANE (C4-0294/97-94/0189 (COD) ). 
Señor Presidente, la saga de los ARIANE toca a su fin. 
La comunicación entre culturas europeas a través del libro y de la lectura merece una cantidad ridícula de 7 millones de ecus para los años 199798. 
A pesar de los esfuerzos del Parlamento- y, en particular, los de su ponente Nana Mouskourie, y también los de la Comisión- para aumentar el presupuesto en el transcurso del procedimiento de conciliación, el sorprendente inmovilismo del Consejo, o incluso de uno de los Estados miembros, hizo que no se cediera ni un ápice en la partida presupuestaria que iba a atribuirse a un programa que, sin duda, es un instrumento privilegiado de afirmación de la diversidad cultural, cosa que tanto aprecia el propio Consejo. 
Además, la referencia específica a la diversidad cultural que el Consejo introdujo en Amsterdam en el artículo 128 así lo confirma. 
Es una pena que el Consejo no haya introducido este artículo antes de las modificaciones que todos esperaban y que lo habrían hecho operativo, con una votación por mayoría que sustituyese a la actual unanimidad, que es desesperadamente paralizadora. 
La misma falta de adecuación de los medios financieros se produce ahora con otro programa emblemático europeo, SOCRATES, que promueve el intercambio de estudiantes y profesores y la enseñanza de las lenguas. 
Y esto se ha producido a pesar de que este programa constituye uno de los logros más evidentes de la Unión. 
¿Qué justifica entonces la inexplicable contradicción de la Unión entre la prioridad que afirma atribuir a un programa y los medios insuficientes que pone a disposición? 
También se da una contradicción entre las esperanzas que suscita a los ciudadanos y la frustración que luego les depara... 
Esta contradicción no se da en otras áreas de la política de la Unión. 
Cuando se decide avanzar con medidas de política agrícola o de transportes no se escatiman medios para que éstas sean posibles. 
Hasta la investigación que hasta ahora era el pariente pobre ha visto reforzados sus medios en el próximo presupuesto, y ello tal vez porque se ha visto más vinculada a la industria, y hasta incluso demasiado para los intereses de mi país. 
Sin embargo, ¿quién se atreverá hoy, señor Presidente, a no reconocer la importancia fundamental que tiene la cultura para expresar el espíritu europeo, único y diverso, y para consolidar la ciudadanía local y universal, y combatir la exclusión, y para reforzar la cohesión y para alentar nuevas políticas urbanas y last but not least, para crear nuevos empleos? 
Estoy segura de que el próximo Tratado, no ya el de Amsterdam sino el siguiente, que esta Conferencia Intergubernamental ha contribuido a preparar con su negativa, no dejará de concederle a la práctica cultural el lugar fundamental que ella ya ocupa, por cierto, en el proyecto de una Europa para los ciudadanos. 
Señor Presidente, la Sra. Vaz da Silva tiene razón si riñe al Consejo y a la Comisión por lo irrisorio que es el presupuesto para el Programa Ariane, pero le recordaré que más vale poco que nada. 
No hay duda de que la Sra. Mouskouri ha sabido hacerse cargo de esta cuestión incluso en peores momentos, y merece que la felicitemos por ello. 
Hay muchas esperanzas depositadas en el Programa Ariane, particularmente en países en los que las lenguas minoritarias son de uso cada vez más frecuente entre nuestros jóvenes escritores, y entre las pequeñas editoriales que tienen la valentía de publicar esos libros sabiendo que probablemente no ganarán nada con ellos o que, peor aún, quizá pierdan dinero con su publicación. 
Tenemos que reconocer esa actitud como servicio cultural que hemos de proteger y de apoyar. 
A medida que un número mayor de nuestros jóvenes escritores empiezan a conocer a otras personas como ellos en otros países, nos damos cuenta, viendo como los escritores noveles descubren tendencias innovadoras y comunes entre ellos, que están haciendo un tipo completamente nuevo de literatura. 
Esto es algo que merece que celebremos y que nos congratulemos de ello. 
Es una lástima que la Sra. Mouskouri no nos haya cantado hoy su informe. 
Lo cierto es que, además de los peligros para las pequeñas editoriales, estamos presenciando la aparición de una cultura masiva y devastadora en la que a veces se ganan cantidades enormes de dinero con libros que son increíblemente malos. 
En apoyo del informe de la Sra. Mouskouri y después de felicitarla por él, quisiera decir lo siguiente: apoyemos las obras sin pretensiones; apoyemos las obras sin pretensiones escritas en lenguas minoritarias; apoyemos las obras que todavía nos ofrecen los placeres puros y absolutos de una buena lectura. 
Demostremos a la próxima generación que la vida nos ofrece algo más que algunos de los libros que estamos produciendo y que vendemos en todos nuestros aeropuertos. 
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme decir que me gustaría muchísimo responder a este debate con el mismo espíritu positivo que acaba de manifestar la Sra. Banotti, y muy particularmente sumarme a ella en el tributo a la labor extensa y excelente que ha realizado la Sra. Mouskouri al llevar adelante su proyecto hasta su conclusión positiva. 
No me limitaré a decir que debemos alegrarnos de lo que el proyecto y el plan pueden hacer ahora en ayuda de las pequeñas editoriales y de las culturas minoritarias, sino también que debemos considerar muy seriamente que este proyecto abre la puerta de algo mucho más sustancial en el futuro, que es precisamente la intención de la Comisión. 
Por lo tanto, espero que la Sra. Mouskouri no tenga éxito en una de las cosas que nos dijo que estaba procurando conseguir: que se modere su entusiasmo. 
No queremos que tenga éxito en ese empeño, pues necesitamos su entusiasmo para hacer de este proyecto una realidad y también para que comience a ocuparse de proyectos de mayor envergadura todavía. 
Comprendo la desilusión que han suscitado las cantidades de dinero involucradas, aunque sospecho que si el Parlamento obtuviera el mismo porcentaje respecto de su petición original para todas las cosas en las que desea gastar dinero, en este caso concreto rebasaría lo que obtiene por término medio. 
Sin embargo, comprendo el sentimiento de que, frente a un problema, las cantidades involucradas son pequeñas. 
Ahora bien, el Programa Ariane representa un verdadero progreso en el desarrollo del apoyo que prestamos en la esfera de la cultura, un progreso que debería enorgullecernos de haber alcanzado hoy la fase de su aprobación oficial. 
Es de corta duración precisamente porque está previsto como programa de transición. Ofrece la base sobre la cual la Comunidad puede seguir prestando apoyo en la esfera de las publicaciones y la lectura, y ofrece la oportunidad de que la Comunidad reflexione sobre los instrumentos y prioridades a largo plazo de nuestra política cultural. 
Lo que acabo de decir no es una sencilla expresión general de esperanza: es algo mucho más específico, porque la Comisión se ha comprometido ya a presentar una propuesta de programa mundial en esta esfera, y así lo hará en el próximo futuro. 
No he de disculparme por el hecho de que, antes de presentar ese programa general, queramos escuchar a las instituciones comunitarias y a las organizaciones culturales interesadas, para que aporten sus ideas y digan cuáles son sus prioridades. 
Está prevista una conferencia para noviembre a fin de que podamos escuchar a unas y otras. 
Quizá convenga que diga algo acerca de la gestión del Programa Ariane este año. 
El procedimiento de licitación se ha iniciado ya, a fin de establecer las medidas de aplicación necesarias, y se han recibido unas 480 solicitudes: 340 para traducción de obras literarias, 20 para la traducción de obras de teatro, y 30 para la traducción de obras de referencia, sin contar con otros 20 proyectos de capacitación y unos 80 proyectos de cooperación. 
Esto representa un importante aumento en comparación con el plan piloto del año pasado, en el que sólo se recibieron 320 solicitudes en total. 
Los resultados se presentarán en septiembre al comité establecido de conformidad con el Artículo 5 de la Decisión que instituyó el programa, y los resultados se anunciarán oficialmente a principios de octubre de este año. 
O sea que, aunque haya habido un largo período de gestación, es de esperar que los que han trabajado tanto para llevar adelante este proyecto tengan la seguridad de que el proyecto se ha iniciado, de que se ha iniciado bien y realmente, y de que, después de la pausa de verano, creemos que dará resultados reales y positivos. 
Puedo asegurarles en nombre de la Comisión que procuraremos conseguir que la gestión del programa sea lo más eficaz y eficiente posible, pues, cuando los recursos financieros de un programa son limitados, es aún más importante que el programa se lleve debidamente a cabo. 
Espero que una vez más podamos contar con el apoyo del Parlamento Europeo- y sabemos que podemos contar con dicho apoyo- en el desempeño de esta labor y en el establecimiento de las bases para un programa aún más importante y de mayor ámbito en fechas que espero no sean demasiado distantes. 
La Presidencia felicita a la Sra. Mouskouri. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas 
De conformidad con el orden del, se procede al debate del informe (A4-0246/97) de la Sra. Fontaine, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/16/CEE destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (C4-0307/97-94/0305 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy nos ocupa se refiere al proyecto común aprobado en Comité de Conciliación, relativo a la libre circulación de los médicos y el reconocimiento de sus diplomas. 
La directiva que nos presentó la Comisión se inscribía, se los recuerdo, en la larga serie de iniciativas tomadas desde 1975 por las instituciones europeas encaminadas a hacer, progresivamente, que esta libertad de circulación se haga una realidad. 
Consistía especialmente en introducir normas de comitología a través de un nuevo artículo. 
En segunda lectura, señor Presidente, el Parlamento introdujo enmiendas sobre tres puntos importantes. 
Visto que estas enmiendas fueron rechazadas por el Consejo, la conciliación era inevitable. 
Estos tres puntos se referían a los nacionales de los Estados miembros titulares de diplomas expedidos por terceros Estados, el papel del Comité consultivo para la formación de médicos y la comitología. 
En relación con la comitología, deseamos reintroducir el Comité de gestión en lugar del Comité de reglamentación. 
Señor Presidente, Señorías, podemos comprobar que, en estos tres puntos, el resultado ha sido globalmente positivo. 
Por lo demás, agradezco a la Presidencia holandesa su compromiso personal para que este expediente concluyera positivamente. 
Agradezco igualmente a la Comisión que, debo decirlo, de conformidad con una costumbre día a día mejor establecida, nos prestó su colaboración. 
Pienso especialmente en la declaración que la Comisión aceptó adjuntar al proyecto común de conciliación y que concierne precisamente la equivalencia de los diplomas de los médicos obtenidos fuera de la Unión Europea. 
Señor Presidente, se trata de un problema que tendremos que resolver en el marco más general del sistema de reconocimiento mutuo de diplomas. 
Por lo demás, se trata de la delicada cuestión del numerus clausus que corre el riesgo de plantearse cada vez más a menudo, conforme se amplifique la movilidad de las profesiones en el interior de la Comunidad, de lo que no podemos, claro está, sino alegrarnos. 
Aprovecho esta ocasión para recordar a la Comisión que me había prometido un estudio prospectivo sobre este punto en el marco del informe que yo había presentado, hace unos meses, a nuestra Asamblea sobre el balance de la aplicación de la directiva general. 
Respecto a la comitología, pudimos encontrar una solución perfectamente aceptable. 
Por último, en relación con el último punto, ahora se ha especificado que el Comité consultivo para la formación de los médicos dirigirá a la Comisión y a los Estados miembros opiniones y recomendaciones, lo que va a permitir a esta instancia, de acuerdo con nuestros deseos, contribuir a asegurar una formación del médico- generalista o especialistacomparativamente elevada en la Comunidad. 
Por último, señor Presidente, Señorías, me alegro en general de los progresos realizados por el procedimiento de conciliación ya que hemos podido llegar, en plazos bastantes cortos, a los resultados que tengo el honor de presentarles esta tarde. 
Señor Presidente, señor Comisario, para la libertad de circulación de personas en la Unión Europea- la Sra. Fontaine ha llamado la atención al respecto- es un gran obstáculo que los diplomas, certificados de exámenes y otros títulos no se reconozcan en todos los países miembros o que se les impongan ciertas condiciones. 
Para muchas ciudadanas y ciudadanos esto es incomprensible y aminor su entusiasmo por Europa. 
Cuando escucho que, según la Sra. Fontaine, estamos ocupados desde 1975 en introducir adaptaciones, es sin duda un largo, largo camino. 
Esto lo vemos también en la muchas peticiones que se presentan continuamente a la Comisión de Peticiones porque muchas ciudadanas y ciudadanos tienen gravísismos problemas ya que no se reconocen sus diplomas dentro de la Unión. 
Hoy debatimos sobre esta modificación de la directiva destinada a facilitar la libre circulación de los médicos. 
Es un título muy largo. 
Mi grupo político saluda el resultado que ha alcanzado el Comité de Conciliación y lo vamos a aceptar. 
Sin embargo, lamentamos que debido al comportamiento de la Comisión se haya prolongado innecesariamente este procedimiento de conciliación. 
La Sra. Fontaine se ha referido antes a algunos puntos a los que me adhiero. 
Quiero expresar por ello mis felicitaciones a la Sra. Fontaine por el trabajo que ha realizado y que ha impulsado con rapidez, de modo que hoy podemos aceptar esta propuesta. 
El Parlamento ha logrado imponer sus exigencias en el llamado procedimiento del comité de gestión. 
Esto es importante pues mediante este procedimiento se pueden tener en cuenta del modo adecuado las nuevas transformaciones que se producen en el campo de la medicina. 
Las enmiendas propuestas por el Parlamento han sido aceptadas por el Consejo; la Sra. Fontaine las ha preparado en el curso del procedimiento de conciliación y las ha presentado. 
Sin embargo, mi grupo político ha tenido graves objeciones con la aceptación de la directiva, ante todo, porque aquella se ha realizado con una declaración de la Comisión sin informar antes al Parlamento. 
En esa declaración se subrayaba que la equiparación de estos diplomas adquiridos fuera de la Unión Europea es uno de los problemas aún por solucionar. 
Esperamos que se siga trabajando activamente para que las personas que han adquirido sus certificados fuera de la Unión puedan ejercer su profesión también dentro de la Unión, donde tienen el punto central de su vida. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, según el artículo 8 a del Tratado de la CE, la ciudadanía de la Unión concede a cualquier ciudadano de un Estado miembro el derecho a moverse y residir libremente en los territorios de los Estados miembros. 
Al mismo tiempo, este derecho fundamental se ve dificultado por una serie de obstáculos que limitan la movilidad de aquellos que desean vivir y trabajar fuera de las fronteras de su país de origen. 
Con frecuencia, en especial, el reconocimiento, certificación y convalidación de las formaciones y diplomas es un obstáculo para ello. 
Como miembro de la Comisión de Cultura y de la de Peticiones me veo confrontado con frecuencia a estos obstáculos a la movilidad. 
Saludo, por ello, la directiva sobre la libre circulación de los médicos y el reconocimiento recíproco de sus diplomas en el territorio de la Comunidad en la versión del proyecto conjunto tal como se nos ha presentado ahora. 
Nos aproximará un paso al objetivo de la libre circulación de personas en Europa. 
Afortunadamente, el Comité de Conciliación, en contra de la resistencia originaria de la Comisión, ha logrado que el Comité consultivo para la formación de médicos tenga el derecho a realizar recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Comisión sobre el reconocimiento de diplomas. 
Para Alemania ha sido especialmente importante que se haya incluido al Colegio de Médicos. 
Esto garantiza un elevado nivel equiparable en la formación de médicos en la Comunidad. 
El reconocimiento de diplomas adquiridos por ciudadanos de la UE en terceros Estados fue tratado asimismo en el Comité de Conciliación. 
Los problemas relacionados con ello se tratarán en el marco del sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior. 
De la directiva se benefician exclusivamente los ciudadanos de la UE. 
Al dirigir hoy el barco europeo, nuestro objetivo es el lograr una circulación de personas realmente libre en Europa. 
Dirijámosnos conjuntamente a este objetivo. 
Creo que esta directiva va a suponer un paso importante. Felicito a la Sra. Fontaine por el gran empeño mostrado y el éxito obtenido. 
Señor Presidente, señora ponente, señor Comisario, la delegación de nuestro Parlamento en el Comité de Conciliación aprobó el proyecto de decisión por unanimidad, y tuvo razón, bajo la condescendiente batuta de la Sra. Fontaine, que tenía presente que la medicina no es una disciplina únicamente destinada a garantizar buenas condiciones de vida a los médicos, sino también la seguridad de los enfermos o de aquellos que piensan estarlo, lo que hace que no estén lejos de enfermarse. 
Esta seguridad reposa en tres pilares: el rigor de la formación universitaria y clínica, el alto nivel de conocimientos técnicos y científicos y, por último, la capacidad de acercarse a los enfermos, los lesionados y sus seres cercanos con un espíritu de ética y respeto de las personas. 
La movilidad del personal de la salud, que se inició hace unos 25 años, va a experimentar una expansión exponencial. 
La adopción de la directiva, de conformidad con el proyecto común, permitirá la difícil conciliación entre las exigencias de la salud y la necesaria coherencia del ejercicio de la medicina en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores, para empezar quisiera sumarme a todos los demás oradores que han expresado su agradecimiento y que han felicitado a la Sra. Fontaine por la labor que ha desarrollado en relación con esta importante cuestión. 
Quisiera añadir que, aparte de la labor que ha efectuado durante la preparación de esta Directiva, nos la ha presentado con tanta claridad esta tarde que es totalmente innecesario que yo detalle lo que pretende la Directiva y lo que se ha progresado con ella. 
Me agrada sobremanera que la Sra. Fontaine haya dicho- secundada por otros oradores como la Sra. Zimmermann- que el procedimiento de conciliación ha funcionado bien y ha dado resultados satisfactorios. 
En vez de destacar las dificultades que se presentaban, deberíamos concentrarnos en los resultados, que han sido muy positivos. 
Diré de nuevo que me agrada sobremanera que haya sido así. 
Nos alegra la posibilidad de que nuestra propuesta se adopte pronto. 
Esto permitirá que las listas de los diplomas de medicina especializada que se reconocen automáticamente se pueda actualizar mediante un procedimiento legislativo mucho más sencillo, lo que, a su vez, facilitará mucho la libre circulación de médicos en la Unión Europea, que para todos nosotros constituye un importante objetivo. 
Cuando uno piensa en los numerosos cambios que han tenido lugar recientemente en la esfera de la medicina especializada, se ve con toda claridad la absoluta necesidad de actualizar las listas a intervalos regulares. 
O sea que la Directiva responde realmente a las necesidades de la profesión médica y de los que se encargan de tramitar las solicitudes hechas por médicos de toda la Unión Europea para que se reconozca su especialización. 
En el debate, tanto la Sra. Fontaine como otros oradores se han referido a la dificultad que plantean los diplomas obtenidos fuera de la Unión Europea. 
No pretendo que la Directiva resuelva ese problema, pero me alegra que se haya podido llegar a un acuerdo en el comité de conciliación en el sentido de que se añadiría una declaración de la Comisión al acta del comité en relación con el noveno considerando, en la que se diría que la Comisión subraya que la necesidad de determinar la equivalencia de los diplomas concedidos a médicos fuera de la Unión Europea es uno de los problemas importantes que hay que abordar. 
Esto no constituye una solución del problema, pero sí que representa un reconocimiento serio y oficial del problema y, por lo tanto, es el primer paso en la labor encaminada a resolverlo. 
Quisiera dar gracias al Parlamento Europeo y al Consejo por los esfuerzos que han desplegado para superar las dificultades que se han planteado en esta esfera, y manifestar mi satisfacción por este paso pequeño pero importante hacia la consecución del objetivo mucho más amplio de la libre circulación de personas, profesionales incluidos, a fin de que, cuando estén debidamente cualificados, puedan desempeñar sus profesiones en toda la Unión Europea. 
Hacia un desarrollo sostenible 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0235/97) de la Sra. Dybkjaer, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respeto a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la revisión del programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sostenible» (C4-0170/97-96/0027 (COD) ). 
Señor Presidente, el desarrollo sostenible se define en el informe de la Sra. Brundtland de 1987 como un proceso de transformación destinado a satisfacer las necesidades actuales sin descuidar la posibilidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. 
A pesar de tratarse de un objetivo sencillo, resulta difícil cumplirlo. 
El tema que vamos a debatir es- por lo menos según el título- la política y la actuación de la UE en materia de medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
Merece la pena repetir las palabras política y actuación, ya que sin una visión política actuamos a ciegas y sin la actuación las ideas políticas se quedan en hojarasca. 
En celebraciones festivas u oficiales es siempre muy fácil ponerse de acuerdo sobre el objetivo político general: esforzarse más por el medio ambiente. 
A ese nivel nunca ha resultado difícil estar de acuerdo para cuidar al medio ambiente. 
Lo difícil es y ha sido siempre transformar las bellas palabras en actuaciones. 
Por otra parte, la actuación, es decir, la ejecución concreta de las declaraciones de intenciones, es decisiva precisamente en materia de medio ambiente, y si no hacemos nada, tendremos graves problemas. 
No obstante, en su revisión del quinto programa de acción en materia de medio ambiente la Comisión pone más énfasis en los comentarios políticos generales y menos en la acción, a pesar de que los informes disponibles demuestran claramente que, sin un reforzamiento del programa de acción, la UE no podrá cumplir los objetivos fijados. 
De hecho, sin ajustes importantes no podremos alcanzar un desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, en la primera lectura de la revisión del quinto programa de acción, el Parlamento Europeo decidió corregir la situación aprobando una serie de enmiendas cuyo objetivo último era concretar y reforzar el proyecto de la Comisión. 
Era y sigue siendo nuestra idea que en la revisión de un programa de acción en materia de medio ambiente hay que tratar de hacer un ajuste sensato en los aspectos en que claramente no se alcanzarán los objetivos fijados. 
De no ser así, ¿qué sentido tiene una revisión? 
No hay que olvidarse de que los objetivos en cuestión fueron fijados por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo conjuntamente y aprobados en 1992. 
Desgraciadamente, la Comisión sólo puede aceptar pocas de las enmiendas presentadas por el Parlamento, y no las más importantes, y hasta este momento la actitud del Consejo no es mucho mejor. 
No obstante, el Parlamento Europeo no ha perdido la esperanza ni la fe en los ministros de medio ambiente del Consejo. 
La verdad es que el Consejo no definió su actitud ante las enmiendas del Parlamento Europeo en la primera lectura y expresó en un protocolo su voluntad y deseo de cooperar con el Parlamento Europeo, lo que es perfecto. 
Ahora sólo nos resta esperar que cumpla tal declaración. 
Desgraciadamente, en este momento la posición común del Consejo no apunta en absoluto en la misma dirección que la del Parlamento. 
Es verdad que en algunos pocos aspectos el Consejo ha mejorado la propuesta de la Comisión, pero en otros se ha movido en la dirección equivocada. 
Esperamos, por lo tanto, que el Consejo se deje inspirar por las propuestas del Parlamento Europeo, sobre todo porque el medio ambiente tiene prioridad para la gran mayoría de los ciudadanos en todos los Estados miembros. 
En el caso del medio ambiente es realmente posible para la UE poner remedio y demostrar a los ciudadanos resultados positivos. 
Espero que el Consejo no eche a perder esta oportunidad. 
Afortunadamente, hemos conocido casos en los que el Consejo ha sido progresista y ha trabajado para proteger el medio ambiente. 
La última vez que sucedió estuve presente. Fue durante la cumbre Río-2 en Nuevo York, el mes pasado. 
Entonces quedó claro que el Consejo es la fuerza propulsora de la política global en materia de medio ambiente. 
Nos interesa, por lo tanto, una buena cooperación con el Consejo, igual que el Consejo ha expresado su deseo de tener una buena cooperación con nosotros. 
Por eso, para ayudarle, los Grupos políticos han cooperado reduciendo el numero de enmiendas a unas pocas propuestas muy importantes, encaminadas todas a conducirnos hacia un desarrollo sostenible. 
Las enmiendas varían, obviamente, en cuanto a su contenido, ya que se refieren a distintos aspectos de la evolución del medio ambiente. 
Su objetivo es transformar la política de medio ambiente en acción. 
Un desarrollo sostenible es absolutamente necesario para nuestra sociedad y a largo plazo para la supervivencia de nuestra especie. 
Si, a pesar de todo, tenemos dificultades en alcanzar un desarrollo sostenible en el ámbito social y económico, se debe a que varias generaciones en los países ricos se han acostumbrado a un estilo de vida que tira en la dirección opuesta. 
Esto supone una presión muy grande sobre los recursos naturales. 
El estilo de vida no se modifica de un día para otro. 
Lo sabemos los que lo estamos intentando a intervalos regulares. 
No obstante, todos los viajes empiezan con el primer paso, y en este caso el primer paso es la acción. 
No quiero ir tan lejos como para decir que el Parlamento sea the last action hero, pero consideramos que nuestra función es concretar y fomentar la actuación. 
Al rodar una película, levantamos la claqueta y gritamos: acción. 
Finalmente quiero dar las gracias a los ponentes ocultos, al presidente de la comisión y a los servicios de secretaría por la buena cooperación que hemos tenido. 
Me parece que la podemos denominar sostenible. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por su extenso y sacrificado trabajo en este campo que espero se vea también coronado por el éxito. 
Espero que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que está compuesto por diversos Ministros que en sus países hablan mucho sobre una protección preventiva del medio ambiente, sobre lo importante que es para nosotros proteger el clima, sobre una configuración de la agricultura de conformidad con el medio ambiente y lo importante que es para la industria un desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente, cuando mañana el Parlamento se haya decidido en favor del medio ambiente, reconozca la posición del Parlamento mediante un procedimiento de conciliación o quizás ya antes, pues tenemos una gran tarea ante nosotros. 
Esta mañana, el Presidente de la Comisión Santer ha dicho que las tareas primarias de la Unión consisten en crear un crecimiento sostenible y nuevos puestos de trabajo. 
Yo diría que un crecimiento sostenible, empleado adecuadamente, crea nuevos puestos de trabajo. 
Pues todos sabemos que no solamente mediante la reparación del medio ambiente- que tenemos que realizar en muchos lugares pues las cosas no son ni mucho menos como deberían ser- podemos crear nuevos puestos de trabajo duraderos, sino ante todo si practicamos en todos los campos una protección medioambiental previsora; es decir, se trata de emplear de un modo adecuado la energía, de garantizar un suministro de agua que sea compatible con el medio ambiente y que proporcione suficiente agua a las personas; se trata de organizar una gestión de residuos de modo que no nos ahoguemos en nuestras propias montañas de residuos. 
Sólo así podremos alcanzar esa sostenibilidad que siempre se invoca. 
La ponente ha introducido en todos los campos unas enmiendas muy buenas e importantes que mi grupo político va a apoyar. 
Muy en especial quiero destacar la protección preventiva en todos los campos: en la agricultura, en la industria, sobre todo en la construcción de automóviles y en el de los productos químicos, pues es precisamente aquí muy importante que sigamos trabajando con gran cuidado y atención. El sector de la energía es también muy importante. 
Quiero mencionar un segundo punto que creo debemos seguir impulsando. Me refiero a la inclusión de la población; esto es en especial aplicable a las numerosas acciones sobre Agenda 21. 
Señorías, señora Comisaria, hay un refrán italiano que dice que entre el dicho y el hecho hay un trecho. 
No dejemos que exista este trecho en el ámbito del medio ambiente. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Dybkjær y deplorar que su Grupo no le haya dado un proyecto de Directiva en que basar su labor. 
Es sumamente difícil ocuparse de este programa, pero la Sra. Dybkjær lo ha hecho con gran energía. 
Incluso cuando no estoy de acuerdo con ella, no por eso dejo de admirarla. 
El informe añade algunos aspectos utilísimos al examen del quinto programa de acción, y será interesante ver de qué forma reacciona la Comisión ante esos aspectos. 
Hay algunas cuestiones que el PPE quisiera subrayar acerca del informe Dybkjær, y que espera acepte la Comisión. 
Las enmiendas 20 a 22 son tres enmiendas que detallan las formas en que podemos obtener una mejor observancia de la legislación de la Unión Europea. 
En este caso la Sra. Dybkjær va más alla de lo que ha propuesto hasta ahora la Comisión, pues, entre otras cosas, pide que haya un cuerpo común de inspectores del medio ambiente en la Unión. 
No sé siquiera si acabaremos por orientarnos en esa dirección, pues a mucha gente le puede parecer que esa idea es demasiado engorrosa, pero me parece que recojo la opinión de muchos diputados de este Parlamento si digo que la Agencia Europea para el Medio Ambiente, hasta cierto punto, ha desilusionado a los diputados del Parlamento Europeo. 
Al parecer se ha enredado en su propia metodología. 
No hay duda de que está realizando un trabajo interesante y útil, pero no es de mucha utilidad para nosotros. 
Quisiéramos que la Comisión actuara con mayor rapidez por lo que se refiere al Artículo 171. 
En cuanto a la enmienda 25, esperamos que el Comisario la tenga en cuenta porque contiene ideas encaminadas a establecer planes ambientales para los países solicitantes. 
El informe de la Comisión que recibimos esta mañana es sumamente desalentador a este respecto pues dice que la Unión no estará en condiciones de superar las necesidades financieras que surgirán en el momento de la ampliación, debido a que los Estados miembros solicitantes tienen que enfrentarse con las consecuencias que representa el tratar de cumplir con la legislación ambiental de la Unión Europea. 
La Sra. Dybkjær nos da algunas ideas acerca de la forma de abordar esa cuestión. 
Mi Grupo prefiere claramente la enmienda 40 del Sr. Virgin a la enmienda 31 de la Sra. Dybkjær sobre el cambio climático, que en nuestra opinión fija objetivos exagerados. 
Por último, en cuanto a la controvertida cuestión de la enmienda 34, en la que la Sra. Dybkjær introduce una nueva jerarquía en materia de residuos- nueva porque en realidad no se trata de la jerarquía en materia de residuos que se indica en la Directiva sobre acondicionamiento de residuos- todos quisiéramos que hubiera más reciclado, más reutilización, que uno y otra se utilizaran más a menudo. 
Ahora bien, los propios estudios de la Comisión indican que no hay ninguna opción en materia de tratamiento de residuos que sea la mejor para todos los materiales en todos los Estados miembros. 
Esta cuestión no es de las que «un tamaño vale para toda las tallas». 
Una Unión diversa, al menos en mi opinión, requiere soluciones diferentes. 
Por eso espero que la Comisión no acepte la enmienda 34. 
No veo por qué no hay esta noche, aquí, ningún diputado laborista del Reino Unido. 
Sospecho que una de las razones de que no estén aquí es que están tratando probablemente de convencer al Sr. Tony Blair de que no modifique el sistema de elecciones en el Reino Unido en el caso de las elecciones para el Parlamento Europeo. 
Esto corresponde muy bien a la jerarquía de los residuos, si se me permite la observación. 
La cuestión es la siguiente: ¿habrá que reutilizar a los actuales diputados laboristas del Parlamento Europeo, o habrá que reciclarlos, o, como sospecho, habrá que considerarlos como residuos inertes y utilizarlos para rellenar terrenos? 
Señor Presidente, la ponente- a la que hay que agradecer el informe- termina éste diciendo que «estamos cansados de las palabras grandilocuentes si no van seguidas de propuestas concretas» , y lo que ella hace en el informe, aprobado por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, es precisamente hacer propuestas concretas en diversos ámbitos bien conocidos: la calidad del agua, el tratamiento de los residuos, la estabilización de las emisiones del CO2, el intento de que haya un cuerpo de inspectores que vele por el cumplimiento del Derecho comunitario, la propuesta de que se lleven a efecto las sanciones que sean necesarias, y, refiriéndose al tratamiento de los residuos, quizá trabajar en dos direcciones: una de ellas es intentar arreglar los desastres producidos por aquel que contamina y no paga- que es lo que ocurre en muchos países -, y otro de ellos, prevenir. 
El pasado fin de semana estuve en Baracaldo, una villa vasca, y allí hay una contaminación de un millón de metros cuadrados de lindane, para cuyo saneamiento, ahora, los poderes públicos han de emplear muchos fondos. 
Por lo tanto, creo que hay que prevenir, en primer lugar, e intentar que quien realmente contamina y utiliza recursos naturales pague, que es lo que no se hace hasta ahora. 
Señor Presidente, quiero sumarme al resto de los compañeros en felicitar a la ponente por el trabajo realizado. 
Pero tampoco estamos demasiado contentos, porque no ha sido suficientemente selectiva a la hora de presentar enmiendas y admitir otras- y se lo hemos dicho durante el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor -, y algunas veces el fundamentalismo es el peor enemigo del progreso en las políticas medioambientales. 
Cuando se hacen propuestas voluntaristas, no fundamentadas en realidades y conocimientos técnicos, se produce el descrédito de propuestas razonables, y en este informe hay muchas propuestas razonables que queremos apoyar, pero podríamos haber evitado algunas cosas que realmente no se sostienen. 
¿Cómo vamos a conseguir el objetivo de que las aguas subterráneas estén libres de nitratos y estén libres de pesticidas cuando todos sabemos que, desde el año 1950 a 1996, la producción agrícola europea, afortunadamente, pasó de 20 quintales de producción de trigo a más de 65 de media el año pasado? Esto se ha hecho gracias a la mejora de las semillas, y también a los elementos culturales que se utilizan y que son totalmente necesarios. 
Es una propuesta no realista. 
Después decimos, en otro apartado, que queremos controlar las sustancias que empobrecen la capa de ozono, y yo estoy a favor de este objetivo. Pero nosotros mismos decimos que deben eliminarse a medida que se disponga de alternativas posibles. 
Y acto seguido, en el párrafo siguiente, se dice que se tiene que reducir la utilización de bromuro de metilo al 50 % y, en el año 2000, eliminarlo completamente. 
Yo quiero preguntar a la Comisión y a la ponente qué alternativas técnicas hay para la sustitución de este producto. 
Es uno de los ejemplos que no se sostienen. 
Nosotros pretendemos cambiar las prioridades en la eliminación de residuos cada dos o tres años. 
Esto tampoco es serio. Esto, la sociedad no puede mantenerlo. 
Después, decimos que vamos a reducir en un 50 % el número de vertebrados utilizados con fines experimentales para el año 2000. 
Otra propuesta totalmente voluntarista. 
Así se degradan las propuestas, muy importantes, incluidas en este informe, y hubiera sido preferible eliminar estas otras propuestas que no conducen a nada. 
Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo es de gran calidad. 
En el fondo se trata de la credibilidad de la UE en su política de medio ambiente, de su capacidad para pasar de las palabras a los hechos. 
Lo que hace que el informe resulte extraordinariamente interesante es que también se propone reparar las insuficiencias del sistema político de la UE, por las que actualmente la UE agrava en realidad los problemas medioambientales. 
Son partes importantes de las propuestas la enmienda 7 sobre adaptación medioambiental de la política agrícola, además de la 18 y la 19 sobre los trabajos de normalización y la contratación pública. 
También la enmienda 26 sobre la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y el medio ambiente es increiblemente importante y posiblemente lo será aun más en el futuro. 
Un par de propuestas que también considero de gran relevancia son la 2 y la 37, apartado f, que giran en torno a los nuevos Estados miembros para que éstos no tengan que rebajar sus parámetros medioambientales. 
También la responsable de los asuntos de la Comisión Europea, la Sra. Bjerregård, ha prometido que esto no sucederá. 
Por tanto espero que estas enmiendas reciban nuestro apoyo. 
Nosotros respaldaremos todas las propuestas que presenta el informe. 
Señor Presidente, el debate del Parlamento sobre el examen del Quinto Programa de actuación para el medio ambiente es muy importante. 
La ponente ha aportado a este examen unos aspectos esenciales que merecen un apoyo caluroso. 
En muchos sectores hay motivos para continuar el debate y profundizar en el análisis. 
En el ámbito climatológico el informe presenta una propuesta de reducción de los gases de efecto invernadero de un 20 % para el año 2005, de un 30 % para el 2010 y de un 50 % para el año 2030. 
Naturalmente, es deseable que se llegue a estos niveles, pero no realista. 
El Consejo de Ministros ha adoptado de cara a la reunión de Kioto sobre la cuestión climatológica una posición de menos del 15 % para el año 2010. 
La propuesta del grupo PPE es de un 20 % y se concentra en el dióxido de carbono. 
Éste es un nivel asequible. 
No obstante, no sería posible alcanzar este objetivo si hay que eliminar al mismo tiempo la energía nuclear. 
Entre otras cosas se demuestra que Suecia, dentro de los objetivos de cara a la Conferencia de Kioto va a poder aumentar sus emisiones de dióxido de carbono en un 5 % hasta el año 2010. 
Esto depende de la decisión de cerrar dos reactores de energía nuclear, una decisión que en mi opinión es absolutamente errónea. Es algo que automáticamente nos informa de lo que sucedería si otros países se decidiesen a seguir el ejemplo de Suecia. 
En este caso las aspiraciones de la UE en el ámbito climatológico se derrumbarían como un castillo de naipes. 
Una política de medio ambiente ofensiva sería reemplazar una serie de centrales basadas en combustibles fósiles con energía nuclear. 
A la larga, esto salvaría vidas humanas. 
Si se estudia el material del informe externo de la Comisión, se deduce que la energía nuclear ha salvado 20.000 vidas humanas dentro de la UE en un periodo de diez años, comparado con situaciones en las que se había producido una cantidad equivalente de energía a base de centrales carboníferas. 
La manifestación de automóviles eléctricos fuera del Parlamento apunta a la modalidad de transporte del futuro adaptado a la conservación del medio ambiente. 
Estoy convencido de que su capacidad competitiva aumentará esencialmente dentro de 5-10 años y que aquí tenemos un medio de transporte con emisiones de nivel cero. 
Esto también se aplica al dióxido de carbono si basta con la energía nuclear para el recargo de baterías. 
Esta sería una victoria medioambiental decisiva. 
También comparto la opinión de la Sra. Jackson con respecto a la existencia de una jerarquía en materia de residuos. 
Con la enmienda nº 10, se va a votar sobre la gran aspiración de todos los opositores a la energía nuclear. 
Si mañana se aceptase esta enmienda- lo que así espero -, por primera vez en la historia de este Parlamento, probablemente se introduciría una resolución anti nuclear en el procedimiento de conciliación. 
Esto significaría que el Consejo tendría que enfrentarse por primera vez a la crítica y rechazo de su política nuclear. 
En una ocasión ya se presentó una enmienda similar, pero partía de la muy ingenua idea de que en el año 2002 se iban a detener todas las centrales nucleares en Europa. 
Ante el hecho de que el 34 % de la totalidad del consumo de corriente en la UE proviene de centrales nucleares- en Francia, el 70 %- es evidente que así no puede ser. 
Además, es absolutamente necesario respetar las normas de seguridad y sanitarias, entre otras cosas porque con la ampliación hacia el Este vendrán a nosotros algunos Estados cuyos estándares de seguridad no corresponden en absoluto a los nuestros. 
Tendrían que atenerse naturalmente a estas normas de seguridad. 
Si todos los diputados concienciados con el tema del medio ambiente, logran mantener mañana un comportamiento conjunto en la votación por encima de los límites entre los partidos y también por encima de las fronteras entre los países, tendremos la oportunidad de llegar a un procedimiento de conciliación. 
Me alegraría mucho si se llevase a cabo y creo que debo felicitar en este contexto a la ponente Lone Dybkjaer. 
Lo hace todo extraordinariamente bien y si lo logramos se deberá también a ella. 
Señor Presidente, el V Programa de Acción Ambiental forma la base de la actual política ambiental de la Unión Europea. 
Por ello la actual revisión de este programa es tan importante. 
Pero la pregunta principal es cómo ha de cambiarse esta base para mejorar la política ambiental en la Unión. 
El problema principal del V Programa de Acción es que muchas de las promesas expresadas en él no han sido traducidas a hechos, sobre todo por falta de voluntad política, ni han sido transpuestas a una legislación. 
El único método para romper esta situación no es el que ha elegido la Comisión, seguir por el actual camino limitándose a hacer algunas adaptaciones pequeñas con ideas innovadoras, no; mi Grupo se suma plenamente al Sr. Dybkjaer, que ha optado por definir mucho más claramente los objetivos del programa de acción revisado y vincularlos a las fechas fijadas en que han de haberse realizado las acciones. 
Dado que en los últimos años el Consejo ha sido el principal responsable de la falta de energía, es decepcionante que ese mismo Consejo no se haya tomado la molestia de tener en cuenta las enmiendas del Parlamento de la primera lectura. A causa de este error institucional del Consejo, el Parlamento no tiene otra opción que presentar de nuevo la mayoría de las enmiendas de la primera lectura. 
Espero que en el procedimiento de conciliación que nos espera el Consejo escuche mejor y actúe mejor. 
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. Lone Dybkjær, por el minucioso trabajo realizado en relación con esta propuesta. 
Tal como la Comisión ha manifestado en su Comunicación sobre la posición común del Consejo, lamentamos, igual que el Parlamento y hace un momento el Sr. Eisma, que el Consejo haya elaborado una posición común sin antes haber realizado un examen exhaustivo de las enmiendas aprobadas por el Parlamento en la primera lectura y, si incidimos en ello, de la propuesta modificada de la Comisión. 
Después de nuestro debate de hoy, el Consejo tendrá una nueva oportunidad para examinar las enmiendas del Parlamento y espero que las dos instituciones acaben el proceso decisorio relacionado con esta propuesta antes de finales de 1997. 
En algunos aspectos, tal como ha dicho la Sra. Dybkjær, el Consejo ha debilitado la propuesta de la Comisión. 
Estoy pensando sobre todo en el artículo 2 sobre la agricultura, que han mencionado tanto la Sra. Graenitz como el Sr. Valverde López en sus intervenciones. 
Respecto a este tema, el texto de la posición común es muy débil y no menciona en absoluto la integración. 
Por otro lado, podemos alegrarnos de que la Agenda 2000 presentada hoy por el Presidente, Sr. Santer, adopte una actitud mucho más progresista respecto a la posibilidad de integrar las consideraciones medioambientales en la política agrícola. 
Desgraciadamente, la debilitación de la propuesta por parte del Consejo también se refleja en el artículo 3, en relación con la responsabilidad en materia de medio ambiente. 
El Consejo intenta en este caso restringir en la posición común las posibilidades de actuación a escala comunitaria, de modo que éstas se limiten al fomento de las medidas a nivel nacional. 
Creo que en este caso la Comisión y el Parlamento tienen un interés común en mejorar la toma de posición acerca de la responsabilidad en materia de medio ambiente. 
Esto fue, por lo menos, lo que escuché ayer durante el debate sobre la propuesta 90/220, en el que el Sr. Bowe subrayó el interés del Parlamento al respecto. 
Lo mismo pasa con el artículo 4. El Consejo ha debilitado la cuestión de la mejora del acceso al sistema judicial en materia medioambiental y ha suprimido la disposición que facultaba para imponer sanciones en el caso de incumplimiento de la nueva legislación. 
La Sra. Jackson ha hecho hincapié en una serie de puntos específicos en su intervención, y tal como ella sin duda sabe, nos hemos mostrado especialmente activos en el tema del incumplimiento de la legislación sobre medio ambiente. 
De hecho, el ámbito medioambiental es el único en el que hasta ahora hemos utilizado el instrumento de las sanciones. Lo hemos hecho frente a seis países y, en mi opinión, con muy buenos resultados. 
Con gran pesar mío he tomado nota de que, debido al deseo de reducir el número de enmiendas, el Parlamento ha aceptado estas debilitaciones procedentes del Consejo. 
Parece seguir existiendo un malentendido o mejor dicho distintas opiniones sobre la revisión que estamos debatiendo, ya que no es nuestra intención sustituir el quinto programa de acción en materia de medio ambiente. 
El objetivo de la propuesta es garantizar una aplicación más eficaz de este programa antes del año 2000. 
La propuesta pone, por lo tanto, en relieve las medidas de más alta prioridad que deben ser adoptadas a nivel comunitario para solucionar algunos de los problemas existentes. 
Obviamente, las citadas prioridades han de ser transformadas en propuestas concretas y la Comisión está trabajando en ello. 
En esta etapa de la aplicación del programa es, en opinión de la Comisión, muy importante concentrarse en unos pocos temas clave que merecen atención y apoyo especiales. 
Varios diputados lo han mencionado hoy durante el debate. 
El Parlamento ha dejado entender que desea añadir ciertos otros temas, lo que es comprensible, ya que muchos aspectos del medio ambiente son importantes. 
No obstante, no podemos olvidar que, cuantas más prioridades fijemos, menos atención recibirá cada una. 
En cuanto a las enmiendas relacionadas con las consecuencias de la ampliación de la Unión a Austria, Finlandia y Suecia, destacadas sobre todo por los Sres. Gahrton y Sjöstedt, quiero poner en relieve una vez más que estoy firmemente decidida a que ningún Estado miembro- antiguo- se vea obligado a rebajar sus normas en materia de medio ambiente. 
Así lo hemos procurado y el Parlamento tendrá, sin duda, en cuenta que hemos presentado una serie de propuestas relativas, por ejemplo, al programa Auto Oil y recientemente al Programa de acidificación, con la consiguiente propuesta sobre la reducción de las emisiones de azufre. 
La posibilidad de que se cumplan nuestros deseos y las promesas hechas a los nuevos Estados miembros depende, naturalmente, también de nuestra capacidad para seguir un procedimiento que garantice la tramitación de las propuestas dentro del marco temporal disponible. 
Señor Presidente, la recomendación del Parlamento incluye 38 enmiendas a la posición común del Consejo. 
A ellas hay que añadir otras dos. 
La Comisión puede aceptar 16 de estas enmiendas total o parcialmente o en principio. 
Ya aceptó 5 en relación con la primera lectura, que fueron incluidas en la propuesta modificada de diciembre de 1996. 
Desgraciadamente, no puede aceptar las otras 24 enmiendas, sobre todo, por motivos institucionales. 
Son las núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39 y 40. 
Con esto, la Sra. Jackson podrá ver que aceptamos la enmienda nº 34, que concuerda totalmente con el texto original de la Comisión. 
Señor Presidente, al presentar la propuesta que estamos debatiendo hoy como eslabón en la segunda lectura, la idea de la Comisión fue que la Comunidad fuese por delante y ofreciese un buen ejemplo mostrando el camino tanto en el plano nacional como internacional; hoy mismo tendremos además la oportunidad de debatir sobre la Conferencia SEAGNU de Nueva York. 
Lograr que se apliquen la estrategia y la actuación previstas en el quinto programa de acción en materia de medio ambiente, es decir, el desarrollo sostenible, requiere un mayor compromiso político y una actuación más intensa a todos los niveles. 
Como hemos visto en Europa, en Denver y en Nueva York, es éste un reto sumamente importante, y en él tiene la UE un papel muy importante que desempeñar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Envíos de residuos a países no miembros de la OCDE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0241/97) del Sr. Virgin, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen normas y procedimientos comunes aplicables a los envíos de ciertos tipos de residuos a determinados países no miembros de la OCDE (COM (94) 0678- C4-0048/97-95/0029 (SYN) ). 
Señor Presidente, este informe trata de la normativa para la exportación de residuos con vistas a su reciclaje a países que no pertenecen a la OCDE. 
Efectivamente existe una estrecha conexión entre este informe y el que se centraba en los residuos radiactivos que hemos debatido hace poco. 
El Parlamento hizo grandes progresos al conseguir que se introdujeran en la resolución varios grupos de residuos peligrosos para el medio ambiente, entre ellos las substancias de la llamada lista verde, que en su mayor parte incluyen también substancias inocuas desde una perspectiva medioambiental. 
Es precisamente esta lista en la que se centra el informe. También constituye el motivo para la presentación de una serie de enmiendas. 
La propuesta de la Comisión consiste en permitir la exportación siempre y cuando el país receptor la haya aceptado. 
Aquí surge un conflicto en relación con las substancias que pensamos que hay que tratar como peligrosas. 
Este aspecto se corrige con las enmiendas 8-10, donde se establece que el nuevo anexo nº 5, que esperamos se elabore y que ha de incluir residuos peligrosos, también se introduzca en este Reglamento. 
También ha surgido la cuestión de qué fundamento jurídico hay que aplicar. 
La línea seguida por la Comisión ha sido la del artículo 113, puesto que el asunto se considera relacionado con el comercio. 
El Consejo consideró que la propuesta estaba relacionada con el medio ambiente en algunos de sus aspectos y que era aplicable el artículo 130s. 
La Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos apoya esta línea con argumentos convincentes. 
Yo también estoy seguro de que el Parlamento considerará evidente su idoneidad. 
Por otra parte, la propuesta del informe consiste en cambiar el procedimiento de decisión con respecto a los países que hayan dicho «no» a la importación de residuos de la lista verde para su reciclaje, o que no hayan respondido en absoluto. 
La Comisión propone un complicado procedimiento de prueba para modificar la toma de posición de los países importadores. 
Se dice en la propuesta que: » es posible que los países que han respondido que no desean recibir determinadas categorías o ninguna de residuos /... / no sean plenamente conscientes del significado que tiene su respuesta para su propio sector industrial». 
Yo pienso que esta cita refleja una actitud autoritaria que me parece descartable. 
Mi enmienda consiste en que un «no» es un «no». 
Hay que respetarlo y en este caso no permitir ningún tipo de exportación de residuos. 
Hay que dejar que los países cambien su actitud por iniciativa propia. Tiene que ser relativamente fácil poder realizar esta modificación. 
La cubre la enmienda 4 y los métodos propuestos en ella. 
Para los países que no hayan respondido habrá que considerar esta reacción como negativa, pero con posibilidad de que pase a ser positiva en el futuro. 
Con respecto al hecho de que llevará mucho tiempo la tramitación de esta propuesta, existe la ocasión de ir abriendo unos canales para la exportación que pueden resultar esenciales para los países exportadores e importadores. 
Pueden encontrarse ejemplos en el sector textil. 
En este ámbito existe una exportación tradicional de la UE a países que no pertenecen a la OCDE, que a duras penas puede originar problemas medioambientales. 
Es importante para muchas de estas organizaciones de ayuda que no se pongan obstáculos a este tipo de exportación y que se abran unos canales simples y unos procedimientos decisorios sencillos con el fin de crear estas posibilidades. 
Es por tanto importante que se mantengan y que se den los instrumentos necesarios para estas licencias rápidas. 
Esto debería ser perfectamente viable dentro del marco de las enmiendas adicionales que contiene el informe. 
Señor Presidente, los residuos no es sólo algo que tenemos la necesidad imperiosa de solucionar. 
Los residuos son un negocio que aporta muchísimos beneficios y en este negocio ha puesto sus miras la Comisión con la presente propuesta sobre el envío de residuos. 
Se quiere sacar de Europa la máxima cantidad de residuos y a la mayor rapidez posible sin tener en cuenta las pérdidas y daños medioambientales de los que reciben los envíos y sin respetar la legislación de la UE en vigor. 
Como ponente de la Comisión REX he analizado la propuesta de reglamento y, al igual que el Sr. Virgin, sólo he podido sacudir la cabeza ante algunos puntos que allí se proponen. 
La Comisión toma como base una lista anticuada de residuos. 
El Convenio de Basilea así como la misma UE definen como peligrosos muchos de ellos. 
Se quiere enviar a Albania residuos de estaño, de cobalto a Colombia y de níquel a Brasil. 
Además la Comisión supone que los países que no han respondido a su propuesta lo han olvidado sencillamente. 
En el caso de los países que han rechazado explícitamente estas propuestas, la Comisión quiere llamar a su puerta para lograr autorizaciones de excepción. 
Señoras y señores, lo que no queremos para nosotros no lo podemos querer para otros. 
Y mucho menos podemos afirmar que los países que no quieren admitir la bendición de los residuos europeos, posiblemente no son conscientes de la importancia económica de su negativa. 
Esto es de una arrogancia insuperable. 
¡Como si fuera de Europa no supiesen que el cadmio y los residuos de aluminio pueden destruir el medio ambiente! 
En la Comisión REX nos hemos ocupado de esta complicada materia y hemos llegado a la conclusión de que una «lista verde» tiene que ser una lista absolutamente ausente de peligros y no estar provista de algunos elementos amarillos o incluso rojos. 
Nos hemos decidido unánimemente a apoyar plenamente las enmiendas del Sr. Virgins a la propuesta de la Comisión. 
El 1-1-1998 va a entrar además en vigor una nueva directiva sobre los envíos de residuos. 
¿Porqué esa prisa ahora por aplicar una directiva que en seis o en nueve meses va a quedar obsoleta? 
Señor Presidente, desde hace años este Parlamento lucha por una nueva política de residuos, por evitarlos y por una reutilización de los mismos dentro de la Unión Europea. 
Hemos logrado un éxito. 
En el artículo 39 del Convenio de Lomé hemos determinado que no pueden realizarse exportaciones de residuos tóxicos o peligrosos a los países ACP. 
Lamentablemente, no se ha realizado ningún acuerdo equiparable con otros países del Tercer Mundo. 
Pero creemos que se debe acabar por fin con la exportación de residuos al Tercer Mundo. 
Por cierto, en este contexto, Sudáfrica se ha decidido a no importar ni exportar residuos peligrosos. 
Además hemos logrado un hito muy importante a nivel mundial con el Convenio de Basilea. 
La revisión de este Convenio dice que a partir del 1-1-1998 queda prohibida cualquier exportación de residuos peligrosos fuera de los países de la OCDE. 
Esta resolución se adoptó hace medio año y, en si, ya es válida. 
¿Porqué ante esta situación la Comisión tiene que presentar un documento que revoca en el fondo dicha resolución y que tiene una validez de seis meses? 
Después de esa resolución que supone un hito a nivel mundial, la Comisión tiene el atrevimiento de querer exportar aún residuos peligrosos. 
Además, tiene el atrevimiento- sobre lo que ha llamado la atención antes el Sr. Virgin- de decir lo siguiente en el considerando 5 de su texto: » Considerando que, en el caso de los países que no desean recibir alguno o ninguno de los tipos de residuos enumerados en el Anexo II del reglamento, es posible que esos países no sean plenamente conscientes del significado que tiene su respuesta para su propio sector industrial». 
¿Qué significa esto? 
Esto es una formulación neocolonialista, como si estos países no supiesen lo que hacen, como si no supiesen el potencial de que disponen. 
Creo que solamente por esta formulación se debería rechazar la totalidad del documento. 
Hemos debatido al respecto en la comisión y hemos intentado crear una base objetiva. 
Vamos a apoyar plenamente las enmiendas que ha presentado el Sr. Virgin. 
Se trata de un intento de llegar a una conclusión mediante una argumentación objetiva. 
Pero personalmente soy de la opinión de que habría que rechazar este documento y no votar sobre el mismo. 
Señor Presidente, es evidente que algunas de las actividades humanas causan grandes daños al medio ambiente y a la salud pública. 
Sobre la base de este criterio debemos examinar la propuesta de revisión del Reglamento 259/93 de la Comisión. 
El tema de la extracción de residuos no tiene relación con el comercio. 
Tiene relación directa con el medio ambiente y con la salud de todos los ciudadanos del planeta, y no sólo con la salud de los ciudadanos de la Unión. 
Y hemos de ser conscientes especialmente de la catástrofe que hoy estamos «creando» para las generaciones venideras. 
Hay que entender, por tanto, que el hecho de que un país no haya respondido a la solicitud de la Comisión para que acepte almacenar o tratar los residuos no significa tal aceptación. 
Y precisamente esto es lo que trata de conseguir la enmienda del Sr. Virgin, que creo que será aceptada, porque es inadmisible que la Comisión se irrogue el derecho de juzgar según su propio interés la falta de respuesta de un país. 
La resistencia del medio ambiente ha disminuido notablemente con la actividad industrial tanto en el mundo desarrollado como en los países de la Europa central y oriental. 
Todavía resuena en nuestros oídos el grito de alerta que lanzó al marcharse de esta vida el gran investigador y ecologista Cousteau, a quien tantas cosas debe la humanidad. 
Fue un fuerte grito de alerta sobre la catástrofe que se nos avecina y que llegará con una velocidad increíble a nuestro planeta. 
Tengámoslo en cuenta. 
Es una responsabilidad política de primera magnitud y una prioridad inmediata en la política mundial que la Unión Europea ponga punto final a esta lógica de exportación de residuos que no constituye tal exportación, sino la remisión del problema a otra zona del planeta. 
Considero que, en relación con el punto de la directiva que se refiere al tipo de residuos, con el Libro Verde que contiene la comunicación de la Comisión sobre sustancias no peligrosas, muchas de las cuales son perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública, es muy importante tener en cuenta la lista del Tratado de Basilea e incorporarla a la propuesta de reglamento. 
Me permitirán que me refiera a otro tema importante: el control de la aplicación del reglamento. 
La Unión Europea debe prever duras sanciones para los Estados miembros que infrijan el reglamento y ha de establecer procedimientos que disuadan de los envíos clandestinos que es sabido que se producen. 
Felicito al Sr. Virgin por su informe y comparto absolutamente sus reflexiones y sus decisiones. 
Señor Presidente, la moraleja del presente debate es la siguiente: » Por lo que más quieras, lee cuidadosamente tu correo y contesta cuidadosamente a los cuestionarios». 
Me parece que hay muchos temores infundados en cuanto a esta cuestión y cuando el Comisario conteste a nuestras preguntas, espero que su respuesta nos aporte un poco de orden y de aire fresco. 
Como muchos diputados británicos, he recibido gran número de observaciones sobre esta cuestión, repentinamente y bastante tarde en la jornada, de la Cruz Roja y del Ejercito de Salvación, de Ayuda para los Ancianos- no he dicho Ayuda para los Diputados de este Parlamento -, etc. Todas dicen, y les voy a leer lo que dice textualmente una carta: » La propuesta de la Comisión Europea en el caso del informe Virgin prohibirá el comercio de productos textiles usados». 
Ahora bien, esto no es verdad y sería utilísimo que el Comisario, cuando responda, pueda confirmar que el comercio de ropa usada entre los Estados miembros y terceros países puede continuar si dichos países han indicado de forma clara que desean importar la ropa de que se trate. 
Esa respuesta sería útil. 
En segundo lugar, el principal problema de la Comisión es el enorme número de países que sencillamente no han contestado a la note verbale. 
Quizá creían que no era más que otra carta acerca de los procedimientos del Parlamento Europeo. 
Sea como fuere, la carta fue a parar a la papelera y no se mandó ninguna respuesta a Bruselas. 
¿Podría decirnos el Comisario cuántos terceros países no han respondido en absoluto a esa note verbale? 
¿Podría decirnos cuántos países contestaron que no querían para nada esos residuos? 
Puedo comprender la actitud de la Comisión cuando dice que quizá los países dijeron que no deseaban esos residuos sin darse cuenta de lo que estaban diciendo. 
De todos modos, simpatizo hasta cierto punto con el Sr. Virgin. 
Si un país dice que no quiere importar esos residuos, entonces hay que partir del supuesto de que no quiere importarlos. 
Obraríamos como una mala empresa de ventas por correo si volvemos a dirigirnos a ellos y les decimos que «seguramente no tenían la intención de negarse, ¿no es verdad?. 
Seguramente marcaron la casilla que no correspondía, ¿no es verdad? 
Vamos, todos sabemos que en el fondo sí que quieren importarlos». 
Eso no estaría bien y espero que la Comisión deje las cosas bien claras esta noche. 
Como he dicho, simpatizo con la actitud del Sr. Virgin pero quizá la Comisión pueda decirnos si hay algún mecanismo sencillo para que esos países que hasta ahora han indicado que no querían importar esos residuos, o que no han contestado al cuestionario, cambien sencillamente de opinión si ponemos en su conocimiento todos los detalles del caso. 
Señor Presidente, quiero decir que yo también estoy interesada en recibir una respuesta a las preguntas formuladas por la Sra. Jackson, y a su intervención me gustaría añadir que la Comisión no ha tenido muy buena mano con esta propuesta, porque si estaba un tanto descontenta con la respuesta de la gente y ésta no contestaba en la medida que se esperaba, quizás podría haber tomado iniciativas para intentar averiguar las respuestas, en vez de presentar esta prepuesta. 
En todo caso, la ha presentado. 
Apoyo todas las enmiendas del ponente incluidas en el informe y estoy totalmente de acuerdo en que la actitud de la Comisión es absolutamente patriarcal, tal como ha explicado muy bien la Sra. Jackson. 
Por eso es importante que el Parlamento Europeo apruebe todas las enmiendas que van en contra de esta actitud patriarcal y que al mismo tiempo consiga un procedimiento tan simple que nos permita modificar las posibilidades de exportación e importación de residuos cuando los países realmente indiquen que esto es lo que quieren. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi satisfacción por el informe del Sr. Virgin sobre la propuesta de la Comisión de reglamentar el envío de ciertos tipos de residuos a determinados países no miembros de la OCDE. 
El informe completa la actual reglamentación que controla la exportación de residuos en la Unión Europea, pero muchos de esos materiales poseen una importancia económica significativa para los países a los cuales se exportan, y nos gustaría que ese comercio continuase, aunque de forma organizada y controlada. 
Ahora bien, en los últimos días, igual que mi colega la Sra. Jackson, muchos de mis colegas de esta parte de la sala han sido objeto de fuertes presiones ejercidas por organizaciones de beneficencia, según las cuales al votar en favor del informe Virgin prácticamente prohibimos la exportación de ropa de segunda mano y otros productos textiles a países no miembros de la OCDE. 
En respuesta a esas alegaciones, quisiera exponer lo siguiente. 
En primer lugar, estimo que los exportadores de residuos industriales han dado, sin razón, una imagen excesivamente exagerada y alarmante de la actual situación de las organizaciones de beneficencia. 
No hay ningún peligro inmediato o real de que se instituya una prohibición. 
El propio informe Virgin brinda un procedimiento de cooperación que llevará meses, o quizá incluso años, si el Consejo no se esfuerza por aprobarlo. 
Todos los que hemos leido la legislación sabemos que se ha escrito por lo menos tres veces a los países no miembros de la OCDE preguntándoles si deseaban que los residuos de productos textiles figurasen en la lista verde del Convenio de Basilea. 
El Parlamento Europeo ha adoptado una actitud muy razonable acerca de esta cuestión. 
El informe del Sr. Virgin pide que la Comisión respete los deseos de los países que han contestado a la Comisión diciendo que no pueden aceptar residuos, o que sólo pueden aceptar determinados tipos de residuos. 
Hemos decidido sugerir que a esos países que no han contestado hasta ahora no se les envíen residuos mientras no contesten. 
Por último, hemos identificado posibles problemas y hemos sugerido que la Comisión establezca un procedimiento de comitología para que los países tengan la oportunidad de cambiar de parecer rápida y fácilmente si estiman que han cometido un error o que no han comprendido lo que se les había escrito. 
Incluso después de lo antedicho nos esforzaremos por conseguir un compromiso con la Comisión en la segunda lectura. 
Me parece que las propuestas del ponente son perfectamente razonables y veo que, sorprendentemente, hasta Greenpeace es partidario de ellas. 
Dichas propuestas respetan el derecho de los países a adoptar sus propias decisiones. 
Ahora bien, vale la pena decir que sentimos un respeto considerable por la labor de las organizaciones de beneficencia que se han puesto en contacto con nosotros y por la labor que realizan en todo el mundo a fin de mitigar la pobreza y estimular el desarrollo económico. 
Puedo darles la seguridad de que nos esforzaremos por conseguir que ninguna de nuestras normas legislativas obstaculice su labor. 
Es evidente que ha habido algunos malentendidos en lo que se refiere a esta propuesta. 
Por lo tanto, aprecio sobremanera la oportunidad de aclarar la situación. 
Diré desde el principio que, a pesar de la vehemencia con que han hablado algunos oradores, voy a indicar que apoyamos siete enmiendas de las diez que han sido presentadas. 
Empezaré por dar gracias al Sr. Virgin por su informe sobre el proyecto de propuesta. 
El texto propuesto debe examinarse en el contexto del Reglamento 259/93 del Consejo. 
Es el Reglamento que establece un amplio sistema de supervisión y control de los transportes de residuos dentro de la Comunidad, con destino a ella y fuera de ella. 
La propuesta que estamos examinando hoy prevé normas concretas para exportación de residuos no peligrosos, o residuos de la «lista verde» , a países que no son miembros de la OCDE. 
Es verdad que hay ocho elementos que son peligrosos y que siguen en la lista, pero la intención que tenemos- de conformidad con el anexo V del Reglamento 259/93- es que dichos residuos se introduzcan en la debida categoría cuando proceda. 
O sea que la propuesta trata principalmente de residuos no peligrosos. 
El artículo 17 del Reglamento 259/93 del Consejo tiene una disposición según la cual la Comisión notifica a los países no miembros de la OCDE qué contiene la lista de residuos no peligrosos y a continuación les pregunta si aceptarían transportes de esos residuos sin recurrir a un procedimiento controlado, o si preferirían un método más riguroso. 
La Comisión ha escrito a cada uno de los países en cuestión, y la propuesta actual tiene debidamente en cuenta sus respuestas. 
Aquí ha habido un verdadero malentendido. 
No se trata en absoluto de que la Comisión adopte un enfoque paternalista a ningún respecto. 
Si un país contesta y dice que no quiere residuos, su respuesta se respeta totalmente. 
No se enviará residuo alguno a ese país. 
Hasta ahora ha habido una treintena de países que no han contestado. 
Esto es la respuesta a la pregunta de la Sra. Jackson. 
¿Qué se puede hacer si un país, sencillamente, no contesta nunca? 
La propuesta inicial de la Comisión preveía que se tolerase el transporte de residuos no peligrosos en esas circunstancias. 
En el caso del primer y el tercer grupo, es decir, los países que han comunicado a la Comisión que se niegan a recibir los residuos y los países que no han contestado al cuestionario, la exportación sólo sería posible en la actualidad si el país de que se trate aprueba explícitamente cada uno de los transportes sobre la base de un consentimiento dado con anterioridad y con conocimiento de causa. 
Esto significa que si un país no contesta, no daremos sencillamente por supuesto que la respuesta es negativa. 
En mi opinión, eso sería una actitud tan paternalista como dar por supuesto que la respuesta es afirmativa. 
La verdadera respuesta es que no sabemos lo que ese país piensa. 
Por lo tanto, el procedimiento que se propone ahora consiste en que, en cada caso de envío de una expedición, el país interesado tiene derecho absoluto a decir «sí» o «no» , y ha de comunicar su aprobación explícita si la respuesta es «sí». 
O sea que el supuesto es que la respuesta es «no» a no ser que se dé una aprobación explícita. 
Creo que esta forma de proceder no tiene nada de paternalista, y que respetamos plenamente los derechos del país a dejar entrar un envío determinado o a no dejarlo entrar, además de conseguir que se respeten los deseos del país de que se trate si no ha dado una respuesta general. 
Se me ha preguntado lo que sucedería si un país cambiase de opinión. 
La respuesta es que bastaría con que escribiese una carta diciendo que ha cambiado de opinión- no hay ningún procedimiento detallado sobre el particular- y se respetará dicho cambio de opinión. 
No se trata de obligar a nadie a aceptar residuos que no desea. 
En realidad el procedimiento es bastante complicado en el caso de los países que no han contestado. 
En cada caso, respecto de cada transporte, tiene que existir una aprobación previa del país afectado por dicho transporte. 
Explicaré a continuación al Parlamento lo que la Comisión opina de las diez enmiendas. 
La finalidad de la primera enmienda es añadir como base jurídica el artículo 13 s). 
Ésa es una enmienda que la Comisión no puede aceptar porque el Tribunal Europeo de Justicia ha establecido hace mucho tiempo y ha reiterado que la base jurídica para una medida adoptada por la Comunidad tiene que basarse en el objetivo y el contenido pertinentes. 
El objetivo de esta propuesta se refiere a las relaciones comerciales con terceros países. 
Se trata de un instrumento clásico que se ocupa de las autorizaciones de transporte para regular el comercio exterior. 
La autorización de transporte mencionada en el artículo 15 7) equivale a una licencia de exportación. 
El sistema de vigilancia mencionado en el artículo 17 2) es también un instrumento clásico de ese tipo, o sea que la propuesta corresponde claramente al campo de aplicación del artículo 113. 
El hecho de que el comercio se refiera a residuos no influye en su base jurídica y no es más que un aspecto auxiliar del objetivo de la propuesta, que consiste en regular el comercio. 
Ahora bien, la Comisión ha resuelto aceptar la segunda y la quinta enmiendas. 
Estas enmiendas se refieren a países que han contestado explícitamente a la Comisión que no quieren recibir importaciones de residuos. 
La Comisión ha estimado que sería inapropiado pasar por alto esos deseos indicados por escrito, y por lo tanto el resultado será el que deseaba el Parlamento. 
Todas las exportaciones comunitarias de residuos no peligrosos a esos países cesarán en cuanto entre en vigor el Reglamento. 
Las enmiendas que hemos adelantado son importantísimas- la segunda y la quinta- y dejan bien sentado que si un país dice «no» , no será posible exportar residuos no peligrosos a ese país. 
Si el país dice «sí» , será posible. 
Si un país no contesta, cada una de las expediciones de transporte requerirá su aprobación. 
La enmienda 4 sobre el mecanismo de revisión para los países que cambien de actitud también es aceptable. 
La Comisión decidió no aceptar las enmiendas 3 y 6, que se refieren a los países que no han contestado al cuestionario. 
En vez de ellas hemos propuesto que los exportadores comunitarios utilicen estrictamente un procedimiento de consentimiento dado con prioridad y con conocimiento de causa, en el caso mencionado. 
Nos atenemos a nuestra posición original porque el hecho de que un país no dé una respuesta no se puede considerar como indicación de que preconiza una prohibición, como tampoco se puede considerar como una indicación de que da su consentimiento. 
El principio general de la lista verde de residuos no peligrosos es que los productos incluidos en ella sólo pueden participar en transacciones comerciales corrientes. 
La propuesta actual incluye el procedimiento de consentimiento previo y con conocimiento de causa, con lo cual cualquier transporte dirigido a ese país sólo podrá salir de un puerto comunitario si se recibe una respuesta afirmativa de la autoridad competente de dicho país. 
Una prohibición más rigurosa no haría más que obstaculizar las transacciones legítimas y perfectamente aceptables, como por ejemplo la ropa usada en el caso de Oxfam, cuestión acerca de la cual también hemos recibido un informe. 
Agradezco esta oportunidad de aclarar las cuestiones planteadas por la Sra. Jackson y por el Sr. Bowe acerca de temas como la exportación de ropa de segunda mano, que podría considerarse como residuos. 
La directiva no tiene en absoluto la intención de detener esas exportaciones. 
Sólo las detendrá si los países a los que estaba destinada la ropa usada se han negado expresamente a recibirla, cosa a la cual tiene perfecto derecho. 
La Comisión acepta también la enmienda 7. 
La fecha de la revisión debería ser en realidad en 1998 para tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que se redactó el texto. 
Diré asimismo que en el debate el Sr. Telkämper ha hecho referencia a una propuesta en favor de 1998; dicha propuesta se refiere en realidad a residuos peligrosos, y por lo tanto no hay que confundirla con la presente propuesta que se refiere esencialmente a residuos no peligrosos. 
La Comisión no tiene nada que objetar a las enmiendas 8, 9 y 10. 
Las tres se refieren a la clasificación de los residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
El anexo II del proyecto de Reglamento sólo puede contener residuos no peligrosos. 
Sé muy bien que la clasificación internacional de residuos se modifica a menudo. 
La Comisión está en condiciones de adaptar las listas siempre que sea necesario. 
Como ya he dicho, aceptamos siete de las diez enmiendas. No se trata de enmiendas de poca importancia. 
De cuando en cuando la Comisión facilita la lista impresionante de las enmiendas que se han aceptado, pero todas representan cambios de redacción de poca importancia. 
En este caso la situación es diferente. 
Se han aceptado varias enmiendas de contenido sustancial. 
Creo que el principal motivo de controversia se va a abordar ahora de una forma que sea aceptable para el Parlamento y permita que el comercio de artículos como la ropa de segunda mano pueda continuar sin dificultades, que no imponga la opinión de la Unión Europea a terceros países, que les permita que digan «no» de forma inequívoca, si es lo que quieren decir, y que, cuando no hayan contestado, les dé la oportunidad de manifestar su opinión sobre cada uno de los transportes antes de que se proceda a su envío, y vele por que esa opinión se respete. 
Me parece que se trata de una propuesta razonable. 
Me alegra que el Parlamento nos haya dado la oportunidad de mejorarla al presentar algunas enmiendas importantes, gran parte de las cuales estamos dispuestos a aceptar. 
Espero que, a medida que el curso de la propuesta siga adelante, el Parlamento se percate de que sus deseos han sido tenido muy en cuenta y de que, cuando no lo han sido, es porque había motivos razonables para obrar de otra manera, y espero que se percate también de que la propuesta que hemos hecho es una propuesta razonable y adecuada, equitativa para los exportadores y para los países de que se trate, una propuesta que no impone nuestra voluntad a nadie y que sienta las bases para que continúe el comercio legítimo. 
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al Sr. Virgin. 
Me parece que estamos a punto de dar nuestro acuerdo a toda esta cuestión y lo que ha dicho el Comisario es sumamente útil. 
El Sr. Virgin ha tenido mucho éxito al conseguir que la Comisión acepte dos enmiendas esenciales que había presentado. 
En vista de lo que ha dicho la Comisión acerca de la enmienda 3, que a mi juicio suscitó realmente un malentendido, ¿no le importaría al Sr. Virgin retirar dicha enmienda? 
Señor Presidente, en primer lugar quiero comentar este desacuerdo en torno a la normativa. 
Yo pienso que las enmiendas 8-10, que además son aceptadas por la Comisión, demuestran que la cuestión tiene un aspecto medioambiental con el que no se había contado. 
Esto no es tan extraño, puesto que la Comisión partía de un punto de vista distinto con respecto a la llamada lista verde en el momento en que se presentó la propuesta por primera vez. 
A medida que el Parlamento, y también gradualmente el Consejo, han ido decidiendo que hay que considerar determinadas substancias de la lista verde como peligrosas, es natural que la propuesta contenga unos aspectos medioambientales que es importante recoger. 
En este sentido sigue existiendo una divergencia de opinión. 
No obstante, pienso que es satisfactorio que la Comisión acepte tantas enmiendas. 
Señor Presidente, es posible que tengamos diferentes interpretaciones sobre el paternalismo. 
Pero ¿existe para los países una obligación de responder si no tienen ganas de hacerlo? 
¿No se puede dejar la cosa tal como está? 
Todos estamos contentos de que se hayan recogido algunas de las enmiendas del Sr. Virgin y de nosotros. 
En el caso del paternalismo, sería muy precavido a la hora de decir lo que realmente significa. 
Señor Presidente, quisiera contestar a lo que se acaba de decir. 
Aceptamos el principio que ha expuesto el Sr. Kreissl-Dörfler, de que no se obliga a los países a recibir lo que no quieren. 
Las enmiendas que aceptamos tendrían el siguiente efecto: si un país dice que no, su negativa es definitiva y los residuos no se podrán exportar a ese país. 
Si un país no contesta, los residuos sólo se podrán exportar si, por lo que se refiere a cada uno de los envíos, el país que lo va a recibir dice que lo acepta. 
Por lo tanto, el país que iba a recibir el envío no dice nada, en cuyo caso el envío no se exporta, o dice que sí, en cuyo caso se puede exportar, o dice que no, en cuyo caso no se puede hacer la exportación. 
En todos los casos lo que cuenta son los deseos del país de que se trate. 
Espero, por consiguiente, que si el Sr. Kreissl-Dörfler reflexiona sobre lo que he dicho, llegará a la conclusión de que hemos tenido en cuenta el principio que preconiza. 
Nuestra manera de obrar no es paternalista en absoluto. 
No estamos obligando a nadie a hacer nada, y lo único que estamos haciendo es establecer una base clara sobre la forma de obrar correctamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdos sobre medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0224/97) de la Sra. Graenitz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Acuerdos sobre medio ambiente» (COM (96) 0561- C4-0013/97). 
Quiero comenzar mi informe sobre la comunicación de la Comisión con una observación personal. 
En la ciudad en la que vivo, mediante un acuerdo voluntario se han evitado en los últimos años más del 90 % de las emisiones de sustancias contaminantes de la industria pesada que está establecida allí, sin que ésta tuviese que cerrar sus puertas o reducir sensiblemente su producción. 
Sin embargo, creo que los acuerdos voluntarios sobre medio ambiente solamente pueden ser un complemento pero no un sustituto de la legislación medioambiental. 
Hace media hora hemos hablado sobre el Quinto Programa de Medio Ambiente y se ha mostrado también muy claramente que es necesario crear nuevos instrumentos para poder lograr de un modo efectivo un crecimiento sostenible, adicionalmente a una legislación de medio ambiente. 
Creo que esto es correcto y que necesitamos estos nuevos instrumentos. 
Por ello, en mi informe insto a la Comisión para que defina estos instrumentos más exactamente de lo que se hace en la comunicación. Espero que las diputadas y diputados me sigan en este aspecto. 
Creo que es muy importante saber qué ventajas y desventajas tiene un instrumento para poder decidir políticamente dónde se puede aplicar, que sepamos que fomenta un desarrollo sostenible, que favorece el medio ambiente y que no conduce a retrocesos o retrasos. 
Si hablamos de acuerdos voluntarios, bajo este concepto se entienden cosas muy diferentes, por lo que sería muy necesaria una definición de este tipo, una mayor precisión. 
Las ventajas se pueden enumerar con rapidez: se pueden introducir acciones hechas a medida. 
Es más dinámico, más rápido y, en cualquier caso, más económico, pues en la industria se pueden coordinar mejor las inversiones. 
Y lo que para mí es especialmente importante, se puede anticipar a regulaciones legales. 
De este modo se pueden solucionar problemas regionales. 
Pero en los acuerdos voluntarios existe una gran desventaja que creo no se puede solucionar, por lo que debe tenerse muy en cuenta. 
En un acuerdo voluntario, dos partes acuerdan un contrato de derecho privado. 
Este contrato privado no contiene una protección eficaz frente a terceros en un sentido jurídico, ni para las ciudadanas y ciudadanos que se ven afectados por el acuerdo voluntario ni para todas las demás industrias o empresas que trabajan en este ámbito. 
Creo que el Tribunal Europeo de Justicia indica muy acertadamente que éste es un punto muy importante que se debe tener siempre en cuenta si se quieren instrumentos. 
Sin duda, en el debate vamos a escuchar muchas más ventajas y desventajas. Aquí solamente quiero indicar un punto que es especialmente importante para mí. 
Me refiero a la participación de la opinión pública, a la transparencia. No estoy segura cómo se puede solucionar esta desventaja de un acuerdo voluntario o, al menos, cómo se puede transformar en una ventaja. 
En este aspecto tienen que ocurrir aún algunas cosas para mejorarlo. 
Es absolutamente necesario solucionar la cuestión de los «free-riders» , pues, tal como hemos visto en los acuerdos sobre todo en el sector de los residuos, pueden hacer que todo fracase ya que si los costes son soportados por pocos pueden ser demasiado elevados. 
Para concluir, quiero referirme a un último punto: no sólo tenemos que emplear los instrumentos adecuados para seguir avanzando en la política medioambiental sino que estos instrumentos deben ser también los adecuados para el lugar geográfico adecuado. 
Creo que muchos Estados miembros y muchas regiones han logrado muchos éxitos con estos acuerdos de medio ambiente. 
He mantenido conversaciones en diversos Estados miembros y debo decir que ante todo en los Países Bajos estos acuerdos voluntarios están tan desarrollados que tienen unos efectos muy positivos para el medio ambiente. 
Sin embargo, creo que faltan las correspondientes competencias, tanto en el lado de la Comisión como de las asociaciones. Esta es la causa de que no hayamos avanzado tanto, tal como la misma Comisión reconoce en el Libro Verde sobre el derecho alimentario. 
Para concluir, me permito expresar mi agradecimiento a los servicios de la Comisión y del Parlamento por el apoyo que me han dado al elaborar este informe. 
Señor Presidente, señoras y señores, en unos tiempos de cajas escasas y de presupuestos estrictos, la política de medio ambiente lo tiene especialmente difícil. 
Unas leyes medioambientales efectivas ocasionan unos costes no precisamente reducidos. 
Incluso aunque a lo largo de los años sean rentables, actualmente no tienen una elevada coyuntura. 
Todos sabemos muy bien que las leyes son necesarias aunque no siempre sean la última solución y también sabemos que no siempre son suficientes. 
Desde hace años, el Parlamento Europeo se esfuerza con su Comisión de Medio Ambiente en encontrar y aplicar nuevos instrumentos que sirvan al objetivo de la protección del medio ambiente. 
Bajo este aspecto, el instrumento de los acuerdos sobre medio ambiente es extraordinariamente interesante. 
En muchos de nuestros Estados miembros ya existen experiencias con ellos. 
La Sra. Oomen, que proviene de los Países Bajos- a la que le habría gustado hablar hoy aquí pero que, lamentablemente, está impedida- habría expuesto sin duda algunos ejemplos. 
Avivan a la imaginación para llegar a una protección del medio ambiente de un modo muy diferente y para solucionar o, al menos, para enfrentarse a problemas que el legislador no puede abarcar o sólo de un modo deficiente. 
Por ejemplo, hay peligros medioambientales que sólo pueden surgir en determinados Estados miembros o en determinadas actividades. 
Las dificultades para solucionar legalmente tales problemas a nivel de la UE no estarían en ninguna proporción con un acuerdo que con unos pocos afectados se podrían solucionar muy rápidamente. 
Los acuerdos sobre medio ambiente no pueden sustituir las leyes- en lo que coincido con usted- pero pueden complementarlas extraordinariamente y aumentar la disposición para una mayor protección del medio ambiente sin imponer obligaciones. 
Veo los acuerdos sobre medio ambiente como convenios entre ramos de la industria o empresas y las autoridades que tienen como tarea reducir o evitar los daños medioambientales. 
Entretanto, en parte son un instrumento que puede servir perfectamente al cuidado de la imagen de toda una rama de la producción. 
A pesar de todas las críticas, deberíamos contribuir a mostrar los defectos y puntos débiles existentes. Bajo determinadas circunstancias, podemos emplearlos incluso como fase previa para una legislación posterior. 
En mi región, Baviera, existe el llamado pacto medioambiental que contribuye a reducir la producción de residuos, a desarrollar un uso eficaz de la energía y a elevar la gestión de los residuos también en la empresas. 
La auditoría medioambiental es un medio para ello y ha contribuido mucho a que miles de empresas se hayan declarado dispuestas a trabajar activamente en este campo. 
Sin embargo, en el campo de los sistemas relacionados con sustancias, productos y determinados ramos falta aún una aportación, lo que podría ser posible precisamente mediante acuerdos sobre medio ambiente. 
Estoy convencida de que las prohibiciones y normas de la política de medio ambiente no son suficientes para solucionar los problemas existentes. 
Creo que la comunicación de la Comisión es un primer paso y que deberíamos intentar agotar todas las posibilidades dentro de la Unión Europea. 
Los acuerdos relativos al medio ambiente han de enfocarse con sumo cuidado y así lo ha hecho la ponente, Sra. Graenitz, en su excelente informe. En él subraya claramente los inconvenientes de los acuerdos y formula asimismo una estrategia muy clara y estricta que deben seguir los acuerdos. 
Pero debido a ello, las ventajas han quedado relegadas a un segundo plano. 
Mi Grupo ha presentado por ello diversas enmiendas, tanto en la comisión como ahora en el pleno. A fin de cuentas, los acuerdos pueden ser instrumentos muy útiles, esto es evidente. 
La Sra. Graenitz también lo dice, y en los Países Bajos tenemos buenas experiencias con este tipo de acuerdos. También en otros Estados miembros se adquieren buenas experiencias con el instrumento de los acuerdos. 
Pero han de aplicarse en las circunstancias adecuadas y sólo entonces pueden contribuir realmente a mejorar el medio ambiente. Por ello, ampliar el número de instrumentos se ajusta a la perfección a las aspiraciones de la Comisión Europea. 
Hay que ofrecer la posibilidad a los Estados miembros de aplicar la legislación de la Unión Europea por medio de acuerdos. 
Por ello nuestras enmiendas no necesitan más explicación y espero que la ponente las acepte. 
Señor Presidente, esta mañana hemos escuchado a la Comisión en presentación de la Agenda 2000. 
La legislación ambiental de la Unión Europea supondrá un enorme escollo para que los futuros Estados miembros puedan asumir el acervo comunitario. 
Los acuerdos pueden ser útiles en este sentido. 
Así se indica en el punto 187 de la resolución: un acuerdo podría empujar a las industrias inversoras en los PECO a cumplir desde ahora la legislación ambiental de la Unión Europea en dichos países. 
Quisiera saber qué piensa la Comisaria de esta idea. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión sobre los acuerdos en materia de medio ambiente es un buen trabajo. 
De la enumeración de las experiencias con los acuerdos, en la última parte de la comunicación, se desprende que el instrumento se aplica en toda Europa, pero que hay grandes diferencias en su estatuto jurídico. 
Por ello creo que es necesaria mayor claridad sobre este estatuto jurídico. 
Estoy de acuerdo con las exigencias que formula la Comisión Europea con respecto a los acuerdos. 
Este instrumento sólo será útil si se fijan criterios estrictos sobre su contenido y si tiene carácter vinculante. 
Si esto está garantizado, entonces el acuerdo no tendrá nada que envidiar a una legislación concreta. Al contrario, puede ser un instrumento muy eficaz para lograr los objetivos ambientales. 
Por ello considero que en la propuesta de resolución hay algunos apartados que tienen un tono demasiado negativo. Se dice que los acuerdos pueden provocar una «crisis de confianza en el ciudadano». 
A mi entender, esto es exagerado. 
Pienso que la confianza del ciudadano se erosiona mucho más si no se logran los objetivos de protección del medio ambiente que si se trabaja con acuerdos selectivos. 
La objeción de que no se protegería suficientemente a terceros no es válida si la concepción jurídica es buena. 
Por ello, no estoy de acuerdo con el apartado que dice que los acuerdos no pueden reemplazar nunca a los preceptos jurídicos. 
Siempre y cuando se defina claramente qué artículos de la directiva pueden aplicarse por medio de un acuerdo y cuáles no. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los acuerdos sobre medio ambiente en la Comunidad Europea es un tema y los acuerdos sobre medio ambiente a nivel nacional es otro diferente. 
En los Países Bajos existen desde hace muchos años más de cien acuerdos nacionales, vinculantes jurídicamente. 
Funcionan muy bien en un país pequeño y abarcable. 
En mi país existen 80 contratos y la situación es algo más difícil debido a su tamaño. 
Creo que tales acuerdos necesitan ser acompañados por normas jurídicas que deben provenir del nivel europeo. 
La Comisión se ha ocupado de este tema. 
Estoy muy satisfecho de que sea tan valiente y crea que puede contribuir a coordinar estos acuerdos voluntarios desde el punto de vista de Bruselas. 
Yo sólo sé que mi país no ha aplicado más de 100 directivas. 
¿Cómo quiere controlar desde Bruselas los acuerdos voluntarios? 
Es esta una pregunta que deseo plantearle. 
Señora Comisaria, me gustaría saber cómo usted, por un lado, puede abogar por acuerdos contractuales y no por autocompromisos a pesar de que, por otro lado, sabe muy bien que no puede participar en ese pacto. 
Según mis informaciones, la Comisión no está autorizada a concluir acuerdos voluntarios. 
Creo que la iniciativa para un modo de proceder de este tipo debe partir de otro sitio. 
De modo general, la Comisión complica enormemente la puesta en marcha de directivas europeas. 
En los dos últimos años hemos puesto en marcha muy poco y ahora usted cree que mediante la gran desregulación, devolviendo la pelota a los Gobiernos nacionales, puede hacer un servicio a la política de medio ambiente mediante acuerdos voluntarios. 
No lo creo. 
Un instrumento voluntario es bueno mientras que no tenga que sustituir directivas no aprobadas. 
Esto no debe ocurrir. 
Creo que es importante que la Comisión Europea elabore más leyes marco más claras para los acuerdos voluntarios. 
Esto debería reflejarse más claramente en este informe. 
Si se hiciese así, los acuerdos voluntarios tendrían un sentido a nivel europeo. 
En cualquier caso, sí que los saludo a nivel nacional. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y a la ponente, Sra. Graenitz, por el meticuloso trabajo realizado y por su equilibrada intervención de hace un momento. 
Los acuerdos sobre medio ambiente celebrados con la industria son un tema muy complicado. 
Por eso, la Comisión ha basado su Comunicación en amplias consultas con la industria, las organizaciones medioambientales no estatales, es decir, las ONG, y expertos procedentes de los Estados miembros, aparte de participar en conferencias sobre el tema. 
Tal como ha mencionado la Sra. Graenitz, los acuerdos sobre medio ambiente son elementos importantes del quinto programa de acción, caracterizados además por su aplicabilidad. 
Me parece positivo que la propuesta de resolución reconozca este punto. 
Los acuerdos han de ser transparentes y fiables. 
Estas características no se dan en todos los que se han celebrado hasta ahora. 
La propuesta de resolución del Parlamento hace hincapié con razón en la necesidad de transparencia y de credibilidad. 
La actitud de la Comisión debe garantizar que los futuros acuerdos cumplan estos requisitos. 
Estamos de acuerdo en que, en ciertos casos, las normas generales de las directivas sobre medio ambiente pueden aplicarse mediante acuerdos sobre medio ambiente vinculantes, mientras que las disposiciones generadoras de derechos en favor de personas individuales se aplican a través de la legislación nacional. 
La mayor parte de estos puntos figuran en la resolución aprobada por el Consejo el 19 de junio. 
Algunos temas son más controvertidos. 
Basándonos en las decisiones y resoluciones del Parlamento y del Consejo, hemos de seguir trabajando en relación con ellos. 
Únicamente mencionaré tres: las relaciones entre las disposiciones jurídicas y los acuerdos, la aplicabilidad de los acuerdos y el uso de éstos en la Comunidad. 
Un gran peligro, o quizás solamente un peligro, de los acuerdos sobre medio ambiente es que lleven a lo que acaso podría calificarse de privatización de la política de medio ambiente. 
Según mi criterio, surgiría el peligro de tal privatización si se produjera una deformación de la información procedente de los sectores privados y públicos o si las autoridades públicas no lograsen que se tuvieran en cuenta sus puntos de vista sobre lo que es aplicable o lo que es económicamente viable. 
Tal peligro se evitaría en ambos casos involucrando al legislador en el objetivo mediante la adopción, por ejemplo, de una directiva comunitaria. 
La aplicabilidad de los acuerdos está estrechamente relacionada con su estatuto jurídico. 
Para que las directivas sean aplicables, han de tener carácter jurídicamente vinculante. 
Lo más difícil es determinar, obviamente, si los acuerdos han de ser aplicables a nivel comunitario, y en caso afirmativo cómo. El Sr. Florenz, sobre todo, ha hecho hincapié en este tema. 
En su Comunicación de 1996, la Comisión reconoció claramente las dificultades que derivarían de la aplicación de este instrumento a nivel comunitario. 
Por otro lado, ya hemos celebrado acuerdos con la industria que están dando buenos resultados. 
Ya en el tiempo como en 1989 la Comisión acordó, por ejemplo, con la industria que el contenido de sustancias químicas en los detergentes figurase en los envases. 
Este acuerdo está funcionando con eficacia y satisfactoriamente. 
Obviamente, hemos de ponernos de acuerdo sobre el modo de seguir trabajando en el futuro. 
En vez de iniciar un debate teórico sobre un modus vivendi, me parece que debemos seguir un procedimiento práctico. 
Esto obliga a la Comisión a reunir información sobre la experiencia y los resultados obtenidos, y a remitir tal información al Parlamento. 
Por eso quiero decir como conclusión que los acuerdos sobre medio ambiente ofrecen una posibilidad de fomentar la política de medio ambiente, pero que esta posibilidad ha de ser utilizada selectivamente y con grandes precauciones. 
Señora Comisaria, usted recomienda acuerdos voluntarios y contractuales. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿quién puede concluir con la industria un contrato a nivel europeo, aunque se trate solamente de cinco campos? 
Señor Presidente, yo también quiero plantear a la Sra. Comisaria una pregunta de carácter jurídico. En el debate en la comisión y también aquí se ha visto claramente que parece ser que los sistemas jurídicos existentes en los diversos Estados son demasiado diferentes, que el derecho público y el privado no son iguales en todos los sitios, a pesar de que todos nuestros sistemas jurídicos se basan en el derecho romano, por lo que precisamente se tuvo que hacer esta diferenciación. 
Le ruego que cuando venga una nueva comunicación, una nueva información al Parlamento, se debería dedicar al aspecto jurídico más importancia de lo que se ha hecho ahora en la presente comunicación, pues creo que uno de los puntos especialmente críticos e importantes es precisamente la cuestión de cómo está fundamentado el asunto jurídicamente. 
Se ha formulado una pregunta y quisiera obtener una respuesta, y la pregunta es la siguiente: si pudiésemos utilizar el acuerdo para las industrias que invierten en Europa Oriental a fin de aplicar allí realmente la legislación ambiental tal como la conocemos ahora, ¿considera la Comisaria que es un buen ejemplo del uso de acuerdos a nivel europeo? 
Esa era mi pregunta. 
Señor Presidente, primero el Sr. Florenz me ha preguntado con quién sería posible celebrar acuerdos a escala europea. Como el mismo sabe, depende de cada ámbito. 
Habrá ámbitos en los que haya una representatividad y en los que las industrias en juego se sientan representadas por las organizaciones europeas. 
En cambio, en otros ámbitos esto no ocurrirá y en tal caso no se podrá celebrar ningún acuerdo. 
Habrá que plantearse una solución para cada supuesto. 
Por eso hemos dicho en la Comunicación y yo en mi respuesta de hoy que hemos de reunir experiencia. 
He citado el ejemplo de un caso que ha funcionado bien. 
El Parlamento sabe que en algunos países la celebración de acuerdos sobre medio ambiente ha dado buenos resultados, pero la dificultad es precisamente la que ha señalado el Sr. Florenz, es decir, quién presentará a nivel europeo las ideas para cada ámbito, y es indispensable que demos una solución concreta a este asunto. 
Estoy también totalmente de acuerdo con la Sra. Graenitz en que tropezaremos con una serie de dificultades y por eso hemos preferido presentar la Comunicación. 
Sabemos que algunos países han obtenido muy buenos resultados; el Sr. Eisma se ha referido a ellos. 
Lo hemos escuchado también en las cumbres del Consejo. 
Otros países, entre ellos el mío de procedencia, no están aplicando esta medida. 
Eso quiere decir que hemos de estudiar las posibilidades existentes en los ámbitos que nos parezcan oportunos. 
En cada caso debemos evaluar la situación jurídica, igual que debemos valorar la representatividad antes de proseguir. 
En este momento no me gustaría comprometerme en absoluto respecto a la posibilidad de aplicar la medida o no. 
Por otro lado, no quiero rechazar de entrada que pueda aplicarse este instrumento, por lo que dejaré la pregunta abierta en este debate. 
Simplemente no la hemos tenido en cuenta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Cumbre «Planeta Tierra» de la SEAGNU 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la declaración de la Comisión sobre la Conferencia Cumbre «Planeta Tierra» de la SEAGNU en Nueva York. 
Señor Presidente, Señorías, hace tres semanas se reunieron Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo en Nueva York para celebrar una cumbre especial en la Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto de repasar los progresos logrados en el camino hacia un desarrollo sostenible. 
Se expusieron, obviamente, los progresos logrados desde la Conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo en 1992. 
El Presidente de la Comisión, Jacques Santer, actuó en representación de la Comunidad Europea, y fue una satisfacción ver a dos diputados al Parlamento Europeo como observadores de la delegación de la Comunidad. 
Las expectativas puestas en esta cumbre eran en general grandes, pero especialmente grandes en la UE. 
El Parlamento Europeo había desempeñado un importante papel en la elaboración del ambicioso orden del día de la UE, sobre todo con su resolución del 14 de marzo. 
¿Hasta qué punto se han cumplido las ambiciones de la UE? 
La prensa ha sido bastante negativa respecto a los resultados generales obtenidos, pero ha reconocido el papel líder de la UE. 
Estoy convencida de que los resultados positivos, que a pesar de todo fueron alcanzados, pueden atribuirse en gran medida a la UE. A continuación haré un resumen relativamente detallado de la situación. 
En primer lugar, obtuvimos buenos resultados en relación con los nuevos temas. 
Tal como había señalado el Parlamento Europeo a principio de marzo, esta cumbre constituía una oportunidad excelente para revisar los nuevos temas. 
El Parlamento estuvo presionando para que la UE se pusiese a la cabeza en Nueva York y la UE lo hizo proponiendo dos nuevas iniciativas. 
Una va encaminada a abordar los graves problemas existentes en relación con la escasez de agua dulce. 
La otra tiene como finalidad fomentar la transición a un empleo más sostenible de la energía. 
Ambas constan en los resultados definitivos de la Cumbre, que incluyen una declaración de principios y la fijación de un calendario para la realización de progresos concretos a través de la Comisión de Desarrollo Sostenible, CDS. 
Un ámbito en el que no alcanzamos nuestros objetivos, pero que algunos, a pesar de eso, calificarían de éxito parcial es el de los bosques. 
La UE insistió en que se iniciaran negociaciones para la celebración de un convenio sobre bosques. 
No fue posible llegar a un acuerdo, debido principalmente a la fuerte oposición, sobre todo, de Estados Unidos, de Brasil y de ciertas ONG influyentes. 
En la cumbre se creó un foro interestatal que estudiará las posibilidades de elaborar un convenio y que informará a la CDS sobre sus hallazgos en 1999. 
Basándose en esa información, la CDS adoptará una decisión en el año 2000 y, en su caso, preparará el texto del convenio. 
Hay asimismo consenso sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité interestatal de bosques y sobre el fomento de la conservación de los bosques y del desarrollo sostenible en este ámbito en otros foros, como el Convenio sobre biodiversidad. 
Hemos dejado claro que la UE se esforzará para que se aplique la propuesta del comité y para conseguir unanimidad respecto a la celebración de un Convenio sobre bosques. 
En el caso de los aspectos que comentaré seguidamente, no se han cumplido las expectativas en la cumbre de las Naciones Unidas. 
La resolución del Parlamento del 14 de marzo dice que tanto el cambio climático como la financiación de los proyectos que nos permitan llegar a un desarrollo sostenible son prioridades absolutas. 
En cuanto al cambio climático, el resultado no ha sido alentador a pesar de los esfuerzos de la Unión. 
Es verdad que el texto hace referencia a la necesidad de «importantes» reducciones de las emisiones y en ese sentido supone una pequeña mejora sobre el texto de Denver. 
El discurso del Presidente Clinton incluía también elementos alentadores. 
Expresó su admiración por la actitud de la UE y se acercó un poco a nuestra postura progresista al reconocer que, hasta ahora, los Estados Unidos no han tomado el cambio climático muy en serio. 
Anunció asimismo que tomaría iniciativas para convencer al Congreso y a los ciudadanos estadounidenses acerca de la necesidad de una reducción importante de los gases causantes del efecto invernadero. 
No obstante, la UE debe seguir presionando a los Estados Unidos y a los otros países participantes en la cumbre, entre ellos Japón, que tiene una gran responsabilidad como anfitrión de la próxima Conferencia en Kyoto. 
Hemos de hacer todo lo posible para que la actitud de los países participantes quede clara. 
Esto nos permitiría iniciar serias negociaciones sobre los objetivos de las reducciones durante las reuniones preparatorias para la Conferencia de Kyoto. 
En cuanto al tema de la financiación, la UE asumió un papel líder para lograr que se confirmasen los objetivos de Río. 
Intentó asimismo mediar entre la línea dura de los Estados Unidos y Japón, por un lado, y los países del G77, por otro. 
Propuso que los participantes diesen su consentimiento a invertir la tendencia regresiva de las ayudas oficiales a los países en desarrollo y que se iniciara un procedimiento a escala interestatal para debatir ideas innovadoras de financiación. 
Estas propuestas resultaron demasiado ambiciosas para algunos y no lo bastante ambiciosas para otros. 
Finalmente, el texto no pasa de la Agenda 21 y repite la promesa no cumplida de los países industrializados de asignar cuanto antes el 0, 7 % del producto interior bruto a ayuda al desarrollo. 
¿Qué posibilidades nos ofrece esto para el futuro? 
En primer lugar, hemos fijado un buen programa de trabajo para la CDS para los próximos cinco años y una cumbre, Río+10, para el año 2002. 
Hasta entonces, la UE se concentrará en avanzar en el marco de la CDS en los ámbitos en los que la UE ha tomado la iniciativa, es decir, agua dulce y energía, y en el del nuevo foro internacional de bosques. 
En segundo lugar, desarrollará una estrategia para los temas que se acordaron en Nueva York, y en tercer lugar, decidirá qué pasos se pueden dar para fomentar el desarrollo sostenible a nivel global independientemente de lo que se haga dentro del marco de las Naciones Unidas. 
Me parece oportuno hacer un comentario sobre la resolución presentada por el Parlamento, que también incluye su propia idea sobre el trabajo en el futuro. 
En general, estoy de acuerdo con su contenido. 
El motivo de que la mencione esta noche es que hemos estado un poco preocupados por la condena- casi podríamos calificarla de muy fuerte- de China en el artículo 10. 
Nos parece complicado llamar a China destructiva, a pesar de que compartimos la opinión del Parlamento de que será necesario seguir trabajando activamente para que China se integre en los avances medioambientales. 
La Comisión tiene la intención de presentar al Consejo y al Parlamento a principio de 1998 una comunicación sobre la aplicación en la Comunidad de los resultados de la cumbre sobre los avances logrados a favor de un desarrollo sostenible en el mundo en su conjunto. 
Esperamos con ilusión la participación activa del Parlamento en el desarrollo de la futura estrategia de la UE. 
Señor Presidente, los cinco años que han transcurrido desde que se adoptaron las resoluciones bien intencionadas de la Cumbre de Rio en 1992 se han caracterizado por una falta de voluntad entre los países occidentales para hacer frente a los problemas del cambio climático y del medio ambiente y el desarrollo. 
No ha habido ninguna modificación del consumo y las pautas de conducta de los países industrializados, lo cual, como corolario, ha estimulado la inactividad del Sur. 
Al Partido de los Socialistas Europeos le preocupa que la pobreza y el subdesarrollo sigan siendo motivo de degradación ambiental. 
Los países prósperos no han cumplido su promesa de consagrar el 0, 7 por ciento de su PIB a la cooperación y la ayuda al desarrollo. 
El vínculo esencial entre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, por lo tanto, sigue brillando por su ausencia. 
Menos mal que no estamos reunidos aquí esta noche para criticar a la Comisión. 
Es raro que seamos tan pocos los que estamos reunidos en esta sala y que estemos todos de acuerdo sobre la cuestión que examinamos. 
Ahora bien, los escasos resultados de SEAGNU, a pesar del firme liderazgo de la Unión Europea y, en particular, del nuevo Gobierno del Reino Unido, ponen de relieve el hecho de que en materia de cambio climático, financiación, agua y selvas, la discrepancia entre los compromisos asumidos en Rio y las medidas adoptadas para cumplirlos es enorme. 
No se puede echar toda la culpa a nuestros propios gobiernos. 
Entonces, ¿qué va a suceder? 
Podemos dar una palmada en la espalda a Europa y decir que nuestra posición en SEAGNU era una posición relativamente progresista: nos manifestamos a favor de la protección mundial y del desarrollo sostenible, a favor de un impuesto mundial sobre combustible para la aviación, sin olvidar nuestra voluntad de reducir las emisiones de gases de invernadero en un 15 por ciento para el año 2010. 
En comparación con los demás participantes, nuestra posición era excelente pero lo cierto es que aún nos queda un impresionante programa de trabajo para Kyoto en diciembre. 
En realidad lo que tenemos que hacer es aprovechar los escasos resultados obtenidos y prepararnos para la próxima oportunidad. 
Las cuestiones más urgentes siguen siendo la determinación de límites apetecidos para las emisiones de gases de invernadero, que reciban en particular el acuerdo de los Estados Unidos de América y del Japón; la protección de los bosques y selvas; los recursos de agua potable; el desarrollo de energías renovables; la lucha contra la desertificación, y la protección de la biodiversidad. 
Todos estos objetivos siguen estando en el programa de trabajo, y no progresaremos respecto de ninguna de estas cuestiones mientras no aceleremos la aplicación del Programa 21 y abordemos las dos cuestiones gemelas: la ayuda pública al desarrollo, y el papel negativo que desempeñan los nefastos subsidios. 
Las inversiones destinadas a mejorar el medio ambiente mundial son inversiones en puestos de trabajo y en prosperidad, y ya es hora de que los ministros de finanzas den mayor credibilidad a esta cuestión. 
En nuestros esfuerzos por llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones, tenemos que poner orden en nuestra casa europea y tenemos que conseguir la participación de los diferentes sectores de la sociedad civil para poner en práctica el desarrollo sostenible y la educación ambiental en nuestros países y en los países del Sur. 
Una de las formas de lograrlo consiste en aumentar el apoyo a los procesos locales del Programa 21, que empieza a manifestarse de forma poco homogénea en toda la Unión Europea. 
En momentos en que estamos reduciendo nuestros presupuestos para el desarrollo, para los trabajos de protección de las selvas y bosques internacionales, y para los proyectos piloto y las redes de protección del medio ambiente urbano, no siempre se puede percibir con claridad si nuestra voluntad corresponde a nuestra retórica. 
Nuestras aspiraciones son buenas, pero nuestros esfuerzos pecan de insuficientes. 
Ha llegado el momento de empezar a trabajar para resolver esos problemas y necesitamos que todos nuestros gobiernos, nuestras industrias y nuestros ministros de finanzas den pruebas de una voluntad política más resuelta que la que tienen en la actualidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo estuve junto con la Sra. Dybkjaer en la Conferencia de Nueva York como representante del Parlamento Europeo y tengo que decir que durante esta Conferencia se ha ido deslizando en mí una sensación deprimente. 
En muchos campos no ha pasado mucho, a pesar de que los problemas, como el del efecto invernadero, son tan urgentes. 
En este campo seguimos rumbo hacia una catástrofe. 
A pesar de ello, hay algunas señales positivas. 
En primer lugar, la Unión Europea ha sido de hecho una fuerza impulsora en las negociaciones lo que, ante las diferentes opiniones de los Estados miembros, es algo que se debe reconocer que la Comisión y la Presidencia del Consejo hayan llevado a la Unión Europea en una dirección positiva. 
Todos los Jefes de Estado y de Gobierno se han expresado de modo constructivo. 
En segundo lugar, el papel de los EE.UU no lo veo tan crítico como se ha descrito en parte en la opinión pública. 
En Denver, los EE.UU eran el chico malo, el bad guy, por así decirlo. 
En Nueva York, Clinton mismo ha reconocido que los norteamericanos con sólo un 4 % de la población mundial ocasionan el 20 % de las emisiones que provocan el efecto invernadero y que esta situación tiene que cambiar. 
Lo considero un progreso. 
Todos sabemos lo difícil que son las negociaciones dentro de los EE.UU. Pero ahora, por primera vez el Presidente se ha adelantado. 
Creo que no hay ninguna alternativa a las negociaciones a nivel multilateral pues, de lo contrario, sólo quedaría la resignación y no podemos indicar esto como causa de no haber hecho nada a nuestros sucesores. 
Tenemos que aprovechar la oportunidad que se ofrece ante Kyoto. 
Tenemos que elevar la presión sobre el Japón y también creo que debemos tener en cuenta la situación especial del G 77. 
Se puede discutir sobre la formulación, pero el hecho es que los países AOSIS y algunos países ACP que se esfuerzan no han desempeñado en Nueva York ningún papel en el G 77 y que grandes países como China o Arabia Saudita han impulsado al G 77 en una dirección no adecuada. 
Por ello, también en nuestras negociaciones con los países ACP deberíamos intentar llamar la atención sobre los intereses comunes y mostrar claramente que aquí tiene que pasar algo. 
Naturalmente, esto sólo será posible si hacemos creíble como europeos que cumplimos nuestras obligaciones en el campo de la ayuda al desarrollo. Todos juntos- Comisión, Consejo y Parlamento- debemos prestar atención también en los debates presupuestarios de la Unión Europea para que la ayuda al desarrollo se eleve y no siga reduciéndose. 
Además, debemos cumplir nuestras tareas en la protección del medio ambiente y, en especial, en la protección del clima. 
Creo que la iniciativa de introducir a nivel internacional impuestos por la gasolina de aviación es positiva. En Europa también tenemos que considerar si al menos a nivel europeo no se trata de una subvención innecesaria el hecho de que en los vuelos interiores europeos no impongamos impuestos a los aviones pero sí a las locomotoras diesel en el ferrocarril. 
A quien diga que la protección del medio ambiente y, en especial, la protección de clima supoenen una menor calidad de vida y un menor éxito económico, le pongo un ejemplo: un conocido mío trabajó durante algún tiempo en Nueva York y me dijo que llevaba puesto un jersey en verano pues la instalación de aire acondicionado era demasiado fría y en invierno ponía un ventilador pues la calefacción era demasiado fuerte. 
Esto no es para mí calidad de vida sino derroche de energía. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Comisaria por su discurso. 
En líneas generales, estoy de acuerdo con ella y con el Sr. Liese en las valoraciones algo pesimistas, así como en los aspectos positivos. 
Al mismo tiempo quiero recordarles que tampoco nos sentimos muy contentos en su día con los resultados de la Conferencia de Río. 
Dijimos también entonces que había habido demasiadas palabras y poca acción. 
No obstante, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que la Conferencia de Río fue buena en comparación con otras cumbres. 
Obtuvimos, entre otras cosas, un Convenio sobre biodiversidad y se inició un proceso con la Agenda 21. 
Con la ayuda de la Agenda 21 hemos conseguido un orden del día común para el trabajo local y regional a favor de una mejora del medio ambiente, y en realidad se ha reducido la distancia entre Estrasburgo y Johannesburgo. 
Otro resultado positivo de la Conferencia de Río ha sido la celebración de Río+5, si bien, para que todo no sea de color rosa, hay que añadir que, desgraciadamente, no hemos alcanzado los objetivos fijados en su día. 
En una serie de ámbitos hemos retrocedido, y sin duda lo más catastrófico ha sido que los países en desarrollo no están recibiendo las ayudas que les habíamos prometido. 
Al contrario, las ayudas se han ido reduciendo en los últimos años. 
Como ha dicho la Sra. Comisaria, esta tendencia no ha cambiado durante la SEAGNU en Nueva York, pero no sirve de nada desesperarse. 
Hemos de mirar la situación de un punto de vista positivo. 
Hemos de decirnos que podría haber sido peor. 
Habría sido peor, por ejemplo, si el Presidente Clinton no se hubiera comprometido personalmente hasta cierto punto el jueves con respecto a Kyoto. Ahora es nuestra responsabilidad procurar que estos compromisos sean puestos en práctica. 
La UE debe ayudarle en ello y ante todo los diputados al Parlamento Europeo debemos contribuir a presionar al Congreso de los Estados Unidos. 
También me parece positivo que se decidiera incluir la energía sostenible en el programa de trabajo de la CDS y ruego a la UE que desempeñe un papel líder en relación con este tema. 
Si pensamos en Río, hemos de reconocer que no fue posible seguir tanto a las ONG como el programa oficial, pero en el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York las ONG, los diputados y los jefes de gobierno iban y venían entre sí continuamente. 
Corre la voz de que en la próxima reforma las Naciones Unidas tienen la intención de formalizar el papel de las ONG. 
Esto me lleva al último punto que quiero mencionar. 
He elaborado una enmienda sobre él, ya que se omitió en primer instancia. 
Se trata del reforzamiento del papel de los diputados en todo el sistema de las Naciones Unidas y, ante todo, del reforzamiento de la cooperación entre los distintos diputados. 
La iniciativa tomada por la Presidencia holandesa en Nueva York ha dado buenos resultados. Ha resultado ser útil mantener un diálogo. 
Creo que podemos aprovechar esta experiencia y ruego al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores que lo tenga en cuenta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en España hay un refrán que dice «en la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey». 
Y lo digo porque la Unión Europea, efectivamente, como se vio antes en el informe de la Sra. Dybkjær sobre el quinto programa de acción medioambiental, no cumplió con los objetivos del año 1992. 
Sin embargo, propuso, en la Cumbre en Nueva York, que, por lo menos, en el año 2010 se rebajaran las emisiones de CO2 en un 15 %; y ello frente a los Estados Unidos, que no sólo no proponen eso, sino que dicen que van a preguntar a los ciudadanos, siendo- como son- el país más contaminante del mundo: 4 % de población y 24 % de emisiones de CO2. 
También en relación con otro compromiso de la Agenda de Río- el 0, 7 % para los países del Tercer Mundo- los Estados Unidos destinan hoy a la cooperación al desarrollo el 0, 1 %. 
La Unión Europea tampoco llega al 0, 7 %; sin embargo, tiene una media del 0, 30 % -hay que decir que ha rebajado del 0, 35 %-, es decir, que la Unión Europea, que no es un modelo perfecto de defensa del medio ambiente, sí puede dar aún ejemplo a otros países. 
Yo creo que está muy bien lo que nos decía la Sra. Bjerregaard sobre el agua dulce y las energías renovables, si se tiene en cuenta que hay un 20 % de la población que no tiene acceso al agua dulce y que uno de cada dos africanos no tiene acceso a ella. 
Señor Presidente, creo que no es tan importante interrogarse para saber si la Cumbre de Nueva York ha sido menos buena o mejor que la Cumbre de Río y si las acciones que se han llevado a cabo habrían podido ser mejores o menos buenas. 
Lo que importa, quizás, es ver cuál es la situación actual en relación con la experimentada hace cinco años. 
Ahora bien, a este respecto, los distintos parámetros son claros. 
Si se mira el problema de la diversidad genética, la situación no es mejor. 
Se comprueba que desaparecen cada día 70 especies, cinco años después de Río. Se comprueba que la producción alimenticia por ser humano sobre el globo terráqueo disminuye; que los recursos de agua potable por habitante disminuyen; que las diferencias Norte-Sur se ahondan; que la temperatura del globo sigue aumentando y que, en general, se vive en un mundo más insostenible todavía que hace cinco años. 
Eso es lo que importa. 
Entonces, ¿se tomaron decisiones en Río, se establecieron mecanismos que nos permitan esperar una mejoría? 
Personalmente, no lo creo. 
No obstante, saludo los esfuerzos de la Comisión Europea y de la Unión Europea: es verdad que han sido relativamente más importantes que los de las demás naciones. 
Una vez dicho esto, es preciso constatar que existe una considerable diferencia en darse objetivos- lo que ha hecho la Unión Europea- y darse los medios de realizar esos objetivos. 
Tomemos el problema de la reducción de los gases del efecto invernadero. 
No se cómo va a poder cumplirse en la Unión Europea, puesto que en Amsterdam se tendrá todavía la regla de la unanimidad para el impuesto sobre el CO2. 
¿Qué se va a hacer? 
Para los bosques, ¿qué impide a la Unión Europea tomar medidas internas en la Unión Europea? 
Está bien pedir un convenio, pero se puede muy bien actuar colectivamente del interior de la Unión Europea a favor de una explotación forestal duradera. 
Por último, un impuesto global sobre la circulación aérea y el queroseno, es una buena idea. 
¿Por qué no aplicarla a los transportes internos de la Unión Europea? 
Yo creo que la Unión Europea adquiriría mucha credibilidad si tomara medidas concretas. 
Podría entonces proponerlas a los demás, ya que nos encontraríamos en una posición de fuerza. 
Señor Presidente, creo que cuando se habla sobre Conferencias, el modo de observar las cosas es diferente, exactamente igual que el famoso vaso semilleno o semivacío, en función de la perspectiva particular. 
Esta Conferencia obliga a la Unión Europea- que es la mayor unión de Estados industrializados del mundo, que dispone de grandes riquezas y de una población que es capaz de mucho- a trabajar en el ámbito de la protección del clima y del desarrollo sostenible dentro de esta Unión, de los países del Tercer y Cuarto Mundo así como de los que quieren ingresar pronto en nuestra Comunidad, para que mejore la situación del medio ambiente. 
Pero también debemos ser creíbles y predicar con el ejemplo. 
Entonces podremos decir a los demás porqué es bueno trabajar en la mejora de la situación del medio ambiente y qué es lo que aporta. 
Tenemos que trabajar en nuestro medio ambiente por un futuro con un desarrollo sostenible, con trabajo para las personas y con calidad de vida. 
Creo que hay que hacer aún mucho, también en los preparativos para Kyoto. 
El camino hacia Kyoto debería estar jalonado con mucho trabajo y no sólo con buenas intenciones. 
Si ahora, en un esfuerzo conjunto del Parlamento, la Comisión y el Consejo, desarrollamos propuestas para Kyoto que puedan ser aceptadas y llevadas a cabo, contribuiremos a que este vaso no esté ni semilleno ni semivacío sino lleno del todo con calidad de vida y un futuro feliz para todas las personas. 
Señor Presidente, también yo estoy de acuerdo con el Sr. Liesen en que se puede manifestar una gran decepción. 
Comprendo la posición de la Comisaria, que por supuesto también ve algunos rayos de esperanza, pero pienso finalmente que hemos de sacar la conclusión de que se ha actuado con increíble lentitud y que la ONU ha demostrado una vez más que en realidad se ha convertido en una máquina burocrática a la que acuden los países, hacen bonitas declaraciones, se van y de nuevo constatan que se ha logrado poco o nada. 
Desde el punto de vista ambiental cabe preguntarse: ¿tiene que seguir así, incluso después de Río? 
No es una pregunta retórica. 
Basta ver lo que ha sucedido. 
En el ámbito del clima, como ya se ha dicho, se ha expresado la necesidad de establecer objetivos vinculantes, significativos y realistas, pero no se han tomado medidas concretas, eso sólo se hará en Kioto. 
Suponiendo que se logre, se habrá emprendido de nuevo un viaje. 
El capítulo «bosques» , el cuarto apartado en que se pedía un seguimiento para el panel intergubernamental sobre bosques, ha sido puesto entre paréntesis. 
Afortunadamente se ha abogado por un programa nacional de bosques. Y, leo en inglés: » remained including unnegotiated paragraphs dealing with legal instruments and difficulties mostly in the field means of implementation, official development assistance, finance mobilisation of the resources, etc... » 
Mientras, la producción y el consumo en Occidente han seguido igual, se prosigue con la deforestación e incluso se reduce la ayuda al desarrollo, tal como ha indicado usted. 
No se alcanza el 0, 7 %; peor aún, el porcentaje disminuye. 
La suma de los capitales que los Estados invierten en estos momentos en los países en desarrollo disminuye y el sector privado se ha multiplicado por seis en un período de cinco años. 
Seis veces más grande que la ayuda al desarrollo de los Estados y de la Unión: esto ha de tener por fuerza consecuencias. 
No hay éxitos. 
Pienso que hemos de reconocer, y también se ha reconocido en el texto, que en el ámbito de la capacity building, en neerlandés no hay palabra adecuada, hay un enorme retraso. 
El descenso de las inversiones para el desarrollo y la crisis de la deuda son los grandes obstáculos. 
Finalmente, pienso que, si no encuentran una solución para ello, en realidad por mí más vale que dejen ya el circo. 
Quizás sea algo pesimista a esta hora, señor Presidente; espero que la Comisaria tenga a mano algo para darnos esperanzas. 
Señor Presidente, no prolongaré mucho el debate a esta hora tardía; únicamente quiero añadir unos pocos comentarios a lo que dije antes. 
Lo primero que quiero mencionar está estrechamente relacionado con las futuras conferencias internacionales, de las cuales la más importante es la que tendrá lugar en Kyoto, tal como han mencionado la mayoría de los intervinientes. 
El comentario que quiero hacer es que es obvio que en la parte rica del mundo tendremos obligatoriamente que mejorar nuestras relaciones con el grupo de países G77. 
No es la primera vez que hemos comprobado la existencia de serias diferencias de opinión entre ellos y nosotros. 
Tampoco es la primera vez que nos ha parecido difícil hablar de los temas relacionados con el medio ambiente con ellos, y está claro que precisamente en relación con el clima tendremos la oposición tradicional si no hacemos un esfuerzo excepcional, y en nombre de la UE estamos obviamente dispuestos a intentar a hacerlo. 
El otro tema que quiero mencionar es que comparto a grandes rasgos la opinión de la Sra. Graenitz de que una conferencia como ésta puede describirse como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. 
Este comentario es muy descriptivo. 
La intervención de la Sra. Van Putten ha ido por el mismo camino. 
Es verdad que es tentador fijarse en todo lo que no se ha conseguido. 
Pero me parece que hacerlo sería un error por nuestra parte. 
Debemos fijarnos en los progresos hechos. 
Debemos fijarnos también en que parece haber voluntad para modificar el sistema de las Naciones Unidas. 
Conozco todos los argumentos en el sentido de que ya se ha intentado en ocasiones anteriores sin resultados. 
Con todo, me parece que debemos apoyar esta tendencia. 
Obviamente, me ha alegrado, igual que les ha alegrado a ustedes esta noche, que como organización de cooperación y como Unión hayamos logrado destacar con una política progresista en materia de medio ambiente. Hemos definido una línea que ha sido apreciada por otros. 
Esto nos da una responsabilidad. 
Nuestro trabajo de preparación de la Conferencia de Kyoto no será fácil, pero espero encontrar el mismo interés y la misma buena voluntad que hasta ahora. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas.) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero indicar solamente que ayer entregué sobre el Informe Rothley dos explicaciones de voto por escrito acerca de la enmienda 74, que lamentablemente no he encontrado en el Acta e hice también una explicación oral de voto sobre la propuesta modificada de la Comisión. 
Quiero pedirle que se anote esto en el Acta. 
Señor Presidente, quisiera hacer una declaración a título personal. 
Los diputados de este Parlamento recordarán que el lunes del último período parcial de sesiones hice varias afirmaciones acerca de la Sra. Angelilli que la Sra. Angelilli negó el miércoles. 
Le he dado una copia del documento en que basé mis afirmaciones. 
Esta mañana recibí una carta de ella en la que me comunica, con el habitual acompañamiento de improperios, que no tiene la intención de perseguir en justicia a la publicación, como yo había sugerido. 
Espero que los diputados de este Parlamento extraigan de este caso las conclusiones apropiadas. 
Señor Presidente, le facilitaré una copia de la carta de la Sra. Angelilli. 
Señor Presidente, no es cosa corriente que elogiemos a los servicios del Parlamento pero lo cierto es que el resumen de noticias que nos ofrecen diariamente es muy útil. 
Todos los que obtienen la versión inglesa han buscado con avidez el resumen de la extensa declaración que hizo ayer la Comisión, con tanta mayor avidez cuanto que no había ningún resumen en la versión, y sé que hay muchos diputados que hubieran deseado recibir una versión sucinta de las propuestas de la Comisión, como la que facilita normalmente el Parlamento. 
Quizá pudiera conseguir usted que, en ocasiones extraordinarias como la de ayer, los servicios velen por que haya suficiente número de ejemplares disponibles en inglés. 
Señor Presidente, mi vocación es hacer de abogado de oficio y, por lo tanto, a fin de respetar esa ética que siempre hemos respetado en este Parlamento, deseo rechazar el ataque del Sr. Ford simplemente porque la colega, Sra. Angelilli, está ausente y, en consecuencia, no puede explicar su punto de vista. 
Habría intervenido si el ataque hubiera sido contra cualquier otro colega, sin importar su Grupo político. 
(El Acta queda aprobada) 
Suspensión de la inmunidad parlamentaria 
Señor Presidente, Señorías, me he quedado sorprendido al comprobar que el asunto se refiere a la elección de un catedrático de la Universidad de Salónica que fue anulada en 1993 por el Tribunal Superior de Grecia. 
Traté este tema como rector junto a la Comisión Jurídica de la Universidad. 
El Ministro de Educación volvió a nombrar al candidato, éste presentó ante mí una reclamación en 1993, y junto al Presidente de la Comisión Jurídica presenté un detallado informe y el asunto fue a parar al archivo. 
Me sorprende que resucite después de cuatro años. 
No querría creer que haya en juego únicamente objetivos políticos, pero con su reaparición repentina después de cuatro años, los hechos hablan por sí solos. 
Solicitaría a la comisión competente del Parlamento que se exponga rápidamente la conclusión al respecto. 
Se lo agradezco señor Trakatellis, sin embargo, con arreglo al artículo 6, sólo debemos comunicar este hecho al Pleno, ya que éste no es el lugar donde hay que abordar el asunto. 
Programas MED 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0236/07) del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe especial nº 1/96 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a los Programas MED (presentado de conformidad con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 188 C del Tratado CE) acompañado de las respuestas de la Comisión (C4-0512/96). 
Señor Presidente, como usted muy bien ha dicho y reza en el orden del día, vamos a tratar, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, el informe del Tribunal de Cuentas 1/96. 
Dicho informe es un informe sumamente claro, en el que se exponen, dentro de la cooperación descentralizada, los problemas que ha habido en cuanto a conflictos de intereses, fallos en el Reglamento en cuanto a los concursos y falta de fundamentos jurídicos en alguna de las decisiones. 
Creo, señor Presidente, que debemos tratar este caso como un caso ejemplar, no sólo por la importancia que tiene la cooperación descentralizada, sino también por lo que se refiere al procedimiento que deberá seguirse en el futuro siempre que nos encontremos en algún caso parecido. 
Precisamente la calificación de caso ejemplar es lo que justifica el que se hayan tratado las enmiendas con mucho cuidado. 
Me refiero tanto a las 72 enmiendas que se examinaron en comisión como a las 17 que se van a examinar hoy aquí en el Pleno. 
Pretendo con ello, aceptando el mayor número posible de esas enmiendas, buscar la máxima coincidencia dentro de lo que hoy votemos aquí, ya que con ello evitamos una posición débil del Parlamento que nada ayudaría a todo este asunto. 
Por otra parte, me he visto en la obligación de rechazar enmiendas, ya que, a veces, se olvida cuál es nuestra obligación como Parlamento y cuáles son nuestras posibilidades. 
Ni el Parlamento Europeo ni la UCLAF son un juzgado de instrucción; ni el Parlamento Europeo ni la UCLAF son una fiscalía. 
No somos fiscales de nadie. 
Nosotros nos limitamos a presentar aquí el informe 1/96 del Tribunal de Cuentas y a dar nuestra opinión política sobre el mismo. Por tanto, no podemos entrar en si hay incidencias penales y, muchísimo menos, en calificar éstas. 
Quiero destacar, señor Presidente, la reacción correcta que, a mi entender, ha tenido la Comisión. 
Ha puesto en marcha una investigación administrativa y ha buscado la implicación que las empresas que se citan en el informe hayan podido tener en otros programas, en otras Direcciones Generales e incluso en otras divisiones. 
Ello no ha sido fácil, y esto motiva el retraso que se ha producido. 
Hay que tener en cuenta que muchas veces las mismas personas estaban detrás de otros nombres en otras sociedades. 
Ha habido que cruzar direcciones, nombres de sociedades y nombres de personas. 
Repito que no ha sido tarea fácil. 
Pero también quisiera, señor Presidente, dar hoy aquí una voz de atención. 
Voz de atención que, en el argot médico, equivaldría a buscar una fórmula de detección precoz. O como decimos los que estamos en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, una alarma temprana. 
Debemos encontrar una fórmula para que no lleguemos a enterarnos de situaciones parecidas a ésta al cabo de tanto tiempo. 
Sé que esto no puede hacerse a través del Tribunal de Cuentas, ya que éste tiene sus programas y estudia siempre los asuntos a posteriori, pero creo que debe haber medios dentro de la Comisión- que, por lo demás, ya existen- para poder llevar a cabo esa detección precoz, esa alarma temprana de la que hablaba. 
Por otro lado, uno de los puntos que quisiera destacar en esta intervención sobre el informe que presentamos, es el plantearme si la UCLAF debería continuar tal como está hoy en día, dependiendo total y absolutamente de la Comisión, o si bien debería actuar desde una posición independiente de la Comisión. 
No tengo más que palabras de alabanza para la UCLAF, ya que he estado en la Comisión de investigación sobre el fraude en el tránsito comunitario y he visto lo efectiva que es y el buen trabajo que realiza. 
Sin embargo, me preocupa la cuestión de si puede actuar con la misma libertad dentro de la Comisión. 
De todas formas, apoyamos los esfuerzos de la Comisión para depurar responsabilidades, exigir la devolución de las cantidades defraudadas y la confección de una lista negra. 
Acabo ya, señor Presidente, diciéndole que hago una petición a la Comisión: le rogamos que adopte las medidas descritas en este informe, ya que ello será condición sine qua non para la aprobación de la gestión de 1996. 
Señor Comisario, tienen seis meses para ello. 
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se enteró con gran desánimo de las graves observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los programas MED y pide con gran preocupación que la Comisión conteste rápida y satisfactoriamente todas las observaciones del Tribunal, que se lleven a cabo todas las investigaciones, que se persigan los abusos y que informe con solicitud y regularidad al Parlamento. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se preocupa asimismo y, yo diría, sobre todo, en virtud de sus competencias en cuanto al fondo, de que la política mediterránea, elemento esencial de la identidad de la Unión hacia el exterior, no se vea comprometida por las conductas ilícitas de algunos funcionarios externos o incluso internos de las Instituciones. 
No nos conforta ni satisface la medida de suspensión de los programas que afecta también a los proyectos dignos, condena empresas y puestos de trabajo, y pone en peligro la reciente cooperación descentralizada. 
Queremos, en cambio, que la Comisión se dote cuanto antes de los medios y las reglas necesarios para una gestión rigurosa y eficaz de los programas MED y MEDA. 
Entre las orientaciones que recomienda la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores para el nuevo curso, recuerdo cuatro puntos: Primero: un esfuerzo decisivo en lo concerniente a la promoción pública y la total visibilidad de los anuncios de licitación, los procedimientos de selección de los proyectos y los informes sobre la ejecución de los trabajos. 
Segundo: el ejercicio de la función de control directo por parte de la Comisión, sin delegarla a sociedades externas, sobre los concursos y la ejecución de los proyectos, a través de personal propio y utilizando sistemas eficaces y modernos de seguimiento y control, como sabe hacer la Comisión. 
Tercero: el desplazamiento del centro de gravedad del gasto hacia proyectos de mayor envergadura en cuanto a infraestructuras, según nos piden los representantes de los terceros países mediterráneos todas las veces que nos reunimos con ellos. 
Me refiero a los proyectos en el ámbito del abastecimiento de aguas, las telecomunicaciones y los transportes, más que a los asesoramientos y seminarios. 
Cuarto: la reanudación y el fortalecimiento de la cooperación descentralizada a través de la sociedad civil. 
A este propósito, sugiero encarecidamente la creación, al igual que se está haciendo para los países PECO, de una red de Fellow Members to Innovation Relay Centres a fin de reforzar los vínculos entre las universidades, los hospitales y los centros competentes de ambas orillas del Mediterráneo. 
Para finalizar, señor Presidente, señor Comisario, considero que el fraude debe perseguirse con la máxima severidad, sin perjudicar, no obstante, el objetivo político de la cooperación mediterránea. 
Señor Presidente, no puedo dejar de coincidir con lo manifestado por el Sr. Malerba, habida cuenta de que la Comisión de Política Regional se opone a que el Tribunal de Cuentas trate una cuestión cuyo alcance es estrictamente político. 
El Tribunal de Cuentas constató incumplimientos e incongruencias en relación con los procedimientos, sin embargo, como ya afirmé en la Comisión de Política Regional, habría actuado mejor sensibilizando adecuadamente a la Comisión antes de llegar al final y de poner de manifiesto incumplimientos u otras irregularidades, según el espíritu de la Unión Europea y, por consiguiente, con arreglo a una especie de teoría de los vasos comunicantes. 
No cabe duda de que el Tribunal de Cuentas tiene el deber de actuar en este sentido, sin embargo, no se incluye entre sus competencias abordar una cuestión estrictamente política. 
Las conclusiones de las demás comisiones, tal como acaba de manifestar el Sr. Malerba, nos inducen a una ulterior reflexión, esto es, hay que revisar y modificar el sistema de control y conseguir que el papel que desempeña la UCLAF quede fuera del sistema de dependencias, a fin de que sea más eficaz, menos condicionado y menos condicionable; al efecto, hay que subrayar lo manifestado con acierto por el Sr. Malerba, o sea, que la UCLAF ha desarrollado en todo momento un trabajo muy atento y preciso. 
Nuestra dificultad radica en que se aplace en el tiempo y, en consecuencia, se amplíe en cuanto a sus contenidos, un compromiso que la Unión debería, por el contrario, reforzar y mejorar en el ámbito de la política euromediterránea. 
Por lo tanto, consideramos que, a pesar de que deben adoptarse todas las medidas necesarias, los programas MED deben ser potenciados y aplicados rápidamente. 
Señor Presidente, estimados colegas, estamos discutiendo hoy y votaremos mañana el informe de nuestro colega el Sr. Fabra Vallés. 
Este informe ha llevado hasta hace poco tiempo el rótulo de «informe provisional». 
Subrayo esto aquí de manera expresa y con toda intención. 
Ahora bien, por razones de tipo administrativo que, ciertamente, están por encima de todo, ni siquiera nos es posible denominar «informe provisional» a un informe provisional. 
Por esta razón quiero afirmar aquí: éste es un informe provisional. 
Ojalá que nadie se consuele con la certidumbre de que mañana decidiremos y el asunto desaparecerá de la mesa. 
Este no está encima de la mesa ni debajo de la misma y mucho menos debajo de la alfombra. 
Si se lee con atención la resolución que vamos a aprobar se encontrarán suficientes referencias a cómo y de qué manera se van a ocupar de los procedimientos la Comisión de Control Presupuestario y, con ella, el Parlamento. 
Le vamos a dar nuestra conformidad antes de la pausa de verano, por la única razón de con ella se podrán liberar los programas MED, para poder ayudar, por fin, a aquellos que tienen menos capacidad para lo que aquí a causa de la negligencia, de la mala gestión o de lo que sea, ha constituido un fracaso. Esto lo quiero decir aquí de manera explícita. 
Queremos ayudar a éstos, les queremos echar una mano. 
Y por esto aprobaremos el informe. 
Pero el modo de trabajo, el informe, y todo lo que se ha producido en torno a este informe- sin querer entrar aquí en pormenores- me plantean algunas cuestiones, y no sólo a mí sino también a todo mi grupo. 
En primer lugar, la siguiente cuestión: ¿Por qué comete siempre la Comisión los mismos errores? 
¿Por qué se siguen poniendo en marcha programas, cuando no se está en condiciones de gestionarlos? 
¿Cuándo aprenderá la Comisión y cómo se va a manifestar esto? 
Pero también se nos plantea la siguiente cuestión: estamos haciendo un informe sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Ciertamente. 
Pero el Tribunal de Cuentas hace reconvenciones frente a la Comisión y a las organizaciones privadas. 
Desde hace tiempo la Comisión tiene que justificarse mediante un procedimiento fijado con exactitud, lo hace de manera oral, sus respuestas se publican por escrito en el Diario Oficial, se puede justificar ante la comisión. 
Pero, ¿por qué no escuchamos jamás a los otros? 
Bien, no hemos trabajado así, lo admito. 
Pero, por esta razón tiene que haber sido correcto? 
¿Debe ser acertado? 
¿Sólo tienen unos la oportunidad de explicar lo que ha pasado y los otros no? 
Esta es una cuestión y no la vamos a solucionar hoy, pero quiero plantearla. 
No vamos a permitir que se nos dicte cómo hemos de tratar los asuntos. Esta es una cuestión. 
Vamos a pensar muy exactamente qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. 
Vamos a salir mucho más cuidadosos y mucho más críticos de todos este proceso. 
Se nos ha sensibilizado no sólo en lo que respecta a la dependencia o independencia de la UCLAF. 
Este debate nos ha enseñado que hemos de pensar sobre nuestro propio papel. 
Quizá hemos de ser más autoconscientes, hemos de ser más críticos frente a nuestro propio trabajo. 
Pero una cosa está clara, la discusión no está cerrada, la retomaremos y no sólo frente a los programas MED, esto es solamente un ejemplo. 
Van a venir muchas más cosas. 
El precio que se pague por el hecho de que hoy o mañana liberemos los programas en la votación, va a ser una investigación muy intensa acerca de cómo procede la Comisión con estas cosas. 
Una cosa más, para terminar: la Comisión ha actuado con mucha rapidez hacia afuera. 
Yo me alegraría de que la Comisión fuera así de rápida a la hora de las medidas disciplinarias en el seno de la Comisión, cuando se trasladase simplemente a gente a algún sitio o cuando se la pudiera jubilar anticipadamente en algún momento, si por una vez se interviniera con tanta rapidez y consecuencia en la propia casa en momentos sospechosos. 
Esto aumentaría decididamente la credibilidad de la Comisión. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, dos minutos de turno de palabra son poco tiempo, por esta razón quisiera referirme solamente a dos puntos de este importante informe del Sr. Fabra Vallés a quien, por lo demás, quiero felicitar muy cordialmente por tan intenso trabajo. 
Pero también quiero dar las gracias a la Sra. Wemheuer por la discusión sobre este gran complejo de problemas que hay que abordar y llevar adelante en nuestra comisión. 
Yo la apoyo en este tema. 
Paso a referirme a los puntos: en primer lugar, con este informe sobre el informe especial del Tribunal de Cuentas se va a encomendar a la Comisión la tarea de investigar cuidadosamente las graves irregularidades aparecidas en la administración descentralizada de los programas MED y, sobre todo, la de cortar las intromisiones de intereses que han aparecido. 
Los recursos comunitarios que hayan sido gastados ilegalmente han de volver a las arcas de la UE. 
Pero, al mismo tiempo, nuestro deseo es que la interrupción de los programas, ordenada actualmente por la Comisión, pueda levantarse bajo condiciones ordenadas conciliables con el régimen presupuestario y con las disposiciones relevantes. 
Por esta razón es importante que aprobemos ahora este informe del Sr. Fabra, pues dentro de seis meses la Comisión debe informarnos otra vez, ojalá que con buenos resultados, acerca de las medidas que se hayan adoptado y aquí se cuentan también medidas disciplinarias. 
Como segundo aspecto quisiera subrayar lo que el Sr. Fabra Vallés dice en el párrafo 10 de la propuesta de resolución en la que la Comisión de Control Presupuestario exige que la UE instituya una unidad independiente de lucha contra el fraude. 
El acento se pone en la palabra «independiente» , pues ya tenemos una unidad de lucha contra el fraude. 
Esta unidad de lucha contra el fraude, la UCLAF, desempeña un buen y eficaz trabajo. 
Sólo quiero recordar el descubrimiento de los recientes fraudes con la carne afectada de EEB. 
Pero está expuesta casi automáticamente al reproche de parcialidad, pues está enclavada en la Comisión. 
También está expuesta al riesgo de que se le reproche que minimiza todo el asunto para dañar lo menos posible el prestigio de la Comisión o que se le reproche, sobre todo, que argumenta y que adopta medidas en contra de los asesores externos. 
Por esta razón, en este punto necesitamos independencia, así como una posibilidad de poder introducir medidas penales que puedan ser puestas luego en práctica por los tribunales nacionales para que se ponga coto al terrorífico volumen de abuso y de fraudes en los recursos de la UE. 
Gracias, una vez más, al ponente por su intenso trabajo en la comisión y gracias también a la Secretaría de la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, hoy vamos a hablar una vez más del fraude, a la espera del importante debate previsto para el mes de septiembre próximo sobre el informe anual y el programa de trabajo de la Comisión relativo a la lucha contra el fraude. 
Esta vez examinamos junto con el informe de nuestro colega Fabra Vallés la gestión, o más bien la falta de gestión, de los programas MED, situación entre cuyas particularidades se encuentra, en razón de sus excesos, la de rayar en el ridículo. 
A mí no me cuesta admitir que la complejidad de la legislación comunitaria y la dispersión de las responsabilidades en materia de gastos entre los numerosos organismos públicos y privados encargados de la puesta en práctica de los programas facilitan sobremanera el fraude. 
Sin embargo, esto es lo que desgraciadamente ocurre con un programa en el que nuestro Grupo está muy interesado y que, en realidad, no tenía necesidad alguna de saltar a los titulares por tal razón. 
Porque está por un lado lo aceptable y, por el otro, lo inaceptable. 
Lo inaceptable, Señorías, es que tras tomar conocimiento de un informe abrumador del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los programas MED, que ponía en evidencia múltiples irregularidades y graves deficiencias, la Comisión no haya decidido la apertura inmediata de una investigación administrativa y que las autoridades judiciales de los Estados miembros no hayan tomado ninguna iniciativa hasta la fecha. 
Sin embargo, de los dieciséis contratos de asistencia técnica atribuidos, diez no han sido objeto de licitación abierta a la competencia, lo que ha supuesto un coste suplementario de 170.000 ecus. 
Sin embargo, la Comisión ha delegado competencias a la agencia para las redes transmediterráneas a falta de fundamentos jurídicos claros, y sin que haya una decisión de principio sobre esta materia. 
Esto equivale a decir que le ha dado un cheque en blanco a consejeros externos que son a la vez juez y parte. 
Mi objetivo no es el de pronunciar aquí una requisitoria contra la Comisión que es, a menudo, el chivo expiatorio injustamente designado y, a veces, debemos admitirlo, bastante cómodo de las distorsiones comunitarias cuya responsabilidad incumbe también a otros. 
Es cierto que la Comisión no contaba y sigue sin contar con los medios para gestionar correctamente la financiación de las operaciones MED lanzadas ya en julio de 1992. 
Pero la Comisión, en el momento de aprobar los programas MED, podía reclamar al Consejo e incluso exigirle los medios necesarios en recursos humanos y financieros para llevar a cabo su aplicación y, en el caso de negativa por parte del Consejo, tenía la facultad de rechazar la pesada responsabilidad de una gestión inevitablemente abocada al fracaso. 
¿Por qué no ha dado muestras de valentía y de claridad, tal como podía esperarse de ella, cuando se trataba, debemos recordarlo, de dinero público? 
¿Y ahora qué podemos hacer? 
Por supuesto hay que aprobar el informe de nuestro colega Fabra Vallés, que, como él mismo dice, es de manual, pero todavía es más necesario, a mi modo de ver, y más allá de cualquier retórica, reclamar medidas y sanciones. 
Corresponde a la Comisión formular urgentemente propuestas de reforma para que los programas MED puedan volver a su cauce correcto, y nos corresponderá a nosotros juzgarlas por sus actos. 
Señor Presidente, en primer lugar mi enhorabuena al ponente. 
Pienso que ha realizado un excelente trabajo. 
Se trata de una de las típicas cuestiones en que el Parlamento puede llevarse la palma, pues es precisamente el Parlamento Europeo quien ha de investigar a fondo este tipo de cuestiones. 
En nombre del Grupo de los Liberales, quiero declarar que este tipo de incidentes no puede enturbiar ningún programa de ayuda. 
Estos programas de ayuda son necesarios en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo. 
Si se habla de descentralización- que en sí no es mala, tiene que llevarse a cabo -, es importante que tengamos también una división de poderes. 
Quienes ejecutan el programa no han de controlarse a sí mismos, sino que debe hacerlo una entidad independiente. 
Quisiera apoyar la idea de la lista negra de oficinas de estudio y los muchos cambios de nombre que se producen, por lo cual a menudo vemos que las oficinas que hacen el estudio para preparar la convocatoria del proyecto también pueden inscribirse. 
Asimismo espero con gran interés el informe que presentará la Comisión dentro de seis meses para que finalmente podamos aprobar la política de la Comisión. 
Señor Comisario Marín, creo que aquí estamos discutiendo no sólo un caso ejemplar sino también un caso trágico. 
Trágico porque por regla general los proyectos han marchado bien. 
Un ejemplo: en Colonia hay un productor de cine que está elaborando un proyecto para un centro de cine y de televisión en Palestina. 
Un superproyecto. 
Este proyecto se encuentra amenazado y la responsabilidad de esto, es preciso decirlo claramente, la tiene usted y, en conjunto, la Comisión. 
En la comisión le he preguntado a usted varias veces cómo es posible que la Comisión deje correr durante tres años un asunto semejante sin que exista una posibilidad de descubrirlo. 
A esto ha respondido usted: no puedo hacer nada si un funcionario que comete un error en la Administración no se presenta voluntariamente a mí y revela él mismo su propio error. 
Creo que usted tienen razón aquí, pero me da que pensar el hecho de que ustedes, en la Comisión, no hayan desarrollado, evidentemente, ninguna idea acerca de cómo puede constituirse dentro de la propia Administración de ustedes un sistema de control para descubrir semejantes maneras de proceder. 
¿Cómo va a ser posible llevar a cabo un control acerca del empleo de los recursos, si ustedes no tienen en el seno de la Comisión ningún mecanismo para descubrir en absoluto estos fallos tan horrorosos? 
Para mí ésta sigue siendo la cuestión decisiva, con independencia de quién tenga qué responsabilidad en un caso concreto. 
De esto tienen ustedes la responsabilidad y esto debe corregirse. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente Marín, Señorías, este informe, sin duda, importante, se presenta al final de una larga investigación que por fin ha puesto de manifiesto las carencias constatadas en la ejecución de los programas MEDA. 
No quisiera, sin embargo, que en este espíritu se olvidara que el mismo rigor y la misma precisión de análisis son necesarios para entender si lo que no funciona es el sistema en su conjunto. 
He insistido siempre en que la Comisión no debía contratar más funcionarios que los estrictamente necesarios, que debía haber rigor y que era preciso controlar las contrataciones incluso en la categoría C. En cambio, todos estos programas, PHARE, TACIS, etcétera, con respecto a los que se pide a la Comisión su seguimiento, se confían, de hecho, a asesores externos. 
El caso específico que estamos tratando hoy, por consiguiente, no es un caso aislado. 
Me pregunto, por lo tanto, si no ha llegado el momento de decir «basta». 
Tomemos este ejemplo como un fenómeno accesorio de una práctica que se ha ido ampliando y que obliga a la Comisión a contratar, subcontratar y confiar con más frecuencia a empresas externas no sólo la ejecución, sino incluso la elaboración de este o aquel Libro Blanco o Libro Verde o el que fuera. 
Es cierto que los funcionarios que cometieron irregularidades deben ser perseguidos y que las posibles irregularidades a la postre deben ser sancionadas, sin embargo, si el principio fundamental sancionado por normas y costumbres internas, incluso a nivel de Reglamento Financiero, era que si el funcionario o los funcionarios encargados de la ejecución de estos programas consideraban que obraban bien cuando colocaban a los responsables de las grandes sociedades de asesoría o de gestión de los fondos externos dentro del órgano que luego debía decidir con respecto a los proyectos, considerando incluso normal esta práctica en el caso de proyectos con terceros países, entonces es evidente que el problema se encuentra más bien al principio de toda esta mecánica y justo es que lo afrontemos. 
Me parece, no obstante, que estas justas críticas contra unas determinadas personas han de servir de alguna manera para hacer un examen de conciencia. 
Al hacer dicho examen de conciencia podremos entender si en éste o en otros proyectos es acertada la línea que hemos seguido, también porque, en mi opinión, no asignamos a la Comisión los recursos humanos internos suficientes para poder hacer frente solos a este tipo de programas. 
Señor Presidente, estamos hoy ante un informe importante, importante porque los hechos que evoca, vinculados a la utilización de los créditos presupuestarios de los programas MED por parte de la Comisión, son unos hechos particularmente graves. 
Me temo que el ponente señor Fabra Vallés, al tratar a toda costa de hallar circunstancias atenuantes para la Comisión nos esté proponiendo, en definitiva, que renunciemos parcialmente a la función fundamental del Parlamento- que, en mi opinión, debería por el contrario reforzarse -, y me estoy refiriendo al control de una buena utilización de los fondos comunitarios. 
Los hechos son relativamente sencillos. El Tribunal de Cuentas los ha consignado. 
La Comisión ha optado por que la gestión de los programas MED se subcontratara a la Agencia paras las Redes Transmediterráneas, la ARTM, asociación creada a iniciativa de la Comisión. 
Resulta que dos de los cuatro administradores de esta asociación son, al mismo tiempo, dirigentes de dos oficinas de asistencia técnica encargadas del seguimiento de los programas MED. 
En esa calidad han podido obtener más del 60 % de los créditos de asistencia técnica. 
Debido a este doble estatuto, dichos administradores han podido también participar en la negociación de contratos que han celebrado consigo mismos, en la elaboración de proyectos que deberían hacer ejecutar posteriormente por la Comisión, y han podido tener acceso a documentos que no hubieran jamás debido obtener. 
De los dieciséis contratos de asistencia técnica, diez fueron atribuidos sin ninguna licitación previa abierta a la competencia, y en los seis restantes, los procedimientos de atribución han sido muy irregulares, dando ventaja a las dos oficinas de asistencia técnica a las que nos referimos. 
Así pues, nos hallamos ante una auténtica delegación de competencias de facto de la Comisión a un organismo tercero, y no simplemente ante unos contratos de prestación de servicios; esta delegación se ha hecho sin ningún reparo, y esto es especialmente preocupante porque nadie ha alzado la voz ante tan pasmosas irregularidades. 
La Comisión, que estaba al corriente de esto desde el 6 de octubre de 1995, ni siquiera se ha propuesto volver a examinar sistemáticamente todos los contratos celebrados con las dos oficinas de asistencia técnica que están aquí en entredicho. 
Esto sólo empieza a hacerlo actualmente, más de un año y medio después de que se hicieran públicos los hechos reprensibles y toda vez que no se ha puesto en marcha ninguna medida disciplinaria por su parte ni se ha recurrido a las instancias penales competentes. 
Así pues, estimado colega Fabra Vallés, es necesario que ahora se denuncien los métodos de gestión de la Comisión en materia de cooperación descentralizada. 
Hay que destacar que ha habido un enriquecimiento personal de funcionarios de la Comisión, que hubiera podido producirse directa o indirectamente. 
Hay que declarar que lo que está aquí en juego no es sólo la credibilidad de la Comisión sino el conjunto de sus métodos de trabajo en materia de delegación de poderes, de atribución de mercados y de celebración de contratos. 
Lo que aquí se cuestiona, hoy por hoy, es la función del Parlamento. 
¿Acaso vamos una vez más a renunciar a nuestro papel, como lo hicimos con ocasión de la aprobación de la gestión de la Comisión de 1992, como también ocurrió en el asunto de la EEB, o bien vamos a crear una comisión de investigación para que por fin se pueda aclarar este asunto? 
Señor Presidente, el informe del Sr. Fabra Vallés ilumina de manera contundente e inequívoca con qué falta de responsabilidad se ha procedido con los recursos europeos procedentes de los impuestos en relación con los programas mediterráneos. 
Hay que dar las gracias al ponente por sus claras palabras y por su clara exposición de las irregularidades que se han producido a todos los niveles. 
Especialmente lamentable es el hecho de que en este caso los fallos decisivos se hayan producido en Bruselas y no puede aceptarse, en absoluto, como disculpa el hecho de que el departamento competente de la Comisión haya sido objeto de una gran presión del tiempo y de las expectativas. 
Si se tratase de esto, hoy estarían completamente al descubierto irregularidades en casi todos los procedimientos privados y públicos de gestión, pues en un mercado global la presión del tiempo y de las expectativas está a la orden del día. 
Resulta simplemente incomprensible que se haya acometido de una manera tan diletante y frívola un programa tan complejo que debía poner en marcha al otro lado del Mediterráneo una intensa cooperación y cuyo volumen financiero asciende a 78 millones de ecus. 
Se instaló un sistema que de manera directa implicaba de antemano en sí mismo la intromisión de intereses con las graves consecuencias que conocemos. 
Este programa, que en sí mismo tiene pleno sentido, se devalúa a los ojos de los ciudadanos por estas palmarias irregularidades. 
Pero a muchos pequeños contribuyentes europeos, que son mortificados por los paquetes de ahorro, se les plantea también la pregunta de si se encuentran en el camino acertado. 
En mi opinión, sólo cabe aprobar una reanudación de los programas descentralizados una vez que se hayan erradicado totalmente todas las irregularidades del primer comienzo y una vez que el ministerio público y los tribunales hayan llevado a cabo su trabajo. 
Señor Presidente, quiero empezar señalando que tengo que distanciarme de la observación hecha por el Sr. Azzolini como ponente de la Comisión de Asuntos Regionales en el sentido de que el Tribunal de Cuentas no ha de sacar a la luz este tipo de cosas, que tienen que solucionarse internamente dentro de la Comisión. Si seguimos tal camino, nunca se acabarán este tipo de problemas. 
Estos sólo pueden solucionarse a través de la apertura y la presión derivada de la misma, y además no quisiera subestimar la acción preventiva de este tipo de informes del Tribunal de Cuentas. 
Señor Presidente, no quiero profundizar en las circunstancias reales que reproduce el informe Fabra-Vallés. 
Pienso que se trata de un informe excelente que, tal como ha dicho ya la Sra. Wemheuer, exige un seguimiento porque todavía no hemos llegado ni de lejos al final de los problemas en este sentido. 
Pero quisiera recalcar un aspecto que otros, concretamente el Sr. Dell ' Alba, ya han señalado: ¿es capaz la Comisión de realizar su propio presupuesto? 
¿Con qué intermediario puede trabajar la Comisión? 
¿Podemos estar seguros de que se realiza de la forma adecuada? 
En resumidas cuentas, todo el problema desde PHARE, pasando por TACIS, hasta los Fondos estructurales. 
Pues si vuelvo a examinar la Agenda 2000, veo que la Comisión subraya cada vez más una realización descentralizada. 
Comprendo porqué, pero al mismo tiempo se plantea claramente la pregunta: ¿puede la Comisión asumir la responsabilidad de su propia responsabilidad? 
Es algo que dudo muchísimo. 
Señor Presidente, como acaba de señalar la Sra. Müller, resulta que los Comisarios ya no controlan a sus propios funcionarios en las direcciones generales, algo que sí tendría que ocurrir. 
Es decir, que las comunicaciones no son buenas. 
Por no hablar de las comunicaciones entre las direcciones generales en Bruselas y sobre el terreno. Tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Pienso que el problema es comparable al que tienen numerosos Estados miembros con la ejecución de la cooperación al desarrollo, que por lo general puede calificarse de mala, simplemente porque no se dispone de personal, ni de aparatos propios en los países donde se lleva a cabo la cooperación al desarrollo, sino que se depende de la cooperación con otros. 
Y si encima se cede el mando de esta cooperación a terceros y ya no se controla por uno mismo, la cosa se complica aún más. 
Considero que la problemática de conjunto, que en realidad nunca se ha investigado en la Unión Europea, pero que es cada vez más importante por la envergadura de la ayuda exterior y la envergadura de los Fondos estructurales, merece mayor atención. 
La Comisión se fundó en su día como una máquina para legislar, no como una máquina para gestionar. 
Este problema de gestión se agrava cada vez más en la Unión y es un problema creciente. 
Considero que como Parlamento hemos de investigarlo seriamente. 
Señor Presidente, este debate podría haber degenerado en una sencilla crítica de la existencia de la política MED, pero afortunadamente no ha sido así. 
Lo que ha sucedido es que el Tribunal de Cuentas transmitió al Vicepresidente Marín algunas alegaciones muy graves y el Vicepresidente Marín estimó que había motivos para intervenir e interrumpió inmediatamente la continuación de los programas. 
Si alguno de los contratistas estima que obró demasiado precipitadamente, pueden perfectamente llevar la cuestión ante sus tribunales civiles. 
Todo esto, en mi opinión, se basa en lo que dijo el Sr. Santer cuando tomó posesión de su cargo. 
El Sr. Santer dijo que la Comisión tenía que hacer menos cosas pero que tenía que hacerlas mejor. 
Sé perfectamente que el programa MED comenzó antes de que se nombrara al Sr. Santer, pero ¿qué ha sucedido? 
Los fondos se aprobaron para un programa muy extenso y al principio se creyó que la Comisión tenía razón para dividirlo en muchos contratos. 
La Comisión pensaba que su manera de obrar era muy transparente y que se podía comprobar el paradero del dinero. 
Pero en la Comisión no se dispone de aptitudes de gestión ni de recursos humanos suficientes para ocuparse de tantos contratos. 
Había demasiadas Direcciones Generales involucradas, demasiados contratos, y la labor de supervisión requería demasiado tiempo. 
Como dirían los ingleses, el programa MED se convirtió en el programa «MAD». 
Me permito sugerir que la mejor solución para la Comisión sería que el Vicepresidente Marín diera muestras de humildad y aceptase las recomendaciones que se formulan en el excelente informe del Sr. Fabra Vallés. 
Hay soluciones para los problemas que se han planteado, y me parece que las puede encontrar en ese informe. 
El verdadero problema estriba en que se trata de un informe provisional destinado a permitir que los programas continúen de ahora en adelante, pero aún hay investigaciones pendientes de realización. 
Me alegra que en el programa de trabajo de este otoño haya sitio para un nuevo informe del Sr. Fabra Vallés. Espero que podamos seguir beneficiándonos de su excelente labor. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quisiera felicitar al Sr. Fabra Vallés por su excelente informe y al Tribunal de Cuentas por el excelente trabajo de control realizado, que confío en que se lleve a cabo con el mismo rigor y de la misma forma también con respecto a los demás sectores y sobre todo a los confiados al exterior. Francamente, me resulta difícil creer que los fraudes y las irregularidades se cometen sólo con respecto a los programas MED. 
Dicho esto, deseo subrayar que las observaciones y las críticas no pueden conllevar la suspensión de la cooperación descentralizada que, en definitiva, representa el fundamento de la nueva política euromediterránea. 
En efecto, este proyecto de crear unas redes capaces de poner en contacto de forma horizontal a las sociedades civiles y a los operadores particulares, sin pasar por los entresijos burocráticos de la cooperación vertical, ha representado un cambio fundamental y, como tal, el mismo debe ser salvaguardado. 
Confío asimismo que este debate sirva para reiterar con firmeza la necesidad de un giro en la política euromediterránea que, tras los decepcionantes resultados de la Conferencia de Malta y las dificultades de puesta en marcha de los programas MED, se está práctica y lentamente hibernando. 
Entonces, ha hecho bien el Comisario Sr. Marín en congelar los programas, sin embargo, espero que, después de este largo período de tiempo, haya resuelto los problemas de organización que sirven para garantizar la transparencia y la eficacia de la gestión. 
Ahora ha llegado el momento de volver a ponerse en marcha, ya que la opinión pública empieza a sospechar que esta política euromediterránea es sólo una política anunciada, pero nunca puesta en práctica. 
Señor Presidente, lamento que el Vicepresidente de la Comisión haya entendido mal lo que he dicho. 
Ha indicado que en mi intervención dije que el Tribunal de Cuentas había interrumpido sus contratos. 
El Acta indicará que lo que dije es que el Vicepresidente de la Comisión, Manuel Marín, había interrumpido los contratos, y seguí diciendo que si había obrado demasiado precipitadamente, los contratistas y otros tenían la oportunidad de afirmar sus derechos ante los tribunales civiles. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, quisiera dar las gracias al Vicepresidente Marín. 
Temo solamente que en este punto- quizá por la transmisión lingüística- se hayan deslizado un par de malentendidos. 
No es verdad que nosotros hayamos pedido la suspensión de los acuerdos. 
Esto es asunto de la Comisión en la ejecución. 
Al contrario, hemos afirmado- y esto está claro en el informe- que la Comisión ha actuado correctamente y que ahora nuestro interés común ha de ser descubrir los fallos, aprender de ellos y eliminar las irregularidades. 
Pero los programas deben marchar de nuevo. 
Esto lo he dicho también antes en mi intervención oral, quizá se haya producido aquí un malentendido. 
En cualquier caso queremos dar las gracias. 
Este ha sido un debate necesario, pero no ha sido el definitivo. 
Creo que en esto estamos de acuerdo en las dos partes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
OCM en el sector del tabaco crudo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A4-0214/97 del Sr. Rosado Fernandes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión y el Consejo relativo a la Organización Común de Mercado en el sector del tabaco crudo (COM (96) 0554- C40057/97). 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que voy a utilizar menos de los cinco minutos atribuidos, porque el humo creado por el comisario Marín va a perjudicar el debate. 
Aparte de ello, quisiera recordarle a la Presidencia lo que fue acordado en la reunión de Presidentes en Luxemburgo- y esto no es una cuestión de transparencia, puesto que la transparencia es un término que se aplica al cristal y la honestidad a los humanos -: es preciso ser honestos y votar este informe después de las 12H00 horas. 
Lo que yo asumí sabía que era un informe que no sólo contenía humo, al igual que algunos de los discursos aquí pronunciados, sino que también contenía un fuego que nos puede quemar. 
Y por ello lo asumí, considerando que, de este modo, defendía los intereses de 170.000 agricultores de tabaco- porque son 170.000 y no 135.000 lo agricultores de tabaco que trabajan en Europa en explotaciones de 1, 5 a 2 ha, entre 1.000 y 2.000 horas cada año-. 
Me gustaría saber cuántas personas en Europa trabajan 1.000 o 2.000 horas al año. 
Esa gente es pues un ejemplo moral. 
La verdad es que esto cuesta, ciertamente, 1.000 millones de ecus, según las informaciones facilitadas por algunos emisarios y ayatolás del Comisario en la Comisión de Presupuestos, que es lo que se gasta en tabaco. 
¡Es verdad! 
¡No hay por qué ocultarlo ni por qué avergonzarse de ello! 
Estoy harto de contemplar a una Europa totalmente avergonzada por lo que hace, avergonzada por gastar en las personas lo que no gasta en el combate contra la corrupción. 
No detecto la misma preocupación en la lucha contra el fraude, ni en los miles de millones de ecus de impago del IVA, no veo la armonización de los sistemas fiscales que redunden en un sistema penal que, de hecho, castigue a los infractores. 
En este momento, la infracción en Europa se está pagando a precios de saldo. 
Y esto que ocurre en Europa es una falta de ética total y una complicidad entre la Comisión y los Estados miembros, muchos de los cuales ni siquiera han suscrito una acuerdo de armonización de la leyes penales. 
Por lo tanto, cuando veo que mil millones de ecus para el tabaco plantean problemas, me indigno. 
No tienen alternativas para los 170.000 agricultores, ni para los 30.000 que trabajan en la primera elaboración ni los 84.000 que lo hacen en la transformación además de todos los trabajadores eventuales, pequeños propietarios que protegen el medio ambiente en zonas extremadamente pobres. 
Y si tuvieran una alternativa, ésta sólo perturbaría la economía de los sectores donde se produjera la reconversión. 
El pretexto que se está utilizando aquí es una vergüenza: ¡el pretexto de la salud! 
Me gustaría recordarles a Sus Señorías que de mi salud me ocupo yo mismo y que no dependo de ellos para que «se ocupen de mi salud» , ¡expresión que en portugués significa que a uno lo mandan a criar malvas! 
La verdad es que se está dando cada vez más Macartismo, importado de los Estados Unidos, y que reviste la forma de persecución de los fumadores. 
Esto es Macartismo, esto son las brujas de Salém, ¡esto es la inquisición! 
Cuando el primer soldado español, Rodrigo de Jerez, llegó a su patria procedente de México y fue visto enrollando una hierba aromática que parecía mosquete, y se le vio exhalar humo por las narices, dijo: » ¡Tengo un pacto con el demonio! » y fue llevado ante la inquisición. 
Quien fuma tiene un pacto con el demonio. 
Quien gaste demasiado para proteger el trabajo tendrá un pacto con el demonio en vez de estar pagando a los desempleados. 
Esta es mi opinión, es una opinión moral, que estaba antes vigente en Europa y que hoy ya no existe. 
Nos estamos bajando los pantalones delante de los estadounidenses y ahora compensa no ser fumador y acusar a los fumadores y a las empresas por el daño que no le están haciendo a uno. 
En estos momentos, se trata de un buen negocio. 
Y puesto que la letra escrita permanece, asumo, Señorías, todo lo que digo, y quisiera decir que me honra mucho defender a todos aquellos que trabajan en el campo y lo cultivan y defienden el medio ambiente y que pueden, indudablemente, contribuir a que se descubran variedades de tabaco menos nocivas para la salud y a que se siga mejorando la calidad del tabaco. 
Para ello sí que es precisa una remodelación. 
Señor Presidente, tomo la palabra por mi colega Terry Wynn en nombre de la Comisión de Presupuestos, así como en mi propio nombre, para apoyar mis enmiendas. 
Desgraciadamente este debate ha comenzado tarde y Terry Wynn tuvo que marcharse. 
A diferencia de la mayoría de los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, he de decir que considero que las propuestas de la Comisión representan un paso positivo en la buena dirección para la reforma de la OCM del tabaco. 
Se puede decir que ese paso no va demasiado lejos, y estoy en profundo desacuerdo con la declaración de que la agricultura del tabaco no es diferente de los demás tipos de actividad agrícola. 
El tabaco es el único producto agrícola subvencionado por la UE que puede matar a sus consumidores cuando lo usan de la forma y con la finalidad para la que se fabrica el tabaco. 
En los Estados Unidos los fabricantes de cigarrillos se han visto obligados por los tribunales a aceptar su responsabilidad financiera por la destrucción de la salud y por causar la muerte de consumidores de sus productos. 
Me parece que la UE tiene que pensarlo bien antes de no comprometerse a suprimir las subvenciones para el tabaco, sabiendo que las investigaciones demuestran sus efectos nocivos para la salud de los fumadores, los receptores pasivos de humo de tabaco fumado por otros, y los niños cuyas madres fumaban durante el embarazo. 
El primer consejo que los médicos dan a los pacientes que acuden a ellos con problemas de respiración o de corazón es que dejen de fumar. 
Evidentemente, es inaceptable destruir los medios de vida de millares de cultivadores de tabaco sin prestarles asistencia para que se reestructuren. 
Las enmiendas que he presentado proponen que se preste apoyo a agricultores de las zonas del Objetivo 1 y del Objetivo 5b, para que cultiven tipos de tabaco que puedan llegar a ser competitivos en el mercado sin necesidad de recibir subvenciones, y que se conceda asistencia para que se dediquen a nuevos tipos de agricultura o a otros trabajos, en una escala de la que nunca han podido disfrutar los centenares de millares de mineros, trabajadores siderúrgicos, trabajadores de la construcción naval, pescadores y otras personas que han perdido sus puestos de trabajo a causa de la reestructuración llevada a cabo estos dos últimos decenios. 
En el caso de los cultivadores de tabaco se dan manifestaciones de solidaridad que no existieron en el caso de los demás trabajadores cuyos gobiernos se veían y se ven en la imposibilidad de subvencionar esos puestos de trabajo en el marco de la normas de la UE. 
Me referiré a continuación a las cuestiones que expone la Comisión de Presupuestos. 
La Comisión de Presupuestos estima que los 1.000 millones de ecus que se necesitan para prestar apoyo a los trabajadores de las zonas productoras de tabaco se pueden encontrar en diversas partidas de gastos, entre ellas las de los fondos estructurales, FEOGA-Sección Garantía, los renglones presupuestarios B1 5010 a B1 5012, y varios renglones presupuestarios del Capítulo B5 32 encaminados a estimular a las empresas pequeñas y medianas. 
También indica que la continuación de las subvenciones para el sector del tabaco representará una carga aún más pesada para el presupuesto de la Unión Europea después de la ampliación, y que hay que hacer algo para eliminar el total desequilibrio que hay entre las políticas de salud y la politica agrícola en la UE. 
Es importantísimo que la UE exprese ahora claramente su intención de eliminar por completo las subvenciones para este producto nocivo, como finalidad a largo plazo de la reforma del mercado del tabaco. 
¿Cómo podemos convencer a nuestros hijos de los verdaderos peligros que encierra el tabaco si la UE consagra cada año 1.000 millones de ecus para contribuir al cultivo de este producto? 
Les insto a que apoyen las enmiendas pertinentes. 
Señor Presidente, si digo que los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no han consagrado demasiado tiempo a exponer su opinión sobre este informe, no quiero decir que carecieran de interés ni de opiniones firmes, fundamentadas y de valor científico, sino que poseen la elogiable virtud de la coherencia. 
Por eso manifestaré hoy, una vez más y sin disculpas, una oposición previsible, reiterada y firme a todo apoyo de la UE para la producción de tabaco, oposición que comparten diputados de prácticamente todos los grupos y todos los países. 
Es lamentable que la Comisión no comparta esa virtud cuando se trata del tabaco. 
Mientras, por una parte, la DG V se esfuerza por fomentar el artículo 129 del Tratado sobre la protección de la salud y su programa de acción sobre el cáncer está desbordado de demandas, la DG VI ha rechazado opciones encaminadas a dejar de consagrar recursos a un producto que mata a seres humanos y cuya publicidad esperamos que quede prohibida por el Consejo el año que viene. 
Todo esto constituye una flagrante contradicción, en momentos en que medio millón de ciudadanos de la Unión Europea mueren prematuramente cada año como consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. 
Eso significa que 1.000 habrán fallecido hoy, más de 50 mientras estamos discutiendo este informe. 
Esa hemorragia de vidas es perfectamente evitable. 
Esta misma semana ha habido en Londres una importante campaña patrocinada por el Gobierno- casi una cruzada- para acabar con el hábito de fumar. 
La Unión Europea debería respaldar esa actitud, en vez de socavarla. 
No cabe duda de que se pueden esgrimir numerosas estadísticas para justificar actitudes contradictorias, pero esas enormes cifras de víctimas del tabaco- algo así como si toda la población de Luxemburgo desapareciera cada año- deberían bastar para convencer a los diputados de votar a favor de las enmiendas 1 a 10, presentadas por miembros de la Comisión de Medio Ambiente. 
Medio escondida en el informe hay una escalofriante referencia a la protección anual de tabaco en Polonia: 10.000 toneladas al año. 
Quizá esto sea una siniestra premonición del porvenir. 
Por eso tenemos que pasar ahora a la acción a favor de los agricultores, para que transformen y diversifiquen rápidamente sus cultivos, según propuso el Tribunal de Cuentas en 1994. 
El fondo de investigaciones e información sobre el tabaco debe recibir un refuerzo financiero, y debe ampliarse su mandato para que se conceda mayor prioridad a la protección del medio ambiente. 
Las medidas encaminadas a estimular el abandono voluntario de las actividades de cultivo en este sector son dignas de elogio, pero este informe contiene pocas cosas que tengan en cuenta las necesidades de la población y no las necesidades de unos cuantos. 
Es hora de que la Unión Europea ponga orden en su propia casa, y una buena oportunidad se la ofrece la necesidad de luchar contra los efectos nefastos del consumo de tabaco. 
Señor Presidente, no es fácil hacer en este foro un alegato en favor de las producciones de tabaco, pero yo, señor Presidente, en nombre de la Comisión de Política Regional que me designó ponente debo recordar algunos hechos y destacar otros. 
Debo decir inicialmente que apoyamos el documento de la Comisión ejecutiva y el informe del Sr. Rosado Fernandes. 
Debo recordar que no es casual que las regiones europeas productoras de tabaco sean, en su mayoría, regiones del Objetivo 1. 
Son regiones con rentas muy inferiores a las medias de la Unión: Tracia y Macedonia en Grecia; 
Apulia y Campania en Italia; 
Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias en España; y las Azores en Portugal. 
Todas ellas se encuentran entre las regiones europeas más pobres y, en mucha de ellas, el tabaco no sólo es su principal fuente de riqueza, sino que no existe ninguna otra fuente alternativa. 
Este es el caso, por ejemplo, de Tracia y Macedonia. 
Más del 80 % de las producciones europeas de tabaco se concentran en estas regiones que dan empleo a 180.000 personas en trabajo agrario directo y a otras 125.000 más en la industria de transformación. 
Todas las regiones europeas productoras de tabaco padecen elevadas tasas de desempleo. 
No puede mantenerse un discurso en favor de la cohesión económica y social- bonitas palabras en favor de las regiones más pobres de Europa- y, al mismo tiempo, las mismas personas plantean en ocasiones políticas sectoriales que castigan selectivamente a estas mismas regiones. 
Por estas y otras razones apoyamos el informe del Sr. Rosado Fernandes y la posición de la Comisión ejecutiva. 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya el informe del Sr. Rosado Fernandes en sus líneas fundamentales, así como el documento de la Comisión. 
En el Grupo Socialista hay opiniones encontradas, sin embargo, coincidimos en el hecho de que a través de este informe la Comisión ofrece buenas medidas. 
Desde la reforma de 1992 se ha avanzado mucho y hay que reconocer que los productores de tabaco han sabido adecuarse al nuevo contexto y vencer el reto que se les planteaba. 
Sería un error no tomar nota de ello. 
Y ni que decir tiene que con respecto al tabaco, como se ha manifestado en estos días, los debates en este Pleno son siempre los mismos desde hace diez años. 
Los problemas para los productores no han terminado. 
Sería un error que el mensaje de hoy fuera: » Señores productores, ustedes son buenos, ahora pueden estar tranquilos, porque nadie les va a molestar.» 
Creo que sería poco responsable. 
Los problemas que plantea la calidad y la reforma del sector siguen estando ahí. 
La cuestión es si el impulso para un futuro menos precario debe centrarse en el problema de la nocividad del tabaco, problema frente al cual no debemos bajar la guardia, o en razones de orden estructural que atañen a toda la Política Agrícola Común, sobre todo la que afecta a las zonas menos favorecidas, donde se concentra precisamente la producción de tabaco. 
Pienso que no es ensañándose contra la producción de tabaco que resolveremos la plaga del tabaquismo. 
Ello significaría moverse en la dirección equivocada e ir en contra de los más débiles haciendo quizás un buen regalo a los más fuertes, o sea, a las cuatro multinacionales del tabaco que dominan el mercado del consumo en Europa. 
Los productores deben saber, sin embargo, que sólo con una fuerte orientación de mercado y con una más sólida capacidad de organización pueden tener un futuro y deben saber asimismo que podrán contar cada vez menos con las ayudas de la Comunidad en los próximos años, porque ésta es, guste o no guste, la evolución natural de toda la Política Agrícola Común. 
Hay que ayudarles a entenderlo y a hacerlo. 
No obstante, señor Comisario, creo que pronto, si logramos tener una nueva política rural en la Comunidad, mejorará la situación con respecto al tabaco, al empleo y a nuestra calidad de vida. 
No cabe duda de que si existiera ya una sólida política rural en la Comunidad, se habría andado mucho camino, también en beneficio de los productores de tabaco. 
Conocemos tanto como usted, señor Comisario, el futuro de la política rural. 
Confiamos en que el haberla incorporado en el FEOGA sección garantía, como nos manifestó ayer, no implique una excesiva subordinación de la política rural a esa vieja PAC que queremos cambiar. 
De no ser así, mal que nos pese, se avecinan tiempos realmente difíciles para nuestros productores de tabaco. 
Señor Presidente, yo quisiera hacer unas observaciones muy obvias que, precisamente por ser obvias, deben ser tenidas en cuenta por los señores diputados a la hora de votar. 
Nosotros estamos hablando de una producción de tabaco que supone el 5 % de la producción mundial, que da en este momento empleo directo a 170.000 personas y proporciona 135.000 empleos en su fase de transformación. 
Con lo cual estamos hablando de más de 300.000 empleos, lo que supone, según se está poniendo aquí de manifiesto en la Asamblea, 1.000 millones de ecus. 
Esta es una de las políticas rentables que tiene la Comunidad; porque no vamos a destruir 300.000 empleos que ya tenemos creados para ver si somos capaces de crearlos suprimiendo este cultivo; dando así entrada, como muy bien acaba de resaltar el Sr. Fantuzzi, a los señores que están manejando el tema de la transformación. 
Por lo tanto, Señorías, aunque no pienso agotar mi tiempo para agilizar el debate, creo que estamos ante una propuesta aceptable de la Comisión. Tenemos que mejorarla y corregirla en algunos aspectos relativos al control y a la modulación. 
También queremos que la Comisión nos explique cómo se gasta el fondo de investigación, puesto que aunque no estamos en contra de subirlo, queremos saber cómo se gasta, para ver si se necesita todavía más del 2 %, que puede ser el caso. 
No queremos, pues, que con esta propuesta se nos castigue a crear 300.000 empleos que ya tenemos creados y que cuestan a la Comunidad una cantidad respetable de dinero, cantidad que considero suficientemente justificada, para favorecer, por otro lado- como bien se ha dicho -, a las cuatro multinacionales que están manejando este comercio. 
Señor Presidente, voy a renunciar a más de la mitad de mi tiempo, a fin de que sea posible celebrar la votación esta mañana. 
Como he dicho antes, si no votamos hoy, toda la reforma se aplazará hasta después de 1998, causando graves daños a los productores. Por otra parte, el informe es muy claro y el ponente, Sr. Rosado Fernandes, lo ha ilustrado perfectamente. 
Tan sólo deseo añadir que suprimir la producción de tabaco en Europa sería un auténtico harakiri económico y social, ya que no disminuiría en absoluto el número de fumadores que acabaría comprando los cigarrillos de los terceros países con gran satisfacción, como se ha recalcado, de las multinacionales extranjeras, sobre todo americanas. 
Recordemos el problema del empleo, ya que los trabajadores no son solamente 300.000, sino 1.420.000 entre trabajo directo y trabajo indirecto: el 11 % en Grecia, el 9 % en Italia; el 80 % son mujeres; y, por añadidura, no hay que olvidarlo, en zonas desfavorecidas. 
Y además, prohibir el tabaco para impedir que se fume y luchar contra el cáncer, equivaldría a prohibir el cultivo de la uva para luchar contra el alcoholismo; a no criar más cerdos, porque contienen colesterol que produce infarto y, si me lo permiten y para terminar, un parangón todavía más fuerte, a dejar de hacer niños para luchar contra la pederastia. 
Señor Presidente, varios diputados han dicho muchas de las cosas que también yo habría querido decir. 
El Grupo de los Liberales considera que la producción de tabaco es una actividad agrícola importante en un gran número de países de la Unión Europea. 
En la actualidad hay pocas alternativas para una actividad como ésta, que crea muchísimo empleo. 
Por tanto, no tiene sentido eliminar a corto plazo la producción de tabaco, pues sólo importaríamos de otros países y eso no le sirve de nada a Europa. 
El Grupo de los Liberales apoyará en grandes líneas las propuestas de la Comisión. 
Consideramos sobre todo que hay que subrayar más la calidad de la producción, y por supuesto hemos de producir más para el mercado. 
Lo mismo puede decirse de otros sectores agrícolas. Ello tendrá que aplicarse también a la producción de tabaco. 
Tabaco de alta calidad, etc. y unas subvenciones mínimas. 
Desde luego, el Grupo de los Liberales está también muy preocupado por los efectos del tabaco en la salud. 
Sin ninguna duda, fumar es peligroso para la salud. 
Nuevamente, la Comisión ha de tenerlo en cuenta al ejecutar la política; hay que producir tabaco haciendo hincapié en las variedades que contienen menos nicotina, para que también en este sentido los agricultores produzcan lo que demanda el mercado y que redunde en beneficio de la salud pública. 
Señor Presidente, estamos ante una nueva prueba de la persecución del cultivo del tabaco. 
Con este espíritu y esta mentalidad se presenta la propuesta de la Comisión para la reorganización de la OCM del tabaco crudo. 
Desgraciadamente, el informe del Sr. Fernandes introduce sólo pequeñas mejoras y no va tan lejos como debería. 
Señor Presidente, desde 1992, con los primeras disposiciones contra la producción de tabaco, ésta se ha reducido en un 31 % y los productores en un 7 %. 
Se trata de puestos de trabajo perdidos, puestos de trabajo irremplazables, puesto que quien los anula no se cuida de lo que ocurriría con estas personas después de caer en el desempleo, en el hambre, en la exclusión social. 
Señor Presidente, quiero decir que cada kilo que se detrae de la producción de tabaco en Europa se multiplica por muchos otros kilos de tabaco fabricado en terceros países por empresas multinacionales, con lo que no se combate realmente el tabaquismo. 
Esta supuesta campaña antitabaco, si no es ingenua, es tonta. 
Pero en realidad no es ni una cosa ni la otra: es intencionada. 
Se lleva a cabo para ayudar a los grandes monopolios internacionales a fabricar tabaco barato y de mala calidad en terceros países, a saturar los mercados, a hinchar sus beneficios. 
Por lo demás, el informe del Sr. Fernandes presenta algunos aspectos positivos, que acepto- aparte de las respectivas enmiendas después del debate en la comisión -, tales como la creación de un organismo independiente para que supervise la calidad del tabaco, etc. Creo que sería mejor que fuese un organismo estatal, habría más garantías, con práctica y experiencia científica, como se ha demostrado en un organismo de este tipo que existe en Grecia. 
Finalmente, ante las restricciones del presupuesto, hay que aumentar las dotaciones para la investigación del tabaco a fin de mejorar su calidad... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, la política de la UE está repleta de una doble moral y, para decirlo claro, de hipocresía. 
Al mismo tiempo que sabemos de qué cosas es culpable el tabaco- la propia Comisión afirma que alrededor de medio millón de personas mueren al año en la UE a causa de su consumo- estamos discutiendo qué cantidades hay que destinar a las cosechas de tabaco en concepto de ayudas. 
Al mismo tiempo, la UE tiene programas de lucha contra el cáncer originado por el consumo de tabaco. 
¡A esto puede llamársele doble moral! 
Estamos hablando de amplias ayudas, de 1.000 millones de ecus al año, mientras que a los programas para prevenir el cáncer causado por el tabaco se destinan 10 millones de ecus. 
¿Puede todo ello deberse a un factor, al hecho de que los costes en materia de salud de los Estados miembros de la UE los financien los propios Estados, mientras que la política agrícola de la UE y sus ayudas a la industria del tabaco salen de la UE? 
Estamos perdiendo la visión de conjunto: se destinan ayudas a las cosechas de tabaco mientras que los hospitales han de ocuparse de los daños causados por el tabaco, con grandes gastos como consecuencia de ello. 
Ya es hora de que se haga algo. 
Lo más realista es no eliminar hoy estas ayudas. Se trata de irlas sustituyendo, de crear unos programs de readaptación para que los trabajadores puedan dedicarse a otras actividades. 
No se trata de arruinar a las zonas rurales. Queremos tener y tendremos unas regiones agrícolas activas. 
Pero se trata de llevar una política lógica y consecuente. Y en este tipo de política no caben las ayudas al tabaco. 
La Comisión de Agricultura se ha limitado a tener en cuenta los intereses de los agricultores y de la industria mientras que brillan por su ausencia los aspectos relativos a la salud, precisamente como ha comentado la Comisión de Medio Ambiente. 
Es por ello nuestra intención votar a favor de una parte de las propuestas que van encaminadas hacia un programa de readaptación, como por ejemplo, las enmiendas de la Sra. Hardstaff, el Sr. Wynn y el Sr. Wibe. 
Señor Presidente, como no quisiera entrar en la lógica reinante de amalgamas sobre este tema, quisiera que se distinguieran por un lado los argumentos vinculados a la salud pública y, por el otro, aquellos vinculados a la producción, que hace que vivan 150.000 productores europeos. 
La industria del tabaco se abastece en el mercado mundial, y lo que no produzca Europa tanto en calidad como en cantidad, se comprará fuera de la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo con la idea de un reducción programada del consumo excesivo de tabaco, pero me resulta hipócrita y poco oportuno pensar que el cese en la producción de tabaco en la Unión Europea conduzca a una disminución del tabaquismo, ya que en quien hay que influir es en los consumidores libres que somos todos nosotros. 
El cultivo del tabaco se asemeja a un cultivo especializado de tipo hortofrutícola, y para el sector unas reconversiones demasiados apresuradas serían desastrosas. 
Si a la larga los cultivos alternativos tuvieran que sustituir al tabaco, deberíamos compensar sin ambages con niveles equivalentes las rentas y, sobre todo, la actividad de los productores. 
¿Pero es viable tal cosa con un presupuesto agrícola que sufre una reducción relativa permanente? 
La solución más razonable consiste actualmente en una reorganización de la OCM, en el sentido de mantener la actividad y las rentas, incluso mediante una modulación de las primas, al tiempo que se sigue razonando siempre en términos de calidad. 
Personalmente yo no fumo, pero entiendo que un buen tabaco pueda apreciarse igual que un buen vino. 
Por todos estos motivos, apoyamos el informe de nuestro colega, Sr. Rosado Fernandes, a quien de paso quisiera saludar por su espíritu europeo, y porque como hombre del Sur ha pensado en los productores del Norte para que puedan hallar el nivel de sus primas anteriores a 1993. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a nuestro colega Rosado Fernandes por la calidad de su informe, que presenta muy claramente lo que está en juego con el cultivo del tabaco en Europa, y que denuncia con razón, y lo cito, » los argumentos falaces del documento de reflexión» de la Comisión. 
Nosotros votaremos a favor de la propuesta de resolución, tal y como ha sido presentada por el ponente y como ha sido aprobada en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Personalmente no votaré a favor de ninguna de las enmiendas que tienen por objetivo modificar esta resolución, ya que, so capa de proteger la salud de los consumidores, la mayor parte de estas enmiendas tienen por único objetivo real debilitar la producción europea de tabaco en beneficio del tabaco y de los cigarrillos importados de los Estados Unidos. 
Nuestro Grupo ha solicitado un voto por división sobre el considerando A. En efecto, según el texto inicial, el cultivo del tabaco se practicaría, y lo cito, » en zonas extremadamente desfavorecidas de objetivo 1». 
Nosotros deseamos que las palabras «extremadamente» y «de objetivo 1» se supriman de este considerando, puesto que hay regiones productoras de tabaco que son regiones desfavorecidas que están dentro de las zonas del objetivo 5 B. Así pues, señor ponente, le pido que recuerde esta propuesta. 
El documento de la Comisión se articula en torno a dos orientaciones, que no se basan en fundamentos pertinentes. 
En primer lugar, la Comisión sugiere que la reducción de la producción europea de tabaco podría ser beneficiosa para la salud pública. 
Quisiera recordar que la Unión Europea es importadora neta de tabaco y que cualquier reducción de la producción europea se vería inmediatamente compensada por un aumento de las importaciones procedentes de países terceros. 
El segundo eje de reflexión de la Comisión sugiere una modificación del modo de apoyo de la OCM «tabaco» a los productores que justificaría, en su opinión, un nivel cualitativo demasiado débil del tabaco producido por los agricultores europeos. 
En este sentido me gustaría recordar que, por ejemplo, los tabacos aromáticos producidos en Grecia tienen salidas importantes en los mercados internacionales. 
En Francia hay tabacos de excelente calidad que se producen actualmente gracias al desarrollo de una interprofesión dinámica, que agrupa a productores, transformadores y distribuidores, y que se preocupa de fomentar las variedades con un débil contenido en nicotina y de comercializar calidades adaptadas a las evoluciones del mercado. 
A fin de que la OCM «tabaco» pueda funcionar correctamente, es sin duda importante desarrollar una estructura interprofesional fuerte, que permita contrarrestar el excesivo peso que tienen algunas grandes multinacionales, tanto en lo relativo a la definición de las exigencias que determinan los criterios de calidad como en lo relativo a la fijación de los precios, y ello para evitar los efectos negativos de una hiperconcentración. 
Señor Presidente, conviene mantener el empleo en un sector agrícola deficitario y no se puede aceptar que se disminuya el apoyo a la producción europea del tabaco, a menos de que hayamos alcanzado nuestro nivel de autosuficiencia. 
Señor Presidente, por motivos de tiempo, me voy a limitar a una consideración telegráfica sobre la hipocresía de las multinacionales estadounidenses que fingen defender la salud de los consumidores. 
Los Estados Unidos, antes de emprender esta campaña hipócrita, deberían eliminar las muchas sillas eléctricas repartidas en su territorio. 
Estoy de acuerdo con el informe del Sr. Rosado Fernandes. 
Señor Presidente, telegráficamente, estamos de acuerdo con las afirmaciones de la Comisión sobre la importancia del cultivo del tabaco en zonas concretas, pero discrepo con las propuestas, que no se corresponden con esas afirmaciones. 
La propuesta de la Comisión sobre la transferencia de cuotas tendrá como resultado el hundimiento económico de grandes zonas, el aumento del paro y el abandono del campo. 
En lo que se refiere al Fondo comunitario de investigación e información, estarán de acuerdo conmigo en que la actuación de dicho Fondo debería extenderse también a otros productos que tienen consecuencias adversas y nocivas, como son el alcohol, las grasas, las hormonas y la carne de ternera, especialmente ahora que la enfermedad de las vacas locas constituye un peligro inmediato para el consumidor. 
Y evidentemente con la participación de las grandes empresas tabaqueras. 
A quienes crean que la supresión del cultivo del tabaco en la Unión significará que se dejará de fumar, hay que explicar que no es eso lo que ocurrirá; tan sólo ocurrirá si se prohíbe la importación de tabaco de los países pobres y el funcionamiento de las fábricas de cigarrillos. 
Solamente así terminaremos con el tabaquismo. 
Señor Presidente, quisiera mostrar mi acuerdo general con los objetivos de la propuesta de la Comisión de mejorar la calidad y de flexibilizar la gestión de las cuotas. 
Sin embargo, quisiera decirles tres cosas a los diputados de este Parlamento, que tan críticos se muestran en relación con el tabaco. 
En primer lugar, les pido que comprendan, realmente, la importancia de los 300.000 puestos de trabajo del sector, en una Europa que tiene como drama más importante el desempleo. 
En segundo lugar, que comprendan que el consumo de tabaco no depende de la política agrícola del sector; además, si redujéramos la producción europea que actualmente representa sólo un tercio del consumo, ello supondría una importación equivalente, probablemente, de los Estados Unidos. 
En tercer lugar, les diré que una reestructuración de un sector agrícola como el del tabaco no puede realizarse de un día para otro, sino que es muy penosa y difícil y por eso no es realista pensar que reducir las ayudas supondrá una aceleración de esta reconversión. 
Por último, quisiera agradecerle al Sr. Rosado Fernandes el excelente trabajo que ha realizado. 
Señor Presidente, en mucho menos de un minuto, tres cuestiones. 
El informe Rosado Fernandes va en la dirección correcta, puesto que trata de proteger todo el sector del tabaco y no olvida a los cultivadores. 
El informe de la Comisión, so pretexto de defender la salud pública, protege a los monopolios internacionales de tabaco. 
Y un tercer punto: todos los que hablan aquí de cultivos alternativos, ante todo, no tienen el problema en su país y, segundo, no han visto un campo de tabaco en su vida. 
No hay en todos los lugares la posibilidad de un cultivo alternativo. 
Vayan al norte de Grecia y observen las laderas y los peñascos en los que crece el tabaco. 
Señor Presidente, yo también querría felicitar al Sr. Rosado Fernandes por su informe y querría decir, en relación con el cultivo de tabaco que se realiza en regiones del Objetivo 1- las regiones pobres de la Unión Europea -, que no debemos hablar demagógicamente de sustitución de cultivos. 
No se trata de sustituir unas superficies en las que se cultiva tabaco por otros cultivos, sino, en todo caso, de sustituir la mano de obra que encuentra un lugar de trabajo en el cultivo del tabaco por otro tipo de actividad económica que pueda darle también unos ingresos en el lugar donde se encuentra, no en la periferia de las áreas urbanas. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Rosado Fernandes por su informe. 
Es un informe que intenta abordar con sinceridad el problema desde la perspectiva del ciudadano europeo en relación con el cultivador también europeo. 
Desgraciadamente, la Comisión y el Consejo intentan dar otra visión, como si existiera una contradicción entre dar dinero, por un lado, para la campaña antitabaco y subvencionar, por otro, a los productores de tabaco, que son unos 150.000 en la Unión Europea. 
Se trata de una falsa contradicción, que se enmarca en el intento, a pesar de todo lo que nos dijo ayer el Sr. Santer, de recortar el presupuesto agrícola de la Unión Europea y dedicar ese dinero a la ampliación. 
Porque si realmente quisiéramos reducir el tabaquismo en la Unión Europea, en primer lugar tendríamos que cerrar las fábricas de cigarrillos. 
Pero éstas siguen produciendo cigarrillos, y seguirá llegando a la Unión Europea tabaco comprado a terceros países. 
En consecuencia, no es la defensa del ciudadano europeo lo que se busca, sin el ahorro de dinero para destinarlo a la ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me cuento entre quienes desean poner fin a la contradicción entre la política sanitaria y la política agrícola. 
¿Cuánto tiempo tendremos que seguir intentando explicar en vano al ciudadano que cada día mueren 1.400 europeos por el consumo de tabaco y se gastan 30.000 ecus en la prevención del tabaco, al mismo tiempo que se entregan cerca de 2, 5 millones también al día para el cultivo de tabaco en Europa? 
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, hemos de coger el toro por los cuernos. 
A largo plazo hay que eliminar la ayuda al cultivo de tabaco. 
Hemos de anunciar ahora este objetivo a los cultivadores e incentivarles por medio de ayudas salariales directas para que busquen cultivos alternativos. 
No comparto el pesimismo de la Comisión sobre las posibilidades de reconversión. 
Además me temo que dentro de diez años celebremos el mismo debate si a partir de ahora se utiliza el apoyo al tabaco para mejorar al calidad del mismo. 
Por desgracia, nuestro peso en esta cuestión es escaso. 
No obstante, el deber de un político sigue siendo abogar por un buen aprovechamiento del dinero público. 
Señor Presidente, la Comisión ha presentado una propuesta consistente en determinadas modificaciones de los cultivos de tabaco. 
En mi opinión estas propuestas no abordan la política a largo plazo en este ámbito. 
La Comisión de Medio Ambiente apunta en su opinión para la Comisión de Agricultura hacia la conveniencia de sustituir gradualmente las ayudas a la actividad agrícola. 
Comparto esta opinión. 
Pienso que es erróneo apoyar vigorosamente este cultivo dentro del marco de la política agrícola. 
El punto de partida de la política agrícola es el abastecimiento de alimentos en la Unión Europea; el sector del tabaco cae definitivamente fuera de este objetivo. 
Las zonas donde se cultiva el tabaco están situadas en regiones que reciben ayudas de la política regional. 
Por tanto, es mejor estimular una transición a otros tipos de cultivo con estas ayudas. 
La sustitución sucesiva sería a la larga positiva también para la estructura empresarial de las regiones en cuestión. 
Pienso que la opinión de la Comisión de Presupuestos merece también todo nuestro apoyo. 
Señor Presidente, la Comisión coincide en que la disminución gradual del apoyo al cultivo del tabaco sería muy grave para regiones que ya están experimentando importantes problemas económicos, aparte de que no tendría efectos sobre el consumo de tabaco. 
Por eso la finalidad de la reforma estriba en incrementar el valor de mercado del tabaco producido en la Unión. 
Para conseguir este objetivo hay tres posibilidades: modulación de los precios, flexibilidad de las cuotas, y retirada del sector. 
Modulación de los precios: el precio del mercado es la clave. 
Cierto es que no siempre refleja exactamente la calidad, pero no hay mejor alternativa para alcanzar el objetivo mencionado. 
En cuanto a la cuestión de la flexibilidad en la transferencia de cuotas y la retirada del sector, hay que aprovechar toda posibilidad que permita promover transferencias de cuotas de variedades de baja calidad a variedades de alta calidad, y debe darse a cada cultivador la posibilidad de transferir sus cuotas a otros cultivadores. 
Aparte de eso, podría instituirse una reserva nacional que facilite los ajustes y el acceso a cuotas de producción. 
La finalidad de estas medidas es mejorar la calidad del tabaco producido. 
Ahora bien, admitimos que algunos cultivadores quizá no puedan conseguirlo, y pensando en ellos proponemos una red de seguridad en forma de recompra de cuotas o planes locales de desarrollo rural. 
Estudiaré la forma de evitar que esas medidas reduzcan la producción de variedades de alta calidad- lo que, sin duda alguna, no es nuestro objetivo- y de lograr que ésta sea una solución de última instancia para los cultivadores que no pueden conseguir el objetivo de mejora de la calidad. 
Éstos son los principales aspectos de la doctrina que ha llevado a la Comisión a presentar sus propuestas, que recomiendo al Parlamento. 
Señor Presidente, me gustaría simplemente repetir lo que dijo el Presidente Pasty. 
Al tratarse de una cuestión candente, de un asunto que responsabiliza a los diputados de esta casa, sería triste que, de hecho, se votara mi informe por la tarde o mañana por la mañana, cuando ya no quede nadie. 
Votaciones 
Señor Presidente, puesto que acaba de ocupar la Presidencia de la sesión, quisiera recordarle que al finalizar el debate sobre el informe del Sr. Raul Rosado Fernandes, solicité que se inscribiera la votación de su informe, debido a su importancia, después de la votación del informe del Sr. Argyros, es decir, después de todos los informes legislativos y antes de los informes de iniciativa. 
Además, éste es también un informe legislativo. 
Desearía que se sometiera a votación esta propuesta. 
Si no hay ninguna objeción, podría aceptar su propuesta. 
¿Hay alguna objeción? 
(El Presidente constata que no hay objeción a esta propuesta) 
Señor Presidente, una cuestión de orden en virtud del apartado 1 del artículo 9 y en relación con el artículo 4 del anexo 1, en el que se dice que los diputados están sujetos a las obligaciones que les imponga la legislación del Estado miembro en el que hayan sido elegidos, por lo que se refiere a la declaración de intereses. 
Como vamos a votar sobre el informe Tillich, me parece que los diputados cuyas circunscripciones reciban fondos del FEOGA deben hacer la oportuna declaración y abstenerse de votar. 
Si hay alguna duda sobre lo que acabo de decir, quizá pudiera aclarársenos la situación para casos futuros. 
La cuestión es en cierto modo difícil. 
Mi primera impresión es que es válida y la reservo para volverla a estudiar. 
(El Parlamento decide proceder a la votación) 
Señor Presidente, quisiera preguntar si el ponente aceptaría una enmienda oral de su enmienda. 
De ser así, la última frase diría lo siguiente: » Pide a la Comisión que en el Anexo V haga referencia no sólo a países sino también a territorios». 
Si el ponente puede aceptar esa enmienda, entonces mi Grupo podrá votar a favor. 
Señor Presidente, lamento no poder aceptarlo, porque eso no elimina el problema real. 
Por tanto propongo, y espero que esta Asamblea lo acepte, que se vote a favor de mi enmienda. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, en cuanto al apartado 8 de la enmienda 6, y si el ponente está de acuerdo, solicito que sea considerada como añadido y no sustitutivo del apartado 8. 
Señor Fantuzzi, esto debe considerarlo el Sr. Collins. 
Creo que me sentiría casi feliz si se aceptase como añadido. 
Espero que el ponente tenga la amabilidad de aceptarlo. 
Es bastante difícil, porque hemos votado ya y, por lo tanto, es demasiado tarde. 
No puedo aceptarlo, pero dejaré que sean mis colegas los que decidan. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Los firmantes nos hemos abstenido de votar. No es porque no nos parezca importante que se realicen acciones en las regiones de las que trata el informe. 
No obstante, pensamos que deberían haberse hecho mayores esfuerzos para averiguar si no se podría haber logrado conseguir unos refuerzos a través de una reestructuración de las prioridades conservando el personal actual de la Comisión. 
Los tres sectores donde se proponen nuevos servicios son precisamente sectores en los que ha sido el propio sistema de la UE el que ha contribuido a que surgieran problemas. 
Las 35 ramas de servicios de la DG XXIV para la coordinación de los trabajos de los comités científicos con motivo de la crisis de la EEB se originaron como consecuencia de una política agrícola errónea que ha conllevado la equiparación de animales con productos industriales. 
Con respecto a los servicios para la lucha contra el fraude están relacionados con programas creados por la propia UE, Phare, Tacis, Meda y Echo. 
Los nuevos servicios del Tribunal de Cuentas que se aconsejan abordan en parte el mismo problema. 
Las contradicciones internas de la Unión Europea nos llevarán en el futuro a unos problemas que requerirán medidas para corregir los propios errores de la Unión. 
Limitándonos a establecer nuevos servicios nos arriesgamos a que se multiplique la burocracia de la UE. 
sobre el informe Mouskouri (A4-0237/97) 
Habida cuenta de que el combate en favor del libro y de la lectura es nuestra máxima prioridad, consideramos que el programa Ariane llega en muy buen momento. 
Nuestros debates con la Comisión y el Consejo han sido numerosos, a veces difíciles, pero siempre constructivos. Por ello quisiera darle las gracias a nuestros representantes, al ponente y al conjunto de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Llegamos al final de la conciliación y vamos a aprobar un proyecto común. 
Sin embargo, como muchos de nosotros, lamento la debilidad de la dotación que, a la postre, le va a corresponder al programa. 
Se podrá decir que no es más que un principio, pero hubiera podido y hubiera debido ser más espectacular. 
Confiamos en que los ciudadanos europeos sepan hacer un buen uso de ello, ¡y convencer al Consejo de que, en realidad, 7 millones de ecus es muy, pero que muy poco! 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe de la Sra. Mouskouri relativo al programa ARIANE. 
El objetivo del programa ARIANE es ante todo apoyar la traducción de obras escritas en las lenguas menos difundidas de la UE, como el danés. 
Los socialdemócratas daneses se sienten satisfechos de que por fin, después de largas negociaciones, el Comité de Conciliación haya llegado a un acuerdo. 
El programa ARIANE tendrá gran importancia para la difusión de la literatura escrita en las lenguas menos difundidas. 
Muchas obras literarias no llegan nunca al gran público por estar escritas en una lengua hablada por pocas personas. 
El programa ARIANE permitirá, por ejemplo, a autores daneses obtener ayudas para que sus libros sean traducidos a otras lenguas de la UE, y lo mismo a autores que escriban en otras lenguas poco difundidas. 
Por eso, el programa ARIANE podrá contribuir a fomentar la comprensión intercultural entre los pueblos de la UE. 
, por escrito. (FR) El Grupo de Coalición Radical Europea ha votado sin mucho entusiasmo a favor del informe de la Sra. Mouskouri sobre el programa Ariane, que tiene por objeto apoyar y promover la lectura, sobre todo a través de la traducción. 
En efecto, los resultados de la conciliación son decepcionantes respecto a los objetivos perseguidos y lamentamos que la votación por unanimidad, que con arreglo al artículo 128 es obligatoria en materia cultural, haya permitido una vez más que ciertos Estados miembros bloqueen la política cultural de la Unión. 
Nosotros confiábamos en que el Tratado de Amsterdam aportase unos elementos de flexibilización e impusiera la mayoría cualificada. 
Nuestra esperanza se ha visto frustrada: el programa ARIANE verá cómo se amputa en cuatro quintas partes su presupuesto. 
Sin duda la Comisión nos promete una ley-marco que debería permitir una mejor programación en materia cultural. 
A la espera de que esto sea así, será la lectura la que pague el pato de tantas dilaciones... 
La solución de compromiso a la que se ha llegado en relación con el programa Ariane es muy oportuna tras un proceso de negociación largo y complicado. Todo ello a pesar de que el Parlamento se ha visto obligado a renunciar a sus exigencias en materia presupuestaria, con lo que la dotación asignada a este programa bianual será únicamente de siete millones de ecus. 
Ahora que, finalmente, se dota al programa de un fundamento jurídico, éste podrá realmente emprender sus actividades. 
Ariane es ante todo un programa de apoyo a la traducción. 
Tiene como objetivo fomentar una mayor difusión y conocimiento de las obras representativas de las culturas de los Estados miembros. 
Este programa permite al mismo tiempo aumentar los conocimientos de la historia y de la cultura de los pueblos de Europa y fomentar la el carácter versátil de la cultura. 
El objetivo de los proyectos que se llevan a cabo en el marco de este programa es apoyar y mejorar las actividades a nivel nacional y regional mediante el desarrollo de la cooperación en forma de redes y planes de asociación. 
Está previsto igualmente ampliar la cooperación a terceros países, especialmente a países de la Europa central y oriental. 
Las organizaciones internacionales en el sector de la cultura y, en especial, el Consejo de Europa serán interlocutores importantes a la hora de afrontar esta tarea. 
Se deberá aprovechar eficazmente la investigación y la formación ya existentes en este ámbito. 
Resulta justificado que la formación profesional continuada de los traductores constituya uno de los puntos principales del programa, lo cual reviste una importancia fundamental con vistas a la calidad de las traducciones. 
Se debe clarificar la situación profesional de los traductores y crear guías y bases de datos actualizadas para facilitar su labor. 
En mi opinión, es extremadamente importante para el futuro de la cultura europea destinar ayudas encaminadas a apoyar los ámbitos lingüísticos más reducidos y a potenciar la traducción de las lenguas menos frecuentes. 
Me complace el hecho de que en la solución de compromiso se hayan tomado en consideración las opiniones de la Comisión de Cultura y de todo el Parlamento en este sentido. 
La originalidad y la riqueza de la cultura europea residen precisamente en esa viva diversidad que se debe proteger de manera consciente ante las presiones uniformadoras de la sociedad de la información. 
El fomento del sector del libro y de la lectura exige muchas más medidas y recursos que los que provee este programa. 
Esperemos que el programa Ariane sea un primer paso marcado por el éxito para el proceso de renovación de todo el sector del libro europeo. 
sobre el informe Fontaine (A4-0246/97) 
El informe de nuestra colega, Nicole Fontaine, sobre la libre circulación de los médicos llega a su término. 
El procedimiento de conciliación ha permitido aprobar, básicamente, las propuestas de nuestra Asamblea, y quisiera felicitar por ello a la ponente. 
Así pues, en breves plazos deberíamos asistir a una mejor armonización de nuestros médicos, pero también deberíamos constatar una mejora en lo relativo a su libre circulación en el seno de la Unión. ¡Sólo podemos felicitarnos por ello! 
Sin embargo, quisiera recordar que si la situación de los médicos se aclara, esto dista mucho de ser el caso para muchas otras profesiones y categorías de diplomados. 
Aquí debemos reafirmar que el reconocimiento real de los diplomas, la libre circulación real de los profesionales, es un elemento vital para la integración europea y para el desarrollo de la ciudadanía europea. 
Así pues, alegrémonos por los médicos, pero presionemos a nuestros gobiernos para que se acelere el reconocimiento de los diplomas y de este modo se aporten respuestas a los jóvenes que hoy se hallan en un compás de espera, a menudo, impaciente. 
El reconocimiento de los diplomas de los médicos en el conjunto de la Unión Europea ha supuesto un paso significativo en la creación de un mercado único más eficaz y con mayores posibilidades de realización para nuestros profesionales. 
Sin embargo, se trata de unos objetivos que obviamente presuponen la defensa de los intereses de las personas, con el cumplimiento de las normas y la armonización de los criterios. 
En el caso de la práctica médica es indispensable un conocimiento profundo de la lengua de los pacientes, sin lo cual éstos- sobre todo los más pobres y más desfavorecidos -, no podrán explicar con rigor cuál es su situación. 
Además, el libre ejercicio de la práctica profesional implica la armonización de las normas de acceso a la enseñanza, porque no tiene sentido que a un país, aisladamente, le pueda preocupar fijar un sistema de numerus clausus para adecuar la oferta a la demanda de licenciados, puesto que el mercado de trabajo está todavía abierto a quien proceda de países sin esta misma preocupación. 
Por ejemplo, no tendría sentido que hubiese un numerus clausus en las facultades de Lisboa y no lo hubiera en otras facultades del país, puesto que después podrían acceder al mercado de trabajo de la región de Lisboa licenciados de otras facultades del país. 
Por esta misma razón, tiene que existir una armonización de los numerus clausus entre los distintos países en un espacio único que, según la directiva analizada, ofrece las condiciones de trabajo de un espacio nacional. 
sobre la recomendación Dybkjaer (A4-0235/97) 
Me satisface el informe Dybkjær sobre la revisión del quinto programa de acción en materia de medio ambiente. 
Junto con mis colegas, quisiera dar gracias a la Sra. Dybkjær por toda la labor que ha realizado para producir un informe que mejora considerablemente el documento marco original de la Comisión. 
Como el informe trata de muchas cuestiones importantes, ha habido muchas intervenciones de partes interesadas y, en particular, de entidades industriales. 
La enmienda que ha suscitado mayor interés es la enmienda 34 del artículo 11.4, que preconiza una jerarquía para la nueva estrategia comunitaria en materia de desechos. 
La jerarquía en materia de desechos existe desde 1989, año en que la Comisión la propuso por primera vez en su documento sobre la estrategia para la gestión de desechos. 
Yo mismo la recomendé al Parlamento en el informe de 1990 sobre dicha estrategia. 
Naturalmente la Sra. Dybkjær ha añadido métodos, como la formación de abonos y la biometanización, cuya utilización ha aumentado con la aparición de nuevas tecnologías. 
Me parece que ése es el enfoque adecuado en estos momentos, e insto al Parlamento a que lo apoye. 
La industria ha procurado centrar nuestra atención en diversos informes independientes encargados por la Comisión, que sugieren que la jerarquía propuesta por la Sra. Dybkjær es demasiado rígida y, por consiguiente, les priva de la flexibilidad que, según ellos, necesitan. 
Me guardaré mucho de descartar esos informes, y estimo que hay algunas incógnitas por lo que se refiere a algunos de los supuestos que forman la base del informe. 
Hemos de recordar asimismo que nos hallamos en la fase de segunda lectura y que pronto comenzará el procedimiento de conciliación. 
Éste no es el momento apropiado para empezar a cambiar una política que seguimos desde hace mucho tiempo, solamente por la actuación de los grupos de presión. 
Hay una reunión sobre residuos este otoño, organizada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Ésta y otras cuestiones se examinarán a fondo entonces. 
La audiencia nos brindará una oportunidad mucho mejor para refinar y precisar la jerarquía en materia de desechos. 
Una vez más, insto a mis colegas a que apoyen plenamente este informe. 
La votación del Pleno de hoy demuestra de nuevo que cuando el Parlamento Europeo se propone traducir en decisiones correctas las hermosas palabras que se pronuncian aquí sobre el medio ambiente, esto no es posible. 
La decisión del Parlamento Europeo hará que el camino en dirección al desarrollo sostenible resulte sinuoso y que nos lleve más tiempo recorrerlo. 
Todas las enmiendas que, efectivamente, deberían haber sido un toque de atención a la Comisión y al Consejo para que reaccionasen y tomasen verdaderamente en serio las cuestiones medioambientales, no recibieron los votos necesarios. 
Se trata sobre todo de las enmiendas que consistían en reducir el uso de energía, en la inversión seria en las fuentes de energía renovables y en la reducción de la combustión media de los automóviles a 0, 5 litros por milla para los coches que usan gasolina a más tardar para 2005 como fecha máxima, y a 0, 3 litros por milla para el 2010. 
Existe una grave contradicción entre el liderazgo mundial que afirma querer mantener la Unión Europea en materia de política medioambiental y carácter vago de las formulaciones tanto de la propuesta de la Comisión como de la posición común del Consejo sobre el programa «Hacia un desarrollo sostenible». 
En la presentación de la Agenda 2000- que define las orientaciones políticas para el inicio del siglo XXI- la Comisión afirmó ayer su compromiso de incorporar el medio ambiente en su estrategia global. 
Sin embargo, las declaraciones políticas y las conferencias internacionales no consiguen llegar a modificaciones duraderas. 
La agenda de Río, el Convenio sobre el clima y tantas otras cuestiones siguen esperando poder demostrar lo que valen en la práctica. 
La propia Agenda 2000 de la Comisión corre semejante riesgo si la voluntad de integrar el medio ambiente en otras políticas no se traduce en medidas con calendarios y sanciones para los infractores. 
Este es el mérito del informe Dybkjaer: dar forma concreta a las «vagas consideraciones de orden medioambiental» que se repiten en el texto de la Comisión. 
Aunque se puede no estar de acuerdo con todas las propuestas, la ponente introduce referencias a las políticas de reducción de riesgos, de protección de la diversidad, de energía, de imposición fiscal, de consideración de la salud humana, de gestión de residuos, y en contra también de la acusación del Consejo de asumir ciertas propuestas que irían en el sentido de garantizar los derechos de los ciudadanos. 
Por ello he evitado votar contra ciertas medidas cuando discrepaba y he optado por la abstención. 
Unos compromisos sin plazos, sin números y sin sanciones sólo son caramelos para engañar a los despistados. 
sobre el informe Jarzembowski (A4-0243/97) 
Mi Grupo se ve obligado a votar en contra del informe. 
Hemos votado a favor de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, pero no ha servido de nada. 
De hecho, este informe da largas a la internalización de los costes externos para el tráfico de mercancías. 
Ya se han realizado suficientes investigaciones y debates para perseverar con la internalización. 
El nivel de coste de la Euroviñeta es tan bajo que no se transportará ni una tonelada menos por carretera. 
Debido a ello, el desplazamiento al transporte por ferrocarril sigue siendo una ilusión, aunque casi todo el mundo en este Parlamento diga considerarlo necesario. 
Por último, la UE tiene una gran responsabilidad en lo que respecta a la búsqueda de una solución para la región alpina. 
Pero adopta más bien la postura de una roca puesta en medio del camino, apoyada por este Parlamento. 
En las negociaciones con Suiza se tiene en cuenta solamente el interés propio, con estrechez de miras y pretendiendo dar vía libre a los camiones de 40 toneladas, con lo cual Austria gozará ahora de una posición de excepción para el Brennero. 
Pero con ello no se han solucionado de forma sostenible los problemas en los Alpes. 
Mientras no se encuentre una solución seria, este problema volverá a aparecer sin duda en el orden del día. 
El informe presentado por el Sr. Jarzembowski aporta cambios significativos a la propuesta de Directiva del Consejo relativa al cobro de tasas por parte de los vehículos pesados para la utilización de ciertas infraestructuras. 
Esta propuesta de Directiva tiene por objeto sustituir la Directivas 93/89/CEE, la Directiva «Euroviñeta» , que el Tribunal de Justicia había anulado en 1995. 
Se da así ocasión al Parlamento Europeo de incidir sobre el alcance de un texto muy importante en la perspectiva de una fiscalidad más eficaz y más precisa sobre los vehículos pesados en el seno de la Unión Europea. 
Es también ocasión de aportar elementos de respuesta muy esperados a los problemas que plantea un tráfico de vehículos pesados cada vez más importante: atascos, perturbaciones medioambientales y degradación de las infraestructuras. 
La propuesta de la Comisión deberá introducir ciertos elementos de armonización suscitados por el Libro Verde «Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte» que indique las orientaciones a largo plazo para una política de imputación de los costes de las infraestructuras y en materia de atascos en el transporte por carretera. 
Se plantea aquí un principio fundamental: el de la recuperación íntegra de los costes de infraestructura y de explotación que debería imputarse a los distintos usuarios según criterios armonizados. 
El actual sistema se basa en unas tasas a tanto alzado. 
Se propone introducir una diferenciación en función del grado de deterioro de la infraestructura imputable a los vehículos y de la contaminación que provoquen. 
Se trata pues de una diferenciación suplementaria basada en criterios mediomabientales, gracias a una clasificación bien adaptada. 
El informe del Parlamento Europeo introduce dos enmiendas importantes a este texto. 
En primer lugar, el Parlamento insta a la Comisión a que tome en consideración en su proyecto de Directiva sobre el cobro de tasas a los vehículos pesados, las reflexiones elaboradas en el marco el Libro Verde «Sobre la internalización de los costes externos de los transportes» y las conclusiones de la correspondiente resolución parlamentaria de 30 de enero de 1997. 
Por último, las cantidades por peaje deberán fijarse de modo y manera que los ingresos que generen no superen los costes de construcción, explotación y desarrollo de las infraestructuras por las que se cobran esas cantidades, además de un índice de rentabilidad que corresponda a una rentabilidad posible de proyectos de inversión similares. 
Por consiguiente, he votado a favor del informe del Sr. Jarzembowski, con la esperanza de que todos los elementos descritos se tomen bien en cuenta en la futura propuesta de Directiva. 
El medio ambiente de los Alpes es extremadamente delicado. 
Hay unos pasos angostos que están muy expuestos a las emisiones medioambientales. 
La mayor parte del tráfico debería efectuarse por ferrocarril. 
Deberían transferirse a la vía férrea los transportes por camión y contenedores a su paso por los Alpes. 
Los pasos que se han dado en el sentido de que los vehículos industriales paguen peaje de acuerdo con el uso de la infraestructuras deben contar con nuestro máximo apoyo, puesto que constituyen, por un lado, un medio correcto de participación en su financiación y, por el otro, un incentivo para la utilización de los medios de transporte- en el caso de los transportes ferroviario, marítimo y fluvial- menos congestionantes y menos contaminantes. 
Por esta razón no se entiende que la preocupación ahora expresada no se haya hecho extensiva a los vehículos ligeros, en relación con los cuales son válidas las mismas razones según el uso que hagan de las infraestructuras. 
Se trata de la lógica de la financiación, que, -a diferencia de lo que ha ocurrido en Portugal- necesita una especial vigilancia en las zonas metropolitanas, donde son mucho más gravosos los costes de las infraestructuras, siendo por ello inaceptable que deban sufragarse íntegramente a costa del conjunto de los ciudadanos del país, incluidos los ciudadanos más pobres de las zonas más desfavorecidas, y donde, en beneficio de todos, interesa que la demanda se desvíe a los transportes colectivos que no provocan atascos ni contaminan. 
El informe de la Comisión de Transportes modifica considerablemente la propuesta de la Comisión. 
En lo que respecta al impuesto sobre los vehículos de motor, apoyo las propuestas de la Comisión de Transportes en cuanto a la eliminación de la tarifa máxima y la simplificación de la propuesta. 
La introducción de una tarifa máxima, que es 30 veces superior a la tarifa mínima, tiene poco sentido. 
Mi principal objeción contra el sistema de tasas propuesto por la Comisión de Transportes es que no se establece ninguna distinción entre los vehículos Euro I y Euro II. 
Apoyo la simplificación propuesta por la Comisión de Transportes para los derechos de uso. 
En este sentido es importante la diferenciación en tarifas, lo cual hace posible una disminución del precio de la Euroviñeta para los vehículos menos contaminantes. 
No estoy de acuerdo con la eliminación de los costes externos y las rutas sensibles según las propuestas de la Comisión. 
Reconozco que la fijación de los costes externos sigue siendo muy problemática. 
También sé que la regulación propuesta ahora sólo será vigente temporalmente, durante sólo tres años. 
No obstante, considero que hay que empezar poco a poco a imputar los costes externos. 
Pues aun sin el estudio que tiene que realizar la Comisión, está claro que el transporte por carretera, concretamente en los entornos vulnerables, conlleva costes que no se manifiestan suficientemente en el actual precio. 
La excepción que hace la Comisión de Transportes para el Brennero no va suficientemente lejos. 
Por estas razones he votado a favor de la mayoría de las enmiendas del Grupo de los Verdes. 
Me he abstenido de votar sobre este informe. 
Pienso que los impuestos sobre vehículos y tráfico de carreteras son cuestiones que deben decidirse en los Estados miembros. 
Se da la circunstancia, no obstante, de que el proyecto de informe es mejor que el de la Comisión, puesto que el informe rechaza la propuesta de que se fijen tipos máximos para los impuestos sobre vehículos. Sin embargo, no puedo apoyarlo. 
sobre el informe Berger (A4-0238/97) 
No puedo aceptar el incremento propuesto del capital financiero mínimo que ha de poseer un transportista por carretera para poder seguir ejerciendo su profesión. 
La Comisión propone que se aumente el capital financiero mínimo actual, en términos de capital y reservas, que es de 3.000 ecus por vehículo, a 9.000 ecus en el caso del primer vehículo, con un nuevo incremento de 5.000 ecus por cada uno de los vehículos de transporte de mercancias de más de 6 toneladas o de transporte de pasajeros que acomoden a más de 20 personas. 
Me opondré a esas propuestas porque inevitablemente dificultarían más la posibilidad de que una persona estableciese una nueva empresa en el sector del transporte. 
Sus consecuencias serían las siguientes: a las empresas pequeñas y medianas con recursos limitados se les reducirían las oportunidades de establecerse en el sector del transporte; se favorecería a los transportistas de mayor importancia y ya bien establecidos que poseen mayores reservas de capital, con lo que se reduciría la competencia en esta esfera y se desalentaría el espíritu de empresa y de iniciativa en el sector del transporte. 
sobre el informe Virgin (A4-0241/97) 
¿Qué podemos hacer con nuestros desechos? 
Esta cuestión constituye hoy un envite importantísimo y en el futuro estará en el centro de nuestros desarrollo industrial. 
Hasta la fecha nuestras sociedades contemporáneas sólo han logrado producir desechos en grandes cantidades, sin preocuparse nunca por su desaparición o por su tratamiento. 
¿Debemos exportarlos y comerciar con ellos? 
¿Acaso hay que amenazar, de alguna manera, a aquellos países terceros que rechazasen nuestros desechos? 
La propuesta de la Comisión no es aceptable, el informe presentado por nuestro colega lo explicita perfectamente. 
La Unión Europea no debe aquí dar lecciones de nada y ganaría mucho crédito si adoptara una postura mucho más constructiva. 
Debemos poner en práctica los medios, incluidos los financieros, para una auténtica política de tratamiento de los desechos de cualquier índole. 
No podemos seguir cerrando los ojos y zafarnos de nuestras responsabilidades. 
¡La protección de nuestro entorno tiene un coste! ¡No debería ser nunca humano! 
Es preciso que la Comisión adopte una actitud que esté a la altura de sus ambiciones. 
El Parlamento Europeo podrá contribuir a ello, incluso haciendo presión sobre los Estados egoístas. 
Para la exportación de residuos no peligrosos con fines de reciclaje fuera de la OCDE, la Comisión ha de consultar a cada uno de los países no miembros de la OCDE si desea aceptar esos residuos para su reciclaje y, en caso afirmativo, qué categorías desea aceptar, y finalmente qué tipos de procedimientos de control serán aplicables. 
La Comisión se dirigió por escrito a varios países no miembros de la OCDE en el período 1993-1994. 
Algunos de ellos contestaron que no están dispuestos a aceptar ninguna o determinadas categorías, mientras que otros no han contestado aún a la solicitud de la Comisión. 
Hemos de aceptar ambas respuestas y la Unión Europea debe prohibir la exportación de residuos no peligrosos a los países consultados. 
Según la propuesta de la Comisión, se seguirán exportando residuos no peligrosos a los países consultados (tanto a los que han contestado que no desean recibir ninguna o determinadas categorías como a los que no han contestado) , si bien las exportaciones estarán sometidas a un engorroso procedimiento de autorización. 
El motivo aducido por la Comisión de que estos países no se dan cuenta de la importancia de su respuesta para su sector industrial es insostenible. 
Por eso, apoyo el informe del ponente que incluye el «principio de cautela» en la propuesta de la Comisión de reglamento del Consejo. 
Obviamente, los países consultados pueden modificar su postura y permitir el envío de residuos no peligrosos a su país; recuérdese al respecto el procedimiento de comitología vigente en relación con el Anexo del reglamento. 
Me hubiera gustado ver un rechazo total de la propuesta de la Comisión, ya que es inaceptable que ésta no reconozca las valoraciones y actuaciones de otros países soberanos. 
No obstante, el Sr. Virgin corrige en su informe los errores de la Comisión, por lo que voto gustosamente a favor de ese informe y de las excelentes enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Es verdad que la UE es el bloque comercial mayor del mundo, pero eso no le da ningún derecho- casi lo contrarioa proponer una actuación como la que la Comisión ha incluido en su iniciativa. 
Es doloroso y embarazoso que la Comisión adopte una actitud tan arrogante y paternalista. 
Es increíble que tenga la desfachatez de decir que los países que han contestado que no desean recibir residuos de la lista verde no comprenden la importancia de su decisión para los círculos de su sector industrial que podrían utilizar esos residuos para su elaboración y reciclaje. 
Es inaceptable de todo punto que la Comisión intente obligar a los países que, expresamente o mediante su silencio, han manifestado que no desean recibir determinadas categorías de residuos a hacer algo que no desean hacer. 
Si un país ha manifestado que no desea recibir ninguna o determinadas categorías de residuos verdes, hemos de respetarlo. 
Debemos prohibir la exportación de los residuos y no limitarnos a considerarlos residuos rojos con procedimientos de autorización más estrictos. 
¡La exportación no debe tener lugar bajo ninguna circunstancia! 
La exportación a los países que no han respondido a las misivas de la Comisión debe también ser prohibida. 
Esto sólo se puede interpretar como falta de interés en la importación de este tipo de residuos. 
¡La exportación debe ser prohibida y no realizada a través del procedimiento más estricto de los residuos rojos! 
Otra razón más para no realizar los envíos es que hay dudas respecto a la lista verde. 
A pesar de que la mayor parte de los residuos incluidos en ella no son peligrosos, algunas categorías de los mismos han resultado tener propiedades peligrosas. 
¿Tiene la Comisión la intención de forzar el envío de estos residuos a los países no miembros de la OCDE que no lo deseen? 
Como el mastodonte que ha llegado a ser, la UE no puede simplemente arrollar a otros países independientes. 
Con su iniciativa, la Comisión está intentando legitimar una actuación así, lo que es un acto sumamente irrespetuoso e indecente. 
En varias ocasiones hemos podido plantear la importancia de la noción de servicio universal en el marco de la apertura a la competencia de los mercados de las telecomunicaciones. 
En distintas ocasiones nuestro Parlamento ha recordado lo apegado que se siente con este concepto de servicio universal, garantía de la igualdad y de la libertad de acceso a los servicios de las telecomunicaciones para los ciudadanos europeos. 
Hoy debo lamentar que, una vez más, la Comisión se niegue a considerar el servicio universal como algo lo bastante importante como para poder contar con una directiva. 
Una vez más, hoy debo manifestar mi sorpresa por el hecho de que una simple comunicación se considere suficiente para tratar de este delicado tema de la evaluación del cálculo del coste y de las financiaciones de dicho servicio universal. 
El impacto de las comunicaciones, como sabemos, siempre se infravalora, y esta comunicación, debido a ciertos aspectos muy dirigistas, carece sorprendentemente de peso jurídico, tal y como lo han destacado los colegas de la Comisión que se han ocupado del asunto. 
Así pues, lamento la dispersión que ha efectuado la Comisión respecto del servicio universal y la insto a que, por fin, elabore una directiva global y potente sobre este tema esencial para el futuro. 
La Unión Europea, y el conjunto de sus Estados miembros, necesitan claras indicaciones sobre el compromiso de las instituciones comunitarias respecto a la noción de servicio universal, cosa que si lo deseamos de verdad puede destruir la imagen ultraliberal de Europa, imagen de la que ya ha sufrido demasiado. 
Los firmantes han votado contra el informe sobre todo por los siguientes motivos: 
1.El informe es un claro ejemplo de los problemas técnicos y burocráticos que surgen cuando se entrega una importante infraestructura pública a los intereses comerciales.2.Los consumidores se ven afectados por las dificultades que se originan cuando hay que poner en marcha un sistema fragmentado como lo es el que ahora se aconseja para el ámbito de las telecomunicaciones.3.Las infraestructuras del tipo que aquí se describen deben seguir funcionando uniformemente a nivel nacional. Los sistemas nacionales deben ser de propiedad pública y estar sujetos a la transparencia y al control. 
Se busca aquí algo que en una forma temáticamente tan restringida va a ser difícil de lograr: » un marco regulador eficaz para el marco europeo de las telecomunicaciones». 
Por la vía de cada vez más regulaciones de detalle esto no va a alcanzarse por razones técnicas o (como aquí) por razones técnicojurídicas. 
El informe del Sr. Agyros, en especial, después del añadido consensual por parte del ponente y de la Sra. Read extrae en esta situación en el plano de lo concreto lo que se puede extraer. 
Por esta razón le otorgamos nuestra conformidad. 
Pero lo que sería necesario, urgentemente necesario, sería una reorientación de principios, tanto en la «filosofía» básica como respecto del alcance de las soluciones que se buscan: debemos aprender, de una vez, a distinguir entre flexibilización, apertura a nuevos usuarios y usuarias, liberalización, individualización y privatización, y como Parlamento hemos de enseñar, evidentemente, a las instituciones de la UE a replantearse, por fin, el problema de una política industrial en el mercado interior, que asume como tarea de configuración democrática el reto de la transición hacia la sociedad de la información. 
sobre los informes W.G. van Velzen (A4-0215/97) , Argyros (A4-0213/97) y Herman (A4-0240/97) 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor de los tres informes arriba mencionados. 
La legislación relativa a la oferta de red abierta está en este momento repartida en varias directivas. 
El informe del Sr. Argyros indica como motivo para unirla en una sola directiva que en su forma actual es difícil de dominar y poco transparente. 
Los socialdemócratas daneses opinan que tal unión de la legislación en una sola directiva no facilitaría el acceso a la misma. 
Un texto refundido crearía una situación poco flexible. 
Habría que revisar la directiva con más frecuencia, y correríamos el riesgo de encontrarnos a menudo en la situación de que las disposiciones quedasen anticuadas antes de entrar en vigor. 
Los socialdemócratas daneses opinan que la creación de una Autoridad Europea de Reglamentación en materia de telecomunicaciones, según los informes de los Sres. 
Herman y Van Velzen, es una buena idea. El mantenimiento a la vez de 15 sistemas nacionales no es compatible con la armonización en el ámbito legislativo. 
No obstante, las funciones de las autoridades deben quedar claramente definidas. 
Los socialdemócratas daneses son partidarios de que alguna autoridad contribuya a la normalización y armonización y de que ésta se encargue de la coordinación de los países de la UE con terceros países. 
Por otro lado, los socialdemócratas daneses se oponen a que esta autoridad actúe como instancia de apelación para las ofertas transfronterizas y a que sea dotada de competencias para emitir códigos armonizados. 
sobre el informe Rosado Fernandes (A4-0214/97) 
Señor Presidente, con esta explicación de voto no hablo en nombre de mi grupo, sino personalmente en el mío propio. 
Tal como parece que sucede también en otros grupos, aunque entre nosotros no existen discrepancias de principio respecto del tabaco, se vota de forma diferente según el estado de ánimo. 
Una línea ha sido la siguiente: si estamos a favor de una limitación del cultivo del tabaco debemos ofrecer mediante pagos compensatorios y subvenciones compensatorias a las regiones y a las explotaciones que viven del cultivo del tabaco unas alternativas para que se mantengan en estas regiones rurales los puestos de trabajo y se aseguren las explotaciones. 
Una política estricta de recorte de los recursos, que se presente luego como política sanitaria, no debe conducir a la destrucción de estos modos de vida. 
Por consiguiente, no hay que hacer una mezcolanza directa y apresurada de política sanitaria y de ayuda al tabaco. 
Si se desea vivir sanamente, se puede hacer también cultivando tabaco. 
Y si se quiere vivir de una forma insana, también se puede hacer, después de suspender el cultivo del tabaco. 
Esta es una cuestión propia del régimen de mercado del tabaco y de cómo ha de orientarse éste, y la política sanitaria de la UE figura en hoja aparte. 
Consideramos erróneo por principio que la Unión Europea conceda subsidios al cultivo de un producto que tiene unas repercusiones tan dañinas sobre la salud. 
Es absurdo subvencionar un producto en un 80 por ciento o más para dar a sus productores unos ingresos mínimos. 
Mil millones de ecus al año por un tipo de cosecha que da empleo a 135.000 personas en total es un precio elevado si se calcula la suma per cápita. 
Se trata de alrededor de 75.0- 100.000 coronas suecas por persona en concepto de ingresos directos. 
La ampliación futura de la UE encarecerá aun más este sistema si, por ejemplo, se admite a Polonia como miembro, y se le concede el derecho a recibir subvenciones en las mismas condiciones. 
Pensamos que deben sustituirse las ayudas directas bajo la forma de ingresos al cultivo de tabaco en cuanto sea posible. 
Pueden elaborarse planes estratégicos de desarrollo a nivel local que consistan en la transición a otras cosechas, en la silvicultura, en la posibilidad de cesar en la recolección del tabaco y en unas garantías temporales de conservación de los ingresos. 
Pensamos que hay que fijar un año definitivo como objetivo para el cese total de las ayudas. 
Es complementamente razonable decidir que hay que sustituir todas las modalidades de ayudas de la UE al cultivo de tabaco durante el próximo periodo de programa, y que cesen totalmente para el año 2005. 
Es importante fijar una fecha final ya que de otro modo los planes de reestructuración no serán vinculantes. 
La producción de tabaco, si bien es el blanco de una fuerte oposición por parte de las corrientes antitabaco de la opinión pública, se ha demostrado positiva para evitar la desertización de algunas regiones europeas. 
El análisis de la Comisión es positivo, puesto que reconoce el carácter no excedentario de la producción de tabaco en la Unión, así como su importancia social. 
Recalcamos con fuerza y denunciamos el hecho de que dicho análisis no hace referencia a la estabilidad del precio del producto comunitario, que contrasta con las variaciones de precios registradas en el mercado del libre comercio salvaje, de las cuales se aprovechan las multinacionales. 
No podemos dejar de subrayar que la prohibición del cultivo del tabaco, propugnada con el pretexto de los problemas de salud pública y con la compra de las cuotas de los agricultores, traerá aparejada la desaparición definitiva del cultivo del tabaco en Europa con dos consecuencias graves: la pérdida de los conocimientos y de las técnicas acumulados durante siglos en todos los países mediterráneos de la Unión y la deslocalización de las unidades fabriles de primera transformación, con los consiguientes costes financieros y políticos derivados de la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. 
Es falsa la relación entre la reducción de la producción europea y los efectos beneficiosos en la salud pública, ya que la reducción de la producción únicamente beneficiará a las multinacionales que fabrican cigarrillos, porque dominarán el mercado mundial. 
La Comisión es responsable de que nunca se establecieran criterios de calidad, cuya definición se ha dejado en manos de las grandes empresas transformadoras. 
Hoy la Comisión de Agricultura propone la adopción de medidas de promoción de la calidad: 
1.La modulación de las primas no deberá superar el 20 o el 25 %; 2. la retención de un 2 % sobre las primas deberá financiar la investigación para mejorar la calidad de las variedades conocidas; 3. será necesario adoptar medidas concretas en lo relativo a la definición del concepto de calidad a través de la creación de un organismo independiente.Hay que rechazar asimismo cualquier intento dirigido a convencer a los productores de tabaco a que abandonen la actividad, habida cuenta de que no existen excedencias, así como es preciso facilitar la transferencia de cuotas individuales a jóvenes agricultores, aunque hay que mantenerlas vinculadas con las zonas más desfavorecidas. 
Me he abstenido de votar, ya que me opongo a toda modalidad de continuación de las ayudas de la UE al cultivo de tabaco. 
El tabaco produce- también entre los jóvenes- demasiados perjuicios para la salud como para que se pueda argumentar a favor de las subvenciones estatales a este producto. 
Las repercusiones pueden ser graves para los agricultores que hayan invertido en este tipo de cultivo. 
Por tanto es importante que reciban unas ayudas para que puedan pasar así a otro tipo de producción. 
Pero no es a través de la continuación del sistema de subvenciones como se va a llevar a cabo la reestructuración necesaria. 
Este informe equilibrado aporta un apoyo indudable a los productores de tabaco cuyos lugares de producción, les recordaré, están situados por lo general en las regiones del Sur más pobres de Europa. 
Es una utopía pensar que se puede detener el tabaquismo en Europa deteniendo la producción europea. 
Demasiadas multinacionales tienen intereses en este consumo. 
Su abastecimiento se realizaría en otros lugares, y sólo los grupos estadounidenses se aprovecharían de nuestra actitud angelical si pretendiésemos seguir la opinión de los Verdes de esta Asamblea. 
Asimismo, apoyo la utilización de los fondos de investigación para una mejor calidad del producto, sobre todo en la investigación dirigida a un menor contenido en nicotina, que es el producto nocivo del tabaco. 
Me alegra el hecho de que nuestra Asamblea apoye este informe, cuyas consecuencias económicas son tan importantes. 
El primer problema de los europeos es el empleo. 
No en vano el Consejo Europeo de Amsterdam ha resuelto impulsar decididamente el empleo situándolo en «primerísimo lugar» (por reproducir literalmente sus palabras). 
¿No es pues exigible que el mantenimiento del empleo sea la premisa básica y la condición inequívoca para cuantas acciones y medidas contenga la nueva reglamentación? 
Sin embargo, señor Comisario, algunas de las medidas que se contienen en sus propuestas destruyen empleo. 
En Granada, en Extremadura y en otras zonas del Objetivo 1, miles de familias viven de esta producción. 
Si lo que declara la Comisión de que está a favor del fomento del empleo de la mujer y los agricultores es verdad, no vale consecuentemente que después adorne cínicamente sus propuestas con palabras-comodín, como la calidad, no definidas, tras las que se ocultan hipócritas políticas que destruyen empleo. 
El abandono del sector sería un desastre más a añadir al desmantelamiento rural. 
¿Cómo hablar retóricamente de desarrollo rural y desmantelar de esta manera el sector de un producto como el tabaco que tiene mercado? 
La Comisión no ha contestado a mi demanda de cuantificar el impacto social sobre el empleo de sus propuestas, pero que sepa que nosotros sí cuantificaremos todos los aspectos de esta reforma que supongan una regresión material. 
No votaremos la enmienda 6, si siquiera como adición, porque es nefasta. 
Transacciones de última hora entre los fundamentalistas anti-consumo-cigarrillos no pueden ocultar que el abandono del sector en favor de intereses y mercados extracomunitarios no es una opción de futuro que mejore el presente: una nueva OCM del tabaco crudo sólo se justifica si es capaz de mejorar la actual situación para los ciudadanos europeos. 
Llamo asimismo la atención sobre la modulación de la prima en función de la calidad, porque podría producir en determinados Estados miembros efectos perversos que vayan incluso en contra del deseado objetivo de calidad. 
La política agrícola de la UE debe ser respetuosa con respecto al medio ambiente, la salud y los derechos del consumidor, y caracterizarse por una reducción sucesiva de las subvenciones a la agricultura. 
No pueden razonarse las ayudas de la UE cuando la propia UE apoya proyectos para reducir el consumo de tabaco por motivos de salud. 
La eliminación inmediata de las subvenciones de un día para otro crearía un gran desempleo entre los cultivadores y trabajadores, además de que repercutiría negativamente en las zonas rurales. 
En nuestra opinión debería, por consiguiente, darse una sustitución gradual y estar completada para el año 2005. 
A través de los Fondos estructurales, entre otros instrumentos, cabe realizar unas inversiones decididas en la investigación y las ayudas al desarrollo y los cultivos alternativos. 
El modelo de la UE, consistente en ayudas que ascienden aproximadamente a 9 mil millones de coronas suecas para la producción de un artículo tan nocivo para la salud como es el tabaco, al tiempo que se destinan 0, 1 mil millones de coronas a las acciones dentro de la lucha contra el cáncer, es erróneo y se contradice a sí mismo. 
La reforma del sector del tabaco crudo ha generado varios movimientos con vistas a preservar la salud pública, en algunos casos de modo bienintencionado, aunque en la mayoría de ellos con objetivos muy poco claros. 
Si se pusieran en práctica ciertos aspectos de la propuesta de la Comisión y muchas de las enmiendas del presente informe, la producción de tabaco en la Unión Europea desaparecería y se vería sustituida por la importación más barata de países terceros. 
A diferencia de lo que creen algunos, el consumo no disminuiría, la salud pública no saldría beneficiada y sólo aumentarían las ganancias de las multinacionales transformadoras del tabaco. 
Estamos seguros de que no es esto lo que pretenden muchas de las personas autoras y/o defensoras de las enmiendas rechazadas por el Parlamento Europeo. 
Por otro lado, conviene no olvidar que la producción de tabaco crudo se realiza en regiones del sur, de Objetivo 1, que éste es un sector que emplea mano de obra intensiva, y que se trata de una producción sin alternativas viables, pero que por estar en el orden del día del futuro de la PAC contribuye de modo insustituible a preservar el medio ambiente y a poblar ciertas regiones, algunas de las cuales son montañosas. 
Tampoco conviene olvidar que sin empleo (prioridad retórica en boca de tantos) , sin rendimiento, sin alternativas y sin perspectivas de vida digna, la salud tanto mental como física de las mucho más de 150.000 personas que emplea este sector sería indudablemente peor que el daño producido por el humo de los cigarrillos que sin duda seguiríamos comprando y consumiendo. 
Es evidente que hay que aumentar las inversiones destinadas a evitar el consumo de tabaco y a fomentar la investigación y el tratamiento de las enfermedades que produce. 
Sin embargo, es bien sabido que el consumo de tabaco no disminuirá ni se evitará con medidas coercitivas en contra de la producción de tabaco crudo, aplicadas en regiones pobres y con consecuencias notables en el aumento del desempleo. 
La disminución del consumo de tabaco sólo puede obtener progresos sensibles por la vía de la educación, de la prevención y de la limitación del enorme poder y de los beneficios de las multinacionales transformadoras que, si se hubieran aprobado las enmiendas propuestas, habrían reforzado su poder y sus valores. 
Como esto no ha sido así, el informe constituye una base de trabajo alternativa para ciertos aspectos de la propuesta de la Comisión sobre la reforma de la OCM del tabaco que merece nuestra aprobación en términos generales y que, incluso, recoge enmiendas presentadas por nosotros durante los debates realizados en la Comisión de Agricultura. 
Ante todo deseo felicitar al ponente, Sr. Rosado Fernandes, por el excelente trabajo realizado y por el enfoque dado al informe, cuyo contenido compartimos plenamente y apoyaremos cuando se celebre la votación. 
Es evidente que las posiciones de los que quieren suprimir cualquier ayuda a los productores de tabaco adolecen de una tendencia integrista con respecto a los fumadores y sospecho que sus campañas más que defender la salud de los consumidores defienden la salud presupuestaria de las multinacionales del tabaco. 
¿Qué sentido tiene, en efecto, sostener que la salud de los consumidores europeos está estrechamente ligada a la producción de tabaco en Europa, cuando paralelamente no se prevé una rígida limitación de las importaciones de terceros países de dicho producto? 
¿O quizás estos ideólogos de la salud tienen previsto volver a las políticas anteriores al mercado común o incluso a los Estados autárquicos de antes de la guerra? 
El Grupo de Alianza Nacional en el Parlamento Europeo, en consecuencia, considera indispensable la no reducción de las ayudas a la producción y el efectivo apoyo a la producción de calidad y coincide con el ponente en la creación de un organismo independiente en el que estén presentes los productores y que, al encargarse de supervisar la calidad o de decidir sobre las clasificaciones, impedirá la actual fragmentación entre las agrupaciones de productores y fomentará la calidad del tabaco no sólo desde el punto de vista de una mayor variedad, sino también desde el de la relación entre calidad y salud. 
La OCM del tabaco, por consiguiente, deberá servir de estímulo para que no se abandonen las actividades emprendidas, así como de apoyo para la transferencia de las cuotas individuales a jóvenes agricultores, aunque manteniendo los lazos que las vinculan con las zonas más desfavorecidas. 
Me alegra la votación masiva que acaba de producirse en la sesión plenaria en favor del informe Rosado Fernandes. 
Sin embargo, he tomado nota con sorpresa de que los más feroces adversarios de nuestros productores de tabaco eran, muy a menudo, aquellos que precisamente no dejan de propugnar con celo la liberalización de la venta de la droga en nuestros países. 
Más allá de las disputas teológicas, que no tienen cabida en este debate, lo que aquí hemos querido apoyar es la función económica y social desempeñada por los 150.000 productores de los Estados miembros de la Unión, así como las interprofesiones a las que hemos queridos alentar en sus esfuerzos en favor de las producciones europeas de calidad. 
En un sector de producción deficitario para la Unión es un deber y un interés nuestro fomentar las iniciativas de nuestros propios productores. 
Esta estrategia ha estado en el origen de la creación de la política agrícola común y conviene que nos ciñamos a ello. 
Efectivamente, hay que evitar a toda costa que la política europea permita que la grandes multinacionales vuelquen en nuestros países sus excedentes de tabaco producidos en Florida, en Virginia o en cualquier otro país tercero, o de lo contrario la Comunidad estaría trabajando en contra de los intereses que se supone que ha de defender y proteger. 
(La sesión, interrumpida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Goerens y Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Camboya; -B4/0641/97 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación política en Camboya; -B4-0666/97 de los Sres. Schwaiger y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Camboya; -B4-0675/97 de la Sra. Junker y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Camboya; -B4-0676/97 del Sr. Titley y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Camboya; -B4-0693/97 de los Sres. 
Señor Presidente, hace cuatro o cinco años, los países europeos desplegaron esfuerzos gigantescos para permitir que la población de Camboya se inscribiera en listas electorales y pudiera votar para elegir su propio futuro. 
Entonces creímos que se había pasado definitivamente una página, la del genocidio, los asesinatos, las emboscadas, los arrestos arbitrarios y las ejecuciones sumarias. 
Esto no fue así. 
Actualmente en las calles de Phnom Penh y de Siem Reap se producen tiroteos, se realizan detenciones, se ejecuta a los miembros del Funcinpec o del PDLB, se persigue a cualquier persona que no haya dado muestras de lealtad explícita a Hun Sen. 
Estando así las cosas, ¿qué se puede hacer? 
En primer lugar, hay que presionar para que pueda volverse al espíritu y a la letra de los acuerdos de París. 
Después, hay que apoyar sin reservas la acción de las Naciones Unidas y del CICR. 
Por último, hay que congelar los 450 millones de dólares que había prometido el Banco Mundial y aplazar la aprobación del informe sobre los acuerdos de cooperación. 
Señor Presidente, no me extraña que un país en el que se ha perpetrado un genocidio, como Camboya, tarde tanto en volver al equilibrio. 
El golpe militar que ha tenido lugar ahora amenaza con precipitar de nuevo al país en un caos. 
Parece como si el apoyo moral y material que hemos dado desde el exterior en los últimos tiempos no hubiera servido de nada. 
Los avances democráticos son abortados, los líderes de la oposición asesinados, los periodistas y abogados han de esconderse. 
¿Acaso ha desaparecido por completo la perspectiva de una estabilidad en Camboya? 
Pienso que no. 
Hay algunas señales positivas. 
En primer lugar, la ASEAN ha expresado duras críticas a la adhesión de Camboya. 
Esto significa que la propia región aborda la situación. 
Luego está la promesa de elecciones. 
Hemos de aprovechar esta situación. Hemos de exigir que se envíen observadores que garanticen los derechos humanos fundamentales. 
Este mensaje queda muy claro en esta resolución que también es apoyada plenamente por mi Grupo. 
Señor Presidente, los acontecimientos acaecidos recientemente en Camboya ponen en tela de juicio la capacidad de este país para seguir con el proceso de democratización y de reconstrucción. 
Por si fuera poco, Camboya ha perdido toda credibilidad ante la comunidad internacional en lo que se refiere al respeto de sus compromisos, en particular aquellos que suscribió en los acuerdos de París. 
No somos los únicos que vertimos un juicio tan severo sobre Camboya; así, para la ANASE, parece que se ha alcanzado el límite de lo soportable hasta el punto de que se ha aplazado la adhesión de Camboya a este organismo, cosa que es, por decir poco, inhabitual. 
Es realmente una lástima que haya que llegar a este extremo, puesto que Camboya, a menos de que adopte un nuevo comportamiento compatible con los acuerdos internacionales, sobre todo con los acuerdos de París, está actualmente privándose de todo tipo de apoyos, apoyos que, por cierto, necesita desesperadamente. 
Señor Presidente, considero necesario reflexionar en torno al reciente nombramiento del nuevo primer ministro en Camboya que se produjo ayer por la tarde. 
Ung Huot fue nombrado en sustitución de Norodom Ranariddh. 
Esto explica la complejidad de la situación de ese país y demuestra que Camboya no ha finalizado todavía su proceso de estabilización política. 
Creo que el cometido de la Unión Europea es respaldar todo esfuerzo dirigido a que en el país no se produzca una guerra civil. 
Es obvio que hay que deplorar la desestabilización constitucional originada por las fuerzas de Hun Sen, así como condenar el hecho de que se produjeran pérdidas de vidas humanas. 
Tampoco creo deseable un Gobierno en que estén presentes los Jémeres Rojos, responsables del trágico genocidio. 
Por este motivo, estimo que el Consejo debe ejercer todas las presiones necesarias sobre las autoridades camboyanas a fin de que se cumplan los acuerdos de París de 1991 y estoy convencido asimismo de que la tarea de la Comisión es hacer respetar la cita electoral de mayo de 1998 que, como todos deseamos, tendría que acabar con esta trágica situación. 
Señor Presidente, estimados colegas, en principio siempre es acertado negociar para intentar encontrar una solución. 
Pero no se sienta uno, sin más, en torno a una mesa con un asesino y agresor, que acaba de apoderarse del poder. 
No basta con que el Consejo de Ministros en el caso de Campuchea formule una tibia exigencia de un alto el fuego y que el Consejo de Seguridad de la ONU apremie a sentarse en torno a la mesa de negociaciones para solucionar la crisis. 
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional de estados para que condene de forma severa e inequívoca los sangrientos ataques en Campuchea y ponga a Hun Sen en el sitio que le corresponde. 
Debe estar claro que un régimen golpista no puede cimentar mediante ayudas de la comunidad internacional un poder que ha sido forzado de manera ilegal y por la violencia de las armas. 
Por esta razón debe suspenderse también el acuerdo de cooperación de la Unión Europea y Campuchea, que ya ha sido firmado, hasta que se haya reestablecido una situación democrática. 
La comunidad internacional de estados debe insistir en que en mayo de 1998 puedan celebrarse, como está previsto, elecciones libres y democráticas bajo nuestra mirada. 
Señor Presidente, hace dos años formé parte de la delegación que el Parlamento Europeo envió a Camboya. 
Pensábamos con optimismo que, después de las elecciones de 1993, se había logrado un arreglo político entre Funcinpec y el Partido Popular de Camboya, de Hun Sen. 
Esperábamos que las elecciones dierán cierta estabilidad política a un país azotado por la pobreza y cuya reciente historia había sido tan trágica. 
Nuestro optimismo estaba mal fundado y el caos se ha enseñoreado una vez más del país. 
La vergonzosa y cínica toma del poder por el Primer Ministro Hun Sen es una afrenta para el Acuerdo de París de 1991, y además arruina los esfuerzos de la comunidad internacional que aportó miles de millones de dólares para la celebración de las elecciones de 1993. 
Los combates, en los que hubo 58 muertos y 200 heridos, son un sombrío epílogo de lo sucedido y hacen presagiar nuevos trastornos y revueltas. 
Naturalmente, la que ha salido perdiendo es la democracia. 
Hasta ayer no me enteré de las propuestas de Hun Sen, que quiere reducir el número de seguidores de Funcinpec mediante la eliminación de los candidatos parlamentarios que poseen doble nacionalidad, o sea los legítimos seguidores de Funcinpec. 
Es natural que la ASEAN decidiera el 10 de julio aplazar el ingreso de Camboya en la familia de naciones que representa ASEAN, en vista de estos conflictos internos. 
¿Qué va a suceder ahora? ¿Cuál debe ser la actitud del Parlamento Europeo? 
En primer lugar, tenemos que hacer todo lo que podamos para insistir en que se ponga término a la violencia. 
En segundo lugar, tenemos que interrumpir la ayuda financiera, que va directamente a manos del Gobierno que luego la utiliza para alimentar la tesorería de guerra. 
En tercer lugar, tenemos que proseguir la ayuda humanitaria: la estación de las lluvias comenzará pronto en Camboya y hay que evitar que los pobres y los desfavorecidos sean las víctimas. 
En cuarto lugar, tenemos que encontrar soluciones políticas. 
Tenemos que revitalizar el Acuerdo de París, recurriendo a los copresidentes Francia e Indonesia para que ejerzan presión sobre Hun Sen a fin de que respete el Acuerdo de París, y finalmente, como es lógico, tenemos que aplazar la ratificación del acuerdo de desarrollo entre la Unión Europea y Camboya hasta que se restablezca la estabilidad política en el país. 
Ésta es la opinión del Grupo Socialista del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, tras el golpe militar del 4 de julio en Campuchea nos hemos sentido todos muy consternados. 
Habíamos esperado que tras el largo período de carnicería en Campuchea se conseguiría la paz definitivamente con el Acuerdo de París de 1991. 
Sabemos que desde las elecciones de 1993 la corrupción aumenta en Campuchea. 
También hemos discutido repetidas veces acerca de cómo un período de posguerra implica siempre como consecuencia un cierto potencial de violencia en la población o de agresividad entre grupos de la población, entre grupos sociales diferentes y hemos discutido acerca de cómo se puede reducir quizá este período mediante una política exterior civil. 
Deberíamos tomar esto como ocasión para desarrollar nuevos conceptos y medidas para países que hayan experimentado la violencia. 
Pero no debemos aceptar en ningún caso este golpe militar. 
La pregunta es la siguiente: ¿Qué se puede hacer? 
Cada vez llegan nuevas noticias de que, por ejemplo, los miembros del FUNCINPEC siguen siendo reprimidos. 
Tenemos miles de víctimas que lamentar y creo que el paso acertado consiste en congelar, ante todo, el acuerdo de cooperación de la UE, apoyar a los estados ASEAN que han pedido que la adhesión debe ser aplazada. 
Pienso que este gobierno militar debe ver que con más violencia en Campuchea no seguirá adelante. 
Señor Presidente, la Comisión se suma sin reservas a las expresiones de condena por la infracción de la ley constitucional y la expulsión del Primer Ministro, Príncipe Ranariddh. 
La Comisión quisiera poner de relieve los términos de la declaración hecha por la Presidencia de la Unión Europea en respuesta a los combates del 5 y el 6 de julio, en la que pedía lo que algunos diputados que han tomado la palabra han pedido también, es decir, un alto el fuego inmediato e incondicional, un regreso a condiciones normales de gobierno, y la celebración de las elecciones prometidas para mayo de 1998. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo una declaración el 11 de julio en la que insistía en que se entablara el diálogo entre las partes en el conflicto y se pusiera término al enfrentamiento. 
Como han indicado algunos oradores como la Sra. van Bladel y el Sr. Harrison, es muy importante que la ASEAN haya expresado su disgusto mediante la suspensión de la solicitud de ingreso de Camboya y mediante una intervención diplomática ante el Rey Sihanouk, pidiendo que los interesados procuren encontrar una solución pacífica, mantengan la ley y se abstengan de perseguir a los adversarios políticos. 
La Comisión ha enviado una note verbale a las autoridades en la que expresa su preocupación por la seguridad de sus encargados de la ayuda humanitaria, pero no ha dado instrucciones para que abandonen el país. 
Los planes que se puedan adoptar para la adopción de medidas de ayuda a largo plazo se coordinarán estrechamente con los representantes de Estados miembros sobre el terreno y también aquí en Europa. 
Los medios de que disponen las organizaciones no gubernamentales para encauzar la ayuda de emergencia y humanitaria están intactos y en condiciones de funcionar cuando se requiera. 
El país se halla en una situación que puede cambiar de un día para otro, y no hace falta decir que la vigilaremos muy cuidadosamente y nos mantendremos en condiciones de responder a cualquier cambio que lo aconseje. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B40638/97) del Sr. De Vries y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la detención de criminales de guerra en la antigua Yugoslavia. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, la solicitud que tenemos aquí ante nosotros, es una solicitud que podemos apoyar plenamente. 
Tiene un motivo positivo y un motivo triste. 
El motivo triste es que muchos criminales de guerra se encuentran todavía en libertad. 
Igualmente triste es quizá el hecho de que en relación con la detención se haya producido una muerte. 
Siendo esto tan triste, considero claramente necesario que la comunidad internacional manifieste también de forma clara a través de sus representantes militares en la antigua Yugoslavia que no puede ser ni debe ser que criminales de guerra se muevan libremente con independencia del lado en que hayan hecho la guerra. 
No existe ninguna razón que pueda justifcar los hechos que deben ser condenados aquí por el Tribunal de La Haya. 
Cuando ha habido una guerra, cuando ha habido enfrentamientos, sobre todo, entre diferentes grupos étnicos, entonces se necesita reconciliación, se necesita cooperación, pero se necesita también justicia. 
Somos completamente partidarios de esta justicia para todas las partes. 
Esto no significa que no debamos desarrollar paralelamente nuevas estructuras, que no debamos prestar ayuda y apoyo, que no debamos generar confianza. 
Allí donde se hayan hecho errores más pequeños hay que rectificar. 
Debe haber una cooperación entre los diversos grupos, como hemos visto hace poco precisamente durante una visita a Croacia; allí se están dando pasos, imperfectos, vacilantes, pero, a fin de cuentas, pasos hacia una reconciliación, como ocurre también precisamente en Bosnia. 
Espero que en la República Serbia esto se convierta también pronto en una obviedad. 
En este sentido, es bueno que la comunidad internacional actúe, aunque sea algo tarde. 
No obstante, ahora debemos apoyar plenamente esta actuación pues sólo dos cosas pueden servir de ayuda: la persecución de los criminales de guerra y el apoyo para la comunidad afectada. 
Señor Presidente, ante todo quisiera dar las gracias al Grupo Liberal por haber presentado esta resolución. 
Hasta aquí me he situado siempre críticamente frente a la idea de semejante Tribunal, pero hoy, puesto que lo tenemos, debemos utilizarlo para ser creíbles. 
En el pasado, y esto hay que decirlo una vez más, los diversos gobiernos de los territorios de la antigua Yugoslavia- con excepción de los serbios- han sido los responsables de que no se entregase a los criminales de guerra, sino la debilidad de occidente. 
En efecto, se pudo detener absolutamente a ciertos criminales de guerra, pero no se hizo. 
No voy a entrar ahora en particularidades, no tengo tiempo suficiente para ello. 
Sin embargo, es un hecho que cada cual conoce in situ, que, por ejemplo, Karadzic y Pladic no fueron detenidos porque hubo instrucciones de arriba. 
Quiero dar las gracias al Sr. Swoboda porque se ha mostrado partidario de la reconciliación, pero, al mismo tiempo, porque ha destacado también que hay diferentes responsabilidades y que en este punto se comete en general el error de atribuir a todos la misma responsabilidad. 
Quien haya estado en Croacia y en Serbia sabe, ciertamente, quién fue el agresor, pues en Croacia están destruidas las iglesias y las casas, y en Serbia, en cambio, no cayó un solo disparo. 
Existen grandes diferencias, y si se echa todo en un mismo puchero, no se logrará la justicia que es absolutamente necesaria. 
Señor Presidente, me pregunto por qué no empezamos por el primer culpable de esta terrible historia. 
Y el primer culpable de esta terrible historia es la misma Unión Europea, que impuso el desmembramiento de Yugoslavia. 
La Unión Europea, que después del desmembramiento de Yugoslavia vio venir la guerra y no hizo nada para evitarla. 
La Unión Europea, es decir, todos nosotros, que vimos avanzar la guerra y nos limitamos a hablar y a votar resoluciones en el Parlamento Europeo, en espera de que llegase América para ofrecer una solución, que en la práctica no es una solución de paz, sino sólo una suspensión de las hostilidades. 
Y esto lo sabíamos todos cuando firmamos y apoyamos la solución de Dayton. 
Por eso, es evidente que son culpables todos los autores de crímenes de guerra. 
Y sería yo el último en no apoyar su enjuiciamiento. 
Solo que no debemos buscarlos únicamente en una sola parte. 
Puede que sean más de una parte y menos de la otra, pero en todo caso hay culpables en las dos. Y llamo la atención sobre esto: acciones como la de la pasada semana, en la que se buscaba a una persona, se detuvo a otra y se asesinó finalmente a una tercera, porque de un asesinato se trata, no sólo no ayudan a la consolidación de la paz en la zona, tal como todos deseamos, sino que mucho me temo que enciendan otra vez la mecha del fuego de la guerra. 
Hemos de ser muy cautelosos. 
Señor Presidente, por fin la SEOR ha entrado en acción y ha empezado a atrapar a los criminales de guerra. 
Pero poco después resulta que un país como Francia nos lleva la contraria y nos obliga a preguntarnos: ¿acaso quiere Francia que no se coja a los chicos malos, o es que sólo está ocupada puliendo su propia grandeza y demostrando al mundo que no se deja dominar por Estados Unidos? 
Si queremos que en Bosnia reine la paz cuando se retiren las fuerzas de la SEOR, tendrán que suceder muchas más cosas. 
Hay demasiados hombres en libertad que en realidad deberían comparecer ante el tribunal de La Haya. 
No hace falta dar los nombres, todos los conocemos. 
La semana que viene, los donantes volverán a reunirse y me parece bueno que les dirijamos un llamamiento para que sigan el ejemplo de la Unión Europea e interrumpan la ayuda a la República Srpska, pues a decir verdad no creo que sea posible seguir con esa ayuda. 
Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias a los amigos liberales por esta iniciativa. 
Considero que es muy importante seguir presionando a la comunidad internacional, a fin de que este Tribunal pueda funcionar. 
Y es importante para que el proceso de paz siga avanzando; es importante para la credibilidad del propio Tribunal ad hoc, así como para otro gran proyecto: la creación de un Tribunal Permanente Internacional. 
Éste es sin lugar a dudas otra pequeña señal que podemos dar. 
Deseo manifestar a la Sra. Van Dijk que, hasta que la Unión Europea no disponga de los instrumentos para llevar a cabo misiones de paz y, en consecuencia, también- como en este caso- para detener a los criminales de guerra, seguiremos buscando las pulgas a un Estado más que a otro: hoy lo ha hecho a Francia, mañana se podría hacer a Italia o al Reino Unido. 
Por lo tanto, es prioritario que desde ahora mismo la Unión Europea se dote de un cuerpo europeo de peace keeping y de peace making. 
Señor Presidente, oigo a quienes se sienten especialmente satisfechos por la detención de criminales en Bosnia por parte de la SEOR. 
Por supuesto, ya iba siendo hora de que nos tomáramos en serio los acuerdos de Dayton. 
Hasta ahora no se había cumplido este importante aspecto, la detención de los criminales de guerra y su enjuiciamiento ante el Tribunal Internacional, la cooperación con el Tribunal. 
Tampoco nosotros lo habíamos cumplido, ni la SEOR. Por fin lo hacemos y me complace mucho que podamos contar con la Comisión Europea, que, siempre que puede, sigue una política que demuestra tener fuerza. 
Asimismo aplaudo que la Comisión Europea adopte una actitud dura frente a la República Srpska, que tan mal va en estos momentos, no sólo porque en ella esté la chusma en el poder, sino también porque vemos las consecuencias a nuestro alrededor. 
La situación de la población es mucho peor que en la zona de la Federación, por no hablar de Serbia y Croacia. 
Concretamente, por el bien de la población hay que seguir reforzando el orden jurídico, pues sin él los refugiados no pueden regresar de forma digna y segura, las industrias no pueden ponerse en marcha y las líneas de ferrocarril que atraviesan territorio no serbio, como las que pasan por Tuzla, no pueden ser utilizadas por los serbios. 
Se trata de limitaciones muy graves que se evidencian por sí mismas. 
Me parece muy correcto que la Comisión Europea haya sacado las consecuencias adecuadas. 
En realidad, también quisiera que la Comisión Europea contribuyera a que tuviéramos una mejor idea del grado de obstruccionismo que se practica desde diversos lados contra la cooperación. 
Sigo oyendo que el Gobierno de Bosnia coopera con el Tribunal, los croatas algo menos y la República Srpska y la República de Serbia muy poco. 
Hemos de tener garantías de que se cooperará para poder rebatir con hechos las tonterías que se han dicho en círculos del Partido Socialista de Austria. 
Es un escándalo que allí se acepte que los criminales puedan moverse libremente y que sólo se señale a otros. 
En general tendremos que ayudar al Tribunal en Serbia, en la República Srpska y también en la República de Croacia. 
Se puede ofrecer todavía mucha más cooperación para que se restablezca por fin el orden jurídico en la zona. 
Señor Presidente, no quiero alargarme mucho. 
Al alemán se ha traducido que aquí la última porquería harapienta forma parte de un gobierno, pero, con todo respeto para el Sr. Oostlander, en este Parlamento no se debería designar a otras personas con tales palabras, suponiendo, que la traducción haya sido correcta. 
Esto no lo sé. 
Señor Presidente, no se ha traducido correctamente, pero he encontrado allí alcaldes que en los Países Bajos incluimos en la categoría de «chusma». Fue un encuentro muy sorprendente, algo casi nunca visto, pero por desgracia sí en esa zona. 
A la Comisión le satisface que la Fuerza de Estabilización haya detenido recientemente a un presunto criminal de guerra. 
Este hecho subraya la importancia de la sentencia dictada por el Tribunal Penal Internacional en el caso contra el Sr. Tadic. 
Desde el principio nuestra posición ha sido que no puede haber paz sin justicia y que hay que apoyar firmemente toda acción encaminada a hacer respetar la justicia. 
No hay justicia que pueda entrañar una amenaza continua para la estabilidad y la paz duraderas, en detrimento de la recuperación política y económica de Bosnia-Herzegovina y del regreso de los refugiados. 
La Comisión estima que la detención de criminales de guerra en la antigua Yugoslavia representa un elemento esencial de las condiciones fijadas para el desarrollo de relaciones entre la Unión Europea y los firmantes del Acuerdo de Paz de Dayton. 
La semana pasada la Comisión decidió suspender su asistencia no humanitaria a la República Srpska mientras criminales de guerra como el Sr. Karadzic no comparezcan ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya. 
Se ha suspendido el envío de productos de carácter no humanitario, por valor de 35 millones de ecus. 
El hecho de no detener al Sr. Karadzic es una clara violación del Acuerdo de Paz de Dayton, cuyo cumplimiento es un requisito para la prestación de asistencia para la reconstrucción. 
Además se ve claramente que el Sr. Karadzic sigue influyendo mucho en el desarrollo político de la República Srpska, con lo que obstaculiza el proceso de paz, lo que constituye asimismo una violación de los acuerdos de paz. 
Además, sus actividades «económicas» , que tanta publicidad reciben, son de tal carácter que no se puede descartar que el Sr. Karadzic se beneficie directa o indirectamente de la asistencia para la reconstrucción de la República Srpska. 
En vista de lo antedicho, no hay justificación para seguir prestando asistencia para la reconstrucción. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Condena a muerte en los Estados Unidos- B4-0609/97 del Sr. Imbeni y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la condena a muerte de Joseph O 'Dell en los Estados Unidos; -B4-0630/97 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la condena a muerte de Joseph O' Dell en los Estados Unidos; -B4-0653/97 del Sr. Manisco y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la condena a muerte en los Estados Unidos y el caso O 'Dell; -B4-0678/97 de los Sres. Aglietta y Orlando, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la condena a muerte de Joseph O' Dell en los Estados Unidos; 
Hory y McCarthy, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la violación de los derechos humanos en Kenia; -B4-0667/97 de los Sres. Oomen-Ruijten y Schwaiger, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en Kenia; -B4-0692/97 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Kenia; 
Bertens y André-Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las violaciones de los derechos humanos en Perú; -B4-0615/97 del Sr. Howitt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos humanos en Perú; -B4-0656/97 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación de los derechos humanos en Perú; -B4-0664/97 de los Sres. Lenz y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre Perú; -B4-0679/97 del Sr. Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos en Perú; 
Mutilaciones sexuales en Egipto- B4-0655/97 de la Sra. Sornosa Martínez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las mutilaciones genitales en Egipto; -B4-0672/97 de la Sra. Terrón i Cusí y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las mutilaciones sexuales en Egipto; -B4-0673/97 de la Sra. Kokkola, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la aprobación judicial de la mutilación genital femenina en Egipto; -B4-0689/97 de los Sres. Hautala y van Dijk, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las mutilaciones sexuales; 
Túnez- B4-0594/97 de los Sres. Bertens y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los derechos humanos en Túnez; -B4-0618/97 del Sr. Roubatis y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos humanos en Túnez; -B4-0626/97 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Túnez y las reacciones del Gobierno tunecino tras la reunión de Estrasburgo sobre la situación de los derechos humanos; -B4-0688/97 del Sr. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los derechos humanos en Túnez; 
Filipinas- B4-0601/97 del Sr. Apolinário, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas; -B4-0645/97 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el apoyo a las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas; -B4-0686/97 de los Sres. Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la adhesión a los principios e instrumentos de respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional en las negociaciones de paz entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas. 
Condena a muerte en los Estados Unidos 
Señor Presidente, considero que esta resolución es importante porque desaprueba firmemente las muchas ejecuciones capitales que cada año afectan a centenares de personas. 
No creo que esto hace honor a un país considerado por muchos, y también por mí, un ejemplo de democracia. 
Estoy convencido de que se trata de otras tantas venganzas de Estado que implican, como en el caso de Joseph O ' Dell, que se repitan errores judiciales fatales para muchas personas. 
Nuestro Parlamento justamente hace presente a los Estados Unidos que esto es inaceptable. 
Señor Presidente, este Parlamento se considera como el faro de la razón y la compasión en este mundo brutal de nuestros días, pero se diría que pierde la memoria cuando se trata de violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos de América. 
Por su parte, los estadounidenses eligen dirigentes que consideran que los diputados de este Parlamento son demasiado tontos para ver la verdad, demasiado sordos en lo moral para oírla, y demasiado miedosos para levantar la voz cuando disienten. 
El caso de Joseph O ' Dell, persona presuntamente inocente, condenada a la horca en el Estado soberano de Virginia, nos brinda la posibilidad de demostrar que se equivocan, la esperanza de que nuestra voz resuene lo suficientemente lejos para que el condenado salve la vida, y el sueño de que nuestra resolución común pueda comenzar a invertir el sentido de la salvaje tendencia hacia el asesinato judicial de millares de personas. 
Lo que tenemos ante nosotros es una fase extraordinaria de horror rutinario, una profunda letargia acerca de los derechos humanos. 
Nunca ha habido en una democracia occidental semejante silencio, semejante vacio. 
El debate sobre la pena de muerte- siempre que hay que ejecutar una de esas sentencias en los Estados Unidos de América- se concentra en el medio más humano de llevarla a cabo: el gas, la horca, la inyección o la electrocución. 
Basta ya. 
Tenemos que conseguir que nuestros amigos norteamericanos vuelvan a la familia humana mediante algunos medios prácticos, quizá invitando a millones de turistas europeos a visitar únicamente los Estados en los que no hay pena de muerte; las nieves de Vermont en vez de las colinas de Virginia, las playas de New England en vez de las palmeras de Florida. 
Hagamos todo lo posible por recordar a los norteamericanos las palabras inmortales del poeta: » La muerte de un hombre, de cualquier hombre, me disminuye porque formo parte de la Humanidad y por lo tanto no tengo por qué preguntarme por quién suenan las campanas: suenan por mí» 
Señora Presidenta, en estos días, en estas horas, en Richmond, en el despacho del Gobernador de Virginia, un hombre debe decidir con un gesto de la mano, con una firma, sobre la vida y la muerte de otro hombre. 
Éste es unos de los dramáticos y bárbaros aspectos del dramático y bárbaro rito de la pena de muerte. 
Dicho rito recuerda el dramático y bárbaro rito de los circos de la antigüedad, cuando en el Coliseo un hombre, con un gesto de la mano, con un pulgar dirigido hacia arriba o hacia abajo decidía sobre la vida y la muerte de otro hombre. 
Ayer decidía el aplauso de la muchedumbre del circo, hoy son los sondeos de opinión y las previsiones de consenso electoral. 
Me obstino en creer y pedir que estos bárbaros juegos deben terminar de una vez y que la pena capital debe ser abolida, porque es inhumana y completamente ineficaz para prevenir los delitos. 
La vida es sagrada y nadie, ni siquiera el Estado, puede matar. 
Tampoco hay que matar a Caín y esto vale para todos los condenados a muerte. 
Para expresar este valor en mi ciudad, la ciudad de Palermo, a lo largo de muchos años ciudad de muerte, se concede, previa indicación de Amnistía Internacional, la ciudadanía honoraria a los condenados a muerte, a fin de testimoniar una cultura de vida. 
En el caso de Joseph O ' Dell, ciudadano honorario de Palermo, la situación es aún más atroz. 
Aunque siguen existiendo dudas sobre su culpabilidad, el Gobernador Sr. Allen se niega a ordenar que se realice la prueba de ADN. 
Mientras esperamos que se deje de jugar con la vida o la muerte del ser humano y que sea abolida la pena de muerte, pedimos que se acuerden las pruebas, a fin de que la culpabilidad demostrada y no el grito silencioso de los sondeos de opinión decida sobre la vida de Joseph O ' Dell. 
Si se hace caso omiso de este llamamiento, Joseph O ' Dell será ejecutado el 23 de julio en el corredor de la muerte de una cárcel de Virginia y se llevará consigo la duda de su culpabilidad y legará no sólo a Virginia, sino a todos nosotros la vergüenza de un homicidio. 
Estimo que a partir de estos hechos debemos sacar esta firme conclusión: ya es hora de que en las cláusulas referentes al respeto de los derechos humanos, incluidas en los acuerdos financieros de la Unión Europea, se prevea la abolición de la pena de muerte. 
Señora Presidenta, ante todo le agradezco que me ofrezca la posibilidad, al haber usted anticipado su turno de Presidencia, de intervenir sobre un asunto que en nuestro país y en toda la Unión Europea ha suscitado una gran emoción. 
Seguramente, no es la primera vez; confiamos en que sea, aunque no la última, al menos una de las últimas veces que se impide verificar in extremis la situación jurídica real de una persona condenada a muerte. 
En este caso, hay una persona que se declara inocente y pide poder someterse a la prueba del ADN. 
Considero que el Gobernador del Estado de Virginia y las demás autoridades implicadas, no pueden seguir estando tan seguros aunque nada más sea por los llamamientos formulados en este caso; dentro de algo menos de una semana, una persona, a pesar de ser inocente, puede ser ejecutada. 
En la Unión Europea pensamos en que la ejecución de un culpable por parte de un Estado es un crimen; cuando se mata a una persona inocente el crimen es ciertamente aún más grave. 
Confiamos en que el Gobernador del Estado de Virginia, aunque no atienda los llamamientos de los particulares, atienda al menos el llamamiento del Papa, así como el de los parlamentos, los Gobiernos y las autoridades morales que se han manifestado en torno a este asunto. 
¿Por qué no puede hacerse un gesto muy simple, a fin de evitar el riesgo de descubrir mañana, dentro de diez días, que se ha matado a un inocente? 
No pedimos ponernos en el lugar de los Jueces de los Estados Unidos de América, tan sólo pedimos un gesto de sabiduría, de clemencia y de respeto hacia la vida del ser humano. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, el 23 de julio- tal como se nos ha recordadoen el Estado de Virginia, puede ser ejecutado, con la pena capital, un inocente. 
Porque, incomprensiblemente, se le niega al sentenciado la posibilidad de realizar la prueba del ADN, una prueba que hace 12 años está solicitando para demostrar su inocencia y que permitiría esclarecer el caso. 
Un caso muy confuso, según las pruebas. 
Recordemos que uno de los principales testigos ha confesado haber inventado su declaración y que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a pena de muerte de Joseph O ' Dell por un solo voto. 
Por eso, con esta resolución, no se trata únicamente de rechazar la pena de muerte y de que este Parlamento, en consonancia con sus reiteradas declaraciones, se pronuncie pidiendo le sea conmutada la pena de muerte a Joseph O 'Dell y a otros cuatro ciudadanos sentenciados a muerte, sino que se trata, sobre todo, de pedir que a Joseph O' Dell se le dé la oportunidad de demostrar su inocencia. 
El valor que para nosotros tiene la vida humana, toda vida humana, nos mueve a unir nuestra voz a la de todas aquellas que se han levantado pidiendo clemencia para Joseph O ' Dell, y a formular este llamamiento solemne al Gobernador del Estado de Virginia y al Gobierno de los Estados Unidos para que no se cometa de nuevo y una vez más un acto irreparable. 
Señora Presidenta, el caso de Joseph O 'Dell ofrece una doble lectura: primero, como han manifestado sus Señorías, Joseph O' Dell corre el riesgo de morir inocente, porque la justicia americana se obstina en no autorizar una nueva prueba de ADN que, probablemente, exculparía a este hombre; segundo, nosotros consideramos el caso O ' Dell como un caso ejemplar de lo que es en la actualidad la pena de muerte en los Estados Unidos y en el mundo: la pena de muerte es una venganza de Estado, un delito de Estado, un crimen, así como un ejercicio de la autoridad y de la soberbia sobre una vida humana. 
Consideramos que la misma es un insulto para el modelo de democracia y de libertad que los Estados Unidos representan en todo el mundo actualmente, pero sobre todo consideramos el caso O ' Dell- ésta es la razón por la cual debemos salvarleun símbolo para todas las condenas a muerte que se ejecutan todos los días sin el clamor de la opinión pública en países como China, Irán, Sudán y en muchos otros países del mundo. 
Ésta es la razón por la cual debemos impedir este delito de Estado: ¡se trata de una cuestión de civilización! 
Señora Presidenta, Estados Unidos es y ha sido durante mucho tiempo un ejemplo democrático para el mundo. 
Pero en el país democrático más grande del mundo se sigue aplicando una modalidad de castigo repugnante. 
La pena de muerte es irrevocable. 
Incluso sucede con bastante frecuencia que más tarde se demuestra que el ejecutado era inocente. 
La pena de muerte no disminuye la criminalidad. Por el contrario, conduce a un embrutecimiento de la sociedad. 
La pena de muerte sigue un principio obsoleto: ojo por ojo y diente por diente. 
¡Pero no se castiga a un violador violándolo! 
A los diputados del Parlamento nos causa estupor el aumento de ejecuciones registrado en EE UU. 
Comprobamos como las ejecuciones ensombrecen la figura del Presidente Clinton. 
Consideramos especialmente repugnante el caso O ' Dell. La justicia americana no le ha informado de los derechos que tenía en realidad. 
El Parlamento desea que EE UU se abstenga de ejecutar a O ' Dell y al resto de sentenciados. 
Señora Presidenta, Señorías, si hay algo de lo que el Parlamento Europeo puede sentirse orgulloso es de esta tenaz y firme convicción de que es preciso abolir la pena de muerte en todo el mundo y luchar para que la pena capital no se aplique allí donde la legislación la contempla. 
El que nos preocupa sobremanera en este momento es el caso de los Estados Unidos, el de Joseph O ' Dell: un caso en el que, además de los sentimientos comunes a todas las demás ejecuciones capitales que intentamos evitar, tenemos la fundada certeza de que las pruebas de culpabilidad no acreditan en absoluto los hechos y de que una nueva prueba de ADN es necesaria y puede exculpar al imputado. 
Por todos estos motivos, es muy importante la voluntad del Parlamento que vamos a manifestar. 
Si este mensaje, además del mensaje del Papa y de muchos otros hombres y mujeres de buena voluntad, logrará llegar hasta el Gobernador de Virginia, confío en que pueda encenderse la esperanza de salvar la vida de Joseph O ' Dell el 23 de julio y así la de otros muchos que se encuentran en los corredores de la muerte de las cárceles americanas. 
Señora Presidenta, con la regularidad del reloj aparece en este debate de actualidad el tema de la pena de muerte para los criminales peligrosos en Estados Unidos. 
Hoy vuelve a darse el caso. 
Pues bien, he de reconocer que sobre este caso concreto no puedo hablar con conocimiento de causa, aunque me pregunto quién en este hemiciclo puede hablar con conocimiento de causa al respecto. 
No sé qué terrible crimen o crímenes ha cometido O ' Dell. 
Ni siquiera deseo pronunciarme sobre la afirmación gratuita de la presente resolución que da a entender que el acusado no ha tenido un juicio justo. 
Si bien he de constatar que estas afirmaciones sobre los juicios injustos aparecen en todas las resoluciones sobre la pena de muerte en Estados Unidos, lo cual me hace dudar de su fundamento. 
No soy un ciego admirador de la política o del sistema judicial de Estados Unidos, pero me niego a aceptar que los tribunales y las salas de apelación e incluso el Tribunal Supremo de dicho país se tomen tan a la ligera la vida humana y la pena de muerte. 
Tampoco quiero pronunciarme sobre la afirmación igualmente gratuita de la resolución de que la pena de muerte es inadecuada como medio de intimidación, como medio de prevención para los criminales. 
Sé que los criminólogos debaten sobre esta cuestión. 
Pero se podría argumentar asimismo que la pena de muerte ha podido salvar la vida de muchas personas inocentes, que habrían sido víctimas de reincidentes de los que hay tantos sueltos. 
Sólo quiero decir que yo mismo provengo de un país donde en el último año nos hemos enterado con horror de que unos sádicos pedófilos condenados, unos morbosos violadores de niños y asesinos de niños, son puestos en libertad y soltados a la sociedad después de unos meses, como mucho después de unos años. 
A pesar de que todo psiquiatra sabe que estos monstruos no tienen curación y volverán a causar nuevas víctimas. 
Y lo que es más: provengo de un país donde Dutroux, el violador de niños reincidente y condenado, no sólo fue liberado después de unos años, sino que encima recibió una subvención social de 80.000 francos mensuales, que utilizó, como era de esperar, para construir los calabozos donde sus víctimas eras torturadas y asesinadas. 
Tomando esto en consideración, mi conciencia no me permite aprobar la presente resolución, aunque personalmente no sea partidario de la pena de muerte. 
Pero sólo estaré dispuesto a leerle la cartilla a Estados Unidos el día en que me convenzan de que en nuestro país y en nuestro continente se defiende eficazmente a los débiles, a las víctimas de los criminales, y hoy por hoy no es el caso. 
Señora Presidenta, votamos esta resolución no sólo para reiterar- cosa que hemos hecho siempre- nuestra oposición hacia la pena de muerte, una elección de civilización que el Parlamento Europeo ha hecho tantas veces, sino por nuestras íntimas convicciones morales- recientemente, el Papa, refiriéndose a este caso manifestó que sólo Dios es dueño de la vida y de la muerte de los seres humanos- y además porque, en este caso, como diputados europeos, sentimos el deber de agregar también nuestra iniciativa para evitar un posible error judicial. 
Nos encontramos, de hecho, ante el peligro concreto de un error judicial que ha suscitado muchas reacciones en todo el mundo. 
Sabemos que en estas horas un juez americano, el juez Spencer, debe tomar una decisión definitiva. 
Ayer, por cierto, manifestó que muchas de las pruebas en contra de O ' Dell son discutibles y no se aprecia su veracidad. 
Ante estos riesgos sentimos el deber, como diputados europeos, de agregar nuestra iniciativa para pedir al Gobernador de Virginia que suspenda esta ejecución mientras se realiza un nuevo examen de las pruebas, en particular de las de ADN. 
Todo lo que pueda hacerse para salvar la vida, aunque sea de una sola persona, debe hacerse. 
En este espíritu, hoy votamos esta resolución. 
Señora Presidenta, la macabra liturgia de la venganza de Estado se está preparando para celebrar otro de sus ritos el 23 de julio. 
En esa fecha O ' Dell dejará de ser un problema para la justicia de su país, sin embargo, se agravará el problema que la posibilidad «legal» de matar a un semejante plantea a la conciencia del ser humano. 
No quiero saber si O ' Dell es inocente o culpable, ni tampoco me interesa saber si eran inocentes o culpables todos los que abierta, semiclandestina o clandestinamente han sido ejecutados en las últimas veinticuatro horas: ajusticiados sin la intervención del Papa, sin la intervención del Parlamento Europeo, sin el clamor de la opinión pública. 
O ' Dell debe servir de precedente, de enésimo precedente para condicionar la cultura, todavía violenta, de un gran país como los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos tuvieron la primera Constitución democrática y para muchos representan un modelo a imitar en muchos campos. 
Y es precisamente por el hecho de que en muchos- en demasiados- de sus Estados aplican la pena de muerte, que los Estados Unidos siguen ofreciendo una coartada a esos países comunistas mucho menos democráticos que justifican la existencia de la pena capital en su ordenamiento más o menos jurídico. 
Kenia 
Señora Presidenta, hace unos días algunos ciudadanos que pedían pacíficamente para Kenia las reformas institucionales mínimas y necesarias para un correcto desarrollo de las próximas elecciones, fueron tratados con brutalidad por la policía que provocó la muerte de al menos 17 personas. 
La desestabilización de Kenia implicaría una gravísima violación de los derechos humanos y podría desestabilizar toda la región. 
En consecuencia, es absolutamente necesario lo siguiente: primero, la firme condena por parte de todos y en particular del Parlamento Europeo, del brutal comportamiento de las fuerzas policiales de Kenia; segundo, la prestación a Kenia de toda la más adecuada asistencia posible para la celebración de elecciones libres y limpias en ese país. 
Señora Presidenta, al igual que el Sr. Fassa, entiendo que la inadmisible represión policial de las manifestaciones de la oposición en Nairobi, pone de manifiesto que el régimen keniano se basa en la violencia y en la negación de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos. 
Considero justo pedir asimismo que, antes de que se celebren las elecciones presidenciales y administrativas, se lleven a cabo profundas reformas constitucionales en Kenia. 
Sin dichas reformas, las elecciones serán una farsa y otra legitimación forzosa del poder personal de Arap Moi. 
Pido al Consejo y a la Comisión que recuerde al Gobierno keniano el contenido del artículo 5 del Convenio de Lomé y le comunique asimismo la intención de Europa de suspender la cooperación económica con Kenia si el régimen seguirá reprimiendo a sangre y fuego toda solicitud de democratización del país. 
Es evidente que Kenia sufre por la falta de democracia y que el pueblo keniano está pidiendo reformas radicales a través de las manifestaciones de estas semanas. 
Creo que es tarea de la Unión Europea secundar este proceso, porque si no existe el peligro de que nuestra cooperación con dicho país no sirva para nada. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, los informes que nos llegan de Kenia son realmente cualquier cosa menos satisfactorios. 
Sin embargo, quisiera hacer tres puntualizaciones y dirigir tres preguntas a la oposición: en primer lugar, tengo la impresión de que, en parte, estamos viendo ahora en el Tercer Mundo los cambios que se produjeron en la Europa central a mediados de los años 90, es decir, el deslizamiento de los bloques y de los regímenes que entonces estaban sólidamente asentados y de cuya legitimidad democrática nadie se atrevía a discrepar ni a manifestar duda alguna. 
Hoy se les pone en cuestión. 
En segundo lugar, una oposición no es en principio una defensora de la democracia. 
Esperemos que en este caso no suceda igual que en el Zaire. 
En tercer lugar, debemos cuidar de que las algaradas y las manifestaciones callejeras no se conviertan en algo automático, que luego no se puedan frenar, cuando se haya producido aquello por lo que han luchado. 
Paso ahora a formular mis tres preguntas. 
En primer lugar: el gobierno reprocha a la oposición no notificar las asambleas, que estarían permitidas según la antigua legislación, práctica que procede de la época colonial británica para suscitar en el extranjero la impresión de que seguía siendo obstaculizado en la propia libertad de reunión. 
¿Es cierto esto, o tiene la Comisión alguna información al respecto? 
En segundo lugar: ¿qué hay de la disposición de la oposición a renunciar a la violencia cuando se produzcan los cambios constitucionales que se han anunciado? 
En tercer lugar: ¿qué piensa hacer la Comisión para urgir al Presidente Moi a llevar a cabo también rápidamente sus promesas de cambios constitucionales? 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, en los últimos tiempos recibimos constantemente desde Africa nuevas noticias de violencia, de guerras o de enfrentamientos violentos en las manifestaciones; ahora también desde Kenia. 
Después de una larga historia colonial, después de la época de transición que ha seguido a la época colonial, parece que ahora es necesario que ofrezcamos a estos países concepciones o apoyo, sean de índole económica sean de índole educativa, para que puedan encontrar también realmente la vía hacia la democracia. 
Actualmente está siendo renegociado el Acuerdo de Lomé. 
Nuestro objetivo debería ser el de imponer con el Acuerdo de Lomé el precepto de la democracia y ofrecer también instrumentos para este fin. 
De esta suerte, se podría instruir a personas en estos países, o quizá podrían éstas venir aquí y recibir formación en materia de reforma administrativa o en materia constitucional. 
En lo que respecta a Kenia, no puede ser, naturalmente, que la manifestaciones sean reprimidas con violencia, con independencia de que hayan sido declaradas o no. 
Pienso que se trata de los derechos humanos, que han de ser salvaguardados. 
Precisamente a través del Acuerdo ACP, a través de la cooperación que existe con la UE, deberíamos dar a Kenia la advertencia de que en este asunto hay que proceder con medios pacíficos. 
Señora Presidenta, el artículo 5 del Convenio de Lomé proporciona el marco básico de las características que debe reunir cualquier país para poder formar parte de pleno derecho de dicho Convenio. 
Todos los países ACP, al firmarlo, se comprometieron a respetar los derechos humanos y a emprender el camino de la democratización y del buen Gobierno. 
Lo sucedido en Kenia hace unos días demuestra que dicho país y su régimen están todavía muy lejos de los estándares mínimos necesarios para considerar democrático cualquier país del mundo. 
El impulso popular en favor de la democracia y la libertad de las personas se manifiesta con gran fuerza en todo el continente africano. 
Dicho impulso representa, desde hace ya muchos años, la novedad más importante y positiva de la situación en África, que puede permitir a todo el continente asentar su desarrollo civil, social y económico sobre bases sólidas y consensuadas. 
Esto es lo que se intentó expresar en Kenia donde, a través de multitudinarias manifestaciones, los que se oponen al régimen de Arap Moi pidieron reformas legislativas y constitucionales para permitir que las próximas elecciones sean libres y limpias. 
La brutal represión de las manifestaciones que ocasionó numerosas víctimas, seguida por una oleada represiva de detenciones, ha demostrado, una vez más, que el régimen keniano, según parece, no tiene intención de aceptar la libertad de expresión ni la democratización real del país. 
En consecuencia, es preciso que nuestro Parlamento condene con fuerza la acción de las fuerzas policiales kenianas y que se ejerzan todas las medidas de presión, a fin de poder abrir una nueva página en la historia de dicho país. 
Por fin, podemos expresar nuestro apoyo a la iniciativa de la comunidad internacional que, a través de los embajadores de 19 países en Nairobi, ha condenado firmemente los trágicos sucesos y ha pedido con fuerza la puesta en marcha de las reformas democráticas. 
La evolución de la situación en Kenia tendrá asimismo una importancia fundamental para toda la región, la de África oriental y de los Grandes Lagos, en la que es necesario más que nunca crear condiciones de estabilidad, democracia y desarrollo. 
Perú 
Señora Presidenta, hoy es el vigésimo aniversario de la última huelga nacional del Perú, y los huelguistas han organizado hoy en todo el país marchas masivas para pedir los derechos económicos, sociales y jurídicos que les han sido denegados. 
A raíz de la delegación que este Parlamento envió al Perú el pasado mes de septiembre y de los informes que nos dio el senador Canseco en Bruselas este mes, es lógico que el Parlamento se sume hoy a los manifestantes para expresar nuestra preocupación acerca de los abusos continuos y sistemáticos de los derechos humanos en el Perú. 
El testimonio del Sr. Canseco resulta aún más conmovedor tras los informes que el domingo por la mañana presentó la televisión peruana acerca de un sofisticado sistema de escuchas telefónicas establecido por las fuerzas de seguridad peruanas contra los funcionarios superiores de la administración pública y los dirigentes de la oposición, incluido el propio Ministro de Asuntos Exteriores, que tengo entendido ha dimitido. 
En este contexto instamos a que se vuelva a restablecer en sus puestos a los tres jueces expulsados del tribunal constitucional del Perú. 
El no hacerlo equivaldría a una clara señal de que, una vez más, los reiterados llamamientos internacionales en favor de la independencia judicial y del respeto de las norma democráticas en el Perú han sido ignorados. 
En este contexto también hemos de condenar hoy la pauta de amenazas y ataques contra los medios de información en el Perú, que lo único que quieren es informar libremente e imparcialmente sobre los abusos ocurridos. 
La bomba puesta en la emisora de Televisión Mundial de Puno el pasado mes de octubre, los asaltos físicos contra tres periodistas del programa de televisión «En Persona» en Naña el 25 de junio, el feroz ataque contra el redactor político de la revista «Ojo» en San Miguel el 1 de julio y la supresión de la nacionalidad peruana en el caso de Baruch Ivcher, propietario de Canal Dos de la televisión del Perú, decidida esta semana, representan otros tantos ataques contra el periodismo independiente, ataques que deberían ser evitados mediante las necesarias salvaguardias constitucionales. 
Hoy en día Europa se suma a la condena de la utilización sistemática de brutales torturas físicas por las fuerzas de seguridad peruanas. 
Acogemos con agrado la prórroga de la labor de la comisión ad hoc que preconiza el perdón de los presos acusados injustamente de crímenes terroristas, y pedimos que haya un examen judicial completo de esos casos y que se abone la indemnización que corresponda de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos. 
Hoy manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que durante tanto tiempo el Perú haya menospreciado las protestas internacionales contra los denominados «jueces sin rostro» , concepto que es totalmente inaceptable para la Comunidad Internacional. 
Europa tiene un papel que desempeñar en la colaboración con el Perú para suprimir las divisiones creadas por la pobreza masiva que padece el país, no solamente ayudando a reasentar a las personas internamente desplazadas con las que me hallo asociado personalmente, sino haciéndolo sobre la base de la concesión de garantías en materia de derechos humanos por el Gobierno, garantías que nuestro debate de hoy indican que son fundamentalmente inexistentes. 
Señora Presidenta, nosotros, en su día, nos pronunciamos claramente en contra del secuestro de un grupo muy importante de personas en la Embajada del Japón. 
Sin embargo, también condenamos- propusimos una resolución, pero ésta no avanzó- la forma en que el Presidente Fujimori entró en la Embajada del Japón y asesinó- hay que decirlo así -, sin ningún derecho a juicio, a las personas que estaban allí. 
Creo que eso se olvidó pronto, no se volvió a hablar de ello, pero, desgraciadamente, quien tiene un talante antidemocrático, como el Presidente Fujimori, después demuestra cómo aquello que hizo en aquel momento tiene su correlación en las amenazas a periodistas- lo dijo el compañero Howitt -, al Diario de la República, a cadenas de televisión y emisoras de radio. 
Y no sólo eso, sino que se han formulado amenazas clarísimas a responsables de la oposición, como el Sr. Díez Canseco, que estuvo efectivamente en Bruselas hablando con todos los Grupos. 
También se olvida la razón de aquel secuestro. 
La razón de aquel secuestro era la situación inhumana, en las prisiones del Perú, de más de cinco mil presos políticos. 
La Unión Europea debería volver a considerar en sus relaciones- con el Perú, en este caso, pero también con otros países de América Latina- cómo debe presionar para que esto no vuelva a ocurrir. 
Señor Comisario, siempre espero su respuesta, pero estoy asistiendo a otra reunión y tengo que volver a ausentarme. 
Espero leer su respuesta en el Acta de la sesión. 
Señora Presidenta, Perú ha sido siempre uno de nuestros niños problemáticos en Sudamérica. 
Al principio fue la economía, pero ahora marcha un poco mejor. 
Siempre lo fue el terrorismo que, ciertamente, ha mostrado claramente su odiosa faz. 
No obstante, todo el que ataque al gobierno no debe ser visto como sospechoso de maquinaciones terroristas. 
Y ahora nuestra auténtica preocupación tiene como objeto la democracia en Perú. 
En mayo, durante la Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Caracas, tuvimos numerosas ocasiones de hablar con colegas de Perú. 
La libertad de pensamiento está amenazada, la independencia de la Justicia está amenazada por el actual gobierno y, por consiguiente, queremos dirigirle un urgente llamamiento para que, al menos, respete las reglas que figuran en el Constitución peruana. 
En efecto, sólo entonces podrá establecerse de nuevo en el país un equilibrio entre una estabilización económica, la lucha contra el terrorismo, y también la libertad de pensamiento y un renacimiento de la vida política. 
No existe duda alguna acerca de que el actual Presidente no quiere saber demasiado de los partidos políticos; éstos son también muy débiles. 
Sin embargo, precisamente porque todos nuestros partidos tienen relaciones con Perú, deberíamos prestar ayuda y asesoramiento. 
En este sentido mi grupo apoyará la resolución. 
Señora Presidenta, hace pocos días se ha privado de la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher. 
Su delito: en su canal de televisión, » Frecuencia latina» , había informado sobre acciones de escucha contra intelectuales y defensores de los derechos humanos. 
Actualmente no existe en Perú libertad de prensa ni libertad de pensamiento. 
Quien formule críticas al Presidente Fujimori pone en peligro su vida. 
Una agente del servicio secreto ha sido descuartizada porque denunció ataques estatales a la prensa. 
Sus abogados temen por sus propias vidas. 
La Justicia en Perú se encuentra amordazada, tres jueces que han considerado no constitucional una tercera elección de Fujimori han sido inmediatamente inhabilitados. 
El Tribunal Constitucional Superior se encuentra a las puertas de su disolución. 
El sistema peruano se asemeja cada vez más a una dictadura militar. 
Montesinos, el asesor del Presidente, conocido internacionalmente como narco-general, tiene un sólido control de la situación. 
Diputados valientes, como Xavier Díez Canseco, que hace dos semanas nos visitó aquí, en el Parlamento, han sido y continúan siendo víctimas de atentados que planifica gente como Montesinos y esto está demostrado. 
Miles de presos políticos vegetan sin proceso en prisiones que atentan contra la dignidad humana. 
Ni siquiera puede visitarlos la Cruz Roja. 
Al mismo tiempo una ley de amnistía otorga a los militares impunidad por sus acciones de violencia y por sus actos de crueldad. 
En nuestra estancia allí, el año pasado, tuvimos ocasión de discutir con el Presidente Fujimori. 
Sólo puedo decir una cosa: rara vez he podido tratar a un político tan gélido y rígido como él. 
Aunque puede mostrar éxitos económicos, un sistema que es tan antidemocrático, que empuja a la población a permanecer callada para no ser asesinada, no puede ser tolerado en ningún caso por nosotros. 
Espero de la Unión Europea que haga depender la continuación de la cooperación con Perú del hecho de que se hagan mejoras sustanciales en la situación de los derechos humanos y en la democratización, pues, de lo contrario, no podemos mantener por más tiempo aquí nuestras elevadas aspiraciones. 
Señora Presidenta, aunque lamento no coincidir con mi amigo KreisslDörfler, y con mi amigo Bertens, tengo, no obstante, una opinión diferenciada en este punto. 
Cuando se habla hoy sobre Perú, habría que tener presente siempre cómo se encontraba Perú apenas hace 10 años, en qué situación se encontraba el país, cuando acciones violentas de organizaciones criminales terroristas costaron la vida a más de 20.000 personas inocentes e infligieron un daño incalculable a la sociedad y a la economía. 
Cuando se contempla el Perú de hoy, se ve un país que está realizando esfuerzos por institucionalizar un sistema que pone freno al terrorismo y que intenta dar de nuevo a los ciudadanos un amplio volumen de confianza en su propio país. 
No deberíamos olvidar que el gobierno de Perú ha instituido, por ejemplo, una comisión que comprueba las sentencias que se han dictado en materia de terrorismo y que en los últimos meses ha revisado más de 500 sentencias. 
Tampoco debemos olvidar que un tribunal militar acaba de condenar a cuatro oficiales por abuso del cargo. 
Perú está emprendiendo enormes esfuerzos por eliminar la mala fama de su pasado, ensombrecido por acciones terroristas, y creo que en el momento actual haríamos muy bien no sólo en criticar- esto es necesario a veces- sino también en dar ánimo y en prestar apoyo. 
Señor Presidente, me complace mucho que finalmente, tras varios intentos infructuosos de traer este tema al Parlamento, tengamos por fin una resolución común sobre la mutilación sexual femenina. 
En primer lugar, quiero deplorar y condenar enérgicamente la práctica de la mutilación sexual de las mujeres, tanto en Egipto como donde quiera que esta execrable práctica se lleve a cabo. 
En segundo lugar, quiero dejar constancia de que dicha práctica, de origen africano y entroncada con viejas y arcaicas tradiciones, en absoluto está objetivamente amparada por creencia o confesión alguna, por lo que son condenables, a su vez, las burdas manipulaciones que se hacen para justificar una práctica que es rechazable en cualquier caso. 
Y, en tercer lugar, pido enérgicamente que el Parlamento Europeo y la Unión Europea, a través de los mecanismos pertinentes, fuerce a los países que amparan esta práctica a que respeten escrupulosamente los derechos humanos en general y los derechos incuestionables de las mujeres, en un plano de igualdad absoluta. 
El respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres ha de ser una exigencia firme y urgente. 
Cumpliendo esta resolución contribuiremos a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres y ayudaremos a que la sociedad, en general, y los pueblos que ejercen esta práctica, tomen conciencia de lo que realmente representa. 
Insisto, por lo tanto, en que se cumplan todos sus puntos. 
Señora Presidenta, hay que considerar como derechos adquiridos todos aquellos derechos que se han conseguido después de tantas luchas y que constan, por ejemplo, en el Convenio sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas de 1989, en la Conferencia de Pekín sobre los Derechos de las Mujeres de 1995, en el artículo 4 de la Declaración sobre Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en la Conferencia Internacional del Cairo, etc. Y ahora el tribunal administrativo del Cairo permite a los hospitales públicos proseguir con las prácticas de ablación en las mujeres, invalidando la decisión del Ministerio de Sanidad por la que se prohibía tal intervención. 
¿Para qué, pues, las conferencias, los convenios, las declaraciones, las decisiones, cuando se mantienen estas violaciones de los derechos humanos? 
Consideramos inadmisible que se utilicen la religión, las costumbres y las tradiciones como excusa para prácticas de violencia contra la mujer y más aún más contra niñas privadas del derecho de elección. 
¿Con qué derecho un tribunal administrativo infringe la naturaleza y la dignidad humanas? 
La Unión Europea tiene el deber de oponerse a este retroceso, protagonizado sobre todo por los fundamentalistas islámicos a expensas nuevamente de las mujeres, y debe elevar su propia voz para la defensa de los derechos de las mujeres, que son también derechos humanos. 
La mutilación genital femenina por motivos supuestamente religiosos es una práctica bárbara, una intervención en contra de las leyes de la naturaleza, y constituye una violación de derechos que la naturaleza ha concedido a la mujer. 
Además, ¿quién puede prever las consecuencias físicas y psíquicas de tal intervención antinatural en el organismo de la mujer? 
La Unión Europea tiene el deber de proseguir las campañas de información en los países con los que se relaciona de algún modo, y de mantener su preocupación hasta que se prohíban las mutilaciones genitales en sus respectivos territorios. 
Señora Presidenta, es lamentable que en este Parlamento tengamos que volver a pronunciarnos y que haya un motivo para pronunciarse contra la mutilación sexual que sigue teniendo lugar en el mundo. 
Y no sólo en África, como pensamos a veces para mayor comodidad. 
Este tipo de prácticas también tienen lugar en Europa. Por supuesto se trata de una violación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual no puede tolerarse de ningún modo. 
Asimismo nos ha conmovido la decisión del tribunal administrativo de El Cairo anulando la prohibición de la mutilación genital decretada por el Gobierno egipcio. 
Me parece bueno que este Parlamento se pronuncie en contra de ello y al mismo tiempo diga que hará todo lo posible por erradicar y perseguir esta mutilación genital también en nuestros Estados miembros. 
Señora Presidenta, me puedo sumar en muchas cosas a los colegas que han hablado aquí. 
Esta es una de las peores lesiones a la mujer que puedan imaginarse y no es explicable religiosa ni médicamente. 
Sin embargo, lamentablemente se explica todavía en muchos lugares del mundo- no sólo en Europa, sino en parte también en Asia- mediante tradiciones contra las que sólo podemos luchar con información. 
Es uno de los problemas más difíciles cuando se habla con africanas o con mujeres de estos países, pues en el fondo la resistencia debe surgir, con nuestra ayuda, de sus propias filas, para cortar tales tradiciones. 
Por esta razón, deberíamos hacer todo lo posible para contribuir a la información. 
Solamente podemos hacer un llamamiento al gobierno de Egipto. 
Egipto desea ser considerado un país moderno, un país grande y líder de la región. 
Es útil informar y proceder contra estas tradiciones que, lamentablemente, con frecuencia son mantenidas también por mujeres de estos países. 
También aquí deberíamos procurar hacer aún más cosas contra esto a través de nuestros canales, como sucede también ya en la ONU y en la UNICEF. 
Señora Presidenta, condeno la mutilación genital, y por ello, como ponente para el Acuerdo de Asociación con Egipto, me preocupa la sentencia del tribunal. 
Sin embargo, es una buena señal que el Gobierno la haya recurrido. 
A mi entender, ello ilustra la dura lucha que está librando el Presidente Mubarak para mantener a su país libre de las garras del fanático grupo religioso ortodoxo. 
Las informaciones confusas, tales como la referente a que un chicle procedente de Israel contenía una sustancia estimulante de la adrenalina, se ciñe al patrón de permanente intento de los fanáticos de controlar la administración. 
Recientemente, en el Financial Times hemos podido leer que una organización islámica militante anunciaba una tregua después de cinco años. 
Egipto está superpoblado y padece todos los problemas de desarrollo que ello supone. 
Egipto parte del Próximo Oriente y es un país importante para el proceso de paz. 
Por ello, señora Presidenta, hay que sacar una conclusión política: es importante que la UE vote y firme cuanto antes el Acuerdo de Asociación, para poder incluir definitivamente a Egipto en las actividades de nuestra zona mediterránea. 
Señora Presidenta, la ablación en Egipto plantea al Parlamento Europeo un problema jurídico interesante. 
En los países con tradición jurídica occidental, los tribunales administrativos y, en su caso, los Consejos de Estado, tienen como función fundamental proteger a los ciudadanos contra los abusos de la administración pública o de los Gobiernos. 
En Egipto ha sucedido exactamente lo contrario. 
Por esta razón, es preciso que el Parlamento Europeo se oponga con fuerza a este inicuo comportamiento meramente jurisprudencial, a fin de salvaguardar tanto la civilización jurídica no tan sólo occidental sino mundial como todas las personas que residen en la Unión Europea, habida cuenta de que- como acaban de manifestar los demás colegas- la práctica de la mutilación genital femenina, por desgracia, también tiene lugar en algunos Estados de la Unión. 
Nosotros condenamos con energía las decisiones del Tribunal Administrativo del Cairo y del Consejo de Estado egipcio, que son prueba, una vez más, de la progresión del integrismo en numerosos países, en este caso a través de la ablación, y en otros, mediante el código de la familia o los actos terroristas. 
Al condenar la ablación, que a veces llega a tener consecuencias mortales, y que siempre constituye una minusvalía para toda la vida en términos de una sexualidad plenamente desarrollada, es decir aquella que permite y valora el placer, el disfrute- ¿por qué razón no habría de erigirse esto en un derecho? -, estamos ayudando al gobierno egipcio y a todos los musulmanes que se oponen a los integristas. 
Debemos dejar bien claro que estas torturas físicas entrañan una violencia simbólica, como lo ha explicado el antropólogo Maurice Godelier, que aliena a las mujeres y las lleva a reproducir estos mismos actos bárbaros, y, por lo tanto, a justificar lo que algunos denominan como «prácticas culturales» , puesto que supuestamente serían aceptadas y practicadas por las propias mujeres. 
Por último, desenmascaremos la hipocresía, la cobardía, o en el mejor de los casos la inconsciencia y la ligereza de aquellos que, incluso en nuestro entorno y so capa de una pesada tolerancia, se amparan detrás del respeto a las culturas y a sus prácticas, cuestionando de este modo la universalidad de los derechos humanos y el respeto de la integridad física de toda persona. 
La sentencia del Tribunal administrativo del Cairo, por la que se anula la decisión del Ministro de Sanidad egipcio de prohibir la práctica de la ablación en los hospitales públicos de este país, supone una regresión en la lucha contra las mutilaciones sexuales de que son víctimas las mujeres en Egipto y en otros países. 
El gobierno egipcio había adoptado una decisión justa conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los actos de las Conferencias Internacionales de la Mujer, que se habían desarrollado- acaso hay que recordarlo- precisamente en el Cairo y en Pekín. 
Así pues, hay que animarle a que prosiga con sus esfuerzos recurriendo esta sentencia contraria a la dignidad humana más elemental. 
Pero más allá del problema que deben arrostrar hoy las mujeres egipcias, hay que considerar que la ablación de que son víctimas las mujeres dista mucho de verse erradicada en el mundo. 
En los años 80, la UNICEF lanzó una campaña sobre este tema, pero este combate sigue por desgracia siendo de actualidad. 
En los Estados miembros, esta práctica, que está sin embargo prohibida, cuenta también con numerosos adeptos que se benefician muy a menudo de una indulgencia culposa. 
Y esto último hay que recordarlo porque el respeto de la integridad corporal es un hecho fundamental de la persona humana y, Señorías, no hay ninguna tradición o religión que pueda justificar que se atente contra ello. 
Túnez 
Señora Presidenta, Túnez es una democracia formal, pero todavía no sustancial. 
No cabe duda de que la modernización económica de dicho país ha mejorado las condiciones de vida de los tunecinos, pero no la posibilidad de ejercer en concreto sus derechos políticos y civiles. 
En dicho país ha nacido una forma de persecución muy original: a quien no se identifica con el partido dominante, las autoridades administrativas e incluso los particulares le impiden, de hecho, ejercer los derechos fundamentales como la libertad de circulación y la libertad de pensamiento y de expresión, a pesar de que dichos derechos se reconocen en abstracto. 
El caso del Sr. Chamari lo demuestra, ya que no se le puede impedir el regreso a su país por el mero y simple hecho de haber participado a una audiencia con algunos miembros del Parlamento Europeo. 
Está en juego, por lo tanto, no sólo el ejercicio de la democracia en Túnez, sino también y sobre todo la dignidad de este Parlamento y de toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, señor Comisario, si nosotros tratamos hoy esta resolución sobre Túnez no es solamente porque la situación en Túnez sea especialmente mala. 
Existen muchos países en los que las violaciones de los derechos humanos son mucho más extensas e irritantes. 
Pero consideramos a Túnez como nuestro vecino, como nuestro amigo, y nosotros somos especialmente críticos frente a los vecinos del norte de Africa que se encuentran en una situación muy difícil y precaria. 
Estamos convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo social de cada país, también el de Túnez, depende decisivamente de cómo se desarrollen paralelamente los derechos humanos. 
Y yo quisiera decir aquí de manera muy clara que en el pasado se han producido aquí desarrollos muy positivos. 
Pero quisiera decir también con igual claridad que en los últimos tiempos hemos visto algunos acontecimientos que precisamente no nos alegran mucho. 
Entre otras cosas, un miembro de una organización política que participó en un coloquio en Bruselas ha sido tratado con rudeza a su vuelta, por decirlo de manera suave, aunque aquí, como en cada uno de estos incidentes, hay diferentes versiones. 
Creemos que Túnez debería ser realmente un símbolo, un caso indicador de un desarrollo libre y democrático en el norte de Africa. 
Si existe un medio contra el extremismo, si existe un medio contra el fundamentalismo radical, si existe un medio contra las tendencias del aislamiento, de la dictadura, es la salvaguardia de los derechos humanos, el desarrollo positivo de los derechos humanos, y esto nos parece que es posible, factible y muy necesario precisamente en Túnez. 
Señora Presidenta, creo que por fin nuestro Parlamento se muestra a la altura de sus declaraciones de amistad respecto a Túnez. 
Por vez primera dice las cosas tal como son, y creo que esto es importante y que merece ser subrayado. 
En efecto, en Túnez se da una paradoja. 
Por un lado, tenemos un progreso económico y social real, y tenemos también las declaraciones muy precisas del Presidente Ben Ali, pero, por el otro, tenemos una situación que empeora en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y una democratización que no progresa. 
Así pues, considero que es importante que, como muestra de amistad real, nuestro Parlamento diga estas cosas al gobierno y a las autoridades de Túnez, para que nuestro diálogo pueda basarse en realidades y no en situaciones inventadas o en meros deseos. 
Considero que a partir de esta constatación se podrán desarrollar relaciones más constructivas con Túnez. 
Habrá que trabajar mucho. 
Habrá que ser muy firmes con nuestros amigos tunecinos, con las autoridades, y no habrá que vacilar a la hora de recordar, cada vez que sea posible, que lo que le ha ocurrido al Sr. Chamari, y lo que le ha ocurrido al Sr. Moada, no son ciertamente signos que vayan en la buena dirección, en la dirección de un acercamiento a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, yo también retomo lo que acaban de manifestar mis colegas y me extraña que en un país como Túnez, donde se ha registrado un progreso económico y una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, no exista también un adecuado desarrollo de las condiciones de democratización del país. 
Antes bien, a los sucesos que se acaban de recordar, hay que añadir otros actos de intimidación como la persistente utilización de la pena de muerte, el uso discriminatorio de la posibilidad de salir del país, la amenaza incluso de no poder regresar al país como en el caso del Sr. Chamari, las intimidaciones y las agresiones a las que ya se ha hecho referencia. 
Por todos estos motivos y también porque queremos que Túnez sea un punto de referencia en una región especialmente peligrosa como el Mediterráneo, consideramos que es preciso recordar en todo momento que la cooperación emprendida por la Unión con los países de dicha región está supeditada al respeto de los derechos humanos y es imposible sin un adecuado proceso de democratización. 
Señora Presidenta, como miembro del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que soy, quisiera señalar que la utilización de este procedimiento parlamentario de urgencia con un asociado como Túnez, sin antes haber realizado previamente un diálogo parlamentario, es inapropiado y contraproducente. 
Con esta forma de proceder podemos generar incomprensión y sabemos que la mutua incomprensión es el peor enemigo de la asociación; se corre el riesgo de provocar un enfrentamiento entre instituciones, entre parlamentos, y ello es contrario y vulnera el espíritu de mutuo acuerdo de la asociación euromediterránea. 
El acuerdo de asociación entre la UE y Túnez debe desarrollarse en un determinado tiempo. Aún no ha sido ratificado. 
¿No es, pues, prematuro que ya queramos avanzar resultados? 
Tiene un tiempo material de doce años. 
No podemos exigir de una manera prematura, ya antes incluso de que nazca y entre en vigor, todos los resultados. 
Es decir que, a la hora de contabilizar, tenemos también que contabilizar los avances que se han producido. 
Hay que señalar que, hace escasamente unos días, se ha aprobado una ley que refuerza la soberanía popular y avanza en la representación de las mujeres y los jóvenes. 
Ello también es importante, y por tanto insisto en que si queremos que este diálogo dé sus frutos, tenemos que utilizar parlamentariamente el procedimiento apropiado. 
Diálogo parlamentario previo, antes de que ninguna de las instituciones, sea el Parlamento Europeo o la Asamblea de Túnez, pueda pronunciarse unilateralmente. 
Esto es el proceder normal entre socios. 
El Partido Popular Europeo no votará a favor de esta resolución. 
Y no porque como todos los colegas aquí presentes no se sienta comprometido con los derechos humanos, cuya violación nos parece que es una cosa grave, pero es que no debemos quitarle contenido al fuerte mensaje que deseamos transmitir, cosa que ocurriría si estigmatizáramos a troche y moche todos los comportamientos en el mundo que puedan ser discutibles. 
En lo que se refiere a Túnez, los pretextos aducidos en la resolución, son bastante débiles y las pruebas inconsistentes. 
Supuestamente, el gobierno tunecino habría perturbado y obstaculizado la libertad de circulación y de asistencia a una reunión que no era institucional, en Bruselas. 
Sin duda, parece que se temía que una de las personas que vino- es decir, que sí hubo quien pudo venir- no hubiera podido regresar a su país. 
¡Muy bien, pero hay que aportar la prueba de ello! 
Y además, supuestamente un ciudadano tunecino fue objeto de intimidaciones. 
Esto bastaría para que no votáramos a favor de esta resolución, pero además y, por encima de todo, nuestro rechazo de asociarnos al cuestionamiento de Túnez se ve inspirado en el hecho de que se podrían hacer muchos otros reproches o condenas a otros países vecinos del Magreb, cuyos destinos trágicos hoy tanto nos afectan. 
¡Qué desproporción, en efecto, entre las eventuales trabas a la libertad de circulación, incluso una intimidación y los miles de cuerpos atrozmente mutilados que siembran la tierra argelina! 
¿Y quién habla de esto último? 
Cabría esperar que se hablase de esto, y ahora resulta que todos los esfuerzos se vuelcan sobre esta otra cuestión, que no desestabiliza nada, que no amenaza la seguridad europea, ni actualmente ni en el futuro, o la seguridad del continente africano. 
Por ello instamos a la Asamblea a que se niegue a condenar hoy a Túnez. 
Señora Presidenta, Túnez, uno de los primeros países con que se firmó un Acuerdo de Asociación, sirvió durante muchos años de ejemplo de política moderada. 
El país se encuentra atrapado entre la dictadura de Libia y Argelia, un país castigado por el terrorismo. 
Me preocupan los crecientes fenómenos que no encajan en un Estado de derecho. 
Sin embargo, al igual que la Sra. Izquierdo Rojo y el Sr. Soulier, creo que, precisamente en vista de la buena relación con Túnez, tendríamos que haber hablado con todas las autoridades de allí a otro nivel, a nivel parlamentario. 
Mi Grupo no puede apoyar en modo alguno la presente resolución. 
Ahora se estigmatiza al país y con ello se le confiere una imagen inmerecida de que hace el juego a los islamistas ortodoxos fanáticos, lo cual es precisamente lo que no queremos. 
Lo siento, señora Presidenta, pero mi Grupo no apoyará esta resolución. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero contestar a lo que han dicho el Sr. Soulier y la Sra. Van Bladel. 
Me he quedado estupefacto. 
La presente resolución tiene por objeto ofrecer ideas positivas al Gobierno de Túnez y no sólo condenarlo. 
Pero me he quedado estupefacto al oir al Sr. Soulier, presidente de la subcomisión de Derechos Humanos y representante de todo el grupo de cristianodemócratas que precisamente han impedido que en esta Asamblea habláramos por fin de Argelia, atreverse a decir aquí que no hemos de hablar de Túnez, sino de Argelia. 
Me imagino que algunos diputados franceses en esta Asamblea serán más cuidadosos con su antigua colonia. 
Señora Presidenta, la aprobación de una resolución por parte de nuestra Asamblea el 22 de mayo de 1996 sobre las violaciones de los derechos humanos en Túnez había contribuido a ciertos resultados positivos. 
Los dos diputados del MDS, los Sres. Moada y Chamari, así como ciertos opositores y sindicalistas fueron liberados. 
Desgraciadamente, estas concesiones han sido limitadas y puntuales y las violaciones de los derechos humanos han proseguido. 
Privadas de pasaporte- lo que no es un condicional, señor Soulier- o sometidas a presiones, las personas que habían sido invitadas por los organizadores del encuentro del 11 de junio celebrado en el Parlamento Europeo no pudieron participar en esta reunión. 
Además, han sido blanco de una violenta campaña en los medios de comunicación, que incluso han llegado a pedir que a algunos de nuestros invitados se les retire la nacionalidad tunecina. 
El Sr. Moada, antiguo diputado del MDS, en arresto domiciliario desde su liberación- y esto tampoco es un condicional- fue objeto de acosos hace poco por parte de los agentes encargados de garantizar su seguridad. 
Actualmente está en el hospital y, personalmente, yo no establecería ninguna jerarquía en materia de respeto de los derechos humanos. 
Los medios de información y de comunicación son siempre objeto de alta vigilancia, lo que ha hecho que la Asociación Mundial de la Prensa decida excluir a la asociación tunecina de la prensa por haber fracasado en su defensa de la libertad de prensa. 
Nuestra Asamblea no tiene intención ni de transformarse en un Tribunal ni de dar lecciones a nadie, pero queremos llamar la atención del gobierno tunecino sobre la falta de respeto de los compromisos que suscribió en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que se basan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. 
Es éste el objeto esencial de nuestro debate y de la resolución de compromiso que yo mismo he cofirmado con la esperanza de que el gobierno tunecino ponga fin a su política de hostigamiento y de prohibición contra los defensores de los derechos humanos, y con la esperanza que respete las libertades de opinión, de expresión y de asociación. 
Me ocuparé antes que nada de la cuestión de la pena de muerte para Joseph O ' Dell en los Estados Unidos; quienquiera haya podido seguir este debate no podrá sino sentir profundo respeto por la firmeza de los sentimientos expresados por tantos diputados de este Parlamento y por la fuerza de los argumentos expuestos. 
El texto de la resolución no contiene ninguna pregunta para la Comisión y por lo tanto la Comisión no debe adoptar una posición respecto de los términos precisos de la resolución. 
La práctica normal consiste en no formular comentarios en casos concretos de este tipo, pero la Comisión quisiera destacar que es muy sensible a la cuestión de la pena de muerte y opina que deben respetarse debidamente las garantías que se enuncian en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y en otros instrumentos internacionales. 
Ese pacto internacional prohibe la aplicación arbitraria de la pena de muerte. 
Por lo que se refiere a Kenya, la Comisión Europea participó en el marco de la labor del Grupo de donantes para el desarrollo democrático de Kenya, y colaboró en la redacción de una declaración conjunta sobre la celebración de elecciones libres e imparciales en Kenya, en los próximos meses de este año. 
Dicha declaración realza la importancia del acceso a la votación propiamente dicha, el acceso al electorado, y el acceso a la información y a la libertad de asociación. 
Estos cuatro puntos constituyen un grupo irreductible de condiciones necesarias para que haya elecciones libres e imparciales en Kenya. 
Se ha preguntado qué es lo que hemos hecho acerca de esta cuestión. 
La declaración fue entregada al Presidente Moi el 6 de mayo. 
Se convino en que el Grupo de donantes para el desarrollo económico se reuniera periódicamente con las autoridades supremas de Kenya para sostener un diálogo sobre cuestiones relacionadas con las próximas elecciones en Kenya. 
El resultado fue otra reunión con el Presidente el 1 de julio. 
En la actualidad el Grupo está elaborando recomendaciones acerca de la supervisión de las elecciones, con un experto financiado por la Comisión Europea como parte del equipo técnico que presta asistencia al Grupo de donantes para el desarrollo democrático. 
Los hechos que han tenido lugar la semana pasada en Kenya, a los que se ha hecho referencia en el debate, indican que la situación está empeorando y que la necesidad de que haya diálogo entre el Gobierno, la oposición y la comunidad de donantes es aún más importante. 
En este contexto cabe considerar la declaración de los Estados miembros y la Comisión de la Unión Europea, hecha pública el 9 de julio en Nairobi. 
La Unión Europea subrayó su inquietud por la escalada de la violencia política y reiteró declaraciones anteriores en el sentido de que los kenianos tienen que estar en condiciones de ejercer sus derechos democráticos en un entorno pacífico. 
La Unión Europea renovó su llamamiento a todas las partes interesadas- el Gobierno y los que preconizaban la reforma- para que se abstuviesen de cometer violencias y recurriesen a medios pacíficos para resolver cuestiones políticas. 
En cuanto a la cuestión del Perú, la Comisión comparte las preocupaciones acerca de la dimisión de los tres jueces del tribunal constitucional y toma nota de los aspectos expuestos en relación con la situación en materia de derechos humanos y libertad de información en el Perú. 
La Comisión sigue muy de cerca la situación en el Perú y, de conformidad con el enfoque positivo adoptado por la Unión Europea, está haciendo todo lo que puede para apoyar los esfuerzos encaminados a promover y proteger los derechos humanos en el país. 
Lo menos que se puede hacer es tomar nota de lo que ha dicho el Sr. Habsburg-Lothringen, es decir, que sean cuales fueren los problemas, la situación que reina en el Perú es muy diferente de lo que era hace algunos años. 
A pesar de todo la Comisión espera que la actual situación no plantee una amenaza para la independencia del poder judicial y comparte la preocupación del Parlamento por la libertad de expresión y la esperanza de que el Gobierno del Perú adopte medidas para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. 
Es importante seguir apoyando las medidas encaminadas a consolidar la independencia institucional y a garantizar una verdadera democracia. 
Por lo que se refiere a la situación en Egipto, la Comisión coincide sin reservas en condenar abiertamente la práctica de la excisión genital de la mujer en Egipto y, por lo que a esa cuestión se refiere, en cualquier otro país. 
Con miras a ayudar a suprimir esa práctica, la Comisión está examinando una serie de formas de ejercer una influencia positiva, como por ejemplo campañas de información y publicidad, seminarios, capacitación de consejeros y de personal médico y campañas de educación, especialmente en las zonas rurales. 
Hay que abordar esta cuestión mediante una extensa campaña a largo plazo para la cual es necesario contar con el apoyo de dirigente políticos y religiosos, así como de autoridades sanitarias, si queremos que la campaña sea eficaz. 
La Comisión estimulará la adopción de medidas teniendo presente esa finalidad, incluido la importantísima labor del UNICEF contra esa práctica. 
El debate sobre Túnez ha sido algo diferente de algunos de los primeros debates que ha habido sobre estas cuestiones al principio de la sesión de la tarde: en la medida en que el debate se refería a Túnez, el Parlamento no pudo expresarse de manera uniforme. 
Tres oradores hablaron en contra de las críticas al Gobierno de Túnez. 
La Comisión está supervisando cuidadosamente las declaraciones referentes a medidas adoptadas contra miembros de la oposición parlamentaria o miembros de la sociedad civil de Túnez. 
Opina que todos los medios, diplomacia inclusive, deben utilizarse para lograr que no se haga nada que perjudique la observancia de los derechos humanos y los principios democráticos. 
La Comisión acoge con agrado el asentimiento de este Parlamento al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Túnez, que la Comisión negoció con Túnez, y que se firmó en julio de 1995; ese Acuerdo entrará en vigor tras su próxima ratificación por los tres últimos Estados miembros de la Unión Europea. 
El Acuerdo contiene dos innovaciones principales: por una parte, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos es un factor central de acuerdo; por otra parte, se instituye un diálogo político sobre cuestiones de interés común. 
Este acuerdo debe considerarse a la luz de los componentes políticos y de seguridad de la Conferencia de Barcelona que inició la asociación euromediterránea en noviembre de 1995. 
No está de más indicar que no somos únicamente espectadores pasivos de la escena. 
En 1996 la Comisión financió 62 proyectos para promover la democracia y los derechos humanos, en beneficio de todos los asociados del mediterráneo meridional y oriental, incluyendo a Túnez. 
Sé que no ha habido ningún orador que hablase acerca de Filipinas, pero hay una resolución. 
Sí que puedo decir que la Comisión acoge con satisfacción las negociaciones entre el Frente Democrático Nacional y el Gobierno de Filipinas para liquidar su prolongada disputa. 
Las conversaciones están actualmente en un atolladero. 
Personalmente, y en nombre de la Comisión, sugeriría que se incluyera un párrafo en la actual resolución que estimulase a las dos partes a reanudar las conversaciones lo antes posible. 
Hemos estado prestando asistencia en algunas de las esferas en las que el FDN ha actuado. 
Todos nuestros proyectos de desarrollo rural en Filipinas se ejecutan en las partes más pobres del país, y su finalidad concreta es ayudar a los más desfavorecidos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las seis propuestas de resolución de los diputados: 
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. 
Ha dicho usted que no había ningún orador sobre las Filipinas, pero lo he comprobado y yo estaba inscrito para decir durante un minuto lo que, por cierto, ya ha dicho Sir Leon Brittan sobre las Filipinas. 
Es decir, que ya está solucionado. 
Durante este debate sobre las minas antipersonales habrán muerto 25 personas a causa de ellas. 
Por lo demás, la exigencia de eliminar las minas antipersonales y prohibir el comercio con ellas se ha convertido ahora en un debate. 
Me complace que el Gobierno canadiense haya asumido la iniciativa de Ottawa, que continúa con la declaración de Bruselas. 
Más adelante, en Oslo se dará la última mano al convenio definitivo, que quizás en diciembre sea firmado por más de 100 países. 
Me complace mucho porque el Consejo y la Comisión han demostrado tener buen corazón. 
En el poco tiempo que me está permitido hablar como ponente para la erradicación de las minas antipersonales, quisiera aprovechar la ocasión para decir que gran parte de mi Grupo apoya la enmienda a la resolución en la que se dice que lamentamos que Finlandia y Grecia, dos países de la Unión, no hayan firmado la declaración de Bruselas, por sus propios motivos. 
Nos parece equivocado y por ello apoyamos esta enmienda. 
Señor Presidente, todos somos conscientes de la importancia de este convenio, que podría firmarse a finales de año en Oslo. 
Sin embargo, tal vez haya una zona oscura en este panorama- el colega Bertens acaba de mencionarlo -, y exista quizá algo de confusión en la mente de nuestros amigos finlandeses, que parecen confundir las minas anticarro y las minas antipersonales. 
Quizá fuera oportuno que la Comisión enviara a alguno expertos para explicarles que, en la frontera con Rusia, el problema de los carros de combate rusos no se resuelve con minas antipersonales. 
Asimismo, a nuestros amigos griegos se les podría también explicar que hay una diferencia entre las minas antipersonales y las minas antibuques, y aquí también se podría mandar a algunos expertos para ahondar en la cuestión. 
Dicho esto, considero que sería importante ser quince, es decir que Finlandia y Grecia se sumaran a los trece otros Estados de la Unión, para que sea la Unión como tal la que defienda de modo unánime esta postura, en aras de un convenio que es realmente muy importante. 
Señora Presidenta, la ya mencionada Conferencia de Bruselas sobre minas impresionó a todos los que pudieron participar en la misma. 
Durante esta conferencia pudimos registrar ya un pequeño éxito y, por cierto, de tal suerte que la Conferencia de desarme para armas convencionales, de Ginebra, acordó, por fin, en el mismo momento nombrar un coordinador para la limpieza de minas, que desde hacía tiempo figuraba ya allí en el orden del día. 
Sobre la cuestión que se acaba de plantear sobre Grecia/Finlandia quisiera decir una cosa: es posible que lo que nosotros decimos sea verdad, pero tampoco debemos decir siempre todo lo que sea verdad. 
Bajo este aspecto me gustaría defender que no aprobásemos esta enmienda. 
En vez de esto, deberíamos movilizarnos para que estos dos países superasen sus reparos y se sumasen a los 13 países restantes de la UE para firmar también la Declaración de Bruselas, cosa que yo celebraría mucho. 
Sin embargo, no considero necesario mencionarlos por ello ahora de manera expresa en la resolución. 
Nuestro colega, el Sr. Bertens, ha aludido claramente en las conferencias de prensa en Bruselas a este tema. 
Un segundo punto que me interesa mucho es la limpieza de minas, pues una cosa está muy relacionada con la otra. 
Aquí se trata, sobre todo, de las posibilidades que existen respecto de una limpieza mecánica de las minas. 
Yo pediría encarecidamente a la Comisión que de los recursos que en el presupuesto de la Comunidad estaban previstos para la limpieza de minas, volviese a asignar al menos el mismo volumen que en el presupuesto de 1997, para que pudiéramos seguir trabajando. 
En efecto, no se trata solamente de minas en Africa o en Asia, sino que tenemos también esta plaga a las puertas de la Unión, por ejemplo, en Eslavonia oriental, y no podemos hacer regresar a los refugiados a un territorio minado. 
Por consiguiente, pido encarecidamente a la Comisión que muestre un poco de movimiento en esta cuestión. 
Señora Presidenta, la lucha para la erradicación de las minas antipersonal comienza a tener un cariz amplio y puede alcanzar resultados significativos gracias también a la constante y valiente iniciativa del Parlamento Europeo. 
Las minas antipersonal, queremos recordarlo, son hoy por hoy y con toda probabilidad las armas más peligrosas y mortíferas que existen, puesto que ya no tienen una efectiva función militar, sino que sirven para golpear a las poblaciones civiles indiscriminadamente, provocan miles de muertos y de inválidos cada año y convierten en impracticables regiones enteras durante varias décadas. 
En muchos países del mundo, incluso cuando se logran alcanzar las condiciones políticas para poner fin a los conflictos, la existencia de miles de minas impide el regreso de millones de personas en condiciones de seguridad y de desarrollo. 
No obstante la oposición de algunos grandes países que no pertenecen a la Unión Europa, se ha puesto en marcha el proceso de negociación para conseguir un Tratado internacional para la eliminación total de las minas terrestres y es preciso que la Unión Europea y todos sus Estados miembros lo respalden de forma eficaz y se conviertan en protagonistas del mismo. 
A pesar de que la Decisión del Consejo de 1 de octubre de 1996 facilitó un primer fundamento político a la iniciativa europea en esta materia, hoy es necesario concretarla a nivel interno asumiendo compromisos vinculantes de cara a la erradicación de las minas antipersonal en todo los Estados europeos, así como ponerla al día a escala internacional a través de una enérgica iniciativa política. 
97 países ya han firmado la Declaración de Bruselas, mientras que en el próximo mes de septiembre se celebrará en Oslo una importante cita para las negociaciones de cara a la Conferencia de Ottawa. 
Ahora es preciso que todos los Estados miembros, sin excepción, participen y apoyen este proceso firmando la Declaración de Bruselas, así como que el Consejo apruebe una acción común en este sentido. 
Es necesario fomentar la amplia participación de los representantes gubernamentales y no gubernamentales en Oslo y respaldar el proyecto de Tratado para la eliminación total de las minas antipersonal, así como reforzar su alcance en lo que se refiere a la asistencia a las víctimas de dichos artefactos. 
Pedimos a la Comisión y al Consejo que intensifiquen su acción con objeto de que se respete de forma escrupulosa el bloqueo del tráfico de minas, así como que se refuercen las acciones de retirada de minas y apoyo a las poblaciones que sufren los efectos de las mismas. 
La Comisión ha utilizado su influencia y sus recursos en escala muy considerable para ayudar a superar la tragedia de las minas terrestres antipersonal. 
La próxima conferencia de Oslo brinda a los Estados la oportunidad de negociar una convención sobre la prohibición de la utilización, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas terrestres antipersonal. 
He aquí una oportunidad para transformar el apoyo político que 97 Estados expresaron en la conferencia de Bruselas en un tratado internacional jurídicamente vinculante que se firme en Otawa en diciembre. 
La Unión Europea es resueltamente partidaria de la eliminación total de las minas terrestres antipersonal y todos los Estados miembros estarán representados en Oslo, sea como participantes de pleno derecho, sea como observadores. 
Evidentemente, es lamentable que dos Estados miembros de la Unión no se hallen actualmente en condiciones de suscribir la prohibición total, pero eso no debe ensombrecer la enorme contribución aportada por la Unión Europea en esta esfera. 
Somos la mayor fuente de contribuciones al fondo fiduciario de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas, y en los tres últimos años hemos aportado más de diez millones de ecus. 
Aparte de nuestra contribución a los esfuerzos de las Naciones Unidas, somos el mayor patrocinador del mundo de medidas de lucha contra las minas en todos los países más afectados: 75 millones de ecus en los tres últimos años. 
Tenemos programas para el desarrollo de nuevas tecnologías de detección de minas, y hemos respondido al llamamiento en favor de prestar más ayuda a las víctimas de minas con una promesa de contribución de 1, 4 millones de ecus para el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Seguiremos aportando nuestra importante contribución a la financiación de las medidas relacionadas con las minas terrestres antipersonal, sin olvidar las limitaciones generales del presupuesto comunitario. 
La concertación del tratado de prohibición en Otawa será un gran éxito. 
Espero que todos los países afectados por las minas lo firmen, pero con eso no liquidaremos el problema. 
Nuestra labor no podrá quedar finalizada mientras no haya una prohibición mundial eficaz, que cumplan todos los Estados; mientras no haya una remoción completa de minas en todas las zonas de vivienda y de uso económico; mientras no nos cuidemos debidamente de todas las víctimas de las minas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señora Presidenta, la votación que ha tenido lugar lo dice todo y no tengo más que añadir. 
Lo apoyamos. 
Solamente querría hacer tres preguntas al Sr. Comisario: 
En primer lugar, ¿no piensa que ya es hora de seguir adelante con algo que debatimos desde hace mucho tiempo y que es la coordinación comunitaria de la prevención de los incendios forestales? 
En cualquier caso, me refiero al Centro de Prevención de Incendios del que hablamos aquí hace ya mucho tiempo y el cual desearíamos ver en Grecia. 
Segundo, ¿puede garantizar la Comisión que no financiará ningún proyecto desarrollado en superficies forestales que hayan sufrido directa o indirectamente un incendio? 
Tercero, coinciden muchas razones para nuestra votación sobre el Reglamento 308/97; señor Comisario, ¿les ha presentado el gobierno griego los proyectos de prevención de incendios hasta noviembre, como debía, para poder ayudar a esta Comunidad en su aplicación? 
Señora Presidenta, cada año se queman en Grecia, y en otros países mediterráneos de la Comunidad, enormes extensiones de bosques. 
Los incendios de los últimos días en Grecia han sido particularmente catastróficos: sobre todo el de Salónica, capital europea, que ha destruido más del 50 % de su bosque natural más bello, el único pulmón de la ciudad. 
Por eso pedimos a la Comisión: 
En primer lugar, que conceda ayudas económicas inmediatas para el alivio de los daños y la reparación de las víctimas. 
Segundo, que agote todas las posibilidades ofrecidas por los programas correspondientes, como INTEREG II o el Reglamento 308/97, para adoptar medidas de prevención y mejorar la batalla contra los incendios en las regiones de alto riesgo de la Comunidad. 
Tercero, que se prevea en el futuro la posibilidad de financiar, en el marco del Fondo de Cohesión, acciones y programas de reforestación de áreas forestales arrasadas. 
Cuarto, que considere que la defensa del medio ambiente y de los bosques es extremadamente importante y que la Comunidad debe mostrar al fin una política global de defensa forestal y de reforestación, dadas las catástrofes representadas por los incendios en nuestros bosques, con tan alto coste económico y ecológico. 
Quinto y último, que decida la creación de un Centro Europeo de Protección contra los Incendios para el estudio sistemático y la aplicación de nuevos métodos técnicos de prevención y de lucha, que podría tener su sede en Grecia. 
Señora Presidenta, en los últimos años- ya se ha dicho- el Sur de Europa se incendia en verano y se inunda en invierno. 
Y nosotros venimos aquí una y otra vez y repetimos lo mismo de siempre. 
En Grecia, lo hemos oído a principios de este mes, se ha incendiado el bosque que rodea Salónica, así como muchas zonas de cultivo en el Peloponeso y en otras regiones. 
¿Qué se necesita? 
Ante todo, se necesita solidaridad y ayuda económica para las personas que han sufrido grandes daños, pero esto no es suficiente. 
Evidentemente, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias, pero ¿qué ha ocurrido hasta el momento con todo lo que ha propuesto el Parlamento Europeo y se supone que ha aprobado la Comisión? 
¿Qué ha ocurrido con nuestra votación de septiembre de 1994 y de septiembre de 1995 en la que solicitábamos una acción común, la creación de un Centro Europeo de Política Forestal, y la aportación de medios para la formación de los responsables sobre incendios? 
Se necesita una campaña de información a los ciudadanos, así como el control por parte de la Comisión de la eficacia de las medidas tomadas. 
Algunas cosas las ha dicho ya el Sr. Papayannakis y no las repetiré. 
La Comisión, en el marco de sus esfuerzos de protección del medio ambiente europeo, debe prevenir y prohibir la reconstrucción de las zonas forestales arrasadas y evitar la especulación relacionada con actividades delictivas. 
El Mediterráneo es una zona de alto riesgo, especialmente en verano, y en la votación pedimos proyectos completos de protección de incendios para los bosques. 
Pedimos igualmente que la Comisión desarrolle finalmente una estrategia global de prevención, colaborando con los Estados miembros, y que supervise de alguna manera a éstos. 
Solicitamos que se desarrollen igualmente mecanismos idóneos hasta que esta estrategia esté finalizada. 
Señora Presidenta, no se trata solamente del sur de Europa: también en el norte tenemos problemas climáticos. 
Generalmente la gente no considera que Escocia sea una región seca, pero la parte nordoriental, en la que me he criado, es muy seca y por eso las consecuencias de que la décima parte de la precipitación de lluvia anual haya caído en sólo dos días han resultado excesivas. 
Por esa razón me sumo a los que piden asistencia de la Unión Europea para esa zona. 
Es importantísimo que Europa disponga de un fondo para catástrofes naturales al que pueda recurrir en caso de necesidad, con lo que la Unión Europea ganaría popularidad entre sus ciudadanos. 
En el condado de Moray hemos sido víctimas de una catástrofe que a primera vista va a costar bastante más de 50 millones de libras esterlinas. 
Por eso hacemos el llamamiento para recibir asistencia de la Unión Europea. 
No queremos que se nos diga: » Ya les hemos prestado asistencia para las zonas del Objetivo 1 y del Objetivo 5b, utilicen parte de esos fondos». 
Por favor, resistan a esa tentación. Necesitamos fondos adicionales. 
Por eso me sumo con gran placer a mi colega griego en su llamamiento. 
Señora Presidenta, señor Comisario, como ustedes saben, en los últimos días una gran ola de mal tiempo se ha desplazado por Europa y ha dejado a su paso en muchos lugares inundaciones y destrucciones y en parte las sigue dejando todavía tras de sí, como sabemos también a través de las noticias, como por ejemplo, actualmente en la frontera germano-polaca. 
Uno de los países que ha resultado más fuertemente afectado por esta catástrofe es Austria. 
En Niederösterreich y en el Steiermark valles y regiones enteros han estado aislados de su entorno durante días, han sido destruidas cosechas en extensas zonas, miles de casas se han visto inundadas y la infraestructura, por ejemplo, el teléfono, entre otras cosas, no funciona en parte todavía hoy. 
Sólo en Niederösterreich los daños se cifran hoy prudentemente en algo más de 1.000 millones de chelines. 
Estoy convencido de que ahora es tiempo de mostrar una solidaridad europea con todos los afectados. 
Espero vivamente que la Comisión, en especial, agote ahora realmente todas las posibilidades de prestar ayuda de manera rápida y no burocrática allí donde sea posible. 
Señora Presidenta, no solamente en nuestro viejo mundo tenemos catástrofes. 
Pensemos también en los demás. 
Después del largo período de sequía en Chile- ese país al que uno de sus escritores definió como una loca geografía -, se han sufrido terribles inundaciones, vientos y nieves. 
Siete regiones centrales, casi dos tercios del país, han sido afectadas; 60.000 personas han quedado sin hogar; ha habido una treintena de muertos y muchos centenares de personas aisladas. 
Se ha producido un lógico estado de emergencia. 
Y yo creo que nosotros, que tenemos un acuerdo de cooperación específico con Chile- un país que nos ha dado tantos buenos ejemplos en la vida política y económica en los últimos tiempos -, debemos ser sensibles a esa tragedia, y la Comisión debe- seguramente lo ha hecho ya o lo va a hacer- tratar de coordinar la ayuda de los Gobiernos europeos, aportar la suya propia y contribuir así a mejorar una situación que, ciertamente, si miramos algo más allá de nuestras propias fronteras, nos debe conmover. 
Señora Presidenta, por las diferentes catástrofes sufridas por Austria, que se acaban de mencionar, han resultado afectadas, sobre todo al principio, la República Checa y Polonia, las cuales siguen padeciéndolas aún hoy. 
Nosotros adoptamos con mucha frecuencia acuerdos de solidaridad, sin embargo, deberíamos recordar que primero estamos obligados con los países europeos que comparten con nosotros cultura e historia y tanto más cuanto que estos países han sufrido tanto en estos últimos decenios. 
Efectivamente, precisamente los pueblos que han estado bajo ocupación soviética han pagado el auténtico precio de la Segunda Guerra Mundial. 
Aquí deberíamos dar expresión clara a nuestra solidaridad y, por cierto, de la manera menos burocrática posible. 
La ayuda burocrática nunca es tan buena como una ayuda espontánea y activa. 
Señora Presidenta, dada la tensa situación económica que existe en Polonia y en la República Checa, constituye un pesado lastre para el equilibrio social acometer también ahora las consecuencias de la catástrofe ecológica. 
Esto afecta de manera muy especial a las personas que han perdido aquello que habían logrado con mucho esfuerzo. 
Pero las catástrofes medioambientales no tienen solamente causas naturales. 
No sirve lamentarse solamente, aquí es preciso también actuar de forma preventiva en el oeste en favor del este y del sur. 
En este punto quiero hacer una referencia a Río + 5 y al fracaso de que todavía no haya sido posible ponerse de acuerdo acerca del consumo de CO2 que, naturalmente, necesita una reducción y, por cierto una clara cuota que evite en el futuro catástrofes ecológicas. 
Quisiera, además, preguntar al señor Comisario por qué la Comisión no ha emprendido aún ningún paso en el seno de INTERREG, el cual, por ejemplo, se usa para la cooperación en la renaturalización de ríos, para constituir un fondo común. 
Todavía sigue existiendo la dificultad de financiar proyectos comunes de manera no complicada. 
Quisiera rogarle que dé una respuesta al respecto. No puedo menos de decir que hay que acabar con el hormigonado de los ríos. 
Esto no debe suceder pues ésta es la condición previa de tales catástrofes y, por esta razón, la Comisión no debe pagar un solo céntimo para que en el marco de las redes transeuropeas se hormigonen ríos como, por ejemplo, el Havel en Brandenburgo. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera expresar nuestra simpatía, en nombre de la Comisión, a las víctimas de los huracanes que han azotado regiones del Reino Unido, de Austria, de Polonia y de la República Checa, así como a las víctimas de los incendios forestales de Grecia, y también quiero hacer extensiva nuestra simpatía a los afectados por las recientes inundaciones en Chile. 
Empezaré por los Estados miembros de la Unión Europea afectados. El presupuesto de 1997 no incluye consignaciones para ayuda de urgencia a las víctimas de catástrofes naturales en la Unión, pues por segundo año sólo se asignó una cantidad simbólica a la partida B 43400. 
En cuanto a los daños causados al potencial de producción agrícola y a las estructuras económica y productiva, en el marco de los actuales procedimientos podemos examinar cualquier propuesta que formulen las autoridades del Estado miembro interesado para que se le conceda asistencia con cargo a fondos estructurales en el marco de las asignaciones financieras fijadas y mediante el redespliegue de esas asignaciones. 
La finalidad de los fondos estructurales no es facilitar compensación por los daños causados por catástrofes naturales. 
Su apoyo no puede ser más que indirecto. 
Esto significa que corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros el interpretar la situación de forma creativa y formular propuestas para que se dé prioridad a las zonas afectadas por la catástrofe natural en la asignación de la ayuda general para el desarrollo económico. 
Esto es realmente lo que puedo ofrecer a países como Austria. 
Tendrán que tomar una iniciativa en el sentido indicado. 
Por lo que se refiere más concretamente a la protección de los bosques contra el fuego, en la primera parte de esta año el Consejo prorrogó por cinco años las medidas comunitarias de prevención de incendios. 
Su finalidad es ayudar a los Estados miembros a mejorar su sistema de protección contra incendios mediante la financiación de estudios acerca de las causas del incendio y acerca de las medidas de prevención, vigilancia y capacitación de personal, a condición de que esas medidas formen parte de un plan amplio para la protección de los bosques contra los incendios. 
En el marco de estas medidas comunitarias se asignaron 12, 8 millones de ecus a 54 proyectos presentados por las autoridades griegas para el período 1992 a 1996, y además el 9 de julio pasado la Comisión aprobó asistencia por valor de 2, 35 millones de ecus para cinco proyectos griegos, todos los cuales estaban encuadrados en el plan nacional de protección contra incendios forestales de Grecia. 
En 1993 la Comisión clasificó como zona de alto riesgo de incendio a todo el territorio de Grecia. 
La Comisión es responsable de la coordinación de estas medidas en estrecha colaboración con la Comisión Forestal Permanente. 
Esto entraña la aplicación del sistema de información de la Unión, que está transformándose en un excelente instrumento para evaluar las disposiciones de protección y de intercambio de información. 
Cabe añadir asimismo que los programas operacional y de desarrollo regional adoptados para Grecia en 1994-1999 incluyen asimismo medidas de protección forestal y medidas de repoblación forestal. 
Incumbe a las autoridades nacionales el reorganizar sus prioridades, de ser necesario a la luz de las necesidades que han expuesto. 
En cuanto a las lluvias torrenciales que ha habido en la región de Moray en Escocia, los fondos estructurales no contienen una reserva que permita asignar fondos financieros adicionales a la zona afectada, pero la zona puede pedir asistencia con cargo a los fondos estructurales. 
Ninguno de los programas que abarcan la zona de Moray mencionan ese tipo de asistencia para la construcción de infraestructuras adecuadas para la prevención de inundaciones, pero esos dos programas contienen actividades prioritarias encaminadas al mejoramiento y la protección del medio ambiente natural, que es uno de los principales bienes de la zona. 
Si las autoridades escocesas estiman que la asistencia a dicha zona debe revestir alta prioridad, la Comisión, junto con los interlocutores locales, está dispuesta a tomar en consideración cualquier tipo de plan de gestión ambiental que reduzca al mínimo las consecuencias nefastas de esas lluvias torrenciales y fomente la sostenibilidad a largo plazo, al mismo tiempo que promueve el desarrollo económico. 
Acojo muy calurosamente el interés que ha demostrado el Parlamento y comparto su preocupación por las graves consecuencias de las inundaciones que han afectado principalmente a Polonia y a la República Checa. 
Por otra parte comparto plenamente el sentimiento que se ha expresado en cuanto a lo que debemos hacer y el motivo de que debamos hacerlo. 
Por eso es para mí motivo de particular placer el anunciar al Parlamento Europeo que hemos reaccionado a la crisis adoptando el 14 de julio, o sea hace tres días, la decisión de prestar asistencia humanitaria por valor de 500.000 ecus a los grupos más afectados por las inundaciones en Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. 
La ayuda, administrada por la Oficina de asuntos humanitarios de la Comunidad Europea (ECHO) , se facilita en respuesta a un llamamiento de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y permitirá que la Federación organice operaciones de urgencia inmediatamente y sin cortapisas democráticos. 
La subvención de la Comisión proporcionará fondos para ayuda alimentaria, agua de beber y suministros esenciales de socorro, como camas y artículos higiénicos. 
Esta decisión asigna fondos para una operación de socorro que tenga lugar durante los tres próximos meses, por lo que espero que la respuesta sea inmediata y práctica. 
En estrecha coordinación con las autoridades de los países de que se trata, estamos dispuestos a considerar nuevas solicitudes de prestación de asistencia con cargo a otros recursos comunitarios, particularmente por conducto del programa PHARE, y en este contexto hemos entablado ya algunos contactos de alto nivel. 
Por lo que se refiere a Chile, según ha mencionado el Sr. Robles Piquer, hemos estado siguiendo de cerca la situación y estamos dispuestos a facilitar financiación para una operación de emergencia pero, a falta de llamamientos provenientes de las autoridades chilenas, de las organizaciones internacionales o de organizaciones no gubernamentales europeas, y habiendo recibido la seguridad de las autoridades chilenas de que tienen la situación bajo control, no hemos intervenido. 
Ahora bien, hemos liberado fondos en el marco de un proyecto en curso en Chile, que está cofinanciado por el Gobierno chileno. 
Hemos asignado un total de 60 millones de pesos chilenos para hacer frente a las necesidades inmediatas de las víctimas de las inundaciones; esta medida se ha adoptado a petición de las autoridades chilenas y previa consulta con las embajadas de los Estados miembros en Santiago. 
Muchas gracias, Sir Leon Brittan. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. 
Señora Presidenta, el Comisario no se ha manifestado sobre INTERREG 2c. 
La pregunta era si en la Comisión existe la disposición de permitir que funcione como un fondo y no como INTERREG y PHARE, por separado, para poder financiar más fácilmente proyectos comunes. 
Señora Presidenta, eso representaría un cambio normativo. 
Hoy no estoy en condiciones de anunciar lo indicado, pero transmitiré la sugerencia que se ha hecho a mis colegas que se ocupan concretamente de esos proyectos. 
Señora Presidenta, intervengo únicamente para hacer una breve referencia al asunto de los derechos humanos y de la pena de muerte en los Estados Unidos. 
Considero necesario anunciar que he recibido hace algunos minutos, desde el corredor de la muerte de una cárcel del Estado de Virginia, una comunicación telefónica de Joseph O ' Dell, condenado a muerte. 
El Sr. O ' Dell, utilizando los pocos minutos que le ofrecían las autoridades carcelarias, me ha pedido que transmita su profundo agradecimiento al Parlamento Europeo por el interés que este Pleno ha manifestado y manifiesta por su derecho a demostrar su inocencia. 
El debate sobre los problemas de actualidad y urgencia queda cerrado. 
(La sesión se interrumpe a las 17.23 horas y se reanuda a las 17.30 horas.) 
Procederemos a continuación a la votación sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, por lo que se refiere a esta votación por partes sobre el párrafo 13, sé que el Parlamento quedó muy satisfecho cuando en el último período de sesiones se aplazó este informe para que la ponente pudiera estar aquí, y no en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. 
Puesto que está aquí, quizá podría aclararnos si es partidaria de todas las partes de esta votación por partes. 
En realidad no estamos votando sobre el párrafo 13. 
Al haberse adoptado la enmienda 1 ya no hay votación sobre el párrafo 13, pues ha decaído. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, me gustaría comunicar a los colegas que no hayan contemplado atentamente las propuestas, sino que se hayan marchado después de las listas de votación, que hemos aprobado una propuesta en la que se insta a la Comisión a que aproxime el Derecho Civil al Derecho Penal. 
Esto puede parecer muy extraño a cualquier jurista y considero lamentable que el Parlamento no sea más preciso en cuestiones jurídicas. 
Señor Presidente, cuando un ponente dice algo, tiene que coincidir con lo que pone en las enmiendas, y estas dos palabras no se han utilizado aquí. 
Procuremos evitar los debates teológicos. 
Señor Presidente, habiendo consultado con la mayoría de los miembros de la Comisión y de la Comisión de Control Presupuestario, y habiendo sido positiva la respuesta de estos miembros, me permitiría presentar una enmienda in voce en el considerando FF, en el que se cambiarían las tres palabras «la sociedad ISMERI» por cuatro palabras, que dirían «una de las sociedades». 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Con esto damos por terminadas las votaciones 
Señor Presidente, quisiera que los aplausos también estuvieran dirigidos a los intérpretes, que han logrado seguir el ritmo desenfrenado que le ha dado usted a estas votaciones. 
Como siempre, quedo muy agradecido a los intérpretes. 
La Unión Europea debe saber protegerse de las compañías aéreas de los Estados terceros que no respeten las normas de seguridad dictadas por la Unión. 
Debemos saber sancionarlas de un modo u otro. 
Todos tenemos en el recuerdo algunos accidentes de aviación, que, por culpa de una seguridad insuficiente, han causado la muerte a varios cientos de personas. 
La Unión debe actuar de modo óptimo para reducir al máximo estos peligros potenciales. 
Así pues, quisiera tributar un homenaje al ponente por sus propuestas en materia de seguridad, tanto a nivel de los aparatos como en cuento a la formación del personal navegante y personal de tierra. 
Debemos orientarnos hacia una reglas comunes de formación con vistas a garantizar que todos los ciudadanos europeos tengan un nivel equivalente de seguridad. 
¡Todas las acciones que vayan en este sentido merecen ser apoyadas! 
El informe presentado por la Sra. McIntosh reviste una gran importancia porque trata en profundidad de los factores capaces de mejorar la seguridad y la fiabilidad en el transporte aéreo. 
Yo he votado a favor de este texto. 
Los recientes dramas acaecidos en los Estados Unidos así como en Europa nos instan efectivamente a reforzar al máximo la seguridad de este modo de transporte, por cuanto la demanda de transporte aéreo aumenta constantemente. 
La mayor parte de los accidentes e incidentes aéreos tienen un origen humano. 
Este informe insiste pues en la necesidad de reforzar la formación del personal tripulante. 
Además, el informe insiste en la necesidad de una mejor armonización de los productos aeronáuticos europeos, y ello por un prurito de seguridad, pero también para que puedan disminuirse ciertos costes y limitaciones que pesan sobre la industria europea. 
Conviene subrayar un elemento fundamental: la Comisión Europea ha iniciado negociaciones para instaurar una organización europea encargada de la seguridad en el ámbito de la aviación civil. 
Podemos felicitarnos por la creación de dicho organismo, que definirá las reglas técnicas obligatorias que deberán aplicarse en común. 
En concreto, deseo que una de mis propuestas, recogida en el informe, se aplique rápidamente por parte de la Comisión. 
Desearía que la Unión Europea participara activamente en los programas que permiten detectar eventuales deficiencias en el modo en que las autoridades de otros países terceros aplican las normas de la aviación civil internacional (O.A.C.I) , así como los programas que permiten, después de estas detecciones, colaborar con nuestras autoridades para permitirles restaurar el respeto de las normas internacionales en materia de seguridad. 
Con esta explicación de voto quiero reiterar mi apoyo al informe. 
El creciente tráfico aéreo exige cada vez más garantías en materia de seguridad en los aeropuertos. 
El riesgo de un aparato inseguro o de un vuelo inseguro no sólo lo corren los pasajeros, sino también otras personas, concretamente las que viven en las cercanías de un aeropuerto. 
Sin quererlo, también ellas corren un riesgo. 
La seguridad se ve amenazada sobre todo cuando un aeropuerto regional intenta «sobrevivir» y por esta razón impone condiciones menos estrictas que otros aeropuertos. Se convierten en el refugio de aparatos procedentes de terceros países que casi nunca cumplen las normas europeas. 
Hemos de evitar esta evolución favorable a los aeropuertos de segundo rango. 
Al parecer, los aviones procedentes de países pobres están implicados en el 92 % de todos los accidentes de aviación. 
Para aumentar la seguridad del tráfico aéreo es preciso elaborar una lista negra de todas las compañías aéreas de terceros países que no cumplen las normas de la UE en materia de seguridad y sistemas de aviso. 
Una base de datos que notifique los incidentes aéreos puede impulsar a las compañías aéreas que gozan de mala fama a aprender la lección. 
Es preciso vigilar que el personal de cabina y de vuelo cumpla los requisitos en materia de aptitud y experiencia. 
Según dicen, la comunicación entre los controladores y el personal de cabina de un avión procedente de terceros países es bastante deficiente. 
El defectuoso inglés de determinados pilotos causa malentendidos que pueden tener consecuencias fatales. 
Tal como señala con razón la ponente en su informe, el desarrollo de un sistema de aviación seguro implica una actuación concreta, sin que existan precedentes de cooperación entre los implicados en todos los niveles. 
Además, las propuestas formuladas por la ponente en su conclusión nº 13 son muy importantes: como he indicado antes, hay que prestar más atención sobre todo a las medidas para limitar los riesgos para las personas que viven en los alrededores de los aeropuertos. 
Por último, aplaudo la sugerencia de facilitar más información a los pasajeros sobre la seguridad de diferentes compañías aéreas. 
Las organizaciones de viajes han de indicar también qué compañía aérea realiza el vuelo a fin de que el pasajero pueda determinar por sí mismo qué riesgo desea asumir. 
Señor Presidente, quisiera explicar por qué he votado a favor de la resolución que ha seguido al informe del Sr. Fabra Vallés, a pesar del rechazo a algunas de sus enmiendas. 
Lamento, efectivamente, que nuestros colegas no hayan aprovechado la ocasión que se les brindaba para ejercer su función, que consiste en representar a los distintos pueblos de Europa, a los ciudadanos de los diferentes Estados miembros, que son también los contribuyentes. 
Lamento que mis colegas no hayan querido arrostrar sus responsabilidades. 
Al igual que lo ocurrido con la aprobación de la gestión de 1992 de la Comisión, al igual que lo sucedido, más recientemente, en el asunto de la EEB, no hemos querido llegar hasta el final de nuestra lógica. 
En efecto, la condena que recoge el informe, consecuencia del informe sumamente preciso del Tribunal de Cuentas, es radical. Sin embargo, no hemos sacado todas las consecuencias que se imponían. 
Hubiéramos debido obtener la creación de una comisión de investigación. 
Esta mañana, el Comisario Marín nos ha dicho que la Comisión hace muchas cosas. 
Eso está muy bien, pero el único problema es que las hace ahora cuando hubiera debido hacerlas hace tres años. 
Así que he votado a favor del informe al tiempo que lamento que no vaya suficientemente lejos. 
Las prácticas de la Comisión que ha puesto en evidencia el Tribunal de Cuentas, y luego nuestro colega Fabra Vallés, no cuestionan la gestión de un Comisario en particular sino un modo general de funcionamiento absolutamente inadmisible de la Comisión, que conviene eliminar. 
Es sin duda grotesco en grado máximo denunciar una y otra vez mediante resoluciones, como hace este Parlamento, prácticas de corrupción en todo el mundo y, en particular, en los Estados que se benefician de los programas MED, cuando siguen produciéndose prácticas fraudulentas en el seno de la propia Comisión. 
La Comisión debería, muy al contrario, dar ejemplo en la lucha contra la corrupción dentro de sus propios servicios. 
Pero como la experiencia nos demuestra la eficacia más que relativa del autocontrol de los órganos administrativos, es indispensable que nuestro Parlamento no se contente con las buenas palabras de los Comisarios (» estén seguros de que haremos lo necesario» ), sino que desempeñe plenamente en este ámbito su papel de controlador serio y riguroso de las prácticas financieras de la Comisión. 
Al examinar con profesionalismo, autoridad y rigor el asunto de la EEB, y luego el del fraude del IVA, gracias a dos comisiones de investigación que han cumplido su trabajo de manera destacada, el Parlamento Europeo ha tomado el camino adecuado. 
En efecto, si en lugar de atender a todos los temas posibles para tratarlos con superficialidad y, a menudo, sin disponer de la información necesaria, nuestro Parlamento orientara prioritariamente su trabajo hacia el control de los modos de funcionamiento de la Comisión, nuestra Asamblea podría sin duda desempeñar un papel muy útil. 
Por ello nuestro Grupo apoya sin ambages la propuesta que ha hecho en el curso del debate el Sr. Fabra Vallés para que se cree una comisión de investigación sobre la utilización de los fondos destinados a los programas MED. 
Diálogo social 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0226/97) del Sr. Peter, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria (COM (96) 0448- C4-0526/96) 
Señor Presidente, distinguidos colegas, la constitución de un diálogo social estructurado a nivel europeo es una consecuencia de la decisión de la Comunidad de culminar el mercado interior. 
En la economía de los Estados miembros los interlocutores sociales juegan un papel que, aunque de relevancia diversa, es en todas partes un papel configurador. 
Ha sido muy acertado incluir los interlocutores sociales en la transferencia de las competencias reguladoras del mercado interior a la Comunidad. 
Efectivamente, esto es propio, en primer lugar, del modelo de una economía social de mercado y, en segundo lugar, la cercanía de los interlocutores sociales a la realidad favorece la adecuación de las regulaciones que hay que adoptar y también la aceptación de las mismas. 
Si el diálogo social quiere dar cuenta de los objetivos fijados entonces ha de influir adecuadamente en el proceso de desarrollo del mercado interior y en las consecuencias sociales que se siguen del mismo. 
La establecimiento de tareas y la organización han de estar orientados a esto. 
En el plano de los principios, pero también en el real, es preciso revisar las formas de diálogo que se han desarrollado hasta ahora, hay que constituir nuevos planteamientos, tanto en el aspecto sustantivo como en el formal, y hay que desarrollar nuevos criterios para la participación de las organizaciones en el diálogo colectivo, tanto desde el punto de vista de su eficacia real como de su capacidad de consenso. 
La comunicación que ha presentado la Comisión sobre el desarrollo del diálogo social a escala comunitaria constituye una invitación a una discusión reformadora. 
Por la exposición de situaciones, por la reavivación de los problemas, por la invitación a responder a las preguntas, la comunicación de la Comisión reviste el carácter de un libro verde. 
La opinión del PE no puede menos que ser adecuada. 
La Comisión ha anunciado la intención de presentar en el segundo semestre de 1997 sus propuestas concretas de mejoramiento del diálogo social. 
Entonces el PE tendrá que adoptar una posición concreta. 
Si se contempla todo el planteamiento del problema, se requiere una multiplicidad de medidas de carácter técnico-organizativo, financiero y de personal, cuya importancia para el funcionamiento práctico del diálogo social y para el incremento de su eficacia en casi todos los niveles no debe minusvalorarse en modo alguno. 
Pero también se derivan algunos puntos de vista políticos a cuya importancia quiero referirme brevemente. 
Una exigencia urgente es la representatividad de las organizaciones que participan en el diálogo social. 
Sólo pueden participar en el diálogo social organizaciones que respondan a los criterios de la representatividad. 
Los criterios mismos no deben suscitar ninguna duda sobre su claridad y deben resistir una comprobación jurídica. 
Elaborarlos y velar por su cumplimiento es tarea de los órganos de la Comunidad; cumplirlos es tarea de la organización y de las asociaciones que quieran participar en el diálogo social. 
Las organizaciones participantes han de aceptarse mutuamente si, a pesar de la disparidad de intereses, tiene que reinar, sobre todo, un clima constructivo allí donde, más allá de la fase de audiencia, se trate de negociaciones y de resultados vinculantes para terceros. 
Esto es un resultado de la autonomía de las organizaciones y no puede ser logrado por la fuerza en una sociedad libre y pluralista. 
Seguramente el diálogo social no es una panacea para lograr una solución socialmente justa para todos los problemas que están planteados, pero es absolutamente un instrumento eficaz de configuración que la Comunidad debería utilizar cada vez más. 
Por consiguiente, el reconocimiento del principio del dialogo social no debe verse reducido al clásico ámbito de planteamiento político-social, sino que ha de extenderse a todas las intenciones de regulación que tengan una destacada relevancia social. 
Esto supone, por ejemplo, para la Comisión que todos los comisarios y comisarias desarrollen la pertinente actitud de cooperación y la impongan a los servicios que les están subordinados. 
El desempleo existente en la Comunidad exige claramente ocupar directamente las capacidades que existen en el diálogo social con el desarrollo de instrumentos de solución. 
Sobre todo, la Comisión debe poner sobre la mesa sin más dilación propuestas concretas al respecto. 
Con la inclusión del Acuerdo Social en el Tratado de Amsterdam y con la adhesión de Gran Bretaña al Acuerdo Social se reforzará, por un lado, en el futuro la eficacia de las regulaciones que se deriven del diálogo social, pero, por otro lado, seguirá establecido el déficit democrático-parlamentario. 
Si el Parlamento permanece totalmente excluido, también para el futuro, de un procedimiento legislativo que tenga eficacia sobre todo el espacio de la UE, mientras el Consejo mantiene la última palabra también aquí, esto seguirá siendo un error cardinal que no puede ser compensado mediante la ampliación de las posibilidades de codecisión en otro lugar. 
Por consiguiente, insto al Consejo y a la Comisión a que entren en negociaciones con el Parlamento sobre la celebración de un Acuerdo Interinstitucional, para que se pueda eliminar a corto plazo este perjuicio. 
Señor Presidente, la presente comunicación de la Comisión podría, bajo ciertas condiciones, constituir una importante oportunidad para reflexionar sobre los objetivos, el contenido y los resultados del diálogo social a nivel comunitario. 
Más aún, la realidad actual demuestra, en beneficio de quienes aspiran al diálogo tanto en el plano social como en el plano de los Estados miembros, que el diálogo social actúa como un amortiguador de las sacudidas y reacciones que la política económica y social de la Unión y de los Estados miembros implica para los trabajadores. 
Podría pensarse que la forma sustancial de diálogo social, la negociación colectiva y los convenios colectivos de trabajo entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios, debería ser el eje del presente debate, del mismo modo que debería reforzarse la representación con la participación de representantes de las pequeñas y medianas empresas en todos los niveles de diálogo social. 
Sin embargo, las enmiendas relativas a la necesidad de un reforzamiento de la negociación colectiva y de los convenios laborales colectivos a nivel de la Unión o a nivel de empresas multinacionales, así como a nivel sectorial o periférico, no han tenido el apoyo del ponente ni de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
La misma suerte han corrido las enmiendas sobre participación de las pequeñas y medianas empresas en el diálogo social de Val Duchesse y a los demás niveles. 
El argumento de que las pequeñas y medianas empresas tienen voz y voto en la UNICE es, como mínimo, cómico y no convence a nadie, ya que supondría conferir a la gran industria europea la representación de las pequeñas y medianas empresas. 
Quiero pedir a sus Señorías que voten a favor de estas enmiendas. 
Señorías, señor Comisario, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe y asimismo quiero dar las gracias a la Comisión por el hecho de que en esta comunicación nos pida celebrar un amplio debate sobre el diálogo social. 
Ocurre que, a pesar del Tratado de Amsterdam e incluso a pesar de esta comunicación, creo que el lugar del diálogo social a nivel europeo, tanto intersectorial como sectorial, es muy poco claro. 
No obstante, Señorías, es muy necesario aclararlo. 
Quiero citar tres ejemplos: en primer lugar, en noviembre la Presidencia luxemburguesa organizará una cumbre extraordinaria sobre el trabajo, que en realidad puede suponer el principio de una estrategia de empleo europea. 
Para mí está claro que habrá que decidir utilizar en el futuro los aumentos de productividad sobre todo a favor del empleo, a fin de separar las garantías laborales de la moderación salarial. 
Pero esto significa también que hay que implicar a los interlocutores sociales europeos. 
Estoy convencida de que en el futuro los acuerdos salariales y los acuerdos en materia de empleo tendrán que realizarse también a nivel europeo, en el marco de la Unión Económica y Monetaria. 
Lo mismo puede decirse de la organización del trabajo y de la reducción del tiempo de trabajo. 
Sigue estando poco claro qué papel desempeñan ahora los interlocutores sociales en el marco de la estrategia de empleo europea. 
Por cierto es significativo que la Presidencia luxemburguesa no haya formulado ninguna petición oficial a estos interlocutores sociales, por ejemplo para que elaboren un acuerdo marco europeo al que se vinculen compromisos de obligado cumplimiento. 
En segundo lugar, el Tratado de Amsterdam deja en efecto preguntas abiertas en relación con la validez o el alcance de los acuerdos logrados en el diálogo social. 
No obstante, hay suficientes razones para aclarar la relación con el Consejo. 
Por ejemplo, qué pasará si el Consejo no aprueba un acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales. 
¿Es lógico que el Consejo pueda rechazar este acuerdo sin que se prevea un procedimiento para lo que ha de suceder después? 
Apoyo al ponente en su pregunta y su preocupación por el hecho de que el Parlamento Europeo no esté implicado. 
Señorías, también habría querido decir algo sobre los déficit del diálogo sectorial, pero veo que no dispongo de suficiente tiempo. 
Para mí resulta dolorosamente claro, a raíz del caso Renault, que también en el diálogo sectorial son necesarios unos acuerdos mucho más vinculantes, y espero de todo corazón que la Comisión aproveche esta comunicación para presentar en los próximos meses unas propuestas concretas y vinculantes. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Peter ha elaborado un excelente y completo informe sobre la comunicación de la Comisión sobre el diálogo social. 
Mi cordial felicitación. 
La discusión de ambos documentos muestra que el Tratado de Maastricht abre un nuevo capítulo de la política social europea. 
La adhesión de Gran Bretaña en Amsterdam al Acuerdo sobre la Política Social refuerza este desarrollo. 
Al principio ocupaban el primer plano de la política social europea reglas de coordinación de la seguridad social de los trabajadores emigrantes y criterios mínimos sobre protección en el trabajo. 
Ambos campos de la política, la protección en el trabajo y los seguros sociales, constituyen también el comienzo de la política social nacional. 
Luego se sumó allí la idea de que el trabajador debería poder intervenir como socio y debería poder cointervenir también en el orden político-social. 
Actualmente la política social de la Unión Europea se encuentra en esta fase. 
Quiero mencionar la directiva sobre los Consejos Europeos de Empresa, la cual habría fracasado sin el diálogo social entre la Confederación Europea de Sindicatos y la UNICE o sin la audiencia tras el Acuerdo sobre la Política Social. 
Después de este acuerdo son posibles, además, acuerdos entre los interlocutores sociales los cuales incluso pueden convertirse, eventualmente, en Derecho comunitario europeo a través de un acuerdo del Consejo, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las vacaciones de los padres. 
A todo esto tiene, naturalmente, una gran importancia quién puede participar en el diálogo social. 
En 1993 la Comisión desarrolló un catálogo de representatividad para las organizaciones participantes en el procedimiento de elaboración de disposiciones jurídicas. 
Si por esta vía descrita se crea Derecho europeo del trabajo, entonces se verán afectadas las pequeñas y medianas empresas, las cuales emplean a la mayoría de los trabajadores en Europa. 
En el sentido de éstas es necesaria una rápida actualización del catálogo de las organizaciones representativas. 
Esperamos tan rápidamente como sea posible una nueva comunicación pertinente de la Comisión. 
Este es el trasfondo de por qué reclamamos una votación separada del apartado 16 del Informe Peter y queremos tachar la parte que permite esperar un aplazamiento. 
Fundamentalmente, somos partidarios del criterio de la voluntariedad de la pertenencia como miembro en las organizaciones autorizadas para el diálogo social, pero también somos partidarios de una regulación especial para el país modelo de la interlocución social, Austria, es decir, la plena participación de la cámara oficial de comercio de la República de Austria. 
Pero sobre esto dirá todavía algunas cosas nuestro colega, el Sr. Pirker. 
Para precisar nuestras posiciones proponemos en la enmienda 3 que el Parlamento se remita expresamente a su Informe Reding de mayo de 1994. 
Allí no sólo se define claramente el concepto de representatividad, sino que se pide con insistencia que la Comisión desarrolle estructuras de vinculación entre todas las organizaciones representativas de los interlocutores sociales. 
El diálogo social es una expresión del principio de subsidiariedad. 
Por consiguiente, quiero prevenir de querer dar a los expertos representados allí demasiados consejos oficiales acerca de lo que hayan de hacer. 
En la mayoría de los casos ellos lo saben mejor. 
Subsidiariedad significa que en la duda se dé prioridad a la unidad más pequeña, pero también que en la duda se dé prioridad a las regulaciones de los interlocutores sociales frente a las soluciones estatales. 
Es importante que los interlocutores sociales aprovechen las oportunidades que les brinda el Tratado de la Unión. 
En comparación con las instituciones estatales y con los órganos de la Comunidad, ellos podrían aportar una mayor cercanía a las cosas a la hora dar solución a los problemas político-sociales. 
Igualmente es importante que la Comisión se muestre activa con una nueva comunicación sobre el diálogo social. 
En este sentido queremos dar nuestra conformidad al Informe Peter. 
Señor Presidente, Señorías, Europa sólo será la Europa de los ciudadanos si los propios europeos están en condiciones efectivas de plantear su futuro. 
La Comisión tiene pues toda la razón de conceder máxima importancia al desarrollo del diálogo social. 
Sin embargo, los acuerdos que vayan a producirse deberán ser reconocidos por todos, y ahí radica toda la cuestión. 
Sobre todo conviene recordar, Señorías, que según el derecho francés la representatividad es el único criterio que le otorga a una organización profesional la capacidad de negociar acuerdos paritarios. 
Sin embargo, el reconocimiento mutuo defendido por el ponente Peter denota una visión germánica de los interlocutores sociales y, por ello mismo, efectúa exclusiones. 
De este modo, creo que las cuestiones que se plantea la Comisión sobre la representatividad de sus interlocutores en el diálogo sobre la política social de la Unión son cuestiones justificadas. 
Sin embargo, debo decir también que algunos de estos mismos interlocutores cuestionan la influencia que puede tener su opinión sobre las decisiones de las instituciones comunitarias. 
¿Qué ocurre, efectivamente, con el papel de las pequeñas y medianas empresas o con las representaciones agrícolas en el acuerdo sobre política social? 
Mientras que las representaciones que participan en el diálogo social son muy numerosas, sólo hay tres organizaciones que intervienen en el acuerdo sobre la política social. 
Habida cuenta de lo dicho, deseamos que la Comisión presente cuanto antes propuestas concretas para mejorar la eficacia y los objetivos del diálogo social. 
Los resultados de Amsterdam, por escasos que sean, han permitido la incorporación del protocolo social al Tratado y la aplicación de la codecisión a las cuestiones sociales. 
Ahora hace falta que se quiera dar cabida al Parlamento en el diálogo social. 
La idea de incluir a los interlocutores sociales de los Estados candidatos a la adhesión es interesante, y agradezco al ponente Peter haberlo subrayado. 
Lo felicito por la calidad de su informe. 
Señor Presidente, el diálogo social es de hecho una cuestión en la que están implicadas diversas partes. 
En este caso, la administración europea y los interlocutores sociales. 
Pienso que hemos de dejar en manos de los interlocutores sociales las cuestiones que pueden regular por sí mismos. El Grupo de los Liberales no apoyará algunas enmiendas que parten de la idea de que hemos de prescribir lo que pueden regular los propios interlocutores sociales en los convenios colectivos, y en lo que respecta a los Liberales ello no es siempre necesario a nivel europeo. 
Esto no significa que no tengamos confianza en el diálogo social, pues la tenemos. 
Sobre todo en el marco de la ya próxima cumbre sobre el empleo. 
Luego está la delicada cuestión que ya han apuntado algunas de sus Señorías, a saber, el hecho de que en el diálogo social sólo participen tres interlocutores y que siga faltando la pequeña y mediana empresa. 
Siempre había pensado que, si lo planteábamos suficientemente como diputados al Parlamento Europeo, todo saldría bien. 
Entre tanto, hace tres años que soy diputada al Parlamento Europeo. 
Durante tres años he roto lanzas por la pequeña y mediana empresa y ésta sigue sin ser un interlocutor reconocido en el diálogo social. 
Señorías, señor Comisario, esto es inaceptable. 
Excluye a los trabajadores que trabajan en este sector y excluye a los empresarios que trabajan en este sector. 
De hecho, hemos de constatar que la UNICE representa a un grupo cada vez más reducido de trabajadores, porque un grupo cada vez mayor de trabajadores pertenecen a la pequeña y mediana empresa. 
En este diálogo hemos de prestarles atención a ellos y no sólo a los grandes. 
Señor Presidente, después de Amsterdam y bajo el impulso del gobierno francés, el debate sobre las cuestiones sociales y relacionadas con el empleo está abierto y nosotros le concedemos la máxima importancia. 
Pero la moneda única y el pacto de estabilidad, al que nuestro Grupo está firmemente opuesto, están en contradicción con el protocolo social y el capítulo del Tratado relativo al empleo. 
El diálogo social constituye un elemento importante de la Europa social y solidaria que deseamos construir en interés de los ciudadanos de los países de Europa. 
Claro está que somos partidarios de su reforzamiento, su ampliación, puesto que ya ha dado resultados positivos en numerosos campos. 
Sin embargo, no debería entrañar discriminaciones respecto a ciertas organizaciones sindicales. 
Ahora bien, la referencia al criterio de la representatividad a escala de la Unión Europea, como ha recordado el ponente, Sr. Peter, permite excluir en realidad a algunas organizaciones de las negociaciones y de las consultas previstas por el protocolo social, y excluirlas de los organismos consultivos, porque no son miembros de las estructuras europeas, como ocurre con determinados sindicatos franceses. 
La voluntad justificada de disponer de un derecho social a nivel europeo debe expresarse gracias a un proceso democrático que respete las diversidades, los derechos fundamentales, así como los convenios pertinentes de la Organización Mundial del Trabajo. 
Estos convenios estipulan que la negociación con los empleadores es un derecho de los asalariados en lo que se refiere a las condiciones de empleo y a las garantías sociales. 
Precisan asimismo de modo explícito que sean los asalariados los que deban elegir en quién delegan el ejercicio de este derecho. 
En efecto, ¿cómo se puede concebir la legitimidad de los acuerdos celebrados en la Unión Europea y su aceptación por parte de los ciudadanos afectados, si las organizaciones sindicales nacionales representativas en las que los ciudadanos han confiado la defensa de sus intereses no participan plenamente en las negociaciones? 
Esta es nuestra concepción democrática del diálogo social, que debe llevarse a cabo sin discriminación ni exclusivismo. 
Al mismo tiempo, para contribuir a que fracase la ofensiva de la patronal y de ciertos gobiernos contra el acervo social y los derechos de los trabajadores, es preciso que todas las directivas comunitarias en materia social garanticen el respeto de los convenios de la Organización Mundial del Trabajo, que prevean explícitamente el mantenimiento de las disposiciones más favorables a los asalariados que estén en vigor en los Estados miembros y que contribuyan al fomento de los derechos sociales en todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, mucho ha cambiado desde la introducción del diálogo social en 1985. 
La situación es muy distinta comparada con la de entonces. 
En el sector del mercado de trabajo tenemos actualmente alrededor de 20 millones de desempleados y en el sector social, según la Comisión, más de 50 millones de personas que viven en la pobreza en los países de la UE. 
Puede decirse que la UE ha fracasado totalmente en su estrategia económica, que de un modo demasiado unilateral se ha encaminado y centrado en la lucha contra la inflación y por la estabilidad de precios. 
En realidad esta política más bien ha menoscabado el desarrollo estable en los ámbitos del trabajo, salarios, seguridad social y medio ambiente. 
Estos ámbitos son todos igualmente importantes con vistas a la estabilidad económica y social. 
Por eso es urgente ahora aplicar el diálogo social cuando la línea general a seguir debería ser la de la política creadora de empleo. 
Las desregulaciones y el requisito de la flexibilidad y adaptación no deben llevarnos a una desregulación de los derechos de los trabajadores y de los acuerdos a los que se llega a través de la negociación y de los convenios colectivos. 
Hay buenas ideas, por ejemplo la de la reducción de la jornada laboral que se llevó a cabo en la industria automovilística alemana, dentro de Volkswagen, y en el sector público y las empresas de mi país, Suecia. 
Los convenios colectivos han tenido como consecuencia unas jornadas laborales reducidas sin, o con muy pocas reducciones salariales. 
La reducción de la jornada laboral crea nuevos empleos, como demuestran los cálculos de la organización Economistas Alternativos Europeos. 
Según la amplitud con que se aplicase la política de reducción de la jornada laboral se podrían crear 5-10 millones de nuevos puestos de trabajo en los países de la UE. 
Para lograr una unión de fuerzas creo, al contrario que el ponente, que es necesario ampliar el diálogo social. 
No sólo debe incluir a las pequeñas y medianas empresas, como se aconseja, sino también a otras organizaciones, como por ejemplo las redes europeas de desempleados, lo cual proponemos los diputados del Grupo V en la enmienda 5. 
Por consiguiente, ruego a mis colegas que le presten su apoyo. 
Señor Presidente, el diálogo social a escala comunitaria no siempre se manifiesta de forma unívoca. 
Con frecuencia, paralelamente a los principios básicos y los elementos fundamentales que lo caracterizan, el diálogo interprofesional y el sectorial se realizan a través de comités y grupos de estudio. 
En el marco del Protocolo social, hoy encontramos otras estructuras y procedimientos de reciente creación que se han convertido en parte integrante de la elaboración de la normativa europea. 
El informe que hoy se somete a debate, pone justamente el acento en el empleo y en la creación de nuevos puestos de trabajo, así como en la necesidad de eliminar los fenómenos de deslocalización. 
El diálogo social deberá, en nuestra opinión, llegar a conocimiento de las organizaciones de interlocutores sociales acudiendo cada vez más sistemáticamente a las ventanillas de información de la Comisión, a la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, pero sobre todo al Centro Europeo de Relaciones Laborales, cuya sede está en Florencia. 
Abrir el diálogo social y comunitario a las organizaciones más representativas a escala europea e incrementar el diálogo sectorial en el sector público son prioridades que la Comisión ha recalcado con claridad. 
A pesar de que evaluamos favorablemente la inclusión del Protocolo social en el nuevo Tratado y la ampliación de los procedimientos de codecisión a los temas sociales, que dependen de la cooperación, confiamos en que el diálogo social en sentido amplio vuelva a aparecer en los procedimientos de codecisión previstos en el Tratado. 
Señor Presidente, en el camino por construir una auténtica negociación colectiva a nivel europeo todavía quedan muchos tramos por recorrer. 
Aún es preciso avanzar en la organización y hasta en la propia definición de lo que se entiende por diálogo social a nivel europeo para que su influencia se note en el desarrollo del mercado interior y en sus repercusiones sociales y, en general, para que se note la implementación de todas las políticas comunes. 
El proceso de transferencia de competencias compartidas a la Unión Europea no se ha visto acompañado por un desarrollo del protagonismo de los interlocutores sociales. 
Es un tema que plantea no pocas cuestiones y algunas las hemos escuchado. Plantea problemas: la representatividad de lo que se entiende por interlocutores, el ámbito del diálogo sectorial, diferenciar entre la consulta y la negociación, la vinculación de los acuerdos, la compatibilidad del diálogo y la negociación con la propia actividad legislativa, etc. 
En 1985 comenzaba una experiencia de diálogo social que hay que seguir desarrollando porque no ha avanzado lo suficiente. 
El Tratado de la Unión Europea y su última revisión de Amsterdam recogen la necesidad de apoyar ese diálogo social. 
Lo necesario- y quizá urgente- es organizar los procedimientos para que los resultados sean los más óptimos posible. 
El diálogo social puede resolver problemas en determinadas directivas en estudio o en debate; el diálogo social puede y debe resolver problemas respecto a la regulación de diferentes sectores económicos; el diálogo social es el mejor instrumento para regular las relaciones laborales y para regular las condiciones de trabajo. 
El diálogo social es una política activa de empleo. 
Por ello, los empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, tienen que trasladar al plano europeo el protagonismo que tienen a nivel nacional y, desde el plano europeo, ser mucho más activas en la aplicación de medidas y acciones comunes en favor del empleo. 
Felicito al ponente y, en razón de que es un informe riguroso y cierto, pido su apoyo, y pido su apoyo además a la posición que él mantenga respecto a las enmiendas. 
Señor Presidente, creo que todos los que participamos en esta discusión estamos de acuerdo en que el diálogo social funcionará solamente si, se da también la representatividad, es decir, si todos los que están vinculados a nivel nacional en el diálogo social se vuelven a encontrar en el plano europeo. 
Esto es especialmente importante si la Unión Europea quiere poner en práctica también a nivel nacional medidas comunitarias. 
Aquí necesita socios pertinentes con capacidad de ejecución. 
Y éstos se dan solamente si se da la representatividad. 
En el ejemplo de Austria quiero mostrarles que esta representatividad no se da en todas partes. 
Nuestro colega, el Sr. Menrad, ha aludido a esto en su intervención. 
En Austria sucede que la Cámara de Comercio, que representa allí a las pequeñas y medianas empresas, al comercio y a la industria, no se encuentra a nivel europeo. 
Allí la asociación de los industriales, integrada en el marco de la UNICE, es el correspondiente interlocutor en el diálogo social, es decir, el socio de la negociación colectiva en Austria no está integrado a nivel europeo. 
Y esto constituye un dilema, porque aquí no se encuentran muchos industriales y, al contrario, la Unión no tiene ninguna posibilidad de realizar en Austria sus intereses. 
Sin embargo, esto puede cambiarse. 
He presentado una enmienda- la nº 2 al párrafo 17- y les pido que la apoyen porque afirma que nosotros deseamos decidir aquí que el interlocutor en la negociación colectiva, la Cámara austriaca de Comercio, sea integrada por medio de una excepción en el diálogo social. 
Señor Presidente, la UE ha dedicado demasiado tiempo a la economía, a la UEM, a los requisitos de convergencia y al cumplimiento de numerosas normas en lugar de abordar la cuestión más importante que hemos de resolver en Europa, el desempleo. 
Por eso es importante que se presione para que se dé prioridad a esta cuestión a todos los niveles. 
El informe constituye un paso en esta dirección. 
El diálogo debe tener lugar en primer lugar con los interlocutores sociales a nivel nacional y naturalmente también a nivel europeo. 
No obstante, los mayores progresos se pueden dar a nivel local y reducido entre las partes sin la interferencia de la UE o de las naciones. 
Éste es el camino que hay que escoger. 
El informe incluye también el requisito de colaboración entre los comités existentes a nivel de la UE y los nuevamente instituidos creados por el Consejo. 
Esto es excelente. 
Un banco de ideas que pudiesen utilizar los países, los interlocutores sociales, también con anterioridad a la Conferencia de Luxemburgo, podría ser el modo de extraer una buena cantidad de propuestas de calidad para solucionar nuestro problema más grave. 
Señor Presidente, señor Comisario, comparto las preocupaciones del ponente- también del ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrialcuando expresa su preocupación por que el diálogo social no sirva a las instituciones comunitarias y a los Gobiernos de colchón, de amortiguador, de los terremotos que a veces produce la puesta en práctica de determinadas políticas económicas. 
También comparto su preocupación- de ellos y de otros compañeros- por que estén suficientemente representadas las pequeñas y medianas empresas en la negociación, puesto que ellas crean el 85 % o más del empleo comunitario. 
Y en que las negociaciones debieran centrarse no sólo en la creación de empleo, sino también en la no pérdida de empleo. 
Todos recordamos la falta de diálogo que hubo con la decisión de la empresa Renault-Vilvoorde y la pérdida de tres mil puestos de trabajo. 
Y hoy mismo, la multinacional norteamericana Electrolux amenaza con la pérdida de veinte mil puestos de trabajo en Europa; algunos de ellos en España, Alcalá de Henares, un país con un 20 % de desempleo. 
Por lo tanto, centrarse en la negociación por el empleo y en la negociación por que no se pierda empleo. 
Quizá ese diálogo lo facilitara un buen código de conducta para las multinacionales que les impidiera privar a Europa de veinte mil empleos sin ninguna consecuencia para ellas. 
También sería necesaria- y naturalmente, ahí no sólo influye el voluntarismo del Parlamento Europeo- la presencia de las mujeres en ese diálogo social. 
Porque, como vimos en el código de conducta para la igualdad de oportunidades salariales que se ha aprobado, la falta de presencia de las mujeres influye en que ellas no puedan alcanzar un nivel de salarios que hoy está todavía en la diferencia del 20 % al 30 % en muchos de los países de la Unión Europea. 
Hay que tener también en cuenta la propuesta que hace el Comité de Sabios, presidido por la Sra. Pintassilgo, para que las Comunidades se concierten con los agentes sociales en orden a la aplicación concreta de los derechos sociales fundamentales. 
Creo que hoy estamos en un momento de construcción europea. 
Para algunos, la Cumbre de Amsterdam fue una frustración y un fracaso, porque no se ha centrado suficientemente en el aspecto de la cohesión social, de la creación de empleo. 
Sabemos que va a haber una cumbre en Luxemburgo, pero mucho nos tememos que, según nos dijo el Sr. Juncker el otro día en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, si no hay una financiación de esa creación de empleo, mucho nos tememos que la Cumbre no sea lo suficientemente enérgica en esa creación de empleo que todos necesitamos. 
Señor Presidente, doy gracias al Sr. Peter por lo mucho que ha trabajado para preparar este informe que, como sabemos muy bien en la comisión parlamentaria, no ha dejado de plantear algunos problemas. 
Sin embargo, el Sr. Peter ha sabido ocuparse muy bien de ellos y estamos haciendo muchos progresos a este respecto. 
Nunca ha sido tan importante el diálogo social, por lo menos en lo que se refiere a su continuación, pero desde muchos puntos de vista está amenazado por personas que, en mi opinión, preferirían la anarquía industrial. 
Si nos fijamos en el problema Renault, se diría que ha estado poniendo a prueba la idea de un diálogo social, un diálogo social que posiblemente no ha pasado antes por una prueba tan severa. 
Todo parece indicar que, a lo largo de los decenios, el único progreso industrial, económico y social que se ha conseguido se ha basado en el hecho de que ha habido una relación, una relación sostenida- y real- basada en las relaciones establecidas en el lugar de trabajo. 
No se trata de relaciones imaginarias, de relaciones que parecen manifestarse porque los grupos de trabajadores se reúnen, sino de las relaciones que existen porque los sindicalistas y las empresas que se encargan de negociar en el lugar de trabajo han tenido esas relaciones y pueden llevar a la mesa de discusión la experiencia adquirida. 
Es absolutamente cierto que esas entidades económicas deben seguir manteniendo su relación en el plano europeo; al menos en términos de carácter representativo, las organizaciones fundamentales que están representadas en el lugar de trabajo han procurado que el diálogo social que existe se consolide y continúe a largo plazo. 
Únicamente las organizaciones que cumplen los criterios fijados originalmente por la Comisión pueden confiar en participar en el diálogo. 
Las organizaciones de pequeñas empresas tienen una función, y es evidente que han de disfrutar de mayor acceso y de mayor participación, pero no solamente porque las pequeñas empresas desean impugnar la legislación social: tienen que participar sinceramente en las discusiones. 
La Europa central y oriental está cobrando una importancia cada vez mayor, y es muy natural y muy adecuado que procuremos dar a esos países la condición de observadores y participación en las discusiones, para que haya un proceso eficaz de cambio y adaptación. 
También es muy cierto que en el Reino Unido no podemos decir que hayamos participado mucho en el diálogo social. 
Esto ha cambiado también. Al Sr. Macartney se le ha nombrado ahora ministro encargado del diálogo social, y me parece que es lógico y adecuado que así lo mencione aquí. 
El Sr. Peter tiene razón para preconizar reformas en el Comité Permanente del Empleo, así como un papel más importante para el Parlamento, pero, Comisario, permítame que le haga una pregunta. 
Desde que tenemos el diálogo social, ¿qué conocimiento tenemos de las relaciones industriales en la Unión Europea y qué salvaguardias y mecanismos institucionales particulares necesitamos establecer para lograr que progresen las relaciones industriales en toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, aplaudo el hecho de que en el informe se preste una atención expresa y específica a las PYME. 
Sólo que ni el informe ni la comunicación de la Comisión van suficientemente lejos. 
No hace falta explicar el significado de las PYME para la Europa social y económica. 
Parto de la idea de que sus Señorías y también usted, señor Comisario, están convencidos de que la diferencia de escala entre las PYME y las grandes empresas en algunos ámbitos supone también una diferenciación política. 
Las necesidades de las PYME no siempre coinciden con las de las grandes empresas, y esta es la razón de que muchas PYME opten por asociarse. 
Esta es también la razón de que tengamos que exigir un lugar para una representación específica de las PYME en el diálogo social, por lo menos si queremos dar la máxima legitimidad al diálogo social. 
En este contexto no sólo es importante la representatividad, sino también un grado de cobertura de quien participe en el diálogo. 
Las PYME han de poder participar como tales, no sólo en la consulta, sino también en la concertación que tiene como resultado acuerdos que después pueden declararse vinculantes. 
Por desgracia, el informe no habla de la participación necesaria de las PYME en la concertación y los convenios colectivos. 
Es una cuestión lamentable que puede corregirse si se aprueba la enmienda nº 4. 
Mi Grupo espera que ello suceda y sobre todo espera una iniciativa por su parte, señor Comisario. 
Señor Presidente, la Comisión quiere efectuar una revisión del diálogo social. 
Es excelente y necesario por varios motivos, entre otros porque tenemos un mercado de trabajo que cambia rápidamente, que la diferencia entre empleados y empresarios se vaya haciendo más borrosa y cada vez más personas se conviertan en trabajadores autónomos. 
Muchos, también los jóvenes, no están acostumbrados a la misma participación en las organizaciones laborales a menudo colectivistas y jerárquicas. 
Para solucionar el problema del desempleo hay que reformar el mercado de trabajo. 
Se necesita una estructura que diga sí a las fuerzas reformistas y que haga sitio a las soluciones individuales y locales. 
Señor Comisario, estimados colegas, en la continuación del debate en relación con la revisión del diálogo social los valores de principio deben ser eficacia, límites, apertura y transparencia, pero también representatividad y legitimidad. 
En los procesos decisorios democráticos de la UE creo que es importante que no se dé a los interlocutores sociales del mercado de trabajo una posición especial. 
Es además extraordinariamente urgente que los políticos elegidos democráticamente, también a nivel nacional, no abdiquen del difícil cometido de volver a crear las condiciones necesarias para un mercado de trabajo que funcione. 
Señor Presidente, el diálogo social en todas las ramas, en los comités deliberativos y en los diversos sectores, es decir, en los diferentes ámbitos económicos, realiza una importante contribución a la búsqueda de soluciones eficaces en la política de empleo, para la creación de nuevos puestos y en la participación de la mujer. 
El consenso social es una importante ventaja del espacio industrial europeo incluso para las inversiones que urgentemente se necesitan. 
De cara a la globalización de la economía, ante la cual muchos se quedan trémulos como el conejo ante la serpiente, hay que adaptar las reglas de trabajo, pero no hay que arrojarlas por la borda, es preciso acordar conjuntamente la reestructuración social e impedir conjuntamente el derrumbe social. 
Una actuación cooperativa es la única respuesta correcta a las estrategias conflictivas que reinan actualmente. 
Por consiguiente, es preciso reforzar el diálogo social, como lo demuestra con expertez Helwin Peter. 
No obstante, señor Comisario, la Comisión debe velar porque haya comités deliberativos eficaces. De ahí que sea necesario realizar a tiempo audiencias sistemáticas y coordinaciones temáticas. 
Los interlocutores sociales deben abrirse. 
En consecuencia, hay que ampliar el círculo del techo de las tres grandes organizaciones con los representantes de las pequeñas y medianas empresas, tanto en las consultas como en las negociaciones. 
A este respecto hay que integrar las estructuras de los futuros Estados miembros. 
El diálogo social debe ser proyectado hacia el futuro. 
El punto esencial es, evidentemente, la política de empleo. 
Igualmente hay que negociar los ámbitos de competencia comunitaria, especialmente tras la integración del capítulo del empleo, del Protocolo social y de la Carta de los derechos fundamentales de los trabajadores en el Tratado de la Unión Europea por la totalidad de los quince Estados miembros. 
Quien quiera la economía social de mercado ha de apoyarse en alianzas, ha de apoyarse en uniones en pro del trabajo en las regiones y en los sectores económicos, y ha de apoyarse en un diálogo permanente con los actores sociales. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias a todos los que han contribuido al debate. 
El diálogo social ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y ha llegado ahora a una fase fundamental de su desarrollo. 
Los interlocutores sociales están desempeñando un papel cada vez más importante en la elaboración de la política social de la Unión Europea, y es evidente que el diálogo adquirirá aún mayor importancia porque los interlocutores sociales tienen una función que desempeñar en la promoción de las conclusiones políticas convenidas en Amsterdam. 
Ahora bien, la comunicación sobre el desarrollo del diálogo social en el plano de la Unión Europea, que la Comisión adoptó en septiembre del año pasado, pide que se reevalúen imparcialmente todos los aspectos del diálogo social desde el punto de vista de todas las partes que intervienen en él. 
Sobre la base de este debate y de los comentarios que ha originado, de los cuales este informe constituye un elemento principal, se redactará una segunda comunicación que espero sea adoptada por la Comisión antes de que acabe este año. En ese documento se definirá el papel y las modalidades del futuro diálogo social. 
Permítanme que haga dos aclaraciones preliminares. 
En primer lugar, quiero darles las gracias por haberse esforzado por presentar sus opiniones en este momento para que se puedan tener plenamente en cuenta cuando se inicie la redacción de la segunda comunicación. 
En segundo lugar, quiero felicitar al ponente, Sr. Peter, y a toda la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como a las demás comisiones parlamentarias involucradas, por el análisis a fondo que han hecho de este complejo tema, además de darles las gracias por el apoyo que han prestado a las opiniones de la Comisión sobre el particular. 
Naturalmente, la Conferencia Intergubernamental se ha encargado de desarrollar más el diálogo social y, aunque considero quizá demasiado prematuro discutir a fondo sus resultados, me gustaría hacer unas cuantas breves observaciones sobre la cuestión. 
En primer lugar, el diálogo social se incorporará en el Tratado, cosa que todos queríamos y que ahora acogeremos con calurosa satisfacción. 
Por su parte, el Reino Unido ha puesto término a la situación en que se encontraba en lo social. 
En segundo lugar, se ha ampliado el procedimiento de codecisión en diversas esferas importantes. 
Y en tercer lugar, se ha suscitado un nuevo y mayor interés por el empleo, con una nueva sección consagrada a esta cuestión y un papel explícito para los interlocutores sociales. 
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Van Lancker. 
No hay duda alguna de que es necesario aumentar la productividad de la Unión Europea, pero debo decir a la Sra. Van Lancker que la productividad debe conseguirse mediante la flexibilidad y la seguridad de los trabajadores, y espero que la estrategia del empleo que se discutió en la cumbre de Amsterdam y que será objeto de una cumbre particular en la segunda parte de este año, no sea una declaración más sino un compromiso en favor de desarrollar una acción positiva en el plano nacional y en el plano de la Unión en lo que se refiere a la creación de mayor número de puestos de trabajo. 
Aprovecharé esta oportunidad para decir a la Sra. Van Lancker que espero que el acuerdo colectivo sobre el trabajo en régimen de jornada parcial propuesto por los interlocutores sociales sea examinado antes de que comience la pausa estival. 
Sin embargo, quisiera decir también que me hago cargo de que el Parlamento Europeo esté defraudado por no haber obtenido la posibilidad de intervenir directamente con arreglo al nuevo Tratado para la adopción de normas legislativas basadas en acuerdos colectivos. 
Comparto el desaliento del Parlamento porque la Comisión se esforzó por incluir el derecho de que el Parlamento pudiera obrar como acabo de decir durante la cumbre de Amsterdam. 
Ahora bien, aunque tenemos que aplicar el Tratado tal y como ha sido concertado por los Estados miembros, estoy dispuesto a examinar modalidades prácticas de información e intercambio de opiniones sobre esta cuestión con el Parlamento en el futuro. 
Me parece que ésta es la cuestión esencial que formula el Sr. Peter en su informe. 
He pedido ya a mis servicios que empiecen a reflexionar sobre esta cuestión y me esforzaré por conseguir que las cuestiones que ha planteado el Sr. Peter, al presentar su informe se tengan en cuenta en ese proceso. 
Por lo que se refiere al informe propiamente dicho, me parece que consigue un buen equilibrio entre los diversos intereses involucrados al pedir que los interlocutores sociales consideren una posible ampliación del diálogo social, al mismo tiempo que respeta explícitamente su autonomía. 
Muchos diputados han subrayado aquí esta tarde toda la cuestión de la representación, y en particular la de la representación de empresas pequeñas y medianas en el diálogo social. 
La Comisión ha hecho siempre una distinción entre consultas y negociaciones, y ha recalcado que se preocupa por establecer un proceso de consulta lo más amplio posible sin desviarse en ningún momento del principio de que las negociaciones tienen que basarse en el reconocimiento mutuo de las partes que negocian. 
Apoyo sin reservas las demandas que se hacen en el informe en favor de un diálogo más eficaz a todos los niveles. 
Me parece que son particularmente interesantes los siguientes llamamientos en favor de la adopción de medidas para conseguir esa finalidad: el llamamiento en favor de promover la importancia del diálogo social de forma más firme por conducto de toda la Comisión, pero dejando las cuestiones de coordinación en manos de la DG V; la necesidad de conceder más importancia al diálogo sectorial. 
Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que hay muchos problemas con que se enfrenta Europa que se podrían resolver. 
También la necesidad de reformar el Comité Permanente del Empleo; esta cuestión reviste para mí alta prioridad. 
Su importancia ha aumentado en mi opinión a causa de la precedencia que la lucha por el empleo recibe en el nuevo Tratado y en el nuevo Título. 
Por último, quiero darle una vez más las gracias por su informe, que nos permitirá determinar la mejor manera de fortalecer el diálogo social y de asociarlo más íntimamente a los esfuerzos destinados a alcanzar los objetivos de la Unión Europea, particularmente el empleo y el crecimiento económico. 
El Sr. Skinner ha hecho una pregunta concreta a la que me gustaría contestar. 
Ha preguntado cuál es nuestro nivel de conocimientos e información acerca del diálogo social en todos los Estados miembros de toda la Unión. 
He de decirle que tenemos un volumen muy considerable de información sobre todos los aspectos del diálogo social, que ha recopilado y actualizado para nosotros el Observatorio de Relaciones Industriales, de Dublín. 
De su funcionamiento se encarga la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 
Si hay alguna información concreta que quisiera obtener usted del Observatorio de Relaciones Industriales y que pudiera ser de interés especial para usted, me ocuparé con mucho gusto de obtenérsela. 
Una pregunta, señor: ¿Hay una fecha concreta? 
¿Cuándo será la próxima vez en que figure el diálogo social en el orden del día, por ejemplo, en la DG V? 
Antes de darle a usted la posibilidad de responder doy una vez más la palabra a la Sra. BoogerdQuaak. 
Quizá pueda ser tratado esto de manera conjunta luego. 
Señora Presidenta, el Comisario anuncia una segunda comunicación, pero si ésta sigue siendo tan vaga como la primera comunicación y la respuesta del Comisario a la implicación de la pequeña y mediana empresa, no avanzaremos nada. 
Iniciaré las vacaciones parlamentarias con una fuerte decepción si la administración no rompe el estancamiento que, por lo visto, los propios interlocutores sociales no desean romper. 
Señora Presidenta, en respuesta a la Sra. Boogerd-Quaak quisiera indicar que nuestra primera comunicación era un documento de consulta, encaminado a obtener todas las opiniones necesarias para poder evaluar la mejor forma de seguir adelante con la labor. 
La segunda comunicación está orientada en la dirección que usted espera: acción concreta sobre la forma de desarrollar el diálogo social para tener en cuenta todo lo que es necesario en el futuro. 
De todas estas cuestiones se ocupará la segunda comunicación. 
Yo pregunté si hay ya una fecha concreta, cuándo será la próxima vez que el diálogo social figure en el orden del día, por ejemplo, en la DG V. 
Señora Presidenta, el diálogo social es una cuestión de interés constante- prácticamente de interés semanal- para la DG V, que participa en todos los preparativos para todas las discusiones y evaluaciones que tratan del diálogo social. 
Si hay algún aspecto del diálogo social que el Sr. Rübig quisiera examinar conmigo, me agradará sobremanera poder discutirlo con él en privado, pero he de decir que la DG V consagra una enorme cantidad de su tiempo a la promoción del diálogo. 
Modificación del Reglamento Financiero 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0217/97) del Sr. Sarlis, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de reglamento (EURATOM, CECA, CE) del Consejo (COM (96) 0351- C4-0497/96-96/0189 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
Señora Presidenta, el origen de esta modificación del Reglamento Financiero, como ha indicado el ponente, se deriva de las conclusiones de la segunda fase del programa SEM 2000 para la mejora de la gestión financiera de la Comisión. 
El Parlamento se había pronunciado ya globalmente sobre esta segunda fase en noviembre de 1996 y, de alguna manera, habíamos indicado las grandes directrices a este respecto. 
Pero en ese informe, del que fui ponente, tuve ya ocasión de ver la problemática, y por lo tanto, eso me permite apreciar todavía más el ingente trabajo realizado por nuestro ponente. 
Creo que, si hablamos alguna vez con sinceridad, nadie le envidia al ponente el trabajo que ha tenido que desarrollar en esta materia. 
Es un informe muy trabajado y debo decir que un tanto árido e ingrato, pero muy importante sobre la base positiva, buena en general, de las propuestas de la Comisión. 
Pero realmente es un trabajo de compaginación de enmiendas sobre enmiendas, de enmiendas que rectifican un texto enmendado, etc. que realmente necesitan un conocimiento jurídico importante. 
Creo que el resultado global es equilibrado y recoge la mayoría de las enmiendas socialistas, de lo cual nos felicitamos, y de la apertura de espíritu del ponente. 
Por tanto, quiero decirle que no hay problemas de fondo con su posición, aunque vayamos quizá en la votación a mantener alguna diferencia menor. 
A veces, la búsqueda del perfeccionismo nos ha llevado a redacciones ligeramente distintas, pero insisto en que no tenemos problemas de fondo. 
Entre nuestras contribuciones, aceptadas por el ponente, quisiera subrayar los textos que pretenden evitar los problemas de confusión de intereses, tema recurrente en la gestión de algunos programas, y, al votar el informe Fabra Vallés, no hace ni una hora que hemos tenido la ocasión de ver los problemas que se derivaban de una insuficiente regulación de los mismos. 
Por lo tanto, creemos que son muy oportunos los textos que hemos podido redactar finalmente. 
Y el otro aspecto a señalar sería- en cuanto a nuestra aportación- la correcta puesta en práctica de un sistema para el muestreo en la concesión de visados. 
Aquí hemos de decir que, en nuestra opinión, la Comisión se ha dado una libertad excesiva. 
Comprendemos las necesidades del muestreo como elemento agilizador de la gestión, pero no podemos conceder una carta en blanco. 
Quisiera ahora insistir en lo que el ponente ha señalado hace un momento. 
El Parlamento, en esta propuesta, va más lejos incluso que la Comisión, pero ello es porque la propuesta de la Comisión es limitada. 
Y debo decirle al Comisario que siempre recibimos las propuestas de modificación del Reglamento Financiero por entregas, por fracciones, y nos gustaría saber si la Comisión tiene, en un esquema de trabajo interno, un programa detallado de las distintas etapas, de los distintos paquetes que piensa enviarnos. 
Ya sabemos que no podemos hacer un código nuevo, pero, como comprendemos que la mejora exige ir enviando paquetes, nos gustaría conocer ese programa de trabajo futuro de la Comisión, si lo tiene ya planteado. 
Y si no, pues que se lo plantee y nos diga cuáles van a ser los sucesivos volúmenes que vamos a recibir. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera contestar a lo que acaba de decir el Sr. Colom i Naval. 
No tengo un plano de lo que va a suceder en el futuro, pero transmitiré su sugerencia a mis colegas que se ocupan de la cuestión. 
Quisiera manifestar mi satisfacción por el detenido análisis que se ha hecho de nuestra propuesta y felicitar al Sr. Sarlis, y también al Sr. Dell ' Alba, ponente de la Comisión de Presupuestos. 
La actual propuesta de enmienda del Reglamento Financiero tiene por finalidad brindar un marco jurídico para algunas de las reformas principales de la gestión financiera que estamos introduciendo en el contexto de la iniciativa SEM 2000. 
La cuestiones fundamentales de que se trata en la propuesta son las siguientes: una mejor gestión de las obligaciones financieras existentes, y un control más estrecho de la labor sobre la ejecución de actividades comunitarias que se delega a organismos del exterior. 
En estas dos cuestiones ha insistido el Tribunal de Cuentas en los dos últimos años en el contexto de sus declaraciones de seguridad sobre las cuentas anuales de la Unión. 
Se ha llegado a un estrecho acuerdo entre la Comisión y el Parlamento acerca de la mayor parte de esta extensa propuesta, y no deseo dar la impresión equivocada de que me concentro en los aspectos de discrepancia, cosa que inevitablemente tengo que hacer. 
Quisiera recalcar que, en general, hay un amplio grado de acuerdo, pero tengo la obligación de mencionar un par de cosas sobre las cuales discrepamos. 
En la enmienda 7, apartado 4 del artículo 22 (4) , el primer punto esencial se refiere al derecho de cada institución a delegar poderes para la ejecución del presupuesto- a esto se han referido los oradores- de conformidad con sus normas internas para delegar dichos poderes en los Directores Generales y, en casos apropiados, en otros oficiales. 
He de recalcar que esta cláusula particular se refiere exclusivamente a la delegación de poderes dentro de las instituciones y no a la delegación de poderes a organismos u órganos exteriores. 
Quisiera mencionar también que la subdelegación de poderes al personal no es cosa que se haga oficiosamente, y que los Directores Generales de que se trate firman documentos oficiales en los que asumen la plena responsabilidad por cada caso de subdelegación de poderes que haya delegado en ellos la institución. 
Para que la cosa sea aún más oficial, lo que es lógico y apropiado, de cada subdelegación se envía una copia al Tribunal de Cuentas. 
Por razones operacionales, para poder llevar a cabo su cometido, la Comisión, que ejecuta el 98 % del presupuesto, necesita estar en condiciones de delegar poderes a 500 o más oficiales, algunos de los cuales inevitablemente obrarán con cierto grado de libre albedrío en nombre de su institución. 
Es evidente que no sería práctico ni eficaz en función del costo el retener todas las decisiones detalladas que han de tomarse para la ejecución del presupuesto en las manos de los puestos directivos de máxima categoría de las instituciones. 
Por eso tropezamos con dificultades para aceptar la parte de la frase de la enmienda propuesta del artículo 22 que dice lo siguiente: » La delegación del poder de ejecución del presupuesto no podrá tener nunca como objeto el ejercicio de un poder discrecional en concepto de una política comunitaria». 
Se menciona la utilización del poder discrecional como si diera uno un poder enorme al oficial, pero en realidad algunas de las cosas respecto de las cuales hay que adoptar una decisión están calificadas ya por la palabra «discrecional» y además son muy técnicas y detalladas. 
Estimamos que esa disposición es conveniente en relación con las delegaciones de poder a un órgano exterior, caso que queda incluido en la enmienda 20 del artículo 55 (a) , que la Comisión acepta. 
Quisiera hablar a continuación de la enmienda 17 del artículo 39, segundo y tercer párrafos, referente al poder de cada institución de hacer caso omiso de la intervención de su interventor financiero que haya negado la aprobación o el visado de una transacción presupuestaria. 
En la actualidad el único límite para el poder de la institución se da en caso de no disponibilidad de consignaciones para llevar a cabo la transacción. 
El Parlamento ha propuesto que se añadan otros dos límites: en primer lugar, cuando en opinión del interventor financiero la partida se haya cargado a un renglón presupuestario equivocado; en segundo lugar cuando no se cumplan las directrices en materia de adquisiciones públicas. 
La Comisión reconoce plenamente la importancia de que haya la debida disciplina financiera acerca de esas cuestiones adicionales. 
Sin embargo, la opinión de la Comisión es que en dichos casos el interventor financiero tiene que estar en condiciones de expresar su juicio objetivamente mediante la negativa del visado. 
A la luz de la decisión del interventor financiero, la institución asumirá sus responsabilidades para rectificar la situación que se ha planteado, incluida la liquidación de demandas legítimas presentadas por terceras partes. 
Se trata de decisiones institucionales que en todo caso hay que adoptar dentro de los límites de las consignaciones disponibles y que, naturalmente, hay que comunicar al Tribunal de Cuentas. 
Por eso nos parece que el texto de esta revisión debe quedar como está. 
Las pocas cuestiones restantes son de carácter más técnico. 
La enmienda 6 se refiere a una propuesta anterior encaminada a modificar el Reglamento financiero de la FEOGA-Sector Garantía, que en breve va a adoptar el Consejo como cuestión de la categoría A. La enmienda 12 contiene una frase que se refiere a la reutilización del IVA reembolsado por Estados miembros, que no parece estar en consonancia con el enfoque nuevo y, según tengo entendido, convenido para el trato que se de al IVA según se define en la enmienda 11 del artículo 27. 
La enmienda 21 se refiere a adquisiciones y requeriría que las ofertas incluyesen directamente todos los requisitos fijados en la invitación para tomar parte en la licitación, con la posibilidad de eliminar la oferta si no los incluye. 
Si se aplica de forma rígida, esta disposición descartaría ofertas que podrían ser favorables por motivos que pueden ser de poca importancia técnica. 
Enmiendas 13, 15 y 19: la Comisión puede aceptar el principio de que las enmiendas consoliden el derecho del interventor financiero a conceder un visado a obligaciones y pagos probando los métodos aplicables en casos determinados. 
Ahora bien, estimamos que la norma actual es compatible ya con la utilización de métodos de sondeo, y las enmiendas no harían más que confirmar la práctica actual. 
También quisiéramos proponer algunos ajustes de la redacción de esta enmienda, incluidas posibles enmiendas de las disposiciones detalladas para la aprobación de imputaciones presupuestarias en el marco del apartado 1 del artículo 38. 
Es una propuesta larga y compleja, que incorpora numerosas enmiendas, y es importante que no resulte exagerada en sus proporciones. 
Hemos llegado a un acuerdo sobre todas las cuestiones, excepción hecha de dos cuestiones importantes, tres cuestiones técnicas y una cuestión de aclaración. 
Quisiera expresar una vez más la satisfacción de la Comisión por la estrecha y rápida cooperación de las comisiones parlamentarias sobre esta propuesta. 
Nuestra finalidad es presentar una propuesta revisada después de la pausa estival. 
Señora Presidenta, solamente quiero agradecer al señor Comisario sus buenas palabras, como también al Sr. Colom y Naval y a todos los miembros de la comisión por la colaboración que han prestado. 
Tengo, sin embargo, que decir- y lo repito otra vez, y el Comisario lo entenderá- que el problema que teníamos tanto en el caso del MED como en el caso del turismo era principalmente un problema de la falta de rigor de las disposiciones. 
Había disposiciones que, si se hubiesen explicado correctamente, no habrían dado lugar a nada de todo aquello. 
Por tanto, cuando alguien tiene la responsabilidad de redactar una disposición sobre temas jurídico-financieros, está obligado a ser muy claro y no facilitar posibilidades de evasión. 
En este principio se enmarca la enmienda sobre la cual tiene dudas la Comisión. 
Tengo que decir que en esta enmienda concretamente, señor Comisario, se ofrece a la Comisión la oportunidad, sobre la base del artículo 139, de ampliar el tema del discretionary power; pero dentro del Reglamento hay que tender como principio general a que el funcionario no puede ejercer los poderes como le parezca, es decir, según su juicio, sea quien sea. 
En todo caso, el tema puede ampliarse, dentro de lo que ofrece el Parlamento, para poder solucionar los problemas en la práctica. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Control financiero de las operaciones de los Fondos estructurales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A4-0230/97 del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el documento de la Comisión (C4-0246/97) sobre el control financiero de las operaciones de los Fondos estructurales- correcciones financieras netas. 
Señorías, me temo- y la contemplación de esta magnífica aula me lleva a tener unos temores aún mayores- que mi informe va a pasar, si me permiten decirlo, sin pena ni gloria. 
Y es curioso, porque este informe, cuando se materialice el mes que viene en una nueva reglamentación de la Comisión Europea, seguramente cuando entre en aplicación el primer día, tendrá titulares de prensa. 
El día en que un Estado miembro tenga que devolver fondos debidamente utilizados, de los Fondos estructurales, estoy seguro de que por lo menos la prensa de ese país, y posiblemente algunas otras prensas comunitarias, lo pondrán en titulares, por lo menos en las páginas de economía. 
Por lo tanto, se trata de una de esas contradicciones de estos informes aparentemente técnicos, pero que tienen un contenido práctico y real en la ejecución de una parte importantísima de nuestro presupuesto. 
El informe que tengo el honor de presentar hoy en nombre de la Comisión de Control Presupuestario es también un ejemplo de las relaciones que deben existir entre el Parlamento y la Comisión. 
Lo digo porque no existe- lo quiero subrayar- obligación legal por parte de la Comisión de consultarnos en esta materia. 
Es un acto de reconocimiento político a la actividad y a la responsabilidad del Parlamento, y al mismo tiempo tengo que decir que se había firmado un código de conducta de relaciones entre el Parlamento y la Comisión que implicaba que esto sería automático y hubo sus más y sus menos. 
Tuvimos que arrancar, como quien dice, finalmente este acuerdo. Con lo cual ha habido aquí un pequeño lío, en cuanto a nuestras relaciones bilaterales, con su aspecto positivo para la Comisión de Control Presupuestario y su aspecto negativo para la Comisión de Política Regional. 
Entonces, yo quisiera explicar con ello la razón que nos ha movido al presidente de la Comisión de Política Regional y a mí mismo como ponente, a firmar una enmienda conjunta recordando que en el código de conducta estaba incluido este punto. 
Por lo tanto, le anticipo, señora Presidenta, que evidentemente el ponente estará a favor de esta enmienda aunque no hubiese sido tratada en su día en la Comisión de Control Presupuestario. 
Sobre el fondo, Señorías, se trata de trasladar el principio de las correcciones financieras de las cuentas del FEOGA-Garantía, que está en vigor ya hace muchos años, a otros sectores del presupuesto comunitario. 
Es una petición que el Parlamento ha hecho varias veces, la última y con mayor énfasis con motivo de mi propio informe sobre el SEM 2000, votado en noviembre último. 
Pedíamos que este principio se extendiera y se nos contestó, Señorías, que esto era muy difícil. Que era quizá imposible. 
Pero después, en este diálogo fructífero que hemos tenido con la Comisión y que hemos tenido ocasión de desarrollar en lo que se llama el Grupo de representantes permanentes de los Ministros de Hacienda presidido por dos Comisarios, y en el que el Parlamento ha estado representado por este ponente, ahí se llegó a la conclusión de que era una materia que se podía desarrollar y perfeccionar; que no había nada que lo impidiera. 
Por eso, la Comisión decidió que esto debía de ser aprobado antes de finales de julio. 
De ahí la urgencia de que mañana votemos sin falta este informe, de manera que el Parlamento haya fijado su posición antes de que la Comisión cierre definitivamente el capítulo. 
Nosotros sabemos desde hace muchos años cómo funcionan las correcciones financieras en el ámbito del FEOGA-Garantía, designación de un organismo en cada Estado miembro que sea responsable ante la Comisión, homologación de organismos liquidadores, etc. etc. En cambio, en las políticas estructurales estos mecanismos francamente eran poco claros. 
¿Qué bases podíamos tener? pues evidentemente los artículos 23 y 24 del Reglamento de coordinación de fondos. 
Pero hasta ahora, estos dos artículos no han servido jamás a un procedimiento sistemático de liquidación de cuentas, ni tampoco a correcciones financieras ocasionales en el ámbito de los Fondos estructurales, aunque vinculadas a condiciones detalladas. 
¿Por qué? , pues porque había razones indudablemente políticas y razones técnicas. 
Me atrevería a decir- y sé que los Estados miembros se quejarán- que no había la menor voluntad política por parte del Consejo; por mucho que luego el Consejo sea el primero que vaya gritando desde los tejados que quiere una administración eficaz, justa, severa y austera. 
Ante esta actitud del Consejo se comprende que la Comisión tampoco estuviera entusiasmada en abordar el tema. 
Y, el SEM 2000 ha actuado de catalizador y, por lo tanto, ahí hemos conseguido que se cambie esta voluntad política. 
Por otra parte, los artículos 23 y 24 eran, quizá, poco claros y ello llevaba a dificultades de aplicación. 
Ahora, la Comisión sostiene que con los artículos 23 y 24 se puede hacer realmente la corrección financiera, cosa que nosotros siempre habíamos afirmado. 
Es más, justifica que la jurisprudencia existente en el FEOGA-Garantía- porque hay casos llevados ante el Tribunal de Justicia- la jurisprudencia ya le da una base suficiente y que, por lo tanto, así puede llevar adelante un procedimiento pragmático para la corrección de las cuentas de los Fondos estructurales sin necesidad de modificar el fundamento jurídico. 
Nosotros- y es lo que estamos diciendo en nuestra propuesta- Señorías, podemos aceptar a título tentativo, experimental esta base pragmática, pero creemos que la arquitectura jurídica de la propuesta es un tanto débil y que, a medio plazo, de acuerdo con la experiencia, deberíamos mejorarla y completarla. 
No creemos que debamos lograr un Reglamento absolutamente exhaustivo, pero algo más completo que el actual. 
Deberíamos facilitarle a la Comisión los medios de control en los países que están ejecutando los Fondos estructurales. 
Los Fondos estructurales los ejecutan básicamente las administraciones nacionales o subcentrales, locales, regionales, de los länder, etc. y hay que darle mayor fuerza a los poderes de la Comisión en esta materia. 
Señorías, no quiero abusar del tiempo, pero sí quisiera decirles que consideramos incorrecta la propuesta de la Comisión de que las correcciones puedan ser retroactivas. 
No se trata de sanciones. 
Si hay sanciones, sí que puede haber circunstancias atenuantes o una negociación para ver cuál es exactamente la multa. 
Pero no estamos esto; estamos estableciendo un procedimiento contable de fotografía de la situación y, por lo tanto, ahí, creemos que no tiene que darse el carácter retroactivo. 
Señora Presidenta, quisiera hacer lo uno y lo otro y formular también algunas puntualizaciones a la Comisión de Política Regional. 
En el año 1995 se realizaron pagos por un total de casi 21.000 millones de ecus desde los Fondos estructurales. 
Como se deduce del VII Informe anual sobre los Fondos estructurales se realizaron por parte de las Direcciones generales, Política Regional y Control Presupuestario, un total de 220 inspecciones, 134 por la Dirección General de Política Regional y 80 por la de Control Presupuestario. 
Esto no es suficiente, como se podría pensar. 
Sin embargo, cada proyecto financiado con fondos de la UE no puede ser inspeccionado por los servicios de la Comisión. 
La tarea principal de evitar o de descubrir irregularidades reside en los Estados miembros por razones de partenariado. 
Sin embargo, a la vista del hecho de que en el presupuesto se pierden anualmente cientos de millones de ecus, es preciso reconocer y eliminar los puntos flacos. 
Primer punto flaco: problemas de organización en la Comisión. 
Entre las direcciones generales que he mencionado existe el problema de que los resultados del control financiero no se comunican, o se comunican demasiado tarde, a los órganos competentes. 
Segundo punto flaco: los propios Estados miembros. 
Mientras el dinero procedente de Bruselas no sea aplicado con el mismo cuidado que el dinero nacional procedente de los impuestos, será ineficaz cualquier control. 
La utilización de los recursos procedentes de los Fondos estructurales para otros fines debe ser sancionada y castigada con la misma dureza que el fraude a las subvenciones procedentes de recursos nacionales. 
Tercer punto flaco: ausencia de una regulación legal suficiente de las correcciones financieras. 
Aunque tenemos los artículos 23 y 24 en el Reglamento de coordinación, aún no han sido tomados éstos como fundamento de las correcciones financieras. 
Estoy de acuerdo con el ponente, que pide un marco jurídico sólido. 
Ya en el acuerdo de aprobación de la gestión del Parlamento Europeo sobre el ejercicio presupuestario de 1995, éste pidió bajo el título de Aprobación de la Gestión de los Fondos estructurales unos fundamentos jurídicos claros. 
Como miembro de la Comisión de Política Regional soy consciente de que tenemos una alta responsabilidad sobre la adecuada utilización de una tercera parte de los recursos presupuestarios de la UE. 
Los recursos han de contribuir a la cohesión económica y social y no deben desaparecer sin sentido ni utilidad a causa de una administración ineficaz o a causa de actividades fraudulentas. 
Estoy en condiciones de apoyar el Documento SEM 2.000, el Documento 3 de la Comisión así como también las conclusiones del ponente. 
Quisiera dar gracias también al Sr. Colom i Naval por la labor que ha consagrado a esta cuestión. 
Por lo que se refiere al control financiero, las medidas que ha adoptado la Comisión y que han recibido apoyo en el informe revisten dos formas. 
La primera es una propuesta de la Comisión para establecer un reglamento con arreglo al artículo 23 del reglamento de los fondos estructurales, que aclare las necesidades mínimas de control de los Estados miembros respecto de los fondos estructurales. 
La segunda es un conjunto de directrices para los servicios de la Comisión acerca de los criterios seguidos para efectuar correcciones financieras netas con arreglo al artículo 24 del reglamento de los fondos estructurales. 
El proyecto de reglamento, por consiguiente, constituye una aclaración de las disposiciones de gestión y control que ya están previstas en el reglamento de los fondos estructurales. 
No se trata de establecer nuevas normas o de pedir la creación de nuevas estructuras, sino de especificar la naturaleza y el volumen de los controles que son necesarios para que las autoridades designadas de los Estados miembros puedan certificar que las acciones han sido objeto de gestión y de verificación y que los gastos están justificados. 
En particular, el proyecto de reglamento aclara la naturaleza de la certificación que ha de facilitar el Estado miembro. 
Las directrices para las correcciones financieras netas se derivan, en opinión de la Comisión, de la actual disposición de la norma principal relativa a los fondos estructurales y no requieren ninguna base jurídica suplementaria. 
De todos modos, la Comisión examinará el funcionamiento de las directrices dentro de un año y estimará si es necesario hacer algún cambio en el principal reglamento relativo a los fondos estructurales para el período que comienza el año 2000. 
Entre tanto mantendremos al Parlamento plenamente informado de la aplicación de las disposiciones del artículo 24 en casos concretos, disposiciones que se aplicarán en plena consulta con el Estado miembro de que se trate. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 17.55 horas.) 
Votaciones 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe sobre la Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria. 
El diálogo social es una herramienta eficaz que debe ser desarrollada para crear y fomentar la unión económica y social en la UE. 
Los socialdemócratas daneses opinan que el diálogo sectorial es especialmente importante en este contexto, ya que los conocimientos profesionales de los participantes son idóneos para la aportación de experiencia práctica al diálogo social. 
La propuesta del informe de permitir que los representantes de los nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental participen como observadores en el diálogo social nos parece muy positiva. 
Los socialdemócratas daneses se alegran de que, en su Comunicación, la Comisión apoye el principio de la autonomía de las partes implicadas haciendo hincapié en que únicamente los interlocutores sociales pueden desarrollar su propio diálogo y su propia estructura de negociaciones. 
Este es el motivo por el que los socialdemócratas daneses se oponen a la propuesta del informe relativa al derecho de codecisión del Parlamento Europeo. 
Al igual que los interlocutores sociales en Dinamarca, opinan que las instituciones de la UE no deben tener competencias para modificar los acuerdos celebrados por los interlocutores sociales. 
No puedo votar a favor de este informe por varios motivos. 
Es otro ejemplo más de utilización de la política social y laboral para fomentar la integración con el objetivo de conseguir una política uniforme en estos ámbitos, por una parte debido a la libre circulación y por otra debido a la competitividad de la UE. 
Invita al mismo tiempo a transferir más poderes al Parlamento Europeo en igualdad de condiciones con el Consejo. 
Me opongo rotundamente a ello y, una vez más, quiero hacer hincapié en que la política social y laboral tiene forzosamente que seguir siendo un asunto nacional. 
Estoy de acuerdo en que tiene su justificación cuando los interlocutores celebran acuerdos a escala internacional, pero no únicamente dentro de las fronteras de la UE, y me siento obligada a rechazar de forma plena los convenios colectivos comunitarios. 
Régimen de apoyo a los productores de cultivos herbáceos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Funk hace un informe oral, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece la inaplicación excepcional de determinadas disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1765/92 por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos (COM (97) 0360- C4-0343/97-96/0196 (CNS) 
El Reglamento CEE/1765/92 surgió en la reforma agrícola y tenía como objetivo acometer intervenciones en el mercado bajo la modalidad de retirada de tierras y de otras medidas para establecer el equilibrio en el mercado de trabajo. 
Hoy debo informar en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que para recibir pagos compensatorios por cultivos herbáceos, los productores que apliquen las regulación general tienen que retirar una determinada proporción de sus superficies de cultivo. 
El objetivo de esta medida es el mantenimiento del equilibrio entre la producción comunitaria y las posibilidades de comercialización. 
Determinados pequeños productores se pueden acoger a una opción de retirada de tierras. 
La Comisión está facultada a retirar en base a este Reglamento 1765/92 hasta el 17, 5 % de las superficies. 
Actualmente se asume una tasa del 5 %. 
La actual situación en el mercado mundial se caracteriza por unas existencias más bajas de manera que muy probablemente por esta razón se ha llegado a la idea de mantener esta tasa del 5 %. 
En efecto, sucede que en el Consejo de Ministros de Agricultura de junio de 1997 se ha llegado a un compromiso y en el mismo se propone dejar en el 5 % la tasa de retirada de tierras para la sementera del ejercicio económico de 1998/99. 
No obstante, para una fijación en el 5 % es preciso que permanezca también invariable el aumento de un 1 %, previsto para el caso de una transferencia. 
Efectivamente, el problema es el siguiente: normalmente, la Comisión hace la propuesta de a cuánto ha de ascender la tasa de retirada de tierras. 
Esta propuesta va al Consejo y al Parlamento. 
En las últimas negociaciones de precios agrícolas el Consejo se lanzó hacia delante y adoptó de pronto un acuerdo sin aguardar la propuesta de la Comisión, es decir, la de establecer este 5 % de retirada de tierras y de llevarla también a efecto. 
Naturalmente, desde el planteamiento parlamentario esto no es correcto, quiero decirlo con toda claridad, sino que la vía que se ha fijado aquí es realmente otro. 
Esto debería quedarse también en excepción y no convertirse en norma. 
No obstante, he de reconocer sinceramente que esto tiene, naturalmente, una ventaja pues ahora marcha mucho más rápidamente. 
Si hoy damos nuestra aprobación a la tasa de retirada de tierras, los campesinos sabrán antes de la cosecha qué les aguarda el próximo año, cuántas superficies tienen que retirar. 
De esta manera hemos introducido una valla menos. 
A pesar de todo, soy partidario de que el Consejo se atenga al procedimiento correcto. 
Esto debería quedarse como una excepción. 
Sin embargo, en este caso yo no le complicaría las cosas al Consejo, porque de esta manera llegamos antes al objetivo, y los campesinos sabrán ya enseguida cuántas superficies han de ser retiradas; así podrán planificar también en consonancia con ello. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo en grandes líneas con nuestro colega el Sr. Funck y personalmente también creo que es mejor aprobar este reglamento sin modificarlo en profundidad con el fin de ayudar a los agricultores. 
Todo el mundo sabe que ayudar a los agricultores significa ayudar a la colectividad en su conjunto. 
Sin embargo, quisiera recordar, señor Presidente, que para mí la congelación de tierras sigue siendo una aberración. 
Considero que habría sido más inteligente, en el plano de la política general, proponer el cultivo extensivo de cereales, con el fin de mejorar la calidad y proteger el medio ambiente, sobre todo haciendo que haya globalmente menos nitrógeno o menos productos fitosanitarios en este tipo de producción. 
Esto hubiera sido un modo, creo yo, inteligente y poco costoso de proteger el medio ambiente, y aquellos que están cerca de la agricultura saben que los costes más importantes en la producción agrícola son los que ahora se ha dado en llamar los insumos. 
En mi opinión, sería más fácil aumentar las rentas de los agricultores disminuyendo el peso de los insumos más que recurriendo a primas o a medidas de este tipo. 
Se plantea otra cuestión, esta vez moral, y hasta diría que filosófica: ¿tenemos derecho en nuestras regiones a congelar tierras cultivables cuando hay mil millones de seres humanos que padecen hambre cada día en nuestro planeta y que, si tienen hambre, se debe simplemente al hecho de que son pobres? 
¿Acaso es posible que dejemos morir a seres humanos por la única razón de que son pobres, y que la única lógica que parezca guiar a la humanidad hoy en día sea una lógica mercantil? 
Señor Presidente, considero que la producción y la capacidad de producción de productos alimentarios deberían considerarse como una riqueza natural a escala del planeta y que la capacidad de producir debería ponerse a disposición del conjunto de los ciudadanos. 
La gestión de estas riquezas naturales debería realizarse a través de un organismo que, a mi modo de ver, estuviera menos esclerosado que la Organización Mundial del Comercio, cuyo único objetivo es dirigir el planeta en beneficio de los ricos y en detrimento de los pobres. 
Señor Presidente, creo que debido a los imponderables de la naturaleza y para que las prácticas de consumo de estos cereales en nuestro planeta nos den algún respiro, deberíamos procurar replantearnos la organización general de la producción agrícola, y hacerlo en beneficio de los seres humanos, estén donde estén, en lugar de ponerla al servicio de una lógica comercial, sea ésta del signo que sea. 
Señor Presidente, está claro que celebramos este debate del viernes por la mañana en interés de los agricultores europeos. 
Pienso que desean que se aclare cuanto antes cuál será el porcentaje de retirada de tierras para el año que viene. 
No entiendo en absoluto porqué la Comisión ha esperado tanto para anunciarlo, si para el Consejo era posible tomar una decisión al respecto. 
Pero qué se le va a hacer. 
Hemos visto que desde que se introdujo la retirada de tierras han surgido cambios considerables. 
En estos momentos estamos en un 5 %, y si examinamos bien las propuestas de la Agenda 2000, será el 0 %. 
Antes de iniciar el debate conviene evaluar lo que ha sucedido hasta ahora. 
Lo que me interesa en especial es la retirada de tierras voluntaria que ha habido hasta ahora. 
Pues si hablamos del 5 % o del 10 % de retirada, siempre hay un porcentaje de retirada voluntaria. 
¿Cuál fue la retirada voluntaria cuando había un 10 % y cuál fue con el 5 %? 
Cuando reducimos el porcentaje, la retirada voluntaria será relativamente alta, ¿sí o no? 
Asimismo quisiera saber qué plantas se cultivan en las tierras retiradas. 
Por ejemplo ¿favorece esto a la política ambiental? 
¿Se utilizan estas plantas para la agrificación? 
¿Podemos producir más biodiesel u otros cultivos que sean útiles para proteger el medio ambiente y este tipo de cosas? 
Pienso que en el transcurso del año habrá que examinar todos estos aspectos cuando se plantee la Agenda 2000. 
Por lo pronto, los agricultores vuelven a tener claridad y al fin y al cabo de eso se trata. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, el Sr. Funk ha dicho que si el Consejo adopta este acuerdo esto marchará más rápidamente. 
Señor Funk, si se elimina la democracia, esto marchará también más rápido con toda probabilidad. Que entonces vaya a ser mejor, es una gran pregunta. 
El Consejo ha despreciado aquí los derechos del Parlamento y ha intentado imponer una regulación sin que la Comisión haya presentado una propuesta. 
Este es un proceder escandaloso. 
No hemos de tolerar esto, tanto más cuanto que hace muy poco hemos dirigido a la Comisión una pregunta acerca de cuándo pensaba presentar la propuesta. 
Entonces la Comisión no se vio en condiciones de hacerlo. 
Ahora que el Consejo se ha adelantado, la Comisión tiene que ir a rastras, y nosotros bendecimos todo a posteriori. 
No podemos tolerar algo semejante. 
Pero paso ahora al contenido: se trata del 5 %, pero se trata también de la retirada voluntaria de superficies que, por lo demás, es posible hasta el 33 %. 
Aquí se trata de encontrar una regulación que en vez de basarse en la retirada de superficies, se base en el aprovechamiento o en el saneamiento de superficies. 
Por esta razón hemos presentado una enmienda, según la cual se puedan plantar leguminosas, trébol, alfalfa, en estas superficies. 
Estas superficies deberían liberarse para pastizales, y las explotaciones biológicamente controladas podrían deberían poder utilizar para forrajes estas superficies retiradas. 
Sin embargo, los hechos son éstos: la UE no produce excedentes en general, sino que produce excedentes en determinados ámbitos. 
Si tenemos excedentes, los tenemos a causa de la importación de forrajes procedentes de ultramar. 
Sería muy oportuno sembrar en estas superficies plantas albuminosas pues en la UE cubrimos nuestras necesidades de proteínas sólo en un 20 %; sería muy importante llenar esta gran falta de proteína incrementando la producción de proteína. 
Tengo claro que con arreglo al artículo 43 estas enmienda no saldrá adelante si la Comisión no la asume. 
Todavía ayer tarde entré en contacto con la Comisión. 
Existen dificultades jurídicas en la liberación para forrajes en el caso de la retirada obligatoria. 
Pero esto es posible en las superficies de retirada voluntaria. 
Nos hemos puesto de acuerdo de la manera siguiente: hacemos una propuesta adicional y yo la presentaré después como enmienda que se refiera a las retiradas voluntarias. 
La Comisión no va a aceptar ahora esta enmienda, pero sí en la reforma agrícola, en la Agenda 2000. El Sr. van Miert hará la explicación pertinente. 
Por consiguiente, si en la Agenda 2000 se fijan en cero las retiradas obligatorias de superficies, podríamos llenar la carencia de proteína en las retiradas voluntarias de superficies, que siguen manteniéndose, y de esta manera poner en marcha un programa de saneamiento que podría tener como efecto una ecologización de la rotación de cultivos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera darle las gracias al ponente, Sr. Funk, y al Parlamento como tal por haberle concedido efectivamente una prioridad a la propuesta de la Comisión que fija el porcentaje de retirada de tierra obligatoria en un 5 % para la campaña 1998-1999 y que contempla algunas medidas conexas relacionadas con las sanciones previstas por el régimen de apoyo a los productores de cultivos herbáceos en caso de que se rebase la superficie de base. 
La prolongación del porcentaje de retirada del 5 % se justifica en una situación de mercado caracterizada por la ausencia de existencias cerealeras importantes, tanto a nivel comunitario como a nivel mundial. 
La propuesta del porcentaje de retirada para 1998 se completa con una nueva suspensión extraordinaria del régimen de retirada de tierras en el supuesto de un rebasamiento de la superficie de base y mediante un ajuste temporal del régimen de sanciones, en caso de rebasamiento del nivel máximo de irrigación. 
Al igual que el año pasado, la propuesta de la Comisión también prevé un aumento reducido de la obligación de retirar las tierras, en el caso de traslado de un productor a otro de su obligación de retirar tierras. 
Algunos Estados miembros y el Parlamento Europeo habían solicitado una propuesta para el mes de mayo. 
He tomado buena nota de los comentarios de los intervinientes al respecto. 
Pero la Comisión ha deseado esperar para tener una idea más fiable de la cosecha de este año. 
Sin embargo, para alcanzar un compromiso sobre el paquete de los precios- y Dios sabe que con los días y las horas, la Comisión, es cierto, debe a veces sumarse a un compromiso a nivel del Consejo de Ministros -, la Comisión ha aceptado proponer antes de lo previsto, qué duda cabe, una derogación al porcentaje de base de retirada obligatoria fijado en el 17, 5 % a través del reglamento de 1992. 
El impacto de los imponderables climáticos sobre la producción de los cultivos nos obliga, a veces, a tener una política prudente. 
En cuanto a la posibilidad de utilizar tierras retiradas de la producción para cultivar leguminosas, esto estaría en contradicción con la obligación de retirada de tierras prevista en el actual reglamento, aplicable a la producción de semillas proteaginosas. 
La idea en sí tiene tanto ventajas como inconvenientes. 
Sin embargo, la Comisión considera que la propuesta examinada no facilita el marco adecuado para tratar de ello, sino que tal cosa debe hacerse en el marco de la Agenda 2000. 
Espero haber contestado de este modo a las preocupaciones, sobre todo, expresadas por el último de los oradores. 
Estoy pues convencido de que la propuesta de la Comisión va a responder al deseo de todos los interesados, y la Comisión se alegra de que, a pesar de que haya habido que improvisar un poquito, se haya logrado una vez más alcanzar un acuerdo. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
En cuanto a la enmienda 1 
Para satisfacer las formalidades quisiera presentar un añadido verbal a la enmienda 1, el cual dice: » Esta regulación rige exclusivamente para la retirada voluntaria de superficies.» 
Se añade como párrafo 3 a la enmienda. 
Repito una vez más: » Esta regulación rige exclusivamente para la retirada voluntaria de superficies.» 
Así se acordó. 
Ciertamente, no estoy en contra de esta propuesta del Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Sin embargo, nos vamos a abstener porque somos de la opinión de que antes habría que discutir esto de manera completa en la Comisión de Agricultura antes de anticipar estas modificaciones de la Agenda que nos aguarda. 
Soy partidario de que primero discutamos sobre qué asuntos deben entrar en la Agenda. 
Quisiera pedir a mi grupo que se abstenga hoy para que primero podamos hablar sobre esto. 
Señor Presidente, nuestro Grupo se congratula por el hecho de que la Comisión haya retomado la propuesta del Consejo con ocasión de la negociación del paquete de precios: un porcentaje de retirada limitado al 5 % y la supresión de la congelación extraordinaria cuyo mantenimiento hubiera sido especialmente absurdo en la situación actual de existencias de cereales, que es particularmente baja. 
Los agricultores conservan naturalmente la posibilidad de colocar voluntariamente en barbecho una parte de su explotación. 
En la última sesión plenaria, nuestro Grupo había presentado una enmienda, aprobada por nuestra Asamblea, que solicitaba precisamente este límite máximo del 5 % del porcentaje para el barbecho, ya que la Unión Europea debe a la vez conservar su vocación exportadora y reconquistar su mercado interno. 
Me permito recordar la importancia de las importaciones europeas en materia de productos de substitución de los cereales. 
Desde siempre nuestro Grupo se ha opuesto a la institucionalización estructural del barbecho, y sólo podemos constatar que los hechos confirman nuestros análisis. 
Nuestro Grupo ha votado a favor de la enmienda presentada por el Grupo de los Verdes, después de la intervención que acaba de hacer el Sr. Graefe zu Baringdorf, que pide el desarrollo de las leguminosas en los pastos que hayan pasado al barbecho, puesto que se trata de la parte del barbecho decidido voluntariamente por nuestros agricultores. 
El Parlamento aprueba la resolución) 
OCM en el sector del lúpulo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0228/97) del Sr. Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0098- C4-0184/97-97/0066 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 1696/71, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del lúpulo. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, estimados colegas, quiero presentar el informe de mi colega, el Sr. Xaver Mayer, a aquellos que han aguantado hasta hoy, viernes. 
El tema es la reforma de la ordenación del mercado del lúpulo. 
Antes de nada quiero dar las gracias por la aprobación de la urgencia y indicar que la rápida votación ofrece a la Comisión y al Consejo la posibilidad de transmitir rápidamente a los productores de lúpulo las innovaciones determinantes y, sobre todo, permite hacerles llegar las subvenciones que con tanta urgencia se necesitan. 
El lúpulo es en todo el mundo una materia prima imprescindible para la obtención de la cerveza. 
En algunos países la cerveza constituye incluso un alimento básico. 
Las sustancias contenidas en el lúpulo son las que propician el sabor amargo, la formación de espuma, la conservación y el aroma típico. 
Además de esta utilización principal, el lúpulo se utiliza también en la medicina naturista gracias al efecto tranquilizante de las sustancias que contiene. 
Yo lo recomendaría como tranquilizante natural. 
En 1996 se han sembrado en la Unión Europea cerca de 28.000 hectáreas de lúpulo, en los restantes estados de Europa se han sembrado casi cerca de 24.000 hectáreas. 
Por el contrario, en los Estados Unidos se han sembrado 18.000 hectáreas, en Australia 1.000, en Nueva Zelanda 350 y en Chequia 9.300 hectáreas. 
El mercado del lúpulo está totalmente liberalizado y está sometido al libre juego de la oferta y la demanda. 
Unas pocas casas comerciales dominan los mercados. 
Para combatir subidas extremas de precios la mayor parte de la cosecha producida en la Unión Europea está determinada a través de contratos plurianuales de suministro. 
El progreso técnico así como el desarrollo de la tendencia han conducido en los años pasados a que el mercado del lúpulo demande hoy mayoritariamente variedades con un alto contenido de alfaácidos, las demás variedades no son comercializables. 
Al mismo tiempo, el mercado del lúpulo está caracterizado actualmente en todo el mundo por la existencia de grandes excedentes. 
La producción de alfaácidos para 1996 se estima en cerca de 9.000 toneladas para una demanda anual de la industria cervecera que está cifrada en cerca de 8.000 toneladas. 
El cultivo del lúpulo demanda mucho capital. 
20.000 ecus por hectárea son los costes de sólo las estructuras de soporte de las que penden las hermosas umbelas de lúpulo. 
Por esta razón hay que apoyar urgentemente el necesario cambio hacia otras variedades. 
Tenemos que reducir fundamentalmente las superficies de cultivo de lúpulo y reducir los excedentes estructurales. 
En segundo lugar, hemos de retirar las viejas variedades y sustituirlas por las nuevas que admiten una mejor comercialización. 
Y, finalmente, la Comisión propone la concesión de una ayuda global anual de 450 ecus por hectárea, así como la posibilidad de retener hasta el 20 % de las subvenciones a los productores para la ejecución de medidas especiales, cantidad que han de administrar las asociaciones de productores. 
En tercer lugar, la Comisión propone la posibilidad de acelerar el cambio de variedades. 
Las enmiendas del Sr. Mayer se concentran en una retirada paulatina, mediante la cual no se le originan gastos adicionales al FEOGA. 
Esta posibilidad debería hacerse depender de las siguientes condiciones: mantenimiento, instalaciones reutilizables de lúpulo, cultivo permanente para mejorar la fertilidad del suelo, renuncia a ampliar el cultivo del lúpulo a las restantes superficies de la explotación. 
La parte de la subvención que se destina a objetivos comunitarios debe aumentarse del 20 % al 40 %. 
Al mismo tiempo habría que prever acumular esta parte durante un número máximo de cinco años. 
La futura retención obligatoria del 5 % de la subvención a los productores no se ha revelado buena y, por consiguiente, debería ser borrada de la propuesta. 
Debería ser posible utilizar la subvención para medidas en el ámbito del cuidado del mercado, de la estabilización del mercado, de la determinación de la calidad y de la investigación concreta dirigida a una producción compatible con el medio ambiente así como a la autorización de productos protectores de las plantas, que sean compatibles con el medio ambiente. 
El monto de la subvención a los productores no debería ser obtenido a partir de los recursos históricos de los últimos diez años, sino de los últimos tres años, porque algo ha cambiado: han aumentado los costes de cultivo, los cambios necesarios de variedades son costosos, faltan los recursos específicos para el cambio de variedades y, al mismo tiempo, los precios del lúpulo en el mercado han experimentado un empeoramiento constante. 
Si sólo se va a conceder una subvención, señor Comisario, entonces debería establecerse esta subvención de 500 ecus por hectárea, que significa comparativamente una pequeña suma, pues he hablado de 28.000 hectáreas. 
La Comisión debería aceptar, naturalmente, las enmiendas del Parlamento. 
El cultivo del lúpulo goza de una larga tradición en algunos países de la UE. 
Por esta razón deberíamos contribuir a asegurar el cultivo también para el futuro, de suerte que de vez en cuando, al finalizar nuestro trabajo, podamos hacer un brindis con una buena cerveza. 
Señor Presidente, cuando hablamos de la salud de los europeos, no podemos dejar de preocuparnos por el alcoholismo que produce más víctimas que la adición al tabaco. 
Sabemos que la mortalidad por alcoholismo es la más alta en Europa y que el alcoholismo es la droga más peligrosa para los ciudadanos europeos, sobre todo cuando conducen en estado de embriaguez poniendo en peligro sus propias vidas y las de los demás. 
Entre las bebidas alcohólicas, la cerveza es la más peligrosa, porque quien la toma no se da cuenta de que está bebiendo un producto que contiene alcohol. 
Es preciso ocuparse de la salud de los ciudadanos no sólo cuando se habla de la producción de ciertos productos, sino también cuando los Estados y la Unión Europea emprenden otras acciones de interés como, por ejemplo, campañas de información y de sensibilización. 
Me parece correcto que hoy en el Pleno no esté presente una amplia formación de colegas que se preocupan por la salud más que por los productores. 
Es correcto, repito, sin embargo, me extraña un poco, porque suponía que quizás existe una coherencia mayor y una preocupación constante y no ocasional cuando el producto es del sur y no del norte, pero ya me va bien. 
Y me va bien que los colegas se den perfecta cuenta de que estamos hablando de producción y no de salud, así como que presten su atención a estos temas cuando se habla de salud, de educación y de formación. 
Señorías, las contradicciones, no obstante, existen. Por ejemplo, mientras los Estados Unidos están aprobando medidas para el control de la conducción en estado de embriaguez y emprenden onerosas campañas de sensibilización, la enmienda 5 al artículo 1 de esta resolución prevé, por el contrario, invertir en la promoción de la producción y en la publicidad. 
¡Esto me parece algo excesivo! 
Aceptaría la idea de incluir en una resolución como ésta alguna medida en contra de la misma, pero, en mi opinión, sería más acertado evitar de ocuparse de esto. 
Habida cuenta, sin embargo, de que en la presente resolución se hace referencia muy acertadamente a medidas destinadas a la protección del medio ambiente y a la reducción de los productos fitosanitarios, así como a la mejora de la calidad y a la necesidad de salvaguardar una producción europea, estoy perfectamente de acuerdo con el informe, a pesar de que, seguramente, se levantarán voces en contra. 
Señor Presidente, el reglamento sobre el lúpulo de 1971 en torno a una ayuda por hectárea y que prevé un programa de reconversión varietal, fue objeto el año pasado de una propuesta de la Comisión en cuatro puntos. 
Nosotros suscribimos, por nuestra parte, una ayuda anual a tanto alzado sin diferenciación de variedades, y que se prosiga con la reconversión de variedades sin limitación de superficie temporal, siempre que no se vea afectada la calidad. 
También estamos de acuerdo con la posibilidad de retener hasta el 20 % de la ayuda a los productores para el estudio y la aplicación de medidas específicas del sector. 
Sobre este punto, no compartimos el parecer del Sr. Mayer de rebasar esta retención, salvo que lo justifique una situación excedentaria justificada por las existencias o los invendidos. 
Además, también nos resulta indispensable, como es lógico, que los productores miembros de las agrupaciones oficiales puedan comercializar por sí mismos sus productos sin reducciones de precio. 
En conjunto, la propuesta es interesante, se orienta hacia una mayor flexibilidad en el procedimiento y reduce la incidencia presupuestaria. 
Por último, la propuesta del ponente de que la cuantía de la ayuda por hectárea alcance los 500 ecus parece un buen compromiso entre la propuesta de la Comisión y las solicitudes de algunos Estados miembros de multiplicar prácticamente por dos las primas. 
Señor Presidente, la ventaja de que un miembro de la Comisión comparezca aquí el viernes por la mañana para escuchar diversos informes en nombre de sus colegas y poder expresar la postura de la Comisión es que siempre se aprende algo. 
Así, hoy he aprendido muchas cosas sobre las virtudes curativas del lúpulo. 
Presumo que todavía tendré que profundizar más en el tema después de las intervenciones de otros diputados aquí en el Parlamento. 
Por lo demás, acepto su propuesta de celebrarlo bebiéndonos una caña. 
Quiero agradecer al ponente, y en especial al Sr. Funk, que actúa en representación del Sr. Mayer, su excelente informe, y también a la Comisión de Agricultura su enfoque constructivo. 
Constato con satisfacción que, por lo general, nuestra propuesta de reforma de la organización de mercado del lúpulo, encaminada a facilitar la adaptación del sector a las exigencias del mercado, ha sido acogida de forma positiva. 
Se ha aprovechado la ocasión para simplificar la legislación y ofrecer un ámbito de trabajo más amplio y una mayor flexibilidad a los grupos de productores, como acaba de subrayar acertadamente el último orador. 
Se han encontrado soluciones para diversos problemas en que en un principio había diferencias de postura, pero he de admitir que la Comisión no puede aceptar algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo. Se trata, entre otras, de la solicitud de introducir una retirada de tierras temporal, me refiero a las enmiendas núms. 
1 a 11. Así pues, he comprendido que algunas de sus Señorías querían aumentar algo más los importes, pero la Comisión sigue considerando que 450 ecus por hectárea es una cifra bastante adecuada, no diré generosa, pero sí bastante adecuada. 
4 a 8 inclusive, que guardan relación con las medidas especiales que han de ejecutarse para la retención de parte del apoyo y también las enmiendas núms. 3 y 12, relacionadas con la anulación de la retención del 5 % del apoyo a la reconversión varietal. 
Espero, Señorías, que de esta manera y en nombre de la Comisión haya podido satisfacer bastante las preocupaciones expresadas aquí; por otro lado, pido que comprendan que la Comisión no haya podido aceptar algunas de las otras enmiendas. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señor Presidente, sólo quiero responder brevemente a la colega italiana que ha relacionado con el alcoholismo este importante tema. 
Soy de la opinión de que el alcoholismo es, de hecho, un peligro, pero es mínimo donde exista un consumo razonable y moderado de vino y de cerveza, que corresponda a las tradiciones de cada país. 
Su afirmación es, precisamente, un contraargumento contra cualquier centralismo y contra cualquier uniformización en Europa. 
En Baviera, por ejemplo, se bebe cerveza de manera moderada. 
Por esta razón, Por esta razón se llama también medida a la jarra con que se bebe la cerveza. 
Quisiera invitar cordialmente a mi colega a hacer un viaje al monasterio de Andechs, donde se produce una de las mejores cervezas de Baviera, para que vea cuán saludable es la cerveza para el cuerpo y el alma. 
La ayuda a los productores de lúpulo es necesaria. 
En efecto, los grandes negociantes americanos ejercen una influencia considerable en la situación del mercado mundial: al no estar equilibrado el mercado de forma natural, es preciso otorgar ayuda a los productores. 
Cabe lamentar que dicha ayuda sea muy modesta respecto a lo que sería necesario para resistir mejor a la presión americana. 
La Comisión propone cuatro cambios: 1) la ayuda diferenciada por variedad se verá reforzada con una ayuda anual a tanto alzado; 2) los miembros de agrupaciones de productores reconocidos podrán comercializar por sí mismos la totalidad o una parte de sus productos sin que se les penalice con una reducción de la ayuda; 3) los productores tendrán la posibilidad de efectuar la reconversión varietal de modo permanente; 4) el 20 % de la ayuda podrá destinarse a medidas especiales. 
La ayuda se fija en 450 ecus por hectárea. 
Somos favorables a estas propuestas a pesar de que la cuantía de la propia ayuda nos parezca insuficiente. 
Votaremos pues a favor de este informe, aunque no nos satisfaga plenamente. 
Voto contra este informe porque opino que hay que reformar a fondo la política agrícola común. 
La actual política agrícola excesivamente reglamentada es burocrática, ineficaz y desechable desde el punto de vista de la política distributiva. 
Espero y haré todo lo posible por que tenga lugar una drástica reforma de la política agraria en 1999. 
En el proyecto de informe presentado se propone que se destinen 12, 5 millones de ecus a los gastos del sector del lúpulo de 1997. 
Pienso que esto es inaceptable. 
Voy a trabajar vigorosamente para crear una opinión favorable dentro del Parlamento Europeo en cuanto a la eliminación del actual sistema enfermizo de subvenciones a la agricultura. 
Señor Posselt, le doy las gracias. 
Seguramente, la Sra. Marinucci en su intervención no quería polemizar ni con usted ni con sus Señorías que aman la cerveza. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Libro Verde sobre la política de competencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0242/97) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Libro Verde sobre las restricciones verticales en la política de competencia comunitaria (COM (96) 0721- C4-0053/97). 
Señor Presidente, la Comunidad Europea se encuentra ante una economía de mercado de libre competencia. 
Con el Programa de Acción para la realización del mercado interior y la introducción del euro se eliminarán definitivamente las medidas y las fronteras nacionales como instrumentos para obstaculizar, limitar y alterar la competencia. 
La política anticártel ha tenido siempre por objeto ilegalizar a los perturbadores de la competencia, concretamente determinados acuerdos entre empresas. 
Aunque casi todo el mundo aprecia en diversos sentidos la política aplicada hasta ahora en el ámbito de los acuerdos verticales, por lo general también se aplaude que haya llegado el Libro Verde y que el fuerte análisis aliente a los implicados a expresar su punto de vista. 
Por diversas razones, el momento es propicio. 
Nosotros, señor Comisario, apreciamos este método de trabajo y por ello hemos hecho lo posible por formular nuestro punto de vista sobre el Libro Verde dentro del plazo establecido por usted. 
La elaboración de nuestra postura no sólo se fundamenta en un marco de trabajo teórico, sino que también se basa en los muchos contactos sobre el terreno y en una excelente relación con los servicios de la Dirección General IV, por lo que deseo nuevamente darles las gracias. 
Permítame asimismo dar las gracias a los diputados a este Parlamento, pues los contactos con ellos han sido siempre constructivos. 
Señor Presidente, el hecho de que no se hayan presentado enmiendas opuestas a las opciones fundamentales del informe de la Comisión de Asuntos Económicos demuestra que este informe cuenta con un amplio apoyo en esta Asamblea. 
Espero asimismo, señor Comisario, que acepte usted la explicación y la resolución que luego votaremos. 
El hilo conductor del informe es el siguiente: en primer lugar, abogamos por permanecer dentro del artículo 85 del Tratado. 
En parte porque es el único modo de actualizar la política en un plazo relativamente corto. 
En segundo lugar, pedimos a la Comisión que se tome en serio la petición oída por doquier a favor de una máxima seguridad jurídica. 
No se trata únicamente de una expectativa legítima del mundo empresarial. 
Es también una condición necesaria para crear un clima favorable a la inversión. 
Quien conozca la realidad sobre el terreno, sabrá mejor que nadie que los acuerdos verticales están vinculados a grandes inversiones materiales y de relaciones. 
La preocupación por la seguridad jurídica me lleva a mi tercer punto. 
El enfoque de los expedientes en función de la cuota de mercado es visto con mucho recelo por los empresarios. 
A nuestro entender, esto está justificado. 
De ahí que pensemos que el enfoque de la cuota de mercado sólo sea defendible si es estrictamente necesario para la eficacia de la política, y únicamente en la medida en que lo sea. 
Y además a condición de que la Comisión, después de mantener una consulta con los sectores implicados, anuncie unas directrices claras. 
Pero, aun así, se trata de un recorrido aterrador para las empresas para las que no se dispone de datos estadísticos fiables o para las que resulta muy difícil establecer una clara definición del mercado. 
En cuarto lugar, somos partidarios de una política integrada, sobre todo para las PYME. 
Como ya hemos dicho más de una vez, no basta reiterar continuamente el inapreciable valor socioeconómico de las PYME. 
Es preciso trazar una línea PYME a través de todos los ámbitos políticos relevantes y este es sin duda el caso de la política de competencia. 
En este sentido, la Comisión merece nuestro pleno apoyo de cara a una rápida entrada en vigor de la nueva comunicación de minimis, publicada en enero. 
Además pedimos a la Comisión que tenga en cuenta tres puntos concretos y que saque las correspondientes consecuencias políticas. 
En primer lugar, hay que darse cuenta de que los acuerdos horizontales entre las PYME sirven en gran parte para reforzar sus posiciones de poder vertical y para poder sobrevivir en la creciente competitividad. 
En segundo lugar, es conveniente que la ventaja económica especial en los contratos de las gasolineras y en los contratos de suministro de cerveza esté en equilibrio con las obligaciones de compra. 
En tercer lugar, la exigencia de una mayor flexibilidad no puede concederse sin más si ello provocara que, en posiciones de poder desiguales, las ventajas de flexibilidad de una parte fueran en detrimento de la otra parte. 
Este podría ser el caso si las obligaciones de compra en los contratos de suministro de cerveza se definieran en términos de tipos de cerveza y no en términos de marcas. 
Señor Presidente, señor Comisario, no era nuestra intención abordar las opciones concretas propuestas, pero hemos de sacar algunas conclusiones en esta dirección. 
Además de las normas de minimis, con las que todos estamos de acuerdo, el Parlamento aboga por una continuación del sistema de exenciones por categorías con un aumento razonado de la flexibilidad y con un ámbito de aplicación lo más amplio posible. 
Y con ello me refiero a que, en principio, queremos que la técnica de exenciones por categorías se aplique a todas las empresas de los sectores implicados, independientemente de su cuota de mercado. 
Es decir: nada de zonas grises para empresas entre el 10 y el 25 % y nada de exclusión de empresas por encima del 40 %. 
Sin embargo, en la medida en que la creciente flexibilidad suponga un mayor control, es posible utilizar la cuota de mercado, pero sólo como criterio de diferenciación de cara al procedimiento. 
No queremos ir más allá de la posibilidad de refutar una presunción de conformidad. 
Por último, señor Presidente, está la exigencia de unos procedimientos administrativos más rápidos y por supuesto quisiera que el Comisario diera su opinión sobre el contenido de este informe. 
Gracias señor Presidente, gracias señor Comisario, y en especial gracias a usted, señor Presidente, por el minuto adicional que me ha concedido. 
Señor Presidente, señor Comisario, la política de competencia de la UE en el ámbito de las restricciones verticales a la competencia, es decir, en el caso de los acuerdos exclusivos entre productores, distribuidores y, en especial, en la distribución en exclusiva, compra en exclusiva, franquicia y autodistribución, es, naturalmente, el punto de cristalización de un enfoque pragmático y también, como polo opuesto, de un enfoque un tanto académico, digo conscientemente enfoque académico, de una política liberalizada de la competencia. 
En el segundo caso- y no podemos menos o no puedo menos de lamentar este planteamiento liberal- se juran por un lado las libertades del mercado, pero se silencia diligentemente las relaciones reales de poder en el mercado, a veces incluso en detrimento de los trabajadores y de los consumidores, pues éstos, en tanto actores singulares no interconectados, están, en su gran mayoría sin capacidad real, en competencia económica con otros que son desigualmente más fuertes, por no decir monopolistas. 
Por esta razón, para el ámbito de las restricciones verticales a la competencia pedimos que al criterio de la cuota de mercado se añadan cláusulas generales que posibiliten un tratamiento económico más global de las redes de distribución. 
Me refiero, en especial, al problema de las fuertes concentraciones en el mercado de productos alimentarios las cuales hacen que aparezcan nuevas barreras en el acceso al mercado de suministros. 
Hay que lamentar también que el concepto de cuota de mercado de la Comisión, tal como se ha mostrado, es poco atractivo en las opciones 3 y 4 tanto para los inmediatamente afectados como para los representantes de los intereses de los consumidores. 
Ustedes y nosotros tememos a partes iguales que precisamente en el ámbito de las restricciones verticales a la competencia, debidas a la problemática de redes, que impiden la competencia intrasectorial y generan barreras que impiden el acceso al mercado, la cuota de mercado en este contexto sea difícilmente determinable. 
La ampliación del reglamento de exención de grupos, por ejemplo, a la distribución selectiva y a la adquisición en exclusiva debe facilitar a las empresas una flexible configuración contractual. 
Finalmente, quisiera afirmar solamente cuán necesario sería, y es, desde el principio un diálogo social a fin de incorporar a todos los interlocutores sociales afectados, y todo esto debería suceder, especialmente, en armonía con los intereses de los consumidores y con las organizaciones de protección de los consumidores. 
Señor Presidente, una condición previa esencial para un mercado interno que funcione es la política de competencia común y el excelente trabajo de control que lleva a cabo la Comisión. 
También es conveniente que los Estados miembros, con ocasión de la configuración de su legislación nacional en materia de competencia, integren mejor el Derecho comunitario. 
El cometido de la Comisión es también el de esforzarse por que dispongamos de unos instrumentos óptimos para ejecutar la política de competencia. 
Cuando llegue el momento de la revisión, haré hincapié en la importancia de que el Derecho comunitario sea lo suficientemente flexible, de modo que resulte posible un grado razonable de adaptación nacional para conseguir una base sólida común lo mayor posible. 
Entre otros motivos es por eso que me produce escepticismo la propuesta de cuotas de mercado, puesto que éstas pueden tener distintas repercusiones para la competencia en los diversos países grandes. 
Durante el Gobierno conservador de Suecia de los años 1991-1994 se introdujo una copia casi exacta de la legislación comunitaria en materia de competencia, con un anexo para las excepciones por categorías para las cadenas de franquicia. 
El Libro Verde de la Comisión nos da también una ocasión excelente de examinar las excepciones por categorías y quizá de darles una nueva definición o un nuevo ámbito de aplicación. 
Debe ser posible que las pequeñas y medianas empresas colaboren voluntariamente. 
Para controlar esta colaboración hay que centrarse en el efecto que esta colaboración puede ejercer sobre el mercado, evidentemente siguiendo con la lista negra de las actividades que obligan a la colaboración en torno a los precios y al reparto de mercados. 
Los acuerdos verticales tienen a menudo un carácter de cooperación para las funciones de dirección, financiación y formación. Por tanto, pueden ser excelentes y una ayuda casi necesaria para muchos nuevos empresarios que de otro modo no habrían podido poner en marcha su propia empresa. 
En muchos casos estos tipos de empresa pueden hacer posible un aumento de la competitividad y de la diversidad en el mercado. 
El Libro Verde de la Comisión es un documento aprovechable para crear una normativa moderna y adaptada a la realidad. 
El sector de la distribución se ha modificado con los nuevos estilos de vida y también a través de las tecnologías de la información que no solamente conllevan nuevas vías para la transmisión de la información, sino también nuevas modalidades de intercambios comerciales. 
La normativa modernizada- bueno, no se trata de nada nuevo, sino de una revisión de algo que ha registrado grandes progresos en varios sectores durante largo tiempo- debe ser sinóptica y apuntar hacia la neutralidad de los aspectos de la competencia y la seguridad jurídica, además de permitir la continuación del desarrollo y la efectivización del sector de la distribución. 
El Sr. Thyssen ha realizado un trabajo de calidad- efectivamente no hay mucho que añadir. 
No obstante, aprovecho la ocasión para llamar la atención del Comisario sobre muchos otros de estos límites a la competencia dentro del comercio, por ejemplo que se están desarrollando unas prohibiciones contra las uniones aduaneras, pero también que muchos países aplican su monopolio sobre los planes económicos para reducir e impedir el aumento de la competencia en el sector de la distribución. 
Señor Presidente, estimados colegas, en la vida parlamentaria se producen, evidentemente, algo así como encuentros en la tercera fase, es decir, que verdes y socialistas defienden conjuntamente la libertad real en el mercado, mientras los liberales dicen con argumentos liberales lo siguiente: bien, dejemos correr esto, si existen estructuras reales de poder de tipo oligopolístico es que ello es así. 
No se puede hacer nada. 
Entonces es mejor no hacer nada. 
Este es precisamente el punto. 
Por medio de regulaciones flexibles- los algoritmos mecánicos no sirven de ninguna ayuda, pues luego son neutralizados- debemos conseguir, en primer lugar, reforzar en el mercado la posición de los consumidores y consumidoras y, en segundo lugar, tratar de tal modo las variadas combinaciones de concentración y de vinculación vertical que, a pesar de todo, sea posible todavía una competencia leal. 
Para ello necesitamos regulaciones europeas de naturaleza flexible. 
En este sentido, podemos apoyar la enmienda que ha explicado aquí el Sr. Ettl. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Thyssen llega después del Libro Verde de la Comisión sobre la política de la competencia comunitaria y las restricciones verticales. 
Este tema afecta especialmente, como por cierto en el apartado 13 del informe, a los contratos de suministro de cerveza y los contratos de las estaciones de servicio que hasta la fecha se beneficiaban de un régimen de derogaciones. 
El reglamento 1983-84, dentro de las excenciones por categorías para los acuerdos de venta exclusivos preveía unas disposiciones particulares en estos dos sectores. 
En ambos casos, sabemos que el suministrador le da al revendedor cierto número de ventajas económicas y financieras, y el ponente pide que haya un equilibrio, de alguna manera, entre las ventajas que se conceden y los intereses de los demás socios. 
Dicho esto, parece que lo contratos son necesarios para el buen funcionamiento de estos sectores económicos y que, por lo demás, la seguridad del marco legal es obviamente una condición indispensable para que los operadores puedan actuar en buenas condiciones. 
El reglamento no define las ventajas previstas y el ponente se limita a pedir que se equilibre esto, pero no hay ninguna hostilidad en el texto en relación con las exenciones sectoriales respecto a las reglas relativas a las partes de mercado. 
Es cierto, además, que la aplicación brutal de un criterio de parte de mercado no se correspondería con la auténtica naturaleza del mercado, desde el punto de vista de su estructura. 
Por ello, la enmienda nº 2 sobre todo, propuesta por la Sra. Thyssen, me parece en este sentido muy adecuada para reforzar este aspecto del informe, así como la enmienda nº 4 referida a las opciones 1 y 2 de la enmienda nº 7. 
De modo general, aprobamos las orientaciones generales del informe, que votaremos a favor. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, en realidad no hay que añadir mucho a este informe tan claro. 
Sin embargo, quisiera referirme solamente a una cuestión que ha abordado ya el Sr. Blokland. 
La ponente critica con razón que los horarios de apertura y las medidas de ordenación del espacio son calificadas en el Libro Verde de restricciones al acceso. 
Se trata aquí de un ámbito extraordinariamente sensible. 
Aquí es preciso mantener absolutamente el espacio de juego para opciones políticas regionales. 
La comparación que se hace en el informe del McKinsey-Global-Institute con las tendencias existentes en los Estados Unidos no es convincente en este contexto. 
Las situaciones norteamericanas no son transferibles a las estructuras de algunos países europeos que con frecuencia han crecido a través de siglos. 
Los intentos con horarios más liberales de apertura han mostrado a veces que ni los empresarios, ni los trabajadores, ni los consumidores quieren apartarse de las tradiciones y que no se producen, en absoluto, aumentos en las ventas ni han aparecido nuevos puestos de trabajo. 
Una restricción de la concesión de terrenos para la actividad económica constituye, por razones de política de medio ambiente, un elemento importante de la política municipal y debe estar encaminada a mantener el perfil de las ciudades con crecimiento armonioso. 
La creación de nuevos supermercados en las periferias de ciudades pequeñas ha tenido frecuentemente por efecto que paralelamente al surgimiento de nuevos puestos de trabajo en el borde de la ciudad se haya iniciado una extinción de la actividad en el centro de la ciudad y una pérdida de puestos de trabajo en la city. 
Por consiguiente, a la hora de conceder nuevos emplazamientos para supermercados parece razonable la existencia de un derecho de cogestión de los comerciantes, por ejemplo, a través del consejo municipal electivo de las ciudades, y no puede ser calificado de restricción al acceso. 
Gracias, señor Presidente; ante todo quisiera dar las gracias a la Sra. Thyssen y asimismo felicitarle por este informe, así como a quienes han colaborado, pues da fe de la gran profundidad con que se ha abordado y estudiado esta cuestión. 
Al margen de las relaciones existentes entre la Comisión y el Parlamento, es también un placer intelectual poder relacionarse de este modo y discutir sobre cuestiones bastante complicadas, aunque muy importantes para gran parte de nuestra vida económica. 
Por ello quisiera dar las gracias a la Sra. Thyssen también por el modo en que ha elogiado a nuestros servicios. 
Por supuesto, me complace tomar buena nota de ello, por una vez que sucede. 
Básicamente quisiera decir lo siguiente... pero quizás deba empezar diciendo algo en relación con una frase del Libro Verde que en realidad se ha sacado un poco de su contexto, concretamente la hora de cierre y todo lo relacionado con ello. 
La Comisión no tiene intención de ocuparse de ello. 
Se trata de un asunto nacional. 
Lo que hemos detectado es una tendencia en diversos Estados miembros, y la hemos aplaudido, pero al mismo tiempo, como indica el Libro Verde, hemos dicho: por supuesto, este tipo de tendencias no puede poner en peligro otras cosas, como por ejemplo las preocupaciones sociales. 
Por tanto, esta frase se ha formulado de modo equilibrado y quisiera pedir que se lea así, y no resaltando un único aspecto y sacándolo de su contexto. 
Básicamente se trata de una cuestión muy importante, pues hablamos de muchos centenares de miles, hasta de millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Lo que está permitido y lo que no. 
De eso se trata en realidad. 
Y bueno, no voy a tratar la esencia de la problemática; los acuerdos verticales pueden ser tanto procompetitivos como anticompetitivos, depende del contexto en que se presenten. 
Quisiera referirme en concreto a algunas observaciones que se hacen en el informe, pero en primer lugar me complace el hecho- y las intervenciones acaban de subrayarlo- de que en realidad casi todos los que se han ocupado de la cuestión aceptan el marco del análisis que ofrece el Libro Verde y también aplauden que la Comisión quiera mirar la cuestión con ojo crítico, por lo que todos los implicados han preguntado cuál era nuestra opinión al respecto, y han pedido que después de un debate bastante largo, pero profundo, podamos sacar algunas conclusiones. 
Por supuesto, algunas de estas conclusiones serán controvertidas, será inevitable, pero lo que queremos es que las reglas reajustadas, sobre la base del artículo 85- como acaba de subrayar la Sra. Thyssen -, pues hemos de actuar dentro del marco del Tratado, que estas reglas se ciñan a la realidad del mercado. 
Una de las críticas dirigida con razón a la actual política, que existe desde hace más de treinta años, es que todo resulta demasiado legalista. Que las cuestiones se juzgan demasiado sobre la base de textos, sin mirar lo que sucede realmente en el mercado. 
En este contexto quisiera aplaudir lo que se dice en el punto dos de la propuesta de resolución, concretamente que se sitúe en el marco del artículo 85. 
Lo que me molesta un poco, señora ponente, es que en el punto 15, creo, se sugiere aparentemente que todos los acuerdos verticales se sitúen fuera del artículo 85; le ruego que vuelva a examinar los textos, pues al leerlos constato una pequeña contradicción. 
Pero, bueno, se trata de una observación que quería señalarle. 
En todo caso, es posible idear y poner en marcha una nueva política con respecto a la aplicación del artículo 85.1 sobre los acuerdos verticales, entre otras cosas pasando, como ya he dicho, de un enfoque más jurídico a otro más económico. 
Dado el poco tiempo de que dispongo, quisiera tratar uno de los puntos quizás más críticos de toda esta cuestión. 
Todo el mundo es partidario de una mayor flexibilidad, de intentar eliminar la burocracia. 
También nosotros queremos concentrarnos en los casos más importantes y al mismo tiempo crear una seguridad jurídica. 
De ahí que el mantenimiento de las excepciones por categorías sea una buena técnica para poder contribuir a ello, y tengo entendido que el Parlamento también lo desea. 
También nosotros intentaremos conservar este instrumento en la medida de lo posible. 
Pero me pregunto: ¿a partir de qué momento un acuerdo vertical amenaza con desbaratar la situación del mercado e ir en contra de las relaciones de competencia normales?. 
Sé que fijar límites supone un ejercicio algo artificioso, pero habrá que hacerlo. 
Sin embargo, no se puede partir de la idea, y aquí discrepamos, de que todo ha de entrar en la excepción por categorías. 
Por ejemplo, consideramos que, cuando se trata de una cuota de mercado del 40 % -y eso es mucho, ¿quién tiene una cuota de mercado del 40 %? No hay muchas empresas que la tengan -, es necesario considerar el caso individualmente, de la forma más rápida posible; en eso estamos de acuerdo, pero habrá que considerar tal situación de forma crítica. 
Esto es lo que pretendemos. 
Luego tenemos el problema de que, si se aceptara este principio- sé que hay discrepancias al respecto -, ¿cómo se crea al mismo tiempo suficiente seguridad jurídica? 
Sé que aquí hay una cierta contradicción. 
Pero tendremos que optar por una política que nos permita intervenir eficazmente en situaciones en que las pequeñas empresas corran el riesgo de ser la víctima, y no a través de un procedimiento demasiado complicado para eliminar la ventaja de la excepción por categorías. 
De ahí que hasta nueva orden me incline por decir: en los casos grandes, en que se ocupa una amplia posición de mercado, y repito que hemos indicado aproximadamente el 40 %, ahí hay una necesidad, es realmente necesario examinar mejor la cuestión. 
Pero luego, señora, estoy de acuerdo con usted, espero que podamos hacerlo de una forma eficaz, rápida y quiero recalcar que, como ha señalado usted en su informe, necesitamos más gente para poder hacerlo. 
No podemos enfrentarnos a una política de competencia a gran escala en todo tipo de sectores y realizar el trabajo con el mismo número de personas. 
Por supuesto, eso no funciona. 
Pero le agradezco que haya incluido esta cuestión en su informe. 
Espero que la Comisión de Presupuestos de este Parlamento lo lea detenidamente y saque las conclusiones pertinentes. 
Creo que ya he agotado con creces el límite de tiempo. 
Lo lamento realmente, pues la Sra. Thyssen ha tratado muchos otros aspectos y con razón, y propongo proseguir el diálogo con usted y con los miembros de la comisión que estén especialmente interesados en ello. 
Por supuesto, acepto lo que plantea usted en su informe de seguir hablando para informarle de cuáles sean las conclusiones, las reacciones que obtengamos. 
Estaré a su disposición para que podamos reunirnos, después de las vacaciones parlamentarias, en un momento en que la comisión lo considere oportuno para tratar más profundamente del tema. 
Nuevamente quiero darle las gracias y mi enhorabuena. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe de la Sra. Thyssen, pero en contra de algunos puntos del mismo. 
El objetivo de la política de competencia comunitaria es fomentar la competencia y la integración de los mercados. 
Las restricciones verticales pueden influir tanto positiva como negativamente en ambos aspectos. 
Los socialdemócratas daneses están en contra de la exención general de la aplicación de las normas de competencia para la distribución selectiva. 
Por eso, votamos en contra del punto 12 del informe. 
Los socialdemócratas daneses no felicitarán a la Comisión por la opción I del Libro Verde. 
Opinamos que esta opción no responde lo suficiente a la crítica dirigida al sistema de restricciones verticales vigente en la actualidad. 
El punto 14 del informe felicita a la Comisión por la opción I. Por eso votamos en contra de este punto. 
Los socialdemócratas daneses se oponen a la imposición de un criterio basado en cuotas de mercado para valorar si la exención de la aplicación de las normas de competencia es correcta. 
El uso de cuotas de mercado para el cálculo es un método inseguro, ya que el resultado varía según como se aplique el método. 
El Libro Verde de la Comisión constituye una base para el debate que esboza diversas alternativas. 
La propuesta definitiva debe incluir normas que permitan a las cadenas alimenticias como ICA proseguir sus actividades sin sufrir perjuicios. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Participación de Rumania, la República Checa y Hungría en los programas de la formación, la juventud y la enseñanza 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este periodo de sesiones se ha ocupado mucho de la ampliación. 
Esta mañana acabamos con un ejercicio más práctico, puesto que se trata del dictamen de nuestro Parlamento sobre la participación de algunos PECO, en este caso Hungría, la República Checa y Rumanía en los programas comunitarios en el ámbito de la educación, de la formación y de la juventud. 
En esta estrategia de preadhesión, se trata pues de un primer paso, quizá un paso de hormiga, pero sumamente simbólico en cuanto a una voluntad declarada de apertura. 
En efecto, tras la firma en 1996 de protocolos adicionales con cinco PECO, los Consejos de Asociación han precisado las modalidades de participación de estos países en los programas comunitarios. 
Han expresado la voluntad de convertir el polo «educación, juventud, formación» en el primer eslabón de las acciones comunes. 
Sólo podemos felicitarnos por ello, puesto que la educación y la formación son elementos esenciales para el acercamiento de los pueblos. 
Además, ya existen intercambios en este ámbito ya que los tres programas que nos ocupan pueden ayudar a acciones que incluyen a países de la Europa Central y Oriental. 
Además, el programa TEMPUS, instaurado en 1990 en el marco de PHARE, ha sentado las bases de una cooperación en el sector universitario. 
Con arreglo a este acuerdo, Hungría, la República Checa y Rumanía podrán participar en el conjunto de acciones que se incluyen en el marco de los tres programas. 
Sin embargo, para poder ser elegibles, las acciones propuestas deben afectar a un mínimo de socios de la Unión Europea. 
Por otro lado, si estos tres países se ven asociados en el seguimiento de su participación en el programa, les corresponde a ellos crear las estructuras nacionales necesarias para su participación. 
En el plano financiero, se insta a los países interesados a contribuir al presupuesto de estos programas (los créditos necesarios para el ejercicio de 1997 ya están actualmente comprometidos) , pero se les ha ofrecido la posibilidad de utilizar hasta un máximo del 10 % las dotaciones del programa PHARE. 
Por último, hay que decir que la cantidad de las ayudas recibidas por los Estados no deberá superar la de su propia contribución financiera. 
Se trata pues, claramente, de un acuerdo de participación celebrado entre socios y no de un contrato de asistencia. 
Es éste un elemento importante, ya que a veces los PECO se han sentido en situación de asistidos en su relación con la Unión Europea. 
Dicho esto, las condiciones de participación de Hungría, de la República Checa y de Rumanía parece que se cumplen: estos países han dado muestras de voluntad y han recabado los fondos necesarios. 
En primer lugar, entre la firma de los protocolos de acuerdo y el momento actual, la situación ha cambiado mucho. 
Incluso podría decirse que entre el momento en que se me nombró ponente y este debate, los resultados modestos, para no hablar ya del fracaso de la CIG han frenado algo el proceso de ampliación. 
Del mismo modo, la elección de los países para esta primera fase de negociaciones parece un tanto arbitraria, señor Comisario. 
En segundo lugar, tal vez haya que cuestionar el método elegido. 
Asociar los PECO a nuestros programas comunitarios es, sin duda, una cosa buena. 
¡Pero para ello es preciso contar con los medios al efecto! 
Porque el presupuesto del programa SOCRATES es ostensiblemente insuficiente. 
Por lo tanto, hay que dejar atrás esa hipocresía que consiste en anunciar a bombo y platillo contratos de asociación al mismo tiempo que se congelan los aumentos presupuestarios indispensables... 
En este sentido convendría que no cunda también entre los jóvenes de estos países el sentimiento de frustración que viven algunos jóvenes de la Unión Europea ante la imposibilidad de participar en las acciones de estos programas debido a una dotación presupuestaria insuficiente. 
¡Sería entonces peor el remedio que la enfermedad! 
Mi tercer interrogante se refiere a los propios PECO y a sus necesidades en materia de educación y de formación. 
¿Cómo se puede garantizar que estos programas contribuirán a que se adapte su sistema educativo o a que se afirmen los derechos de los niños y jóvenes, que siguen sin respetarse? 
Estas diferentes cuestiones han orientado nuestras tareas: han conducido a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación a aprobar cierto número de enmiendas después del dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y de la Comisión de Presupuestos. 
Quisiera darle las gracias a la Sra. Glase y a los colegas de la Comisión de Presupuestos por su contribución. 
Sin duda estas enmiendas sólo tienen valor indicativo, bien que mucho lo sabemos, pero yo desearía, señor Comisario, conocer su postura, por un lado, sobre la necesidad de aumentar previamente el presupuesto del programa SOCRATES y, por el otro, sobre el modo en que se va a evaluar la acción de estos programas en los países interesados. 
Señor Comisario, seguro que comprende que las respuestas que se nos vayan a dar serán determinantes para el seguimiento de este proceso, por un lado, en relación con otros países (hoy se habla de Chipre, de Polonia, de Eslovaquia) , pero también en relación con otros programas. 
Quizá hoy seamos pioneros, ¡pero esto no significa necesariamente que tengamos que salir malparados! 
Señor Presidente, señor Comisario, el debate que estamos celebrando hoy, se une casi sin costura a la Agenda 2000 y nos empuja formalmente a adoptar ya esta o aquella medida. 
La participación de los PECO, Hungría, Rumania y de la República Checa en programas de formación y de formación continuada de la UE constituye un paso estructural importante hacia la profundización de las relaciones o hacia la preparación de la adhesión a la UE. 
Una ampliación socialmente responsable hacia el este debe fomentar desde el principio programas de formación y de formación continua. 
Esto es fundamental. 
No se podrá insistir suficientemente en esto. 
Para ello es necesaria una dotación suficiente y creíble de los programas SOCRATES, LEONARDO o «La Juventud con Europa.» 
En esto no hay que andar con complicaciones. 
Para ello, finalmente, y quiero insistir aquí en esto, deben satisfacerse todos los requisitos formales por parte de la UE o del Consejo, y esto no se ha hecho todavía hasta la fecha. 
Es también esencial la configuración de los programas. 
Es preciso urgir y fomentar actividades programáticas encaminadas al fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras, es decir, del diálogo este-oeste, utilizando las actuales lenguas oficiales, tal como prevé la Comisión en sus propuestas de puesta en práctica de los programas de formación y de formación continua. 
Para ello hemos de presentar un mayor número de proyectos y podríamos habilitar y poner a disposición más recursos en los PECO y en la UE si junto a las lenguas oficiales se introdujeran también en este diálogo las lenguas de los futuros países miembros, sobre todo cuando éstas tienen ya, en parte, el carácter de lengua regional en la UE y son mantenidos vivos por minorías. 
Esta es, por lo demás, una petición de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo. 
Un entendimiento global de la integración, por ejemplo frente a lenguas de poca difusión, comprende también tomar en cuenta lenguas como el romaní, la lengua de los roma y de los sinti, que se habla en muchos estados de la UE. 
Finalmente, esto contribuiría también a destacar la relevancia de las lenguas de poca difusión, al mantenimiento de la variedad cultural, un prerrequisito de la competitividad intelectual de Europa a largo plazo. 
La ampliación hacia el este no ha de verse solamente desde el punto de vista económico, pues la inclusión de los PECO en los programas de formación y de formación continua de la UE constituye una parte esencial de la estrategia de la ampliación hacia el este. 
Las lenguas y los aspectos culturales en general son un componente esencial de una integración democrática y social y, al menos, son tan importantes como todos los aspectos financieros. 
Señor Presidente, señor Comisario, el intercambio es siempre el mejor cemento para edificar y mantener unida Europa y por esta razón mi grupo celebra la participación de Hungría, de la República Checa y de Rumanía, en condiciones de igualdad de derechos, en los programas comunitarios de formación. 
Esperamos vivamente que Polonia y otros puedan tener pronto la oportunidad de participar. 
Celebro que el ámbito educativo asuma una función, por decirlo así, pionera en la estrategia del acercamiento paulatino de los países de la Europa central y oriental a la Unión. 
Quiero destacar expresamente una vez más que no debe minusvalorarse la importancia, desde el punto de vista de la atmósfera política, de semejante intercambio entre los jóvenes para una duradera convivencia en vecindad de los estados del este con los del oeste y viceversa. 
Europa se encuentra aún llena de miedos y de prejuicios, que deben ser eliminados. 
Pero estos programas deben contribuir también enormemente a la integración económica y a la integración de las cualificaciones de estos estados en la Unión Europea a través de lazos de partenariado entre las escuelas y de lazos de partenariado entre las explotaciones económicas. 
Aquí se realiza una auténtica transferencia de conocimientos que no debe minusvalorarse. 
No obstante, quiero añadir aquí dos puntualizaciones críticas: hoy hemos de constatar en SOCRATES una situación de depresión. 
Sobre esto deberíamos hablar enseguida a la hora de la revisión de los programas. 
Tenemos que hacer un seguimiento crítico de los programas. 
También a la hora de una reanudación debemos preguntar también críticamente si realmente son incluidas en el programa amplias capas de la población, para que no sean solamente las nuevas capas superiores de estos países, que desde hace tiempo se pueden permitir movilidad, las que hagan uso de este programa. 
Y para terminar quisiera repetir todavía la crítica que se ha formulado ya: SOCRATES está infrafinanciado sin esperanzas. 
SOCRATES, el buque insignia de los programas europeos de formación, navega ahora con las velas flácidas. 
Quiero hacer esta advertencia: si no se produce una financiación suficiente disminuirá el intercambio entre los estados de la Europa occidental sin que se produzcan realmente nuevos impulsos para el intercambio con la Europa central y oriental. 
Pido al Consejo que reflexione sobre esto, que movilice recursos y que tampoco excluya los Fondos estructurales, para incrementar el programa SOCRATES y otros programas de formación. 
Señor Presidente, estimados colegas, puedo sumarme sin remilgos a lo que el Sr. Elchlepp ha dicho. 
De hecho, nuestra conformidad a este informe ha estado discutida en la comisión hasta el final, por no decir que estuvimos a punto de rechazarlo. 
No porque estuviera mal redactado por la ponente; al contrario, el informe es bueno. 
No porque queramos negar a Hungría, a Rumanía y a la República Checoslovaca el acceso a los programas europeos de formación. 
Sería absurdo. 
No porque no tomemos en cuenta los acuerdos de los consejos de asociación. 
No, al contrario. 
Celebramos esta primera etapa del proceso de ampliación a través de los programas de formación. 
De hecho, queremos enviar una señal política de invitación a los países mencionados. 
También a Rumanía, precisamente, porque este país no fue mencionado expressis verbis el miércoles en la Agenda 2000. 
Somos conscientes de la importancia de participar en los programas comunitarios, si estos realmente se mantienen, si a través de ellos se genera de hecho movilidad, si se intensifican de veras la enseñanza de idiomas y la cooperación en materia de formación. 
Sin embargo, esto amenaza precisamente con ser meramente una declamación, una cáscara verbal, nada más que aire, nada más que un gesto político, que en último término termina en desengaño y frustración. 
Ciertamente, se puede ampliar el campo de aplicación de un Fondo que ahora está ya demasiado infradotado, pero esto se convertirá en un boomerang para los actuales 15 Estados miembros de la UE. 
En efecto, en nuestros Estados miembros el desencanto de muchos jóvenes es ya grande. 
Precisamente nosotros, diputados, recibimos todas las semanas en nuestra mesa quejas de que por carencia de recursos han sido rechazadas propuestas de programas que habían sido presentadas en toda regla. 
Esto no sólo conduciría a la frustración en los nuevos países, sino que empeoraría extraordinariamente también la situación financiera en los actuales 15 Estados miembros de la UE. 
En una palabra: comprensiblemente, se produciría más frustración que satisfacción en ambos lados. 
El Parlamento ha llamado muchas veces la atención sobre esto y ha exigido un pertinente aumento de recursos, gracias, no en último término, a la iniciativa de la Sra. Pack, nuestra Presidenta en el Grupo del Partido Popular Europeo. 
El resultado es conocido. 
Si ahora decimos no a esta ampliación, entonces la culpa será, inexplicablemente, del Parlamento. 
Esto no debe ser así. 
Podríamos utilizar ahora como rehenes a estos tres países- pero no lo vamos a hacer- para ejercer presión sobre el Consejo y la Comisión. 
Los programas deben estar abiertos a los PECO. 
Pero también deben estar financieramente bien fundamentados. 
El compromiso al que se ha llegado en el último minuto no nos permite dar gritos de alegría. 
Sin embargo, nos permite llagar a un voto positivo a condición de que tenga lugar un aumento de recursos, tal como se ha anunciado. 
Para que se entienda bien, esto no significa un ruego, ni siquiera un deseo, dirigido al Consejo, sino un prerrequisito, que ha de ser satisfecho para que por parte del Parlamento pueda producirse esta participación de los tres países. 
Señor Presidente, Señorías, hace tres años, cuando era ponente de LEONARDO, tuve el placer de dar acceso en este programa a diversos países asociados en la Europa Oriental, Malta y Chipre. 
Ya entonces se hablaba de que los presupuestos para LEONARDO, SÓCRATES y Juventud para Europa eran algo bajos. 
El Parlamento ha intentado siempre proporcionar más recursos a estos tres programas, y el Consejo siempre se ha opuesto. 
Esta mañana, muchas de sus Señorías ya han dicho: estos programas podrán desempeñar un papel importante con miras a la Agenda 2000. 
Pero les señalo- y es algo que la ponente ha abordado con razón y de forma muy acertada- que no podemos añadir continuamente cosas a los programas y dejar participar a los países en programas en que ya se excede diez veces la capacidad. 
Para los ciudadanos de Europa es muy frustrante esforzarse por participar en un programa para luego oír que éste es sin duda excelente, pero que no pueden participar por razones presupuestarias. 
Puedo asegurarles, señor Presidente, Señorías, señor Comisario, que, si pasa lo mismo con los países que se adhieren y con los países que cooperan por primera vez con nosotros, no entenderán nada de la Europa que proponemos. 
Si se trabaja mucho, inclusive en estos países, para poder participar en un programa, y finalmente resulta que no se puede participar por razones presupuestarias, estaremos confundiendo a todos. 
Sé que sobre todo para SÓCRATES se ha trabajado muchísimo para aumentar el presupuesto. 
Lo mismo debería pasar con LEONARDO, y si ahora no podemos emprender los pasos necesarios, habrá que hacerlo en el presupuesto, pues la Comisión tendrá que mantenerse firme frente al Consejo. 
Es lo que quiero defender hoy. 
Señor Presidente, mis colegas han dicho ya de qué se trata hoy. 
Estamos comprometidos a cumplir lo que como Parlamento Europeo hemos introducido a la hora de implantar los programas, en concreto, la apertura enteramente normal a los países de la Europa central y oriental. 
Nosotros, como diputados europeos, hemos introducido esto, no el Consejo, ni la Comisión. 
Cumplimos con nuestra palabra. 
El Consejo habla de esto, pero no cumple con su palabra. 
Pues si lo hiciera nos daría dinero para este asunto. 
No nos lo da. Implantamos este programa para 12 estados. 
Ahora hemos de abrirnos, quizá hasta 25. 
Este es el problema. 
El problema consiste ahora en que al mismo tiempo estamos negociando con el Consejo sobre el aumento de los recursos. 
El Consejo nos ha comunicado hace 14 días que autorizará solamente 25 millones más para los próximos dos años. 
Nosotros hemos pedido 100 millones más para los próximos dos años. 
En realidad necesitaríamos 163 millones para los próximos dos años para satisfacer solamente lo que figura en la parte del ERASMUS. 
Efectivamente, hay todavía muchas cosas más, por ejemplo, los partenariados escolares, la formación continua. Todo esto no se cubre con estos escasos recursos. 
Pero tenemos que seguir los discursos solemnes del Consejo de ampliar esto sin que tengamos, en absoluto, dinero en el bolsillo. 
No sé cómo vamos a hacerlo. 
Este es un auténtico envoltorio vacío. 
Quien conozca el cuento de «El nuevo traje del emperador» , debe decir que este emperador está desnudo. 
Por consiguiente, necesitamos realmente más dinero. 
Quisiera recordar una cosa: el Consejo es tan desvergonzado que nos pide en este momento con una moción de urgencia ampliar estos programas a Chipre. 
En septiembre tenemos que incluir también a Chipre con toda rapidez. 
Me niego a hacer esto y espero que la Comisión de Presupuestos, señor colega Samland, esté también con nosotros contra la aceptación de esta cuestión de urgencia. 
Sólo puedo decir al Consejo lo siguiente: urgente sería que nos diera, por fin, dinero para que nosotros cumpliéramos esta tarea. 
Todo esto no es más que un embuste. 
Lo que el Consejo está haciendo aquí es un gesto, pero un gesto desprovisto de medidas eficaces. 
No cuesta al Consejo más que discursos hueros. 
Esto es deshonesto. 
No voy a participar en esto. 
Estoy a favor de la apertura de estos programas, pero estoy a favor de que allí no generemos más frustración de la que ya existe en nuestros países. 
Señor Presidente, espero que en las próximas semanas y meses hagamos un seguimiento preciso de esto... 
(Interrupción) Va contra el Consejo, que nos toma como rehenes y espera de nosotros que tomemos como rehenes a los países de la Europa central y oriental. 
No lo vamos a hacer. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, se justifica plenamente la posición asumida por la ponente Sra. Leperre-Verrier y por otros colegas, en particular por la Sra. Doris Pack, quien ha dirigido todo este procedimiento de hacer depender el acuerdo del Parlamento de un reforzamiento presupuestario de SOCRATES. 
Es preciso tener en cuenta el impacto fatídico que puede tener en el éxito de la ampliación un mal arranque de la cooperación en las áreas de formación y educación, esenciales para abrir camino, a la ampliación en otros ámbitos, y que todos los europeístas desean ver coronadas por el éxito. 
Y si el reforzamiento de SOCRATES no alcanzara un mínimo de 100 millones de ecus, la ampliación a los PECO tendrá más consecuencias negativas que positivas. 
Ya anteayer dije en esta sesión plenaria que el Consejo no puede dar con una mano unos programas mientras que con la otra retira o quita los medios previstos al efecto. 
Por ello no insistiré y aprovecharé para destacar que entre los objetivos de SOCRATES se incluyen acciones de aprendizaje de idiomas, fundamentales para crear un buen entendimiento entre los Quince y los candidatos a la adhesión. 
La enseñanza de las lenguas y, de modo más general, una auténtica política europea de la lengua exigen una urgente atención por parte de las instituciones. 
Una cuestión tan fundamental, tanto para la preservación de las entidades como para la normalización de la comunicación internacional y para la eficacia de las instituciones europeas, no puede ser dejada en manos del voluntarismo de algunos Estados miembros, que podrían tener la tentación de transformar sus intereses en derechos adquiridos ante la falta de un marco político comunitario. 
Por otro lado, es indispensable la coordinación entre las instancias donde se genera un reflexión sobre la política europea de la lengua, tanto dentro como fuera de las instituciones. 
Espero que la Comisión de Cultura ocupe su lugar en el Grupo de trabajo interinstitucional sobre las lenguas, que está presidido por un Vicepresidente de este Parlamento. 
Y por último espero que la Conferencia «Una constelación de lenguas en Europa» que se celebrará en breve en Luxemburgo pueda contar con la contribución comprometida de todas las direcciones generales comunitarias vinculadas al tema, de modo, señor Presidente, que tengamos en breve una política europea de la lengua basada en un consenso amplio y en sólidos criterios, científicos, políticos y funcionales. 
Señor Presidente, tras la maravillosa filípica de la Sra. Pack no me queda más que manifestar, en primer lugar, que apoyo esto al cien por cien. 
Ella, en efecto, ha puesto justamente el dedo en la herida, los mayores demagogos entre nosotros, en la Unión Europea, son los señores del Consejo. 
En la mayoría de los casos son responsables de la situación en que nos encontramos, no sólo por la estructura que, ciertamente, nos ha llevado con frecuencia a situaciones imposibles, incluso en la política exterior, sino también porque el Consejo jamás piensa lo que hace y luego nos traslada algo que nosotros no podemos cumplir. 
Quisiera decir dos cosas sobre este programa. 
En primer lugar: una vez que se ha exprimido del Consejo el dinero hay que tener en cuenta que entre estos estados existen grandes diferencias. 
Una y otra vez tengo la impresión- viajo mucho por allí- de que estos estados son medidos con el mismo rasero. 
Esto es un error. 
Hay que considerar también la historia de estos estados, hay que ver su sistema de enseñanza, para adaptarse convenientemente. 
En segundo lugar: quisiera sumarme a la colega portuguesa que me ha precedido en el uso de la palabra; es necesario que demos una gran importancia a la enseñanza de idiomas. 
Al menos, mis experiencias en Hungría y en Rumanía han sido las mismas por doquier: se aprende sólo inglés, ocasionalmente también francés. 
En el futuro va a producirse una inundación de personas angloparlantes, lo exige la economía. 
No debemos olvidar que el comunismo les robó los idiomas a estos jóvenes. 
Hemos de procurar que aprendan lenguas que les posibiliten un futuro. 
A este respecto quisiera mencionar en primer término el español y el portugués, pues éstos son nuestros socios. 
Quisiera añadir todavía lo siguiente: aunque se está de acuerdo con esto, no se le hace caso a uno. 
Señor Presidente, señor Comisario, dentro de pocos meses tendremos en Luxemburgo la cumbre sobre el empleo y precisamente allí el tema nº 1 será la creación de empleo. 
Creo que para esto la base más esencial es la educación. 
Cuando hablemos ahora en la Agenda 2000 sobre 11 nuevos países, debemos comenzar por la educación. 
En estos países es absolutamente necesario entenderse, no sólo discutir en el plano de los expertos, sino entrar, en general, en diálogo a través de las fábricas, de las escuelas, de las universidades. 
En mi opinión los programas de formación han producido ya cosas excelentes y las seguirán produciendo aún más en el futuro. 
Sabemos que el aprendizaje a lo largo de la vida va a cobrar una importancia clara en el futuro. 
Es importante que, junto a la competencia profesional, se proporcione también competencia social y competencia individual a las personas. 
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias a la Sra. Leperre-Verrier por su informe y también por la actitud positiva que refleja. 
Quiero añadir en seguida que no sólo comprendo, sino que también comparto plenamente la insatisfacción expresada en todas las intervenciones relativas a los recursos financieros, a la escasez de los recursos financieros. 
Creo que esta indignación está justificada y que, ahora que estamos llegando a la situación de preadhesión, hay que otorgar más importancia a este tipo de elementos. 
Por otra parte, quisiera decir que la actitud del Consejo no ha sido aceptada por la Comisión. 
Mi colega, la Sra. Cresson, ha dicho claramente que la Comisión no está de acuerdo con la posición que ha adoptado el Consejo en esta cuestión. 
El importe que ha citado usted no podrá alcanzarse en esta ocasión, pero esperemos que la Comisión intente conseguir más recursos con ayuda del Parlamento. 
Ahora, Señorías, han constatado ustedes que, después de todos estos años, pues a fin de cuentas hace cuatro años que nos ocupamos de ello y también el Parlamento lo ha exigido, la Comisión ha decidido que podemos seguir con tres países. 
Como saben ustedes, hay prisas, pues si no lo hacemos ahora, la cuestión se aplazará y en estos momentos sería una mala señal política que resultaría difícil de explicar en los países que quieren adherirse. 
Por tanto, quiero agradecer en nombre de la Comisión y en nombre de mis colegas que el Parlamento, a pesar de la fuerte crítica sobre el alcance de los recursos, a pesar de las críticas a algunos elementos, esté dispuesto a cooperar. 
En relación con algunas observaciones que se han hecho, por cierto también por parte de la ponente la Sra. Leperre-Verrier, quisiera decir que comprendo la propuesta que ha hecho de crear una especie de comité de pilotage, pero consideramos que quizás no sea necesario hacerlo. 
¡Hay ya tantos comités!. 
Como usted sabe, intentamos limitar en cierta medida el aumento del número de comités. 
Pero nos tomamos muy en serio la idea que ha planteado la ponente de que estos programas han de controlarse adecuadamente. 
Creo, señora, y también puedo concretarlo bilateralmente si así lo desea, que la Comisión ha previsto ya una serie de medidas en este sentido. 
Por tanto, pienso que básicamente podemos satisfacer su preocupación sin que sea necesario crear un comité de pilotaje. 
Asimismo se ha hablado de las lenguas, Señorías. 
Sin duda sabrán ustedes lo mucho que insisto en que las lenguas en que trabajamos sean las lenguas oficiales y que siempre se respeten debidamente. 
Por tanto, comprendo que algunos de ustedes señalen este punto y digan: no olvidemos la preocupación por lengua en que la gente está acostumbrada a trabajar y a hablar, la lengua en que practica su cultura. 
Por otra parte, creo que por ahora, mientras los países candidatos no sean todavía miembros de la Unión Europea, hemos de atenernos a la regla de que trabajamos con las once lenguas oficiales que tenemos en la actualidad. 
Señorías, quisiera dejarlo así y disculparme por el hecho de que, en el tiempo limitado de que disponemos, no pueda tratar otros aspectos que se han señalado con razón. 
Nuevamente les agradezco su actitud positiva de contribuir a esta cuestión a pesar de las críticas fundamentadas que constato en el Parlamento, y que puedo asegurarles, son compartidas también por la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
Procedemos a la votación. 
La Comisión acaba de anunciar el comienzo de las negociaciones de adhesión con Hungría y la República Checa; sin lugar a dudas, también Rumanía, cuya decisión se está sometiendo actualmente a consideración, se incorporará más tarde a este grupo. 
En la preparación para la adhesión son necesarias tanto una cooperación versátil y como diversas medidas de apoyo. 
El apoyo a la formación y la posibilidad de participar en los programas comunitarios de formación y para la juventud representan con seguridad una de las maneras más eficaces de contribuir a esta preparación y de potenciar el desarrollo en los países candidatos. 
Por este motivo es absolutamente favorable y merecedora de nuestro apoyo la decisión del Consejo sobre la apertura de los programas Sócrates, Leonardo y La Juventud con Europa a los países mencionados. 
Sin embargo, por lo menos en este momento se plantea el problema de la financiación, especialmente por lo que respecta al programa Sócrates. 
El Parlamento ha aprobado por gran mayoría una financiación adicional de cien millones de ecus para el programa Sócrates, teniendo presente precisamente la gran significación que este programa reviste de cara a los países candidatos. 
Hay que aprobar la ampliación del programa con esta propuesta de financiación adicional. 
Los países de la Europa central y oriental pueden utilizar los fondos procedentes del programa PHARE para cubrir su cuota de financiación, con lo que se resuelve la cuestión por lo menos en este punto. 
El Consejo debe ahora definir el orden de importancia de estas cuestiones. 
La financiación adicional que precisa el programa Sócrates representa una cuestión menor en el contexto del presupuesto, pero de gran importancia para los jóvenes europeos, tanto de los actuales como de los futuros Estados miembros. 
No podemos permitirnos decepcionarles echando por tierra un programa de éxito y privando de antemano a los patrocinadores de la posibilidad de mantener una relación constructiva basada en la reciprocidad. 
En mi opinión, es importante que estos programas permitan a los países de la Europa central y oriental participar de igual a igual en una relación de asociación con los Estados miembros actuales, y no sólo en una relación marcada por las ayudas. 
Espero que se pueda hacer uso de estos programas como un instrumento de ayuda para responder a los desafíos que plantean las tecnologías de la información en el marco del desarrollo de los sistemas de formación, así como para mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes. 
De hecho, cada país necesitaría un programa propio que permitiera progresar en la consecución de los objetivos. 
Se deben impulsar las actividades de la Fundación europea de formación, con sede en Turín. 
Respaldo la exigencia formulada por la ponente en el sentido de que el comité del programa deberá llevar a cabo un detallado análisis de las acciones en marcha y de sus repercusiones tanto para los sistemas de formación como, ante todo, para la mejora de las condiciones de los jóvenes. 
Se trata de un gran y difícil reto, por lo que también las medidas deberán ser eficaces y bien encauzadas. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las tres resoluciones legislativas) 
Desarrollo e intervenciones estructurales en Francia con cargo a los Objetivos 1 y 2 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0203/97) del Sr. Castagnède, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en Francia con cargo a los objetivos 1 y 2 (C4-0038/96- C4-0039/96- C4-0040/96- C4-0041/96- C4-0042/96- C4-0043/96- C4-0044/96- C4-0045/96- C4-0046/96- C4-0023/97). 
Tiene la palabra el Sr. Castagnède. 
Señor Presidente, Señorías, este informe sobre las intervenciones estructurales en Francia es una nueva ocasión para subrayar la función principal que tiene la intervención comunitaria en favor de la cohesión económica y social. 
De un modo general, Francia puede ser considerada en el seno de la Unión como un país rico. 
Sin embargo, vive fuertes disparidades de desarrollo entre sus veintiséis regiones. 
En la región parisina, tenemos un PIB igual al 165 % del promedio comunitario, pero la región francesa de Guadalupe está clasificada por la Comisión ejecutiva como la región más pobre de toda la Unión. 
Además, Francia se ve seriamente afectada por el declive de ciertas actividades industriales, mientras que una gran parte de su territorio está constituido por zonas rurales, de economía fragilizada. 
De modo general, el índice de desempleo sigue siendo muy preocupante. 
La acción comunitaria ha contribuido ampliamente a atenuar o a corregir estos desequilibrios. 
Francia se beneficia en gran medida de los Fondos estructurales, y recibe aproximadamente el 10 % de los créditos para el período 1994/1999. 
Seis regiones, las cuatro regiones de Ultramar, el Hainaut francés y Córcega se benefician de contribuciones con arreglo al objetivo 1, veinte de las veintidós regiones metropolitanas se ven afectadas por los créditos del objetivo 2; diecinueve regiones se benefician de las intervenciones en favor de las zonas rurales con retraso de desarrollo. 
A estas intervenciones se añaden aquéllas propias de los objetivos horizontales y de los programas de iniciativa comunitaria. 
Sin entrar en el pormenor, está claro que estas intervenciones han tenido una función determinante, por ejemplo desenclavar las regiones de Ultramar, reabsorber las consecuencias del declive industrial en el norte o en el este de Francia, y una nueva dinamización de numerosas zonas rurales. 
Este balance, a pesar de ser ampliamente positivo, no está por supuesto exento de algunas imperfecciones por parte de la intervención comunitaria, con lo cual la experiencia adquirida nos lleva a sugerir algunas orientaciones para los programas futuros. 
En el capítulo de las imperfecciones del dispositivo ya existente, se detecta concretamente el retraso en la ejecución de los créditos comunitarios, la complejidad y la rigidez de los procedimientos, algunas ambigüedades que afectan a la aplicación del principio de adicionalidad e insuficiencias en la evaluación de las acciones, sobre todo, en materia de creación neta de empleo. 
Hablando ya de las orientaciones deseables, algunas de éstas interesan esencialmente a las autoridades nacionales. 
Aquí se contempla especialmente la necesaria profundización de la cooperación que, en el caso de Francia, supondrá una mayor participación de todos los actores locales- regiones, pero también otras colectividades locales, actores económicos y sociales- en la definición y puesta en práctica de la política regional. 
Otras orientaciones afectan más directamente a las autoridades comunitarias y deberían debatirse en el marco de la reflexión que ha abierto la «Agenda 2000». 
Podemos acoger favorablemente en este sentido el proyecto de una mayor concentración geográfica de algunas de las intervenciones comunitarias en favor de las regiones menos favorecidas. 
Por ejemplo, cabe pensar en las regiones ultraperiféricas de Francia. 
También nos parece de mucho interés la idea de reforzar las intervenciones en favor de las zonas urbanas en dificultad, siempre y cuando éstas no se vean subordinadas a un criterio de PIB por habitante. 
El paro y la exclusión no sólo causan estragos en la regiones más pobres. 
El esfuerzo de cohesión no puede ser únicamente regional, sino que debe ser también un objetivo social. 
La acción comunitaria puede y debe ser ejemplar y también puede darse en el corazón de nuestras grandes zonas urbanas. 
En cambio, cabe lamentar que la Comisión no haya contemplado de momento la idea de una amplia territorialización de los medios en favor del empleo, que, según parece, siguen vinculados a un objetivo horizontal. 
Nos parece, no obstante, que la acción para favorecer el empleo sería más eficaz si estuviera más cerca de la realidad fáctica, dando gran cabida a la iniciativa y a la responsabilidad de los actores locales. 
Para concluir, insistiremos en el interés esencial del mantenimiento a escala comunitaria de una acción fuerte en favor de la cohesión económica y social. 
Gracias a los fondos estructurales, Europa demuestra que no es sólo un espacio de libre cambio, sino también un espacio de solidaridad. 
Por consiguiente, nos felicitamos al constar que la «Agenda 2000» tiene por finalidad profundizar en la política de cohesión dentro de su política de ampliación. 
Claro está que hay que procurar que el legítimo apoyo en favor de los nuevos miembros no menoscabe la necesaria prolongación de los esfuerzos llevados a cabo por la cohesión de la Unión tal y como ésta existe hoy en día. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera darle las gracias a mi colega Bernard Castagnède por la escucha que ha tenido en el curso de la elaboración de su informe. 
En efecto, ha aceptado tras el debate en comisión todas las enmiendas que yo mismo presenté en nombre de mi Grupo. 
Estas fueron aprobadas en comisión y, por lo tanto, estamos plenamente satisfechos por el informe tal como se somete hoy a votación. 
Así pues, me gustaría limitarme dentro de este debate a recordar los principales puntos que nos ha parecido importante destacar. 
Todo el mundo sabe perfectamente que nos hallamos en una encrucijada dentro de la política regional. 
Los informes sobre las intervenciones estructurales en los Estados miembros revisten pues una especial importancia. 
En este foro, conscientes como somos de la gran relevancia que tiene la cohesión social, nos mueve el deseo de ver que ésta funciona mejor y con mayor transparencia y eficacia. 
Por lo tanto, tenemos tendencia ha hacer hincapié en las lagunas para poder remediarlas mejor. 
Es el objetivo principal, por supuesto, de este tipo de informe, pero también conviene recordar con fuerza los aspectos positivos de la política regional: mi colega Castagnède acaba de hablar de ello en su intervención. 
Aspectos positivos en términos de impacto sobre la cohesión económica y social, sobre el crecimiento, sobre la formación, sobre el empleo, pero también elaboración de una visión global y coherente que va en aras de un desarrollo equilibrado de los territorios a nivel de grupos de regiones que tengan problemas comunes. 
Las políticas estructurales garantizan una coherencia del conjunto, preocupada por prioridades definidas en común- empleo, respeto por el medio ambiente -, y tienen un efecto multiplicador en las iniciativas locales. 
Hay que recordarlo con firmeza, y me alegro que se haga en el informe, porque de lo contrario daríamos pábulo a los argumentos de aquellos, cada vez más numerosos en Francia, que propugnan una renacionalización de las ayudas. 
Al basarse en la constatación de una infrautilización de los fondos, dan a entender que este circuito de financiación París-Bruselas-Regiones es, sin duda, muy complicado y que sería mucho más sencillo que cada Estado financiase directamente estas ayudas a las regiones. 
De este modo, se acabaría con una de las políticas que mejor permite que el ciudadano se familiarice con la idea europea. 
Hay que combatir esta tendencia negativa, recordando los aspectos positivos y tratando, como hace el informe, de proponer mejoras de funcionamiento. 
La infrautilización de los fondos es, sin duda, un problema real, pero en lugar de llegar a la conclusión precipitada de que el volumen financiero es demasiado importante para las necesidades, es mejor cuestionar los granitos de arena que bloquean el mecanismo. 
Se ha subrayado de manera abundante la complejidad de los procedimientos y no insistiré más sobre ello. 
Pero más que autocomplacerse denunciando sistemáticamente a la tecnocracia de Bruselas, ¿no sería preferible poner orden en la propia casa? 
El exceso de centralización a la francesa, la tutela muy dirigista de la SGAR y de los prefectos de las regiones, que traen como consecuencia muy a menudo una marginalización de las colectividades territoriales y de los demás actores sociales, ¿no son acaso los principales responsables de todo esto? 
Una información insuficiente, una falta de transparencia en la selección y elección de los expedientes, un déficit democrático en todos los niveles de decisión, tales son los frenos para una utilización juiciosa de los créditos europeos. 
¿Qué puede decirse entonces de la excesiva pesadez y lentitud de los circuitos financieros, cuando sabemos que el presupuesto del Estado francés hace las veces de relevo administrativo y, por lo general, no se muestra demasiado diligente a la hora de hacer llegar los fondos a su destinatario final, colocando a éste en una situación peligrosa? 
Estas situaciones no pueden asumirlas algunas empresas que pertenecen sobre todo al sector terciario, pues no disponen de los fondos propios suficientes. 
Por este motivo, debido a la dificultad de encontrar cofinanciación, este sector de la economía social se ve prácticamente excluido del acceso a los fondos estructurales, y es de verdad una lástima que haya que privarse de esta reconocida competencia que tienen en materia de formación y empleo. 
Para acabar, señor Presidente, Señorías, me felicito por este informe equilibrado que subraya, qué duda cabe, las responsabilidades que incumben a la Comisión, pero que sabe también mostrarse incisivo en cuanto a las responsabilidades del Estado francés y de su administración, que, en mi opinión, son mucho más determinantes en las dificultades que se han vivido. 
Señor Presidente, señor Comisario, nuestros colegas han expuesto brillantemente los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en Francia, con arreglo a los objetivos I y II, así como los medios para corregir sus insuficiencias. 
Le doy también las gracias a la Sra. Lindeberg que acaba de indicar cuáles son los problemas propios de Francia, debidos sobre todo a nuestro estado centralista. 
Por mi parte, quisiera hacer dos comentarios. 
En primer lugar, el examen de las intervenciones estructurales en Francia y, especialmente, el haber oído a distintos responsables regionales, ha puesto de manifiesto la existencia de cierto número de disfuncionamientos, rigideces y retrasos en la ejecución de los créditos comunitarios, créditos que ustedes saben hasta qué punto necesitamos en las zonas francesas elegibles para los objetivos I y II. 
Daré dos ejemplos para ilustar lo que digo. 
El rigor de los criterios aplicados a las PYME y a las PMI, que hace que resulten no elegibles numerosos proyectos que, sin embargo, podrían ser creadores, no obstante, de gran número de empleos. 
Destaquemos asimismo las dificultades que encuentran los patrocinadores de proyectos para respetar el principio de la adicionalidad, punto sobre el que, por cierto, invito que reflexione la Comisión y presente propuestas. 
Por último, recordaré para que conste, que según toda probabilidad, la cuantía de las contribuciones comunitarias después de 1999 se verá condicionada por el porcentaje comprometido en la fecha del 31 de diciembre de 1999. 
Segundo comentario: en el marco del debate sobre la gestión descentralizada de los fondos estructurales que se inaugura con la Agenda 2000, conviene, tal como pedía ya en comisión, hallar un marco administrativo para la acción de los fondos estructurales cuando éstos se otorguen a zonas que no tengan existencia administrativa ni poderes presupuestarios propios. 
Una vez hechas estas observaciones, quisiera llamar la atención sobre dos puntos respecto de los cuales el informe es un tanto tímido. 
Tímido en primer lugar en cuanto a la participación de los miembros del Parlamento Europeo elegidos de las regiones interesadas en los comités de seguimiento y de evaluación. 
Tímido también en cuanto al futuro. 
En efecto, me parece indispensable pedir una fase transitoria para las zonas actualmente elegibles de los Fondos estructurales y que ya no lo serán en el año 1999. 
En este sentido, la Comisión no ha dado aclaraciones y la señora Comisaria nos explicó, en una reunión en la que yo mismo participé, que la transición ulterior para los fondos del objetivo I se hará según un calendario que me parece muy interesante. 
Dejando de lado estos dos puntos sobre los que el Grupo PPE ha deseado volver a presentar enmiendas en la sesión plenaria, nos congratulamos de que, por fin, se haya hecho una solicitud a las autoridades competentes en el sentido de que velen por que se dé una publicidad suficiente de la ayuda europea mediante paneles, carteles y folletos destinados al público en general, cosa que nos acercará más a los ciudadanos. 
Nos damos hoy cuenta, cuando vemos las cantidades destinadas a los Fondos Estructurales y el número de proyectos importantes, que la publicidad relacionada con estos proyectos ha de ser una publicidad que vaya en beneficio de Europa, con el fin de sensibilizar a los ciudadanos en torno al hecho de que todos los proyectos están financiados por el esfuerzo europeo. 
Votaremos pues a favor del informe Castagnède. 
Señor Presidente, el Sr. Santer, Presidente de la Comisión Europea, dijo claramente el 16 de julio, con ocasión de la presentación de la Agenda 2000, que los criterios de elegibilidad para el objetivo I se aplicarían de modo estricto en 1999, debido al esfuerzo financiero dedicado a la ampliación de los nuevos miembros de la Unión Europea. 
Esta redistribución de la ayuda europea se hará, no lo duden, en detrimento de las regiones que hoy perciben las ayudas, entre las que se encuentra Córcega. 
Esta anuncio ha provocado emoción y confusión en una isla que arrostra graves dificultades estructurales y económicas y que está especialmente vinculada a Europa. 
Sin duda, la reducción de los créditos europeos debería hacerse de modo degresivo entre el año 2002 y 2004. 
Sin duda, dos líneas presupuestarias actuales del objetivo I no se verán afectadas: la lucha contra el desempleo y la ayuda a las regiones en declive industrial o rural. 
Sin duda, también existe una posibilidad clara de cara al futuro gracias al concepto de zona rural en el futuro objetivo II. 
Sin embargo, en lugar de llevar a cabo este combate de retaguardia, que ciertamente es honroso, habría que tomar en cuenta de un modo realmente valiente los desequilibrios y hándicaps evidentes de las regiones insulares de Europa, profundizando en el estatuto de isla, sobre todo de isla mediterránea, cuyo reconocimiento institucional se hizo efectivo en la cumbre de Amsterdam el pasado 16 de junio. 
El futuro de las relaciones estructurales, económicas y sociales entre Córcega y la Unión Europea deberá desarrollarse de ahora en adelante en este marco. 
En un momento en el que- y es ésta una inmensa esperanza -, Córcega parece que sale de la pesadilla de la violencia y de la descomposición económica, necesita más que nunca a la Unión Europea para su desarrollo, del mismo modo que Europa no puede concebirse sin Córcega, región clave de su política mediterránea. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al ponente, Sr. Bernard Castagnède, por este informe en que el Parlamento Europeo examina las cuestiones relacionadas con el desarrollo y las medidas estructurales en Francia. 
El mérito del informe, y por cierto también de la propuesta de resolución, es sin duda que centra la atención en los problemas específicos de la regiones francesas. 
Se trata de regiones que se ven perjudicadas por su situación apartada, como los departamentos de ultramar, o por su posición insular, como Córcega. Regiones que experimentan problemas, debido a que más de cincuenta ámbitos del mercado laboral están muy afectados por el deterioro industrial, y finalmente también zonas rurales que están amenazadas de desploblamiento. 
También la Comisión, Señorías, está convencida de que estas regiones han de luchar con impedimentos específicos que hay que abordar. 
Por ello, desde 1989, intenta tener en cuenta esta problemática en documentos de programación combinados y en programas en el marco de las iniciativas comunitarias. 
En lo que respecta al apoyo procedente de los fondos estructurales, quisiera referirme brevemente a cuatro cuestiones. 
En primer lugar, el ponente indica que la transferencia de créditos a través de la administración nacional a los beneficiarios es a menudo lenta. 
En la propuesta de resolución se afirma que esta lentitud ahuyenta a los ejecutores y pone en peligro el desarrollo ágil de los programas. 
Por otra parte, algunas intervenciones lo han señalado también. 
Puedo confirmar esta constatación. 
La transferencia de créditos desde París a las regiones suele durar entre cuatro y seis meses, y aunque últimamente detectamos cierta mejora, todo indica que aún no se respeta el artículo 21 del Reglamento relativo a la coordinación de los Fondos estructurales, que establece un plazo máximo de tres meses. 
La Comisión lo señalará al Gobierno francés y le pedirá que tome medidas para agilizar las transferencias de créditos europeos. 
Asimismo se apuntó el problema de la deslocalización de empresas entre diferentes Estados miembros, y también entre regiones de los mismos Estados miembros; se trata de un problema que paulatinamente va a más. 
Con regularidad recibo quejas, por ejemplo de Alemania y de Alemania Occidental, donde hay empresas que se trasladan a una decena de kilómetros atraídas por las subvenciones en los nuevos estados federados. 
El mismo problema surge en Bélgica, donde unas empresas se trasladan de una región a otra y se sospecha que tiene que ver con la ayuda regional que se concede allí. 
Lo mismo sucede en Francia, y por supuesto tenemos el fenómeno del «cruce de la frontera». 
Por otra parte, durante su última sesión, el Consejo de Ministros de Industria ha pedido a la Comisión que estudie más a fondo esta cuestión. 
Puedo asegurarles, Señorías, que estamos en ello, también desde el punto de vista de los fondos regionales y la eventual ayuda regional nacional, por lo menos para intentar aportar ideas a fin de evitar estos efectos negativos. 
Por lo demás, hay que aceptar la lógica de la política regional, es decir, ayudar a las regiones que tienen impedimentos, bien a través de los fondos estructurales, bien a través de los recursos presupuestarios nacionales. 
Por supuesto, hay que aceptar esta lógica. 
Y naturalmente ello puede conllevar que algunas empresas se trasladen de un lugar a otro, al margen de la lógica económica que impulsa a las empresas a concentrar sus actividades. 
La tercera cuestión que quiero abordar es la extrema rigidez de los principios que determinan si se pueden conceder o no subvenciones. 
Pero primero quiero señalar que estos principios, para los diferentes fondos y para los seis objetivos, se han estipulado con toda precisión en el reglamento de los fondos estructurales. 
Y que por consiguiente la Comisión está obligada a velar por que estos principios sean respetados. 
Si el Consejo nos impone esta rigidez, la Comisión no puede eludirla. 
Por otra parte, las instituciones regionales fijan medidas para la ejecución de los Fondos estructurales en que a menudo se introducen reglas que son aún más restrictivas que las que se encuentran en los documentos de programación globales. 
De este modo surge, por supuesto, la impresión de que se trata de una rigidez comunitaria, cuando en realidad la rigidez adicional, si me permiten la expresión, se crea sobre el terreno. 
Sin duda estudiaremos qué se puede hacer también con miras al debate que celebraremos en el marco del documento 2000. 
Sé que mi colega la Sra. Wulf-Mathies es muy sensible a esta problemática y sin duda estará dispuesta a mantener con ustedes nuevos debates. 
Quisiera terminar con la adjudicación de ayuda procedente de los fondos estructurales después de 1999. 
Ya he aludido al documento que ha propuesto esta semana el Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Creo, como han señalado la mayoría de los oradores, que se trata de un enfoque equilibrado, en que queremos conservar la esencia de la política regional, incluidas las posibilidades de intervención, pero concentrando mejor las cuestiones, es decir, reduciendo el número de objetivos; también queremos hacer algo con respecto a la burocracia, etc. Pero estoy convencido de que dedicarán ustedes aún muchas horas al debate del documento, entre otros desde el punto de vista de los fondos estructurales y la ayuda regional. 
De ahí que crea poder dejarlo así por hoy, señor Presidente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
El informe insiste en el aumento de los créditos para numerosos sectores. Nos alegramos de ello, al tiempo que deploramos que Francia reciba proporcional y globalmente mucha menos ayuda por habitante que la mayoría de los demás miembros de la Unión Europea. 
Nos parece que las ayudas para reactivar las zonas rurales deberían reforzarse prioritariamente. 
La concentración de la poblaciones en las ciudades no es, ciertamente, algo deseable en términos de calidad de vida. 
Además, las técnicas modernas de comunicación permiten, mucho más que en siglos pasados, mantener y desarrollar actividades económicas en zonas rurales. 
Yo le reprocharía al ponente no sólo descuidar estas orientaciones sino además querer atribuir en el futuro una parte cada vez mayor de los créditos a las zonas urbanas. 
Las zonas urbanas en crisis merecen ayuda, pero una vez más hay que evitar concentrar a la población en estas zonas. 
Por este motivo me abstendré al tiempo que apruebo el aumento de los créditos que se constata. 
Como diputada elegida en una región clasificada como objetivo 2 no puedo por menos que sumarme a las reflexiones de fondo recogidas en el informe del Sr. Castagnède sobre los problemas de desarrollo y sobre las intervenciones estructurales en Francia con arreglo a los objetivos 1 y 2. 
Así pues, he votado a favor de esta resolución. 
Personalmente, he tenido a menudo ocasión de enfrentarme a los problemas concretos vinculados a la puesta en práctica de los Fondos estructurales en mi región: falta de información, de transparencia, complejidad y pesadez de los procedimientos, etc... 
A la luz de mi experiencia local, me alegra constatar que esta resolución subraya el papel primordial que puede desempeñar la política regional comunitaria para familiarizar a los ciudadanos con la idea europea. 
En este sentido me parece indispensable procurar que una publicidad apropiada indique la parte de la contribución comunitaria en la realización de cada unos de los proyectos. 
Además me adhiero a la idea de apoyar más a las regiones afectadas por grandes transformaciones industriales que tengan consecuencias importantes para el empleo. 
Permítame aquí insistir en el caso de la industria de armamento, industria de la que todavía depende en gran medida mi región. 
Asimismo, desearía que en el futuro, las ayudas en los Fondos estructurales ya no tengan como consecuencia localizaciones industriales intracomunitarias o intrarregionales, totalmente contrarias a los objetivos perseguidos por la política regional comunitaria. 
Por último, soy totalmente favorable a las enmiendas presentadas por Francis Decourrière, en nombre del Grupo del PPE, relativas sobre todo a la participación de los diputados europeos de las regiones elegibles en las diferentes fases del proceso de toma de decisión: el seguimiento, la evaluación y la concertación. 
La política regional de la Unión Europea constituye un instrumento y un apoyo indispensables que es preciso mejorar. 
Estoy convencida de que esta resolución del Parlamento Europeo contribuirá a ello. 
Sin poner en cuestión en absoluto la objetividad del ponente, pienso que es por principio inquietante que el ponente designado por el Parlamento proceda del mismo país cuyas ayudas hay que valorar. 
Por principio, el Parlamento debería esforzarse siempre por designar a un ponente que no pudiera tener ningún interés personal en la cuestión a la que hay que dar trámite. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Ayuda Armenia y Georgia y, en su caso, Tayikistán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0212/97) del Sr.Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se concede asistencia financiera excepcional a Armenia y Georgia y, en su caso, Tayikistán (COM (97) 0024- C4-0099/97-97/0028 (CNS) ). 
Tiene la palabra el Sr. Kittelmann. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, es indiscutible nuestra disposición a dar a los estados de la Europa central y oriental todo tipo de ayuda financiera posible. 
Los tratados de asociación con Georgia y Armenia han de ser fundamentados financieramente y éste es el sentido de la ayuda excepcional prevista por la Comisión. 
Sabemos que, a pesar de la desorientación económica, que ha estado condicionada por la descomposición del bloque del este- con frecuencia se olvida que esto era así en el pasado- los estados en cuestión han logrado en muchos ámbitos condiciones económicas sorprendentemente buenas. 
Sin embargo, junto al programa económico siguen apareciendo constantemente dificultades de política interior, así sucede también en Georgia y Armenia, que influyen negativamente en la infraestructura. 
Hay que celebrar, aunque sólo relativamente, el hecho de que en Armenia y en Georgia se hayan podido superar muchas de estas dificultades. 
Para recibir ayuda financiera, los países receptores han de satisfacer determinados requisitos por su parte. 
Por un lado, los acuerdos con las autoridades financieras internacionales, especialmente con el FMI, para que se pongan a disposición los créditos. 
Es importante que la demanda financiera restante pueda ser cubierto por una ayuda financiera de la UE. 
Armenia introdujo en 1994 medidas estabilizadoras y reformas estructurales. 
La inflación y el déficit presupuestario pudieron ser reducidos mediante una estricta y consecuente política presupuestaria. 
Georgia ha alcanzado una relativa estabilización de la economía así como una política de precios continuada y estable. 
También aquí se pueden observar avances claros. 
Por esta razón, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores apoya las medidas de la Comisión. 
En nuestra opinión, a la Unión Europea le compete realizar más aportaciones. 
Lamentablemente, en lo que respecta a Tayikistán no cabe detectar actualmente las mismas tendencias que en Georgia y Armenia. 
Tayikistán ha comenzado hace poco con medidas de estabilización económica. No han concluido aún las negociaciones con las instituciones financieras internacionales. 
Por consiguiente, a nuestro juicio es preferible desglosar por un lado la ayuda financiera a Armenia y Georgia y, por otro, la ayuda financiera a Tayikistán. 
Pero por nuestra parte no puede haber duda de que, fundamentalmente, se pueden y se deben conceder ayudas financieras, en cuanto se den los prerrequisitos necesarios. 
Con los recursos concedidos, que deben ser asegurados por el Consejo y por el Parlamento Europeo, Georgia y Armenia no sólo podrán aminorar la carga de los intereses correspondientes a la asistencia financiera excepcional, sino que podrán amortizar también la deuda externa. 
Por consiguiente, pedimos la conformidad para el informe y para las enmiendas que se han presentado. 
No obstante, el Presidente de la Comisión de Presupuestos me ha pedido en mi calidad de ponente que de conformidad con el artículo 131 discutamos hoy el informe, pero no lo aprobemos todavía, porque la Comisión de Presupuestos- no sé si el Presidente de la Comisión de Presupuestos se encuentra en la Sala- lo quiere fundamentar brevemente. 
Si esto es necesario por razón del asunto, sólo se debería poder contradecir a la Comisión de Presupuestos, si hay argumentos excepcionales que lo aconsejen. 
Yo no los veo. 
Me sumo a la petición de la Comisión de Presupuestos y quisiera pedirles a ustedes su conformidad. 
Señor Presidente, soy ponente para opinión de la Comisión de Presupuestos, pero dado que el Presidente desea intervenir, le voy a pasar la palabra, lógicamente, antes de mi intervención. 
Señor Fabre-Aubrespy, al Sr. Samland le daré la palabra cuando corresponda según el Reglamento. 
Ahora le invito a usted a que tome la palabra como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, hay casos en los que el Reglamento debe ceder ante la buena educación o la cortesía. 
La propuesta que acabo de hacer iba en este sentido. 
Naturalmente, si ha de haber debate, éste deberá producirse y la votación sólo podrá llevarse a cabo después. 
La Comisión de Presupuestos ha dado su opinión favorable, por unanimidad y con un sola abstención, al informe del Sr. Kittelmann. 
El Sr. Kittelmann acaba de explicar las razones, y lo ha hecho de modo excelente, de la asistencia financiera excepcional prevista en favor de Armenia, Georgia y, en su caso, Tayikistán. 
La Comisión de Presupuestos, en su dictamen escrito que se recoge en el informe, ha propuesto dos enmiendas. Una tiene por objeto que con arreglo a la práctica habitual se produzca una inscripción de las disposiciones financieras en el acto legislativo; la otra, insiste en el carácter excepcional de la combinación de la faceta «préstamos-empréstitos» con la faceta «donaciones». 
Sobre este particular quisiera en efecto intervenir. 
Este procedimiento debe tener carácter excepcional y no debe constituir un precedente. 
La Comisión de Presupuestos ha considerado casi por unanimidad, como acabo de decir, la idea de esta combinación, al tiempo que desea insistir sobre su carácter excepcional, habida cuenta del hecho de que le otorga una importancia especial a sus relaciones con los países mencionados. 
Además, el ponente lo acaba de mencionar hace un momento. 
Sobre las cuestiones que plantea el dictamen a la Comisión, la Comisión de Presupuesto ha obtenido básicamente respuestas positivas, en lo que a mí se refiere, concretamente la financiación de los 95 millones de ecus previstos. 
Esto es, señor Presidente, lo que puedo decirles en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, quizá yo obtenga también después los minutos de los señores. 
Estimados colegas que siguen todavía aguantando aquí. 
Estamos actuando como si la ayuda stand-by fuera realmente una auténtica ayuda. 
En la práctica sucede que se ayuda a los países para que se vuelvan solventes para el FMI, pero con la ayuda stand-by no se soluciona su problema de endeudamiento. 
Mediante la ayuda del empréstito de la UE se obtiene dinero de bancos privados en condiciones favorables. 
Los garantes de ello son los contribuyentes europeos. 
Pero los países receptores deben pagar el dinero a los bancos privados. 
Esto significa que con la ayuda de la UE se generan deudas para estos países en los bancos privados. 
A esto lo llamamos asistencia para las reformas económicas en estos países. 
Creo que éste es un problema que deberíamos plantearnos básicamente. 
En suma, considero bueno que se aplace el informe, pues así habría también una posibilidad de que Tayikistán no entre probablemente, sino quizá con seguridad, y por cierto, porque necesitamos sentar señales. 
Tayikistán ha realizado un enorme avance hacia la paz, cosa que nadie esperaba, y creo que deberíamos dar señales en esta dirección y no excluir a Tayikistán. 
Señorías, el artículo 19 de nuestro Reglamento concede al Presidente la potestad de organizar los trabajos del Pleno. 
Yo no me hago ilusiones, éste es un poder efímero y que, además, está siempre sometido a la vigilancia rigurosa de sus Señorías. 
Pero hoy he empezado haciendo uso de ese poder para llegar hasta el final del debate, y ahora lo hago al concederle la palabra al Sr. van der Waal, que- tengo entendido- hace su última intervención en esta legislatura. 
Quiero decirle cuánto apreciamos la contribución que ha venido haciendo a aquello que es fundamental en nuestra institución: la convivencia democrática, y hoy, utilizando mi poder, señor van der Waal, le entrego el martillo y le doy a usted el tiempo que usted quiera administrarse. 
Tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, gracias por su generosidad. 
Todos hemos de regatear aquí nuestro tiempo. 
Aprecio mucho que esta mañana me dé usted la oportunidad de exceder algo los dos minutos de que dispongo oficialmente. 
Lo hago con gran placer porque el motivo es un informe de mi apreciado colega Kittelmann, quien acaba de presentarlo. 
Hace unos meses, cuando tratamos de la asociación y los acuerdos de cooperación con Georgia y Armenia, expresamos la esperanza de que la intensificación de las relaciones con las Repúblicas Transcaucásicas estimulara las reformas económicas y políticas en estos países. 
La presente propuesta de la Comisión, de otorgar ayuda financiera a Armenia, Georgia y, en su caso, a Tayikistán, también puede dar un impulso a las reformas. 
A fin de cuentas, la ayuda financiera tiene por objeto ayudar a los países en cuestión a cumplir sus compromisos de pago. 
Tanto la Comisión como el Sr. Kittelmann aluden a las desastrosas consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética para las antiguas repúblicas soviéticas. 
La disolución de la Unión Soviética tuvo como resultado la interrupción de los intercambios comerciales, el descenso de la producción, los retrasos de los pagos y la hiperinflación. 
Además, la infraestructura está descoyuntada debido a los conflictos internos y el terremoto de 1988 en Armenia. 
Sobre este trasfondo, la propuesta de ofrecer una ayuda financiera extraordinaria a Armenia y Georgia está completamente justificada. 
Ello no quita que en el informe Kittelmann se hagan algunas observaciones justificadas sobre la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, hay que establecer una diferencia entre Armenia y Georgia por un lado, y Tayikistán por otro: Armenia y Georgia han demostrado en los últimos años estar dispuestas a trabajar en serio en la reforma de sus economías. 
Gracias a ambiciosos programas de estabilización, han logrado reducir considerablemente los problemas monetarios y presupuestarios. 
Tayikistán empezó hace poco con las medidas de estabilización económica. 
Más importante aún es que el FMI ha firmado acuerdos stand-by con Armenia y Georgia, mientras que aún se está negociando con Tayikistán. 
Además, Tayikistán todavía no puede prometer que cumplirá sus compromisos de pago con la Unión. 
Se sentaría un precedente erróneo si en la propuesta se incluyera también a Tayikistán como posible receptor de apoyo financiero extraordinario. 
Para ello habrá que tomar una decisión separada, cuando el país cumpla las condiciones. 
Una segunda observación sobre la propuesta de la Comisión tiene que ver con el componente de donaciones en el paquete. 
La propuesta de reforzar la ayuda por un importe de 170 millones de ecus en préstamos a largo plazo con un componente de donación de 50 millones sólo soluciona en parte la problemática de las deudas de los países en cuestión. 
Además, queda por ver si los problemas se abordarán de forma adecuada concediendo nuevos préstamos. 
Esto implica para Armenia y Georgia más dificultades que facilidades a la hora de sanear su deuda. 
Estamos de acuerdo con el Sr. Kittelmann en que la ayuda financiera ha de concederse en la medida de lo posible en forma de donaciones. 
El Consejo ECOFIN ha incluido gran parte de los puntos mencionados en una decisión de principios tomada en febrero sobre la ayuda financiera. 
Estamos de acuerdo con ella. 
Hay que recalcar que se trata de una ayuda financiera «extraordinaria». 
En resumidas cuentas: una excepción que no se adjudica sin más a otros países. 
Precisamente debido a este carácter excepcional, el Consejo y la Comisión habrán de prestar atención a la evaluación de los resultados que se logran con la ayuda financiera. 
Para Tayikistán, la Comisión tendrá que presentar sin duda una propuesta separada en su momento. 
Señor Presidente, vuelvo a darle las gracias por el tiempo que he podido dedicar a esta última intervención. 
Para mí se trata de un momento especial, no sólo porque es la última cuestión antes de que empiecen las vacaciones de verano, sino porque es la última contribución que haré aquí. 
Le doy las gracias. 
También quiero dar las gracias a la Presidencia, a sus Señorías, y a todos los servicios del Parlamento por todo lo que he recibido en los últimos trece años. 
Asimismo quiero ofrecer mis mejores deseos a la Comisión, representada aquí por el Sr. Van Miert. 
Me complace especialmente poder ofrece mis mejores deseos al Sr. Van Miert, porque conservo un excelente recuerdo de la época en que era Comisario de Transportes. 
Señor Presidente, muchas gracias, mis mejores deseos al Parlamento Europeo y a todas sus Señorías, y nuevamente muchas gracias por lo que he me han dado. 
Tiene ahora la palabra por el tiempo de dos minutos el Sr. Habsburg-Lothringen. 
Señor Presidente, el ponente no me tomará a mal que empiece mi intervención felicitando- no sé si esta es la palabra adecuada en este caso- al Sr. van der Waal al abandonar el Parlamento, deseándole que pueda tomarse las cosas con más calma. 
En cualquier caso, lo que sí quiero decir, Señorías, es lo mucho que aprecio, tanto yo como otros colegas, el hecho de haber podido colaborar estos años con el Sr. van der Waal. 
Es un parlamentario excepcionalmente bueno, con un gran conocimiento de los expedientes que trata y además con una manera muy agradable de trabajar. 
También yo le doy las gracias, pues he conservado buenos recuerdos de los años en que colaboramos sobre todo el en ámbito del transporte, y quisiera decir que nunca olvido lo entrañable, precisa y positiva que ha sido nuestra colaboración en muchos ámbitos del transporte. 
Me refiero en concreto a la problemática de las vías acuáticas interiores, por la que el Sr. van der Waal siempre se ha esforzado haciendo gala de un enorme conocimiento de los asuntos. 
Por tanto, muchas gracias, y estoy seguro de que también las expreso en nombre de muchos otros colegas de la Comisión que han podido colaborar con usted todo este tiempo. 
Señorías, ahora al grano. 
En lo que respecta al informe, quiero darle las gracias al Sr. Kittelmann, pero he de decir que estoy un poco asombrado por el hecho de que hoy no se celebre ninguna votación. 
Habríamos deseado que ello sucediera. 
Bueno, es una sorpresa más bien negativa para nosotros, porque habíamos esperado que hoy se pudiera dar una señal positiva no sólo debatiendo el informe sino también votándolo. 
Comprendo algunas observaciones hechas al respecto, pero no podía por menos de decirlo. 
A fin de cuentas, esta ayuda a los esfuerzos de estabilización y reforma que hacen los países en cuestión en el marco del ambicioso programa del FMI exige que por nuestra parte adoptemos claramente una posición. 
Pues nuestra ayuda financiera, Señorías, contribuirá sin duda a aliviar la necesidad de recursos financieros exteriores de estos países, y de esta manera apoya la continuidad de la política de estabilización y reforma. 
Asimismo facilita que estos países cumplan totalmente los compromisos financieros que tienen pendientes con la Unión Europea. 
Nuestra ayuda ha de estimular asimismo la ayuda de otros posibles donantes, que en realidad esperan a que la Unión Europea ofrezca claridad sobre su política en esta cuestión. 
Por tanto, habríamos deseado que se votara antes de las vacaciones del Parlamento. 
Por otra parte, la ayuda está vinculada a unas condiciones estrictas. 
Sólo se concede a países que han cumplido o pueden cumplir los compromisos financieros que tienen pendientes con la Comunidad, y que además ponen en práctica de forma satisfactoria sus programas de adaptación y reforma en el marco de los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial. 
Se trata por tanto de una ayuda excepcional que no puede considerarse como un precedente de ayudas similares para otros Estados nuevos e independientes. 
La Comisión se complace de que, en general, su propuesta cuente con el apoyo claro de las comisiones parlamentarias que la han estudiado. 
Y a este respecto, la Comisión acepta la principal enmienda propuesta por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la exclusión de Tayikistán, dado que la Comisión se pronuncia expresamente en favor de otorgar una ayuda igual a Tayikistán tan pronto se hayan cumplido las condiciones. 
Esto significa que se ha llegado a un acuerdo con el FMI. 
Lo que la Comisión no acepta, Señorías, es la enmienda que tiene por objeto impedir una combinación de préstamos y donaciones. 
En el pasado, tales combinaciones de préstamos y donaciones han demostrado ser muy útiles, y también en el futuro pueden serlo si la situación económica de los países de destino es la adecuada. 
Repito que creo que básicamente estamos de acuerdo y espero en todo caso que esta cuestión pueda solucionarse lo antes posible. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
Me pide la palabra el Sr. Samland, presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, no existe disensión alguna en el asunto. 
De hecho hemos tenido, y tenemos aún, una disensión sobre este asunto- y por eso me extraña que el Comisario se extrañe de esto- entre las dos partes de la autoridad presupuestaria. 
Pero, en realidad, queríamos resolverla en el mes de julio. 
Sin embargo, luego una parte de la autoridad presupuestaria, el Consejo, aplazó una fecha de reunión, un diálogo triple o una concertación, al mes de septiembre. 
Y ahora nos encontramos en dificultades. 
No queríamos esto, sino que deseábamos haber resuelto este asunto en julio. 
La dificultad reside en que la fecha de la concertación no es sino hasta principios de septiembre. 
Por consiguiente, esta situación resulta del aplazamiento, del hecho de que hoy solicitemos que de conformidad con el artículo 131 no se realice hoy la votación. 
No se trata de un conflicto sustantivo. 
Estoy seguro de que en la semana de sesiones de septiembre- por esta razón agradezco también al ponente que haya aludido también a esto- podremos aprobar con una gran mayoría el presente informe en esta Asamblea. 
De conformidad con el Reglamento, tengo que dar la palabra ahora a un orador a favor y a otro en contra de la solicitud de aplazamiento de la votación presentada por el Sr. Samland. 
Tiene usted la palabra, señor Kittelmann. 
Señor Presidente, ya he dicho que apoyo la solicitud. 
Agradecería que en estos debates en los que se trata de un exposición de motivos, el Presidente hubiera tenido desde el principio la oportunidad de fundamentar la solicitud, entonces cada cual habría podido referirse a ella durante el debate. 
Pido a todos los colegas que apoyen esta solicitud de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, desearía hacer dos comentarios. 
En primer lugar, considero que el Presidente Samlad pretende devolver a comisión el debate porque su aplazamiento ya no es posible: pero el debate ya se ha producido y, sencillamente, no cabe aplazar la votación. 
Por lo tanto, considero que él invoca, en realidad, al artículo 129. 
Además y sobre todo, me cuestiono lo que ha dicho o, mejor dicho, me parece que habría que precisarle algo a la Asamblea: las disensiones entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria no se refieren concretamente al informe Kittelmann sino a los créditos en otro aspectos, sobre todo, y a mi modo de ver aspectos vinculados a la investigación. 
¿Acaso al aplazar nuestro debate no estamos dando una mala señal a aquellos países, que como dijo hace un momento el Sr. Habsburg, están esperando con impaciencia la ayuda de Europa? 
Someto a votación la solicitud del Sr. Samland. 
(El Parlamento aprueba el aplazamiento de la votación) 
Señorías, permítanme que les desee, en primer lugar, a todos nuestros colaboradores y colaboradoras, a las cabinas, que puedan descansar la garganta, a nuestros ujieres, que puedan sentarse cómodamente, y a todos nuestros colaboradores de la Mesa, que puedan descansar de esta servidumbre que representa ayudar al buen funcionamiento del Parlamento. 
Pero, Señorías, esta semana la hemos empezado con dolor. 
El Presidente del Parlamento, con rotundidad y con la serenidad que le caracteriza, ha denunciado el asesinato de un joven de 29 años que no había cometido más delito que creer en la democracia y que los electores creyeran en él. 
Las últimas palabras han de ser de recuerdo, pero permítanme que les diga que esta semana he podido oír unas declaraciones de la madre de Miguel Ángel Blanco, en las que, sobreponiéndose al dolor- no sé cómo ha podido hacerlo -, decía que daría por bien empleado este sacrificio si nos acercara o nos llevara a la paz. 
Es para nosotros la responsabilidad de hacer esto una realidad. Seguir luchando desde la democracia por la paz democrática. 
Declaro interrumpido el período de sesiones. 
(Se levanta la sesión a las 12.15 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 18 de julio de 1997. 
Elogio póstumo 
Señorías, el pasado 5 de septiembre falleció en Calcuta la madre Teresa, una mujer de talla excepcional. 
Raramente en este Parlamento hemos homenajeado la memoria de una personalidad ajena al mundo de la política. 
Lo hago hoy convencido de que todos hemos percibido en la frágil y pequeña figura de la madre Teresa un ser humano fuera de lo común y un verdadero ejemplo de amor y de entrega al prójimo. 
La profunda tristeza con la que la población india ha acogido la muerte de Teresa de Calcuta es un ejemplo claro de cómo una vida entregada a ayudar a los más pobres entre los pobres puede romper las barreras que a veces separan a las diferentes religiones, creencias o maneras de pensar. 
Me parece un acto de estricta justicia recordarla hoy aquí como pequeño tributo de homenaje por parte de nuestro Parlamento. 
Quisiera poner en su conocimiento asimismo que, tras el trágico fallecimiento de Lady Diana, princesa de Gales, ordené a los servicios del Parlamento que colocasen a media asta las banderas de la Unión Europea y del Reino Unido, como símbolo de nuestro duelo y tristeza ante el fallecimiento de una persona muy querida por millones de ciudadanos británicos y del mundo entero. 
Ese mismo día mandé un telegrama a Su Majestad la Reina Isabel II, cuyo texto procedo a leerles a continuación: » Majestad, permitidme que os exprese mis más sinceras condolencias y las de mis colegas del Parlamento Europeo en un momento de tanta tristeza para vuestra familia y para el pueblo británico. 
La trágica desaparición de Lady Diana, princesa de Gales, ha causado una gran emoción tanto en los que la conocieron, como en quienes pudieron apreciar su generosidad de espíritu. 
Los pensamientos de toda Europa se dirigen a vuestra familia y muy particularmente a los dos hijos de la princesa, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique. 
Esperamos de corazón que el legado de gentileza dejado por la princesa de Gales sobreviva». 
Señorías, tengo también el triste deber de recordarles que el pasado 19 de julio falleció nuestro compañero sir James Goldsmith tras una larga enfermedad que supo llevar con admirable entereza. 
Sir James Goldsmith fue elegido al Parlamento Europeo en junio de 1994 integrando la lista Autre Europe. 
Presidió el Grupo Europa de las Naciones desde julio de 1994 hasta su disolución en noviembre de 1996 para, posteriormente, presidir el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones hasta mayo de 1997. 
Antes de llegar al Parlamento Europeo, sir James Goldsmith desarrolló una intensa vida profesional en el campo de la industria y del comercio, actividades que abandonó en 1990 para crear una fundación dedicada a la defensa del medio ambiente. 
(El Parlamento guarda un minuto de silencio) 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, después de esos anuncios tan tristes, ¿tendría usted a bien considerar, en nombre de esta Asamblea, la posibilidad de enviar un telegrama a los Gobiernos británico e irlandés en este histórico día en el que se inician las negociaciones de paz en Irlanda del Norte? 
Como usted sabe, esta Asamblea ha seguido muy estrechamente las negociaciones de paz en Irlanda del Norte. 
Votamos y aprobamos el programa especial de apoyo por la paz y la reconciliación. 
Constituiría una señal muy positiva y optimista que usted, en su calidad de Presidente, escribiera a los dos Primeros Ministros para decirles que acogemos con beneplácito y apoyamos y respaldamos su compromiso con la paz. 
Señora McCarthy, lo haré con mucho gusto. 
Este Parlamento ha apoyado siempre de una manera constante y coherente el proceso de paz en Irlanda del Norte y, por tanto, ha mencionado usted lo que ha sido una constante posición política de esta Asamblea. 
Señor Presidente, después de nuestra última reunión, el Sr. Gerhard Schröder, líder socialista alemán, ha declarado textualmente: " Los polacos son especialmente activos para robar automóviles, la mafia rusa domina la prostitución, los delincuentes del mundo de la droga proceden sobre todo del sudeste europeo y del África negra». 
Me gustaría saber lo que piensan de esta declaración nuestros colegas socialistas de la Comisión de Libertades Públicas y en particular el Sr. Ford, el Sr. Schulz, la Sra. Lindeperg, la Sra. d´Ancona o incluso el Sr. Oostlander. 
Debo señalar que las referidas declaraciones han sido realizadas por el Sr. Gerhard Schröder, uno de los candidatos a la cancillería alemana el próximo año, a un importante periódico alemán. 
Señor Le Gallou, los diputados afectados contestarán, si lo creen necesario, a su observación, según las posibilidades que les ofrece el Reglamento, pero no en esta sesión plenaria ni en este momento. 
Bienvenida 
Me complace dar la bienvenida al Sr. Joan Marcet, vicepresidente del Congreso de los diputados de España. 
Su visita se inscribe en el contexto de los numerosos y fructíferos contactos entre nuestro Parlamento y los Parlamentos de los Estados miembros. 
Estoy convencido de que, en vísperas del inicio de los procedimientos de ratificación del Tratado de Amsterdam, los intercambios entre los Parlamentos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo adquirirán una importancia esencial. 
Deseo una vez más un gran éxito a la visita del Sr. Marcet. 
Orden de los trabajos 
El Grupo PSE solicita adelantar el informe del Sr. Azzolini, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la comunicación de la Comisión relativa a «Política de cohesión y cultura: una contribución al empleo» e incluirlo después del informe del Sr. Sanz Fernández. 
Tiene la palabra la Sra. Green para presentar la solicitud. 
Señor Presidente, el primer borrador del informe Azzolini estaba más arriba en el orden del día, pero ha pasado a estar más abajo. 
Tengo entendido que el informe de la Sra. Oomen-Ruijten va por delante. 
A estas alturas sería difícil pedir que se colocara por delante el informe Azzolini. Pero nos gustaría que así fuera. 
La Comisión de Política Regional se reúne esta noche, por lo que resultaría particularmente problemático que trasladáramos el informe Azzolini al final del orden del día. 
Conque quisiéramos pedir que pase por delante. 
Puesto que no hay ningún orador en contra, someto a votación la solicitud. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
El Grupo de Coalición Radical Europea ha presentado una pregunta oral a la Comisión (O107/97) sobre las importaciones ilegales de CFC. 
Esta pregunta se inscribirá en debate conjunto con la del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre el mismo asunto. 
El Grupo del PPE solicita la inclusión de la pregunta oral de la Comisión de Cultura a la Comisión (O-104/97) sobre el derecho al respeto de la vida privada de las personalidades públicas después de la presentación del presupuesto para 1998. 
Tiene la palabra el Sr. Pex para presentar la solicitud. 
Señor Presidente, como presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación estoy muy decepcionado por la negativa de los presidentes de Grupo a incluir en el orden del día la pregunta oral de la comisión. 
La petición de formular la pregunta partió de la decisión unánime de la Comisión de Cultura. 
Como es habitual, he defendido dicha decisión en el seno de mi Grupo y he logrado su apoyo, pero los otros miembros de la Comisión de Cultura que habían aprobado la decisión, parece que tuvieron menos suerte. Por este motivo, me dispongo, una vez más, a pedir a la Asamblea que reconsidere la decisión de mi Grupo. 
La pregunta oral de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación trata acerca del mantenimiento de la libertad de prensa y, al mismo tiempo, pide que se garantice, en la medida de lo posible, la protección de la vida privada. 
Es un asunto que nos preocupa desde hace mucho tiempo, pero debido a las circunstancias, es el momento de hablar de ello. 
Creo que, habida cuenta de su importancia para la democracia, este asunto debe debatirse en el Pleno. 
El debate en comisión ya ha tenido lugar. 
Fue un debate equilibrado en el que, como he dicho, se llegó a la conclusión unánime de formular la pregunta. 
Es la segunda vez que los presidentes de Grupo rechazan una pregunta de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
En marzo se trataba del problema relativo al monopolio de la distribución de la prensa en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la Unión. 
Se trata, una vez más, de la libertad de prensa y de aspectos relacionados con la misma. 
¿Qué sucede con este asunto? 
En todas partes se están celebrando debates sobre este tema, ¿por qué no podemos hacer lo propio en el Parlamento? 
Tiene ahora la palabra la Sra. Green para una intervención en contra. 
Señor Presidente, recordará usted que en la Conferencia de Presidentes éstos expresaron la opinión casi aplastantemente mayoritaria de que ésta era una cuestión particularmente delicada y particularmente compleja en este momento. 
No negamos al Pleno un debate al respecto. 
Lo que pedimos fue que las tres comisiones que podrían tener un interés muy claro al respecto, a saber, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, debían examinar a fondo esta cuestión y presentar un informe bien fundado a este Pleno para que pudiéramos celebrar el debate apropiado que esta cuestión merece. 
No la desechamos de plano. 
Pedimos que volviera cuando estuviese preparada adecuadamente y, dado lo delicado del momento, hubo un acuerdo casi aplastantemente mayoritario sobre esa propuesta. 
De modo que quisiera pedir a los miembros de la Comisión de Cultura, cuyas opiniones respeto profundamente- y también sus razones para presentarla -, que tengan en cuenta lo delicado del momento y presenten un informe, teniendo en cuenta las diferencias que existen en toda la Unión Europea, en cada uno de los Estados miembros, sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, con todo el respeto a la opinión de la Sra. Green, no creo que debatir temas candentes constituya un problema para el Parlamento, ni creo que sea contradicción alguna el que haya un primer debate en este periodo de sesiones, tal como solicitó la Comisión de Cultura, y que siga la redacción de un informe. 
Una cosa no excluye la otra, y creo sinceramente que el Parlamento tiene la posibilidad, la seriedad y la responsabilidad de debatir, al principio, este tema que ha provocado tanto interés y sobre el cual hay, con seguridad, muchas opiniones distintas. 
Someto a votación la solicitud. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se adelante la declaración de la Comisión sobre la posición del panel de la Organización Común del Mercado del plátano y que se inscriba inmediatamente tras la presentación del presupuesto. 
Tiene la palabra la Sra. Green para presentar la solicitud. 
Pero, como usted comprenderá, el orden del día de esta semana requería muchos cambios. 
Consideramos que ésta es una cuestión muy importante. 
Toda la economía de muchos Estados caribeños está, en realidad, sumida en el caos a consecuencia de esta decisión. 
Creemos que no es apropiado examinar eso tan tarde esta noche. 
Naturalmente, reconocemos que tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de la Comisión, pero quisiéramos pedir que se adelante este tema por su enorme importancia. 
Señor Presidente, todo lo que hacemos en esta Asamblea es importante y también son importantes las sesiones que celebramos de noche. 
El Grupo Socialista acaba de presentar una segunda solicitud para que se adelante un punto del orden del día, lo que me lleva a preguntarme para qué nos reunimos los jueves por la tarde en la Conferencia de presidentes de Grupo. 
Señor Presidente, quiero decir con esto que no debemos adelantar los asuntos del orden del día cada vez que así lo desee un miembro de un Grupo. 
Debemos respetar, en la medida de lo posible, el orden del día. 
Es lo que hemos acordado y debemos mantenerlo. 
Señor Presidente, quisiera sumar mi apoyo a Pauline Green. 
Creo que la gravedad de la cuestión requiere que le concedamos una posición destacada en el orden del día. 
Creo que estamos deseosos de saber qué va a hacer la Comisión y cuál va a ser la reacción de la Comisión. 
Creo también- y se trata de algo más importante- que la enorme inseguridad que sienten los productores caribeños en este momento exige una respuesta rápida y que conceda prioridad a esta cuestión. 
Insto al Parlamento a velar por que se aborde este tema lo antes posible el martes por la tarde. 
Someto a votación la solicitud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señor Presidente, nos encontramos de nuevo ante una cuestión delicada. 
En calidad de presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, deseo comunicarle que en la comisión hemos tratado sobre el tema de las esterilizaciones forzosas llevadas a cabo en Suecia, Finlandia, Francia, Dinamarca, y estoy convencida de que también en otros países, del que hemos podido enterarnos recientemente a través de los diferentes medios de comunicación. 
La Conferencia de Presidentes de Grupo ha examinado la posibilidad de incluir en el orden del día una declaración de la Comisión, seguida de debate. 
La Conferencia de presidentes, por una serie de causas curiosas, ha decidido no hacerlo. 
Desearía que se dé marcha atrás a dicha decisión, habida cuenta de que el Comisario Sr. Flynn se ha mostrado dispuesto a hacer dicha declaración ante el Parlamento. 
Mañana por la mañana tenemos un importante debate sobre una serie de temas relacionados con la mujer, y me parece extraordinariamente curioso que los Presidentes de Grupo hayan decidido no incluir este punto en el orden del día. 
Deseo que se someta esa decisión a votación, y deseo también que tenga lugar dicha declaración, seguida de debate, en el marco del debate general sobre asuntos de la mujer, tal y como figura en el orden del día para mañana por la mañana. 
Señora van Dijk, usted conoce, como todos nosotros, el Reglamento. 
Sabe que, contra una decisión de la Conferencia de Presidentes, se puede someter otra alternativa a la Asamblea, pero hay que hacerlo al menos una hora antes de que comience la sesión. 
No ha sido el caso. 
Ningún Grupo- incluido el de usted- ha hecho esta petición. 
Por tanto, no me es posible, ateniéndome al Reglamento, someterla a votación. 
Miércoles: 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se adelante la recomendación para la segunda lectura sobre el establecimiento de una red abierta y un servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (Ponente Sra. READ) y que se inscriba tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio. 
Tiene la palabra la Sra. Green para presentar la solicitud. 
Señor Presidente, creo que se trata simplemente de un error, por la forma como fijamos el orden del día la semana pasada. 
Naturalmente, ésta es una segunda lectura y es necesario que se haya debatido a tiempo para someterlo a votación el miércoles al mediodía. 
Se trata de una propuesta muy sensata, porque generalmente procuramos celebrar las votaciones sobre segundas lecturas los miércoles al mediodía. 
Me pide ahora la palabra el Sr. Robles Piquer para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quisiera saber una cosa. Cuando se produce esta modificación, ¿qué informes o qué puntos del orden del día sufren las consecuencias, es decir, son retrasados? 
Sin saberlo, es muy difícil tomar una opinión independiente y clara al respecto, y creo que la Secretaría nos lo podría decir antes de seguir el debate. 
Señor Robles Piquer, la recomendación para segunda lectura, informe del Sr. Read, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial nº 309, pasaría a situarse antes del informe del Sr. Moorhouse nº 305. 
Ese informe del Sr. Moorhouse, del Sr. Fitzsimons y la recomendación para segunda lectura de la Sra. Flemming se situarían inmediatamente después por el mismo orden que hasta ahora. 
¿Desea alguien más intervenir a favor de la solicitud? 
Esta propuesta tendrá también como consecuencia que se adelanten los informes del Sr. Fitzsimons y de la Sra. Flemming. 
Por ello deseo proponer, porque sería la consecuencia lógica, que después de las declaraciones del Consejo y de la Comisión, siga el informe Fitzsimons, a continuación el informe Flemming y después el informe de la Sra. Read. 
De ese modo habremos tratado ambas lecturas por la mañana y no necesitaremos pedir al ponente Socialista que dé un trato preferente a uno de los informes. 
¿El Grupo proponente estaría de acuerdo? 
Entonces, someto a votación que las dos declaraciones para segunda lectura se adelanten a los informes de primera lectura. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Jueves y viernes: sin modificaciones. 
Sesiones de Bruselas de los días 1 y 2 de octubre 
(Sin modificaciones) 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
Calendario de los períodos parciales de sesiones 1998 
La Conferencia de Presidentes, en su reunión de hoy, ha decidido proponer para los períodos parciales de sesiones de 1998 el calendario siguiente: 
del 12 al 16 de enero del 28 al 29 de enero del 16 al 20 de febrero del 9 al 13 de marzo del 25 al 26 de marzo del 14 al 17 de abril del 29 al 30 de abril del 11 al 15 de mayo del 15 al 19 de junio del 1 al 2 de julio del 13 al 17 de julio del 14 al 18 de septiembre del 5 al 9 de octubre del 19 al 23 de octubre del 4 al 5 de noviembre del 16 al 20 de noviembre del 2 al 3 de diciembre del 14 del 18 de diciembre 
El plazo de presentación de enmiendas a estas fechas vence mañana, martes 16 de septiembre a las 12.00 horas. 
La votación se celebrará el miércoles a las 12.00 horas. 
Me pide ahora la palabra el Sr. von Habsburg. 
Señor Presidente, disponemos de un tiempo un tanto escaso para las enmiendas. 
¿No se podría ampliar el plazo de presentación de enmiendas al menos hasta las 9 horas de la mañana del miércoles, en lugar de llevar esto a cabo de manera precipitada, ya que la mayoría de los miembros ya no se encuentra presente y puesto que, en segundo lugar, no se dispone todavía por escrito de todos los datos? 
Creo que se nos presiona un poco en este punto, creo que tenemos interés y el derecho a estudiar primero estas enmiendas y, por consiguiente, necesitamos al menos una ampliación del plazo para la presentación de las enmiendas. 
Señoría, es un tema que ha sido objeto de atención cuidadosa. 
Incluso se pensó en la posibilidad de aplazar el día de la votación, pero se estimó que era preferible celebrarla el miércoles, día de máxima asistencia, en lugar de aplazarla. Eso exige preparar la votación con cuidado. 
Por tanto, en principio las 12 de la mañana del martes sería el plazo máximo. 
Podríamos extenderlo hasta las 3 de la tarde como mucho. 
Yo no veo posibilidad de llevarlo al día siguiente por la mañana, porque no podríamos preparar la votación ordenadamente. 
Pero, en atención a su Señoría, les propongo que lo extendamos hasta las 3 de la tarde de mañana martes. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Publicidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0272/97) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa. 
Tiene la palabra la ponente, Sra. Oomen-Ruijten. 
Señor Presidente, por fin, tras seis años de negociaciones, llegamos a un resultado definitivo, es decir, el último paso del procedimiento legislativo sobre la publicidad comparativa. 
Ha sido necesario mucho tiempo, pero aún así, la ponente del informe sobre la publicidad comparativa se siente satisfecha. 
Ya en 1978 se presentó la propuesta sobre la publicidad engañosa, y se pensó entonces que con ella podía reglamentarse también la publicidad comparativa. 
No fue posible debido a la negativa de algunos Estados miembros. 
Es bueno que se incluya la publicidad comparativa y es bueno que se legisle, pero habrá que esperar aún dos años y medio, un período de 30 meses, hasta que todo esto se traslade, por fin, a las legislaciones nacionales. 
Hay algunos Estados miembros que no la conocían y que ahora tendrán que adoptarla. 
Son varios los motivos por los que en la Unión Europea debemos armonizar la publicidad comparativa. Permítame que los repita. 
En primer lugar, existe la necesidad de lograr la reglamentación de este importante instrumento del mercado, debido a las diferentes aplicaciones que existen en los Estados miembros. 
En segundo lugar, la publicidad comparativa ofrece la posibilidad de informar mejor al consumidor. 
En tercer lugar, fomenta la competencia. 
Precisamente en la publicidad, el aspecto transfronterizo tiene especial relevancia. La publicidad traspasa fronteras en el envase de los productos, a través de la radio, la televisión y demás medios de comunicación. 
Las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de publicidad dificultan la comercialización y, por tanto, pueden obstaculizar también la libre circulación de productos y servicios. Situación que puede conducir a una posición de desventaja en materia de competencia en determinados Estados, en los que aún está prohibida la publicidad comparativa. 
Después está el derecho del consumidor a ser informado. 
A raíz de la aparición del mercado interior, el consumidor se ve confrontado con un número cada vez mayor de productos y servicios procedentes de otros Estados miembros. 
Tendencia que continuará al alza debido al rápido incremento de los medios de comunicación transfronterizos- pensemos, por ejemplo, en los nuevos medios como Internet, etcétera-. 
En este contexto, la publicidad comparativa, que ahora se hará realidad, puede significar una fuente de información de gran utilidad para el consumidor que le facilita la elección. 
Ni que decir tiene que la publicidad comparativa deberá seguir cumpliendo una serie de condiciones. Las condiciones están recogidas con toda claridad en la directiva. 
Por ejemplo, una definición recoge qué debe entenderse exactamente por publicidad comparativa. 
Las condiciones hacen referencia, entre otras cosas, a las marcas de bienes y productos, pero también, por ejemplo, al nombre comercial de los productos. 
No se permitirá que perjudique al productor. 
Garantiza, además, la protección de los productos con denominación de origen; aspecto que han solicitado, en particular, las regiones vinícolas. 
También se ha incluido una disposición relativa a la imitación de productos. 
No se puede comparar un producto auténtico con otro de imitación y, acto seguido, ponerle un precio distinto. 
Debo decirles que resultó realmente difícil incluir la última enmienda en la posición común. 
Otra cuestión es que, gracias a la aprobación de la publicidad comparativa, se incrementarán enormemente las posibilidades de las pequeñas empresas para desafiar a los líderes del mercado. 
En la preparación de este período parcial de sesiones, al igual que en la preparación de la legislación, también resultó muy sorprendente que los grandes líderes del mercado se declararan totalmente contrarios a la publicidad comparativa, mientras que las pequeñas empresas dijeron: en cualquier caso, nos brinda la oportunidad de comercializar mejor nuestros productos. 
El Parlamento ha incluido en la propuesta una serie de adaptaciones y especificaciones. 
Soy de la opinión, y la Comisión y el Consejo así lo han adoptado, que la autorregulación es además un instrumento de gran utilidad en la publicidad comparativa. En este sentido, se ha adoptado una serie de disposiciones que me parecen muy satisfactorias. 
También en lo relativo a los contratos a distancia se ha dado un impulso a la adopción de medidas para tratar las reclamaciones transfronterizas. Un tema de gran importancia sobre el que deberemos conseguir legislación adicional. 
El Parlamento participó en la elaboración de medidas de protección del consumidor y de las empresas en una serie de puntos muy delicados de la publicidad comparativa. Hemos encontrado buenas definiciones de los aspectos que podrían originar problemas. 
Algo muy importante, como acabo de decir, es la enmienda relativa a los productos de imitación, para la que, por fin, hemos conseguido el apoyo del Consejo. 
Dentro de dos años y medio entrará en vigor la legislación. 
La ponente está satisfecha, y espero que el Parlamento también apruebe gustosamente la propuesta en su estado actual. 
Señor Presidente, pido disculpas a la Sra. Oomen-Ruijten por no estar presente en la Asamblea en el momento en que he comenzado su intervención. 
En realidad, estaba presidiendo otra reunión en el extremo más alejado de este inmenso edificio. 
Tengo tres observaciones muy simples que hacer en apoyo de la posición adoptada por la ponente. 
La felicito por su paciencia durante el prolongado procedimiento de conciliación. 
Ocasionalmente hemos intercambiado algunas palabras fuertes, pero sin perder el espíritu de amistad y cooperación. 
El aspecto principal que vale la pena subrayar- y hablo en nombre de todo mi Grupo- es el de que ahora estamos en una posición en la que podemos superar la idea de que la publicidad que hace comparaciones directas sea peligrosa de algún modo. 
Sencillamente, en el Mercado Único no lo es ni lo debe ser. 
La publicidad que hace una comparación real entre cualidades reales de forma objetiva redunda en beneficio del consumidor y así se la debe considerar. 
Ha habido muchos intentos, desviaciones y cortinas de humo encaminados a dar a entender de algún modo que no era así. 
Creo que se trata de un importante paso adelante y que debe haber publicidad comparativa en los casos en que se demuestre que no es engañosa, en los que haya una rápida reparación, si en la publicidad figurara efectivamente información engañosa sobre la que se exprese una queja y en los que haya comparaciones entre bienes o servicios que satisfagan la misma necesidad. 
La ponente se ha referido ya al segundo aspecto que mi Grupo quisiera subrayar: el de que la directiva ha conseguido al final poner coto a la publicidad que engaña mediante la utilización de nombres notablemente similares. 
La utilización de un nombre similar para cabalgar a lomos de otro producto, que puede llevar 20 o 30 años establecido en el mercado, es una práctica comercial desleal e ilegalizarla, como ha hecho la directiva modificada, es algo eminentemente sensato. 
En el pasado reciente se nos han presentado muchos ejemplos de pantalones vaqueros y otras mercancías de consumo que se venden con un nombre notablemente similar. 
Mi tercera y última observación es la de que los organismos autorreguladores nacionales deben coordinar su labor. 
La directiva brindará un marco en el que podrán hacerlo. 
Desde el punto de vista de los consumidores, las quejas transfronterizas son ahora claramente las que principalmente van en aumento. 
Si podemos calificarlas y clasificarlas con los órganos transfronterizos, habremos hecho un trabajo muy bueno. 
Felicito a la ponente una vez más. 
Señor Presidente, he seguido desde el comienzo la intervención de la Sra. Oomen-Ruijten y, en la mayoría de los aspectos, la apoyo plenamente en su calidad de ponente. 
No obstante, quisiera pedir al Consejo y a la Comisión que, en el futuro, trabajen con algo más de celeridad. 
La Sra. Oomen-Ruijten hace referencia a ello en el punto 2 de la exposición de motivos. Han tenido que transcurrir dos años desde la primera lectura, para que la Comisión presente una propuesta, y otros dos años para que el Consejo adopte la posición común. 
Debo decirles que antes del 25 de junio de este año, fecha en la que, por fin, se reunió el Comité de Conciliación, tres intentos por nuestra parte quedaron en agua de borrajas, porque se anularon las fechas propuestas. 
No fue culpa del Parlamento, y pido al Consejo y a la Comisión que muestren mayor respeto por las reglas del juego. 
Entrando en materia, debe quedar claro que no tengo muchas novedades que anunciar. 
Creo que se han alcanzado buenos acuerdos de compromiso sobre todas las enmiendas. 
Deseo referirme solamente al aspecto transfronterizo. 
Espero que la Comisión presente una propuesta en su momento. 
La Comisión ha necesitado dos años para incluir las reclamaciones transfronterizas en la directiva, y espero que presente un informe y una propuesta antes de que transcurran otros dos años. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales dará gustoso su voto favorable a esta directiva. 
Señor Presidente, también yo desearía felicitar a la Sra. Oomen-Ruijten por la excelente labor que ha realizado. 
Siempre podremos depositar en ella nuestra confianza cuando actúe como ponente en temas tan difíciles como las cuestiones correspondientes al procedimiento de conciliación 
Desearía llamar la atención sobre dos aspectos. 
Es natural que las autoridades nacionales de autorregulación entablen una cooperación más estrecha cuando se enfrentan a casos de reclamaciones transfronterizas como los que nos ocupan. 
Es posible que algún día el desarrollo del mercado interior haga necesaria una autoridad europea de autorregulación, si bien no creo que haya llegado todavía este momento. 
En segundo lugar, si se sigue permitiendo la práctica de la publicidad comparativa, es necesario también llevar a cambio estudios comparativos. 
Se debería apoyar por todos los medios posibles la creación de centros independientes de estudios en Europa, cuyo cometido sería el análisis del contenido y las características tanto de los productos como de los servicios. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, la actual paleta de regulaciones nacionales, que comprende desde la tolerancia total hasta la prohibición radical de la publicidad comparativa, hace necesaria de cara a la creciente publicidad transfronteriza de los medios una armonización mediante la delimitación de las fronteras. 
La intensificación de la competencia y la observancia de reglas de juego leales, la facilitación de la circulación de mercancías y de servicios, la información y la protección de los consumidores son las magnitudes que hay que considerar. 
Aunque se ha tardado mucho tiempo, con la presente directiva se ha conseguido tener en cuenta estos criterios y crear un marco para que los consumidores sean informados de manera comprensible, clara e inequívoca, es decir, ni de forma engañosa ni fraudulenta, sobre la calidad de un producto, evitando al mismo tiempo un descrédito injustificado del competidor. 
La directiva facilita, además, a los Estados miembros en el sentido de la subsidiariedad una flexible puesta en práctica en el marco de su objetivo y un mantenimiento de prohibiciones relativas a la publicidad. 
Por todas estas razones nosotros, los independientes, daremos nuestra conformidad a estas directivas. 
Señor Presidente, creo que existen todas las razones para dar las gracias a la ponente, la Sra. Oomen-Ruijten, y también, sobre todo, al Sr. Collins y a los miembros de la delegación parlamentaria, por el trabajo que han realizado. 
El texto que tienen hoy ante ustedes contiene toda una serie de puntos de vista que el Parlamento ha formulado ya anteriormente, pero que no pudieron llevarse adelante, de suerte que en este caso el procedimiento ha conducido a un completo éxito para el Parlamento. 
Al Sr. Eisma quisiera decirle lo siguiente: es sólo apariencia que la Comisión haya necesitado año y medio para presentar la enmienda modificada. 
En realidad entre la primera lectura en el Parlamento y las primeras deliberaciones en el Consejo existió el Consejo de Edimburgo, al que la Comisión- de acuerdo con el Parlamentoinstó a que comprobase las propuestas relativas a la subsidiariedad en el sentido de si eran necesarias. 
Para ello se necesitaron, naturalmente, deliberaciones en los Estados miembros y éstas han producido el retraso de año y medio. 
No obstante, nos encontramos al final de este procedimiento. 
Quiero subrayar una vez más la promesa de la Comisión de presentar un informe sobre la posibilidad de introducir medidas eficaces relativas a las reclamaciones transfronterizas en el caso de publicidad comparativa. 
En este contexto la Comisión declara su intención de presentar el informe al mismo tiempo, si es posible, que el informe relativo a los sistemas de reclamaciones que está previsto en el artículo 17 de la Directiva 797/7/CE sobre la protección de los consumidores en los contratos de venta a distancia, pues ambos temas tienen, naturalmente, algo que ver entre sí. 
Luego, podremos considerar esto de manera conjunta. 
Evidentemente, la Comisión hará todo lo posible para hacer un seguimiento del asunto y velar porque puedan ponerse en práctica las intenciones del Parlamento. 
Muchas gracias, Sr. Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0267/97) del Sr. Sanz Fernández, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario en el ámbito del patrimonio cultural RAPHAEL. 
Señor Presidente, el Comité de Conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros ha alcanzado un acuerdo sobre el programa RAPHAEL para la conservación del patrimonio cultural europeo. 
Se ha llegado a un compromiso para la financiación del programa en los próximos años, que era el punto que enfrentaba especialmente al Parlamento y al Consejo, por lo que la acción cultural en el campo del patrimonio se ha desbloqueado y el programa será operativo en las próximas fechas. 
El Parlamento Europeo proponía un montante de 86 millones de ecus para cuatro años, entre 1997 y el 2000, mientras que el Consejo reducía la cifra a 30 millones de ecus para el mismo período, con una limitación a 10 millones de ecus en cada uno de los dos primeros años y posterior revisión. 
La solución alcanzada prevé una dotación de 30 millones de ecus entre 1997 y el 2000, pero sin repartición anual, que será fijada cada año por la autoridad presupuestaria, y con una revisión después del segundo año de aplicación. 
Este margen de maniobra dejado a la autoridad presupuestaria permitirá una cierta holgura en la gestión de estos fondos que hará posible una progresión en el presupuesto anual. 
Por una parte, se podrán desbloquear los 10, 6 millones de ecus previstos en el presupuesto de 1997, que todavía no se han utilizado por falta de base jurídica según la Comisión, y, por otra, el Parlamento Europeo podrá prever un aumento razonable para 1998 durante el procedimiento presupuestario en curso. 
Existe, pues, la esperanza de que las declaraciones de principio sobre la importancia de la cultura se acompañen al fin de un verdadero esfuerzo financiero en este campo. 
Además, a petición del Parlamento y, posteriormente, del Consejo de Cultura reunido en Luxemburgo el 30 de junio, la Comisión Europea se ha comprometido en una declaración a presentar lo más rápidamente posible un programa marco que englobará CALIDOSCOPIO, dedicado a las actividades artísticas y culturales, ARIANE dedicado al libro, la lectura y la traducción y RAPHAEL. 
Este enfoque es muy interesante y permitirá a la Unión Europea disponer de un sólo instrumento que agrupe las acciones dispersas hoy en materia cultural. 
Este programa global podrá estar operativo a fines del año próximo, que es cuando finalizan los programas CALIDOSCOPIO y ARIANE. 
La Comisión consultará ampliamente a las partes e instituciones interesadas y, en particular, al Parlamento Europeo para establecer su propuesta de programa marco. 
El proyecto común adoptado en codecisión incluye otras propuestas del Parlamento, como favorecer el acceso al patrimonio a las personas desfavorecidas o que habitan en regiones periféricas o rurales. 
En cuanto a la comitología, el compromiso ha sido la solución ya adoptada en los casos anteriores- ARIANE y CALIDOSCOPIO -, con un comité mixto de gestión para ciertas cuestiones y consultivo para otras. 
Por todo lo dicho, considero que el Pleno debe votar favorablemente el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación, pero hemos de analizar las dificultades que han aparecido en el proceso de aprobación del programa RAPHAEL, que ha durado más de dos años. 
El procedimiento de codecisión con unanimidad en el Consejo es muy poco efectivo. 
La posibilidad de bloqueo por parte de cualquier país hace difícil el acuerdo y largo el procedimiento. 
Se podría pensar que las dificultades han surgido por razones presupuestarias, pero eso no es cierto; es sencillamente ridículo dado el bajo presupuesto dedicado al patrimonio cultural y, en general, a las acciones culturales. 
Yo creo que el problema es más grave. 
Hay una discrepancia en el fondo por parte de unos pocos países sobre las competencias de la Unión en materia de cultura. 
Este Parlamento deberá tomar, una vez más, la iniciativa para poner de manifiesto que los valores culturales comunes a todos los europeos son perfectamente compatibles con la diversidad cultural de nuestros pueblos y que preservar y dar a conocer el patrimonio común europeo constituyen un factor de integración necesario en este momento de la construcción europea. 
Por último, quiero resaltar que las acciones en el campo del patrimonio permiten la creación de empleos y el desarrollo económico en muchas regiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, como el ponente, acojo, desde luego, con beneplácito la conclusión de los interminables debates sobre el programa Rafael. 
Deseo felicitar a nuestro ponente, Javier Sanz Fernández, por su fortaleza y perseverancia. 
Me encuentro en una posición inhabitual, dado que el que está aquí con nosotros esta noche es el Comisario Bangemann, al haber de felicitar efusivamente a la Comisión por su fortaleza y perseverancia. 
Pero la Comisión ha sido un socio solícito, capaz y paciente del Parlamento en relación con este programa... y muy acertadamente. 
La Comisión propuso un programa en el que los europeos se unirían para proteger y realzar nuestro patrimonio cultural: el patrimonio que está visible, que nos enorgullece en nuestros pueblos y ciudades, que es la columna vertebral física de nuestra civilización europea. 
Y, sin embargo, algunos ministros- no todos- habrían preferido que no hubiera habido propuesta alguna. Eso demuestra- y resulta muy triste- la auténtica falta de interés y compromiso por parte de ciertos ministros para desarrollar iniciativas culturales europeas, aun cuando resulten enormemente populares. 
Como el Sr. Sanz Fernández, en lugar de aburrir a quienes nos escuchan, quisiera limitarme a abordar momentáneamente los aspectos constitucionales de este informe. 
La enorme duración del procedimiento (dos años) , la aparente capacidad de un Estado miembro para detener todos los avances en la esfera cultural, se debe a que el artículo 128 está acosado y perseguido por el procedimiento de codecisión, que requiere la unanimidad en el Consejo de Ministros. 
A ese respecto, mi Grupo- y creo que todo este Parlamento- lamenta que el Tratado de Amsterdam no lo haya cambiado. 
Debería haber una votación por mayoría cualificada en ese sector. 
Tal vez los ministros presten mayor atención, si hablamos más de la economía y de la importancia de las industrias culturales, de la economía creativa. 
Mediante sus acciones algunos ministros infravaloran el decisivo papel que las industrias culturales desempeñan en toda nuestra economía y las enormes posibilidades que tienen para la creación de puestos de trabajo. 
Ojalá lo hubieran comprendido un poco mejor, cuando estaban examinando este importante programa cultural. 
Pura y simplemente, como nos recordó un antiguo ministro de cultura, Michael D. Higgins: en muchos casos la Unión Europea no puede vivir sólo del mercantilismo. 
Los libros o los edificios no son lo mismo que cubos, las películas no son pescado. 
Requieren un planteamiento diferente, ayuda más apropiada, más apoyo y más medidas especiales. 
Acojo con satisfacción la aprobación final de este programa. Espero que sea tan sólo un comienzo y que podamos ampliarlo, mejorarlo y darle más financiación en el futuro. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Sanz Fernández por haber sabido conducir a buen puerto este programa. 
Hasta ahora, el Parlamento nunca había podido aprobar este programa ni llegar a un acuerdo sobre el resultado del Comité de Conciliación, porque hubiéramos sembrado el desencanto entre la población. 
La conservación del patrimonio cultural debe ser la prioridad número uno en el ámbito cultural de la Unión Europea. 
Son muchos los proyectos que podríamos emprender, y cuando anunciemos que hemos elaborado un programa RAPHAEL, asistiremos a la llegada de un gran número de solicitudes y es probable que muy pronto nos veamos obligados a rechazarlos por motivos de presupuesto. 
Es injusto de cara a la sociedad elaborar programas que luego no podemos ejecutar. 
El Consejo de Ministros se ha equivocado al pensar que estamos hablamos de lo que yo siempre denomino a spending department, en el que hay que economizar. 
Es gratificante poder dirigirme al Comisario Bangemann, habida cuenta del gran interés que siente por la cultura, pero también por la economía, y en este asunto confluyen ambos sectores. 
No se puede prever un mejor programa para la creación de empleo que la restauración del patrimonio cultural de Europa, y no cabe duda de que en los nuevos países aspirantes a la adhesión los proyectos serán muy numerosos. 
No se puede idear nada que cree más empleo que el trabajo en este tipo de cosas. 
Creía que en Amsterdam se había acordado que la creación de empleo era la prioridad número uno. 
No he oído nada concreto al respecto, pero aquí tenemos a nuestra disposición un programa concreto, y ahora resulta que el Consejo de Ministros no quiere asignarle fondos, a pesar de que no se trata sólo de economía ni sólo de cultura. 
Creo que el hecho de que estemos dispuestos a protegerlo, a declarar la conservación del patrimonio cultural prioridad número uno, puede ser también un auténtico instrumento político para una mayor integración europea. 
Como presidente de la Comisión de Cultura existen dos motivos por los que he dado mi voto favorable al Comité de Conciliación. 
En primer lugar, porque quería dar una satisfacción al Sr. Sanz Fernández por haber coronado con el éxito la labor de tantos años. 
En segundo lugar, porque, junto con la Comisión, hemos recibido la promesa del Consejo de Ministros de que en los próximos meses se celebrará una conferencia interministerial en la que podremos tratar del futuro del programa y de los programas culturales de los próximos años. 
Sigue existiendo un malentendido entre el Consejo de Ministros y la Comisión, por una parte, y la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, por otra, a saber, que el Consejo de Ministros y la Comisión piensan que queremos hablar sobre la reglamentación financiera, pero, como presidente de la Comisión de Cultura, intentaré que hablemos sobre el contenido de este tipo de programas y sobre el lugar que corresponde a estos programas dentro de toda la política. 
¿Consideramos los programas culturales como spending departments en los que debemos economizar, o estamos dispuestos a considerarlos como el medio por excelencia para impulsar también un poco más la integración europea durante los próximos años? 
Señor Presidente, yo también querría felicitar al ponente Sanz Fernández por el excelente trabajo realizado y sobre todo por las dotes de negociador que ha sabido demostrar para llevar a buen término el programa RAPHAEL. 
Este programa está destinado a apoyar acciones de los Estados miembros en favor del patrimonio cultural europeo bien se trate del patrimonio inmobiliario o mobiliario, arqueológico, subacuático, arquitectónico, o bien de conjuntos monumentales, enclaves o parajes culturales. 
¡Qué gran programa por tan poco dinero! 
Según la opinión de mis colegas, el procedimiento de conciliación entre el Consejo y el Parlamento ha sido muy difícil. 
Una vez más, mientras que el Parlamento consideraba necesaria una dotación presupuestaria de 86 millones de ecus, el Consejo se atuvo estrictamente a los 30 millones de ecus que había propuesto desde el principio. 
Finalmente, aceptamos dicha dotación de 30 millones para un período de cuatro años, pero sin distribución anual. 
La dotación será revisada al final del segundo año a la vista de la situación presupuestaria y de los resultados obtenidos durante la primera fase del programa experimental. 
Los expedientes de solicitud se acumulan. 
Así lo ha manifestado el presidente Pex. 
Por lo tanto había que darse prisa. 
¿Hemos actuado correctamente? 
Aún hoy podemos formularnos esta pregunta. 
Personalmente, me he implicado mucho en el seguimiento del trabajo de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y sobre todo del Comité de Conciliación, y me satisface mucho que este informe llegue a buen término, aunque estoy muy decepcionada al comprobar la gran rigidez con que han actuado los Estados miembros, que se niegan a realizar inversiones en este ámbito, cuando no paran de referirse a la cultura como factor de identidad y de creación de empleo. 
¿De qué sirven las declaraciones políticas si no se traducen en actos presupuestarios? 
Se ha tardado mucho tiempo, una vez más, para que el procedimiento de conciliación llegara a buen término, y ello sin muchas concesiones por parte del Consejo, que trata de desanimar a sus socios. 
Y, desgraciadamente, el Tratado de Amsterdam, con su artículo 128, no hará progresar esta situación poco afortunada, como muy bien lo ha dicho Carole Tongue. 
No obstante, esperamos que los resultados de este programa sean lo bastante convincentes para que en el futuro los Estados miembros se movilicen para asignar un presupuesto decente al programa RAPHAEL. 
Señor Presidente, señoras y señores, también nosotros, los Verdes, lamentamos el conflicto y damos las gracias al ponente por haber encontrado una solución en este punto. 
No obstante, quisiéramos destacar que no estamos satisfechos con este compromiso, ni tampoco podemos estarlo, si consideramos la pertinaz e incomprensible actitud del Consejo en estos años. 
Desde el principio hubo conflictos sobre el marco financiero del programa RAPHAEL. 
Desde hace años estamos viviendo el ritual de la negativa del Consejo a acceder a los deseos del Parlamento de ampliar este programa y los programas culturales. 
Pero esta negativa debe parecer especialmente incomprensible a la luz del debate sobre la política de empleo. 
Aquí existe ya una competencia europea sobre la política de empleo, una competencia sobre la que ya no hay que discutir, una competencia que, ciertamente, goza también de la máxima aceptación entre la población. 
Por esta razón es sencillamente incomprensible que no se desarrolle esta competencia de manera ofensiva sino que, en el fondo, el Parlamento marche durante años en medio de conflictos para desarrollar mínimamente un programa medianamente aceptable. 
Esto no es suficiente ni puede serlo para los próximos años. 
Señor Presidente, desearía expresar mi decepción, a la par que felicito al ponente por su paciente trabajo. 
Pero, una vez más, y como ya había ocurrido en los procedimientos de conciliación sobre los programas ARIANE y CALIDOSCOPIO, la delegación parlamentaria no ha podido salirse con la suya en cuanto a la dotación financiera. 
Entre los 30 millones de ecus para un período de cuatro años aprobados por el Consejo de Cultura en la posición común y los 86 millones de ecus que solicitó el Parlamento Europeo en la votación de la segunda lectura, el margen de negociación parecía importante. 
No fue así. 
Las reivindicaciones del Parlamento Europeo chocaron, como de costumbre, con la regla de la unanimidad, que es de recibo en el Consejo en materia de política cultural. 
Aquí se plantea ante todo el problema del incumplimiento del principio de la igualdad institucional entre los dos colegisladores, desde el momento en que la aplicación del procedimiento de codecisión tiene como contrapartida la unanimidad en el Consejo. 
El Tratado de Amsterdam ha mantenido el statu quo, y de ahora en adelante cabe esperar que el Parlamento Europeo reconozca su impotencia en el ámbito de la política cultural. 
Esta conciliación es, por lo tanto, un fracaso. 
El importe asignado al programa RAPHAEL será a todas luces insuficiente, ya que también deberá cubrir, sobre la base de una definición muy amplia, la participación de los PECO, Malta y Chipre. 
Ciertamente, la delegación puede, a pesar de todo, estar satisfecha de los aspectos más funcionales del acuerdo, puesto que no habrá distribución anual. 
El Parlamento decidirá el importe asignado anualmente al programa en el marco del procedimiento presupuestario. 
Otro de los tristes consuelos es también la cláusula de revisión una vez transcurrido el segundo año y el compromiso de la Comisión ejecutiva de presentar un programa cultural global en 1998. 
Es nuestra única y pobre esperanza. 
Señor Presidente, casi dos años después de que se presentara por vez primera ante este Parlamento, próximamente se pondrá en marcha el programa de acción comunitario en el ámbito del patrimonio cultural RAPHAEL. 
Se ha fijado un presupuesto de 30 millones de ecus, lo que equivale, aproximadamente, a 1.200 millones de francos belgas, y este Parlamento debe dar su dictamen sobre este gasto. 
A pesar de que me considero un eurocrítico moderado, pero razonable, estoy convencido de que, por una vez, este presupuesto millonario será de utilidad. En todo caso, de mayor utilidad que algunos otros, e incluso que la mayoría de los demás presupuestos europeos. 
Soy de la opinión de que la cultura debe ser competencia exclusiva de los pueblos europeos, y que incluso los programas para promover el patrimonio cultural europeo, tan diverso, no deben establecerse a nivel europeo. 
En el caso concreto de mi país, la experiencia acerca de los presupuestos europeos, y me refiero de manera muy específica a los Fondos estructurales, me ha enseñado, dicho con toda claridad, que son objeto, por un lado, de despilfarro y, por otro, de un reparto desequilibrado, de lo que son culpables, en la mayoría de los casos, los propios Estados miembros. 
Puede decirse casi por definición, que con los denominados fondos europeos se suele actuar de forma más despreocupada, como si esos fondos no tuvieran que ser aportados por los contribuyentes. 
Por estos dos motivos no votaré a favor del presente informe, y quiero subrayar una vez más que ello no significa que no esté de acuerdo con los objetivos que persigue el programa. 
Señor Presidente, ante todo deseo felicitar al ponente y a la delegación de nuestro Parlamento por haber conseguido la difícil conciliación sobre el programa RAPHAEL. 
Considero extremadamente válido el acuerdo alcanzado, en particular desde el punto de vista de la revisión de la dotación financiera- actualmente de 30 millones de ecus para un período de cuatro años, pero sin repartición anual- antes de finales del año 1998, esto es, dos años después de su adopción, una revisión que confiere al programa una mayor flexibilidad. 
Las acciones previstas se articulan en iniciativas en favor de la conservación de los bienes culturales europeos, las redes temáticas y de cooperación entre los museos europeos, la formación profesional en el ámbito de la conservación de los bienes culturales, la restauración de las fachadas con decoraciones de superficie, así como del estudio y la valorización de los bienes culturales de la época preindustrial. 
Se prevé asimismo que las acciones comunitarias, dirigidas a apoyar e integrar las iniciativas de los Estados miembros en el sector de los bienes culturales de interés europeo, se engloben en un Programa marco para la cultura, cuya formulación está definiendo la Comisión Europea en estas semanas, en cuanto este último esté operativo. 
Es obvio que la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico resalta la función de la cultura en la sociedad y los objetivos que la política cultural debería perseguir a través de opciones que, por desgracia, la mayor parte de las veces, pasan a un segundo plano en el caso de sobrevenir circunstancias cruciales y dramáticas para la vida de un ser humano. 
El lenguaje del arte y de la arquitectura, en particular en sus formas y expresiones más diversas y logradas, debe considerarse un lenguaje universal, comprensible para todos, portador de valores y principios de respeto, paz, tolerancia y solidaridad. 
Hay que tener en cuenta asimismo que las contribuciones culturales y la influencia de los estilos característicos de otros países y culturas originan una especificidad y una simbología que se convierten en nuestra herencia cultural común, es decir, en nuestra identidad, pletórica de nuestras diversidades nacionales. 
Las crisis de identidad no surgen de una desazón momentánea o de una duda sobre la entidad de la herencia, sino de la ausencia de un proyecto cultural apasionante que debe compartirse con los demás. 
En consecuencia, una política cultural, expresión de Europa, transforma nuestro baluarte en un proyecto de construcción europea que no es sólo un espacio económico, político y social. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, también nosotros estamos de acuerdo con el ponente en que en este punto se ha luchado con mucho ánimo y con muy poco dinero. 
La conservación del patrimonio cultural constituye, sin duda, una tarea europea. 
Pero no podemos moralizar la cuestión, ni podemos cesar una vez que se haya pagado el dinero. 
Existe, efectivamente, también la responsabilidad de los administradores de los bienes culturales. 
Por esta razón, proponemos que se siga comprobando que los proyectos subvencionados se elaboran pertinentemente. 
No puede ser que la responsabilidad del Parlamento termine cuando se envía un cheque y cuando se paga el dinero: esto no significa todavía que se está conservando un bien cultural en Europa. 
La tan elogiada integración, el efecto transfronterizo y, sobre todo, el éxito económico del que constantemente se habla aquí en relación con el mantenimiento de los puestos de trabajo, etc., sólo se lograrán si el bien cultural, es administrado también de manera pertinentemente comunicativa. 
Los administradores de los bienes culturales deben procurar también llegar a la población. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de cohesión y cultura 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a la Comisión de Política Regional por haberme encargado este informe en el que, debo decirlo, me he implicado mucho, habida cuenta de que he sido siempre un defensor de la cultura entendida como gran instrumento y enorme potencial de desarrollo regional. 
Si bien es cierto que uno de los objetivos fundamentales de nuestra acción comunitaria es salvaguardar y garantizar la paz y el desarrollo a nuestro territorio comunitario, también es más cierto que el objetivo prioritario sigue siendo el empleo tanto de las actuales como a las próximas generaciones. 
La cultura debe considerarse desde esta óptica y no cabe más que perseguir un proyecto de integración en las demás actividades que fomentan el desarrollo y el empleo, por los que todos estamos preocupados y a los que todos dedican sus esfuerzos. 
Sin embargo, también debo decir que, desde un punto de vista «cultural» , es evidente que faltan conocimientos estratégicos sobre cómo se pueden aumentar los recursos. 
Estoy replanteando mi intervención a la luz de lo que acaba de manifestar el Comisario Sr. Bangemann, porque, objetivamente, es importante que haya sido necesario llegar a una conciliación sobre un programa como RAPHAEL y a una elaboración tan compleja y articulada, para demostrar lo importante que es apoyar un programa cultural. 
En nuestro pasado más reciente y, desgraciadamente, también en la actualidad, se ha registrado una grave disfunción, una grave carencia en cuanto a la capacidad de gasto de los Fondos estructurales en algunas regiones del objetivo 1, sobre todo y por desgracia, en nuestro país. 
He aquí porque sostengo y digo en este informe que es importante y fundamental que la cultura se convierta en uno de los ejes fundamentales de este desarrollo, de este compromiso y de este gasto. 
Por ello no es impensable que el incremento respecto al proyecto ocupacional sea no tan sólo sensible, sino por descontado consistente, porque el patrimonio cultural de que el viejo continente es poseedor y portador no espera otra cosa que ser valorado de forma estructurada y adecuada. 
Por consiguiente, es necesario ser capaces de replantear el proceso cultural de nuestro continente. 
Hay algunas regiones del objetivo 1 que están ahí, latentes, no han conseguido su justa valoración y podrían lograr ese momento de recuperación gracias al empleo adecuado de los Fondos estructurales en el ámbito cultural. 
Quisiera manifestar que nuestra Comisión de Política Regional ha tratado con frecuencia este tema y yo, en particular, como acabo de manifestar, soy sensible también a la perspectiva de una política euromediterránea que vaya en esa dirección. 
Por lo que se refiere, brevemente, a la cultura del territorio, las regiones no tienen otra posibilidad mejor de afirmar su identidad si no a través de un proceso cultural renovado. 
Esto se puede lograr a través de la ampliación antes mencionada. 
Deseo agradecer, en este momento, a la secretaría de la comisión y a nuestro funcionarios la ayuda prestada, habida cuenta de que el tema a tratar era tan articulado y complejo que, evidentemente, exigía la contribución de todo el mundo. 
Una contribución que considero cualificada y cualificadora es la se aportó a través de las opiniones de los diputados que las emitieron, así como de las enmiendas, muchísimas, que solicité y que fueron numerosas y cualificadas. 
Este informe, nuestro informe creo que pretende, de hecho, dar un paso innovador respecto al asunto que estamos abordando y que también se ha tratado hace unos momentos. 
Objetivamente, el viejo continente, Europa, podrá obtener un beneficio real con respecto a una cuestión tan sensible no sólo para las temáticas del empleo, sino también para las temáticas de la paz. 
A través de la profundización cultural es evidente que habrá una mayor consolidación de la paz y la cohesión entre los pueblos y las regiones, sobre todo del Mediterráneo, un aspecto mucho más notable respecto del tratado más en general. 
He aceptado casi todas las enmiendas, menos una enmienda, la nº 5, que conviene incluir en el punto 25, porque de lo contrario me vería obligado a rechazarla por ser demasiado específica. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, casi parece insólito, en esta carrera desenfrenada hacia el euro y hacia Europa en el Este, que se hable de cohesión, de desarrollo regional, de cultura- de cultura, vamos... -, ¡y de su contribución a la creación de puestos de trabajo! 
Pero es urgente hacerlo venciendo todas las resistencias, superando todas las indiferencias. 
Al hacerlo, hablamos de poder local, de participación de las poblaciones, de democracia. 
Y del respeto del patrimonio cultural que se nos legó, que está enraizado y debe ser preservado para que no se empobrezca la Humanidad. 
Hablamos de poder local de aquellos de nosotros que, una vez elegidos, permanecen cerca de la gente y con ella comparten una vida cotidiana de tradiciones y de apelaciones a la modernidad que pueden ser desvirtuadoras. 
Y hay el empleo, las actividades culturales como creadoras de puestos de trabajo, que pueden y deben hacer la asociación indispensable entre lo que es pasado que preservar y el futuro que construir, sin negar ese pasado, sino valorizándolo. 
Me complace que este informe haya adoptado conclusiones de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos que tuve la honra y el placer de subscribir y presentar. 
Felicito al Sr. Azzolini por su trabajo y por la receptividad que ha demostrado. 
Y hago votos para que este informe no quede sumergido en la ola de liberalismo económico y de dimisión cultural, para que no quede como un informe de circunstancia, un discurso de buenas intenciones y palabras bonitas, olvidado en las estrategias y olvidado por las acciones y los medios financieros, que, como el propio Comisario acaba de reconocer, son ridículos, que se deben reforzar y a los que es necesario prestar atención. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, con Fondos estructurales se han financiado proyectos que se vinculan a la cultura en su sentido más amplio. 
En una primera evaluación, la Comisión estima dicha financiación en unos 400 millones de ecus. 
Quizá lo más visible son las actuaciones en el ámbito de la recuperación y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, pero la cultura no es un objetivo de los Fondos estructurales a pesar de lo que se haya podido actuar. 
La Comisión nos ofrece en su comunicación algunos ejemplos significativos, y sería bueno que nuestra comisión dispusiera de una información lo más completa posible, que nos permita conocer con más detalle el valor añadido de esas acciones en el ámbito del empleo y definir mejor una estrategia de actuación futura. 
La cultura, plural en su definición y plural en sus expresiones, es también una actividad que mueve cifras significativas en su financiación, en el empleo, en los movimientos turísticos, etc.. 
Se podría hablar de una auténtica industria vinculada al hecho cultural con un potencial de empleo. 
En países receptores de turismo la cultura, en sus diferentes manifestaciones, es un atractivo más, y no el menor, para las personas que los visitan, y es un atractivo importante y sería útil atender a la formación del personal vinculado a estas actividades. 
Hay que insistir en desarrollar el potencial endógeno de las regiones y actuar en grandes proyectos de renovación, rehabilitación y conservación de las infraestructuras, actuar sobre las nuevas formas de actividad cultural y optimizar la explotación racional del patrimonio histórico, del patrimonio arquitectónico, en definitiva, del patrimonio cultural. 
La calidad de las intervenciones en el Marco comunitario de apoyo depende de las estrategias y concepciones de los Estados miembros. 
Sin embargo, tiene que incentivarse una cooperación, un mayor conocimiento de experiencias para, -insisto en lo que decía al principio- encontrar el valor añadido significativo que tiene para el desarrollo de algunas regiones y para el empleo la acción de los Fondos estructurales sobre la cultura. 
Señor Presidente, las intervenciones en el ámbito cultural han sido durante mucho tiempo la cenicienta de los Fondos estructurales. 
En los reglamentos de los propios Fondos se menciona la cultura sólo de forma limitada y marginal. 
Resulta evidente tanto de la Comunicación de la Comisión como de las diferentes y recientes reuniones del Consejo y, sobre todo, de lo que el Parlamento Europeo viene planteando desde hace, que el apoyo a las actividades culturales no es un «lujo» improductivo, sino una condición de desarrollo y de cualificación, así como de creación y de empleo para toda la Unión Europea. 
En nuestra opinión, elaborada en nombre de la Comisión de Cultura, hemos recalcado sobre todo tres puntos: el primero se refiere a qué ya se puede hacer ahora utilizando los Fondos y las reglas existentes. 
La intervención en el ámbito cultural y, ante todo, la integración de la cultura en todos los planes de desarrollo socioeconómico territorial tiene, por su naturaleza, tanto un valor social y civil como un valor económico y ocupacional. 
Se trata de poner en práctica lo previsto en el apartado 4 del artículo 128 del Tratado, así como de permitir una mejor integración de la cultura en todas las políticas comunitarias. 
Hay que fomentar, en este marco, el diálogo entre los responsables, a todos los niveles, de la programación de los fondos comunitarios y los operadores- institucionales, asociaciones y particulares- del sector cultural. 
El segundo punto se refiere a la definición de las futuras políticas estructurales de la Unión. 
Es evidente que, después del año 1999, los objetivos y los reglamentos de los Fondos estructurales deberán prever y permitir una mejor integración de la cultura en las políticas de cohesión económica y social y de desarrollo de la Comunidad. 
Actualmente, en efecto, no se solicitan ni tampoco se favorecen las inversiones en el ámbito cultural. 
En tercer lugar, hacemos hincapié en que, además de los Fondos estructurales, es preciso desarrollar la acción directa de la Comunidad en el ámbito cultural, otorgando a la misma una mayor consistencia y visibilidad. 
Indicamos de qué manera se deberían reunir en un único programa marco los programas existentes en materia cultural, así como las nuevas acciones y programas, la promoción de la producción cultural, la formación a alto nivel en este ámbito, etcétera. 
De este modo, además de cualificar la acción comunitaria, se podría obtener un efecto de promoción, estímulo, orientación y complementación de las acciones promovidas y realizadas de manera descentrada a través de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito la comunicación de la Comisión que siguió a una solicitud de la Comisión de Política Regional de un debate suplementario sobre el papel que puede desempeñar la cultura con vistas a la consecución de la cohesión económica y social. 
Creo que los Fondos estructurales han brindado muchas oportunidades para la promoción de nuestro patrimonio cultural y un conocimiento de las industrias culturales. 
Si algún problema tenemos, es el de que no hemos hecho bastante al respecto, no hemos pregonado bastante lo que podemos hacer con los fondos europeos para el desarrollo regional. 
Quisiera ofrecer algunos ejemplos de cosas que se han hecho en mi circunscripción. 
Mi circunscripción ha pasado a ser cada vez más un lugar de filmación muy solicitado después de que la «British Broadcasting Corporation» produjo la película «Orgullo y prejuicio» y, más recientemente, » Jane Eyre» de Franco Zeffirelli, película que ha contado con respaldo europeo. Ha creado un tremendo estímulo para los puestos de trabajo locales de la circunscripción y para la industria turística. 
El próximo jueves inauguraré el proyecto de Durban: un centro de patrimonio cultural en Eastwood (Nottinghamshire) , que sólo ha sido posible gracias a la financiación europea con cargo a RECHAR. 
Como ha dicho usted, señor Comisario, no se trata sólo del patrimonio cultural; no se trata sólo de honrar a D. H. Lawrence, novelista del siglo XX famoso por " El amante de Lady Chatterly». 
En el edificio hay salas de formación; hay una cafetería; está vinculado con el centro local de formación profesional y, de hecho, estamos aportando puestos de trabajo y formación en una zona con un problema de desempleo juvenil muy elevado. 
También creo que no debemos considerar la cuestión del patrimonio y la cultura en sentido arquitectónico, como, por ejemplo, la renovación de los centros urbanos. 
Creo que tenemos muchas posibilidades para promover industrias culturales, que son muy rentables. 
Cultura, en su sentido más amplio, significa establecer vínculos con la cultura juvenil, con la industria de la música pop. 
No sé si habrá usted oído hablar, Comisario, de las «Spice Girls» o si tiene, de hecho, alguno de sus discos, pero existen muchos grupos pop británicos muy famosos, como «Oasis» y las «Spice Girls». Tras ellos hay muchos millares de puestos de trabajo. 
Lo hemos hecho con los Fondos estructurales en Liverpool en el «Institute of Performing Arts» de Liverpool, en el que se han invertido 3, 5 millones de libras esterlinas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional para promover la formación de jóvenes y la formación relativa a las industrias culturales para jóvenes desempleados y, de hecho, para jóvenes delincuentes. 
Espero, Comisario, que haga suyas algunas de estas ideas y que presione para que las industrias culturales figuren en el orden del día de la próxima cumbre sobre el empleo. 
Podemos hacer más al respecto y podemos establecer vinculaciones con las comunidades en toda la UE, en particular con los jóvenes desafectos y los desempleados. 
Señor Presidente, Señorías, acojo con mucha satisfacción el informe del Sr. Azzolini y la Comunicación de la Comisión sobre la política de cohesión y cultura, porque creo firmemente que esta última debe ser protegida y replanteada sobre nuevas bases como el empleo y el desarrollo. 
Creo, sin embargo, que se impone una observación con la que, sin duda, estarán de acuerdo tanto el ponente como los demás oradores. 
Considero que es fundamental para el propio respeto de la cultura y las tradiciones de cada Estado europeo, distinguir entre una cultura que debe protegerse y una cultura que debe venderse, sin soslayar la orientación sugerida por la Comisión que lleva a la cultura en su conjunto, en sus múltiples aspectos, a ser considerada como un instrumento para el empleo. 
Es acertado entender la cultura como fuente de empleo, pero es asimismo correcto intentar no dejarla en manos de los que especulan y de los que podrían destruir lo que los seres humanos y sus tradiciones supieron cultivar y transmitir a lo largo de los siglos. 
El ejemplo que no debe seguirse es, en definitiva, lo que se hizo en el ámbito del turismo, donde con frecuencia el desarrollo desenfrenado de la industria turística ha convertido litorales, islas y ciudades de arte en obras, junglas de asfalto o campamentos para turistas, carentes, la mayoría de las veces, de algún sentido cultural o de un mínimo código de conducta. 
Es preciso, más bien, resaltar el hecho de que todas las formas culturales son frágiles y corren el peligro de perderse a lo largo de los años, de ser engullidas por la mundialización y de confundirse con nuevas formas culturales de masa, desprovistas de cualquier referencia tradicional. 
Por esto, hace falta privilegiar todas las formas de intervención y de ayuda, de fomento al respeto y la conservación de los bienes culturales, las tradiciones lingüísticas, las formas de expresión regionales, las manifestaciones deportivas que nos transmite la historia. 
Cultura y política de cohesión como nueva forma de empleo: en estos términos, quisiera hacer hincapié en la necesidad de no crear nuevas formas de empleo estacionales, precarias, como sucede con demasiada frecuencia en el sector del turismo. 
Sería más útil estimular la sensibilidad hacia el factor cultural de la forma más estructurada posible, mediante la creación, por ejemplo, de facultades para la restauración de los bienes culturales, así como de colegios profesionales, reconocimientos europeos, títulos o certificados que consientan la movilidad de arquitectos, restauradores, etcétera. 
Sería oportuno, en consecuencia, que la Comisión afrontara dicha cuestión partiendo de la constatación de que destinar- como sucede actualmente- sólo el 3 % de la totalidad de los créditos de los Fondos estructurales para la financiación de proyectos en el ámbito de los bienes culturales es demasiado poco: dicho porcentaje debe aumentarse. 
Es necesario asimismo un amplio y nuevo fundamento jurídico, que incluya el ámbito de la cultura en la reforma de los Fondos estructurales. 
Quisiera asimismo que se hiciera mayor hincapié en dos realidades geográficas en el marco del acercamiento a la política de cohesión y cultura, esto es, las ciudades y las islas: las primeras, porque representan el verdadero escenario de esta idea, capaz de convertir la expresión artística europea en un elemento impulsor de desarrollo, las segundas, las islas, precisamente porque están lejos del continente, significan a menudo cultura y son testigos visibles de épocas históricas, estilos arquitectónicos, formas de artesanía y dialectos que la mayoría de las veces han permanecido inalterados. 
Comparto plenamente, por lo tanto, la enmienda presentada por el Sr. Alavanos a este tema y me alegro de que la formulara. 
Durante la audiencia pública del pasado mes de noviembre, donde se habló de cultura y política de cohesión, se planteó la interesante sugerencia de un objetivo 7 dedicado a la cultura, un objetivo de tipo horizontal. 
A través de la prevista reforma de los Fondos estructurales esta idea tiene serias dificultades de ser tomada en consideración, habida cuenta de la sensible y generalizada disminución de los objetivos. 
Sería, en consecuencia, oportuno acudir a diferentes formas de realización: una de ellas podría estar integrada por iniciativas comunitarias en el ámbito de la formación. 
Señor Presidente, esta comunicación de la Comisión es positiva y señala la importancia de la cultura con miras a la creación de empleo, para el desarrollo regional y, naturalmente, también para los intercambios interregionales y nacionales, y para que se apliquen los fondos estructurales de un modo más correcto que en la actualidad con objeto de apoyar el sector cultural. 
También el informe es positivo. 
Respalda en líneas generales la comunicación de la Comisión, y destaca ejemplos pertenecientes al patrimonio arquitectónico e histórico, lo cual es excelente. 
En este sentido los fondos estructurales también pueden tener un papel muy distinto al que han tenido hasta la fecha. 
Un aspecto importante es que las iniciativas para la creación de empleo estén descentralizadas y bien distribuidas entre las diversas regiones de un país. 
Pero la contribución más importante que podemos aportar, tanto en la modalidad de puestos de trabajo como en la del intercambio cultural, creo que se halla en otro ámbito, el de la vida asociativa y organizativa local y regional. 
Existen incontables asociaciones y organizaciones que realizan grandes esfuerzos de forma anónima, y que revisten un gran valor para la democracia. 
En ellas se encuadran las que normalmente consideramos como ONGs, las organizaciones no gubernamentales dentro de los ámbitos del medio ambiente, la naturaleza, las escuelas, el deporte, los estudios y las organizaciones de estudiantes. 
En este campo existen grandes posibilidades de apoyar la vida cultural regional y local a través de unas acciones de ayuda y de la puesta en marcha de diversas actividades e instituciones culturales que pueden dar origen a un mejor intercambio cultural y a unos puestos de trabajo bien distribuidos entre regiones y países. 
Estos fondos están bien empleados, y por parte del Grupo liberal damos nuestro franco apoyo tanto a la comunicación como al informe. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al ponente su denodada labor en este informe. 
Los proyectos culturales tienen grandes posibilidades en nuestro marco comunitario: posibilidades, por desgracia, no realizadas aún. 
No sólo cuentan con el interés y el apoyo decididos de los ciudadanos por su valor intrínseco, sino que, además, pueden hacer una importante contribución al empleo en nuestras regiones europeas. 
A ese respecto, quisiera acoger con particular beneplácito y apoyar la propuesta de difusión y comunicación de información mediante bibliotecas innovadoras y nuevas tecnologías. 
También quisiera acoger con beneplácito, en particular, el párrafo 37 del informe, en el que figura la propuesta de movilizar a las autoridades locales y regionales, junto con la estrecha participación de la Comunidad y de los grupos de mujeres que se dedican a promover el patrimonio cultural y la cultura en el nivel de la base. 
En ese marco, acojo con beneplácito la importancia que el ponente ha concedido a la cultura para la solución pacífica de conflictos. El proyecto de apoyo para la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte es un modelo de activismo en el nivel de la base y podría ser un modelo para esta propuesta en cuanto a escuchar atentamente a la base y darle apoyo. 
Se ha hecho referencia particular a la importancia de que los diferentes órganos de la Comisión trabajen en estrecha colaboración en la esfera cultural para que su influencia sea mayor. 
Por último, como la Sra. McCarthy se ha referido a su región, no puedo por menos de referirme a la mía y a la importancia de la industria cinematográfica en ella existente en este momento. 
Actualmente tenemos a Meryl Streep haciendo una película basada en uno de nuestros dramaturgos del siglo XX. Después puedo darle más información al respecto. 
Señor Presidente, de la variedad de temas valiosos y orientados al futuro que contiene este informe quisiera destacar la necesidad de conectar el fomento de la cultura y el turismo de calidad. 
Los ámbitos de la diversidad cultural, del turismo de calidad y de la política de empleo deberían representar en el futuro una especie de triángulo de oro de la política regional europea. 
La reforma de los Fondos estructurales después de 1999 constituye una ocasión de primera clase de anclar con más fuerza en la política de fomento la dimensión cultural combinada con la valorización mediante el turismo de calidad. 
El Parlamento Europeo como foco de la diversidad de las culturas europeas tendrá que comprometerse de manera especial en esta cuestión. 
Quiero dar las gracias muy particularmente al ponente por haber destacado el deporte como actividad cultural que habría que utilizar también para combatir el racismo. 
Señor Presidente, creo que es un evento feliz para el Parlamento Europeo el debatir hoy sobre este excepcional informe; ya que en los últimos años, y bajo la presión de los grandes cambios que se están operando a escala mundial, se ha reconocido la necesidad de explotar la riqueza del gran patrimonio cultural europeo. 
El debate de hoy no puede sino constituir los albores de una serie de iniciativas con vistas a planificar y a aplicar una política europea integral sobre la cultura; política que no sólo contendrá el logro de los objetivos económicos y la mejora de los índices de empleo, sino también apuntará a mejorar la vida de los europeos, a la mejor comunicación de los pueblos, a la creación de un desarrollo viable y de un modelo de vida distinto, que no sacrificará los valores humanos en aras de la búsqueda de un beneficio mayor. 
La próxima ampliación de la Unión Europea unida a la necesaria profundización, a la unión monetaria y a la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo, sitúa este objetivo en absoluta prioridad. 
Ayer, el Secretario del Ministro de Asuntos Exteriores nos recordó lo que solía decir la inolvidable Melina Merkouri- y no puede Melina Merkouri estar ausente de un debate sobre la cultura- es decir, que la cultura debe constituir la artillería pesada de la política griega. 
Yo, estando claramente de acuerdo, añadiría que lo mismo deberá ser pertinente en cuanto a la política europea. 
Las tradiciones culturales comunes de los pueblos europeos constituyen el tejido conectivo indispensable para la integración europea y también el factor potencial para el desarrollo, la competitividad y la lucha contra el desempleo. 
Por desgracia, hasta este momento, la cultura ha sido el pariente pobre del desarrollo regional puesto que sólo el 3 % del total de los créditos de los Fondos estructurales se concede a programas de carácter cultural. 
Debemos tener seriamente en cuenta el papel de la cultura como factor de desarrollo y de cohesión económica de la Unión en la revisión de las reglamentaciones de los Fondos estructurales y ella también debe tener prioridad en el nuevo periodo de programas. 
Las actividades culturales que muestran la variedad de la sociedad europea, la belleza de las distintas tradiciones populares, los monumentos arqueológicos, el patrimonio arquitectónico y natural, las obras artísticas, pueden constituir una fuente de creación, de empleo y de desarrollo regional. 
Sin embargo, una condición imprescindible es la voluntad política de la Unión de fomentar un plan de acción ambicioso. 
Creo que el Libro Verde sobre la cultura, que se está elaborando en este momento y que se espera con gran interés, dará el enfoque cultural correcto que tanto necesitamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, considero importante que cada vez se haga más patente, como en esta comunicación, la contribución de la cultura al desarrollo regional. 
El artículo 128 (4) del Tratado obliga a la Comunidad a tener en cuenta en sus actividades los aspectos culturales. 
Hace sólo pocas semanas unos estudiantes alemanes de la Universidad de Witten me preguntaban por las posibilidades de realización de la máxima siguiente: ¿Cómo podemos lograr que se tenga en cuenta el aspecto de la cultura en las actividades de la Unión Europea? 
¿Tiene sentido siempre tener en cuenta la cultura, incluso cuando se trate predominantemente de cuestiones económicas? 
Este informe muestra que existen ámbitos como, precisamente, la política estructural, en los que aunque a primera vista parece que la cultura no tiene importancia alguna, tras una consideración atenta se pone de manifiesto el influjo de la misma. 
Por lo demás se ha visto que los proyectos culturales son absolutamente conciliables con los objetivos de los programas de cohesión y de desarrollo. 
A tenor de las regulaciones actuales sólo puede tomarse en consideración la cultura si es parte integrante de proyectos de desarrollo regional o local dirigidos a la creación de puestos permanentes de trabajo. 
El desarrollo de nuestra sociedad muestra que los servicios y la movilidad están cobrando una progresiva importancia. 
Merced a un mayor tiempo libre y a unas mayores aspiraciones la demanda de aspectos culturales aumenta constantemente en el turismo. 
Por consiguiente, el sector cultural es también en otros ámbitos, como en el ámbito de los medios, un sector especialmente dinámico de la economía de los servicios, que puede contribuir también de manera positiva al empleo. 
No obstante, no hemos de olvidar que por regla general las medidas culturales tienen principalmente efectos indirectos sobre el empleo. 
Por consiguiente, es dudoso que para el objetivo del empleo puedan ser tan eficaces como las medidas directamente inversoras. 
A la hora de fomentar programas de los Fondos estructurales es tarea de los Estados miembros y de las regiones intensificar la financiación del ámbito de la cultura en el marco de su financiación global. 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, en el futuro hay que seguir dejando en manos de los Estados miembros y de las regiones cómo han de realizar su promoción de las actividades culturales. 
Señor Presidente, las autoridades responsables en materia de política regional dejan sin aprovechar con demasiada frecuencia las posibilidades que ofrece la cultura como fuente de innovaciones y de empleo. 
Únicamente en contadas ocasiones se ha caído en la cuenta de que un acontecimiento cultural, una nueva obra o la protección de un paisaje o de un edificio crean puestos de trabajo de manera directa o indirecta, a veces incluso en mayor medida que las empresas productivas tradicionales. 
El Comisario Bangemann ha hecho referencia a esta cuestión en su anterior intervención. 
El excelente informe del Sr. Azzolini pone de manifiesto que en los programas del Objetivo 1 no se ha sabido aprovechar la cultura como elemento de una estrategia de desarrollo regional. 
Desgraciadamente, este planteamiento está también ausente del resto de los programas. 
Se acaba de caer en la cuenta, con motivo de la reciente aparición del Objetivo 6, que es posible también desarrollar proyectos de desarrollo basados en la cultura. 
De hecho, este descubrimiento tuvo lugar únicamente después de la reunión de Venecia. 
Hay que entender la cultura con amplitud de miras. 
La cultura representa el pasado, la herencia que se debe transmitir, pero también representa la nueva creación, las nuevas ideas, la atracción hacia los sentimientos humanos, el sentido estético y el ansia de conocimiento. 
En la cultura de hoy en día ocupan un lugar destacado las aplicaciones y la utilización de las nuevas tecnologías informáticas, que permiten dar un impulso a la cohesión y a la igualdad entre las regiones. 
La difusión de la cultura y de los productos culturales a todos los ciudadanos de manera equitativa, independientemente de su lugar de residencia o de su condición social, requiere financiación pública. 
Por este motivo, la Comisión debería emprender rápidamente las medidas propuestas en este informe, como- por ejemplola elaboración de antecedentes y datos estadísticos suficientes acerca del impacto real de las actividades culturales en la creación de empleo, con objeto de recurrir a ellos para reafirmar a las autoridades responsables de dichos programas. 
Así pues, considero extremadamente favorable la iniciativa encaminada a poner de relieve el papel de la cultura como elemento generador de puestos de trabajo con motivo de la Conferencia sobre el empleo que se celebrará en noviembre. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, abordamos hoy la cultura en este debate desde un ángulo infrecuente, desde la economía, desde su contribución al desarrollo económico, desde su gran potencial como creadora de empleo e impulsora del desarrollo regional y local, en una palabra, desde su contribución a la cohesión económica y social de Europa. 
Desde la apertura de este debate en Venecia en mayo de 1996, varios documentos comunitarios han resaltado el potencial económico de la cultura como creadora de empleo cualificado y duradero, tanto directo como indirecto, así como su potencial contribución al desarrollo regional o local. 
Pero el informe Azzolini señala con acierto que dicho potencial ha sido hasta hoy infrautilizado: sólo un 3 % del total de los créditos de los Fondos estructurales se destina a proyectos culturales, a pesar de que el 80 % de los gastos de la cultura procede, precisamente, de los Fondos estructurales. 
Este es un dato sobre el que habrá que reflexionar en la reforma de la política regional en la que estamos ya inmersos. 
Pero el informe Azzolini aporta nuevas y valiosas orientaciones; en él se habla de la conservación del patrimonio natural, lo que podíamos denominar ecocultura o cultura de la naturaleza, implicando por tanto cultura y medio ambiente. 
Se habla del turismo de calidad. 
Debemos reconocer y pedir también el fomento del urbanismo de calidad, el empleo de nuevas tecnologías de la sociedad de la información, la participación del sector privado, de las fundaciones, del mecenazgo, la cooperación transfronteriza interregional y el diálogo institucional globalizado de todas las instituciones de la Unión Europea para aplicar así el principio de subsidiariedad, tan importante en una materia como la cultura en la que tienen importantes competencias los entes interregionales, regionales y locales. 
Pero es preciso no olvidar que, junto a esta faceta económica de la cultura, está también la cultura como un fin en sí misma, como factor fundamental de identidad e integración individual y colectiva que permita dar un salto cualitativo en el proceso de construcción europea creando una auténtica e histórica comunidad de valores. 
Felicito a la Comisión por su iniciativa, al ponente por su brillante informe, y permítame concluir, señor Presidente, recordando a Jean Monnet cuando decía «Si l 'on devait refaire l' Europe, il faudrait commencer par la culture». 
Señor Presidente, permítame dar las gracias por la contribución del Sr. Azzolini, que ha llevado a término la obra de arte de incorporar las diferentes enmiendas y que, sobre todo, todavía se halla aquí. 
Esta es también una contribución a hacer una porción de cultura política. lamento siempre que las señoras y señores diputados, como el Sr. Ribeiro y otros, planteen preguntas y realicen puntualizaciones críticas y luego no estén aquí cuando se intenta responder a las mismas. 
En definitiva, esta comunicación entre el Parlamento y la Comisión sólo es posible en estas ocasiones, al menos en lo esencial. 
Efectivamente, me gustaría haber dicho al Sr. Ribeiro que la cultura rara vez o nunca tiene que ver con las convicciones políticas. 
Lo mejor sería dejar la cultura a sus propias manos y no se la debería acaparar. 
Los sistemas políticos que lo han intentado han fracasado. 
No considero adecuado introducir la cultura en la controversia entre los sistemas económicos liberales y el socialismo. 
Tampoco creo que tenga razón el Sr. Viola- que, lamentablemente, tampoco está ya aquí, pero a pesar e ello, voy a decir esto, quizá pueda leerlo luego él en el Acta- cuando afirma que existen parcelas especiales de la cultura, que deben ser protegidas, y que debemos concentrarnos en ellas y dejar a un lado a las que, por decirlo así, tienen ya un lugar en la vida económica. 
Esta es una posición que, en cualquier caso, no comparto. 
Es muy difícil decidir qué es lo que pertenece a una cultura en este sentido, que luego se valorará como auténtica cultura, y qué no es cultura. 
Por lo que respecta a la llamada cultura pop: la Sra. McCarthy me ha preguntado antes si conozco a la Spice Girls. 
Puedo asegurarlo; con esto he dado probablemente pruebas de que no mantengo un concepto elitista de cultura. 
Espero solamente que las Spice Girls no sean víctimas de la maldición del Parlamento Europeo mañana, cuando discutan el informe de la Sra. Lenz. 
Por consiguiente, soy de la opinión de que no debe haber un concepto elitista de cultura, sino que hemos de intentar definir la cultura de una manera tan amplia como sea posible. 
A esta pertenecen también los valores culturales que no pertenecen a lo creado, sino que han sido dados, por así decirlo, a los hombres como paisaje, pero cuyo valor cultural sólo él reconoce y, naturalmente, sólo él puede preservar: por esta razón hemos abordado esto en nuestra comunicación. 
Espero que sea posible eliminar rápidamente los reparos que existen todavía aquí y allá, en concreto, que nosotros nos inmiscuimos en no se sabe qué decisiones de las regiones. 
En este punto no hacemos otra cosa que lo que sucede también normalmente en la política regional: los proyectos y lo que se desea ver financiado no son confeccionados por nosotros, sino por las regiones respectivas. 
En tal sentido tampoco puede surgir en este punto ningún peligro nuevo, pues se le trata tal y como sucede también normalmente en la política regional. 
También aquí, creo yo, habría que tener a la vista, después de un cierto tiempo, lo que se haya hecho. 
Quizá los primeros proyectos piloto, que estamos llevando a cabo, muestren ya qué se puede hacer. Creo que después veremos con un poco de más claridad cómo hemos de continuar anclando en adelante este importante factor. 
En el informe precedente he explicado ya cuánto significa para los puestos de trabajo la cultura y la salvaguardia de la cultura, no preciso repetirlo aquí. 
Gracias, una vez más, al Parlamento; también quisiera solicitar su comprensión porque no hayan podido estar hoy aquí mi colega, el Sr. Oreja, ni mi otra colega. 
Tampoco es cierto que yo sea el comisario secreto de la cultura, sino que estoy aquí hoy a causa de Correos, que figura ahora en el orden del día. 
No obstante, ha sido para mí un placer sin límites decir una vez más algo sobre la cultura. 
He pedido la palabra por una cuestión relativa al Reglamento, con el fin de decir al Sr. Bangemann que por su actividad parlamentaria sabe seguramente que en esta cultura parlamentaria tenemos con frecuencia tres reuniones paralelas. 
Los colegas que no pueden estar ahora aquí, se hallan en las comisiones, que están reunidas paralelamente, así como los colegas de usted en nombre de los cuales se encuentra usted ahora aquí. 
Quizá pueda usted discutir conjuntamente con el Sr. Ribeiro y otros, a los cuales disculpo aquí mismo, en una cena elegante esta diferencia cultural. 
Esta es seguramente una cultura común que usted cultiva con nuestros colegas, cuya respuesta he recogido yo, o los colegas que están aquí, para los demás. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Servicios Postales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-027/97) del Sr. Simpson, en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo respecto a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (C4-0223/97-95/0221 (COD) ). 
Señor Presidente, distinguidos colegas, lo que tarda mucho resulta bueno al final. Este es un dicho alemán. 
Quisiera trasladar con reservas este dicho a la discusión de la directiva sobre los servicios postales. 
Bien es cierto que ha tardado mucho. 
Pero le pongo una interrogación a la cuestión de si es buena la directiva que se ha propuesto. 
La directiva podría tener un aspecto sustancialmente mejor; falta, sobre todo, la prescripción de la protección social de los trabajadores y de las trabajadoras en las medidas de reestructuración. 
No obstante, el Grupo del PSE aceptará la propuesta del Consejo. 
Sabemos cuán difícil fue el acuerdo en el Consejo y no queremos poner en peligro este compromiso. 
Nuestra concepción de unos servicios postales buenos y competitivos en la Unión iba más allá; no obstante, la Comisión, lamentablemente, ha aceptado solamente pocas enmiendas de nosotros mientras, por el contrario, la propuesta del Consejo ha tomado en cuenta en su orientación nuestro acuerdo. 
Para toda la Unión es importante poseer, por fin, un marco regulador de los servicios postales por el cual puedan orientarse los Estados miembros en su tarea legislativa. 
Lamentablemente, las formulaciones de la directiva contienen con demasiada frecuencia la palabra «puede» en vez de la palabra «debe» , y me temo que esta formulación con la palabra «puede» vaya a ser utilizada por algunos Estados miembros como agujero de salida para eludir las disposiciones europeas. 
Es realmente positiva la fijación del servicio universal y del ámbito reservado. 
Esto podrá garantizar el suministro de los usuarios finales hasta el interior de todas las regiones a un precio razonable. Ello va a ser también de utilidad en el debate de la República Federal sobre la nueva ley de servicios postales. 
Espero que esta directiva pueda entrar rápidamente en vigor sin necesidad de una tercera lectura. 
Efectivamente, de esta suerte se acabará en nuestro país con la mendaz discusión en la que se afirma que Europa nos obliga, por ejemplo, a suprimir o a cerrar las administraciones postales pequeñas y a vaciar sólo dos veces por semana los buzones o cosas semejantes. 
Apoyo por entero las enmiendas que ha presentado el Sr. Simpson y celebro que con la enmienda nº 4 se definan con más precisión los servicios postales destinados a personas invidentes o de visión reducida. 
No daremos nuestra conformidad a las dos enmiendas del Sr. Ferber sobre las tarifas de los gastos terminales, es decir, sobre el remailing. 
Las enmiendas, aunque personalmente me puedan parecer buenas y significativas, no han sido aceptadas en el Consejo y, de esta suerte, amenazan el frágil compromiso. 
Para el problema del remailing hay que hallar una solución y, por cierto, definida más claramente que como está establecido ahora en el artículo 13, pues, de lo contrario, las distorsiones de la competencia estarán a la orden del día. 
Por consiguiente, insto a la Comisión a que presente una propuesta específica de directiva sobre los gastos terminales, a más tardar en diciembre, cuando presente el informe relativo a una nueva directiva sobre los servicios postales y su modo de funcionamiento. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, después de más de un año tenemos hoy, por fin, la ocasión de volver a discutir sobre los servicios postales, esta vez en la segunda lectura sobre esta directiva que tienen un indecible largo título. 
Siendo sinceros, esta directiva no significa, ciertamente, el gran salto hacia adelante. 
Como único éxito cabe valorar solamente que la directiva está limitada en el tiempo y gracias a esto- lo digo abiertamente- se ejerce también una cierta presión sobre los Estados miembros para que conviertan sus servicios postales en unos servicios competitivos y a la altura del mercado interior. 
Si esto no fuera posible, la directiva no tendría siquiera el valor del papel en que está escrita. 
No obstante, tampoco vamos a traer a libre discusión los pilares fundamentales del compromiso que logró en diciembre del pasado año el Consejo de Ministros responsable de las comunicaciones, porque veo también, naturalmente, los siguientes problemas: a) lograr un acuerdo por mayoría, b) imponer las cosas en el Consejo. 
Para la prestación del servicio básico postal, incluso en los territorios interiores, es necesaria una determinada zona reservada. 
También está justificado un compromiso de servicio universal, es decir, una paleta mínima de productos postales, que han de estar a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas a costes asequibles. 
El Grupo del PPE no quiere aspirar a un procedimiento de intermediación- yo tengo la misma posición -, sino que lo que hemos de lograr, por fin, es que en los Estados miembros algo se mueva. 
Sin embargo, la cuestión decisiva es la siguiente: cómo organizamos un mercado común en el que la cuestión europea central, en concreto, la de las tarifas terminales ha de ser regulada por un sistema anticuado, es decir, por el Tratado postal mundial. 
Nadie ha podido darme aún una respuesta satisfactoria a esta cuestión. 
Efectivamente, resulta sorprendente, querido Brian Simpson, con cuánta responsabilidad estatal has configurado hoy tu intervención; del ánimo combativo y del espíritu de cambio radical, que se podían escuchar en la primera lectura, no ha quedado mucho. 
Hace un año todos estábamos de acuerdo en que debíamos encontrar una solución europea en la cuestión de los gastos terminales. 
Ahora, en la segunda lectura, se deniega el apoyo, sólo para no poner en peligro el compromiso del Consejo. 
Mi respeto a cuán rápidamente habéis aprendido el juego en Gran Bretaña. 
Como Grupo del PPE nos interesa lograr un mercado común, una competencia, incluso en el ámbito postal, pero una competencia que no proporcione ventajas a unos países concretos sobre los demás. 
No puede merecer nuestra conformidad una zona reservada, un compromiso de servicio universal, que se vea contrarrestado, cuando no minado, por un remailing inadmisible. 
Señora Schmidbauer, sus lágrimas de cocodrilo me conmueven realmente, pero si usted desea todo esto, por ejemplo, la protección social, apoye mi enmienda. 
Entonces las cosas empezarán a marchar enteramente por sí solas, entonces no necesitaremos hablar más en Alemania sobre pequeñas administraciones postales. 
Mañana tendrá en sus manos poder hacer algo en favor de sus compañeras y compañeros. 
Quería decir alguna cosa más pero se me acaba el tiempo. 
Señor Comisario, los gastos terminales no se han solucionado. 
Incluso si mañana no logramos una solución gracias a la negativa de la parte de enfrente, quisiera pedirle que hagamos progresos en este punto. 
Con un Tratado postal mundial no podemos construir un mercado único. 
Señor Presidente, señor Comisario, deseo felicitar a mi colega Simpson por su excelente proyecto de recomendación sobre la armonización de los servicios postales. 
Este último desempeñará un papel decisivo para la organización de dicho sector en Europa, puesto que recoge las posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, así como el compromiso franco-alemán, suscrito por iniciativa de Jacques Chirac, es decir, la creación de un servicio universal y la definición clara de un servicio reservado a las empresas, concedido por cada Estado miembro, respetando el principio de subsidiariedad. 
Hoy el sector postal acusa la necesidad urgente de disponer de un marco reglamentario que le garantice seguridad jurídica y viabilidad económica. 
De igual modo, los ciudadanos y las empresas esperan de la Unión Europea las garantías de un servicio público de calidad, a un precio asequible. 
Mi Grupo manifiesta su adhesión al servicio público, elemento irremplazable de la cohesión social y de una ordenación equilibrada del territorio y del espacio rural. 
Debo señalar que este servicio público no puede ser garantizado si su equilibrio económico se encuentra comprometido por una liberalización caótica e incontrolada y en particular por una definición demasiado restrictiva de la delimitación de los servicios reservados. 
Por todas estas razones, mi Grupo desea que la directiva se apruebe rápidamente, si es posible en el Consejo de Telecomunicaciones del próximo 1 de diciembre. 
Debemos evitar recurrir al procedimiento de conciliación, que podría poner en entredicho un acuerdo que fue extremadamente difícil de lograr en el seno del Consejo. 
Por eso el Grupo UPE votará a favor del proyecto del Sr. Simpson. 
Señor Presidente, henos aquí con los restos de lo que alguna vez debió ser una política liberal. 
Es típico que todos los oradores anteriores se hayan referido a los trabajadores de los servicios postales, pero nadie haya dicho ni una palabra en defensa del consumidor, que tiene derecho a recibir un buen servicio. 
Tampoco usted, señora Schmiedbauer, porque usted también ha hablado de los trabajadores de correos. 
Porque lo que hemos hecho ha sido pasar por el aro de los intereses establecidos. 
Pero hay algo que no debemos olvidar. Ya no existen servicios postales que aspiren a gozar de monopolio. 
Tanto el fax como el correo electrónico obligarán también a los servicios postales a ser realmente competidores. 
En primera instancia, señor Simpson, mi Grupo votó en contra, y no fue el único. 
Ahora, en la segunda lectura, no lo haremos. 
Pero sí queremos intentar algo: salvar lo que se pueda a favor del consumidor europeo que tiene derecho a recibir un servicio decente, que tiene derecho a que las cartas que echa en un buzón de correos se repartan en un plazo razonable. 
Hace poco, Agence Europe informaba que sólo el 80 % de las cartas se reparten puntualmente. 
No comprendo realmente cómo puede pensarse que eso significa que en Europa cumplimos las normas. 
En el futuro, la Comisión deberá tener en cuenta su deber de vigilar el cumplimiento de las normas y, haciendo uso de los medios a su alcance y de conformidad con el Tratado, deberá señalar a los servicios que no las cumplan que el consumidor es el primer afectado y que la política europea que elaboramos va destinada al consumidor. 
Señor Presidente, la prestación del servicio postal, debido a su magnitud social, económica y cultural, deriva de un derecho fundamental de la persona: el derecho a la comunicación. 
Por lo tanto, no puede considerarse una simple mercancía sometida por completo al mercado. 
La posición común del Consejo, que ha incorporado la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por la Comisión, limita realmente la liberalización del sector postal, pero posibilita su existencia. 
Naturalmente, se ha dado un frenazo a la realización de los objetivos ultraliberales de la Comisión y de ciertos gobiernos de los Estados miembros; así, el artículo 7 incluye en el servicio reservado el correo transfronterizo y el correo directo, al menos hasta el 2003. 
Así pues, se ha frenado, con miras a los próximos años, la voluntad de prescindir de los sectores más rentables en provecho de las empresas privadas, dejando la parte menos rentable para el servicio público. 
El Consejo ha debido tomar en consideración la importancia que reviste el servicio público para los asalariados y los usuarios de los servicios postales. 
En Francia y Alemania, concretamente, importantes movimientos sociales han expresado la voluntad de no permitir el desmantelamiento de los servicios postales públicos. 
Estos movimientos han dado sus frutos. 
La intervención permanente de los movimientos sociales y de la opinión pública en esta cuestión constituye, por otra parte, una garantía para que los logros de la posición común se hagan realidad y para frenar los objetivos de desreglamentación que la misma puede favorecer. 
En ese sentido proponemos dos enmiendas para garantizar la igualdad de acceso de los usuarios al servicio universal, a través de una distribución equitativa de las tarifas y garantizando un servicio de calidad accesible para todos, independientemente de las condiciones geográficas. 
Desearía hacer hincapié en otros dos puntos. 
Por una parte, la exclusión de los nuevos servicios del ámbito del servicio reservado, lo que limitará el desarrollo del servicio público. Por otra parte, el hecho de que ciertos Estados puedan introducir medidas más liberales, lo que entraña un riesgo de competencia desleal y puede comprometer una cooperación equitativa entre los servicios postales de la Unión Europea. 
Finalmente, el punto 3 del artículo 7 establece que se tomará una decisión a más tardar el 1 de enero del 2000 sobre la continuación de la liberalización de los servicios postales, en particular del correo directo y del correo transfronterizo. 
¿Pero qué nos permite suponer que la liberalización constituye la única vía de futuro? 
¿Y acaso no es infundado basar esta discusión en un estudio presentado a finales de 1998, o sea, pocos meses después de la entrada en vigor de la directiva? 
La apertura a la competencia y las privatizaciones tienen, por lo general, consecuencias negativas para el empleo, para la calidad de los servicios, para el estatus administrativo del personal. 
El ejemplo de Suecia es edificante al respecto: con la liberalización se ha suprimido el 25 % de los puestos de trabajo, se ha cerrado el 30 % de las estafetas y las tarifas para los particulares han aumentado un 42 % en cuatro años. 
Añadiré que el ataque contra los monopolios públicos desemboca a menudo en la concentración de los grupos privados, los cuales tienden a constituirse en verdaderos oligopolios, que se preocupan muy poco del interés general y que se lanzan a la carrera de la obtención de beneficios. 
Nuestro Grupo exige una vez más que se realice un verdadero balance de las liberalizaciones que tenga en cuenta a los actores sociales- es decir, el personal y los usuarios -, en lugar de seguir liberalizando a toda marcha. 
En oposición con la competencia destructora y generadora de despilfarro de recursos humanos y materiales, nosotros estamos a favor de la defensa y la promoción de los servicios públicos, que son los más capacitados para tener en cuenta el interés general, a favor de una visión igualmente solidaria de las relaciones entre los pueblos y las naciones, a través del desarrollo de cooperaciones de interés mutuo basadas en las necesidades humanas. 
La cooperación entre los servicios postales de los Estados miembros es el único medio para responder positivamente a los retos de nuestra época. 
La misma debe acompañarse de poderes de intervención reales y de nuevos derechos para los asalariados y los usuarios. 
Cada Estado miembro debe ser libre de elegir el estatus administrativo de sus operadores, el campo del monopolio, la definición de las misiones de interés general y los criterios de gestión para favorecer el empleo y la formación. 
De este modo, podríamos lograr una armonización hacia arriba de los servicios postales, en beneficio de los pueblos y de los países de la Unión. 
Señor Presidente, las cosas están que arden en los servicios postales. 
Por esta razón, la contribución del Parlamento sobre el informe o sobre la directiva acerca del mercado único de los servicios postales es importante para apagar este incendio. 
Nuestra contribución es importante para que en la liberalización de los mercados no haya obstáculos a la competencia, para que, sobre todo, no se produzca ninguna destrucción social, para que quede salvaguardada la seguridad social y pueda mantenerse también la función social de los servicios postales. 
En mi opinión, es absolutamente necesaria una regulación europea para el período de tiempo en el que los operadores postales europeos negocian sobre una regulación de la cuestión de los gastos terminales. 
Con la enmienda 19 al apartado 2 del artículo 13 se ataja el abuso que era posible hasta ahora. 
En un mercado único necesitamos regulaciones únicas. 
No podemos argumentar desde los estados nacionales, sino que en el Tratado postal mundial hemos de argumentar como Unión Europea. 
Pero, en mi opinión, como fundamento jurídico para todas las futuras deliberaciones sobre la liberalización del mercado de los servicios postales debería regir el artículo 100 a. 
En esto hemos encontrado hasta ahora poco apoyo de la Comisión en la primera lectura. 
Estamos satisfechos de que el Consejo haya aceptado nuestras quejas, que haya compartido nuestra opinión y esperamos que todo marche mejor con la segunda lectura. 
Hemos de salvaguardar la seguridad social en los trabajos del ámbito de los servicios postales, por esta razón es también importante el primado de la política en este punto. 
Creo que no debe ser como en el caso de los prestadores privados. 
Recientemente hemos visto en los Estados Unidos cómo se destruyen plazas, en el UPS. 
Esto no debe suceder en la Unión Europea. 
Yo mismo he trabajado mucho tiempo como cartero. 
Se que la función social de los servicios postales es importante para los ancianos, para las regiones que están subdesarrolladas. 
Por consiguiente no debe haber ninguna discriminación regional ni en origen ni en destino. 
Puesto que hay un compromiso social, debe haber un control estatal. 
Entonces puede haber operadores privados o estatales. 
Espero que podamos llegar a una solución que responda al sentir de los usuarios y de los que están empleados en los servicios postales y que, luego, podamos regular también la cuestión de los pagos terminales. 
Señor Presidente, señorías, la propuesta de directiva formulada por la Comisión constituye un paso importante hacia la realización del mercado único de los servicios postales en la Unión Europea. 
Ciertamente, los más fervientes defensores del servicio público no encontrarán en dicho texto las garantías que generalmente se desprenden de una prestación de esta naturaleza, aun cuando la Comisión acepte en segunda lectura- como, desde luego, deseo y espero- las enmiendas propuestas por el ponente y aprobadas por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Pero bien se trate de la calidad del servicio y de la igualdad de los ciudadanos con respecto a las tarifas, allí donde se efectúe el servicio, incluyendo las regiones periféricas o insulares, o bien de la estabilidad laboral de los cientos de miles de asalariados de este sector, estos ámbitos esenciales no tienen el futuro garantizado, por lo menos no más allá de los próximos años. 
Sin embargo, la aplicación de la directiva tendrá el mérito de establecer un marco reglamentario, y su adopción dará al traste con el texto, cuanto menos curioso, elaborado por la Comisión y calificado de " normas de aplicación» , texto absolutamente incoherente junto con el de la directiva, al que, no obstante, pretendía referirse. 
El Parlamento Europeo habrá sabido ser claro y firme en sus posiciones en relación con este asunto, y aun cuando no se hayan aceptado todas las enmiendas aprobadas en primera lectura, es ciertamente esta claridad y esta firmeza lo que habrá permitido al Consejo buscar y lograr un compromiso y conducido a la Comisión a prestar mayor atención a las orientaciones que el Parlamento deseaba dar a esta directiva. 
En ese sentido, el ponente, Brian Simpson, tanto por la tenacidad que ha demostrado como por la calidad de su trabajo, merece a la vez nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento. 
Señor Presidente, los servicios postales cumplen una función fundamental en la vida social. 
Las grandes diferencias entre los Estados miembros en materia de calidad de los servicios postales constituyen un serio problema. 
Los casos en que apreciamos una calidad insuficiente no son debidos a las diferencias geográficas, sino a la falta de eficiencia. 
El fortalecimiento del funcionamiento del mercado traerá, sin duda, una mejora de la calidad. 
En su posición común, el Consejo aplaza al menos a cinco años la liberalización real del mercado postal. Y ello a pesar de que la liberalización de los servicios postales, en Suecia concretamente, ya ha dado buenos resultados. 
Como hiciera este Parlamento en la primera lectura, el Consejo ha votado por mayoría a favor de los intereses a corto plazo de unos servicios postales ineficientes, sobre todo en los grandes Estados miembros de la Unión. Los intereses de los ciudadanos y de las empresas se han visto relegados a un segundo plano. 
No sólo se ha aplazado la liberalización del correo directo y del correo transfronterizo, sino que el Consejo y el Parlamento deberán volver a decidir al respecto en el año 2000. 
Este asunto permanecerá durante todo este tiempo en la agenda política y, lo que es mucho más grave, el sector de los servicios postales en la Unión Europea se verá privado de una normativa clara. 
El Consejo debería haber presentado un calendario claro para la liberalización. 
Lamentablemente, el Consejo ha ampliado además las posibilidades para eludir las obligaciones estipuladas bajo el servicio universal. 
Si las instancias europeas decidieran mañana mismo que deben aplicarse estas excepciones, el principio de servicio universal se verá seriamente afectado. 
Además, la posición común no ha previsto una norma para la entrega del correo nacional, por lo que se mantiene un retraso perjudicial en varios Estados miembros. 
Mi crítica a la posición común es que no estoy ni mucho menos satisfecho con el informe de la Comisión de Transportes y Turismo, que suscribe la posición del Consejo en sus líneas principales. 
Habida cuenta de la opinión mayoritaria de dicha comisión, tengo pocas esperanzas de que se mejore el informe. 
En una época en la que los avances tecnológicos ofrecen alternativas cada vez más atractivas al correo físico, los servicios de correos siguen siendo monopolios ineficientes. 
Cabe temer que, de este modo, seguirán perdiendo más cuotas de mercado que si se llevara a cabo una liberalización limitada. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Simpson, que vamos a examinar en segunda lectura, relativo a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior y de los servicios postales y la mejora de la calidad del servicio, reviste especial importancia. Baste pensar en el número de comisiones a las que fue remitido para opinión, entre las que voy a recordar la de Presupuestos, de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, la de Asuntos Jurídicos y otras más. 
Abordaré una cuestión que lleva preparándose ya desde el año 1992. 
Pues bien, los que pertenecemos a Alianza Nacional vamos a votar aquellas enmiendas cuyo objetivo es la organización más adecuada y equitativa de las tarifas de gastos terminales de la Unión Europea. 
Por ello, voy a recordar la enmienda 7 que impone a los Estados miembros la obligación de respetar el mismo nivel de normas y de calidad tanto para los envíos internos como para los transfronterizos, y la enmienda 5, respecto a la que hay que conciliar el anhelo de introducir tarifas uniformes, como sostiene el Parlamento, con la posibilidad de que los operadores postales celebren acuerdos individuales con los clientes respecto a los precios. 
Acierta el ponente- y me alegro de ello- al recomendar la aprobación de la posición común por parte del Parlamento sobre la base de las pocas mejoras al texto final, unas mejoras que podrían aceptar el Consejo y la Comisión y que están orientadas a desarrollar y aclarar el objetivo general de la Directiva. 
Señor Presidente, como ya he dicho con frecuencia en este Parlamento, soy un antiguo empleado de los servicios postales y sigo manteniendo estrechos vínculos con el sindicato de empleados de los servicios postales, además de representar aquí primordialmente, claro está, a un millón de consumidores de servicios postales de mi circunscripción. 
Deseo felicitar a Brian Simpson, el ponente, por la forma como ha orientado el debate y la directiva sobre los servicios postales europeos en los últimos años. 
Los derechos de los Estados miembros a reservar la clasificación, el transporte y la entrega del correo para las estafetas que presten el servicio universal y el principio de que el precio para el envío de cartas siga siendo asequible para todos contribuirán en gran medida a la defensa de los intereses de los consumidores y los empleados de los servicios postales. 
Me complace que al final el Consejo entrara en razón, cuando aprobó su posición común sobre la directiva, y rindo homenaje al Presidente Chirac por haber tomado la iniciativa en el Consejo para lograr que reflejara el positivo planteamiento interpartidario francés de los servicios postales como servicio público esencial. 
Si la Comisión cumple su anuncio sobre la competencia en el sector postal, se deberá modificar drásticamente el borrador publicado para que esté plenamente en consonancia con la directiva. 
La directiva es el resultado del acuerdo entre el Parlamento Europeo democráticamente elegido y la aplastante mayoría de los gobiernos democráticamente elegidos del Consejo Europeo de Ministros de los Estados miembros. 
Con todo el respeto debido al Comisario Bangemann y al Comisario Van Miert, quisiera recordarles que son cargos nombrados, no elegidos, y deben recordarlo, en lugar de pensar siquiera en revocar políticas decididas democráticamente. 
Conviene a los intereses de los ciudadanos de Europa que tengamos un servicio postal eficiente y asequible y que refleje el hecho de que las comunicaciones postales son un servicio público esencial. 
Señor Presidente, la desregulación y la liberalización afectan cada día a más sectores. 
Esto se debe a que los viejos monopolios no cumplen con el requisito de proporcionarnos unos servicios eficaces que todos tenemos derecho a exigir. 
También se debe a que deseamos poder estar al día del desarrollo tecnológico en diversos ámbitos y reducir precios. 
Ésta es la situación en una serie de sectores, desgraciadamente con los servicios postales como grande y lamentable excepción hasta la fecha. 
Si la resolución adoptada por el Parlamento Europeo en su primer debate de hace poco más de un año se hubiese convertido en la toma de posición definitiva, los países que habían completado la desregulación necesaria, y con ello creado alternativas y competitividad cara al viejo monopolio de los servicios postales, seguramente se habrían visto obligados a reglamentar de nuevo al menos algunos de los sectores de estos servicios. 
Hace un año lo popular era la reglamentación, mientras que la liberalización y la libre competencia lo eran mucho menos. 
Lamentablemente, la Comisión ha demostrado tener unas perspectivas más amplias que el Parlamento. 
Esto debo agradecérselo al Comisario Bangemann. 
De las 57 enmiendas que apoyó el Parlamento restan muy pocas actualmente, lo cual interpreto como positivo. 
Para los países de la UE que han aplicado los requisitos de la libre competencia dentro del ámbito de los servicios postales es ahora posible continuar avanzando en la dirección liberalizadora, lo cual también es positivo. 
Por lo que respecta a Suecia, esta evolución se aprueba gradualmente con una considerable unanimidad política. 
Esto significa que existen actualmente una diversidad de alternativas, y que hay muchas empresas nuevas que han creado nuevos puestos de trabajo. 
Voy a decir algo especialmente dirigido a la Sra. Moreau: La reducción del número de empleados dentro del antiguo monopolio de los servicios postales, tanto en Suecia como en los demás países, es más una consecuencia del desarrollo tecnológico que del hecho de que exista la competencia. 
Al contrario, la competencia ha creado muchos empleos. 
Señor Presidente, los servicios postales constituyen servicios de carácter social y tanto su rentabilidad como el nivel de la calidad de los servicios prestados deberían afrontarse desde este punto de vista. 
Y, sin embargo, en este caso, como ha sucedido también en el resto de los sectores de utilidad común, se está intentando una liberalización desreguladora del sector y una eliminación sustancial del concepto del servicio universal a costa de la calidad de los servicios y de los ciudadanos. 
La entrega a particulares de parte de los sectores más lucrativos y de los servicios significa objetivamente la reducción al mínimo del servicio público, que tiene como consecuencia la desvalorización de los servicios prestados para la mayor parte de los usuarios, de las empresas privadas y de la pequeña empresa. 
Al mismo tiempo afecta directamente al régimen laboral de los trabajadores, lo que se traduce en una pérdida importante de puestos de trabajo en los organismos postales, que dan empleo a 1.500.000 trabajadores. 
Señor Presidente, es un hecho que la postura común del Consejo aceptó algunas posturas y propuestas del Parlamento Europeo que permiten, en cierto grado y para el tiempo en que estén en vigor las regulaciones pertinentes, el reforzamiento de la capacidad de las instituciones públicas de prestación de los servicios postales para ofrecer algunos servicios accesibles a los ciudadanos europeos. 
Sin embargo, la limitada duración temporal de la vigencia de estas regulaciones y la negativa del Consejo a aceptar propuestas que afectan a la protección de los servicios postales públicos frente a los impuestos unitarios en un libre mercado de servicios postales, crea una gran intranquilidad sobre la suerte del servicio público y también sobre el nivel de prestación de servicios en las zonas desfavorecidas, las montañosas, las de las islas y las rurales, en donde, naturalmente, el interés de las empresas privadas es inexistente a causa de la escasez del beneficio, mientras que las instituciones públicas, en poco tiempo, no estarán en situación de ofrecer servicios. 
A nosotros, Sr. Presidente, nos interesan los trabajadores del sector y también los usuarios de los servicios, especialmente los de las zonas desfavorecidas que, bajo el régimen de la plena liberalización del mercado, se verán abandonados a su suerte. 
Por esta razón, creo que las modificaciones específicas que hemos presentado deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, el derecho a enviar y a recibir correo constituye uno de los derechos ciudadanos fundamentales de todo Estado civilizado, y corresponde a la sociedad el deber de velar por el cumplimiento de dichos derechos. 
Los servicios postales deben llegar de la manera más equitativa posible a todas las regiones y a todos los ciudadanos, también en los países de gran extensión y escasa densidad de población. 
En mayor o menor medida, este principio siempre choca inexorablemente con el principio de libre mercado. 
Debe existir la posibilidad de velar por que la liberalización y la ampliación del mercado de servicios postales no suponga una discriminación del servicio postal, en su condición de actividad pública basada en la igualdad entre los ciudadanos y entre las regiones. 
Cuando se someten a debate los servicios públicos, no resulta fácil evitar la impresión de que, en cierta medida, el principio más importante de dicho debate lo constituye el hecho de que las distintas empresas logren el mayor acceso posible, con objeto de repartirse el mercado de los servicios postales. 
Es preciso que prestemos a tiempo la suficiente atención a una evolución de estas características. 
Obviamente, cuando pretende entrar en el mercado de los servicios postales, una empresa no se guía generalmente por el deseo de garantizar unos servicios postales mejores y más variados a los ciudadanos y a las empresas, sino que lo hace únicamente atendiendo a una actividad empresarial rentable. 
En consecuencia, el interés se centra más bien en las ciudades, donde las actividades son más rentables. 
Los servicios postales para los ciudadanos que residen en las zonas más periféricas y de menor densidad de población corresponden así al sector público, cuyas actividades no pueden por lo tanto generar grandes beneficios económicos. 
El margen de costes es con frecuencia deficitario, con cargo a la sociedad y al contribuyente. 
En un momento en que las economías nacionales sufren fuertes presiones de orden presupuestario, una evolución como la anteriormente descrita debilita el acceso a los servicios postales y merma el importante principio de la igualdad. 
Debemos poder intervenir a tiempo ante un proceso de estas características. De esta manera, la sociedad podrá evitar justificadamente que se violen así los derechos de los habitantes de las regiones periféricas. 
La pura y simple actividad empresarial de transportar el correo entraña también importantes cuestiones de responsabilidad sobre las que no se ha hablado de manera suficiente. 
Señor Presidente, permítame que comience por felicitar al colega Van Dam por su intervención inaugural: clara e inequívoca, igual que a lo que nos tenía acostumbrado su antecesor. 
También quiero desear suerte al ponente, nuestro colega Brian Simpson, con la posición común del Consejo. 
Conozco pocos casos en los que el Consejo se haya apartado tanto de una propuesta de la Comisión para salir al encuentro de las opiniones del ponente y de la mayoría del Parlamento. 
En esta situación, considero importante que la directiva se apruebe cuanto antes. 
Ruego a los colegas que reflexionen detenidamente una vez más antes de aprobar las enmiendas que darán luz verde al procedimiento de conciliación y que, por consiguiente, originarán nuevos aplazamientos. 
También los servicios y las empresas de correos pueden exigir que la política proporcione, por fin, normas claras que les permitan desarrollar una política para el futuro, en la que los intereses del consumidor ocupen un lugar predominante. 
Me complace oír decir al Sr. Comisario, si he entendido bien, que si se aprueban las enmiendas 7 hasta 12, es muy probable que se produzcan nuevos retrasos. 
La directiva que ahora tenemos ante nosotros no es más que un tímido pasito en el camino hacia el mercado interior de los servicios postales, en el que hay cabida para un funcionamiento modesto del mercado en interés del consumidor. 
Vaciar aún más de contenido esta directiva, como persiguen algunas enmiendas, no es bueno para el consumidor ni para el empleo a medio y largo plazo. 
Los avances tecnológicos se suceden con gran rapidez. 
Quisiera que el Sr. Comisario nos prometiera que a finales del año próximo presentará un programa realista para la liberalización real del mercado, que salvaguarde los intereses del consumidor y del empleo. 
Señor Presidente, sin perder de vista el reloj, quiero resumir una vez más en pocas frases lo que acertado que se ha dicho en parte en la discusión. 
Pero quisiera poner en claro mi posición. 
En primer lugar: lo que se ha acordado en el Consejo y lo que está muy cerca de la posición del Parlamento no responde a mi concepción. 
Sin embargo, lo he aceptado, no porque yo no esté elegido, éste no es el problema; se ve aquí: incluso el hecho de haber sido cartero no le proporciona necesariamente a uno una mayor expertez. 
Creo, más bien, que esta solución va a dificultar notablemente la vida a los servicios postales y, en especial, al personal. 
He aceptado esta solución únicamente porque dos importantes enmiendas han sido aceptadas por el Consejo: se acepta el principio de la liberalización, se establece un calendario que voy a respetar de forma muy cuidadosa. 
Señor Cornelissen, a principios del año próximo voy a presentar una nueva propuesta, pues como ha observado con razón el Sr. Ferber, se ha establecido una línea muerta, un momento final hasta el que hay que seguir impulsando la liberalización, pues de lo contrario todo se volvaria a hundir. 
Con esto hemos generado una presión que ahora, junto a lo que de todas maneras va a ocurrir, será eficaz. 
Quiero decir también a mi amigo, que sin razón ha sido calificado de minoría por parte del Sr. Simpson, que no está solo. 
Por lo demás, la protección de las minorías ha sido siempre de gran interés para el Parlamento Europea. 
Por consiguiente habría que valorarlo también absolutamente, pues puede ocurrir lo siguiente: los servicios postales tendrán que financiarse. 
Cuanto menos rentables sean, cuanto más ineficaces sean- y existen servicios postales ineficaces, ante esto no hay por qué cerrar los ojos- tanto más ingresos tendrán que recoger ahora. 
¿Y dónde pueden obtener ingresos? 
O a través de las tarifas o, eventualmente, a través de subvenciones oficiales. 
Pero incluso las tarifas van a acelerar, naturalmente, el proceso de la sustitución por otros medios de comunicación. 
El Servicio Federal Alemán de Correos (Deutsche Bundespost) , es decir, la Post S.A., ha tenido que aumentar hace poco, las tarifas postales en un 10 %, como ustedes saben, y así va a suceder a otros, y hoy ya no es una proeza manejar un fax; lo pueden hacer muchas personas. 
Entonces, en vez de confiarse a un servicio de correos que quizá no llegue, o llegue con retraso, a unas islas, tal como se ha dicho aquí, o que resulte demasiado caro, la gente se comprará un aparato de fax y... 
No, nuestra propuesta ha partido del supuesto de que una liberalización va a tener exactamente los mismos efectos que ha tenido la liberalización en la telecomunicación, es decir, que los servicios serán más eficaces, que las tarifas bajarán. 
Esas posiciones veteromarxistas que han asumido los Verdes, casi no se pueden ya escuchar. 
Dejan de lado toda experiencia. 
Por vez primera están bajando constantemente- señor Telkämper- las tarifas telefónicas; las tarifas de fax son ya hoy más baratas, y si usted telefonea a través de Internet puede olvidar todas sus experiencias de cartero. 
Esto es lo que va a suceder, y yo, querido amigo Simpson, declino toda responsabilidad por ello. 
Seguiré trabajando para que a través de una desregulación razonable que, naturalmente, tome en cuenta la actual situación, el servicio de correos se convierta en un componente esencial de la sociedad de la información y, por cierto, en un componente viable; esto es posible, lo ha mostrado claramente el ejemplo de Finlandia y, también, el ejemplo de Suecia. 
Aunque esto es posible, con esta directiva no es posible todavía aquí. 
No obstante, se está estableciendo un marco en el que podrá ser posible; por esta razón no estoy en contra, e incluso puedo aceptar estas enmiendas que ha propuesto el ponente, pero no, como supone el Sr. Cornelissen, las enmiendas 7, 8, 9, 11 y 12, porque así no podríamos aprobar la directiva. 
Esto está muy claro. 
Sin embargo, evidentemente, ustedes están en condiciones de aceptar estas enmiendas. 
En tal caso continuará la discusión y se volverá peor de lo que ya es. 
Lo mínimo que pueden hacer ustedes para ayudar, en cierto modo, al Servicio de Correos es asumir esta directiva pero, por favor, sin enorgullecerse del logro de ustedes. 
Ahórrense los grandes discursos de elogio porque caerán sobre sus cabezas. 
Dentro de dos años verán ustedes que un comisario no elegido, que todavía no ha repartido correo en su vida, ha visto, quizá, mejor el problema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero señalar que en la página 5 (" Elogio póstumo» ), se indica que Sir James Goldsmith falleció el 19 de junio de 1997, cuando en realidad fue el 19 de julio. 
Desearía señalar, además, que la primera página de " Info session» de ayer da cuenta del homenaje que se rindió a la Madre Teresa y a Lady Diana. 
Creo que el hecho de haber añadido el nombre de Sir James Goldsmith no hubiese representado un gasto excesivo de tinta. 
Respecto de su primera observación, corregiremos el Acta. 
Sobre la segunda observación, en el Acta en inglés se dice con toda claridad que el Presidente rindió también homenaje a Sir James Goldsmith. 
(El Acta queda aprobada) 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A4-0257/97) de la Sra. Kestelijn-Sierens, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre el Informe anual de la Comisión: igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea 1996 (COM (96) 0650- C4-0084/97) - (A4-0251/97) de la Sra. Kokkola, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la Comunicación de la Comisión «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» (COM (96) 0067- C4-0148/96) 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero expresar mi gran satisfacción, en nombre de mis colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer. Constituye todo un logro que cuatro informes, casi cinco, se discutan conjuntamente en un debate en la mañana del martes. 
Hasta donde yo sepa, Señor Presidente, este trato preferente no se ha dado casi nunca. 
Esto demuestra que se está tomando en serio la política sobre la igualdad de oportunidades, lo cual, por otra parte, es como debe ser. 
Señor Presidente, Señorías, este informe anual es el primero en su género y, en cierto modo, una primicia. 
Acogemos con gran satisfacción la iniciativa de la Comisión. En primer lugar, es un valioso instrumento para evaluar los progresos de un año a otro y, en segundo lugar, sirve para poner en marcha el debate sobre el futuro de la política relativa a la igualdad de oportunidades. 
Señor Presidente, tratándose de un primer informe, es importante hacer algunas observaciones en cuanto a su estructura, con objeto de orientar adecuadamente a la Comisión en el futuro. 
Si bien es sumamente extenso, carece de una buena estructura: demasiadas visiones de conjunto y escasa evaluación. 
Un segundo punto de crítica es la omisión de ámbitos importantes tal como la violencia contra las mujeres. 
En lo concerniente al contenido, voy a considerar brevemente los seis capítulos que reflejan más o menos los objetivos del Cuarto Programa de Acción. 
El primer capítulo y, a mi juicio el más importante, trata del mainstreaming, es decir, de la integración de la política de igualdad de oportunidades en las demás políticas. 
La Comisión de Derechos de la Mujer se adhiere plenamente a estos nuevos enfoques. 
A fin de favorecer el mainstreaming pedimos, sobre todo, que se preste más atención a las estadísticas disgregadas por sexos, que se realice una evaluación de impacto por sexos en las propuestas legislativas, siguiendo la línea de las evaluaciones de impacto ambiental y empresarial y, en tercer lugar, que se aplique el mainstreaming al funcionamiento del propio Parlamento Europeo mediante la creación de un mainstreaming monitoring board, compuesto por dos miembros de cada comisión parlamentaria, como sugirió el Sr. Hadar Cars. 
Señor Presidente, el informe Kokkola, que por otra parte apoyamos íntegramente, insiste en los mismos puntos de atención. 
El capítulo dos concierne a la Conferencia Mundial de Pekín. 
En este marco quiero llamar su atención sobre la responsabilidad de la Unión Europea como promotor. 
Es de lamentar que la Unión Europea no haya tomado prácticamente ninguna medida con respecto a algunos objetivos prioritarios de la Plataforma de Pekín: la mujer y el medio ambiente, la violencia contra las mujeres y la mujer y la salud. 
No obstante, en cuanto a este último punto, la reciente comunicación sobre la mujer y la salud hace suponer algún progreso. 
En tercer lugar, el problema de la escasa representación de las mujeres en la toma de decisiones. 
Señorías, la foto de los Jefes de Estado y de Gobierno que ultimaron el nuevo Tratado de Amsterdam habla por sí sola. 
Aparte de la Reina Beatriz, no aparece ninguna otra mujer. 
La Comisión observa, con razón, que la baja representación de la mujer en la toma de decisiones políticas es una de las causas del déficit democrático. 
En este ámbito, se impone la acción positiva y se hacen necesarias las siguientes medidas. Primero, la introducción de cifras objetivo o cuotas temporales. 
Dichas cuotas o cifras objetivo son un medio eficiente y, a veces necesario, para conseguir una participación equilibrada en la toma de decisiones. 
Asimismo, hemos de llamar su atención sobre el impacto de los sistemas electorales en la representación de las mujeres en los órganos políticos. 
De un análisis de la Dirección de Estudios del Parlamento se desprende que los sistemas electorales mayoritarios, como los del Reino Unido y Francia, tienen una clara influencia negativa sobre la participación equilibrada de hombres y mujeres. 
El cuarto capítulo concierne a la mujer en el mercado de trabajo. 
Es necesaria una amplia difusión del código de conducta europeo relativo a la igualdad de remuneración. 
Esperamos que en su próximo informe anual la Comisión evalúe el éxito de dicho código. 
A fin de mejorar aún mas la posición de la mujer en el mercado de trabajo, pedimos un estudio más a fondo sobre la individualización de los derechos en la seguridad social y un estatuto más adecuado para el cónyuge asistente, mediante la largamente esperada revisión de las directivas existentes. 
El capítulo cinco recoge la conciliación del trabajo y la vida familiar. 
La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo exige la existencia de posibilidades, tanto para las mujeres como para los hombres, de compaginar el trabajo con la vida familiar. 
A este propósito, abogamos a favor de una mayor flexibilidad en los horarios de apertura de los comercios y de los servicios públicos y de una incentivación de las iniciativas para el cuidado de los niños. 
El último capítulo trata de los derechos de la mujer. 
Un sondeo de Eurobarometer revela que la mayoría de las mujeres no son conscientes de sus derechos. Esta situación ha de corregirse mediante campañas de información y, en este contexto, pienso por ejemplo en la iniciativa citizens first. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Derechos de la Mujer ha apoyado mi informe unánimemente. 
Esperamos, Señor Comisario, que en la redacción del próximo informe anual y también en los posteriores, se tengan en cuenta todas las propuestas y observaciones de esta Asamblea. 
Me gustaría expresar mi gratitud a la Secretaría de la Comisión de los Derechos de la Mujer y a todos aquellos que han colaborado en este informe, por sus valiosos esfuerzos durante la elaboración del mismo. 
Por último, quisiera felicitar a los tres ponentes que esta mañana han intervenido en el debate, por su trabajo. 
, ponente. 
(EL) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas; después de pasar bastante tiempo y tras conversaciones y análisis centrados en la política de integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y objetivos comunitarios, el llamado mainstreaming, y dada ya la nueva forma del Tratado de Amsterdam, hemos llegado hoy a la recta final. 
Se convoca al Pleno del Parlamento Europeo a debatir y a adoptar, espero, este informe. 
Sin embargo, no debe cesar o detenerse nuestro esfuerzo de todo este tiempo para formar una votación sobre la política del mainstreaming que responda a las necesidades actuales y reales de las mujeres. 
No es suficiente un informe del Parlamento Europeo para cambiar, de un momento a otro, la mentalidad y las tradiciones y para que la política del mainstreaming tenga una aplicación práctica en la vida. 
Todos debemos unir nuestras fuerzas en este intento de cambiar la forma actual de la sociedad y de conseguir una sociedad en la que los primeros desempleados no estén parados a causa de su sexo: una sociedad en la que sus miembros no se vean excluídos de los cargos de toma de decisiones por su sexo o no tengan la misma posibilidad de acceso a la información o a programas educativos y de formación por su sexo. 
Creo que debemos este esfuerzo a las generaciones futuras. 
Antes de continuar mi breve análisis quisiera expresar mi postura en relación con la denominación de esta política. 
El término mainstreaming, prestado por la terminología de los ecologistas no es un término afortunado. 
La Unión Europea tiende a vestir su política con distintas denominaciones que, sin embargo, no son comprensibles o no dicen exactamente lo mismo en todas las lenguas de la Unión Europea; el resultado de esto es que se crea confusión entre los interesados y, en el caso que se trata, confusión sobre tan importante concepto como el de fomentar las mismas oportunidades y objetivos. 
La mejor denominación para este caso concreto creo que es ¨acción para integrar la igualdad¨ y este es el término que voy a utilizar de ahora en adelante. 
El logro de la acción para integrar la igualdad podría ser considerado como el ideal para la igualdad de los sexos. 
Sin embargo, como ponente debo llamar la atención de todos nosotros, ya que la acción para integrar la igualdad implica el peligro de la asimilación, mientras que la igualdad muestra la variedad de formas e implica solidaridad en los marcos de la diferenciación.. 
Está claro, entonces, que se deben seguir ejerciendo las acciones positivas en paralelo a la aplicación de esta política. 
Los Fondos estructurales son un lugar en donde la acción para integrar la igualdad puede encontrar un terreno apropiado para desarrollarse; esto significa que la igualdad de oportunidades y de derechos deben estar incluídos en los objetivos de los Fondos en cuestión. 
Facilitaría más las cosas la elaboración de un catálogo de índices de evaluación de carácter cualitativo y cuantitativo en cuanto a la integración de esta política en el campo de acción de estos Fondos, así como la presentación de las estadísticas y de los datos sobre los dos sexos por separado. 
Cuando la igualdad de oportunidades y de derechos esté incluida en todas las regulaciones y las políticas de la Unión, entonces la acción para integrar la igualdad se habrá completado. 
En este punto se debe subrayar el papel activo al que se ven llamadas a jugar las organizaciones no gubernamentales y las instituciones en la planificación de los programas. 
Señor Comisario, como bien sabe, por muy buena disposición que se tenga, por muchas declaraciones ruidosas que haya, por muy de acuerdo que estemos, ustedes como Comisión y nosotros como Parlamento, si no se aseguran los medios monetarios apropiados y las estructuras administrativas necesarias para que exista coordinación y se pueda evaluar si cada acción fomenta la igualdad de oportunidades, me temo que la acción para integrar la igualdad permanecerá como una idea en los cajones de los que se ocupan del tema. 
Por esta razón les ruego que ejerzan toda la presión posible en todas direcciones de modo que se creen las estructuras y que se disponga de los fondos imprescindibles. 
Deseo finalizar diciendo que creo que no sólo necesitan la igualdad las mujeres; la necesita Europa, la necesita toda la sociedad mundial. 
La acción para la integración de la igualdad debería ser la política de una campaña de información, de una campaña nuestra, de todos nosotros en los parlamentos nacionales, en nuestros gobiernos, en nuestras instituciones sociales y un proceso en donde el objetivo seguirá siendo la total igualdad. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero empezar manifestando mi satisfacción por el paquete de informes sobre la mujer que tenemos en este Pleno, y además en martes y no en viernes como se acostumbra. 
La discusión sobre temas relacionados con la igualdad de oportunidades no se suele dar con frecuencia y sería deseable que esto continuara para ir consiguiéndola. 
El objetivo de integrar la igualdad en todas las políticas de la Unión está todavía lejos de alcanzarse. 
De ahí la importancia de este debate. 
La Comisión ha presentado, en su primer informe anual sobre la igualdad de oportunidades, un extensísimo y documentado informe que efectivamente nos da una amplia visión de la materia a lo largo y ancho de los Estados miembros. 
Y, sin embargo, señor Comisario, después de estudiar el documento sólo puedo decir que la sensación es de impotencia. 
Impotencia por la poca eficacia de las medidas que propician la igualdad, impotencia por la precariedad laboral que sufrimos las mujeres, impotencia por la poca importancia que las mujeres tenemos en los puestos de toma de decisión e impotencia sobre todo por la ausencia de estrategias que muestra la Comisión en esta comunicación. 
Tenemos un buen estudio, unas buenas estadísticas, y una evaluación de la situación general. 
Pero yo pregunto, ¿y ahora qué? 
La Sra. Kestelijn, en su buen informe, apunta propuestas interesantes que yo apoyo totalmente, y le pido asimismo, señor Comisario, a la Comisión que, en sus próximos informes, las tenga en cuenta para ir más deprisa en este largo camino hacia la igualdad. 
Como he de hablar al mismo tiempo del informe de la Sra. Kokkola, quiero decir que, de estos cuatro informes sobre la igualdad que se presentan hoy martes, este es sin lugar a dudas el que, de llevarse a cabo, más contribuiría a mejorar la situación de las mujeres en la sociedad europea. 
Lo que pide y propone el informe de la Sra. Kokkola es una integración real del principio de igualdad en todas las políticas y estrategias de la Unión. 
Felicito a la Sra. Kokkola por su trabajo y por el análisis crítico que hace respecto de la comunicación de la Comisión, y me sumo a ella cuando pide una mayor claridad. 
La confusión comienza en el propio término de main streaming y termina en la borrosa frontera de las competencias comunitarias y el principio de subsidiariedad. 
Si la Comisión delega la responsabilidad en los Estados miembros y éstos establecen otras prioridades no se producirá un verdadero cambio en las políticas de igualdad. 
Por ello, es vital que las ayudas que se concedan a los diferentes países contengan cláusulas que contemplen el principio de igualdad y sean además de obligado cumplimiento. 
La integración de la igualdad debe ser un objetivo de todos y en todos los terrenos en las políticas internas, pero también en los acuerdos de cooperación al desarrollo y, cómo no, en la negociación sobre la ampliación. 
Para llevar a cabo estas políticas con éxito es necesario invertir, y los Fondos estructurales seguramente pueden ser el mejor instrumento para el éxito del main streaming y de las políticas transversales sobre igualdad en todas las políticas de la Unión Europea. 
Señor Comisario, esperamos- yo así lo espero desde luego- las propuestas de la Comisión en este sentido para ir más deprisa en conseguir la igualdad de todas las mujeres en la Unión Europea, y que este modelo también lo podamos exportar. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar a las ponentes de los dos informes. 
El informe de la Sra. Kokkola aborda desde un planteamiento muy minucioso y esclarecedor el concepto más importante en la actualidad de la política de la UE en materia de igualdad, es decir, el concepto de «mainstreaming». 
Me cabe el honor de actuar como ponente de opinión de la Comisión de Política Regional acerca de esta cuestión y de examinar la atención que recibe la cuestión de la igualdad en los Fondos estructurales de la UE. 
Si bien el principio de «mainstreaming» se incluyó en el Reglamento de los Fondos estructurales hace ya cuatro años, su aplicación continúa ocasionando graves problemas. 
En los objetivos y los métodos de la política regional y estructural se ha hecho hincapié en los ámbitos técnicos y racionales, en los cuales la presencia masculina es predominante gracias a la tradicional orientación profesional. 
Así pues, las medidas en materia de política estructural, aparentemente neutrales por lo que respecta a la igualdad sexual, han proporcionado en realidad oportunidades únicamente a uno de los dos sexos, por lo general al masculino. 
Para alcanzar el objetivo de ofrecer posibilidades en régimen de igualdad, en las medidas se debe prestar especial atención a los ámbitos de interés de las mujeres. 
Comparados con los intereses de los hombres, los de las mujeres están relacionados con mayor frecuencia con las denominadas infraestructuras cotidianas, es decir, con cuestiones de orden local y social. 
Las mujeres continúan asumiendo una mayor responsabilidad familiar que los hombres. 
Así pues, las posibilidades con que cuentan las mujeres para participar en la vida laboral y educativa dependen de manera decisiva en los servicios organizados por la sociedad, como la atención infantil, el cuidado de las personas mayores, los servicios de comedor en las escuelas y el transporte colectivo. 
Las actividades de los Fondos estructurales deberían contribuir a fomentar este tipo de servicios. 
Las necesidades de las mujeres nunca podrán ser objeto de la atención necesaria si no se aumenta la participación femenina en todos los niveles de planificación, toma de decisiones y seguimiento de las acciones en materia de política estructural. 
Señor Comisario, este debería ser el caso, desde la Comisión hasta los grupos de cooperación regional. 
A menudo se oye decir que resulta difícil, incluso imposible, encontrar mujeres competentes para ocupar los puestos de experto. 
En Finlandia, hemos decidido a este respecto que la instancia correspondiente deberá siempre proponer como su representante a un hombre y a una mujer, de entre los cuales saldrá el candidato elegido. 
Gracias a este procedimiento se garantiza una mejor representación femenina en los distintos órganos, por lo que recomiendo la adopción del mismo también a nivel comunitario. 
Señor Presidente, estamos ante una muy importante política de acción para la integración de la igualdad y ante un excelente trabajo parlamentario realizado por la Sra. Kokkola. 
La Comisión de Asuntos Institucionales ha hecho una labor de puesta al día de este trabajo parlamentario a la luz del nuevo proyecto de Tratado de Amsterdam, ha hecho una aportación importante sugiriendo una nueva denominación- y le agradezco mucho a la Sra. Kokkola que la haya aceptado- y ha propuesto también la creación de un grupo de trabajo interinstitucional. 
En cuanto al nuevo proyecto de Tratado de Amsterdam, hay que señalar que, a diferencia de otras materias en las que el nuevo Tratado apenas si avanza y supone más bien un estancamiento o quizás un retroceso, en el campo de la defensa de los derechos de la mujer hay que reconocer que supone un claro avance en cuanto al reconocimiento de la discriminación de la mujer y también en cuanto a la defensa de la equiparación de la mujer. 
Aquí, en este nuevo Tratado, podremos encontrar en las políticas de empleo y en las políticas sociales una vía eficaz. 
También hay que decir que ello no queda asegurado, porque el nuevo Tratado es muy ambivalente y depende de si se utiliza una vía u otra para que sea efectivo. 
Pero, de cualquier manera, hay que reconocer que, por fin, en los albores del siglo XXI, el nuevo Tratado de la Unión Europea se ocupa de este enorme problema de la discriminación de la mujer, que abarca a más de la mitad de los europeos. 
Por primera vez nos visualiza, y ello no es poco porque ya sabemos que en política reconocer un problema es quizás el primer paso para empezar a resolverlo. 
Señor Presidente, por fin una mañana noble para tratar un asunto noble. 
Y que se refiere a todos los ciudadanos de la Unión Europea y no sólo a las mujeres. 
Felicito, por tanto, a la Dirección del Parlamento Europeo, que lo ha reconocido. 
Mi enhorabuena también a todos los ponentes de los informes y de las opiniones que han intervenido en este debate. 
Ya era hora de que la Comisión elaborara y presentase al Parlamento Europeo un informe sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 
Por fortuna, lo hizo, en 1996. 
Es que no basta con formular políticas llenas de buenas intenciones: si no se estudian sus aplicaciones y los resultados obtenidos, su eficacia puede ser insuficiente sin que los responsables políticos de ello lo adviertan. 
Resulta, así, esencial no sólo que las estadísticas distingan los resultados en función del sexo, sino también que se utilicen indicadores que permitan acompañar y controlar los resultados de las políticas seguidas. 
En Portugal, por ejemplo, el Gobierno ha presentado este año, por primera vez, un programa para la integración de la igualdad de los hombres y las mujeres en todas las políticas sectoriales. 
Para apoyar su ejecución ha nombrado a consejeras para la igualdad en cada uno de los ministerios, que despachan directamente con la Alta Comisaria para la Igualdad y la Familia, que es la encargada del acompañamiento y la ejecución de ese plan. 
Además, el parlamento portugués va a organizar en junio de 1998, en el ámbito del 4º programa de acción para la igualdad de oportunidades, la segunda conferencia interparlamentaria de las comisiones que en los parlamentos de los quince países de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo se ocupan de los derechos de la mujer. 
El objetivo es precisamente el de analizar de qué forma se han aplicado las políticas formuladas por la Unión Europea o por cada uno de los países para promover la igualdad entre hombres y mujeres y cuáles han sido los resultados obtenidos. 
Esperamos que esa conferencia interparlamentaria de Lisboa ayude a la Comisión a elaborar de forma más concreta y evaluar eficazmente las políticas en pro de la igualdad en su próximo informe relativo al año 1997. 
Señor Comisario Flynn, espero que, con la ayuda del Parlamento Europeo y de los parlamentos de la Unión Europea, la Comisión esté en condiciones de elaborar su próximo informe sobre la política de igualdad integrando ya las innumerables propuestas que hoy le hacemos aquí. 
Por lo que se refiere a la política de mainstreaming, es decir, de integración de la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las políticas sectoriales, la considero un paso decisivo para lograr la normalidad en la sociedad, es decir, que las mujeres y los hombres no sólo tengan los mismos derechos y obligaciones, sino también la posibilidad de llegar a ejercerlos realmente. 
Por eso, este informe, magníficamente elaborado por la Sra. Angela Kokkola, es uno de los más importantes sobre la política de igualdad que el Parlamento Europeo haya examinado jamás. 
La política de mainstreaming pasará a ser, con la ratificación del Tratado de Amsterdam, uno de los objetivos de la Unión y, por consiguiente, habrá un enorme refuerzo de las posibilidades de aplicación. 
Por eso, estaremos sumamente atentas, señor Comisario, y le agradecería que se lo comunicara a toda la Comisión. 
No somos ingenuas: mientras no se logre la igualdad, no basta la aplicación de políticas horizontales que comprendan sectorialmente ese objetivo. 
Es absolutamente necesario que se persigan y amplíen las acciones y los programas específicos de apoyo a las mujeres. 
Si queremos igualdad, son necesarias aún durante mucho tiempo medidas específicas para recuperar la distancia actualmente existente. 
Si queremos que existan mujeres financieramente independientes, gestoras de empresas, creadoras de empleo, promotoras de un desarrollo más humano y ecológicamente más sostenible, no bastará el mainstreaming, aunque esta política sea muy importante. 
Se deben mantener y ampliar las acciones positivas para las mujeres. 
Y es indispensable aplicar más eficazmente las nuevas tecnologías que existen en la sociedad actual. 
Estoy firmemente convencida de que sólo con nosotras, decidiendo junto con los hombres, se podrá lograr esa igualdad en la realidad. 
Señor Presidente, en este debate hablaré, sobre todo, del excelente informe de la Sra. Kestelijn mientras que la Sra. Peijs, mi colega, se centrará en el de la Sra. Kokkola. 
Está bien que la Comisión haya presentado un informe anual y también es estupendo que haya decidido elaborar tal informe todos los años. 
Me gustaría dar al Comisario Flynn mi enhorabuena por esta iniciativa. 
Han pasado quince años desde que este Parlamento redactó un extenso informe de investigación relativo a la posición de la mujer en Europa y, desde entonces, han sucedido muchas cosas. 
Permítanme recordarles que en aquella época la Sra. Veil era Presidenta de nuestro Parlamento, Ivette Roudi, Presidenta de la Comisión de Investigación y yo misma, como joven diputada, era ponente general de dicha Comisión de Investigación. 
En cualquier caso, la Comisión ha incluido desde entonces el tema " mujeres» en un lugar destacado en el orden del día y desde entonces disponemos de nuestra propia Comisión de la Mujer, que se creó posteriormente. 
Desde aquella época ha habido, para bien, muchos cambios. 
Basándose en las Directivas europeas, los Estados miembros adoptaron abundantes medidas jurídicas con objeto de imponer la igualdad de trato de la mujer. 
Mejoró la situación de la mujer en la enseñanza, en el mercado de trabajo y en los órganos de la administración. 
Se ampliaron considerablemente las facilidades que permiten a las mujeres y a los hombres compaginar el cuidado de los hijos con el trabajo. 
Pese a ello, quedan todavía muchos aspectos que no han sido regulados o lo han sido de modo insuficiente. 
En el fondo, es inconcebible que 25 años después de la tercera ola de emancipación y 15 años después de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo, nuestras hijas- discúlpenme por hablar de nuestra generación- siguen sufriendo los mismos problemas por el mero hecho de ser mujer. Lo ilustraré con algunos ejemplos: actualmente, en la enseñanza los chicos y las chicas alcanzan el mismo nivel, lo cual es un importante adelanto. 
Sin embargo, la presencia de chicas en la enseñanza técnica sigue siendo insuficiente, por lo que se quedan atrás en el terreno de las nuevas tecnologías. 
El mercado de trabajo cuenta, hoy en día, con aproximadamente un 40 % de mujeres. Ello supone un importante progreso. 
Hace quince años, esta cifra en los Países Bajos alcanzaba tan sólo el 20 %. 
Por término medio, las mujeres siguen percibiendo salarios menos elevados y están excesivamente concentradas en una pequeña parte del mercado de trabajo, por lo que son muy susceptibles al desempleo. 
Siguen siendo imprescindibles las acciones adicionales para dar una solución a esos problemas. 
La conciliación del trabajo y el cuidado de los hijos se ha vuelto menos complicada para las mujeres, gracias a la ampliación de diversas facilidades. No obstante, todavía no son suficientes. 
Una investigación llevada a cabo recientemente en los Países Bajos demostró que la mitad de las madres jóvenes que, en un principio, intentan continuar con su trabajo, abandonan al cabo de unos meses, con todas las consecuencias que ello conlleva para su posición en el mercado laboral. 
Así pues, en las puertas del año 2000, la situación de la mujer es mejor que hace 25 años, pero los problemas siguen sin solucionarse e incluso han aumentado en número. 
En dichas acciones, las mujeres hemos de ser solidarias, junto con los hombres que nos ayuden, ya que la equivalencia entre hombres y mujeres en nuestro mundo nos proporcionará, a mi juicio, un mundo mejor. 
Señor Presidente; yo quisiera subrayar también, junto a mis colegas, cuán importante considero que este debate se celebre hoy por la mañana, teniendo tiempo, y que tengamos la posibilidad de desarrollar temas que son importantísimos, a los cuales debemos prestar atención. 
Querría referirme especialmente al informe de la señora Kokkola, quien pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen en dos frentes, fomentando al mismo tiempo, tanto una política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como medidas de acción positivas en favor de las mujeres en aquellos sectores en los que la mujer aún está desfavorecida. 
La Sra. ponente estima que deberíamos invertir mucho más; especialmente en el sector de la financiación, para desarrollar realmente las estructuras de apoyo que tienen como objetivo permitir que las mujeres se aseguren un papel más activo en el sector laboral y, principalmente, que faciliten la reincorporación al mundo laboral a aquellas que, por razones específicas de su sexo, tuvieron que interrumpir su carrera. 
Entre otras muchas propuestas, excepcionalmente importantes, que propone, la Sra. ponente desea que todos los servicios que son competentes para la realización del principio del mainstreaming designen un funcionario, un encargado, en cualquier caso, de evaluar la aplicación de los criterios del mainstreaming, que presente también propuestas de mejora. 
El informe, como ya se ha dicho, es extraordinariamente detallado. 
Está bien estudiado y debemos prestarle atención y apoyarlo. 
Tiene razón la Sra. Kokkola al pedir fondos para lograr la igualdad y al insistir en la formación de grupos de trabajo con vistas a la existencia de una preocupación en cada acción comunitaria para la igualdad entre hombres y mujeres. 
Tal como se ha apoyado anteriormente en esta Asamblea, podemos decir lo que queramos, desarrollar cuantas teorías queramos. 
Las palabras son hermosas y podemos escribirlas y pronunciarlas; pero cuando faltan los medios para materializar las políticas, entonces las palabras se quedan en eso, en simples palabras, y todos hemos sido testigos de esta realidad; en especial en cuanto a los temas relacionados con la mujer. 
Por consiguiente, no podemos menos que estar de acuerdo con ella en que para aplicar el mainstreaming deben darse estas condiciones indispensables. 
Sin embargo, paralelamente deben cesar los prejuicios seculares y las objeciones en cuanto a la participación de la mujer en el acontecer social. 
No es ahora el momento de desarrollarlas; todos sabemos perfectamente qué entendemos por el concepto de prejuicio. 
Porque, y también esto se ha dicho hace poco aquí, nadie puede sostener la existencia de una igualdad real entre hombres y mujeres, y sobre todo en lo relativo a las posibilidades en el ámbito profesional; incluso en los países de la Unión Europea o, más generalmente, en los países occidentales. 
En los países que consideramos extraordinariamente civilizados y que, sin embargo, están muy atrasados en cuestiones básicas, como son las de la igualdad y las de las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. 
Si alguien dudara de la necesidad de este debate, debería reflexionar sobre los reportajes gráficos aparecidos de un tiempo a esta parte sobre la vida política tomada en sentido amplio. 
Las fotos del Tratado de Amsterdam: 15-30 hombres deciden y firman. 
La ampliación de la OTAN: el mismo caso, también aquí es el hombre quien decide. 
La vida de la alta política elegida democráticamente son los hombres. 
Si uno busca mujeres en lugares destacados de la sociedad en los últimos tiempos, le llama la atención la muerte de dos personas: la madre Teresa y Diana. 
Los roles femeninos son Florence Nightingale o la hermosa princesa, desgraciadamente asesinada de manera tan trágica. 
En otras palabras: hay un largo camino hasta la igualdad. 
Si examinamos nuestras propias filas, la situación es un poco mejor, sin embargo, no es buena, como es mencionado también por las dos ponentes, cuyo trabajo, dicho sea de paso, querría felicitar calurosamente. 
Se ha avanzado un poco, no obstante, aún se está lejos. 
Como mujer y a mis años, y cuando se ha tomado parte directa e indirectamente durante toda la vida en el movimiento feminista, debe una evitar el recurrir a una fácil impotencia, tal y como otro orador también ha dicho. 
Todo esto ya lo hemos dicho anteriormente. 
La impotencia no conduce como es sabido a nada bueno, por lo que de una manera positiva quiero celebrar lo alcanzado. 
Volviendo la vista atrás, veo que han ocurrido naturalmente muchas cosas, aunque no sean suficientes. 
Lo importante es que, a pesar de todo, hemos dejado de discutir- en cualquier caso, no públicamente- sobre si mujeres y hombres valen lo mismo. 
No obstante, cuando ahora valen lo mismo, ¿por qué esto no se refleja con mayor claridad en las cifras? 
Este es el debate de hoy. 
¿Existe, de todos modos, un invisible techo de cristal, se trata con otras palabras de que en ciertos lugares no se aceptan mujeres, o existen razones relacionadas con la vida práctica, por ejemplo, la familia y los hijos? 
Lamentablemente, aún se trata de una combinación de ambas cosas, de ahí que los problemas también deban ser atacados desde ambos ángulos. 
En todo caso, las mujeres debemos darnos cuenta de que el poder nunca se entrega voluntariamente y de que nunca alcanzaremos una verdadera igualdad de oportunidades, a menos que las mujeres también entreguemos parte de nuestro poder. 
Señor Presidente, participamos una vez más en un debate sobre la igualdad de oportunidades con la intención de contribuir siempre a que la igualdad sea una realidad y también con la intención de que una voz masculina se una a las voces de las diputadas que la reclaman y exigen. 
En el brevísimo tiempo de que disponemos, dos observaciones también muy breves: la primera, para poner de relieve el hecho de que este debate se celebre hoy, este martes, y no el viernes, como, por desgracia, había sido habitual para este tema y otros igualmente exiliados a esa mañana; la segunda es consecuencia de que haya algunas señales positivas en el plano institucional con la inclusión en Amsterdam del nuevo artículo 6 A y con la adición al artículo 2. 
Ahora bien, como subraya la Sra. Kokkola- a la que deseamos felicitar, así como a todas las demás ponentes, por su trabajo -, es necesario que no representen nuevos avances tan sólo en la teoría, sin efectos prácticos, que no sean unas palabras bonitas más como las que rodean el mainstreaming, sin evaluación ex ante y ex post, cuantitativa y cualitativa. 
También queremos congratularnos de la propuesta de definir y traducir bien mainstreaming, lo que reflejará una sentida necesidad de universalidad, y estamos de acuerdo con la expresión portuguesa «acciones para la igualdad». 
¡Y hacen falta acciones! 
Señor Presidente, el Acuerdo de Amsterdam ofrece indudablemente nuevos instrumentos para la promoción de la igualdad, lo cual debe considerarse también como un triunfo conseguido por las mujeres. 
Sin embargo, la Sra. Dybkjær tiene toda la razón en lo que ha dicho. 
Se ve también un techo de cristal en la dirección de la Unión Europea; en la foto de familia de la Unión Europea siguen posando un grupo de señores vestidos de traje gris, la Reina Beatriz y dos ministras de Asuntos Exteriores, eso es todo. 
Tal como aquí se ha expresado en numerosas intervenciones, necesitamos sin ninguna duda instrumentos que fomenten la igualdad. 
Uno de los modos para lograr esta promoción de la igualdad sería mediante la elaboración con carácter anual de planes de igualdad en todas las empresas y organismos públicos. 
En este contexto podría incluirse el establecimiento de cuotas provisionales para lograr una mejor participación de las mujeres, o del sexo peor representado. 
La formación constituye igualmente un elemento fundamental con vistas a la promoción de la igualdad en empresas y organismos públicos. 
Se deben tener en cuenta estas cuestiones de una manera activa. 
Debemos acostumbrarnos a ellas, por todo lo cual el principio de «mainstreaming» es precisamente un arma de doble filo: se le debe prestar verdaderamente atención de manera activa, ya que no se concretizará por sí solo. 
Con motivo de los preparativos que se llevan a cabo ante la Unión monetaria, es especialmente importante poner de manifiesto la igualdad y la situación de la mujer, puesto que- tal como queda recogido en el informe de la Sra. Kokkola- la adecuación de las economías nacionales a las condiciones de la UEM puede llegar a golpear a las mujeres de manera muy violenta. 
Esta adecuación conllevará la supresión de puestos de trabajo en ámbitos del sector público como es el de la asistencia, precisamente un campo de tradición femenina. 
Finalmente, desearía recordarles que el Consejo elaboró una recomendación ya en el año 1992 para la habilitación en los Estados miembros de guarderías infantiles; se trata de una cuestión que deberá registrar un avance que haga posible la participación de las mujeres en la vida laboral. 
Señor Presidente, integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias es una empresa loable, y desearía felicitar a la Sra. Kokkola, autora de este excelente informe. 
El contenido del informe y los esfuerzos de la Comisión ejecutiva son tranquilizadores. 
El principio de mainstreaming (políticas para la igualdad) sustenta todas las acciones, todas las políticas de la Unión, a todos los niveles, y concierne, por tanto, a todas las comisiones parlamentarias. 
Este objetivo de igualdad entre hombres y mujeres se ha convertido en una preocupación con respecto al conjunto de nuestras acciones, y no podemos menos que congratularnos por ello. 
Sin embargo, subsisten algunas preocupaciones. 
¿Cómo puede aplicarse también a los hombres la integración del parámetro de la igualdad de oportunidades sin adoptar medidas de discriminación positiva en favor de las mujeres, si el objetivo perseguido es lograr una igualdad real? 
Esta laguna, que revela cierta ambigüedad, me molesta. 
Nuestra ponente parece ser consciente de ello cuando pide la aplicación de medidas de este tipo en aquellos ámbitos en que las mujeres aún se encuentran desfavorecidas. 
Desgraciadamente, estos ámbitos son todavía demasiado numerosos y, en cualquier caso, significativos, tanto en el plano económico como en el político. 
En efecto, las mujeres que ocupan puestos de toma de decisión siguen siendo la excepción. 
En los quince Estados miembros las mujeres apenas llegan a ocupar un puesto de responsabilidad de cada cinco, ¡y podemos estar contentos si en la Comisión ejecutiva el 25 % de los sillones en los que se toman decisiones están ocupados por mujeres! 
Se trata, naturalmente, de un progreso notorio, pero hay que ir aún más lejos. 
Señorías, considero, por consiguiente, que el principio de mainstreaming debe favorecer prioritariamente a las mujeres. 
La desigualdad que está en el origen de este debate les afecta más que ninguna otra. 
La situación actual requiere la instauración de una desigualdad compensadora, ¡que es el único principio capaz de conducir a una igualdad real entre hombres y mujeres! 
Señor Presidente, como diputado del pueblo francés, querría aclarar que en esta circunstancia- es decir, al comentar el informe de la Sra. Kestelijn-Sierens- soy portavoz de mi esposa y de mis cuatro hijas, así como de mis dos colegas del Consejo Regional de la región Midi-Pyrénées. 
Desearía añadir que he trabajado durante quince años en una empresa donde la mitad del personal y el 70 % del personal dirigente eran mujeres. 
Mi esposa, mis hijas, mis amigas, me han dicho con cordialidad y sentido del humor, incluso irónicamente, que no deseaban por nada del mundo la igualdad preconizada por la Sra. Kestelijn. 
¡Me han dicho que las mujeres vivían una media de diez años más que los hombres y que les parecía muy bien! 
Me han dicho que las mujeres francesas no querían para ellas todos los trabajos reservados a los hombres y que no sentían la añoranza socialista de las soviéticas que manejan perforadoras neumáticas y maquinaria agrícola. 
Me han dicho que no deseaban ese tipo de condescendencia ni esa ruptura con el principio de la igualdad ciudadana que, según la Sra. Kestelijn, debería suponer " una ayuda especial a las mujeres empresarias» , que la política de las cuotas obligatorias les parecía grotesca. 
A la mujer francesa no le traía a cuenta que su dignidad, su reputación, su influencia, dependiera de una dotación obligatoria del 50 % en el seno de una triste asamblea. 
Me han manifestado su horror frente a la reivindicación según la cual habría que tomar en consideración a todos los niveles, cito: " la dimensión mujer» , desafortunada y burda expresión de un discurso, según ellas, propio de una barbarie igualitaria. 
Les ha causado muchísima gracia leer la denuncia de la ínfima participación de las mujeres en los procedimientos de toma de decisión, salvo en los países nórdicos. 
Me piden que diga que a las mujeres francesas les importa poco los modelos que se mencionan de los servicios postales daneses o de la administración sueca y que rechazan el imperialismo burdo que pretende " cambiar la cultura política» , puesto que la cultura política de las mujeres, arraigada durante tres mil años de civilización grecolatina y cristiana, es la de las grandes heroínas de nuestros pueblos, de Antígona a Juana de Arco, de Santa Genoveva a la Madre Teresa, y también la cultura de la gran cantidad de talentos que existen en todos los ámbitos de las ideas, de las artes y de la literatura. 
Me han expresado su consternación frente a un texto que no menciona ni la feminidad ni la maternidad y que se limita a citar con una grosería detestablemente masculina un " en caso de embarazo». 
Como si el equilibrio y lo maravilloso de la naturaleza humana no se realizasen en el esplendor, en la armonía de los dos principios complementarios queridos por el Creador, cuales son la feminidad y la masculinidad. 
Como si la transmisión de la vida hasta su término, después del goce de la fecundación común, no estuviese reservada desigualitaria y maravillosamente a la mujer. 
Como si- salvo en un caso trágico particular- no fuera primero ella la que pudiese mecer mejor, dedicarse, amar, consolar, educar. 
Como si la obra de Blanca de Castilla, al educar para la vida al futuro San Luis, no fuese la más bella de las vocaciones: la maternidad. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, en la Comisión de Derechos de la Mujer y en mi grupo celebramos mucho el concepto de mainstreaming, pues creo que aquí tenemos ante nosotros un gran trabajo. 
La discusión es muy importante, pero no estamos en los titulares de los periódicos. 
Debemos hacer arraigar el concepto en las cabezas. A este respecto es importante que viajemos por dos vías. 
Hemos de mantener las medidas positivas de promoción de la mujer. 
Esto no se hace sin cuotas. 
Tenemos que implantar también la igualdad de oportunidades en otros ámbitos de la política. 
Quisiera referirme al procedimiento presupuestario pues es muy interesante. 
En el último año hemos impulsado por vez primera la feminización en el presupuesto y hemos introducido por doquier en los comentarios cuestiones relativas a la mujer o cuestiones relativas al género. 
Hemos logrado introducir comentarios en los Fondos estructurales, en los grandes programas PHARE, TACIS, MEDA etc. En intensos contactos con las direcciones generales de la Comisión hemos obtenido un resultado, que muestra de manera muy reveladora que el mainstreaming funciona muy bien en casos particulares pero funciona todavía muy mal en otros ámbitos como, por ejemplo, en la política industrial; en ésta el mainstreaming es todavía muy deficiente. 
En la política regional se están emprendiendo grandes esfuerzos, en la política de información habría abiertas muchas posibilidades. 
Un documento de trabajo que he presentado en la Comisión de Derechos de la Mujer, aclara muchas particularidades. 
Hemos de crear conciencia; en efecto, como muestra el Informe anual de la Comisión, si seguimos procediendo con esta velocidad, para asentar la igualdad de oportunidades necesitaremos todavía aproximadamente 100 años hasta que esté implantada definitivamente. 
En Suecia existe un modelo muy interesante. 
Allí todas las personas con responsabilidades de dirección, antes de acceder a un puesto directivo, deben realizar un gender training, incluso los ministros, todos los ministros; también los obispos, por ejemplo, han de reciclarse en este punto. 
Creo que el camino es acertado. 
Lucharemos para que la igualdad de oportunidades arraigue en las cabezas, se asiente en todos los ámbitos de la política, en todos los reglamentos. 
Insto, sobre todo, a los hombres a que apoyen en este punto a las mujeres. 
Señor Presidente, me parece adecuada la definición que la Sra. Kokkola ha dado a la palabra mainstreaming, sólo que carece de un detalle, a saber, el significado auténtico de la palabra mainstreaming: avanzar con la corriente principal sin sufrir la marginación. 
Echo de menos este elemento en la definición que, por lo demás, acepto tal y como es. 
Hoy debatimos un informe importante para los hombres y las mujeres. 
La incorporación del principio de igualdad de trato en todos los sectores de la sociedad suena extremadamente obvio, pero su aplicación en la práctica no lo es en modo alguno. 
Les voy a contar un hecho real que sucedió la semana pasada. No es una broma. 
La semana pasada durante una reunión que se celebró en los Países Bajos, se planteó la pregunta de por qué las mujeres no pasan del middle management a los altos cargos y un directivo de una gran multinacional establecida en los Países Bajos pregunta a otro: ¿A ti te gusta ver a las mujeres en la alta dirección? 
Y el directivo contesta: Verlas sí, pero no oirlas. 
Mientras que los altos cargos sigan pronunciando esta clase de afirmaciones, la igualdad de trato y la igualdad de presencia de ambos sexos no será una realidad y tanto más necesarias serán las acciones que la Comisión Europea se ha propuesto. 
Por tanto, dichas acciones son dignas de elogio, aunque su puesta en práctica será difícil. 
Afortunadamente, el Tratado de Amsterdam contiene estímulos para llegar a una política adulta. Proporciona una base para integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la legislación necesaria en todos los terrenos políticos. 
Me gustaría señalar explícitamente que el Tratado prevé la posibilidad de tomar medidas específicas en el ámbito profesional, que puedan constituir un estímulo excepcional para determinados grupos postergados o infrarrepresentados. 
Quisiera hacer ahora unas breves observaciones con respecto a las enmiendas. 
Es evidente que tenemos mucho cariño a la enmienda de la Sra. Thyssen, puesto que concierne a un grupo que el Consejo ha dejado bastante desamparado: los cónyuges que trabajan. 
La enmienda de la Sra. Cederschiöld ha despertado, como es natural, la simpatía de todos por su evidencia. 
Ella comenta que los conocimientos deben ser evidentes tanto para los hombres como para las mujeres. 
No obstante, es sorprendente que en los nombramientos, los conocimientos sólo salen a relucir cuando se trata de una representación equilibrada de la mujer en determinados cargos. 
Los conocimientos parecen ser sumamente evidentes para los hombres, pero nosotras no nos lo creemos. 
Les aconsejo que voten en contra de esta enmienda ya que, en el fondo, es discriminatoria. 
Los conocimientos son para las mujeres un requisito evidente en los nombramientos, pero también lo son para los hombres. 
Esto nunca se ha mencionado, ¿por qué ahora? 
En cuanto a la enmienda no 20, recomendamos que voten en contra de la última parte. 
Está bien que se tengan en cuenta todas las cuestiones enumeradas en la misma, como el transporte, la formación, su financiación, etc. Sin embargo, no todas las mujeres necesitan ayuda financiera. 
A mi juicio, los fondos estructurales han de movilizarse donde sean necesarios y no por principio. 
El artículo 14 pide una evaluación. Me gustaría exponer esto de forma más concreta. 
En los sectores económicos se maneja el concepto " benchmarking» : un método para medir y comparar las prestaciones propias con las de los demás. 
Comisario Flynn, ¿no puede Usted elaborar unos criterios de benchmarking con miras a la futura evaluación de los resultados del mainstreaming? 
Por último, quisiera insistir en que se indique claramente a los países aspirantes de la Europa Oriental que la política de igualdad forma parte del acervo comunitario. 
Agenda 2000 no menciona, en ningún momento, el mainstreaming en la Europa Central y Oriental. 
Para terminar, me gustaría decir lo siguiente: Parlamento Europeo analiza tu propia política de personal. Señalamos a todos, salvo a nosotros mismos. 
Tampoco puedo encontrar mujeres en los altos cargos del Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, el primer informe anual de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituye de por sí un avance positivo. 
Desde mi punto de vista, este informe es beneficioso de cara a la planificación y a la aplicación de un futuro marco de igualdad, si bien cabe lamentar indudablemente que este informe no recoja todavía la evaluación y el análisis en detalle precisos para agilizar este proceso. 
Espero que se materialicen también las buenas medidas propuestas por las autoras de los informes. 
Se debe potenciar la participación de las mujeres a todos los niveles del proceso de toma de decisiones. 
Creo que las cuotas provisionales constituyen un instrumento eficaz para lograr este objetivo, y que se podría prescindir de ellas una vez que se hubiera alcanzado un grado natural de igualdad por lo que respecta a la representación en los órganos de toma de decisiones. 
En mi opinión, así lo mostrará la experiencia del sistema de cuotas que contempla la legislación finlandesa en materia de igualdad. 
Creo que es realmente lamentable que, a pesar de la legislación comunitaria y de las disposiciones nacionales de numerosos países, estemos aún lejos de lograr la igualdad salarial. 
Se debe superar de una vez por todas el abismo salarial y poner fin a la escisión existente en el mercado laboral. 
Asimismo, debemos comenzar a aplicar sistemas eficaces de evaluación del trabajo que nos permitan mejorar la valoración de las actividades laborales, hoy por hoy infravaloradas, de los sectores con predominio de mano de obra femenina. 
Igualmente, la representación femenina en las actividades de desarrollo regional está claramente por debajo de sus posibilidades. 
Esta circunstancia impide que los proyectos y las empresas de mayor presencia femenina puedan beneficiarse de los programas de desarrollo regional y de las ayudas de los Fondos estructurales, por lo cual se debe cuanto antes aumentar también a nivel regional la proporción de mujeres participantes en los órganos de decisión. 
Señor Presidente, yo también deseo recalcar con satisfacción el hecho de que se esté dedicando, un martes por la mañana, una buena parte del debate al tema de la igualdad de oportunidades. 
Esto no sólo significa que lo que expresaron la Comisión de Derechos de la Mujer y el Parlamento empieza a tenerse en cuenta, sino que éste se convierte en uno de los asuntos centrales, junto con otros, de la política de la Unión Europea. 
Estamos abordando ahora dos informes importantes. 
El primero de ellos, sobre el Informe anual de la Comisión relativo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cuya ponente es la Sra. Kestelijn-Sierens, se propone dar cuenta de los progresos realizados en estos años con respecto a la aplicación de la igualdad de oportunidades, comprobar los progresos realizados, aumentar la visibilidad de la política comunitaria en pro de la igualdad de oportunidades, fomentar el debate acerca de las estrategias futuras e implicar a un amplio público, porque, a raíz de los datos que resultan del propio informe, se deduce que sigue siendo exiguo el conocimiento que las mujeres tienen de sus derechos y de la necesidad y la posibilidad de que los mismos se respeten. 
El informe se articula en seis capítulos y sigue, sustancialmente, el planteamiento del cuarto programa de acción. 
Esto es positivo, ya que significa que existe una continuidad y una puesta en práctica de las elecciones realizadas y de las políticas llevadas a cabo durante estos años. 
En su conjunto, y respecto a esto coincido con la ponente, el informe facilita una gran cantidad de datos, de los que se desprende precisamente que, a pesar de los progresos realizados, el principio de igualdad de oportunidades está, por desgracia, todavía muy lejos de ser aplicado concretamente. 
Quisiera proponer algunos ejemplos empezando por el trabajo. 
A pesar de la creciente feminización del mercado laboral, sigue existiendo una muy acentuada segregación laboral de las mujeres tanto de tipo horizontal como vertical. 
En las mujeres se registra una tasa de desempleo más elevada, en especial entre los desempleados de larga duración. 
A pesar de las legislaciones nacionales y de la Unión, sigue habiendo una diferencia que, por término medio, es de un 20 % entre las retribuciones de las mujeres y de los hombres. 
Otro ejemplo lo constituye la necesidad de una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procedimientos de toma de decisiones. 
También en este caso, a pesar de los avances realizados- la Conferencia de Pekín, la Comunicación de la Comisión- se han registrado por término medio y, sin duda, con niveles diferentes según los Estados miembros, menores progresos por lo que se refiere a las mujeres en la Unión Europea, aunque se constata una importante evolución de la contribución de las mujeres y de su papel, con situaciones muy distintas entre los varios Estados. 
Todos los datos de que disponemos sobre los diferentes aspectos, sin embargo, no van seguidos de un análisis preciso y, ante todo, de una atenta evaluación de impacto en las políticas. 
Es por esto que invito a la Comisión a que tenga en cuenta las sugerencias que propone la ponente en su informe, a fin de que el próximo Informe anual sea más ágil, pueda utilizarse de forma amplia y tenga más en cuenta las sugerencias que el Parlamento Europeo viene realizando desde hace tiempo en sus diferentes informes, más rico de ejemplos de buenas prácticas y de instrumentos concretos con objeto de que el mainstreaming, tema que se aborda de forma específica en el informe de la Sra. Kokkola, se convierta realmente en el principio inspirador de todas las políticas, a escala tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros. 
La Sra. Kokkola realiza un análisis muy lúcido sobre la aplicación del principio del mainstreaming, pone de relieve no sólo sus aspectos positivos, sino también todas sus carencias actuales y ofrece una serie de sugerencias que, creo, la Comisión debe tener en cuenta obligatoriamente. 
El mainstreaming no es una alternativa a las acciones positivas y, ya que estamos lejos de la aplicación real de la igualdad de oportunidades, deben llevarse adelante tanto el uno como las otras. 
El mainstreaming debe aplicarse en todas las políticas y, por consiguiente, la responsabilidad corresponde tanto a la Comisión como a los Estados miembros. 
La Comisión debe tener y puede desempeñar un papel más vinculante con respecto a los proyectos de los Estados miembros en materia de formación, tiene una responsabilidad en lo que se refiere a la formación del personal que luego aplica la igualdad de oportunidades. 
En el debate sobre la reforma de los Fondos estructurales hay que insertar elementos obligatorios, a fin de que los Estados miembros respeten este principio, so pena la intervención en las financiaciones. 
Y es preciso realmente que las indicaciones dadas hasta ahora se conviertan en elementos vinculantes y concretos de una verdadera política de igualdad de oportunidades de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, como lo han hecho muchos de mis colegas, desearía ante todo expresar mi satisfacción. 
En efecto, contrariamente a la deplorable costumbre que existe en este Parlamento, los informes de la Comisión de Derechos de la Mujer figuran, al fin, en el orden del día del martes y no en el del viernes, ya que la mayoría de nuestros colegas han cogido la también deplorable costumbre de marcharse de Estrasburgo antes de tiempo. 
Al igual que nosotros, la Comisión espera que nuestro debate llegue a un público amplio, puesto que se trata de mejorar la comprensión y la elaboración de políticas de igualdad de oportunidades. 
En los dos informes, tanto nosotros como el público interesado nos enfrentamos a un nuevo lenguaje que me temo no ayude a comprender mejor nuestro propósito. 
Pienso en particular en los millones de mujeres a las que deseamos garantizar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades. 
Es muy loable haber inventado el mainstreaming, pero es una palabra difícil de traducir en la lengua de Voltaire. 
Como afirma con razón la Sra. Kokkola, nuestra ponente, a quien felicito, este término vehicula un concepto extraño, salvo para una pequeña minoría de especialistas. 
No obstante, la intención de la Comisión de integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias cuenta con nuestro apoyo, en el entendimiento de que el mainstreaming no puede dar un carácter superfluo a la política de igualdad en el sentido del artículo 119 y sobre la base de directivas y programas concretos. 
Éstos deben, naturalmente, dotarse de medios presupuestarios suficientes, lo que no ocurre actualmente. 
El informe de la Sra. Kestelijn-Sierens, a quien también felicito, ilustra perfectamente el camino que queda por recorrer, cuarenta años después de la entrada en vigor del Tratado de Roma, para eliminar las discriminaciones de que siguen siendo víctimas las mujeres en muchos campos. 
Además, se trata de integrar al principio de mainstreaming la noción basada en la perspectiva de género. 
El hecho de fomentar esta perspectiva a la fase de elaboración de proyectos y programas, así como la sensibilización de los funcionarios sobre dicha cuestión, son otras de las reivindicaciones planteadas en los informes. 
Con respecto al término "género» , uno de mis colegas franceses, el Sr. Bourlanges- por no decir su nombre -, me hizo observar que, en su lengua, la palabra" género» se emplea comúnmente en gramática. 
En cambio, la gente utiliza generalmente la palabra " sexo». 
Me señaló asimismo que sólo en Marcel Proust la palabra " género» se emplea con una connotación sexual indirecta. 
Al final de Un amor de Swann, el novelista dice que Swann había malgastado su vida por una mujer que no era el " género» de persona que éste prefería. 
Se trata de un juego de palabras en clave para sugerir que quizá el género preferido de Swann no era el femenino. 
¿Debemos pensar, a propósito de este nuevo concepto de género que irrumpe en nuestros textos, que la palabra sexo nos horroriza? 
Espero que no, ya que las discriminaciones sexuales siguen existiendo, y no se eliminarán estableciendo nuevas designaciones en el seno de una política que debe seguir basándose en la firme voluntad de tratar a los dos sexos, afortunadamente diferentes, en un pie de igualdad en lo referente a los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, me avergüenzo de no poder citar a Voltaire y a Proust como con tanta erudición ha hecho la Sra. Lulling. 
Quiero unirme a mis colegas al decir lo maravilloso que es disponer de toda una mañana para celebrar los avances logrados por las mujeres en la Unión Europea y plantear nuestras gravísimas preocupaciones por las actitudes y la falta de medidas efectivas por parte de los gobiernos y de la Unión Europea en relación con las desventajas que aún afrontan las mujeres. 
Acojo con la mayor satisfacción los informes de mis dos colegas. 
El de la Sra. Kestelijn-Sierens aplaude acertadamente el hecho de que por primera vez tengamos un informe anual en la Unión Europea sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Este informe anual puede ser un instrumento para aclarar y explicar la política de igualdad al público de la Unión Europea, en particular a las mujeres, que llevan mucho tiempo pidiendo una estructura reconocible mediante la cual puedan apreciar sus avances, calendarios y adopción de decisiones. 
El informe anual de la Comisión es una contribución seria e importante al debate de la Unión Europea sobre la igualdad al final del siglo XX. 
Sin embargo, también está en lo cierto la Sra. Kesteljin-Sierens al señalar las deficiencias del informe de la Comisión, tales como la necesidad de un análisis y una evaluación más profundos, la omisión de la importante labor parlamentaria sobre la igualdad y la falta de atención a los más importantes temas de debate y que más nos interesan, tales como la violencia contra las mujeres y las posibles repercusiones de la Conferencia Intergubernamental en la igualdad de oportunidades, además de las repercusiones de la ampliación. 
Sobre la cuestión del mainstreaming felicito a mi colega la Sra. Kokkola por su informe. 
El mainstreaming es un intento muy serio por parte de las instituciones de la Unión Europea de propiciar un cambio cultural en las actitudes en todos los sectores normativos. 
Dicho cambio cultural va a requerir tiempo. 
Se ha lamentado que sólo un pequeño grupo de personas interesadas, de expertos, de quienes se ocupan de la igualdad, si se quiere, entiende lo que es el mainstreaming. 
Para que funcione y para que las mujeres reciban de verdad un trato justo en las políticas de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento deben procurar promulgar el mainstreaming desde ahora hasta el siglo XXI. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, me gustaría aprovechar estos dos minutos finales del debate para hacer un breve comentario de cara al futuro. El presente informe anual y la comunicación de la Comisión, por las que expreso mi gratitud al Comisario, constituyen un buen instrumento adicional. 
Ahora lo que cuenta, sobre todo, es convertir esos bonitos principios sobre el papel en hechos reales y medidas severas. 
Resulta obvio que en la mayoría de los Estados miembros el mainstreaming no es, en absoluto, una evidencia. 
Tengo la certeza de que no es una cuestión de terminología o de no comprender las palabras, sino de una falta de cultura política. 
No obstante, en un futuro inmediato, el concepto de mainstreaming habrá de demostrar su utilidad en unos retos muy significativos. 
En primerísimo lugar, el empleo, la Cumbre de Luxemburgo. 
Los planes plurianuales elaborados a continuación de Essen apenas superan la prueba de la igualdad en la mayor parte de los Estados miembros. 
En general, las mujeres no están incluidas en los planes de los Estados miembros o han sido relegadas a los grupos de riesgo. 
Por lo tanto, Señor Presidente, no me cabe la menor duda de que es esencial que la Cumbre de Luxemburgo entienda que la lucha contra el desempleo es, a la vez, una lucha por la igualdad de oportunidades. 
En segundo lugar, los fondos estructurales, que ya han sido mencionados varias veces en esta Asamblea. 
Resulta que dichos fondos, especialmente los regionales y agrícolas, muy pocas veces se utilizan con vistas a hacer avanzar la participación de las mujeres. 
A mi juicio, es obvio que en la reforma de los fondos estructurales, existe la manifiesta necesidad de facilitar a las mujeres el acceso a dichos fondos en todos sus ámbitos. 
Ello significa que hemos de hacer patente el mainstreaming, formular objetivos claros, definir criterios e indicadores y elaborar métodos de evaluación basados en estadísticas que no omiten el impacto diferencial por sexos. 
Con tal motivo, alguien dijo hace un rato: Comisario esperamos de usted que desarrolle un método benchmarking para las mujeres, que elabore una prueba para medir la igualdad de oportunidades. 
Naturalmente, el instrumento más poderoso sería que un mayor número de mujeres participaran en la toma de decisiones. Esta opinión se ha expresado varias veces en este debate. 
Lamentablemente, el Tratado de Amsterdam no nos ha proporcionado un instrumento nuevo en este sentido. 
Confío en que el Comisario y la Comisión apliquen el Tratado de Amsterdam con la mayor creatividad posible, a fin de lograr progresos en esta materia. 
Señor Presidente, en la realización de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres se han logrado discretos avances como se desprende del Informe anual 1996 de la Comisión y del informe de la Sra. Kestelijn-Sierens. 
Existen todavía enormes déficits, tanto en el plano comunitario como a nivel nacional. 
Las oradoras que me han precedido han aludido a esto con toda razón. 
Pero el mainstreaming constituye, como corriente principal, una importante idea para la realización de la igualdad de oportunidades, que está pendiente desde hace tiempo, en el supuesto de que irá vinculada a la totalidad de concepciones y medidas de la Unión Europea y que no va a ser relegada a nichos o a escenarios secundarios. 
Para lograr cambios positivos duraderos se necesitan programas específicos, desde la información y el trabajo de concienciación hasta el análisis cualitativo de programas y acciones. 
El Proyecto de Tratado de Amsterdam ha fortalecido los fundamentos jurídicos para las medidas de equiparación. 
Antes el artículo 119 constituía la única alusión. 
Ahora el artículo 2 se complementa con la equiparación. 
Por consiguiente, la Comunidad tiene la función de eliminar las desigualdades y de prohibir la discriminación por razón del sexo. 
El Protocolo social y el capítulo sobre el empleo contienen también importantes modificaciones, como hemos podido constatar con satisfacción en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
El mainstreaming, tal como ha dicho la ponente, la Sra. Angela Kokkola, en su comprometido trabajo, concierne a cada cual, tanto a las mujeres como a los hombres. 
Son imprescindibles el cambio de mentalidad de los hombres, el abandono de tradiciones seculares y la disposición y la voluntad de cambiar. 
Esto se ve en la vida profesional, en la que los puestos de dirección siguen estando ocupados según criterios de sexo, a pesar de las elevadas cualificaciones profesionales, demostrables, y de las capacidades sociales de las mujeres. 
En el mercado de trabajo las mujeres siguen constituyendo una reserva movilizable a discreción. 
En las fases buenas son llamadas a los trabajos y en las malas rachas son despedidas. 
Carecen de seguridad y de perspectivas. 
Las medidas de promoción siguen siendo escasas, bien las encaminadas a la mejora de la cualificación profesional, bien las encaminadas a la formación en los ámbitos técnicos- Dios mío, todavía uno de los típicos dominios masculinos -, bien las que se encaminan a facilitar la vuelta al mercado de trabajo después de la fase de la maternidad. 
El informe recomienda criterios para la valoración de la equiparación y exige con razón estudios sobre los efectos del mainstreaming en los Estados miembros. 
Las numerosas posibilidades de ayudar a las mujeres en el ámbito de los Fondos estructurales, desde los proyectos piloto hasta el aumento de la proporción de mujeres, figuran también en nuestra lista común de peticiones. 
Señor Comisario, contamos firmemente con la capacidad de motivación y de realización de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, deseo comenzar agradeciendo a todos los que han hecho contribuciones su fortísimo apoyo a nuestro nuevo instrumento: el informe anual. 
Ha recibido muy buena acogida, cosa que me complace mucho. 
Quisiera en particular aprovechar la oportunidad para agradecer a las ponentes de la Comisión de Derechos de la Mujer, la Sra. Kestelijn-Sierens y la Sra. Kokkola, su gran labor en la preparación de los informes relativos al informe anual de la Comisión para 1996 sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea y sobre la comunicación de la Comisión: la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias. 
Me complace mucho, desde luego, tomar nota de que han acogido con el mayor beneplácito este primer informe anual de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. 
Desde su publicación, el informe ha recibido muy buena acogida en la prensa y también en el Comité Consultivo Europeo sobre la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, en el Comité Económico y Social y también en muchas de las otras organizaciones que se ocupan de la igualdad de oportunidades. 
Muchas de las propuestas hechas en el informe de la Sra. Kestelijn-Sierens para la Comisión de Derechos de la Mujer son muy constructivas y muy útiles para nosotros, por lo que, al preparar el próximo informe, procuraremos tenerlas en cuenta lo más posible. 
El primer informe va encaminado a la consecución de tres objetivos principales: notoriedad, estrategia y convergencia. 
La ponente considera que el objetivo de estrategia no está aún plenamente desarrollado. 
Se trata de algo en lo que vamos a trabajar y que en el futuro se desarrollará más. 
Acojo con beneplácito las propuestas sobre los temas que se deben incluir en los próximos informes anuales y los tendremos en cuenta como propuestas muy útiles que son. 
Indudablemente, los próximos informes estarán más dedicados a las novedades en los años correspondientes. 
Por lo que se refiere al capítulo relativo a la aplicación de la plataforma de Pekín por los Estados miembros, se redactó a partir de la información recogida de los Estados miembros y abarca el período hasta junio de 1996. 
En el informe de 1997, que ya está en preparación, se incluirá más información sobre la aplicación de la plataforma en el nivel nacional. 
En el informe de ese año figurará, como se había pedido, más información sobre la evolución de la situación en el nivel nacional. 
De modo que, como ha dicho la Sra. Van Lancker, tenemos un instrumento muy útil aquí, en este informe anual: podemos denominarlo instrumento evaluador y estamos deseosos de mejorarlo de conformidad con los deseos de Sus Señorías, a medida que avancemos. 
Respecto del informe sobre el mainstreaming, redactado por la Sra. Kokkola, me complace tomar nota de la similaridad de opiniones entre el Parlamento y la Comisión sobre esta cuestión esencial de la promoción de la igualdad de sexos y la integración de una perspectiva de igualdad de los sexos en todas las políticas comunitarias. 
Se trata de un objetivo que sólo se podrá alcanzar si todas las instituciones europeas lo reconocen y se comprometen a adoptar medidas concretas. 
Su informe pone de relieve varias cuestiones importantes, que la Comisión ha incluido ya en su cuarto programa de acción, tales como la necesidad de cambiar las estructuras y las actitudes y formular políticas para avanzar hacia la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
La Comisión ha adoptado ya medidas concretas con vistas a la incorporación de la igualdad a todas las políticas y, en particular, en las políticas relativas a la formación profesional y al mercado laboral, como pone de relieve el informe. 
En ese marco, recientemente se ha aprobado un documento de estrategia en el que se esbozan las medidas que se adoptarán en el futuro. 
Figuran, entre ellas, el fortalecimiento de la cooperación entre los servicios, la formulación de procedimientos y directrices para la evaluación de las repercusiones de la diferencia de sexos y la supervisión de los resultados. 
Esas medidas reflejan también algunas de las preocupaciones principales del Parlamento. 
Veintinueve direcciones generales y servicios horizontales participan en la ampliación de esa estrategia dentro de la propia Comisión. 
Tomo nota con satisfacción de que la ponente subraya la vinculación entre el mainstreaming y la participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones. 
La política de personal de la Comisión en materia de igualdad entre mujeres y hombres está concebida con vistas a lograr un cambio real en ese sentido. 
Deseo acoger con beneplácito, en particular, la insistencia en la importancia de la adopción de un planteamiento dual que abarque a un tiempo las medidas positivas y las actividades de mainstreaming, la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en la formulación y la aplicación de los Fondos estructurales y de mejorar los datos estadísticos sobre la utilización de los Fondos estructurales por las mujeres y los hombres y, por último, la necesidad de hacer que la política de mainstreaming sea un elemento importante de nuestras negociaciones con vistas a la ampliación. 
La Comisión tendrá en cuenta las preocupaciones del Parlamento y procurará intensificar sus medidas con vistas a la consecución de los objetivos a los que se concede prioridad en este informe. 
Varios diputados han hecho referencia a la interpretación y la definición del término» mainstreaming» y a la confusión que a veces lo rodea. 
Ese término no fue invención de la Comisión, sino que procede del propio movimiento de las mujeres. 
Resulta totalmente claro a todos nosotros aquí, y de hecho, a las instituciones de la Unión también, que a lo que nos referimos con ese término es, en realidad, a la integración en otras políticas y mecanismos de financiación. 
La Sra. Crowley lo ha resumido muy bien, cuando ha dicho que necesitamos un cambio cultural a este respecto. 
Podemos resumir la definición más amplia del modo siguiente: una estrategia más activa y englobadora para promover la igualdad de oportunidades movilizando no sólo medidas positivas por derecho propio, sino también todas las políticas y medidas generales para ese fin. 
Vamos a centrar nuestras medidas de ejecución en los avances reales en la integración de las preocupaciones relativas a la igualdad en la aplicación práctica de todas las medidas pertinentes. 
Ésa es la clave; sea cual fuere la definición y el entendimiento que tengamos, no cabe duda de que debemos adoptar medidas. 
Se ha dicho que tal vez podría ser útil para nuestro próximo informe disponer de un glosario de términos comúnmente empleados en los debates sobre los asuntos relativos a la igualdad. 
Semejante glosario tal vez eliminara gran parte de la confusión sobre lo que se quiere decir precisamente con los términos que utilizamos. 
Mi recomendación será la de que tal vez podríamos hacerlo en la próxima ocasión. 
La Sra. Maij-Weggen ha demostrado mucho apoyo al informe anual y se lo agradezco. 
Pero ha hecho una observación muy concreta sobre las mujeres en los altos cargos de las instituciones comunitarias. 
Se trata sin duda de algo a lo que debemos prestar mucha atención. 
La Comisión ha logrado, señora Maij-Weggen, algunos avances importantes a este respecto que quisiera exponerle. 
Entre el 1º de enero de 1994 y 1997, el número de mujeres en los niveles A1 y A2, los niveles más altos que tenemos en los servicios de la Comisión, se han más que triplicado, al pasar de 5 a 18. 
Se trata de una mejora muy importante en ese sector. 
No es suficiente, pero es una mejora muy substancial y espero, sinceramente, que podamos lograr el mismo tipo de avances también en las otras instituciones. 
La Sra. Van Lancker ha hecho una observación sobre la cumbre relativa al empleo y lo que podemos hacer en ella. 
Estoy muy interesado en ello. 
Quiero asegurar a Su Señoría que se incluirá la igualdad de oportunidades en las directrices sobre el empleo que propondré a la Comisión en un futuro próximo. Creo que se debe considerar una buena noticia. 
La Comisión es sincera en su compromiso con la aplicación de la estrategia de mainstreaming. 
Estamos comprometidos también con una estrategia a largo plazo de movilización de todas las políticas y medidas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. 
Existe muy poca experiencia en la que basarse por lo que se refiere al mainstreaming, pero, a medida que avancemos, podremos mejorar esa situación. 
Hemos empezado bien, creo yo, en lo que hemos hecho hoy. 
Soy optimista respecto al futuro. 
A partir de ahora, se debe perseguir el mainstreaming como un principio que forma parte del nuevo proyecto de Tratado y no cabe duda de que también hay novedades positivas a ese respecto. 
Debe permitirnos dar pasos mucho más importantes en el futuro. 
La contribución de Sus Señorías a ese respecto es muy importante. 
Se lo agradezco a todos colectivamente, en particular dentro del proceso de codecisión, dondequiera que sea apropiado. 
Se han logrado avances y debemos reconocerlo. 
Con el paso de los años han sido bastante substanciales, pero las cuestiones planteadas requieren nuestra constante atención y tenemos que elevar el nivel de sensibilización y el relieve de esta cuestión de la igualdad por doquier. 
La celebración de la reunión aquí hoy, el martes, constituye un importante estímulo a la actividad futura de la Comisión y del Parlamento a este respecto. 
Nuestros informes anuales y la ejecución de nuestro programa serán un motivo de preocupación constante para nosotros y la prioridad primordial de mi mandato como Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Violencia contra las mujeres 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0250/97) de la Sra. Eriksson, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la necesidad de realizar en toda la Unión Europea una campaña sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. 
Señor Presidente, no somos muchos los presentes, pero eso no significa que esta cuestión no afecte a muchos ciudadanos. 
A veces esto se dice con ciertas dudas en la Cámara. 
En este caso, no obstante, yo sé que es cierto, puesto que durante un año entero he tenido la oportunidad de trabajar con este informe y de entrevistar a personas que se han visto expuestas realmente a la violencia física o que trabajan prestando apoyo a estas personas. 
A veces nos preguntamos sobre el motivo de la discriminación en el ámbito salarial, o de que tengamos tan pocas mujeres en puestos de responsabilidad, sobre lo que hemos debatido muy recientemente. 
¿Cómo distinguir entre causa y efecto? 
Es bueno comprobar que, desde que Aristóteles dijera que la mujer era un «ser defectuoso e inferior, cuya única tarea debía ser la de dar a luz a nuevos hombres» , hemos avanzado algo. 
No obstante, sigue existiendo un amplio pensamiento aristotélico en la sociedad en que vivimos. 
Para ser breve, vivimos bajo unas estructuras patriarcales, donde el hombre es superior y la mujer subordinada en todos los ámbitos y modalidades. 
Incluso las propias mujeres nos consideramos como subordinadas. Mientras sigamos haciéndolo, seguiremos en la era de Aristóteles. 
La consecuencia más extrema de estas estructuras sociales es la violencia física que se ejerce contra las mujeres. 
Se trata de las violaciones y de otros ataques sexuales, de los malos tratos, las vejaciones sexuales, la prostitución y la pornografía. 
Éstas son las consecuencias más extremas con las que convivimos. 
En mi país, Suecia, muere una mujer cada diez días a causa de los malos tratos extremos a que la ha sometido un hombre de su entorno familiar. 
Durante el verano pasado hemos dado curso a varias demandas por violación en las que se refleja directamente la influencia de la pornografía en la violación de diversas mujeres. 
La violencia en el hogar se sigue considerando como un asunto privado. 
Pero hoy en día sabemos que no lo es. No sabemos cuánto le supone al contribuyente en términos económicos, no solamente en la UE sino en el resto del mundo, esta violencia masiva dirigida contra las mujeres. 
En el informe resaltamos también por parte de la comisión que ya va siendo hora de que se evalúe la magnitud del coste, para que de este modo podamos dialogar con las personas que sólo saben debatir y abordar los problemas desde el punto de vista de lo que les suponen en coronas y ores. 
Pienso que es un informe excelente el que presentamos al Pleno. 
Lo hemos debatido en varias ocasiones. No obstante, en el último minuto me ocuparé de lo que no figura, lo cual constituye un conflicto que ha hecho que tuviera un máximo de mala suerte. 
Se trata del modo en que se considera a los fenómenos de la prostitución y la pornografía, así como de la criminalización de los clientes en lugar de las prostitutas. 
Estas enmiendas no figuran a causa de una mala suerte extrema en el procedimiento administrativo. 
Le ruego por tanto a la Cámara y a mis colegas que me permitan presentarlas como enmiendas orales, y que también celebremos un appel nominal sobre ellas. 
Este asunto constituye un conflicto de dimensiones excepcionales, también para los movimientos feministas de toda la UE. 
Opino que sería justo poner estas cuestiones sobre el tapete y ver cuáles son las divergencias que tenemos en esta Cámara, para saber cómo hemos de trabajar con ellas en adelante. 
Puesto que tenemos a la comisaria Gradin aquí, me produce naturalmente curiosidad conocer la reacción de la Comisión ante el informe y, como de costumbre, el estado de las posibilidades económicas y de los recursos para hacer de 1999 un Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Eriksson por su excelente informe y al Sr. David Martin por ofrecer esta idea a la Asamblea en primer lugar. 
Quisiera ofrecer a Sus Señorías cinco razones por las que necesitamos una campaña a escala europea contra la violencia que padecen las mujeres. 
En primer lugar, existe la necesidad de sensibilizar sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres en todos los países, en todas las ciudades y entre todas las clases sociales. 
Por ejemplo, diez estudios citados por el Consejo de Europa este año llegaron a la conclusión uniforme de que el 25 % de las mujeres han padecido violencia doméstica y entre el 6 % y el 10 % de las mujeres padecen violencia en un mismo año. 
En segundo lugar, reviste importancia decisiva que se pida a todos los Estados miembros que examinen los sistemas jurídico, económico y social de apoyo a las víctimas de la violencia y la protección que se les da contra futuros ataques. 
Las mujeres que han padecido violencia- y la mayoría la padecen en silencio- y sus hijos necesitan tener confianza para comunicar los ataques, tener la seguridad de que se les prestará apoyo eficaz. 
En tercer lugar, se debe considerar universalmente inaceptable la violencia contra las mujeres. 
Las autoridades públicas deben comprometerse a organizar campañas de tolerancia cero y educación pública para acabar con la opinión sostenida por muchos de que la violencia contra las mujeres en la familia, por ejemplo, es un asunto privado y mínimo. 
En cuarto lugar, las organizaciones no gubernamentales con experiencia en materia de apoyo a las mujeres y de lucha contra la violencia deben tener la oportunidad de compartir ideas e intercambiar procedimientos idóneos. 
Algunas excelentes e innovadoras campañas locales contra la violencia podrían tener mayores repercusiones a escala europea. 
En quinto lugar, se necesita más investigación sobre las causas de la violencia y sobre cómo podemos prevenirla, cómo podemos educar a nuestros hijos e hijas para que resuelvan las disputas sin violencia, cómo podemos abordar el matonismo, cómo podemos desarrollar el respeto mutuo de los derechos humanos de los hombres y las mujeres y cómo se pueden cambiar las actitudes y el comportamiento de los hombres violentos. 
Espero que esta Asamblea y la Comisión apoyen el llamamiento de la Comisión de Derechos de la Mujer en pro de una campaña a escala europea contra la violencia que padecen las mujeres. 
Espero que recordemos 1999 como el año en que Europa en conjunto empezó a luchar contra la violencia que padecen las mujeres y a demostrar respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, en ausencia de la Sra. Banotti voy a tratar de coger un poquito de su tiempo y un poquito del mío para poder hablar en nombre personal y en nombre de mi Grupo. 
Quiero ante todo agradecer a la Sra. Eriksson por el profundo y detallado informe sobre la necesidad de un esfuerzo de solidaridad y tolerancia y de acciones positivas ante la violencia que existe contra las mujeres y los niños. 
Este informe es otro grito de atención. 
¿Cuántos serán todavía necesarios para que grandes y elocuentes discursos se conviertan en cambios efectivos en la actitud de los Gobiernos europeos ante la violencia? 
La Conferencia de Pekín dio una clara definición de lo que es la violencia específica por razones de sexo- amenazas, inseguridad, tortura física y psicológica, agresiones y sufrimiento, coacción, mutilaciones, incesto, acoso sexual, abuso, trata de mujeres y violaciones- y esto está ocurriendo cada día en una Europa democrática que defiende las libertades y los derechos humanos. 
Las víctimas son, en su mayoría, mujeres y niños y el lugar oculto donde se produce la mayor parte de estas agresiones la familia. 
Las causas: la pobreza, el abuso de alcohol, las drogas, el hacinamiento y un gran negocio emergente alrededor de la pornografía, la prostitución y la pederastia. 
Identificar las causas que favorecen la violencia da pautas para buscar soluciones. 
El aislamiento social, la falta de apoyo, conciencia y educación de los padres y, sobre todo, la experiencia de una mala infancia. 
La mayoría son familias que desde el principio se han considerado grupos de alto riesgo, pero todavía hoy la violencia doméstica es un asunto privado, un delito invisible que el miedo impide a las víctimas denunciar. 
¿Qué medidas de política social se deberán tomar para llevar a cabo una prevención primaria? 
La mayoría de los Estados miembros ha adoptado disposiciones relativas a la violencia sexual en el matrimonio, y la ha tipificado como delito. 
Hay pocos datos pero se sabe que, en la pareja, el hombre es la forma más endémica de violencia contra la mujer. 
La situación jurídica de la mujer ha mejorado y también hemos avanzado en el mercado laboral, pero hay todavía un gran desequilibrio en las relaciones de poder. 
La ponente denuncia el tabú existente a la hora de hablar sobre la violencia y denunciar el acoso sexual o acercamiento indeseado en el lugar de trabajo que sufren muchas mujeres, especialmente las más jóvenes. 
Dada la falta de estadísticas nacionales sobre estos temas, es muy difícil determinar si la percepción del aumento de la violencia contra las mujeres y los niños refleja un aumento real o si es que van saliendo a la luz más casos como consecuencia de una mayor información y concienciación sobre el problema. 
Lo que sí es cierto es que la violencia ejercida contra la mujer, considerada inicialmente como una cuestión de derechos humanos, ha sido reconocida además como un grave problema de salud pública. 
La red sanitaria de mujeres europeas creada en Viena en 1994 incluyó la violencia contra la mujer entre sus seis preocupaciones fundamentales en materia de salud, y aunque dicha violencia no conoce límites socioculturales, religiosos o raciales son las mujeres más jóvenes, migrantes y pobres, juntamente con los niños, las más vulnerables. 
Existen muy pocos estudios sobre las consecuencias físicas, psicológicas, de la violencia, pero la necesidad de tratamiento psiquiátrico y los instintos suicidas de muchas mujeres golpeadas son un hecho que aumenta continuamente. 
Las lesiones van desde la muerte al embarazo no deseado, afecciones, trastornos del sueño y la alimentación, culpabilidad y miedo, mucho miedo. 
Hay informes que indican que en algún país europeo una de cada tres niñas menores de 16 años ha padecido acoso o violación. 
La ponente pide, y yo en nombre de mi Grupo también, un planteamiento interministerial coordinado y una formación específica y obligatoria para todos los abogados, jueces, policía y personal sanitario, hombres y mujeres, sobre la violencia, la prostitución, el tráfico y la pornografía, así como aumentar la eficacia en los servicios de atención a las víctimas, protección, refugio, asesoría y reintegración coordinando bien el trabajo con las organizaciones no gubernamentales. 
Es necesaria la implantación europea del teléfono de ayuda gratuito y la elaboración de estadísticas fiables que sirvan de denuncia. 
Hacer también main streaming de la no violencia en la educación y en la publicidad. 
El señor Comisario Flynn se ha ido, pero le pido a la Sra. Gradin que le transmita que, por favor, incorpore la no violencia a todas las políticas y acciones para la igualdad de oportunidades. 
Esperamos mucho del programa DAPHNE. 
Tenemos poco dinero para abordar un problema tan serio, pero intentaremos que aumente la línea presupuestaria para el año próximo. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿quién podría oponerse al interés que reviste una campaña europea de tolerancia " cero» de la violencia frente a las mujeres? 
Si bien los dramas que recientemente han salido a la luz en algunos países de la Unión han puesto en evidencia la necesidad de luchar enérgicamente contra la pornografía y la pedofilia, que afecta a niños y niñas, la prostitución y su explotación constituyen de manera creciente una de las facetas de la delincuencia organizada. En efecto, los traficantes temen quizá que la adopción de medidas generalizadas de despenalización de la droga convierta este tráfico en un negocio menos lucrativo, y, por lo tanto, utilizan a las mujeres como moneda de cambio, como una especie de moneda única antes de tiempo, mucho más rentable como medio de pago en el tráfico de mercancías robadas. 
Así, una mujer a la que se prostituye para pagar un automóvil robado reporta mucho más que una suma de dinero, aunque se invierta bien, y se evitan las dificultades propias de los circuitos de blanqueo de dinero. 
Por el contrario, la violencia en el hogar sigue siendo una cuestión mal delimitada, ya que aún se la considera tabú. 
Las mujeres víctimas de actos de violencia soportan su drama en secreto bien por temor a las represalias, o bien por vergüenza frente a su entorno. 
Una campaña europea podría permitir, como ha ocurrido con la pedofilia y el incesto, liberar a las víctimas, informarles que pueden hablar, que se les va a oír e incluso escuchar. 
El hecho de contar con estadísticas fiables en este ámbito podría dar una idea de la amplitud del problema y ayudar a que las mujeres que sufren actos de violencia se decidan a hablar. 
Sin embargo, creo que el informe de la Sra. Eriksson no insiste lo suficiente en el problema de los niños que viven a diario la violencia que sufren sus madres. 
Los estudios actuales demuestran hasta qué punto los autores de actos de violencia en el hogar fueron víctimas o testigos de actos violentos durante su infancia. 
Es muy frecuente que las mujeres que sufren agresiones físicas, malos tratos, soporten su situación con la idea de proteger a sus hijos. 
El informe propone multiplicar el número de refugios para estas mujeres. 
Pienso que esta no es la verdadera respuesta. 
Como representante local, a menudo han venido mujeres a pedirme ayuda, quizá porque soy mujer. 
La respuesta institucional que puedo darles, indicándoles que acudan a un centro, por lo general alejado de sus domicilios, no es una solución que les convenza. 
Estas mujeres no quieren que sus hijos sufran, además del traumatismo de la violencia, el alejamiento de su lugar de residencia, la ruptura de los vínculos de amistad, el abandono de su colegio, la pérdida de su vivienda. 
Es cierto que es muy injusto que sea la víctima y sus hijos quienes deban abandonar una casa, alejarse del autor de las agresiones. 
Creo que eso es materia de reflexión, materia que no ha sido lo bastante estudiada, y que quizá pudiese tratarse en un próximo informe. 
Señor Presidente, aunque por fin la violación en el seno del matrimonio está tipificada como delito en la mayoría de los Estados miembros, todavía persiste, de un modo terrible, la ignorancia, la incomprensión, el tabú y la falta de voluntad para dar prioridad política a la violencia contra las mujeres. 
Gran parte de los actos de violencia se perpetran dentro de los muros de la familia feliz. 
Las líneas de ayuda y los refugios a menudo son inexistentes y, si existen, son insuficientes. 
Con frecuencia, la formación de la policía y de los jueces es deficiente. 
¿Cómo puede contribuir la Unión Europea en este ámbito? 
En primer lugar, puede promover la toma de conciencia, la información y un cambio de mentalidad, también en los países aspirantes de la Europa Central y Oriental, de modo que los países que se han quedado atrás reformen su legislación nacional. De lo contrario, la armonización no es conveniente ni posible. 
En segundo lugar, sería conveniente adoptar, con energía, la sugerencia de la ponente de organizar un año europeo dedicado a combatir la violencia contra las mujeres. 
Para ello, sería preciso reunir los elementos más logrados de las campañas nacionales e incorporarlos en una campaña europea con un planteamiento descentralizado, que se adapte a las necesidades nacionales. 
En tercer lugar, es preciso que finalmente dispongamos de datos, de estadísticas. 
Los Países Bajos incluyen la violencia contra las mujeres en su informe anual de la Oficina Central de Estadísticas. 
Tengo entendido que en Finlandia se realizará este año una investigación a gran escala sobre este asunto. 
La Comisión debe fomentar esta clase de investigaciones en todos los lugares. Es la única forma de saber contra qué estamos luchando. 
Las líneas de ayuda o los refugios son, a menudo, inexistentes por su coste elevado. 
Quiero hacer observar que tales acciones suponen precisamente un ahorro para los presupuestos nacionales. 
En Dinamarca, el centro de mujeres de Røntofte ha calculado dicho ahorro, e insto a todos a que hagan lo mismo. 
El centro de mujeres ha ahorrado a las autoridades de vivienda locales 1, 8 millones de ecus. 
Esto sería un ahorro fantástico para las arcas nacionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Mi Grupo agradece a la Sra. Eriksson su excelente trabajo, pero pasemos ahora a la acción. 
La dotación de tres millones de ecus en el presupuesto de 1997 no debe ser sólo una reacción elegante ante los sangrantes acontecimientos en Bélgica. 
La cuestión requiere un enfoque estructural. 
El próximo presupuesto ha de prever por lo menos cinco millones de ecus y, no olvidemos involucrar en este proceso a los países de la Europa Oriental. 
Señor Presidente, la creciente violencia contra las mujeres es uno de los graves problemas de la sociedad contemporánea. 
Muchas mujeres viven en la incertidumbre y el temor justamente donde deben sentirse seguras: en sus propios hogares. 
Algunas incluso mueren en él como consecuencia de malos tratos o son asesinadas ante sus propios hijos- en España, el año pasado, 54 mujeres-. 
El dramatismo de estas situaciones es contemplado, si no con complicidad, sí al menos con tolerancia. 
Algunas mujeres hubieran podido salvar sus vidas si sus peticiones de ayuda hubieran sido atendidas, y ese hecho demuestra que el problema de la violencia contra las mujeres tiene que ver no sólo con situaciones domésticas difíciles de marginalidad o de pobreza- en todas las clases sociales hay violencia contra las mujeres- sino con valores arraigados en esta sociedad que justifican al agresor. 
Es preciso asumir que las causas de la violencia están en la sociedad misma y, por ello, es necesario emprender acciones que vayan más allá del castigo al agresor y el apoyo a las víctimas. 
Cierto es que ambas medidas son necesarias, tanto por el carácter disuasorio que tiene el castigo al agresor como por el carácter paliativo que tiene el apoyo psicológico a las víctimas, pero es necesario algo más: es necesario cobrar conciencia de la magnitud de este problema, que es polifacético- va desde la violencia en el hogar a las violaciones, las mutilaciones sexuales y el acoso sexual en el trabajo-. 
Propuestas como las presentadas en este informe en materia de asilo o para que la protección de los derechos de la mujer constituya una condición para alcanzar acuerdos con terceros países son vías de avance, así como la declaración de 1999 como «Año europeo contra la violencia hacia las mujeres» , y nuestro Grupo las apoya. 
Pero, sobre todo, sería necesario adoptar medidas reales y efectivas para erradicar la violencia, para que deje de ser un tópico parlamentario, y esas medidas deben contemplarse: cambios jurídicos sustanciales en la caracterización de la violencia y en su prevención. 
Señor Presidente, han pasado once años desde que adoptamos en 1986, en esta Asamblea, el informe de la Sra. D ' Ancona, el último informe relativo a la violencia contra las mujeres. 
Cabe observar que en estos once años quizá la violencia contra las mujeres y las niñas haya salido de la esfera del tabú, pero que sigue apareciendo con una frecuencia extraordinaria. 
Se ha repetido aquí en varias ocasiones que la violencia contra las mujeres se comete principalmente en el hogar y a manos de conocidos. 
En este período de once años, se ha ejercido una presión constante con respecto a la financiación de los llamados " hogares no me toques» o a la financiación de las ONG que se dedican a combatir la violencia contra las mujeres. 
No es de extrañar, pues, que ahora pidamos una campaña en el ámbito europeo sobre la violencia contra las mujeres y que se dedique un año a este tema. 
Pero no nos equivoquemos. 
La violencia contra las mujeres no sólo sucede en el seno de la familia y no es perpetrada siempre por personas conocidas. 
En el pasado, también las autoridades se han tomado esta cuestión a la ligera. 
Pensemos en las esterilizaciones forzosas que han sido ampliamente comentadas en las noticias durante las últimas semanas. 
Esto no está sucediendo en un solo Estado miembro, sino en varios. 
En algunos estas prácticas no han sido noticia, pero ocurren igual. 
Si bien su aplicación se ha vuelto poco común, dicha legislación sigue vigente en algunos países. 
Las autoridades tienen una gran responsabilidad en esta cuestión, sobre todo, porque todos los países europeos han firmado la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Dicha Declaración contiene numerosos temas relacionadas con la violencia. 
Por lo tanto, las autoridades tienen una gran responsabilidad y, con toda sinceridad, las autoridades deben inmediatamente poner fin a esas esterilizaciones. 
Señor Presidente, el objetivo del debate que hoy celebramos es incitar a los gobiernos a que presten mayor interés a la cuestión de la violencia contra las mujeres y para que la incluyan entre los problemas políticos más importantes. 
Un informe reciente del Unicef ilustra las proporciones del fenómeno. 
De acuerdo con dicho informe, una de cada seis mujeres, a nivel mundial, es víctima de una violación una vez en su vida; y esta violencia contra las mujeres no se ejerce únicamente en los países en vías de desarrollo. 
Se estima que en los países occidentales cada diez segundos una mujer es objeto de malos tratos. 
Sin embargo, no todos los países poseen una legislación que reprima la violencia contra las mujeres, y sobre todo cuando ésta se ejerce en su domicilio familiar. 
Por lo tanto, Señorías, considero que es urgente adoptar un enfoque pluriinstitucional. 
En cualquier caso, el coste de estas acciones será menor que los gastos que origina la violencia en el ámbito de la salud, de la vivienda y de los servicios sociales. 
Además, sin pretender una armonización generalizada en la Unión, puede pensarse que a través de una legislación rigurosa y uniforme se reprimiría a los autores de estos actos y se prestaría una ayuda apropiada a las víctimas, tanto material como técnica. 
Una campaña de información sería muy importante en este caso y ayudaría a las mujeres a tomar conciencia de sus derechos fundamentales. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la violencia contra las mujeres y los niños es quizá una de las más despreciables excrecencias de nuestra sociedad. 
Aunque la violencia es rechazada per se, en amplios sectores de nuestra sociedad se mantiene la opinión de que la violencia en la familia es, en última instancia, un asunto privado. 
Sólo así es también posible que niños y mujeres sean objeto de malos tratos durante años en sus propias cuatro paredes. 
Vecinos, parientes y conocidos cierran con demasiada frecuencia los ojos ante las huellas de la violencia pues es preciso evitar las dificultades, sobre todo, con la policía y con los jueces. 
Las víctimas tienen sólo rara vez la posibilidad de salir de su miseria. 
Instalaciones sociales como las casas de mujeres, que facilitarían la salida, están concentradas en zonas industriales y con frecuencia son también de financiación privada. 
Las mujeres que quieren salir se encuentran por ello con frecuencia ante la nada financiera. 
Por esta razón y por otras muchas hay que celebrar la campaña en pro de la completa proscripción de la violencia contra las mujeres, y es de esperar que se penetre también en ámbitos existenciales, como la familia, que hasta ahora eran privados. 
Señor Presidente, Señorías, no cabe duda de que la violencia se produce por el concepto que se tiene de la mujer. 
Este Parlamento por fin lleva a cabo un debate sobre los derechos de la mujer un martes por la mañana. Esto significa la mucha atención que al menos en este Pleno se depara al tema. 
La actitud que luego se asume, y que por cierto es la que conduce a la violencia, está estrechamente relacionada con la igualdad. 
Por desgracia, sufrimos un notable retraso y queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad. 
En cuanto a la violencia de tipo sexual, existen recelos y prejuicios que todavía no se han superado. 
No cabe duda de que muchos se excusan diciendo que es el comportamiento de la mujer, diciendo que ciertos tipos de mujeres permiten ciertos formas de violencia. 
Pues bien, esto es realmente grave. 
Hay que empezar a cambiar la propia actitud de la sociedad. 
No sólo la prostitución, la pornografía y la violación permiten estas formas de violencia. 
Sabemos el significado que tiene un tipo de mensaje transmitido de cierta forma. 
Todavía nos queda mucho por hacer. 
La violencia doméstica, tal como ya se ha recalcado, sigue considerándose un asunto privado. 
Sólo una mujer de cada cinco denuncia lo que ocurre en los hogares, de puertas adentro. 
Hace unos días, además, en Italia se registró un caso muy singular: en el Veneto un marido llamó a los carabineros porque su esposa se negaba a mantener relaciones sexuales con él. 
Ésta es una situación sin duda algo increíble: quiere decir que, todavía, nos encontramos ante una actitud que no considera que lo que pasa en el ámbito la vida familiar o, mejor dicho, en una relación entre personas, se basa en algo muy distinto. 
En consecuencia, existen actos de violencia que no se denuncian, y son muchísimos, también porque la mujer siente miedo y vergüenza: siente miedo y vergüenza de una sociedad que no le permite ni tan siquiera expresarse libremente. Le asustan, en definitiva, las consecuencias sociales. 
Es preciso elaborar unas estrategias europeas con objeto de crear centros de ayuda y acogida; hay que ver lo que pasa y comparar lo que sucede a escala europea; hace falta asimismo reformar los sistemas jurídicos. 
De cualquier modo, faltan la cultura de la igualdad, la educación y la información, y todavía queda mucho por hacer para tomar conciencia de lo que está aconteciendo. 
Señor Presidente, el informe de mi colega sueca, la Sra. Eriksson, que aquí debatimos, gira en torno a un problema fundamental. 
Le doy las gracias por un informe de gran calidad. 
La violencia contra las mujeres forma lamentablemente parte de la sociedad del bienestar y nos puede afectar a todas, independientemente de la edad, entorno o clase social. 
Solamente en Suecia se registran anualmente 18.000 casos de malos tratos a mujeres. 
En casi su totalidad está involucrado el hombre que vive o ha convivido con la mujer. 
Se trata, no obstante, de una aproximación al número de casos reales. 
Es ilusorio pensar que esto sólo afecta a personas determinadas. 
Es, además, una ilusión peligrosa que muy a menudo cuidamos para evitar tener que reconocer la existencia del problema. 
«No me pasará a mí» , dicen muchos hasta que se encuentran con el problema entre su familia o círculo de amigos más próximos. 
En ese caso el terror, la vergüenza, el silencio y los sentimientos de culpabilidad son a menudo los mejores aliados de la violencia. 
Si queremos que nuestra lucha contra esta violencia oculta, que es la violencia contra las mujeres, tenga éxito, debemos sacar la violencia a la luz. 
Sólo haciéndolo tendremos la oportunidad de que surja un cambio. 
Esta lucha debe llevarse a todos los niveles. 
Necesitamos una legislación que proteja a las mujeres y sancione al agresor, ya se trate del marido, de delincuentes o violadores. 
También necesitamos un trabajo preventivo por parte de las organizaciones de voluntarios. 
A menudo estas organizaciones resultan más acogedoras y más fáciles de contactar que las autoridades. 
Por eso el Grupo socialista ha querido también apoyarlas e incluirlas en el informe. 
Los ataques contra las mujeres nos afectan a todos; debemos trabajar por la paz de las mujeres en Europa. 
Yo también deseo apoyar a la Sra. Eriksson en su ruego de presentar sus enmiendas orales ante el Pleno. 
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas; sin duda los actos violentos contra las mujeres son el resultado de una cadena, de un sistema de valores y de acciones que cuentan con la tolerancia de la sociedad y de las instituciones. 
La violencia contra las mujeres no existiría sin la aportación de cada hombre por separado y sin la tolerancia social en cada acto violento individual. 
Se trata de la violación de los derechos humanos, extendida ya a escala mundial. 
Son estremecedores los datos de UNICEF sobre los malos tratos que sufren las mujeres. 
Se nos dan datos escalofriantes de malos tratos contra las mujeres en EE.UU., en India, en Africa, donde anualmente 2.000.000 de mujeres son mutiladas sexualmente y aproximadamente 130.000.000 han sufrido esta terrible tortura. 
Pero no crean que en Europa nos quedamos atrás. 
Los recientes y espeluznantes acontecimientos en Bélgica lo confirman. 
Las investigaciones revelan que en Oriente y Occidente son poquísimas las mujeres que llegan a la edad adulta sin haber sufrido alguna forma de violencia: libertinaje, violación, incesto, acoso sexual, palizas o incluso torturas. 
Sin embargo, la violencia contra las mujeres no se ve expresada sólo en el mal trato sexual. 
Formas serias de violencia son también la discriminación y el acoso sexual en el ámbito laboral, su esencial exclusión de los cargos públicos y de los centros políticos de decisiones, la habitual negativa por parte de los hombres a apoyar moral y materialmente a sus hijos después de un divorcio, la manipulación de la mujer en la publicidad y en los medios de comunicación de masas, la pornografía, la prostitución. 
Ciertamente, la violencia contra las mujeres es el muro de la vergüenza de nuestra sociedad dirigida por los hombres y es necesario emprender una acción a niveles individual, colectivo e institucional para su extinción. 
Debemos emprender, pues, inmediatamente una gran campaña europea y disponer de los medios suficientes. 
Los 3 millones de ecus de los que se ha dispuesto en 1997 con motivo de los sucesos de Bélgica, no son suficientes para enfrentarse al fenómeno. 
Necesitamos servicios de prestación de ayuda y de vivienda, de formación de grupos especiales de represión de la violencia criminal contra las mujeres y niños, campañas informativas, programas preventivos, investigaciones y estudios sobre el coste económico y social de la violencia de los hombres. 
Yo apoyo incluso la propuesta de la ponente de declarar 1999 año contra la violencia hacia las mujeres. 
Señora Comisaria, señor Presidente, la opresión y la discriminación de las mujeres han estado durante demasiado tiempo a la orden del día. 
Ya es hora de dejar que la acción se una a las numerosas palabras y lograr hacer algo con estos problemas. 
Por este motivo da gusto que hayamos asignado ahora tres millones de ecus anuales para la combatir la violencia contra las mujeres. 
La violencia contra las mujeres es la brutal y desgraciada consecuencia de la falta de una igualdad de oportunidades de los dos sexos, y el que en la Europa de nuestros días aún se produzca mucha violencia contra las mujeres es una señal de que aún queda un largo camino por recorrer, antes de que alcancemos una sociedad en la que ambos sexos dispongan de las mismas oportunidades y derechos. 
Cuando se quiere combatir la violencia contra las mujeres es absolutamente necesario trabajar a lo largo de un amplio frente en favor de una mayor igualdad de oportunidades. 
Me gustaría también añadir un par de comentarios al siguiente informe. 
La falta de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres salta aún más a la vista en el contexto de la publicidad. 
En el mundo de la publicidad, la mujer o bien aún se encuentra ausente o bien se dedica a sus labores o bien constituye un objeto sexual. 
Con demasiada frecuencia, las agencias de publicidad intentan de un modo soez fomentar la venta de productos con la ayuda de imágenes de mujeres desnudas o medio desnudas. 
Esto es degradante tanto para las mujeres que aparecen en los anuncios como para las personas que se ven obligadas a contemplarlo. 
Y contribuye a mantener un modelo de roles masculino y femenino anticuado. 
El mundo se está volviendo cada vez más pequeño en estos años. 
Los medios de comunicación que traspasan fronteras como la televisión por satélite y la red Internet adquieren cada vez mayor trascendencia. 
Por tal motivo precisamos normas internacionales en este terreno, a menos que el ramo comience a ejercer mecanismos de autorregulación. 
Si las propias agencias de publicidad no son capaces de trazar un límite, deberemos intervenir los políticos, y en este sentido constituye una importante señal la que enviamos desde el Parlamento aprobando los informes de la Sra. Eriksson y de la Sra. Lenz. 
Para seguir avanzando y combatiendo la violencia contra las mujeres, un mayor número de nuestros colegas masculinos debería haber mostrado su solidaridad asistiendo a este debate. 
Más les hubiera valido. 
Señor Presidente, la violencia contra las mujeres es un grave problema social. 
En el fondo se trata de una cuestión de derechos humanos. 
La violencia hacia las mujeres es la expresión última de la falta de equiparación que existe entre hombres y mujeres. 
La violencia palpable es una entre las diversas estrategias de represión que existen. 
Es claramente una manifestación del poder que tienen los hombres sobre las mujeres. 
Por eso doy la bienvenida al hecho de que el Parlamento dedique hoy un debate completo a esta importante cuestión, y felicito a la ponente, la Sra. Eriksson, por un informe bien elaborado. 
La violencia contra las mujeres se ha considerado durante mucho tiempo como un asunto privado. 
La opinión general era que las mujeres golpeadas y violadas no podían culpar a nadie más que a sí mismas. 
No obstante, la situación ha cambiado. 
Actualmente, la cuestión de la violencia ejercida sobre las mujeres se considera también internacionalmente como un problema real. 
La Conferencia de Viena de 1993 sobre derechos humanos estableció que los derechos humanos son también los de las mujeres. 
Esto supuso un punto de partida real y una vía que entre otras cosas nos llevaron a la designación de un investigador general para los problemas de la violencia contra las mujeres. 
También la Conferencia de las Naciones Unidas en Pekín abordó la cuestión de la violencia hacia las mujeres. 
En su plataforma se estableció que la violencia que las afecta es un obstáculo para alcanzar los objetivos siguientes: la equiparación, el desarrollo y la paz. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1993 una Declaración sobre la eliminación de la violencia que aflige a las mujeres. 
En su Resolución, la Asamblea General hace hincapié en que la violencia dirigida hacia las mujeres tiene como consecuencia que éstas se ven obligadas a adoptar una posición subordinada respecto a los hombres. 
La cuestión también se ha debatido en otros contextos internacionales. 
En este sentido quiero expresar mis elogios hacia el Parlamento Europeo por el trabajo realizado en este ámbito. 
Ya en 1986 abordó el Parlamento la cuestión de las mujeres y la violencia en un informe especial. 
A éste lo siguieron varias resoluciones, y ahora tenemos en nuestras manos el informe Eriksson sobre una campaña contra la violencia hacia las mujeres. 
Se trata de un informe de calidad. 
Quiero destacar en especial la excelente propuesta de designar 1999 Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres. 
Sra. Eriksson, espero verdaderamente que la Comisión de los Derechos de la Mujer tome la iniciativa de proponer una partida presupuestaria especial la próxima vez, de modo que también dispongamos de los recursos económicos para financiar y realizar conjuntamente este Año. 
Para poder hacer progresos es necesario que se subraye la existencia del problema y que se saque a la luz. 
La campaña es un buen modo de hacer que los trabajos contra la violencia se inscriban en la mentalidad popular. 
Los trabajos contra la violencia dirigida hacia las mujeres deben efectuarse en diversos ámbitos y niveles simultáneamente. 
Debemos ayudar a las mujeres que se han visto expuestas a la violencia y respaldar las organizaciones de voluntarios que trabajan en el sector. 
Las organizaciones de mujeres han sido en todas partes las primeras en impulsar la creación de hogares para mujeres maltratadas y han procurado ayuda para ellas y sus hijos. 
Cuando se discute sobre la violencia contra las mujeres no hay que olvidar el papel que juegan los hombres. 
Nos concentramos en las mujeres, puesto que ellas son las víctimas. 
Pero no son las mujeres la causa del problema. 
Cuando yo era ministra de Equiparación del Gobierno sueco, llegué a la conclusión de que no se iba a adelantar en la equiparación si no incorporábamos a los hombres también. 
Por eso nombré un grupo de hombres que a través de seminarios y círculos de estudios animaban a la población masculina a empezar a debatir sobre el papel del hombre. 
Esto tuvo unos resultados excelentes y llevó a los hombres a interesarse más en discutir sus propios roles con respecto a las mujeres y los niños. 
Esto es naturalmente esencial también a nivel europeo. 
Necesitamos más estudios sobre los hombres y la violencia. 
Además, necesitamos unos grupos de hombres que aborden ellos mismos la cuestión de su propio papel. 
Me permito reafirmarme en que la Comisión seguirá haciendo todo lo posible dentro del marco de sus competencias para contrarrestar la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
La trata de mujeres es una de las modalidades de violencia de la que me he ocupado mucho en los últimos años. 
Se está trasladando cada vez a más mujeres jóvenes de los países de la Europa central y oriental a la occidental, obligándolas a prostituirse. 
Éste es un problema grave donde se intercambian grandes sumas de dinero. 
El comercio de mujeres se ha convertido evidentemente en una actividad lucrativa para el crimen organizado a nivel internacional. 
Desde que presenté el plan de acción contra la trata de mujeres, hemos trabajado en unos frentes amplios. 
Realizamos acciones dentro del tercer pilar, pero también dentro de otros ámbitos. 
El comercio de mujeres, como todo tipo de violencia contra ellas, es un problema que hay que atacar desde varios frentes a un tiempo. 
Tenemos una serie de proyectos que funcionan dentro del programa Stop. 
Van dirigidos a los jueces, juristas y otras personas que en su trabajo entran en contacto con mujeres expuestas a la trata de jóvenes y la explotación sexual. 
El objetivo es aumentar su conciencia y conocimientos sobre el problema, además de lograr aprender unos de otros. 
Se han destinado 6.5 millones de ecus al programa, que se extiende de 1996 al año 2000. 
También dentro de la Agencia Europea para la lucha contra la droga, la base de Europol, que todavía no han ratificado los Estados miembros, lleva a cabo sus trabajos para prevenir la trata de mujeres. 
A propuesta del Parlamento, hemos puesto en funcionamiento también la iniciativa Daphne. 
Como saben sus Señorías, ésta se dirige a las organizaciones de voluntarios que trabajan con la cuestión de la violencia contra niños, jóvenes y mujeres. 
La reacción registrada ha sido muy amplia, y anteayer recibí una recopilación de los proyectos que están listos para ser puestos en marcha. 
En breve iniciaremos unos proyectos que afectan a las ayudas que se ofrecen a las mujeres y niños que han sido víctimas de la violencia. 
Tenemos proyectos para mujeres inmigrantes, para la colaboración entre la policía y las organizaciones de mujeres en casos de violaciones, con miras a la construcción de unas redes y del intercambio de experiencias y modelos. 
En este último caso también hemos involucrado en los trabajos a los grupos de hombres. 
Espero que los proyectos piloto de Daphne nos proporcionen unas experiencias sobre cuya base podamos proseguir nuestros trabajos todos los que trabajamos en la prevención de la violencia contra mujeres y niños. 
Espero que también el Parlamento apoye esta iniciativa para que podamos continuar los trabajos prácticos y concretos en un amplio frente. 
Éstos son evidentemente muy necesarios. 
Si disponemos de los fondos, también podremos llevar a cabo unas acciones decisivas en esta línea. 
Muchas de las recomendaciones del informe de la diputada Eriksson van dirigidas a los Estados miembros. 
Es importante que se lleven a cabo unos trabajos continuados a nivel local y nacional. 
Al mismo tiempo, estudiamos con interés las recomendaciones hechas a la Comisión. 
Es urgente que la Comisión trabaje de una forma activa contra la violencia que se desata sobre las mujeres, y que esto se produzca de un modo que complemente los esfuerzos de los países miembros. 
Como ya he dicho anteriormente, pienso que la propuesta de un Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres es una idea que merece todo nuestro apoyo. 
Esto podría concentrar la atención sobre la violencia que afecta a las mujeres, y significaría en la práctica un impulso considerable para todos aquellos que como autoridades o miembros de organizaciones de voluntarios trabajan contra la violencia. 
Señor Presidente, si el debate ha terminado, quisiera hacer una observación: hace un frío terrible en esta sala. Confío en que esto no oculte la estrategia de que las mujeres deben permanecer en un estado de hipotermia durante este debate femenino, para que no se acaloren. 
Señora Larive, los servicios responsables han escuchado sus palabras y espero que tengan a bien intervenir cuanto antes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Discriminación de la mujer en la publicidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0258/97) de la Sra. Lenz, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la discriminación de la mujer en la publicidad. 
Señor Presidente, otra vez mujeres. 
También ahora se trata de un tema de discriminación, esta vez de la discriminación de las mujeres en la publicidad. 
Un ejemplo: la publicidad de un fabricante de bebidas alcohólicas. 
Una imagen con una mujer, además una mujer negra, presa en una red. 
El título: ¿no tendría usted ganas de abrirla enseguida? 
A quien, a la botella? 
La Comisión de Derechos de la Mujer, del Parlamento Europeo, ha abierto la botella de la «Discriminación de la mujer en la publicidad». 
En algunos artículos se ha podido leer ya cuánto ha afectado el informe al nervio del sector publicitario. 
Por lo demás, siempre ha sucedido ya así, también cuando hace diez años presentamos un informe sobre mujeres y medios y había también en el mismo un capítulo «Mujeres y Publicidad». 
Sorprendentemente la primera crítica ha procedido precisamente del Consejo alemán de publicidad, aunque éste mismo ejerce el control, que en una comparación internacional ni siquiera es tan malo, como lo muestran los ejemplos que aquél ha censurado o sobre los cuales ha recomendado prudencia. 
¿Arañazos, pues, en monumentos caros? 
La cuestión, creo yo, está justificada. 
La publicidad se ha vuelto más insistente y más densa a través de tantos años. 
Los ejemplos lo muestran y la exhibición de mujeres, percibida como desalentadora por muchas mujeres, e incluso de hombres, como he visto, con frecuencia sin relación con el producto que se publicita o acompañada frecuentemente de comentarios más o menos picantes, ofende también a las mujeres. 
Fomenta la discriminación de las mujeres como objetos sexuales disponibles o también en estereotipos más inocentes el papel, aun no aceptado, de la mujer en el mundo moderno. 
El bloque más voluminoso de las reclamaciones en las organizaciones de control de la publicidad se refiere a la imagen de la mujer y no dice nada el hecho de que se pronuncien sólo pocas amonestaciones oficiales, pues el 90 % de las imágenes o fotos denunciadas son retiradas antes. 
En estas semanas hemos visto cómo transportan los medios y no se prevé aún un final. 
No se puede hacer como si para estas cosas hubiera siempre una separación limpia de secciones. 
Los derechos de la mujer son derechos humanos. 
Así lo ha manifestado tanto la Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Pekín, como también de una manera especialmente clara la Conferencia de Viena sobre los Derechos Humanos. 
Las disposiciones nacionales sobre la publicidad y las instancias de control de la publicidad en cada uno de los Estados miembros son muy diferentes. 
La legislación nacional y de la Unión Europea no protegen respecto de la exposición denigrante de mujeres a través de los contenidos de los medios. 
La directiva sobre televisión, por ejemplo, no proporciona ninguna definición de la discriminación por razón de sexo. 
A causa del aumento de la emisión transfronteriza de publicidad comercial y también a causa de la exhibición de la violencia, la disciplina publicitaria que descansaba en los mecanismos de control existentes hasta hoy se enfrenta a nuevos desafíos. 
La opinión quiere más claridad y recomienda que se llenen las lagunas nacionales de control y que la disciplina publicitaria se desarrolle a nivel de la Unión Europea de manera convergente y que la unión existente entre los organismos europeos de disciplina publicitaria evolucionen a largo plazo hacia un auténtico órgano europeo de control de la publicidad. 
La opinión recomienda también la creación de un consejo consultivo europeo de los medios, integrado por representantes de la Comisión Europea y del sector publicitario europeo, que podría desarrollar un código contra la discriminación en la publicidad. Por lo demás, algo que no es absolutamente desconocido en estos gremios. 
En este sentido hay que entender también la propuesta de una comisión de ética, adjunta a los consejos nacionales de televisión. 
Desearíamos sugerir también, igual que entonces, que con el fin de fomentar una imagen más realista de la mujer en la publicidad se crease un premio para la mejor publicidad europea en nuestro sentido. 
Pero las mujeres que ejercen su actividad en el sector publicitario deberían animarse también a ejercer un influjo más fuerte sobre el proceso de producción y de decisión y fundar agencias alternativas que aporten una publicidad astuta, contribuyendo así a que la imagen de la mujer en la publicidad se coloque cada vez más bajo el lema de la diversidad de roles, de la originalidad y también de la creatividad de las mujeres de hoy y que se acabe, por fin, con el mito de que «una piel desnuda es el mejor caballo». 
Sabemos que este informe no es del agrado de todos, sé también que éste es un sector muy sensible, pero nosotros, los de la Comisión de la Mujer- y hoy por la mañana hemos oído una serie de otros ejemplosdeberíamos abordar estos temas y llamar de esta manera la atención acerca de que precisamente estas cosas no vuelvan a ocurrir. 
Existen muchísimas posibilidades de presentar a las mujeres, mujeres en su diversidad y en su actividad; esto lo debería pensar el sector publicitario con sus cantidades de millones y de miles de millones. 
Señor Presidente, las mujeres no son una mercancía que pueda comprar cualquier hombre. 
No es el producto, sino la piel desnuda lo que se pone en escena para efectos publicitarios. 
En 1995 presenté ya una propuesta de resolución para que se investigara en un informe la discriminación de las mujeres en la publicidad. 
Con el Informe Lenz la Comisión de Derechos de la Mujer se ha puesto en acción en este sentido. 
Sin embargo, no nos concierne la moral, lo digo con toda claridad, tampoco nos interesa ejercer la censura; no queremos censurar al sector publicitario, sino que queremos que se respeten determinados criterios mínimos de protección de la dignidad de la mujer. 
Nos interesa la puesta en práctica del Convenio de la ONU sobre toda discriminación de la mujer. 
Necesitamos un código de conducta- la Sra. Lenz lo ha explicado- que vaya más allá del autocontrol voluntario del sector publicitario. 
En un mercado que se cifra en unos 250.000 millones de ecus a lo ancho del mundo, existe el peligro de traspasar los límites, de mostrar imágenes hirientes, piel desnuda, y de que cualquier medio sea adecuado para hacerse con un pedazo del pastel. 
Sin embargo, en el caso de un fabricante mundial de agua mineral, ocurrido en Bélgica, hemos visto también el poder que tienen las consumidoras. 
La corporación había colocado en grandes paneles publicitarios tres mujeres con los pechos desnudos cuyos pezones estaban cubiertos solamente con las chapas de las botellas de dicha empresa. 
La empresa tuvo que retirar esta publicidad por las protestas de la Comisión de la Mujer y por el boicot de las asociaciones europeas de mujeres. 
En resumen: las mujeres tienen mucho poder en este punto. 
Pero nosotros, como Parlamento, tenemos también una gran responsabilidad. 
El Tratado de Amsterdam nos va a deparar mucha más necesidad de acción con la cláusula de no discriminación. 
Tenemos la posibilidad de intervenir- en este punto el Informe Lenz es sólo un ladrillo- para influir de alguna manera en la concepción de la igualdad de oportunidades. 
Tenemos que ampliar también nuestros trabajos a los otros ámbitos de los nuevos medios. 
No sólo la publicidad debe respetar el principio de no discriminación, sino que lo han de hacer también los demás ámbitos. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, la publicidad que hace uso de estereotipos sexistas y utiliza los cuerpos femeninos como trampa óptica para la oferta de productos es discriminadora porque rebaja a las mujeres en su dignidad de seres humanos. 
La polisemia pretendida de textos atrevidos, las provocadoras exhibiciones del cuerpo femenino desnudo son intolerables. 
A este respecto, no siempre es fácil establecer con claridad las fronteras entre las presentaciones eróticas, apoyadas por fotografías estéticas, y los contenidos pornográficos. 
Efectivamente, en los Estados miembros de la Unión Europea existen diferentes valoraciones, debidas a la diversidad de concepciones culturales acerca de lo que no se puede decir, no se puede leer y no se puede mostrar. 
Sin embargo, esto no nos puede eximir de encontrar unas regulaciones europeas comunes. Y tanto menos si nuestros esfuerzos hubieran sido desacreditados como mojigatos, rancios o incluso como pertenecientes al pasado. 
Yo considero trasnochado y obsoleto que las mujeres se vean reducidas en la publicidad a una función de objetos. 
Desde hace tiempo están desempeñando con gran competencia una variedad de tareas desde la psicología en la vida cotidiana, pasando por funciones de dirección en la vida profesional, hasta el compromiso en la política, en la cultura y en la sociedad. 
Hacer interesante esta realidad constituye una tarea apasionante para la publicidad y refuerza la capacidad de convicción de sus mensajes. 
En los niveles nacionales existen regulaciones para los actores en la publicidad y en la comunicación. 
Surgidas no siempre de forma enteramente voluntaria, comprenden los procedimientos de dirección y de control. 
Así el Consejo Alemán de Publicidad, que acaba de cumplir veinticinco años, ha realizado acciones eficaces de autorresponsabilidad a través, entre otras cosas, de amonestaciones públicas y mediante serios avisos en casos de reincidencia. 
Donde el control es efectivo se puede renunciar a más reglamentaciones legales. 
No obstante, falta todavía un código ético europeo y faltan aún pactos a nivel nacional. 
Es preciso impedir la publicidad que discrimine a las mujeres antes de ser emitida y antes de ser impresa. 
Por esta razón es preciso realizar una tarea de sensibilización entre los hacedores de la publicidad. 
Durante 20 años he sido creativo en publicidad. 
Hemos trabajado por lograr una imagen positiva, por aportar ideas de producto y contenidos de comunicación que fueran adaptados a los grupos a los que iban dirigidos, hemos trabajado por lograr simpatía y aceptación para nuestros productos y mensajes y por desencadenar actos de compra, pero sin recurrir a la caja de los clichés, sin producir penosas mordacidades y sin difamar. 
Esto era y es un reto intelectual para comunicadores creativos y clientes. 
El excelente y detallado informe de Marlene Lenz y la audiencia que ésta ha iniciado en la Comisión de Derechos de la Mujer han hecho patente que no debemos cejar en la puesta en práctica de la declaración sobre la no discriminación. 
Y tanto más precisamente después de que pasajes importantes han sido recogidos en el proyecto del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, he de decir en seguida que lanzaré una piedra en el estanque. 
Sin embargo, antes de que me arranquen los ojos, deseo hacer una declaración de tipo conciliador. 
Yo también- como muchos- apoyo, soy solidario con cualquier acción en favor de la igualdad de oportunidades y en contra de cualquier instrumento o acto de violencia contra las mujeres. 
Me parece muy significativo, como han observado los demás colegas, que quienes están haciendo estas manifestaciones sean personas de sexo masculino, para evitar que en estas problemáticas surjan sospechas de corporativismo. 
Por otra parte, sin embargo, estoy también en contra de cualquier exasperación de los problemas y me parece que este informe corre este riesgo: ya en el título, por ejemplo- la discriminación- pero sobre todo en los tonos y en algunos temas que se mencionan. 
Yo diría que disparando de una forma tan desconcertante y violenta, no se acierta el blanco. 
En realidad, existe una violencia contra la violencia y parece una paradoja. 
En este caso y en este ámbito, la palabra discriminación debe interpretarse al menos desde dos puntos de vista. Primero, se discrimina a la mujer como sujeto activo de cierta publicidad, según se dice aquí. 
Puede que sea cierto, mejor dicho, sin duda, es cierto. 
Al mismo tiempo, sin embargo, con esta acción se discrimina al hombre, como sujeto pasivo, sujeto estúpido de esta discriminación femenina. 
Segundo punto de vista: cada vez con más frecuencia el hombre es el protagonista de unos mensajes activos idénticos. 
Piensen en aquellos guaperas ambiguos de sexo indefinido, en los hombres de pelo en pecho, en los monstruos musculosos que se exhiben cada vez más. 
Y por lo tanto, al menos queda superada la introducción del informe donde se habla- literalmente- de «imágenes tópicas que presentan al hombre como profesionalmente activo, emprendedor y productivo y a la mujer, en cambio, como hogareña, dependiente y pasiva, (que) no se corresponden con la realidad social europea». 
Sin embargo, esto tampoco se corresponde con la realidad de la publicidad. 
Les ruego que vean algún anuncio actual, ¡no nos quedemos en la Edad Media de la publicidad! 
En consecuencia, también en este caso, es preciso defender hasta el final la igualdad de oportunidades. 
Donde, por el contrario, es necesario vigilar, está claro, es allí donde algunos mensajes ofenden el buen gusto y superan los límites de la pornografía. 
Pero esto vale para las mujeres, para los hombres, para los niños, para todo el mundo. 
Asimismo, no siempre hay violencia ante la presencia de la figura femenina en la publicidad, porque la mujer, en el fondo, es libre de aceptar o rechazar el papel que se le propone. 
Por el contrario, hay un gran número de mujeres- les ruego que se fijen en las inmediaciones de los estudios de publicidad- que desean ejercer esta profesión. Luego, repito, les corresponde a ellas decidir como ejercerla y con qué buen gusto. 
Además de estos motivos, al fin y al cabo, cuando la mujer sabe unir la belleza con la inteligencia, resulta siempre ganando. 
Si se fijan tanto en la relación a distancia entre mensaje y espectador de televisión como, sobre todo, en el reparto de papeles en los anuncios publicitarios, es siempre el hombre que desempeña el papel de minus habens, dispuesto a dejarse engatusar por el resplandor embelesador de alguna porción de la epidermis femenina, mostrada con malicia, sí, pero a veces, admitámoslo tranquilamente, también con gracia. 
Si se piensa en que existen hombres que hacen una elección sólo porque una mujer enseña algo de epidermis, pues entonces, creo que en ese momento es el hombre que queda en ridículo en el parangón. 
Por lo tanto, señor Presidente, si me permite terminar con una pizca de ironía un tema que, me doy cuenta, es, por el contrario, muy serio, pido un informe contra la discriminación del hombre, como víctima involuntaria de la discriminación de la mujer en la publicidad. 
Considero que será difícil que este Parlamento acepte esta solicitud, de cualquier modo es legítimo formular una propuesta de esta tipo. 
Señor Presidente, ante todo me gustaría indicar que, en mi opinión, es una primera señal del principio de mainstreaming, el hecho de que no uno sino varios comisarios asisten a los debates femeninos y que muchos otros también responden. 
En cuanto al tema de la mujer en la publicidad, he de comentar que la aparición en los últimos años de hombres seductores, constituye un mérito absoluto del movimiento feminista. 
Los hombres al estilo Chippendale han hecho su entrada en la publicidad. Cabe dudar si ésta es la imagen correcta de los hombres, porque estos Chippendale no se los encuentra uno todos los días. 
Si recorremos este Parlamento con la mirada, hay que rebuscar bien y, sin embargo, aquí se encuentran muchísimos hombres. 
En una palabra, la publicidad ofrece una imagen muy deformada de la realidad y éste es naturalmente su objetivo. 
He de admitir, en justicia, que no me parece apropiada la censura, incluso tratándose de la publicidad. 
Es cierto que, a pesar de una ligera mejoría, las imágenes tópicas de la mujer todavía son muy frecuentes y sería conveniente reducirlas. 
Creo que es demasiado drástico afirmar que el mundo de la publicidad no necesita realizar una labor de pionero. 
Es obvio que el mundo de la publicidad puede abrir nuevos caminos y convendría, además, que las mujeres, en efecto, se involucraran en ello, fomentando así un cambio de imagen de la mujer en la publicidad. 
Por lo tanto, en lugar de censura, un autocontrol y códigos de conducta. 
Creo que de esa manera podemos dar continuación a los progresos que hemos logrado en este terreno. 
Dichos progresos son realmente necesarios porque la publicidad todavía no funciona adecuadamente. 
Señor Presidente, en el umbral del siglo XXI se utilizan los cuerpos de mujeres, con frecuencia gratuitamente, para vender mercancías cuyos beneficios corresponden a otras personas. 
Pregúntese por qué exactamente Diana, Princesa de Gales, era perseguida dondequiera que fuese: para que otros ganaran dinero. 
Se sigue representando a las mujeres de forma estereotipada, aunque hayan parecido unos pocos estereotipos nuevos. 
Se trata de un asunto europeo. 
La televisión por satélite y por cable ha contribuido a ello. 
La mayoría de los países europeos tienen una mala ejecutoria al respecto y la de algunos es atroz. 
Antes hemos oído el caso de una persona ciudadana de uno de ellos. 
Gran parte de la publicidad supera con creces lo erótico y entra en lo pornográfico con connotaciones de violencia y sadismo. 
Esa publicidad degrada a todas las mujeres. 
Degrada a cada uno de nosotros y a nuestras hijas. 
Nos quita nuestra individualidad y nuestra humanidad. 
La estereotipación de las mujeres es mucho más peligrosa que la de los hombres. 
Incita a las mujeres a perseguir la perfección con consecuencias como los trastornos alimentarios. 
Hemos tenido noticia de una víctima reciente. 
La legislación y la autorregulación actuales son insuficientes. 
Todos los diversos pactos y convenios son insuficientes. 
Las propuestas de la Sra. Lenz contribuirán algo a mejorar la situación. 
Señorías, cuando se introducen las cuestiones morales en el proceso de obtención de beneficios, quienes los obtienen nunca lo acogen con beneplácito. 
No quieren oír hablar de cuestiones morales. 
Pero las cuestiones morales importan a las personas a las que representamos. 
Así, pues, espero que se tome esto en serio y que todos los Grupos apoyen el informe de la Sra. Lenz. 
Señor Presidente, este informe es preocupante para la libertad de expresión. 
En efecto, no sólo preconiza el autocontrol de los profesionales- que, por otra parte, ya existe desde hace tiempo -, sino que va más lejos al considerar que se puede limitar la libertad de expresión con el fin de proteger la moral pública. 
¿En qué consiste esta noción que, además, no figura en el Convenio europeo de los derechos humanos? , ¿esta voluntad de reprimir no ya un ataque claro y concreto a las buenas costumbres, sino un simple comportamiento social, que no podría transgredirse y que estaría definido por un organismo político cualquiera- en el plano europeo, además -, cuando en estas materias existen, de norte a sur, sensibilidades diferentes? 
En tiempos pasados, en Europa, y actualmente en muchos países, así es como empezó y empieza el integrismo. 
En fin, considero que hoy en día este informe está superado. 
No sólo se utiliza la imagen de la mujer, sino también la del hombre. 
La última publicidad de Dae Woo presentaba a un hombre y a una mujer exactamente en la misma posición y semidesnudos. 
Actualmente, incluso en Bélgica, el Crédit Lyonnais presenta en los periódicos la imagen de un cuerpo masculino desnudo. 
También en este caso, hay que relativizar las cosas. 
Puede molestar a las mujeres, a todas las mujeres, el hecho de no ser unas Venus de Boticelli, pero también puede molestar a los hombres no ser como el David de Miguel Ángel o el Apolo de Praxiteles. 
La belleza externa, cuyo abuso se critica en el punto 10, siempre ha sido y será un argumento en variadas circunstancias. 
Permítanme finalizar con una cita de un libro de Amélie Nothomb, Attentat, donde escribe que cuando Quasimodo se enamora de Esmeralda, ¡a uno le vienen ganas de decirle a ella que no se fije en su aspecto exterior! 
¿Pero qué hizo él sino fijarse en el aspecto exterior de la criatura? 
Quasimodo debería enamorarse de una anciana desdentada. 
Sin embargo, su corazón eligió a una encantadora gitanilla de la que es demasiado fácil enamorarse. 
Afortunadamente este informe no cambiará el aspecto de las cosas. 
Señor Presidente, desde un punto de vista científico la semántica reconoce hoy el lenguaje publicitario como un mensaje extremadamente eficaz. 
En nuestros días, más que nunca, hay que reconocer que este mensaje publicitario está pensado, concebido, realizado para seducir, para ser asimilado, para mover a actuar en un determinado sentido a millones de personas. 
Tenemos que tener en cuenta que son imágenes y lemas muy trabajados, meditados, premeditados para conmover, para agredir psicológicamente, para impactar, y frente a ellos nosotros, los humanos, actuamos como sujetos más bien pacientes, inermes. 
Es decir, que en cierto modo se puede hablar de una imposición con maravillas visuales, fónicas, cromáticas y sensuales. 
Todo eso es hoy en día la publicidad en una era mediática. 
La publicidad puede hacer hoy maravillas, pero puede hacer también atrocidades; es un instrumento muy poderoso- lo sabemos- y la cuestión es que este instrumento poderoso no debe oponerse a ciertos principios. 
El hecho es que este instrumento debe estar también al servicio de los buenos fines del ser humano y, por qué no, de la no discriminación de la mujer. 
Atención, señores Comisarios, porque no se puede entender que perfeccionemos tanto a veces los escritos en las leyes, los textos en la normativa, y dejemos que un venenoso mensaje publicitario discriminatorio sea inyectado en vena, con mensajes atractivos, en miles y millones de europeos. 
Además tenemos que tener en cuenta que la repetición de mensajes discriminatorios perpetúa efectivamente la discriminación. 
Es un buen momento, por tanto, fuera de moralinas y de censuras que no queremos, para decir que, en lo que afecta al ser humano, no todo vale en esta Europa de las mercancías y que algunos tratan de hacer de la mujer una mercancía. 
Tenemos mecanismos políticos para decir: ¡No! 
Por eso este informe es una magnífica iniciativa del Parlamento Europeo para iniciar una política que debe ser activa, antidiscriminatoria y en favor de la igualdad de trato. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer al Parlamento Europeo esta iniciativa y a la Sra. Lenz en particular la excelente labor que ha llevado a cabo. 
La Comisión es perfectamente consciente de la importancia que reviste la protección de las mujeres contra la discriminación en la publicidad y de la necesidad de lograr el equilibrio adecuado entre el respeto del derecho fundamental a la libertad de expresión y el respeto de la dignidad humana. 
El informe pone de relieve varias cuestiones importantes, que acojo con beneplácito. 
Hace propuestas muy constructivas, la mayoría de las cuales están en consonancia con la formulación de las políticas y actividades de la Comisión en esa esfera. 
El Parlamento, junto con la Comisión, insistió en la necesidad de que se incluyera una cláusula de no discriminación en el nuevo Tratado y pidió, en particular, que se incluyera la discriminación contra las mujeres entre las categorías de discriminación. 
El artículo 6 A del proyecto de Tratado de Amsterdam satisface esa solicitud y brinda posibilidades de acción en la esfera antes citada. 
También quisiera recordar a la Asamblea la Directiva del Consejo y del Parlamento 97/31, aprobada en junio, sobre la coordinación de las actividades de transmisión televisiva, que representa el instrumento europeo más importante para la publicidad televisiva. 
Dicha directiva dispone que en la publicidad no deberá figurar ninguna discriminación por razones de sexo. 
La integración de una perspectiva relativa a la igualdad entre los hombres y las mujeres en la política relativa a los medios de comunicación es una de las prioridades de la Comisión dentro de su política de mainstreaming. 
En el cuarto programa sobre la igualdad de oportunidades se establecen medidas concretas. 
La Comisión fomenta el intercambio de información y experiencia entre los Estados miembros y entre los órganos nacionales pertinentes. 
También fomenta una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los niveles de adopción de decisiones de la industria publicitaria y en los medios de comunicación a fin de fortalecer la influencia de las mujeres en esa esfera. 
En fecha posterior de este año está prevista la celebración de una reunión en la que habrá importantes participantes, expertos y ONG del sector de los medios de comunicación a fin de sacar partido a la experiencia idónea. 
Hemos tomado nota de la propuesta de la Sra. Lenz de incluir la publicidad en nuestros estudios. 
La Comisión apoya un estudio panorámico de la imagen de la mujer en la publicidad y en los medios de comunicación y el fomento de la cooperación entre las asociaciones profesionales, las organizaciones de mujeres y los encargados de la ejecución de proyectos que trabajan en el nivel de la Comunidad. 
No podemos responder positivamente a la petición de la creación de un premio europeo de publicidad, pero este año se volverá a conceder el premio NIKI por la utilización de procedimientos idóneos en el sector de la publicidad, que cuenta con apoyo de la Comisión y que va encaminado a mejorar la presentación de las mujeres en la televisión. 
Por último, la Comisión examinará detenidamente la propuesta de creación de un comité consultivo para todos los medios de comunicación con el fin de redactar un código para la industria publicitaria con vistas a erradicar todas las formas de discriminación. 
A ese respecto, quisiera recordar a la Asamblea que la reciente directiva sobre televisión dispone la creación de un comité de contacto presidido por la Comisión y compuesto de representantes de las autoridades competentes en los Estados miembros con la misión de facilitar la aplicación de la directiva. 
La Comisión podría examinar la posibilidad de crear un subgrupo dentro del comité para preparar semejante código, lo que constituiría un buen ejemplo de mainstreaming. 
Todos sabemos que la igualdad en la práctica no llegará a ser realidad hasta que haya habido un profundo cambio en muchos sectores, muy en particular en los de las ideas, las actitudes y las imágenes en los medios de comunicación. 
Así, pues, la Comisión proseguirá y fortalecerá su acción en esa dirección, teniendo en cuenta las propuestas de Sus Señorías. 
Doy las gracias a todos cuantos han hecho contribuciones al debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Votaciones 
Señor Presidente esta discusión se ha desarrollado de manera concienzuda en la Comisión de Derechos de la Mujer y creo que en el Pleno no podemos aceptar ninguna enmienda oral. 
Si el Parlamento no tiene objeción, someteré a votación la enmienda oral de la ponente sobre el apartado 14. 
(Más de 13 diputados, de pie, expresan su protesta y, por consiguiente, el Parlamento rechaza la propuesta de votación de la enmienda oral del apartado 14) 
apartado 17 
Con mi enmienda, en el apartado 17 figuraría lo siguiente: » Acoge con satisfacción la iniciativa de algunos Estados miembros de desarrollar, además de sanciones eficaces, programas para los autores de este tipo de actos, con objeto de que los hombres se responsabilicen de sus actos, y pide que los Estados miembros se comprometan a participar en mayor medida en este tipo de iniciativas» , y se añadiría mi frase a continuación, concretamente con respecto a la criminalización de los clientes de las prostitutas. 
Si el Parlamento no tiene objeción, someteré a votación la enmienda oral de la ponente sobre el apartado 17. 
(Más de 13 diputados, de pie, expresan su protesta, y consiguientemente, el Parlamento rechaza la propuesta de votación de la enmienda oral sobre el apartado 17) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de votación) 
Voto en contra de este documento. Opino que un mercado con ayudas a la producción vinícola es totalmente erróneo. 
El Parlamento Europeo se pronuncia sobre un texto clave para el futuro de los servicios públicos en Europa. 
El desarrollo de la Unión Europea conduce a una apertura inevitable de los grandes servicios públicos comerciales, ya sea en el sector de las telecomunicaciones, de los servicios postales, del transporte aéreo o ferroviario. 
Se trata de una evolución deseable y útil en un contexto de competencia cada vez más fuerte en el plano mundial, y cuyo fin es ofrecer unos servicios que se adapten cada vez más a las necesidades de los usuarios y de los clientes de los mismos. 
Los servicios postales constituyen un sector de actividad importante en Europa. 
En la Unión se facturan anualmente alrededor de 80.000 millones de objetos, de los que 3.000 millones corresponden al intercambio entre los Estados miembros, lo que supone un volumen de negocios equivalente al 1, 3 % del PIB comunitario y 1.500.000 puestos de trabajo. 
Estos intercambios comunitarios se ven hoy obstaculizados por las enormes disparidades que existen entre los servicios postales nacionales tanto desde el punto de vista de los plazos de expedición como de tarificación. 
Por lo tanto, es urgente que se establezca una reglamentación comunitaria para abrir dicho mercado y dotarlo de la flexibilidad necesaria para su desarrollo. 
No obstante, también existe la imperiosa necesidad de proteger el espíritu y la práctica del servicio público, que forma parte, de manera específica, del marco de vida de los ciudadanos europeos. 
Hoy tenemos incluso la posibilidad, gracias a la discusión de textos tan importantes, de definir un servicio público específicamente europeo. Un servicio público rentable en el plano económico, a la par que un factor clave de la ordenación territorial y capaz de ofrecer un servicio mínimo de calidad a todos nuestros conciudadanos. 
Un ejemplo que conozco muy bien es el de Francia. 
Los servicios postales realizan diariamente 73.000 rondas de distribución, de las cuales 38.000 corresponden a municipios con menos de 10.000 habitantes, y disponen de 17.000 puntos de recepción al público, a razón de una oficina por cada 800 habitantes, en las zonas rurales. 
En determinados sectores es a menudo el único servicio público que aún subsiste. 
Y este ejemplo puede aplicarse a otros muchos Estados miembros en la Unión. 
Creo que hoy se nos brinda la ocasión de pronunciarnos enérgicamente sobre el futuro de los servicios postales en Europa. 
Esta es la visión que deseo que se imponga; una visión ampliamente compartida por la posición común del Consejo, por lo que evidentemente me felicito. 
El proyecto de recomendación en segunda lectura de Brian Simpson recoge y refuerza la posición común aprobada por unanimidad en el Consejo el pasado mes de abril, tras unas largas negociaciones. 
El propio ponente indica que el texto de la posición común " comparte plenamente las preocupaciones del Parlamento Europeo». 
Además, las enmiendas propuestas por el ponente al proyecto de recomendación están orientadas a reforzar y proteger el servicio público, e incitan a la adopción de la posición equilibrada del Consejo. 
Creo importante subrayar varios puntos de esta posición común. 
Ante todo, se trata de un enfoque gradual y controlado de la liberalización de los servicios postales. 
En segundo término, se establecen unas normas mínimas relativas al servicio público tendentes a garantizar la igualdad de acceso de todos los usuarios a los servicios postales. 
Por lo tanto, existe una buena definición de un servicio universal, accesible a todos, con independencia del lugar de residencia y a un precio asequible; un servicio que garantiza también la neutralidad, el carácter confidencial, la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. 
Finalmente, se organiza un servicio reservado. 
La existencia de un servicio que no esté sometido a la competencia es, efectivamente, indispensable para la viabilidad económica del servicio universal. 
La aprobación de este texto nos brinda los medios de proteger los intereses del servicio público y permitir su adaptación y apertura a las necesidades del mercado. 
La posición común que nos disponemos a aprobar es aceptable para el servicio público. 
La misma abre la vía a cierta liberalización en el sector de los servicios postales y permite, por lo tanto, cierta apertura a la competencia, que es lo que los consumidores y las empresas han querido. 
No obstante, la mencionada posición común reserva ámbitos importantes, tales como el correo transfronterizo y el correo directo, al monopolio de la empresa pública de los servicios postales. 
En sus deliberaciones, el Parlamento ha respetado el delicado equilibrio alcanzado en el Consejo. 
En efecto, la mayoría de los ministros de Comunicaciones se han mostrado más favorables al servicio público que la Comisión. 
Es de esperar que la Presidencia luxemburguesa- por intermedio de la Sra. Mady Delvaux, a quien rindo homenaje por su actitud clara y franca en favor del servicio público en el sector postal- acabe lo antes posible este expediente y lleve a término el procedimiento en el Consejo. 
Finalmente, conviene preguntarse por qué la oleada todopoderosa de la liberalización, de la que la Comisión se ha erigido en defensora, se ha ralentizado con respecto a los servicios postales. 
Pienso que una de las razones esenciales para ello es la importancia que revisten los servicios postales para la cohesión social y la ordenación del territorio nacional. 
El cartero sigue estando presente allí donde la mayoría de los servicios públicos han sido eliminados por razones de coste y de productividad. 
Esperemos que esta pausa en la liberalización y la desreglamentación permita reflexionar a los decididores, y, al sector postal, esforzarse cada vez más para servir a sus clientes. 
He votado a favor del informe. Considero que las enmiendas del ponente mejoran esencialmente las propuestas de la Comisión, pero deseo aclarar mi punto de vista. 
La prestación de los servicios postales es una actividad tipo «public-service». 
Las experiencias llevadas a cabo en otras actividades demuestran que la desregulación no produce una mayor eficacia, sino que a menudo provoca un aumento del desempleo y del desequilibrio regional. 
Informe Scapagnini (A4-0268/97) 
La energía nuclear no es una fuente de energía renovable. 
Se han producido accidentes graves en Three Mile Island y Chernobil. 
Y no se ha resuelto aún el problema de los residuos radiactivos. 
Suecia ha decidido eliminar la energía nuclear a raíz de un referéndum. 
Uno de los reactores de Barsebäck dejará de funcionar con anterioridad a las elecciones suecas al Parlamento en setiembre de 1998. 
El partido centrista ha presionado para que en Suecia se elimine la energía nuclear. 
Ha de cumplirse al pie de la letra la decisión del cierre de la central de Chernobil. 
En nuestra opinión, la UE no debe, a modo de compensación por este hecho, apoyar la construcción de otros reactores. 
Por tanto, nos oponemos a que la UE conceda ayudas a los reactores Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania, y en base a ello hemos votado en contra de la resolución. 
En cambio, apoyamos las acciones tanto a nivel nacional como de la UE destinadas a mejorar la seguridad de los reactores existentes. 
El sistema energético debe pasar lo antes posible a las fuentes de energía renovables y sostenibles. 
Sobre el Informe Azzolini (A4-0252/97) 
Quiero manifestar el apoyo de nuestro Grupo al informe Azzolini, ya que el ámbito cultural favorece el empleo directo e indirecto, potenciando el mantenimiento y la creación de Pymes relacionadas con el sector cultural, ofreciendo expectativas en la creación de empleo. 
También debo destacar que turismo y cultura se refuerzan mutuamente y pueden, con nuestro apoyo, aumentar el efecto de la intervención de los Fondos estructurales sobre el empleo. 
Lamentablemente, los proyectos culturales financiados por la política estructural comunitaria sólo representan un 3 %, un porcentaje demasiado bajo si tenemos en cuenta la influencia que la cultura tiene en el desarrollo de las regiones y en la consecución de la cohesión económica y social. 
Por ello, debería incluirse un apartado en el futuro Tratado de la Unión Europea que potencie el apoyo explícito a los proyectos culturales y aumente el número de iniciativas comunitarias con aspectos culturales de desarrollo regional, cuyo fin sería el reforzamiento del vínculo entre los Fondos estructurales y la propia acción cultural. 
Finalmente, quiero destacar la importancia que las Entidades Locales y Regionales deben seguir teniendo para la buena consecución de la estrategia de desarrollo de la Unión Europea basada en la cultura y en la creación de empleo. 
No estoy especialmente impresionado por este informe que, en el fondo, está plagado de tópicos. 
Está claro que ninguna persona en su sano juicio se opone a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, resulta igualmente evidente que no soy partidario de ningún tipo de sistema de cuotas que, todo bien mirado, son más bien humillantes para la mujer. 
Cuando en el debate de esta mañana varios oradores expresaron sus quejas acerca de la presencia menos elevada de chicas que de chicos en la enseñanza técnica- y que debe hacerse algo al respecto- me pregunto si todavía se sabe distinguir entre la "igualdad de oportunidades» y el" trato idéntico». 
En lo concerniente a la conciliación de la vida profesional y familiar, mi partido en Flandes aboga desde hace años a favor de un auténtico salario de educador, que debe permitir a uno de los cónyuges educar y cuidar a los hijos en casa. 
Esta sí que sería una verdadera posibilidad de elección, basada en la libre voluntad y no en las necesidades financieras. 
Es sorprendente que el informe de la Sra. Kestelijn se exceda en muchos aspectos, quedándose estancado, en cuanto se refiere a la licencia parental, en caminos ya trillados. 
Obviamente, lo anterior tiene mucho que ver con el hecho de que la educación de los hijos en la familia, hoy en día, ya no es considerada una misión social digna y sumamente importante y que las mujeres que opten libremente por ella sean miradas con compasión. 
Así pues, en el fondo lamento que el capítulo muy importante sobre la vida profesional y familiar se quede en lo que es correcto desde una perspectiva política. 
Informe Kokkola (A4-0251/97) 
Sobre el informe Kokkola (A4-0251/97) relativo a la comunicación de la Comisión acerca de la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y actividades comunitarias y sobre el informe Kestelijn-Sirens relativo al Informa anual de la Comisión relativo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea 1996 (A4-0257/97). 
Yo y muchos diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo apoyamos sin reservas el principio de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y convenimos en que el mainstreaming es un instrumento valioso para contribuir a la puesta en práctica de ese principio. 
Acogemos con beneplácito el reconocimiento cada vez mayor de los problemas padecidos por las mujeres en particular y las medidas que se están adoptando cada vez más en todos los niveles para remediar la situación. 
Sin embargo, no estamos convencidos de que la mejor forma de lograr una representación igual de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones, por ejemplo, sea la de la discriminación artificial del tipo de la propuesta en los informes Kokkola y Kestelijn-Sierens. 
El establecimiento de cuotas temporales, aunque tal vez resulte atractivo a corto plazo, no es la respuesta. 
Consideramos particularmente poco práctica y poco útil la propuesta que figura en el informe Kokkola de que los grupos de trabajo y los comités de expertos de la Comisión estén compuestos de números iguales de hombres y mujeres. 
Creemos firmemente que se deben hacer los nombramientos para esos cargos en función de los méritos y la competencia. 
Imponer una supuesta discriminación positiva de la forma propuesta puede presentar la ventaja a corto plazo de un aumento de las cifras de representación femenina en los órganos encargados de la adopción de decisiones. 
Sin embargo, a largo plazo redundaría por fuerza en perjuicio de la posición de las mujeres en general. 
La propuesta que figura en el informe Kestelijn-Sierens de que la Comisión incluya una evaluación de las repercusiones de las cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres es igualmente poco práctica. 
Lo que se necesita es medidas prácticas concretas para brindar a las mujeres oportunidades de alcanzar la preparación y las libertades que les permitirán competir en pie de igualdad con los hombres en el mercado de los puestos de trabajo y en la esfera de la adopción de decisiones... no declaraciones etéreas sobre las probables consecuencias de la legislación propuesta, que en la mayoría de los casos resultan imposibles de definir y cuantificar con grado alguno de precisión. 
Se necesitan mejoras en muchos sectores, uno de los más importantes de los cuales es el de la difícil tarea de combinar el trabajo fuera del hogar con las obligaciones familiares. 
Sin embargo, proponer, como hace el informe de la Sra. Kokkola, que se financien con cargo a los Fondos estructurales servicios sociales, tales como el cuidado de los niños y de los ancianos, los comedores escolares y el transporte público, resulta poco menos que ridículo. 
Me alegro de que el Parlamento en conjunto haya votado contra esa propuesta, aunque veo que los diputados laboristas británicos al PE han votado a favor de ella. 
Tampoco creemos que el papel de la Comisión sea el de decidir cómo se pueden utilizar las medidas fiscales y las prestaciones de la seguridad social para hacer entrar el trabajo con la familia en la economía oficial. 
Se trata de asuntos, todos ellos, que se deben abordar en los niveles nacional, regional y local, de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Los informes Kokkola y Kestelijn-Sierens ponen de relieve acertadamente las dificultades que entraña la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres hoy y en ellos figuran algunas observaciones destacadas. 
Mis colegas y yo vamos a votar a favor de estos informes porque su objetivo y motivación en última instancia son los de beneficiar a las mujeres de Europa. 
No obstante, deseamos hacer constar en acta nuestro pesar por que en ellos figuren semejantes propuestas que no son propicias para ayudar a las mujeres y podrían desacreditar la labor del PE en pro de las mujeres. 
Informe Eriksson (A4-0250/97) 
Señor Presidente, hablo por propia experiencia local de la campaña en pro de la tolerancia cero organizada en Thurrock, en mi circunscripción. 
Los colegas de la línea telefónica de urgencia sobre violaciones e incestos de South Essex me han contado que los carteles colocados en tiendas, bares y paradas de autobús propiciaron que se examinara abiertamente la cuestión de la violencia contra las mujeres y se validasen por primera vez las experiencias particulares de muchas mujeres. 
Ese proyecto local apoya plenamente la ampliación de las campañas de tolerancia cero a otras ciudades europeas, reforzadas por líneas telefónicas de ayuda de urgencia sobre violaciones, que tampoco existen en muchos de nuestros países. 
Otro proyecto local para las mujeres en mi circunscripción- el Refugio para mujeres de Southend- apoya también esa iniciativa. 
Recientemente les ayudé a iniciar su nuevo proyecto «paloma» : un centro abierto de asesoramiento para mujeres víctimas de violencia doméstica. 
En tan sólo cinco semanas, acudieron cinco mujeres al día en busca de asesoramiento. 
Esos dos ejemplos locales revelan hasta qué punto la violencia sexual es una realidad para las mujeres hoy y justifican plenamente la decisión adoptada hoy por el Parlamento de responder con una campaña a escala europea. 
En la Unión Europea pluralista y culturalmente diversificada existen problemas evidentes a la hora de respetar opiniones divergentes. 
Con risas y sarcasmo ha rechazado el Parlamento la posibilidad de votar a favor de las dos enmiendas orales de la Sra. Eriksson en el sentido de apoyar unos trabajos concretos contra la pornografía y la prostitución, además de dar la bienvenida a las iniciativas de los Estados miembros en lo concerniente a la criminalización de los clientes de las prostitutas. 
Esta es una enmienda que nosotros evidentemente apoyábamos. 
Estamos convencidos de que la prostitución y la pornografía son la causa de las ideas distorsionadas que se tienen sobre las mujeres, y que a menudo conducen a las violaciones, malos tratos, etc, y lamentamos que el Parlamento no se atreva a adoptar una posición en favor de las enmiendas. 
También queremos expresar lo importante que es que la sociedad ofrezca ayuda a las mujeres y niños dentro de la legislación nacional, también para conseguir una nueva identidad, lugar de residencia y empleo, y con ello la posibilidad de escapar a sus perseguidores. 
También invitamos a los Estados miembros a que concedan ayuda económica a los centros de acogida para mujeres y a la prestación de asistencia jurídica. 
La violencia contra las mujeres es en el fondo un asunto de derechos humanos, los cuales la mayoría dice proteger. 
A pesar de ello, hay violencia contra las mujeres en todo el mundo y en todas las clases sociales. 
Hacer de 1999 un año de campaña en la UE contra la violencia que afecta a las mujeres llamaría la atención pública sobre el problema y contribuiría a que la cuestión fuera de actualidad en los Estados miembros. 
No obstante, esto requiere que se reserven suficientes fondos en el próximo presupuesto de la UE, lo cual esperamos que se haga. 
Informe Lenz (A4-0258/97) 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Lenz por su informe en el que pide el fin de la discriminación contra las mujeres en la publicidad. 
Es un llamamiento que la industria publicitaria pasa por alto, ridiculiza y considera anticuado. 
La industria publicitaria cree que, mientras se pueda incorporar una cita o una expresión sardónica, la publicidad tiene libertad para representar los cuerpos de las mujeres de forma degradante, para vender cualquier cosa: desde automóviles a ropa interior. 
En mi diario local, el Birmingham Mail, me han dicho que esta semana se va a descubrir en Birmingham un anuncio en forma de una valla publicitaria electrónica y de seis metros de alto en el que aparecerá una mujer quitándose la ropa constantemente. 
La AA, la Asociación Automovilística, ha advertido que podría ser un motivo de distracción y provocar accidentes. 
Lo cito como un ejemplo de aquello de lo que es capaz la industria publicitaria en Gran Bretaña para vender productos: mujeres encadenadas para vender cosméticos, mujeres obesas representadas de las formas más degradantes. 
El llamamiento de la Sra. Lenz en pro de la autorregulación es loable, pero temo que la industria haga caso omiso de él. 
Las instituciones de la Unión Europea deben utilizar sus fuerzas combinadas y reconocer que se trata de un problema en aumento en el decenio de 1990. 
Deben actuar para aportar un código a escala europea para la industria publicitaria a fin de acabar con esa discriminación. 
Señora Crawley, le he permitido, gustoso, que exceda su tiempo ya que, no sólo su experiencia anterior como Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer durante muchos años, sino también toda su acción en este Parlamento le dan derecho a reivindicar excederse en su tiempo de palabra; por supuesto, cuando la Mesa puede permitirlo, y me alegro de que haya podido completar sus opiniones. 
Los socialdemócratas daneses votan por propia iniciativa a favor del informe de Lenz. 
Puesto que los medios de comunicación traspasan las fronteras, es necesario abordar esta cuestión en el ámbito de la Unión Europea. 
Sería deseable que el sector publicitario practicara una mayor autorregulación y reconociera que es discriminatorio mostrar mujeres desnudas o medio desnudas en los anuncios. 
Si el propio sector no es capaz de establecer y obedecer ciertas directrices en favor de una buena mercadotecnia, podría hacerse necesario regular este campo en el ámbito de la Unión Europea. 
El turno de votaciones queda cerrado 
(La sesión, interrumpida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Proyecto de presupuesto general 1998 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la presentación por el Consejo del presupuesto general para el ejercicio de 1998. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, como lo manda la tradición y el procedimiento, me corresponde presentar en el Pleno el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1998, adoptado por el Consejo el pasado 24 de julio. 
Señor Presidente, desearía subrayar que, desde el principio, este procedimiento presupuestario ha estado marcado- y me felicito de ello- por una acertada y franca cooperación entre las tres instituciones. 
Desde mucho antes de que el Consejo adoptara el proyecto de presupuesto, las tres instituciones habían iniciado un verdadero y amplio diálogo. 
Cada una de ellas se ha mostrado siempre dispuesta a escuchar a la otra e incluso, cuando ello ha sido posible, a transitar juntas una parte del camino. 
El procedimiento presupuestario instaurado por el Tratado constituye una ocasión excepcional de colaboración entre las tres instituciones. 
El acuerdo interinstitucional de 1993 estableció el marco para ello. 
Desde entonces, el interés y la necesidad de esta cooperación son cada año más evidentes. 
En ese sentido, creemos que el inicio del procedimiento presupuestario de 1998 fue ejemplar. 
Así, el " triálogo» sobre las prioridades factibles con miras al futuro ejercicio permitió, el 21 de abril, un amplio intercambio de impresiones entre la Presidencia del Consejo, el Parlamento y la Comisión, cuyo corolario fue la preparación del terreno para lograr algunos acercamientos. 
Posteriormente, el " triálogo» del 26 de junio pasado hizo posible que el Consejo comprendiera las principales desideratas del Parlamento. 
Este nuevo intercambio tuvo un valor inestimable para la reunión y la concertación del 24 de julio, el mismo día de la celebración del Consejo sobre Presupuestos. 
Esta reunión permitió que todos expusieran aquellos puntos que les parecían esenciales y tuvieran conocimiento, concretamente, de las dificultades que les parecían ineludibles para este ejercicio tan difícil e intrincado. 
Los diputados, señor Presidente, subrayaron en particular las prioridades que para ellos representan el refuerzo de las medidas tendentes a fomentar la creación de puestos de trabajo, la investigación y el desarrollo, la preparación de los países candidatos a la adhesión, los programas destinados a los jóvenes y al ámbito cultural, la toma en cuenta del medio ambiente en la elaboración del presupuesto, así como la prosecución de la reestructuración del ámbito administrativo de la Comunidad, con el fin de garantizar una mayor eficacia y flexibilidad en la asignación de los recursos. 
En nombre del Consejo, hice hincapié en que la institución que represento estaba dispuesta, con respecto al presupuesto 1998, a imbuirse de los mismos principios de rigor presupuestario que aquellos que se imponen los Estados miembros a sí mismos y que imponen a sus ciudadanos, continuando los importantes esfuerzos iniciados en 1997. 
Esta concertación ad hoc permitió, en mi opinión, un acercamiento significativo, o incluso total, de los puntos de vista de las dos ramas de la autoridad presupuestaria, con la ayuda de la Comisión, sobre todo en el ámbito del gasto agrícola y de la pesca. 
En resumen, considero que dichos contactos fueron muy útiles. 
Con respecto a la Política exterior y de seguridad común, y más allá del consenso sobre el importe total de los créditos inscritos en el presupuesto de 1998, hemos acordado proseguir de ahora en adelante la concertación establecida en este ámbito, conforme al acuerdo interinstitucional firmado el pasado 15 de julio. 
A la vista de los resultados de dicha reunión, el Consejo, como es su obligación, ha elaborado su proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1998. 
Para responder a la exigencia ineludible de rigor y de disciplina presupuestaria, el Consejo ha considerado que eran indispensables ciertas disposiciones fundamentales. Es decir: mantenimiento de los créditos del anteproyecto de presupuesto para la rúbrica 1 de las perspectivas financieras, teniendo en cuenta la legislación agrícola vigente relativa a los cultivos herbáceos y al "paquete-precios» para la campaña 1997-1998; reducción de mil millones de ecus en créditos para pagos, en relación con el anteproyecto de presupuesto, de la rúbrica 2 (" acciones estructurales» ); reducción significativa en créditos para pagos de las rúbricas 3 ("políticas internas» ) y 4 (" acciones exteriores» ), lo cual debe estar acorde con los créditos para compromisos. 
Señor Presidente, según el Consejo, estas medidas forman, en conjunto, un todo indisociable. 
Y con ello quiero decir que el gasto agrícola y el gasto estructural deben recibir un trato simétrico, lo cual, en consideración a las prioridades y a las preocupaciones del Consejo, es y seguirá siendo esencial. 
Con respecto a esta estrategia, el Consejo cuenta fundamentalmente con el apoyo del Parlamento. 
En este contexto, el Consejo ha tomado nota con satisfacción del hecho de que, en sus orientaciones sobre el procedimiento presupuestario de 1998, el Parlamento ha reconocido y suscrito la necesidad de que las inscripciones presupuestarias respondan al mayor realismo posible. 
A ello tienden exactamente las medidas preconizadas por el Consejo en su proyecto de presupuesto: limitar las dotaciones presupuestarias a lo estrictamente necesario, teniendo en cuenta en particular las posibilidades reales de su ejecución, sin por ello obstaculizar las políticas esenciales de la Comunidad y ajustándose a los compromisos contraídos, concretamente a los que asumió el Consejo Europeo de Edimburgo. 
Señor Presidente, permítame a continuación referirme brevemente a los componentes esenciales del proyecto de presupuesto adoptado por el Consejo en primera lectura. 
Comenzaré por los gastos agrícolas. 
En este ámbito el Consejo ha efectuado modificaciones profundas del anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
En primer término, y en virtud de la estrategia global de ahorro que acabo de exponer, el Consejo ha decidido mantener la dotación de los créditos que deben inscribirse en el presupuesto de 1998 al nivel propuesto por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto, es decir, 40.987 millones de ecus, importe inferior a la línea directriz en aproximadamente 2.276 millones, incluyendo la reserva monetaria. 
Los gastos agrícolas fijados en 41.487 millones de ecus acusan, de hecho, un crecimiento muy limitado, de alrededor del 0, 44 %, en relación con el ejercicio en curso. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, una decisión de esta naturaleza implica algunas medidas mucho más enérgicas. 
Para ceñirse a la reglamentación agrícola vigente, el capítulo relativo a los cultivos herbáceos ha sido incrementado en 1.353 millones de ecus (el aumento de 55 millones de ecus resulta de las decisiones sobre el " paquete-precios» para la campaña 1997-1998). 
Para respetar la dotación global fijada, el Consejo ha decidido posteriormente una reducción lineal across the board de aproximadamente 1.408 millones de ecus para el conjunto de las líneas relativas al gasto agrícola. 
El Consejo ha decidido, además, inscribir en la reserva B0-40 un importe de 329 millones de ecus, que corresponden a ahorros adicionales establecidos por la Comisión en el marco de una primera actualización de las previsiones de gastos para 1998. 
De esta manera, el Consejo ha aplicado las disposiciones mencionadas en la concertación del 24 de julio. 
El Consejo desearía fervientemente que el Parlamento Europeo suscribiera este enfoque. 
Lo digo con tanta más convicción por cuanto dichas medidas han sido adoptadas a la espera de la presentación por la Comisión, en otoño, de una nota rectificativa sobre las previsiones actualizadas de las necesidades presupuestarias. 
Paso ahora al ámbito de las acciones estructurales. 
El Consejo ha inscrito la totalidad de los créditos para compromisos propuestos por la Comisión en concepto de Fondos estructurales, es decir, 3.482 millones de ecus, de conformidad con las conclusiones del Consejo de Edimburgo. 
Sin embargo, se trata de un punto que también fue ampliamente discutido y debatido con los representantes de la Comisión de Presupuestos durante la concertación ad hoc. 
Los créditos para pagos de esta rúbrica se han reducido en 1 millardo de ecus, y a través de esta decisión el Consejo ha querido aplicar el segundo capítulo de su estrategia global de ahorro. 
De este modo, el Consejo desea señalar que dicha medida, provocada por las importantes dificultades por todos conocidas, no debe en modo alguno obstaculizar la buena marcha de la política esencial financiada por dichos créditos, y ello a la vista de la ejecución, en el pasado reciente, de los créditos para pagos en diferentes sectores. 
Esta es la razón por la cual, además, el Consejo ha decidido no efectuar ningún recorte en la zona del objetivo nº 1 y nº 6 de los Fondos estructurales (regiones desfavorecidas). 
Por lo tanto, los últimos países que se adhirieron a la Unión Europea no resultan afectados. 
Los créditos aprobados suponen, en este caso, un crecimiento del 2, 95 % en relación con 1997. 
Si esto no fuera suficiente para desdramatizar el debate, añadiré que el Consejo se ha puesto de acuerdo para no tocar el Fondo de Cohesión. 
Este último no ha sido afectado por dicha reducción, que, además, es lineal. 
En efecto, el Consejo ha aceptado la totalidad de las dotaciones contenidas en el anteproyecto de presupuesto para el Fondo de Cohesión, es decir, 2.871 millones de ecus en créditos para compromisos y 2.649 millones en créditos para pagos, registrándose, de este modo, una progresión del 4, 40 % en créditos para compromisos y del 13, 88 % en créditos para pagos, en relación con 1997. 
Con respecto a las iniciativas comunitarias, el Consejo ha decidido que la dotación adicional de 100 millones de ecus en créditos para pagos propuesta a título de la iniciativa PEACE, es decir, del proceso de paz en Irlanda del Norte, se cubriría con la dotación en créditos para compromisos asignados para las iniciativas comunitarias. 
Por consiguiente, el Consejo ha suprimido la reserva negativa inscrita en el anteproyecto de presupuesto. 
Esta cuestión, cuyas repercusiones políticas no hace falta subrayar, también había sido objeto de un gran entendimiento recíproco en nuestra reunión del 24 de julio. 
Para el conjunto de las acciones estructurales, los importes inscritos en el proyecto de presupuesto se elevan a 33.461 millones de ecus en créditos para compromisos y a 27.400 millones de ecus en créditos para pagos. 
Por lo tanto, registra un aumento, respectivamente, de 1.980 millones de ecus en créditos para compromisos, es decir, un 6, 3 %, y 1.100 millones de ecus en créditos para pagos, es decir, un aumento del 4, 18 %. 
En conclusión, señor Presidente, en el ámbito de las políticas estructurales, pido al Parlamento Europeo que siga en este caso la misma línea del Consejo. 
En cuanto a las políticas internas, el Consejo ha hecho nuevamente hincapié en las dos políticas prioritarias de la Comunidad, es decir, la investigación y las redes transeuropeas. 
En ese sentido, el Consejo ha aceptado la totalidad de los créditos para compromisos propuestos por la Comisión para la subsección B6, es decir, 3.476 millones de ecus, lo que representa prácticamente un statu quo en relación con 1997. 
Con respecto a los créditos para pagos, el Consejo ha decidido, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, reducir el importe propuesto de 3.216 millones de ecus a 3.066 millones de ecus, es decir, una disminución global de 150 millones de ecus repartida entre el Centro Común de Investigación (5, 6 millones) y el cuarto programa marco (144 millones). 
Por lo que respecta a las redes transeuropeas, en el marco del título B5-7, el Consejo ha aprobado las dotaciones del anteproyecto de presupuesto en créditos para compromisos destinados al apoyo financiero de las redes en el sector del transporte, es decir, 475 millones de ecus, lo que supone un aumento considerable (123 millones de ecus) en relación con 1997, o del 35 % con respecto a los créditos para pagos inscritos. 
Aunque sea inferior en 27 millones en relación con el anteproyecto de presupuesto, el crecimiento de los créditos es del 56 %. 
En cuanto a las redes en el sector energético, el proyecto de presupuesto opera una disminución de 2 millones de ecus con respecto al anteproyecto de presupuesto, en relación con los créditos para pagos. 
En el sector de las telecomunicaciones, el proyecto de presupuesto es ligeramente inferior en créditos para compromisos y en créditos para pagos. 
Para el conjunto de este título el Consejo ha inscrito importes considerables, es decir, 560 millones de ecus en créditos para compromisos y 413 millones de ecus en créditos para pagos, registrándose, por lo tanto, un crecimiento de 95 millones de ecus en créditos para compromisos, o sea, más del 20 %, y 86 millones de ecus en créditos para pagos, o sea, un incremento del 26 %. 
Con ello, señor Presidente, señoras y señores, el Consejo ha demostrado muy claramente su voluntad de dar preferencia a estas dos grandes políticas, a estos dos grandes ejes comunitarios capaces de incidir directamente en el crecimiento y, por tanto, en el empleo. 
En consecuencia, por lo que respecta a las demás políticas internas, el Consejo, como comprenderán, ha tenido que realizar una serie de opciones, de opciones importantes. 
Por consiguiente, ha hecho hincapié sólo en las políticas verdaderamente relevantes, tales como la educación, la formación profesional y los jóvenes, dotadas con 325 millones de ecus en créditos para compromisos; las demás acciones sociales han sido dotadas con 118 millones de ecus en créditos para compromisos. 
También ha dado preferencia a las políticas que ya están bien asentadas, como el medio ambiente (135 millones de ecus en créditos para compromisos, o sea, un incremento del 2, 45 %) , la protección de los consumidores (18 y 16 millones de ecus) y el mercado interior (207 y 188 millones de ecus). 
El margen dejado por el Consejo para la rúbrica 3 de las perspectivas financieras- y esto seguramente les interesará ya que desde el principio el Parlamento Europeo ha relacionado estrechamente el margen de la rúbrica 15 (gastos agrícolas) con los gastos de las rúbricas 3 y 4- se eleva nada menos que a 619 millones de ecus. 
El Consejo desea fervientemente que la otra rama de la autoridad presupuestaria apruebe medidas similares, para coincidir en un mismo enfoque que se limite a inscripciones presupuestarias realistas, y destine el dinero del contribuyente europeo sólo a aquellas políticas que prometen resultados concretos. 
Paso rápidamente a la última de las grandes políticas comunitarias financiadas por el presupuesto: las acciones exteriores. 
Para el conjunto de la línea B7, el Consejo ha inscrito, además de la reserva para ayuda de emergencia, un importe de 5.476 millones de ecus en créditos para compromisos y de 4.207 millones de ecus en créditos para pagos, es decir, que se produce una disminución de 145 millones de ecus en créditos para compromisos y de 341 millones de ecus en créditos para pagos. 
Este resultado global comprende disposiciones concretas muy diferentes. 
En efecto, en este ámbito el Consejo considera que la autoridad presupuestaria no puede hacer caso omiso de su responsabilidad de reservar rigurosamente los medios financieros de la Unión sólo para aquello que es realmente prioritario. 
Por consiguiente, ha inscrito la totalidad de los créditos para compromisos del anteproyecto de presupuesto destinados a los Países de Europa central y oriental (PECO) y a los terceros países mediterráneos, o sea, respectivamente, 1.125 millones de ecus y 1.142 millones de ecus, lo que representa un aumento del 15 %, respetando así las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes. 
En relación con los acuerdos internacionales en materia de pesca, y habida cuenta de las precisiones efectuadas por la Comisión sobre los gastos obligatorios durante el procedimiento de concertación, el Consejo ha aceptado una reducción de 5 millones de ecus del importe asignado en créditos para compromisos, lo que se justifica exclusivamente por una sobrestimación de las previsiones. 
Con respecto a este artículo presupuestario los importes aprobados ascienden a 292 y 297 millones de ecus, lo que supone un aumento del 5, 7 % y del 20, 6 % en créditos para pagos. 
El esfuerzo financiero en el ámbito de la cooperación con América Latina, Asia y África Austral, incluyendo Sudáfrica, se eleva a la suma de 730 millones de ecus para compromisos y a 334 millones de ecus en créditos para pago. 
Otra política esencial, cual es la cooperación con los Estados independientes de la antigua Unión Soviética, ha sido dotada con 510 millones de ecus en créditos para compromisos, según el anteproyecto de presupuesto, y con 460 millones de ecus en créditos para pagos. 
La parte correspondiente al programa TACIS (asistencia técnica a la Comunidad de Estados Independientes) se eleva a 480 millones de ecus en créditos para compromisos, como establecía el anteproyecto de presupuesto, y a 445 millones de ecus en créditos para pagos. 
La cooperación con la antigua Yugoslavia está dotada con 259 millones en créditos para compromisos, de conformidad con el anteproyecto de presupuesto, y con 180 millones de ecus en créditos para pagos. 
Por otro lado, una vez más, el proyecto de presupuesto respeta ampliamente los deseos de la Comisión en cuanto a las demás acciones de cooperación, dotándolas con 315 millones de ecus en créditos para compromisos, sobre todo las acciones en defensa de la democracia y de los derechos humanos en Europa central y oriental, y particularmente en Yugoslavia, o en los nuevos Estados independientes: en Mongolia y en América Latina, así como en la zona MEDA (sur de Europa). 
Por lo tanto, si bien el Consejo se ha esforzado, por un lado, para proteger las políticas esenciales en esta rúbrica 4, votando importantes créditos para compromisos, ha considerado, por otro lado, que debía y podía utilizarlos por lo que respecta a los créditos para pagos necesarios en 1998, procurando atenerse a las exigencias del reglamento financiero y al acuerdo interinstitucional, en particular con respecto a la relación coste/eficacia, a la posibilidad de ejecución de los créditos aprobados y, naturalmente, a la existencia de fundamentos jurídicos. 
En el ámbito de la política exterior y de seguridad común, el Consejo ha aprobado una nueva nomenclatura que incluye seis artículos dentro del capítulo B8-01, respetando así el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea relativo a una serie de disposiciones sobre la financiación de dicha política, firmado el pasado 16 de julio. 
El Consejo ha aceptado los créditos propuestos en el anteproyecto de presupuesto, es decir, 30 millones de ecus en créditos para compromisos y 20, 25 millones de ecus en créditos para pagos, los cuales fueron objeto de un intercambio de opiniones el pasado 24 de julio. 
El Consejo ha transferido dichos créditos de la reserva B0-40 a las líneas presupuestarias de la nueva nomenclatura, en aplicación del acuerdo interinstitucional. 
El margen subsistente en la rúbrica 4 de las perspectivas financieras se eleva, en el proyecto de presupuesto, a 725 millones de ecus. 
Señor Presidente, señoras y señores, me referiré finalmente a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras, es decir, a los gastos relativos al funcionamiento administrativo de las instituciones de la Unión. 
Las decisiones del Consejo en este ámbito se basan en los siguientes principios. Primeramente, un crecimiento " cero» para el conjunto de los gastos correspondientes a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras, sin excluir a priori algunas excepciones ineludibles; la negativa, en principio, de crear puestos de trabajo, salvo por lo que respecta a las necesidades derivadas de la ampliación, debiéndose responder a las necesidades funcionales a través de una reorientación de los recursos existentes. 
El Consejo ha fijado el montante total de los créditos administrativos para el conjunto de las instituciones (incluido el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo) en 4.301 millones de ecus, lo que supone un aumento de 18 millones de ecus, o sea, más del 0, 42 % en relación con las dotaciones de 1997. 
Aparte del presupuesto del Parlamento, el montante global es de 3.386 millones de ecus, lo que representa una disminución de 9, 7 millones de ecus o del 0, 29 % en relación con el presupuesto de 1997. 
Señor Presidente, el Consejo ha mantenido un intercambio de impresiones sobre las repercusiones de los créditos relativos a las pensiones en el marco de los créditos de funcionamiento de la Comisión. 
El Consejo considera que, con la ayuda de las dos ramas de la autoridad presupuestaria, la carga de las pensiones debería repartirse entre las instituciones. 
No es equitativo aprobar un crecimiento negativo (- 2, 4 %) sólo para los gastos administrativos de la Comisión, debido precisamente al peso creciente que origina la liquidación, por parte de los servicios de la Comisión, de las pensiones que corresponden a otras instituciones. 
Hemos mantenido un intercambio de opiniones a fondo sobre esta cuestión con la delegación dirigida por el presidente Detlev Samland. Si se llega a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, se restituiría a la Comisión, para el ejercicio 1998, un montante de aproximadamente 20 millones de ecus; naturalmente, no se pondría en entredicho el principio del crecimiento " cero» , decidido por el Consejo y las demás instituciones. 
Tras los trabajos del Consejo, el margen dentro del límite máximo de la rúbrica 5 se eleva a 239, 7 millones de ecus. 
Debo recordar el deseo del Consejo, ya expresado en la reunión presupuestaria del pasado 24 de julio, de que el Parlamento se convenza plenamente de la necesidad de rigor que ha guiado al Consejo en este ámbito y de que se aprueben los gastos administrativos, si es posible, en una sola y misma lectura. 
Estos son, señor Presidente, señoras y señores diputados, los principales elementos del proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo para el ejercicio 1998. 
No es necesario recordarles que este proyecto que se les presenta revela el carácter riguroso de las medidas aprobadas finalmente por el Consejo. 
Este proyecto, señoras y señores, es todo lo contrario a un proyecto cómodo. 
El mismo ha exigido sacrificios por parte de todos los Estados miembros; pero debe reconocerse que pone en práctica el equilibrio buscado a través de aquellas medidas que parecen corresponder lo mejor posible al principal objetivo que los Estados miembros deben lograr en el plano doméstico con miras a la realización de la unión económica y monetaria. 
Por otro lado, el Consejo es perfectamente consciente de que la colaboración estrecha y el entendimiento con este Parlamento son indispensables para aplicar el esfuerzo presupuestario equilibrado que preconiza. 
La Presidencia no escatimará esfuerzos, señor Presidente, durante el procedimiento presupuestario, para lograr con el Parlamento y la Comisión un presupuesto que responda lo mejor posible a los intereses de la Comunidad. 
Para concluir, permítanme dar las gracias a todos aquellos que, desde ahora, han actuado en tal sentido y que continuarán haciéndolo en los próximos meses. 
Me refería a aquellos con quienes nos reunimos en las filas del Parlamento, señor Presidente, en particular a los miembros de la Comisión de Presupuestos, sobre todo el presidente Deltev Samland y los dos ponentes, Sres. Tillich y Tomlinson. 
Desearía asimismo, con respecto a la Comisión, dar las gracias en especial al Sr. Erkki Liikanen y a los servicios responsables de los presupuestos por la excelente colaboración, de la que la Presidencia se ha congratulado durante las últimas semanas. 
Ese es el resumen, señor Presidente, de los puntos importantes del proyecto de presupuesto para 1998. 
El Consejo, y sobre todo la Presidencia, están a disposición del Parlamento para responder a las preguntas que serán formuladas. 
Por mi parte, señor Presidente, le doy las gracias por haberme concedido la palabra y agradezco su atención. 
Señor Presidente, señor Fischbach, unas pocas observaciones tan sólo sobre el proyecto de presupuesto de la Comunidad para 1998. 
En general, las Presidencias holandesa y luxemburguesa han adoptado- y, desde luego, seguirán adoptando- una actitud seria en sus gestiones para contribuir a la preparación de un presupuesto comunitario riguroso y sólido para 1998. 
Sin embargo, el proyecto de presupuesto se queda corto en cierto modo en ambos respectos. 
El sector más importante- la agricultura- parece riguroso, pero se basa en cambios en los cálculos aproximados. 
En otras secciones las asignaciones no son suficientes, dados los compromisos de la Unión. 
Por lo que se refiere al gasto agrario, el factor decisivo en la disciplina presupuestaria estricta para la Comisión fue la propuesta reducción en la ayuda por hectárea para los productores de cereales. 
No puedo por menos de repetir mi pesar por que el Consejo no haya podido llegar a un acuerdo sobre esa medida de ahorro real o cualquier otra equivalente. 
Naturalmente, el Consejo no recibió mucho estímulo tampoco del Parlamento. 
Sin ahorros reales, las medidas del Consejo se limitan a reducciones de los cálculos aproximados. 
Al menos existe el acuerdo entre las instituciones sobre una carta de rectificación antes del final de octubre. 
Ello permitirá la mejora de los cálculos aproximados sobre la base de la información más actualizada. 
Respecto de las consignaciones para pagos con cargo a los Fondos estructurales, la información más reciente de que dispone la Comisión confirma la cantidad introducida en el anteproyecto de presupuesto. 
La ejecución del presupuesto de 1997 es muy elevada y la información disponible procedente de los Estados miembros indica ambiciosos objetivos de gasto para 1998. 
Respecto de las categorías 3 y 4, es evidente que el Parlamento expresará sus propias prioridades. 
La Comisión está dispuesta a colaborar con el Parlamento y con la Presidencia del Consejo para dar con la contribución más eficaz del presupuesto comunitario a la cumbre del empleo que se celebrará en noviembre. 
No obstante, el resultado global para el presupuesto debe despejar todas las dudas sobre la aceptación y el apoyo por parte de las instituciones comunitarias del rigor presupuestario, que es un requisito previo para el comercio con éxito de la Unión Económica y Monetaria. 
Señor Presidente del Consejo, Señor Comisario, estimados colegas, el último comentario del Sr. Comisario me da la ocasión de enlazar directamente con el mismo; en realidad yo quería tratar esto como último punto. 
Para que las señoras y los caballeros no sucumban aquí en el juego desconcertante del Consejo en lo que respecta al número de las diversas líneas presupuestarias y saquen la impresión de que en el año 1998 gastaríamos más dinero que en el año 1997, quiero mencionar una vez más un par de hechos: el proyecto de presupuesto de la Comisión asciende al 1, 15 % del producto social bruto de la Comunidad. 
¡El 1, 15! 
En 1992, hace seis ejercicios presupuestarios, esta cifra se situaba ya, como límite superior de los gastos, en el 1, 20 %. 
Y el Consejo ha logrado ahora bajar este 1, 15 % al 1, 12 % y ha hecho patente así que los retos de la Comunidad que tenemos ante nosotros y que van a empezar con el ejercicio presupuestario de 1998, no son realmente económicos. 
Al mismo tiempo, la Comisión nos presenta la Agenda 2000, en la que nos presenta el comienzo, en 1998, de la fase de aproximación a la ampliación hacia el este. 
El Consejo realiza recortes adicionales por arriba para el mismo ejercicio presupuestario y como colmo de todo dice el Consejo: querida Comisión, si os portáis bien del todo y nos seguís con una propuesta de reducir los recursos en la categoría 2 del Presupuesto, es decir, en la política estructural, os devolveremos 20 millones para los costes de administración. 
Ahora bien, éste es un juego que es más que engañoso y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con los retos de la Comunidad. 
Paso ahora al punto con el que realmente quería comenzar. 
En efecto, quería elogiar al Presidente del Consejo. 
La Presidencia luxemburguesa del Consejo es diligente y esforzada, sólo que en los resultados de la votación en la primera lectura del Presupuesto puede observarse lo siguiente: se puede ser todavía diligente y esforzado, pero cuando se tienen sentados en el Consejo a algunos que no quieren- y la mayor parte de los que se sientan en el mismo no quieren- entonces resulta lo que ahora ha resultado, es decir, ninguna respuesta adecuada a los retos de la Unión Europea dentro y fuera de la Unión. 
Señor Presidente, quisiera emitir una opinión algo más precisa acerca de algunos puntos que usted ha mencionado, comenzando por la cuestión de la política agrícola. 
Nosotros les hemos hecho a ustedes una oferta leal que no nos ha sido fácil. 
No ha sido tan fácil en nuestro lado de la Asamblea, porque en ella tenemos también opiniones diversas entre los políticos presupuestarios y los políticos agrícolas. 
Sin embargo, hemos ofrecido realizar un recorte que no corre horizontalmente, como una máquina cortacésped, sobre la línea de gastos de la política agrícola, sino que apunta deliberadamente a los recursos que en los últimos años fueron «infragastados». 
¿Qué clave hay mejor que tirar de las líneas de los últimos años y comprobar dónde el Presupuesto ha sido realista y dónde no lo ha sido, para rebajar luego los recursos allí donde el Presupuesto no haya sido realista de manera continuada en los últimos años? 
Usted y sus compañeros de lucha del Consejo no han tenido la valentía ni la disposición de emprender este recorte deliberado. 
Ustedes se han puesto de acuerdo para hacer lo más sencillo, lo que los técnicos presupuestarios hacen a veces, realizar un corte horizontal sobre todas las líneas presupuestarias. 
Celebro que ustedes hayan creado la reserva y nosotros les invitaríamos a seguir manteniendo en adelante esta reserva pues la hemos deseado; hemos querido una reserva y nosotros desearíamos que se volviera un poco más grande aún en el transcurso de las próximas semanas y meses hasta la segunda lectura del Presupuesto en el Parlamento Europeo. 
Un tercer punto: ustedes se han agotado en el 20 % de los gastos en los que ustedes se querían agotar, como hacen cada año. 
Esto no nos ha sorprendido, porque no es nada nuevo. 
Conocemos las líneas presupuestarias, incluso las que están siendo recortadas; cuando ustedes recortan LEONARDO o cuando recortan SOCRATES y cuando recortan el nuevo servicio de voluntariado para los jóvenes, ello no es una sorpresa. 
Sin embargo, el problema que ustedes nos presentan es el siguiente: con esto ustedes dan la impresión de que fueran los ahorradores radicales en esta Unión Europea. 
En las cosas que tocan más a los ciudadanos, en esas son ustedes los ahorradores radicales. 
Pero en las que afectan de manera menos directa a los ciudadanos muestran ustedes coraje al recortar los gastos en mil millones. 
Si establezco la relación entre los gastos y recortes agrícolas y la comparo con los gastos destinados a la política juvenil, entonces ustedes han demostrado en la política juvenil 24 veces más valentía que en la política agrícola. 
Ésta, estimado señor Presidente, no puede ser la línea del Parlamento; tampoco puede ser la línea que sigamos en el curso futuro del procedimiento presupuestario en la primera lectura del Presupuesto del Parlamento. 
Entonces sabremos ya que hemos de introducir correcciones para mostrar a las personas a las que nos debemos que el Parlamento Europeo toma en cuenta los intereses de las personas. 
El ahorro no se convierte entre nosotros en un fin en sí mismo, sino que el ahorro se introduce para cumplir realmente los puntos importantes que este Parlamento se ha fijado. 
Permítanme que diga una última frase: en todo el debate, sea en mi país sea en los otros Estados miembros, en relación con la Unión Monetaria o sin la Unión Monetaria- pues deberíamos ahorrar también si no hubiera ninguna Unión Monetaria -, en todo este debate sólo se habla del ahorro. 
Lo que echo de menos es que la discusión sobre el ahorro se convierta, de una vez, en una discusión sobre la gestión financiera. 
Efectivamente, el ahorro en sí mismo no constituye todavía un valor, pues falta una ejecución ordenada del Presupuesto, una forma de presentación del Presupuesto y una realización del Presupuesto; en este punto se lo han puesto ustedes muy fácil al aplazar esta cuestión al próximo año o al siguiente, recortando drásticamente los medios de pago. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, en su primera lectura el día 24.7, después de nuestra sesión conjunta de concertación, el Consejo ha puesto en práctica su primera solución y la Presidencia del Consejo se ha esforzado también en vender hoy bien su producto, supuestamente bueno, como lo hace un buen manager de producto. 
Sin embargo, no es un buen producto, y el objetivo del Consejo se caracteriza por alcanzar con todo ahínco, contrariamente a la posición de la Comisión y del Parlamento, un crecimiento cero. 
Esto es todo. 
Sin embargo, el Consejo se ha hecho consciente de que esta concepción encierra riesgos en sí misma. 
No se puede entender de otra manera la declaración formal del Consejo en el sentido de que si en 1998 no bastasen los recursos presupuestarios en algunos ámbitos de la política, especialmente en los pagos, vería de buen grado un presupuesto suplementario que la Comisión propusiera después. 
Con su permiso, esto es realmente inusual y no tiene nada que ver con una conducta presupuestaria seria. 
La propuesta del Consejo se aparta de la propuesta de la Comisión en 1.800 millones de ecus menos en lo que se refiere a los gastos; por esta razón el Parlamento Europeo ha pedido una opinión a la Comisión acerca de si desde el punto de vista jurídico le resulta posible al Parlamento aceptar bajo estas circunstancias el presupuesto pues, desde nuestro punto de vista, existe absolutamente en algunos ámbitos la posibilidad de que no puedan financiarse los recursos presupuestarios previstos para las políticas que se deriven de los tratados básicos. 
En este punto- y éste es el llamamiento a todos los colegas de esta Asamblea- cada una de las comisiones específicas debe emitir también sus opiniones. 
En 1985 éste fue el motivo de rechazar el presupuesto; fue un caso absolutamente igual. 
La Comisión ha declarado en la sesión de la Comisión de Presupuestos que desde su punto de vista no existen reparos de principio, pero que en el ámbito de la categoría 2- política estructural- sigue habiendo dudas. 
Sobre la cuestión de la categoría 1- gastos agrícolas- el Presidente de la comisión, el Sr. Samland, se ha manifestado ya de manera concreta; por esta razón no quiero comentar esto una vez más. 
Sólo una cosa todavía para nuestros colegas de la Comisión de Agricultura y también para usted, como Presidencia del Consejo. En abril hemos concluido un acuerdo sobre los gastos agrícolas y sabemos que el procedimiento ad hoc no se ha cerrado aún. 
En este punto va a haber mucho que negociar, incluso en lo que respecta a los recursos que ustedes han inscrito en la reserva general. 
Paso ahora a la categoría 2: usted ha hablado muy prolijamente sobre la misma, señor Presidente del Consejo. 
No aceptaremos, ni podemos aceptar, los recortes de los créditos de pago, por mil millones de ecus, en los Fondos estructurales. 
La Comisión demostró ya en abril del presente año que la salida de los recursos ha compensado hace tiempo los pagos pendientes de los años precedentes y que ahora estamos casi dentro de lo previsto. 
La Comisión no ha ocultado que duda de la legalidad de sus acciones en lo que respecta al recorte de los créditos de pago. 
En el triple diálogo del 6 de octubre esperamos de usted, señor Presidente del Consejo, y también de la Comisión, una propuesta vinculante acerca de cómo hemos de manejar la iniciativa de paz de Irlanda del Norte. 
Ni la propuesta de la Comisión, ni tampoco la propuesta de usted- la de la Presidencia del Consejo- resultan aceptables para el Parlamento. 
Pero, entre tanto, la Comisión es también de esta opinión y está dispuesta a presentar una propuesta con la que con independencia de las iniciativas existentes y de los demás programas, es decir, sin detrimento de los mismos, puedan usarse los recursos que aún no se hayan utilizado. 
Nosotros queremos también lo mismo, es decir, ayudar de una manera no complicada a las personas de Irlanda del Norte. 
Sobre la categoría 3 el Sr. Samland ha hecho ya la formulación general: todos los años de nuevo, sólo que algo peor aún en este año. 
Este es, realmente, el resultado, dicho en una sola frase. 
En Amsterdam se insistió en la necesidad de informar a los ciudadanos sobre los grandes proyectos del euro o del Tratado de Amsterdam, sin embargo ustedes inscriben estos recursos con un p.m., es decir- como aclaración para los oyentes que están en la tribuna- con una cantidad cero en el presupuesto. 
Si ustedes hubieran puesto esta indicación p.m. en la política general de información, quizá lo habríamos podido entender, pero ustedes han colocado en la reserva estos recursos en el caso de la iniciativa PRINCE, en la que se trata de la campaña del euro y del Tratado de Amsterdam y, además, han recortado los recursos a la mitad. 
Esto es incomprensible. 
Quiero citar un acuerdo que ustedes mismos adoptaron en Amsterdam: el Consejo Europeo resalta la importancia decisiva de la necesidad de informar sin limitaciones a los ciudadanos y a los sectores económicos sobre el mercado único. 
Ustedes han recortado en 17 millones los recursos destinados al mercado único y han recortado en un 50 % los recursos del capítulo B-33 destinados a la información a los ciudadanos. 
Lo mismo sea dicho de las acciones sociales. 
En este punto el Consejo Europeo de Amsterdam destaca repetidas veces que da mucha importancia al fomento del empleo y a la reducción del desempleo en Europa, inaceptablemente alto, en especial en el caso de los jóvenes, de los desempleados de larga duración y de los trabajadores de escasa cualificación, pero luego recortan ustedes las acciones sociales en un 25 %. 
En la categoría 4 queda en principio la impresión de que también aquí las iniciativas provenían más del crecimiento cero que de una equilibrada política en todas las partes del mundo. 
De lo contrario, no se puede entender que ustedes limiten sus prioridades solamente a los países ribereños del Mediterráneo y a los países de la Europa central y oriental. 
En general se puede decir que el planteamiento de lograr un crecimiento cero al final de las deliberaciones sobre el presupuesto de 1998 ha caído en desuso. 
Por lo demás, aunque su primera lectura haya tenido lugar tras la cumbre de Amsterdam, echo de menos que en lo que respecta a la importancia de la política de empleo esta primera lectura no refleje las premisas en el proyecto de presupuesto. 
Quisiera invitarle a usted, y también a la Comisión, a buscar soluciones con nosotros en este punto. 
Sé que la Presidencia luxemburguesa lo desea. 
Quiero dirigir desde aquí un llamamiento a los otros 14 Estados miembros: ahora, después de sus acuerdos de Amsterdam, se trata de la credibilidad de todos nosotros. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar la bienvenida al Sr. Fischbach. 
Estoy seguro de que entenderá que le diga que lo acojo mejor a él que su mensaje. 
A temprana edad aprendí que a veces puede ser necesario eliminar el mensaje sin matar al mensajero. 
En el debate que celebramos en el diálogo tripartito formulé una promesa en nombre del Parlamento, una promesa con la que el Parlamento ya se había comprometido. 
Fue la de cumplir el acuerdo al que siempre habíamos dado nuestra conformidad oficiosamente, a saber, el de que el Parlamento no suprimiría más del 20 % de las consignaciones correspondientes a la Categoría 5. 
Anoche tuve una conversación con la Mesa del Parlamento y, como conclusión, fijamos las modalidades que revestirá el cumplimiento de dicha promesa. 
Habrá una reducción de 4, 5 millones de ecus en la primera lectura del presupuesto del Parlamento, con lo que se garantizarán las reducciones necesarias y el Parlamento las mantendrá, como siempre hemos dicho, por debajo del 20 % de las consignaciones correspondientes a la Categoría 5. 
Dichas reducciones se harán principalmente en el Capítulo 11 del presupuesto del Parlamento y el principal factor contributivo será las repercusiones positivas de los tipos de cambio entre el ecu y el franco belga, que hacen posibles ahorros substanciales. 
Ahora bien, los problemas presupuestarios que afrontamos como Parlamento son en gran medida consecuencia de las decisiones adoptadas por el propio Consejo. 
Si examinamos el presupuesto del Parlamento y la razón por la que surgió el problema de superar el 20 % de las consignaciones correspondientes a la Categoría 5, hemos de dirigir la vista a tres lugares de Europa que tienen una cosa en común: Edimburgo, Maastricht y Amsterdam. 
Las decisiones bastante ridículas adoptadas en el primero y reafirmadas en el segundo están ahora encerradas en un proyecto de Tratado en el tercero, según el cual el Parlamento debe reunirse, como los gitanos, en diferentes lugares de Europa y nos obliga a crear hemiciclos suplementarios y numerosas oficinas con cargo al gasto público. 
Esos caóticos y onerosos superavits organizativos son algo cuya responsabilidad debe aceptar el Consejo. 
Por encima de todo eso, cuando intentamos hacer la asignación para esos edificios necesarios con el menor costo posible, el propio Consejo puso los obstáculos que nos lo impidieron. 
El hecho de que el Parlamento se vaya a ver obligado a comprar su edificio D3 en Bruselas utilizando un instrumento para un fin especial podría beneficiar al contribuyente luxemburgués, que recibirá ciertos beneficios de los impuestos suplementarios que pagamos en Luxemburgo, pero costará al contribuyente europeo, aproximadamente, un millón de ecus más el primer año que si hubiéramos seguido una propuesta de la Comisión de financiación comunitaria directa de la adquisición de nuestros edificios. 
De modo que la adquisición de edificios a consecuencia de esas decisiones ha sido un problema, pero, naturalmente, en nuestro presupuesto para el próximo año la enajenación de nuestros edificios sobrantes es la otra faceta del mismo problema. 
Supongo que, como ponente para el presupuesto del Parlamento, me he sentido muy poquito como un ponente para presupuesto y bastante más como un agente inmobiliario peripatético intentando enajenar nuestros activos físicos sobrantes y cedérselos a quien pudiese estar interesado en ellos. 
Desde luego, por lo que se refiere al Parlamento, el presupuesto para el próximo año está gravemente supeditado a nuestra capacidad para enajenar los arrendamientos de los edificios Billiard I y II y de los edificios Van Meerlant. 
El Parlamento afrontará ese imperativo, así lo hará, preparará su presupuesto y no superará el límite del 20 % de la categoría 5. 
Ahora bien, cuando apliquemos las necesarias reducciones para hacerlo posible, no creo que haya nadie en el Parlamento que vierta lágrimas de cocodrilo por quienes dicen que se trata de una contribución necesaria a los Estados miembros que se ven obligados a reducir sus gastos para cumplir con los criterios de convergencia de Maastricht: muchos de nosotros vemos la generosidad que pueden prodigar a algunos de sus programas internos de gasto y la actitud bastante parsimoniosa que adoptan para con el presupuesto de Europa. 
El Parlamento desempeñará su papel este año, pero lo hacemos, lamentablemente, en el marco de un límite presupuestario que es innecesario, si queremos satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos de Europa. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Ministro, señor Presidente, pido la palabra, muy brevemente, ante todo para agradecer al Sr. Samland y a los dos ponentes, los Sres. Tillich y Tomlinson, que han intervenido en este debate. 
El Sr. Liikanen ha sido muy conciso y no tengo nada que añadir a sus palabras. 
Diré simplemente que el mensaje de los diputados, del presidente y de los dos ponentes ha sido suficientemente claro. 
Permítanme, no obstante, señalar algunas consideraciones que acaban de exponerse. 
Admito, evidentemente, que se argumente con mucha franqueza, pero debe recordarse que incluso el Presidente del Consejo y todos los Presidentes del Consejo que son ministros de Finanzas o de Presupuestos saben perfectamente que el arte de la política presupuestaria no es gastar más, sino gastar mejor. 
Creo que este es un ejercicio al que estamos sujetos diariamente en nuestros Estados miembros. 
Por lo tanto, créanme que estamos muy atentos a todas las manifestaciones del Parlamento. 
No obstante, querría decir al Sr. Samland- quien lo sabe perfectamente, aunque no ha querido expresarlo en el Pleno- que efectivamente los gastos se elevan a alrededor del 1, 15 % del PNB comunitario, mientras que hace tres o cuatro años se situaban en el 1, 20 %. 
Sin embargo, no debe olvidarse que durante estos tres o cuatro años el fundamento ha evolucionado, que el PNB de los Estados miembros, en el plano comunitario, ha aumentado un 2, 5 %; por lo tanto, hay que comparar aquello que es susceptible de ser comparado y no insinuar que la Comunidad estaría gastando menos que hace cuatro años. 
Todos sabemos que las dificultades han aumentado y que en algunos ámbitos existen imperativos tales que no podemos darnos el lujo de ahorrar en detrimento de los intereses prioritarios de la Comunidad y, por consiguiente, de la Unión Europea. 
También desearía decir al Sr. Tillich que somos perfectamente conscientes de que estas supresiones, estas reducciones de los créditos para pagos son discutibles, pero no admito que se ponga en duda la voluntad del Consejo de respetar las obligaciones de la Unión Europea. 
Hemos expresado con claridad en el Consejo sobre Presupuestos- y creo que el Parlamento lo sabe y lo aprecia en su justo valor- que estábamos dispuestos a examinar favorablemente cualquier propuesta de la Comisión, suponiendo que los pagos no fuesen suficientes para cubrir los compromisos contraídos. 
Considero que se trata de un punto muy importante; y, a pesar de que pueda reprochárseme que, a la postre, el Consejo ha hecho una declaración que no corresponde a su voluntad y a su determinación de lograr un crecimiento " cero» para el presupuesto de 1998, debo decir que el Consejo es lo suficientemente realista y razonable como para compartir el punto de vista del Parlamento sobre todas las obligaciones legales de la Unión Europea. 
Concluiré diciendo que la Presidencia del Consejo es tributaria del Parlamento. 
Corresponde ahora a este último asumir sus responsabilidades. 
Espero con impaciencia los debates que se celebrarán en este recinto el 21 de octubre, en los que, sin ninguna duda, estaré presente. 
Escucharé con mucha atención el mensaje del Parlamento; después se verá. 
No sientan conmiseración por la Presidencia luxemburguesa: somos un país muy pequeño, aunque lo suficientemente fuertes para canalizar los debates del Consejo en la buena dirección. 
El debate queda cerrado. 
OCM en el sector del plátano 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión relativa a la posición del panel de la organización Mundial del Comercio sobre el plátano. 
Señor Presidente, la verdad es que las palabras del Sr. Fischler no nos dan tampoco mucha tranquilidad. 
Si yo he entendido bien su discurso, nos habla de decepción respecto de la resolución de la OMC, nos habla de su preocupación y nos habla de que la Comisión está preocupada, pero yo creo que éste hubiera sido el momento de escuchar algo más por parte del Sr. Comisario. 
Como él ha recordado bien, el 25 de septiembre se ratificará seguramente la resolución de la apelación y la Comisión tiene un mes para saber qué va a hacer, si va a cumplir esa apelación o si va a proponer algún tipo de compensaciones. 
A nosotros nos hubiera gustado escuchar hoy del Sr. Comisario alguna orientación más, porque nos parece muy importante algo de lo que él habló de pasada, y es que el régimen del plátano es algo más que un negocio para la Comunidad y para los países ACP. 
Como él recordará bien, para muchos países con dificultades orográficas es prácticamente el único capítulo de exportaciones, es algo que influye decisivamente en su estructura social, en su estructura económica y en su estructura política, de manera que la puesta en cuestión de este régimen puede significar para muchos países ACP la puesta en cuestión de sus propias economías y de su propia vida política. 
De ahí la importancia que tiene que resaltemos este asunto. 
Y nosotros instamos a la Comisión a que haga algo más que preocuparse que estar decepcionada. 
Queremos que nos indique qué soluciones está propugnando para que este tema, de importancia vital para zonas periféricas de la Comunidad y para países terceros con los cuales mantenemos una vieja y larga relación, encuentre amparo y satisfacción. 
No basta simplemente, insisto, con estar decepcionados. 
Queremos que la Comisión, como órgano ejecutivo, sea capaz de ofrecer respuestas positivas para el futuro de algo que en la economía, en la vida social y en la vida política es tremendamente importante para la vida de otros países. 
Queremos un poco más de esfuerzo por parte de la Comisión en relación con el problema. 
Señor Presidente, señor Comisario, como la «Crónica de una muerte anunciada» , que escribió Gabriel García Márquez, vemos que los presagios que a lo largo de los últimos años hemos venido anunciando sobre las producciones comunitarias y ACP de plátanos se cumplen casi inexorablemente. 
Debo decir en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo que nuestro Grupo acepta, como no puede ser de otra forma, el dictamen elaborado por el Comité de apelación de la OMC sobre el régimen comunitario de importación de plátanos. 
Este informe contiene elementos altamente negativos para los intereses agrícolas y comerciales comunitarios- no sólo para el sector platanero -, como reconoce el propio Sr. Fischler esta tarde. 
Debo decir también que nosotros celebramos la posición de la Comisión, dada a conocer aquí en uno de los Plenos de mayo último, y sus actuaciones posteriores. 
Y debo lamentar, en este sentido, que desde la Comisión no se tomaran con anterioridad otras iniciativas tendentes a conseguir un cambio del rumbo previsto de los acontecimientos. 
Nadie puede negar la alta cualificación técnica del comité de expertos que emitió el informe preliminar de la Organización Mundial de Comercio, allá por la primavera última. 
Pero nadie se atrevería a asegurar que aquellos tres expertos de Hong Kong, Suiza y Australia tenían una posición previa procomunitaria. 
Me pregunto si no deberíamos haber adoptado alguna iniciativa para evitar que un ciudadano americano muy próximo, y previamente vinculado al Gobierno de los Estados Unidos, fuera designado presidente del órgano de apelación de la OMC. 
Esto no es un juicio de intenciones, es sólo la exposición de unos hechos, señor Comisario. 
Justo es reconocer ahora que quizás algo más pudo hacerse y no se hizo. 
Algunos lo advertimos aunque, evidentemente, y bien se ve, sin éxito. 
Pero no estamos hoy aquí para lamentarnos. 
Debemos esforzarnos por ser constructivos y buscar soluciones. 
Somos conscientes de que la OCM del plátano es el resultado de un complejo proceso normativo que busca un punto de equilibrio entre intereses no siempre coincidentes. 
Tenemos muchos argumentos a nuestro favor, señor Fischler. 
El régimen actual ha permitido que tanto productores como exportadores- incluyendo a importantes empresas americanas de distribución- se beneficien del mercado europeo. 
El mercado europeo del plátano es el más importante del mundo, tanto por su volumen como por sus precios. 
La actual normativa garantiza el acceso del plátano-dólar a mercados que antes tenía cerrados, proporcionando expectativas de estimables crecimientos futuros. 
El mantenimiento de las producciones plataneras comunitarias y ACP no sólo permite asegurar la supervivencia de una fuente de recursos económicos y de empleo para regiones y naciones menos favorecidas sino que cualquier alternativa de las conocidas es peor, y probablemente más gravosa, para el presupuesto comunitario. 
La Comisión tiene ahora algún tiempo- poco- y algunos posibles caminos a tomar. 
Parece razonable que haya anunciado que antes de tomar alguno de ellos es preciso disponer de un informe técnico que valore las consecuencias del dictamen de Ginebra. 
Pero ha llegado la hora de la negociación: es preciso encontrar una vía de diálogo que permita hallar un punto de encuentro entre los contenidos de la resolución de la OMC, especialmente los referentes al régimen de licencias, con el mantenimiento de las producciones plataneras y de los niveles de renta de los agricultores europeos y ACP. 
En la búsqueda y consecución de estos objetivos, la Comisión y usted, señor Comisario, tienen el apoyo de nuestro Grupo y, probablemente, de una amplia mayoría de esta Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, no cabe duda de que la última decisión de la Organización Mundial del Comercio en esta guerra del plátano está asumiendo, como las anteriores, un cariz realmente desagradable, por no decir inaceptable por parte de la Unión Europea. 
Por ello, el Comisario, cumpliendo con su cometido, nos ha recordado los aspectos burocráticos de la disputa. 
En mi calidad de ponente de este Parlamento sobre la OCM en el sector del plátano, debo, en cambio, recordar también algunos otros aspectos de la cuestión que no puede reducirse a meros términos económicos y jurídicos. 
La producción del plátano en los países ACP, DOM y en los territorios comunitarios no responde sólo a una partida del presupuesto comercial, sino que constituye un factor determinante para el equilibrio general, económico y social. 
La producción del plátano es un cultivo endémico en estas tierras, constituye el pasado histórico de quien vive en ellas y, sin embargo, corre el riesgo de no tener un futuro si continúa la escalada de este absurdo acuerdo comercial. 
Los elevados costes de producción y comercialización no permiten a los plátanos ACP ser competitivos en los mercados mundiales respecto de los de la zona dólar, producidos preferentemente en América del Sur y comercializados por las multinacionales estadounidenses. 
Dichos plátanos monopolizan el mercado de los Estados Unidos y están conquistando también el mundial. 
En Europa ocupan el 70 % del contingente, contra el 30 % representado por los plátanos comunitarios y ACP. 
Esto es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, ya que, al recurrir la reciente OCM, se tiende a eliminar también esta pequeña porción sobre la que se apoyaban o apoyan los recursos de los más pobres, gracias al sistema de las compensaciones. 
La Organización Mundial del Comercio dice: si no conseguís ser competitivos, dejad de producir plátanos, usad nuestros servicios y cultivad otra cosa. 
Sin embargo, es difícil imaginar una diversificación con productos tan tradicionales; y además esto equivaldría a cambiar tanto los rasgos culturales como los medioambientales y económicos, de regiones enteras. 
Asimismo, se legitimaría un sistema altamente especulativo: una caja en Ecuador, se paga a los cultivadores 3-4 dólares y se revende a 22-23, ; una caja ACP tiene un coste efectivo de 8-9 dólares y se vende a 16-18. 
Además, el plátano de la zona dólar se beneficia de una importante disminución de los aranceles. 
La compensación para los países ACP sirve para garantizar la preservación de este cultivo. 
No sé si lo que está en juego vale tanto como un acuerdo comercial. 
¿Pregúntenlo en Guadalupe, en Martinica, en la República Dominicana o a Canarias. 
Por último, señor Comisario: Somalia. 
Hasta ahora, no se ha aplicado ni siquiera una de las cláusulas contenidas en el documento OCM, aprobado por este Parlamento. 
El estado de guerra civil endémica sigue impidiendo las exportaciones del contingente reconocido a Somalia. 
Y lo absurdo del caso es que, por un lado, nosotros no los ayudamos a ser autosuficientes y, por el otro, corremos a prestarles ayudas humanitarias y, también en este caso, señor Comisario, quienes sacan provecho de todo ello, son las de siempre, las multinacionales americanas. 
Señor Presidente, señor Comisario, los Estados Unidos de Norteamérica no producen, ni exportan, plátanos. 
Por lo tanto, para defender los intereses de sus grandes compañías plataneras que son nefastas en América Latina y que dominan el mercado mundial, han denunciado ante la OMC el sistema comunitario de importación de plátanos. 
El órgano de apelaciones de la OMC acaba de confirmar las primeras conclusiones, rechazando el recurso de la Comisión. 
La misma demuestra una vez más, como en el caso de la carne tratada con hormonas, que la OMC se rige únicamente por la aplicación ciega del librecambio, sin preocuparse de los intereses de los más pobres, de los países en vías de desarrollo y de los productores comunitarios. 
Hay que reconocer que las divisiones en el seno de los Estados miembros, que han restado fuerza a la posición comunitaria, han favorecido el veredicto de la OMC. 
Desde este punto de vista, los dirigentes alemanes han desempeñado un papel muy desafortunado, al oponerse, incluso ante el Tribunal de Justicia, a la organización común del mercado del plátano. 
Los productores comunitarios de plátanos, al igual que los productores alemanes de carne o de cereales, tienen derecho a una protección de sus ingresos y a la aplicación de la preferencia comunitaria. 
El Comisario Brittan acaba de hacer un llamamiento a los Estados miembros para que acaten la resolución de la OMC, en su aspecto positivo y negativo. 
Esta no es la posición de nuestro Grupo. 
En el sector agrícola, ya se trate del plátano o de la carne tratada con hormonas, todo es negativo o muy negativo. 
En su propuesta de resolución nuestro Grupo insiste nuevamente para que ni la Unión Europea ni los Estados miembros cedan al dictado de la OMC y para que hagan todo lo posible por proteger los intereses vitales de los productores comunitarios y de los países ACP. 
¿Qué piensa hacer, señor Comisario? 
Por nuestra parte, le señalamos que hay que negarse a modificar la OCM del plátano, del mismo modo que hay que negarse a abonar compensaciones financieras. 
Oponiéndonos así al veredicto de la OMC, podremos abrir la vía para la revisión de los mecanismos de este organismo y de sus procedimientos para solucionar los litigios, de tal modo que puedan tomarse mayormente en cuenta las cuestiones sociales, sanitarias, culturales y medioambientales. 
Señor Presidente, en 1994, después del fallo emitido por el grupo de expertos del GATT, debería estar claro ya que el régimen de mercado del plátano no coincide con las reglas del mercado libre mundial. 
El GATT y la OCM están ciegos frente a los aspectos de la protección de los consumidores, de la protección del medio ambiente y de los criterios sociales. 
El Acuerdo del GATT obedece solamente a la lógica del mercado libre sin barreras. 
Por esta razón, nosotros, los del Grupo de los Verdes, rechazamos ya en este Parlamento, en diciembre de 1994, el Tratado fundacional de la OCM y fuimos medio criticados por ello. 
Sin embargo se puede ver ya que, entretanto, algunos miembros de la gran coalición de los acríticos partidarios de la OCM han pasado a una valoración más realista de la Organización Mundial del Comercio, en concreto, aquí en el Parlamento y- si hay que creerle a usted, señor Fischler- también, notoriamente, en la Comisión. 
La OCM amenaza los objetivos de la política de desarrollo de la Comunidad. 
Temo que el fallo emitido contra el régimen de mercado del plátano se convierta en un precedente para una condena de toda la cooperación con los estados ACP. 
El Acuerdo de Lomé está sujeto solamente hasta febrero del año 2000 a una autorización de excepción por la OCM. 
Luego las normas de la Organización Mundial del Comercio impondrán a los Estados miembros de la Unión Europea una modificación básica de su cooperación al desarrollo. 
Con esto no quiero decir que el régimen de mercado del plátano esté libre de faltas y de reproches. 
Ha servido a algo más que a los objetivos de la política de desarrollo y mediante la concesión de licencias ha calentado adicionalmente la lucha competitiva de las multinacionales bananeras por las parcelas de mercado. 
Las cuotas deben otorgarse a los países productores en vez de a los trusts importadores. 
Las pequeñas y medianas empresas, en especial también las iniciativas fair trade necesitan un acceso adecuado al mercado europeo. 
Hay que introducir, por fin, una cuota explícita fair trade que el Parlamento Europeo ha pedido repetidas veces. 
Justamente a través de una generosa cuantificación de una cuota semejante, que pretende una producción que provenga de un cultivo social y ecológicamente compatible, puede hacerse todavía más visible el objetivo de una política de desarrollo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, realmente todos estábamos expectantes por ver qué iba a suceder y, tras su breve alocución, hemos quedado todos un poco decepcionados. 
En nombre de nuestro Grupo yo quiero manifestarle nuestro más decidido apoyo a cualquiera de las iniciativas que la Comisión Europea emprenda para que, ya sea a través de la vía jurídica o de la vía administrativa, se pueda mantener y mejorar el régimen comunitario del plátano y con ello garantizar los intereses de nuestros productores y los de los países ACP. 
Debemos evitar que el peso de las multinacionales norteamericanas, cuyo único objetivo es el de obtener un elevado beneficio económico, debilite y destroce un sector con tantas repercusiones sociales como es el del plátano, un sector cuya importancia para determinadas regiones de la Unión- como son las Islas Canarias o los departamentos franceses de ultramar- y algunos países ACP va más allá de lo económico, del simple lucro, pues representa su sistema de supervivencia. 
Creo sinceramente, señor Comisario, que este aspecto debe tenerse muy en cuenta. 
Señor Presidente, señor Comisario, así pues, parece que el grupo de expertos de la OMC se dispone a emitir, el 25 de septiembre, un arbitraje desfavorable a Europa y a sus socios ACP con respecto al régimen comunitario de importación de plátano. 
Esta decisión sería extremadamente grave y revelaría a aquellos que aún querían ignorarlo la importancia de los efectos nefastos de la OMC, que funciona como si fuese un club exclusivo de los países ricos. 
En efecto, esta decisión pondría en tela de juicio una forma de cooperación única, original y eficaz, basada sobre todo en un sistema de preferencias comerciales surgido de la voluntad de la Unión Europea de desarrollar la economía de sus socios de África, del Caribe y del Pacífico, dando preferencia a los sectores con un fuerte valor añadido, como el del plátano, cuyos efectos inciden en el conjunto de su economía. 
Conocemos las condiciones en que se produce el plátano en Sudamérica, sector que representa el 75 % del total de las exportaciones. 
No se parecen en nada a las que predominan en la zona ACP. 
Me refiero en particular a los departamentos franceses de ultramar, donde los estándares sociales son similares a los de la metrópoli. 
¿Cómo pueden compararse con las inmensas plantaciones sudamericanas, que las asociaciones de defensa de los derechos humanos cuestionan regularmente por sus métodos coercitivos de trabajo? 
El resultado de una condena a la Unión Europea sería desastroso por muchos motivos. 
Pondría en tela de juicio el vínculo de confianza que han establecido después de largos años aquellos que han participado en la cooperación entre los países ACP y la Unión Europea, eliminando las obligaciones que habíamos contraído en el marco de la OCM en el sector del plátano. 
Crearía grandes dificultades para el conjunto de la economía de muchos de estos países, donde la producción de plátanos a menudo llega a representar el 60 % del PIB y constituye un factor de estabilidad política. 
Las consecuencias sociales serían desastrosas tanto para nuestros socios ACP como para los territorios de la Unión Europea productores de plátanos. 
Por lo tanto, ¿la Comisión dejará que la OMC haga añicos la cooperación que hemos construido con los países ACP? 
Después de las terneras tratadas con hormonas y el plátano, ¿la Comisión dejará que la OMC ponga sistemáticamente en entredicho nuestros reglamentos, o bien la Comisión se planteará seriamente el modo de funcionamiento y la composición de los grupos de expertos de la OMC? 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, estamos poniendo fin a la " novela» sobre el plátano, pero no se trata de un happy end, de un final feliz. 
Este expediente puede servir de ejemplo. 
No es sólo un expediente sobre el régimen de licencias de exportación ni un simple expediente técnico que se inscribe, una vez más, en esta gran guerra transatlántica para ejercer el control sobre las proteínas vegetales y animales, sobre las " armas» alimentarias, con todas las etapas que conocemos: la guerra del trigo, la del maíz, la guerra de los organismos genéticamente manipulados, la guerra de la carne. 
A veces logramos ganar, o ganar algo de tiempo. 
Para la somatotropina, para la leche tratada con hormonas, el codex alimentarius nos concedió un año suplementario. 
Para el queso de leche sin desnatar, también disponemos de apenas un año. 
Con respecto a las aguas minerales, logramos imponer nuestra definición, más estricta en relación con la de los Estados Unidos, que es más amplia. 
Las aguas deberán realmente salir de la tierra y no podrán ser una especie de " coca-cola» mineral. 
Pero hemos perdido en cuanto a la carne tratada con hormonas y al plátano. 
La historia es bien conocida: Méjico, Ecuador, Honduras, Guatemala, es decir, cuatro Estados " esclavos» de los Estados Unidos, han decidido presentar un recurso- todos los demás habían concluido un acuerdo con nosotroscon el apoyo de los Estados Unidos, que no poseen un interés directo en la cuestión, pero que es el país de residencia de Chiquita, de Delmonte y de Dole. 
Estos millonarios del " plátano-dólar» dicen ser víctimas de discriminaciones y se oponen al régimen preferente acordado a los pequeños productores pobres de África, del Caribe o del Pacífico, y al hacerlo vuelven a poner en entredicho las políticas de la Unión Europea e incluso a la propia Unión, lo que quizá sería el aspecto menos negativo de todo este asunto. 
Así, se pone en entredicho, en primer lugar, nuestra política de cooperación y de desarrollo. 
Se cuestiona Lomé IV. 
El régimen preferente otorgado a Camerún, a Costa de Marfil, que se remonta al General de Gaulle, en 1960. 
Se trataba también de una de las condiciones del mercado común. 
Todos estos pequeños productores, estos pequeños explotadores de escaso nivel tecnológico, que sólo representan el 7 % del mercado comunitario, 850.000 toneladas frente a los 2.500 millones de toneladas que se ofrecen a las multinacionales estadounidenses, todo eso podría molestar a los gigantes. 
He aquí la expresión perfecta del imperialismo económico, hasta el punto que se rechazan las indemnizaciones. 
Aun cuando queramos indemnizar, los Estados Unidos no quieren, quieren arrasar con todo. 
Se cuestiona nuestra política regional en favor de las regiones ultra periféricas- Canarias, Madera, Guadalupe, Martinica- porque nosotros producimos en aquellos países pagando 50 ecus la jornada de trabajo, cuando las multinacionales producen en los países de sus " esclavos» pagando salarios de 50 ecus mensuales. 
Con respecto a Honduras, debo señalar que el ejército hondureño está en manos de la multinacional y que cuando el fisco de Honduras quiere aplicar un impuesto sobre las cajas de plátanos, se le prohíbe hacerlo. 
Se cuestiona nuestra política presupuestaria. 
En efecto, a razón de 75 ecus de derechos de aduana por tonelada, multiplicados por 2.500 millones de toneladas, con el pretexto de la adhesión de Austria, Suecia y Finlandia, ello supone un regalo de 2.000 millones de ecus de derechos de aduana. 
No sé dónde está la Sra. Gradin, que se preocupa por los intereses financieros de la Comunidad Europea y del fraude, pero este sería un buen asunto de fraude, sobre todo de fraude en relación con el peso de las cajas, por no hablar de los partidos políticos alemanes, que quizá no estén libres de culpa con respecto a Chiquita. 
Se cuestiona, finalmente, nuestra soberanía normativa, nuestra soberanía jurídica: el Derecho europeo ha sido condenado en Ginebra en primera instancia y en segunda instancia por un pequeño grupo de expertos compuesto por australianos, suizos e ingleses. 
Se cuestiona la supremacía del Derecho comunitario, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la sentencia Costa contra ENE de 1993, en la que el Derecho comunitario estaba por encima de los Derechos nacionales. 
Ahora el Derecho de Ginebra está por encima del Derecho comunitario. 
Se trata de la victoria del mundialismo sobre el regionalismo, y permítanme decirles que la moneda única no cambiará mucho las cosas. 
Nos hemos despojado de nuestras soberanías nacionales en favor de Bruselas. 
Bruselas está siendo despojada en favor de Ginebra. 
¿Qué es lo que todavía queda de la soberanía de la Unión Europea incluso antes de haber sido constituida? 
Señor Presidente, agradezco al Comisario sus observaciones y en particular acojo con beneplácito aquellas que, en realidad, daban a entender que las repercusiones afectarían a muchos otros sectores, además del plátano. 
Eso es cierto. 
Esa resolución entraña la desesperación para muchos países ACP. 
Ahora abrigan un temor tremendo a futuras resoluciones de la OMC. 
A diferencia de algunos de mis colegas, yo no esperaba gran cosa de la declaración del Comisario a este respecto. 
La razón por la que digo eso es la de que espero que aún esté examinando con sus colegas qué actitud someter a arbitraje el 25 de noviembre. 
Lo que necesitamos saber es si está decidida la Comisión a obtener el mejor resultado posible. 
Ahora tenemos que sacar el mayor partido posible de una pésima actuación. 
Nos guste o no, se ha emitido la resolución. 
Lo que ahora tenemos que hacer es intentar salvar algo. 
Cuando la Sra. Kinnock, el Sr. Thomas y yo estuvimos en las islas de Barlovento en mayo, nos resultó totalmente evidente que sus productores vivían aterrados- digo bien: aterrados- ante la resolución de la OMC. 
Ahora que ya se ha emitido, Dios sabe cómo se sentirán. 
Nos dijeron que reconocían que la liberalización y la mundialización eran inevitables en el futuro. 
Pero lo que necesitan más que nada es tiempo: tiempo para adaptarse a un mercado muy competitivo; en algunos casos serán necesarios al menos cinco años y en otros casos será necesario un período mucho más largo hasta que puedan competir con los productores del plátano-dólar. 
Así, pues, pido al Comisario que lo tenga en cuenta. 
Es esencial. 
Si consigue ese tipo de concesiones en el acuerdo de arbitraje del 25 de septiembre, habrá hecho un gran favor a las islas de Barlovento. 
El Parlamento quiere ayudar. 
Queremos desempeñar nuestro papel. 
Lo haremos y apoyaremos al Comisario, pero necesitamos un compromiso de la Comisión en el sentido de que se trata de un intento real de salvar algo con ese acuerdo. 
Me temo que en este caso el libre comercio significa que esos países son libres para ver desplomarse en realidad sus economías y sus democracias. 
Ese resultado del arbitraje es esencial. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, desde hace tiempo venimos discutiendo en este Parlamento sobre el régimen de mercado del plátano y hoy se han vuelto a repetir también muchos de los argumentos que se han expuesto siempre desde que yo estoy en el Parlamento, desde algo más de tres años. 
Sin embargo, se ha producido movimiento en el debate de esta Asamblea y para quien quizá no lo haya percibido del todo quiero repetirlo una vez más. 
En mayo tuvimos ya una discusión sobre el primer fallo dictado por la OCM. 
Entonces discutimos muy calurosamente, también en nuestro grupo; incluso hubo algunos que pensaron que este fallo era inaceptable. 
Sin embargo, luego, la mayoría decidió no apoyar tal proposición. 
En cualquier caso, nosotros no apoyábamos la formulación de que este fallo no fuera aceptable y yo seguí también con mucha atención que el Grupo Liberal tampoco apoyaba esta resolución en este punto. 
Si ellos leen ahora la propuesta de resolución del Grupo del PPE, muchos se mostrarán sorprendidos de que precisamente el PPE insta a la Comisión a presentar una propuesta de modificación del régimen de mercado. 
¿Por qué se produce esto? 
Naturalmente, esto se debe en primer término a la OCM. 
Creo que no tenemos otra alternativa que acometer una modificación, porque ya no quedan más posibilidades de apelación en la OCM. 
Quizá muchos piensen que ahora podríamos ofrecer una compensación por nuestra parte, pero, sin duda, no es el caso. 
Los que reclamaron nos pueden hacer una oferta sobre la compensación; si lo hacen- y parece que va a ser asíentonces no queda otra alternativa que discutir sobre la compensación. 
La única alternativa sería la de poner en cuestión la OCM como un todo; sin embargo, creo que esto no lo quiere la mayoría de esta Asamblea. 
Se podrá desarrollar más la OCM, se podrán introducir en ella más criterios sociales y de medio ambiente, pero la mayoría de la Asamblea no pondrá básicamente en cuestión la OCM. 
Quisiera comentar, como segundo punto, por qué nos gustaría ver modificado el régimen de mercado. 
Pero ésta no es más que mi opinión personal, en mi grupo existe todavía una encontrada discusión. 
Creo que presenta auténticas deficiencias. 
No estoy hablando de esto como un ciego sobre los colores, sino que he observado la situación tanto en la Guadalupe, como en Santa Lucía, como también en Latinoamérica. 
En ningún caso es cierto que los buenos estén en los estados ACP y en las regiones productoras europeas y que en Latinoamérica estén los malos. 
Sencillamente, esto no es así. 
En Ecuador hay más pequeños productores que en las Islas Windward en conjunto. 
El 60 % de los plátanos de Ecuador son ofertados por pequeños productores y estos padecen especialmente dificultades de acceso al mercado europeo. Ahora están todavía más presionados por las multinacionales. 
Y esto no puede concordar con el sentido del inventor del régimen de mercado. 
Por consiguiente, creo que ya es hora de modificarlo. 
En mi opinión, con independencia de la procedencia de los plátanos, habría que tener más en cuenta, en la medida de lo posible, la idea de un mercado leal que han propuesto el Sr. Müller y el Sr. Kreissl-Dörfler. 
En cualquier caso, no estamos descartando una modificación y yo celebro que en este punto se haya producido movimiento en la discusión. 
Señor Presidente, señoras y señores, Señorías, ¿es necesario recordar que el reglamento comunitario por el que se crea la OCM en el sector del plátano es resultado de un compromiso que respeta el equilibrio entre los intereses de diversas fuentes de abastecimiento comunitarias (ACP y " zona dólar» ) y que tiene en cuenta los compromisos contraídos anteriormente por la Unión Europea, es decir, la preferencia comunitaria, el acceso preferente para los plátanos de los Estados ACP y las normas del GATT con respecto a terceros países? 
Los elementos de que disponemos, así como su intervención, señor Comisario, nos hacen deducir que desaparecerá la OCM en este sector. 
Si esto es realmente así, no sólo está amenazado el sistema de comercialización del plátano, sino que se pone en tela de juicio el conjunto de la política comunitaria de comercialización del plátano. 
Además de la preferencia comunitaria y del acceso preferente para nuestros socios tradicionales, existe un punto que yo querría mencionar aquí y que, a falta de un acuerdo al respecto entre nosotros y los detractores de nuestras producciones, condenaría definitivamente la producción europea: se trata de la distribución de licencias establecida por el Reglamento 404/93. 
La distribución de licencias de importación del contingente arancelario se creó para establecer un equilibrio, en el mercado de la Unión Europea, entre los diferentes tipos de operadores. 
Si el reglamento base 404/93 no hubiese concedido a los operadores los certificados de importación del contingente arancelario únicamente sobre la base de las compras de plátanos latinoamericanos efectuadas durante los tres años anteriores a la OCM, los operadores B, que hasta entonces nunca habían comprado estos plátanos, no habrían podido obtener, según este único criterio, el certificado de importación. 
Al establecer una disposición específica, es decir, la concesión del 30 % de las licencias de importación de plátanos latinoamericanos a los operadores B, el reglamento base evitó justamente de este modo que se mantuviese en el mercado interior de la Unión Europea el monopolio de hecho que ostentaban antes de la OCM los operadores que siempre habían comercializado exclusivamente plátanos procedentes de América Latina. 
El mantenimiento de este monopolio habría sido tanto más abusivo en la medida en que los plátanos latinoamericanos son los menos caros, y hubiesen sido los únicos, además, en beneficiarse, en virtud del reglamento, del aumento del consumo en el mercado comunitario, debido a la limitación de la comercialización de plátanos comunitarios y ACP, cuando el contingente arancelario es adaptable en función del aumento del consumo. 
Por consiguiente, debe hacerse todo lo posible para mantener la actual OCM en el sector del plátano. 
Los productores de plátanos tienen derecho, al igual que los demás productores agrícolas, al apoyo de la Unión y a sacar partido de la preferencia comunitaria. 
La producción de las regiones del Caribe, sistemáticamente azotada por las catástrofes naturales, no podrá sobrevivir si no se protege el principio de distribución de licencias. 
Desearía subrayar que en las regiones ultraperiféricas el plátano es el elemento motor de la economía de dichas regiones. 
Señor Presidente, el rechazo de las gestiones de la Unión Europea para conservar el régimen del plátano significa un total desastre para los pequeños productores de plátanos del Caribe, de Europa y de otras partes. 
Esa decisión demuestra que el sistema de libre cambio mundial, que estamos creando, permite a las ricas y poderosas multinacionales destruir los medios de vida de pueblos muy pobres, pero muy trabajadores. 
Los productores afectados no representaban amenaza alguna para los principales productores y proveedores de plátanos del continente latinoamericano. 
Los trabajadores de las plantaciones de Chiquita, Del Monte y otras multinacionales no obtendrán demasiados beneficios. 
Su remuneración es baja, sus condiciones son malas y sus derechos a organizar sindicatos son limitados. 
En este momento resulta difícil ver qué se puede hacer para defender a las víctimas de esta situación. 
Yo esperaba que la Comisión expusiera las opciones más detenidamente. 
Hay que adoptar todas las medidas posibles para prestar ayuda, si se aprueban los cambios. 
Pero también debemos examinar todos los demás medios para apoyar a la industria del plátano en esas circunstancias. 
Debemos consultar a los gobiernos y representantes de todos los afectados y volver a la Organización Mundial del Comercio a decir que esa decisión es totalmente inaceptable. 
Sin embargo, hay que hacer algo más, si las consecuencias son la ruina de pequeñas economías, un aumento de la pobreza y un incremento de la producción de drogas y de la delincuencia. 
Debemos procurar adoptar medidas para modificar el propio sistema. 
La Comisión, el Parlamento y el Consejo deben aunar sus esfuerzos para formular un programa, tal vez convocando una conferencia y organizando una campaña para salvaguardar los intereses de todos los pequeños productores en peligro, de los que los pequeños productores de plátanos son típicos representantes. 
Y, naturalmente, debemos seguir hasta el final prestando todo el apoyo posible a las víctimas de esa decisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea tiene prioritaria y obligatoriamente que saber defender en todo momento y en todas las circunstancias los intereses de los Estados miembros y de sus regiones y cumplir también los compromisos subscritos con terceros países. 
Esa posición resulta aún más necesaria cuando se están defendiendo los intereses de regiones europeas muy castigadas por los factores estructurales negativos de su economía y atraso en el desarrollo, agravados por motivos geográficos de periferia y de discontinuidad territorial. 
La producción de plátanos en regiones europeas como la región autónoma de Madeira constituye la principal y muchas veces la única fuente de ingresos para muchos millares de familias de madeirenses y contribuye en gran medida al equilibrio ecológico de la región. 
Son incalculables los perjuicios económicos y medioambientales, entre otros, que ocurrirían, si se impusiera la reducción drástica de la producción de plátanos en la región de Madeira como consecuencia de la completa liberalización del comercio de ese producto. 
Sería inadmisible que la Unión Europea no mantuviera ni defendiese una política de gestión cuantitativa del mercado europeo. 
Entre otras cosas, porque- como es de sobra sabido- los productores comunitarios no tienen las mismas condiciones que otros para competir en un mercado totalmente liberalizado. 
Consideramos oportuno afirmar ahora que, junto a esa política de gestión cuantitativa, la Unión Europea debería seguir disponiendo de un sistema de apoyos a la renta- ya existente, por lo demás- y que se debería no sólo mantener, sino también fortalecer fundamentalmente. 
La política de cooperación y apoyo al desarrollo de los países ACP, formulada desde hace decenios y consagrada en los sucesivos acuerdos de Lomé y en el Fondo Europeo de Desarrollo, es la base necesaria y suficiente para que resulte inadmisible que la Unión Europea no pueda tener con esos países ACP un trato preferencial en el sector del plátano, cuando mantiene ese mismo trato preferencial en muchos otros sectores. 
Por todas esas razones y otras más, que no caben en esta intervención, queremos corroborar aquí y reforzar nuestra propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Y, de ser posible, saber lo que entrañan las preocupaciones del Comisario. 
Señor Presidente, señor Comisario, nunca pensó nadie, como yo, que voté contra el acuerdo del GATT, que éste fuera a transformarse, con el nombre de «librecambismo» , en una organización sumamente proteccionista. 
Exactamente ése es el perverso efecto que se ha conseguido: crear una oligarquía, capitaneada por los Estados Unidos, que se protege a sí misma, cada vez más gorda, cada vez más rica y dispuesta a una guerra comercial sin cuartel. 
Eso es lo que, de hecho, se pretende desde el punto de vista librecambista y todos los aquí presentes lo sabíamos. 
Pero es que sólo 80 o 90 diputados votaron en contra. 
Por tanto, no es que pueda alegrarme de las desgracias de los demás y de las tonterías cometidas, pero la verdad es que este Parlamento no tiene autoridad moral para criticar, en este momento, el propio monstruo cuya creación permitió, a su vez. 
Fue él el que le dio fuerza, el que lo alimentó, ¡y es él el que ahora llora sobre los despojos del monstruo que creó! 
¿Qué derecho tengo yo, oriundo de un país pequeño que tiene una isla en la que hay nueve mil productores de plátanos, a protestar aquí? 
¡Que hagan otra cosa! », dirán los americanos. 
Pero, ¿qué, si no tenemos otra opción? 
«Hagan otra cosa y, si no, pregunten a los japoneses cómo hacerse el haraquiri». 
Es una solución, porque, de hecho, no hay otras opciones, no hay protección; en este momento, sólo los librecambistas gozan del proteccionismo, cuando tienen jueces que, naturalmente, son parciales en cuestiones de este tipo. 
Señor Presidente, comprendo que, como consecuencia de la delicadeza del tema, el Comisario Fischler haya sido extremadamente prudente esta tarde. 
La semana que viene la Comisión tendrá que tomar una decisión importante, y yo creo que es bueno que tengamos la oportunidad de expresar nuestra opinión al Comisario antes de que la Comisión tome la decisión, y espero también que el Comisario esté tomando nota de lo que en este momento se está diciendo en este Parlamento que, como verá el Comisario, constituye un amplio espectro político y geográfico en el que se incluyen no sólo los países productores de bananas sino también la generalidad del Parlamento en defensa de un régimen estable. 
Yo querría llamar la atención de la Comisión sobre un punto que quizás no se ha resaltado suficientemente esta tarde. 
De lo que estábamos tratando es de la libertad de comercio, y ¿ha pensado la Comisión o la Organización Mundial de Comercio que el mayor atentado a la libertad de comercio lo están cometiendo en este momento las empresas multinacionales que han cartelizado el mercado mundial del plátano? 
El otro día venía en el avión con productores independientes del Ecuador- que representan aproximadamente el 25 % de la producción bananeray me aseguraban que no tienen ninguna libertad: no tienen más remedio que entregar la fruta en manos de las multinacionales. 
En este momento, en el mercado comunitario, aparte de haber cartelizado el mercado mundial y tener el 100 % del mercado norteamericano- que es un mercado muy rico -, en este momento las multinacionales tienen el 65 % del mercado comunitario. 
Si el régimen que se pretende establecer alegando la libertad de comercio lleva a la desaparición de este pequeño 30 % del mercado comunitario, que es lo único que tienen los productores comunitarios y los países ACP que tradicionalmente exportan a la Unión, habremos acabado con la libertad de comercio. 
Yo creo en este momento, señor Comisario, que en la Comisión hay unas reglas de Derecho comunitario sobre libre competencia que no ha tomado en cuenta la Organización Mundial de Comercio- hay que recordar que la Organización Mundial de Comercio también es competente en materia de servicios- y que, precisamente, lo que se pretende es acabar con la libertad de comercio. 
No se está defendiendo la libertad de comercio. 
Somos nosotros los que tenemos que defender la libertad de comercio frente a la cartelización del mercado del plátano por las grandes multinacionales. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, para la Unión Europea es importante respetar los acuerdos internacionales, y consecuentemente, las sentencias de los tribunales internacionales. 
Es importante por los mismos motivos por los que queremos que los Estados miembros de la UE respeten la normativa de la UE. 
Hemos concluído estos acuerdos porque el Estado nacional es insuficiente en muchos contextos y porque vale la pena colaborar dentro de una normativa común, aunque en ciertos casos nos parezca que las normas nos resultan adversas. 
Estimados colegas, la Unión Europea se basa en la idea de que el libre comercio beneficia a la economía mundial y a la propia. 
Por eso participamos en la Organización Mundial del Comercio. 
Dentro de esta organización hemos contraído, como otros países, ciertos compromisos que hay que respetar. 
Si los rompemos porque no nos convienen, entonces otros países romperan los suyos cuando les convenga a ellos y no a nosotros. 
Los obstáculos al comercio que aquí discutimos se han introducido porque los consumidores, si pudieran escoger por sí mismos, preferirían en gran medida comprar plátanos de otra procedencia. 
También en beneficio de los consumidores deberíamos, por tanto, desregular. 
Los obstáculos al comercio hacen que los plátanos resulten más caros de lo necesario. 
Si este sistema de importación no contradijera los acuerdos internacionales que hemos contraído, se podría posiblemente aceptar el encarecimiento, pero solamente bajo la condición de que los obstáculos fueran realmente una ayuda considerable al desarrollo de los países ACP. 
¡Pero no es así! 
La regulación de las importaciones es muy complicada y ha dado lugar a un comercio de licencias como consecuencia del dinero extra que se obliga a pagar a los consumidores. 
En gran medida, este dinero va a parar a manos de los burócratas en las fases intermedias. 
La UE debe por tanto modificar por varias razones su actual regulación del comercio del plátano, porque es de conformidad con nuestros compromisos internacionales y porque existen modalidades de ayuda más eficaces para los países en vías de desarrollo de la ACP en sus esfuerzos por alcanzar unas estructuras de producción orientadas cara al futuro. 
Si no nos ceñimos a las sentencias que dicta la OMC, nos veremos expuestos a duras represalias. 
Y se deterioría la credibilidad de la UE cada vez que, en el foro de la OMC y en otros contextos, quisiéramos defender el libre comercio y el respeto de los acuerdos concluídos. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario Fischler que nos brinde esta oportunidad de examinar una cuestión muy importante. 
Estoy seguro de que reconocerá, como yo, que el claro vencedor después de esta resolución de la OMC es la transnacional bananera Chiquita. 
A consecuencia de la impropia influencia que Chiquita ejerció en el Gobierno de los Estados Unidos se presentó en un principio la reclamación ante la OMC. 
Como estoy seguro de que ha de saber, un comité del Senado está examinando ahora esa influencia y tal vez arroje alguna luz sobre lo que fue un aspecto bastante sórdido de la campaña para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 
Los productores caribeños se han sentido algo perplejos ante la resolución de la OMC. 
Se les denegó la participación plena en la OMC, sus representantes legales fueron expulsados de la OMC y después, para colmo, un americano presidió la sesión relativa a la apelación. 
Estoy segura de que, si pudiera calificarlo de imparcial o si pudiese reconocer que se trata de una actitud completamente carente de sensibilidad para con las necesidades del Caribe, no dejaría usted de hacerlo. 
La semana pasada, visité los Estados Unidos y me asombró la cantidad de veces que tuve que recordarles que la ayuda no substituye al comercio y que se trata de un compromiso muy importante con el desarrollo que tenemos en este caso. 
Hacen totalmente caso omiso de ello y pasan por alto completamente las repercusiones de esa decisión en el Caribe. 
Quisiera que el Comisario aclarara si la Comisión se atendrá al precedente establecido por el acuerdo con el Japón de 15 meses para la aplicación. 
También quisiera saber si conoce la Comisión las enmiendas americanas a nuestro régimen que se han redactado en este momento, y si, como espero, se propone oponerse a ellas. 
Por último, quisiera preguntar si podemos esperar cierta coherencia de la Comisión. 
Sir Leon Brittan dice que tenemos otras bazas y que, por lo tanto, debemos aceptar la decisión sobre las hormonas y la carne de vacuno y la decisión sobre el plátano. 
El Comisario Pinheiro dice que en nuestras relaciones económicas internacionales debemos tener objetivos muy claros en materia de desarrollo. 
El Comisario Fischler dice que no debemos aplicar las conclusiones del panel sobre las hormonas, sino que debemos conceder una indemnización. 
No cabe duda de que tiene razón. 
Entonces, ¿por qué no podemos examinar la posibilidad de adoptar respecto de la controversia sobre el plátano una actitud similar a la que ha adoptado respecto de las controversias relativas al panel sobre las hormonas? 
Señor Presidente, señor Comisario, sabido es que el reparto de licencias de importación es una de las bases de la OCM del plátano en vigor desde 1993, que sirve para limitar la entrada de plátanos centroamericanos a fin de garantizar la comercialización de la producción comunitaria y de los países ACP. 
Las conclusiones del órgano de apelación de la OMC han dado definitivamente la razón a los países que interpusieron recurso contra el sistema actual de la OCM del plátano. 
Sabiendo, como sabemos que, si aceptamos esa decisión, el aliciente que tenía el importador para comprar plátanos comunitarios deja de existir, por lo que pasará a comprar plátanos a quien le brinde mayor beneficio, es decir, a las multinacionales americanas, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para 
garantizar la comercialización de la producción de plátano comunitario sin pérdida de rentas para los agricultores? - ¿evitar el abandono de ese cultivo a fin de que se mantengan los efectos benéficos en el paisaje y en el medio ambiente, factores que tanto influyen en la industria del turismo, creadora también ella de decenas de millares de empleos en las regiones ultraperiféricas, de las que forma parte la región autónoma de Madeira? 
Señor Presidente, resulta difícil abordar adecuadamente en un minuto la extrema injusticia de esta decisión, pero voy a intentar transmitir a Sus Señorías las conversaciones que la Sra. Kinnock y yo celebramos en Washington la semana pasada. 
He de decir que los embajadores caribeños quedaron totalmente anonadados ante esa decisión. 
Les parece que no tienen adónde recurrir, que un país grande los ha castigado y golpeado excesivamente y que las multinacionales los han aplastado. 
Creemos que es injusto. 
Representan tan sólo el 3 % del comercio mundial. 
Como consumidores europeos, tenemos derecho a poder comprar plátanos de esas zonas, que están muy bien de precio y reflejan los derechos democráticos y la normativa social idónea que promovemos en esos países y de ellos esperamos. 
Creo que la Comisión tiene la ineludible obligación de ayudar a esos países. 
No es válido decir, como nos han dicho los Estados Unidos, que la solución es la diversificación. 
Dijeron con mucha desenvoltura: » La solución son los textiles» , pero conviene señalar que los Estados Unidos son uno de los países más proteccionistas del mundo en materia de textiles. 
Ésa no es la solución para esos países. 
Queremos ejercer nuestro derecho. 
Queremos garantizar sin lugar a dudas su derecho a cultivar plátanos, en particular por el bien de las numerosas personas que intervienen en la producción de plátanos en esos países. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Central de Chernóbil y reactores Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la pregunta oral (B4-0519/97- Q-0087/97) del Sr. Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, a la Comisión sobre el cierre de la central nuclear de Chernóbil en el año 2000 y ultimación de la construcción de los reactores nucleares Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania. 
Señor Presidente, hoy nuestra comisión desea recordar que once años después de la catástrofe de Chernóbil, el problema sigue sin resolverse. 
La solución depende de la voluntad de afirmar el papel de la Unión Europea en la reactivación y el desarrollo de la economía de países como Ucrania, donde siguen existiendo distorsiones debidas a la transición de una economía de Estado a una economía de mercado, distorsiones que pesan sobre la vida cotidiana. 
Hemos oído y oiremos del Sr. Adam que en la vida cotidiana de dichos países esta situación sigue repercutiendo. 
La Unión Europea cuenta con los empréstitos Euratom, en realidad, un instrumento bastante limitado, para mejorar la seguridad y la eficacia de las centrales de los terceros países. 
Así y todo, es evidente que nosotros, como Comunidad, somos el principal contribuyente de la llamada «seguridad nuclear» en el BERD, creado para gestionar la ayuda G-24 a los países del Este. 
El memorándum de Acuerdo firmado en Ottawa en diciembre de 1995, preveía, sin embargo, el cierre de la central de Chernóbil en el año 2000, acompañado por una estrategia energética a largo plazo en la se incluya, como principio de planificación de menor coste, la ultimación de los reactores K2 y R4 que usted, señor Presidente, ha mencionado. 
El informe, elaborado por el profesor Surrey de la Universidad de Sussex, fue seguido, como sabemos, por un alud de documentos, incluido el informe Lahmeyer y Stone Webster, que fueron objeto de análisis por parte de nuestra comisión parlamentaria. 
Todo esto no ha hecho más que crear más confusión, si cabe, con respecto a la cuestión y no ha indicado un camino claro para tomar una decisión a escala comunitaria. 
Debemos recordar que celebramos unas audiencias específicas sobre esta materia, oímos a los expertos, analizamos las condiciones de dichos países, de los comités y las agencias de energía, pero lo cierto es que nada ha cambiado. 
El propio BERD creó una serie de grupos de trabajo a fin de aclarar hasta qué punto las condiciones de viabilidad económica, medioambiental y de seguridad nuclear se respetan en la opción escogida- planificación de menor coste- para ultimar los reactores de origen rusa WWER de 1000 megavatios de potencia eléctrica Khmelnitsky 2 y Rovno 4, conforme a los estándares de seguridad aprobados por quien proyectó dichas centrales nucleares. 
El tiempo pasa y la decisión del BERD se hace esperar. 
Por esta razón pedimos con fuerza a la Comisión Europea que nos manifieste su posición con respecto a esta cuestión y que aclare si debemos o no debemos esperar la posición del propio BERD. Si no fuera así, es obvio que será preciso evaluar si la Unión Europea debe disociar su actuación en materia de préstamos Euratom de las actividades desarrolladas por el BERD, cuya lógica podría apartarse del modus operandi comunitario en cuanto a este dossier específico. 
Señor Presidente, a pesar de las múltiples dificultades encontradas para poder conocer la realidad de los hechos, ahora que conocemos una serie de interpretaciones diferentes de los mismos, hemos logrado un cuadro general de la situación gracias al excelente trabajo del Sr. Gordon Adam. 
Ustedes saben que el vicepresidente de nuestra comisión fue varias veces a Ucrania, nos informó de lo que pasaba y podrá resumirlo a este Pleno con conocimiento de causa. 
Precisamente, en el mes de mayo, volvió, acompañado por la delegación interparlamentaria encabezada por la Sra. Erika Mann, con unas noticias extremadamente importantes. 
El excelente informe del Sr. Adam termina, en efecto, con un preocupante análisis sobre la necesidad de independencia de Ucrania por lo que se refiere a sus recursos energéticos, presentes y futuros. 
Señor Presidente, esperamos ansiosamente la respuesta de la Comisión a esta pregunta. 
A nadie se le pasa por alto la importancia de este asunto y lo trágico de esta situación que, paralizada desde hace once años, puede repercutir en todos nosotros de forma dramática y en cualquier momento. 
Señor Presidente, lamento interrumpir este debate, pero estoy algo confusa. 
Tenía entendido que íbamos a recibir una respuesta del Comisario al debate anterior y que no pasaríamos al siguiente debate. 
¿Vamos a tener que esperar hasta el final de este debate para dar al Comisario Fischler la oportunidad de responder? 
Señora Kinnock, la Comisión no ha pedido el uso de la palabra para contestar al punto anterior y por este motivo, al no haber ninguna solicitud de intervención, cerré el debate. 
Ahora, estamos abordando un nuevo punto del orden del día. 
Señor Presidente, ante todo disculpe mi retraso. 
Contestaré con gusto a la pregunta del Sr. Scapagnini referida a Chernóbil. Permítame, en primer lugar, ilustrar brevemente la situación de Chernóbil antes de entrar en detalle en las diversas preguntas específicas. 
En diciembre de 1995 se decidió, en el marco del G7, elaborar un programa global a fin de respaldar la decisión del presidente Koutchma de proceder al cierre de la central de Chernóbil en el año 2000. 
El denominado Memorandum of Understanding, firmado en 1995, recogía diversas acciones para la reforma del sector de la energía en Ucrania, con objeto de crear un sector energético conforme al mercado. 
A tal efecto, se prestó especial atención a las medidas encaminadas al ahorro energético y a una mayor eficacia en este ámbito. Además, se contemplaron medidas para modernizar el abastecimiento de energías no nucleares y mejorar el grado de seguridad de los reactores existentes. 
En la actualidad, el G7 ha hecho considerables progresos con respecto a la realización de dicho programa. Se ha liberado una cantidad de aproximadamente mil millones de dólares americanos en forma de créditos destinados a las inversiones en proyectos del sector no nuclear y se han reunido aproximadamente 500 millones de dólares para la adquisición de materiales y para la subvención de estudios técnicos y proyectos en favor del cierre de la central de Chernóbil. 
Esa cantidad de 500 millones de dólares incluye a los 100 millones de dolares que la Comisión liberó, en fechas recientes, para la renovación del sarcófago. 
Por tanto, la modernización de las centrales térmicas e hidroeléctricas, así como el fomento del ahorro energético constituyen elementos importantes de la política del G7 en Ucrania pero, como ha afirmado con acierto el Parlamento Europeo, también lo es la financiación de la terminación de las centrales nucleares Rovno 4 y Khmelnitsky 2. 
Se sabe que la financiación de dicho proyecto es objeto de frecuentes consultas dentro del ámbito del G7, en las que entran en juego una serie de cuestiones fundamentales. 
El objetivo del cierre de la central de Chernóbil en el año 2000 no debe correr ningún riesgo. Con mayor motivo puesto que la unidad 3, único reactor en funcionamiento, se encuentra en mal estado, según se ha confirmado nuevamente en un informe de expertos independientes. 
Es más, la financiación por nuestra parte ofrece la única garantía de que la terminación de los reactores no concluidos se lleve a efecto conforme a las normas internacionales de seguridad nuclear. 
Del mismo modo, el MA establece que la financiación del reactor ha de basarse en el llamado " least cost principle». Sin embargo, en la práctica parece difícil llegar a conclusiones unívocas al respecto. 
Prestigiosas organizaciones internacionales y expertos discrepan en cuanto a los parámetros que deben servir de criterio para la planificación de least cost. 
Por ejemplo, resulta difícil determinar y valorar las futuras tendencias económicas en Ucrania y la consiguiente demanda energética. 
Considerándolo todo, la Comisión, tras largas y profundas deliberaciones con los demás países del G7, ha llegado a la conclusión de que una realización en fases del proyecto Rovno 4 y Khmelnitsky 2 ofrece la mejor garantía para aplicar lo dispuesto en el Memorandum of Understanding. 
Ello significa que cuando se terminen los preparativos en la primera mitad del próximo año, se podrá proceder a la financiación, por medio de Euratom, del reactor inacabado. 
Con todo, la Comisión opina que lo anterior sólo será posible si, en primer lugar y en ese momento, las demás instituciones financieras internacionales, en particular el BERD, hubieran cumplido su parte y otorgado un crédito; si, además, las autoridades de Ucrania hubieran confirmado de nuevo el cierre de Chernóbil en el año 2000 y si existieran garantías suficientes de que la construcción de los reactores responde a las normas internacionales de seguridad nuclear y, por último, si se hubieran cumplido satisfactoriamente otras condiciones técnicas y financieras. 
Dicho esto, pasaré a contestar a las preguntas más específicas. 
Señor Presidente, he advertido cierta insatisfacción en esta Asamblea por la escasez de información que se ha recibido en relación con esta complicada cuestión que es, a la vez, muy delicada desde una perspectiva política. 
Con tal motivo, he dado orden a los servicios de la Comisión para que le remitan a Usted, Señor Presidente, sin dilación, copias de los estudios, de los informes y de otros documentos relevantes. 
Por otra parte, en los últimos meses he mantenido, a título individual, conversaciones profundas sobre esta problemática situación con algunos diputados. 
Gracias al programa de ayuda técnica de TACIS, se ha desarrollado, en efecto, un programa de seguridad para los dos reactores inacabados en cuestión. 
Dicho programa se rige por las directivas de la Organización Internacional de Energía Atómica. 
Expertos independientes analizaron el estado actual de ambos reactores. 
Ustedes sabrán que están terminados en un 70 % y también que las obras han quedado paralizadas durante unos años. En consecuencia, el estado de dichos reactores ha sufrido cierto deterioro y es probable que se necesiten efectuar obras adicionales. 
Existe una estrecha colaboración entre el BERD y la Comisión en cuanto a la preparación de las solicitudes de préstamo, si bien los criterios y los procedimientos del BERD por un lado y de Euratom, por otro, difieren. 
En concreto, el BERD todavía no ha emitido un juicio definitivo sobre la solicitud de préstamo que le ha sido dirigida. 
Además, tengo entendido que todavía esperamos el estudio final del Banco Europeo de Inversión antes de que pueda ultimarse el préstamo mediante Euratom. 
Hace poco, la Comisión ha dado su respuesta al informe del Tribunal de Cuentas Europeo concerniente a las actividades de TACIS en el ámbito de la energía nuclear en Ucrania. 
A raíz de dicho informe, se han tomado algunas medidas, principalmente de tipo administrativo. 
Sin embargo, el informe no hace mención explícita de los dos reactores nucleares inacabados. 
Para terminar, les hago observar que no existe ningún compromiso directo de la llamada Nuclear Safety Account del BERD para la realización del proyecto R4/K2. 
Tengo entendido que este programa se efectúa con total observancia del contenido de la Decisión del Consejo en esta materia. 
Señor Presidente, pocos países del mundo tienen más dificultad que Ucrania para producir, importar y utilizar la energía. 
Cito del informe sobre la energía en Ucrania publicado muy recientemente por el Organismo Internacional de Energía. 
Afrontamos una combinación de cuestiones económicas y políticas en gran escala. 
En primer lugar, los ucranianos están muy preocupados por su dependencia energética. 
Dependen en gran medida de Rusia, en el caso del petróleo y del gas, y no quieren llegar a ser más dependientes de lo que ya son. 
Las perspectivas en su industria del carbón no son buenas, por lo que no es de extrañar que hayan decidido continuar con su industria nuclear. 
He de decir que no creo que sea probable que ese país renuncie a su posición nuclear. 
Eso es algo que debemos aceptar. 
La cuestión es qué clase de sistema de seguridad va a funcionar. 
¿Serán las antiguas normas rusas o será el sistema de seguridad que hemos creado aquí, en la Europa occidental? 
El otro problema que afrontan es la cuestión de la introducción de un mercado libre, en particular en el sector de la electricidad. 
Los consumidores privados están pagando perfectamente sus recibos, pero los grandes consumidores industriales siguen intentando practicar el trueque. 
No existe un mercado de la electricidad que se parezca en nada a como lo entenderíamos aquí y no podemos esperar que se cree en cinco minutos. 
Al fin y al cabo, nuestro propio Consejo Europeo tardó seis años en elaborar los procedimientos para el mercado interior de la electricidad aquí. 
Energoatom, la compañía que gestiona una industria nuclear privatizada con considerable financiación de los países europeos, funciona ahora con un nuevo presidente y depende de un nuevo ministro de energía, pero le falta mucho para cumplir mínimamente las condiciones establecidas. 
Ése es el escollo. 
No hemos podido adoptar las disposiciones financieras. 
Un estudio tras otro nos dice lo que se debe hacer en la esfera térmica y en la nuclear, pero no parece que podamos adoptar las disposiciones financieras. 
Si he entendido correctamente al Comisario, lo que ahora se ha decidido es que se van a concluir los dos reactores con fondos con cargo a Euratom y al BEI y que el BERD no va a participar. 
Me parece un poco sorprendente, porque el argumento que pensaba yo exponer era el de que el BERD tenía que decidirse lo antes posible. 
En eso es en lo que necesitamos decisiones claras para que podamos ver hacia dónde nos dirigimos. 
Los ucranianos quieren tenernos como amigos. 
Tenemos que demostrar una mejor disposición que en los dos últimos años. 
Señor Comisario, como decía el Sr. Adam, nos gustaría tener datos concretos, y no sólo supuestos, sobre si el BERD les va a contestar o no- usted todavía no lo sabe -, y sobre si el Euratom y el BERD financiarán estos dos reactores si Ucrania tiene unos compromisos. 
Siempre estamos con palabras y siempre estamos con estudios y la cuestión es muy sencilla. 
No estamos hablando de nucleares sí o nucleares no, ni estamos decidiendo la política energética de Ucrania, a lo que sólo tienen derecho los ucranianos. 
Estamos diciendo que toda Europa, y los ucranianos los primeros, quiere que se clausuren todas las unidades de Chernóbil, fundamentalmente la unidad 3, que está funcionando ahora, que se repare el sarcófago y que se hagan los esfuerzos necesarios. 
Como ha dicho muy bien el Sr. Adam, la situación económica de Ucrania es dificilísima, sigue siendo dificilísima. 
No salen del régimen y situación en que se encontraban cuando se llamaban países socialistas y, por lo tanto, o ayudamos tecnológicamente de verdad o ayudamos económicamente o seguirán siendo palabras. 
En realidad, como nos ha explicado también muy bien el Sr. Adam, no quieren depender más del gas ruso- gas que tienen mucha dificultad para pagar -, porque también es verdad que muchos clientes no lo pagan; también es verdad que mucha gente no cobra su salario; también es verdad que el caos económico y social de los antiguos países de la Unión Soviética es muy difícil, pero es la que es y no vamos a hablar de ello. 
Entonces, hay que cerrar Chernóbil. 
Pero, con algo tienen que producir electricidad hasta que ahorren y ahorrar energía es muy fácil en Ucrania, porque la despilfarran. 
Pero, señor Comisario, usted sabe mejor que yo que es carísimo, porque ahorrar energía supone hacer enormes inversiones, empezando por poner contadores que midan la electricidad y creando un mercado y renovando equipos y sustituyendo centrales y haciendo innumerables cosas; seguramente nada requiere más inversión que ahorrar energía, aunque sea absolutamente necesario. 
Por lo tanto, como todos queremos que se cierre Chernóbil, el Parlamento ucraniano ha dicho: si no se completan, y pronto- me imagino yo -, el grupo Khmelnitsky 2 y Rovno 4, nosotros pondremos en marcha otra de las unidades paradas de Chernóbil. 
¿Los ucranianos quieren correr riesgos? 
Pues, seguramente, no, pero todos sabemos- por lo menos los que conocemos el sector- que ellos necesitan la electricidad para salir de la dificilísima situación en la que se encuentran. 
En resumidas cuentas, a mí me parece que sería fundamental el apoyo de la Unión para plantear de verdad cómo se ahorra energía, que a lo mejor es tan sencillo como poner contadores de electricidad y contadores de gas en las viviendas y que lo vayan pagando, aunque sea a un precio muy barato- nada más disuasorio que tener un precio bastante adecuado para la energía-. 
También es verdad que, para ello, deberían cobrar su salario, cosa que no sucede en muchísimos casos. 
Pero debería explicar algo más ese programa, que me parece excelente, de reequipamiento de nuevas centrales. 
Han dedicado 1.000 millones de dólares. 
Es verdad que falta muchísimo más, es verdad también que el sarcófago de Chernóbil necesita 700 millones- ya es un esfuerzo que el programa TACIS aporte 100-. 
Pero habrá que hacer algo más, señor Comisario, porque toda Europa, no este Parlamento, no los diputados, no nosotros que representamos a la gente, sino la gente opina que de una dichosa vez hay que resolver el problema de Chernóbil, y eso pasa por el ahorro de energía, por dar una seguridad a la remodelación del sarcófago. 
Y, sobre todo, los ucranianos están cansados de que les ataquemos, piden que se les ataque menos y se les ayude más. 
Lamentablemente es así. 
Señor Presidente, en principio querría felicitar a mi colega el Sr. Scarpagnini quien con su pregunta ha dado ocasión de debatir un tema tan importante en el Parlamento Europeo. 
Igualmente, felicito por primera vez en los 3 años que soy diputado al Parlamento Europeo al Comisario Sr. Van den Brock, ya que debo decir que, sobre un tema semejante al que afecta a Kozloduy sobre el cual había hecho una pregunta, ha contestado con mucha sinceridad y objetividad. 
No voy a repetir cosas que han dicho mis colegas y que me amparan; pero voy a insistir en algunas cuestiones: 
Primero, ¿hay armonía entre el programa nuclear de la Unión Europea, tal como repetidamente lo hemos descrito aquí en distintas votaciones y el programa nuclear de estos países? -Segundo, ¿ha ido alguna vez la propia Comisión con sus especialistas a controlar qué reactores deben cerrar, cuáles deben seguir funcionando y qué averías tienen? ¿ha controlado con sus especialistas o con expertos de la Comisión de Energía Atómica qué reparaciones deben hacerse, cuál es el coste de estas reparaciones? 
Y lo principal en cuanto a estos reactores concretos, porque ésta fue una pregunta que hice a la Comisión sobre Kozloduy, ¿hemos controlado si el dinero que se ha dado hasta ahora o que se dará, va a parar al objetivo para el que lo estamos dando? 
Porque, Señor Comisario, la contestación que me dio sobre Kozloduy, a pesar de que usted- repito- fue muy sincero y muy " elegante» , dejaba muchos interrogantes sobre si el dinero para Kozloduy fue aplicado al objetivo para el que usted lo había designado.Lo mismo, pues, quiero preguntar ahora sobre Chernobil, es decir, el dinero que vamos a aprobar y a dar, ¿se encaminará hacía este objetivo? 
¿Existe alguna comisión de control que se proponga en algún momento controlar si fue a parar a allí este dinero o si los reactores están preparados para funcionar? 
¿Existe algún programa en el marco del TACIS, de donde vuelven a tomar dinero, que diga que algunas cosas deben ser sustituidas por otras formas de energía? 
¿O simplemente aquí señalamos los peligros para quienes viven allí y para toda Europa? 
No nos escondamos: puede que algunos países estén más lejos; otros, sin embargo están mucho más cerca de Ucrania o de Bulgaria, donde se encuentra Kozloduy. 
Porque, de otra forma, me temo que aquí debatiremos, haremos puntualizaciones muy importantes, como han hecho todos los colegas, el Sr. Comisario nos dará algunas contestaciones, alguna vez tendremos una votación, y cuando suceda el accidente- como no habremos controlado todas estas cosas sobre las que estoy preguntando y para las que estoy esperando la contestación del Sr. Comisario- lloraremos, como las vírgenes necias del Evangelio, sobre las ruinas de un nuevo accidente nuclear. 
Señor Presidente, todos coincidimos en que la central de Chernóbil debe cerrar en el año 2000. 
No obstante, este objetivo estaba claramente subordinado al compromiso de que el least cost principle sería el punto de partida para la construcción de las dos centrales nucleares. 
Así reza el acuerdo celebrado en diciembre de 1995 entre el G7 y Ucrania. 
En la actualidad, incluso la Comisión ha abandonado dicho principio. 
El foro del BERD lo entiende: es una mala inversión terminar dos centrales nucleares existentes. 
Este es el motivo por el que se ha abandonado el principio. 
La construcción por fases de dos centrales nucleares en proceso de edificación no es, a mi juicio, la mejor manera, así que la censuramos. 
De las palabras del comisario hemos comprendido que la financiación de estas dos centrales nucleares existentes, a través de Euratom, comenzará ya el año que viene. Esto significa que Euratom facilitará 410 millones, el BERD 340 y el G7 200 millones. 
El empleo inadecuado de dichos fondos no es justificable ante los electores. 
Quisiera pedir al Comisario, y espero que él todavía pueda cambiar algo la situación, que se financie sólo una de las dos: K2 o R4. 
Señor Presidente, señor Comisario, no voy a repetir cuanto han dicho mis colegas porque creo que coincidimos. 
Coincidimos, claro, en cuanto al objetivo de cerrar Chernobil, y coincidimos también en que ha de aumentar la seguridad en general. 
Sin embargo, señor Comisario, permítame generalizar un poco el tema. 
¿Qué vamos a programar para después del año 2000? 
El año 2000 está ya muy cerca. 
¿Cuántas centrales de tecnología antigua, de tecnología nuclear peligrosa existen o incluso se están construyendo en Europa oriental? ¿Y hasta qué punto nos comprometerán? 
¿Cuántos años estaremos sujetos a condiciones de seguridad limitadas? 
Creo que este es el gran problema. 
El segundo, y estoy completamente de acuerdo con el Sr. Eisma, que lo señaló, es el coste. 
¿Existe, para este coste tan elevado, lo que decimos en la Universidad a los estudiantes de Ciencias Económicas, una solución alternativa? 
¿Es posible aceptar un coste tan elevado con un resultado, en mi opinión, dudoso y no investigar utilizaciones alternativas de estas sumas hacia soluciones energéticas del futuro y, con seguridad, a largo plazo más rentables? 
Esto es lo más básico, señor Comisario. 
Sé que me desvío un poco de la pregunta concreta sobre Chernobil; pero creo que debemos volver a discutir juntos toda la cuestión. 
Muchas gracias, señor Papayannakis. 
Queda interrumpido el debate. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0520/97). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 22 formulada por José Escudero (H-0593/97): 
Asunto: Tribunal de selección del programa Caleidoscopio 
En el debate sobre el presupuesto, que ha tenido lugar en la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, y a propósito de las distintas líneas culturales existentes y de su transparencia, la DG X asegura que las ayudas del programa Caleidoscopio se conceden con criterios objetivos y total transparencia. 
¿Podría publicar la Comisión Europea los nombres de los miembros del tribunal de selección, compuesto por expertos externos, que concede las ayudas? 
¿Podría informar de cuáles son los criterios de elección de dichos miembros? 
¿Podría informar de quién nombra a los miembros de dicho comité de selección? 
La Comisión ha examinado con gran atención la pregunta planteada por el diputado Sr. Escudero. Pregunta que, evidentemente, va más allá del marco estricto del programa Calidoscopio ya que, indirectamente, afecta al conjunto de los programas culturales que acaban de entrar en vigor. 
Estos programas prevén la publicación de convocatorias periódicas para la presentación de proyectos en las distintas acciones que los integran. 
Y como consecuencia de estas convocatorias, la Comisión recibe un gran número de proyectos por parte de los organizadores culturales; proyectos que deben ser evaluados a lo largo del proceso de selección. 
En este proceso, la Comisión puede solicitar la opinión de personalidades competentes en los sectores culturales, y estos expertos tienen un papel puramente consultivo y no adoptan ninguna decisión en cuanto a la financiación que se otorga a cada proyecto. 
Corresponde a la Comisión, de acuerdo con lo establecido con el Parlamento y el Consejo, la responsabilidad de fijar la lista final de los proyectos que considera que deben recibir el apoyo comunitario. 
Para proceder a la designación de esos expertos la Comisión puede recurrir a expertos propuestos por las autoridades nacionales competentes. 
Pero puede también, en su caso, convocar directamente expertos de reconocido prestigio en los distintos sectores culturales. 
La Comisión presta atención a la renovación de los expertos- llamados a dar su opinión-. 
No son siempre los mismos, sino que trata de cambiar y renovar estos expertos, y se asegura de que el dictamen emitido por los mismos se haga con total independencia y de acuerdo con unos criterios objetivos. 
La Comisión, quiero decirle al Sr. Escudero, tiene a disposición del Parlamento y el Consejo los nombres y las calificaciones profesionales de los expertos consultados respecto del procedimiento de ejecución de los programas culturales. 
De manera que yo pongo a su disposición y del Parlamento los nombres de estos expertos que, como le digo, van rotando a lo largo del tiempo, porque no creemos que deban ser siempre los mismos, y de acuerdo con los dos criterios que he mencionado hace un momento. 
Señor Presidente, simplemente quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta, que me ha resultado muy esclarecedora. 
El hecho de que los expertos cambien periódicamente me parece una aclaración sumamente importante. 
En su caso, me acojo a la gentileza del Sr. Comisario para examinar y conocer los nombres de los expertos que han participado. 
Simplemente quiero decir que inmediatamente puedo hacerle entrega al Sr. Escudero, para que él haga el uso que crea conveniente, de la lista de estas personas en la forma que he mencionado. 
Señor Comisario, tengo dos preguntas: en primer lugar, en qué medida juega un papel en KALEIDOSKOP el fomento de las minorías o de las lenguas de las minorías que habría que denominar mejor «lenguas utilizadas más rara vez en la Unión Europea» , y en segundo lugar, qué papel juegan en KALEIDOSKOP la ampliación hacia el este y el proceso de preparación de los países candidatos. 
Primero, yo quiero decirle el enorme respeto que tengo por todos los idiomas. 
Evidentemente, unos son menos utilizados que otros por razón del número de los habitantes que los hablan, pero la importancia de cada uno de los idiomas es algo que se pone en evidencia por la Comisión y debo decirle que, no solamente en cuanto se refiere a los idiomas oficiales, sino que incluso aquellas otras lenguas que quizás no sean oficiales de un Estado, pero que lo son de una determinada comunidad, o una determinada región, son elementos que se tienen muy especialmente en cuenta por la Comisión. 
Respecto del otro tema, quiero agradecerle muy especialmente la pregunta que me plantea, porque, en distintas ocasiones, en los diálogos estructurados que tenemos con los países que han solicitado la adhesión a la Comunidad, se ha planteado el tema de en qué medida pueden participar en los programas de ámbito cultural. 
Como usted sabe, esto, en muchos de los supuestos, está cubierto por algún programa como puede ser el propio programa PHARE, en el cual ellos pueden tener unas disponibilidades que aplican los programas que existen ya en la Comunidad, pero ellos tienen que hacer la selección. 
Algo que procuro animar en el diálogo que tengo con estos países es que no solamente utilicen la ayuda para temas que son estrictamente económicos, sino que la utilicen también para los temas culturales. 
Yo creo que es muy importante. 
Si esos países pueden tener dificultades aún en lo que se refiere al desarrollo de una economía de mercado o a la aplicación del acervo comunitario, sin embargo no hay duda de que pueden participar en ese tejido final que es el ámbito cultural. 
Pregunta nº 23 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0596/97): 
Asunto: Directiva 89/552/CEE «Televisión sin fronteras» 
Después de que el 14 de febrero de 1996 la Comisión no aprobara la propuesta de modificación de la Directiva 89/552/CEE «Televisión sin fronteras» cuyo objetivo era prohibir la publicidad destinada a los niños menores de doce años, el miembro de la Comisión, Sr. Marcelino Oreja, prometió que la Comisión realizaría un ambicioso estudio sobre los efectos de la publicidad sobre los niños. 
El miércoles 9 de julio, el Tribunal de Justicia pronunció su sentencia en el caso De Agostini, según la cual, Suecia no está autorizada a prohibir la publicidad destinada a los niños en los canales de televisión que se emiten desde otros países, como por ejemplo, TV3 o el Canal 5. Por el contrario, Suecia sí tiene derecho a intervenir en contra de la publicidad engañosa que se emite a través de estos canales. 
La sentencia del Tribunal de Justicia puede resultar contradictoria dado que «todos los niños pequeños se creen literalmente todo lo que se dice de los diferentes productos» tal y como señala el estudio sobre la publicidad en televisión y los niños realizado por el Instituto Nacional Sueco de Protección de los Consumidores. 
En este caso, la publicidad destinada a los niños puede ser calificada de engañosa. 
¿En qué fase se encuentra el prometido estudio de la Comisión y cuándo piensa presentar al Parlamento Europeo los resultados de dicho estudio? 
La Directiva «Televisión sin fronteras» , como sabe muy bien la Sra. Ahlqvist, fue aprobada en 1989. 
Ahora estamos en el trámite de la revisión de la directiva y esperamos que pronto pueda entrar en vigor como consecuencia de su transposición a los distintos Estados miembros- nos ha costado casi dos años el saltar de lo que era la anterior directiva a la actual directiva-. 
Pues bien, esa Directiva «Televisión sin fronteras» , aprobada en 1989, tenía dos artículos sobre la protección de menores: el artículo 16 preveía unas disposiciones efectivas, concretas y específicas que tendían a impedir que la publicidad perjudicara moral o físicamente a los menores; el artículo 22 de esta misma directiva establecía unas disposiciones generales dirigidas a evitar que las emisiones de televisión perjudicaran el desarrollo físico, mental o moral de los menores. 
El Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre estas medidas y en asuntos bien conocidos- el de Agostini y TV Shoplas califica de conjunto completo de medidas específicamente dedicadas a la protección de los menores frente a los programas televisados en general y a la publicidad televisada en particular. 
Además, el Tribunal de Justicia establece claramente la distinción entre la publicidad engañosa y la publicidad televisada dirigida a captar la atención de los niños. 
Se trata, por consiguiente, de dos supuestos claramente diferentes. 
En consecuencia, la Comisión no teme los posibles efectos contradictorios a los que refiere su Señoría. 
Hemos examinado la pregunta, hecha por la Sra. diputada, con mucha atención, pero creemos que no se producen estos efectos contradictorios. 
La directiva de 1989, efectivamente al ser modificada mediante la adopción de esta nueva directiva, refuerza las medidas en cuestión sin llegar, no obstante, a la prohibición de la publicidad televisada dirigida a captar la atención de los menores. 
Efectivamente, ni el Parlamento, ni el Consejo, ni la Comisión consideraron que esta prohibición fuera necesaria o que estuviera justificada. 
Es decir, que en realidad las tres instituciones al final han llegado a este acuerdo. 
Sin embargo, para tener en cuenta la petición de una delegación en el Consejo, la Comisión sí se comprometió a realizar un estudio sobre la repercusión de la publicidad televisada y de la televenta en los menores, con miras a volver a examinar esa cuestión con ocasión de la próxima revisión de la directiva. 
Como usted sabe, la directiva tiene, por decirlo así, unos años de vida hasta que es revisada otra vez. 
Esa es la razón por la cual, cuando yo me hice cargo de esta cartera, me encontré con que había cumplido el plazo- era 1994- y por eso hicimos esta revisión, y haremos una próxima revisión. 
Por consiguiente, lo que sí vamos a hacer es prestar una especialísima atención a esto. 
Yo quiero decirle a la Sra. diputada que soy enormemente sensible respecto al tema que plantea, que comparto la preocupación. 
Pero creo que hemos encontrado una respuesta en la propia directiva, que vamos a seguir muy vigilantes y, por eso, queremos hacer, precisamente, ese estudio sobre la repercusión de la publicidad televisada y la televenta en los menores. 
Como le digo, la Comisión va a hacer ese estudio con la suficiente antelación teniendo en cuenta que el artículo 26 de la directiva establece que la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre del año 2000, tiene que presentar ese informe relativo a su aplicación acompañado, si fuera necesario, de propuestas para adaptarla. 
Y este informe se presentará, evidentemente, en especial al Parlamento Europeo. 
Le agradezco su respuesta al comisario Oreja. 
Me satisface que se muestre positivo con respecto a la idea de realizar un estudio sobre los niños y su reacción ante la publicidad dirigida a los menores. 
Sin embargo, esta promesa me la dio ya en febrero el Comisario en una reunión de la Comisión de Cultura. 
Yo creía que el Comisario había dado realmente inicio a este estudio. 
Por tanto, espero que lo comience lo antes posible, puesto que se trata de un problema muy serio, no sólo en mi país, Suecia, sino en toda Europa. 
Los niños no deben ser una fuente de beneficio. Tampoco deben verse expuestos a estos mensajes publicitarios, que no pueden interpretar correctamente a causa de su falta de experiencia. 
Volveré sobre la cuestión hasta que se ponga en marcha el estudio, lo cual espero que se haga a la mayor brevedad posible. 
En Suecia las organizaciones de consumidores han reaccionado con mucha fuerza ante las libertades que se permite la publicidad europea dirigida a los niños. 
Señor Presidente, quiero decirle a la Sra. Ahlqvist que el estudio se ha comenzado a hacer ya y que, sin necesidad de que se concluya, no hay ninguna dificultad para que en el marco de la Comisión de Cultura, probablemente más que en el Pleno, podamos discutir sobre el mismo. 
Y será muy enriquecedor para la Comisión ir siguiendo las distintas orientaciones que podamos recibir para que, al final, podamos presentar un texto que yo quisiera fuera aceptable para todos. 
Soy del mismo país que la Sra. Ahlqvist, y su respuesta no me ha parecido especialmente satisfactoria. 
Si le he entendido bien, cuenta usted con poder tener unas respuestas para el 31 de diciembre del año 2000. 
Es un plazo demasiado largo. 
Al menos ésa es la noticia que acaba de darme. 
La oferta de los medios de comunicación televisivos aumenta con gran fuerza. 
Cada vez tenemos más canales televisivos, y la publicidad se toma mayores libertades. 
Sería muy adecuado, pienso yo, que nos diera un mensaje más concreto sobre la fecha de conclusión del estudio, puesto que ya ha pasado un año y medio desde que la pregunta se formuló en el Parlamento. 
La información dada fue que se estaba realizando un estudio. 
Pienso que se debería precisar más la respuesta, y no limitarse a dar un plazo para el año 2000. 
Señor diputado, yo quiero manifestarle algo y es que sobre este tema se ha pronunciado ya el Parlamento, porque había una enmienda, y esta enmienda no fue aprobada con el número suficiente de votos en el momento en que se debatió en la Directiva «Televisión sin fronteras» , por lo siguiente: la situación actual es una situación que ha sido respaldada por el Parlamento, por el Consejo y por la Comisión. 
Por tanto, yo, lo que sí quiero decirle es que usted está intentando en este momento una innovación respecto a algo que acaba de ser aprobado por el Parlamento hace muy pocos meses y que todavía no ha entrado en vigor en ningún país la transposición de la actual directiva. 
Por consiguiente, estamos hablando de lege ferenda, estamos hablando sobre el futuro. 
Yo lo que le digo es que es un tema respecto al cual la Comisión tiene una especial sensibilidad, es decir, que, como usted sabe muy bien, no nos hemos conformado solamente con una directiva sino que, además, hemos hecho un Libro Verde en el cual hemos tratado de dar respuesta a un problema tan importante como es el de la protección de los menores. 
Por consiguiente, no creemos que es suficiente la legislación que hay ahí, sino que queremos ir indagando qué se puede hacer en el futuro. 
Ahora, me interesa mucho poner de manifiesto una cosa, y es que no es que haya un desinterés por parte de la Comisión. 
El Parlamento se ha manifestado, había una enmienda en la dirección que han expresado los dos representantes de Suecia que están aquí presentes, esa enmienda no ha tenido el número de votos suficientes y esa es la razón por la que no se ha incluido en la directiva. 
Por consiguiente, esa es la situación, podríamos llamarla «legedata» , es decir, lo que hay en este momento en vigor. 
Ahora bien, lo que sí le puedo decir es, por una parte, que hay un deseo por parte de la Comisión, y esa es la razón por la cual estamos haciendo un estudio. 
No hay por qué esperar hasta el final del estudio para darlo a conocer al Parlamento, sino que en el marco de la Comisión de Cultura podemos ir cambiando impresiones; nos será muy valioso recibir las ideas que ustedes nos transmitan, las experiencias que ustedes tengan, los ejemplos que nos puedan citar. 
Nosotros no hemos terminado el estudio, apenas lo hemos comenzado. 
Por consiguiente, lo que ustedes nos aporten para nosotros será muy útil. 
Yo no le puedo decir en este momento cuál es el final del estudio. 
Yo comprendo muy bien la impaciencia que tiene el señor diputado, porque quiere tener pronto una respuesta, y yo no le puedo dar en este momento la respuesta final, la tendremos al final del estudio. 
Lo que sí le puedo decir es que ese estudio no lo vamos a hacer de una forma aislada sino que lo vamos hacer conjuntamente con ustedes, pero no solamente con ustedes, sino también con las personas de la sociedad europea que quieran transmitirnos algo sobre esto, porque es un tema que nos interesa, es un tema que nos preocupa y es un tema en el que queremos acertar. 
Por tanto, sepa usted que nosotros actuaremos juntos, escucharemos sus ideas, avanzaremos dentro de unos meses. 
Yo espero poder ir a la Comisión de Cultura y poderles exponer hasta dónde hemos avanzado en nuestras reflexiones y, finalmente, en la fecha que nos hemos comprometido tendremos la presentación formal del documento que presente la Comisión. 
La pregunta nº 24 del Sr. James Fitzsimons (H-0676/97) no se responderá por haberse incluido en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Pregunta nº 25 formulada por Irini Lambraki (H-0563/97): 
Asunto: Acuerdos entre compañías aéreas 
¿Puede la Comisión indicar qué medidas piensa tomar para proteger a los ciudadanos europeos frente a los acuerdos entre compañías aéreas que infringen las normas de seguridad establecidas por la IATA así como las normas vigentes en la Unión Europea relativas a la competencia, como es el caso del acuerdo entre SABENA y VIRGIN? 
La Comisión se siente satisfecha de que los acuerdos entre compañías aéreas no hayan originado violaciones de las normas de seguridad existentes. 
Todas las compañías aéreas europeas cuentan con las licencias apropiadas y los certificados relativos a sus actividades, de conformidad con el reglamento del Consejo de 1992 sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas. 
Si un acuerdo entre compañías aéreas origina un cambio substancial en sus actividades, las compañías interesadas deben notificar dichos cambios a las autoridades expedidoras de las licencias. 
Así, pues, dichas autoridades expedidoras de las licencias están en condiciones de supervisar las posibles consecuencias para la seguridad aérea de cualquier acuerdo que concierten compañías aéreas comunitarias y, naturalmente, desempeñan ese cometido. 
Por lo que se refiere a la competencia, el transporte aéreo dentro de la Comunidad está sujeto a las disposiciones del Tratado que regulan la competencia con arreglo al reglamento del Consejo de 1987. 
De conformidad con el artículo 85 del Tratado, cualquier acuerdo entre compañías aéreas que pueda afectar al comercio entre Estados miembros y que tenga como consecuencia la limitación y la distorsión de la competencia dentro del Mercado Común es incompatible con éste y, por tanto, está prohibido. 
La excepción a esa norma, establecida en los reglamentos de 1987 y 1993, es los acuerdos que en última instancia tengan como consecuencia mejores servicios para los consumidores, cuando dichos acuerdos tengan como objetivo la planificación y coordinación conjuntas de los horarios, la prestación conjunta de los servicios en rutas nuevas o poco frecuentadas, la celebración de consultas sobre las tarifas, la concesión de intervalos de tiempo de vuelo y los horarios de los aeropuertos. 
Señor Presidente, lo siento; pero no puedo estar totalmente de acuerdo con el Sr. Comisario ya que, como pasajera, he comprobado la infracción de esta directiva. 
Viniendo de Roma sentí que, como pasajera, me convertía en objeto de explotación porque: en primer lugar, por el mismo vuelo, la mitad de los pasajeros había pagado un precio ridículo y yo el precio normal de un billete SABENA; en segundo lugar, en mi billete ponía SABENA, es decir, una compañía que pertenece a la IATA; pero, sin saberlo, estaba viajando en una compañía que no pertenecía a la misma. 
Creo que es oportuno que la Comisión controle seriamente estos temas porque, en mi opinión, aquí hay una clara violación de las reglas de la competencia.. 
En segundo lugar, creo que es incluso más, un tema de seguridad de los pasajeros y, por lo menos en esta época en la que se oyen tantas cosas sobre las compañías aéreas, debemos tener en cuenta la seguridad de miles de personas que circulan tanto en Europa como en otros lugares. 
Volveré sobre el tema; estudiaré las reglas a las que se ha referido, señor Comisario, pero creo que sería mejor que usted, por su parte, investigara el caso concreto que he mencionado en la pregunta. 
Quisiera responder brevemente a una preocupación evidentemente legítima de Su Señoría. 
En primer lugar, a no ser que las compañías aéreas interesadas, como todas las demás compañías aéreas de la Unión Europea, cumplan las normas de seguridad, carecerán, sencillamente, de licencias. 
En consecuencia, si Su Señoría ha advertido procedimientos peligrosos, espero que pueda aportar pruebas de ello, que las dos compañías aéreas interesadas y las autoridades encargadas de la concesión de licencias desearán- estoy seguro de ello- evaluar. 
En segundo lugar, Su Señoría tiene, evidentemente, derecho a expresar su opinión como consumidora y pasajera y a presentar reclamaciones. 
Ése es su derecho. 
Pero lo que no es apropiado es hacer una acusación de distorsión de la competencia, cuando su reclamación parece versar, fundamentalmente, sobre la calidad del vuelo que se le ha ofrecido a cambio del precio que ha pagado. 
Quisiera pedirle que plantee esa cuestión concretamente a las compañías aéreas interesadas- como, no me cabe duda, hará- y, si quiere comunicarme su respuesta, tendré mucho gusto en reflexionar al respecto. 
Lo que espero que no haga- y sé que no carece de responsabilidad a ese respecto- es confundir su reclamación y sus alegaciones sobre la incomodidad experimentada como pasajera de un vuelo con la posibilidad de que haya procedimientos que menoscaben gravemente la competencia o que la seguridad esté en peligro de algún modo; es evidente que ni yo, en la Comisión, ni las autoridades nacionales encargadas de la concesión de licencias lo aceptaríamos ni por un instante. 
Pregunta nº 26 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0598/97): 
Asunto: Política de competencia y los Carteles 
En materia de competencia, la Comisión viene propugnando una política que integra tanto la promesa de máxima transparencia como el propósito de lucha contra los Carteles y las posiciones dominantes, hasta el punto de haberse aseverado por la Comisión que este año se están investigando 14 Carteles. 
¿Cuáles son? 
Es cierto que la Comisión viene realizando constantes investigaciones con respecto a los Carteles, a los compromisos y a los posibles abusos de las posiciones dominantes. 
Si no recuerdo mal, facilité una cifra concreta al respecto en una ocasión anterior, durante un debate que celebramos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Sus Señorías comprenderán que, en lo que se refiere a las investigaciones de esta índole, hemos de respetar las reglas del juego y hemos de respetar los procedimientos que, ni que decir tiene, deben llevarse con toda discreción. 
Pongamos por caso que se inicia una investigación y que posiblemente se realizan encuestas. Sería del todo irresponsable, por lo menos por nuestra parte, difundir comunicados o incurrir en indiscreciones con respecto a los hechos encontrados en la misma. 
Esto es inevitable ya que en este ámbito la Comisión asume, en el fondo, una misión judicial. 
La Comisión sólo podrá manifestarse sobre la materia en una fase posterior, cuando se haya concluido el análisis y cuando haya llegado el momento de sacar las conclusiones o, en su caso, imponer sanciones. 
Sus Señorías saben que cuando ese instante llegue, siempre soy el primero en informar, como es de rigor, a esta Asamblea. 
Para terminar, Damas y Caballeros, señores diputados, me gustaría pedirles que observaran correctamente las reglas básicas del juego, es decir, que dichas investigaciones se efectúen con la mayor discreción y con el debido respeto por los secretos que afectan a las empresas, los business secrets y similares. 
Si la Comisión actuara de otro modo, las empresas en cuestión naturalmente podrían denunciarnos ante los tribunales por no respetar sus derechos como parte implicada. 
Así es como debe ser en una democracia. 
Por lo tanto, recurro una vez más a su buen juicio para que entiendan que no podemos facilitar más información hasta el momento en que se concluya la investigación y se saquen las conclusiones pertinentes. Llegado ese momento, estaré encantado de poner al corriente a las comisiones parlamentarias o diputados en cuestión. 
Señor Comisario, yo no preguntaba por los detalles de los carteles. 
Preguntaba sencillamente cuáles eran, sin más interioridades. 
Observo que continúa la prudencia al tratar de este tema, ya que en el 26 informe sobre la política de competencia se decía también que la Comisión proseguirá la tarea de modernizar su legislación e incrementar la transparencia de su política y, además, se añadía que se estaban investigando activamente 14 carteles- yo sólo quería saber cuáles, no los detalles -, y que la Comisión recibe un número cada vez mayor de denuncias referentes a intentos por parte de empresas en posición dominante de impedir la entrada en su mercado a nuevos operadores. 
En su introducción, señor Comisario, usted decía tajantemente que la lucha contra los carteles se mantenía en vanguardia y que su ambición residía en intensificar aún más en el futuro la lucha contra estos carteles secretos. 
Nosotros entendíamos que era un objetivo perfecto, y por eso intentábamos animarles en esta acción, aunque pedíamos que fuera de forma transparente. 
Voy a ser muy breve: en primer lugar, a veces las empresas, en casos de visitas in situ, las hacen públicas, con lo que indican que algo hay. 
Nosotros no lo hacemos, por las poderosas razones que acabo de explicar. 
De vez en cuando se da a conocer que estamos investigando casos y que la Comisión está siguiendo de cerca un caso desde el punto de vista de los cárteles o las posiciones dominantes. 
No sería apropiado por nuestra parte revelar casos que estemos examinando por nuestra propia iniciativa, por lo que existen razones poderosas para atenernos a nuestra política. 
Puedo mencionar un caso que han hecho público las propias empresas interesadas. 
Oímos quejas de editores de periódicos de que el precio del papel de prensa estaba subiendo muy rápidamente y sospechaban que había algún tipo de cártel. 
Conque iniciamos investigaciones, que algunas de las empresas hicieron públicas a raíz de visitas in situ. 
Conque es de sobra sabido que estamos examinando ese caso. 
Pero, si las empresas interesadas no lo revelan, nosotros no lo hacemos por iniciativa propia. 
Pregunta nº 27 formulada por Ludivina García Arias (H-0605/97): 
Asunto: Privatización de la Corporación Siderúrgica Española (CSI) 
¿Considera la Comisión que, en el proceso de privatización de la Corporación Siderúrgica española (CSI, S. A.) , la adquisición de un tercio del capital por una importante empresa europea, y su gestión empresarial, constituye una concentración de ámbito europeo, además de una transferencia del centro de decisiones a otra empresa, participada mayoritariamente por inversores institucionales y públicos de otro Estado miembro? 
En base a los artículos correspondientes del Tratado CECA, ¿ha examinado la Comisión los efectos de esta operación en el mercado europeo? 
¿Ha vigilado la Comisión si ha habido una valoración justa de las acciones vendidas, de acuerdo con la política de competencia de la Unión Europea? 
A partir de la información de que disponen actualmente los servicios de la Comisión, creo que la adquisición del 35 % de las acciones de CSI por el grupo ARBED creará una concentración que deberá examinarse con arreglo al reglamento relativo a las fusiones y a las disposiciones pertinentes del Tratado CECA. 
Como aún no se han ultimado los detalles de la operación y en particular la relación entre ARBED y las empresas españolas que están negociando hasta el 50 % del capital de CSI, hasta la fecha no se ha hecho notificación alguna ni se han llevado a cabo investigaciones en relación con la concentración. 
De modo que seguimos esperando que se presenten los documentos pertinentes. 
Hasta entonces no podemos iniciar la investigación. 
Por lo que se refiere a la valoración apropiada de la empresa, previa a su venta, parece ser que ARBED pagó el precio íntegro de mercado por sus acciones, pues hizo su oferta en competencia con otros productores siderúrgicos. 
Estoy seguro de que Su Señoría sabrá perfectamente que muchos esperaban que saliera triunfante otra empresa europea. 
Pero, a final, fue ARBED. 
De modo que eso demuestra que hubo una competencia normal para la participación en CSI. 
La concentración no podrá concluir hasta que haya sido autorizada de conformidad con los dos reglamentos que he mencionado. 
De modo que, en cualquier caso, tendremos que esperar a la investigación y a las conclusiones finales. 
Ahora bien, como sabe Su Señoría, hay mucho movimiento en el sector siderúrgico y probablemente acabaremos teniendo cuatro o cinco empresas siderúrgicas europeas. 
Por cierto, cuando en 2002 expire el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, es probable que exista un tipo de mercado común europeo de la siderurgia. 
Hasta ahora ha habido una suma de mercados nacionales, por lo general con empresas siderúrgicas de propiedad pública. 
Conque por fin falta poco para que exista un mercado europeo de la siderurgia. 
A ello contribuye el hecho de que cada vez se conciertan más alianzas, se están produciendo las concentraciones, se están haciendo las adquisiciones transfronterizas. 
Ello está en consonancia con la política comunitaria, pero se debe examinar adecuadamente desde el punto de vista de las normas de la competencia y de las normas estatales. 
Así se hizo hace años cuando examinamos casos difíciles en España, Italia, Alemania, etcétera. 
Señor Comisario, lo que se presenta ante la opinión pública y ante la Comisión Europea como una alianza estratégica entre ARBED y la CSI es, en realidad, una extraña operación de privatización, una absorción- para nosotros los socialistas españoles -, un regalo del Gobierno español a una empresa- curiosamente también- con participación pública. 
Usted sabe que la CSI, después de la reestructuración importante que autorizó la Unión Europea, es una empresa totalmente saneada, sin deuda alguna, con 10.000 millones en caja, reestructurada socialmente, por cierto, a costa de los contribuyentes españoles, y que en este momento se encuentra en una situación de elevados beneficios en comparación con otras empresas grandes, como USINOR, ARBED, Thyssen o British Steal. 
Con la fórmula que se ha presentado de intercambio de acciones estamos viendo- y nos estamos basando en un informe de Salomon Brothers, que antes estaba aconsejando que no se compraran acciones de ARBED- que el valor implicado de la Corporación Siderúrgica Integral en ARBED supera el desembolso en efectivo estimado de ARBED para la adquisición, y que la participación de ARBED está valorada a un nivel muy superior al precio de mercado. 
Usted tiene razón. 
No es que no hayan concurrido otras empresas. 
Pero el problema está en la oferta, en el regalo que hacía ya desde un principio el Gobierno español, quizás para deshacerse por razones dogmáticas de una empresa que ha costado muchos sacrificios humanos y también esfuerzos económicos de los contribuyentes españoles. 
Yo creo, señor Comisario, que en realidad deben ustedes estudiar esto desde un principio y ver quizás, con el asesoramiento de empresas independientes, cuál es realmente la valoración de esta empresa española, y si se ha adquirido o no a precios por debajo del mercado. 
No fue la Comisión la que adoptó la decisión de privatizar la empresa. 
Fue una decisión adoptada por el Gobierno. 
No la impusimos nosotros. 
En segundo lugar, como había un procedimiento transparente con arreglo al cual se pidió a muchas otras empresas que hicieran ofertas por CSI, hemos de dar por sentado que el vencedor ofreció las mejores condiciones. 
Correspondía al Gobierno de España adoptar la decisión y eso fue lo que, al parecer, hizo. 
Que yo sepa, no recibimos reclamación alguna, desde luego, de que el procedimiento no fuera transparente ni justo. 
Pregunta nº 28 formulada por Niels Sindal (H-0617/97): 
Asunto: Ayudas estatales 
Es criticable el hecho de que, mientras, en principio, se lucha en contra de las subvenciones estatales, la Comisión y el Consejo sigan hoy en día dando el visto bueno a los paquetes de ayudas estatales masivas, en particular, a los astilleros en decadencia, como últimamente ha sido el caso de Alemania, España y Grecia. 
Esta doble contabilidad contribuye naturalmente a minar la confianza en un esfuerzo consecuente y creíble para reducir las distorsiones de la competencia a causa de las ayudas estatales. 
Convendría destinar más recursos para controlar las ayudas estatales. 
Esta cuestión es importante en lo que respecta al sector de los astilleros, pero también en otros sectores. 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que se destinen más recursos al control de las ayudas estatales que efectúa la Comisión, de manera que se pueda tener un cuadro actualizado y completo del volumen y la naturaleza de las ayudas estatales? 
Señor Presidente, yo también seré breve puesto que estas decisiones se tomaron ya hace algún tiempo y, como Su Señoría no ignora, son casos que están pendientes desde hace años. 
En el caso de Grecia, debido a un retraso en el pago de subvenciones que habían sido autorizadas varios años antes, el Consejo aceptó la propuesta de la Comisión en el sentido de añadir los intereses relativos al retraso de los pagos, nada más. 
En cuanto a España, era algo más complicado. 
Debo señalar que España había obtenido, en el marco de las negociaciones de la OCDE, algunas concesiones con respecto a un importe asignado para inversiones y ciertas repercusiones sociales; las reestructuraciones en el sector de los astilleros navales habían planteado ciertas dificultades sociales. 
En ese caso, existía también un retraso en el pago, por lo que había que abonar los intereses suplementarios. 
Después, debido a estos retrasos, se concedió un determinado importe para las inversiones. 
El Consejo consideró que había que cerrar un caso perteneciente al pasado y que, por consiguiente, en realidad no había nada nuevo. 
Se trataba de cerrar un expediente. 
Debo manifestarle que, al mismo tiempo, las autoridades españolas han asumido el siguiente compromiso: si a finales del año próximo los referidos astilleros navales siguen sufriendo pérdidas, si no son viables, sacarán las conclusiones del caso y no llamarán a la puerta para que la Comisión siga aprobando nuevas ayudas. 
En tal sentido, se asumieron asimismo compromisos categóricos frente a la Comisión y al Consejo de Ministros, por lo que este último los aceptó por amplia mayoría. 
Además, deben reducirse las capacidades, y como usted sabe, nos hemos comprometido a controlar este ejercicio cuatro veces al año. 
Las autoridades españolas nos elaboran cuatro informes anuales sobre el estado de ejecución de dichos compromisos, y nosotros enviamos equipos sobre el terreno para verificar, en los astilleros, si efectivamente se cumplen los compromisos. 
El último caso es el de Alemania. 
Se trata también de las consecuencias de un drama que se produjo con Bremen Vulkan. 
Finalmente, se acordó asimismo permitir, en cierto modo, que los dos astilleros navales de Alemania del Este continuaran trabajando según las condiciones establecidas con anterioridad. 
Pero como el dinero había sido sustraído por Bremen Vulkan, era necesario abonar una compensación. 
También en este caso se asumió un compromiso por última vez. 
Si en el futuro estos astilleros se privatizan, no se podrá volver a llamar a la puerta para pedir más dinero público para hacerlo. 
Además, como usted sabe, en Bremen, Alemania, se llevará a cabo una reducción bastante considerable de las capacidades. 
Este es el contexto en el que se ha actuado, lo cual era justificable. 
Concluyo con dos puntos. 
Seguimos sin saber si los Estados Unidos ratificarán el acuerdo de la OCDE. 
Esa sería la solución, la salida, pero los Estados Unidos no se mueven. 
Nosotros hemos ratificado el acuerdo. 
En cuanto ellos lo ratifiquen, entra inmediatamente en vigencia. 
De lo contrario, debemos pensar en el futuro. 
Puesto que la 7ª directiva dejará de aplicarse a finales del próximo año, la Comisión presentará al Consejo una propuesta sobre el futuro de los astilleros, antes de fin de mes. 
Puedo adelantarle que la actitud de la Comisión será bastante estricta con respecto a las ayudas en este sector. 
Pero estoy seguro de que tendremos la ocasión de replantear esta cuestión una vez que yo haya presentado dicha propuesta a mis colegas y que el colegio la haya aceptado. 
Naturalmente, estoy dispuesto a discutir esta cuestión en el Parlamento. 
En primer lugar, debo dar las gracias al señor Comisario por su muy satisfactoria respuesta y agradecer en suma su actuación en lo referente a las ayudas estatales. 
Mi pregunta hacía referencia tanto a lo que acontecerá en el futuro en general como también a otros ámbitos relacionados con las ayudas estatales. 
Desde que planteé mi pregunta, el destino ha querido que una fábrica de cereales Kellogg's, situada al lado del astillero de mi región de origen que ha sido cerrado, también se cierre, ya que se traslada a España y a Manchester. 
Son zonas de objetivo- objetivo 1 y objetivo 2- donde también se conceden subsidios de otra forma. 
Mi pregunta, por lo tanto, se refería a lo que hará la Comisión para asegurarse la capacidad de supervisar cómo en el futuro se otorgan las ayudas tanto con recursos comunitarios como con recursos estatales. 
En Dinamarca hemos tenido un pleito con Boston Scientific, tuvimos a Renault, y ahora tenemos a Kellogg's, empresas que se mueven por Europa buscando el mayor beneficio desde el punto de vista del capital. 
Quisiera proponer a Su Señoría que continuemos este debate más adelante, porque en las próximas semanas y en los próximos meses la Comisión va a lanzar varias iniciativas, incluidas algunas de Monika Wulf-Mathies en la esfera de los Fondos estructurales. 
Por lo que se refiere a la ayuda regional nacional, voy a intentar reducir el número de regiones elegibles- al menos en cierta proporción- y también reducir los niveles de intensidad de la ayuda vinculada con toda una serie de otras iniciativas para procurar que las normas sean más estrictas e intentar formular una política más estricta en materia de ayuda estatal. 
Conque va a haber muchas oportunidades de volver a abordar esta cuestión y estará a la entera disposición del Parlamento para examinarla a fondo. 
Señor Comisario, la verdad es que quisiera decirle a mi compañero que no entiendo qué entiende él por «astilleros decadentes». 
Yo creo que debería hacer alguna visita a algunos de esos «astilleros decadentes» a los que se refiere, y se dará cuenta de que estos astilleros están compitiendo con astilleros de otros países como Corea. 
El Sr. Comisario ha hecho mención del acuerdo de la OCDE y de la renovación de la próxima directiva sobre las ayudas públicas, y si los Estados Unidos no ratifican lo convenido y si otros países como Corea continúan con la discusión sobre las ayudas a los astilleros, vamos a cometer el suicidio de no compensar un control que no podemos ejercer en otros países respecto a ayudas públicas. 
Y, en segundo lugar, también quería recordarle a mi compañero que la mayor parte de las ayudas públicas se dan en los países más ricos, y que me corrija el señor Comisario si no es justamente en los países más ricos donde se dan más ayudas a sus empresas. 
Quisiera simplemente proponer a Sus Señorías que esperen unas semanas y entonces haremos una propuesta sobre el futuro de la construcción naval en Europa y lo que pensamos que se podría emprender desde el punto de vista de la ayuda estatal. 
Conque va a haber muchas oportunidades de examinarlo más a fondo y reitero nuestra disposición a examinarlo plenamente con el Parlamento. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a las preguntas dirigidas al Sr. van Miert, la pregunta nº 29 se contestará por escrito. 
En el protocolo anexo al Tratado de Amsterdam se establece un principio general. 
Este significa que se considera a todos los Estados miembros de la Unión Europea como lugares de origen seguros. 
El Artículo único del protocolo está formulado de modo que reduce las posibilidades de los ciudadanos de solicitar asilo en otro Estado miembro a cuatro casos específicos. 
Éstos se definen en cuatro apartados sobre las excepciones. 
La pregunta del diputado Sjöstedt se refiere especialmente al cuarto apartado del protocolo. En él se estipula que un Estado miembro, independientemente de la norma básica que establece el protocolo, siempre tendrá derecho a decidir por sí mismo en último término si desea o no tomar en consideración una solicitud de asilo. 
Si decide examinarla, debe informar de ello al Consejo de Ministros, y siempre debe suponerse que la solicitud carece claramente de fundamento. 
El protocolo dice explícitamente que esto no puede de ningún modo afectar al derecho a la soberanía del Estado miembro. 
En consecuencia, puede decirse que el elemento nuevo es que se impone a los Estados miembros el deber de informar al Consejo de Ministros de que van a examinar una solicitud procedente de un ciudadano de la Unión y de la fecha en que se proponen hacerlo. 
Aunque yo personalmente lamento que se haya incluido el protocolo en el nuevo Tratado, me satisface que en su preámbulo se establezca explícitamente que debe respetarse el espíritu y la letra de la Convención de Ginebra en lo concerniente a la concesión del estatus de refugiado. 
Los Estados miembros tienen derecho a adoptar las medidas administrativas que consideren necesarias para cumplir con los requisitos de la Convención. 
En la Declaración aneja al protocolo se expresa además clara y meridianamente que los acuerdos de ningún modo pueden servir como precedente con respecto a aquélla. 
También existe una Declaración directamente relacionada con el cuarto apartado sobre las excepciones. Ésta adelanta una revisión de los modos idóneos de acelerar los procedimientos para examinar solicitudes de asilo claramente infundadas presentadas por ciudadanos de la UE. 
Segundo, que normalmente no puede considerarse válida una solicitud de asilo presentada por un ciudadano de la UE, puesto que se considera a los Estados miembros como lugares de origen seguros. En tercer lugar, que todos los Estados miembros conservan su derecho decisorio, y por tanto siempre podrán examinar las solicitudes de asilo de ciudadanos de la UE, bajo la condición de que informen al Consejo de Ministros, y de que en el trámite dado a la solicitud se parta del supuesto de que dicha solicitud carece claramente de fundamento. 
Muchísimas gracias a la Comisaria por su respuesta, sobre todo por su observación personal sobre el protocolo, que comparto totalmente, y la opinión de que lo sucedido con el Tratado de Amsterdam es desafortunado. 
También pienso que es importante que se deje bien claro que cada Estado miembro tiene el derecho absoluto de examinar por sí mismo toda solicitud de asilo. 
Asimismo, no se puede negar que se ha intentado ejercer presión sobre los Estados miembros para que apliquen una práctica en parte distinta. 
Este documento ha sido además objeto de duras críticas, por ejemplo por parte del Comisario para los asuntos de asilo político de las Naciones Unidas, e incluso de organizaciones que trabajan con refugiados. 
Lo mejor sería derogarlo, ya que realmente constituye un ejemplo peligroso si lo siguen en otras zonas del mundo que pueden utilizarlo como precedente para debilitar de modos diversos el derecho a solicitar asilo y a conseguir que se examinen las peticiones. 
Le ruego recuerde que esta propuesta no la ha presentado la Comisión. 
Son los Estados miembros los que la han acordado. Por tanto, la pregunta posiblemente debería habérsele hecho al Consejo de Ministros. 
Pienso que debo tomar la palabra, sobre todo cuando la discusión se celebra en la hermosa lengua sueca. 
Solamente quiero hacerle la siguiente pregunta a la comisaria Gradin. 
Cuando dice que una solicitud de asilo en un Estado miembro no puede considerarse válida, y que su examen debe partir del principio de que está infundada, ¿Cómo piensa exactamente que debe ejecutarse todo esto en el plano jurídico? 
Tenemos naturalmente un tribunal jurídicamente independiente. 
¿Tendrá éste que empezar diciendo de algún modo que los pronósticos de que no se conceda el asilo son de 1 a 0? 
No sé si se ha pensado en esto en el Consejo, pero yo lo considero como un problema jurídico irresoluble. 
No creo que haya que hacer conjeturas jurídicas sobre esto. 
Lo importante es que, según estas disposiciones, cada Estado tiene el derecho de examinar una solicitud de acuerdo con la Convención de Ginebra. 
En segundo lugar, diré que yo no puedo responder en nombre del Consejo de Ministros. 
El responsable en este ámbito es el Consejo. Es en el Consejo donde se ha aprobado la medida, y no ha sido a propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, debo dar las gracias a la Sra. Gradin por su explicación, muy completa y exhaustiva, sobre esa interpretación que da la Comisión a este protocolo anejo al Tratado de Amsterdam. 
Sra. Gradin, usted ha afirmado, en primer lugar, la independencia de los Tribunales, en segundo lugar, la soberanía de los Estados miembros para examinar cualquier demanda de asilo, y en tercer lugar, el hecho de que estas demandas en principio se entenderán no fundadas si provienen de ciudadanos que viven en un Estado que tiene todas las garantías de los derechos fundamentales y que, por lo tanto, se considera un lugar de origen seguro. 
Estas son las condiciones normales. 
Y ¿no es también cierto, Sra. Gradin, que el grado de integración política que tienen hoy en día los Estados de la Unión Europea no existe en ninguna otra zona del mundo en estos momentos? 
Permítame resumir de nuevo el protocolo sobre el asilo del Tratado de Amsterdam. 
Significa en primer lugar que, de conformidad con la Convención de Ginebra, los deberes de los Estados miembros siguen sin modificarse. 
En segundo lugar, no se considerará como válida una solicitud de asilo presentada por un ciudadano de la UE, puesto que los Estados miembros se consideran, y así figura en el protocolo como «lugares de origen seguros». 
En tercer lugar, todos los Estados miembros conservan su soberanía y por eso podrán siempre examinar solicitudes de asilo de ciudadanos de la UE, bajo la condición de que se informe de ello al Consejo de Ministros, y de que el examen parta del principio de que la solicitud es claramente infundada. 
Pregunta nº 31 formulada por Jan Andersson (H-0616/97): 
Asunto: Medidas en contra del comercio con drogas sintéticas 
En Europa está aumentando el comercio con drogas sintéticas. 
Gran parte de la producción y la distribución procede de países que solicitan su adhesión a la Unión Europea. 
¿Cómo piensa la Comisión Europea, en el marco de las negociaciones de adhesión, ejercer su influencia sobre los países que producen y a través de los cuales se distribuyen las drogas sintéticas, para que se ocupen de este problema? 
La Comisión comparte la preocupación del diputado Andersson por la difusión de las nuevas drogas sintéticas en Europa. 
Hace unos años, las anfetaminas y el éxtasis se fabricaban principalmente en los Países Bajos y Bélgica. 
Actualmente su preparación se lleva a cabo en algunos de los países del Centro y Este de Europa o en los países bálticos. 
Por ejemplo, me he enterado de que aproximadamente la mitad de las anfetaminas que se requisan en Estocolmo proceden de Polonia. 
En mayo de este año la Comisión hizo pública una comunicación conteniendo un detallado análisis sobre la evolución. 
Hemos propuesto además una serie de medidas, entre otras una mayor colaboración con los países de la Europa central y oriental y los países bálticos en torno a esta cuestión. 
La lucha contra la droga fue también una cuestión primordial con motivo del diálogo estructural celebrado durante la Presidencia irlandesa en la primavera de 1996. 
En esta ocasión abordé especialmente el problema de la difusión de las drogas sintéticas. 
Ninguno de los ministros de los países solicitantes de adhesión puede albergar dudas sobre el hecho de que éste es un asunto de gran prioridad dentro de la Unión Europea. 
También yo lo he abordado durante las visitas que he realizado a los países solicitantes. 
La Comisión ha dejado bien claro de un modo muy explícito que éste es un ámbito que va a recibir una gran atención en el transcurso de las negociaciones para la adhesión. 
Nosotros requerimos que los países solicitantes adopten el acquis communautaire. 
Esto incluye también el aspecto de la lucha contra la droga en general, y contra las drogas sintéticas en particular. 
Por tanto, se trata de cumplir la normativa vigente en lo concerniente al control de los precursores, del blanqueo de dinero y otros asuntos. 
El 16 de junio el Consejo de Ministros adoptó la decisión de crear lo que llamamos el early warning system. 
Consiste en que los Estados miembros recibirán en adelante información mucho más rápidamente que en la actualidad en cuanto aparezca un nuevo tipo de droga en el mercado, lo cual es muy positivo. 
Para los países solicitantes ésta es una tarea delicada. 
Por parte de la Comisión les ayudaremos en la medida de lo posible. 
A propósito, desde 1993 les hemos suministrado asistencia técnica a través de la ayuda proporcionada por Phare, también con miras al control de los precursores químicos. 
Queda naturalmente mucho por hacer, y estoy trabajando intensamente por que también en el futuro se dé primacía a estas cuestiones en la cooperación con las nuevas democracias del este. 
Le agradezco a la Comisaria su respuesta, que me parece excelente. 
En relación con la ampliación hacia el Este hablamos a menudo sobre cuestiones que giran en torno a la economía, y en la Comisión de Mercado de Trabajo de la que soy miembro también rozamos los derechos sociales, etc. Todo ello es de gran importancia, pero también es una cuestión vital la del comercio transfronterizo de drogas. 
Me satisfacen la respuesta y las acciones presentadas por la Comisaria, pero tengo dos preguntas que hacerle en relación con todo ello. 
En primer lugar, me pregunto cuál ha sido la reacción registrada por la Comisión por parte de Polonia y de los países bálticos cuando se les han presentado estas medidas. 
¿Las han tomado en serio, por así decirlo, se han mostrado positivos y tienen la intención de trabajar en ello? 
A pesar de todo, se sigue fabricando droga en nuestros propios países. 
Por eso me pregunto también si no ha tropezado usted alguna vez con la pregunta: » ¿No tendrían ustedes que hacer limpieza en su propia casa?» 
Los estados que han sido objeto del diálogo estructural, y con los que hemos mantenido conversaciones durante nuestras visitas, han entendido claramente que es primordial para nosotros que trabajen visiblemente con la cuestión de las drogas sintéticas. 
No cabe la menor duda de que la mayor parte de estos países carecen en la actualidad de la base jurídica necesaria para hacerlo, y de que siguen necesitando unas leyes y reglamentos que les proporcionen mejores instrumentos- esto es lo primero. 
Lo segundo es que se ponga coto a la corrupción, también en las fronteras y a otros niveles, para hacer más productivas las acciones. 
En la cuestión sobre nuestros propios Estados, precisamente la idea, al presentar la propuesta de una comunicación en la primavera pasada, fue la de hacer limpieza en la propia casa europea, es decir, que también dentro de los quince Estados miembros hay que tomar en serio el hecho de que nosotros somos fabricantes y, de que hay que encontrar unas soluciones. 
Es por este motivo que se ha incluido el early warning system en el orden del día. 
Pregunta nº 32 formulada por Richard Howitt (H-0647/97): 
Asunto: Armonización de la política de inmigración- discriminación contra uno de mis electores 
Un problema de inmigración afecta a la esposa rusa del Sr. Clark, de Leigh-on-Sea, uno de mis electores, las autoridades de inmigración alemanas han expedido un visado de residencia, pero no así las autoridades de emigración del Reino Unido. Esto pone de manifiesto que la armonización de las leyes de inmigración de la UE, según se prevé en el Tratado Europeo, no existe aún en la Unión Europea. 
¿Qué medidas puede tomar la Comisión para ayudar al Sr. Clark a traer de nuevo a su esposa al Reino Unido? ¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo para garantizar una mayor armonización de la política de inmigración en toda la UE con objeto de que no vuelvan a ocurrir casos como éste en el futuro? 
La pregunta del diputado Howitt hace referencia al hecho de que la normativa para la inmigración en algunos casos está encuadrada en el Derecho comunitario, y en otros se rige por la legislación nacional. 
Esto crea a veces una cierta confusión. 
La ley establece actualmente lo siguiente: Solamente cuando un ciudadano de la UE, utilizando su derecho a la libre circulación, se establece en otro Estado miembro, pueden aquél y los miembros de su familia ampararse bajo el Derecho comunitario. 
En estos casos, un miembro de la familia puede hacer valer su derecho a la reunificación familiar. 
Para ciudadanos de terceros países que necesitan visado, el Derecho comunitario establece que el visado debe expedirse sin costes ni procedimientos fatigosos. 
Si, por el contrario, se trata de un ciudadano que reside en el país donde tiene derecho a residencia, los miembros de la familia se acogerán a las leyes y normas que rijan en ese país. 
Según los fallos del Tribunal de Justicia de la Comunidad, o sea el Tribunal de la UE, una persona puede hacer valer su derecho a la libre circulación y a la libre residencia en demandas presentadas contra su propio país. 
Esto se aplica en los casos de regreso al país de origen, después de haber residido en otro país miembro. 
Se especifica con toda claridad que el factor decisivo dentro del Derecho comunitario en lo referente al derecho de los miembros de una familia a la inmigración y residencia es que los ciudadanos de la UE deben estar haciendo uso, o que lo hayan hecho, del derecho a la libre circulación. 
Por tanto, es difícil para la Comisión valorar a qué categoría pertenecen el Sr. Clark o su esposa. 
La Comisión está evidentemente interesada en que existan normas comunes en toda la Unión con respecto a la inmigración. 
El 30 de junio la Comisión adoptó una propuesta de convenio sobre la inmigración dentro de la Unión Europea. 
La propuesta es un primer paso importante en los trabajos, que tienen como objeto crear una política de inmigración más armónica en los Estados miembros. 
Un apartado de la propuesta cubre precisamente el problema que aborda su Señoría. 
Significaría que en toda la Unión se aplicarían las mismas normas para las reunificaciones familiares. 
Espero, naturalmente, que el Parlamento Europeo proporcione a la Comisión toda el apoyo imaginable con respecto a su propuesta, que se empezará a negociar en el seno del Consejo de Ministros en otoño. 
Gracias, señora Comisaria, por responder a esta pregunta. 
Reconozco que el papel de los Estados miembros a este respecto es, como ha dicho usted, decisivo. 
De hecho, acojo con beneplácito la abolición por el nuevo Gobierno laborista del Reino Unido de la norma del objetivo primordial, que será de gran ayuda en casos como éste. 
Sin embargo, en lo que quisiera insistir ante la Comisaria es en que se está desacreditando el Derecho comunitario. 
No podemos continuar con una situación en la que los ciudadanos de un Estado miembro disfrutan de derechos con arreglo a su legislación nacional que son menos favorables que los que disfrutan como ciudadanos de la UE en otros países europeos. 
El Sr. Clark, ciudadano británico, descubrió que podía llevar a su esposa rusa a Alemania, pero no a Gran Bretaña... a no ser que primero viviese seis meses en Alemania. 
Si descubriera que tenía un abuelo griego, podría solicitar la nacionalidad griega y una vez más no tendría problema. 
Si fuera italiano, no habría la menor controversia. 
Semejantes anomalías crean una sensación de agravio entre los ciudadanos de Europa, entre ellos- y en lugar destacado- los de mi circunscripción. 
Pido a la Comisaria que argumente con cierta pasión en pro de las propuestas a que se ha referido para apoyar el derecho de la reunión familiar auténtica en todos los países europeos. 
Convengo con Su Señoría en que resulta muy confusa esta situación en la que existen normas y reglamentos contradictorios en la Unión. 
La razón en que se basa el Convenio que acabo de presentar a la Comisión y que ha sido aceptado y que más adelante examinarán el Parlamento y el Consejo de Ministros es la de que conseguiremos normas comunes para todos nuestros ciudadanos en materia de migración y admisión a nuestros países. 
Es muy confuso. 
Me preocupa mucho que el Comisario Fischler, que debería haber estado aquí a las 6, 40 para escuchar las preguntas, aún no ha llegado. 
Creo que, por cortesía para con esta Asamblea, debería estar aquí a tiempo y me gustaría que se diera una explicación de por qué no está aquí. 
Señora McIntosh, yo comparto plenamente su preocupación y tengo un cierto estupor, porque con insistencia he hecho que los servicios de la Asamblea reclamaran la presencia aquí del Sr. Comisario. 
Efectivamente, la Sra. Gradin ha tenido la amabilidad de sobrepasar en 6 minutos el tiempo que se había comprometido a estar entre nosotros. 
Desconozco los motivos, que supongo deben ser justificados y graves, que hacen que el Sr. Comisario todavía no esté entre nosotros. 
Pero, con la colaboración de la Sra. Gradin, avanzaremos en nuestros trabajos. 
Pregunta nº 33 formulada por Bernd Posselt (H-0649/97): 
Asunto: Reparto de las cargas derivadas de los refugiados y solicitantes de asilo 
¿Cuál es la situación actual del reparto de las cargas entre los Estados miembros de la Unión Europea en lo que se refiere a los solicitantes de asilo y a los movimientos repentinos de refugiados? 
¿Cuándo presentará la Comisión al Parlamento Europeo un documento en el que se indiquen los derechos y ayudas materiales de que gozan ambos grupos de personas en los distintos Estados miembros? 
En base a la crisis planteada por los refugiados bosnios, el Consejo de Ministros inició unas discusiones sobre el modo en que se va a distribuir la responsabilidad con respecto a los solicitantes de asilo en situaciones de exilio en masa, es decir, la llamada burden sharing. 
Las primeras conversaciones dieron como resultado la Resolución del Consejo de 25 de setiembre de 1995 sobre la distribución de la responsabilidad en caso de que se necesiten soluciones provisionales para la acogida y acomodación de personas que necesitan protección. 
Más tarde, siguió la Decisión del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 1996 sobre un sistema de emergencias y alarma temprana. 
La Comisión ha intentado avanzar un paso más en esta cuestión con su propuesta de abril del año en curso para una acción conjunta con miras a la acogida provisional de refugiados. 
La propuesta prevé un mecanismo decisorio común para la entrada, examen y posible denegación del asilo provisional. 
Establece además ciertos derechos mínimos y condiciones para la acogida de refugiados. 
La idea es que este procedimiento común constituya el marco para una verdadera distribución de la carga en situaciones de entrada en masa de personas que necesiten asilo. 
También el Parlamento Europeo ha contribuido a promover unas iniciativas concretas para la distribución de la carga introduciendo dos nuevas partidas presupuestarias. 
La partida B5-803 va destinada a cubrir el coste de la realización de proyectos piloto en lo concerniente a la acogida de refugiados. 
Todo ello se basa en el principio de repartir la responsabilidad entre los Estados miembros. 
La otra rúbrica, B7-6008, cubre la financiación comunitaria de proyectos piloto que tengan como objetivo facilitar el regreso voluntario de personas que hayan permanecido refugiadas en los Estados miembros. 
La Comisión ya ha conseguido que se aprobasen los instrumentos legales necesarios en el seno del Consejo de Ministros basándose en el artículo K 3.2 b para la ejecución de estas dos partidas presupuestarias. 
La resolución del Consejo de Ministros se adoptó el 22 de julio. 
Esto ha hecho posible que la Comisión iniciase unos proyectos piloto en estos ámbitos desde el punto de vista presupuestario. 
La Comisión valorará el resultado de los proyectos financiados durante el año, y tiene pensado volver con una propuesta para el Programa plurianual en 1998. 
Con respecto a la segunda parte de la pregunta, me gustaría remitir al diputado al documento que la Comisión presentó en relación con la acción conjunta para el asilo provisional. 
Se trata de una revisión de las ideas centrales de la política de los Estados miembros en este ámbito, especialmente sobre los derechos y deberes que cada Estado miembro confiere a las personas a quienes se concede asilo provisional. 
De conformidad con la acción conjunta que proponemos, la Comisión informaría anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de cómo se ejecutan las normas sobre asilo provisional en los distintos Estados miembros, así como de las repercusiones financieras. 
Gracias, señora Gradin. 
Y permítame que subraye nuestro agradecimiento porque pacientemente ha estado usted entre nosotros mucho más allá de lo que era su responsabilidad y con ello ha cubierto un vacío que hubiera sido sin duda negativo para los trabajos de esta Asamblea. 
Las preguntas nos 34 y 35 serán contestadas por escrito. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, tal como se dice en la pregunta oral, la Directiva 93/119 sobre la protección de los animales en el momento de su sacrificio prevé que esta directiva no sea aplicable en el caso de que se dé muerte a animales en acontecimientos culturales o deportivos. 
La Comisión es de la opinión de que en estos casos las autoridades nacionales son competentes del bienestar de los animales en cuestión. 
Este planteamiento se ajusta al protocolo adicional sobre la protección de los animales que fue aprobado en junio de 1997 en el marco del Tratado de Amsterdam. 
Puesto que la protección de los animales no es un objetivo expreso de los Tratados de Roma o del Tratado CEE, la Comisión sólo puede repetir su anterior exhortación a los gobiernos de los Estados miembros para que hagan todo lo que esté en sus manos para poner fin a prácticas inaceptables en los casos en que se dé muerte a animales en acontecimientos culturales o deportivos. 
Siempre es un placer ver al Comisario, si bien esta vez bastante tarde. 
¿Qué va a hacer el Comisario para dar satisfacción a los ciudadanos de mi circunscripción- y tengo mucho gusto en citarle todas y cada una de las cartas que me han enviado a este respecto -, en particular en relación con las muertes de animales en acontecimientos culturales y deportivos? 
¿Acaso no tiene el Comisario, de conformidad con el protocolo del Tratado de Maastricht original, el deber de velar por que toda legislación y toda ley cumpla las disposiciones relativas al bienestar de los animales que se acordaron en dicho protocolo? 
Si bien ya he afirmado en mi pregunta que comprendo que es aplicable la Directiva 93/119, los ciudadanos de mi circunscripción siguen abrigando serios recelos sobre el innecesario sufrimiento de esos animales a los que se da muerte en acontecimientos culturales y deportivos. 
No les basta- no en mi país, sino en otros Estados miembroscon que se cumpla la directiva. 
Si se viola la directiva, ¿pueden incoar una demanda judicial ante el Tribunal de Justicia? 
Señor Presidente, distinguida señora diputada, como ya he dicho antes, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la cuestión de la protección de los animales no es tarea exclusiva del Derecho comunitario ni está exclusivamente regulada en el mismo, sino que en el plano comunitario sólo están regulados unos aspectos muy determinados de la protección de los animales. 
Para todo lo que vaya más allá de esto son responsables los Estados miembros con su respectiva legislación. 
Esta responsabilidad se la tienen que plantear también los Estados miembros. 
En la medida que se trata de disposiciones de Derecho comunitario, en este caso de la Directiva 119/93, los Estados miembros están encargados de la ejecución y aplicación de estas directivas. 
Si en el marco de una inspección se constata que un Estado miembro respeta sólo insuficientemente estas disposiciones o que sólo ha adoptado medidas insuficientes para la traslación de esta directiva hay que estudiar si se inicia contra tal Estado miembro un procedimiento por infracción. 
Estoy dispuesto gustosamente a hacer llegar a mi colega, la Sra. Bonino, una información sobre este punto, según la cual después de la nueva distribución de competencias en la Comisión, que, sobre todo, fue pedida también por el Parlamento, la cuestión de las inspecciones de las medidas de protección de los animales entra ahora en su competencia. 
Señor Comisario, usted ha dicho que, sin perjuicio de que esto no sea competencia del Derecho comunitario, espera que pronto los Estados miembros terminen con esas prácticas que usted considera crueles. 
¿No es más cierto, señor Fischler, que, primero, estamos ante una base jurídica del artículo 128, es decir, que aplica plenamente la subsidiariedad por ser una materia cultural; y segundo, que todavía no hay un concepto uniforme de lo que puede ser el bienestar de los animales en contraposición al interés cultural? 
Señor Presidente, señoras y señores, he mostrado, creo, de manera muy clara que aquí hay competencias separadas, si ustedes así lo quieren, en el sentido de la subsidiariedad. 
Nosotros, como Comisión, hemos de atenernos a las disposiciones del Tratado, pero quisiera insistir en que tenemos que velar también para que el Tratado se cumpla. 
Si se producen transgresiones de esta directiva, incluso estamos obligados a impedir tales transgresiones. 
Pregunta nº 37 formulada por John Iversen (H-0550/97): 
Asunto: Pesticidas 
De conformidad con el nuevo Tratado de Amsterdam, diversas directivas que, en la actualidad, se basan en el artículo 43, como es el caso de la Directiva 91/414 relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, se basarán en el artículo 129. 
Este cambio conferirá al Parlamento Europeo una mayor influencia sobre los criterios para la aprobación de productos fitosanitarios en la UE, dado que, de este modo, se enmarca dentro del proceso de codecisión. 
¿Piensa la Comisión, sobre esta base, aplazar la aprobación de las sustancias activas incluidas en la lista positiva de productos fitosanitarios, que, según se rumorea, ya había iniciado? 
¿Está dispuesta la Comisión a revisar ahora la Directiva, de manera que se puedan tomar en consideración los requisitos que el Parlamento Europeo quiera establecer antes de la aprobación de las nuevas sustancias? 
Señor Presidente, señoras y señores, la Directiva 91/414 sobre la comercialización de productos fitosanitarios está en vigor desde el año 1993. 
La primera fase de comprobación de las viejas sustancias activas y la prueba de determinadas sustancias activas nuevas acaban de terminar. 
Por consiguiente, hasta el momento presente de ejecución de la directiva la Comisión no dispone de puntos de referencia suficientes que hicieran necesario modificar los criterios fundamentales de autorización de sustancias activas químico-sintéticas o suspender el programa de comprobación. 
Las eventuales propuestas futuras de la Comisión relativas a la modificación de los criterios tras la ratificación del Tratado de Amsterdam deberían atenerse, naturalmente, a las nuevas disposiciones. 
Gracias por su respuesta, señor Comisario. 
Según entiendo por ésta, uno puede encontrarse en una situación, en la que haya coincidencia temporal, por no disponerse de suficientes datos. 
De cualquier manera, así entendí su respuesta. 
Visto de esta manera, me parece excelente y sólo querría de por sí invitarle a que, si la entrada en vigor del nuevo tratado está muy cercana, no se apresuren a quitar cosas de las viejas normas, en el caso de que se hubiera de disponer de nuevos datos. 
Visto así, se trata de una especie de petición a fin de que usted, señor Comisario, aplace el examen de estas nuevas sustancias, hasta que el nuevo tratado haya entrado en vigor, además, cuando parece- según le entendí- que hay una cierta coincidencia temporal. 
Pregunta nº 38 formulada por Raul Rosado Fernandes (H-0554/97): 
Asunto: Viticultura: Directiva 193/68/CEE 
Para poder sustentarse, la viticultura europea necesita renovarse continuamente con material vegetal seleccionado que le permita alcanzar la mejor productividad o la mejor calidad según las necesidades del mercado. 
Sometidos a una ley excelente para su época (Directiva 193/68/CEE) los viveros de Grecia, España y Portugal se ven hoy en la imposibilidad práctica de satisfacer unas normas sanitarias que se interpretan en la actualidad de forma diferente. 
Al no haberse hecho una selección ya desde hace décadas como en los países vitícolas fundadores, es imprescindible que en estos tres nuevos países vitícolas se interprete la directiva mencionada de acuerdo con las necesidades de la viticultura, de forma que se preserven variedades de cepas que nunca podrán importarse de los países miembros más avanzados. 
¿Por qué razón la DG VI no aclara con objetividad los criterios que deben cumplirse en la aplicación de la Directiva, de conformidad con la situación histórica de cada país? 
¿Por qué razón en el Comité permanente del artículo 17 de la Directiva 193/68/CEE no está representado el sector privado? 
Para ello se han introducido criterios unitarios de calidad que los Estados miembros han de satisfacer en esta puesta en circulación. El objetivo es el aumento de la productividad en la viticultura. 
Los órganos competentes de la Comisión preparan actualmente una reelaboración de esta directiva a fin de simplificarla de cara a las correspondientes avances jurídicos y técnicos, para actualizarla y, también, para eliminar las barreras comerciales que todavía existan y asegurar la compatibilidad con el mercado único. 
Probablemente la Comisión presentará la propuesta a finales del presente año al Consejo y, por tanto, también al Parlamento. 
Las diferentes normas sanitarias sobre las plantas, a las que se refiere el señor diputado en su pregunta, hay que referirlas a las disposiciones de la propia directiva. 
Efectivamente, en esta directiva se concede expresamente a los Estados miembros la posibilidad de aplicar en determinados casos condiciones adicionales para su propia producción y de aplicar también otras disposiciones determinadas según las diferentes circunstancias de cada región vitivinícola. 
El desarrollo de normas jurídicas y los eventuales problemas de traslación son discutidos regularmente por los expertos de los Estados miembros en el Comité permanente de semillas y plantas. 
En tales reuniones se analiza cuidadosamente la situación de cada uno de los países. 
En lo que respecta a la participación de representantes del sector privado en las deliberaciones del Comité permanente, la correspondiente decisión del Consejo sobre la creación del Comité permite sólo representantes de los Estados miembros. 
No obstante los representantes del sector privado pueden emitir sus opiniones en los comités consultivos de la Comisión en los cuales pueden discutirse importantes desarrollos nuevos en las normas jurídicas. 
A la hora de la correspondiente reelaboración los servicios competentes de la Comisión han realizado consultas directas a las organizaciones del sector que poseen los conocimientos pertinentes en el ámbito del material vegetal de reproducción de las vides y están especializadas en ese ámbito. 
Señor Comisario, hay una cierta permisividad de la comercialización de variedades portuguesas de vides, que son obtenidas de material injertado no seleccionado. 
Naturalmente, esto hay que atribuirlo solamente a que las autoridades portuguesas son bastante estrictas- esta es una vieja tradición desde nuestra Inquisición- aunque no demasiado inteligentes. 
Por esta razón, algunas variedades son producidas en Francia, luego se cargan en vehículos y se venden de nuevo a Portugal. 
Ya hay quejas por esto. 
Así, por ejemplo, el Sr. Legras ha recibido una queja el 1 de septiembre de este año, esto es fácilmente comprobable. 
Digo esto sólo para una mejor información de usted. 
Sólo quiero responder brevemente a esto. 
Tengo, naturalmente, poca influencia sobre la inteligencia de las autoridades portuguesas. 
Sin embargo, puedo asegurarles algo: si en este punto hay quejas concretas, investigaremos estas quejas. 
Si existen quejas procedentes del sector privado, es decir, de empresas o de cooperativas de reproducción de material vegetal, estas quejas pueden ser manifestadas adicionalmente en el marco de los comités consultivos y pueden ser discutidas a nivel de especialistas. 
Pregunta nº 39 formulada por Arlindo Cunha (H-0595/97): 
Asunto: Estrategia de la Comisión sobre la reforma de la PAC 
La próxima reforma de la PAC deberá ofrecer a los agricultores europeos medios y condiciones para adaptarse al aumento de la competencia exterior como resultado de la ampliación a los PECO y de la creación de la OMC. 
Este hecho implica que la reforma no podrá llevarse a cabo únicamente desde un punto de vista sectorial, ya que, además del ajuste de algunas OCM, se hace necesario un reequilibrio interno que refuerce el componente de desarrollo rural y cree una base mínima de ayudas a la renta para todos los agricultores. 
Sólo de este modo se evitarán discriminaciones inaceptables en los ámbitos social y político. 
¿De qué manera piensa hacer compatibles la Comisión todas estas dimensiones del problema? 
¿Piensa presentar con anterioridad, como sucedió en 1991, un documento general de reflexión y estrategia que facilite la discusión con los círculos técnicos, profesionales y políticos? 
Como todos saben en esta Asamblea, el día 16 de julio de este año el Presidente de la Comisión presentó la Agenda 2000 en la cual la Comisión proporciona una amplia panorámica sobre el desarrollo de la Unión Europea y de su política después del cambio de siglo hasta la mitad de la próxima década y comenta los efectos de la ampliación así como el marco presupuestario a partir del año 2000. 
Para la agricultura la Comisión ha propuesto seguir profundizando y ampliando la reforma que se inició en 1992 y que luego se llevó a cabo bajo la Presidencia del Consejo de entonces, señor Ministro Cunha, y desarrollar una política coherente en pro de los territorios agrícolas para apoyar este proceso. 
Mediante el paso del apoyo a los precios a los pagos directos la Unión Europea puede mejorar decisivamente su competitividad bajando los precios de los cereales, de la carne de vacuno y de la leche, contribuyendo también así a que los desarrollos positivos en los mercados internacionales estén abiertos en su totalidad a los productores de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo hay que mejorar la higiene y la calidad de los productos alimenticios y también su seguridad. 
Las propuestas sobre el desarrollo de una política coherente en favor del espacio rural tienen como objetivo asegurar, por un lado, a la población rural unas rentas adecuadas y contribuir también a la estabilidad de las rentas agrícolas y a la creación de nuevas posibilidades de empleo y de rentas para los agricultores y para los miembros de sus familias. la Comisión tiene la intención de presentar al Consejo, previa discusión con el Parlamento Europeo, un primer informe sobre el paquete de medidas Agenda 2000 y después, tras la cumbre de Luxemburgo, proponer los correspondientes textos legales y presentar propuestas concretas para cada uno de los ámbitos. 
Señor Presidente, agradezco la respuesta del Comisario, pero la realidad es que la propuesta de la «Agenda 2000» va a seguir excluyendo a los productores de ciertos productos mediterráneos de las ayudas directas, como en el caso del vino, las frutas y el propio arroz. 
La consecuencia de ello va a ser la de que, en algunos países del sur de Europa, más de la mitad de la producción agrícola quede excluida de las primas de las ayudas directas a la renta, lo que creará una discriminación difícilmente sostenible en el plano político. 
El Comisario sabe a qué me refiero. 
Nosotros no podemos explicar a los agricultores portugueses, españoles o italianos por qué no tiene la mitad de su producción agrícola derecho a primas, mientras que en otros países, que tienen otras producciones, la casi totalidad de la producción agrícola tiene primas. 
Lo que quería preguntar al Comisario era qué piensa hacer la Comisión para evitar esa discriminación entre países, dificilísima cuestión política que nosotros, los políticos, debemos procurar resolver. 
Señoras y señores, quisiera hacer aquí una buena aclaración: en primer lugar, en lo que respecta a los productos denominados mediterráneos o meridionales, se dice en la Agenda 2000 que la Comisión tiene la intención de presentar también propuestas concretas para el ámbito del tabaco y del sector del aceite de oliva. 
Quiero recordar que aquí, en el Parlamento, se ha pedido varias veces que la Comisión presente tales propuestas una vez que se hayan discutido aquí, en el Parlamento Europeo, los informes que existan sobre estos dos sectores y se haya emitido una opinión al respecto. 
Nos atenemos a esto. 
En lo que respecta al sector vinícola existe aquí una propuesta de reforma que creemos, sin embargo, que no debería llevarse adelante en su forma actual. 
Yo veo aquí la necesidad de presentar una nueva propuesta de la Comisión. 
Pueden estar ustedes seguros de que estas propuestas concretas estarán disponibles a finales de año o a principios del año próximo tan a tiempo como las propuestas concretas relativas a los ámbitos de los cereales, de la leche y de la carne de vacuno, de manera que en el marco de los ulteriores debates se pueda debatir también sobre estos productos meridionales. 
Por consiguiente, no debería producirse una situación como en el caso de la Reforma 92, en la que luego, por decirlo así, sólo sea posible emitir una declaración del Consejo y sólo después quepa acometer la reformabilidad de los productos meridionales. 
Pero quisiera indicar también que hay, naturalmente, una diferencia fundamental con productos tales como los cereales, la leche y la carne de vacuno- aunque a este respecto quisiera decir entre paréntesis que estos productos son igualmente de suma importancia en los países del sur- en concreto, la diferencia de que en éstos proponemos una notable reducción respecto de la garantía de los precios, lo cual va a tener como consecuencia que los precios bajen en estos ámbitos. 
En los otros sectores no hacemos propuestas que tiendan a que bajen los precios de mercado para el aceite de oliva o para el tabaco que cultivan los campesinos tabaqueros en la Unión Europea. 
En el futuro hemos de considerar también este aspecto, el objetivo de las rentas en la agricultura, como uno de los objetivos prioritarios entre muchos otros objetivos. 
Señor Comisario, ¿cabe pues deducir de sus palabras que habrá garantías y perspectivas de futuro para la agricultura mediterránea? 
Concrete usted, por favor, porque el último Consejo de Ministros ha sembrado una gran inquietud. 
Y hasta ahora, las palabras que acabo de escuchar no descienden a lo concreto. 
Los agricultores del Mediterráneo necesitan que usted les dé esas garantías de perspectiva, como hace usted para otras partes de Europa. 
Distinguida señora diputada, coincido con usted en que los campesinos necesitan una perspectiva de futuro en todas las partes de la Unión Europea. 
Precisamente éste es el objetivo de la Agenda 2000, en concreto, abrir semejante perspectiva de futuro a los campesinos de la Unión Europea. 
No queremos establecer ninguna distinción entre campesinos del norte y campesinos del sur. 
En todas las regiones de la Unión Europea debe asegurarse el futuro de la agricultura, y las propuestas de la reforma deberían contribuir, entre otras cosas, a aclarar con qué vamos a asegurar nosotros este futuro. 
Señor Presidente, lo que en realidad quiero pedir al Comisario es que, como está más que claro que no vamos a llegar a las numerosas preguntas sobre la EEB, vele por que las respuestas por escrito que recibirán los diputados sean enviadas a cada uno de los autores de dichas preguntas, porque todos nosotros estaríamos interesados en conocer las respuestas a las demás preguntas. 
Central de Chernóbil y los reactores Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la pregunta oral (B4-0519/97- O-0087/97) del Sr. Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, a la Comisión sobre el cierre de la central nuclear de Chernóbil en el año 2000 y ultimación de la construcción de los reactores nucleares Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania. 
Señor Presidente, el estado del sarcófago de Chernóbil está empeorando y están apareciendo nuevos riesgos, incluida la emisión de nubes de polvo de plutonio, por lo que su protección y el cierre de la unidad restante son más urgentes que nunca. 
La conclusión de los reactores nucleares K2 y R4 forma parte de un acuerdo entre el G7 y Ucrania sobre el cierre de Chernóbil. 
El acuerdo establece que la opción nuclear debe ser, sin embargo, de costo mínimo y el estudio independiente al respecto encargado por el BERD revela claramente que la opción nuclear dista de ser de costo mínimo. 
Posteriormente se llevaron a cabo otros estudios oficiosos sobre el costo mínimo, pero no corrieron a cargo de un grupo independiente de expertos. 
Cualquier otro informe es oficioso y de dudosa autenticidad desde el punto de vista de los principios de procedimiento en materia de inversión. 
El informe oficial sobre la diligencia económica debida corrió a cargo- debo subrayarlode un grupo independiente de expertos, de lo que se sigue que, a falta de una crítica seria publicada de la labor del grupo, cualquier estudio, como, por ejemplo, el que está haciendo Stone and Webster, es oficioso, por lo que su fundamento debe ser de dudosa autenticidad con arreglo a los principios de procedimiento del BERD en materia de inversión en el sector energético. 
De hecho, el estudio de Stone and Webster ha cambiado los supuestos encaminados a intentar hacer rentables K2 y R4 y el modelo produjo una larga lista de otros proyectos que llegaron a ser rentables antes que K2 y R4. 
Si intentaran hacer rentables K2 y R4, el importe de la inversión para el banco sería astronómico. 
Un modelo informático sin intervención humana no puede hacer que un reactor sea de mínimo costo y el otro no rentable, por lo que me ha escandalizado mucho su reacción de hoy, Comisario. 
Ya se han comprometido 30 millones de ecus de fondos con vistas a la seguridad nuclear para los reactores K2 y R4 con cargo a impuestos. 
Pese a las atribuciones presupuestarias del PE, se están adoptando decisiones en secreto y sin consulta alguna al Parlamento y sin ofrecerle información adecuada ni claridad alguna sobre el procedimiento de adopción de decisiones. 
El Parlamento es, junto con el Consejo, la Autoridad Presupuestaria. 
En el presupuesto para 1997 figura una cláusula que exige que se consulte al Parlamento por adelantado sobre los préstamos comunitarios. Hasta la fecha no ha sido así. 
Esa falta de consulta choca con las propuestas actuales de la Comisión de aumentar el nivel del Fondo de Garantía. 
También me inspira gran inquietud el informe del Tribunal de Cuentas. 
Si queremos cerrar Chernóbil, necesitamos examinar detenidamente lo que se está haciendo actualmente en ese sector. 
Señor Comisario, esta noche no ha contestado- ni puede contestar- la pregunta sobre una normativa de seguridad coherente. 
La verdad es que no se pueden concluir esos reactores con arreglo a las normas occidentales de seguridad. 
Piensan ustedes gastar más de 800 millones de ecus en reactores peligrosos. 
No se nos perdonará que no cerremos Chernóbil y creemos otra zona de accidentes. 
Señor Presidente, cuanto más sabemos sobre todo ese proyecto más aumenta mi inquietud. 
Tengo la sensación de que este Parlamento podría verse envuelto en una cause célèbre con la Comisión. 
Si resulta que el BERD está eludiendo su obligación de inclinarse por la opción de menor costo, se trata de un asunto grave que podría tener repercusiones graves. 
Tampoco la ciudadanía europea entenderá por qué se anima a Ucrania a depender de la opción nuclear, en lugar de inclinarse por otra opción que parece muy fructífera, a saber, ahorro de energía, eficiencia energética y energías renovables. 
La decisión de no substituir las centrales de la época de Chernóbil indicaría un gran paso en esa dirección. Ésa es la dirección en la que debe encaminarse la política de la Unión Europea. 
Sería, en verdad, muy extraño que Chernóbil, que, para Occidente representa un aviso terrible sobre los peligros de la energía nuclear y, por tanto, debería incitar al abandono paulatino de dicha energía, pasaría a convertirse, al contrario, en el símbolo de su substitución por una nueva generación de energía nuclear. 
Se trata- o podría tratarse- de un hito histórico. 
En lugar de apoyar el deseo europeo occidental de renovar la energía nuclear de Ucrania, deberíamos buscar opciones substitutivas. 
Ello redundaría en beneficio de la Unión Europea y de los ciudadanos de Ucrania que ya han sufrido durante bastante tiempo las consecuencias de la contaminación nuclear. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el cierre de la central nuclear de Chernóbil es un tema sumamente delicado, habida cuenta del dramático accidente que se produjo en este lugar, cuyo recuerdo todos tenemos, sin duda alguna, presente. 
Ante el peligro que representa este tipo de central, a todos beneficia que el cierre de Chernóbil pueda hacerse a la mayor brevedad posible. 
Ahora bien, el Gobierno ucraniano ha fijado como condición previa al cierre de los tramos de Chernóbil que todavía se encuentran en funcionamiento, la financiación de la realización de centrales nucleares de sustitución, es decir, Khmelnitsky 2 y Rovno 4. 
Esta posición es comprensible si se piensa en las necesidades de Ucrania en materia de energía, pero parece que los créditos del BERD previstos para financiar estas últimas centrales corren el riesgo de ser rechazados, debido al criterio del menor coste. 
Nos parece totalmente inadmisible que la realización de un objetivo tan esencial como el cierre de una central altamente peligrosa pueda ser diferida por razones meramente tecnocráticas y presupuestarias. 
Si el BERD debe administrarse como un banco privado de derecho común, no queda muy clara la necesidad de su existencia. 
Resulta evidente que si debiera prevalecer la lógica del menor coste, el cierre de Chernóbil se aplazaría indefinidamente. 
Después de todo, antes se construyeron centrales como las de Chernóbil también por razones de reducción de costes. 
La adopción de criterios de seguridad más estrictos habría incrementado los costes y habría dado pauta a la construcción de centrales tecnológicamente más perfeccionadas. 
Con ello se ve muy claro que la lógica de la Comisión Europea es una lógica presupuestaria. 
Esta lógica tiene, claro está, sus méritos en lo que toca a la gestión administrativa de todos los días pero, a nuestro juicio, no debe prevalecer sobre la necesidad de asegurarse contra riesgos nucleares de gran magnitud. 
Por lo demás, nos parece lamentable que las autoridades europeas, que tienden, por lo general, de manera bastante sistemática- es preciso decirlo- a la integración de los Estados entre sí, menospreciando incluso la voluntad de la población, como ha quedado de manifiesto en Bosnia, no recomienden en ningún momento a Ucrania intensificar su cooperación energética con la Federación de Rusia. 
Ahora bien, los intereses de ambos países son indisociables entre sí debido a una larga historia común, y resulta absurdo no tomar en consideración semejante herencia histórica. 
En la hipótesis de que Ucrania llegara a carecer de electricidad de origen nuclear debido al cierre de Chernóbil, por qué no examinar la posibilidad de aprovisionarla de energía a partir de Rusia y Asia central- lo que, por lo demás, ya se hace- pero a una escala todavía más amplia, puesto que los recursos de gas y petróleo de estas regiones son más que considerables. 
En este caso, se trata realmente, claro está, de una cuestión de alta política, no de un mero asunto de expertos. 
En efecto, pensamos que esta hipótesis ha sido relegada únicamente para marginar a la Federación de Rusia y librar Ucrania a los apetitos económicos de Occidente. 
Tal actitud no nos parece razonable a largo plazo y, a nuestro juicio, es preciso romper la ley del silencio de la que se beneficia esta política occidental basada a la vez en la voluntad y en la búsqueda de ganancias ilimitadas. 
Querer disociar cada vez más a los países miembros de la CEI para convertirlos en colonias económicas occidentales quizás resulte rentable, de cierta manera, a muy corto plazo, pero no cabe duda de que no lo sería a largo plazo. 
Aislar a Ucrania, imponerle normas financieras cada vez más rigurosas, no parece ser la mejor manera de ayudarla. 
Por lo demás, esta lógica lleva a un callejón sin salida en lo que concierne a los riesgos de Chernóbil, lo que resulta absolutamente escandaloso en el aspecto humano. 
Por tanto, a nuestro juicio, cabe conceder prioridad a los créditos que necesita Ucrania, o- lo que, por otra parte, no es incompatible- instarla a acercarse a Rusia para ultimar con este país una política energética común. 
¿Por qué cualquier forma de acercamiento en lo que concierne a la Federación de Rusia y Ucrania resultaría tabú, cuando en todos lados se incita al acercamiento entre los Estados? 
A nuestro juicio, sólo una línea política de esta índole podría salvaguardar, por una parte, las necesidades urgentes en el plano de la seguridad nuclear a corto plazo y, por otra, la necesidad de crear un clima de cooperación pacífica en Europa, teniendo presente esta verdad patente que a menudo parece olvidarse: la Federación de Rusia se encuentra también en Europa y nadie tiene el poder de expulsarla de aquí. 
Gracias, señor Presidente, y gracias también a usted, señor Comisario, por su presencia y por sus respuestas de esta tarde. 
Tal vez no todas fueran todo lo detalladas que habríamos deseado, pero tal vez tenga usted otra oportunidad de hacer observaciones. 
Creo que nos interesaría en particular conocer los posibles planes a los que recurriría usted, en caso de que no saliera todo como esperamos. 
Es evidente que necesitamos una solución para Chernóbil. 
Creo que existe total unanimidad a ese respecto. 
También resulta totalmente evidente que usted, Comisario, salvaguardará la Unión Europea al no limitarse a aceptar los deseos de Ucrania sin imponer ciertas condiciones. 
Estamos en deuda con nuestro colega Gordon Adam por su informe, extraordinariamente riguroso- muy característico de persona tan diligente -, sobre la situación de Ucrania, que resulta claramente aterrador. 
No es éste el momento de celebrar un debate sobre si la energía nuclear es o no una buena idea, por lo que insto a Sus Señorías a no desaprovechar este debate por esa razón. 
Estamos examinando un caso concreto. 
Se nos pregunta- y, de hecho, el Presidente Laroisière del BERD ha planteado las cuatro salvaguardias que todos deseamos- si, gracias al préstamo del BERD, va a haber el nivel de seguridad más alto posible. 
¿Vamos a hacer algo cabal desde el punto de vista financiero? 
¿Cuál es la solvencia de Ucrania? 
¿Vamos a poner en riesgo los fondos aportados? 
¿Vamos a optar por la solución menos costosa? 
Se plantean también otros aspectos. 
Es evidente que en la Europa occidental la construcción de centrales nucleares en nuestro mercado y en nuestras condiciones no siempre es en este momento lo menos costoso. 
Eso me preocupa mucho: ¿sería satisfactoria la gestión operativa a largo plazo? 
Si abrigamos algunas dudas, ¿podemos garantizar mediante ayuda específica, mediante un programa a largo plazo, que esa población que está pasando por momentos muy traumáticos cuente con un respaldo a fin de que, sea cual fuere la solución elegida, no se vea abandonada en un período de dificultades? 
Sabemos que no sería aceptable para usted- y, desde luego, no lo sería para nosotros- que las normas de seguridad no fueran suficientemente rigurosas, que los fondos corriesen riesgos, que se despilfarrara el dinero público y queremos que nos garantice usted que no se prevén esas posibilidades. 
La situación energética de Ucrania plantea cuestiones mucho más amplias que las que hemos formulado esta noche y hemos aludido a algunos otros aspectos y, de hecho, a otras posibilidades. 
Entre ellas, figura la situación geopolítica de Ucrania y su relación con sus vecinos y antiguos amos, que debemos tener en cuenta. 
Debemos examinar la necesidad de utilizar la experiencia occidental disponible en materia de energía nuclear. 
Sin embargo, lo que deseamos más que nada es saber que no se está contraviniendo normativa alguna, que se está cumpliendo y que lo que estamos haciendo es sensato y puede justificarse ante la ciudadanía. 
Señor Presidente, la ultimación de la construcción de los dos reactores nucleares es desaconsejable también por razones de seguridad. 
Ninguno de los dos proyectos cumple las directrices para la adjudicación de préstamos del BERD y yo dispongo de estudios, de varios estudios, que oponen claras objeciones a la construcción de dichos reactores nucleares por razones de seguridad. 
El programa de modernización y terminación previsto por los promotores no puede satisfacer en ningún caso los criterios de seguridad occidentales. 
El programa de modernización previsto ni siquiera cumplirá las nuevas normas rusas en materia de seguridad, señor Comisario, dado que la construcción del tipo de reactores empleado en los proyectos k2 y r4 todavía se rige por las antiguas normas rusas. 
Por otra parte, el programa de modernización tampoco cumple siquiera todos los requisitos " post Three Mile Island». 
Si se modificase el proyecto de manera que cumpliera todos los citados requisitos, los recursos financieros necesarios y el plazo requerido para la correspondiente remodelación variarían en tal medida que se superarían ampliamente todos los supuestos que se han manejado hasta ahora. 
Por lo que respecta a la cuarta condición- relativa a la sostenibilidad medioambiental y a la participación ciudadana -, usted mismo puede juzgar cuál podría ser actualmente la participación ciudadana en Ucrania. 
No debe haber, por el contrario, ningún cambio por lo que se refiere al cierre de Chernobil y debe hacerse cuanto sea necesario para paralizar definitivamente lo más pronto posible este infausto reactor. 
Es irresponsable, a mi parecer, permitir que Chernobil siga funcionando ni un solo día más o utilizarlo quizás incluso como excusa para justificar la finalización de otros dos nuevos reactores nucleares igualmente problemáticos. 
El presidente del BERD, Jacques Larosière, estuvo en Austria hace pocos días y mantuvo conversaciones con varios miembros del Gobierno austriaco. 
Austria se manifestó con toda claridad en contra de cualquier tipo de financiación de los dos reactores nucleares citados. 
Como alternativa, Austria propugna, entre otras cosas, la modernización de las centrales térmicas existentes. 
Cuando se conocen las cifras de las pérdidas calóricas en relación con la producción total de Ucrania- que alcanzan hasta el 60 %-, éstas son tan gigantescas que resulta fácilmente concebible que sería posible prestar una verdadera ayuda a su población con muchísimos menos recursos y por un procedimiento muchísimo menos peligroso. 
Austria contribuirá obviamente a la financiación del desmantelamiento del reactor que causó la catástrofe de Chernobil y también realizará una contribución al correspondiente Fondo. 
Chernobil fue la primera catástrofe. ¡Por el amor de Dios, no propiciemos ahora, con la finalización de estos dos reactores nucleares problemáticos, nuevas catástrofes potenciales! 
Señor Presidente, señor Comisario, voy a dirigirme directamente a ustedes porque el presente debate me parece bastante absurdo. 
En efecto, se recolectó casi mil millones de ecus para comprar a Ucrania- dígamoslo claramente- el cierre de Chernobil y estos recursos se han utilizado luego para financiar dos nuevos reactores nucleares, los cuales para empezar- como acaba de señalar la Sra. Flemmingconstituirán en adelante un riesgo, no sólo para Ucrania, sino también para Europa, ¡y además la energía que producirán no es en absoluto imprescindible para Ucrania! 
Yo considero que esto es absurdo. 
¡Los países de la Europa central y oriental deben recibir toda la ayuda necesaria para el abandono de la energía nuclear, pero ni un solo ecu para la construcción de nuevos reactores nucleares! 
Señor Comisario, yo le pido que defienda esta base de actuación ante la Comisión, porque es la única línea de política energética con perspectivas de futuro; cualquier otra supondría continuar y apoyar un camino reconocidamente erróneo. 
Yo le insto a que se mantenga fiel a esta línea en el ámbito de la política energética en general y en este caso concreto en particular, y sobre todo que ayude al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo a resistir las presiones del lobby nuclear, en vez de hacer lo contrario. 
Señor Presidente, las consecuencias de la catástrofe del reactor de Chernobil penden desde hace más de diez años como una espada de Damocles sobre Ucrania y sobre toda Europa. 
Sólo dos años atrás se consiguió negociar y emprender programas serios para su cierre. 
La pregunta que hoy formulamos a la Comisión demuestra, no obstante, cuán difícil es la aplicación de estos programas de cierre. 
En efecto, lo que está en juego no es sólo la finalización de dos reactores nucleares que- como ya se ha señalado- son sumamente complejos y costosos, y sobre todo no cumplen las normas occidentales en materia de seguridad. 
La Agencia internacional de energía nuclear realizó una evaluación de las condiciones de seguridad y no pudo verificar el cumplimiento de las mismas en todos sus puntos, a pesar de que incluso se dejaron fuera algunos aspectos importantes. 
Cuando se habla de otras formas de energía, Ucrania siempre plantea sobre todo un argumento, que es el del aprovisionamiento de combustible. 
Si Ucrania no desea depender de la Unión Soviética, que debería suministrarle el combustible para una planta de gas, yo me pregunto entonces si dicho país posee acaso grandes minas de uranio que le permitan autoabastecerse de dicho mineral. 
La dependencia es exactamente la misma en este caso. 
Yo pienso que debemos considerar la política energética en términos globales. 
Deberíamos atenernos a la planificación según el principio de los costes mínimos- tal como prescribe también el Banco- y no destinar ningún recurso a proyectos que en último término no aportan la seguridad ni tampoco la producción de energía requeridas. 
Por otra parte, también resulta interesante constatar que la producción de energía se ha reducido en Ucrania, sobre todo por el cierre de centrales térmicas. 
Señor Comisario, yo lamento muchísimo que nos encontremos ante una situación en la que aparentemente ya sólo podemos escoger entre un mal menor y otro mayor, y le insto a que desarrolle una política energética orientada hacia el futuro, en colaboración con los Estados de la Europa oriental. 
Señor Presidente, Señorías, a veces puede ocurrir que nos sentimos confundidos. 
Hoy día, todo el mundo sabe que Chernóbil debe ser cerrada definitivamente. 
Este verano, un informe de los explotadores nucleares, unánimes en el mundo entero, dice que la unidad 3 se encuentra actualmente expuesta a un riesgo de gran envergadura, semejante al tipo de accidente ocurrido en 1986. 
Todo el mundo está de acuerdo: cerremos Chernóbil. 
Otras naciones dicen: quisiéramos que los ucranianos adoptaran nuestro punto de vista. 
Los ucranianos son un pueblo independiente, que ha decidido aplicar una política energética que le conviene y nos pide ayuda. 
¿Qué pasará si no le ayudamos? 
Ya tuvimos la experiencia en 1996. 
Construyeron una central nuclear en Zaporozhe que es una réplica exacta de Chernóbil, sin recintos de confinamiento y carente de los medios de seguridad que practicamos en Occidente. 
Si eso es lo que se quiere, eso es lo que se tendrá y podrán ustedes seguir diciendo, en Austria o en otros países, o en Portugal, que no les satisface, de todos modos tendrán la central nuclear. 
Se plantea, entonces, como alternativa, que basta con recomendarles que construyan centrales alimentadas con carbón, gas y fuel. 
Pues bien, puedo decirles que eso costará más caro y espero que la Comisión confirme lo que digo: 100 millones de dólares por año para que una central de carbón proyecte en la atmósfera más CO² del que ustedes podrían soportar. 
Así, curiosamente, los ecologistas vendrán a demostrarnos que la central nuclear es peligrosa, mientras que aceptarán la contaminación del carbón. 
Hay que saber lo que se quiere. 
¿Cuál es la problemática actual? 
Es sencilla: dos centrales nucleares están terminadas en un 80 u 85 %. 
No se trata, Señorías, de decir que va a aceptarse que sea un nuevo Chernóbil. 
Por lo demás, las empresas occidentales, francesas, alemanas, están trabajando para instalar en Ucrania los medios que se ponen al servicio de nuestras centrales nucleares occidentales. 
Quisiera decir a aquellos que nos exponen hoy a dos peligros, que hacen un mal cálculo. 
Por una parte, si no cerramos Chernóbil, tendremos un accidente nuclear y, por otra, si aceptamos medios arcaicos, tendremos contaminación. 
Esa es la razón por la que, hoy, los ucranianos que quieren ser independientes, que no desean estar entre las manos de los rusos, ni en lo que respecta al gas, ni al uranio, ni al carbón, nos piden que les ayudemos. 
¿Vamos a responder a sus expectativas con el mutismo o con la política más conveniente? 
Señor Presidente, me gustaría volver sobre este tema en otra ocasión y profundizar algo más en él. 
Deseo decir a aquellos que tienen la sensación de estar mal informados que, en mi opinión, la Comisión Europea ha actuado en este asunto con la transparencia suficiente y ha tratado en repetidas ocasiones sobre el tema con los miembros de la Comisión de Energía. 
Estoy de acuerdo con las observaciones que se han hecho en el sentido de que, esta noche, no podemos celebrar un debate sobre los pro y los contra de la energía nuclear. 
Lo que aquí nos ocupa es el debate a favor del cierre de Chernobil y cómo puede llevarse a cabo con la mayor seguridad posible. 
Cuando hace dos semanas, durante una cumbre en Ucrania, volvimos a preguntar al Presidente Koutchman si seguía en pie su anterior compromiso político de cerrar Chernobil en el año 2000, respondió que sí, pero a condición de que la comunidad internacional esté dispuesta a cumplir el compromiso que asumió en el Memorándum de Acuerdo de 1994 y 1995. 
Esto incluye no sólo la asistencia en la ejecución de un amplio programa de medidas de ahorro energético, eso está recogido en el MA, sino también la cofinanciación. Pero además, en el MA se dice también que se ofrecerá el respaldo necesario para terminar la construcción de las dos centrales nucleares. 
Si la comunidad internacional no aporta la financiación- seamos realistas en este punto -, sabemos que Ucrania ya ha reservado fondos en su propio presupuesto para terminar de otro modo la construcción de los dos reactores, pero en ese caso, naturalmente, no permitirá a Occidente que dicte las normas de seguridad, que es una de las condiciones actuales para la concesión de los préstamos que deseamos destinar para que e termine la construcción de los reactores. 
Para evitar malentendidos, diré que comprendo perfectamente que el BERD esté en un dilema. 
También comprendo que existan muchas contradicciones entre los científicos sobre la cuestión que aquí nos ocupa; si existe una solución menos costosa o no. 
Podemos seguir discutiendo sobre el tema durante mucho tiempo, pero mientras tanto estaremos poniendo en peligro el cierre de Chernobil. 
Por ello, la Comisión dijo en un momento dado que, en cualquier caso, debemos cumplir lo que entonces se acordó en el marco del G7, siempre que entre dentro de las posibilidades de la Unión. 
Nuestra oferta de cofinanciación a través de préstamos de Euratom sigue en pie, a condición, naturalmente, de que a) Chernobil cumpla las normas de seguridad, y b) que también el BERD esté dispuesto a participar en la cofinanciación del proyecto. 
Además también será autofinanciado por Ucrania y una parte será cofinanciada por terceros donantes. 
Estamos esperando que el BERD se pronuncie al respecto. 
La Unión destina gran cantidad de fondos, cientos de millones al año, a ayudas a la Europa oriental, a países de la antigua Unión Soviética, en un intento de que se cierren las centrales nucleares poco seguras o bien para que se implanten nuevas medidas de seguridad. 
Les remito a las numerosas conversaciones que hemos mantenido sobre Kosloduy, Mochovse, etcétera. 
Es algo que nos concierne a todos. 
No nos tomamos este asunto a la ligera y tampoco somos pioneros con el único objetivo de promover la energía nuclear. 
Pero en este caso nos encontramos realmente ante un enorme dilema, sobre el que expertos internacionales han vuelto a pronunciarse recientemente para advertir del peligro que encierra la central de Chernobil y, en particular, el reactor nº 3. 
No tenemos tanto tiempo para seguir debatiendo. 
Debemos actuar. La Comisión asumirá sus responsabilidades en este asunto. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
Plan de acción para la innovación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0269/97) del Sr. Rovsing, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión «Primer plan de acción para la innovación en Europa- Innovar para crecer y crear empleo» (COM (96) 0589- C4-0624/96) 
Señor Presidente, en la Cumbre de Florencia de marzo de 1996 el Consejo Europeo declaró que la lucha por el empleo debe seguir siendo la primera prioridad para la Unión y sus Estados miembros. 
En el marco de una estrategia encaminada a alcanzar este objetivo, el Consejo Europeo ha solicitado a la Comisión que elabore un plan de acción sobre las medidas que pueden adoptarse en el ámbito de la innovación. 
La sociedad post-industrial y basada en los conocimientos ha satisfecho una parte esencial de las necesidades básicas de los ciudadanos. 
En este momento, el gran desafío de las empresas y las instituciones públicas es crear calidad y no sólo cantidad. 
La naturaleza de este objetivo será totalmente distinta a la de la creación de la sociedad de producción en masa. 
La evolución tecnológica y los cambios en los marcos social e institucional a menudo le han arrebatado rápidamente a una empresa la razón de ser de su concepto empresarial. 
Los datos relativos al contexto socioeconómico del 5º Programa marco que facilitó la DG XII en enero de 1997 revelan rasgos preocupantes en la Unión Europea. 
La tasa de desempleo media asciende a un 10 % en la UE. 
Las cifras correspondientes a los EE.UU. y a Japón son el 6 y el 3 %, respectivamente. 
Las últimas estimaciones apuntan a que las profesiones en las que el número de empleos aumentará considerablemente en Europa serán aquéllas que requieren un alto grado de formación, y a que los puestos de trabajo surgirán antes en el sector servicios que en la industria manufacturera. 
Las estadísticas demuestran que las diferencias en términos de tecnología entre las regiones más desarrolladas y las menos desarrolladas son el doble de grandes de las que se registran en términos de cohesión y que varios factores apuntan a que estas diferencias aumentarán. 
En el informe apuntamos que las PYME precisan una atención especial. 
Los instrumentos de carácter general, los incentivos fiscales, los proyectos de investigación industrial conjunta y la utilización de resultados resultan más adecuados que las cuotas fijas recogidas en los programas específicos. 
No obstante, estas medidas van más allá de las competencias de la Comisión. 
Es necesario desarrollar tanto indicadores de innovación como la financiación. 
La experiencia demuestra que las dificultades de acceso a la financiación raramente constituyen el obstáculo más importante a la innovación, si bien se utilizan frecuentemente como excusa. 
Sin embargo, una financiación adecuada una vez concluida la fase de desarrollo inicial puede ser determinante para el éxito o fracaso de las nuevas empresas. 
En la Unión Europea se dispone en abundancia de capital de riesgo, sin embargo, las innovaciones no siempre resisten la prueba del mercado. 
El capital de riesgo y las innovaciones podrían complementarse entre sí si los inversores se convencieran de que los posibles clientes y las demás partes implicadas tienen confianza en las nuevas empresas y si el empresario o el innovador aceptase el hecho de que el inversor de riesgo desea una compensación adecuada por su inversión. 
Es preciso formar a los inversores y a los capitalistas de capitales de riesgo para que puedan descubrir las nuevas oportunidades industriales. 
Es erróneo pensar que la Unión Europea pueda solucionar el problema del desempleo. 
Constituye de manera especial una tarea para los Estados miembros. 
No deberíamos hacerles creer a nuestros ciudadanos que el tratado de Amsterdam puede resolver el problema del desempleo en Europa. 
Sólo puede colaborar en modesta medida. 
En nuestro informe subrayamos que la política de innovación en los Estados miembros es una parte esencial del sistema educativo, y entre otras cosas, también nos referimos a que ni la legislación ni las medidas a corto plazo contribuirán a la creación de una genuina cultura de la innovación. 
También somos de la opinión de que altos estándares medioambientales acelerarían la innovación dentro del campo de las nuevas tecnología en beneficio de la humanidad. 
Pedimos, entre otros, a la Comisión que establezca un orden de prioridad para sus acciones y que haga que la investigación comunitaria adopte una orientación más innovadora. 
Por último, pedimos a los Estados miembros que revisen los programas y los métodos de enseñanza para estimular la creatividad y el espíritu emprendedor desde las edades más tempranas y que consideren qué modificaciones son necesarias llevar a cabo en la formación del personal docente. 
Pedimos que aumenten la movilidad de las personas entre la universidad y la industria y que consideren un trato fiscal más favorable de las inversiones en empresas o proyectos relacionados con la innovación. 
Por último, nuestra propuesta subraya un deseo de dar a la Comisión mayores competencias para gestionar los proyectos de investigación y desarrollo dependientes de los programas marco de forma que pueda reorientar los proyectos y elaborar otros nuevos, siempre que los avances que se registran en relación con la investigación básica y las nuevas tecnologías lo hagan necesario. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al ponente, Sr. Rovsing, por un informe excelente. Es un informe que ha sido muy útil para nuestros debates. 
Es apropiado que el primer plan de acción en pro de la innovación en Europa proceda de Florencia, que fue el centro de tanta civilización europea temprana. 
Sabemos que la correlación entre investigación, desarrollo tecnológico e innovación, por un lado, y aumento de la productividad y creación de puestos de trabajo, por otro, es muy clara. 
Sabemos también que la Unión Europea es menos eficiente que sus competidores en la explotación de las ideas que tenemos. 
De hecho, actualmente tenemos un déficit de 24.000 millones de ecus al año en el comercio en materia de productos de tecnología avanzada con el Japón y los Estados Unidos de América. 
Es evidente que necesitamos instrucción y desarrollo de los conocimientos técnicos. 
Es evidente que necesitamos que nuestras empresas establezcan criterios de calidad comparativa y vemos que lo están haciendo. 
Es evidente que necesitamos una mejor disponibilidad financiera por parte de las pequeñas empresas. 
Esencialmente, se dará en los niveles individual, local y nacional, pero es importante que la Unión establezca el marco operativo. 
Puede hacerlo en sectores como los de la competencia, la propiedad intelectual y el funcionamiento del Mercado Único. 
Y también y primordialmente en el de la prestación de ayuda financiera a las pequeñas empresas. 
Este plan de acción es bueno y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial lo acoge con beneplácito. 
Pero debemos adoptar prioridades en mayor escala, cosa que no resulta fácil a la Comisión, pero es esencial crear más oportunidades para aportar financiación en forma de participación en el capital social y elaborar el estatuto de la empresa europea. 
Se pueden obtener grandes beneficios. 
El gran gigante, IBM, recientemente recurrió a una pequeña empresa belga, cuando buscaba tecnología para el reconocimiento de voz. 
Es evidente que se puede hacer mucho en Europa. 
Mucho más se logrará mediante programas como éste que con el llamativamente engalanado conjunto de medidas en pro del empleo que el Consejo Europeo está preparando para convencer a nuestros ciudadanos de que estamos haciendo algo en materia de empleo. 
Acojo con beneplácito este informe y creo que el Parlamento debe dedicar mucho tiempo a examinar lo que está haciendo la Comisión y velar por que nuestras políticas en materia de innovación, que contribuirán a fomentar la creación de puestos de trabajo, nos hagan avanzar hacia el próximo siglo. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, se me designó ponente sobre la situación y el porvenir de la competitividad industrial europea, por tanto, trabajo sin tregua en este importante expediente. 
También quiero decirles que soy un «internauta» militante, por lo que estoy muy consciente de la importancia de esta herramienta, pero también de que nos encontramos muy a la zaga en este campo. 
Por tanto, leí con mucho interés el informe de nuestro compañero Rovsing y quisiera decirle que tanto yo como el Grupo socialista adherimos a un buen número de sus comprobaciones, reflexiones y propuestas. 
También puedo decirle que integraré un determinado número de éstas en mi propio informe, que saldrá de aquí a unos meses. 
Habida cuenta de los pocos minutos de que dispongo, quiero ir a lo esencial en estilo telegráfico tomando como punto de partida tres puntos. 
Primeramente, en la Unión Europea existe- usted lo ha dicho y lo dice todo el mundo- un déficit de la innovación como consecuencia de la disminución relativa del esfuerzo que dedicamos a la investigación, y ello, a pesar de las iniciativas de la Comisión Europea. 
Este déficit es, sin duda alguna, una de las causas del incremento del paro en la Unión Europea durante los últimos años y la situación se ha agravado debido a que nos encontramos muy a la zaga en el ámbito de las nuevas tecnologías- expediente que también conozco bien- y, especialmente, en su desarrollo en el seno de la población, en especial de la juventud, a través de nuestros sistemas educativos nacionales. 
Si se añade, como ha podido decirse o leerse aquí y allá, que en estos ámbitos- informática, comunicaciones- nos encontramos todavía de cierto modo en la Edad Media, y que algunos países pasarán de la Edad Media al tercer milenario en los próximos diez o veinte años, se evalúa la urgencia y la importancia de los esfuerzos que hay que hacer en Europa para incrementar la investigación, desarrollar las nuevas tecnologías y favorecer la innovación, especialmente en la esfera de la comunicación. 
Para ello se requieren, pues, presupuestos más importantes, todos estarán de acuerdo en ello, pero también prioridades en nuestras acciones, propuesta a la que también adhiero. 
Puedo decir que quizás fuese necesario, en toda Europa, conectar a todo el mundo a Internet, y especialmente a los ejecutivos y dirigentes económicos y políticos que a menudo hablan de cosas que no conocen debido a que no las practican personalmente o porque las hacen ejecutar por su secretariado. 
Este es para mí un nuevo, un verdadero, un gran servicio por desarrollar, que se dice universal, de interés general o público. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, actualmente se habla mucho del empleo. 
Ahora bien, el empleo supone un crecimiento económico que se debe asimismo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
Entonces, Señorías, señoras y señores de la Comisión y señoras y señores Ministros- no representados esta tarde- quizás sea preciso luchar contra toda tentación o tentativa de maltusianismo presupuestario. 
Señor Presidente, nuestro Grupo estima altamente el informe del Sr. Rovsing, lo considera globalmente acertado y, a la vez, también piensa que la comunicación presentada por la Comisión es un paso positivo. 
Compartimos las apreciaciones emitidas por el Sr. Rovsing sobre las insuficiencias de la comunicación y sobre la necesidad de establecer prioridades y de clarificar los compromisos de la Unión Europea. 
Pero existen varias contradicciones, aspectos que son ambiguos, y que hacen que nuestra opinión última no sea totalmente positiva: 
En primer lugar, se defiende que la innovación traerá como consecuencia más empleo y, sin embargo, las cifras estadísticas de los últimos 25 años de innovación y de empleo dicen justamente todo lo contrario. 
El aumento en el rendimiento de la productividad por hora trabajada supone disminución de puestos de trabajo. 
En segundo lugar, se aboga por una política europea encaminada a mejorar la estructura de investigación, lo cual nos parece correcto, y también su relación con las PYME. 
Pero la evolución en los últimos años de los programas marco hace que haya una concentración creciente de recursos en unas pocas regiones punteras y una vinculación privilegiada con grandes industrias. 
En tercer lugar, también pensamos que si bien la Comisión apuesta por inversiones que son importantes y que suponen una mejora en los fondos concedidos, nos encontramos sin embargo con que los criterios de Maastricht están imponiendo restricciones presupuestarias también en investigación, globalmente y en cada uno de los países. 
En cuarto lugar, se dice que hace falta un clima favorable, pero la formación de los estudiantes implica un aumento de la competitividad, del individualismo, y esto puede ir en detrimento de dicho clima favorable. 
Y por último, pensamos que habría que contar mucho más con los trabajadores, con los sindicatos, en las empresas y fuera de ellas, para poder crear este ambiente de innovación tecnológica. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea ocupa un lugar especial en el seno del mundo industrializado. 
Lamentablemente, es el de un crecimiento especialmente bajo y una tasa de paro especialmente elevada. 
Vistas las circunstancias, no cabe duda alguna de que la innovación es una necesidad, no solamente para el presente, sino también para el futuro. 
El informe del Sr. Rovsing subraya con razón la insuficiencia, comparativa, de los esfuerzos de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en Europa en relación con los Estados Unidos y Japón. 
Si resulta fácil comprobarlo, todavía quedan por encontrar las soluciones. 
A este respecto, quiero recordar que la innovación es ante todo asunto de las empresas y de los hombres que trabajan en ellas. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía destaca, con toda razón, que los poderes públicos, ya sea a nivel regional, nacional o europeo, no son las más indicados para determinar cuáles son las propiedades y calificaciones que necesitan las empresas. 
El papel de los poderes públicos en este ámbito, como, por lo demás, en bastantes otros, es crear un entorno favorable a la innovación de las empresas. 
En efecto, en la medida en que la sociedad en su conjunto posea un espíritu de empresa, con los riesgos y las innovaciones que ello implica, las empresas podrán, efectivamente, desarrollar una dinámica de investigación y desarrollo. 
Por tanto, lo esencial es que las normativas nacionales que se aplican a las patentes y a los conocimientos favorezcan la innovación, pero también que el peso de la fiscalidad no resulte insoportable y desalentador para las empresas que ya no contarían con los medios necesarios para invertir en la investigación y el desarrollo. 
Por ende, podemos felicitarnos de que el propio ponente haga hincapié en la necesidad de evitar los excesos de reglamentación. 
La exposición de motivos insiste mucho en el papel de las pequeñas y medianas empresas. 
Es cierto el papel que desempeñan, pero me permitirán destacar también el importante papel que desempeñan las grandes empresas en este campo. 
No cabe duda de que habría sido necesario mencionar el tema de las transferencias de tecnología y cooperación entre grandes y pequeñas empresas, especialmente entre las grandes empresas y las empresas subcontratistas. 
Respecto a las PYME, es preciso observar que a menudo, éstas consideran que el nivel de competencia nacional ya está muy lejos. 
El nivel de competencia comunitaria les parecerá, a fortiori, todavía más alejado. 
En este ámbito, al igual que en todos los demás, el principio de subsidiariedad no solamente debe mencionarse, sino incluso respetarse. 
Por último, y para concluir, quisiera insistir en el hecho de que la innovación sólo puede desarrollarse en un clima económico y social favorable a las empresas y que es vano recomendar esfuerzos en este campo e inventar ayudas e incentivos si la política económica, encerrada en un monetarismo estrecho, es desfavorable al crecimiento. 
La innovación- lo repito- es ante todo asunto de las empresas y de los hombres que les dan vida. 
Señor Presidente, queridos colegas, este debate trata sobre un tema extraordinariamente interesante. En este debate deseo plantear algunas cuestiones que, en mi opinión, son de extraordinaria importancia. 
La financiación, mediante participación y capital de riesgo, de empresas innovadoras, en particular, de aquellas que comienzan su andadura y que marcan el rumbo a seguir, es una de las claves para la innovación. 
Gracias a la investigación sabemos que la innovación la encontramos, sobre todo, en estas empresas jóvenes y nuevas. 
Se ha hablado aquí sobre la celebración de un debate. 
Si vamos a celebrar un debate, quisiera plantear en el mismo el fenómeno relativo al papel que desempeñan los banqueros y los grandes fondos de pensiones. 
Son muchísimos los medios disponibles. Creo puede hacerse una mejor utilización de los mismos, y que el debate es un medio excelente para lograr la participación de los bancos. 
A continuación deseo llamar la atención, una vez más, sobre el estatuto de la empresa europea, que ha vuelto a quedarse fuera. Es un tema que ya hemos debatido a menudo en el Parlamento. 
También tienen una extraordinaria importancia el papel de la formación, el papel de la combinación de las universidades con las empresas y, por último, aunque no por ello menos importante, creo que las PYME pueden tener una función decisiva en esta innovación que todos deseamos ver hecha realidad. 
Por ello, en mi última observación, quiero referirme a la carta del presidente de la Comisión de Cultura, que teme que nos limitemos a discutir sobre el tema y nos anima a entrar en acción. 
Creo que debemos centrarnos en este mensaje. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecer al Parlamento el interés que ha manifestado respecto al primer plan de acción para la innovación. 
Este plan ha sido examinado exhaustivamente, ya que tres comisiones, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, han comunicado su opinión a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Agradezco ante todo al Sr. Rovsing por la calidad de su informe. 
Resulta estimulante en su parte crítica y motivadora para la Comisión habida cuenta de que la invita a hacer más, especialmente en materia de financiación de la innovación y de gestión de los programas comunitarios de investigación y desarrollo. 
La Comisión es sensible a la recomendación del ponente cuando éste le pide establecer prioridades vinculadas con cuatro puntos. 
La Comisión comparte la opinión del ponente en cuanto a la prioridad que ha de concederse a las cuestiones de financiación de la innovación. 
Se trata, y usted lo subrayó acertadamente, de un tema sumamente vasto que abarca la creación inicial de empresas, el capital de riesgo, los mercados de capitales transeuropeos para empresas con un fuerte crecimiento, las stock options, la financiación mediante fondos propios, etc. Asimismo, el 1 de julio de 1997, inició un proyecto piloto, Hightech, Innovation and Technology Equity Capital, en colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones para alentar a los operadores privados de capital de riesgo a invertir en las fases de lanzamiento de proyectos tecnológicamente innovadores. 
Este proyecto ha recibido una excelente acogida y en dos meses numerosos fondos se han comprometido ha incrementar su acción. 
Además, en el futuro, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones deberían, de conformidad con la resolución de la Cumbre Europea de Amsterdam sobre el crecimiento y el empleo, contribuir a mejorar el potencial de innovación de las empresas de la Unión. 
Segundo punto, la propiedad intelectual constituye una de las prioridades de la Comisión. 
Por lo demás, el 25 de junio de 1997, adoptó el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. 
Este Libro Verde debería suscitar un amplio debate y desembocar en medidas que permitan mejorar sustancialmente el sistema actual de protección mediante patentes. 
Y ustedes saben que en este ámbito aún queda mucho por hacer. 
Cuento con el apoyo del Parlamento en este proceso que será totalmente decisivo. 
Asimismo, la Comisión tiene la intención de establecer un servicio de ayuda e información sobre los temas relativos a la propiedad intelectual destinado al quinto programa marco. 
Es de vital importancia que los resultados financiados con fondos públicos se aprovechen mejor y este servicio debería contribuir a ello. 
Tercer punto, el quinto programa marco debería encaminar la política comunitaria de investigación hacia la innovación. 
La innovación debería convertirse en una preocupación integrada en el funcionamiento de los programas temáticos. 
El programa «Innovar y hacer participar a las pequeñas y medianas empresas» deberá velar por ello en el marco de su papel en materia de coordinación y apoyo, sin dejar de realizar sus propias actividades. 
La vinculación de los temas «innovación» y «pequeñas y medianas empresas» en un mismo programa debería permitir dar mayor cabida en el programa marco a las pequeñas y medianas empresas y hacer que éstas se beneficien más ampliamente de sus resultados evaluando mejor sus necesidades. 
La mejora de los métodos de gestión del programa marco debería facilitar la reorientación del programa o de proyectos que se encuentren en curso de ejecución en función de los imperativos tecnológicos y sociales. 
Por último, cuarto punto, la Comisión está convencida de la importancia de la dimensión cultural y educativa. 
Este es uno de los tres temas que conforman los pilares del plan de acción. 
La competitividad y el empleo en Europa dependen del dominio que ésta tenga de la información, el conocimiento y la adaptabilidad. 
La puesta en práctica de propuestas del Libro Blanco sobre la educación y la formación, especialmente ERASMUS y el aprendizaje, o proyectos pilotos tales como la iniciativa «Aprender en la sociedad de la información» , debería contribuir a promover la innovación y a democratizar su imagen. 
En conclusión, el debate alrededor del Libro Verde y la publicación del plan de acción han contribuido a incrementar la sensibilización respecto a la importancia de la innovación para la competitividad de las empresas, el crecimiento y el empleo. 
El informe del Sr. Rovsing aporta un apoyo crítico y enriquecedor al trabajo de la Comisión. 
La alienta a continuar su esfuerzo e incluso a ir más lejos en algunos puntos. 
Las recomendaciones y sugerencias del Parlamento serán tomadas en cuenta por la Comisión a la hora de poner en práctica su plan de acción y la preparación de la Cumbre de Luxemburgo relativa al empleo. 
Muchas gracias, señora Comisaria Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Importación de productos CFC de China y Rusia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
Teverson y Eisma, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la red de importación ilegal en la Unión Europea de productos de imitación procedentes de China y de Rusia; -B4-0523/97- O-0107/97 de los Sres. Dupuis y Macartney, en nombre del Grupo de Alianza Democrática Europea, a la Comisión sobre las importaciones ilegales de CFC. 
Señor Presidente, una de las cosas que impresionaron más al mundo desde el punto de vista de la acción medioambiental mundial fue el Protocolo de Montreal: el acuerdo, excepcional en aquel momento, entre 24 naciones con vistas a lograr la prohibición de los CFC. 
Ahora cuenta con 163 países y, de hecho, la producción está prohibida ahora en la Unión Europea y en los países de la OCDE y a partir del año 2010 lo estará en los países en desarrollo. 
Ese protocolo fue una combinación excepcional de determinación entre las ONG, los gobiernos y las empresas para resolver un problema medioambiental fundamental. 
Pero esa positiva labor, como hemos visto en varios informes recientemente, ha sido socavada por el contrabando, que, según cálculos aproximados, asciende a 20.000 toneladas al año, la tercera parte del comercio mundial, lo que debilita en gran medida la industria legítima que está intentando aportar substitutos. 
Se ha dicho que Europa está inundada de CFC ilegales. 
Proceden primordialmente de Rusia, con frecuencia reetiquetados como productos reciclados- parece ser que Rusia está violando el Protocolo de Montreal- y de China, donde la producción está aumentando en realidad. 
La solución debe ser una prohibición de las ventas: no sólo de los CFC vírgenes, cosa importante y aceptada en gran medida por la Comisión Europea y varias naciones europeas, sino también una prohibición total, dado el problema del reetiquetado y de la falta de control. 
Mientras se mantengan dichas ventas, debe haber también un sistema de concesión de licencias a escala mundial, que imponga la rendición de cuentas y permita localizar el paradero de esos productos. 
Personalmente, siempre he sido firmemente partidario del principio de subsidiariedad en el proceso europeo de adopción de decisiones, pero se trata de un sector y de una cuestión medioambiental mundial que no deja margen para la subsidiariedad. 
Europa, el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento deben colaborar juntos con vistas a la formulación de las normas más estrictas para velar por que no se socaven los principios del Protocolo de Montreal, sino que se fortalezcan en realidad. 
La industria lo apoya. 
La salud de las generaciones futuras- sin lugar a dudas, en el hemisferio septentrional- está muy amenazada por ese contrabando y esa continua utilización de CFC. 
Pregunto a la Comisión, que ha sido una firme partidaria de la reforma, qué medidas va a adoptar ahora para poner fin a ese contrabando de CFC en la Unión Europea. 
Señor Presidente, por lo general, solemos observar con lupa la acción de los servicios de la Comisión y a menudo les recomendamos demostrar mayor vigor. 
En cambio, respecto a los elementos del asunto sobre el que acaba de informarnos nuestro compañero, es preciso pedir al Parlamento que felicite a los servicios que a menudo se encuentran en una posición difícil debido a que, en materia de lucha contra el fraude, han de descubrir fraudes que suelen ser, con frecuencia, más o menos cubiertos por las administraciones de los Estados miembros. 
Por tanto, nuestro Grupo desea que la acción de estos servicios sea apoyada por el Parlamento en su conjunto. 
Es preciso recordar que la producción de clorofluorocarbonos está prohibida desde 1995 en la Unión Europea; por lo general, también lo está en todos los países desarrollados y, a partir de 2010, lo estará en todos los países en vía de desarrollo. 
Por ahora, aceptamos la importación de estos productos en la Unión Europea tomando como base un sistema de cuotas. 
¡La cuestión es que se respeten estas cuotas! 
Ahora bien, nos damos muy bien cuenta de que la falta de cooperación aduanera internacional y la calidad mediocre de la cooperación entre las aduanas de los Estados miembros en los asuntos que atañen el medio ambiente hace mella en la protección a la que nuestros países habrían de tener derecho. 
La intervención de la UCLAF es, por ende, una gran victoria, en la medida en que la coordinación a escala de la Unión Europea parece haber dado frutos. 
El Grupo de Coalición Radical Europea desea pedir al Parlamento que se encamine hacia la prohibición total de importaciones de CFC en la Unión Europea. 
Pide a la señora Comisaria y a la Comisión que trabajen mano con mano con todas las partes en el acuerdo de Montreal, con vistas a instaurar un régimen de sanciones sumamente estrictas contra los defraudadores. 
Señorías, hace ya algún tiempo se advirtió a la Comisión Europea la existencia de transacciones ilegales relativas a sustancias que empobrecen la capa de ozono; por tanto, ésta tomó- y sigue tomando- medidas a distintos niveles. 
La Unidad de la Comisión Europea para la Lucha Antifraude intervino, como tuvo a bien destacar, para abrir y coordinar investigaciones con los servicios aduaneros de los Estados miembros. 
Estas investigaciones han desembocado recientemente en el descubrimiento de importaciones ilegales en varios Estados miembros (Alemania, Países Bajos, Bélgica) de unas 1000 toneladas de CFC y halón de origen chino. 
Las mercancías han sido incautadas y las personas sospechosas de fraude detenidas. 
Se encuentran en curso otras investigaciones relativas a situaciones y productos de distinta naturaleza y procedencia. 
Simultáneamente, se tomaron varias iniciativas para reforzar el sistema de control y buscar las posibles fuentes de importaciones ilegales. 
Especialmente en estos días, las partes que integran el protocolo de Montreal sobre las sustancias que empobrecen la capa de ozono estudian este problema en el marco del 10º aniversario y debaten una propuesta destinada a obligar a todas las partes a instaurar un régimen de licencias para la exportación e importación de sustancias de este tipo. 
La Comunidad Europea administra ya un sistema de cuotas y un régimen de licencias para la importación de estas sustancias, pero queda de manifiesto que es preciso coordinar los esfuerzos de todas las partes para impedir su comercio ilegal. 
La Comisión tiene la intención de proponer, durante la revisión del Reglamento 3093/94 del Consejo relativo a esas sustancias, la prohibición de la venta y la utilización de los CFC, cuya producción ya está prohibida desde 1995. 
La prohibición de venta suprimiría la demanda y, por tanto, la tentación del comercio ilegal. 
Paralelamente, la Unión Europea ha presentado a todos los países industrializados, con motivo del protocolo de Montreal, una propuesta que se está debatiendo a su vez. 
El reglamento obliga a los Estados miembros a fijar sanciones disuasivas en caso de incumplimiento de sus disposiciones, pero, evidentemente, les corresponde aplicar eficazmente estas sanciones. 
Señor Presidente, me complace oír lo que dice la Sra. Cresson. Es diferente, desde luego, de lo que la Comisión dijo el año pasado, cuando la Sra. Bjerregaard habló sobre este asunto. 
En primer lugar, he de acoger con beneplácito el informe de la Agencia de Investigación Medioambiental, que ha revelado ese comercio y ha aportado pruebas innegables, lo que significa que la Comisión debe actuar contra ese comercio ilegal. 
Pese al informe y a las preguntas formuladas por el Instituto de Asuntos Internacionales y las preguntas formuladas por mí y otros diputados en el pasado, la Comisión ha tardado en actuar a ese respecto. 
De hecho, en mayo del año pasado la Sra. Bjerregaard dijo: » Evidentemente, estamos interesados en estudiar los informes procedentes del Reino Unido, pero tendremos que ver si hay bastante información para sacar adelante ese asunto». 
Pues bien, me complace enterarme de que la Comisión está sacándolo adelante por fin- ¡por fin! -, pero, ¡no lo suficiente! 
Cualquiera que haya estudiado ese comercio sabe con toda claridad que es un ejemplo clásico de operaciones ilegales y de comercio ilegal en general. 
La Comisión no debe limitarse a adoptar medidas contra la demanda, debe adoptar medidas contra la oferta. 
Existen claramente opciones substitutorias para todos lo usos existentes y la Comisión ha tardado en prohibir la utilización y la venta de CFC dentro de la Comunidad. 
Pero no acaba ahí el asunto, señora Cresson. 
Tienen ustedes que adoptar medidas contra la oferta también. 
Existe un plan del Banco Mundial para comprar casi la mitad de la producción mundial a Rusia, cuyo coste asciende a sólo 27 millones de dólares, y, sin embargo, la respuesta de los Estados miembros ha sido hasta ahora insuficiente. 
Gran Bretaña ha ofrecido 3 millones de dólares, Dinamarca ha ofrecido 2 millones de dólares, Noruega- que no forma parte de la Unión, pero al menos es un país responsable- ha ofrecido 2 millones de dólares. 
También los americanos han ofrecido dinero. 
Quisiera pedir a la Comisión que ejerza toda su influencia en pro de esa propuesta de comprar esa producción, aislar la producción restante de China y velar por que se detenga ese comercio ilegal. 
Pueden ustedes comprarla: cuesta una miseria. 
¿Por qué no lo ha hecho la Comisión? 
¿Por qué no ha actuado en pro de los intereses de los ciudadanos de Europa como respuesta a los llamamientos de sus representantes, como yo y otros, que hemos formulado preguntas al respecto en el pasado? 
Ha tardado en actuar y las consecuencias son graves. 
Señor Presidente, Señorías, para empezar, dos constataciones en relación con el mercado interior. 
Siempre que el incumplimiento de la ley permite ganar dinero, la criminalidad ronda cerca. 
Por otra parte, el hecho de que la UCLAF, la Unidad de coordinación de la lucha antifraude de la Comisión Europea, haya conseguido desenmascarar estos manejos criminales demuestra que el control funciona. 
La pregunta oral sitúa en un primer plano las importaciones ilegales procedentes de China y posiblemente también de Rusia. 
En Alemania acaba de descubrirse la introducción ilegal en el país de 1.000 toneladas de CFC procedentes de Gran Bretaña. 
Además, se tiene conocimiento de que también otros países de la Europa central y oriental no cumplen el acuerdo existente para el progresivo abandono de la producción y la utilización de CFC. 
Los CFC se han revelado como substancias destructoras del ozono. 
24 Estados y la Unión Europea firmaron hace diez años el Protocolo de Montreal, que tenía y tiene como objetivo el abandono paulatino de la producción de CFC y la renuncia progresiva al uso de otras substancias que figuran entre las más dañinas para la capa de ozono. 
Los CFC están prohibidos en los países industriales desde 1996. 
Aun así, en el mundo se siguen produciendo unas 240.000 toneladas anuales y su uso a escala mundial continúa aumentando alrededor de un 4 % cada año, sobre todo en los países en desarrollo. 
También en Europa todavía no es posible prescindir totalmente del uso de CFC en las instalaciones ya existentes, por ejemplo en los condensadores, y no sólo por razones de coste- la sustitución de todas estas instalaciones exigiría un inmenso desembolso -, sino también por consideraciones medioambientales. 
No existen en todo el mundo instalaciones suficientes para eliminar las antiguas existencias de CFC sin ocasionar daños al medio ambiente. 
Para cubrir esta demanda de sustitución se estableció el llamado sistema de cuotas y no nos será posible votar afirmativamente el punto 6 de la propuesta de resolución, que se someterá a votación mañana, porque lo que nosotros nos preguntamos en este contexto es qué se hará con las cantidades que no sea posible eliminar. 
En Europa no sólo debemos velar por el cumplimiento de las leyes y los tratados y por el riguroso castigo de las infracciones, sino que también debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para promover que los países en desarrollo y los países del antiguo bloque oriental. abandonen el uso de CFC antes de la fecha anteriormente prevista del año 2010. 
Para ello precisan nuestro apoyo financiero y técnico. 
También debemos hacer todo lo posible para limitar el uso de otras substancias perjudiciales para la capa de ozono. 
Entre éstas destaca sobre todo el bromuro de metilo, que sigue representando dos terceras partes del potencial destructor de los CFC y que se utiliza sobre todo en la agricultura de los países en desarrollo. 
Estas consideraciones también son aplicables, no obstante, a los hidroclorofluorocarburos, los HCFC, cuyo uso sin embargo se está incrementando, precisamente como productos de sustitución de los CFC, y cuyo potencial destructor sólo representa, por otra parte, algo más del 20 % del de los CFC. 
Por este motivo tampoco podemos votar afirmativamente la inclusión de los HCFC en el punto 7 de la propuesta de resolución. 
Nosotros querríamos excluir este aspecto, porque lo que se pide es sencillamente imposible. 
En todo el mundo existen resistencias contra un abandono anticipado de estas substancias. 
La Unión Europea debería adelantarse y sentar un buen ejemplo, tal como ya se decidió. 
Señor Presidente, en el minuto de que dispongo, sólo puedo decir que siento una profunda preocupación por esta importación ilegal. 
Volvemos a descubrir que de nuevo se han importado 96.000 toneladas de CFC, y en julio de este mismo año, se importaron 150 toneladas de este peligroso producto procedentes, en su mayoría, de China y Rusia. 
Pero no he oído nada de la Comisión sobre las acciones y sanciones específicas que se propone aplicar a los importadores de estas sustancias ilegales. 
La Comisión debería mantenerse más atenta a esta cuestión. 
Si he entendido bien, la Comisión tiene intención, en el marco de la Conferencia de Montreal que finaliza mañana, proponer que se prohíba la venta y la utilización de todos los CFC en todo el mundo. 
Pero también me gustaría saber, y se lo pregunto una vez más a la Comisión, si en la jornada que queda antes de finalizar la Conferencia, tiene intención también de proponer que se prohíban los productos de sustitución de los CFC y el bromuro de metilo. 
Espero que recibamos un informe sobre esta Conferencia de Montreal y sobre la posición adoptada por la Comisión y, por último, queremos pedirle también que nos facilite dicho informe lo antes posible para saber qué ha hecho la Comisión. 
Señor Presidente, como ya han mencionado varios oradores, un porcentaje de las importaciones ilegales de CFC- una gran parte verdaderamente- procede de China; otra parte de Rusia. 
Hace un rato, los periódicos alemanes informaban de que han detenido a un vendedor de material de extinción de incendios por importación ilegal de CFC de China. 
Los beneficios que se pueden conseguir con este sistema se calculan en un 300 por ciento, y se menciona la cantidad de 10.000 toneladas de CFC ilegal importado anualmente en la Unión Europea. 
Se trata por tanto de un problema muy grave, como todos hemos subrayado en este debate. 
La cuestión es cómo solucionarlo. 
El Banco Mundial está intentando, como han mencionado algunos oradores, pagar a las personas que fabrican estas materias, por ejemplo destinando 140 millones de marcos a Rusia para que deje de fabricar aquello que, de acuerdo con los convenios, se había comprometido a no fabricar. 
Se trata posiblemente de un método dudoso, pero hay que preguntarse si no es necesario. 
Puesto que los países en vías de desarrollo están en su derecho de fabricar CFC hasta el año 2010, puede que no exista otro método aparte del de comprarlos. 
Sería interesante saber si la Comisión ha reflexionado sobre esto, es decir, cuál es su postura ante el proyecto del Banco Mundial, y si está dispuesta a respaldarlo. 
Y si está dispuesta la Comisión, con respecto a China, a iniciar unas deliberaciones especiales con el Gobierno para averiguar si las autoridades de este país pueden sernos de alguna ayuda para suprimir este comercio en la fuente de origen. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el contrabando se realiza cuando permite ganar muchísimo dinero. 
El contrabando de CFC detectado representa sin duda sólo una parte del total que se introduce ilegalmente en la Unión Europea, tal como ya ha señalado mi colega Bowe. 
También yo he dirigido una serie de preguntas al respecto a la Comisión, dado que los rumores sobre el tráfico ilegal se repiten reiteradamente. 
El contrabando de estas substancias no se debe a su valor intrínseco, sino a que su producción está prohibida pero siguen existiendo una serie de aparatos e instalaciones que no pueden funcionar sin CFC. 
Éste es, a mi parecer, uno de los aspectos esenciales que debemos tomar en consideración. 
No basta con prohibir la producción. 
No basta con prohibir la venta. 
No basta con prohibir la importación. 
También es preciso preocuparse del progresivo desmantelamiento, la transformación o la sustitución por otras nuevas de estas instalaciones que continúan funcionando con CFC. 
Éste es sin duda también un ámbito al que debe dedicarse una intensa investigación, no sólo por lo que respecta a los productos de sustitución, sino también en busca de aparatos e instalaciones sustitutivos. 
Si alguien tiene un coche con un sistema de aire acondicionado que utiliza CFC, la sustitución de la instalación cuesta más de 200 dólares; por este precio, en Estados Unidos ya es posible comprar un coche. 
Es decir que debemos incidir precisamente en este aspecto si en verdad deseamos la retirada total de estas substancias que dañan de manera permanente la capa de ozono. 
Muchos de nosotros ya no llegaremos a ver una recuperación de la capa de ozono hasta su estado anterior a 1970. 
A mi parecer, también será necesario reforzar los controles en los Estados miembros, aplicar rigurosamente las cuotas y adquirir también más aparatos para la detección de los CFC introducidos ilegalmente, como los que existen en Estados Unidos. 
Esto sería también un paso importante, pero todo ello sólo pueden ser medidas encaminadas a garantizar un rápido abandono de estas substancias. 
Hasta donde yo sé, la Dirección General XI está elaborando en estos momentos un documento que se propone facilitar también un abandono más rápido de los hidroclorofluorocarburos en la Unión. 
Todos deberíamos colaborar en este empeño, tanto en el ámbito de la inversión como en el de los productos de sustitución. 
Señor Presidente, Señorías, voy a intentar contestar a las preguntas formuladas, lo que me permitirá precisar la posición de la Comisión. 
Algunos de ustedes se han interrogado sobre la magnitud exacta de este tráfico. 
Desde hace ya algún tiempo, se han presentado demandas respecto a importaciones ilegales de CFC, y la industria ha calculado que esos tráficos podrían alcanzar un volumen de 10.000 a 15.000 toneladas por año. 
Por lo demás, una ONG, Environmental Investigation Agency, que se ocupa principalmente de estos problemas, se refiere, en una publicación reciente, a un abanico de 6.000 a 20.000 toneladas. 
Otros se han interrogado sobre los medios de los que dispone la Comisión para entablar diligencias contra los clientes implicados en este tipo de tráfico. 
El seguimiento de las infracciones a la normativa europea- es decir, la obligación de instaurar un régimen de licencias, la prohibición de importaciones y las sanciones que se inflingen en la materia- es competencia de los Estados miembros. 
Como lo dije hace un momento, la Unidad de la Comisión Europea para la Lucha Antifraude ha abierto y coordinado investigaciones con los servicios aduaneros de los Estados miembros. 
Las sanciones difieren de un Estado a otro, no hay homogeneidad. 
Otros más han preguntado cuál era la situación actual en lo relativo a la aplicación de la legislación comunitaria en los diversos Estados miembros. 
Las disposiciones de la Comunidad relativa al control de sustancias que empobrecen la capa de ozono se aplican a través de un reglamento que atañe directamente a los operadores económicos. 
Otra interrogante se refiere a la continuación de estas importaciones de CFC. 
¿No habría al fin y al cabo productos de sustitución? 
Si se analizan los distintos sectores en los que inicialmente se utilizaban los CFC, puede observarse que en los aerosoles, salvo los inhaladores-dosificadores para el tratamiento del asma- que corresponden a una utilización esencial, se han suprimido los solventes y las espumas se encuentran desde ahora totalmente exentas de CFC. 
Los productos de sustitución utilizados en este sector son los hidrocarburos, los HCFC y, en menor medida, los HPC. 
En el sector del equipo frigorífico, la industria calcula que los materiales existentes todavía contienen de 50.000 a 100.000 toneladas de CFC. 
Día a día, se utilizan más los HCPC para sustituir estos CFC. 
El amoníaco y los hidrocarburos son, a su vez, cada vez más utilizados en los nuevos materiales. 
Se puede formular la pregunta de saber si la Comisión considera que una prohibición total de la venta y la utilización de los CFC- lo que equivale a suprimir la oferta- constituiría el medio más apropiado de suprimir también la demanda y facilitar los controles. 
Efectivamente, una disposición que prohibiera el mantenimiento de los CFC en el mercado (por ejemplo, una prohibición de la venta) contribuiría ciertamente en gran medida a facilitar los controles. 
¿Qué estrategia cuenta adoptar ahora la Comisión, sobre todo en el marco de la Conferencia de Montreal? 
En esta conferencia, la Comunidad trabaja en favor de que todas las partes introduzcan un régimen de licencias relativo a la importación y exportación de sustancias que empobrecen la capa de ozono. Por tanto, la posición de la Comisión es sumamente firme. 
Además, la Comunidad Europea ha presentado una propuesta destinada a prohibir las ventas de CFC en todos los países industrializados. 
Señor Presidente, la Comisaria iba a decirnos si creía o no la Comisión que una prohibición total iba a ser o no la política de la Comisión y después- desde luego, en la interpretación- no he oído en ningún momento una respuesta a esa pregunta. 
Deseo una aclaración. 
¿Cree la Comisión que esa firme política encaminada a acabar con las ventas es una política de la Comisión o no? 
La Comunidad Europea ha presentado una propuesta destinada a prohibir las ventas de CFC en todos los países industrializados. 
Por lo demás, dije que, evidentemente, la prohibición de ventas de CFC facilitaría la lucha contra el fraude. 
Por tanto, ambas propuestas coinciden. 
Muchas gracias, señora Comisaria Cresson. 
He recibido cuatro propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Ley Helms-Burton 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0521/97- O0102/97) de la Sra. Castellina, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, a la Comisión sobre las negociaciones de la Comisión con la administración americana relativas a la ley Helms-Burton. 
Señor Presidente, se trata de una pregunta oral formulada por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Agradezco al Comisario Sr. Brittan su presencia. 
El próximo jueves, comienza en París el segundo encuentro bilateral entre los Estados Unidos y la Unión Europea encaminado a fijar unos criterios comunes para definir las normas aplicables con objeto de garantizar la seguridad a las inversiones que, posteriormente, deberán incluirse en el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) que en la actualidad se encuentra en fase de negociación. 
No sabemos qué se debatió y cuáles orientaciones se adoptaron en la reunión anterior. 
De cualquier modo, sabemos que serán decisivas, habida cuenta del peso de ambos protagonistas en el marco de la OCDE. 
Es por esto que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores advierte la necesidad de que se le mantenga informada durante la sesiones de la propia negociación, es decir, antes de encontrarse ante la disyuntiva de tener que adoptar o rechazar un acuerdo. 
Todos nosotros estamos convencidos de que, a escala internacional, deben establecerse unas normas que ofrezcan garantías a todo el mundo y, no obstante, nos embarga una preocupación cada vez más fuerte, habida cuenta de que la decisión de esta negociación más estrecha entre la Unión Europea y los Estados Unidos se tomó como parte de un acuerdo que supuso la suspensión del panel de la OMC que sentaba en el banquillo de los acusados a los propios Estados Unidos a causa de su ley Helms-Burton. 
Dicha suspensión ha provocado la inquietud de este Parlamento que, por otra parte, al igual que el Consejo, adoptó una firme posición contra el embargo americano. 
Ahora, quisiéramos entender ampliamente cómo y si las normas dirigidas a garantizar las inversiones protegerán la soberanía de nuestros Estados con objeto de seguir asegurando su autonomía normativa. 
El otro día, su colega, el Comisario Fischler, se hacía la misma pregunta a propósito del suceso de las «vacas locas» , y se planteaba si y en qué medida, en el marco de esta liberalización generalizada, estaba todavía en condiciones de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los ciudadanos europeos. 
No quisiéramos, en definitiva, que a través de este acuerdo se asumieran unos compromisos encaminados a cambiar nuestras normativas y, pienso, también muchas constituciones europeas. 
Pero, más en particular, desearíamos recibir aclaraciones sobre la posible y proyectada retroactividad de dichas normas. 
¿Qué se pretende hacer? 
¿Se quiere realmente reabrir el capítulo de la nacionalizaciones? 
Y en caso afirmativo, ¿desde cuándo? 
He sabido que un ciudadano polaco, a quien en su día le fue expropiado su palacio en Varsovia, está reivindicando ese edificio que en la actualidad es propiedad de la embajada americana que, como es natural, se niega a devolvérselo. 
Se trata sólo de un ejemplo de lo que podría suceder si se reabriera este capítulo. 
Por último, y ésta es una aclaración esencial, en el caso de que se quisiera aplicar el principio de retroactividad con respecto a Cuba y estar de acuerdo con los Estados Unidos en su enfoque sobre la cuestión de las nacionalizaciones, habida cuenta de que en dicho país una buena parte de las propiedades fue nacionalizada hace 36 años por pertenecer a extranjeros o a ciudadanos cubanos emigrados a los Estados Unidos y considerando que, a diferencia de lo desde hace tiempo han venido haciendo casi todos los demás Estados, los Estados Unidos no quisieron llegar a ningún compromiso con objeto de solucionar el asunto de las propiedades nacionalizadas de sus ciudadanos, las nuevas materias en cuestión podrían poner fin a toda operación comercial y a cualquier inversión en dicha isla, en contradicción, repito, con las decisiones adoptadas por la Unión Europea. 
Señor Comisario, éstas son las aclaraciones que la Comisión de Relaciones Económica Exteriores querría obtener. 
Señor Presidente, señoras y señores, permítaseme decir en primer lugar que, examinando la cuestión en general, la existencia de la Organización Mundial del Comercio y la capacidad de presentar una reclamación ante ella ha sido la mejor- y tal vez la única- arma eficaz que la Unión Europea tenía contra el intento, absolutamente inaceptable, de los Estados Unidos de exportar sus políticas e imponérnoslas a nosotros. 
Sin ese mecanismo de solución de diferencias, sin esas normas, tendríamos, en verdad, muy pocos recursos defensivos en esta contienda. 
Lo digo porque ilustra muy bien lo importante que es que la Unión Europea siga ateniéndose a los principios de la Organización Mundial del Comercio, ya que nos permiten defender nuestros intereses. 
Pero tenemos que utilizarlos del modo adecuado. 
Al responder a algunas de las otras observaciones, voy a reiterar los datos factuales relativos a ese asunto. 
El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos el 11 de abril de 1997 pide la creación de sanciones que «inhiban y disuadan de la adquisición en el futuro de inversiones de cualquier Estado que haya expropiado o nacionalizado dichas inversiones contraviniendo el Derecho internacional y las posteriores transacciones con inversiones encubiertas». 
De esa formulación se desprende claramente que el acuerdo no necesariamente establece la negociación de sanciones que prohibieran las inversiones futuras en propiedad expropiada, porque habla de inhibir y disuadir y también se refiere a las inversiones en contravención del Derecho internacional y no de otra índole. 
Naturalmente, no todas las inversiones de esa clase contravendrán el Derecho internacional. 
Además y paralelamente, el acuerdo pide también que la Unión Europea y los Estados Unidos colaboren para abordar y resolver mediante principios acordados las cuestiones relativas a los conflictos de jurisdicciones y boicoteos secundarios. 
Es muy importante tomar nota de que las negociaciones a ese respecto tienen que ser paralelas a las negociaciones sobre las sanciones relativas a las inversiones. 
Una cosa interesa a los Estados Unidos; otra cosa nos interesa a nosotros. 
Así, pues, es un acuerdo equilibrado. 
Otro elemento del acuerdo es la ley D ' Amato. 
La aplicación plena del acuerdo obligaría a los Estados Unidos a conceder a la Unión Europea una exención respecto del régimen multilateral con arreglo a dicha ley, que no es el objeto de la reclamación en la OMC, pero, aun así, forma parte de nuestro acuerdo con los Estados Unidos. 
El acuerdo presupone la continua exención del Título 3 de la Ley Helms-Burton y también que el Congreso modificará la ley Helms-Burton para permitir una exención presidencial del Título 4. 
Respecto de la observación de que la Unión Europea se ha comprometido a unirse a las gestiones de los Estados Unidos para promover la democracia en Cuba, a que se refiere el texto de la pregunta oral, quisiera recordar a Su Señoría que la formulación del acuerdo es clara. 
No figura en él un compromiso por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos de adoptar medidas conjuntas. 
Cada una de las partes conserva la libertad para juzgar cómo, dónde y cuándo desea plantear esas cuestiones ante Cuba. 
Así, pues, respecto de la pregunta de si considera la Comisión que esas sanciones imposibilitarían las inversiones en Cuba, teniendo en cuenta los hechos históricos mencionados por Su Señoría, quisiera decir claramente una vez más que las expropiaciones pasadas no quedan excluidas de la formulación del acuerdo, sino que ésta presupone que ha habido una clara violación del Derecho internacional y, como he señalado, el acuerdo sólo compromete a la Unión Europa a aplicar sanciones que inhiban y disuadan de las inversiones y no sanciones que prohíban las inversiones. 
Esto último sería, en cualquier caso, difícil para la Comunidad, dada nuestra casi completa libertad para el movimiento de capitales establecida en el artículo 73 b del Tratado CE. 
La siguiente pregunta versa sobre el hecho de que el Derecho internacional establece normas relativas a la protección de las inversiones, incluidas normas sobre la legalidad de las expropiaciones. 
Uno de los criterios para determinar la legalidad de una expropiación es el de si se ha pagado una indemnización rápida, adecuada y efectiva al Estado expropiado. 
La Comisión y los Estados miembros han insistido constantemente en nuestras negociaciones en que, de conformidad con el acuerdo, sólo se podrían aplicar sanciones a las expropiaciones que se hayan producido en contravención del Derecho internacional. 
Las condiciones precisas para determinar cuándo ha sido así siguen siendo materia de debate. 
De lo que he dicho ha de resultar claro que la negociaciones están actualmente en una fase compleja y delicada. 
El objetivo de la Comisión sigue siendo el de lograr una solución equilibrada que abarque tanto las sanciones para las inversiones en propiedad expropiada, en el sentido en que las he descrito, y los principios sobre requisitos opuestos y boicoteos secundarios. 
Cualquier acuerdo obligaría al Congreso a aprobar las enmiendas legislativas para permitir una exención del Título 4 de la ley Helms-Burton y el Gobierno de los Estados Unidos tendría también que conceder una exención del régimen multilateral con arreglo a la ley d ' Amato. 
Los negociadores están en París esta semana para celebrar la sexta ronda de negociaciones y otras conversaciones están previstas para el mes de octubre. 
De momento no tenemos un acuerdo, pero ésos son los principios y procedimientos que vamos a aplicar. 
Señor Presidente, celebro que el Sr. Comisario nos haya recordado los términos del acuerdo que se fraguó entre la Comisión Europea y la Administración Clinton- modificado parcialmente después por el Consejo de Ministros de la Unión Europea- porque, como el Sr. Comisario ha puesto muy bien de manifiesto, no se trata de un acuerdo cualquiera, sino que se trata de un acuerdo condicional. 
Y las condiciones nos las ha recordado el Sr. Brittan, pero a mí me gustaría poner el acento en las dos condiciones fundamentales: por una lado, la Unión Europea suspendía la tramitación de la queja presentada ante la Organización Mundial de Comercio, y los Estados Unidos se comprometían a suspender la aplicación del título tercero- cosa que el Presidente Clinton ha renovado el 18 de julio pasado, lo que, por cierto, por seis meses más ha motivado la sorna de las autoridades cubanas que han dicho que los Estados Unidos, de forma graciosa, prorrogaban seis meses más la soberanía del resto del mundo -; y la segunda condición fundamental- a mi juicioque las autoridades de los Estados Unidos habían aceptado era la modificación del título cuarto. Pero yo, señor Presidente, no tengo noticias de que esa modificación del título cuarto, en la que tiene que intervenir el Congreso de los Estados Unidos, se haya producido todavía. 
Y como el Sr. Comisario sabe perfectamente, una cosa es la Administración Clinton y otra cosa es el Congreso de los Estados Unidos. 
Y todos estos acuerdos se han fraguado, señor Presidente, en el bienentendido de que si se producía la aplicación de un acto a una persona física, jurídica o moral de la Unión Europea, si las derogaciones concedidas no se producían o si se modificaban, la Unión Europea se reservaba el derecho automático de volver a iniciar la tramitación ordinaria de la queja ante la Organización Mundial de Comercio. 
Y siempre sobre la base del rechazo al principio extraterritorial de la ley que interfiere en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y sus Estados miembros con países terceros, como es el caso de Cuba. 
Quiero decir, señor Presidente, que nuestro Grupo político ha rechazado siempre la ley Helms-Burton. Sobre todo, por tres razones fundamentales: en primer lugar, porque aumenta los sufrimientos, ya de por sí muy elevados, del pueblo cubano; en segundo lugar, porque introduce un elemento de extraterritorialidad que realmente repugna a la conciencia más laxa de cualquier Estado soberano- y yo he tenido ocasión de decirlo en esta Asamblea -; y en tercer lugar, porque pone en cuestión, señor Presidente, la instancia de la Organización Mundial de Comercio como organismo dedicado a dirimir o a resolver estos conflictos. 
El Sr. Brittan nos ha dicho que es la mejor garantía para defender las tesis de la Unión Europea. 
Si nos atenemos a los resultados de los recientes paneles del banano y de las hormonas, no sé si es la mejor garantía. 
En cualquier caso, en este supuesto de la ley Helms-Burton, es claro que la razón asiste por los cuatro costados a la Unión Europea y, sin embargo, la Unión Europea ha buscado una solución amigable por el momento. 
Habida cuenta de que cuando la Comisión Europea firmó este acuerdo con la Administración Clinton se marcó como plazo límite el del 15 de octubre, sería quizás deseable conocer por parte de la Comisión cuál es el estado y la posición del Congreso de los Estados Unidos con vistas a la modificación del título cuarto de la ley. 
Yo he estado, con la delegación que presido, en los Estados Unidos recientemente y las impresiones que nos han transmitido los congresistas y senadores no estaban nada claras en lo que se refería a la modificación de este título cuarto de la ley. 
Y termino, señor Presidente, diciendo que nosotros rechazamos los términos de esta ley porque, aun coincidiendo los objetivos de favorecer una transición pacífica a la libertad, al respeto de los derechos humanos y de las libertades democráticas en Cuba, diferimos en el método porque estas políticas de embargo que duran ya 40 años no han sido eficaces para avanzar ni un ápice en el respeto a estos valores, que son los que ha mencionado la Unión Europea en su declaración de 2 de diciembre pasado. 
Señor Presidente, en numerosas ocasiones hemos debatido aquí y adoptado resoluciones sobre la Ley Helms-Burton, y la posición de mi Grupo respecto de la extraterritorialidad de esta ley no ha cambiado. 
Es inadmisible que el Congreso de los EE.UU. imponga la ley a nuestras empresas, y que cuando surgen conflictos, el arbitraje recaiga sobre la OMC. Exclusivamente la OMC. 
Señor Presidente, deseo dirigir dos preguntas al Comisario Brittan. 
¿Por qué ha actuado el Comisario de forma tan solitaria en las negociaciones con los norteamericanos sobre la Ley Helms-Burton? 
Esa ley trata sólo en un 20 % sobre política comercial en el marco de la OMC, y la competencia sobre este punto recae en la Comisión y el Parlamento. 
Pero en un 80 % trata de las inversiones por parte de terceros países en antiguos bienes norteamericanos en Cuba. 
Esto último, por tratarse de inversiones, es competencia del Consejo. 
Por ello tampoco es sorprendente que la actuación solitaria del Comisario haya desatado las iras de los diputados a este Parlamento, pero sobre todo también, en el seno del Consejo. 
Y el resultado no ha sido ninguna nueva competencia para el Parlamento y la Comisión en el marco del artículo 13 del Tratado de Amsterdam, véase Acta. 
Mi segunda pregunta es relativa al acuerdo multilateral sobre inversiones, que actualmente está elaborando la OCDE. 
Si todo va bien, el acuerdo lo firmarán en mayo 29 países y la Unión. Mediante dicho acuerdo se establecerá la prohibición de invertir en bienes expropiados ilegalmente. 
La pregunta que ahora se plantea es: ¿puede hablarse, en el caso de Cuba, de expropiaciones ilegales de bienes estadounidenses que tuvieron lugar hace 36 años? Porque entonces no existía ninguna ley internacional en este ámbito y los norteamericanos rechazaron categóricamente la oferta de compensación que ese país les ofreció entonces. 
¿Puede hablarse, realmente, de expropiación ilegal? 
Me gustaría conocer la opinión del Comisario respecto a estas dos preguntas. 
Señor Presidente, la última vez que el Sr. Brittan estuvo aquí, también para hablar de la ley Helms-Burton, y como recordaba mi compatriota Salafranca, él dijo que si los Estados Unidos no cumplían con su parte del acuerdo- es decir, seguir congelando el título 3 y revocar el título 4- la Comisión se reservaba el derecho de volver al panel de la OMC. 
A nosotros nos parece que no sólo no se revocó- aunque se congele seis meses más el título 3 -, el título 4 sino que el Congreso de los Estados Unidos, con ocho enmiendas, agravó la ley Helms-Burton exigiendo el cumplimiento estricto de la misma. 
Es decir, que los deseos del Congreso norteamericano van en la dirección contraria de lo que el Sr. Brittan nos decía. 
Pero además, es que el Sr. Brittan dice: no se van a prohibir las inversiones, se van a desalentar. 
Y yo me pregunto: ¿cuál es la fórmula para desalentar? 
Es decir, esa es una figura que yo no conozco en el Derecho internacional y me gustaría saber en qué consiste «desalentar» , sobre todo si se tiene en cuenta que la Unión Europea, hasta no hace demasiado tiempo, había mantenido determinadas conversaciones con el Gobierno cubano para llegar a un acuerdo comercial y de cooperación, puesto que, recuerdo aquí, Cuba es el único país con el que no tenemos acuerdo de cooperación y de comercio. Y a nosotros nos parece injusto que esto sea así. 
Y nos parece que las conversaciones en el marco de la OMC, lo que hacen es avanzar en la aceptación de las premisas de los Estados Unidos, y no garantizar los intereses de la Unión Europea, la soberanía de los países de la Unión Europea. 
Porque, cuando hablan de disciplinar las inversiones, están pensando, naturalmente- y usted lo sabe tan bien como yo, señor Brittan -, en Cuba y en las inversiones que determinados países de la Unión Europea están haciendo en Cuba. 
Nos parece que vamos por un camino peligroso y la Comisión Europea debería introducir de nuevo su denuncia en la OMC. 
Señor Presidente, el debate de hoy sería del todo superfluo en una democracia que funcionase de veras. 
Se habría respetado la voluntad del Parlamento y el panel sobre la ley Helms-Burton habría seguido adelante. 
Pero ya en mayo de este año procedió usted arbitrariamente por su cuenta, señor Comisario, ante nuestra censura. 
Nos enteramos de que había visitado en audiencia privada al big brother para soslayar la cuestión. 
Usted hizo concesiones totalmente inaceptables. ¡Ese proceder no se ajusta para nada, pero absolutamente para nada a la " fidelidad a los principios»! 
Dos meses después, los hechos nos dan lisa y llanamente la razón. 
El Congreso estadounidense endureció el 11 de junio el embargo repetidamente condenado a escala internacional. 
Nosotros abogábamos exactamente por todo lo contrario y precisamente por este motivo solicitamos la intervención del panel que usted eludió. 
Señor Comisario, la visión que entre tanto tienen la generalidad de los ciudadanos europeos de la OMC es más que escéptica. 
La Organización Mundial de Comercio está sufriendo una auténtica crisis de legitimidad. 
¿De qué nos sirve una organización de estas características si sólo funciona como tribunal de arbitraje cuando se trata de atacar las conquistas sociales o la protección del medio ambiente? 
¿De qué nos sirve una OMC si los poderosos continúan resolviendo sus asuntos arbitrariamente por su cuenta en cuanto son ellos mismos quienes deberían someterse a juicio? 
¿De qué nos sirve una OMC si ésta se salta sus propias normas mediante conversaciones secretas y luego pretende elevar el contenido de las mismas a la categoría de un acuerdo multilateral sobre las inversiones que nos afecta a todos? 
Nosotros exigimos una completa información y la participación en todas las negociaciones para el establecimiento de un AMI, que actualmente se aplica en el marco de la OCDE y que más adelante se ampliará sin duda al marco de la OMC. 
Para que pueda llegar a establecerse un acuerdo de este tipo es preciso, como mínimo, que lo apruebe un número significativo de países en desarrollo. 
Yo creo que la pregunta que ha planteado la Sra. PlooijVan Gorsel es muy pertinente. 
Volviendo al tema de Cuba, la UE no debe seguir agachando la cabeza, sino que debe dotar de manera razonable las líneas presupuestarias existentes, en vez de suprimirlas. 
Y debe disponerse a establecer por fin un acuerdo de cooperación con Cuba. 
La protección de las inversiones a la que tanta importancia concede Estados Unidos no constituye en absoluto un problema real para Europa. 
Sólo quiero recordarles los acuerdos de protección de las inversiones que Cuba ha suscrito con países como Francia y Alemania. 
¡Corrupción en Miami no es un tema que nos incumba! 
Señor Presidente, señor Comisario, las relaciones entre Estados Unidos y Europa experimentan muchos malentendidos y divergencias de enfoque, incluso en ámbitos donde los objetivos buscados son en realidad idénticos. 
El caso de la ley Helms-Burton es ejemplar de este tipo de malentendidos trasatlánticos. 
Los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos de América comparten enteramente el objetivo de democratización de Cuba, incluso si, en el seno de esta Asamblea, el romanticismo castrista parece tener, extrañamente fuera de tiempo, todavía éxito. 
Sin embargo, la Unión Europea trata de promover esta evolución democrática de Cuba mediante la multiplicación de intercambios humanos, económicos y políticos. 
Los estadounidenses, más sensibles a la presión de aquellos que han tenido que huir la dictadura de Castro y más próximos, demasiado próximos al país interesado, juzgan que la única línea de conducta eficaz es la de la firmeza y las sanciones. 
El objetivo es el mismo, las orientaciones radicalmente distintas, pero se trata de dos enfoques que, en sí mismos, son tan legítimos uno como el otro. 
No obstante, la utilización de leyes que implican tales repercusiones extraterritoriales es totalmente inaceptable. 
Ahora bien, el compromiso que invoca hoy día la Comisión se parece más a un ejercicio meramente pragmático, después de haber renunciado a obtener resultados de principio. 
Oculta mal la ausencia total de concesiones de fondo del lado estadounidense. 
Apenas podemos vanagloriarnos, a mi juicio, de la exención de la que van a beneficiarse las empresas nacionales de la Unión Europea, mientras dejamos a nuestros socios de terceros países solos ante la poderosa Norteamérica. 
A falta de haber ganado el pleito respecto a la cuestión del principio de la inaceptabilidad de las disposiciones extraterritoriales, nada se opone a la multiplicación perversa de estas leyes a todos los niveles políticos y administrativos de los Estados Unidos. 
Esta derrota de principio constituye antes al contrario un estímulo para multiplicarlas: es una mala señal. 
Ya es de lamentar que ciudades o Estados hayan aprobado textos con consecuencias extraterritoriales sin que el Gobierno del Sr. Clinton tenga los medios para oponerse a ello. 
Y esta proliferación es tanto más inquietante en la medida en que a menudo antepone lo políticamente correcto de la lucha por los derechos humanos o la protección del medio ambiente para, en realidad, eliminar a las empresas extranjeras e impedirles competir para conseguir mercados públicos estadounidenses. 
Me temo que no nos evitará nuevas contrariedades. 
Señor Presidente, señor Comisario, en su calidad de convencido partidario del libre comercio, como siempre ha demostrado serlo, debe haber sido una experiencia desusada para usted ser objeto esta noche de reproches como los que acaba de formular el Sr. Wolf. 
Yo quisiera salir explícitamente en su defensa frente a ellos, pues además de ser una exageración retórica, sobre todo tampoco aclaran nada. 
La situación es la siguiente: Cuba no es un país democrático, pero el empeño de Estados Unidos contraviene el Derecho internacional, pues ha escogido el camino equivocado al penalizar a países democráticos, como los que constituyen la Unión Europea. 
Todos consideramos adecuado apelar a la OMC, no sólo para sentar un ejemplo con vistas a la capacidad operativa de dicha organización y a la liberalización del comercio mundial, sino también para hacer valer nuestros derechos. 
Nos fue difícil comprender que la Comisión intentase alcanzar un compromiso- aunque no a través de negociaciones secretas ni nada parecido, como presupone el Sr. Wolf- y seguir un camino que no está claro que vaya a dar resultado. 
Si no diera resultado, será difícil volver a retomar la línea de actuación que se abandonó mediante dicho compromiso y que era completar con éxito un procedimiento ante el panel de la OMC. 
Los americanos han procedido de otro modo en el caso del conflicto de los plátanos: han llevado hasta el final este tema, que por cierto hoy hemos vuelto a debatir. 
Lo digo porque nosotros aquí tomamos en consideración la política interior de Estados Unidos, y yo lo comprendo. 
Quien esté haya seguido la presente actuación del Sr. Helms en el nombramiento de embajadores en la comisión del Senado- sobre todo habida cuenta de que también fue principalmente él quien sacó adelante la ley Helms-Burton- sabrá las dificultades con que se encontrará el presidente de Estados Unidos para conseguir que las promesas que le hizo a usted sean aprobadas igualmente por el Congreso y el Senado. 
Ahora bien, esto son asuntos internos de Estados Unidos. 
Cuando se constata que han sido sobre todo Estados Unidos y Europa quienes han impulsado la OMC y son sus beneficiarios, quienes desmantelaron el GATT, y cuando se observa el cuidado con que el Tercer Mundo procura evitar sufrir las consecuencias de que los grandes siempre acaben poniéndose de acuerdo, no es extrañar que los Estados asiáticos y otros manifiesten, como ocurrió en Singapur, sus recelos de que la OMC sólo parece existir para los ricos, que de un modo u otro acaban resolviendo sus conflictos. 
Por esto, yo quiero instarle en nombre del Grupo del PPE a que, cuando se demuestre que sus intentos de alcanzar un compromiso no tienen éxito, vuelva usted rápidamente a la senda de la virtud e inicie un procedimiento jurídico en los casos en que sea necesario. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que la política de Europa puede exhibirse sin desdoro. 
La ampliación hacia el Este se completó con éxito y se caracterizó por el entendimiento mutuo y la negociación. 
Los americanos sólo han buscado el enfrentamiento con Cuba y se han quedado muy a la zaga de Europa. 
Yo pienso que es absolutamente necesario que cuando hablemos con Helms y Burton, que mantienen una posición muy clara y de hecho no están dispuestos a negociar, defendamos nuestra estrategia moderna, concretamente la oferta de alternativas, la búsqueda efectiva de un sistema que apoye a los demócratas de Cuba y a la economía de mercado en Cuba. 
Si seguimos una política que ofrezca alternativas con vistas a apoyar a las fuerzas cubanas que también persiguen nuestros mismos objetivos y no buscamos el enfrentamiento ciego, los europeos también tendremos éxito en Cuba. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Quisiera responder brevemente a algunas de las observaciones que se han hecho y examinar este asunto objetivamente. 
Si se me permite decirlo así, las opiniones expresadas por el Sr. Rübig y el Sr. Kittelmann están más próximas a la realidad que otras que hemos escuchado. 
Comencemos por los primeros principios. 
Compartimos con los Estados Unidos la objeción del Gobierno no democrático de Cuba. 
Diferimos respecto de la forma de abordarlo y nos oponemos a que los Estados Unidos intenten imponernos su política. 
Nos oponemos con tanta firmeza, que hemos adoptado medidas legislativas mediante este Parlamento y mediante el Consejo de Ministros para imponer el bloqueo de su legislación. 
Nos oponemos tan firmemente, que acudimos a la OMC para reivindicar nuestros derechos no sólo respecto a la ley Helms-Burton, sino también, aunque no en la OMC, respecto de la ley D ' Amato que afecta al Irán y a Libia y que es igualmente censurable. 
Estamos y seguimos estando totalmente dispuestos a continuar con la reclamación ante la OMC. 
Pero en el Consejo de Ministros se ha expresado repetidas veces el profundo deseo de que se intente encontrar una solución negociada. 
Y hemos logrado un acuerdo de carácter provisional que nos permite volver a recurrir a la OMC, si no se respeta dicha solución y si no logramos nuestros objetivos. 
¿Cuáles son nuestros objetivos? 
Por definición, un acuerdo significa que no va a haber una declaración altisonante de un tribunal internacional que diga que nosotros tenemos la razón y los americanos están equivocados. 
Pero nosotros y los Estados miembros hemos sostenido acertadamente la opinión de que lo importante es proteger los intereses de la economía europea por encima de todo lo demás y velar por que ninguna medida adoptada por los Estados Unidos pueda perjudicarnos. 
La consecuencia ha sido que el Presidente de los Estados Unidos ha suspendido el Título 3, el más perjudicial de esa ley, y que desde que se logró el acuerdo no se ha adoptado medida alguna de conformidad con el Título 4. 
Después entablamos una negociación cuyo efecto, si da resultado positivo, será el de suspender permanentemente el Título 3, por lo que la industria y los ciudadanos europeos nunca han estado amenazados en ese sentido, y conceder al presidente el derecho a hacer lo mismo respecto del Título 4. Además, a consecuencia de esa negociación, se nos brindó la perspectiva y la posibilidad de obtener una exención de la aplicación de la otra legislación censurable, a saber, la ley D ' Amato. 
Y lo que ha sucedido es que hemos entablado negociaciones. 
No hay nada misterioso en ello. La negociación sobre el AMI es otro asunto más amplio que éste y que también habíamos entablado. 
No afecta a los países en desarrollo. Esperamos negociar con ellos más adelante en la OMC sobre un acuerdo más amplio. 
La fecha límite del 15 de octubre va en serio y así se lo hemos dicho a los americanos. 
Somos participantes libres en la negociación. 
No estamos obligados a aceptar nada que no sirva a los intereses de Europa y no lo haremos. 
La negociación no ha concluido. 
Los americanos tienen también la obligación de hacer lo necesario para satisfacernos en la negociación. 
Creo que, si obtenemos un resultado positivo en la negociación, habremos protegido los intereses de la Unión Europea de forma muy eficaz y habremos utilizado en realidad el procedimiento de la OMC, que es valioso. 
Pues sólo presentando la reclamación habremos incitado a los Estados Unidos a suspender el Título 3, no adoptar otras medidas con arreglo al Título 4 y hacer algo también respecto de la ley D ' Amato. 
Si no obtenemos resultados positivos en la negociación, tendremos pleno derecho a volver a la OMC, reanudar la reclamación y procurar su resolución por mediación de dicha organización. 
Así, pues, nada hemos perdido, hemos ganado mucho y tenemos todas las posibilidades de ganar más. 
Si no obtenemos resultados positivos, podemos recurrir una vez más a ese foro internacional, a cuya creación contribuimos y que debemos defender para lograr el reconocimiento de nuestros derechos. 
Ésa es la situación real actualmente. 
Las negociaciones son complicadas y aún no han concluido, pero puedo asegurar a Sus Señorías que no llegaremos a una conclusión ni aceptaremos un acuerdo que no proteja plena y adecuadamente los intereses de la Unión Europea, tal como los he expuesto. 
Señor Comisario, puesto que estoy aquí a las 11 de la noche y le formulo preguntas, espero que les dé respuesta a mis preguntas y no sólo responda a las personas que tienen la misma opinión que usted a ese respecto. 
Le he formulado dos preguntas y usted no les ha dado respuesta. 
Pensaba que había explicado con absoluta claridad que no hemos actuado solos, como dice Su Señoría, en relación con el problema de la ley Helms-Burton. 
Hemos informado repetidas veces al Consejo. 
He explicado repetidas veces el asunto ante comisiones de esta Asamblea. 
El acuerdo provisional ha recibido el apoyo de los Estados miembros. 
Ésa es la respuesta a la primera pregunta de Su Señoría. 
Tampoco existe la menor razón para pensar que la renuencia de los Estados miembros a cambiar el artículo 113 tenga nada que ver con esta cuestión. 
Respecto de la pregunta sobre qué es una expropiación ilegal, se trata de una cuestión que no se ha determinado en las negociaciones, por lo que resulta imposible darle respuesta. 
Pero en mi primera intervención he indicado los principios del Derecho internacional que determinan si una expropiación es ilegal o no, en relación con la cuestión de la indemnización. 
Señor Comisario, la cuestión de quién ha de decidir qué es una expropiación ilegal es muy interesante, si brinda la posibilidad de que un país grande, mediante su sistema ilegal, decida de hecho lo que es constitucional en otros países. 
Por ejemplo, en la República Federal de Alemania tenemos la Cláusula 15 que permite la expropiación con fundamento jurídico. 
Pero, si el Congreso americano considera que es inapropiada, ¿sería entonces ilegal? 
Puedo asegurar a Su Señoría que no permitiremos que el Congreso de los Estados Unidos decida sobre ese asunto. 
En la medida en que queda comprendido en las negociaciones, tendremos que quedar satisfechos en el sentido de que haya una definición idónea y que nos satisfaga a nosotros, no al Congreso de los Estados Unidos. 
Evidentemente, en las negociaciones el Gobierno de los Estados Unidos tendrá que quedar satisfecho también, pero no es algo que se nos vaya a imponer unilateralmente a nosotros. 
Señor Presidente, no se trata de reabrir el debate sino, como ha dicho mi compañera, de pedir al Comisario que, en la medida de lo posible, sea más preciso. 
Él nos ha dicho que las negociaciones se encuentran en una fase compleja y delicada, y la cuestión es la siguiente: el preacuerdo se firmó en el mes de abril; ha pasado el mes de abril, ha pasado el mes de mayo, ha pasado el mes de junio, ha pasado el de julio, ha pasado el mes de agosto, estamos a 15 de septiembre y el 15 de octubre expira el plazo que la Administración Clinton y la Comisión se habían dado para llegar a un acuerdo. 
¿Piensa el Sr. Comisario que se van a resolver los problemas que están encima de la mesa antes del 15 de octubre? 
Y, segunda pregunta: ¿piensa el Sr. Comisario que el clima que existe en el Congreso de los Estados Unidos va a permitir al Presidente modificar, conforme al compromiso de la Administración Clinton, el título IV aunque no se haya aplicado todavía? 
El 15 de octubre es, en efecto, la fecha límite para la conclusión de la negociación. 
Según mi experiencia de todas las negociaciones, resulta rarísimo que se llegue a una conclusión antes de la fecha fijada. 
Así, pues, en este momento es imposible decir si lograremos una conclusión satisfactoria. 
Estamos muy lejos de ella, pero hemos logrado algunos avances. 
Decir algo más sería dar más precisión que la justificada por los hechos. 
En cuanto a si el talante en el Congreso permite una solución que propicie la modificación requerida de la legislación para modificar el Título 4, tampoco puedo responder a eso. 
Lo único que puedo decir es que, a no ser que se apruebe esa modificación, no habrá acuerdo con la Unión Europea. 
Siento gran admiración por la capacidad diplomática de Sir Leon y, desde luego, no voy a hacer observaciones sobre lo que ha dicho, porque tengo que estudiar detenidamente el significado de «en su momento» ,» inhibir» y «no impedir» y todos esos matices. 
La verdad es que hay que estudiarlos detenidamente antes de poder juzgar lo que ha dicho y lo que significa. 
Comprendo que, mientras se está negociando, resulta difícil hablar de ello. 
No obstante, mi pregunta es la siguiente: ¿se nos va a informar de lo que está ocurriendo antes de que haya un acuerdo? 
Ése es un aspecto sobre el que mis colegas han expresado preocupación. 
También nos preocupan las consecuencias más generales del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones: cómo se va a ver afectada la soberanía de nuestros países por un acuerdo que puede dar una interpretación del derecho de propiedad muy diferente de la que es tradicional en Europa. 
Ése es un aspecto que me encantaría entender. 
La respuesta a la pregunta es muy sencilla. 
No se plantea la cuestión de la soberanía. 
Todos los países europeos, independientemente de la Unión Europea, se adhieren constantemente a tratados. 
La adhesión a un tratado no es una abdicación de la soberanía, sino su ejercicio, porque ningún país que se adhiera a un tratado está obligado a hacerlo, salvo que considere que le interesa. 
Al negociar el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones en la OCDE, de la que los miembros de la Unión Europea son, evidentemente, miembros, los Estados miembros no aceptarán un acuerdo, salvo que crean que les interesa y que es compatible con su enfoque de esos asuntos. 
Como todo el mundo sabe, pero simplemente para aclararlo, la negociación relativa al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones es algo que existía mucho antes que la ley HelmsBurton. 
Va encaminada a la consecución de un acuerdo que abarca muchas cosas y redundaría en nuestro beneficio fomentar la inversión. 
Ésa es la razón por la que participamos en dicha negociación y por la que todos los Estados miembros de la Unión Europea desean con entusiasmo que se concluya. 
Esta cuestión se planteó en una fase posterior de las negociaciones y nos referimos a una disposición particular que habrá que acordar, del mismo modo que cualquier otra disposición. 
Naturalmente, eso es sólo una parte de la concertación del acuerdo sobre la ley Helms-Burton en conjunto y, por lo que a eso se refiere, seguiré todos los procedimientos constitucionales y parlamentarios normales para mantener informada a la Asamblea. 
Muchas gracias, señor Comisario Brittan. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.10 horas) 
Aprobación del Acta 
Señora Presidenta, se trata de una cuestión de orden. 
Tan sólo deseo atraer la atención de la Asamblea hacia la programación de esta semana, en particular el orden del día del viernes, en el que el único punto que figura es el informe Hallam... 
que trata del sistema agromonetario del Mercado Único, desde el 1 de julio de 1995 al 30 de junio de 1996. 
Entre usted y yo, señora Presidenta, no es que sean noticias impresionantes. 
Me pregunto si no sería aconsejable que el Parlamento, en lugar de hacer un debate de media hora un viernes- aunque me halaga mucho que lo hagamos -, lo adelantara y lo hiciera conjuntamente con el informe Hardstaff el jueves, retrasara la votación hasta el próximo miércoles en Bruselas y ahorrara así a los contribuyentes de Europa miles de libras al no abrir este edificio un viernes. 
(Aplausos) 
Señor Hallam, usted plantea un punto delicado que ya fue examinado por la Conferencia de Presidentes. 
Como usted sabe, debido a una serie de circunstancias completamente excepcionales, su informe es el único punto del orden del día del viernes. 
No obstante, los colegas ya han hecho sus preparativos, han reservado sus vuelos y todo lo demás. 
Me parece- es mi opinión personal y la Conferencia de Presidentes, naturalmente, puede pronunciarse sobre esta cuestión -, pero creo que sería muy extraño modificar bruscamente nuestro orden del día, para hacer desaparecer una mañana de nuestro período parcial de sesiones. 
No dudo ni un instante que tras el firme alegato que acaba de hacer, señor Hallam, todos los colegas aquí presentes se propondrán asistir a la presentación de su informe y, por mi parte, les invito encarecidamente a que lo hagan. 
Señora Presidenta, por una cuestión de orden, referida al Reglamento de la Asamblea. 
Como presidente de la delegación del Parlamento para las relaciones con los Estados Unidos, había organizado para esta mañana una reunión con el Presidente Santer previa a nuestra visita de la semana que viene a Washington para hablar de las cuestiones más apremiantes en relación con los asuntos euroestadounidenses. 
Se nos dijo que debido al Reglamento de la Asamblea no podíamos reunirnos un miércoles por la mañana con el Presidente de la Comisión, que sólo podía ser el miércoles por la tarde. 
Ahora me encuentro con que la Conferencia de Presidentes ha convocado una reunión extraordinaria esta mañana para reunirse con el Presidente Santer a fin de discutir el programa de trabajo de la Comisión. 
Señora Presidenta, puede que a usted le parezca gracioso el tema, pero le diré que parece haber un conjunto de normas para los presidentes de grupo de la Asamblea y un conjunto diferente de normas para el resto de los diputados. 
Quisiera que el Presidente me escribiera para poder yo explicar a la delegación para las relaciones con los Estados Unidos por qué a nosotros se nos denegó una reunión con Jacques Santer y sin embargo ustedes, esta misma mañana, sí van a tener una reunión con el Presidente de la Comisión. 
Señor Donnelly, su intervención no me ha causado risa, ni siquiera una sonrisa, en mi calidad de miembro de la Mesa y, como usted sabe, no participo en la Conferencia de Presidentes, pero veo a algunos presidentes de Grupo y voy a concederles la palabra. 
La Sra. Green ha pedido la palabra para responder al Sr. Donnelly, ¿no es así? 
Señora Presidenta, no deseo responder al Sr. Donnelly; lo que quiero es confirmar lo que ha dicho. 
De hecho hablé con el Presidente en la Conferencia de Presidentes la semana pasada y le pedí que hiciera hueco para la delegación para las relaciones con los Estados Unidos, dada la naturaleza de los temas que tenemos que hablar entre Europa y Estados Unidos. 
Se me aseguró que así se haría, por eso me siento un tanto consternada si es cierto lo que ha dicho el Sr. Donnelly. 
Vamos a aclarar este asunto. 
Ya veremos. 
En cualquier caso, señor Donnelly, procuraré, en la medida de mis posibilidades, naturalmente, que este tipo de incidentes no vuelva a repetirse. 
Tiene la palabra la Sra. Bloch von Blottnitz, para una cuestión de orden. 
Digo bien, para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, hace tres meses que me dirigí a la Mesa para preguntar cómo se explicaba que la Presidencia neerlandesa del Consejo hubiese respondido en la Conferencia del CITES en Zimbabue, a una pregunta sobre la posición del Parlamento, que éste no había tomado posición al respecto, cuando en realidad el Parlamento había manifestado con toda claridad su posición en un debate de urgencia celebrado ocho días antes. 
Uno de sus colegas- ahora no recuerdo exactamente quién presidía en ese momento la sesión- me aseguró que recibiría una respuesta. 
Hasta la fecha todavía la espero y empiezo a tener la sospecha, y ya casi incluso la certeza, de que aquí aprobamos diligentemente resoluciones, pero no sabemos si sus destinatarios efectivamente las reciben. 
Al parecer no la habían recibido. 
En cuyo caso, ¡podríamos ahorrarnos todo el debate del jueves por la tarde y regresar a casa el jueves por la noche! 
Por lo tanto, desearía recibir una respuesta. 
Queridos colegas, si he entendido bien, les habían prometido una respuesta que no han obtenido. 
Veremos eso e intentaremos que reciban, lo antes posible, una respuesta a su pregunta. 
Situación en Argelia 
De conformidad con el orden del día, se procede a las Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Argelia. 
Concedo la palabra al Sr. Wohlfart, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, quisiera, a modo de introducción, expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por ofrecerme esta oportunidad de exponer ante él la opinión del Consejo sobre la situación en Argelia. 
De entrada, señora Presidenta, señoras y señores, puedo decirles que el Consejo comparte enteramente su inquietud y preocupación ante la situación en Argelia, que seguimos muy de cerca. 
Como ya hemos señalado en una declaración a la prensa publicada el pasado viernes, la Unión Europea siente una profunda inquietud por la oleada de asesinatos y demás atrocidades que actualmente están desangrando a Argelia. 
La cifra hecha pública de más de 60.000 víctimas durante los últimos años es un testimonio elocuente y dramático. 
Todos nos sentimos horrorizados por este recrudecimiento de la violencia en Argelia, que estas últimas semanas ha alcanzado un punto culminante. 
No es necesario recordar que cientos de personas han sido brutalmente asesinadas con hachas, sables o degolladas, y me quedo corto. 
Señora Presidenta, señoras y señores, chicas jóvenes han sido secuestradas, antes de ser violadas y asesinadas poco después. 
Los periódicos, las emisoras de radio y la televisión dan cuenta de masacres que se suceden y que afectan no solamente a las zonas rurales aisladas, sino también a la capital. 
Hace apenas unos días, la ciudad de Argel fue testigo por vez primera de una matanza colectiva. 
Más de sesenta personas fueron asesinadas en Sidi Yessef, en unas circunstancias especialmente atroces. 
Puedo asegurarles, señoras y señores, que el Consejo, al igual que el Parlamento Europeo, condena sin paliativos y con toda firmeza, estos actos de terrorismo y de violencia ciega. 
En lo que respecta a la posición política del Consejo, hay que recordar, señora Presidenta, que el Consejo ha reafirmado, en repetidas ocasiones, su apoyo incondicional al proceso de reformas políticas y económicas emprendidas por las autoridades argelinas. 
Asimismo hemos expresado nuestra satisfacción por la celebración de elecciones legislativas el 5 de junio, y hemos tomado nota de la declaración realizada por la misión conjunta de observadores internacionales que apuntaba a una serie de imperfecciones notables. 
Ya tuve ocasión de referirme a ello durante el turno de preguntas del mes de julio. 
No obstante, consideramos que dichas elecciones, que se han desarrollado en unas condiciones que podríamos calificar como generalmente satisfactorias, han marcado un paso adelante en el este proceso y han permitido a la población argelina participar directamente en la construcción de una sociedad democrática y no violenta, en la que deberán respetarse fielmente los derechos humanos. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en lo que respecta a los derechos humanos, las organizaciones internacionales de los derechos humanos y el propio Parlamento Europeo han manifestado sus críticas por el modo en que Argelia lucha contra los grupos de islamistas armados. 
El Consejo es perfectamente consciente de ello y no dudará en insistir ante el Gobierno argelino para que adopte una actitud moderada ante la crisis y respete los derechos humanos. 
El Consejo hace hincapié, asimismo, en el hecho de que, de un país con el que se está preparando un nuevo acuerdo de asociación, cabría esperar que, en la medida de lo posible, solucione, con prudencia y moderación una crisis como la que está padeciendo Argelia. 
En lo relativo a dicho acuerdo de asociación, estoy convencido de que este nuevo acuerdo contribuirá, de forma significativa, al proceso de reforma democrática y económica en Argelia. 
El Consejo espera que, a partir de ahora, la Comisión pueda, sin demoras, conducir a buen puerto las negociaciones con el Gobierno argelino. 
En lo que se refiere a las elecciones municipales, señora Presidenta, señoras y señores diputados, quisiera destacar que el Consejo anima a Argelia a seguir por el camino de la democratización y a respetar la próxima cita con las urnas- que, como ustedes saben, son las elecciones municipales -, prevista para el 23 de octubre, y que sigue a las elecciones presidenciales de 1995, a la revisión de la Constitución de 1996 y a las elecciones generales de junio del presente año. 
Para terminar, señora Presidenta, señoras y señores diputados, el Consejo sigue con preocupación la situación interna argelina. 
No es necesario recordar que Argelia es un interlocutor importante de la Unión Europea en el marco del proceso de Barcelona. 
Nuestra visión de Argelia se inscribe, necesariamente, en una perspectiva a largo plazo. 
Los argelinos deben encontrar por sí mismos una solución a la grave y profunda crisis por la que atraviesa su país, mediante el perfeccionamiento del proceso de reformas, tanto en el plano político, como en el económico. 
En este espíritu, la Unión está decidida a proseguir las negociaciones para la celebración de un nuevo acuerdo de asociación. 
Señora Presidenta, la Comisión está de acuerdo y comparte con la Presidencia del Consejo su opinión sobre lo que ha acontecido en Argelia y, naturalmente, creemos que la declaración realizada por el Consejo el pasado 12 de septiembre acerca de la situación en Argelia refleja bastante bien lo que está pasando en aquel país. 
Y, como señaló el Sr. Wohlfart, la Unión no podía permanecer silenciosa ante estos actos de violencia ciega. 
Sin duda, el pueblo argelino está sufriendo uno de los terrorismos más feroces que jamás haya conocido la humanidad. 
El tema argelino lo hemos discutido en el pasado, en el mes de julio, en la Comisión de Asuntos Exteriores y en la Comisión de Asuntos Políticos, y nadie puede negar que Argelia atraviesa una crisis política grave. 
Es cierto que se han realizado, dentro de sus imperfecciones y en función naturalmente del contexto, ejercicios de normalización institucional. 
La organización y el desarrollo de las elecciones presidenciales, las legislativas, constituyen ejemplos tal vez imperfectos, como tuvimos oportunidad de discutir en julio, pero, dada la situación interna, qué duda cabe de que son pasos adelante que la Unión Europea tiene que reconocer. 
Lo que desearíamos es que la situación interna permitiera también la celebración, tal y como está previsto, de las elecciones municipales el próximo día 23 de octubre. 
¿Cómo estamos en el ámbito de competencias de la Comisión? 
Nos encontramos en una fase muy temprana del acuerdo de asociación. 
Hemos tenido algunas sesiones negociadoras, pero qué duda cabe de que las negociaciones no podrán disociarse del contexto político argelino actual. 
Yo sigo pensando, como ya sostuve en el pasado debate del mes de julio, que sería bueno que estas negociaciones nos permitieran vincular todavía más Argelia dentro del proceso de Barcelona, vincular todavía más a dicho país a través del acuerdo con la Unión Europea. 
Sigo pensando que es un ejercicio difícil, no van a ser negociaciones fáciles- ¿para qué les voy a engañar? -, pero creo que el ejercicio debe proseguir porque este país, independientemente de lo que está pasando, también necesita un eco internacional, y si ese eco viene de la Unión Europea ¡tanto mejor! 
Además, la negociación del Acuerdo de asociación nos va a permitir, en la medida en que los derechos humanos, la democracia, la libertad forman parte o constituyen el eje central del tipo de diálogo político que estamos desarrollando con los países del Mediterráneo, abrir otro elemento de diálogo político con las autoridades de este país y abordar una situación que, desde luego, produce escalofríos y que se presenta en el plano político interno e internacional como extraordinariamente complicada. 
En principio, la Comisión está trabajando en el plano técnico y estamos a la espera de que el Gobierno argelino, el nuevo Gobierno argelino, nos manifieste qué tipo de negociación desea desarrollar. 
Y, como ya les he dicho, cuando nos lleguen concreciones por parte de Argel la Comisión Europea intentará trabajar normalmente, intentaremos trabajar normalmente, sabiendo, no obstante, que la situación es muy difícil. 
Señora Presidenta, queridos colegas, señor Presidente, señor Comisario, todos los que aquí nos encontramos, somos conscientes de la gravedad de este debate, y es bueno que, por fin, el Parlamento Europeo haya decidido manifestarse para participar en el gran debate que debería conducir al restablecimiento de la paz en Argelia. 
En primer lugar, señor Presidente, usted tenía razón al situar las acciones en el marco de una amplia perspectiva. 
Argelia debe saber que no perdemos la esperanza y que, cuando en todo el mundo se están constituyendo grandes asambleas, Europa no puede permanecer indiferente ante lo que sucede en el Magreb y, especialmente, en el país más joven y más poderoso de esta región del mundo. 
Debemos prever, por consiguiente, no unas relaciones bilaterales nacionales entre Argelia y tal o cual país- soy francés y todos sabrán a qué me refiero -, sino entre Europa y Argelia, un país tan rico en recursos, que no puede por menos que suscitar muchos apetitos, y no señalo a nadie, ni siquiera a un gran aliado. 
En primer lugar, por tanto, hay que restablecer la paz civil. 
Debemos evitar dos escollos. 
En primer lugar, no debemos rendirnos ante la desesperación que provoca la violencia extrema desatada por los radicales de cualquier signo y, quizá también, en los períodos críticos, las bandas armadas. 
Y debemos evitar también- nuestro colega del Partido de los Socialistas Europeos nos ha preguntado en alguna ocasión acerca de la extraña pasividad, pero eso no es aún lo fundamental- que Argelia piense que vamos a interferir en sus asuntos internos. 
Por ello, debemos manifestar nuestro deseo y encontrar el modo de negociar. 
El deseo es evidente. 
Argelia se está dotando, poco a poco, de instituciones democráticas. 
La perfección no es cosa de este mundo. 
Y, en definitiva, no podemos lanzarnos a una crítica desenfrenada contra las medidas que se han adoptado y se siguen adoptando. 
Es necesario que las fuerzas políticas que creen en la democracia, o que desean manifestarse, ocupen un lugar en el seno de estas instituciones. 
En segundo lugar, debemos alentar, mediante las medidas que se han adoptado, especialmente con respecto al Sr. Madani, todos los gestos del Gobierno argelino que permitan reemprender el diálogo y que las autoridades políticas, morales y religiosas de dicho país, aquellas que aún tienen la fuerza y el poder para manifestarse, hagan un llamamiento al rechazo de la violencia, sin lo cual Argelia continuará rodando hacia el abismo. 
¿Cuáles son los poderes de un parlamento, en un marco como éste? 
En primer lugar, es bueno decir que nos manifestamos todos juntos- Consejo, Comisión y Parlamento-. 
Debemos participar en el restablecimiento del diálogo. 
En primer lugar, manifestando el deseo de que se reanude el diálogo interno. 
Por otra parte, llamando la atención de las autoridades argelinas sobre el hecho de que la firma de un acuerdo de asociación sólo puede concebirse si, realmente, se dan señales perceptibles de un regreso a la paz, dirigidas a las opiniones públicas europeas e, incluso, occidentales o mundiales. 
Y ahí es posible que debamos franquear una puerta sumamente estrecha. 
Nuestro Parlamento debe dialogar con el Parlamento argelino. 
Debe decir que está abierto al debate con todas las fuerzas políticas que no estén a favor de la violencia. 
Naturalmente hay que descartar de la mesa del debate al asesino, al radical y al extremista que rechazaría cualquier perspectiva de negociación- iba a decir, pacífica- a pesar de que, en ocasiones, puedan sentirse ofendidos. 
Pero nuestro Parlamento debe tomar contacto con el nuevo Parlamento elegido el pasado verano en Argelia. 
Es necesario- y me dirijo, señora Presidenta, no sólo a la Mesa del Parlamento, sino también a los presidentes de los distintos Grupos- que este Parlamento ponga a punto y decida la constitución de una delegación extraordinaria, ad hoc, para que viaje a Argel antes de que los argelinos vengan a Estrasburgo- a la sede del Parlamento Europeo, compréndame, no me refiero al territorio de tal o cual Estado constitutivo de la Unión -, al objeto de dialogar con estas fuerzas. 
Con ello no comprometeremos a los Estados, no comprometeremos al Consejo ni tampoco a la Comisión. 
De parlamento a parlamento, en el seno mismo en que nace el debate democrático, donde las opiniones públicas se manifiestan por sufragio universal, podríamos comenzar, quizá de una manera muy frágil, dubitativa, pero en cualquier caso segura, a recorrer el camino que conduce a la paz. 
Esa podría ser la contribución del Parlamento. 
Sería bueno que el Consejo y la Comisión consideraran que nuestro Parlamento ha realizado un acto de utilidad. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, queridos colegas, todos estamos aterrados ante el horror de las masacres que ensombrecen diariamente al pueblo argelino y que despiertan un rechazo unánime. 
Las principales víctimas inocentes de esta locura asesina, que ninguna causa podría justificar, son las mujeres y los niños, aunque también los ancianos. 
Expresamos nuestra simpatía a las familias de las víctimas, que sufren la crueldad, y a ellas nos dirigimos para enviarles nuestro sincero pésame. 
Pero, ante todo, tenemos el deber imperioso de hacer todo lo posible para poner fin a estos actos de barbarie. 
Es cierto que el regreso a un clima de paz es, en primer lugar y ante todo, cosa del pueblo argelino, pero sabemos que ese pueblo quiere la paz y que necesita todo el apoyo moral de los pueblos amigos para que aquellos que perpetúan el terror comprendan, por fin, que su lucha, librada con semejantes medios, no tiene sentido. 
Debemos rendir homenaje a la valiente lucha de las mujeres argelinas que, desafiando las amenazas de los terroristas, han manifestado claramente su rechazo y su voluntad de imponer, al mismo tiempo, el fin de los atentados y el reconocimiento de sus derechos legítimos. 
Debemos apoyar los esfuerzos que han iniciado tanto las autoridades argelinas- especialmente los esfuerzos que ha demostrado el presidente Zerual, cuya legitimidad electoral está fuera de toda duda -, como las diversas formaciones políticas que participaron en las pasadas elecciones, encaminados a restablecer el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. 
Me uno completamente y sin reserva a la iniciativa de nuestro colega Soulier, porque un encuentro entre el Parlamento Europeo y el Parlamento argelino podría favorecer la reanudación de este funcionamiento democrático. 
Debemos apoyar activamente todas las tentativas de diálogo que se abren paso para poner fin a las actuales masacres. 
Debemos invitar a todos los componentes del pueblo argelino a participar en dicho diálogo, aunque éste no puede concebirse en un clima de terror, porque, retomando la célebre frase que dijo el general De Gaulle cuando, armado de valor, puso fin al conflicto franco-argelino, " ya es hora de que los cuchillos se dejen en el guardarropa». 
En ese momento, Argelia podrá volver a ocupar el lugar que le corresponde en el necesario diálogo euromediterráneo, cuyas bases quedaron establecidas en la Conferencia de Barcelona. 
Una vez recuperada la paz y que el pueblo argelino se haya reconciliado consigo mismo, podremos todos juntos, argelinos y europeos, contribuir en la construcción de Argelia del siglo XXI. 
Debemos responder a las expectativas de su numerosísima juventud, que actualmente se siente desesperada ante el paro y un futuro incierto, lo que, desgraciadamente, ha podido conducir a algunos de estos jóvenes a los actos de locura asesina que hoy lamentamos. 
La solución inmediata del drama argelino pasa por un acuerdo entre todos sus dirigentes políticos que deben imponer la reconciliación nacional, más allá de cualquier segunda intención. 
No obstante, la solución a largo plazo pasa por la capacidad conjunta de los argelinos y de los europeos de devolver la esperanza a la juventud de ese país, por un lado, introduciendo y fomentando las reformas necesarias y sociales que se imponen en el plano económico y social y, por otro, reforzando los lazos de asociación comercial que les unen. 
Este es, en mi opinión, el mensaje de esperanza que Europa debe transmitir hoy al pueblo argelino y a sus dirigentes, al mismo tiempo que reafirma con rotundidad que no puede construirse nada en un clima de odio y violencia homicida, y que todos los actos de terrorismo deben cesar en el acto. 
Señora Presidenta, el Grupo de los Liberales, en cuyo nombre tomo la palabra, ha solicitado, en múltiples ocasiones durante estos últimos meses, un debate sobre la grave crisis que sufre Argelia, solicitud que hasta ahora le ha sido negada. 
Por ello quiero agradecer al Consejo y a la Comisión que hayan respondido, por fin, a esta petición. 
No obstante, me siento muy decepcionada por la inconsistencia de sus declaraciones ante un drama de semejantes proporciones. 
Su falta de responsabilidad nos deja atónitos. 
El respeto de los derechos humanos es condición indispensable para el mantenimiento de nuestros acuerdos. 
¿Qué harán la Comisión y el Consejo habida cuenta de que dichos derechos no se respetan? 
Una vez más, la falta de una política exterior común ha conducido a nuestra acción exterior al fracaso y ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma de nuestras instituciones en este ámbito. 
Cuando han transcurrido más de seis años desde la anulación del escrutinio que daba la victoria al FIS, Argelia vive temerosa del mañana. 
La barbarie ha sobrepasado la barrera de lo insostenible: 60.000 personas han sido masacradas, y el Estado argelino se limita a erradicar el terrorismo respondiendo a la violencia con la violencia. 
Las recientes elecciones legislativas y la constitución de un nuevo gobierno no han conducido al diálogo tan esperado entre los diferentes colectivos de la sociedad argelina. 
Al contrario, las escasas muestras de buena voluntad democrática de las autoridades argelinas se han visto aniquiladas por un terrorismo ciego. 
Y lo que es peor, algunas informaciones apuntan a la impotencia de las fuerzas del orden para prevenir y, en mayor medida, impedir las masacres perpetradas incluso en las proximidades de los cuarteles. 
Creemos que sólo una iniciativa de las autoridades argelinas, encaminada a reunir a todas las fuerzas vivas que existen en el seno de la sociedad civil, incluidos los movimientos islamistas, permitirá llegar a un acuerdo sobre el rechazo de la violencia, en el respeto de los derechos humanos y de las minorías culturales. 
La Unión Europea debe apoyar la instauración de un auténtico diálogo nacional susceptible, esperemos, de poner fin al terrorismo que golpea, cada vez con mayor dureza, al pueblo argelino. 
No se trata aquí de ninguna injerencia, sino de la ayuda a un pueblo en peligro. 
No podemos seguir siendo testigos mudos de los asesinatos que se perpetran a diario en un país con el que nos unen profundos lazos históricos, culturales y amistosos. 
Tenemos el deber de actuar. 
Nuestra resolución común solicita la constitución de una delegación parlamentaria ad hoc que esté en condiciones de emprender un diálogo, tanto aquí como en Argel, que permita la vuelta a la paz y refuerce la cooperación entre la Unión y Argelia. 
No dejemos pasar esta ocasión. 
No podemos permitirnos el fracaso. 
Además, podremos ser de ayuda a la Comisión, que deberá desempeñar un papel preponderante en el proceso de democratización que se implantará con motivo de las negociaciones de un nuevo acuerdo euro-mediterráneo con Argelia, y ello en el respeto de los derechos humanos. 
No quisiera terminar sin rendir homenaje al valor y al tesón de los periodistas argelinos que, poniendo en peligro sus propias vidas, continúan informándonos, y deseo unirme al terrible dolor de las familias afectadas por una barbarie que ya no conoce límites. 
Debemos esperar que este país amigo reencuentre muy pronto el camino de la paz y de la estabilidad. 
Señora Presidenta, el pueblo argelino sufre una nueva escalada de terror sin precedentes desde 1992. 
Los grupos islamistas armados se superan a sí mismos en el horror para intimidar a la población y crear una situación de caos en el país con el objetivo de desestabilizar al Estado argelino y obligarlo a capitular. 
Al igual que han hecho otros, mi Grupo expresa su indignación y condena con la mayor firmeza estos actos de barbarie. 
Pero hay que ir más allá y denunciar sin ambages a los integristas fanáticos y a sus jefes, que son los auténticos autores e inspiradores de esta oleada de terror. 
Las recientes palabras de Abassi Madani, principal responsable del antiguo FIS que ha sido puesto en libertad recientemente, arrojan una luz sorprendente sobre sus responsabilidades. 
El chantaje que ha intentado ejercer al comprometerse a poner fin a las masacres si el Gobierno accedía a sus condiciones, demuestra de forma evidente su complicidad plena y total con los grupos terroristas. 
Por este motivo, nuestro Grupo, que se niega a hacer de aleccionador, no se prestará a ninguna maniobra, cualquiera que sea su procedencia, encaminada a permitir a las fuerzas integristas responsables y cómplices de las masacres, su participación en las negociaciones recurriendo, por ejemplo, a una conferencia internacional. 
Rechazamos toda injerencia en los asuntos que dependen del pueblo argelino. 
El pueblo argelino, como demuestra su historia, tiene las fuerzas necesarias para vencer al terrorismo y contribuir a su emancipación social, democrática y cultural. 
Las mujeres argelinas desempeñan en esta lucha un papel considerable con un valor que despierta la admiración y debemos alabar. 
En nuestra opinión, Argelia no encontrará su salvación en la búsqueda de un compromiso con las fuerzas integristas, sino por la vía de la democracia y del progreso económico y social. 
Europa puede contribuir a ello reafirmando su solidaridad con el pueblo argelino y fomentando el refuerzo de la cooperación entre la Unión Europea y Argelia, en estrecha unión con las fuerzas vivas del país, especialmente mediante una reducción de la deuda y asistencia técnica para modernizar las infraestructuras y construir viviendas sociales. 
Para expresar nuestro apoyo a todas aquellas y todos aquellos que, poniendo en peligro sus vidas, luchan contra el terrorismo, mi Grupo propone, al igual que han hecho otros, que nuestra Asamblea envíe a Argelia una delegación para que se reúna con los diputados y también con todas las fuerzas que, valientemente, lucha en este país. 
Señora Presidenta, señoras y señores, el pueblo argelino es un pueblo mártir de la historia. 
El " angelismo» frente al integrismo es sinónimo de cobardía y de abdicación. 
El " angelismo» frente a la erradicación es sinónimo de perversidad intelectual. 
La cuestión es complicada y, a la vez, muy simple. 
Cuando un país atraviesa por una crisis semejante, es muy difícil para un gobierno llevar una buena política. 
Pero cuando la crisis alcanza semejante grado de violencia, las reacciones del gobierno determinan la posibilidad de encontrar o no una solución. 
Si existen centros de detención secretos, si las fuerzas gubernamentales perpetran también masacres y asesinatos eso no quiere decir que el gobierno sea equiparable al terrorismo, eso quiere decir que el gobierno acentúa la espiral de violencia que han desatado los terroristas. 
Por lo tanto, cuando decimos "no» a la erradicación, no significa que digamos" sí» al integrismo, significa que hay que encontrar otra solución al problema de Argelia. 
Es mi primera observación. 
Segunda observación, ¡dejemos de mentirnos! 
Es evidente que si queremos un diálogo, dicho diálogo debe ir lo más lejos posible, debe alcanzar a aquellos que, en un momento dado, han pensado que su libertad estaba en la punta de un fusil. 
Se trata, precisamente, de desarmar a los fusiles. 
Hay que intentar imponer un diálogo con los más perversos. 
Si sólo dialogamos con los que son amables, todo será amabilidad, pero no conseguiremos nada. 
Dialogar con los malos no quiere decir que estemos a su favor, que los aceptemos, quiere decir que queremos persuadirlos de que no tienen ninguna perspectiva. 
Por tanto, iremos juntos a Argel, hablaremos con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento argelino, con todas las fuerzas políticas del Parlamento argelino, con las fuerzas vivas de Argelia, incluso con los perversos de Argelia, para que los perversos dejen de serlo. 
Estoy seguro y convencido de que en Argelia renacerá la esperanza cuando la población argelina sienta que hay personas que no buscan la injerencia en Argelia para dar lecciones. 
¿Desde cuando los Comunistas no quieran dar lecciones? 
Es una abdicación intelectual. 
En lo que a mí respecta, mantengo que hay que dar una lección de diálogo a todos aquellos que no quieren dialogar, ya sea en Argelia, en Afganistán, en Camboya, o cualquier otro sitio. 
Y por este motivo, el Parlamento Europeo debe recurrir a todos los medios a su alcance para decir a los argelinos: formáis parte de un mundo que es el nuestro, y formáis parte de un mundo en el que el diálogo es la única solución a las masacres y a los problemas. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, los discursos que hemos escuchado esta mañana me han dejado estupefacto. 
Nos hablan de diálogo. 
El amigo Cohn-Bendit viene aún a recordarnos las virtudes del diálogo, a pesar de que desde hace tres años, en Argelia se han multiplicado las ocasiones de diálogo, a pesar de que la población argelina ha podido participar directamente en la elección de sus candidatos y en la elección de su Presidente de la República. 
Nos hablan de diálogo ¿entre quién y quién? 
Entre aquellos que, como ha recordado la colega Comunista, han vuelto a demostrar estos últimos días que tenían la posibilidad de parar las masacres. 
Eso es completamente absurdo. 
En cuanto al tema de la injerencia en Argelia, ¿por qué las autoridades argelinas rechazan ahora la injerencia? 
Rechazan la injerencia, porque se intenta poner sobre un mismo plano al Gobierno argelino y a los terroristas. 
El problema de la Unión Europea es apoyar al Gobierno argelino, y sólo bajo esa condición, podremos invertir en reformas económicas y políticas para que, por fin, funcione el sistema judicial; invertir para que, por fin, en Argelia se proceda a las privatizaciones a gran escala que ofrezcan nuevas perspectivas a los ciudadanos de Argelia y que no los abandone al desempleo, a la pobreza y a la desesperación, como ocurre en la actualidad. 
Nos hablan de hacer todo eso en el marco de la Conferencia de Barcelona. Eso equivale, exactamente, a decir que Argelia es un problema como cualquier otro. 
A pesar de que Argelia debería ser la prioridad absoluta de nuestra política a ese lado del Mediterráneo, se le encierra en la normalidad de una conferencia que, de todas maneras, no conduce a gran cosa, como ya sabemos. 
Hay que invertir miles de millones de ecus y hay que querer que algo cambie. 
Sólo entonces, el Presidente Zerual y las Autoridades argelinas estarán en condiciones de aceptar esta forma de injerencia, porque la injerencia se funde en el diálogo... 
(Interrupción del Sr. Cohn-Bendit )... en un diálogo auténtico, basado en la amistad. 
Sólo así podrán cambiar las cosas. 
Si nos limitamos a representar el papel de aleccionador y hacer de intermediarios entre ambas partes, es evidente que el Gobierno argelino no podrá aceptarlo. 
Hay que tomar partido. 
Hay que defender a aquellos que, como el Presidente Zerual, han apostado por la creación de instituciones democráticas en Argelia. 
Ellos continúan y hay que darles fuerza, hay que estar con ellos, y sólo en ese caso, se podrá trabajar para reformar la Justicia, para reformar las prisiones, para erradicar todas estas fuerzas que, actualmente, trabajan en la sombra y socavan la democracia en Argelia. 
Señora Presidenta, esta mañana el Consejo ha reiterado su apoyo al Gobierno argelino por las reformas económicas y políticas que ha emprendido. 
Entiendo que las elecciones celebradas el pasado 5 de junio representan un avance y considero el Acuerdo de asociación una condición de progreso. 
Es probable, pero el Consejo, al igual que la Comisión, no ha presentado ninguna propuesta concreta, ninguna iniciativa para intentar frenar el horror, las masacres y los actos de violencia, y ha terminado declarando que los argelinos deben encontrar por sí solos la solución a sus problemas. 
Pues bien, éste no es el punto de vista de Alianza Nacional, porque consideramos que su problema es también el nuestro, el problema de Europa. 
La progresiva y cada vez más rápida regresión de la situación en Argelia ha convertido en algo cotidiano el horror de este atormentado país. 
La violencia sin sentido, llevada delante por la espiral de terrorismo ciego y la subsiguiente represión, se autoalimenta con la sangre de una población inocente. 
A pesar de que la responsabilidad de esta situación recae, en parte, en la anterior dictadura del Frente de Liberación Nacional, creado a raíz de la tremenda lucha anticolonial que precedió la legítima independencia, no puede negarse que hoy es también responsabilidad nuestra y de nuestros Estados poner término a este martirio. 
Una población joven como la argelina, que no ha conocido otra cosa que la miseria de los planes quinquenales para luego acabar en el horror de una guerra civil, disfrazada de lucha para la libertad de religión, es una bomba de relojería que no tan sólo amenaza al Magreb y a todo el amplio mundo árabe, sino que constituye una amenaza muy seria para Europa, que no debe ser subestimada. 
Devolver la esperanza a Argelia debe ser un objetivo prioritario para la Unión Europea, que reitera la validez de un modelo cultural y civil, basado en la tolerancia, la democracia y la laicidad del Estado, abierto a las libertades de asociación, pensamiento y religión. 
Por lo tanto, no se trata de una retórica fácil afirmar que la lucha del pueblo argelino, tomado como rehén por la violencia, es nuestra lucha. 
Aislar a los extremistas y lograr que se entable un diálogo entre las partes no cabe duda de que es posible, y nosotros los europeos tenemos los medios para que lo acepten. Es necesaria, sin embargo, una voluntad política que, por desgracia, no demostramos con ocasión de la guerra en la antigua Yugoslavia. 
El fracaso del restablecimiento de la paz en Argelia ratificaría la imagen de una Europa cobarde, encerrada en sí misma, incapaz de actuar y, por consiguiente, de reaccionar y la convertiría en peligrosamente vulnerable a las ideologías disgregadoras, cuyos síntomas ya se han hecho sentir y resultarían fortalecidos. 
Alianza Nacional es consciente de los peligros externos, pero también internos, de esta situación en el caso de que continuara y confía en que el Parlamento Europeo adopte una iniciativa en pro de una conferencia que reúna a las partes interesadas: la Unión Europea, los países del Magreb y la CSCE, o sea, la Conferencia para el Desarrollo y la Cooperación. 
Pedimos que el Parlamento Europeo implique a los Gobiernos de los 15 Estados miembros en una dura lucha contra cualquier tipo de fundamentalismo y pedimos que no se hagan concesiones a los que han exterminado de forma brutal a mujeres, ancianos y niños. 
Reafirmamos que cabe hablar también de responsabilidades occidentales por haber dejado espacio a la violencia. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señora Presidenta, siendo absolutamente sinceros con nosotros mismos, lo cierto es que no sabemos qué hacer sobre Argelia. 
Todo lo que hemos escuchado hasta ahora lo confirma. 
De hecho quedó claramente demostrado el pasado mes de febrero, en el Parlamento, cuando fracasamos rotundamente en acordar una resolución sobre Argelia. 
Lo que sí sabemos es que la violencia es brutal e inaceptable y que debiera ser condenada de forma absoluta y sin que medien condiciones. 
También sabemos que la situación no es tan simple como algunos oradores de esta mañana parecen pensar. 
Hemos de cuestionarnos, por ejemplo, a qué se debe que algunos de estos asesinatos hayan tenido lugar cerca de puestos de seguridad o a qué se debe que los militares no hayan sido capaces de defender a la población. 
No todos los asesinatos han tenido lugar en pueblos perdidos; algunos han sido en zonas urbanas. 
¿Por qué se han producido? 
Sabemos también que parecemos estar presenciando cada vez más el desarrollo de escuadrones de la muerte similares a los que nos resultan familiares en Sudamérica. 
Por la experiencia sudamericana sabemos que una vez que esto ocurre se empieza a perder totalmente el control de la situación política. 
Como Argelia está tan cerca de la Unión Europea, sabemos que esta peligrosa inestabilidad podría terminar perjudicando a la Unión Europea. 
Por lo tanto, debemos desarrollar una estrategia. 
Es esencial que la política exterior y de seguridad común empiece a echar los dientes y empiece a actuar de veras. 
Claramente hay que empezar por un diálogo político; claramente debemos desarrollar el diálogo interparlamentario. 
Tenemos que intentar utilizar el acuerdo de asociación, tal como ha indicado el comisario Marín, para desarrollar ese diálogo y permitir que accedan a Argelia organizaciones no gubernamentales que puedan comenzar a juzgar la realidad de la situación. 
Habría que estar impulsando ese diálogo, a fin de establecer una mayor libertad de prensa en Argelia para que todos podamos saber qué está pasando. 
Asimismo, como ha dicho el Sr. Dupuis, debemos impulsar una mayor reforma económica. 
En última instancia, sólo a través de una mejora de la situación económica empezaremos a conseguir un desarrollo más pacífico del país en el futuro. 
Señora Presidenta, Señorías, además de inducirme a condenar irrefutable y firmemente los actos terroristas que están conmocionando a un país que se encuentra a pocas millas marinas de la Unión Europea, un país que aspira a asociarse con nuestra Comunidad y a crear conjuntamente una zona de libre cambio, esta dramática crisis me obliga a hacer algunas reflexiones. 
Ante todo creo que debe ponerse mayormente el acento sobre la posibilidad de que los acontecimientos argelinos pasen las fronteras del país y se propaguen hacia las vecinas realidades tunecinas y libias. 
Éste es, de hecho, un factor de gran preocupación que me impulsa a solicitar la más amplia atención posible de la Unión Europea con respecto a todos estos tres países. 
Mi temor se deriva, fundamentalmente, del hecho de que considero el terrorismo argelino como la consecuencia directa de una crisis socioeconómica más que cultural y religiosa, motivo por el cual, al encontrarse otros países del Magreb en situaciones económicas similares, el terrorismo podría surgir de forma peligrosa en otro lugar. 
Considerando la crisis argelina como una crisis socioeconómica, opino que la política euromediterránea emprendida en Barcelona es fundamental y que, en consecuencia, la Unión Europea debe responder a los atentados terroristas con instrumentos de desarrollo estructural y de ingeniería financiera más que diplomáticos. 
Es necesario, por lo tanto, y en primer lugar, el Acuerdo de asociación. En efecto, es preciso un respaldo a través de las ayudas financieras y sociales y no el aislamiento que, en definitiva, están decretando Europa y el mundo occidental en general. 
De cualquier modo, apoyo el hecho de que al menos el Parlamento Europeo se esté prodigando para fomentar el diálogo y el respeto de los derechos humanos, a veces olvidados entre los recovecos del énfasis y la represión. 
Acojo con plena satisfacción la idea de que una delegación de este Parlamento viaje urgentemente a Argelia para entablar un diálogo lo más constructivo posible con el nuevo Parlamento argelino. 
Les recuerdo, sin embargo, que ya existe una delegación para las relaciones con los países del Magreb que cumple su cometido de forma responsable y que, queriendo, puede ampliarse para esta ocasión con objeto de que represente mejor al conjunto del Parlamento Europeo. 
Confío en que dicha delegación pueda mantener contactos tanto con la mayoría como con la minoría elegida en el Parlamento, y con las fuerzas sociales y que consiga establecer las bases de un nuevo diálogo euromediterráneo, con arreglo al espíritu de ese foro parlamentario euromediterráneo repetidamente mencionado como necesario para el desarrollo de un diálogo que, en casos como estos, qué duda cabe de que podría servir de soporte y desempeñar un papel de caja de resonancia para todas las democracias europeas. 
Hay que decir, por último, que el estancamiento y quizás el miedo que desde hace tiempo padece la Unión Europea ante la expansión del fundamentalismo islámico y el terrorismo podrían conducir a desacreditar e incluso a frenar por completo todas las iniciativas euromediterráneas. 
Dicho esto, sin embargo, creo que hay que tener cuidado en no equiparar de forma demasiado simplista, como hacen algunos, los retrasos y las culpas de la Unión Europea que, sin duda, se registraron en la dramática guerra civil yugoslava, con la crisis argelina. 
Son situaciones muy distintas, aunque dramáticas ambas. 
He hablado expresamente de guerra civil en el caso de Yugoslavia y de crisis en el caso argelino con objeto de subrayar que no es absolutamente posible juzgar los sucesos argelinos como una confrontación entre etnias o, de cualquier modo, entre partes de la sociedad civil enfrentadas entre sí. 
No se debe, en definitiva, cometer el error de considerar a los terroristas argelinos como si fueran combatientes civiles otorgándoles un reconocimiento y una legitimación internacional. 
Al decir esto, no pretendo justificar a la Unión Europea y tan sólo creo que es necesario definir correctamente las modalidades apropiadas para paliar cuanto antes el grave retraso que, a pesar de todo, existe. 
Señora Presidenta, tenemos que preguntarnos ¿por qué esta horrible violencia que ensangrienta Argelia y que mata civiles y militares, ciudadanos y campesinos y, sobre todo, mujeres y niños, con crueldad y barbarie incomprensible? 
Algo tendrá que ver sin duda la historia argelina. 
Aquel territorio no llegó nunca a albergar en el siglo pasado una estructura análoga estatal a la que, por ejemplo, encabezaron los sultanes de Marruecos o los beys de Túnez. 
Y, tal vez, por ello, fue más fácil la penetración francesa que llegó a ser de tal amplitud y profundidad que Francia creyó en verdad, y sinceramente, que aquello era ya una parte de su territorio. 
Y, seguramente, eso mismo hizo que fuera después tan violenta la lucha de liberación argelina, que fue de enorme dureza y la encabezó, como era natural, un movimiento armado que tomó el poder y que fue un poder totalitario- no sólo total -, poder militar y no civil que, por cierto, erróneamente condujo una política económica en el estilo de los planes quinquenales soviéticos, que creó inmensas estructuras poco productivas, despilfarró recursos, destruyó probablemente las fuentes tradicionales de riqueza en gran medida, engendró corrupción y, al final, privó de esperanza a los argelinos, sobre todo a los jóvenes, lo cual a su vez llevó a muchos a orientarse hacia soluciones de supuesta raíz religiosa bien ajenas a la auténtica fe islámica, soluciones que tienen algo de mágicas e incluso de falsamente milagreras. 
Y, ante la victoria electoral del FIS, la suspensión de las subsiguientes elecciones generales fue también aceptada- digámoslo- con excesiva benevolencia por parte nuestra, siempre en la huella de la actitud del Gobierno francés. 
Y eso debemos reconocerlo ahora. 
La verdad es que sobre esos lagos de sangre y dolor se han celebrado elecciones, por supuesto imperfectas como sabemos, pero suficientemente válidas como para que nos permitan iniciar un diálogo y, en efecto, desde el Parlamento tenemos que hablar del diálogo parlamentario. 
Yo no creo que sea necesaria- y discrepo en este pequeño matiz de lo que ha dicho mi amigo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sr. Soulier- una misión extraordinaria. 
Como acaba de señalar el Sr. Viola, tenemos una delegación para las relaciones con el Magreb, delegación que, por cierto, ha visitado en varias ocasiones Marruecos y Túnez, pero no Argelia. 
Pues bien, ahora hay un parlamento argelino cuyo presidente- según me han informado- desea recibir esta visita y creo que lo que este Parlamento tiene que hacer es enviar esa delegación. 
Quizá lo extraordinario consistirá en poner los medios para enviarla ahora, no esperar al turno obligado que pudiera corresponder, y quizá también lo extraordinario podría ser alguna ampliación de los miembros de esa delegación para cubrir el mayor espacio posible. 
Y, naturalmente, para dialogar con todas las fuerzas políticas representadas en aquel Parlamento, y quizá también para tomar contactos con otras fuerzas políticas que pueden, en este momento, pasar de una actitud de violencia- tampoco hay que pensar que esa actitud de violencia sea irreversible- a una actitud de moderación y de paz. 
Señora Presidenta, nosotros los europeos tenemos una larga historia, una larga historia violenta, a menudo llena de sangre. 
Pues bien, hemos llegado a los tiempos en que podemos dar un modesto ejemplo de diálogo a otros que ahora son violentos. 
Naturalmente, debemos estimular, como lo hacemos, al Consejo y a la Comisión en sus decisiones respecto a los acuerdos de cooperación, pero debemos sobre todo predicar con nuestra propia iniciativa que es la de iniciar nosotros ese diálogo. 
Señora Presidenta, en las últimas semanas me he sentido terriblemente conmocionada por la actitud impasible de la comunidad internacional ante las atrocidades cometidas en Argelia. Por lo tanto, me agrada el tono general con el que se está llevando este debate, así como la propuesta de enviar una delegación de este Parlamento. 
Pese a ello, señorías, no me cabe duda de que todas las diligencias que este Parlamento emprende, sólo tendrán sentido sin no nos hacemos ilusiones en vano y si no nos indignamos arbitrariamente. 
Naturalmente, todos tenemos muy claro que esta situación se debe al terrorismo integrista, que desea imponer con violencia su ideología a los ciudadanos. En este sentido, creo que no debemos limitarnos a rendir honores a las mujeres que se están organizando, sino que también debemos ayudarlas desde aquí. 
No obstante, se han producido otros hechos que, afortunadamente, ya han sido denunciados reiteradamente durante este debate. Cada vez son más los periodistas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos que prestan testimonio del hecho de que la violencia también proviene de bandas armadas relacionadas con el ejército. 
¿No nos está permitido cuestionar la impunidad con la que se está asesinando? 
¿No nos está permitido cuestionar la impotencia del ejército para proteger a la población civil? 
¿No nos está permitido cuestionar el hecho de que el Gobierno argelino contesta con restricciones a la libertad de prensa, con restricciones a los derechos humanos y al Estado de derecho? 
Es importante que la delegación parlamentaria discuta estos problemas con sus homólogos del Parlamento argelino. 
Por último, señorías, en este debate me gustaría llamar su atención sobre nuestra propia responsabilidad. 
Se siguen mandando de vuelta a su país a los refugiados argelinos, sin garantía alguna en cuanto a su seguridad. 
El Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados ha lanzado ya varios llamamientos dramáticos a los Estados miembros que siguen aplicando estas prácticas. Pide que, de momento, se suspendan temporalmente estas repatriaciones, hasta que se haya regularizado la situación argelina. 
Estoy convencida de que esto sólo se logrará si todos los Estados miembros en su conjunto adoptan esta decisión. 
El pueblo argelino, señores diputados, está harto de la violencia y como dijo el Sr. André-Léonard: en estas circunstancias la neutralidad equivaldría a negar ayuda a un pueblo en peligro. 
Señora Presidente, ante unos acontecimientos tan dramáticos como los que están teniendo lugar en Argelia, para los amigos de Argelia es grande la tentación de callarse. 
Callarse porque las palabras no pueden expresar los sentimientos de tristeza, de horror, de indignación ante la escalada de la barbarie a la que asistimos en este desafortunado país. 
Callarse también, por lo evidente, que los fanáticos no dudan en masacrar a la población de pueblos enteros, que son completamente insensibles a cualquier llamamiento a la razón. 
Callarse porque los dirigentes argelinos parecen considerar toda palabra sobre Argelia, todo interés, el mínimo de interés que se manifieste por el pueblo argelino, como un ataque escandaloso a la soberanía nacional, como si se tratase de una injerencia insoportable en los asuntos internos del país. 
Sin embargo hay que gritar más que nunca, y nosotros, diputados al Parlamento Europeo, debemos hacerlo de manera muy especial. 
Gritar, porque a los ojos de muchas personas del mundo, esta Asamblea está considerada como la voz de la conciencia del pueblo europeo. 
Si guardamos silencio ante semejantes acontecimientos, ¿en qué otras circunstancias tendríamos derecho a elevar la voz? 
Gritar para que nos oigan aquellos que en Argelia, y arriesgando sus propias vidas, luchan y sufren por la democracia y por la dignidad humana. 
Gritar para expresarles nuestra solidaridad en la lucha, en la adversidad y también en la esperanza. 
Gritar también para despertar la consciencia internacional que, aparte de algunos sobresaltos, la mayoría de las veces parece estar escandalosamente adormecida cuando se trata de Argelia. 
Gritar para demostrar que no queremos dejarnos impresionar ni dejarnos intimidar por el chantaje de la injerencia, al que, sin ningún pudor, se entrega el poder argelino. 
A veces también tenemos la sensación de que la salvaje brutalidad de los islamistas sirve de excusa al poder para restringir las libertades del pueblo y los derechos de los ciudadanos. 
Recordemos sin cese que la legitimidad del Presidente, que es la legitimidad que deriva de su elección, no autoriza todos nuestros comportamientos. 
Recordemos sin cese que la legitimidad de un poder se agota pronto cuando éste traiciona permanentemente los principios mismos sobre los que descansa. 
En cualquier caso, cuando un gobierno se muestra incapaz de defender a sus ciudadanos, de evitar que no se cometan, día tras día, masacres como las que están padeciendo los argelinos, la comunidad internacional tiene el deber de ejercer el derecho de ayudar a un pueblo en peligro de muerte. 
Pero, habida cuenta de que la Unión Europea ha iniciado negociaciones económicas con Argelia, -al mismo tiempo que condenamos enérgicamente los espantosos crímenes que cometen los integristas- no dudemos en presionar al Gobierno argelino para que, al mismo tiempo que lucha contra los terroristas, no garantice ni financie comportamientos criminales y graves ataques a los derechos humanos; permita a las ONG, especialmente a Amnistía Internacional, realizar el trabajo de investigación a los que se entregan en numerosos países de todo el mundo y, en particular, visitar las prisiones; para que la prensa internacional pueda cumplir libremente su misión y, por último, para que el Gobierno argelino busque de forma permanente y valiente el diálogo con todas las fuerzas del país que estén dispuestas a renunciar a la violencia, incluidos los perversos y los crueles, para que este país encuentre la paz civil y para que Argelia ocupe el lugar que le pertenece en el conjunto euro-mediterráneo, donde le esperamos con impaciencia. 
Señora Presidenta, por encima de otras consideraciones es conveniente que Argelia y el pueblo argelino sepan percibir que en esta Asamblea, en el Parlamento Europeo, hay un enorme sentimiento de apoyo y deseo de mutuo progreso. 
El reto más importante es un reto común de los dos, y en este reto común podemos hacer mucho nosotros. 
Es el reto de trabajar por una decisiva vinculación entre Argelia y la Unión Europea. 
Proponemos intensificar el diálogo político y parlamentario, abrir un diálogo entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Nacional argelina en el marco del partenariado. 
Apoyamos la determinación de encaminar a Argelia por la vía del progreso, de la consolidación de un Estado democrático, de la promoción de los derechos humanos. 
Condenamos sin reservas ese brutal azote terrorista que está sufriendo el pueblo argelino, y en ese apoyo estamos con él, con Argelia. 
Señora Presidenta, al cerrar este debate, no retomaré todo lo que, a menudo con mucho talento, han dicho los colegas que me han precedido sobre el horror que nos embarga ante el drama argelino y la admiración por los que luchan por la paz y la libertad. 
Me refiero de manera especial a las luchadoras, que están en el punto de mira por partida doble y que, por tanto, son el doble de valientes. 
Quisiera, en cambio, desechar la idea, demasiado extendida, de que no se puede hacer nada concreto e inmediato para aliviar el calvario de los argelinos. 
La Unión puede, inmediatamente, hacer un gesto concreto, porque sólo depende de ella, y ese gesto consiste en brindar protección, digna de ese nombre, a las argelinas y los argelinos que han decidido huir de su país. 
Me dirán que el desempeño de esa función corresponde a la Convención de Ginebra. 
Paradójicamente, parece ser que los argelinos no pueden acogerse a dicha convención- la Sra. van Lancker se ha referido a ello hace un momento-. 
De conformidad con la jurisprudencia de los Estados miembros, sólo podrán acogerse a la convención las personas perseguidas por las autoridades estatales. 
Dicha jurisprudencia fue confirmada recientemente, en 1996, mediante la posición común del Consejo sobre este asunto. 
Es una paradoja porque los islamistas que, con razón, se consideren perseguidos por su Gobierno, sí pueden aspirar a recibir protección en la Unión Europea, mientras que sus víctimas, aquellos que luchan por la libertad a los que acabo de referirme, no pueden aspirar a dicho amparo. 
Esta interpretación, diferente de aquella del ACNUR y contraria al espíritu y a la letra de la convención, se ha convertido, sin embargo, en acervo comunitario. 
Por ello, abogo por la creación de algún tipo de protección subsidiaria que se sitúe entre el estatuto-convención y la protección temporal, actualmente en estudio. 
No es una idea descabellada, habida cuenta de que está recogida desde hace varios años en el programa del Consejo, y me alegro de que Francia- mi país- la esté estudiando actualmente, pero creo que una disposición semejante sólo encontrará todo su significado y su eficacia si se aplica a nivel de la Unión Europea. 
Mientras tanto, señora Presidenta, deseo que la Unión adopte una actitud mucho más abierta con respecto a los argelinos que desean protección en Francia, una protección que, como ha demostrado el debate de hoy, es absolutamente legítima. 
Señoras y señores, señora Presidenta, en primer lugar, deseo dar las gracias a todas aquellas y a todos aquellos que han intervenido en este debate, un debate animado, apasionado, pero muy digno, que refleja bien el horror, los desafíos y los peligros que encierra la actual situación en Argelia. 
Deseo, asimismo, expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido por la calidad de su contribución, a pesar de que algunos o algunas se han sentido decepcionados por la declaración del Consejo sobre el papel que la Unión Europea debe desempeñar en Argelia. 
Creo que la consigna unánime de esta sesión plenaria ha sido que Argelia no debe dejarnos indiferentes, que Argelia- y diría incluso más, todo el Magreb- necesita a la Unión Europea. 
Pero, en contrapartida, la Unión Europea necesita una Argelia y un Magreb pacíficos y políticamente estables. 
Acojo con satisfacción la iniciativa adoptada por el Parlamento Europeo para asumir también sus responsabilidades. 
El Consejo debe desempeñar su función, la Comisión, la suya- relativa, especialmente, al futuro acuerdo de asociación en el marco del proceso de Barcelona- y el Parlamento Europeo (y es una opinión personal) debe también desempeñar su papel. 
Se ha hablado de diálogo constructivo, y yo añadiría " un diálogo vigilante» para todo aquello relativo a este ámbito delicado de la protección de los derechos humanos. 
Es cierto que todos, o casi todos coincidimos en que el círculo de participantes en el diálogo de Argelia debe ser lo más amplio posible, pero estamos hablando aquí de una gestión que durará bastante y, lamentablemente, hay que reconocer que, tanto en el caso de la crisis de Argelia, como en otros conflictos, hay personas que no quieren el diálogo. 
Nuestro esfuerzo común, por lo tanto, será un esfuerzo de larga duración. 
Argelia merece nuestro apoyo, porque- como ha dicho uno de los participantes en el debate y como el propio pueblo demostró en las últimas elecciones y en anteriores citas con las urnas- el pueblo, en su enorme mayoría, quiere la paz. 
Antes de pasar el testigo al vicepresidente Marín para que presente sus conclusiones como representante de la Comisión, terminaré diciendo que nuestra función es acompañar y alentar a las diferentes instituciones para que asuman las funciones que les son propias en este proceso de paz de larga duración, y para que se recurra a todas las fuerzas vivas de Argelia y a todos los argelinos de buena voluntad para solucionar este problema. 
Señor Presidente, Señorías, apoyo lo dicho por el Sr. Wohlfart en nombre del Consejo y simplemente quiero añadir que si el Parlamento Europeo deseara poner en marcha un mecanismo de diálogo político a nivel parlamentario, la Comisión se pondría a su disposición, porque en estos momentos precisamente todo lo que sea abrir nuevos cauces de diálogo con los representantes del pueblo argelino es interesante. 
A fin de cuentas, la conferencia negociadora del acuerdo de asociación es una conferencia con un mandato preciso, con una técnica precisa, con un lenguaje preciso, que, independientemente de que hablemos de política, no es en sí misma un elemento total o global que pueda permitir abordar un tipo de diálogo político con las autoridades argelinas dentro del mandato de negociación. 
Es decir, que por la fuerza de las cosas, el diálogo de la Comisión tiene unos límites objetivos constituidos por el mandato de negociación. 
Al contrario, yo pienso que ustedes podrían representar tal vez un canal de opinión mucho más abierto, mucho más amplio, mucho más global en cierto sentido, mucho más abierto, mucho más libre que el lenguaje diplomático, y si este Parlamento tomara esta decisión yo sostengo lo dicho por el Sr. Wohlfart: pondríamos todo los mecanismos para que esta operación política fuera hacia adelante. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, me congratulo de que esta mañana podamos abordar también este tema tan importante para la paz en Oriente Medio. 
Conviene recordar, señoras y señores, que la posición del Consejo ante la situación actual se basa en dos elementos. 
En primer lugar, la cooperación en materia de seguridad y, a continuación, en las negociaciones, todo ello de acuerdo con la divisa de " land for peace». 
La Autoridad Nacional Palestina debe hacer todo lo posible para impedir los actos de terrorismo. 
El Consejo, sobre todo mediante su enviado especial, interviene regularmente ante la Autoridad Nacional Palestina para animarle a cooperar plenamente con Israel en el ámbito de la seguridad. 
Hemos propuesto a ambas partes la creación de un comité permanente de seguridad que, en nuestra opinión, podría contribuir a impedir que los extremistas tomen como rehén el proceso de paz. 
Hay que evitar a toda costa que se interrumpan las negociaciones después de cada incidente, por dramático, abyecto y condenable que éste sea. 
Las negociaciones encaminadas a alcanzar resultados aceptables para ambas partes y a una mejora real de la situación económica de los palestinos constituyen el único medio susceptible de crear, poco a poco, el clima de confianza indispensable para el establecimiento de una situación en la que pueda garantizarse el máximo de seguridad. 
Señor Presidente, en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de Oslo, la Presidencia del Consejo ha aprovechado la ocasión que ha brindado la reciente visita a la región de la Secretaria de Estado norteamericana, Sra. Madeleine Albright, para reiterar la posición del Consejo relativa al fiel cumplimiento de los acuerdos celebrados, y para exigir a Israel que haga honor a sus obligaciones y compromisos. 
Hoy, más que nunca, hacen falta medidas de confianza auténticas y creíbles, como el desbloqueo de los proyectos indispensables para la viabilidad de la economía palestina. 
Las partes deben adoptar un código de conducta. 
Cada relanzamiento de las negociaciones sobre el estatuto final debe ir acompañado de la puesta en práctica, paralela y compleja, del acuerdo provisional. 
Tenemos especial interés en que la próxima fase de reorientaciones tenga lugar de conformidad con el acuerdo. 
Es necesario que ambas partes eviten actos unilaterales que puedan causar prejuicios contra el estatuto final, lo que implica que Israel debe suspender todo intento de seguir ampliando sus asentamientos. 
En lo que respecta a la economía palestina, señor Presidente, señoras y señores, su situación es, cuando menos, precaria, y a raíz de los recientes atentados perpetrados en Jerusalén, el Gobierno israelí continúa aplicando medidas severas contra la población de los territorios palestinos. 
Aparte del bloqueo de estos territorios, se mantiene, en particular, el congelamiento de los ingresos fiscales a los que tiene derecho la Autoridad palestina, es decir, el 50 % del importe que se cifra en unos 50 millones de shekels. 
El Consejo ha reiterado en numerosas ocasiones que respeta el derecho legítimo del Gobierno israelí a defender a su población. 
No obstante, las medidas adoptadas por los israelíes, en nuestra opinión, son excesivas y no afectan a los verdaderos responsables de los atentados. 
Hemos pedido insistentemente a Israel que respete sus compromisos y que transfiera a la Autoridad palestina la totalidad de los ingresos fiscales. 
Para ayudar a esta última a hacer frente a las necesidades inmediatas, vamos a transferirle, con carácter de urgencia, 4 millones de ecus y, en este contexto, estudiaremos asimismo la posibilidad de crear, a medio plazo, un fondo de operaciones destinado a la Autoridad Nacional Palestina. 
Señor Presidente, señoras y señores, diré también unas palabras sobre la corrupción que existe en el seno de la propia Autoridad palestina. 
El Consejo siente especial preocupación por las prácticas malsanas, que al parecer están bastante extendidas en el seno de la Autoridad palestina y, en este sentido, hemos exhortado, en reiteradas ocasiones, al Presidente Arafat a realizar un esfuerzo serio para remediar esta situación. 
Así las cosas, el hecho de que instancias palestinas hayan publicado informes críticos demuestra una voluntad de transparencia por parte de la Autoridad palestina, y puedo asegurarles que el Consejo seguirá este expediente muy de cerca junto con los demás donantes principales. 
Quisiera también añadir unas palabras sobre las relaciones entre la Unión Europea y Jordania, país que desempeña un papel importante en el proceso al que acabo de referirme, y gracias al cual fue posible anunciar el pasado lunes, en el marco del Consejo de Asuntos Generales, que las negociaciones llevadas a cabo por la Comisión desembocaron, por fin, en el Acuerdo euro-mediterráneo de asociación, tras el levantamiento, a última hora, de los últimos obstáculos. 
Es un resultado del que me congratulo. 
Terminaré mi intervención recordando a Siria. 
Creo que todo el mundo sabe que Siria debe desempeñar un papel importante en el proceso de paz, y los encuentros de nuestro enviado especial con el Presidente Assad han confirmado las impresiones anteriores. 
Al parecer, Siria muestra un serio interés por que se reanuden las negociaciones con Israel. 
Aunque, ni que decir tiene, queda por hacer lo más difícil, señor Presidente, es decir, definir las bases para esta reanudación de las negociaciones. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión difícilmente podría no compartir la presentación que ha hecho, en nombre del Consejo, el Sr. Wohlfart. 
La descripción que ha hecho es la correcta. 
La Comisión está completamente de acuerdo y sin duda nos encontramos- sobre todo a partir de la decisión del gobierno israelí de construir un nuevo asentamiento en Jerusalén este- con que hemos entrado en una espiral que ha colocado el proceso de paz de Oriente Medio en una situación francamente delicada. 
No voy a revelar ninguna novedad si menciono la iniciativa tomada por Estados Unidos y la visita de la Sra. Madeleine Albright. 
Al parecer está prevista una reunión la semana que viene, al margen de Naciones Unidas, entre palestinos e israelíes. 
Vamos a ver si, sobre una plataforma norteamericana, finalmente se puede conseguir dar pasos sustanciales en una situación que en el plano interno, en el plano regional y en el plano internacional está francamente degradada. 
Finalmente, por lo que concierne a la Comisión, no les voy a ocultar cuál es nuestro principal motivo de preocupación porque tenemos la responsabilidad de gestionar el paquete financiero que fuera aprobado por el Consejo y donde el Parlamento Europeo tuvo una tarea fundamental de apoyo. 
Y mucho me temo que, como autoridad presupuestaria, la tendrá que tomar en el futuro por la decisión que ha tomado el Consejo. 
El asunto del cierre de fronteras, de falta de libertad de tránsito, falta de transparencia y casos de corrupción en el manejo del presupuesto palestino, sanciones de tipo financiero- como no entregar la colecta de los impuestos -, etc... han convertido el modelo económico palestino en un modelo absolutamente inviable. 
La Unión Europea y particularmente la Comisión- que hemos tenido la responsabilidad en el caso palestino -, hemos creado más un sistema de seguridad social financiado por la comunidad internacional que un modelo de desarrollo económico. 
Las circunstancias del año pasado hacen que ese modelo económico sea inviable actualmente si no se recupera rápidamente un esquema de paz, que además permita darle al pueblo palestino la capacidad de ese desarrollo económico a medio y largo plazo. 
El proceso de paz no podrá reposar permanentemente en el enorme esfuerzo financiero de la comunidad internacional de los últimos cuatro años, y particularmente de la Unión Europea, que es como ustedes saben el principal contribuyente financiero, muchísimo más que los Estados Unidos, los países árabes llamados moderados, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 
Y tenemos una experiencia suficientemente consolidada como para decir lo siguiente: el Consejo, a propuesta de la Comisión, ha tomado de nuevo la decisión de acordar una ayuda de urgencia financiera para intentar salvar el momentum político y otra vez vamos a salvar el momentum político para que la Presidencia palestina pueda pagar la administración, la policía, los hospitales, los ayuntamientos. 
Es una operación que en la Unión Europea se ha convertido ya en tradicional. 
Finalmente, el Consejo autorizó a la Comisión a hacer una transferencia rápida en torno a los 4 millones de ecus y presentar un nuevo sistema de ingeniería financiera a través de un fondo de tesorería que queremos consolidar para que la Autoridad palestina pueda luchar más fácilmente con el inconveniente del cierre de fronteras o la no entrega de los subsidios que debe recibir de los impuestos y tasas percibidos por los israelíes, y que se derivan de los acuerdos de Oslo. 
Digo esto porque la única forma de lograrlo, y ahí tiene el Parlamento Europeo mucho que decir, será a través del procedimiento llamado Notenboom y, entonces, en el momento que haya que calcular la nueva distribución tendremos que encontrar un ajuste para poner en marcha esta nueva decisión política que va a permitir, a partir del mes de noviembre, y en tanto en cuanto no se resuelvan los problemas de tesorería de la Autoridad palestina- que como ha señalado el Sr. Wohlfart, tienen orígenes muy diversos, pero todos cuentan -, otorgar un programa especial de ayuda para el proceso de paz en Palestina. 
Y debemos reflexionar al respecto porque el año que viene termina el actual programa de ayuda. 
No es el momento de Oslo, no es el momento de la euforia de Washington, no es el momento de la euforia de Casablanca, no es un momento de euforia. 
Pero hemos consentido un esfuerzo financiero- Comunidad más Estados miembrosque al final del proceso rondará seguramente los dos mil millones de ecus. 
Es decir, hemos salvado situaciones muy difíciles sobre la base de inyectar recursos financieros, pero nos encontramos al límite de nuestras posibilidades. 
Y ello porque el modelo económico palestino, basado esencialmente en las donaciones internacionales, con sistemáticos cierres de fronteras, falta de libre circulación en los territorios, imposibilidad de exportar al mercado común europeo, debido a las dificultades de infraestructura y a la obstrucción sistemático de las autoridades israelíes, constituye el modo de vivir de un millón, dos millones de palestinos que viven en los territorios en una situación francamente desesperante. 
En consecuencia, uno de los ejercicios que tiene que hacer la Comisión es ir aportando al Consejo y al Parlamento Europeo toda una serie de grandes cuestiones, porque es evidente que, como ha dicho el Sr. Wohlfart, esta es una cuestión de largo plazo y habrá que definir el año que viene qué hacemos con este proceso. 
Porque el presupuesto especial se acaba el año que viene. 
Y les digo esto porque hemos estado muy angustiados la última semana porque el Consejo nos pidió una operación financiera en beneficio de Palestina y del gobierno de Arafat, y no podíamos hacerlo porque ya no tenemos dinero. 
En consecuencia, en noviembre, a través del procedimiento Notenboom, tendremos que encontrar una solución, y a partir de 1999, reflexionar muy bien sobre cómo gastar tanto dinero o más como el que hemos gastado en los últimos cinco años. 
Pero no ciertamente para estar sosteniendo dificultades políticas o inconvenientes políticos, sino para aportar una solución de carácter regional al Oriente Medio y, particularmente, una economía viable y sostenida al pueblo palestino. 
Si no, yo dudo de que la comunidad internacional pueda seguir realizando este enorme esfuerzo financiero, que pese a todo no ha podido evitar que este año los palestinos sean más pobres y tengan menos inversiones que hace cuatro años. 
Ustedes comprenderán que si hay una población viviendo en una situación límite, que no solamente no obtiene los dividendos de la paz sino que se va empobreciendo progresivamente, donde el nivel de inversiones privados ha caído radicalmente, particularmente el último año, donde no hay inversores europeos, ni norteamericanos, ni de los países árabes «moderados» , entonces comprenderán, digo, que aquello es un caldo de cultivo para que la moderación se pierda. 
Y esto es lo que quería decir como mensaje, señalándoles que de nuevo vendremos al Parlamento, y espero que tengamos su simpatía y apoyo para encontrar una solución en noviembre cuando discutamos sobre el problema de la reasignación de los recursos. 
En nombre de mi Grupo, yo quiero agradecer de todo corazón las claras y sinceras palabras de ambos ponentes y manifestarle a usted, señor Comisario Marín, que con toda seguridad le apoyaremos en sus esfuerzos para obtener los fondos, que por otra parte se emplearán y deben emplearse de manera eficiente. 
También en este caso nos encontramos nuevamente ante una espiral de violencia difícil de interrumpir. Con mayor razón lamentamos sin ambages que el Gobierno israelí haya emprendido unos pasos que han vuelto a agravar las condiciones, los requisitos que fomentan la violencia. 
Como acaba de señalar también el Sr. Marín, la respuesta del Gobierno israelí a la violencia, causando mayor sufrimiento, mayores dificultades a la población palestina favorece naturalmente un nuevo avance de la misma. 
Lo cual no significa que este avance de la violencia sea justificable o aceptable, ni que podamos apoyarlo de ningún modo, pero no obstante debe claro cuál es también la responsabilidad del Gobierno israelí en la evolución global de los acontecimientos. 
Es evidente que ha sido sobre todo la política de asentamientos la que ha iniciado esta nueva espiral de violencia. 
Una política que quisiera crear unos hechos consumados antes de que se hayan iniciado siquiera las conversaciones y las negociaciones; nosotros rechazamos esta política de asentamientos. 
El actual Gobierno israelí se encuentra en una situación en la que ya no es capaz de controlar los espíritus que ha invocado, pues se están desarrollando nuevas actividades que, incluso para este Gobierno, constituyen una penetración excesiva en territorio palestino. 
El tema de la propiedad de la tierra tendrá que negociarse, no obstante, en este contexto. 
Es del todo inaceptable que se condene a muerte, ilegal o legalmente- entre comillas -, a las personas, a los palestinos que venden tierras a israelíes. 
Pero, evidentemente, toda comunidad, todo país, tiene derecho a velar, sobre todo en esta etapa difícil, por que una venta arbitraria de tierras no vuelva a obstaculizar el proceso de paz y yo pienso que también en relación con este tema debe buscarse una solución a través del diálogo con Israel y con los palestinos. 
Como ya se ha dicho, la reacción del Gobierno israelí frente a la reprobable violencia fue desmesurada, fue desmesuradamente intensa, y creó nuevas condiciones de violencia. 
Las restricciones de carácter financiero, la restricción de la libertad de movimientos conducen a un pueblo a una situación en que personas y grupos de personas que hasta ahora habían rechazado la violencia acaban defendiéndola como la única manera de salir de la presente situación. 
Yo pienso que éste es un hecho catastrófico y espero que las medidas anunciadas por la Comisión y el Consejo, al igual que acaba de exponernos hoy el Comisario Marín y que confío serán aprobadas por el Parlamento, permitan solventar al menos el aspecto financiero. 
Sin embargo, subsiste el hecho de que existe una limitación masiva de la libertad de movimientos y subsiste el hecho de que se está arrebatando la confianza de su propia población al único interlocutor con que se cuenta para negociar la paz, a Arafat y la OLP. 
Este último punto es muy importante a mi parecer y me ha complacido muchísimo la declaración del señor Presidente del Consejo. 
Yo creo que ésta es la única posibilidad y cada vez son más las fuerzas que repiten lo mismo en Israel. 
Pero debe ser un Estado democrático y un Estado libre de corrupción. 
Yo les ruego encarecidamente que velen por que, precisamente en nuestra calidad de amigos del pueblo palestino, podamos tener la certeza de que el nuevo Estado que se está construyendo sea un Estado democrático, un Estado que respete los derechos humanos. 
También ruego a la Comisión y al Consejo que procuren que las medidas contra la corrupción ahora anunciadas también se apliquen, pues ningún miembro de la población europea estará dispuesto a gastar mucho dinero si existe aunque sólo sea la sospecha de que ese dinero no llegará donde corresponde, esto es, a la población de Palestina. 
Señor Presidente, en primer lugar querría felicitar tanto al Presidente en ejercicio del Consejo por cuantas cosas realmente serias nos ha dicho, como al Comisario Sr. Marín por su análisis, también muy detallado. 
No hay duda, señor Presidente, estimados colegas, de que nos encontramos, una vez más, en un momento muy crítico en relación al tema de Oriente Medio. 
No es propio del momento hacer una acusación analítica y de limitarnos sólo a ver dónde está el error. 
En este momento la Unión Europea debe ocuparse de medidas y propuestas concretas para restablecer el proceso pacificador. 
Yo veo como tales las cuatro medidas-condiciones generales siguientes: Primera: acciones para poner fin a los actos terroristas. 
Es una condición indispensable porque, a parte de las víctimas creará serios sentimientos de inseguridad en Israel y el resultado es que se crean problemas en su desarrollo y en su participación en el proceso de paz. 
Esta es una labor dificilísima y tiene dos aspectos: Uno es represivo: localización y detención de los terroristas. 
El otro es a largo plazo: eliminar las causas que crean terroristas. 
Segunda: actividades que pongan fin a todos aquellos hechos y decisiones que provocan. 
Referimos como ejemplo el tema de los poblados (settlements). 
Esto, unido a otras acciones es algo que debe terminar. 
Tercera: actos para la plena aplicación de los acuerdos de Oslo, porque como acuerdos internacionales, son la base de cualquier proceso pacificador en Oriente Medio. 
Y cuarta: actividades para que el nuevo proceso propuesto por Nueva York (proceso que se dará en dos fases, una bilateral, es decir Palestina-Israel y la otra trilateral, o sea Palestina-Israel-Estados Unidos) tenga éxito. 
Y en este punto debemos tener en cuenta que de este nuevo proceso de Nueva York no deberíamos tener un resultado directo en 48 horas. 
Naturalmente, algo así es imposible. 
Sin embargo debería celebrarse una conferencia en la que se determinasen dos cosas: primera, el orden del día para las negociaciones del futuro y, segunda, más básica, el proceso para que estas negociaciones se lleven a cabo. 
Aparte de esto hay determinadas propuestas más concretas. 
Doy mi enhorabuena al Consejo por las dos propuestas que ha dado ya a los medios de comunicación de masas, es decir, la creación de una comisión permanente de seguridad y la propuesta de un código de conducta. 
Son temas muy importantes. 
Sería útil que el proceso pacificador en Oriente Medio entrara en el capítulo " Proceso de Barcelona» y que hubiera una conferencia permanente, continua en el proceso de Barcelona sobre el procedimiento pacificador en Oriente Medio, y que estuviese basada en la creación de grupos de trabajo. 
Y puedo proponer cuatro grupos de este tipo: un grupo para la seguridad, que incluya no solo los temas del terrorismo y las relaciones, sino también las acciones relacionadas con otros países como son Líbano y Siria, que tienen un papel importante en el proceso de paz. Un segundo grupo que se ocupe del tema de los settlements, un tercero que se dedique al régimen (político) de las zonas palestinas y al de Jerusalén; y un cuarto grupo que analice el tema de los refugiados, tema muy importante. 
Personalmente, señor Presidente, estimados colegas, creo que debemos conceder a estas negociaciones y a estos procesos mucho tiempo. 
No necesitamos ahora resultados de importancia televisiva. 
Señor Presidente, el Oriente Medio es una región en la que los poderes coloniales, en beneficio propio y por medio de tácticas de división y dominación, han sentado la base de la situación actual. Una situación que, al parecer, carece de toda lógica y que está repleta de paradojas. 
El mundo árabe ha vuelto a desempolvar el arma del bloqueo económico y aunque no se han roto las relaciones económicas con Israel, éstas se han reducido sensiblemente. 
El que comercia con otro, ha de dialogar con él. 
Los comandos suicida existían cuando el proceso de paz se desarrollaba en sentido favorable, al igual que ahora, cuando dicho proceso ha quedado bloqueado. 
El gobierno israelí concierta compromisos en relación con Hebron, una señal positiva, pero inicia simultáneamente la construcción de nuevas casas en Jerusalén, una señal negativa. 
Esto sosiega a la base política. 
Aunque el cierre de las fronteras aumenta la seguridad del ciudadano israelí, a la vez la disminuye. 
En las mezquitas de Egipto, Siria y el Líbano, los dirigentes islamitas continúan literalmente poniendo por las nubes a los comandos suicida. 
Les voy a ahorrar los textos pero a mí como persona, me horrorizan. 
Todo lo anterior significa que los israelíes no establecen una relación lógica entre el proceso de paz y su propia seguridad personal. 
Por desgracia, la cuestión de la supresión del terrorismo amenaza convertirse en un importante elemento de negociación. 
Es obvio que esto no va a ser posible. 
Tanto los palestinos como los israelíes han perdido confianza en sus propios dirigentes. 
A mi juicio, la propuesta europea de reactivar el proceso con la ayuda de un código de conducta, no funcionará. 
Sólo la conciencia emotiva de que la coexistencia de ambos pueblos, tanto el palestino como el israelí, en ese mismo lugar del mundo es inevitable, podrá estimular dicho proceso. 
Esa también es la idea que la Secretaria de Estado de los Estados Unidos intenta fomentar al dejar que, por el momento, ambas partes moderen sus posturas, porque a fin de cuentas, una y otra parte tendrán que arregarselas. 
Con todo, la Sra. Albright se ha dirigido, pasando por alto a los palestinos e israelíes, más allá de las fronteras de Israel, a las regiones circundantes. 
Todavía no tengo una visión clara de la idea del diputado Dimitrakopoulos referida a una task force, pero precisamente en estas regiones cercanas a Israel, Europa tiene una misión que cumplir. Por lo tanto, sería conveniente que los Acuerdos de Asociación con Jordania y Egipto se pongan en marcha lo antes posible. 
Coincido con el Comisario Marín en que esta Asamblea ha de esforzarse al máximo para garantizar la ayuda financiera a los palestinos, para la creación de un modelo de economía duradera. 
Sin la perspectiva de un desarrollo económico y social razonable de los vecinos de Israel, democracia con fuerte arraigo en el trabajo, persistirá la envidia y el miedo por este país. 
Señor Presidente, por último, considero que es una tarea fundamental que esta Asamblea garantice que se reactiven los procesos de reconciliación en Israel. 
Señor Presidente, este es un grito de auxilio y no un análisis, ya que para los análisis hemos tenido la oportunidad de dirigirnos al Sr. Wohlfart y al comisario Marín, por lo que quisiera expresarles mi más sincero agradecimiento. 
Es de todos conocido que el proceso de paz se encuentra en una situación extremadamente grave. 
Parece más muerto que vivo y si no se le inyecta pronto un impulso nuevo, morirá. 
Los intentos de mediación de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos tampoco han logrado sacar dicho proceso de la vía muerta. 
En una espiral de atentados con bombas reivindicados por Hamas y medidas de represalia, el proceso de paz parece expirarse con sólo perdedores. 
Hay que combatir el terrorismo de Hamas con todos los medios a nuestro alcance y a Arafat se le puede pedir que cumpla sus promesas. 
No obstante, al cerrar las fronteras de las zonas palestinas por períodos prolongados y al congelar el 60 % de los ingresos públicos de las Autoridades palestinas, el Gobierno israelí crea sus propios enemigos en un ambiente de frustración, pobreza y sin perspectiva. 
Los dirigentes políticos han cedido el mando de la iniciativa por falta de coraje político y los extremistas por ambos lados han creado, con sus fechorías recrudecidas, un clima de desconfianza y de odio, que posiblemente sea aun más fuerte que hace dos años. 
Si el momentum continúa hundiéndose, existe el peligro de que los involucrados en el conflicto se pierdan y se ofusquen en su propia tormenta de arena. 
¿Dónde se encuentran los políticos visionarios que iniciaron el proceso de paz? 
Una vez más es preciso salir del estancamiento. 
Ciertamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo. 
Hemos de buscar una solución definitiva a los conflictos mediante la aplicación de los acuerdos de Oslo, con un enfoque sin tabúes y sin filosofías de ojo por ojo, diente por diente, como es el caso entre Israel y los palestinos y entre Israel y el Líbano. 
Vivimos en una época moderna con lemas modernos y ojalá también con una paz moderna. 
Sin embargo, fue un día de angustia por el futuro de un proceso de paz que pende de un hilo. 
Fue además, algo que me alegra, un gran día de lucha. 
La concentración unitaria de Tel Aviv contra la política del gobierno Netanyahu y a favor de la defensa de la paz es una señal de esperanza que debemos celebrar. 
La línea de demarcación separa más que nunca, no a los palestinos y a los israelíes, sino a los partidarios del proceso de paz y a sus detractores. 
En este sentido es significativa la reacción, de una dignidad impresionante, de la madre de la pequeña Smadar, una de las víctimas del último atentado en Israel reivindicado por Hamás, un acto criminal que hemos condenado enérgicamente. 
Cuando Benjamín Netanyahu dirigió sus acusaciones a Yasir Arafat, a pesar de que los que colocan las bombas son sus peores enemigos, esta madre replicó a Netayanhu: " Ha sido tu política la que la ha matado». 
Esa política que el ministro francés de Asuntos Exteriores ha calificado, con razón, de catastrófica, conduce directamente a la explosión de violencia y a la guerra, si no hay nada que lo impida a tiempo. 
El hecho de que prosigan los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén, que los territorios autónomos permanezcan cerrados y aislados unos de otros, que los trabajos del puerto de Gaza sigan bloqueados, que se cierre el aeropuerto, que no se ponga en libertad a los miles de prisioneros políticos que permanecen, que no se haya cumplido la retirada de tropas que, explícitamente, recoge el acuerdo, e incluso que el Tsahal se aventure a penetrar de nuevo en los territorios autónomos, hace temer lo peor y, de un golpe, echa por tierra todos los esfuerzos emprendidos hasta ahora para intentar garantizar a todos los pueblos de la región la seguridad y la paz y un desarrollo mutuo. 
¿Qué puede hacer Europa, aparte de proporcionar ayuda- ayuda de urgencia y ayuda al desarrollo -, más indispensable que nunca, a la Autoridad Nacional Palestina? 
El problema planteado por el Sr. Marín en este contexto es absolutamente crucial. 
Pero, además de eso, ¿qué puede hacer Europa en el plano político para salvar la paz en Oriente Medio? 
Lo repito aquí una vez más, la congelación inmediata del Acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel me parece una medida saludable, ya que se transmitiría a la opinión pública israelí el mensaje de que esta medida no va dirigida a Israel, sino al actual Gobierno, y que su objetivo es ejercer sobre éste las presiones políticas necesarias para obligarlo a cumplir los compromisos de Oslo y de Washington. 
Europa, a menudo, se lamenta de que no desempeña un papel a su medida en el panorama internacional. 
He aquí una ocasión para demostrar una voluntad política clara, la de salvar la paz en Oriente Medio. 
Señor Presidente, hace unos días el intelectual francés Edgar Morin comparaba al primer ministro de Israel, el Sr. Netanyahu, con el líder serbo bosnio Karadzic, reclamado por la justicia. 
Puede decirse que la comparación es un tanto exagerada, pero pensándolo bien hay algo de verdad en ella. 
En Palestina ciertamente son los dos bandos los que cometen actos terroristas que todos condenamos, inclusive las recientes acciones enajenadas perpetradas en Jerusalén. 
Lo curioso es además que, por parte palestina, son los líderes que desean la paz los que detentan el poder político, mientras que los saboteadores de la paz son perseguidos por la policía. 
En Israel sucede lo contrario. 
Según el político israelí de la oposición, Yossi Sarid, el primer ministro Netanyahu ha dado incluso su conformidad a las recientes iniciativas judías de colonización ilegal en un barrio palestino de Jerusalén. 
¿Por qué reacciona Netanyahu de este modo? 
La respuesta es muy sencilla: Porque representa a un extremismo ideológico que existe y prospera solamente cuando hay disturbios, sólo cuando la inseguridad forma parte de la vida cotidiana israelí, sólo cuando se puede presentar la amenaza árabe con cierto halo de credibilidad. 
¿Que sería de Netanyahu, Sharon y los otros «halcones» israelíes si se concluyera definitivamente la paz con un Estado palestino? 
¡Serían barridos del poder por un electorado israelí partidario de la paz! 
Por eso existen lamentablemente motivos de preocupación con respecto al futuro de la región palestina. 
La prensa internacional menciona la posibilidad de una revuelta palestina, de una nueva intifada a modo de reacción ante las provocaciones israelíes. 
Incluso se menciona la posibilidad de una guerra preventiva israelí contra Siria. 
Esto ya se ha producido repetidamente en la historia. 
Naturalmente, condenamos toda clase de violencia. 
Naturalmente, hay que someter a examen a todos los involucrados, también a las autoridades palestinas, además de los métodos autoritarios de Arafat y las posibilidades de que haya corrupción, lo cual también han investigado los propios palestinos. 
Pero no debe caber duda alguna, cara a las posibles acciones de la Unión Europea, de que la responsabilidad principal de que se vea amenazado el proceso de paz recae sobre el actual Gobierno israelí, no sobre el pueblo israelita. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, mis queridos colegas, en Israel, las explosiones y los atentados en los autobuses y en el mercado siguen sembrando la desolación y la muerte. 
Cada ciudadano que sale cada mañana al trabajo tiene derecho a regresar por la tarde a su casa con vida, y las respectivas autoridades nacionales tienen derecho a proteger a su población civil. 
Es una evidencia absoluta. 
¿Es, necesariamente, el mejor medio para conseguirlo, destacar a una patrulla en cada carretera de Cisjordania? 
¿Confiscar miles de hectáreas de su vecino más próximo? 
¿Encerrar a cientos de miles de ciudadanos en sus ciudades o pueblos, condenando así al paro a personas, cuya única culpa es haber nacido árabe? 
¿Es el medio adecuado dinamitar la casa donde vive la familia de alguien que es sospechoso de pertenecer a un grupo extremista? 
¿Es el medio adecuado implantar en el territorio de su vecino asentamientos de personas armadas hasta los dientes? 
¿Mantener milicias de mercenarios en el sur del Líbano o impedir a los palestinos exportar su propia producción? 
Las autoridades israelíes parecen pensar que es un buen medio, o cuando menos, necesario. 
Lo mínimo que puede decirse al respecto, en cualquier caso, es que aunque sea necesario, desde luego no es suficiente. 
La reanudación de los atentados en Israel nos demuestra claramente que se ha elegido el camino equivocado. 
Es evidente que semejante actitud es deplorable. 
Se está volviendo la espalda a la paz y se están dando todas las condiciones para que los fanáticos se entreguen a nuevos atentados. 
La Unión Europea debe unir sus esfuerzos a aquellos que viene desplegando, incansablemente desde hace años, la diplomacia norteamericana, a la que creo que hay que felicitar hasta cierto punto, porque lo poco que se ha avanzado hasta ahora, al menos en estos últimos años, ha sido realmente gracias a dicha actividad. 
Todos recordamos los viajes semanales del Sr. Baker a Oriente Medio para conseguir una firma. 
El Sr. Marín nos ha recordado, y confieso que sus palabras me han asustado un poco, que la Unión Europea inyecta cantidades considerables de fondos y de energía, pero probablemente no en las mejores condiciones para que sean eficaces. 
Sería conveniente, por tanto, que este mismo esfuerzo pudiera ir seguido, en el plano político, de una presión sobre el Gobierno israelí, pero también y quizá del mismo modo, sobre la Autoridad Nacional Palestina para que ésta reforme sus métodos y sus hábitos. 
Señor Presidente, queridos colegas, en su notable obra Les chrétiens d 'Orient, entre el yihad y el " dhimmi» , la historiadora judía israelí Bat' Yeor desarrolla la observación de que, si a menudo los cristianos son infieles al mensaje de amor de Cristo, en el caso de los musulmanes, cuando se entregan a la violencia, no hacen más que imitar al propio profeta Mahoma, cruel señor de la guerra de Medina, que decapitó a miles de enemigos y entregaba a las mujeres y a los niños a sus hombres. 
Es cierto que numerosas suras del Corán- me refiero a la edición de la Pléyade, aprobada por la Universidad de Alazar- ordenan la aniquilación de los infieles y, en función de los intereses del Islam, según un estatuto del " dhimmi» , la muerte o la vida salva a las personas del libro, ya sean judías o cristianas. 
Lamentablemente no existe ningún Corán alternativo. 
Pero ante la violencia del Islam fundamentalista, existe también la violencia del Judaísmo fundamentalista. 
Debemos alabar aquí el trabajo del profesor de la Universidad de Tel Aviv, Israel Shak, que en su libro 3000 ans de vie d ' Israël denuncia valientemente las bases de lo que el célebre filósofo de Jerusalén, Yoshua Leibowicz, no ha dudado en calificar en el periódico Le Monde como el judeo-nazismo. 
Un ejemplo de ello. Creyendo cínicamente que nadie irá a mirar más lejos, el consejero regional de Ile de France, el rojo-verde Konopnicki, proclama en el nº 463 de Arche su admiración por el célebre rabino Élie Munk, gran comendatario de Maimónides que, en la página 615 del libro de los Égarés, profesa que los turcos y los negros no son personas, y desarrolla ampliamente la necesidad, cito: " au nombre des commandements de Dieu, celui de tuer des descendants des idolâtres, quoique jeunes enfants, avec leur père y leur grand-père» [en nombre de los mandamientos de Dios, la necesidad de matar a los descendientes de los idólatras, aunque sean niños pequeños, junto con sus padres y sus abuelos]. 
Arraigada en Maimónides, la ideología religiosa de Élie Munk, por limitarme sólo a él, el inspirador de Konopnicki, que ha tenido una gran difusión en Francia y, en particular, en la gran librería judía Colbo, explica, creo, junto a muchos otros, la línea de comportamiento del Gobierno Netanyahu, que proviene a la vez de esta cultura teórica y del nacionalismo extremista de Gordon, el inspirador de Ben Gurion. 
Lamentablemente, de este terrible cara a cara, de las lógicas exterminadoras profesadas por los lejanos descendientes de Abrahán, hermanos enemigos desde hace siglos, se perpetúa la guerra árabe-israelí. 
Ahora bien, Netanyahu se equivoca. 
Israel no puede conseguir la paz si continúa oprimiendo al pueblo palestino, en favor del cual, la solidaridad árabe terminará por intervenir de nuevo. 
Antaño, yo creía que los afrikáners no se habían equivocado al querer organizar en Sudáfrica el desarrollo separado de pueblos muy diferentes. 
Cuando vi la realidad del apartheid en su universo de alambradas, de townships y de pueblos bantúes, comprendí inmediatamente la locura de esta política y de su práctica. 
Lo mismo ocurre con Israel que, a pesar del inmenso apoyo que recibe de los Estados Unidos, no podrá indefinidamente acorralar en territorios minúsculos y entre torres de observación, una población palestina miserable, aunque joven, valiente, inteligente y emprendedora. 
Una vez más, la política del apartheid es una locura para Israel, al igual que lo fue para la Unión Sudafricana. 
Si Israel no encuentra una solución que respete la dignidad de los pueblos y las personas, nada le salvará del desastre. 
Cuando pensamos que los ciudadanos árabes de Israel no tienen el mismo documento de identidad que los judíos, no podemos por menos que estremecernos. 
Quiero, por último, formular una pregunta, y termino, señor Presidente. ¿Por qué, en Francia, algunas personas que están a favor de que a los extranjeros se les conceda, sin límites, los mismos derechos de los franceses, aceptan que allí los árabes, que están en su país, sean maltratados? 
El error junto al Sena sólo es comparable al error simétrico junto al Jordán. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, seguimos negándonos a decir que los acuerdos de Oslo están muertos, habida cuenta de que no vemos más alternativas que la guerra. 
Si existen alternativas con respecto a Oslo, como a veces se trasluce de las declaraciones a la prensa de los responsables israelíes, la comunidad internacional, es decir, los Estados Unidos, Europa y Rusia, que fueron los garantes de dichos acuerdos, tiene ahora el derecho de conocerlas. 
El proceso de paz está atravesando una crisis gravísima, razón por la cual hay que hacer cualesquiera esfuerzos para impedir que se destruya sin alternativas. 
No disponemos de mucho tiempo, porque la situación está rebasando el límite. 
Por ello, apoyamos la propuesta del Presidente del Consejo de crear un comité permanente de seguridad, que incluya a los Estados Unidos y la Unión Europea y que intervenga con objeto de ejercer la máxima presión posible sobre ambas partes. 
Es necesario un código de conducta para invertir el camino que conduce hacia la catástrofe, aunque la próxima Cumbre de Nueva York, a finales de este mes, tiene que aclarar ante todo el aspecto estratégico. ¿Sigue existiendo el proceso de paz en la mente y en las opciones de fondo de los dos protagonistas? 
La Cumbre debe decir si el proceso de paz sigue siendo válido para el Gobierno israelí. 
Éste es un punto esencial, porque parece que no es así. 
En caso contrario, tiene que presentar una nueva propuesta orgánica y global, como, según acabo de decir, apareció en la prensa. 
Sin esta aclaración básica, no será efectiva ninguna propuesta parcial. 
No cabe duda de que, aclarado este punto, en Nueva York se podrá aprobar el código de conducta, se podrán examinar las medidas que los palestinos quieren adoptar contra el terrorismo y acordar una idea común de lucha contra el terrorismo, no sólo militar y de policía. 
He dicho no sólo militar y de policía, porque me parece que el de Hamas no es el único terrorismo que existe en el mundo. 
En los países en que el terrorismo se ha aislado y vencido- y podría facilitar muchos ejemplos- ello ha sucedido, siempre y ante todo, sobre la base de una derrota política y no de policía o militar. 
El Gobierno israelí parece olvidar que vencer el terrorismo sólo es posible a través de su aislamiento político entre la gente y no está actuando así, dado que en este sentido crea todo tipo de dificultades políticas, de credibilidad y económicas a Arafat. 
El aislamiento del terrorismo se logra si lo pueblos constatan que la paz avanza, que hay beneficios, que los líderes, empezando por Arafat y Rabin, actúan en interés del pueblo. 
Si el proceso se quiebra, toman fuerza, como es obvio, las fuerzas contrarias y, en primer lugar, el terrorismo. 
Sólo así se aisla el terrorismo. 
Esto es algo muy importante, porque la solicitud del Gobierno de Israel de gozar de seguridad y la acusación en contra de los palestinos de que no hacen lo suficiente, se basan en un concepto de lucha contra el terrorismo que debe replantearse, porque es una manera de luchar contra el terrorismo que no llevará a ninguna parte. 
Por lo que se refiere a las solicitudes del Comisario Sr. Marín, seré breve. 
Usted tiene razón, en noviembre el Parlamento Europeo intentará desempeñar su función. 
Señora Presidenta, he de decir que no es sino con gran tristeza que participo hoy en este debate. 
Desde hace mucho tiempo tenemos la esperanza de que el proceso de paz de Oriente Medio llegue a algún tipo de conclusión. 
Recuerdo muy bien que cuando la delegación del Parlamento Europeo visitó anteriormente Israel este año llegué a casa lleno de tristeza. 
Parecía no haber unanimidad dentro de Israel ni dentro de la OLP, y de la causa palestina en general, sobre cómo proceder. 
Cuando falta unanimidad es muy difícil llegar a una conclusión. 
Escuché muy atentamente lo que dijeron esta mañana el Presidente en ejercicio y el Comisario. 
Debo decir que pensé que el Comisario Marín estaba siendo sumamente franco y abierto en sus observaciones y, desde luego, valiente. 
Estas cosas hay que decirlas en el presente y el Parlamento deberá llegar a una conclusión porque puede desempeñar un papel en el proceso. 
Pero hay muchos otros que pueden desempeñar un papel y no siempre se comprende que es preciso coordinar más la forma en que abordamos las dificultades que actualmente atraviesa Oriente Medio. 
Siria, como dije anteriormente, es un actor principal y tiene mucho de lo que responder en cuanto a la imposibilidad de hallar una solución para el proceso de paz, que todos queremos que tenga éxito. 
Lo mismo sucede con Irán. 
A esos dos países en particular habría que llamarlos a capítulo, no sólo Estados Unidos, sino también las Naciones Unidas y la Unión Europea. 
Espero que la UE en particular intente animar a las Naciones Unidas- que en este preciso momento está acometiendo reformas- a responder ante los acontecimientos en las áreas del mundo con problemas. 
No es necesariamente correcto que tengamos que depender siempre de las Naciones Unidas para hacer de policías del mundo. 
La Unión Europea tiene sin duda que hacer algo. 
Allí tenemos grandes intereses, tal como se ha señalado: la contribución financiera que aportamos a los palestinos y también, cómo no, los acuerdos de asociación comercial que tenemos con los israelíes. 
Pero, en conjunto, me ha animado que el Sr. Colajanni haya dicho lo que quizá sea lo único en lo que nos podamos poner todos de acuerdo: que hay que aislar el terrorismo. 
Independientemente de cómo se consiga, tiene que ser en cooperación con Siria y con los iraníes. 
También me ha animado escuchar que nuestra relación con el Gobierno jordano- que tiene un papel fundamental en este asunto- es buena en la actualidad. 
Los egipcios siempre han creído que tienen que desempeñar un papel de primer orden en el Oriente Medio y yo les animaría a participar de lleno en este debate general que sin duda debemos intentar abordar desde esa perspectiva internacional. 
Todos esperamos que tengan éxito las conversaciones en Washington la semana que viene. 
Pero recordemos además a todos que la vida en Oriente Medio sigue su curso. 
Hay 30.000 palestinos que cruzan todos los días la frontera israelí para ir a trabajar. 
Tenemos una gran oportunidad como Unión Europea de asegurarnos de que dichas conclusiones y el proceso de paz puedan coincidir para no tener que seguir con este debate indefinidamente. 
Señor Presidente, creo que el mayor error que podría cometer hoy este Parlamento sería enterrar prematuramente el proceso de paz. 
Al examinar la situación, podemos constatar que, según la célebre fórmula, es grave, pero no desesperada. 
El viaje de la Sra. Albright a Oriente Medio se salda con un balance que no es tan negativo como algunas personas bien intencionadas han querido manifestar. 
El levantamiento del bloqueo es una medida nada despreciable, tratándose de un país obligado a defenderse contra la amenaza terrorista que le golpea a diario. 
Debemos evitar arrojar más leña al fuego. 
En este sentido, hay que lamentar las recientes palabras del ministro francés de Asuntos Exteriores. 
El proceso de paz se hará entre los palestinos, tal como son, y el Gobierno israelí, tal y como es, elegido democráticamente. 
No insultemos ni a unos ni a otros; eso sería insultar a la paz. 
Señor Presidente, tratar de reducir la actual crisis del proceso de paz en el Próximo Oriente a una cuestión de seguridad sería, sin duda, un grave error. 
Todos condenamos rotundamente los inaceptables atentados que han causado víctimas inocentes en Israel. 
Pero todos sabemos que la clave de lo que está ocurriendo en aquella región está precisamente en el incumplimiento de lo acordado en Oslo, incumplimiento que está protagonizado de manera esencial por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. 
El Primer Ministro Netanyahu está tratando de renegociar o, más bien, de imponer algo distinto a lo firmado, y no sólo por lo que se refiere a los asentamientos. 
Por ejemplo, no está procediendo a la retirada pactada con la Autoridad Nacional Palestina, bloquea a los territorios gestionados por esa Autoridad, mantiene en prisión a miles de presos. 
¿Qué está consiguiendo Netanyahu con esa nefasta política? 
Primero, debilitar al Presidente Arafat; segundo, frustrar a los palestinos y dar caldo de cultivo a los terroristas; tercero, por lo tanto, dar alas a esos grupos terroristas; y, finalmente, alentar a los extremistas israelíes que, en las últimas horas, están cometiendo acciones tan lamentables y tan provocadoras como las de Ras al Amoud. 
Incluso el Sr. Netanyahu va más allá y se permite llevar a cabo acciones contra el Líbano a las que ha tenido que responder legítimamente el ejército de ese país. 
En otras palabras, el Sr. Netanyahu tiene la principal responsabilidad de lo que está pasando, porque no cumple lo acordado en Oslo y porque se olvida de la legalidad internacional. 
En esta cuestión, los Estados Unidos están perdiendo poco a poco su papel de árbitro. 
La Sra. Albright está actuando de manera radicalmente contraria al Sr. Baker, por ejemplo. 
La Sra. Albright ha ido para apoyar a Netanyahu, no para condenar lo esencial. 
Y Europa lo que tiene que hacer es pedir a los Estados Unidos que recuperen un papel mínimamente equilibrado y presionar a Netanyahu, por ejemplo, congelando los acuerdos en vigor con Israel y, desde luego, fomentando la ayuda a la Autoridad Nacional Palestina. 
En ese sentido, yo quiero apoyar la propuesta del Sr. Marín. 
Así traducía la antigua exégesis de la Biblia el nombre de Jerusalén. 
¿Puede mantenerse aún esta interpretación a la vista del terror bárbaro de los enemigos de la paz? 
No sólo es preciso que se mantenga, sino que también es posible, pues esa ciudad, la ciudad de Yad Vashem y la ciudad del refugio sagrado de los justos de todos los pueblos, es el símbolo de que el terrorismo puede ser derrotado. 
Es posible derrotar al terrorismo, pero sólo por una vía: con la convicción inquebrantable de que no existe otra alternativa que la paz y el proceso de paz. 
Por esto yo quisiera instar desde aquí, en nombre de mi Grupo, al señor Primer Ministro Netanyahu y a su Gobierno- y soy consciente de la parcialidad de mi voto- a que cumplan al pie de letra el Acuerdo de Oslo en todos sus aspectos y dentro del espíritu del proceso de paz. 
Porque si la seguridad constituye el centro de su política, también es evidente que el pueblo israelí sólo podrá alcanzar esta seguridad por un camino: el que se inició en Washington y en Oslo. 
Señor Presidente, el Grupo de Alianza Nacional desea manifestar su profunda solidaridad al pueblo israelí por los recientes y criminales atentados terroristas de los que ha sido víctima. 
Al mismo tiempo, condenamos con firmeza el brote y la escalada del fanatismo integrista islámico que, pese a las razones que pueda esgrimir, carece de toda justificación para recurrir a los atentados indiscriminados en los que con frecuencia mueren civiles inocentes de todas las edades. 
Dicho esto, es indudable que el proceso de paz ha recibido duros golpes de las, a menudo, recíprocas intransigencias de árabes e israelíes. 
Y una vez más, por desgracia, debemos recalcar la falta de una fuerte presencia política de Europa en este ámbito en crisis, dejado una vez más y casi por completo en manos de la diplomacia americana. 
Señor Presidente, Señorías, ésta es la Europa que no nos gusta, la Europa que procura o intenta hacer progresos en el ámbito económico y monetario, pero que permanece pasiva o ausente en el de la iniciativa política y diplomática internacional: una Europa incompleta. 
Nos agradaría, en efecto, que, junto con el aliado americano, actuara de manera efectiva en pro de la paz y la solución del conflicto también el representante europeo, un representante capaz de expresarse no sólo formalmente y cuyas indicaciones y decisiones se tradujeran en compromisos obligatorios para las naciones de Europa. 
Así y todo, ahora tenemos la obligación de preguntarnos qué podemos hacer para bloquear esta escalada de odio e intolerancia. 
Consideramos que la Unión Europea debe, por una parte, ejercer todas sus presiones económicas y comerciales para penalizar a los Estados que protegen y subvencionan a los grupos terroristas y, por otra, dirigirse a los actuales gobernantes israelíes a fin de que reduzcan la política en materia de nuevos asentamientos. 
Por último, creemos sensata y digna de reflexión la frase de Shimon Peres, quien recordó que ganar una guerra- Israel ya ganó tres- es algo muy distinto que vencer el terrorismo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, mis queridos colegas, con el fin de evitar todo riesgo de ambigüedad en cuanto a mi posición, diré de entrada que apoyo el proyecto de resolución común sobre los atentados asesinos de Jerusalén y sobre el proceso de paz en Oriente Medio. 
Apruebo su equilibrio y me uno al llamamiento que se ha hecho, así como a las gestiones propuestas para la reactivación del proceso de paz. 
Es el único medio de garantizar, de forma duradera, la seguridad de los ciudadanos y del pueblo israelí, al mismo tiempo que el respeto, la dignidad y la libertad del pueblo palestino. 
Pero, a continuación, deseo dedicar la mayor parte de mi tiempo de intervención a decir que nada, digo bien, nada puede justificar el terrorismo, los atentados dirigidos a la población civil y las masacres de personas inocentes. 
El terrorismo siempre tiene padres, jefes, una organización, redes, proveedores de fondos, pero nunca tiene justificación. 
Muchos países del mundo lo han padecido no hace mucho tiempo o lo padecen aún, incluso en Europa; como es el caso de Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña o España. 
Actualmente, en Argelia, miles de personas inocentes son masacradas en nombre de una ideología islamista oscurantista. 
Todos estos países constituían o constituyen casos diferentes y, sin embargo, todos han sufrido o sufren y han luchado o luchan el terrorismo. 
En el propio Israel, el terrorismo golpeó a Jerusalén durante el Gobierno Peres, en plenas negociaciones de paz, al igual que golpea actualmente a Jerusalén durante el Gobierno Netanyahu. 
Sólo una reacción firme y masiva de condena por parte de la opinión mundial, sin condiciones ni digresiones, sólo una organización coordinada de todos los países y pueblos civilizados para luchar contra el terrorismo, podrán conseguir hacerlo retroceder, si no erradicarlo. 
Es el precio de la paz en Oriente Medio. 
Es el precio de la paz en el mundo. 
Para terminar diré que lo que esperan de nosotros los ajusticiados de Jerusalén, al igual que aquéllos de Argelia, no son lágrimas, sino este tipo de reacción. 
Es el deber de Europa y de nuestro Parlamento recordar a todos esta mañana. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, lamentablemente, una vez más nos vemos obligados en este Parlamento a hablar sobre el deterioro del proceso de paz en Oriente Medio y, esto, Señorías, es realmente frustrante. 
Como hemos visto, todavía queda mucho para conseguir el objetivo de la paz y la estabilidad en la zona, y los recientes acontecimientos terroristas son sólo una manifestación de la sinrazón y un obstáculo para la pacificación. 
Creo importante resaltar que ninguno de los actores principales de este proceso podrá imponer íntegramente su propia concepción de los problemas que subsisten y, mucho menos, a través de la provocación o de la violencia. 
El enfrentamiento árabe-israelí, a nadie se nos escapa, es complejo y en él intervienen un gran número de factores cuya solución requiere una firme voluntad política. 
Pero debemos exigir a las partes que colaboren: al Gobierno israelí, que no continúe con su política de provocación a través de los asentamientos, y al Consejo legislativo palestino, que refuerce su lucha contra el terrorismo deteniendo a los activistas, controlando y restituyendo el orden y tomando medidas de represión en contra de estos grupos terroristas. 
La única vía para llegar a una solución que beneficie al proceso de paz- lo hemos reiterado muchas veces- es el diálogo y el cumplimiento estricto de los acuerdos de Oslo. 
Por ello, desde el Parlamento, debemos acoger con satisfacción la propuesta realizada por el Presidente del Consejo de crear un comité permanente de seguridad en el que la Unión Europea y los Estados Unidos trabajen conjuntamente para poder mediar en el conflicto. 
Para ello, la Unión Europea debe afianzar su identidad y responder con rapidez, y con una sola voz, a los acontecimientos. 
Me han preocupado mucho las palabras del Sr. Marín, relativas a la posibilidad de que la Comisión ponga fin a los fondos destinados a ayudar al pueblo palestino, si no he entendido mal. 
Creo, de todos modos, Sr. Marín, que también es necesario que desde la Unión Europea hagamos un esfuerzo importante, a fin de implicar de una forma más efectiva a los países árabes para que colaboren en el proceso de paz y no acojan a grupos terroristas en sus países, así como para que contribuyan económicamente para facilitar el desarrollo del pueblo palestino frente a las agresiones económicas, de las que ya se ha hablado en este Parlamento, de las autoridades israelíes. 
En fin, señor Presidente, permítame concluir con estas palabras: firmeza y medidas políticas que posibiliten el control de la estabilidad en la zona y el apoyo del sector internacional para continuar el diálogo entre las partes implicadas. 
Esperemos que el anuncio de negociación palestino-israelí, a finales de este mes, llegue a buen término y que ninguna provocación pueda frustrarlo. 
Seor Presidente, pienso que después del asesinato del primer Ministro Sr. Rabín y tras el tras el acceso al poder de Netanyahu el guión que estamos viendo desarrollarse ahora no es algo que pudiera caracterizarse como como irreal. 
Desgraciadamente, más allá de todo cuanto se ha dicho, su alcance mundial es importantísimo. 
Se ven sacudidas las relaciones de Israel con todos los países árabes. 
Se ven minadas, si así lo prefieren, las relaciones entre Europa y los países de religión musulmana. 
Las relaciones greco- turcas, el problema de Chipre entran en una zona más amplia de inestabilidad. 
Por esta razón creo que son necesarias medidas más decisivas. 
Tales medidas no han existido, no han existido ni siquiera por parte de Estados Unidos. 
Considero básico difundir los acuerdos de Oslo. 
No podemos abandonarlos buscando otra realidad. 
Es necesario presionar a Israel y que la presión sea clara e inteligible y también hace falta, por supuesto, que exista este apoyo a la Autoridad Palestina en los términos que han establecido muchos de mis colegas.. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, nada nuevo bajo el sol en Oriente Medio. 
Frente a frente, dos pueblos, dos naciones: una, tolerante, colonialista, probablemente el único Estado fundamentalmente racista con toda impunidad; y el otro, el pueblo palestino, desde hace decenios en busca de una tierra, su tierra prometida, su patria, tierra de sus antepasados y también de sus hijos. 
No es necesario decir que condenamos sin reserva las acciones llevadas a cabo por los terroristas palestinos. 
Nada puede excusar los atentados asesinos, ni las provocaciones del Estado hebreo, ni la benevolencia del tío Sam con respecto a Israel. 
Durante los tres últimos años que llevo en esta Asamblea, he oído hablar, en numerables ocasiones, del deber de injerencia. 
¿No va siendo hora de que Europa, que destina sumas considerables de dinero a la paz en Oriente Medio, haga oír su voz e imponga, con una firmeza que sorprenda al mundo, su voluntad de que se respeten los derechos de los pueblos, los derechos de los hombres, las mujeres y los niños a la paz, a la seguridad y a la libertad? 
Señor Presidente, Señorías, esta mañana se han dicho muchas cosas que describen la situación, pero contemplemos también otra perspectiva, otro marco, que podría estar latente en Oriente Próximo. 
Netanyahu concurrió en las elecciones y las ganó; esto es algo que yo quisiera recordarle al Sr. Wurtz, esto es, que el pueblo israelí le eligió por mayoría, con tres noes: no a la interrupción de los asentamientos, no a la retirada de tropas, no a un doble Estado, es decir, no a un Estado palestino. 
Si esta posición no se transforma en un triple sí, que en el fondo es lo que significa el retorno a los Acuerdos de Oslo, y no se impulsa como resultado una política activa en favor de la paz, el peligroso curso de los acontecimientos inaugurado por Netanyahu no se interrumpirá y se combinará con un segundo proceso, también peligroso. 
Desde luego, Arafat debe frenar a los terroristas y nosotros debemos formular, sin duda, reiteradamente esta exigencia. 
Esto es absolutamente cierto. Pero también debemos tener clara una cosa: los terroristas no atacan sólo a los civiles israelíes, también atacan a Arafat, y éste es a mi entender su objetivo político, pues quienes lanzan las bombas, además del objetivo de atacar a Israel, que es su objetivo fundamental, tienen también un objetivo palestino interno, que es debilitar a Arafat. 
Si Arafat resulta debilitado- supongamos incluso que fuese derrocado -, tendríamos un escenario en el cual un Netanyahu, que opera sobre la base de un triple no, tendría en frente a una dirección palestina que sólo apostaría por las opciones violentas o al menos a una gran parte de los palestinos que así lo desearían. 
La perspectiva será entonces inequívocamente, a mi entender, un enfrentamiento bélico a largo plazo. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación muy difícil y arriesgada. 
Afortunadamente, la Sra. Albright consiguió mantener una vez más en su presente viaje la equidistancia a todas luces necesaria, tanto en relación a Israel como al terrorismo. En un primer momento, no parecía así. 
Si Estados Unidos adoptase una posición unilateral en favor de una u otra parte, el proceso de paz también se habría acabado. 
Por esto es preciso que la Unión Europea asuma un papel considerablemente más activo, señor Presidente del Consejo- y le agradezco, señor Comisario, que lo haya señalado -, pues sólo así podremos contribuir al afianzamiento de la paz. 
Señor Presidente, no creo que quede mucho por decir sobre la situación en Oriente Medio, pero quiero referirme a lo que ha dicho el Vicepresidente Marín. 
Debemos, efectivamente, como nos pide, ser conscientes de que, por el momento, estamos sosteniendo la situación con una financiación destinada no al desarrollo sino a la seguridad social de los palestinos. 
Yo creo que podemos hacerlo y que debemos seguir haciéndolo, pero, desde luego, esto tiene un límite. 
El Parlamento va a reaccionar positivamente a su petición, sin duda, porque creo que no sólo para Palestina sino también para Israel, y por descontado para los pueblos de la zona, es necesario ver que sus ciudadanos vivan un poco mejor, a fin de que este proceso sobreviva en una situación tan frágil. 
Este es el mensaje que recibió la Delegación Mashreq en su último desplazamiento, y que recibimos de todos aquellos que nos visitan aquí. 
Quiero aprovechar para decir que, en este sentido, me felicito mucho del acuerdo de asociación con Jordania y me felicito de que los impedimentos difícilmente justificables y comprensibles que todavía existían hayan desaparecido. 
Nada de esto va a solucionar el problema, lo sabemos. 
La llave no está en nuestras manos, está en manos de Israel, está en manos de la Autoridad Nacional Palestina, nosotros no tenemos más remedio que seguir creyendo en Oslo, que confiar en Oslo. 
Por esto, yo expreso aquí nuestro apoyo a la resolución que presentamos, que contiene un saludo, que contiene una felicitación de este Parlamento a las iniciativas políticas que la Unión Europea ha adoptado en las últimas semanas y que deben seguir adelante. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera añadir algunas palabras al término de este debate, un debate impregnado- como han demostrado todas las intervenciones- de un sentimiento de tristeza y de frustración ante la realidad de los hechos, cuando han transcurrido cuatro años desde la firma de Oslo. 
Pero no pierdo la esperanza, ya que constato que ninguno de los participantes ha sucumbido a la resignación, y que todos coinciden en afirmar que, a pesar de que el período actual es dramático y muy difícil, a pesar de que algunos hablan de la última oportunidad del proceso de paz, hay que intentarlo todo para transformar el intento, como se ha dicho, a falta de cualquier otra solución. 
Seamos claros: las consecuencias para Israel y para sus vecinos palestinos serían dramáticas, pero también para la comunidad internacional. 
Como médico de profesión, me atrevería a decir que el paciente está en peligro de muerte, o sea, en la agonía; no obstante, queda el recurso de la reanimación urgente y, en este aspecto, me uno a las palabras de mi amigo Manuel Marín: dudo mucho que el cierre de las fronteras, de los puertos y aeropuertos, la interrupción de los ingresos fiscales, en una palabra, el corte de lo que supone el oxígeno vital para el paciente, sea el medio idóneo para salvarlo. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tienen el deber de mantener los esfuerzos desplegados a nivel internacional, no solamente por los Estados Unidos, sino también por nuestro enviado especial, y aprovechar la última oportunidad. 
El éxito es posible, a condición, en primer lugar, de que se cree el Comité de seguridad. 
Es imperativo tener en cuenta la preocupación legítima de Israel por la seguridad de sus ciudadanos y por condenar y aislar el terrorismo. 
Pero sólo éste; al Sr. Arafat no se le puede incluir al final del terrorismo. 
Creo que es evidente. 
Hay que ayudarle, pero para ello, también hay que ofrecer perspectivas a una juventud palestina que actualmente vive en una situación sumamente difícil, por no decir más. 
Al mismo tiempo, hay que intentar también inventar las modalidades de oficialidad de dicho Comité de seguridad que, en teoría, es algo bueno, pero en cuyo seno se producirán enfrentamientos que, en ese momento, exigirán un arbitraje neutro. 
En cuanto al código de conducta, soy plenamente consciente de que no constituye ningún remedio milagroso, pero es un instrumento que puede tener su utilidad a condición de que a nivel político, en el seno de la Unión Europea, tengamos el valor de mantener la presión política sobre las partes del proceso de paz. 
Es asimismo el deber de otros interlocutores que participan en este proceso. 
Para terminar, quiero agradecer a todas aquellas y todos aquellos que, de manera realmente exhaustiva, han reiterado su apoyo a este proceso de paz en Oriente Medio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
ONP y servicio universal de telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0256/97-96/0226 COD) relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y al servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo. 
Señor Presidente, es un placer para mí presentar la segunda lectura de esta propuesta de la Comisión, especialmente porque este servicio básico de telefonía de voz es el más importante para los consumidores. 
Ésta es la razón de que varias de mis enmiendas se centren en los derechos de éstos, el derecho de los consumidores ciegos, sordos o con otras dificultades, a la vez que, por supuesto, se refuerza el principio de servicio universal y se añaden algunos comentarios suplementarios. 
Les recordaré muy brevemente la definición de servicio universal de la directiva relativa a la interconexión en las telecomunicaciones, de la que también fui responsable. 
Cito: » un conjunto mínimo definido de servicios de calidad especificada que es accesible a todos los usuarios con independencia de su situación geográfica y, a la luz de las condiciones nacionales específicas, a un precio asequible». 
La Comisión notará que en una de las enmiendas presentadas en nombre de mi grupo se pide que se haga un informe semestral al Parlamento sobre los progresos del servicio universal. 
Creo que a la Comisión le sería de utilidad que el Parlamento Europeo hiciera un examen detenido y unos comentarios- espero que constructivos. 
Observo con aprobación que, en la primera lectura, la Comisión y el Consejo incorporaron varias de mis propias propuestas sobre la inclusión parcial de la telefonía móvil en el ámbito de aplicación de esta directiva, pese a que, en ese momento, el Parlamento no estuviera de acuerdo. 
Estoy bastante segura, y quizá la Comisión quiera hacer algún comentario al respecto, que desde el punto de vista del consumidor, los teléfonos móviles y los teléfonos fijos muy pronto constituirán prácticamente un solo mercado. 
He presentado asimismo dos enmiendas sobre el calendario de transposición y aplicación. 
Sé que siempre se plantean dificultades si el Parlamento da algún margen para la aplicación: los Estados miembros lo toman como una luz roja en el sentido de no tener que apresurarse. 
Comprendo la importancia de la fecha límite para la liberalización del 1 de enero de 1998, pero lo cierto es que parecía, también en opinión de mi grupo, que dos meses para que los Estados miembros hicieran la transposición era menos que suficiente. 
Quiero manifestar mi propia desilusión, y la de varios colegas, por el hecho de que el Consejo ni siquiera tomara en consideración varias enmiendas del Parlamento en primera lectura, sobre todo cuando se nos pidió que hiciéramos nuestro trabajo velozmente y efectivamente así lo hicimos. 
Creo que con ello se ha creado un clima desafortunado para la segunda lectura y para posibles futuras conciliaciones. 
Lo último que quiero comentar es el tema de los listines telefónicos, sobre el que he recibido fuertes presiones: la cuestión de la intimidad, los derechos de confidencialidad, el derecho a ser incluido en un listín sin costes para el consumidor y, no en esta fase sino en un futuro, un examen de cómo a los editores de lo listines y a otros que van a sacar beneficios del sector se les deberá pedir en algún momento que hagan una aportación al servicio universal. 
Esta ha sido una descripción muy breve, en vista del tiempo que hay, de lo más esencial. 
Espero que la Comisión pueda de aceptar estas enmiendas, como de hecho aceptó muchas de las enmiendas de la primera lectura. 
También deseo agradecer a los colegas de otros grupos políticos con los que he trabajado a fondo que hayan alcanzado algunos compromisos. 
Por supuesto, la Comisión nos ofrecerá una gran revisión en 1999 sobre el avance total de la legislación de telecomunicaciones y estoy segura de que este tercer intento de liberalización de la telefonía de voz volverá a revisarse en 1999. 
Encomiendo la segunda lectura a la Asamblea. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar en nombre de mi Grupo a la Sra. Read que, como de costumbre, ha realizado un excelente trabajo. Ha ha mostrado sumamente receptiva ante los diferentes puntos de vista expresados y, fiel a su costumbre, ha defendido con gran tenacidad los intereses de los consumidores y de los usuarios. 
Estamos de acuerdo en lo esencial. 
Hay dos puntos sobre los que tenemos pequeñas divergencias que quisiera exponer. 
El primero de estos puntos es relativo al registro de los datos en las guías telefónicas. 
La organización en algunos países es bastante diferente de lo que ocurre en Inglaterra o en otros lugares. En algunos países es una operación comercial, especialmente en el caso de las guías comerciales, lo que se conoce como páginas amarillas, y, naturalmente, aquellas personas que solicitan registrarse y desean utilizar esta guía con fines publicitarios, deben pagar una cuota. 
La manera en que la Sra. Read ha redactado algunas enmiendas elimina esta posibilidad, lo que crea una dificultad y una ausencia de ingresos importante. 
Sé que no existe una solución idea, porque en algunos países está organizado de otro modo. 
En los nuestros, la organización es más comercial y, por consiguiente, lo mejor es invocar el principio de subsidiaridad y dejar que cada país regule este problema como desee. 
En todo caso, creemos que existen derechos fundamentales: el derecho a ser registrado, el derecho a no ser registrado y el derecho a que se rectifique toda publicación que no se ajuste a la verdad o a los intereses de la persona afectada. 
El problema es saber en qué condiciones se hará esto, y es ahí donde surgen pequeñas dificultades. 
En cuanto al problema de la fecha, ustedes saben que el 1 de enero es una fecha simbólica. 
El 1 de enero de 1998, el mercado de las telecomunicaciones dejará de estar reglamentado. 
Desde hace tres o cuatro años se habla, se actúa, se hacen propuestas y se legisla en función a esa fecha. 
En consecuencia, la cuestión es saber hoy, cuando faltan pocos meses para esta fecha límite, si hay que dar muestras de realismo y modificarla en los textos legales, debido a que algunos Estados no estarán en condiciones de respetar los plazos. 
Por nuestra parte, pensamos que debemos mantener la fecha del 1 de enero de 1998, pero también comprendemos que exista el temor de no poder realizar todo esto en tres meses. 
Me gustaría que el Sr. Comisario nos precisara cuál es la posición de la Comisión respecto a este punto. 
Su respuesta será determinante para nuestro voto sobre las enmiendas 28 y 27 de la Sra. Read. 
Esto es, señor Presidente, lo que quería decir. 
Quisiera también expresar mi agradecimiento a la Comisión y a la ponente por el excelente trabajo que nos ha proporcionado hasta ahora. 
Señor Presidente, es una satisfacción para mí tomar la palabra por primera vez con usted como Presidente. 
Dado que la ponente se ha mostrado conciliadora en las negociaciones, también nuestro Grupo apoyará el informe en líneas generales. 
Lo importante es que se avance en la cuestión. 
Más adelante tendremos que comprobar si funciona el sistema de normas, y las modificaciones que se puedan proponer. 
En su exposición de motivos, la ponente escribe que deplora que no se haya incluído en su totalidad en el informe la cuestión de la telefonía móvil. 
Yo deseo dejar constancia de que a mí esto me alegra porque, por ejemplo en lo concerniente a la cuestión de los fondos, le abre unas posibilidades de desarrollo a este sector de la telefonía. 
Lo que necesitamos actualmente son posibilidades de desarrollo. 
El informe es, como ya he mencionado, conciliador. 
Intenta compaginar la armonización a nivel europeo con el respeto por las peculiaridades nacionales. 
Lamentablemente, pienso que determinados apartados del informe contienen demasiadas referencias adaptadas a las características nacionales. 
Hay propuestas bienintencionadas de respetar a grupos especiales de ciudadanos. 
Es correcto que se deje decidir a los Estados miembros de qué modo van a tomar en consideración a estos grupos especiales, ya sea a través de la política de gastos o del servicio público. 
En cambio, nos preocupa que lo que se dice sobre los servicios de información gratuita sobre números telefónicos se convierta en una propuesta sobre la que nuevamente se puede afirmar que lo mejor es lo enemigo de lo bueno. 
Puedo referir un ejemplo de mi país. 
Hemos conseguido a través de la competencia que una pequeña compañía telefónica se responsabilizase de los servicios informativos de números telefónicos dirigidos a las personas ciegas de todo el país, y actualmente éstas disfrutan de un elevado nivel en el servicio. 
Si se aprueba la propuesta mencionada, no creo que exista en adelante el mismo interés en ampliar la calidad. 
También damos nuestro apoyo al aspecto de la protección de datos sobre el usuario. 
Creo que es central que también este informe proponga que el abonado puede solicitar que se suprima toda la información, o algunas partes. 
Esto es necesario en el mundo inseguro en que nos encontramos, donde resulta cada vez más fácil combinar diversos registros, lo cual hace que las personas mayores vivan su situación como muy insegura. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en primer lugar quiero expresar mi sincera enhorabuena a Mel Read por el excelente trabajo que ha realizado, a veces, bajo una gran presión. 
Permítanme pasar a los puntos del informe que son de interés para mi Grupo. 
Para comenzar, cabe señalar que el Consejo de Ministros adoptó, en primera lectura, una serie de enmiendas del Parlamento Europeo y más concretamente del Grupo del Partido Popular. Les recuerdo, por ejemplo, nuestras enmiendas relativas a la reestructuración de las tarifas y a la portabilidad del número. 
Por otra parte, el Grupo del PPE celebra el hecho de que, gracias a esta Directiva, el ciudadano europeo tendrá a su disposición, con todas las garantías, un amplio abanico de servicios fundamentales de telecomunicaciones. 
Después de todo, cada ciudadano tiene derecho a una conexión asequible, al acceso a los servicios de asistencia y al uso de las cabinas de teléfono públicas. 
Aún así, es posible mejorar algunos aspectos. 
Por lo que se refiere al servicio universal complementario, se observan diferencias significativas entre los Estados miembros, de modo que también varían las contribuciones aportadas por los agentes en el mercado para la prestación del servicio universal. 
Con tal motivo, nos han llegado repetidas quejas de los nuevos segmentos del mercado. 
El Grupo del Partido Popular Europeo adopta el punto de vista de que una tal contribución es lícita con respecto al paquete de servicios definido en el contexto de la Unión Europea, pero que los requisitos adicionales han de financiarse por otras fuentes. 
De hecho, esta variación, junto con una contribución elevada, crea un clima de inversión sumamente inestable para el sector de las telecomunicaciones e impide la creación del mercado único, lo cual, a nuestro juicio, puede conllevar una pérdida de puestos de trabajo. 
Por esta razón, para nosotros, la enmienda no 11 es de vital importancia. 
A continuación, el PPE insiste en la necesidad de que se preste más atención a los derechos de los minusválidos, de las personas ciegas o con dificultad de audición, a la creación de una tarifa de servicios de telecomunicaciones comunitaria y, en cierta medida, a una mejor protección del consumidor. 
A tal efecto, apoyamos algunas enmiendas en este ámbito. 
Después de todo, sentimos una gran simpatía por los derechos de las personas discapacitadas, ciegas o con dificultad de audición. 
Naturalmente, cabe preguntarse si las facilidades especiales para dichas personas no deban regirse por legislaciones más genéricas o, en su caso, regularse principalmente en un contexto nacional, debido al principio de subsidiariedad. 
No obstante, el acceso a las cabinas telefónicas, por ejemplo, es esencial para el buen funcionamiento y la integración de una persona discapacitada en la sociedad. 
Además, sería conveniente que se regulasen, a escala comunitaria, los sistemas de pago del servicio universal. 
Mi Grupo respalda esta opinión. 
Un Estado miembro podría optar por una tarifa tan baja, que la situación de monopolio fáctico continuara existiendo. A tal fin, un adecuado control mediante directrices por parte de la Comisión sería un instrumento excelente. 
Puesto que el servicio universal no es una constante sino un concepto dinámico, hemos decidido apoyar la enmienda no 26 del Grupo del PSE. 
Nos llegan constantemente nuevas fórmulas de desarrollo interesantes, como por ejemplo la llegada de Internet. 
Sobre todo, las " intrarredes» auguran enormes ahorros para las empresas, en el ámbito del envío de documentos por correo. 
También es de esperar que se produzcan cambios sustanciales en la telefonía vocal. 
De ese modo, Microsoft va a crear un servicio que permitirá a los consumidores tener acceso, por medio de su televisor, a los servicios de entertainment suministrados por Internet. 
Así, pues, hemos de tener en cuenta dichos cambios y pido al Comisario su opinión al respecto. 
Señor Presidente, nuestra actitud es positiva con respecto al informe en lo relativo a reforzar los derechos de los abonados y usuarios, y en lo relativo a reforzar el acceso a los servicios alternativos para las personas discapacitadas, ciegas, con problemas de visión, sordas o con dificultades de audición con objeto de que gocen de unos servicios de información gratuitos. 
Son los Estados miembros los que han de garantizar el servicio telefónico. Por ello pensamos que también deben ser los Estados miembros los que en último término establezcan las tarifas. 
En cambio, se puede debatir y llegar a un acuerdo a nivel de la UE sobre qué precios consideramos como asequibles. 
En lo concerniente a garantizar la calidad y el nivel de costes pensamos, no obstante, al igual que el Consejo y la Comisión, que esto compete a los Estados miembros. 
También consideramos exagerado que se proponga que la Comisión realice controles de calidad dos veces al año. 
Pienso esto que es innecesario. 
Señor Presidente, a la vista de lo avanzado de la hora, lo más sencillo será posiblemente que yo exponga la posición de la Comisión con respecto a las enmiendas que se someterán a votación inmediatamente después. 
Ya hemos debatido con frecuencia este tema y sin duda no será necesario que vuelva a detenerme ahora en los principios de fondo. 
Podemos aceptar las enmiendas 4, 5 y 16 y en principio también las enmiendas 14, 15, 19 y 26, con algunas limitaciones. 
No nos es posible apoyar las enmiendas 12, 13 y 24, relativas a la inclusión en las guías, porque no se adecuan a las disposiciones de la Directiva sobre protección de datos. 
Difícilmente podemos adoptar una decisión que contradiga otras que nosotros mismos hemos adoptado. 
No aceptamos la enmienda 25, pero sí, en cambio, la 16. 
Por lo que respecta a los usuarios con minusvalías, apoyamos las enmiendas 3, 7 y 17. 
No obstante, quisiéramos señalar que no es pertinente, ni tampoco practicable, una consideración exhaustiva de todos los casos posibles en la parte normativa. 
Sería preferible hacerlo en los considerandos y en las recomendaciones. 
Apoyamos las enmiendas 6 y 10, pero rechazamos en cambio las enmiendas 1, 8, 9 y 23. 
En principio podemos apoyar las enmiendas 11 y 12 y también apoyamos plenamente las enmiendas 21 y 22, al igual que la 20. 
Lo que ha señalado Fernand Herman en relación con el plazo es absolutamente cierto: si establecemos como plazo para la transposición el 1 de enero del año próximo, no todos los Estados miembros estarán en condiciones de cumplirlo. 
No obstante, también es preciso recordar que estamos trabajando sobre la base de una directiva ya existente, la obligación de transposición de la cual no se ve afectada por la presente directiva. Es decir que muchos Estados miembros ya han estado trabajando en esta dirección, que vuelve a concretarse de manera detallada aquí. 
De modo que tampoco sería del todo imposible. 
Lo más convincente para mí ha sido el argumento que ha expuesto Fernand Herman: no deberíamos poner ahora de ningún modo en entredicho la fecha del 1.1.1998. 
No debemos dar lugar a malentendidos y, por lo tanto, yo también soy del parecer de que no deberíamos alterar ese punto y no aceptaremos las enmiendas 27 y 28. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de unos instantes. 
Votaciones 
Señor Presidente, intervengo por una cuestión de orden, artículo 126, una observancia del Reglamento, muy breve, artículo 127, y lugar de reunión, artículo 11 del Reglamento. 
Disculpe la emoción del principiante, es la primera vez que intervengo en la sesión plenaria. 
Observancia del reglamento, artículo 11, lugar de reunión. 
En todos los países hay nacionalistas nerviosos, pero también más europeos razonables de lo que nos imaginamos. 
El momento parece propicio para encontrar una solución razonable y duradera a la cuestión de los lugares de nuestras reuniones, que sea satisfactoria para Estrasburgo y Bruselas, para los franceses y todos los demás, en una palabra, para todos los diputados al Parlamento Europeo, para Francia y para Europa. 
No permitamos que los ultranacionalistas y algunos medios de comunicación, demasiado impacientes, impidan que ideas razonables y sinceras- insisto en estas dos palabras: razonables y sinceras- lleguen a buen puerto. 
Nuestro Parlamento no será tomado en serio- algo que debe conseguirse a toda costa- a menos que se instaure una regla duradera y consensuada, pero nosotros, los franceses, debemos permanecer fieles a nosotros mismos hasta que nos confirmen que la razón puede imponerse. 
Señor Duhamel, es la primera vez que interviene, pero usted es un constitucionalista conocido. 
Le recuerdo que las cuestiones de orden no son lo mismo que los debates sobre el fondo. 
Las cuestiones de orden deben referirse al Reglamento. 
Señor Berthu, usted, que tiene buena memoria, recordará que ya hizo esta misma interpretación el año pasado. 
Mi predecesor confirmó que no habría explicación de voto sobre este punto. 
Si usted no estaba de acuerdo, podría haber sometido la cuestión a la Comisión de Reglamento, pero no lo ha hecho. 
Tengo intención de seguir la interpretación de mi predecesor: no habrá explicaciones de voto. 
Señor Presidente, muy brevemente. Éramos muchos los miembros que nos dábamos por satisfechos con su propuesta inicial con respecto al calendario de períodos parciales de sesiones, la cual adelantaba el período de sesiones de julio una semana. 
¿Existe alguna explicación a por qué ahora éste se ha desplazado de tal forma que caiga a mediados de julio en lugar de a comienzos de julio? 
¿Pueden la Sra. Green o el Sr. Martens explicar este cambio de última hora que muchos encontramos muy desafortunado? 
Señor Haarder, este no es el momento de explicar los motivos de las decisiones de la Conferencia de Presidentes, donde cada Grupo vota y explica su voto si lo cree oportuno. 
Lo que sí le puedo adelantar a usted y a todas sus Señorías es que habrá un voto separado sobre esa cuestión y, por tanto, la Asamblea podrá, en todo caso, pronunciarse de forma separada sobre esta cuestión. 
(El Parlamento aprueba el calendario de períodos parciales de sesiones para 1998 así modificado) 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo aprobar sin reserva la excelente intervención de nuestro nuevo colega, Sr. Stéphane Buffetaut, que anoche presentó en este hemiciclo nuestro concepto de una Europa innovadora al servicio del empleo. 
Quisiera añadir que esta cuestión plantea asimismo, en un sentido más amplio, el problema de las competencias del Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo no es una Asamblea que goce de una soberanía sin límites. 
Es una Asamblea dotada de competencias en el marco de un tratado firmado por los diferentes pueblos de Europa, tratado que debemos respetar. 
Ahora bien, señor Presidente, a mi entender, acabamos de violar ese tratado en esta última votación, en el sentido de que mediante la misma se ha suprimido el período parcial de sesiones de octubre del año próximo. 
Esta decisión es contraria a la letra de la decisión de Edimburgo de 1992 que, en caso necesario, será confirmada por el futuro Tratado de Amsterdam. 
Además, si esta Asamblea estima que el año próximo hay demasiados días de sesiones en el calendario presentado por la Secretaría, deberían haberse suprimido días correspondientes a sesiones adicionales, y no días de sesión normal. 
La enmienda 19 presentada por el Grupo Europa de las Naciones, que perseguía la supresión de la sesión " mini» de noviembre, iba también en este mismo sentido. 
Comprobamos con pesar que esta Asamblea ha tomado una decisión incoherente al rechazar nuestra enmienda y suprimir un período parcial de sesiones normal. 
Señor Berthu, observo que ha mezclado el informe Rovsing con otras votaciones. 
No obstante, la Presidencia ha considerado oportuno permitirle expresarse utilizando una explicación de voto para una votación diferente, lo que supone una infracción flagrante del Reglamento. 
Creo que apreciará la actitud de la Presidencia para con su Señoría. 
El informe del Sr. Rovsing es importante, dado que gira en torno a las innovaciones en los Estados de la UE. 
Lamentablemente, he de decir que no estoy de acuerdo con todas las conclusiones aprobadas. 
En muchos casos parece como si la liberalización, la desregulación y la armonización de la UE fueran los temas claves, con lo que no estoy de acuerdo. 
Incluso la idea de una mayor armonización a nivel de la UE en el ámbito de la investigación parece la misma receta a la que se nos tiene acostumbrados. 
Yo no estoy seguro de que se proteja mejor la investigación a nivel de la UE que a nivel regional o nacional. 
En Suecia la experiencia nos demuestra que hasta la fecha muchos de los proyectos de investigación se orientan según los objetivos que la UE considera idóneos para así conseguir ayudas de la UE, en vez de darle primacía a la investigación de vanguardia. 
Esto es trágico. 
Naturalmente, hay conclusiones de calidad en el informe Rovsing, entre ellas, las del apartado 3 y el 12, que se centran en los requisitos medioambientales y en la creación de un mercado de capitales para las empresas en crecimiento con el fin de apoyar empresas «arriesgadas» que fabriquen productos de alta tecnología. 
(La sesión, interrumpida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
ONG de la protección del medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0264/97) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común adoptada por el Consejo relativa a la adopción de la decisión del Consejo sobre un programa comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente (C4-0217/97-95/0336 (SYN) ) (Ponente: Flemming). 
Tengo, además, el gusto de dar la bienvenida a la señora Comisaria Bjerregaard. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ante todo yo quisiera agradecer sinceramente a mi colega Rübig el enorme trabajo que realizó en la primera lectura del presente informe. 
Pero también quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión, la colaboración con la cual se ha desarrollado con extraordinaria fluidez y cooperación.. 
En la primera lectura ya se aceptaron 10 de las 21 enmiendas y yo tengo muchas esperanzas de que una gran parte de las seis enmiendas que hoy vuelvo a presentar respondan también a las intenciones de la Comisión. 
En esta segunda lectura, me interesa destacar sobre todo que, por una parte, en el presente programa de acción no tiene cabida un marco relativo a la percepción de ayudas financieras. 
También me interesa reforzar igualmente la cooperación europea transfronteriza con organizaciones de protección del medio ambiente, sobre todo de la Europa central y oriental y también de otros países limítrofes con la UE. 
Esto responde al deseo expresado por una colega inglesa de la Comisión de Medio Ambiente, cuya propuesta yo he recogido gustosamente. 
En este contexto, ella pensaba sobre todo en Rusia, lo cual es muy razonable a mi parecer. 
Cuando se conoce la situación catastrófica del medio ambiente en los antiguos Estados comunistas y la escasa conciencia medioambiental de la población, es imposible sobrevalorar la importancia de la cooperación con las organizaciones de protección del medio ambiente. 
Precisamente también por lo que respecta a esta importantísima cooperación con las ONG de los antiguos Estados comunistas, no me satisface naturalmente en absoluto el montante de 10, 6 millones de ecus previsto para un período de cuatro años, pero quizás podríamos prever esta cantidad para un año, señora Comisaria. 
Yo creo que todos podríamos darnos por satisfechos con ello. 
También confío mucho en que la Comisión acepte la enmienda 4, de conformidad con la cual la ayuda comunitaria cubrirá no el 50 %, sino el 60 % de los costes de las actividades previstas en el presupuesto y de los gastos administrativos. 
La enmienda establece que las organizaciones que en los últimos dos años hayan sido declaradas culpables de un delito por un tribunal de la Comunidad Europea no deberán ser financiadas como norma. 
Esta enmienda fue presentada en inglés y en la traducción inversa se deslizó un error. 
La palabra inglesa "offence» fue traducida por" Vergehen» (infracción). 
Yo quisiera aclarar en nombre del Grupo del PPE que esta traducción no responde a nuestras intenciones. 
Nosotros nos referíamos al término " Verbrechen» (delito). El inglés no es mi lengua materna y quizás hubiese sido preferible presentar la enmienda en alemán. 
En inglés hubiésemos debido emplear posiblemente el término " crime». 
Ya sé que el ámbito del Derecho penal no está armonizado en la Unión Europea, pero si tenemos presente que en Austria, por ejemplo, se consideran delito las actuaciones dolosas castigadas con cadena perpetua o con penas de más tres años de privación de libertad, sin duda también será posible encontrar la traducción adecuada en las demás lenguas. 
Con este término excluimos cualquier condena en el marco de un procedimiento administrativo; es decir que no nos preocupa que alguien haya aparcado indebidamente o no haya comunicado una manifestación. Tampoco quedarían incluidas las ofensas e injurias, ni ningún tipo de actuación castigada con penas inferiores a tres años. 
Todo esto no queda incluido en el término "Verbrechen» , pero reconozco que naturalmente sí está incluido en el término" Vergehen» , que se ha introducido erróneamente como resultado de la traducción. 
En los próximos años, los logros para el oeste de Europa en el ámbito del medio ambiente deberán conseguirse sobre todo en los antiguos Estados comunistas. 
Occidente, con sus conocimientos, sus logros, su saber técnico, debe cumplir una enorme tarea en este aspecto y sólo podremos cumplirla si mantenemos una estrecha cooperación con las organizaciones de protección del medio ambiente de esos países y si procuramos sensibilizar a su población, pero también a sus actuales responsables políticos. 
Una última petición: señora Comisaria, yo confío que usted incluya, al igual que yo, a las organizaciones de protección de los animales entre las organizaciones de protección del medio ambiente y que permita que estas organizaciones, tan comprometidas con su causa, también tengan una pequeña participación en el reparto financiero. 
Señor Presidente, las organizaciones no gubernamentales que operan en el ámbito medioambiental desempeñan una seria labor encaminada a influir en la opinión pública para lograr una mayor valoración del medio ambiente y de su protección por parte de esta. 
Si no existiera una opinión pública que obligara a respetar el medio ambiente, los políticos también haríamos oídos sordos a las exigencias que nos plantea nuestro entorno medioambiental. 
Una prueba de ello es el hecho de que sea precisamente en aquellos países que cuentan con un movimiento ecológico activo donde se han logrado los mayores logros por lo que respecta a la legislación nacional en materia de medio ambiente. 
Así pues, resultan especialmente justificadas las ayudas financieras comunitarias en favor de las ONG que operan en este campo. 
Asimismo, resulta igualmente justificado extender estas ayudas a las actividades que las organizaciones llevan a cabo en cooperación con los países de la Europa Central y Oriental. 
Uno de los mayores problemas con que se enfrentan los países candidatos a la UE estriba en cómo alcanzar el nivel de legislación comunitaria y, sobre todo, el relativo al medio ambiente. 
Así pues, la cooperación en este ámbito, así como la cooperación entre organizaciones, deberían constituir un elemento estable en el marco de la estrategia de adhesión de los países candidatos de la Europa Oriental. 
Toda actividad que tenga lugar en nuestras fronteras afecta también a los Estados miembros de la UE y a sus ciudadanos. 
Mediante la cooperación transfronteriza de las ONG del medio ambiente es posible apelar a la conciencia ciudadana y conseguir poner en marcha proyectos medioambientales cuya gestión recaiga en el ciudadano de a pie. 
Por lo tanto, es necesario ampliar las ayudas comunitarias a aquellas actividades que desarrollan las organizaciones medioambientales con otros países vecinos distintos a los de la Europa Central y Oriental. 
Las dificultades medioambientales constituyen, junto a las relacionadas con la pobreza, los problemas más candentes de algunas regiones situadas tanto al norte como al sur de las fronteras comunitarias. 
He presentado una propuesta para extender estas ayudas más allá de las fronteras de la UE. 
Me alegro tanto por el hecho de que esta propuesta ha sido aprobada en comisión como por que cuenta con el respaldo de la propia ponente del informe. 
He de decir que he escuchado por medio del intérprete que el autor de la propuesta es inglés, si bien mi nacionalidad es finlandesa. 
No comparto en absoluto la opinión de que los problemas que afectan, por poner algún ejemplo, a San Petersburgo, Murmansk, Kola o Sudáfrica se podrían resolver gracias únicamente a las actividades de estas organizaciones, pero, por muy pequeña que sea, cualquier actividad tiene una mayor trascendencia en estas regiones que, por ejemplo, en el ámbito geográfico de nuestro mercado interior. 
Ya sea a través de las organizaciones medioambientales, la UE o los distintos Estados, cualquier ecu que se invierta en estas regiones será más rentable que en ninguna otra parte. 
La Sra. Flemming, ponente, ha permitido que se deslizara en la parte final de su, por lo demás, muy meritorio informe una sospechosa propuesta de enmienda. 
La propia ponente propone que se introduzcan en el artículo 3 las tres enmiendas que acaba de exponer; se trata de tres enmiendas con las que pretende definir de manera muy detallada cuáles son las acciones para cuya financiación tendría autorización la Comunidad. 
En mi opinión, nos encontramos ante una modificación extremadamente burocrática. 
En esta fase no podemos aún saber cuáles son las acciones que merecen ser financiadas y cuáles no. 
Señor Presidente, las organizaciones no gubernamentales de protección del medio ambiente tienen una importancia particular en Europa. 
Nos hemos comprometido a respetar el principio de la economía ecosocial de mercado y la ecología constituye para nosotros un fundamento esencial de nuestras condiciones de vida. 
Sin embargo, también vivimos en un sistema democrático y, por lo tanto, dichas organizaciones también deben respetar las normas de la democracia. 
En el contexto del presente programa, nosotros concedemos absoluta prioridad al apoyo a las organizaciones de protección del medio ambiente a escala europea, y no sólo a la Europa de los quince, sino abarcando en particular también la Europa geográfica, es decir, particularmente también los países fronterizos con la Comunidad Europea. 
Sobre todo, deseamos situar en un lugar central la educación medioambiental, ya que el medio ambiente también es una cuestión de actitudes y nunca es demasiado pronto para empezar a dar a conocer a los jóvenes la importancia de un mundo limpio y sano para todos nosotros. 
Necesitamos investigar en este campo. 
Tenemos que buscar métodos muy sencillos que permitan indicar el camino a los jóvenes. 
Necesitamos una base objetiva, debemos evitar la prepotencia del miedo, el fomento de los temores, las descalificaciones. 
Yo creo que debemos movernos en el sentido de los ejemplos positivos. 
De conformidad con el método de la "nueva gestión pública» (new public management) , de las" mejores prácticas» , deberíamos explorar los enfoques ideales que se están aplicando en el mundo y que podríamos adoptar. 
Deberíamos realizar pruebas de resultados y evaluar, por lo tanto, dónde está mejorando la situación del medio ambiente y con qué métodos se está logrando esta mejora, y también deberíamos poner a la disposición de estas organizaciones la infraestructura necesaria. 
Es preciso que las fuerzas creativas del mercado nos indiquen continuamente los puntos débiles del sistema y nuestra tarea es demostrar que intentamos encontrar el camino más adecuado. 
Por esto también quisiéramos incrementar los recursos; debe cubrirse, no el 50 % de los costes, como se propone, sino el 60 % de los mismos. 
Nosotros propugnamos que se mejore considerablemente la dotación de todo el marco de acción, pero también esperamos que las organizaciones de protección del medio ambiente actúen de conformidad con las reglas del juego democrático comúnmente aceptadas en Europa. 
También deseamos una contabilidad esmerada, es decir que no queremos que haya recursos incontrolables, que circulen por canales imposibles de verificar, que sencillamente crean una mala imagen de las organizaciones de protección del medio ambiente. 
Por esto pedimos que cuando la ayuda sea superior a 100.000 ecus, se exija como mínimo la intervención de un contable público titulado, un balance y que la contabilidad de ingresos y gastos esté en orden, de manera que el contribuyente europeo pueda comprobar que sus recursos de administran correcta y debidamente. 
También debemos manifestar con toda claridad qué es lo que no queremos y quisiera insistir especialmente en este punto ante la Comisión. 
No queremos que se destinen los recursos a la formación general, a la opinión pública general, a trabajos que con frecuencia persiguen objetivos que no sitúan en un primer plano el pensamiento medioambiental. 
Queremos enfocar muy específicamente la situación ecológica y lograr mejoras en este ámbito. 
Exigimos asimismo que las organizaciones criminales, los terroristas, las personas que combaten nuestro sistema con métodos auténticamente criminales, no deben recibir ningún recurso de la Unión Europea. 
Éste es un principio absolutamente esencial. 
No podemos responsabilizarnos ante los ciudadanos de Europa de la concesión de subvenciones a criminales o terroristas. 
Será una satisfacción para mí si esta propuesta cuenta también con el respaldo de todos los restantes partidos democráticos de esta Cámara. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, el objetivo de la propuesta que hoy nos ha sido presentada en segunda lectura es garantizar la seguridad jurídica y financiera de una práctica que ya existe y que consiste en cofinanciar las actividades de algunas organizaciones no gubernamentales que actúan, principalmente, en el campo de la protección del medio ambiente a nivel europeo, y adoptar con este fin un programa de acción comunitario que durará cuatro años. 
La implantación de un programa de acción comunitario de fomento de las ONG que actúan en el campo de la protección del medio ambiente me parece, en este contexto, una medida de utilidad para evitar la mala utilización de los fondos comunitarios destinados a las asociaciones de protección del medio ambiente. 
Señora Flemming, usted insiste en la necesidad de que exista un control y un marco relativos a las posibilidades de cofinanciación de las actividades de las ONG, que refuercen los criterios de selección y de seguimiento, al mismo tiempo que se mantiene la competencia del Parlamento en cuanto a la fijación del importe de referencia financiera. 
No obstante, quisiera añadir que no me parecería razonable aumentar desconsideradamente las subvenciones que se conceden a la ONG para la protección del medio ambiente en concepto de su labor de información, cuyos resultados concretos son difíciles de evaluar. 
No hay que olvidar que proteger nuestro medio ambiente significa también proteger a la humanidad y su futuro. 
Antoine de Saint-Exupéry, en este sentido, consideraba que no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. 
Los hijos son portadores de los valores del mañana. 
Es importante proteger todo su medio ambiente, ya sea natural, social, cultural o familiar. 
Por ello me gustaría que las ONG que se dedican a la protección de la infancia, que realizan una labor extraordinaria sobre el terreno, reciban de las instituciones europeas el mismo reconocimiento de su legitimidad que las ONG que se dedican a la protección del medio ambiente, y que la ayuda comunitaria esté a la altura del reto humano que supone la acción de aquéllas. 
Las asociaciones que luchan contra los actos de violencia cometidos contra los niños han recibido este año, por primera vez- y bajo presión de los acontecimientos, como todos sabemos- un importe de apenas 1.500.000 ecus, es decir, la mitad de la línea presupuestaria de 3.000.000 de ecus, y su acción incluye asimismo la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 
Estamos muy lejos de las sumas que se conceden a las ONG para la defensa del medio ambiente. 
Me parece igualmente importante que nuestro Parlamento se movilice mañana sobre este tema y que continuemos luchando para que se conceda también una base jurídica estable y un marco plurianual a la protección de la infancia en Europa. 
Señor Presidente, tratándose de una segunda lectura, me fijaré especialmente en las enmiendas, no obstante, antes de eso quiero dar las gracias al primer y al segundo ponente por el trabajo realizado hasta la fecha. 
En total realmente son seis enmiendas. 
El Grupo Liberal puede apoyar las cinco enmiendas de la Comisión, sin embargo, no podemos respaldar la enmienda núm. 6 presentada por el ponente. 
Nos parece que de hecho proporciona en el plano global algunas limitaciones inadecuadas considerando las diferencias entre los diversos países que deberán colaborar y el hecho de que las circunstancias innegablemente no son las mismas en todos los países. 
En lo referente a las condiciones de las sanciones, pienso que podemos confiar tranquilamente estas cosas a la Comisión. 
No sé hasta qué punto se querría conceder dinero a organizaciones directamente ilegales y/o sancionadas. 
Me concentraré en la enmienda núm. 2, en la que la Comisión ha empleado la expresión "contribución a un enfoque plurinacional» como el último de sus" pespuntes». 
No se trata de que tengamos problemas con la redacción, sin embargo, nos parece que la redacción alcanzada en la comisión- en todo caso en parte de la comisión- es más normativa de esa manera, y nos complace mucho ver cómo se centra particularmente en la cooperación con las organizaciones de la Europa central y oriental. 
Cuando ponemos tanto énfasis sobre esto, se debe a que aquí nos enfrentamos a la mayor tarea en Europa, a saber, la ampliación a los países de la Europa central y oriental, y sólo si todas las fuerzas se concentran en esta ampliación, podrá lograrse ésta. 
Pensamos que las ONGs pueden ser de gran ayuda en esta tarea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo creo que con este documento no va a haber problemas. 
La Comisión, en una primera lectura, ya había aceptado varias de las enmiendas presentadas, y este documento de la Sra. Flemming fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente. 
La mayoría de los diputados ha considerado en sus intervenciones que es un buen informe, y habría que destacar quizá el tema de la financiación de la cooperación transfronteriza y el hecho de que se deben tener en cuenta criterios objetivos de elección de proyectos, sobre todo, como recoge la Sra. Flemming, que tengan que ver con la educación, e incluir la educación medioambiental en la educación general. 
Porque lo que sí se demuestra es que, la mayoría de las veces, son aquéllos que están educados en la defensa del medio ambiente los que ponen de manifiesto los ataques a ese medio ambiente. 
Ayer mismo- la Comisaria sonreirá porque casi siempre hago mención a algún ejemplo -, estuvo aquí, en Estrasburgo, una plataforma de organizaciones no gubernamentales de carácter medioambiental que está muy inquieta por lo que va a ocurrir con el parque nacional de Doñana, que es patrimonio de la humanidad y reserva de la bioesfera y sobre el que ya habíamos planteado preguntas a la Comisión porque se había aprobado una urbanización. 
Bien, pues lo que denuncian estas organizaciones no gubernamentales es que detrás de esa urbanización, al abrir el camino a una urbanización, hay otras tres urbanizaciones que quieren rodear el parque, y que pueden poner en peligro una reserva de esas características. 
Antes de que tengamos en el año 2000 una red europea de zonas protegidas en Europa, probablemente algunas de esas zonas pierdan su carácter, pierdan las posibilidades de futuro, y por eso es tan importante la ayuda a las organizaciones no gubernamentales porque, en mi experiencia, en la Comisión de Medio Ambiente son ellas quienes nos ponen sobre aviso. 
Nosotros no podemos recorrer todo el territorio europeo y son ellas quienes nos advierten de lo que está ocurriendo en los espacios naturales de nuestro continente, y no sólo ayudan a los parlamentarios europeos, yo creo que en este camino ayudan también a la Comisión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, a la vista de la concepción sumamente tecnocrática de la política que existe en la Unión Europea y de las numerosas dudas con respecto a la eficacia de la democracia en una sociedad compleja, precisamente hoy es extraordinariamente importante recordar que la conciencia sobre los peligros, las amenazas y la destrucción que afectan al medio ambiente no partió de la política ni de los partidos establecidos, sino de las filas de la población, del corazón de la sociedad civil, a través de una infinidad de iniciativas y acciones ciudadanas. 
En este sentido, acogemos naturalmente con satisfacción este intento de la Unión Europea de apoyar a las organizaciones no gubernamentales en el ámbito del medio ambiente, a las cuales debemos sin duda la mayor revolución de la conciencia política de las últimas décadas. 
De ahí que me sienta particularmente desconcertado y afectado por el intento de establecer una discriminación en bloque entre estos grupos medioambientales, que está siendo acogida con enorme indignación en toda Europa, concretamente a través de una enmienda que reintroduce la propuesta- que ya creíamos descartada- de un veto a la financiación de las asociaciones ecologistas sentenciadas. 
El juego con la traducción de los términos ya indica cuán poco claro, cuán difuso y cuán emocional es el planteamiento de esta cuestión. 
Señorías, sin la desobediencia civil, sin la cultura de la desobediencia civil, jamás podrían haber llegado a existir los movimientos de protección del medio ambiente en Europa. 
Desde Wakkersdorf hasta Hainburg, auténticos mitos nacionales están asociados al hecho de que gentes surgidas del corazón de la población intentaron oponer resistencia a la política y al establishment político. 
Las asociaciones medioambientales de Europa están profundamente afectadas por este intento de condenarlas en bloque. 
En los últimos diez años no se ha dado ningún precedente y ¡piensen por un momento, Señorías, qué pasaría si en esta Cámara se presentase la misma propuesta para condicionar las subvenciones culturales o las ayudas económicas, lo cual no ha ocurrido nunca! 
¡Yo protesto enérgicamente, en nombre del Grupo de los Verdes, contra este intento de difamación! 
Señor Presidente, en el único minuto que tengo a mi disposición, me había preparado para hablar de las condiciones de las sanciones, a las que las organizaciones ecologistas tanto se oponen. 
Ahora la Sra. Flemming dice que se trata sólo de sentencias de al menos tres años, sin embargo, ¿quién puede asegurar en primer lugar que todos los países lo interpreten de esta forma? 
Y, en segundo lugar, ¿es razonable pensar que las organizaciones ecologistas cometerán tales delitos? 
Lo que tenía en mente, por ejemplo, es que en 1995 ecologistas fineses fueron condenados en un tribunal por una acción contra una piscifactoría que presentaba el parásito G. salaris, mortal para el salmón. 
Fueron condenados aunque la acción provocara que el ministerio de agricultura finlandés cerrara la piscifactoría. 
Esta semana se fija la fecha para el juicio de Alexander Nitikin, el colaborador de Bellona. 
Se le acusa de espionaje por haber escrito un informe sobre la contaminación atómica en Murmansk. 
Por supuesto, esto es la Unión Europea, sin embargo, ¿tan difícil es realmente imaginarse que haya también áreas sensibles de las que las asociaciones ecologistas puedan mantenerse al margen, porque pudieran ser llevadas a juicio y condenadas? 
Me parece que debemos votar en contra de la enmienda 6, y si el Parlamento no asume esta responsabilidad, espero que la Comisión la rechace. 
Señor Presidente, mi Grupo mantiene una posición muy reservada sobre la línea presupuestaria B4-306, que financia tres actividades: la sensibilización, las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales y las publicaciones. 
En definitiva, se trata de créditos de propaganda. 
Tal y como se han previsto, las subvenciones a las ONG nos parecen censurables. 
En primer lugar, encierran el riesgo de sobrecargar el presupuesto europeo, cuando lo más razonable sería buscar el modo de economizar, en vez de aumentar los gastos. 
Por otra parte, siempre es arriesgado confiar fondos públicos a organizaciones privadas. 
Así lo reconoce también la ponente y propone un artículo 3 bis que permita el control contable de las asociaciones subvencionadas. 
Por último, algunas organizaciones subvencionadas son en realidad asociaciones de militancia política que deberían financiarse con las cotizaciones de sus miembros y no con dinero de los contribuyentes. 
En el caso concreto de los Amigos de la Tierra, una organización establecida en varios países europeos que en 1996 recibió 601.668 ecus, o de Greenpeace, que durante el pasado verano lanzó una campaña realmente escandalosa de desinformación y de enloquecimiento de las poblaciones del norte de Cotentin, donde se encuentra la planta de recuperación de residuos nucleares La Hague. 
En ese lugar ha tenido lugar una acción realmente escandalosa de desinformación, de enloquecimiento y de manipulación de las poblaciones. 
En cualquier caso, es evidente que dichas acciones no deben ser subvencionadas con fondos públicos. 
Este es el motivo por el que deseamos que exista el máximo control de las subvenciones que se conceden a las distintas asociaciones y organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, empiezo agradeciéndole a la Sra. Fleming el trabajo realizado con su informe. 
Una parte del debate celebrado hasta ahora demuestra que tenemos ideas distintas sobre lo que es una organización para la defensa del medio ambiente. 
Este programa de acción para promover las organizaciones no estatales roza cuestiones fundamentales sobre la participación y la influencia social en relación con la política de la UE. 
Unas instituciones sociales y políticas que se aíslen de la sociedad civil se arriesgan a perder su legitimidad. 
La información a los ciudadanos y la oportunidad de que participen en los debates es vital para la democracia. 
La legitimidad de la UE no puede protegerse mediante unas campañas artificiales de información que tienen como objeto convencer a los ciudadanos de la idoneidad de unas decisiones ya adoptadas. 
Al contrario, lo importante es, como sucede con este programa de acción, apoyar y estimular una amplia colaboración a nivel europeo. 
Por eso está bien que en el curso del primer debate el Parlamento se haya hecho eco de la solicitud de que se refuerce el papel de las organizaciones independientes dentro del programa. 
La ganancia no debe consistir en utilizar a las organizaciones en favor del medio ambiente como portavoz de la política de la UE, sino en aprovechar las experiencias y los puntos de vista de las propias organizaciones. 
Puesto que estoy convencida de que el programa es importante, me adhiero a las críticas de la Sra. Flemming en el sentido de que el Consejo haya fijado un importe de referencia, y de la cuantía de dicho importe; 2, 65 millones de ecus al año son una suma demasiado baja para llevar a cabo estos trabajos. 
Mi crítica principal concierne al artículo 3.2, que establece los criterios que seguirá la selección de las actividades subvencionables. 
Simplemente con la alusión a la relación coste/beneficio, al efecto multiplicador duradero a nivel europeo, y a la contribución a un enfoque plurinacional, ya se dilucida una cierta manipulación en beneficio propio por parte de la Comisión. 
Sobre todo el criterio de la contribución a una estrategia plurinacional debería suprimirse totalmente para evitar la sospecha de que se está haciendo todo esto en beneficio propio. 
En la Comisión de Medio Ambiente hemos formulado conjuntamente una serie de criterios adicionales que subrayan vigorosamente el objetivo del programa de acción de reforzar precisamente la influencia del ciudadano a través de una concentración más explícita en la idea de la integración en el sistema educativo. 
Pienso que es extraño que estos criterios no hayan recibido apoyo en el curso de este primer debate. 
No obstante, me interesa sobre todo la cuestión de la cooperación entre las organizaciones medioambientales de la UE con las de otros países, especialmente con los que han solicitado la adhesión y que en breve iniciarán las negociaciones para su entrada en la UE. 
Sabemos que esto representará un gran desafío tanto para la Unión como para el sector del medio ambiente. 
Sobre la enmienda nº 6, diré que es evidente que hay que exigirles unos requisitos a las organizaciones que solicitan fondos de la UE. 
Tienen que demostrar que han manejado fondos correctamente con anterioridad; partes esenciales del proceso son su contabilidad y el control de ésta. 
En cambio, no creo en la posibilidad de establecer unos criterios de limpieza consistentes en que sólo puedan adjudicarse fondos de la UE a organizaciones que no tengan antecedentes penales. 
Además, estoy completamente convencida de que la legislación penal no está armonizada dentro de la UE. 
Lo que pueda llevar a cabo una organización, o un grupo de personas, es una cuestión difícil y complicada. 
Por tanto, creo que la redacción que contiene la enmienda nº6 es totalmente superflua. 
Finalmente, deseo subrayar de nuevo que nuestra sociedad necesita verdaderamente unas organizaciones de voluntarios críticas, activas e independientes. 
Necesitamos de unas fuerzas que nos muevan y que nos lleven hacia delante. 
Con ello expreso mi aplauso hacia la redacción de la Comisión de Medio Ambiente y mi rechazo con respecto a la enmienda nº 6. 
Señor Presidente, nuestro Grupo acoge con satisfacción el informe de la Sra. Flemming. 
Las organizaciones que trabajan dentro del sector del medio ambiente juegan un papel decisivo a la hora de desarrollar la política medioambiental y de informar sobre los problemas medioambientales. 
Es, por tanto, muy correcto concederles una posición más fuerte, lo cual encierra la propuesta. 
Votaremos a favor de las enmiendas aprobadas en comisión, es decir, que no nos vinculamos a estos estrechos marcos económicos, que queremos que se conceda un nivel más elevado de cofinanciación por parte de la UE, y que debería llevarse a cabo un control estricto de la aplicación de los fondos. 
Evidentemente, votaremos en favor de la enmienda nº 2, donde se clarifican los criterios para las ayudas. 
Precisamente como otros diputados, pienso que es muy positivo que se haga hincapié en la cooperación internacional con el Este y Centro de Europa. 
Sin embargo, no votaremos a favor de la enmienda nº 6 del Grupo PPE. 
Voy a intentar explicar los motivos. 
Pensamos que se establecen unos límites muy estrechos para la aplicación de estas ayudas. 
La enmienda nº 6 encierra varios apartados. 
El primero, el apartado a, establece que no se pueden dar ayudas a la información dirigida a los ciudadanos. 
Nosotros consideramos que eso es esbozar unos límites muy estrictos para la adjudicación de las ayudas. 
Esta es en realidad una parte muy importante del papel que juegan las organizaciones medioambientales, que consiste en funcionar como configuradoras de la opinión pública cara a la población. 
La segunda objeción gira en torno al apartado d de la misma enmienda, que establece que no se pueden adjudicar ayudas a organizaciones que se sirvan de la violencia o que puedan considerarse como criminales. 
Sabemos, no obstante, que muchas organizaciones medioambientales se sirven de la estrategia de la desobediencia civil y de diversas acciones extraparlamentarias. 
Esto se aplica a organizaciones muy respetables que están llevando a cabo unos amplios trabajos medioambientales. 
Excluirlas automáticamente a todas con esta redacción me parece totalmente erróneo. 
Finalmente, quiero decir algo sobre la intervención de nuestro colega francés, que ha atacado a Greenpeace. 
Pienso que también conviene reflexionar sobre la historia no tan reciente de Francia y Greenpeace. 
No hace muchos años, los servicios de seguridad franceses hundieron un navío de Greenpeace en un puerto neozelandés. 
¡También hay que recordarlo! 
Señor Presidente, este informe me parece perfectamente aceptable. 
La cofinanciación de las actividades administrativas de las ONG que actúan en el campo medioambiental constituye el objetivo de este informe que intenta institucionalizar la cooperación preconizada por el quinto programa marco de investigación medioambiental. 
En particular, en mi opinión, debe reforzarse el apoyo a las ONG dedicadas a la protección del medio ambiente. 
Consideramos, además, oportuno incluir entre las prioridades los proyectos transfronterizos con organizaciones de Europa Central y Oriental y la formación profesional, así como y ante todo, elevar al 60 % el límite fijado para la contribución financiera de la Unión Europea a los proyectos. 
Todo lo que se ha manifestado no coincide con la voluntad del Consejo de bloquear el presupuesto del programa plurianual a 10, 6 millones de ecus, importe considerado ampliamente insuficiente. 
Las organizaciones no gubernamentales cumplen una importante tarea pública precisamente en el ámbito medioambiental y social. 
Por su calidad- y yo quisiera citar muy especialmente en este contexto a Greenpeace o el WWF -, algunas han llegado a convertirse casi en una conciencia política y con ello también cumplen una función pública. 
Es adecuado, por lo tanto, ofrecerles un apoyo material de carácter público. 
A la vez es totalmente evidente que las organizaciones criminales y terroristas, por principio, no pueden aspirar a recibir subvenciones. 
Sus aplausos, sin embargo, me invitan a hacer una reflexión, Sr. Rübig. 
Su intento de incluir a las organizaciones medioambientales en el mismo paquete y desacreditarlas así en cierto modo, me deja un regusto muy desagradable. 
Este riesgo existe, y quizás habrá observado usted de qué lado de la Cámara procedían los aplausos, de manera que es preciso proceder con especial cautela en este contexto. 
Por esto yo quisiera sugerirle a la ponente que ha propuesto la enmienda, a quien valoro mucho, precisamente por su resistencia personal, que considere la posibilidad de retirar la citada enmienda 6. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar, como han hecho otros, dando las gracias particularmente a la ponente, la Sra. Flemming, aunque también al ponente anterior, el Sr. Rübig. 
Es un buen y gran trabajo el que se ha llevado a cabo. 
La mayoría de los oradores han hablado sobre el importante papel de las ONGs. Comparto totalmente esta opinión. 
Son importantes para canalizar los deseos y los escrúpulos de los ciudadanos, y, además, representan una fuente esencial para el trabajo de la Comisión. 
Comparto también la opinión que la Sra. Dybkjær y otros muchos oradores han manifestado, esto es, que la trascendencia de las ONGs es muy grande con vistas al desarrollo de las nuevas democracias en Europa Central y Oriental, algo a lo que regresaré en relación con las enmiendas. 
Como ustedes saben, el objetivo de esta propuesta es aportar una base jurídica específica a una práctica que ha venido funcionando satisfactoriamente desde hace varios años. 
Por este motivo, esta propuesta también supone una expresión concreta del reconocimiento que la Comisión siente por la contribución de estas ONGs a la mejora del medio ambiente. 
En consecuencia, el texto debería ser tan claro y explícito como sea posible y es dentro de este espíritu del que se han revisado las enmiendas. 
Podemos aceptar total, parcialmente o en principio cinco de las seis enmiendas. 
Las enmiendas 1 y 3 pueden aceptarse plenamente. 
Armonizan con la negativa de la Comisión al deseo del Consejo de introducir una base de referencia financiera en el texto. 
También la enmienda 4, según la cual la Comisión puede financiar hasta el 60 % del presupuesto de una ONG, puede aceptarse plenamente. 
La parte de la enmienda 2 referente a los criterios generales de apoyo puede aceptarse en principio, y en realidad afecta a lo que en cualquier caso la Sra. Dybkjær hacía referencia, es decir, la modificación de la redacción, de forma que hablemos en su lugar de una " colaboración más allá de las fronteras». 
La enmienda 5 relativa al control financiero es en principio aceptable, no obstante, también sería necesario modificar la redacción para lograr la mayor claridad posible. 
La enmienda 6 no puede ser aceptada ni por la Comisión ni, por otra parte, por los diversos oradores aquí presentes en el día de hoy, puesto que sería inconveniente introducir tales criterios de exclusión en el proyecto de decisión. 
Y con estas consideraciones me gustaría una vez más agradecer al Parlamento por este minucioso debate, así como también por el interés mostrado hacia la participación activa de las ONGs en la vida política. 
Gracias, señora Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero 
Señor Presidente, el Sr. Fitzsimons se encuentra enfermo. 
El pobre tiene una neumonía. 
Me ha pedido, de improviso, que le sustituya y, naturalmente, que le presente sus disculpas. 
Intentaré presentar su informe. 
Sé lo mucho que este documento significa para él.. 
Sabemos que nuestros colegas de la Comisión de Medio Ambiente conocen bien, muy bien incluso, los problemas del cambio climático y el agravamiento del efecto invernadero. 
Por ello me contentaré con repetir que existe un amplio consenso sobre la necesidad de informar a la opinión pública, en gran medida preocupada por los efectos del calentamiento de la atmósfera y por la concentración y acumulación de los gases que agravan el efecto invernadero. 
Está además perfectamente claro que las actividades humanas contribuyen a este problema. 
En diciembre de 1995, el Grupo de expertos intergubernamental sobre cambio climático, compuesto por más de 2.000 eminentes científicos, expresó sus preocupaciones por las emisiones de estos gases de efecto invernadero. 
Según dichos científicos, si se mantiene el nivel actual de emisiones a la atmósfera, en el año 2000, la temperatura de la superficie terrestre podría aumentar 2 grados en relación con 1990. 
El Parlamento Europeo siempre se ha mantenido muy activo en este campo, multiplicando los informes y las resoluciones, exhortando a los Estados a tomar medidas vinculantes y a adoptar un calendario preciso. 
La Cumbre de Río de 1992 concretó esta voluntad. 
Más de 150 países firmaron el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en cuyo marco se llegó a un consenso que tenía como objetivo la estabilización de las emisiones de CO2 en el año 2000 en los niveles de 1990. 
Las negociaciones y los encuentros que han seguido deberían conducir, en la Cumbre de Kyoto de diciembre de 1997 y si se cumplen nuestras expectativas, al acuerdo de fortalecer el convenio sobre el cambio climático y a la adopción de medidas más vinculantes con vistas a una clara reducción de todos los gases de efecto invernadero. 
En marzo de 1997, pese a las diferencias de enfoque según los Estados miembros, el Consejo de Medio Ambiente, bajo la Presidencia neerlandesa, consiguió llegar a un acuerdo sobre una propuesta de la Unión Europea para la Cumbre de Kyoto. 
El objetivo es la reducción de un 15 %, en relación con los niveles de 1990, de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2000. 
Además, deberá tenerse en cuenta y vigilarse la " cesta» de gases, habida cuenta del riesgo que puede representar en el plano del calentamiento mundial. 
La propuesta de la Comisión en estudio aspira a enmendar la decisión del Consejo de 1993 relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones antropogénicas, es decir, aquellas provocadas por las actividades humanas que incluyen las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. 
La nueva propuesta tiene por objeto actualizar las decisiones siguientes: prolongación del control hasta más allá del año 2000 para tomar en consideración las emisiones, las limitaciones y la reducción comunitarias después del año 2000; ampliación del mecanismo de seguimiento de un mayor número de gases de efecto invernadero, ya que el CO2 no es el único afectado. 
La propuesta abarcaría también al metano, al monóxido de carbono, al óxido nitroso y a los componentes volátiles orgánicos, así como otras emisiones de efecto invernadero, como los hidrofluorocarburos, que se encuentran en los aerosoles, los frigoríficos, etc. y otros que ya fueron prohibidos por el Protocolo de Montreal. 
Nuestro ponente, el Sr. Fitzsimons, formula varias peticiones. 
Desea que la Comisión vuelva a tomar las fechas, propuestas por el Consejo, de 2005 y 2010 para una reducción del 15 %. 
Se muestra claramente a favor de un mecanismo de seguimiento de otros gases de efecto invernadero, además del CO2. 
No obstante, en el caso de algunos de estos gases, como el metano, producido sobre todo por la agricultura, y el protóxido nitroso, producido por la industria, los márgenes de error son muy elevados y es necesaria mucha más investigación. 
Por ello parece más seguro y fiable hacer un seguimiento individual de gas por gas, en vez del " enfoque de cesta». 
El ponente considera, asimismo, que no se justifica el seguimiento de los sumideros de carbono, es decir la función que desempeñan los bosques. 
Este tipo de seguimiento es poco fiable. 
Llego al final, señor Presidente. La unificación de los datos constituye otro problema. 
Algunos Estados carecen aún de objetivos oficiales; otros son incapaces de suministrar los datos fundamentales. 
Por ello, el ponente ha presentado una enmienda, en la que exige a la Comisión que garantice la contabilidad de los datos. 
Por último, estamos dispuestos a aceptar la enmienda de la Sra. Schleicher, que pide que los Estados reinstauren los métodos del grupo intergubernamental sobre la evolución del clima. 
No obstante, quisiera preguntar a la Sra. Schleicher si acepta un añadido oral para precisar que los métodos deberán ajustarse a las normas más recientes adoptadas en el marco del convenio de las Naciones Unidas.