La UE debe hacer todo lo que esté en su mano para apoyar a los candidatos en estos ámbitos y, por supuesto, no crear nuevos obstáculos. 
Todas las partes deben esforzarse por establecer tan pocos períodos transitorios como sean posibles, y también lo más breves posibles. 
Más vale tarde y bien que antes y mal. 
Constato una evolución peligrosa. 
La frustración de los países candidatos aumenta porque consideran que el proceso de integración dura demasiado. 
Simultáneamente, crece la oposición a la ampliación entre la población de los Estados miembros. 
E incluso nosotros, los políticos europeos, manifestamos muy poca comprensión en el proceso de negociación. 
Si esta situación no varía, toda la reunificación caerá en saco roto. 
Hago un llamamiento para que los dirigentes gubernamentales asuman su responsabilidad y frenen esta evolución. 
Deben empezar a dialogar con su propio pueblo, y entonces, éste podrá convencerse de la gran importancia que tiene la paz, la estabilidad y el bienestar en todo el continente, y de la importancia histórica que supone la reunificación de Europa. 
Señor Comisario Verheugen, como presidente de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, he aprovechado la ocasión para visitar los países que desean la adhesión. 
Se oye que usted también viaja mucho por esos países. 
Creo que comparte mi apreciación de que en estos países se han logrado muchas cosas pero que en lo esencial- también financieramente- se debe a los propios esfuerzos realizados allí. 
La UE es en lo esencial protagonista de los abaratados productos agrícolas que mueven a la baja a los precios en esos países. Esto ha sido especialmente así en la época de la crisis porcina aquí, cuando cerdos casi pagados fueron a parar al final a Polonia pasando por la Unión Soviética. 
Esto ha agudizado los enfrentamientos. 
Si ahora se habla de una liberalización del comercio, la llamada solución cero, se debe a que la Comisión no ha atendido a tiempo los requerimientos del Parlamento Europeo de no conceder subvenciones a la exportación a los países candidatos a la adhesión. 
Ahora, en estos países, pero sobre todo en Polonia se discute sobre qué pasa con los pagos compensatorios. 
Los polacos se preguntan: ¿se nos pagarán cuando nos adhiramos o seremos países de segunda categoría? 
He intentado mostrar claramente que esto va a precisar aún de un largo tiempo y que se deberá discutir tras la adhesión. 
Esto va a requerir aún algunos años. 
Más importante sería ahora concentrarse en los créditos estructurales. 
Si los polacos exigen un aumento de SAPARD, sería razonable también una modificación para aplicar dichos créditos mejor a las condiciones, en este caso de Polonia, pero también de los demás países candidatos. 
Si se realiza una comparación, en Polonia hay 168 millones de euros de créditos SAPARD. 
Los pagos compensatorios ascienden a 1.500 ó 1.800 millones de euros que están profusamente distribuidos y que no aportan nada para el desarrollo de estos países. 
Sería razonable si atendiésemos las exigencias de Polonia de elevar ahora estos créditos estructurales y con motivo de la próxima reforma agraria- que yo coloco en un momento más temprano, al menos en su concepción, que la adhesión de estos países- adaptásemos nuestros instrumentos y modificásemos también los pagos compensatorios entre nosotros en dirección a unos créditos estructurales. 
Esto justificaría entonces unos objetivos comunes en la entonces política agrícola común con estos países y tendría como consecuencia un objeto también en el sector agrario, por hablar como lo hace Joschka Fischer. 
Señor Presidente, estimados colegas, el tema de la ampliación tiene muchas vertientes y no se puede abordar en dos minutos, así que me voy a centrar en el caso de Chipre. 
Quiero dar mi enhorabuena al Sr. Poos por su detallado y objetivo informe. 
El Sr. Poos aborda la cuestión de Chipre con visión de europeo. 
Creo que el informe Poos va a ser un antecedente al que imitar el Parlamento Europeo y estoy seguro de que sus Señorías lo aprobarán unánimemente. 
Cuando Chipre era aún una colonia británica, el poeta escribió "Has cambiado de soberanos; pero no has cambiado tu corazón". 
Y el corazón de Chipre siempre ha latido al lado de Europa. 
Chipre es Europa, es parte de su historia. 
Hora es pues, de que Europa acoja en su seno a la isla. 
Gracias a los estrechos vínculos de Chipre con los pueblos del Mediterráneo oriental, su anexión reforzará la presencia de la Unión en este espacio vital. 
Chipre será una especie de puente hacia los países de la región. 
No hace falta mencionar la dimensión económica del tema; el informe Poos y los informes de los otros órganos de la Unión Europea la han cubierto sobradamente y con dinamismo. 
Simplemente recuerdo que, de todos los países candidatos a la adhesión, Chipre se encuentra en primer lugar en cuanto a los requisitos económicos y que podría ser miembro de la UEM inmediatamente. 
Para Chipre no va a haber problemas de adaptación al acervo comunitario. 
El informe Poss señala que la democracia en Chipre funciona perfectamente, el respeto a los derechos humanos y a las libertades es una piedra angular de la tradición social y cultural de la isla, las estructuras sociales del país son intensamente antropocéntricas. 
Por supuesto, la separación de las dos comunidades existe. 
Estoy seguro de que, con buena voluntad y con la ayuda de la Unión Europea, se podrá encontrar una solución que permita a las dos comunidades vivir en armonía y prosperar como lo han hecho durante siglos. 
Como muy correctamente señala el informe Poss, la adhesión a la Unión Europea será beneficiosa para las dos comunidades. 
Los turcochipriotas y los grecochipriotas no tienen razón alguna por la que discutir. 
Son las potencias extranjeras las responsables de la división de la isla. 
¡Ojalá que la isla vuelva a vivir pronto unida en la familia de la Unión Europea! 
Señor Presidente, me sumo a mis colegas que han apoyado en términos amplios el concepto de la ampliación. 
Se trata de una progresión natural para los actuales Estados miembros de la UE, que, cuando alcance una fase plenamente operacional, contribuirá sobremanera al desarrollo económico y social de toda la Unión Europea. 
Como miembro de la delegación de Malta y viniendo como vengo de una de las islas más periféricas de Europa, apoyo la solicitud de ingreso de Malta. 
Desde el punto de vista de la UE, la admisión de Malta aportará un nuevo testimonio del valor de los objetivos, ideales y aspiraciones de los fundadores de la Unión Europea. 
La solicitud de ingreso de Malta, trás un comienzo complicado, está de nuevo en marcha y, en mi opinión, cumple los criterios de Copenhague para el ingreso. 
Aún le quedan cosas que hacer para cumplir los requisitos del acquis communautaire, pero la celeridad con que Malta se ha ocupado de las condiciones para la ampliación es una indicación positiva de su voluntad de integración en Europa y de su deseo de ocupar el lugar que le corresponde en el proyecto europeo. 
Apoyo la opinión del ponente de que Malta debe figurar en la primera ola de países candidatos y de que las negociaciones deben quedar acabadas para el final del año 2001. 
Deseo a los negociadores que continúen su labor con éxito en esta importante esfera. 
. (DE) Señor Presidente, en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sólo un mínimo de cosas pertenecen al derecho comunitario. 
Es decir, hay muchas cosas que se basan en la subsidiariedad y que deben seguir así. 
Por ello, nos hemos limitado a muy pocas cosas, por lo que me voy a referir sólo a dos aspectos. 
El tema audiovisual es muy importante. 
Hemos comprobado que se realizan sencillamente aún muy pocos esfuerzos en el sector legislativo y que las normas jurídicas para los medios audiovisuales no están aún ni mucho menos en consonancia con el acervo comunitario. 
Este es un aspecto. 
El segundo es que también en la propiedad intelectual, en el Copyright, se realizan aún muy pocos esfuerzos para equiparar las normas jurídicas. 
Estos son los dos temas más importantes de nuestra comisión. 
Pero también nos hemos ocupado de la cuestión de las minorías, pues la cuestión de la integración de estas minorías, incluyendo la integración lingüística, es asimismo de importancia en estos países. 
Hemos realizado algunas observaciones relativas a los rusos en Estonia, Letonia y Lituania y a los gitanos en otros países. 
Pero no quiero realizar solamente críticas y plantear preguntas sino también destacar algo positivo. 
Precisamente en los campos de la educación, formación y cultura tenemos que destacar algo positivo. 
Desde hace años estos países se han unido a nosotros en el programa TEMPUS y desde hace un año y medio están asimismo plenamente autorizados para participar en los programas de formación, cultura e intercambios para la juventud. 
Creo que hemos construido un puente muy bueno. 
No podemos discutir solamente sobre cuestiones económicas sino que también debemos encontrar y ampliar aspectos comunes en estas cuestiones. 
Y éstos están ya presentes. 
Me gustaría indicar a todas y todos los colegas que en este intercambio en el marco del programa SÓCRATES no puede tratarse de que todos vayan del Este al Oeste sino que debemos animar a nuestros jóvenes para viajar a los países de la Europa Central y Oriental. 
Entonces crearemos aspectos comunes en Europa. 
Señor Presidente, el señor comisario Verheugen hace poco, en una entrevista que despertó una gran agitación dijo entre otras cosas que la comunicación, la conversación, sobre todo por parte de los políticos de los países miembros con la propia población, en lo tocante a la ampliación, realmente no funciona. 
Tiene razón. 
No ha funcionado y sigue sin funcionar y creo que esta conversación con los ciudadanos es un tema de absoluta importancia. 
Los políticos deberían tener muy en cuenta esto, no solamente en sus palabras sino también en sus hechos. 
Hace poco tiempo hemos realizado en mi país, Austria- que limita al fin y al cabo con la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia- un estudio por el que en las regiones fronterizas en las que se mantienen conversaciones y se realizan también inversiones, la aprobación de la ampliación por parte de la población es sensiblemente mayor que en las regiones a las que se deja solas. 
Es también responsabilidad nuestra el cómo transmitamos la ampliación mediante la palabra y los hechos. 
Naturalmente, también es importante una segunda especie de comunicación entre nuestros países y los países que desean la adhesión para transmitir de qué se trata en la Unión Europea. 
No se trata solamente de unos objetivos generales o de estar sencillamente allí sino que el acquis communautaire es también muy importante. 
A veces escucho en nuestros países vecinos: ¿qué os importa el acquis communautaire? , para nosotros lo decisivo es que se nos confirme que estamos maduros para entrar en Europa. 
Pero la madurez para entrar en Europa va unida al acquis communautaire y creo que esto es muy importante. 
La tercera forma de comunicación a la que quiero referirme es la comunicación dentro de los países candidatos. 
Cuando con frecuencia se echa en falta una disposición a la conversación entre el Gobierno y la oposición o entre el Gobierno y la opinión pública, entonces es algo que se debería organizar mejor. 
Los interlocutores sociales deben intervenir activamente así como también todos los grupos sociales para transmitir a la propia población de qué se trata en la ampliación. 
Se trata de un camino difícil, un camino que va a exigir sin duda también sacrificios pero que, a la postre, va a conducir realmente a la meta. 
Creo que en este sentido, nuestro trabajo aquí en el Parlamento Europeo debe contribuir a que esta conversación y esta comunicación funcionen mejor en el futuro. 
Señor Presidente, el debate de hoy se centra en el gran reto del nuevo milenio: unificar Europa para crear paz, seguridad y desarrollo social, económico y medioambiental. 
Desgraciadamente, esta idea ha sido eclipsada en el curso de las negociaciones por consideraciones de carácter técnico. 
La exigencia para ser miembro es, básicamente, el cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
El objetivo de las negociaciones debe ser, en primer lugar, facilitar la incorporación de nuevos miembros. 
Obviamente deben cumplir con las normas comunitarias, pero, en mi opinión, a veces creo que es demasiado duro exigirles que lo hagan desde el primer día. 
Hay países miembros que en la práctica no han cumplido con todo, aunque son miembros desde el comienzo. 
Este debate ha tenido lugar en la Comisión de Medio Ambiente. 
Hay quienes sostienen que es una condición que se cumplan las exigencias para ser admitido como miembro. 
En mi opinión, es importante comprobar que el medio ambiente no se mejora por estar esos países fuera de la Unión durante más tiempo. 
Por el contrario, deberíamos ayudarles, tanto y tan pronto como podamos, y, quizás, habría que aceptar normas transitorias un poco más largas. 
En este contexto, se trata de crear opinión a favor de la ampliación. 
No podemos darnos el lujo de perder ocasiones como las que hubo a comienzos de los años 90. 
Ya hemos perdido demasiado. 
Creo que es importante que asumamos responsabilidades en esta Asamblea, en la Comisión y que también lo hagan los líderes nacionales. 
No podemos seguir escudándonos tras miramientos democráticos y decir que hay que escuchar a la opinión pública. 
Ha llegado la hora de liderar la opinión en Europa. 
Es un asunto de objetivos políticos y de voluntad política más que de soluciones técnicas. 
Para tener éxito, tendremos que explicar esto a la gente en los países candidatos y, especialmente, en nuestros países; y corre prisa. 
Señor Presidente, como miembro de la delegación de Lituania quisiera apoyar las observaciones que hace la Sra. Hoff en su informe. 
Se han conseguido considerables progresos en algunas esferas, pero uno de los aspectos que no se mencionan en el informe es el de la igualdad de oportunidades. 
Se nos ha hablado de los beneficios de la ampliación, y ésta es una de las esferas en las que Lituania nos muestra el camino. 
El 17,5 % de los diputados del Parlamento lituano son mujeres, lo que es muy superior a la situación en los países candidatos e incluso superior a la de muchos de los actuales Estados miembros de la UE. 
Lituania ha designado a un Defensor del Pueblo para que vele por la igualdad de oportunidades, y espera que no se limite a hablar de ella y que sepa hacerla cumplir. 
Como ha dicho la Sra. Hoff, el principal problema sigue siendo la central energética de Ignalina. 
El Gobierno lituano se ha comprometido a cerrar la primera unidad, aunque más tarde de lo previsto inicialmente. 
Ésta es una cuestión difícil, pero no hay duda de que hay que cerrar la central, y no puede tolerarse que haya más demoras. 
Además del apoyo financiero que la UE está prestando para el programa de cierre, tenemos que prestar también apoyo para que se desarrolle una estrategia energética realmente sostenible. 
Señor Presidente, la ampliación no podrá llevarse a cabo de forma controlada y organizada si nos atenemos al calendario presentado por la Comisión. 
No hace ninguna falta concluir las negociaciones a finales del año 2002, por mera ambición política, si para entonces no se han resuelto los problemas. 
Debemos evitar las prisas políticas. 
El mayor problema reside en el diferente grado de desarrollo de estos países, y el mejor ejemplo de esto lo tenemos en la reunificación de Alemania. 
Las diferencias económicas, sociales y culturales no eran tan grandes en Alemania como lo son las diferencias entre muchos de los Estados miembros actuales y la mayoría de los países candidatos, si bien dicho proceso ha costado ya 600.000 millones de euros. 
¿Dónde se encuentran los sufragadores de esas cantidades mucho más importantes que serán necesarias para cerrar brechas de desarrollo aún mucho mayores? 
La idea del Comisario Verheugen de organizar referéndums sobre la ampliación fue rechazada de plano, y la causa es clara: no se puede permitir que los que van a pagar tomen las decisiones al respecto. 
Propongo que el modelo de ampliación sea igual al adoptado en el marco de la última ampliación. 
En un principio, los países candidatos se integrarían en el Espacio Económico Europeo, en cuyo ámbito podrán adecuar sus economías a la economía de la UE sin necesidad de contraer obligaciones o compromisos políticos. 
Señor Presidente, antes que nada, como ponente socialista para el informe sobre Rumania, quisiera felicitar a la ponente por su excelente informe. 
Tengo la convicción de que Rumania ha aceptado el reto de la transición a una economía de mercado democrática y abierta. 
Ha llevado a cabo con éxito reformas que son esenciales para que el futuro del país sea más próspero y más seguro. 
Como se reconoce en el informe de la Comisión y en el informe de la Baronesa Nicholson, se han conseguido algunos progresos en cuanto a la mejora de las condiciones para algunas minorías. 
Me parece también que la Comisión ha definido erróneamente los derechos de las minorías al hablar únicamente de las comunidades romaníes y húngaras. 
Los derechos de esas minorías son esenciales para que Rumania sea un país europeo libre, abierto y democrático, pero también me interesan particularmente los derechos de otras minorías como los grupos enumerados en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea: los que sufren de una discriminación basada en motivos de sexo, de origen racial o étnico, de creencia religiosa, de discapacidad, de edad o de orientación sexual. 
De por sí, las leyes no resuelven los problemas. 
De hecho, la Cámara Alta rumana se niega a eliminar del código penal a la homosexualidad. 
Esto no es ni más ni menos que un escándalo. 
La discriminación es flagrante en otros países como Polonia y Malta. 
Recientemente, el ex presidente de Polonia, Lech Walensa, dijo en una campaña electoral que, en su opinión, " esas personas (los homosexuales) necesitan tratamiento médico. 
No tendríamos descendientes ". 
Esta declaración peca por ignorancia y por falta de información y tenemos que hacer todo lo que podamos para conseguir que, cuando tratemos de los países candidatos, los derechos humanos y el trato dado a las minorías figuren al principio de la lista de temas de discusión. 
Señor Presidente, deseo ante todo felicitar al ponente, el Sr. Elmar Brok, y al conjunto de ponentes que han examinado cada uno de los expedientes de los países candidatos. 
Aun cuando contengan alguna contradicción, estos diferentes textos nos dan la oportunidad de proceder a un inventario detallado e individualizado de las negociaciones. Nos permiten al mismo tiempo evaluar la amplitud del trabajo realizado por la Comisión y sus servicios en el marco del screening y de las negociaciones. 
Ahora, señor Comisario, esperamos con impaciencia su propio informe provisional en la materia. 
La adhesión de los países de Europa Central y Oriental, de Chipre y de Malta, nos brinda una oportunidad histórica de reunir al conjunto de los pueblos europeos sobre la base de ideales compartidos y de estabilizar el conjunto del continente. 
Como miembro de la delegación para las relaciones con Letonia, desearía también decir unas palabras, a título de ejemplo, sobre este expediente particular. 
Letonia ha dado pasos importantes por la vía de la realización de los criterios políticos. 
Ciertamente, quedan por realizar progresos en determinados ámbitos, como- por sólo citar un punto que no ha sido recogido por la ponente, la Sra. Schroedter- la modernización de los procedimientos y de las infraestructuras judiciales, pero la voluntad de las fuerzas políticas lituanas de llevar a término el proceso de reforma es incuestionable y es un buen presagio del futuro. 
Frente a este doble desafío de la ampliación- que debe permitir que Europa se reconcilie consigo misma- y de la reforma institucional que debe fortalecer la democracia y la eficacia en el seno de las instituciones, la Unión Europea se encuentra, como ocurre a menudo, en un momento crucial de su Historia. 
Se trata para las instituciones, para los Estados miembros, para todos nosotros, de mostrarnos a la altura de este desafío, también con respecto a los temores de nuestra propia opinión pública, y de recobrar el aliento, la ambición y la visión de los padres fundadores de Europa. 
Señor Presidente, por favor disculpe mi retraso. 
Todavía no he aprendido a encontrar el camino más corto entre el laberinto de garajes. 
Señorías, estimadas y estimados colegas, quiero referirme a un problema que existe en los Estados bálticos y en especial en Letonia. 
Se trata de la existencia de un grupo de población relativamente grande rusoparlante, completado por ciudadanos procedentes de Ucrania. 
En su mayor parte, estos ciudadanos son el resultado de una ocupación de decenios, por lo que su presencia allí va unida a considerables prevenciones emocionales. 
En los últimos años, gracias no en último lugar a la influencia de las instituciones europeas, se ha logrado mejorar sensiblemente la situación. 
Recuerdo que aún hace unos pocos años la ley sobre el idioma desempeñó un papel en este enjuiciamiento negativo. 
Recuerdo aún las grandes dificultades en lo referente al derecho de la ciudadanía que había que regular y adaptar a las normas europeas. 
Estos obstáculos legales han desaparecido entretanto, de modo que también muchos ciudadanos rusoparlantes están ahora dispuestos a reconocer los derechos y obligaciones cívicas tanto en Letonia como en Estonia y en la mayoría de los países afectados. 
Este es un proceso que se desenvuelve de un modo muy diferenciado pero que, sin embargo, puede despertar muchas esperanzas pues incluye que estos ciudadanos puedan convertirse en el futuro también en ciudadanos de la Unión y, de este modo, estén especialmente llamados a establecer relaciones con su país de origen, de donde provienen sus antepasados. 
Me puedo imaginar muy bien que estos ciudadanos se conviertan en portadores de una cooperación transfronteriza en una futura Unión Europea ampliada. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias y felicitar al Sr. Brok y a los otros ponentes, pero, antes de nada, quiero limitarme a Eslovaquia, más concretamente, a la situación política de las minorías. 
El respeto de la identidad cultural de una comunidad, también cuando esa comunidad es minoritaria, aumenta la autoestima de los que forman parte de esa comunidad, y la autoestima es necesaria para tomarse muy en serio el propio desarrollo, y conseguir que el esfuerzo por la emancipación y la autorrealización se convierta en el motor de una contribución al conjunto. 
Habría que examinar las minorías partiendo de esta filosofía- resultaría mucho más positivo-. 
En muchos de los países de la ampliación se mencionan los problemas de las minorías, entre otros, los del pueblo romaní. 
También es ése el caso en Eslovaquia. 
El informe considera necesario un cambio fundamental de actitud hacia el pueblo romaní, me refiero al informe del Sr. Wiersma. 
Eso dice algo en cuanto al largo camino que todavía hay que recorrer, pero también la minoría húngara teme que, a pesar de la ley de 1999 relativa a las lenguas minoritarias, su desarrollo social, cultural y económico siga viéndose truncado. 
Soy belga, vengo, por tanto, de un país en el que las leyes lingüísticas no pudieron resolver el problema entre los pueblos; para ello fue más útil la educación, desde el nivel más bajo al más alto, incluyendo, por tanto, las universidades. 
Para ello, se necesitó una mayor autonomía. 
Tan sólo lo digo porque las soluciones simples no sirven generalmente para resolver problemas complicados. 
La diversidad de culturas y pueblos de Europa Central y Oriental y en los Balcanes cobra nuevas oportunidades, sin lugar a dudas, en el marco de una Europa unida, pero, al mismo tiempo, Europa deberá darse cuenta de que, por ejemplo, un problema como el del pueblo romaní es el problema de una nación sin tierra y también es nuestro problema. 
No podemos cargar con esa responsabilidad solamente a Eslovaquia, a Rumania o a los otros países. 
Señor Presidente, un mes antes de la publicación de los siguientes informes sobre los trabajos en curso no voy a meterme en la exégesis de uno antiguo. 
Como ponente en la sombra de mi Grupo político para Lituania quisiera, sin embargo, felicitar a la colega Hoff por su informe. 
Pero sobre todo me quiero dirigir al Consejo, que por desgracia básicamente no está presente, para expresar algunas esperanzas y objeciones. 
Desgraciadamente, tengo la sensación de que este proceso de ampliación a pesar de las numerosas y bonitas palabras y de la aplicada apertura y cierre de numerosos capítulos, no es impulsado por el Consejo con la necesaria energía política. 
Existe el peligro de que la ventana de la ocasión, de la que ha hablado el Comisario Verheugen, se cierre irresponsablemente porque las personas que actúan en el Consejo, en especial los mismos Jefes de Gobierno, estén condicionados por sus propios órdenes del día nacionales y no tengan la ambición de desarrollar su propio perfil en beneficio de Europa. 
Desde que el ciudadano de honor de Europa, Helmut Kohl, se ha ido de la escena política de Europa, el único Jefe de Gobierno que se me ocurre de modo espontáneo y para el que la causa europea es un auténtico asunto del corazón es sólo el de Jean-Claude Junker. 
Insto a la dirección política del Consejo para que haga justicia a la magnitud de su tarea. 
Distánciense de las consideraciones de sustituir el principio "A cada uno según sus prestaciones" por el principio "A cada uno según sus prestaciones pero sólo después de mi elección". 
Esto es válido tanto para la Presidencia francesa como para las elecciones alemanas al Bundestag. 
Estas elecciones no son motivo para retrasar la conclusión de negociaciones tras estas fechas. 
Quien subordine decisiones históricas a consideraciones nacionales de cortas miras o incluso de carácter partidista no será perdonado por la Historia. 
Les insto para que en Niza determinen una fecha de hasta cuándo prevén finalizar las negociaciones con los países candidatos más avanzados- sin mencionar nombres. 
Terminemos ya de exigir cosas a los candidatos que se encuentran fuera del acervo jurídico comunitario. 
Lo digo frente a algunas buenas personas en el Parlamento pero sobre todo me dirijo a las delegaciones nacionales del Consejo en las negociaciones. 
A veces es indigno ver cómo algunos Gobiernos se dejan arrastrar y en parte doblegar por determinados lobystas en el marco de las negociaciones. 
Mi exigencia de nuevo al Consejo: muestre dirección política y den en Niza a los candidatos una perspectiva temporal concreta sobre la que puedan trabajar. 
Por lo demás, los agricultores franceses y otros están presentes tanto antes de las elecciones como después. 
Señor Presidente, me gustaría empezar hablando sobre Bulgaria, que en los últimos años ha avanzado sensiblemente en su transición a una sociedad democrática de libre mercado, no sin problemas económicos y sociales. 
Sin embargo, Bulgaria presenta hoy una economía que se desarrolla a un ritmo estable. 
Cierto, esto no se refleja en una mejora equilibrada de la calidad de vida del conjunto de la población. 
Quizás un diálogo constructivo entre Gobierno, partidos de oposición y representantes sociales podría dar un impulso positivo en la buena dirección. 
Este diálogo contribuiría, además, a la creación de la capacidad administrativa necesaria para la gestión eficaz del país, creando las estructuras que hoy no existen y reduciendo los casos de corrupción. 
Muchos países de la Unión afrontaron problemas similares en algún momento de su desarrollo y pueden aconsejar a Bulgaria para ayudarle a superar aquellos con los que se enfrenta en estos momentos. 
En Bulgaria, el 20% de la población activa está sin empleo. 
Es imprescindible para un problema como éste, que no tiene una fácil solución, crear un ambiente favorable para el trabajo de las industrias y que haya estructuras económicas competitivas. 
Bulgaria juega también un papel geopolítico importante en el futuro de los Balcanes. 
Su cooperación con la comunidad internacional durante el conflicto de Kosovo, y su papel equilibrado entonces, son de gran importancia para toda la región. 
Bulgaria, de hecho, utiliza su posición de puente entre Europa Central y los Balcanes de manera fructífera para todos. 
La Unión Europea debe continuar ayudando a Bulgaria en su progreso para la entrada en la Unión y, desde luego, haciendo que la planificación de esa ayuda sea todavía más descentralizada. 
Señor Presidente, después de hablar de Bulgaria no querría terminar sin hacer alguna consideración más global: reafirmar nuestro sí a la ampliación. 
Si queremos hacerla de forma seria y honesta, ello implica apostar por dos cuestiones esenciales. 
La primera de ellas, que la ampliación se lleve a cabo al mismo tiempo que la profundización. 
Y hace falta, por lo tanto, que la Conferencia Intergubernamental sea un paso efectivo hacia adelante en el camino hacia la unión política. 
Y en segundo lugar, que la Unión afronte la ampliación con medios presupuestarios suficientes. 
Así, la ampliación tendrá credibilidad para los que quieren estar con nosotros en el futuro, y credibilidad para nuestras opiniones públicas desde este mismo momento. 
Señor Presidente, me voy a limitar a los aspectos democráticos en relación con la adhesión de Malta. 
Dinamarca ha mostrado que la actual comprensión democrática de la UE entre los ciudadanos y yo diría que de los ciudadanos especialmente interesados y bien informados, choca con críticas y rechazo. 
Se quiere conceder a Malta solamente cuatro diputados al Parlamento Europeo si se hace caso de las propuestas de Dimitrakopoulos y Leinen. 
Si se acepta la propuesta Leinen se producirá una discriminación de los pequeños países y de los nuevos pequeños partidos en los países miembros más pequeños. 
De este modo, se verá recortada la diversidad política del debate. 
Si Malta obtiene solamente cuatro diputados entonces se cimentará allí aún más el sistema bipartidista diseñado durante decenios para la confrontación y se impedirá la innovación política. 
Malta debería estar representada, al igual que los demás países miembros pequeños, al menos por seis diputados. 
La democracia no es solamente una cuestión de mayorías sino sobre todo de una codecisión equilibrada de las minorías. 
Desearía que la adhesión de Malta se realizase en este espíritu. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, desde el niño de nuestros desvelos hasta el alumno modelo, así se podría definir la transformación del Gobierno eslovaco y de su Parlamento en sus empeños por andar el camino hacia la UE y por realizar desde hace dos años todos los esfuerzos por cumplir los criterios de Copenhague. 
Esperamos que el Parlamento Eslovaco y el Gobierno prosigan de modo consecuente la vía iniciada y aporten la necesaria paciencia para superar las resistencias y fortalecer el pueblo eslovaco en su marcha hacia Europa. 
Pero aquí se incluye la privatización y reestructuración consecuente de la economía. 
Hay que reformar totalmente el sector bancario y financiero y proseguir la consolidación fiscal. 
El diálogo entre los interlocutores sociales, los otros grupos de la sociedad civil, el Gobierno y el Parlamento desempeña a este respecto un papel importante y, tal como hemos comprobado, también positivo. 
La diferenciación de la economía debe beneficiar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. 
Eslovaquia debe obtener a la larga sus divisas de modo creciente de los sectores económicos que no tienen nada que ver con el procesamiento del petróleo y con la producción de armas. 
Saludamos la estrecha cooperación entre Hungría y la República Eslovaca. 
Nos alegramos especialmente de que Eslovaquia esté en camino de conceder a la minoría húngara y a otras minorías derechos que se aproximan lentamente a los estándares del Consejo de Europa. 
Son una importante condición previa para poder adherirse sin fricciones en la Unión Europea. 
El Gobierno eslovaco está realizando por lo demás unos notables esfuerzos por modernizar el aparato del Estado y promover las regiones periféricas. 
Vemos con satisfacción que el Parlamento Eslovaco es consciente de las condiciones previas para una adhesión y que intenta cumplirlas con rapidez y sistemáticamente. 
También constatamos que la República Eslovaca, como país situado en el centro de Europa y de paso hacia el oeste de Europa tiene una especial obligación de combatir con eficacia la trata de personas y de luchar contra la corrupción y el crimen organizado de un modo aún más consecuente que hasta ahora. Constatamos también que se ha fortalecido el poder judicial mediante las últimas modificaciones legales. 
Para finalizar, permítanme que felicite en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo a nuestro ponente, el Sr. Wiersma, por su excelente y amplio informe y asegurarle el apoyo del Grupo del PPE. 
Señor Presidente, distinguidos miembros de la Comisión, estimados colegas, la ampliación más allá del antiguo Telón de Acero es una labor en aras de la paz. 
La paz crea esperanza y la guerra acaba con ella. 
Al requerir de los países candidatos legalidad y erradicación de la corrupción, también debemos, por nuestra parte, materializar los principios de igualdad y honestidad. 
Las diferencias de ingresos y de capacitación entre nuestros ciudadanos no han parado de crecer. 
Sin embargo, la ampliación no debe llevarse a cabo seleccionando en primer lugar solamente a los nuevos miembros de la OTAN. 
Esto sería acatar la lógica de la maquinaria bélica. 
Tampoco podemos partir de supuestos en que determinado país candidato considere que debe ser el primero y dé a entender que, sin él, la ampliación no podrá ponerse en marcha. 
Los países candidatos deben ser considerados por igual y su adhesión dependerá exclusivamente de su propio desarrollo. 
Algunos conocidos brindadores de atajos son comparables a árbitros parciales en una competición deportiva. 
La Unión no estará preparada para acoger nuevos miembros si nuestro nivel de desempleo se mantiene tan elevado. 
Inevitablemente, esto provocaría incidentes y un aumento del desequilibrio originado por los movimientos extremistas. 
He ahí nuestro campo de abono. 
Tenemos que desmantelar el telón de acero existente en nuestro seno, ya que la eliminación de las desigualdades sociales y de preparación entre los ciudadanos es una condición más importante que la autoridad de las opiniones de la Comisión o del Consejo. 
Las personas marginadas y poco alfabetizadas no pueden constituir la sociedad de la información, sino que son una señal del fracaso de la misma. 
Prevengo a los que están desgajando en dos a la Unión: en un círculo interior y el resto. 
Estamos acabando precisamente con la división de Europa en dos, y no creando una nueva división. 
La mejor forma de simplificar la burocracia es concentrarnos en aquellos asuntos para los que hay que encontrar soluciones conjuntas. 
Es absolutamente necesario que sean los Estados miembros y los municipios los encargados de tomar decisiones en los asuntos relacionados con este tipo de cuestiones comunes. 
De otro modo, caeremos en las redes de una temible sociedad controlada, cuyo poder se ejerce en un núcleo cada vez más tenebroso. 
Señor Presidente, propongo que la Comisón le comunique al Parlamento sus estimaciones sobre el estado de desarrollo de los requisitos internos para la ampliación a la luz de la situación de desempleo, exlusión social y distribución de la presencia del mundo digital. 
Señor Presidente, el reto con que se enfrentaba la Unión Europea en el decenio de 1980 consistía en finalizar la elaboración del Mercado Único. 
El reto de 1990 consistía en conseguir la moneda única. 
El reto del primer año de este milenio consiste en ampliar la Unión Europea de forma que se promueva la paz y la estabilidad y la prosperidad del continente y que no se perjudique esa estabilidad. 
Para conseguirlo es preciso que la ampliación sea ahora nuestra prioridad absoluta. 
No podemos dejar de abrir la ventana de oportunidades que ha mencionado el Comisario Verheugen. 
Eso no quiere decir que hayamos de actuar a ciegas. 
Ningún país tiene un derecho absolutamente garantizado al ingreso. 
Eso sí, tienen que estar preparados para ingresar. 
Por eso a muchos nos preocupan las críticas formuladas por la Comisión acerca de los esfuerzos hechos por la República Checa en su último informe, que parecían indicar una disminución de los esfuerzos realizados. 
Cabe esperar que los tremendos esfuerzos desplegados por el gobierno últimamente se reflejen en el próximo informe de la Comisión. 
Al mismo tiempo hemos de reconocer los esfuerzos desplegados por países como Lituania, para compensar el tiempo perdido. 
Así se decía en el último informe de la Comisión y es de esperar que también se diga lo mismo en el siguiente. 
Tenemos que asegurarnos de que los países están preparados para ingresar y, en particular, que poseen la capacidad administrativa necesaria para ocuparse del acquis communautaire. 
Por eso nos ha preocupado a algunos el hecho de que la República Checa haya retrasado la promulgación de su ley de administración pública y haya disminuido el ritmo de su reforma judicial mientras que, por otra parte, Lituania ha efectuado enormes progresos en esa esfera, reconociendo la importancia que tiene la capacidad administrativa. 
Los Estados miembros podrían hacer más en sus arreglos bilaterales por ayudar a los países candidatos a desarrollar su propia capacidad administrativa. 
Por último, es indispensable que "vendamos" los países candidatos al electorado de la Unión Europea. 
Demasiadas personas tienen una opinión de los países candidatos que es la que prevalecía hace diez años. 
En la actualidad esos países tienen economías mucho más modernas, que desde muchos puntos de vista pueden superar el reto que representa el ingreso de la Unión Europea, y tenemos que vender esta idea a nuestros ciudadanos si queremos que nuestros ciudadanos apoyen la ampliación en el futuro. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, Rumanía es un país que sin duda no se va a convertir en miembro de la Unión Europea en la primera ronda pero es un buen ejemplo de que fue acertada la estrategia de la Comisión de nombrar a doce países como interlocutores negociadores con los mismos derechos y de comprobar luego en base a unos criterios cuándo un país se puede convertir en miembro. 
Esto nos permite, por un lado, quitar los temores a nuestras poblaciones de que de repente doce países, incluyendo Bulgaria y Rumanía, ingresen en la Unión Europea y, por otro, se puede argumentar que se van a determinar criterios muy claros antes de que un país se convierta en miembro. 
Todo esto figura en el informe de la baronesa Nicholson of Winterbourne y le felicito muy sinceramente en nombre de nuestro Grupo político por este informe. 
Tras la caída del telón de acero, Rumanía ha iniciado muy tarde el camino hacia Europa. 
Sólo desde 1996 un Gobierno democrático ha podido iniciar lo que otros países pudieron iniciar ya antes, por lo que los éxitos que se han logrado en estos cuatro años son muy considerables. 
Permítanme que realice aún una observación sobre la situación de la seguridad. Rumanía es un país que en el conflicto de Kosovo ha estado del lado de Europa y la Alianza Atlántica. 
Por ello, deberíamos pensar ya aquí en mandar una señal. 
Si la adhesión a la Unión Europea va a durar aún más tiempo, la Alianza Atlántica debería recapacitar sobre integrar a Rumanía ya antes en sus mecanismos. 
Esto es también aplicable a nuestra política europea de seguridad y de defensa. 
Si se sabe que en la primera ronda de ampliación de la OTAN, Rumanía y Eslovenia estaban ya en la lista de candidatos de la OTAN, ésta no debería detenerse en su proceso de ampliación. 
En el ejemplo de Rumanía se puede mostrar asimismo a nuestra población que radica en nuestro interés estabilizar a Europa. 
Rumanía va a representar en el futuro una frontera exterior de la Unión Europea. 
Rumanía es importante para la estabilización de todos los Balcanes y para toda la región del sudeste de Europa. 
Por ello, radica en nuestro interés ampliar nuestro sistema jurídico y de libertades hasta Rumanía y esto es sin duda un argumento en el debate con nuestra opinión pública. 
Si no proporcionamos ninguna perspectiva a países como Rumanía y Bulgaria lo que habrá es inestabilidad y esto no radica en interés europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, los informes que estamos debatiendo sobre la ampliación, el informe Brok y el debate de hoy sobre la reforma legislativa, nos permiten afirmar sin exagerar que hoy es un día de fiesta para la Europa del siglo XXI. 
Todos los informes incluyen gran número de datos positivos para poder decir positivamente y con entusiasmo, que avancemos en la fase siguiente. 
El espíritu de los informes es básicamente positivo y desde el punto de vista, cualquier voz de queja debe hacerse a un lado. 
No debemos quedarnos mirando el árbol, sino ver el bosque. 
Es ahora cuando se identifica el tiempo histórico con el político. 
Es ahora cuando debemos superarnos. 
Es ahora cuando Europa debe corresponder a su futuro, es ahora cuando tenemos que dar un contenido ideológico a la ampliación. 
Aparte de estas generalidades, quisiera referirme más especialmente a las dos últimas islas del Mediterráneo que son estados- islas, a Chipre y a Malta, que se han puesto en camino para anexionarse a la Unión Europea. 
Son las regiones de Europa que están más preparadas, sobre todo Chipre. 
Desde este punto de vista, aquí está en juego la lógica de la ampliación, no sólo basándonos en determinados criterios económicos o no, sino también basándonos en el respeto de principios más generales que deben condicionar nuestra mentalidad sobre el futuro de Europa, de la Europa de la paz, de la Europa de los pueblos, de la Europa de los Estados, de la Europa de la igualdad, de la Europa del respeto a los derechos humanos. 
Desde este punto de vista, creo que el tema de Chipre es el que más va a determinar la capacidad de Europa de ver sus características políticas. 
El problema de Chipre y de Malta va a ser el que demuestre a Europa que se acepta también en términos geométricos su ampliación, no por simetría geográfica sino por la integración política de una unidad de pueblos, de una unidad de culturas, de una unidad con perspectivas. 
Señor Presidente, el debate celebrado hoy quedará como uno de los testimonios más importantes del trabajo del Parlamento Europeo en cuanto al proceso de ampliación de la Unión. 
Permítame que deje constancia aquí del agradecimiento, principalmente a los autores de los informes, pero también al ministro Mocovici y al Comisario Verheugen, por sus intervenciones. 
Han conseguido poner de manifiesto realismo y pragmatismo en el análisis sin perder de vista los objetivos ideales que confieren verdadero sentido al proyecto europeo. 
A pesar de las evidentes diferencias de puntos de vista, vemos que hay un importante consenso sobre aspectos fundamentales. 
Y de entre ellos quisiera distinguir el siguiente: la plena inclusión de cada uno de los nuevos países en la Unión Europa significa un empeño total, en el que a la convergencia económica se suma la adhesión a un proyecto político. 
Dicho proyecto presenta varias características que deben respetar obligatoriamente los países candidatos y los países que ya son miembros, so pena de que la ampliación represente una dilución. 
Entre las características que deben definir la identidad del proyecto europeo destacan las siguientes: cohesión y solidaridad entre los países miembros, democracia, ética de la responsabilidad, dimensión social e igualdad de oportunidades. 
Por último, señor Presidente, el hecho de que este debate se produzca en el momento en que Alemania conmemora los diez años de su reunificación debe hacernos reflexionar. 
Hemos vencido los fantasmas del pasado. 
Y, si bien en el siglo XX se alcanzó el nivel extremo de desunión en Europa, con dos guerras terribles, el XXI se señalará, si así lo queremos, por la unión de los pueblos europeos. 
Unión en torno a un proyecto común que es definitivamente un proyecto de paz entre los europeos y de Europa para el mundo. 
Señor Presidente, vengo de Suecia, un país en el que todavía hay mucho escepticismo respecto al proyecto de la UE. 
Sin embargo, hay un tema en torno al cual existe gran interés: la ampliación. 
Cabría preguntarse por qué. 
Creo que la posibilidad de que la UE se transforme en una colaboración paneuropea legitima la ampliación. 
Los beneficios están principalmente en el terreno político. 
Es fantástico que en un futuro próximo pueda haber países en esta Europa, dividida hasta hace sólo una década, que adopten decisiones en conjunto sobre asuntos comunes. 
Este cambio implica ventajas democráticas y también la posibilidad de crear paz y estabilidad en el futuro. 
Se trata de hacer esfuerzos económicos, hay que reconocerlo, pero la ampliación significará también grandes beneficios económicos en el futuro gracias a los incrementos del mercado y al crecimiento en nuestro continente. 
También habrá ventajas medioambientales. 
Vivo cerca del Mar Báltico, cuya situación nos concierne a todos. 
La instauración de normas comunes que respeten el medio ambiente posibilita también mejores condiciones para el desarrollo de la vida en el futuro. 
Es nuestra tarea común. 
En el informe se señala que los países deberán adherirse a la UE sobre la base de sus propios méritos. 
Es importante que así sea, que un país pueda ser miembro cuando esté preparado para la adhesión. 
Estamos frente a dos tareas: una de ellas, instar a los países miembros para que no cejen en sus esfuerzos, por lo que pronto tendremos que presentar una fecha final, y, la otra, razonar con los ciudadanos de nuestros países, de modo que este proyecto siga gozando de legitimidad en el futuro. 
Señor Presidente, el Sr. Comisario Verheugen ha dicho esta tarde que debido a la ampliación no se va a producir ningún "dumping" social y medioambiental. 
Creo que este es un objetivo esencial y todas las partes tienen que realizar su aportación para que alcancemos con toda seguridad este objetivo. 
Los puntos que ha introducido la Comisión de Medio Ambiente en el informe Brok son unos pasos necesarios al respecto y son la condición previa para enfrentarse a la ralentización de la política europea de medio ambiente. 
Mi Grupo político apoya por ello los plazos de los períodos transitorios en el sector del medio ambiente hasta un máximo de cinco años. 
El trato preferencial de los campos económicos problemáticos- agua, aire y residuos- es nuestra exigencia política. 
Si se conceden plazos transitorios, es necesario y de ayuda determinar en el Tratado de adhesión objetivos intermedios realistas y considerar el incumplimiento de estos objetivos intermedios como violación del Tratado. 
El Parlamento debe obtener las necesarias informaciones para poder valorar la situación en los países candidatos. 
Informes anuales de la Comisión permiten seguir el proceso de aplicación. 
La cuestión de la seguridad nuclear es un gran desafío en el proceso de ampliación. 
Los esfuerzos que se han realizado ya en este campo muestran que el proceso de ampliación representa también una gran oportunidad hacia una mayor seguridad en los países candidatos pero también en toda Europa. 
La consecuencia es más seguridad para la población en los países candidatos y más seguridad para la totalidad de la población europea. 
Las centrales nucleares de tipo soviético de la primera generación son consideradas como especialmente peligrosas para Europa. 
Exigimos a los países candidatos que cierren sus centrales nucleares no susceptibles de renovación a más tardar hasta la fecha de la adhesión. 
Estoy hablando aquí de tres centrales nucleares: las de Bohunice, Ignalina y Kosloduj. 
Señor Presidente, es imprescindible que le demos un impulso positivo a la ampliación. 
Por ejemplo, el medio ambiente será un gran beneficiado de la ampliación, así como otros muchos sectores. 
Sin embargo, ello implica adoptar reglas del juego inequívocas sobre la forma de llevar a cabo la ampliación. 
Desde el punto de vista medioambiental, es indispensable que contemos con posibilidades bien delimitadas para establecer normas de transición y que expongamos claramente la forma de proceder durante los períodos de transición. 
En nuestro ámbito, se habla mucho de los modos de financiar la ampliación. 
Ya hemos asignado los fondos presupuestarios en el marco de la Agenda 2000, pero debemos velar por que los recursos necesarios, especialmente los requeridos en materia de medio ambiente, estén disponibles sin falta antes de la adhesión. 
Precisamente, hay que destinar más fondos de los presentados actualmente en la Agenda 2000 para actuaciones previas a la ahdesión. 
Sólo de esta manera podremos garantizar la aplicación de la normativa. 
A esto hay que añadir que, al mismo tiempo, es necesario conferir aptitud a la admisnistración. 
En suma, los costes del proceso han cobrado muchísima importancia en el debate general en torno a la ampliación. 
Por ello, me ha resultado muy agradable escuchar al Sr. Klaus Hänsch, que ha intervenido en nombre del Grupo PSE, cuando ha deseado que la Comisión emita un juicio real sobre las consecuencias de la ampliación, y también sobre las repercusiones económicas que se producirían en caso de no llevarse a cabo la ampliación. 
Reflexionemos sobre los costes que se originarían para nosotros si continúa la escisión y sobre lo que ello significaría en los ámbitos social y medioambiental. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchos diputados han recordado que la ampliación es un objetivo importante y ambicioso. 
Querría añadir que también es una obligación moral de Europa occidental: hace once años, el régimen soviético estaba cerca de su fin y esos países se dirigían a nosotros con esperanza. 
Es una esperanza a la que debemos responder con generosidad y amplitud de miras. 
Ciertamente no ocultamos las dificultades que entraña el proyecto. 
Por una parte, nosotros debemos llevar a cabo reformas institucionales y, por otra, ellos deben llevar a cabo importantes reformas internas respetando, entre otras cosas, los criterios de Copenhague. 
A este respecto, señalo las enmiendas presentadas por el Sr. Oostlander a los informes sobre la República Checa y sobre Eslovenia, al objeto de que se afronten por fin los problemas aún no resueltos de esas minorías. Pienso, por ejemplo, en la larga disputa que, concretamente en Eslovenia, tiene planteada la comunidad italiana. 
Más allá de los detalles y de las cuestiones más específicas, no debemos perder de vista el alcance histórico de este proceso. 
El debate que se está desarrollando en estos últimos tiempos se centra en cuatro cuestiones claves: la fecha en que se darán por concluidas las negociaciones, la fecha de adhesión, el orden de ingreso de los nuevos países y el período transitorio. 
Mi Grupo ya ha expresado el deseo de que las negociaciones finalicen en el año 2003 dando la posibilidad de adhesión a más tardar en el mes de junio de 2004. 
Ciertamente el debate sigue abierto en lo que se refiere al orden de ingreso de estos países, porque se deberán comprobar los progresos de sus reformas internas. 
Se me antoja sensato encontrar una solución que pueda llegar a ser un buen compromiso entre una ampliación no demasiado fraccionada en el tiempo que seguramente sería traumática para el funcionamiento de nuestra Instituciones, y una ampliación que tenga en cuenta las legítimas expectativas temporales de esos países. 
En lo que respecta a los períodos transitorios, considero que no tenemos que caer en la tentación de utilizar estos instrumentos para reducir el impacto de la ampliación y, por lo tanto, diluir de hecho la pertenencia a la Unión Europea de los nuevos países para respetar las fechas que hemos establecido. 
Por el contrario, lo cierto es que dichos períodos transitorios pueden dosificarse adecuadamente con gran transparencia, equilibrio y sentido de la responsabilidad en el interés general de todos los países. 
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha sido tarea nuestra valorar sobre todo el sector del mercado interior y la legislación relevante para ello en los Estados candidatos a la adhesión. 
Pero- tal como se ha destacado hoy aquí en numerosas ocasiones- se trata de uno de los sectores centrales de la ampliación europea y los progresos solamente se pueden enjuiciar realmente en detalle. Quiero expresar de nuevo mi pesar por mantener este debate sobre la ampliación en un momento en el que los informes de la Comisión sobre los progresos logrados en el 2000 aún no se han presentado. 
Sólo sobre esta base podremos hacer realmente justicia a los avances logrados en los diversos Estados. 
Así pues, tenemos que darnos por satisfechos con una valoración más bien global que quizás no sea apropiada a la situación reinante en los diversos Estados. 
Podemos partir del hecho de que precisamente desde los últimos informes se han logrado progresos esenciales. 
Como vicepresidenta de nuestra comisión mixta con la República Checa sé en cualquier caso que esto es así para este país pero también supongo que lo será para algunos de los demás países. 
El mercado interior es un elemento central para el logro de la ampliación, por lo que para mí está claro que se debe proceder de un modo especialmente precavido con las excepciones y los plazos de transición. 
No obstante, comparto la opinión de nuestro ponente, el colega Wuermeling, de que sin plazos de transición no puede funcionar en interés de ambas partes. 
Precisamente como diputada de una región fronteriza que, al igual que la colega Schierhuber, posee una granja agrícola cerca de la frontera checa, es para mí muy importante que surjan áreas económicas comunes más aproximadas sin mayores problemas y que conduzcan a resultados positivos en ambas partes. 
Para finalizar quiero referirme a una observación del informe del colega Schröder que me ha gustado en especial y que creo es también en el sentido de lo que el Comisario Verheugen ha dicho al comienzo del debate. 
El colega Schröder escribe, si bien sólo en referencia a Chequia, pero creo que tiene un valor general, lo siguiente: "Muchos puntos débiles que aún se pueden reconocer en este país son la herencia de una dictadura de decenios". 
Por tanto, los políticos de la parte de Europa que tuvieron un destino más feliz tras la Segunda Guerra Mundial, lo que es en especial aplicable a Austria, harían muy bien en proceder de un modo precavido al criticar a estos países. 
Señor Presidente, me alegra poder participar también durante dos minutos en este debate tan diverso, un debate que debido a la hora- quiero dedicar un minuto a esta crítica- lo que hace es destacar el desprecio a la importancia del tema que nos ocupa. 
Creo que es sencillamente vergonzoso que nos ocupemos a medianoche de la ampliación de la Unión Europea, un tema que afecta a 100 millones de personas. 
Deberíamos recapacitar al respecto y considerar si nuestro trato parlamentario de este tema debería realizarse en esta forma que asemeja a una táctica general de blanqueo. 
No tenemos que sorprendernos si no obtenemos fuera de este edificio la correspondiente atención y consideración al comportarnos de este modo. 
El segundo minuto lo voy a dedicar al tema de Eslovenia. 
Me alegra que el informe sea tan positivo y que Eslovenia se haya esforzado realmente de modo masivo por cumplir los criterios- lo que he podido comprobar en varias ocasiones como director de la delegación estando también presente el Sr. Comisario. 
Los criterios de Copenhague no son algo estático que se alcance en alguna ocasión y ya está sino que son algo que se tiene que utilizar o aplicar en un ejercicio permanente. 
También en la Unión Europea comprobamos regularmente si se respetan adecuadamente en todos los lugares los derechos humanos. 
En este sentido, es un proceso que seguimos atentamente pero esperamos que Eslovenia siga ocupando esta positiva posición y que se encuentre en el primer grupo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hoy ha llegado el momento adecuado de discutir sobre la ampliación. 
Diez años de pertenencia como miembro a la Unión Europea de la Alemania reunificada es una historia de solidaridad para nosotros que se debe conceder ahora también a otros aunque en la ampliación no se trate solamente de solidaridad. 
La Comisión de Transportes ha expuesto su posición sobre el informe Rack en el informe Brok. 
Primero: necesitamos un programa de infraestructuras de transporte más ambicioso para los países candidatos. 
Por ello, las previsiones financieras no nos parecen suficientes, pues el hueco existente entre las necesidades diagnosticadas de infraestructuras y los instrumentos de financiación existentes en la Unión más las posibilidades de los mismos países candidatos es demasiado grande y los modelos de financiación public private partnership solamente se podrán realizar condicionadamente. 
Pero unos períodos de desarrollo de 50 años son políticamente inaceptables. 
Segundo: los corredores transeuropeos están definidos de modo intermodal. 
Lo que en un primer momento se hizo por necesidad- había que localizar los flujos previsibles de los movimientos de bienes y personas -, teníamos que convertirlo en una virtud, es decir, tener siempre a la vista la vinculación de los modos de transporte. 
También se quería que el tradicionalmente intenso transporte de mercancías por ferrocarril percibiese la mayor parte de las ayudas. 
De este modo, ahorraremos quizás más adelante esfuerzos de revitalización que ahora tenemos que realizar en nuestros propios países. 
Tercero: para el transporte de mercancías por carretera deseamos unos períodos de transición que permitan una apertura escalonada. 
Estos podrían comenzar ya en la fase de preadhesión. 
En interés de ambas partes, deseamos un equilibrio económico y social en la integración de los mercados de transporte pues las consecuencias de una competencia distorsionada en nuestras calles nos quitan ya ahora el aliento. 
Señor Presidente, el hecho de que el tema de la igualdad de oportunidades se trate como último punto en el informe sobre la ampliación, espero que no signifique nada sobre el valor que se le concede aunque a veces parece que es así. 
Por ello, es muy importante que se integre en el acervo comunitario la equiparación de los sexos como una cuestión esencial de los derechos humanos y que la creación de las instituciones necesarias en este campo es una condición previa decisiva para la aplicación del acquis communautaire. 
Por ello, la igualdad de oportunidades en las negociaciones de adhesión deber tratarse paralelamente a los otros temas concediéndole la misma intensidad e importancia. 
Los programas legislativos y las directrices de los países candidatos deben contener mecanismos de aplicación que permitan la igualdad de oportunidades y prohiban claramente las discriminaciones. 
Este proceso se debe facilitar a los países mediante el diálogo con el Parlamento Europeo y el apoyo por parte de personal especializado, la participación de ONG, asociaciones y organizaciones así como con fondos financieros. 
Las instituciones públicas y privadas en los países candidatos deben perseguir la igualdad de oportunidades en todos los sectores políticos e incluir temas específicos de la mujer en todos los campos sociales, económicos y culturales. 
Muy útil es la creación por el sector público de centros de asesoramiento de mujeres que ofrezcan a las mujeres asesoramiento, ayuda y servicios in situ. 
Se debe prestar muy en especial atención a la política de empleo. 
Algo necesario es el mismo acceso a la formación inicial y profesional y como consecuencia de ello el mismo salario por el mismo trabajo. 
Se debe alentar asimismo a los países candidatos a participar en los programas comunitarios sobre igualdad de oportunidades, en especial, en aquellos que se ocupan de la violencia contra las mujeres. 
Las estadísticas demuestran que desde la apertura del Este la violencia contra las mujeres en estos países ha aumentado en un 10%. 
La trata de mujeres es asimismo un negocio que se expande brutalmente. 
Estas formas de violencia y de comercio con mujeres deben condenarse y combatirse ya ahora con todos los medios tanto en la UE como en los países candidatos. 
Afortunadamente, también se han logrado muchos progresos, pero el objetivo de todos los esfuerzos no puede ser exclusivamente la adaptación económica. 
Una convivencia plena de respeto recíproco y un trato cuidadoso y justo deben convertirse en un elemento esencial de nuestra Comunidad Europea. 
Señor Presidente, la ampliación de la UE hacia el Este es una tarea prioritaria para el Partido Demócratacristiano sueco. 
Después de dos horribles guerras mundiales y de cincuenta años de tiranía y dictadura comunista- en que en nombre de una opresiva lucha de clases se pisotearon los valores humanos, cristianos y universales, la democracia, la libertad de credo y el medio ambiente- por fin ha llegado la hora de unir nuestro continente. 
Quiero dirigirme personalmente al Comisario Sr. Verheugen con algunos comentarios, pero antes quisiera dejar constancia de que los cristianodemócratas suecos jamás hemos dudado que él desee la ampliación hacia el Este y que las críticas que se le han hecho son, en parte, malintencionadas. 
Quisiera comentar los siguientes puntos: en primer lugar, permitamos que cada país candidato negocie basándose en sus propios méritos. 
Dejemos que valga la pena tener el anhelo de alcanzar las metas de la UE. 
En segundo lugar: digamos no a la idea del big-bang consistente en aceptar a un gran grupo de países candidatos simultáneamente, ya que se opondría al principio de que los países son aceptados por sus propios méritos. 
En tercer lugar: fijemos paulatinamente fechas límite para cada país candidato. 
En cuarto lugar: demostremos una fuerte solidaridad europea, mediante contribuciones económicas, para mejorar el medio ambiente en los países del Este, considerando la terrible herencia medioambiental dejada por el comunismo. 
En quinto lugar: no exijamos una nueva Conferencia Intergubernamental ni nuevas reformas a los tratados después de Niza, para poder acoger a nuevos países candidatos. 
En sexto y último lugar: encarguémonos de que los actuales Estados miembros demuestren solidaridad y buen criterio respecto a la colaboración profundizada, de modo que no creemos una UE nuevamente dividida en categorías A, B o C. 
¡Unamos Europa! 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera ante todo expresar mi agradecimiento al ponente Sr. Brok y a los ponentes de los informes complementarios por cada país candidato por sus informes tan específicos y equilibrados. 
Más especialmente quisiera expresar mi esperanza e interés en que, a pesar de las dificultades que, comprensiblemente, nos van a salir al paso, el proceso de negociación con Bulgaria y Rumania se desarrolle con normalidad, de manera que, garantizados los requisitos, siga la anexión de estos dos países balcánicos a la Unión Europea, para consolidar el progreso, la seguridad y la paz en la región más amplia de Europa sudoriental. 
Especialmente quiero felicitar al ponente, Sr. Poos, y expresar mi satisfacción por el éxito de las negociaciones de anexión con Chipre, que han avanzado más que con el resto de los países candidatos, cerrando ya 16 capitales, algo que sin duda, augura un resultado final favorable. 
Por supuesto, todos deseamos que hasta entonces se haya solucionado la cuestión de Chipre de conformidad con las decisiones de las Naciones Unidas, y con las decisiones de la cumbre, para que toda esta población indígena- subrayo: indígena- de la isla, grecochipriotas y turcochipriotas, disfrute de las ventajas de la adhesión. 
Pero si, pese a la postura del Gobierno chipriota, que todos reconocen como constructiva, se demuestra que es imposible por la permanente negativa del lado turco, entonces, señor Presidente, creo que la Unión Europea no debe permitir la sumisión de la anexión de Chipre por culpa de la intransigencia turca y que, por el contrario, debe avanzar en la admisión inmediata de la República de Chipre, que va a ser miembro de la Unión, en espera de la participación integrada futura de su país, tal como sucedió en el caso de un Estado miembro fundador, cuya unificación celebramos hoy. 
Terminando, con esta ocasión, quisiera compartir los pensamientos y reflexiones de muchos de nuestros Sres. colegas en cuanto a la necesidad examinar, de una vez por todas con atención, el tema de los límites de Europa y por consiguiente, el de cuánto se va a ampliar, así como el de la conveniencia de redactar un informe relativo especial del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, Señorías, como último orador voy a referirme de nuevo brevemente a cuatro puntos. 
Primero: para nosotros, la ampliación no es solamente una obligación. 
Por un lado, la queremos por razones morales pero también por un pleno convencimiento político. 
La ampliación es una situación win. 
Ambas partes, los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos se beneficiarán de esta ampliación cuando tenga lugar. 
Segundo: en la ampliación- tanto de la Unión Europea como de la Unión Económica y Monetaria- se trata del cumplimiento de criterios. 
Por un lado hay que cumplir los criterios de Copenhague y por otro, los de Maastricht. 
A todos los países hay que decirles que la adhesión a la Unión Europea no significa aún el ingreso en la Unión Económica y Monetaria y en la zona del euro sino que los plazos son diferentes. 
Está claro que no debe existir un opting out en la Unión Económica y Monetaria y que ambas negociaciones no son un mercadillo. 
Tercero: tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para preparar hasta el 2003 a la Unión Europea para el proceso de ampliación en el sentido de la magnífica intervención del Presidente de la Comisión Prodi. 
Cuarto y último punto que es para mí especialmente importante: a pesar de los pactos que deben cumplirse, el proceso de ampliación es un proceso político. 
Se trata de los temores y esperanzas de las personas, de las oportunidades y riesgos, de prejuicios y hechos. 
Debemos tomarnos este proceso político con la seriedad que requiere su dimensión histórica y buscar el diálogo con los ciudadanos. 
Necesitamos una politización de la política del proceso de ampliación en el diálogo con los ciudadanos. 
El proceso de ampliación y la Unión Económica y Monetaria no son sólo asunto de las instituciones europeas. 
Insto a los Estados miembros y a todos los titulares públicos de mandatos y a los medios de comunicación para que participen con más intensidad a todos los niveles en este proceso, pues sólo así podremos hacer justicia a la confianza de los ciudadanos en estas necesarias iniciativas, cuyos objetivos son tan positivos para todos nosotros. 
Queda cerrado el debate conjunto. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas 
(Se levanta la sesión a las 22.45 horas.) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente. En relación con el debate de ayer sobre Eslovaquia, yo quiero hacer constar que Bélgica y también otros países han introducido el visado obligatorio para los nacionales eslovacos. 
Señor Presidente, Señorías, el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, manifestó en su declaración de ayer que quien debilita a un órgano de la Unión Europea, la debilita en su conjunto. 
La relación entre la Comisión y el Consejo también fue objeto de debate. 
En este contexto, yo quisiera referirme a la relación entre el Parlamento y el Consejo y señalar que últimamente el Consejo responde con un retraso importante a las preguntas escritas de los diputados. 
Como muestra, puedo citar dos ejemplos. 
En septiembre de 1999 yo formulé una pregunta sobre el tema de Hombach. 
Recibí la respuesta en febrero de 2000. 
En febrero de 2000 presenté una pregunta escrita sobre la seguridad en el espacio aéreo europeo; aún no he recibido la respuesta. 
Quien debilita a un órgano, debilita al conjunto de la Unión. 
Últimamente, el Consejo parece haber decidido ignorar las preguntas del Parlamento. 
Esto es inadmisible. 
Yo creo que es un aspecto que forma parte de la relación entre los órganos y debemos procurar que esto no siga ocurriendo. 
Gracias. 
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta? 
No la hay. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, hoy justamente vamos a aprobar con entusiasmo, y por mi parte con mucho interés, los informes sobre la ampliación a los países candidatos, entre ellos la República Checa a la que dedica su informe el Sr. Jürgen Schröder. 
Sin embargo, tengo que manifestar mi preocupación- y pido a la Presidencia que haga gestiones al respecto ante las autoridades de Praga -, porque dos jóvenes españoles, Gaizka Azcona Cueva, de 22 años, y Mikel Oliva Martínez, de 21 años, siguen desde el martes pasado- casi diez días- en prisión de forma arbitraria. 
Es preocupante que esto ocurra en un país que va a incorporarse a la Unión Europea. 
Señor Marset Campos, tomamos buena nota de su declaración. 
Creo que la Sra. Presidenta hará todo lo que sea necesario. 
Orden del día 
La Comisión Jurídica y de Mercado Interior solicita que se aplace hasta el próximo periodo de sesiones el debate sobre la pregunta oral de la Comisión relativa a los derechos de los profesores de idiomas, previsto actualmente para el viernes por la mañana. 
Cedo la palabra al Sr. MacCormick para que presente la solicitud de la Comisión Jurídica y de Mercado Interior. 
Señor Presidente, la pregunta relativa a los profesores de idiomas, inscrita para este viernes, ha sido presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Aquellos que presentaron la pregunta en comisión tenían la intención de que llegara a la Asamblea acompañada de una propuesta de resolución. 
Estamos tratando de un asunto muy serio. 
De vez en cuando se dice en esta Asamblea que en una Europa de los ciudadanos, los derechos deben estar consagrados debidamente en el Derecho de la Unión. 
Pero de nada servirá si los Estados miembros pueden ignorar los derechos que ya están garantizados por la legislación. 
Hace doce años, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia en contra de Italia en el caso de los profesores de idiomas extranjeros. 
Desde entonces se han celebrado otros dos juicios y los derechos de dichos profesores siguen sin ser satisfechos. 
En mi opinión, y lo digo en presencia de un antiguo fiscal general de Irlanda, la Comisión aún no ha demostrado la determinación suficiente en el seguimiento de este asunto. 
Es importante que después de la pregunta celebremos un debate, con una resolución al final del mismo. 
Pido la devolución a comisión para su preparación. 
Bien, hemos escuchado la propuesta del Sr. MacCormick en nombre de la Comisión Jurídica y de Mercado Interior. 
¿Alguien desea intervenir a favor de esta solicitud? 
Señor Presidente, aunque tal vez le sorprenda, en realidad yo quisiera hacer una observación sobre el Acta. 
En efecto, yo creo que de ella se desprende que en la citada... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Wuermeling, lo siento mucho. 
El Acta ha sido aprobada. 
Ahora, se considera aprobada. 
Me veo obligado a retirarle la palabra. 
Estaba preguntando si alguien desea intervenir en favor de la solicitud de la Comisión. 
Señor Presidente, intervengo para apoyar la solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos de aplazar este punto hasta el próximo periodo parcial de sesiones al objeto de tener la oportunidad de proponer la inclusión de una resolución al respecto. 
Muy bien. 
¿Alguien desea intervenir en contra de la propuesta? 
Nadie desea hacerlo. 
Someto a votación la solicitud de aplazamiento de la Comisión Jurídica y de Mercado Interior. 
(El Parlamento aprueba la solicitud de aplazamiento) 
Alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0257/2000) de la Sra. Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sustancias y productos no deseables en la alimentación animal (COM (1999) 654- C5-0344/1999- 1999/0259 (COD)) 
(A5-0256/2000) de la Sra. Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 1995/53/CE del Consejo que determina los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal y la Directiva 1999/29/CE del Consejo relativa a las sustancias y productos no deseables en la alimentación animal (COM (2000) 162- C5-0165/2000- 2000/0068 (COD) ). 
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(SV) Señor Presidente, hoy discutiremos y tal vez votaremos tres informes que se ocupan de esta materia, dos de los cuales son míos. 
Ellos constituyen el primer paso en el muy largo camino que habrá que recorrer para alcanzar seguridad alimentaria para los 370 millones de habitantes de Europa. 
Antes de que este paquete de medidas esté listo, seremos muchos más los ciudadanos a quienes se nos apliquen. 
Éste es un primer paso y se trata de establecer principios esenciales para la continuación del trabajo. 
El primero de mis informes se ocupa de las sustancias nuevas en los piensos. 
Las reformas más importantes propuestas por la Comisión, a las que respaldo, son que la directiva comprenderá todos los piensos imaginables, incluso los productos para alimentar a los animales a los que llamo pequeños, es decir, gatos, perros, cobayas, etcétera. 
No obstante, en primer término la normativa está destinada a aplicarse a los animales destinados al consumo humano. 
Después de lo que ha ocurrido en el mercado europeo, debería ser para todos evidente que los seres humanos comemos lo que damos a nuestros animales. 
El otro principio importante es la llamada prohibición de mezclar. 
Esto implica que si una partida de materia prima para piensos contiene valores que traspasan los valores límite, no puede mezclarse con otras partidas no contaminadas para rebajar así los valores límite. 
En la propuesta de la Comisión se eliminan normas que dan derecho a las autoridades locales y nacionales a conceder excepciones de carácter local. 
Mi informe avala este criterio. 
Sabemos que las sustancias extrañas que nos ocupan casi nunca afectan de inmediato, sino que son sustancias dañinas a largo plazo, sustancias de larga vida y acumulables, tales como las dioxinas, las aflatoxinas, y metales pesados, como el cadmio, el plomo y el mercurio. 
Nos consta que la presencia de tales sustancias aumenta constantemente en la cadena alimentaria. 
Las proporciones aumentan lenta pero constantemente en la tierra, en los piensos y en los alimentos. 
Por este motivo, es importante que iniciemos el proceso de prevención eliminando algunos de esos productos de la cadena. 
No hay que permitir que las proporciones de esas sustancias en el cuerpo humano aumenten ininterrumpidamente. 
Sabemos que el cadmio, por ejemplo, bloquea los riñones en los seres humanos y en los animales. 
Sabemos que las dioxinas y las aflatoxinas son carcinógenas, etcétera. 
Estoy de acuerdo con todas las propuestas presentadas por la Comisión sobre este tema. 
Además, y esto es importante porque aparecerá en la votación, la Comisión quiere establecer algo que se llama límite de actuación. 
Para todas estas sustancias existen valores naturales, por decirlo de algún modo, un zumbido perpetuo. 
Jamás podremos eliminarlos totalmente. Por esa razón hemos fijado unos valores límite que no se pueden sobrepasar. 
El límite de actuación es un límite de atención, una posibilidad de iniciar una investigación cuando se descubre que una sustancia en un producto o en un territorio aumenta por encima de los valores naturales, pero que todavía se mantiene bajo los valores de prohibición, esto es, el límite en el que hay que actuar. 
Este punto es fundamental en el trabajo de prevención. 
A largo plazo, es importante que se inicien estudios con calma y que se intente frenar a determinadas sustancias, antes de que alcancen valores límite. 
Todos los implicados en la cadena alimentaria se verían beneficiados. 
Si dejamos que las cosas sigan su cauce hasta alcanzar los valores límite, las medidas serán muy drásticas. 
Entonces surgen las intervenciones apresuradas, como las de la "dioxina en Bélgica". 
Sería importante que pudiésemos aplicar el principio de la cautela para solventar estas situaciones. 
He intentado usar en estos dos informes modificados un lenguaje sencillo. 
La precisión de un texto legal debe ser tal que facilite su cumplimiento. 
Opino que es una obligación del Parlamento Europeo intentar redactar leyes, normas y reglamentos que sean comprensibles para los ciudadanos de la Unión Europea, que son quienes deben cumplirlas y tienen que leerlas. 
Por este motivo he usado un lenguaje directo, he intentado simplificar, he tratado de hacerlo todo diáfano. 
En la cuestión de los valores límite, que en el futuro habrá que fijar enérgicamente para impedir efectos perniciosos, les pido que tengan en cuenta los problemas que los valores límite bajos, por ejemplo para las dioxinas, ocasionan a los pescadores del Báltico, de partes del Mar del Norte y, probablemente, en sectores de la costa mediterránea. 
También les pido que tomen en consideración a los agricultores que tienen sus tierras cerca de carreteras con mucho tráfico o de industrias que han contaminado extensos territorios. 
Gran parte de esta contaminación o de estos vertidos de metales pesados ocurrió antes de que existiese una adecuada conciencia medioambiental y antes de conocerse sus efectos. 
No podemos buscar culpables. 
Les pido que en el futuro respetemos a estos empresarios, puesto que ellos no son culpables y sufren un desastre económico. 
En relación con la directiva sobre control oficial de los piensos, es importante que éste sea homogéneo en toda la Unión. 
Si no se realiza o si no es posible controlar a los controladores, se deteriorará el concepto de seguridad de los ciudadanos. 
Si hay grandes diferencias entre los Estados miembros y entre las regiones, los ciudadanos no podrán confiar totalmente en que se ejerce un verdadero control. 
También hay que atender a las graves alteraciones que las diferencias en la aplicación de esas normas de control pueden producir en el mercado interior. 
Los alimentos seguros tienen un costo en toda la cadena. 
Sería peligroso si algunos países, regiones o ramas de producción pudiesen escaparse y competir con bajos precios y deficiente calidad. 
Esta situación no es en absoluto deseable. 
Señor Presidente, yo voy a intervenir en mi calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en sustitución de la Sra. Auroi, que elaboró la opinión para dicha comisión, si bien la mayoría de la comisión introdujo luego una serie de enmiendas que ella se negó a asumir en su calidad de ponente. 
Por consiguiente, me corresponde a mí presentarla y a la vez quiero exponer el motivo del conflicto. 
Se trata del problema de los valores límite y los valores máximos y de la posibilidad de que los productos se "diluyan". 
Como ustedes saben, el Parlamento pidió repetidamente estas directrices y reglamentos más rigurosos sobre la alimentación animal durante la crisis de la EEB, y siempre pedimos asimismo que no se admitiese la posibilidad de "diluir" los productos, puesto que unos valores máximos siempre suponen obviamente la presencia de alguna sustancia en los alimentos, cuyo depositario final serán los animales y las personas, aunque sólo sea en cantidades muy reducidas. 
Entonces manifestamos que si se aceptaban unos valores máximos, se tenía que establecer también la prohibición de "diluir" los productos. 
La ponente había propuesto que no se autorizase la utilización en la alimentación animal de materias primas e ingredientes que no están autorizados para la alimentación humana, ni su "disolución" con otros con objeto de cumplir los valores límite. 
La ponente también tenía en cuenta la otra cara del problema: existen zonas en las que se obtienen materias primas que superan dichos valores límite. 
¿Qué ocurrirá con los productores de esas zonas? 
La ponente reconocía que éstos no pueden evitar esta circunstancia, pero por el otro lado, quienes reciben estos alimentos tampoco tienen la culpa de que ellos no puedan evitarlo. 
Este fue el origen del conflicto. Yo comprendo que la ponente renunciase a suscribir la opinión. 
Por mi parte, quiero proponer a la Comisión una posibilidad de solventar este problema. 
Si permite "diluir" los productos en este caso, se debe exigir como mínimo que esto se comunique a los servicios de control y que se haga público que el producto se ha diluido. En efecto, también se debe dar a conocer y debatir públicamente este problema. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, hay que recordar que una de las novedades recogidas por el Libro Blanco sobre la seguridad animal era la idea de la granja en la mesa, que conllevaba una responsabilidad directa de los agricultores en cuanto a la calidad y la inocuidad de las materias primas animales y vegetales que producen. 
Transcurrido casi un año desde la aparición de este Libro, y tras numerosas crisis alimentarias, muchas de las cuales han estado directamente relacionadas con la alimentación animal, el informe de la Sra. Paulsen es la primera incursión de la alimentación animal en la seguridad alimentaria. 
Podemos todos alegrarnos de ello. 
Uno de los puntos fuertes de la propuesta es el principio de no-disolución, que excluye cualquier contacto de una partida de animales contaminados, por ejemplo con dioxinas, con alimentos sanos. 
Esta es la postura de la Sra. Paulsen, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Yo también la defendía, en calidad de ponente de opinión de la Comisión de Agricultura. 
Sin embargo, las enmiendas presentadas por mis colegas del PPE: la Sra. Klass, la Sra. Jeggle y el Sr. Sturdy, han permitido reintroducir la disolución en la propuesta aprobada por la Comisión de Agricultura. 
Como yo, personalmente, no puedo sacrificar la seguridad alimentaria en beneficio de los lobbies agroalimentarios, he retirado mi nombre del informe. 
Qué quieren, queridos colegas, no puedo entender al PPE, quien, a pesar de las crisis sucesivas, del pollo belga con dioxinas, del barro de las plantas depuradoras francesas en los alimentos para animales, o de otros aceites de uso industrial holandeses en el aceite alimentario, quiere seguir envenenando, un poco, a los consumidores europeos. 
¡Para ello, efectivamente, si un lote de productos está contaminado con dioxinas, tampoco es como para destruirlo! 
Es mucho mejor añadirle productos sanos hasta alcanzar un nivel de contaminación aceptable. 
Mis queridos colegas del PPE, en este momento del Libro Blanco, del principio de precaución, de la seguridad alimentaria, el único nivel de contaminación aceptable en la alimentación del ganado que terminará en nuestro plato, es el nivel cero medible hoy, más aún considerando que la dioxina es un producto que se acumula en el organismo. 
Si se autorizase la disolución, esta dioxina presente en la alimentación animal sería almacenada por primera vez por el animal, y de nuevo, y con más intensidad, por el consumidor, que de esta forma acumularía progresivamente este producto tóxico en todo su organismo. 
Por tanto, debemos secundar a la Sra. Paulsen y a la Comisión, y adoptar el principio de no-disolución, para dar seguridad a la alimentación animal y proteger de verdad a los consumidores europeos. 
En cuanto a los controles, la propuesta de directiva de la Comisión relativa a los controles en el ámbito de la alimentación animal surge del informe de Bart Staes. 
Retoma y precisa los elementos esenciales para paliar las disfunciones del tipo de las aparecidas con la crisis de la dioxina en el verano de 1999. 
Tiende a evitar la deficiente coordinación entre las instituciones nacionales y las europeas. 
En calidad de ponente de opinión, apruebo las principales modificaciones propuestas por la Comisión: creación, a escala nacional, de planes de intervención adecuados, posibilidad de que la Comisión retome medidas de protección provisionales, obligación para los Estados miembros de informar a la Comisión desde el mismo momento en que una contaminación o un riesgo grave de contaminación sean detectados, creación de una base jurídica. 
Hay que subrayar que, para permitir la puesta en funcionamiento de un sistema de emergencia, los controles deben realizarse a tres niveles. 
El primer nivel de vigilancia debe ser asumido por las propias empresas de productos de alimentación para el ganado, así como por los agricultores, que deben ser los primeros en preocuparse por la calidad y la inocuidad de los productos que utilizan. 
El segundo es, por supuesto, el de los Estados miembros, que son responsables del control en materia de seguridad alimentaria. 
El tercer escalón- que representa el objeto de esta modificación- erige a la Comisión Europea en guardián supremo de la seguridad alimentaria. 
Podrá intervenir en caso de emergencia, sin consultar a los Estados miembros, y tomar las medidas provisionales adecuadas para esa emergencia. 
Todo esto es muy bonito, pero conviene resituar al Parlamento en este dispositivo. 
Habrá por tanto que prever un mecanismo, al menos al final del proceso, para que la Comisión informe al Parlamento de las decisiones que ha tomado. 
Finalmente, cuando esté instituida la autoridad alimentaria europea prevista por el Libro Blanco, ¿qué papel jugará? 
Por otra parte, hay que procurar que este proceso no despoje de su responsabilidad ni a los Estados, ni a las empresas, ni a los productores. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nosotros queremos garantizar la seguridad de los alimentos para animales y de la alimentación humana, y para ello necesitamos un marco normativo a escala europea que sea viable. 
Las crisis de los últimos años han contribuido a sensibilizarnos a todos, también en esta Asamblea. 
No obstante, debe quedar claro que la crisis de las dioxinas fue el resultado de acciones delictivas que contravenían las normas existentes. 
Ahora se propone una revisión de las directivas en el ámbito de la seguridad en la alimentación animal. 
Sin embargo, en nuestras consideraciones debemos tener siempre presente el ciclo completo, en otras palabras, tal como lo expresó el Presidente francés del Consejo, Sr. Glavany, es necesario cerrar un pacto a favor de la calidad entre la sociedad, la industria y la agricultura. 
Deben tenerse en cuenta los contextos, desde la producción natural hasta la transformación industrial y la comercialización. 
Al establecer los valores límite tenemos que tomar en consideración que la naturaleza tiene sus propias leyes y las cosechas son diversas, y el agricultor acaba viéndose perjudicado por unas influencias ambientales que escapan a su control. 
Por esto, yo pido a la Comisión y al Consejo que establezcan unas normas en materia de responsabilidad por el producto que protejan a los agricultores y sus tierras, o sea, unas normas de indemnización practicables, basadas en último término en el principio de causalidad. 
La Directiva de 1999 es un texto bien meditado y ya puede exhibir algún éxito, puesto que se han conseguido reducir de manera demostrable las cargas. 
Por esto, yo me pregunto: ¿necesitamos endurecer las normas? 
Yo creo que sobre todo necesitamos un procedimiento que persiga las acciones delictivas. 
Quiero informar a las y los colegas que se han retirado las enmiendas 41, 42, 43 y 44, presentadas por el Grupo del PPE. 
Una nueva modificación prevé que se otorgue a los Estados miembros la posibilidad de establecer unos valores de intervención, que les conceden un margen discrecional de actuación por debajo de los valores máximos establecidos. 
Estos márgenes discrecionales de actuación, en el contexto de una normativa europea que es necesaria, entrañan ciertamente un riesgo para los productores, el comercio y la libre circulación. 
Esto crea incertidumbres, también en lo que respecta al mercado interior. 
Por esto todos deberíamos atenernos a una normativa europea prefijada. 
Es urgente acabar con la utilización y la mezcla de sustancias indeseables y sumamente tóxicas, y el objetivo de las enmiendas no fue en ningún momento darles cabida. 
Los agricultores tienen derecho a disponer de piensos que estén por encima de toda sospecha. 
Sólo unos animales sanos pueden garantizar el éxito de su explotación. 
Todas las normas resultan inútiles si no se puede controlar de manera rigurosa y exhaustiva su cumplimiento. 
Por esto, el Grupo del PPE desea que se disponga de instrumentos de control eficaces y pedimos, al igual que la ponente, que los expertos de la Comisión puedan realizar inspecciones sobre el terreno sin previo aviso en estrecha y constructiva colaboración con las autoridades responsables en materia de inspección de los Estados miembros. 
Señor Presidente, yo quiero dar las gracias a las oradoras y los oradores que me han precedido. 
Después de escuchar a la Sra. Klass, me siento un poco más tranquila, y me dirijo asimismo al Sr. Böge, con quien he trabajado en estrecha colaboración, así como al coordinador, Sr. Goepel, y les agradezco igualmente la retirada de las enmiendas 41-44, que admitían la posibilidad de "diluir" los productos. 
También quiero decir muy claramente, en el contexto de los dos informes que hoy se debaten, que queremos garantizar la seguridad de los alimentos y, por lo tanto, una producción segura desde el primer hasta el último eslabón de la cadena alimenticia. 
Esta Asamblea siempre lo ha defendido de manera unánime. 
En esta Asamblea conseguimos trabajar unidos en un clima de confianza durante la mayor crisis en el contexto de la alimentación, la de la EEB, y creo que habría sido muy lamentable que ahora hubiese prevalecido una pseudodefensa- pues no habría sido verdaderamente tal- de determinados intereses. 
Durante la crisis de la EEB siempre dijimos- el Sr. Böge, el primero- que no es admisible que se mezcle leche contaminada con dioxinas con leche no contaminada, para cumplir así los valores límite. 
Procedimos de igual modo en relación con la prohibición de la mezcla de productos en todos los ámbitos. 
Por esto yo agradezco que la Comisión haya vuelto a incluir esta prohibición en su propuesta legislativa y que la ponente la haya completado y mejorado con gran maestría en algunos puntos. 
¿Qué pretendemos, en realidad? 
Desde luego, no queremos perjudicar de ningún modo a los productores de piensos compuestos o de alimentos para animales. Tampoco queremos perjudicar a los pobres agricultores. 
Pero admitir simplemente la posibilidad de "diluir" los productos no es la solución. 
Una posible solución seguramente sería, en efecto, establecer un registro de las zonas afectadas. 
¡Y no admito que éste incluya la presencia de incineradoras de basuras! 
Las plantas incineradoras ya no deben emitir dioxinas. 
Si a pesar de todo siguen haciéndolo, los perjudicados no son los agricultores, sino la salud en general. 
Señora Klass le ruego que tenga la bondad de escucharme. 
Yo también la he escuchado pacientemente, a pesar de que a veces me cuesta. 
Tenemos que establecer un registro. 
De hecho, ya hace tiempo que pedimos un registro de dioxinas en la Unión Europea, que indique dónde se registran cargas de contaminación. 
Evidentemente, es preciso comprobar en qué zonas existen campos de cultivos próximos a las autopistas, en los que se produce una carga contaminación por metales pesados. 
Yo puedo aceptar sin problemas que esto se comunique, que los agricultores declaren a su autoridad regional y también a la Comisión que la regionalización, el transporte, la circulación, etc., causan a las tierras que han heredado de sus padres un perjuicio del que ellos no son responsables. 
¿Cómo podemos compensarles? 
El Sr. Goepel está haciendo un gesto de pagar. De ninguna manera. 
También puedo aceptar sin ningún problema que se autorice la "disolución" o la mezcla en el caso de determinados productos, siempre que sea bajo el control del Estado miembro y de la Comisión. 
Si es así, ésta es una posibilidad admisible. 
Vuelvo a repetir que no le hacemos ningún favor a nadie, ni a los fabricantes, ni a los agricultores, ni a los consumidores, si presentamos esta cuestión como un conflicto entre agricultores y fabricantes de alimentos o consumidores. 
Todos aspiramos a lo mismo y es preciso recordarlo también aquí. 
Unas últimas palabras en relación con los controles: sí, la Comisión debe estar autorizada a adoptar medidas preventivas. 
Ya lo puede hacer en el sector de los alimentos y tiene que poder hacerlo también en el caso de los piensos. 
Y si abajo, en el comedor, a todos nos sirviesen pienso, si durante una temporada nos sirviesen en el plato lo que se consideran alimentos para animales, quizá empezaríamos a tratarlos de otra manera y a vigilarlos con tanta firmeza y rigor como lo hacemos en el caso de nuestros alimentos. 
Señor Presidente, "sano y controlado del huerto al plato" es la fórmula que de ahora en adelante resumirá la política de protección al consumidor y la de la cadena alimentaria que desea la Unión Europea. 
Es una necesidad imperiosa. 
La crisis de la dioxina que afectó a Bélgica hace más de un año dejó huella, e impactó a toda Europa. 
Esta crisis no sólo costó miles de millones de euros, sino que también nos hizo sospechar aún más del contenido de nuestros platos. 
Ahora más que nunca, el ciudadano se dirige a nosotros exigiendo una normativa estricta para una alimentación sana. 
Esta directiva es el primer eslabón de una larga cadena de decisiones relativas a esta seguridad alimentaria. 
¿Qué decir en un minuto? 
Muy rápidamente, que debemos insistir en la enmienda 37 relativa a la dioxina. 
Las normas que nos imponemos son ciertamente severas, muy severas. 
Pero sin contar con análisis científicos más detallados, no debemos asumir ningún riesgo. 
Los PCB y las dioxinas son sustancias tóxicas, incluso en dosis muy bajas. 
Nuestro ponente ha dicho lo que cabe pensar del principio de disolución, que sería, en mi opinión, un mensaje espantoso para los consumidores y para los productores. 
Ahora más que nunca, el consumidor necesita que lo tranquilicen. 
Esta directiva contribuye a ello, para que, como decía, del huerto al plato tengamos una alimentación sana y de calidad. 
Nuestros ciudadanos lo exigen. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a todos los colegas que han felicitado a la ponente, la Sra. Paulsen, tanto por la calidad de su informe como por su amplitud de miras frente a las distintas enmiendas que se han presentado. 
De entrada, me gustaría recordar que cuando se habla de sustancias y productos no-deseables, se piensa inmediatamente en las dioxinas, en los PCB, pero no hay que olvidar que también se incluyen los metales pesados y, más en general, los contaminantes orgánicos persistentes, de los que hoy sabemos que, en su mayoría, son perturbadores hormonales, es decir, sustancias que producen efecto incluso en dosis infinitesimales. 
Por tanto, se trata de adoptar valores límite que, por una parte, vengan determinados por la realidad, dado que nuestro medio ambiente está contaminado por este tipo de sustancias, pero que, por otra parte, sean lo más bajos posible, para limitar los riesgos. 
Es bastante raro que la propuesta de la Comisión no contemple valores límite para los PCB, y que sí los fije para las dioxinas, sólo en la pulpa de los cítricos, lo cual no deja de ser bastante sorprendente. 
En realidad, esto se debe a un hecho desastroso que tuvo lugar hace dos años: se descubrió que la pulpa de los cítricos originarios de Brasil contenía altos niveles de dioxina, debido al procedimiento de secado utilizado. 
En cuanto a los metales pesados, hay incoherencias. 
Por ejemplo, el valor límite para las harinas de pescado es distinto del que se propone para los productos de origen animal no marino. 
Todo esto ha sido objeto de enmiendas por parte de mi Grupo, que han sido mayoritariamente adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente- se lo agradezco -, a pesar del voto en contra de los diputados del PPE. 
Espero que cambien de opinión para la sesión plenaria, porque no veo cuáles son los argumentos que pueden justificar las incoherencias del proyecto de la Comisión. 
Creo por tanto que, considerando el estado de ánimo imperante en esta Asamblea, podemos abordar la votación con confianza y esperar alcanzar una mayoría que nos permita hacer valer nuestro punto de vista en segunda lectura. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Paulsen por su informe. 
La detección de dioxina en los cítricos, importados por la Comunidad y destinados a la alimentación animal, ha desvelado las lagunas de la actual legislación en materia de control. 
Nuestra opinión pública está preocupada, reclama garantías. 
De hecho, lo que amenaza la salud de los animales pone en peligro la salud humana. 
Por supuesto, el riesgo cero es imposible. 
Es importante sin embargo poner en práctica un sistema de alerta. 
Además, es necesario que los Estados vigilen estrechamente el control de los textos. 
Sobre este punto, estamos de acuerdo. 
En cambio, no aceptamos que se aproveche la ocasión para ampliar un poco más todavía las ya pletóricas competencias de la Comisión Europea. 
Cualquier cosa sirve de pretexto para una nueva armonización, como si los virus, los microbios y las partículas contaminantes formaran parte de la libre circulación. 
Detengámonos por un momento en las profundas reflexiones de nuestros maníacos de la armonización. 
¡Microbios, armonicemos los servicios sanitarios! 
¡Riesgos para la seguridad alimentaria, armonicemos el contenido de los platos por medio de una política nutricional común! 
¡Armonicemos, armonicemos, y para controlar la realidad de todas estas armonizaciones, nada mejor que un cuerpo de élite comunitario uniformado, bien dócil, que verifique la correcta aplicación de nuestro conjunto de ideas, porque nuestros Estados son villanos bribones que hay que vigilar! 
¡Pues no! Ya no aceptamos esta religión de la armonización. 
Hoy en día, esta forma de pensar uniformizadora, desconectada de cualquier realidad, conduce a algunos a pedir controles espontáneos, sin prevenir a esos Estados en los que Bruselas no confía en absoluto. 
Es inaceptable. 
Recuerden no obstante, mis queridos colegas, que la legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, que nuestra legitimidad, se basan exclusivamente en la voluntad de las naciones que nos encargamos de representar. 
Ya va siendo hora de acabar con una interpretación falaz del principio de subsidiariedad, que pretende incrementar cada día más la tutela de Bruselas sobre nuestras naciones. 
La enmienda propuesta por la Comisión de Medio Ambiente supone hoy un símbolo. 
Ustedes desean por todos los medios erradicar la soberanía de los Estados. 
¿No han oído la advertencia política lanzada por el pueblo danés el 28 de septiembre? 
¿O bien piensan Ustedes que algo huele a podrido en el Reino de Dinamarca? 
Tal vez tengan Ustedes el mismo concepto de democracia que el revolucionario Prior del Marne, que declaró en la tribuna de la Convención durante el Terror: "hay que hacer el bien del pueblo a pesar del pueblo, hay que obligarle a ser libre". 
Nuestros pueblos están hartos de que se les obligue a ser libres, de estar cada día más limitados en sus actividades por pequeñas normas puntillosas y asfixiantes. 
Al ignorar la pertenencia nacional y el papel del Estado-nación, la idea única que Ustedes representan está desfasada y es peligrosa. 
Asfixia la idea europea. 
Por favor, salven Ustedes Europa y dejen de alimentar el coloso armonizador con quimeras irresponsables. 
Señor Presidente, espero que en el futuro los miembros del Parlamento traten de debatir cada vez más y mejor, ya que esta mañana he escuchado a algunos colegas y probablemente, mejor dicho, seguramente ha sido mal interpretada la posición que hemos asumido como Partido Popular. 
Nosotros no rechazamos el informe Paulsen, lo suscribimos totalmente. 
Nuestra intervención, especialmente sobre el artículo 5, tiene una raíz profunda y deriva del hecho de que un instrumento coherente e importante como este informe sigue siendo parcial, porque atañe a propuestas relacionadas con la producción y no considera en absoluto lo que ocurre en el ámbito comercial. 
Por ello, el resultado es que, como consumidores europeos, tendremos que continuar comprando carne y leche y sus derivados producidos en los mercados mundiales con piensos que no guardan ningún tipo de relación con los umbrales y los valores límite que hemos establecido como Unión Europea, y con un sistema de producción de piensos que adquiere materias primas en los mercados internacionales, libres de mezclar cualquier principio y formulación antes de comercializar sus productos en el territorio de la Unión. 
Los que nosotros pedimos es una valoración global del problema precisamente para proteger lo mejor posible a los agricultores. 
De hecho, una propuesta tan importante como el informe Paulsen consigue un efecto perverso, esto es, abrir el mercado a producciones que, cualitativamente, no satisfacen en absoluto los límites y los umbrales que nosotros pedimos. 
Ésta es la razón del debate que hemos mantenido en la Comisión de Agricultura y al final no querríamos que, como siempre, cuando se trata de propuestas serias, los que paguen sean los agricultores que son los únicos garantes de una relación producción-territorio que debe ser absolutamente protegida y tutelada por este Parlamento. 
En consecuencia, invito a todas sus Señorías a un debate serio. No queremos defender en absoluto los intereses de categoría, queremos tener un sistema productivo respetuoso que, sin embargo, no implique una salida del mercado con estas clase de propuestas. 
Señor Presidente, este Parlamento y esta Comisión tienen el deber de proteger la salud de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Es precisamente lo que intentamos hacer con este informe, por el que felicito a la Sra. Paulsen. 
Ciertamente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor era la comisión idónea para presentar estas propuestas, habida cuenta de lo que hemos oído. 
Hemos tenido que aprender la lección del escándalo de las dioxinas. 
La Comisión propone ahora suprimir la excepción en el caso de los piensos compuestos y nos presenta la opción de establecer límites de intervención por debajo de los límites máximos permitidos en casos de auténtica emergencia. 
Al igual que la ponente, creo que existen fundamentos para hacer todas estas cosas y para que se analicen las sustancias a las que ha hecho referencia, que aunque no son tóxicas por sí mismas, muestran incrementos en los niveles más elevados. 
La alimentación animal que se demuestre que no es segura debe ciertamente ser retirada de la cadena alimenticia. 
No es sólo una medida cautelar, es de sentido común. 
El sentido común tiene dos caras. 
Si vamos a proponer, por ejemplo, una reducción a la décima parte en los materiales a los que se les autoriza la entrada en la Unión Europea para dilución por parte de los productores de piensos que cumplen la normativa, deberíamos estar seguros de que existe una base científica sólida para dicha propuesta. 
Como sabrá el Comisario, el Comité consultivo independiente sobre alimentación animal de mi país ha mostrado su preocupación porque dicha prohibición podría obligar a los productores que utilizan la dilución a abandonar el territorio de la UE y buscar otros países en los que existan menos probabilidades de ser vigilados y controlados correctamente para cualquier futura entrada en la Unión. 
La comisión reconoce la necesidad de que existan valores límite para ingredientes indeseables, por encima de los cuales, los materiales tendrían que ser destruidos. 
Antes de la segunda lectura, necesitamos conocer la opinión de la Comisión sobre cómo se realizará la evaluación de los factores de riesgo. 
Es una petición muy sencilla que no está relacionada con ninguna enmienda específica de las que se han presentado en esta primera lectura. 
Puede, sin embargo, ser determinante para el sentido de nuestra votación en esta fase. 
Sospecho que también determinará el modo en que podremos defender el fundamento, que muy acertadamente quiere defender la Comisión, en favor de alimentos seguros en Europa, fuera de la Unión Europea, ante los exportadores de terceros países que se verán afectados por los nuevos niveles y ante la OMC, en caso de que se presentara allí alguna denuncia de lo que estamos haciendo aquí. 
Esperamos con interés poder oír de la Comisión cómo piensa demostrar que su respuesta aquí no es sólo cautelar- que sin duda lo es -, sino también proporcionada. 
Señor Presidente, comparto la idea de que la legislación de un sector como éste debe ser globalizante y de gran cobertura, pero, como agricultor que soy, no puedo compartir todo lo expuesto en este informe, como por ejemplo la propuesta de que todos los alimentos para animales que hayan sido producidos en la propia finca también fuesen incluidos en el ámbito de influencia de las regulaciones. 
Yo creo que se trata de un punto que no es posible aplicar o controlar en la práctica. 
Por ello, tendríamos que concentrarnos en aquellos aspectos legislativos que sean sensatos en el sentido de que puedan ser aplicados, controlados y ejecutados en la práctica. 
Las legislaciones que no pueden ser controladas ni aplicadas a efectos prácticos restan, obviamente, credibilidad al Parlamento, como también lo hace el hecho de que nosotros elaboremos tales legislaciones. 
Pongo como ejemplo la enmienda 18. 
¿Cómo se podrá controlar en la práctica qué beben y dónde beben los animales que se dejan sueltos en la naturaleza? 
La idea básica es correcta. 
La legislación ha de ser globalizante y de gran cobertura, pero también ha de ser tal que pueda ser ejecutada y controlada en la práctica. 
La aplicación de las estipulaciones a los alimentos para animales elaborados en la propia finca es un asunto que no puede ser ejecutado ni controlado en la práctica. 
Por lo demás, comparto a grandes rasgos estas líneas generales y la idea de fondo. 
Señor Presidente, solamente cuidando la totalidad de la cadena alimentaria podremos conseguir alimentos sanos y saludables, es decir, fijándonos en la forma de cultivar, en la tierra y las semillas, en las condiciones en que se crían los animales y en los piensos que comen y el agua que beben. 
Los residuos venenosos, los contaminantes, las deficiencias zootécnicas y la mala higiene dan como resultado, tarde o temprano, animales enfermos y, consecuentemente, más enfermedades en los humanos. 
Desgraciadamente se ha perdido gran parte de los conocimientos heredados, la sabiduría campesina, en una producción industrial en la que los animales se han reducido a ser unidades de producción y mercancías. 
Estoy convencida de que si la agricultura fuese ecológica no tendríamos los graves problemas de hoy. 
Actualmente la situación es como es. 
Las dos propuestas que discutimos, acerca de sustancias y productos no deseables en la alimentación animal y de los controles oficiales en este ámbito, son, por tanto, necesarias. 
Ellas representan también un paso hacia un paquete de medidas en favor de la salubridad de los alimentos. 
Quiero felicitar a la ponente Sra. Paulsen por la consecuencia con la que ha trabajado para mejorar el texto de la Comisión y por los conocimientos que ha demostrado. 
Me alegro también de que el Grupo PPE-DE haya retirado la enmienda sobre los problemas de mezclas. 
Esto me ahorra un buen tiempo de mi intervención. 
Por el contrario, sería lamentable que se aprobasen, por ejemplo, las enmiendas 39 y 40, ya que implicaría que desaparecería la posibilidad de los Estados miembros de intervenir con rapidez frente a los nuevos peligros que se descubran. 
La experiencia ha demostrado que esto es precisamente lo que debe hacerse. 
Hay que reaccionar muy rápidamente, puesto que está en juego la salud de las personas. 
Además, siempre hay que tener presente el principio de cautela. 
Respaldo la propuesta de la ponente, pero voy a votar en contra de la enmienda del Grupo PPE-DE. 
Señor Presidente, celebro la oportunidad de hacer una breve contribución a este debate, que pone de relieve el importante papel del Parlamento Europeo en el ámbito fundamental de la seguridad alimentaria, la salud pública y la protección del medio ambiente. 
El restablecimiento de la confianza de los consumidores en los productos alimenticios beneficia a los agricultores y los consumidores. 
En esta saga tan triste, los agricultores han sido, en muchos casos, las víctimas inocentes de circunstancias que escapan a su control. 
En este debate tan amplio tiene un papel decisivo el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria, que propone, por primera vez, un marco de conducta que situará a Europa y a sus Estados miembros a la cabeza de la seguridad alimentaria del mundo, y que ha sido posible gracias a la clara e inequívoca preocupación que sienten los 370 millones de consumidores de la Unión Europea por la seguridad de la cadena alimentaria europea. 
Los Estados miembros deberán elaborar programas de inspección destinados específicamente a la aplicación de estas directivas, y deberán informar a la Comisión Europea tan pronto como detecten un peligro grave de contaminación. 
Asimismo, la Unión deberá establecer un fundamento jurídico, a través de directivas, para armonizar la transferencia de información sobre los controles de alimentación y la seguridad alimentaria. 
Quisiera comentar brevemente la Directiva relativa a las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal. 
La crisis de las dioxinas en los pollos puso de manifiesto las carencias de la legislación comunitaria y la alimentación animal. 
La directiva pondrá fin a la posibilidad de autorizar el uso de materias primas para alimentación animal que superen los valores límite establecidos. 
Estas directivas forman parte de la reorganización más radical de las normativas comunitarias en materia de higiene y de seguridad alimentaria de los últimos 25 años. 
Las nuevas normativas fusionarán, armonizarán y simplificarán requisitos en materia de higiene muy complejos y detallados que hasta ahora estaban esparcidos en numerosas directivas. 
Todos hemos aprendido nuestra lección de la crisis alimentaria de los años noventa. 
Confío plenamente en que con este conjunto sistemático de normas uniformes estemos sentando las bases para colmar las lagunas que existen en la legislación en vigor y mejorar la seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los consumidores se han vuelto muchísimo más conscientes después de los numerosos escándalos que han afectado a los alimentos. 
Yo creo que el lema "de la granja al consumidor" podría ser elegido prácticamente sin competencia como la frase del año de la política de protección del consumidor de la UE. 
Sin embargo, si queremos poner en práctica de manera consecuente esta transparencia, debemos hacer efectivo nuestro compromiso "del campo al plato", desde la horquilla de estiércol hasta el tenedor. 
La protección de los consumidores empieza por la alimentación animal, por el contenido de los piensos, su declaración y, finalmente, su control administrativo. 
En los tres informes nos enfrentamos con una disyuntiva. 
En el caso de las sustancias contenidas en los piensos, debemos tener presente que la seguridad alimentaria es un tema sumamente delicado. 
Cuando los estudios científicos se pronuncian de manera unánime en contra de la utilización de determinadas sustancias, es preciso aplicar el principio de prevención. 
Sin embargo, yo dudo que consigamos imponer un nivel de tolerancia cero. 
Sería una medida dudosa con vistas a la protección del consumidor y, sobre todo, ciertamente tampoco sería practicable. 
Con lo cual, el propio contenido de la norma minaría su eficacia. 
En el caso de la declaración- abierta o semiabierta- del contenido de los piensos, también nos enfrentamos ciertamente con una disyuntiva entre la protección del consumidor y la rentabilidad económica. 
En cualquier caso, los actuales métodos de análisis permiten conocer la composición con toda claridad, señor Comisario Byrne. 
Es decir, que quien quiera saber qué le está ofreciendo el competidor a su cliente ya hace tiempo que puede averiguarlo. 
Antes de acabar, quisiera mencionar muy brevemente dos problemas que plantea la declaración. 
Según mis indagaciones, el número de quienes se informan sobre el contenido exacto es relativamente escaso. 
Lo cual enlaza con el siguiente punto. 
La declaración completa también supone ciertamente un coste, que recae en último término sobre el agricultor. 
Los controles administrativos completan la cadena de transparencia en el sector de los piensos. 
No obstante, a pesar de todos nuestros esfuerzos, lamentablemente no va a ser posible descartar por completo la posibilidad de que en el futuro se repitan las maniobras delictivas. 
Como última observación, quiero señalar que la calidad de nuestros alimentos en realidad me preocupa menos que la conducta alimentaria de nuestra ciudadanía en general. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la colega Paulsen sobre las sustancias indeseables en la alimentación animal se ocupa de un tema importante que, como todas las cuestiones importantes, suscita muchas discrepancias. 
No obstante, más allá de nuestra coincidencia en cuanto al resultado, yo quiero expresar en primer lugar mi sincero agradecimiento a todas y todos los colegas que han participado de manera constructiva en los trabajos previos. 
En mi intervención de hoy, en nombre de mi Grupo, en mi calidad de ponente de opinión "en la sombra" de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, creo que es preciso constatar cinco puntos. 
En primer lugar, la nueva propuesta de la Comisión de diciembre de 1999, en la que se basa el informe de la Sra. Paulsen, planteaba un cambio total de sistema menos de año después de la adopción de la actual Directiva de abril de 1999. 
Se abandona la distinción entre los piensos, las materias primas y los aditivos para piensos. 
Como resultado final, la nueva directiva que hoy vamos a votar no modifica nada en lo que respecta a la calidad de los piensos, puesto que se mantienen los mismos valores límite que establece la actual Directiva para el producto final. 
Esto también es cierto en el caso de las dioxinas. 
No se introduce ninguna modificación en lo que respecta a la cuestión que se está debatiendo en un tono tan crítico. 
También yo digo que un delito es un delitos. 
En segundo lugar, es evidente que a pesar de todo se va a introducir un cambio que afecta a los agricultores, que son los productores de las materias primas utilizadas en los piensos. 
En el futuro, éstos se van a ver obligados a destruir un número considerablemente mayor de partidas de materias primas. 
Nosotros aspiramos, no obstante, a una normativa completa, seria y viable para todas las partes implicadas. 
En cuanto a si lo que ahora se ha decidido resulta razonable- sobre todo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y también desde un punto de vista políticoeconómico- y se puede destacar como un acierto, mi opinión es que no. 
No obstante, por las conversaciones que he mantenido, sé que en este momento no represento la opinión de la mayoría de la Asamblea en relación con este punto. 
Sin embargo, justamente por ello, es importante remarcar que se debe compensar a la agricultura por las nuevas pérdidas y perjuicios que va a sufrir en este contexto- por las razones que la Sra. Paulsen ha expuesto acertadamente -, y que debemos adoptar directivas con este fin y reflexionar sobre cómo vamos a plantear estas cuestiones en las negociaciones en el marco de la OMC y cómo vamos a tratar esta clase de importaciones. 
Presidente, esta directiva es parte de un paquete de medidas coherente, planeado también para asegurar realmente todos las fases de la cadena de productos alimenticios. 
Se debe intentar mejorar la seguridad de los alimentos y también excluir todas las crisis que, no sólo someten a una dura prueba de paciencia al consumidor, sino que al final también desacreditan todo el sector agrícola. 
Presidente, la discusión sobre este buen informe de la señora Paulsen tenía matices muy emocionales en unos cuantos puntos, y yo pienso que, una vez terminado este debate, debemos partir de la base que los requisitos exigidos a la industria de forrajes para el ganado ciertamente son estrictos pero a continuación podemos hacer que la calidad se modifique agregando componentes. 
Presidente, yo creo que no es esto precisamente lo que el consumidor espera y también tengo la sensación de que, allí donde la industria de piensos compuestos tiene problemas en estos momentos, finalmente son los ganaderos los que cargan con las consecuencias de dañar la confianza del consumidor. 
Por tanto, Presidente, estoy contento con esta regulación, porque creo que la seguridad de los alimentos en realidad es una cuestión de elegir y eso significa en este caso que los intereses del productor y del consumidor, del ganadero y de aquel que compra el producto, deben ir de la mano, y tengo la sensación de que las derogaciones concedidas en los artículos 6 y 7 proporcionan la posibilidad de actuar en determinados puntos de forma no sólo más flexible sino también más estricta. 
Señor Presidente, las propuestas de directiva que nos ocupan están relacionadas con la aspiración de la Unión a restituir la confianza de los ciudadanos en los alimentos europeos y, al mismo tiempo, la confianza de los ciudadanos en la capacidad de la Unión para actuar en este asunto que influye en la vida de los ciudadanos. 
La Sra. Marit Paulsen ha participado de forma sobresaliente en esta tarea elaborando el informe relativo a las sustancias nocivas en los alimentos para animales y al control sobre los mismos. 
En la práctica, es imposible exigir que no contengan ninguna sustancia nociva los alimentos para animales. 
Ahora estamos ratificando las cantidades máximas que no deberán sobrepasarse para que el pienso sea declarado apto. 
La Comisión propone también que se suprima la posibilidad de mezclar las partidas de pienso que hayan sobrepasado las cantidades máximas con otras partidas que estén por debajo del límite permitido. 
Afortunadamente, hasta ahora esta práctica ha sido ajena a la industria de piensos animales en muchos Estados miembros. 
En este aspecto, la propuesta de la Comisión es bienvenida y claramente mejor que la enmienda sacada a discusión en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, la cual seguiría autorizando las mezclas desconcentradoras. 
Estas mezclas sólo provocarían situaciones de riesgo sanitario en el uso y manipulación de las materias primas. 
Finalmente, la comisión parlamentaria propone que, en este aspecto, se adopte la propuesta de la Comisión. 
Lo único que echo de menos en el trabajo realizado por la comisión es que se tienda una mano a los productores. 
La destrucción de una partida de pienso contaminado debe ser, evidentemente, indemnizada al agricultor, tal y como se indemniza, por ejemplo, la eliminación de los animales que han contraído enfermedades EET. 
Estas indemnizaciones son necesarias, aunque es evidente que los propios agricultores se esmeran al máximo para garnatizar la salud de sus animales. 
La comisión también aprobó la propuesta presentada por nosotros que recuerda la división existente entre las normas relativas, por un lado, a los alimentos para animales producidos en la propia finca y, por el otro, a los piensos comerciales. 
La calidad óptima de los primeros está estipulada en la legislación sobre la higiene, mientras que la Directiva relativa a las sustancias nocivas en los alimentos animales es esencial para los segundos. 
Debemos seguir manteniendo esta división en el futuro. 
Si la legislación sobre la higiene tiene carencias en lo que respecta a este punto, tendrá que ser revisada. 
. (EN) Señor Presidente, la Asamblea ha debatido hoy tres importantes propuestas que repercuten en la seguridad alimentaria: propuestas sobre sustancias indeseables, controles en el ámbito de la alimentación animal y, por último, la comercialización de piensos compuestos. 
Estas tres propuestas abordan, individual y colectivamente, las graves carencias que la crisis de las dioxinas ha sacado a la luz. 
Volviendo a la primera propuesta sobre sustancias indeseables, deseo expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Paulsen, y a la ponente para opinión, Sra. Auroi, así como a las comisiones por haber elaborado un informe tan exhaustivo. 
La propuesta modifica la actual legislación sobre sustancias indeseables. 
Forma parte del programa marco de la Comisión, que obtuvo una buena acogida en el Parlamento y el Consejo. 
Los principales principios de la propuesta son: la introducción del principio de no dilución, la eliminación de posibles excepciones por causas locales, la introducción de la posibilidad de establecer límites de intervención, aparte de los límites máximos, como el sistema de alerta rápida, y la ampliación del alcance de la directiva para fijar los límites máximos de las sustancias indeseables en los aditivos de los piensos. 
Esta propuesta mejorará, sin duda, la seguridad de los piensos. 
La prohibición de dilución reducirá la carga de contaminación general en la alimentación animal. 
En todas las fases de la cadena de producción, los operadores estarán obligados a establecer sistemas y prácticas que garanticen la seguridad de las materias primas y de los piensos que produzcan. 
Fomentará el talante positivo respecto a la reducción de la contaminación en la cadena alimentaria. 
Por ello, me complace mucho que el informe de la Sra. Paulsen respalde los principios más importantes de la propuesta de la Comisión. 
La Comisión puede aceptar muchas de las enmiendas presentadas en el informe de la ponente. 
No obstante, permítanme que antes me refiera a las enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
La enmienda 18 propone explícitamente que se incluya el agua en la definición de los piensos. 
Estoy completamente de acuerdo en que las mismas normas relativas a la calidad de los piensos se apliquen también a la calidad del agua que consumen los animales. 
Aunque la definición no excluye que el agua se considere como pienso, resulta evidente de la legislación comunitaria que el agua no ha sido considerada hasta ahora como pienso, como queda claro del hecho de que la Directiva del Consejo 96/25 de 29 de abril de 1996 sobre la circulación de materias primas para la alimentación animal, que contiene una lista no exhaustiva de las principales materias primas, no incluye el agua en la lista. 
Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar esta enmienda, pero la estudiará en el contexto de una futura modificación de dicha directiva. 
En segundo lugar, la Comisión no puede aprobar la enmienda 27, en la que el Parlamento propone que se elimine la posibilidad de definir los criterios de aceptabilidad de las materias primas para piensos que hayan sido sometidas a ciertos procesos de descontaminación. 
En mi opinión, esta enmienda erra el blanco. 
En cualquier caso, la Comisión no puede aceptar una enmienda que prohiba la descontaminación. 
No obstante, deben establecerse, a nivel comunitario, criterios de calidad rigurosos para dichos procedimientos de descontaminación. 
La enmienda 33 elimina la posibilidad de reexportar al país de origen las partidas no reglamentarias. 
La Comisión no puede aceptar esta enmienda. 
La posibilidad de reexportar partidas no reglamentarias al país de origen debe quedar abierta. 
No obstante, con el fin de apaciguar la preocupación del Parlamento, la Comisión reconoce la conveniencia de insertar una disposición adicional en el sentido de que la reexportación es posible previa notificación a las autoridades competentes del país de origen y tras obtener garantías de que la partida contaminada será destruida mediante métodos seguros. 
Por último, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 35, 36 y 37 que proponen modificar los límites máximos de cadmio, mercurio, toxinas y PCB en determinados piensos, porque las enmiendas a los anexos deben estar basadas en una evaluación científica de los elementos de riesgo y deben ser presentadas por la Comisión previo procedimiento en comisión. 
En lo que respecta a los PCB, el comité científico pertinente está realizando las investigaciones oportunas en estos momentos. 
Esperamos que dicho comité informe en octubre. Para entonces, estaremos en condiciones de estudiar qué medidas adecuadas debemos tomar en el procedimiento de comitología. 
La Comisión revisará con carácter prioritario las disposiciones en vigor relativas a cadmio y mercurio y pedirá al Comité científico de alimentación animal que realice una evaluación científica de los elementos de riesgo de dichos metales pesados. 
Esto ya se ha hecho en el caso de las dioxinas y los PCB, y cabe esperar que esta evaluación científica de los elementos de riesgo esté disponible, como decía, en octubre. 
Sobre la base de dichas evaluaciones científicas de los elementos de riesgo, la Comisión propondrá a los Estados miembros medidas adecuadas para limitar la presencia de estas sustancias en los piensos. 
Ni que decir tiene que el Parlamento Europeo será informado puntualmente. 
En términos más generales, es conveniente que las disposiciones de los anexos sean revisadas periódicamente a la luz de los avances de los conocimientos científicos y tecnológicos. 
La enmienda 38 es inaceptable porque queda fuera del ámbito de la presente directiva. 
Las enmiendas 39 y 40, que proponen la eliminación de la posibilidad de establecer un límite de intervención, son igualmente inaceptables. 
Estos límites de intervención actuarán como sistema de alerta rápida; alertarán a las autoridades competentes y a los operadores para que adopten las medidas oportunas para prevenir una mayor contaminación de la cadena alimentaria, identifiquen las fuentes de contaminación y para evitar que vuelva a repetirse en el futuro. 
Las enmiendas 41, 42, 43 y 44, que proponen introducir la posibilidad de dilución en determinadas condiciones de materias primas para piensos contaminadas, también son inaceptables. 
Deduzco de la intervención de la Sra. Klaß que estas enmiendas han sido retiradas. 
Me alegra saberlo, porque van en contra del principio principal de la propuesta de la Comisión, a saber, la prohibición total de dilución de materias primas para piensos contaminadas. 
Para poder proteger la salud pública, es importante que la contaminación general de los alimentos y de la cadena alimentaria sea reducida al nivel más bajo que razonablemente pueda alcanzarse. 
La dilución no reduce el nivel total de contaminación en los productos alimenticios y la cadena alimentaria. 
No obstante, he tomado nota asimismo de las objeciones en el Consejo a la prohibición total de dilución, pero estoy convencido de que encontraremos una solución aceptable para impedir que los piensos se conviertan en el cubo de la basura de los contaminantes. 
En la segunda fase, podremos abordar los temas que ha planteado el Sr. Whitehead en relación con estos asuntos en particular. 
Tras haberme extendido en los motivos por los que la Comisión no puede aceptar las enmiendas 18, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, me complace decir que la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 45, ya que éstas constituyen una clarificación importante de la propuesta de la Comisión, aunque en el caso de algunas de estas enmiendas, en particular, las enmiendas 3, 4, 30, 34 y 45, algunas modificaciones de redacción pueden mejorar el texto. 
Respecto a la enmienda 20, la Comisión puede aceptar la inclusión de la definición de partida, pero la definición propuesta necesita ser analizada más detenidamente, al igual que la necesidad de incluir otras definiciones. 
Para terminar, deseo, una vez más, expresar mi agradecimiento a la Sra. Paulsen por el excelente informe que la Comisión puede respaldar en buena medida. 
A continuación quiero pasar a la segunda propuesta en importancia que hoy nos ocupa y que tiene repercusiones considerables para la seguridad alimentaria. 
Una vez más, quisiera agradecer a la Sra. Paulsen y la Sra. Auroi el amplio apoyo que dan en sus informes a la propuesta de la Comisión relativa a los controles en el ámbito de la alimentación animal. 
Esta propuesta es el seguimiento de uno de mis primeros compromisos de mejorar la seguridad alimentaria y establecer un sistema para el intercambio de información en el ámbito de la alimentación animal, que hace referencia especial a un sistema de alerta rápida y un fundamento jurídico que permita la adopción de medidas de salvaguarda de los productos producidos en la Comunidad y también la obligación de los Estados miembros de disponer de medidas de prevención para hacer frente a las emergencias en el ámbito de la alimentación animal. 
Tras haber estudiado las enmiendas presentadas para su aprobación en esta sesión plenaria, agradezco el apoyo del Parlamento a la propuesta. 
En nombre de la Comisión, puedo aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 25 y 26, porque proporcionan clarificación y aumentan la transparencia. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 14, 17- en particular, la primera frase- y 19 relativa a la eliminación del adjetivo "grave" para designar un riesgo, por razones de coherencia con nuestra política general recogida en la Directiva relativa a la seguridad general de los productos. 
En otras palabras, no todos los riesgos exigen la intervención inmediata a nivel comunitario. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 5 y 22 sobre el sistema de alerta rápida en la formulación actual. 
La Comisión aprueba que en la enmienda 5 se añada la referencia a las modificaciones en el actual sistema de alerta rápida y cito "una vez realizadas ciertas modificaciones". 
Eso debería ser suficiente, teniendo en cuenta nuestro compromiso de establecer un sistema de alerta rápida que abarque toda la cadena alimentaria y de alimentación animal en la nueva propuesta sobre la autoridad alimentaria. 
En principio, no estoy en contra de las enmiendas 15, 16, 20- último apartado- relativas al cambio de "descontaminación" por "neutralización", no obstante, introduciremos algunas modificaciones de redacción en este sentido. 
Respecto a la enmienda 17, acepto el principio de que debe prohibirse la utilización de productos peligrosos y que éstos sean denominados de forma diferente. 
La enmienda necesita modificaciones de formulación para aclarar que estas medidas forman parte de las responsabilidades de los Estados miembros. 
No podemos aceptar la enmienda 21, segundo párrafo, (a) , porque existe un malentendido lingüístico: "contaminación cruzada" es la formulación adecuada que debe utilizarse. 
Acepto la enmienda 24, a condición de que se modifique el texto con el fin de aclarar que la posibilidad de que la Comisión lleve a cabo un control "sin advertencia previa" se refiere únicamente a los operadores y no a las autoridades competentes. 
Por último, no podemos aceptar la enmienda 27 que introduce en los considerandos una referencia a la responsabilidad civil y penal en el caso de pérdidas o daños. 
No es necesaria. 
La Directiva 95/53 fundamental ya estipula, en el artículo 19, que las sanciones por incumplimiento serán acordes y tendrán un efecto disuasorio y cuando una responsabilidad quede probada en los tribunales, se aplicará la responsabilidad civil y/o penal. 
En términos generales, por consiguiente, la Comisión puede aceptar 15 de las 27 enmiendas. 
Doy las gracias a las ponentes y a los distinguidos miembros de las comisiones que han participado por su considerable apoyo. 
Espero que nuestra cooperación continúe dando los mismos frutos cuando debatamos esta propuesta en la segunda lectura. 
Comercialización de los piensos compuestos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0233/2000) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE relativa a la comercialización de los piensos compuestos (COM (1999) 744- C5-0020/2000- 2000/0015 (COD) ). 
Tiene la palabra el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Señor Comisario Byrne, tras esta directiva relativa la comercialización de los piensos compuestos subyace en el fondo un viejo problema, concretamente, el de la declaración abierta. 
Es una satisfacción personal para mí tener la oportunidad de actuar como ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, puesto que se trata de un problema que nos acompaña desde hace ya varias décadas. 
En la época en que participábamos en la Landjugend, en Alemania- el Sr. Böge ya lo sabe- ya mantuvimos esta discusión, pues la declaración abierta ya existió en otro tiempo. Luego se suprimió, atendiendo a los intereses de la industria de producción de piensos. 
Se determinaba mediante ordenador la composición de los piensos compuestos más rentable en cada momento y para evitar que las consumidoras y los consumidores- en este caso las agricultoras y los agricultores- se indignasen ante la continua modificación de los ingredientes, se redujeron las indicaciones, limitándolas a los componentes básicos, esto es, los hidratos de carbono, proteínas y grasas. 
Esto garantizaba, sin duda, el contenido sustancial del pienso compuesto. 
Los ordenadores se encargaban de calcularlo, pero ya no quedaba claro qué ingredientes componían dicho contenido sustancial. 
Nosotros siempre hemos insistido en la necesidad de transparencia. 
Luego se empezaron a escuchar los argumentos más descabellados, en el sentido de que era imposible acreditar la composición, que resultaba demasiado difícil, que se trataba de un problema de distorsión de la competencia, todo lo que ahora volvemos a oír de nuevo. 
La Comisión temporal de investigación sobre la EEB pidió luego por primera vez, cito literalmente su informe del 6 de febrero de 1997, que "... el etiquetado deberá contener una declaración obligatoria explícita sobre los alimentos para animales, elaborada por los fabricantes, que permita identificar claramente los componentes y el origen de los ingredientes, así como las instrucciones de utilización ". 
Esa era nuestra recomendación, pero la Comisión no la hizo suya. 
Volvimos a insistir sobre ello desde la Comisión temporal para el seguimiento de las recomendaciones sobre la EEB, pero en 1998 la Comisión afirmó que la declaración abierta ya existía. 
El escándalo de la EBB no bastó para relegar a un segundo plano los intereses de los fabricantes de piensos compuestos. 
Luego se sumó el escándalo de las dioxinas y fue bueno que los Comisarios se viesen obligados a comparecer ante el Parlamento; seguro que lo recuerda, señor Byrne. 
Quienes les escribieron, a usted y a los demás Comisarios, el guión sobre este punto tuvieron la perspicacia de incluir que ustedes también eran partidarios de la declaración abierta. Enseguida les preguntamos por esta cuestión. 
¿Lo dicen en serio? , les preguntamos. 
Sí, lo decían en serio y ahora tenemos sobre la mesa esta propuesta, que responde plenamente a nuestros planteamientos. Hemos propuesto algunas pequeñas enmiendas. 
En este contexto, yo quiero expresar también mi agradecimiento a la ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, Sra. Roth-Behrendt. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha hecho suyos los aspectos esenciales de sus enmiendas, pero el fondo de la propuesta de la Comisión es correcto y vamos a apoyarlo. 
Los fabricantes de piensos compuestos han intentado influir nuevamente sobre el Consejo y hacer naufragar la declaración abierta. 
Yo doy por hecho que está vez no se saldrán con la suya. 
Sobre todo, queda claro que los ingredientes no se podrán agrupar por categorías. 
Esto era lo peor de la normativa hasta ahora vigente, esto es, que se pudiesen agrupar toda clase de grasas bajo la indicación de grasas, sin que quedase clara en absoluto la procedencia de dichas sustancias grasas. 
Lo mismo ocurría en el caso de las proteínas. En la Comisión de investigación sobre la EEB lamentamos repetidamente la incorporación de proteínas animales, o sea de harinas animales, a los piensos compuestos, aparentemente no con objeto de cumplir con la proporción de proteínas, sino para abaratar los costes y con el fin de elevar el contenido global de nutrientes con el menor coste posible. 
Los resultados ya se conocen. 
Señor Comisario Byrne, estamos muy satisfechos. 
Este informe y esta normativa se tramitan por el procedimiento de codecisión. 
Yo confío en que podamos alcanzar un acuerdo con el Consejo y el resultado final se concrete en el sentido de la propuesta común que ha presentado la Comisión acompañada de nuestras precisiones, de manera que podamos decir: Sí, ha tardado años y hasta décadas, pero la declaración abierta es ahora ley en la Unión Europea. ¡Será una satisfacción especial para mí! 
Señor Presidente, es un motivo de especial satisfacción para mí constatar que cada vez me entero de algo nuevo en esta Asamblea y ahora acabo de saber que ya existió una declaración abierta en la época en que mis apreciados colegas Graefe zu Baringdorf y Böge coincidieron en la Landjugend, o sea prácticamente hasta anteayer. 
Este es ya un beneficio que me ha reportado la sesión de esta mañana. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf, en su calidad de ponente de la comisión finalmente competente para el fondo, ha recordado que hace tiempo que pedimos esta declaración abierta y que después de la EEB volvimos a plantear con renovada insistencia nuestras peticiones a la Comisión en lo que respecta a la comercialización de los piensos compuestos. 
También ha elogiado merecidamente a la Comisión por la relativa rapidez con que ha respondido a las peticiones. 
La propuesta de la Comisión es correcta y yo estoy convencida asimismo de que la Asamblea aprobará las escasas enmiendas con una unanimidad suficiente para que podamos plantar cara al Consejo. 
Me resulta totalmente incomprensible por qué los fabricantes de piensos compuestos, que han hablado con muchos de nosotros, creen que oponerse a la declaración abierta les favorece. 
No les favorece en absoluto. 
Tenemos que empezar a recuperar la confianza perdida de la población- todos lo repetimos en nuestros discursos, en esta Cámara y también en nuestros países- y debemos recuperarla en serio. 
Esto incluye una serie de exigencias. Una de éstas es, por ejemplo, la declaración abierta, y una declaración abierta no es la mera indicación porcentual de los ingredientes, sino una relación clara y precisa de los mismos, y no únicamente de sus categorías o nombres genéricos. 
No es admisible que la indicación diga "hidratos de carbono, grasas o proteínas", sino que se debe indicar qué proteínas o qué grasas están presentes. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf ya lo ha dejado claro. 
Pero necesitamos todavía algo más y por esto tanto la Comisión de Agricultura como la Comisión de Medio Ambiente han inscrito en algo así como un molino de oración tibetano que necesitamos una lista positiva. 
Necesitamos disponer de una lista positiva de los aditivos e ingredientes autorizados en los piensos. 
La Comisión se ha comprometido a elaborarla y también ha anunciado que no podrá completarla de la noche a la mañana. 
Nosotros tampoco lo esperamos, pero sí esperamos que la Comisión presente periódicamente informes intermedios y que se marque un plazo aproximado. 
No es admisible, en efecto, que la Comisión vuelva a verse obligada a dirigirse a los Estados miembros para averiguar cómo interpretan la Directiva sobre los fangos de depuradora. 
¡Esto no puede ser! 
Tenemos que disponer de una lista positiva clara e inequívoca y ambos, tanto desde la Comisión de Agricultura como desde la Comisión de Medio Ambiente, volvemos a recordarlo. 
Clara significa con un alto grado de control y, por esto, ambas comisiones también señalan que la carga de la prueba recaerá en los fabricantes. 
Éstos deberán aportar la prueba de la composición de sus piensos compuestos y ofrecer información precisa sobre la misma cuando se les solicite, con lo cual se invierte la carga de la prueba y también se minimizan, además, los costes de control de los Estados miembros. 
En efecto, no queremos que el control genere unos gastos gigantescos y empezar a desplazarnos a todas partes para realizar inspecciones. 
Si así lo hacemos, si así lo transponemos rápidamente y si también completamos rápidamente el procedimiento de codecisión, sin duda habremos ganado mucho, y yo estoy segura de que podremos mantener una posición muy firme y unánime ante el Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, existe un adagio que dice que "lo bueno se hace esperar". El Sr. Graefe zu Baringdorf lo ha recordado claramente. 
Además de los grandes temas que vamos a debatir esta semana y de la decisión y la votación sobre la ampliación y las reformas institucionales, existen otras cuestiones que la población también sigue con interés y en relación con las cuales también se aprecia una cierta evolución. 
En los últimos años ha aumentado de manera apreciable la sensibilidad justamente en lo que respecta al sector de la alimentación y naturalmente también al sector de la alimentación animal, tanto en el caso de los alimentos destinados al consumo humano como de los piensos para animales. 
Si piensan en la EEB o las dioxinas, sabrán a qué me refiero. 
Esto también ha quedado claramente patente en los debates a propósito de los informes Paulsen. 
Esta sensibilidad también existe con respecto al tratamiento de los piensos o, más exactamente, a su tratamiento comercial. 
Cuando se mezclan ingredientes, la cautela es, a mi modo de ver aún mayor, tanto si se trata de la alimentación funcional (function food) como en el caso de los piensos compuestos. 
En estos casos, se espera que la etiqueta incluya indicaciones detalladas. 
Se debe conceder mayor importancia a la posibilidad de control. 
La declaración abierta obligatoria es necesaria y es recomendable la máxima transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria. 
A mi parecer, a la larga la transparencia también incrementará la competencia y sin duda también los incentivos para producir las mejores mezclas posibles. 
Los agricultores sencillamente necesitan poder conocer con mayor exactitud, también en cifras porcentuales- al menos cuando así lo soliciten -, todo lo que contienen los piensos compuestos y en qué proporción está presente. 
Tienen derecho a saberlo en su calidad de compradores y también en interés del consumidor. 
Igualmente importantes son, evidentemente, los aspectos relacionados con la seguridad de los alimentos- la carne de vacuno es también un tema que se debe tener en cuenta en este contexto- y la posibilidad de hacer un seguimiento de los ingredientes. 
Esto se contempla de manera adecuada, como mínimo, en la propuesta. Las enmiendas todavía la mejoran. 
El Grupo del PPE está de acuerdo con las enmiendas 1-5, pero no puede apoyar la enmienda 6. 
La cuestión de los cereales genéticamente modificados se debe regular en otro texto. 
Vamos a votar afirmativamente el informe modificado del Sr. Graefe zu Baringdorf, así como la resolución legislativa. 
Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al ponente, Sr. Graefe zu Baringdorf y también a la Sra. Roth-Berendt. 
No obstante, será necesario que sigamos manteniéndonos firmes. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, también en el futuro puede volver a ocurrir o al menos no se puede descartar que en los piensos se introduzcan materias primas contaminadas. 
Que esto ocurra de manera deliberada, o sea, delictiva, o no intencionada no es el tema del presente debate. 
Sin embargo, es esencial poder saber qué materia prima contaminada y en qué cantidad ha quedado incorporada al pienso en cuestión. 
La indicación de los ingredientes reagrupados por categorías y únicamente en orden decreciente, según su parte proporcional, resulta insuficiente a nuestro parecer. 
La petición de que se imponga legalmente la indicación obligatoria y completa de todas las materias primas contenidas en los piensos y la proporción de cada una es, por lo tanto, absolutamente imprescindible. 
El Grupo socialista comparte las consideraciones que hace el ponente en sus conclusiones sobre la declaración abierta de los ingredientes de los piensos. 
Dicha declaración abierta obligatoria debe constituir una parte de un sistema completo de medidas de seguridad en el sector de la producción de piensos. 
Éstos son, en efecto, el elemento más importante de la producción de carne. Las deficiencias en los sistemas de seguridad y de control incrementan el riesgo de que se repitan nuevos escándalos en el sector de la alimentación y acaban provocando una pérdida de confianza de los consumidores en la carne como alimento. 
El perjudicado siempre acaba siendo en última instancia el agricultor. 
Éste no sólo debe poder confiar en las indicaciones de los fabricantes de piensos, sino que también debe poder comprobar sobre la base de la declaración qué materias primas contienen los piensos y en qué cantidad. 
Nosotros consideramos que es necesaria una completa transparencia en relación con el agricultor. 
Antes de acabar, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento al ponente, Sr. Graefe zu Baringdorf, y también a la Sra. Roth-Behrendt por sus informes y expresar mi esperanza de que el Consejo adopte una posición constructiva en relación con estas cuestiones y podamos establecer conjuntamente un sistema de declaración más transparente para los piensos. 
Señor Presidente, Señorías, yo doy por sentado, en nombre de mi Grupo, que el Parlamento Europeo va a aprobar el informe sobre la propuesta de directiva relativa a la comercialización de los piensos compuestos. 
Sin embargo, también espero que la Comisión concrete a continuación, con un calendario riguroso, las medidas necesarias para garantizar su aplicación en los Estados miembros de la Unión. 
La situación de partida en lo que respecta a la declaración abierta, o sea, a la indicación completa de todas las materias primas contenidas en los piensos, es sumamente dispar en los diferentes Estados miembros. 
Las normas son difícilmente comparables y menos aún transferibles. 
En la larga cadena de productores de piensos compuestos existen intereses muy diferenciados en lo que respecta al seguimiento de los ingredientes. 
El escándalo de la EEB fue el ejemplo más grave y más conocido. 
Los agricultores siguen sufriendo sus consecuencias, puesto que se atentó de la manera más criminal contra la protección del consumidor. 
Como podemos constatar, se requieren años para introducir rectificaciones. 
Yo apoyo rotundamente que en la aplicación de las numerosas disposiciones necesarias en materia de control y supervisión de los piensos se tenga presente que el objetivo primordial es la transparencia para el consumidor. 
La Comisión puede demostrar en su desarrollo del informe que transparencia no es un sinónimo moderno de procedimientos burocráticos. 
Este riesgo existe, puesto que las normas jurídicas relativas a la seguridad de los alimentos deben cubrir todos los aspectos del ciclo, desde el suelo hasta las plantas y los animales. 
En el informe no queda inmediatamente claro en todos los casos a qué fin y a qué personas se propone servir. 
Finalmente, quiero resaltar que, a semejanza de lo que ocurrió en el caso del etiquetado de la carne de vacuno, el informe va a ser más bien acogido por el consumidor que por las cadenas de producción. 
Esta acabará siendo la cara segura de la medalla en lo que respecta a la sobreproducción europea y tendrá su compensación. 
Señor Presidente, Señor Comisario, queridos colegas, tras la composición de los alimentos para animales, para eliminar el mercurio, el plomo, el arsénico, el DDT, etc., se plantea la cuestión de la comercialización de estos alimentos. 
Todo esto, evidentemente, se debe al drama de la EEB, que ha sido un verdadero folletín, con distintos episodios. 
Tuvimos con el Sr. Böge el capítulo comisión de investigación en 1997, el capítulo embargo de la carne británica, el capítulo sobre el etiquetado de la carne, y ahora el capítulo relativo al etiquetado de los alimentos para animales. 
Evidentemente, el campesino tiene derecho a saber lo que comen sus vacas, y tiene derecho a saber si sus cerdos ingieren aceites de automoción con dioxinas. 
En consecuencia, es necesaria en los alimentos una etiqueta que indique su composición exacta. 
Es fácil, pero desde hace diez años, andamos con rodeos. 
Es cierto que hay etiquetas que dicen la mitad de la verdad, que dicen "materias grasas", y eso puede ser aceites de pescado, aceites vegetales, sebo o grasa. 
De sentido común- lo ha dicho nuestro ponente- sería evidentemente tener una etiqueta abierta, que presentara la lista de los ingredientes. 
Pero aquí, se nos ha dicho que hay que proteger la propiedad intelectual de las composiciones de los fabricantes, que los controles son difíciles, que la etiqueta es muy densa, con la enumeración de los valores nutritivos y de las materias primas, que la composición puede cambiar de un mercado a otro. 
O sea, en resumen, se ha intentado ganar tiempo. 
Hoy, adoptamos una solución correcta, aunque no mencionemos los alimentos para animales basados en las modificaciones genéticas, como las harinas de soja. 
Tampoco se dice nada sobre la responsabilidad de los fabricantes, especialmente en Gran Bretaña, dónde han sido los primeros responsables. 
Pero aunque estemos satisfechos, ¿cómo olvidar que han sido necesarios diez años, que han sido necesarios 80 muertos, que quizás hubiese sido necesario descubrir, dentro de dos años, una zoonosis, una catástrofe sanitaria, para que hoy, por fin, se tomen medidas? 
Ignoro, Señor Byrne, si la Comisión Europea corre el riesgo de morir por la enfermedad de Kreutzfeld-Jacobs, pero teniendo en cuenta su lentitud, estoy convencido de que Usted no morirá de un infarto, y me alegro por ello. 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que esta propuesta de la Comisión es digna de beneplácito. 
Por lo demás, corresponde a un antiguo anhelo del Parlamento Europeo, que ya en tiempos- en 1997 y 1999- pidió una revisión de la legislación actual relativa a la comercialización de alimentos compuestos para animales. 
Todos estamos de acuerdo en que es necesario un etiquetado obligatorio que indique claramente los diferentes componentes de los alimentos compuestos para animales y su naturaleza. 
Naturalmente, no vamos a complicar las cosas y a exigir detalles innecesarios en las etiquetas. 
Pero vamos a exigir todo lo que sea indispensable, como, por ejemplo, una declaración explícita y de fórmula abierta con la indicación rigurosa de los porcentajes de cada uno de los componentes y de su naturaleza intrínseca. 
Se trata de medidas fundamentales, como todos sabemos, para infundir confianza a los consumidores. 
Efectivamente, reina una desconfianza que es particularmente relevante en los procesos de producción intensiva, no sólo en la producción de carne, sino también en la piscicultura. 
Y mediante un etiquetado claro, transparente y responsable se puede infundir esa confianza a los consumidores. 
Por lo demás, durante la Presidencia portuguesa de la Unión Europea se debatió ese asunto y la conclusión es que la posición del Consejo era, por desgracia, bastante tímida a ese respecto, bastante poco valerosa, e indicaba que, a fin de cuentas, los ministros no habían aprendido demasiado del pasado. 
Es fundamental que la Comisión y el Consejo se batan para que se apliquen esas mismas normas en el nivel de todos los interlocutores mundiales, en particular en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el número exagerado de escándalos ha hecho tambalearse la confianza de los ciudadanos y los consumidores. 
En interés de los agricultores y de los consumidores, necesitamos unas indicaciones claras y transparentes también en el caso de la alimentación animal. No obstante, todo sea dicho, los agricultores son siempre los primeros perjudicados cuando ocurren incidentes. 
Por lo que respecta a la directiva relativa a las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal, yo quiero señalar, en primer lugar, que necesitamos una solución más viable que mantenga un equilibrio entre los intereses de los productores y los de los consumidores. 
Tenemos que establecer un marco de condiciones realista. 
No se puede aceptar la utilización de sustancias nocivas, perjudiciales para la salud de las personas y de los animales. 
Como ustedes saben, yo procedo de un Estado miembro que impone unas condiciones muy exigentes y rigurosas, que yo apoyo plenamente y que también han demostrado su utilidad. 
No obstante, en lo que respecta al control de los piensos, yo afirmo que, más que un marco de condiciones a escala europea, lo que falta es su transposición concreta en los distintos Estados miembros. 
Yo puedo y debo acoger con gran satisfacción la imposición de un sistema de información a escala europea para hacer frente a las crisis en el ámbito de la alimentación, un procedimiento unificado de transmisión de información sobre el control y la seguridad de los piensos o sobre los casos de contaminación y de perjuicios para la salud y daños medioambientales. 
En cambio, mantengo una posición más crítica con respecto a la cláusula de salvaguardia, que concedería a la Comisión el derecho a adoptar sus propias medidas, sin consultarlas con los Estados miembros. 
Finalmente, quiero referirme al conflicto de competencias entre la Comisión de Agricultura y la Comisión de Medio Ambiente. 
Yo creo que la cualificación técnica y competencia de los miembros de la Comisión de Agricultura para juzgar sobre los temas relacionados con la agricultura y también con la alimentación animal es indiscutible desde el punto de vista de la búsqueda de una solución con una orientación práctica y practicable, que los agricultores y los consumidores afectados puedan aplicar y comprender. 
Por consiguiente, cuestiones como la de los piensos deberían ser examinadas, en efecto, por dicha Comisión de Agricultura, como comisión competente para el fondo. 
La alimentación de nuestras vacas es tan importante para los agricultores como lo es luego para los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero agradecer al ponente el esfuerzo realizado y valorar la importante labor de las instituciones en el tratamiento de la salud animal, a través del cual, por supuesto, protegemos también la salud humana. 
Esta propuesta se enmarca en la legislación destinada a reforzar las normas sobre piensos, anunciadas en el Libro blanco sobre la seguridad alimentaria. 
El Parlamento, por tanto, así como la Comisión, exige un etiquetado obligatorio que especifique la composición- en tanto por ciento del peso, como decía el Sr. Cunha -, las cantidades y el origen de los ingredientes de los piensos en lugar de indicarse las categorías de ingredientes sin más detalle, como, por ejemplo, en proteínas o en aceites y materias grasas, lo que tanto ha tenido que ver con los escándalos precedentes de la EEB y de las dioxinas. 
Exigir a los fabricantes pruebas de la composición de los alimentos, así como una lista exhaustiva y actualizada de las materias primas autorizadas, y rigor en los controles de los materiales sospechosos- y su retirada inmediata del mercado -, deben ser asuntos irrenunciables para nosotros desde este momento. 
Agradezco que este tema, por fin, llegue hasta el final y que vayamos a tener una solución lo más rápida posible. 
Presidente, la propuesta que tenemos delante y la reacción a ella del ponente es un paso en la dirección correcta pero al mismo tiempo no oculta la débil estructura de control europeo. 
Pero comencemos por lo positivo. 
Lo que la Comisión ha propuesto para dar mayor transparencia a los datos de las etiquetas, la composición del alimento, de modo que todos puedan saber qué tienen entre manos, es un paso en la dirección correcta. 
Es también lo que nosotros deseamos, es decir confianza entre el productor y el consumidor. 
La agudización que el ponente ha dado en su informe para, entre otras cosas, llegar a una exhaustiva lista de productos, cosa que pide a la Comisión, es una propuesta interesante que supondrá un refuerzo de esta política. 
Poder disponer de datos exactos es un segundo paso en ella y también es necesario. 
Pero es una lástima que aún no demos un paso más allá para fijar, también respecto de la energía y de los alimentos, determinadas obligaciones para el etiquetado. 
Hasta aquí la parte positiva. 
Aún queda que aquel que comete fraude con el pienso en el futuro tampoco pondrá en la etiqueta que el producto contiene dioxina o que contiene substancias que no han sufrido un procesado correcto. 
Eso significa que en Europa la política de control, y también la cuantía de las sanciones, y eso significa que aquel que comete fraude con los alimentos comete un delito, sí se pueden reforzar. 
Se podría decir que el papel da paciencia, pero al final deberá existir la fuerza para llevar a cabo controles e imponer sanciones cuando no se cumplan las normas. 
Finalmente, constato que Europa con esta normativa posiblemente vaya más lejos que otras partes del mundo. 
Europa importa mucho pienso, entre otros sitios de países en vías de desarrollo, y la pregunta es cómo podemos plantear nuestra normativa en el contexto de la OMC y cómo podemos solucionar este problema de un modo adecuado, porque conducirá a diferencias de precios de coste con otras partes del mundo. A estas cuestiones habrá que prestarles atención dentro de la Comisión y en una futura discusión con el Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, la presente modificación de la Directiva relativa a la comercialización de los piensos compuestos constituye, a mi parecer, un paso adelante en un largo camino en la buena dirección. 
Los objetivos están claros y son indiscutibles. 
En primer lugar, la rastreabilidad de los alimentos hasta sus orígenes y la máxima transparencia. 
En segundo lugar, restablecer la confianza de los consumidores en los alimentos europeos después de la crisis de la EEB y el escándalo de las dioxinas. 
Una inversión de la carga de la prueba, como se propone en la enmienda 4, es imprescindible, a mi parecer, de conformidad con los objetivos que acabo de citar. 
La industria alimentaria dispone de los datos necesarios. La obtención de estos datos puede representar, en cambio, un obstáculo insalvable para las personas ajenas a ella. 
La presente propuesta es la primera de una serie de iniciativas basadas en el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria. 
Con ella se ha dado el primer paso. La Unión debe evitar dormirse sobre los laureles. 
Tenemos un largo camino por delante. 
. (EN) Quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, así como a sus ponentes, Sr. Graefe zu Baringdorf y Sra. Roth-Behrendt, por haber examinado la propuesta de la Comisión y haber presentado su opinión sobre la misma, y a los diputados que han intervenido esta mañana y han expresado su satisfacción por estas propuestas. 
Me siento complacido por ello. 
Como se destaca en el informe de estas dos comisiones, la presente propuesta la inició el Parlamento Europeo movido por la preocupación de mejorar la rastreabilidad y la provisión de información a través del etiquetado de los piensos compuestos. 
La propuesta de la Comisión no goza del apoyo unánime de todas las partes interesadas. 
En el Consejo, una mayoría considerable de los Estados miembros se opone a la introducción de la obligación de indicar sistemáticamente en las etiquetas la composición exacta de los piensos compuestos destinados al ganado de carne. 
Si se alcanzara un compromiso, sería muy deseable ofrecer a los ganaderos productores la oportunidad de obtener toda la información que deseen sobre la composición de los piensos que utilizan para alimentar a sus animales. 
En mi opinión, es un derecho legítimo a la información que debe ser satisfecho. 
En lo que respecta a las enmiendas presentadas, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4 y 5 que mejoran la propuesta de la Comisión. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar la enmienda 2 que pide a la Comisión que presente, con carácter inmediato, una propuesta que establezca una lista exhaustiva de las materias primas autorizadas para los piensos. 
Debo hacer hincapié en que la Comisión no se opone en modo alguno al principio de elaborar una lista exhaustiva de materias primas. 
La Comisión está convencida de la utilidad de una lista positiva. 
En este sentido, quisiera referirme al Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria en el que se reconoce la necesidad de definir de manera clara los materiales que pueden o no ser utilizados en la producción de piensos, incluidos los subproductos de origen animal. 
Una lista positiva de materias primas para piensos sería la respuesta más clara a la actual falta de definición de materias primas para piensos, no obstante, el Libro Blanco declara asimismo que este cometido es complejo y llevará mucho tiempo. 
A corto plazo, la actual lista negativa necesita ser ampliada lo antes posible y la Comisión se ha propuesto trabajar en la elaboración de una lista positiva a medio plazo. 
Respecto al calendario, no existe la posibilidad de prever una propuesta sobre una lista positiva de materias primas antes de finales de 2002. 
El procedimiento a seguir para realizar este cometido es la modificación de 1996/25 para convertir la actual lista no exhaustiva de materias primas para piensos en una lista positiva exhaustiva. 
Esto puede hacerse mediante codecisión en virtud del artículo 152. 
Cualquier actualización de dicha lista se realizaría a través de la comitología. 
Espero que el Parlamento comprenda que la Comisión no puede aceptar comprometerse respecto a un calendario que, razonablemente, no podrá cumplir. 
Por último, en relación con la enmienda 6, esta enmienda no es aceptable porque queda fuera del ámbito de la presente directiva. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
Se procederá a la votación hoy a las 11.00 horas. 
(Se interrumpe la sesión a las 10.55 y se reanuda a las 11.00). 
. Señora Presidenta, desgraciadamente tengo que comunicarle a usted y a la Asamblea una nueva tragedia en el mar. 
Hace unos días naufragó el buque francés An Oriant, con base en Bretaña. 
Ocho miembros de su tripulación perdieron la vida. 
Ayer naufragó el buque pesquero Arosa, de bandera británica- que faenaba como el An Oriant en aguas de Irlanda -, con tripulación mayoritariamente española. 
El balance no puede ser más desolador, señora Presidenta. 
Se han hallado cinco cadáveres y el resto ha desaparecido. 
Pido, señora Presidenta, en nombre de mis colegas de la Comisión de Pesca y en el mío propio, que envíe el pésame del Parlamento a las familias de las víctimas y a las autoridades locales tanto de Bretaña como de Marín, Galicia, de donde proceden la mayoría de las víctimas. 
Deseo también que conste, señora Presidenta, que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que tengo el honor y la responsabilidad de presidir, está muy sensibilizada con estos accidentes en el mar. 
Prueba de ello es que en estos momentos estamos realizando un muy importante informe de iniciativa, del que es ponente nuestra vicepresidenta, la Sra. Miguélez, sobre las causas de los accidentes de los buques pesqueros en la Unión Europea. 
Señor Varela, soy muy sensible a su intervención y le puedo asegurar que transmitiré el mensaje que Usted desea. 
VOTACIONES 
Quisiera indicarles, queridos colegas, que los cuestores han tomado la decisión de prohibir los móviles en el hemiciclo. 
No dudo lo más mínimo de que seguirán las consignas de nuestros cuestores. 
-Tras la votación del considerando A, 2ª parte 
Swoboda (PSE). 
(DE) Señora Presidenta, yo sólo quisiera preguntar- dado que se trata de la primera votación- si se acepta la modificación del orden de los párrafos, de conformidad con la propuesta del Grupo socialista. 
Esto no se ha sometido a votación. 
Señor Swoboda, estamos totalmente de acuerdo. 
Cuando se voten estos párrafos, preguntaré si hay alguna objeción a su introducción después del párrafo 1. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, yo sólo quisiera hacer una breve observación. 
En el informe, sólo se hace una breve referencia a los romaníes en el contexto de los derechos humanos. 
Durante la cumbre del FMI, ha habido personas que han salido de la cárcel con las costillas fracturadas. 
Es decir, que no se les permitió ejercer sus derechos democráticos de opinión y de libertad de reunión. 
Esto no figura en el informe... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Desgraciadamente, querida colega, no puedo reabrir el debate en esta fase de la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0244/2000) del Sr. Wiersma, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Eslovaquia y sobre el desarrollo de las negociaciones (COM (1999) 511- C5-0034/2000- 1997/2173 (COS)) 
Sobre la enmienda 3 
Señor Presidente, quiero corregir mi propia enmienda. 
Se trata de la enmienda 3 que he presentado. 
Donde pone que esto conduciría a "un cierto grado de autonomía política" debe poner "un cierto grado de autonomía cultural". 
¿Hay alguna oposición a la presentación de esta enmienda oral? 
. (NL) Señor Presidente, creo que la enmienda de nuestro colega Maes es muy razonable. 
La expresión "autonomía política" me tenía confundido. 
¿Qué es eso realmente? 
Pero lo que ahora dice, un cierto grado de autonomía cultural, con eso estoy de acuerdo. 
Yo he votado en contra de la enmienda, pero ahora quiero votar a favor. 
(La Asamblea aprueba la admisión de la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0248/2000) del Sr. Queiró, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Hungría a la Unión Europea y sobre el desarrollo de las negociaciones (COM (1999) 505- C5-0028/2000- 1997/2175 (COS)) 
Antes de iniciarse la votación 
El Sr. Queiró, en calidad de ponente, desea proponer una enmienda oral. 
Señor Presidente, la razón de ser de esta enmienda tiene que ver con el hecho de que el considerando c) ponga de relieve la persistencia de una situación segregatoria en la educación de los niños y de grave discriminación en los diversos sectores de la sociedad civil húngara, de la economía al sector público, que no corresponde, en su gravedad, a la percepción de la realidad actual que tuve oportunidad de observar como ponente y en las visitas que hice. 
La formulación que ahora propongo no pretende ocultar ni negar la existencia de fenómenos de discriminación de la comunidad gitana que sigue existiendo, por desgracia, pero insiste en la necesidad de adopción de un conjunto de medidas positivas encaminadas a una asimilación libre y no forzada de los zíngaros en la sociedad húngara. 
De modo que el considerando tendría este texto, que paso a leer: "considerando c) : considerando que la situación de los zíngaros sigue careciendo de atención, considerando que el Gobierno húngaro debe abordar con seriedad la discriminación de los gitanos mediante la adopción de un conjunto de medidas positivas que propicien una asimilación libre de los individuos pertenecientes a esa comunidad, considerando que se podría encontrar una solución gracias a la creación de un Ministerio de las Minorías y a la aprobación ya hecha de la legislación a medio plazo, medidas que favorecerán la integración de los romas en la sociedad húngara". 
Tan sólo debo aclarar al Pleno que esta última parte es la transcripción del considerando, tal como fue expresado en el informe y aprobado en comisión. 
¿Hay algún colega que se oponga a la presentación de esta enmienda oral? 
Señor Presidente, yo deseo oponerme a la enmienda oral. 
Ya discutimos con toda claridad estas cuestiones en la comisión competente y en la delegación, y conseguimos alcanzar una posición común tras un largo debate. 
Yo mismo estuve hace cuatro semanas en Hungría y pude constatar que el Gobierno húngaro está realizando enormes esfuerzos. 
Por lo tanto, yo me opongo a que se acepte una enmienda oral. 
Les recuerdo, queridos colegas, que no debemos debatir una enmienda oral. 
Lo único que les pide la Presidencia de las sesiones es que se pronuncien sobre la admisión o no de la enmienda oral. 
(La Asamblea rechaza la admisión de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0241/2000) del Sr. Van Orden, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, y sobre el desarrollo de las negociaciones (COM (1999) 501- C5-0024/2000- 1997/2179 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0247/2000) de la Sra. Nicholson of Winterbourne, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Rumania a la Unión Europea y el desarrollo de las negociaciones (COM (1999) 510- C5-0033/2000- 1997/2171 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Interrumpimos aquí la votación para dar paso a la sesión solemne. 
(La sesión, interrumpida a las 12 horas, se reanuda a las 12.35 horas) 
. (IT) Señor Presidente, pienso refundir las tres enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular en una nueva redacción que transforma el considerando A en un nuevo apartado que propongo que se señale de apartado 1, volviendo a numerar, en consecuencia, todos los apartados siguientes. 
La nueva redacción del considerando A que se convierte en apartado 1, que propongo al Pleno es la siguiente: "Recuerda que Eslovenia debe seguir cumpliendo los criterios políticos definidos en Copenhague, incluso en aquellos sectores en que existen aún problemas por resolver, expresamente mencionados en el informe de la Comisión de 1999". 
Ésta es la redacción de transacción acordada con los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo que han presentado las enmiendas, que las refunde y transforma el considerando A en un nuevo apartado que debe convertirse en apartado 1. 
¿Hay alguna oposición a la admisión de esta enmienda oral? 
Señor Presidente, yo sólo quisiera precisar que el Considerando A queda suprimido y se sustituye, de común acuerdo con el Sr. Martelli, por un nuevo párrafo 1. 
Bienvenida 
VOTACIONES (continuación) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Brok (A5-0250/2000) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, me es grato comunicar que he apoyado la resolución relativa al procedimiento para la admisión de estos importantes nuevos Estados en la Unión Europea. 
Aprovecho la ocasión para agradecer al Sr. Brok su informe y para subrayar la importancia otorgada, en el proceso de adhesión de todos estos Estados a la Unión Europea, a los procedimientos relativos a la cautela para que las personas mayores y los pensionistas de todos estos países que se adherirán a la Unión sean considerados como parte importante y para que se preserve su derecho a la vida y a los recursos necesarios para su sustento, esos recursos que, lamentablemente, la caída del comunismo les ha quitado anulando el poder adquisitivo de sus pensiones. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Brok por su informe exhaustivo y muy interesante. 
De la lectura de su informe, resulta evidente que si se cumplen las tres condiciones, tenemos motivos para sentirnos optimistas respecto a nuestra capacidad de convertir la ampliación en un éxito. 
Estas tres condiciones son, en primer lugar, que la Comisión culmine con éxito su propia estrategia de preadhesión, en particular, en los ámbitos de política regional, política agrícola y política de medio ambiente. 
En segundo lugar, que los países candidatos continúen avanzando a buen ritmo, como han hecho hasta ahora, en lo que respecta al cumplimiento de los criterios de Copenhague y la adopción plena y completa del acervo comunitario antes de la adhesión. 
En tercer lugar, quizá lo más difícil, que el Consejo apruebe nuevas medidas institucionales que permitan a la Comunidad funcionar de manera eficaz, eficiente y democrática después de la ampliación. 
El informe Brok nos da motivos para sentirnos satisfechos, pero no hay lugar para la autocomplacencia. 
La práctica totalidad de los informes relativos a los doce países candidatos a la adhesión se felicitan por el progreso realizado por estos países para cumplir los requisitos. 
Aunque en todos estos países las desigualdades sociales se agraven, el nivel de vida de la mayoría de la población sea bajo, el paro sea importante por doquier, a los redactores de estos informes les parece normal: subestiman el problema de las minorías nacionales; no mencionan el incremento de los irredentismos nacionales, cuando no evitan directamente nombrar a las importantes minorías turcófonas de los Balcanes, rusófonas de los Países Bálticos, para no tener que pronunciarse sobre el indigno destino que se les impone, negándoles por ejemplo el derecho a la ciudadanía. 
Aunque estos países, en concreto los de Europa del Este, se integren, lo harán en función del equilibrio de fuerzas, es decir, en posición de subordinación frente a cualquiera de las tres potencias, o frente al conjunto de ellas: Alemania, Francia y Gran Bretaña. 
La economía de estos países ya funciona bajo la ley de los grandes trusts europeos. 
Su integración en la Unión no cambiará en nada la naturaleza de estas relaciones. 
En estas circunstancias, limitada a 15 países, o ampliada a 27, la Unión Europea sigue siendo una creación que responde a los intereses de los grandes capitales, y sus trabajadores no deben esperar que su situación mejore; este es el sentido de nuestra abstención. 
. (FR) He votado en contra del informe Brok sobre la ampliación de la Unión Europea, porque, a pesar de mostrar lucidez desde el punto de vista técnico, obedece a planteamientos políticos erróneos sobre el futuro de Europa. 
Este informe, ciertamente, tiene el mérito de dar una visión de lo inmenso de la tarea que nos espera si queremos no ya situar a los Países del Este candidatos al nivel de desarrollo del Oeste, sino simplemente crear condiciones de coexistencia y de progresivo acercamiento de las dos zonas que no sean desestabilizadoras para nadie. 
La mayoría de sus propuestas técnicas merecen ser apoyadas con entusiasmo, por ejemplo las relativas a la seguridad alimentaria, al desmantelamiento de las centrales nucleares de primera generación, a la protección del medio ambiente, a la lucha contra el dumping social, al indispensable código de conducta de las empresas del Oeste cuando trabajan en el Este, etc. La tarea es enorme, y también absolutamente prioritaria. 
Si tuviésemos que decir cuál es la razón de ser de la Unión Europea hoy, situaríamos en primer lugar esta gran misión de eliminar el abismo que el comunismo abrió entre las dos partes de Europa. 
Por desgracia, desde el punto de vista institucional, el informe Brok está totalmente en la línea del "prêt-à-penser" de Bruselas: para éste, la ampliación consiste en meter a la Gran Europa en las instituciones de la Pequeña Europa. 
El fallo es que no han sido concebidas para ello, y que son demasiado limitadas. 
En nuestra opinión, las afirmaciones más inadmisibles se encuentran en la combinación de varios párrafos de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo: en primer lugar, los párrafos 27 y siguientes, de los que se deriva que la plena participación en la moneda única, aunque no sea inmediata, debe ser una condición para la adhesión; después, el párrafo 19, que «subraya que la aceptación de las disposiciones relativas a la unión económica y monetaria excluye toda posibilidad de exención y constituye un compromiso a favor de un proyecto político global e irreversible». 
Es inaceptable que la participación en el euro sea un condicionante para la adhesión, en la medida en que varios miembros actuales disfrutan ya de derogaciones. 
Es aún más inaceptable querer transformar esta participación en un compromiso a favor de un proyecto político global e irreversible. 
Este párrafo por sí solo justifica todos los temores que nuestros amigos daneses expresaron estas últimas semanas durante la campaña del referéndum, y que han motivado su "no" con mucha razón. 
Si hubieran podido leerlo con antelación, sin duda habrían votado "no" en un 80 %, en vez de en un 53 %. 
Varios otros fragmentos de la resolución del Parlamento Europeo son igualmente inadmisibles. 
Por ejemplo, el párrafo 45 exige que los países candidatos concedan la libre adquisición de terrenos a los nacionales de los países miembros. 
Sin embargo, esta disposición plantea un problema muy grave, dada la disparidad de los poderes adquisitivos. 
Por cierto que un problema de este tipo se tuvo en cuenta en 1992, en el Protocolo nº 1 del Tratado de Maastricht, al conceder a los daneses una derogación que les permitía conservar sus restricciones en la adquisición de residencias secundarias por parte de no-residentes. 
De nuevo aquí, no veo porqué derogaciones que ya existen dentro de la Unión no pueden ser concedidas a los países candidatos, si les interesa. 
El párrafo 65 muestra de nuevo la voluntad hegemónica y unificadora de Bruselas, al declarar que la cláusula de no-discriminación prevista por el artículo 13 del Tratado CE forma parte del acervo comunitario, y al afirmar que la "legislación derivada de este artículo debe ser plenamente aplicada en los PECO". 
Aunque se esté de acuerdo con los principios del artículo 13, está claro que la legislación derivada que la Unión Europea produce a partir de él llega a veces muy lejos, y que no hay razón para negar a los países candidatos un derecho a la diferenciación cultural. 
Globalmente, el informe Brok refleja, en nuestra opinión, una visión totalmente equivocada, incluso peligrosa, de la ampliación, consistente en imponer unilateralmente a los Países del Este las ideas, la legislación y las instituciones de la Unión Europea en sus más mínimos detalles. 
Por el contrario, hay que diseñar para la Gran Europa instituciones que, sin dejar de favorecer el desarrollo del Este, dejen que las soberanías y las diferencias se expresen. 
Este excelente principio debería por cierto aplicarse también dentro de la Unión Europea. 
. (DA) Para que no quede ninguna duda de nuestra actitud positiva ante la incorporación de los nuevos países solicitantes hemos votado a favor del informe del Sr. Brok. 
No obstante, pensamos que existen varias circunstancias especialmente criticables en el informe y en las negociaciones para la ampliación en general. 
Nos parece sumamente criticable que la UE apoye anteponer el orden del día a los aspectos internos y una la participación en la Unión Económica y Monetaria a una coordinación de las políticas sociales. 
A ello se alude especialmente en el punto 19 de la propuesta de resolución del informe donde se dice que el Parlamento Europeo "subraya que la aceptación de las disposiciones establecidas con respecto a la Unión Económica y Monetaria descarta toda posibilidad de cláusula de excepción y representa un compromiso con un proyecto político global e irreversible que no sólo significa la pertenencia a una zona monetaria, sino que fundamentalmente entraña la coordinación de las políticas económicas y sociales". 
. (FR) A lo largo de los últimos años, se ha producido una fuerte aceleración del proceso de integración europea. 
La ampliación hacia los Países de Europa Central y Oriental (PECO) , Chipre y Malta, ha sido descrita como una "misión histórica" para la Unión Europea. 
Esta calificación permite valorar los retos inherentes a este proceso. 
La ampliación de la Unión, al menos en una primera etapa, a más de 100 millones de nuevos ciudadanos, dará un nuevo impulso al desarrollo y a la integración de la economía europea en su conjunto. 
La adhesión de nuevos Estados miembros reforzará el peso y la influencia de la Unión en la escena internacional. 
Al mismo tiempo, las barreras a superar son considerables, sobre todo a nivel presupuestario. 
Así, la primera oleada de adhesiones podría significar un incremento de la población europea de más de un 25%, hasta alcanzar casi los 500 millones, mientras que el PIB total de la Unión Europea aumentaría como máximo un 5%. 
A pesar de los enormes esfuerzos realizados por estos países, su integración en las estructuras y los programas existentes será una tarea particularmente delicada. 
El informe que hemos debatido hoy pretende hacer balance de los progresos realizados en las negociaciones de adhesión con el conjunto de países candidatos. 
Anima a la Comisión y al Consejo a procurar que el principio de diferenciación, tal y como quedó definido en Helsinki, se aplique al pie de la letra, para que cada país sea juzgado por sus propios méritos. 
Por su parte, los países candidatos deben continuar con sus esfuerzos para reforzar su capacidad administrativa, con vistas a la transposición del acervo comunitario. 
Se les invita también a perfeccionar la puesta en práctica de un control financiero eficaz, así como de los procedimientos de auditoría destinados a controlar en su totalidad el uso de los fondos de pre-adhesión. 
Por otra parte, no podrían en ningún caso invocar una cláusula de opting out en el marco de la UEM. 
Son muchas nuestras exigencias frente a los países candidatos. 
Paralelamente, la Unión Europea tiene, por su parte, sus obligaciones: debe llevar a cabo las reformas requeridas por la ampliación. 
La próxima Conferencia Intergubernamental ha de velar por el refuerzo del marco institucional de la Unión Europea. 
Volviendo al aspecto presupuestario, me parece imprescindible examinar las repercusiones presupuestarias de la adhesión de un número tan importante de nuevos Estados miembros antes de la finalización del marco financiero actual en 2006. 
Para terminar, insistiré en el hecho de que el proceso de ampliación debe hacerse de forma progresiva, al ritmo de la adaptación de los países candidatos. 
Por ello, al igual que a varios de mis colegas, no me parece acertado establecer fechas-tope. 
¡Deseo asimismo recordar que este proceso no debe llevarnos a descuidar la cooperación iniciada con los países del perímetro mediterráneo! 
. (FR) Deseo felicitar a nuestra colega por el excelente trabajo que ha realizado. 
Su informe plantea claramente los retos y los objetivos de la ampliación, en el ámbito de la política regional, y ello, tanto en términos políticos como financieros. 
Es un informe que calificaría de emprendedor y realista. 
La ampliación a trece países no sólo modifica el marco geopolítico de la Unión Europea, sino que también altera su estructura, porque la población total va a aumentar (+28%) , pero al mismo tiempo lo hará el número de regiones "desfavorecidas". 
¡Hay que ser consciente de ello! 
El ponente nos dice que, de las 50 regiones de los países candidatos, 48 tienen un PIB por habitante actualmente inferior al 75% de la media de la Europa de los Quince en el periodo 1995-1997. Esta tasa sólo es superada por la región de Praga (119%) y por la de Bratislava (96%). 
Esto nos muestra, una vez más, que las disparidades entre regiones ricas y regiones pobres son, aquí también, enormes, y que una vez se lleve a cabo la adhesión, estas diferencias seguirán existiendo. 
Por tanto, hay que procurar que la capacidad administrativa de absorción de los créditos de los fondos estructurales sea efectiva. 
Para ello, los países candidatos necesitan ayuda, especialmente a través del Programa PHARE. 
Hace falta una administración sana y responsable, con hombres y mujeres conocedores de las técnicas comunitarias y de las normas presupuestarias. 
Por otra parte, el informe nos recuerda la necesidad de pensar en nuevos criterios para la política regional, para el periodo 2006-2013. 
En efecto, cuando se haya producido la ampliación, la lógica de una política regional para 25 países no será necesariamente la misma que la de 15 países. 
Tenemos que pensar en una nueva estrategia basada en el esquema de desarrollo del espacio comunitario. 
Así, una visión global del territorio comunitario parece capital para un mejor desarrollo regional. 
Este informe nos enfrenta a nuestras responsabilidades, por lo cual he votado a su favor. 
. 
(SV) Nuestra posición se fundamenta en los siguientes criterios: 
1. 
Cada país candidato debe tener una fecha precisa y vinculante para su incorporación. 
Esta fecha debe fijarse en atención a las negociaciones con el país respectivo, tomando en consideración sus dificultades para adecuarse a las nuevas circunstancias. 
Si el país en cuestión lo solicitase, sería posible prorrogar este período transitorio. 
2. 
La ampliación significará gastos considerables para la UE que deberán compensarse con ahorros en los sectores agrícola, militar y estructural. 
3. 
Cuando los países candidatos se incorporen a la UE deberán recibir el mismo tratamiento que el resto de los Estados miembros. 
No podemos aceptar, bajo ningún concepto, que se les trate como a miembros de segunda clase. 
4. 
Es lamentable que en el informe no se haya considerado la situación de las mujeres y sus condiciones en el proceso de adaptación. 
5. 
Contrariamente a lo que es habitual, los ponentes han optado por incluir diversos anexos como una segunda parte del propio informe. 
Esta parte contiene muchas aseveraciones de corte neoliberal y propuestas que criticamos. 
En nuestra postura sólo nos hemos basado en la parte principal del informe. 
. En el contexto actual y dadas las voces que han empezado a oírse cuestionando la ampliación de la Unión Europea, es importante que este Parlamento dé una señal política clara en favor de la misma. 
De ahí que haya votado a favor del informe Brok por cuanto este informe, excelente por otro lado, más allá del análisis que hace de los progresos y de las dificultades a las que deben hacer frente los países con los que se han iniciado negociaciones, sirve para recordar a la opinión pública el compromiso político y ético que la Unión Europea, este Parlamento, ha contraído no únicamente con los países candidatos que quieren compartir nuestra historia europea y tienen derecho a hacerlo, sino con el propio proyecto político de la integración europea. 
Porque, a mi entender, la ampliación no sólo favorecerá la prosperidad y el crecimiento económico de los países candidatos y, por extensión, el de los actuales miembros de la Unión, sino que, por encima de todo, constituye una garantía de paz y de estabilidad para el continente europeo y, por tanto, la oportunidad para la Unión Europea de acabar la obra de pacificación iniciada hace ahora cincuenta años. 
A quienes ignoran el lenguaje de la solidaridad y se muestran inquietos por el coste económico que la ampliación va a tener hay que recordarles que la paz bien merece este precio. 
. (DE) Como ya quedó patente en el momento de la integración de los Estados de Europa occidental en la Comunidad Europea, el sector económico agrícola y alimentario resultó ser uno de los más complejos. 
Se requirieron medidas preparatorias de larga duración y regímenes transitorios y especiales, que con frecuencia se mantuvieron durante largos años. 
Los Estados de Europa central y oriental candidatos a la adhesión también reclaman, legítimamente a mi parecer, medidas específicas y transitorias análogas. 
En este contexto, es preciso tener en cuenta que, debido a su fuerte peso económico y social, un sector agrícola y alimentario competitivo va a tener una importancia decisiva para el éxito del proceso de transformación y reestructuración de los países candidatos. 
La economía agrícola es actualmente un sector que se apoya en gran medida en un marco único de condiciones de obligado cumplimiento. 
Las competencias nacionales son muy limitadas. 
Comoquiera que esto se valore, en cualquier caso es preciso dedicar casi un 50% del presupuesto de la UE al mantenimiento de esta política agraria. 
En las decisiones de Berlín se consignaron 3.100 millones de euros anuales para el período 2000-2006, así como un total de 21.800 millones de euros para la aproximación de los países candidatos y otros 58.100 millones de euros para la ampliación a partir de 2002. 
Actualmente se puede apreciar que este marco financiero no va a ser suficiente para resolver los complicados procesos de las rondas de integración previstas y, sobre todo, para resolverlos de manera socialmente sostenible. 
Sin embargo, el marco financiero para la ampliación de la UE sólo se podrá incrementar mediante un aumento de las aportaciones de los actuales Estados miembros de la Unión, no a través de una continua reducción de los gastos previstos para las políticas comunitarias en los diversos ámbitos. 
También esto es cierto. 
Seguir un camino distinto dividiría a los agricultores y pondría en peligro el desarrollo social en las estructuras rurales de toda Europa. 
"Si los campesinos prosperan, el Estado también prospera"; este antiguo proverbio encierra una gran sabiduría que sigue siendo válida. 
. (FR) Desde su creación, la Unión Europea tiene vocación de agrupar a los pueblos. 
Aunque sea difícil conseguir que convivan sensibilidades, historias, a veces contradicciones, pienso que la ampliación debe inscribirse en esta lógica de paz, y contribuir a la consecución de una comunidad que vaya más allá de las viejas fronteras geográficas e ideológicas, guiada por valores y reglas comunes. 
Sin embargo, para que Europa no se limite a ser una mera zona de libre-cambio, la Unión Europea debe aportar una respuesta clara a las cuestiones institucionales, sociales, económicas, que no deja de plantear la ampliación. 
A partir de ahora, debemos enfocar de forma pragmática las consecuencias de una Europa, no ya de 15, sino de 25 o de 30. 
Debemos dar una respuesta adecuada a una ampliación que va a incrementar considerablemente el número de regiones desfavorecidas, reflexionar conjuntamente sobre el riesgo de acentuación de los desequilibrios en el seno del espacio europeo, para evitar que Europa no sea más que un vasto conjunto heterogéneo. 
Con estos objetivos, debemos dar muestras de imaginación para reformular los criterios de concesión de las ayudas estructurales, con vistas a garantizar un apoyo adecuado para las regiones más pobres de los países candidatos, y también de los actuales Estados miembros. 
En este sentido, me gustaría que las regiones ultraperiféricas, entre las cuales 6 de cada 7 siguen figurando en el grupo de las 10 más pobres de la UE, se beneficiaran de los Fondos Estructurales, no sólo sobre la base del criterio único del PIB, sino igualmente sobre la base de indicadores geográficos, demográficos y sobre todo sociales. 
La ampliación no debe ser financiada por los más pobres. 
Esta idea debe presidir las reformas institucionales, económicas y financieras durante todo el proceso de adhesión. 
Sólo así será entendido y aceptado, y sólo así se hará realidad el principio de solidaridad destinado a reforzar la cohesión económica y social en el seno de la UE. 
El informe del Sr. Elmar Brok tiene en cuenta las preocupaciones que acabo de exponerles, y por consiguiente he votado en su favor. 
. (DA) El verdadero objetivo político del proyecto de ampliación de la UE gira en torno al sometimiento económico y político de las poblaciones de los países solicitantes. 
Se trata de formalizar un sistema que permita a las empresas comunitarias fuertemente capitalizadas dominar a sus vecinos del este y del sur, al mismo tiempo que la UE se convierte en una superpotencia militar. 
La tarea más importante a la que se enfrenta el Movimiento Popular contra la UE es internacionalizar la resistencia popular contra el proyecto global comunitario. 
. (FR) Hemos votado en contra de este informe, pero no porque nos opongamos al principio de la ampliación de Europa. 
Por el contrario, valoraríamos positivamente la integración de pueblos que hubieran tenido los medios democráticos para discutir y decidir una cuestión de este tipo. 
La opinión de la población, forme parte o no de la Unión, no interesa en absoluto a las instituciones europeas. 
Los trabajadores franceses no han tenido más que decir sobre la Carta de Derechos Fundamentales que la población de Lituania sobre su adhesión. 
En realidad, este informe propone ampliar un mercado económico. 
Los criterios del Consejo de Copenhague de 1993 sobre la democratización o la capacidad de competir refuerzan, a modo de "acervo comunitario", el reinado de un capitalismo salvaje y destructor. 
Por cierto que el ponente se ve obligado a reconocer los "problemas sociales, las desigualdades sociales y la tasa de paro elevada" generados por las transformaciones emprendidas. 
Los diferentes planes de ajuste estructural imponen privatizaciones forzadas en todos los campos estratégicos: financiero, seguros, industria, educación, servicios públicos... y obligan a realizar recortes presupuestarios. 
Al final, el subdesarrollo se agrava, mientras explota la miseria, incluso en países, como Polonia o Hungría, dónde el "crecimiento" está a la orden del día. 
Entonces, ¿dónde están los "progresos" para poblaciones a las que nunca se ha consultado? 
. (FR) Desde hace años, no paramos de proclamar aquí la perversidad de su Europa, hoy centralizadora, burocrática, y mañana federalista, de esta Europa de Bruselas que niega, a pesar de los discursos floreados, las identidades y las culturas nacionales, la Historia y las historias de los pueblos europeos. 
Como la rechazamos, por el bien de los franceses, no podemos, en conciencia, aprobar su ampliación a los países y a los pueblos del Este, apenas liberados de la dictadura comunista, que aún no pueden conocer la trampa tecnocrática y totalitaria en la que desean caer. 
Queremos otra Europa, otro modelo de construcción europea, una gran Europa, la de la cooperación de naciones independientes y soberanas, que tiene vocación de acoger a todos los países europeos, y exclusivamente europeos. 
La Europa que queremos es la Europa real, en vez de su Europa burocrática y quisquillosa, la Europa de las libertades en lugar de su eurocracia centralizadora, la Europa de las patrias, y no su magma "európodo" indiferenciado, la Europa de los pueblos en lugar de su Europa de funcionarios y de tecnócratas. 
. (FR) Me he abstenido sobre el informe del Sr. Brok, porque no plantea en ningún momento la cuestión fundamental de la conformidad de nuestros pueblos con la UEM. 
Así, en la mayoría de los Estados miembros, ni la población ni los Parlamentos han deliberado sobre el principio y las condiciones de la ampliación. 
La cuestión de los plazos es determinante tanto para los ciudadanos de los Países del Este como para la UE. 
Algunas cuestiones previas mayores deben ser allanadas. 
Mientras la Europa política y social no esté claramente definida, no sólo para eliminar el obstáculo del buen funcionamiento técnico de la toma de decisiones a 23 meses, sino también para determinar el marco de los valores, del modelo social y del de ciudadanía comunes, la ampliación supone más riesgos que oportunidades. 
Los riesgos son al mismo tiempo la disolución política de la Unión y el dumping social, y finalmente la reducción del proyecto europeo al de un gran mercado y un espacio de libre competencia. 
Sin embargo, este proyecto es rechazado por nuestros pueblos. 
Es peligroso. 
En estas condiciones, una huida hacia delante en la ampliación corre el riesgo de acentuar las corrientes populistas y fascistoides que se manifiestan aquí y allá. 
Urge pedir claramente la opinión de los Parlamentos nacionales y de los ciudadanos. 
Urge repasar el calendario. 
Urge establecer un marco para convergencias sociales, que armonice hacia arriba los estándares sociales. 
Urge reforzar la cohesión política y darle a la Carta de Derechos Fundamentales un valor jurídico. 
La ampliación debe ser concebida en este nuevo marco y debe definirse una estrategia de transición. 
. (DE) Menos hubiese valido más. 
Yo me he abstenido en la votación de esta resolución, larga como una lombriz solitaria, sobre la ampliación porque considero que el Parlamento no ha hecho ningún servicio a la buena causa políticamente importante de la ampliación de la Unión Europea hacia el Este y el Sur con esta montaña de papel, en parte imposible de digerir. 
Incluso temo que esta colección de informes nacionales e informes transversales resulte contraproducente, sobre todo en los países, particularmente los de la Europa central y oriental, que han solicitado su adhesión a la Unión Europea. 
La eficacia de la "resolución-solitaria" de 127 párrafos podría acabar siendo incluso inversamente proporcional a su extensión. 
Hubiésemos debido contentarnos con los informes nacionales y, como máximo, una resolución breve, pero repleta de contenido. 
En efecto, lo que interesa es enviar desde aquí una señal adecuada, en el sentido de que deseamos la adhesión y que ésta no se debe retrasar, dejando claro a la vez que la ampliación ha de ser económica, social y financieramente asumible tanto para los países candidatos como para la Comunidad. 
El realismo en relación con lo que se puede asumir no supone un aplazamiento, sino todo lo contrario. 
Por muy buenos motivos y no en último término con el fin de garantizar una paz duradera, deseamos la unificación de toda Europa, la única que impedirá que se repitan las guerras que vivieron mis padres y también yo misma. 
Esta es la señal que hubiésemos debido transmitir hoy en pocas palabras. 
No podemos y tampoco queremos imponer a los países candidatos a la adhesión mayores exigencias en relación con el acervo comunitario de las que nosotros mismos hemos estado en condiciones de cumplir hasta ahora. 
Si leemos el capítulo de la resolución titulado "Igualdad de oportunidades y ampliación", donde se dice que el acatamiento del acervo comunitario en el ámbito de la igualdad es una condición sine qua non para la adhesión, y las peticiones que a continuación se dirigen a los países candidatos, cuanto allí se escribe podría ser interpretado por dichos países como "el" freno a su adhesión. 
Ya deberían saber que el acervo comunitario no está demasiado desarrollado justamente en este ámbito, muy caro para mí. 
Sobre el papel, se ha conseguido mucho en materia de igualdad de trato e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Sin embargo, ¿cuál es la situación en la práctica? 
En el orden del día de la presente sesión figura precisamente un informe sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que vuelve a ofrecer una muestra de cuán pobres resultados está logrando el acervo comunitario en la práctica justamente en este ámbito. 
Sería francamente arrogante pedir a los países candidatos más de lo que nosotros hemos logrado conseguir en este ámbito en 25 años, desde que se adoptaron las primeras directivas sobre la igualdad de trato. 
Esto es lo que deseaba decir y expresar con mi abstención, esto es, que más habría valido que el Parlamento hubiese elaborado menos páginas, pero con un mayor contenido. 
También me interesaba emitir con ello una señal que se entienda bien en los países candidatos, a saber, que deseamos la adhesión, pero que también nosotros debemos estar en condiciones de crear las condiciones necesarias para que sea posible. 
Y cuando considero lo que se ha conseguido hasta ahora en la Conferencia Intergubernamental en este sentido, no podemos mostrarnos excesivamente orgullosos y deberíamos empezar por barrer nuestra propia casa, en lugar de exigir a los países candidatos unos resultados previos que nosotros mismos no estamos en condiciones de cumplir plenamente. 
La ampliación de la UE es una reunificación de una Europa que ha estado dividida durante largo tiempo. 
Los países miembros de la UE tienen una misión histórica que consiste en dar la bienvenida a la cooperación europea con los países de Europa Central y del Este. 
Sin embargo, la ampliación no debe ser entendida como un problema, sino que como una posibilidad de profundizar la cooperación en asuntos de carácter internacional que los estados no pueden resolver por sí mismos. 
Los gobiernos de los países de la Unión y el Parlamento Europeo tienen una gran responsabilidad en la inmediata realización de las reformas necesarias para que se concrete la ampliación. 
Los preparativos de la ampliación son lentos. 
Por este motivo, los líderes europeos tienen que empezar a demostrar la voluntad política de asumir el reto que implica la ampliación. 
Deben fijarse fechas precisas para la terminación de las negociaciones. 
Si el proceso se detuviese ahora sería como retrasar el reloj diez años. 
Sería deplorable para la integración europea. 
Una de las reformas más importantes que hay que realizar es la modificación profunda de la política agrícola. 
El sistema actual, con subvenciones, ayudas y cuotas, debe ser sustituido por el libre comercio y la adecuación a los mercados. 
La reforma de la política agrícola no sólo es necesaria por razones económicas sino que también para que la agricultura europea pueda ganar en eficacia y calidad. 
La Europa ampliada no puede constar de grupos A y B. Para que Europa sea una, la meta debe ser que todos los Estados miembros participen en todos los sectores de la cooperación. 
Evidentemente, la libre circulación también deberá regir para los países de Europa Central y del Este desde el primer día de adhesión. 
. (FR) La ampliación de la Unión Europea a los diez países de Europa del Este, más Malta y Chipre, es un gran proyecto. 
¿Quién podría, en efecto, negarle la entrada en la casa europea a la Polonia de Copérnico y de Juan Pablo II, a la Hungría martirizada en 1956 en Budapest, o a la capital-símbolo, Praga, cuando las democracias populares defenestraban al Jefe del Estado y aplastaban al pueblo de Jan Palach, inmolado por la libertad? 
Pero, precisamente debido a este doloroso pasado, podemos, por afecto a los hermanos europeos del Este, albergar algunas inquietudes al verles, apenas liberados del totalitarismo burocrático del imperio soviético, caer en otro totalitarismo, igualmente burocrático, el del imperio librecambista del ultra-liberalismo salvaje. 
¿Tienen los campesinos polacos o húngaros un verdadero interés en condenarse a desaparecer, en las dos décadas posteriores a su llegada? 
¿Tienen verdadero interés los Griegos de Chipre, que, junto a sus compatriotas de Tracia, saben desde hace más de un siglo lo que Turquía significa, en convertirse en miembros de una Unión Europea que mañana dejará circular y establecerse libremente en su territorio a sus verdugos de ayer? 
Es el motivo por el cual mis colegas diputados europeos del Frente Nacional y yo mismo desearíamos evitarle a las naciones de Europa del Este el error de una "desintegración" en la Unión Americano-Europea. 
Sin embargo, cada cual es libre de escoger su destino. 
Pero, como amigos, dudamos demasiado de lo correcto de su elección como para no abstenernos de garantizarla. 
La importancia y la amplitud de los problemas que suscita la ampliación no se compadecen con el doble lenguaje que sobre ella se viene utilizado dentro de la Unión Europea. 
En efecto, no es mínimamente admisible que se hubiera recurrido al facilismo y se hubiesen creado falsas esperanzas a los países candidatos y, entretanto y con vistas a su efectivo aplazamiento, se cree ahora una maraña insuperable de dificultades y condicionamientos a su materialización o se invoquen obstáculos conocidos en el punto de partida, hasta el punto de que ya se están proponiendo estudios sobre los costos que entrañaría no hacer la ampliación. 
Por nuestra parte, siempre defendemos la lógica de la verdad, por dura que se presente. 
Ésa es la razón por la que, pese a que la ampliación no nos inspira objeciones de principio, siempre- desde el comienzo del proceso- afirmamos que la posición definitiva sobre ella dependerá de las condiciones en que llegue a ocurrir. 
Lo afirmamos porque nunca hemos ignorado que surgirían dificultades, en los más diversos niveles, para su realización efectiva, por lo que resulta cierto e inevitable que su superación exige una fuerte voluntad política, nuevos medios financieros y, ante todo, un análisis cuidado de sus consecuencias tanto para los actuales Estados miembros como para los candidatos, sin lugar a dudas en los planos institucional, económico, financiero y social. 
Y, a título de ejemplo, repetiremos ahora que, si se materializa a costa de los Estados miembros de menor desarrollo- como parece indicar el hecho de que no se revisen las perspectivas financieras- o se determina una modificación institucional como la que algunos vienen propugnando, no será aceptable para nosotros. 
. (IT) Al sumarme al juicio positivo que mi Grupo ha expresado sobre el informe Brok, quiero reiterar la prioridad política de la opción de la ampliación de la Unión Europea, una prioridad que no puede estar condicionada o quedar atenuada por otras motivaciones que no sean las de la rigurosa evaluación de que los países candidatos a la adhesión poseen los parámetros previstos en el acervo comunitario. 
Además de esto, quiero subrayar tres conceptos. 
El primero: la ampliación no puede separarse de una coherente política de apertura y de atención de la Unión Europea al Este y al Sur. 
El impulso de cooperación y de amistad con las naciones de la antigua URSS y con el Mediterráneo debe desarrollarse paralelamente al proceso de ampliación. 
El segundo: la ampliación implica inevitablemente la revisión de las perspectivas financieras de la Unión Europea, pensadas y aprobadas cuando la perspectiva de la ampliación ni siquiera aparecía en el horizonte. 
Una Europa más grande y con más tareas precisa nuevos y mayores recursos financieros. 
En consecuencia, se plantea la urgente necesidad de reexaminar las perspectivas financieras y de aumentar, ya desde ahora, la asignación financiera para las acciones de preadhesión. 
El tercero: las consecuencias de la ampliación en la política regional de la Unión no pueden soslayarse. 
La política de cohesión es y será aún necesaria para muchas regiones hoy clasificadas como regiones del objetivo 1 y destinadas a salir de dicho objetivo después de la ampliación. 
Es necesario pensar, ya desde ahora, en nuevos instrumentos y en nuevas formas de intervención en beneficio de todas las zonas que señalan carencias infraestructurales y de redes de servicios como, por ejemplo, el sur de Italia. 
. (FR) La ampliación de la Unión Europea es un gran proyecto. 
Una Europa así sería un testimonio de paz y marcaría el rechazo a cualquier nacionalismo étnico. 
La perspectiva de reunir a naciones en torno a un proyecto político común, sobre una base democrática, y con el fin de promover la prosperidad y el bienestar de las diferentes poblaciones, produce entusiasmo. 
Este debe ser el objetivo de una gran Europa. 
Por desgracia, lo que se perfila actualmente es más bien la constitución de una Europa únicamente económica y liberal, sin un verdadero poder político que pudiera decidir democráticamente las grandes orientaciones políticas, económicas y sociales. 
Una magnífica prueba de ello son las dificultades y los bloqueos que surgen cuando se trata de dotarse de instituciones comunes más eficaces, más democráticas y más cercanas a los ciudadanos. 
En estas condiciones, la ampliación de Europa a marchas forzadas se hará en perjuicio del interés de la población y de sus derechos sociales. 
Es el motivo por el cual me he abstenido en relación con este informe. 
(IT) A lo largo del día, el tema de la ampliación ha figurado constantemente en nuestros discursos y en nuestros debates. Durante los trabajos, cada uno de nosotros, incluso los que no van a intervenir, ha tenido la ocasión de preguntarse qué significa Europa para él, para su partido y para el Estado que representa. 
Para mí hablar de ampliación no implica reconocer la pertenencia o no pertenencia de algunos países a Europa. 
Europa y la Unión Europea son dos cosas diferentes: la segunda es una entidad política cuyo génesis se remonta a hace cincuenta años y la primera es una entidad geográfica, histórica, religiosa, cultural y social, cuyas raíces se pierden en el tiempo. 
Convertirse en miembros de la Unión Europea requiere una candidatura, formar parte de Europa es un acto de nacimiento, un vínculo de sangre que une a todos los pueblos de este maravilloso continente. 
No hay que olvidarlo a la hora de hablar de la ampliación. Nosotros estamos aquí para evaluar, justamente, los criterios económicos, políticos y sociales, pero hay que tener cuidado en no vaciar de significado un acto que en sí mismo tiene mucho de inevitable y predestinado. 
Polonia, Hungría, la República Checa, por mencionar sólo alguno de los "candidatos": ¿Acaso de puede negar su pertenencia a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestros orígenes? 
Esto, evidentemente, no supone renunciar a nuestras responsabilidades: la verificación de la transposición del acervo comunitario no es prescindible, del mismo modo que es necesario que la Unión cumpla los compromisos asumidos con estos Estados en el ámbito de la estrategia de adhesión. 
Al gestionar este momento de transición extraordinariamente delicado, no debemos infravalorar la necesidad de un sano pragmatismo que evite inútiles enfrentamientos de principios. 
En líneas generales, estamos todos de acuerdo con una Unión ampliada, sin embargo, este resultado podrá alcanzarse plenamente sólo cuando los países candidatos habrán llevado a cabo las reformas estructurales necesarias, cuando la Unión Europea se habrá dotado de instituciones y procedimientos de toma de decisiones capaces de gestionar este tipo de situación y, sobre todo, cuando por fin nos daremos cuenta de que Europa no es una cuestión de estatuto político, sino ante todo de raíces y de historia comunes, de sangre y de lágrimas, de sueños y de ilusiones que nos unen más allá de los problemas políticos y económicos. 
Informe Carlsson (A5-0238/2000) 
Señor Presidente, me satisface decir que he votado a favor de la propuesta relativa a la solicitud de adhesión de Estonia a la Unión Europea. 
Aprovecho la ocasión para saludar a las personas mayores y a los pensionistas de Estonia confiando en que se preste atención a sus posibilidades de vivir dentro de la Unión Europea. 
En particular, destaco que en este informe, como dice el Sr. Carlsson, queda patente que el 99% del total de las empresas de Estonia lo componen pequeñas y medianas empresas. 
Esto es seguramente un elemento positivo que, junto con otros, nos hace decir "¡ bravo !" a la República de Estonia. 
. (FI) La apertura de la Unión Europea a nuevos miembros incrementará la estabilidad y el bienestar en nuestro continente común. 
Por lo tanto, es muy positivo el hecho de que se hayan hecho avances en las negociaciones con todos los países aspirantes. 
Los países aspirantes deben ir adhiriéndose a la Unión Europea en función del desarrollo alcanzado por cada uno de ellos. 
Así pues, en las negociaciones hay que aplicar el principio de diferenciación. 
No se puede aceptar la clasificación de los países aspirantes en grupos geográficos, ni tampoco la estratificación regional de las fechas de adhesión de los mismos. 
La ampliación también beneficiará a los actuales Estados miembros de la Unión Europea. 
Los beneficios políticos y macroeconómicos de la ampliación serán mayores que los costes adicionales que ésta ocasione a los Estados miembros. 
La UE ya se está beneficiando del creciente superávit de su comercio con los países aspirantes. 
Sería de desear que los Gobiernos de los países aspirantes continúen reforzando la capacidad de sus administraciones, con el fin de aplicar la normativa de la UE en estos países ya antes de la adhesión. 
Los rápidos progresos de Estonia en las negociaciones para la adhesión son muy positivos desde el punto de vista de Finlandia. 
Nuestro país vecino se ha esforzado con determinación durante los últimos diez años para cumplir los criterios de la adhesión. 
La ley lingüística de junio de 2000, que es importante desde el punto de vista de la cuestión de las minorías en Estonia, cumple todas las normas internacionales. 
También ha progresado positivamente el proceso de transición económica. 
Para todas las partes es deseable que las cuestiones pendientes sean solucionadas rápidamente. 
El Gobierno de Estonia debería prestar más atención a la lucha contra la corrupción y contra el tráfico de drogas. 
. (EN) Saludo el informe Carlsson sobre la solicitud de adhesión de Estonia a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que llega la ponente. 
Tomo nota de que Estonia ya cumple los criterios de Copenhague y que la adopción del acervo comunitario avanza a buen ritmo. 
Una vez que la Unión Europea haya adaptado su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Estonia no deba ser admitida en la Unión. 
Espero con interés la pronta incorporación de Estonia. 
Informe Schroedter (A5-0239/2000) 
Señor Presidente, en el proceso de adhesión a la Unión Europea, la República de Letonía ha merecido mi voto favorable tanto a titulo personal como en mi calidad de representante del Partido de los Pensionistas. 
Aprovecho la ocasión para saludar a las personas mayores y a los pensionistas de Letonia que seguramente van a encontrar en la Unión Europea una atención preferente a sus problemas. 
Quiero destacar el bajo índice de natalidad- 7,5, como se evidencia en el informe Schroedter- un problema que agrava la situación del sistema de pensiones de la seguridad social que espero que la República de Letonia resuelva mejor que algunos Estados de la Unión Europea. 
. (EN) Saludo el informe Schroedter sobre la solicitud de adhesión de Letonia a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que ha llegado la ponente. 
Tomo nota de que Letonia avanza a buen ritmo respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague, así como a la adopción del acervo comunitario. 
Si Letonia continúa progresando y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Letonia no deba ser admitida en la Unión. 
Espero con interés que Letonia pueda unirse a la Unión en un futuro no demasiado lejano. 
. (FR) Me gustaría, junto con el ponente, felicitarme por los considerables progresos que Letonia ha realizado durante estos últimos meses para formar parte de la primera oleada de la ampliación que próximamente llevará a cabo la Unión Europea. 
Aunque este satisfecit oculta una realidad a veces dispar, -la Sra. Schroedter subraya en su informe la difícil situación de las zonas rurales, y también la lentitud de la necesaria adaptación de la administración pública -, no deja de ser cierto que Letonia ha reorientado su política para pasar a ser, sin duda ninguna, un miembro de la familia europea tal y como la concebimos habitualmente en este Parlamento. 
Y más que fastidiosas exégesis contables, lo que deberá determinar nuestras elecciones en materia de ampliación cuando llegue el momento, es ciertamente esta sensación- o su ausencia -, porque la construcción europea ya no tiene sentido si deja de ser ante todo política. 
Las argucias destinadas a modificar el modelo de interpretación de los acontecimientos cuando éstos van en contra de dogmas tecnocráticos y monetarios un tanto estereotipados- la increíble indiferencia de este Parlamento ante el resultado del referéndum danés constituye un magnífico e inquietante ejemplo de ello- no podrían servir de referencia a un debate de esta importancia. 
Letonia tiene su sitio en esta sala, no sólo porque globalmente, sus progresos le dan derecho a este "crédito de confianza" indispensable para culminar con éxito una negociación de este tipo, sino, sobre todo, y ante todo, porque en Europa está en su casa. 
Por ello, compartiendo las constataciones y las observaciones del ponente, me congratulo de este diálogo y de las perspectivas que genera. 
Espero que Letonia tenga la ocasión de aportar toda la riqueza de sus particularidades a una Unión Europea que, lo espero también, haya optado mientras tanto por reorganizarse en un conjunto político coherente, respetuoso frente a las naciones y su soberanía, en lugar de en una confusa junta de accionistas de desigual importancia que ha perdido de vista sus objetivos primordiales: los de la construcción de una Europa fuerte e independiente. 
Informe Hoff (A5-0240/2000) 
Señor Presidente, en lo concerniente a la situación de los acuerdos para la incorporación de Lituania a la Unión Europea, aprovecho esta importante ocasión para dirigir un cordial saludo a las personas mayores y a los pensionistas de Lituania. 
Quiero recalcar que es importante, como decía la ponente Magdalene Hoff, que se proceda al cierre de la central nuclear de Ignalina que es especialmente peligrosa. 
Espero que, tal como ha aceptado la República de Lituania, se proceda realmente al cierre de esta central nuclear. 
. (EN) Celebro el informe Hoff sobre la solicitud de adhesión de Lituania a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que llega la ponente. 
Tomo nota de que Lituania avanza a buen ritmo respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la adopción del acervo comunitario. 
Si Lituania continúa avanzando y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Lituania no deba ser admitida en la Unión. 
Espero con interés que Lituania se incorpore a la Unión en un futuro no demasiado lejano. 
Informe Gawronski (A5-0246/2000) 
Señor Presidente, he votado con mucha satisfacción a favor del informe sobre el estado de la adhesión de Polonia a la Unión Europea. 
Aprovecho la ocasión para saludar a las personas mayores y a los pensionistas de Polonia, algunos de los cuales, entre otras cosas, están organizados en un partido de los pensionistas, similar al Partido de los Pensionistas que represento en esta Unión Europea. 
Quiero destacar el importante trabajo realizado por el Sr. Gawronski con este informe. 
Considero que Polonia es el Estado, entre todos los que han solicitado la adhesión, que merece más que otros nuestro apoyo, dado que, sin las importantísimas iniciativas de Polonia, no habría caído el comunismo y hoy estaríamos aquí hablando de este problema. 
. (FR) Como miembro de la Comisión paritaria mixta Unión Europea/Polonia, me alegra poder referirme al progreso de las negociaciones con Polonia. 
Les recuerdo que el Acuerdo entre Europa y Polonia se firmó en diciembre de 1991, y entró en vigor en febrero de 1994. 
El 5 de abril de 1994, el gobierno polaco presentó su solicitud oficial de adhesión a la Unión Europea, y el 31 de marzo de 1998 se iniciaron oficialmente las negociaciones. 
Actualmente, Polonia es, entre todos los países candidatos, el que tiene un "peso específico" mayor, debido a la extensión de su territorio y a su población. 
Por su situación geográfica, representa un factor de estabilidad muy importante para la futura posición geopolítica de la Unión. 
Además, Polonia es un socio económico estimable, dado que constituye el cuarto mercado de exportación de la Unión Europea tras Estados Unidos, Suiza y Japón. 
Las negociaciones de adhesión con Polonia han entrado en una fase crucial, con la apertura de todos los capítulos, incluyendo el muy importante capítulo de la agricultura. 
La Comisión Europea ha publicado el segundo informe que recoge los avances de Polonia en la vía de la adhesión. 
En él, observa que se han realizado grandes progresos gracias a los esfuerzos que ha aceptado hacer este país, especialmente en materia de adopción del acervo comunitario. 
Además, Polonia respeta plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
En el ámbito del medio ambiente, también se han verificado progresos evidentes, con la creación del "Fondo Nacional para la Protección del Medio Ambiente" y con la aplicación del principio del "contaminador-pagador". 
En cuanto a sus relaciones exteriores, el gobierno polaco ha prestado una especial atención a la cuestión de sus fronteras con la región de Kaliningrado, Lituania, Bielorrusia y Ucrania, reforzando las capacidades institucionales y administrativas, en particular de la policía fronteriza. 
Sigue habiendo problemas: según la Comisión, Polonia todavía no ha obtenido resultados que incrementen suficientemente la eficacia de su sistema judicial. 
Además, el país debería implicarse más en la lucha contra la corrupción. 
Desde el punto de vista económico, el documento de la Comisión insiste en que el reto prioritario para Polonia es acelerar las reformas y la privatización, particularmente en el sector agrícola. 
Parece necesaria una reestructuración del sector agrícola en un país dónde la población rural representa el 38 % de la población total y el 4,9 % del PIB, y dónde el empleo agrícola se sitúa en el 27,4 %, frente al 5 % de la Unión Europea. 
Me consta que las autoridades polacas piensan que Polonia estará lista para la adhesión a partir del 31 de diciembre de 2002. 
Esto quizás no sea tan evidente para la población, que sigue siendo mayoritariamente euroescéptica. 
Por ello, me parece prematuro fijar ahora una fecha muy concreta, ¡seguro que este Estado candidato será de los primeros en unirse a la Unión Europea! 
Hemos asumido compromisos. 
Polonia hace esfuerzos considerables. 
La fecha y las modalidades concretas de adhesión deben ser fijadas de común acuerdo, y no de forma "conflictual". 
. (EN) Saludo el informe Gawronski sobre la solicitud de adhesión de Polonia a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que llega el ponente. 
Tomo nota de que Polonia avanza a un ritmo excelente respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la adopción del acervo comunitario. 
Si Polonia continúa progresando y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Polonia no deba ser admitida en la Unión. 
Espero con interés la pronta incorporación de Polonia. 
. (FR) Para algunos de nosotros, la adhesión de Polonia a la Unión Europea será el símbolo de una liberación: en esta Europa, que el general De Gaulle llamaba "catedral", Polonia ocupa al mismo tiempo un lugar aparte y un lugar de pleno derecho. 
Los lazos históricos, culturales, incluso afectivos, que mi país mantiene desde hace varios siglos con Polonia nos hacen, a nosotros los Franceses, tal vez más sensibles que otros a la calidad de la acogida que debe darse a una nación que resume casi por sí sola las glorias y los dramas de nuestro continente. 
Considerada durante demasiado tiempo como el privilegiado campo de batalla de amenazadores vecinos, para los que la anexión de Polonia era siempre el primer punto de sus programas expansionistas, teatro involuntario de una de las más abominables tragedias de la historia, y más tarde abandonada durante décadas a la opresión de un régimen totalitario que- fomentado por nuestros silencios culpables- pensaba acabar con su legendario espíritu de resistencia, Polonia no ha dejado de ilustrar con fuerza los valores de libertad, de coraje, de independencia, todo lo que en resumen constituye la base de valores comunes sobre los que se supone debe edificarse nuestra construcción política europea. 
Tenemos por tanto el deber de acoger a Polonia en nuestro seno lo antes posible, y de tratarla como se merece, es decir, como a cualquiera de nuestros miembros de toda la vida. 
Ahorrémonos las auditorías dubitativas y las exigencias normativas que no vienen a cuento, cuya obtusa aplicación agravaría la situación de este país en lugar de mejorarla: con un 25% de la población empleada en la agricultura, Polonia no es Luxemburgo, y los debates sobre la aplicación del acervo comunitario a los países candidatos se tiñen a veces de una dimensión surrealista, salvo que se acepte la escandalosa idea de una Europa a varias velocidades, en la cual, de las diferencias entre los pueblos, sólo contarían sus diferencias económicas. 
No, Polonia se merece algo mejor que una acogida con condiciones: su pasado es su mejor pasaporte, su dignidad su mejor abogado. 
Y sobre todo, ella, que luchó sin tregua contra todas las hegemonías, nos aportará esa mirada a la vez nueva y experimentada que nos permitirá prevenir los riesgos de cualquier nuevo imperialismo, aunque sea del aparentemente inofensivo, y sin embargo generador de los mayores peligros, imperialismo de la autocomplacencia y la sensiblería barata. 
Al permitir la entrada de Polonia en la casa común, la Unión hará justicia con la recién llegada: una justicia que le ha sido negada durante demasiado tiempo. 
Informe Jürgen Schröder (A5-0245/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el estado de los trabajos para la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. 
Aprovecho la ocasión para saludar a las personas mayores y a los pensionistas de este país. 
Confío en que encuentren ayuda y respaldo en la Unión Europa ante los problemas que, tras la caída del comunismo, todas las personas mayores de la República Checa han de afrontar como consecuencia de la devaluación de su moneda y, por lo tanto, de sus pensiones. 
Al igual que lo ha hecho el Sr. Schröder en su informe, quiero subrayo que en la República Checa la inflación ha bajado del 10,7 % en 1999 al 2,1 % de este año. 
Es una señal de la clara voluntad y del encomiable empeño de la República Checa de ingresar en la Unión Europea. 
Señor Presidente, yo me congratulo de que la Asamblea haya aprobada por una mayoría superior al 90% el excelente informe del colega Schröder que aborda por segundo año consecutivo el tema de los Decretos Benes, que conculcan el Derecho internacional y los derechos humanos, y señala que éstos son contrarios al acervo comunitario y también a los criterios de Copenhague. 
La Asamblea lo ha planteado de una forma que permite que la República Checa se desprenda por sí misma de estos Decretos contrarios a los derechos humanos. 
Yo insto a Praga a que acoja esta señal, esta petición, este ruego de que se establezca un diálogo, y a que responda a él y vele, junto con esta Asamblea, para que sea posible superar esa herencia de una era nacionalista. 
Señor Presidente, Señorías, yo acojo con clara satisfacción la enmienda presentada por el Grupo de Los Verdes al informe sobre la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. La actitud del Gobierno checo es inadmisible. 
En un momento en que se acumulaban los recelos ante la puesta en funcionamiento de Temelin por consideraciones de seguridad, éste declaró que se habían acabado las palabras y en adelante dejaría que hablasen los hechos. 
El Ministro de Medio Ambiente alemán lo expresó con precisión hace poco en una entrevista, cuando se preguntó si los checos desean integrarse en la UE con espíritu comunitario o con ánimo de desafío. 
En estos momentos todo parece indicar que la testarudez y no la razón es el principio máximo de actuación del Gobierno checo. 
Si la República Checa fuese admitida en la Unión sin que se resuelvan los considerables riesgos en materia de seguridad de la central nuclear de Temelin, en el futuro nos resultaría difícil que otros países candidatos a la adhesión se tomasen en serio nuestras exigencias de seguridad nuclear. 
Además, también considero imprescindible que se examine la conformidad con el derecho de la Unión de los Decretos Benes y las disposiciones de la AVNOJ, que se han utilizado para legitimar las expulsiones, el expolio y el asesinato. 
Su derogación sería acogida con satisfacción como un acto de superación activa del pasado y como un paso hacia la creación de una nueva base de entendimiento entre los pueblos. 
- (DE) He votado en contra del informe sobre la "Solicitud de adhesión de la República Checa a la Unión Europea y el estado de las negociaciones", dado que el Parlamento ha rechazado la enmienda del diputado Matti Wuori. 
Durante la fase preparatoria para la puesta en funcionamiento del reactor nuclear de Temelin se produjeron un número desproporcionado de averías; además, las evaluaciones del impacto ambiental son insuficientes y no se han sometido las partes centrales del reactor a un control serio de expertos internacionales. 
. (EN) Celebro el informe Schröder sobre la solicitud de adhesión de la República Checa a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que llega el ponente. 
Tomo nota de que la República Checa avanza a un ritmo excelente hacia el cumplimiento de los criterios de Copenhague y la adopción del acervo comunitario. 
Si la República Checa continúa progresando y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que la República Checa no deba ser admitida en la Unión. 
Espero con interés la pronta incorporación de la República Checa. 
Informe Wiersma (A5-0244/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el estado de los trabajos para la adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea. 
Aprovecho la ocasión para expresar mi deseo de que la adhesión a la Unión Europea alivie la situación de las personas mayores y de los pensionistas de Eslovaquia, una situación que perjudica gravemente los intereses de todos los ciudadanos, en particular de las personas mayores, y consistente en contar con pensiones insuficientes para garantizar un adecuado nivel de vida. 
Como declaraba el Sr. Wiersma en su informe, quiero subrayar los progresos realizados en la República eslovaca en lo que se refiere a la protección de las minorías. 
En particular, quiero destacar que ahora se permite el uso de la lengua materna en 57 ayuntamientos en los cuales la minoría gitana supera el 20%. 
. (EN) Saludo el informe Wiersma sobre la solicitud de adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que llega el ponente. 
Tomo nota de que Eslovaquia está progresando respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la adopción del acervo comunitario. 
Si Eslovaquia continúa haciendo progresos y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Eslovaquia no pueda ser admitida en la Unión. 
Espero con interés la incorporación de Eslovaquia a la Comunidad. 
Informe Queiró (A5-0248/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe del Sr. Queiró sobre el estado de los trabajos para la adhesión de Hungría a la Unión Europea. 
También los húngaros tienen que recibir la atención de la Unión en lo que respecta al nivel de vida de las personas mayores y de los pensionistas, unas categorías que en todos los países del este de Europa se encuentra en graves dificultades, tras la caída del comunismo que, prácticamente, ha anulado el poder adquisitivo de sus pensiones. 
No me cabe duda de que la Unión Europea no escatimará esfuerzos para resolver su problema. 
En particular, compruebo que en Hungría se registra un notable aumento de la producción de maquinaria y equipos destinada a la exportación. 
Por lo tanto, ¡bravo! a la República húngara. 
. (EN) Saludo el informe Queiró sobre la solicitud de adhesión de Hungría a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que llega el ponente. 
Tomo nota de que Hungría está progresando adecuadamente respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la adopción del acervo comunitario. 
Si Hungría continúa progresando y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Hungría no sea admitida en la Unión. 
Espero con interés la pronta incorporación de Hungría. 
Comparto las mismas inquietudes que el diputado europeo que, antes de la votación y con toda la razón, ha abordado la situación de los gitanos y las injusticias que sufren en Hungría. 
La existencia de graves discriminaciones sobre esta comunidad, una de las más castigadas en Europa, es un aspecto esencial que pone en duda que exista una verdadera voluntad de hacer de Europa un espacio de paz, de democracia y de prosperidad para todos los pueblos que la forman. 
Señor Presidente, el Partido de los Pensionistas ha votado a favor del informe sobre el estado de los trabajos para la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea. 
Me es muy grato aprovechar esta ocasión para dirigir un saludo muy especial a las personas mayores y a los pensionistas de la República búlgara. 
Tal como se dice en el informe del Sr. Van Orden, recuerdo a los habitantes y sobre todo al Gobierno de dicho país que es necesario clausurar definitivamente la central nuclear de Kozloduj y que, como se ha debatido en muchas ocasiones, sería conveniente hacerlo cuanto antes. 
Espero que Bulgaria atienda nuestra petición. 
. (EL) El informe Van Orden relativo a las negociaciones para la adhesión de Bulgaria expresa el apoyo del Parlamento Europeo a la incorporación de Bulgaria a la Unión Europea. 
Acertadamente, señala que la mejora de la situación de la población romaní, la reforma del sistema judicial, la lucha contra la corrupción, y el impulso adecuado de las políticas medioambientales contribuirán a allanar el camino hacia la adhesión. 
Especial importancia cobra el parágrafo 13 relativo a los visados, en el que el Consejo se resiste a eliminar a Bulgaria- lo mismo cabe decir de Rumanía- de la lista negra. 
La Unión Europea, por otra parte, debe afrontar abiertamente las dificultades de Bulgaria debidas a la situación de inestabilidad política y económica en los Balcanes, así como a la subida del precio del petróleo y a la devaluación internacional del euro, al que, por ley, está ligada la moneda búlgara. 
Finalmente, merecen particular atención las amplias capas sociales especialmente afectadas por la severa política presupuestaria aplicada en Bulgaria en el marco de la estrategia para la adhesión. 
. (EN) Saludo el informe Van Orden sobre la solicitud de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea y comparto la mayor parte de las conclusiones a las que llega el ponente. 
Tomo nota de que Bulgaria progresa satisfactoriamente respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la adopción del acervo comunitario. 
Si Bulgaria continúa progresando y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Bulgaria no deba ser admitida en la Unión. 
Espero con interés que Bulgaria se una a la Unión en un futuro no demasiado lejano. 
Informe Nicholson of Winterbourne (A5-0247/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el estado de los trabajos relacionados con la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, un país que, al igual que los demás Estados de Europa central y oriental, merece entrar a formar parte de nuestra gran familia, aunque, como todos sabemos, existen problemas, en especial los relacionados con la difusión de la corrupción en muchos sectores de la vida pública. 
Lamentablemente, este fenómeno no sólo afecta a Rumanía, sin embargo, espero que las autoridades rumanas se caractericen por remediar también esta anomalía- que se ha puesto especialmente de manifiesto en los preparativos que vienen realizando para su adhesión a la Unión Europea- y respeten los derechos civiles. 
. (EN) He votado en contra del presente informe porque la trayectoria del Gobierno rumano respecto a la protección del menor y los derechos de los discapacitados sigue siendo completamente inaceptable. 
. (EN) Saludo el informe Winterbourne sobre la solicitud de adhesión de Rumania a la Unión Europea y comparto la mayoría de las conclusiones a las que llega la ponente. 
Tomo nota de que Rumania progresa satisfactoriamente respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la adopción del acervo comunitario. 
Si Rumania continúa progresando y la Unión Europea adapta su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que Rumania no deba ser admitida en la Unión. 
Espero con interés que Rumania se una a la Unión en un futuro no demasiado lejano. 
Informe Martelli (A5-0242/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe del Sr. Martelli sobre el estado de los trabajos para la incorporación de Eslovenia a la Unión Europea. 
Quiero saludar muy cordialmente a las personas mayores y a los pensionistas eslovenos que están en el Gobierno del país con el Partido de los Pensionistas de Eslovenia que ha conseguido el 5% de los votos en las últimas elecciones. 
Confiando en que esto pueda ocurrir pronto también en Italia, hago votos por que también se solucionen los problemas de las personas mayores y de los pensionistas de Eslovenia, no sin olvidar que sería oportuno que Eslovenia abandonara toda forma de reivindicación y animosidad hacia la República italiana, reivindicaciones y animosidades que, lamentablemente, han aflorado aquí y allá en los últimos tiempos en algunas importantes declaraciones. 
. (EN) Saludo el informe Martelli sobre la solicitud de adhesión de Eslovenia a la Unión Europea y respaldo las conclusiones a las que llega la ponente. 
Tomo nota de que Eslovenia ha realizado un progreso excelente respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague y que la adopción del acervo comunitario avanza a buen ritmo. 
Una vez que la Unión Europea haya adaptado su estructura institucional y sus políticas para poder hacer frente a la ampliación, no veo ninguna razón por la que la Unión no deba dar la bienvenida a Eslovenia. 
Espero que Eslovenia se encuentre en el primer grupo de nuevos miembros. 
Informe Poos (A5-0249/2000) 
Señor Presidente, teniendo en cuenta el hecho de que Chipre es uno de los países del Mediterráneo limítrofes con numerosos Estados de Europa central y oriental y que Italia se proyecta en el Mediterráneo, como acaba de declarar a nuestro Parlamento, reunido en sesión solemne, el presidente della República Sr. Ciampi, me complace constatar que en el informe se recalca la suficiente preparación de Chipre para ingresar en la Unión Europea. 
Considero que este paso y el ingreso de Chipre en la Unión Europea son extraordinariamente importantes para promover la paz en esta atormentada isla de nuestro Mediterráneo. 
Señor Presidente, mi voto sobre el informe relativo a Chipre debería ser visto como una señal de protesta contra su falta de equilibrio, porque no estoy en contra de la adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Por el contrario, tengo gran interés en que Chipre ingrese, pero no acepto este informe que carece de equilibrio, especialmente en el apartado 4, ni el hecho de que, al menos, no se insista en la conveniencia de que se alcance una solución política previa a la adhesión. 
Asimismo, el informe hace un llamamiento en favor de la repatriación de los colonos, lo que presumiblemente incluye a sus hijos nacidos y criados en Chipre. 
Cualquiera que sea la solución que se tome respecto a los colonos, y es uno de los temas espinosos, junto con la devolución de tierras en ambas partes, esto resulta demasiado duro si no se hacen algunas salvedades. 
El Parlamento Europeo ha faltado a su deber de meditar un enfoque equilibrado, lo cual lamento profundamente. 
Naturalmente, la República de Chipre es un Estado reconocido internacionalmente, pero no deberíamos hacer nada más para reconocer los derechos, así como las obligaciones de la comunidad turcochipriota. 
. (EL) El informe Poos sobre la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea contiene numerosos elementos positivos: 
reconoce sin dudas a las autoridades legales de la República de Chipre; 
señala el carácter autónomo del proceso de adhesión, con respecto a la solución política del conflicto de Chipre, de suerte que Chipre no se convierta en rehén de Turquía; 
subraya las responsabilidades de Turquía y de la parte turcochipriota en la solución del conflicto de Chipre; 
censura la presencia y las provocaciones de las tropas turcas en Chipre; 
plantea la cuestión el regreso de los refugiados, así como la de la colonización de la isla. 
Se trata de un punto de vista justo y equilibrado que el Consejo de Ministros debe tomar seriamente en consideración. 
. (EN) Lamento no poder apoyar el informe Poos sobre Chipre. 
La cuarta ronda de conversaciones de proximidad de Chipre se celebró en Nueva York del 12 al 26 de septiembre. 
Las partes han acordado celebrar una próxima reunión en Ginebra del 1 al 10 de noviembre. 
El proceso para encontrar una solución, auspiciado por las Naciones Unidas, dura ya desde diciembre de 1999 sin interrupción, más tiempo que cualquier otro intento anterior de encontrar una solución al problema chipriota. 
El enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Chipre, Alvaro de Soto, dijo en su rueda de prensa de 26 de septiembre que en la cuarta ronda de conversaciones se había dado "un paso cualitativo hacia delante", y subrayó que, aunque aún queda un largo camino por recorrer, ambas partes habían asumido, durante las conversaciones, compromisos en lo esencial como no habían hecho hasta entonces. 
Reconoció que se estaban abriendo nuevas vías que podrían causar cierto nerviosismo en algunos círculos. 
Pero expresó su confianza en que en los próximos meses se seguirá avanzando sobre los logros ya alcanzados. 
Asimismo, señaló que las Naciones Unidas ya habían iniciado contactos con la UE con vistas a garantizar que no se produjera ningún conflicto de intereses con el proceso de las Naciones Unidas. 
Como ha señalado el Sr. de Soto, no esperamos que el progreso sea tarea fácil, y el éxito del proceso de las Naciones Unidas no está ni mucho menos garantizado. 
La posición del Reino Unido es que debemos intentar por todos los medios demostrar nuestro apoyo a los esfuerzos del Secretario General. 
Lamentablemente, algunos de los comentarios que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa vierte en el proyecto de informe sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea no facilitan las cosas. 
La utilización de un lenguaje controvertido y la impresión unilateral que dan las opiniones de los diputados amenazan con debilitar el proceso. 
Espero, por consiguiente, que los diputados no escatimen esfuerzos para alentar al Parlamento Europeo a expresar su apoyo al proceso de las Naciones Unidas con vistas a encontrar una solución, que esté basada en la constante buena voluntad de todas las partes implicadas, y garantizar que el Parlamento Europeo no produce declaraciones ni adopta posiciones que pudieran perjudicar dicho proceso. 
. (FR) Como miembro de la comisión parlamentaria mixta UE/Chipre, me alegra poder hablar de los progresos de Chipre en las negociaciones para entrar en la Unión europea. 
La evaluación de la Comisión europea es muy positiva. 
Chipre cumple con el conjunto de los criterios políticos y económicos de Copenhague. 
Actualmente, ya se han cerrado 16 capítulos de 31, y la República de Chipre sigue esforzándose para cumplir todos los criterios. 
Chipre puede pues pensar en convertirse rápidamente miembro de la Unión europea y cualquier objeción a su entrada a causa de la especial situación de la isla no sería defendible ni política, ni moralmente. 
De hecho, esto es lo que resalta de las conclusiones del Consejo europeo de Helsinki quien afirma, por fin, que la situación de la cuestión chipriota no es una "condición previa" para su entrada en la Unión Europea. 
Espero por cierto que las negociaciones que se han mantenido bajo los auspicios de las Naciones unidas puedan tener resultados, de forma que ambas poblaciones, chipriota y griega, beneficien conjuntamente de las ventajas de su entrada en la UE dentro de una república reunificada. 
También insisto para que la Unión Europea, a través de su Alto representante para la PESC, se implique más aún en la búsqueda de una solución negociada para terminar con división de la isla, en aplicación de las decisiones del Consejo de seguridad de las Naciones unidas. 
La Unión tendrá capacidad de contribuir de forma importante a la seguridad de las comunidades chipriotas dentro del marco de un reglamento de paz. 
Puede ayudar a resolver el problema del retorno controlado de los refugiados, así como el de la repatriación de los colonos, y puede contribuir ampliamente al desarrollo del norte de Chipre, una vez que se lleve a cabo la reunificación y que haya salido el ejército turco. 
Resulta imprescindible lanzar proyectos que impliquen a las dos comunidades y alentar el diálogo entre las dos partes dentro de un nuevo espíritu de confianza. 
La Unión debe convencer a la comunidad chipriota turca, que cuenta aproximadamente con 89.000 miembros, para que se asocien sin condiciones a las conversaciones para la entrada, ya que es algo que le interesa directamente. 
La entrada de Chipre sería ventajosa para ambas comunidades y permitiría a los chipriotas turcos recuperar su retraso económico: sus ingresos per cápita son tres veces inferiores a los de los chipriotas griegos. 
Por lo tanto es imprescindible que los chipriotas turcos ofrezcan su punto de vista sobre las negociaciones de entrada. 
Esta tarea no será fácil, si consideramos la falta de buena voluntad de la parte chipriota turca y de Turquía. 
Incluso cuando los últimos acontecimientos en la región no incitan al optimismo, la Unión europea debe seguir presionando en las conversaciones que pretenden un arreglo global de la cuestión chipriota. 
. (EN) El Grupo Verts/ALE apoya el informe del Sr. Poos sobre la solicitud de adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea. 
No obstante, lamenta que la Asamblea no haya aprobado su enmienda sobre el tema de los colonos. 
Es absolutamente imposible solucionar el problema de los colonos que llegaron al norte de Chipre desde Turquía hace mucho tiempo, sencillamente enviándolos de vuelta, como sugiere el informe. 
Es lamentable que la UE adopte una posición unilateral respecto a una cuestión tan grave y difícil. 
Las conversaciones de proximidad no avanzan como nosotros desearíamos. 
Estamos convencidos de la necesidad de iniciativas a todos los niveles para superar el actual estancamiento en que se encuentran las negociaciones. 
Esperamos que la perspectiva de una pronta adhesión a la UE y la facilitación de los contactos a través de proyectos comunales de nuevo cuño, que la UE ha prometido fomentar y financiar, den un impulso positivo a la solución de la "cuestión chipriota". 
. (EN) Acojo con gran satisfacción el informe del Sr. Poos sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Tomo nota de que Chipre progresa adecuadamente en la adopción del acervo comunitario, lo que permite que las negociaciones de adhesión avancen a buen ritmo. 
Al igual que el ponente, yo también me congratulo de la decisión del Consejo de Helsinki de no convertir la solución de la división de la isla en condición previa para la adhesión. 
No hay duda de que la adhesión de Chipre a la Unión reforzará la influencia de la Unión Europea en el Mediterráneo oriental y en Oriente Medio. 
Desde el punto de vista económico, la adhesión de Chipre no plantea grandes problemas, puesto que se trata de un país de economía de mercado, con un nivel de vida elevado. 
Espero con interés que Chipre se encuentre en el próximo grupo de nuevos miembros. 
Informe Stenzel (A5-0243/2000) 
. (EN) Tomo nota con interés del informe de la Sra. Stenzel sobre la solicitud de adhesión de Malta a la Unión Europea. 
Malta reúne todos los requisitos para la adhesión a la Unión Europea y, por consiguiente, sólo existe un único obstáculo para convertirse en miembro de pleno derecho. 
Dicho obstáculo es la división de la opinión pública y de los partidos políticos respecto a la conveniencia de la adhesión. 
El Gobierno maltés debería sentar las bases para la celebración de un diálogo constructivo en el que participen todos los sectores de su comunidad con vistas a garantizar un consenso, lo más amplio posible, respecto al tema de la adhesión. 
A condición de que se alcance dicho consenso, espero con interés la adhesión de Malta a la UE. 
Informe Paulsen (A5-0257/2000) 
Señor Presidente, qué no se habrá dicho ya sobre la seguridad alimentaria y las precauciones que deben tomarse para evitar nuevas contaminaciones o nuevas crisis alimentarias. 
El informe de la Sra. Paulsen resulta muy apropiado aunque no va tan lejos como sería necesario si consideramos lo que está en juego. 
Y es ya no se trata sólo de simples daños o desviaciones: los excesos de la cadena industrial que trata la industria agroalimentaria en un contexto de liberalismo, de competencia y de búsqueda sin freno de los beneficios, se han revelado mortíferos, criminales incluso, es preciso decirlo. 
Las violaciones deliberadas de las leyes sanitarias, penales e incluso morales, al falsificar las leyes naturales, transgredir las especies y la fisiología de los animales, se han realizado sin ningún control y sin reglas adecuadas ni ninguna sanción justificada. 
Sin embargo, nosotros, los consumidores, estamos en el último eslabón de la cadena alimentaria y por lo tanto somos el receptor final de las corrupciones y de las falsificaciones alimentarias. 
No deberíamos extrañarnos si somos también las víctimas, e incluso desgraciadamente si sucumbimos víctimas de estos excesos. 
El llamarse a engaño sobre la complejidad y la infinidad de los engranajes y relaciones de la cadena industrial agroalimentaria, confesando que no podemos controlar y separar para sancionar es una actitud irresponsable y engañosa. 
Cada eslabón debe ser responsable de su producción y de su papel identificable con precisión. 
El freno que garantice este rigor depende de la voluntad de la Comisión de garantizar a los consumidores una calidad constante y a todos los niveles de los productos que aparecen en el mercado. 
Sin embargo, al no aceptar que se incluyan los alimentos genéticamente modificados como un producto indeseable, el Parlamento europeo tomó la responsabilidad de situarse en desfase completo con su opinión pública y sus electores, que se muestran cada vez más reticentes con respecto a los OGM, e incluso los rechazan claramente cuando tienen las posibilidad de detectarlos en los alimentos. 
Tampoco deberíamos extrañarnos si la industria alimentaria se abalanza sobre esta brecha y apuesta sin reservas por la alimentación de los animales para consumir sus OGM. 
Hoy la pelota está en el campo de la Comisión para corregir sus errores presentando y poniendo en marcha medidas urgentes para hacer frente a la inquietud de los consumidores, y con sobrados motivos. 
Señor Presidente, ciertamente al Partido de los Pensionistas le interesa de una manera muy especial la salubridad de los alimentos y de la alimentación, en consecuencia, ha votado a favor del informe Paulsen. 
A tenor de la verdad, debo decir que hasta ayer no sabía si iba a intervenir con esta explicación de voto, pero ayer por la noche, al salir del Parlamento con los Sres. Andria y Speroni- que, al llamarse Francesco, hoy celebra su santo, por lo que le felicito, al igual que felicito a todos los Franciscos presentes en nuestro Pleno- me maree, devolví y sufrí otros síntomas de este tipo. 
Desgraciadamente, sufrí una leve intoxicación alimentaria en el Parlamento Europeo. 
¿Qué nos va a ocurrir si también los animales con los que nos nutrimos se sintieran mal come me sucedió a mí? 
Por lo tanto, evitemos totalmente sustancias no deseadas en la alimentación de los animales. 
La seguridad alimentaria exige que se preste, cada vez más, toda la atención a los alimentos para animales teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre alimentación animal y alimentación humana. 
A eso se debe la importancia de las enmiendas a la Directiva 1999/29/CE para velar por que abarque todos los productos, sea cual fuere su forma, que se puedan utilizar en la alimentación de los animales, tanto los destinados a la producción de materias primas de consumo alimentario como a los animales domésticos no destinados al consumo alimentario. 
También es positivo que se prohíba la dilución de los lotes de productos cuyo tenor en substancias indeseables sea superior a los valores máximos fijados con productos no nocivos con objeto de eludir la obligación de respetar los valores máximos fijados. 
En cuanto a la fijación de los valores máximos, conviene tener en cuenta varios aspectos, como la continua aparición de nuevos productos químicos y la necesidad de revisión periódica basada en análisis científicos precisos y en experimentos comprobados o incluso, en ciertos casos, la necesidad de indemnizar a agentes económicos y sobre todo a los agricultores en situaciones particulares en que no tengan responsabilidad alguna por la contaminación de los productos utilizados en la alimentación animal. 
. (FR) Desde 1997, fecha en que salió a la luz pública el escándalo de las vacas locas, nuestro Parlamento pide que la alimentación animal sea objeto de la mayor atención. 
En efecto, hay que vigilar este ámbito, ya que la alimentación de los animales es el primer eslabón de la cadena alimentaria. 
Nos preocupa especialmente el que, a escala europea y de forma concreta, la seguridad alimentaria vaya desde la dehesa hasta la mesa. 
Los tres informes que se han aprobado hoy permiten ir en el buen sentido. 
De este modo, la prohibición de las sustancias indeseables en la alimentación animal es un elemento esencial de la política de seguridad alimentaria. 
En primer lugar, porque es importante fijar umbrales tolerables para la salud. 
En segundo lugar, porque es preciso prohibir la posibilidad de diluir alimentos contaminados en alimentos sanos para hacerlos consumibles. 
Se trata, por ejemplo, de los hectolitros de leche contaminada por dioxinas que han podido diluirse legalmente en leche sana. 
Esta práctica derogatoria es escandalosa en sus principios mismos: hasta ahora, el envenenamiento, siempre y cuando fuese con dosis homeopáticas, era legal. 
Además, la disolución abre la vía al fraude en el conjunto del territorio europeo. 
La destrucción de los alimentos o de los compuestos alimentarios contaminados ofrece una doble garantía para limitar el tráfico de este tipo de alimentos. 
En primer lugar, es una garantía de seguridad para los consumidores que, por supuesto, serán los primeros beneficiarios de esta medida. 
Y en segundo lugar, es una garantía para los agricultores y los ganaderos de que sólo se ofrecen alimentos sanos en el mercado. 
Por todos estos motivos, voté a favor de la prohibición de la disolución propuesta en la Comisión europea. 
También era imprescindible reforzar la armonización de las condiciones de ejercicio de los controles e inspecciones en el ámbito de la alimentación animal. 
Ya está hecho. 
Desearía ahora que el Consejo de ministros pueda avanzar rápidamente y apoyar las enmiendas que hemos aprobado. 
Informe Paulsen (A5-0256/2000) 
Es importante que se dé carácter obligatorio a una declaración completa y pormenorizada de las materias primas de los alimentos compuestos para animales a fin de garantizar su seguridad mediante un etiquetado claro y transparente que posibilite a los criadores la adopción de una decisión propia sobre su adquisición. 
Como se sabe, desde 1997, a raíz de la crisis de la EEB, había ya una petición del Parlamento Europeo de que se legislara con ese objetivo, petición reiterada después del escándalo ocurrido en Bélgica, el año pasado, con la presencia de dioxinas en los alimentos para animales. 
Conviene también que se elabore una lista exhaustiva de las materias primas autorizadas y que los fabricantes de alimentos para animales comprueben, cuando se les solicite, su composición mediante documentos internos de la empresa. 
RC B5-0768/2000 (ASEM III) 
. (FR) Hemos votado en contra de la decisión común ya que parte de una hipótesis que, escondiéndose tras fórmulas hipócrita, sugiere que las relaciones entre Asia y Europa tienen lugar entre socios en situación de igualdad. 
La mayoría de los países asiáticos llevan aún los estígmatas de su "colaboración" en el pasado con las grandes potencias, y especialmente con Europa. 
¿Acaso las relaciones seculares entre Gran Bretaña e India tienen lugar entre socios iguales? 
¿Y entre Francia y sus colonias de Indochina? 
¿Entre China y todas esas grandes potencias que intentaron desmembrarla en función de sus intereses respectivos? 
Más recientemente, las masas pobres de varios países del sureste asiático han debido pagar un precio elevado por su "colaboración" con los capitales especulativos que acudieron en tropel a su región. 
Considerando el pasado, y considerando asimismo las relaciones económicas actuales entre las grandes potencias desarrolladas y los países pobres de Asia, hablar de "socios iguales" para el futuro es, como mínimo un deseo bienintencionado, pero más bien una forma de encubrir con frases seudodemocráticas y seudohumanitarias relaciones de explotación. 
Precisamente porque estamos a favor del desarrollo de relaciones de cooperación, verdaderamente fraternales y entre socios realmente iguales, entre todos los países del mundo, no tenemos intención, con nuestro voto, de encubrir una superchería. 
. (EN) Quisiera añadir mi voz a la de aquellos que condenan los actos de violencia contra uno de mis electores, James Mawdsley de Ormskirk en Lancashire. 
Acojo con satisfacción la votación de este Parlamento en la que se deplora las flagrantes violaciones de los derechos de James en virtud del Derecho internacional de las Naciones Unidas. 
Mark Rowland de la "Jubilee Campaign" estará absolutamente encantado de que el Parlamento Europeo se haya unido a las Naciones Unidas en la condena por el trato recibido. 
Debemos continuar condenando los abusos contra los derechos humanos en Birmania. 
Como diputados elegidos por sufragio, nos sentimos indignados por el hecho de que 51 miembros elegidos democráticamente de la LND hayan sido encarcelados, víctimas, como James, de un abuso inhumano y cruel. 
El único delito de James fue defender y hacer campaña en favor de los derechos humanos y de la democracia en Birmania, y merece ser alabado por sus esfuerzos, que le han causado semejante tormento a él y a su familia. 
Debemos instar a los países del ASEM en la presente resolución a que presionen al régimen militar de Birmania para que restablezca la democracia. 
Las explicaciones de voto quedan cerradas. 
(La sesión, interrumpida a las 13 h 22, se reanuda a las 15 horas) 
Discriminación e igualdad de trato en el trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0259/2000 del Sr. Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación (2001-2006) (COM (1999) 567- C5-0046/2000- 1999/0251 (CNS) ); 
A5-0264/2000 del Sr. Thomas Mann, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (COM (1999) 565- C5-0068/2000- 1999/0225 (CNS) ). 
. (EN) Señor Presidente, es un honor para mí estar aquí de pie ante esta Asamblea para presentar el que no sólo es mi primer informe como diputado al Parlamento Europeo, sino además un informe sobre un tema que me llega al corazón. 
Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a mi coponente, Elizabeth Lynne, por su cooperación y sus comentarios constructivos, y hacer extensivo mi agradecimiento a todos los diputados que forman parte del grupo de trabajo del ponente sobre la aplicación del artículo 13. 
Como ponente del programa de acción de lucha contra la discriminación, he intentado, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, mejorar el texto de la Comisión. 
Quisiera advertir a los diputados que el grupo de trabajo del Consejo aprobó por unanimidad recomendar al Consejo que modificara el tipo de comité del programa de acción y lo convirtiera en un comité mixto, una combinación de los procedimientos de gestión y de asesoramiento, que incremente así la capacidad de cada uno de los Estados miembros. 
El Consejo informó al Parlamento antes de la votación en comisión, pero con un margen de tiempo muy pequeño, descartando con ello deliberadamente cualquier posibilidad de un debate adicional conmigo o con el Parlamento. 
Como ponente, creo que las propuestas originales de la Comisión sobre la composición del comité es el mejor enfoque para alcanzar los objetivos del Parlamento y del programa. 
La mayor responsabilidad que puede recaer sobre un político es que le den la oportunidad de reparar las injusticias que con tanta frecuencia son infligidas a las minorías. 
Asumo esa responsabilidad con entusiasmo, con la determinación de garantizar que este programa de acción para luchar contra la discriminación, no sólo en la UE, sino también en los países candidatos, no sea el final de un noble proceso, sino el comienzo. 
Aquellos de nosotros que nos sentimos lo suficientemente cómodos y seguros para formar nuestro propio entorno de trabajo sólo podemos comenzar a imaginarnos la discriminación atroz, y en ocasiones con amenazas contra la vida, a la que algunas personas se enfrentan cada día. 
Es ilógica, irracional y está basada en la ignorancia. 
Existe porque hombres y mujeres buenos no hacen nada o comienzan a hacer algo, pero no terminan nunca. 
Somos parciales en nuestro enfoque y aplicación. 
Favorecemos a ciertas minorías y colectivos, pero no a otros. 
Somos aleccionados por la opinión pública o los medios de comunicación y al ser aleccionados, creamos y confirmamos una jerarquía de la opresión. 
Mientras elaboraba mi informe, me entristeció conocer que algunas ONG creen que su continuación es más importante que la de otros grupos. 
Sólo una ONG relacionó su opresión con aquella que sufren todos los grupos enumerados en el artículo 13 y ése fue el colectivo Stonewall, que tiene su base de operaciones en el Reino Unido. 
Es el motivo por el que yo, miembro de una minoría, lanzo esta seria advertencia de que a menos que reconozcamos que la discriminación contra un colectivo es una discriminación contra todos, no conseguiremos nada más que la proliferación de ONG y otros grupos. 
Ningún colectivo debería avanzar a expensas de otro. 
Debemos recordar que estamos hablando de auténtico dolor y sufrimiento y de vidas reales. 
Es posible que algunos diputados hayan sido consultados por ONG sobre financiación y, específicamente, financiación central. 
Comprendo sus preocupaciones, pero he recibido garantías de la Comisión de que las ONG podrán solicitar fondos para éste y otros programas e iniciativas gestionadas por la Comisión. 
En mi informe defiendo una mayor representación y participación de las ONG, una mayor obligación de rendir cuentas al Parlamento, la elaboración de un informe anual para que sea debatido en el Parlamento, el nivel más alto posible de transparencia, el fomento del recuerdo del pasado en la lucha contra los prejuicios y el reconocimiento de la discriminación múltiple. 
La trayectoria de la UE en la erradicación de la discriminación no es buena. 
Ahora ha llegado el momento de hacerlo y hay que hacerlo con cada una de las fibras de nuestro ser. 
Nunca podremos sobornar a los intolerantes; sólo los alentaremos a mantener su actitud. 
Imaginemos el mundo a través de los ojos de una niña que crece en un mundo que la discrimina porque es niña, pertenece a una minoría étnica, es discapacitada o lesbiana. 
Es mucho lo que debemos de hacer por esa niña y por tantos otros. 
No podemos permitirnos ser pusilánimes. 
Si carecemos del valor necesario para poner fin a la discriminación, al menos deberemos tener la integridad y la decencia de reconocer que existe. 
Como políticos, debemos tener el valor de ser impopular a corto plazo para hacer lo que es acertado y justo a largo plazo. 
Insto al Parlamento a que apoye mi informe. 
. (DE) Señor Presidente, el artículo 13 del Tratado de Amsterdam se ha descrito como el "gigante dormido". 
Dicho artículo constituye el fundamento para una actuación a escala europea contra la discriminación. 
Mi tarea era examinar la directiva marco para los ámbitos del empleo y la ocupación, que tendrá como resultado modificaciones de peso en la práctica empresarial. 
Las experiencias de la aplicación en Estados Unidos del decreto contra la discriminación (antidiscrimination act) , aprobado hace diez años, permite intuir lo que va a ocurrir en Europa. 
Por consiguiente, es absolutamente necesario proteger de manera eficaz de la discriminación a todos los grupos contemplados en el artículo 13. 
Al mismo tiempo, también se deben tomar en consideración los intereses legítimos de los asalariados. 
No es de extrañar que la Presidencia francesa del Consejo haya calificado esta cuestión como una de sus prioridades. 
La discriminación se debería empezar a combatir ya de manera preventiva ante las conductas intimidatorias, hostiles u ofensivas. Todos los actores deben participar en este empeño. 
Un pleno aprovechamiento de los recursos humanos sólo es posible si reina un clima de paz en la empresa. Éste reporta un beneficio económico y social. 
En las empresas, no se admite a ciertas personas en la formación profesional permanente o la formación continua con el pretexto de que supuestamente son demasiado jóvenes o demasiado mayores. 
Se discrimina a las personas mayores cuando se las obliga a abandonar la vida laboral o cuando se estipula una edad máxima para la contratación. 
En las entrevistas de selección de los aspirantes a un empleo a menudo se rechaza a los que proceden de familias o zonas urbanas con problemas sociales o los afectados por alguna discapacidad. 
Se rechaza a las personas discapacitadas con el argumento de que no se puede imponer su presencia a los clientes o al personal. 
Los empleadores se escudan en el hecho de que la contratación de personas discapacitadas constituye lo que se designa como "dificultades excepcionalmente gravosas". 
En la Comisión de Empleo definimos con gran precisión, en el apartado 4 del artículo 2, lo que se entenderá por ajustes razonables, así como las circunstancias en las que no podrán imponerse ciertos costes a las empresas, concretamente cuando su tamaño o su volumen de negocios sean insuficientes. 
Yo comparto firmemente el deseo de las asociaciones de discapacitados de que se elabore una directiva separada. Ésta permitiría abordar, en efecto, con todo detalle las diferencias; por ejemplo, que las personas con una discapacidad locomotriz tienen problemas muy distintos que las personas que sufren una discapacidad psíquica. 
Algunos aspectos importantes de la normativa son: en primer lugar, la regulación de la carga de la prueba. 
El artículo 9 de la propuesta de directiva prevé que la persona que se considere discriminada, ya sea por haber sido rechazada como solicitante de un empleo o a causa de un despido, pueda acudir a la vía jurídica. Bastará con que aduzca, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumirla existencia de una discriminación. 
La parte demandada deberá demostrar, en cambio, que no ha habido discriminación y deberá poder acreditarlo. 
Con objeto de evitar imponer una carga logística y financiera insostenible a las pequeñas y medianas empresas, nosotros proponemos que se introduzca un plazo de prescripción de entre 6 y 12 meses. 
En segundo lugar, el derecho de querella colectiva. 
No podemos dejar de acoger con satisfacción la propuesta de la Comisión de que sólo se puedan incoar querellas colectivas con el consentimiento de las personas afectadas. 
Sin embargo, sólo deberían tener derecho a incoar procedimientos judiciales las asociaciones, las organizaciones o las personas jurídicas que representen a los trabajadores y a los grupos contemplados en el artículo 13. 
En tercer lugar, los órganos de mediación. 
En caso de conflicto se crearán órganos de mediación independientes que tomen en consideración por un igual los intereses del empleador y los de los asalariados. 
Muchos problemas se pueden resolver, sin duda, internamente, sin necesidad de un procedimiento judicial. 
La Comisión de Empleo se pronunció por mayoría a favor de que estos órganos se creen en los Estados miembros y no adopten la forma de un órgano central de ámbito europeo. 
En cuarto lugar, la participación de los interlocutores sociales. 
En su calidad de principales responsables de resolver los problemas de discriminación en el lugar de trabajo, los interlocutores sociales se encuentran en la posición más favorable para proponer soluciones practicables. 
También se debe promover, evidentemente, la participación de las ONG, pero sin que ello ponga en ningún caso en entredicho la autonomía de los interlocutores sociales. 
En quinto lugar, las comunidades religiosas, sin duda uno de los aspectos más delicados de la directiva. 
¿Pueden autorizar los Estados miembros un trato diferenciado en el caso de las comunidades religiosas y los grupos con determinadas convicciones? 
Yo opino que sí. 
Su imprescindible aportación a la sociedad en forma de servicios sociales, como jardines de infancia, hospitales y centros educativos, es importante. 
Estos colectivos temen verse obligados a tener que contratar personas que no se identifiquen con sus valores y convicciones. 
La Comisión de Empleo adoptó por una gran mayoría el compromiso en virtud del cual una diferencia de trato no constituirá discriminación cuandolareligión o las creencias constituyanrequisitos esenciales para el desempeño del puesto de trabajo. 
La igualdad de trato y la no discriminación son principios fundamentales de la UE. 
La votación de mañana demostrará si hemos conseguido tender algún puente, tras la excelente colaboración mantenida con todos los ponentes sobre este tema- permítanme que cite tan sólo a la Sra. Swiebel en representación de todos ellos- y tras las intensas conversaciones con la Comisión y con la Presidencia del Consejo. 
Tenemos muchas posibilidades de conseguir que la Comisión y el Consejo hagan suyas muchas de nuestras recomendaciones. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Cashman por un informe excelente y por haber incluido muchas de las cuestiones que se plantearon en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
La estrecha colaboración de todos sin excepción sobre el artículo 13, según el procedimiento Hughes, resultó ser de gran utilidad. 
El programa de acción debe permitir a los colectivos discriminados adoptar medidas por sí mismos. 
Debe garantizar igualdad de acceso al programa para las personas con discapacidades y debe garantizar que la financiación no cae por debajo de las medidas preliminares. 
Asimismo, debemos seguir preparando legislación contra la discriminación por cualquier motivo en el futuro, una directiva sobre discapacidades, inclusive. 
A la luz de las audiciones sobre el artículo 13 he podido comprobar con toda claridad lo mucho que necesitamos una directiva sobre discapacidades. 
Jenny era del colectivo "Access Charter". Era la coordinadora del grupo y yo la invité a las audiciones sobre el artículo 13. 
Para empezar, no podía entrar en el Parlamento excepto a través de las puertas giratorias. 
Luego hicimos una reserva en un hotel con acceso para discapacitados donde descubrimos que lo único que hicieron fue poner una cama sencilla atravesada en el cuarto de baño. 
Intentó subir a un taxi en Bruselas, pero fue rechazada. 
Intentó entrar en un restaurante a comer y se le negó la entrada porque su aspecto físico podría molestar a los demás comensales. 
La última vejación la sufrió en el aeropuerto de Bruselas, donde fue sometida a un cacheo completo, y cuando protestó, le dijeron: "¡ Buen viaje, ojalá se estrelle su avión !". 
Por eso necesitamos una legislación contra la discriminación. 
Brevemente, respecto a la directiva sobre el lugar de trabajo, quisiera felicitar a Thomas Mann por un informe excelente. 
Una vez más, ha habido una colaboración estrecha. 
Se trata de una legislación innovadora y representa un paso de gigante hacia delante, pero debemos llegar aún más lejos. 
Les insto asimismo a que voten a favor de la enmienda presentada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales relativa a la edad. 
La discriminación por cualquier motivo es injusta, igual de injusta. 
Debemos votar a favor de estas normativas mañana y demostrar, por fin, nuestro compromiso con la erradicación de la discriminación en cualquiera de sus formas. 
. Señor Presidente, la discriminación, en cualquiera de las caras que pueda mostrar, repugna nuestra forma de entender la convivencia y socava uno de los principios rectores de la Unión, el de la igualdad de trato. 
Este principio, así como la prohibición de toda discriminación, han sido recogidos también en el proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales. 
Me refiero ahora al programa de lucha contra la discriminación que hoy examinamos junto con la propuesta de directiva. 
El programa, a pesar de su modestia financiera, puede cumplir un papel relevante para fortalecer los mecanismos de lucha contra la discriminación y alcanzará sus fines si existe coordinación, tanto a nivel comunitario como en los Estados miembros, con otros programas e iniciativas en el mismo campo. 
Son los Estados los que tienen la responsabilidad más directa en la erradicación de las prácticas discriminatorias y, por ello, es imprescindible incorporar toda nuestra experiencia y acervo acumulado en este campo, así como que este Parlamento asegure un seguimiento eficaz del mismo. 
El apoyo a los interlocutores sociales, a las ONG y a otras instituciones que persigan este mismo objetivo es tan necesario como el rigor que debemos exigir en la selección de las acciones y organizaciones a las que prestamos apoyo financiero. 
A nadie se le oculta, queridos colegas, la tensión presupuestaria que existe en la categoría 3 de gasto en la que se inscriben este y otros programas. 
Si bien el presente fundamento jurídico libera créditos para nuevas acciones preparatorias, su financiación dentro de esa categoría podría llevar a una reducción de créditos para otras políticas. 
Quiero señalar que, contrariamente al compromiso adquirido por la Comisión, en el programa no figura expresamente ninguna mención a los gastos de asistencia técnica previstos, sin embargo, en la ficha de financiación. 
Por esta razón, el total de los créditos debe destinarse a financiar gastos operativos. 
Los ciudadanos esperan de nosotros medidas concretas. 
La lucha contra la discriminación es algo que nos concierne a todos. 
El programa se mueve- en mi opinión- dentro de un ámbito muy general. 
Sin poner en tela de juicio los objetivos del mismo, sería deseable que apoyase acciones más cercanas a situaciones de discriminación real. 
En cuanto a la propuesta de directiva, deseo, en primer lugar, felicitar a nuestro colega Thomas Mann por el excelente trabajo que ha realizado. 
Había que hacer un esfuerzo de equilibrio, moderación y buena técnica jurídica y su informe refleja- a mi juicio- estas cualidades. 
El objetivo común de erradicar la discriminación en el ámbito del empleo puede y debe atacarse desde muchos ángulos, pero está claro que el papel que ha de jugar la Unión exige forzosamente establecer un marco mínimo legal que debe ser coherente con el conjunto de medidas de lucha contra la discriminación y, singularmente, con la Directiva relativa a la raza. 
Los Estados tienen ya un marco jurídico tanto en el ámbito constitucional como en la legislación ordinaria y una experiencia en las medidas adoptadas de lucha contra la discriminación que deben tenerse en cuenta. 
Por eso, los conceptos de directiva marco y de mínimos son las claves interpretativas para la presente propuesta de directiva. 
Pero tener una arquitectura jurídica impecable que proscriba la discriminación y proteja a las personas víctimas de ella no nos asegura ni la erradicación de su práctica ni la eliminación de sus causas. 
Por ello es fundamental, entre otras cosas, alentar y favorecer la cultura del diálogo. 
El régimen sancionador que permite la directiva debe asegurar su capacidad disuasoria y su efectividad en la erradicación de prácticas discriminatorias. 
Pero, además de las sanciones, es importante la declaración de nulidad de actuaciones en el caso de infracción grave de los preceptos recogidos en la directiva. 
La excepción de una diferencia de trato que pueda establecerse en virtud del carácter ideológico, religioso o por motivos de edad debe conjugar el derecho que ampara a determinadas organizaciones públicas o privadas con el escrupuloso respeto del principio de igualdad de trato. 
Señorías, estamos ante una propuesta de directiva marco necesaria pero no suficiente, cuyos mecanismos tendremos la oportunidad de perfeccionar una vez transcurrido un tiempo de aplicación. 
La lucha contra la discriminación será larga y por eso debemos estar atentos a los resultados de las medidas que hoy debatimos. 
Yo también felicito a ambos ponentes, Sr. Cashman y Sr. Mann, por su excelente trabajo. 
El presente paquete legislativo abrirá un capítulo nuevo y radical en la historia del compromiso de la UE de garantizar la igualdad de oportunidades y luchar contra la moderna lacra de la discriminación. 
Este Parlamento enviará, con nuestra votación, un claro mensaje a todos nuestros ciudadanos en el sentido de que nos proponemos mejorar la trayectoria de los Estados miembros respecto al cumplimiento de la igualdad de trato, con independencia de la edad, origen racial, discapacidad y orientación sexual. 
Las personas de mi circunscripción esperaban esta legislación desde hace mucho tiempo. 
No obstante, lamento que algunos miembros democratacristianos de la Comisión de Asuntos Jurídicos votaran en contra de la directiva relativa al empleo por considerarla innecesaria, porque según ellos, y cito textualmente: "limita la libre elección en la vida privada". 
Pero yo pregunto a sus Señorías: ¿la libre elección de quién? 
¿De aquellos que siguen discriminando contra las personas? 
Ésa es una libertad que esta Asamblea no debería intentar proteger; ¡no es ni cristiana ni democrática! 
Asimismo, opinan que los casos de discriminación no son tan numerosos como para merecer una legislación. 
Quizá deberían hablar más con sus electores locales que sufren discriminación. 
Es conveniente asimismo poner ejemplos locales para demostrar la importancia de esta legislación. 
En mi circunscripción, una directora de colegio jubilada de Manchester, que tiene más de 70 años de edad y mucha experiencia, fue designada por el ayuntamiento de Manchester para trabajar en la policía. 
A raíz de una queja relativa a su edad, le dijeron que era demasiado vieja para desempeñar el cargo y que no tenía opción al mismo en virtud de la "British Police Act". 
Esta legislación, por consiguiente, favorece a personas como ella. 
La legislación del Reino Unido en materia de empleo deberá ser revisada ahora para garantizar que es la capacidad y no la edad lo que determina quién debe obtener el puesto de trabajo. 
De hecho, el ministro de Asuntos Interiores, Jack Straw, ya ha comenzado a revisar la legislación con vistas a eliminar este tipo de anomalías discriminatorias. 
La discriminación, en cualquiera de sus formas y cualquiera que sea el colectivo que la sufre, es una práctica antieconómica e inaceptable, como ha dicho la Confederación empresarial británica. 
Y cito una vez más: " algunos empleadores inteligentes se están dando cuenta del potencial de contratar a personas de todas las profesiones y condiciones sociales. 
En otra empresa de mi circunscripción, B& Q, ha comenzado la "revolución gris". 
En Macclesfield, todo el personal de una de sus tiendas ya cumplido los 50 años, y el empleado de más edad tiene 86 años. 
Creo que éste es un excelente ejemplo a seguir. 
Esta legislación alentará a los empleadores a intentar aprovechar los talentos, la capacidad, la experiencia de todas las personas de nuestra sociedad. 
Es la mayor revisión de la legislación en materia de discriminación que jamás veremos en Europa y, en nuestros Estados miembros. 
Sí, traerá cambios en la ley sobre el empleo, sí, traerá cambios en la legislación general y en los tribunales, pero no creo que este Parlamento ni la Unión Europea deban tener miedo de introducir dichos cambios que abrirán un mundo de oportunidades para colectivos que han sufrido durante demasiado tiempo el cáncer de la discriminación. 
. (EN) Señor Presidente, a menudo oímos que Europa está lejos y apartada de sus ciudadanos. 
Pero el tipo de legislación que hoy estamos analizando tendrá grandes repercusiones sobre las vidas de las personas y éstas comprenderán que aquí en Estrasburgo y Bruselas hacemos cosas influyentes. 
Quisiera felicitar a la Comisión por su trabajo encaminado a presentar estas propuestas con tanta rapidez, así como por la profesionalidad de sus funcionarios que nos han ayudado a presentar estos informes. 
Todos ellos han realizado un excelente trabajo. 
Respecto a los detalles del informe, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Mann, que ha incluido la mayoría de los comentarios de la Comisión de Industria, en particular, aquéllos relativos a la discriminación múltiple- como en el caso de las mujeres, que son objeto de otros tipos de discriminación. 
Espero que la Comisión estudie atentamente la legislación en materia de discriminación por razones de sexo a la luz de esta nueva directiva. 
Asimismo, el ponente ha incluido nuestros comentarios sobre la participación de las ONG. 
Es muy importante que prestemos oídos a las organizaciones que representan a las personas afectadas, porque ellas nos ayudarán a hacer la transición desde las bellas palabras que hoy se están pronunciando aquí hacia políticas viables que funcionen en nuestros Estados miembros. 
Pasando al informe del Sr. Cashman, quisiera felicitar a mi colega por su primer informe. 
Si éste es un indicio de lo que vendrá más tarde, espero que elabore muchos más. 
Desde el punto de vista de mi comisión, es muy importante que todo lo que haga el plan de acción en el ámbito del trabajo respecto a la edad y la discapacidad, complemente la labor emprendida dentro de los programas de investigación, los programas marco. 
En el programa de acción no hay fondos suficientes para sustituir esta labor que se desarrolla en el Quinto programa marco y que, ojalá, tenga seguimiento en todos los demás programas marco, aunque deberemos asegurarnos de que son compatibles. 
En segundo lugar, me congratula que la Comisión haya reconocido la necesidad de mantener la financiación central para las ONG europeas. 
No considero que el principal objetivo de los programas comunitarios sea apoyar a dichas organizaciones, pero sin ellas, nos resultaría muy difícil poder oír las voces de los colectivos afectados. 
Espero que se preste especial atención a las necesidades del colectivo de discapacitados, que padecen muchos problemas diferentes para los que desearían una solución. 
Por último, en esta Asamblea hay algunos- los he oído en mi comisión y en otras partes- que sostienen que no necesitamos este tipo de legislación, que es demasiado onerosa, que es una carta de privilegios para abogados. 
Afortunadamente, muchas de esas personas están ausentes esta semana, porque se encuentran reunidas en la costa británica. 
Tienen otras cosas en las que pensar, por eso no pueden estar presentes, pero dichos comentarios no deberían sorprendernos y no deberíamos prestarles atención. 
Podemos oírlos cada vez que nos ocupamos de una legislación como ésta. 
Los oímos hace ya años respecto a la igualdad de salarios para las mujeres, los oímos respecto a toda la legislación sobre la igualdad de oportunidades, sobre las mejoras de las condiciones de los permisos por maternidad, los oímos en relación con la Directiva relativa a la raza antes del verano y, por consiguiente, debemos seguir adelante a pesar de ellos. 
Ésta es una buena legislación. 
La Sra. McCarthy ha dicho que los buenos empleadores quieren este tipo de legislación. 
Los ciudadanos también la quieren. 
Felicito a la Comisión y a mis colegas que han elaborado el informe. 
Esperamos su pronta aprobación y que los ministros también progresen sin pérdida de tiempo. 
Señor Presidente, antes de nada quiero felicitar a la Comisión por la iniciativa de desarrollar el artículo 13 del Tratado. 
Después de hablar tantos años, finalmente una iniciativa que aborda de forma más eficaz la discriminación en los diferentes terrenos. 
También quiero felicitar al señor Mann por el resultado de su trabajo de su informe que tenemos ante nosotros. 
Se trata de un asunto delicado. 
Todo el mundo está de acuerdo con que hay que luchar contra la discriminación, pero las opiniones varían sobre cómo hacerlo, en qué medida y con qué métodos. 
La discriminación puede tener diferentes consecuencias para hombres y para mujeres. 
Me alegro de que lo que tenemos delante ofrezca a las mujeres una protección mejor que la directiva actual con respecto al principio de igualdad de trato, en particular por lo que se refiere a la formación profesional, el trabajo y las condiciones de trabajo. 
Quiero señalar la importancia de la persona de confianza en una organización y la importancia de un instituto independiente al que se puedan dirigir las personas y las organizaciones para elevar quejas contra la discriminación y la intimidación. 
Los Países Bajos tienen buenas experiencias al respecto. 
Celebro que también se preste atención a la discriminación contra las personas mayores. 
Éste es un problema que va en aumento, tanto más cuanto que el número de personas mayores está creciendo en nuestra sociedad y que esta generación de mayores es la más vital que ha habido nunca. 
Para finalizar, quiero referirme al artículo 4, apartado 2 sobre la discriminación religiosa y de creencias. 
Este es un punto delicado en nuestro Grupo parlamentario. Afecta al asunto de la pluriformidad. 
La importancia de ella para un buen funcionamiento de nuestra democracia la reconocen muchos. 
Pero en los debates sobre la pluriformidad, en la mayoría de los casos, se trata sólo de tratar con justicia a los diferentes puntos de vista de los individuos. Existe mucha menor apertura y atención cuando los individuos pretenden dar forma a sus opiniones en organizaciones, porque entonces a menudo ya no se trata apenas del respeto a la pluriformidad, sino más bien de intolerancia y discriminación, en particular en las organizaciones de carácter religioso e ideológico. 
Me alegro de la recomendación del informe Mann de dar a las organizaciones de carácter ideológico la posibilidad de exigir al personal ciertos requisitos para el desempeño de su cargo en relación con tal carácter. 
Es un compromiso, pero es ampliamente compartido en el Parlamento. 
Hago una llamada urgente a la Comisión para que adopte esta recomendación y que no haga oídos sordos al deseo de los representantes de tantos países de tolerancia y pluriformidad. 
Señor Presidente, ninguna persona sensata pensaría que el Parlamento no tiene por qué preocuparse por la discriminación, incluso cuando ahora se trate de reescribir y de dar nuestra opinión sobre un informe de presentación de decisión para el Consejo de ministros que hará lo que quiera hacer. 
Por este motivo el PPE quizá hubiera preferido un texto más breve, a veces más inteligible, y desde luego que evitase las redundancias, ya que, como dice el refranero popular, "Quien mucho abarca, poco aprieta". Y en este texto, a veces encontramos sobre todo, la igualdad hombre-mujer, que da lugar a una política específica, o conceptos bastante nuevos como- cito- las perspectivas sexo-específicas, o que a veces, y es uno de nuestros temores, amplían demasiado el ámbito de la discriminación. 
Y sin embargo el informe presentado por nuestro colega Cashman tiene cosas buenas, y sobre todo el lugar que deja a las ONG. 
Creo que es muy importante apoyarse en esta red de socios. 
Aunque hay que ser selectivos en nuestras elecciones y desde luego nunca exclusivos. 
Tuve oportunidad, en la comisión, de indignarme contra el hecho de que expertos pudiesen también estar fuera de las ONG y sin embargo tener cosas que decir. 
Aquí hay que recordar que el primer papel, y en especial la educación, corresponde a los Estados. 
Finalmente, esta política comunitaria- el artículo 13- no conlleva que la solución sea forzosamente más dinero. 
Creo que la solución reside esencialmente en un análisis del uso del dinero, y no necesariamente en una apertura de créditos ilimitada. 
Quisiera añadir que en el Grupo PPE, tenemos muchas esperanzas en la política de evaluación y de coordinación, y una de nuestras propuestas es que la lucha contra la discriminación pueda dar lugar a un informe específico que pueda presentarse ante nuestro Parlamento, quien dará cuenta del dinero y del uso del dinero comunitario que se haya invertido. 
Por último, y termino aquí, la definición dada de las causas de discriminación, y que de hecho se retoma en la Carta que deberemos adoptar en el mes de noviembre, es una buena definición que permitirá, creo, resolver un gran número de tensiones en el seno de la Unión Europea. 
ES- (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, si el Pleno del Parlamento sigue mañana a las comisiones competentes en su opinión sobre la directiva, estoy convencido de que la nueva directiva sobre la igualdad de trato en el trabajo será una magnífica directiva con un impacto enorme sobre los mayores, sobre los discapacitados, sobre los homosexuales y sobre las lesbianas en su lucha contra la discriminación en el trabajo. 
Mi Grupo parlamentario apoya por tanto íntegramente el informe y queremos agradecer aquí expresamente a los ponentes, nuestros colegas Thomas Mann y Joke Swiebel, por su excelente trabajo y felicitarles por la espléndida colaboración que hemos tenido en las respectivas comisiones. 
Quisiera, por cierto, aprovechar la oportunidad para felicitar también a nuestro colega Cashman, porque las directivas son importantes, pero los programas de acción para apoyarlas son, naturalmente, esenciales. 
La rapidez con que las instituciones han hecho uso de las competencias de Amsterdam, señora Comisaria, demuestra que la Unión Europea sigue siendo pionera en la igualdad de oportunidades, y quisiera agradecer muy explícitamente a la Comisión Europea por ello. 
También espero, por cierto, que se complazca a la Presidencia francesa y que esta directiva y el programa de acción sean aprobados. 
Un par de consideraciones, que para mi Grupo parlamentario son de especial importancia en esta directiva. 
El Parlamento ha elegido con razón jugar también los ases que ya teníamos en la forma de directivas sobre la igualdad de trato a hombres y mujeres y respecto a la raza y al origen étnico y estoy, por tanto, especialmente contento con la buena descripción de la discriminación indirecta, de la acción positiva, del principio de la carga de la prueba compartida. 
También hemos decidido con razón no incluir la discriminación del género en esta directiva porque ya existe para ella una directiva europea aparte, que, por lo demás, será mejorada por las propuestas de la Comisión y elaborada sobre una base legal más sólida, sobre lo cual el Parlamento Europeo además podrá decidir en codecisión. 
Lo realmente importante es que el Parlamento Europeo aboga por abordar aquí la doble discriminación, de la cual las mujeres mayores y las mujeres discapacitadas son a menudo las víctimas. 
En tercer lugar, mi Grupo parlamentario está particularmente satisfecho con la decisión de eliminar de la directiva la lista no limitativa de las llamadas discriminaciones toleradas por razones de edad. Esto abriría la puerta a las llamadas discriminaciones que ya están justificadas de antemano. 
También estamos muy satisfechos con la disposición de la directiva que pone de manifiesto que la igualdad de trato para discapacitados también significa también que se espera de las empresas que realicen adaptaciones en el lugar de trabajo. 
Finalmente, señora Comisaria, quisiera decir que este es un trabajo de calidad. 
Estimados colegas, muchas gracias por la colaboración, pero el trabajo todavía no está terminado. 
Esperemos- y cuento con ello, señora Comisaria- que ahora la Comisión Europea venga también con propuestas para luchar, en virtud del artículo 13, contra la discriminación por razones no relacionadas con el lugar de trabajo. 
Señor Presidente, el excelente trabajo de ambos ponentes viene a completar una notable serie de informes de este Parlamento sobre la aplicación del artículo 13. 
Este primer año del siglo XXI ha demostrado que las instituciones de la UE están decididas a consolidar la no discriminación como uno de los principales valores europeos y un derecho humano fundamental. 
Quiero referirme especialmente al informe Mann, y específicamente al artículo 4. 
Éste permitiría el mantenimiento de la discriminación allí donde exista un requisito fundamental o genuino. 
Establece, en particular, que puede existir diferencia de trato en el empleo por motivos religiosos. 
Es una poderosa excepción a la regla de no discriminación y deberá estar justificada por criterios estrictos y no se deberá abusar de la misma. 
Por este motivo, acojo con satisfacción las enmiendas de la comisión en este sentido, aunque preferiría que los Estados miembros tuvieran la opción de poder ofrecer dichos privilegios religiosos, pero sin estar obligados a hacerlo. 
Por este motivo, he solicitado una votación por partes sobre el término 'establecerán'. 
Es fundamental que la diferenciación por motivos religiosos no se convierta en pretexto para discriminar contra empleados por otros motivos, por ejemplo, porque son homosexuales. 
Estoy seguro de que las organizaciones religiosas sensatas y moderadas no intentarán explotar este punto como una laguna jurídica. 
Pero no debemos permitir a los fundamentalistas con prejuicios respecto a cualquier religión que hagan prevalecer sus opiniones sobre las reglas de no discriminación de la sociedad seglar. 
Soy consciente de que en la política existe una creciente oleada de grupos de interés que intentan ampliar el control de la religión en el ámbito público. 
Existe un ámbito adecuado para la religión. 
El compromiso en el presente informe deja amplio espacio a las organizaciones religiosas y no deben abusar del mismo 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ambos ponentes han realizado un trabajo excelente, que yo deseo agradecerles en nombre de mi Grupo. 
La presencia de discriminaciones de muy diverso orden en nuestras sociedades confirma la importancia del programa de acción que es el tema del informe del Sr. Cashman. 
Dicho programa de acción es un instrumento decisivo para apoyar el desarrollo de una estrategia comunitaria contra la discriminación. 
No es admisible que cruzado ya el umbral del siglo XXI, mujeres y hombres todavía no reciban el mismo trato en Europa, que persista la exclusión social de las personas discapacitadas y que las personas se vean marginadas de la vida social y se las etiquete como diferentes debido a su orientación sexual. 
El derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y a la protección frente a la discriminación es un derecho fundamental. 
Este derecho fundamental es básico para que cualquier sociedad democrática pueda funcionar. 
Las disposiciones legales sólo pueden combatir una parte, fundamental pero no la única, de la discriminación. 
La Comunidad debe desarrollar, además, unos proyectos de actuación política y práctica que se puedan aplicar. 
Por lo tanto, es preciso apoyar las iniciativas sobre el terreno, mejorar los conocimientos sobre la discriminación y consolidar los proyectos políticos. 
Sólo así conseguiremos luchar con eficacia contra las discriminaciones en todos los ámbitos de la convivencia humana en Europa. 
Lo cual sólo puede redundar en interés de todos. 
En este sentido, yo pido muy especialmente a mis colegas del lado conservador de la Asamblea que mañana apoyen los informes de ambos ponentes cuando se proceda a su votación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, estimo que este programa de acción es un paso adelante muy importante en el ámbito de la lucha contra la discriminación, dado que, en estos tiempos tan complejos, en nuestra sociedades tan compleja, la discriminación toma muchos otros derroteros, adquiere muchos otros aspectos, siempre más nuevos, siempre más inquietantes. 
Quiero detenerme únicamente en un punto del programa de acción que, come ya dije en comisión, considero que adolece de muchas lagunas: la inclusión de Turquía. 
No se trata de que Turquía no tenga que estar incluida en este programa de acción, pero estamos concediendo financiaciones a un Estado que puedo definir criminal, sin destinarlas mínimamente a la erradicación de la mayor de las discriminaciones, la discriminación contra los ciudadanos turcos de origen kurdo. 
De este modo, concederemos financiaciones que Turquía podrá utilizar como le plazca, sin erradicar la mayor de las discriminaciones que las engloba a todas porque discriminando ahora a los kurdos, luego se discriminarán a las mujeres kurdas, a las personas de origen kurda con orientaciones sexuales diferentes y a los discapacitados de origen kurdo. 
Por esto, nuestro intento sería el de obligar o, por lo menos, instar a Turquía a que elimine la verdadera y gran discriminación que hoy continúa existiendo en ese país. 
En consecuencia, nos produce mucha perplejidad este punto y pedimos que la Comisión, con ocasión de la verificación de la utilización de estas financiaciones, esté atenta a que Turquía finja eliminar o combatir las discriminaciones colaterales, sin prestar, por el contrario, la más mínima atención a la discriminación fundamental que, en definitiva, es la que está en la base de las muchas desgracias de nuestra Europa. 
Señor Presidente, en nombre de la Lista Bonino, quiero expresar la consternación que nos produce la manera en que Europa y los Estados miembros hacen frente a la cuestión de la discriminación, del racismo y de la xenofobia. 
Durante el pasado período parcial de sesiones, este Parlamento aprobó una resolución sobre la lucha contra el racismo que se caracterizó por sus tonos discriminatorios, violentos y represivos: una resolución que afirmaba que el racismo es un delito que no solo se comete a través de actos, sino sobre todo con declaraciones o con la difusión de mensajes, y pedía que se ampliaran los instrumentos jurídicos que permiten perseguir a los partidos políticos cuyos programas ponen en peligro los principios de no discriminación. 
Estamos convencidos- porque nuestra historia, su historia, la historia de esta Europa lo demuestra- de que la estrategia prohibicionista y represiva que llevan adelante, basada en la limitación de la libertad de expresión y de asociación, en los instrumentos represivos de policía y de control social y de las telecomunicaciones, en la asignación de fondos y en la creación de observatorios, creará las condiciones para que se recrudezca el estallido de los fenómenos que ustedes quieren o dicen que quieren combatir. 
Querría recordar que los diputados de la Lista Bonino promovieron, como primer acto de esta legislatura, una propuesta de resolución sobre la lucha contra las discriminaciones por motivos de orientación sexual. 
No pedíamos financiaciones a través de programas de acción que suelen traducirse en subsidios para las organizaciones no gubernamentales, reducidas con frecuencia a organismos paraestatales; no pedíamos inversiones reaccionarias y antijurídicas de la carga de la prueba. 
Nosotros hemos propuesto algunas enmiendas al informe Mann, enmiendas orientadas a corregir en sentido democrático, liberal y garantizador algunos puntos a los que se ha hecho referencia, esto es, la eliminación de la inversión de la carga de la prueba, del diálogo asociacionista de las patronales y la limitación de las sanciones civiles y administrativas, no penales. 
Señorías, querría recordar que todas las veces que en Europa se ha aplicado el prohibicionismo, después se ha tenido que dar marcha atrás. 
Ocurrió en Alemania cuando ustedes querían reprimir los partidos filonazis, ha ocurrido recientemente en Austria y ustedes se han visto obligados a dar marcha atrás y ha sucedido con el Grupo Técnico de Diputados Independientes. 
Después de todo, como nos enseñan las grandes democracias anglosajonas, el racismo y las discriminaciones se combaten con la democracia liberal y no con la limitación o la progresiva erosión de la libertad de opinión y de expresión, de asociación y económicas. 
Señor Presidente, hoy estamos hablando de dos de las tres propuestas de la Comisión en las que se propone legislación contra la discriminación en virtud del artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea. 
Mi Grupo nunca fue partidario de la inclusión del artículo 13 en el Tratado. No porque aprobemos la discriminación, al contrario, sino porque consideramos entonces no deseable elevar este asunto al ámbito europeo. 
Ya se ha regulado mucho sobre este terreno, tanto en ámbitos nacionales como internacionales. 
La Comisión Europea es bastante reservada en sus propuestas, pero se deduce de las enmiendas del Parlamento Europeo que aquí se quiere ir mucho más lejos: debe crearse una política europea centralizada contra la discriminación por medio de la cual la Comisión controle las políticas nacionales. Esta idea no es en absoluto de mi agrado. 
¿Porqué la Europa centralizada lo va a hacer mejor que las autoridades nacionales, que se encuentran mucho más cerca de sus ciudadanos y que tienen mucho mayor nivel de democracia y mayores posibilidades económicas? 
Un punto delicado es el choque con otros derechos fundamentales, tales como la libertad de culto e ideológica, y el derecho al respeto de la esfera personal. 
Tengo la idea de que, con el artículo 4 de la propuesta de la Comisión y la enmienda presentada de la Comisión de Asuntos Sociales, se violan estos derechos. 
La religión y las convicciones religiosas no son un asunto individual. 
Es propio de la religión ser practicada en comunidad y, más aun, ser expresada en la actitud ante la vida de cada uno. 
Por ello se han creado organizaciones sujetas a una determinada identidad, escuelas y casas de convalecencia por y para personas que comparten una convicción religiosa. 
Los dirigentes y el personal ejecutivo dan conjuntamente forma a todo esto forma. 
¿Puede explicar la Comisaria por qué la Comisión se desentiende de esto? 
La enmienda de la Comisión de Asuntos Sociales no introduce más claridad en este asunto. Parece que las convicciones religiosas y su puesta en práctica se vayan separando y por ello se limita más a las instituciones en su vivencia y la conservación de su propia identidad. 
No puede existir una libertad de religión absoluta, así como tampoco la igualdad absoluta. 
La discriminación en el sentido del trato como inferior, los agravios y la marginación es un mal contra el que se debe luchar. 
Pero sí nos debemos cuidar de que el legislador, en su intento de proteger a los más débiles de la sociedad, no relegue a un segundo plano a otros grupos cuyas ideas estén en minoría. Con ello se perjudicaría a importantes garantías recogidas en los Tratados y constituciones. 
Señor Presidente, limitaré mis observaciones a la creencia religiosa y la homosexualidad. 
Hoy hemos asistido a la intervención del Presidente de Italia ante esta Asamblea, y me pareció interesante que dijera que esta Unión no tenía el objetivo de negar los valores nacionales. 
Algunos de los asuntos que hoy nos ocupan son destructivos para los valores nacionales. 
Tenemos una propuesta que eleva la homosexualidad a la misma categoría que el santo matrimonio. 
Para lograrlo, un gran número de personas religiosas que creen en las Sagradas Escrituras deben ser discriminadas de la manera más siniestra y dictatorial. 
¿Qué hay de esas personas cuyas creencias religiosas están basadas en las Sagradas Escrituras, de sus iglesias, colegios, organizaciones y asilos? 
Puede que a sus Señorías no les guste que crean en las Escrituras, puede que no les guste lo que dicen las Escrituras, pero esas personas tienen derecho a mantener sus opiniones. 
La Biblia dice con toda claridad que aquellos que cometen abusos con los de su mismo sexo no podrán entrar en el Reino de Dios. 
En este Hemiciclo hay quien dirá que eso es fanatismo. 
Pero eso es lo que creen esas personas, porque están atadas y ancladas a las Sagradas Escrituras. 
También creen que el apóstol San Pablo dijo que los actos entre hombres y hombres son impropios y son el resultado de la lujuria y no del amor. 
¿Cómo se puede obligar a estas personas religiosas a emplear a personas que, por su profesión y práctica, defienden este comportamiento que va en contra de las Escrituras? 
¿Se introducirán medidas de salvaguarda en esta legislación para aquellos que creen que el sexo sólo debe existir entre hombres y mujeres unidos por el lazo del matrimonio? 
Estas propuestas representan un duro golpe a la inviolabilidad del matrimonio y la inviolabilidad de la familia, por lo que deben ser rechazadas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todos nos congratulamos de que el Tratado de Amsterdam incluya su artículo 13, que finalmente nos ofrece un instrumento y también nos encomienda la tarea de desarrollar un programa amplio de lucha contra la discriminación. 
La Comisión ha presentado un plan de acción hasta el año 2006. 
Se trata de un programa muy ambicioso, con un alto grado de compromiso y muy concreto en lo que respecta a la definición de objetivos, a las acciones y las medidas específicas. 
Un programa que merece nuestro pleno apoyo y yo estoy seguro de que si lo aplicamos, tendremos éxito. 
El informe del Sr. Cashman, que se presenta mechado con 17 enmiendas, me plantea, en cambio, algún problema y quiero resaltar varios puntos que me preocupan. 
En primer lugar, la definición amplia con vistas a la aplicación del programa, que va más allá de la definición detallada. 
Yo creo que esto sólo contribuirá a generar incertidumbre, pues ya no se sabrá a quién se puede ofrecer, de hecho, apoyo de conformidad con el programa de la Comisión. 
Esto entraña el riesgo que unos recursos insuficientes deban aplicarse para financiar un número excesivo de acciones. 
Yo temo que esto afecte a la eficacia del programa. 
En segundo lugar, aun reconociendo su importancia, a mi modo de ver es un problema que se invite a las ONG a participar en la ejecución del programa, independientemente de su tamaño, sus características y su actuación. 
Además también se las invita a asumir el control y cuando un 90% de la financiación procede de la Unión, la problemática se complica todavía más si las ONG se encargan de su propio control. 
Yo creo que no deben imponerse exigencias excesivas a nadie. 
Lo que debemos hacer es apoyar plenamente en cualquier caso el programa de la Comisión con su alto grado de compromiso. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, esta semana es una semana importante para los debates de nuestra Asamblea. 
Ayer se trataba de la Carta de los derechos fundamentales y hoy, a través de las iniciativas comunitarias, abordamos la cuestión de la lucha contra las discriminaciones. 
Reforzamos así las posiciones de la Unión europea para situaciones concretas vividas por sus habitantes con respecto a la discriminación y a la igualdad de trato. 
Quiero decir enseguida hasta qué punto son importantes estos dos textos: la directiva, por un lado, puesto que actúa sobre el estado del derecho y el programa de acción, y por otro lado porque permite instaurar de forma concreta nuevas prácticas que también acabarán por propagarse. 
Y con respecto a esto no puedo aceptar la amalgama que algunos hacen entre la necesaria anti-discriminación, la igualdad de trato y la evocación de otros asuntos de prohibición. 
Creo que no se puede mezclar todo. 
La propuesta de directiva objeto del informe Mann es esencial, y quiero hablar de ella con calma. 
Se trata de reforzar el principio de igualdad de trato al mismo tiempo que de reducir las posibilidades de derogación, que creemos que son demasiado altas. 
Vuelvo a la derogación que se refiere a las ideas religiosas. 
Tenemos nuestras reservas con respecto a esta cuestión difícil y quisiera reafirmar nuestra adhesión al principio de laicidad, y especialmente en el contexto de lucha contra la discriminación. 
Es algo que nos parece esencial, sobre todo cuando se han integrado las cuestiones de actividad en el ámbito social o en el de la salud. 
El deseo de acción es un asunto de competencias y no de convicciones religiosas. 
Unas últimas palabras sobre la discusión que podría entablarse sobre la necesidad de mantener estadísticas al respecto. 
Son imprescindibles. 
Hemos de tener cuidado sin embargo con que estas estadísticas no se vuelvan en contra de aquellos y aquellas que son su objeto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, nuestro Grupo ha valorado ambos informes y en particular ha querido subrayar que todos nos hemos centrado en la necesidad de ampliar el ámbito de acción del programa con una serie de enmiendas- que, de hecho, han determinado una nueva casuística de la discriminación- tratando de garantizar la igualdad de trato a todas las personas prescindiendo del sexo, la raza, el origen étnico, la religión, las convicciones personales, la edad o las orientaciones sexuales. 
El Grupo Liberal y Democrático ha valorado todo esto, pero en especial la actividad del Parlamento que ha querido insistir, también y sobre todo, en la prevención del fenómeno, amén de las buenas prácticas. 
Los objetivos encaminados a mejorar la comprensión del problema en su profundidad y en las nuevas dinámicas en que se manifiesta, en su amplitud y en su desarrollo, y sobre todo la intervención en los actores que deben llevar a cabo dichas buenas prácticas, nos han parecido del todo convincentes. 
Sin embargo, aún más convincente nos ha parecido el hecho de que al final se reserve también un espacio a la evaluación de los resultados de los procesos y de los programas, lo cual es una garantía de equidad, de imparcialidad y de transparencia. 
Quiero detenerme en especial en las posibilidades de autonomía que se otorgan a los Estados que deben concentrarse en acciones de alta calidad. 
Por lo tanto, por primera vez, hay una acción diferente: no hay financiaciones indiscriminadas, sino que se comprueba la calidad de las acciones, se insiste en ella y las propias acciones deben ser objeto de un control y seguimiento y sus resultados han de hacerse públicos. 
Se me antoja un sistema sumamente positivo y constructivo, ya que el resultado puede ponerse a disposición de todos de cara a mejorar nuestras futuras acciones. 
Yo también quiero detenerme en la cuestión de la exclusión religiosa. 
Me complace que en este Parlamento se haya planteado el problema. 
En efecto, considero que se trata de un paso en falso y que hay que debatir y reflexionar sobre esta exclusión. 
Quiero únicamente subrayar una cuestión que vale para todas. 
En Italia, mi país, una colega, una profesora de religión católica que, sin embargo, enseñaba en una escuela pública, ha sido despedida porque quedó embarazada, no abortó y no estaba casada. 
En consecuencia, si esto es posible, les pregunto: ¿Acaso habría sucedido lo mismo sin esta facultad discrecional de las autoridades religiosas? 
Por reducción al absurdo, puedo añadir que si la profesora hubiese abortado, nadie se habría dado cuenta de nada y ella habría podido conservar su puesto de trabajo. Al haber respetado, en cambio, la sacralidad de la vida y su derecho a la maternidad, ha perdido su puesto por un acto discriminatorio que considero incalificable. 
Y añado que si hubiera sido un hombre, no habría tenido ningún problema por su comportamiento en la vida privada, ya que por ahora a los hombres no les crece la barriga. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a los ponentes y a los que trabajan en opiniones similares por su entrega en este trabajo y su voluntad de cooperar con todos aquellos de nosotros en esta Asamblea que deseamos el progreso en la lucha contra la discriminación. 
No hay duda de que es un ámbito complejo, delicado y controvertido y que combina, como mínimo, tres de los elementos que siempre me ensañaron que no debían discutirse en público: política, sexo y religión, junto con temas de la misma categoría como son la edad y la discapacidad. 
La importancia que las personas atribuyen a todo esto ha quedado reflejada en el hecho de que he recibido más presión de los grupos de interés respecto a esta directiva que a ninguna otra hasta hora en el presente período de sesiones y de mayor variedad de personas. 
El objetivo de este trabajo, basado en el artículo 13, es hacer realidad la igualdad de oportunidades y eliminar ese rostro sonriente que con tanta frecuencia esconde el prejuicio y el fanatismo, sobre todo en el lugar de trabajo. 
Representa un reto para todos nosotros porque todos juzgamos a las personas por la primera impresión. 
Los empleadores deberán ahora ser claros y transparentes en todos los aspectos de su política de empleo y prácticas de contratación, y deberán poder justificar las decisiones que tomen sobre en base a los requisitos reales del puesto de trabajo. 
También se espera de ellos que respondan a las necesidades de la plantilla en potencia, en particular, en el ámbito de la discapacidad. 
Mi Grupo acoge con satisfacción la directiva marco y la propuesta del programa de acción comunitario y los considera un paso importante para atajar los prejuicios en otros aspectos de la vida de las personas. 
Por esta razón, apoyaremos la enmienda 18 al informe Mann, que hace un llamamiento a los Estados miembros para que deroguen todas las disposiciones de sus códigos penales que discriminan a los homosexuales. 
Sabemos que esto no entra en el ámbito de la directiva, pero creemos que es un indicador importante porque si, con toda razón, la discriminación por motivos de orientación sexual no se puede tolerar en el ámbito del empleo, tampoco deberíamos apoyar la posibilidad de que se inculpe a los empleados por lo que hacen en la intimidad y en unas relaciones consentidas. 
Hay quien me ha manifestado su preocupación por la posible interpretación de los considerandos relativos al artículo 1 que, una vez más, pueden parecer poco claros, pero hacen una distinción entre la orientación sexual y el comportamiento. 
Quisiera pedir a la Comisión que clarifique este punto. 
¿Quiere decir que se puede seguir sufriendo discriminación en el lugar de trabajo si se realizan actividades homosexuales en la vida privada? 
O significa, como me gustaría pensar, que debemos aprender la lección de la experiencia de Clinton y todos debemos comportarnos correctamente en el lugar de trabajo, cualquiera que sea nuestra orientación sexual. 
En lo que respecta a la religión, mi Grupo acoge con satisfacción la enmienda 37 al informe Mann. 
Es importante que, aunque reconocemos el deseo de las organizaciones basadas en una determinada religión o creencia de contratar a personas afines, también es justo que dicho deseo no se convierta en una razón para negar el empleo a personas que estén perfectamente cualificadas para realizar el trabajo, que no esté directamente relacionado con dicho credo, y que mantienen una conducta adecuada mientras realizan su trabajo. 
Son muy pocos los puestos de trabajo en los que tener un credo en particular sea un requisito imprescindible. 
Pertenecer a la Monarquía británica es uno de ellos. 
Conducir un autobús escolar para una fundación religiosa no lo es. 
Encuentro especialmente ofensivo que me pidan que apoye enmiendas que permitan a cualquier organismo religioso negarse a contratar a homosexuales. 
Quisiera instar a los grupos que hacen campaña a favor del derecho a discriminar a otro grupo que no olviden que dicha libertad podría perjudicarles también a ellos y que mediten si lo consideran justo. 
La discriminación por razón de edad también está muy extendida y ningún código voluntario puede combatir realmente una discriminación gratuita. 
El artículo 5, en su estado actual, ha sido criticado porque parece justificar aquello que se propone combatir. 
Por este motivo apoyaremos la enmienda 38, que se limita a lo fundamental sobre la base de un objetivo legítimo estrictamente definido. 
Ojalá que eso excluya el deseo del jefe de rodearse de personas jóvenes y atractivas para reforzar la imagen de la empresa o la suya propia. 
Señor Presidente, luchar y legislar contra la discriminación equivale a reconocer que existen e incluso que a menudo están "legalizadas" porque están trivializadas. 
Por ese motivo me alegro de contar con la directiva de hoy de la que se trata de trivializar el uso. 
No rebasaré los límites que, a pesar de todo, creo que siguen existiendo. 
En primer lugar, en lo que se refiere a la carga de la prueba. 
La directiva dio un paso adelante al desplazar la carga de la preueba, pero sigue sin ir hasta la inversión. 
¿Y acaso la ley no debería permitir que la víctima de una discriminación salga del aislamiento en el que tan a menudo se encuentra? 
¿Cómo se puede pensar que quien busca trabajo llevado a tales circunstancias, tiene los mismos medios que una empresa, y en especial una gran empresa, para defenderse y probar la discriminación de la que es víctima? 
De hecho, si se obligase a las empresas a probar que no discriminan, quizás se lo pensarían mejor a la hora de contratar. 
Estoy pensando sobre todo en las discriminaciones que alcanzan a los ciudadanos de otros países, y también a los jóvenes hijos de inmigrantes. 
En Francia, muchos ejemplos dan fe de ello. 
Con un curriculum vitae idéntico, con la misma formación, el mismo itinerario, un joven con apellido que suena francés tiene de cuatro a cinco veces más oportunidades de ser contratado que un joven cuyo apellido suena magrebí, y dos veces más oportunidades que un joven con apellido de origen portugués o español. 
Así que hay jerarquías en la discriminación. 
En una Europa que pretende ser multicultural y respetar las diferencias, las acciones en este sentido deben seguir imperativamente a las palabras. 
Terminaré por la derogación otorgada a los organismos religiosos. La derogación del artículo 4, párrafo 2, me parece muy peligrosa y quizás una cobertura legal para las ideas más retrógradas. 
Ahora mismo se hablaba de abuso. Me parece que puede ser un punto de apoyo importante para estas ideas más retrógradas. 
La reciente intervención rezumante de odio del Sr. Paisley contra los homosexuales es una prueba de ello. 
Señor Presidente, mi Grupo y yo mismo somos víctimas de discriminación aquí mismo, a causa de nuestras convicciones- puesto que se nos impidió formar un Grupo político, algo que todos pueden hacer- y hasta tal punto que aplaudimos con fervor la posibilidad de tener un programa de lucha contra cualquier tipo de discriminación. Y no sólo la discriminación mujer/hombre en el trabajo. 
Por ejemplo, en Francia los hombres no pueden enseñar en la enseñanza primaria, y esto es una evidente discriminación. 
Pero esta cuestión tiene mucha más importancia en el plano filosófico, jurídico y sociológico. 
En el ámbito jurídico, hay textos generales que condenan por todas partes la discriminación. 
Ayer por ejemplo, la Carta de los derechos fundamentales la condenaba, y no sólo la discriminación con base racial, sino incluso, según la Carta, aquella que se basa en el origen social. 
Todas las constituciones del mundo, al afirmar el principio de igualdad, crean casi un principio de jus cogens constitucional, puesto que la discriminación se prohibe en todas partes. 
Pero en sentido contrario, desde hace cuarenta años, también hay textos que se basan sobre la discriminación. 
La primera, la Cnucyd, la Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo, desarrolló en 1963 en Ginebra el principio de las desigualdades compensatorias, y por lo tanto de la discriminación. 
Y nuestro Convenio de Lomé también se basa sobre la discriminación en beneficio de los Estados del Caribe y del Pacífico. 
De hecho todo nuestro contencioso con Estados Unidos procede de nuestra voluntad de discriminación positiva para nuestros productores de bananas ACP, mientras que Estados Unidos quiere igualdad a favor de las multinacionales. 
Europa también, con el sistema de los SPG, el sistema de preferencias generalizadas que nos lleva unilateralmente a renunciar a nuestros derechos de aduana en beneficio de toda una serie de Estados, se basa sobre la discriminación. 
Y los derechos nacionales de nuestros 15 países también practican la discriminación, y entre ellos la socialista Francia, la Francia del Sr. Jospin, socialista. 
En 1999, se creó una preferencia de trabajo para Nueva Caledonia, sobre una base étnica, una base racial, una base racial. 
En Nueva Caledonia se da preferencia sobre una base cromática de la piel. 
Y en nuestros barrios periféricos franceses, hay zonas francas desfiscalizadas, también con base étnica, puesto que estos barrios están formados por una cierta etnia. 
Y no hablo de Estados Unidos donde el Tribunal supremo inventó, hace treinta años, el principio de la affirmative action. 
Aquí, doña Ana de Palacio Vallelersundi tiene una hermana, comisaria en el Comisión europea. 
¿Si no se llamase Ana de Palacio Vallelersundi, estarían estas dos hermanas en estos dos sitios? 
Y en los juegos olímpicos, no todo el mundo llega a la final. 
No hay derecho a ir a los juegos olímpicos. 
Es decir que, sociológicamente, hay riesgo de desviacion. 
Señor Presidente, el principio de no-discriminación está bien, pero también puede darse la vuelta como un calcetín. 
Por lo tanto, sólo pretendo avisar, no es tan sencillo como parece, este principio de.... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, quiero agradecer y felicitar a los ponentes, Sres. Cashman, Lynne y Thomas Mann, por el trabajo realizado en el ámbito de los informes sobre el programa contra la discriminación y sobre la igualdad de trato en materia de empleo y de condiciones de trabajo. 
Como ponente en la sombra del Grupo del Partido Popular Europeo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, he acogido favorablemente la decisión del Consejo de establecer un programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación. Asimismo, considero satisfactorio el gran avance realizado en el sentido de reforzar los nuevos poderes atribuidos en virtud del artículo 13 del Tratado de la Unión para luchar precisamente contra el fenómeno de la discriminación. 
En general, estoy de acuerdo en subrayar la importancia otorgada al desarrollo y a la promoción de los aspectos culturales relacionados con la discriminación; mejor dicho, la discriminación debe vencerse, en mi opinión, con la cultura de la no discriminación facilitando información actualizada y accesible, disponible para todos los ciudadanos en todos los Estados miembros. 
De hecho, la información y la sensibilización revisten una importancia fundamental en este ámbito, deben servir como detonante para inculcar una nueva mentalidad, una nueva manera de pensar y de ser para que se venzan radicalmente esos prejuicios todavía extendidos entre la gente y se garantice la verdadera igualdad de todos los ciudadanos en términos de derechos. 
Sin embargo, considero insuficiente y confío en que se aumente la financiación global asignada a dicho programa y, por esto, me dirijo en particular a la Sra. Comisaria. 
En efecto, dicha financiación debería equivaler al menos a los importes disponibles para las acciones preparatorias que han conducido a dicho programa, al objeto de permitir llevar a término su eficaz ejecución. 
Basta pensar, por ejemplo, en las necesidades de los costes suplementarios para las categorías vulnerables: las personas mayores y las personas discapacitadas, los parados de edad avanzada. 
Estas categorías representan más del 25% de la población de la Unión: se trata de un potencial que no hay que infravalorar y su integración reportaría también ventajas económicas. 
Señor Presidente, creo que, cuando se oyen, como acaba de ocurrir, las vociferaciones del Sr. Martínez, del Frente Nacional, es realmente necesario utilizar el tipo de directiva que se nos propone. 
Estos textos son un progreso. 
Darán a las asociaciones anti-racistas y a los sindicatos un control más importante sobre las discriminaciones. Pero creo que ahora habrá que imponer la ampliación de estas directivas, el respeto del derecho al trabajo, multiplicando los controles y sancionando a los empresarios poco escrupulosos. 
Es preciso armonizar positivamente los derechos adquiridos para proteger a los más débiles y a los más oprimidos en el mercado del trabajo y no, por ejemplo, en nombre de la igualdad, autorizar el trabajo nocturno para las mujeres. 
Habrá que prohibir por fin la represión sindical, que tiende a desarrollarse en Europa, por ejemplo en Francia en correos. 
Creo por último que los Estados, como creadores de puestos de trabajo, deben dar ejemplo al abolir las discriminaciones contra la contratación de personas de fuera de la comunidad en la función pública, discriminaciones que empujan a los inmigrantes que emplean a una precaridad eterna. 
Pero una verdadera integración socio-económica supone una igualdad de derechos que sólo puede existir con una mejor representación política. 
Para esto, es preciso regularizar a los indocumentados y otorgar el derecho de voto a todos los inmigrantes. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que hoy debatimos sobre igualdad de trato en los ámbitos laboral y profesional expresa con claridad la voluntad de la Unión Europea de adaptar su modelo social a las nuevas realidades económicas, sociales y culturales; por ello, la hemos acogido con especial satisfacción. 
La aplicación de la directiva hará, sin duda, avanzar el nivel de vida en la sociedad europea. 
Contribuirá también a mejorar la imagen de Europa en el resto del mundo, que nos observa con especial atención, puesto que demostrará en la práctica que Europa sigue trabajando por la defensa de los derechos humanos, por el fomento de la solidaridad y la democracia. 
El éxito, sin embargo, de estos objetivos depende de la comprensión del contenido de la directiva, del reconocimiento de su importancia y valor por los estados miembros, y, claro está, de su correcta aplicación. 
Por esta razón, creo que serán apoyadas las enmiendas referidas al seguimiento de la aplicación de la directiva, e igualmente las enmiendas referidas a la información de los ciudadanos dentro y fuera de su ámbito laboral, la información y sensibilización de los agentes sociales, de las instancias económicas y sociales, y la formación del personal de las administraciones públicas, así como de los cuerpos judiciales y legislativos en los estados miembros. 
Señor presidente, quisiera felicitar tanto a la Comisaria Diamantopoulou, por esta importante propuesta, como a los colegas señores Cashman y Mann, que han enriquecido y ampliado el campo de acción de la lucha contra la discriminación. 
Por lo que a mí respecta, puesto que hoy, por gran mayoría, hemos aprobado los informes sobre la ampliación de la Unión con los países de Europa central y oriental, Chipre y Malta, quisiera dedicar mi intervención a subrayar la gran importancia de que se redoblen en esos países los esfuerzos en la lucha contra la discriminación y en la aceptación de la multiculturalidad de las sociedades contemporáneas como requisito indispensable para la convivencia pacífica de las personas. 
Los países candidatos deberán ser particularmente ayudados a satisfacer completamente los criterios de Copenhague e incorporarse así como miembros de pleno derecho a la Unión Europea. 
Especial atención y más recursos se requieren en el caso de los países de los Balcanes y Turquía, a fin de apoyar los esfuerzos dirigidos a cimentar las instituciones democráticas y erradicar las discriminaciones, especialmente aquellas discriminaciones basadas en el origen racial o nacional, o en las convicciones religiosas, discriminaciones que recientemente han costado tanto dolor, tanta sangre y tantas vidas humanas en los Balcanes. 
Y me pregunto si hemos aprendido algo, si lo que, principalmente, el fanatismo religioso ha provocado en los Balcanes nos ha hecho más sabios. 
Por ello, considero que es urgente destinar recursos suficientes a promover medidas preventivas y de lucha contra la discriminación, desde la raíz, a través, sobre todo, del sistema educativo, de los medios de información, e igualmente a través de un apoyo decidido a la acción de las organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como es sabido, aún persisten muchas discriminaciones en la Unión Europea, en particular en el empleo y en la actividad profesional, pese a estar prohibidas por el artículo 13 del Tratado de la Unión. 
Por tanto, es importante que se avance con las dos iniciativas legislativas que ahora se están debatiendo, aunque mejorándolas en algunos aspectos y aumentando las sumas previstas para la financiación del programa y reflejando la importancia política que reviste esta lucha contra la discriminación. 
No basta con que se garantice la igualdad por ley. 
Todos sabemos que es necesario eliminar desde el comienzo las causas de la discriminación- y la prevención es también un factor de lucha muy importante -, ya sea mediante la información, la educación y la formación de fomento de la igualdad y lucha contra los prejuicios, modificando las mentalidades, ya sea mediante diversas modalidades de acción positivas, favoreciendo en particular a los grupos discriminados o recurriendo a instancias competentes siempre que las entidades patronales persistan en las discriminaciones. 
Respecto de la carga de la prueba, es importante que incumba a la entidad patronal probar que no ha habido violación del principio de igualdad, mientras que al trabajador corresponderá tan sólo presentar el caso de la discriminación de que haya sido víctima. 
Señor Presidente, señora Comisaria, una parte del debate demuestra que realmente necesitamos una directiva, porque, como se ha dicho aquí, se llegará a que Europa intervenga de una manera centralizadora en un terreno que en realidad debería pertenecer, y sabiendo lo que ha ocurrido en Europa en el reciente pasado- incluso ayer se pudieron ver en la televisión un montón de reportajes sobre ataques a sinagogas judías, la violación de una mujer de procedencia extranjera, etc. -, entonces hay que tener el culot de atreverse a venir aquí y decir que Europa no necesita ninguna directiva contra la discriminación. 
Los grupos a los que se les aconseja en este sentido son los mismos grupos, señoras y señores, que durante la Segunda Guerra Mundial se encontraban en los campos, es decir personas de una determinada convicción religiosa; piénsese en los testigos de Jehová: todos ellos estaban en campos de concentración. 
Pienso en la gente de una determinada raza: judíos, gitanos etc.; pienso en los minusválidos, personas que no podían seguir el ritmo, personas mayores; todas estas personas podían ser victimas de acabar en un campo de concentración. 
Los homosexuales, ídem. 
Por tanto aquellos que vienen aquí a decir que Europa no debe recoger en una directiva los valores que todos nosotros queremos defender, se confunden. 
Nos hace falta y debemos dar esa señal al exterior. 
Bélgica celebra la próxima semana elecciones municipales. 
Hemos acordado con todos los partidos democráticos que formemos un cordón sanitario frente a la ultraderecha. 
Esto quiere decir que ninguno de esos partidos formará coaliciones con la ultraderecha. 
Esta es una decisión extraordinariamente importante y nos sentimos apoyados por dichas directivas, y eso es, pues, de gran importancia. 
Señora Comisaria, siga participando en ello, lo necesitamos también. 
Señor Presidente, en la discriminación no existen jerarquías. 
Saludo la presente directiva como la primera ley de la UE que introduce derechos a nivel de toda Europa para nuestros 37 millones de ciudadanos discapacitados, que pone fin a la práctica de introducir legislación encubierta sobre los derechos de los discapacitados y rinde tributo al movimiento de defensa de este colectivo que ha hecho campaña para llegar a este día. 
En particular, el acuerdo sobre el principio de ajustes razonables, en el que han sido pioneros Suecia e Irlanda, garantizará ahora que los empleadores de toda Europa adaptarán sus lugares de trabajo, adquirirán equipos especiales y modificarán sus prácticas de trabajo de manera que los empleados discapacitados tengan realmente una oportunidad justa. 
Esto podría significar sencillamente colocar el interruptor de la luz un metro más bajo, pero para la persona en silla de ruedas representa la diferencia entre tener un trabajo y no tenerlo. 
Agradezco al Sr. Mann que haya apoyado este punto. 
También agradezco a mi colega, Sr. Cashman, que haya aceptado mis enmiendas al programa de acción, que garantizarán que los fondos europeos cubrirán los costes adicionales de la discapacidad, que la información estará accesible a todos y que las personas discapacitadas puedan hablar por sí mismas. 
Dos mensajes más. 
En primer lugar, a todos los diputados. Recuerden que aprobamos un directiva fuerte para luchar contra la discriminación por razón de raza, en la que tuve el honor de intervenir como coponente, que incluía medidas contra la instigación, defendía el derecho de acudir a los tribunales, confería poderes a las ONG y cambió la carga de la prueba. 
No debemos interferir en estos logros que alcanzamos con tantos esfuerzos. 
En segundo lugar, a la Sra. Comisaria. Sé que hoy no podrá aceptar mi enmienda 56 sobre los concursos públicos de suministro, pero le pido que en su respuesta prometa a esta Asamblea que presentará nueva legislación para supeditar la concesión de fondos públicos al cumplimiento de estas nuevas leyes por parte de las empresas. 
Le ruego que también nos diga que fue un error que la Comisión propusiera financiación central únicamente para una ONG europea por cada grupo discriminado al que represente. 
Esta legislación trata sobre la valorización de la diversidad. 
No olvide sus propias palabras negando a las personas sordas, a las personas con dificultades para aprender y a las organizaciones independientes de personas discapacitadas la posibilidad de incluso sentarse a la mesa. 
Señor Presidente, si algo caracteriza a la sociedad europea del resto de las sociedades del mundo es precisamente su sensibilidad y su compromiso con la lucha de las libertades y los derechos humanos. 
Pero también quiero decir que esta lucha no es patrimonio de la izquierda. 
A veces, con fácil demagogia y un progresismo que ni siquiera sabe definir, la izquierda trata de confundir a la opinión pública defendiendo postulados, a veces vacíos de contenido, y a veces inadecuados para la estructura de una sociedad que debe fortalecerse con unos valores que, desde nuestro Grupo parlamentario, no estamos dispuestos a renunciar. 
Y esto es lo que diferencia unos escaños de otros. 
El artículo 13 es el punto de partida de un nuevo objetivo de la UE: combatir la discriminación o el trato desigual de los ciudadanos por las causas enumeradas en el mismo. 
El programa de acción me parece un programa serio. 
Casi se podría aceptar en su redacción original porque, esencialmente, va dirigido a algo fundamental, que es educar a la sociedad europea en los valores del ser humano, sea cual sea su condición. 
Y esto creo que es el núcleo central del programa. 
Por ello entiendo que se hace necesario comprometer al sector público y privado en esta tarea y, en este sentido, creo que el sector público debe ser ejemplar. 
Las escuelas públicas y las administraciones deben ser un modelo de lucha contra la discriminación y lo mismo debe exigirse, naturalmente también en el mismo grado, en el ámbito privado. 
Finalmente, Señorías, los medios de comunicación deben jugar también un papel importante en esta tarea. 
Desgraciadamente, hoy vemos que medios de comunicación como la televisión o Internet no contribuyen precisamente con sus programas o difusiones publicitarias a tratar con dignidad y respeto a los sectores de la sociedad que más necesitan de esa cooperación, como son, por ejemplo, las mujeres o los menores. 
Por eso, me parece muy acertado el objetivo de sensibilizar también a los medios de comunicación en esta tarea. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Sr. Cashman y al Sr. Mann por sus dos informes. 
Es sumamente importante que garanticemos ahora la puesta en práctica de este paquete que representa la primera y preliminar plasmación del artículo 13 del Tratado de la CE. 
Con ello damos un importante paso hacia la eliminación de la discriminación de las minorías en la UE y en los países solicitantes. 
Me gustaría destacar dos puntos importantes. 
En primer lugar, creo que, si queremos que tenga éxito en la práctica y en el día a día este trabajo contra la discriminación que ahora ponemos en marcha, resulta absolutamente fundamental que se involucre a las ONG que representan a las minorías afectadas lo más posible en el trabajo. 
De lo contrario este trabajo no tendrá éxito en el mundo real 
El segundo punto que quiero señalar es lamentablemente el grave error cometido por la Comisión con este primer paquete al priorizar entre los motivos de discriminación. 
Sólo la discriminación por motivo de raza va a estar prohibida en general en todos los ámbitos de la sociedad, la discriminación por otros motivos, por ejemplo, minusvalía u orientación sexual, sólo se prohíbe cuando hablamos de empleo y ocupación. 
Los motivos de discriminación deben dar igual. 
La discriminación es igual de ofensiva ya se produzca por motivo de raza o de orientación sexual, por lo que me gustaría apoyar vigorosamente la propuesta de la Sra. Swiebel para que se obligue a la Comisión a que corrija este error antes de los próximos tres años. 
Veo que hoy la señora Comisaria está presente. 
Luego hoy es una buena oportunidad para certificar que esta propuesta será sometida a seguimiento. 
Señor Presidente, quisiera subrayar lo que acaba de decir mi colega el Sr. Hernández Mollar. 
Esta lucha contra la discriminación es una lucha que nos moviliza a todos y no puede ser una bandera exclusiva de sector alguno de este Parlamento. 
El artículo 13 del Tratado de Amsterdam planteó un imperativo al programa de la Unión Europea que concedió a la Comunidad poderes específicos para iniciar un conjunto de diversas acciones de lucha contra la discriminación a fin de que se garantice el mismo nivel de protección en relación con todos los grupos desfavorecidos. 
Quisiera felicitar a la Comisión por el importante paso que dio al iniciar este proceso de aplicación del artículo 13 mediante el conjunto de propuestas de lucha contra la discriminación que presentó. 
La experiencia nos ha demostrado también que el fomento de medidas legislativas de lucha contra la discriminación es esencial, pero no suficiente. 
Dichas medidas deben ir acompañadas de una labor de prevención y de cambio de comportamientos y actitudes y prueba clara de ello son los resultados de la investigación relativamente reciente llevada a cabo por el Eurobarómetro, que comprobó que uno de cada tres europeos- más o menos el 33%- se consideraba mucho o bastante racista. 
Es fundamental enseñar y fomentar el respeto de la diversidad multicultural en Europa. 
Quisiera subrayar también la importancia de que los países candidatos a la adhesión participen lo más posible en el ámbito de esas acciones comunitarias de lucha contra la discriminación. 
Señor Presidente, saludo esta iniciativa de la Comisión, pero quiero felicitar expresamente al Sr. Cashman y al Sr. Mann por el trabajo tan excelente que han desarrollado en la elaboración de estos informes. 
Teniendo en cuenta el gran número de acciones, decisiones y actitudes discriminatorias que se producen aún hoy en día en Europa, me congratulo por estos informes que hoy debatimos y que contienen determinados puntos que, a mi juicio, son especialmente reseñables. 
En primer lugar, hay que insistir en la necesidad de tener en cuenta, a la hora de llevar a cabo las acciones concretas de este programa, el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, eje fundamental de la lucha contra la discriminación en la Unión Europea. 
En segundo lugar, se debe llamar la atención sobre la especial situación de discriminación que viven de forma específica determinados grupos sociales, mujeres, discapacitados, inmigrantes, gays, lesbianas, mayores, minorías étnicas y, en estos grupos, insistir en la importancia de vigilar y llevar a cabo medidas concretas para luchar contra los casos de múltiple o doble discriminación, que se produce especialmente en el caso de la mujer. 
Por ello, hay que subrayar la necesidad de integrar la perspectiva del género en todas las formas de lucha contra la discriminación y, paralelamente, quiero reclamar a la Comisión un esfuerzo claro y voluntad decidida para lograr coherencia entre directivas, recomendaciones y programas contra la discriminación, dotando a esta Asamblea del protagonismo en el establecimiento de prioridades, la realización de una evaluación de la eficacia de las acciones propuestas hoy en este programa y la revisión, siempre que sea necesario, de las acciones y decisiones tomadas dentro de este programa de acción. 
Por último, se debe mantener informado al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta los informes y opiniones elaborados por esta Asamblea, y destacar la necesidad e importancia de contar realmente con la opinión y participación- y proporcionarles los medios necesarios- de las ONG y asociaciones, sin lugar a duda actores clave para el éxito de las medidas adoptadas. 
Señor Presidente, la discriminación por motivos religiosos es tan inaceptable como cualquier otra forma de discriminación. 
Hemos visto cuáles han sido los trágicos resultados en Irlanda del Norte y en los Balcanes, y está latente bajo la superficie en varias zonas de nuestra Unión Europea. 
No obstante, la dimensión espiritual es de vital importancia para nuestra forma de vida en Europa. 
Es una realidad de nuestra historia europea el hecho de que tengamos un gran número de religiones y que cada una de estas religiones tenga varias iglesias, denominaciones y tendencias diferentes. 
Es importante que cada una de ellas pueda mantener sus creencias. 
Acojo con satisfacción el hecho, bastante evidente, de que los sacerdotes y pastores puedan limitarse a contratar a personal de su propia fe sin ser acusados de discriminación ilegal. 
Pero eso no es suficiente. 
Debemos apoyar la enmienda 37 de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que también exime toda restricción en materia de religión o fe de las personas que entran directamente en contacto con los miembros de dicha fe en la enseñanza, asistencia social y asistencia sanitaria, por ejemplo, los profesores de los colegios confesionales, los médicos y enfermeras de hospitales y asilos, los visitadores de reclusos, los consejeros y cuidadores de niños, personas mayores, jóvenes y parejas casadas, en los casos en que estos servicios sociales sean proporcionados por organismos religiosos. 
La dimensión espiritual es de vital importancia para Europa. 
Debemos evitar trámites burocráticos absurdos, que lo único que conseguirán será reducir a Europa a una entidad puramente materialista, políticamente correcta, pero carente de sentido. 
Estimados colegas, en los debates del tratado de Amsterdam, nos alegramos, y yo especialmente, de la inserción del artículo 13 relativo a las discriminaciones basadas sobre el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las convicciones filosóficas- no sectarias, añadiré- las minusvalías de cualquier forma, la edad y la orientación sexual. 
Sobre esta base se propusieron medidas de lucha contra la discriminación. 
Estas propuestas consisten en dos proyectos de directiva y un programa de acción destinado a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros. 
Naturalmente, me resulta, como les resulta a mis colegas, bastante difícil dar una opinión sobre medidas de tal importancia en dos minutos. 
En lo relativo al informe Mann sobre la igualdad de trato en materia de empleo, y quiero felicitar al colega ponente, me limitaré a hacer hincapié en el hecho de que me siento personalmente satisfecho de que se haya conseguido reducir al mínimo las posibilidades de derogación. 
Sin embargo, se mantienen algunas posibilidades que, debo confesar, a mí también me sorprenden. 
Se trata, entre otras, de las posibilidades de derogación por motivos religiosos. 
Creo que la disposición según la cual la noción de exigencia profesional, esencial y determinante, puede justificar derogaciones por motivos religiosos, no es aceptable. 
Como el laico convencido que soy, no sabría pues aceptarla. 
En el mismo sentido, las derogaciones autorizadas sobre la base de la edad también deben tratarse con el mayor cuidado, ya que, en la práctica, suele llevar a la exclusión de los empleados mayores. 
En cuanto al programa de lucha contra la discriminación, las propuestas de la Comisión son satisfactorias. 
Había que precisar cosas, y así se ha hecho. 
Por ello felicito al ponente y, como conclusión, votaré estos informes, salvo el punto que ya he mencionado. 
Señor Presidente, el derecho a la igualdad de trato y a la protección contra la discriminación es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Constituye el núcleo de todo aquello en lo que creemos en la Unión Europea. 
Yo suscribo el objetivo de la propuesta que tenemos ante nosotros de poder aspirar a este derecho también en el lugar de trabajo. 
También soy consciente de que existen argumentos para poder garantizar la legislación europea en pro de la igualdad de trato dentro de un único mercado. Pero a continuación empiezo a discrepar algo del resto de las declaraciones emitidas en esta Asamblea. 
Pienso que este Parlamento ha adornado como si fuera un árbol de navidad la poco avanzada legislación que la Comisión habría querido poner sobre la mesa. 
¿No está hecha esta propuesta para ser aplicada en la esfera económica del trabajo y de la empresa? 
Simplemente, si se tiene una empresa pequeña y alguien descubre a los doce meses que ha sido discriminado en la tramitación de una solicitud de empleo de entre cuarenta personas, no es posible que tal empresa tenga que conservar durante todo ese tiempo todos los expedientes para luego- a lo mejor ni siquiera sabe nadie ya de quién se trataba- explicar exactamente cómo se desarrolló tal tramitación de solicitudes de empleo. 
Eso simplemente no puede ser. 
¿Por qué no reflexionamos nunca en este Parlamento sobre las consecuencias prácticas de la legislación que hacemos? 
Espero que aún se pueda rectificar algo en el procedimiento del Consejo y de la Comisión que aún queda por llevar a cabo. 
Aún tengo un ruego a la Sra. Comisaria. 
Señora comisaria, en esta investigación hay un fiche d ' impact. 
Este fiche d ' impact es en mi opinión- y yo me ocupo mucho de la pequeña y mediana empresa en este Parlamento- un gran escándalo. 
Un funcionario ha estado una tarde en un despacho y se ha sacado de la manga todo tipo de consecuencias positivas que de ninguna manera coinciden con la realidad. 
Quiero una investigación real de las consecuencias, un verdadero fiche d ' impact de esta directiva sobre la pequeña y mediana empresa tal como ha sido aprobada por este Parlamento, y no un cuento would-be de un funcionario que nunca ha estado en una empresa, y me gustaría verla antes de que esto sea verdadera legislación. 
Señor Presidente, la propuesta de decisión del Consejo que establece un programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación viene a iniciar el proceso de aplicación del artículo 13. 
Se trata de una tarea de la mayor importancia cuyas repercusiones positivas tarde o temprano se proyectarán de forma directa o indirecta en la realidad de los Estados miembros en forma de programas y medidas concretas o incluso de modificaciones legislativas que la evolución de las sociedades viene reclamando y a las que muchas veces el poder político no ha sabido dar respuestas satisfactorias. 
Nuestra civilización común afirma su grandeza en el respeto de las normas de la sociedad abierta, tolerante y liberal, por su dinámica multicultural y no excluyente. 
Ahora bien, la generosa idea de reconocer a cada ciudadano la máxima libertad posible, siempre que sea compatible con idéntica medida de libertad para los demás, choca, aún hoy, con obstáculos: unos de hecho y otros de derecho. 
Cuando Europa afronta el dogmatismo, los prejuicios y la ignorancia, que aún hoy arrojan a tantos de nuestros conciudadanos a una condición de subciudadanía, se reencuentra con lo mejor de sí misma: la tradición de la Ilustración y la emancipación individual y colectiva. 
La familia, por ejemplo, sigue siendo una base y un pilar de la sociedad. 
Pero, ¿cuántos de los Estados miembros de la Unión acogen aún en sus legislaciones concepciones estáticas y dogmáticas de familia y discriminan las uniones de hecho y, dentro de éstas, de forma particularmente chocante y anacrónica, las compuestas por parejas homosexuales? 
Hoy se debe entender por fin la familia como una comunidad de afectos más que el efecto civil de un contrato bendecido por la religión. 
La lucha contra la discriminación de que hablamos hoy tiene sobre todo el significado de la afirmación de una ciudadanía no excluyente, más exigente que la ciudadanía exclusiva del pasado, históricamente vinculada con los orígenes de la democracia y la república. 
Señor Presidente, señora Comisaria, lo que estamos haciendo es convertir el artículo 13 del Tratado en práctica política. 
Primero lo hicimos con la propuesta relativa a la discriminación por motivos raciales o de etnia y ahora continuamos con el plan de acción y la discriminación en los centros de trabajo. 
Quisiera empezar agradeciendo a ambos ponentes, los Sres. Mann y Cashman, este excelente informe. 
Voy a referirme especialmente a un grupo, los minusválidos. 
Me he ocupado de este asunto desde que fui diputado al parlamento sueco e hicimos una amplio estudio que dio como resultado una propuesta contra la discriminación en la vida laboral. 
En esa oportunidad comparamos el desempleo, que entonces era muy escaso en Suecia, con el desempleo en la población minusválida. 
En esa época el desempleo general, en la totalidad de la población, era del 2 por ciento. 
Entre los afectados por minusvalías más graves, el desempleo era del 70 por ciento. 
Aún hoy los más discapacitados encuentran dificultades para incorporarse al mercado laboral. 
Hoy son discriminados. 
Por eso es necesario este tipo de normativa y a menudo son suficientes algunas pequeñas medidas. 
A menudo hablamos del mercado interno y de las posibilidades de los jóvenes para trabajar y estudiar en Europa. 
Pero, ¿cómo es la situación de los jóvenes que tienen alguna minusvalía? 
¿Qué posibilidades tienen de actuar en el mercado interior, de estudiar en los distintos países y de desarrollarse? 
Hoy, en este campo, discriminamos. 
Por este motivo es importante que acabemos con esta discriminación. 
Después seguiremos en otros campos. 
Los minusválidos también son discriminados a la hora de ingresar a instituciones culturales o a restaurantes. 
Por eso hay que hacer un seguimiento de este asunto. 
Un último punto: los minusválidos son muy importantes en las organizaciones. 
Puesto que éstas son relevantes en el proceso, espero que la enmienda que presenté sobre distribución de las ayudas a más de una organización y que fue aprobada en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, también sea aprobada como propuesta final. 
. (EN) Como ustedes saben, la Comisión presentó el pasado noviembre un amplio paquete, basado en el artículo 13, que incluye dos directivas y un programa. 
Una de las directivas ya ha sido adoptada en tiempo récord, y tengo grandes esperanzas de que la otra sea adoptada en noviembre, durante la Presidencia francesa. 
El debate en el Parlamento ha sido de enorme interés, en el que se ha puesto de relieve la importancia política de la presente directiva. 
En términos de solidaridad social, derechos humanos y justicia social, y en términos del mercado interior, es muy importante que comprendamos que necesitamos unas normas sociales mínimas en todos los Estados miembros, así como en los países candidatos, en un futuro. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a los dos ponentes, Sr. Cashman y Sr. Mann, por el excelente trabajo que han realizado. 
También quisiera agradecer a las comisiones que han participado su apoyo y cooperación para alcanzar una opinión coordinada en un plazo tan breve. 
Es importante que el Consejo adopte el programa de acción comunitario este otoño, para evitar que se produzca un vacío entre dicho programa y las acciones preparatorias que estamos llevando a cabo en estos momentos. 
Puedo aceptar algunas de las propuestas del Parlamento. 
En particular, acojo con satisfacción las enmiendas relativas al fomento de la igualdad de trato en todos los ámbitos y en todos los niveles de la política y al tema de la discriminación múltiple. 
Aceptaré las enmiendas que intentan poner de relieve la importancia de prevenir y luchar contra la discriminación. 
La prevención es la clave de una estrategia a largo plazo. 
También estoy de acuerdo con el énfasis que ha puesto el Parlamento en no escatimar medios para suplir las necesidades especiales de las personas que tienen dificultades para participar en el programa. 
Esto incluirá necesariamente esfuerzos para redactar toda la documentación relativa al programa de la manera más sencilla y accesible posible (aspecto sobre el que también ha presentado enmiendas el Parlamento). 
Soy consciente de que las formas de estos proyectos son difíciles y complicadas, pero intentaré simplificarlas. 
También estoy de acuerdo en que, en el futuro, pongamos de relieve la importancia de las ONG, como asociados, así como interlocutores interesados en las mismas acciones. 
Será importante contar con la participación de ONG lo más variadas posible respecto a los tipos y tamaños, para asegurarnos de que nos beneficiamos de la experiencia de esas personas que se ocupan a diario de estos temas. 
No puedo aceptar las propuestas de incluir en el cuerpo de la decisión el límite de 90% de la cofinanciación de dichas ONG, y podemos justificar esta decisión porque son muchas las particularidades que existen en las mismas. 
Por consiguiente, puedo aceptar, en definitiva, bien en su formulación actual o en su espíritu, las enmiendas 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 21, 41 hasta 45, 47, 50, 58, 59, 62, 64, 65, 66 y 67. 
También puedo aceptar partes de las enmiendas 3, 14, 16, 31, 33, 35, 38, 40, 55 y 57. 
No puedo aceptar las enmiendas restantes por varios motivos. 
Algunas no se ajustan a otros requisitos legales, por ejemplo, la enmienda relativa a las disposiciones de los comités. 
Otras, sencillamente, no son compatibles con el objetivo de la Comisión, como la de enfocar el informe anual en el cumplimiento del programa, en vez de en un aspecto concreto de la lucha contra la discriminación propiamente dicha. 
Otras conllevan el riesgo de crear un desequilibrio en los programas a través de la concentración excesiva en un aspecto concreto; otras, una vez más, no son necesarias para alcanzar el objetivo del Parlamento, porque las ideas ya han sido incluidas implícita o explícitamente en la decisión, como es el caso de aquéllas sobre el aprovechamiento de la experiencia de terceros países. 
En lo que respecta al informe del Sr. Mann, quisiera referirme a las principales enmiendas presentadas hoy ante el Pleno. 
La primera es relativa a la discapacidad, la religión y la edad. 
La segunda categoría tiene el objetivo de clarificar el texto de la propuesta de la Comisión y la tercera abarca un gran número de enmiendas que intentan adaptar la presente propuesta a la Directiva relativa a la raza, adoptada el pasado mes de junio. 
En lo que se refiere a la primera categoría, discapacidad, religión y edad, los problemas específicos a los que deben enfrentarse las personas discapacitadas son reconocidos en la actual propuesta, que prevé específicamente la disposición relativa a los ajustes razonables del lugar de trabajo de acuerdo con las necesidades de las personas discapacitadas. Es una disposición clave para conseguir la igualdad de trato para las personas con discapacidades. 
Acojo con satisfacción la aclaración del Parlamento del término "ajustes razonables": el Parlamento utiliza la palabra "adaptación" y "dificultades excepcionalmente gravosas". 
Su propuesta es de gran utilidad, como han demostrado las conversaciones con diferentes instituciones en las que estos términos no eran entendidos del todo. 
Ahora ha quedado claro que una serie de factores, tales como los costes ocasionados, los recursos financieros de las organizaciones y la posibilidad de obtener fondos públicos, determinará si sus ajustes representan una carga considerable para el empleador. 
Quisiera aclarar que la valoración de las repercusiones económicas para las PYME no depende únicamente del trabajo de un funcionario. 
Utilizamos como base las estadísticas a nivel europeo y nacional, utilizamos estudios y realizamos comparaciones con las repercusiones que tienen en los Estados Unidos, país en el que existen estudios y resultados porque hace mucho tiempo que se aplican directivas como ésta. 
Otro tema clave es el relativo a las organizaciones religiosas y a la posibilidad de que éstas se acojan a la cláusula del apartado 2 del artículo 4, relativa a una cualificación profesional genuina. 
No obstante, esta disposición no debe dar lugar a discriminación por motivos de discapacidad, edad u orientación sexual, y debemos ser perfectamente claros al respecto. 
Acojo con satisfacción la referencia del Parlamento a esta cuestión en la enmienda 37. 
También estoy de acuerdo con la idea de ampliar el texto del apartado 2 del artículo 4 para incluir a las organizaciones que proporcionan servicios en un entorno religioso, porque entendemos que el texto de la propuesta de la Comisión era muy rígido. 
En mi opinión, con estos dos añadidos queda claro el propósito de la propuesta. 
En cambio, no puedo aceptar la enmienda 38 que propone eliminar del artículo 5 la lista de diferencias de trato por motivos de edad que puedan justificarse. 
Eso no se ajusta a nuestra propuesta. 
La intención de la Comisión es crear normas viables para las empresas, al tiempo que se prohiben los casos de discriminación arbitraria y desigualdad de trato que no estén justificados objetivamente. 
No obstante, comprendo que se trata de un tema muy delicado. 
La Comisión está dispuesta a simplificar el texto del artículo 5 para que se entienda mejor esta disposición. 
Respecto a la segunda categoría de enmiendas, su objetivo es clarificar el texto de la propuesta de la Comisión. 
En particular, las enmiendas 9, 10 y 20 proponen la eliminación de la referencia a la discriminación por razones de origen racial y étnico. 
Las tres pueden ser aceptadas por motivos de coherencia jurídica. 
También acepto las referencias a la estrategia de empleo para el año 2000, a la realización personal de los individuos, a la discriminación como obstáculo a la libre circulación de las personas, a la aclaración del alcance personal de la directiva, porque es aplicable a los nacionales de terceros países, a la clarificación de la carga de la prueba y a la simplificación de la disposición sobre la información. 
Estas referencias están contenidas en las enmiendas 7, 8, 9, 12, 34 y 47. 
La Comisión puede aceptar el espíritu de todas ellas. 
Quiero pasar, a continuación, a la tercera categoría de enmiendas. 
Puedo aceptar el espíritu que se esconde tras todas estas enmiendas, pero en algunos casos existe un problema con la formulación. 
No obstante, hay otras enmiendas que no puedo aceptar, ya sea por razones técnicas o porque su naturaleza específica va en contra del objetivo de la Directiva marco. 
Quisiera referirme a los pormenores de las enmiendas que no puedo aceptar porque presentan dificultades políticas o jurídicas. 
El Parlamento se ha referido a la importante cuestión de la conformidad de los contratos. 
Este tipo de disposición no es adecuada para una directiva de una propuesta marco. 
Estoy de acuerdo en que es muy importante y prometo que habrá una comunicación: examinaremos este aspecto en el texto de la comunicación que ya hemos anunciado en la agenda social. 
En segundo lugar, me he referido al tema de la vigilancia y las estadísticas. 
Todos sabemos que esto es muy importante, pero debo hacer hincapié en que, en algunos Estados miembros, la recogida de este tipo de datos va en contra de las disposiciones constitucionales sobre la protección de la intimidad. 
Por tanto, no puedo aceptar la propuesta de la enmienda 43, pero coincido con el Parlamento en que, sin vigilancia, resulta sumamente difícil conocer el progreso que se está realizando y el programa de acción explorará qué puede hacerse a nivel comunitario. 
No puedo aceptar las referencias que hace el Parlamento en las enmiendas 21 y 45 a las personas físicas y jurídicas, así como a las agrupaciones no oficiales, porque esta propuesta sobre el empleo sólo es aplicable a los individuos. 
Está claro que es un problema jurídico. 
El Parlamento propone en la enmienda 52, por analogía con la directiva sobre discriminación racial, la incorporación de una disposición sobre organismos independientes que vigilen el cumplimiento de la disposición de la directiva. 
También tengo dificultades con las enmiendas 19 y 35, en las que se propone un plazo de tres años para equiparar el ámbito de la legislación en materia de discriminación por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 3. 
Es imposible hacer referencia a este plazo en una directiva, pero la aplicación del plan de acción nos ayudará a descubrir cómo podemos avanzar con las otras enmiendas. 
Resumiendo, puedo aceptar, ya sea en su formulación actual o en su espíritu, las enmiendas 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 23, 24, 26, 30, 34, 40, 49, 50, 51 y 54, así como parte de las enmiendas 7, 9, 13, 20, 25, 29, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 48, 58, 59, 60 y 61. 
El elevado número de enmiendas aceptadas demuestra la excelente cooperación que existe entre la Comisión y el Parlamento. 
Para terminar, algunos diputados han hecho referencia a la necesidad de cooperación en lo relativo a directivas como ésta, o a su aplicación, en los países candidatos. 
Esta directiva debe formar parte del acervo comunitario en el ámbito social en los países aspirantes. 
Es la primera vez que permitimos proyectos comunes en este programa de acción. 
Los países candidatos pueden cooperar con los Estados miembros y presentar proyectos comunes y propuestas comunes y esto es muy importante para ellos y también para nosotros. 
Algunos diputados han hecho referencia a los problemas concretos que tiene Turquía con respecto a la lengua kurda, así como a otros problemas que existen en aquel país. 
Considero que la Comunidad podría apoyar y seleccionar cualquier tipo de proyecto que el Gobierno turco presente en el marco de este plan de acción. 
He tenido que contestar a más de 50 observaciones y enmiendas diferentes, y tengo grandes esperanzas de que estas enmiendas sean aprobadas durante la Presidencia francesa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0211/2000) del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe anual de 1999 del Consejo (11384- C5-0021/2000- 2000/2012 (COS) ) sobre la aplicación del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. 
Señor Presidente, puede haber pasado inadvertido a algunos, pero el hecho de que pueda estar aquí y encabezar un debate sobre el informe anual del Consejo sobre las exportaciones de armas es, en realidad, de lo más sensacional, en primer lugar porque durante años este Parlamento pidió un código de conducta en materia de exportaciones de armas y se le dijo que era un sueño imposible. 
Y, sin embargo, tenemos un código, gracias en gran medida a la iniciativa del Secretario de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, lo que constituye una prueba más de que con el tiempo el Consejo sigue las iniciativas del Parlamento. 
En segundo lugar, cuando se acordó el código, los cínicos dijeron que era demasiado flojo y no funcionaría. 
Y, sin embargo, del informe anual se desprende claramente que ha funcionado mejor de lo que esperaba todo el mundo, incluidos los Gobiernos de los Estados miembros que abordaron este proyecto con gran recelo. 
El código de conducta ha propiciado una mayor comprensión mutua, una mayor transparencia y una mayor convergencia de las políticas de los Estados miembros. 
Además, los países que no son miembros de la UE están haciendo cola para adherirse al código. 
Resulta evidente que cuanto más universal sea el código, más eficaz será. 
En tercer lugar, también se temía que se aplicara el código en secreto. 
Y, sin embargo, hoy, gracias a la Presidencia finlandesa, podemos examinar el informe anual. 
De modo que se han logrado grandes avances en un corto período de tiempo. 
Es algo digno de beneplácito, por lo que felicito a todos los que han participado. 
Una política eficaz y coherente de la UE en materia de exportaciones de armas es esencial para que la UE persiga sus objetivos exteriores, dado, en particular, que tenemos tantos sectores de inestabilidad en nuestras fronteras. 
No se puede afirmar que se respeta la democracia y los derechos humanos, si no se actúa para impedir que las armas del asesinato y la represión caigan en manos de quienes no deben tenerlas. 
No se puede perseguir en serio la prevención de los conflictos y el establecimiento de la paz sin controlar las exportaciones de armas, en particular las armas pequeñas. 
No podemos esperar un apoyo público de las operaciones de establecimiento de la paz, si nuestras tropas se exponen a morir a consecuencia de proyectiles procedentes de armas que nosotros mismos hayamos suministrado. 
Al mismo tiempo, las industrias europeas de defensa siguen siendo estratégica y económicamente importantes para la UE. 
Para sobrevivir, necesitan proseguir su consolidación y racionalización. 
Una política común en materia de exportaciones de armas es esencial para ese proceso. 
Ésa es la razón por la que fue tan importante el acuerdo marco firmado por los seis Estados miembros en julio. 
Pese a los enormes avances logrados, hay sectores en los que se debe fortalecer el código de conducta. 
En el informe anual del Consejo se subrayaba la necesidad de confeccionar una lista común de equipo militar. 
Se acordó en junio y se han logrado avances en la lista en materia de equipo paramilitar, de orden público y de seguridad interior. 
Sin embargo, el código es sólo un compromiso político entre los Estados miembros. 
Debería ser jurídicamente vinculante. 
El artículo 7 del código obliga a los Estados a comprometerse a impedir las exportaciones que se desvíen hacia usuarios finales indeseables. 
Sin embargo, los reglamentos sobre los usuarios finales varían enormemente de un país a otro. 
Deberían estar mejor coordinados y ser más eficaces. 
Como punto de partida, necesitamos una base de datos a escala de la Comunidad sobre licencias y usuarios finales problemáticos. 
Es evidente que muchas armas se encuentran en manos inapropiadas por culpa de la actividad de los vendedores de armas. 
Y, sin embargo, muchos países tienen poco- por no decir ningún- control de ellos. 
En mi propio país, para poseer una escopeta necesitaría una licencia, pero no para instalarme como vendedor de armas en un cobertizo de mi jardín. 
Eso no está bien, por lo que acojo con beneplácito el anuncio hecho por el Gobierno británico la semana pasada de que debe cesar. 
Necesitamos controlar las actividades de los vendedores de armas en toda la UE. 
Recientemente me asombró descubrir que tan sólo en el sudeste de Inglaterra hay nada menos que 300 vendedores de armas. Ofende a la civilización moderna ese comercio de la muerte no reglamentado. 
Ésa es la razón por la que se deben lograr progresos respecto de las propuestas de la Presidencia alemana en materia de control de la venta de armas. 
Ahora debe ser una prioridad. 
Por último, la mayor salvaguardia contra el uso indebido de las exportaciones de armas es la transparencia. 
El informe anual es un gran paso adelante, pero su transparencia depende de la de los informes nacionales a partir de los cuales se elabora. 
Unos son mejores que otros. 
Desde 1997 mi Gobierno ha publicado informes anuales sobre las exportaciones de armas que han recibido elogios por su transparencia. 
Insto a todos los Gobiernos a que hagan lo propio. 
Recomiendo mi informe a la Asamblea. 
Insto al Consejo a que aplique mis recomendaciones para intensificar el compromiso de la UE con la paz y la estabilidad mundiales. 
. (IT) Señor Presidente, confieso que siento nostalgia de los tiempos en que desde el Parlamento Europeo, así como desde los distintos movimientos pacifistas y los sindicatos, se incitaba a pensar y a actuar en pos de una progresiva reducción de la fabricación de armamento y nos preguntábamos cómo convertir la producción bélica en producción civil. 
Continúo pensando que este debe ser el camino, que no hay que abandonarse a la ineluctabilidad de las guerras y de los conflictos y que la política de defensa no debe pasar por una fuerte producción de armamento, sino que Europa debe dotarse de una política de defensa de intervención en que no dominen las armas, sino la capacidad de interposición pacífica con vistas a encontrar una solución no violenta a los conflictos. 
Dicho esto, al ser una soñadora con los pies en la tierra, no abandono los sueños y trato de actuar para que se realicen. 
Considero importante que, como se indica en la opinión de la Comisión de Industria, aneja al informe, con el código de conducta- y lo podemos deducir del informe anual que hemos examinado- ha habido progresos hacia el control y la racionalización de las exportaciones de armas de la Unión Europea. 
En este sentido, el informe Titley es especialmente eficaz y evidencia no solo cualidades, sino también lagunas y límites implícitos en el informe que nos ha sido presentado, así como en la viabilidad del código de conducta. 
Querría subrayar algunos puntos que me parecen especialmente importantes: convertir el código de conducta en jurídicamente vinculante; actuar activamente para llegar a la elaboración de un código de conducta internacional en materia de exportación de armas; convertir en más transparente, al efecto de evaluar correctamente su funcionalidad, la aplicación del código de conducta, por ejemplo, con los datos correspondientes al número y tipo de armas para las que sea han concedido licencias, así como a la identidad de los países exportadores y destinatarios; controlar intermediarios y brokers; impedir que las armas de la Unión Europea puedan venderse, como en cambio ocurre, en lugares en que es evidente la vulneración de los derechos humanos y donde hay guerras. 
Otro punto importante es la prohibición de la exportación, promoción y comercialización de aparatos y know-how empleados para infligir torturas. 
Hay muchas más cosas importantes, pero para terminar querría decir que la transparencia precisa una mayor implicación de los parlamentos desde el punto de vista de la toma de decisiones, y la participación de las organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, señor Comisario, al tomar la palabra sobre este tema tan difícil de las ventas de armas, quiero felicitar a nuestro ponente sobre la forma en que ha sabido instruir a nuestro Parlamento en esta notable y muy exhaustiva exposición de los motivos de la propuesta de decisión sometida hoy a debate y mañana a voto. 
En el centro de esta exposición, este temor compartido por la mayoría de nuestros colegas, de que las armas de todo tipo producidas por la Unión europea, puedan, sin un control eficaz de las exportaciones, utilizarse por países o grupos armados que no respeten el derecho internacional y la dignidad del ser humano. 
Este riesgo no es despreciable. 
Nuestro ponente tiene razón al recordar que, al faltar tal control, no hace mucho, nuestras propias tropas que participaban en operaciones de mantenimiento o de restablecimiento de la paz se encontraron enfrentadas a armas suministradas por Estados miembros de la Unión europea. 
Per el Sr. Titley tiene razón al insistir también en que el futuro de la industria europea de defensa, imprescindible para conseguir los objetivos de la Unión en materia de paz y de seguridad, dependerá de la coherencia de las políticas de los Estados miembros, y en particular en materia de exportación, y que esto debe llevarles a perseguir la elaboración y a acelerar la publicación de un código de conducta cuyos fundamentos se encuentren en el acuerdo jurídicamente apremiante firmado en julio último, por seis de los países miembros. 
Este es el objetivo que persigue el informe Titley; y por eso el Grupo del partido popular europeo le aporta su apoyo. 
También por este motivo se opondrá a aquellas enmiendas presentadas por nuestros colegas para reclamar un desarme general a escala mundial, del que la Unión europea debería dar ejemplo. 
En vista de la situación en la que se encuentran hoy el planeta y nuestro continente después del final de la guerra fría y de la ruptura del equilibrio establecido por el terror de las armas de destrucción masiva, tal comportamiento sería irresponsable. 
Puesto que este sueño, como indicó usted con acierto, señora Morgantini, sigue siendo hoy en día, y me temo que por mucho tiempo, utópico, sería conveniente, como se nos propone, poner en evidencia los resultados positivos ya obtenidos por la aplicación del código de conducta y proponer todas las medidas deseables y aplicables para mejorar su eficacia. 
Creo que este informe contribuirá a este objetivo. 
Quiero felicitar una vez más al ponente. 
Presidente, este Parlamento siempre ha abogado por unas reglas mejores sobre la exportación de armamento, y en parte gracias a nuestros alegatos tenemos ahora un código de conducta que hoy por primera vez podemos debatir. 
Nosotros, como PSE encontramos este código un buen comienzo, pero un código no es una ley. 
Nosotros continuamos aspirando a normativas más vinculantes y más actuales en vista de los acontecimientos en el mercado de armamento y en la industria de armamento. 
Por lo tanto ponemos el acento, por lo que a nosotros se refiere, sobre la frase del informe del señor Titley que pide que el código se haga también vinculante de forma legal. 
Habiendo dicho esto, naturalmente quiero felicitar a nuestro colega Titley por su excelente informe. 
Ha puesto en su mira el código y ha elaborado para nosotros un informe de forma muy clara sobre el que podemos debatir bien. 
Un punto clave es, naturalmente, el hecho de que la política sobre exportación de armamento no se debe desarrollar de forma aislada. Debe formar parte integral de las políticas de asuntos exteriores y de seguridad comunitarias. 
Y es que es un instrumento de política exterior que puede y debe contribuir a la política externa de la Unión, que entre todos queremos reforzar. 
La Unión Europea está en estos momentos desarrollando un pie militar dentro del segundo pilar. 
Para ello se necesita una gran colaboración en el terreno de la producción de armamento y la exportación de armamento. 
Espero que también los grandes exportadores de armamento también lo vean así. 
Que sirva de ejemplo para ello la colaboración reforzada entre seis Estados miembro que recientemente se ha puesto en marcha. 
Todavía quiero subrayar que, en este marco, uno de nuestros puntos es la mejora de la llamada regulación del consumidor final. 
Por lo que a nosotros se refiere debemos continuar trabajando en ese código y encargarnos de que llegue a convertirse en una política comunitaria sobre la exportación de armamento. 
Con razón el ponente pide atención también hacia una serie de problemas persistentes en el área de la exportación de armamento. 
La proliferación de armas ligeras sigue siendo preocupante, también cerca de casa, en, por ejemplo, los Balcanes. 
Estas armas se han convertido, por así decir, en el símbolo de la anarquía en muchos sitios del mundo. 
La UE debería conceder a este asunto mayor prioridad. Naturalmente, existe una relación directa con el mundo del crimen, que es muy activo en el comercio de armamento. 
Sólo con una mayor colaboración se puede afrontar este asunto. Apoyo de corazón el alegato del señor Titley para conceder un papel más importante a los Estados candidatos. 
También quisiera abogar por ello para los Balcanes. 
Gran parte del llamado comercio ilegal de armamento se lleva a cabo a través de estas regiones. 
Tal como el señor Titley con razón advierte, se puede hacer el código más transparente proporcionando más y mejor información. 
Quiero además subrayarlo en nombre de mi Grupo parlamentario. 
El innecesario secreteo sobre las transacciones de armamento debe desaparecer. 
También en ello quisiéramos ir a la batalla para conseguir un libre acceso mayor. 
Sólo con los hechos sobre la mesa podemos juzgar si los Estados miembro de la UE hacen en la práctica lo que a menudo confiesan con la boca, es decir trabajar para una mayor seguridad dentro y entre los países. 
Señor Presidente, a pesar de su innegable mérito, este informe es demasiado técnico y se ciñe al marco y al paradigma de la seguridad de las armas, por lo que los puntos de vista de la industria de armamento adquieren también un peso desproporcionado. 
Los conflictos armados y el sufrimiento humano no son más que un tenue sonido de fondo. 
Hemos de extender nuestro examen, por una parte, además de a las cuestiones de fuerza obligatoria, también a otros aspectos ajenos a los equipos destinados a estricto uso militar, tales como al propio desarme y al aumento de la eficacia del cuerpo de policía y de las autoridades aduaneras, y luego, por otra parte, a los países aspirantes a la adhesión, como acaba de mencionar el Sr. Wiersma. 
El código de conducta, como parte integrante que es de la Política Exterior y de Seguridad Común, también deberá ser adoptado por los países aspirantes. 
También quisiéramos que Turquía, importante miembro de la OTAN que constituye además un considerable mercado, fuese mencionada en este contexto. 
Sólo implementando estos aspectos podremos avanzar hacia una seguridad más duradera en Europa y en todo el mundo, seguridad que ponga su énfasis precisamente en el desarme y en la estabilidad. 
Señor Presidente, en cuanto al informe del Sr. Titley en general, comparto en gran medida las opiniones de la Sra. Morgantini y de otros oradores. 
Solamente me ocuparé de un asunto bastante especial que atañe a la propuesta de resolución. 
En la justificación R se menciona la "elaboración progresiva de una política común de defensa en el contexto de la PESC y del establecimiento de una identidad europea en materia de seguridad y de defensa en el seno de la OTAN" y en el punto 1 se habla de que la política armamentos de la UE tiene que "contribuir al desarrollo de una política de defensa común". 
Señor Presidente, estas expresiones deberían estar totalmente prohibidas para los Estados miembros no alineados que deseen seguir siéndolo. 
Esto concierne a mi propio país, Suecia, y creo que también a otros estados no alineados de la Unión. 
Suecia no piensa que las actividades desarrolladas en el ámbito de la PESC puedan describirse como política de defensa, puesto que éstas no implican una obligación de defensa común similar a la del artículo 5 de la OTAN. 
La PESC comprende actividades para combatir las crisis fuera de los límites de la UE y no algo que pudiera entenderse como política común de defensa. 
Suecia participa activamente, podría decirse que casi demasiado activamente, en el desarrollo de una política común de armamentos, pero esto es otra cosa. 
La situación no se mejora cuando el Sr. Titley se refiere a una identidad común de defensa en el seno de la OTAN. 
Como es sabido, Suecia no es miembro de la OTAN y, hasta donde yo sé, tampoco tiene intenciones de serlo. 
Es obvio que todos los diputados suecos al Parlamento deberían votar en contra de estos dos enunciados y espero también que lo haga la totalidad del Parlamento. 
Si no fuese así, el gobierno sueco debería presentar una protesta en contra del Parlamento por desautorizar abiertamente la política sueca de no alineación. 
Presidente, con gran interés he tenido conocimiento del interesante informe de nuestro colega Titley. 
Permítame tomar en consideración un par de aspectos de aquel. 
En el comentario el ponente enumera cuatro "criterios esenciales" con los que la política europea debe cumplir por lo que respecta a la exportación de armamento. 
Bien, el criterio 3, las necesidades y retos de la industria de defensa europea, y en cierto modo el criterio 4, el desarrollo de la política comunitaria de defensa, son potencialmente y también de hecho contrarios al criterio 1, es decir una actuación externa coherente de la Unión Europea en la cual sus objetivos en cuestión de la prevención de conflictos y el fomento de los derechos humanos están en primer lugar. 
La industria europea de armamento tiene la necesidad de exportaciones, y éstas van a menudo a países a los que, por diferentes razones políticas y estratégicas, los competidores con éxito no suministran. 
Por desgracia se trata en la práctica no poco a menudo de países a los cuales por la prevención de conflictos no se debería suministrar. 
Piénsese en las partes en lucha en el Congo y en países de Oriente Medio. 
Basándonos en esta consideración yo abogo por que haya claridad: ¿qué criterio prevalece en caso de choque entre los criterios declarados por el señor Titley? 
Un segundo punto: con toda la razón, el ponente pone el dedo sobre la llaga del control nacional del Estado y sobre la conducta de los comerciantes de armamento. A ellos no se les pone traba alguna si sólo se dedican por teléfono a posibilitar transacciones entre otras partes en otros países. 
Posiblemente un complemento sensato a las propuestas prácticas de Titley a este respecto es la introducción de un sistema de permisos para la financiación del comercio en armamento de guerra, así como la tramitación financiera de las transacciones de armamento. 
El control sobre el circuito del dinero hace tajantemente más difícil eludir las disposiciones sobre el comercio de armamento. 
Al mismo tiempo, el control de los movimientos financieros significa que los Estados no miden con doble rasero, como ahora hacen, queriendo controlar los movimientos reales y desviar la vista de los movimientos financieros virtuales. 
Señor Presidente, éste es un debate interesante e importante. 
Me excuso por no poder permanecer aquí hasta su final, pero ya me ha impresionado el número de contribuciones hechas al debate por personas que saben mucho sobre este asunto, incluido el Sr. Titley. 
Quisiera agradecerle muy calurosamente su excelente informe, que aborda varias cuestiones extraordinariamente complejas. 
Puedo asegurarle que la Comisión ha leído su informe con gran interés y espero que los Estados miembros lo hayan hecho también, ya que tantas acciones dependen de ellos. 
Desde luego, estamos dispuestos a colaborar con los Estados miembros para velar por que se apliquen atinadamente las recomendaciones del informe. 
El Sr. Titley ha destacado un elemento esencial de la PESC. 
De hecho, a medida que se vaya poniendo en práctica la PESD, se deben ver cuestiones como la de las exportaciones de armas como parte de un planteamiento amplio. 
Nuestro fin debe ser la coherencia y considero que ése es un mensaje subyacente y muy importante del informe. 
El código de conducta de la UE establece un conjunto de principios detallados que rigen las exportaciones de armas convencionales. 
Van encaminadas a impedir la exportación de armas a los gobiernos que cometen violaciones de los derechos humanos, a zonas de conflicto o a regiones lanzadas a una carrera en materia de armamento. 
Resulta claro que la competencia en materia de exportaciones de armas corresponde en última instancia a los gobiernos nacionales. 
Pero actualmente se aborda el comercio de armas en el marco de la política exterior y de seguridad común, en la que la Comisión participa plenamente, desde luego. 
El código tiene un año de existencia y, como se reconoce en el primer informe anual, las experiencias iniciales de su funcionamiento por parte de los Estados miembros durante este período han sido positivas. 
El código ha aumentado ya el entendimiento mutuo de las políticas de los Estados miembros, ha establecido un mecanismo eficiente de consulta y ha fomentado el diálogo sobre la aplicación de sus disposiciones. 
Sin embargo, es innegable que hay razones para fortalecer aún más el código y su aplicación, como ha dicho el Sr. Titley. 
El objetivo del informe anual es el de descubrir posibles mejoras. 
Cualesquiera enmiendas al código cuentan con el apoyo de todos los Estados miembros. 
A ese respecto, acogemos con satisfacción la aprobación de una lista común de equipo militar comprendido en el código durante la Presidencia portuguesa, como pedía este informe. 
Los servicios de la Comisión están examinando actualmente las posibilidades de formular instrumentos legislativos de la CE sobre artículos no militares a los que se deberían aplicar las disposiciones del código. 
Entre ellos habrían de figurar sin lugar a dudas los instrumentos que se puedan utilizar para cometer torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
Unas semanas después de la aprobación del código, los países asociados de la Europa central y oriental y Chipre, más Islandia y Noruega, hicieron pública una declaración en la que se adherían a sus criterios y principios. Desde entonces muchos de esos países se han esforzado considerablemente para cumplir el código. 
Compartimos el interés del Sr. Titley por que los países asociados adopten las medidas necesarias para alcanzar los niveles normativos de la Unión Europea en materia de exportaciones de armas. 
Los servicios de la Comisión, durante sus reuniones periódicas con los países asociados, siguen alentándolos a observar las disposiciones del código y aplicar plenamente sus criterios y vigilar su cumplimiento. 
Además, la Unión Europea está interesada en ampliar la aceptación de los principios fundamentales que figuran en el código para abarcar a los principales exportadores de armas del mundo. 
La Unión Europea está empeñada en la lucha contra la desestabilizadora acumulación de armas pequeñas en muchas partes del mundo. 
La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, participó activamente en la formulación de la acción común de la Unión Europea sobre armas pequeñas y armas ligeras. 
Estamos absolutamente decididos a fortalecer la política en ese sector como parte de un planteamiento coherente. 
Convenimos con el ponente en que hacen falta gestiones suplementarias a fin de establecer normas comunes para el control del comercio legal y erradicar el tráfico y el contrabando de esas armas. 
Estamos empeñados en prestar asistencia financiera y técnica a los países, organizaciones internacionales, acuerdos regionales y ONG, como proponía la acción común. 
Actualmente están en marcha o en examen varios proyectos. 
Conforme al proyecto de la UE en Camboya, se presta apoyo técnico, administrativo y financiero al Gobierno y a determinadas ONG para la realización de acciones encaminadas a fomentar el control, la recogida y la destrucción de armas. 
La Unión Europea está examinando actualmente la posibilidad de proseguir el proyecto después de su expiración en noviembre de este año. 
También apoyamos la Operación Rachel, operación conjunta Sudáfrica/Mozambique, de recogida y destrucción de armas pequeñas. 
Se están examinando otros proyectos correspondientes a Osetia del Sur y África Occidental. 
La Comisión atribuye gran importancia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, que se celebrará en 2001. 
A ese respecto, va a ser necesario formular posiciones creíbles en los próximos meses. 
Seguiremos consultando estrechamente a nuestros socios durante el proceso preparatorio y laboraremos en colaboración en pro de la aprobación de directrices eficaces para la conferencia. 
De ella podrían resultar instrumentos política y jurídicamente vinculantes y un amplio programa internacional de acción para resolver el problema de las armas pequeñas. 
La cuestión es- estoy convencido- considerar nuestras gestiones al respecto como parte de un planteamiento amplio de la política en materia de armas en general y como parte del esfuerzo global para dar coherencia a la PESD. 
Permítaseme agradecer de nuevo al ponente su excelente informe, que aporta muchas orientaciones sobre cómo formular una política en ese importantísimo sector. 
Gracias, señor Comisario. 
Se suspende el debate hasta las 21.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a formular una declaración sobre el sector de la investigación europea. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, la Comisión ha adoptado hoy una comunicación importante para el futuro de la investigación en Europa. 
Propone orientaciones para acciones futuras de la Unión, para los años 2002-2006, y más especialmente para el futuro programa-marco de la Unión en el ámbito de la investigación. 
El objetivo consiste en definir el aporte específico que éste puede añadir a la realización del espacio europeo de investigación. 
Con su decisión del 18 de mayo de 2000, su Asamblea ha aportado un apoyo decidido a este proyecto. 
Ya se ha creado un grupo de representantes de los Estados miembros que se ocupa de las cuestiones de benchmarking y de cartografía de la excelencia y que trabaja con la Comisión. 
Se han definido una metodología y unos indicadores y se presentarán en el próximo Consejo "Investigación". 
Los primeros resultados se presentarán en el Consejo europeo que debe reunirse en marzo próximo sobre cuestiones económicas y sociales. 
Pero el programa-marco de investigación de la Unión también tiene que desempeñar un papel específico. 
Para esto, sin embargo, es preciso revisar profundamente su diseño, sus condiciones de puesta en marcha y, más concretamente, sus modos de intervención. 
Las orientaciones presentadas en la comunicación adoptada esta mañana se han definido con esta intención, concretamente sobre la base de las conclusiones del informe de evaluación a cinco años de los programas de investigación, realizado por un panel de expertos independientes, y del examen a la mitad del quinto programa-marco, realizado por la Comisión. 
Se definieron de forma que el programa de investigación de la Unión permitiese estructurar mejor la investigación europea. 
Los principios sobre los que se asientan estas orientaciones son los siguientes. 
Pasar de un enfoque centrado en proyectos de investigación individual a un enfoque más amplio, basado sobre un conjunto coherente de acciones de las que la de la Unión sólo sería una parte. 
Es una verdadera concentración de los esfuerzos en ámbitos para los que una acción al nivel comunitario acarrea algo más: el valor añadido europeo. 
Lo conseguiríamos aplicando los criterios utilizados para determinar este valor añadido en una perspectiva de jerarquía y de exclusión. 
Introducir formas de intervención a más largo plazo, intermedias entre el apoyo de proyectos y la financiación institucional, utilización de los instrumentos con geometría variable ofrecidos por el Tratado, y más específicamente la participación de la Unión en programas nacionales tal y como está previsto en el artículo 169 del Tratado. 
En términos concretos, se propone especialmente recurrir a fórmulas como la puesta en red de programas nacionales para el apoyo a la apertura mutua de los programas y, sobre todo, la participación de la Unión en programas ejecutados de forma coordinada; la creación de redes europeas de excelencia por la puesta en red de capacidades presentes en los Estados miembros entorno a programas comunes de actividad; la puesta en marcha de grandes proyectos de investigación orientada, conducidos por consorcios de empresas, universidades y centros de investigación, sobre la base de planes de financiación globales; un apoyo mayor a los esfuerzos regionales y nacionales de apoyo a la innovación y a la investigación llevados a cabo por las pequeñas y medianas empresas; el fortalecimiento y la diversificación de las bolsas de movilidad y, de forma general, acciones en materia de recursos humanos. 
De estos nuevos modos de intervención surgen nuevos modos de gestión. 
Permitirán incrementar considerablemente los efectos de las medidas tomadas en el actual programa-marco para aumentar el tamaño de los proyectos y simplificar los procedimientos. 
El documento de orientación adoptado hoy se destina a lanzar el debate desde ahora mismo, y en primer lugar dentro de las instituciones. 
Sobre la base de las conclusiones de este debate, la Comisión presentará en el mes de febrero próximo propuestas formales para el programa-marco de investigación 2002-2006. 
Estas propuestas se añadirán a un conjunto de comunicaciones especializadas que corresponden a otras tantas contribuciones a la realización del espacio europeo de investigación. 
Tendré ocasión de presentar detalladamente estas orientaciones y de debatirlas en profundidad en la reunión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía del 12 de octubre próximo. 
Pero espero con interés la opinión del Parlamento sobre este documento. 
Gracias, señor Comisario. 
Veo que está usted abordando la tarea de preparar el marco entre 2002 y 2006 de forma muy eficiente y profesional. 
Dice usted que se propone centrarse en proyectos que representen un considerable valor añadido europeo y que, por tanto, aplicará determinados criterios. 
¿Podría decirnos un poquito más sobre qué criterios serían ésos? 
¿Podría decirnos también cómo concibe el papel del Centro Común de Investigación para emprender una evaluación de los programas de previsión tecnológica que podrían indicarnos los sectores en que ese valor añadido europeo sería más útil? 
Señor Presidente, yo quisiera preguntar lo siguiente: la Comisión de presupuestos del Parlamento Europeo reservó un 10% de los créditos para las pequeñas y medianas empresas con fines específicos; ¿cuál es la situación en este nuevo sector, particularmente en lo que respecta a la colaboración entre los institutos de investigación, los grandes servicios de investigación, los grupos empresariales, las pequeñas empresas y las personas individuales? 
¿El programa contempla específicamente esta cuestión? 
Señor Presidente, señor Comisario, en su comunicación sobre el espacio europeo de la investigación también se ha referido a la insuficiente movilidad de los investigadores y a los problemas que ésta plantea en Europa. 
Mi pregunta es, por lo tanto, la siguiente: ¿tiene previsto que esta comunicación sobre el espacio europeo de la investigación vaya seguida de iniciativas legislativas, con el fin de mejorar la movilidad y también la protección social durante las estancias en el extranjero, por ejemplo? 
. (FR) Señor Presidente, quisiera contestar brevemente a los distintos parlamentarios que han participado diciendo que, el jueves próximo, espero que podamos mantener un debate más profundo. 
Contestaré ante todo a la Sra. McNally: la cuestión del valor añadido europeo existía ya en los criterios de las propuestas de resoluciones, que incluían ya una serie de elementos tales como, por ejemplo, proyectos con una dimensión al menos europea. 
Por lo tanto, ya existían elementos. 
Pero hasta ahora no había necesariamente una jerarquía, ni elementos de exclusión. 
Lo que queremos reforzar, es ese carácter de jerarquización, y esto depende del modo de intervención. 
Habrá que conciliar una jerarquización real con el hecho de evitar una burocracia adicional. 
Mantendremos este debate de los criterios con los Estados miembros, naturalmente, pero también con la opinión del Parlamento. 
En lo que se refiere al Centro común de investigación, se prevé que sea un elemento clave de la referencia común, de la experiencia común. 
Es un papel importante el que tiene que desempeñar. 
Sabe muy bien que es preciso concentrar las acciones del Centro común de investigación en ámbitos donde puede desempeñar este papel de valor añadido europeo, gracias al hecho de que es independiente del sector privado y que es independiente de los Estados. 
En lo que se refiere a los problemas de las PYME, naturalmente hemos comprobado que en el programa-marco, las PYME tengan su parte, como estaba previsto en la decisión presupuestaria. 
Esta tarde he vuelto a asistir a una hermosa demostración. 
No se si tuvieron ocasión de ver los nuevos modelos de cascos de bomberos nacidos de la colaboración entre empresas alemanas, francesas, holandesas y el Centro de investigación TNO, y que presentan una nueva generación de cascos de bomberos puestos a punto por PYME. 
Es un muy buen ejemplo de nuestros éxitos en este ámbito. 
Con respecto a las acciones que proponemos, podrán ver en la página 16 de la nota de orientación las nuevas maneras de trabajo que pensamos, con una mayor descentralización hacia las asociaciones y las estructuras nacionales. 
En fin, en lo que se refiere a la movilidad, señor Linkohr, sabe usted hasta que punto es un problema que nos preocupa en todos sus aspectos sociales. 
El Grupo movilidad se creó en la Comisión con los distintos Estados miembros y se reunirá por vez primera el 20 de octubre. 
Es un grupo formado por representantes de los ministros de investigación, pero también por ministros de asuntos sociales o de asuntos internos, para eliminar los obstáculos a la movilidad, como los problemas de pensiones, o el de la libre circulación en el territorio europeo. 
Presidente, quiero dar las gracias al comisario por sus palabras preliminares, pero no obstante tengo un par de preguntas. 
Usted dice que piensa en un shake-up total del programa marco. 
El hecho es que eso ya lo hemos probado con el quinto programa marco y de ello, según parece, se ha conseguido poco. 
En una resolución que usted ha mencionado, que se aprobó en este Parlamento el 18 de mayo y de la cual yo fui el ponente, recomendaba que se crearan equipos multidisciplinares para investigar porque las innovaciones ocurren sobre todo en los límites de las disciplinas. 
De ello no he encontrado nada en su informe que he leído ahora y que usted ha aprobado esta semana. 
Mi segundo punto es, señor comisario, que usted recomienda que la Unión Europea participe en programas nacionales; yo también he escrito que debemos desembarazarnos del tecnonacionalismo en Europa, pero una vez más, si se trata del programa marco entonces este Parlamento, y lo repito de nuevo, este Parlamento desempeña un papel muy importante en él; y ¿cómo va a ser ese papel del Parlamento si existe una geométrie variable? 
Señor Comisario, quisiera llamar su atención sobre una cuestión nada nueva para cuantos se han dedicado a la investigación. 
En conversaciones con la comunidad investigadora, sobre todo en Grecia, he percibido una gran inquietud acerca de si la Comisión se ha alineado a favor de la devaluación de la investigación básica. 
Esto es, al menos, lo que parece colegirse del debate sobre el presupuesto en Grecia; y el hecho es que muchos invocan los puntos de vista de la Unión Europea. 
¿Es eso verdad? 
¿En el momento, precisamente, en que los Estados Unidos duplican la financiación de la investigación básica? 
¿La investigación básica, si es que eso no es verdad, no debe ser apoyada en todos los países, pequeños y grandes, en la medida, claro está, del valor de sus centros de investigación y de sus investigadores? 
Señor Comisario, le agradezco su comunicación que demuestra que utiliza muy rápidamente las propuestas de orientación que hizo en el Espacio común de investigación. 
Quisiera preguntarle si prevé usted que se puedan lanzar ahora mismo acciones piloto en el año 2001 relativas a la preparación del sexto programa-marco, y especialmente la instalación de redes de investigación de las que ha hablado. 
Por otro lado, quisiera pedirle igualmente si pudieses otorgar una atención especial a las relaciones entre el STOA y las cuestiones relativas a su dirección, de las que es usted responsable, porque hay problemas. 
Muchos temas relativos a la investigación, cuando los escoge el STOA, no reciben el visto bueno de los servicios. 
Sería pues necesario que se reflexionase con usted sobre este tema, y en particular en relación con el Centro común de investigación (CCR). 
Por último, quisiera preguntarle si podríamos desarrollar rápidamente acciones de investigación en el marco euro-mediterráneo, puesto que ya tuvo una reunión recientemente en Capri con los ministros de investigación de los países del Norte y del Sur, y éste es un tema muy importante para el Parlamento. 
. (FR) Señora Plooij van Gorsel, le agradezco su participación, y sé hasta que punto su informe es un apoyo al espacio europeo de investigación. 
Creo que hay que considerar que nuestro objetivo no es un programa-marco clásico. 
Ya sé que usted, que tiene experiencia en estas lides, dirá que esto ya se mencionó en varias ocasiones. 
Creo que hoy necesitamos algo que estructure el espacio europeo de la investigación, es decir algo que vaya más allá del programa-marco que viene como suplemento de programas nacionales, necesitamos un elemento estructurador, lo que quiere decir que es preciso aceptar fórmulas. 
Y aquí vuelvo a considerar la segunda parte de las geometrías variables. 
Es cierto, con una apertura de programas nacionales de varios Estados sobre un tema con valor añadido europeo, la Comisión y la Unión pueden intervenir. 
Pero su intervención debe llevarse a cabo con criterios que permitan la mayor accesibilidad posible a todos los elementos de la Unión europea, es decir, a todos los países miembros e incluso a otros países. 
Es preciso defender nuevas fórmulas. 
Nunca hemos utilizado el artículo 169 del Tratado, y sin embargo este artículo podría movilizar mejor y con mayor coherencia las acciones de los distintos Estados miembros. 
En lo que se refiere a la pluridisciplinaridad, comparto su opinión. 
Es cierto que este punto no se ha desarrollado en exceso, pero sí que aparece en los criterios, como en el tercer párrafo de la página 9 del documento llamado: "necesidad de combinar las competencias complementarias presentes en distintos países, y más especialmente frente a problemas interdisciplinarios así como de utilizar estudios comparados". 
Es evidente que en el futuro, el desarrollo- ya lo subrayó usted en su informe- tendrá lugar en la frontera de tecnologías y ciencias distintas como la biología o la informática. 
Por lo tanto está claro que el aspecto multidisciplinar se tendrá en consideración, y de hecho será uno de los elementos del valor añadido europeo. 
En lo que se refiere a la cuestión sobre la Unión europea y su falta de interés por la investigación fundamental, no creo que se trate de eso. 
En realidad creo que esta dicotomía entre investigación fundamental e investigación aplicada ya se ha superado. 
En muchos ámbitos, vemos como elementos de investigación fundamental aparecen en seguida como elementos de investigación aplicada. 
Por lo tanto, en los programas-marco actuales, hay una mezcla de las cuestiones de investigación fundamental y de las cuestiones de investigación aplicada. 
No creo que haya que crear una ruptura, no en todo caso en lo que a mí respecta y tampoco para la comunidad científica. 
No me parece tener la sensación de que los programas de la Unión europea dejen de lado sistemáticamente la investigación fundamental. 
Creo que aún tendremos ocasión, señor Ppayannakis, de volver a hablar de ello en nuestros debates, pero no tenemos espíritu de ruptura. 
De hecho, nadie habla de esta ruptura y la industria no la pide. 
Ahora quisiera contestar al Sr. Pietrasanta. Le agradezco su intervención y su espíritu constructivo. 
En lo que se refiere a las reflexiones con el STOA, creo que es preciso hacer algo juntos, puesto que es algo que atañe a la Asamblea, al Centro común de investigación, a los institutos de prospectiva presentes en varios Estados miembros. 
Nos resulta imprescindible cooperar mejor y con mayorprofundidad. 
Por lo tanto, estoy abierto a cualquier debate y discusión a este respecto. 
En lo que se refiere de forma más específica al marco euro-mediterráneo, pienso que han podido comprobar como yo que había un interés por parte de los países mediterráneos del norte y del sur para llevar a cabo acciones de investigación y de desarrollo tecnológico en común. 
Pero a este respecto, quisiera también decir ante el Parlamento que es importante que los programas MEDA y todos los programas de relaciones exteriores consideren esta necesidad, que se expresa y que es de hecho un motor del desarrollo económico y de la innovación en esta región. 
A escala de las relaciones exteriores, a veces tenemos tendencia a considerar que la investigación y el desarrollo tecnológico no son prioridades. 
Yo creo que son elementos clave para una mejor comprensión, una mayor movilidad de los investigadores alrededor de la cuenca mediterránea. 
En cualquier caso, son las conclusiones de los ministros de investigación y ciencia que se reunieron en Capri el fin de semana pasado para hablar de estos temas. 
Señor Presidente, también yo quisiera acoger con satisfacción la declaración del Sr. Busquin. 
Se han aceptado muchas de las ideas que examinamos en el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Hay dos aspectos que me gustaría que el Sr. Busquin examinara un poco más con nosotros esta tarde. 
El primero es el de que ha mencionado específicamente en su informe la participación de la UE en programas nacionales. 
¿Podría ampliar un poco más a qué se refiere y decir si entrañaría que la UE financiara en parte programas nacionales e hiciera de coordinadora o pasará el CCI a ser uno de los protagonistas en una red más amplia de investigación en condiciones de igualdad, por ejemplo, con otros equipos nacionales de investigación? 
También quisiera insistir al Sr. Busquin sobre una observación formulada por el Sr. Pietrasanta, porque no creo que le haya dado respuesta y yo apoyaba, desde luego, dicha observación. 
¿Puede confirmar si examinará algunos programas experimentales en el período 2000-2001 para formular algunos de los objetos de las conexiones en redes antes de su aplicación plena? 
En primer lugar, usted ha señalado, lo cual es de agradecer, que se debe mejorar la gestión. 
Efectivamente, la estructura de la administración de los programas a veces chirría. 
¿Qué medidas concretas tiene en mente en este contexto? 
En segundo lugar: la investigación siempre transforma también nuestra sociedad y sus consecuencias la modifican. 
¿Qué lugar ocupa la investigación socioeconómica en el espacio europeo de la investigación? 
En tercer lugar: el Tratado CECA va a expirar en 2002 y a partir de esa fecha se dispondrá de unos montantes considerables para la investigación en el sector del acero y el carbón. 
¿Esto se va a someter a votación y en qué medida va a tener poder de codecisión el Parlamento sobre el destino de esos fondos? 
Señor Comisario, le agradezco su presencia y su comunicación. 
Parece que la Comisión avanza a pasos agigantados hacia la realización del espacio europeo de investigación. 
Tengo dos preguntas: en primer lugar, el término valor añadido que ha empleado usted; aunque no es, desde luego, la primera vez que se emplea, remite a criterios económicos en el desarrollo de la investigación y puede conducir a la mercantilización de la investigación. 
Sin despreciar los aspectos prácticos y comerciales del aprovechamiento de los resultados de investigación, me preocupa que esto pueda convertirse en criterio principal. 
La segunda pregunta se refiere a los centros de excelencia. 
¿Ha definido la Comisión los criterios con los que se seleccionarán esos centros? 
(FR) Señor presidente, señor Harbour y señor Pietrasanta, a quien ruego me perdone por no haberle dado esta respuesta en lo que se refiere en primer lugar a las experiencias-piloto 2000-2001, vamos a intentar hacer todo lo posible para comprobar precisamente la viabilidad de algunos elementos, como las redes. 
Ya habrán podido comprobar en la nota de orientación que han comenzado las reflexiones en dos o tres puntos, que se aplicarán a partir del año próximo, teniendo en cuenta por supuesto las obligaciones relativas a los aspectos jurídicos del quinto programa-marco. 
Pero podemos dar pruebas de un poco más de flexibilidad en algunos aspectos. 
Tendrán tres ilustraciones en la nota de orientación y espero que tendremos ocasión de debatir de ello de nuevo próximamente. 
En lo que se refiere al problema que menciona usted, me ha hablado de la participación en los programas nacionales. 
Creo que ésta será una de las cuestiones clave. 
Y si no puedo darle, desde hoy, una respuesta, es porque quería precisamente, en esta nota de orientación, invitar a los Estados Miembros a tomar posiciones, ya que no habrá espacio europeo de investigación que sólo dependa de la voluntad de la Comisión. 
La Comisión y el programa-marco sólo representan el 5% del gasto público en materia de investigación. 
No sería pues posible hablar de espacio europeo de investigación si nosotros sólo representamos el 5% de esta investigación. 
Por eso es importante que el día 16, en la reunión de los ministros responsables de la ciencia, los Estados miembros se comprometan a abrir sus programas nacionales. 
En ese momento, esta contribución que podríamos aportar consistirá en garantizar cierta coordinación. 
Los que aceptan abrirse favorecerán la coordinación y la movilidad en el marco de un informe que habrá que definir, proyecto por proyecto, por supuesto. 
Todos los proyectos no se abrirán, algunos serán más fáciles de integrar a escala europea que otros. 
Para contestar al Sr. Lange, quisiera decirle que ya hemos empezado a tomar medidas de gestión. 
Está el informe del Sr. Gerold del que aún espero algunos elementos. 
Pero ya puedo decirles que, según esta nota, es preciso aumentar el tamaño de los proyectos. 
Ahora estamos algo ahogados en una multitud de proyectos demasiado pequeños, que entorpecen la administración, multiplican las obligaciones y son fuente de errores. 
En lo que se refiere a la investigación socio-económica, es evidente que tiene su lugar. 
Habrá un capítulo completo sobre la ciencia, la sociedad y los ciudadanos. 
Vamos a elaborar una comunicación sobre este tema. 
Creo en efecto que la investigación y el desarrollo deben realizarse, en Europa, con los ciudadanos. 
Por lo tanto hay toda una serie de pistas que se imponen, en materia de investigación socio-económica, en el ámbito de la alimentación, de las nuevas tecnologías también, y en particular de las biotecnologías. 
En lo relativo al programa CECA, sabe que ha habido un acuerdo y que la investigación seguirá adelante. 
No se integrará totalmente, hasta que se pruebe lo contrario, en los programas-marco. 
Conservará su especifidad. 
De hecho era la voluntad de aquellos que negociaron la continuación de programas de investigación CECA con la Comisión. 
Para contestar al Sr. Alyssandrakis, creo que los aspectos comerciales no deben ser predominantes. 
De cualquier modo, la investigación que podríamos llamar desinteresada, es decir sin fines comerciales, es a veces la que da mejores resultados en términos económicos y fundamentales. 
Creo que todo el mundo entiende hoy que es preciso preservar un espacio de libertad de desarrollo propio a los investigadores, independientemente de los imperativos puramente comerciales. 
La cuestión que plantea es pertinente, pero debe comprobarse con el uso. 
No tenemos intención de colocar los aspectos comerciales en primer plano en todos los ámbitos de investigación. 
Hay investigaciones orientadas donde el aspecto comercial es muy evidente, pero también hay investigaciones más fundamentales que también sirven al conjunto de la política de la Unión, y, al mismo tiempo a veces, intereses comerciales, pero a causa del efecto dominó. 
Por último, en lo que se refiere a los centros de excelencia, estamos preparando los criterios aplicables. 
Pero quisiera a pesar de todo insistir en una frase, que leerá en la nota de orientación, que me importa mucho, ya que esta cuestión de los centros de excelencia suscita múltiples interrogantes. 
No es inteligente delimitar lo que es excelente de lo que no lo es. 
Por lo tanto consideramos que tenemos que remitirnos a los términos que se retoman aquí, es decir ala puesta en red de las capacidades de excelencia pública, y especialmente de equipos universitarios y privados, que cumplirían la función de intermediarios en programas comunes de actividad a largo plazo. 
Por lo tanto es una operación bottom-up llevada a cabo sobre todo con distintos equipos que se ponen en red, y no tanto con macrocentros. 
Equipos de alto rendimiento a escala europea y mundial que se agrupan y se ponen en red, sea cual sea su situación geográfica. 
Con las tecnología y la información de hoy en día, ya no es un problema, sea cual sea el tamaño de los equipos. 
Muchas gracias, señor Busquin. 
Queda cerrado este punto. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0540/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0726/00): 
Asunto: Ejecución presupuestaria del Fondo de Cohesión A lo largo de los últimos años, la ejecución presupuestaria del Fondo de Cohesión ha sido extremadamente alta. 
Habida cuenta de que se presentaron enmiendas en número limitado al Reglamento de este Fondo (al contrario de lo que sucedió con los Fondos estructurales) , ¿cómo explica la Comisión que el porcentaje de ejecución correspondiente al primer semestre de 2000 sea inferior al 1%? 
. 
(FR) Me es muy grato que la Sra. Torres Marques me ofrezca la ocasión, con su pregunta, de puntualizar ante la sesión plenaria del Parlamento europeo el estado de la ejecución de los créditos de compromiso para el Fondo de cohesión que interesan al país que la eligió, así como a otros países: Irlanda, Grecia y España. 
También quiero expresar mi preocupación sobre el nivel muy bajo de compromiso de los fondos del Fondo de cohesión al final del mes de agosto (16% solamente, señora Diputada). Asimismo quiero confirmar, incluso aunque las cosas hayan evolucionado en el buen sentido desde finales del mes de agosto, mi preocupación (que ya expresé el 11 de septiembre último en la Comisión de Política Regional y de Transportes) de su Asamblea. 
Ha habido contactos con las autoridades griegas, irlandesas y portuguesas para pedir al gobierno de estos países que aceleren la presentación a la Comisión de sus proyectos del Fondo de cohesión. 
Hemos recibido de España un conjunto de proyectos que me permiten esperar que este país ejecute íntegramente los compromisos para el año en curso, a reserva por supuesto del peritaje técnico de los proyectos. 
En lo que se refiere a Portugal, señora, pero también sobre todo a Grecia, la cantidad de proyectos recibidos no me permite tener hoy por hoy las mismas garantías de una ejecución satisfactoria de los fondos. 
Quiero que entiendan bien lo que digo, quiero evitar con ustedes y con todos los cargos electos a los que atañe el más mínimo malentendido. 
No quiero señalar con el dedo a nadie ni repartir premios o castigos. 
Me encargo de gestionar tan rigurosa y activamente como sea posible el segundo presupuesto de la Unión europea, el de la política regional y del Fondo de cohesión. 
Debo rendir cuentas no solo al Tribunal de cuentas o a los contribuyentes, sino en primer lugar al Parlamento europeo, quien se encarga de controlar y de aprobar este presupuesto. Y creo que mi deber consiste en decir, cuando lo juzgo oportuno, lo que ocurre, y hacerlo de forma transparente, por respeto hacia la autoridad presupuestaria que forma el Parlamento europeo. 
Existen razones que explican la falta de proyectos sometidos a la Comisión hasta ahora. 
Por una parte, y después del esfuerzo realizado para comprometer completamente los fondos a finales del año 1999, las peticiones en instancia a principios de este ejercicio para la financiación de nuevos proyectos eran forzosamente muy reducidas. 
Y por otro lado, como estamos en el primer año del nuevo periodo de programación, debo decir, y es un hecho objetivo, que los países de cohesión, como el suyo, han concentrado su esfuerzo en la programación del objetivo 1. 
De hecho, he indicado públicamente, y en particular en Lisboa y en presencia del Primer ministro y de la Sra. Lisa Ferreira, la enorme satisfacción de la comisión por la calidad del trabajo realizado por las autoridades portuguesas en relación con las autoridades locales para la programación del objetivo 1. 
Pero este esfuerzo tan importante conlleva como consecuencia que no se pueda hacer, al mismo tiempo, el mismo esfuerzo para el Fondo de cohesión. 
Quiero decir a los países aludidos que tienen que hacer ahora este esfuerzo y presentar rápidamente un número suficiente de proyectos sólidos, sin los que existe el riesgo de que algunos fondos, previstos para el ejercicio 2000 del Fondo de cohesión, se pierdan definitivamente. 
En efecto, y contrariamente a lo que sería previsible, en el marco del acuerdo interinstitucional para los Fondos estructurales, no se prevé una nueva presupuestación para los Fondos de cohesión en los ejercicios posteriores. 
Los países beneficiarios en concepto del Fondo de cohesión deben pues ser totalmente conscientes de que queda poco tiempo para recibir e instruir los proyectos para el año presupuestario en curso. 
He aquí lo quería puntualizar tan honestamente como fuese posible, señora Torres Marques, y le agradezco que me haya dado la oportunidad de expresarme. 
Muchas gracias, señor Comisario, por haber venido, en nombre de la Comisión, a responder a esta pregunta, que es muy importante para nosotros. 
Y creo, señor Comisario- y disculpe que se lo diga -, que no debe de estar bien informado. 
Tal vez la inexistencia del servicio que acabo de mencionar- y que existía en la Comisión anterior- dedicado exclusivamente al Fondo de Cohesión permitiera tener elementos más concretos. 
Conforme a los elementos de que dispongo, y a raíz de lo que dijo el Comisario en la Comisión de Política Regional, sé que Portugal ya ha presentado candidaturas que exceden el Fondo de Cohesión, tanto en cuanto a transportes como en cuanto a medio ambiente. 
El Comisario sabe que ese fondo ha estado siempre muy bien gestionado por los cuatro países y ha tenido siempre una tasa de ejecución de 100%. 
Debería interesarle mucho saber por qué razón países que han cumplido siempre tan bien parecen ahora no cumplir. 
Creo que la pelota está en su tejado, sus servicios tienen los elementos, pero deben tener capacidad para responder. 
Y temo, señor Comisario, que la Comisión se esté aprovechando para reducir, en el presupuesto para 2001, las asignaciones del Fondo de Cohesión. 
¡No lo aceptamos! 
Señor Comisario, quisiera pedirle dos datos. 
Ha dado usted la cifra del 2,6 % para Portugal. 
¿Podría darnos las cifras correspondientes a España y Grecia? 
Mi segunda pregunta es la siguiente: independientemente del Fondo de cohesión, existen el marco comunitario de apoyo, los Fondos estructurales, los programas regionales, etc. 
¿De qué países han recibido los proyectos definitivos y qué programas de qué países han aprobado ya? 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0730/00): 
Asunto: Impuestos sobre los carburantes El actual nivel de los impuestos sobre los carburantes en el Reino Unido es muy superior al aplicado en cualquiera de los demás Estados miembros. 
La carga que representan estos impuestos es particularmente grande en las regiones más remotas del país, en particular, en Escocia (Borders, Highlands y las islas). 
Además provoca una gran distorsión de la competencia entre pequeñas y medianas empresas de localidades de las regiones mencionadas más arriba y multinacionales o grandes empresas que operan en todo el Reino Unido, entre las empresas del sector del turismo de esas localidades y las cadenas hoteleras concentradas en grandes núcleos más cercanos al continente europeo, como, por ejemplo, Londres, así como entre los agricultores y pescadores de regiones remotas y los de zonas con una ubicación más ventajosa. 
A la vista de todo ello, ¿investigará la Comisión si el nivel excesivo de los impuestos sobre los carburantes en el Reino Unido constituye una violación de las disposiciones sobre competencia contempladas en el Tratado y, por lo tanto, es ilegal? 
¿Qué acciones piensa emprender la Comisión al respecto? 
(NL) La pregunta formulada por el estimado miembro de su Pleno es extraordinariamente actual, pero para poder responderla de forma clara, primero tengo que recordar el origen de la legislación comunitaria con respecto a los impuestos sobre los carburantes. 
En 1987 la Comisión presentó diferentes propuestas respecto a impuestos directos con el fin de la supresión de las fronteras fiscales en relación con la culminación del mercado interior. 
Con respecto a los impuestos sobre consumos específicos, aspiraba la Comisión a una armonización completa de los impuestos sobre los aceites minerales en la Comunidad por medio de la introducción de una tarifa única sobre los impuestos sobre consumos específicos para cada tipo de producto. 
La aprobación de semejantes medidas seguramente hubiera hecho posible evitar la distorsión de la competencia, cosa a la que se refiere hoy el estimado miembro parlamentario. 
Sin embargo esa propuesta chocó con un fuerte rechazo por parte de determinados Estados miembro. 
En 1989 la Comisión presentó una nueva propuesta que debería ofrecer una mayor flexibilidad. 
Esa propuesta, que junto a las tarifas mínimas, preveía estrechos márgenes de tarifas y tarifas-objetivo, fue rechazada de nuevo por los Estados miembros. 
Finalmente, los Estados miembros decidieron unánimemente en 1992 introducir un sistema comunitario de recaudación de impuestos sobre los aceites minerales que preveía sólo una tarifa mínima para cada clase de aceite mineral en función de su uso; es decir, como combustible para vehículos, para uso comercial o industrial o, también, para calefacción. 
Por tanto yo quisiere recalcar que los mínimos comunitarios no se han adecuado desde 1992 y que hoy los impuestos sobre consumos específicos a menudo se encuentran muy por encima de los mínimos comunitarios y, además, difieren fuertemente de un país a otro. 
Tal como indica el estimado miembro de su Pleno, los impuestos sobre consumos específicos sobre la gasolina y el diesel, en su uso como combustible de motores, aplicados por el Reino Unido son los más altos de Europa, pero los impuestos sobre consumos específicos sobre el combustible para calefacción y queroseno, al menos el usado- si se usa- para fines comerciales e industriales o, también, para calefacción, esos impuestos sobre consumos específicos, así como las contribuciones de usos y consumo sobre el combustible para calefacción pesado, permanecen muy por debajo de los más altos valores aplicados en la Unión. 
Es por tanto una imagen matizada y no es, por tanto, cierto que todas las contribuciones de usos y consumo sobre los aceites minerales en el Reino Unido sean más altas que en otros sitios de Europa. 
Finalmente, la fijación de un alto nivel de las contribuciones de usos y consumo sobre los aceites minerales no conduce a un no-cumplimiento de las disposiciones comunitarias sobre la competencia. 
En cambio, podría existir un apoyo de la administración pública- en la forma típica de apoyo de la administración pública- si sólo determinados sectores específicos disfrutaran de desviaciones de la norma general, y la compatibilidad de tal medida de apoyo debería ser estudiada a la luz del Tratado. 
Hasta aquí, señor Presidente, mi respuesta en primer término. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Bolkestein su detalladísima respuesta a mi pregunta, pero no estoy del todo seguro de que sea suficiente. 
Para ser claros, hemos de decir que, como ha de saber la Comisión, esta pregunta se formuló antes de que se iniciaran las protestas y fue inspirada por quejas de ciudadanos de mi circunscripción. 
Por ejemplo, hay una empresa en la isla de North Uist que se dedica a la explotación de canteras y mantenimiento de carreteras. 
La de que haya pequeñas y medianas empresas que puedan licitar y competir por la adjudicación de trabajos de mantenimiento de carreteras en islas de esa clase parece una idea excelente. 
Es bueno para el empleo y para la cohesión social. 
Si los costos en materia de combustible de una empresa así son más del doble que los de las empresas multinacionales radicadas en otros puntos de Escocia y que pueden licitar por la adjudicación de los mismos contratos, se trata, evidentemente, de una grave distorsión de la competencia, para desventaja de las comunidades distantes. 
Agradezco las observaciones formuladas por el Sr. Bolkestein y, pese a que la norma principal de los Tratados prohíbe que se cobre más a las empresas extranjeras que a las interiores, se debería aplicar la legislación general sobre la competencia leal en Europa en los casos en que la fiscalidad sea totalmente desproporcionada. Debemos examinar el efecto que puede tener en esa situación la legislación sobre la competencia, pese a la norma general de que esos asuntos son prerrogativa de los Estados miembros. 
Señor Presidente, quisiera decir al Sr. MacCormick que la Comisión no tiene medios para influir en el nivel de impuestos al consumo de productos del petróleo en los Estados miembros. 
Insisto, porque quiero que quede claro este aspecto, porque, como he dicho en mi respuesta en el primer caso, la Comisión ha hecho varios intentos para que los Estados miembros acuerden la armonización de los impuestos al consumo precisamente para evitar las distorsiones del comercio que podrían resultar de las diferencias al respecto. 
Como comprenderá el Sr. MacCormick, el Consejo ha rechazado esos intentos de la Comisión. 
Así, pues, una vez más la Comisión carece de instrumentos para hacer que los Estados miembros cambien el nivel de los impuestos al consumo. 
Ésa es la primera observación que quisiera repetir y en la que quisiera insistir. 
En segundo lugar, como sabe el Sr. MacCormick, en los casos en que los Estados miembros favorecen por medios fiscales determinado sector de la industria, infringen las normas sobre la ayuda estatal, en este caso la ayuda fiscal estatal, que equivale a una subvención. 
El Sr. MackCormick se esfuerza con razón en pro de la igualdad de trato y la competencia igual y leal. 
Si se favorece a un sector o a una región particulares por medios fiscales, se infringe la legislación sobre la competencia leal y la Comisión, por mediación de mi colega el Sr. Monti, adoptará las medidas oportunas al respecto. 
En tercer lugar, el Sr. MacCormick ha de saber que hay varias derogaciones del principio de niveles ciertos y claros de impuestos al consumo. 
Dichas derogaciones se desprenden del apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81 de la Unión Europea y son 100, aproximadamente. 
Se las denomina las derogaciones del apartado 4 del artículo 8. 
En este momento, la Comisión está examinando todas esas derogaciones y considerando si se deben prorrogar y, en caso afirmativo, durante cuánto tiempo. 
Durante ese examen, la Comisión responderá también a la pregunta de si dichas derogaciones constituyen una infracción de las disposiciones del Tratado sobre ayuda estatal, porque, evidentemente, una derogación puede bordear la ayuda fiscal estatal y, si hay una superposición, puede haber razones para que la Comisión actúe. 
Volviendo a este caso, del que aún no había tenido noticias, supongo que las condiciones en que las empresas grandes y pequeñas actúan están en relación con los impuestos sobre el consumo de petróleo que utilizan y, mientras los impuestos sobre el consumo sean similares o más o menos los mismos para esos diversos sectores industriales, no hay demasiado margen para que intervenga la Comisión. 
Si no he convencido al Sr. MacCormick, espero poder hacerlo tal vez después de esta reunión. 
Señor Presidente, la razón de que los precios difieran entre las islas y el continente nada tiene que ver con los impuestos al consumo. 
Los impuestos al consumo son absolutamente idénticos en todas las partes del Reino Unido. 
Quisiera formular la siguiente pregunta: ¿conoce la Comisión un reciente estudio de un académico sueco muy reputado que ha demostrado que, teniendo en cuenta todos los costos, los del transporte en el Reino Unido, corresponden, en realidad, a la media de la Unión Europea en conjunto? 
Teniendo en cuenta los costos no laborales, el costo de las licencias y los seguros de los vehículos y los peajes, no es más caro conducir en el Reino Unido que en cualquier otra parte de la Unión Europa. 
Dado el compromiso de la Comunidad de cumplir sus compromisos de Kyoto, me pregunto si aceptaría el Comisario que la forma mejor de hacerlo es mediante mayores impuestos a los combustibles, en lugar de aumentar los otros costos del transporte. 
Si se quiere conservar el combustible, la forma de hacerlo es mediante el impuesto, y no mediante otras formas de fiscalidad. 
Quisiera decir al Sr. Martin que existe una relación, evidentemente, entre el precio de cualquier clase de combustible para el consumidor y su demanda. 
Ésa es la elasticidad de la demanda en materia de precios. 
Es un mecanismo con el que el Sr. Martin estará- supongo- familiarizado. 
Aunque la forma precisa de la curva de la elasticidad es algo que podemos debatir, de lo que no cabe duda es de que existe, si examinamos la intensidad del consumo de combustible en la economía y cómo ha cambiado. 
Desde la antigua crisis del decenio de 1970, se ha reducido, aproximadamente, a la mitad. 
No puede haber duda de que a largo plazo esa intensidad desempeña un papel extraordinariamente importante. 
Así, pues, si el Sr. Martin tiene presente que, si queremos alcanzar los objetivos y los fines del Acuerdo de Kyoto, un alto precio del combustible para el consumidor contribuiría a ello -, verá que lo apoya la lógica del razonamiento económico. 
Dicha lógica corrobora las observación formulada por el Sr. Martin. 
Naturalmente, podríamos explayarnos sobre su deseo- que deduzco de sus palabras- de cumplir los compromisos que subscribimos en Kyoto diciendo que otras formas de energía pueden ayudarnos también a alcanzar ese objetivo. 
Por ejemplo, la energía nuclear es un caso muy claro y oportuno. 
La energía no entra dentro de mis competencias y, en particular, no entra la energía nuclear, pero, como el Sr. Martin se ha lanzado a una línea de razonamiento económico, me siento con libertad para hacer esta observación. 
Esta cuestión presenta otras facetas. 
Si aumentamos el precio del petróleo, influimos en el crecimiento económico de forma negativa. 
Se han hecho cálculos en el mundo occidental y para los países en desarrollo según los cuales un aumento en el precio del petróleo- cinco o diez dólares de los EE.UU. por barril- significa que el crecimiento económico se reducirá en 0,2 % o 0,5 % o lo que sea. 
Por tanto, no es una situación sencilla. 
Lo de Kyoto es importante. 
Todos queremos lograrlo. 
El alto precio del petróleo contribuye a la consecución de ese fin, pero existe también un factor negativo en el crecimiento económico con sus consiguientes consecuencias en forma de más desempleo. 
No es una situación sencilla. 
Quisiera advertir a sus Señorías- en la medida en que pueda ser necesario- contra un planteamiento sesgado de este problema. 
Señor Presidente, acepto los equilibrados argumentos del Comisario sobre Kyoto y sus repercusiones económicas, pero aquí estamos hablando de problemas particulares de zonas periféricas y remotas. 
Si la Comisión carece de instrumentos para influir en los niveles de los impuestos al consumo en los Estados miembros y si las normas de la competencia no permiten favorecer a ciertas industrias, en el caso de una región que padece desventajas especiales por su situación periférica y remota, permitir una diferencia en los impuestos al consumidor en esas circunstancias especiales y particulares equivaldría a igualar, no a conceder una preferencia especial. 
Quisiera decir al Sr. Purvis que el de las desventajas naturales y regionales es un asunto que probablemente compete a los gobiernos nacionales, ya que una parte de su electorado se encuentra en esas zonas lejanas y regiones periféricas. 
También pueden corresponder a la competencia de mi colega el Sr. Barnier, que hace poco ha hablado ante esta Asamblea. 
Por mi parte, yo me ocupo de asuntos fiscales de la Unión, en la medida en la que me lo permiten los Estados miembros. 
Si dijera que se podría lograr una ventaja geográfica por medios fiscales, no estaría en lo cierto, por lo que, en esa medida, he de desilusionar al Sr. Purvis. 
Sin embargo, si me presenta un caso particular y oportuno, una región particular, o lo que sea, tendré mucho gusto en plantear ese asunto a mi colega el Sr. Barnier. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0743/00): 
Asunto: Línea presupuestaria relativa a las lenguas minoritarias Los recursos presupuestarios que la Unión Europea destina desde 1983 en favor de las lenguas minoritarias registraron un incremento constante hasta 1995, año en el que alcanzaron su máximo importe, 4 millones de euros. 
Desde entonces, dichos recursos se han visto reducidos de forma incomprensible, de modo que en el presente año ya sólo ascienden a 3,5 millones de euros. 
Esto es tanto más sorprendente cuanto que para la Unión Europea se acerca el momento de su ampliación hacia el este, en cuyo contexto la cuestión de las minorías adquiere una importancia creciente, en especial con miras a lograr un buen intercambio de información. 
Además, las actividades desarrolladas hasta la fecha como, por ejemplo, la creación de una red en línea para las lenguas regionales y minoritarias, de la que se ocupan la Oficina europea de lenguas minoritarias y los tres centros de la red Mercator, han tenido una resonancia muy positiva. 
Por consiguiente, ¿puede indicar la Comisión cuál será el importe de las líneas presupuestarias de ayuda a las lenguas minoritarias en el próximo ejercicio, y si está previsto un incremento en relación con el importe correspondiente al ejercicio 2000? 
Señor Presidente, señora Comisaria, le agradezco la información. 
Naturalmente, me habría gustado que, emulando a San Nicolás, ahora nos anunciase qué cantidades adicionales se van a destinar en el futuro a las minorías y al fomento de las lenguas minoritarias. 
Ya conozco el marco jurídico, como es natural. Ahora quisiera considerar la problemática global y preguntar en el contexto de la misma si en el futuro podría existir alguna posibilidad de financiación a través de los Fondos estructurales. 
La editorial Braunmüller acaba de publicar hace pocas semanas un libro del Dr. Christoph Pan, titulado Volksgruppen in Europa- Ein Handbuch, que presenta una lista de sesenta situaciones minoritarias existentes en la Unión Europea y 300 en el continente europeo. 
Sobre un total de 750 millones de habitantes, 100 millones viven en situación minoritaria. 
Si los PECO fuesen miembros de la Unión Europea, a las 60 minorías que actualmente existen en la Europa de los Quince se sumarían aproximadamente otras 50. 
La supresión de las fronteras interiores es sin duda un progreso considerable, pero tenemos que poder preparar a dichas minorías. 
¿Sería posible poner a disposición recursos financieros para este fin a través de los programas de preadhesión y de los Fondos estructurales? 
(DE) Señor Presidente, los colegas del Parlamento sin duda ya saben que los Fondos estructurales- y esto es una novedad- destinan muchos recursos para actividades culturales, porque yo he insistido, con Michel Barnier, en que éstos no se inviertan sólo en carreteras y aeropuertos, sino también en las personas. 
Ahora bien, los Fondos estructurales no se deben solicitar a la Comisión ni al Parlamento Europeo, sino a través del Gobierno. 
Es decir, que si los Gobiernos desean dedicarlos al desarrollo de los conocimientos lingüísticos y el fomento de las lenguas minoritarias, tienen la posibilidad de hacerlo. 
En consecuencia, es evidentemente muy importante que los parlamentarios nacionales exhorten a su Gobierno a actuar. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 4 decae. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0762/00): 
Asunto: Lucha contra el turismo sexual con menores Desde 1998, la sección sueca de ECPAT (Acabar con la Prostitución Infantil en el Turismo Asiático) trabaja en el proyecto "Código de conducta contra el turismo sexual con menores para operadores turísticos", que tiene como objetivo hacer que los operadores se comprometan a atajar la demanda de este tipo de viajes. 
Como en el proyecto también participan Alemania y Austria, desde noviembre de 1999 la UE lo financia en un 60%. Para poder seguir recibiendo ayuda financiera a partir de noviembre se requiere una nueva decisión por parte de la Comisión, pero todavía no se ha abierto el procedimiento de presentación de solicitudes. 
Por este motivo, se teme que esta ayuda cese. Tengo entendido que la lucha para combatir la prostitución infantil es una de las prioridades de la Comisión. 
¿Va a abrirse un nuevo procedimiento de presentación de solicitudes que permita seguir financiando el proyecto de ECPAT? 
Voy a contestar a un tiempo a las preguntas del Sr. Sacrédeus y de la Sra. Theorin sobre el mismo asunto. 
La Comisión conviene en la importancia de la lucha contra el turismo sexual con niños. 
La Comisión proseguirá sus acciones para proteger la dignidad humana previniendo y combatiendo la violencia contra niños, incluido el turismo sexual con niños, en la esfera de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior. 
La primavera y el verano pasados, la Comisión Europea hizo un examen general de sus actividades y recursos humanos. 
El 26 de julio de 2000 la Comisión concluyó que necesitaba más de 1.200 puestos para poder desempeñar todas sus tareas. 
En el pasado las tareas ejecutivas de la Comisión aumentaron, mientras disminuían su labor política y legislativa en términos relativos. 
En julio, la Comisión decidió invertir esa tendencia y reducir sus tareas ejecutivas para disponer de recursos humanos suficientes para las tareas, políticas, legislativas y conceptuales. 
Eso significa una reducción y eliminación progresiva de actividades correspondientes a una gran diversidad de sectores. 
En particular, se reducirán actividades financiadas con cargo a pequeñas líneas presupuestarias, porque requieren gran cantidad de recursos humanos. 
Las campañas de información y sensibilización sobre el turismo sexual han desempeñado un papel importante. 
Sin embargo, en vista de la falta de recursos y en consonancia con la tendencia general a reducir las pequeñas líneas presupuestarias, se van a reducir progresivamente esas actividades hasta su desaparición. 
De modo que el año próximo la Comisión no va a formular nuevos compromisos financieros al respecto. 
No obstante, la Comisión hará lo posible para utilizar la consignaciones para esas actividades que figuran en el presupuesto de este año. 
He dado instrucciones a mis servicios para que busquen la solución más eficiente en las próximas semanas. 
Sin embargo, la interrupción del apoyo a la campaña de información no significa que la Comisión vaya a abandonar sus otras actividades para proteger a los niños contra la violencia y el abuso, en particular el programa STOP. 
La Comisión está preparando una propuesta para renovar el programa en un momento posterior de este año y el turismo sexual con niños será uno de sus motivos de preocupación. 
La Comisión está preparando también propuestas legislativas sobre la explotación sexual de los niños y la pornografía con niños, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. 
En las propuestas se procurará aproximar las definiciones, delitos y penas y la aplicación extraterritorial de las legislaciones penales de los Estados miembros sobre la explotación sexual de los niños. 
En esta esfera los Estados miembros tienen importantes atribuciones. 
No obstante, la Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, seguirá desempeñando un papel activo en la formulación y el mantenimiento de una política europea coherente para proteger a los niños contra la violencia. 
Agradezco al Comisario Sr. Liikanen su respuesta aunque, por razones obvias, no estoy satisfecho con ella. 
Cabe preguntarse si este asunto ha pasado por los despachos de muchos Comisarios europeos sin que ninguno de ellos haya asumido una verdadera responsabilidad. 
Hay quienes lo sostienen. 
En segundo lugar, quisiera preguntar si usted opina que este asunto ha sido tratado de manera aceptable. 
En tercer lugar: ¿cómo interpreta usted, a la luz de la ampliación, la decisión de retirar las ayudas a la lucha contra el turismo sexual en Suecia, Austria y Alemania, cuando sabemos que hay problemas especiales relacionados con el comercio sexual y con personas en muchos países candidatos? 
En cuarto lugar, el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, arremetió hace poco contra el poder del Consejo de Ministros. 
¿Qué pensaría usted si el gobierno sueco, durante su Presidencia, hiciese una demostración de poder exigiendo la reposición de las ayudas económicas a la sección sueca de ECPAT? 
. (SV) En primer lugar, quisiera hacer hincapié en que en la anterior Comisión la Comisaria Anita Gradin fue muy activa en este campo. 
Ella era responsable de los asuntos de justicia. 
Por eso su interés era bastante lógico. 
Era una actividad importante y valoro su trabajo. 
También he hablado con ella. 
En relación con la propuesta concreta de financiación, no me es posible adoptar una posición, ya que debemos respetar los procedimientos normales. 
Como ya he señalado, he pedido a mis colaboradores que busquen una solución para posibilitar el uso de los recursos presupuestarios actuales, es decir, del dinero que se ha presupuestado para el año 2000. 
Sin embargo, creo que debemos encontrar un socio que trabaje internacionalmente. 
Además, está claro que cada Presidencia tiene su programa. 
Si se presentase una situación como ésa, tendríamos que discutirla. 
Con todo, quiero manifestar una vez más que vamos a concentrarnos en nuestras actividades en este campo, al mismo tiempo que es importante hacerlo en un nivel más político, y concentrarnos en el programa Stop, que se ocupa de la misma materia. 
Es evidente que es provechoso que la Comisión haya reflexionado sobre este asunto. 
Sería desolador que se retiraran las ayudas al trabajo para combatir el turismo sexual con menores. 
Lógicamente ésta no puede ser la política comunitaria. 
Cada año, un millón de niños se ven obligados a ejercer la prostitución. 
Estos niños son utilizados cada vez más por turistas y hombres de negocios que, en su mayoría, provienen de Europa. 
El hecho de que el gran escándalo de los pederastas en Bélgica ya no dé origen a grandes titulares en los periódicos no significa que el comercio sexual con menores haya desaparecido. 
Las ayudas a ECPAT son extraordinariamente importantes. 
Están en concordancia con la decisión adoptada por el Consejo en 1999 sobre el turismo sexual con menores y con la resolución aprobada por el Parlamento en marzo de este año. 
Retirar las ayudas sería, por esa razón, ir en contra de las exigencias del Consejo y del Parlamento de dar prioridad a la lucha contra este tipo de turismo. 
Cómo va a hacer la Comisión para solucionar técnicamente esta cuestión es, en mi opinión, asunto suyo, pero lo más importante es que este importante trabajo siga contando con las ayudas de la Unión Europea. 
. (SV) He pensado en muchas alternativas. 
Una de ellas es la de cooperar con la World Tourism Organisation, WTO. 
Ésta no es la misma WTO a la que habitualmente nos referimos. 
La World Tourism Organisation actúa en el ámbito mundial, no sólo en los países industrializados, en los países en que actualmente existen esos problemas. 
Aún no hemos tomado una decisión, pero esperamos poder adoptar medidas, con la WTO o con otra organización, para financiar el proyecto este año. 
Estoy informado de que la organización sueca a la que ustedes han aludido en el debate ha colaborado con la WTO en el pasado, de modo que ambas organizaciones se conocen bien. 
Espero que podamos encontrar una solución con la WTO, de modo que los tres meses que restan de este año sean suficientes para activar esta línea presupuestaria. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0781/00): 
Asunto: El Euro ¿Puede indicar la Comisión Europea si ha realizado alguna investigación relativa al coste de adaptación de las empresas europeas al euro, cuál es el posible resultado de dicha investigación y qué coste medio deberá soportar toda empresa europea, y en concreto la pequeña empresa, para adaptarse a los cambios que impondrá el uso exclusivo de la moneda única a partir del 1 de enero del 2002? ¿Se prevé algún tipo de ayuda comunitaria para las empresas de la Unión (especialmente las más débiles) con el fin de reducir las cargas que comportan estos próximos cambios? 
Por otra parte, según la opinión de algunos expertos, existe el peligro de que resulte imposible adaptar a tiempo los teclados y el software de los ordenadores de las empresas, lo que pone en peligro su funcionamiento o el retorno a las operaciones sobre papel. 
¿Admite la Comisión estas previsiones? ¿Cómo piensa prevenirlas? 
Preguntas formuladas al Sr. Byrne 
Las investigaciones revelan que la creación de la moneda única entraña importantes beneficios económicos globales. 
Ésa es la razón por la que se debe considerar la introducción del euro como una inversión y no como un costo para los agentes económicos participantes. 
Las investigaciones sobre los posibles costos del paso a la moneda única para las empresas sólo aportaría una visión parcial y podría ser engañosa. 
Por lo que se refiere a la compensación, los Estados miembros y la Comisión opinan que las autoridades públicas y los agentes económicos privados correrán con los gastos respectivos del paso a la moneda única en sus respectivas esferas. 
La Comisión está convencida de que todas las empresas podrán prepararse a tiempo para el paso final al euro, incluida la adaptación de sus sistemas y programas informáticos. 
Sin embargo, el estado actual de la preparación inspira preocupación. 
De hecho, muchas PYME no son aún plenamente conscientes de las consecuencias del paso a la moneda única para sus actividades económicas, en particular en lo relativo a las normas fiscales y contables y sus programas informáticos. 
La Comisión y los Estados miembros están intensificando actualmente las medidas para facilitar información con vistas a remediar esa situación. 
Le agradezco la respuesta al Sr. Comisario, que ha sido breve, pero preciso. 
El problema es que las pequeñas y medianas empresas- igual que las grandes, naturalmente- son llamadas a asumir el coste correspondiente, a fin de beneficiarse de la introducción del euro, pero la cuestión, sin embargo, es si las pequeñas y medianas empresas pueden asumir esa carga sin la ayuda adecuada. 
Porque, si no pueden, aun cuando más tarde fueran a obtener ventajas, el resultado podría ser, eventualmente, su cierre, tal y como se nos hizo notar en cierto seminario celebrado en Bruselas hace tres meses. 
Y es una realidad a la que hay que enfrentarse, porque hablamos de millones de pequeñas y medianas empresas en toda Europa. 
Y, puesto que he percibido dudas en el Sr. Comisario, quisiera también preguntar si se progresa satisfactoriamente en el campo de la información y la preparación, si dispone de datos estadísticos sobre el porcentaje de adaptación de las pequeñas y medianas empresas- insistamos en ellas- en los diferentes países, y, especialmente, quisiera preguntar si dispone de datos sobre Grecia. 
Señor Presidente, pensamos examinar esa cuestión en la Comisión la próxima semana. 
El Sr. Solbes va a presentar una comunicación sobre medidas especiales para acelerar el paso al euro. 
Estoy seguro de que el Sr. Solbes, que es el encargado de ese asunto, aportará los detalles al respecto y yo transmitiré el mensaje de su Señoría a la Comisión el próximo miércoles, cuando adoptemos una posición al respecto. 
Señor Presidente, a mí me interesaría saber sobre todo ¿cómo se va a seguir desarrollando el debate sobre el euro después del referéndum celebrado en Dinamarca y qué modificaciones prevé introducir la Comisión en su estrategia de comunicación? 
Para ellos, todo sigue igual. 
Esos países están haciendo todos los preparativos para cambiar sus billetes y monedas metálicas. 
El debate político-filosófico ya no está en el orden del día, pero en general podemos examinar los peligros de un referéndum, pero tal vez en otro marco. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 7 decae. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0724/00): 
Asunto: Higiene de los alimentos procedentes de la caza La Comisión ha presentado recientemente una propuesta sobre higiene de los productos alimenticios, COM (2000) 438. 
La reglamentación es muy completa y alguna de las normas se refieren a la caza. 
¿Ha evaluado la Comisión los efectos de esta propuesta en la caza del reno y del alce en Suecia y en Finlandia? 
¿Las normas relativas al tratamiento de los productos de la caza, por ejemplo del alce, se aplican también a la carne utilizada para consumo propio? 
Señor Presidente, la propuesta sobre la higiene de los alimentos a que se refiere el autor de la pregunta es una consolidación y simplificación del conjunto de normas de higiene vigentes que figuran en 17 directivas diferentes. 
Entre ellas, figura la Directiva 92/45, de 16 de junio de 1992, sobre los problemas sanitarios y de política sanitaria relativa a la caza de animales silvestres o a la comercialización de carne de caza, que ya establece varias normas de higiene respecto de la caza. 
Con la nueva propuesta, se han simplificado las normas vigentes sobre higiene de los alimentos. 
Se presentan de forma más clara y se han suprimido los detalles innecesarios. 
Las normas propuestas son sin la menor duda menos extensas que las vigentes. 
Las normas sobre la carne de animales cazados son una parte menor, pero importante, de la propuesta sobre higiene de los alimentos. 
Ante todo hay que subrayar que la propuesta sobre la caza de animales salvajes no es aplicable a los renos ni se pretende que abarque la carne destinada al consumo privado de los propios cazadores. 
La propuesta confiere mayor responsabilidad al cazador con vistas a juzgar la idoneidad para el consumo humano de la carne de caza entregada directamente al consumidor. 
La propuesta va encaminada a velar por que los cazadores puedan juzgar la inocuidad de esa carne de caza. 
La Asociación de Cazadores Profesionales desempeñaría un papel importante a la hora de velar por que los cazadores tengan la preparación idónea para ello. 
Lo mismo es aplicable al alce. 
Las repercusiones de la propuesta son limitadas. 
En Finlandia existe ya en este momento la obligación de presentar el alce cazado y vendido a restaurantes para que las autoridades competentes lo inspeccionen y algunos Estados miembros aplican ya las normas propuestas. 
Se ha elaborado la propuesta en estrecha consulta con la Federación de Asociaciones de Cazadores de la Unión Europea. 
Estamos convencidos de que, con el aumento de las responsabilidades de los cazadores, aumentará la confianza de los consumidores en la inocuidad de los alimentos. 
Señor Presidente, agradezco a la Comisión su respuesta y quiero formular una pregunta complementaria. 
La caza del alce está muy difundida en Suecia y en Finlandia. 
Decenas de miles de personas cazan alces y su carne constituye una importante aportación a los hogares. 
La mayoría de los cazadores no venden la carne. 
La consumen en el seno de la familia o con amigos, conocidos y parientes. 
Quisiera que la Comisión garantizase que las normas que se contienen en este documento jamás, bajo ningún concepto, se aplicarán a la carne que privadamente consumen los propios cazadores. 
Este tipo de carne debe estar exceptuada de la aplicación de las reglas. 
Si estas reglas se aplicasen a la carne que consumen los cazadores, significaría una catástrofe burocrática para la caza del alce. 
Me complace poder asegurar a su Señoría que no se aplicarán esas normas en circunstancias de uso privado. 
Comparto la preocupación expresada por que no se estén observando suficientemente en ciertos sectores las normas sobre el transporte de animales. 
Si bien las competencias para la imposición de la observancia cotidiana de la legislación comunitaria es competencia de los Estados miembros, la Oficina Alimentaria y Veterinaria de mi Dirección General lleva a cabo misiones específicas de control e inspección para verificar si los Estados miembros aplican la legislación comunitaria de forma eficaz y uniforme. 
Conforme a la legislación comunitaria, los transportistas de ganado deben presentar por adelantado un plan de viaje a las autoridades competentes del punto de partida, cuando la jornada sea superior a ocho horas. 
A su regreso, los transportistas deben enviar de nuevo los planes de viaje cumplimentados a las mismas autoridades competentes. 
Las autoridades competentes del punto de partida deben verificar en particular si se han devuelto los planes de viaje cumplimentados y comprobar si se han cumplido. 
Durante la misión mencionada, que se llevó a cabo en Francia en noviembre de 1999, se descubrió que no se habían cumplido adecuadamente los planes de viaje sellados por las autoridades competentes del punto de partida y que con frecuencia se superaban los límites temporales. 
El citado informe de la misión de la OAV se refiere concretamente a transportistas cuyos viajes tenían como origen Irlanda. 
Respecto de Francia, la Comisión está esperando a recibir información sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes respecto de algunas de las recomendaciones del informe de la misión de la OAV en particular las adoptadas para velar por que se utilicen adecuadamente y se firmen los planes de viaje. 
Recientemente se ha enviado un recordatorio al respecto a las autoridades francesas. 
Se ha informado a las autoridades irlandesas de las conclusiones de la OAV y se han enviado detalles sobre las deficiencias advertidas. 
Actualmente la Comisión está supervisando la situación en esos dos casos. 
Si resultara que un Estado miembro deja repetidas veces de imponer la observancia de la legislación comunitaria, la Comisión examinaría la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 226, como ya se han incoado otros a otros Estados miembros en relación con la protección de los animales durante el transporte. 
Voy a presentar un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación en los Estados miembros de la legislación comunitaria sobre la protección de los animales durante el transporte. 
En el informe de la Comisión figurarán las conclusiones mencionadas en los informes de inspección de la OAV. 
Cuando se haya concluido dicho informe, me propongo presentar propuestas para mejorar el transporte de animales y el problema de la insuficiente observancia de los límites temporales de las jornadas en las próximas semanas. 
En conclusión, puedo asegurar a su Señoría que el bienestar animal ocupa un puesto destacado en el orden del día de la Comisión. 
Estoy deseoso de examinar de nuevo estas cuestiones cuando presente el informe sobre el transporte de animales en las próximas semanas. 
Gracias por la respuesta y por esbozar la teoría sobre lo que se desea que entrañe esta directiva. 
Como ha indicado el Comisario, con frecuencia la realidad es muy diferente. 
Quiero preguntar en particular por el puesto fronterizo de Gorizia entre Eslovenia e Italia. 
Durante años las autoridades italianas han hecho caso omiso de las obligaciones que impone la directiva y apenas han hecho nada para aliviar el sufrimiento de animales vivos procedentes de la Europa oriental. 
Como resultado de la última queja presentada por el Grupo Europeo sobre el Bienestar Animal en abril de este año, la Comisión acordó por fin incoar un procedimiento de infracción contra Italia. 
Quisiera que los Comisarios dijesen un poquito más sobre la cuestión concreta del procedimiento de infracción contra Italia. 
¿Cómo avanza? 
¿Se ha iniciado? Y, si no, ¿cuándo será? 
En relación con los países candidatos, puedo decir a sus Señorías que se han celebrado reuniones con ellos en relación con esa cuestión del transporte de animales y se han alcanzado acuerdos preliminares. 
La Comisión ha dado a conocer su opinión y han tomado nota. 
En relación con Italia, he tenido una conversación oficiosa con el ministro competente de esa cuestión. 
Me ha indicado su preocupación y su deseo de mejorar la situación al respecto. 
Estamos examinando la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción a ese Estado miembro, pero aún no se ha iniciado. 
Ésta es una pregunta contigua. 
Tal vez no se relacione con el tema de los largos transportes de animales, pero sí con lo que ocurre antes y durante los transportes a los mataderos. 
Hoy, mediante la aprobación de algunos informes, hemos comenzado a caminar por el largo camino que conduce a la salubridad de los alimentos en Europa. 
¿Cuándo estima el Comisario que podrá presentar una propuesta de directiva que asegure una adecuada zootecnia, es decir, la crianza, el tratamiento que damos a los animales que nos comemos, la manera de transportarlos a los mataderos, etcétera? 
¿Cuándo veremos esa directiva que regule toda la larga cadena? 
Como he indicado, la Comisión está trabajando actualmente en un informe sobre la aplicación de una directiva sobre el transporte de animales en los Estados miembros. 
Este informe es una fase avanzada de su preparación y propiciará- espero- otras propuestas en pro de la mejora de la situación existente, en particular de la directiva vigente. 
En la reunión que celebré con el Grupo de los Verdes examinamos ya esta cuestión. 
En su momento se transmitirá al Parlamento el informe. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0755/00): 
Asunto: Efectos negativos en el cultivo de algodón de la importación de semillas para siembra modificadas genéticamente La importación, fundamentalmente de Estados Unidos, de semillas de algodón para la siembra contaminadas con pequeñas cantidades de semillas modificadas genéticamente ha causado graves problemas de consecuencias perjudiciales y a largo plazo para el cultivo de algodón en Grecia. 
La causa de estos problemas reside en que, de modo consciente, la Unión Europea y el Gobierno griego no han elaborado el marco institucional nacional o comunitario necesario, que habría impedido la importación de material genético y reproductor de terceros países contaminado con organismos modificados genéticamente. 
Dado que dicha situación persiste, a pesar de sus nefastas consecuencias, ¿puede indicar la Comisión qué medidas adoptará la Unión Europea para que en el futuro se prohiba la importación de material genético y reproductor contaminado con organismos modificados genéticamente? 
De conformidad con la actual Directiva 92/20 del Consejo relativa a la liberación voluntaria en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados, no se pueden colocar en el mercado productos que contengan o consistan en OGM, a no ser que así se haya autorizado de conformidad con las disposiciones de esta directiva. 
Aunque eso no se refleja aún en la legislación comunitaria pertinente sobre semillas, ese principio sería aplicable también a los lotes de semillas de variedades de plantas tradicionales de los diferentes géneros y especies, incluido el algodón, que contienen impurezas de semillas genéticamente modificadas no aprobadas por la UE. 
La competencia de la inspección y la supervisión para velar por el cumplimiento de la Directiva 90/220 corresponde a los Estados miembros. 
En el Libro Blanco de la Comisión sobre la inocuidad de los alimentos se reconoce la necesidad de modificar los anexos de las directivas vigentes sobre la comercialización de semillas para establecer antes que nada las condiciones de cultivo y otros requisitos en materia de pureza respecto de la presencia adventicia de semillas genéticamente modificadas en lotes de semillas de variedades de plantas tradicionales y, en segundo lugar, los detalles de los requisitos en materia de etiquetado en relación con las semillas de plantas genéticamente modificadas. 
Los servicios de la Comisión están preparando actualmente un proyecto de directiva de la Comisión que abarca esas cuestiones e incluye las semillas de algodón. 
Sin embargo, en la temporada de siembra de la pasada primavera la Comisión fue informada de que se habían interceptado semillas importadas de variedades tradicionales de especies diferentes, incluido el algodón, que contenían restos de semillas genéticamente modificadas. 
Los Estados miembros interesados reaccionaron de forma diferente al respecto. 
Por lo que se refiere a las medidas adoptadas por las autoridades griegas, quisiera remitir también a la respuesta dada por mi colega, la Sra. Wallström, a la pregunta oral H-742/2000. 
El Comité permanente de semillas y plantones agrícolas, hortícolas y forestales ha examinado un plan para emprender una acción provisional coordinada y armonizada en relación con las impurezas presentes en las semillas de variedades tradicionales. 
Conforme a dicho plan, los Estados miembros organizarían inmediatamente análisis de un número significativo de lotes de semillas de variedades tradicionales para determinar la presencia de semillas genéticamente modificadas hasta que entren en vigor nuevas medidas legislativas comunitarias al respecto. 
Se formuló un conjunto de criterios para establecer un planteamiento común en materia de toma de muestras y realización de análisis sobre la presencia de semillas genéticamente modificadas y la adopción de medidas apropiadas en caso de que se detecten semillas genéticamente modificadas. 
Actualmente se están examinando los criterios. 
El plan de acción provisional está previsto para el período que medie hasta la entrada en vigor de la nueva legislación conexa a fin de evitar una situación insatisfactoria en las próximas temporadas de siembra, similar a la que se dio en meses pasados de este año. 
Nuestra pregunta era clara: ¿Qué medidas toma la Comisión? 
El Sr. Comisario ha mencionado ciertas medidas generales, medidas que se van a tomar, etcétera. 
Pero no hay ninguna medida sustantiva, real, para impedir la importación de semillas modificadas. 
¿Cómo tenemos que entender esto? 
Expresión de deseos, naturalmente; como siempre; buenas intenciones no nos faltan. 
Seguimos, sin embargo, sin medida práctica alguna que impida las importaciones, de los Estados Unidos y de otros terceros países, de material genético reproductor contaminado con organismos modificados genéticamente. 
En mi opinión, deberían exigir, por ejemplo, señor Comisario, que los cargamentos llegaran necesariamente acompañados de un documento, un certificado de un organismo o laboratorio internacional fiable y acreditado que garantice que las partidas de semillas que se importan están libres de organismos modificados genéticamente. 
Pero no lo hacen ustedes. 
Pues bien, ahí está, es una medida práctica que podrían aplicar inmediatamente. 
Tengo mucho gusto en informar de que el Comité veterinario permanente, encargado de las semillas, celebró varias reuniones en junio, julio y septiembre sobre esta cuestión con vistas a llegar a un acuerdo provisional entre los Estados miembros sobre cómo abordar esta situación, en espera de la promulgación de la legislación a que me he referido. 
Así, pues, se está prestando atención activamente a esa cuestión y se está intentando lograr un acuerdo con los Estados miembros sobre cómo abordar este problema particular. 
Con eso, se aborda, en mi opinión, la situación a corto plazo. 
En cuanto a la situación a largo plazo, y refiriéndome a las cuestiones abordadas por su Señoría en su pregunta complementaria, en este momento se está trabajando al respecto en mi DG y se están abordando las cuestiones- tales como el etiquetado y la rastreabilidad- a que se ha referido su Señoría. 
Se trata de cuestiones importantes y complejas que merecen una consideración exhaustiva y me complace mucho decirle que se están examinando. 
Se trata de un asunto que, hablando estrictamente, es en gran medida competencia de mi colega el Sr. Liikanen. 
Sin embargo, tras consultar a sus servicios, estoy en condiciones de informar a su Señoría de que una directiva relativa a los productos eléctricos, la Directiva relativa a los límites de tensión eléctrica, así como la Directiva relativa a equipo de radio y terminales de telecomunicaciones, prescriben requisitos esenciales en materia de seguridad del equipo informático para uso privado o en el lugar de trabajo. 
Los organismos de normalización han formulado varias normas concretas sobre varios de esos aspectos. 
También en la Directiva relativa a la seguridad en el lugar de trabajo figuran algunas prescripciones en materia de seguridad para la protección de los ojos en el trabajo, pero ninguna aún en relación con el uso privado. 
Además, la recomendación del Consejo sobre la limitación de la exposición del público a los campos electromagnéticos es aplicable a los aspectos de la seguridad del equipo informático. 
Respecto de dichos aspectos, la Comisión ha preparado ya un mandato para que los organismos de normalización formulen normas sobre la utilización de las computadoras durante largos períodos. 
En cuanto a los consejos que dar a los padres y a los profesores, cuyos hijos y alumnos utilizan computadoras, la legislación actual obliga a los fabricantes a facilitar instrucciones sobre la utilización segura del equipo, si se considera necesario. 
La seguridad general de los productos obliga también a los productores a facilitar a los consumidores información sobre los riesgos. 
Este otoño la Comisión pedirá al Comité Europeo de Normalización Eléctrica que examine la formulación de normas sobre el efecto en los ojos de las pantallas de computadoras y otros aparatos de uso privado, así como la inclusión de información y advertencias para los padres y los profesores sobre ese aspecto. 
También se evaluarán los aspectos ergonómicos para ver si es necesaria la adopción de medidas en el nivel de la Comunidad. 
En este momento la Comisión no considera que sea necesaria una directiva específica para que aborde la cuestión de las advertencias a los padres mencionadas por su Señoría. 
Con la normalización se pueden satisfacer las preocupaciones expresadas al respecto. 
Ése es el mismo criterio que se ha seguido para abordar, por ejemplo, las necesidades específicas de las personas de edad y los discapacitados en relación con las tecnologías de la información y la comunicación. 
Respecto de la pregunta más general sobre la aplicación de la resolución del Consejo sobre las instrucciones de funcionamiento en el caso de productos técnicos de consumo adoptadas por los Estados miembros, conviene observar que dicha resolución va dirigida a los Estados miembros y a los agentes económicos y no entraña seguimiento alguno por parte de la Comisión. 
Sin embargo, la Comisión pedirá a los Estados miembros que faciliten información sobre su aplicación de esa resolución. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario esa información y algunos signos de avance en el estudio de esta cuestión. 
¿Convendrá conmigo, sin embargo, en que en este caso la distinción entre la seguridad en el lugar de trabajo, en una clase escolar o para un niño que haga sus deberes en casa es una falsa distinción? 
¿Acaso no se debería prestar la misma atención a la seguridad de las personas en el último ambiente citado, en particular dado que, en el tiempo trascurrido desde que entró en vigor la directiva de 1999, sabemos mucho más sobre los posibles efectos perjudiciales de la radiación ionizante y no ionizante en los jóvenes? 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 12 decae. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0728/00): 
Asunto: Condena a muerte de lapidación por adulterio para Maryam Ayubi ¿Sabe la Comisión que Maryam Ayubi, de 30 años, ha sido sentenciada a muerte por lapidación, culpable de adulterio, el pasado mes de julio según el Código Penal iraní basado en la sharia islámica? 
¿Podrían tener en cuenta los representantes y las representaciones de la Unión Europea esta grave situación de los derechos humanos en Irán, a la hora de preparar y aprobar las próximas resoluciones de la ONU, incluidas las que se elaborarán durante estos días para la Cumbre del Milenio? 
El caso de Maryam Ayubi es extraordinariamente inquietante. 
Como sabe su Señoría, el código penal del Irán está basado en la sharia o ley islámica. 
Se recurre con mucha frecuencia a la pena de muerte. 
Las autoridades iraníes conocen perfectamente nuestra oposición a la pena de muerte. 
En febrero de 2000 la Unión Europea pidió al Irán que introdujera una moratoria sobre la pena de muerte a raíz de las penas de muerte pronunciadas contra cuatro dirigentes estudiantiles. 
Carecemos de información sobre si se ha ejecutado la sentencia de muerte a que fue condenada la Sra. Ayubi. 
Sin embargo, según los diplomáticos de la Unión Europea en Teherán, durante los tres últimos años no se ha ejecutado ninguna sentencia de muerte por lapidación en el Irán. 
La Comisión está muy preocupada por la deficiente ejecutoria del Irán en materia de derechos humanos en los últimos años. 
Las autoridades iraníes conocen perfectamente la importancia que atribuimos a esas cuestiones. 
Las recientes elecciones parlamentarias celebradas en el Irán brindarán- esperamos- una oportunidad para desarrollar un diálogo más productivo sobre los derechos humanos con el Gobierno del Irán. 
Al hacerlo, examinaremos periódicamente los avances logrados en la reforma en el Irán, incluida la esfera de los derechos humanos. 
En la Tercera Comisión del 55º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se está preparando una resolución sobre el Irán y la Presidencia ha informado a los Estados miembros sobre las reuniones celebradas con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos. 
Prosiguen las consultas para determinar la posición de la Unión Europea, que, naturalmente, reflejará nuestra profunda preocupación por la situación en el Irán. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión que haya tenido en cuenta mi pregunta. 
Parece increíble que hoy, en el año 2000, en un mundo interconectado globalmente, se condene a muerte a las mujeres por adulterio. 
Si Maryam no estuviera en un régimen teocrático estaría y sería libre, podría disfrutar del derecho a su vida, pero como está en el Irán, será ejecutada a pedradas. 
El Presidente del Gobierno español- Aznar- hará una visita oficial a este país este mes de octubre. 
Quizás estreche la mano del Presidente Jatamí. 
¿Es, señor Comisario, coherente que estrechemos afectos y lazos con regímenes que violan de esta manera los derechos humanos hasta matar a pedradas a sus mujeres? 
En el régimen de Jatamí es la número 13. 
¿No es esto incoherente? 
Usted sabe como yo que hay muchos resortes de influencia política. 
¿Qué hará la Comisión en este caso? 
Sean cuales fueren las acusaciones contra la Sra. Ayubi o contra cualquier otra persona, nada puede justificar, a mi juicio, la pena de muerte y menos aún la pena de muerte mediante la llamada lapidación, que es una forma bastante eufemística de referirse al apedreamiento. 
Conviene decir que, si evitáramos todo contacto político con los gobiernos o los regímenes cuya ejecutoria en materia de derechos humanos desaprobamos profundamente, los gobiernos y los jefes de gobierno viajarían mucho menos al extranjero. 
Sólo hablando con personas como el Presidente Jatamí podemos transmitir nuestras profundas preocupaciones en materia de derechos humanos. 
Yo opino que debemos seguir exponiendo nuestra posición en materia de derechos humanos con considerable vigor. 
Debemos hacerlo bilateralmente con el Gobierno del Irán y, cuando proceda, en los foros internacionales y, desde luego, debemos alentar de todos los modos posibles a los elementos más moderados de países como el Irán que consideran, como su Señoría y yo, que los derechos humanos son universalmente válidos y no una implantación colonial. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0745/00): 
Asunto: Myanmar Aung San Suu Kyi, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, se ha visto reducida a una situación que equivale a un arresto domiciliario y todo contacto con el exterior ha sido prohibido por los gobernantes militares del país. 
La UE ha deplorado este trato y podría cancelar la visita de una delegación a Rangoon prevista para este mismo año. 
¿Opina la Comisión que un compromiso constructivo con la Junta de Myanmar tiene algún valor? 
A la vista de la situación de Aung San Suu Kyi, ¿no opina la Comisión que la UE no debería asistir a la reunión ministerial EU-ASEAM de los días 12 y 13 de diciembre de 2000? 
Me encanta poder decir que convengo al respecto con usted, señor Presidente, y también con su Señoría. 
La ejecutoria del régimen birmano sigue siendo atroz. 
Como sus Señorías y las personas decentes de todo el mundo, la Comisión deplora la continua violación de los derechos humanos por el régimen militar de Birmania, en particular las muertes extrajudiciales, la imposición generalizada del trabajo forzado y el desplazamiento forzado de las poblaciones locales, así como la represión de los oponentes políticos y el impedimento del libre funcionamiento de partidos políticos legítimos. 
El trato dado por el régimen a la Premio Nobel Aung San Suu Kyi es idéntico al que recibe el pueblo birmano. 
La dignidad y el valor con que Aung San Suu Kyi responde es una inspiración para todos nosotros y un símbolo de esperanza en un futuro mejor para el pueblo de Birmania. 
Me sumo a su Señoría en la expresión de mi admiración de Aung San Suu Kyi y sus compañeros de la LND. 
Hoy Aung San Suu Kyi vuelve a estar sometida de hecho a detención domiciliaria. 
Aun cuando se relaje esa situación, como esperamos que ocurra pronto, distará de estar libre, pues ya estamos familiarizados- y hartos- con el despliegue de restricciones totalmente injustificadas a que el régimen somete su libertad de movimiento. 
A veces aplican dichas restricciones de forma aún más draconiana a la Liga Nacional por la Democracia. 
La LND es un partido político legal, pero está sometido a un continuo acoso y sus miembros a continuas detenciones arbitrarias. 
Me preocupan en particular que, según hemos sabido, los miembros del partido, quienes hace dos semanas estaban esperando junto con Aung San Suu Kyi en una estación de Rangún, fueran atacados y se les administrase incluso cloroformo antes de ser expulsados de dicha estación. 
La Comisión sigue convencida de que una solución duradera para la situación actual debe estar basada en el acuerdo entre el régimen, la oposición democráticamente elegida y los representantes de las minorías étnicas. 
Hace mucho que Aung San Suu Kyi insiste en la necesidad de dicho diálogo. 
Seguimos apoyando totalmente el deseo del Consejo de Asuntos Generales de establecer un diálogo político constructivo con Birmania para expresar francamente las preocupaciones de la Unión Europea y presionar en pro del cambio. 
El orden del día para la reunión ministerial UE-ASEAN que se celebrará en Vientiane en diciembre incluirá un examen transparente de la situación en Birmania con nuestros socios de la ASEAN y brindará la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones firme, directa y detalladamente al representante del CEPD. 
La actitud de la UE respecto de esa reunión ministerial en Vientiane y de si, de hecho, debe celebrarse o en qué nivel debe estar representada la UE en ella dependerá de la evolución de la situación en Birmania de aquí a diciembre. 
Seguiremos de cerca esa evolución, pero debemos tener claro también que la reunión de diciembre corresponde a las relaciones políticas de la UE con la ASEAN en conjunto. 
No queremos permitir a los generales de Rangún que mantengan como rehén esa relación. 
Estamos decididos a no permitir que la conducta del régimen de Rangún nos impida desarrollar nuestras relaciones con los otros nueve miembros de la ASEAN. 
Muchas gracias, Comisario, por su amplia respuesta. 
¿Debo deducir de ella que la Comisión sigue creyendo que el compromiso constructivo tiene algún valor? 
Después de la lista de acontecimientos terribles que nos acaba de ofrecer, me parece que el compromiso constructivo es cosa del pasado. 
¿No cree que deberíamos examinar ahora otras formas de abordar el problema de nuestras relaciones con Birmania? 
¿No deberíamos examinar las cuestiones relativas a las inversiones, como está haciendo el Gobierno francés? 
¿No deberíamos poner en entredicho todo el asunto del turismo, como ha hecho el Gobierno británico? 
Si la Unión Europea no está dispuesta a pedir sanciones económicas, entonces, ¿por qué no proponer, por ejemplo, que se ponga en tela de juicio al CEPD en las Naciones Unidas y se ponga en tela de juicio su legitimidad como Gobierno de Birmania en la Asamblea General de las Naciones Unidas? 
Me gustaría saber si considera usted ésa una opción viable para la Comisión y el Consejo en este momento. 
Como sabe su Señoría, hemos adoptado diversas medidas enérgicas en relación con el régimen en materia, por ejemplo, de visados y activos bancarios. 
Existen razones muy poderosas para preguntarse si habría que ir más allá. 
Personalmente, aunque siempre he deseado visitar Birmania y en particular Bagan, en las circunstancias actuales no se me ocurriría siquiera ir a ese país y lo mismo aconsejaría a los demás. 
En cuanto a la cuestión global del comercio y la inversión, voy a ser absolutamente franco a su Señoría sobre mi evaluación y mi preocupación. 
Mi evaluación es la de que las políticas aplicadas por el régimen son la causa principal de que no haya más inversiones en Birmania. 
Mientras semejante régimen se comporte de ese modo, sería muy extraño que alguien considerara apropiado invertir en él. 
Mi otro problema, siempre que pienso o hablo de sanciones, es el de su eficacia práctica en cualquier momento. 
Las condiciones de vida de la población de Birmania, por culpa del atroz gobierno que padecen, son bastante malas ya y no me gustaría hacer nada para empeorarlas. 
De modo que me siento reacio a ir más lejos en materia de comercio o a aconsejar medidas suplementarias en materia de comercio o inversión. 
En cuanto a una acción política suplementaria en forma de declaración, siempre estoy dispuesto a examinar su oportunidad. 
A ese respecto se debe examinar muy detenidamente la cuestión de si vale la pena o no entablar un diálogo. 
Por ejemplo, sólo consideraríamos la posibilidad de enviar otra comisión a Rangún, si hubiera una garantía de que podría reunirse con Aung San Suu Kyi, con sus compañeros de partido y también con los dirigentes de las minorías étnicas. 
En esas circunstancias podría estar justificada una misión. 
Hay que examinar esa clase de cuestiones teniendo muy presente si de verdad tendría o no algún efecto positivo discernible la conexión con personas que aplican políticas que la mayoría del resto del mundo considera atroces. 
Una última observación. 
Creo que es muy importante que los propios países de la ASEAN ejerzan presiones sobre Birmania. 
Este país está exportando inestabilidad, drogas y VIH/Sida al resto de la región y espero que los demás países de la región hagan lo posible para modificar las políticas de Rangún. 
Me he alegrado mucho de que el Comisario haya citado los grupos étnicos minoritarios y la necesidad de iniciar el diálogo con ellos. 
En términos prácticos, ¿puede decirnos qué puede hacer la Unión Europea- si es que puede hacer algo- en relación con una política que ha sido virtualmente de genocidio durante muchos años para con los karen, shan y otros grupos minoritarios? 
Señor Presidente, aparte de las medidas políticas que ya hemos examinado, lo más práctico que podemos intentar hacer es prestar cierta asistencia humanitaria. 
Hemos estado intentando hacerlo por mediación de las ONG. 
Hay muchas personas fuera del país que viven en campamentos de refugiados y en condiciones miserables y otras que viven en condiciones miserables dentro del país. 
Espero que podamos seguir prestándoles asistencia humanitaria, pero, evidentemente, lo más importante- lo que las alentaría a regresar desde Bangladesh y otros países de la región- es que haya una solución política que reconozca sus derechos y los de quienes fueron elegidos democráticamente hace más de diez años y cuya elección fue desechada por los generales. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0769/00): 
Asunto: Democracia en Kosovo ¿Cómo evalúa la Comisión las elecciones municipales de Kosovo y la evolución de las diferentes fuerzas democráticas en el período previo a su celebración y qué perspectivas políticas ve la Comisión a medio y largo plazo para esa región? 
Señor Presidente, la Comisión apoya totalmente la decisión del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Kosovo, Bernard Kouchner, de celebrar las elecciones municipales en Kosovo el 28 de octubre y las gestiones de la misión de las Naciones Unidas en Kosovo, la UNMIK, para organizar las elecciones. 
Dentro de la misión de las Naciones Unidas, el pilar III de la OSCE en la UNMIK ha tenido el cometido principal en la organización de las elecciones. 
Los Estados miembros de la UE aportan la mayor parte del presupuesto de la OSCE y la Comisión Europea ha aportado también cinco millones de euros para el equipo con vistas al proceso de registro. 
La Comisión Europea tiene total confianza en la capacidad de la UNMIK para aplicar los resultados de las elecciones municipales a corto y medio plazo. 
Las elecciones son un paso importante para que la población de Kosovo participe en la administración de sus comunidades. 
Señor Comisario, en primer lugar, yo quisiera preguntar ¿cómo está participando la Comisión en la preparación de las elecciones y si se está: a) apoyando a los partidos, b) formando a los políticos municipales y c) ofreciendo ayudas a los medios de comunicación con vistas a las elecciones municipales? 
Sin embargo, también considero necesario que, una vez celebradas las elecciones Serbia, Kosovo disponga también de una plataforma democrática por encima del nivel municipal y quisiera preguntarle al Comisario cuándo le parece concebible que se puedan celebrar elecciones generales en Kosovo. Éstas serían, en efecto, necesarias para que Serbia disponga de un interlocutor con el cual poder negociar con vistas a la futura ordenación de esta región. 
Lo más importante para la estabilidad de la región es que los que todo el mundo reconoce como resultados de las elecciones celebradas en Serbia o en la Antigua República de Yugoslavia hace diez días sean reconocidos por el Sr. Milosevic, que, si los reconociera, sería puesto de patitas en la calle inmediatamente, lo que tendría consecuencias considerables en toda la región. 
En cuanto a la celebración de otras elecciones, además de las municipales, debemos hacer cada cosa a su tiempo y velar por que las elecciones para la administración municipal se celebren adecuadamente y lograr que la población de Kosovo participe más en la administración de sus asuntos. 
Una cosa de la que todos podemos estar seguros es la de que el proceso electoral en Kosovo será imparcial, a diferencia del de Serbia. 
La OSCE está encargada dentro de la UNMIK de la organización de las elecciones y de las cuestiones a que se ha referido su Señoría. 
Vale la pena recordar que los Estados miembros de la UE, como miembros que son de la OSCE, pagan el 67%, aproximadamente, de su presupuesto, sin contar cualesquiera otras donaciones bilaterales que se puedan hacer a proyectos particulares. 
La Comisión ha aportado cinco millones de euros para el equipo de registro y fabricación de tarjetas de identidad. 
Cuando estuve en Kosovo el otro día, me sorprendió mucho que me dijeran que las fases iniciales de la campaña electoral se han hecho con mucho profesionalidad y estilo. 
Mis informadores se refirieron a algunos de los mítines electorales, por ejemplo, a los que habían asistido. 
Tal vez no tengan aún decorosos debates televisados con Jim Lehrer, en los que todo el mundo procura no ser descortés con los demás, pero de lo que no cabe duda es de que han iniciado su campaña electoral con mucho brío. 
Espero que continúe así, que el proceso electoral dé resultados, gracias a los cuales todo el mundo en Kosovo, de cualquier grupo, pueda tener la sensación de que participa en la administración de sus comunidades locales. 
Quisiera detenerme en la respuesta que ha dado el Sr. Patten a propósito de las elecciones en Serbia. 
Estuve allí, precisamente, como observador en las elecciones, entre otros 200 observadores de 52 países. 
Independientemente de la opinión que a cada cual pueda merecerle aquel régimen, hay que decir que las elecciones fueron impecables. 
Puedo decirles que el desarrollo de esas elecciones ha sido más democrático, mejor que el de las elecciones en nuestros propios países, en las que en muchas ocasiones he participado o he sido observador. 
La cuestión, pues, Sr. Comisario, no es si el Presidente Milosevic va a reconocer el resultado de las elecciones. 
La cuestión es si va a reconocer el resultado el líder de la oposición, Sr. Kostunica, y si va a participar el domingo que viene en la segunda vuelta, para que las elecciones culminen, y se dé así la posibilidad al pueblo serbio, al pueblo yugoslavo- sin intervención de ustedes, sin intervención en los asuntos internos de Serbia- de decidir sobre su futuro. 
Y con respecto a Kosovo, sería mejor que hubiera participado en estas elecciones, que eran al mismo tiempo presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. 
De este modo podría contribuir la Unión Europea a la normalización de la situación, e, igualmente, levantar las criminales sanciones que aún hoy mantiene. 
He de decir con toda delicadeza que no estoy seguro de que muchas personas de Europa reconocerían la descripción de las elecciones en Serbia que acaba de hacer su Señoría. 
Menos personas aún reconocerían en Serbia esa descripción del proceso electoral. 
La población de Serbia- incluido, sospecho, el Sr. Milosevic- sabe perfectamente quién ganó las elecciones en la primera vuelta, lo que explica que el Sr. Kostunica haya sostenido no sin razón que ahora se debe reconocer el proceso electoral y él debe pasar a desempeñar las funciones para las que la población de Serbia lo ha elegido claramente. 
Por lo que a mí respecta, cuanto antes ocurra y cuanto antes pueda Serbia incorporarse a la familia europea, mejor. 
Cuando así sea, está por ver si su Señoría recordará con nostalgia la época del Sr. Milosevic. 
La mayoría de nosotros estamos convencidos de que el Sr. Milosevic ha desempeñado un papel principal y criminal en la inestabilidad que ha destrozado esa región en los últimos decenios, que ha producido innumerables muertes, sufrimiento y pauperización. 
Cuanto antes se vaya, antes podrá la población de toda la región mirar esperanzada hacia un futuro mejor, en el que habrá elecciones bastante más imparciales que las que el Sr. Milosevic reconoce. 
Se cierra el turno de preguntas. 
Las preguntas 16 a 44 se contestarán por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A5-0211/2000) del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe anual de 1999 del Consejo (11384/1999- C5-0021/2000- 2000/2012 (COS) ) sobre la aplicación del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Titley por su informe, al igual que lo han hecho otros en el día de hoy. 
Como muchos de nosotros dijimos en su momento en 1998, veíamos el código de conducta como un primer paso muy importante para disponer de unas normas comunes y responsables de exportación de armas. 
Pero lo veíamos como un principio y no, en modo alguno, como el final del proceso. 
Es importante reconocer que, en un momento en el que nuestras preocupaciones europeas pueden parecer algo abstractas y retóricas, el control de armas es una verdadera forma de que los gobiernos de los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento puedan demostrar las ventajas de trabajar conjuntamente a favor de una postura común en materia de control de armas. 
Ahora tenemos que ver cómo podemos fortalecer ese código de conducta y, en particular, hacerlo jurídicamente vinculante. 
Vemos a los distribuidores comprando armas de la Guerra Fría en la Europa del Este, llevándolas a las zonas en guerra de África y ocasionando un terrible sufrimiento. 
Es importante desarrollar formas de que los países candidatos a la UE puedan incorporarse a los mecanismos de consulta y de intercambio de información. 
Los países candidatos deberían participar también en las conversaciones sobre el desarrollo y fortalecimiento del código. 
En segundo lugar, es importante que lleguemos a un entendimiento sobre qué significan realmente en la práctica los criterios del código. 
La prueba de fuego del código será ver si impide las ventas por debajo de las condiciones normales. 
Debería haber consultas exhaustivas antes de que un país pueda conceder una licencia que otro haya rechazado. 
En una Europa democrática tenemos derecho a saber qué países están vendiendo armas y dónde. 
Por tanto, todos los Estados miembros tienen que publicar informes sobre armas. 
Lo que nos gustaría es un informe europeo consolidado que fuera publicado y sometido al examen de este Parlamento. 
Todas las operaciones previstas, organizadas por intermediarios de ventas de armas, deberían ser objeto de aprobación mediante licencia por parte de los gobiernos nacionales y todos los países deberían exigir que todas las actividades de intermediación en venta de armas sean objeto de licencia. 
Por último, las armas alimentan los conflictos en todo el mundo. 
Instamos a nuestros gobiernos en Europa a endurecer los controles sobre los movimientos de estas armas letales. 
Señor Presidente, la industria europea de defensa es importante, pero la paz en el mundo es como mínimo igual de importante. 
El informe de nuestro colega Titley ofrece una respuesta equilibrada a este dilema que continuamente se repite. 
El informa aboga por un control mejor y más cerrado sobre el comercio de armamento y por una mayor transparencia. 
Así, es, por ejemplo, necesario llegar a mejores técnicas de identificación y seguimiento de las armas, de forma análoga a la matriculación de los automóviles. 
Ello debe suceder de una manera harmónica y a escala internacional. Sólo así las prácticas oscuras e ilegales se podrán rastrear y castigar más fácilmente, porque- y este me parece el mayor problema- la diferencia entre el comercio de armamento legal e ilegal se va haciendo cada vez más pequeña. 
La globalización del comercio mundial hace que los movimientos de armamento sean más baratos, más rápidos y más difíciles de rastrear. 
Oxfam estima que el cincuenta y cinco por ciento del comercio total de armas ligeras es ilegal. 
Un código de conducta más estricto, por supuesto, tiene sentido sólo si los Estados miembro asumen su responsabilidad. 
El control de armas deja mucho que desear en determinados puertos y aeropuertos. 
Además, se debe reforzar la colaboración con los Estados candidatos en este terreno. 
Estos suscriben el código, pero, en determinados casos, hacen la labor de plataforma para el comercio ilegal de armas. 
Algunos aducirán que el código de conducta es poco ambicioso, pero es mejor un código de conducta imperfecto que no tener ningún código. 
En cualquier caso, los informes anuales deberán contener información más completa y más transparente, y el código de conducta tarde o temprano deberá hacerse vinculante por ley. 
Este código de conducta, Señor Presidente, es un primer paso en la dirección de una mayor coherencia, pero, igual que el ponente, espero que no se quede en sólo en eso. 
Señor Presidente, la verdadera solución de todo el problema de las exportaciones de armas y de la producción de armas es que nos pasemos a la no-producción de armas. 
Estamos en el siglo XXI. 
La tecnología y los conocimientos de que disponemos deberían utilizarse para algo constructivo para la sociedad, para algo que beneficie a las personas en lugar de para algo que las aniquile y destruya. 
Deberíamos centrarnos en pasar a no producir armas en lugar de pensar en el modo de competir con los demás países fabricantes de armas de todo el mundo. 
Países con muy pocos recursos y muy poco dinero se ven forzados y obligados a comprar armas cuando deberían estar destinando ese dinero a los problemas sociales y sanitarios de sus propios países en lugar de contribuir a la inseguridad en la región y, en muchos casos, a maltratar a su propio pueblo con estas armas. 
Basta con que miremos a Indonesia y al hecho de que la Unión Europea no pudiera esperar para levantar el embargo de armas, o para no volverlo a instaurar. 
Eso fue deplorable. 
Es muy inquietante ver a los otros países de Europa que se están implicando ahora en la industria de armamento. 
Yo procedo de Irlanda que cuenta con un historial de no-producción de armas y de no-participación en la industria armamentística. 
Ahora descubro que cada año aumentan los contratos para armas y componentes de armas. 
En Irlanda del Norte, donde existe un llamado proceso de paz, una de las grandes empresas que se ha instalado y ha sido recibida con los brazos abiertos es Raytheon, uno de los principales productores de armas del mundo. 
Esto es un contrasentido total. 
Deberíamos luchar contra esto. 
No deberíamos dejar entrar a las industrias de armamento. 
No es ahí donde tendríamos que estar creando puestos de trabajo. 
Deberíamos crear empleo para la gente en algo que sea constructivo y positivo para la sociedad. 
Señor Presidente, el primer informe del Parlamento Europeo sobre la exportación de armas, desde la adopción de un código de conducta en 1998 por los Estados miembros, merece una particular atención. 
La coherencia de la acción exterior de la Unión Europea, que el Parlamento Europeo no se cansa de reclamar, ¿no exige acaso que en ese ámbito ultra sensible para nuestras opiniones públicas, el comportamiento de los Estados exportadores de armas respete a la vez la promoción de los derechos humanos, la prevención de los conflictos y la seguridad exterior de la Unión? 
Nuestro ponente, el Sr. Titley, propone a la Asamblea una resolución valiente. 
Pone énfasis en el carácter absolutamente insuficiente del Código de conducta que, hace falta recordarlo, no es vinculante. 
Se debe por lo tanto lograr que el código sea jurídicamente vinculante. 
Se debe reforzar el control. 
Se debe vigilar estrictamente la utilización final de las armas exportadas. 
En fin, se debe poner fin al comercio con la muerte. 
Hace falta sobre todo extender el mecanismo de control a las armas ligeras y de pequeño calibre utilizadas en numerosos conflictos regionales y étnicos en el mundo entero y que muchas veces se vuelven en contra del personal civil y militar de la Unión. 
El Sr. Titley propone por fin cooperar con los Estados Unidos, y añado: - ¿porqué no con Rusia y China también? -para llegar a un enfoque común sobre las armas convencionales análogo al que fue adoptado sobre las armas químicas. 
Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que supuestamente velan por nuestra seguridad, deberían de prestar atención a esas propuestas y negociar lo antes posible un arreglo realmente digno del siglo XXI. 
Señor Presidente, comparto totalmente la ilusión y la opinión de mis compañeros Morgantini y Brie que, en su primera enmienda, expresan claramente que el objetivo de la Unión no debe ser sólo establecer un código de conducta para la exportación de armas, sino trabajar por el desarme internacional y acabar con el armamento. 
Ese debería ser el objetivo fundamental de la Unión Europea. 
En todo caso, la exportación de armas existe, y por eso es bueno y un avance que haya un código de conducta para la exportación de armas, que en ocasiones entra en contradicción con los principios que deberían ser las señas de identidad de la Unión Europea: la prevención de conflictos y la defensa de los derechos humanos. 
Por eso, deberíamos aprovechar esta ocasión para que el código sea más eficaz e impedir que en ocasiones nuestros jóvenes militares en misiones de paz se tengan que enfrentar a armas exportadas por la Unión Europea. 
Creo que hay cuatro cuestiones en las que deberíamos profundizar. 
En primer lugar, ante la diversidad de las políticas de los Quince de la Unión Europea para el control de la exportación de armas, deberíamos propiciar la ampliación del acuerdo vinculante firmado por seis países de la Unión en julio de este año, una mayor transparencia para mejorar el control de ese comercio, un código jurídicamente vinculante y, finalmente, señor Presidente, la prohibición de la fabricación, el fomento o la comercialización de cualquier instrumento que tenga que ver con la tortura, el trato cruel o la pena de muerte. 
Señor Presidente, soy de la opinión de que el informe Titley y el código de conducta, que hoy debatimos, constituyen los dos primeros pasos positivos- que, por supuesto, debemos considerar tan sólo punto de partida- en una dirección adecuada. 
Quisiera expresar algunas reflexiones generales que entiendo que pueden aportar algo al debate. 
En el comercio de armas tenemos la peculiaridad de que los principales compradores son los países pobres, que, para cualquier otra cosa, no encuentran dinero, pero que, para las armas, sí lo encuentran. 
Es algo que nos debe preocupar, puesto que ese dinero procede de las actividades del narcotráfico y el contrabando y de las actividades de un ilícito sistema bancario paralelo; aunque muchas veces son los propios vendedores los que facilitan las cosas. 
Creo que no debe preocuparnos sólo el usuario final, debe preocuparnos el productor en todas sus fases. 
Es decir, el productor debe dar cuenta, informar de cómo ha procedido en relación con el conjunto de la producción, porque, por lo general, el contrabando parte del propio productor, no parte de ningún otro sector. 
Quiero añadir que a esta positiva iniciativa se han sumado, además de los países de la Unión Europea, todos los países asociados en Europa central y suroriental, Chipre, Canadá y otros. 
Sin embargo, con motivo de una enmienda, la 21, con cuya formulación no estoy de acuerdo, quiero hacer notar que, de una vez por todas- puede parecer que cambio de asunto, pero no es así -, con respecto a Turquía, país al que se refiere esa enmienda, debe venir alguna persona responsable aquí, al Parlamento, a informarnos de cuáles son las posiciones de ese país. 
No podemos tomar decisiones reales basadas en informaciones y realidades aparentes. 
Digo esto en relación con la propuesta especial que se hace a propósito del peculiar comportamiento de Turquía en este asunto. 
En fin, repito una propuesta que ya he hecho: no puede ser que el Parlamento malgaste su tiempo en tantas ocasiones, que malgaste días debatiendo un asunto, y que mientras nosotros seguimos torturándonos para tomar decisiones reales basadas en informaciones y estimaciones aparentes, nunca se haya presentado aquí un representante oficial del gobierno turco a responder a nuestras preguntas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Separación de las funciones de auditoría interna y de intervención previa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0260/2000) del Sr. van Hulten, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 (COM (2000) 341- C5-0293/2000- 2000/0135 (CNS) ) relativo a la separación de las funciones de auditoría interna y de intervención previa (párrafo 5 del artículo 24 del Reglamento financiero). 
Señor Presidente, me complace ver tanto público hoy porque, como todos los que están arriba pueden ver, hay muy pocas personas aquí abajo a esta hora de la noche. 
El debate de hoy constituye un paso importante en el proceso de reforma que inició la Comisión Prodi hace algo más de un año. 
Es la primera propuesta legislativa que va a considerar esta Cámara como parte del paquete de reformas. 
La propuesta de separar el departamento de auditoría interna del de control financiero ex ante emana directamente de las recomendaciones formuladas el año pasado por el Comité de Expertos Independientes, que el Parlamento ratificó en mi informe del 19 de enero de este año. 
La propuesta legislativa es más importante para el futuro de la Comisión de lo que sugiere su poco apasionante título. 
En su primer informe, el Comité de Expertos Independientes señalaba que el control interno y la auditoría interna eran actividades totalmente separadas- incluso opuestas -, que no han de estar en el mismo departamento. 
Llegaron a la conclusión de que el control a priori y la auditoría interna son actividades que emplean técnicas completamente distintas y abordan cuestiones completamente distintas. 
La disposición por la cual se han mantenido juntas en la misma DG debería ser objeto de revisión. 
La auditoría interna debe desempeñar un eficaz papel de apoyo en servicio de la Comisión para que esta última pueda ejercer sus responsabilidades. 
Teniendo en cuenta ese objetivo, los recursos humanos asignados a la auditoría interna deberían aumentarse en gran medida. 
Asimismo, la auditoría interna ha de tener un lugar independiente. 
El Tribunal de Cuentas adoptó este mismo punto de vista en 1997, cuando señaló por escrito que existe un conflicto latente entre el poder para conceder la aprobación- y, por tanto, el gasto- y la responsabilidad de evaluar posteriormente ese mismo gasto de acuerdo con los principios de la adecuada gestión financiera. 
La propuesta por la vía rápida de la Comisión pretende llevar a efecto la recomendación del Comité de Expertos estableciendo un auditor interno que trabaje separada e independientemente del controlador financiero. 
No me cabe ninguna duda de que esta medida será una de las claves del éxito del paquete de reformas que el Vicepresidente Kinnock anunció en abril. 
Me enorgullece el hecho de que la Comisión de Control Presupuestario haya sido capaz de llegar a un acuerdo unánime sobre una propuesta de opinión en un período de tiempo muy breve. 
Muchas gracias, por tanto, a los demás miembros de la comisión por su ayuda y, en particular, al Sr. dell ' Alba, cuyo trabajo como ponente de la Comisión de Presupuestos fue de incalculable valor. 
Esperemos que el Consejo tome ahora ejemplo y tenga la misma percepción de urgencia. 
Aunque nuestra comisión aprueba lo esencial de la propuesta de la Comisión, mi informe presenta una serie de cambios que han de efectuarse para que la separación de funciones prevista funcione. 
No puedo evitar sentir que en su carrera por elaborar una propuesta dentro del límite de tiempo establecido por el Libro Blanco de la Reforma, la Comisión no atendió apropiadamente a los detalles. 
Los cambios que propone nuestra comisión tienen como finalidad aclarar el texto de la Comisión, imponer determinados requisitos mínimos de información y ajustar más el texto a las circunstancias específicas de las diferentes instituciones europeas, todas las cuales se ven afectadas por cualquier cambio en el Reglamento Financiero. 
En primer lugar, debe aclararse la división de responsabilidades entre el controlador financiero y el nuevo auditor interno. 
No basta con señalar que hay que nombrar a un auditor interno. 
El Reglamento financiero debe incluir también una descripción del puesto. 
Las enmiendas de nuestra comisión pretenden establecer una clara distinción entre la función del controlador financiero, que sigue siendo responsable de control financiero ex ante, y la del auditor interno, que es responsable del control ex post, y, en concreto, de informar sobre la calidad de los sistemas de gestión y control. 
En segundo lugar, la propuesta de la Comisión tendría como efecto convertir en obligatoria para todas las instituciones la designación de un auditor interno. 
Esto tiene sentido para una institución con un gran presupuesto operativo o para aquéllas con un presupuesto administrativo relativamente grande, como el Parlamento Europeo y el Consejo, pero no tiene sentido necesariamente para las demás instituciones pequeñas que cuentan con un personal de control de no más de cuatro personas. 
Aunque estas instituciones deben disponer de la opción de designar a un auditor interno, es suficiente con imponer determinados requisitos mínimos de auditoría al controlador financiero. 
Debe quedar claro, sin embargo, que esta distinción sólo puede aplicarse durante un período transitorio. 
Cuando se complete la reforma del Reglamento financiero, esperemos que dentro de uno o dos años, debe aplicarse plenamente a todas las instituciones. 
Algunos miembros de la comisión han sostenido que la designación de un auditor interno debería ser obligatoria para todas las instituciones en esta fase. 
Es una postura, a primera vista, atractiva, pero si va a suponer la designación de al menos 20 funcionarios más sin una perspectiva clara de mejoras directas en la eficacia hay que oponerse a la misma. 
Es importante, no obstante, que las instituciones que no nombren a un auditor interno se tomen en serio el trabajo de auditoría interna. 
Me sorprendió descubrir que, al menos en una de las instituciones pequeñas, el controlador financiero no realizaba auditorías a pesar de la exigencia clara de hacerlo que establece el Reglamento financiero. 
El tercer cambio en las propuestas de la Comisión que se recoge en mi informe es la definición de un requisito mínimo de información. 
Uno de los problemas a los que se ha enfrentado el Parlamento en los últimos años ha sido la falta de información normalizada en materia de control financiero de las instituciones. 
Por consiguiente, propongo que tanto el controlador financiero como el auditor interno elaboren informes anuales detallando sus actividades. 
Por último, las instituciones deben aprender las unas de las otras en lugar de volver a inventar constantemente la rueda. 
Mi informe propone que el informe anual de auditoría interna elaborado en una institución se ponga a disposición de todas las demás instituciones para que puedan, donde corresponda, aplicar las conclusiones alcanzadas en otro lugar a sus propios sistemas de gestión y control. 
Como ya le he recordado a la Cámara, esta propuesta es sólo el preludio de una reforma completa del Reglamento financiero. 
El Parlamento no ha recibido aún el texto oficial de la propuesta, pero hemos podido disponer de una versión preliminar del texto y, aunque espero que el texto final se envíe pronto al Parlamento, entiendo también el deseo de la Comisión de que el texto sea impecable desde el punto de vista jurídico y lingüístico. 
Es un documento considerable. 
Algunos parlamentarios ya lo han llamado la "bestia", pero va a ser uno de los elementos legislativos más importantes de los que se nos presenten durante el mandato de este Parlamento. 
Uno de los cambios fundamentales defendidos por la Comisión es la supresión del sistema de control financiero ex ante. 
Esta propuesta no cuenta con la aprobación unánime de este Parlamento como bien sabe la Sra. Comisaria. 
A muchos diputados les preocupa que el sistema actual de control financiero desaparezca antes de que un nuevo sistema, que ahora sólo existe sobre el papel, haya demostrado que funciona. 
Por ello, hemos pedido a la Comisión que nos ofrezca un compromiso de que, durante el período transitorio que está a punto de comenzar, se mantendrá el sistema de control centralizado ex ante y no se verá afectado por la introducción del departamento de auditoría interna. 
Pediría a la Comisión que confirme hoy el compromiso que ya ha dado al Parlamento en relación con este punto. 
Me gustaría, sin embargo, dejar muy clara mi opinión personal. 
Yo apruebo, en principio, el cambio propuesto. 
El año pasado el Comité de Expertos Independientes señalaba que la mayoría de las irregularidades destacadas por el comité proceden de decisiones aprobadas por el controlador financiero y que la supuesta garantía de calidad que proporciona la aprobación es un mito y esgrimía dos sólidos argumentos para cambiar el sistema. 
Primero, que la comprobación ex ante, ya sea universal o ya basada en muestreo, es improbable que sea un proceso rentable. 
El esfuerzo realizado para comprobar todas las operaciones es claramente desproporcionado, mientras que el muestreo no es probable que tenga un efecto disuasorio suficiente. 
El segundo principio fundamental es que toda retención del control ex ante tropieza con la objeción crucial de que, de facto, si no de jure, traslada la responsabilidad de la regularidad financiera de la persona que realmente gestiona el gasto a la persona que lo aprueba. 
Aunque el Tribunal de Cuentas nunca ha respaldado explícitamente la supresión del control financiero centralizado ex ante y todavía hemos de escuchar su opinión sobre la propuesta que tenemos delante, ha sugerido la posibilidad de pasar a un sistema diferente. 
En su opinión de 1997 decía: "En cuanto a la supresión total del requisito de aprobación previa, ésta no sería aceptable a no ser que fuera sustituida por otros procedimientos que proporcionaran unas salvaguardas al menos equivalentes y en los que podrían, asimismo, participar funcionarios financieros distintos del controlador financiero." 
El reto de la Comisión será convencer al Parlamento de que puede establecer esas salvaguardas. 
Señor Presidente, esta tarde estamos aquí hablando sobre el aumento del control sobre los gastos de las instituciones europeas. 
Un asunto importante- Europa tiene a este respecto mala reputación entre los votantes -: desaparece demasiado dinero europeo con destino desconocido en el ámbito de Bruselas y en los Estados miembro. 
La propuesta de la Comisión sobre la que estamos hablando ahora aspira a la separación de las auditorías internas del control previo. 
El informe Van Hulten agudiza más, con razón, la diferenciación por la que la Comisión aboga y da un buen impulso para el intercambio de best practices entre las instituciones. 
Se pueden tener vacilaciones sobre la excepción que hace el señor Van Hulten en su informe para las instituciones más pequeñas en la que se trata del nombramiento de auditores. 
Sin embargo, comprendo el razonamiento pragmático que subyace detrás de ella. 
También creo que el grado de ocupación por personal en ese caso es demasiado limitado como para poner más personal a disposición de este fin. 
Quiero dedicar especial atención a un punto, en particular que la separación entre el control previo y la auditoría no debe tener ninguna consecuencia para la posición del control previo. 
Y es que aquí estamos hablando de instituciones administrativas y funcionariales en las cuales es una necesidad perentoria la posibilidad del control previo. 
Eso no significa que cada vez que se tenga que comprar un lápiz se deba pedir permiso al controlador financiero. Sí significa que se determine por medio de métodos modernos, basados en análisis de riesgo, para qué gastos es absolutamente necesario el control previo. 
Eso significa también que el control previo debe seguir siendo necesario cuando los servicios lo pidan. 
Si no existiera esta posibilidad se podría llegar a una situación en la que no haya quien se atreva a tomar decisión alguna. 
También es importante que exista un control previo independiente, ciertamente quizás descentralizado, pero desde luego no subordinado al director general de la Dirección General a controlar. 
Resumiendo, debe existir una auditoría independiente, pero no sin un moderno y eficaz control previo, claramente diferenciados ambos, pero los dos responsables de una supervisión correcta de los gastos de las instituciones europeas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el Grupo socialista de esta Asamblea apoya el informe del colega van Hulten y, por consiguiente, también la decisión y la propuesta adoptadas por unanimidad en la Comisión de Control Presupuestario. 
Por lo tanto, no tenemos ninguna objeción contra la creación un servicio de auditoría interno independiente, al que hoy damos luz verde con el informe del colega van Hulten. 
Las auditorías profesionales son un componente imprescindible de la gestión moderna, tanto en la administración pública como en la economía privada. 
Sin embargo, una buena auditoría no es un remedio milagroso por sí sola. 
No voy a citar nombres, pero se podría enumerar toda una lista de empresas en las que firmas de auditores de renombre certificaron que todo estaba en orden y pocas semanas o meses después se declaraban en quiebra. 
Por esto me parece preocupante que la Comisión mantenga al parecer su intención de establecer el nuevo servicio de auditoría, no como un complemento razonable, sino en sustitución del control financiero clásico. 
Con ello- como ya se ha podido apreciar en las anteriores intervenciones -, se adentra por la vía de un enfrentamiento con una mayoría de esta Cámara, que en definitiva es la encargada de controlar y evaluar la gestión de la Comisión. 
La independencia del nuevo servicio de auditoría tampoco está, lamentablemente, por encima de toda sospecha. 
La Comisión garantiza esta independencia en la propuesta presentada por la llamada "vía rápida" (fast track) , que hoy se debate, pero en el proyecto de reforma global del Reglamento financiero, que ya conocemos en una versión provisional, se desdice de ello. 
Señora Comisaria, ¿por qué se niega, por ejemplo, la Comisión a conceder al auditor interno capacidad para ejecutar acciones ante el Tribunal de Justicia Europeo en el caso de intromisiones que afecten a su independencia? 
¿Y no es acaso también una intromisión en la independencia del auditor interno que- incluso antes de su nombramiento- ya se creen hechos consumados a través de la contratación de su personal? 
Ya tenemos otro ejemplo que nos muestra a qué conduce esto. 
También en ese caso, la Comisión puso al nuevo director ante unos hechos consumados, al transferir sencillamente a la OLAF el equipo completo de la anterior task force de la UCLAF, a pesar de que era evidente que una parte de los funcionarios no estaban cualificados en absoluto para desempeñar esa tarea. 
El resultado es que el nuevo jefe llega, efectivamente, de fuera, pero enseguida queda atrapado en las redes de un aparato ya firmemente instalado. 
¡Esperemos que esto no se vuelva a repetir! 
Yo comprendo que la Comisión quiera exhibir resultados rápidos, pero cuando uno habla con los funcionarios de la Comisión, tiene la impresión de que los ánimos están más bien alicaídos desde hace meses y no sólo entre los llamados perdedores, que evidentemente siempre los hay en toda reforma. 
A mi parecer y también en opinión de diferentes Estados miembros, todavía no se ha aclarado cuál va a ser finalmente el coste total de este reforma global o qué beneficios se esperan conseguir. 
Seguimos partiendo del razonamiento simplista según el cual una reforma acaba mejorando la eficacia. 
De momento todavía no sabemos si será así y, mientras tanto, yo recomiendo a la Asamblea que observe con un cierto escepticismo el proceso de reforma de la Comisión Europea. 
¡A fin de cuentas, se lo debemos a nuestros electores y electoras! 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera comenzar felicitando al ponente. 
Tengo la impresión de que este tipo de asuntos y también este informe siempre le vienen de perlas, y casi diría que no es casualidad que haya tanto público esta tarde. 
La propuesta que debatimos ahora es una consecuencia directa del informe del Comité de Sabios. 
Se debe instituir un servicio de control interno. 
En esta fase, mi Grupo parlamentario es de la opinión de que aún es demasiado pronto para hacer una elección definitiva entre control previo central y control previo descentralizado en las Direcciones Generales mismas. 
Aún debemos reflexionar bien sobre ello una vez más; se deben hacer bien las consideraciones a favor y en contra. 
Yo creo que, por lo que a esto respecta, necesitamos también el dictamen del Tribunal de Cuentas europeo. 
Sobre ello sólo podemos tomar una decisión una vez que tengamos la propuesta para el nuevo reglamento financiero, y, en el marco de la discusión sobre este nuevo reglamento, se deberán fijar definitivamente una serie de cosas. 
Daremos nuestro apoyo a todas las enmiendas que ofrezcan una delimitación más clara entre el control financiero y la auditoría interna, tal como ahora se ha propuesto. 
Estamos también a favor de que exista una mejor comunicación. 
Por lo que a nosotros respecta, existe un elemento disonante en el informe, pero dentro de mi Grupo parlamentario no hay unanimidad de opiniones al respecto; se trata de la pregunta: ¿se debe establecer un control interno sólo para la Comisión, el Consejo y el Parlamento, o también para las instituciones menores? 
Mi opinión es que también se debe establecer para las instituciones menores. 
Quizás no sea práctico: hay, en efecto, pocas personas que se encarguen del control financiero en esas instituciones, pero el principio de que alguien que dé el visto bueno previo se controle a sí mismo a posteriori es un principio equivocado. 
Esas son funciones que siempre deberán estar separadas. 
Lo mismo es de aplicación para las instituciones menores aunque se dé el caso de que tengan poco personal. 
Si determinamos algo para las instituciones grandes, se deberá aplicar a todo el escalafón esa independencia que el Comité de Sabios ha expuesto. 
Por lo que a mí respecta, las excepciones a esa regla no son buenas. 
Por lo demás, mi Grupo parlamentario puede apoyar todas las enmiendas del ponente, y principalmente las enmiendas que implican que todos los años se elaboren informes sobre los avances. 
La opinión pública es tan sensible a este punto que yo creo que es bueno que este Parlamento examine este asunto, no sólo para la aprobación de la gestión, sino para plantearse cómo se pueden mejorar las cosas relativas al control; y, estando a la luz de la opinión pública, nunca podremos hacer suficientes esfuerzos para ello. 
Señor Presidente, nuestro Grupo también apoya al ponente y le da las gracias el buen trabajo que ha realizado. 
Yo creo que la Comisión de Control Presupuestario ha desarrollado importantes debates sobre esta cuestión y sin duda sería aconsejable que la Comisión vuelva a apoyarse en su competencia cuando prosiga sus reformas. 
Una colaboración constructiva podría contribuir efectivamente a mejorar la reforma, a mi modo de ver. 
La modernización de la administración es urgentemente necesaria a nuestro parecer. 
Nosotros apoyamos los pasos que está dando la Comisión. 
No obstante, también mantenemos una actitud crítica en lo que respecta al tema del control final. 
También nosotros consideramos que se tendría que volver a examinar cómo se va a aplicar el control final independiente. 
Todo debe volver a confluir en una responsabilidad colectiva de la Comisión. 
También apoyamos a los Grupos que ya empiezan a preocuparse por la reforma de las instituciones menores. 
Yo creo que la modernización de la administración debe abarcar a todas las instituciones de ámbito europeo. 
Sin duda, también el Parlamento podría aprender algunas lecciones y mejorar aún algunos aspectos de su propio funcionamiento, y confiamos en que todo este proceso nos permita recuperar la confianza de la opinión pública europea en las instituciones europeas. 
La administración tiene que poder reaccionar con mayor rapidez en el futuro. 
En este aspecto esperamos muchos progresos. 
En el pasado, hemos podido constatar con gran frecuencia que la excesiva demora de los procesos de decisión generaba frustración entre los demandantes y una pérdida de confianza en las instituciones europeas. 
La modernización puede contribuir mucho a mejorar esta situación, pero también es importante el procedimiento anual de rendición de cuentas, que no se puede limitar a la aprobación de la gestión, sino que debe desarrollarse de manera continuada a través de los informes anuales, en los que señalamos en qué aspectos se requieren mejorar, con lo cual también contribuimos al restablecimiento de la confianza en este ámbito. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe del colega van Hulten fue adoptado por una mayoría muy amplia en la Comisión de Control Presupuestario. 
Esto también se repetirá seguramente en la votación aquí en el Pleno. 
Yo quiero felicitar por ello al Sr. van Hulten y pedir también, no obstante, a la Comisión que interprete correctamente esta aprobación. 
Con ella indicamos que seguimos apoyando las reformas que ha iniciado. 
Deseamos estas reformas, que deben contribuir a aumentar la transparencia y la eficacia en la administración del dinero de los contribuyentes y a mejorar los sistemas de control. 
Necesitamos estas reformas para que los pagos a los beneficiarios legítimos se agilicen de manera visible y también para reducir por fin el número de errores en la ejecución del presupuesto que el Tribunal de Cuentas critica cada año. 
La creación de un servicio de auditoría independiente- independiente, insisto- constituye un paso en la dirección adecuada con este fin y responde a las peticiones que formuló el Parlamento en su resolución de enero sobre la reforma de la Comisión. 
Sin embargo, no deseamos que la auditoría sustituya a la intervención financiera clásica, sino que lo complemente. 
Así lo decidió también esta Asamblea en el mes de enero y volvió a ratificarlo en la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio de 1998. 
A diferencia de la auditoría interna, la intervención financiera clásica verifica los procedimientos presupuestarios ya antes de que se firmen los contratos y se ejecuten los pagos. 
Estas verificaciones previas son imprescindibles, ya que los funcionarios de la Comisión disponen, a diferencia de sus colegas nacionales, de un amplio margen de discrecionalidad en la adopción de decisiones financieras en muchos ámbitos. 
Una auditoría independiente es imprescindible para evitar errores. 
Si ésta se realiza en el futuro de manera selectiva en los ámbitos de riesgo y descentralizada, también se podrá evitar que los controles sean tan lentos. 
Es imprescindible que preserve la independencia de los interventores, es decir, que éstos no deben estar subordinados jerárquicamente a los directores generales que deben controlar. 
En pocas palabras: ¡el controlador no debe estar a las órdenes del controlado! 
Este es un punto que el Parlamento también ha dejado claro en repetidas ocasiones. 
Lamentablemente, seguimos esperando en vano una señal de la Comisión. 
Yo le ruego, señora Comisaria, que adopte las medidas necesarias en colaboración con el Parlamento. 
Ello también redundará en interés de la Comisión. 
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención felicitando al Sr. van Hulten por este informe tan bien trabajado, que ha merecido el apoyo unánime de sus compañeros en la Comisión de Control Presupuestario. 
Quiero decirle a la señora Comisaria que este informe no es sino un paso intermedio. 
Y un paso intermedio significa que es el primer paso de la construcción de un puente entre el sistema que tenemos ahora de control y el sistema que queremos lograr tras la reforma. 
Todavía no tenemos en todas las lenguas el proyecto de reforma del Reglamento financiero. 
Y además, el Libro Blanco, innecesariamente, dice que al final del período intermedio, el Consejo podrá tomar en consideración la aprobación o no del Reglamento financiero. 
La seguridad jurídica exige que se acorten los plazos de este período intermedio, que tantas reservas despierta en este Parlamento, pues parece que queramos nadar y guardar la ropa; que caminemos hacia el futuro, pero sin abandonar las precauciones del presente; que hace que haya solapamientos, lo que significa que se diluyen las responsabilidades; que se duplica el gasto y que no se valoran los puestos de trabajo, porque muchas personas hacen lo mismo. 
No se responsabiliza a los actores, no se les motiva. 
Pues bien, este período intermedio, en el Libro Blanco que ha presentado la Comisión, se prolonga indefinidamente. 
Yo le pido a la Sra. Comisaria que el período intermedio acabe cuanto antes. 
Sabemos lo que queremos, y está en la voluntad de este Parlamento, pero es imprescindible que el período transitorio no se prolongue más allá de lo estrictamente necesario. 
Por tanto, yo echo en falta que ustedes, a la hora de preparar y de sugerir las agendas de las Presidencias, no urjan a que, con independencia del tiempo necesario para hacer los cambios en la auditoría, nos dirijamos directamente al objetivo al que queremos llegar. 
Y hay una cierta dejación, de la que estoy seguro que la Sra. Comisaria tomará buena nota para que, cuanto antes, alcancemos el destino de esta reforma que con el informe van Hulten comenzamos. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, el gran proyecto de reforma de la Comisión, que se expone en el Libro Blanco, tiene como objetivo primordial aumentar la eficacia, es decir, una mejora efectiva de la gestión financiera, que abarque globalmente las diversas partes del presupuesto. 
El dinero se debe gastar en el futuro de manera más ajustada a los objetivos y más eficaz, y evidentemente también se debe garantizar mejor que los fondos se dediquen a los fines para los que los ha destinado la autoridad presupuestaria. 
Este es el objetivo máximo y mi colega, el Sr. Kinnock, ha dejado claros en repetidas ocasiones los numerosos pasos que nos proponemos dar para alcanzarlo, pues el proceso de reforma se compone de muchas acciones. 
Yo quisiera recordar que ya hemos aplicado un buen número de estos pasos concretos, tanto en lo que se refiere a la descripción de los puestos de trabajo, como en lo que respecta a la creación de un servicio financiero central en la Dirección General de Presupuestos, por citar sólo dos pasos importantes. 
En este momento estamos trabajando en la modificación del Reglamento financiero, que de hecho sólo entró en vigor en 1998, puesto que se ha constatado que es muy importante realizar no sólo una intervención previa, sino también controles internos ex­post, o sea, contar con un servicio de auditoría interno. 
El interventor independiente sólo es responsable de ambas tareas desde 1998, tras la séptima modificación del antiguo Reglamento financiero. 
El comité de expertos independientes nos indicó poco después que esa estructura no se podía considerar la mejor solución, pues entraña conflictos. 
Independientemente de que en efecto se hayan dado dichos conflictos, existe un potencial para que éstos se generen. 
Esto solo ya puede determinar que se plantee si la persona que ha autorizado un gasto está realmente en condiciones de poder controlarlo a posteriori, con total distanciamiento crítico. 
La mera posibilidad de que se cree tan sólo la impresión de una falta de independencia ya debería ser motivo suficiente para volver a separar esa función. 
Este es el contenido de la propuesta presentada. 
También se ha señalado que esta propuesta se debe integrar, naturalmente, dentro de la revisión general, del Reglamento financiero, pero dado que ésta requerirá más tiempo- aunque sólo sea por la complejidad de la materia -, la Comisión solicitó que este aspecto particular se decidiese por un procedimiento fast-track. 
En relación con el Reglamento financiero en general, yo quiero manifestar muy brevemente que lamento que la versión revisada todavía no esté disponible en todas las lenguas. 
Por mi parte, voy a hacer de nuevo todo lo posible para acelerar su traducción, con objeto de que el Parlamento pueda disponer por fin de este trabajo en todas las lenguas. 
Quiero agradecer a ambas comisiones- la Comisión de Control Presupuestario y también la Comisión de Presupuestos- este intenso debate, y sobre todo expresar también mi agradecimiento a los ponentes, Sres. van Hulten y Dell ' Alba, que hoy no ha podido estar presente. 
Yo valoro de verdad que el Sr. van Hulten se tomase como una cuestión personal la búsqueda de una solución muy acertada para esta modificación del reglamento financiero y para poner en marcha este elemento clave para la reforma. 
En lo que respecta a las enmiendas propuestas, quiero señalar muy brevemente lo siguiente: la Comisión acepta la introducción del considerando adicional. 
Dicho considerando- al igual que las modificaciones del artículo 2a, que ustedes proponen- responde a su preocupación, que se ha manifestado hoy aquí, de que durante el período de transición el interventor pueda ver mermada su capacidad para ejercer su función de intervención previa. 
Esto no ocurrirá, puesto que hemos decidido- sólo por lo que respecta a las plazas previstas- que el ámbito de la intervención previa pueda disponer de 80 plazas durante el período de transición. 
Permítanme que vuelva a recordarles- ya que a veces existe un malentendido al respecto- que la intervención previa se basa en un método de muestreo. 
Hasta ahora se controlaban un 10% de los expedientes. Pero éstos representaban el 89% del volumen del presupuesto. 
Por consiguiente, es preciso tomar siempre en consideración este hecho. 
Actualmente, esta proporción se ha reducido a alrededor del 80%, pero se basa en una evaluación de riesgos. Es decir que en los ámbitos en los que el riesgo es mayor la intervención se eleva en parte incluso al 100%. 
Yo comprendo su preocupación de que la supresión de esta intervención previa- antes de que se haya introducido un procedimiento de gestión de los pagos- pueda dar lugar a alguna deficiencia. 
La Comisión hace suya, naturalmente, esta preocupación del Parlamento. 
Por consiguiente, sólo puedo volver a resaltar que hemos desarrollado un procedimiento muy preciso para verificar que las diferentes Direcciones Generales, que en el futuro deberán hacerse cargo de esta intervención previa, estén en condiciones de hacerlo. 
Sólo cuando así sea se volverá a introducir el muestreo, la selección, que se controla con frecuencia. 
Esta es una salvaguardia que, naturalmente, debe existir. 
Puedo anunciarles brevemente que la Comisión acepta la enmienda 2, que prevé- y esto es muy importante- que el interventor elabore un informe anual con el fin de mejorar la transparencia. 
Yo creo que ha quedado de manifiesto que la petición de la enmienda 3, a saber, que se proceda de manera diferenciada según las instituciones, esto es, que la Comisión, el Consejo y el Parlamento procedan en cualquier caso obligatoriamente a la separación de la intervención previa y el servicio de auditoría independiente, pero las instituciones más pequeñas, cuyo presupuesto operativo es de hecho mucho menor, puedan decidir si desean introducir dicha separación. 
Tal vez en algún momento se llegue a la conclusión de que la separación debería ser obligatoria, pero inicialmente se les debe conceder la posibilidad de elegir. Yo creo que esto también facilitará la aplicación de la reforma. 
La propuesta me parece realmente tan razonable, que casi lamento que no se me ocurriera a mí. 
No obstante, esto demuestra también la importancia de que la Comisión y el Parlamento se complementen de manera constructiva. 
Por consiguiente, yo quiero agradecerles sus propuestas y su consejo. 
Muchas gracias, señor Comisario Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0258/2000) de la Sra. Angelilli, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación Social y Deportes, sobre la comunicación de la Comisión "Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión" (COM (1999) 371- C5-0324/1999- 1999/2210 (COS) ). 
. (IT) Señor Presidente, señora Comisaria Reding, Señorías, considero que este informe sobre las posibilidades de control ejercido por los padres sobre los programas de televisión aborda un tema de extrema importancia y actualidad que se convierte en aún más actual e importante ante la multiplicación de la oferta de programas de televisión y la difusión cada vez más amplia y incontrolada de Internet. 
A esto querría añadir dos consideraciones: por una parte, aumenta cada vez más el número de menores que tiene acceso directo a la televisión y a los ordenadores y, por otra, asistimos a un preocupante aumento de la emisión de imágenes de violencia- violencia en todos los sentidos posibles- tanto en los programas de televisión como en los de la red. 
Sólo por poner un ejemplo, la semana pasada en Italia se descubrió un comercio de imágenes de pederastia pornográfica a través de Internet. 
La noticia fue difundida a través de la televisión pública que, lamentablemente, utilizó algunas de las imágenes extraídas precisamente de los sitios investigados, lo que, en consecuencia, ha causado honda preocupación en los ciudadanos por el empleo indiscriminado de dichas imágenes que son o han sido, sin duda, inoportunas y perjudiciales para los menores. 
Pero volviendo al informe, como ustedes bien saben, la Comisión Europea está elaborando para los próximos meses un informe sobre la aplicación de la Directiva "Televisión sin fronteras", y es precisamente en este informe que deberán incluirse adecuadamente también las orientaciones y las evaluaciones en orden a la tutela de los menores. 
Quiero recordar además que la directiva prevé expresamente en el apartado 2 del artículo 22 que todos los Estados miembros habrán de tomar las medidas oportunas para que los programas de los entes de radiodifusión televisiva no incluyan ningún programa susceptible de perjudicar gravemente al desarrollo físico, psíquico o moral de los menores, en particular programas que incluyan escenas pornográficas o de violencia gratuita. 
En consecuencia, más allá de las meras palabras, somos conscientes de que la tarea no es para nada fácil. 
Con todo, a la vista de estas consideraciones, nuestra labor es establecer los objetivos que, razonablemente, podemos aspirar a alcanzar para conseguir llevar a cabo una auténtica y seria protección de los menores. 
En primer lugar, es necesario identificar todos aquellos sistemas tecnológicos aptos para gestionar concienzudamente el creciente flujo de programas tanto de televisión como de la red que pueden considerarse perjudiciales para el desarrollo psicológico de los menores: me refiero en concreto a los sistemas de filtro y a los sistemas de guía de los programas. 
Y ello, sobre todo con vistas a la introducción del sistema digital que facilitará su empleo y su difusión. 
Segundo punto: conviene precisar que todos los sistemas de control tecnológico que he mencionado no pueden prescindir, sin embargo, de otros dos elementos propedéuticos, por decirlo de alguna manera. 
En primer lugar es preciso fomentar el desarrollo a escala nacional de políticas de información y de sensibilización de las familias y del mundo de la educación en general. 
En segundo lugar, es preciso estimular una seria responsabilización de los productores en cuanto a la calidad de los programas de televisión, y de las cadenas en cuanto a las modalidades de emisión de los mismos programas. 
Obviamente, no cabe ninguna pretensión de armonización legislativa en materia de protección de los menores no solo porque, en el respeto del principio de subsidiariedad, cada Estado miembro es soberano, sino también porque las concepciones culturales y morales y, por consiguiente, las valoraciones sobre estos temas son muy distintas según el Estado de que se trate: distintas, por ejemplo, son las definiciones respecto a la edad de los menores, la definición de violencia, etcétera. 
Dicho esto, y a fin de evitar que, con relación a la protección de la infancia, se hagan sólo manifestaciones inútiles, es necesario dar unas indicaciones claras sobre la protección mediática de los propios menores. 
Quiero resumir las propuestas de este informe que me parecen más importantes y concretamente viables. 
Primera, la creación de un grupo de expertos formado por personalidades de reconocido prestigio, nombradas por los Estados miembros, para contribuir a establecer unos parámetros mínimos de protección mediática de los menores; segunda, la creación de un código de autorregulación entre todos los operadores del sector; tercera, la posibilidad de promover y convertir en accesibles los sistemas de filtro tanto para la televisión como para Internet. 
Y termino diciendo que, por coherencia con lo que se votó en comisión, no puedo estar de acuerdo con las enmiendas 1 y 4 del Grupo Liberal y con las enmiendas 5 y 6 del Grupo Socialista, mientras que puedo acoger las enmiendas 2 y 3, siempre del Grupo Liberal. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el informe que hoy se debate suscitó una gran controversia en nuestra comisión y el detonante fue, de hecho, el término subsidiariedad. 
Sin embargo, en un momento, en el que no sólo existe un exceso de oferta en el ámbito audiovisual, sino también un consumo excesivo de lo que allí se ofrece, no podemos escudarnos en la palabra subsidiariedad, sino que en nuestra calidad de políticos tenemos sencillamente la responsabilidad de proteger a los menores de esta oferta excesiva en todos nuestros ámbitos de actuación. 
En una época en la que estamos viviendo mucha violencia, odio e intolerancia en todos nuestros países no podemos dejar de preguntarnos por la causa. 
Yo no puedo decir, desde luego, que todo proceda de la televisión. 
Pero mucho también se debe sin duda al consumo excesivo de esa oferta televisiva, que en parte incita al odio y a la intolerancia, incluida la intolerancia contra otras nacionalidades. Por esto debemos reflexionar seriamente sobre cómo podemos ponerle coto. 
¡Tenemos una responsabilidad hacia los menores de edad! 
La subsidiariedad está muy bien y también se debe preservar, pero no debe servirnos de excusa. 
Tenemos el deber de hacer algo y, de hecho, ya intentamos introducir una protección de los menores en la Directiva "Televisión sin fronteras". 
Recuerdo que mi colega Hoppenstedt luchó para que se aceptase el chip protector. 
Pero, ¿qué podemos conseguir con una barrera tecnológica de ese tipo? 
No gran cosa; en la mayoría de los casos, los niños saben manejarla mejor que los adultos y, por consiguiente, tenemos que pensar seriamente cómo podemos remediar esta situación. 
Sin ánimo de sustituir a nadie que esté desarrollando una buena labor en las naciones, queremos introducir no obstante unos criterios y unas exigencias mínimas comunes a escala comunitaria, y proponer regulaciones que ayuden a las personas a cumplir efectivamente en la práctica el deber de protección de los menores en cada país. 
Evidentemente, también pienso que ni los políticos ni los técnicos podemos atajar de ningún modo el problema nosotros solos. 
La labor de los profesores y de los padres, y un uso adecuado de los medios de comunicación, son desde luego mucho más importantes. 
Es necesario aprender y naturalmente también enseñar a usar la televisión e Internet. 
Por esto, lo que ahora estamos haciendo supone tan sólo una pequeñísima parte de la tarea que debe cumplir el conjunto de la sociedad. 
Yo creo que debemos educar a los niños para que sepan disfrutar debidamente de este medio de comunicación y animar a los padres a que ayuden a sus hijos a ver los programas adecuados y a dejar de lado los menos adecuados. 
Por lo tanto, debemos hacer ambas cosas: cumplir nuestra tarea en nuestra calidad de políticos e instar a la sociedad a que cumpla la suya. 
Lamentablemente, no puedo suscribir las peticiones de los liberales. 
Me parecen demasiado liberales y que prestan demasiado poca atención al interés de las menores. 
Señor Presidente, Señorías, apreciada Doris Pack, ¿cuánta violencia televisiva puede tolerar un niño? 
Responder a esta pregunta resulta mucho menos sencillo de lo que algunos piensan. 
La comprensión de esta cuestión también forma parte en último término de los resultados del sin duda meritorio estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión, al que se refiere la comunicación de la Comisión. 
A pesar del impresionante número de investigaciones internacionales, no se ha podido demostrar de manera inequívoca que exista una relación directa entre acciones violentas y consumo mediático. 
Una representación en los medios de comunicación puede influir, ciertamente, en la ejecución concreta de una acción, pero esto no significa que su origen deba buscarse igualmente en dicha representación. 
Esta constatación es muy importante para evitar errar el blanco movidos por la legítima preocupación por el bienestar de los niños y adolescentes, y sobre todo para no ignorar las causas reales de la violencia juvenil, por desgracia realmente existente. 
La violencia juvenil tiene su origen en la acumulación de diversos factores, como por ejemplo la violencia vivida en el seno de la familia, la experiencia de considerables desventajas sociales, unas perspectivas desfavorables para el futuro debido a una formación deficiente, que conducen a la frustración, que luego se troca en violencia. 
Todo esto concuerda también con las experiencias personales que pude acumular durante mis diez años de trabajo voluntario como escabino en diversos tribunales de menores. 
Estos problemas no se pueden abordar con dispositivos técnicos de control de la oferta televisiva. 
La mayoría de los niños y adolescentes crece no obstante, afortunadamente, en un medio que no presenta ninguna de estas características problemáticas. 
Esta es la mejor protección posible para los menores. 
En este caso, nos encontramos con unos padres que se sienten responsables de sus hijos en el marco de sus propios valores y experiencias vitales. Éstos se basan por regla general en un contexto cultural y socialmente definido. 
Los sistemas de control parental deben permitir, por lo tanto, una actuación individualizada y plural. 
La Comisión también insiste en ello, apoyándose en los resultados del estudio. Éste también está en último término en la base del informe que se va a someter a votación. 
Desde luego, es indiscutible que las representaciones en los medios de comunicación pueden influir sobre los valores. 
Sin embargo, es preciso resaltar igualmente que la confianza en una oferta diferenciada de sistemas de filtro no puede eximir de ningún modo a los productores de su responsabilidad. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte insiste, por lo tanto, explícitamente en la necesidad de que se concrete la responsabilidad de los proveedores y programadores. 
Esto sigue siendo básicamente tarea de la legislación de los Estados miembros, lo cual no excluye, sin embargo, la posibilidad de un acuerdo consensuado a escala europea sobre determinados valores indicativos, a través del diálogo con todas las partes implicadas. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte también considera importante, finalmente, recomendar a la Comisión que haga extensivos todos los esfuerzos a favor de la protección de los menores a la totalidad de la oferta multimedia de todo tipo, ya que las representaciones de actos de violencia y otros contenidos nocivos no se limitan ya exclusivamente a la televisión. 
Los niños de Europa hace tiempo que navegan por Internet y la tendencia va en aumento. 
Más importante que las restricciones legales y los filtros electrónicos es la capacidad de los niños y los adultos para hacer uso de los medios de comunicación. 
Esto es tarea de la política educativa y la política social. 
Señor Presidente, la Sra. Pack tiene razón. 
Está en juego la cuestión del principio de subsidiariedad. 
La UE se enfrenta a una serie de desafíos- la ampliación al este, la Conferencia Gubernamental, el Tratado de Niza. 
Estas cuestiones encabezan la agenda. 
Los problemas democráticos y los problemas relacionados con la cercanía a los ciudadanos son otras cuestiones importantes. 
Hablamos de la legitimidad política de la UE ante los ciudadanos- y por ahora le cuesta conseguir ésta a la UE. 
Considero la solución a estas tareas como un requisito previo para el éxito de todo el proyecto europeo. 
El señor Presidente de la Comisión, Romano Prodi, mencionó en su estupenda intervención de ayer que en atención a la legitimidad politica de la UE en el futuro será necesario presentar un catálogo que recoja los temas de los que debe ocuparse la UE y los temas de los que deben ocuparse los Estados miembros. 
Estoy plenamente de acuerdo con el señor Presidente de la Comisión en la necesidad de elaborar este catálogo similar a una constitución y en mi opinión, resulta evidente que debe reforzarse el principio de subsidiariedad y que la UE debe por tanto abstenerse de hacer política en la larga serie de ámbitos donde los planteamientos políticos no son transfronterizos. 
La UE debe ceñirse a los puntos políticos fundamentales. 
Si el Sr. Presidente de la Comisión ha pensado sobre qué ámbitos vienen al caso y dónde, espero que comparta mi opinión de que la cuestión relativa al control ejercido por los padres sobre el consumo televisivo de sus hijos no tiene nada que ver con la agenda de la UE. 
Por ello, he presentado varias enmiendas en nombre del Grupo Liberal que tienen por objeto restringir los efectos de este informe en caso de que pudiera ser aprobado. 
Permítanme, para acabar, recalcar que el Grupo Liberal también está preocupado ante el aumento de la oferta de programas televisivos que contienen sexo y violencia. 
También estamos convencidos de que estos programas no benefician de ningún modo a los espectadores de estos programas y menos aún a los niños. 
No obstante, y a igualdad de otras circunstancias, pienso que es tarea de los padres disuadir a sus hijos de que vean este tipo de programas en casa. 
Señor Presidente, nuestra sesión no se transmite por televisión. 
Pienso que sería interesante ver su imponente figura presidir el Pleno. Y a la Sra. Reding quisiera decirle que yo vería con muy buenos ojos una emisión de televisión en directo a esta hora que mostrara a nuestra fascinante Comisaria. 
Pero la televisión no está, nadie nos está filmando. 
Lamentablemente, como han dicho los oradores que me han precedido, en la televisión vemos escenas de violencia, escenas de sexo desenfrenado que, en algunos casos, llenan de dinero las arcas del Estado gracias a los famosos anuncios que invitan a llamar a las líneas eróticas y luego, nosotros, como Unión Europea, prohibimos la venta de juguetes que contienen ftalatos, lo que, por otra parte, está bien porque es peligroso que los niños se los lleven a la boca. 
¡No se deja que los padres vigilen a los niños, se prohiben los juguetes! 
Y ¿por qué en este caso, en cambio, no prohibimos del todo los programas que nos perjudican a todos? 
Aquí no, aquí dejamos que los padres controlen a los jóvenes. 
Pero ¿cuántas veces los padres están en casa y cuántas veces no están? 
¿Acaso prohibiremos también los móviles, los famosos WAP, con los que dentro de poco circularán por la calle todos los jóvenes con el peligro de acabar bajo un coche porque verán en el móvil los programas de televisión y todo lo que les llegará de todos los Estados de la Unión Europea? 
En consecuencia, no estoy de acuerdo con el diputado liberal que ha hablado antes que yo. 
Lamentablemente, desde el cielo y desde los satélites lloverán señales en todos nuestros Estados procedentes de todos nuestros Estados. 
Por lo tanto, es importante que haya una directiva europea que impida la emisión de programas de televisión perjudiciales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el uso de la televisión, los medios impresos y los nuevos medios de comunicación y el acceso a los mismos es un hecho absolutamente cotidiano y natural para nuestros niños. 
Información procedente de todo el mundo y de todos los ámbitos del saber llega en muy breve tiempo a nuestras casas y la comunicación a través de todo el planeta es para ellos una experiencia cotidiana. 
También tienen a su disposición una oferta múltiple y diversificada de espacios de conversación, en su mayor parte incontrolada y con gigantescas posibilidades de elección. 
A pesar de todos sus aspectos positivos, no podemos pasar por alto los aspectos secundarios negativos de esta accesibilidad. 
Los niños se enfrentan a diario con una avalancha creciente de brutalidad y violencia en estos ámbitos, que los somete sencillamente a una presión excesiva, sobre todo porque no se pone ningún coto a estas ofertas. 
Por lo tanto, es necesario que todas las personas afectadas, empezando por los niños y pasando por los padres, los educadores, los países, la Unión Europea y también los proveedores y productores se encaren con esta cuestión y aprendan a afrontar esa oferta y sus efectos. 
Es necesario sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos de esta oleada creciente de violencia y esto requiere medidas de apoyo. 
Los padres necesitan una ayuda especial en este ámbito, que debe incluir lo siguiente: parámetros comunes para la protección mediática de los menores en todo el territorio de la Unión Europea; la instalación y la posibilidad de disponer de sistemas de filtro a precios asequibles; disposiciones legales relativas a la protección de los menores y la responsabilidad de los medios de comunicación, las empresas y los proveedores del sector público y privado. 
Estas medidas no se deben limitar a la televisión, sino que se deben aplicar a todos los medios de comunicación accesibles. 
Los Estados miembros también deben participar, evidentemente, desde este momento en el proceso. 
Puesto que el mercado de los medios de comunicación se rige por la oferta y la demanda y es, por lo tanto, un negocio despiadado, no se toman en consideración los efectos de las diversas ofertas. 
Sólo cuenta la cuota de pantalla. 
Por esto, es conveniente instalar mecanismos protectores imposibles o difíciles de soslayar. 
Yo considero necesario asimismo que también se ofrezcan y se elaboren programas que contribuyan a reducir la violencia y las agresiones, cuya comercialización sin duda no será tan espectacular y que, en consecuencia, alcanzarán cuotas de conexión más bajas, pero que en cambio pueden contribuir apreciablemente a limitar y combatir los daños. 
Tenemos la responsabilidad de ofrecerles a nuestros jóvenes la posibilidad de construir una sociedad futura donde la violencia y las agresiones no se consideren hip ni cool ni dignas de imitación, sino profundamente despreciables. 
Debemos asumir esta responsabilidad adoptando las directivas y poniendo a disposición las ayudas pertinentes. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, queridos colegas, fue un domingo por la noche, hace dos semanas, en el sur de Francia, Johan, 17 años, y Robert, 16 años, masacraron a Romain, su amigo de la infancia, con un arma de fuego, con un bate de baseball, sin motivo, sin móvil, como en la televisión. 
Detenidos muy poco tiempo después, declararon a los policías: "es curioso, en las series televisivas, no se dejan atrapar tan fácilmente". 
También dijeron que querían ver qué sensación producía el hecho de matar a alguien. 
Eso no fue lejano, no fue hace mucho tiempo. 
Ocurrió el 17 de septiembre, cerca de nosotros, en Europa. 
No se trata aquí de generalizar ni de simplificar, aun cuando el uso de la palabra está limitado en el Parlamento Europeo, pero existen múltiples ejemplos. 
Hace algunos años, acuérdense, la película Born Killers de Oliver Stone generó la misma polémica y creó jóvenes imitadores en Estados Unidos y en Francia. 
Entonces me extraña, y esto es un eufemismo, oír a algunos afirmar, durante los debates en comisión, que nada prueba la influencia nociva que puede tener, sobre los niños, la violencia televisiva en todas sus formas. 
Nos quedamos a menudo estupefactos frente a los programas de televisión que ven nuestros hijos. 
La violencia de todo tipo a la cual están sometidos a través de las pantallas, bien sean de televisión o de computadora, deja secuelas a corto, mediano y largo plazo. 
Ese informe trata de ayudar a los padres, a los abuelos que somos, a proteger a los menores de edad, de suministrarles una herramienta que les permita una mejor elección para sus hijos con todo conocimiento de causa. 
Entonces, ¿Dónde demonios está aquí el ataque contra la subsidiaridad? 
Lo audiovisual es, y permanece, una competencia exclusiva de los Estados miembros. 
En ningún momento el informe evoca una eventual armonización. 
Se refiere a lo sumo a una tímida convergencia. 
La definición de criterios comunes en cuanto a la protección de los menores en los medias es por lo tanto necesariamente mínima teniendo en cuenta las diferencias culturales, morales y sociales en nuestros Estados miembros. 
Establecer criterios mínimos es lo menos que la Unión pueda hacer para sus niños. 
Por otra parte, quiero también apoyar a la ponente cuando aclara que hace falta garantizar el derecho de cualquier familia a disponer de un sistema de filtración a un precio asequible. 
Ahora bien, esos dispositivos no pueden exonerar a los difusores y a los educadores de sus responsabilidades. 
Muy pronto los niños manejarán esos sistemas de filtro mejor que nosotros. 
Los legisladores- y con esto concluyo, Señor Presidente -, no pueden solucionar todo, pero deben a veces recordar los derechos y los deberes de cada uno. 
Creo que es lo que estamos haciendo hoy. 
. 
(FR) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo y a su ponente por el importante trabajo que se realizó en esa materia. 
Me acuerdo que cuando en este hemiciclo se discutía del V-chip, formé parte de los parlamentarios que defendían con los puños la posibilidad de un control para los padres. 
La Comisión reconoce, al igual que el informe, que una cooperación entre los Estados miembros y la Comisión es indispensable para reforzar la protección de los menores de edad en los próximos años. No para armonizar. 
Nadie lo desea, nadie habló de eso, nadie quiere hacerlo. Sino para elaborar unas reglas mínimas. 
Soy la última que quisiera atacar la subsidiariedad. 
La defiendo, porque es imprescindible. 
Pero la subsidiariedad no debe servir de tapadera, debe servir para hacer algo. 
Estoy persuadida de que en materia de protección de los jóvenes, somos los primeros responsables y estoy convencida de que hay consideraciones éticas que están por encima de las consideraciones estrictamente legalistas. 
En lo que se refiere a la introducción de un código de autorregulación, hay que hacer notar, particularmente desde el punto de vista técnico, que en ciertos Estados miembros los radiodifusores ya han introducido los códigos de ajuste para televisores que deberían permitir que los padres corten la corriente. 
La Comisión está también consultando al Digital videobroadcasting Group, DVB, acerca de los aspectos técnicos de los sistemas de protección de los menores de edad, especialmente los filtros numéricos. 
La Comisión piensa también, al igual que el Parlamento, que cada familia debe tener acceso a esos dispositivos a un precio asequible. 
Ustedes saben sin embargo que aún no hay sistemas eficaces en materia de televisión. 
En cambio, el público tiene a su disposición filtros para Internet y esto debería de acelerar el desarrollo de filtros similares para la televisión, sobre todo numérica. 
Por lo tanto, cuando se lancen más programas al mercado, los padres podrán impedir técnicamente que los niños vean ciertas emisiones. 
Pero no olvidemos los aspectos éticos y jurídicos. 
En efecto, no se resuelve el problema con sólo apretar un botón o quitar una toma de corriente eléctrica. 
Son también responsables, y eso se dijo en este hemiciclo, los periodistas, los que hacen las emisiones televisivas, los operadores. 
Quisiera recordarles que la Comisión adoptó un plan de acción tendente a promover una utilización más segura de Internet, que por lo demás prevé sensibilizar a los usuarios ante ese problema. 
Y pienso que aunque esa campaña de sensibilización se refiera a Internet, también repercutirá sobre los programas de televisión. 
Es cierto, y el Parlamento lo está comprobando, que no todos los Estados miembros comparten las mismas concepciones de lo que está prohibido o autorizado para los menores de edad. 
El informe considera que conviene tender progresivamente a una convergencia, aún cuando en esta etapa sea prematuro definir los criterios que deben ser objeto de esa convergencia. 
Aunque la adopción de criterios uniformes no me parezca realizable, pienso que nos corresponde lograr cierta clasificación de los contenidos de los programas de televisión, dejando al mismo tiempo a los padres la facultad de decidir si pueden o no ser vistos por menores de edad. 
Quisiera decirles también esto, en respuesta al contenido de una televisión nacional que, bajo pretexto de información, ha mostrado imágenes chocantes. 
Sepan que en la profesión periodística, siempre hubo un código de deontología y un autocontrol de la aplicación de ese código deontológico, y que eso funcionó bastante bien, tengo que reconocerlo. 
Siempre hay desviaciones, excepciones, pero hace falta saber que son excepciones. 
Son por lo tanto más chocantes aún. 
A mi parecer, habrá que responsabilizar a la profesión para que ella misma se haga cargo de los contenidos y de decidir sobre lo que se mostrará o no. 
Yo misma he sido una periodista profesional durante veinte años. Y les digo una cosa: un periodista no puede escribir ni mostrar todo lo que sabe, todo lo que conoce, toda la información que posee, porque eso puede causar mucho daño a terceras personas. 
En su informe, el Parlamento Europeo invita también la Comisión a propiciar la creación de un grupo de reflexión encargado de elaborar un memorando que reúna los principios jurídicos básicos aplicados en los Estados miembros en materia de protección de los menores de edad en los medias. 
La Comisión tomará en cuenta esa invitación, porque ustedes saben que en 2002, deberíamos de volver a poner sobre la mesa la directiva "Televisión sin Fronteras", para estudiar el estado de la situación. 
Pienso que será muy importante, en ese marco, lanzar una amplia reflexión sobre la responsabilidad de la sociedad en materia de medias. 
Y al decir responsabilidad de la sociedad, no pienso solamente en los gobernantes europeos, sino también en la responsabilidad política en el ámbito nacional, en la responsabilidad de los actores de los medias y en la responsabilidad de los padres y de la sociedad en general. 
Soy también muy sensible a las observaciones que se han hecho sobre la educación, sobre la formación para aprender a leer las imágenes, sobre la sensibilización de las jóvenes generaciones para que tengan una aproximación crítica a los medias y no consuman cualquier cosa, en cualquier momento y de cualquier manera. 
También les informo que la industria ya creó un sistema de autorregulación a escala internacional, bajo el nombre de Internet Content Rating Association, en la cual la Comisión participa. 
Se podría fomentar la creación de una iniciativa similar para el contenido audiovisual. 
Serán también bienvenidas las reflexiones al respecto de parte de ustedes en el marco de "Televisión sin Fronteras". 
Finalmente, en lo que se refiere a la protección de los menores de edad, quisiera señalar que existe una recomendación del Consejo del 24 de septiembre sobre la promoción de los marcos nacionales para garantizar un nivel equiparable y eficaz de protección de los menores de edad y de la dignidad humana. 
Está previsto que la Comisión elabore para el Parlamento y el Consejo un informe sobre las medidas tomadas por los Estados miembros para la aplicación de esa recomendación. 
El objetivo de ese estudio será evaluar la eficacia del enfoque propuesto, un enfoque basado en los principios de autorregulación, y mis servicios acaban de iniciar los trabajos y han transmitido un cuestionario a los Estados miembros. 
Queridos colegas, pienso que hay algo cierto. 
Que el problema no se solucionará con medidas tecnológicas, técnicas o de otro tipo, es la sociedad entera la que tiene que asumir su responsabilidad. 
Estamos asumiendo las nuestras. 
Que los demás asuman también las suyas, y, créanme, voy a levantar la voz para que cada uno participe en la aplicación de una solución. 
Muchas gracias, señora Comisaria Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Movilidad en la Comunidad (estudiantes, personas en formación, jóvenes voluntarios, profesores y formadores) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0255/2000) del Sr. Robert J. E. Evans, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1999) 708- C5-0052/2000- 2000/0021 (COD) relativa a la movilidad, en la Comunidad, de los estudiantes, las personas en formación, los jóvenes voluntarios, los profesores y los formadores. 
Señor Presidente, este informe analiza una cuestión muy importante que ha ocupado un lugar destacado en mi correspondencia durante casi seis años. 
Si somos serios sobre el ideal europeo, tenemos que ser capaces de convencer fácilmente a los que ya están convencidos de ese concepto y a los que no lo están. 
He sido profesor durante 16 años y ahora, en mi calidad de diputado europeo, he pasado mucho tiempo en escuelas, colegios y conferencias defendiendo este tipo de acción. 
Enlaza con muchas iniciativas positivas de los últimos años que todos conocemos: Sócrates, Juventud por Europa, Leonardo, etcétera. 
La gente joven, en general, es muy positiva sobre la Unión Europea. 
No tienen los problemas que se asocian con frecuencia a otros grupos de edad. 
Están acostumbrados a comunidades multiculturales y diversas. 
Pero enfrentados, como tan a menudo lo están, con factores que van en contra del ideal europeo, confían en su propia experiencia. 
Tenemos que hacer que las experiencias de los jóvenes- de los estudiantes y de otras personas en el mundo de la educación- sean positivas. 
Nada hará más daño a las opiniones que se están formando que el hecho de que un informe como éste no avance o que no haga posible una mayor movilidad o que no empiece, al menos, a derribar las barreras a las que se enfrenta hoy la movilidad educativa. 
Volviendo al principio. 
Cuando presentó su informe, la Comisión aceptó que su recomendación era menos que satisfactoria. 
Entiendo que incluso consideraron retirarla. 
Desde entonces, una gran cantidad de trabajo de mi propio personal, del personal del Parlamento y, por supuesto, del propio personal de la Comisión, a todos los cuales rindo homenaje, nos han ofrecido lo que yo pensaba, hasta hoy, que era, quizás, un informe valioso si no perfecto, un informe que, sin duda, era satisfactorio y que contribuiría a lograr lo que yo pretendía. 
Hoy, a última hora, la Comisión me ha avisado, aunque indirectamente, de sus dificultades. 
En primer lugar, entiendo que la Comisión cree ahora que todas las referencias a los investigadores quedan fuera de la base legal prevista en los Artículos 149 y 150. 
Y yo pregunto: ¿por qué no se ha dispuesto de está información hasta el 4 de octubre? 
¿Por qué alguien ha esperado hasta ahora para salir con esto? 
¿No se conocía este consejo jurídico cuando en numerosas ocasiones traté de su inclusión con miembros del personal de la Comisión? 
Es más, cuando se nos animó al Sr. Mantovani y a mí y a toda la Comisión de Asuntos Sociales a avanzar en el caso, ¿por qué se me dijo que los investigadores serían objeto de una recomendación posterior de la Comisión si no existe base legal para ello? 
¿Y por qué en 1996 publicó la Comisión un Libro Verde- Educación, Formación e Investigación- si no existía base legal para ello? 
¿No fue, pregunto, una pérdida del tiempo, y del dinero, de la Comisión y del Parlamento, entonces y ahora? 
Nadie tiene mayor respeto que yo a la Sra. Reding y a su personal de la Comisión, por lo que estoy seguro de que esta noche en su respuesta podrá tratar las cuestiones concretas que he planteado en lugar de presentar una declaración preparada. 
Pasaré ahora a algunos de los asuntos específicos que abordo en el informe, unos detalles que se definieron y se perfeccionaron atendiendo a las conversaciones con un gran número de partes, desde los estudiantes a los ministros, de las asociaciones de profesores al gobierno, con representantes de varios, si no todos, los países. 
El informe pretende eliminar las barreras administrativas, legales, e incluso culturales, a la movilidad. 
Promueve una mayor utilización de diversos medios financieros de asistencia. 
Intenta fomentar un espacio de cualificaciones a escala de la UE y, específicamente, hacer que la movilidad sea más fácil para nacionales de terceros países. 
En concreto, mi informe sustituye las valiosas generalizaciones internacionales por una devolución, de hecho, de las decisiones a los Estados miembros. 
He intentado que el informe sólo trate de aspectos sobre los que el Parlamento y la Comisión tienen jurisdicción. 
Me he esforzado por que las recomendaciones con alguna implicación fiscal se limiten hasta el mínimo posible. 
Al igual que con cualquier informe del Parlamento, la experiencia demuestra que hay pocas posibilidades de que algo ocurra, o al menos, pocas posibilidades de uniformidad en Europa, si no existe seguimiento. 
Por motivos que entiendo, pero que tendrán como efecto la mutilación de todo el informe, la Comisión, según creo, va a rechazar las Enmiendas 46 a 51. 
De hecho, ya ha anunciado en comunicado de prensa que lo va a hacer. 
Señora Comisaria, déjeme que le diga que sin un plan de acción, sin indicadores para ver quién está haciendo qué, y si se está haciendo bien, sin evaluación de progresos, habrá tantas discrepancias, tantas quejas, tantas cartas en su buzón, tantos estudiantes y profesores llamando a su puerta y tantos diputados europeos ejerciendo presiones sobre usted que creo que deseara, incluso teniendo en cuenta las limitaciones con las que trabaja, haber aceptado las enmiendas que propongo y que espero que el Parlamento acepte. 
En conclusión, cuando el Presidente Chirac mencionó este informe en su discurso al Parlamento hace algunas semanas me sentí complacido y también halagado. 
Si la Presidencia francesa es ahora seria, pienso que el Consejo va a tener que trabajar mucho para salvar tanto su reputación como la de la Comisión urgentemente porque creo que el no apoyar este informe en su totalidad va a transmitir mensajes equivocados y muy confusos a grupos importantes de nuestra sociedad. 
(IT) Señor Presidente, en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para esta propuesta de recomendación expreso mi satisfacción por el texto final al que hemos llegado junto con los Sres. Evans y Martens, a los que les agradezco su proficua colaboración. 
Durante los años noventa la Comisión formuló numerosas recomendaciones sobre dicho problema, sin llegar, por otra parte, a soluciones concretas. 
Por lo tanto, espero que por fin se encuentre una solución definitiva, al objeto de que la movilidad en la Comunidad Europea- de los estudiantes, de las personas en formación, de los jóvenes voluntarios, de los profesores y de los formadores- se convierta en un motivo de orgullo para la Unión Europea evitando la paradoja según la cual en la Unión Europea es más fácil que circulen mercancías, capitales o servicios que los mismos ciudadanos europeos. 
Los problemas pendientes de solución en los distintos Estados son de diferente índole: por ejemplo, normas diferentes en materia de seguridad social, becas, derecho de residencia, fiscalidad y la falta de reconocimiento mutuo de los títulos y de los stages. 
Se constata asimismo la pobreza de la información sobre las posibilidades que favorecen la movilidad y la existencia de barreras debidas al escaso conocimiento de lenguas extranjeras. 
Entre las enmiendas propuestas he de mencionar la inclusión en esta recomendación de una categoría concreta: la de los investigadores, ya que el Libro Verde incluía, en su origen, también a este grupo de personas. 
En efecto, más allá de los problemas de organización y coordinación, inevitables porque creados por la misma reorganización de las Direcciones Generales de la Comisión, creo firmemente que es prioritario apoyar y fomentar la investigación en Europa, vector fundamental para el crecimiento, la competitividad internacional y el desarrollo de los Estados, en particular si se piensa en la carrera con Estados Unidos y en los efectos negativos de las dificultades que entraña la movilidad, hasta el punto que los jóvenes investigadores están incentivados a trasladarse más fácilmente a Estados Unidos que a moverse dentro de la Unión Europea. 
Por eso, señor Evans, se ha de sostener la cuestión de los investigadores. 
En consecuencia, propongo que los Estados miembros, junto con la Comisión, se empleen de manera concreta en resolver los problemas, incluso de orden burocrático, relacionados con la movilidad y fijen unos objetivos precisos a través de un plan de acción bienal y de un informe final. 
Esto sería lo mínimo para ofrecernos ese espacio de libertad que es un derecho fundamental de todo ciudadano de Europa. 
. (FR) Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Peticiones, quiero felicitar al Sr.Evans por su excelente informe sobre la movilidad de los estudiantes, de las personas en formación y de los investigadores, y le agradezco el que haya tomado en cuenta las preocupaciones de nuestra Comisión. 
De entre todas las peticiones que recibimos, muchas se refieren o a la movilidad dentro de la Unión, y particularmente la de los estudiantes, de las personas en formación y de los investigadores, o al reconocimiento de los diplomas. 
Las dificultades a las que se enfrentan los solicitantes se deben, por una parte, a la ausencia o a la complejidad de los textos jurídicos, y por otra parte a la falta de reacción de los gobiernos frente a la gravedad de esos problemas. 
Sería conveniente que la Comisión establezca un inventario de las dificultades con las que se topan los ciudadanos europeos, especialmente en materia de libertad de residencia y de instalación, y muy particularmente en lo que concierne su derecho a trabajar, a estudiar y a lograr el reconocimiento de sus calificaciones en otros Estados miembros. 
Ese inventario debe acompañarse con medidas concretas tales como la fijación de los objetivos que los Estados miembros deben cumplir y la obligación para éstos de elaborar informes periódicos sobre los progresos realizados. 
Se reforzaría la movilidad de los estudiantes si los períodos de estudios cursados en cada Estado miembro así como los títulos y certificados obtenidos fuesen plenamente reconocidos dentro de la Unión. 
La Comisión Europea debería tomar ambiciosas iniciativas destinadas a prever, a corto plazo, un reconocimiento recíproco de los títulos académicos por los Estados miembros. 
Al responder a problemas de la vida cotidiana, esa recomendación del Parlamento y del Consejo debería permitir el acercamiento entre Europa y sus ciudadanos, particularmente los más jóvenes, que deberían de ser los actores de la creación de una identidad europea. 
Señor Presidente, en el Libro Verde sobre la movilidad de 1996 se hizo un recuento de todos los obstáculos para la movilidad. 
Cuatro años más tarde debemos constatar que aún se ha hecho poco al respecto. 
Todavía existen grandes obstáculos, por ejemplo en el área de la seguridad social, de los seguros por enfermedad, la concesión de permisos de residencia, la recaudación de impuestos, etc. 
Presidente, lamento que por esta causa a los jóvenes se les impida adquirir experiencia, que puedan trabajar, que lleven a cabo estudios u otras actividades en otro Estado miembro. 
Ya es hora de que Europa preste de nuevo atención a la buena ejecución de programas tales como el Sócrates y el Juventud con Europa. 
Por medio de estos programas la gente joven puede entrar en contacto con la manera de pensar, el idioma y la cultura de otros países. 
Por ello, esos programas, que fomentan la movilidad de los estudiantes, son enormemente importantes. 
Las experiencias que estas personas adquieren contribuyen a la ampliación de los conocimientos sobre las culturas europeas, incrementan el bagaje profesional, el conocimiento de idiomas, hacen que se familiaricen con el bagaje intelectual europeo y aumentan las posibilidades de encontrar un empleo. 
Por eso se deben eliminar las barreras para los estudiantes, voluntarios, profesores e investigadores. 
Efectivamente, también para los investigadores, Presidente. De acuerdo con el Libro Verde sobre la movilidad de 1996, también este grupo se tiene que poder beneficiar de las recomendaciones de este informe. 
La Comisión Europea los ha excluido, pienso yo, injustamente. 
Aún existen muchas barreras, tal como usted puede ver en el informe de la Comisión de cultura, y, durante mis visitas de trabajo en mi país recibo muchas quejas una y otra vez, no sólo por los obstáculos con respecto a la movilidad, sino también por el nivel de ejecución, por la burocracia que va aparejada a las solicitudes, la cantidad de órganos que llevan a cabo los mismos controles y el retraso en los pagos. 
Hay cosas aún, Presidente, que no se han pagado desde 1996. 
La Presidencia francesa ha considerado como prioridad la mejora de la movilidad de este grupo meta. 
Nuestro colega Evans ha llevado a cabo un excelente trabajo y, gracias a una buena cooperación, el mes pasado la Comisión de cultura ha aprobado por unanimidad el informe sobre la movilidad. 
Puede usted verlo como una señal para que se proceda con rapidez a eliminar los continuos obstáculos para la movilidad de los estudiantes, voluntarios, profesores e investigadores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, el fomento de la movilidad de los estudiantes, educadores y profesores se considera como parte cada vez más importante de la estrategia europea. 
Esto fue objeto de atención, por ejemplo, en la Cumbre celebrada en Lisboa el pasado mes de marzo, la cual se centró en cuestiones relacionadas con el empleo, la participación social y la sociedad de la información. 
En las conclusiones de Lisboa, la movilidad fue reconocida como parte esencial de la sociedad de la información y del fomento de la educación y formación permanentes. 
Así pues, el informe de nuestro colega, Sr. Robert J. Evans, trata un asunto de suma importancia. 
El mayor mérito del ponente reside en que su planteamiento parte del punto de vista de los ciudadanos y de los problemas prácticos. 
La movilidad no se fomenta a través de metas sublimes, sino que se lleva a cabo eliminando los obstáculos que se presentan en la vida cotidiana. 
Espero que las enmiendas centrales aprobadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes reciban la acogida positiva que se merecen por parte del Consejo y que se consiga que la legislación al respecto entre pronto en vigor. 
La experiencia sobre la movilidad de estudiantes y profesores demuestra que las verdaderas dificultades a la libre circulación no se encuentran tanto en las autoridades de la Educación, sino más bien en los ámbitos de actuación de las autoridades de la Seguridad Social, de Hacienda y de Inmigración. 
Los problemas relacionados con la conservación del derecho a la Seguridad Social, la transferencia de las prestaciones sociales y la aplicación de los impuestos siguen dificultando la movilidad en el territorio de la Unión Europea. 
También han surgido problemas sobre el reparto de las responsabilidades, sobre todo cuando se trata de contratos de aprendizaje o de prácticas. 
En el ámbito de los propios problemas de la educación, no podemos soslayar las dificultades existentes para la convalidación de los estudios realizados. 
Los estudiantes siguen estando, en gran medida, a merced de la buena voluntad de los profesores. 
Si ésta no existe, los estudios en el extranjero pueden prolongar de forma desmesurada la duración de los estudios principales. 
Me siento muy satisfecha por el hecho de que el ponente preste atención en su informe a las posibilidades de los ciudadanos de los países aspirantes a la adhesión para entrar el ámbito de las recomendaciones de la libre circulación. 
Los problemas más graves afectan precisamente a los ciudadanos procedentes de terceros países. 
La mejora de la situación de éstos últimos supondría una actuación eficaz de cara a construir una Europa común. 
Asimismo, un aspecto importante de este informe es que se toma en cuenta a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad para que reciban un trato equitativo, por ejemplo en el caso de los discapacitados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes, Sres. Evans y Mantovani, el trabajo realizado. 
Este informe es un informe importante, a pesar de que plantea graves interrogantes y serias dudas acerca de algunos temas: un informe que naturalmente sienta unas bases, tras los resultados que había alcanzado el llamado Libro Verde que había puesto de manifiesto los que hoy son los obstáculos que subsisten en el ámbito de la movilidad, una movilidad que, como decía el Sr. Mantovani, no es sólo para las mercancías y para los capitales, sino que debe ser una movilidad de las personas, con toda la riqueza del patrimonio espiritual, humano y cultural que pueden llevar y aportar en los distintos Estados. 
Nuestro Grupo- el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas- ha presentado algunas enmiendas con el fin de incluir también a los investigadores. En consecuencia, estamos de acuerdo con el discurso sobre los investigadores. 
Asimismo, hemos de recalcar que, aunque dicha propuesta es un firme paso adelante en la dirección correcta, en nuestra opinión, existe una serie de lagunas que nos obligan o que obligan a la Comisión a trabajar para eliminar todos los obstáculos que subsisten tanto desde el punto de vista administrativo, jurídico, lingüístico y cultural como desde el punto de vista financiero, uniendo a todo esto medidas activas que pueden promover decididamente la enseñanza de al menos dos lenguas comunitarias en todos los Estados, con un fuerte desarrollo y apoyo a la preparación cultural y lingüística de nuestros jóvenes, así como de aquellos que ya no lo son, a través, entre otros, del uso de nuevos sistemas y de nuevas tecnologías. 
Coincidimos asimismo en la necesidad de ofrecer a todos los que participan en este sistema de la movilidad informaciones claras y exhaustivas acerca de sus derechos en materia de seguridad social, así como estamos de acuerdo con la supresión inmediata de los impuestos directos e indirectos como, por ejemplo, el impuesto sobre la renovación del permiso de residencia. 
Ciertamente, como liberaldemócratas, estamos de acuerdo en asociar cuanto antes a este sistema de movilidad a los países candidatos y expresamos nuestro pesar por el retraso que, por el contrario, subsiste en el reconocimiento mutuo de los diplomas y de los títulos de estudio, un problema que la Comisaria Reding conoce perfectamente y en el que sabemos que está muy interesada. 
Señora Comisaria, con relación a este problema pendiente, le pedimos que desempeñe un papel activo y firme en el seno de la Comisión para que, aun respetando las competencias y las soberanías nacionales, se pueda realmente hablar tanto de una Europa de los pueblos y de los ciudadanos, como de una Europa cultural. 
Y sin la Europa de la cultura, nosotros jamás construiremos Europa. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a mis colegas en el agradecimiento al ponente por el tremendo trabajo que ha realizado en este informe y felicitar, también, a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y a la Comisión de Peticiones que han elaborado opiniones. 
Estamos ante un asunto muy delicado, como ya han señalado mis colegas a la Comisión y al Consejo; hay muchos obstáculos en el camino de los estudiantes, de los profesores, de las personas que reciben formación y de los voluntarios en lo que se refiere a la movilidad dentro de la Comunidad. 
Nuestros tratados consagran la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, pero a los jóvenes, que son el futuro de la Unión Europea y quizás tengan menos prejuicios que algunos de nosotros, adultos, se les niegan oportunidades a causa de las barreras burocráticas en su camino. 
Se ha mencionado como ejemplo de esto el Programa SÓCRATES. 
Un estudio realizado por la Comisión en 1998 sobre el Programa ERASMUS, que abarcó a 10.000 estudiantes, mostraba que menos del 50% de las plazas disponibles eran realmente ocupadas a tiempo completo y que más del 60% de los estudiantes que hicieron esos cursos se encontraron con dificultades financieras. 
Esto pone de manifiesto que a no ser que se adopten medidas serias para remediarlo en materia de financiación del Programa ERASMUS y del tipo de apoyo que se pone a disposición de los estudiantes, habrá desigualdades entre aquéllos cuyos padres pueden permitirse enviarlos a los cursos y aquéllos cuyos padres no pueden. 
Hablé de este asunto en esta Cámara la pasada sesión, pero instaría una vez más a los ministros de educación de la UE a que cojan el toro por los cuernos y a que se aseguren de que se existen iniciativas adecuadas y financiación adecuada y haría también un llamamiento a la Sra. Comisaria para que en la próxima ronda el Programa ERASMUS disponga de una financiación apropiada. 
Un caso que me gustaría plantear, por último, mientras tratamos el asunto de la movilidad es lo que está ocurriendo en uno de los Estados miembros de la Unión Europea y que me ha ocupado en los últimos cinco años, a saber, la cuestión de los profesores universitarios extranjeros en Italia. 
A pesar de varias opiniones de los tribunales, de recomendaciones de los Comisarios y de acciones en el ámbito del Consejo, no se ha hecho nada para regular la situación de estos profesores extranjeros cuyo estatus fue rebajado por el ministro de educación italiano. 
Han de adoptarse medidas para que esas desigualdades no continúen. 
Yo recomendaría este informe a la Cámara y recomendaría el apoyo a las enmiendas presentadas por el Sr. Evans. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar la enhorabuena pero no formal, sino profunda, al ponente, Sr. Evans, y a la Sra. Martens, así como a los ponentes de opinión, porque me parece que hace mucho tiempo que no se veía una manera tan directa, tan sincera y tan auténtica de enfrentarse a los problemas. 
Creo que eso es honestidad política, aunque no sea agradable. 
Hemos hablado muchas veces de la movilidad y de los fracasos que existen. 
Creo que estamos viviendo, en Europa, una situación en gran medida de fraude moral. 
No sé si de fraude legal, pero sí de fraude moral porque estamos enviando alumnos de unos países a otros, y luego no se les reconoce lo que estudian ni se les dan certificados. 
Eso es un fraude moral, que nosotros estamos consintiendo. 
¿Qué podemos hacer? 
Creo que podemos hacer mucho. 
La Comisión y el Parlamento podemos, primero, exigir que los programas que estén financiados por la Comisión se cumplan. 
Lo que no puede ser es que las universidades no reconozcan los títulos. 
Las universidades de Europa, francesas, españolas y otras muchas, son autónomas y son ellas las que deciden si se reconocen o no las titulaciones, las materias que se han estudiado. 
Pero a la universidad que no cumpla, que se le quiten las subvenciones. 
Tiene que haber una inspección clara, un control claro, aunque sea por muestreo, y, sobre todo, una ventanilla, una página web, donde los alumnos puedan recoger sus quejas. 
Eso cuesta muy poco dinero. 
No estamos defendiendo sólo los derechos de los jóvenes, pues lo mismo se puede decir respecto de los investigadores. 
No tiene sentido ninguno que estemos hablando del aprendizaje durante toda la vida y que dejemos de lado a los investigadores. 
Señora Reding, el Sr. Busquin y su Dirección General no se ocupan de la formación de los investigadores, no se ocupan de los reconocimientos de los posgrados, no se ocupan de la formación de los doctores. 
Hoy en día, ese es un hueco que tiene la Unión Europea y, si la Comisión de Educación y Cultura no lo asume, probablemente Europa no podrá competir ni en los medios de comunicación, ni en el cine, ni en la investigación sobre informática. 
Nuestros recursos humanos son nuestro único futuro en un mundo donde el conocimiento es lo que más vale. 
No podemos dejar que ese campo nos lo quiten, aunque sea incómodo desde el punto de vista de la convivencia entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Creo que tenemos que pedir al Sr. Prodi que haga lo necesario para evitar que, como ocurre ahora, los estudiantes en movilidad queden como jóvenes sin padre y los investigadores queden sin nadie que les apoye, a merced de lo que decidan sus rectores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, nuestro objetivo declarado es hacer de Europa el espacio científico más competitivo y dinámico del mundo, un espacio económico capaz de alcanzar un crecimiento sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social. 
Por lo tanto, es preciso realizar todos los esfuerzos necesarios para salvar la brecha que ahora existe entre lo que está escrito y las dificultades prácticas reales que sigue experimentando a diario el ciudadano europeo. 
La dimensión europea en el ámbito de la formación cumple un papel decisivo en este contexto. 
Por lo tanto, debemos velar por que las libertades inscritas en el Tratado, como el derecho a circular y residir libremente no se quedan en meras palabras vacías de contenido. 
La movilidad transfronteriza no es únicamente una exigencia en el ámbito de la política laboral y económica, sino que también está vinculada a una actitud intelectual básica orientada hacia el futuro. 
Justamente por esto, siempre me sorprende el gran número de obstáculos que impiden una mayor movilidad y flexibilidad en Europa. 
Por esto pedimos que se incluya a la categoría de los investigadores en el ámbito de aplicación de las recomendaciones. 
Pedimos que se adopten medidas adecuadas para eliminar los obstáculos existentes y garantizar que las personas en formación puedan acceder a las prestaciones sociales y de todo tipo, que se evite el riesgo de doble imposición, que se aliente el aprendizaje de al menos dos lenguas comunitarias, y medidas que contribuyan al desarrollo de instrumentos de apoyo financiero. 
Finalmente, también pedimos medidas que fomenten una mayor transparencia en el reconocimiento de las cualificaciones y de los períodos de estudio y de formación. 
Pedimos que la Comisión promueva de manera más activa el reconocimiento mutuo de los certificados de estudios, que favorecen la movilidad y la flexibilidad, con el fin de que nuestros objetivos declarados también se puedan hacer realidad. 
Muchas gracias, señora Comisaria Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 23.12 horas) 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
la declaración del Consejo sobre la igualdad de oportunidades y participación equilibrada entre hombres y mujeres; 
y del informe (A5-0198/2000) de la Sra. Dybkjær, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre los informes anuales de la Comisión (COM (1998) 302- C5-0106/1999, COM (1999) 106- C5-0289/2000, COM (2000) 123- C5-0290/2000- 1999/2109 (COS) ) sobre la " Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea 1997, 1998 y 1999. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, desde el comienzo de la Presidencia francesa ésta es la tercera vez que tengo el placer de expresarme ante ustedes, después de una primera audición el pasado 11 de julio por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y una declaración sobre un dispositivo de observación de las mutaciones industriales, el pasado 5 de septiembre. 
Hoy voy a intervenir sobre la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en todas las esferas de la sociedad. 
La propuesta de resolución sobre los informes de la Comisión, sobre la que sus Señorías van a pronunciarse después, es profusa al respecto. 
Permítaseme que mencione tres aspectos puestos de relieve por la Sra. Dybkjaer, a la que felicito por la calidad de su trabajo como ponente ante esta Asamblea. 
El primero se refiere a la necesidad de una evaluación y un seguimiento regulares de la igualdad en todos los planos: trabajo, empleo, educación, formación, vida familiar, salud, dignidad de las mujeres. 
Sólo un conocimiento lo más perfecto posible de todos los aspectos que fundamentan las discriminaciones nos permitirá avances importantes. 
El segundo aspecto se refiere a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Ese sector en ascenso brinda a las mujeres un acceso más amplio al mundo del trabajo. 
Debemos estar atentos para que se reduzcan los desfases en esa esfera. 
Hay que velar por que las mujeres se beneficien de los trabajos inducidos, sin por ello dejar de evitar que se reproduzcan las mismas desigualdades que en los sectores más tradicionales: empleos menos especializados, una jornada parcial a veces no elegida, contratos precarios y dificultades de acceso a los puestos de dirección. 
Por último, tercer aspecto: proponer que la aplicación del principio de igualdad de trato sea un criterio de selección para toda ayuda o financiación comunitaria me parece fundamental para el fomento de la igualdad. 
El de la igualdad es un asunto político de la mayor importancia y así se declinará mediante diversas manifestaciones durante la Presidencia francesa. 
Naturalmente, esas manifestaciones son las que he venido a exponer sobre todo ante sus Señorías. 
Hemos organizado una conferencia de ministros, que se celebrará en París el 27 de octubre. 
Naturalmente, he invitado al Sr. Rocard, mi eminente compatriota, como presidente que es de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, como también a la Sra. Theorin, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
También organizaremos un coloquio europeo sobre la igualdad profesional, que congregará, el 24 de noviembre, a expertos, interlocutores sociales y dirigentes de empresa, y juntos abordaremos las dificultades de la trayectoria profesional de las mujeres. 
Esta mañana no voy a extenderme tanto sobre ese coloquio sobre la igualdad profesional cuanto sobre los temas que he seleccionado para la Conferencia de Ministros del 27 de octubre. 
Se abordarán tres asuntos, que, por lo demás, volveremos a ver tratados en los textos fundamentales de la Presidencia, ya se trate del quinto programa de acción o del programa social. 
La participación equilibrada de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones, la articulación entre la vida familiar y la profesional, la integración de la igualdad en varias formaciones del Consejo de Ministros de la Unión constituyen los tres puntos del orden del día de la Conferencia de Ministros. 
El primer tema- la participación de las mujeres en la adopción de decisiones en todas las esferas- muestra hasta qué punto sufren las mujeres aún hoy un déficit importante en comparación con los hombres. 
Se trata incluso de un déficit democrático que hoy se tolera cada vez menos. 
Recuerden sus Señorías la Conferencia de París de abril de 1999, tal vez algunos de ustedes recuerden aquel momento en que nos pusimos de acuerdo sobre una declaración, pero nos costó mucho ponernos de acuerdo, entre quince ministros, sobre un plan de acción con objetivos cifrados. 
Por eso, esta vez he optado por aprovechar la oportunidad que brindan los textos fundamentales de la Presidencia para avanzar en relación con ese plan de acción. 
Permítaseme decir que, en relación con la participación de las mujeres en la adopción de decisiones, mi país ha franqueado una etapa decisiva. 
Voy a ser extraordinariamente sintética a ese respecto recordando a sus Señorías que en Francia la reforma constitucional fue aprobada el 28 de junio de 1999, con el apoyo del Primer Ministro y del Presidente de la República y que, inmediatamente después, debatimos un proyecto de ley sobre la paridad, aprobado el 3 de mayo de 2000. 
Se aplicará esa ley a todos los escrutinios electorales y a partir de 2001 a las elecciones municipales. 
Así, los partidos políticos, so pena de ver sus listas electorales invalidadas o no recibir el reembolso de sus gastos de campaña, deberán proponer listas con un número igual de hombres y mujeres colocados alternativamente para evitar la relegación de las mujeres a posiciones que les ofrezcan pocas posibilidades de ser elegidas. 
La participación equilibrada de las mujeres en la decisión política permitirá- no me cabe la menor duda- una auténtica renovación de toda nuestra vida política. 
Ese reparto del poder entrañará otros cambios profundos en la vida económica, social y cultural. 
El programa de acción de Pekín y las últimas recomendaciones del pasado mes de junio, resultantes del período extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Pekín + 5, llevan la misma orientación. 
Así se ve claramente en el informe preparado por la Presidencia finlandesa sobre las mujeres y la adopción de decisiones. 
Los indicadores que ha elaborado permitirán evaluar los avances logrados. 
También deseo acoger con beneplácito la iniciativa de la Comisión, que, según me han dicho- y creo, señora Diamantopoulou, que la información es exacta -, ha adoptado una decisión relativa al equilibrio entre los hombres y las mujeres en los comités y grupos de expertos que establece. 
Todos nosotros debemos dedicarnos a seguir y desarrollar esa iniciativa alentadora. 
La Presidencia francesa está deseosa de avanzar a ese respecto y desea presentar a sus interlocutores propuestas de objetivos cifrados en materia de acceso de las mujeres a la adopción de decisiones y en todas las esferas: política- ya me he referido a ello -, pero también económica y social. 
Las primeras consultas realizadas por la Presidencia francesa confirman que ese asunto preocupa de forma fundamental a todos los Estados miembros. 
Con ello no quiero decir que se haya alcanzado ya un acuerdo sobre los objetivos cifrados, pero sepan sus Señorías que empleo mucha energía en procurar lograr un acuerdo. 
El segundo tema de esa Conferencia de Ministros será el de la articulación entre la vida familiar y la profesional. 
A semejanza de Finlandia, se ha transmitido un cuestionario a todos los Estados miembros, al que muy pronto seguirá un informe. 
Se presentará al Consejo una propuesta de indicadores que permita calibrar los avances logrados al respecto. 
He querido que ese tema sea un asunto importante del programa de la Presidencia para garantizar la continuidad con la labor llevada a cabo durante la Presidencia portuguesa. 
Pienso en el coloquio de Évora sobre el tema maternidad-paternidad y en la resolución sobre la participación equilibrada de los hombres y las mujeres en la vida familiar y en la actividad profesional. 
Porque ya sabemos que, mientras las mujeres deban cargar solas, o casi, con el peso de una doble jornada, seguirán afrontando un dilema entre su vida privada y familiar y su vida profesional y ciudadana. 
En Francia, acostumbro incluso a decir, Señorías, que, si bien una ley para imponer la paridad en política entra aún en el terreno de lo posible, más difícil es imponer por ley la paridad en la vida cotidiana y la paridad doméstica. 
Por la misma razón por la que la vida pública no debe ser nunca más un monopolio masculino, la esfera privada no debe ser nunca más dominio exclusivo de las mujeres. 
Por eso, se deben concebir nuevos modos de organización del tiempo para que todas las partes interesadas- padres, hijos, ciudadanos, representantes elegidos, empresas- encuentren plenamente su lugar. 
Y añado que vuelvo a incluir ese punto en el coloquio sobre la igualdad profesional del 24 de noviembre. 
El tercer tema de la Conferencia de Ministros versará sobre la integración de la dimensión de la igualdad entre las mujeres y los hombres en la labor de los diferentes Consejos de Ministros de la Unión. 
Me gustaría desencadenar un proceso que he utilizado como método de trabajo en Francia y que funciona. 
Por primera vez, varios Consejos de Ministros tratarán de la igualdad de los hombres y las mujeres vinculando ese tema con uno de los puntos inscritos en su orden del día. 
Voy a dar dos ejemplos a sus Señorías: el Consejo de Educación con el punto relativo a la movilidad de los estudiantes y el de los profesores, porque nos hemos dado cuenta de que había una profunda desigualdad en la movilidad y el Consejo de Mercado Interior, Consumo y Turismo, con un punto relativo al desarrollo del comercio electrónico a fin de ponerlo al alcance de todos, porque también a ese respecto sabemos que hay desigualdad entre hombres y mujeres ante el comercio electrónico. 
Aparte de esa Conferencia de Ministros y del coloquio sobre la igualdad profesional, dos textos muy importantes, específicamente dedicados a la igualdad, pero correspondientes al Consejo de Empleo y Asuntos Sociales, son dignos de mención. 
Pienso en el quinto programa de acción y en la revisión de la directiva de 1976. 
Respecto del quinto programa, deseo ante todo agradecer profundamente a la Sra. Theorin y a la ponente, Sra. Eriksson, su diligencia, que permitirá- espero- la aprobación del programa antes del final de este año. 
Sé que el Parlamento estará particularmente atento al mainstreaming y a la aplicación de objetivos estratégicos relativos no sólo a la igualdad en la vida económica y social, sino también- vuelvo una vez más a ese asunto- a la participación equilibrada en la adopción de decisiones. 
Por mi parte, procuraré que su financiación esté a la altura de nuestra ambición. 
También en ese sentido nos corresponde reexaminar, veinticinco años después de su aprobación, la directiva de 1976. 
Esa revisión no sólo ajustará la legislación a los nuevos fallos del Tribunal de Justicia, sino que, además, inscribirá otros asuntos extraordinariamente importantes en la legislación comunitaria. 
Pienso, por ejemplo, en el acoso sexual como discriminación basada en el sexo. 
Se definirá con mayor precisión el concepto de discriminación indirecta y se precisarán mejor las derogaciones de la igualdad de trato. 
Es un avance particularmente importante para las mujeres, que no dejará de subrayar, desde luego, la Sra. Hautala en el marco de la presentación de su informe ante esta Asamblea en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Aparte de los asuntos específicos correspondientes a la competencia de mi ministerio, voy a mencionar tres iniciativas de forma muy sintética. 
En primer lugar, las directrices para el empleo que esta vez van acompañadas de objetivos cifrados. 
Así, se propone elevar la tasa de empleo de las mujeres al 60% de aquí a 2010. 
También se refuerza el papel de los interlocutores sociales, cosa de la que me alegro. 
Por último y dicho en pocas palabras, el cuarto pilar dedicado a la igualdad de oportunidades reafirma el planteamiento integrado de la igualdad con el gender mainstreaming y con directrices específicas. 
La segunda iniciativa que quisiera mencionar se refiere al programa social que se presentará a la Cumbre de Niza, el próximo mes de diciembre. Constituye una gran prioridad de la Presidencia. 
Abre- como saben sus Señorías- un amplio campo de acción en la esfera del empleo y no deja de mencionar que la articulación entre la vida familiar y la vida profesional contribuye a ello. 
Personalmente, desearía que se tuviera en cuenta aún más concretamente ese tema en el programa social. 
Me felicito- como sus Señorías, por lo demás- de que en el programa figure un capítulo dedicado al fomento de la igualdad entre los hombres y las mujeres y también a ese respecto espero que podamos avanzar hacia la formulación de objetivos cifrados. 
La última iniciativa sobre la que deseo insistir se refiere a la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Como saben sus Señorías, ese proyecto es el fruto de negociaciones complejas que concluyeron el pasado 26 de septiembre. 
Dentro de unos días se presentará ese documento al Consejo Europeo de Biarritz. 
Insistiré en nuestro compromiso de que en la Carta figuren claramente los artículos relativos a la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
Con frecuencia se me pregunta por ese asunto. 
Sé que ya he agotado mi tiempo de uso de la palabra, conque seré breve, pero quisiera precisar ciertas cosas. 
Tres artículos de la Carta consagran la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
El primero consagra el principio general de la igualdad de derechos para todas las personas. 
El segundo se refiere al principio de no discriminación, entre ellas la basada en el sexo. 
El tercero afirma el principio de igualdad de remuneración y de trato, acompañado de la posibilidad de realizar acciones positivas a favor del sexo subrepresentado. 
También figuran en la Carta la articulación vida familiar-vida profesional y el derecho al permiso de maternidad remunerado y derechos de alcance más general como el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física y mental. 
Así, pues, todas esas disposiciones hacen de ese texto un instrumento suplementario en apoyo de la igualdad. 
La sociedad civil abriga muchas esperanzas, cosa que no ha pasado inadvertida a los miembros de la Convención, que han deseado una Carta "genderly correct". 
En conclusión, el nivel comunitario es- repito- el nivel idóneo para avanzar juntos en todas las esferas que he citado, pero también para avanzar respecto de muchos otros asuntos que incumben a las mujeres. 
Pienso más en particular en las violencias sufridas por ellas, uno de los temas prioritarios de mi acción gubernamental y que moviliza también en particular- lo sé- a sus Señorías. 
Todo avance que logramos en un Estado miembro es un avance para los demás Estados miembros. 
Si bien las políticas nacionales se enriquecen con las políticas comunitarias, éstas deben también inspirarse en experiencias nacionales. 
Estoy convencida de que juntos- Parlamento, Consejo, Comisión, pero también Estados miembros, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales- avanzaremos y sé, sabemos, que la igualdad hombres-mujeres está en marcha. 
. (DA) Señor Presidente, me gustaría comenzar dando de nuevo la bienvenida al Parlamento a la Sra. Péry. 
Nosotros, que la hemos escuchado en este Parlamento, sabemos que con ella como Presidenta del Consejo tenemos a una defensora muy comprometida a favor de la causa de las mujeres y esto es algo que necesitamos si queremos que nuestros planes tengan éxito. 
Hemos juntado en la comisión tres informes anuales de la Comisión y los hemos tramitado conjuntamente. 
En nombre de la comisión les prometo que a partir de ahora tendremos despachados los informes anuales a tiempo, de modo que la Comisión no sienta que hace un gran trabajo pero que desde la comisión hacemos caso omiso de él y que no terminamos nuestros informes a tiempo. 
Nos hemos prometido a nosotros mismos que esto no pasará de ahora en adelante. 
Lo que puede decirse de los tres informes anuales- debo referirme a la intervención de la señora Presidenta del Consejo- es que en ellos se destaca la trascendencia de los artículos del Tratado de Amsterdam al decir que con ellos hemos obtenido una nueva y buena base desde la que trabajar en la igualdad de oportunidades en la Comisión y que también hemos logrado algunos instrumentos con los que podemos poner en práctica la igualdad de oportunidades en los diversos países miembros de una forma que no hemos podido antes. 
Como mujeres, esto debe alegrarnos. 
Podemos decir que casi todas las mujeres han trabajado duro para tener un tratado mejor, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, y creo que con total tranquilidad podemos estar contentas de los quince hombres que sentados a una mesa han aprobado el Tratado de Amsterdam y contribuido también a poner en práctica los principios de la igualdad de oportunidades, aunque no pueda decirse naturalmente que hablamos de un alto grado de igualdad de oportunidades en su asamblea. 
Verdaderamente, resulta paradójico que por un lado, dispongamos en la UE de una base estupenda para la igualdad de oportunidades- sobre todo ahora, con el Tratado de Amsterdam- y que por otro lado, sean quince hombres- lo que ya no comentaré más- en el Consejo Europeo quienes adopten todas las decisiones. 
De algún modo, esto pone de relieve la diferencia existente entre los principios y su ejecución concreta. 
Digo también esto porque me parece sumamente importante que demos a la UE una perspectiva femenina más fuerte y lo digo por dos razones. 
En primer lugar, hemos celebrado un referéndum en Dinamarca que muestra claramente cómo las mujeres en mayor medida que los hombres son contrarias a este proyecto, no sólo al proyecto del euro, sino al proyecto comunitario en general. 
En Dinamarca disfrutamos de igualdad de oportunidades en muchos ámbitos, por lo que las mujeres no deberían sentirse amenazadas por el proyecto. 
No obstante, observamos cómo en muchos puntos las mujeres se oponen en mucha mayor medida que los hombres. 
Luego tenemos algún problema y quiero aventurarme a señalar que no es porque no hayamos explicado las bondades de la UE. 
Esta actitud está relacionada con esta agenda general dominada por los hombres en contra de la que votan las mujeres por motivos emotivos. 
En segundo lugar, nos enfrentamos ahora a la ampliación y sabemos que las mujeres sufren en mayor medida el proceso de reestructuración de las empresas explotadas por el estado a empresas explotadas por la iniciativa privada. 
Puesto que estos países han manifestado en gran medida su voluntad de celebrar referéndums, tenemos por delante una gran tarea para explicar a las mujeres de los países solicitantes que la UE es buena para elllas. 
Pues si no hacemos un esfuerzo especial en este ámbito, estoy plenamente convencida de que nuevamente se producirá una serie de reacciones emotivas que no necesariamente estarán relacionadas con los artículos comunitarios, sino con el hecho de que todo, en suma, es una empresa muy dominada por los hombres y corremos el riesgo de que también en los países solicitantes obtengamos una votación negativa y quizá fracase la ampliación. 
De ahí que quiera hacer un llamamiento a la señora Presidenta del Consejo, tanto a la actual como al próximo, y a la señora Comisaria para que presten atención a este aspecto pues me parece absolutamente fundamental para nuestro trabajo que hagamos un gran esfuerzo en este ámbito. 
Con respecto a los informes, debo decir por lo demás- la señora Presidenta del Consejo también abordó esta cuestión- que uno de los grandes problemas en la UE son naturalmente las grandes diferencias culturales. 
De ahí que no puedan ser motivo de extrañeza las dificultades a las que se enfrenta la señora Presidenta del Consejo para sacar adelante su plan de acción. 
Muestran claramente cómo los países tienen intereses muy diferentes, sin embargo, algo en lo que hemos de trabajar es en tratar de descubrir dónde podemos hacer un esfuerzo especial en cada país. 
Albergo el sueño de poder disponer de una buena estadística de los diversos ámbitos para tener de esta forma indicadores del mercado laboral, educación y muchas otras cosas más relacionados con la igualdad de oportunidades, de modo que podamos trabajar mucho más concretamente. 
Me gustaría recomendar que esto también sucediera en los países solicitantes. 
Pues es evidente que resulta increíblemente difícil disponer de cifras de los países solicitantes sobre cómo está el reparto entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos. 
Creo que para poder manejar bien la ampliación, hemos de disponer también de estas cifras. 
Había miles de cosas más que podría haber dicho, pero veo que mi tiempo de intervención se ha acabado, por lo que me detendré aquí. 
No obstante, me gustaría hacer un llamamiento a la señora Presidenta del Consejo y a la señora Comisaria para que sigamos las líneas de orientación que hemos señalado en el informe y que he mencionado en mi intervención. 
Señor Presidente, señora Pery, señora Comisaria, los informes que ha elaborado la Comisión sobre la igualdad de oportunidades en los años 1997, 1998 y 1999 son documentos de gran importancia y supone un avance significativo la referencia al Tratado de Amsterdam. 
Los artículos 2 y 3- igualdad de derechos entre hombres y mujeres- y el artículo 141- acciones positivas relativas al empleo- del Tratado de Amsterdam suponen una garantía para las mujeres que debe hacerse efectiva en todas las políticas de la Unión Europea. 
Sabemos que las mujeres no participan suficientemente en el proceso de toma de decisiones en el ámbito político, empresarial o sindical. 
La participación en el mercado laboral es muy inferior a la de los hombres, acentuándose esta diferencia en algunos países, especialmente en la Europa del sur. 
No se recibe la misma remuneración por igual trabajo, llegando esta diferencia casi al 30 % en el sector privado. 
Sabemos que las medidas de conciliación de la vida familiar y profesional favorecen particularmente a las mujeres, aunque todavía faltan estudios sobre la situación actual de la familia y el papel que la mujer desempeña en la misma, que ya no es el tradicional, puesto que la sociedad ha cambiado mucho y, paralelamente, la estructura familiar también. 
Son imprescindibles estudios sobre la situación real de la mujer en los distintos Estados miembros para poder orientar las políticas que deben realizarse para conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Es fundamental, para la integración de las políticas de género en todos los programas, conocer la realidad de la que partimos y los objetivos que queremos alcanzar con determinadas políticas. 
Porque son los logros, los avances en la situación de la mujer lo que verdaderamente importa. 
Sabemos que la mayoría del paro en la Unión Europea es paro femenino. 
Luego para lograr el pleno empleo tendremos que realizar políticas positivas dirigidas a las mujeres, que consistirán tanto en la creación de puestos de trabajo como en la preparación de las mujeres para los nuevos empleos- sociedad de la información, nuevas tecnologías- en los que la mujer puede desempeñar un papel de absoluta igualdad en relación con los hombres. 
El porcentaje de actividad de las mujeres en la Unión Europea es muy inferior al de Estados Unidos y Japón, al que sólo se acercan algunos países del norte de Europa. 
Si tenemos en cuenta los países candidatos, el problema se agrava ya que la participación de la mujer en esos países es aún mucho más baja, por lo que en todos los programas que se realicen deberá incluirse el objetivo de la igualdad entre hombre y mujeres. 
Las mujeres han decidido que quieren trabajar, que desean compatibilizar su trabajo con su vida familiar. Las mujeres quieren participar en el proceso de toma de decisiones, en la vida política, sindical, empresarial, y sabemos que esta participación de las mujeres es positiva para todos y para el progreso de la sociedad en su conjunto. 
Señor Presidente, Señor Ministro, Señora Comisaria, Señorías, la política europea de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no empezó hace tres años, como se podría pensar viendo los informes anuales que se han presentado hoy, sino que tiene una historia más larga, al menos data de hace un cuarto de siglo, veinticinco años. 
Se inició entonces con coraje y una extraordinaria habilidad jurídica y con mucha convicción política. 
Si nos fijamos ahora, estando todos juntos aquí, en la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y son naturalmente sobre todo mujeres las que están aquí presentes y que participan en el debate, me parece que todos estamos haciendo un esfuerzo enorme pero somos conscientes también de que la política europea de igualdad de oportunidades está perdiendo su momento. 
Se ha convertido en un tema del que no se puede estar a favor ni en contra, es decir, se encuentra estancada en un vacío conceptual y político. 
Los informes aquí presentados son una buena muestra de ello. 
Hay muchísimas acciones, se destinan bastantes fondos, hay conferencias espléndidas, todo el mundo hace cosas extraordinarias, pero no sabemos adónde nos lleva. 
¿Se puede decir que esta política tiene éxito y sirve para aproximarnos a los objetivos? 
No lo podemos comprobar, ya que, como ha dicho también la ponente en su informe, los objetivos de esta política no están definidos claramente y no se pueden evaluar. 
Lo que hemos de hacer, por lo tanto, es definir con claridad nuestro objetivo, para poder saber si estamos teniendo éxito y si los medios que empleamos son los adecuados. 
Lo que hay que hacer también es describir mejor el problema: ¿cuál es el problema que queremos solucionar con esta política? 
Hace veinticinco años podíamos hablar de la marginación social de la mujer como grupo y sobre discriminación y desigualdad de oportunidades. 
¿Sigue siendo correcta esta definición del objetivo? 
¿Es una buena y adecuada descripción del problema? 
¿A qué grupos de la sociedad nos referimos ahora? 
¿La cuestión actual no es que unos determinados grupos han superado en parte esta marginación social y que en otros grupos se ve mucho progreso, es decir que hay una especie de falsa igualdad? 
Por lo tanto, lo que me gustaría es que reflexionáramos de nuevo sobre la cuestión de cuál es el problema de la mujer. ¿Cuál es el problema que pretende solucionar esta política? 
¿Podemos englobarlo en un enfoque más moderno, con un teoría más adecuada y con una amplia gama de instrumentos políticos que nos vuelva a dar un "schwung" y un ímpetu, para que no sigamos por el mismo camino? 
Señor Presidente, tal vez me muestre un poco crítica, pero a lo mejor es bueno que sacudamos el castillo de naipes al que se parece la política de igualdad de oportunidades en Europa, en la que somos tan amables el uno con el otro y de la que decimos que es tan estupenda. 
Señora Ministra, señora Comisaria, señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a nuestra colega, la Sra. Dybkjær, por este excelente informe y darle la bienvenida al Parlamento después de su ausencia por las campañas de las últimas semanas. 
Nos consta que Lone Dybkjær ha hecho lo que ha podido. 
¡Soy un hombre! 
En la UE no existen las mismas oportunidades para hombres y mujeres. 
Vale la pena repetirlo. 
A veces, incluso colegas en este Parlamento creen que las hay, pero esto no es así. 
Como algunos oradores han señalado, basta con observar esta Asamblea: la mayoría son hombres, la mayoría de los que deciden son hombres, y cuando el Consejo Europeo se reúne, son sólo hombres. 
Hay una mujer que es Jefe de Estado en Europa. 
Por eso resulta satisfactorio que sea una mujer quien represente al Parlamento Europeo en este contexto. 
Se necesitan más mujeres en puestos de decisión; es inaceptable que se pierda tanta capacidad humana. 
¡Las mujeres pueden lograrlo por sí mismas, sin que se les asignen cuotas! 
Una tarea especialmente importante es que en el marco de las negociaciones de adhesión se destaquen los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en los países candidatos. 
Algunos aspectos problemáticos: las mujeres tienen doble trabajo, el desempleo femenino es más alto, el servicio de guarderías se ha deteriorado, hay muy pocas mujeres en cargos directivos, la violencia contra las mujeres aumenta en muchos países candidatos y muchos de ellos también son centro del comercio con mujeres. 
¿Qué se puede hacer? 
Una rápida adhesión a la UE proporciona fortaleza económica, mejores condiciones para las mujeres y mayor libertad de elección. 
El capítulo de la igualdad de oportunidades debe tener similar importancia en las negociaciones de adhesión. 
¡No a los períodos transitorios! 
Tenemos que cuidar que la directiva sobre igualdad de oportunidades realmente forme parte de la normativa. 
La mainstreaming es muy importante incluso en la política interna de los países candidatos. 
También en los países candidatos habría que instaurar un cargo de defensor de la igualdad de oportunidades. 
La UE tiene que emprender campañas contra la violencia doméstica en Europa Central y del Este. 
La UE también debe tomar iniciativas para la redacción de una convención de Naciones Unidas en contra de los malos tratos. 
Comencé diciendo que soy hombre. 
Tal vez sea necesario destacarlo en esta Asamblea. 
A la luz de mis experiencias- si se me permite aludir a mi persona- estoy convencido de que el punto 15 de la resolución es, sin parangón, el más importante para la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Allí se señala que un punto importante es la participación de los hombres y el acceso a una adecuado servicio de guarderías infantiles. 
Quisiera terminar, señor Presidente, manifestando que la igualdad de oportunidades comienza en el hogar. 
Si no somos capaces de compartir las tareas y las responsabilidades en ese pequeño mundo, jamás lo conseguiremos en el grande. 
Señor Presidente, valoro mucho que la Presidencia francesa haya decidido presentarle al Parlamento una comunicación sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
Claro que esto no es ninguna sorpresa, ya que sabemos que la Secretaria de Estado, Sra. Pery, ha sido extraordinariamente activa en esta materia también en Francia. 
Ella tiene toda la razón al decir que los progresos a nivel nacional pueden inspirarnos a nosotros a nivel de la UE y que, a su vez, los progresos a nivel de la UE pueden proporcionar pistas a los Estados miembros sobre la dirección en que hay que avanzar. 
También hay que constatar que una reforma de la propia Constitución francesa que permita llevar a la práctica la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de los procesos de toma de decisiones tal vez pudiera servir de fuente de inspiración tanto para los Estados miembros, como a nivel de la Unión Europea. 
Sé que aquí entramos en el terreno de un asunto muy delicado, puesto que sería algo así como intervenir en el ámbito de las competencias propias de los Estados miembros. 
Quizás podamos también señalar que, una vez que la Comisión ha empezado a garantizar la representación equitativa de hombres y mujeres en sus propios Comités y Grupos de Expertos, no quedaría mucho trecho para atrevernos a afirmar, como hizo la Sra. Dybkjær, que también en el ámbito del alto nivel debemos partir de la base de que tanto las mujeres como los hombres deben estar representados en las Cumbres de la Unión Europea. 
Personalmente, mi decepción más grande con respecto a la Carta de los Derechos Fundamentales quizás sea que en ella no se habla ni una palabra sobre consecución de la idea de una representación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones. 
Sin embargo, esto- en una sociedad moderna- debería haber sido incluido de por sí en esta Carta de los Derechos Fundamentales, pero con toda seguridad habrá que proseguir con este trabajo y profundizar en el mismo. 
La Sra. Pery habló de la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar. 
Me siento satisfecha de que ella declarase que Francia hace uso del mismo método adoptado por Finlandia, el cual permite identificar indicadores inequívocos para evaluar la situación. 
Esto podría también servir de respuesta a la Sra. Eswiebel, quien expuso la necesidad de fijarnos objetivos claros y de hacer posible la evaluación de los resultados. 
Creo que este método, adoptado en primer lugar por Finlandia, es viable en numerosos sectores y, puesto que forma parte de la estrategia de igualdad de sexos de la Comisión, se puede esperar mucho de él. 
Quiero mencionar también un problema relacionado con la conciliación de la vida familiar y profesional. 
Parece ser que a las familias jóvenes les resulta cada vez más difícil hacer uso de los derechos que les han sido garantizados por la leyes, debido a que la competencia en el mundo laboral se ha vuelto muy dura. 
Tenemos que ser muy escrupulosos con respecto a que las madres y los padres jóvenes no renuncien voluntariamente a sus derechos por miedo a eventuales problemas que puedan surgir en el mundo laboral. 
Aquí se ha hecho mención al efecto generalizante que se opera en muchos aspectos y comparto totalmente lo que se ha dicho, por ejemplo, en relación con que en materia de política económica lo más importante es empezar a tomar en cuenta el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres. 
La realidad es que las mujeres en Dinamarca sospechan que todo el proyecto de integración de la Unión Europea amenaza los derechos adquiridos por las mujeres y el bienestar de las mismas. 
Creo que esto supone un gran reto tanto para la Comisión, como para el Consejo. 
Señora Ministra, señora Comisaria, Señorías, me felicito de los dos informes que llegan a debate hoy, tanto el del presupuesto, de la Sra. Dybkjaer como el relativo al futuro, de la Sra. Ericksson, que me han interesado- los dos- enormemente. 
Simplemente, si me permiten, quisiera hablar precisamente hoy de lo que figura en esos informes, a saber, de nuestro objetivo de europeos, hoy, ante la cuestión de la igualdad de oportunidades. 
Lo que se desprende de dichos informes es la dificultad de pasar de la teoría a la práctica. 
Mucha teoría, muchas buenas palabras, somos las primeras en decirlo, las primeras en pronunciar buenas palabras, pero la práctica se retrasa. 
¿Por qué me preocupa? Porque creo que estamos en un momento de gran ambigüedad y confusión en materia de igualdad de oportunidades en el espacio europeo. 
Queremos acciones concretas y queremos el mainstreaming. 
No son fáciles de combinar y podemos perder en los dos marcadores. 
Tomo como ejemplo lo que va a ocurrir dentro de un rato, cuando vamos a votar, al mediodía, dos informes sobre la discriminación y la igualdad de acceso al empleo, que excluyen- los dos- el sexo, porque será tratado en otras políticas distintas de la relativa a la discriminación. 
Esa posición me parece embarazosa y ambigua y merece- creo yo- reflexión para los proyectos que se nos proponen, pues no es seguro que con todo eso desemboquemos en la práctica. 
Tomo un ejemplo muy sencillo, sobre el que aún debatíamos hace tres días en la Comisión de Derechos de la Mujer: ¿se habla de defensa de la flexibilidad o se quiere luchar contra la pobreza? 
Las dos cosas son posibles, pero también contradictorias, pues sabemos perfectamente que la flexibilidad entraña más pobreza, la marcha mundial de las mujeres de la semana próxima así lo dirá. 
Así, pues, hay contradicciones en nuestra política en materia de igualdad de oportunidades y creo que se debe tomar conciencia de ello para que podamos organizar mejor- me parece- la continuación de nuestro proyecto. 
Otro ejemplo, propio también de nuestras contradicciones: el de la jornada parcial. 
Figura en los informes de hoy entre los derechos sociales. 
¿Es un derecho social el acceso a la jornada parcial? 
No lo sé y lo dudo. 
En cambio, figura en ese mismo nivel en los informes algo que me parece muy importante y que la Sra. Dybkjaer no ha dejado de poner de relieve, como también la Sra. Eriksson: es que en adelante hay que interesarse por los llamados "derechos derivados", es decir, los derechos sociales de autonomía de las mujeres. 
¿Qué hace una mujer que ha vivido durante viente años con un marido que la abandona? 
¿Qué jubilación tendrá? 
¿Es una buena pregunta? 
¿Qué fiscalidad le corresponde? 
No hay igualdad de oportunidades, no hay igualdad real de las mujeres, sin una autonomía y una libertad en los derechos sociales, que les permita conservar su vida, a lo largo de toda su vida. 
Me gustaría que en adelante ese asunto, que nuestros informes han subrayado atinadamente, ocupe el centro de nuestras preocupaciones. 
En cuanto a lo que ahora es tal vez una de mis preocupaciones aún- me refiero a la ampliación -, nos encanta que, a partir de la Presidencia finlandesa, se recurra a indicadores y sé que la Presidencia francesa desea consolidar esa política de indicadores en un instituto importante. 
Me felicito de ello, me alegro. Pero, ¿qué decir, si me permiten, del problema de la ampliación- y con esto terminaré -, pues la cuestión de la ampliación me preocupa enormemente? 
Ayer votamos a favor, naturalmente, del informe sobre la ampliación a toda una serie de países. 
Pero, ¿dónde están, por favor, las condiciones de los derechos de las mujeres y de igualdad de oportunidades en dicha ampliación? 
Eso me preocupa y pido a la Presidencia francesa que se preocupe al respecto. 
Señora Ministra, señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, aquí estamos todos de acuerdo en afirmar que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un objetivo que se debe perseguir en cada una de las políticas que formulamos. 
Pero, aparte del objetivo, conviene formular el método. 
Hay que asegurarse de que lo que se decida en Estrasburgo sea un verdadero avance. 
En nombre de la igualdad de oportunidades, las mujeres francesas han conquistado, gracias a Europa, el derecho a trabajar de noche. 
No estoy segura de que deban agradecérselo. 
El método uniformador europeo no es el idóneo. 
En primer lugar, porque la mujer, como el ciudadano en general, si bien tiene la misma concepción de la igualdad o la desigualdad, no tiene la misma concepción de su papel en las diferentes culturas de la Unión Europea. 
La mujer, por una elección de la naturaleza, es la que lleva el porvenir de la Humanidad en su seno. 
Así, pues, el primer deber de toda sociedad es el de favorecer el desarrollo de la vida y con ello hacer todo lo posible para que las mujeres puedan conciliar su derecho legítimo a un desarrollo personal y profesional y su maternidad potencial. 
En esa esfera no hay igualdad. 
Sólo las mujeres pueden llevar hijos en su seno. 
Por tanto, no se puede hablar sólo de igualdad, pues el papel de las mujeres y los hombres está en esa medida claramente diferenciado. 
El Gobierno francés, más que ampliar las posibilidades para abortar, debería aplicar una política encaminada a eliminar todas las razones materiales y sociales que pueden incitar a una mujer a ese acto de negación de la vida. 
Todos los abortos condenan a nuestra sociedad, pero nunca a una mujer, nunca a un individuo. 
No obstante, desde que soy diputada a este Parlamento, tengo la impresión de que una parte de nuestra Asamblea quiere olvidar esa dimensión de la vida de las mujeres. 
Y- lo que es más grave aún- tengo también la sensación de que las instituciones de la Unión Europea encuentran la mayor dificultad para formular una visión global de la sociedad de nuestros países. 
Al hilo de los debates, al hilo de la reglamentación, aparece una visión compartimentada de nuestra sociedad. 
En lugar de dirigirse a todos, compartimentamos, minoría tras minoría, etnia tras etnia. 
Como ciudadana francesa, esa visión del mundo me resulta particularmente extranjera. 
Soy una ciudadana que debe gozar de los mismos derechos y las mismas perspectivas- ni más ni menos- que todo ciudadano del otro sexo. 
A veces sonrío en esta Asamblea. 
Sonrío cuando oigo decir en particular que la categoría más hostil a la creación de la moneda única son las mujeres, en particular en Dinamarca. 
Mientras que decidimos una política destinada a los discapacitados, los ciegos, y resulta totalmente normal, sumamos a las mujeres. 
Resulta muy fastidioso, de todos modos, lo de esas mujeres que, desde el fondo de su cocina, o de las cuentas de su hogar, rechazan el radiante porvenir del euro. 
Así, pues, hay que reeducarlas. 
La imagen de la mujer europea, la que se descubre a lo largo de las páginas de nuestro informe, de nuestras directivas, no cuadra con esas mujeres danesas que se oponen en su mayoría al euro. 
Conque, a lo largo de nuevas páginas, se las describe como mal informadas, aisladas, fuera del movimiento del mundo. 
Las mujeres danesas lo apreciarán. 
Aprovecho para felicitar aquí a las diputadas danesas Ulla Sandbaek y Pia Kjaersgaard, que, pese a proceder de horizontes políticos diferentes, encarnan juntas el valor de que carecen tantos hombres. 
Hoy tengo la convicción de que, mediante las políticas sectoriales, del minoritarismo- podríamos decir incluso- de este Parlamento, se va perfilando un método. 
Hay que destruir todo vínculo nacional, reducir las sociedades europeas a un conjunto de individuos aislados, en pequeñas minorías étnicas, sexuales, sociales o de otra índole, todo ello gestionado desde lejos por un Estado europeo tan lejano como puntilloso. 
En esa línea, no es de extrañar que el informe de la Sra. Dybkjaer haga referencia a la plataforma de Pekín, que utiliza el derecho de las mujeres como arma para defender una concepción particular de la mujer y de sus derechos e imponerla al mundo entero. 
La delegación polaca a la conferencia de Nueva York ya pudo calibrar la arrogancia de las posiciones de una parte de la delegación europea, incapaz de aceptar otras posiciones más ponderadas que la suya. 
Ha hecho falta que otros diputados a este Parlamento tomaran la pluma para corregir el tiro, Polonia ya se lo ha agradecido. 
Pese a estas observaciones, votaremos a favor de este informe, pues, naturalmente, somos partidarios de la igualdad de oportunidades, pero ésta es ante todo respeto de cada cual. 
Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, en las últimas décadas se han visto muchos cambios en la posición y la relación entre el hombre y la mujer en la sociedad. 
Así por ejemplo, el número de familias con dos sueldos ha aumentado considerablemente. 
Vista esta evolución, respaldamos la política que contribuya a un desarrollo con igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer acorde con el talento e interés de cada uno. 
El informe aquí presentado, sin embargo, está basado en una interpretación forzada del principio de igualdad. 
No se ha tomado suficientemente en cuenta la diversidad o la diferencia entre el hombre y la mujer. 
Asimismo, partiendo de la autonomía del individuo, la libertad de elección de la mujer que se persigue puede dar motivo a frustraciones y a nuevas formas de represión. 
En este sentido me parece significativo que el informe insista en que haya que conseguir un equilibrio numérico en todos los sectores de la sociedad, por ejemplo en el mercado laboral. 
El propio carácter, talento e interés tanto de la mujer como del hombre implica que la elección de los estudios y profesiones tienen unos resultados muy distintos. 
Respetar esta diferencia daría fe del sentido de la realidad. 
Las campañas del gobierno neerlandés dirigidas a las chicas para que escogieran más asignaturas de ciencias y que eligieran más profesiones denominadas masculinas, se han saldado con un fracaso rotundo. 
Me parece que carece de sentido que haya una repetición europea de este fiasco. 
No puedo por menos que decir que me ha chocado que la Señora Ministra se haya atrevido a hablar nada menos que de imponer, repito la palabra, imponer la igualdad en casa. 
Espero que esté de acuerdo con que la administración no tiene el derecho de actuar en el ámbito privado. 
Del informe se desprende también la infravaloración de la labor transductiva. 
La educación de los niños, y sobre todo la transmisión de las normas y valores es fundamental para nuestra sociedad. 
El que quite a las madres la libertad de educar a sus hijos sin remuneración, se le pasará la factura más adelante en forma de criminalidad juvenil y vandalismo. 
La denominada marginación de la mujer en el trabajo asalariado en comparación con el hombre no se debería ver como una desigualdad, porque se basa en una visión limitada poca respetuosa con la mujer. 
Esta frialdad de pensamiento típica de la Ilustración es la que retrata al ser humano como un individuo autónomo independiente y degrada a la mujer al segundo sexo. 
Cuando se toma este pensamiento como punto de partida, entonces es totalmente comprensible que se opte por igualar la mujer al hombre. 
No obstante, esta elección no ofrece garantías contra el mal, el sufrimiento o la injusticia sino perpetúa en el mejor de los casos las otras formas de represión. 
El ser humano es un ser vivo dependiente y responsable en su relación, por una parte, con Dios, su Creador, y por otra parte, con sus semejantes. 
Por esta razón, el hombre y la mujer están interrelacionados y se necesitan para poder evolucionar justamente como mujer y hombre. 
Por este motivo me parece que se ha perdido una oportunidad en este informe porque el matrimonio y la familia quedan completamente marginados. 
Señor Presidente, señoras y señores, la iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de elaborar un informe sobre los informes anuales de la Comisión correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 acerca de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea fue realmente acertada. 
Dichos informes confirmaron lo que todos ya sabíamos: en el ámbito de la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los Estados miembros de la UE queda aún mucho camino por recorrer. Sin embargo, ya hace 25 años que vio la luz la primera directiva relativa a la igualdad de trato y de retribución entre hombres y mujeres, y el artículo 119 del Tratado de Roma preconizaba ya en 1957 la erradicación de la discriminación salarial de la mujer. 
¡Han transcurrido más de 40 años desde entonces! 
Entretanto estamos discutiendo aquí sobre el quinto programa de acción para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
El informe de la Sra. Dybkjær dirige una vez más una larga lista de peticiones y deseos a la Comisión, especialmente en materia de estudios, aunque a mi modo de ver no son realmente imprescindibles. 
Todos sabemos dónde ésta el problema. El origen de esta insatisfactoria situación reside en la falta de voluntad política, sobre todo por parte de los Estados miembros, la falta de disposición de los interlocutores sociales y la renuencia de los partidos políticos a implicar a un mayor número de mujeres en los procesos de decisión, así como en la mentalidad- ¡admitámoslo! -de muchas mujeres y hombres. 
Es algo que a estas alturas vuelve a ponerse de manifiesto. 
Ahora bien, hay algo que echo en falta en el presente informe. En ningún momento, señora Comisaria, se exige a la Comisión que por fin dé curso a las diversas propuestas muy concretas de este Parlamento que ya deberían haber sido tratadas hace tiempo. 
Más que estudios, bonitas declaraciones y discursos vacíos necesitamos urgentemente propuestas legislativas concretas de la Comisión. 
En primer lugar hacen falta iniciativas destinadas a mejorar la actual directiva, por ejemplo con respecto a la igualdad de trato en los regímenes públicos y profesionales de seguridad social. 
En este contexto les recuerdo nuestro informe sobre la división de los derechos derivados de pensiones en caso de divorcio gracias al cual las pensiones de supervivencia y la edad de jubilación fueron incorporadas por fin a la Directiva de 1979. 
Les recuerdo igualmente la adaptación tardía de la descafeínada Directiva de 1986, de libre aplicación, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres a los trabajadores autónomos, incluidos los cónyuges colaboradores- tantos millones de trabajadores invisibles -, en su mayoría mujeres que trabajan en pequeñas y medianas empresas del sector agrícola sin cobertura social. 
Hace cinco años aprobamos por unanimidad un bonito informe al respecto en el que reclamamos entre otras cosas un estatuto marco para los cónyuges colaboradores. 
Después de las dos mesas redondas que organizó la Comisión no hemos vuelto a saber nada más del tema. 
De eso ya hace tres años. 
¡Va siendo hora de que la Comisión se decida a elaborar propuestas legislativas concretas en lugar de malgastar su tiempo y su dinero en informes y estudios! ¡Sería mejor emplear todo el tiempo que nos quita con eso en labores legislativas eficaces! 
¡Es algo que también debería tomar en consideración la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades! 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Pery por haber alimentado nuestra esperanza con respecto a la Presidencia francesa del Consejo. La ley sobre la paridad adoptada en Francia crea una enorme expectación. 
La elaboración de listas electorales paritarias, en las que hombres y mujeres estén representados a partes iguales, podría ser un buen punto de partida. 
Sin embargo, seguimos a la espera de que se convoque un Consejo de Ministros formal. 
Una vez más nos remiten a otros Consejos de Ministros para la toma de decisiones. 
No queremos esperar más. 
Nuestras colegas ya lo han dicho: queremos actuaciones políticas. 
Va siendo hora de que se adopten decisiones encaminadas a garantizar la igualdad de retribución por el mismo trabajo. En otras palabras, exigimos la aplicación del artículo 141 y la aplicación del artículo 13. 
La Carta de Derechos Fundamentales debe ser más que una mera declaración de intenciones. 
Necesitamos medidas concretas que permitan compaginar la vida en familia con el trabajo. 
El quinto programa de acción nos facilitará sin duda esta tarea, pero nosotros, como Parlamento Europeo, también hemos puesto manos a la obra. 
Junto con nuestras colegas de los diferentes parlamentos hemos creado una red de comisiones de Igualdad de Oportunidades. En el mes de noviembre no sólo nos reuniremos con nuestras compañeras de los Estados miembros sino también con las representantes de los países candidatos a la adhesión. 
Lo mismo hicimos en Nueva York con motivo de la Conferencia Pekín + 5. 
Fui ponente en Pekín y coponente en Nueva York. 
Las mujeres polacas nos estaban muy agradecidas por haber dejado claro que el representante allí presente no transmitió la actitud de las mujeres polacas. 
Obtuve numerosas reacciones positivas. 
Quisiera recordar al Sr. Prodi, nuestro Presidente de la Comisión, el gran discurso que pronunció aquí. 
Europa no se puede construir en contra de las mujeres. 
En el seno de las instituciones el Parlamento Europeo encabeza la lista con una representación femenina del 30%. 
En la Comisión el número de mujeres asciende al 25%, así que allí al menos parece perfilarse una tendencia al alza. 
La situación en el Tribunal de Justicia es susceptible de mejora puesto que solamente dos de los 15 jueces son mujeres. 
Por lo que al Consejo se refiere tan sólo puedo señalar que en términos de política de desarrollo le falta aún mucho camino por recorrer en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Podría decirse que en asuntos de la mujer es aún un país en vías de desarrollo. 
Nuestra preocupación está justificada. 
Tenemos noticias de que la anterior Presidencia del Consejo primero reestructuró el Ministerio de Igualdad de Oportunidades de su país para luego eliminarlo. 
Se trata de un asunto realmente preocupante. Esperamos, por tanto, que con respecto a la política de igualdad de oportunidades no sólo se acelere la marcha, sino que, además, se adopten medidas concretas. 
Sr. Presidente, saludamos los informes de la Comisión acerca de la igualdad de oportunidades, pero lamentablemente, como ha dicho antes el ponente, desde un punto de vista práctico no resultan muy útiles como acciones para el éxito o como una base sobre la cual desarrollar futuros programas, porque son excesivamente descriptivos y no analizan suficientemente los éxitos y los fracasos. 
Uno de los requisitos fundamentales para mejorar la posición de la mujer es, en primer lugar, concocer exactamente cuál es la situación actual. Esto significa que necesitamos hechos y cifras exactos. 
Así los informes de evaluación podrán emplear criterios nítidos y expresar un análisis objetivo de la existencia o la ausencia de progresos. 
Después de todo, una de las mayores criticas que me expresan las organizaciones de base de mujeres es que, al solicitar ayuda financiera de la Unión Europea, deben realizar una predicción muy detallada sobre su futuro trabajo y el resultado del mismo. 
Sin embargo, en informes como este no encontramos nada que se asemeje a esa información detallada. 
Debemos asegurar que la información y las actividades lleguen a las mujeres en su propio entorno, y una manera efectiva de hacerlo sería desarrollar y promocionar estudios sobre casos reales que ofrezcan una imagen positiva. 
Intento contemplar estos informes desde el punto de vista de las mujeres de Gales, la circunscripción que represento, y reflexionar sobre la forma en que les afecta este tipo de progresos y cómo pueden acceder y emplear esta información. 
Apoyo la petición de la Comisión de Derechos de la Mujer, contenida en este informe, de un macroestudio de la mujer en la UE y en los países candidatos que constituiría el punto de partida para los trabajos futuros. 
Se están haciendo muchas cosas por parte de las organizaciones de mujeres, de los gobiernos, del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Hemos escuchado de boca del Ministro los progresos que se han realizado en Francia y podemos aprender mucho de ello. 
Una mayor participación de la mujer en todos los niveles del gobierno y en todos los ámbitos de la vida es esencial para dar mayor profundidad a la democracia y alcanzar y mantener la paz. 
Debemos estimular en todos los órdenes un mejor diálogo con las mujeres- al fin y al cabo la Unión Europea es considerada como una pionera en términos de legislación sobre igualdad de oportunidades. 
Los informes son bienvenidos y los progresos que describen constituyen un paso hacia delante, pero hasta que no empecemos a compartir buenas prácticas y a basar nuestro trabajo en estadísticas reales, no estaremos en disposición de juzgar si nos encontramos en el camino correcto hacia la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, Señorías, como reconocen los informes de la Comisión, sigue habiendo grandes cuestiones por resolver en esta esfera de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
En casi todas los sectores de actividad se mantienen profundas desigualdades. 
Pese a la diversidad de situaciones de los Estados miembros, las mujeres están en general menos presentes que los hombres en el mercado laboral, son las más afectadas por el desempleo, incluido el desempleo de larga duración, por el trabajo precario, con jornada parcial, atípico, inseguro y mal pagado. 
Los salarios medios de las mujeres siguen siendo inferiores, por término medio, en casi un 28% a los de los hombres, lo que contribuye a que las mujeres sean la mayoría de la población pobre y dificulta su participación en la vida social y política. 
Ahora bien, como sabemos que el empleo de calidad y con derechos es una base fundamental para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y garantizarles su autonomía en pie de igualdad con los hombres, es necesario que se analicen las causas de esa situación y se adopten las medidas necesarias para superar, en particular en las políticas de empleo, formación, educación e infraestructuras de apoyo a la familia y a los niños, concediendo prioridad a esa cuestión en el plano práctico y no sólo en las declaraciones de intenciones. 
En cuanto a la participación en el proceso de decisión, tanto en el nivel político como en el profesional y sindical, las mujeres siguen estando en minoría. 
Y, si bien esa situación se explica en parte por las dificultades que las mujeres afrontan en el mercado de trabajo y en la familia, también es verdad que los partidos políticos deben asumir su responsabilidad democrática de garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en la participación en la vida política y en su proceso de decisión para poner remedio a la escandalosa situación que aún se mantiene al comienzo del nuevo milenio. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le estamos muy agradecidos por las interesantes iniciativas de la Presidencia francesa que hoy nos ha referido. 
Quisiera hacer hincapié especialmente en el término articulacion entre la vida familiar y profesional, así como en el término parité au quotidien. 
Quiero decirle que estos términos y su significado ganan terreno constantemente en la sociedad francesa y espero que este interés se exporte al resto de Europa. 
También desearía darle mi enhorabuena por su iniciativa de introducir la dimensión femenina en los consejos porque día a día, constatamos que la cuestión de la mujer es una cuestión de intereses especiales y no una dimensión imprescindible de todas las políticas. 
En cuanto a los informes de la Comisión, señora Comisaria, en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades los hemos aceptado y analizado con un interés muy especial; pero quisiera decirle que no nos satisface el carácter descriptivo de estos informes. 
Esperamos que los próximos informes, que se realicen bajo su responsabilidad, nos proporcionen un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados; es decir, un análisis de la aplicación de los índices, análisis estadísticos comparativos sobre la situación entre los Estados miembros, análisis de las diferencias culturales en las distintas sociedades europeas, especificación de los factores descorazonadores sobre el cambio que estamos intentando y sobre la evolución de la nacionalidad europea en las mujeres, que a diario constatamos que es un problema por solucionar, como se desprende de reciente referendum en Dinamarca. 
Igualmente, consideramos que es imprescindible la participación cuantitativa y cualitativa de las mujeres en los distintos Estados miembros y, si fuera posible, en las regiones de Europa para participar en las iniciativas y en los programas de la Comisión; porque creemos que ahí hay un gran vacío informativo entre las mujeres y sus distintas asociaciones, y también un desequilibrio en su participación en las distintas regiones de Europa. 
Para terminar, quisiera referirme a la situación de las mujeres en los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
Por nuestra trayectoria histórica y por la experiencia adquirida en las políticas que hemos aplicado, estamos obligados a ayudar a las mujeres y por eso creo que la Comisión y el Consejo deben exigir que los Estados miembros adopten los mecanismos que den la oportunidad de aplicar la igualdad en todas sus políticas. 
Nuestra obligación, no es sólo política y ética con estos países que están intentando encontrar su camino europeo, sino también es con la cohesión de la gran ampliación de Europa que estamos preparando. 
Señor Presidente, celebro la vuelta al Parlamento de la Sra. Pery. 
Gracias por su gran interés y por su juicioso trabajo en favor de la igualdad de oportunidades. 
Nos alegramos especialmente del éxito alcanzado al establecer el "turno de las mujeres" en la toma de decisiones. 
Esto es excelente. 
Sólo quiero mencionar un par de asuntos que creo que sería interesante que el Consejo tuviese presentes en su trabajo. 
No se trata sólo de las mujeres de la Unión Europea sino que también de las de los países candidatos. 
En esos países la exclusión social de las mujeres ha sido mucho mayor que la de los hombres; son, por tanto, las mujeres las más afectadas. 
Muchas de ellas han perdido sus empleos, a lo que sigue la violencia, la discriminación y el comercio sexual. 
Muchas mujeres llegan a Europa Occidental engañadas, con la promesa de una vida mejor, pero la realidad resulta bien distinta. 
A menudo son víctimas de violaciones y algunas son obligadas a ejercer la prostitución. 
Por eso hay que exigir y respaldar los programas de prevención y las medidas específicas como, por ejemplo, leyes más estrictas, protección a los testigos y campañas de información. 
Pero al no cumplirse las leyes existentes y al no dictarse nuevas, los gobiernos de Europa indirectamente permiten que las mafias continúen con sus actividades. 
Por tanto, ésta es una materia extraordinariamente importante de la que debemos preocuparnos. 
El Consejo, especialmente los hombres que lo componen, tienen en esta materia la importante tarea de guiar a Europa en la lucha contra las mafias de explotación de mujeres. 
Este comercio de esclavos no es algo que los políticos responsables pueden eludir, rehuir o ignorar. 
Tenemos una responsabilidad política: abolir esta esclavitud de los tiempos modernos. 
Finalmente quisiera decir algo sobre los hombres; me dirijo a los hombres. 
Cuando hablo de "hombres", me refiero a los hombres con poder. 
Son los Sres. Prodi, Chirac, Jospin, Schröder, Blaire, Persson y otros quienes tienen que interesarse por esto, es decir, los 15 Jefes de Gobierno. 
Señor Presidente, este informe, en sus considerandos, pone de relieve ciertos aspectos de las desigualdades entre los hombres y las mujeres. 
Las mujeres se ven obligadas a recurrir al trabajo temporal, están más expuestas a los empleos precarios y al paro y cobran, por término medio, 30% menos que los hombres. 
Por desgracia, las propuestas que siguen no están a la altura de esas consideraciones. 
En primer lugar, porque se refieren en su mayoría a la creación de observatorios, estadísticas, estudios. 
Ahora bien, la desigualdad entre hombres y mujeres, no es, francamente, un fenómeno nuevo que descubramos y que convenga estudiar. 
Desde el punto de vista profesional, no se puede querer la igualdad y seguir desarrollando la precariedad, la flexibilidad y la jornada parcial. 
Jornada parcial a la que las mujeres se ven obligadas a recurrir, ya que el 70% de ellas querrían trabajar con jornada completa. 
Hoy vemos en Europa una pauperización de las mujeres asalariadas y en Francia también, donde el 15% de ellas viven, a fin de cuentas, con menos de 3.650 francos franceses al mes. 
Peor aún, la supuesta igualdad se vuelve a veces contra las mujeres, como ocurre hoy en Francia, donde la transposición de una directiva va a legalizar el trabajo nocturno de las mujeres. 
Curiosa concepción de la igualdad. 
Se podrían haber elegido otras opciones y suprimir, al contrario, el trabajo nocturno de los hombres, cuando no es necesario para la satisfacción de las necesidades sociales. 
En conclusión, buenas palabras y nada concreto. 
No bastará. 
Eso es lo que afirmaremos en Bruselas el 14 de octubre con la marcha mundial de las mujeres que luchan contra las violencias y por un verdadero empleo para todas. 
Ésas son las condiciones ineludibles para una auténtica igualdad. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Pery su presencia en esta Asamblea, así como la presencia de la Comisaria Diamantopoulou. 
De los informes e intervenciones que hoy estamos analizando podemos deducir, como ya sabíamos muchas de nosotras, que el problema de la igualdad de oportunidades es un problema de orden estructural y que, para abordarlo, son necesarias estrategias globales, porque las mujeres no somos una categoría ni un grupo social homogéneo ni ningún colectivo. 
Corremos el riesgo en este momento en la Unión Europea de que nuestro debate sea un debate de elites y que los avances alcancen sólo a algunas de las mujeres más informadas y más privilegiadas, dejando de lado a las otras, que son las mujeres jóvenes, las mujeres emigrantes, las madres solas, las víctimas de la trata de blancas, etc. Ellas sufren una múltiple discriminación. 
No podemos seguir manteniendo un debate de elites, no podemos seguir beneficiando sólo en el avance a las mujeres que tienen más facilidades. 
Nuestro esfuerzo ha de dirigirse a las mujeres que tienen más dificultades que, por cierto, son la mayoría de la Unión Europea. 
Por eso, hemos de evaluar la situación de las mujeres realmente, hemos de elaborar indicadores, hemos de conseguir dar fuerza vinculante a nuestra acción política, de tal forma que los avances alcancen realmente a todas y no sólo a unas cuantas. 
Señora Comisaria, Señorías, quisiera felicitar en primer lugar a la Presidencia francesa por la iniciativa de este debate y, si me permiten, felicito en particular a nuestra ex vicepresidenta, que conoce bien los problemas de esta Asamblea y el interés que el Parlamento Europeo tiene en el examen de los asuntos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Como ha dicho, y con toda razón, la Ministra, estamos debatiendo un asunto político de la mayor importancia. 
Y es fundamental que Europa reconozca que estamos debatiendo la cuestión de que la igualdad es un asunto político del mayor interés. 
Y quisiera felicitarla, como política francesa que es, por la coherencia demostrada en su país, que modificó la Constitución para introducir la igualdad entre hombres y mujeres, y fue capaz de introducir y aprobar después una ley para aplicarla. 
No todos los países han conseguido seguir su ejemplo y espero que el ejemplo de Francia acabe fructificando en otros países. 
Quisiera decirle, señora Ministra, que considero de la mayor importancia que celebre Consejos de Ministros de Asuntos de la Mujer y que todos los Gobiernos de la Unión Europea tengan un miembro del Gobierno encargado de los asuntos de igualdad entre hombres y mujeres. 
Sólo de esa forma es posible introducir un mainstreaming dentro de todos los gobiernos y sólo de esa forma habrá un rostro que encarne la política de igualdad. 
Termino formulándole una pregunta, señora Ministra. 
Como en Portugal ha dejado de existir el Ministerio de Igualdad, ¿quién representará a mi país en la reunión del día 27 en París? 
Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias a la Ministra, Sra. Péry, y a la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, por el debate de hoy, así como a la ponente que en su informe no solo formula consideraciones sobre la situación de la igualdad de oportunidades en la Unión Europea, sino que también indica qué hay que hacer. 
Quisiera agradecer en particular a la Sra. Ministra la labor que está realizando en su país y como Presidenta en ejercicio del Consejo, y quisiera establecer una relación entre el trabajo de la Presidencia en ejercicio del Consejo y el de la Comisión deteniéndome en un punto: el problema del empleo. 
Considero que el que tenemos ante nosotros en un trabajo sinérgico importante; las orientaciones para el 2001 sobre la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo empiezan a ser orientaciones más puntuales, más precisas y más eficaces. 
Creo que éste es el camino correcto. 
En nuestra opinión, como Comisión de Derechos de la Mujer, queremos felicitar a la Comisión, así como sugerir algunos indicadores aún más precisos. 
Este trabajo, junto con el Quinto programa que fija una estrategia, creo que es realmente el camino correcto. 
Quizás sería oportuno dejar de quejarnos o, por mejor decir, quejarnos y paralelamente valorar los pasos positivos que se están dando para avanzar cada vez mejor. 
Señor Presidente, no voy a responder individualmente, salvo a la Sra. Torres Marques, porque su pregunta es en verdad demasiado directa y personal. 
Cierto es que yo estaba un poco triste al ver que Maria de Belém Roseira ya no ocupaba este puesto. 
Fue- creo yo- extraordinariamente activa durante la Presidencia portuguesa, pero, como comprenderán sus Señorías, no me corresponde a mí emitir semejante juicio, sino al Ministro de Empleo, al que hemos invitado para la conferencia sobre la igualdad hombres/mujeres. 
Así, pues, voy a dar respuestas totalmente globales sobre los asuntos planteados más que individualmente a uno u otro de sus Señorías. 
Varios han mencionado la política de igualdad hombres/mujeres al decir que no había nacido hace uno, dos, tres años. 
Es evidente y, como asociativa que soy- ya que también yo, como muchos de sus Señorías, tengo un recorrido asociativo de unos treinta años -, sé cuánto han trabajado, evidentemente, los movimientos asociativos, los movimientos feministas, los movimientos intelectuales, para hacer avanzar ese asunto y nosotros hoy estamos, a nuestra vez, en nuestro papel de responsabilidad, un papel institucional. 
La historia de las mujeres tiene incluso más de cincuenta años, ya que de vez en cuando recuerdo a Olympe de Gouges, que se atrevió a reclamar una Declaración de derechos de las mujeres y de la igualdad de los hombres y las mujeres y fue condenada al patíbulo en 1793. 
Evidentemente, la historia de las mujeres es muy larga. 
Mi segunda observación se refiere a las desigualdades en el mundo del trabajo. 
Evidentemente, la voluntad política no basta, Señorías, para suprimir de la noche a la mañana todas las desigualdades sociales que podemos conocer, sobre todo en el mundo del trabajo. 
Los interlocutores sociales, el mercado, tienen un papel que desempeñar, pero nosotros hacemos lo que podemos en el nivel de la expresión de una voluntad política. 
Citaré a sus Señorías con una frase lo que hago a ese respecto: no vacilé en proponer una ley para avanzar hacia una mayor igualdad en el mundo del trabajo. 
En este momento se está debatiendo en el Parlamento y he introducido una disposición, que, evidentemente, no gusta a todo el mundo en mi país, pero que es vinculante y obligará a todas las empresas, a todas las ramas profesionales, a negociar, cada tres años, la cuestión de la igualdad en las empresas: salarios, condiciones de trabajo, carrera, acceso a la formación a lo largo de toda la vida. 
Mi tercera observación se refiere a la interrogación de sus Señorías: muchos discursos, muchos textos, muchos informes, pero sin avances suficientemente concretos con objetivos cifrados. 
Cierto es que la realidad de la Unión Europea consiste en que hay que decidir entre Quince y que nuestras situaciones culturales son muy diferentes respecto de estos asuntos. 
No obstante, creo en la necesidad de que luchemos por obtener objetivos cifrados, por aplicar una política mediante indicadores. 
Y no he hablado de ello en mi discurso, pero en la Conferencia de Ministros tengo intención de proponer un estudio de viabilidad sobre el Instituto de la Igualdad de los Sexos, porque necesitamos un instrumento para seguir esos indicadores y para un intercambio de nuestros procedimientos idóneos. 
Cuarto punto: los asuntos del futuro. 
Dos de sus Señorías han mencionado nuevos derechos sociales, nuevos derechos fiscales. 
Quisiera decirles que ése es el tema central de la Presidencia sueca y, por lo demás, voy a seguir con mucho interés la evolución de ese asunto, que me inspirará sin lugar a dudas una acción francesa. 
Quinto punto: la Carta. 
Es cierto que, pese a que se ha hecho mucho en comparación con la fase inicial de ese documento, podíamos esperar algo más dinámico sobre la adopción de decisiones. 
Aun así, no pierdo las esperanzas de mejorar este texto. 
Sexto asunto: la ampliación. 
A ese respecto, expuse mi posición con claridad en Nueva York, en nombre de mi país. 
Voy a hacerlo igualmente hoy, en nombre de la Presidencia. 
Hay que ayudar de verdad a los candidatos a ponerse al nivel del acervo comunitario. 
Eso me parece evidente. 
Pero no hay que pensar que se pueda mantener la igualdad hombres/mujeres aparte del acervo comunitario y, naturalmente, estaremos tan vigilantes sobre ese asunto como sobre los demás. 
Por último, sobre las violencias, la prostitución, la influencia de las mafias, si hay una iniciativa europea que la Srta. Diamantopoulou desea recoger, puesto que nosotros ya hemos hecho cosas en el nivel comunitario sobre la lucha contra las violencias, estaré dispuesta a prestarle mi apoyo. 
Comisión. (EL) Señor Presidente, lo que llevamos llamando desde hace un siglo problema de las mujeres, se afronta desde dos ángulos distintos; y estos dos planteamientos los hemos visto hoy en esta Asamblea. 
El primero se basa en la lógica de que la estructura del sistema social y económico es la causa de la desigualdad y en esta lógica se basa no sólo la política de la Unión Europea, sino también la del total de los gobiernos nacionales. 
El otro planteamiento dice que las propias mujeres son las responsables de la desigualdad en la sociedad. 
Este punto de vista, muchas veces conduce a deformaciones ridículas, como lo que hoy hemos escuchado, a saber: que la forma en la que votaron las mujeres en Dinamarca se debe a algún cromosoma especial que tienen las mujeres y no a la realidad social diferente que viven. 
Señoras y señores diputados, la Sra. Pery, la Presidenta en ejercicio del Consejo, ha analizado de forma extraordinaria las prioridades de la Presidencia francesa, que todos creemos que van a ser especialmente importantes. 
En mi breve intervención quisiera referirme exclusivamente al informe. 
Los informes de los años 97, 98 y 99 no son simples documentos de trabajo. 
Y quiero recordarles que en la propuesta de ley que ha redactado la Comisión y que se va a debatir, solicitamos el informe anual de los Estados miembros sobre las acciones positivas, porque creemos realmente que estos informes son instrumentos políticos por tres razones. 
Primero dan una imagen de la situación. 
Ya habrán visto que en los informes hay cuadros analíticos, hay datos de cada Estado miembro, hay cuadros de todos los sectores complementarios. 
Segundo, porque da la posibilidad de realizar evaluaciones comparativas entre los Estados miembros, y también de realizar evaluaciones comparativas de la marcha de la Unión Europea en su conjunto, a lo largo del tiempo. 
Tercero, porque son la base estratégica no sólo para la Unión Europea- incluso el tener a nuestra disposición una imagen de la situación en la Carta de los Derechos Humanos ha desempeñado un papel importante- sino también a nivel nacional, puesto que ya pueden los Estados miembros mediante la evaluación comparativa determinar objetivos nacionales. 
Diría que los informes que tienen ustedes a su disposición conceden una relevancia especial y se concentran en tres temas: Uno es la participación de la mujer en la toma de decisiones. 
El término medio de participación de la mujer en Europa es del 18.6 %; en los parlamentos regionales es del 28.9 %; en el Parlamento es del 30% y parece que cada año hay un aumento muy pequeño del orden del 0.6 %. 
La segunda observación importante está relacionada con la diferencia en los salarios de los hombres y mujeres, que a nivel europeo oscila en el inaceptable porcentaje del 23% al 24%, y que en algunas regiones de Europa llega hasta el 40%. 
La tercera imagen interesante concierne a la violencia en la familia, la violencia que sufre la mujer en Europa. 
Admito todas las observaciones del informe y las intervenciones de los diputados que han hablado sobre la necesidad de cambiar la naturaleza del informe. 
Teniendo en cuenta sus observaciones, debo decir que vamos a dar base al análisis de los datos, principalmente en el examen de los resultados de estrategias e iniciativas que han tenido éxito en los ámbitos nacional y europeo, para que el informe adquiera contenido estratégico. 
Pero necesitaría su ayuda. 
Mis servicios se enfrentan a grandes problemas a la hora de recoger datos por parte de los gobiernos nacionales. 
Hay muchos países en donde no es posible concentrar datos estadísticos, en donde no es posible concentrar su experiencia, en un tiempo razonable, sobre los resultados de políticas innovadoras a nivel nacional; pero aún así, podríamos referir ejemplos sobre todos los países. 
Así pues, creo que colaborando también con sus gobiernos nacionales pueden ustedes ayudar a la Comisión a reunir todos estos datos rápidamente para que pueda, ella a su vez, presentar su examen y la nueva forma del informe, tal como lo han solicitado. 
Finalmente la ampliación; por supuesto, tal como ha dicho la Sra. Pery, es un tema del acervo comunitario. 
Pero debo subrayar que en nuestra colaboración con todos los países candidatos a la adhesión hay un seguimiento específico del tema de la igualdad de los dos sexos tanto en el marco legislativo como en la creación de instituciones que puedan apoyar la aplicación de estas políticas. 
Ya saben que hemos empezado a firmar informes comunes para hacer un seguimiento anual de su aplicación en la política de empleo con cada país candidato. 
Ahí hay todo un capítulo sobre la participación de las mujeres. 
Una vez más, quisiera dar las gracias a la Sra. Dybkjær porque creo que ha realizado una labor excepcional y en profundidad en su informe, que nos va a ser de mucha utilidad, y también agradecer especialmente a la Presidencia francesa y a la Sra. Pery la gran actividad que han mostrado en los temas de la igualdad durante su Presidencia. 
Queda cerrado el debate conjunto. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Código aduanero comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0254/2000) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado interior, relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (6995/2000- C5-0267/2000- 1998/0134 (COD) ) (Ponente: Sra. Palacio Vallelersundi). 
. Señor Presidente, señor Comisario, esta mañana aprobaremos la posición común del Consejo por la que se adopta definitivamente esta reforma del Código aduanero comunitario. 
Pudiera pensarse, dado que el Parlamento no ha presentado enmiendas a la posición común del Consejo, que estamos ante un texto perfecto. 
No es el caso, pero es un texto satisfactorio y, después de pensarlo largamente y tras un amplio debate, la Comisión de Asuntos Jurídicos optó por no presentar enmiendas. 
¿Cuáles son las razones de ello? 
Hay que hacer un poco de historia. La reforma del Código aduanero comunitario venía inscrita en el artículo 253 del vigente Código y se preveía una reforma antes del primero de enero de 1998. 
Por lo tanto, ya vamos con un cierto retraso. 
Esta reforma es importante porque pretende reexaminar el Código aduanero comunitario de acuerdo con los progresos del mercado interior y de las técnicas administrativas. 
Por lo tanto, se trata de una reforma importante y urgente en un sector que, a ninguno se nos oculta, es el auténtico núcleo de la construcción europea. 
La construcción de una aduana común ha sido uno de los grandes logros en este progreso hacia la construcción europea. 
La propuesta tiene por objeto simplificar los trámites aduaneros mediante declaraciones informáticas- o sin papel -, hacer más flexible la normativa, mejorar el procedimiento de recaudación y proporcionar una base más sólida para la aplicación del principio de buena fe en el ámbito de las importaciones sujetas al régimen preferencial, estableciendo instrumentos jurídicos que permitan luchar contra el fraude y ofreciendo una mayor seguridad jurídica. 
En primera lectura, el Parlamento, en el informe Paasilinna, aprobó trece enmiendas de diversa importancia. Trece enmiendas que, además, tuvieron distinta suerte en su tramitación subsiguiente en el Consejo. 
El Consejo, en su posición común definitivamente adoptada por unanimidad, incorporó ocho enmiendas y rechazó cinco. 
De las ocho enmiendas aprobadas no voy a comentar nada, puesto que estamos todos de acuerdo con ellas. 
Voy a decir algo sobre las cinco enmiendas que no fueron incorporadas. 
Tres de ellas- la 4, la 5 y la 7 -, se referían al procedimiento de comitología. 
Estas enmiendas hay que entenderlas en el nuevo contexto del Acuerdo interinstitucional y, por tanto, el Parlamento puede transigir con no insistir en estas enmiendas de comitología habida cuenta de que han quedado superadas de alguna manera por el nuevo marco interinstitucional. 
Con la enmienda número 15, el Parlamento quería introducir un considerando instando a las autoridades aduaneras a aplicar correctamente la normativa aduanera y a establecer medidas de control para garantizar una aplicación uniforme y permitir la lucha contra el fraude. 
El Consejo entendió que no tenía una redacción adecuada para incluirla en el Código aduanero comunitario y recordó que hay un Libre verde- que en este momento se está transformando en normativa- para luchar, específicamente, contra el fraude. 
Y también pudimos aceptar que no se incorporara esta enmienda. 
Por último, la enmienda 11 pedía que entrara en vigor esta modificación del Código aduanero comunitario antes del 1 de enero del 2000 y, por lo tanto, esta enmienda no tiene ya sentido. 
Además de estas enmiendas, hay que entender que la posición común modificaba el texto original sobre el que el Parlamento había estado de acuerdo en dos puntos importantes: El primero es el artículo 220, en el que la Comisión pretendía mantener un período más largo para poder efectuar las investigaciones que pudieran conducir a una persecución del fraude o una declaración mal hecha. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, después de un largo debate, entendió que no era razonable mantener la inseguridad jurídica durante seis años, que tres años, que es el plazo que se establece, es un plazo más que razonable para que, con los medios adecuados y una diligencia mediana, se pueda llegar a establecer si ha habido o no irregularidad en una declaración. 
En cuanto a la modificación del apartado 6 del artículo 215, hay que decir que se trata de una cuestión de más calado, porque tiende a que la declaración complementaria se pueda hacer en cualquier lugar de la Unión Europea, en especial en aquel punto de la Unión Europea en que tenga la sede la empresa en cuestión. 
En este punto entendimos que, dado el avance administrativo y técnico, en vez de hacer una enmienda al texto legislativo, era preferible una enmienda al proyecto de resolución que, espero, la Comisión pueda aceptar y que permita, en una reforma ulterior del Código aduanero comunitario, incorporar esta idea que nos parece importante y merecedora de la defensa y apoyo por parte del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en el contexto económico, cada vez más abierto, en el que debe operar la Unión y dada la necesidad de establecer unas relaciones comerciales que aseguren la competitividad de las empresas, es imprescindible establecer un marco jurídico que defina unas mismas reglas del juego para todos. 
En este sentido, el Código aduanero comunitario constituye un soporte imprescindible de la política comercial de la Unión, además, -como ya sabemos- de ser un instrumento esencial de cara a la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Los progresos realizados en materia de mercado interior, el crecimiento paulatino de los intercambios comerciales a causa de la apertura creciente de los mercados y los avances de la sociedad de la información exigían una puesta al día del Código aduanero comunitario acorde con las evoluciones del comercio comunitario e internacional. 
De ahí la necesidad, la oportunidad, de la reforma que se propuso en su día con el fin de proceder a una simplificación y racionalización de los procedimientos aduaneros, en respuesta precisamente a las exigencias que plantean estas nuevas realidades a las que me he referido. 
Por otro lado, también era necesario establecer- entendía yo- medidas efectivas de control que sirvan para garantizar una aplicación uniforme de los procedimientos aduaneros en todo el territorio de la Comunidad y evitar que se favorezca una competencia desleal y que se abran brechas que puedan favorecer el fraude. 
Por ello el Parlamento introdujo en su momento unas enmiendas con objeto, por un lado, de garantizar la posibilidad de realizar los trámites aduaneros mediante la declaración informática, pero sin que ello supusiera abrir una puerta falsa que facilite el fraude y, por otro, de asegurar que en todo el territorio comunitario se aplique correctamente y de manera uniforme la normativa aduanera, a fin de evitar así situaciones de competencia desleal. 
Pero ni el Consejo ni la Comisión- como recordaba la ponente- aceptaron las enmiendas concretas a las que me he referido, por considerar, entre otras razones, que no añadían nada al texto propuesto y que la lucha contra el fraude debía tratarse fuera del Código aduanero comunitario. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior- como recordaba la ponente- aceptó este planteamiento y por ello ha renunciado a introducir de nuevo las enmiendas. 
Sin embargo, yo, personalmente, sigo pensando que el texto aprobado en su día por el Parlamento respondía mucho mejor a las nuevas realidades surgidas del mercado interior y de la liberalización de los mercados, en la medida en que los elementos de clarificación y de control que introducían las enmiendas no asumidas suponían una mayor garantía de que la normativa iba a cumplirse y de que se iban a seguir los mismos procedimientos a la hora de su aplicación. 
Por ello debo lamentar que no se tomaran en consideración, aunque también entiendo la postura de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior- la postura de la ponente- de no reintroducir las enmiendas porque, en último término, lo que de verdad importa es que el Código aduanero, las reformas propuestas, sigan adelante y que el marco jurídico quede establecido. 
Esperemos que en el futuro podamos, al menos, conseguir estas garantías. 
Señor Presidente, creo que tanto la ponente como la Sra. Ferrer han señalado los puntos fundamentales de la posición del Parlamento, el procedimiento legislativo seguido hasta la fecha, y han puesto de relieve cómo el Consejo, el Parlamento y la Comisión han trabajado conjuntamente para llegar a un texto aceptable para todos y que sea correcto. 
Creo que, una vez más, el procedimiento de conciliación, el acuerdo entre las instituciones, está funcionando adecuadamente. 
Sin embargo, hay una enmienda que, con razón, el Consejo rechazó. 
Se trata de la enmienda nº 15, relativa al fraude. 
En efecto, un código aduanero no es el lugar para establecer normas sobre el fraude. 
Esto es algo que depende del buen funcionamiento de la administración y, en puridad, en un debate legislativo no deberíamos estar discutiendo el tema del fraude. 
Aprovechando que está aquí el Comisario responsable de mercado interior, Sr. Bolkestein, quisiera recordar que hace varios años el Parlamento Europeo estableció su primera comisión de investigación, que fue la comisión de investigación sobre el fraude en el tránsito de mercancías. 
Hubo un informe del Sr. Bouwman, un magnífico informe que aprobamos, en el que se pusieron de relieve fraudes importantes, por ejemplo, en el caso del tabaco. 
Había mercancías, sobre todo tabaco, que entraban por un país no comunitario de la zona del espacio económico europeo, pasaban a la zona comunitaria y luego salían de la zona comunitaria misteriosamente sobre el papel, pero sin salir de hecho. 
En este momento, por ejemplo, se ha producido un desplome de los precios del plátano en la Unión Europea. 
Al parecer, las compañías multinacionales colocan sus excedentes de plátanos, los que no venden en Estados Unidos y en Europa, en la Europa oriental y, desde la Europa oriental, determinadas organizaciones "benevolentes", es decir, mafias, se encargan de introducir ese plátano, prácticamente regalado, en el mercado comunitario, compitiendo con los precios de los importadores legales y de los productores comunitarios. 
Y podríamos mencionar también el fraude permanente en el tomate, en el que tenemos una infravaloración continua de los precios porque, a través de determinados puertos comunitarios, se están introduciendo mercancías sin autorización para hacerlo. 
Por tanto, reconociendo, como han dicho el Consejo y la Comisión, que esta enmienda no procedía en este caso, quiero aprovechar una vez más la ocasión para recordar que los procedimientos de control de importaciones en la Unión Europea no están funcionando, que se están cometiendo fraudes y que estos fraudes no son sólo malos para el contribuyente comunitario, sino que son malos para el funcionamiento del mercado interior e incluso para la lealtad respecto a terceros países. 
Si queremos que los terceros países acepten los compromisos, la Comunidad Europea debe ser la primera celosa en velar por el cumplimiento de sus propias normas, porque si un país tiene la posibilidad de colocar en la Comunidad productos por la vía del contrabando ¿para qué se va a molestar en negociar con nosotros ningún tipo de concesión? 
Por tanto, me congratulo de que lleguemos a un acuerdo en este tema. 
Creo que las modificaciones son muy positivas, pero aprovecho la ocasión para pedir a la Comisión mayor vigilancia y medidas más estrictas en materia de fraude a las aduanas comunitarias. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, aunque el texto no es perfecto, como ya ha subrayado la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y ponente, sí me atrevería a decir de esta resolución legislativa que es un buen ejemplo de una legislación comunitaria transparente, simplificada y eficaz. 
Con el Código aduanero comunitario se ha conseguido armonizar y simplificar la legislación de forma transparente, lo cual siempre ha de ser nuestro propósito. 
En mi opinión, sólo podemos estar de enhorabuena con el Código aduanero comunitario, o sea, me muestro un poco más positivo que la Sra. Ferrer por ejemplo, porque constituye en efecto la base para los distintos ámbitos políticos comunitarios en el marco de una actuación común de las administraciones aduaneras nacionales. 
El objetivo de llegar sobre todo a una comunicación simplificada pero de alta calidad con una normativa suficientemente flexible, con una mejora del procedimiento recaudatorio y con una mayor adaptación de las disposiciones en el ámbito de los trámites aduaneros, responde a uno de los requisitos del mercado único y se ha conseguido, hasta tal punto que incluso muchos países se han basado en ella para poder participar rápidamente en el comercio internacional. 
Hablando más en términos generales, el Código aduanero comunitario es uno de los instrumentos júridicos más importantes para establecer los derechos devengados y quién los adeuda. 
El Código es el fundamento jurídico para la recaudación de estos derechos y es, por este motivo, uno de los instrumentos principales para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y para el buen funcionamiento de la política comunitaria en los diferentes ámbitos. 
Resumiendo, creo poder decir que la administración dispone ahora de todo tipo de herramientas para poder cumplir su tarea con eficiencia en un tiempo limitado, y confío en que el Parlamento Europeo inste a la administración a que presente con la mayor rapidez posible los resultados de la aplicación de esta resolución legislativa. 
. Señor Presidente, quería pedir a la Comisión que tomara postura sobre la solicitud que se le hace en la resolución legislativa para que se tomen las medidas oportunas, de forma que se pueda llegar a una modificación del Código aduanero comunitario, en el sentido que ha mencionado el Sr. Beysen y que yo misma también he manifestado. 
. 
(NL) Señor Presidente, permítame que dé primero las gracias a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior por la labor realizada basándose en el informe de la Sra. Palacio, un informe que aborda todas las cuestiones que fueron motivo de debate en la primera lectura en marzo del año pasado. 
Me alegro de que se hayan aproximado las posiciones para lograr este informe, que ha sido objeto de largos e intensos debates con el Consejo. 
Constato con satisfacción que han sido superadas las reservas del Parlamento a causa de los problemas de comitología con respecto a las diferentes propuestas. 
Todo esto abre la puerta hacia una importante reforma de los sistemas aduaneros económicos, sobre la que se informará detalladamente al Parlamento en los próximos meses para que dé su aprobación. 
Asimismo, la enmienda del Parlamento sobre los trámites aduaneros mediante declaraciones informáticas, aceptada por el Consejo, llevará a las administraciones aduaneras de los Estados miembros a que se equipen con los medios informáticos de control más modernos. 
El resultado más deseado por parte de los sectores económicos era, gracias a la iniciativa del Parlamento en la primera lectura, el compromiso acerca de la buena fe por lo que se podrá conseguir un mayor equilibrio entre las necesidades de seguridad jurídica de los operadores y los requisitos de una protección eficiente de los intereses financieros de la Comunidad. 
Como es sabido, esto ha sido fruto de un largo debate en el Consejo durante el cual la Comisión defendió su punto de vista con firmeza. 
No es sorprendente que este tema esté integrado en el resto del informe y que se haya aprobado este conjunto por unanimidad. 
Si se toma en cuenta el equilibrio delicado en que se encuentra ahora el informe, opino que el resultado de un procedimiento de conciliación, suponiendo que se prorrogase el debate, hubiera sido bastante incierto. 
Es verdad que la Comisión hubiera preferido dar un paso más. Pero también puede valorar el resultado alcanzado y dejar reservada alguna cuestión para volver a debatirla en el momento oportuno. 
En este sentido, la Comisión está de acuerdo con el balance positivo de esta operación legislativa y agradece al Parlamento, y en particular a la Comisión presidida por la Sra. Palacio, su esfuerzo y el interés con que han trabajado en la redacción de este informe. 
Como punto final, y respondiendo directamente a la pregunta tanto del Sr. Beysen como de la Sra. Palacio, puedo confirmar en nombre de la Comisión que accederemos con mucho gusto a su solicitud y que la llevaremos a cabo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.50 horas, se reanuda a las 12.05 horas) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, quise intervenir antes de que adoptase la votación para explicar por qué quería que los diputados votasen en contra de la enmienda. 
Ayer la posición cambió completamente con la posición que la Comisión adoptó respecto de la base legal. 
Pero ahora es demasiado tarde ya que acaba usted de adoptar la votación y los diputados han votado a favor. 
No nos queda más que seguir adelante. 
Lo lamento. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, respecto de la última votación sólo quisiera informar a la Asamblea de que la Comisión emitió ayer un comunicado de prensa y de que el Comisario Reding se pronunció ayer noche en el sentido de que, en lo que respecta al informe que acabamos de acordar y aprobar sobre la movilidad de los profesores, estudiantes, formadores y otras personas relacionadas con la educación y la forma de ayudarles a moverse por Europa para estudiar y trabajar y hacer todo aquello relacionado con el campo educativo, la Comisión no va a aceptar las enmiendas que les instan a hacer algo para hacer cumplir esos acuerdos. 
Hemos intercambiado bellas palabras y hemos instado a los Estados miembros a actuar pero la Comisión, a causa de las restricciones presupuestarias y otras razones que ha expuesto anteriormente, nos dice ahora que no está en disposición de hacer un seguimiento de la forma en que se ponen en práctica esas medidas en los distintos países, y a mi entender eso es tanto como neutralizar todo el informe que tanto tiempo le ha llevado elaborar al Parlamento. 
Esto también es muy triste para miles de estudiantes y otras personas involucradas en la educación en toda Europa. 
Estoy seguro de que la Comisión y la Asamblea han tomado buena nota de lo que usted ha dicho. 
Bienvenida 
Tengo el gran placer de dar la bienvenida al Presidente del Comité Olimpico Internacional, Don Juan Antonio Samaranch. 
La 27ª Olimpiada de Sydney, que acaba de finalizar, ha sido considerada por todos un gran éxito, acaparando la atención de millones de espectadores en todo el mundo. 
Señor Samaranch, sabemos que usted accedió a su puesto de Presidente del COI en 1980 y que desde entonces ha introducido muchas reformas importantes. 
El deporte debe promover la paz y el entendimiento entre los hombres y no quiero más que mencionar algunas importantes iniciativas que han sido adoptadas bajo su presidencia. 
En primer lugar, la integración de China en los juegos olímpicos, la institución de la tregua olímpica, la insistencia que usted ha mostrado a favor de la participación de todos los países del mundo en los juegos, también de países inmersos en conflictos, siendo la participación de atletas de Timor Oriental un reciente ejemplo de ello, la participación de las mujeres en los juegos olímpicos y en los diferentes órganos de gobierno se ha visto reforzada considerablemente bajo su presidencia, y por supuesto, el hecho de que los Juegos Olímpicos de Sidney hayan sido considerados unos juegos en los que las drogas no han tenido lugar. 
Por último, me gustaría mencionar la fundación del Centro Internacional para la Tregua Olímpica en Julio de 2000 en Atenas que ha sido creado a través de una iniciativa conjunta del Comité Olímpico Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia con el objetivo de promover los ideales olímpicos. 
El centro está situado, a modo de símbolo, en Grecia, donde tuvieron lugar los primeros juegos y donde se desrrollarán en el año 2004 los próximos juegos olímpicos. 
Señor Presidente, nos complace enormemente darle la bienvenida al Parlamento Europeo y espero que disfrute de su visita. 
VOTACIONES (continuación) 
Señor Presidente, estamos a punto de comenzar la votación sobre el informe Mann y quisiera llamar su atención sobre un hecho que parece ser un problema de traducción en la enmienda nº 63 del Grupo TDI. 
Sé que ha sido presentada en italiano pero en inglés dice que "la discriminación que exige que los hombres vistan de corbata debería ser prohibida". 
Esto debe ser un problema de traducción ya que estoy seguro de que el grupo TDI no desea trivializar un norma sobre igualdad de derechos tan importante como esta, introduciendo una enmienda tan frívola e innecesaria 
Quizá pueda usted instar al servicio de tradución a que haga las oportunas comprobaciones. 
Haremos las comprobaciones oportunas. 
Señor Presidente, se trata también de un error de traducción que no tiene el mismo alcance que el que se acaba de poner de relieve. 
En la versión francesa de la enmienda 25 figura un contrasentido sobre las palabras "dificultad injustificada". 
Desearía que eso no cambiara el sentido del voto que se expresará, pero la verdad es que hay que verificar la traducción de la versión francesa. 
Las que deben dar fe deben ser las palabras de la versión inglesa. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0260/2000) sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 relativo a la separación de las funciones de auditoría interna y de intervención previa (párrafo 5 del artículo 24 del Reglamento financiero) (COM (2000) 341- C5-0293/2000) -2000/0135 (CNS) ) Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Michiel van Hulten. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0211/2000) sobre el informe anual de 1999 del Consejo sobre la aplicación del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (11384/1999- C5­0021/2000- 2000/2012 (COS) ) Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Ponente: Gary Titley. 
(ElParlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0258/2000) sobre la comunicación de la Comisión "Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión" (COM (1999) 371- C5­0324/1999- 1999/2210 (COS) ) Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte Ponente: Roberta Angelilli. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0198/2000) sobre los informes anuales de la Comisión "Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Unión Europea- 1997, 1998 y 1999" (COM (1998) 302- C5-0106/1999) (COM (1999) 106- C5-0289/2000) (COM (2000) 123- C5-0290/2000- 1999/2109 (COS) ) Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Ponente: Lone Dybkjær. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
- (DE) Sabemos por experiencia que los agentes económicos prefieren pagar los derechos de importación en el lugar en el que hayan establecido la sede de su empresa. 
Por eso mismo, nosotros, los liberales- sobre todo con vistas al buen funcionamiento del mercado interior- somos partidarios de que la Comisión de Asuntos Jurídicos inste a la Comisión a que elabore una propuesta legislativa sobre el lugar de nacimiento de la deuda aduanera. 
Informe Evans (A5-0255/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Evans. 
Quiero ante todo felicitar al ponente para opinión de la Comisión de Empleo, Sr. Mantovani, por las importantes enmiendas a la comunicación de la Comisión, una comunicación que se refiere, entre otros, a los jóvenes estudiantes y a los jóvenes investigadores en movilidad en la Comunidad Europea. 
He dicho "jóvenes" y, por lo tanto, los pensionistas y las personas mayores que trato de defender, no deberían estar interesados en esta directiva. 
Sin embargo, el tiempo pasa para todos: también los jóvenes se convierten en personas mayores, también los jóvenes investigadores se convierten en personas mayores y, es de esperar, en pensionistas. 
En consecuencia, aplaudo las enmiendas que invitan a la Comisión a tener en cuenta los períodos de estudio y de investigación como períodos de cotización asimilada a la real, útil para aumentar la pensión de los estudiantes y de los investigadores. 
Señor Presidente, en mi opinión, el informe del Sr. Robert J. Evans es sumamente importante y voté a su favor. 
El derecho de los ciudadanos de Europa a la libre circulación vuelve a ser violado de muchas maneras. 
Particularmente, los estudiantes suelen encontrar en los Estados miembros obstáculos y dificultades que no deberían aparecer ya según la normativa de la UE. 
Los informes de la Comisión Europea demuestran que la vida y los estudios de los estudiantes procedentes de otros Estados miembros se ven dificultados por una innecesaria y rígida burocracia. 
Los permisos de residencia se conceden sólo por períodos muy cortos y su renovación es complicada y cara. 
Se dan casos deplorables. 
En España se ha requerido que los estudiantes ingresen- exclusivamente en un banco español- determinadas cantidades de garantía para acceder al alquiler de la vivienda. 
También se ha dificultado el traslado de los familiares de los estudiantes. 
Hace poco, se descubrió también que algunas agencias de alquiler londinenses no aceptaban avales extranjeros, por ejemplo avales finalndeses, para responder de la garantía del alquiler de los estudiantes finlandeses. 
Los derechos de los ciudadanos europeos no parecen pesar mucho en esta situación. 
No es la primera vez que me expreso sobre la movilidad de los estudiantes y del cuerpo de profesores. 
Ya en el último período parcial de sesiones denunciamos las dificultades económicas que afrontan los estudiantes de ERASMUS. 
Sin embargo, todo el mundo coincide en la necesidad de fomentar esa movilidad, en nombre de la libre circulación de personas, pero también y sobre todo por todos los beneficios que pueden obtener con ella los jóvenes ciudadanos europeos y, por tanto, la Unión Europea. 
Por desgracia, en la realidad, se mantienen los obstáculos. ¡Eso es lo que denuncia la propuesta de la Comisión y lo que confirma el informe Evans! 
La recomendación, basada en los artículos 149 y 150 del Tratado, considera que una intervención es necesaria para incitar a los Estados miembros a adoptar medidas para eliminar progresivamente las dificultades existentes y proponer a los ciudadanos de la Unión una base de derechos que propicien una movilidad real. 
Pese a constituir un paso en la buena dirección, esa propuesta entraña numerosas lagunas que el informe Evans remedia. 
Así, ha incluido a los investigadores en el ámbito de la recomendación. 
Eso me parece indispensable, pues no hemos cesado de señalar la importancia que revestía en el marco de la realización del Espacio Europeo de Investigación. 
También ha demostrado que las personas que desean beneficiarse de programas en esa esfera deben estar mejor informadas por lo que se refiere a sus derechos en materia de seguridad social. 
Se reconoce que el conocimiento de lenguas extranjeras es una condición previa necesaria para la movilidad. 
He de recordar que se ha elegido 2001 para que sea el Año Europeo de las Lenguas. 
Así, pues, es esencial fomentar el aprendizaje de al menos dos lenguas comunitarias y una preparación lingüística y cultural previa a cualquier medida de movilidad. 
En cuanto a las tasas que afectan a la renovación del permiso de residencia, ¡se trata, sencillamente, de algo escandaloso! 
Se debe considerarlas una traba que se debe suprimir. 
Este informe subraya también la necesidad de eliminar las trabas- ya sean de carácter jurídico, lingüístico, cultural, financiero o administrativo- a la movilidad. 
Hago un llamamiento a los Estados miembros para que se coordinen en el nivel de las formalidades que cumplir para inscribirse en los establecimientos de otros Estados miembros. 
Pienso sobre todo en la cuestión de los plazos. 
Para ilustrar mi afirmación, me basta con hacer referencia a un caso que se me dio a conocer el viernes pasado. 
A un joven, con su bachillerato aprobado, se le denegó la inscripción en Bélgica, ¡porque había vencido el plazo de tres días! 
Resulta muy difícil cumplir el plazo fijado en el 15 de julio para los candidatos franceses al bachillerato, pues conocen sus resultados a mediados de julio y después deben obtener la convalidación de su diploma (¡convalidación que, en mi opinión, cuesta demasiado cara! ). 
Y ni siquiera hablo de los jóvenes que deben examinarse por segunda vez y que, por esa razón, ¡en algunos casos pierden un año! 
¡Es un simple ejemplo entre muchos otros! 
Terminaré mencionando uno de mis caballos de batalla: el reconocimiento mutuo de los títulos. 
Para no repetirme, ¡remito a sus Señorías a mis intervenciones anteriores! 
La movilidad dentro de la Unión Europea es una de las condiciones capitales para que los ciudadanos europeos puedan sentirse miembros de pleno derecho de esta Europa que estamos construyendo poco a poco. 
Más que un símbolo, lo que reivindicamos es una motivación, un motor de la pertenencia a esta cultura y a este modelo de sociedad europea. 
Por eso, voy a votar a favor de este informe. 
Plantea las condiciones para que las personas que se desplazan dentro de la Unión puedan hacerlo sin riesgo de restricción de sus derechos, su seguridad social u otras prestaciones. 
Este informe es tanto más importante cuanto que se produce en un momento crítico para la Unión Europea: el de la ampliación. 
Esa movilidad reconocida a todos, incluidos los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión y los estudiantes y profesores que hagan gestiones independientes (aparte de los programas Sócrates y Leonardo) es uno de los valores fundamentales de la Unión que debemos afirmar para que los países candidatos sepan claramente a qué "clase" de Unión van a adherirse. 
Pese a que la Unión Europea reconoce a los ciudadanos de los Estados miembros la libertad de circulación, prestación de servicios y establecimiento, se mantiene un gran desfase entre los textos y la realidad que se vive, de lo que son ejemplo la desigualdad en el reembolso de las prestaciones de salud, el riesgo de doble tributación, el carácter aleatorio de las prestaciones sociales, la inexistencia de reconocimiento de los títulos profesionales y la complejidad de los textos jurídicos, por lo que a un lego le resulta extraordinariamente difícil determinar cuáles son efectivamente sus derechos. 
Como afirma el ponente, la Comisión parece estar tomando conciencia de que, si no se adoptan medidas concretas, ciertas libertades fundamentales consagradas en el Tratado, como el derecho de residencia y el derecho de libre circulación, corren el riesgo de plasmarse, en la práctica, en meros enunciados de principios. 
Así, pues, se impone que la Comisión adopte medidas ambiciosas en el sentido de garantizar la libertad de residencia y de establecimiento, incluidos, entre otros, el derecho al trabajo, el derecho a estudiar y el derecho a que sus títulos sean reconocidos en Estados miembros distintos del propio. 
. (SV) En principio, nos parece positiva la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la movilidad en el ámbito de la Unión, pero quisiéramos expresar lo siguiente: 
Opinamos que, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de la justicia, es muy importante que los ciudadanos de terceros países que residen en la Unión tengan derecho a usar las normas de la legislación comunitaria en igualdad de condiciones con los ciudadanos de la Unión. 
También opinamos que los países miembros, por sí mismos, deberán decidir los impuestos que deseen aplicar. 
La presión fiscal va a disminuir por obra de la sana competencia, lo que fomentará la creación de empresas y, por consiguiente, la creación de puestos de trabajo, permitiendo que los ingresos no percibidos a causa de la competencia fiscal puedan compensarse con un mayor número de personas que pagan impuestos. 
Por esta razón, nos oponemos a la enmienda 38 sobre el establecimiento de reglas fiscales comunes para los voluntarios. 
, por escrito. (EN) Apoyo firmemente este informe de mi colega el Sr. Robert Evans, diseñado para impulsar la movilidad entre los estudiantes y otras personas ralcionadas con la formación en Europa. 
Acierta plenamente al destacar la necesidad de acciones encaminadas a superar los problemas burocráticos relacionados con los derechos de residencia y también al enfatizar las necesidades de grupos desfavorecidos tales como los minusválidos. 
Apoyo su deseo de que los investigadores sean incluídos en la propuesta y sus comentarios acerca de la importancia de involucrar a los países que se están preparando para adherirse a la UE. 
Confío en que cuando este informe se someta a la segunda lectura podamos comprobar que el Consejo ha incorporado las acertadas enmiendas del ponente. 
El sistema dual de aprendizaje y el doctorado son imprescindibles para la economía del futuro. 
La movilidad y la formación a lo largo de toda la vida deben ir acompañadas de medidas que garanticen el alto nivel de formación de nuestros estudiantes y trabajadores jóvenes. 
Informe Cashman (A5-0259/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe porque el presidente de la Asociación de Pensionistas del ayuntamiento en que resido, Curno, provincia de Bérgamo (Italia) , me ha dicho: " Nosotros no tenemos medios para defender los intereses de las personas mayores. 
Querríamos hacer propuestas para que no se les maltrate, como lamentable y frecuentemente ocurre, pero carecemos de recursos financieros. 
El alcalde del pueblo nos reúne una vez al año y nos ofrece un plato de lentejas, como Esaú en la Biblia, y nosotros debemos conformarnos con ese plato de lentejas, pero no podemos hacer nada en concreto ". 
Por ello, bienvenidas sean las financiaciones a favor de las acciones que prevé el informe Cashman contra la discriminación en razón de la edad. 
Es por esto que he votado a favor. 
- (DE) Nosotros, los liberales, aplaudimos el programa de lucha contra la discriminación propuesto por la Comisión. 
Sin embargo, rechazamos enérgicamente la propuesta de la Comisión de Libertades de crear una unidad especial dedicada exclusivamente a la ejecución del programa. 
La discriminación no se combate creando puestos administrativos adicionales sino cambiando la mentalidad de las personas. 
El fomento de valores tradicionales como la tolerancia y el respeto de la diversidad contribuyen mucho más a este fin que cualquier informe anual sobre las diferentes caras de la discriminación, por muy detallado que sea. 
Informe Mann (A5-0264/2000) 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo quisiera resaltar dos puntos que requieren una aclaración. 
Mi primera observación gira en torno a la enmienda 15. 
Dicha propuesta propugna un procedimiento que tiene que ver con el acervo comunitario. 
Los ya existentes y futuros acuerdos de asociación celebrados entre la Unión Europea y los países candidatos deben incluir normativas que prohíban la discriminación de los grupos amparados por el artículo 13. 
Este procedimientos es tanto más necesario cuanto que en algunos países candidatos existen minorías que necesitan protección en el ámbito profesional y laboral. 
También merece un comentario la enmienda 18. 
Pone de manifiesto que en muchos Estados miembros siguen vigentes disposiciones susceptibles de fomentar un trato discriminatorio de los homosexuales en el momento en que éstos soliciten un empleo. 
Sin embargo, la propuesta no hace ninguna referencia a posibles disposiciones penales relativas al comportamiento de estas personas. 
No es más que una recomendación en el sentido de que los Estados miembros son llamados a derogar las disposiciones discriminatorias. 
Esta formulación respeta el principio de subsidiariedad al tratarse de una materia en la que Europa no tiene competencias. 
Lamento un tanto que la tan necesaria propuesta de introducir un plazo de prescripción que permita conservar la documentación durante un período limitado no haya obtenido la mayoría de los votos. 
Opté por un plazo de entre seis y doce meses porque, a mi modo de ver, este período se ajustaba a las necesidades reales de las empresas. 
Trabajé durante muchos años en el mundo empresarial. 
Desgraciadamente, no hemos logrado nuestro fin. 
Lo que sí hemos conseguido- y me felicito por ello- es que se ponga de manifiesto la necesidad de aplicar normas especiales a las comunidades religiosas, ya que en ese caso las personas contratadas deben poder identificarse con las ideas y los objetivos básicos de las mismas. 
Creo que a este respecto hemos logrado entre todos un gran éxito. Y, por último, hemos acordado normativas a favor de los minusválidos. 
Me alegro enormemente de que hoy hayamos alcanzado tantos compromisos, como demuestra la votación. 
Quisiera manifestar de nuevo mi más sincera gratitud hacia mis colegas por el excelente trabajo en equipo. 
Señor Presidente, soy diputado del Parlamento Europeo desde hace quince meses. 
Hoy, 5 de octubre de 2000, la mañana no empezó bien, sin embargo, para mí es el día más feliz desde cuando estoy en el Parlamento, ya que hoy, en este informe del Sr. Thomas Mann, se ha aprobado la enmienda. 62 que he respaldado firmemente y que reza: "no se admite discriminación alguna por razón de la edad del discapacitado por lo que respecta al acceso a la asistencia sanitaria, social y económica". 
Para mí, éste es un resultado extraordinariamente importante, pues demuestra que- permítame regocijarme, señor Presidente- mi presencia aquí no ha sido inútil. 
No obstante, quiero dar las gracias al Sr. Speroni de la Liga del Norte, al Sr. Thomas Mann, ponente del Grupo del Partido Popular Europeo, al Sr. Lambert de los Verdes y al Sr. Helmer de los Conservadores ingleses por haberme ayudado y respaldado, ya que sin ellos no habría alcanzado este resultado. 
A pesar de sus posiciones diferentes, han demostrado que cuando una enmienda es justa ellos la aprueban, sin perjuicio de quien la presente. 
He votado en contra del informe Mann, pues, si bien es necesario, efectivamente, intentar conseguir la igualdad de trato de las personas en materia de empleo y trabajo, no habría que llevar el celo hasta el punto de abandonar toda protección de las libertades y todo respeto del Estado de derecho. 
Por ejemplo, en el apartado 1 del artículo 9 de la propuesta de directiva, se dispone que una persona que se considere víctima de una violación de la igualdad de trato en su trabajo y que presente una demanda sólo necesita presentar ante el tribunal una presunción de discriminación en detrimento de ella; después incumbe a la parte demandada, es decir, el empleador, demostrar que la acusación es infundada. 
Este artículo ha sido modificado ligeramente por una enmienda del Parlamento Europeo que complica su lectura, pero no modifica su orientación general. 
Así, pues, si se aprobara definitivamente esta directiva, correspondería al empleador acusado aportar la prueba de su inocencia y no al acusador aportar las pruebas de lo que afirma. 
Así, se van modificando poco a poco los principios habituales del Estado de derecho por influencia de una concepción extremista de la lucha contra las discriminaciones, a la que el Parlamento Europeo y la Comisión tienen muchísimo gusto en adherirse para meter la nariz en todas las leyes nacionales. 
Una vez más, no podemos aprobar esas desviaciones, que el proyecto de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea va a amplificar, por lo demás, ya que en su redacción actual da una versión extensiva de la cláusula antidiscriminación que el Tratado de Amsterdam ya había introducido en el derecho europeo. 
Durante las negociaciones del Tratado de Amsterdam, nos congratulamos de la inserción del artículo 13 relativo a las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las convicciones filosóficas no sectarias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual. 
Semejante disposición atestigua el empeño de la Comunidad de fomentar una sociedad más justa e igualitaria y sobre todo ha abierto la vía a una acción comunitaria apropiada y encaminada a contribuir a la lucha contra la discriminación en general. 
Permite completar las medidas adoptadas por la Comunidad para fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres abordando nuevos motivos de discriminación. 
Da un impulso nuevo y significativo a la acción comunitaria en una esfera en la que existe cierto acervo legislativo y una cooperación fructífera con la sociedad civil. 
Ése ha sido el fundamento de las medidas de lucha contra la discriminación que se han adoptado. 
Las propuestas consisten en dos proyectos de directiva (sobre la discriminación en el empleo y sobre la discriminación basada en la raza y el origen étnico) y un programa de acción destinado a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros. 
Por lo que se refiere a la directiva paralela sobre la igualdad de trato entre las personas sin distinción de raza u origen étnico, el Consejo ha logrado obtener un acuerdo político después de que el Parlamento Europeo haya revisado su dictamen al respecto. 
Así, pues, hemos tenido que votar sobre la directiva relativa a la igualdad de trato en materia de empleo y al programa de acción 2001/2006. 
Para explicar mis votos, diré antes que nada que el derecho a la igualdad de trato y a la protección contra la discriminación es un derecho humano fundamental. 
Sin embargo, si bien se reconoce ese derecho, dista de plasmarse en la realidad, lo que explica el interés que reviste adoptar medidas voluntarias y coordinadas en el nivel europeo. 
Por lo que se refiere al informe Mann sobre la igualdad de trato en materia de empleo, me limitaré a subrayar que estoy satisfecho de que se haya conseguido reducir al mínimo las posibilidades de derogación. 
En efecto, eso abría la vía a abusos contrarios al objetivo de esta directiva. 
Se mantienen ciertas posibilidades que- debo reconocerlo- no me gustan. 
Se trata de las posibilidades de derogación en materia de religión. 
La disposición según la cual el concepto de exigencia profesional, esencial y determinante, puede fundamentar derogaciones motivadas por la religión, podría ser objeto de una interpretación amplia. 
Como laico convencido que soy, no he podido asociarme a ella. 
En el mismo sentido, me inquieta la autorización de las derogaciones basadas en la edad, pues ese sector de la población está particularmente expuesto a las discriminaciones en la esfera del empleo. 
Respecto del programa de acción para la lucha contra la discriminación, la propuesta de la Comisión Europea era en gran medida satisfactoria. 
Había que deplorar algunas lagunas o imprecisiones, que se han corregido y yo he apoyado. 
Me parecía esencial ampliar el ámbito de aplicación del programa a fin de garantizar la aplicación del artículo 13 del Tratado. 
También me satisface mucho que en adelante se considere el acoso una forma de discriminación y que se haya tenido en cuenta la prevención de las discriminaciones y no sólo la lucha contra ellas. 
Era importante reafirmar la necesidad de hacer participar a los países candidatos en ese programa. 
Mi observación final se refiere al presupuesto de este programa, es decir, 98,4 millones de euros, suma que es, naturalmente, insuficiente para las acciones previstas. 
En conclusión, he apoyado el espíritu de estas propuestas y he votado a favor de la mayoría de ellas, exceptuado un punto contradictorio con mi laicidad. 
La propuesta de directiva sobre la igualdad de trato en materia de empleo y trabajo que se nos presenta hoy responde a una petición expresada hace mucho por el Parlamento Europeo y, en particular, por nuestro Grupo. 
En efecto, constituye uno de los tres componentes de un plan de medidas relativas a la lucha contra la discriminación, basada en el nuevo artículo 13, introducido por el Tratado de Amsterdam, y se completa con un programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación. 
Estos textos vienen, así, a colmar una laguna escandalosa de la construcción europea: la consideración de las necesidades reales de las personas excluidas o marginadas en nuestras sociedades por razones de una discapacidad, de su edad, de su pertenencia a una minoría. 
En ese sentido, participan en el esbozo de una Europa de los hombres, por la que hacemos votos desde hace demasiados años. 
Así, pues, doy mi apoyo con entusiasmo a la propuesta de directiva y a las modificaciones, muy positivas, que propone nuestro ponente para mejorar la eficacia de este texto. 
A ese respecto, quisiera subrayar en particular la importancia de las enmiendas que mejoran la protección de las personas discapacitadas aclarando las expresiones "acondicionamiento razonable" del puesto de trabajo y "dificultad injustificada" para el empleador, que endurecen la prohibición de discriminación de las personas de edad que opten libremente por seguir ejerciendo una actividad profesional (en Europa el 63% de las personas de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años no trabajan) o que fortalecen la autonomía necesaria de los interlocutores sociales y el primordial papel del diálogo social en materia de aplicación concreta de la igualdad de trato en las empresas. 
Paralelamente, la enmienda que extiende la excepción al principio de no discriminación a las actividades "sociales", en sentido amplio, de las organizaciones religiosas, en la medida en que se trata de una discriminación basada únicamente en las convicciones religiosas y no en otro motivo, permite reafirmar la especificidad y la aportación original de esas estructuras respecto de los servicios públicos o privados. 
En cambio, las enmiendas que propugnan que se sancione con una exclusión de los contratos públicos a las empresas que no respeten el principio de igualdad de trato no me parecen idóneas para el objetivo perseguido y sujetas a interpretaciones divergentes. 
Además, abren la puerta a distorsiones de la competencia entre las empresas de los diferentes países de la Unión Europea. 
Ésa es la razón por la que deseo emitir reservas a ese respecto, aun votando a favor de todo el texto. 
El PNE saluda esta directiva y su objetivo de acabar con la discriminación en el lugar de trabajo. 
El trato injusto a los trabajadores basado en la raza, creencia religiosa, minusvalía, edad u orientación sexual no puede justificarse en modo alguno en una Europa moderna y socialmente justa. 
Esta directiva concede a los Estados miembros una gran oportunidad para mejorar los derechos de los trabajadores de toda Europa. 
El PNE se complace en apoyar esta norma que está en consonancia con la política de nuestro partido de acabar con cualquier tipo de discriminación y de apoyar positivamente las medidas que garanticen la igualdad de trato de todos los ciudadanos. 
Además el PNE contempla este instrumento legislativo como un medio para alcanzar los objetivos fundamentales de la Unión Europea ya que reconoce que la igualdad en el campo del empleo ayuda a combatir la exclusión social y contribuye al objetivo de la UE de facilitar la libre circulación de sus ciudadanos. 
- (FI) Enmienda 18: la propuesta de directiva que nos ocupa está relacionada con las directrices generales del trato equitativo en la vida laboral y profesional, y no todos los aspectos incluidos en la redacción de la enmienda 18, por ser ésta tan general, entran en el ámbito de esta directiva. 
De los argumentos esgrimidos en esta enmienda se desprende explícitamente que su propósito es intervenir también en las estipulaciones de edad vigentes en los Estados miembros, las cuales están, sin embargo, perfectamente justificadas por razones de desarrollo psicológico y no tienen ninguna repercusión en la vida laboral. 
He votado en contra de esta enmienda por las razones que acabo de exponer, aunque debemos oponernos a todas las formas de marginación que hagan presencia en la vida laboral y profesional. 
Enmienda 37: la redacción propuesta por la comisión parlamentaria para el artículo 4.2 de esta propuesta de directiva es acertada y puede garantizar en gran medida la futura presencia de las organizaciones religiosas en un amplio marco del trabajo social, lo cual es básico para la concepción de la política social de toda Europa y sigue siendo una parte importante de los aspectos prácticos de esta política. 
Además, la redacción presentada por la comisión parlamentaria refuerza, por ejemplo, la vitalidad de las costumbres y de la cultura de las pequeñas comunidades de inmigrantes. 
He votado a favor de esta enmienda por las razones que acabo de exponer. 
- (DE) Nuestro colega Thomas Mann ha puesto mucho empeño en el informe sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa al establecimiento de una marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 
Su informe ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Ello no obstante, nos encontramos aquí ante otras 13 nuevas enmiendas, además de las 60 enmiendas del informe MANN a la propuesta de directiva de la Comisión. 
Hay un principio que no deberíamos perder de vista a la hora de modificar las propuestas de la Comisión, que a decir verdad suelen estar muy bien elaboradas. Me refiero a lo siguiente: "Lo mejor es enemigo de lo bueno". 
En realidad es de sentido común. 
Con respecto a algunas de las enmiendas que tenemos delante de nosotros y que sin duda se han presentado con buenas intenciones cabe preguntarse si obedecen al sentido común. 
Si pretendemos elaborar una directiva plausible y viable no podemos cargarla de florituras e ilusiones, ya que no es lo que se espera de un texto legislativo. 
Es con toda seguridad el caso de una de las propuestas que pretende ser incorporada a la directiva. Tiene por objeto poner fin a la discriminación por motivos de sexo que supone el hecho de obligar únicamente al personal masculino a llevar corbata. 
Si hacer el ridículo fuera mortal, los autores de esta propuesta ciertamente ya no estarían entre nosotros. 
También me parece desproporcionado exigir de los empresarios que lleven estadísticas sobre todos los aspectos laborales relacionados con las personas consideradas en la presente directiva. 
Esto apenas lo consiguen las propias autoridades. 
No nos olvidemos de este otro valiosos principio: "No se pueden pedir peras al olmo." 
En mi opinión, sobra asimismo todo cuanto se estipula en el nuevo artículo 12 bis. 
La Comisión- entre otros motivos por respeto hacia el principio de subsidiariedad- se ha abstenido con razón de exhortar a los Estados miembros a establecer nuevos organismos encargados de velar por la correcta aplicación del principio de igualdad de trato a los que puedan dirigirse todas las agrupaciones de personas y asociaciones habidas y por haber, de exigir la tramitación gratuita de las quejas y de garantizar a los organismos responsables el acceso a datos confidenciales relativos al personal. 
A pesar de las numerosas incoherencias y las inútiles propuestas que no aportan nada a la buena causa no tengo la intención de votar en contra del informe en la votación final. 
No obstante, sigo pensando que también en este caso menos hubiera dado lugar a más. Sostengo que la propuesta de la Comisión, sin tanta enmienda superflua, constituye el instrumento más adecuado y más razonable para la implantación de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que es, a fin de cuentas, lo que pretendemos. 
Saludo esta propuesta de establecer un marco para combatir la discriminación y asegurar la igualdad de trato en el trabajo. 
Las áreas cubiertas son el acceso al empleo y la ocupación, la formación profesional, la promoción, las condiciones de trabajo y la participación en ciertos órganos. 
La propuesta cubre tanto la discriminación directa como la indirecta. El acoso también se incluye en la definición de discriminación. 
En cuanto a las discapacidades, el principio de igualdad de trato implica la identificación y la eliminación de las barreras que afectan a las personas discapacitadas que, con unos ajustes razonables, son capaces de desarrollar las funciones esenciales de un empleo. 
Aunque la propuesta sigue permitiendo ciertas diferencias de trato en función de la edad, éstas deben tener una justificación objetiva. 
La propuesta también permite las acciones positivas para corregir desequilibrios de género. 
Estas propuestas merecen la rigurosa atención de los Estados miembros y de las demás instituciones comunitarias. 
. 
(EN) El PLPE ha votado a favor del informe Mann sobre la igualdad de trato en situaciones discriminatorias porque se compromete firmemente con el principio de luchar contra la discriminación injustificada y apoya ampliamente los objetivos generales que subyacen a esta propuesta. 
No obstante, el PLPE tiene importantes reservas respecto de las siguientes áreas. 
Respecto de las discapacidades, aunque saludamos el principio en el que se basan las propuestas, el Reino Unido sencillamente se enorgullece de su legislación relativa a las discriminaciones fundamentadas en una discapacidad, si bien no es nuestra intención imponer nuestro modelo a otros Estados miembros. 
Sin embargo, queremos asegurarnos de que la directiva nos permita continuar con el espíritu de la Ley de Discriminación por causa de Discapacidad, aunque entendemos que será necesario hacer algunos cambios relativamente menores. 
En cuanto a la edad, el PLPE saluda el principio de luchar contra la discriminación por razón de la edad en el trabajo y la formación. 
Este es un campo muy complejo y las propuestas son ambiciosas y de largo alcance. 
No obstante, creemos que es importante que la Comunidad disponga de una legislación clara y factible. 
Respecto del credo o la religión, el PLPE saluda el principio de protección en este ámbito. 
Para el Reino Unido esto supondría el final de una anomalía por la cual dos grupos minoritarios no cristianos (judios y sijs) están protegidos tanto contra las discriminaciones directas como las indirectas por la ley británica de relaciones interraciales, ya que los tribunales los consideran tanto grupos étnicos como grupos religiosos. 
Bajo algunas condiciones los musulmanes reciben protección pero únicamente en el caso de discriminación indirecta, mientras que los musulmanes afrocaribeños, los musulmanes blancos y, ciertamente, los cristianos no reciben ninguna protección. 
No obstante, el Reino Unido constituiye una de las poblaciones con mayor diversidad religiosa de la Unión Europea, de suerte que reviste mucha importancia que las propuestas sean acertadas. 
El PLPE quiere garantizar que la directiva permita que la Sección 60 de la Ley marco y de normalización escolar del Reino Unido permanezca inalterada. 
En cuanto a la orientación sexual, saludamos el principio de las propuestas de la Comisión de combatir la discriminación por esta causa. 
Otras consideraciones: 
Gran parte del texto deberá ser aclarada antes de su culminación. 
Nos preocupan las definiciones opacas de "ajuste razonable" y "dificultad especialmente gravosa" del Artículo 2 (4) y las posibles contradicciones con las directivas de contratación pública de la enmienda al Artículo 55. 
Deberían eliminarse algunas elementos que presentan diferencias respecto de la Directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial, como por ejemplo, la definición de discriminación indirecta de la enmienda 21, la defensa de los derechos del artículo 8, el texto sobre la condición de víctima en el Artículo 10, y el Artículo 11 que se ocupa de la publicación de información. 
También creemos que la directiva debería ser clara en cuanto a las qué diferencias de trato por razón de la edad son permisibles y cúales no. 
Nos preocupan algunos elementos que parece pudieran ser excesivamente gravosos: especialmente la aplicación de esta legislación a los trabajadores voluntarios en puestos públicos o instituciones benéficas. 
Nos preocupa la inclusión de la salud, la seguridad social y la prestación de ayuda por cuanto existen diferencias considerables entre los países en la forma de gestionarlas y por la cuestión de si se integran o no en la relación empleado/empleador. 
También existen elementos que, en nuestra opinión, deberían dejarse al arbitrio de los Estados miembros, tales como la aplicaión general, la prestación de formación a trabajadores de determinados grupos de edad, la naturaleza del sistema de mediación, y la forma en que las Pymes deben interpretar la directiva. 
Por último, algunos elementos deberían tener una naturaleza optativa en lugar de obligatoria para satisfacer las diversas prácticas de los Estados miembros. 
Creemos que las futuras negociaciones nos concederán la oportunidad de abordar estas cuestiones y esperamos la promulgación de esta directiva y todos los beneficios que va a otorgar a los trabajadores del Reino Unido y otros países de la UE. 
. 
(EN) He votado en contra de estos informes porque encierran el principio de que la perversión sexual sea elevada al nivel del santo matrimonio y de la exclusiva práctica del sexo en el seno del vínculo matrimonial. 
También discriminan a las personas y organizaciones que creen que las santas escrituras son la palabra de Dios, la única norma infalible de fe y conducta, obligando a tales creyentes a emplear a aquellos que propagan y practican actos sexuales absolutamente contrarios a la ética de las escrituras. 
Es sólo por este motivo por el que he votado en contra. 
. 
(SV) Los cristianodemócratas aplaudimos la propuesta de directiva sobre igualdad en el ámbito laboral. 
No obstante, opinamos que la enmienda de la comisión sobre estadísticas separadas en grupos, es decir, basadas en los motivos de discriminación, tales como la raza, la etnia, la edad, la religión o las creencias religiosas y las preferencias sexuales, son demasiado atentatorias contra la integridad. 
Por eso optamos por votar en contra de esta enmienda, pero respaldamos el informe como tal. 
. 
(FR) Me he abstenido con relación al informe van Hulten porque considero que no se deben multiplicar los órganos de control en las instituciones europeas. 
Este "frenesí del control" conduce, de hecho, a una desresponsabilización de los funcionarios, a una situación en la que cada cual tratará de esconder su responsabilidad detrás de la de los controladores, y los controladores de los controladores. 
La Unión Europea tiene una mala imagen entre muchos ciudadanos. 
El ponente Van Hulten cita en una entrevista de un semanario neerlandés la frase: "Se llama Europa, está en Bruselas y es corrupta". 
Gracias a la actuación de un "chivato" y al Comité de Sabios se ha denunciado la corrupción. 
El Sr. Van Hulten observa acertadamente en esta misma entrevista que sólo podemos empezar con una agenda positiva cuando se hayan solventado problemas como el fraude, el despilfarro así como la falta de eficiencia y eficacia en el proceso de toma de decisiones. 
La reforma del reglamento financiero, o más concretamente, el establecimiento de un servicio interno de auditoría, vendría bien a la eficacia de la Unión Europea. 
El ponente Van Hulten completa acertadamente las lagunas de la propuesta de la Comisión: se necesita una definición clara de la división de competencias entre el control financiero y la auditoría interna. 
Pero si el Sr. Van Hulten quiere esforzarse por una Unión eficiente y eficaz, no entendemos, como tampoco el ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos, por qué quiere eximir a las instituciones más pequeñas como el Comité de las Regiones de la obligación de realizar una auditoría interna. 
Esto va en contra de la transparencia del reglamento financiero. 
El número de transacciones de las instituciones más pequeñas es, naturalmente, más reducido que en las grandes, las 800.000 transacciones anuales de la Comisión eclipsan las 10.000 transacciones anuales del Comité de las Regiones. 
Pero esto sólo dice algo de la plantilla de un servicio de auditoría interna y nada de la importancia financiera ni de la utilidad de dicho servicio. 
Es por esta razón por la que he pedido una votación por separado sobre la enmienda 3, para que se recoja la obligación de un servicio de auditoría interna en la propuesta. 
Aunque el ponente está de acuerdo conmigo con que hay que tratar a todas las instituciones por igual, sin embargo quiere postergar esta igualdad de trato hasta la reforma definitiva del reglamento financiero dentro de un año y medio. 
Me parece que, si hay alguna posibilidad de mejorar la eficiencia de las instituciones de la UE, cualquier día que esperemos es un día de más. 
Bien es verdad que la introducción de un servicio de auditoría interna en las instituciones costará un esfuerzo, pero ese esfuerzo será el mismo ahora o en el futuro. 
No basta para la imagen de Europa con que sólo las grandes instituciones funcionen con eficiencia, ¡quizás en más de un aspecto son las pequeñas las que tienen que llevar el gato al agua! 
Informe Titley (A5-0211/2000) 
- (EN) Tengo la seguridad, al igual que todos mis colegas, de que apoyamos una adecuada gestión y control de las exportaciones de armas de la Unión Europea. 
Disponemos de muchos ejemplos de la forma en la que las exportaciones incontroladas y sin escrúpulos han exacerbado muchos de los conflictos del pasado siglo e incluso del presente. 
Nosotros, en Europa, junto con nuestros socios de todo el mundo, hemos de procurar que los errores y la codicia del pasado no vuelvan a repetirse. 
La razón de mi voto a este informe se relaciona, en lo esencial, con la cuestión de unas relaciones más estrechas entre la Unión Europea y la OTAN y también con el avance hacia una política de defensa común. 
Muchos hablarán sobre la paz y la resolución de conflictos mientras al mismo tiempo cierran contratos para vender armas a combatientes. 
Si se pusiese término a esta política dual se superarían muchas de las dificultades existentes. 
Como he dicho al principio, estoy a favor de un mayor control sobre las exportaciones de armas, pero esta cuestión no debería ser confundida con otras iniciativas políticas. 
. (DA) Aunque simpaticemos con la idea de una regulación política de la producción y exportación europeas de armamento, somos escépticos ante el informe Titley, en primer lugar por las siguientes razones: 
No se establece ninguna conexión entre el desarrollo de la industria armamentística y la cooperación comunitaria en política militar. 
La UE ha decidido poner en pie una capacidad militar común para cumplir los llamados objetivos de Petersberg (la lucha contra las crisis y la resolución de conflictos fuera del territorio de la UE) y sin embargo, no tiene una política común de defensa. 
Los países de la UE son miembros de la OTAN y de la UEO o forman parte de los países no alineados. 
La política de exportación de armamento ha de tomar como punto de partida esto y ha de diferenciarse entre el control del desarrollo de la industria armamentística políticamente motivado (para la lucha contra las crisis) y la exportación de armamento motivada puramente por motivos comerciales, que en nuestra opinión debe ser minimizada y a largo plazo abolida. 
Nos oponemos especialmente a las redacciones del punto R y de las letras d) y e) del punto 1 del informe relativas a que el desarrollo en la exportación de armamento debe llevar al desarrollo de una política común de defensa y a la creación de una identidad defensiva en el seno de la OTAN y a que la industria armamentística debe beneficiarse del desarrollo por la UE de un código comunitario para la exportación de armamentos. 
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(SV) Celebramos la iniciativa sobre aplicación de códigos de conducta en materia de exportación de armas. 
Muchas de las propuestas y observaciones contenidas en el informe del Sr. Titley implican mejoras a la proposición original del Consejo. 
A pesar de esto, optamos por votar en contra del informe Titley por las siguientes razones: 
El informe implica que se sigue considerando importante la existencia de una gran capacidad militar en Europa, en lugar de hacer hincapié en la necesidad de trabajar por la paz y el desarme. 
El informe valora el control de la exportación de armas fundamentalmente como un método para evitar situaciones incómodas para la industria militar europea y no como una manera de alcanzar el desarme y la paz. 
En el informe se entiende también la exportación de armas en Europa como una manera de resolver conflictos en los territorios cercanos. 
El ponente, a pesar de la petición del Grupo de los Verdes, ha evitado consecuentemente discutir el caso de Turquía, que por ser miembro de la OTAN, está en la práctica excluido de los códigos de conducta. 
Además, el informe significa que se tiene a la industria europea de armamentos por económicamente importante, perspectiva ésta indefendible, ya que su principal objetivo es, de forma implícita, matar y eliminar a seres humanos. 
En tanto el Parlamento Europeo no sea capaz de asociar lógicamente la producción y venta de armamentos con la continuación del deterioro global del medio ambiente y de la vida humana causado por la industria militar, no podremos respaldar informes de esta naturaleza. 
Apoyo este informe de mi colega Gary Titley, y coincido con él en que un comercio de armas responsable forma parte del "acquis communautaire" y, por tanto, los países candidatos deberían ser activamente involucrados en el desarrollo del Código de Conducta en materia de exportación de armas, debiendo ser éste legalmente vinculante. 
En especial, comparto su opinión de que es necesario establecer unas normas comunes y un control efectivo en la UE para combatir el tráfico ilegal de armas y para controlar el comercio lícito de armas ligeras y pequeñas armas. 
Confío en que los Estados miembros le presten a este asunto una pronta y considerada atención. 
El mundo sería más seguro sin armas. 
Por eso soy partidario de un código de conducta que impida la producción y exportación de armas, y que lleve a los fabricantes de armas a cambiar su producción a objetos más útiles. 
Desde este punto de vista he leído las propuestas del Sr. Titley, y las he estudiado para ver hasta qué punto contribuyen a un mundo pacífico sin armas. 
Apoyo en términos generales los pequeños avances, aún cuando no conduzcan plenamente a las soluciones que yo defiendo. 
Esto cambia si dicho pequeño avance constituye un bloqueo para alcanzar las soluciones reales. 
Me parece que en este caso la cuestión no está entre una total libertad para el comercio de armas y este código de conducta. 
Si esta fuera la elección entonces apoyaría este código de conducta como mal menor, ya que algo es algo. 
La auténtica elección, sin embargo, está entre este código de conducta y una prohibición total. 
El código de conducta parte de la premisa de que el tráfico de armas seguirá existiendo y que la producción europea de armas ha de ser fomentada. 
Se regularán los excesos porque llaman la atención y despiertan la indignación. No obstante, no se ataca el problema mismo del tráfico de armas, lo cual es para mí motivo suficiente para no apoyar este código de conducta. 
. 
Es provechoso que la UE se decida a aplicar un código de conducta para restringir la exportación de armas. 
Sin embargo, no acepto que se exija una política de defensa común y una política de seguridad y defensa europea en el seno de la OTAN. 
Suecia es un país neutral y no tiene intenciones de formar parte de alianza alguna. 
Por este motivo, no doy mi apoyo a estos criterios, es decir, a la justificación R y a los puntos 1 c, 1 d y 1 e. 
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(FR) Francia, Alemania y el Reino Unido son, junto con Estados Unidos, los principales vendedores de armas que nutren los conflictos del planeta: tanto en África, donde hay 10 Estados en guerra, como en Asia, donde se enfrentan la India y Pakistán. 
Los Estados europeos han vendido armas a Indonesia, cuyo ejército está implicado en las masacres de Timor y las Molucas. 
El Estado francés vende helicópteros a Turquía, que está en guerra con el pueblo kurdo, aviones a China y a Taiwan, por no hablar del escándalo de las famosas fragatas de Taiwan. 
Ayer, el Estado francés se hacía cómplice del genocidio de Rwanda al entregar numerosas armas ligeras al régimen que organizó las masacres. 
Hasta hoy, nadie ha pedido cuentas a la Unión Europea ni a Francia. 
Con esta resolución no se quiere reducir radicalmente las ventas de armas para favorecer una política de desarme, sino sólo regularlas para asegurar más los beneficios de los grupos industriales. 
Ahora bien, no hay guerras "sin muertos". 
Sólo hay guerras que matan. 
Esta resolución hipócrita pretende establecer "un Código de conducta de la Unión Europea", cuando al mismo tiempo afirma que la industria de la defensa "es importante para la UE desde los puntos de vista económico y estratégico". 
En nuestra opinión la reestructuración de la industria de defensa no debe fundamentarse en la ambición política de crear una política de defensa común sino en las necesidades estratégicas e industriales de las grandes empresas y Estados miembros involucrados. 
Sobre esta base los entendimientos entre compañías europeas y estadounidenses deben ser tan bien recibidos como aquellos que surjan entre empresas europeas. 
Si bien podemos apoyar un código de conducta que establezca el campo de juego, con una serie de normas a las que todos nos podamos adherir voluntariamente, no desamos sobrecargar a la industria introduciendo más normas innecesarias. 
En especial no apoyamos la propuesta, contenida en el parágrafo 9 de la resolución, de que el código de conducta sea jurídicamente vinculante. 
Nuestras objeciones tienen fundamentalmente cuatro aspectos: ha surgido la posibilidad de que una serie de actividades puedan recaer en la competencia del Tribunal de Justicia europeo, la posibilidad de obtener el beneplácito de otros países exportadores de armas ajenos a la Unión Europea para un código de conducta internacional será mucho más difícil y lo hará considerablemente menos atractivo si éste fuese jurídicamente vinculante, si se previesen sanciones aparecería el peligro de que aquellos que participan en el comercio de armas sean más opacos respecto a sus operaciones, algunos países serán reticentes a hacer encargos de armas a países europeos lastrados por la legislación, especialmente cuando se prevea una larga relación de servicio postventa. 
A pesar de que coincidimos en muchos puntos, esta resolución contiene una serie de defectos fundamentales que han motivado nuestra abstención en esta votación. 
Informe Angelilli (A5-0258/2000) 
Los niños son las primeras víctimas de la violencia televisiva. 
Ya todos reconocen la repercusión y las consecuencias perjudiciales que ejerce la oleada de violencia diaria, y en continuo aumento, de programas televisivos y de productos de los multimedia en las edades más tempranas, que son las más susceptibles, dado que no tienen un espíritu crítico desarrollado. 
El texto y el informe de la Comisión hacen algunas constataciones correctas sobre la influencia negativa en la psicología de los niños y en la formación de la personalidad, y en consecuencia, sobre los peligros que se vislumbran para la sociedad del mañana viendo tales programas y consumiendo dichos productos. 
Sin embargo, sus propuestas se limitan a cuestiones de horario, de clasificación de los programas, y aspiran especialmente a las televisiones digital y de abonados adoptando el estudio de la Universidad de Oxford sobre los dispositivos de filtrado de los programas televisivos, que deben adquirir los padres y utilizarlos para proteger a sus hijos. 
Vemos otra vez cómo este delicado y difícil tema de la protección de nuestros hijos, que van a ser las sociedades del mañana, es objeto de comercialización para obtener aún mayores beneficios. 
Todo el peso de la protección de los niños cae exclusivamente en los padres y ni siquiera se mencionan la producción y difusión de programas que pueden ser perjudiciales para los niños. 
Pero, ¿cómo van a poder los padres, incluso si consiguen estos dispositivos de filtrado, proteger a sus hijos de los llamados programas infantiles, en cuya mayoría hay imágenes violentas y algunas de ellas son peores aún que las películas de terror? 
¿Cómo van a protegerlos de la violencia que inundan los multimedia e internet? 
La comunicación de la Comisión reconoce el problema pero no propone medidas concretas porque está ofuscada en la lógica de la liberalización del mercado y de la competitividad, y así ninguna propuesta toca la cruda realidad, especialmente para los niños, del libertinaje de las empresas multinacionales, que, en su busca del beneficio, ignoran la repercusión de sus programas y productos y trasladan toda la responsabilidad a los padres, invitándolos además a consumir nuevos productos para proteger a sus hijos. 
La única referencia que se hace las empresas es para que establezcan un código de autorregulación. 
Estamos de acuerdo con algunas de las interesantes propuestas del informe Angelilli sobre la protección de los niños, así como con la necesidad de un estudio detallado sobre los aspectos morales y jurídicos de la protección de los menores. 
. (DA) He votado hoy en contra del informe de la Sra. Angelilli relativo a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión. 
El que obre así no obedece a que sea contrario al informe como tal, sino que se debe a mi deseo de envíar una señal clara sobre la necesidad de que la UE y la Comisión se concentren en sus tareas fundamentales. 
No es tarea de la UE, sino de los Estados miembros adoptar iniciativas en este ámbito. 
La Comisión ya tiene suficientes tareas apremiantes en las que emplear sus energías. 
. 
(FR) Como padre de dos hijos de corta edad, me han interesado especialmente los resultados del estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión. 
Les recuerdo que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 ter de la Directiva sobre la "televisión sin fronteras" (Directiva 97/36/CE, de 30 junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 89/552/CE) , la Comisión debía llevar a cabo una investigación sobre las posibles ventajas e inconvenientes de las medidas destinadas a facilitar el control ejercido por los padres o los tutores sobre los programas que pueden ver los menores. 
Me alegra que se haya realizado ese estudio. 
El marco jurídico y ético de los Estados miembros varía dependiendo de sus tradiciones y costumbres culturales. 
En Europa, no existe una definición única de menor y hay opiniones divergentes sobre si es nefasto o no para los menores ver determinados programas de televisión. 
Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en afirmar que es de interés público luchar firmemente contra la oleada de violencia y otros contenidos peligrosos para la juventud que inunda los programas de televisión y los servicios audiovisuales por cable, a fin de proteger el equilibrio psicológico de los menores. 
Los menores son distintos de los adultos. 
Son más vulnerables, tienen menos capacidad para elaborar un juicio crítico y corren un mayor riesgo de desestabilización. 
Al igual que el ponente, creo que las medidas encaminadas a proteger a los jóvenes de los programas violentos y perjudiciales no deben limitarse a la televisión tradicional, sino aplicarse a todos los medios de comunicación. 
Por otra parte, considero indispensable hacer hincapié en la educación de los niños en los medios de comunicación. 
Es conveniente reforzar a escala nacional y regional las campañas de sensibilización para la protección de los menores en los medios de comunicación y asociar a ellas a las familias y al sector educativo. 
También es necesario que los sistemas de filtrado de los programas de televisión se vendan a un precio asequible para todos. 
Pero estas medidas no deben significar, en forma alguna, que los suministradores de servicios queden exentos de toda responsabilidad sobre los contenidos que emiten. 
En la medida en que las cuestiones relativas a la radio y la televisión son competencia de los Estados miembros, apoyo la petición que se les hace, como también a la Comisión, de que definan, mediante disposiciones legislativas, las responsabilidades que incumben a las empresas del sector de los medios de comunicación. 
Me parece igualmente indispensable que todos los operadores de televisión de la Unión Europea elaboren un código de autorregulación para la protección de los menores. 
Quisiera concluir felicitando al ponente por su excelente trabajo. 
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(EN) Saludo las disposiciones esenciales de este informe que resalta de nuevo la importancia que el Parlamento Europeo concede a la protección de los niños en Europa. 
Este informe confirma que es de interés público proteger a los niños de una excesiva exposición a la violencia en televisión y otros programas que pueden tener efectos nocivos. 
El objeto de este informe es muy específico y profundamente complejo. 
Cualquier nuevo análisis de una tecnología tan específica como la de los sistemas de filtrado debe tener en cuenta los avances tecnológicos que están a nuestra disposición hoy. 
Este informe se basa en el principio del sentido común. 
Se fundamenta en la necesidad de que las emisiones de televisión asuman la responsabilidad de proteger a los menores a través de un código autorregulador vigente en toda Europa 
A escala comunitaria se va a constituir un comité de expertos con el mandato de elaborar un memorandum que establezca los principios generales para la protección del menor frente a los medios. 
Ahora le corresponde a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo y a todas las partes interesadas colaborar para averiguar la mejor forma de proteger a la gente joven de la excesiva violencia televisiva. 
Confío en que las principales organizaciones de emisoras de televisión, tanto del sector privado como del sector público europeos se involucren positivamente en este proceso. 
Ciertamente, debemos reconocer que en Europa la tecnología está cambiando rápidamente en el sector televisivo. 
La digitalización de las viejas redes de televisión analógicas está teniendo lugar a lo largo y ancho de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto también va a suponer un mayor desafío para los legisladores a la hora de introducir las necesarias medidas de protección para garantizar que los niños queden protegidos frente a programas de televisión absolutamente violentos e inapropiados. 
Voy a trabajar en el plano nacional europeo para asegurar que los gobiernos de la UE van a aplicar la legislación oportuna para poner en práctica los necesarios mecanismos de protección a los que me he referido. 
. 
(FR) La televisión es el objeto ineludible de cada día. 
Con una media de tres horas diarias, es la actividad humana más importante después del sueño y, para los adultos, después del trabajo. 
Las transformaciones registradas en el ámbito laboral, como el aumento del trabajo de la mujer y unos horarios cada vez más flexibles, dejan a los niños cada vez más solos ante la pequeña pantalla. 
Las soluciones son variadas, pero ninguna satisfactoria. 
Sin embargo, un código de autocontrol de los profesionales constituye una solución excelente. 
Para mí, es la dirección correcta. 
Como ha destacado el ponente, el control ejercido por los padres no debe limitarse a la televisión. 
Los niños son también grandes consumidores de Internet y de videojuegos. 
El enfoque adoptado debe englobar todos los soportes de imágenes. 
He votado convencido a favor del informe de la Sra. Angelilli, en el que se indican las dificultades de una actuación a escala comunitaria: cada país miembro tiene una historia y una relación particular con su televisión nacional; las singularidades nacionales se reflejan en los contenidos de los programas; además, las definiciones de niño y de menor varían de un sistema jurídico a otro. 
Del mismo modo, apoyo las enmiendas del Grupo del ELDR, que aportan útiles precisiones sobre "¿ quién hace qué ?". 
Quisiera dar mi enhorabuena a la Sra. Angelilli por sus propuestas sobre el desarrollo de un mecanismo de control para proteger a los niños del mal que les puede hacer ver programas violentos o de otro tipo no recomendados para su edad. 
Estoy totalmente de acuerdo con estas propuestas; pero quisiera señalar que se refieren a lo mínimo mientras que no se cumple la mayor parte, porque estas propuestas también están contenidas en una comunicación no vinculante de la Comisión, aunque casi todos los Estados miembros infringen la Directiva vinculante "Televisión sin fronteras" - (97/36/CE) , a la que se refieren. 
En estas condiciones, todos los Estados miembros deben avenirse a la legislación comunitaria lo más pronto posible. 
Tras un estudio personal en los servicios pertinentes de la Comisión, he observado que en ocho países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Suecia, España e Inglaterra) aplican la legislación comunitaria, y que el resto de los países (Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda y Luxemburgo) la infringen de diversas maneras. 
También estoy de acuerdo con mi Sra. Colega en que estas medidas no deben limitarse sólo al ámbito de la televisión, sino que ya deben aplicarse a internet, que ya no tiene nada que "envidiar" a la televisión puesto que en las multiaplicaciones que ofrece también está incluida la proyección de películas. 
Con vistas a que estas propuestas pasen del terreno de los ideal al terreno de lo real, se deben crear mecanismos de filtro y de graduación que den a los padres la posibilidad de elegir los programas que son adecuados para sus hijos. 
El apoyo de la industria en esta dirección, la colaboración internacional, así como el aumento de la concienciación de los padres, de los maestros y de los niños es catalizadora. 
Informe Dybkjær (A5-0198/2000) 
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(FR) Este tercer informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea presenta los hechos y acontecimientos más señalados de 1998. 
Forzoso es observar que, a pesar de haberse proclamado de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, los hechos están ahí para recordarnos que, por desgracia, las mujeres se siguen enfrentando a discriminaciones y dificultades. 
Las mujeres sufren más el desempleo. 
En el informe de 1998 se examina, en particular, el fenómeno del desempleo y la repercusión económica del subempleo de las mujeres. 
Se analizan asimismo las medidas adoptadas para desarrollar políticas estrictamente centradas en las mujeres en materia de empleo o limitar la discriminación de género en el trabajo (por ejemplo, en materia de contratos de trabajo, de tipos de empleo y de remuneración). 
Por otra parte, las mujeres ocupan a menudo puestos "flexibles"; los contratos temporales o los salarios bajos son típicos de los sectores que emplean mayoritariamente a mujeres. 
En consecuencia, sus carreras profesionales son a menudo inestables, y difícilmente les permiten adquirir experiencia. 
Esta situación se salda a menudo con bajos niveles de protección social y unas condiciones de vida precarias. 
Las mujeres están asimismo sobrerrepresentadas en profesiones típicamente "femeninas", pero infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad y en las profesiones liberales. 
Además, mujeres y hombres se distribuyen de forma desigual en sectores como el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) , que sin embargo está en pleno crecimiento: las mujeres ocupan en él niveles más bien bajos de la jerarquía. 
Es imperativo, por tanto, adoptar políticas de educación y formación dirigidas especialmente a las mujeres jóvenes para restablecer el equilibrio. 
Por otra parte, la disparidad mujeres-hombres prevalece también en el terreno salarial: las cifras de 1995 demuestran que, en el conjunto de la Unión Europea, a trabajo igual, el salario horario de una mujer equivalía al 73 % del de un hombre. 
Por consiguiente, tiene todo mi apoyo la ponente cuando pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos y, en particular, que intensifique el carácter "estratégico" de sus informes anuales, evaluando la eficacia de las iniciativas políticas en vez de limitarse a describirlas. 
Creo también que hay que insistir en la aplicación del acervo comunitario en relación con el respeto de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades en los países candidatos, antes incluso de su adhesión. 
Concluiré invitando a los Estados miembros a que sigan la doble estrategia preconizada a escala comunitaria: una estrategia de "mainstreaming" y de acciones específicas a favor de las mujeres. 
Es especialmente interesante el hecho de que, por primera vez, sea evidente la necesidad de evaluar la efectividad de las iniciativas políticas con los informes anuales de la Comisión. 
Así pues, tenemos ante nosotros una resolución que, si bien por un lado no escatima propuestas sobre estudios e investigaciones, por otro, básicamente le falta un enfoque real que ponga de relieve no sólo los problemas cruciales que aún están sin resolver, y otros nuevos que vienen amenazando derechos y conquistas; sino también sus causas. 
Las mujeres siguen siendo uno de los grupos más susceptibles de la población ya que el sistema socioeconómico actual viola sus derechos brutalmente. 
Esto es lo primero que deberíamos reconocer si realmente no quisiéramos sólo un informe- oportunidad de proclamar intenciones. 
No se puede entender la igualdad de oportunidades en el trabajo, en la participación social, en la salud o en cualquier otro sector, con un marco de políticas conservadoras que ofende al total de la dignidad humana, sin una perspectiva social equivalente, en una sociedad de desempleo, de pluriempleo, sin un Estado del bienestar, en una sociedad del coste y de la comercialización del valor humano. 
No sólo no se amplían los derechos y las conquistas sociales, sino que cada vez se reducen más porque son excesivamente costosos. 
Las formas flexibles de trabajo que se ofrecen generosamente a las mujeres no son un producto del desarrollo; sino la flexibilidad de los económicamente fuertes para compensar la crisis económica, para garantizar la competitividad y los superbeneficios a costa de los trabajadores, y las primeras víctimas son las mujeres, cuyos sueldos siguen siendo inferiores por un trabajo de igual valor, que siguen ocupando puestos inferiores y no especializados, que siguen enfrentándose a más problemas y a condiciones desiguales de acceso al mercado laboral. 
Que siguen cayendo como primeras víctimas de los recortes en los gastos públicos, de las privatizaciones en el ámbito de la salud, el derecho a la atención médica y farmacéutica- cuánto más al derecho sobre los programas de prevención e información. 
Que siguen trabajando en condiciones penosas para su salud, física, mental, psicológica; cosa que se agrava aún más en el caso de las mujeres que deben combinar muchos deberes, dobles y triples roles sociales. 
Incluso el propio informe reconoce que "... además de la falta generalizada en los informes de documentos sobre el efecto de las políticas y los programas, también falta un debate sobre los factores que hacen que esta desigualdad persista... " 
¿Cómo se puede entender y ayudar a fomentar la solución de los problemas de las mujeres, así como su protección jurídica de cualquier tipo de discriminación a su costa, en el marco de un sistema socioeconómico que comercializa y somete todo a la dura política financiera y al aumento de los superbeneficios? No se puede materializar una política de protección esencial de la mujer, independientemente de la reorientación y la reorganización de arriba a abajo del modelo de desarrollo de nuestra sociedad. 
Frente a los proyectos y a las prácticas de explotación y de represión, frente a la táctica de las discriminaciones, las mujeres deben proyectar y exigir sus reivindicaciones junto a los hombres, en el marco de un frente de lucha popular amplio, en cada país por separado. 
La resolución, a pesar de sus puntos positivos, no pasa de ser un tanteo suave del problema. 
Nos tememos que por enésima vez, las proclamaciones y las buenas intenciones no sean más que "disculpas a los pecados". 
La votación queda cerrada. 
(La Sesión se suspende a las 13:06 horas y se reanuda a las 15:00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Perú 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0777/2000 del Sr. Medina Ortega y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación de crisis en el Perú; 
B5-0780/2000 del Sr. Di Pietro, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en el Perú; 
B5-0784/2000 del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación de crisis en el Perú; 
B5-0790/2000 de los Sres. Lipietz y Nogueira Román, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación de crisis en el Perú; 
B5-0792/2000 de los Sres. Marset Campos y Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación de crisis en el Perú. 
Señor Presidente, tengo aquí conmigo una intervención mía del 9 de abril del año 1992 en la que me refería al golpe de Estado, llamado autogolpe, del Presidente Fujimori y decía entonces que no era admisible que un Presidente elegido democráticamente renunciara a su legitimidad apoyándose en las fuerzas armadas. 
Desde la última farsa electoral, Fujimori ha perdido su legitimidad y no sólo ha perdido su legitimidad, sino que ha perdido el apoyo político que antes tenía. 
En este momento, la cuestión que se plantea es el destino del Perú, el saber si ese país podrá salir de la situación difícil en la que le ha colocado Fujimori en este momento. 
Varios Grupos políticos hemos presentado una propuesta de resolución común en la que pedimos, fundamentalmente, al Presidente Fujimori que se vaya, pero que lo haga de tal forma que, a través de un proceso de elecciones democráticas y limpias, se pueda consolidar la democracia en ese país. 
En segundo lugar, nosotros pedimos una colaboración de las instituciones de la Unión Europea en el proceso democrático del Perú- cosa que las instituciones europeas pueden hacer-. 
Pedimos también que una delegación del Parlamento Europeo se traslade al Perú al objeto de comprobar sobre el terreno el desarrollo de los acontecimientos. 
Nosotros esperamos que Fujimori no extreme las cosas, que haga posible esa transición y que no se reproduzca en el Perú una situación parecida a la que hoy existe en Belgrado, con una sublevación popular prácticamente en la calle. 
Por tanto, yo creo que si las instituciones europeas y el Parlamento europeo ayudan al pueblo peruano en este momento difícil, podríamos contribuir a la estabilidad del país y a la consolidación de las instituciones democráticas en toda la América latina. 
Señor Presidente, en el Perú se viven actualmente momentos de incertidumbre y todos alimentamos la esperanza de que la actual situación se resuelva a través de un proceso, en el que se garanticen todos los derechos civiles y políticos, que sirva para el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y la paz en el Perú, país que ha sufrido 25.000 muertos en los últimos quince años. 
La Unión Europea- que es el primer cooperante a nivel económico y el principal inversor en Perú con cifras que superan los 6.000 millones de dólares en los últimos siete años- ha de mantener su cooperación en base a la cláusula democrática establecida en los acuerdos de tercera y cuarta generación con los países del Pacto Andino, que se fundamentan en los principios universalmente reconocidos de respeto de la democracia pluralista, el Estado de Derecho y los derechos humanos. 
Además, la Unión Europea ha de invitar con la máxima prudencia al diálogo entre todas las fuerzas democráticas peruanas para conseguir compromisos que garanticen el ejercicio de los derechos civiles y públicos y la libertad de expresión. 
Señor Presidente, comprobamos con gran satisfacción que se confirma lo que habíamos predicho en una votación reciente. 
El Parlamento Europeo rechazó, de forma bastante firme, la elección del Sr. Fujimori y me complace ver que mis colegas de los dos principales grupos toman claramente partido a favor de un apoyo fuerte del Parlamento Europeo a la democratización en el Perú. 
Pero lo que nos preocupa es el destino del Sr. Montesinos. 
No podemos admitir que el derecho de asilo sirva para proteger a criminales. 
Toda la humanidad se ha alegrado de que, al fin, las resoluciones internacionales empiecen a actuar contra un antiguo dictador, el Sr. Pinochet. 
No podemos admitir que el Sr. Montesinos encuentre refugio en Panamá o, como empiezan a indicar ciertos rumores, en Marruecos. 
Debe ser juzgado por cualquier Estado en el que intente encontrar refugio, ha de ser juzgado por tortura, por tráfico de drogas, etc. 
Señor Presidente, el anhelo de paz, democracia, justicia y bienestar del pueblo peruano se aproxima a su realización con la dimisión de Fujimori. 
La influencia adversa a estos anhelos que ha supuesto el respaldo norteamericano a este personaje debe ser neutralizada por otra influencia, ésta de naturaleza positiva en favor de los derechos humanos y del pleno desarrollo democrático, procedente de la Unión Europea. 
Por esta razón, nos parece necesario hacer hincapié en dos aspectos de la resolución común que presentamos. 
En primer lugar, en la negación de asilo por parte de la Unión Europea- ni que se hagan gestiones con terceros países- a una figura como Montesinos, responsable de terribles delitos contra la humanidad, y, en segundo lugar, en el envío de una delegación del Parlamento Europeo al Perú con el fin de aquilatar las perspectivas de avance democrático y superación pacífica de las actuales dificultades para que nuestra colaboración sea muy positiva. 
Señor Presidente, en realidad desearía que en lugar de celebrar un debate sobre América Latina con motivo de alguna cuestión urgente abordáramos este tema tras una discusión bien meditada en las comisiones. 
Tengo la impresión de que solamente nos ocupamos de la situación en Latinoamérica cuando las circunstancias así lo requieren, mientras que el resto del tiempo aplicamos una política francamente minimalista. 
Es una lástima, puesto que dicho continente merece más atención. 
Por lo que a Perú se refiere, varios oradores han destacado que el anunciado retiro del Presidente Fujimori puede ser el comienzo de una nueva era, algo que también se expresa en nuestra resolución. 
Dudo, sin embargo, de la veracidad de este propósito. Aquí ya hemos visto de todo y no me fiaré hasta que Fujimori se haya retirado efectivamente o el resultado de las elecciones le obliguen a marcharse. 
Por todo ello, estimo sumamente importante que la Unión Europea se interese sobremanera por este país y el cariz que tomen los acontecimientos. Es, por ejemplo, fundamental que se mantenga un diálogo estructurado con las fuerzas de la oposición. 
Desearía que enviáramos ahora a la delegación que debería haber asistido a las elecciones, pero que al final no pudo ir por las razones que todos conocemos. Esta delegación debería respaldar a aquellos que luchan por una reforma democrática del país. 
Me daría por satisfecho si éste fuera el resultado de la reunión de esta tarde. 
Señor Presidente, señor Comisario, considero que la situación en Perú nos demuestra el abismo que a veces existe entre el significado formal de las palabras y su peso sustancial. 
La palabra en cuestión es la palabra "democracia". 
En Perú existen un parlamento elegido por sufragio universal y un presidente que ha utilizado la fuerza de persuasión del ejército para violar todas las normas constitucionales. 
Creo que esta resolución constituye un punto significativo en la iniciativa política de este Parlamento. 
Y aquí quiero emplear algunas palabras con respecto a un punto de la resolución: el envío de una delegación del Parlamento Europeo. 
Es necesario que la Unión Europea se emplee a fondo y que lo haga enseguida. 
El proceso democrático precisa consolidarse, pero ha de hacerlo cuanto antes con instrumentos y recursos políticos y humanos. 
Tenemos que procurar que Perú llegue a la meta con candidatos que estén a la altura del reto y que puedan responder a la demanda del pueblo peruano de una renovación política y de una democracia sustancial. 
Por esto, señor Presidente, señor Comisario, respaldo con fuerza la solicitud de enviar una delegación no solo para dar testimonio de que sucede algo irreparable, sino para ayudar, por una vez, a un país en busca de una salida democrática. 
Señor Presidente, la necesidad de esta resolución sobre lo que sucedió en Perú significaba dos cosas. 
Sin lugar a dudas, la frustración de tener que volver a la vigilancia sobre la democracia y los derechos humanos en América Latina, que había sido un motivo fundamental de preocupación de este Parlamento en el decenio de 1980 y que se suavizó en el de 1990 con la aparición de los gobiernos democráticos en la mayoría de sus países. 
Frustración también, porque, además del Perú, otros intentos de populismo agresivo engendran dictaduras larvadas que justifican todos nuestros temores e imponen de nuevo a América Latina como referencia de nuestra vigilancia democrática. 
Hablemos con mucha franqueza: esta resolución transmite la sensación de fragilidad de la influencia de Europa en ese subcontinente. 
Europa, con la conciencia tranquila por la evolución democrática del decenio de 1990, hizo poco por esos países, aparte de dar consejos sobre modelos de integración económica. 
La apertura de nuestros mercados fue simbólica, con la excepción de la carne de Argentina, a causa de la EEB, como sabemos, el intercambio tecnológico fue escaso, las relaciones culturales y políticas no pasaron de las palabras, la formación profesional y las inversiones en valor añadido no se aceleraron. 
Europa no aprovechó las democracias nacientes para fomentar el desarrollo y la justicia social en América Latina, para hacer salir esos países de la dependencia casi exclusiva de la acumulación de capital basada en el tráfico de droga. 
El Perú y Fujimori, señor Presidente, aún no son una catástrofe: son el desencanto y, por ahora, un aviso. 
Para evitarlo, es absolutamente necesario que Europa haga política también allí, en el subcontinente americano. 
Señor Presidente, señoras y señores, las condiciones en las que se desarrollaron las elecciones peruanas en el pasado mes de mayo fueron inaceptables. 
Ante esta situación la Comisión apoyó la misión de la Organización de Estados Americanos destinada a velar por la correcta aplicación de una serie de significativas reformas democráticas acordadas por el Gobierno y la oposición. 
La Unión Europea ha subrayado no hace mucho en una de sus declaraciones que el Presidente Fujimori ha tomado una iniciativa importante al adoptar la decisión de convocar nuevas elecciones. 
Dicha iniciativa puede significar un paso relevante en dirección hacia la democracia siempre y cuando Fujimori no vuelva a presentar su candidatura, tal y como ha anunciado. 
Para que esta oportunidad pueda aprovecharse plenamente es preciso solventar en un plazo mínimo toda una serie de defectos graves. 
Con ello me refiero a los puntos débiles que salieron a la luz a raíz de las últimas elecciones. 
Si no se colman estas lagunas existe el peligro de que las próximas elecciones vuelvan a ser altamente problemáticas. 
Por todo eso, la Comisión ayuda a la Organización de Estados Americanos a proseguir su trabajo según el calendario previsto. 
Lo hace a pesar de las circunstancias adversas y las numerosas incertidumbres que pesan sobre estas nuevas elecciones anunciadas. 
En este momento la Comisión averigua junto con los Estados miembros cuál es la mejor forma de prestar ayuda concreta con vistas a la preparación de elecciones pluralistas y democráticas y, en su caso, la supervisión de las mismas. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Afganistán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0776/2000 de los Sres. van den Berg y Sakellariou, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en el Afganistán; 
B5-0778/2000 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo Técnico de Diputados Independientes- Grupo Mixto (TDI) , sobre la situación en el Afganistán; 
B5-0781/2000 de las Sras. Dybkjaer y Malmström, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en el Afganistán; 
B5-0785/2000 del Sr. Morillon, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación en el Afganistán; 
B5-0789/2000 de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación en el Afganistán; 
B5-0793/2000 de la Sra. Ainardi y otros, en nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación de las mujeres en el Afganistán. 
Señor Presidente, creo que debemos mucho al impulsor de esta resolución, el general Morillon. 
Es una resolución importante porque pienso que este país, cuya población sufre enormemente, en particular los niños, que saltan a causa de las minas, y las mujeres, que sufren discriminaciones abominables, es un país que merece una atención mucho mayor por nuestra parte. 
Con esta propuesta de resolución, que ha merecido un amplio consenso, el Parlamento adopta una posición firme. 
El problema político fundamental, como se indica en la resolución, que es también el medio de intentar influir sobre la situación en el Afganistán, es presionar a su gran vecino, el Pakistán. 
Yo añadiría también a otro gran vecino, la República Popular de China, con la que el Pakistán mantiene excelentes relaciones, con la que el Pakistán colabora en el terreno militar, en el campo nuclear. 
Sabemos también que esos dos grandes países, el Pakistán y la República Popular de China, mantienen una muy importante colaboración a escala de nomenklaturas políticas y de mafias locales de tráfico de drogas. 
Ahora bien, sabemos que el Afganistán no está lejos, que el Afganistán es el mayor productor mundial de opiáceos y, por tanto, conocemos y nos podemos imaginar el papel que desempeñan esas mafias políticas, que no son sólo políticas, en la expansión del comercio de la droga. 
Sabemos también que la política de las Naciones Unidas y, en particular, la del PNUFID y el Sr. Arlacchi, es un desastre: a pesar de los millones de dólares invertidos en el Afganistán en los últimos años, se ha duplicado la producción. 
Resumiendo, pienso que hay que presionar al Pakistán y a la República Popular de China, y retirar la financiación al Sr. Arlacchi y al PNUFID para no acabar, con esas políticas prohibicionistas, por alentar la producción y el comercio de drogas, como de hecho sucede. 
Señor Presidente, hoy mismo celebramos un debate sobre los derechos de las mujeres en la Unión y tocamos también la cuestión de los nuevos países solicitantes. 
Cuando uno se enfrenta a una resolución como ésta sobre el régimen talibán, uno ha de admitir que los problemas que hemos debatido son realmente meros problemas de lujo cuando se piensa en lo que acontece en Afganistán. 
Desde el primer momento que tuve noticias del régimen talibán he estado sobrecogida. 
Me parece absolutamente increíble que esto todavía pueda pasar en el año 2000 y no sólo no intervengamos, sino que en realidad podamos hacer tan poquísimo al respecto. 
Es evidente que en una guerra siempre habrá una larga serie de personas inocentes que vivan en la miseria o mueran y que muy a menudo se tratará de mujeres, niños y ancianos, quienes están totalmente indefensos en una larga serie de situaciones. 
No obstante, lo que aquí sucede aún supera lo anterior. 
Es una represión mucho más sistemática de la que se ve en situaciones bélicas normales. 
Es mucho más sistemática, mucho más violenta sobre un grupo de mujeres. 
Parece como si sencillamente se tratara de grupos de hombres que se encuentran en un mundo en el que no importa nada más que su propia situación y la represión de sus propias mujeres. 
Y por ello me parece también positivo que la resolución incluya varios puntos claros e inequívocos relativos precisamente a la situación de las mujeres y llame la atención sobre cuán necesario es que tratemos de ayudar a impedir que el régimen talibán prosiga con su total discriminación de la mujer. 
¿Está Afganistán condenado a caer en un oscurantismo de otra época, a asfixiarse lentamente bajo el yugo talibán, al igual que sus mujeres bajo el peso de un tchadri impuesto, como acaba de recordarse aquí? 
¿Cuántos muertos más, cuántos desarraigados más, tendremos que contar para romper nuestra coraza de indiferencia política? 
¿Cuántas toneladas de droga más inyectadas en las venas de jóvenes de todo el mundo tendremos que lamentar? 
¿Habrá que esperar a la instalación definitiva de un terrorismo de Estado, a la victoria de la yihad, a la realización de las voluntades expansionistas de los fanáticos a toda la región, para aceptar, al fin, implicarnos, nosotros, los miembros de la Unión Europea, como se espera de nosotros? 
La larga ofensiva de los talibanes, con el apoyo indisimulado de Pakistán, ha cortado a las poblaciones de la Alianza del Norte una vía de abastecimiento esencial para su supervivencia. 
La comunidad internacional no puede contentarse por más tiempo con esconder la cabeza como el avestruz, ni nuestras diplomacias con una política de espera. 
Cualesquiera hayan sido los errores del pasado, creo interpretar el pensamiento de la mayoría al proclamar que rechazamos una neutralidad cómoda, que fundamenta la pasividad y justifica la ceguera. 
Nos alzamos en contra de esa neutralidad, que tiende a situar a todos los protagonistas en un mismo plano, que pone en el mismo estante las exacciones diarias del régimen talibán y la resistencia armada del comandante Massoud. 
Massoud tiene una imagen de jefe guerrero, pero ¿cómo podría ser de otro modo después de tantos combates? 
Para quienes le conocen y le han visto actuar, es también un hombre dialogante y conciliador. 
Quiere ser el paladín de un Islam tolerante. 
Puede ser un hombre de paz. 
Massoud afirma que no hay solución militar al problema afgano; y tiene razón. 
Tenemos que trabajar urgentemente en busca de soluciones políticas respetuosas de los valores que fundamentan nuestra Unión. 
La resolución elaborada por todos los Grupos, y que tengo el honor de defender aquí, va en este sentido. 
En lo esencial, pide a la Presidencia en ejercicio del Consejo que utilice su influencia para que cesen las injerencias extranjeras en este país. 
Pide a la Comisión que adopte programas de ayuda humanitaria dirigidos a las poblaciones afganas, para no olvidar a nadie en el territorio. 
Insiste, por último, y es esencial, en que la Unión Europea coordine sus iniciativas con las de los países vecinos, para imponer una solución que permita restablecer la paz, la estabilidad y el respeto del Derecho internacional y de los derechos más elementales del ser humano. 
Sabemos perfectamente que no es tarea fácil, pero quisiera citar aquí el lema de un gran europeo, Guillermo de Orange: "No es necesario esperar para emprender, ni tener éxito para perseverar". 
Señor Presidente, Afganistán es el país donde se registra el mayor número de violaciones de los derechos humanos y donde se cometen las violaciones más graves. 
Esta situación afecta sobre todo a las mujeres. 
Las mujeres no pueden ejercer su profesión, las niñas no pueden ir a la escuela, las mujeres no pueden moverse libremente por la calle, las mujeres son lapidadas, por dar tan sólo algunos ejemplos. 
¡En Afganistán no trabaja ninguna organización defensora de los derechos humanos! 
El país con el mayor número de minas. 
Un país sin esperanzas para los niños. 
El 75% de los chicos y el 90% de las chicas no tienen formación escolar. 
Uno de los países más pobres, un país con una guerra olvidada. 
Creo que todo ello resalta la importancia de la presente resolución. 
El balance es que las actividades actuales de las organizaciones internacionales y las Naciones Unidas son insuficientes. 
Es decir, el conflicto es mucho más complejo. No parece haber una solución a corto plazo aunque todos estemos de acuerdo en que es urgente y necesario encontrar una salida. 
A la UE le espera una tarea importante. 
Podría aplicar aquí sus conceptos de gestión no militar de conflictos. 
Me limitaré a dar algunos ejemplos: control sobre la exportación de armas y armas de pequeño calibre al usuario final para evitar que nos convirtamos en tácitos cómplices del conflicto armado, apoyo a las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres locales que a pesar de esta situación sin perspectiva tengan el valor de pasar a la acción. 
Habida cuenta de cómo están las cosas en Afganistán es preciso y urgente que en nuestros países concedamos asilo a todos los refugiados procedentes de la zona. 
La UE haría muy bien en poner en marcha una iniciativa política en el seno de Naciones Unidas para encontrar una solución pacífica a los conflictos en Afganistán. 
Señor Presidente, no pueden dejar de preocuparnos las recientes ofensivas de los talibanes. 
El sufrimiento que provoca este conflicto es tremendo. 
Yo también comparto, desde luego, las propuestas de la resolución común. 
Pero, como han hecho otros diputados, quisiera insistir en dos preocupaciones. 
La primera es, en efecto, la situación de las mujeres. 
No nos acostumbremos. 
No trivialicemos nunca. 
Siguen soportando unas condiciones espantosas, con la prohibición del acceso al trabajo, a la sanidad, a la educación. 
Viven en la indigencia, en la inseguridad permanente. 
Son regularmente maltratadas. 
Todas las mujeres afganas, cualquiera que sea su edad, se enfrentan a una violación sistemática de sus derechos más fundamentales. 
Por ello, sí, creo también que deberían beneficiarse del derecho de asilo. 
La Unión Europea debe reiterar su solidaridad a todas esas mujeres afganas que luchan en su país y en el extranjero contra el régimen de los talibanes. 
Segunda preocupación, dado el control que ahora ejercen sobre la práctica totalidad del Afganistán, es evidente que los talibanes buscan el reconocimiento internacional. 
Sólo una solución política puede conducir al restablecimiento de la paz, la estabilidad y el respeto de los derechos. 
Sí, es necesario un compromiso mayor de la Unión Europea. 
Y en esa búsqueda, me parece imperativo que el Consejo refuerce las medidas restrictivas que ha decidido. 
No puede producirse el reconocimiento por parte de ningún Estado miembro mientras persista la política de violación de los derechos humanos, en particular la discriminación sistemática hacia las mujeres. 
La Comisión debería tomar también medidas humanitarias de urgencia mucho más importantes para la población, hacer todo lo necesario para que las ONG puedan prestar una ayuda a las mujeres afganas y alentar la participación de éstas en sus actividades. 
Señor Presidente, hoy, como y más que ayer, por el trágico éxito militar de los talibanes, en Afganistán cientos de miles de mujeres son objeto de una dura represión y están privadas de asistencia médica, de educación, de la posibilidad de mantenerse y de la libertad de moverse. 
Hay alrededor de un millón de personas, sobre todo niños, mutiladas por las minas antipersonal. 
La resolución de urgencia que hoy se somete a votación pide que las preocupaciones, reiteradamente expresadas por este Parlamento, se traduzcan en iniciativas concretas. 
Existe un punto que me interesa destacar muy especialmente. 
Desde hace años, una línea presupuestaria financia programas de limpieza de minas y de prevención. 
También para el año 2000 existe una cobertura financiera y la habrá para el año 2001. 
Es preciso intervenir con urgencia para prevenir que miles de niños sufran heridas invalidantes jugando en los campos y provocando trágicas explosiones. 
Es posible hacerlo, las intervenciones están previstas y son viables, sin embargo, las asignaciones presupuestarias están bloqueadas por problemas burocráticos y de evaluación de las actividades anteriores, y por cuestiones de competencia entre oficinas. 
Señores representantes de la Comisión, levanten sus cabezas de sobre los expedientes, pregúntense qué hay más allá de los papeles: hay miles de niños en peligro. 
Superen los retrasos y las incertidumbres. 
Pueden hacer todas las verificaciones que crean necesarias, pero mientras tanto desbloqueen los fondos del año 2000. De esta forma salvarán la integridad física y la vida de muchos desventurados. 
Señor Presidente, quizá no sea útil ni tampoco políticamente correcto recordar quién apoyó a los talibanes en un inicio, cuando los talibanes pretendían alcanzar el poder que hoy tienen en Afganistán. 
Otros compañeros han hablado ya de un millón de desplazados, un millón de mutilados por las minas, miles de mujeres privadas de sus más elementales derechos, como el derecho a la educación, a la sanidad, al trabajo o a moverse libremente: tiene que ser terrible para muchas de esas mujeres- que estaban acostumbradas a la educación, a una vida laica- verse reducidas en ese espacio sin libertad. 
Y esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta desde las instituciones europeas y también que los cultivos de la droga se utilizan para comprar armas. 
Esta mañana- y termino enseguida, señor Presidente- se ha aprobado un código de conducta sobre la venta y el tráfico de armas. 
A mí me parece que ese código de conducta no será útil si no es eficaz para evitar que las armas lleguen al poder de personas que, como éstas, están atentando muy gravemente contra los derechos humanos. 
Señor Presidente, no cabe hacerse muchas ilusiones sobre el carácter del régimen actual de Kabul, esto es harto conocido, y lo ilustran los hechos del verano pasado en Afganistán. 
Los talibanes lanzaron entonces una nueva ofensiva militar contra sus adversarios del norte, en medio de la peor sequía que haya golpeado el pobre país desde tiempos inmemoriales. 
Esta sequía está causando mientras tanto una caída en la cosecha de alimentos que se calcula en 2,3 millones de toneladas. Esto hace que un cuarto de la población afgana dependa en realidad de los suministros de trigo del Programa Mundial de Alimentos. 
Justamente en una situación tan dramática los líderes islamistas radicales del país se oponen al denominado programa de pan de la ONU en la capital, Kabul. Fíjense, un proyecto para ayudar a las 28.000 viudas de la guerra. 
¿Y cuál es el argumento de los talibanes? 
Muchas de estas panaderías dan trabajo a mujeres. 
A pesar de esta política inhumana, bajo el punto de vista de los occidentales por lo menos, los talibanes están esforzándose por conseguir un reconocimiento diplomático internacional. Aprovechan la cooperación en el regreso de los millones de refugiados afganos, financiado por la ONU, para una aceptación oficial mundial de su tiranía insufrible. 
Sigue siendo una cuestión delicada si esta barbarie religiosa será suficiente para formar un frente internacional sin fisuras contra los anfitriones del terrorista Yihad Osama bin Laden. 
Señor Presidente, señoras y señores, la actual escalada del conflicto armado entre los talibanes y la Alianza del Norte es muy preocupante. 
Cada vez más personas huyen de los campos. 
Según determinadas fuentes el número de desplazados se cifra ya en 90.000. 
Muchos de ellos buscan amparo en campamentos provisionales en las montañas del noreste del país. 
Con la entrada del invierno las condiciones de los mismos pueden llegar a ser dramáticas. 
Ante esta situación ECHO, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión, está poniendo todo su empeño en la elaboración de un paquete de ayuda de emergencia por valor de tres millones de euros para facilitar a las personas desplazadas material médico, alimentos y medios que les permitan pasar el invierno. 
Además, en el año en curso ECHO ya ha destinado 5,7 millones de euros a las víctimas de la sequía en Afganistán, a la retirada de minas en el norte del país y a la reintegración de refugiados. 
Las víctimas de la sequía recibirán en breve otros 3 millones. 
Permítanme que, llegado a este punto, me remita a la observación de la Sra. Paciotti. Le puedo asegurar que hoy mismo preguntaré en la Comisión qué ha sucedido y qué se supone va a suceder con los medios destinados a la retirada de minas. 
Si resulta que, como usted sugiere, existen impedimentos burocráticos, le prometo que haré todo lo que esté en mis manos para eliminarlos lo antes posible. 
Las señoras y señores diputados saben que la Comisión se esfuerza asimismo por encontrar soluciones a largo plazo para los refugiados afganos y los desplazados dentro del propio país. 
En el período que va de 1991 a 2000 la Comisión ha liberado en total 400 millones de euros para ayuda a los refugiados, ayuda humanitaria de emergencia y ayuda alimentaria. 
Gran parte de este dinero se destinó a la retirada de minas y la adopción de medidas informativas al respecto por parte de instituciones de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales europeas y afganas. 
Con su posición común sobre Afganistán la Unión Europea respalda la misión especial de Naciones Unidas en Afganistán así como la búsqueda de la paz del enviado especial del Secretario General. 
La Unión está decidida a aportar una contribución eficaz al restablecimiento de la paz y la estabilidad en el país. Por otra parte, es obvio que no habrá paz ni estabilidad hasta que no se respeten escrupulosamente los derechos humanos y los valores fundamentales. 
En este sentido la posición común condena la sistemática discriminación de las mujeres afganas y las demás violaciones de los derechos humanos cometidas en el país. 
Mientras el Gobierno de los talibanes siga manteniendo la actitud ambigua que ha adoptado hasta la fecha con respecto al control del cultivo de opio, la Comisión no fomentará en Afganistán ningún proyecto en el ámbito de la lucha contra la droga. 
Sin embargo, prestará todo su apoyo a los países vecinos con objeto de ayudarles a mejorar sus recursos a la hora de combatir este mal. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, me levanto para confirmar el acuerdo de los diferentes Grupos políticos que habíamos presentado una propuesta de resolución sobre el secuestro del jesuita español en Colombia y comunicar que hemos decidido retirarla a la vista de que esta persona ha sido liberada. 
También han sido liberados hoy otros dos ciudadanos comunitarios. 
Por tanto, no me voy a referir a la propuesta de resolución, ya que la propuesta de resolución hoy no existe. 
Sin embargo, en todo caso, está claro que Colombia es un país que merece atención. 
Pero como decía antes el Sr. Linkohr, el problema con América Latina es que solamente nos ocupamos de estos países cuando hay problemas. 
Creo que es un buen momento para recordar la necesidad de que la Unión Europea empiece a diseñar una política de carácter comprehensivo con respecto a América Latina que, posiblemente, podría evitar que estos países atraviesen periódicamente situaciones de crisis como las que se han producido en algunos de ellos. 
Señor Presidente, quiero ratificar lo que acaba de decir mi compañero Manuel Medina. 
Afortunadamente, y en este caso concreto, podemos congratularnos de que el jesuita español y otros españoles, y otros ciudadanos en general, estén libres. 
Sin embargo, es verdad también que Colombia, de la que nos ocupamos muchas veces aquí, tiene diversos problemas. 
En este momento, por ejemplo, hay un sacerdote colombiano, Oliveiro Medina, que está en Brasil. 
Quizá su extradición a Colombia pueda poner en peligro su vida porque ya hemos visto aquí, en la última resolución sobre Colombia que discutimos, que en los últimos tiempos han sido asesinados allí más de 25 defensores de los derechos humanos. 
Desgraciadamente, todos quisiéramos no tener que volver a hablar de Colombia. 
Desgraciadamente, igual tendremos que volver a hablar, pero yo creo que la Unión Europea ha de tener un papel fundamental- como decía Manolo Medina- en Latinoamérica en general. 
Y reducir presupuestos para Latinoamérica no va a fomentar ese buen papel que debemos desempeñar allí. 
Señor Presidente, quiero compartir la alegría de mis dos compatriotas y colegas que han hablado sobre la satisfacción por la liberación del jesuita español Alejandro Matos y de otros ciudadanos comunitarios. 
No podemos olvidar que, en lo que va de año, 2.075 personas han sido secuestradas en Colombia por la guerrilla y hemos de expresar aquí nuestra preocupación por la situación de violencia que se vive, especialmente en el norte, en la región de Santander- una zona selvática cuya frontera con Venezuela es, además, muy permeable -, donde se multiplican los enfrentamientos permanentes entre los guerrilleros y los paramilitares, con numerosos bloqueos de carreteras y frecuentes asesinatos. 
Por eso, creo que debemos reiterar nuestro apoyo a la solución pacífica del conflicto colombiano, en el que además influye de forma dramática la actuación de los cárteles de la droga. 
Por tanto, la Unión Europea ha de respaldar las iniciativas del Presidente Andrés Pastrana, tendentes a alcanzar una paz negociada entre su Gobierno y los grupos guerrilleros, las FAR y el llamado Ejército de Liberación Nacional. 
Señor Presidente, la cuestión de Colombia es algo que no ha sido tratado de forma adecuada en la Unión Europea. 
Incluso la Cruz Roja está abandonando el país porque ni la guerrilla ni los paramilitares respetan el derecho humanitario. 
Esto indica que se ha adoptado un enfoque equivocado respecto de Colombia. 
Firmar acuerdos de paz está muy bien pero en primer lugar hay que respetar el derecho humanitario. Esto no está ocurriendo allí. 
No hace mucho tiempo se emitió una resolución sobre la situación de la comunidad de paz en San José de Apartado. 
Eso fue hace menos de un mes. 
Desde estonces, para esa comunidad, la situación no ha hecho más que empeorar. 
Como mínimo han sido asesinadas cinco personas. 
Hemos de analizar el papel que están desempeñando los paramilitares y también el papel que está desempeñando el Estado en este asunto. 
Realmente es inaceptable que la gente esté siendo arrojada de sus casas, de sus tierras y que el mundo no no se inmute y permita que esto ocurra. 
También habrá que abordar la implicación del Estado. 
Señor Presidente, señoras y señores, tanto la Comisión como el Parlamento acogimos con enorme satisfacción la liberación del jesuita español, el Sr. Alejandro Matos Castro, ocurrida la semana pasada. 
Hacemos un llamamiento a los movimientos guerrilleros para que liberen asimismo a los demás rehenes. 
Instamos a los grupos guerrilleros a que en el futuro renuncien a los secuestros y acaten el derecho internacional público humanitario. 
La Comisión está muy preocupada por la escalada de violencia en Colombia, especialmente por las matanzas perpetradas recientemente por fuerzas paramilitares en las denominadas comunidades de paz de San José de Apartado. 
Exhortamos de nuevo al Gobierno colombiano a que estudie las circunstancias exactas en las que se cometieron estos crímenes. 
La Comisión lamenta las permanentes violaciones de los derechos humanos en Colombia e insta a las partes implicadas en el conflicto a que reanuden las conversaciones de paz y se esfuercen por implantar una paz duradera en Colombia, una paz basada en una solución negociada. 
En este contexto quisiera subrayar que la Comisión respalda las iniciativas en pro de la paz del Presidente Pastrana y que hará todo cuanto esté a su alcance para fomentar una paz duradera en Colombia. 
Ante todo, la Comisión desea participar activamente en la elaboración del paquete de ayuda que la Unión Europea tiene previsto desarrollar en apoyo del proceso de paz colombiano. 
La Comisión ya ha mostrado su disposición a coordinar las medidas de dicho paquete. 
En los próximos días piensa destinar amplios recursos a este fin. 
Por lo demás, la Comisión ha propuesto organizar en Bruselas una continuación de la Conferencia de Donantes que se celebró el 7 de julio en Madrid. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Como han indicado varios oradores, les comunico que, a raíz de la buena noticia llegada de Colombia sobre la liberación del padre jesuita y tras alcanzar un acuerdo los Grupos políticos, se han retirado las propuestas de resolución sobre esta cuestión. 
Antigua República yugoslava de Macedonia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0779/2000 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo Técnico de Diputados Independientes- Grupo Mixto, sobre Macedonia; 
B5-0782/2000 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Macedonia: ley de enseñanza superior y universidades; 
B5-0786/2000 de la Sra. Pack y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la ARYM: ley de enseñanza superior y universidades; 
B5-0788/2000 del Sr. Lagendijk y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la ley de enseñanza superior y universidades de Macedonia. 
Señor Presidente, me permito enlazar con las palabras de Olivier. 
Creo que cuando los espectadores en la tribuna ven allí arriba el término ARYM les debe de parecer que se trata de otro país distinto. 
ARYM significa Ancienne République Yougoslave de Macédoine, es decir, Antigua República Yugoslava de Macedonia, o simplemente "Macedonia". 
La lucha por el nombre es una lucha entre Grecia y este país, Macedonia. 
Obviamente, esperamos todos, incluidos nuestros colegas griegos aquí presentes, que este conflicto se resuelva pronto. 
Hemos podido comprobar cómo la difícil situación en Macedonia en lo que al trato de los albaneses se refiere se volvía cada vez más compleja. 
Todos aquellos que frecuentan este país desde hace muy tiempo han insistido una y otra vez en que este problema debía solucionarse. 
Por otra parte, quisiera dejar claro que este problema no es nuevo, sino que se trata de una vieja herencia de la época yugoslava, en la que los albaneses siempre salían perjudicados, también en Macedonia. 
Desafortunadamente, en años más recientes, hasta 1998, el último Gobierno tampoco rectificó esta situación. 
Por eso mismo, todos nos alegramos enormemente de que el problema de la enseñanza superior por fin parezca encaminarse hacia una solución realmente positiva. 
Hace años la fundación ilegal de la Universidad de Tetovo creó en Macedonia fuertes tensiones que, desgraciadamente, aún no se han podido disipar. 
Debemos asumir nuestra responsabilidad para con los estudiantes, ya que éstos poseían o poseen un título que no les sirve de nada. 
Creo que estos jóvenes tienen derecho a una solución. 
Con la presente iniciativa se ha allanado el camino. 
Como delegación siempre hemos insistido en que se buscara una solución. 
¡Por fin la hemos encontrado! 
El mérito no es nuestro, sino del Gobierno del Primer Ministro Georgievski, del líder albanés Xhaferi y sobre todo del representante del Consejo de Europa, Max van der Stoel. 
La excelente colaboración dio lugar a un proyecto de ley que obtuvo la mayoría en el Parlamento. 
Lamento con Olivier Dupuis que los partidos de la oposición, que formaron gobierno hasta 1998 y, por tanto, hubieran podido resolver el problema, hayan rechazado la propuesta sin ofrecer otra solución mejor a cambio. 
La actitud adoptada por la oposición albanesa me resulta especialmente incomprensible, ya que se niega conscientemente a aceptar una solución imprescindible destinada a remediar un problema albanés en Macedonia. 
La renuncia de los socialistas, al contrario, se debe ciertamente al mero hecho de que estén en la oposición y actúen en consecuencia, algo que también sucede fuera de Macedonia. 
Ahora esperamos que todos presten su ayuda para transformar la Universidad de Tetovo en una universidad privada y, de este modo, facilitar el reconocimiento de sus títulos. 
Quienes deseen que las relaciones interétnicas en Macedonia se normalicen en beneficio de la estabilización deben contribuir a la solución de este problema y la creación de una universidad privada. 
De eso trata el presente tema de urgencia. 
¡Es fundamental que la convivencia interétnica en Macedonia acabe siendo un éxito! 
Sería sin duda un buen ejemplo para los países vecinos, al tiempo que podría fomentar la estabilidad en toda la zona. 
Señor Presidente, es agradable que de vez en cuando podamos reparar en este Parlamento de forma positiva en las evoluciones del sureste de Europa. 
Se trata, y esto no es nuevo, de Macedonia, donde los dos mayores grupos de la población conviven pacíficamente, con todos los problemas que esto conlleva, e incluso han formado un gobierno de coalición que acaba de adoptar una ley sobre la enseñanza superior. 
Es un avance en una cuestión que durante mucho tiempo ha causado un sinfín de problemas. 
Por fin existe para los albaneses la posibilidad de cursar estudios universitarios en su propio idioma, pero dentro del sistema oficial de enseñanza de Macedonia. 
Esto supone un gran adelanto para Macedonia. 
Esto es, por lo que a mí respecta, un buen ejemplo para todos los países vecinos de que no sólo se puede sembrar el odio a través de la enseñanza, como ocurre ahora tan a menudo, sino que la enseñanza también puede servir como cuna para una convivencia multi-étnica pacífica. 
Esta es una evolución que en mi opinión merece todo el apoyo de la Unión Europea. 
Presidente, como punto final quisiera reparar en algo que me parece que normalmente no cabe abordar en un Parlamento Europeo, y es el papel de un compatriota. 
Esta vez me siento orgulloso del papel del Alto Representante para las minorías de la OSCE, Max van der Stoel, que ha desempeñado un papel muy importante en este asunto. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a los elogios que ha hecho Joost Lagendijk al Sr. Van der Stoel. 
En efecto, creo también que es sumamente importante que desde el mundo exterior haya influencias positivas hacia Macedonia. 
No porque los macedonios mismos no sean capaces de realizar nada en este terreno. El anterior presidente, Gligorov, ya era entonces en ese sentido un ejemplo de un pensador por encima de las diferencias étnicas y también el nuevo presidente tiene la confianza de todos los grupos de población de Macedonia. 
Me parece que es algo extraordinario que los macedonios dentro de su país lleguen a acuerdos entre sí. 
Creo que la cooperación entre los macedonios eslavos y los macedonios de habla albanesa sobre todo, es un tema de extraordinaria importancia y esto puede llegar a su máxima expresión en la iniciativa de fundar en Tetovo una universidad. 
Esto lleva ya años en el aire y todavía no hay ningún reconocimiento oficial de la iniciativa. 
Afortunadamente, ahora hay una mayoría parlamentaria que la apoya, con lo cual se solucionaría un importante problema en la relación inter-étnica, no sólo porque es muy importante que se den clases en la universidad en albanés, sino sobre todo también porque de esta forma se mejorará considerablemente la posición social de los macedonios de habla albanesa. 
Así, la enseñanza superior atraerá a nuevas categorías de estudiantes. Es también importante para la presencia de los hablantes de albanés en la administración, una presencia que en este momento dista de ser la ideal. 
Es un salto hacia adelante que los diplomas de la universidad de Tetovo se reconozcan ahora. 
Además, me parece que a largo plazo se debe financiar la universidad con fondos públicos, porque también los albanéshablantes pagan sus impuestos y tienen el mismo derecho a una parte cuando se trata de la financiación de la enseñanza. 
Yo mismo he sido formado en una universidad que se llamaba la Universidad Libre, libre de iglesia y de estado y sin embargo pagada con fondos estatales. 
He de decir que esto lo veo como una gran ventaja, y que con ello se demuestra que se reconoce la autonomía de la enseñanza en un país. 
Contribuyamos desde el mundo exterior a que la identificación de los hablantes de albanés con su estado tenga una oportunidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, mi Grupo respaldará la presente propuesta que lleva entre otras nuestra firma porque estimo correcto que una solución encontrada en Macedonia que redunde en beneficio de la población albanesa cuente con el apoyo de la Unión Europea. 
Yo también hubiera preferido que se hubiese hallado una solución que mereciera la aprobación de todos los partidos representados en el Parlamento. 
¿Por qué no ha sido posible? Mejor dejemos que los propios macedonios discutan esta pregunta, señora Pack. 
Tengo noticias de que se trataba de nimiedades y que al Gobierno no le hubiera costado demasiado ceder un poco. 
No lo sé. 
No creo que esta cuestión sea decisiva. 
Lo importante es que se haya alcanzado una solución a la que nos podamos adherir. 
Aun cuando ello no agrade demasiado a este Parlamento- aquí se aplica más bien la filosofía de que cuanto más pequeñas las unidades, cuanto más separados los sistemas y cuanto más separatistas los movimientos, tanto mejor- quisiera comunicarles algo que hemos debatido detenidamente en la delegación con nuestros colegas de Macedonia. 
Debemos tener presente que las propias instituciones de lengua albanesa deben contribuir a la unidad de la sociedad macedonia, no a su desintegración. 
Es un aspecto fundamental que no podemos perder de vista. 
Señor Presidente, con motivo de la reconciliación francoalemana el General De Gaulle habló de la "paix des braves", de la paz de los valientes. Quería decir con ello que los patriotas de ambos lados habían logrado un pacto duradero. 
Esto es lo que ha sucedido en Macedonia. Creo que puede tratarse de una reconciliación sólida. 
Sin embargo, el Gobierno, que ha dado muestras de un enorme valor al buscar una solución para el problema universitario y otros muchos asuntos, necesita claros indicios positivos así como un fuerte apoyo. En caso contrario, las consecuencias para la paz en la zona pueden ser nefastas. 
Por eso mismo es tan importante que se resuelva primero el conflicto del nombre. El hecho de que Grecia vuelva a lanzar justo ahora la propuesta de hablar de Eslavomacedonia es peligrosísimo, puesto que los albaneses lo entenderán seguramente como una nueva exclusión. 
En segundo término, considero harto importante que se concluya lo antes posible el acuerdo de estabilización. En tercer lugar, estimo fundamental que apoyemos a Macedonia como modelo para la zona de modo que pueda contribuir a la estabilización de los países vecinos. 
A este respecto es importante que también se convoquen cuanto antes elecciones nacionales libres en Kosovo a fin de garantizar que esa región sea gobernada claramente por fuerzas democráticas legitimadas- no solamente en el ámbito municipal- que realmente velen por los intereses de los albanokosovares. Ello contribuirá sin duda a distender en gran parte la situación en Macedonia. 
Creo que Macedonia tiene la gran oportunidad de transformarse en una especie de Suiza de la Europa Sudoriental y hemos de prestarle todo nuestro apoyo para que pueda avanzar en esta dirección rechazando todo cuanto pueda producir un regreso al nacionalismo y al chauvinismo, algo que, desafortunadamente, están fomentando por razones tácticas determinadas fuerzas del país. 
Señor Presidente, es un hecho que lo que se ha logrado en los últimos ocho años en la Antigua República Yugoslava de Macedonia es un milagro, ya que este pequeño país ha conseguido no sólo mantenerse alejado de los enfrentamientos en la región, sino también realizar grandes esfuerzos por su modernización económica y social, afirmar las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el de los derechos de las minorías. 
Sin duda, la Antigua República Yugoslava de Macedonia desempeña un papel positivo en el fomento de la seguridad y de la paz en la región y esperamos que el último problema que hay aún en sus relaciones con Grecia, se resuelva con rapidez para que se respete la dignidad de ambos países. 
Aplaudo con gran satisfacción la nueva ley sobre la educación superior, que crea las condiciones necesarias para que la comunidad albanesa tenga la posibilidad de crear una universidad privada. 
Tengo la plena convicción de que este pequeño país de la Península Balcánica merece el apoyo incondicional de la Unión Europea y quiero esperar que antes de que toque a su fin la Presidencia francesa se firme un acuerdo de unión y de estabilidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, creo que todos coincidimos en que la estabilidad y, a más largo plazo, incluso la supervivencia de Macedonia dependen de que los macedonios y los albaneses logren establecer una convivencia pacífica duradera en el país. Por eso mismo, Europa tiene mucho interés en hacer todo cuanto esté en sus manos y apoyar todo cuanto afiance esta convivencia pacífica de cara al futuro. 
Es por esto por lo que la Comisión ha instado reiteradamente a las autoridades macedonias a que resuelvan el problema aún pendiente de la enseñanza superior en lengua albanesa. 
La Comisión aplaude la aprobación de la nueva ley. 
Colabora con el Alto Comisario para las Minorías Nacionales de la OSCE, Max van der Stoel, para dotar la aplicación de esta importante ley de los necesarios recursos financieros. 
Permítanme que aproveche esta oportunidad para señalar que la Comisión ya ha tenido muy buenas experiencias en lo que a la colaboración con el Alto Comisario, el Sr. van der Stoel, se refiere. 
Juntos hemos logrado solucionar un problema similar en otros dos países europeos, a saber, en Estonia y Letonia. Me alegra poder afirmar en esta ocasión que la colaboración con el Alto Comisario de la OSCE a raíz de dicho problema fue extremadamente constructiva y valiosa. 
Creo que lo mismo sucederá en el caso de Macedonia. 
La Comisión piensa destinar a lo largo de este año 1 millón de euros a Macedonia en el marco del programa nacional para respaldar la aplicación de la ley. 
La dotación de estos recursos está prevista en la propuesta financiera que se presentará hoy- posiblemente en este mismo momento- al comité de gestión del programa PHARE. 
En caso de que los Estados miembros adopten esta propuesta se firmará un acuerdo financiero con el Gobierno y en las próximas semanas se elaborará un proyecto detallado en estrecha colaboración con el Sr. van der Stoel. 
Los recursos PHARE previstos para el año 2000 en el marco del programa nacional pueden emplearse asimismo para ayudar a la Universidad durante el próximo año académico, es decir, el curso 2001-2002. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate cojunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Naufragio en Grecia del buque Samarina 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0783/2000 del Sr. Katiforis y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el naufragio del transbordador griego; 
B5-0787/2000 de los Sres. Hatzidakis y Trakatellis, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el naufragio del buque "Express Samina"; 
B5-0791/2000 del Sr. Korakas y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el naufragio del buque "Express Samina". 
Señor Presidente, señor Comisario, todos los Grupos políticos ya están de acuerdo con el debate sobre este tema y han presentado en común una resolución; considero que es especialmente positivo e igualmente lo es que los socialistas hayan cambiado su postura inicial, porque realmente el naufragio del Samina es un hecho que ha conmocionado no sólo a Grecia, sino a toda Europa. 
No estamos hoy debatiendo en esta Asamblea sólo para expresar nuestro pesar. 
Estamos debatiendo principalmente sobre lo que ha sucedido, sobre por qué ha sucedido y cómo vamos a subsanar las situación, cómo podremos ayudar de ahora en adelante, la Comisión y el Parlamento Europeo, para que tales acontecimientos no se repitan en el futuro. 
Es incuestionable que el factor humano ha desempeñado un papel decisivo. 
Sin embargo hay aspectos del naufragio que, en mi opinión, revelan que se ha infringido el Derecho comunitario. 
Tenemos una infracción de la directiva sobre el registro de los pasajeros. 
Lo admitió el Sr. Ministro, ayer lo admitió también el Sr. Primer Ministro en el Congreso, espero que lo haya admitido también el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en el Parlamento Europeo. 
Se infringe también la directiva sobre los medios de salvamento, los flotadores y las lanchas de salvamento. 
Señor Presidente, el domingo, tres horas antes de expirar el plazo para la aplicación de la Directiva 98/18 el Ministerio de Navegación Comercial detuvo aproximadamente cincuenta buques griegos. 
Es llamativo el hecho de que tanto el Gobierno como la empresa insistan en que el Samina cumplía todas las condiciones de seguridad. 
Es decir, que si no se hubiera hundido, aún estaría navegando. 
Esto es lo que el propio Gobierno dice. 
¿Qué pedimos? 
Pedimos básicamente tres cosas: primero, una aplicación total de la directiva 98/41 sobre el registro de los pasajeros; segundo, reducción del calendario para la directiva 98/18 y que no haya ya excepciones para los Estados miembros, tal como venía sucediendo hasta ahora en el caso de Grecia. 
El Parlamento, presionado por el Gobierno griego, estuvo de acuerdo en la segunda lectura. 
El Sr. Stenmark lo recuerda muy bien, y puede atestiguarlo y, por supuesto, pedimos que finalice la excepción de Grecia sobre el cabotaje, el carácter monopolístico y oligopolístico que condiciona los transportes por mar. 
Los propios navieros tienen sus buques nuevos en las líneas de Italia, en donde hay competencia, y los viejos en las líneas de Grecia, en donde no hay competencia y así es como bajan los prototipos de seguridad. 
Quiero señalar que ya hoy todos los diputados griegos al Parlamento Europeo hemos reaccionado ante esta situación. 
No creemos que todo vaya al revés en Grecia, hay muchos buques muy buenos y la aplastante mayoría de los marinos griegos realiza perfectamente su trabajo. 
Al presentar la resolución deseamos mostrar nuestra sensibilidad sobre la cuestión y nuestra voluntad de luchar para que Grecia adopte incluso prototipos de seguridad más altos que los de la Unión Europea para poder cambiar las impresiones negativas que se han formado sobre nuestro país. 
El Grupo GUE/NGL ha presentado tres enmiendas, una sobre los registros, otra sobre las condiciones de trabajo, y otra sobre un examen sobre el terreno por parte de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Sobre todo por razones técnicas estamos en desacuerdo, y no tengo el tiempo de explicarles ahora estas razones, pero se las puedo explicar personalmente. 
No es tanto el carácter político, como algunas dificultades técnicas, como por ejemplo, sobre los registros, sobre los que ya hay una referencia en la resolución y no es necesario repetirla. 
Señor Presidente, estimados colegas, el otro día nosotros no estuvimos de acuerdo en la redacción de una resolución con el procedimiento de urgencia por el naufragio del exprés Samina, dada la investigación judicial que se está llevando a cabo en Grecia y dadas las declaraciones del Gobierno griego en cuanto a lo que se debe hacer. 
Creemos que el Parlamento Europeo debe tener peso; que no debe ser provisional. 
¿O es que en cada caso que hemos tenido que lamentar, nuestro Parlamento ha hecho o hará lo mismo? 
El otro día, en esta Asamblea escuchamos que no queremos celebrar un debate sobre la seguridad en los buques. 
¿Pero es que se puede celebrar un debate elemental con el procedimiento de urgencia, en dos o tres minutos? 
Nosotros, respetando la decisión del otro día del Parlamento, nos sentamos a la mesa conciliatoria y al final nos pusimos de acuerdo en un texto común, con la colaboración bienintencionada de todos los partidos. 
Este texto final expresa nuestro pesar, que desde el primer momento ya había expresado nuestra Presidenta, la Sra. Fontaine; tiene en cuenta las declaraciones de la Comisión y la petición al Gobierno griego de una información completa e investigación que ya ha comenzado y también subraya la importancia de aplicar las normas de seguridad y nuestro escepticismo ante cualquier excepción. 
Pero bueno, ¿no es justamente este el objeto de nuestra activa Comisión de Política Regional Transportes y Turismo y no hace falta, en muchas ocasiones, un diálogo serio y exhaustivo- como sabemos- y, en cada ocasión, un proceso para poder ponernos de acuerdo sobre lo que se debe hacer? 
¿Es tan fácil decidir qué se debe hacer por la navegación en el procedimiento de urgencia? 
Así pues, la necesidad de la urgencia no se demuestra tampoco a posteriori, puesto que tampoco hay en el texto común referencias que pudieran ser mal interpretadas como de la oposición al Gobierno griego, precisamente por la buena disposición que, como he mencionado, han mostrado todos los partidos. 
Al final la cuestión sigue abierta. 
¿Qué no ganaríamos de este texto si no fuese urgente la resolución? 
En cualquier caso, señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta de resolución común, que apoyamos tal como está ahora, con carácter de urgente, y naturalmente, basándonos en lo que he referido con anterioridad, no estamos de acuerdo con las enmiendas que se han presentado también como urgentes. 
Y en cuanto a la navegación, inclinándonos ante la memoria de las víctimas inocentes del Samina, apoyamos toda actividad que tenga como objetivo la seguridad de la persona y la protección del medio ambiente, más allá de las primeras impresiones. 
Señor Presidente, evidentemente expreso mi pesar y mi indignación por el naufragio y sus víctimas- aunque supongo que siempre habrá accidentes marítimos y naufragios- lo que más exaspera e indigna son las insuficiencias, las imperfecciones, las excepciones, los problemas que ha puesto de relieve este naufragio, y por eso debemos debatir sobre el fondo del asunto lo más pronto posible; aunque no sé si con el procedimiento del debate de actualidad y urgencia. 
Y no es algo que concierna sólo a Grecia. 
Señor Presidente, deberemos debatir y solicitar, tal como lo hacemos en la resolución, la plena aplicación de la legislación comunitaria sin excepción alguna, legislación que además es insuficiente; y que se debe enriquecer; debemos pedir que se fomente la modernización y el perfeccionamiento de las infraestructuras de los puertos, la formación del personal en cuanto a los medios actuales, un personal que, quisiera decirlo señor Presidente, es de los más experimentados del mundo. 
Por supuesto, también es necesario reorganizar y depurar los mecanismos de seguimiento, de control y de sanciones. 
El Sr. Papoutsis ya "acabó" con una dirección muy importante de su ministerio, la Dirección de Inspección de Buques Comerciales. 
Dio un primer paso muy importante, positivo; pero deben darse aún más. 
Y como todo esto concierne a Grecia, que cuenta con el mayor sector marítimo de toda la Unión Europea, básicamente atañe a la seguridad de toda la navegación en la toda la Unión. 
Por esta razón estamos esperando con impaciencia las recientes decisiones que por fin ha tomado el Consejo y esperamos que lleguen también al Parlamento en su forma legislativa, y por eso consideramos, señor Presidente, que sería útil que una comisión del Parlamento fuera a Grecia y que, en colaboración con las autoridades, las instituciones, los profesionales, viera el grado de dificultad de los problemas- es el país más experimentado en los temas de navegación- para que Grecia pueda ayudar al Parlamento Europeo a participar en la mejora y en la legislación más estricta para la seguridad de la navegación en toda Europa. 
Señor Presidente, para empezar quisiera expresar mi más profundo pesar y solidaridad a las familias de las víctimas, y también a cuantos han sobrevivido y que tendrán estos recuerdos terribles. 
Claro, hay tragedias en el mar, hay errores humanos, pero señor Presidente, lo que tiene una importancia tremenda es, cuando hay un error humano, ver si lo que se hizo antes y después, como funcionamiento, era correcto. 
Es decir, en nuestro caso, si se hicieron los controles y las certificaciones pertinentes para los buques, si los salvavidas estaban en su sitio, si la tripulación cumplió con su deber. 
Es un montón de cosas que debemos examinar al momento, y sobre todo, ver si se han infringido directivas comunitarias. 
Diría a este respecto que el Comité griego de competencia nunca ha intervenido en temas en los que debía haberlo hecho. 
Por supuesto, sé que no es problema de la Comisión, porque la Comisión interviene en temas de competencia en el ámbito de la Unión Europea; pero pregunto: ¿Es posible que un Comité de competencia, nombrado por el Sr. Ministro, no haya hecho nada y que poco a poco, se haya creado casi un monopolio en la navegación? 
Y ya sabemos que los monopolios, privados o estatales, no son buena cosa; y en este caso no son nada bueno ni para la navegación comercial ni para la de transporte de pasajeros. 
Diría, señor Presidente, que lo que debemos conseguir aquí, motivados por este trágico suceso, es ver qué debemos hacer en el ámbito de la Unión Europea, porque la gran aspiración es la seguridad de la navegación en la Unión Europea. 
También quisiera decir sobre la resolución, porque hay algunas enmiendas, que la enmienda sobre los registros está cubierta en el texto, existe. 
En cuanto a la enmienda sobre las condiciones de trabajo, hay una directiva sobre este tema; por otra parte la formulación de la enmienda no es tan satisfactoria como el texto. 
Y por último, la visita de la Comisión de Transportes y Turismo no creo que sea sólo un deseo, la labor de la Comisión Europea es investigar y ver si ha habido infracciones de alguna directiva comunitaria, acelerar la jurisprudencia que queremos ver para que la navegación sea más segura y debe hacer lo necesario e investigar el tema de este famoso Comité de competencia, tal como he dicho anteriormente. 
Esto es lo que quisiéramos que nos dijera la Comisión Europea. 
Señor Presidente, yo también quisiera expresar mis más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos en este desastre, pero también quisiera rendir tributo a aquellos implicados en los esfuerzos de rescate, desde luego también a la marina real. 
En nombre del equipo socialista de transporte lamento que este debate tenga lugar como una urgencia. 
Podría ser mejor debatido en comité la semana que viene, pero esta ha sido la decisión de la Asamblea, que desde luego, respeto. 
Lo que ciertamente no necesitamos hoy, ni la semana que viene, ni en el futuro es un tanteo entre nuestros colegas griegos en su carrera hacia las elecciones generales griegas. 
Eso no le hace bien a nadie. No se trata de una cuestión que afecte solamente a Grecia. 
Es algo que atañe a toda Europa. Ha sido un accidente que tenía que ocurrir. 
Algunos de nosotros hemos trabajado durante años en la cuestión de la seguridad de los ferrys, en gran medidad a causa de los ferrys que se han hundido en otros lugares de Europa con una trágica pérdida de vidas humanas, ya fuese el Herald of Free Enterprise, el Scandinavian Star o, el más conocido de todos, el Estonia en los años 90. 
Todos estos casos demuestran que los ferrys no son suficientemente seguros. 
En nuestra opinión esta tragedia bien pudiera repetirse. No porque tengamos pocas leyes en Europa, sino porque las leyes no se hacen respetar adecuadamente. 
No sólo se trata de Grecia. 
También hay otros Estados miembros que no cumplen las leyes de seguridad marítima y si me lo permiten, nombraré a algunos: Italia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y la Presidencia, Francia, no ponen en práctica la directiva de control por el Estado portuario. 
Confío en que hoy, y en los próximos días y semanas, escuchemos de la Comisión las acciones que propone se emprendan contra estos Estados miembros que no toman en serio la seguridad marítima. 
Señor Presidente, Comisario, me gustaría unir el nombre de mi Grupo a las expresiones de simpatía y solidaridad con las familias de los fallecidos y los supervivientes del naufragio y también de gratitud a los participantes en las labores de rescate. 
Es propio de la naturaleza humana sentirse más afectado por una tragedia cuanto más cerca de uno se produce. 
Si intervengo con especial sentimiento en este debate es porque a lo largo de los años Grecia se ha convertido en otra patria para mí. 
He tenido muchas oportunidades durante este tiempo de observar lo diestra que puede llegar a ser la navegación en Grecia. 
Pero el asunto no puede ser localizado de esta manera. 
En los últimos años, en nuestras propias aguas, se han entregado muchas vidas al mar, no sólo en grandes accidentes de ferrys sino también, con excesiva frecuencia, de entre nuestra comunidad pesquera. 
Esta es la razón por la que debemos abordar la cuestión de la seguridad marítima de forma más general y con la perspectiva constructiva sugerida en esta enmienda. 
Yo también quisiera resaltar la necesidad de ejecutar adecuadamente la legislación de la que actualmente disponemos. 
Quisiera solicitar que seamos más cautos aun a la hora de otorgar derogaciones en nuestra legislación futura cuando se trate de cuestiones de seguridad. 
Cuestiones como ésta no sólo son importantes para aquellos de nosotros que provenimos de regiones en las que el mar se ha convertido en nuestro camino o lugar de trabajo. 
Son importantes para todos nosotros, incluso si no nos afectan inmediatamente. 
Esto es así aunque sólo sea porque, en palabras del poeta inglés John Donne, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque formo parte de la Humanidad. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, yo también quisiera expresar nuestras condolencias a las familias que han perdido seres queridos en esta tragedia. 
En este momento tan especial les acompañamos en el sentimiento. 
Como diputado representante de Escocia también siento una especial tristeza y preocupación sobre estos sucesos. 
A pesar de que Escocia y Grecia se encuentran en los extremos opuestos de la Unión Europea, compartimos, sin embargo, una topografía común. 
Nuestros dos países tienen muchas comunidades isleñas junto a nuestras costas y por tanto el pueblo de las islas escocesas sintió una especial conmoción a raíz de los recientes sucesos acaecidos en Grecia. 
Nuestras comunidades isleñas dependen de los servicios de ferry como si de un cordón umbilical se tratara. 
Estas naves proporcionan transporte para mercancías y pasajeros y garantizan la sostenibilidad de las comunidades más remotas y frágiles de Europa. 
Es una obligación de los Estados miembros asegurar que los dueños y los operadores de los ferrys sean conscientes de su responsabilidad sobre el pasaje seguro de personas y mercancías. 
En Escocia hemos sido afortunados por no haber sufrido directamente el tipo de tragedia que ha afectado a Grecia, pero nos consta que nuestras aguas son de las más aventuradas de Europa. 
Estamos preocupados con el próximo proceso de licitación que ya está en marcha. 
Quisiera pedirle a la Comisión que me asegure que en la licitación por los servicios de ferry, por cualquier servicio de ferry, la seguridad va a constituir una consideración prioritaria. 
En el exigente mundo de las licitaciones con demasiada frecuencia las compañías se ven obligadas a recortar costes y no desearía comprobar que las sacrificadas son las medidas de seguridad. 
Sencillamente, esto no es aceptable para las islas septentrionales y orientales escocesas y tampoco lo es para la potencial ruta desde el Mar del Norte hasta el continente europeo, que espero sea establecida en un futuro no muy lejano. 
Nuestros ciudadanos merecen la mayor protección en el transporte marítimo. 
Los sindicatos que representan a los hombres y mujeres que trabajan en los ferrys así como los representantes de nuestras comunidades costeras deberían participar en los debates previos a la licitación, de suerte que puedan contribuir a garantizar que la seguridad no es sacrificada en aras de la rentabilidad. 
Señor Presidente, ante todo quisiera expresar nuestro más hondo pesar y dolor por las víctimas del trágico naufragio. 
Se ha referido, señor Presidente, se ha aducido también aquí el argumento de la responsabilidad del factor humano. 
Este argumento es, cuando menos, inadmisible. 
El hecho de que el buque siniestrado tuviera 34 años y que no estuviera incluido en las listas de los buques que, por supuesto que muy mal, constituían una excepción a las medidas de control adicionales de la Directiva 98/18/Ce, pone de relieve el libertinaje del capital naviero, que siempre encuentra la manera de escaparse de estas regulaciones normalmente insuficientes, bajo la responsabilidad de los gobiernos y de las autoridades de control, en detrimento de la seguridad de los viajeros y de la navegación. 
El marco jurídico sobre la navegación en Grecia y, más generalmente en la Unión Europea, se muestra insuficiente y peligroso y debemos tener uno nuevo y más estricto, especialmente para los buques más antiguos y, que no haya excepciones. 
Igual de peligroso es el funcionamiento de las autoridades de control y del registro que, al funcionar como una empresa privada especulativa, básicamente la controlan los mismos navieros a los que supuestamente debe controlar. 
Ni siquiera este trágico naufragio ha sido motivo suficiente para sacar conclusiones. 
Por el contrario, se explota a las víctimas inocentes para fomentar objetivos más amplios de los navieros. 
Acelerar el levantamiento del cabotaje en los mares griegos que se solicita con tanta insistencia, y que se solicita también aquí en la resolución común, es algo que va a hacer la competencia de las compañías navieras aún más intensa, con consecuencias aún más trágicas para los viajeros. 
Invitamos al Parlamento Europeo a no aprobar el levantamiento del cabotaje en los mares griegos, rechazando la mención relativa en el apartado 5 de la resolución común, para el cual mi Grupo ha solicitado una votación aparte; le invitamos a aprobar la participación de representantes de los trabajadores del mar en las autoridades de control y en los registros, y a que pida que el potencial humano de los buques se adecue a las necesidades reales de la navegación costera, aprobando las enmiendas que hemos presentado. 
Señor Presidente, mi Grupo Parlamentario también quiere expresar su condolencia por las víctimas del naufragio del Samina Express. 
Este tipo de hundimientos siempre son tristes pero sobre todo cuando se podrían haber evitado. 
Esperemos que la investigación de las causas arroje unos resultados claros de la situación para poder poner las medidas adecuadas. 
Basándonos en los testimonios de los supervivientes e implicados ya se pueden sacar dos conclusiones. 
Las catástrofes en el mar son muchas veces la consecuencia de la falta de mantenimiento y del personal competente y con sentido de la responsabilidad. 
Esto es aún más trágico porque la exención de la legislación de la Unión Europea tiene mucha culpa de ello. 
Me alegro de que el gobierno griego haya suspendido esta exención mientras tanto. 
La Unión Europea ha de ser muy cauta a la hora de hacer excepciones a la legislación en materia de la seguridad de los ciudadanos. 
Me estoy refiriendo ahora a los otros dos países del sur que con el tiempo quieren adherirse a la Unión Europea. La calidad tanto de sus barcos como de la tripulación que navega bajo sus banderas es más bien conocida por su mala fama. 
No podemos cometer el mismo error al respecto. 
Para concluir, el gran sufrimiento humano nos obliga a aprender de esta tragedia porque, lamentablemente, la dolorosa experiencia es la mejor maestra. 
Celebro que esta resolución nos indique el buen camino. 
Señor Presidente, como sabe, Baviera siente una enorme simpatía por Grecia. Ello se puso de manifiesto en el siglo XIX, en las guerras de independencia. 
El primer rey griego fue un bávaro, y hoy día esta simpatía se manifiesta en que muchos bávaros pasan sus vacaciones en ese hermosísimo país. 
Grecia cuenta con un gran número de turistas bávaros. 
Por eso mismo, ver estas horrendas imágenes y escuchar estas horrendas noticias supuso para nosotros un doble impacto. Fue un choque por el inmenso dolor de las familias afectadas, por la pérdida de vidas humanas, pero también por la flagrante falta de medidas de seguridad. 
Hemos de tener en cuenta que aquí también se trata de la credibilidad de la Unión Europea. 
Nos quejamos una y otra vez, y con razón, de que en muchos ámbitos se aplica un enfoque excesivamente centralista. 
Criticamos las propuestas de quienes defienden aquí una política común europea en materia de turismo. 
Es algo que podemos dejar con toda tranquilidad en manos de los Estados miembros y de las regiones. 
De conformidad con el principio de subsidiariedad, la elaboración de una política de turismo ha de relegarse a los niveles inferiores. 
Sin embargo, es necesario que los ciudadanos de todos los países puedan depositar la misma confianza en las normas de seguridad. 
Por eso mismo, la Unión Europea ha de afrontar la prominente tarea de impedir que se produzcan más excepciones en materia de seguridad, tal y como ha sucedido claramente en este caso. 
Hemos de tener presente que en la era del turismo de masas transfronterizo, la gente espera que pueda fiarse de las normas de seguridad vigentes en la Unión Europa, ya sea en los túneles- donde se registraron diversas catástrofes el pasado verano- o en los barcos, escenario de las actuales catástrofes. 
En todos los países se producen fallos humanos. 
Los marinos griegos destacan y son famosos por su calidad. 
No obstante, debemos ser conscientes de que, desgraciadamente, en esta región algo falla en las normas técnicas. 
Aquí entra en juego la responsabilidad de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión comparte con el pueblo griego el inmenso dolor y la profunda consternación por el horrible accidente. 
La Comisión ha expresado su pésame a las familias de las víctimas y al Gobierno griego. 
Desgraciadamente, es cierto que este siniestro no es el primero de este tipo que se produce en aguas europeas. A este respecto quisiera señalar que a raíz del último grave accidente marítimo, la catástrofe del Estonia de 1994, la Unión Europea decidió adoptar medidas. 
Promulgó toda una serie de disposiciones de gran alcance para mejorar la seguridad de los buques de pasaje. 
Seguramente se acordarán de que las disposiciones estipuladas en aquel entonces perseguían los siguientes objetivos. 
Primero, el registro de los pasajeros. 
Segundo, la aplicación de normas de seguridad armonizadas, también en relación con la estabilidad y los dispositivos de salvamento, al transporte interno dentro de la Unión Europea. 
Tercero, la realización de inspecciones obligatorias e investigaciones en caso de accidente. 
Cuarto, el respeto de normas sociales a bordo y quinto, la aplicación del código de gestión para la seguridad en la explotación de buques de pasaje a las compañías que explotan este tipo de buques. 
Dicha normativa integra los viajes nacionales e internacionales desde o hacia los puertos de la Unión en un marco jurídico exhaustivo. 
Corresponde a la Comisión velar por la aplicación práctica de este marco jurídico en virtud del papel que le confiere el Tratado. 
Por eso mismo, la Comisión se dirigió al Gobierno griego inmediatamente del naufragio del Samina Express, solicitando información acerca de la aplicación del Derecho comunitario vigente. 
La Comisión ha instado a las autoridades griegas a que examinen si los buques que tenían la obligación de adoptar las normas de seguridad de la Comunidad antes del 30 de septiembre efectivamente han cumplido con este deber. 
A raíz de la verificación solicitada por la Comisión ha quedado suspendido el servicio prestado por 60 buques hasta que se demuestre que su funcionamiento está de acuerdo con las normas. 
La Comisión comparte plenamente la opinión del Parlamento Europeo de que ahora más que nunca conviene endurecer las disposiciones de seguridad aplicables a los buques de pasaje. 
De ahí que el miembro competente de la Comisión, la Vicepresidenta De Palacio, tenga previsto incorporar a su programa de trabajo para 2001 la necesidad de revisar la actual directiva relativa a las normas de seguridad para buques de pasaje. 
Además, la Comisión piensa examinar minuciosamente el marco jurídico aplicable a la responsabilidad en materia de transporte de pasajeros, planteándose la pregunta de si dicho marco jurídico necesita ser modificado. 
Para finalizar quisiera subrayar que la Comisión está plenamente convencida de que el problema de las disposiciones jurídicas europeas sobre la seguridad de los buques de pasaje debe constituir una de las preocupaciones prioritarias de la Unión Europea, y que se trata de garantizar una aplicación estricta y uniforme de las mismas en toda la Comunidad. 
Es la única forma de disminuir el riesgo de que vuelvan a producirse accidentes de este tipo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.00 horas. 
Señoras y señores, hemos concluido el último debate y como nos queda un poco de tiempo antes de que se inicien el debate y la declaración del Sr. Solana, Alto Representante para la política exterior y de seguridad común, acerca de la situación en Oriente Medio y las elecciones en Yugoslavia, interrumpo brevemente la sesión. 
Señor Presidente, como se ha dicho, restan todavía 25 minutos antes de que comience el debate con el Sr. Solana aunque haya muchos problemas de actualidad y urgencia que no hemos podido debatir. 
Últimamente sucede con frecuencia que el jueves por la tarde terminamos antes de tiempo. 
Esta tarde, tras la votación, no figura nada en el orden del día en lugar del informe PLUMB y para mañana por la mañana tampoco es que se hayan fijado muchos temas. 
Quisiera señalar que se está produciendo un curioso declive. 
El martes y el miércoles se registraron importantes retrasos. 
El turno de preguntas dirigidas a la Comisión comenzó casi hora y media más tarde de lo previsto y el orden del día del jueves se reduce cada vez más. 
Por tanto, desearía formular la siguiente pregunta, rogándole que la plantee a la Presidencia. Me pregunto si además de la supresión del viernes algunos han comenzado a suprimir también el jueves. 
Sabemos que usted es un fervoroso partidario de mantener la sesión del viernes y está en su pleno derecho. 
A mi modo de ver, su petición es bajo todo punto de vista plausible. 
Hemos tomado nota de ella y me encargaré personalmente de que este aspecto se discuta en la próxima reunión de la Presidencia. 
(La sesión, interrumpida a las 16.36 horas, se reanuda a las 17.00 horas) 
Situación en Oriente Medio- Elecciones en Yugoslavia 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común sobre la situación del proceso de paz en Oriente Medio y sobre las elecciones en Yugoslavia. 
A continuación, tiene la palabra al Sr. Solana, a quien recibimos con sumo gusto. 
Gracias, señor Solana. 
El Comisario Verheugen va a expresarse, como lo ha hecho el Sr. Solana, sobre los dos temas que nos ocupan esta tarde, es decir Oriente Medio y las elecciones en Yugoslavia. 
Después, intervendrán los diputados que se hayan inscrito. 
Creo que los Grupos han acordado que abordarán primero el primer tema y después el segundo. 
Señora Presidenta, Alto Mandatario, señoras y señores diputados, suscribo los comentarios del Alto Representante acerca de la situación en Oriente Medio y en Belgrado. 
Permítanme que me refiera primero a Serbia. 
En las elecciones del 24 de septiembre el pueblo serbio votó en contra de Milosevic y su régimen. 
Es obvio que el pueblo serbio optó por una nueva era y unos nuevos líderes políticos. 
La Unión Europea siempre ha dejado claro que el pueblo serbio pertenece a Europa al igual que todos los demás pueblos europeos. 
Siempre hemos dejado claro que modificaríamos radicalmente nuestra política hacia Serbia si en las elecciones el pueblo serbio se decidiera a votar por un cambio que condujera a una transformación democrática. 
Hemos dejado claro- y quisiera ratificarlo- que la decisión de optar por un cambio democrático es al mismo tiempo la decisión de regresar a Europa. 
No cabe la menor duda de que este mensaje fuera recibido en Serbia. 
El pueblo serbio ha adoptado una decisión. 
Ganó la batalla, a pesar de los enormes esfuerzos que desplegó y sigue desplegando el régimen para impedir su victoria. 
Tal vez se decida en estos momentos en las calles de Belgrado si el cambio democrático se inicia ahora y si puede llevarse a cabo sin violencia. 
Permítanme que se lo diga sin rodeos: Europa apoya sin reserva alguna a la oposición democrática de Serbia. 
Exigimos que se escuche y se respete la voz del pueblo serbio y compartimos su ferviente deseo de que se marche Milosevic y todo su régimen, que ha causado dolor y desgracias a tantas personas en Serbia y en otros muchos países. 
En cuanto se respete la voluntad del pueblo- y estoy convencido de que ello sucederá- los acontecimientos ocurridos en Serbia abrirán la puerta a una verdadera y duradera paz en la región de los Balcanes. 
Gracias a ello, el pueblo serbio tendrá la oportunidad de reincorporarse a la familia de pueblos europeos y construir junto con sus vecinos un futuro pacífico y estable. 
Desde el momento en que el pueblo serbio introduzca un cambio democrático- y esto es algo que la Unión Europea viene prometiendo desde hace tiempo -, la República Federal de Yugoslavia obtendrá las mismas ventajas que sus vecinos. 
La Unión Europea mantendrá con ella las mismas relaciones. 
Tenemos que mostrarnos dispuestos a cumplir esta promesa en cuanto se respete la voluntad del pueblo. 
Como ha señalado el Sr. Solana- y yo lo puedo confirmar puesto que la Comisión ya está preparando la asistencia a la reconstrucción de la economía y la infraestructura en Serbia -, la ayuda se hará efectiva tan pronto como se haya instalado un gobierno democrático. 
Estamos dispuestos a levantar las sanciones y prestar ayuda de emergencia para mitigar las penurias del invierno. 
La semana pasada, el Presidente de la Comisión puntualizó que se trata de una importante tarea que debemos afrontar inmediatamente, sin tardanza alguna, a partir del momento en que se imponga la voluntad del pueblo. 
En mi opinión, será decisiva la señal que se emita hoy desde el presente debate a Belgrado. 
Este Parlamento tan sólo puede enviar un único mensaje: ha de instar una vez más, quizá la última, a Milosevic a que haga caso de las advertencias y dimita allanando el camino al cambio democrático en Serbia. 
(Aplausos) 
Quisiera hacer algunas observaciones con respecto a la dramática situación y el brusco cambio en Oriente Medio. 
Sentimos un inmenso dolor y una enorme consternación por el gran número de víctimas, la mayoría de ellas palestinos, que en los últimos días han perdido la vida en los conflictos nuevamente recrudecidos. 
Condenamos enérgicamente el empleo desmesurado y arbitrario de la violencia. 
Condenamos todas las acciones que puedan entenderse como provocaciones, especialmente en lo que se refiere a los santos lugares de Jerusalén. 
Aplaudimos y respaldamos los esfuerzos del Presidente Chirac, del Presidente Mubarak y de la Ministra de Asuntos Exteriores Albright, expresando nuestra esperanza de que se logre el principal objetivo, a saber, el cese de las hostilidades y el restablecimiento de la tranquilidad y del orden. 
Con respecto a la comisión de investigación la Comisión suscribe la actitud de la Presidencia. 
Es obvio que la crisis puede tener consecuencias peligrosas para el proceso de paz. 
Por otra parte- en esto coincido con el Sr. Solana -, no podemos sacar conclusiones prematuras dando por imposible la reconciliación entre israelíes y palestinos. 
Hay tiempo hasta finales de octubre. 
Es probable que más allá de esa fecha comience a peligrar la estabilidad del Gobierno del Primer Ministro Barak y aumente sobremanera la presión sobre el Presidente Arafat para proclamar un Estado independiente. 
Espero que el encuentro entre el Presidente Mubarak, el Presidente Arafat y el Primer Ministro Barak en Sharm el Sheij permita reabrir negociaciones constructivas sobre un acuerdo de paz duradero. 
A nosotros nos corresponde la tarea de convencer a Israel de que el reconocimiento y el respeto de los derechos de los palestinos, con todos los compromisos que ello implica, es la mejor forma de velar por los intereses nacionales de Israel a largo plazo. 
Lo que interesa a Israel a largo plazo es una paz duradera. 
A los palestinos los tenemos que convencer de que la mejor forma de lograr sus objetivos y hacer valer sus derechos consiste en negociar con Israel. 
Quisiera reafirmar que la Unión Europea respalda el proceso de paz porque es el único mecanismo que permite consagrar la única alternativa posible para Israel y el pueblo palestino: una paz equitativa y absoluta, incluso cuando exige compromisos dolorosos de ambas partes. 
¡Por muy difíciles que sean los puntos conflictivos las partes implicadas han de aprovechar la oportunidad histórica que se les presenta ahora! 
Todo lo demás conduciría a una terrible tragedia. 
Las negociaciones deberían partir de los avances obtenidos en Camp David en el mes de julio. 
En realidad, estos progresos no fueron directamente palpables porque la cumbre no tuvo el éxito deseado. 
Sin embargo, Camp David tampoco fue un fracaso, puesto que el abismo que mediaba entre las partes en conflicto se redujo considerablemente y se resolvieron algunos temas tabú sumamente delicados. 
La actitud de la Unión Europea hacia la esencia del proceso de paz no se ha modificado. 
Respaldamos los esfuerzos de las partes para llegar a un acuerdo que se corresponda con los principios y el marco de referencia del proceso de paz iniciado en Madrid. 
Estamos convencidos de que se puede encontrar un compromiso para todos los puntos conflictivos. 
Estamos asimismo dispuestos a facilitar ayuda. 
Si las partes- como esperamos- logran un acuerdo, la Unión Europea proporcionará ayuda política y financiera sobre la base de un reparto de gastos equitativo y accederá dentro de lo razonable a las peticiones de las partes, además de las otras iniciativas que se puedan tomar. 
Estamos dispuestos a prestar nuestra ayuda para garantizar la estabilidad de la zona e implantar a largo plazo un bienestar duradero mediante un crecimiento económico sostenido y una mejora de las condiciones de vida, a fin de que los dividendos de la paz redunden en beneficio de los habitantes de la zona. 
Esta filosofía está totalmente en línea con nuestro deseo de reforzar el Proceso Euromediterráneo de Barcelona, ámbito en el que proseguiremos nuestros esfuerzos. 
Muchas gracias, señor Comisario Verheugen. 
Señora Presidenta, señor Alto Representante, señor Comisario, participo en este debate con reservas, pues no quería que el Parlamento apareciese únicamente como un juez autorizado a lanzar un anatema contra tal o cual, en un momento en que, tras las esperanzas tan vivamente alentadas aquí mismo hace un mes, nos enfrentamos a las dramáticas consecuencias de esta nueva explosión de violencia en Oriente Próximo. 
Si he aceptado ser el portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo es porque lo esencial, a mi entender, como al de mis compañeros de Grupo, es pedir al Consejo, a la Comisión y a usted mismo, señor Alto Representante, que no escatimen esfuerzos, como acaba de comprometerse a hacer, para contribuir a la reanudación de las negociaciones de una paz tan esperada en todo el mundo, en Europa, pero sobre todo allí, sobre el terreno. 
Sé por experiencia que es mucho más difícil para un ejército ganar una paz que vencer en la guerra. 
Sé que, para pasar de una posición guerrera a una de mantenimiento del orden o de la paz, hace falta no ya una tropa capaz de descargar la violencia de sus armas para conquistar un objetivo, sino capaz de controlar esa violencia. 
Hace falta un entrenamiento especial que hoy damos sistemáticamente a los soldados de los ejércitos de la Unión Europea, porque tenemos la suerte de estar en paz. 
No tienen esa suerte las fuerzas de Israel y de Palestina. 
A nosotros nos corresponde, de nosotros se espera que, en nuestro lugar, junto a las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América, y en estrecha colaboración con ellos, sigamos apoyando incansablemente a todos a aquellos que tienen la firme voluntad de conseguir la paz, al precio de las concesiones necesarias. 
Y le hago la siguiente pregunta, señor Alto Representante: ¿no cree que ha llegado el momento de que la Unión Europea adopte una iniciativa inteligente y valiente sobre el estatuto de Jerusalén? 
Sabemos muy bien que es un aspecto crucial del problema y no debemos olvidar que hemos escuchado aquí mismo, en este hemiciclo, propuestas interesantes al respecto, que merecen nuestro apoyo. 
Señora Presidenta, yo creo que este debate conjunto, que es un verdadero debate de urgencia porque estamos hablando sobre lo que está ocurriendo, requiere, en primer lugar, una afirmación fuerte en la que las tres instituciones nos podamos reconocer. 
Y es que tenemos que hacer frente y asumir nuestras responsabilidades como Unión Europea en relación, no sólo con los problemas que nos preocupan, sino con los grandes temas de la paz en el mundo. 
Podremos discutir sobre cómo nos organizamos, porque estamos creando algo nuevo, pero hay una primera afirmación común, que es precisamente que necesitamos una política exterior y de seguridad común que sea real. 
Y, en este momento, nos encontramos con que el Parlamento de Belgrado está en llamas- sabemos lo que es incendiar un Parlamento en la historia de Europa, y sabemos también la responsabilidad que tienen los líderes que conducen a sus pueblos al desastre. 
Yo creo que, en ese sentido- no es que Milosevic nos vaya a escuchar -, tenemos que reiterar que nosotros no estamos en contra del pueblo serbio. 
Estamos en contra de los líderes que le han conducido, seguramente, al mayor desastre de su historia. 
Y tenemos que tenderle la mano de una manera muy simbólica- como ha dicho el Sr. Solana- con esa reunión en Zagreb. 
Ahí se ve verdaderamente el cambio que se produce cuando una democracia se consolida en un país. 
En relación con Oriente Medio, los europeos hemos hecho un esfuerzo- Venecia, Madrid, Oslo, Estocolmo- y hemos apoyado verdaderamente el fomento y el desarrollo de ese proceso. 
No hay que dejar que los líderes que quieren radicalizar el proceso y las fuerzas extremistas lo lleven al desastre, sobre todo a partir de una provocación simbólica en uno de los lugares más sagrados del mundo- lo vimos el mes pasado en el debate sobre el futuro de Jerusalén. 
Pero, además, también tenemos que reiterar que los europeos no sólo estamos dispuestos a ayudar económicamente. 
Nosotros queremos asumir toda nuestra responsabilidad y, sobre todo, asumirla en un momento en que lo que hace falta es rebajar la tensión, volver a llevar a la mesa a las partes para poder encontrar una solución equilibrada. 
Yo creo que ése es un compromiso que tenemos que reiterar, de manera unánime, hoy y yo animo tanto al Secretario del Consejo y Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común como a la Comisión para que no cejen en el empeño y expresen esa voluntad unánime de todos los pueblos y de todos los representantes de la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, me gustaría comenzar mostrando mi profunda compasión hacia las familias afectadas por los últimos sucesos sangrientos que han tenido lugar en la zona de la que hablamos. 
Al igual que otros de mis compañeros, también quiero manifestar mi preocupación ante lo que está sucediendo y decir asimismo que cuando uno habla de esta zona, realmente tiene la impresión de que atraviesa un campo minado y que no pasará mucho tiempo antes de que la gente reaccione a lo que dice casi sin importar lo que dice. 
No obstante, también debo exhortar tanto al señor Comisario como al Sr. Solana para que hagan todo lo que esté en su mano para presionar a fin de que se logre un acuerdo de alto el fuego de modo que se ponga término a los sangrientos acontecimientos. 
De no ocurrir así, puede desencandenarse una reacción en cadena, incluso en otros países que puede resultar incontrolable. 
Un pequeño ejemplo de esto son los acontecimientos que ayer tuvieron lugar en Copenhague donde una manifestación pacífica se trasnformó en violenta, afortunadamente sin que nadie falleciera, aunque sí lamentablemente algunas personas resultaran heridas. 
Por ello, lo que debemos y hemos de hacer desde la UE es seguir diciendo negociación, negociación y nuevamente negociación, de modo que las ventanas que ahora están abiertas no lleguen a cerrarse antes de que hayamos alcanzado un resultado. 
Es preciso alcanzar ahora un acuerdo de paz, de lo contrario, existen grandes posibilidades de que la sangre llegue al río. 
Señora Presidenta, mi intervención de hoy no está basada en una serie de análisis a distancia, sino en mis propias experiencias de la semana pasada, ya que por casualidad me encontraba en Jerusalén y en la franja de Gaza cuando ocurrieron allí estos disturbios. 
En primer lugar, hablaré de la provocación del Sr. Sharon del jueves pasado. 
Desde el principio estaba claro que se trataba de una provocación motivada por razones partidistas internas; la lucha entre Sharon y Netanyahu. 
En mi opinión, es todavía más grave que esta provocación fuera permitida por el Primer Ministro Barak, que a mi juicio cometió un error muy grande al calcular mal cuáles podrían ser las consecuencias de la visita de Sharon, o que conscientemente quiso agudizar la situación. 
En segundo lugar, los disturbios del jueves en la mezquita de Al Aqsa. 
El día siguiente hablé con más de un visitante de la mezquita y es realmente incomprensible que se haya tiroteado dentro de la mezquita a varios hombres de entre cincuenta y sesenta años, o sea, no los que lanzaban piedras. 
Si ya estamos hablando de provocaciones, me parece muy chocante que el gobierno israelí en el día sagrado de los musulmanes haya disparado a los feligreses que estaban rezando dentro de la mezquita, y creo que la comunidad internacional ha condenado esto con mucha razón. 
Como punto final, haré algunas observaciones en relación con mi visita del día siguiente al hospital de Jerusalén Este. 
Me pareció muy estremecedor ver que durante los disturbios habían matado de un tiro a un conductor de una ambulancia y, en segundo lugar, y lo vi con mis propios ojos, que habían disparado a otro conductor de ambulancias en el pie desde una distancia de diez centímetros porque quería prestar ayuda a los heridos. 
Lo más chocante es el hecho de que la policía y el ejército israelí haya empleado balas de fragmentación, balas que cuando alcanzan el cuerpo estallan en decenas de pedazos y que están prohibidas internacionalmente, incluso en las luchas entre soldados, y que ahora se han empleado contra ciudadanos. 
La conclusión que yo saco de todo esto es que el gobierno israelí ha hecho uso de una violencia desproporcionada, lo cual, con mucha razón, ha sido condenado ampliamente. 
La pregunta que quisiera hacer al Sr. Solana y a la Comisión es ¿qué puede hacer concretamente la Unión Europea para impulsar una investigación internacional de los disturbios, y, en segundo lugar, qué puede hacer la Unión Europea muy en concreto para sacar a flote el proceso de paz? 
Señora Presidenta, Mohamed es uno de los muchos niños matados por el ejercito israelí que, ocho años después de la firma de los acuerdos de paz, continúa ocupando más del 80% de los territorios. 
Los colonos disparan. 
¿Qué cabe decir de estas nuevas masacres y de la insurrección de los palestinos? 
¿Una vez más los chicos de las piedras? 
No solamente, sino que también disparan las fuerzas de seguridad palestinas. 
La insurrección se esperaba desde hace tiempo: es difícil creer en la paz cuando desde la firma de los acuerdos hasta la fecha los colonos han aumentado de 141.000 a más de 200.000; cuando nunca has trabajado para alimentar a tus hijos, como mi amigo Talal que es albañil en los asentamientos, tal vez en la tierra que fue de su familia; es difícil cuando los soldados te impiden moverte. 
Ariel Sharon fue la gota que colmó el vaso, pero las responsabilidades recaen también en el Gobierno que no impidió la visita y dejó que los soldados dispararan contra la muchedumbre. 
Aunque estoy en contra de toda violencia, no se puede tratar con en el mismo rasero la violencia israelí y la violencia palestina. 
Por una parte, hay un Estado y un ejército que ocupan un territorio en contra de cualquier Derecho internacional y, por otra, hay un pueblo cansado de humillaciones y sufrimientos. 
No se trata de Hamas, es la rebelión de un pueblo cansado de estar oprimido, descontento con sus dirigentes y que quiere tomar decisiones. 
Es la revuelta de los palestinos de Israel que se manifiestan no solo por solidaridad con sus hermanos, sino para ser ciudadanos con plenos derechos y no discriminados en Israel. 
Debemos contribuir a detener la violencia y a negociar para que se callen las armas, se retiren los soldados israelíes, se lleve a cabo una investigación internacional con la presencia de Europa y se proteja a la población palestina. 
Bastaría que la Unión Europea y la ONU dijeran claramente que se han de aplicar las resoluciones de la ONU, a partir de las números 338, 242 y 194, para el regreso de los refugiados. 
Esto tendría de por sí una fuerza impresionante y podría cambiar la ya firme convicción israelí de que siempre puede actuar impunemente. 
El derecho a la existencia y a la seguridad del Estado de Israel nos interesa mucho, al igual que nos interesan los israelíes que, en este momento, se manifiestan junto con los palestinos para decir "basta" de ocupación; "basta" de esta violencia. 
Sin embargo, el derecho del Estado palestino no es menos importante. 
Considero que Europa puede hacer mucho y debe hacer mucho en este sentido con transparencia y decisión. 
Es verdad que la paz se construye con el diálogo, pero en el respeto del derecho y aquí los derechos se violan. 
No son concesiones que hacen los israelíes, es el derecho que nosotros debemos practicar. 
Señora Presidenta, los sangrientos enfrentamientos que han tenido lugar los últimos días en Jerusalén, la franja de Gaza, Cisjordania e Israel revisten una especial gravedad debido al elevado número de víctimas, pero también porque han hecho aflorar de nuevo un lenguaje de exclusión hacia el Estado de Israel, un lenguaje que creíamos superado y que es peligrosamente irresponsable. 
La violencia, las provocaciones inadmisibles y la reacciones desproporcionadas de que es víctima el pueblo palestino no deberían servir de pretexto para poner en entredicho el derecho fundamental de estos dos pueblos, el israelí y el palestino, a tener un Estado que constituya su expresión nacional. 
Algunas declaraciones hechas aquí mismo y en otros lugares son a este respecto preocupantes. 
No tienden a facilitar la negociación, muy al contrario. 
Ahora bien, lo que demuestran los acontecimientos de los últimos días es precisamente que el proceso de paz es muy frágil. 
En consecuencia, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para detener este incendio lo antes posible. 
Y debemos hacerlo con el único método pertinente y eficaz, el método intergubernamental, en cuyo marco se inscribe precisamente la contribución del Sr. Alto Representante, que acaba de abandonarnos. 
Y quisiera rendir homenaje a este respecto a la decidida acción diplomática acometida, en particular, por Estados Unidos, Francia y Egipto. 
La principal enseñanza que debemos extraer de estos graves trastornos cuyo foco ha sido Jerusalén y, más concretamente, el Monte del Templo o la Explanada de las Mezquitas, es que mientras se difiera la negociación sobre Jerusalén, y en particular sobre los lugares sagrados, no podrá garantizarse una paz duradera. 
Es absolutamente necesario salir de este peligroso estancamiento en el que cada interlocutor considera impensable la soberanía del otro sobre los lugares sagrados que le son consustanciales. 
La negociación debería centrarse, pues, en la posibilidad de neutralizar las zonas más sensibles, y por qué no retomar la propuesta lanzada aquí mismo, el pasado 5 de septiembre, por el Presidente del Consejo legislativo palestino, Sr. Abu Ala. 
Como recordarán, señaló que las profundas divergencias sobre Jerusalén ocuparon un lugar central en el fracaso de Camp David e hizo la siguiente proposición, refiriéndose en particular a la Resolución 181 del Consejo de Seguridad, y cito: "Estamos de acuerdo en el hecho de que Jerusalén en sus dos partes, la occidental y la oriental, debe ser una Jerusalén unificada, una Jerusalén internacional, de modo que esta ciudad no sólo sea la capital de Israel y Palestina, sino también la capital del mundo entero". 
Creo que esta vía debería explorarse lo antes posible, porque mientras siga congelado el problema de Jerusalén, será fuente de enfrentamientos periódicos capaces de degenerar como lo han hecho los trágicos acontecimientos que estamos viviendo en este momento. 
Los europeos, señora Presidenta, estarían sin duda muy inspirados si recogieran al vuelo la pelota que nos lanzó aquí mismo el Presidente del Consejo legislativo palestino. 
Señora Presidenta, acabo de conversar con el presidente que se sienta en la primera fila. 
Todavía no he tenido ocasión de hablar con los que están allá arriba, pero estamos totalmente de acuerdo en que exprese usted misma, en una declaración, el sentimiento unánime, creo, de la Asamblea hacia el pueblo serbio. 
Es el método más directo. Esperamos que este mensaje pueda llegar a ese pueblo, que está luchando heroicamente por la democracia. 
Gracias, señor Baron Crespo, por su propuesta y su confianza. 
Señora Presidenta, Señorías, en el minuto que se me ha concedido para tomar posición en un asunto que me importa mucho desde 1967, parece evidente que el Estado de Israel no tiene, ni nunca ha tenido la intención, de negociar seriamente con Palestina y reconocerle todos los atributos de una nación soberana e independiente. 
Por lo demás, el Estado de Israel encuentra en esta situación de conflicto larvado muchas ventajas que no se priva de utilizar. 
Cualquiera que sea la supuesta buena voluntad de ciertos dirigentes israelíes, nada ha cambiado realmente para los palestinos. 
La colonización de los territorios ocupados se acentúa. 
La dependencia económica de Palestina aumenta. 
El acceso a los lugares sagrados musulmanes resulta cada vez más difícil. 
Los propios dirigentes palestinos están en un callejón sin salida. 
En efecto, o bien aceptan que unas negociaciones perpetuas, generalmente bajo el auspicio de Estados Unidos, avalen la política expansionista del Estado de Israel, o bien, con la ayuda de los demás países musulmanes y sus amigos tradicionales, crean una nueva relación de fuerzas más favorable. 
Esa nueva relación de fuerzas exige, en particular, la proclamación, sin demora, de un Estado palestino, la utilización del arma del petróleo y un recurso más organizado a la legítima defensa. 
Señora Presidenta, el proceso de paz en Oriente Medio es de una fragilidad extrema. 
Esta situación requiere delicadeza. 
Se deben evitar las provocaciones como la acción de Ariel Sharon. 
Sin embargo, la violencia no es una respuesta legítima a la provocación, ni mucho menos el llamamiento a emplear la violencia. 
Si la Unión Europea quiere ser un socio fiable en el proceso de paz, tendrá que condenar sin paliativos tanto las provocaciones como los llamamientos a la violencia. 
Para dicho fin mi Grupo Parlamentario ha presentado dos enmiendas a la resolución en este sentido. 
No se puede condenar sólo a Israel cuando la autoridad palestina sigue empleando todavía la violencia en la mesa de negociaciones. 
Es tremendo que se sacrifiquen niños en una batalla que se debería librar en la mesa de negociaciones. 
La posición de Jerusalén es la cuestión complicada en las negociaciones. 
Hago un llamamiento a este Parlamento para se tome como ejemplo la Biblia: que recemos por la paz en Jerusalén, para que los judíos y los árabes puedan convivir en paz. 
Señora Presidenta, en estos días estamos viviendo el desmoronamiento de la paz en Oriente Medio. 
Las sangrantes imágenes de la matanza de niños en busca de amparo, los disparos a personas desarmadas desde carros de combate y helicópteros tan sólo nos permiten vislumbrar una mínima parte del infierno que espera a ambos pueblos y ambos Estados, Israel y Palestina, si no logran concluir y aplicar cuanto antes el proceso de paz. 
Ello continúa siendo lo más importante, incluso en este momento, no la búsqueda de los culpables o la condena. 
La Unión Europea debe hacer todo cuanto esté en sus manos para perseguir dicho objetivo. 
Sin embargo, no estoy dispuesto- como se me ha pedido en reiteradas ocasiones- a no hablar con claridad de los acontecimientos ocurridos en los últimos días por razones de equilibrio y a exigir las mismas condiciones a ambas partes como si las provocaciones y la violencia estuvieran repartidas a partes iguales entre ambos bandos. 
¿O debo instar al líder de Hamás, el jeque Yassin, a que renuncie a su posible intención de provocar con su visita a los judíos que van a rezar al Muro de las lamentaciones durante el sabbat? 
¿Acaso debo hacer un llamamiento al ejército palestino para que retire sus carros de combate y sus helicópteros de las ciudades y pueblos israelíes y no disparen a israelíes desarmados? 
Y por último, ¿debo instar al ejército palestino a que no mate de un tiro a niños pequeños israelíes que se ponen en cuclillas contra una tapia refugiándose tras un bidón? 
No estoy dispuesto a atenerme a este tipo de equilibrio, pero sí estoy dispuesto a instar a los colegas de este Parlamento a que tengan el valor de llamar asesinato a lo que es un asesinato y de condenar como provocación lo que es una provocación, en lugar de acudir a eufemismos, como ha hecho la Sra. Albright al hablar de efectos contraproducentes, por razones de equilibrio de cara a ambas partes. 
En este sentido quiero manifestar mi más sincera gratitud hacia el Sr. Lagendijk por sus declaraciones unívocas. 
Señora presidenta, creo que el texto de esta resolución es ideal como demostración perfecta de que Europa no desempeñará jamás un papel de mediador entre Israel y Palestina. 
Una vez más, se confunde, por un lado, un Estado democrático que lucha con dificultad con una situación extremadamente difícil y, por otro, la principal institución de Palestina, que, ante una provocación cierta, utiliza a la primera ocasión armas de fuego para disparar contra las fuerzas del orden israelíes. 
Hoy ha ocurrido lo mismo, y es lo que impedirá y ha impedido a Europa, en todos estos años, desempeñar un papel de mediación en Oriente Medio, dejando ese papel a Estados Unidos. 
Por último, en lo que concierne a Serbia, quisiera decir al Sr. Barón que su Grupo y él deberían tener por lo menos el pudor de no hablar de esta cuestión, dado que, durante toda la legislatura anterior, fue su Grupo el que impidió hasta el final cualquier acción dirigida a incriminar a Milosevic y que, cuando hubo mayoría, fue en contra del Grupo Socialista. 
Señora Presidenta, estimados colegas, a la luz de lo que en estos momentos está sucediendo en Belgrado es claro que resulta difícil estar sentada aquí tranquilamente pronunciando un discurso que se preparó cuando estos acontecimientos no se habían producido aún. 
En realidad, yo esperaba que lo ocurrido hoy hubiera sucedido el lunes pasado. 
Todos sabemos que el pueblo asaltó el Parlamento, que fue asaltado el canal de televisión ocupado por el ejército, que Belgrado está tomado por vehículos del ejército y policías. 
Tan sólo podemos esperar que todas estas personas que se esconden tras el ejército y la policía- en última instancia se trata de hombres cuya misión consiste en servir al pueblo y no al dictador Milosevic- recapaciten y no carguen contra los manifestantes pacíficos. 
Desde el pasado lunes existe la posibilidad de que a raíz del despertar democrático Serbia se reincorpore en breve a la familia europea. 
Los resultados de las elecciones del 24 de septiembre abren la perspectiva de un cambio democrático. 
Quisiera felicitar a todos los que han contribuido a ello, a la oposición democrática, pero ante todo al pueblo y al líder de la organización democrática, Kostunica. 
Creo que en él tenemos a un hombre que no sólo entiende a los serbios sino que, además, comprende nuestros deseos, de modo que con él podremos discutir acerca del procedimiento y las condiciones que han de conducir a la reintegración de Serbia en Europa. 
Desde el 24 de septiembre Milosevic ya no puede sostener que es un dirigente elegido. 
Ahora todos, también los ciudadanos de Serbia, lo ven claramente como un dictador que se sirve en su propio país de todos los instrumentos brutales, odiosos e inhumanos propios de la dictadura. 
Con la ayuda de unidades especiales de policía, trampas y embustes, procedimientos cuasi legales, intenta ocultar que el pueblo ya no está dispuesto a tolerarle. 
Durante años ha conseguido engañar a los habitantes de su país con su maquinaria propagandística y la brutal represión de los medios de comunicación y, desafortunadamente, también ha conseguido engatusar a numerosas personas del mundo occidental creando una falsa imagen de la realidad. 
Esto se acabó para siempre. 
Los serbios han dado a conocer su voluntad en unas elecciones democráticas y ven claramente que Milosevic no respeta esta voluntad, sino que lo único que desea es mantenerse en el poder y proseguir su régimen inhumano. 
Por todo ello, hemos de apoyar a los serbios en su afán de libertad. 
Quienes se esfuerzan desde hace años por restablecer la paz en la Europa Sudoriental y conocen la región saben cuán difícil fue, y en parte sigue siendo, la lucha contra los dirigentes autoritarios y los tiranos en la mayoría de estos países. 
En más de una ocasión hemos abrumado a los nuevos responsables con expectativas desmesuradas o con ideas y puntos de vista que no se enmarcan en su tradición, no se ajustan a su visión del mundo o resultan difícilmente compatibles con su mentalidad. 
Por eso mismo, quiero dejar muy claro que en breve nos encontraremos ante unos interlocutores nuevos que tal vez no nos comprendan inmediata o correctamente, en parte por falta de experiencia, en parte por causa de las mencionadas diferencias culturales o estructurales. 
Quisiera advertirles de antemano de que los problemas de comunicación que puedan surgir al establecer conversaciones con el nuevo Presidente elegido no pueden interpretarse como señal de que existen diferencias insalvables entre nosotros y los defensores de la democracia en Serbia. 
No las hay. 
Podemos ayudarles en su camino hacia Europa. 
Si tras el inminente cambio de poder en Serbia queremos dar un verdadero impulso a la aplicación del pacto de estabilidad, empezando por una rápida ejecución de los denominados quick start packages, debemos pasar de la palabra a los hechos. 
Es por ello por lo que también insto a la Comisión y al Consejo a que por fin emitan una señal levantando cuando menos parcialmente algunas sanciones, puesto que estas sanciones han enriquecido cada vez más a 200.000 personas en Serbia al tiempo que los 10 millones restantes se empobrecían progresivamente. 
Ayudemos a Kostunica a dar un mínimo de esperanza a la gente para que todos podamos abrigar esperanzas con respecto a Serbia. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, nos alegra enormemente la noticia de que el pueblo yugoslavo, sobre todo en Belgrado, pero también en otras ciudades, haya tenido la posibilidad de tomar el destino en sus propias manos y la haya aprovechado. 
Sin embargo, a esta alegría se suma un poco de temor, temor de que se produzca una matanza, de que no todos quieran o puedan aceptar el poder y la fuerza del pueblo. 
¡Por eso, es preciso hacer todo lo posible por evitar un derramiento de sangre, puesto que sería una verdadera catástrofe que en Yugoslavia o Serbia estallase una guerra civil! 
Señor Dupuis, ha abusado de este momento histórico haciendo ejercicio de demagogia política. 
Ahora bien, hay una cosa que le quiero dejar muy clara: mi Grupo y yo defendemos unánimemente que Milosevic comparezca ante el Tribunal de La Haya, que se le haga justicia. 
Éste ha sido siempre nuestro objetivo, pero perseguimos otro fin más noble en el sentido de que queremos evitar una matanza, y haremos todo cuanto esté en nuestras manos para evitar que esta matanza se produzca. 
La Comisión y el Consejo harán lo que les corresponde y eso es lo más importante que debe hacerse ahora mismo en Yugoslavia. Es lo que hemos pretendido siempre. 
No sacrificaremos a la población serbia en nombre de nuestros objetivos sublimes y morales, ya que ello podría significar la muerte de miles de personas en Serbia y Yugoslavia. 
En segundo lugar, nos hallamos ante una situación muy compleja y por eso esperamos que se produzca en breve un cambio en Yugoslavia y Serbia, tanto más cuanto que la situación en Montenegro y Kosovo no es nada fácil. 
También quiero hablar claro a este respecto. Tanto en Kosovo como en Montenegro hemos respaldado los esfuerzos con los que el pueblo se ha ido defendiendo de la brutal violencia desplegada por Milosevic, pero no admitimos en ningún caso el concepto de Estados étnicamente puros. 
Es necesario que Kosovo sea independiente y es necesario que Montenegro sea independiente, ya que ello contribuye al debilitamiento de Serbia. 
Aunque continuemos persiguiendo como antes- y yo suscribo esta actitud- el objetivo de que nazca una nueva Yugoslavia, una Yugoslavia que integre los Estados autónomos de Kosovo y Montenegro, tenemos muy claro que no se puede producir un nuevo desmoronamiento, una nueva lucha, un nuevo conflicto armado, una nueva escalada de la violencia. Ése no es nuestro objetivo. 
Queremos una Yugoslavia nueva, una Yugoslavia democrática, donde los diferentes pueblos deseen permanecer libremente, no a la fuerza, no con medidas brutales, sino porque estén convencidos de que allí puede nacer una federación con un futuro democrático, un futuro democrático garantizado por otros dirigentes que releven a Milosevic. Queremos- cuando ello sea posible- que Milosevic comparezca ante el Tribunal de La Haya, porque queremos que se le haga justicia, pero justicia con paz. 
Señora Presidenta, a pesar de sus escorzos y regates es probable que estemos asistiendo a los últimos momentos de Milosevic en el poder. Un poder del que ha abusado cínicamente y ahora no intenta más que sabotear la democracia. 
Estamos seguros de que Milosevic caerá, probablemente esta noche, con certeza muy pronto. 
Lo que estamos viendo en la CNN es algo más que la caída de Milosevic. Es el final de la lóbrega sucesión de tiranos europeos del siglo veinte. 
Mientras el drama concluye, es obligación de este Parlamento, como símbolo de la Europa unida y libre, apoyar a las masas alrededor del Parlamento yugoslavo y ayudar al Sr. Kostunica alcanzar y desempeñar su mandato. 
Señora Presidenta, es un poco extraño hablar aquí sobre Serbia cuando en estos momentos está ardiendo el Parlamento de Serbia y centenares de miles de personas se están manifestando en la calle. 
Sin embargo, quiero hacer un intento para explicar porqué me siento ahora positivo y optimista sobre su desenlace. 
En primer lugar, naturalmente, el apoyo masivo de centenares de miles de personas- se habla incluso de un millón- que están dispuestos a correr peligro para apoyar a la oposición y ayudar a Kostunica, en contra de la voluntad de Milosevic. 
También son significativas las últimas noticias sobre el papel de la policía, cuyas dudas sobre la conveniencia de apoyar al régimen eran conocidas ya, y parece que las primeras noticias indican que ha elegido el lado de los manifestantes; lo mismo podría ocurrir, según las noticias de última hora, con el ejército. 
También está el hecho de que el director de la radiotelevisión nacional haya dimitido, dejando claro de esta manera que ya no quería actuar como títere y portavoz del régimen de Milosevic. 
Quiero hacer dos acotaciones en relación con el futuro. 
Apoyo sinceramente la propuesta y el llamamiento de Doris Pack para decidir rápidamente, con la mayor rapidez posible, levantar las sanciones, porque han causado más perjuicios que beneficios. 
Asimismo, quiero decir también- y es más bien un llamamiento al Consejo pero ya lo digo a la Comisión y a nosotros mismos- que no hagamos solamente declaraciones bonitas sobre la ayuda que queremos prestar a Serbia, sino que busquemos ya fondos en nuestro propio presupuesto, el presupuesto de la Unión Europea, para no tener que sacar la conclusión después de que sólo se puede ayudar a Serbia quitando dinero de otros proyectos que queremos apoyar en los Balcanes. 
Señora Presidenta, como último punto quisiera proponer que, tan pronto como sea posible y en cuanto haya un nuevo gobierno yugoslavo, se mande una delegación del Parlamento para planificar, junto con el nuevo gobierno yugoslavo, la reconstrucción de una nueva Serbia. 
Señora Presidenta, me pregunto cómo podremos ayudar a la República Democrática de Yugoslavia, tal como parece que se va a formar o tal como esperamos que se forme. 
Nuestro Grupo tiene confianza en nuestra Presidenta y en la declaración que hemos acordado que haga. 
Pero, señora Presidenta y señor Comisario, hace falta algo más que buenas palabras. 
No digan en general que "Serbia pertenece a Europa", algo que además han descubierto muy recientemente. 
Estamos hablando de Yugoslavia, y no ayudamos al Sr. Kostunica insinuando la separación, por ejemplo, de Montenegro. 
Y para no quedarnos en las buenas palabras, ¿tienen pensado proponer, lo más pronto posible, la inclusión de Yugoslavia, de la democrática por supuesto, en la lista de los países candidatos a la ampliación de Europa? 
Nosotros, por lo menos, así lo esperamos. 
Señora Presidenta, el último fraude en las urnas de Slobodan Milosevic no ha de sorprendernos, es una artimaña electoral que vuelve a poner de manifiesto su infame reputación política. 
Justamente su postura tan dura nos hace temer lo peor al mismo tiempo- y los acontecimientos actuales corroboran estas frases que fueron redactadas hace unas horas. 
¿El presidente yugoslavo dejará realmente el camino libre a su oponente, y probablemente el sucesor legítimamente electo, Vojislav Kostunica, sin derramar sangre? Es una pregunta preocupante. 
El mundo occidental estaría de enhorabuena, junto con la población serbia, con semejante cambio de poder en Belgrado. 
No obstante, el alivio no debe ir emparejado con una despreocupación peligrosa. Ya lo están advirtiendo muchas voces de la región, de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
Consideran a Kostunica, en cuanto a su forma de pensar, un nacionalista de la Gran Serbia tan grande como Milosevic, con todas las consecuencias que esto conlleva para los montenegrinos y kosovares. 
Si Kostunica, para resumir, ocupara el lugar de Milosevic, entonces Occidente haría muy bien en condicionar la prestación de ayuda a sus esfuerzos concretos para la creación de un estado de derecho en Serbia y Yugoslavia, respectivamente. 
Señora Presidenta, he esperado un poco antes de volver a pedir la palabra porque he visto que su colaborador de prensa le pasaba algo y he pensado que tal vez le había facilitado también las últimas noticias. 
Si éste no fuera el caso, le agradecería que me diera permiso para leer brevemente algunas líneas emitidas por la agencia de prensa alemana a las 17.53 horas. 
Rezan como sigue: en Belgrado docenas de policías pertenecientes a las unidades especiales se han unido a los manifestantes. 
Según parece, todos los policías encargados de proteger el edificio de la televisión pública asaltado por los adversarios del régimen se han desprendido de sus equipos de combate y a continuación han confraternizado con los manifestantes. 
Informa de ello Radio Index. 
Además, parece ser que al menos una dependencia policial del centro de la ciudad se ha sumado a las protestas. 
Esta noticia ha sido emitida a las 17.35 horas. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, si usted me lo permite sí me gustaría dar una explicación de porqué me he abstenido en la votación sobre la resolución en relación con Oriente Medio. 
Me parece que en temas delicados como lo es, sin duda, este informe, debe prevalecer la postura diplomática y especialmente lo relativo al contenido del apartado 4 no responde, en mi opinión, a las normas de una resolución equilibrada. 
También con respecto a la comisión de investigación quiero resaltar que tiene que ser una comisión de investigación internacional y que las competencias de esta comisión de investigación se tienen que limitar claramamente. 
Señor Presidente, se plantea un problema puesto que en el expediente alemán para los temas de urgencia- no sé si lo mismo sucede en las demás versiones lingüísticas- solamente se recogen las enmiendas del Grupo GUE. Faltan las propuestas de resolución y el texto común. 
Se trata de un grave error. 
Si la Sra. Langenhagen, que es una excelente experta en medidas de seguridad para la construcción naval y la navegación no me hubiera facilitado información al respecto, en este momento no sabría qué es lo que vamos a votar. 
Le ruego encarecidamente que esto no vuelva a ocurrir. 
Declaración de la Presidenta sobre Yugoslavia 
Señor Presidente, querría hacer una observación sobre el orden del día de esta mañana, que, como podrá observar, es especialmente reducido, cuando en Europa están sucediendo cosas muy importantes y, sobre todo, cuando ha transcurrido todo un período de sesiones sin que hayamos mantenido ningún debate sobre la moneda única. 
La semana pasada, el 24 de septiembre, hubo un referéndum muy importante por el que los daneses rechazaron la moneda única. 
Ayer, el Banco Central Europeo elevó sus tipos principales un cuarto de punto, lo que ha provocado una nueva caída del euro. 
Hay que sacar de ello dos conclusiones: en primer lugar, los ciudadanos no se podrán interesar jamás por nuestros debates si el Parlamento Europeo se empeña en esquivar todas las discusiones importantes. 
En segundo lugar, el euro es una moneda artificial. 
Sería una catástrofe volcarse completamente en ella en las actuales circunstancias. 
Señor Presidente, sólo querría llamar la atención de sus señorías sobre el montón de documentos que hemos traído esta semana para votación. 
Les felicito. 
Todos somos muy aplicados. 
(Risas, aplausos) 
Gracias, señor Rübig. 
Ampliación de la garantía concedida por la Comunidad al BEI a los préstamos para proyectos en Croacia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0237/2000) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE con el fin de ampliar la garantía concedida por la Comunidad al Banco Europeo de Inversiones a los préstamos para proyectos en Croacia (COM (2000) 289- C5-0336/2000- 2000/0122 (CNS) ). 
. 
(FI) Señor Presidente, el Banco Europeo de Inversiones concede préstamos a países que no pertenecen a la UE y que la Unión Europea avala. 
El Banco Europeo de Inversiones concede estos préstamos individuales ateniéndose libremente a sus propios criterios y sin recibir instrucciones específicas por parte de la UE. 
Sin embargo, la Unión Europea ha fijado un techo para los préstamos que garantiza. 
Los préstamos no se avalan al cien por cien, sino que el Consejo decidió en diciembre de 1999 garantizar sólo el 65 por ciento de la suma restante de los préstamos durante el período 2000-2007. 
El Banco Europeo de Inversiones debe conseguir por sí mismo avales para la suma, o asumir el riesgo. 
A efectos prácticos, no existe tal riesgo y el Banco Europeo de Inversiones estaría incluso dispuesto a reducir el porcentaje de la garantía de la UE. 
El presupuesto de la Unión cuenta con un Fondo de Garantías especial destinado a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 
Allí se transfieren fondos para las garantías desde una reserva específica, cuyo máximo ha sido acordado en el marco presupuestario incluido en el Acuerdo interinstitucional. 
Durante el ejercicio 2000 se podrá transferir desde la reserva al Fondo de Garantías un máximo de 204 millones de euros. 
Técnicamente, se transfiere desde la reserva al Fondo de Garantías el 9 por ciento de la suma total de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, correspondiente al 65 por ciento del valor nominal de los créditos. 
El Fondo de Garantías se usa también para la denominada ayuda macroeconómica concedida a países que no pertenecen a la UE. 
Se trata de una fórmula barata para los Estados miembros de proporcionar ayuda al desarrollo. 
Estos préstamos son concedidos bajo criterios políticos a los sumisos colaboradores de la UE y son avalados por el Fondo de Garantías al cien por cien, al contrario de lo que ocurre con los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 
La ayuda macroeconómica suele usarse cuando se trata del aporte de la UE a conjuntos de ayuda global, en los que participan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Por lo general, estas ayudas económicas se conceden conforme a los criterios económicos y de comportamiento político establecidos por el Fondo Monetario Internacional; así, cuantas más garantías se destinen a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, menos podrán ser destinadas a la ayuda macroeconómica, y viceversa. 
El Fondo de Garantías también puede avalar los denominados préstamos Euratom para apoyar el desarrollo de la industria nuclear de terceros países, pero durante los últimos años no ha sido necesario efectuar transferencias a este efecto desde la reserva al Fondo de Garantías. 
El Consejo decidió en diciembre de 1999 el techo máximo de las garantías para los préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones para el período 2000-2007 y preparó una relación de aquelllos terceros países con derecho a esta ayuda. 
El Parlamento Europeo manifestó su posición sobre este asunto en el informe Rühl en otoño de 1999. 
Puesto que el Parlamento ha sido oído, este asunto ya no será debatido en el Parlamento en lo que respecta a las condiciones de las garantías. 
El Parlamento tiene que adoptar hoy una decisión muy sencilla, la inclusión de Croacia en el grupo de países con derecho a recibir créditos del Banco Europeo de Inversiones garantizados por la UE. 
En Croacia ya no hay guerra y se ha producido un giro democrático. 
Así las cosas, la inclusión de este país en el grupo de los países acreditados para recibir préstamos está justificada, al igual que un incremento correspondiente al techo máximo de garantía del préstamo del Banco Europeo de Inversiones. 
Si el Parlamento pudiera presentar enmiendas a la Decisión del Consejo, seguramente recordaría los problemas sociales y de desempleo de Croacia derivados de la dieta impuesta a este país, pero en estas circunstancias no existen fundamentos jurídicos para tal tipo de enmiendas. 
El mismo problema jurídico de competencias afectará próximamente a la Decisón que se debatirá en el Parlamento relativa a la inclusión de Turquía en el grupo de países con derecho a recibir préstamos del Banco Europeo de Inversiones garantizados por la UE. 
Seguro que el Parlamento querría poner muchas condiciones a las garantías de los préstamos de Turquía, pero también en esa ocasión se tomará una decisión sobre una sola palabra. 
Hoy se incluirá a Croacia en el grupo de los beneficiarios de garantías, luego a Turquía. 
Aprovechamos esta ocasión para comunicarle a la Comisión que, durante el próximo ejercicio, los recursos del Fondo de Garantías no serán suficientes para avalar los préstamos que ya están computabilizados. 
Señor Presidente, esta propuesta de decisión del Consejo con el objetivo de ampliar por vez primera la garantía que la Comunidad ofrece al Banco Europeo de Inversiones tiene, sin duda, un alcance verdaderamente extraordinario. 
Antes de hacer algunos comentarios concretos sobre las cuestiones que suscita esta propuesta de decisión, quiero manifestar nuestro apoyo a la misma puesto que refrenda la posición del Parlamento sobre las relaciones entre la Unión Europea y Croacia. 
Así mismo, quisiera señalar, de entrada, que comparto las preocupaciones que el ponente expresó en su momento sobre la situación de la reserva de garantía cuyo estrecho margen pudiera plantear problemas en caso de surgir imprevistos. 
Una decisión que hay que situar en un doble contexto: desde un punto de vista estrictamente político debemos referirnos, en primer lugar, a la situación de Croacia. 
Hay que saludar el nuevo rumbo político que se abrió en este país tras las elecciones legislativas y presidenciales. 
La Unión Europea no puede sino impulsar el anclaje definitivo de este país en la democracia y el Estado de Derecho, y está fuera de duda que este impulso debe traducirse en una acción de apoyo financiero para mejorar su situación económica y permitir a la población asimilar los sacrificios necesarios para equilibrar los déficit básicos de sus cuentas públicas. 
El BEI puede y debe jugar un papel importante en la región, pero es claro que este potente instrumento financiero al servicio de la política exterior de la Unión cuya actividad, de acuerdo con el mandato de la decisión de 1999, alcanza a más de sesenta países debe acompasar su actividad a las acciones de la Comisión y debe quedar claro que la Comisión no puede apartarse del reciente acuerdo surgido en el diálogo tripartito de julio pasado, donde adquirió el compromiso de que, para cada nueva propuesta, debe justificar en la ficha de financiación su compatibilidad con la programación financiera vigente. 
Desde un punto de vista funcional, la reserva prevista en las perspectivas financieras vigentes y el funcionamiento del Fondo de Garantías requieren- en mi opinión- perfeccionar sus mecanismos para alcanzar los objetivos de calidad y eficacia de los préstamos de la Unión que gozan de garantía presupuestaria. 
En este sentido, el análisis que en su día realizó el ponente me parece un punto de partida muy estimable. 
No se trata de poner en cuestión ni el diseño de protección presupuestaria ni el papel del Banco Europeo de Inversiones. 
El Acuerdo interinstitucional prevé en el procedimiento presupuestario una serie de diálogos a tres bandas. 
En este contexto y teniendo en cuenta el escaso margen de la reserva para la garantía fijada en 200 millones anuales, nada impide debatir las prioridades del uso de ese margen en los próximos años. 
Nuestro objetivo es, naturalmente, mejorar la eficacia del Banco Europeo de Inversiones y para ello necesitamos que la Comisión garantice una evaluación de su actividad lo más perfecta posible. 
No podemos contentarnos con la constatación de que disponemos de un sistema de garantía estable. 
Nuestro Grupo político ha sostenido una estrategia en el procedimiento presupuestario del 2001 que persigue una clara mejora de la calidad del gasto y un perfeccionamiento de los mecanismos de control de su ejecución. 
Esta es la ocasión para reivindicar los mismos objetivos en cuanto a la actividad del BEI. 
Lo que es claro es que el Parlamento no puede limitar su papel a asimilar de forma pasiva la información que proporcionan la Comisión y el BEI ni a bendecir las decisiones del Consejo. 
Señor Presidente, estimados colegas, el informe de la Comisión de Presupuestos que nos ocupa y en el que se recomienda la ampliación de la garantía comunitaria al Banco Europeo de Inversiones para los préstamos que se concedan a Croacia divulga dos cosas muy importantes. 
En primer lugar, la situación política de Croacia ha mejorado notablemente. 
El nuevo Gobierno se ha comprometido con las reformas políticas y económicas. Esto permite que la Unión Europea reemprenda la cooperación que quedó interrumpida en 1995 tras el comienzo de las acciones bélicas de Croacia en Crajina. 
El segundo mensaje tiene que ver con la aún delicada situación económica de Croacia. 
En este país se ha practicado durante años una economía de saqueo que ha dejado bajo la responsabilidad del nuevo Gobierno un sector empresarial en crisis y un desempleo superior al 20 por ciento. 
El ponente, Sr. Esko Seppänen, señala correctamente en la argumentación de su informe que la situación social en Croacia es difícil y que el apoyo de la Comunidad al proceso de reformas debería tener consecuencias positivas también en la dimensión social. 
En Croacia ha ocurrido un notable cambio político en las elecciones parlamentarias a principios del presente año. 
La población del país expresó mediante su voto que exigía un cambio democrático. 
El nuevo Gobierno ha sido constituido por un frente democrático de seis partidos políticos que cuenta con una sólida mayoría en el Parlamento. 
El Gobierno ha demostrado rápidamente que reconoce los valores europeos de democracia y de Estado de Derecho. 
En materia de relaciones exteriores, considera prioritaria la integración del país en las estructuras occidentales euroatlánticas. 
El Gobierno se compromete en su programa, entre otras cosas, a respetar los derechos humanos y los derechos de las minorías, a poner en marcha la operación de regreso de los refugiados, a mejorar las relaciones con sus vecinos y a llevar a cabo importantes reformas económicas. 
La legislación encaminada a alcanzar estos objetivos ya ha sido promulgada. 
El desarrollo de la situación en Croacia se ha traducido rápidamente en un acercamiento de las relaciones entre la UE y Croacia tras años de interrupción. 
Entre la Unión y Croacia ejerce sus funciones, entre otros, un grupo de consejeros cuya misión es ofrecerle a Croacia su experiencia y ayuda técnica en el marco de las negociaciones para los acuerdos de normalización de las relaciones. 
Según la Comisión, las negociaciones para el Acuerdo de Estabilización y Asociación con este país deberían iniciarse lo antes posible. 
El Consejo decidió en agosto que el programa de Enseñanza Superior TEMPUS 3 se ampliase a Croacia. 
En julio, la Comisión concedió una ayuda de 10 millones de euros para apoyar el regreso de los refugiados. 
La propuesta que estamos debatiendo presenta un objetivo a alcanzar de 250 millones de euros en préstamos del Banco Europeo de Inversiones para Croacia durante los años 2000-2007. 
El propósito de esta suma es financiar proyectos en infraestructuras básicas y en inversiones medioambientales, así como apoyar el desarrollo de la industria y de las PYME, la reconstrucción de viviendas, la restauración de las ciudades y el sector del turismo. 
Estos planes están en concordancia con los proyectos propuestos en la Conferencia de Financiación Regional de Croacia celebrada en marzo. 
Los dirigentes de Croacia se han comprometido con una difícil pero necesaria reforma económica. 
El régimen aplicado es severo, pero es de esperar que los préstamos que estamos debatiendo contribuyan a paliar los efectos negativos de la reforma económica en la vida de los ciudadanos. 
También hay que recordar que Croacia cuenta con buenas instalaciones industriales y con una mano de obra competente y bien cualificada, así como con extraordinarias posibilidades para desarrollar, por ejemplo, el sector del turismo. 
Según las estimaciones de la Comisión, la competitividad de este país en los mercados europeos podría incrementarse notablemente aplicando una serie de reformas estructurales ambiciosas y coherentes, pero hoy por hoy muchas empresas croatas siguen teniendo dificultades para competir en una economía abierta. 
Los acontecimientos de los Balcanes y el futuro de la región son cuestiones de mucha actualidad. 
Esta semana hemos seguido con la respiración contenida la evolución de la situación en Yugoslavia tras las elecciones presidenciales. 
Los vientos del cambio también soplan en Belgrado. 
La Comunidad Internacional ya ha anunciado su apoyo al pueblo de Serbia y se está procediendo a levantar el embargo. 
La Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen sobrados motivos para apoyar el desarrollo positivo de la situación en los Balcanes. 
La inestabilidad de la situación es una amenaza para toda Europa. 
Sabemos que el nacionalismo y la pobreza provocan la guerra. 
Hay por delante una reconstrucción material y moral de gran envergadura y también nosotros debemos, por nuestra parte, eliminar los obstáculos que se interponen en la consecución de una ayuda eficaz. 
Lamentablemente, las negociaciones interinstitucionales sobre los presupuestos de la Unión para el próximo ejercicio- sobre todo en cuanto a la financiación del Capítulo IV- parecen atravesar momentos difíciles. 
Ojalá que las señales de esperanza de Croacia, y ahora también las de Yugoslavia, nos alienten a encontrar una solución para el presupuesto y para los problemas relacionados con las prespectivas financieras del mismo. 
Señor Presidente, ayer por la tarde, hablamos sobre Serbia y sobre los cambios revolucionarios que se están produciendo allí. 
El año pasado, llegó al poder un nuevo gobierno en Croacia de una forma algo menos dramática. 
La victoria electoral de la oposición fue reconocida, en cualquier caso, de inmediato. 
Por este motivo, resulta posible retomar la situación donde se quedó en 1995. 
Entre tanto, se han analizado las posibilidades de llegar a un acuerdo de estabilidad y asociación y se prevé que se puedan iniciar las negociaciones a este respecto a finales del presente año. 
Se ha creado una delegación de la Unión Europea de mayor nivel y, como sabrá, la cumbre se celebrará a finales de noviembre, precisamente en Zagreb para enviar el mensaje a Croacia de que el país es bienvenido en los círculos de la Unión Europea. 
Por este motivo, se debe comenzar con la reconstrucción de la economía. 
La situación actual ha estado precedida de un período de gran empeoramiento, un período en el que la corrupción también ha campado a sus anchas. 
No olvidemos que hasta hace poco, Croacia constituía un ejemplo de libro de un programa de privatizaciones completamente fallido, del que tan sólo se beneficiaron unos pocos. 
Este proceso deberá apoyarse en su totalidad. 
Para ello se requieren grandes inversiones. Inversiones en infraestructura, medio ambiente y también en operaciones con un elevado componente de riesgo. 
Como todos sabemos, la constitución de una empresa de tamaño pequeño o mediano, resulta arriesgada en este tipo de países. 
Las cosas pueden salir mal, lo que resulta de especial aplicación a la acogida de refugiados, un objetivo de inversión que lamentablemente no he percibido en el informe del ponente. 
Estas inversiones también son arriesgadas. 
Por este motivo, queda justificado que el Banco Europeo de Inversiones incremente la garantía en 250 millones. 
La Unión Europea respalda dicha garantía. 
Sin embargo, estimados compañeros, aquí surgen los problemas, porque volvemos al mismo punto al que llegamos ayer por la tarde en el debate sobre Serbia y, concretamente, la insuficiente estimación de los costes necesarios para los Balcanes realizada por el Consejo el año pasado en Berlín. 
Como Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, sé que los colegas de la Comisión Presupuestaria me acusan a mí y a mis colegas de querer siempre más y más dinero para los Balcanes, teniendo que negociar con el Consejo, lo que no siempre resulta sencillo. 
Sin embargo, existe un problema real. Ayer por la tarde ya lo apunté en el caso de Serbia y ahora lo vuelvo a hacer. 
Es inadmisible que la diferencia entre las concesiones y promesas de la Unión Europea y el dinero reservado sea tan amplia como parece ser el caso en este momento. 
La Unión Europea, después de las hermosas palabras de ayer y de haber otorgado hoy esta garantía, no se puede permitir llegar mañana a Belgrado con las manos vacías. 
Por este motivo, quiero hacer un llamamiento urgente a mis colegas y, también en especial al Consejo, para que durante las negociaciones del presupuesto del año que viene y de los años posteriores se ajusten al máximo a la propuesta de la Comisión que, en mi opinión, ha efectuado la mejor valoración de los costes totales en Croacia y también en otras zonas de los Balcanes. 
Lo que me lleva al programa general para los Balcanes. 
Apoyo la enmienda de la Comisión de Industria que afirma, con razón, que este préstamo es importante pero que el programa general, unido a la financiación necesaria, es en definitiva aún más importante. 
Señor Presidente, estimados colegas, felicito al ponente por su informe y sus explicaciones. 
Todos estamos de acuerdo en que debemos ayudar a Croacia políticamente, pero ayudar políticamente significa también apoyar financieramente, ya que la estabilidad política presupone siempre estabilidad social y económica, que sólo puede ser alcanzada tras efectuar las inversiones correspondientes en ese ámbito. 
Se requiere una actuación rápida si queremos frenar o incluso cambiar de tendencia al descenso del Producto Interior Bruto previsto para el año 1999, así como del déficit presupuestario croata, lo que sólo podemos conseguir si en Croacia se genera una circulación económica autosostenida. 
La cantidad de 250 millones de Euros en forma de un préstamo del BEI para el período 2000-2007 que estamos debatiendo no será un hito, pero sí servirá de ayuda y fomento. 
De ahí se sigue necesariamente el procedimiento propuesto por la Comisión, que también encuentra apoyo en el informe. 
La problemática actual aún no resuelta es completamente distinta. 
Por regla general, los nuevos retos políticos exigen nuevas dotaciones financieras, y nuevas quiere decir que no sean a costa de otras. 
Por ello, en general, hay que hacer una reflexión, a la que ojalá acompañe también una decisión política favorable, sobre el hecho de que, primero, la reserva del Fondo de Garantía hay que eliminarla; segundo, no debemos dejar que sea exclusivamente el Consejo quien decida sobre la aplicación del margen residual; tercero, tenemos que elaborar criterios vinculantes relativos al uso efectivo de préstamos del BEI para que, por último, se pueda controlar si los desembolsos efectuados se utilizan para los fines previstos. 
Señor Presidente, en estas horas dramáticas miramos hacia Belgrado con la esperanza de que surja un proceso democratizador que en los próximos años culmine en una verdadera democracia. 
Sin embargo, sobre todo ello pende todavía un gran signo de interrogación. 
Queremos celebrarlo y apoyarlo, pero no debemos dejarnos llevar por la euforia. 
Croacia empezó hace ya diez años con la democratización y la democracia. 
En 1990 se celebraron elecciones democráticas, que fueron consideradas internacionalmente como libres y limpias. 
Esas elecciones significaron la salida disciplinada del gobierno de la anterior dirección comunista liderada por el hoy Primer Ministro Racan, comenzándose así una transición democrática con el Gobierno de Tudjman, que, según los observadores internacionales, empezó a mostrar algunos defectos que han ido aumentando. 
Pero también hay que considerar la situación general del país. 
No sólo estaba ocupado entonces con la superación del lastre heredado de 50 años de comunismo, tarea en la que todavía hoy también tienen que trabajar otros Estados de Europa Central y del Este, incluidos los Estados candidatos, sino que estaba ocupado en una tercera parte por tropas extranjeras del dictador Milosevic que entonces como hoy estaba en el poder. 
Una tercera parte de Croacia estaba ocupada, y tan sólo después de muchos años han conseguido unificar nuevamente el país e introducir la democracia que condujo, lo que ha de ser destacado, a un cambio pacífico de gobierno. 
El gobierno actual no ha tomado el timón bajo las circunstancias que presiden la llegada al poder en Yugoslavia del que esperemos sea su próximo gobierno, sino que el gobierno anterior croata dejó el poder tras unas elecciones libres y limpias, y un nuevo gobierno ha tomado el timón. 
Por ello no es del todo correcto que se hable en el informe de ´democratización`. 
La democratización de Croacia ocurrió hace 10 años. 
Tenemos que reconocer igualmente los logros admirables que se han producido en estos diez años en la construcción de la economía de mercado, la democracia y el Estado de Derecho. 
Nuestro colega Langendijk tiene razón: hubo errores de peso en los procesos de privatización, hubo una gran corrupción, pero si dirigen la vista a los países asociados, los países candidatos, verán que también ahí se han dado estos sucesos. 
El gobierno y la oposición democrática actual de Croacia necesitan ahora todo nuestro apoyo. 
Por ello celebro que hoy asumamos la solicitud de garantía, que hoy lleguemos a ese acuerdo. 
Sin embargo, debemos tener presente que esto tan sólo es un pequeño paso en la dirección correcta. 
El señor Markov ha señalado con razón que los recursos son escasos, que tan sólo puede darse un primer paso. 
Nuestra meta debe ser continuar por este camino, no sólo mediante más recursos, sino, sobre todo, mediante señales políticas. 
Por ello es importante que Croacia tenga al fin un Acuerdo de asociación que deje claro que se trata de un país europeo con un horizonte despejado de ingreso en la Unión Europea. 
Por eso sí, a esta ayuda económica sí, a esta garantía, pero igualmente una enérgica petición a la Comisión para que apoye plenamente a este país profundamente europeo, ahora ya gobernado democráticamente en conformidad con el Estado de Derecho, y para que lo ponga en la lista de los candidatos al ingreso, porque yo creo que Croacia se ha merecido todo nuestro respaldo. 
Esto puede ser una señal para toda la región de la que puede partir una renovación de la misma. 
Señor Presidente, hoy no podemos hablar de Croacia al margen de las coincidencias con su país vecino, Serbia, donde el pueblo se ha liberado finalmente de una camarilla dirigente autoritaria. 
Una camarilla que se autodenominaba socialista pero que tan sólo pudo mantenerse en el poder durante más de diez años haciendo uso de métodos fascistas. 
Además de la desigualdad de derechos para la oposición y la manifiesta violencia estatal existente, otro aspecto fascista consistía en promulgar el miedo al malvado mundo exterior y declarar traidores a la patria a quienes expresaban críticas al régimen. 
Esta misma receta se ha aplicado durante diez años en Croacia. 
Croacia no pertenece a los estados que esta semana hemos tratado como posibles futuros candidatos a Estado Miembro de la Unión. 
En muchos aspectos, la posición de este país es comparable a la de Eslovaquia, que sí se ha convertido en país candidato. 
Ambos territorios fueron hasta 1918 regiones rebeldes de Hungría, con un idioma, cultura e identidad propia combatida desde la autoridad estatal oficial. 
La presión internacional les obligó, a continuación, a no ser completamente independientes, sino a integrarse en nuevos y grandes estados aglutinadores creados con el objetivo de servir de crisol para los pequeños pueblos eslavos, aunque dicha fusión nunca se produjo. 
Cuando Croacia y Eslovaquia lograron por primera vez una independencia aparente, actuaron como vasallos del régimen de Hitler. 
El mundo exterior consideró que en 1945 se debía poner fin para siempre a la existencia de estos estados, a posteriori, debemos admitir que esto fue un error. 
La negación del deseo de estos pueblos de poder decidir con independencia ha constituido durante largos años el caldo de cultivo para un nacionalismo violento y autoritario, un nacionalismo con un escaso interés por las catástrofes de la era nazi y que se muestra hostil ante otros pueblos y ante la democracia extranjera. 
Las personas se esconden detrás de Tudjman y Meciar porque creen que son los únicos que les garantizan la igualdad con respecto a los vecinos que antaño les dominaron. 
Ahora que todos sus deseos razonables se han visto cumplidos y que nadie pone ya en duda su derecho a la independencia, es cuando el nacionalismo se apaga y surgen relaciones políticas normales. 
En ambos países, los nacionalistas han perdido el poder recientemente. 
Esto puede suponer una lección para otras zonas donde el nacionalismo está sólidamente implantado. La única forma de que desaparezca consiste en cumplir todas las exigencias razonables de dichos nacionalistas. 
Entre tanto, no existe ningún motivo para tratar a Croacia de modo distinto que a Eslovaquia y a otros países de Europa Central que sí pueden acceder, si lo desean, a la Unión Europea. 
Recientemente, hemos podido ver que aún no se han retirado todos los escombros dejados por la guerra. 
La infraestructura de comunicaciones del país es frágil debido a que Dalmacia y Eslavonia constituyen juntas las dos partes de una tijera. 
Entre estas se encuentra Bosnia, habitada a su vez por croatas, sobre todo en la región de Herzegovina Oriental. 
El medio ambiente en las grandes concentraciones de población de Zagreb, Rijeka y Osijek corre peligro. 
Estas circunstancias requieren grandes inversiones que no se amortizarán hasta más adelante a través del turismo y de la industria de nueva creación. 
Por este motivo, es positivo que desde este momento se adopten medidas en este sentido. 
Al igual que el ponente, me pregunto si en la práctica se dispondrá de dinero para este fin, sobre todo, teniendo en cuenta que, en breve, se deberá establecer un amplio flujo monetario hacia Serbia y que el presupuesto de la Unión no se va a incrementar. 
No tiene sentido que la Unión Europea haga promesas a todas las zonas de crisis y candidatos a Estados Miembros que después no pueda cumplir. 
En lo que respecta a Croacia, se justifica plenamente la adopción de medidas financieras. 
Lo que mi compañero de grupo Papayannakis afirmó ayer acerca de la admisión de Serbia a la Unión Europea también debe aplicarse a Croacia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, las últimas intervenciones así como los debates de ayer y hoy han puesto de manifiesto que a pesar de la necesaria ampliación de la garantía y de la solicitud de garantía para el préstamo del BEI, que todos hemos saludado, aún son necesarios, desde nuestro punto de vista, un plan global para esa región, una reflexión, una decisión y un acuerdo político global, económico y contractual. 
Estamos celebrando hoy una medida individual más. 
También podríamos, naturalmente, haber considerado la cuestión de la solicitud de garantía y la cuestión croata en el mismo contexto del debate de ayer por la tarde y de la situación en Belgrado. 
También hoy debemos exigir claramente a los militares y a la policía que se pongan inequívocamente del lado de la democracia, y que hagan todo lo posible para que el cambio de poder, al que dieron paso los resultados de las elecciones democráticas, transcurra en paz en los próximos días. 
Desde nuestro punto de vista, no hay duda alguna respecto del reconocimiento de esas elecciones democráticas, respecto del reconocimiento de la victoria electoral de Vojislav Kostunica. 
Mi país, Austria, tendrá que aportar su contribución a la reconstrucción de Yugoslavia con todos los demás países europeos y con la Unión Europea. 
Pondremos todo de nuestra parte para que la anunciada eliminación de las sanciones contra la ex-Yugoslavia sea efectiva y completa. 
Es correcto lo que ha dicho nuestro amigo Posselt sobre la evolución de Croacia. 
Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que las elecciones legislativas y presidenciales de enero de 2000 han producido un nuevo clima político. 
El nuevo gobierno se ha mostrado más proclive a las reformas políticas y económicas, lo que repercutirá positivamente en las relaciones entre Croacia y la UE. 
La creación por parte de la Unión Europea de una Task Force UE-Croacia de carácter consultivo y la elevación de categoría de la oficina comunitaria del Enviado Especial en Zagreb que pasa a ser una Delegación permanente de la Comisión Europea no son tan sólo meras reacciones ante los acontecimientos. 
En el informe de viabilidad relativo a un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Croacia de mayo de 2000, la Comisión llegó a la conclusión de que se cumplían las condiciones para el inicio de negociaciones con Croacia. 
También las delegaciones de Croacia y de nuestro Parlamento pidieron al Consejo que ampliase el mandato del BEI. 
El Consejo de junio declaró que se daban todos los requisitos para la iniciación de negociaciones para un Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
En julio, la Comisión Europea envió a los Estados miembros un proyecto para opinión relativo a un mandato para negociaciones. 
Austria, mi país, estaba entre los tres primeros Estados miembros que emitió una opinión positiva. 
Menciono estos sucesos del año 2000 posteriores a las elecciones porque muestran que no basta con el aumento del fondo de garantía. 
Estamos ya mucho más avanzados. 
Debemos continuar lo que comenzamos en mayo y julio hasta lograr un Acuerdo europeo consecuente. 
Croacia y la región se lo merecen en interés de la paz europea. 
Señor Presidente, en primer lugar he de declarar un interés personal, tengo un yerno que ha sido y es un refugiado de la Krajina en Croacia. 
A pesar de que ahora el retorno es técnicamente posible aun hay mucho que hacer por que el regreso de los serbios a Croacia y en particular a la Krajina sea positivamente feliz. 
En esta triste región croata aun hay que hacer una considerable reconstrucción física. 
Nosotros, en la Unión Europea debemos insistir para que esto sea respaldado positivamente y no quede en un mero gesto simbólico. 
Nuestras contribuciones financieras deberían contener esa condición y me gustaría que la Comisión me asegurase que este aspecto va a ser tomado en cuenta. 
Mi segundo comentario se refiere a la propia Serbia. 
A pesar del feliz y democrático resultado que deseamos para Serbia aun seguirá existiendo un gran resentimiento derivado de lo ocurrido en la campaña de Kosovo y nuestras recientes relaciones con Serbia. 
Esto no va a ser superado inmediatamente. 
En Europa debemos estar preparados para alzarnos por encima de las posibles perversas reacciones a esos sentimientos. 
La principal prioridad, no sólo para Serbia sino para los Balcanes incluyendo a Bulgaria y Rumanía, es restablecer la normalidad en las vías de transporte de todo el área y volver a acercar a Serbia, con todo su sufrimiento, al seno europeo. 
. (EN) En nombre de la Comisión quisiera dar las gracias al Sr. Seppänen por su informe relativo a la propuesta de ampliar la garantía concedida por la Comunidad a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones que deben otorgarse en el exterior de la Unión para cubrir las intervenciones en Croacia. 
Como debe saber la Asamblea y tal y como se ha resaltado de nuevo esta mañana, las elecciones parlamentarias y presidenciales de comienzos de año han tenido como resultado el cambio de gobierno en Croacia y han propiciado un nuevo clima político. 
Celebramos esto y actuamos como una Comunidad al apoyarlo. 
Pero no puedo dejar pasar este debate sin mencionar otra región de la antigua Yugoslavia que está comenzando el siglo con esperanza y con perspectivas de libertad. 
Estoy hablando de la gloriosa revolución que está acaeciendo ahora en Serbia gracias al valor del pueblo serbio y su insistencia en la democracia. 
A la Asamblea le consta que la Comisión ha expresado con claridad cristalina que las sanciones de la Unión Europea cesarán con el advenimiento de un gobierno democrático en Serbia. 
Cuando parece que Milosevic ha huido y que la voluntad del pueblo ha prevalecido, confiamos en que las acciones para establecer una asociación y una relación normal entre Serbia y esta Unión de democracias sólo se retrasen unos días. 
Entretanto el nuevo gobierno de Croacia está demostrando claramente su serio compromiso por poner al país en una senda democrática segura y poner en práctica las necesarias reformas políticas y democráticas para adherirse a las condiciones del proceso de asociación y estabilización para los Balcanes occidentales de la Unión Europea. 
El pasado mayo, teniendo en cuenta esos avances la Comisión elaboró un informe positivo de viabilidad de la apertura de negociaciones para un acuerdo de estabilización y asociación con Croacia y el 19 de julio recomendó la apertura de negociaciones. 
Esto constituye un paso fundamental en las relaciones bilaterales de la UE y Croacia. 
La Comisión confía en que esta decisión pueda adoptarse en noviembre de suerte que las negociaciones puedan iniciarse sin demasiado retraso. 
Para la Comunidad también es esencial dar el apropiado apoyo financiero a Croacia. 
La reanudación de los préstamos del BEI tiene la intención de apoyar las iniciativas del país en inversiones en infraestructuras y en el desarrollo del sector privado. 
El nuevo liderazgo croata precisa claramente un apoyo fiable y sostenido para llevar a cabo las exigentes reformas. 
La propuesta presentada a la Asamblea cubriría préstamos hasta 250 millones de euros para los próximos cuatro años. 
Como acaba de decir el Sr. Purvis- y lo confirmo plenamente- esto debe ser contemplado como parte de un proceso de normalización, estabilización y progreso que durará varios años. 
El ponente no ha propuesto ninguna enmienda. 
Por ello le doy las gracias a él y a la Asamblea por apoyar esta útil y progresiva propuesta como una inversión en la democracia estable de, en definitiva, otra parte de nuestro continente. 
(Aplausos) 
Muchísimas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
Procedemos de inmediato a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Explicación de voto 
Señor Presidente, he querido estar presente no solo para explicar mi voto favorable a esta ayuda a Croacia, sino ante todo para tener la posibilidad de expresar, al igual que lo han hecho otros oradores, mi satisfacción por los acontecimientos democráticos de estas horas en Serbia. 
Tras muchos años de dificultades para esa población- dificultades de todo tipo- por fin y de manera muy democrática estamos a punto de volver a acoger a Serbia en la comunidad de los pueblos de la Unión Europea. 
Espero que comiencen cuanto antes los contactos y, al igual que para Croacia, se concedan ayudas también al pueblo serbio que merece todo nuestro respeto. 
Gracias, señor Fatuzzo. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 9.45 horas). 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 6 de octubre de 2000. 
El Acta de la sesión anterior a sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, en las Actas Literales de las Sesiones del Parlamento consta que se planteó en este Pleno el caso de una agresión de carácter racista sufrida en Verona por un profesor. 
También consta en las Actas que el Parlamento expresó su condena y sobre todo su solidaridad. 
Quiero informarles que el profesor en cuestión se inventó todo el asunto y ha confesado que no hubo agresión alguna, sino que se autolesionó. 
En definitiva, nos ha tomado el pelo. 
Sólo quería informarles de esto, dado que esta tomadura de pelo al Parlamento por parte de un profesor de Verona consta en las actas literales. 
Señor Speroni, en cualquier caso, esa información no requiere una rectificación del Acta, pero tomo nota de ella. 
¿Hay otras intervenciones acerca del Acta? 
(El Acta queda aprobada) 
Queridos colegas, desde nuestro último período de sesiones, hace quince días, como ya lo saben, tres nuevas víctimas han caído bajo las balas de la ETA. 
Permítanme que las mencione, y que, al evocarlas, transmita nuestro más sentido y entristecido recuerdo a los miembros de sus familias que, hoy, están sumidos en el dolor: Luis Portero, procurador en jefe del tribunal regional de Andalucía, asesinado en Granada el 9 de octubre; 
Antonio Munos Carignanos, médico-coronel del ejército del Aire, asesinado en Sevilla el 16 de octubre; 
Maximo Casado, funcionario de las cárceles, asesinado en Vitoria ayer por la mañana. 
En nombre de ustedes expreso nuestro más sincero pésame y nuestra profunda simpatía a sus allegados. 
Esas víctimas elevan a dieciséis el número de asesinatos de la ETA desde la ruptura de su tregua el 3 de diciembre de 1999. 
Aunque nos falten palabras frente a semejante drama, que se repite, no debemos en ningún caso bajar los brazos. 
Muy al contrario. 
Como ya lo hemos hecho en cada una de esas funestas oportunidades, debemos, una vez más, condenar lo intolerable. 
El derecho a la vida es sagrado. 
La Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, aprobada por unanimidad por los Jefes de Estado y de Gobierno en Biarritz, lo vuelve a confirmar de la manera más categórica. 
Les pido, queridos colegas que guarden un minuto de silencio para rendir homenaje a esas víctimas y manifestar nuestro apoyo a las autoridades y a los demócratas españoles en su lucha contra ese azote, que a menudo llevan a cabo a costa de su vida. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
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Desafortunadamente debo volver a tomar la palabra para honrar la memoria de todos los que, en el Próximo Oriente, han sido víctimas del incremento del odio y de la negación del otro. 
Mañana, nuestro Parlamento debatirá esta cuestión dolorosa en su debate acerca del Consejo Europeo de Biarritz, pero hoy, sólo quiero expresar mi profunda tristeza frente a un fenómeno que nos preocupa extremadamente, porque revela la influencia dramáticamente nefasta de los extremistas en cada campo. 
En nombre de todos ustedes, expreso mi más sentido pésame a los miembros de sus familias así como mi solidaridad a todos los que han sido heridos en ese conflicto. 
Espero también que los partidarios de la paz y del diálogo podrán un día imponerse a los que preconizan la violencia e incitan al odio. 
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Por último, hace unos días, como ya lo saben, las lluvias torrenciales han provocado estragos sin precedente en Italia y en Suiza, causando la muerte de veinticinco personas, numerosos heridos y daños materiales considerables. 
Anteayer en España, fuertes lluvias e inundaciones han provocado también la muerte de tres personas, mientras otras tres se dan por desaparecidas. 
Quisiera expresar, en nombre del Parlamento Europeo, nuestra emoción y nuestro más sentido pésame a las familias y, si están de acuerdo, les pediré otra vez que guarden un minuto de silencio, en honor a esa victimas. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señora Presidenta, como la sesión de esta semana no nos deja margen para el debate de actualidad y urgencia, quisiera llamar su atención y la del Parlamento sobre los insólitos episodios de violencia y de corrupción en las elecciones municipales de Albania, en la región de Chimarra. 
Tenemos el informe de los observadores de la colaboración europea que no deja ninguna duda de que se violaron los derechos humanos y de que hubo transgresiones básicas de los procedimientos democráticos que, esencialmente, están en el núcleo del credo de la Unión Europea. 
La Unión Europea no debe consentir comportamientos de este tipo y creo que se deben repetir las elecciones en la región de Chimarra. 
Si actuamos de otra manera cerramos los ojos ante temas básicos relacionados con los derechos humanos y con las violaciones de los derechos de las minorías. 
Señora Presidenta, realmente en las elecciones de Chimarra hubo episodios violentos y de corrupción que se volvieron en contra de la minoría griega de esta región. 
No hay duda alguna sobre esto. 
Nos lo han asegurado organismos internacionales que estaban realizando el seguimiento de las elecciones. 
Albania, señora Presidenta, es un país que ha sufrido el hostigamiento de sus minorías en otros países y todos sabemos cómo reaccionó la comunidad internacional ante estos abusos. 
Lo que ha sufrido fuera de sus fronteras no debe repetirlo dentro, y creo que esta es la primera lección de democracia que debemos subrayar a este país que está empezando a construir la democracia en su interior. 
Quisiera que el Parlamento tomase nota de estas infracciones y, por supuesto, que solicite la repetición de las elecciones en la región de Chimarra. 
Señora Presidenta, tras sus palabras acerca de Próximo Oriente, quiero anunciar una iniciativa de varias diputadas de este Parlamento- Nuala Ahern, Pasqualina Napoletano, Ana Palacio Vallelersundi, Ulla Sandbaek y yo misma- que han pedido a otras mujeres que vayan a Jerusalén para reunirse con las mujeres palestinas e israelíes que a lo largo de estos años han estado siempre en contacto y han establecido puentes de paz entre sí. 
Por lo tanto, es con este ánimo que invitamos a las mujeres del Parlamento Europeo a que participen en esta delegación: el martes y el miércoles habrá una lista y recogeremos las firmas y las adhesiones a la delegación, precisamente con el ánimo de establecer entre mujeres puentes de paz allí donde, en cambio, hay violencia. 
Señora Presidenta, solamente deseo comunicar a los dos colegas griegos que la Delegación para el Sudeste de Europa se ocupará también de esta cuestión en su próxima sesión, en el transcurso de la cual recibiremos también a los representantes de Albania, y estoy seguro de que bajo la presidencia de nuestra colega, la Sra. Pack, nos ocuparemos objetivamente de este asunto. 
Señora Presidenta, en la semana pasada la diputada Sra Karla Peijs, fue atracada en Bruselas. 
Yo pediría que una vez más se tomase contacto con el gobierno belga y se cuidase más la seguridad en Bruselas. 
Por supuesto, señor Rübig. 
Así lo haré. 
Señora Presidenta, quiero hacer una pregunta relativa al Estatuto de los diputados. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Quién está autorizado a hablar en nombre del Parlamento Europeo sobre dicho Estatuto? 
Lo pregunto, porque cuando leo las declaraciones públicas que ha realizado mi colega, Sr. Rothley, tengo la impresión de que hemos nombrado a un saboteador, en vez de a un ponente. 
Espero que sea usted quien hable en nombre del Parlamento, y no el Sr. Rothley. 
Señora Presidenta, creo saber que dentro de poco usted anunciará la decisión del Gobierno francés de desposeerme de mi mandato de diputado europeo. 
Pienso que se trata de una enorme injusticia y de una sanción desproporcionada con relación a los incidentes menores que sirvieron de pretexto para ello. 
No se me ha advertido para que me defienda. 
No he tenido derecho a la suspensión de mi inmunidad parlamentaria ni a ninguna de las defensas que de las que se benefician incluso los que son culpables. 
Creo que esta circunstancia ofrece, quizás, al Parlamento Europeo la oportunidad de defender su dignidad. 
Señora Presidenta, hay más víctimas de ETA, pero también hay más víctimas de la represión española: más detenciones, más personas torturadas, nuevas dispersiones de prisioneros políticos encarcelados en el País Vasco. 
En definitiva, ha habido más sufrimiento para los vascos y los españoles; ciertamente, españoles y vascos están hartos del actual conflicto. 
No es sorprendente que expresen su profundo malestar cada vez con mayor claridad, porque salvo el Gobierno español, nadie cree en las ventajas de la actual estrategia. 
¿Puede el Parlamento Europeo abandonar jamás la esperanza de encontrar... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, no quisiera ser reiterativo, pero la situación así lo demanda. 
Conoce usted la situación por la que está pasando el Campo de Gibraltar donde hay un submarino nuclear inglés averiado. 
Tal y como temíamos y suponíamos desde el principio, la importancia de la avería, según los técnicos y por el tiempo que está pasando, cada día es mayor. 
Le ruego, Sra. Presidenta, que haga usted todas las gestiones posibles para agilizar el procedimiento en curso en la Comisión de Peticiones acerca de un escrito de protesta que han presentado más de treinta colectivos sociales y ONG en contra de esta situación, en la que flagrantemente se ha incumplido la normativa comunitaria sobre la radioprotección. 
Señora Presidenta, en primer lugar, tomo la palabra como presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior para recordar, ante las palabras del Sr. Haarder, que el Sr. Rothley, vicepresidente primero de la comisión, no es portavoz, sino ponente, y que yo creo que, hasta ahora, se ha comportado perfectamente en el marco de este mandato. 
En segundo lugar, tomo la palabra para apoyar la moción de la Sra. Morgantini. 
Creo que estamos en un momento del proceso en Oriente Medio en el que un diálogo entre mujeres parlamentarias palestinas e israelíes y mujeres parlamentarias europeas podría aportar su contribución a la solución de ese conflicto. 
Señora Presidenta, si le he entendido bien, estamos estableciendo nuestro orden del día. 
Ahora bien nuestro Reglamento no prevé ninguna cuestión de orden. 
Nuestro Reglamento prevé cuestiones de procedimiento en su artículo 141, y notificaciones del Reglamento, en su articulo 142, pero ninguna cuestión de orden ni, mucho menos, esas intervenciones que acabamos de presenciar. 
Cuando aquí se habla de la adopción del orden del día, cada uno puede decir cualquier cosa ¿Cuándo, señora Presidenta, aplicará usted el Reglamento, y nada más que el Reglamento? 
Señor Goebbels, le voy a contestar. 
Es un problema que cada Presidente ha tenido que afrontar. El problema está en determinar si efectivamente se trata de una cuestión de orden o no. 
Me parece que, si cada vez que un colega interviene para una cuestión de orden, discutimos para saber si ésta o no de conformidad con el Reglamento, vamos a perder mucho tiempo. 
Pienso que la aplicación de la regla del minuto es la solución menos perjudicial, como además lo hemos podido comprobar. 
Señora Presidenta, como recordará, en el último período parcial de sesiones, evoqué la difícil situación del defensor de la democracia británico, James Mawdsley, que había sido detenido ilegalmente por las autoridades birmanas. 
Usted prometió transmitir su preocupación y, posteriormente, esta Asamblea aprobó una resolución en la que condenaba su encarcelamiento. 
Esta medida formaba parte de un esfuerzo diplomático concertado, y la Asamblea se alegrará de conocer la noticia de que las autoridades birmanas dejaron en libertad al Sr. Mawdsley la semana pasada. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a usted, señora Presidenta, y a los diputados por su participación en el éxito de este proceso. 
Espero que podamos volver en una fecha no demasiado lejana sobre el tema de las miles de personas que permanecen detenidas como prisioneros políticos en Birmania y la falta de democracia de que adolece dicho país. 
Señora Presidenta, cuando mi compañero danés, el Sr. Bertel Haarder, habló hace poco, el danés que utilizó estaba tan desfigurado que resultó completamente imposible entender lo que dijo. 
¿No podría usted ocuparse de que en el futuro podamos oír lo que dice? 
Resultó realmente difícil entender el danés que habló. 
Señora Presidenta, el lunes pasado, en Georgia fue hallado muerto con el pecho destrozado Antonio Russo, corresponsal de Radio Radicale, que fue el único periodista occidental que el año pasado permaneció durante muchas semanas en Pristina, en Kosovo. 
La autopsia practicada en Georgia ha demostrado claramente que se trató de un asesinato con posibles torturas. 
El valiente periodista Antonio Russo estaba realizando una investigación sobre las fechorías que se cometen en Chechenia y nosotros consideramos que ésta fue la causa de su trágica muerte. 
No creo que el Parlamento pueda volver a guardar un minuto de silencio- no me atrevo a pedirlo- sin embargo, quería informarles de lo ocurrido, ya que Antonio Russo era un periodista y un hombre valiente que dio su vida por la libertad de información de todos nosotros. 
Señora Presidenta, de conformidad con el articulo 7, párrafo 4, apartado 2 de nuestro Reglamento, le corresponde al Presidente recurrir a la Comisión de Asuntos Jurídicos antes de confirmar la decisión del Gobierno francés. 
La sentencia del Consejo de Estado que quizás usted alegará luego ha sido dictada por un órgano incompetente, pues la ley francesa estipula que sólo la Asamblea plenaria es competente, ya que se trata del mandato de un diputado europeo. 
En ese procedimiento, señora Presidenta, la inmunidad parlamentaria de nuestro colega Jean-Marie Le Pen ha sido violada desde el principio hasta el final. 
No puedo aceptar que usted cite, como lo hizo hace poco, la Carta de los derechos fundamentales sin aplicarla usted misma en el ejercicio de sus altas funciones. 
Presidenta, estimados colegas, la violencia no es un asunto marginal en este Parlamento ni debe dejar de serlo. 
Atendiendo a su llamamiento y a su muestra de solidaridad con las familias de las víctimas de la violencia, también nosotros queremos demostrar nuestra solidaridad con todas las personas que hoy se manifiestan en tantos sitios del País Vasco en contra de la violencia de ETA. 
Por este motivo habrá fuera, delante de la puerta de este Parlamento, después de la aprobación de este orden del día, una pequeña manifestación silenciosa de unos minutos junto con todos los colegas y todo el mundo de esta Casa que se quiera sumar a ella. 
Señora Presidenta, no podemos aceptar sin ninguna reacción que la más alta jurisdicción administrativa francesa esté cuestionada por el Sr. Gollnisch quien, si respetara el Estado de derecho, respetaría sus competencias. 
En cuanto al Sr. Le Pen, el Parlamento Europeo y cualquier demócrata no puede oírle emplear la palabra "dignidad" sin indignarse. 
Ya ve, señor Goebbels, ¿Se trata o no de una cuestión de orden? 
Señora Presidenta, en la República Federal de Alemania entre el 3 de octubre del 2000 y ayer se han violado al menos siete monumentos, ocho personas han sido asaltadas por motivos racistas, cuatro albergues de demandantes de asilo han sido atacados y se han producido siete casos de profanación de sinagogas, cementerios judíos o monumentos conmemorativos. 
Señora Presidenta, estimados colegas, el hecho de que estamos sujetos al orden del día no significa que tengamos que recibir ordenes. 
Algunos colegas- y los entiendo- soñaron con algo grandioso. 
Soñaron con construir un Estado federal con el Presidente Spinelli, por ejemplo, o sea con convertir nuestros Tratados en una constitución. 
Ahora bien, reconocer, hoy, que este Parlamento tiene una competencia vinculada y debe obedecer las ordenes de un Estado, cualquiera que sea, en lo que se refiere a la suspensión del mandato de uno de nuestros colegas, sería admitir que no es soberano y que debe someterse a las autoridades judiciales o gubernamentales nacionales. 
Señora Presidenta, queridos colegas, se nos presenta la oportunidad de dar un gran paso hacia nuestro sueño- que por lo demás, no comparto. 
Reconozcan que este Parlamento tiene un poder discrecional para decidir sobre la cuestión del decaimiento y ya habrán recorrido una parte del camino hacia su sueño federal, si no, señora Presidenta al aceptar someterse, da un paso hacía atrás. 
Señora Presidenta, me sorprende a pesar de todo que la Comisión de Asuntos Jurídicos no aborde, o por lo menos evoque, la cuestión del mandato del Sr. Le Pen. 
En efecto, sería la primera vez, durante la tercera, cuarta y quinta República, que se presencia el decaimiento de un parlamentario francés por un asunto de infracción. 
Ha habido toda una serie de violaciones del derecho- no solamente del derecho francés, sino también del derecho europeo- y creo que sería un gran error que ese asunto no se sometiera a la Comisión de Asuntos Jurídicos y que el Sr. Le Pen no fuera oído. 
Orden de los trabajos 
Lunes: El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea me ha presentado una solicitud tendente de aplazar hasta un período de sesiones ulterior el informe de la Sra. Klass, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la reproducción vegetativa de la vid. 
El Sr. Lannoye desea intervenir, como autor de la petición. 
Señora Presidente, ya se aplazó dos veces el informe de la Sra. Klass. 
Sin embargo desearíamos que lo sea una vez más por un motivo político. 
En realidad, ese informe aparentemente técnico, que no parece traer grandes modificaciones de orden político es extremadamente importante en la medida en que, subrepticiamente, introduce la posibilidad de aplicar la ingeniería genética a una viticultura modificada genéticamente. 
Pensamos que ya que ahora estamos en un procedimiento de conciliación en lo que se refiere a la directiva marco relativa a los OMG, sería más prudente esperar que esa conciliación se lleve a cabo y abordar el problema cuando el marco esté claramente definido, o sea, en principio en el mes de enero. 
Por lo tanto, pedimos que se aplace el examen de ese informe 
El Sr. Lannoye acaba, por consiguiente, de presentar la solicitud de su Grupo. 
¿Alguien desea intervenir a favor de esa solicitud? 
Como hemos dicho ya varias veces a la ponente y a la Asamblea, existe una importante legislación sobre liberación de microorganismos manipulados o modificados mediante técnica genética y, también el informe de nuestro colega, el Sr. David Bowe con el que nos encontramos en procedimiento conciliación. 
Esta es la legislación básica y el fundamento para cualquier otra normativa relativa a plantas modificadas mediante técnica genética. 
Por consiguiente, es sensato, acertado y también serio que aguardemos hasta el final del procedimiento de conciliación, el cual exigirá todavía unas seis semanas, para adoptar después decisiones sobre las demás normativas. 
Esta es la razón por la que apoyo la solicitud del Sr. Lannoye. 
Vamos ahora a escuchar a la ponente, la Sra. Klass, quien está en contra del aplazamiento, me parece. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo quisiera solicitar que en la discusión de mañana sobre Biarritz se incluya un punto, en concreto, una declaración de la Comisión sobre una entrevista que el Sr. Comisario Verheugen concedió el viernes pasado, 20 de octubre, al Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
El Sr. Verheugen ha suscitado la impresión de que en el año 2005, a la situación actual de la Unión Europea se adherirán diez países, y además- éste es el asunto más relevante- ha puesto en cuestión la importancia de la adopción de decisiones por mayoría en el Consejo de Ministros, que consideramos como el elemento fundamental de reforma en Nizza. 
Ya ha sido censurado por esto por su propia familia política. 
Solicitamos a la Comisión que en su toma de posición de mañana realice una aclaración al respecto. Ésta es ya la segunda vez en que, lamentablemente, el Sr. Verheugen se expresa de esta manera en el sentido de que es impugnable. 
Evidentemente, va de una metedura de pata a otra. 
Desearíamos que se aclare la posición de la Comisión. 
Señor Poettering, en el debate de mañana, cada orador será libre de evocar todas las cuestiones y de interrogar tanto al Consejo como a la Comisión. 
Comunicación de la notificación del decaimiento del mandato del Sr. Le Pen. 
Queridos colegas, les comunico que el jueves 19 de octubre de 2000, he recibido la notificación oficial por parte de las autoridades competentes de la República francesa de una sentencia del Consejo de Estado, con fecha del 6 de octubre de 2000, que desestima el recurso que el Sr. Jean-Marie Le Pen interpuso contra el decreto del Primer Ministro francés del 31de marzo de 2000, destinado a poner fin a su mandato de representante en el Parlamento Europeo. 
Les informo que, luego, he recibido copia de la petición de gracia presentada por los Sres. Charles de Gaulle, Carl Lang, Jean-Claude Martinez y Bruno Gollnisch, al Sr. Jacques Chirac, Presidente de la República, a favor del Sr. Le Pen. 
Doy la palabra a la Sra. Ana Palacio Vallelersundi, Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, para que nos dé su opinión. 
. 
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, tras deliberar en la sesión de 15 y 16 del pasado mes de mayo, acordó recomendar la suspensión del anuncio en el Pleno de la constatación por parte del Parlamento del decaimiento del mandato del Sr. Jean-Marie Le Pen. 
Insisto, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomendó suspender este anuncio hasta el agotamiento del plazo de que disponía el Sr. Le Pen para interponer recurso ante el Consejo de Estado francés o la resolución de éste. 
Y estoy citando textualmente la carta de fecha 17 de mayo que usted misma, señora Presidenta, leyó en el Pleno. 
El Consejo de Estado- como usted ha dicho- ha desestimado este recurso y se nos ha comunicado en debida forma esta desestimación. 
Así pues, no existe ya motivo alguno que justifique el retraso de este anuncio en el Pleno que es un acto debido de acuerdo con el Derecho primario, en concreto con el apartado 2 del artículo 12 del Acta de 20 de septiembre de 1976. 
La petición de gracia que usted menciona, señora Presidenta, no altera esta situación ya que no se trata de un recurso jurisdiccional. 
Como su nombre indica, es un acto del Príncipe, que no afecta al decreto del Gobierno francés que, de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, debe ser anunciado en el Pleno. 
Le doy las gracias, señora Palacio. 
Por consiguiente, de conformidad con el artículo 12, párrafo 2, del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, el Parlamento Europeo toma nota de la notificación del Gobierno francés que hace constar el decaimiento del mandato del Sr. Jean-Marie Le Pen. 
Señor Le Pen, le invito a abandonar el hemiciclo y, con objeto de preservar la dignidad de nuestra Asamblea así como la suya propia, declaro la sesión interrumpida durante diez minutos. 
(La sesión, interrumpida a las 17.40 horas, se reanuda a las 17.50 horas) 
Suplicatorio de la suspensión de la inmunidad del Sr. Pacheco Pereira 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0304/2000) del Sr. MacCormick, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el suplicatorio de la suspensión de la inmunidad del Sr. Pacheco Pereira. 
. (EN) Señora Presidenta, este asunto surge de un suplicatorio (anunciado por usted, señora Presidenta, a la Asamblea el 17 de febrero) presentado por las autoridades portuguesas competentes en el que solicitaban la suspensión de la inmunidad del Sr. Pacheco Pereira en relación con las actuaciones emprendidas en Portugal a raíz de unas palabras pronunciadas en un programa de televisión hace unos años. 
El programa de televisión trataba sobre los papeles respectivos de políticos y periodistas. 
En dicho debate, el Sr. Pacheco Pereira hizo algunas observaciones sobre una tercera persona que no se encontraba presente y que se sintió ofendida. 
Como primera medida, se inició un procedimiento penal, que posteriormente decayó, y las diligencias se encuentran en la actualidad ante el Tribunal de Justicia de la Comarca de Cascais. 
Se trata, por consiguiente, de un caso relativo al ejercicio de la libertad de expresión en un asunto de carácter político. 
Las inmunidades de los diputados se derivan del artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas. 
La esencia de esto, para este propósito, es que los diputados a este Parlamento gozan en su Estado miembro de las mismas inmunidades de las que gozan los diputados al parlamento nacional del Estado en cuestión. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, tras haber examinado el caso, ha decidido que, en un caso como el que nos ocupa, si el Sr. Pacheco Pereira fuera diputado al Parlamento portugués, gozaría de una inmunidad que sólo podría ser suspendida por el Parlamento portugués. 
Por consiguiente, de conformidad con nuestro Reglamento, el diputado goza de una inmunidad que únicamente puede ser suspendida por este Parlamento. 
Es importante que haga hincapié en la observación de que la inmunidad no ha sido concebida como un privilegio en beneficio de uno u otro diputado, a la que éste pueda renunciar o hacer valer como guste. 
Se trata, en cambio, de una inmunidad que concede esta Asamblea en su conjunto, al objeto de preservar las condiciones eficaces y democráticas de las políticas y los argumentos y de permitir que esta Asamblea, a través de sus miembros, desempeñe su función debidamente en una democracia que abarque toda Europa. 
En consecuencia, es la Asamblea la que debe decidir si debe o no suspenderse la inmunidad. 
El Parlamento no toma esta decisión de manera arbitraria. Lo hace de conformidad con los precedentes y las prácticas establecidos durante muchos años. 
Conviene que lea la conclusión de mi informe: " Es indiscutible que los comentarios realizados por el Dr. Pacheco en un programa de televisión sobre la prensa se encuadran dentro de un debate político, por lo que se aplicaría el apartado 1 del artículo 157 de la Constitución portuguesa. 
De conformidad con dicho artículo, el Sr. Pacheco se habría beneficiado de la inmunidad parlamentaria en caso de que hubiera sido diputado al Parlamento portugués. 
En consecuencia, el Sr. Pacheco disfruta de inmunidad parlamentaria como diputado al Parlamento Europeo en lo que se refiere a las declaraciones realizadas y a las opiniones manifestadas en el programa de televisión a que se hace referencia. " 
Ha sido práctica habitual de la Asamblea insistir en el mantenimiento de la inmunidad en todos los casos en los que su suspensión habría significado inhibir una actividad política de naturaleza legítima y democrática. 
Sobre esta base, la Comisión de Asuntos Jurídicos, tras examinar las razones a favor o en contra de la suspensión de la inmunidad, ha decidido por unanimidad recomendar que no se suspenda la inmunidad parlamentaria del Sr. Pacheco Pereira. 
Señora Presidenta, el caso del Sr. Pacheco Pereira ha sido examinado con mucha atención por la Comisión de Asuntos Jurídicos: el dictamen aprobado y hoy sometido a examen del Pleno, es de no levantamiento de la inmunidad. 
El mismo resulta motivado y justificado en el excelente informe del Sr. McCormick, cuyas motivaciones de fondo son las siguientes: la adscripción política o la nacionalidad no deben ni pueden tener influencia alguna; el fundamento jurídico debe ser sólido y definitivo; la inmunidad no es un privilegio personal, sino una garantía de independencia del Parlamento a través de sus miembros frente a cualquier otro poder; no tienen valor ni la fecha del hecho reprobado ni la voluntad personal del interesado de renunciar a la inmunidad. 
La referencia en el Protocolo a la normativa nacional no implica desbancar al Parlamento Europeo, sino que atañe al procedimiento, mientras que hoy todo Parlamento- en este caso el Europeo- conserva la independencia de sus propias decisiones. 
Por último, el Sr. Pacheco Pereira estaba ejerciendo una actividad política y, en consecuencia, no puede ser considerado responsable de delito alguno. 
Aclarada la posición del Grupo del Partido Popular Europeo, se trata de evidenciar que si el Sr. Pacheco Pereira hubiese sido italiano, se le habría procesado a espaldas del Parlamento Europeo. 
Cuando el implicado es un diputado europeo, la magistratura italiana no pide ninguna autorización y actúa conculcando los más elementales principios de respeto a esta Institución. 
En esta misma legislatura algunos diputados han sido procesados sin suplicatorio de suspensión de la inmunidad. 
En mi caso no podía intervenir para denunciar la cuestión, ya que afectaba a compañeros de partido que desde siempre han sido blanco de ataques por motivos políticos y, en consecuencia, mi intervención podía parecer instrumental. 
Sin embargo, ahora el caso se repite y afecta a un colega que, si bien es del PPE, no pertenece a mi ámbito político en Italia. 
El Sr. Cocilovo ha sido llevado a juicio a espaldas de este Parlamento, en menosprecio del propio Parlamento. 
Esto es algo muy grave que usted, señora Presidenta, no puede dejar de tener en cuenta, ya que está en juego la autonomía del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, realmente no voy a necesitar los dos minutos, porque después de la exposición del Sr. MacCormick y la exposición complementaria del Sr. Zappalà, desde el punto de vista del Grupo Socialista del Parlamento Europeo no queda ninguna duda de que no procede el levantamiento de la inmunidad del Sr. Pacheco Pereira. 
Yo diría que se trata de una cuestión realmente trivial, unas declaraciones de un político en un programa televisivo y esas declaraciones dan lugar a una querella criminal que no tiene fundamento y que están cubiertas por la Constitución portuguesa y por la aplicación de las normas comunitarias en materia del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. 
En definitiva, nos encontramos aquí todos los elementos que dan lugar al no levantamiento de la inmunidad parlamentaria del Sr. Pacheco Pereira y, por tanto, el Grupo Socialista se suma a la propuesta del Sr. MacCormick para que no se conceda la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Pacheco Pereira. 
Agenda de política social 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0291/2000) de la Sra. Van Lacker, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (COM (2000) 379- 0508/2000- 2000/2219 (COS) , al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la agenda socio-política. 
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(NL) Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, Señorías, permítanme que dé en primer lugar las gracias a los colegas y a la Comisaria y sus servicios por la excelente colaboración que hemos tenido para redactar este informe, y permítanme también que aproveche la oportunidad para expresar mi gratitud hacia las ONG, los interlocutores sociales y los expertos que con sus múltiples aportaciones nos han ayudado a redactar una agenda social ambiciosa en nombre del Parlamento. 
Se ha dicho a menudo "la política social es un factor productivo" y eso es cierto, ya que una sociedad más solidaria es también una sociedad que funciona mejor. 
Sin embargo, la política social también se guía por sus propios derechos, la política social ha de servir para que se eliminen las desigualdades, para que se fomente la cohesión social y que se mejore la calidad de vida de la gente. 
Por este motivo, esta agenda social merece un lugar más destacado en la política europea. 
La cumbre de Lisboa nos dió la oportunidad de darle más peso a la política social, por lo tanto debemos aprovechar esta oportunidad. 
He constatado con gran alegría que la Comisión y la Presidencia francesa quieren una agenda de política social ambiciosa y me parece, señora Comisaria y señora Ministra, que compartimos plenamente los objetivos. 
Por lo tanto, quisiera fijarme hoy en el tiempo de uso de palabra que se me ha asignado en algunas cuestiones con las que queremos ajustar más la agenda desde el Parlamento. 
En primer lugar, abordaré una cuestión en relación con la estrategia. 
La agenda de política social ha de visualizar más la Europa social entre los ciudadanos y por eso abogamos por una mayor proyección de las medidas, prioridades y instrumentos. 
Hemos de poder ver en qué ámbitos se progresa, esto ha de ser evaluable y la agenda social debe ocupar una lugar central en los debates políticos en la cumbre europea. 
De ahí que aboguemos por la introducción de un marcador social, como también se ha hecho para el mercado interior, con medidas claras, con plazos máximos y con límites de tiempo. 
Por eso también defendemos los debates anuales sobre la agenda social en la cumbre de primavera. 
En segundo lugar, quisiera abordar la cuestión de los instrumentos. 
El método abierto de coordinación, como se ha venido aplicando desde la cumbre de Luxemburgo, efectivamente, ha dado unas posibilidades fantásticas, en los ámbitos en que antes sólo había competencias nacionales. 
Por ende, pedimos que se refuerce este método y que se aplique también en los ámbitos de la exclusión y de la pobreza, tal como ha decidido ahora el Consejo de Asuntos Sociales. 
Además, nos gustaría que se utilizara este importante método innovador para progresar en la estrategia de modernización de la seguridad social. 
En tercer lugar, sólo una cuestión: resaltar la importancia de este método abierto de coordinación no significa que este método vaya a sustituir la legislación social, porque hemos de fijar también en Europa los derechos sociales, tenemos que atrevernos a redactar las normas sociales mínimas y es imprescindible que se haga una normativa social con vistas al mercado europeo interior. 
Al Parlamento le parece que la Comisión podría ajustar algunas cuestiones un poco más, por ejemplo cuando se trata de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, por ejemplo tratándose de mayor seguridad en las nuevas formas de trabajo, o por ejemplo cuando se trata de la protección en materia de seguridad y salud en relación con los nuevos riesgos laborales. 
Asimismo, nos parece sumamente importante que la Comisión Europea tome una iniciativa que enlace con las recomendaciones del año 92 para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros de proporcionar a todo el mundo el derecho de percibir un sueldo digno. 
Sólo entonces se podrá decir que la lucha contra la pobreza es eficaz. 
Los interlocutores sociales son, por supuesto, los interlocutores importantes a la hora de realizar esta agenda social, por ejemplo cuando se trata de la formación permanente, de la organización del tiempo de trabajo, o tratándose de las formas atípicas de trabajo, y esperamos que estén dispuestos a negociar en todos estos ámbitos. 
Pero, señora Comisaria, también pedimos a la Comisión que si estas negociaciones no dan resultados haga uso de todo su derecho de iniciativa. 
Como punto final, quisiera hacer dos observaciones: es crucial para la realización de la agenda social europea que se forje una cooperación estrecha entre las instituciones, los Estados miembros, los interlocutores sociales, pero también con las múltiples ONG que han de desempeñar un papel importante en la realización de la agenda. 
También en este aspecto creemos que Europa ha de tomar urgentemente la iniciativa para reforzar este diálogo ciudadano, el diálogo con las ONG. 
Para terminar, la política social no se debe contemplar como un capitulito aparte. Se debe integrar en todas las políticas de la Unión Europea. 
Estoy convencida de que Europa sólo puede tener un signo social si la política económica, la política de competencia, la política exterior y todos los debates sobre la ampliación están impregnados con el componente social. 
Señora Ministra, espero que el Consejo se inspire en las expectativas del Parlamento y espero que en la Cumbre de Niza consiga plasmar en una agenda social europea unos objetivos ambiciosos con la que podamos seguir trabajando juntos en los años venideros. 
ponente de la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades. 
(EL) Señor Presidente, la propuesta de la Agenda de política social ha dejado un mensaje político que no ha pasado inadvertido. El tema ha causado un gran interés en las sociedades europeas y los portavoces de Organizaciones no Gubernamentales, los de la sociedad civil en general, nos han presentado muchas propuestas que la Comisión de Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades ha tenido en cuenta en su opinión. 
Esperamos que la aplicación de la Agenda de política social dé a los ciudadanos la oportunidad de sentirse cerca de la Europa social y de concienciarse de que la Unión Europea va a emprender acciones positivas para lograr la continua mejora del nivel de vida, y no simplemente para garantizar los niveles mínimos. 
También debemos aclararles que la Agenda de política social no tiene como objetivo imponer una política uniforme, sino coordinar, apoyar y estimular las políticas nacionales en un marco de desarrollo social global. 
Porque hoy en día, todos los Estados miembros se enfrentan a desafíos comunes (de diferentes dimensiones, por supuesto) en lo que respecta a la transformación del entorno laboral, las nuevas estructuras laborales, la discriminación de ciudadanos y las desigualdades por razón de sexo. 
La Comisión de Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades sostiene que la Agenda de política social debe centrar sus reflexiones y sus acciones en la participación cualitativa y cuantitativa de las mujeres de todas las edades y de todos los grupos sociales en el mercado laboral, y por esa razón debe dar prioridad a toda medida que facilite el acceso al empleo, tal como las referimos en nuestra Opinión, debe facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional, u otras elecciones personales. 
La Comisión de Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades también sugiere el acceso a un sistema de protección social individualizada y digna con el que deben contar todas las mujeres, de todas las edades y de todos los grupos sociales. 
Además no debemos olvidar que las mujeres siempre son las primeras víctimas de las crisis económicas y constituyen la mayoría de nuestros conciudadanos que sufren la exclusión social y la pobreza. 
Igualmente, en nuestra Opinión apoyamos el diálogo social y la colaboración con la sociedad civil y especialmente con las asociaciones de mujeres de los países que están preparando su anexión a la familia europea, puesto que también allí debemos lograr un desarrollo uniforme que siga los pasos y la lógica del resto de Europa. 
Quisiera hacer una puntualización antes de conceder la palabra a la Sra. Pery para que hable en nombre del Consejo. 
La Sra. Pery comparece hoy aquí por tercera vez, lo celebramos. 
Esto es lo primero que quisiera decir. 
Lo segundo es que sólo me lo puedo explicar por el hecho de que el malhechor vuelve siempre al lugar del delito. 
La Sra. Pery ha sido muchos años Vicepresidenta, estuvo sentada también en esta silla y en las votaciones difíciles nos encontrábamos siempre en manos muy seguras. 
Por todo ello, me alegra mucho de que usted esté aquí. 
Por favor, señora Secretaria de Estado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señores ponentes, señoras y señores diputados, en primer lugar le doy las gracias, señor Presidente, por esa introducción personalizada. 
Estoy muy feliz de poder estar presente entre ustedes para este importante debate sobre la Agenda de política social. 
Sin embargo quiero decirles que Elisabeth Guigou, hoy ministra de Empleo y Asuntos Sociales, hubiera deseado estar aquí, en esta institución a la que, también, perteneció y de la que conserva un excelente recuerdo. 
Pero sus muy recientes funciones la obligaron a quedarse hoy en Paris, por lo que ella me pidió que les diga cuánto lo siente. 
Quisiera en primer lugar felicitar a la Sra.Van Lancker, y felicitar también a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y a su Presidente por el informe que discutimos y que muestra el dinamismo y la calidad del compromiso del Parlamento Europeo a favor de la Agenda Social. 
A raíz del Consejo informal sobre "Empleo y Política Social" el 8 de julio pasado en Paris, la Presidencia ha pedido a todos los actores involucrados- Parlamento Europeo, por supuesto, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones interlocutores sociales, ONG, grupos y comités del Consejo- que le comuniquen sus propuestas. 
La resolución del Parlamento Europeo sobre la Agenda de política social que están a punto de adoptar representa una contribución muy ambiciosa a nuestro ejercicio común. 
La Presidencia francesa les felicita por ello y se compromete a tenerlo muy en cuenta para sus trabajos. 
El Consejo informal del 8 de julio, el coloquio del mes de septiembre pasado, que ustedes organizaron conjuntamente con la Comisión Europea, los viajes del Sr. Briet a las capitales europeas, nos permiten formular algunas observaciones. 
En primer lugar haré observaciones generales sobre la Agenda social antes de volver a los diferentes ámbitos, dentro de un espíritu de síntesis, para respetar mi tiempo de palabra. 
Me complace poder anunciar que los actores involucrados en la política social se han declarado conjuntamente a favor de la elaboración de una Agenda. Tendría por objeto hacer que la política social europea sea más visible y más eficaz al preparar a la Unión para los grandes desafíos. 
La Agenda se sitúa desde luego dentro de la línea de las conclusiones de Lisboa y de la futura Carta europea de los derechos fundamentales, para garantizar su aplicación efectiva. 
Los ámbitos de acción enumerados en la comunicación de la Comisión han sido también objeto de un acuerdo general. 
Si existe un debate, no es tanto acerca del tipo de acción a emprender como del método escogido para alcanzar los objetivos perseguidos. 
Creo que hace falta adoptar un enfoque pragmático y sobreponerse a las discrepancias cuando éstas son falsamente ideológicas. 
Como ustedes lo proponen muy acertadamente en su resolución, confirmando de esa manera el enfoque propuesto por la Comisión Europea, seguiremos aprovechando todo el conjunto de herramientas comunitarias que están a nuestra disposición: el diálogo social, la legislación, la coordinación, la convergencia, los intercambios de información y el financiamiento en el marco de los fondos y programas comunitarios. 
Nos corresponde determinar cual es la herramienta más ajustada al objetivo perseguido, para cada ámbito y cada acción. 
Paso ahora a observaciones más precisas, en primer lugar en lo que se refiere al empleo. 
El empleo sigue siendo nuestro asunto prioritario, aún cuando la manera de abordarlo evolucione. 
Aquí también compruebo que existe un acuerdo unánime para continuar y fortalecer el proceso de Luxemburgo en el marco de los objetivos fijados en el Consejo Europeo de Lisboa. 
Le concedemos una importancia muy particular al objetivo del pleno empleo. 
Oponer lo cuantitativo a lo cualitativo es un debate falso y Lisboa estableció claramente un doble objetivo: más empleos y de mejor calidad. 
Nos incumbe definir los componentes esenciales que caracterizan la calidad del empleo y ser capaces de medirla después. 
Como ustedes entenderán, dadas mis funciones en el Gobierno francés, me alegra mucho comprobar que la igualdad entre hombres y mujeres, por una parte, y la formación a lo largo de la vida, por otra, son dos temas a los cuales muchos se adhieren. 
El tema de la formación a lo largo de la vida ha vuelto a ser definido por unanimidad como ámbito de acción prioritaria. 
Los interlocutores sociales se han comprometido además a trabajar por esa cuestión. 
Debemos animarles a fin de que sean tomadas iniciativas convencionales a favor de la formación a lo largo de la vida y eso lo antes posible. 
Recuerdo, a esta altura de mi intervención, que se celebrará en Biarritz un seminario europeo, que presidiré, sobre ese tema los días 4 y 5 de diciembre. 
En lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres, muchos Estados miembros han insistido en la necesidad de una mejor armonización de la vida profesional y familiar, en particular en lo relativo al cuidado de los niños. 
Es en efecto un reto clave, tanto para alcanzar altos niveles de empleo como para progresar en la vía de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Para seguir con ese tema, vuestra resolución prevé numerosas medidas a favor de las mujeres y contiene un objetivo general de integración de la noción de igualdad entre los hombres y las mujeres en todos los sectores que son de la competencia de la Agenda. 
Apoyo ese método. 
Tal vez sepan que, el próximo 27 de octubre, organizo un coloquio a escala ministerial sobre ese asunto. 
Hablé detenidamente de ello el 5 de octubre pasado, en sesión plenaria. 
Por consiguiente no recordaré los tres temas que serán debatidos en esa oportunidad. 
Discutirán dentro de poco acerca del quinto programa sobre la igualdad entre hombres y mujeres para 2001-2006. 
Quisiera agradecerles encarecidamente que hayan respondido al llamado de la Presidencia trabajando muy rápidamente y muy bien, lo que nos permitirá adoptar a tiempo ese programa tan importante, que propone a la vez un enfoque integrado y acciones específicas. 
Pueden contar con toda mi energía para llevarlo a cabo y mantener el compromiso financiero a la altura de los 50 millones de euros. 
Por último, para consolidar el enfoque integrado de la igualdad, la Presidencia quiso que esa noción fuese tomada en cuenta por varios Consejos de Ministros. Eso se hará durante la Presidencia francesa. 
La Agenda de política social persigue muchos otros objetivos. 
Hablaré brevemente de la movilidad de los trabajadores. 
Hace falta fomentar esa movilidad y al mismo tiempo garantizar la seguridad de las trayectorias profesionales. 
Quisiera también decir dos palabras acerca de nuestra lucha contra la precariedad, la precariedad de los empleos que debe ser mejor tratada. 
Los interlocutores sociales han recordado la necesidad de definiciones comunes. 
Pienso en particular en el trabajo atípico. 
Es evidente que hace falta actualizar cierto número de directivas comunitarias sobre los comités de empresa europeos, los traslados, los despidos colectivos, por ejemplo. 
He advertido también que existe une fuerte demanda de definición de una verdadera estrategia comunitaria en materia de entorno laboral, en particular en lo que se refiere a la salud y a la seguridad. 
Habrá que simplificar las directivas existentes y adaptarlas a los progresos técnicos, pero también presentar propuestas concretas sobre los riesgos emergentes y los trabajos de alto riesgo. 
Una palabra acerca de la protección social. 
Todos estamos de acuerdo en continuar la estrategia de cooperación en materia de protección social, privilegiando la cuestión de las pensiones, como nos lo pidió Lisboa. 
En lo que concierne la lucha contra las exclusiones, hemos progresado mucho al definir, el 17 de octubre pasado, en el Consejo sobre "Empleo y Política social", unos objetivos apropiados de lucha contra la pobreza y la exclusión social que servirán de base para planes nacionales de acción. 
La Agenda podría también pronunciarse acerca de la continuación a dar a la recomendación de 1992 sobre los recursos mínimos. 
En vista de todas las contribuciones que se nos han ofrecido, la Presidencia se propone elaborar, en las próximas semanas, un documento de síntesis sobre todos esos temas. 
Podríamos, durante el Consejo sobre "Empleo" del 28 de noviembre, llegar a un documento destinado a los Jefes de Estado y de Gobierno que muestre nuestra verdadera ambición para los cinco años venideros. 
Es evidente que el Parlamento Europeo habrá contribuido mucho a ello y se lo agradezco. 
Señor Presidente, hoy debatimos la agenda de política social y quisiera darle sinceramente las gracias a la Sra. Van Lancker y a la Sra. Kratsa por el ingente trabajo que han realizado para plasmar en papel las ideas aportadas por el Parlamento. 
Quisiera añadir dos cosas. 
En primer lugar, antes se mantenía una discusión sobre el programa de acción social, y el significado de un programa de acción es que ocurre algo. 
Ahora estamos hablando de la agenda social y eso puede significar que ocurre algo, pero no tiene porqué significarlo y esa es una de las cosas con la que hay que contar permanentemente. 
El Consejo con el que tratamos es de corte socialista, o sea, hay grandes posibilidades de que se hable mucho pero que después haya pocas acciones. 
Por lo tanto, espero que esta interpretación no se cumpla. 
Se trata de que se ponga, efectivamente, algo en la agenda y de que se realice una acción. 
Esto es a lo que intenta llegar este informe y esto lo que hemos intentado subrayar nosotros mismos en algunas enmiendas. 
Como ha dicho ya la ponente, hoy se trata de la política social. 
En nuestro Grupo Parlamentario siempre hemos dado mucha importancia a la economía de mercado social como base de todo lo que nos ocupa, también en el marco de la Unión Europea. Afortunadamente, ya hemos sabido crear en gran parte el mercado único. 
También hemos sabido llevar a cabo una serie de cosas en el ámbito social, pero no todo, y eso se debió a que el Tratado de Amsterdam todavía no estaba en vigor; o sea, en este sentido este programa de acción social o agenda de política social es de suma importancia. 
Debemos intentar hacer un inventario de las lagunas que quedan en el sistema y, en todo caso, ponerlas en la agenda. 
La importancia de hacer una agenda es que se introduzcan cuestiones esperando que la Comisión las aborde. 
Algunas de estas cuestiones ya están recogidas en ella. 
Hubiera sido un fallo por parte de este Parlamento que no se hubieran incluído estas cuestiones, pero sé que con ello todavía no hemos solucionado todos los problemas en lo que respecta a estas cuestiones. 
Por lo tanto, esto es algo que transmitimos a la Comisión para que lo estudie. 
A continuación está el asunto de la coordinación abierta. Me parece muy importante que la haya. 
Por otra parte, quiero señalar también la recomendación del Sr. Cocilovo, que después se someterá a votación aunque ahora no se ha debatido. Esta recomendación da en particular una respuesta a las observaciones del Parlamento en cuanto al tema del desempleo. 
Esto explica el hecho de que esto no se aborde todavía tan extensamente en el informe. 
En realidad, se deberían ver estas dos recomendaciones como una y entonces sí se tendría una visión completa. 
Señor Presidente, me parece que quedan algunos problemas pero los tendremos que solucionar en las votaciones sobre las enmiendas. 
Quisiera felicitar a la Sra. Van Lancker por haber elaborado un informe excelente. 
He oído en algunos círculos que, tras haber leído el informe, están de acuerdo con el diagnóstico, pero no con la fórmula. 
Soy de la opinión de que a menos que sigamos esta fórmula, el pronóstico no es bueno para el objetivo declarado de la agenda social, que es el de garantizar que la política social tiene el mismo peso que la política de empleo y la política económica. 
Ésta es la fórmula que debemos seguir. 
En opinión del Grupo Socialista, el presente informe contiene muchos puntos muy importantes. 
Para nosotros, el método de coordinación abierto es muy importante. 
Queremos que se refuerce dicho método en relación con el empleo. 
Queremos que se aplique asimismo a la exclusión social y a la protección social. 
Me alegra poder escuchar lo que Nicole Perry tenga que decirnos hoy en este sentido. 
Al parecer, son muchos los que consideran que el método de coordinación abierto es una opción poco drástica y no tengo ninguna duda de que es el motivo por el que está recibiendo apoyo en determinados círculos. 
No puede ser una opción poco drástica. 
No desaprovecharemos ninguna ocasión para insistir en que debe conllevar indicadores y técnicas de comparación, así como una revisión adecuada por pares, y que el Parlamento debería tomar parte en dicho procedimiento. 
También apoyamos el diálogo social, pero insistimos en que la Comisión debe gestionar dicho procedimiento adecuadamente y si fracasan las negociaciones, debería existir la posibilidad de introducir legislación de manera rápida en caso necesario. 
El apartado 14 enumera una serie de puntos que consideramos importantes. 
No puedo entrar en todos ellos en el tiempo de que dispongo, pero permítanme hacer hincapié en la importancia que atribuimos a los apartados relativos a la necesidad de actualizar la legislación comunitaria en materia de reestructuración. 
Una vez más, me alegra poder escuchar lo que Nicole Perry tenga que decir hoy. 
Hasta ahora no he oído nada tan alentador de la Comisión en relación, por ejemplo, con la necesidad de actualizar la Directiva sobre el comité de empresa europeo, o en relación con los despidos colectivos y la transferencia de empresas. 
Asimismo, atribuimos una importancia considerable al marco general relativo a la información y consulta para garantizar que el cambio industrial es gestionado con responsabilidad social. 
Señor Presidente, para el Grupo ELDR es fundamental que la Europa del futuro sea también una Europa social. 
La tarea política pasa pues por hallar el mejor camino para alcanzar este objetivo. 
Para nosotros, los miembros del Grupo Liberal, es importante que las decisiones estén lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Esto es válido ante todo para las políticas social y de mercado laboral. 
En la Cumbre de Lisboa, celebrada la primavera pasada, los Jefes de Gobierno de la UE aprobaron una visión visionaria para el desarrollo de una Europa social. 
Se hizo hincapié en promover la posición de la UE en la sociedad del conocimiento así como en mantener una cooperación abierta con objetivos comunes, pero con flexibilidad y libertad en la elección de los medios para alcanzar éstos. 
Así quedó establecido como principio fundamental. 
La Comisión ha encontrado en su Comunicación un marco para el orden del día social que creo responde estupendamente al espíritu de la Cumbre de Lisboa. 
La coordinación abierta es, en nuestra opinión, el camino a recorrer si vamos a asegurar una Europa social. 
Puede hacer falta legislar en algunos ámbitos, sin embargo, no necesitamos un montón de normas burocráticas y constrictivas que desacrediten la cooperación europa sin aportar a cambio verdaderos resultados. 
También me gustaría expresar mi reconocimiento hacia la gran labor desempeñada por la Sra. Van Lancker en la elaboración de su informe. 
Su trabajo ha sido muy constructivo y el que mi Grupo se muestre escéptico ante una serie de elementos fundamentales de su informe obedece a que no estamos de acuerdo políticamente con él, lo que es absolutamente normal. 
Así, no compartimos la predilección mostrada en el informe por legislar en el ámbito comunitario. 
Hay una serie de ámbitos donde pensamos que se entra demasiado en detalle. 
Quiero subrayar el hecho de que en los países comunitarios mantenemos diversas tradiciones y nos enfrentamos a diferentes problemas en materia social y de mercado laboral, lo que reconocen las decisiones de la Cumbre de Lisboa. 
Se ha alcanzado un buen equilibrio en el documento de la Comisión. 
El desarrollo tecnológico y los nuevos métodos de organización hablan también en favor de una cooperación flexible donde apostemos más por objetivos y por conseguir resultados y menos por una regulación rígida. 
Semejante cooperación abierta no está necesariamente libre de compromisos. 
No, debe ser naturalmente vinculante, pero debe construir hacia arriba desde abajo y no desarrollarse fijando como base un montón de normas y cuotas. 
La coordinación abierta debe ser precisamente abierta tanto en la elección de medios como con respecto a la participación de todos los interesados. 
De ahí la importancia de aumentar el interés de la opinión pública y de centrar éste en mayor medida sobre la coordinación abierta. 
Ya se trate de ésta en la política de empleo o en la cuestión del aislamiento social que ahora abordamos y donde la coordinación abierta también puede tener aplicación. 
Ésta no debe ser secreta. 
Debe ser mucho más conocida y a este respecto pienso que el Parlamento tiene algo que aportar. 
Puede crear mayor transparencia y enfocar más la atención pública sobre este proceso. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, quiero en primer lugar felicitarle y agradecer a Anne Van Lancker la calidad de su informe, tanto desde el punto de vista de su contenido como de su elaboración, que procuró ser muy participativa. 
Ese término de Agenda de política social, aparentemente técnico, cubre de hecho realidades cotidianas, vividas por nuestros conciudadanos. 
En efecto, se trata a la vez de responder a la urgencia y de concretizar el famoso "modelo social" europeo. 
No tenemos derecho a perder esta oportunidad so pena de defraudar las expectativas de todos los ciudadanos y de los movimientos colectivos de los que se han dotado, que son los que más se han movilizado a favor de la constitución de una Unión Europea concebida como una comunidad de ciudadanos. 
La lista de las cuestiones a tratar se impone por sí misma respondiendo a la urgencia, ajustando nuestras acciones a los discursos pronunciados en la Cumbre de Lisboa. 
Se trata de dar a los ciudadanos europeos las herramientas y políticas públicas que necesitan para construir su espacio en Europa, para lograr que sus derechos fundamentales- sociales incluidos- sean garantizados. 
La urgencia social y la preservación del modelo social europeo requieren iniciativas con vistas a establecer derechos a un ingreso, un salario, y unas pensiones decentes para todos en la Unión Europea. 
La puesta en práctica de las pretensiones sociales pregonadas en Lisboa exige un esfuerzo comunitario, un plan de acción para la creación de empleos en los servicios, en particular aquellos vinculados con la sociedad de la información. 
A ese respecto, la directiva propuesta es indispensable para garantizar la protección social de las nuevas formas de trabajo. 
También es importante garantizar la calidad de la salud, el enriquecimiento de la vida social, el mejoramiento del medio ambiente para todos- el tercer sistema- y hacen falta medidas fiscales y legislativas para garantizar tanto la perennidad económica como la visibilidad de esa economía solidaria emergente. 
Estamos de acuerdo con Anne Van Lancker y la Sra. Péry cuando proponen que se adopte rápidamente la directiva de 1998 sobre la información y consulta a los trabajadores y que se revise la directiva sobre los comités de empresa europeos. 
Por otra parte la preocupación elemental por el interés general debería de incitarnos a aprobar la propuesta de incluir unos considerandos relativos al empleo en los reglamentos y las decisiones de fusión, hoy decretados por la competencia. 
Esos tres ejemplos que tienden a luchar contra la pobreza, fomentar el desarrollo de actividades creadoras de empleo, vinculo social y calidad de vida, y mejorar los derechos de los asalariados, deberían de movilizar a una Asamblea deseosa de hacer que los ciudadanos sueñen con una Europa que hoy, demasiado a menudo, perciben como una máquina comercializadora de todas las actividades humanas. 
Varias enmiendas reflejan el temor de algunos de mis colegas, que sacan su goma de borrar en cuanto oyen la palabra "legislación". 
¿Explicarán a los ciudadanos que el Parlamento considera necesario votar directivas para proteger las inversiones y liberalizar los servicios de utilidad pública, pero no para calificar y regular lo que aquí se llama mercado del trabajo? 
Ese rechazo a la legislación conduce por lo demás al rechazo a la negociación sin más, puesto que hay una enmienda que llega a proponer que se suprima el objetivo de la firma de acuerdos colectivos europeos entre los interlocutores sociales. 
Hay que buscar por ese lado, en nuestra opinión, el arcaísmo que se les reprocha a aquellos que esperan que un mercado sin obstáculos sea el mejor de los mundos. 
Señor Presidente, realmente Europa necesita una agenda de política social después de tantos años de política económica neoliberal que ha llevado el desempleo y la exclusión social a todos los países, incluido el mío, la rica Suecia. 
En nuestras grandes ciudades ha vuelto a aparecer la mendicidad, después de que había desaparecido en los primeros años de posguerra. 
Incluso parece que nuevamente serán necesarias las organizaciones privadas de beneficencia y las ollas comunes. 
Por eso celebro los objetivos del trabajo de la Comisión y el informe Van Lancker. 
Muchas de sus propuestas son muy buenas y merecen nuestro respaldo. 
Las acciones sociales son costosas y, en mi opinión, esto se discute muy escasamente en el informe. 
Los recursos provienen fundamentalmente de los países miembros. Por eso las exigencias deben orientarse especialmente hacia las autoridades sociales de cada país. 
Los gobiernos tienen que destinar más fondos, tienen que emplear a más trabajadores sociales y deben asignar más recursos a las organizaciones de voluntariado de carácter social; en caso contrario, el resultado será solamente hermosas palabras sin contenido práctico. 
En el informe de la Sra. Van Lancker se destaca a la Comisión y su legislación como el verdadero motor del trabajo social. 
Creo que la fuerza debe venir desde abajo y que debemos concentrar las ayudas en los niveles en que se presenten problemas. 
Evidentemente la colaboración de la Comisión es importante, pero los problemas sociales tienen arraigo local y hay que manejarlos respetando las circunstancias concretas. 
La Comisión puede ayudar a subir el listón, pero hay que confiar en los trabajadores sociales, en los sindicatos y en los activistas voluntarios y no en los funcionarios de Bruselas. 
Finalmente quisiera añadir que no he participado en la redacción de la enmienda 35 como se señala en el documento que contiene las enmiendas. 
Por el contrario, no estoy de acuerdo con ella. 
En lugar de mi nombre debe figurar el del Sr. Figueiredo. 
Señor Presidente, saludo la publicación, este año, de la nueva Agenda de política social de la Unión Europea para los años 2000-2005. 
La agenda recibió un nuevo impulso en la reunión del Consejo Europeo de Lisboa que los dirigentes de la Unión Europea celebraron este mismo año. 
Entre las prioridades fundamentales de esta agenda se incluyen las siguientes: el refuerzo del papel de los interlocutores sociales en la elaboración de las directivas y normativas de la UE, la mejora de las relaciones de los empleados, el apoyo continuado de la Unión Europea a los programas locales de creación de empleo, la elaboración de nuevos mecanismos comunitarios para la mediación, el arbitraje y la resolución de conflictos, la creación de una nueva carta comunitaria para las pequeñas empresas, la mejora de la coordinación de los programas de orientación en el ámbito de la sociedad de la información y la modernización de los servicios de telecomunicaciones y de las actividades relacionadas con Internet. 
Desde una perspectiva irlandesa, quisiera decir a sus Señorías que una de las causas del fuerte progreso económico que se ha producido en nuestro país es el hecho de que exista un sistema de asociación social desde 1987. 
Esto ha significado que el Gobierno haya trabajado estrechamente con los sindicatos y la patronal sobre toda una serie de actividades económicas y sociales en un intento de garantizar un acuerdo amplio en asuntos tales como salarios y condiciones laborales para los trabajadores en Irlanda. 
Ciertamente, ello ha contribuido a reducir el descontento entre los trabajadores en nuestro país y a incrementar las inversiones en el país procedentes del exterior. 
Quisiera saludar asimismo el compromiso de esta agenda política con la modernización de los servicios de telecomunicaciones. 
La Unión Europea debe sacar provecho de las nuevas tecnologías que se están desarrollando y que están entrando en funcionamiento en estos momentos. 
Acojo con satisfacción la publicación del nuevo programa marco de normativas y directivas sobre las telecomunicaciones que la Comisión publicó en julio del presente año. 
El Parlamento está deliberando en la actualidad sobre siete normativas diferentes relativas a las telecomunicaciones y se prevé que emita su dictamen sobre estos asuntos antes de Navidades. 
En lo que respecta al comercio electrónico, es justo decir que los Estados Unidos de América llevan ventaja sobre la Unión Europea. 
No obstante, la Unión Europea avanza posiciones con rapidez y la aplicación de directivas y normativa de amplio alcance sobre telecomunicaciones será sin duda de gran utilidad en este proceso. 
Por último, quisiera rendir homenaje al Comisario responsable de la protección del consumidor, Sr. Byrne, por sus esfuerzos encaminados a intentar garantizar un acuerdo sobre la mejor manera de avanzar en la regulación de una estructura amplia para las transacciones del comercio electrónico para el presente y para el futuro. 
Señor Presidente, durante casi medio siglo, la construcción europea se basó en la economía. 
Se hablaba por lo demás de la Comunidad Económica Europea. 
Se dio la prioridad a la construcción del Mercado Común: principio de la libre circulación de bienes, de mercancías y de capitales, establecimiento de reglas que rigen la competencia entre empresas, así como las ayudas estatales. 
Lo social actuaba como factor de corrección de los efectos más nefastos de las políticas económicas. 
Las disposiciones contenidas en el Tratado de Roma se reducían al principio de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (artículo 141) y de libre circulación de los trabajadores. 
La comunicación de la Comisión y el informe de la Sra. Van Lancker tienen el mérito de corregir ese desequilibrio al reconocer la interacción entre política social y económica y política de empleo. 
El informe de la Sra. Van Lancker es muy ambicioso: en efecto, la ponente pide a la Comisión que refuerce la Agenda, especialmente en las siguientes direcciones: en el ámbito del empleo, con la elaboración de un pacto europeo para el empleo y la cohesión social, la formación a lo largo de la vida y la introducción de un control transfronterizo previo en materia de derecho social y fiscal. En el ámbito del diálogo social, luego, esa consolidación debería de concretizarse con la adopción de una directiva sobre la información y consulta, sobre el comité de empresa europeo, la revisión de las directivas sobre los despidos. 
Y por último en el ámbito de la protección social, con la continuación de la estrategia de convergencia en materia de protección social. 
Se trata de un verdadero catálogo que se parece más a una declaración de intenciones que a un proyecto realizable a mediano plazo. 
Para concluir, el objetivo de impulsar la política social europea frente a la mundialización, a la ampliación y al envejecimiento de la población es loable. 
Muestra que se puede compaginar competitividad económica y cohesión social. 
En cambio, el método utilizado parece más discutible. 
En lo relativo a la financiación y a la participación de las ONG en la elaboración de las políticas comunitarias, todavía no existen bases jurídicas en el párrafo 13 del Tratado. 
Asimismo, con una nueva Agenda de política social, se quiere legislar a escala comunitaria, a riesgo de uniformizar al mínimo y de cortocircuitar las relaciones sociales dentro de los Estados miembros. 
Antes de que prosigamos con el orden del día quisiera hacer una puntualización. 
Nos encontramos irremediablemente retrasados por el hecho de que hoy se han derrochado una vez más 40 minutos en un debate sobre el orden del día. 
Por consiguiente, debo rogarles que se atengan estrictamente a la duración de su turno de palabra a fin mantener un decurso ordenado de la sesión. 
Discutan en sus Grupos acerca de si tiene sentido que al inicio de cada sesión tengamos durante cuarenta minutos un muro de las lamentaciones antes de pasar a lo sustancial. Esto no hace sino obstaculizar a gente como usted que desea un debate político. 
Señor Presidente, si la ponente me lo permite, comenzaré diciendo en qué estoy de acuerdo con ella y- si la ponente me disculpa- diré que ello no me llevará demasiado tiempo. 
Naturalmente, los colegas y yo compartimos sus ideales de un mejor nivel de vida para todos los pueblos de Europa, de una mejor calidad de vida y del fomento de la inclusión social. 
En lo que no coincido es en sus propuestas o- como decía Stephen Hughes- sus fórmulas para realizar ese fin, porque sus propuestas nos alejarán aún más de dichos ideales en vez de acercarnos a ellos. 
Varios oradores se han referido hoy a la Cumbre de Lisboa que hace seis meses fue aclamada como una cumbre muy importante. 
Allí se habló de trazar un nuevo rumbo para Europa: debíamos dejar atrás la agenda social de los años ochenta y consagrarnos a la empresa, la innovación, la competencia y el empleo. 
No obstante, el informe dice algo ligeramente diferente: mientras que Lisboa hace un llamamiento en favor de la reforma del modelo social, en favor del refuerzo; mientras que Lisboa hace un llamamiento en favor de la liberación de la empresa y de más flexibilidad, el informe propone cuatro directivas nuevas o modificadas y una serie de iniciativas legislativas. 
El informe expone la solución estándar que los socialistas han propugnado a través de los tiempos: legislación, legislación, legislación. 
Lo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos comunes no es más regulación, sino menos. 
No queremos imponer más cargas a las empresas, queremos menos. 
No queremos más desempleo, queremos menos. 
La propuesta original de la Comisión era mucho mejor sin modificaciones; enhorabuena señora Comisaria. 
Propongo que la dejemos intacta y que rechacemos el informe, de lo contrario estaremos emitiendo la señal más clara posible de que el Parlamento sigue intentando realizar la antigua agenda. 
No hay duda de que ha llegado la hora de avanzar. 
Señor Presidente, Señorías, creo que con la Cumbre de Lisboa se nos ha planteado una Europa que ya no puede ni debe ser exclusivamente una Europa económica, sino que ha de convertirse realmente en un sujeto político. Para lograrlo, junto con una fisonomía económica, Europa debe tener una fisonomía cultural y social. 
En consecuencia, considero que la propuesta presentada por la Comisión referente a la Agenda de política social es globalmente positiva. 
Sin embargo, también he de suscribir la mayor parte- y por esto le doy las gracias a la ponente- del informe de la Sra. Van Lancker, porque no creo que cuando la Sra. Van Lancker hace expresa referencia a objetivos concretos y claros, a instrumentos específicos y sobre todo a plazos concretos, parta de una vieja lógica socialista, como algunos han querido apuntar, sino que más bien parte simplemente de una necesidad que es la necesidad de cohesión en una realidad que, desde este punto de vista, es cada vez más difícil gobernar, ya que no está en absoluto armonizada. 
Si hablamos de una Carta de los Derechos y si miramos favorablemente una Constitución europea no podemos ser estrábicos, sino que debemos decir que se han de dar todos los pasos necesarios, aunque esto exija una legislación más atenta. 
No creo que la Sra. Van Lancker haya querido crear leyes para regularlo todo; pienso más bien que considera necesario que cuando las acciones de coordinación no dan los frutos deseados, cuando los ciudadanos han encontrado y encuentran desigualdades entre uno y otro Estado y cuando no existe una armonización, hay que proceder a llevar a cabo dicha armonización. 
Por lo tanto, el problema de la coordinación abierta debe llevar aparejada una acción global para poner de relieve fundamentos jurídicos sociales, sin los cuales muy difícilmente conseguiremos convencer a los Estados miembros de que armonicen una política social en sentido igualitario y con respecto a la igualdad de oportunidades. 
Señor Presidente, darse los medios de responder a las expectativas sociales, a la la hora del retorno al crecimiento, viene a ser un reto fundamental para la Unión Europea. 
La comunicación de la Comisión pone énfasis en toda una serie de objetivos ambiciosos, como el pleno empleo, la igualdad de oportunidades, la formación, etc., pero existen múltiples contradicciones entre las ambiciones pregonadas y las decisiones políticas de la Unión. 
Citaré, entre otras, la preocupación por la productividad que es prioritaria y por la moderación salarial en general. 
Por eso quiero asociarme a mis colegas para felicitar a Anne Van Lancker por su informe que abre nuevas ventanas dentro de un enfoque que procura ser más preciso y más coherente. 
Su informe fortalece sensiblemente las propuestas de la Comisión al sugerir la armonización de las reglas sociales y la coordinación de los derechos sociales nacionales. 
Pide la elaboración de un verdadero pacto europeo para el empleo y la cohesión social y propone iniciativas sobre la jubilación progresiva, la introducción de un salario mínimo, el control transfronterizo en materia de derecho social y fiscal. 
Todo eso invita precisamente a ir más allá de las intenciones loables para pasar a acciones más concretas. 
Por lo tanto, en un momento en que muchos asalariados de los grandes grupos europeos se enfrentan a los planes de despido en el marco de las fusiones y reestructuraciones, me parece importante que el informe sobre la Agenda de política social se pronuncie a favor de tomar en cuenta las cláusulas sociales en la política de competencia, a favor de directivas a ese fin, así como de una revisión de la directiva sobre los despidos. 
Eso, me parece, hace parte de la coherencia que nos falta. 
Por otra parte, me alegro de que la Sra. Van Lancker haya integrado cierto número de enmiendas propuestas por mi Grupo, y en particular que se tome en cuenta la dimensión social de la ampliación y la integración del derecho de huelga en la legislación comunitaria. 
He presentado, con mi Grupo, algunas enmiendas que critican la gestión de la Comisión que pide que se siga con la moderación salarial. Defiendo la reducción del tiempo de trabajo sin reducción de salario. 
Ahora bien, apoyo el informe Anne Van Lancker que tiene el mérito de expresar una preocupación social acompañada de objetivos específicos que se salen de las declaraciones formales habituales. 
Señor Presidente, permítame felicitar a la Sra. Van Lancker que ha estimado oportuno incluir algunas de mis enmiendas en el ya de por sí excelente informe de la Comisión. Esto me agrada, la única lástima es que las que considero más importantes hayan quedado fuera. 
He escuchado con mucha simpatía y muy favorablemente la breve referencia de la Sra. Péry a la política social del Consejo. Conozco perfectamente y apruebo la labor llevada a cabo hasta la fecha por la Comisaria Anna Diamantopoulou que recordará que un día le pregunté si para los pensionistas- que tengo a honra en representar aquí como representante del Partido de los Pensionistas- era Blancanieves o una bruja maligna. 
Hasta la fecha me parece que es una Blancanieves, también porque hace dos semanas anunció un empeño especial de la Comisión en resolver los problemas de los pensionistas mediante la extensión de la directiva sobre los fondos de pensiones y la propuesta de regular estos fondos de pensiones europeos, de forma que sean utilizados en beneficio de los trabajadores que han entregado una gran parte de su salario al Estado, a los distintos Estados, y que- y ésta es mi propuesta- deseaban que fueran bien administrados, como seguramente la Sra. Diamantopoulou administra los fondos de su familia y como cada banco, sobre todo cada banco inglés- suscribo lo que decía al respecto el Sr. Bushill-Matthews- los ha venido administrando hasta la fecha. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera felicitar de manera especial a dos personas que se encuentran aquí presentes, por un lado a nuestra colega, la Sra. Anna van Lancker, por su excelente informe y, por otro, a la Comisaria, la Sra. Anna Diamantopoulou, por su excelente documento. 
Es una agenda soberbia y puedo recordar aún con qué dificultades avanzamos en materia de protección social en la pasada legislatura. 
Entonces el Consejo no quería siquiera discutir sobre esto. 
Una novedad es, con toda seguridad, que hemos abordado una política de empleo, basándonos en los acuerdos de Lisboa y, por cierto, una política de empleo que va a ser de índole cualitativa. 
No queremos, señor colega británico, ninguna superregulación, pero la diversidad de los actuales contratos laborales demanda nuevas formas de protección social y no las reglas del siglo XIX. También nos interesa mucho un policy mix adecuado, eficaz, entre la política económica y la política financiera y no solamente el desarrollo de la economía social y del sector servicios. 
No tan nuevo y, tantas veces demandado, es el aprendizaje durante toda la vida, ámbito en el cual se ha hecho algo en muy pocos Estados miembros, y las retrasadas reformas de la normativa sobre el consejo de empresa europeo, sobre la protección de la maternidad y sobre la libre circulación. 
Quisiera señalar críticamente la ausencia de iniciativas sobre los nuevos retos en la protección laboral, en la participación de los trabajadores y en las relaciones laborales. 
Naturalmente, me ha alegrado que la Presidencia francesa se haya mostrado tan comprometida en los temas del cuidado de los niños y en la política familiar y de la mujer. 
Quizá se deba esto a que los tres responsables- en la Comisión, en el Parlamento y en el Consejo- sean mujeres. 
Sin embargo, ahora necesitamos también paralelamente instrumentos que incluyan a los padres. 
Este sería un nuevo planteamiento. 
Esta agenda va a ser, además, una señal para los países candidatos y, por esta razón le deseo mucho éxito. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, Señorías, los ciudadanos de la Unión Europea esperan más que simples enunciados de compromisos vagos que después se olvidan y raras veces se transforman en instrumentos vinculantes y en decisiones que permitan efectivamente mejorar la calidad de vida y de trabajo. 
Ahora bien, para que no persistan las dudas, es necesario que este programa social permita que se materialicen objetivos y políticas desde hace mucho aplazadas. 
Es necesario que el Consejo no mantenga pendientes diversas propuestas concretas aplazadas de un año para otro, relativas a decisiones esenciales desde el punto de vista de los derechos de las trabajadoras encinta y lactantes, de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, incluido el derecho a la información, la consulta y la participación, en particular en el marco del estatuto de la empresa europea y del consejo de empresa europeo, para garantizar los derechos de los trabajadores e impedir los despidos que las sucesivas fusiones y traslados de multinacionales están provocando en varios países de Europa. 
Como señala la ponente, nuestra colega Anne Van Lancker, aunque el diálogo social sea importante, es necesario que de él resulte algo concreto. 
Si no es así, la Comisión debe proponer instrumentos legislativos y el Consejo debe aprobar las medidas que se imponen, en particular modificando políticas macroeconómicas y el Pacto de Estabilidad para garantizar crédito a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como a la defensa de un empleo de calidad con salarios dignos y reformas que dignifiquen a las personas. 
Señor Presidente, creo que la Agenda de política social es algo positivo para todos. 
Creo que armonizar la política social de los distintos Estados miembros no puede tener más que beneficios para todos los europeos. 
Y será particularmente beneficioso en todo lo que se refiere al empleo, que desde el Consejo de Lisboa sabemos que es prioritario para el conjunto de la Unión. 
Yo quiero insistir particularmente en el beneficio que, respecto al empleo, pueden obtener las mujeres, al potenciar su acceso al empleo con garantías en cuanto al tiempo de trabajo y en cuanto al salario. 
Creo que también tiene una gran ventaja si conseguimos que se aplique la directiva, modificada y actualizada, en lo que se refiere al permiso por maternidad: que se ayude a la mujer en la etapa de la maternidad y que se proteja la maternidad cuando las mujeres tienen que continuar trabajando durante este período. 
Creo que será muy positivo también para ayudar a conciliar la vida familiar y profesional de las mujeres. 
Va a permitir que las mujeres puedan continuar en el puesto de trabajo sin desatender sus obligaciones familiares. 
No podemos olvidar tampoco todo lo que significa el plan de acción de la iniciativa e-Europe para los nuevos puestos de trabajo, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento, donde pienso que la mujer tiene un importante papel que desempeñar. 
Son nuevos empleos en los que se podrá trabajar a domicilio con una reglamentación que facilite la conciliación de la vida profesional y familiar. 
Todas estas acciones coordinadas de política social ayudarán también a luchar contra la pobreza y contra la exclusión social. 
Yo creo que todos tenemos que felicitarnos por la llegada de esta Agenda de política social. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar tanto a la ponente como a la señora Comisaria y a la ministra, Sra. Péry, por esta presentación de la Agenda de política social. 
Creo que la Agenda de política social es un documento político muy importante que identifica instrumentos, ámbitos de acción y plazos de realización, y que quiere garantizar una interacción positiva y dinámica entre las políticas económicas, sociales y de empleo. 
A través de estos instrumentos se trata de convertir el modelo social en más ajustado a la realidad cambiante. 
Comparto plenamente el informe de la Sra. Van Lancker y quería destacar en particular un punto, por otra parte, ya mencionado tanto por la ponente como por la ministra, Sra. Péry en sus intervenciones, esto es, la necesidad de que se pongan en marcha realmente y a escala europea todos los instrumentos y que, por lo tanto, el método de la coordinación abierta lleve aparejado el fortalecimiento de la dimensión jurídica. 
Es lo que ocurre en muchos Estados. 
Por último, quiero decir que, por ejemplo, en mi país, la semana pasada el Parlamento aprobó una nueva ley en materia de asistencia propuesta por una mujer ministra, como las tres representantes de las tres Instituciones, que representa una revolución después de más de cien años de estar vigente una antigua ley en materia de asistencia. 
. Señor Presidente, el proyecto de la Comisión sobre la agenda político-social contiene muchos conceptos positivos, como el pleno empleo, la calidad del trabajo, la calidad social y la modernización de la protección social. 
Sin embargo, falta, en parte, el contenido concreto. El excelente informe de la Sra. Van Lancker elimina las deficiencias de contenido del proyecto de la Comisión. 
Nosotros apoyamos un pacto por el empleo y la por la cohesión social, un plan de acción europeo para el empleo, para el fortalecimiento de la economía social y de las iniciativas locales de empleo, apoyamos las regulaciones sociales de las nuevas formas de trabajo como el teletrabajo y la nueva autonomía, el salario mínimo y el ingreso garantizado. 
La Unión Europea ha visto inerme ya durante demasiado tiempo cómo se consolidan en los Estados miembros la pobreza y la exclusión social. 
Incluso las propuestas de la Sra. Van Lancker sobre la mejora de la información y de la participación de las trabajadoras, sobre las cláusulas sociales en las concesiones públicas, en las fusiones y en los convenios internacionales están ya muy retrasadas hace tiempo. 
Nosotros censuramos que la Comisión y el Consejo no quieran dotar de recursos adicionales la agenda social. 
La calidad social no se consigue gratis. 
A veces tengo la impresión de que con el concepto de modernización se entiende con frecuencia el socavamiento de la protección social. 
Prolongar el periodo laboral de la vida no significa modernización como tampoco lo es pagar las jubilaciones congelando el nivel legal de las jubilaciones, recortándolo y remitiendo a las personas hacia las posibilidades de inversión en los mercados financieros. 
En vez de una desregulación, necesitamos una moderna armonización social europea. 
Señor Presidente, tres puntos en un minuto: quiero, en primer lugar, agradecer a la Sra. Van Lancker el trabajo realizado y ese excelente informe. 
En segundo lugar, reafirmar las convicciones de mi Grupo. 
Los trabajos previstos en la Agenda de política social deben disponer de un marco jurídico coherente, y, desde luego, conciliador. Una política de convergencia y políticas de coordinación abiertas, pero también apoyadas en medidas legislativas cuando sea necesario, completadas por métodos de seguimiento muy exigentes. 
En tercer lugar, se toman demasiado poco en cuenta ciertos derechos en la perspectiva de una Europa social: el derecho a un ingreso mínimo, la información y consulta a los asalariados, el acuerdo colectivo europeo. 
Como sabemos, los conservadores se oponen a esos puntos. 
Nuestro Grupo les atribuye una importancia muy particular. 
Debemos, señora Comisaria, seguir siendo ambiciosos con respecto a esos asuntos. 
Señora Ministra, espero que la Presidencia francesa logrará hacer que se adopte una Agenda de política social ambiciosa en Niza, puesto que la construcción de la Europa social sigue siendo la gran esperanza de todos nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias de una manera especial a la ponente, Sra. Lancker y también a la Presidencia inglesa por la colaboración excepcional con que hemos contado hasta hoy. 
Voy a intentar hacer muy brevemente algunas puntualizaciones políticas, relacionadas con las cuatro unidades que el total de los ponentes ha abordado en mayor o menor medida, a saber: el nuevo enfoque político de la Agenda Social; segundo, el contenido; tercero, los medios, y cuarto los procedimientos. 
En cuanto al enfoque político, creo que debemos subrayar dos nuevos puntos. 
El primero es que, desde el Consejo de Lisboa, hay un enfoque de la política social, en el ya que no se comprende como un producto o subproducto de la política económica, sino como una política de igual envergadura que se debe ejercer al mismo tiempo que la política económica y la estrategia sobre el empleo. 
Esto significa que va a ser la única forma de lograr el objetivo de la Unión para la competitividad, puesto que nuestra preocupación por las empresas y la economía, así como por la cohesión social no cesa, ni tampoco nuestra inquietud por los ciudadanos y su bienestar. 
El segundo punto del nuevo enfoque es la calidad. 
La calidad como un nuevo concepto político que aborda el tema de las condiciones de trabajo, de las relaciones laborales, de los servicios del Estado de bienestar. 
Estos dos enfoques políticos están a lo largo del texto. 
¿Cuáles son los puntos básicos del texto? 
Un conjunto de acciones y de propuestas relacionadas con el empleo. 
Diría que nuestro esfuerzo en la estrategia para el empleo, su fortalecimiento y su enriquecimiento en su evolución- porque toda la Agenda de política social tiene una dinámica de cambios- es apoyar la competitividad y la operatividad en la Unión Europea, la flexibilidad en el mercado laboral, junto con la seguridad, la movilidad, apoyando los nuevos modelos de empleo, así como apoyar y analizar los nuevos modelos de relaciones entre la empresa y los trabajadores y también las consecuencias de la competencia y de las grandes reestructuraciones en el empleo y en el Estado de bienestar. 
El segundo elemento de la Agenda de política social es un conjunto de acciones relacionadas con la política social. 
Aquí me voy a referir a la propuesta sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la nueva labor que hemos emprendido en el tema de las pensiones y de la protección social, las políticas para los discapacitados físicos; pero en especial quisiera señalar políticamente la necesidad de un nuevo enfoque de la política social. 
Lo importante no es sólo calcular el coste de la política social, en donde muchas veces desde determinados puntos de vista se considera un obstáculo para el crecimiento económico; sino que tenemos que calcular el coste de no aplicar la política social. 
Creo que este análisis nos llevará a resultados y enfoques nuevos e interesantes. 
El tercer tema es la ampliación. 
Sólo con una breve mención la política social, los nuevos prototipos sociales, la armonización de la legislación social de los estados candidatos a la adhesión con los Estados miembros, constituye uno de los elementos más importantes del proceso de ampliación y esto no se nos debe pasar por alto. 
Y ya llego al tercer tema que nos ha ocupado hoy y también durante de toda nuestra colaboración: los medios. 
Creo que está pasado de moda el debate sobre el desajuste, la legislación, sobre si la legislación es necesaria o no. 
Está claro que tenemos un sistema legislativo bastante completo en Europa; pero los cambios en el mercado de trabajo, en la economía, en el medio ambiente, provocados por la mundialización y por la sociedad de la información crean nuevas necesidades. 
Cuando sea imprescindible afrontar estas nuevas necesidades con la legislación, por supuesto que no debemos vacilar. 
Si se puede hacer de otra manera y con otros métodos, deberemos hacerlo. 
La propuesta sobre un score board, sobre una forma concreta de seguimiento de la Agenda de política social, es un gran reto. 
La dificultad viene porque la Agenda de política social, por la base jurídica que tiene en el Tratado, no constituye un conjunto de legislación, un conjunto de directivas con pasos determinados para los Estados miembros. 
Aún es difícil determinar objetivos europeos que tengan el mismo vigor para todos los Estados miembros, puesto que la realidad es distinta para cada uno. 
Así pues, creemos que, primero los índices comunes europeos, una labor que en este momento está en el camino de su consecución, y también los objetivos nacionales, es decir la necesidad de que cada país realice un score board sobre si mismo y que haya un seguimiento, es un primer paso que puede darnos resultados concretos. 
Finalmente, sobre los procedimientos, debo felicitar al Parlamento por las iniciativas sobre el diálogo que ha mantenido con la sociedad civil y por la importante contribución de dicho diálogo a la Agenda; también debo subrayar que ha habido un debate con el Parlamento, con los Estados miembros, con los interlocutores sociales a niveles europeo y nacional; por eso creo que hemos tenido la posibilidad de combinar las particularidades nacionales, de modo que la Agenda sea, no solo ambiciosa, sino sobre todo factible y efectiva. 
Ultima observación: el tema de la igualdad de los dos sexos se encuentra en toda la Agenda de política social, tanto en cuanto al enfoque político como en cuanto al contenido y a los medios. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su interesante intervención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.30 horas. 
Estrategia comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0294/2000) de la Sra. Eriksson, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2000) 335- C5-0386/2000- 2000/0143 (CNS) ) relativa al programa sobre la estrategia marco comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005). 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, colegas, estoy muy contenta de verles aquí. 
La Comisión sostiene en su comunicación que la democracia es un valor fundamental en los Estados miembros de la UE, en el EEE y en los países candidatos, así como un componente esencial de las relaciones exteriores de la Unión y de la colaboración para el desarrollo. 
También se dice que la verdadera democracia requiere que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, participen y estén representados en la misma proporción en la vida económica, en la toma de decisiones, en la vida social y cultural y en la sociedad civil. 
En todos estos campos hay grandes deficiencias. 
Por eso la Comisión quiere atacar este problema con una combinación de medidas. 
Paralelamente con la integración de la perspectiva de igualdad de oportunidades en todas las políticas, lo que normalmente se conoce como gender mainstreaming, se aplicarán también medidas especiales en favor de las mujeres. 
Ésta es una estrategia y una perspectiva que comparto totalmente. 
En mi opinión, puede decirse que no existe un trabajo en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que tenga un valor duradero si al mismo tiempo no se fortalecen los derechos de las mujeres. 
Este trabajo se ha realizado con gran celeridad, a pesar de que tardó algo al comienzo. 
La comisión ha presentado 49 enmiendas. 
Al principio eran 126, lo que indica nuestro interés. 
Lo celebro. 
Creemos que es muy importante que la Comisión garantice la máxima transparencia en torno a este programa, de modo que todos los interesados puedan estar informados durante toda la fase de realización. 
También es muy importante, por no decir esencial, que las diferentes medidas comunitarias, la estrategia marco y las acciones de los Estados miembros, en lugar de contradecirse, se complementen. 
Éste es también el deseo expresado por la Comisión y por el Consejo. 
La Comisión ha identificado cinco campos de acción que se consideran de importancia estratégica. 
La comisión y yo tampoco tenemos nada que manifestar al respecto. 
Hemos presentado una nueva y sensacional propuesta que, realmente, es una reiteración de nuestro informe sobre los presupuestos. 
Opinamos que el 40 por ciento de los Fondos estructurales deberían destinarse y concentrarse en torno a las necesidades y las condiciones de las mujeres. 
Las medidas de la Comisión deben complementarse con estudios sobre el acceso individual a los sistemas de salud y a los sistemas de seguridad social y de pensiones, sobre las deficiencias en la organización laboral y, quizás, también sobre la disminución general de la jornada laboral. 
Lo que acabamos de debatir aquí en el Parlamento son los asuntos sociales y quiero, una vez más, hacer hincapié en que reiteradamente comprobamos que más de 50 millones de ciudadanos de la UE son considerados pobres y que una gran mayoría de ellos son mujeres. 
Esto no sólo hay que observarlo, sino que también hay que remediarlo enérgicamente. 
En general, hemos discutido mucho acerca de los procedimientos de evaluación. 
En este momento no me referiré especialmente a esto, solamente quiero mencionarlo. 
Hemos pensado que el camino debe ser aumentar la accesibilidad y poder garantizar la plena participación de las organizaciones no estatales. 
Se ha discutido la forma más natural de incorporar a los países miembros en este programa. 
También hemos discutido cómo hacer algo concreto respecto a las mujeres de los países en desarrollo. 
En la fase final, he tenido estrecho contacto con personas de la Comisión y del Consejo. 
Queremos que la estrategia también forme parte de las resoluciones del Consejo. 
Al decir estrategia, obviamente en la comisión no nos referimos a la primera introducción de la Comisión, sino que a la estrategia que empieza desde el punto 2 ("Estrategia"). 
Digo esto para que ningún procedimiento técnico misterioso haga que esto se interprete mal. 
Se han presentado no menos de siete enmiendas con el mismo espíritu, es decir, que el Consejo también debe adoptar la estrategia de la Comisión. 
Por tanto, es importante que se den garantías de que las organizaciones no estatales tendrán participación durante la etapa de realización. 
Una enmienda propone un debate anual en el Parlamento, con participación de la Comisión. 
Posiblemente esto atañe sólo al Parlamento y a la Comisión, pero, Comisaria Sra. Diamantopoulou y Ministra Sra. Péry, estoy muy agradecida por su presencia y espero escuchar sus opiniones sobre las enmiendas. 
Señora Presidenta, estábamos esperando con verdadero interés la comunicación de la Comisión sobre la estrategia que piensa seguir en cuanto a la igualdad entre los hombres y las mujeres los próximos cinco años. 
Desgraciadamente, el tiempo del que disponíamos en la comisión del Parlamento no nos daba la posibilidad de examinar no sólo la comunicación sino tampoco el informe de las Sra. Erikson. 
En cualquier caso, hemos realizado todos los esfuerzos posibles para responder a los objetivos que ha planteado la Comisión Europea. 
Por supuesto, estamos de acuerdo con la argumentación de la Comisión sobre la necesidad de incorporar el tema de la igualdad en todos los aspectos de las políticas así como de adoptar medidas especiales y, en esto estamos de acuerdo con la Sra. Ponente, deseamos también que la Comisión presente un presupuesto detallado de programa, especialmente en lo relativo al reparto que determina las cinco áreas políticas prioritarias. 
Paralelamente subrayamos la necesidad de que las medidas y los ejes se completen mutuamente en estos ámbitos de la vida económica, de igual participación y representación, de los derechos sociales, de la sociedad civil, y de las funciones sexuales y estereotipos. 
Deseamos que el programa esté abierto a toda la sociedad. 
Que lo conozca lo más amplia y profundamente posible, especialmente las organizaciones de mujeres. 
Que sea una oportunidad para el diálogo y la sensibilización de todos los centros decisorios en todos los Estados miembros y que muchos organismos lo hagan productivo. 
De esta manera, las mujeres sentirán Europa más cerca, y también Europa ganará con las ideas interesantes e innovadoras que se expresen mediante su relación con este programa. 
Damos especial importancia a la promoción de la imagen positiva de las mujeres y de la visibilidad de su labor y de su importancia. 
Creemos que las mujeres necesitan, mediante estas acciones, adquirir confianza en si mismas y hacerse cargo de su rol social. 
Finalmente, desearíamos, tal como se dijo en la última Sesión Plenaria al analizar informes anteriores del Parlamento Europeo, contar con un proceso de evaluación esencial y continuo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como continuación del cuarto programa marco estamos discutiendo hoy el quinto. 
Los presentes informes de la Comisión y del Parlamento muestran que a pesar de algunos esfuerzos realizados en los últimos años la lista de los puntos no completados o con deficiencias es demasiado grande. 
Por consiguiente, la consolidación de la posición de las mujeres en las políticas de todos los Estados miembros sigue constituyendo también nuestro objetivo para los próximos cinco años. 
Formulaciones concretas de las medidas, objetivos estratégicos y realizaciones como la equiparación en el ámbito económico y en la vida social, los derechos sociales de la mujer desde el punto de vista de sus situaciones personales, crianza de los hijos y cuidado del hogar, incorporación tardía a la actividad profesional, reincorporación a la vida profesional, etc., roles y estereotipos relacionados con el género, participación y representación en igualdad de derechos. 
Respecto de los objetivos estratégicos, por ejemplo en el ámbito "Mujeres en la vida laboral", las cuestiones económicas y de política de empleo no pueden ser tratadas sin una conexión con las cuestiones de la responsabilidad social, de la distribución justa de las labores de cuidado del hogar y de las de la seguridad social. 
En este sentido es preciso individualizar los problemas del acceso a la seguridad social. 
Otro punto es el incremento del apoyo de la Comunidad a la hora de juzgar la necesidad de iniciativas adicionales, incluyendo, si fuera necesario, la transposición de la legislación, la equiparación y la lucha contra la discriminación. 
Por consiguiente, es preciso vincular más entre sí al Parlamento Europeo, a los parlamentos nacionales y a las redes. 
Los recursos financieros- como sucede en todas partes, cuando se quiere alcanzar unos objetivos y se tiene necesidad de recuperar carencias- constituyen un imperativo. 
En consecuencia, la condición previa es que el programa reciba una dotación de recursos por un valor de 50 millones de euros para el período del 2001 al 2005. 
Esto requiere que trabajemos de manera mas intensa en pro de una política feminista que abarque las instituciones y la política y en pro de una mejor ejecutabilidad de las estrategias de equiparación necesarias. 
La energía de nuestra labor ha de ser invertida en que los programas planteados cobren forma y sean puestos en práctica, a la vez que, paralelamente, debe tener lugar a su debido tiempo una evaluación y una coordinación con otros programas. 
Esperamos un informe anual del Presidente de la Comisión dentro del marco de un debate que se celebre anualmente en el Parlamento Europeo. 
Por lo demás, tanto por el trabajo sustantivo como también por reconocimiento de la política de la mujer, es necesario instituir un Consejo de Ministros. 
Una política de la mujer como mero apéndice de otros temas políticos no alcanza a subrayar la seriedad del tema. 
La política de la mujer debe ser también un criterio de adhesión para los países candidatos. 
En este punto el Parlamento Europeo podría ir delante dando un mejor ejemplo. 
Espero que el sexto programa marco no tenga ya que ser tan amplio como el actual. 
Esto presupone que la política de la mujer se tome más en serio en los próximos cinco años y no sólo sea incluida en todos los programas políticos, económicos y sociales, sino también sea llevada a la práctica. 
La política de la mujer no puede enmarcarse- como suele hacerse con tanta frecuencia- en programas sobre las minorías. Un 52% no es una minoría. 
Quisiera felicitar a la Sra. Eriksson por un informe excelente y a la Comisión por una estrategia excelente sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
Abarca todos aquellos ámbitos en los que es necesaria la intervención, y si dicha intervención se coordina con éxito, podría marcar una diferencia real para las mujeres en todos los aspectos de su vida diaria. 
Podría funcionar si la estrategia marco fuera una parte integral del programa, como un anexo al mismo. 
Con ello se garantizaría la ejecución del programa y, por consiguiente, apoyo los comentarios que ha hecho la ponente hace un momento. 
En el pasado no han faltado las buenas ideas o los buenos planes encaminados a alcanzar la igualdad, pero a menudo ha fracasado su aplicación. 
Esta vez, la Comisión ha presentado un nuevo enfoque. 
Lo acogemos con gran satisfacción, pero sólo tendrá valor si realmente conseguimos que funcione. 
Esto significa también llegar hasta las mujeres en sus comunidades. 
La participación de las autoridades locales y regionales en este proceso tiene un valor inestimable. 
Dichas administraciones son los mayores empleadores en todos los Estados miembros y los principales proveedores de enseñanza, formación y desarrollo económico y, como tales, son los interlocutores fundamentales para alcanzar la igualdad. 
Espero que en el programa final se les preste la atención que merecen. 
Señor Presidente, queridos colegas, nadie pone en duda que es preciso tender a una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Se ha menospreciado el papel de la mujer durante demasiado tiempo. 
A ese respecto, el código Napoleón, redactado en Francia a principios del siglo XIX y exportado a toda Europa, tiene una responsabilidad considerable. 
Hace falta devolverle a la mujer un lugar acorde a la importancia vital de su misión, y no estoy segura de que el informe de la Sra. Eriksson contribuya a ello. 
Sin embargo, los textos que se nos presentan no están desprovistos de calidad. 
Así, la enmienda 2 de nuestra Comisión reconoce a los padres solteros derechos equivalentes a los otorgados a las madres solteras, la igualdad y la equidad deben entenderse en ambos sentidos, eso está muy bien. 
Me alegro además de que se esté prevista una mejor repartición del cuidado de los niños para facilitar el equilibrio entre vida profesional y vida familiar. 
Sin embargo, ese informe suscita inquietudes. 
Por ejemplo, la enmienda 18, que propone fomentar las acciones de los países candidatos contra la discriminación, no debe servir para imponerles unos modelos de sociedad ajenos a su cultura. 
Unas discrepancias muy claras surgieron a este respecto en Nueva York entre la Unión Europea y Polonia. 
Al no respetar los modelos de sociedad escogidos por Polonia, la Unión daría prueba de un sentido muy extraño e inquietante del pluralismo. 
Además, la enmienda 19, que se refiere a la realización de una auditoría sobre la igualdad de oportunidades en el marco del presupuesto público, es muy discutible. 
Por otra parte, el concepto de discriminación parece, en muchos aspectos, ser manejado como una invocación mágica utilizada por toda una serie de aprendices de brujo para alcanzar sus objetivos ideológicos. 
Ya es hora de acabar con una visión ideológica del lugar de la mujer en la sociedad. 
En ese ámbito como en muchos otros, es imprescindible que los poderes públicos hagan alarde de un auténtico pluralismo en la elección de sus interlocutores asociativos. 
No es normal que la voz de las mujeres sea acaparada por un puñado de profesionales de la reivindicación que viven de la inyección del dinero público. 
A ese respecto, no puedo sino aprobar la decisión de la Comisión de Presupuestos de romper el monopolio otorgado desde hace mucho tiempo al lobby europeo de las mujeres. 
Espero que nuestra Asamblea confirme ese cambio atrevido. 
Semejante elección traería un poco de aire fresco en esas vinculaciones extrañas que unen tan estrechamente entre sí a ciertos grupos de presión con la Comisión Europea y algunos Grupos políticos de este Parlamento. 
Una decisión de ese tipo no puede sino fortalecer la causa de las mujeres. 
Y hasta diría que la ennoblecería. 
Mi Grupo lo tendrá en cuenta en su votación final. 
(Aplausos del Grupo UEN) 
Señor Presidente, somos conscientes de los progresos que se han realizado en los últimos años en la situación de la mujer, especialmente el avance legislativo, pero todavía persisten situaciones de desigualdad real en la vida diaria. 
La baja representación de las mujeres en los ámbitos políticos y económico y la violencia de género son dos muestras claras de que sigue existiendo una discriminación estructural contra la mujer. 
Este programa ayudará sin duda a que se tengan en cuenta en todas las políticas las preocupaciones, necesidades y aspiraciones de las mujeres. 
La situación actual exige la aplicación de medidas de acción positiva en beneficio de las mujeres. 
Los objetivos que establece el programa en cinco ámbitos específicos facilitarán que todas las acciones emprendidas estén relacionadas, al menos, con uno de ellos. 
La vida económica, donde la mujer debe participar en igualdad de condiciones con el hombre, el empleo, base de toda igualdad e integración y alcanzar el objetivo del 60% propuesto en el Consejo de Lisboa, serían también la solución de otros problemas. 
La inclusión de este objetivo en todos los programas comunitarios, en el marco de los Fondos estructurales, debe realizarse de acuerdo con la legislación comunitaria. 
La igualdad en la participación y representación, el equilibrio en el proceso de toma de decisiones, una mayor participación en la vida política, sin considerar cuál es el procedimiento empleado, para conseguir un aumento de participación de la mujer, hasta alcanzar el 40% propuesto por la Comisión. 
La igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres, lo que supondrá vigilar la aplicación de la legislación en el ámbito social respecto a permisos de maternidad, protección de la maternidad, horarios de trabajo, contratos de trabajo, etc. 
La igualdad de las mujeres y los hombres en la vida civil, que permita a las mujeres el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
La trata de mujeres y la violencia doméstica deben ser especialmente vigiladas y erradicadas. 
Se debe fomentar el cambio de roles y estereotipos relacionados con el sexo, lo que permitirá también resolver otros problemas anteriores. 
En relación con este objetivo apoyaremos la realización de campañas de sensibilización y la realización de una semana europea en colaboración con los Estados miembros, como propone la Comisión. 
Consideramos de gran utilidad la creación de un sitio Internet, no sólo por la creciente utilización de los medios informáticos, sino porque eso contribuirá a que las mujeres se familiaricen cada vez más con este mundo nuevo del que no pueden quedar excluidas. 
De particular importancia nos parece la evaluación del programa... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, distinguidos colegas, creo que estamos discutiendo el segundo documento de la Comisaria Diamantopoulou. 
Con la estrategia marco y con el nuevo programa de acción la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha presentado ahora con muy buena voluntad bajo una gran urgencia de tiempo y con la limitación de pocas lenguas oficiales 60 enmiendas. 
Espero que la Presidenta del Consejo, Nicole Pery, pueda también hacer pasar el programa en el Consejo en noviembre. 
Espero que no haya nada paralelismo con el cuarto programa de acción en el que el gobierno federal de entonces bajo Helmut Kohl impuso todavía una partición del presupuesto por la mitad. 
El tiempo apremia. 
Las mujeres siguen teniendo una representación demasiado debil en los procesos de decisión económica. 
Según EUROSTAT el 77% de los perceptores de salarios bajos son mujeres. 
Según le país y el sector económico las mujeres ganan un 30% menos que sus compañeros masculinos. 
La estrategia marco debe intervenir también aquí. 
Todas las iniciativas encaminadas a la equiparación han de ser coordinadas bajo un solo techo y encontrar su realización en los cinco objetivos estratégicos específicos. Nuestras colegas lo han explicado. 
Esto es una realización consecuente del concepto de gender-mainstreaming. 
Espero que, por fin, los actores varones entronquen también aquí y combatan los roles de género y los estereotipos trasnochados. 
Deseamos tener también de nuestro lado a los políticos de primera fila e instamos al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, y al Consejo, a los Ministros, a que, por ejemplo, en las relaciones exteriores de la Unión Europea- en especial, en el proceso de ampliación- tengan plenamente en cuenta el aspecto del género. 
Como ya pedí entonces como ponente del informe provisional sobre el cuarto programa de acción, habría que poner más acento en la interconexión de las organizaciones de mujeres. 
Como comisión parlamentaria celebraremos todavía en noviembre una conferencia especifica en Berlin con las comisiones parlamentarias de nuestros países miembros y de los países candidatos a la adhesión. 
Espero que de ella se deriven impulsos políticos encaminados a la puesta en práctica del programa y a la estrategia marco. 
En este punto Europa se está convirtiendo una y otra vez en la adelantada de los derechos de la mujer. 
Señor Presidente, la Comisión hizo muy bien en innovar, después de los cuatro primeros programas de acción para la igualdad entre hombres y mujeres, proponiendo una estrategia marco comunitaria en materia de igualdad, y un programa para ponerla en ejecución y hacer que la igualdad progrese verdaderamente. Lo sigue necesitando, y mucho, incluso después de la cuarta parte de siglo transcurrida desde la primera directiva comunitaria en materia de igualdad de trato de hombres y de mujeres en lo que se refiere a las remuneraciones. 
Me parece muy positivo el nuevo enfoque de la Comisión, y muy bien pensada la propuesta de decisión para el programa 2001-2005. 
Desgraciadamente, el informe de la Comisión de Derechos de la mujer no mejora el texto propuesto por la Comisión. 
Lo sobrecarga, contiene propuestas irreflexivas e indigestas, cuya redacción pondría los pelos de punta a cualquier estudiante de primer año de derecho. 
Yo había propuesto una serie de enmiendas en la comisión para suprimir las peores incongruencias, en particular las que reflejan una enorme confusión entre estrategia y programa. 
El texto de la Comisión es bueno. 
En materia de política, es muy grave confundir estrategia con táctica, estrategia con programa. 
Como suele ocurrir en los informes de la Comisión de Derechos de la Mujer, encontramos en el texto reivindicaciones ideológicas de la izquierda plural de este Parlamento, como la que incluye, entre las medidas que podrían verse beneficiadas de ayudas del programa en un marco transnacional, el análisis y la evaluación de, cito, "la importancia de una reducción generalizada del horario laboral". 
¿Es realmente necesario gastar en un análisis de ese tipo una parte de los escasos créditos de 53,45 millones concedidos para cinco años? 
No lo creo. 
También soy de la opinión de que el crédito para el Lobby Europeo de mujeres, la línea presupuestaria A 3037, no debe ser incluido en la línea de créditos del programa y espero que la señora Comisaria esté más a favor de las enmiendas que he presentado, con otros colegas de mi Grupo, que de las extravagantes enmiendas de la ponente. 
Señor Presidente, opino que sería muy lamentable que la Sra. Nicole Péry no aprovechase la oportunidad, ahora que está aquí, para que pudiésemos escuchar sus opiniones. 
Señoría, la Sra. Péry no me ha solicitado la palabra y no puedo obligarla, no puedo ordenar a la Presidencia en ejercicio del Consejo que intervenga. 
Creo que entretanto debemos darle las gracias por haber seguido el debate, ya que no estaba prevista su presencia durante este debate. 
No obstante, veo que ahora tiene que ausentarse. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Eriksson, quien realmente ha hecho todo lo posible por satisfacer la necesidad de llegar cuanto antes a la aceptación del programa, y en poco tiempo, para que no haya un vacío entre los programas cuarto y quinto y que lo podamos materializar en enero. 
Este programa es un documento importante para la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, por eso ha habido un gran interés y, claro, es también una parte de una estrategia más general sobre la que debatimos con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y que también se ha debatido en el Consejo. 
Es la famosa estrategia de los cinco ejes, es decir, la participación de la mujer en la vida económica, en los centros decisorios, en la política social, en la sociedad civil y en los derechos humanos, y el nuevo modelo de la igualdad de los sexos en los medios de comunicación de masas y en la educación. 
Nuestra colaboración con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha sido excepcional y de ahí el poder aceptar un gran número de enmiendas, bien por el texto concreto, bien por su espíritu. 
Concretamente se aceptan las enmiendas 2, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 32, 43, 46, 48, 49, 51, 55, 56, y 59. 
Igualmente podemos aceptar partes de las enmiendas 3, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 27, 35, 37, 45, 50, 53, 57 y 58. 
Creo que el gran número de enmiendas aprobadas muestra el sentir común de la Comisión Europea y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Quisiera hacer dos comentarios sobre las enmiendas que no han podido ser aceptadas, principalmente por razones técnicas y jurídicas y no por haber enfoques diferentes. 
Primero en cuanto a la estrategia. 
Es imposible que el total de la estrategia constituya una parte de la decisión del Consejo; pero estoy de acuerdo en que podría haber algunas enmiendas en la formulación de los artículos, con objeto de dejar completamente claro que se tiene en cuenta esta estrategia, que es la base de la materialización de este programa. 
Segundo, sobre el porcentaje concreto de los Fondos estructurales del que deberá disponerse. 
Deberé recordar una vez más que hay un reglamento que se votó el año pasado y que deja muy clara la forma en la que se reparten las sumas y es imposible cambiar el reglamento actual mediante un programa. 
Debo subrayar que es completamente normal centrar nuestra atención en la complementariedad de las acciones y programas actuales y, por supuesto, en el importante papel que deben desempeñar las Organizaciones no Gubernamentales en la planificación y materialización de estos programas. 
Y en este momento quiero subrayar, motivada por ciertas observaciones, que el lobby de las mujeres juega un papel coordinador realmente importante a nivel europeo; no hay protestas o quejas en la Comisión para excluir a algunas organizaciones, pero, por supuesto, el conjunto de las organizaciones europeas pueden participar en todos los programas como este, como el programa EQUAL, el programa contra la discriminación, el programa contra la exclusión, el programa DAPHNE o el STOP. 
Por consiguiente, claramente hay acceso de las grandes organizaciones europeas de mujeres a todos estos programas. 
Señor Presidente, realmente creo que la estrategia de este programa, cuyo objetivo principal es la materialización del mainstreaming en todas las políticas, es un gran reto para todos nosotros, no sólo para la Comisión Europea, con la colaboración con el resto de los Comisarios para tener un resultado final, sino también a nivel nacional, con la necesidad de una acción horizontal en todos los ministerios de modo que la política sobre las mujeres sea una política horizontal. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.30 horas. 
Política de competencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0290/2000 de la Sra. Riis-Jørgensen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXIX informe de la Comisión (SEC (2000) 720- C5-0302/2000- 2000/2153 (COS) ) sobre la política de competencia- 1999. 
A5-0281/2000 del Sr. Jonathan Evans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el octavo informe de la Comisión (COM (2000) 205- C5-0430/2000- 2000/2211 (COS) ) sobre las ayudas de Estado en la Unión Europea. 
Señor Presidente, doy la bienvenida al informe de la Comisión. 
Es un trabajo fabuloso el que han llevado a cabo el señor Comisario Monti y su personal durante el pasado año. 
En mi informe sobre el vigésimo noveno informe de la Comisión relativo a la política de la competencia me he ocupado especialmente de los problemas relativos a las fusiones y al reembolso de las ayudas de Estado. 
He obrado así por varias razones. 
Por un lado, a lo largo del pasado año he recibido varias peticiones de empresas que han sentido una cierta impotencia a raíz de ciertas decisiones sobre fusiones, sobre todo relacionadas con casos donde han tenido necesidad de apelar la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia. 
Y con respecto a las ayudas de Estado, aparentemente sigue habiendo problemas para asegurar el reembolso de las ayudas de Estado, ilegalmente desembolsadas, a los erarios nacionales. 
No obstante y por empezar primero con las fusiones: una consecuencia de la UEM naturalmente es asistir a cada vez más fusiones. 
Y creo que ya es hora de volver a examinar si las normas y procedimientos de los que disponemos hoy son óptimos. 
El mundo no siempre es tan fácil para aquellos que deben seguir las normas y procedimientos que contribuimos a diseñar. 
Me parece necesario elaborar normas claras para lo que se denomina el mercado relevante. 
Es importante distinguir entre lo que podemos llamar las regiones periféricas de Europa y lo que podemos llamar el núcleo de Europa. 
Puede plantear problemas a los países más pequeños en las zonas periféricas el que haya empresas deseando fusionarse porque éstas rápidamente se volverán grandes en su propio mercado. 
No resulta especialmente conveniente que se impida a las mayores empresas de pequeños países fusionarse pues con ello se reducen sus posibilidades de competir globalmente. 
Me gustaría recordar que tenemos normas en vigor que se ocupan de los casos en los que varias empresas explotan una posición en el mercado grande y eventualmente dominante. 
Y por ello quizá no necesitemos tener tanto miedo a las fusiones. 
A pesar de todo, no es criminal fusionarse. 
Otra cosa que me preocupa mucho es la necesidad de establecer un trámite más rápido de los casos de fusión. 
Tengo en mente los casos donde una empresa desea apelar la decisión de la Comisión. 
En nuestro mundo global no se puede esperar sencillamente ente 25 y 35 meses para sacar adelante un caso en los tribunales, cuando una gran parte de ese tiempo se lo llevan las traducciones de las actas del caso. 
Sencillamente, no podemos hacerlo. 
Debemos proporciona a nuestras empresas las mejores condiciones para que tengan posibilidad de planificar su producción y sobre todo su futuro. 
Con relación a las fusiones, tengo dos preguntas para usted, Comisario Monti. 
¿Será posible considerar diversos modelos de solución para diferenciar la función de juez y fiscal en la Comisión? 
Por ejemplo, durante la segunda vista podría haber un panel de expertos independientes, de modo que no sea únicamente la gente de la Comisión quien deba valorar cada caso de fusión. 
Tengo también otra idea, aunque quizá caiga un poco lejos de su ámbito de competencia. No obstante, ¿no podría crearse en la sala de primera instancia del Tribunal de Luxemburgo un comité o un tribunal de expertos que se especializara en empresas? 
En Dinamarca tenemos, por ejemplo, un tribunal marítimo y comercial que únicamente se ocupa de cuestiones de empresa. 
Y así me permito preguntarle qué explicación da el señor Comisario a que uno de los colaboradores de mayor confianza en la tramitación de casos de fusión haya abandonado la Comisión. 
El segundo tema que he mencionado en mi informe son las ayudas de Estado y el reembolso de las ayudas de Estado ilegalmente otorgadas. 
No es ningún secreto que me preocupa mucho hacer más eficaz la cuestión del reembolso de las ayudas de Estado ilegalmente otorgadas. 
Especialmente porque hay todavía un ámbito en el que es importante poner en orden antes de la ampliación. 
Es positivo que las ayudas de Estado otorgadas a astilleros europeos se supriman a partir del 1 de enero de 2001, si bien resulta sumamente problemático que nuestros astilleros aparentemente deban seguir compitiendo con el erario surcoreano. 
A la luz de los últimos acontecimientos, tengo entendido que la Comisión ha adoptado una línea más dura- y con buenos motivos para ello- ante Corea del Sur. 
Por ello, le estaría muy agradecida- aunque sé bien que usted sólo dispone de tiempo limitado- si pudiera dar cuenta de las últimas noticias. 
También quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar al Comisario Monti sobre cuándo podemos esperar que se ponga en marcha un registro público, efectivo y eficaz de las ayudas de Estado, y asimismo sobre cuándo se hará realidad la largamente prometida tabla de resultados. 
Por último, me gustaría señalar que para mí como liberal, resulta importantísimo que se garantice a las empresas un trato bueno y eficaz en todos los ámbitos, de modo que no queden dudas con respecto a la futura seguridad jurídica de las empresas. 
Y también me gustaría dar las gracias a mis compañeros en la comisión por su maravillosa colaboración a raíz de mi informe. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Riis-Jørgensen por su contribución y su cooperación en relación con estos dos informes. 
Ambos informes han sido incluidos en un debate conjunto porque comparten temas comunes. 
Respaldo gran parte de la agenda establecida por la Sra. Riis-Jørgensen. 
Quisiera comenzar, de un modo algo inusual, felicitando a la Comisión por el documento que publicó en junio de 1999- el Reglamento comunitario sobre ayudas estatales, que podría denominarse "la guía del idiota" sobre el funcionamiento del plan de ayuda estatal. 
Es de utilidad porque presenta las disposiciones del Tratado, las definiciones de ayuda estatal y también las exenciones de la prohibición de ayuda estatal. 
En el curso de la preparación de mi informe he tenido que sortear este espinoso asunto en particular. 
En esta Asamblea hay quien desea hacer hincapié en las exenciones; no obstante, deseo dejar claro que, en su mayor parte, el funcionamiento de la ayuda estatal va en contra de la libre competencia en el seno del mercado único. 
El mercado único es fundamental en lo que se refiere al fomento de los intereses de los consumidores. 
Los consumidores deben tener acceso a una amplia variedad de productos de alta calidad y a precios competitivos, y en última instancia ésta es la razón para seguir avanzando con el mercado único y, junto con éste, con la libre competencia, porque beneficia a todos nuestros ciudadanos. 
Paso a continuación al Octavo informe: a pesar de que se ha reducido el volumen total de ayudas estatales durante el período en cuestión, cabe atribuir dicha reducción a una minoría de Estados miembros y, en términos generales, diez Estados miembros han experimentado un incremento de los niveles de ayudas estatales. 
Sé que es motivo de preocupación para el Comisario y ciertamente es una preocupación que comparto. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción las indicaciones que hemos recibido del Comisario en lo que se refiere a sus previsiones de que antes de julio del año próximo veremos progresos en relación con la creación de un registro y un marcador de las ayudas estatales. 
Es importante en términos de la necesaria transparencia. 
Quisiera preguntarle, señor Comisario, cómo ve el debate sobre la ampliación en vista del hecho de que, por un lado, debemos garantizar la existencia de un régimen común en todos los Estados de la Unión Europea y, por otro, no hay duda de que a algunos países candidatos les resulta especialmente difícil adaptarse a las nuevas condiciones del libre mercado. 
Asimismo, quisiera hacer la observación al Comisario Monti de que es importante que en el próximo informe encontremos un apartado bastante más extenso dedicado al sector de servicios financieros. 
Quisiera felicitarle por una intervención que hizo en Barcelona en septiembre- y agradezco mucho a sus colaboradores que me hayan enviado una copia del discurso- que estuvo dedicada a su opinión sobre la sinergia entre el control de las ayudas estatales y el sector de los servicios financieros. 
Pero, en su momento, deberemos ver más de eso en el propio informe sobre ayudas estatales. 
También desearía ver cambios en la elaboración del informe sobre ayudas estatales, de manera que garantice que está en condiciones de tener en cuenta futuras tendencias. 
Por ejemplo, durante el período de tiempo que abarca el presente informe, en el Reino Unido no se concedió ninguna ayuda estatal al sector del carbón, y lo que es más, todos sabemos que el Gobierno del Reino Unido está proponiendo en la actualidad ayudas importantes. 
Quisiera decir en este contexto que soy de la firme opinión, al igual que el sector siderúrgico en muchísimas partes de la Unión Europea, de que el código de ayuda a la siderurgia, que no está previsto que se extienda más allá de 2002, debe mantenerse para que todas las empresas tengan conocimiento, en las difíciles circunstancias por las que atraviesa el sector en estos momentos, de que se aplicará un régimen estricto en la Unión Europea, que no es discriminatorio entre los distintos países. 
Aprovecho esta oportunidad para pedir al Comisario que nos informe acerca de dos casos ocurridos en el Reino Unido, en los que la Comisión ha emprendido acción, si realmente es cierto que se ha entablado dicha acción. 
Se trata de los casos del Banco Universal propuesto por el Gobierno del Reino Unido para ayudar a las oficinas de correos de aquel país y también los planes de capital de riesgo en las regiones del Reino Unido. 
Tengo entendido que el Sr. Comisario ha solicitado información sobre estos casos. 
Es evidente que a lo largo de todo el informe se dedica mucha atención no sólo al pasado, sino también a las propuestas del Comisario Monti relativas a la futura reforma de la política de competencia. 
Es un asunto que será presentado al Parlamento en su momento. 
El Comisario Monti conocerá perfectamente las preocupaciones que comparten muchas personas que apoyan sus propuestas de reforma, pero piensan que hacen falta respuestas relativas a temas como la posibilidad de acogerse a la legislación que les resulte más favorable, la seguridad jurídica, el papel de los tribunales nacionales, el diálogo entre las autoridades nacionales responsables de la competencia y la Comisión, así como temas sobre el personal en el seno de la Comisión. 
Son asuntos sobre los que debatiremos en su momento y sobre los que, me complace informar a la Comisión, he sido designado ponente del Parlamento. 
Señor Presidente, estimados colegas, en vista del abundante turno de palabra que nos permitimos en estos debates me permito dirigirme directamente al Comisario Monti sin una gran introducción. 
Señor Comisario, usted sabe que desde hace tiempo existe en esta Asamblea un gran consenso en cuestiones relativas a la competencia. 
Esto ha conducido a que toda la Asamblea apoye a la Comisión en la política de competencia. 
Pero, entretanto, me pregunto si la Comisión no está perdiendo lentamente su sentido de la proporción en algunas decisiones concretas o si no esta queriendo prejuzgar decisiones de principio en otros ámbitos políticos muy diferentes bajo el manto de la competencia. 
Quiero nombrar uno de varios ejemplos, un ejemplo, que en la actualidad está siendo reñidamente discutido y no sólo en mi región. 
Es el de la decisión de subvencionar o de la decisión de no subvencionar en el ámbito del carbón mineral. 
Quiero decir de manera cautelar, señor Comisario, si usted me llama la atención sobre el hecho de que esto es, ciertamente, el dossier de la Comisaria Palacio, que me dirijo a la totalidad de la Comisión. 
Quiero puntualizar también que la cuestión del carbón mineral se ha mencionado, tanto en el informe sobre la competencia como en el informe sobre las subvenciones, que estamos discutiendo hoy. 
Espero de la Comisión, que se atenga a los acuerdos. Espero que no haga mal uso de sentencias del Tribunal de Justicia para apartarse de tales acuerdos. 
Voy a repetir lo que he afirmado de diversas maneras en tales debates: la competencia no es un fin en sí mismo. 
A la hora de tomar una decisión en el ámbito de la política de competencia hay que considerar los efectos en la política social. 
En la política estructural y en la política industrial, y si no se hace esto entonces la política de competencia degenera en una pura ideología. 
Si se incorporar los aspectos que he mencionado y si se considera la cadena de creación de valor de una tecnología muy moderna, entonces se debe conceder sin más dilación las autorizaciones de subvenciones para la minería del carbón que están pendientes. 
Lo que he dicho no vale solamente para el ámbito de la política energética, sino también para la totalidad de los otros ámbitos. 
La competencia es importante pero no lo es todo. 
Lo que necesitamos, en suma, es un equilibrio entre las reglas de la competencia y la orientación al bienestar común. 
Esto ha de declinarse en todos los ámbitos. 
Señor Comisario, quiero enlazar con lo que he dicho al principio. 
El apoyo está todavía ahí. Pero si usted prosigue por este camino entonces corre usted el peligro de perder el apoyo de partes no irrelevantes de la Asamblea. 
Me aventuro a dudar de que esto sea bueno para el asunto en su totalidad. 
Señor Presidente, me referiré al informe Riis-Jørgensen. 
Quiero empezar felicitándole por este excelente informe. 
Una de las piedras angulares de la cooperación en el ámbito de la UE es que la competencia entre empresas, productos, países y regiones funcione bien, que sea justa y real y que beneficie a los consumidores. 
Permítanme empezar con una cita: "la gente del mismo ramo raramente se junta para distraerse o divertirse, sino que sus conversaciones terminan en una confabulación contra la sociedad o en algún invento para subir los precios". 
Evidentemente algo ha ocurrido en estos 200 años, pero hoy tenemos los mismos objetivos. 
Para que funcione el mercado interior hay que tener instituciones activas que controlen los asuntos relacionados con la competencia. 
En este punto, el Comisario Sr. Monti merece un elogio. 
El punto 16 del informe Riis-Jørgensen habla de mayor seguridad jurídica en el tratamiento de las solicitudes de fusión y de plazos más cortos y eficaces para las apelaciones ante los tribunales. 
Esto, principalmente, porque la Comisión tiene una especie de doble papel en la tramitación de las fusiones. 
La Comisión controla y aplica las normas de la competencia. 
Este doble papel le impone exigencias especiales de transparencia, de apertura y de que sus actos sean previsibles. 
El segundo punto que quiero mencionar es el punto 18. 
Es de carácter general, pero tiene su origen en la fusión que planificaron los fabricantes de camiones Volvo y Scania. 
Como es sabido, la Comisión se opuso a esta fusión, lo que supuso a su vez un considerable debate sobre el funcionamiento de las normas relativas a la competencia y sobre la manera de calcular y apreciar las porciones de mercado. 
En esta materia se necesita mayor definición y continuar con el debate. 
En tanto el mercado interior no funcione a la perfección, son principalmente las grandes empresas de los pequeños países miembros las que pueden perder en competitividad en relación con otras empresas en el resto del mundo. 
¿Cómo pueden unirse y competir en el mercado global las grandes empresas que tienen un pequeño mercado nacional si las normas comunitarias se lo impiden? 
En mi opinión, viniendo de un país pequeño, ha sido provechoso que la comisión aprobase las enmiendas que presenté en relación con esta materia. 
Tengo la esperanza de que la Comisión esté dispuesta a ampliar la discusión, clarificando aún más las normas sobre la competencia, de acuerdo con estas condiciones. 
Señor Comisario Monti, en nombre de los radicales italianos, yo también quiero dar las gracias a los ponentes por el excelente trabajo realizado en lo que se refiere a ambos informes que emiten un juicio positivo tanto sobre su labor personal como sobre la de la Dirección General de Competencia. 
Sin embargo, quiero aprovechar esta ocasión para plantear algunos interrogantes de carácter general sobre las políticas de competencia en Europa y, en otro orden de cosas, sobre la competitividad y la apertura de los mercados europeos. Y ello no para dejar de reconocer lo que se ha hecho, sino para mirar hacia el futuro. 
Creo que un aspecto especialmente delicado para el desarrollo de una verdadera economía de mercado abierta y competitiva continúa siendo el de la presencia de muchas y fuertes empresas públicas en sectores que ya están formalmente abiertos a la competencia o en vías de estarlo. 
Me gustaría hablar, por ejemplo, del monopolio público de la protección integradora, pero me voy a circunscribir más pertinentemente a las empresas que operan en los sectores de los servicios de interés general. 
En estos sectores, en mi opinión, el mercado y la competencia sufren graves perjuicios porque el Estado es regulador y operador a un tiempo. 
Sé, señor Comisario, porque he podido leer y escuchar sus palabras al respecto, que su respuesta a las objeciones es que los artículos de los Tratados son neutrales respecto al carácter público o privado de las empresas. 
No obstante, esta respuesta no nos puede satisfacer en la perspectiva de un futuro en que Europa pase a ser un mercado más competitivo y abierto y- me atrevo a decir- de un atento análisis de algunas situaciones que se están produciendo, con respecto a las cuales las reglas actuales permitirían intervenir ya desde ahora. 
En toda Europa asistimos al relanzamiento de un agresivo capitalismo de Estado que ha supuesto la compra de una serie de empresas privadas por parte de monopolios o de antiguos monopolios públicos, en cualquier caso, empresas que continúan firmemente en manos públicas, en manos del Estado. 
La excusa la conocemos y está siempre a punto: hemos de valorizar nuestras empresas y sus activos antes de la privatización que entretanto suele alejarse, en lugar de acercarse. 
Y está claro que éstas son afirmaciones a las que los oídos de los distintos ministros de Hacienda que circulan por Europa son muy sensibles. 
En todos los casos se trata de empresas públicas que no deben su fuerza financiera a una impecable gestión empresarial, sino a las pasadas y presentes posiciones monopolistas. 
En muchos casos se trata de empresas que actúan total o parcialmente gracias a importantes privilegios monopolistas legales. 
Señor Comisario, en estos casos ¿es realmente imposible descubrir el caso de especie de ayudas de Estado más o menos disimuladas, o de abuso de posición dominante? 
¿O el caso de especie de un trasvase de un sector a otro cuando menos de los efectos distorsionadores de la posición dominante? 
¿O, por último, de la cada vez mayor consolidación de las posiciones de los operadores preexistentes que, después de la liberalización, convertirá en arduo el acceso de los recién llegados a los distintos mercados? 
Voy a poner algunos ejemplos: recientemente, Deutsche Post ha asumido el control de DHL International y opera en régimen de monopolio en los envíos de hasta 200 gramos- en general, cabría mencionar también la diversificación de las empresas postales públicas en otros sectores -; el caso de EDF (Eléctricité de France) que ha realizado adquisiciones en Inglaterra, Suecia y Finlandia; France Telecom que ha adquirido Orange; o, para circunscribirse al caso italiano, Enel que ha adquirido Infostrada y, siempre en el caso italiano, podríamos mencionar las varias municipalizadas que actúan del mismo modo. 
Por último, señor Comisario, el caso de la financiación pública en favor de la televisión estatal, con la excusa de la financiación del servicio público que es un concepto que poco a poco se va esfumando cada vez más. 
Sé que existe el Tratado de Amsterdam, pero me pregunto si ese freno que los Gobiernos quisieron poner al excelente trabajo de su antecesor, ha de justificarse en todo caso como una excepción a las normas de la competencia europea concedida a estas empresas. 
Señor Presidente, la modernización de la política de competencia, que desde los años sesenta ha sufrido pocos cambios en cuanto a su estructura, es muy positiva. 
Tomando en cuenta que casi todos los Estados miembros han dado el paso de tener una buena institución independiente en materia de competencia, esto es aún más positivo. 
No comparto la preocupación de gran parte de mis colegas en lo relativo a la renacionalización de la política. 
Si queremos evitar en Bruselas que surja una burocracia incontrolable y enorme, entonces hemos de optar por la descentralización. 
Estoy contento sobre la atención especial que se da a la posición de las grandes empresas en los Estados miembros pequeños en el apartado 18 del proyecto de resolución. 
Son sobre todo ellas las que sufren las consecuencias negativas de los obstáculos en el mercado interior o de la continuidad de las fronteras dentro del mercado interior, porque su "mercado doméstico" no puede contrarrestar estos golpes de forma suficiente. 
¿Qué objeciones tiene el Comisario para dar un amplio sentido comunitario al concepto de "mercado relevante" en caso de fusiones? 
Por otro lado, pido al Comisario que preste atención al interés medioambiental de los proyectos de saneamiento de suelos. 
Por supuesto, estamos a favor del mantenimiento del principio de que quien contamina paga. 
Pero este principio no siempre se puede aplicar en grandes o extensas contaminaciones de suelo, porque de otra forma nos quedaríamos con este suelo contaminado hasta muy avanzado el próximo siglo. 
Tomando en cuenta la falta de personal en su dirección general, señor Monti, no es lo más lógico que se preste mucha atención a ello. 
El efecto de estos proyectos en el ámbito de la competencia me parece bastante escaso. 
Como punto final, el libro de su antecesor, el antiguo Comisario Van Miert, "Mis años en Europa", descorre el velo en cuanto a las tácticas parecidas al chantaje a las que se tiene que enfrentar un Comisario de la competencia. 
Eso está muy claro. Espero que lo sufra en menor medida pero me temo lo peor. 
Por lo tanto, le deseo mucha fuerza y sabiduría para mantenerse firme en su cargo y espero poder leer más adelante también unas memorias parecidas de su mano. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, ante todo mi cordial agradecimiento por los informes que hemos escuchado hoy que, ciertamente, ya no proporcionan solamente información sobre el pasado, sino que entran en la discusión actual e incluso incorporan ya los proyectos de la Comisión. 
La competencia, como ya hemos escuchado, no es un fin en sí mismo. 
Tiene que servir a los consumidores, a las empresas y a las localizaciones industriales. 
Por consiguiente, la competencia es siempre un medio para un fin. 
Es la piedra angular necesaria de nuestro modelo jurídico-político de economía ecosocial de mercado. 
Subrayo esto porque el mercado no puede regular todo y en este sentido tampoco debe existir ni puede existir una competencia sin límites. 
Por consiguiente, necesitamos dos cosas: por un lado, en pro de una mayor transparencia, el registro público de todas las subvenciones autorizadas que influyen en la competencia y, por otro lado, los ámbitos de nuestra vida cotidiana y las maneras de actuar que no están al 100% bajo la tutela de la política de competencia europea. 
Voy a nombrar algunos ejemplos: el ámbito deportivo o el ámbito de las numerosas ONG en los sectores social y sanitario. 
Quien dé una respuesta afirmativa a un mercado interior en funcionamiento, debe dar también de manera valiente un sí a la política de competencia europea. 
Por esta razón saludamos la modernización de la política de competencia, la cual se introducirá y se mantendrá constantemente en marcha mediante nuevas propuestas. 
La política de competencia de la Comunidad ha cobrado una nueva dimensión europea e internacional. 
Desempeña, en conexión con el proceso de ampliación y de globalización, un papel creciente en las relaciones económicas de dentro y de fuera de la Unión Europea. 
Por consiguiente, saludo la modernización en el seno de la Comunidad, por un lado, y la nueva expansión de la política de competencia europea fuera de las fronteras de la Unión. 
Permítanme que para terminar diga lo siguiente: necesitamos una definición más precisa del mercado relevante, pues cada vez con más frecuencia el mercado no es el mercado nacional. 
Necesitamos una introducción mayor del ciudadano en la información sobre política de competencia, para que éste advierta las ventajas. 
Necesitamos también una discusión, un intenso debate público de ámbito europeo sobre las propuestas pertinentes, pues con frecuencia éstas suelen ser mal entendidas. 
Creo- y lo digo no en dirección hacia la Comisión, sino en dirección hacia el ciudadano- que su aplicación descentralizada no debe conducir a la renacionalización, sino que debe conducir a la europeización. 
Su delegación de responsabilidad no debe conducir a la pérdida de su responsabilidad principal. 
Para eso, señor Comisario, queda aún mucho que hacer. 
Señor Presidente, hoy nadie discute y, desde luego, yo no lo voy a hacer, que las ayudas públicas alteran las condiciones de competencia y constituyen un elemento dañino que incita a la ineficiencia de las empresas. 
Ello es cierto, pero si todos y cada uno de nosotros somos sinceros, tendremos que reconocer que con frecuencia hemos defendido en nuestra vida pública ayudas públicas cuando una empresa las ha precisado para instalarse, por ejemplo, en nuestra circunscripción o bien para evitar su cierre. 
He realizado este preámbulo para resaltar lo relativo de algunas posiciones y recordar que cuando se trata de emitir un dictamen del Parlamento Europeo sobre el informe anual en materia de ayudas públicas, el Grupo del Partido Popular Europeo intenta realizar en esta Asamblea un debate ideológico sobre las ayudas públicas en el que pretende ir más lejos que nadie y demonizar cualquier tipo de ayudas. 
Ocurrió el año pasado con ocasión del informe Jonckheer, y este año a pesar de la posición más flexible del Sr. Evans, ha seguido planteándose, quizá para presentar a los socialistas como unos intervencionistas caducos que hacen uso de mecanismos tan dañinos para el mercado como las ayudas públicas. 
Ya he tenido ocasión de manifestar que las ayudas públicas constituyen un trasvase de dinero público en favor de las empresas privadas y, por lo tanto, los socialistas debemos estar también en contra de ellas. 
Ahora bien, no se puede negar lo evidente y recordar que el Tratado no prohíbe todo tipo de ayudas, pues deben admitirse algunas que persiguen objetivos tales como la cohesión social, la cohesión regional, el medio ambiente, etc. Y si tal es así, y así es, ¿por qué se niega al Partido Popular a admitir las enmiendas que recogen ese punto? 
Lo mismo sucede cuando se insiste en el informe, siguiendo a la Comisión, que las ayudas al carbón no han servido para garantizar el futuro de la industria, pero se niegan a aceptar en el mismo párrafo una frase, también de la Comisión, que dice que esas ayudas han sido necesarias para mitigar el impacto social y regional de la reestructuración del sector. 
En esos términos, difícilmente podemos estar de acuerdo con un informe que, si bien refleja parte de la verdad, se niega a incluir otra parte de la verdad. 
Señor Presidente, señor Comisario, ambos colegas, el Sr. Evans y el Sr. Karas, han planteado acertadamente en este debate tanto las ayudas públicas, como la política de competencia. 
En adelante, debemos recordar que, por ejemplo, desde el punto de vista de la competencia interior, existen ayudas estatales nacionales de gran importancia y de valor inestimable para los países con escasa población y largas distancias. 
En este contexto, quiero sacar a consideración un asunto en particular, a saber, las ayudas al transporte. 
Pensemos, por ejemplo, en mi país, dentro del cual hay grandes distancias. 
El precio del combustible es 0,2 euros más alto en el norte que en el sur de Finlandia. 
Además, el transporte de materias primas, alimentos para animales y otros productos semejantes tiene especial importancia y desempeña un papel fundamental en el marco de la competencia interior, por lo que las ayudas públicas deben continuar en este sector. 
Se trata de cuestiones de gran trascendencia para la economía regional y para el empleo, y espero que, en el futuro, esto sea puesto de manifiesto para que estas ayudas, las subvenciones domésticas que afectan al desarrollo y a la economía regional y cuyo factor más ejemplar es precisamente el transporte, puedan seguir siendo concedidas. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, Sr. Monti, estimados colegas, una economía de mercado europea abierta, competitiva y coordinada requiere una política eficaz en materia de competencia. 
Sin una política de competencia bien ejercida, la Unión Europea nunca podrá desarrollar al máximo sus capacidades, como tampoco podrá hacerlo su expresión exterior, o sea, el euro como divisa. 
Únicamente las empresas que sean capaces de ser competitivas en el mercado interior sin ayudas estatales podrán ser competitivas también en el mercado mundial. 
Sin embargo, a la hora de modelar la política de competencia europea, debemos encargarnos de que la política de competencia no limite las posibilidades de éxito de las empresas también en mercados más amplios, en el mercado global. 
Tal y como la Sra. Riis-Jørgensen también ha resaltado con gran acierto en su informe y en su intervención, sobre todo en lo que a los Estados miembros pequeños se refiere, el peligro estriba en que partamos de un concepto demasiado restringido de lo que es el mercado a la hora de definir qué entendemos por posición predominante en términos de volumen de negocio de las empresas en los mercados, cosa que hará aún más difícil que las empresas de los Estados miembros pequeños puedan crecer y convertirse en agentes lo suficientemente grandes de cara al marco global de la competencia. 
Y además, la posición predominante en el mercado de algunas empresas no representa ningún problema, siempre que no existan evidencias de que se hace uso impropio de esta situación privilegiada. 
Tan solo habrá que intervenir en el caso de que la posición predominante en el mercado deje a los consumidores y a los competidores en una situación de desventaja, y entonces se hará aplicando medidas estrictas, tal y como usted, señor Monti, ya ha hecho. 
Como se indica en el punto 15 del informe de la Sra. Riis-Jørgensen, hay que concentrarse más bien en los perjuicios que producen las medidas de limitación de la competencia, y no tanto en la naturaleza de los agentes económicos del mercado. 
Hay que prestar especial atención a la situación de la pequeña y mediana empresa. 
Las pequeñas ayudas públicas pueden ser más dañinas de lo que se piensa para las PYME si los mercados son pequeños. 
Por ello, es bueno que este asunto haya sido destacado también en el informe de la Sra. Riis-Jørgensen. 
En su informe, nuestro colega, el Sr. Evans, le da a usted las gracias, señor Monti, por haber abordado con mano firme la política de subvenciones estatales. 
La existencia de considerables ayudas públicas sigue siendo un problema en muchos sectores. 
Aunque la subvención estatal pueda parecer a primera vista una buena solución, si consideramos el asunto a más largo plazo, en raras ocasiones las ayudas públicas tienen resultados positivos duraderos. 
No es mi intención condenar todas las subvenciones estatales. 
Existen también subvenciones necesarias que concuerdan con la línea de los Tratados. 
Sin embargo, habrá que bajar el nivel de las subvenciones estatales a largo plazo. 
Las ayudas públicas contribuyen al retraso de las ineludibles reformas estructurales, distorsionan la competencia y alientan la ineficacia. 
En cierto modo, las ayudas públicas sostienen los bastidores del acorazado Potemkin, que tarde o temprano acabarán derrumbándose. 
Entonces serán los consumidores particulares y los contribuyentes quienes paguen la factura. 
Señor Presidente, queridos colegas, en primer lugar quiero expresar mi profundo desacuerdo con el tono demasiado liberal, para no decir ultra liberal, del informe de nuestro colega Evans. 
Oírle negar el hecho de que las ayudas públicas han disminuido durante el período 1994-1998, cuando la misma Comisión reconoce esa reducción, ha sido por lo menos bastante extraño. 
Pero más grave aún es ver que, de manera casi obsesiva, hace énfasis en el carácter excepcional de las ayudas públicas, cuando el mismo Tratado las prevé si se trata de alcanzar objetivos que han sido fijados por los Tratados, como el medio ambiente o la cohesión social, cuando la misma Comisión Europea reconoce que algunas políticas no pueden apoyarse única y exclusivamente en las fuerzas del mercado, y éstas son, pues, las razones por las cuales no puedo apoyar ese informe tal como está. 
Y aún cuando pueda sumarme a las peticiones de una mayor transparencia de las ayudas públicas, y de información por parte del Parlamento respecto al seguimiento de las ayudas aprobadas por la Comisión, sigo defendiendo el mantenimiento de las ayudas públicas para desarrollar la cohesión social, la investigación, la innovación, la protección del medio ambiente, para paliar las lagunas del mercado, para promover la competitividad europea frente al extranjero, para hacer frente a maniobras fraudulentas de países competidores, como es el caso de Corea con la construcción naval. 
Añado que el control de las ayudas públicas debe hacerse estrictamente en el marco de las disposiciones de los Tratados y no en función de la ideología liberal dominante. 
Entre la omnipresencia del Estado, que nadie desea, y la ausencia total de Estado, que no es sino la forma moderna de la ley del más fuerte, lo que muchos llaman el modelo social europeo exige de nosotros una búsqueda permanente de equilibrio entre lo que puede ser regido por el mercado y lo que la autoridad pública debe regular. 
Señor Presidente, estimados colegas, en esta semana discutiremos aún el informe Montfort con el que el Parlamento quiere fomentar la mentalidad empresarial. 
Por consiguiente, es especialmente oportuno resaltar en este debate tres cosas. 
En primer lugar, la circunstancia de que entretanto se ha formulado una carta europea de derechos fundamentales, en cuyo artículo 16 se establece el derecho a la libertad de empresa. 
Este derecho requiere, naturalmente, un derecho estricto de competencia pues solamente esto garantiza una competencia leal. 
Protege a los usuarios y a los inversores. 
En segundo lugar, es preciso encomiar el notabilísimo libro de Karel van Miert en el cual se puede leer con qué medios unos empresarios presionan a otros empresarios. 
Por consiguiente, en tercer lugar, felicito a la Comisión y a todos los funcionarios de la Comisión por sus actividades y decisiones en pro del derecho de competencia, en el pasado bajo Karel van Miert y ahora, profesor Monti, bajo su dirección. 
En este sentido ustedes han elaborado una comunicación sobre prevención de la existencia y han expuesto una vez más la situación jurídica. 
Esta comunicación contiene tres mensajes acertados. 
En primer lugar, los Estados miembros tienen el derecho de definir todo lo que está comprendido bajo ese concepto. 
En segundo lugar, los Estados miembros tienen el derecho de proporcionar medios para este fin, cuando tales servicios no puedan mantenerse de otra manera. 
Y, en tercer lugar, -esto pertenece a este debate- no puede haber ningún espacio que no esté regulado por el derecho de competencia. 
De esta manera se puede entender el peligro de una renacionalización. 
Ésta no puede anular la validez general del Derecho comunitario. 
Por esta razón, son especialmente valiosas las solicitudes de resolución que hacen referencia a esto, incluyendo la necesaria transparencia. 
Señor Profesor Monti, permítame una sugerencia en este contexto: aclare usted desde el principio que las ayudas de impulso que, por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables se manejan de maneras muy diferentes en los Estados miembros, gozan en cualquier caso de una protección de confianza durante el periodo de su duración, incluso si entretanto- como yo espero- la totalidad de la Unión acuerda mejores medidas de fomento. 
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
En segundo lugar, quiero saludar el trabajo de la Sra. Riis-Jørgensen, con quien he tenido una excelente y constructiva relación. 
Y, evidentemente, señor Presidente, aunque mi opinión se refiere al XXIX informe de la Comisión sobre política de competencia, no podemos en estos momentos dejar de mirar al pasado, pero nada más que para aprender de cara al futuro. 
Se ha dicho- y sólo voy a recoger lo que ya se ha dicho hasta aquí- que en estos momentos la competencia es la gran palabra de nuestra sociedad, es el gran hilo conductor de la evolución de nuestra sociedad, sobre todo de nuestra sociedad europea. 
En un esbozo rápido, vemos que la industria entra en competencia a partir del Tratado de Roma; que esa competencia se extiende también a los servicios a partir del mercado único; que con el euro llega a los servicios financieros; que ahora ya, empujada por la competencia internacional y por las nuevas tecnologías, se está abordando el gran sector de las telecomunicaciones; y por fin que hoy, hasta los sectores de regalía, los auténticos reductos de la soberanía, de las actividades de regalía del Estado, entran en esta política de competencia. 
Así, señor Presidente, tenemos que darnos cuenta de que, frente a unos Estados que dejan de ser productores para pasar a ser reguladores, necesariamente la política de la Comisión tiene que cambiar y, en ese sentido, este informe se inscribe en esta importante evolución. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en su opinión, no ha hecho más que resaltar algo que se ha dicho y se ha repetido: necesitamos reglas claras, porque es la única manera de saber cuáles son las reglas del juego. 
No se puede dejar todo al mercado sin regulación alguna. 
Reglas claras e- insisto- de nivel, de rango, suficiente. 
No valen, en cualquier caso, interpretaciones o comunicaciones interpretativas. 
Y, por supuesto, que la política de la Comisión, que saludamos y que apoyamos desde la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, no se haga, en este proceso de descentralización, en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, en perjuicio de los ciudadanos. 
Termino con una frase de John Rawls, el filósofo del Derecho: las desigualdades siempre se justifican cuando incrementan el nivel del sistema y apoyan a los más débiles sin afectar a los derechos fundamentales. 
Señor Comisario, saber hasta dónde llega eso en el servicio universal, en el servicio público, es el gran reto de la Comisión. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y más en general al Parlamento el gran interés que una vez más se ha mostrado por los temas de competencia. 
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento tanto a la Sra. Riis-Jørgensen por su valiosa contribución en su calidad de ponente para el XXIX informe sobre la política de competencia, como al Sr. Evans por su excelente informe sobre la normativa en materia de ayudas de Estado a la industria siderúrgica y sobre el octavo informe sobre las ayudas de Estado en la Unión Europea. 
Los tres informes en su conjunto adquieren un concreto e importante significado en el ámbito de los esfuerzos realizados por parte de la Comisión para aumentar la transparencia de su política de competencia y para explicar a los ciudadanos su labor. 
En cuanto a la explicación de la política de competencia, quiero decir que estoy muy satisfecho por el éxito alcanzado por las primeras dos Jornadas Europeas sobre competencia, celebradas el 9 de junio y el 17 de octubre de este año, respectivamente, en Lisboa y en París. 
Se trata de una idea planteada en este Parlamento y llevada adelante por el Parlamento y por la Comisión. 
Creo que estamos avanzando juntos para explicar mejor esta política a los ciudadanos. 
Quiero subrayar que suscribo la mayoría de las cosas que he escuchado y de los puntos contenidos en las resoluciones. 
Señor Presidente, durante el tiempo de que dispongo, quiero abordar tres puntos: la modernización del Derecho comunitario en materia de competencia, la actividad desarrollada en 1999 en relación con las reglas de la competencia y el tema de las ayudas de Estado. 
En lo que se refiere a la modernización, y ajustándome al tiempo, voy a tratar de retomar algunas de las muy interesantes preguntas que se han formulado. 
El informe anual sobre la política de competencia pone el acento en la necesidad de modernizar el marco legislativo e interpretativo del Derecho comunitario en materia de competencia en los ámbitos tanto del antitrust como de las ayudas de Estado. 
No voy a entrar en los detalles de los proyectos de reforma elaborados recientemente o todavía en vías de elaboración, ya que los mismos han sido o van a ser objeto de consultas específicas con el Parlamento en un diálogo constructivo que valoro mucho. 
En lo que concierne a las ayudas de Estado, considero que la entrada en vigor en el año 1999 del reglamento de procedimiento ha sido un resultado importante. 
El mismo aumenta la transparencia y establece los plazos en los que deben ser adoptadas las decisiones sobre las ayudas de Estado. 
En cuanto al antitrust, el 27 de septiembre la Comisión aprobó una propuesta de reglamento al respecto. 
A la hora de elaborar dicha propuesta se tuvieron en cuenta muchas observaciones formuladas por el Parlamento durante la consulta sobre el Libro Blanco. 
Se prestó una atención especial a las preocupaciones que el Parlamento expresó por las cuestiones de la renacionalización y de la fiabilidad del Derecho. 
Quiero, por lo tanto, asegurar a los Sres. Palacio y Karas, así como a los demás diputados que han intervenido sobre estos puntos, que el reglamento tiene muy en cuenta sus preocupaciones. 
Ahora espero que se pase a la segunda fase del diálogo entre nuestras dos Instituciones sobre estas propuestas legislativas, con la seguridad de que la misma será tan constructiva como la primera. 
Como ustedes saben, los días 9 y 10 de noviembre la Comisión y el Parlamento van a organizar conjuntamente en Friburgo una conferencia sobre esta reforma, una conferencia propuesta por primera vez precisamente en la resolución de este Parlamento sobre el Libro Blanco. 
El segundo punto que voy a abordar es la aplicación de las reglas de competencia en 1999. 
En dicho año, fue muy elevado el número de casos que exigieron un notable empleo de recursos y que se resolvieron con decisiones formales. 
Aprecio, entre otras, su invitación a aumentar los recursos humanos. 
La Comisión ha seguido actuando firme y especialmente contra los cárteles y los abusos de posición dominante. 
Al igual que en el terreno de las concentraciones, por economía de tiempo y prefiriendo responder a algunas de las preguntas específicas, voy a omitir los principales casos de actuación, a pesar de que han sido muchos. 
El tercer punto es el de las ayudas de Estado. 
También en lo que atañe al octavo informe, tomo nota con satisfacción del apoyo que el Parlamento nos continúa prestando. 
Aprecio las propuestas formuladas por el Parlamento en relación con el futuro desarrollo de estos instrumentos cognoscitivos que, además del censo, incluirán el registro y el marcador. 
Debo decir al Sr. Evans y a los demás oradores que han intervenido sobre este tema que confirmo que estaremos en disposición de presentar las primeras ediciones del registro y del marcador- también la Sra. Riis-Jorgensen respalda esta idea- en el mes de junio de 2001 y confío en que la transparencia será un instrumento añadido importante, respecto a la aplicación de los instrumentos jurídicos y de control de las ayudas de Estado. 
Señor Presidente, ahora quiero volver a abordar al menos algunos de los puntos específicos que se han planteado. 
Varios diputados- la Sra. Riis-Jørgensen, el Sr. Schmidt, el Sr. Blokland y la Sra. Kauppi- han planteado el problema de las grandes empresas que operan en países relativamente pequeños. 
¿No podríamos suavizar la definición del mercado pertinente en dichos países cuando se trata de operaciones de fusión de empresas? 
Sobre la base de los análisis realizados, si el mercado pertinente tiene un alcance nacional, sus Señorías deberán comprender que actuar del modo que ellos sugieren significaría discriminar en contra de los consumidores y clientes en dichos mercados nacionales. 
El objetivo por el que debemos trabajar juntos es la implantación gradual en el mercado de la realidad del mercado único que va más allá del mercado nacional. 
De lo contrario estaremos haciendo un flaco favor a la competencia y a los consumidores. 
En relación con el caso concreto de Volvo-Scania, quiero añadir algo que estoy seguro de que está implícito en las observaciones de muchos oradores, en el sentido de que ambas empresas han sabido encontrar soluciones que hacen compatible su propio crecimiento internacional con la protección de los intereses de la competencia y de los consumidores de dichos mercados. 
El recurso a expertos externos puede ser de utilidad y ya tiene lugar en algunos casos. 
Pero la Comisión no debería delegar y no delegará su responsabilidad última de tomar decisiones en un organismo externo. 
Es nuestra competencia. 
En ocasiones puede resultar incómodo, pero ése es nuestro deber. 
Respecto al caso del funcionario de la DG de Competencia que ha dimitido, ya he expresado mi pesar respecto a dicha dimisión. 
Seguir incrementando el derecho de defensa, la transparencia de los procedimientos, incluida una mejora de la posición del consejero auditor, es algo a lo que concedo mucha importancia y sobre lo que estoy reflexionando y estoy teniendo en cuenta varias contribuciones, incluidas las útiles ideas proporcionadas por dicho funcionario antes de su dimisión. 
En lo que respecta a Corea, el Sr. Lamy, que acudirá al Parlamento en el transcurso de esta semana, estará en mejores condiciones que yo para ponerles al día sobre las últimas tendencias. 
En lo que a mí respecta, sólo puedo declarar mi convicción de que cualquier ampliación de las ayudas estatales concedidas a los astilleros no sería la respuesta adecuada a una situación que exige otro tipo de intervenciones. 
Señor Evans, comparto ampliamente su preocupación por el tema de las ayudas estatales a los servicios financieros. 
Seguiremos este punto con determinación. 
Señor Rapkay, para la Comisión ha sido muy importante contar con el apoyo del Parlamento Europeo en la búsqueda de su política de competencia y no creo que dicho respaldo vaya a desaparecer. 
Al analizar las resoluciones que hoy nos ocupan, veo que la política de la Comisión está muy en consonancia con una aplicación vigorosa de dichas resoluciones. 
En particular, en el ámbito de las ayudas estatales, no es justo pensar que la Comisión crea en una política puramente liberal o liberal a ultranza. 
Las ayudas estatales tienen su razón de ser, pero es cierto que en muchos casos, la materialización concreta de las ayudas estatales va mucho más allá de lo que permite el Tratado y de lo que permiten las directrices. 
Pero créame, personalmente veo la política de competencia como un instrumento de la economía social de mercado. 
Mientras mejor se aplica la competencia, mejor suele ser el mercado. 
Existen amplias posibilidades para los aspectos sociales, a condición de que éstos no se confundan de una manera poco transparente con el funcionamiento del mercado. 
(IT) Señor Della Vedova, la presencia de empresas públicas plantea problemas de competencia y- aunque es verdad y, en consecuencia, debo confirmar que el Tratado impone la neutralidad en lo referente a la propiedad privada o pública- es posible intervenir en el caso de distorsiones: los medios son los que usted mismo ha señalado, es decir, los instrumentos en materia de control de las ayudas de Estado y de abuso de posición dominante. Usted ha mencionado el caso de Deutsche Post. 
Por ejemplo, en cuanto a Deutsche Post, se están tramitando procedimientos de la Comisión relacionados con ambas cuestiones, y le aseguro que la Comisión no considera que el Protocolo anejo al Tratado de Amsterdam en materia de radiotelevisión pública crea una reserva que impide un control apropiado de las ayudas de Estado también en esta materia. 
Por esto, y más en general para la materia de las ayudas de Estado, quisiera referirme a la comunicación aprobada por la Comisión el 20 de septiembre sobre los servicios de interés económico general. 
Señor Presidente, creo que he superado el tiempo a mi disposición y por ello quiero pedir disculpas a aquellos diputados a los que no he podido dar una respuesta. 
Señora Palacio, quiero terminar con una frase extraída del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En dicho informe se dice: 
(EN) "Son demasiadas las ocasiones en las que la prensa presenta las decisiones de la Comisión sobre la competencia como derrotas para los intereses nacionales y no como victorias del mercado interior y de los consumidores." 
Nuestra intención es conseguir más y más victorias como éstas y ser cada vez más capaces de explicárselas a los consumidores europeos y a los ciudadanos europeos. 
Naturalmente, el Parlamento deberá desempeñar un papel muy importante en este sentido. 
Señor Presidente, solo quiero pronunciar unas palabras de aclaración para el Sr. Comisario. 
Yo no me permitiría hablar en nombre de todo Parlamento y menos antes de que hayamos votado al respecto. 
Sólo quiero aclarar que he hablado aquí en nombre del segundo Grupo, desde el punto de vista del tamaño, y que he manifestado una preocupación que existe de hecho en nuestro Grupo, y si ustedes han escuchado a nuestro colega, el Sr. Caudron, advertirán ahora que ésta no es solamente una preocupación mía, sino también una preocupación de otro colega. 
Por consiguiente, he hablado sólo en nombre de mi Grupo, no en nombre de todo el Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.30 horas. 
Ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0277/2000) de la Sra. Sartori, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 628- C5-0307/2000- 2000/0807 (CNS) ) sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Examen del mecanismo único de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (Reglamento (CEE) nº 1969/88 del Consejo). 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, presento hoy al Pleno una propuesta de resolución sobre el informe de la Comisión relativo al mecanismo único de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros. 
Actualmente, la ayuda financiera está regulada por el Reglamento nº 1969 de 1988 del Consejo de Ministros. 
Este mecanismo se puede activar o a petición de un Estado miembro o con arreglo al artículo 119 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, una disposición que sigue estando en vigor durante la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria para los Estados que, hoy por hoy, son objeto de una excepción, a saber, Dinamarca, Reino Unido y Suecia. 
Dicho Reglamento y esta propuesta de reglamento han unificado dos mecanismos, es decir, la ayuda financiera a medio plazo y el mecanismo de créditos comunitarios destinados a la ayuda a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros en un mecanismo único de ayuda financiera a medio plazo. 
Con esta propuesta se interviene en el límite máximo del mecanismo. 
El hecho de que actualmente sólo tres Estados pueden disfrutar del mismo nos lleva a plantear la hipótesis de que el importe disponible hasta la fecha, esto es, 16 millardos de euros, puede ser retocado. Contemporáneamente, el pasado no hace pensar que no se puede rebajar excesivamente, ya que la experiencia que hemos adquirido demuestra que la última vez que se empleó este mecanismo, en 1993, el crédito concedido fue de 8 millardos de euros. 
Por lo tanto, aunque el incremento de la convergencia de los Estados reduce la probabilidad de una activación del mecanismo, en el caso de que el mismo tuviera que activarse al mismo tiempo por parte de más Estados deberá contar con los recursos adecuados. 
Éste es el motivo por el cual se propone reducir sólo de 16 a 12 millones de euros el importe disponible. 
En la resolución que presento se toma en consideración asimismo la hipótesis de estudiar la creación de un mecanismo específico de ayuda a las balanzas de pagos de los países candidatos. 
Es obvio que se trata de una hipótesis que mira hacia el futuro y que, por lo tanto, hoy no afecta a la situación que estamos viviendo, sin embargo, es una hipótesis que he considerado que, como mínimo, se podía profundizar con el fin de estar preparados para el caso de que se planteen estos problemas. 
. (IT) Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Sartori su informe que hemos valorado muy positivamente. 
El objetivo del presente informe de la Comisión es facilitar un fundamento para el examen del mecanismo único de ayuda financiera a medio plazo y para su posible revisión. 
El mecanismo de financiación desarrolla el artículo 119 del Tratado de la Unión Europea que continúa en vigor durante la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria sólo para los Estados miembros que no participan en la moneda única. 
El último examen se realizó en 1997 sobre la base de un informe elaborado por la Comisión. 
En dicha ocasión, el Consejo aprobó la posición de la Comisión, según la cual el mecanismo debía mantenerse, y adoptó la decisión de que era necesario un nuevo examen, con arreglo al mismo procedimiento y a la luz de los cambios vinculados a la puesta en marcha de la tercera fase. 
En consecuencia, la Comisión deberá presentar un informe al Consejo para que éste pueda proceder a un nuevo examen del mecanismo. 
Las principales recomendaciones del informe son tres. 
Primera recomendación: el mecanismo único debería mantenerse, ya que es un instrumento de ejecución del artículo 119 del Tratado que seguirá aplicándose a los Estados miembros que no forman parte de la zona euro. Hasta que no participen en la moneda única, dichos Estados, así como todos los nuevos miembros de la Comunidad, pueden encontrar dificultades en sus balanzas de pagos y, por lo tanto, querer utilizar el mecanismo en cuestión. 
Considerando el actual nivel de integración económica, financiera y monetaria, la probabilidad de que algunos Estados miembros encuentren dificultades vinculadas a las balanzas de pagos es mínima desde el punto de vista institucional, sin embargo, el mecanismo debe seguir en vigor. 
Segunda recomendación: debería suprimirse la posibilidad de recurrir a créditos concedidos por otros Estados miembros para financiar préstamos acordados en el ámbito del mecanismo, ya que por varias razones no se ha utilizada nunca. 
De cara al futuro, el recurso al mercado de capitales debería seguir siendo la única opción posible. 
Tercera y última recomendación: la reducción del número de Estados miembros que hoy podrían pedir esta forma de ayuda financiera, así como la necesidad de cubrir las necesidades potenciales de nuevos Estados miembros, justifican la reducción del límite máximo de intervención prevista por el mecanismo de 16 millardos a 12 millardos de euros. 
El Comité Económico y Financiero elaboró un dictamen que remitió a la Presidencia el 14 de julio de 2000. 
El Comité considera que las conclusiones del examen del mecanismo único llevado a cabo por la Comisión están en línea con sus posiciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.30 horas. 
Multiplicación vegetativa de la vid 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0195/2000) de la Sra. Klaß, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (2000) 59- C5-0090/2000- 200/0036 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 68/193/CEE referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señores y señores, quiero dar las gracias porque hoy podamos discutir aún la propuesta de directiva del Consejo que modifica la Directiva 68/193/CEE sobre el comercio con materiales de multiplicación vegetativa de la vid y espero también una votación positiva mañana. 
En lo que respecta a las superficies, a la producción y al consumo la viticultura europea ostenta el liderazgo mundial. 
En varios Estados miembros el cultivo de la vid representa una parte específica e importante del total de la producción agraria, y en muchas regiones este sector es la única y decisiva fuente de ingresos. 
Con frecuencia se encuentra la viticultura en zonas en las que serían difíciles o imposibles otras modalidades de actividad agrícola. 
La viticultura es un sector de una diversidad extraordinaria, caracterizado por una larga tradición y por viejas culturas. 
El material de multiplicación de la vid constituye el fundamento de una producción óptima de uvas y de vino en lo que se refiere a la calidad y a la cantidad, y consolida estos factores por un período de 25 a 40 años. 
Por consiguiente, el material de multiplicación de la vid tiene una gran relevancia y reviste una importancia esencial para garantizar una fiabilidad óptima respecto de la calidad, y de la pureza de las variedades. 
La manipulación y el comercio de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid están establecidos hasta ahora en la Directiva 68/193/CEE del año 1968. 
El texto de esta directiva contiene diferentes disposiciones que posibilitan a los Estados miembros apartarse unilateralmente de algunas normas, y la directiva ha sido también modificada de varias maneras. 
Saludo el proyecto de modificación de la Comisión, que de manera abarcable ha sintetizado en un informe las modificaciones necesarias y que introduce también al mismo tiempo modificaciones nuevas que surgen de los nuevos desarrollos y conocimientos. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, nuevas variedades de materiales de multiplicación de la vid, que han sido producidos a partir de ramas verdes o por multiplicación in vitro. 
Hay que celebrar sobremanera la actual aspiración a consolidar el mercado interior. 
Es urgentemente necesario modificar o eliminar las viejas y obsoletas disposiciones para eliminar así los actuales o potenciales obstáculos al comercio. 
Creo que el mejorador francés de vides ha de poder mejorar también vides para el mercado alemán o para el italiano y también al contrario. 
Las características específicas de la producción del vino y el desarrollo ulterior de las mismas, en especial en el ámbito técnico y científico, hacen imprescindible el establecimiento de especificaciones técnicas detalladas. Éstas contribuyen al aseguramiento de los procesos en el mercado interior, mejoran las perspectivas de comercialización y protegen al mismo tiempo los intereses legítimos de los usuarios y de los productores. 
En consecuencia, la Comisión publicará un catálogo comunitario de variedades sobre la base de las notificaciones de los Estados miembros. 
Esto proporciona en el mercado una mayor seguridad a los viticultores europeos. 
Muchas enmiendas contienen una mejor definición conceptual como por ejemplo, la adopción del genotipo. 
Las guías y los controles son importantes, y la Comisión debe asegurar que se necesite solamente un solo documento para cada partida en el territorio europeo. 
Un material de multiplicación de la vid, de gran calidad y sano, desempeña hoy un papel cada vez mayor y más importante. 
El informe ha cobrado en las últimas semanas una especial actualidad. 
Efectivamente, la Comisión propone establecer un fundamento jurídico que tenga en cuenta en cuenta las variedades genéticamente modificadas. 
La propuesta de la Comisión hace referencia a la Directiva 90/220 del Consejo en la que, como directiva horizontal, han de regularse todos los materiales genéticamente modificados. 
Nosotros hemos establecido la misma referencia en el ámbito del material multiplicador forestal y vegetal. 
Sin embargo, el hecho de que la Directiva 90/22 se encuentre aun en procedimiento de conciliación no nos debería impedir proceder con las vides de la misma manera que con el material de multiplicación forestal y vegetal. 
Todas las modificaciones que se añadan ahora a la Directiva 90/220 en el procedimiento de conciliación afectarán también luego a las vides. 
Actualmente no hay todavía en el mercado ningún material de multiplicación de la vid, genéticamente modificado, pero las investigaciones están en marcha. 
Hoy no es parte integrante de la directiva la cuestión de si en el futuro va a suscitar reacciones positivas una autorización de vides genéticamente modificadas o si los productores de vino y el sector vinícola la van a rechazar. 
Seguramente se discutirá abundantemente sobre esto en otra parte. 
La directiva de hoy asegura que las variedades tradicionales que caracterizan el cultivo de la vid en las regiones se mantendrán y estarán seguras. 
El cultivo tradicional de la vid constituye nuestra fortaleza en la Unión Europea y es preciso apoyarlo. 
Por consiguiente, pido que el informe en su versión actual obtenga la conformidad de la Asamblea y que con ello pueda ser utilizado también en el ámbito del material de multiplicación de la vid en el mercado interior. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos amigos, si hemos querido aplazar ese informe, es porque le concedemos mucha importancia a la coherencia de los trabajos de nuestro Parlamento para influir en las orientaciones de las políticas europeas. 
En efecto, la revisión de la Directiva OGM 90/220 se encuentra actualmente en procedimiento de conciliación. 
Sería más coherente esperar que finalice ese procedimiento para integrar referencias a los OMG en nuestras directivas y nuestros reglamentos. 
Por ese motivo, a propuesta de vuestro ponente de opinión, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor votó, por unanimidad, a favor de la supresión de la referencia a los OMG en ese informe. 
Y que no nos digan que nos equivocamos de tema, que esa revisión no tiene ninguna consecuencia en materia de OMG, puesto que ya existe un reglamento de ese tipo para los bosques. 
Por el momento, seguimos bebiendo vino pero aún no nos alimentamos de la madera de nuestros bosques. 
En contra de lo que la Comisión ejecutiva y la Comisión de Agricultura quisieran hacer creer, esa revisión introduce de manera solapada e irremediable el cultivo de variedades de vid modificadas genéticamente. 
Eso significa claramente que el Parlamento Europeo daría indirectamente luz verde a la experimentación de los OMG para la multiplicación o el mejoramiento de las variedades de vid. 
Ni los viticultores ni los negociantes ni los propietarios de viñedos lo piden. 
Algunos de ellos lanzaron, el 5 de julio, el llamado de Beaune, donde expresan su preocupación frente a la introducción de los OMG en la profesión. 
La Confederación de Productores de Vinos con denominación controlada nos responde: apoyamos la posición de la Comisión de Medio Ambiente ya que ofrece la garantía de que el reglamento europeo no permitirá el establecimiento de procedimientos que autoricen la venta de materiales vitícolas modificados genéticamente que podrían dañar la imagen de la viticultura. 
¿Quién se va a aprovechar de ese reglamento modificado que introduce los OMG? 
La pregunta- y, por supuesto, la respuesta- tendrá que venir de la Comisión. 
Ella nos dirá también si piensa prepararnos para la llegada de los OMG en nuestros platos, y ahora en nuestros vasos, y eso, desgraciadamente, con la complicidad de la Presidencia francesa y en total desacuerdo con los consumidores europeos. 
La directiva anterior ha dado pruebas de su pertinencia y de su eficacia al permitir en primer lugar una normalización de los productos, un desarrollo sustancial de los intercambios intra-comunitarios de madera y plantas de vid durante los últimos años. 
Hoy, su revisión se hace necesaria habida cuenta de la evolución de las reglamentaciones fitosanitarias y de los progresos científicos y técnicos realizados, en particular en lo que a la multiplicación in vitro se refiere 
El proyecto de texto que nos presenta la Comisión Europea, con enmiendas de la Comisión de Agricultura del Parlamento, propone avances interesantes de los cuales citaré aquí los más significativos. 
El proyecto actual suprime cualquier posibilidad para los Quince de derogar unilateralmente las disposiciones de la directiva. 
Esa disposición, que no estaba prevista en la versión inicial de la directiva, es deseable puesto que permitirá evitar los obstáculos al intercambio y facilitar la circulación de los materiales de multiplicación dentro de la Unión. 
La directiva de 1968 no se refería, por supuesto, a los materiales producidos mediante técnicas de multiplicación herbácea in vitro, que actualmente están bien controladas. 
El nuevo texto introduce disposiciones que reconocen las particularidades; aunque la búsqueda de un material de multiplicación más eficiente desde un punto de vista sanitario sea deseable para el utilizador, es importante que esa orientación no cree barreras comerciales. 
Por lo tanto la propuesta de enmienda tendente a garantizar la libre comercialización, en cualquier lugar de la Unión, de los materiales que se conforman con las exigencias mínimas de la directiva, merece ser aprobada sin reserva. 
Por último, en lo que se refiere a las nuevas disposiciones relativas a las variedades modificadas genéticamente, debemos velar por que estén del todo conformes y compatibles con los textos existentes o en debate en ese ámbito. 
En la medida en que ese dispositivo reglamentario tiene todavía que ser completado y precisado, sería preferible suprimir las disposiciones que se refieren a ese punto en el proyecto de directiva. 
Se puede considerar que les disposiciones nuevas o actualizadas responden satisfactoriamente a las expectativas de los profesionales del sector de los semilleros vitícolas y de la viticultora y que deberían de contribuir a un mejoramiento de la calidad de los materiales propuestos y facilitar el control, por medio de las instituciones encargadas de ese tipo de misiones, de la circulación de los intercambios de madera y de cepas de vid. Las reglas que prevén son por lo demás favorables a la producción de un material vegetal diversificado y que ofrezca las mejores garantías sanitarias, lo cual es fundamental, para acompañar eficazmente la reestructuración del viñedo comunitario, punto clave de la nueva OCM vinícola y vitícola. 
Señor Presidente, Señorías, la necesidad de una directiva que revise las condiciones de comercialización en el territorio comunitario de los materiales de multiplicación de la vid es imperiosa. 
La normativa básica en vigor se remonta al ya lejano 1968, sin embargo, entretanto se han hecho grandes avances en este sector, ya que se han experimentado nuevos materiales con frecuencia por vía natural y a veces a través de modificaciones genéticas. 
De ahí la urgencia de una nueva regulación que reconozca estas nuevas oportunidades que se brindan a los viticultores europeos y que, al mismo tiempo, se preocupe por la salvaguardia de las vides tradicionales. 
Creo que es oportuno aprobar el informe Klaß, sobre todo con las ulteriores garantías aportadas con enmiendas tales como la de la Comisión de Agricultura que aclara la referencia a la Directiva 90/220, tal como será modificada en lo referente al aspecto que atañe a los organismos modificados genéticamente. 
Otra enmienda, presentada por el Sr. Garot y por mí, hace referencia una vez más el principio de precaución e invoca la defensa de esas vides tradicionales que, de lo contrario, podrían perder terreno respecto a las nuevas experimentaciones. 
Asimismo, con este principio de precaución, considero que referirse a la posibilidad de modificaciones genéticas significa, por ejemplo, reducir el uso intensivo de tratamientos fitosanitarios. 
Por otra parte, en el sentido de la precaución van las enmiendas de la Sra. Auroi y del presidente de nuestra Comisión de Agricultura, Sr. Graefe zu Baringdorf, precisamente como ulteriores garantías de las experimentaciones. 
Por lo tanto, desde este punto de vista, considero que va en la dirección correcta el informe de la Sra. Klaß, en un sector que reclama de manera urgente una nueva normativa, un sector pujante y estratégico para la agricultura y la industria vitivinícola europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, ¿porqué hacer de un informe técnico una posible catástrofe enológica? 
La voluntad de modificar la directiva referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid podría verse como la voluntad loable de actualizar un texto bastante técnico, que ya remonta a 32 años. 
Sesenta y ocho me parecía una buena cosecha, pero parece que la Comisión decidió modernizarla. 
Las primeras líneas del informe Klass subrayan bien el valor no sólo económico, sino también cultural de la producción vitícola y vinícola. 
Todo podría por lo tanto estar de lo mejor en el mejor de los mundos vitícolas europeos posibles. 
¡Pues no! 
La Comisión se planteó esa actualización abriendo una caja de Pandora que, sin embargo, ningún productor europeo reclamaba. 
Si bien la fiebre a la vez del clon y de los OMG parece haberse apoderado de la Comisión, la Sra. Ponente llegó a un verdadero frenesí, añadiendo al término OMG unos genotipos que ve por todas partes. 
Hay que decirlo en voz alta y clara, no era necesario sobrecargar los artículos de esa directiva con referencias a la Directiva 90/220 en proceso de revisión a menos de querer promover a la fuerza las manipulaciones genéticas de la vid. Y sobre todo, ¡no me digan que es para anticipar la revisión de esa directiva o porque la vid OMG se limita a experimentos de laboratorio! 
Señor Comisario, señora ponente, escuchen a los especialistas del Instituto Nacional de las Denominaciones de Origen. 
El INAO ha prohibido, en el estado actual de los conocimientos, cualquier recurso a los OMG en cualquier campo que sea, incluido, por lo tanto, para las cepas y los portainjertos modificados genéticamente- cito. 
¿Quieren leer la proclama de Beaune de los viticultores de Borgoña? 
¿Quieren mostrar a esos profesionales que Europa está al servicio de la calidad y respeta el principio de precaución? 
Señor Comisario, suprima los considerandos y los artículos que introducen OMG y clonaciones en ese proyecto. 
Señora ponente, elimine sus enmiendas y deje que los científicos aclaren la relación entre OMG y genotipos. 
Hay, señora Krass, un segundo tema que resulta molesto. 
Usted reduce la práctica del injerto a la vid verde únicamente. 
Protege de esa manera las características de su región, pero excluye el injerto, durante el invierno, del material vegetal ya maduro, que sin embargo es la práctica más común en Europa en materia de injerto. 
En conclusión, queridos colegas, para respetar el principio de precaución, tanto en su espíritu como en su letra, si por desgracia los artículos y enmiendas que acabo de citar no fuesen retirados, haría falta atenerse a la opinión de Marianne Isler Béguin, y por lo tanto de la Comisión de Medio Ambiente, y votar a favor de su supresión. 
Señor Presidente, señora ponente, la felicito por su informe. 
En los últimos tiempos se han producido algunos torbellinos y creo que los organismos genéticamente modificados son, naturalmente, apropiados para discutir sobre la orientación de esta directiva. 
Sin embargo, honestamente hay que decir que nadie será obligado a utilizar material genéticamente modificado. 
Hasta ahora no lo tenemos en la viticultura. 
Por principio soy adversario de los organismos genéticamente modificados, y soy un aficionado al vino y quisiera seguir disfrutando del vino que he tenido hasta ahora. 
Por esta razón, celebro también que hayamos destacado de manera adicional las variedades tradicionales características de las regiones. 
Por lo que se refiere al material genéticamente modificado soy de la opinión de que en este informe tenemos una garantía jurídica con la referencia a la Directiva 90/220. 
Todas las modificaciones venideras se apoyarán y deberán apoyarse en ella. 
Pero, además, señora Kla, sería importante que precisamente en la vinicultura, junto a la parte jurídica, acentuáramos también la política y- si lo logramos- mantuviéramos, a ser posible, la vinicultura libre de material genéticamente modificado. 
Espero que las viticultoras y los viticultores, por su propio interés, de se mantengan alejados de esto, pues sabemos que encuentra un fuerte rechazo entre las consumidoras y los consumidores. 
Espero que de esta forma impidamos que se abra también el vino a este material. 
. (IT) Señor Presidente, agradezco a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la ponente, Sra. Klaß, la actitud sumamente positiva mostrada respecto a la propuesta de la Comisión. 
La Comisión valora el amplio consenso sobre su propuesta. 
Su objetivo es reforzar el mercado interior en el sector específico, actualizar la normativa a la luz de los avances técnicos y científicos que se han producido y, en el caso de las variedades modificadas genéticamente, garantizar que las mismas se admitan sólo después de que se hayan tomado las medidas oportunas para evitar efectos dañinos a la salud humana y al medio ambiente. 
Por lo que respecta al tercer punto, actualmente, la propuesta contiene referencias tanto al desarrollo de un procedimiento específico para comprobar el riesgo medioambiental, equivalente al previsto en la Directiva 90/220 para los riesgos que afectan al ser humano y al medio ambiente, como a los criterios y a los principios de evaluación previstos en el Reglamento nº 258/97, relativo a los nuevos alimentos y a los nuevos ingredientes alimenticios. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto 26 enmiendas. 
La Comisión puede aceptar la mayor parte de ellas, o sea, 24 de 26, tal como están formuladas o con ligeras modificaciones respecto a las formas de redacción o de presentación. 
Por ejemplo, en el caso de la propuesta de reconocimiento de la especificidad del genotipo, al que hacen referencia las enmiendas 4, 12, 15, 16 y 20, la sugerencia se aceptará con una redacción distinta del texto. 
La diversidad genética de las variedades que presentan genotipos adaptados a determinados entornos locales será tenida en cuenta en su totalidad con ocasión del debate sobre la conveniencia de mantener la posibilidad de comercializar el material de multiplicación de dichas variedades, sobre la base de la letra A del apartado 5 del artículo 3 de la Directiva. 
En cuanto a las otras dos enmiendas, es decir, la 2 y la 18, podemos aceptarlas sólo en parte, puesto que algunos aspectos presentan una agresividad inmotivada hacia otros países- enmienda 2- o porque la referencia a la obligación de la Comisión de facilitar más recursos en el caso de crearse un catálogo común de las variedades- enmienda 18- no es necesaria. 
Por último, podemos aceptar la enmienda 27 presentada en último termino por los Sres. Lavarra y Garot. 
Me es grato comunicarles que podemos aceptar asimismo las enmiendas 35 a 40 presentadas por el Sr. Graefe zu Baringdorf, orientadas a fortalecer la transposición de los requisitos de seguridad y de gestión con arreglo a la Directiva 90/220. 
En cambio, no podemos aceptar las enmiendas 28 a 34, presentadas por la Sra. Isler-Béguin y otros, dado que las mismas implicarían la supresión de toda esa parte de la Directiva que contiene referencias a las variedades OGM y a la correspondiente evaluación del riesgo. 
Por otra parte, dichas enmiendas ya fueron debatidas y rechazadas por la Comisión de Agricultura. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 41 de la Sra. Schierhuber, dado que, a la vista de las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura, hace referencia a una definición excesivamente detallada. 
Al aceptar esta enmienda, se correría el riesgo de crear barreras artificiales a los intercambios, lo cual iría en contra del objetivo principal de la propuesta, esto es, la consolidación del mercado interior. 
Señor Presidente, Señorías, les agradezco su atención y vuelvo a dar las gracias a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, si me permite: señor Comisario, ¿podría usted darnos su opinión acerca de la enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor? 
Es la enmienda 1. 
-Señor Presidente, la respuesta es positiva: la enmienda ha sido aceptada. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.17 horas). 
Se ha distribuido el Acta de la sesión anterior. 
¿Hay observaciones? 
Señora Presidenta, en el punto 13 del Acta, "Comunicación de la notificación del decaimiento del mandato del Sr. Le Pen", observo que se consideró usted con derecho a expresarse en nombre del Parlamento, como también la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos en nombre de dicha comisión. 
Quisiera simplemente observar que no se ha pedido al Parlamento que se pronuncie como tal. 
En cuanto a la interpretación que da la Sra. Palacio, por la que siento, a título personal, mucho respeto- me refiero a la presidenta y no a su interpretación -, es resultado de una decisión anterior de la comisión, adoptada cuando ésta resolvió aplazar la adopción de una resolución. 
En espera del rechazo del recurso ante el Consejo de Estado presentado por el Sr. Jean-Marie Le Pen, en modo alguno se abstuvo después de examinar las consecuencias de dicho recurso ni de apreciar siquiera la decisión adoptada. 
Eso me parece tanto más grave cuanto que, mientras que los textos legislativos franceses disponen expresamente que la resolución del Consejo de Estado, por tratarse de un diputado europeo, debe adoptarse en pleno, en ese caso fue adoptada exclusivamente por dos subsecciones, lo que constituye una violación particularmente grave de los derechos del Sr. Le Pen. 
Por consiguiente, considero que no se ha respetado el apartado 4 del artículo 7 de nuestro Reglamento. 
Señor Gollnisch, puedo asegurar a su Señoría que se ha respetado perfectamente el procedimiento, según el espíritu y la letra del apartado 2 del artículo 12 del Acta del 20 de septiembre de 1976. 
El único aspecto sobre el que se podría discutir es el de si debería yo haber tomado nota o no en cuanto el Gobierno francés me transmitió la resolución de decaimiento del mandato del Sr. Le Pen. 
Como sabe su Señoría, la Comisión de Asuntos Jurídicos me aconsejó esperar a la decisión del Consejo de Estado, cosa que hice. 
Pero se respetaron las cosas perfectamente, conforme al Reglamento. 
Señora Presidenta, en el Acta se dice que yo hablé sobre la situación en España. 
Hablé sobre la represión en España y la situación en el País Vasco, cosa totalmente distinta. 
Yo no habría hablado de actos terroristas de ETA y diría que estaba hablando de la situación en España. 
No se ha transmitido correctamente en el Acta. 
Yo habría dicho que hablé sobre la situación en el País Vasco y sobre la represión del Gobierno español. 
Se puede comprobar en el Acta Literal de los debates. 
Señora Presidenta, a propósito del punto 14 de nuestra Acta sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Pacheco Pereira. 
Denegamos dicha suspensión, señora Presidenta, lo que responde a la pregunta que ha formulado usted antes, en nombre- cito al Sr. MacCormick en su informe: párrafo D- del "carácter autónomo de la inmunidad parlamentaria europea con respecto a la inmunidad parlamentaria nacional". 
He de recordarle que en griego "autónomo" se dice "auto nomoi", el que tiene sus propias normas, y el ponente dice "sus reglas propias". 
Por consiguiente, para la suspensión de la inmunidad parlamentaria, si el Parlamento tiene sus propias reglas, si no tiene una competencia vinculada, cuando la autoridad nacional le pide la suspensión de la inmunidad, a fortiori, quien puede hacer lo superior puede hacer lo inferior, a fortiori, cuando se le pide anular el mandato de un diputado, tiene también sus propias normas, es "auto nomoi", tiene poder discrecional y no competencia vinculada. 
Ayer, señora Presidenta, tenía usted un poder discrecional y el Parlamento también y no una competencia vinculada. 
En eso consiste su error jurídico, señora Presidenta. 
Su Señoría, señor Martinez, se ha adelantado a la votación del informe sobre el Sr. Pacheco Pereira. 
He de recordar a su Señoría que la votación se celebrará después, a las 12.30 horas. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
A raíz del referéndum danés, ¿escribirá usted al Primer Ministro danés para felicitar al pueblo danés por haberse apuntado un tanto en pro de la libertad, la democracia y el Estado-nación? 
El euro debía simbolizar la fuerza y la unidad de Europa... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
No es una cuestión de orden, señor Helmer. 
Eso al menos está claro. 
Reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz (13 y 14 de octubre de 2000) 
De conformidad con el orden del día, el Consejo y la Comisión proceden a formular declaraciones sobre la reunión del Consejo Europeo oficioso de Biarritz, que se celebró los días 13 y 14 de octubre de 2000. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, con mucho gusto vuelvo hoy ante ustedes para presentarles- como prometió la Presidencia francesa el pasado 3 de octubre- los resultados del Consejo Europeo oficioso de Biarritz al que sus Señorías hicieron, como siempre ahora, señora Presidenta, una contribución apreciada. 
Como indiqué, las reformas institucionales en examen en la Conferencia Intergubernamental ocuparon- y creo que es acertado- la mayor parte del tiempo disponible, por lo que voy a comenzar por ellas. 
En la CIG la labor había avanzado en el nivel ministerial, antes de Biarritz, todo lo que era- creo yo- posible, por lo que dicho Consejo oficioso fue muy oportuno para confirmar ciertos avances, para dar orientaciones con vistas a la fase final de la labor en la que, por tanto, hemos entrado ahora. 
En Biarritz, comprobamos en primer lugar- y creo que es fundamental- un acuerdo general sobre la necesidad de concluir con un tratado ambicioso en Niza: es lo que he llamado "el espíritu de Biarritz"; después, avances tangibles sobre la mayoría cualificada y las cooperaciones reforzadas; por último, lo que llamaré la iniciación de un debate de fondo al más alto nivel sobre las dos cuestiones más delicadas: la reponderación de los votos y la Comisión, que nos permite entrar realmente, ahora, en la negociación sobre los dos puntos difíciles. 
Voy a ser más preciso sobre la mayoría cualificada. 
Se observó un acuerdo bastante amplio sobre más de la mitad de los artículos en examen y, respecto de los aspectos delicados, se esbozó la vía hacia posibles soluciones. 
Así, en la esfera fiscal siguen existiendo ciertas reservas de fondo, pero se podrían lograr avances parciales gracias a adaptaciones técnicas que la Presidencia buscará con ayuda de la Comisión. 
Tomamos nota de que existe- cosa no desdeñable- una clara apertura sobre la cooperación en materia de lucha contra el fraude fiscal. 
En la esfera social, creo que también deberíamos poder avanzar, si bien con la condición de no alterar los principios que fundamentan los diferentes regímenes nacionales de seguridad social, lo que deja cierto margen de maniobra. 
En materia de política comercial exterior, también será posible lograr avances, pero cuando encontremos medios para reservar un tratamiento particular a las cuestiones más delicadas y prevengamos, por lo demás, una ampliación desviada de las competencias comunitarias. 
En la esfera de la justicia y los asuntos de interior, soy optimista sobre una solución para la cooperación judicial civil. 
En cambio, las cuestiones relativas al asilo, los visados y la inmigración siguen siendo más delicadas. 
Por último, sigue habiendo algunas dificultades, en particular sobre la no discriminación o también sobre el medio ambiente. 
Así, pues, se han logrado avances substanciales, aun cuando algunos de ellos estén por confirmar. 
Sobre las cooperaciones reforzadas, todos los Estados miembros están ya de acuerdo en reconocer su utilidad y la necesidad de flexibilizar sus modalidades de iniciación. 
Todos están de acuerdo también en considerar que deben conservar una carácter abierto, que no se trata de avanzar hacia una Europa de dos velocidades, que se debe respetar el marco constitucional de la Unión y, por tanto, en particular, el papel de la Comisión y el del Parlamento Europeo y que hay que preservar, por último, el acervo comunitario, es decir, el Mercado Interior y las políticas de cohesión de las cooperaciones reforzadas. 
Por último, en la esfera de la política exterior, de seguridad y de defensa, creo que habrá que buscar disposiciones idóneas para tener en cuenta especificidades de dichas cuestiones. 
Sobre la Comisión y la reponderación de los votos, cuestiones políticas estrechamente correlacionadas, los debates permitieron comprobar un acuerdo sobre la necesidad de volver más fuerte y eficaz la Comisión, pero reconozco que, al decir eso, no se dice gran cosa, porque sigue habiendo una discrepancia muy clara sobre las modalidades. 
Unos propugnan un límite máximo definitivo del número de Comisarios, acompañado de una rotación igualitaria entre los Estados miembros, otros defienden la fórmula de un Estado/un Comisario, sin por ello excluir una profunda reorganización del Colegio. 
Así, pues, las dos fórmulas siguen sobre la mesa, habrá que apreciarlas con el criterio de su capacidad para hacer respetar el interés general comunitario. 
Sobre la ponderación de los votos, siguen también sobre la mesa las dos opciones bien conocidas: ponderación simple en pro de la cual se confirma una ligera, muy ligera, mayoría, o bien doble mayoría, pero con fórmulas diferentes, doble mayoría simple o reponderada o una forma de "malla demográfica". 
Sobre esas cuestiones, está claro que no podremos zanjar hasta el final de la negociación; no obstante, deberán proseguir los debates a partir de propuestas cifradas a fin de preparar la decisión final que se adoptará en Niza. 
Ahora va a proseguir la labor hasta el Consejo de Niza, de forma muy intensa, a partir de las orientaciones oficiosas adoptadas por ese Consejo Europeo. 
Así, pues, nos quedan menos de cincuenta días. 
De aquí a entonces, el grupo preparatorio se reunió ayer para trabajar sobre la mayoría cualificada y sobre las cooperaciones reforzadas, a partir de bases concretas. 
También ahondó en la modificación del artículo 7 del Tratado conforme a las orientaciones positivas resultantes de Biarritz. 
El grupo preparatorio va a desempeñar plenamente su papel hasta el 19 de noviembre, fecha de la próxima reunión a nivel ministerial. 
Así, pues, habrá en total seis sesiones de trabajo a nivel ministerial de aquí a Niza, cuatro de ellas restringidas y dos en forma de cónclave, y pensamos aprovechar sin lugar a dudas todas esas ocasiones para que siga vivo el espíritu de Biarritz. 
Por último, unas palabras sobre un asunto conexo, pero fundamental- lo sé- para el Parlamento Europeo: la carta de Derechos Fundamentales, para decir a sus Señorías que el Consejo Europeo se ha felicitado unánimemente por la calidad de ese texto, que, por tanto, podría ser proclamado solemnemente en Niza en la forma que se lo ha transmitido la Convención. 
En cuanto a la cuestión de su integración en los Tratados, no se trató, precisamente, en Biarritz. 
No obstante, está claro que la mayoría de los Estados no están preparados para ello en este momento y estoy convencido- no es un deseo, sino una impresión- de que seguramente no se podrá plantear oficialmente hasta después. 
Paso ahora a las cuestiones internacionales, que también estuvieron muy presentes en Biarritz. 
Todos sus Señorías conocen el marco en el que se desarrolló la Cumbre: por un lado, la situación en el Oriente Próximo y, por otro, el cambio de régimen en Serbia, que se plasmó en la visita a Biarritz del nuevo Presidente serbio, Sr. Kostuniça. 
Sobre el Próximo Oriente, voy a ser muy breve. 
Recordaré simplemente que desde los primeros momentos la Unión Europea hizo un llamamiento a las partes a fin de que hicieran todo lo posible para poner fin a la violencia, reanudar el diálogo y preservar los logros de Camp David y el Consejo Europeo de Biarritz hizo un llamamiento a las dos partes para que celebraran una reunión en la cumbre. 
La Unión siguió haciendo oír su voz, la de la razón y del apaciguamiento, en Sharm el Sheij, donde estuvo representada por primera vez: lo subrayo, pues no soy de los que creen que Europa se debilite en el Próximo Oriente, sino que vuelve a él poco a poco, por mediación del Sr. Solana, Alto Representante para la PESC. 
Posteriormente comprobamos, por desgracia, que no se pudo aplicar el acuerdo obtenido en Sharm el Sheij y que siguen existiendo tensiones- es lo menos que se puede decir- extraordinariamente intensas por una y otra parte, por lo que la Unión Europea sigue, naturalmente, la situación con la mayor vigilancia. 
Hay que recuperar el espíritu que caracterizó los acuerdos de Oslo. 
Ésa es la ambición de la Presidencia, de todos los Estados miembros y del Alto Representante, es también la de la Comisión y, por último, la de este Parlamento. 
El segundo acontecimiento importante que caracterizó Biarritz, de forma más afortunada, es el regreso de la democracia a Serbia y- más aún- las consecuencias del cambio de régimen en Belgrado para las relaciones de ese país con nuestra Unión Europea. 
Todos sus Señorías tienen presentes los acontecimientos que condujeron a la investidura de Vojislav Kostuniça y esa investidura, esos acontecimientos, crearon un orden radicalmente nuevo en la República Federal de Yugoslavia, que abre la vía a la democratización del país y- esperémoslo- a una reconciliación más amplia en esa región de los Balcanes. 
La Unión Europea, fiel a sus compromisos, sacó las consecuencias de esa conmoción política ya en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 9 de diciembre, durante el cual se decidió la suspensión de las sanciones, entre ellas los embargos petrolero y aéreo, que afectaban a la República Federal Yugoslava desde 1998, exceptuadas, naturalmente, las sanciones que afectan al Sr. Milosevic mismo y su círculo. 
Así, pues, el Presidente Kostuniça respondió a la invitación de la Presidencia para que se trasladara a Biarritz y participase en un almuerzo con los Jefes de Estado o de Gobierno. 
En la conferencia de prensa común que celebró con la Presidencia francesa, el Sr. Kostuniça expresó su emoción y su alegría por haber sido invitado así a formar parte de la familia europea, pues de eso se trata sin lugar a dudas. 
Naturalmente, la República Federal Yugoslava va a beneficiarse muy rápidamente de los instrumentos establecidos por la Unión para todos los Balcanes, comenzando por el programa CARDS, pero también por las actividades de la Agencia Europea de Reconstrucción. 
Además, el Consejo de Asuntos Generales confirmó la voluntad de la Unión de contribuir al restablecimiento de la navegación por el Danubio y participar activamente en la modernización de las infraestructuras de la República Federal Yugoslava con una perspectiva regional. 
Por otra parte, sin perjuicio de una evaluación de las necesidades y la coordinación de la asistencia económica y financiera a la República Federal Yugoslava, que se encomendarán conjuntamente a la Comisión Europea y al Banco Mundial, el Consejo Europeo de Biarritz decidió conceder a la República Federal Yugoslava una primera ayuda humanitaria de urgencia de 200 millones de euros. 
Por último- y con esto termino -, la Unión decidió- y seguramente se trata de la decisión más importante a medio y largo plazo- dar una perspectiva política a ese país proponiéndole concluir un acuerdo de estabilización y asociación a semejanza de los que se están negociando con los demás países de la región. 
Precisamente con esa intención se invitó al Presidente Kostuniça, como saben sus Señorías, a participar en la Cumbre de la Unión y de los países de los Balcanes occidentales, que se celebrará, a iniciativa del Presidente de la República, el próximo 24 de noviembre en Zagreb. 
Esto es, pues, lo que se desprende, señora Presidenta, Señorías, de la evolución de la situación en Serbia y de sus consecuencias para la Unión. 
Lo que importaba- creo yo- era que la Unión enviara muy rápidamente a ese país no sólo señales concretas de aliento, sino también- e insisto al respecto- una perspectiva política de integración plena y total en la familia europea. 
Creo que se proporcionó claramente esa señal. 
Falta esperar que el proceso de democratización prosiga en las mejores condiciones. 
Esto es- dicho en unos pocos minutos- lo esencial de los resultados del Consejo Europeo de Biarritz, que fue- lo digo con toda sinceridad, pues estoy convencido de ello- muy productivo y, por tanto, muy útil para el avance de la Unión, que debemos, naturalmente, concluir. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señorías, ha llegado la hora de la verdad. 
Tenemos que tomar decisiones en Niza para no poner en peligro la ampliación, que es nuestra gran prioridad. 
Ha hablado el Presidente en ejercicio del Consejo del espíritu de Niza. 
No tenemos que matar de aburrimiento al espíritu de Niza y, por lo tanto, hay una prioridad fundamental en los 50 días que quedan: elevar la negociación al nivel político. 
Mejor sería que se hiciera públicamente, como la Convención, pero, en cualquier caso, no se puede volver a la formación de la Conferencia Intergubernamental que ha sido una noria durante nueve meses, sin avanzar para nada. 
En relación con el informe que ha hecho el Presidente en ejercicio del Consejo, el Parlamento no tiene reivindicaciones fundamentales. 
Podemos ser hombres buenos en esta ocasión. 
Pero hay una cuestión básica que yo pediría al Presidente en ejercicio del Consejo que clarificara. 
El señor Comisario ha hablado de mayoría cualificada y codecisión. 
El señor Presidente en ejercicio del Consejo no lo ha hecho. 
Nosotros entendemos que la relación es automática: todo lo que pase a ser votado por mayoría cualificada en el Consejo, inmediatamente tiene que ser objeto también de codecisión con el Parlamento. 
Le agradecería al Presidente en ejercicio del Consejo que aclarara este extremo. 
En segundo lugar, también le pediría que aclarara ante la Asamblea si en este momento está siendo objeto de debate en la Conferencia Intergubernamental el reparto de escaños en el Parlamento. 
Porque aquí se nos llena la boca criticando al Consejo- y es muy criticable a veces -, pero no debemos renunciar a nuestras propias responsabilidades. 
Yo ya he denunciado públicamente en este Pleno nuestra incapacidad para proceder al reparto de la escasez que supone la ampliación con 700 escaños. 
Creo que podemos dar ejemplo también, como hicimos en el pasado, repartiendo entre grandes y pequeños. 
Y pienso que en este momento no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades si no somos capaces de resolver este problema. 
Me dirijo particularmente a los Grupos, empezando por el PPE, que están bloqueando esta decisión en el Parlamento. 
En siguiente lugar está el tema de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Si estamos todos de acuerdo en que la Carta es un documento muy importante, que suscribimos todos y que, además, es una seña de identidad colectiva, yo no acabo de entender qué vamos hacer con la Carta. 
¿La vamos a guardar en un cajón? 
¿La vamos a dejar para mejores tiempos? 
En mi opinión, debe ser el frontispicio de una futura Constitución, pero, de momento, lo que sí podemos hacer, y se puede conseguir en Niza perfectamente, es incluir la Carta en el Tratado, a través de un nexo muy elemental: el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 
Yo le pediría a la Comisión y al Consejo que se pronunciaran sobre este tema. 
Es un asunto importante para los que estamos y para los que pueden entrar. 
En este sentido yo querría también dirigirme a mis colegas del Partido Popular Europeo- y le ruego al Sr. Poettering que me escuche- porque lo que defendemos en esta Asamblea lo tenemos que defender fuera. 
Y es absolutamente inaceptable que el partido del Sr. Berlusconi en la Camera dei Deputati italiana haya votado en contra de esta Carta y que un miembro de esta Asamblea haya utilizado un lenguaje pre o postfascista y tabernario en relación con la Carta. 
Tenemos que ser coherentes y defender la Carta aquí y en nuestra casa. 
Porque son valores fundamentales para todos. 
Y, en este sentido, yo pediría que también hubiera un pronunciamiento claro sobre la propuesta que hacemos, que creemos que tiene sentido político. 
Y, para terminar, dos últimos comentarios, señora Presidenta, en relación con cuestiones fundamentales de política exterior. 
Por una parte, la presencia del Presidente Kostunica fue un acontecimiento histórico. 
Lo que es importante es que ayudemos a los Balcanes a estabilizarse, no a desestabilizarse. 
Y en este sentido creo que tenemos que aplicar el mismo rasero a todos. 
No podemos pedir a Croacia que coopere con el Tribunal Internacional y no planteárselo a la República Federal de Yugoslavia. 
Tenemos que encontrar dinero- y ahí el Consejo tiene responsabilidades- para afirmar nuestra comunidad de valores y hacer una política equilibrada y de estabilización en los Balcanes. 
Sobre Oriente Medio: es evidente que una de las causas de la situación- no la única, porque el tema es mucho más complejo- es que la Unión Europea, en el pasado, fue vetada en cuanto a su posibilidad de mediación. 
Hay que celebrar el paso que se ha dado, aunque sea en una situación en la que hacía falta compartir responsabilidades. 
Yo creo que nosotros tenemos que honrar nuestro compromiso en una de las situaciones más dramáticas que vivimos en este momento. 
Señora Presidenta, en primer lugar alabo al Consejo Europeo por aceptar el proyecto de Carta como definitivo. 
Por lo que sabemos de la actuación de los Primeros Ministros y Presidentes en Biarritz sobre las más peliagudas cuestiones de la reforma del Tratado, la Carta probablemente llegue a ser el mayor trofeo en Niza. 
Así, pues, ¿por qué intenta la Presidencia francesa suprimir la cuestión de la inclusión de la Carta en el Tratado? 
El Presidente Chirac, con su habitual capacidad para dar sorpresas, dijo en su declaración ante la prensa que el estatuto jurídico de la Carta sería una cuestión de la que habría de ocuparse la Presidencia sueca. 
¿Qué significa eso? 
¿Por qué demonios se supone que Suecia logrará algo que no pueda lograr Francia? 
No cabe duda de que incumbe al Consejo Europeo de Niza considerar si se debe incluir la Carta en el Tratado. 
Para eso está la CIG. 
Quisiera instar a la Presidencia francesa a que reconsidere rápidamente su posición sobre ese asunto fundamental. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la ampliación de la Unión constituye un medio para aumentar la estabilidad y la seguridad de Europa, y fomentar la tolerancia y la democracia. 
No obstante, la reforma de las instituciones de la Unión resulta igualmente necesaria para no dejar que la estabilidad de la propia Unión se hunda ante la indecisión, por una parte, y la indiferencia y aversión de los ciudadanos, por otra. 
Eso implica que la toma de decisiones por mayoría debe convertirse en la regla en el Consejo, lo mismo que debe suceder con el derecho de codecisión del Parlamento, por ejemplo, en materia agrícola. 
La declaración de derechos fundamentales resulta positiva, pero debe mejorarse a fin de colmar mejor las esperanzas de los ciudadanos y debe formar parte de un proceso constitucional europeo. 
Debe incorporarse al Tratado. 
La creación de una Europa creíble y democrática exige una mayor implicación de los ciudadanos, de las regiones, de los Estados miembros tanto pequeños como grandes, una mayor capacidad de decisión de la Comisión y el refuerzo del papel del Parlamento, pero sobre todo, la voluntad del Consejo a fin de desempeñar un papel en tanto Unión, algo que, por ejemplo, no hemos hecho en Oriente Medio. 
Los muertos, sobre todo por parte palestina, piden paz, y hay que volver a la esencia para restablecer el espíritu de Oslo. 
Israel tiene derecho a la paz y a la seguridad, pero los palestinos, que tuvieron que ceder una gran parte de su territorio para que ello fuera posible, tienen derecho a contar con un estado propio, tal como se confirmó en las resoluciones 242 y 338 de la ONU. 
La elección del Sr. Kostunica despierta esperanzas, indudablemente, en todos los demócratas, pero al mismo tiempo, urgen las cuestiones relativas a la futura estabilidad misma de Kosovo, Bosnia, Herzegovina, ya que la paz en los Balcanes es frágil y deberemos estar dispuestos a asegurar desde ya mismo con los medios necesarios la reconstrucción y la estabilidad futuras dentro de un proceso democrático. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, si bien se han logrado avances sobre las cooperaciones reforzadas y la ampliación del voto por mayoría cualificada, subsisten desacuerdos profundos sobre la composición de la Comisión y la ponderación de los votos en el Consejo, como usted ha señalado. 
Sí, siguen existiendo divergencias importantes entre los países grandes y los pequeños, que temen la creación de un directorio de los países más fuertes, no cabe duda. 
Así, pues, por hablar del espíritu de Biarritz, creo que en el fondo Biarritz es el reflejo de la complejidad de los imperativos que afronta la Unión. 
Creo que esa cumbre expresa, después de otras y aun cuando fuera oficiosa, las contradicciones entre las exigencias sociales y ciudadanas, las esperanzas de los pueblos y la lógica liberal que sigue predominando en la Unión. 
Es urgente reformular una concepción de la ampliación que una y no divida, que asocie a los países candidatos a la labor de la Conferencia Intergubernamental y preste mucha mayor atención a la dimensión social de la ampliación. 
Por eso, confirmo el compromiso de mi Grupo a favor de una reforma que garantice el equilibrio institucional dentro de la Unión y entre los Estados miembros, evitando la marginación de los países pequeños, una reforma también que desarrolle la transparencia y la democracia y, por último, permita una participación ciudadana en la elaboración de las políticas europeas. 
Biarritz es también la Carta de Derechos Fundamentales aprobada por unanimidad. 
Sí, ¡hay una gran ambición y un método nuevo! 
Por primera vez en ese tipo de textos se colocan en el mismo plano los derechos civiles, políticos y sociales y la voluntad de afirmar una comunidad de valores humanos. 
Aun así, no comparto la satisfacción de la Presidencia. 
No puedo por menos de lamentar que el contenido de la Carta no esté a la altura de las exigencias y las esperanzas, en particular en su componente social. 
Por eso, expreso el deseo de mi Grupo y de muchas ONG de que la Carta evolucione, siga mejorando, en particular para garantizar una protección y derechos más eficaces a los ciudadanos de la Unión, a los asalariados, a los ciudadanos de terceros países y a los excluidos. 
Lanzando una gran consulta a las poblaciones, a los parlamentos nacionales, que permitiera lograr una carta basada de verdad en las necesidades, el Consejo estaría en verdad en consonancia con las aspiraciones ciudadanas europeas. 
Por último, respecto de las cuestiones internacionales, deseo acoger con satisfacción, como ya se ha hecho aquí, el regreso de la democracia a Serbia. 
En el proceso iniciado es muy importante que la Unión contribuya a la reconstrucción, la estabilidad y la promoción de los derechos humanos en todos los países de la antigua Yugoslavia. 
Respecto del Próximo Oriente, después de Sharm el Sheij, todo indica que el proceso de paz está condicionado por el respeto de varios compromisos, comenzando por la aplicación plena y total de las resoluciones de las Naciones Unidas, la interrupción de la colonización israelí de los territorios ocupados, el derecho al regreso de los palestinos expulsados de sus tierras, el reconocimiento de un Estado palestino con Jerusalén oriental como capital. 
Yo también deseo el éxito de Niza y me felicito de que las poblaciones europeas y numerosas asociaciones, ONG o sindicatos se sitúen en la perspectiva de Niza. 
Señora Presidenta, en el Consejo de Biarritz, tras las controversias reales o supuestas entre países grandes y pequeños se empezó a ver aparecer una separación diferente y muy real entre los partidarios de la aceleración de la integración y los que quieren preservar una concepción de la Unión Europea respetuosa de los Estados y las democracias nacionales. 
Los primeros estarían dispuestos a practicar el ultrafederalismo en un núcleo duro y el referéndum danés parece haberlos fortalecido en su convicción. 
Mi Grupo desea hacerles una advertencia. 
Actuando así, probablemente dividirían Europa en dos, pero se separarían aún más sin lugar a dudas de su propio pueblo. 
Pues el referéndum del 28 de septiembre no expresó sólo el rechazo de los daneses a ser dirigidos por un super-Estado europeo y su voluntad de conservar su democracia nacional. 
Refleja también el sentimiento de numerosos ciudadanos de otros países miembros, aunque sea a veces más difuso, por falta de medios de expresión. 
¿Fueron oídos en Biarritz? 
Podemos dudarlo, cuando vemos que la decisión más clara adoptada en ese Consejo fue la de proclamar en Niza la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Ahora bien, el objetivo en última instancia de esa Carta, si llega a ser obligatoria, es el de privar a todas las democracias nacionales del derecho a formular por sí mismas los derechos y deberes de sus propios ciudadanos. 
Peor aún: la gran preocupación de los promotores de la Carta actualmente parece ser: ¿cómo vamos a hacer para hacerla obligatoria sin pasar por la ratificación de los parlamentos nacionales? 
Ya se ha decidido hacer que su proclamación en Niza corra sólo a cargo del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. 
En una segunda fase, según confía la Comisión en su comunicación del 11 de octubre, se podría dar carácter vinculante a la Carta mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, por tanto, también sin la intervención de los parlamentos nacionales. 
Así, se habrá logrado privar a las naciones de su derecho más fundamental sin plantear nunca francamente la cuestión a los diferentes pueblos. 
Así, pues, no se puede decir que se oyera de verdad en Biarritz la exigencia de respeto de las democracias nacionales en la Unión, expresada por el referéndum danés. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, no comparto el optimismo del Comisario Barnier según el cual en Niza se podrá preservar el sistema comunitario. 
Me parece que vamos en la dirección contraria. 
Teníamos un segundo pilar, teníamos un tercer pilar, estamos construyendo un cuarto pilar sobre la defensa y, de hecho, existe un quinto pilar sobre la Unión Económica y Monetaria. 
Por otra parte, se van destruyendo poco a poco los grandes equilibrios entre nuestras instituciones. 
Tenemos una Comisión debilitada y, en lugar de ocuparse de esos problemas fundamentales, nuestro Parlamento diserta sobre asuntos un poco surreales como el de una carta que carece del menor fundamento jurídico y para cuya aplicación no habrá ningún órgano encargado, mientras que en nuestros 15 Estados miembros tenemos todos cartas de derechos fundamentales. 
Mientras que nuestro Parlamento diserta sobre la constitucionalización, el verdadero problema lo plantean- repito- los grandes equilibrios dentro de la Comisión. 
No estoy de acuerdo con usted, señor Poettering. 
El problema es el de no convertir la Comisión en un segundo Consejo garantizando a cada uno de los Estados su presencia en ella, el problema es el de hacer de la Comisión un verdadero órgano supranacional, el órgano de la Unión Europea. 
Naturalmente, esos cambios no pueden ir en detrimento de los Estados pequeños, como parece ser la intención, cuando observamos las maniobras de ciertos grandes Estados que especulan con los cuadros de la reponderación de los votos y la composición de la Comisión, apostando por la recomposición de la Comisión para obtener un poco más de espacio de maniobra con la reponderación. 
El auténtico imperativo es el de dar, mediante la elección, una legitimidad real a la Comisión en relación directa con los ciudadanos. 
La elección por sufragio universal directo del Presidente de la Comisión y- ¿por qué no? -del Vicepresidente encargado de los Asuntos Exteriores para retirarlo por fin de ese segundo pilar será el único medio de devolver la fuerza a la Comisión. 
Se trata de la única forma de restaurar un auténtico equilibrio entre las diferentes instituciones de nuestra Unión Europea. 
Pero de eso no hablamos. 
Utilizamos la cuestión de la Carta de Derechos Fundamentales en nuestras polémicas nacionales, pero no creemos que el futuro de Europa pase por una Comisión apta para representar a todos los ciudadanos y ya no a los Estados miembros y que no se transforme- como ya se perfila ahora- en un segundo Consejo en el que sean posibles todos los regateos y en el que no pueda ya surgir una auténtica expresión de la voluntad común europea. 
Así, pues, hay que hacer un llamamiento a todos para que vuelvan a los orígenes de nuestra Unión, tener el valor que tuvieron Giscard d ' Estaing y el Sr. Schmitt, al decidir la elección por sufragio universal del Parlamento Europeo en 1976 y en 1979, y decidir que en 2009 tendremos por fin un Presidente de la Unión Europea, Presidente de la Comisión. 
Señora Presidenta, la Cumbre de Biarritz consagró la cooperación reforzada. 
La esencia de ésta es que las élites más fervientes de la integración podrán adoptar decisiones sin necesidad de gozar de amplio respaldo popular. 
Ya no es necesario tener en consideración a los países donde la cesión de soberanía exige un referéndum. 
A partir de ahora, se puede haber sufrido el rechazo de propuestas en referéndum y lograr aprobarlas de todos modos. 
Los países que pudieran decir no serán presionados antes o después para seguir a estas élites. 
El modelo es conocido de la cooperación en materia de política jurídica. 
Primero, los países pioneros ponen en marcha una cooperación Schengen y más tarde la legislación se traslada a todos los países. 
A los países más rebeldes se les hace una oferta especial. 
Se les remite la legislación por fax sin participación de voz y voto, pero no pueden eludir la legislación, no importa el número de los que voten "no, gracias" en el referéndum. 
Las élites de todos los países se unen también en contra de sus propios electores. 
Los que permanecen fuera de la cooperación reforzada disfrutan realmente de la misma libertad que los pasajeros de los asientos de atrás de un coche. 
La cooperación reforzada es como una nasa. 
No hay camino de vuelta, sino sólo cada vez más integración, más centralismo, más Bruselas sin la democracia correspondiente. 
El Grupo EDD desea una Europa más libre y más flexible, donde no se presione a nadie para participar en todo, con la democracia ocupando el lugar de la uniformidad. 
Una Europa de las democracias y de la diversidad. 
Señora Presidenta, aún recuerdo muy bien la sonrisa compasiva de los colegas que deseaban un ambicioso orden del día para la Conferencia Intergubernamental cuando les repliqué, ya en febrero de este año, que tendríamos que darnos por satisfechos si se conseguían resolver los famosos "flecos" de Amsterdam. 
¿Cuál es ahora la situación, al cabo de ocho meses y después de la reunión de Biarritz? 
Más allá de la esperanza de lograr algún progreso en relación con el tema de la ampliación de la mayoría cualificada, en realidad hemos avanzado muy poco. 
Un nuevo Tratado sigue siendo una perspectiva tan distante como hace ocho meses. 
Los "flecos" pendientes han resultando, en efecto, un hueso bastante duro de roer. 
A mi parecer, no se vislumbra un acuerdo. 
Pero si no se resuelven los temas fundamentales, tampoco se podrán incorporar a un nuevo Tratado los trabajos en los que se ha avanzado más, como por ejemplo los relativos a la reforma del Tribunal de Justicia Europeo. 
Además, el cliché francés según el cual es preferible que no haya Tratado a alcanzar un mal Tratado tampoco contribuye a la confianza en la posibilidad de alcanzar un objetivo ambicioso en Niza. 
Señora Presidenta, deseo intervenir en este debate para abundar en algunas intervenciones, más que responderles. 
No tengo prácticamente nada que añadir a lo que ha dicho el Comisario Barnier, salvo mencionar tal vez una ligera divergencia metereológica. 
En realidad, hizo un tiempo bastante malo en Biarritz, desde el punto de vista climático, ese fin de semana. 
Soy asiduo de la costa vasca y, sinceramente, me sentí decepcionado. 
Podríamos haber esperado un tiempo un poco mejor, pero creo que fue un poco mejor de lo que ha dicho el Comisario, en el Consejo Europeo, al que asistí del principio al final. 
A ese respecto, quisiera responder a lo que ha dicho el Sr. Poettering sobre la división entre los países grandes y los pequeños. 
Es verdad que hemos encontrado una situación en la que se manifestaban diferencias marcadas en las negociaciones ministeriales. 
El deseo de la Presidencia ha sido, al contrario, el de contribuir a que se pueda celebrar ese debate de forma abierta para poder después salir de él sin encontrar exactamente la misma división y lo que se me comunicó del debate más decisivo, el que celebraron en la cena los Jefes de Estado o de Gobierno, es que permitió precisamente poner las cosas sobre la mesa para después intentar superarlas. 
En cualquier caso, esté seguro, señor Presidente, de que el deseo de la Presidencia del Consejo es sin lugar a dudas el de buscar una transacción que satisfaga a todos. 
Con esa intención fue con la que el Presidente de la República, el Presidente del Consejo Europeo y el Primer Ministro francés me pidieron que hiciera una gira previa a la del Presidente de la República por los diez países que, en este momento, piden que haya sólo un Comisario. 
Anoche mismo comencé yendo a ver al Primer Ministro belga y, por lo demás, creo que también él siente ese espíritu de Biarritz. 
La voluntad de superar la división entre países grandes y pequeños forma parte del espíritu de Biarritz. 
A ese respecto, no comparto la impresión del presidente del Grupo del PPE sobre la cuestión de "un Comisario/un Estado miembro". 
He oído las críticas que su Señoría ha formulado al canciller alemán. 
Yo no estoy aquí, como tampoco su Señoría, para ingerirme en los asuntos interiores alemanes, pero creo que esa posición es profundamente coherente y sigue, por lo demás, la orientación que desea la Comisión, si no me equivoco. 
Una Comisión fuerte y eficaz es una Comisión que tiene tanta mayor legitimidad cuanto que representa un interés general comunitario y no manifestándose mediante la intrusión del fenómeno intergubernamental en su propio funcionamiento. 
Cuando proponíamos una rotación igualitaria, era precisamente para mostrar que no se trata de oponer países pequeños y grandes, sino que en una Comisión con un límite máximo de Comisarios, los llamados "grandes" de forma impropia, y los llamados "pequeños" de forma totalmente impropia también, estarán representados con total igualdad. 
Ésa es claramente la posición de la delegación francesa y esa solución es claramente preferible. 
Lo que observé ayer mismo en Bruselas es que empieza a abrirse camino una idea, la de que haya un Comisario por Estado miembro, seguramente en Niza, pero tal vez que haya un límite máximo diferido a continuación. 
Así, pues, creo que vamos a acabar con esa ambigüedad y debemos hacerlo velando efectivamente por que la Comisión siga siendo un órgano fuerte. 
En efecto, como dice muy bien Michel Barnier, si la Comisión está pletórica, si representa a los Estados únicamente, perderá crédito y legitimidad. 
Comparto la opinión del Comisario. 
Se trata sin duda de fortalecer el marco comunitario. 
Para ello- insisto, con el mismo espíritu que el de mi respuesta al Sr. Prodi, en nuestro última reunión- se trata de realzar todas las instituciones: la Comisión, naturalmente, el Parlamento Europeo, evidentemente, el Consejo también. 
Ese equilibrio es el que debemos llegar a encontrar. 
Por otra parte, quisiera tranquilizar al Presidente Poettering sobre la actividad del Primer Ministro francés. 
Ya el día siguiente al de la Cumbre de Biarritz- y algunos de los presentes pueden atestiguarlo -, el Primer Ministro acudió personalmente- cosa que no siempre sucede- ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que intervino extensamente, pues esa comisión es el órgano parlamentario que agrupa a diputados nacionales, diputados europeos y diputados de los países candidatos. 
Por lo demás, el parlamento francés había organizado una hora de cuestiones de actualidad, televisada a una hora de mucha aceptación y dedicada concretamente a las cuestiones europeas y, por tanto, al balance del Consejo Europeo de Biarritz, durante la cual el Primer Ministro tuvo ocasión de intervenir extensamente. 
Sus Señorías conocen la lógica de los medios de comunicación, cuando se habla el lunes, cuando se habla el martes, no se nos hacen preguntas forzosamente el jueves, por lo que pueden estar seguros de la determinación del Primer Ministro francés en ese asunto de la Presidencia. 
Vuelvo a referirme con unas palabras a los asuntos de política comercial exterior, porque es un asunto totalmente serio. 
Conocidas son las posiciones de Francia, pero también de otros varios Estados miembros que consideran que, en cuanto entramos en la esfera de los servicios, en particular en materia cultural y aún más en materia audiovisual, hay cuestiones de identidad- y no hablo de excepción, sino de identidad- que exigen cierta forma de prudencia. 
El Sr. Barón Crespo ha planteado varias cuestiones que se refieren en primer lugar al vínculo entre el voto por mayoría cualificada y la codecisión. 
Quiero decir al Parlamento Europeo, porque sé que es un asunto que interesa muy legítimamente a la Asamblea, que, naturalmente, me he centrado en lo esencial, habida cuenta del limitado tiempo de uso de la palabra de que disponía, pero que no hay problema a ese respecto. 
Por lo demás, como lo había dado yo a entender más o menos en nuestro debate antes de Biarritz, la Presidencia cree que la ampliación de la mayoría cualificada irá acompañada de la ampliación de la codecisión. Hoy ese asunto no forma parte- y creo que sus Señorías de todos los escaños aquí pueden alegrarse de ello- de los puntos difíciles de la Conferencia Intergubernamental. 
También quisiera referirme también de nuevo al número de diputados al Parlamento Europeo. 
En parte se resolvió esa cuestión en Amsterdam, con el artículo 189 del Tratado, que fija el número máximo de diputados europeos en 700. 
Hemos empezado a intercambiar opiniones a ese respecto, de lo que se desprende que todos los Estados miembros desean el mantenimiento de ese límite máximo después de la ampliación. 
Está por resolver una cuestión delicada: la del método para repartir ese número máximo. 
Observo que varias delegaciones- alemana, británica, francesa, italiana, pero también neerlandesa- desean una reducción proporcional, otras desean una reducción lineal. 
Ya veremos: es un asunto delicado. 
Quisiera simplemente lamentar que el Parlamento Europeo haya renunciado a preparar el informe que había anunciado y sobre el que debería haber versado hoy una pregunta oral. 
En efecto, creo que habría ayudado a los Estados miembros- y en particular al Consejo- a formarse una opinión, pues, ¿quién mejor que los diputados europeos puede tener una idea clara a ese respecto? 
Tal vez no sea demasiado tarde para hacerlo. 
Termino con las cuestiones planteadas por casi todos los oradores sobre el carácter vinculante de la Carta y quisiera que se me entendiese al respecto con la mayor claridad. 
En primer lugar, todos los miembros del Consejo Europeo estamos satisfechos de la Carta, tanto desde el punto de vista del método como desde el del contenido. 
Voy a repetir brevemente que el método de la Convención es innovador, permite asociar varias legitimidades- la de los parlamentos nacionales, la del Parlamento Europeo, la de la Comisión, la de los Gobiernos- y, por tanto, tal vez se trate de algo en lo que habrá que inspirarse en el futuro para otras cuestiones. 
Por otra parte, sobre el contenido de esta Carta se pueden tener, efectivamente, varias apreciaciones: el vaso está medio lleno, el vaso está medio vacío, es una transacción. Creo que se trata de una transacción bastante dinámica, progresista, progresiva. 
Ese texto hará época, porque es claro, porque es legible. 
Es el primer texto de la Unión Europea que los ciudadanos pueden consultar sin sentirse completamente ajenos a su contenido. 
Se trata, de todos modos, de algo precioso que han subrayado todos los miembros del Consejo Europeo. 
Naturalmente, sigue pendiente la cuestión de su contenido jurídico. 
No voy a ocultar a sus Señorías que estamos en un proceso que conocemos, es un proceso de proclamación por cada una de las tres instituciones. 
Ahora bien, no queda más remedio que reconocer que en el Consejo Europeo hay varias delegaciones- podríamos decir incluso: un gran número de delegaciones -, que se oponen a un carácter vinculante de la Carta y, por tanto, a su inclusión en los Tratados en Niza. 
¿Cómo podemos imaginar en esas condiciones que haya una evolución a ese respecto? 
Vamos a buscarla, es nuestra función como Presidencia, pero no quisiera hacer creer al Parlamento que vayan a producirse evoluciones que no pueden producirse. 
Creo que no será así. 
Me parece que debemos adoptar a ese respecto una actitud progresiva: hacer que las tres instituciones proclamen esa Carta en Niza y después examinar su futuro jurídico, pues, como muchos de sus Señorías, creo que será efectivamente el preámbulo de un futuro Tratado constitucional, pero entonces incluyámosla en la operación constituyente. 
Sigue pendiente efectivamente un procedimiento que es la referencia al artículo 6. 
Ya he tenido oportunidad de decir aquí que era partidario de ello. 
Durante el Consejo Europeo no se hizo demasiada referencia al respecto. 
Me pareció entender que una delegación- dejo que Sus señorías adivinen cuál- se mostraba reticente al respecto, pues se opone a todo carácter de justiciabilidad o vinculante de la Carta. 
Por último, respondo a la Sra. Ainardi, que me parece muy difícil, por no decir bastante peligroso, volver a plantear la cuestión de la Carta, volver a hablar de su contenido, pues no sé qué resultaría de un nuevo examen. 
No me cabe duda de que, más que un avance, sería una vuelta atrás. 
Puesto que tenemos ese texto, tomémoslo como lo que es, un estado de hoy, un primer paso, que después habrá que confirmar, ampliar con otros, en el plano del contenido o en el de su estatuto jurídico. 
Señora Presidenta, la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo me permite recordarle dos cosas: la primera, que este Parlamento- que yo sepa- no ha renunciado a elaborar un informe sobre el número de diputados de este Parlamento en los Tratados, o sea, que posiblemente le demos una alegría y disponga de ese informe que tanto aprecia; la segunda es que la posición de este Parlamento nunca ha sido que la Carta vaya a ser el preámbulo de los Tratados. 
Esa es una idea que ha surgido por ahí pero no es la posición del Parlamento Europeo. 
Cuando hablamos de inserción no queremos que sea en el preámbulo. 
Creo, de todas maneras, señora Presidenta, que Biarritz ha aportado algo muy positivo: la aprobación por unanimidad de la Carta. 
Una segunda cosa muy positiva ha sido la adopción de la Carta en su totalidad. 
También me parece posible- y estamos hablando de política- no meter la Carta- por utilizar la expresión del Sr. Barón Crespo- en el frigorífico, sino encargarle a la Presidencia sueca que estudie la incorporación. 
Creo que ahora, en esa política de progresar, sería muy importante la mención en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, porque no tiene ningún sentido- y no quiero caer en la esquizofrenia- que la Unión Europea rechace otorgar una base jurídica en el Tratado para que la Unión pueda adherirse al Convenio Europeo de derechos humanos y, al mismo tiempo, hable en el mismo apartado de la interpretación de los derechos fundamentales basándose en ese mismo Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
Por lo tanto, me parece que la mención de la Carta que vamos a proclamar en el Tratado de Niza, es algo que tiene todo el sentido del mundo. 
Por eso, creo que con la resolución que vamos a votar mañana, conferiremos un mandato muy claro a nuestros dos representantes, Elmar Brok y Dimitris Tsatsos, para que puedan presentar una propuesta en ese sentido sobre la mesa de Niza. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, tres observaciones. 
La primera: a veces hemos tenido la impresión de que en Biarritz había una obsesión por el debate entre los Estados los pequeños y los grandes. 
En cierto modo, todo eso parece normal. 
Por fin estamos replanteando la cuestión de los grandes equilibrios institucionales y de su funcionamiento en una Europa ampliada. 
Las instituciones en las que nos basamos hoy fueron creadas por tres países grandes y tres países pequeños. 
Posteriormente no se ha revisado ese equilibrio. 
Ahora bien, la magia de la Unión Europea es precisamente su capacidad para favorecer alianzas entre países pequeños y grandes con un interés mutuo. 
Pero, si queremos que pueda funcionar ese interés mutuo, es necesario que todo el mundo encuentre su lugar en él. 
Ahora bien, todo el mundo sabe que, si un gran Estado no se siente representado, no se siente en condiciones de hacer oír su voz con su peso justo en las instituciones de la Unión Europea, irá a buscarlo en otra parte y eso no interesa ni a los Estados grandes ni a los pequeños. 
Ésa es la razón por la que se habla tanto de pequeños y grandes. 
Aparte de eso, me parece que sobre esa cuestión decisiva para el futuro de la Unión Europea y de su modo de decisión, Biarritz logró algunos tantos y no podemos por menos de felicitarnos. 
La segunda cuestión sobre la que quisiera intervenir es la del modo de decisión. 
En el fondo, si la Unión Europea no está en condiciones de decidir, tampoco estará en condiciones de gobernar. 
Sólo lo harán los mercados. 
Ahora bien, si queremos poder gobernar y decidir, es necesario que se adopten las decisiones por mayoría cualificada, incluido el asunto de la no discriminación. 
Nadie en este Parlamento comprendería que no hubiera acuerdo en Niza a ese respecto. 
Francamente, en el momento en que la Unión se dota de una Carta de Derechos Fundamentales, ¿se opondrían los Jefes de Estado o de Gobierno a que se decidiese por mayoría cualificada en esa esfera? 
Rozaríamos- me parece a mí- el ridículo. 
Espero que de aquí a Niza se puedan lograr avances a ese respecto. 
Pero, paralelamente al debate sobre la mayoría cualificada, está el relativo a las cooperaciones reforzadas. 
Desde ese punto de vista, creo que no basta con decir que se debe salvaguardar el método comunitario. 
Hay que decir cómo y sabemos perfectamente que aún habrá que zanjar determinadas cuestiones. 
Deberemos debatir aún y articular nuestro pensamiento desde ese punto de vista. 
Sí al control parlamentario de las cooperaciones reforzadas. 
Pero, ¿cómo, sin recrear condiciones de cerrojo demasiado excesivas para la aplicación de dichas cooperaciones? 
Se trata de cuestiones a las que aún deberemos dar respuesta. 
Por último, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como diputada, creo no haber renunciado nunca, mientras exista esperanza, y quiero decir que hemos entendido lo que ha dicho sobre el momento de la integración de la Carta. 
Aun así, en Niza es necesario que el Tratado haga una referencia al artículo 6, al menos por tres razones. 
El Sr. Méndez de Vigo se ha referido ya al contenido del artículo 6 y al desfase que entrañaría tener una sola referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Pero la Comisión acaba de expresar muy acertadamente, en su comunicación del 11 de octubre, hasta qué punto el juez ante el que se invocara dicha Carta estaría en condiciones de reconocer su contenido, no podría hacer como si no existiera ese documento. 
Así, pues, si los Jefes de Estado o de Gobierno no dicen nada en Niza, dejarán la puerta abierta a que otros recurran al gobierno de los jueces. 
Por último, cuando el Presidente en ejercicio del Consejo declara: "La Presidencia sueca examinará después lo que los Quince quieren respecto de su naturaleza jurídica", me parece muy razonable. 
¿Podemos imaginar que, justo después de Niza, se reanude el debate de la redacción del Tratado y se lance un nuevo proceso de ratificación por los quince parlamentos nacionales? 
Creo que eso no es realista. 
Ahora bien, es urgente dotar a la Unión de una referencia sobre el contenido de esa Carta. 
Espero que podremos aún convencer, avanzar, para obtener resultados positivos al respecto en Niza. 
En Biarritz han pasado cosas muy extrañas. 
Por supuesto, no resulta sorprendente que los Gobiernos chocaran en asuntos esenciales. 
Al fin y al cabo, se trata ahora de redistribuir el poder en Europa, pero precisamente, en este estadio, es necesaria una buena Presidencia que busque el consenso. 
Desgraciadamente, Francia actúa más como intérprete de sus propios intereses y de los de los países grandes que de propuestas que permitan superar las antítesis, aunque el Sr. Moscovici intente ahora convencernos de lo contrario. 
Si la Presidencia francesa continúa así, la CIG se estrellará en la dura playa de guijarros de Niza. 
Es muy importante que cada Estado miembro esté representado en la Comisión. 
Una jerarquía resulta inevitable, al igual que lo es en los Gobiernos. 
Así mismo, cuando los estados candidatos ingresen, cada Estado miembro debe poder mantener un comisario adjunto o principal. 
Es muy sospechoso que los Estados miembros grandes, que están a favor de la cooperación intergubernamental, defiendan una Comisión pequeña en la que a veces no cuenten con ningún comisario. 
Semejante sistema de rotación da lugar a un serio debilitamiento de la posición de esa institución, y eso es precisamente lo que no tenemos que lograr. 
Es razonable que los Estados miembros grandes pidan una cierta redistribución de los votos del Consejo, pero si los grandes países cargan las tintas, empujan a los países pequeños a enemistarse con ellos y, señora Presidenta, la codecisión está vinculada por definición a la toma de decisiones por mayoría; nos resulta totalmente inaceptable la separación de ambos puntos. 
Para la cooperación reforzada sí es factible un mínimo de ocho Estados miembros. 
En materia de política exterior y de seguridad, podría trabajarse eventualmente con menos. 
Señora Presidenta, es difícil, pero ciertamente no imposible, llegar a un acuerdo en Niza. 
No obstante, la Presidencia francesa no debe comportarse de forma tan extraña como en "bizarritz". 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, dos minutos, dos mensajes: el primero sobre la Carta, el segundo sobre la política fiscal. 
Sobre la Carta acaba usted de responder de forma muy bien argumentada, pero mi Grupo desea, de todos modos, decirle lo siguiente: hay que proseguir la labor. 
Hay que proseguir la labor, en primer lugar, en el plano del contenido y, si no ahora, en todo caso en el futuro, porque no hay que contentarse con las palabras. 
La hipótesis de trabajo de la Convención ha sido, desde el principio, la de que la Carta sería vinculante. 
Por consiguiente, se ha negociado a minima. 
Tenemos una carta mínima, en particular en lo relativo a los derechos sociales. 
Cito dos ejemplos concretos: por una parte, pasamos del derecho al trabajo al derecho a trabajar y, por otra, varios derechos sociales incluidos en la carta social revisada del Consejo de Europa no figuran en la Carta. 
Ante esa paradoja, la de haber negociado en pro de una carta vinculante y después encontrarse con un texto a minima y una Carta no vinculante, es necesario efectivamente, como ya han dicho algunos de mis colegas, adoptar una serie de decisiones en Niza. 
La primera vía es la del artículo 6. 
Una segunda vía es la de que efectivamente en Niza hay que establecer un calendario y un método claro para la reescritura de los Tratados y la inserción de la Carta en ellos. 
Por último, la tercera vía- nadie ha hablado de ella, pero me parece de la mayor importancia -: habría que insertar también una cláusula de revisión en la Carta para que no sea un texto petrificado, sino dinámico. 
Sobre la política fiscal, el Sr. Barnier ha dicho con razón que "la mayoría cualificada es el criterio para un tratado ambicioso". 
Debo decir que el artículo 93, tal como lo ha formulado la Presidencia, no permite responder a un debate, pese a que es sencillo. 
Si queremos perseguir los objetivos que la propia Unión se ha fijado, desgravar el trabajo para gravar la contaminación o evitar la competencia fiscal perjudicial, objetivos compartidos por la Unión, hemos de hacer comprender que la única respuesta es la soberanía compartida entre los Estados miembros y no la competencia fiscal entre esos mismos Estados. 
La formulación del texto del artículo 93 es tanto más dramática cuanto que, una vez lograda la primera ola de ampliación, nos resultará aún más imposible avanzar hacia la mayoría cualificada. 
Señor Moscovici, el Primer Ministro Jospin tuvo la excelente idea de rodearse de un consejo de análisis económico. 
Éste acaba de presentar un estudio: "Cuestiones europeas". 
Si examina ese estudio, verá que sus conclusiones sobre las cuestiones de políticas fiscales son exactamente las que acabo de exponer. 
Señora Presidenta, creo que hay muchos discursos hipócritas en esta sala, pues muchos de nosotros estamos convencidos de que en Biarritz no sucedió nada, aparte de la lluvia que todo el mundo pudo observar, observación que resultará unánime entre nosotros. 
Fue una cita fallida, en primer lugar para las reformas institucionales previstas. 
Todo el mundo sabe que nada resultará de la Cumbre de Niza, porque las contradicciones son demasiado fuertes entre los diferentes Gobiernos europeos. 
Cita fallida, además, para la Europa de los derechos fundamentales, que debía alumbrar el mundo. 
En efecto, la Carta queda muy acá de los textos ya en vigor. 
Representa incluso una regresión social, ya que no reconoce el derecho al empleo o a unos ingresos mínimos, a una jubilación, a una vivienda ni al aborto. 
Sitúa la exclusión social en la categoría de la asistencia y no en la de los derechos elementales vinculantes para los empleadores o para los Estados. 
En realidad, queda demostrado una vez más que se está haciendo esta Europa contra el interés de los pueblos y eso es lo que dirán decenas de miles de manifestantes en Niza los días 6 y 7 de diciembre y espero que entre ellos estemos muchos de nosotros. 
En el segundo que me queda, ya que se habla de los derechos fundamentales, quisiera expresar mi indignación ante el silencio y la complicidad de la mayoría de los países e instituciones ante la matanza en curso del pueblo palestino, al que deberíamos expresar un poco más nuestra solidaridad. 
Señora Presidenta, una cosa debe quedar clara: el imperativo más importante que afronta la Unión es la reforma de las instituciones de la UE para que se pueda hacer la ampliación. 
Todos sabemos que, mientras no se hayan reformado los procedimientos de adopción de decisiones en las instituciones fundamentales, no se puede hacer la ampliación de la Unión; sin embargo, semejante proceso de reforma debe ser imparcial y equilibrado. 
Debe proteger la posición de los Estados miembros más pequeños dentro de la Unión. 
También debe proteger las diversidades culturales, lingüísticas y nacionales. 
De los debates que se han ido celebrando en toda Europa, incluidos los de Biarritz, resulta claro que los Estados miembros mayores están intentando en parte intimidar a los Estados miembros menores para reformar la Unión Europea en consonancia con la orientación seguida por los primeros y con sus deseos. 
Se trata de una situación inaceptable. 
Reflexionemos por un momento sobre el procedimiento de ratificación de cualquier Tratado de la Unión Europea recién revisado. 
Antes de que Tratado alguno entre en vigor, es constitucionalmente imperativo que se celebren referéndums en Dinamarca, Portugal e Irlanda. 
Si el Tratado europeo aceptado en Niza diluye completamente la influencia y la representación de los Estados miembros menores, va a ser muy difícil presentarlo y lograr su aprobación en los referéndums de esos tres países. 
Los encargados de la adopción de decisiones en los Gobiernos de los Estados miembros mayores deben recordar que intentar conseguir la aprobación de los ciudadanos en un referéndum no es un simple detalle técnico o una simple operación de refrendo. 
Hay que convencer a los ciudadanos de esos países de los méritos claros de cualquier nuevo Tratado europeo. 
Debe lograr el equilibrio entre la garantía de que pueda proseguir el proceso de ampliación y la conservación por parte de los Estados miembros menores de una voz potente en los procedimientos de adopción de decisiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, esa reunión oficiosa del Consejo en Biarritz hace esperar una reflexión a fondo y encaminada a preparar la cumbre de Niza, que debe propiciar la reforma de las instituciones europeas. 
Además de los incidentes exteriores que salpicaron esa reunión, lo único que de ella resultó fue una auténtica incapacidad de las instituciones europeas: incapacidad para hacer avanzar las cuestiones institucionales, como si se tratara de enmascarar mejor la ausencia de consenso a ese respecto, e incapacidad para hacer el contrapeso diplomático a los Estados Unidos, que desempeñan el papel de mediador en el Oriente Medio, aunque sea perfectamente loable desear la paz en el mundo y en particular en esa región tan afligida. 
Aparte de esa amarga observación, esa Europa tan prometida, que quiere estar próxima a las poblaciones europeas y escucharlas, me parece, al contrario, que se aleja cada vez un poco más de ese objetivo. 
¿Acaso no es la negación de esa Europa próxima querer ocuparse de todo y de todo el mundo, empezando por lo que ocurre en el exterior, cuando ni siquiera las Naciones Unidas, pese a que es su función, lo logran? 
Nos gustaría ver igual diligencia para estar presentes en el terreno de las catástrofes europeas, ya sea, por ejemplo, la tormenta de diciembre de 1999 o el naufragio del Erika. 
Podemos preguntarnos por la pertinencia de semejante actitud en cuanto a su eficacia para encontrar soluciones reales. 
Como en todas las cumbres, las páginas de los periódicos transmitían las esperanzas y las angustias que inspira esa cumbre, preludio del Tratado de Niza. 
Por lo demás, nuestro debate de hoy presenta el mismo tono. 
Los descontentos de los dos extremos son la prueba para los negociadores de que avanzan hacia un equilibrio justo. 
Pero, a fin de cuentas, el objetivo no es, como ha dicho el Sr. Barnier, el de mejorar la vida de nuestros conciudadanos, sino el de garantizar la supervivencia de la organización comunitaria. 
Las cosas no van mejor después de cuatro revisiones en quince años y se nos quiere hacer creer que una carta o una constitución podrían cambiar algo al respecto. 
A partir de eso, ¿qué hará entonces la Comunidad, como instancia diplomática en la escena internacional? 
En conclusión, comencemos a hacer juntos lo que podemos hacer bien o mejor para con nuestras poblaciones. 
Entonces y sólo entonces será el momento de ocuparse de lo demás. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, a propósito de la situación en el Oriente Medio, hace dos meses acogimos en este recinto con unánime beneplácito la voluntad de paz manifestada por Avraham Burg, Presidente de la Knesset, y Ahmad Qurei, Presidente del Consejo Legislativo palestino. 
Después, los que allí predican el odio y propugnan la violencia parecen haberse llevado la palma una vez más. 
Imaginar que los miedos alimentados durante generaciones podían ceder sin nuevos sobresaltos al apaciguamiento definitivo, preludio de la reconciliación, habría sido desconocer los resortes de semejante crisis. 
Si la Unión Europea sigue teniendo la ambición de desempeñar un papel en dicho apaciguamiento, como es su deseo, debe en primer lugar conservar la sensatez y después ejercer toda su influencia para facilitar la tarea de los dirigentes locales de verdad decididos a seguir esa orientación. 
En primer lugar, conservar la sensatez, lo que significa que con la emoción horrorizada que sentimos no debemos lanzar anatema sobre éste o aquél. 
Después, ejercer toda su influencia, lo que quiere decir que la Unión debe hablar con una sola voz, cosa que, por desgracia, no sucedió la semana pasada, con ocasión del décimo período extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Ejercer toda su influencia significa también no contentarse con propugnar la reanudación o la intensificación de la ayuda económica con el pretexto de que sólo la elevación del nivel de vida en la región puede contribuir a establecer una paz duradera. 
Semejante solución ha de tener por fuerza consecuencias a largo plazo y ante la situación de urgencia creada en el terreno ya no puede, evidentemente, bastar. 
Sabemos perfectamente que el nudo del problema se encuentra en Jerusalén. 
Conque, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como el Alto Representante participa ahora en las negociaciones, cosa de la que nos felicitamos, le pregunto si no le parece llegado el momento de lanzar una iniciativa decidida de la Unión Europea que ofrezca sus buenos oficios a las dos partes a fin de encontrar un estatuto para Jerusalén que las dos puedan aceptar y- ¿por qué no? -garantizar su aplicación. 
Señor Presidente, cincuenta días antes de la Cumbre de Niza, creo que ha llegado el momento de ser claros y de celebrar un debate abierto. 
Hemos entrado en la recta final hacia Niza. 
¿Cuál es hoy la situación? 
Todavía hay divergencias sobre el funcionamiento de la Comisión Europea, sobre cómo se van a ponderar los votos en el Consejo, sobre qué es lo que debe pasar al principio de la mayoría cualificada, sobre el sistema de composición del Parlamento Europeo. 
Así pues, si hoy- subrayo hoy- no damos pasos definitivos hacia adelante, las llamadas cuestiones sin resolver de Amsterdam (left-overs) corren el peligro de quedarse como left-overs de Niza. 
Pero aparte de esto. Aún hoy parece incierta la suerte de la Carta de los Derechos Humanos, incluso como un anexo en el artículo 6, tal como ha solicitado el Parlamento Europeo en la sesión de hoy, así como la suerte constitucional del apoyo a los partidos populares europeos. 
Una cosa segura es que, de cualquier forma, la constitucionalización de los Tratados se aplaza para el futuro. 
Por supuesto, algunos temas avanzan algo. 
Primero está la cooperación reforzada, en la que hemos dado pasos importantes. 
Claro, algunas veces vislumbramos en el debate que no todos ven en esta institución la flexibilidad indispensable de Europa, sino una especie de defensa futura para salvaguardar sus intereses frente a los futuros miembros de la Unión Europea. 
También se han dado pasos en el artículo 7 sobre la lucha contra la violación de los valores básicos de la Unión Europea. 
Pero, ¿cuáles son las características históricas más profundas de este cambio? 
No lo digo por defraudar, lo digo porque, hasta la Cumbre de Niza, todavía tenemos tiempo de ponernos en marcha. 
El liderazgo de la Unión Europea no ha formulado claramente una visión. 
No ha expresado claramente su filosofía final. 
Hay veces que la Cumbre parece una burocracia administrativa angustiosa que intenta repartir el poder. 
Esto no convence al hombre de la calle. 
No estamos al frente de un banco ni de una tienda. 
Somos líderes de pueblos y este hecho presupone un clima algo distinto. 
Para algunos, la ampliación por una visión es una razón para el miedo; no vaya a ser que al final esta ampliación traiga cambios en la correlación de fuerzas. 
Pero incluso desde el punto de vista claramente burocrático, puede que no lleguemos al resultado deseado. 
También me intranquiliza la menor correspondencia en la cuestión que solicita el Parlamento sobre la democratización. 
Me intranquiliza que el cambio a la mayoría cualificada no se una inmediatamente a la codecisión del Parlamento Europeo. 
Pero todavía tenemos tiempo; en la política hay milagros y ahora, personalmente, tengo la vista puesta en el milagro de Niza. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, estoy muy preocupado por las repercusiones que esta cuestión de la Carta de los Derechos tendrá en la opinión pública. 
La Carta de Derechos ha sido aprobada en su totalidad por el Consejo informal de Biarritz. 
Con una votación unánime el Parlamento pidió que esa Cumbre tomara la decisión de insertar la Carta en los Tratados, pero no es sencillo, no es fácil aceptar que después las Instituciones comunitarias que creen en esta Carta duden a la hora de otorgarle eficacia jurídica. 
Es una señal que podría contribuir a alejar cada vez más a la opinión pública del proyecto europeo, como, lamentablemente, está ocurriendo en los países candidatos. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha establecido un método y un calendario que convierten la inserción de la Carta en los Tratados en una etapa decisiva hacia la constitucionalización de la Unión. 
Por lo tanto, el Consejo se ha de expresar sin más excusas. 
Otro punto atañe a la reforma de la Comisión. 
Una Comisión basada en criterios de representación de cada uno de los Estados revela una visión poco previsora. 
Hasta que no nos sintamos todos representados por un Comisario, independientemente de su nacionalidad, no seremos capaces de expresar un proyecto unitario. 
Por último, la cooperación reforzada que una vez más debe ser vivida, repito, como un instrumento de armonización de las diversidades y, en consecuencia, de reforzamiento del acervo comunitario y no como un elemento de división; sin embargo, para ser eficaz, la cooperación no debe estar constreñida por unos límites que la ahogan. 
Señor Presidente, hay que solucionar muchos problemas. 
Las reuniones de Biarritz y de Niza podrían describirse como una lucha entre los que quieren hacer rápidamente de la UE un estado y los que entienden la Unión como una colaboración entre estados y una forma única de adoptar decisiones comunitarias. 
Sin embargo, resulta realmente preocupante que exista una especie de extorsión contra los que no quieren que las reformas vayan más allá de lo que permite el mandato otorgado por los países miembros. 
A menudo son acusados en la prensa por retrasar o incluso impedir la ampliación hacia el este. 
Los culpables de esto son más bien quienes abogan por que se hagan grandes reformas antes de la ampliación. 
En Niza, actúen responsablemente y concéntrense en la realización de las tareas que quedaron pendientes después de Amsterdam; permitan que cada país tenga su Comisario. 
Hagan una nueva ponderación de los votos en el Consejo, pero no según el principio de dobles mayorías. 
No formen un grupo que vaya a la cabeza del desarrollo; respeten a todos los países miembros. 
También preocupa que no se posibilite a los ciudadanos seguir el desarrollo de los acontecimientos y que haya quienes se opongan a un verdadero principio de publicidad, que es esencial en una democracia. 
Tampoco dejen pasar esta oportunidad para dar legitimidad a la Carta, lo que se hace involucrando a los ciudadanos. 
Espero que la Presidencia sueca contribuya a la realización de este objetivo. 
Señor Presidente, en la Cumbre de Biarritz hubo una clara contradicción entre los países miembros grandes y los pequeños. 
Si se satisficieran las exigencias de los países grandes para conseguir más poder en el Consejo y en el Parlamento, podría desestabilizarse el equilibrio existente en el seno de la UE y significaría que los países pequeños pagarían el precio de la ampliación. 
Una Unión de esta naturaleza sería centralista y daría a los estados pequeños de la Unión menos poder que el que el sistema bicameral de EE.UU. concede a los pequeños estados americanos. 
La Unión tampoco sería más eficiente. 
Por el contrario, frente a la ampliación, todos los Estados miembros tienen que estar dispuestos a despojarse de una parte proporcional de poder. 
En Suecia, los partidarios de la Unión siempre han dicho que mediante la adhesión se conseguiría influir en las decisiones. 
Ahora ha llegado la hora de la verdad en que tenemos que prepararnos para defender esa pequeña parcela de poder. 
También quisiera decir que me sorprende que la Presidencia francesa utilice consecuentemente su posición para favorecer sus intereses nacionales. 
Señor Presidente, en nuestra sesión plenaria de septiembre pasado vivimos y compartimos momentos de optimismo y esperanza con Abraham Burg, Presidente de la Knesset, y Abu Ala, Presidente del Consejo Legislativo Palestino. 
Mes y medio después, lo que compartimos es una gran preocupación por la evolución de los acontecimientos. 
De una parte, la decisión del Jefe del Gobierno de Israel de congelar las negociaciones de paz por la violencia en la zona y de centrar sus esfuerzos en la creación de un Gobierno de concentración con el Jefe de la oposición, el Sr. Sharon. 
De otra, la sensación de que las milicias paramilitares y los agitadores integristas han tomado las calles y la iniciativa en los territorios bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. 
Lo cierto es que en momentos difíciles como éstos, es cuando se mide la talla histórica de los dirigentes políticos. 
Precisamente ahora, Barak y Arafat tienen que imponer a sus pueblos la conciencia de que sólo a través del diálogo en una mesa de negociaciones, con concesiones dolorosas por las dos partes, es posible zanjar el conflicto de manera definitiva. 
Por su parte, la comunidad internacional y, en particular, la Unión Europea han de perseverar en sus esfuerzos para evitar una confrontación que, además, constituiría un foco gravísimo de inestabilidad mundial. 
En clave interna, por vez primera desde la Conferencia de Madrid, la bandera europea ha estado sobre la mesa en el proceso de paz. 
La unidad de acción en un momento dado ha permitido rentabilizar el trabajo y prestigio en el área de alguno de los Estados miembros en beneficio de todos. 
Y ya que estamos inmersos en el debate institucional, podríamos pedir a la Comisión Europea creatividad y decisión política para avanzar en nuestra integración también en el segundo pilar ¿No lo cree así la presidencia francesa? 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista Europeo quisiera decir algunas palabras respecto de Oriente Medio y Yugoslavia, sumándome también a lo que otros colegas ya han dicho. 
La trágica evolución de los acontecimientos en Oriente Medio ha evidenciado, por supuesto, un enorme retroceso; y la violencia de días pasados, el elevado número de víctimas, ha conmocionado mucho a la opinión pública europea y al Parlamento. 
Y con razón. 
Tras la cumbre de Sharm-el-Sheikh en la que estuvieron presentes todas las partes implicadas a fin de encontrar una vía para poner fin a la violencia y reanudar el diálogo entre Barak y Arafat, hemos visto cuán difícil resulta detener los enfrentamientos, aun cuando hubo un instante en que pareció que se conseguiría. 
Aparentemente, en este momento tiene más fuerza la voz de la calle que la voluntad de paz. 
No obstante, todos sabemos que muchísimos ciudadanos, tanto en Israel como en Palestina, cada día se dan cuenta- a la espera de la paz- de lo difícil que resulta la vida en tanto esta paz no se consiga realmente. 
De ahí que opinemos que nuestra tarea consiste, el Sr. Galeote acaba de decirlo y el Sr. Morillon también lo ha dicho ya, en contribuir, en tanto Unión Europea, a dar una oportunidad a esta paz. 
Hemos recibido aquí a colegas de ambas partes, a los Presidentes de la Knesset y de la asamblea constituyente palestina. 
Entonces, el espíritu de Oslo y de Camp David estaban presentes, también es cierto que acababa de fracasar Camp David, pero la paz estaba muy cerca. 
Hoy eso no es así, pero sí hemos visto que los dirigentes árabes están dispuestos a ser prudentes. 
Hemos visto que el Sr. Solana ha podido conseguir, en nuestro nombre, una posición más fuerte en el proceso de paz. 
Creo que está justificado que hoy volvamos a adoptar una resolución conjunta apoyada por todos los partidos en la que reconozcamos de forma equilibrada que ambas partes deben lograr la paz, algo que nosotros como pueblos no podemos hacer por ellos. 
Sin embargo, debemos hacer todo lo posible para apoyarles internacionalmente a fin de conseguir la paz, y eso también puede hacerlo la Presidencia francesa. 
Así mismo, queremos pedir a la Presidencia francesa que reactive como instrumento toda la asociación mediterráneo- europea en la próxima reunión de ministros que se celebrará en Marsella. El diálogo en la región debe, por supuesto, ser más amplio y, si todos los actores participan, existe la posibilidad de que ambos pueblos encuentren el camino hacia la paz. 
La otra cuestión es Yugoslavia. 
Nos hemos enterado con muchísima satisfacción de la victoria del pueblo yugoslavo y de la elección de Kostunica como presidente. 
Se ha elegido la democracia. 
Se ha elegido Europa. 
Se han levantado las sanciones. 
La agencia europea para la reconstrucción se ha puesto en marcha. 
El programa CARDS ha comenzado. 
El programa humanitario se ha ampliado a las víctimas y a las personas que han sido expulsadas de sus hogares. 
Las república tiene la posibilidad de participar en el proceso de estabilidad y asociación. Una oportunidad para participar en el pacto de estabilidad y contactar, por ello, con colegas que se encuentran en los países vecinos, reconocer la soberanía y, por tanto, tener la posibilidad de seguir un proceso democrático. 
Creemos que el proceso democrático de Yugoslavia solamente puede tener éxito si respeta plenamente a los países vecinos, si también reconoce su soberanía. 
Creemos que poner a disposición de la república federal estos doscientos millones de euros supone un buen y gran paso. 
A la vez, pedimos al Consejo que este mismo espíritu se refleje en las negociaciones del presupuesto de 2001. 
Si no rectificamos la perspectiva del capítulo IV, dejamos de nuevo que África o Asia paguen la oportunidad que debemos dar a Yugoslavia como democracia. 
Confirmen la misma indulgencia de cara a 2001 que, como Consejo, han mostrado este año. 
Les hacemos, por tanto, un llamamiento urgente, en tanto Grupo Socialista Europeo, a fin de que reafirmen en las negociaciones del presupuesto de 20001 ese espíritu que antes han sabido manifestar con tanta fuerza. 
Señor Presidente, Señorías, lamento que el Sr. Barón Crespo no esté presente en el Pleno tras haber dicho determinadas cosas acerca de la fuerza política que represento. 
Evidentemente, unos malos informadores le hacen decir al Sr. Barón cosas que no son ciertas respecto a Italia y a mi partido. 
Debo precisar y confirmar que Forza Italia nunca ha estado en contra de la Carta de los Derechos. 
Los que pertenecemos a Forza Italia la aprobamos en Europa y puedo anunciar oficialmente que la vamos a aprobar en noviembre en Estrasburgo. 
En el parlamento italiano votamos a favor de la Carta pero con una moción diferente de la de la mayoría de izquierda, en la que pusimos de relieve la necesidad de otorgar una mayor protección a los derechos de las personas en la Carta. 
Somos una fuerza de oposición y creo que tenemos derecho a votar resoluciones a favor de la Carta distintas de las de la mayoría. 
Confío en que el Sr. Barón Crespo acepte mi invitación- se la formulo aquí formalmente y espero que me atienda- de ir a Italia para conocer personal y directamente la realidad de mi país, sin que medien las palabras de los intermediarios del Partido Comunista/DS. 
Le aconsejo al Sr. Barón Crespo que pida a sus colegas italianos que le expliquen por qué están en el Gobierno en Italia con un partido declaradamente comunista y por qué se están preparando para participar en las elecciones políticas con otro partido declaradamente comunista, el Partido de Refundación Comunista. 
Y a sus colegas italianos el Sr. Barón Crespo debería también pedirles cuentas de las violentas declaraciones contra los judíos de Israel, unas declaraciones que contribuyen a que aumente el sentimiento antisemita que va cundiendo y que ya es demasiado violento en Europa. 
Asimismo debería pedir información a los actuales dirigentes que pertenecían al Partido de los Demócratas de Izquierda y que fueron dirigentes del Partido Comunista Italiano, cuando algunos miembros del Partido Comunista ayudaron a uno de los asesinos de la escolta de Aldo Moro a escapar de Italia a Argelia. 
Espero que el Sr. Barón Crespo pueda venir a Italia para hablar de todas estas cosas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, sin duda es un motivo de satisfacción que en Biarritz se reconociera la necesidad de una coordinación política en un ámbito tan significativo para los ciudadanos, la economía, el crecimiento y el bienestar como es el de la política energética. 
Las actuaciones nacionales aisladas tienen realmente muy poco sentido en este contexto; la dependencia energética de la Comunidad habla por sí sola. 
El paquete de medidas propuesto por la Comisión con el objetivo de aumentar la eficiencia y el ahorro energéticos es, por lo tanto, constructivo, como también lo es, por otra parte, que se investiguen los problemas relacionados con los carteles entre las compañías petroleras. 
Sin embargo, no debemos fijarnos sólo en el cartel de los países productores de petróleo, sino que también deberíamos prestar atención al cartel de las compañías petroleras. 
Esperamos que la Presidencia francesa del Consejo tenga mucho éxito en las negociaciones de Riad, toda vez que, a mi modo de ver, a dichos Estados no debería interesarles- por sus propios motivos particulares- seguir manteniendo la escalada de los precios del petróleo. 
No obstante, también tenemos que examinar nuestra propia situación. 
Es importante que la introducción del impuesto europeo sobre el consumo de energía, que hasta ahora ha quedado bloqueada por la aplicación del principio de unanimidad, avance. 
Por consiguiente, en lo que respecta a la política fiscal, el Parlamento Europeo espera que en Niza se avance hacia la introducción de la mayoría cualificada en aquellos aspectos en los que la política fiscal distorsiona el buen funcionamiento del mercado interior. 
La reunión de Biarritz no logró despejar todos los nubarrones que se ciernen sobre el proyecto de progreso de la democratización de la Unión Europea. 
La Presidencia del Consejo desea suprimir el procedimiento de cooperación y sustituirlo por el procedimiento de consulta. 
Este último resulta inaceptable desde el punto de vista de una política democrática y de integración. 
Tampoco es admisible en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria. 
¡Al contrario, en este ámbito habría que avanzar en la aplicación del procedimiento de codecisión! 
Si el proyecto no fuese factible por el momento, instamos a la Presidencia francesa del Consejo a que estudie posibles reformas y vías institucionales progresistas con vistas a la participación del Parlamento. 
Como mínimo, en Niza se tendría que poder alcanzar un acuerdo sobre una posición común en relación con estas cuestiones. 
Nosotros rechazamos, no obstante, que se sustituya la cooperación por la consulta. 
Esto sería un retroceso. 
¡Por lo tanto, tenemos que actuar! 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, usted ha comentado antes que el Parlamento Europeo no va a presentar ninguna propuesta en relación con el número de escaños de esta Asamblea. 
Yo le pediría que lea el informe Leinen-Dimitrakopoulos, en el que el Parlamento adoptó posiciones claras sobre el reparto de los escaños del Parlamento, así como sobre la ponderación de votos en el Consejo y la composición de la Comisión. 
Tal vez estas posiciones, consideradas en su contexto, podrían ser útiles para hallar una salida al presente conflicto entre grandes y pequeños Estados que está lastrando la Conferencia Intergubernamental. 
Éste es, en efecto, uno de los problemas más serios con que nos enfrentamos. 
Tenemos que reconocer que los pequeños Estados tienen el mismo valor que los grandes en el contexto de una Unión entre Estados y que es preciso encontrar otra vía de compensación para los Estados de mayor tamaño. 
No deberíamos permitir que entre los Estados miembros surja el temor a que se pueda avanzar hacia soluciones próximas a un directorio. 
La ampliación de los enfoques intergubernamentales, las peticiones de nuevas secretarías que se están planteando, todas estas posibilidades que se están debatiendo en el contexto de la cooperación reforzada, son planteamientos que podrían malograr el verdadero éxito de la Unión Europea. 
A lo largo de su historia, la Unión Europea ha tenido éxito en aquellos aspectos en los que ha aplicado el método de Monnet y las decisiones por mayoría, y en los que ha fortalecido sus instituciones: el Parlamento y la Comisión. 
Esto se tiene que expresar en la Conferencia Intergubernamental, a fin de evitar malentendidos. 
Cualquier otro enfoque nos conduciría a un callejón sin salida. 
Este método, que resultó adecuado para 6 Estados miembros, lo será con mayor razón para 27, pues no es posible dirigir la Unión Europea desde un Consejo de Ministros que cambia de Presidencia cada semestre y que si mantiene este procedimiento con 27 miembros, no estará en condiciones de ofrecer la coherencia que requiere el desarrollo de la Unión Europea. 
La Comisión, que tiene la posibilidad de adoptar sus decisiones por mayoría simple, se encuentra en una situación más favorable para dar este impulso en el futuro. 
Por esto, señor Presidente, yo le pido que promueva en la Conferencia Intergubernamental el enfoque Monnet, junto con las decisiones por mayoría cualificada, con el fin de que la Unión esté en condiciones de asumir la ampliación. 
Señor Presidente, en este debate sobre la cumbre informal de Biarritz, quiero centrarme también en la CIG y en la Carta. 
En lo que a la CIG respecta, quiero hacer hincapié en tres puntos. 
En primer lugar, la cuestión de la toma de decisiones por mayoría. 
Tengo entendido que la Presidencia francesa ha propuesto cuarenta y cinco artículos y temas para la toma de decisión por mayoría. 
Parece bastante positivo, a menos que este asunto quede limitado al final en Niza a 35 ó 40 temas. 
No obstante, resulta especialmente importante que los temas que caigan bajo mayoría cualificada también caigan bajo codecisión con el Parlamento Europeo, aunque no parece algo irrevocable. 
Si esto no es así, tanto los parlamentos nacionales como el Parlamento quedan marginados y el déficit democrático aumenta en lugar de disminuir, y esto es lo último que deseamos. 
El segundo punto se refiere al número de Comisarios. 
También quiero yo, y el Sr. Brok acaba de decir algo al respecto, subrayar de nuevo que un Comisario por Estado miembro resulta absolutamente necesario para dar a cada país un espacio en la Administración europea. 
En lo que al número de eurodiputados se refiere, nadie desea que haya más de setecientos ¿No sería útil partir de esa nueva cifra de cara a las elecciones de 2004, es decir, a partir de las próximas elecciones? 
Si entran nuevos Estados miembros, la nueva cifra puede manejarse de manera que automáticamente nunca superemos los setecientos, ya que si eso sucede una vez, creo que no lograremos dar marcha atrás. 
Y por último, señor Presidente, la Carta. 
Tengo entendido que ha tenido un buen recibimiento en Biarritz y que, tras algunas precisiones jurídicas, puede ser adoptada en la cumbre de Niza en forma de declaración oficial para ser incorporada en el futuro a los Tratados. 
En mi opinión, la Convención ha realizado un trabajo excelente y estoy orgullosa de haber sido miembro de la misma. 
Cuanto antes se incorpore la Carta a los Tratados, mejor, puesto que éstos adquirirán carácter constitucional y los ciudadanos estarán más cerca de Europa, ya que para ellos se ha creado precisamente esa legislación particular. 
Señor Presidente, distinguido Presidente en ejercicio del Consejo, señor Moscovici, distinguido Comisario, señor Barnier, aunque en la Cumbre de Biarritz no se ha conseguido avanzar en la importante reforma estructural de la Unión, confío en que la Presidencia francesa, bajo el liderazgo de su innovador Presidente, el Sr. Chirac, sí pueda encauzar en Niza las soluciones estructurales en una dinámica que impulse su desarrollo y que cuente con la aprobación de todas las partes. 
Sin embargo, hay que expresar la preocupación causada por el hecho de que el tono empleado haya sido provocativo en algunas cuestiones. 
Los medios de comunicación transmitieron a los ciudadanos europeos la idea de que existen posiciones contrastadas entre los países grandes y los países pequeños. 
La Unión no podrá convertirse en una comunidad de 27 miembros si se sigue considerando, en sentido estricto, que de lo que se trata es fundamentalmente de una cooperación intergubernamental, en cuyo marco los órganos de la Unión se limitan a ejecutar lo decidido o a ejercer un control muy distendido. 
Ahora ya contamos con numerosos ejemplos de cómo un solo país puede frenar el avance de cuestiones consideradas importantes por casi todos los demás países. 
De esto son responsables por igual tanto los países grandes, como los pequeños. 
Pongamos como ejemplo las sociedades anómimas a nivel europeo, la balbuceante liberalización y privatización de los servicios de correos a nivel europeo, la apertura a la competencia del sector energético o la puesta en marcha de la armonización de los impuestos. 
Un ejemplo disuasivo de comportamiento incorrecto nos lo ofrece sorprendentemente Austria, que precisamente acaba de sufrir en su piel un trato injusto, al amenazar a su vecina Chequia para que no ponga en marcha la central nuclear de Temelin. 
La Unión no necesita ahora visionarios que tengan el catalejo puesto en el año 2030, sino que tiene necesidad de dirigentes que sean capaces de captar los problemas que traerá consigo la consumación de la ampliación en un plazo de 3 a 8 años, así como de facilitar respuestas a los mismos. 
Las soluciones deben surgir en el ámbito de los órganos de la Unión mediante la búsqueda de fórmulas flexibles e incluso, si es necesario, otorgando el derecho a una parte de la Unión a practicar una cooperación más profunda, reforzando la posición de la Comisión y adoptando como regla general la mayoría cualificada en el proceso de toma de decisiones. 
La Carta de los Derechos Fundamentales expresa de forma brillante los valores europeos, pero no tiene sentido despertar una polémica artificial en torno a su rápida inserción en los Tratados como documento constitucionalmente vinculante. 
También en esta cuestión hay que dejar que el tiempo madure las decisiones, por ejemplo allá en nuestros Países Nórdicos. 
Gracias, señor Presidente, me permito hacer, de forma telegráfica, algunas observaciones, como conclusión de este debate, y después de haber expresado mi agradecimiento a todos los oradores, a los que he escuchado con mucha atención, por la calidad de sus intervenciones y su franqueza. 
En estilo telegráfico, unos y otros se han referido al debate "Estados grandes/Estados pequeños" y, después del Sr. Moscovici, creo que esa denominación no es- me parece a mí- apropiada para referirse a la división existente. 
Creo que no se trata de pasarla por alto o hacer como si no existiera. 
Creo simplemente que hay que superarla mediante propuestas que hagan funcionar mejor, conforme al espíritu de Roma, el modelo comunitario. 
Y sobre un aspecto que considero neurálgico- el de la propia Comisión -, he oído, como eco de las preocupaciones del Presidente Poettering, al Sr. Van den Bos inquietarse por el lugar reservado a tal o cual país en la Comisión. 
Señorías, en ninguna de las opciones que están sobre la mesa se trata de que un país "pierda su Comisario", aun cuando considero que esa denominación no es apropiada, si recordamos la independencia de la Comisión. 
En todas las opciones, cada uno de los países tendrá al menos un Comisario. 
La cuestión es si todos los países tendrán un Comisario al mismo tiempo y, por tanto, si habrá una gran Comisión- y en el futuro una Comisión muy grande -, lógicamente fortalecida, o si será "no todos al mismo tiempo". 
En este último caso, la cuestión será la de en qué momento funcionará ese principio de la rotación estrictamente igualitaria entre grandes y pequeños. 
Todas las concepciones tienen consecuencias serias. 
Así, pues, con toda probabilidad habrá una reforma importante del funcionamiento de la Comisión y creo que se debe aprovechar cuidadosamente el tiempo que queda para examinar, en las próximas semanas, las consecuencias de cada una de las opciones antes de adoptar uan decisión en Niza, pues el objetivo es- lo repito- preservar en una Europa ampliada la eficacia, el crédito y, de ser posible, la colegialidad de la Comisión. 
Unas palabras más sobre la carta para recordar que la Comisión ha participado activamente en la labor emprendida por mediación de la Convención. 
Pienso en particular en mi colega y amigo Antonio Vittorino, que ha estado muy activo a lo largo de esa labor. 
Y quiero recordar que la Comisión indicó desde el principio que era partidaria de la idea de dar fuerza jurídica a esa Carta. 
A título personal, creo- haciéndome eco de lo que han dicho el Sr. Méndez de Vigo y la Sra. Berès- que lo mínimo podría ser un vínculo con el artículo 6 del Tratado, cosa que se podría hacer en Niza. 
Sin embargo, creo que no podremos quedarnos en eso y después de Niza habrá que ir más lejos. 
El Sr. Berthu criticaba antes esa carta como si hubiera caído del cielo. 
De todos modos, hemos hecho referencia a la inteligente y transparente labor que ha dado como resultado esa carta y los parlamentos nacionales, representativos de las opiniones nacionales, han participado en dicha labor. 
Los Gobiernos nacionales han participado y todos ellos han aprobado el texto. 
Así, pues, se trata de una labor abierta que no ha caído de arriba y no ha sido impuesta. 
Ésa es, por lo demás, la razón por la que ha recibido, a fin de cuentas, una aprobación general. 
La Sra. Maij-Weggen y el presidente Barón Crespo se han referido al Parlamento. 
A mi vez, quiero confirmar que en esa negociación hablamos al respecto. 
Es uno de los puntos pendientes en el debate y con toda franqueza, independientemente de lo que podamos hacer en la propia negociación, creo que todo lo que pueda decir, de forma clara, el propio Parlamento Europeo sobre su propia organización después de la ampliación, nos resultará muy útil, porque iluminará nuestra labor y la de los Estados miembros. 
Por último, unas palabras sobre el espíritu o el clima de Biarritz: seguramente el Sr. Dupuis me ha entendido mal antes. 
No sé si he mostrado un optimismo excesivo. 
En todo caso, he hablado de voluntarismo y de determinación. 
No estoy seguro, en este momento, de que consigamos en Niza una verdadera reforma, suficiente para una Unión Europea ampliada a 27 miembros y- no cabe duda- en una segunda fase a muchos Estados miembros más, en la medida en que el proceso democrático se confirme y se fortalezca en los Balcanes. 
En todo caso, la Comisión tiene su lugar y lucha para lograr esa verdadera reforma. 
He dicho simplemente, señor Dupuis, que se calibraría el fracaso o el éxito, una verdadera reforma o una reforma insuficiente, según que el modelo comunitario que agrupa, en efecto, señor Ministro, las tres instituciones y también otras, salga de Niza debilitado, intacto o fortalecido. 
Luchamos por que resulte fortalecido. 
Y es una forma- me parece a mí- de responder a las inquietudes de muchos Estados miembros y no sólo de los pequeños sobre el lugar y el papel que les corresponderá en ese modelo comunitario. 
Antes he indicado con toda precisión algunos de los elementos que nos permitirán darnos cuenta inmediatamente de si la reforma es suficiente o insuficiente. 
La ampliación a asuntos de verdad de la votación por mayoría cualificada, junto con la codecisión, la preservación del artículo 250, en su tenor actual, el lugar y el papel de la Comisión en las cooperaciones reforzadas y no sólo sobre el primer pilar: ésos son algunos de los elementos que nos permitirán juzgar al instante si hay, a fin de cuentas, éxito o fracaso. 
A ese respecto, quiero expresar mi acuerdo con la forma como han hablado antes Elmar Brok y el profesor Tsatsos. 
Por último, como antes nos pedían el presidente Barón Crespo y el presidente Poettering, creo que, en efecto, hay que elevar el debate en el nivel político y el nivel idóneo es el de la decisión final, es decir, el de los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Personalmente, me alegro mucho de que el debate de Biarritz se caracterizara por el deseo de lograr una verdadera reforma. 
En todo caso, eso es lo que yo sentí. 
Puedo perfectamente tener una diferencia de apreciación sobre el clima o la meteorología en Biarritz con el Sr. Moscovici, que seguramente conoce esa región pirenaica mejor que yo: había nubes, había viento, pero sobre todo he insistido en la tonalidad de los debates, en su carácter vivificante y voluntarista. 
Eso es lo que me impresionó personalmente y me infunde cierta confianza en que se logre un verdadero resultado en Niza. 
Por último, quisiera dar las gracias a la Sra. Randzio-Plath la intervención que ha hecho antes. 
La tranquilizo y le indico nuestra determinación, junto con la Presidencia, de avanzar a partir de las propuestas que ha hecho la Sra. de Palacio a propósito de la política europea de la energía en materia de abastecimiento, de economía, de apoyo a las energías renovables, incluida la negociación de la que acabamos de hablar para la CIG, la ampliación de la mayoría cualificada a la esfera del medio ambiente. 
Sobre todos esos asuntos la Comisión lucha, hace su trabajo y sé que sobre ese asunto, como sobre aquel al que me he referido antes y que fue objeto de un debate bastante largo en el Consejo Europeo de Niza en materia de seguridad marítima, sé que podemos contar con la determinación de la actual Presidencia francesa. 
El debate queda cerrado. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el miércoles. 
Constitucionalización de los Tratados- Cooperación reforzada- Estatuto de las islas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
Informe (A5-0289/2000) del Sr. Duhamel, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. sobre la constitucionalización de los Tratados (2000/2160 (INI) ); 
Informe (A5-0288/2000) del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la constitucionalización de los Tratados (2000/2162 (INI) ); 
Pregunta oral al Consejo (B5-0542/2000) de conformidad con el artículo 42 del Reglamento, del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el artículo 158 del Tratado CE acerca del estatuto de las islas. 
Pregunta oral al Consejo (B5-0543/2000) de conformidad con el artículo 42 del Reglamento, del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el artículo 158 del Tratado CE acerca del estatuto de las islas. 
. 
(FR) Señor Presidente, gracias en primer lugar a Jacques, a Jacques Delors, gracias a Altiero Spinelli y a Fernand Herman, gracias a todos, desde Vaclav Havel hasta Carlo Ciampi, desde Joschka Fischer hasta Jacques Chirac, desde Michel Barnier hasta Pierre Moscovici, desde Chris Patten hasta Costa Simitis, incluyendo a Florencia, y a la multitud de actuales diputados europeos que ha retomado, a partir de 1999, el gran movimiento a favor de una constitución europea. 
Gracias, de Jo y Giorgio a Iñigo, de Dany a Frassoni, de Richard a Elmar, de Bayrou a Andrew. 
Gracias a todos vosotros, una idea nueva progresa en el continente europeo: la de la Constitución europea. Idea nueva para Europa, vieja idea en los orígenes mismos de la modernidad, la idea de Constitución nos lleva a los más profundos debates sobre la democracia. 
A nuestra derecha, Joseph de Maistre, el pensador contra-revolucionario, denunciaba y se burlaba del concepto mismo de Constitución, porque la Constitución está hecha- ¡horror! -por los hombres y, quimera, para el hombre. 
"Pero el hombre no existe", decía, precisando que había visto Españoles, Franceses, tal vez incluso Persas, pero " al hombre, nunca lo he visto. 
Si existe, será desde luego sin yo saberlo ". 
A nuestra izquierda, Karl Marx, el pensador revolucionario, denunciaba y se burlaba del concepto mismo de derechos humanos, porque según él, el hombre abstracto no existe, y la humanidad es incapaz de constituir cosa alguna. 
A principios del siglo XXI, estos dos tipos de críticas se siguen formulando, y a veces se acercan. 
También se acercan los crímenes y las barbaries cometidos por hombres en las negaciones de la persona. 
Pero lo que nos enseña el siglo XX, es que a fuerza de no ver más que Franceses, Alemanes, Daneses, Irlandeses, Judíos, Árabes, Hutus, Tutsis, Serbios, Bosnios y Persas por todas partes, terminamos por olvidar su humanidad común. 
A falta de esta referencia fundamental, en el mejor de los casos dejamos de entendernos, y en el peor, nos matamos entre nosotros. 
Los Ingleses y los Irlandeses, los Serbios y los Croatas, los Israelíes y los Palestinos, los ciudadanos de aquí o de allá solo pueden existir si preexiste el ser humano. 
Si les quitamos su humanidad, y les dejamos únicamente su nacionalidad, están perdidos, porque han perdido a la persona. 
No aceptan al otro, por no ver al mismo. 
Ya no ven más que al enemigo. Se destruyen. 
La Comunidad Europea nació del rechazo a esta destrucción, lo saben ustedes. 
¡Cincuenta y cinco años sin guerra! 
En Estrasburgo, sabemos bien lo importante que es este récord. 
Queremos extender al continente este logro conquistado en la parte occidental de Europa. 
La ampliación lo garantizará. 
Una vez asegurada la paz, la Europa de Oeste se ha dedicado a sus ocupaciones, buscando la prosperidad. 
No critiquemos en exceso a la Europa comerciante, y es un socialista el que se lo dice: nos ha dado más riquezas para todos. 
Pero la Unión Europea no puede limitarse a un gran mercado, tiene otros fines, proclamados en sus Tratados: la integración europea, la libertad, la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, los derechos sociales fundamentales. 
La práctica totalidad de los diputados y de los Grupos de este Parlamento desean, cada uno a su manera, la paz, la prosperidad, la democracia, la justicia, y la mayoría de los diputados y de los Grupos las desean por Europa y para Europa. 
La democracia ha mejorado en Europa. 
Hace treinta años, grandes países del Sur eran víctimas de la dictadura, y el Este sobrevivía bajo el yugo soviético. 
Hoy, acabamos de vivir una de las últimas revoluciones democráticas en Europa: la revolución de octubre de 2000 en Serbia. 
Y sabemos que pasado mañana, la Serbia democrática se unirá a nosotros. 
¡Qué mejor prueba del ideal europeo que este vínculo entre la conquista de la democracia y la incorporación a la gran familia comunitaria! 
La democracia ha mejorado en Europa, pero, por su parte, la democracia europea está enferma. 
Uno de cada dos ciudadanos europeos no votó en las elecciones de junio de 1999. 
Precisamente nosotros no vamos a olvidarlo. 
El 50% de mis estudiantes no sabe quién es Romano Prodi, mientras que casi todos conocen a Michael Schumacher o a Monica Lewinsky. 
Esto demuestra el estado de decrepitud de la política en general, y la distancia que separa a las instituciones europeas de los ciudadanos. 
Algunos se conforman o se alegran de ello. 
Nosotros no. 
Por ello queremos una democracia europea más fuerte, una Constitución europea. 
¿Qué tenemos hoy? 
Todo, o casi todo, pero en el fondo nada. 
Siete Tratados, centenares de artículos, una maraña inextricable de normas, de deseos, de reglas, de procedimientos, de esencial, de secundario. 
La Constitución europea existe, pero nadie la ha visto. 
Es imposible de encontrar, invisible, ilegible, ininteligible. 
Queremos una verdadera Constitución. 
Pongámonos de acuerdo al menos sobre este objetivo, y ya que lo hacemos, digamos cómo alcanzarlo. 
El Parlamento propone un camino con dos etapas, dos escalas: la reorganización de los Tratados, la etapa rápida, y la adopción de una Constitución, la etapa progresiva. 
El informe propone estas dos etapas. 
Que se inicien ya en Niza, porque es posible hacerlo. 
Que antes de culminarlas, haya un referéndum europeo, porque es un sueño que necesitamos. 
En todo caso, no lo destruyan hoy. 
Si lo deseamos, podemos alcanzarlo, nosotros, ciudadanos, parlamentarios, gobiernos de la Unión Europea. 
Hoy, 24 de octubre de 2000, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo dice algo simple, y lo dice muy alto: ¿la Constitución Europea? Sí, pueden ustedes conseguirla, sí, la deseamos. 
. Señor Presidente, mi tema es un tema mucho más concreto, aunque hay que reconocer que algunos consideramos la cooperación reforzada como la panacea para hacer frente a una hipotética congelación del proceso de integración europea, una congelación que resultaría inevitable por el aumento del número de sus miembros tras la próxima ampliación. 
Se trataría para unos de fletar un bote salvavidas que permitiese a algunos Estados sobrevivir al naufragio de la construcción comunitaria. 
Y para otros, de crear un núcleo duro de países supuestamente de élite, unos Estados comunitarios patanegra, que diríamos en español, Estados que por su virtud y su cohesión y su peso actuasen como un verdadero directorio. 
No faltan tampoco, señor Presidente, quienes ven en las cooperaciones reforzadas el instrumento ideal para crear una Europa a la carta o de geometría variable, en la que la cohesión y la solidaridad comunitaria quedarían diluidas en un abanico de variadas cooperaciones intergubernamentales. 
Una Europa, Señorías, que no sería una organización democrática, ni eficaz, ni transparente, sino sencillamente un self-service. 
Ninguno de esos enfoques me parece aceptable ni realista. 
Por eso, mi informe propone simplemente flexibilizar las disposiciones existentes y hacerlo siguiendo unos criterios claros y coherentes: 
Primero, establecer las cooperaciones en el marco comunitario y no en marcos intergubernamentales paralelos. 
No se puede acercar Europa a los ciudadanos complicando cada vez más su estructura. 
Segundo, mantener la unidad del Parlamento y de la Comisión y reforzar su participación tanto en la fase de establecimiento como en la de desarrollo de las cooperaciones reforzadas. 
La experiencia del Protocolo social de Maastricht y de la Unión Económica y Monetaria demuestran que la participación de todos los miembros de esas Instituciones es técnicamente factible y políticamente recomendable, preserva la coherencia del sistema y la participación de todos los ciudadanos europeos en decisiones que siempre les afectan. 
Trocear los poderes legislativo y ejecutivo o sustituirlos por un mayor número de órganos, secretariados, cámaras paralelas, etc., no sirve a la democracia sino a la ineficacia. 
Tercero, ampliar el campo de las cooperaciones reforzadas a la política exterior de seguridad y de defensa común en la que la experiencia de los últimos años está pidiendo a gritos un cauce comunitario para evitar la dispersión, la lentitud y la ineficacia que acaban trasladando a los Estados Unidos de América la decisión y la carga de resolver problemas específicamente europeos. 
Cuarto, eliminar el veto y reducir el número mínimo de Estados miembros exigidos para poner en marcha una cooperación reforzada que sea comunitaria. 
Subrayo lo de "comunitaria", Señorías, porque de eso se trata, de potenciar los instrumentos comunitarios y no de sustituirlos. 
La línea divisoria entre los que quieren una Europa política y los que quieren reducirla a un mercado pasa hoy por el fortalecimiento de lo comunitario frente a lo intergubernamental, y no viceversa. 
Lo ha explicado en esta Asamblea, hace bien poco, el Presidente de la Comisión. 
No necesitamos una Europa de objetivos divergentes, sino una Europa con un objetivo común, aunque con velocidades que puedan ser distintas. 
Por último, una cooperación reforzada, abierta y no cerrada, inclusiva y no excluyente de aquellos miembros- actuales o futuros- que no se apunten en el primer momento, que sirva para impulsar y arrastrar y no para levantar nuevas barreras. 
He tenido, señor Presidente, la satisfacción de constatar que las propuestas presentadas últimamente a la Conferencia Intergubernamental coinciden en lo sustancial con todos o parte de los criterios que he expuesto. 
Espero que el espíritu de Biarritz- hoy tan invocado- se materialice, porque los espíritus que no se materializan se convierten en fantasmas y el desván de la construcción europea está lleno de esos fantasmas. 
Tengo, por último, que agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a su presidente la benevolencia con que han acogido mi informe, las aportaciones que me han permitido mejorarlo y el amplio respaldo de que se ha beneficiado en la votación final. 
Con ese respaldo y con la esperanza de que nuestra resolución sea útil en esta fase final tan decisiva de la Conferencia Intergubernamental pido para ella, señor Presidente, Señorías, el voto de la Asamblea. 
Señor Presidente, voy a informar aquí sobre una resolución debatida y aprobada por unanimidad la semana pasada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y quiero dar las gracias a su presidente, Sr. Napolitano, por haberla dirigido y por haber puesto su firma al pie de la misma. 
Se trata de una resolución que llama la atención de los órganos comunitarios y de la próxima Conferencia Intergubernamental de Niza sobre la cuestión de las islas, de la insularidad o, por mejor decir, sobre el principio de que la insularidad como tal se reconoce como uno de los criterios de acción comunitaria, por las condiciones objetivas que cualquier forma de insularidad supone para estas regiones. 
Quien ha estudiado la cuestión sabe que existe el "misterio" de las versiones: mientras la versión italiana recoge el principio según el cual la insularidad es uno de los criterios suficientes para la intervención de la Comunidad, la versión francesa, seguida por otras lenguas, expresa un concepto distinto y la versión inglesa está exactamente a medio camino, ya que se presta a ambas interpretaciones. 
No me voy a detener en la cuestión lingüística y me limitaré más bien a recordar- porque es un importante dato histórico- que la versión oficial elaborada por la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam, redactada, por otra parte, en lengua francesa, es exactamente idéntica al texto italiano actual. 
Es decir, la misma expresa la idea de que la insularidad de por sí es un criterio suficiente. 
En efecto, el texto que salió oficialmente de esa Conferencia Intergubernamental- que facilitaré al Comisario y al señor Ministro en el caso de que sus departamentos jurídicos no lo hubiesen hecho- demuestra claramente que de esa sede salió en realidad esta opinión que después fue erróneamente traducida a otras lenguas. 
Sin embargo, no voy a abundar en esto, ya que hay argumentos más fuertes que el literal. 
Existen los pasajes de los Tratados que establecen el principio de cohesión y existe la Declaración nº 30 que, al afirmar y al aplicar a este caso específico el principio de cohesión, dice exacta y textualmente: "La Conferencia reconoce que las regiones insulares sufren de desventajas estructurales vinculadas a su carácter insular cuya permanencia perjudica a su desarrollo económico y social". 
Por lo tanto, no es basándonos en un número de lenguas o en un número de versiones, sino en un principio fundamental de las Cartas, de los Tratados, o sea, en el principio de cohesión, que pedimos que las islas sean reconocidas como tales, como posible objeto de una acción y de una atención especiales. 
Señor Comisario, señor Presidente, no pedimos limosna. Lo único que pedimos es que la Comunidad nos permita ser ciudadanos iguales a los demás, no ciudadanos más favorecidos que otros. 
Si miran, por ejemplo, el mapa de desarrollo, verán que en Italia, en estas décadas, el mismo ha seguido exactamente el límite de la comunicabilidad: se ha ampliado y extendido a zonas y a regiones que estaban fácilmente comunicadas con las más desarrolladas y, por el contrario, ha seguido estando lejos de las que, como las islas u otras zonas, tenían y siguen teniendo graves problemas de comunicación. 
Señor Presidente, yo procedo de una tierra, una isla, que ha tenido siempre este eterno problema- como también otras islas italianas y, creo, decenas y centenares de islas de otros Estados- una isla que siempre ha aportado una fuerte contribución, que siempre ha estado convencida del desarrollo nacional y que, hoy, a la idea de desarrollo nacional une y añade el europeo. Sin embargo, los efectos del desarrollo, del progreso, de las noticias, de las comunicaciones han llegado siempre a una isla, como a todas las islas, con años de retraso. 
Si Europa no quiere ser sólo el terreno de la confrontación de la globalización, sino que quiere ser una Comunidad completa, que en todas sus articulaciones y en todas sus expresiones avanza unida y compacta hacia un nuevo progreso y hacia una nueva civilización, no les pedimos tener más que los demás, sino poder ser ciudadanos como los demás. 
No les pedimos nada en concreto y en especial, no pedimos ayudas: pedimos que este principio de la insularidad sea reconocido por todos para que los ciudadanos de Unión sean todos iguales en la línea de salida, para que todos tengan las mismas posibilidades de llegar. 
. 
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, señores ponentes, señoras y señores Diputados, han querido ustedes celebrar, esta mañana, un debate sobre las cuestiones en las cuales su Asamblea ha estimado necesario completar la opinión relativa a la Conferencia Intergubernamental que había expresado el pasado mes de abril. 
Inicialmente, habían contemplado tres informes: la constitucionalización de los Tratados, las cooperaciones reforzadas y la limitación del número de diputados del Parlamento Europeo. 
En todo caso, compruebo que, para hoy, no se nos ha requerido sobre este último punto, y me adhiero totalmente al Comisario Barnier. 
La Presidencia toma nota de ello, pero no puedo dejar de hacer constar la situación. 
Efectivamente, lo lamentamos. 
¿Quién mejor que su Asamblea puede dar una opinión acreditada sobre esta cuestión fundamental desde el punto de vista de la ampliación? 
Finalmente, un último punto de naturaleza totalmente distinta, que el Sr. Segni, apoyado por el presidente Napolitano, ha deseado tocar, y del que he tomado nota: la cuestión de las islas. 
Paso ahora a abordar cada uno de estos puntos, pero brevemente, con el fin de dejar tiempo para nuestro debate. 
Empezaré, si me lo permiten, -y le pido a Olivier Duhamel que no me guarde rencor, no lo olvido -, por las cooperaciones reforzadas, que efectivamente están en el orden del día de la CIG, a diferencia de la cuestión de la constitucionalización, en la que entraremos más tarde. 
Iré a lo esencial concentrándome en los puntos sobresalientes del informe del Presidente Gil-Robles, del que diré sencillamente que lo encuentro excelente. 
Ya he mencionado este punto anteriormente, con ocasión de la presentación de los resultados del Consejo informal de Biarritz. 
Podemos afirmar, creo, que las conclusiones de su ponente coinciden- tal y como lo ha manifestado él mismo, por cierto -, en gran medida con las preocupaciones expresadas por los Estados miembros en Biarritz. 
En primer lugar, señor Presidente, pongo de relieve su acuerdo sobre los motivos que justifican la flexibilización de este mecanismo para posibilitar su aplicación real en la Europa ampliada. 
Tomo nota de su preocupación por que se respete el marco institucional de la Unión y por la necesidad de concebir un dispositivo abierto, así como de su deseo de que desaparezca el veto en el Consejo, principios todos ellos que han tenido un amplio consenso en Biarritz. 
Comprendo igualmente su voluntad de que no se toque lo que usted llama "la unidad institucional" del Parlamento o de la Comisión. 
Una vez más, coincidimos todos en que el marco institucional de la Unión debe ser respetado. 
No se trata de salir del Tratado, ni de cuestionar lo que existe. 
No deja de ser cierto que nos encontramos ante un dispositivo particular de carácter excepcional, y necesariamente un poco específico con respecto al derecho común. 
Ciertamente, no se trata- insisto- de utilizar este dispositivo para compensar el hecho de que no se haya conseguido introducir la mayoría cualificada en ciertos ámbitos. 
El voto por mayoría cualificada es efectivamente el objetivo primordial de la Conferencia Intergubernamental. 
No se trata tampoco de crear una Europa a la carta. 
Sin embargo, a pesar de las garantías claras que deben acompañar a las cooperaciones reforzadas, éstas reflejan sin duda alguna un carácter excepcional. 
Traducirán el hecho de que, en un momento dado, los Quince no hemos podido ponernos de acuerdo para profundizar la cooperación en un sector concreto. 
Podremos difícilmente decir que todo se hace exactamente igual que si fuésemos quince, perdonen que insista en esta evidencia. 
Así, respetando el marco constitucional existente, me parece difícil- les advierto- prever más que un procedimiento de dictamen consultivo del Parlamento en el momento del inicio. 
En cuanto a las modalidades de funcionamiento de una cooperación reforzada, plantean otro problema, más complejo. 
Efectivamente, me consta que el Parlamento Europeo está muy apegado a su propia indivisibilidad- lo cual, por otra parte, comprendo perfectamente -, pero precisamente por este motivo, ¿cómo se podría justificar el hecho de que se pronuncie de pleno derecho como si estuviésemos en una situación de consulta o de co-decisión clásica, mientras que, previsiblemente, la mitad- incluso quizás 2/3 de los Estados miembros- no formaría parte de una cooperación reforzada de este tipo? 
En estas condiciones, ¿qué legitimidad tendría el voto expresado por una mayoría de parlamentarios, representantes de Estados no afectados por una cooperación reforzada como ésta? 
¿No supondría reintroducir, de forma tangencial, el veto que ustedes mismos desean descartar? 
Aquí hay, objetivamente, una verdadera cuestión de principio que hace que, en mi opinión, no podamos retomar exactamente en cada cooperación reforzada y, con mayor motivo, en el ámbito muy concreto y delicado de la política exterior de seguridad y de defensa, las mismas reglas que en la Unión. 
Creo que debemos tener bien presentes las particulares situaciones a las que este dispositivo debe responder. 
No debe convertirse en lo habitual, y debemos conferirle una verdadera flexibilidad, respetando a la vez ciertos principios. 
Paso ahora a la constitucionalización de los Tratados. 
Podría contentarme con darle las gracias a Olivier, y con subrayar simplemente que en su texto hay un ataque absolutamente ruin contra el Presidente Prodi- habla con humor, claro -, o incluso con señalar que no ha dicho del todo cómo desearía que se llegue a la Constitución. 
Felizmente, su informe está ahí, y la palabra Constitución agrupa, o comprende, varias exigencias. 
En primer lugar, la de una simplificación y una clarificación de los Tratados. 
Además, la de la puesta en práctica de un verdadero texto de referencia que fije claramente los valores, los principios, los objetivos de la Unión y, finalmente, la de un reparto de competencias entre los distintos niveles de decisión en el seno de la Unión. 
Es una cuestión que su Asamblea planteó muy pronto- hay que reconocerle ese mérito- desde su toma de posesión, de hecho, en julio de 1999. 
Constituye una respuesta a verdaderas exigencias, las que acabo de enumerar. 
Pero también es cierto que debemos, como Presidencia, tener en cuenta que los Estados miembros han indicado, hasta ahora, que todavía no estaban preparados para hablar de Constitución, incluso aunque una lista ilustre de representantes políticos haya mencionado esta cuestión. 
En verdad, está claro porqué los Estados miembros no han llegado todavía a eso. 
Aunque una Constitución puede aportar, al menos en parte, una respuesta a los temas que he planteado, es un proyecto que, en realidad, va mucho más lejos. 
Una Constitución, por definición, es un acto fundamental con un inmenso alcance político, en el mejor sentido de la palabra. 
No se puede ver en ello un simple ejercicio de clarificación redaccional, ni siquiera de reparto de las competencias. 
Creo que una Constitución va bastante más lejos. 
Ahora bien, precisamente sobre esta etapa futura, sobre el perfil concreto de este futuro europeo, no nos hemos aclarado todavía entre nosotros. 
Creo que no podremos hablar verdaderamente de Constitución y enfocar las modalidades de su redacción hasta que no sepamos lo que queremos incluir en ella. 
Ustedes lo saben perfectamente, eso supone que hagamos ciertas elecciones políticas, de un alcance bastante más amplio que la reglamentación de las tres exigencias indicadas con anterioridad. 
Por otra parte, observo que, de los jefes de Estado y de gobierno que se han pronunciado, por ejemplo, sobre este punto, ninguno le concede exactamente- ni de lejos- la misma acepción. 
Una palabra más sobre las tres cuestiones que yo mismo he planteado. 
En primer lugar, la simplificación de los Tratados. 
Sí, es un objetivo loable, brillantes juristas lo han perseguido. 
En concreto, el Instituto Europeo de Florencia, a petición de la Comisión- supongo que Michel Barnier hablará de ello -, lo ha hecho, con un resultado que calificaría de muy honorable, a pesar del carácter particularmente árido del ejercicio, pero no creo que los autores del informe- a los que por cierto Olivier Duhamel hace referencia- hayan podido evitar una forma de contradicción entre el objetivo de claridad y el objetivo de seguridad jurídica. 
El Tratado no ha sido reescrito en función del derecho vigente. 
Se entiende. 
Es extremadamente complicado reescribir tratados que han sido negociados, a veces con puntos y comas, y el siguiente tema de nuestro debate nos brinda un elocuente ejemplo de ello. 
Además, aquí hay, de nuevo, -es inevitable, pero con todo discutible -, una parte arbitraria en las opciones tomadas por el Instituto de Florencia, lo cual es comprensible. 
Pienso, por ejemplo, en la presentación igualitaria de las políticas comunes seleccionada por los autores del informe, mientras que su peso respectivo es evidentemente muy distinto, y que ello se traduce en disposiciones de naturaleza igualmente diferente. 
No voy a ir más lejos, porque no estamos aquí- en cualquier caso, yo no estoy aquí -, para debatir el informe del Instituto de Florencia. 
Por otra parte, he observado que su ponente propone, a su vez, otra fórmula que, si no he entendido mal, consistiría en distinguir, por un lado, las disposiciones que formarían parte de un tratado-marco y, por otro lado, las demás disposiciones, en especial las políticas comunes, que se integrarían en un protocolo anejo. 
Aunque a título personal estoy no solamente abierto, sino a favor de la idea de una Constitución, lo que quiero sugerir, sea cual sea la opción elegida, es que esta iniciativa plantea problemas de fondo. 
No es un ejercicio técnico ni anodino, y ante todo debemos plantear las cuestiones de fondo. 
Segundo punto, el reparto de competencias. 
Tema bien conocido, y no tan frecuentemente debatido. 
Hasta ahora, sin resultado convincente, pero esto no debe ciertamente desmotivarnos para poner de nuevo manos a la obra. 
El ejercicio es complejo. 
Debemos tener cuidado de no romper lo que confiere la especificidad a la Comunidad desde sus orígenes. Esta mezcla, variable según los sectores, pero siempre muy sutil, de competencias compartidas. 
Un ejercicio no debe llevar a la modificación de los equilibrios, ni a retroceder, en nombre del principio de subsidiariedad, como algunos parecen desear. 
He aquí lo que en este momento deseaba decir. 
No me atrevería, en calidad de representante de la Presidencia en ejercicio, a ir más lejos, porque, como Ustedes saben, hemos optado por concentrarnos de aquí a diciembre en las cuatro grandes cuestiones del orden del día. 
No ignoramos que se plantean otras cuestiones. 
Algunos miembros se han referido a ellas. 
La Comisión y el Parlamento también. 
Su discusión surgirá- al menos para algunas de ellas- sin duda muy rápidamente. 
Vendrá Niza, vendrán también las conclusiones de Niza, y por consiguiente, un después de Niza. 
Esto no se producirá necesariamente bajo la forma deseada por su ponente, porque- tal y como lo he dicho con anterioridad- todos los Estados miembros no estarán forzosamente preparados, pero aquí se da una contribución extremadamente útil. 
Creo que lo veremos más claro en Niza, y creo que podremos examinar la oportunidad de abrir nuevas vías y de definir, llegado el caso, sus modalidades y su calendario en función de los resultados de la CIG- porque no debemos subestimar el impacto que los resultados de la CIG tendrán sobre nuestra capacidad de ir más lejos-. 
Unas últimas y rápidas palabras sobre el método de elaboración, llegado el momento, de un texto de este tipo. 
Su ponente propone que retomemos la fórmula del Convenio. 
¿Y porqué no? 
Es verdad que esta fórmula ha demostrado su validez en relación con la Carta de Derechos Fundamentales. 
Varios de entre Ustedes, y también de entre los representantes de los Estados miembros, ya han manifestado que la fórmula tradicional de la Conferencia Intergubernamental no era, sin duda, la mejor. 
Yo mismo he subrayado que la fórmula adoptada para la Carta era un camino a explorar. 
¿Es necesario un Convenio? 
¿Es necesaria otra fórmula? 
Todo esto queda por determinar, incluido por cierto el proceso de adopción in fine de la futura Constitución europea que, estoy convencido, verá la luz. 
Ahora, unas palabras muy breves sobre el tema de las islas. 
Como siempre, la comisión institucional, con su Presidente, y Usted mismo, Señor Segni, plantean cuestiones a la vez muy pertinentes y también terriblemente complejas. 
Voy a intentar responder con la mayor precisión posible a una pregunta de la que, a decir verdad, no conozco en este momento la respuesta. 
Entiendo que nuestros amigos italianos- muchos de ellos- detecten, entre las diferentes versiones lingüísticas del Tratado, algunos matices, incluso diferencias, que pueden dar lugar a interpretaciones divergentes. 
Esta cuestión se planteó ya en 1997, creo, tras la adopción del nuevo Tratado, pero antes de su firma. 
Según la información- voy a ser técnico, perdónenme- que ha sido comunicada a la Presidencia, creo que una clara mayoría de las versiones lingüísticas, contrariamente a la versión italiana, solo hace referencia, para la aplicación de la política de cohesión, a las islas menos favorecidas, y no a las islas en general. 
Pero está claro- lo han dicho muy bien- que la cuestión no se refiere a un debate estrictamente lingüístico o estrictamente semántico. 
Afecta a un asunto de extrema importancia y sensibilidad, el del tratamiento de las islas en el seno de la Unión Europea y de las políticas que pueden ser implantadas y llevadas a la práctica en estos territorios. 
No estoy en condiciones- ya lo he dicho -, Señor Diputado, de zanjar definitivamente este debate hoy, a falta de elementos suficientes, pero, naturalmente, la Presidencia está dispuesta a ayudar a clarificarlo, solicitando por ejemplo el dictamen de los servicios jurídicos del Consejo, dentro del Consejo, e incluso de la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que podríamos así disponer de elementos más pertinentes para aclarar esta cuestión y por consiguiente, a partir de ese momento, para aportar una respuesta completa. 
Estos son los elementos que quería aportar. 
Termino en este punto para dar paso al debate. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando apenas faltan dos meses para el Consejo Europeo de Niza, el informe Duhamel nos ofrece la oportunidad de volver a definir, en nuestra calidad de Parlamento Europeo, nuestra posición sobre el ulterior desarrollo de la Unión Europea y responder al mismo tiempo a la necesidad, no sólo de garantizar nuestra capacidad de actuar con vistas a la ampliación, sino de indicar también a nuestros ciudadanos las perspectivas a medio plazo de la Unión. 
Usted acaba de señalarlo con gran acierto, señor comisario Barnier. 
El Grupo del Partido Popular Europeo/Demócratas Europeos aprueba, por lo tanto, en su gran mayoría el excelente informe de Olivier Duhamel, que se concentra en los aspectos esenciales. 
En una primera fase, necesitamos un Tratado constituyente que reúna de manera clara y comprensible los principios recogidos de los actuales Tratados de la Unión Europea. 
El ulterior desarrollo de dicho Tratado constituyente también debería plasmar, no obstante, de manera comprensible los valores comunes de la Unión Europea, incorporar los derechos de los ciudadanos europeos definidos en la Carta de los Derechos Fundamentales y perfeccionar la composición, el papel y el procedimiento de trabajo de los órganos de la Unión más allá de los resultados de Niza, mejorando así su eficacia. 
La citada Constitución europea también deberá establecer de manera clara el reparto de tareas entre los Estados miembros y la Unión Europea e incorporar la dinámica de la integración europea en aquellos ámbitos, como el de la política exterior y de seguridad, en los que es imprescindible una actuación común. 
En este contexto es preciso que también se tenga en cuenta y se garantice el nivel más básico de la democracia, la autonomía administrativa a escala municipal, en los Estados miembros de la Unión Europea. 
No debe ocurrir, como ya ha sucedido con varias directivas, que la combinación de las burocracias europeas y nacionales restrinja la voluntad de acción política local de los ciudadanos y prevalezca sobre ésta. 
Por esto nosotros proponemos el enraizamiento de la autonomía administrativa municipal en una futura Constitución europea y les pedimos que voten afirmativamente esta enmienda. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, sobre el que me gustaría concentrarme, llega a tiempo para establecer la postura del Parlamento Europeo sobre el cuarto de los grandes temas de la presente CIG. 
Este marco debería constreñir al mismo tiempo a los países que desean participar en él, y a los que no participan o no intervienen desde al principio. 
Así, las cooperaciones reforzadas deben respetar los principios de los tratados y desenvolverse en el marco institucional único de la Unión. 
Por otro lado, no deben ser un obstáculo para los intercambios ni dar lugar a una fragmentación del mercado común, a una ruptura de la solidaridad y de la cohesión de los Estados miembros, ni, como ha dicho el Comisario Barnier, a un desmadejamiento del acervo comunitario. 
La puesta en práctica de las cooperaciones reforzadas no debería llevar a la creación de nuevos órganos que viniesen a sumarse a las instituciones de la Unión. 
Al insistir sobre este punto, el memorándum común de los tres países del Benelux, al igual, por cierto, que el informe del Sr. Gil-Robles, rechaza la idea de secretaría o de directorio concreto para una u otra iniciativa de cooperación reforzada. 
El carácter abierto y transparente debe quedar asegurado en cualquier caso. 
A ningún Estado miembro se le puede negar la posibilidad de asociarse en cualquier momento a una cooperación reforzada existente. 
Esto también supone una garantía para los futuros nuevos Estados miembros. 
Nuestro ponente insiste firmemente, con razón, en la exigencia de que la capacidad de iniciativa de la Comisión y la participación del Parlamento, al menos según el procedimiento consultivo, deben ser la norma en todas las cooperaciones reforzadas. 
Además, queridos colegas, de entrada, las cooperaciones reforzadas en los tres pilares pretenden hacer avanzar la integración europea. 
Podrían asimismo ser necesarias para superar bloqueos persistentes. 
Si, por el contrario, estas cooperaciones reforzadas tuviesen el efecto de destruir el equilibrio institucional, de apartar a la Comisión, y de deshacerse del control democrático del Parlamento Europeo, no conseguirían alcanzar su objetivo. 
Señor Presidente, los ciudadanos interesados en saber cómo se gobierna la UE no tienen el Tratado de Amsterdam como libro de cabecera. 
Si por alguna razón lo tuviesen, no es seguro que les serviría de mucho. 
Ni siquiera los expertos más interesados en temas europeos son capaces de leer con facilidad los tratados que regulan buena parte de las actividades comunitarias europeas. 
Los tratados son complicados, a veces contradictorios, de difícil lectura y poco sugerentes. 
Se hace una mezcolanza de hermosos e importantes valores europeos con artículos de carácter técnico. 
¡Así no podemos seguir! 
Una exigencia mínima para aumentar los conocimientos y el interés respecto al proyecto europeo es que se simplifiquen las formas para aprender cómo se gobierna la Unión. 
Hoy no resulta fácil, cosa que el informe Duhamel destaca de manera excelente. 
Después de la reunión de Niza, que todos esperamos que sea exitosa, es importante que se dé el próximo paso para la creación de una Unión más democrática. 
Es hora de revisar los tratados. 
Para empezar, el Grupo ELDR considera importante que los tratados europeos se hagan más comprensibles para los ciudadanos. 
Esto implica que hay que simplificar, cambiar de lugar y limpiar. 
La propuesta de la Universidad de Florencia muestra un posible camino a seguir, pero el próximo paso es crear una verdadera constitución europea. 
Los ciudadanos de Europa necesitan, merecen y, según las encuestas, quieren tener una constitución comunitaria, que contenga claramente los valores y objetivos de la UE, que aclare la distribución del poder y de las responsabilidades de las instituciones entre sí y respecto a los países miembros. 
Los derechos de los ciudadanos deben regularse mediante la incorporación de las conclusiones de la convención. 
Por cierto que no es fácil, pero es extraordinariamente importante. 
Obviamente hay que hacer partícipes a los ciudadanos en este trabajo, especialmente a los ciudadanos de los países candidatos que, esperamos, serán miembros dentro de algunos años. 
Este trabajo no puede utilizarse, bajo ningún concepto, como justificación para retardar la ampliación. 
La constitución es un asunto que interesa a toda Europa. 
El trabajo de constitucionalización debe contener la idea de simplificar y eliminar tareas de la UE. 
Esto es necesario para que la Unión funcione en el futuro. 
Es menester aclarar la distribución de las competencias y el principio de subsidiariedad. 
Aprendimos muchas cosas en la convención. 
Ha sido un método de trabajo que, con algunas modificaciones, debe usarse para dar más espacio a los ciudadanos en el proceso. 
La futura constitución europea no debe ser un producto de los despachos de Bruselas. 
Vaclav Havel dijo en esta Asamblea, y el Comisario Barnier lo citó hace un momento, que deseaba una constitución que pudiese ser entendida por todos los chicos y chicas europeos de once años. 
En mi opinión, ésta es una buena meta. 
Hoy debe decidirse el comienzo de los trabajos. 
Sería tranquilizador escuchar que la Presidencia francesa tiene una actitud positiva frente a esto. 
Haré cuanto esté de mi parte a fin de convencer a mis compatriotas para que recojan el testigo durante nuestra Presidencia. 
Señor Presidente, el reconocimiento de que los derechos fundamentales de las personas no son únicamente una promesa, sino un derecho inalienable de cada persona, que no le es concedido, sino sólo reconocido, por la política y el Estado, que emana de la dignidad de todo ser humano, la comprensión de que estos derechos sólo son eficaces si tienen valor de ley, si el Parlamento los plasma en leyes y los tribunales los garantizan, esta noción es el concepto más fundamental de la democracia moderna y constituye el núcleo central de las Constituciones de todos los Estados miembros. 
El Consejo Europeo atenta contra este consenso europeo básico con su negativa a integrar en los Tratados la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, darle un valor jurídico vinculante y conceder a los ciudadanos cuyos derechos se vean lesionados la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia Europeo. 
Los derechos fundamentales son esencialmente derechos frente al Estado. 
¿No les parece grotesco que la decisión sobre los derechos fundamentales de los habitantes de Europa la adopten exclusivamente los jefes de Estado y de Gobierno? 
A nadie le puede extrañar que dichos jefes de Gobierno se resistan a someterse al régimen de los derechos fundamentales plasmados en la Carta y a darles un valor jurídico vinculante. 
Los poderes que reivindica el Consejo constituyen el mayor problema en el contexto del proceso práctico de adopción de una Constitución y están en la raíz del déficit democrático de la Unión. 
De hecho, los jefes de Estado y de Gobierno no sólo quieren ser el único poder legislativo de la Unión, sino también su gobierno. 
¿Quién puede dudar ya que se consideran los únicos autorizados para dotar a la Unión de una Constitución? 
En amplia medida sin la intervención de los parlamentos, de los ciudadanos y- a ser posible- tampoco de la Comisión. 
La tarea de la democracia ha sido desde tiempos inmemoriales poner coto al poder de los príncipes. 
Hoy tenemos que preguntarnos si queremos una Europa de los príncipes o una democracia europea. 
Si queremos una democracia europea, tenemos que iniciar un proceso constituyente y poner su primera piedra con la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Señor Presidente, el informe del colega Duhamel que hoy se debate es muy importante, a mi parecer, ya que en definitiva se ocupa del tema absolutamente decisivo del camino que debe seguir el ulterior desarrollo del proceso de unificación europea. 
Como ya es sabido, en los diferentes Estados miembros y entre las diversas fuerzas sociales existen opiniones muy distintas al respecto. 
Las y los colegas de mi Grupo también mantienen diferentes opiniones sobre esta cuestión. 
Yo creo que esta diversidad de pareceres es inevitable y la considero enriquecedora, pues si queremos construir la casa común europea debemos tener siempre muy presente que todos están satisfechos de vivir en ella y todos la consideran también su hogar. 
En las últimas elecciones europeas quedó patente cuán lejos se encuentra aún la Unión de alcanzar este objetivo: una baja participación electoral, prejuicios, frustración justificada por la falta de democracia y de transparencia, por el excesivo afán regulador, el exceso de burocracia y unos procesos de decisión poco transparentes. 
Nada de todo ello ha cambiado, lamentablemente, hasta ahora. 
Sin embargo, es urgentemente necesario introducir cambios decisivos. 
Nuestro Parlamento, como única institución de la Unión democráticamente legitimada, tiene una enorme responsabilidad de tomar la iniciativa en este contexto. 
Justamente por esto yo acojo con satisfacción el presente informe. 
Es urgente simplificar y reorganizar los Tratados. 
Necesitamos que el texto de los Tratados sea legible y sobre todo comprensible para los ciudadanos y ciudadanas. 
La Cumbre de Niza debe dar el pistoletazo de salida y otorgar el correspondiente mandato, con un procedimiento y un calendario definidos. 
Aun así, señor Presidente, yo soy sumamente escéptico en un aspecto. En primer lugar, me parece poco realista esperar que la Constitución que pide el informe se pueda adoptar antes de las próximas elecciones de 2004 y, en segundo lugar, creo que esto tampoco se debería hacer. 
En efecto, no es admisible que sólo los Quince debatan y decidan una Constitución, cuando todos sabemos que antes de que finalice esta década tendremos una Europa de los 27. 
Tres puntos son irrenunciables para mí: en primer lugar, un debate público verdaderamente amplio en todos los Estados miembros; en segundo lugar, la participación plena y directa de los países candidatos a la adhesión; y en tercer lugar, tengo el firme convencimiento de que sólo un referéndum a escala de toda la Unión puede legitimar democráticamente una Constitución, ya que de hecho se trata prácticamente de una refundación de la Unión por obra de sus ciudadanas y ciudadanos. 
De lo contrario, yo creo que no será posible lograr una Europa de las ciudadanas y los ciudadanos. 
Señor Presidente, el informe Duhamel, del que voy a hablar aquí, vuelve a poner sobre el tapete la vieja idea del Parlamento Europeo de dotar a Europa de una constitución. 
El objetivo principal, que no se deduce claramente de la resolución, sería el de establecer en Europa, incluso para los textos fundamentales, procedimientos de decisión colectiva de tipo mayoritario, totalmente distintos pues del voto por unanimidad en el Consejo, o de la ratificación por los Estados miembros, utilizados hoy para las modificaciones de los tratados. 
Estos procedimientos colectivos instalarían definitivamente un poder supranacional en Europa. 
Habría sin embargo que preguntarse primero cuál es exactamente la voluntad de nuestros pueblos para la Europa del mañana. 
Esta voluntad está muy clara, y ha sido de nuevo reafirmada de forma nítida por los daneses con ocasión de su referéndum. 
Los ciudadanos conceden la mayor de las legitimidades al marco nacional. 
En este marco es dónde ellos desean que se tomen las principales decisiones. 
Hay que concluir que si la cooperación europea quiere seguir siendo democrática y cercana a los pueblos, debe basarse en la realidad primera de las naciones. 
Por desgracia, el objetivo final de una Constitución europea sería exactamente el contrario, y es evidente que no podemos aprobarlo. 
Por ello, hemos adjuntado al informe del Parlamento Europeo una opinión minoritaria, y hemos presentado numerosas enmiendas, que por cierto son más que enmiendas, ya que su adopción significaría invertir el sentido de la resolución. 
Europa necesita una carta que reconozca la preeminencia de sus democracias nacionales, y no de una constitución que las convertiría en un Super-Estado. 
Señor Presidente, Señor Comisario, en Europa hay verdaderos problemas: la pobreza, el paro, la fiscalidad, la inseguridad, y en lugar de abordarlos, ¿qué se nos propone? 
¡Una constitución! 
Es sorprendente, pero, ¿qué aportará esta constitución? 
¿En la forma? 
¡Palabrería! 
¡Mangoneo! 
¡Escaqueo! 
La palabrería en la forma está, por ejemplo, en el Párrafo 11 del informe Duhamel, una constitución- y cito- "contra la vuelta atrás". 
¡Pero si la vuelta siempre es hacia atrás! 
El Párrafo 20 nos habla de una constitución para ser debatida- y cito- "conjunta y simultáneamente". 
Pero si es conjuntamente, será por necesidad de forma simultánea. 
Párrafo 8: la constitución tratará- y cito- "temas que hayan quedado abiertos". 
Pero lo que se deja abierto son las ventanas, eventualmente las respuestas, pero no las preguntas. 
Según el Párrafo 4, hace falta una constitución, porque la que está en los tratados es ilegible e invisible. 
Pero si es ilegible, es porque se ha intentado leer, por lo que no es invisible, etc. 
Finalmente, lo que en el informe del Sr. Olivier Tautología es grave, es que propone una constitución-mangoneo. 
Se mangonea en primer lugar a los pueblos, como una especie de Dutroux constitucional, atentando contra su igualdad. 
Efectivamente, en la casa europea reforzada, habrá pueblos invitados a la mesa militar, monetaria, eventualmente fiscal, y después los otros pueblos, que estarán al lado. 
Por consiguiente, en la Europa a la carta, hay pueblos que comen el menú. 
Es el motivo por el cual la cooperación reforzada es la exclusión reforzada. 
Como los pueblos no pueden tolerar este atentado contra su igualdad, se mangonea la democracia. 
En el Párrafo 8 de la resolución constitucional, se reconoce que la constitución de Europa deberá ser adoptada, y cito, "sin riesgo de bloqueo", y dado que el Párrafo 7 del informe Duhamel dice: "sin la prueba del referéndum", será por tanto sin democracia. 
Y este es el punto en el que el mangoneo se convierte en escaqueo. 
La regla de la unanimidad, con la sanción del veto si fuese necesaria, es el último bastión para proteger a los pequeños y a la soberanía. 
Ahora bien, sin suprimir directamente el campo de la unanimidad, se elude a través de la cooperación reforzada, que es soberanía escamoteada. 
¿Y todo esto, a quién beneficiará? 
¿A los desempleados? 
¿A los jubilados con 700 euros mensuales? 
¿A los niños de la calle? 
¿A los pequeños palestinos de la sociedad europea? 
No, todo esto beneficiará a los brahmanes, a la casta que aquí se llama Olivier, Pierre, Dany, a los hijos de papá, a la oligarquía. 
Este es el motivo de que los hombres y mujeres prefieran a Zidane y a Schumacher, porque, al menos con Zidane, sueñan con salir de la Cisjordania social dónde ustedes les encierran, ya que con Prodi, todas las mañanas, todas las noches y todos los días son grises. 
Señor Presidente, ya se han acuñado muchos nombres para designar el instrumento de la cooperación reforzada, seguramente también con el fin de que resulte más comprensible para los ciudadanos. 
Sin embargo, que éste sea favorable para la Unión Europea no dependerá de su nombre, sino de cómo se concrete. 
El informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales expone, en efecto, que una diferenciación sólo se puede considerar útil si se concibe como un procedimiento de carácter extraordinario. 
No obstante, yo tengo la impresión de que el informe tiende a apuntar en sentido contrario. 
Siempre he rechazado cualquier forma de integración diferenciada por consideraciones teóricas de carácter jurídico, pero también por motivos pragmáticos, ya que ésta reconocería a una mayoría de Estados miembros el derecho a determinar la orientación de la política y privaría de todo derecho de codecisión a los que se incorporasen con posterioridad. 
Todavía recuerdo muy bien que en los tiempos de Amsterdam debatimos durante semanas enteras sobre la flexibilidad en la Comisión de Asuntos Institucionales, como todavía se llamaba entonces. 
Aún resuenan claramente en mis oídos los argumentos en contra y las advertencias contra una Europa de varias velocidades. 
Hasta el momento nadie ha sabido explicarme qué ha cambiado entre tanto. 
Señor Presidente, voy a hablar de las islas. 
Cuando la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam incluyó en el artículo 158 sobre la cohesión económica y social una mención especial a las zonas insulares, añadiendo la palabra islas como una parte especial en las regiones a las que se les debe conceder mayor importancia en el marco de las políticas de cohesión, nosotros aquí, en el Parlamento Europeo, que habíamos desempeñado un papel primordial en este cambio, considerábamos que empezaba una nueva época para las zonas insulares. 
Vino a afianzar nuestra convicción la adopción de la declaración nº30 del nuevo Tratado de Amsterdam, que menciona que la Conferencia reconoce que las zonas insulares se enfrentan a problemas distintos debidos a su carácter insular que, como se trata de problemas permanentes, impiden su desarrollo económico y social y añade que la Conferencia reconoce también que la legislación comunitaria debe tener en cuenta dichos problemas. 
Desgraciadamente nuestras esperanzas han sido vanas, porque, entre otras cosas, las islas están pagando por las distintas versiones que ha habido de este punto en concreto. 
Según la primera versión, esta formulación cubre todas las islas, y según la segunda, sólo las problemáticas. 
Es evidente que la segunda versión no es correcta porque, primero, de una u otra forma los Fondos estructurales cubren las regiones económicamente desfavorecidas y, segundo, porque si esta interpretación fuese la correcta, no hablaríamos sobre la adopción de la declaración nº30. 
Señor Presidente, en calidad de Presidente de la Comisión de Política Regional Transportes y Turismo, quisiera recordarles que el Parlamento Europeo señala de forma invariable las desventajas de las regiones insulares, que provienen de su aislamiento. 
El Comisario Sr. Barnier, que estuvo en Creta el fin de semana pasado y a quien quiero felicitar por su postura, vio los barcos atracados en el puerto de Creta. 
Llevan atracados cinco días y no transportan los productos. 
El coste por el transporte de una isla a tierra firme es el triple del que sería si hubiese conexión por carretera. 
Normalmente, los agricultores se ven obligados a cultivar un producto, y cuando este no va bien, se arruinan. 
Un kilo de aceite, un producto básico en las islas griegas, cuesta menos que un paquete de tabaco. 
Y no olvidemos que toda este gente se muere en las islas pequeñas cuando las condiciones atmosféricas no permiten su traslado al centro, en caso de necesidad. 
Señor Presidente, independientemente de sus acuerdos finales- que desearíamos que fueran de entidad, pero, que nos tememos que serán de mínimos -, las críticas efectuadas en su momento por esta Asamblea en torno a la actual Conferencia Intergubernamental se han demostrado acertadas. 
En primer lugar, respecto del método, un procedimiento agotado, opaco para la opinión pública que margina, de hecho, a las otras instituciones de la Unión y en el que los gobiernos son víctimas de su propio laberinto. 
En segundo lugar, respecto de una agenda insuficiente, que ha dejado fuera cuestiones especialmente relevantes para el futuro de la Unión y el interés de la ciudadanía. 
A pesar de todo, finalmente, al menos se ha incluido en esa agenda un punto muy importante, el de la cooperación reforzada, que ha de entenderse como un acicate para avanzar y no para disgregar o crear directorios. 
En este campo debemos pedir que se vaya lo más lejos posible de forma coherente- como indica el excelente informe del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado -, entendiendo la cooperación reforzada como un último recurso que sea posible en todos los campos en los que no se decida por mayoría cualificada, que también lo sea en cuanto a PESC y defensa, que se garantice la permanencia del marco institucional único, que participe en ello una masa crítica suficiente de países y que, desde luego, sea abierta en todo momento. 
Ello ayudará a impulsar la construcción europea más allá de esta CIG y, seguramente, incluso a pesar de esta misma CIG. 
Para conseguir ese objetivo hay que pedir al Consejo de Niza que abra la perspectiva renovadora, de calado, capaz de concitar el consenso político y el apoyo ciudadano. 
Me refiero a un proceso constituyente de la Unión Europea que sea una nueva etapa- tal y como propone el informe Duhamel -, primero con una simplificación de los tratados y luego a través de un nuevo acto político que cree un sistema que acabe con el déficit democrático de la Unión, un sistema de gobierno acorde con los que utilizamos para gestionar nuestros asuntos nacionales, empezando por la separación de poderes y otros principios del Estado de Derecho. 
Hace falta una constitución para la Unión Europea, y esa constitución debe empezar por incluir la Carta de derechos fundamentales en el nuevo Tratado, desde ya en Niza. 
Señor Presidente, voy a centrar mis pequeños sesenta segundos en el informe de Olivier Duhamel, que es un buen informe, porque se atreve a decir las cosas claramente, y el lirismo de nuestro ponente nos ha convencido definitivamente de ello hace un rato. 
Sí, el método intergubernamental, dónde los bloqueos se van sumando, está al borde de la quiebra, y el Tratado que se anuncia a la baja en Niza no será el que demuestre lo contrario. 
Sí, es de interés superior para nuestra democracia continental tener un nuevo texto fundador, una constitución legible y eficaz. 
Y sí, la elaboración de esta ley fundamental debe ser guiada por los representantes más directos de los ciudadanos, nuestro Parlamento Europeo, y validada al final directamente por los propios ciudadanos. 
¿Pero qué ocurriría si la tarea del Convenio descrita en el informe Duhamel se estancara de forma prolongada, y esta constitución, deseada por tantas personas, de Fischer a Chirac, no fuera proclamada antes de 2004? 
En este caso, tal y como dice la enmienda 37 de mi Grupo, para decidir, habría que volverse hacia el pueblo soberano y darle claramente al Parlamento Europeo elegido en 2004 un mandato constituyente. 
Señor Presidente, Señorías, el problema planteado por la Comisión de Asuntos Constitucionales a través del Sr. Segni, referente al estatuto de las islas que forman parte de la Unión Europea, vuelve a suscitar una controvertida y vieja cuestión que, sin duda, no puede limitarse a aspectos puramente lingüísticos. 
El problema es político y es en este contexto que debe ser afrontado y resuelto de una vez por todas. 
Me pregunto cómo puede el Tratado augurar la consecución de la cohesión económica y social si, después de muchos años, no se ha conseguido eliminar la ambigüedad del tratamiento reservado a las islas, debido a la contradicción existente entre el artículo 158 del Tratado y la Declaración nº 30 sobre las regiones insulares, aneja al Tratado de Amsterdam. 
¿Queremos superar de una vez por todas la ridícula lógica que prevé islas menos favorecidas e islas favorecidas sólo sobre la base de su distancia de la tierra firme? 
Represento a la circunscripción que comprende las dos islas más grandes del Mediterráneo- Sicilia y Cerdeña- y, sin que pueda desmentirse, ambas presentan serias desventajas estructurales vinculadas precisamente a su insularidad. 
Y termino haciendo un llamamiento al Parlamento para que se emplee a fondo con el fin de que la Conferencia Intergubernamental devuelva a las islas el derecho al crecimiento y al desarrollo. 
Señor Presidente, hemos sabido que en Biarritz se lograron avances sobre una cooperación reforzada. 
Felicito al ponente, Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, sobre su claro y lúcido informe, en el que se expone la posición del Parlamento. 
Mis colegas conservadores británicos apoyan las iniciativas encaminadas a la consecución de una mayor flexibilidad. 
Abrigamos reservas sobre la abolición del veto y la eliminación progresiva de la estructura de pilares, por lo que vamos a vernos obligados a abstenernos en el voto global. 
Señor Ministro, se dice que en vísperas de la Revolución bolchevique- acontecimiento que iba a tener tan graves consecuencias en todo el mundo- la Iglesia Ortodoxa rusa estaba inmersa en complejos debates sobre el diseño de las vestiduras correspondientes a la Cuaresma. 
Se trata de una historia apócrifa para ilustrar los peligros de enfrascarse en los detalles de los asuntos técnicos hasta el punto de ocultar los abrumadores imperativos que se deben afrontar. 
Espero que se logre la aprobación del Tratado de Niza y se lo considere un éxito y que se incluya la cooperación reforzada como una iniciativa idónea orientada hacia la flexibilidad. 
Pero, ¿será suficiente velar por que se produzca la ampliación dentro del calendario previsto? 
Señor Moscovici, ¿Será realmente bienvenido y aclamado el Tratado de Niza en Varsovia, en Praga, en Budapest, en Tallinn y en Ljubljana? 
Si no lo fuera, no estaríamos ante una victoria, sino una vez más, ante una oportunidad fallida. 
Espero que la Presidencia francesa encuentre un medio más eficaz, más imaginativo, para asegurar a los países candidatos y al público de toda Europa que nos ocupamos no solamente de las cuestiones técnicas importantes, sino sobre todo del imperativo político de darle estabilidad a nuestro continente a través de la ampliación segura y garantizada de nuestra Unión Europea. 
La ampliación, señor Presidente, nos plantea crudamente la cuestión de si queremos avanzar en una Unión simplemente económica o si queremos continuar nuestro esfuerzo por tener una Unión política. 
En mi opinión, la unidad de Europa sólo puede ser política. 
Un espacio económico común, aun con una moneda única, no puede sustituir a la Unión política. 
No es posible limitar tanto nuestras ambiciones porque esto sería el preámbulo de nuestra disolución también como Unión económica. 
Por supuesto, lo mejor sería que en Niza tuviéramos o pudiéramos establecer instituciones de toma de decisiones unitarias y comunes con las mayorías adecuadas, probablemente con mayorías dobles de población y de Estados miembros, que fueran vinculantes para todos. 
No hay instituciones de este tipo, o no las hay en la dimensión necesaria. 
Incluso si se aceptan todas las peticiones de la Presidencia francesa sobre mayorías cualificadas, van a seguir sin cubrir grandes espacios de colaboración política. 
Las cooperaciones reforzadas nos necesarias así, por la propia realidad, como una solución que no es ideal, nada ideal, pero que es una solución práctica de necesidad. 
La necesidad es vital. 
Debemos ayudar a cuantos Estados miembros tengan ganas y posibilidad de avanzar, y obstaculizar las cosas a cuantos no quieren hacerlo. 
Además corremos el peligro de que las cooperaciones reforzadas disuelvan la Unidad de Europa en otro sentido, de que nos lleven a un mosaico de cooperaciones intergubernamentales. 
Por tanto, las cooperaciones deben ofrecer todas las garantías que ha propuesto el ponente, abiertas a todos, respetando el espíritu de los Tratados y sin oponerse al acervo comunitario. 
En estos temas es necesario el control del Parlamento, pero comparto la opinión del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, a saber: que el control no debe ser un nuevo veto. 
Por eso, si insistimos tanto en el control preventivo del Parlamento, deberemos tener sólo un control de legalidad y nunca de conveniencia política, Aparte de esto la iniciativa de los Estados miembros debe ser independiente, en especial, no puede estar condicionada a una propuesta de iniciativa de la Comisión, porque de esta forma desaparece la iniciativa de los Estados miembros. 
Señor Presidente, dos breves observaciones sobre los informes que hoy figuran en el orden del día. 
En lo que respecta al informe Gil-Robles, lo único que puedo decir es que es un ejemplo del excelente trabajo que se realiza dentro de nuestra comisión y que la gran mayoría de nuestro Grupo respaldará el informe. 
En cuanto al informe Duhamel cuyos contenidos, al final de un largo trabajo, han resultado significativos e interesantes, quiero destacar dos enmiendas presentadas por nuestro Grupo. 
La primera se refiere a la duración de los trabajos de la Convención. 
Nos parece que la nueva Constitución debería estar a punto de entrar en vigor para las próximas elecciones europeas. 
Dos años de trabajo podrán ser más que suficientes y esperamos que la mayoría del Parlamento podrá apoyar nuestra enmienda 37. 
El segundo punto se refiere, por el contrario, a la diferencia entre la primera y la segunda fase. 
Más que una simplificación y una consolidación del Tratado, se nos antoja fundamental su transformación en una Constitución breve y cuya lectura sea interesante para todos los ciudadanos europeos. 
En consecuencia, pienso que esta división entre primera y segunda fase es poco viable. 
Así y todo, termino agradeciendo a ambos ponentes el trabajo realizado y asegurando el apoyo de mi Grupo. 
Señor Presidente, quisiera pronunciar aquí unas breves palabras para decir que, en mi opinión, el informe Duhamel es en verdad un informe excelente, que da pasos al frente bastante substanciales. 
Me gustaría que avanzara aún más y hablase directamente de una Constitución y no sólo de un Tratado-marco, algo así como un Tratado único, Tratado de tratados, incluida, no obstante, la declaración de derechos fundamentales. 
En todo caso, reconozco que no había condiciones políticas para avanzar tanto y, por eso, apruebo sin reservas el informe Duhamel que está ahora en debate. 
Ahora bien, hay un aspecto que quisiera subrayar: no me parece correcto que se exija o se avance hacia la exigencia de un referéndum obligatorio en todos los países miembros para aprobar precisamente las modificaciones propuestas. 
Nosotros, en Portugal, por ejemplo, no celebramos referéndum alguno para aprobar nuestra adhesión a la Comunidad Europea, no celebramos referéndum alguno para aprobar el Tratado de Maastricht: todo eso fue aprobado en el Parlamento conforme a la democracia representativa efectiva. 
No veo por qué tenemos que obligar a todos los países miembros, independientemente de sus tradiciones en pro o en contra de los referéndums, a celebrar referéndum alguno. 
Ésa es la única reserva que formulo. 
En cualquier caso, felicito calurosamente al poniente Olivier Duhamel por el excelente trabajo que ha presentado. 
Señor Presidente, ¿cuál es el destino del viaje de la Europa comunitaria y con la Europa comunitaria? 
Los debates de hoy me ofrecen algunos elementos para responder a esta pregunta central para las próximas décadas. 
¿Necesitamos realmente una Constitución para Europa? 
¿En qué medida se deben comunitarizar determinadas competencias importantes que hasta ahora todavía no lo estaban? 
Los excelentes informes de nuestros colegas Duhamel y Gil-Robles Gil-Delgado ofrecen buenas orientaciones para responder a ambas preguntas: mejorar la legibilidad y comprensibilidad de los Tratados, un armazón constitucional básico, derechos fundamentales, delimitación de competencias, Estado de Derecho, democracia y reparto de poderes; no la creación de un superestado en Europa, sino un nuevo método para seguir desarrollando los Tratados. 
El informe Duhamel ofrece importantes orientaciones en relación con todos estos temas. 
Otro tanto puede decirse del informe del colega Gil-Robles Gil-Delgado. Una cooperación reforzada para evitar quedar maniatados por los vetos nacionales. 
Al mismo tiempo, tenemos que garantizar que se mantenga un procedimiento europeo también en los ámbitos de la cooperación reforzada y que ésta no tenga efectos excluyentes, sino que promueva la aproximación a largo plazo. 
Ambos informes dejan abiertos algunos temas y las respuestas que ofrecen son sólo provisionales. 
¿Deseamos realmente que determinados asuntos europeos fundamentales se decidan a través del sufragio popular directo? 
Nosotros estamos a favor de una respuesta afirmativa con reservas. 
No obstante, es preciso profundizar todavía más en el debate. 
¿Deseamos realmente que un tercio de los Estados miembros tomen la delantera? 
Nosotros damos prioridad a hacer posible que el mayor número posible avance conjuntamente por la senda común europea. 
En adelante tendremos que hacer un esfuerzo para conseguir que efectivamente sea así. 
Una cooperación reforzada de unos pocos no puede favorecer el interés común de Europa. 
Señor Presidente, la pregunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presentada por el Sr. Napolitano, se refiere a un tema muy concreto y yo creo que la respuesta del Comisario Barnier y del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Moscovici, resulta muy clara. 
Es decir, hay un error en la versión italiana del texto, derivado de una traducción incorrecta. 
En consecuencia, el calificativo de "menos desarrolladas" se aplica tanto a las regiones insulares como al resto de las regiones y, según la propuesta del Sr. Barnier, lo que cabe aquí es una modificación del texto italiano del Tratado, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena. 
Por otro lado, creo que hemos de celebrar la información que nos acaba de dar el Sr. Barnier, que ha propuesto un estudio sobre los problemas específicos de las regiones insulares, de conformidad con el artículo 158 y con la Declaración nº 30, aneja al Tratado de Amsterdam. 
Yo creo que esto bastaría realmente para solucionar el problema planteado por la pregunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Señor Presidente, el logro de la Unión Europea ha sido el de interponer un orden jurídico transnacional a escala europea entre las legislaciones nacional e internacional y basado en los Tratados que, como ha señalado el Tribunal Europeo de Justicia, presenta algunas de las características de una constitución. 
Nadie consideraría la estructura vigente de los Tratados un modelo en su género, por lo que su simplificación redundará en beneficio de los políticos, los administradores, los empresarios y los ciudadanos. 
Las propuestas para ello que figuran en el informe Duhamel son dignas de beneplácito. 
La segunda parte de su informe es más ambiciosa y, por tanto, más polémica, pues pone en entredicho el mecanismo de cambio de los Tratados y, por tanto, de lo que es casi una constitución. 
Cierto es que para un abogado inglés, con su derecho consuetudinario, se trata de un territorio desconocido. 
Pero para los de los Estados Unidos, del Canadá o de Australia es un terreno mucho más familiar. 
Se trata de un asunto importante que merece profunda atención. 
He de decir a mis propios compatriotas que no se debe desechar así como así. 
Al contrario, aunque a mí no me convencen precisamente varias de las detalladas propuestas que figuran en el informe, acojo con beneplácito el debate que suscita, porque plantea cuestiones importantes que requieren respuestas muy meditadas y desapasionadas. 
Señor Presidente, como último ponente quisiera felicitar al Sr. Duhamel por su excepcional labor, y al Sr. Gil Robles por su trabajo. 
Hemos celebrado un debate muy en profundidad sobre dos temas que, siendo distintos, se encuentran en un punto. 
Básicamente los dos informes tratan la forma en la que va a continuar el proceso europeo, la manera en la que se va a formar aún más el marco y la visión de Europa. 
Las propuestas del Sr. Gil Robles sobre la cooperación reforzada son, en su conjunto, positivas. 
También las propuestas del Sr. Duhamel sobre la necesaria carta constitucional para la Constitución Europea, son esenciales. 
Voy a dirigirme al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, al Ministro, Sr..Moscovici. 
El Parlamento Europeo ha presentado propuestas significativas. 
Lo que queda es que en la Cumbre de Niza tengamos la voluntad política imprescindible para que estas propuestas junto con otras que se han formulado en ocasiones, sean un conjunto integrado en el Tratado de Niza, un marco legislativo para que el proceso europeo avance correctamente, y que la Unión Europea pueda recibir a los nuevos países miembros positiva y plenamente. 
De conformidad con el quinto apartado del artículo 42 del Reglamento, he recibido un proyecto de resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre los informes de los Sres. Duhamel y Gil-Robles Gil-Delgado tendrá lugar a continuación. 
La votación sobre la resolución relativa a las preguntas orales referentes al estatuto de las islas tendrá lugar el miércoles. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, en la votación de la enmienda 3, hubo 72 votos a favor y 56 en contra. 
Como mi colega dijo que iba a votar en contra, esa enmienda decae. 
Eso no modifica el resultado. 
Soy claro al respecto. 
Señor Presidente, deseaba su interpretación del Reglamento en relación con las circunstancias que se acaban de plantear. 
Si lo que ocurre en realidad es que una máquina no funciona, ¿se trata- pese a ello- de que es un voto que se desecha completamente? 
Si es así, me parece que es un asunto que puede requerir una modificación desde el punto de vista del Reglamento de esta Asamblea. 
No cabe la menor duda de que la intención de la Asamblea, tras un resultado muy ajustado de la votación, fue la de no apoyar esa medida determinada. 
Las reglas, colega ponente, establecen que el Presidente determine si la votación ha sido válida o no. 
Por supuesto, el Presidente siempre espera que todos los aparatos funcionen. 
Naturalmente, si un aparato no funciona, no cambia la conclusión del Presidente de que esa votación ha sido válida y, por supuesto, no la varío. 
Así son las reglas. 
Tampoco vamos a modificar el Reglamento. 
Es así. 
No vamos a debatir esta cuestión. 
Las reglas, Señorías, son muy claras. 
Señor Presidente, sé que usted abriga la esperanza de que todas las máquinas de votar funcionaran. 
Me temo que la mía no, por lo que la mayoría fue de "dos", no de "uno". 
Señor Presidente, lamento volver a hacer uso de la palabra sobre una cuestión de orden, pero he de hacerlo para impugnar la decisión que ha adoptado usted antes, no en el marco del debate, sino en el del Reglamento. 
Si hay igualdad de votos y si el diputado votó, aun cuando su máquina no funcionara, el procedimiento en cualquier asamblea parlamentaria es el de que se rechaza la enmienda. 
Así, pues, en esas circunstancias quisiera que me dijese qué parte de nuestro Reglamento indica que su decisión es correcta, cuando resulta claro que no lo es. 
Señor Atkins, eso es algo que no vamos a hacer aquí. 
Las reglas son muy claras. 
Acabamos de tener un pequeño debate de orden. 
Casi todos los diputados de esta Casa conocen esa regla. 
El Presidente decide en cuanto a la validez de la votación. 
Tomo nota de que eso no es así en otros parlamentos. 
Aquí tenemos que aplicar nuestras propias normas. 
Señor Presidente, voy a desilusionar a algunas de sus Señorías. 
He votado por error en contra cuando quería votar a favor en la votación que se cuestiona. 
Ya se lo he comunicado a la Secretaría. 
Hay, por tanto, más de un voto sobrestimado. 
Señor Presidente, lo que se está pidiendo aquí es una fórmula para el caos. 
Como hemos oído, algunos diputados votaron equivocadamente, las máquinas de algunos no funcionaron. 
El Reglamento vigente es totalmente aceptable y garantiza que no se dé una situación en que algunos diputados no hayan votado, en que las máquinas de algunos diputados no funcionaran. 
No podemos cambiar el Reglamento. 
De lo contrario, el funcionamiento resultaría imposible: cuando el resultado de la votación fuera muy ajustado, con la diferencia de sólo uno o dos votos, habría quienes se levantaran por todas partes diciendo que su máquina no había funcionado, que no habían votado o lo que fuera. 
Es mejor que sigamos como hasta ahora. 
Señora McKenna, tiene usted toda la razón. 
Creo que no debemos seguir discutiendo esta cuestión. 
La votación ha sido clara. 
El resultado ha quedado fijado por el Presidente. 
Es legal. 
Ni se pone ni se quita nada. 
Propongo, Señorías, que no hablemos más de ello. 
Señor Presidente, ahora son casi las 14 horas. 
¿Podría preguntar a la propia Asamblea si desea seguir votando, o si desea parar? 
. 
(FR) Tras las enrevesadas formulaciones de este texto, se esconde el esbozo de una serie de medidas, todas ellas perjudiciales para los trabajadores. 
¿Qué significa la expresión "el plazo en el que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar a los desempleados una posibilidad de acceder a un empleo en activo no debe superar los dos años", sino una amenaza a las prestaciones por desempleo? 
¿Qué significa "la introducción de la posibilidad de acceder a la jubilación progresivamente, a través del trabajo a tiempo parcial", sino una amenaza a la edad de la jubilación, a pesar de todo ya excesivamente elevada en numerosos países? 
Ni siquiera hay equívoco alguno en las repetidas referencias a la generalización de la flexibilidad. 
En cuanto al párrafo relativo a las prácticas en empresas, al aprendizaje, al contrato de formación para el empleo, pretende generalizar lo que numerosos Estados ya hacen, y que consiste en poner a disposición de la patronal una mano de obra parcial o totalmente subvencionada, con el pretexto de ayudar a los trabajadores o a los jóvenes sin empleo. 
Miel sobre hojuelas para la clase privilegiada: el informe recomienda lo que numerosos Estados ya aplican, la "cofinanciación de las cargas fiscales y parafiscales por parte de las autoridades" en las "labores domésticas", lo que de hecho significa que los contribuyentes subvencionan las criadas y los chóferes que los ricos privilegiados pueden permitirse contratar. 
Textos como estos confirman que el papel reservado a las instituciones europeas, incluido el Parlamento, es el de estar al servicio de un pequeño grupo de privilegiados. 
Resulta significativo que se reafirme que el pleno empleo es un objetivo prioritario de la estrategia de la política económica, de empleo y social de Europa, pero conviene garantizar que no nos quedemos en declaraciones vagas y se concreten verdaderas modificaciones de políticas macroeconómicas y sociales para que en la práctica avancemos efectivamente hacia un pleno empleo de calidad. 
Resulta igualmente significativo que se reafirme la necesidad de desalentar el abandono escolar precoz apoyando adecuadamente a los individuos con dificultades de aprendizaje y aumentando hasta los 18 años el límite de edad de escolarización o formación obligatoria, pero conviene que se adopten efectivamente las medidas esenciales para garantizar un acceso a la educación de calidad y a la formación orientada a todos los jóvenes, prestando atención especial a las familias de menores recursos económicos y de las capas más vulnerables de la población, lo que exige también asignaciones presupuestarias que siguen faltando. 
Es importante que se afirme la necesidad de reducir en un 50% las desigualdades entre los sexos en materia de empleo, desempleo, remuneración y segregación sectorial en los Estados miembros durante los cinco próximos años, pero es fundamental que las prácticas demuestren que hay una mejora efectiva de los empleos de calidad, los salarios y la promoción profesional, cosa que aún no se da. 
Acojo con beneplácito la aprobación por el PE del informe Trakatellis, pues dispone que se establezcan normas muy estrictas de calidad e inocuidad de la sangre y los derivados de la sangre. 
Los ciudadanos de la UE tienen derecho a esperar el más alto nivel de inocuidad de los productos de la sangre. 
Es imperativo que salvaguardemos la salud, la seguridad y la confianza de los pacientes, los usuarios y terceras personas y pongamos condiciones a la colocación de dichos productos en el mercado. 
Al mismo tiempo debemos procurar garantizar la continuidad del suministro de productos inocuos a precios asequibles para los ciudadanos y las autoridades de salud pública. 
. (IT) En Italia existe un refrán que reza: "La risa hace buena sangre". 
Por lo tanto, las personas mayores y los pensionistas, que como todos querrían tener una sangre en perfectas condiciones, aprueban que, de vez en cuando, yo sea capaz de hacer pasar un rato divertido y relajado durante las explicaciones de voto como, por ejemplo, con este preámbulo a la explicación del motivo por el cual he votado a favor del informe Trakatellis. 
Evidentemente, mi voto favorable se debe también al hecho de que las personas mayores y los pensionistas, al ser los que con más frecuencia ingresan en los hospitales, tienen mucho interés en su salud y, en consecuencia, aprueban que no solo circulen las mercancías, sino también la sangre. 
Informe Souchet (A5-0228/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Souchet, cuyo objetivo es permitir más todavía, si cabe, la transformación de los productos agrícolas en productos agrícolas envasados. 
Es sabido que tanto a los pensionistas como a los niños les gustan las mermeladas. 
¿Por qué digo esto? 
Porque sería conveniente que la Unión Europea promoviera aún más la transformación de los productos agrícolas, al objeto, por una parte, de evitar la destrucción de los excedentes de productos como las naranjas, los cítricos y los demás productos de la tierra y, por otra, de transformarlos en productos alimenticios envasados- subrayo envasados- que, por lo tanto, pueden ser útiles tanto para la población de la Unión Europea como para las demás poblaciones, en especial aquellas que necesitan alimentos. 
Informe MacCormick (A5-0304/2000) 
. (FR) Hemos votado a favor del informe del Sr. MacCormick tendente al mantenimiento de la inmunidad parlamentaria del Sr. Pacheco Pereira. 
No es porque pensemos que el objetivo de la inmunidad es situar al parlamentario por encima de las leyes, sino porque es, en ciertos casos, necesaria para proteger a la institución y la independencia de sus miembros frente a medidas persecutorias. 
Somos muchos los que hemos observado en el informe, página 8, Sección II, Párrafo D, el muy importante desarrollo sobre el carácter autónomo de la inmunidad parlamentaria europea frente a la inmunidad parlamentaria nacional. 
Gracias a la autonomía de la inmunidad parlamentaria, nuestra institución tiene un poder de apreciación en cuanto a las demandas que son formuladas, y particularmente en relación con el fumus persecutionis. 
Pero, aunque seamos competentes para valorar las solicitudes de levantamiento, ¿lo somos con mayor motivo para valorar las violaciones de la inmunidad parlamentaria, cuando se ha visto afectada sin que ni siquiera se haya formulado una demanda de este tipo? 
Si la inmunidad parlamentaria europea es autónoma, las autoridades francesas deberían habernos requerido del levantamiento de la del Sr. Le Pen. 
Habríamos tenido que examinar la extravagante tergiversación de la noción de delito in fraganti que estas autoridades han llevado a cabo. 
El Tribunal de casación francés y el Consejo de Estado deberían haber planteado ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo una cuestión prejudicial antes de pronunciarse. 
Y en ausencia de estas formalidades esenciales, nuestra Presidenta debería, evidentemente, haber rechazado cualquier efecto sobre el mandato de nuestro colega de un procedimiento penal iniciado en unas condiciones que le confieren una absoluta nulidad. 
He aquí la vía legal que nuestro Parlamento debería seguir para ser coherente con sus principios y su jurisprudencia, así como con el espíritu y la letra de los tratados. 
Muchos de los que estamos aquí deseamos que el Tribunal de Luxemburgo, guardián de la ley, nos lo diga. 
Informe Klaß (A5-0195/2000) 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Klaß. 
¿Por qué lo he hecho? 
Porque el informe confirma la posibilidad de transformar la vid en vid manipulada genéticamente y, por lo tanto, de beber en el futuro vino manipulado genéticamente. 
He preguntado a los pensionistas que me han enviado aquí al Parlamento europeo con el Partido de los Pensionistas si les gustaría beber vino manipulado genéticamente. 
Me han contestado: " Si el vino manipulado genéticamente nos curara el hígado, no nos hiciera enfermar del hígado, estaríamos muy contentos de beber este vino modificado genéticamente. 
Pero si no es así, ¿por qué deberíamos aceptar beber un vino distinto del que siempre han bebido nuestros padres? 
Señor Presidente, me parece incomprensible que en el debate sobre el informe Klass se hayan confundido repetidamente los conceptos "genotipo" y "modificación genética". 
De hecho, esto ha dificultado el debate, pues en el caso de la vid el "genotipo" corresponde a una variedad ancestral y la viticultura es un sector sumamente diversificado y dinámico, que se caracteriza por su larga tradición y la antigüedad de sus cultivos. 
El fundamento de una producción de uvas y vino óptima en cuanto a la calidad y la cantidad lo constituye el material de multiplicación de la vid. Por lo tanto, necesitamos disponer de los materiales de multiplicación de estas variedades, con objeto de poder seguir manteniendo la diversidad de vinos con sus sabores característicos, impedir la venta a bajo precio, así como que no se tenga en cuenta la especificidad regional de dichos materiales de multiplicación, y combatir estas prácticas. 
Me siento particularmente decepcionada por el voto del PE sobre el informe relativo a la proliferación de los viñedos. 
Estoy decepcionada porque el PE no ha entendido, ni aceptado entender, el mensaje de la Comisión de Medio Ambiente y de los Verdes, que han intentado llamar la atención sobre el modo hipócrita que utiliza la Comisión Ejecutiva para destilar en sus informes a los productos genéticamente modificados, que terminarán por encontrarse masivamente en nuestros platos y en nuestros vasos. 
No, no me equivoco de debate, los Verdes están en perfecta sintonía con la opinión y con los consumidores que se preocupan por los productos alimentarios diseñados para el mañana; los Verdes están en sintonía con los viticultores, los productores y los negociantes de vino, que están preocupados por la introducción de productos genéticamente modificados en la viña; al rechazar por 397 votos contra 115 el apoyo a las enmiendas que proponían retirar las referencias a los productos genéticamente modificados, el PE no ha cumplido con su papel de guardián del principio de precaución, y ha sido culpable de dejar entrar disimuladamente, por la puerta de atrás y despreciando la reglamentación europea, a los productos genéticamente modificados en la reproducción de los viñedos. 
Para mi país, Grecia, la vid tiene una importancia especial porque es una característica inseparable de su paisaje y desde hace siglos está estrechamente unida a su cultura y a su economía. 
Además, Grecia es el único Estado miembro que produce y exporta uva pasa. 
Los materiales de multiplicación vegetativa de la vid, tanto desde el punto de vista de la fitosanidad como de la certificación de la variedad y del clon, deben ser estándar puesto que constituyen el material básico de instalación del viñedo para el viticultor que quiere producir productos de viticultivo de buena calidad y asegurarse sus rentas. 
Sin duda, la directiva sobre los materiales de multiplicación vegetativa de la vid debía modificarse puesto que 32 años después de su elaboración han tenido lugar cambios tremendos, tanto en cuanto al mercado como en los temas científicos y técnicos. 
Los cambios dictados por la realidad y las necesidades en el sector debían hacerse, pero siempre enfocados a prestar servicio al productor y al consumidor, enfoque que no tiene el informe. 
Más concretamente, no se ha demostrado científicamente que las variedades de la vid genéticamente modificadas sean seguras para la salud del consumidor y para el medio ambiente; y dar la aprobación una vez tomadas todas las medidas necesarias para evitar peligros no es una válvula de seguridad. 
Sin embargo, no se aclara en ningún punto quién va a dar la aprobación ni qué controles se van a realizar. 
Y dado que la investigación sobre los productos genéticamente modificados se ha desarrollado y está bajo el control de determinadas compañías multinacionales que no se interesan por más que por el aumento de sus superbeneficios, ignorando la protección de la salud y del medio ambiente, se intensifican los temores sobre lo quebradizo y precario de las supuestas aprobaciones y controles. 
Se propone permitir la comercialización de los materiales estándar de multiplicación vegetativa de la vid cuando aparezcan dificultades temporales, sin definir cuáles podrían ser dichas dificultades. 
O aún, excepcionalmente, disponer de material de multiplicación vegetativa estándar cuando otras categorías no puedan satisfacer las necesidades. 
Aquí lo principal es que el material estándar de multiplicación vegetativa produce vides desfavorecidas; el viticultor arriesga su renta pero el comerciante no tiene pérdidas ya que vende incluso dichos productos desfavorecidos. 
En cuanto a la definición del clon, no es suficiente porque básicamente el clon es la subdivisión de la variedad, con unas características especiales que se deben dar a conocer, hecho que no cubre la definición dada. 
Además señalamos que la comisión de especialistas en la vid ha dado una definición más nueva y mas satisfactoria. 
Sobre las nuevas técnicas científicas como la micropropagación (in vitro) se debía mencionar una excepción a la producción de material con un cultivo de meristemas in vitro, puesto que ya sabemos por la experiencia de muchos años y por muchos experimentos realizados en institutos, que de estos puntos de la planta tenemos transformaciones. 
Con esta propuesta, otras consideraciones quedan subordinadas a los intereses económicos. 
Semejante reflexión da lugar en muchos casos a consecuencias negativas imprevistas. 
El cultivo de la uva constituye un sector económico importante en algunos Estados miembros, sobre todo porque con ella se produce alcohol. 
Para algunos, el alcohol es como el tabaco y las drogas, un producto que perjudica mucho a los que lo consumen y a las personas que están a su alrededor; otros, por el contrario, lo ven sobre todo como una fuente de empleo y algo con lo que se puede ganar mucho dinero. 
La propuesta de modificación de la directiva relativa a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid, se defiende en tanto refuerzo del mercado interior y modernización de una reglamentación que tiene ya treinta años. 
Sin embargo, resulta que también amplía las posibilidades de manipulación genética. 
Ayer, el Parlamento rechazó por una ajustada mayoría la propuesta de los Verdes y los socialdemócratas para retrasar el pronunciamiento sobre el informe Klaß a la espera de la adopción de una decisión más amplia sobre las modificaciones genéticas de las plantas. 
Para mí, éste constituye un motivo claro para, ciertamente, no estar ahora de acuerdo con el informe Klaß. 
Informe Riis-Jørgensen (A5-0290/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Riis-Jørgensen, a pesar de que adolece de unas carencias. 
Ayer escuché una conversación entre el inglés Mr Smith y el italiano Sr. Rossi: son amigos desde hace mucho tiempo y realizan el mismo trabajo, son empleados de un fábrica de muebles. 
Mr Smith tiene un sueldo mensual de 2.5 millones de liras, mientras que el Sr. Rossi gana menos, sólo 2 millones de liras al mes. 
¿Por qué? , se preguntaron uno al otro. 
El motivo es que Mr Smith paga menos cotizaciones para la pensión, mientras que la cotización que paga el Sr. Rossi es más elevada. 
Pero ¿por qué? 
Esta situación se debe al hecho de que las leyes inglesas en materia de pensiones rentabilizan más que las leyes italianas las cotizaciones pagadas por los trabajadores para la pensión. 
En consecuencia, señor Presidente, le pregunto: ¿Acaso las variaciones del coste laboral no constituyen por estos motivos una limitación a la libre competencia en la Unión Europea? 
. (FR) Hay que decir, en honor de la exposición de motivos de este informe, que afirma sin rubor que "la política de la competencia es indiscutiblemente una de las políticas más importantes de la Unión Europea". 
Es incluso un suave eufemismo. 
Las instituciones europeas solo están destinadas a intentar establecer algunas normas sobre la competencia. 
Aunque esté regulada, ésta sigue siendo la ley de la selva, dónde, independientemente de qué grupos industriales o financieros triunfen, las víctimas son siempre los consumidores de las clases populares y los trabajadores de estos grupos. 
Es significativo que, en las ayudas estatales a las empresas, solo la "distorsión de la competencia" preocupe al ponente, y no el hecho de que estas ayudas signifiquen siempre vaciar los bolsillos de la mayoría de la población, para ayudar a las grandes empresas a generar beneficios privados para sus accionistas. 
En cuanto a las fusiones de empresas, de las que el ponente desea que la Comisión haga balance, sería útil que este balance no describiese únicamente las ventajas competitivas y los beneficios adicionales que las empresas obtienen, sino que también indicara cuántas pérdidas de puestos de trabajo han generado. 
Porque todas las fusiones autorizadas por la Comisión de Bruselas se han traducido en reestructuraciones, es decir, en supresión de empleos. 
Y aunque han sido rentables para los accionistas de las empresas afectadas, han supuesto, por el contrario, un alto coste para sus trabajadores, sus familias y para toda la sociedad. 
En abril de 1999, la Comisión propuso una reforma de gran alcance del sistema comunitario de la competencia en relación con la aplicación del artículo 81 (que prohíbe acuerdos entre empresas) y del artículo 82 (que prohíbe el abuso de posición dominante). 
La ponente acoge en general con beneplácito las propuestas del Libro Blanco de la Comisión a ese respecto, pero le preocupan las posibles consecuencias de la reforma, encaminada principalmente a descentralizar la aplicación de las normas de la competencia. 
Considera que la abolición de los sistemas de notificación y autorización y la primacía de la función de los sistemas jurídicos nacionales en las controversias relativas a la legislación comunitaria sobre la competencia propiciará la renacionalización de esa política. 
Aunque no estamos de acuerdo con todos los aspectos de la política de competencia de la UE, no cabe duda de que ha sido una política lograda durante un período de 43 años y ha contribuido a prohibir el abuso de posiciones dominantes por empresas en la Unión Europea. 
No me gustaría ver una situación en la que la primacía de la legislación comunitaria respecto de la aplicación de las normas y reglamentos de la UE en materia de competencia resultara amenazada en forma alguna. 
La aplicación uniforme de la legislación de la UE en materia de competencia en toda la UE debe ser primordial. 
Así, pues, acojo con beneplácito la petición de la ponente a la Comisión Europea de que brinde garantías suplementarias sobre la aplicación de la legislación relativa a la competencia en los Estados miembros. 
Para ello, habrá que permitir, en particular, una participación más estrecha del Parlamento Europeo en la formulación y la aplicación de la política de competencia y la supervisión de la calidad de la legislación sobre la competencia en los diversos Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión a la UE. 
Se deben establecer mecanismos claros para la asignación de los asuntos entre las autoridades nacionales y la Comisión Europea a fin de prevenir que los solicitantes busquen los sistemas jurídicos más ventajosos disponibles. 
En principio, la aplicación descentralizada de la legislación comunitaria ha de dar buenos resultados, si existe el compromiso firme de que se aplicará uniformemente en todos los territorios de la Unión Europea. 
Este informe se inserta en la línea política de la Comisión Europea de conceder la máxima prioridad a la política de la competencia, aun cuando en su nombre se pongan en entredicho derechos fundamentales de los trabajadores o se hagan privatizaciones, con lo que se transforman, de hecho, las empresas públicas acusadas de ser monopolistas en auténticos monopolios privados y muchas veces se pone en tela de juicio servicios públicos esenciales para la mejora de la calidad de vida de la población, como ha sucedido en Portugal. 
La óptica social está completamente ausente del informe, pues la ponente llega incluso a afirmar que "al examinar si una conducta limita la competencia, la atención debe centrarse en los perjuicios causados a la competencia y no a los competidores; opina que los casos relatcionados con la competencia deben basarse en un análisis económico". 
Propugna también la concentración de empresas, incluidas las de grandes dimensiones, con el argumento de la competitividad internacional, pero pasa por alto cualesquiera consecuencias sociales resultantes de esa situación. 
Así, el voto sólo podía ser, como ha sido, en contra. 
Informe Jonathan Evans (A5-0281/2000) 
Señor Presidente, para explicar mi voto favorable, pero con reservas, al informe Evans, debo recordar que esta vez he escuchado lo que decía el Sr. Carlo al Sr. François. Tienen la misma edad, 50 años, y realizan el mismo trabajo desde hace el mismo número de años. 
El Sr. Carlo ha invitado a cenar al Sr. François. 
"¿ Por qué me invitas a cenar ?", pregunta François. 
Y Carlo responde: " Te invito a cenar porque, aunque soy joven- tengo 50 años- mi Gobierno me ha concedido la prejubilación. 
Mañana ya no trabajaré y me convertiré en pensionista porque en mi país, Italia, existe la prejubilación. 
En cambio, sé que tú tendrás que trabajar diez años más. 
Por lo tanto, te invito a cenar. " 
Por ello, señor Presidente, le vuelvo a preguntar: ¿Acaso no es ésta una ayuda de Estado que hay que incluir en el censo? 
Señor Fantuzzo, no puedo contestar esa pregunta, ya que se trata de una explicación de voto. 
No soy el poder ejecutivo. 
Sí soy Presidente de esta Casa en este momento. 
. (FR) Aunque, en el debate de ayer por la tarde, felicité a Jonathan Evans por su trabajo, tuve que expresar de entrada mi profundo desacuerdo con el enfoque excesivamente liberal, incluso ultraliberal, de su informe. 
El Sr. Evans no solo negó el hecho de que las ayudas estatales decrecieron durante el periodo 1994-1998, mientras que la propia Comisión reconocía esta reducción, sino que, más grave aún, no paró de insistir de modo obsesivo en el carácter excepcional de las ayudas estatales, mientras que el tratado contempla estas ayudas cuando se trata de alcanzar objetivos fijados a su vez por los tratados, como el medio ambiente y la cohesión social, y mientras que la propia Comisión reconoce que ciertas políticas no pueden ser sostenidas únicamente por las fuerzas del mercado. 
Este es el motivo por el cual ayer tarde recomendé no apoyar este informe en estas condiciones. 
Incluso aunque haya apoyado las demandas de una mayor transparencia en las ayudas estatales y en la información del Parlamento Europeo en cuanto al seguimiento de las ayudas aprobadas por la Comisión, he defendido el mantenimiento de las ayudas estatales para desarrollar la cohesión social, la investigación y el desarrollo o la protección del medio ambiente, para paliar las lagunas del mercado, para fomentar la competitividad europea frente al extranjero, y para combatir las maniobras fraudulentas de países de nuestra competencia (como es el caso de Corea en la construcción naval). 
He añadido que el control de las ayudas estatales debía hacerse en el estricto marco de las disposiciones de los tratados, y no en función de la ideología liberal dominante. 
¡Para mí, entre el "Estado a tope", que ya nadie desea, y el "nada de Estado", que ya no es más que la forma moderna de "la ley del más fuerte", lo que muchos denominan el modelo social europeo exige de nosotros una búsqueda permanente del equilibrio entre lo que puede ser regulado por el mercado, y lo que el poder público debe regular! 
Por ello, he defendido y votado a favor de las enmiendas del Grupo Socialista. 
Como la derecha las ha rechazado, no he votado a favor del informe en cuestión. 
Los Estados miembros han utilizado tradicionalmente las ayudas estatales como instrumentos de política industrial y social. 
Pese al avance hacia una mayor desreglamentación en la Unión Europea, las ayudas estatales pueden seguir desempeñando un papel constructivo para lograr el progreso económico y social. 
Soy diputado al Parlamento Europeo por la circunscripción de Connaught/Ulster. 
Toda esa región está clasificada como zona de objetivo 1 para los siete años del período 2000-2006. 
Si se concede a una región determinada esa clasificación, las empresas que se establezcan en ella tienen derecho a recibir un porcentaje mayor de ayuda estatal que las de zonas no correspondientes al objetivo 1. 
De hecho, podemos recordar que el 40% de la ayuda en forma de subvención corresponde a los costes fijos de inversión de las nuevas empresas que se establezcan en la región de objetivo 1 de Irlanda. 
También puede haber un suplemento de 15% para los costes fijos de inversión de las pequeñas y medianas empresas. 
Para los fines de esa ayuda en forma de subvención, una empresa pequeña o mediana es la que emplea a menos 250 personas. 
El permiso para conceder esa ayuda en forma de subvención a las empresas que se establezcan en la región de objetivo 1 está al servicio de un fin económico y social muy positivo. 
Contribuye a detener la migración de las zonas rurales a las urbanas. También vela por que se pueda hacer una mayor inversión interna en esa región con vistas a fomentar las oportunidades de empleo para los jóvenes de esas zonas. 
Acojo con beneplácito la reciente declaración de que se están haciendo cambios radicales en la Agencia de Desarrollo Industrial de Irlanda con vistas a atraer más puestos de trabajo a la región de objetivo 1 de Irlanda. 
La Agencia de Desarrollo Industrial de Irlanda ha estado reorganizando su orientación para conseguir la mitad de los nuevos puestos de trabajo resultantes de proyectos en zonas nuevas en la región de objetivo 1 en los tres próximos años. 
Esa reorientación está empezando a surtir efecto y, con el tiempo y con la aplicación de los programas de infraestructuras del Gobierno, esbozados en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2000-2006, la Agencia de Desarrollo Industrial confía sin lugar a dudas en que puede alcanzar esa meta para los nuevos proyectos en la región de objetivo 1. 
Actualmente hay demasiadas regiones desfavorecidas por unas infraestructuras no competitivas y la falta de servicios de apoyo a las empresas necesarios para lograr el nivel necesario de inversión en nuevas empresas modernas. 
Creo que se pueden aplicar enteramente las directrices regionales de ayuda estatal que se han formulado para contribuir a la creación de puestos de trabajo en la región de objetivo 1 y que corregirán los desequilibrios regionales que existen en Irlanda y en otros países. 
Quisiera señalar también que muchas zonas de habla irlandesa en la circunscripción de Connaught/Ulster y Udaras Na Gaeltachta desempeñarán también un papel fundamental en la creación de nuevas industrias en la región de objetivo 1 en los próximos años. 
Mi opinión respecto de los párrafos 4,17 y 18 es positiva, pero es negativa, por el contrario, respecto del párrafo 2. 
Las ayudas de estado ciertamente no deben fomentar el establecimiento de empresas de un Estado miembro en otro. 
Eso solamente supondría una prima para las empresas que quieren flexibilizar el empleo mediante el dinero público, trasladando siempre el trabajo hacia las regiones que tienen los salarios más bajos, las peores condiciones de trabajo, los precios del suelo más baratos y los requisitos medioambientales más atrasados. 
En julio de 1999 pedí a la Comisión Europea que prestara atención a este problema, y esta institución me dio entonces una respuesta afirmativa. 
Estoy, por tanto, de acuerdo con el tenor del párrafo 4 que respalda esa posición. 
Estoy menos satisfecho con la idea que figura en el párrafo 2, según la cual las ayudas de estado no deben aumentar. 
A fin de proteger el medio ambiente, los servicios públicos y garantizar la igualdad de renta de los habitantes de las regiones económicamente más débiles, estas ayudas pueden resultar indispensables. 
Respaldo la crítica en cuanto a que la exoneración de impuestos de que disfruta la aviación falsea la competencia respecto de otras modalidades de transporte, y respaldo también el fomento del ahorro de energía y la fuentes energéticas renovables. 
Mi opinión final es, por tanto, positiva. 
La competencia extrema se ha convertido en la manía actual del neoliberalismo. 
El principio de la regulación social única mediante las leyes del mercado tiende a anular a la persona y su creatividad como sujetos de la economía y de la producción; su indiferencia es mucho mayor ante el bienestar de las personas y se interesa sólo por el de las empresas. 
Es sabido por todos que incluso si las normas de la competencia son transparentes y son válidas para todos, algo que nunca ha sido verdad y que nunca va a pasar, los términos en los que cada cual va a poder acceder a estas normas no son iguales y la consecuencia es que funciona la famosa ley de la selva, el poder del más fuerte y la soberanía de los intereses monopolísticos. 
Las intervenciones estatales, las financiaciones y otros incentivos económicos o fiscales, en ocasiones, vienen a equilibrar algo esta situación ante el alarido que provocan las consecuencias de esta política. 
No hay intervención que afecte esencialmente al sistema capitalista y en muchas ocasiones refuerzan las empresas y a los empresarios selectivamente. 
Sin embargo, el esfuerzo desesperado por abolir las ayudas estatales no tiene como objetivo estas "ilegalidades", sino que aspira a aumentar los beneficios de los ya poderosos y a consolidarlos en el mercado sin el peligro de los nuevos competidores. 
Las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, los sectores menos desarrollados, las capas sociales más pobres, saben que, sin intervenciones estatales, la diferencia del desarrollo aumentará constantemente a su costa. 
Saben que sin un sector público productivo, fuerte y eficaz no hay luz en el túnel. 
También conocen que las reestructuraciones y la liquidación del sector público no se realizan en su beneficio, sino para reforzar el gran capital y para aumentar su madurez. 
El saldo de la propiedad pública es un elemento importante de debilitamiento del factor popular y de minimización de los medios que tiene a su disposición. 
Es decir, junto con el aumento de la madurez, es un arma política importante que pasa a las manos del capital para combatir las reivindicaciones populares. 
Consideramos que son inadmisibles las presiones continuas y las medidas legislativas correspondientes, como las propuestas sobre el registro y la evaluación del rendimiento en el ámbito de las ayudas estatales. 
Señalamos el peligro de que también sitúen en el punto de mira de la Unión Europea las ayudas de poca envergadura tras consolidar el control de la Unión Europea en las importantes ayudas estatales, con la excusa de la competencia en las pequeñas y medianas empresas. 
Característica de las opciones del gran capital es que se entrevé una gran inquietud por un posible control de los Estados miembros y no de la Comisión de la Unión Europea sobre la competencia. 
La situación insoportable a la que las opciones de las grandes empresas y de la Unión Europea llevan a los trabajadores, ya está provocando reacciones relevantes. 
Las luchas contra la "mundialización" y contra la preponderancia de las incontrolables leyes de mercado se multiplican a ritmo vertiginoso. 
Los intentos por una mayor reducción de medidas de protección de los trabajadores, el ataque por todos los frentes a sus derechos adquiridos, y los esfuerzos de minimización del peso específico del sector público y del papel equilibrador que pueden desempeñar las ayudas estatales no hacen más que aumentar el disgusto popular y conducir a más trabajadores hacia la lucha y a la resistencia. 
Aquí termina la votación. 
(La sesión, interrumpida a las 14.06 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Procedimiento presupuestario 2001 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
el informe (A5-0300/2000) de la Sra. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos; sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001- Sección III, Comisión (C5-0300/2000- 1999/2190 (BUD)) 
el informe (A5-0292/2000) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001 (C5-0300/2000- 1999/2191 (BUD)) 
Sección I, Parlamento Europeo 
Sección II, Consejo 
Sección IV, Tribunal de Justicia 
Sección V, Tribunal de Cuentas 
Sección VI, Comité Económico y Social 
Sección VII, Comité de Regiones 
Sección VIII, Defensor del Pueblo Europeo 
el informe (A5-0251/2000) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto operativo de la CECA para 2001 (COM (2000) 360- C5-0340/2000- 2000/2060 (BUD)) 
el informe (A5-0236/2000) del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el Acuerdo Interinstitucional relativo a las fichas financieras. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, me habría gustado poder saludar también a nuestra Comisaria, estimadas y estimados colegas, las deliberaciones sobre el presupuesto se suelen desarrollar casi siempre bajo el lema: "El dinero no lo es todo, pero sin dinero nada es posible". 
Señora Comisaria, me alegro de que ya se encuentre también aquí. 
La situación en octubre de 2000, cuando ya falta poco para adoptar una decisión sobre las cifras del presupuesto 2001, es la siguiente. 
A lo largo de las últimas semanas hemos examinado detenidamente una y otra vez todos los montantes, todas las previsiones y todas las categorías de nuestro presupuesto. 
Hemos escudriñado una por una cada línea presupuestaria con objeto de que el presupuesto que vamos a aprobar el jueves tenga pies y cabeza, y con el fin de que el presupuesto 2001 no parezca un cuento de las Mil y Una Noches. 
El presupuesto que presentamos se ajusta absolutamente al principio del rigor presupuestario. 
Los fondos de los contribuyentes europeos se administran con mucho cuidado y rigor, pero también de manera razonable. 
El proyecto que la Comisión de Presupuestos presenta al Pleno no cuenta con la aprobación unánime de todas y todos los colegas de los comités especializados, lo cual naturalmente nos apena un poco. 
No obstante, nos marcamos unas normas y también las hemos cumplido, y nos hemos atenido a los principios ya acordados. 
El proyecto que presentamos finalmente para la primera lectura se mantiene fiel al proverbio que dice que la elaboración de un presupuesto es el arte del reparto equitativo de las decepciones. 
El Consejo se llevará seguramente la mayor decepción, pero la responsabilidad es absolutamente suya y es probable que incluso haya provocado de manera deliberada esta situación. ¿De qué otro modo se puede interpretar, en efecto, su objetivo de limitar el incremento en los pagos a un 3,5 % como máximo? 
El Parlamento considera, en cualquier caso, que en el presupuesto 2001 se deben contemplar los pagos que se derivan como consecuencia lógica de los compromisos contraídos en años anteriores y los que nos proponemos contraer asimismo en 2001. 
Incluso la Comisión ha mantenido un enfoque muy prudente, demasiado prudente a nuestro parecer. 
Un examen del calendario de ejecución de las rúbricas 2, 3, 4 y 7 del presupuesto permite constatar que sólo una media del 8% de todos los compromisos están cubiertos por los pagos correspondientes. 
En algunas líneas presupuestarias no se prevé absolutamente ninguna cobertura. 
Si a ello se le añade que, en estas circunstancias, la Comisión se concentraría ante todo en la cancelación de los remanentes pendientes, lo cual evidentemente también apoyamos, esto conlleva un riesgo demasiado grande de que alguna línea presupuestaria que interese al Parlamento no tenga continuidad. 
Para mí es un enigma cómo se propone mantener, además, la Comisión sobre esta base la rigurosa relación entre créditos de compromiso y créditos de pago que está obligada a respetar en virtud del Acuerdo Interinstitucional. 
También hemos incrementado en principio los pagos correspondientes a las rúbricas 3, 4 y 7 hasta un nivel que garantiza la cobertura de un 25% de los compromisos contraídos en 2001 en las diferentes líneas presupuestarias. 
En el curso de las deliberaciones nos hemos preguntado en algún momento a qué motivos responde la decisión del Consejo. 
Así ocurre, por ejemplo, también en el caso de la rúbrica 1. 
Cuando, a fines de la primavera, la Comisión propuso transferir del margen de la rúbrica 1 los 200 millones necesarios para cubrir la revisión de la rúbrica 4, ello suscitó de inmediato una vehemente oposición en el Consejo. 
¡Dicho margen no se debía reducir de ningún modo! 
Sin embargo, el Consejo no tuvo reparos en reducir los gastos agrarios en 555 millones de euros en total. 
¿Cuál es la lógica de estas decisiones? 
Hemos restablecido básicamente los montantes del anteproyecto de presupuesto. 
Sobre todo, deseamos que la rúbrica 1B, destinada al desarrollo rural, disponga de fondos suficientes. 
También se deben poner a disposición fondos suficientes en el ámbito que ha de permitir alcanzar el objetivo de crear una sociedad basada en el conocimiento y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. 
Hemos hecho nuestro el enfoque de la Comisión, que propone incrementar en un 8% los gastos destinados a la investigación. 
No obstante, nuestra mayor aspiración, el objetivo por el que abogamos desde el principio del presente procedimiento presupuestario, es contribuir también en un grado suficiente a la lucha contra el desempleo a través del presupuesto europeo. 
El número de personas sin empleo en Europa sigue siendo inadmisiblemente alto. 
En estas circunstancias, es preciso actuar contra ello desde todos los ámbitos políticos, local, regional y nacional, pero también a escala europea. 
Hace tres años pusimos en marcha nuestra iniciativa a favor del empleo con el apoyo al acceso de las pequeñas y medianas empresas al capital de riesgo. 
Como todos sabemos, en Europa, la mayor parte de los puestos de trabajo corresponden a las pequeñas y medianas empresas y éstas crean la mayoría de los nuevos empleos. 
Todos también sabemos que a las PYME de alta tecnología ya no les resulta demasiado difícil obtener capital, pues las condiciones del mercado de capital han mejorado mucho para estas empresas, gracias también a nuestra iniciativa. 
Por esto, deseamos una iniciativa a favor del emplea con unas prioridades algo distintas. 
Queremos seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de que se puedan beneficiar exactamente igual que las grandes empresas de las ventajas de nuestro mercado común. 
Sobre todo queremos ayudarlas a que puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías. 
Los diversos instrumentos a nuestra disposición, ya sea en forma de capital inicial, del instrumento de garantía, de las garantías crediticias para la inversión o también del instrumento de las empresas conjuntas europeas, deberían permitirnos alcanzar este objetivo. 
La cooperación transfronteriza entre las PYME genera justamente el valor añadido europeo que todos invocamos siempre. 
Por lo tanto, debemos seguir aplicando este instrumento, aunque simplificando los procedimientos, tal como propone la Comisión. 
Por esto hemos asignado conjuntamente casi 120 millones de euros a dos líneas presupuestarias. 
Si a ello se suman, además, las líneas dedicadas a medidas relativas al mercado de trabajo y a las iniciativas locales de empleo, en la rúbrica 3 se prevé un total de 150 millones de euros para el fomento del empleo. 
Esto constituye una señal muy clara, a mi parecer. 
También queremos apoyar con toda claridad la reforma de la Comisión. 
Haremos nuestras sus propuestas en lo que respecta a las consecuencias de la reforma en materia de personal. 
Aceptamos la creación de 400 nuevos puestos, si bien no sin ciertas condiciones. 
Esperamos que la Comisión presente antes de la segunda lectura las medidas que se propone adoptar para mejorar la ejecución del presupuesto. 
Esperamos que nos aclare qué medidas se propone adoptar para mejorar y agilizar la información al Parlamento y para mantenerlo al corriente de la aplicación del paquete de reformas. 
También esperamos que intensifique los esfuerzos que está realizando para mejorar la concordancia entre los procedimientos legislativo y presupuestario. 
Por lo demás, también consideramos, como es lógico, que no se deben crear simplemente 400 puestos adicionales, además de los actuales. 
Por esto acogemos, en principio, con satisfacción la introducción de un régimen de jubilación anticipada en el marco de la reforma. 
La elaboración del presupuesto se considera a menudo como un procedimiento metódico para constatar la triste realidad de la insuficiencia de los ingresos. 
Esto es lo que creo que sentimos muchos de nosotros y muchos de ustedes cuando examinamos la rúbrica 4 de nuestro presupuesto. 
Lamentablemente, la financiación de nuestras políticas exteriores adolece, en efecto, de considerables carencias. 
El Parlamento viene pidiendo al Consejo desde hace más de un año que negociemos una ayuda estable y garantizada a la reconstrucción en los Balcanes. 
El Consejo se resiste empecinadamente a ello. 
En cada una de las Cumbres del Consejo se repiten las promesas de ayuda a la población de los Balcanes. 
Sin embargo, una vez de regreso a casa, el Consejo se niega a endosar el cheque prometido. 
En otros contextos esto se describe como un "descubierto". 
En su anteproyecto de presupuesto del mes de junio, la Comisión no sólo intentó asegurar la financiación de la ayuda a los Balcanes, sino que simultáneamente también procuró no introducir recortes excesivos en las políticas exteriores en otros ámbitos. 
En consecuencia, propuso una revisión de la rúbrica 4. 
No obstante, el Consejo no sólo se negó a negociar con nosotros una posible revisión en ese sentido, sino que en su primera lectura introdujo incluso una reducción de 200 millones de euros en los fondos previstos para los Balcanes, de 150 millones de euros en el programa MEDA y de 20 millones de euros en el programa TACIS, por citar sólo los recortes más burdos. 
¡Esto es inadmisible! 
El Parlamento va a mantener, por lo tanto, sus prioridades tradicionales. 
Vamos a dotar con un montante adecuado las líneas presupuestarias de apoyo a la democracia y los derechos humanos, de cooperación con las organizaciones no gubernamentales en apoyo de los países más pobres, de cooperación con América Latina, Sudáfrica y Asia. 
Aceptamos el nivel de financiación previsto por el Consejo para el programa MEDA y le instamos a que apliquemos conjuntamente el instrumento de flexibilidad si en el curso del año próximo se evidenciase que se requieren más fondos para MEDA. 
Volviendo al tema de los Balcanes, el margen disponible nos permite incrementar en 50 millones de euros la ayuda a la reconstrucción decidida por el Consejo. 
Junto con las prórrogas del Presupuesto 2000 al Presupuesto 2001 en el marco del procedimiento Notenboom, el montante disponible coincidirá así con el que la Comisión considera adecuado. 
Sin embargo, tras el satisfactorio desenlace de las elecciones en Serbia, también estamos obligados a apoyarla con recursos financieros y no sólo con bellas palabras y discursos. 
El Parlamento se propone hacerlo de dos maneras. 
Hemos creado una nueva línea presupuestaria titulada "Democratización", en la que se han agrupado los fondos, 60 millones de euros, que nuestro presupuesto permite aportar sin problemas. 
Sin embargo, dejamos visiblemente claro que el objetivo es la democratización de Serbia. 
Hemos creado una segunda línea presupuestaria titulada "Reconstrucción" con lo que se designa como una mención pro memoria. 
Pedimos al Consejo que sopesemos conjuntamente todas las posibilidades que nos ofrece el Acuerdo Interinstitucional y decidamos una financiación adecuada de la ayuda a Serbia. 
La transferencia de los 180 millones destinados a ayuda de emergencia hasta fin de año que se decidió ayer no afecta para nada a esta cuestión. 
En efecto, se trata de fondos de la reserva para situaciones de urgencia y que sólo pueden destinarse a ayuda humanitaria, o sea sólo para superar el invierno en Serbia durante los últimos meses del año. 
No obstante, también esperamos que el Consejo examine por fin con nosotros la financiación plurianual de MEDA y también del programa CARDS, y determine su montante. 
En efecto, no puede ser que en cada procedimiento presupuestario repitamos siempre los mismos rituales en relación con los mismos temas. 
El jueves vamos a aprobar un presupuesto más austero pero más razonable. 
Yo sólo puedo recomendarle al Consejo que siga nuestro ejemplo. 
Nuestro objetivo no puede ser reducir el presupuesto hasta el límite de la extenuación. 
El afán de adelgazar se convierte demasiado a menudo en una manía compulsiva. 
Una Unión dinámica y capaz de sobrevivir requiere, sin embargo, algo más que un presupuesto saneado. 
También debe ser fuerte y competente si queremos que goce de reconocimiento mundial. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, los presupuestos del Parlamento Europeo, del Consejo, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y del Defensor del Pueblo son presupuestos de carácter exclusivamente administrativo. 
Sin embargo, permiten apreciar cómo se aplica la política de las diferentes instituciones europeas en la práctica concreta. 
En mi calidad de ponente para dichos presupuestos, he centrado mis reflexiones en torno a tres directrices. 
En primer lugar- y este principio es válido para todos los presupuestos públicos -, tenemos que administrar el dinero de los contribuyentes con responsabilidad y moderación. 
En segundo lugar, en el contexto de la provisión de plazas, debemos prepararnos para el enorme reto de la ampliación, es decir, que debemos crear ahora unos márgenes financieros que permitan asumir debidamente esta tarea cuando llegue el momento. 
En tercer lugar, el dinero de los contribuyentes debe reportar al final un valor añadido. 
Las instituciones europeas sólo habrán cumplido su cometido si esto se consigue. 
Después de mantener intensas consultas con las respectivas instituciones y con mis colegas, a quienes quiero agradecer sinceramente la buena y amistosa cooperación que hemos mantenido, puedo presentarles hoy un proyecto de presupuesto que también responde a estas tres directrices. 
El presupuesto del Parlamento Europeo, con 980 millones de euros, es el de mayor cuantía entre los que hoy les presento. 
En su contexto, he procurado mejorar las condiciones de trabajo de los diputados de manera que podamos responder al reto de las nuevas tareas que nos asigna el Tratado de Amsterdam. 
Esta Asamblea representa a la población de Europa. 
Somos la única institución europea que puede reivindicar con pleno derecho esta representación. 
La administración de esta Cámara debe estar, por lo tanto, al servicio de los diputados y no a la inversa. 
Yo creo que en el presente presupuesto también se ha conseguido traducir en cifras este planteamiento y extraer sus consecuencias. 
Justamente en el ámbito de los colaboradores científicos todavía es necesario mejorar una serie de aspectos con vistas al desarrollo de nuestro trabajo. 
Yo confío en que la administración se ocupará de este asunto y lo resolverá dentro de los próximos meses. 
En lo que respecta al organigrama, hemos aceptado las peticiones de la Mesa del Parlamento Europeo en aquellos aspectos del presupuesto que entran dentro de las competencias de la Comisión de Presupuestos. 
También se han aceptado en conjunto las promociones propuestas, ahora que en el Parlamento Europeo disponemos de un sistema de promoción transparente basado en los méritos y no sólo en la antigüedad de un funcionario en un puesto. 
La Comisión de Presupuestos acepta los incrementos necesarios en el ámbito de la tecnología de la información y en particular en lo que respecta a la protección de datos, aspecto en el que aún tenemos graves deficiencias en esta Asamblea, en el ámbito de la seguridad de los edificios y también de todas las personas que en ellos trabajan, así como también los relativos a los servicios jurídicos. 
En el ámbito de la política inmobiliaria- quiero resaltarlo con toda claridad- tenemos que asumir la carga de la subida de los intereses. 
En efecto, estamos directamente vinculados al tipo de interés del Banco Central Europeo, motivo por el cual proponemos que se mantenga la política de adquisición de edificios prevista, ya que contribuirá a aliviar dicha carga de los intereses en el plazo más breve posible. 
En este contexto, yo quiero agradecer al vicepresidente responsable de los asuntos presupuestarios, el colega Gerhard Schmid, por su constructiva colaboración. 
Yo creo que las negociaciones entre la Mesa del Parlamento Europeo y la Comisión de Presupuestos nos han permitido presentar un proyecto de presupuesto equilibrado. 
El presupuesto del Consejo no se ha modificado, de conformidad con el acuerdo alcanzado entre éste y el Parlamento. 
Sin embargo, yo quisiera recordar al Consejo en este contexto que su presupuesto también es de carácter exclusivamente administrativo. 
El Consejo debería procurar que también lo siga siendo en el futuro, especialmente en el ámbito de la política exterior y la política de seguridad. 
Los gastos de financiación de programas no tienen cabida en el presupuesto del Consejo. 
Éstos se deben consignar sin excepción en el presupuesto de la Comisión. 
Como parte de la autoridad presupuestaria, vamos a seguir controlando rigurosamente este aspecto. 
El Tribunal de Cuentas es el que menos preocupaciones nos causa en estos momentos. 
Se atiene a los compromisos que asumió hace ya varios años y, por lo tanto, hemos aprobado los créditos necesarios para la ampliación del edificio. 
En este contexto yo quisiera recordar, no obstante, explícitamente que vamos a vigilar atentamente que el montante total de la inversión no supere los 25 millones de euros a precios de 1998. 
Yo creo que el Tribunal de Cuentas Europeo es la institución que mejor puede comprender que velemos con el debido rigor por que esto se cumpla. 
En el caso del Tribunal de Justicia Europeo, el mayor problema son actualmente los retrasos en el servicio de traducción. 
Esto tiene consecuencias que ya no son tolerables, pues la duración media de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Europea se ha elevado entre tanto a casi dos años, únicamente debido a que los servicios de traducción no dan abasto. 
Por esto nos proponemos que dedicar a partir del año próximo una suma importante a la reducción de los retrasos en la traducción. 
No obstante, también en este caso vamos a observar atentamente si esto permite mejorar efectivamente la situación en el Tribunal de Justicia Europeo. 
Si no fuese así, tendremos que adoptar otras medidas, que desde luego serán menos comprensivas que las que ahora proponemos para el Tribunal de Justicia para el ejercicio 2001. 
El Comité Económico y Social sigue siendo un gran motivo de preocupación. 
Queremos que dicho Comité mantenga su capacidad de trabajo, pero no podemos permitir que sea la institución que menos atención presta a las exhortaciones del Parlamento Europeo como parte de la autoridad presupuestaria. 
El objetivo de nuestras resoluciones no es dar satisfacción a todos los implicados, sino que pretendemos que tengan un reflejo en la conducta presupuestaria de todas las instituciones. 
El Comité Económico y Social debe desarrollar su papel si no quiere que su existencia se vea amenazada a la larga. 
Yo espero que en los próximos meses se ocupe decididamente de esta cuestión y que el Consejo de Niza emita también una clara señal al respecto. 
No obstante, dicho Comité debe mejorar muy especialmente su funcionamiento. 
El Comité de las Regiones no nos preocupa tanto en estos momentos. 
También allí no todo funciona aún tan bien como desearíamos. 
También allí se deberían tomar con la debida seriedad nuestras resoluciones y, en particular, se debería adoptar un sistema más adecuado en el marco de la política de promociones. 
Sin embargo, según tengo entendido, éste se está elaborando. 
Por consiguiente, yo creo que también podremos aprobar las promociones necesarias en el Comité de las Regiones. 
Finalmente, también nos corresponde examinar el presupuesto del Defensor del Pueblo. 
En este caso, podemos mantenernos relativamente al margen, pues el Consejo ya ha aceptado todas las medidas necesarias, de manera que en esta lectura sólo tenemos que ratificarlas. 
Antes de acabar, permítanme que añada dos observaciones finales. 
Yo tengo la impresión de que hay una institución en la que resulta muy arriesgado trabajar, pues los casos de enfermedad son desproporcionadamente frecuentes. 
Naturalmente- no se trata del Parlamento ni de la Comisión -, vamos a tener que analizar el fundamento de dichos informes y las medidas que se deberán adoptar para mejorar el estado de salud de sus colaboradores y colaboradoras, por el cual debemos velar de manera. 
En segundo lugar, proponemos que también se dediquen sendos capítulos específicos a los presupuestos de los dos supervisores de protección de datos, el de la Comisión y el previsto en el marco del Acuerdo de Schengen, con objeto de que se respeten plenamente las competencias de la autoridad presupuestaria y con el fin de garantizar de manera permanente la debida transparencia. 
Las cifras detalladas que hoy les presento en mi calidad de ponente son muy correctas. 
Me alegraría que las propuestas de la Comisión de Presupuestos puedan merecer también su apoyo en las votaciones del jueves. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, en junio del 2002 va a expirar el Tratado CECA. 
Es decir que el año 2001 va a ser el último ejercicio presupuestario completo y en este contexto se debe valorar también la propuesta de la Comisión y la que ahora presentamos al Parlamento. 
La Comisión propone un incremento de los créditos de 176 a 190 millones de euros con respecto al año anterior. 
Esto está en la línea de la propuesta del Parlamento para el presupuesto del año pasado y se aproxima mucho a ella. 
Entonces propusimos una dotación global de 196 millones de euros. 
Por consiguiente, apoyamos firmemente dicha propuesta. 
Sin embargo, el desglose de las asignaciones no nos parece óptimo. 
Consideramos que en este aspecto se requieren aún algunas modificaciones y pedimos a la Comisión que revise este punto. 
Sobre todo nos preocupa el desglose de los gastos administrativos. 
En este contexto proponemos que se reduzcan las ayudas a la reasignación pero no, en cambio, las ayudas a la investigación y las destinadas a medidas sociales, a las que enseguida me referiré con mayor detalle. 
Es decir que no recomendamos que se apoyen los recortes en el ámbito de la investigación. 
Al contrario, opinamos que se debería reforzar la investigación, especialmente con vistas a la adhesión de los países candidatos. 
Con su adhesión se duplicará la producción de carbón y aumentará considerablemente la producción de acero, y a nuestro parecer esto exige con urgencia un proceso de modernización y reestructuración. 
Tenemos que reforzar este proceso y necesitamos que la investigación se oriente en el sentido de las tecnologías ambientalmente sostenibles. 
Nosotros proponemos que en cuanto expire el Tratado CECA y sus recursos se transfieran al presupuesto de la UE, se ofrezca a los países candidatos la posibilidad de participar en las investigaciones financiadas con fondos comunitarios en los sectores del carbón y del acero, siguiendo el ejemplo de los programas Sócrates y Leonardo. 
Creemos que esta propuesta es importante para avanzar hacia una producción sostenible y moderna en los sectores del acero y el carbón en Europa y también con vistas a la financiación de estos sectores y a las medidas de reestructuración. 
En segundo lugar, pedimos que se revise la relación entre las ayudas destinadas a medidas sociales y las ayudas a la reasignación. 
La propuesta del Consejo reduce las medidas sociales de 31 a 29 millones de euros. 
No podemos aceptar esta propuesta. 
A nuestro modo de ver, es preciso conceder ayudas estructurales a la reasignación en estos sectores. 
El nivel de empleo se ha reducido en un 15% y un 5% desde 1999 y esto exige una respuesta. 
En cambio, opinamos que se pueden reducir las ayudas a la reasignación. 
Éstas no se han agotado en los últimos años. 
En 1999, por ejemplo, sólo se utilizó, de hecho, la mitad de los créditos consignados. 
La Comisión propone, por el contrario, un incremento que cubriría todo el período hasta junio de 2002. 
Esto nos parece absurdo, puesto que todavía habrá un presupuesto operativo hasta el segundo semestre de 2002 y, por consiguiente, pedimos que se revise la relación entre las ayudas a la reasignación y las destinadas a medidas sociales. 
Además, también pedimos que se revisen los gastos administrativos. 
El Parlamento viene proponiendo desde hace tiempo que éstos se reduzcan. 
Dada la reducción de las actividades de la CECA y su reasignación parece discutible que un presupuesto administrativo tan elevado siga estando realmente justificado. 
Otro punto importante es que no deseamos que una vez expirados los Tratados se mantenga una estructura separada de la CECA, sino que sus competencias se deberían delegar en el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. 
Así lo propone también la Comisión y nosotros nos adherimos a su propuesta. 
Toda entidad separada genera costes adicionales sin ningún valor añadido y sería preferible crear un subcomité especializado en el marco de dichos orgamnismos. 
Proponemos asimismo que se siga informando regularmente al Parlamento. 
La Comisión se comprometió en una declaración de 1973 a aceptar el carácter vinculante de los dictámenes del Parlamento en relación con la CECA. 
Esperamos que este compromiso se extienda a las nuevas estructuras. 
Señor Presidente, señorías, dos peligros acechan la salud de los diputados europeos: los ataques al corazón y los ataques de modestia. 
Espero, por tanto, que me perdonarán si eludo el segundo y califico mi breve informe de muy importante y que me congratule del éxito alcanzado, casi inesperadamente, con la Comisión y el Consejo. 
El informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuestos hace pocas semanas y, hasta la fecha, no se han presentado enmiendas. 
Por lo tanto, es de esperar que el jueves, en principio, se apruebe con facilidad. 
No obstante, permítanme que explique algunos de sus elementos básicos. 
La propuesta que les pido que suscriban, votando a favor del informe, culmina un largo proceso y satisface una aspiración casi inmemorial del Parlamento. 
Desde 1985- digo bien 85- la Comisión de Presupuestos del Parlamento se viene esforzando en conseguir que los procedimientos del Parlamento Europeo tengan en cuenta la incidencia financiera de las resoluciones que vota el Pleno. 
Y ya, en esa lejana fecha, hace 15 años, se constituyó un grupo de trabajo con esa finalidad. 
Asimismo, pedimos al Consejo- no sabemos muy bien con qué éxito- que adoptara un enfoque similar. 
Aunque en la Decisión de 24 de junio de 1988 relativa a la disciplina presupuestaria, el Consejo estableció un vínculo entre legislación y financiación que fue luego incorporado al Tratado CE como artículo 270, me concederán que ni siquiera el propio Consejo se ha esmerado en el cumplimiento de esa Decisión. 
¿Cuál es el problema, señorías? 
Creo que puede decirse que, fundamentalmente, el problema es el enorme crecimiento de la labor legislativa de la Unión en su conjunto, sobre todo, el crecimiento exponencial de la codecisión legislativa, la multiplicidad de decisiones legislativas en paralelo. 
Hasta la fecha, la Comisión, cumpliendo la normativa vigente, nos envía junto a las propuestas de su iniciativa una ficha financiera que incluye, básicamente, una propuesta plurianual de la programación presupuestaria correspondiente a la propuesta. 
Sin embargo, como es bien sabido, el género humano se divide en dos clases: los presupuestarios y el resto. 
Por ello, cuando se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores y toman cualquier loable decisión como, por ejemplo, la de ayudar a Kosovo o a Serbia, la última de sus preocupaciones es si hay dinero para financiar esa decisión y si se debe sacar de otra partida como, por ejemplo, de la ayuda al desarrollo en África, de MEDA o de la promoción de los Derechos humanos en la antigua Unión Soviética. 
Es el problema de la propuesta Cars, por ejemplo, que está estos días sobre la mesa. 
Y cuando se celebra una concertación legislativa sobre asuntos sociales, cultura o medio ambiente- la Comisaria va a reconocer que tengo razón- nos reunimos la Comisaria de Presupuestos, los ministros de Hacienda y los miembros de la Comisión de Presupuestos para rezar conjuntamente, para que no se cometa un desatino financiero. 
El acuerdo alcanzado en julio implica una ampliación de la información contenida en la ficha financiera. 
En adelante, toda nueva propuesta deberá ir acompañada de la estimación de su compatibilidad con las perspectivas financieras y de sus necesidades en materia de organigrama. 
Implícitamente se exige de la Comisión que al inicio del procedimiento legislativo considere si tiene el equipo humano requerido y si la propuesta puede necesitar una revisión de las perspectivas financieras o un redespliegue de los programas ya aprobados. 
En definitiva, un análisis coste-oportunidad. 
Gran parte de los problemas que nos ha explicado la Sra. Haug proviene de que la suma de los importes de los programas excede del importe total de la correspondiente rúbrica de las perspectivas financieras. 
Y la mala ejecución de algunos se origina o justifica en la insuficiente dotación en personal. 
Así, el Comisario Patten propone reducir el importe de MEDA y aumentar al mismo tiempo su organigramacon 25 puestos. 
Es el ejemplo paradigmático de lo que pretendemos evitar a priori. 
Vamos, por tanto, a cambiar también nuestro Reglamento interno para tener en cuenta este acuerdo. 
Nosotros creemos que esta declaración debería estar incluida en el acuerdo interinstitucional, pero, en todo caso, quiero señalar a sus señorías que sólo tiene sentido en el marco de un acuerdo interinstitucional con perspectivas financieras. 
Y acabo, señor Presidente, agradeciendo la diligencia de las demás instituciones en la tramitación de esta declaración conjunta. 
El Parlamento reiteró su sugerencia en un diálogo tripartito que se celebró a mediados de la Presidencia portuguesa y se culminó con un acuerdo en la primera concertación presidida por Francia en julio. 
Un auténtico récord, que espero que se traduzca ahora en una mejor previsión del marco financiero de nuestra actividad legislativa. 
Gracias, Señor Colom i Naval. 
Clausura usted con toda humildad la lista de nuestros ponentes. 
Tengo ahora el gran placer de acoger en este hemiciclo a un ministro muy reciente de mi país, que hablará en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, la política presupuestaria siempre requiere previsión y hoy estamos debatiendo el presupuesto 2001, el presupuesto del próximo ejercicio, y por lo tanto debemos ponernos de acuerdo sobre las exigencias y los retos a los que deberán responder la política europea y el presupuesto europeo el año próximo, y que es preciso satisfacer. 
Las exigencias que se plantean al presupuesto europeo para el año próximo son considerables. 
En relación con los gastos agrarios, permítanme que les recuerde que las decisiones de Berlín se van a traducir por primera vez en facturas más altas para el presupuesto europeo y que, afortunadamente, por fin se han podido aprobar también los programas de fomento del desarrollo rural; es decir, que este nuevo programa se va a empezar a aplicar plenamente el año próximo. 
La situación es parecida en lo que respecta a la política estructural. 
Casi todos los Estados han aprobado ya los programas para el nuevo período de programación 2000-2006 y, por lo tanto, cabe esperar y también es de desear que el próximo año se comiencen a desarrollar los primeros proyectos en el marco de los programas operativos, lo cual exige que también se consignen los créditos correspondientes en el presupuesto. 
Por lo respecta a la política de investigación, permítanme que les recuerde el reto que supone el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y que los Jefes de Estado y de Gobierno se propusieron en Lisboa el muy ambicioso objetivo de hacer de Europa el espacio económico basado en el conocimiento más competitivo del mundo, lo cual también impone exigencias al presupuesto europeo. 
En el contexto de la ampliación nos encontramos también con nuevos programas de apoyo a la adhesión y a las reformas. 
Cada vez falta menos para la adhesión- así lo esperamos -, pero esto significa que las reformas en los Estados candidatos son también más apremiantes y, por lo tanto, las ayudas a la adhesión también deberían ofrecer el apoyo adecuado. 
Sobre todo, nos encontramos ante nuevos retos en el ámbito de la política exterior- tal como se ha resaltado repetidamente- y también simplemente ante nuevas oportunidades de mantener mejores relaciones con nuestros vecinos, sobre todo en los Balcanes, y de promover la estabilidad en los Balcanes. 
Esto supone un enorme reto para la política europea, para el presupuesto y también para la administración de la Comisión que debe ejecutarlo, y también en este contexto es preciso reforzar los recursos. 
Por otra parte, el presupuesto europeo debe responder asimismo a la exigencia de disciplina presupuestaria. 
La disciplina que les pedimos a los Estados miembros también se debe cumplir en el caso del presupuesto europeo, y la necesidad de atender simultánemente a todas estas exigencias es lo que hace tan interesante la política presupuestaria, como sabemos todos los que nos ocupamos de ella. 
Es necesario mantener un equilibrio entre los diferentes intereses y se requieren negociaciones entre las instituciones, y ahora nos encontramos en la fase de consulta del presupuesto 2001, es decir, que tenemos sobre la mesa las primeras propuestas y decisiones de todas las instituciones- del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en su anteproyecto de presupuesto- en relación con el presupuesto 2001. 
Un examen de los tres conjuntos de cifras permite apreciar que todavía existen considerables diferencias, también de orden exclusivamente cuantitativo, así como, naturalmente, en cuanto al contenido. 
Permítanme que las enumere brevemente. La Comisión propone una dotación de 96.900 millones en créditos de compromiso, el Consejo, 95.900 millones y el Parlamento Europeo, 96.800 millones, y en el caso de los créditos de pago existe una diferencia de casi 2.200 millones de euros entre las decisiones del Parlamento y del Consejo, o sea, que la brecha que es preciso salvar es relativamente grande en términos cuantitativos. 
No obstante, también quiero resaltar especialmente que las propuestas y las decisiones de las tres instituciones con respecto al presupuesto 2001 no superan los límites fijados en las perspectivas financieras de Berlín. 
Por lo tanto, es posible afirmar que las tres instituciones están procurando respetar dichos límites y mantener la disciplina presupuestaria. 
Debo resaltar que las decisiones de Berlín permitirían incrementar los pagos en un 6,1 % con respecto al año anterior y que ninguna de las decisiones prevé un incremento de esta magnitud. 
Es decir, que todavía es necesario negociar muchos aspectos y los que participaron en el diálogo a tres bandas de la semana pasada, en las conversaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, pueden atestiguar que realmente se está buscando una solución adecuada, en un clima de verdadera negociación y no de enfrentamiento. 
Por lo cual, yo quiero expresar mi especial agradecimiento al Parlamento y a los ponentes, Sra. Haug, Sr. Ferber, Sra. Rühle y Sr. Colom i Naval. 
También quiero dar las gracias al Consejo y agradecer en particular, señor Patriat, su brillante aportación del miércoles pasado en el contexto del diálogo a tres bandas. 
El resultado de la concertación de este verano fue también satisfactorio, como ya ha señalado el Sr. Colom i Naval, concretamente en el sentido de que en el futuro se ampliará también la información al Parlamento en relación con los fundamentos jurídicos con repercusiones sobre los gastos. 
Yo puedo suscribir plenamente sus propuestas desde el punto de vista de la Comisión, señor Colom, pues sobre la Comisión de Presupuestos del Parlamento recae una gran responsabilidad y su tarea es mantener la visión de conjunto, y la comisión necesita efectivamente esos nuevos instrumentos para poder contribuir a garantizar que las decisiones que se adopten sean financiables. 
De hecho, tampoco debería ocurrir, por ejemplo, que los Ministros de Agricultura rechacen en el Consejo una propuesta más moderada de la Comisión- tal como sucedió hace poco -, es decir, que los Ministros de Agricultura voten a favor de un incremento del gasto, y el Consejo de Ministros de Finanzas reduzca luego los gastos en el sector de la agricultura. 
Por lo tanto, yo quiero recordar que también de debe disponer de créditos de pago suficientes para financiar las decisiones. 
Éstos también deben ser suficientes para que los pagos atrasados no sigan aumentando, sino que, por el contrario, sea posible reducirlos, si bien esto requiere que la Comisión cuente también con los recursos humanos necesarios. 
Por esto, la Comisión decidió incluir en este presupuesto la petición de 400 nuevos puestos. 
Yo quisiera volver a recordar que sólo lo planteamos después de haber examinado todos los servicios para comprobar si existían aún posibilidades de trasladar personal y una vez que llegamos a la conclusión de que debíamos solicitar a la autoridad presupuestaria la creación de nuevos puestos. 
Yo deseo agradecer al Consejo su voto positivo en relación con este asunto. 
El Parlamento ha consignado ahora dichos puestos en la reserva y yo debo aceptar, naturalmente, sin reparos que se impongan condiciones para su liberación, señora Haug, pero les ruego que tengan presente que han de ser condiciones que podamos cumplir. 
Entre otras cosas, se formuló como condición una modificación del procedimiento de la comitología. 
Yo debo recordar que el año pasado, tras un largo debate, se alcanzó una nueva decisión sobre la comitología de común acuerdo con el Consejo, y tengo pocas esperanzas de que sea posible reabrir el debate. 
Otro tanto opino con respecto a la condición de que primero se cree una reserva vinculada al rendimiento. 
Si queremos mejorar nuestra actuación- y esta es nuestra aspiración en materia de rendimiento -, necesitamos contar obviamente con esos puestos. 
Vamos a procurar explicar lo mejor posible las reformas que hemos puesto en marcha, cuáles se están introduciendo y qué otras están previstas, con el fin de demostrar que la Comisión está haciendo un gran esfuerzo. 
Sin embargo, debo pedirle al Parlamento que también demuestre voluntad de negociación en relación con este asunto. 
El mayor reto al que deben responder los responsables de las políticas presupuestarias con vistas al próximo ejercicio y también en este momento es la necesidad de garantizar la financiación de las nuevas tareas en el ámbito de la política exterior, sobre todo por lo que respecta al tema de la financiación de las medidas de apoyo necesarias a la estabilización en los Balcanes. 
Permítanme que les recuerde que en las perspectivas financieras que se adoptaron el año pasado sólo se preveían 1.850 millones para los Balcanes para todo el período hasta 2006. 
Esto se decidió en el contexto de unas condiciones políticas totalmente distintas de las que afortunadamente existen ahora en Europa, tras el cambio de poder en Belgrado. 
También quiero recordar que el año pasado mantuvimos, por ejemplo, un largo debate con el Consejo en relación con las medidas de reconstrucción de Kosovo. ¿Será posible lograr un buen rendimiento en este aspecto? 
Afortunadamente, la aplicación de las medidas de ayuda a la reconstrucción en Kosovo a través de la Agencia de Reconstrucción es muy buena, de manera que este año se podrán incrementar en 175 millones los créditos para dicha Agencia y yo quiero agradecer sinceramente a la Comisión de Presupuestos y en particular a su presidente, Sr. Wynn, su apoyo a dichas medidas. 
Este incremento de la ayuda destinada a Kosovo dentro de este año también indica claramente ante todo una cosa y ésta es que, desde el punto de vista del mensaje político, es muy importante, a mi parecer, que la Unión Europea no diga ahora que va a reducir la ayuda a Kosovo, puesto que ha habido un cambio en el poder en Serbia. 
No, no se puede permitir que Kosovo vuelva a sufrir por segunda vez las consecuencias. 
Al contrario, tenemos que cumplir ambas tareas. 
El tema de la financiación de las ayudas a Serbia para el próximo año y los siguientes está, naturalmente, sobre la mesa. 
La posibilidad de financiar las medidas necesarias reduciendo el montante destinado hasta ahora al Programa para el área mediterránea es una cuestión de carácter político y no técnico. 
En las perspectivas financieras aprobadas en Berlín para el período hasta 2006 se preveían 8.100 millones de euros para el programa MEDA. 
Si estos se reducen a 5.000 o 6.000 millones, con esa suma no se van a poder financiar las mismas políticas. 
La pregunta a la que debemos responder es obviamente: ¿qué política deseamos desarrollar desde la Unión Europea en relación con los Estados vecinos del sur? 
La Comisión no cree que la ayuda necesaria para la reconstrucción en los Balcanes se pueda sustraer en su totalidad del ámbito del programa MEDA. 
Disponemos de diferentes instrumentos de política presupuestaria para hacer frente a tareas imprevistas o necesidades adicionales. 
Uno es la reserva de flexibilidad. 
Yo he tomado buena nota de lo que ha manifestado el Consejo: por su parte existe voluntad de negociación en este contexto. 
También tomo nota de que el Parlamento ha manifestado que también se debería recurrir a la reserva de flexibilidad para compensar los recortes en el programa MEDA. 
Por mi parte, yo quisiera recordar lo siguiente: la reserva de flexibilidad es un instrumento destinado a permitir la financiación de una tarea imprevista en un ejercicio determinado. 
El apoyo que precisan los Balcanes no es una tarea de un año, sino de varios años. 
También disponemos del instrumento de la reserva negativa. 
Otro instrumento es incrementar los gastos en la categoría IV y repartir la deducción del montante equivalente entre el conjunto del presupuesto, y también contamos con el instrumento de la revisión y modificación de las perspectivas financieras. 
El Acuerdo Interinstitucional establece, naturalmente, algunas condiciones, pero no dice que se deba utilizar primero la reserva de flexibilidad. 
Esto no figura en el Acuerdo Interinstitucional, sino que éste prevé que se sigan ciertos pasos. 
La Comisión así lo ha hecho y permítanme que vuelva a recordarles que de este modo se podría garantizar la financiación para todo el período. 
Con objeto de responder a la pregunta sobre una posible redistribución de créditos consignados para la política agraria, vamos a presentarles lo más pronto posible las nuevas previsiones relativas a los gastos necesarios en el ámbito de la política agraria. 
La modificación de las perspectivas financieras no es, obviamente, un objetivo, sino que la Comisión la propone como un medio para poder financiar los gastos necesarios en el ámbito de la política exterior y responder a los retos en este contexto. 
Yo les ruego una vez más que examinen esta propuesta- la Comisión la deja sobre la mesa- sin juicios preconcebidos y que la contemplen también como una posibilidad. 
La Unión Europea prometió antes de las elecciones que pondría a disposición ayuda inmediata para Serbia si se modificaban las relaciones de poder y se restablecía la democracia. 
Dimos nuestra palabra y entre todos vamos a cumplirla. 
La Comisión propuso activar la reserva de urgencia y concretar un paquete de ayudas. 
Dicho paquete de 200 millones de euros prevé cubrir aún dentro de este año las medidas necesarias en el sector de la energía, con objeto de que la población disponga de energía para calentarse durante el invierno, mitigar la situación de emergencia debido a la falta de medicamentos en algunos ámbitos y procurar, por ejemplo, que los niños no tengan que pasar frío en la escuela, sino que se puedan financiar las reparaciones necesarias. 
El paquete de ayudas se ha puesto a disposición para cubrir estos gastos y yo quiero agradecer sinceramente al Parlamento Europeo y al Consejo la rapidez con que apoyaron la propuesta y se mostraron dispuestos a adoptar una decisión. 
Yo creo que la Unión Europea ha demostrado claramente con ello que es capaz de actuar con gran rapidez, que también en este aspecto existe una clara voluntad común y que ésta también se está traduciendo en la práctica, una voluntad común de contribuir con todas sus fuerzas a afianzar la estabilidad política, que significa la paz, en Europa. 
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Política de Defensa y Seguridad Común. 
(DA) Señor Presidente, fue estupendo escuchar la crítica del Consejo en materia de política exterior efectuada por el señor Comisario. Cuando vemos cómo una dictadura en los Balcanes es sustituida por una esperanza de democracia, no podemos encerrarnos en discordias presupuestarias para que cuadren los marcos presupuestarios- las llamadas perspectivas financieras. 
No podemos sencillamente coger todo el dinero de otras partes de la política exterior. 
Este año ya hemos sobrepasado el presupuesto destinado a política exterior en 400 millones. 
Seamos visionarios y demos a la Comisión la posibilidad de planificar. 
Las circunstancias han mostrado también la necesidad de la llamada "rapid reaction facility", es decir, del instrumento de reacción rápido, que propone la Comisión. 
El dinero no debe dejarse en reserva corriendo el riesgo de un bloqueo por parte del Consejo, lo que lleva naturalmente a que la Comisión no pueda planificar. 
Recordemos los grandes discursos pronunciados por el Sr. Prodi hace unas semanas. 
Debemos respaldar sus intentos y los del Sr. Patten por reforzar la capacidad de acción de la Comisión con conocimiento parlamentario y el necesario control parlamentario, del que no son objeto el Consejo y el Sr. Solana. 
Por ello me gustaría pedirles tanto al Consejo como a la Comisión de Presupuestos del Parlamento a que piensen en la política exterior y no sólo en el presupuesto cuando se ocupen de la política exterior. 
La Comisión de Control Presupuestario examinó la posibilidad de presentar varias enmiendas al presupuesto para este año, teniendo en cuenta la ejecución de las cifras de los ejercicios anterior y actual, junto con el análisis correspondiente que figura en la cuenta de ingresos y gastos y en el balance general. 
También examinamos los informes especiales del Tribunal de Cuentas. 
Si bien la preparación de dichos informes se hace conforme al apartado 4 del artículo 248 del Tratado con vistas a la concesión de la aprobación de la gestión, consideramos, en realidad, que no carece de interés que nuestra comisión y la Comisión de Presupuestos los examinen y vean cómo se están gastando los fondos en el ejercicio actual en sectores en los que el Tribunal de Cuentas encontró problemas en el pasado. 
Tras el examen de los informes de evaluación, la Comisión ha producido mucha documentación sobre el anteproyecto de presupuesto- por ejemplo, para 2001- en la que figuraba un documento de trabajo en el que se presentaban resúmenes de los resultados de varias evaluaciones, la mayoría externas. 
Se hicieron a petición de la propia Comisión y se referían al ejercicio 1999, el más reciente del que se disponían los datos finales. 
Ese material resultó, evidentemente, útil para la preparación del presupuesto para 2001 y para la concesión de la aprobación de la gestión en el ejercicio 1999. 
Así, pues, la comisión quisiera recomendar a todas las comisiones especializadas que tuvieran en cuenta los resultados de dichas evaluaciones. 
Al final, presentamos un documento muy breve a la Comisión de Presupuestos con varias recomendaciones y esperamos que se adopten. 
La Asamblea ha de saber sin duda que yo me he interesado personalmente por el presupuesto y he presentado varias enmiendas. 
Espero que en el futuro se haga el mismo tipo de operación y se procure eliminar varias líneas presupuestarias muy pequeñas y más insignificantes y que esta Asamblea y la Comisión resulten mucho más eficientes, que hagan menos y lo hagan mejor. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores no tengo ninguna dificultad en pedir a nuestra Asamblea que voten en favor de las enmiendas propuestas por la Comisión de Presupuestos a la iniciativa, ya sea de nuestra comisión o de la ponente general, Sra. Haug. 
Observo, en particular, que de acuerdo con lo que pedimos, la Comisión de Presupuestos propone incrementar sustancialmente los créditos puestos a disposición del Fondo Europeo para los Refugiados, créditos que el Consejo había, de manera bastante imprudente, por no decir bastante estúpida, reducido. 
Asimismo, quiero señalar, para apoyarlo, el aumento muy claro de créditos destinados a financiar las acciones destinadas a combatir y prevenir las discriminaciones, lo que corresponde a una prioridad del Parlamento y del conjunto de la Unión desde el Tratado de Amsterdam. 
Por último, tengo el gusto de subrayar que, en el sector de competencia de nuestra comisión, no hay menos de cuatro líneas presupuestarias nuevas que se someten a nuestra aprobación. 
La primera se refiere a la puesta en práctica de un proyecto experimental destinado a financiar una campaña de información en el seno de los quince Estados miembros contra la plaga criminal de la pedofilia. 
La segunda se refiere a la ayuda que ha de prestarse a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que requieren tratamientos en instituciones especializadas. 
La tercera tiene como objetivo financiar acciones que preparen un programa de lucha contra el tráfico de drogas y, la última, organiza la financiación de acciones que han de realizarse en común con los países terceros, a cuya cabeza se encuentra Marruecos, con vistas a controlar mejor los flujos migratorios. 
No obstante, un aspecto negativo para concluir. 
La Comisión de Presupuestos no consideró conveniente seguir a nuestra comisión en su propuesta de reforzar los medios puestos a disposición del Observatorio Europeo de Fenómenos Racistas y Xenófobos situado en Viena. 
Pienso que es un error y que es conveniente corregirlo. 
En el momento en que los actos racistas y xenófobos adquieren escandalosamente vigor en varios países de la Unión, me parece importante fortalecer los medios financieros necesarios al establecimiento de una red técnicamente fiable de recopilación de información en el conjunto de la Unión. 
Pienso que mis compañeros actuarían de manera técnicamente justa y políticamente oportuna sosteniendo esta enmienda. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la votación en la Comisión de Presupuestos se desarrolló de manera poco satisfactoria para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Pese a que, como miembro de la misma, valoro mucho el trabajo de dicha comisión y pese al gran respeto que me merece el trabajo de los ponentes, en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no quiero dejar de insistir en dos enmiendas que nuestra comisión vuelve a presentar ahora ante el Pleno y que siguen siendo importantes aunque se hayan reducido los montantes. 
En primer lugar, yo comprendo que se someta a un minucioso escrutinio la política informativa de la Comisión. 
Muchos diputados consideran que la política de información de la Comisión no ha dado los frutos esperados, sobre todo en el caso del programa Prince. 
También deja mucho que desear el cumplimiento de su promesa de mantener una estrecha colaboración con el Parlamento en relación con este tema. 
En muchos Estados miembros donde la Comisión mantiene oficinas de información no es posible lograr una amplia difusión pública por medio de reuniones de expertos. 
Un bloqueo total a través del instrumento de la reserva no es, sin embargo, el camino adecuado. 
Habida cuenta que en 2002 se van a introducir las monedas y billetes denominados en euros, yo no puedo aceptar la decisión de consignar en la reserva los créditos de Prince para el ejercicio 2001. 
Los fondos destinados a las campañas de difusión del euro nunca habían tenido tanto sentido como ahora, cuando la inseguridad es mayor debido a la pérdida de cotización del euro frente al dólar y la introducción de las monedas y billetes denominados en euros. 
En todo caso, dadas las insuficiencias de las anteriores campañas de información, podríamos aceptar una reserva del 50% como solución de compromiso, con el fin de brindar a la Comisión una oportunidad de introducir innovaciones en el diseño de sus acciones informativas o darles un nuevo impulso. 
En segundo lugar, en lo que respecta a las líneas A30, conozco bien los tira y afloja en torno a los minipresupuestos. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios solicitó dictámenes expertos, con el fin de poder contar con el debido asesoramiento del Banco Central Europeo en materia monetaria. 
Si en el plazo que todavía nos queda se consigue alcanzar una solución de compromiso que apoye la importante labor de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, podremos llegar a un acuerdo; en caso contrario, mantendremos nuestra posición. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea es una comunidad de Derecho, puesto que el Derecho europeo se respeta y se aplica. 
El Tribunal de Justicia Europeo vela por que así sea. 
Con ello ha contribuido de manera esencial al éxito del proyecto común de integración durante los últimos cuarenta años. 
Los tribunales europeos tienen en estos momentos grandes dificultades para velar por el cumplimiento de las leyes porque no disponen de los recursos presupuestarios necesarios. 
En el Tribunal de Justicia Europeo hay 1.600 procedimientos pendientes y las traducciones atrasadas suman 120.000 páginas. 
El Tribunal de Justicia Europeo se ha convertido en un cuello de botella en el ámbito de la seguridad jurídica. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior propugnó ya en la primera lectura que se resuelva esta situación y se aporten los medios para que los ciudadanos puedan hacer valer de nuevo sus derechos europeos, evitando así un descrédito de la Unión en su calidad de comunidad de Derecho, debido a los retrasos. 
Agradezco sinceramente a la Comisión de Presupuestos y al ponente competente para esta materia que hayan hecho suyos estos planteamientos y hayan apoyado nuestras propuestas. 
En particular, en la segunda lectura volvemos a proponer la creación de 60 nuevos puestos en el Tribunal de Justicia Europeo y no sólo su creación, sino que también se puedan poner a disposición los créditos correspondientes. 
Además, también proponemos, como medida de urgencia, una asignación de 3 millones de euros para la contratación de traductores externos. 
Con estas medidas nos proponemos conseguir que el control judicial vuelva a funcionar plenamente, restablecer la confianza en la seguridad jurídica dentro de la Unión Europea y consolidar su carácter de comunidad de Derecho. 
Señor Presidente, éste es mi primer año en el Parlamento Europeo y me ha impresionado durante este debate sobre el presupuesto el contraste entre la retórica y la ejecución. 
El año pasado, cuando debatimos sobre el presupuesto, hubo políticos en los Gobiernos de los Estados miembros que adoptaban posturas respecto de la cuestión de las energías renovables, mientras proponían importantes reducciones al programa Save en este Parlamento. 
Me pareció una posición curiosa. 
Pero aquí estamos de nuevo, doce meses después, en una situación en la que los ministros de los Gobiernos de los Estados miembros han salido de cumbres vanagloriándose de sus ambiciosas metas para la investigación, mientras que el proyecto de presupuesto preparado por el Consejo hace reducciones totales en las consignaciones para pagos de la subsección de investigación del Quinto Programa Marco de nada menos que 100 millones de euros. 
De modo que existe una marcada diferencia entre la ejecución por parte del Consejo y la retórica que emplea. 
Mi comisión me ha encomendado formular esta observación y, desde luego, nuestro objetivo, con sentido de la disciplina, será el de que en la votación en Pleno se restablezca al menos la mitad de esa reducción en consignaciones para pagos. 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la Sra. Haug por la labor llevada a cabo en la Comisión de Presupuestos, en particular la destinada a restablecer líneas relacionadas con pequeñas y medianas empresas, también reducidas por el Consejo. 
Ha sido una prioridad de nuestra comisión y de este Parlamento. 
Una vez más, resulta difícil conciliar la retórica del Consejo con sus propuestas en esa esfera. 
Las propuestas presentadas por nuestra comisión y apoyadas por la Comisión de Presupuestos son mucho mejores. 
Necesitaría algo más que el minuto que me queda para exponer todas las opiniones de mi comisión en relación con el programa MEDA. 
Conocemos las dificultades. El Comisario Patten nos las ha expuesto en líneas generales, pero queda una labor importante que llevar a cabo en el sector del programa MEDA. 
Basta con que miremos a nuestros televisores y veamos las dificultades actuales en el Oriente Medio para que lo recordemos todos los días. 
Yo soy también el ponente de mi comisión sobre el informe de la Sra. Rühle relativo al presupuesto de la CECA. 
Opinamos que se debería insistir mucho más en el desarrollo de la investigación. 
He visto esa disposición también en su informe. 
Queremos que se aumente en un 10%. 
Las prioridades deben ser: tecnología inocua, protección medioambiental y reparación y seguridad en el futuro. 
La Sra. Rühle conviene conmigo al respecto, por lo que también en ese sector hay consenso en este Parlamento, que, por desgracia- no puedo por menos de decirlo -, el Consejo no comparte con frecuencia. 
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ¡lo que está ocurriendo es francamente inconcebible! 
En Lisboa se decidió hacer todo lo posible para restablecer cuanto antes el pleno empleo, se deploró la exclusión social y se declaró la voluntad de luchar contra cualquier forma de discriminación, y luego, en el momento de elaborar el presupuesto, la Comisión y el Consejo se olvidan de todo ello. 
¡Nuestros ciudadanos y ciudadanas ya están hartos, al igual que esta Asamblea, de esta política de meras declaraciones de boquilla! 
Los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también estamos a favor de la austeridad presupuestaria, pero no por esta vía. 
Por esto yo me congratulo- y también quiero expresar mi agradecimiento en este contexto a las y los colegas de la Comisión de Presupuestos y muy especialmente a la ponente general- de que finalmente hayamos conseguido encontrar una salida común para rectificar los errores del proyecto de presupuesto, en interés de las claras prioridades de esta Asamblea, del fomento del empleo y de la cohesión social, si bien la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales todavía mantiene, naturalmente, algunas aspiraciones pendientes. 
Me parece esperanzador que hayamos conseguido salvar la iniciativa de empleo a favor de la contratación local que creamos el año pasado, pues esta iniciativa a escala municipal apoya justamente nuevos enfoques en materia de política de empleo, que incorporan a todos los actores, incluidas las organizaciones no gubernamentales. 
La supresión de esta iniciativa por parte de la Comisión, sin reemplazarla por ninguna otra, era claramente contraria a la voluntad política de la Cumbre de Lisboa y a las prioridades de esta Asamblea. 
También me congratulo de que nos propongamos intensificar en adelante los esfuerzos a favor de la protección de la seguridad y la salud en el trabajo. 
La nueva iniciativa dirigida a las pequeñas y medianas empresa permitirá detectar las mejores prácticas en este contexto y obtener el correspondiente valor añadido. 
Evidentemente, hubiésemos deseado una mayor dotación para los programas de acción contra la exclusión social y la discriminación, con el fin de no defraudar las expectativas que ha generado el artículo 13 en la opinión pública y entre las organizaciones no gubernamentales. 
Pero todas las comisiones han tenido que aceptar compromisos. 
No obstante, en opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, subsiste un problema mucho más serio y éste es que no haya sido posible incluir en ningún apartado del presupuesto el observatorio del cambio industrial. 
Por esto quiero volver a recordar a todos cuantos ven con malos ojos este proyecto que, en primer lugar, nadie desea crear una agencia cara. 
Al contrario, la agencia de Dublín se encargaría sólo de las tareas pertinentes. 
En segundo lugar, el observatorio tendría como cometido reunir información con el fin de facilitar el acompañamiento del proceso de conversión industrial. 
¡Nada más y nada menos! 
Quien afirme que se pretenden torpedear las fusiones o frenar la globalización, lo dice sólo por el mero afán de polemizar. 
Por lo tanto, confío en que en la votación de mañana todavía logremos conseguir la mayoría necesaria a favor del observatorio de Dublín. 
Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente sobre el presupuesto para este año, quiero reconocer el difícil marco en el que se ha elaborado y las profundas presiones ejercidas sobre todos nosotros. 
Quisiera rendir homenaje a la labor llevada a cabo por la ponente, Sra. Haug, al intentar resolver cuestiones muy difíciles este año por las inmensas presiones que se han ejercido sobre el presupuesto en una fase muy tardía. 
Debemos tener valor para exponer nuestras convicciones e insistir en la necesidad de buscar los módicos fondos necesarios para alcanzar nuestros objetivos principales. 
A ese respecto, quisiera señalar a la atención de la Comisión y de la Asamblea las siguientes cuestiones. 
La primera es la decisión de la Comisión de Presupuestos de dejar en reserva los fondos acordados para el programa LIFE. 
Fue una decisión asombrosa y muchos de nosotros tuvimos la sensación de que ese importantísimo programa había pasado a ser simplemente una pelota de fútbol en un partido entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión. 
Demostró que esos órganos no reconocían la importancia de dicho programa para el medio ambiente. 
En la votación que se celebrará esta semana en la Asamblea debemos anular esa decisión y hacer que esos fondos estén inmediatamente disponibles, porque existe una enorme demanda para su utilización. 
El trato dado por la Comisión de Presupuestos a varias agencias ha resultado ser injusto este año y en años pasados, en particular la negativa a aumentar los fondos para la Agencia para la Evaluación de Medicamentos. 
Si la Asamblea la apoya esta semana, pondrá fin al programa, recientemente iniciado, con vistas a la aprobación de medicamentos huérfanos para enfermedades poco comunes. 
Si no se restablece esa financiación en una votación de esta semana en el Parlamento, pronostico una situación muy grave y considerable aflicción para muchas personas de Europa. 
Injusticia similar se ha cometido con la Agencia de Medio Ambiente, dado su mayor volumen de trabajo a consecuencia de la ampliación. 
En próximos años, será necesario un planteamiento más considerado, coherente y sensible para con las necesidades de las agencias y espero que se abandone el criterio, que ha predominado en años anteriores, de dar a todas el mismo trato. 
Son los objetivos principales de la Comisión de Medio Ambiente. 
Se pueden alcanzar con una cantidad de fondos absolutamente minúscula. 
La Asamblea tiene el deber de dar apoyo a esos puntos en la votación de esta semana para demostrar su continuo compromiso con la protección del medio ambiente y la mejora de la salud pública. 
Señor Presidente, quisiera hacer algunas observaciones, empezando por la política rural, desde la perspectiva de la Comisión de Agricultura. 
Esta comisión suscribe el acuerdo de Berlín también en relación con la política de desarrollo rural, pero a la vez, constata que existe retraso respecto de los gastos y que, en algunos casos, el Consejo y los Estados miembros intentan determinar vis-à-vis los márgenes relativos al dinero rural. 
Es lamentable, sería mejor que el objetivo real, es decir, la readaptación del campo hacia un carácter multifuncional y una mejor orientación de mercado, se tuviera en cuenta al ejecutar el presupuesto. 
Quisiera comunicárselo al Consejo. 
La segunda cuestión es el presupuesto dedicado a la agricultura y la horticultura. 
Éste experimentaría un aumento del 6 por ciento, eso sí, parcialmente dedicado a la readaptación. 
Sin embargo, señalo al respecto que también hay en este momento de nuevo un debate en la Comisión sobre, por ejemplo, la política azucarera. 
En cualquier caso, ruego a la Comisión que apoye en ese punto al Comisario Fischler, ya que el mejor objetivo, a fin de no salirse del marco presupuestario para el año 2006, es no poner de nuevo en entredicho esa política azucarera. 
La tercera cuestión es la política agrícola europea tal como ahora figura en la propuesta presupuestaria. 
Constatamos que sí está dirigida a lograr el objetivo social, pero resulta por ello, demasiado cerrada en comparación, por ejemplo, con la actuación en los Estados Unidos y Australia, que está dirigida sobre todo a un mayor acceso al mercado y donde se introduce mucho dinero. 
En este momento, el presupuesto destinado a las empresas agropecuarias es tres veces mayor en Estados Unidos que en Europa. 
Eso significa que en lo que al camino elegido por el presupuesto se refiere, la pregunta es si la orientación del mercado no debe establecerse de forma más clara. 
Esto ha sido impulsado por el Comisario Fischler. 
Debería reforzarse, pero para ello resulta absolutamente imprescindible la colaboración del Consejo. 
Eso implica que hay que tener en cuenta en el presupuesto agrícola europeo tanto el carácter multifuncional y el desarrollo rural como el paisaje y el bienestar de los animales, y que hay que colaborar estrechamente en estos ámbitos. 
Francamente, podrían mejorar algunas cosas en ese terreno, por ejemplo, respecto de la política relativa al tabaco. 
Resumiendo, la Comisión de Agricultura considera que debemos respetar el acuerdo de Berlín y, en este sentido debo, en tanto ponente de opinión, desaconsejar que el Parlamento adopte la enmienda 206. 
, ponente de opinión de la Comisión de Pesca. Señor Presidente, yo también me uno a las felicitaciones de algunos compañeros a la Sra. Haug por su informe. 
Sé que no ha sido fácil y, por ello, agradecemos todavía más, si cabe, sus esfuerzos. 
La Política Común de Pesca, señorías, es una muy pequeña parte del Presupuesto comunitario: apenas hablamos de mil millones de euros. 
Una cantidad insuficiente para afrontar los desafíos de la Política Común de Pesca, financiar el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, los acuerdos pesqueros y nuestra participación en organizaciones internacionales, el control de la aplicación de la PCP, la organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura, la investigación en el ámbito pesquero y la recopilación de los datos esenciales para la realización de la PCP. 
La Comisión de Pesca, que comparte con la Comisión el principio de rigor presupuestario, ha aceptado los límites que ésta ha marcado en su anteproyecto y ha indicado, en determinadas líneas presupuestarias, sus preocupaciones. 
Hemos pedido que se apruebe un crédito indicativo de dos millones de euros para una campaña de información sobre la PCP. 
Resulta imprescindible una campaña divulgativa que difunda el principio en que se basa la PCP: la explotación sostenible de los recursos del mar. 
Hay que destacar los productos de calidad, hay que divulgar las normas conservacionistas, como el respeto a las tallas mínimas, y hay que explicar a los consumidores los salutíferos efectos de consumir pescado. 
La Comisión de Pesca ha aprobado otra enmienda aumentando el crédito destinado al control y a la vigilancia de las actividades pesqueras en las aguas marítimas comunitarias y también en las exteriores. 
Hemos criticado las insuficiencias y el papel marginal de la Comisión en la política de control y vigilancia y, consecuentemente, creemos que se debe apoyar esta política reforzándola presupuestariamente. 
Las peticiones de la Comisión de Pesca pretenden, ante todo, reforzar las posibilidades de mantenimiento y creación de empleo que tiene la PCP. 
Si el empleo es la prioridad política de la Unión, la pesca, como un sector económico más, no puede quedarse al margen. 
La PCP tiene una importancia enorme para el mantenimiento del empleo en las regiones periféricas, muy dependientes de la pesca. 
Nuestras prioridades son y han de ser la consolidación y el incremento de los acuerdos internacionales de pesca, así como la mejora de las condiciones de trabajo y de la seguridad en el sector, además de la conservación de los recursos. 
Los puestos de trabajo más baratos, señorías, son los que no hay que crear porque no se han perdido. 
Es mejor apoyar actividades que ya generan empleo que tener que invertir más tarde cantidades ingentes en la creación de nuevas industrias. 
Para terminar, quiero mencionar especialmente un asunto acerca del cual el Parlamento debe emitir su dictamen conforme. 
Me refiero al acuerdo de pesca con Marruecos. 
La Comisión de Pesca pide que la línea B7-8000 incluya una partida de 125 millones de euros para cubrir la financiación de este acuerdo durante el ejercicio 2001. 
Que cada cual asuma su responsabilidad y cumpla con su obligación. 
La Comisión ejecutiva debe negociar con argumentos de peso para lograr un acuerdo razonable con Marruecos y al Consejo y a los Gobiernos afectados les corresponde impulsar políticamente esta negociación. 
. (FI) Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias a la ponente, Sra. Haug, por su extraordinario trabajo en la elaboración del presupuesto. 
Ella ha visitado nuestra comisión parlamentaria y ha tomado en cuenta de forma elogiable las propuestas de nuestra comisión. 
El objetivo de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo es mejorar la situación de empleo apoyando de forma particular a las PYME y aprovechando las posibilidades que ofrece la sociedad de la información. 
La comisión destaca la importancia de hacer un uso disciplinado y eficaz de los recursos, así como la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y de conseguir que los proyectos sean productivos. 
Nuestra comisión parlamentaria apoya las propuestas de la Comisión y ha rechazado, por carecer de fundamento, los recortes a los fondos de pago que ha presentado el Consejo. 
Nuestro objetivo es pagar cuanto antes los atrasos acumulados y poner en marcha nuevos programas con rapidez y eficacia. 
En cuanto al transporte, el centro de gravedad se encuentra en el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte. 
Se asignan cantidades meramente simbólicas para la seguridad vial, para el tráfico sostenible y para los transportes combinados. 
Quisiera que en este aspecto se experimenten mejoras en los próximos años, dado que el índice de accidentes varía más de lo esperado entre los diferentes Estados miembros, y podrían aumentarse, entre otros, los intercambios de experiencias sobre comportamientos óptimos en la circulación. 
La Comunidad también tendría que esforzarse más en desarrollar el turismo, apoyando de forma especial a las PYME de este sector. 
Nuestra comisión parlamentaria considera que la Comisión debería presentar un nuevo programa de apoyo al turismo. 
La ayuda ISPAN de promoción a la ampliación debería financiar parcialmente la puesta en marcha de proyectos para aprovechar de forma eficaz los limitados recursos existentes. 
. (FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero darle las gracias a la ponente, Sra. Jutta Haug, por su colaboración en el marco de las asignaciones presupuestarias para la cultura, la juventud, la educación y los medios de comunicación. 
Me siento especialmente satisfecha de que haya podido garantizarse la financiación de los programas SOCRATES, JUVENTD y CULTURA 2000, que finalizaban a finales del año pasado. 
La Comisión de Presupuestos también ha mostrado comprensión en el tema de la financiación del programa MEDIA PLUS, pendiente aún de realización. 
Esperemos que el Consejo y el Parlamento lleguen rápidamente a un acuerdo sobre esta cuestión. 
El éxito de las producciones audiovisuales forma parte importante de la estrategia europea. 
En cambio, siento mucho que en la votación de la Comisión de Presupuestos quedaran consignados en la reserva los fondos para servicios informativos de la Comisión. 
Es de esperar que el Pleno corrija este problema. 
El presupuesto de cultura cuenta con fondos realmente escasos. 
La UE emplea en total menos de dos euros por ciudadano en concepto de educación, programas de intercambio para la juventud, ayudas para proyectos culturales, producción audiovisual y servicios informativos. 
En cambio, se han reservado casi mil millones de euros para gratificaciones en el sector de la producción de tabaco, o sea, una cantidad tres veces mayor a la destinada en su conjunto a los programas SOCRATES, JUVENTUD y CULTURA 2000. 
Tanto al abordar los presupuestos, como en otras muchas ocasiones, la Comisión de Cultura ha expresado su preocupación por la burocratización de los desembolsos previstos en las perspectivas financieras. 
La aprobación de las solicitudes de subvención se ha demorado mucho tiempo y los abonos de las ayudas se han retrasado. 
Hay que corregir esto. 
Los ciudadanos de la Unión deben recibir un servicio bueno y eficaz. 
Se trata de algo imprescindible ya no sólo para alcanzar los objetivos de los programas, sino también de cara a la legitimidad de la UE. 
Las ayudas directas de la línea A, destinadas a aquellas asociaciones culturales y organizaciones no-gubernamentales que trabajan en provecho de Europa, suscitaron también en esta ocasión un fervoroso interés pese a su precariedad. 
En la Comisión de Cultura habíamos intentado mantenernos dentro del marco de los fondos propuestos con vistas a establecer nuestras propias prioridades, tal y como es propio a las comisiones parlamentarias especializadas. 
No lo hemos conseguido por completo. 
La Comisión de Presupuestos tampoco se ha mostrado respetuosa con todas nuestras prioridades, si bien, afortunadamente, incrementó algo las asignaciones. 
Fue de gran importancia para nosotros que la Comisión de Presupuestos acogiera positivamente la petición de la Comisión de Cultura de que la Comisón elabore un informe aclaratorio sobre la financiación recibida hasta la fecha por las diferentes organizaciones, con el fin de que podamos crear unas reglas del juego más justas y transparentes en el ámbito de la financiación de las organizaciones. 
Quiero todavía llamar la atención sobre la financiación de Euronews. 
Tanto la Comisión de Cultura como la Comisión de Presupuestos consideran importante que se garantice el nivel actual de financiación. 
Espero que la voluntad del Parlamento sea tenida en cuenta en el marco de las negociaciones entre la Comisión y Euronews. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, el presupuesto determina la cara de Europa. 
El presupuesto constituye la manifestación más importante de las prioridades de la Unión Europea. 
Mediante el presupuesto, el Parlamento Europeo puede y debe realizar sus ideales. 
Lamentablemente, los Estados miembros han cargado en gran parte a la Unión Europea año tras año con la ayuda a Bosnia y Kosovo. Esto se ha hecho una y otra vez a costa de la ayuda europea a los países más pobres. 
El Parlamento ha defendido repetidamente en el presupuesto los intereses de los países más pobres con cierto éxito, aunque insuficiente. 
La Comisión Europea apenas ha podido con la ampliación de las prioridades, y esto ha dado lugar a retrasos inaceptables en la ejecución de compromisos efectuados bajo la presión de contar con partidas presupuestarias cada vez más grandes para respaldar las operaciones de ayuda y colaboración exteriores. 
Hoy examinamos el presupuesto de 2001 con la imagen del pueblo de Serbia en nuestras retinas. 
No cabe duda de que Europa debe contribuir de forma importante a la reconstrucción de Serbia, y con ello, a la estabilización de los Balcanes. 
El empeño por la paz y la estabilidad conjunta es histórico. 
No obstante, la propia Europa tiene la responsabilidad de introducir a Serbia en el mundo democrático. 
No podemos ni debemos pasar cuenta de esto a los países más pobres. 
Europa, que hoy en día interviene como un actor mundial, también debe contribuir a reducir la pobreza. 
No se trata de una situación en la que podamos elegir si hacemos una cosa u otra, es una situación en la que hay que hacer ambas: ayudar a Serbia y a los Balcanes, y ayudar a los países más pobres ¿Cómo se traduce esto en el presupuesto de 2001? 
Tan sólo este año 1999, se han devuelto no menos de 3,2 millones de euros a los Estados miembros por no haber sido empleados. 
Incluso nuestra estimación más generosa en cuanto al dinero que necesitan Kosovo y Serbia en 2001 no superará por lo más remoto la suma de los 3,2 millones de euros. Contamos, por tanto, con los medios. 
De ahí que la pregunta relativa al presupuesto pueda reducirse a un claro asunto político, y la efectividad de la ayuda deba cuestionarse ante las justas consideraciones políticas que deben hacerse. 
Si no queremos seguir una política simbólica, debemos pensar y negociar buscando resultados. 
No se trata de lo que finalmente presupuestamos, sino de si nuestro dinero va al sitio adecuado y con el impacto que esperábamos. 
La Comisión lleva ya años sin poder utilizar los medios que presupuestamos. 
Por ejemplo, nuestra ayuda a los países mediterráneos cuenta con un retraso que afecta a los presupuestos de muchos años. 
La Comisión está trabajando ahora en un activity based budgeting con el que se puedan evitar semejantes problemas. 
En esencia, el activity based budgeting debe incluir que se determinen los medios necesarios para ejecutar de forma efectiva cada línea presupuestaria adoptada. 
Si nos aseguramos, señor Presidente, de que lo presupuestado también pueda, en efecto, gastarse de forma efectiva; consecuentemente, debemos formularnos la pregunta de si la ayuda llega en realidad a los más necesitados. 
Creo que debemos cambiar nuestra forma de pensar. 
El presupuesto que establecemos entre todos nosotros debe reflejar nuestras prioridades, debe resultar comprensible para el ciudadano y debe, además, estar dirigido a lograr resultados. 
De ahí que hayamos propuesto en nuestras líneas presupuestarias, en las que son relevantes, adoptar objetivos de partida. 
Estas líneas indican, en nuestra opinión, qué sectores deben beneficiarse directamente de la ayuda presupuestada para determinadas regiones. 
De ahí que nos hayamos ocupado de duplicar la ayuda en materia de escolarización y asistencia sanitaria. Esto es necesario para que la ayuda, señor Presidente, llegue directamente a las personas que más la necesitan. 
. Señor Presidente, yo querría, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, pedir al Parlamento su apoyo para que se aprueben definitivamente las enmiendas que ya aprobó la Comisión de Presupuestos. 
No es exactamente lo que nosotros habíamos pedido. 
En algunos casos se ha rebajado la cantidad que habíamos solicitado pero, en conjunto, estamos satisfechos porque creemos que se va a mantener una preocupación por facilitar la promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades mediante las medidas siguientes: 
Acciones de información para la política agrícola común- donde la mujer desempeña un importantísimo papel, un trabajo no reconocido- dentro del programa EQUAL destinado a facilitar el empleo de la mujer en la estrategia comunitaria para la igualdad de oportunidades- informe que ayer examinamos- y que hoy, lamentablemente, ha sido devuelto a comisión. 
La incorporación de la mujer a la sociedad de la información, de enorme importancia para el futuro; la ayuda económica a las mujeres en los países de la Europa Central y Oriental, en los países MEDA; la lucha contra el turismo sexual en los países terceros, donde hay un enorme problema que afecta particularmente a las mujeres; y la promoción y la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres. 
También hemos de tener presente que todo esto está relacionado con la lucha, que se realiza a través del programa DAFNE, contra la violencia doméstica. 
En conjunto, nosotros querríamos que se aprobaran estas enmiendas. 
Esperamos que así sea. 
Quiero mencionar otra enmienda relacionada con las organizaciones de mujeres: la comisión aprobó una cantidad para el lobby europeo de mujeres. 
Luego un grupo de diputados presentamos en la Comisión de Presupuestos una modificación- que fue aprobada- para que se ampliara esta línea presupuestaria a otras organizaciones de mujeres a fin de dar una muestra de pluralismo y de respeto a todas las opciones y a todas las sensibilidades políticas que hay en la Unión Europea. 
Esperamos también que esta línea sea aprobada. 
Para esta línea presupuestaria habíamos solicitado en la comisión una cantidad mayor de la que al final se ha asignado, pero en conjunto, como decía antes, estamos satisfechos y esperamos la aprobación final. 
Señor Presidente, en los debates de años anteriores hablé en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, a la que ha representado la Sra. Iivari esta tarde. 
La verdad es que se gastan muy pocos fondos. 
Apoyo totalmente las observaciones formuladas por la Sra. Iivari, que ha señalado ese problema a nuestra atención. 
Este año hablo en nombre de la Comisión de Peticiones, en la que gastamos menos fondos incluso, prácticamente nada. 
Tal vez deba ser así. 
Desde luego, como ponente sobre el presupuesto, agradezco las buenas relaciones que hemos tenido con el Sr. Ferber. 
Al hablar esta tarde, recomiendo a la Asamblea estas líneas presupuestarias dedicadas a la labor de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo Europeo. 
Un deber primordial de todo Parlamento elegido es el de proteger los intereses de los ciudadanos particulares contra el ejecutivo. 
En nuestro caso, debemos velar no sólo por que la Comisión respete la política europea, sino también por que los Estados miembros lo hagan también y cumplan con las obligaciones que les impone el Tratado. 
No siempre están dispuestos a hacerlo. 
No hay mejores custodios de los Tratados que los ciudadanos europeos. 
Una importante forma como los ciudadanos europeos pueden velar por que se aborden sus preocupaciones es la de recurrir al Defensor del Pueblo o hacer peticiones al Parlamento. 
Para nosotros es un proceso barato; para los ciudadanos, gratuito. 
Compárese con la reparación por mediación de los tribunales de justicia. 
Insto a la Asamblea a que procure que el Defensor del Pueblo tenga el personal adecuado para hacer su trabajo adecuadamente y que la Comisión de Peticiones cuente con los instrumentos idóneos para hacer su trabajo adecuadamente. 
En particular, este año hemos pedido- y creo que contaremos con el apoyo de la Asamblea al respecto- que se procure que haya fondos adecuados este año con vistas a que podamos disponer de una base de datos adecuada a fin de que los diputados, el personal y los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones y vean sus avances en el Parlamento. 
Ya ha habido importantes avances. 
En este momento tan sólo los ciudadanos no tienen acceso a la base de datos. 
Espero que muy pronto cuenten con esa posibilidad. 
Quisiera señalar a la atención de sus Señorías que la cuestión sobre la que se nos han presentado peticiones es la del fraude y la mala gestión de los fondos en la Unión Europea. 
Debemos ser conscientes de ello. 
Pero quisiera decir al Parlamento esta tarde que no debemos perder de vista que la UE gasta tan sólo el 1% del PIB y la administración de una gran parte corre a cargo de los Estados miembros. 
Si hemos de buscar despilfarro y fraude, no lo encontraremos sólo en la Unión Europea. 
En las últimas semanas, he seguido lo que la prensa ha ido contando sobre casos de fraude, despilfarro y mala gestión tan sólo en Gran Bretaña: fraude a la seguridad social: 4.500 millones de libras británicas; oficinas que investigan 81 casos de fraudes graves, que ascienden a 1.400 millones de libras británicas; fraude en las prestaciones en materia de vivienda: 185 millones de libras británicas; fraude en transferencias bancarias: 240 millones de libras británicas. 
En un solo mes he encontrado esos casos. 
El pasado fin de semana, sin ir más lejos, supimos que el general Abacha de Nigeria había blanqueado 4.500 millones de libras británicas mediante bancos de Londres sin que las autoridades competentes se enteraran. 
Conque, desde luego, debemos velar por que nuestros asuntos estén en orden en Europa, pero quien informe sobre estos asuntos no debe olvidar que no es sólo la Unión Europea la que necesita abordar esas cuestiones en serio. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando efusivamente a nuestros ponentes, que han preparado nuestros debates hoy en nombre de nuestra comisión. 
Los dos han hecho un trabajo excelente para nosotros y sé que no es fácil coordinar la posición de otros, por haber sido yo mismo ponente. 
En el marco de nuestro debate de hoy, debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos en nuestro presupuesto para velar por que nuestras instituciones europeas estén listas para la próxima fase de ampliación, en cuanto a estructuras de las instituciones y a una gestión mejorada de la aplicación de las políticas. 
Paso primero al presupuesto del Parlamento. 
Nuestro ponente, el Sr. Ferber, estaba absolutamente en lo cierto al decir que no debemos colocar puestos en reserva con vistas a la ampliación en esta fase: la consigna debe ser "más prisa, menos velocidad". 
En el Parlamento debemos coordinar con las otras dos instituciones lo que debemos hacer desde el punto de vista de la ampliación en cuanto a traducción, interpretación, edificios y personal y debemos elaborar un plan conjunto entre nosotros. 
Nuestra administración debe ser muy prudente respecto del sector lingüístico. 
Al fin y al cabo estamos pensando en la ampliación para diez países y no sólo cinco, por lo que debemos tener una visión más amplia. 
En segundo lugar, debo hacer una observación concreta sobre la categoría 4 y nuestras políticas exteriores. 
Sabemos que nuestros debates sobre el presupuesto lo abordarán en muchas ocasiones. Pero quisiera abundar en las observaciones de la Comisaria Schreyer, quien ha dicho que hay varios instrumentos, varios medios mediante los cuales podemos llegar a un acuerdo sobre lo que se pide para este año, ya se trate del instrumento de flexibilidad o, de hecho, de la reserva negativa, en la que tal vez pudiéramos encontrar los créditos disponibles para este año, pese al problema de su gestión en la práctica. 
Debemos recordar que hay otros medios, aparte de revisar necesariamente la perspectiva financiera. 
Pero, naturalmente, mi Grupo hablará con una sola voz, al decir que debemos resolver este problema lo antes posible para disponer de una perspectiva a largo plazo sobre cómo se utilizará la ayuda de la Unión Europea en MEDA y en CARDS. 
Permítaseme pasar a la estrategia global. 
Éste es el primer debate sobre el presupuesto desde hace mucho tiempo sin una controversia importante entre el Parlamento y la Comisión. 
El acuerdo marco entre nuestras dos instituciones está ahora en funcionamiento, aun cuando unos pocos diputados lo pongan en entredicho. 
No hay ninguna aprobación de la gestión pendiente, el proceso de reforma iniciado por la última Comisión a instancias de nuestro Parlamento ha continuado en serio a cargo de esta Comisión. 
Se han logrado algunos avances, pero falta mucho por hacer. 
Esos antecedentes son los que resultan decisivos para el planteamiento de mi Grupo respecto del presupuesto para 2001. 
Por haber estado siempre en la vanguardia en pro del cambio en las instituciones europeas- por ejemplo, con nuestro apoyo para que no se concediera una aprobación de la gestión del presupuesto de 1996 -, ahora estamos absolutamente decididos a que no se difumine el proceso de reforma, cuando cuestiones más amplias y más políticas empiecen a predominar en nuestro orden del día de aquí a la cumbre de Niza. 
Hemos centrado nuestra actuación en tres sectores concretos: una mejor ejecución del presupuesto, una gestión más eficaz de las políticas europeas y una aplicación lograda del plan de reforma con referencia particular a los nuevos puestos pedidos por la Comisión. 
Antes de llegar a eso, unas palabras sobre la posición de los conservadores británicos. 
Para sorpresa de muchos de los miembros de mi delegación, a comienzos de septiembre establecimos unánimemente una estrategia básica y las 400 enmiendas introducidas por algunos de mis colegas nos resultaron en cierto modo una sorpresa a muchos de los miembros de la Comisión de Presupuestos. 
Si bien el objeto de algunas era legítimo- mejorar el control financiero de esta Asamblea sobre el presupuesto -, el de otras era destructivo: no ahorrar fondos, sino suprimir organizaciones muy valiosas, como, por ejemplo, la Orquesta Juvenil de la Unión Europea. 
Al final, la faceta moderada del conservadurismo ha prevalecido en la mayoría de los casos sobre la más ideológica e inaceptable. 
Ahora se han vuelto a presentar 30 enmiendas, además de las de nuestra estrategia básica. 
Personalmente, yo no las subscribí, porque una o dos de ellas aún van demasiado lejos. 
Sin embargo, una mayoría substancial de la delegación conservadora desea desempeñar un papel constructivo en el proceso europeo... a diferencia de uno o dos diputados que sólo piensan en desconstruir lo que hay aquí. 
Con esto paso a la estrategia de nuestro Grupo, porque lo fundamental de nuestra concepción es el deseo de que los fondos tengan un rendimiento adecuado para los ciudadanos europeos. 
Queremos estar seguros de que se gasten los fondos reservados para fines concretos en el presupuesto y no se acumulen año tras año. 
Ésa es la razón por la que hemos pedido una estrategia a la Comisión para abordar el retraso en los compromisos, en particular en materia de políticas exteriores, al final de 2003, a más tardar. 
Abrigo la esperanza de que el Consejo pueda también acordar esa estrategia. 
Comprende una limitación de la duración de los compromisos, para la que será necesario el asentimiento del Consejo. 
Señor Presidente del Consejo, si estuviéramos seguros de que se estuviesen gestionando mejor ciertas políticas, mi Grupo podría incluir más pagos en la línea. 
En segundo lugar, hemos creado reservas en varias partes del presupuesto en los casos en que consideramos que la gestión de los fondos disponibles es deficiente, en particular reservando sumas importantes en la política exterior y con vistas a que la cantidad total sea acordada entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria basándonos en la idea de la reserva de resultados. 
Creemos que es una buena idea, porque, si vemos que las cosas funcionan bien, a eso se dedican los créditos. 
No se dedican a programas que no funcionan eficazmente. 
En tercer lugar- y en relación con esos asuntos -, está la petición de más puestos. 
Comprendemos que necesitan más personal, pero lo que más nos interesa es no satisfacer esa petición hasta que esté muy avanzado el proceso de reforma de las instituciones. 
Resulta difícil pensar que el aumento de puestos vaya a resolver el problema de la gestión, si sigue habiendo procedimientos anticuados y complejos en la Comisión y el Consejo para abordar los numerosos problemas existentes. 
La Sra. Schreyer ha hecho una propuesta interesante, que debemos examinar, sobre la idea de una reserva de resultados en la categoría 5, de modo que hubiera algunos puestos disponibles y después pudiésemos conceder más a medida que mejorara el proceso. 
Ésa es la razón por la que hemos pedido un diálogo tripartito lo antes posible, una vez que concluya esta lectura, para que podamos pasar al fondo de los debates. 
Una mayor eficacia en la Comisión y una gestión más eficaz de las políticas durante el período de vigencia de la perspectiva financiera actual infundirá más confianza a los ciudadanos europeos, en el sentido de que se están utilizando bien los fondos con cargo a sus impuestos y de que es la única forma de velar por que la UE alcance los fines de consolidación dentro de sus fronteras después de la cumbre de Niza y la ampliación gradual de la UE al Este. 
Estamos procurando restablecer la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. 
Una Comisión débil y un Parlamento itinerante no redundarán en beneficio de Europa. 
Al contrario, debemos laborar en pro de un Parlamento que haga campaña a favor de la transparencia, la eficiencia y el control democrático eficaz de las instituciones europeas. 
Muchas gracias, señor Elles. 
Tenía usted, efectivamente, cinco minutos. 
Aunque usted no lo sabe, generosamente había cedido dos minutos al Sr. Bourlanges. 
En cualquier caso, la Presidencia ha querido premiar no sólo su elocuencia, sino su buena fe, porque estamos seguros de que usted estaba convencido de que tenía siete minutos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Consejo, yo quisiera manifestar en primer lugar mi sincero agradecimiento a los cuatro ponentes que han preparado nuestro debate de hoy. 
Han realizado un trabajo francamente excelente y yo creo que éste merece también un reconocimiento en esta sesión plenaria. 
Después de las tensiones que vivimos el año pasado- incluidas las consiguientes crispaciones -, es una gran satisfacción haber podido constatar que existe una base de negociación y un clima favorable a la misma, particularmente con el Consejo, que permitirá trabajar de manera objetiva y concreta, sin enzarzarnos en disputas inútiles, sino intentando resolver efectivamente los problemas que se nos plantean. 
Esto también incluye, naturalmente, la necesidad de decir a veces las cosas sin rodeos al contribuyente y a quienes nos escuchan, con el fin de que puedan hacerse una idea real de los condicionantes bajo los cuales trabajamos. 
Esta Asamblea ha demostrado repetidamente en los últimos años que basa su trabajo en el principio de una rigurosa austeridad. 
Es un cuento falso afirmar que lo único que nos ha movido siempre es la voluntad de desembolsar la mayor cantidad posible. 
¡Nuestro enfoque no es ese! 
Señor Presidente del Consejo, cuando, considerando tan sólo el cumplimiento de los límites de gasto, se constata que en los últimos cinco años nos hemos mantenido 15.000 millones por debajo de dicho límite, es preciso reconocer que esta Asamblea se ha esforzado por utilizar con la máxima eficacia los recursos. 
No obstante, tampoco estamos dispuestos a tirar sencillamente por la borda, cuando surgen nuevas necesidades, algunas cosas que a nuestro modo de ver son necesarias y así se ha reconocido tras las negociaciones mantenidas con ustedes y con la Comisión. 
No podemos defraudar la confianza que han depositado en nosotros unas personas porque otras llaman a la puerta. 
Cuando esto ocurre tenemos que reflexionar cómo podemos resolver este problema. 
En el pasado siempre nos atuvimos- y es algo que también valoramos mucho- a lo que habíamos decidido conjuntamente en el marco del Acuerdo Interinstitucional y de las perspectivas financieras. 
Si este año las tasas de incremento parecen elevadas, el principal motivo es que los mayores incrementos corresponden al sector en el que tenemos menos poder de codecisión. 
Me refiero al sector agrario. 
No es mi intención lamentarme por ello. 
Se ha modificado la política y esta modificación se debe financiar, de eso no me quejo, pero también espero que el Presidente del Consejo no venga luego y nos diga que el incremento es desproporcionado, que sus presupuestos nacionales son austeros y que nosotros queremos gastar cuanto más mejor. 
Esto no es cierto, pues los gastos obligatorios los decidieron principalmente ustedes y éstos se incrementan en la misma medida. 
Si nos fijamos en los datos- un incremento del 6,3 % en el sector de los gastos obligatorios y un 0,23 %, según sus deseos, en los sectores de nuestra competencia -, salta a la vista quién gestiona efectivamente con rigor los recursos para desarrollar sus políticas y cuál es el origen de los incrementos. 
Con todos los respetos por el hecho de que los Ministros de Finanzas nacionales hayan comenzado a descargar de deudas los presupuestos nacionales y a reducir efectivamente los compromisos heredados del pasado, con el fin de conceder su oportunidad a las generaciones futuras, ¡también nosotros tenemos compromisos heredados del pasado! 
No podemos endeudarnos y seguramente es bueno que así sea. 
Pero hemos heredado del pasado promesas y declaraciones, políticas formuladas conjuntamente, que en algún momento también habrá que transponer en forma de pagos. 
No es admisible que durante años se hable despreocupadamente de compromisos y siempre se prometa cumplirlos, pero cuando llega el momento de pagar, entonces se diga que son excesivos y hay que recortarlos un poco. 
Yo creo que es muy importante que el Consejo comprenda al fin que los pagos son los compromisos del pasado, los cuales también se deben cumplir en la práctica. 
Para hacer frente a estos pagos se pueden adoptar dos enfoques. 
El Sr. Elles ha dicho que, evidentemente, podemos reducir los compromisos y mantener los pagos, y llegará un momento en que nos cuadrarán las cuentas. 
Sin embargo, esto significa que deberíamos examinar con lupa nuestras políticas y reducirlas. 
En tal caso, yo quiero señalar sin rodeos que el fundamento del Acuerdo Interinstitucional y de las perspectivas financieras son las políticas que decidimos conjuntamente. 
No sólo lo han sido, sino que siguen siéndolo bajo unas nuevas condiciones políticas europeas, sobre todo porque es mucho lo que está en juego. 
Por ejemplo, queremos combatir el desempleo. 
Un objetivo destacado de este presupuesto es la voluntad común de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean la mayor parte de los puestos de trabajo en el marco del proceso económico de la Europa actual. 
Queremos hacer algo en este aspecto y para ello hemos previsto dotaciones muy concretas en el presupuesto. 
También queremos contribuir a la lucha contra la exclusión y ayudar a los más débiles entre los débiles. 
Hemos elegido como una de nuestras políticas redistribuir una parte de las subvenciones directas en el sector de la agricultura para reforzar el fomento del desarrollo rural. 
Esta es una prioridad para el Parlamento, muy especialmente porque tenemos poder de codecisión en este ámbito. 
Vamos a velar porque este ámbito se consolide. 
Este año hemos procurado que se utilicen todas las cantidades previstas, porque es preciso desarrollar una política adecuada a favor de las zonas rurales y de las personas que allí viven. 
Estamos dispuestos a colaborar con el Consejo y con todas las demás instituciones con este objeto. 
Hablo en mi calidad de socialista. 
Tradicionalmente se ha reprochado a los socialistas que no son primordialmente el partido de los agricultores o de las zonas rurales. 
En este momento lo somos claramente pues creemos en la igualdad de oportunidades. 
También tenemos otras prioridades en el ámbito de la política exterior. 
Queremos combatir la pobreza en todo el mundo. 
Queremos impulsar los procesos de democratización y queremos mantener una relación equilibrada entre los campos tradicionales de la política exterior que ahora debemos atender. 
Un enfoque constructivo de la ampliación al Este y a la vez una política mediterránea bien meditada y financiada son dos aspectos que deben ir unidos a nuestro parecer. 
En este contexto es preciso actuar al unísono. 
Quien promueva la ampliación al Este debe saber que el Mediterráneo también es un aspecto importante de nuestra situación geopolítica que debemos atender. 
La última cuestión que se ha sumado a todo ello y que gracias a dios nos está creando muchos problemas- pues la causa de los mismos es que ha habido una democratización- es el tema de los Balcanes. 
Cuando en estas circunstancias usted viene y nos dice, señor Presidente del Consejo, que todo ello se debe financiar con los recursos presupuestarios existentes, yo sólo quisiera recordarle una cosa: tan sólo durante este año hemos puesto a disposición 200 millones a través de los instrumentos de flexibilidad y otros 180 millones de la reserva de urgencia. 
Por consiguiente, sólo en este ejercicio vamos a consignar 380 millones de nuevos fondos destinados a los Balcanes y vamos a ponerlos a disposición. 
Este problema nos seguirá preocupando durante los próximos seis o siete años y seguramente aún después. 
Cuando por otra parte constatamos que este año ya hemos consignado 380 millones de nuevos fondos, nadie puede decirme que, cuando se calcula que durante los próximos siete años se requerirán 5.500 millones para Serbia, por ejemplo, sencillamente podemos obtener por arte de magia esta suma de otro sitio. 
¡Esto es imposible! 
Estamos dispuestos a examinar nuestro presupuesto para localizar aquellos aspectos en los que es posible mejorar la eficacia. 
Así lo estamos haciendo paralelamente a la reforma de la Comisión, en cuyo contexto también nos preguntamos cómo podemos mejorar la eficacia global de las políticas. 
Un enfoque es crear una reserva y examinar luego detenidamente los progresos realizados antes de liberar los créditos. 
Un segundo enfoque es el que están aplicando ustedes en la Comisión, concretamente cuando basan la reforma de la Comisión en la posibilidad de disponer de más personal, con objeto de poder desarrollar efectivamente todas las tareas adicionales que formulamos en el pasado. 
Lo peor que nos puede ocurrir es despertar esperanzas y luego tenerlas que defraudar. 
En este contexto, permítanme que añada una última observación relacionada con un debate actual. En esta Asamblea se ha debatido en los últimos años y también este mismo año si, en el caso de desastres naturales, las personas afectadas por los mismos pueden recibir ayudas con cargo al presupuesto del Parlamento Europeo. 
Yo quiero decir muy claramente que me parece imperdonable que se dé a las personas afectadas por desastres naturales la impresión de que con ello vamos a poder resolver todos los problemas que sufran por esa causa. 
Consignamos sólo unos pocos millones- no puede ser mucho más- y en ese momento les hacemos promesas suculentas, y luego, cuando realmente lo necesitan, volvemos a retirarlas. 
Dado que a principios de año ya hubo un par de catástrofes, a finales de año hubiésemos debido decirle a la gente: "lamentablemente, ya no nos queda nada para ustedes". 
Cuando la población del norte de Italia, que ahora necesita ayuda, acudiera a Europa, tendríamos que decirle: "lo sentimos mucho, pero ya no podemos hacer nada; ¡lo gastamos todo en enero, febrero o marzo !" 
¡Esto me parece una irresponsabilidad! 
¡No podemos transmitir esta imagen de Europa! 
Si anunciamos algo, si prometemos algo, si decimos que podemos y queremos ayudar, tenemos que poder hacerlo. 
Tenemos que organizar nuestras estructuras políticas de manera que esto sea posible. 
Tenemos que examinar detenidamente lo que definimos como aspectos centrales de nuestra política y debemos aunar esfuerzos para poder financiar debidamente lo que nos proponemos hacer en esos ámbitos. 
Los socialistas ofrecemos expresamente nuestra cooperación para este empeño. 
Yo aguardo con interés las próximas conversaciones con la Comisión y el Consejo, y espero que alcancemos unos buenos resultados a favor de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, la Sra. Jutta Haug y el Sr. Markus Feber han realizado un gran trabajo en la elaboración del Presupuesto de la UE para el próximo ejercicio. 
Quiero felicitarles y agradecerles también su constructiva colaboración. 
Igualmente, quiero darles las gracias a la Sra. Rühle, al Sr. Colom i Naval y, especialmente, al Presidente de la comisión parlamentaria, Sr. Terence Wynn. 
El presupuesto del ejercicio 2001 es el segundo de la actual legislatura. Este presupuesto continúa la política presupuestaria que fue esbozada en el Acuerdo interinstitucional hace algo más de un año. 
Mi Grupo está satisfecho de que se haya aplicado un gran rigor presupuestario en la elaboración del presupuesto. 
Es un acierto que la comisión parlamentaria haya establecido como asunto prioritario la reducción de los atrasos impagados. 
Los Fondos estructurales tienen alrededor de un año de atrasos pendientes y, por ejemplo, el programa MEDA arrastra incluso ocho años. 
La administración de la UE ha sido inexcusablemente ineficiente, ya que, por ejemplo, la primavera pasada fueron devueltos a los Estados miembros alrededor de tres mil millones de euros en concepto de fondos no empleados. 
Señor Presidente, el fomento de la educación y la cultura, del empleo y de las actividades de las PYME se ha constituido como centro de gravedad de estos presupuestos. 
Hoy por hoy, la peor plaga de la UE es el desempleo. 
Por ello, cabe incrementar de forma importante la financiación de todas las inicativas que luchen contra el desempleo. 
El apoyo de las PYME también tiene como punto de mira la reducción del desempleo, puesto que son precisamente estas empresas las que crean nuevos empleos con mayor eficacia. 
Los mayores problemas en el anteproyecto de presupuestos están relacionados con las acciones externas. 
La causa principal es la Agenda 2000, en cuyo marco no hay bastantes fondos para la reconstrucción de los Balcanes. 
La zona de los Balcanes ha sido durante siglos el polvorín de Europa y sigue siéndolo en la actualidad. 
Sin embargo, en Berlín sólo se reservaron 1.850 millones de euros para el desarrollo de esta zona, mientras que en el período anterior se emplearon 4.500 millones de euros. 
El Consejo redujo en 200 millones de euros los fondos destinados a los Balcanes, a pesar de que tenemos por delante un ingente trabajo de reconstrucción tras los bombardeos de la OTAN. 
Si la UE y sus Estados miembros tienen la intención de respaldar sus promesas sobre la reconstrucción de los Balcanes, ello debe hacerse patente también en forma de financiación, y no sólo en las declaraciones. 
La guerra de los Balcanes, los bombardeos que duraron meses y la inmensa destrucción provocada darán lugar a un sentimiento de odio y de amargura entre los habitantes de la región, sentimiento que permanecerá incluso durante generaciones, a no ser que la UE asuma también su responsabilidad en la reconstrucción. 
La Comisión de Presupuestos ha adoptado una postura constructiva en cuanto a la financiación. 
La comisión quiere iniciar negociaciones con el Consejo a fin de entrever el modo de aprovechar todas las posibilidades que ofrece el Acuerdo interinstitucional para solucionar los problemas. 
La comisión también aspira a crear un marco financiero plurianual para los programas CARDS y MEDA. 
Esto nos ahorraría las discusiones anuales que han marcado la elaboración del Presupuesto de la UE durante los dos últimos años. 
Señor Presidente, con estas observaciones quiero apoyar, en nombre de mi Grupo, la línea presupuestaria que la Comisión de Presupuestos ha presentado para el próximo ejercicio. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero felicitar a los ponentes. 
Nuestro Grupo va a hacer suyas una gran parte de sus propuestas. 
Sin embargo, rechazamos la estrategia de la Izquierda Unitaria Europea, que ayer propuso de manera sorpresiva en la Comisión de Presupuestos el rechazo del presupuesto. 
Nos parece una estrategia políticamente poco seria a la vista de los problemas urgentes que existen en Serbia y también en Kosovo. 
Si bien en muchos aspectos compartimos sus críticas, no está claro que se haya llegado a un enfrentamiento político sin posibilidad de mediación y que socavaría la credibilidad de las instituciones europeas. 
El presupuesto 2001, igual que ya ocurrió con el del año pasado, se ha tenido que enfrentar con conflictos prácticamente insolubles entre la presión a favor de la consolidación y la austeridad, tal como se decidió en el marco del Acuerdo Interinstitucional con objeto de garantizar la financiación de la ampliación, por un lado y, por el otro lado, la apremiante necesidad de financiar el Pacto de Estabilidad para los Balcanes. 
Este conflicto se ha agravado, a nuestro parecer, debido a la política del Consejo, que promete despreocupadamente ayuda a todos y contribuye a acentuar los conflictos internos con promesas financieras, sin afrontar seriamente el tema de la financiación. 
Esta es la impresión que causa a muchas personas la política del Consejo vista desde fuera. 
En cambio, se espera que el Parlamento financie las promesas introduciendo cada vez nuevos recortes. 
Con ello se mina de manera sistemática el margen de maniobra política del Parlamento, hasta que finalmente quedamos reducidos a ser tan sólo los auxiliares ejecutivos del Consejo. 
Nosotros creemos que esto no puede seguir así. 
Sin embargo, no resulta sencillo hallar una solución. 
Es un hecho que la futura ronda de ampliación va a someter a la Comunidad a una dura prueba. 
La financiación es un ejercicio de equilibrio entre diferentes necesidades- la financiación que requieren los nuevos Estados miembros y las posibilidades financieras de los países donantes -, y los recursos públicos son limitados. 
Desde luego, es necesaria una gestión rigurosa; nosotros la apoyamos y no deberíamos intentar eludirla. 
También sabemos que muchos proyectos y muchos programas se han desprestigiado porque no se han desarrollado de manera satisfactoria. 
Necesitamos con urgencia una estrategia a medio y largo plazo que nos evite tener que contraponer ámbitos de actuación importantes como el programa MEDA y el Pacto de Estabilidad para los Balcanes. 
Nos preocupa que la presente propuesta del Parlamento, que nosotros apoyamos en una gran parte, entrañe este riesgo. 
Tememos que, llegado el caso, la reserva de flexibilidad no se utilice para financiar el programa MEDA, sino que finalmente se dedique a compensar las nuevas necesidades de financiación en Serbia. 
Esperamos que en las próximas semanas consigamos desarrollar una estrategia común para contrarrestar esta tendencia. 
También necesitamos con urgencia una estrategia común para mejorar la gestión. 
Esto plantea la correspondiente necesidad de personal y también en este aspecto queremos formular una crítica contra las decisiones adoptadas por mayoría en comisión. 
Tememos que la mayoría ha sido víctima de sus propias tácticas. 
Las exigencias de un mayor rendimiento también requieren más personal. 
A nuestro parecer, es imposible explicar a la opinión pública que dicha exigencia de un mayor rendimiento vaya unida a la petición simultánea de que los créditos destinados al personal se consignen en la reserva. 
También tenemos críticas contra las decisiones en relación con el programa LIFE. 
Confiamos que la mayoría del Parlamento sea de otra opinión y, en consecuencia, vote en otro sentido el jueves, de manera que podamos volver a retirar el programa LIFE de la reserva. 
Por esto, yo quiero repetir antes de acabar que en conjunto agradecemos el buen trabajo que han realizado los ponentes, Sr. Ferber y Sra. Haug, pero en dos o tres aspectos mantenemos discrepancias, que no obstante confiamos que aún podremos superar. 
Sobre todo, instamos a la mayoría de la Asamblea a que vuelva a reconsiderar seriamente si es preciso consignar la totalidad del personal- o sea, los 400 puestos- en la reserva y si no sería posible adoptar otra decisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Presidencia francesa de la Unión se termina en el momento en que este Parlamento vota el presupuesto 2001. 
Es preciso constatar, y lamentar que, para nosotros los diputados franceses, el Consejo ha faltado a una misión tradicional de la política francesa. 
Es verdad en relación con los agricultores europeos, con una reducción de más de medio millar de euros para la rúbrica 1; también es verdad, lamentablemente, y varios lo mencionaron en este hemiciclo, respecto a los países mediterráneos, con la amputación de los fondos del programa MEDA. 
Efectivamente, es el peor mensaje que podía darse a los vecinos y amigos del contorno mediterráneo en el momento de la ampliación. 
Por tanto, no queda sino sostener la actitud del Parlamento y la enmienda en favor de MEDA, restableciendo los créditos de la APB, así como hay que alegrarse del aumento significativo del gasto agrícola y del lugar especial que se concede al segundo pilar de la PAC- la promoción del espacio rural -, incluso si ha de deplorarse la situación de la Comisión de Presupuestos que rechazó casi la totalidad de las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural encaminadas a compensar las drásticas reducciones del Consejo en el sector de las frutas y legumbres, así como en el sector porcino. 
En el ámbito de la ayuda exterior, ¿sabremos colmar las esperanzas de Kostunica, que no dudaba, estos últimos días, en afirmar que gracias a la propia Providencia Francia se encontraba a la cabeza de la Unión en estas horas decisivas para los serbios y para el continente? 
El importe de la ayuda concedida a los Balcanes podría hacerlo pensar, tanto para los 200 millones desbloqueados en el presupuestos 2000 a título de ayuda de urgencia, como para los créditos 2001 que representan, a pesar de todo, un aumento de más del 30% en relación con el presupuesto 2000. 
Dicho esto, la importancia de la dotación para Kosovo no deja de plantear algunos problemas. 
Ante los créditos que pudieron concederse en los primeros meses del año 2000, cabe interrogarse sobre la capacidad real de absorción por parte de Kosovo de los 350 millones previstos para 2001. Sin embargo, la victoria del presidente serbio, sobre todo, nos obliga de ahora en adelante a reconocer a Belgrado como único interlocutor para toda decisión, toda intervención, toda ayuda encaminada a través de las provincias de la República Federal de Yugoslavia. 
Desde la caída de Milosevic, la Unión Europea ya no tiene pretexto. 
La política de ayuda a los Balcanes debe abarcar de ahora en adelante, de manera generalizada, a Serbia, provincia empobrecida por nuestros bombardeos del año pasado y por nuestras sanciones económicas que tan duramente la han afectado. 
La ayuda que proponemos aportar no debe amenazar, sino más bien preservar la identidad nacional serbia. 
Por tanto, cabe recordar que Kosovo, como Montenegro, forma parte integrante de la República Federal de Yugoslavia. 
Cesemos entonces las ayudas directas a estas provincias, a veces sin fundamento jurídico, como fue el caso en este hemiciclo, hace poco tiempo, a propósito de Montenegro, ayudas directas que sirven sobre todo a alimentar los movimientos separatistas. 
Para terminar, nos parece evidente recordar que para nosotros, la ayuda a los Balcanes no justifica de ninguna manera la petición de revisión de las perspectivas financieras. 
Cada fin de ejercicio presupuestario deja aparecer un excedente que muestra que el importe de los créditos votados no corresponde a las necesidades reales. 
Es posible hacer ahorros sustanciales, ya sea que se desprendan de la subejecución de ciertos programas, o que la Unión Europea se decida por fin a dejar de utilizar las líneas presupuestarias con fines de propaganda europeísta. 
Y en este caso, los ejemplos son, lamentablemente, numerosos: del tratamiento privilegiado a las asociaciones con vocación federalista o a las numerosas ONG con una función, una filosofía y un funcionamiento de lo más discutibles, a la financiación de los partidos políticos europeos, pasando por las cantidades engullidas en el programa Prince, para intentar persuadir a los ciudadanos de los Estados miembros de lo bien fundado del euro en un momento en que la moneda europeo experimenta una pérdida de confianza en gran parte compartida por los europeos, desde nuestros amigos daneses hasta los dirigentes del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, como siempre voy a intervenir en nombre de los diputados electos de la Lista Bonino, en primer lugar, para sumarme a las felicitaciones que han recibido ambos ponentes por el trabajo realizado a lo largo de estos meses y, en general, por el trabajo realizado por la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, al escuchar la excelente, bien argumentada y ponderada argumentación del Sr. Wurtz, es difícil no aceptar por lo menos el fondo de su razonamiento, aunque no el método que preconiza. 
Lo que está claro es que también nosotros estamos convencidos de que sin una responsabilización del Parlamento y del Consejo en cuanto a la necesidad de echar mano a la cartera, echar mano ante todo a la utilización del instrumento de flexibilidad pero, también, a la revisión de las perspectivas financieras, es difícil no compartir el análisis según el cual huimos de nuestras responsabilidades con la conciencia sucia por no ser capaces de hacer frente a nuestros compromisos tanto los que hemos contraído en Biarritz como los que hemos adquirido a lo largo de los años con muchos otros socios. 
No estamos de acuerdo con el método, por lo que en esta primera lectura depositamos nuestra confianza en el enfoque de la ponente, a pesar de lo que ocurrió ayer por la tarde en la Comisión de Presupuestos, esperando que éste sirva de base para una negociación efectiva, entre la primera y la segunda lectura, con el Consejo. 
En todo caso, es evidente que el problema planteado por el Sr. Wurtz es muy importante. 
Creo que sin una revisión no seríamos serios con nosotros mismos ni tampoco con nuestros socios, sobre todo en el período 2001-2006. 
Señor Presidente, el presupuesto de la Unión Europea es el instrumento por excelencia con el que la Unión concreta políticamente los puntos de atención y los puntos claves. 
Con él debemos, en tanto Parlamento, velar por los intereses de todos los ciudadanos europeos. Puede tratarse de ciudadanos que deseen que la Unión crezca hasta convertirse en una federación, pero también puede tratarse de ciudadanos que miren escépticamente a Europa, tal como ha demostrado recientemente el pueblo danés. 
La Sra. Haug ha mantenido, en tanto ponente, una línea política que, lamentablemente, sólo tiene en cuenta a los defensores de una Europa federal. Una línea en la que, al igual que su antecesor Bourlanges, intenta superar claramente los límites financieros. 
El Comisario Patten nos ha mostrado en repetidas ocasiones durante los últimos meses el enorme retraso que tiene la Unión Europea respecto de los pagos. 
Desgraciadamente, la ponente todavía no alcanza a comprenderlo y de ahí que sea necesario mantener un compás de espera. 
"Let's do better with less", tal como el Comisario Patten ha dicho; la ponente no lo ha sabido apreciar. 
La política presupuestaria tiene que ocuparse de que el ciudadano confíe en la política europea. 
Que la confianza ha desaparecido, se deduce claramente de la caída del euro, que ha perdido ya un 30% de su valor respecto del yen y del dólar americano desde su introducción. 
La confianza no se despierta por destinar incluso más dinero al presupuesto, sino mediante una ejecución eficiente. 
Semejante ejecución requiere elecciones difíciles, pero la ponente, lamentablemente, no parece dispuesta a ello, ya que se decanta por el camino fácil: aumentar el presupuesto. 
La negativa a establecer prioridades, se manifiesta más claramente en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
También nosotros somos partidarios, por supuesto, de ayudar a los Balcanes y a Serbia. No obstante, el dinero necesario para ello puede proceder del establecimiento de prioridades en la política exterior ¿Cuáles son las tareas centrales de la Unión y cuáles las de los Estados miembros? 
Una Unión que no se atreve a efectuar una elección, se aleja cada vez más del ciudadano, que sí que debe realizar elecciones en su presupuesto personal. 
El establecimiento de prioridades se evita con el abuso del instrumento de flexibilidad. Ese instrumento puede aplicarse a los gastos nuevos e imprevistos, y de ahí que sea el principio por excelencia que puede aplicarse en el cambio repentino operado en Serbia. 
La propuesta de la ponente a fin de utilizar ese principio en el programa MEDA no se adecua ni al requisito de nuevo ni al de imprevisto, y resulta tanto más sorprendente vista la utilización incompleta de los fondos en ese programa. 
Aunque la ponente estuvo ayer presente en la Comisión Presupuestaria, no aprendió la lección en cuanto a las transferencias presupuestarias que se analizaron. 
Ayer se vio que el 25% de la cantidad presupuestada para este año, 2000, para América Latina no ha sido utilizada y ahora se ha destinado a la ayuda a Kosovo. 
El colega Bourlanges señaló de paso que tal vez el presupuesto resultara demasiado elevado para América Latina de cara a 2000. 
Por tanto, existe esa posibilidad en la política exterior- la categoría 4- y los aumentos propuestos de los créditos previstos para América Latina no se justifican en los hechos. 
El Consejo está de acuerdo con los 400 puestos que, según el Comisario Patten, necesita la Comisión para terminar con el retraso en los pagos. 
No está justificado, por tanto, que el Consejo disminuya de forma considerable los pagos de la categoría 4. 
Debemos dar la oportunidad a la Comisión de terminar con los retrasos con una plantilla de personal más amplia. 
Por último, la colega Heaton-Harris ha mostrado correctamente con sus enmiendas la simpleza de muchos programas europeos en los que se ofrece al ciudadano una historia propagandística sobre la integración europea y que son, atención, financiados por el propio ciudadano. 
La Unión debe darse cuenta de que no todos los ciudadanos sueñan con una integración más profunda. Por tanto, los programas de la Unión deben establecerse de forma más neutral, de manera que no se plantee seguir una política determinada a costa de todos los ciudadanos. 
La democracia, señor Presidente, no puede conciliarse con la dictadura de la mayoría. 
Señor Presidente, uno de los principios que ha regido en la elaboración del presupuesto 2001 es el del ahorro. 
Debemos felicitarnos por ello, habida cuenta que seguramente sólo 7 de los 15 Estados miembros van a presentar un saldo presupuestario positivo en el año 2000. 
Por lo tanto, prácticamente no podemos contar con ingresos adicionales bajo la forma de un incremento de las aportaciones de los Estados miembros. 
El presupuesto 2001 también refleja correctamente las prioridades. 
Por lo cual también debemos felicitar a los ponentes. 
Que la tasa de desempleo es demasiado alta en Europa es un hecho, sobre todo porque afecta a los sectores más débiles de la sociedad, concretamente, a los jóvenes, a las mujeres y a los desempleados de larga duración. 
Todas las medidas encaminadas a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas también merecen, por consiguiente, nuestro apoyo. 
En Europa necesitamos más empresarios que a su vez empleen más trabajadores. 
En Europa se debería confirmar la máxima según la cual "lo prometido es deuda". 
Sin embargo, lo cierto es que algunos políticos prometen recursos que luego ellos mismos o sus instituciones no ponen a disposición. 
Me refiero a los pagos absolutamente necesarios para los países de los Balcanes, que el Consejo ahora pretende reducir. 
También es inadmisible, no obstante, que algunas prioridades susciten tantas objeciones en Europa que finalmente se acaben financiando a expensas de los pobres. 
La rectificación por un montante de 550 millones de euros de las amplias reducciones introducidas en los gastos agrarios fue, por lo tanto, correcta e importante. 
Sin embargo, las prioridades de Europa sólo se podrán financiar a la larga si la locomotora económica funciona a pleno rendimiento. 
En consecuencia, es preciso reducir la carga fiscal y sólo un despegue económico y el crecimiento asociado permitirán incrementar los ingresos fiscales. 
Además, también tenemos que modernizar nuestros sistemas administrativos y debemos continuar dando, asimismo, un buen ejemplo. 
Por esto yo espero que la nueva línea presupuestaria destinada a la financiación de los partidos políticos europeos que algunos- incluido yo mismo- hemos criticado no sirva para que obtengan dichos fondos los que antes ya los gestionaban en el ámbito nacional y ahora incluso están endeudados. 
También espero que se cumplan efectivamente las condiciones para la contratación para cubrir 400 puestos adicionales en la Comisión. 
Yo espero que estos principios realmente se respeten en las futuras negociaciones con el Consejo, de manera que podamos decidir de común acuerdo el presupuesto 2001, también en beneficio de los ciudadanos. 
Señor Presidente, es justo comenzar distinguiendo el trabajo de los diversos ponentes. 
Y, como yo he seguido más de cerca la orientación que la ponente Jutta Haug ha dado a las cuestiones que de ella dependían, quiero atestiguar la sensatez y el equilibrio que siempre ha demostrado. 
Más que hacer un análisis técnico del presupuesto o la lectura de las sumas previstas en las respectivas columnas de ingresos y gastos, debe importar al Parlamento la calidad de los gastos realizados y propuestos, lo que entraña, en particular, la evaluación de los criterios de asignación de las cuantías y también la evaluación de sus repercusiones. 
En la base de ese examen, el Grupo PPE-DE distingue los siguientes parámetros: 
el nivel de ejecución presupuestaria; 
el grado de ejecución de las políticas formuladas y los resultados obtenidos; 
la coherencia entre el proceso legislativo y las opciones presupuestarias; 
la evolución de la reforma de la Comisión. 
En el ámbito de esos objetivos, se propone para el próximo año un conjunto de medidas que, a nuestro juicio, contribuirán a mejorar la situación existente. 
Primero: haciendo referencia a los bajos niveles de ejecución presupuestaria, en particular gastos clasificados como "no obligatorios", se introduce una exigencia especial en las peticiones de explicación da la Comisión. 
Se reconoce que, mientras no se den las explicaciones solicitadas o no sean satisfactorias, no será posible la utilización de las asignaciones en examen. 
Pero, además de eso: sin la utilización efectiva de las asignaciones presupuestadas, ¿cómo se puede hablar de refuerzos, que tan necesarios serían en algunas categorías? 
Segundo aspecto: al poner de relieve el aumento sistemático del resto por liquidar resultante de la diferencia cada vez mayor entre los compromisos aceptados, las autorizaciones conseguidas y los pagos hechos, en particular en la categoría 4 de "acciones exteriores", hay que exigir mayor rapidez, más transparencia y una eficacia mayor de la administración. 
Las necesidades son evidentes; los compromisos, numerosos; la contribución de la cooperación exterior a la afirmación de la Unión Europea es clara; la ejecución de varios programas, bajísima. 
El programa MEDA, dedicado a la cuenca del Mediterráneo, zona geográfica de la mayor importancia estratégica, es un buen ejemplo de falta de capacidad de ejecución. 
Es necesario recuperar en MEDA y garantizar otra eficacia en Serbia, por ejemplo, al tiempo que se ejecutan efectivamente las políticas tradicionales de la Unión Europea en esa esfera. 
Con vistas a superar los estrangulamientos existentes, se establece una reserva general en la Categoría 4- una reserva de performance- que se utilizará proporcionalmente al grado de ejecución de las diversas secciones. 
Por otro lado, se espera una revisión del reglamento financiero que establezca un plazo claro- dos años, por ejemplo- como período máximo entre la autorización del gasto y su pago, so pena de que se retiren del presupuesto los importes de que se trate, como ya sucede en otras categorías. 
Tercer aspecto que destacar: con vistas a una mayor articulación entre las instituciones europeas, se incentiva la asociación formal y material del programa legislativo de la Comisión y el proceso presupuestario, así como la información previa al Parlamento en cuanto a decisiones de otras instituciones que tengan repercusiones presupuestarias. 
Cuarto: al prestarse atención a la reforma de la Comisión en el nivel del procedimiento y de política de personal, se distingue lo relacionado con nuevas admisiones y con la deseable- para nosotros- creación de un sistema de prerreforma permanente y vinculante. 
Quinto: al valorizarse la iniciativa y la responsabilidad, se fomenta la creación de un programa dirigido a empresas y empresarios. 
Preservando esa línea estratégica en el planteamiento de los presupuestos de este año y los próximos, el Parlamento Europeo ocupa plenamente su espacio en el proceso presupuestario. 
Los parlamentos asumen de verdad la representación de quienes los eligen, elemento esencial en democracia, cuando se niegan a ser meros avalistas formales de las propuestas de otros. 
Señor Presidente, doy las gracias a los ponentes. 
Los cuatro merecen felicitaciones por el trabajo que han dedicado a sus informes. 
Doy la bienvenida al Sr. Patriat, que asiste por primera vez a este debate en la Asamblea. 
Le agradezco su claridad. Lo que ha dicho ha sido absolutamente claro. 
El mensaje que puede transmitir a la Sra. Parly es: no reserve un billete para un vuelo del jueves por la noche. 
La del jueves va a ser una larga noche, por lo que tendrá que ser algún vuelo del viernes. 
En el presupuesto para 2001- es decir, en la conciliación -, hay una sensación de déjà vu, en el sentido de que es muy parecido al presupuesto de 2000, porque la categoría 4 se impone por encima de todo. 
Nadie parece hablar de otra cosa que de la categoría 4. 
Si pudiéramos retrasar el reloj hasta el momento en que concertamos el Acuerdo Interinstitucional y si hubiéramos asignado 200 millones de euros suplementarios a la categoría 4, habríamos resuelto muchos problemas en los dos últimos años. 
El hecho de que ahora se haya superado el límite máximo de la categoría 4 en 380 millones de euros nos revela que deberíamos haber hecho en verdad algo así. 
Estamos intentando salvaguardar las prioridades del Parlamento en la categoría 4. 
Cuando se habla de hacer reducciones o encontrar fondos en la categoría 4 para financiar ciertas prioridades, no se debe olvidar que el Parlamento tiene sus prioridades. 
Lo expresamos con claridad en la votación en comisión. 
Pero hay tres sectores que nos están dando motivos de preocupación. 
Kosovo, naturalmente, que nos planteó el problema el año pasado. 
La transferencia que hicimos anoche debe resolver la financiación para Kosovo y el año próximo tendremos un problema menor gracias a lo que votamos anoche. 
Ahora tenemos 25 millones de euros, además de los 814 millones, por lo que lo que podríamos examinar en el diálogo tripartito y en la conciliación es cómo substraer 25 millones de euros de los destinados a Kosovo para asignarlos- pongamos por caso- a MEDA. 
Con la transferencia de 175 millones de euros, hemos calculado, aproximadamente, 25 millones de euros más de lo que esperábamos. 
Lo que queremos decir es que debemos utilizar el instrumento de flexibilidad para MEDA. 
Procuraremos lograr un acuerdo con el Consejo y la Comisión a ese respecto. 
Pero, aunque hablemos del instrumento de flexibilidad, no debemos olvidar que no existirá hasta que el Consejo y el Parlamento acuerden crearlo. 
Si no se crea, no tendremos un solo problema, sino varios problemas. 
En cuanto a Serbia, todos seguimos sin saber exactamente cuáles son las necesidades al respecto. 
Así, pues, hemos incluido el p.m. en la línea. 
Paso ahora a lo que antes ha dicho el Sr. Wurtz. 
Pero rechazar el presupuesto en esta fase, en primera lectura, es totalmente inadecuado. 
El fondo de su argumentación es digno de consideración con vistas a apoyarlo, pero intentar rechazar el presupuesto en primera lectura es absurdo. 
Falta mucho hasta que lleguemos a la segunda lectura, pero al menos nos ha brindado algo en lo que pensar. 
Sobre los Balcanes occidentales, ha dicho usted, señor Presidente en ejercicio, que el Consejo considera suficientes 614 millones de euros. 
Nosotros no y la Comisión tampoco. 
Consideramos que tenemos más pruebas científicas que la cifra conjeturada por ustedes. 
De modo que se deberá aclarar dicha cifra. 
Nosotros nos basamos en lo que la Comisión y el Banco Mundial comunicaron la última vez. 
Lo que de verdad me preocupa es que, cuando la Comisión y el Banco Mundial vuelvan con su informe al final de noviembre o al comienzo de diciembre, el Consejo se limite a desecharlo. 
Ha dicho usted que, si necesitamos una revisión del Acuerdo Interinstitucional, debemos basarlo en las necesidades y la disponibilidad y, naturalmente, debemos examinar el instrumento de flexibilidad en primer lugar. 
Pero, ¿y si las necesidades son extraordinariamente cuantiosas? 
¿Y si la disponibilidad es extraordinariamente escasa? 
¿Y si no basta el instrumento de flexibilidad? 
Entonces la realidad es que tendremos que pensar en un AII. 
Lo que me preocupa de verdad es que el Consejo se limite a decir que no está de acuerdo con este análisis, que debemos olvidarlo y que se atiene a los límites máximos vigentes. 
Si es así, tendremos graves problemas y el Sr. Wurtz puede resultar al final nuestro mejor amigo. 
Tengámoslo presente. 
Por lo que se refiere a MEDA, el Consejo dijo que los compromisos no eran un problema, en vista de los ocho años de retrasos en los pagos. 
Si lleváramos ese argumento hasta sus últimas consecuencias, no necesitaríamos compromiso alguno. 
Podríamos resolver todos nuestros problemas eliminando todos los compromisos de MEDA y limitándonos a trabajar con los pagos pendientes. 
Nos parece que la Comisión ha propuesto cifras realistas para MEDA. 
Hemos hablado por extenso con el Comisario Patten, así como con la Comisaria Schreyer, y, si se conceden los puestos suplementarios, como se propone en el Libro Blanco, al menos empezaría a haber un cambio substancial respecto de MEDA. 
Existe una clara diferencia entre el Parlamento y el Consejo. 
Sabemos que tenemos representación sin tributación. 
No tenemos que buscar los fondos: son los Estados miembros los que tienen que hacerlo. 
Tenemos representación sin tributación. 
Pero el problema del Consejo es que los Primeros Ministros y los Ministros de Asuntos Exteriores digan una cosa y los Ministros de Hacienda otra. 
Es algo así como proclamaciones sin consignaciones. 
Existe una clara falta de coordinación que propicia la privación y la frustración. 
(Risas y aplausos) 
Señor Presidente en ejercicio, hay varias cuestiones sobre las que necesitamos un acuerdo: cuestiones reales. 
Quisiera referirme al Libro Blanco, porque usted y la Comisión han dejado de mencionar lo que se dijo en realidad en el diálogo tripartito. 
Se refiere al plan de jubilación anticipada al que la Comisión dio- creo- su aprobación en principio, pero usted esperaba una propuesta sobre el reglamento financiero. 
Ésa será una de las cuestiones que habremos de resolver: no es sólo la cuestión de los 400 puestos, es el plan que la acompaña. 
Señor Presidente en ejercicio, estoy deseando que se celebre el diálogo tripartito y la conciliación. 
Tengo reserva para un vuelo del viernes, conque estoy dispuesto para afrontar una larga noche del jueves, pero espero que al final de todo esto consigamos un presupuesto que nos satisfaga a todos, para que podamos dar lo que se merecen a los contribuyentes de la Unión Europea, a los ciudadanos a los que representamos, pero también a los necesitados, en particular en las zonas de MEDA, en Serbia y en los Balcanes occidentales. 
Muchas gracias, señor Wynn. 
Le damos especialmente las gracias porque nos ha hecho sonreír y hasta reír en un tema tan grave como el presupuesto. 
Y esto siempre es de agradecer. 
El debate queda interrumpido. 
Se reanudará a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0548/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0709/00): 
Asunto: La cooperación reforzada ¿Qué progresos está realizando la Presidencia del Consejo en el tema de la cooperación reforzada? 
¿Puede dar ejemplos de ámbitos en los que se podría aplicar? 
Creo que el Sr. Duff estaba presente esta mañana cuando mencionamos el Consejo Europeo de Biarritz. 
Además formuló una pregunta, justo después de los presidentes de Grupo, en su calidad de ponente. 
También escuchó y leyó el informe del Sr. Gil Robles sobre las cooperaciones reforzadas y la respuesta que pude darle. 
Por tanto, creo que habrá comprendido cuál fue el resultado de Biarritz en la materia, más bien alentador, y cuál fue la reacción sumamente positiva del Consejo a las sugerencias del Parlamento Europeo y a las suyas propias. 
Gracias por la respuesta. 
Desde luego, asimilé los mensajes de Biarritz y lo que allí ocurrió me resultó alentador. 
Quisiera formular tan sólo dos preguntas complementarias al Ministro Moscovici. 
En primer lugar, ¿conviene conmigo en que sería más sensato limitar la cooperación reforzada exclusivamente a aquellas cuestiones en las que se aplica la unanimidad en el Consejo? 
Como puede ver, se trata de una idea que se va abriendo paso en el Parlamento. 
Y la segunda pregunta se refiere a la reacción de los países candidatos ante el debate dentro de la UE sobre la cooperación reforzada. 
¿Le parece que acogen con beneplácito esa perspectiva o que tal vez les espanta? 
Nuestro objetivo es efectivamente preservar lo que constituye el núcleo de las políticas comunitarias, a saber, el mercado interior y las políticas de cohesión, de las cooperaciones reforzadas. 
Por tanto, la situación es muy clara: queremos respetar el acervo comunitario, pero tampoco hay que tener normas demasiado rígidas. 
Es verdad que lo esencial, es el voto por mayoría cualificada, pero al mismo tiempo, es preciso que haya una verdadera flexibilidad en la materia. 
Ante todo, creo que es importante y ya bastante complicado que las cosas se hagan entre quince. 
Sería todavía más complejo si fuéramos 27, pero como ustedes saben, la Presidencia francesa va a reunir dos veces a la Conferencia Europea: una primera vez a nivel de los ministros, en Sochaux, el 23 de noviembre, y tendremos precisamente un debate sobre las reformas de las instituciones en el contexto de la Europa ampliada y, una segunda vez, el 7 de diciembre, la mañana del Consejo Europeo de Niza. 
Es verdad que la Presidencia francesa quizás desea todavía más que los demás asociar a estos países. 
Dicho esto, que quede bien claro, la cooperación reforzada no quiere decir una Europa dos velocidades. 
Precisamente hemos insistido en el hecho de que era preciso un enfoque abierto, inclusivo, y nadie debe temer a las cooperaciones reforzadas. 
Por ejemplo, los "pequeños países", expresión totalmente inadecuada, no deberían creer que se verán excluidos de las cooperaciones reforzadas, que la cooperación reforzada querrá decir vanguardia, centro de gravedad, grupo pionero y que estará cerrada. 
Quiere decir sencillamente que existen verdaderos elementos de flexibilidad para avanzar en tal o cual política, incluso cuando alguno no pueda o no desee hacerlo, y lo que vale para los países de la Unión vale también para los países candidatos. 
Nadie debe sentirse en un segundo coche tirado por una especie de locomotora. 
No se trata de crear una especie de directorio. 
La pregunta nº 2 de John Cushnahan decae, dado que su autor está ausente. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0714/00): 
Asunto: Costes relativos a las actividades de los "tres sabios" en Austria ¿Con qué fondos se financian las actividades de los "tres sabios" designados por la Presidencia portuguesa para evaluar la situación política en Austria? 
Mi respuesta será muy sencilla. 
El Consejo no ha desempeñado ningún papel en este asunto y no se ha utilizado en modo alguno el presupuesto comunitario. 
Los gastos para financiar la misión de evaluación de la situación en Austria fueron, efectivamente, asumidos en su totalidad a título nacional por los catorce socios de Austria en el seno de la Unión Europea. 
La Presidencia aportó, naturalmente, su contribución. 
Señor Presidente, señor ministro Moscovici, la opinión pública y también algún miembro de esta Asamblea se preguntan qué papel cumplieron las embajadas en este contexto. 
Si había 14 embajadas de los Estados miembros, y en Viena las hay, ¿por qué hubo que recurrir a los tres sabios para que investigasen unos hechos que las embajadas pueden observar directamente y por sí mismas a diario? 
¿Las embajadas no cumplieron su cometido? 
¿No se solicitaron los informes? 
¿Los respectivos gobiernos no leyeron dichos informes? 
En realidad, es inevitable hacerse esta pregunta. 
Tal vez incluso les hubiese bastado leer algún periódico, pero yo querría pedirle que analice un poco el papel de las embajadas. 
Sonrío un poco al escuchar esta pregunta. 
Pienso efectivamente que los embajadores son sencillamente los representantes de su gobierno. 
Efectivamente, deben hacer llegar a su gobierno los elementos presentes en el terreno, pero se trataba de encontrar una solución a una situación en la que los catorce Estados miembros habían tomado medidas en contra de un decimoquinto por los motivos políticos que se conocen. 
Por tanto, creo que era totalmente pertinente, en este contexto, pedir a una autoridad exterior y moralmente indiscutible tomar estas disposiciones. 
Pienso que Austria no puede quejarse de lo ocurrido, todo lo contrario. 
Añado que si uno u otro país hubiera seguido el informe de su embajador, quizás no serían las soluciones recomendadas por el informe de los sabios las que se habrían aplicado. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 4 y 5 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0715/00): 
Asunto: Colombia ¿Puede comunicar el Consejo si dispone de información sobre la reciente matanza ocurrida en Colombia, con el resultado de ocho muertos, en un lugar llamado La Unión, y si ha investigado la posibilidad de que esta atrocidad haya sido cometida con el pleno apoyo del Gobierno colombiano? 
¿Ha mantenido el Consejo algún debate sobre este hecho? 
En caso afirmativo, ¿tiene intención de presentar una protesta formal? 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0776/00): 
Asunto: Violación de derechos humanos y desmantelamiento de los grupos paramilitares en Colombia Los grupos paramilitares han intensificado en los últimos meses las matanzas de campesinos, periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos y defensores de los derechos humanos. 
Ramiro Zapata ha sido el último de los 25 defensores de los derechos humanos asesinados y, recientemente, la prensa colombiana ha denunciado el "Plan 100" de los grupos paramilitares para asesinar a cien defensores de los derechos humanos. 
El Ejército ha reconocido el asesinato "por error" de seis niños en Pueblo Rico, el pasado 15 de agosto. 
De otra parte, Colombia no ha constituido los batallones para combatir a los paramilitares que le solicitó la Unión Europea. 
¿Qué medidas aplica o está dispuesto a aplicar el Consejo para condicionar las ayudas a Colombia a que el Gobierno colombiano demuestre avances significativos en el respeto de los derechos humanos y en una actuación firme para el desmantelamiento de los grupos paramilitares? 
Sí, de manera general, la Unión Europea condena periódicamente, con la mayor firmeza, las graves violaciones de los derechos humanos que lamentablemente continúan cometiéndose prácticamente cada día en Colombia. 
Sin embargo, no se ha sometido a la consideración del Consejo específicamente el incidente al que se refiere el Sr. McCartin y no lo ha mencionado como tal en sus debates. 
La Unión Europea, al mismo tiempo que sostiene los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano para hacer progresar los procesos de paz, insistió y seguirá insistiendo en el compromiso necesario del Gobierno en favor del respeto de los derechos humanos en Colombia. 
La Unión Europea también pidió el compromiso de todas las partes para buscar una solución negociada al conflicto, sin el cual no podría instaurarse una paz durable. 
En cuanto a los medios concretos con los que el Gobierno de Colombia podría emprender el desmantelamiento de los grupos paramilitares, corresponde a las autoridades colombianas definirlos. 
Las recomendaciones de las organizaciones regionales, así como las experiencias de los países vecinos podrán sin duda alguna contribuir a la definición de estos medios. 
La Unión ha afirmado en varias ocasiones su disponibilidad para apoyar, en la medida de sus posibilidades, y por los medios que le son propios, los esfuerzos destinados a un acuerdo de paz. 
A raíz de la reunión internacional sobre el proceso de paz en Colombia, celebrada en Madrid los 6 y 7 de julio de 2000, en presencia del Sr. Solana, el representante de los quince Estados miembros y de la Comisión, la Unión está estudiando actualmente las posibilidades concretas de cooperación con Colombia. 
A este respecto, el representante de Francia deberá leer, en nombre de la Presidencia, una declaración común sobre las reuniones de apoyo al proceso de paz previstas en Bogotá, el 24 de octubre de 2000, y debería hacer hincapié, especialmente, en la necesidad de sostener el Estado de derecho, la lucha contra las causas de la violencia, incrementar la ayuda a las víctimas de la violencia, defender los derechos humanos, proteger la biodiversidad y el medio ambiente, fortalecer la concertación y la cooperación regional. 
Por último, tengan la certeza de que el respeto y la promoción de los derechos humanos son, en todo caso, un elemento esencial de la cooperación de la Unión con los países terceros. 
Señor Presidente, quiero agradecer al la actitud del Presidente en ejercicio su respuesta, muy amplia. 
Hoy me siento un poco más satisfecho que en julio con la actitud del Consejo, porque, como muchas veces en situaciones de crisis, la Unión Europea siempre parece la última autoridad en llegar a la escena internacional y hacer oír su voz. 
También agradezco la competencia del Sr. Solana en los asuntos sudamericanos y reconozco que hemos logrado algunos avances. 
No obstante, ¿es consciente el Consejo de la cantidad de fondos que aporta la Unión Europea, algo así como diez veces lo que aportan los Estados Unidos para cooperación al desarrollo en todo el mundo? 
Y, sin embargo, cuando se produce una crisis, ya sea en África, en Sudamérica, el Oriente Medio o en el Lejano Oriente, la voz que se oye es la de los Estados Unidos, no la de Europa. 
¿Reconoce el Presidente en ejercicio que no estamos capitalizando los recursos que aportamos? 
No ignoro el importe de las ayudas que los norteamericanos prometen, por ejemplo, para Colombia, cuya mayor parte está destinada a la lucha contra el tráfico de drogas. 
No lo ignoro, incluso si este plan a veces es criticado, por ejemplo, por las ONG. 
Al mismo tiempo, creo que la generalización que usted hace es, por lo que conozco, un poco equivocada. 
Tratándose de África o del Próximo Oriente, o del Mediterráneo, la Unión es efectivamente la donadora más importante. 
En este caso, nos encontramos en una situación un poco especial, puesto que se trata de lazos históricos entre los Estados Unidos y el continente sudamericano. 
Pero estamos sumamente vigilantes a la evolución de esta situación. 
Gracias, señor Presidente, por la información. 
Gracias, señor Presidente, por darme la palabra. 
Muchos pensamos que el origen de los problemas que hay en Colombia radica, como en otros países de Latinoamérica, en la posesión o no de la tierra por los campesinos. 
En el año 1984, el 0,2 % de propietarios en Colombia poseía el 32 % de la tierra. 
En el 97, y hoy será más, tenía el 45 %. 
Ese es el problema, al que se suma en muchas ocasiones la actuación de los paramilitares, que expulsan a los campesinos sobre la base de asesinatos indiscriminados. 
En la aldea del Carmen, 500 desplazados por el asesinato de 14 campesinos. 
Muy lejos, en una zona diferente de Ciénaga, desde que llegaron hace un año los paramilitares, más de 200 asesinados. 
La pregunta, señor Presidente, y termino, es si no hay una fórmula de presión mayor que la propuesta por el Presidente en su información y si la ayuda que nosotros vamos a dar va a ser completamente diferente de la de los Estados Unidos, es decir, dirigida no a la fumigación de los cultivos, sino a la sustitución de cultivos y también a los aspectos sociales y no a los militares. 
Sólo una palabra para decir que tomo debidamente nota de lo que acaba de explicar. 
Sin embargo, quiero precisarle que la Unión espera poder poner en pie su propio programa de apoyo socioeconómico e institucional al proceso de paz en Colombia, y que cuando hayamos avanzado en este terreno, con mucho gusto volveremos hablar del tema. 
¿Conviene el Ministro conmigo en que por lo general es sabido claramente que esos paramilitares actúan como apoderados del Gobierno colombiano? 
Así, pues, ¿no le preocupa que el Plan Colombia vaya a prestar ayuda militar al Gobierno colombiano, utilizar recursos militares para fumigar cultivos, supuestamente cultivos de drogas, y que se espere que la Unión Europea acuda a solventar el problema con un programa de política social? 
Se trata de una reacción inadecuada por parte de la Unión Europea. 
No debemos asentir al Plan Colombia con ese fundamento. 
Simplemente quiero decir que confirmo mi respuesta. 
Asimismo, tomo muy en cuenta las observaciones del señor diputado, yo creo que la ayuda es útil y que debe ser reforzada. 
Señor Presidente, ¿se me unirá el Presidente en ejercicio en la expresión de dolor por los asesinatos el 9 de julio de 2000 de dos jóvenes del Grupo Ecológico Atlantis: Tristan James, nieto del fundador del grupo; Jenny James, que vive en Colombia, y Javier Nova, el novio de una de las jóvenes hijas de Jenny, que fueron brutalmente asesinados por un grupo renegado de rebeldes de las FARC, cuando regresaban a la zona en la que habían vivido durante gran parte de sus 18 años para visitar a unos familiares? 
Cuando el Sr. Moscovici responde al Sr. De Rossa que es sensible a lo que dice, ¿cómo es que, cuando el Consejo de Asuntos Generales del 9 de octubre se refirió en particular a un plan europeo para Colombia, la Comisión Europea publicó después, el 18 de octubre, una comunicación en la que figuraban las palabras "Plan Colombia", con su ayuda militar y su fumigación aérea de cultivos, condenadas por el Ministro del Interior de Panamá, Winston Spadafora, el Ministro venezolano José Vicente Rangel y los Gobiernos del Perú, del Ecuador y del Brasil? 
Repetirá hoy que el Consejo no apoyará el Plan Colombia, como queremos el Sr. De Rossa y yo y todo diputado civilizado a esta Asamblea? 
Creo que acabo de responder a la pregunta. 
El Consejo no está aquí para comentar uno u otro aspecto de esta cuestión, que es sumamente delicada y dolorosa. 
Me limitaré, si usted lo permite, señor Presidente, a las respuestas que he dado. 
La obligación del Presidente de sesión es encauzar y trasladar las preguntas y luego queda a la discreción del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo cómo reflexionar o constestarlas, salvo que las preguntas sean disparatadas o no tengan nada que ver con el tema. 
Entonces ejerceré mi responsabilidad. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden el Sr. De Rossa. 
Señor Presidente, como menciona el texto de las preguntas complementarias y la respuesta del Presidente en ejercicio, permítaseme recordar al Presidente en ejercicio que la pregunta original se refería concretamente a la matanza en Colombia, independientemente de que el Consejo haya celebrado o no debates sobre ese suceso, y a si piensa presentar una protesta oficial o no. 
Las preguntas que otros diputados y yo hemos formulado se refieren muy concretamente a la situación en Colombia. 
No es adecuado decir que no está usted en condiciones- ni es su papel- de entrar en esa clase de detalles. 
En la pregunta se le pide que entre en detalles. 
¿Por qué acepta la pregunta, para empezar, si no va a entrar en detalles? 
Señor De Rossa, tengo que decirle que dentro del Reglamento no se contempla la réplica de los Sres. diputados. 
Simplemente el hacer la pregunta. 
Luego usted tiene la capacidad de una relación bilateral, bien epistolar o bien directa, con el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo. 
Quiero hacerme comprender bien: se formuló una pregunta, respondí a la pregunta. 
Precisé especialmente que figurará en el acta, que no se ha sometido específicamente a la consideración del Consejo el incidente al que se refería la pregunta y no lo mencioné como tal en este debate. 
Por tanto, respondí a su pregunta. 
No quisiera que se pensara que el Consejo no responde a las preguntas que se le formulan. 
Al mismo tiempo, tampoco puede iniciarse de este modo un debate sobre cuestiones que son, una vez más, sumamente complejas. 
Respeto totalmente lo que dicen los diputados. 
Simplemente trato de no hacer demagogia. 
Ruego a todos que nos atengamos al turno de preguntas al Consejo con sus reglas del juego. Tal como están establecidas. 
En la medida de lo posible, el debate no debería ser académico y teórico. 
Les ruego, pues, que cuando hagan preguntas de reformulación, sean preguntas concretas sobre el tema. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0718/00): 
Asunto: Transacciones financieras internacionales ¿Baraja el Consejo la posibilidad de proponer en la próxima Asamblea anual del FMI que el Comité del FMI estudie las condiciones de aplicación de una tasa de tipo Tobin sobre las transacciones financieras internacionales con objeto de luchar contra la especulación y estabilizar los mercados de cambios? 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0719/00): 
Asunto: Gestión del producto de una tasa de tipo Tobin En opinión del Consejo, ¿debería encargarse a las Naciones Unidas la gestión del producto de una posible tasa de tipo Tobin sobre las transacciones financieras internacionales, cuyo importe se evalúa, según los diferentes supuestos de porcentaje aplicado, entre 50 000 y 250 000 millones de dólares por año, o habría que contemplar la creación de un organismo específico encargado de recaudar dicha tasa y de repartir los fondos que se generaran? 
¿Cuáles deberían ser, en opinión del Consejo, las prioridades para el uso de estos recursos (acceso al agua potable, protección del medio ambiente, liquidación de la deuda de los países más pobres, programas de vacunación, acceso a la educación, etc.)? 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0720/00): 
Asunto: Impuesto Tobin ¿Cómo piensa el Consejo ayudar a los futuros Gobiernos a hacer frente a la incipiente crisis de la fiscalidad nacional, a la vista de la competencia fiscal y la existencia de centros financieros extraterritoriales? 
¿Establecerá el Consejo nuevas categorías de ingresos imponibles, entre ellas las transacciones con divisas? 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0721/00): 
Asunto: Trabas de tipo político y técnico al establecimiento de una tasa de tipo Tobin Como muy bien sabe el Consejo, la propuesta de crear una tasa de tipo Tobin recibe numerosos apoyos y resulta cada vez más popular. 
¿Puede indicar la Presidencia del Consejo, a la vista de los intercambios de opiniones que ha podido mantener tanto con los ministros de Economía y Hacienda de los países de la Unión Europea como con los de terceros países, cuál es el origen de las resistencias a esta propuesta y cuáles son, en su opinión, las principales trabas de tipo político o técnico que se ponen al establecimiento de una tasa de tipo Tobin? 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0722/00): 
Asunto: Estudio de la conveniencia de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales ¿Está dispuesta la Presidencia del Consejo a abrir un debate en el seno del Consejo de Ministros de Economía (ECOFIN) sobre la conveniencia de introducir un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales en los mercados cambiarios a fin de combatir la especulación y sus efectos desestabilizadores sobre la economía de países enteros? 
¿Estaría dispuesto el Consejo a estudiar la creación de una "zona Tobin" a nivel comunitario, es decir, la implantación de un impuesto de tipo Tobin en las plazas financieras europeas donde se genera el 50% del volumen mundial de las transacciones cambiarias? 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0725/00): 
Asunto: Viabilidad a escala comunitaria del impuesto Tobin A la vista del reciente informe elaborado por el Ministerio de Hacienda francés, en el que se indica que el impuesto Tobin no sería viable si fuese establecido por un único Estado miembro, ¿qué medidas propone la Presidencia francesa para garantizar la viabilidad de este tipo de impuesto en la Unión Europea y a escala global? 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0735/00): 
Asunto: Impuesto sobre las transacciones financieras La reivindicación en favor de una imposición fiscal de los capitales especulativos ha ido ganando terreno en los últimos meses, con la proliferación de los comités ATTAC (Association pour une Taxation sur les Transactions financières et pour l´Aide aux Citoyens) en Francia y en Europa, y las enmiendas presentadas en la Asamblea Nacional francesa y en el Senado del mismo país. 
Esta movilización plantea cuestiones de fondo como la de los lugares que ocupan el ser humano y el mundo financiero en la economía de hoy. 
¿No cree el Consejo que un impuesto "de tipo Tobin" serviría al objetivo de un deseable reequilibrio? 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0815/00): 
Asunto: Impuesto Tobin y arquitectura financiera internacional ¿Qué institución europea estaría en mejores condiciones, a juicio de la Presidencia del Consejo, para impulsar en el ámbito de las relaciones económicas y financieras internacionales la implantación de un impuesto Tobin y para encargarse en su caso de la gestión del mismo? 
¿Qué efectos tendría a juicio de la Presidencia del Consejo la implantación de un impuesto de este tipo para la lucha contra la especulación monetaria internacional? 
No, voy a tratar de no dar una respuesta académica, pero sencillamente me preocupa un poco responder a estas preguntas porque con toda seguridad podríamos pasarnos más que toda la noche, en todo caso, pasaríamos, sin duda alguna, más que el turno de preguntas que vamos a abordar. 
Son preguntas que abordan a la vez los objetivos que han de seguirse, son de filosofía, de convicción y de análisis. 
Cada uno se expresa también sobre este tema con sus convicciones y sus propios análisis. 
Simplemente quiero decir, una vez más, hablando en nombre del Consejo, que el Consejo está totalmente sensibilizado respecto a la actualidad e importancia de estas preguntas. 
La creación de un impuesto Tobin es atractiva. 
Es defendida en muchos escaños, de la izquierda o de la derecha, por diversas organizaciones, políticas o no políticas, organizaciones no gubernamentales, grupos universitarios. 
Por tanto, me cuidaré de dar una respuesta definitiva a esta difícil cuestión. 
Sólo quisiera- puesto que es la posición del Consejo- subrayar estas dificultades prácticas que pueden ser objeto de debate. 
Ante todo, creo que todo el mundo reconoce que este impuesto llamado impuesto Tobin, sólo podría funcionar correctamente si se aplicara a escala mundial. 
No obstante, es preciso constatar que, aun cuando pudiera buscarse un consenso en el seno de la Unión Europea, tal consenso no existe en el seno del G7, sobre todo no existe en la OCDE, respecto a una imposición de las transacciones cambiarias. 
Se sabe incluso- y es un razonamiento económico- que si existiera un consenso amplio, un reducido número de plazas financieras tendría verdadero interés en adaptar una actitud no cooperativa negándose a aplicar el impuesto sobre las operaciones realizadas sobre su territorio. 
Por tanto, la pregunta que formulo a los defensores del impuesto Tobin, es la de saber cómo contrarrestar el riesgo que habría de desplazar las operaciones especulativas hacia los paraísos fiscales, lo que debe evitarse a toda costa en la hipótesis en que se retenga dicho impuesto. 
Asimismo, me gustaría que se respondiera a la pregunta de su influencia sobre la volatilidad de los mercados de divisas y, especialmente, del efecto de un impuesto del 0,1 por mil sobre los especuladores que esperan devaluaciones del orden del 20 al 50%. 
Habría un riesgo, además, de que este impuesto fuera evitado gracias a las prestaciones de la innovación financiera moderna. 
Por tanto, la verdadera pregunta no se refiere al objetivo perseguido por el impuesto Tobin, es decir, a la vez la regulación de los mercados de cambio, la moralización de estos mercados sobre la financiación del desarrollo, sino a nuestra capacidad para actuar eficazmente sobre estos mecanismos. 
Una vez más, no significa una oposición de principio, que yo no siento, especialmente a título personal. 
Francia, en nombre de la Presidencia de la Unión Europea, propuso, durante las recientes Asambleas de Praga, y con ocasión de las reuniones del G7 y del Comité Monetario y Financiero Internacional, ejes de reforma destinados a responder a las preocupaciones que han originado la propuesta, ya antigua, de instaurar un impuesto de tipo Tobin. 
Los comunicados del G7, del CMFI y las declaraciones del Director General del FMI, Sr. Köhler, reflejan, por otra parte, la sensibilidad que existe en relación con las orientaciones promovidas por Francia, especialmente en materia de liberación financiera ordenada y la lucha contra el lavado de dinero. 
Esta lucha, que es una de las prioridades de la Presidencia francesa, se expresa tanto en el Consejo "Justicia/Asuntos Interiores" que en el Consejo Ecofin y, últimamente, a través de una reunión conjunta de estos dos consejos. 
Me doy cuenta de que no puedo responder aquí en toda su extensión a la pregunta formulada. Imagino que lo que se espera es que el Consejo diga sí. 
Pienso que la cuestión es un poco más compleja que una respuesta por un sí o un no, ya que los objetivos, los principios, pueden ser aprobados, pero la cuestión de las modalidades sigue planteándose en toda su extensión, sin hablar de la existencia de un consenso en el seno de los Quince. 
Señor Presidente, no pongo en duda sus convicciones personales. 
Simplemente, tenemos le sentimiento, y su respuesta lo demuestra un poco, que la Presidencia del Consejo no se muestra muy voluntarista a la hora de tratar esta cuestión. 
Mencionó la actitud no cooperativa de los paraísos fiscales. 
¿No considera, por analogía a lo que la Unión se propone hacer en relación con los paraísos fiscales que están en sus fronteras o que se encuentran en su seno y sobre los que tanto la Comisión como le Consejo tienen medios de presión, especialmente para poner fin al lavado de capitales, no considera usted que la Unión debería, en los recintos internacionales, estar a la vanguardia de un código de conducta destinado a eliminar o, en todo caso, a restringir las operaciones de los paraísos fiscales a escala internacional? 
Pienso que es posible y desearíamos que la Presidencia de la Unión tomara una posición más clara a este respecto. 
Quiero ser muy prudente, no en lo que se refiere al sentido global, sino sobre palabras tales como «código de conducta». 
Del mismo modo que el debate sobre el impuesto Tobin continúa, así, la Presidencia muesta una resolución sumamente firme en la lucha contra el lavado de dinero y contra los paraísos fiscales, y el Consejo Ecofin adoptó especialmente un proyecto de directiva que lucha contra el lavado de dinero. Por tanto, se trata de una orientación esencial que, sin ser una alternativa al proyecto de impuesto Tobin, es quizás la más realista a corto plazo y la Presidencia actual le concede enorme importancia. 
Por lo demás, esperamos que este será uno de los principales resultados concretos de esta Presidencia. 
Señor Presidente, hace un momento mencionó, efectivamente, a los oponentes al impuesto Tobin, en especial el G7. 
Quiero recodarle que entre nuestros aliados hay fervientes seguidores de este impuesto. 
En una de sus resoluciones, la Asamblea paritaria ACP-Unión Europea, celebrada del 9 al 12 de octubre en Bruselas, se refiere expresamente, en el considerando C y el apartado 21, a la creación de un impuesto Tobin. 
Por otra parte, pide en el apartado 6 el establecimiento de una organización internacional de arbitraje para condonar la deuda de los países del Sur. 
Señor Presidente, ¿no podría le Consejo reflexionar sobre la manera de ayudar a condonar la deuda de los países del Sur puesto que los ACP piden una solución análoga al impuesto Tobin? 
¿No se puede reanudar el debate sobre este punto puesto que nos hemos comprometido con ellos, en el marco de los acuerdos de Cotonú, a encontrar medios de arbitrar la condonación de su deuda? 
Esta sugerencia me parece igualmente interesante y ciertamente merece ser examinada, pero al mismo tiempo, creo que es preciso comprender bien las ambigüedades que corremos el riesgo de enfrentar. 
James Tobin lo dijo él mismo. Mientras más importante sea el producto de este impuesto, más habrá fallado a su objetivo, puesto que ello significaría que los montantes especulativos a corto plazo no habrían cesado. 
El propio Sr. Tobin se opuso al principio de utilizar este impuesto para financiar el desarrollo a otro título que el de objetivo secundario, ya que un impuesto destinado a limitar, incluso prohibir, algunos tipos de transacciones no puede al mismo tiempo tener como finalidad asegurar una financiación permanente de las acciones de desarrollo. 
Es el principio, bien conocido de los economistas, de la especialización de un instrumento sobre un objetivo. 
Efectivamente, es preciso reflexionar sobre algunas cuestiones que piden respuestas específicas, especialmente en materia de financiación del desarrollo, y queda de manifiesto que el esfuerzo debe concentrarse en la mejora y la calidad de la ayuda pública al desarrollo, el desarrollo del comercio, el fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales, y que el tema de la deuda debe examinarse detenidamente una vez más. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, da la coincidencia de que en el programa de gobierno de Finlandia hay un punto en el que se menciona este tipo de impuesto sobre transacciones financieras. 
Así que le pregunto si ha mantenido usted conversaciones con el Gobierno finlandés, en su calidad de representante del Consejo, de cara a encontrar nuevas fuentes de impuestos y conseguir nuevos apoyos para esta idea, la cual cuenta con sus simpatías según quise comprender, y si es posible que el Consejo aúne todas las fuerzas dispersas que puedan servir para encontrar nuevas fuentes de impuestos. 
Usted mencionó los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero, asuntos ambos muy relacionados con este tema. 
¿Podría usted compendiar todos estos elementos para crear un paquete de reformas en nombre del Consejo? 
No habiendo tenido el privilegio de presidir el Consejo Ecofin, no puedo responder a sus preguntas, especialmente sobre los vínculos que pueden existir entre la Presidencia francesa y el Gobierno de Finlandia. 
Lo siento. 
El conjunto de sus respuestas no me deja totalmente convencido, sobre todo, el hecho de que todo impuesto acabe evidentemente por disminuir el consumo del factor sobre el que se aplica: es verdad para absolutamente todos los impuestos y hoy día ningún impuesto es nulo. 
La gente no ha dejado de trabajar porque existan impuestos sobre la renta, no han dejado de contaminar porque haya impuestos sobre la contaminación, y no cesarán de hacer transitar fondos de un país a otro porque haya un impuesto Tobin. 
Por tanto, el ingreso de este impuesto evidentemente no será nulo. 
Todo dependerá de su nivel, pero son posibles varias estrategias y estoy totalmente de acuerdo con usted en que el objetivo de financiación es secundario en relación con la lucha contra las especulaciones. 
Lo que me sorprende, es su afirmación de que un importe reducido no puede tener un efecto disuasivo sobre la especulación. 
El importe reducido que usted menciona tiene exactamente la magnitud de las variaciones diarias de la paridad euro/dólar contra las que se trata de luchar por otros métodos infinitamente más costosos. 
Quisiera simplemente reiterar lo que decía. 
Efectivamente, la influencia de tal impuesto sobre la volatilidad de los mercados de divisas no ha sido demostrada. 
Creo que, a pesar de todo, las fluctuaciones euro/dólar son lamentablemente superiores a esta magnitud y es verdad que nos enfrentamos, a largo plazo, a especuladores que esperan devaluaciones mucho más importantes. 
Por lo demás, es lo que ocurrió en el caso del euro en la escala de un año, ya sea para lamentarlo o desearlo. 
El Sr. Lipietz, por ejemplo, es un economista demasiado bueno como para no saber que la economía es también una ciencia política. 
Les ruego me perdonen, señor Presidente, señoras y señores diputados, estos temas son un poco asuntos internos del país. 
No es el militante Pierre Moscovici el que aquí habla, ni siquiera es Pierre Moscovici, ministro a título personal, aunque traté de introducir algunos matices en relación con la posición que habrían podido prepararme. 
Se supone que me expreso en nombre del Consejo, siendo el Consejo la reunión de ministros de quince países miembros de la Unión Europea. 
Por tanto, traté de introducir, es verdad, algunos elementos de mi función que permiten no contradecir lo que pude escribir en calidad de militante en un diario francés, pero comprenderán ustedes que también debo cumplir el papel que aquí es el mío. 
Por lo demás, estoy muy contento de que el Sr. Harlem Désir que, para los que no lo saben, es miembro del mismo partido que yo, esté dispuesto a firmar el mismo texto que firmé yo. 
No siempre es así. 
Señor Moscovici, ya ve usted que las ocho preguntas vienen del lado izquierdo del Hemiciclo. 
Por eso, a veces, no distinguen el militante del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Yo también les disculpo, pero vamos a aplicar el Reglamento. 
Tengo tres preguntas breves para el Sr. Moscovici. 
En primer lugar, ¿acudirá y nos hablará en una futura ocasión como un militante? 
En segundo lugar, ¿sabe que en la reciente Conferencia del Partido Laborista se aprobó un documento en el que se decía por mayoría abrumadora que laborarían con sus socios internacionales y todos los interesados directos con vistas a abordar las preocupaciones inspiradas por los defensores del impuesto Tobin e introducir nuevos mecanismos en pro de la estabilidad internacional y una mejor reglamentación financiera mundial? 
Y, en tercer lugar, como dice que no puede decir ni sí ni no en este momento, ¿está dispuesto a defender la necesidad de que la Unión Europea realice un estudio de esos asuntos para que en el futuro podamos decir sí o no y hacer alguna contribución acertada a la Conferencia de Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas que se celebrará a comienzos de 2002? 
No es un secreto que pertenezco a un gobierno que es un gobierno de izquierdas, la izquierda plural; pertenezco a un partido político, el Partido Socialista y, por este motivo, es verdad, perdóneme, señor Presidente, que a menudo tengo la ocasión de encontrar amigos que ocupan un escaño en el lado izquierdo de esta Asamblea y constato, efectivamente, que son los más numerosos, y en este instante además los únicos, en hablar del impuesto Tobin. 
Efectivamente, coincido con ellos en muchos aspectos, pero resulta que aquí, ahora, y cada vez que esté aquí, represento al Consejo en el Turno de preguntas. 
Por tanto, podemos buscar hora para otro tipo de reuniones. 
En lo relativo a su pregunta formulada al Consejo, a saber, la idea de un estudio, créame que la transmitiré con mucho interés al Presidente del Consejo Ecofin, que resulta ser igualmente un ministro de gobierno, lo que quizás permita responder a la preocupación del Sr. Harlem Désir. 
Yo voy a continuar, naturalmente, en el mismo sentido, ya que me parece preciso tener en cuenta que este debate demuestra que cada vez hay un mayor número de personas, especialmente en el seno de la Unión Europea, que se interroga a propósito de un mayor control de la especulación financiera y también sobre el papel de la política para intervenir en esta esfera económica y los poderes exorbitantes de las multinacionales. 
Añadiré, a lo que dijo Danielle Auroi hace un momento en relación con los países del Sur, que algunas estimaciones, formuladas por especialistas, dan cifras interesantes: por ejemplo, un abanico que va de 50.000 a 250.000 millones de dólares, que podrían recuperarse de un impuesto tipo Tobin. El PNUD, por su parte, lo cifra en un importe de 40.000 millones de dólares anuales, un importe que podría bastar para dar condiciones de vida mínimas a cientos de millones de personas que carecen de todo en los países del Tercer Mundo. 
Por tanto, en una época en que los ciudadanos tienen la impresión de que la política no tiene la capacidad de intervenir en la esfera económica, ni tampoco, de manera más general, en el papel de la construcción europea para modificar sus relaciones internacionales, ¿no piensa usted que una medida semejante podría ayudar a devolver la confianza en esta capacidad de la política, y no podría enviar ser una señal en dirección de los países y los pueblos del Sur? 
Una vez más, sigo teniendo la misma preocupación de tratar de limitar la parte filosófica, ideológica, o política de mi respuesta. 
Simplemente quisiera decir una vez más que, cuando se habla del impuesto Tobin, es preciso plantearse también la cuestión de las condiciones de eficacia de tal impuesto. 
Yo mismo recordé las reservas que finalmente tenía Tobin en relación con su propio mecanismo, especialmente en términos de rendimiento. 
Creo que es, efectivamente, importante organizar, en un lugar o en otro, debates contradictorios. 
Sé que hay muchos de ellos, hay partidarios y oponentes al impuesto Tobin. 
Creo que quizás haya que tratar de salir del campo demasiado estrecho de las preferencias para plantearse también cuestiones económicas. 
En el fondo, la cuestión que me planteo yo, incluida en este caso mi pulsión de militante, es la de saber cuáles son las condiciones para que ese mecanismo funcione. 
No entendí bien el final de la pregunta, perdóneme. 
Compruebo, felizmente, por lo demás, si entendí bien, que el punto de vista en favor del impuesto Tobin es compartido en los diferentes escaños, lo que me tranquiliza. 
No quisiera que se creyera que es un capricho que sólo pertenece a un hemisferio cerebral o, en todo caso, político. 
Por lo que atañe a lo demás, simplemente quisiera añadir que, efectivamente, Francia ha examinado un determinado número de ejes de reforma, destinados a responder a las preocupaciones que origina la propuesta de instaurar un impuesto de tipo Tobin, incluso si quedan abiertas las preguntas sobre «como funciona». 
Pero estoy de acuerdo con usted, se podría hablar de ello todavía mucho tiempo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 14 decae. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0729/00): 
Asunto: Extensión de la EEB Al parecer, la EEB es más contagiosa de lo que se pensaba generalmente y puede ser transmitida por muchas especies animales. 
La enfermedad se ha detectado durante los últimos meses, por ejemplo, en diferentes lugares de Francia. 
¿Qué medidas proyecta adoptar el Consejo para evitar la extensión de la EEB y, en opinión del Consejo, cuál sería el principio adecuado de compensación para los ganaderos que debería elegirse cuando se apruebe el gasto presupuestario de la UE? 
El número de casos de EEB, de encefalitis espongiforme bovina, registrados en Europa desde hace varios años es, como es sabido, un tema de gran preocupación. 
El Consejo desea más que nunca tomar todas las medidas para erradicar esta enfermedad. 
Quisiera precisar brevemente que el reciente aumento de número de casos registrados no significa que la epidemia progrese en proporciones importantes. 
Se trata más bien de una especie de revelación, una consecuencia de la generalización de las pruebas en los bovinos muertos, que demuestra en cambio que la epidemia no se ha acabado. 
La Comisión sometió, el 7 de enero de 1999, una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a consolidar las pruebas antes aprobadas por la Comisión en calidad de medidas de salvaguardia para fijar las reglas de prevención y de control de ciertas formas de EEB. 
Esta propuesta se funda en la recomendación de la Oficina Internacional de Epizootias sobre la encefalitis espongiforme bovina y las diferentes opiniones científicas disponibles. 
Tiene por objeto garantizar a los consumidores un grado de protección muy elevado. El Parlamento Europeo tomó una decisión sobre la propuesta de la Comisión en primera lectura, durante sus sesiones de los 15 y 19 de mayo de 2000. 
Aprobó 48 enmiendas, de las que 40 fueron aceptadas por la Comisión. 
El Consejo continúa activamente el examen de la propuesta de la Comisión así como de las enmiendas antes mencionadas, con la óptica de llegar a decidir muy rápidamente una posición sobre este expediente. 
Por otra parte, en espera de la aprobación de esta directiva sobre la prevención de las encefalopatías espongiformes transmisibles, se tomó, en junio de 2000, la decisión de retirar los materiales que presenten riesgos respecto a estas enfermedades, con el fin de parar toda nueva progresión de la epidemia y asegurar al consumidor el nivel lo más elevado posible de protección sanitaria. 
Por tanto, la decisión se aplica a la producción y a la introducción en el mercado de productos de origen animal procedentes de materiales de animales de la especie bovina, ovina o caprina, o que contengan estos materiales. 
Los materiales especificados que presentan riesgos cuyo retiro y destrucción son de ahora en adelante obligatorios y son los siguientes: los cráneos, incluidos los encéfalos y los ojos, las amígdalas, la médula espinal y los ileones de bovinos de más de 12 meses de edad; los cráneos, incluidos los encéfalos y los ojos, las amígdalas, la médula espinal de los ovinos y caprinos que tengan más de 12 meses y los bazos de los ovinos y caprinos de todas las edades. 
Al Reino Unido y a Portugal se aplican algunas restricciones suplementarias. 
Naturalmente, el Consejo sigue atentamente la evolución de los descubrimientos científicos, así como la aplicación de pruebas de detección rápida. 
De este modo, podrán tenerlo en cuenta en el texto de las directivas relativas a la prevención de las encefalopatías espongiformes transmisibles que presentará al Parlamento Europeo. 
En lo que respecta a una posible indemnización de los ganaderos, no se ha sometido al Consejo ninguna propuesta de la Comisión en la materia. 
Por el momento, se recurre, como ustedes saben, a los presupuestos nacionales para los procedimientos de indemnización de los ganaderos. 
Señor Presidente, doy las gracias al señor Ministro por su respuesta a la primera parte de la pregunta, pero no ha contestado con propiedad a la segunda parte de la misma relativa a las indemnizaciones. 
En Francia se han dado nuevos casos de esta enfermedad y se han sacrificado manadas enteras de ganado. 
Aprovechando que comparece un representante de la Presidencia francesa, pregunto: ¿se abonarán estas matanzas de vacuno con cargo a los fondos del Presupuesto de la UE o las pagarán ustedes de los presupuestos nacionales, y considera usted que sería indicado que se pagasen del Presupuesto de la UE? 
Otra pregunta en relación con esto: según los periódicos de hoy, se han encontrado casos de la enfermedad de las vacas locas en esta región de Vosges; ¿puede Francia garantizarnos a los diputados al Parlamento Europeo que la enfermedad no se contagia a las personas que comen carne aquí? 
No leí los diarios esta mañana, pero creo poder hacer una propaganda totalmente honrada en favor de la carne de vaca francesa en general. 
Era una ocurrencia para responder a la suya. 
Más seriamente, respeto la idea de una posible indemnización de los ganaderos, sólo puedo reiterar los elementos que tengo en mi posesión, a saber, que el Consejo no ha recibido por el momento ninguna propuesta de la Comisión en la materia. En claro, eso significa que en la etapa en que nos encontramos no se ha previsto una financiación comunitaria. 
Por lo tanto, en este momento se recurre, en efecto, a los presupuestos nacionales para los procedimientos de indemnización de los ganaderos. 
Mi pregunta se desprende de la última observación formulada por el Sr. Seppänen. 
Recientemente se informó de ese asunto en el Reino Unido y, de hecho, una asesora del Gobierno británico dijo que no recomendaría que sus hijos comieran carne de bovino francesa, porque, según dijo, en Francia siguen entrando en la cadena alimentaria vacas de edad, se siguen usando partes del sistema nervioso en productos como, por ejemplo, salchichas y sigue habiendo contaminación de piensos para animales. 
También hay pruebas estadísticas de que ha aumentado la EEB en Francia y en Portugal. 
¿Pedirá el Consejo a la Comisión que vele por que se apliquen todas las necesarias medidas de salud pública en los 15 Estados miembros para lograr la erradicación por fin de esa enfermedad de la Unión Europea? 
No quisiera entrar en este debate que, como se sabe, es muy agudo, ni en consideraciones bilaterales francobritánicas. 
Creo que éste no es el lugar, ni yo no soy la persona adecuada para esta situación. 
Simplemente quisiera asegurar al Sr. Martín que, efectivamente, el Consejo, en cuyo nombre hablo, quiere velar por que se tomen medidas en todos los países de la Unión. 
Se trata mucho más que de un contencioso bilateral que, por otra parte créanme- recupero por espacio de un segundo mi identidad francesa- lamentamos y que hubiéramos preferido no tener que provocar, incluso si pensamos que era preciso hacerlo en favor de la seguridad de los consumidores. 
La señora diputada no me reprochará el que no desee responder en detalle a un debate sobre la EEB, que tiene lugar en este hemiciclo después del debate sobre el impuesto Tobin. 
No tengo otros elementos que los que acabo de comunicarles. 
Me cuidaré de comentar artículos de prensa, relativos a documentos comunitarios de los que no tengo por ahora un conocimiento preciso. 
Sin embargo, como de costumbre, se dará una respuesta precisa a una pregunta precisa. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
¿Sería posible volver a formular la pregunta nº 2? 
Cuando se ha formulado esa pregunta, yo estaba en una reunión de asuntos exteriores. 
Lamentablemente, no tenía noticia de que fuera a formularse, porque estuve en Sri Lanka durante el mes pasado encabezando una misión de la UE de observación de las elecciones. 
Le pido indulgencia para que pueda oír la respuesta, por favor. 
Tengo que decirle, señor diputado, que el documento se distribuye a todos los diputados en sus casilleros y que el secretariado de cada Grupo político lo recibe el lunes. 
Hay un Reglamento: cuando no se está en la sala en el momento debido, corre el orden. 
La última pregunta, pues, le corresponde a la Sra. Isler Béguin. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0731/00): 
Asunto: Prohibición del tránsito de petroleros por el Estrecho de Bonifacio El Estrecho de Bonifacio constituye un paso extremadamente peligroso para la navegación. Sin embargo, todos los años más de cuatro mil buques transitan por la zona. 
Las costas de Córcega y Cerdeña que se extienden a lo largo de este Estrecho tienen un valor ecológico y patrimonial notable, reconocido por el acuerdo francoitaliano de 1993 que prohíbe el tránsito de la flota mercante de los dos países en cuestión que transporte materias peligrosas. 
Este pasaje permanece indebidamente abierto a la navegación internacional que gana así apenas cuatro horas, a pesar de todos los riesgos inherentes a los buques que, en demasiadas ocasiones, se encuentran en mal estado. 
¿Cuántos Erika en potencia transitan por la zona cada año? 
¿Para cuándo la próxima catástrofe? 
¿Puede el Consejo comprometerse a ampliar esta prohibición a todos los buques, sea cual sea su nacionalidad, y a establecer medidas vinculantes con el fin de preservar el medio marino? 
En su estado actual, la legislación comunitaria relativa al transporte marítimo de mercancías peligrosas o contaminantes se refiere a las condiciones mínimas exigidas a los navíos con destino a los puertos de la Comunidad o que salen de éstos. 
Se trata de una obligación, para esos navíos, el proporcionar a las autoridades de los Estados miembros informaciones relativas a su viaje y a su carga. 
Además, la directiva relativa al control por el Estado del puerto obliga a los Estados miembros a controlar los navíos extranjeros que entran en sus puertos para verificar que respetan la legislación comunitaria e internacional en materia de seguridad marítima, de protección del medio marino y de las condiciones de vida y de trabajo. 
En lo relativo al tráfico internacional en tránsito, el derecho internacional dispone, con ciertas reservas, que los navíos de todos los Estados gocen de un derecho de pasaje inofensivo en las aguas territoriales. 
No obstante, los Estados literales están autorizados, siempre que respeten ese derecho al paso inofensivo, a imponer ciertas exigencias para garantizar la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente. 
En este contexto, la Comisión anunció que presentaría una propuesta para mejorar la vigilancia de la navegación marítima a lo largo de las costas europeas. 
Desde ahora, a propuesta de Francia e Italia, la Organización Marítima Internacional, la OMI, aprobó dos resoluciones en vigor desde el 1 de diciembre de 1998, relativas a la instauración de normas de circulación en el Estrecho de Bonifacio y a una obligación de identificación de los navíos que entran en el estrecho. 
Asimismo, cabe recordar que, a raíz del naufragio del petrolero Erika, la Unión Europea tomó la iniciativa de promover, en el seno de la OMI, los trabajos encaminados a reemplazar los petroleros con un solo casco por petroleros con doble casco. 
El Consejo también emitió, recientemente, orientaciones favorables sobre los proyectos de directiva modificando la directiva de 1995 relativa al control de navíos por el Estado del puerto, así como el proyecto sobre los organismos de inspección de los navíos. 
Estos dos proyectos, que actualmente están siendo examinados por el Parlamento en el marco del procedimiento de codecisión, son elementos suplementarios que contribuyen a reducir los riesgos de contaminación. 
Por otra parte, quisiera señalar, como lo hizo esta mañana el Comisario Barnier, que estas cuestiones de seguridad marítima, sobre la base de una comunicación de la Comisión, fueron abordadas de manera totalmente positiva durante el Consejo Europeo informal de Biarritz, y el Primer Ministro francés simplemente pidió a la Comisión que adelantara, de ser posible, el plazo previsto para la supresión de los navíos con un solo casco de 2015 a 2010, lo que de todos modos parece muy razonable, y una ambición totalmente realista. 
Gracias por su respuesta, señor Presidente, pero la pregunta iba más lejos. 
Nosotros seguimos y conocemos bien el trabajo de la Comisión y del Consejo sobre el paquete Erika 1. 
Pero, respecto a este paso, que es conocido de ambos países y conocido en el seno de la Unión Europea, que se trata de un paso especialmente difícil, por el que transitan grandes navíos para ganar solamente unas horas, con el riesgo de que viejos cascarones vengan a encallar y a provocar una catástrofe, me hubiera gustado saber, y sobre todo a los habitantes de Córcega y Cerdeña, les hubiera gustado saber si será posible y si se prevé prohibir simple y llanamente el paso del Estrecho de Bonifcacio a estos grandes navíos, a estos grandes contenedores. 
Mencioné, en mi respuesta, la sensibilidad de Francia y de Italia a esta cuestión, que ha llevado a estos dos países a proponer a la Organización Marítima Internacional la aprobación de dos resoluciones, en vigor desde el 1 de diciembre de 1998, relativas a la instauración de normas de circulación en el Estrecho de Bonifacio y de una obligación de identificación de los navíos que entran en el estrecho, lo que, como es sabido, no pertenece al derecho común. 
Pero, por otra parte, quisiera recordar que existen también restricciones a las que estamos sometidos. 
En lo relativo al tráfico internacional en tránsito, el derecho internacional, especialmente los Convenios de las Naciones Unidas sobre derecho marítimo, estipula con ciertas reservas que los navíos de todos los Estados gozan de un derecho de pasaje inofensivo en los mares territoriales. 
No obstante, el Estado costero puede adoptar, con arreglo a las disposiciones del Convenio y con las demás normas del derecho internacional, leyes y reglamentos relativos al pasaje inofensivo en sus aguas territoriales que pueden abarcar los siguientes aspectos: seguridad de la navegación, regulación del tráfico marítimo, preservación del medio ambiente del Estado costero, prevención, reducción y control de la contaminación. 
Por tanto, es lo que quisimos hacer en este contexto. 
No obstante, y respondo completamente a su pregunta, debería concluirse a nivel internacional una prohibición eventual de paso a través del Estrecho de Bonifacio a todos los navíos y ser objeto de un convenio internacional. 
Por tanto, la acción de los dos gobiernos interesados está limitada por este derecho internacional. 
Sólo una pregunta complementaria, señor Presidente. 
¿Qué es un paso inofensivo de un buque transatlántico en un estrecho semejante? 
Es una excelente pregunta, en el fondo. 
Gracias por haberla formulado. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 17 a 46 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Procedimiento presupuestario 2001 (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el procedimiento presupuestario 2001. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera empezar dándole la enhorabuena a la ponente. 
Tengo la impresión, también otros que han intervenido lo han dicho ya, de que se trata de un ejercicio presupuestario muy complicado. 
Hay ciertas categorías del presupuesto que son difíciles de ejecutar. 
Por lo tanto, creo que debemos apoyar, en principio, las propuestas de la Comisión para modificar la política de personal. 
No obstante, votaré a favor de la denominada "performance reserve", porque creo que es necesario que en esta fase se nos facilite alguna información más, y por lo que a mí respecta, esa información tiene que ser la relativa a las condiciones exactas de la jubilación anticipada y cuáles pueden ser las consecuencias con respecto al personal cuando en 2004, o quizás ya en 2003, haya también funcionarios procedentes de los países de Europa Central y Oriental. 
Además, estoy también de acuerdo con la observación recogida en la resolución Haug de que hemos de pagar lo antes posible las facturas en el plazo previsto, ya que no es positivo para la Comisión que se siga actuando así. 
Asimismo, se pueden decir algunas cosas sobre la agricultura. 
Me parece que la Comisión ha actuado mal, y el Consejo lo empeoró aún más en la cumbre de julio de este año, recortando a principios de este año los gastos agrícolas. 
Hace algunos años acordamos un procedimiento ad hoc. 
Se deberían fijar los presupuestos agrícolas hacia finales de octubre en la "lettre rectificative", y eso es a lo que nos debemos atener. 
Me parece un misterio que la Comisión ya pueda decir en febrero y el Consejo en julio cuánto se necesita. 
No es más que una estimación y creo que, si acordamos una cantidad que después en Berlín se incrementa, hay que cumplir con lo acordado. 
El gran punto de debate es la categoría 4, de cómo se financia la ayuda de emergencia para los Balcanes. 
Estoy a favor de prestar ayuda y me parece que urge que hagamos algo en Serbia y en la zona occidental de los Balcanes. 
Pero la gran pregunta es por supuesto, ¿cómo se va a financiar esto? 
No soy partidario de aumentar artificialmente determinadas partidas presupuestarias y decir luego que tenemos que cambiar las perspectivas financieras. 
Abogo más bien por hacer un intento de encontrar estos fondos dentro de las perspectivas financieras. 
Si al final no hiciera falta, entonces ya veríamos pero en esta fase no hay nada que haga suponerlo. 
Quisiera abordar el tema de la ejecución presupuestaria y en especial dos líneas. 
Me acaba de llegar una carta de la Comisaria sobre el tema de la ejecución presupuestaria de la ayuda de emergencia. Lamentablemente, ésta es muy necesaria en Europa. 
La Comisión afirma que no es una política de información, sino una política social. 
Por lo tanto, no tiene cabida en esta categoría, como ha expresado en su voto el Parlamento. 
Yo lo pongo en duda, porque creo que se trata tanto de una política de información como de política social, y espero volver a tratarlo dentro de poco en la Comisión de Agricultura. 
Una segunda cuestión es la política de calidad para los productos agrícolas para la cual el Parlamento asignó el año pasado 50 millones en los presupuestos. 
Este es un tema de lo más actual. 
Pero la Comisión apenas lo ha ejecutado, lo cual me parece muy lamentable. 
Señor Presidente, el Presupuesto de la Unión Europea para el próximo ejercicio se ha realizado en circunstancias difíciles. 
Esto es culpa del Consejo. 
Los problemas son los mismos que el año pasado. 
La legislatura anterior del Parlamento Europeo vinculó a la presente legislatura con lo establecido en el Acuerdo interinstitucional dos meses antes de la investidura del actual Parlamento, y en dicho acuerdo se fijó un límite demasiado bajo para los gastos de la categoría 4. 
En aquel entonces no se tenía conocimiento de que la Comisión y el Consejo prometerían ayudas para la reconstrucción de Serbia y de Kosovo con cargo a estos fondos. 
Los compromisos políticos contraídos con las fuerzas de oposición de la región de la antigua Yugoslavia deben ser cumplidos ahora. 
En este caso concreto se requiere una revisión del límite máximo de la categoría 4. 
Si el Consejo no accede a ello, el Parlamento deberá cancelar el Acuerdo interinstitucional en lo que se refiere al llamado principio de rigor presupuestario. 
El presupuesto necesita nuevos fondos en efectivo para Serbia y Kosovo. 
No es justo que las ayudas a los pobres de la región de la antigua Yugoslavia sean pagadas por los pobres de la región del Mediterráneo, de Rusia o de otros países. 
Según el Consejo, es así como hay que proceder. 
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la Unión Europea parece contar con fondos suficientes para financiar a los partidos políticos de nivel europeo, pero no bastan estos fondos para luchar, por ejemplo, contra el desempleo. 
Estoy asombrado por la propuesta de que las subvenciones a los partidos políticos de nivel europeo se paguen de las partidas incluidas en la categoría 3 de la Comisión. 
Esto querría decir que la subvención de los europartidos se duplicaría. 
Y si estos partidos no han dudado en malversar fondos del Parlamento Europeo para financiar actividades propias, es de suponer que seguirán haciendo lo mismo aunque reciban subvenciones de la Comisión. 
¿O es que alguien piensa que los europartidos serán obligados a pagar alquileres al Parlamento o a sufragar ellos mismos los gastos de las comunicaciones informáticas que lleven a cabo en el Parlamento? 
En líneas generales, nuestro Grupo acoge negativamente las subvenciones de los europartidos y las eventuales malversaciones de las mismas. 
Señor, el presupuesto de este año es, en mi opinión, un presupuesto sin pena ni gloria. 
¿Por qué? 
Pues, si por una parte ha existido una constructiva relación con la Comisión, gracias a la Comisaria Schreyer y a la santa paciencia del presidente Wynn en el seno de la comisión, por otra, sin embargo, nos hemos topado con un Consejo que ha intentado monopolizar totalmente nuestro presupuesto llegando quizás a este resultado, pero seguramente no reconociendo resultados, en términos políticos, a la participación de nuestra comisión en el presupuesto. 
Además, llegar a frenar nada menos que la decisión sobre la intervención en Kosovo y en Serbia alegando problemas de orden formal no contribuye en absoluto a proyectar una buena imagen de nuestra Comunidad en el exterior. 
No obstante, me interesa mucho y sobre todo subrayar que hace seis meses en este Pleno se puso de manifiesto una de las prioridades políticas fundamentales. 
Cito precisamente la resolución del Parlamento: "El Parlamento Europeo pide a la Comisión que preste especial atención a los problemas estructurales de índole económica o social causados por las catástrofes naturales y que considere la conveniencia de adoptar medidas adecuadas de prevención; subraya asimismo la necesidad de rehabilitar la línea B4-3400- ayuda urgente a las poblaciones de la Unión Europea- con el fin de responder de inmediato a las necesidades urgentes con pleno respeto al principio de subsidiariedad". 
Pues bien, todo esto no se ha hecho, sino todo lo contrario. 
En el momento en que, con la ampliación en puertas y la crisis del euro, es necesario fortalecer los puentes establecidos a lo largo de los últimos cincuenta años entre los pueblos de la Unión Europea y la propia Unión, una acción comunitaria en favor de las poblaciones afectadas por las catástrofes naturales es cuando menos políticamente oportuna y moralmente urgente. 
El mismo Sr. Lasaca que ha presentado una enmienda similar a la mía y con el que estoy totalmente de acuerdo, ha recordado en un escrito que todos ustedes han recibido, que dentro de la Unión Europea se han creado en el pasado y corren el riesgo de crearse en el futuro situaciones paradójicas, por las cuales las acciones de urgencia en favor de zonas afectadas por catástrofes dentro de nuestra Unión se realizan por parte de marines americanos más que por la propia Europa. 
Éste es sólo uno de los posibles supuestos. Otro supuesto es que los Estados miembros sean abandonados a su suerte. 
Actuando de esta forma en nombre de la subsidiariedad, en realidad, la Unión abdica de una de sus tareas como ha ocurrido en estas semanas tanto en el norte de Italia como en España. 
Con frecuencia se han rebatido mis observaciones mencionando la falta de fundamento jurídico. 
Por eso, quiero hacer referencia a algunos elementos. 
¿Cuántas familias corren el riesgo de morir? 
¿Acaso no es un objetivo de la Unión velar por su seguridad y su salud? 
Esto forma parte del Título XIII del Tratado. 
¿Cuántas redes viarias y de transporte enteras se convierten en inutilizables? 
¿Acaso no es un objetivo de la Unión restablecer su utilización? 
Es el Título V del Tratado. 
Así podríamos mencionar el Título VII y el Título VIII del Tratado que se refieren a las industrias y empresas que se ven obligadas a cerrar. 
¿Acaso no se acaba por menoscabar la política económica y ocupacional común? 
Es el Título II del Tratado. 
En cuanto a los cultivos que se destruyen en pocos días, ¿acaso no hay que invocar un pilar de la Unión? 
Dejemos pues de no enfrentar la situación y tratemos de actuar. 
¿Dónde está el problema? 
¿Acaso el Pleno considera que una acción comunitaria en este sector va en contra del principio de subsidiariedad? 
No, no lo creo y considero que es moralmente oportuno respaldar la enmienda que vamos a votar el jueves. 
Señor Presidente, señorías, nuestro presupuesto 2001, con sus 92,5 millardos en créditos de pago, presenta dos novedades junto con otros elementos clásicos. 
Con respecto a las novedades, se trata en primer lugar de la primera presentación de tipo funcional, o programatorio, y no simplemente administrativa, con 19 políticas que agrupan 200 actividades, algo que se encuentra en la mayoría de los países; Francia está haciendo la reforma en este sentido. 
La segunda novedad es la guerra presupuestaria, que se ha desplazado. 
Hasta aquí, manteníamos una guerra a propósito de los gastos obligatorios o no obligatorios, o sobre el tipo máximo de incremento; ahora, la guerra entre el Parlamento y el Consejo de ministros, entre las dos autoridades presupuestarias, tiene la tendencia a desplazarse hacia la revisión de las perspectivas financieras, que por cierto han sido revisadas treinta y ocho veces desde el paquete Delors, y hacia la batalla sobre la rúbrica 4, es decir, las acciones exteriores. 
Con respecto a los elementos clásicos, por encima de los problemas de sinceridad en las previsiones, se encuentra en primer lugar el problema de las restricciones presupuestarias para nuestros agricultores: 300 millones de euros de recorte en los gastos agrícolas, 225 millones de euros de recorte en los créditos de desarrollo rural. Nada para los apicultores, que sólo pedían 15 millones de euros, mientras que para los Balcanes se pueden aumentar los gastos en un 30%. 
Segundo elemento clásico, la gratificación a los amigos ideológicos. 
Se encuentra el foro de las subvenciones a las asociaciones de la droga, la xenofobia, los migrantes, la casa Jean Monnet, el consejo de los exiliados, el observatorio de la droga, incluso el programa Prince; se destinan 38 millones a la campaña del euro. 
Finalmente, el tercer elemento clásico son las sumas presupuestarias para la preferencia extranjera. 
Hay pobres en Europa, aunque no sean más que los campesinos jubilados. 
Resulta chocante ver al Sr. Wurtz y al Sr. Fodé proponer créditos por enmienda para Chile, Australia, Sudáfrica. 
Todo para los demás, nada para los nuestros; se arrojan incluso 250.000 euros para el Parlamento mundial de la OMC. 
Espero, señor Presidente, y termino con esto, que se recorten a pesar de todo las líneas del presupuesto en 50 millones de euros para financiar el acuerdo de paz entre Israel y la OLP. 
Espero que no vaya ni un solo euro al ejército israelí para comprar las balas que matan a los jóvenes adolescentes palestinos en su propia tierra. 
Señor Presidente, en el informe Haug se expresa la opinión de que la Comisión, en estrecha cooperación con el Parlamento, tiene la obligación de facilitar información a los ciudadanos europeos sobre las políticas de la Unión Europea. 
Pero el Parlamento tiene otra obligación: la de presentar ante la Unión Europea las preocupaciones de los ciudadanos de los Estados miembros, cosa que no parece fomentarse aquí. 
Algunos diputados de aquí han de saber que mi partido, el Partido de la Independencia del Reino Unido, desea la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. 
Lo que, sin embargo, no sabrán es que, según recientes encuestas de opinión, ésa es ahora la opinión mayoritaria de los ciudadanos del Reino Unido. 
Como diputado al Parlamento Europeo interesado en esa mayoría, ¿cómo puedo aprobar el gasto de 11.500 millones de los contribuyentes del Reino Unido- es decir, nuestra actual contribución anual -, cuando no cuenta con una amplia aprobación pública? 
La Comisión es, al menos en el Reino Unido, sinónima de fraude y despilfarro. 
El Tribunal de Cuentas se ha negado a firmar las cuentas durante cinco años seguidos y la OLAF ha indicado que los controles financieros siguen sin mejorar en gran medida y que las reformas de la Comisión están estancadas. 
Así, pues, ¿qué seguridades hay de que se vayan a aplicar controles para velar por que se gaste bien el dinero de los contribuyentes de los Estados miembros? 
¿Qué garantía puede dar la Comisión, cuando el Tribunal de Cuentas llegue a examinar los gastos para 2001, de que se habrá gastado esta asignación presupuestaria de forma sensata y correcta? 
Cuando otros diputados están expresando también sus preocupaciones por la forma como se gastan los fondos- por ejemplo, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica acaba de decidir unánimemente presentar una propuesta para rechazar este presupuesto -, ¿puede alguien darme una razón siquiera por la que debo cambiar de opinión y votar a favor de este presupuesto? 
Señor Presidente, el problema del ejercicio presupuestario del 2001 es más un problema de calidad que un problema de cantidad. 
Todos sabemos que las perspectivas financieras que se aprobaron en Berlín fueron escasas en la categoría de acciones exteriores. 
La acción militar contra Serbia, las ayudas a la reconstrucción, la previsible caída de Milosevic. 
Mucha necesidad y poco dinero. 
Sin embargo, aquellas perspectivas financieras fueron un éxito porque eran, en aquel preciso momento, el único acuerdo posible entre 15 Estados miembros. 
Y el acuerdo interinstitucional derivado de la Cumbre fue una buena noticia para los poderes de esta Asamblea. 
Las necesidades exteriores desvelan la escasez de la categoría 4. 
Sin embargo, lo que más claro aparece ahora es el enorme problema de subejecución de todas las categorías del gasto: en el desarrollo rural, en los fondos estructurales, en los grandes programas de ayuda exterior ¿Qué está pasando en el presupuesto de la Unión? 
Con lo no ejecutado en años anteriores podríamos financiar un año adicional sin recursos nuevos. 
En cualquier administración nacional, regional o local tal subejecución pondría en la bandeja la cabeza de unos cuantos responsables. 
En la Unión, ni siquiera sabemos quién es el responsable. 
Por ello, desde el Parlamento Europeo propondremos nuevas medidas, no dirigidas tanto a buscar nueva financiación- que ya sabemos que en las condiciones actuales no se va a poder ejecutar- sino a fijar nuevos compromisos interinstitucionales que mejoren la calidad del gasto y aseguren que no se desperdicie un euro. 
Y tendrá usted, Sra. Comisaria, que revisar, aunque le parezca imposible, el acuerdo de comitología. 
El esfuerzo de la ponente Haug por incorporar las sugerencias de nuestro Grupo en dicha materia son muy de agradecer. 
Debemos de reconocer que está siendo una ponente muy razonable y que está buscando el consenso. 
A medio plazo se verá la importancia de las decisiones que hoy el Parlamento está empezando a tomar. 
Es cierto que una posición intransigente del Consejo dificultaría las cosas en asuntos tan relevantes como la movilización del instrumento de flexibilidad para MEDA, los comités de gestión, los incrementos en pagos para reabsorber el resto que debe liquidarse o la extensión del procedimiento de programación N + 2 a las acciones exteriores. 
Con una posición flexible por parte del Consejo, se podría llegar a un acuerdo en segunda lectura para cerrar el presupuesto. 
Recordemos que el Parlamento Europeo ha aceptado una categoría 4 muy escasa, ha aceptado que la revisión de las perspectivas financieras sea una posibilidad, en vez de una prioridad política, ha aceptado un recorte importante de los programas de ayuda exterior de la Unión, ha aceptado, en definitiva, jugar en un campo que extiende las prerrogativas presupuestarias del Consejo en detrimento de las nuestras propias. 
Pero esto no se puede extender ad infinitum. 
Hoy discutimos también el informe Colom i Naval sobre el Acuerdo interinstitucional en el que la Comisión se compromete a presentar al Parlamento toda la información necesaria en aquellas iniciativas que tengan impacto financiero. 
Ahora, en el año 2000, después de más de 15 años de historia parlamentaria, es cuando viene esta iniciativa al Parlamento. 
El Parlamento Europeo es la otra rama de la autoridad presupuestaria y, sin embargo, es la prensa la que nos informa muchas veces de los nuevos compromisos financieros de la Unión tomados en los Consejos Europeos. 
Después, cuando el compromiso ya está anunciado y tomado sólo queda pedir a la Comisión y a sus comisarios que hagan un hueco en el presupuesto y al Parlamento que lo acepte. 
Tampoco eso puede seguir así, no es bueno para nadie, ni para los países miembros, ni para las instituciones, ni para la Unión. 
¿Qué credibilidad puede tener una Unión Europea que funciona de esta manera? 
¿Dónde estará la credibilidad de nuestra política? 
Señores del Consejo, dondequiera que ustedes estén, yo me considero un diputado muy moderado que siempre defiende el camino de la cooperación interinstitucional, tanto en materia presupuestaria como en cualquier otra. 
Estamos ahora en primera lectura y tienen ustedes tiempo suficiente para buscar el pleno acuerdo con el Parlamento. 
Piensen que en política europea, como en cualquier otra materia, a veces las opciones moderadas dejan de ser mayoritarias. 
Felicito a todos los ponentes y también al Sr. Ferber, ponente respecto de las otras instituciones, que son las que más nos preocupan. 
Hay tres cuestiones importantes que deben preocuparnos en relación con el presupuesto para las otras instituciones. 
En primer lugar, ¿hasta qué punto mejora este presupuesto la eficiencia y la eficacia de las instituciones? 
En segundo lugar, ¿hasta qué punto aumenta la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos europeos? 
En tercer lugar, ¿hasta qué punto prepara para el futuro de la Unión ampliada? 
Sobre el primer aspecto, creo que este presupuesto sigue aplicando los principios de rigor presupuestario, prudencia presupuestaria, mejora de la eficiencia, control presupuestario más eficaz, mejor utilización de los recursos y una intensificación del rigor en general, que son factores- todos ellos- decisivos para aumentar la confianza de los ciudadanos de la UE en las instituciones. 
Evidentemente, hay excepciones en este presupuesto para el Tribunal de Justicia, claramente justificadas. 
En este caso las circunstancias son excepcionales, dado el aumento de casos judiciales y un enorme retraso de la traducción, pero en todas las demás instituciones se aplica el rigor. 
Ahora bien, en todos los sectores se puede aplicar aún más el principio del rigor presupuestario. 
En el caso del Parlamento, ¿cómo podemos hablar de rigor presupuestario y seguir teniendo sedes en tres ciudades diferentes, en tres Estados miembros diferentes? 
Es necesario que se vea que practicamos lo que predicamos. 
Sin querer ofender a nuestra ciudad anfitriona aquí, en Estrasburgo, nuestros períodos parciales de sesiones en esta ciudad son un manifiesto despilfarro de tiempo, dinero y capacidad del Parlamento para ser eficaz y eficiente. 
Lo mismo es aplicable a la separación de la administración del Parlamento entre Luxemburgo y Bruselas. 
Si alguien no está aún convencido, que examine simplemente las pruebas. 
Esta resolución revela claramente que la suspensión de la sesión de los viernes por la mañana en Estrasburgo representará una economía de un millón de euros. 
¡Imagínense sus Señorías lo que se podría economizar, si se suspendieran totalmente los períodos parciales de sesiones en Estrasburgo y el Parlamento tuviera su sede exclusivamente en Bruselas! 
Pero no son sólo los Tratados los que necesitan una reforma. 
Los diputados necesitan poner su casa en orden, en particular en relación con las dietas pagadas a los diputados al Parlamento Europeo durante las semanas correspondientes a sus cirscunscripciones. 
Creo que son necesarias directrices estrictas. 
Mi Grupo cree que la Mesa del Parlamento debe revisar su decisión y confeccionar también una lista completa, con criterios claros, para los casos excepcionales en que los diputados pueden recibir dietas por su presencia en Bruselas durante las semanas correspondientes a sus circurscripciones. 
Además, nosotros, los diputados, debemos abordar también la cuestión del estatuto de los asesores. 
Se debería haber hecho mucho antes y ahora resulta urgentemente necesario. 
Demasiados diputados a esta Asamblea han prevaricado al respecto durante demasiado tiempo. 
Para que el Parlamento se granjee alguna vez la reputación de transparencia, resulta indispensable un estatuto para nuestros asesores. 
Todas las instituciones deben lanzarse a la reforma sin reservas. 
Lo que necesitamos a ese respecto es actos y no simples palabras vacías. 
No sólo es así respecto de la cuestión de la sede; se debe hacer la reforma de las instituciones europeas lo antes posible. 
La Comisión está empezando a poner su casa en orden y reviste importancia decisiva que se vea a las demás instituciones hacer lo propio. 
En particular, las otras instituciones deben seguir el ejemplo de la Comisión lo antes posible en la aplicación de la presupuestación en función de las actividades. 
Sólo podremos ser transparentes y responsables, si todos los encargados de adoptar decisiones demuestran claridad respecto del presupuesto y lo que éste entraña. 
Una de las mayores frustraciones durante el año pasado es la de que resulte tan difícil desentrañar la presentación burocrática de las líneas presupuestarias. 
El sistema es cualquier cosa menos transparente. 
Está concebido para obscurecer en lugar de para esclarecer y me ha decepcionado la actitud adoptada hoy respecto de la presupuestación en función de las actividades. 
Pero, naturalmente, no basta con fomentar la reforma en cada una de las instituciones por separado. 
Sólo se pueden hacer economías de verdad, si las instituciones trabajan en cooperación. 
Apoyo totalmente la insistencia de esta resolución en la mejora de la cooperación interinstitucional, como la propuesta de una oficina de contratación institucional, que aportará ventajas reales en eficiencia y rentabilidad. 
Tiene que haber más vigor y determinación para que el Parlamento, el Consejo y la Comisión cooperen lo más estrechamente posible respecto de cuestiones como la traducción, la interpretación, las bibliotecas y los edificios. 
Nada es más importante que una demostración por nuestra parte del rendimiento de los fondos dedicados a la política inmobiliaria. 
Se trata de un sector que ha estado muy expuesto a la luz de los medios de comunicación y del público en general. 
La verdad es que debemos formular una estrategia para velar por que no haya excesos en los gastos en el futuro y que sean adecuados para los usuarios principales, incluida una plena accesibilidad para las personas con discapacidades. 
Joan Colom i Naval, vicepresidente encargado de los edificios, ya ha introducido esa estrategia. 
Lo que debemos hacer ahora es aplicarla en forma de plan detallado para que no tengamos más problemas en el futuro. 
Por último, lo que me parece decepcionante en este informe es que no se centre intensamente en la necesidad de planificación y preparación para el futuro, en particular en relación con la Unión ampliada. 
Creo que lamentaremos no haber hecho una mayor preparación para la ampliación en este presupuesto. 
En conclusión, si bien estamos logrando avances importantes con este informe en relación con las primeras cuestiones que he destacado- la eficacia y la eficiencia -, respecto de la segunda y la tercera- la transparencia y la rendición de cuentas y la planificación para el futuro- podríamos haber sido aún más ambiciosos. 
Señor Presidente, esta vez la Comisión ha elegido una nueva forma de presentar las cifras al presentar el presupuesto para el próximo año. 
En lugar de mostrar sólo los gastos repartidos por cuentas, el presupuesto en su nueva presentación muestra más claramente que conseguimos con el dinero. 
Tenemos los gastos repartidos por ámbitos políticos y por actividad. 
Es un buen invento que esconde una intención más que la meramente pedagógica. 
La pedagógica radica en que todos podremos ver mejor qué conseguimos con el dinero. 
Como representantes elegidos por el pueblo, nos alegra naturalmente cualquier paso que pueda hacer el presupuesto más comprensible. 
Sin embargo, el que los gastos se repartan según actividades, plantea también en mayor medida cómo el presupuesto es visto como un instrumento político donde el reparto de los gastos refleja claras prioridades políticas. 
La primavera pasada, el señor Comisario Chris Patten ilustró esto al plantear la pregunta: "¿ Por qué destina la UE más dinero a la reconstrucción de los daños provocados por el huracán Mitch en Latinoamérica que el que ha destinado al desarrollo de la economía en Rusia ?". 
Es el tipo de preguntas que debemos hacernos nosotros mismos cuando estudiamos el presupuesto. 
Pues son estas preguntas las que se harán con razón nuestros electores. 
Con la nueva presentación se ha vuelto también más fácil observar y entender el cuadro global, no obstante, la nueva presentación, el diseño presupuestario basado en actividades, también debe ser un espejo del proceso de reforma que tiene por objeto que la Comisión establezca una gestión simplificada mediante la delegación y la fijación más clara de la responsabilidad y esto sí que es un asunto más grave. 
Hay en marcha grandes cambios organizativos, y hace falta una nueva cultura en la que exista verdadera voluntad de asumir la responsabilidad de poner en marcha cada parte del presupuesto y aceptar las consecuencias inherentes cuando no se cumple con la responsabilidad. 
Le deseo a la Comisión toda la suerte posible en estos esfuerzos. 
Los mensajes políticos en el presupuesto de este año son- como ya ha dicho el señor Comisario Schreyer- muchos. 
La reestructuración de la política agraria, los nuevos programas estructurales, asegurar una mejor ejecución de la política estructural, el seguimiento de las decisiones adoptadas en la Cumbre de Lisboa relativas a la creación de una UE más fuerte y más competitiva y a la lucha contra la exclusión social. 
Son temas importantes, no obstante, el tema político que merece nuestra mayor atención de todos ellos es una vez más la política exterior. 
La ayuda comunitaria es muy necesaria tanto en los países solicitantes en el Tercer Mundo como en los Balcanes. 
En medio del proceso presupuestario se ha producido el feliz acontecimiento de que el Sr. Milosevich haya tenido que renunciar al poder y las muchas promesas de ayuda económica a Serbia deben ahora hacerse realidad. 
Todos- el Consejo, el Parlamento y la Comisión- estamos de acuerdo en que debemos ser ahorradores y todos nos hemos mantenido comedidamente por debajo del techo establecido para los gastos. 
Luego el debate sobre cómo conseguir dinero para Serbia no gira en torno a la falta de voluntad para mantenerse dentro de una marco económico. 
Creo que nuestros electores no podrán entender razones presupuestarias de carácter técnico para que de común acuerdo no encontremos dinero para Serbia y los Balcanes sin perjudicar nuestros esfuerzos en otros países. 
No es una exigencia popular que no deba haber una revisión de las perspectivas financieras. 
Al contrario, es una exigencia popular que hallemos una solución y apoyemos a Serbia. 
Y encontremos entonces una solución plurianual, de modo que para el año próximo y el año próximo de nuevo no tengamos también que pasar por esta discusión sobre cómo hallar dinero para la reconstrucción de los Balcanes. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi máximo respeto hacia la ponente. 
Era realmente asombroso observar con qué habilidad manejaba esta complicada materia en las numerosas reuniones que celebramos al respecto. 
Sus conocimientos me deslumbran y debo hacer esfuerzos por seguir sus razonamientos. 
Pero en realidad quisiera destacar otra cuestión fundamental. Recuerdo que en la legislatura anterior discutimos- señora Comisaria, si no me equivoco, usted se encargó del presupuesto en el parlamento regional de Berlín- y nos preguntamos si el límite máximo del 1,27 % bastaba para afrontar los problemas y tareas que nos esperaban. 
Se trataba de la ampliación. 
En aquel entonces la ayuda a Kosovo y Serbia no estaba aún sobre la mesa. 
La cuestión era si debíamos reclamar o no un aumento de dicho margen. 
Hoy día el presupuesto y el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2001 se sitúan por debajo del techo del 1,27 % en más de 20 mil millones de euros. 
Quisiera dejar claro a mis colegas que no tiene sentido despilfarrar dinero, pero tampoco es oportuno que el Parlamento se abroche el cinturón accediendo una y otra vez a las peticiones de los países y buscando fórmulas para llevar a cabo una ampliación de la política con un presupuesto fuertemente recortado. 
Otro tema que quisiera abordar aquí es el de la política agrícola. 
Es ahí donde se practica la mayoría de los recortes. 
Sin embargo, en mi opinión, los fondos destinados a la agricultura y al mundo rural no son excesivos, sólo que en los años pasados han ido a parar a los canales erróneos. 
Nosotros como Parlamento estamos especialmente comprometidos con la cualificación política. 
A este respecto quisiera señalar que la ley de disciplina presupuestaria- yo la llamo ley de garantía presupuestaria- convierte los créditos obligatorios en materia agrícola en créditos no obligatorios, en el momento en que los Estados, si esos créditos resultan insuficientes, deben pagar la diferencia, pero en el que a su vez la Comisión se ve obligada- para mantener el marco presupuestario- a presentar propuestas para asegurar que las estimaciones no se rebasen. 
Me parece sumamente peligroso que en adelante utilicemos la agricultura sistemáticamente como cantera, vaciándola poco a poco. Si el próximo presupuesto se orienta por los recortes que hemos tenido que practicar a la fuerza en este caso, todos acabaremos entrando en un camino sin retorno en el que se van perdiendo los fondos que necesitamos urgentemente para el desarrollo rural. 
Señora Presidente, estimados colegas, sería deseable que los debates presupuestarios fueran momentos estelares en la vida del Parlamento. 
Me temo, sin embargo, que éste no es ni mucho menos el caso. 
El Consejo de Berlín se guió por un límite máximo del 1,135 %. 
La Comisión está en un 1,07 y el Consejo desea dejarlo en un 1,05. 
En realidad, el presupuesto debería representar el 1,27 %. 
Todo ello sucede en un momento en el que, como es sabido, se incrementarán los gastos destinados a los Balcanes. 
El importe de 200 millones de euros para Serbia que se ha venido mencionando hasta ahora no cubre ni de lejos las necesidades reales. 
Es poco más de lo que se ha donado para las elecciones. 
La guerra de la OTAN ha hecho demasiados estragos y ha causado demasiada miseria. 
La tarea de las nuevas fuerzas políticas, que tienen nuestro beneplácito, no se limita a labores políticas, sino que también deben eliminar los escombros de la guerra de la OTAN, lo que queda de las empresas, escuelas, hospitales, puentes y otras construcciones destruidas, e iniciar la reconstrucción. 
Quisiera subrayar sobre todo que hemos de asumir nuestra responsabilidad con respecto al destino de todos los ciudadanos del país. Entre ellos hay más de 500.000 refugiados que permanecen en la República Federal de Yugoslavia. 
Ningún otro país ha acogido a un número tan elevado de refugiados. 
Y en estas circunstancias se insta al Parlamento a que opte por la moderación en los ámbitos sociales y que reduzca los fondos para la política de desarrollo frente al incremento de la pobreza mundial. 
Ya queda claro en este momento que la capacidad de la Unión Europea de integrar a los Estados de la Europa Central y Oriental no depende únicamente de la reforma institucional, sino también- y en mi opinión mucho más- de la capacidad de acción de la Unión ante este reto. 
Si no modificamos la política presupuestaria, Europa quedará aún más dividida por una insalvable barrera de pobreza tras la adhesión de estos países. 
No necesitamos discursos ni declaraciones, sino una nueva actuación solidaria, concreta y social por parte de la Unión Europea. 
Ante esta necesidad el Parlamento está llamado a aportar su propio granito de arena. 
Acojo con beneplácito la oportunidad de hacer una breve contribución a este importante debate y explayarme sobre la importancia del presupuesto agrícola y su importancia no sólo para los agricultores, sino también para la sociedad en general. 
Los interesados en el desarrollo de un sector agropecuario sostenible han de saber que la orientación fundamental de la reciente reforma acordada en Berlín es un paso continuo del apoyo a los productos al apoyo directo a las rentas de los agricultores. 
Se trata, por tanto, de una medida económica y social y va encaminada a poner los precios en consonancia con el mercado mundial y al tiempo procurar conservar el modelo europeo basado en la explotación familiar. 
Una observación que no se hace con frecuencia es la de que esta importante asignación presupuestaria no se limita sólo a apoyar a los agricultores, sino que es, además, un factor para la aportación de alimentos baratos a los ciudadanos europeos. 
En algunos sectores de la actividad agropecuaria, como, por ejemplo, la producción apícola, el apoyo de la UE representa el margen de beneficio, lo que significa, en realidad, que los consumidores disfrutan de un producto alimenticio de calidad a precio de coste y, lamentablemente- como se ha demostrado en los últimos años -, a veces inferior al coste de producción. 
El año pasado se acordó en Berlín que la asignación presupuestaria para el sector agropecuario correspondiente al período 2000-2006 ascenderá a más de 506.000 millones de libras esterlinas y que los 15 Estados miembros de la Unión Europea seguirán aportando el 1,3 % de su producto nacional bruto al presupuesto anual global, que, naturalmente, comprende medidas para financiar la propuesta ampliación de la Unión Europea, propuesta que mis colegas y yo apoyamos totalmente. 
Apoyamos totalmente la idea de la ampliación y la asignación de recursos suficientes para hacer la transición de los Estados candidatos a una integración positiva. 
Pese a lo que se acordó, a veces me pregunto si es posible lograr ese objetivo con las actuales limitaciones presupuestarias sin socavar el presupuesto agrícola necesario para un sector rural sostenible en los actuales Estados miembros. 
A ese respecto, creo que debemos actuar como políticos; no podemos aspirar a ser magos en una situación en la que puede no haber fondos suficientes para desarrollar las economías de los países de la Europa central y oriental con la orientación que deberían seguir, según los Estados miembros actuales, para desarrollarse. 
Frustrado porque, tras largos debates en el seno de la Comisión de Presupuestos y a pesar de los esfuerzos meritorios del ponente general, a quien debo rendir homenaje, no acabo de ver exactamente qué quiere este Parlamento en el problema, fundamental, de la revisión de las perspectivas financieras. 
Globalmente, mantenemos dos actitudes: la del Consejo, que se obstina en pretender financiar las nuevas necesidades de Kosovo y de Serbia mediante la partida fijada en Berlín sin revisión, y la de la Comisión, que propone una revisión de las perspectivas financieras, de forma que se financien estas nuevas necesidades sin atentar gravemente contra las demás políticas, y principalmente contra el programa MEDA. 
Hasta el presente, este Parlamento ha estado siempre a favor de la falta de distribución en el interior de la categoría 4 para financiar las nuevas necesidades. 
Por ello se pronunció a favor de una revisión de las perspectivas financieras. 
En este momento tenemos la sensación de que continúa luchando en esta línea, pero sólo hasta el primer cartucho. 
A pesar de la propuesta más audaz del ponente, hemos votado un texto que no incluye ni la palabra "revisión", como si éste término se hubiera convertido en obsceno, en una especie de palabra fea que comenzara por r, como hay una palabra fea que comienza por f, ni importes, como si fuera posible llegar a una negociación sin concretar las cantidades. 
Estoy preocupado, y como pertenezco a un grupo que se recuerda a veces haber sido demócrata-cristiano, quisiera que fuéramos fieles a una palabra del Evangelio: que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en primer lugar, naturalmente, me gustaría felicitar sobre todo a todos los ponentes. 
Es siempre un trabajo titánico llevar a buen término las negociaciones presupuestarias y creo que procede darles la enhorabuena por ello. 
Señorías, un presupuesto es siempre más que un frío cálculo de cifras. 
Detrás de cada cifra, detrás de cada línea presupuestaria, detrás de cada fondo concedido, hay una política premeditada, hay objetivos políticos, hay expectativas inmensas y hay sobre todo también personas. 
En las dos semanas pasadas lo he podido sufrir en mis propias carnes durante un viaje por la zona occidental de los Balcanes, donde visité Kosovo y Bosnia. 
Estaba en Pristina, cuando Kostunica fue recibido solemnemente en Biarritz y se le dieron de inmediato a hurtadillas 200 millones de euros en concepto de ayuda de invierno. 
Fue una señal política, estimados colegas, sí, una señal política, señora Comisaria, que no fue recibida con mucha alegría por los albanokosovares. 
Me preguntaron porqué la Unión no aprovecha el cambio de poder en Serbia para seguir ejerciendo presión al nuevo régimen, aunque sólo fuera para que se libere inmediatamente a los 914 presos que están en las cárceles serbias. 
Y les digo de manera clara e inequívoca: a Kostunica le tenemos que dar una oportunidad y espero que en las próximas semanas o meses ponga en marcha una amnistía, pero mientras tanto sí quiero que a nivel político y presupuestario se pongan condiciones políticas a la ejecución de estas dos nuevas líneas presupuestarias, es decir, la democratización y la reconstrucción. 
A mi juicio no hay que dar dinero a Serbia sin que garantice una mayor estabilidad y un respeto absoluto por los derechos de los kosovares, por los derechos de los montenegrinos y por los acuerdos de Dayton de noviembre de 1995. 
Lo digo porque mi viaje por Bosnia me ha enseñado que la situación es, efectivamente, todavía muy problemática. 
Todos los interlocutores estaban contentos con el cambio de poder en Serbia, pero todos temen una disminución de recursos financieros. 
Colegas, un euro sólo se puede gastar una vez y les aviso, y también aviso al Consejo aquí ausente. 
Queda mucho por hacer en Bosnia como por ejemplo el retorno de los refugiados y la limpieza de zonas minadas. 
Visité un proyecto y está claro que la gente de allí necesita el dinero porque sin la eliminación de las minas no puede haber ninguna reconstrucción de viviendas y no se puede dar ningún impulso económico a este estado tan frágil. 
Señorías, recortar los recursos financieros destinados allí significa sin más que aumentará la inestabilidad en la zona occidental de los Balcanes. 
Por lo tanto, apoyo todos los intentos, junto con mi colega Lagendijk, de emplear el máximo de los recursos en la zona occidental de los Balcanes. 
Si es necesario, habrá que modificar a nuestro juicio la categoría cuatro y tenemos que revisar las expectativas financieras. 
Estimados colegas, no quiero que Europa siga siendo un enano político y deseo aún menos una nueva guerra en los Balcanes occidentales, a una distancia menor de 1500 kilómetros de aquí. 
Por lo tanto, asumamos nuestra responsabilidad como autoridad presupuestaria. 
Señor Presidente, verdaderamente el Consejo se ha superado a si mismo con este proyecto de presupuesto que propone para el año 2001. 
En un momento en que, para bien o para mal, las necesidades se están multiplicando, el Consejo reduce de año en año el importe total del presupuesto. 
Como porcentaje del PIB europeo, en lugar del 1,27 %, cae por debajo del 1,05 %. 
Esto va a incidir dramáticamente en la financiación de la política agrícola, de la política social del empleo, de la investigación y en una serie de otros sectores de la política económica, social y de desarrollo a costa de las regiones más desfavorecidas de la Unión y de las capas sociales más amplias. 
Finalmente, es inmoral, señor Presidente, recortar los gastos para la política agrícola, para el programa MEDA, para los excluidos sociales, y así intentar garantizar los recursos destinados a financiar las obligaciones de la Unión Europea en Kosovo y en Yugoslavia. 
Los agricultores y los pueblos pobres del Mediterráneo no decidieron ni materializaron los bombardeos de la OTAN como para tener que pagar ellos los platos rotos. 
Los desastres de los Balcanes se deben reparar, pero que paguen los que los causaron. 
Este presupuesto es inadmisible. 
El Parlamento Europeo tiene una forma muy peculiar de demostrar que se respeta a si mismo y que respeta el sentir de los pueblos de nuestros países. 
Espero que el Parlamento apruebe la enmienda que ha presentado nuestro Grupo y que rechace este presupuesto 
Señor Presidente, estimados colegas, tan sólo quiero pronunciarme acerca de una parte de este presupuesto: me limitaré a la cuestión serbia. 
Las elecciones yugoslavas han demostrado dos cosas: por fin, la gente se ha hastiado del dictador Milosevic y al mismo tiempo confía en el profesor Kostunica. 
El reto que ha de afrontar el nuevo Presidente constituye asimismo un desafío para nosotros, los europeos. 
El proceso de democratización no ha hecho nada más que empezar. 
La retirada del antiguo Gobierno serbio y la formación de un gabinete de expertos de transición así como la reelección del Parlamento serbio prevista para el día 23 de diciembre son condiciones necesarias para que, al igual que en Montenegro, se pueda proceder al relevo de la vieja nomenclatura social comunista en la República de Serbia y se pueda abrir la puerta a los cambios democráticos. 
En los últimos diez días ya se han adoptado importantes decisiones institucionales. 
Quedó garantizada la independencia del Banco Central de Yugoslavia. 
Por fin, la administración aduanera ha dejado de ser un instrumento de corrupción. 
Es fundamental que las sanciones comerciales impuestas por la UE se levanten cuanto antes. 
El Comisario Patten, que se encuentra hoy en Belgrado, debe hacer suya la propuesta de los responsables locales. Proponen que primero se levanten todas las sanciones comerciales y que posteriormente las empresas del entorno de los criminales de guerra pasen a formar parte de una lista negra. 
Debemos hacer algo para salvaguardar la victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones y el éxito inicial de Kostunica. 
La economía yugoslava está totalmente arruinada. 
El Sr. Modrow ya no está presente, pero debería escucharme con atención. 
La principal causa del deplorable estado de la economía está en la nefasta gestión de Milosevic y su esposa, la Sra. Markovic, que ostentaba y continúa ostentando a la vez el cargo de Presidenta del Partido Comunista y el de jefa de una inmensa mafia. 
También contribuyeron a ello las sanciones impuestas al país por culpa de Milosevic, en tanto que los bombardeos de la OTAN desempeñaron en todo esto un papel meramente secundario. 
Es inconcebible que un país que antes exportaba alimentos ahora no pueda abastecer a su población. 
Se avecina el invierno y hacen falta gas, gasóleo e instalaciones de calefacción. 
Tras la elección de Kostunica el Parlamento serbio liberó instantáneamente los precios, que hasta aquel momento habían quedado congelados. El resultado fue que los precios se dispararon, lo cual podría dar lugar a malentendidos entre la población acerca de la política aplicada por Kostunica, aunque él no influyó en esta decisión. 
La estabilidad política depende de la mejora de las condiciones de vida. 
Es muy sencillo: este invierno los serbios no pueden morirse de frío o de hambre. 
Por eso, me alegro enormemente de que nuestros colegas de la Comisión de Presupuestos hayan hecho todo lo posible para que la ayuda de emergencia por valor de 200 millones de euros pueda ponerse en marcha este mismo año, señor Modrow, no el año que viene. No olvidemos que aún nos quedan dos meses y medio. 
Con esos recursos podemos demostrar que el verdadero socio de la región es Europa. 
A raíz de las últimas elecciones el número de interlocutores democráticos locales se ha incrementado en 80 municipios, de modo que a partir de ahora tampoco nos faltan personas de confianza a este nivel. 
Los responsables políticos y económicos serbios reiteran una y otra vez que a largo plazo no quieren depender de nuestra ayuda, pero que ahora mismo necesitan nuestro apoyo para aliviar las necesidades inmediatas y que luego necesitarán ayuda para la autosuficiencia que les permita implantar a medio y largo plazo una economía social de mercado y fomentar las tan necesarias inversiones extranjeras. 
Hoy he oído con gran satisfacción que el profesor Kostunica ha reconocido públicamente que sus antecesores han cometido crímenes contra los albaneses y que él asume las responsabilidades que de allí se derivan. 
Además, estoy segura de que los presos políticos albaneses estarán pronto en libertad. 
Kostunica merece nuestro respaldo. 
Estoy segura de que después de que haya hablado aquí ante nosotros el 15 de noviembre este Parlamento compartirá mi apreciación. 
Al mismo tiempo destinamos hoy 175 millones de euros al depauperado Kosovo. Esto significa que no nos olvidamos de nuestras obligaciones anteriores cuando surgen nuevos retos. 
Espero de todo corazón que en el debate sobre el programa CARDS, que recoge nuestro compromiso financiero con todos estos países, nos comprometamos de idéntica manera, concediendo a cada país lo que merezca. 
La estabilidad de la región de la Europa Sudoriental requiere la estabilidad de sus componentes. 
Señor Presidente, sólo dos pinceladas al presupuesto 2001, sin nexo entre sí. 
En primer lugar, querría decir algo sobre el RAL (resto a liquidar) que cada año produce quebrantos de cabeza como consecuencia del afán del Consejo por recortar los créditos de pago, por obtener este absurdo y falso ahorro, que queda muy bonito en el balance nacional, pero que en realidad sólo produce lo que llamamos una carga para el futuro, porque está claro que lo que se compromete- los compromisos adquiridos- en ejercicios anteriores hay que cumplirlo. 
Y no es cierto lo que hoy hemos oído por parte del Consejo, según el cual nunca ha habido problemas con los pagos. 
No es cierto, y me gustaría haber podido recordar al Sr. Patriat en persona que en 1998 incluso se suspendieron los pagos para el Fondo social porque faltaba un millardo de euros en pagos para los Fondos estructurales. 
Esto es algo que se ha ido repitiendo. 
Los pagos siempre han ido a trancas y barrancas. 
Dicho esto, y teniendo también en cuenta que la propia Comisión ha admitido que para 2001 las peticiones de los Estados miembros en pagos para los Fondos estructurales superan en 8.000 millones de euros las previsiones del APP, creo que ya es hora de que el Consejo empiece a considerar muy seriamente que tendríamos que hacer algo con los pagos y no aumentar el RAL. 
Por otra parte, quisiera manifestar mi preocupación ante el hecho de que los distintos Parlamentos de los jóvenes se hayan incluido en el programa SOCRATES. 
No dudo de la razón de ser de estos Parlamentos, pero no está de más recordar que el programa SOCRATES deriva de un procedimiento legislativo de codecisión entre Parlamento y Consejo y que decisiones como ésta sientan un precedente grave que permitirá que, en el futuro, se incluyan los comentarios de los programas de cualquier tipo de acción que no tienen cabida en otro lado. 
Creo que eso desvirtúa el procedimiento legislativo de adopción de los programas y, sobre todo, el contenido de los mismos. 
Señor Presidente, resulta manifiesto que las actuales perspectivas financieras no están en consonancia con las prioridades y compromisos existentes. 
Y el fulcro de la estrategia del Parlamento debería consistir en obligar al Consejo a garantizar nuevos medios para los nuevos objetivos a fin de evitar que se los persiga a costa de prioridades anteriores. 
Y el Parlamento Europeo no carece de autoridad para reclamar una revisión de las perspectivas financieras, con mayor razón ante semejante propuesta de presupuesto del Consejo, que con todo descaro nos ha traído el presupuesto más bajo, en términos relativos, del último decenio. 
Por no hacerlo, caímos inevitablemente en la "ingeniería financiera", en las redistribuciones y las reducciones ora en los gastos generales ora en los gastos sociales y medioambientales ora en la cooperación, pero lo cierto es que, a pesar de eso, las asignaciones para los Balcanes seguirán siendo insuficientes. 
Por no hablar de la reserva horizontal, de la que resultarán reducciones inaceptables en la política de cooperación, en el Fondo de Cohesión, o incluso en el caso de Timor, en el que hay compromisos firmes desde el punto de vista de la Unión Europea en términos internacionales. 
Evidentemente, valoramos algunos aspectos, en particular el de que se hayan recuperado los importes de 2000 para las políticas de desarrollo. 
Pero eso no es suficiente para modificar nuestra apreciación global negativa del presupuesto que se nos propone, por insuficiente, y a eso se debe la exigencia de una revisión de las perspectivas financieras. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, estamos hablando aquí desde la perspectiva del Parlamento de un presupuesto dotado de aproximadamente 96.800 millones en créditos de compromisos y 94.700 millones en créditos de pago. 
Se sitúa, por tanto, muy por debajo del límite máximo de los recursos propios. 
Creo que el presupuesto para el ejercicio 2001 debe contribuir a la consolidación presupuestaria y administrativa de la Unión Europea sin renunciar a los compromisos adquiridos. 
Los compromisos adquiridos afectan asimismo a la política agrícola común. 
La base está en las decisiones sobre la Agenda 2000. 
También quiero dejar muy claro que quien no respeta el marco establecido ignora los procesos de adaptación y los cambios estructurales que se están produciendo actualmente en la agricultura y el mundo rural. De este modo, se provocaría un debate que en un momento dado nos pudiera llevar a afirmar: " Lo sentimos, Bruselas, dejamos en manos de la Comisión el comercio exterior y el Derecho de competencia en materia de política agrícola, pero volvemos a encargarnos nosotros mismos de todo lo demás, puesto que no podemos tolerar que estas estructuras se vengan abajo. 
En todos los ámbitos nos hemos visto obligados a echar mano de los medios consignados en la reserva. 
No lo hacemos por placer, sino porque queremos ejercer presión, porque queremos imponer una aplicación responsable de las prioridades del Parlamento. 
No necesitaríamos estos fondos reservados si en el futuro la Comisión de Presupuestos tuviera la oportunidad, por ejemplo en el marco de una modificación del Derecho presupuestario, del procedimiento presupuestario, más afín a lo que suele hacerse a nivel nacional, de bloquear y congelar fondos a lo largo del ejercicio en curso siempre que ello fuera necesario y las posturas del Parlamento no merecieran la debida atención. 
Quiero dejar muy claro que por una parte suscribimos los compromisos políticos internacionales y los nuevos retos adquiridos en la rúbrica 4. 
Sin embargo, también estimamos absolutamente necesario que la Comisión- tal y como se lo pediremos- presente el 15 de noviembre un informe detallado, claro y unívoco sobre los compromisos adquiridos hasta la fecha y el sustancial atraso en los pagos, y la solución que se le puede dar. 
Recomiendo encarecidamente a la Comisión que elabore un informe sólido para que en los próximos años no tengamos que volver sobre este problema. 
Hasta que no dispongamos de las cifras pertinentes, la liberación de la reserva general para la aplicación, que gira en torno a los 650 millones, causará problemas. 
Mientras esta cuestión no se clarifique minuciosamente y no se discuta como es debido me niego simple y llanamente a hablar de cualquier revisión de las perspectivas financieras. 
Como es natural, también hemos de decir claramente al Consejo que a él también le incumbe parte de la responsabilidad en lo que respecta al deficiente desarrollo de muchos programas pertenecientes a la rúbrica de acciones exteriores. 
Subrayo que estamos dispuestos a financiar el programa para la región de los Balcanes sobre la base de las actuales estimaciones que tenemos delante, con la condición de que los gastos no corran íntegramente a cargo de la rúbrica 1 y que la aplicación del programa no dependa únicamente de la revisión de las perspectivas financieras. Lo que necesitamos es una sólida planificación financiera plurianual. 
Me queda por comentar un último tema que guarda relación con lo que acabo de exponer aquí. 
Habida cuenta de la experiencia adquirida en el pasado queremos contribuir a la instauración de una nueva cultura de responsabilidad y gestión a escala europea. 
Somos partidarios de que en el año 2001 se creen 400 nuevos puestos de trabajo. 
Por otra parte, queremos lanzar una clara advertencia a la Comisión. No estaremos dispuestos a negociar el segundo tramo correspondiente al ejercicio 2002 hasta que no se hayan llevado a cabo un debate serio y un análisis minucioso de cómo se puede simplificar el Derecho comunitario sin alterar la esencia del acervo comunitario. 
Posiblemente ello nos permita economizar puestos de trabajo a escala comunitaria y en los Estados miembros. 
Es, por tanto, necesario que la Comisión estudie detenidamente por qué derroteros ha de ir la gestión europea a la vista del proceso de ampliación. 
Para que no tengamos que volver a hablar de estos problemas en el ejercicio siguiente deberíamos formular dicha petición hoy mismo. Así, la Comisión recibiría una clara señal con respecto a los deberes que le esperan el próximo semestre. 
Señor Presidente, resulta promisorio que en la mayoría de los puntos importantes estemos tan cerca de una unidad de criterios con el Consejo, que podamos demostrar disciplina presupuestaria manteniendo, no obstante, la mayor parte de las prioridades del Parlamento. 
Como socialdemócrata partidario de la UE y proveniente de un país euroescéptico, entiendo que es necesario mostrar que la UE realiza acciones importantes para los ciudadanos. 
En este contexto, se requieren esfuerzos para resolver los grandes problemas sociales como, por ejemplo, el desempleo. 
El desarrollo tecnológico de las pequeñas empresas es otro tema central. 
Este año parece que tendremos éxito. 
La tarea más importante que queda por realizar es, obviamente, la de los Balcanes. 
Es lamentable que el Consejo intente rebajar casi en una cuarta parte las ayudas a los Balcanes, con excepción de Serbia, comparando con la propuesta de la Comisión. 
Es algo que se propone sin suficiente fundamento. 
Gracias a que se han destinado 175 millones de euros a Kosovo y 200 millones a Serbia, queda la esperanza de que hayamos logrado la financiación de las necesidades más urgentes, pero no podemos permitir que los habitantes, por ejemplo, de Bosnia o Macedonia, piensen que no cumplimos nuestras promesas con ellos por apoyar a Serbia. 
Esto resulta particularmente interesante cuando sabemos que hay dinero para acciones en todas esas regiones. 
Como es sabido, los ministros de finanzas recibieron de vuelta grandes sumas del presupuesto del año pasado. 
Se necesitan soluciones estables en torno a esas ayudas y, en mayor medida, para la planificación a largo plazo que se precisa en el oeste de los Balcanes. 
Si no encontramos otros caminos, tendremos que estar dispuestos a revisar los planes presupuestarios, con la condición de que la revisión se haga para encontrar recursos para los sectores comprendidos en la categoría 4 y no para otros objetivos. 
Los socialdemócratas suecos también queremos hacer hincapié en la disciplina presupuestaria, con el fin de crear paulatinamente espacio para la ampliación de la UE, que es, quizás, una de las tareas políticas más importantes de nuestra generación. 
Por esta razón, opinamos que en el futuro hay que reformar aún más la política agrícola, con el propósito de bajar sus costes y de eliminar definitivamente algunos gastos como, por ejemplo, las absurdas subvenciones a la producción de tabaco. 
Señor Presidente, no me siento frustrado como el Sr. Bourlanges por este procedimiento, pero he de decir que ha sido uno de los más aburridos que he vivido en años en la Comisión de Presupuestos. 
Cuando hay tantos problemas de fondo, se presentan relativamente pocas soluciones en esta Casa y eso es, tal vez, una pena. 
Quizá se trate de una especie de año de transición, un año en que estamos entre los agitados acontecimientos del año pasado y los acontecimientos del año que viene que serán a lo mejor movidos. 
Pero en todo caso, se puede decir que no ha pasado mucho. 
Hay un tema que es, por supuesto, de mucha importancia: hemos empezado enfocando la categoría cuatro, pero todavía no ha quedado del todo claro si hemos sido capaces de darle una solución, también porque el Consejo se niega en rotundo a aportar ideas. 
Siempre se parte de Berlín, Berlín y Berlín, pero al haber escuchado al Ministro, el resultado es que se trata de Berlín menos algo. 
O sea, no es Berlín, sino Berlín menos algo. 
Y a ser posible, Berlín menos algo más. 
Presidente, en realidad ya no podemos hablar de Berlín. 
Además, la Sra. Dührkop ya lo señalado, está la cuestión de que tenemos problemas con los créditos de pago. 
El Ministro ha hablado con imprecisión al respecto. 
Tuvimos problemas con los créditos de pago en el Fondo social. 
Señor Presidente, no debemos olvidar que estamos todavía en un periodo inicial y que más tarde siempre pasa que hay problemas de pago. 
Ahora incluso contamos con la ventaja de la política agrícola porque el euro está tan bajo, lo cual siempre aporta algunos beneficios. 
Esto puede significar que el año que viene o el siguiente necesitemos de repente unos enormes créditos de pago. 
Y entonces habrá que ver si el Consejo está dispuesto todavía a poner a nuestra disposición los créditos necesarios. 
Para entonces ya se inventarán algo para decir que no puede ser. 
Y ahí se esconde lo peligroso de esta forma de actuar. 
El sistema parte de la premisa de que los créditos de pago siguen lo que más o menos haya que gastar, pero el Consejo lo convierte en un mecanismo aparte, y por este mecanismo se corre el peligro de vaciar los contenidos de Berlín, a pesar de que en realidad estamos hablando de los contenidos acordados en Berlín. 
Señor Presidente, quisiera decir una cosa más. 
Me parece que la Comisión de Presupuestos debe tener cuidado de no tocar demasiado, ni de forma demasiado horizontal, las propuestas de las Comisiones expertas en las materias. 
Creo que este año se han pasado un poco y me parece que hemos de reflexionar seriamente sobre esto. 
Señor Presidente, tenemos que decidir sobre los presupuestos comunitarios en primera lectura. 
Esto significa que nos encontramos sólo al comienzo del proceso presupuestario. 
Es importante recalcarlo, ya que estamos en una situación en la que los presupuestos comunitarios aumentan demasiado. 
Si este aumento llegase a materializarse, significaría nuevos costes para todos los hogares de la Unión. 
En el caso de Suecia, implicaría alrededor de 65 millones de euros. 
Creo que la mayoría está dispuesta a aceptarlo, con la condición de que esos recursos se empleen de forma adecuada. 
Sin embargo, no estoy seguro de que la presente propuesta lo contemple. 
Por este motivo, el tiempo es un factor importante. 
Esto vale para la Comisión de Presupuestos y para el Parlamento Europeo, que deben señalar las prioridades, pero, sobre todo, para el Consejo de Ministros, que tiene una clara responsabilidad. 
El aumento es incomprensiblemente alto en la categoría 1, es decir, en la vasta política agrícola comunitaria, sobre la que el Consejo de Ministros tiene la última palabra. 
Se trata de más de un 6 por ciento, tanto para los pagos como para los compromisos. 
En mi opinión, el Consejo (presupuesto) en su reunión de noviembre debe proponer iniciativas para disminuir el ritmo de crecimiento de la categoría 1. 
Si lo hace, podría volver al Parlamento con mayor credibilidad para exigir las medidas correspondientes. 
En todo trabajo presupuestario son importantes las prioridades. 
Éstas son la ampliación, en virtud de la resolución del año pasado en la Cumbre de Berlín, y los esfuerzos para cumplir con los compromisos en Serbia. 
Mediante las prioridades presupuestarias lograremos cumplir con ambos compromisos históricos. 
En mi opinión, podremos hacerlo en el marco del plan presupuestario aprobado por el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones a todos los ponentes. 
Es de justicia señalar los esfuerzos que la ponente general- señora Haug- ha desplegado en la búsqueda de un consenso inteligente, que espero no se frustre. 
Pero centro mis comentarios sobre el presupuesto operativo CECA, que hay que examinar a la luz del umbral de la expiración del Tratado en el que nos encontramos. 
Su montante final es modesto y correcto. 
Nuestro Grupo orienta la estrategia del presupuesto general a la calidad del gasto y la eficacia en la gestión. 
Y esto también alcanza al presupuesto CECA. 
Comparto con la ponente Sra. Rühle las preocupaciones y criterios que ha mencionado esta tarde en relación con los capítulos de la investigación y las ayudas sociales. 
Pero lo que importa también es insistir en la correcta utilización de sus asignaciones. 
Un sector como el de la siderurgia, gracias a la investigación y al desarrollo tecnológico, ha dejado de ser una industria sólo generadora de productos básicos para poner en el mercado productos semitransformados y con valor añadido. 
Por lo tanto, sostener y aumentar los programas de investigación en este sector es clave hoy, con los instrumentos CECA, y mañana, cuando éstos desaparezcan. 
Por otro lado, es importante para la tranquilidad de miles de trabajadores y compatible con el montante global previsto que se mantenga el nivel de ayudas previstas en este ejercicio para el capítulo social del carbón. 
El presupuesto operativo CECA para el 2001 no se aparta sustancialmente de la línea mantenida en los últimos años. 
Por tanto, arrastra sus mismas disfunciones. 
Basta comprobar el montante inscrito procedente de compromisos no ejecutados. 
Esto no es muy grave en el horizonte próximo a la expiración del Tratado, pero sí resultaría preocupante si el marco jurídico postCECA mantuviera la posibilidad de prolongar unas prácticas semejantes. 
Por eso estamos muy atentos a la propuesta de decisión relativa a las consecuencias financieras de la expiración del Tratado. 
La Comisión deberá estudiar un mecanismo transparente para que las instituciones financieras europeas, en su momento, puedan valorar los remanentes CECA y así quedar al abrigo de posibles incumplimientos de deudores y para que, mediante un sistema de pública concurrencia, se logre la máxima rentabilidad. 
Señor Presidente, uno de los grandes privilegios de los diputados es el de hablar del presupuesto. 
Como antiguo diputado a la Cámara de los Comunes, me encanta que tengamos hoy esta oportunidad aquí. 
Hay una antigua máxima: "Nada de tributación sin representación". 
Sin embargo, cuando examinamos el presupuesto para desarrollo, vemos toda clase de peculiaridades en las que deberíamos centrarnos. 
Reconocemos que existe despilfarro e ineficiencia en el presupuesto para desarrollo. 
Sé que la Comisión de Desarrollo y Cooperación está examinándolo muy rigurosamente. Como también la Comisión de Presupuestos. 
Antes se ha hecho una referencia al huracán Mitch y a los fondos destinados a esas poblaciones de pequeñas islas. 
En realidad, no ha llegado nada de dinero a la población de las pequeñas islas, porque no hicimos las cosas como Dios manda para ayudar a las personas que necesitaban esos fondos. 
Pero mi observación principal es sobre los países ACP. 
Hace dos semanas, celebramos la Asamblea Parlamentaria Mixta ACP. 
Ha dejado de ser una asamblea mixta. 
Ahora es una Asamblea Parlamentaria Mixta. 
Y con esto vuelvo a mi observación original sobre la representación y la tributación. 
Ahora 35 diputados al parlamento de 35 países diferentes se reúnen dos veces al año como diputados para examinar el desarrollo y la cooperación mutua. 
Sin embargo, cuando examinamos esa asamblea mixta, vemos que no controla en realidad un presupuesto. 
Sí, es una asamblea parlamentaria, pero no tiene control del presupuesto, porque el presupuesto del FED que utilizamos para los países ACP está controlado, al parecer, por los Estados miembros. 
Durante mi período en la Cámara de los Comunes no recuerdo un solo debate sobre el presupuesto del FED y dudo que en los Estados miembros haya debate alguno sobre el presupuesto del FED. 
Conque, ¿quiénes debaten, como representantes elegidos, el presupuesto del FED? 
Sospecho que nadie. 
La Comisión propone y dispone. 
Tenemos una asamblea parlamentaria que carece de presupuesto. 
Deberíamos examinar esa cuestión. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera comenzar con una observación que enlaza con las palabras del Sr. Deva. 
Es un auténtico escándalo europeo que hasta la fecha miles de millones de fondos de los Estados miembros no hayan estado sujetos a la competencia del Parlamento Europeo y el Derecho presupuestario correspondiente. 
Nadie controla este dinero. Los únicos responsables de esta situación son los Estados miembros, el Consejo y también- señora Rühle- el Gobierno rojiverde de Alemania, que antes defendía todo lo contrario y ahora ya no está dispuesto a dar este paso. 
En segundo lugar quisiera recordarles las reservas que se formularon hace algunas semanas. ¿Qué sucederá si realmente se mueve algo en Serbia? 
¿Estará la Unión Europea en condiciones de actuar? 
¿Cómo podéis mostraros tan generosos si no estaban previstos los fondos que prometéis? 
Creo poder afirmar que en los últimos días la Unión Europea ha demostrado antes que los Estados Unidos y antes que todos los Estados miembros que sabe estar a la altura de las circunstancias. 
Además, esta semana el Parlamento se ha adelantado al Consejo al adoptar importantes decisiones para que aquello que ha destacado Doris Pack pueda hacerse realidad: los primeros fondos han de llegar este año, antes de Navidad, y la gente ha de darse cuenta de que la lucha por la democracia merece la pena. 
Y con ello paso a mi tercer comentario, al reto que nos espera ahora. 
Temo que la política exterior y de seguridad común se vuelva cada vez más eficaz y avance progresivamente- ya tiene incluso un "mister PESC" -, que sigamos desarrollando la política europea de seguridad y defensa hasta lograr medidas concretas mientras que, a largo plazo, acabaremos gastando cada vez menos dinero en acciones exteriores. 
Tengo miedo de que poco a poco nos retiremos de América Latina, Asia y África, sobre todo de América Latina. 
A largo plazo hablar más de política exterior y hablar menos de solidaridad internacional resultará incompatible. 
A este respecto hemos de introducir cambios. 
A largo plazo ello no corre a cargo de otras regiones del mundo desde el punto de vista presupuestario. 
En este sentido es imprescindible que ya en el año 2001 la Comisión lleve a la práctica la intención del Comisario Patten de acelerar la liberación de los fondos. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a las palabras del Sr. Pronk, rogándole que adopte una actitud crítica hacia las decisiones preparatorias de la Comisión de Presupuestos acerca de las consideraciones de los comités de expertos, en mi caso las decisiones preparatorias sobre la política de medio ambiente y salud. 
Así por ejemplo, ya no se puede defender la subvención del cultivo de tabaco en la UE. 
Cada año este cultivo especializado recibe- todos lo sabemos- mil millones de euros, aun cuando resulta imposible comercializar el tabaco europeo en la Unión y nos vemos obligados a exportarlo. 
A ello se añade que en este mismo momento estamos trabajando en una nueva directiva sobre productos del tabaco cuyo principal objetivo consiste en concienciar a los consumidores de las consecuencias negativas del tabaco para la salud. De este modo, se pretende reducir sustancialmente el consumo de tabaco en la UE. 
Si al mismo tiempo continuamos subvencionando el cultivo de tabaco caemos en la más pura esquizofrenia. 
Sería, por el contrario, aconsejable que dichas subvenciones se desmantelaran progresivamente, con la condición de que los agricultores afectados pudieran beneficiarse de ayudas estructurales a la reconversión de la producción. 
Al mismo tiempo, exigimos que el Fondo de Investigación e Información se dote de medios presupuestarios destinados al estudio de productos alternativos para los actuales cultivadores de tabaco. 
Estas medidas me parecen ahora mismo las más oportunas para resolver el asunto del tabaco. 
No soy un iluso. 
Sé que esta propuesta no goza de un apoyo mayoritario, pero sin embargo quisiera instar al mayor número de colegas posible a que voten a favor de este paquete de medidas con objeto de demostrar que, por fin, hemos logrado dar un paso adelante en esta cuestión. 
La Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos con sede en Londres constituye otro punto importante. Necesita sin falta un aumento de su presupuesto, ya que nosotros mismos le hemos encargado una nueva tarea suplementaria. 
La agencia debe fomentar el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras, los llamados orphan drugs. 
Ya se ha comentado hoy. 
Hemos encauzado la legislación correspondiente, que entró en vigor el pasado mes de abril. 
Si queremos ser coherentes, hemos de garantizar que nuestras decisiones puedan llevarse a la práctica y que se incremente el presupuesto de esta agencia. 
Por otra parte, no nos interesa fomentar agencias cuyo trabajo resulte imperceptible y no aporte resultados tangibles. 
Éste es, a nuestro modo de ver, el caso de la Agencia Europea de Medio Ambiente con sede en Copenhague. 
La Comisión de Presupuestos opina lo mismo. 
No se trata de elevar periódicamente los medios de cualquier agencia. Lo importante es que se fomente el trabajo que dé resultados. 
Esto es lo que les pido y les invito a votar en este sentido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, acabo de volver de la ciudad española de Algeciras, situada frente a Gibraltar, no lejos de Marruecos. 
He visto cómo los barcos de los pescadores se balanceaban sobre el agua en el puerto, una imagen que lo dice todo, porque ponía de manifiesto la forzosa inactividad de los pescadores, ¿o es que acaso representaba o representa nuestra propia incapacidad? 
Los pescadores están desocupados, cansados y decepcionados. 
Desde hace once meses ya no existe acuerdo con Marruecos. 
El Sr. Fischler negocia todo lo que puede, pero desafortunadamente sin resultado alguno. 
Andalucía, una región que sufre ya de por sí problemas estructurales, está alarmada. 4.000 buques están amarrados. 
La Comisión de Pesca siente preocupación. 
¿Quién se encarga de crear puestos de trabajo alternativos en la UE? 
¿Con cargo a qué línea presupuestaria podemos financiar posibles reconversiones? 
El nuevo acuerdo financiero no indica nada al respecto. 
He podido comprobar que los ciudadanos europeos desconfían cada vez más de los políticos. 
Por todo ello, es tanto más importante que elaboremos un presupuesto serio, sólido y optimista. 
Nos espera un nuevo reto en el sentido de que debemos procurar concertar necesidad, margen de acción y flexibilidad. 
La Comisión de Pesca no lo tiene fácil. 
En numerosas ocasiones es víctima de todo tipo de ataques de índole financiera y política. 
Injustamente. 
Estamos abiertos a cualquier crítica justificada, incluso si proviene de nuestras propias filas, pero también nos gusta ser escuchados. 
En el ámbito del empleo están en juego 41.000 puestos de trabajos directos para los cuales no existe alternativa. 
Con todo y con eso, dependemos en gran medida de las importaciones. 
Aunque el mercado opte cada vez más por la vía privada, no podemos sustraernos a nuestra obligación socioeconómica. 
Por eso mismo, necesitamos cuando menos un acuerdo de pesca que esté dotado de los medios adecuados sobre la base de unas estimaciones convincentes. 
Es por ello por lo que suscribimos la división y clasificación en gastos obligatorios sin reserva y una partida informativa con reserva, solución que se aplicará a la celebración de nuevos acuerdos, especialmente aquellos que entren en vigor a partir del próximo año. 
Confío en que se vote a favor en este ámbito, es decir, en el ámbito de la política de pesca en su conjunto, puesto que, a mi modo ver, ésta es la única forma de expresar nuestra voluntad política común. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de contribuir a este debate esta noche, probablemente el debate parlamentario más importante en los doce meses del período de sesiones, cuando debatimos el presupuesto. 
Resulta bastante ridículo que tengamos que luchar para presentar los puntos de vista de las regiones que representamos. 
Los encargados del futuro de este Parlamento harían bien en reconocer que lo que piden es un debate de un día, no un debate de dos días sobre el presupuesto en el futuro. 
He de decir sin disculparme que voy a abordar los efectos que la Unión Europea ha tenido en mi región. 
Quiero que quede muy claro que, en lo que a Irlanda del Norte se refiere, la Unión Europeaha tenido la influencia más directa y positiva imaginable. 
Ha sido buena para Irlanda del Norte. 
Ha sido positiva para Irlanda del Norte y ha cumplido con Irlanda del Norte. 
El programa de paz y reconciliación preparado por tres diputados a este Parlamento junto con el antiguo Presidente de la Comisión, Jacques Delors, ha sido muy positivo para Irlanda del Norte. 
Los consejos de cooperación han sido un éxito a ese respecto. 
Han sido innovadores y han introducido nuevas ideas. 
También han aplicado una concepción participativa que nunca antes se había apreciado. 
También debo decir con la mayor claridad que ahora tenemos un joven y nuevo gobierno regional en Irlanda del Norte, cuyo Primer Ministro es el dirigente de mi partido David Trimble. 
Está intentando construir un nuevo futuro. 
Sus Señorías deben entender que, durante los 30 últimos años, Irlanda del Norte ha sufrido inmensamente por culpa del terrorismo. 
Estamos intentando encontrar nuevas formas de avanzar, de trabajar en cooperación, de organización para apoyarnos mutuamente. 
Quisiera pedir que se nos conceda la flexibilidad necesaria para hacer realidad esa posibilidad, lograr los puestos de trabajo, lograr el empleo y poder devolver al trabajo a la población de Irlanda del Norte, al trabajo en la política real y no atenerse a otros motivos por los que pueden discrepar mutuamente. 
Ése es el objetivo. 
Es algo que todos debemos ver con esperanza. 
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Parlamento, en segundo lugar agradecer a la Comisión de Presupuestos su permanente apoyo y comprensión para con mi región. 
Les rindo homenaje por ello. 
Muchas gracias, señor Nicholson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Tratamiento de datos personales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0279/2000) de la Sra. Paciotti, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos de la Comunidad y sobre la libre circulación de estos datos (COM (1999) 337- C5-0149/1999- 1999/0153 (COD) ). 
. (IT) Señor Presidente, en los países tecnológicamente avanzados, la protección de la vida privada corre cada vez más riesgos y, en consecuencia hace falta una protección adecuada. 
Los Estados miembros de la Unión Europea pueden considerarse en la vanguardia de la protección de la intimidad personal respecto a los sistemas adoptados en otras partes del mundo, por lo menos esos Estados que han aplicado las dos directivas- la 46 de 1995 e la 66 de 1997- que garantizan la protección de las personas físicas en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. 
El modelo europeo considera la protección de los datos personales un derecho fundamental garantizado por normas con rango de ley, inspiradas en el principio de autodeterminación informativa, es decir, el principio según el cual cualquier persona puede decidir si y cómo se pueden recoger y utilizar los datos que le conciernen. 
En este modelo el respeto a las normas y a los procedimientos está garantizado por una autoridad independiente y, en última instancia, por lo jueces. 
Dado que muchos datos personales son recogidos y tratados por las Instituciones y los organismos de la Unión, hay que aplicarles el sistema de garantías propias del modelo europeo. 
En consecuencia, en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión se ha procurado incluir en el artículo 8 una norma que define el derecho de cada persona a la protección de los datos de carácter personal que deben ser tratados fielmente para determinados fines, sobre la base del consentimiento de la persona interesada y bajo el control de una autoridad independiente. 
Asimismo el artículo 286 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, introducido por el Tratado de Amsterdam, dispone que los actos comunitarios relativos al tratamiento de los datos personales- es decir, las directivas antes mencionadas- serán de aplicación a las Instituciones y a los organismos comunitarios y que se establecerá un organismo de vigilancia independiente que controle su aplicación. 
La propuesta de reglamento que hoy nos ocupa, desarrolla estas disposiciones, transpone la normativa comunitaria y establece el Supervisor Europeo de Protección de Datos asegurando de esta forma garantías concretas y adecuadas a este derecho fundamental. 
A lo largo de los meses de trabajo y con la constante ayuda de la Comisión, se ha tratado- y esperamos haberlo conseguido- de establecer una exhaustiva regulación que respondiera a las preocupaciones que han aflorado tanto en el ámbito del Consejo como en el ámbito de las comisiones parlamentarias encargadas de examinar el fondo y de emitir opiniones. 
La disponibilidad al diálogo de todas las Instituciones implicadas ha dado lugar a una colaboración ejemplar que nos permitirá, lo espero sinceramente, llegar a un consenso en primera lectura. 
Las muchas enmiendas de transacción reproducen en su inmensa mayoría las soluciones alcanzadas en el ámbito del Consejo que ya tienen en cuenta las propuestas que han despuntado en el debate parlamentario. 
De esta forma se han logrado soluciones aceptables, por ejemplo, en lo referente al nombramiento del Supervisor Europeo y del Supervisor adjunto confiado al acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre la base de una lista elaborada por la Comisión como resultado de una convocatoria pública de candidaturas. 
Esta ponente, con el respaldo unánime de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, insiste, sin embargo, en algunas enmiendas que, por ejemplo, ofrecen una solución original al controvertido tema del ámbito de aplicación del reglamento. 
Éste queda limitado al ámbito comunitario, aunque se establece una forma de protección también frente a las actividades de las Instituciones ajenas al primer pilar. Esta solución se alcanza gracias a la referencia a las normas de protección de la intimidad que condicionan el derecho de acceso a los documentos regulado en el artículo 255 del Tratado constitutivo de la Unión. 
En efecto, el artículo 255, a diferencia del artículo 286, se invoca también en el Tratado de la Unión. 
Se ha previsto asimismo una cooperación con las autoridades de vigilancia nacionales y con las autoridades establecidas en el tercer pilar, en una perspectiva de coordinación y de progresiva armonización de toda la regulación de este delicado sector. 
Se ha previsto asimismo una línea presupuestaria independiente con arreglo al sistema vigente para el Defensor del Pueblo Europeo, para garantizar mejor la independencia del Supervisor de Protección de Datos. 
Confío en que el paciente trabajo realizado consiga el pleno consenso del Parlamento Europeo y del Consejo. 
De esta forma se llegará por primera vez a una codecisión en primera lectura sobre un texto sumamente complejo y lleno de dificultades técnicas relacionado con un sector especialmente sensible a la protección de las libertades individuales. 
Precisamente la complejidad técnica del texto ha sugerido posponer la votación al próximo período parcial de sesiones con objeto de permitir un examen adecuado de todas las versiones lingüísticas que aún no se ha realizado. 
Si, como espero, se alcanzará este resultado, el mismo deberá atribuirse a la capacidad mediadora de la Presidencia en ejercicio del Consejo, a la positiva contribución de la Comisión y a la sensibilidad al interés común y a todos los derechos de los ciudadanos de los diputados de todos los Grupos políticos que han contribuido a aprobar el informe en la Comisión de Libertades Públicas a la que deseo expresar públicamente mi agradecimiento. 
Señor Presidente, la protección de la integridad personal es un derecho humano esencial. 
Cada día se registran y circulan numerosos datos personales, por ejemplo, en relación con conversaciones telefónicas y pagos a través de Internet. 
Los datos personales circulan también en el ámbito comunitario. 
La propuesta de reglamento que debatimos crea buenas condiciones para la integridad personal. 
La libre circulación exige una lucha eficaz contra la delincuencia. 
Ésta no tendrá éxito sin una protección eficaz de la integridad personal. 
Según la propuesta, la UE no podrá manejar datos sobre etnia, preferencias políticas, religión, salud ni sexualidad. 
Los datos sobre antecedentes delictivos y medidas de seguridad sólo podrán manejarse si se cumplen ciertos requisitos. 
Estos datos solamente podrán tratarse si existen razones para ello y las personas afectadas deberán ser informadas. 
Desde hace mucho tiempo he abogado por un control europeo de la protección a la integridad que sea independiente, sin nuevas estructuras burocráticas. 
En mi opinión, la Sra. Paciotti ha estado acertada respecto a la creación de un organismo supervisor europeo que pueda garantizar los derechos de los individuos en relación con las instituciones, realizar controles y dar consejos a las instituciones. 
Simultáneamente, resulta evidente que hay que mantener y desarrollar la colaboración entre las autoridades correspondientes de los países miembros. 
Es importante instaurar un sistema que funcione y que merezca la confianza de las personas. 
Por eso hay que desarrollar la protección a la integridad individual. 
En la nueva Carta de Derechos Fundamentales de la UE se contempla la protección a la integridad personal. 
Tal vez en el futuro podamos acudir a los tribunales para que se nos otorgue aún más protección en este campo. 
Quienes representamos los valores europeos en un país escéptico a la UE encontramos ahora un nuevo argumento a favor de la Unión, esto es, una mejor protección a la integridad individual, algo que es importante para los ciudadanos en la sociedad moderna. 
Aunque el tratamiento de este asunto ha sido un poco difícil, quiero felicitar a la Sra. Paciotti por este excelente informe. 
Con todo, espero que el modelo que se ha usado y que ha impedido a los parlamentarios participar de forma amplia, no se haga habitual en el tratamiento de estas materias. 
La Sra. Paciotti ha logrado unir todas las instituciones. 
Por eso quiero felicitarla y espero que el Parlamento respalde el informe. 
Señor Presidente, en general nuestro Grupo opina que el resultado es bueno y celebra especialmente la ampliación del campo de aplicación a todo el derecho comunitario. 
Esas normas tendrán vigencia especialmente en materias del segundo y tercer pilar. 
Celebramos la riqueza, en cuanto a iniciativas y a creatividad, que ha caracterizado este trabajo. 
Damos las gracias a la ponente. 
Opinamos que las soluciones institucionales son muy buenas. 
No se trata de una suerte de órgano colegiado, sino que de un supervisor titular y de otro adjunto. 
Es importante tener en cuenta que aunque la protección de datos informáticos es importante, no debe limitar el acceso a los documentos en las instituciones comunitarias. 
Desgraciadamente, el Defensor del Pueblo Europeo ha tenido que señalar que la Comisión se ha valido del secreto informático para limitar el acceso a datos sobre personas que habían participado en una reunión cuya intención era influir sobre la Comisión. 
Éste es un ejemplo de abuso de la protección de datos, que no debería permitirse. 
Espero que las normas no se apliquen de esta manera. 
También tenemos que ser conscientes de que el defensor del Pueblo y los supervisores de protección de datos van a estar en dos polos opuestos. 
No nos tendría que sorprender que a veces discutan públicamente. 
Es muy conveniente que no se hayan fundido sus respectivas tareas. 
En ciertos aspectos, es un traspaso exacto de la antigua directiva 95/46/EG. 
En este contexto, quisiera aprovechar para preguntar al Comisario: ¿Cuándo comenzará la revisión de la directiva general de protección informática? 
Existe una evidente necesidad de modernizarla para que responda a las necesidades a las que aludía la Sra. Cederschiöld. 
La protección informática en la red telefónica también merece ser revisada. 
Finalmente quisiera destacar que, en mi condición de ciudadana finlandesa, me he dado cuenta de que el Parlamento Europeo es la única institución, el único órgano elegido por el pueblo, que controla las decisiones de la Comisión relativas al secreto informático en terceros países. 
Conocemos un caso famoso en que se ha aplicado. 
El Parlamento Europeo es el único órgano que puede controlar esto de forma democrática, mediante el procedimiento de comités. 
En mi propio país se reformará la ley de datos personales, despojando a los parlamentarios de potestad sobre las decisiones de la Comisión. 
Por esa razón, celebro el buen diálogo que hemos establecido con la Comisión y el procedimiento de comités, que garantizará la seguridad de los ciudadanos. 
Señorías, cincuenta años después del inicio de la construcción europea ya es momento para que la Unión se dote por fin de una autoridad de control destinada a proteger a los ciudadanos de los posibles abusos relacionados con la multiplicación de los ficheros informatizados que contienen datos personales. 
El crecimiento exponencial de las tareas y competencias de la Unión, así como la multiplicación de los órganos comunitarios hace indispensable la definición jurídica precisa de los derechos de los ciudadanos, entre ellos la circulación de la información entre instituciones y órganos de la Unión. 
De acuerdo con el artículo 286 del Tratado, el Consejo ha propuesto al Parlamento, en el marco de un procedimiento de codecisión, un proyecto de reglamento. 
Este artículo precisa que la protección de datos en la Unión debería ser efectiva el 1 de enero de 1999. 
Casi dos años más tarde no lo hemos conseguido, lo que nos obliga también a no atascarnos en un procedimiento de codecisión largo, que retrasaría aún más la aplicación de este dispositivo. 
Esto es lo que ha hecho la Sra. Paciotti, y creo realmente que nuestro ponente ha efectuado un trabajo realmente notable. 
La manzana de la discordia principal entre el Parlamento y el Consejo está en el campo de competencias de esta futura autoridad de control. 
¿Ha de conformarse ésta con un primer pilar, a saber, los órganos, instituciones y normas jurídicas puramente comunitarios, o debe abarcar todas las disposiciones que dependen de la Unión, es decir el segundo y tercer pilares, como Schengen o Europol? 
Para nosotros está claro, los riesgos vinculados a la protección de la vida privada de los ciudadanos y a una utilización abusiva de los datos personales que les afecten son mucho más importantes en el marco del tercer pilar, en la actualidad poco o nada sometido al control jurisdiccional parlamentario, que en el marco del primer pilar, ámbito de competencias del Tribunal de Justicia. 
Está claro, a mi juicio, que crear una autoridad así para el único ámbito comunitario sería taparse la cara, mientras que los problemas principales proceden, y procederán en el futuro, también de los organismos del tercer pilar. 
Se sabe por ejemplo que el sistema Schengen ha almacenado más de 10 millones de fichas que afectan a cerca de un millón y medio de ciudadanos, que Europol está viendo cómo se amplían sin cesar sus competencias, centraliza las informaciones procedentes de diferentes servicios de policía de los quince Estados miembros, y ello bajo el control exclusivo de una autoridad cuyas competencias y medios no están puestos a su disposición para permitirle que cumpla verdaderamente otra tarea. 
El informe que vamos a aprobar no es el reflejo de esta ambición. 
El campo de competencias del reglamento que se desprende de él está limitado al primer pilar, es decir, al artículo 286. 
El segundo y tercer pilares no quedarán cubiertos por este reglamento y seguirán, por tanto, en la opacidad, en detrimento de los derechos fundamentales y elementales de los ciudadanos. 
Por encima de la lectura limitada del artículo 286 hubiera sido sin embargo posible tomar el artículo 255 del Tratado como base jurídica suplementaria para la ampliación del campo de competencias de este reglamento. 
La Sra. Paciotti lo ha intentado incluyendo en el artículo 12 del reglamento una referencia a este artículo, pero el Consejo se ha negado a examinar esta posibilidad. 
Muchos otros puntos plantean también problemas y merecen el juicio de la práctica para verse asegurados. 
Finalmente, nuestra ponente es muy consciente de estos problemas y está atenta para no añadir aún dos años más al retraso actual. 
Por consiguiente, a pesar de todo, le daremos nuestro apoyo con la esperanza de que el Consejo y la Comisión en especial estén atentos para no jugar con las carencias del texto, para intentar vaciarlo de su contenido. 
Además, deben intentar poner en marcha lo más rápidamente posible instrumentos de protección de datos personales en el segundo y tercer pilares. 
En cualquier caso, resulta peligroso dejar que se desarrollen órganos como Europol o el sistema Schengen sin un control parlamentario y jurisdiccional. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente por este informe. 
Efectivamente el problema se plantea por las exclusiones y excepciones en la protección de los datos personales respecto al segundo y sobre todo al tercer pilar, pero también por las excepciones ya previstas por las directivas en el supuesto de actividades de policía y de actividades relacionadas con la seguridad nacional. 
Yo también, como la Sra. Boumediene, creo que derivan de estas actividades las mayores preocupaciones por la intimidad de los ciudadanos. 
Me parece que la ponente ha hecho todo lo posible para extender, sobre todo con miras al futuro, la posibilidad de cooperar por lo menos y de influir probablemente en esta materia, motivo por el cual a ella le brindamos nuestro pleno apoyo a este informe. 
Dicho esto, aprovecho la presencia del Comisario para decir que se me antoja oportuno preocuparse no solo de la protección del ciudadano frente a las nuevas tecnologías, sino también frente al uso de las mismas para fomentar la capacidad del ciudadano europeo en orden a actuar y a interactuar frente a las Instituciones europeas. 
Análogamente a las directivas sobre la intimidad en el ámbito de las Instituciones comunitarias, creo que se deberían aplicar asimismo otras directivas como, por ejemplo, la relativa a la firma digital, al objeto de permitir a los ciudadanos interactuar a través de peticiones y recursos ante el Defensor del Pueblo, los concursos y los recursos ante el Tribunal de Justicia, incluso por vía telemática. 
Esto potenciaría ambas capacidades del ciudadano de ser protegido- aspecto muy importante, así como de actuar, de ser activo y de interactuar con las Instituciones. 
No cabe duda de que esto no es el argumento del informe Paciotti, sin embargo, quería aprovechar la ocasión para plantear la cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al felicitar a la Sra. Paciotti por su excelente trabajo, subrayo la necesidad de apresurarnos a este respecto, lo que correspondía, por lo demás, al objetivo de concluir este dossier en primera lectura. 
De hecho, en la sociedad moderna en que vivimos se recogen, memorizan y tratan diariamente enormes volúmenes de datos personales. 
Por esa razón, es legítimo que los ciudadanos europeos se preocupen por que su intimidad esté o no protegida y esperen que se encuentre una solución equilibrada que salvaguarde y garantice sus derechos y libertades. 
Ahora bien, ninguna de las dos directivas vigentes en la Unión Europea encaminadas a garantizar la protección contra una utilización indebida de datos personales se aplica a las instituciones comunitarias. 
Por eso, es fundamental y urgente dar plasmación a lo acordado en Amsterdam, aprobando un reglamento que confiera a las personas derechos jurídicamente protegidos, que fije las obligaciones, en materia de tratamiento de los datos, de los encargados de dicho tratamiento en el ámbito de las instituciones y los órganos comunitarios y, por último, que cree un órgano independiente de supervisión encargado de la fiscalización del tratamiento de datos personales hecho por las instituciones y los órganos comunitarios. 
Hay que avanzar en la creación de ese órgano de supervisión, el organismo europeo para la protección de datos, con la esperanza de que a medio plazo se le atribuyan nuevas competencias, que deberán comprender las actualmente ejercidas por otras autoridades de control, así como en la creación de una secretaría única que garantice un tratamiento uniforme de los casos sometidos a control. 
La Comisión desearía en primer lugar recordar el compromiso que todos hemos adoptado con los ciudadanos de garantizar la protección de datos personales tratados por las instituciones. 
Llevamos un retraso de cerca de dos años con respecto a la fecha fijada en el artículo 286 del Tratado por el que se instituyó la Comunidad Europea, de ahí la urgencia de llegar a un acuerdo en este expediente. 
El Consejo, bajo el impulso determinante de la Presidencia, ha conseguido superar las dificultades planteadas por algunas delegaciones, de suerte que la propuesta de reglamento podrá recabar posiblemente un acuerdo unánime del Consejo. 
Por su parte, el Parlamento Europeo ha dado prueba de mucha determinación para permitir una decisión en primera lectura, y debo manifestar todo mi aprecio y agradecimiento a la ponente, la Sra. Paciotti, que no ha escatimado esfuerzos, con el apoyo de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, para facilitar dicho acuerdo. 
Al tomar como punto de partida los trabajos del Consejo y al favorecer la emergencia de una solución aceptable para las tres instituciones sobre el tema del campo de aplicación del reglamento, la Sra. Paciotti nos ha abierto ampliamente la vía de un acuerdo en primera lectura. 
Por su parte, la Comisión ha desempeñado también su función de iniciativa y de mediación entre el Consejo y el Parlamento. 
Está decidida también a no retrasar la adopción de un instrumento importante para la protección de los datos personales de los ciudadanos. 
Considerando que el resultado alcanzado no es completamente satisfactorio desde su punto de vista, ha decidido retomar por su cuenta el texto que resulta de los debates en el Consejo y en el Parlamento tal como quedará reflejado en el informe Paciotti, y rechazará por tanto cualquier otra modificación de su propuesta original. 
Por lo que respecta más en concreto a las enmiendas que incluye el informe Paciotti, la posición de la Comisión es la siguiente. 
Las enmiendas numeradas como 1, 2, 4 a 10, 12 a 40, 42 a 54, 57, 58 y 60 a 64 recogen el texto del Consejo para los puntos en los que la Comisión puede dar su acuerdo. 
Las enmiendas 55, 56 y 59 se alejan del texto del Consejo, pero son objeto de un acuerdo político entre el ponente y la Presidencia del Consejo. 
Al haber decidido la Comisión no poner obstáculos a la adopción del reglamento en primera lectura sobre la base de este texto de compromiso, ésta acepta esas enmiendas. 
Las enmiendas 3 y 11 se alejan del texto del Consejo, pero han sido objeto de un acuerdo político entre el ponente y la Presidencia del Consejo. 
La Comisión ha decidido no poner obstáculos a la adopción del reglamento en primera lectura, de acuerdo con este texto de compromiso, mediante la inclusión en el acta de una declaración que preserva su posición jurídica durante la aprobación del reglamento por parte del Consejo. 
Con esta declaración, la Comisión acepta que el campo de aplicación del reglamento se vea limitado exclusivamente a las actividades del primer pilar. 
Señalará también la necesidad de someter el tratamiento de datos personales en el marco del segundo y tercer pilares a normas jurídicas claras. 
Según la Comisión, esta reglamentación podrá verse adoptada de conformidad con el artículo 286. 
Ella se reservará entonces la posibilidad de presentar iniciativas legislativas en este sentido. 
Por otra parte, se reservará el someter el tratamiento de datos personales efectuado por ella misma en el marco del segundo y tercer pilares a los principios contenidos en el reglamento hasta que las reglas aplicables a este tratamiento queden fijadas. 
Por lo que respecta a la enmienda 41, la Comisión considera que la redacción no es compatible con su derecho de iniciativa. 
La enmienda 69 constituye una corrección a la enmienda 41. 
Ha sido presentada por la ponente, Sra. Paciotti, en concertación con la Comisión y la Presidencia del Consejo, con vistas a preservar el derecho de iniciativa de la Comisión. 
La Comisión da su apoyo a estas enmiendas y quisiera agradecer a la señora Paciotti que la haya presentado. 
En efecto, el Supervisor europeo desempeñará una función de primer plano en el respeto por las instituciones comunitarias de las disposiciones que protegen los datos personales de los ciudadanos. 
Es evidente entonces que su opinión sobre las propuestas legislativas relativas a la protección de los datos personales será especialmente considerada en la medida en que constituya una contribución importante al debate legislativo entre las instituciones. 
Es evidente también que la Comisión, cuando elabora ese tipo de disposiciones legislativas, debe tener la libertad de hacer la propuesta apropiada en el momento en que lo considere oportuno. 
La enmienda 69 parece aceptable para la Comisión en la medida en que su redacción no implica por tanto un cuestionamiento de su derecho de iniciativa. 
Por consiguiente, la Comisión comprende esta enmienda como imponiendo la obligación de consultar al Supervisor tras la adopción de su propuesta. 
El texto ganaría si se precisara en este sentido, quizás con ocasión de la revisión lingüística. 
En cualquier caso, la Comisión hará una declaración en este sentido en el momento de la aprobación del reglamento en el Consejo. 
Con vistas a honrar el acuerdo político que ha concluido con el Consejo y con el ponente para permitir la aprobación en primera lectura, la Comisión rechaza cualquier otra enmienda que no forme parte del informe Paciotti aprobado por la Comisión parlamentaria de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, salvo la enmienda 69 que corrige la enmienda 41. 
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Regiones ultraperiféricas de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0285/2000) de la Sra. Sudre, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión (COM (2000) 147- C5-0247/2000- 2000/2135 (COS) ) sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299: Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, en primer lugar deseo dar las gracias a los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo que han contribuido con sus reflexiones y sus enmiendas a enriquecer el informe que les presento esta tarde. 
El destino actual y venidero de las siete regiones europeas más alejadas del continente ha dado la ocasión a nuestra comisión para aprobar por unanimidad un documento constructivo, equilibrado y ampliamente concertado. 
Las Azores, las Canarias, Guadalupe, la Guayana, Madeira, Martinica y la Reunión forman un conjunto particular al que el Tratado de Amsterdam ha venido a reconocer su unicidad sobre la base de un concepto innovador, la ultraperiferia. 
El Tratado reconoce en efecto a las regiones ultraperiféricas una situación económica y social difícil, agravada por los obstáculos particulares entre los que la permanencia y la conjugación ocasionan perjuicios graves al desarrollo de estas regiones. 
Ésta es la razón por la cual es conveniente proceder a la conjugación más amplia posible de las reglas en vigor y adoptar medidas pertinentes para resolver los problemas concretos de las regiones en cuestión, recurriendo si fuera necesario a supuestos de excepción adaptados a la realidad regional, sin que ello represente una amenaza para el interés comunitario. 
El informe que la Comisión publicó el pasado 14 de marzo no constituye propiamente una respuesta a las demandas expresadas por las autoridades nacionales y regionales de las regiones ultraperiféricas. 
La Comisión aclara que no le resulta posible proporcionar respuestas a todas las cuestiones; se conforma con frecuencia con proponer orientaciones destinadas a proseguir y reforzar la acción iniciada y se reserva también la posibilidad de examinar los problemas caso por caso. 
El párrafo 2º del artículo 299 manifiesta ante todo una voluntad política, apoyada en numerosas ocasiones por el Consejo y ahora por este Parlamento. 
Mi informe se fija como objetivo principal recordar esta voluntad política a la Comisión para que cese la desagradable impresión de reticencia o de inercia que desprende en la actualidad. 
Así, es urgente que el personal del grupo interservicios se vea reforzado rápidamente en el corazón del Secretario General de la Comisión, con el fin de que todos los actos propuestos de alcance general puedan verse acompañados, durante su examen por parte del colegio, de acuerdo con el párrafo 2º del artículo 299, por una ficha de impacto detallada. 
Mi informe pide a la Comisión que prepare un verdadero programa de trabajo plurianual con un calendario preciso que recoja de la manera más exhaustiva posible las medidas que proyecta y que aporte todas las garantías necesarias en cuestión de medios, para asegurar la viabilidad de las medidas, al igual que en términos de permanencia de la acción, para luchar contra los obstáculos inalterables. 
Con el fin de disipar cualquier malentendido con respecto a la falta de diligencia de la Comisión en utilizar plenamente las posibilidades que ofrece el párrafo 2º del artículo 299, propongo que se reúna un foro de diálogo amplio y se elabore cada año un informe. 
Como respuesta a la Comisión, mi informe aborda de forma precisa una serie de sectores que dependen de la competencia de la Unión y que me conformaré con mencionarlos esta tarde. 
La Comisión ha reconocido que las medidas en materia agrícola y de pesca han de verse adaptadas o revalorizadas. 
Pero la segunda revisión de los reglamentos POSEºI se inscribe en un contexto presupuestario extremadamente difícil que corre el riesgo de ejercer un peso importante en el contenido de los programas y en el nivel de las ayudas. 
Como ejemplo, la Comisión ha propuesto una reducción escandalosa de la partida financiera de los POSEºI en su proyecto de presupuesto para 2001, lo que provoca una intensa ola de inquietud entre los numerosos productores agrícolas de las regiones ultraperiféricas de las que yo me hago intérprete ante ustedes. 
Por otra parte, conviene reforzar la coordinación y la utilización óptima de todos los instrumentos que existen a nivel comunitario, principalmente los Fondos estructurales, las ayudas de Estado y las políticas fiscales y arancelarias. 
El éxito de la nueva estrategia comunitaria en favor de la ultraperiferia exige una acción orientada hacia los ámbitos estratégicos de la competencia mundial: transportes, energía, medio ambiente, sociedad de la información, investigación o también desarrollo tecnológico. 
Contribuirá así a la promoción del progreso económico y social mediante un nivel de empleo elevado. 
La localización geográfica y el espacio marítimo de las regiones ultraperiféricas han de permitirles que se conviertan en las fronteras activas de la Unión Europea. 
Sin embargo, es urgente iniciar un análisis de impacto del nuevo acuerdo de colaboración ACP-UE firmado en Cotonou el pasado mes de junio, así como otros acuerdos internacionales de comercio, con el fin de evaluar su incidencia en las regiones ultraperiféricas y definir medidas compensadoras para los productores ultraperiféricos que se verían enfrentados a una competencia suplementaria que les resultaría imposible soportar. 
Finalmente, para concluir con un tema en relación con nuestro futuro más inmediato, el proceso de ampliación es indudablemente un elemento indispensable de la construcción europea, pero resulta urgente realizar desde ahora mismo evaluaciones de sus consecuencias con el fin de prevenir cualquier cuestionamiento de las ayudas debidamente concedidas a las regiones ultraperiféricas y de las medidas que se desprenden de la aplicación del párrafo 2º del artículo 299. 
Señor Presidente, la ponente, Sra. Sudre, ha hecho un buen trabajo en su informe sobre las regiones ultraperiféricas. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, quiero agradecerle la forma en la que en el espíritu y en el texto concreto ha recogido nuestras enmiendas y puntos de vista. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, lo que me interesa resaltar es que, de hecho, solamente se puede tratar igual lo que es igual. 
El intento de establecer un ordenamiento jurídico absolutamente uniforme para estas regiones ultraperiféricas, que están separadas del resto del territorio comunitario, del núcleo continental, por miles de kilómetros y que están divididas en pequeñas regiones insulares con dificilísimas condiciones para formar capital y para los transportes, impiden la aplicación de las normas generales de competencia. 
Por eso llamo la atención sobre el apartado 21 del informe de la Sra. Sudre, que señala que, con respecto a las ayudas de Estado, la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE debería ser automática, porque la razón de ser de las diferencias en ese apartado estriba en el propósito de conseguir la igualdad en el régimen de competencia. 
Solamente a través de una excepción general en favor de las regiones ultraperiféricas se colocarían éstas en igualdad de condiciones con las empresas que se encuentran en el núcleo continental. 
He de señalar también que en el informe de la Sra. Sudre se hace referencia a la necesidad de especialidades fiscales y aduaneras por las mismas razones. 
Cuando unas regiones están tan alejadas del núcleo continental, pretender la aplicación automática de las normas fiscales, de las normas aduaneras, de las normas que se aplican en el núcleo continental, pondría en desventaja a estas regiones ultraperiféricas. 
Por ejemplo, en materia de transportes, en el apartado 26, la aplicación en un régimen de libre competencia de las normas sobre ayudas de Estado al régimen de puertos y aeropuertos supondría privar a estas regiones de un servicio público esencial como son los puertos y aeropuertos, que en las regiones ultraperiféricas no serían nunca una actividad privada normal, sino una actividad esencial de servicio público. 
La Comisión ha enviado una comunicación, que es un programa, una especie de calendario de lo que se va a hacer. 
Nosotros esperamos que la Comisión desarrolle ese calendario o programa y, sobre todo, esperamos que esa gran institución que tiene en estos momentos la Comisión, el Grupo Interservicios, siga en contacto con las regiones ultraperiféricas, informando a las autoridades centrales de cuáles son nuestras necesidades y nuestros problemas específicos. 
Por tanto, felicito a la Sra. Sudre y esperamos con gran interés el desarrollo normativo de las propuestas de la Comisión para que pronto puedan tomarse en cuenta las especificidades, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, señor Comisario, admiro sinceramente el informe de la Sra. Sudre, por lo que lo que voy a decir a continuación en modo alguno es una crítica. 
No obstante, ilustra lo que es- creo yo- un problema mucho más generalizado sobre la relación entre los informes y las opiniones, en particular los de tipo no legislativo. 
Por ejemplo, en este informe sólo han sobrevivido 25 palabras de las conclusiones aprobadas por unanimidad por la Comisión de Pesca. 
La mayor parte del sector relativa a la pesca consiste en realidad en una enmienda a la propuesta de resolución presentada en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Nada hay en ese párrafo a lo que se oponga la Comisión de Pesca. 
De hecho, comprende ciertas cuestiones más explícitamente que la opinión. 
Por otra parte, algunos aspectos importantes de la opinión no figuran en la versión final de la resolución. 
Dada la importancia de la pesca para las regiones más remotas, no puedo por menos de sentirme apenado al respecto. 
Comprendo que las diferencias de perspectiva no siempre permitirán conciliar las opiniones expresadas en la comisión principal y en las demás comisiones. 
Lo que me preocupa es más bien que carezcamos actualmente de un mecanismo normalizado para intentar hacerlo. 
Así, pues, pregunto si estaría dispuesta la Presidenta del Parlamento a examinar formas como se podrían hacer mejoras, por ejemplo, mediante consultas antes de las votaciones o ajustando el orden en que se celebran las votaciones. 
Sin esas mejoras, corremos el riesgo de perder los beneficios de gran cantidad de conocimientos especializados, lo que no sólo redundaría en nuestro perjuicio, sino también en el de aquellos a los que intentamos servir. 
Entretanto, quisiera pedir respetuosamente, en relación con este informe, al Consejo y a la Comisión que examinen las conclusiones que no figuran en la propuesta de resolución, además de las que sí que figuran. 
Señor Presidente, para la Unión Europea éste es un debate más de los muchos que realizamos. 
Para las regiones ultraperiféricas éste es el debate más importante que el Parlamento Europeo puede celebrar a propósito de ellas. 
De hecho, lo que hoy digamos aquí y mañana votemos será noticia en la primera página de la prensa de las siete regiones ultraperiféricas y los informativos de las televisiones regionales informarán ampliamente sobre lo que aquí digamos y decidamos. 
Para muchos europeos algunas regiones ultraperiféricas no son más que un destino turístico en el mapa. 
Incluso para algunos de nuestros colegas eurodiputados ésta puede ser su idea sobre las regiones ultraperiféricas. 
Para nosotros, quienes hablamos esta noche aquí en nombre de nuestras regiones de origen, esta idea es muy negativa y, desde luego, profundamente equivocada. 
Detrás de esa idea, más allá de nuestro paisaje y de un clima excepcional, está la realidad social y económica de unas regiones que forman parte de las menos desarrolladas de la Unión, con las más altas tasas de paro, con enormes dificultades estructurales que dificultan nuestro desarrollo. 
Desde hace más de una década la Comisión Europea ha sido sensible a nuestros problemas y a nuestras singularidades. 
Éste es el primer debate que el Pleno del Parlamento Europeo celebra sobre nuestras regiones después de que el Tratado de Amsterdam incluyera un nuevo artículo sobre nuestras regiones. 
Hasta hoy, desde que bajo la presidencia de Delors se creara un Grupo Interservicios para las regiones ultraperiféricas, hemos recorrido un largo y fructífero camino y a quien ha presidido ese Grupo yo debo expresar el profundo agradecimiento de los europeos ultraperiféricos. 
El documento de la Comisión para el desarrollo del apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE es un buen documento y nuestra ponente, la Sra. Sudre ha acertado al proponernos hoy un excelente informe. 
Con este artículo y con las normas que se tomen para desarrollarlo tenemos una base jurídica de la que hasta ahora carecíamos y un buen instrumento para nuestro desarrollo. 
La Sra. Sudre ha sabido articular un informe equilibrado que recoge muchas de las enmiendas- más de 100- que fueron presentadas a su proyecto de informe inicial. 
Una de esas enmiendas propone el desarrollo y la aplicación de las políticas del instrumento financiero de orientación a la pesca. 
Lo que yo quiero destacar hoy aquí, Sr. Comisario Barnier, es que, para las regiones ultraperiféricas, siendo de plena aplicación el Derecho comunitario, es imprescindible que estas normas sean moduladas y adaptadas a su situación para estimular y no dificultar su cohesión económica y social con el resto de los ciudadanos europeos. 
El mercado interior y las normas que lo regulan no benefician en igual medida a la ultraperiferia que a los europeos del continente. 
Las limitaciones naturales de nuestros mercados insulares, alejados miles de kilómetros, hace que nuestras empresas sufran dificultades para ser competitivas: Problemas de transporte, de comunicaciones, de abastecimientos, de costos de funcionamiento. 
Por eso padecemos tantas dificultades para generar riqueza y crear empleo. 
Nuestras tasas de paro están entre las más altas de la Unión. 
Por ello es necesario desarrollar de una serie de medidas que el informe de Margie Sudre recoge pormenorizadamente. 
Para nosotros estas medidas deben ir más allá de las políticas de desarrollo regional porque nuestros déficits y hándicaps son estructurales y no coyunturales. 
Siempre estaremos alejados y siempre tendremos dificultades derivadas de la insularidad, de nuestra geografía hermosa pero dura y difícil. 
No estamos reclamando subvenciones. 
Queremos contar con herramientas que nos permitan desarrollarnos. 
Las regiones ultraperiféricas aportan a Europa una dimensión atlántica, americana y africana que enriquecen nuestra diversidad cultural, política y económica de la que todos nos sentimos justamente orgullosos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, si bien estamos debatiendo hoy en esta Asamblea sobre las regiones ultraperiféricas, hemos de recordar que es el resultado de una lenta maduración. 
Efectivamente aunque ya antes del Tratado de Roma se hacía referencia a los departamentos franceses de ultramar, fue necesario esperar hasta 1989 y los programas de acciones específicas vinculados al alejamiento y a la insularidad, los famosos POSEI, para que la Unión Europea admitiera finalmente que la permanencia y la combinación de los problemas estructurales de las regiones ultraperiféricas justificaban un tratamiento específico con respecto a las demás regiones de la Comunidad. 
Ocho años más tarde, el Tratado de Amsterdam, con su párrafo 2º del artículo 299, sobre el que estamos debatiendo, dejaba abierta la esperanza de que algún día las palabras "crecimiento" y "empleo" tendrían el mismo sentido en todo el territorio europeo. 
La espera ha sido larga y la esperanza manifestada por nuestras poblaciones está a la altura de esta espera. 
Debo confesar que he sentido una cierta decepción con la lectura de la comunicación de la Comisión. 
Señorías, ya no es momento para declaraciones de buenas intenciones. 
Son necesarias medidas concretas y con rapidez. 
Es necesario un calendario preciso y que sea respetado. 
Son necesarios compromisos financieros reales y no, como el presupuesto 2001, créditos POSEI recortados de momento en un 25%. 
Es necesario tener ante todo la seguridad de que estas medidas se incluirán en el tiempo, ya que nuestros obstáculos, enumerados en el párrafo 2º del artículo 299- el alejamiento, la insularidad, la escasa superficie, el clima difícil -, no van a desaparecer. 
Por ello me felicito de que la Comisión de Política Regional haya dado prueba de audacia y de ambición en las ayudas de Estado, en la fiscalidad, en las consecuencias de la ampliación. 
Me alegro de que la comisión haya adoptado por amplia mayoría las enmiendas que yo presenté. 
Quisiera además saludar aquí a nuestra ponente, la Sra. Sudre, por su espíritu de concertación y de apertura, que ha permitido con el esfuerzo de todos llegar a un informe verdaderamente portador de esperanza para nuestras regiones. 
Tengo la convicción de que nuestra juventud puede atisbar una salida al desempleo dramático que la llena de desesperanza, si llegamos a pasar de una estrategia esencialmente financiera, necesaria sin duda, pero insuficiente, a una estrategia más global, basada en un reconocimiento real de nuestras particularidades. 
Señorías, señor Comisario, las regiones ultraperiféricas son ya el símbolo de la diversidad y por tanto de la riqueza de la Unión Europea. 
Pueden convertirse en el futuro en un laboratorio que proporcionará la mejor ilustración de la eficacia de su modelo social. 
Necesitamos audacia, inteligencia y corazón. 
No dudo de que las propuestas que la Comisión formule al Consejo llevarán el sello de estas cualidades. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero felicitar a la Sra. Sudre por su excelente y logrado informe. 
Le traigo de paso saludos del Sr. Sánchez, quien hubiera querido gustosamente participar en este debate, pero debido a una enfermedad no ha podido aún llegar hasta aquí. 
Él ha destacado en todo momento la importancia de este informe y ha trabajado mucho en favor del mismo. 
La Unión Europea debe encargarse de que las regiones ultraperiféricas participen también del desarrollo de la Unión. 
Las medidas de adaptación destinadas a apoyar a las regiones ultraperiféricas están justificadas debido a la existencia de factores adversos en el seno de las mismas. 
Esto viene aún más a colación en aquellos casos en que estas regiones dependen en gran medida de unos cuantos sectores de actividad comercial, o incluso de uno solo. 
En el marco de las negociaciones de la Unión Europea con terceros países o con organizaciones internacionales, debemos prestar atención también a la especial vulnerabilidad de ciertos productos de las regiones ultraperiféricas. 
La ampliación de la Unión tampoco debe dar lugar a la exclusión de las zonas ultraperiféricas de la Política Regional y Estructural. 
Nuestro Grupo también apoya la ampliación del apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo, hecho que consolidará los efectos positivos generados por los programas POSEI en las zonas periféricas. 
Debido a la existencia de factores adversos, está justificado que las regiones ultraperiféricas gocen de una posición especial y de ayudas excepcionales, pero, sin embargo, las diferencias no deben contrarrestarse a través de exenciones permanentes en el marco de las normas del mercado interior o de privilegios permanentes en la concesión de los Fondos estructurales. 
En mi opinión, es muy importante que las zonas ultraperiféricas sean integradas en las redes transeuropeas de transportes, energía y telecomunicaciones. 
También es necesario estudiar las posiblidades de emprender nuevas medidas destinadas a las zonas ultraperiféricas que implementen las directrices y los planes de acción que se llevan a cabo actualmente en el propio territorio de la Unión Europea. 
El desarrollo económico de estas regiones deber ser apoyado, por ejemplo, aplicando diferentes medidas fiscales tanto en los impuestos directos, como en los indirectos. 
Señor Presidente, señor Comisario, como la Sra. Sudre destaca con razón en su excelente y detallado informe, resulta indiscutible que las regiones ultraperiféricas poseen cinco rasgos susceptibles de causar desventajas prolongadas o duraderas. 
En primer lugar, la proximidad geográfica de Estados no pertenecientes a la UE y su propia pertenencia a la Unión Europea. 
En segundo término, el relativo aislamiento debido a la gran distancia que las separa de Europa. 
En tercer lugar, las reducidas dimensiones del mercado interior local. 
En cuarto lugar, las condiciones geográficas y climatológicas muy contrarias al desarrollo del potencial endógeno. 
Por último, la dependencia económica de un pequeño número de productos en la economía. 
Todo ello implica forzosamente que la única forma de compensar estas desventajas objetivas en el sentido de la cohesión, también a más largo plazo, consiste en liberar los necesarios medios financieros de conformidad con el apartado 2 del artículo 299. 
Este artículo tiene por objeto evitar que las regiones ultraperiféricas sufran una y otra vez recortes presupuestarios en los debates sobre el presupuesto. 
Así como usted, señora Sudre, hace un llamamiento justificado a la solidaridad con las regiones ultraperiféricas a las que representa, yo pido solidaridad con los intereses de las regiones del objetivo 1, en el sentido de que no se pueden introducir más recortes mientras continúen en desventaja respecto a las regiones europeas más desarrolladas. 
La piedra de toque está en si estamos dispuestos a luchar contra el procedimiento aprobado por la mayoría de los Grupos políticos en el debate presupuestario de hoy. Se trata de impedir que las nuevas necesidades políticas se financien con cargo a políticas existentes cuyos fondos aún no han sido gastados en lugar de liberar nuevos medios financieros. 
Esta cuestión se hace cada vez más relevante a medida que se aproxima la ampliación de la UE hacia el este. 
Estoy convencido de que hoy ya ha quedado claro que este problema no podrá resolverse sin que se modifiquen las perspectivas financieras. 
Basta con aplicar lo que dice el refrán: "¡ No deje para mañana lo que puede hacer hoy !" 
Señor Presidente, señor Comisario, con este informe el Parlamento Europeo contribuye a la reactivación de una política para las regiones ultraperiféricas, proclamada en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
Así se contrarrestan algunas vacilaciones, alguna que otra contradicción de la acción de la Comisión a este respecto en tiempos recientes. 
Los artículos del Tratado son todos de obligado cumplimiento, a todos hay que garantizarles eficacia, por lo que el apartado 2 del artículo 299 no puede ser una excepción. 
Así, pues, hay razones para distinguir esta posición del Parlamento Europeo y destacar el equilibrio, la competencia y la experiencia demostrada por la ponente Margie Sudre, así como la contribución de todos los que con ella han colaborado, en particular los otros siete diputados procedentes de regiones ultraperiféricas. 
Presionado por el tiempo, voy a procurar distinguir lo esencial. 
Tanto como fomentar la equidad que fundamenta la modulación de políticas, los regímenes de excepción y las medidas específicas, tratando de forma igual lo que es igual y de forma diferente lo que es diferente, lo que importa, a mi juicio, es que en mi región, como en las demás regiones ultraperiféricas, se viva con dignidad, lo que presupone el ejercicio de actividades productivas que garanticen un grado cada vez mayor de autosostenimiento. 
Por estar la economía de las regiones ultraperiféricas caracterizada en el propio apartado 2 del artículo 299 del Tratado como dependiente de un único producto o un pequeño número de productos, hay que incentivar la posible diversificación y al mismo tiempo crear mejores condiciones para producir lo que se puede y se sabe producir. 
Lo que no se puede hacer en ningún caso es contribuir a anular nuestras pocas ventajas comparativas. 
En las Azores, lo que producimos es esencialmente leche. 
Si se toma en serio el apartado 2 del artículo 299 del Tratado, he de esperar por fuerza que mejoren nuestras condiciones para producir lo que podemos y sabemos producir. 
Señor Presidente, este Parlamento- y en particular su Comisión de Política Regional- ha sido el gran impulsor de la aprobación de políticas y programas específicos para las regiones ultraperiféricas. 
La aprobación por unanimidad de los diputados de la Comisión de Política Regional del informe presentado por nuestra colega Margie Sudre representa la fidelidad del Parlamento Europeo a uno de sus más importantes compromisos. 
Por eso, permítanme felicitar a la ponente y a la Comisión de Política Regional por el excelente trabajo que han hecho. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se aclaró el fundamento jurídico y se aumentó el ámbito de aplicación de esas políticas específicas. 
Una de las esferas en las que resultaron más claras las repercusiones de esa aproximación fue la de la política agraria. 
Mediante algunas derogaciones parciales a principios de la PAC y la aplicación de programas específicos para el desarrollo de la agricultura, ha sido posible detener la desertización de archipiélagos como el de las Azores y el mundo rural insular ha visto mejoradas sus condiciones de vida. 
La experiencia de casi un decenio y los nuevos imperativos planteados por la evolución de la Política Agraria Común aconsejan una revisión de esos programas para que se pueda mantener la capacidad de esas regiones para subsistir en el nuevo marco de la competencia. 
El Tratado establece expresamente que la dependencia económica de un pequeño número de productos es uno de los condicionantes ante los cuales las instituciones europeas deben adoptar medidas específicas para la aplicación de políticas comunes. 
La dependencia de la agricultura y de toda la economía de las Azores respecto de la producción de leche alcanza niveles sin paralelo en toda la Unión. 
Por eso, en las Azores todos esperamos que la Comisión proponga rápidamente, a la luz del Tratado, a la luz de la posición del Parlamento, las necesarias adaptaciones de la PAC en su aplicación a las Azores. 
Señor Presidente, señor Comisario, si no hubiera sido por la inclusión en el Tratado de Amsterdam del apartado 2 del artículo 299, hoy no estaríamos aquí debatiendo sobre este excelente informe de la Sra. Margie Sudre, a la que aprovecho para felicitar por su óptimo trabajo. 
Esta norma es en verdad de una importancia capital. 
Las regiones ultraperiféricas han tenido, con ese artículo, el reconocimiento por parte de la Unión Europea de un verdadero derecho a la diferencia, de un derecho a un trato específico y especial en consonancia con su realidad única, totalmente diferente de la del resto del territorio de la Unión Europea. 
Y ahora se trata de un reconocimiento de naturaleza jurídico-constitucional y no ya, como sucedió hasta Amsterdam, de un reconocimiento mediante declaraciones anejas a los Tratados, con valor meramente político. 
Y nótese que ese derecho a la diferencia no es más que una emanación del principio de igualdad, que también exige que se trate de forma diferente lo que es diferente. 
Repudio interpretaciones retrógradas y masificadoras del principio de igualdad, que propician el trato igual a lo que es desigual. 
De modo que el apartado 2 del artículo 299 es un instrumento fundamental para contribuir, en primer lugar, a fomentar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos europeos residentes en las regiones ultraperiféricas; segundo, fomentar una nueva y plena integración de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea y en la dinámica del gran Mercado Interior; tercero, posibilitar que las regiones ultraperiféricas respondan de la forma mejor a las amenazas que plantea la mundialización y la ampliación de la Unión Europea, ante las que son particularmente vulnerables. 
Sólo para eso queremos el apartado 2 del artículo 299 y no para garantizar estatuto alguno de privilegio. 
Señor Presidente, señor Comisario, el salto cualitativo representado por el apartado 2 del artículo 299 debe ir acompañado de un idéntico avance cualitativo en el tratamiento diferente que la Unión Europea debe dar a las regiones ultraperiféricas y que debe superar los POSEI. 
Ese avance cualitativo debe expresarse en la formulación y la ejecución de una estrategia global y coherente por parte de la Unión Europea, como se propone- y muy acertadamente- en el informe de Margie Sudre. 
Las regiones ultraperiféricas y los ciudadanos que en ellas residen esperan con expectación la acción de las instituciones europeas conforme al apartado 2 del artículo 299. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, Sra. Sudre. 
Yo creo que ha hecho un magnífico trabajo y que, además, ha hecho gala de imaginación, serenidad y capacidad de llegar a acuerdos y compromisos para poder presentar un documento ante esta Asamblea y ante la Comisión, que creo que puede ser útil y eficaz. 
Señor Comisario, creo que usted conoce perfectamente y es sensible a estos temas, por proceder de una región con una problemática específica. 
Hay tres regiones en Europa cuyos ciudadanos se ven confrontados a unos problemas específicos: la montaña, las islas y las regiones ultraperiféricas. 
Estos ciudadanos parten de una diversidad positiva y enriquecedora y exigen que se reconozca su derecho a gozar de las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos de las regiones continentales. 
Para eso necesitan un tratamiento específico, que se manifieste a través de una voluntad de perdurabilidad en una serie de medidas. 
No podemos debatir toda una serie de circunstancias y creer que, alcanzado ese punto idóneo e idílico- denominémoslo así -, ya no será necesario adoptar más medidas en el tratamiento de estas tres zonas y, especialmente, de las regiones ultraperiféricas acerca de las cuales hoy estamos debatiendo. 
Queremos que se mantenga un tratamiento de diversidad. 
Queremos continuar siendo una zona- o zonas, en este caso- que requiere un tratamiento específico. 
La Unión Europea y usted, señor Comisario, deben ser conscientes de que ese tratamiento debe ser perdurable. 
Éste es el mensaje que quería transmitir, además de reiterar la felicitación a la Sra. Sudre y a todos los componentes de las distintas comisiones, que han permitido que podamos llegar al día de hoy con este informe. 
Gracias, señor Presidente, y gracias a todos, señoras y señores diputados, por la actitud que han mantenido en este debate, aunque tardío. 
Considero que es extraordinariamente importante para la Unión Europea, por encima del interés que represente para cada uno de los ciudadanos que viven en nuestras siete regiones ultraperiféricas. 
Quisiera, señora Ministra Margie Sudre, agradecerle la calidad de su informe y su sinceridad. 
Se trata de un documento que mi equipo y yo consideramos rico en ideas y que no elude ninguno de los temas que preocupan a la ultraperiferia comunitaria. 
En cierto modo han dado ustedes la palabra aquí, en Estrasburgo, a esas regiones alejadas- no es demasiado frecuente- que sufren, claramente, problemas vinculados a su situación de alejamiento, a la distancia, relacionados con la insularidad en su mayor parte, y también con otras condiciones geográficas o económicas con frecuencia difíciles, pero que pueden también constituir ventajas. 
Efectivamente, siempre he pensado, y sigo pensándolo, que estas regiones, usted mismo lo dicho, Sra. Sudre, pueden, y quieren, desempeñar su papel de frontera activa de la Unión en el corazón del Atlántico, cerca de América o en el centro del Océano Índico. 
Quisiera también hacer una constatación sobre su informe, para decir que la línea política que lo sustenta recoge de forma objetiva y amplia la que sigue en la actualidad la Comisión. 
E ilustraré en principio nuestro planteamiento de conjunto en el expediente de las regiones ultraperiféricas, después me permitirá que hable del trabajo que dirige actualmente la Comisión para concretar este planteamiento. 
Con respecto al planteamiento de la Comisión, al igual que ha dicho hace unos momentos el Sr. Fruteau al hablar de una larga maduración, si he tomado buena nota de sus propias palabras, la Comisión está en el origen del planteamiento ultraperiférico y de los diferentes programas- Poseidom, Poseica, Poseima- que han asegurado el inicio. 
En esta acción, la propia Comisión se ha visto siempre respaldada por el Parlamento, ya sea en la fase legislativa- se han producido al menos 700 actos legislativos relativos a estas regiones- ya sea en el largo trabajo de ejecución sobre el terreno. 
El señor Fernández Martín, a quien doy las gracias, ha señalado con toda razón los resultados así obtenidos. 
Y nuestro informe del pasado mes de marzo ha realizado el análisis. 
Pero tanto el Parlamento como la Comisión se han dado cuenta de que frente a una comunidad que evolucionaba era necesario consolidar el planteamiento comunitario para estas regiones. 
Así, han dado todo su apoyo, con ocasión de la preparación de la anterior Conferencia Intergubernamental, en las negociaciones- tengo un recuerdo extraordinariamente preciso porque en aquella época yo era el negociador francés para el Tratado de Amsterdam- que condujeron a la aprobación del párrafo 2º del artículo 299. 
Este artículo señoras y señores no nos permite hacerlo todo, pero sí nos permite reforzar y, creo que es necesario, ampliar y mejorar nuestra acción. 
No olvidemos sin embargo que el párrafo 2º de este artículo 299 dice también que es necesario respetar la coherencia comunitaria y la unidad del mercado interior. 
Y eso significa, señoras y señores diputados, que necesitamos- y digo bien, nosotros, ustedes y yo mismo- encontrar un punto de equilibrio entre el respeto de las reglas generales y la adaptación de las políticas a las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas. 
Buscar de alguna manera, como mencionaba el señor Marques hace unos instantes, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, pero encontrando el camino entre las dos exigencias que acabo de mencionar y que se recuerdan: la adaptación para unas regiones que lo necesitan, el respeto por las reglas comunes, que se mencionan en el artículo 299. 
Este punto de equilibrio, señoras y señores, ha de buscarse en primer lugar caso por caso. 
Permítanme que cite un ejemplo. 
Su informe, señora Sudre, hace hincapié con razón en la necesidad de actuar en el tiempo. Hace unos instantes. 
El Sr. Ripoll señalaba también la importancia de la durabilidad o de la permanencia de las medidas que se adoptan, en razón precisamente a la persistencia de los problemas. 
¿Cuál es la situación en este sentido? 
Algunas medidas, como los reglamentos agrícolas POSEI, tienen una duración indeterminada. 
Por el contrario, en muchos ámbitos, por ejemplo la fiscalidad o el ámbito arancelario, la coherencia del derecho comunitario y la unidad del mercado interior exigen que haya plazos, incluso aunque sean largos, preferentemente con un examen intermedio. 
Señoras y señores, nuestro informe del 14 de marzo de 2000 esboza, creo, una estrategia que ha de permitir a la Unión Europea contribuir de forma más eficaz al desarrollo duradero de estas regiones ultraperiféricas y de aplicar de forma concreta el párrafo 2º del artículo 299. 
Esta estrategia global, coherente, ha de permitir, a nuestro juicio, realizar ese verdadero salto cualitativo que se pide, señora ministra, en su informe. 
Esta estrategia se basa en tres grandes apartados: el apoyo a las producciones tradicionales, la agricultura y la pesca. 
Este es el primer punto. 
El apoyo al relanzamiento, a la modernización, a la diversificación de las actividades económicas mediante una utilización mejor coordinada, mejor determinada, de los instrumentos comunitarios de que disponemos. 
Éste es el segundo apartado. 
Y, finalmente, el refuerzo de la cooperación con países que están situados en torno a esas regiones ultraperiféricas, en su entorno geográfico y político. 
Éste es el tercer punto. 
Y es la combinación, la articulación entre cada uno de esos apartados, la coherencia de esta estrategia global, la que debe permitir que se avance verdaderamente. 
La Sra. Margie Sudre ha mencionado hace unos instantes, como en un momento de preocupación, lo que señaló como una especie de reticencia o de reserva de la Comisión. 
Quisiera decirle, y nos conocemos bien, ahora que hace poco más de un año que soy comisario, que he comprendido bien que para lograr lo que se busca y para avanzar- y puede contar conmigo para acompañar a este movimiento- debemos superar las etapas una a una. 
Éste informe de 14 de marzo era una de mis etapas obligatorias. 
Y he comprendido por otra parte, sinceramente, aunque no respondiera a todo y con rapidez, que había obtenido un eco relativamente positivo y constructivo en cada una de las regiones ultraperiféricas. 
Necesitábamos este informe. 
Yo necesitaba este informe en el seno del colegio para construir con éxito las próximas etapas. 
Pero comprendo lo que ha dicho, Sra. Sudre, como una especie de señal para apoyar la voluntad política de la Comisión. 
Llegado el momento, será necesario realizar los mismos esfuerzos de apoyo y de señal con respecto al Consejo. 
¿De qué forma, señoras y señores diputados, puede la Comisión poner en práctica este planteamiento? 
En conjunto, puedo decir que los trabajos avanzan correctamente. 
Para la preparación de las propuestas que son necesarias, la Comisión colabora evidentemente con los Estados miembros y las regiones en cuestión. 
Se trata de un planteamiento y una colaboración constructivas. 
Sin embargo, en ocasiones hemos tenido que esperar y, en algunos casos, esperamos aún las demandas detalladas, incluso complementos de información necesarios para tomar posición y preparar nuestras propias propuestas. 
Hemos realizado el análisis del avance de los trabajos en Feira y, naturalmente, volveremos a hacerlo en el Consejo europeo de Niza. 
El informe de la señora Sudre menciona algunos de estos expedientes, y quisiera mencionar en concreto el punto en el que nos encontramos. 
En el ámbito agrícola, preparamos la modificación de los reglamentos basados en los programas POSEI. 
Nuestro objetivo es mejorar, tal como proponen ustedes, las ayudas comunitarias a la producción y al abastecimiento. Esto es continuación de una larga concertación con los Estados y las regiones afectadas. 
Trabajamos para que estas propuestas puedan presentarse en el transcurso de este otoño. 
Con respecto a la agricultura, me permitirán que diga una palabra en especial a los dos diputados que representan aquí a una región a la que he aprendido a conocer y a amar, la de las Azores, ya que allí efectué mi primera visita oficial como Comisario. 
Sr. Costa Neves y Sr. Casaca, han mencionado ustedes una producción tradicional en su región, que es la de la leche. 
He comprendido la cuestión particular de las cuotas lecheras en las Azores. 
Quisiera decir sinceramente que este problema, que existe, no fue sin embargo señalado en el momento en que hubiera podido serlo de forma útil. 
Y por tanto no forma parte del programa presentado por la Comisión el pasado mes de marzo. 
Sin embargo, la Comisión es consciente de este problema para las Azores, y vuelvo a decirlo, porque lo he visto allí mismo, que la leche es en efecto una producción casi única. 
No es posible sin embargo aumentar la cuota, ni exonerar a las Azores del pago de impuestos suplementarios por superar esas cuotas. 
Su país, Portugal, ha pedido a la Comisión que examine esta cuestión bajo la óptica del párrafo 2º del artículo 299. 
Este examen por parte de nuestros servicios no ha llegado aún a ese estadio. 
Esto es lo que quería decir sobre un problema puntual que tanto uno como otro han recordado legítimamente. 
En el ámbito de la política pesquera común, que fue mencionado por la Sra. Attwooll, será más bien en el transcurso del año próximo donde se sitúen las principales iniciativas, pero debo decir que en la actualidad se está realizando un importante trabajo de reflexión. 
En cuanto al relanzamiento de la diversificación de la economía, hemos avanzado en varios ámbitos esenciales. 
La Comisión aprobó el pasado mes de julio una decisión importante relativa a la modificación de las líneas directrices de las ayudas de Estado con finalidad regional, las ayudas orientadas a compensar el coste de la ultraperifericidad pueden ser a partir de ese momento autorizadas. 
Es un punto importante y positivo, aunque éstas no sean degresivas ni limitadas en el tiempo. 
Ello corresponde, creo yo, a una demanda expresada con mucha frecuencia por todas estas regiones. 
Los Fondos Estructurales: me permitirán que diga unas palabras, como Comisario responsable de una gran parte de esos Fondos a través de la política regional. 
Desempeñan un papel esencial. 
El importe asignado con cargo al objetivo 1 para las regiones ultraperiféricas asciende, como saben ustedes, señoras y señores diputados, para este nuevo periodo 2000-2006, a ocho millardos setenta y siete millones de euros. 
Se trata de un aumento con relación al período precedente de un 70% y, sinceramente, Sr. Fruteau, usted que deseaba medidas concretas ahí tiene una- sé que no es la única que esperaba, que necesitaba- pero ahí está una por la cual habremos de rendir cuentas al Parlamento Europeo y a todos aquellos que se interesan por el desarrollo de las regiones. 
El 70% de aumento, 8 millardos de euros, será necesario, y es un desafío no precisamente fácil, utilizar adecuadamente ese dinero, utilizarlo de forma eficaz en beneficio y al servicio de las personas, de los proyectos locales, de los ciudadanos, del desarrollo económico, social, humano, de la democracia local, utilizarlo tomando en consideración el nuevo reglamento de los Fondos Estructurales, es decir, con rigor, con transparencia, velando para que se produzca una verdadera colaboración con todos aquellos que pueden participar en esta buena gestión y naturalmente en los plazos. 
Esta regla relativa a los plazos, muy rigurosa desde el reglamento general posterior a Berlín, se aplica aquí, naturalmente, como en todas partes. 
Sr. Markov, cuando cito estas cifras, sinceramente, se ve bien que estamos lejos de la reducción que temía usted hace unos instantes, pero comprendo perfectamente que mencionaba la perspectiva futura vinculada a la ampliación- en unos instantes hablaré sobre ello- que se refería no solamente al caso de las regiones ultraperiféricas, sino también a las regiones de objetivo 1. 
Sinceramente, ahora y para los siete años que comienzan, 2000- 2006, estamos muy lejos de una reducción. 
A está suma considerable e importante, pero necesaria y que justifica el estado de desarrollo económico y los problemas vinculados al desempleo en estas regiones, vendrán a añadirse además los créditos procedentes de las cuatro iniciativas comunitarias Urban, Leader, Interreg y Equal. 
Estas sumas importantes, señoras y señores no son sólo la expresión, y lo repito porque creo en ello, de una solidaridad justa con respecto a esas regiones, sino también el reconocimiento de la función decisiva que pueden, que deben desempeñar como puntos avanzados, como- retomo su propio término, señora Ministra- fronteras activas de la Unión en las regiones en las que se encuentran. 
Tendré además ocasión, en los próximos días, de firmar en nombre de la Comisión varios programas regionales que son, o que van a ser, definitivamente aprobados en los días venideros. 
El DOCUP de la Reunión, a través de los procedimientos descritos que están prácticamente terminados, los DOCUPs de los otros tres departamentos franceses de ultramar- Martinica Guadalupe y Guayana- lo saben ustedes, el DOCUP de Madeira y el de Azores se firmaron el 28 de julio. 
Faltará el que está en fase de negociación para las Canarias. 
Esto es todo en lo que respecta en concreto a la ejecución de la programación de la política regional y de los fondos importantes que se dedican. 
Señoras y señores diputados, la Comisión prepara además iniciativas orientadas a modificar algunas disposiciones en materia de Fondos estructurales, siendo el objetivo hacer más eficaz aún su acción con respecto a las regiones ultraperiféricas facilitando la movilización de ayudas comunitarias para los operadores económicos. 
Sé que estas iniciativas son esperadas, lo han recordado ustedes al hablar de este temor de una reserva o de reticencias de la Comisión. 
No hay ni reserva ni reticencia. 
Les ruego que crean que en el lugar que represento trabajo con mis colegas de forma extremadamente constructiva y abierta. 
No siempre es fácil hacer que avancen en concreto esas iniciativas que ustedes esperan. 
Necesitaba el informe básico del 14 de mayo y necesito también, señoras y señores diputados, asegurarme adelantando, y avanzando ahora y con rapidez, una seguridad jurídica real. 
No es éste un punto completamente desdeñable y evidente, incluso en la interpretación del párrafo 2º del artículo 299. 
Esta reflexión encontrará una prolongación además por encima de las iniciativas que vamos a adoptar en las próximas semanas, en el segundo informe de cohesión que evaluará, como ustedes solicitan, el impacto de la ampliación en las disparidades regionales. 
Este informe, que yo mismo vendré a presentarles en la próxima primavera, será el punto de partida de un gran debate sobre la futura política regional, sobre la futura política de cohesión, para el periodo 2006- 2013. 
Deseo que en este debate se siga prestando una atención muy especial al desarrollo de las regiones ultraperiféricas. 
Estoy interesado de forma permanente en la ayuda y el apoyo que se pueden aportar a estas regiones y comprendo por tanto, señoras y señores, la preocupación, por todas partes, en estas regiones así como en las regiones de objetivo 1 a las que viajo con regularidad, a propósito del desafío y de la gran prueba de la ampliación. 
Sr. Pohjamo, hace unos instantes ha mencionado usted esta preocupación haciendo referencia a los trabajos del compromiso del Sr. Sánchez para quien me permito pedirle que le transmita nuestro deseo de un pronto restablecimiento, habida cuenta de sus problemas de salud. 
El Sr. Markov ha mencionado también esta cuestión. 
No debemos temer la ampliación. 
Globalmente, se trata de un desafío que debemos afrontar en interés de la Unión, de su estabilidad para el continente europeo, de la paz, de la democracia e incluso del buen funcionamiento y de las nuevas oportunidades que se ofrecen al mercado interior. 
Naturalmente, esta ampliación no puede hacerse de cualquier modo y en cualquier momento. 
Hay unas reglas, en las que trabajamos, nos preparamos nosotros mismos, pero, señoras y señores diputados, a pesar de que van a entrar en la Unión, a partir de 2003, regiones muy pobres del este- y saben bien que son muy, muy pobres- no por ello en las regiones pobres del Oeste, del Sur, o las regiones pobres que son ultraperiféricas, dejarán de tener dificultades, de golpe, con la ampliación. 
Sabemos que en estas regiones hay dificultades persistentes y creo por tanto, objetivamente, según su nivel real de desarrollo, que tendrán necesidad durante mucho tiempo del apoyo de la política regional y de medidas particulares. 
Señoras y señores diputados, como sabe en concreto el Sr. Medina Ortega que ha señalado esta cuestión, hay varios expedientes fiscales y arancelarios en fase de examen. 
Podrían citarse los que interesan a las islas Canarias, a las Azores y a Madeira. 
Quisiera mencionar también el régimen fiscal, en Francia, del ron, en los departamentos de ultramar. 
Puedo asegurar que la Comisión concede una gran atención a estos temas. 
En todos estos ámbitos, repito, cuento con que puedan adoptarse rápidamente gran número de iniciativas y ponerse en la mesa del Consejo antes de la cita de Niza, en coherencia por cierto, Sra. Margie Sudre, con el deseo expresado muy recientemente por el Presidente de la República francesa, Presidente en ejercicio del Consejo europeo, y por el Primer Ministro de Francia. 
Hay otros temas a los que la Comisión presta una gran atención. 
Pienso, señor Medina Ortega, en un punto que ha mencionado usted, el de los transportes, un punto que me interesa desde hace tiempo, el de la energía, el de las energías renovables, de la suficiencia energética y del acceso a los diferentes programas comunitarios. 
Pero deseo mencionar sobre todo aquí un punto especialmente importante para el futuro de estas regiones. Es el de la sociedad de la información. 
Señoras y señores, estas nuevas tecnologías, esta sociedad de la información, no son un lujo para las regiones más ricas de Europa. 
Pienso incluso, al contrario, que estas nuevas tecnologías, el acceso a Internet y todas las profesiones vinculadas con ellas representan una oportunidad para las regiones periféricas o ultraperiféricas. 
Por todo ello he velado personalmente para que una parte significativa de los Fondos Estructurales se dedique a esta sociedad de la información, al acceso de los agricultores, de las pequeñas y medianas empresas, de los jóvenes, a esta sociedad de la información. 
Es importante ahora que se presente en el marco de los DOCUPS un gran número de proyectos, pero, paralelamente a esta acción sobre el terreno hemos de reflexionar profundamente sobre las necesidades específicas, el acceso, de cada una de esas regiones ultraperiféricas a esta sociedad de la información. 
¿Qué impacto podría tener esta sociedad de la información en el desarrollo de estas regiones, en especial en el ámbito del comercio electrónico, de la administración, de la educación a distancia, de la telemedicina, de los que he visto los efectos muy positivos y muy concretos en las Azores? 
La Comisión ha iniciado un estudio en este sentido, del que tendremos los resultados a mediados del 2001. 
Estos resultados contribuirán a un debate de orientación, en colaboración con las autoridades nacionales y regionales. 
Señoras y señores, el tercer apartado tiene relación con las regiones en su propia zona geográfica. 
Ahí tenemos dos preocupaciones: la primera es que se tomen en consideración sus intereses, naturalmente, en la negociación de los diferentes acuerdos comerciales que vamos a concluir. 
Así, vamos a iniciar un estudio sobre el impacto que podría tener la aplicación de un nuevo acuerdo con los ACP sobre las regiones ultraperiféricas. 
También queremos impulsar, al igual que ustedes mismos, la cooperación entre las propias regiones ultraperiféricas, y entre ellas y sus vecinos geográficos. 
Insisto en el hecho de que el programa Interreg 3, del que soy responsable, proporciona los medios necesarios para ello, ya que su apartado B, y me he preocupado por ello muy especialmente, concede una prioridad real, y también es mucho dinero, a este tipo de cooperación regional. 
Finalmente, mencionaré tres puntos importantes de su informe, Sra. Sudre. 
El primero plantea la cuestión de nuestra acción futura y solicita un programa plurianual. 
Quisiera simplemente decirle cómo ve las cosas la Comisión. 
Acabo de decir que nuestro informe del pasado mes de marzo ha impulsado las grandes líneas de una estrategia. 
Nosotros nos hemos comprometido a presentar sobre esta base programas de acción anuales, con calendarios que nos permitirán modular progresivamente nuestro planteamiento. 
Hemos encargado al grupo interservicios para las regiones ultraperiféricas, al que varios de ustedes han rendido homenaje, que prepare el primer programa 2001. 
Este grupo tiene también la tarea, y respondo en este caso a otro punto de su informe, de proceder a un examen permanente de las diferentes iniciativas- es una recomendación que usted ha hecho- preparadas por la Comisión, con el fin de velar para que los intereses legítimos de las regiones ultraperiféricas se tomen en consideración de forma transversal en todas las políticas comunitarias. 
Y estoy atento para que este grupo haga bien este trabajo mes a mes. 
El tercer punto concierne a la cooperación Europa-Estados-Regiones. 
Esta cooperación es un elemento importantísimo del planteamiento ultraperiférico. 
Se aplica a expedientes concretos, pero debe permitir también periódicamente un intercambio de puntos de vista de conjunto sobre todos los temas que afectan a esas regiones. 
El 23 de noviembre de 1999 tuvo lugar una jornada de colaboración, en la cual participamos muchos. 
Una reunión de este tipo podría organizarse de nuevo a lo largo del año 2001, cuando vayamos más avanzados en la realización del programa presentado en marzo. 
Para terminar, y pidiéndoles que me perdonen por haber prolongado quizá excesivamente mi exposición, pero se trata de temas importantes y en los que tengo un interés personal, quisiera retomar el párrafo final de las conclusiones de nuestro informe del pasado mes de marzo para recordar que a nuestro juicio el futuro de estas regiones vendrá determinado en gran parte por el éxito de la estrategia que hemos propuesto en este informe, pero este éxito tendrá también una gran importancia para la Unión Europea en su conjunto, ya que habrá probado así su capacidad para afrontar con garantías uno de los desafíos más complejos que tiene en su seno. 
Señoras y señores diputados, una última palabra. Trabajo activamente con mis colegas en las iniciativas que he mencionado sobre la base del informe de marzo. 
Voy a velar, y es ésa mi prioridad, para que estas iniciativas se concreten con rapidez y la mayor parte de ellas puedan presentarse en Niza. 
Y también me dedicaré con ustedes, si lo desean, a conducir el diálogo sobre los desafíos europeos, y el futuro y el lugar de estas regiones ultraperiféricas forman parte de esos desafíos. 
Sobre el terreno, como ya comencé a hacer en las Azores, tengo intención en los próximos meses, e inmediatamente después de que concluya la Conferencia intergubernamental, de viajar a cada una de estas regiones para reunirme con ustedes, para trabajar con ustedes, para reunirme con las fuerzas cívicas, sociales, profesionales y políticas y también, al igual que hago regularmente, para dialogar con los ciudadanos de estas regiones. 
Muchas gracias, señor Comisario Barnier. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 24.00 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, le ruego que añada mi nombre a la lista de presentes de ayer. 
Estuve de modo demostrable también en las votaciones nominales pero no me inscribí. 
Así lo haré, señora Rothe. 
Señor Presidente, me pregunto si éste sería el momento adecuado para referirme a un asunto ocurrido ayer durante el turno de votaciones. 
Como todos recordarán, en la sesión plenaria se celebró una votación sobre mi informe que se decidió por una mayoría de un voto. 
No quiero que se repita la votación. 
La Presidencia declaró zanjado el asunto y yo lo acepto plenamente. 
Pero a raíz de dicha decisión, numerosos diputados comenzaron a anunciar que sus dispositivos de votación no habían funcionado, etcétera. 
Durante la noche se me ha ocurrido que cuando se declara el resultado de una votación y en el Reglamento no existe ninguna disposición según la cual deba repetirse la votación, habida cuenta de la alarmante frecuencia con que fallan muchos de los dispositivos de votación, esta laguna podría crear serias dificultades. 
Si surgiera un problema técnico y no fuera posible contar todos los votos emitidos en una parte de este Hemiciclo, el resultado de las votaciones pondría en entredicho toda la eficacia de las decisiones que adoptamos. 
Me pregunto si el Reglamento debería incluir alguna disposición al respecto. 
Espero que la considere una auténtica cuestión de orden. 
Señor Evans, recuerdo perfectamente esta situación que someteremos a la Mesa. 
Naturalmente informaré a la Presidenta de su intervención. 
Señor Presidente, paralelamente a esa cuestión de orden, convendría también tener presente que los intérpretes son muy amables con nosotros y a veces no traducen "dispositivo de votación ha fallado" como "he fallado en la votación". 
Señor Presidente, intervengo por una cuestión relativa a la reunión que hoy celebra el Colegio de Comisarios, sobre la base del artículo 38 o 64 del Reglamento. 
Quisiera pedir que el Comisario Lamy efectúe una declaración con carácter de urgencia ante el Pleno sobre los motivos por los que ha sustraído al control del Parlamento un documento conocido como "Everything but arms". 
La acción tiene importantes consecuencias para esta Asamblea, para los países ACP y para Europa en su conjunto. 
Digo importantes consecuencias porque esta Asamblea quiere cada vez más transparencia democrática. 
Este tema concreto no sólo afectará a esta Asamblea, sino a la mayor parte de los Estados miembros, en particular, a aquellos que producen productos como plátanos- que es un tema de gran actualidad -, arroz, y azúcar. 
El Sr. Lamy debería efectuar dicha declaración hoy para garantizar nuestro derecho democrático a que se rinda cuenta al Parlamento. 
Al parecer no desea tratar sobre este asunto con el Parlamento, a pesar de que es de gran importancia. 
Señor Presidente, el diputado Evans acaba de replantear la cuestión suscitada por la votación que tuvo lugar ayer por la mañana, y, concretamente, por la votación de algunas enmiendas aprobadas por un voto de diferencia. 
Creo que el Parlamento tiene razón en atenerse a las disposiciones actuales, porque, como lo ha dicho otro colega, no se trata a menudo de un mal funcionamiento de los dispositivos de votación, sino que los diputados se olvidan de votar, y si se pudiese corregir un voto, sería un problema de nunca acabar. 
Un buen ejemplo de ello fue la votación final sobre el informe del Sr. Evans. 
Si yo hubiese sabido que el total de las abstenciones y de los votos en contra del informe del Sr. Evans iba a ser mayor que el total de los votos a favor, habría pedido a mi Grupo que votara en contra del informe del Sr. Evans, y el mismo no se habría aprobado. 
Podrán darse cuenta de lo absurdo que sería la situación si se pudiese reconsiderar una votación, y creo que haríamos bien en mantenernos fieles a nuestras disposiciones actuales. 
Señorías, en cualquier caso, será objeto de examen durante la próxima Mesa. 
Seguridad alimentaria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0272/2000) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la seguridad alimentaria (COM (1999) 719- C5-0136/2000- 2000/2082 (COS) ). 
, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Señor Presidente, señor Comisario, resulta difícil no estar de acuerdo con este documento que la Comisión nos ha presentado, porque está lleno de buenas ideas y de buenas intenciones. 
Por su parte, el ponente, Sr. Bowis, ha elaborado un magnífico informe, en el que deja patente la importancia de una Autoridad alimentaria, independiente y excelente, que sea competente para la evaluación del riesgo, pero no para su gestión ni para la gestión de la crisis, que deben ser competencia de la Comisión, al igual que las propuestas legislativas. 
Tanto esta Autoridad alimentaria como las propuestas legislativas que se nos propongan, tendentes a garantizar la seguridad alimentaria, van a contar con el apoyo de este Parlamento, señor Comisario. 
Pero yo quisiera llamar la atención sobre una cuestión de fondo: la mejor legislación posible y una Autoridad alimentaria excelente y científicamente impecable no bastan. 
Podemos tener otras crisis alimentarias y, cada vez que esto ocurra, se pondrán en peligro la seguridad de los consumidores, la credibilidad de las instituciones y los intereses del sector agrario y de la industria agroalimentaria. 
Y, además, si la gestión de la crisis es deficiente, el problema se extiende y se agrava descontroladamente. 
La seguridad alimentaria no es una cuestión accesoria: afecta a la salud pública y a la estabilidad del mercado alimentario. 
Por eso, yo pregunto a la Comisión qué piensa hacer para conseguir que los objetivos del Libro Blanco sean una realidad. 
La experiencia reciente nos ha demostrado que las crisis no se han desencadenado por falta de conocimientos científicos ni por falta de una legislación ad hoc. 
El problema ha sido que alguien ha incurrido en fraude y ha persistido en él por un fallo de los controles. 
Ése es el caso de la empresa que ha fabricado vacunas de polio en el Reino Unido con un suero fetal bovino, prohibido desde 1999, y la distribución de mil kilos de carne de reses contaminadas con la EEB en una cadena de distribución agroalimentaria francesa. 
En definitiva, señor Comisario, además de la Autoridad, es necesario que los servicios de la Comisión competentes, en colaboración y coordinación con los Estados miembros, establezcan un sistema de controles homogéneos y eficaces en toda la cadena alimentaria y que la red de laboratorios alimentarios de la Unión Europea se potencie y trabaje de manera coordinada con la Comisión. 
Le aseguro que es la mejor medida, porque es preventiva. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión y el informe del Sr. Bowis merecen todo nuestro apoyo. 
Hemos de velar por la seguridad y la pureza de los alimentos. 
Debemos asegurarnos de que los restos de las vacas afectadas por la EEB no se infiltren en la cadena alimentaria. 
Es necesario que nos podamos fiar de que se combatirá la salmonella. 
Pero esta confianza se daña una y otra vez. 
Por eso mismo, las más de ochenta medidas del Libro Blanco son imprescindibles. 
La creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria supone un paso importante en la buena dirección. 
Su principal tarea consiste en proporcionar asesoramiento científico, puesto que el debate acerca de la seguridad alimentaria también ha de ser digno de crédito. 
La alimentación calienta los ánimos: contra la globalización, contra la producción a gran escala, contra la modificación genética, a favor de los productos locales, a favor de la tradición y a favor de la diversidad. 
Aunque en muchos casos estas emociones están justificadas, es preciso evitar que sirvan de pretexto para fomentar el proteccionismo. 
No debemos negar el gran auge de la comida precocinada, pero hemos de optar por un enfoque activo. 
Hemos de ofrecer garantías respecto a la calidad de los nuevos alimentos, la rastreabilidad de los ingredientes y la fiabilidad de la información recogida en la etiqueta. 
Es importante que los consumidores puedan elegir. 
La autoridad alimentaria ha de facilitar información objetiva, tanto a los ciudadanos como a quienes adoptan las decisiones. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Industria quisiera poner de manifiesto algunos puntos. 
La toma de decisiones ha de ser clara y transparente. 
A fin de impedir que las mismas investigaciones científicas se repitan se impone la colaboración con los centros de investigación nacionales y comunitarios. 
Por lo demás, la seguridad alimentaria corre a cargo de todo el sector alimentario, desde el agricultor hasta la mesa del consumidor. 
Es fundamental que exista una buena comunicación entre consumidores, productores, minoristas, trabajadores y transportistas. En la pequeña y mediana empresa debe imperar la diversidad. 
Necesitamos una normativa rígida y un control adecuado al tiempo que deben respetarse las reglas de la competencia leal. 
Por último, la Comisión de Industria es partidaria de que se elabore una estrategia para países terceros y países candidatos a la adhesión. 
La seguridad alimentaria es un asunto mundial. 
No podemos cerrar el paso a los productos procedentes de los Estados Unidos o los países en vías de desarrollo. 
Todo lo contrario, tenemos que esforzarnos por elaborar un orden del día común. 
Señor Presidente, para concluir quisiera dar las gracias al ponente por su aportación constructiva y su disposición a tener en cuenta el dictamen de las demás comisiones. 
- (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior ha analizado a fondo el Libro Blanco sobre la seguridad de los alimentos y ha llegado a conclusiones similares a las de la comisión competente para el fondo. 
Coincidimos también con la Comisión en el convencimiento de que, en interés de las ciudadanas y ciudadanos, se debe conceder a la seguridad de los alimentos un especial rango. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha realizado, por ello, toda una serie de propuestas que se reflejan en el informe del Sr. Bowis. 
Permítanme que en la brevedad del tiempo de que dispongo me refiera a dos puntos centrales. 
Primero: no hay duda alguna de que hay que simplificar las normas jurídicas en el sector de la seguridad de los alimentos para las personas y animales. 
Por ello, esperamos de la Comisión Europea que proponga un marco jurídico al respecto. 
En dicho marco se deberían sistematizar los correspondientes actos jurídicos de tal modo que la protección de la salud se destaque como un objetivo supraordenado. 
Segundo: las ciudadanas y ciudadanos de Europa pueden exigir que se conceda a su salud la máxima prioridad. 
También pueden exigir que a través de su Parlamento dispongan de un elevado grado de coparticipación cuando se trata de la protección de su salud y de la seguridad de los alimentos para personas y animales. 
Por ello, la proyectada Autoridad alimentaria europea solamente se puede crear sobre la base de los artículos 95 y 152 del Tratado de la CE debiéndose dedicar aquí una especial atención a sus competencias. 
Señor Presidente, desearía ante todo felicitar al ponente, el Sr. Bowis, y también manifestar al comisario David Byrne que valoramos el trabajo que nos ha presentado con el presente Libro Blanco, así como la relación que mantiene con el Parlamento para preparar, con miras al futuro, la mejor normativa posible en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Hoy discutimos sobre un Libro Blanco, y deberíamos definir algunos principios generales. 
Con respecto a la futura Autoridad europea de seguridad alimentaria, creo que debemos ser muy precisos en cuanto a su cometido. 
Se trata de un cometido de evaluación y de identificación de riesgos, en coordinación con las agencias nacionales existentes. 
No obstante, es importante precisar que la alerta alimentaria y la aplicación de medidas deben inscribirse en el ámbito político. 
Es ahí donde intervienen la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Segundo principio: es importante que dicha Autoridad sea independiente, y debemos garantizar esta independencia. 
Así pues, es fundamental permitir a la AESA ejercer el poder de autorremisión. 
La Autoridad debe ser independiente con respecto a los Estados miembros, a las instituciones europeas y a la industria agroalimentaria. 
Me he permitido presentar una enmienda relativa a la jerarquía de riesgos. 
He tenido la oportunidad, por otra parte, de plantear esta cuestión al comisario David Byrne. 
En algunos casos, observamos que el riesgo es imaginado por la población. 
Se trata simplemente de rumores, y tenemos el deber, la responsabilidad, de ponernos en comunicación con la población a fin de neutralizar dichos rumores y devolver la confianza a los consumidores. 
Cuando nos enfrentamos con un posible riesgo es importante aplicar el principio de cautela. 
Finalmente, en caso de riesgo real, es necesario tomar urgentemente las medidas preventivas. 
Para concluir, el campo de acción de la Autoridad europea de seguridad alimentaria debe limitarse a la seguridad alimentaria. 
No se trata de extender dicho campo de acción a la calidad de los productos. 
No hay que mezclar la evaluación de riesgos alimentarios con aquello que atañe a la calidad de los productos. 
En cualquier caso, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen la firme intención de devolver la confianza a los consumidores. 
Señor Presidente, ocurre a menudo que cuando a un colega se le asigna un informe se le envidia por ello. 
Pero antes de la presentación del informe, la envidia ha desaparecido. 
Éste no es el caso del Sr. Bowis, que ha sabido llevar todo este debate con considerable elegancia, encanto y buena disposición para el compromiso, que es por lo que la comisión ha podido aprobar 12 enmiendas de compromiso, con el apoyo de la práctica totalidad de los Grupos políticos. 
Esta semana hemos tenido un duro recordatorio del motivo por el que nos encontramos todos aquí y por el que se está aprobando en mi país esta legislación; el informe del Comité de investigación Phillips sobre la catástrofe, o más bien el escándalo, de la EEB. 
La EEB apareció en nuestra cabaña nacional como consecuencia de la negligencia, y la culpa de los responsables, tanto funcionarios como ministros, saldrá a la luz el día de mañana. 
No será un día en el que nos sintamos especialmente orgullosos de los procedimientos que teníamos entonces. 
Dichos procedimientos ya han sido modificados y cambiados y ahora contamos con nuestra propia "Food Standards Agency". 
La introducción de un organismo semejante en el Parlamento Europeo, en el marco de muchas otras medidas similares que reforzarán nuestra preocupación y cuidado por la seguridad alimentaria en la Unión Europea, es el resultado positivo de lo que fue un triste episodio. 
Me referiré brevemente a las enmiendas clave que recomiendo a la Asamblea y al Comisario y que espero que hoy aprobemos en la votación. 
Evidentemente, el título es importante y el Sr. Bowis así lo ha reconocido. 
Debía llamarse "autoridad" porque en inglés y en la mayoría de las otras lenguas, este término expresa un organismo que tiene la facultad y la capacidad, de vez en cuando, de utilizar su mejor criterio en el proceso de evaluación del riesgo, y no ser un mero agente de los deseos ajenos. 
Una de las enmiendas aprobadas permite que dicha Autoridad presente informes por propia iniciativa. 
Sobre la cuestión aún controvertida de hasta dónde deberíamos llegar en lo que respecta a permitirle que examine la nutrición, e incluso que presente recomendaciones y sea consultada por aquellos cuyo principal cometido es la gestión del riesgo, hemos dicho también que en materia de seguridad, los temas deberían al menos estar sujetos a la opinión y el asesoramiento de dicha autoridad alimentaria. 
También hemos dicho que hay que consultar a los organismos nacionales responsables de la seguridad alimentaria y a las organizaciones de consumidores de los Estados miembros de la Unión Europea en relación con los procesos que ahora emprendemos, porque debemos conseguir para dicha autoridad todo el apoyo y el peso de la opinión pública, de los interesados y también, naturalmente, de los Estados miembros. 
Esto significa que deberán reconocer que el Sistema de alerta rápida debe ser mejorado de inmediato y ampliado para que cubra la alimentación animal. 
Sin embargo, esta misma semana hemos tenido un nuevo caso en Francia, en el que carne de vacuno infectada ha llegado hasta los estantes de Carrefour, lo que demuestra lo difícil que resulta descubrir a aquellos que atribuyen escasa consideración al aspecto de la seguridad alimentaria. 
Queremos que en el consejo rector de AESA exista una representación equilibrada de los responsables en materia de protección del consumidor, salud pública y todos los ámbitos posibles del conocimiento científico y agrícola. 
Queremos que sean personas que merezcan nuestro respeto y que hagan declaración de intereses. 
Naturalmente, muchas de ellas estarán relacionadas con la industria alimentaria, tendrán vínculos con otras ramas de la ciencia. 
Es comprensible y natural, pero necesitamos saber cómo, quién y dónde, y debemos poder conseguirlo. 
Queremos que se presente un informe anual a esta Asamblea y queremos que el director, tras su nombramiento, esté a disposición de la Comisión de Medio Ambiente y también de la Comisión de Agricultura y de esta Asamblea en general, para rendir cuentas. 
Quisiera decir que cuando esto ya sea realidad, nos quedará una última cosa por hacer. 
Deberemos esperar pacientemente a que la Comisión presente legislación sobre otros asuntos en el ámbito de la seguridad alimentaria- normas sobre los PCB, etiquetado de productos alimenticios, etiquetado sobre alergias, intervención en política de nutrición y la necesaria modificación de la legislación sobre productos tratados para niños pequeños y preparados para lactantes. 
Estas cosas están inextricablemente relacionadas con las futuras actividades de la Autoridad de seguridad alimentaria. 
Por último, también apoyaremos algunas de las nuevas enmiendas, sin duda, las enmiendas 11 hasta 13 y 7 hasta 9, y queremos una votación libre de la enmienda 14. 
Consideramos superfluas algunas de las otras enmiendas, pero en términos generales, convendría mantener hasta la votación el amplio consenso que ha existido durante todo el proceso en esta Asamblea respecto al presente informe. 
Señor Presidente, el Sr. Bowis ha realizado la ponencia de este importante y complejo asunto de una manera excelente. 
En realidad, en este asunto relativo a la seguridad alimentaria, hay muchos objetivos de similar importancia y aparentemente contradictorios. 
La seguridad es uno de ellos. 
En este contexto, quisiera romper lanzas por los alimentos baratos, ésos que compran las familias con hijos y que comen los niños y los jóvenes. 
También hay que conceder libertad para que se desarrollen el sector alimentario y los alimentos y para preservar el patrimonio cultural europeo. 
Una idea central es asegurar la pervivencia de la rica herencia de tradiciones. 
Por eso doy mi apoyo a la enmienda 15. 
Sin embargo, opino que hay un asunto que no se ha debatido suficientemente, esto es, la necesidad de que una legislación uniforme esté acompañada de controles amplios y también uniformes. 
¡No olvidemos que el sector alimentario en su conjunto es el que concentra la mayor cantidad de trabajadores en la Unión Europea! 
¡Tenemos que conseguir que la legislación se cumpla de la misma manera en toda la Unión! 
En caso contrario, dañaremos tanto la seguridad como la libre competencia del mercado interior. 
Quisiera reiterar lo siguiente: ¡concentrémonos en el adecuado cumplimento de las leyes, de norte a sur! 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, der Mensch ist, was er isst, somos lo que comemos. 
Ésas fueron las primeras palabras, estimados colegas, que pronuncié el año pasado en mi discurso inaugural sobre la crisis de las dioxinas en Bélgica. Mi colega Bowis ha comenzado la exposición de motivos de su informe y su intervención con estas mismas palabras. 
Es un claro indicio de que el Sr. Bowis y yo, así como toda la Comisión de Medio Ambiente, estamos en la misma onda. Quisiera dar las gracias al Sr. Bowis por la constructiva colaboración de los últimos meses. 
Tengo cuatro observaciones. 
El informe hace con razón una distinción entre análisis de riesgos, por una parte, y gestión de riesgos, por otra. 
A la luz de esta diferencia quisiera ante todo subrayar que el que quede garantizada la seguridad alimentaria depende de la solidez de las inspecciones realizadas por las autoridades, y no olvidemos que el grado de solidez de las mismas viene determinado por el eslabón más débil. Si el eslabón más débil se rompe también se desplomará como un castillo de naipes el sistema de control. 
Ello significa que todos los organismos de control han de colaborar entre ellos. 
A este respecto es frecuente que no se preste la debida atención a los servicios encargados de controlar los medicamentos para animales. En mi país dicha tarea corresponde a la inspección farmacéutica. 
Lamento que en mi país esa instancia no participe o apenas participe en el futuro funcionamiento de la agencia federal de seguridad alimentaria, pues sabemos por experiencia que un control inadecuado de los medicamentos para animales y las prescripciones practicadas por los veterinarios puede dar lugar a escándalos. 
Tengámoslo presente. 
En segundo lugar, el informe BOWIS explicita que la responsabilidad del análisis de riesgos incumbe a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 
Por tanto, hemos de ser conscientes de que esta agencia se convertirá en un socio inestimable en el debate sobre la seguridad alimentaria siempre y cuando consiga ganarse el necesario respeto en los próximos años. 
No son las leyes ni las normativas las que sientan las bases para dicha respetabilidad, sino la integridad, la alta calidad académica, la independencia, el sentido de la responsabilidad, la transparencia y la inteligibilidad. 
A este respecto soy partidario de que a la hora de contrastar las diferentes opiniones científicas se publiquen asimismo los puntos de vista minoritarios. 
Les recuerdo, estimados colegas, que la ciencia no es un hecho estadístico, sino que evoluciona constantemente, algo que ha demostrado suficientemente el debate sobre las seis hormonas americanas. 
Estimados colegas, aplaudo igualmente el enfoque global: del agricultor al plato y del bieldo al tenedor. Incluso quisiera ir más allá al defender una aproximación que vaya desde la semilla hasta la cuchara. 
Ello supone que el control de la seguridad alimentaria ha de centrarse en todos los productos, tal y como consta en el párrafo 11 de la resolución. 
Mi cuarta observación se refiere al párrafo 17, donde el Parlamento insiste con razón en que el sistema de alerta rápida debe ampliarse a todos los ámbitos de la seguridad alimentaria, incluida la alimentación animal. Desde esta perspectiva está plenamente justificada nuestra solicitud de aplicar cuanto antes una lista positiva, señor Comisario. 
Estimados colegas, éste no es sino un primer paso, nos queda aún un largo camino por recorrer. 
Hemos de darnos cuenta de que tenemos que restablecer la confianza del consumidor en la alimentación, ya que se trata de un derecho humano fundamental. 
Espero que los próximos meses y años sigamos de cerca la elaboración del Libro Blanco por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, en primer lugar, también nosotros apoyamos, naturalmente, todas las enmiendas de transacción que fueron pactadas en la Comisión de Medio Ambiente y que espero que sean aprobadas aquí. 
No obstante, señor Presidente, permítame destacar un par de puntos. 
Tratamos un asunto en el que se ponen de manifiesto la superficialidad y la vacuidad del debate que mantenemos sobre la unión política de Europa. 
No le parezca paradójico. 
Es imposible un verdadero órgano de protección de la seguridad de los alimentos si no cuenta con un fuerte apoyo político. 
Señor Presidente, las cuestiones que se plantean son muchas: legislación, aplicación, gestión del riesgo, medidas, cambios de política, comparación con las importaciones: control de la calidad de la seguridad de lo que traemos de afuera. 
Pregunto: ¿quién se encargará de todo ello? 
¿Las autoridades nacionales? 
Pero, si resulta que las crisis habidas hasta ahora por lo general han sido encubiertas por las autoridades del país miembro. 
¿Hace falta que recuerde la política del Reino Unido respecto a la encefalopatía en su momento? 
¿Qué organismo podrá, para el conjunto de los ciudadanos europeos, asumir el control y la investigación, y proponer medidas? 
Por mi parte, para poner un pequeño ejemplo, quisiera saber qué habría hecho la agencia que se nos propone ahora en la época de las vacas locas en Gran Bretaña, de las dioxinas en Bélgica, del algodón transgénico y los alimentos derivados- aceite, etcétera- en Grecia. 
No creo que mucho. 
Así pues si esta agencia no alcanza los standards que puedan convertirla en un organismo capaz de imponer una política, no creo que pueda hacer grandes cosas. 
En el mejor de los casos, se quedará junto a la Agencia del Medio Ambiente, que desempeña una extraordinaria labor de información, pero que se encarga ella misma de decirnos que la situación del medio ambiente en Europa no mejora. 
Señor Presidente, Señorías, crisis graves para la salud pública perturban regularmente nuestra Europa. 
Dichas crisis, como la de la EEB y la de la dioxina, se han convertido en un verdadero problema social, y suponen una pérdida de confianza del consumidor con respecto a su alimentación. 
La actualidad nos lo ha recordado una vez más. 
Los Estados miembros han evaluado la importancia del problema, como ocurre con Francia, que ha creado una agencia nacional de seguridad alimentaria. 
La Comisión Europea propone hoy la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria, encargada de analizar cualquier riesgo para la salud pública. 
Ciertamente, es indispensable partir de la base de un buen conocimiento científico, para evaluar mejor los riesgos vinculados a la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. 
Por tanto, cualquier iniciativa que permita conocer mejor dichos riesgos va por buen camino. 
Pero, ¿no estamos enfocando el problema al revés? 
Como suele hacerlo a menudo, la Comisión propone reglamentar este ámbito para borrar o minimizar las consecuencias nefastas de una política de la que muchas veces es corresponsable, sin poner de manera alguna en entredicho sus orientaciones primordiales. 
Así, las exigencias europeas referentes a la rastreabilidad, que constituyen buenas medidas, son tanto más necesarias por cuanto hemos abandonado los controles en nuestras fronteras interiores, o comunitarias. 
Asimismo, la Unión Europea procura proteger la biodiversidad y salvaguardar los ecosistemas por medio de las directivas sobre el hábitat y sobre las aves silvestres, sin poner en tela de juicio el productivismo agrícola, que constituye, como es sabido, junto con la urbanización, la principal causa de los desequilibrios de los ecosistemas. 
Precisamente, dicho productivismo aumenta los riesgos alimentarios: la especialización de las explotaciones agrícolas, que practican mayoritariamente una agricultura intensiva; la necesidad de adaptarse a los precios del mercado norteamericano- y, por lo tanto, la búsqueda del coste mínimo, sobre todo para la alimentación animal -; el transporte- que a menudo cubre largas distancias -; los diferentes elementos de la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa, son otros tantos factores de riesgo para la salud pública. 
En estas condiciones, la Autoridad europea de seguridad alimentaria deberá desempeñar, no obstante, un papel importante en el ámbito del análisis científico de los riesgos. 
Pero procuremos dejar en manos de los Estados miembros la gestión de dichos riesgos y la aplicación razonable y proporcionada del principio de cautela. 
Será una garantía de eficacia. 
En efecto, los Estados miembros serán los que mejor llevarán a cabo los controles locales adecuados. 
Los Estados miembros serán los que mejor sabrán distinguir los productos verdaderamente peligrosos de aquellos que responden a nuestras diferentes culturas alimentarias, aun cuando no presenten un riesgo cero para la salud. 
Este riesgo cero, por otra parte, no existe y, en cualquier caso, no es deseable, ya que la asepsia no es una garantía de seguridad alimentaria. 
Los Estados miembros son los que mejor sabrán transmitir a las poblaciones los riesgos vinculados a los diferentes productos. 
Confiemos, pues, a la Autoridad europea de seguridad alimentaria únicamente la experiencia científica, en coordinación con nuestras agencias nacionales. 
Exijamos de ésta la excelencia y la independencia. 
Pidámosle que efectúe las recomendaciones a las autoridades políticas encargadas de la gestión del riesgo. 
Y no le dejemos, pues, la iniciativa de alerta y de comunicación de riesgos al público. 
Procuremos, finalmente, evitar la uniformización de nuestras formas de alimentación. 
Nuestros países, y Francia en particular, están orgullosos de su cultura gastronómica y de sus productos regionales. 
Esta diversidad constituye la riqueza de Europa y su calidad de vida. 
Conservémosla celosamente. 
Señor Presidente, está claro que existe un entusiasmo considerable por la creación de una Agencia europea de seguridad alimentaria, como nuestro ponente prefiere denominarla. 
En el Reino Unido, al igual que en muchos otros países, ya hemos creado nuestra propia agencia en medio de un entusiasmo similar. 
La agencia británica ha comenzado a funcionar este año y muchos tenían grandes expectativas. 
No obstante, con la llegada de las ambiciosas propuestas del Sr. Byrne, parece que esta iniciativa nacional será absorbida por las estructuras de la UE. 
Se lo debemos al Sr. Bowis, quien confirma en su informe el carácter subordinado de la agencia británica, cuando hace la observación de que "Es esencial que la Comisión coordine sus diversos departamentos incluyendo... los organismos alimentarios nacionales." 
Como acotación al margen, debo expresar mi sorpresa por el modo en que un diputado Conservador puede abrazar, al parecer con tanta facilidad, la absorción de otra institución británica, a pesar de que el programa de su partido se opone a una mayor integración. 
Pese a ello, es posible que a los diputados les resulte sorprendente que yo apoye el concepto del enfoque paneuropeo de la seguridad alimentaria, que está plasmado en el concepto de la AESA. 
A pesar de haber sido calificado a menudo por mis colegas británicos como un "little Englander", no tengo ninguna dificultad en reconocer que los gérmenes no conocen fronteras. 
Aunque si los gérmenes no respetan las fronteras nacionales, tampoco respetarán, y de hecho no respetan, las fronteras de la UE. 
Por tanto, a pesar del entusiasmo que despierta la aparición de otra agencia comunitaria, cualquier programa de control que se precie deberá mirar más allá de la visión limitada de apenas 15 Estados. 
Deberá adoptar una perspectiva más amplia. 
En este sentido, somos afortunados. 
Desde 1984, contamos con un programa de vigilancia, muy eficaz, de la Organización Mundial de la Salud para el control de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos, que tiene su base en Berlín, en el Von Ostertag-Institut. 
Curiosamente, a diferencia de los "pequeños europeos" que tan a menudo están detrás de este proyecto de la UE, la OMS tiene un concepto de Europa que en un inicio abarcaba 32 países, entre los que se incluye la antigua Unión Soviética y desde entonces se ha expandido para incluir a todos los países desde los Urales hasta el Atlántico y desde Islandia hasta Israel. 
La OMS no sólo cubre Europa, sino que su ámbito abarca todo el planeta, y esto es importante. 
Si seguimos el rastro del avance de las principales enfermedades procedentes de los alimentos que afectan a Europa en la actualidad, la mayoría de ellas hicieron su primera aparición en las Américas. 
Por ejemplo, por nombrar sólo una, la reciente amenaza de E-coli O157 surgió probablemente en Sudamérica. 
A continuación se extendió a los Estados Unidos, luego a Canadá y de allí a Australia y Japón, antes de que se produjeran brotes significativos en la Europa continental; el primero de ellos, en Alemania. 
Por consiguiente, muchas de las iniciativas de control que posteriormente se han adoptado en Europa tienen su origen en otros países, en particular, en los Estados Unidos. 
La evaluación del riesgo debe iniciarse allí donde surgen los problemas. 
Por lo tanto, si reconocemos la necesidad de una agencia transnacional que potencie los esfuerzos de las agencias individuales- y reconozco esa necesidad -, una agencia semejante no debería ocuparse únicamente de Europa: debe ser de ámbito mundial e incluir información sobre todo el mundo. 
Eso es exactamente lo que la OMS hace por nosotros: trabajar con sus organizaciones regionales de una manera totalmente integrada. 
Algo así no puede lograrlo una organización de la UE. 
Habida cuenta de que el programa de la OMS sigue contando con los fondos y el apoyo necesarios, se diría que no existe ninguna necesidad en absoluto de otra agencia, especialmente una con un alcance tan limitado como son los 15 Estados miembros de la Unión Europea. 
La seguridad alimentaria es demasiado importante como para convertirse en una nueva excusa para la integración de la UE. 
Pone de manifiesto lo peor de la Unión Europea, porque lo que se percibe es un simulacro de control. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos es una respuesta ya más que necesaria a aquellos acontecimientos como el de la EEB y la crisis de la dioxina que han acarreado una gran inseguridad y enorme pérdida de confianza de los consumidores. 
Hay dos puntos que considero especialmente importantes. 
Primero: la creación de una red europea de los centros de investigación es una necesidad absoluta para alcanzar los objetivos. 
Hay que evitar la duplicación de competencias y los sobrelapamientos entre las mismas entre la futura Autoridad alimentaria europea y, por ejemplo, la Oficina Veterinaria y de Alimentos de Dublín. 
No sólo la Comisión sino también todos los Estados miembros deben tener la posibilidad jurídica de acudir a esta Autoridad. 
Esto es adecuado para que la Autoridad alimentaria europea pueda actuar también independientemente de la Comisión y para que- si fuese necesario- intervenga lo más rápidamente posible una gestión de crisis. 
Sin embargo, se deben determinar las condiciones previas para convocar a la Autoridad de tal modo se garantice una actuación eficiente y rápida. 
Segundo: hay que crear para todos los alimentos un sistema de seguimiento de sus componentes hasta su origen. 
Este principio básico debe mantenerse consecuentemente en la proyectada revisión de las disposiciones comunitarias sobre el etiquetado. 
Sólo así se podrá recuperar la confianza perdida de los consumidores en la producción de alimentos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el Sr. Bowis ha elaborado como ponente un excelente informe y quiero subrayar en muchos aspectos la exposición que ha realizado. 
Hay que saludar la creación de una Autoridad europea alimentaria eficaz e independiente también ante los escándalos que han tenido lugar en el sector de los alimentos. 
La seguridad en los alimentos es la condición previa esencial para el consumidor pues los consumidores quieren alimentarse sanamente y de ello tenemos que ocuparnos nosotros. 
Las tareas centrales de la autoridad son, por ello, la evaluación de los riesgos y la comunicación de los mismos, un sistema de alerta rápida con la ayuda combinada de los cinco comités alimentarios, un trabajo público óptimo con el consumidor sobre cuestiones de los alimentos y su seguridad y una reticulación óptima con establecimientos científicos y órganos de control en los Estados miembros para garantizar también el control in situ desde el productor al consumidor. 
Para restablecer y fortalecer la confianza de los consumidores se deberán tener en cuenta la seguridad y disposiciones sobre los alimentos en el derecho sobre fertilizantes, medicamentos, medio ambiente y de residuos. 
Una valoración fiable de los riesgos exige unos amplios análisis y mediciones de referencia. 
Para que los resultados científicos sean equiparables en toda Europa, los métodos empleados deben estandarizarse y armonizarse. 
Para los análisis de los alimentos o de sustancias tóxicas especiales contenidas en los alimentos para los animales es necesaria la correspondiente infraestructura. 
En el Instituto de la Salud y de Protección del Consumidor del Centro común de Investigación, actualmente se están realizando controles de calidad y de seguridad a nivel europeo también para los alimentos, se analizan los alimentos entre otras cosas en lo tocante a su contaminación y se realizan mediciones de referencia para productos agrícolas y alimentos. 
Para todas estas medidas son necesarios unos elevados recursos financieros. 
Por ello, también es razonable incluir a instituciones existentes de la Unión Europea, utilizarlas y, en su caso, ampliarlas y poner a disposición hasta el año 2002 los necesarios créditos financieros para ello. 
He presentado en este aspecto una enmienda y ruego que la apoyen. 
Señor Presidente, cuando en un tema tan complejo como éste, que exalta con rapidez todos los ánimos y hace que los corazones y cabezas se aceleren, solamente se presentan 19 enmiendas en el Pleno, es una prueba de la confianza y del excelente trabajo previo realizado con el ponente así como también con todos los demás Grupos políticos en la comisión. Expreso mis felicitaciones al ponente por ello. 
El Libro Blanco no es una respuesta a una crisis cualquiera. 
El Libro Blanco es un trabajo que la Comisión tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo sobre un Libro Verde que se presentó también ya hace muchos años. 
También debemos indicar, como han hecho algunos de los oradores anteriores, en especial el Sr. Whitehead y la Sra Gebhardt, que el Libro Blanco es mucho más que cualquier nueva obra reguladora de la Unión. 
Por ejemplo, el Libro Blanco deberá establecer las condiciones para que sean posibles unos alimentos seguros. 
Si no logramos modernizar el sistema de alerta previa y que funcione, entonces no necesitamos recapacitar sobre muchas cosas. 
Si no logramos que los Estados miembros se responsabilicen también de este sistema de alerta previa tendremos un problema. 
Tenemos que aplicar a los alimentos para animales una legislación, unas directivas y unos criterios más estrictos. 
En lo tocante a las normas de higiene para la producción de piensos y también en lo que se refiere a los controles, tenemos que ser asimismo mucho más estrictos. 
Si no obtenemos una nueva directiva marco muchos aspectos relacionados con la seguridad de los alimentos solamente serán papel mojado. 
La Comisión ha presentado con sus aproximadamente 80 propuestas al respecto- nuevas o bien enmiendas- un programa muy ambicioso. 
Veo que en algunos puntos la Comisión ya está actuando. 
Creo que es un buen camino. 
Naturalmente, todos hablamos en primera línea de esta nueva autoridad alimentaria. 
En la comisión nos hemos puesto de acuerdo en lo que esta nueva autoridad puede hacer o no puede hacer. 
Pero también les digo lo siguiente: la seguridad en los alimentos es lo importante. 
En la Unión disponemos ya de gremios científicos que se ocupan del tema. 
Pero si no logramos que en los Estados miembros se realicen realmente controles in situ basados en la legislación sobre quién controla qué, cuándo y con qué frecuencia, podremos crear 20 nuevas autoridades en la Unión Europea pero no cambiará nada en la seguridad de los alimentos. 
Deberíamos tener también esto en cuenta. 
Una nueva autoridad, con independencia del nombre que tenga, sólo sería una mera excusa o coartada. 
Esta nueva autoridad hará feliz a un país o localidad cualquiera pero, por lo demás, no pasará en absoluto nada y expresiones como "a nadie le importa nada" o "el tren sigue su marcha" serían muy acertadas. 
Normas de higiene y control in situ es el lema a cumplir. 
Y aquí tanto nosotros como la Comisión no tenemos tanta responsabilidad como los Estados miembros pues hasta hoy no han hecho sus deberes. 
Señor Presidente, hoy me siento feliz y doy las gracias a la Comisión, porque ha iniciado los trabajos para mejorar la seguridad alimentaria, al Sr. Bowis y a toda la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Agradezco la buena cooperación alcanzada y el espíritu constructivo demostrado para conseguir un buen informe. 
Ahora esperamos el respaldo del Parlamento y confiamos en que el Consejo y la Comisión aceptarán nuestras propuestas. 
Las autoridades alimentarias, junto con la Agencia Veterinaria, con otras instituciones científicas y con las autoridades nacionales, deberán crear un sistema de amplia cobertura. 
Tal como señaló la Sra. Paulsen, todos los Estados miembros y todas las empresas, muchas de las cuales son multinacionales, deberían cumplir con la legislación vigente. 
Si no se cumplen, debería existir un sistema de sanciones aplicables en el ámbito comunitario. 
Por este motivo, quisiera destacar la enmienda 16. 
Cuando la seguridad alimentaria se ve amenazada, se ponen en juego tanto la salud de las personas como el mercado común. 
En consecuencia, tenemos que modificar el tratado de la UE de tal manera que se otorgue a la Comisión potestad para aplicar sanciones en el campo alimentario, del mismo modo que hoy se hace en materia de competencia. 
La autoridad alimentaria debería poder proponer a la Comisión algunas medidas adecuadas en esta materia. 
Señor Presidente, yo también tengo el placer de elogiar, en primer lugar, a la Comisión por su Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que es una buena proposición, y también al Sr. Bowis, que mediante su trabajo ha mejorado y vigorizado esta propuesta de modo excelente. 
Además, ha publicado un documento que contiene resoluciones concretas y cuyas motivaciones son de fácil lectura y humorísticas. 
¡Esa clase de textos no abunda en el Parlamento! 
Mi Grupo comparte la opinión de la Comisión y del ponente sobre la distribución de responsabilidades respecto a la formación de una autoridad independiente encargada de la seguridad alimentaria. 
Opinamos que su tarea primordial debe ser la de valorar los riesgos que amenacen a la seguridad alimentaria y lo esencial de esta actividad tiene que centrarse en la asesoría en materias científicas. 
Obviamente, también hay que reforzar la legislación y ésta debe cubrir la totalidad de la cadena alimentaria, para que la cautela y la responsabilidad caractericen al concepto de alimento, compromiso que tienen que ser de todos. 
Los alimentos también deben producirse en conformidad con principios ecológicos. 
En realidad necesitamos una estrategia amplia, que contemple el tratamiento de los alimentos de comienzo a final, desde la espiga de trigo hasta la barra de pan. 
Se trata de asuntos tales como los OMG, los aditivos, las etiquetas y muchas cosas más. 
Espero que la Comisión realmente vea estas cosas. 
Mi Grupo respalda la mayoría de las enmiendas. 
Opino que la enmienda 17 es especialmente interesante. 
En ella se dice que hay que consultar a las organizaciones de consumidores. 
Puesto que en la justificación J se estipula que también hay que consultar a la industria y a los productores de alimentos, creo que se necesita equilibrio en este terreno. 
Señor Presidente, la frecuencia de los escándalos relacionados con los alimentos y el debate sobre el empleo de la ingeniería genética en la producción de los mismos han cuestionado el sistema actual de la seguridad en los alimentos. 
No son compatibles el máximo nivel en la seguridad de los alimentos y la galopante desprotección de los consumidores. 
Creo pues que algo diferente tiene que crearse si bien también opino que la máxima competencia debe radicar en los Estados miembros. 
La Comunidad es la mayor importadora y exportadora de alimentos. 
Este ramo tiene una cifra de negocios anuales de 600.000 millones de euros y da trabajo a 10 millones de personas. 
Apoyo a todos los actores que apoyan la estrategia "alimentos para todos" y que trabajan en el ámbito político, administrativo u otro cualquiera. 
Los países industriales desarrollados podrían realizar la mayor aportación mediante una producción de alimentos sostenible y variada. 
El Libro Blanco es un documento político de los responsables en la producción de alimentos. 
Una seguridad total es aquí apenas o sólo difícilmente posible. 
Por ello, las medidas preventivas del Libro Blanco son los auténticos planes de acción. 
Además, no hay un gusto europeo. 
Las características nacionales no sólo tienen que respetarse sino fomentarse. 
Es aquí donde se encuentran los únicos puntos débiles del Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos. 
Quedan abiertas algunas cuestiones como: ¿qué relación va a establecer la autoridad alimentaria con los consumidores? 
¿Cómo se va a realizar la financiación y cómo va a ser la cooperación entre los Estados miembros? 
¿Cómo está la cuestión de la responsabilidad? 
Hasta ahora pagan los inocentes. 
La Comisión va a tener que responder aún más concretamente a estas cuestiones en sus posteriores trabajos. 
Señor Presidente, valoramos el trabajo realizado por el Sr. Bowis no solo porque sitúa correctamente el tema, sino también porque plantea importantes preguntas a las cuales habrá que dar después una respuesta. 
Es innegable la utilidad de la Autoridad que se deberá establecer tanto para la monitorización como para la prevención, para la que, sin embargo, no basta como indicación operativa el principio de precaución. 
Un sistema normativo concreto, la definición de riesgo admisible, la concreta salvaguardia de las diversidades alimentarias y productivas locales son aspectos que todavía hay que focalizar, junto con la atención a la pequeña y mediana empresa y con la formación de sus trabajadores. 
Otro aspecto es la revisión orgánica de las normas de etiquetado tanto para la venta al por mayor como al detalle que, en lo referente a la rastreabilidad de los productos y de sus componentes, ofrezca una correcta información al consumidor y permita depurar posibles responsabilidades en el caso de riesgo o de crisis. 
Asimismo, se ha dicho justamente que la Autoridad no tendrá un carácter político y que, sobre todo en caso de alerta, tendrá como referentes a la Comisión y a los Estados miembros. 
La concreción de dicha afirmación se comprobará a lo largo de su actuación. 
El estatuto jurídico, los poderes, las modalidades de coexistencia a escala europea con otros organismos técnico-científicos, cuyas tareas hoy se pueden yuxtaponer en parte con las de la autoridad que se va a crear, son también aspectos que tendrán que definirse. 
Por último, será importante ver cómo se conciliarán su independencia y su transparencia con la indeterminación de los recursos actuales que habrá que asignarle, con su subordinación a la Comisión, por un lado, y con su poder de implementación autónoma, así como con la composición de su consejo de administración, por otro. 
Por último, es sin lugar a dudas positivo el intento de arbitrar acciones prioritarias y clasificarlas según su importancia. Sin embargo, dichas acciones, considerando su pretérita definición, no suplen la necesidad de plantear una orientación europea global en lo referente a la política alimentaria y a su seguridad, de cuya composición las muchas diversidades europeas pueden aprovechar la ocasión para demostrar su unidad. 
Señor Presidente, el ponente Bowis inicia la exposición de motivos de su informe con una cita de Ludwig Feuerbach que ha repetido esta mañana: der Mensch ist, was er isst. 
No comparto estas palabras, ya que sabemos que el hombre no es únicamente cuerpo. 
Según se puede leer en la Biblia, ya hace mucho tiempo que existen normas en materia de seguridad alimentaria, puesto que Dios las prescribió a su pueblo, Israel. 
Sin embargo, conviene matizar las preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad alimentaria. 
En contraposición a Feuerbach puedo citar el sabio enunciado del propio Jesucristo: "el hombre no se contamina por lo que entra por su boca, sino por lo que sale", es decir por todo lo que decimos. 
En nuestra sociedad moderna la oferta alimentaria es muy variada. 
Comemos sobre todo cosas sabrosas, aun a sabiendas de que son malsanas. 
Eso no nos preocupa demasiado, pero, curiosamente, cunde el pánico cuando algo falla en la producción alimentaria. 
En ese caso se adoptan medidas drásticas para restablecer la confianza, aunque uno pudiera preguntarse si realmente son imprescindibles desde el punto de vista de la seguridad. 
¿Hubiéramos podido evitar la crisis de las dioxinas y la crisis de la EEB de haber existido una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? 
En mi opinión, la adopción de una nueva legislación no ofrece una respuesta adecuada al incumplimiento de la legislación existente. 
Por eso, es prioritario que se creen órganos de inspección independientes en los diferentes Estados miembros para que puedan hacer cumplir la ley in situ. 
Lo mismo digo con respecto al sistema de alerta rápida. Corresponde a los Estados miembros velar por el buen funcionamiento de este sistema e informar a tiempo a la Comisión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario Byrne, en primer lugar quiero dar las gracias a mi amigo John Bowis por el excelente trabajado realizado en lo que se refiere al Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y, en particular, por haber acogido muchas enmiendas presentadas por los distintos Grupos políticos que, a mi entender, mejoran notablemente la propuesta originaria de la Comisión. 
La creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria independiente y con un excelente perfil científico, representan una etapa significativa hacia una necesidad que sienten todo los ciudadanos, o sea, tener garantías de calidad y de seguridad de los productos alimenticios. 
Las lesiones neurodegenerativas del sistema nervioso central del ser humano, debidas a la ingesta de carne de vacuno- como se ha dicho esta mañana- afectado del mal de las vacas locas, la reciente alarma por dioxina en Bélgica, los altos niveles de pesticidas y de herbicidas en el medio ambiente y la presencia de otros contaminantes microbiológicos y químicos con potenciales efectos cancerígenos generan en la gente corriente un profunda preocupación y, con frecuencia, angustia. 
Ahora bien, la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria contribuye muy especialmente a un alto nivel de protección de la salud de los ciudadanos. 
Por último, permítanme dar las gracias a todos los Grupos políticos- el PPE, los Socialistas, los Verdes, los Liberales- por haber aceptado firmar una enmienda de transacción, inicialmente presentada por el Sr. Fiori y por mí, que confiere un mayor significado a la propia existencia de la Autoridad europea. 
Ésta debe representar el verdadero núcleo de coordinación de la red de las agencias nacional que, a su vez, deberán poner en marcha y coordinar una red de centros de excelencia de seguridad alimentaria a escala regional. 
El objetivo de dicha red de laboratorios será realizar una monitorización continua y diaria de la calidad y de la seguridad de los productos alimenticios- como acaba de decir la Sra. Roth-Behrendt- un planteamiento que comparto. 
La red debe estar lo más cerca posible de los ciudadanos que de esta forma podrán recuperar la confianza en las instituciones nacionales y europeas. 
Señor Presidente, con la votación del Parlamento concluye esta primera etapa de consulta sobre los problemas de seguridad alimentaria. 
Lo único que espero es que con esta votación no desaparezca también la voluntad de actuar de forma rápida y eficaz en un sector que afecta tan de cerca a la vida cotidiana de los ciudadanos y que es uno de los principales bancos de prueba de nuestra capacidad de restablecer su confianza en las Instituciones y en la política. 
El impulso será todavía más necesario, si cabe, dado que las grandes expectativas creadas por el Libro Blanco no quedan, en mi opinión, plenamente reflejadas en el informe presentado por el Sr. Bowis, a pesar del enorme trabajo realizado. 
En efecto, la creación de la Autoridad de seguridad alimentaria y la definición de sus competencias, aun siendo un aspecto fundamental de la estrategia propuesta por la Comisión, no la agotan. 
Una estrategia alimentaria europea no puede reducirse únicamente a la creación de una autoridad de vigilancia y a la aplicación de algunas, aunque necesarias, normas higiénico-sanitarias. 
Existe un nexo inquebrantable entre comer sano y comer bien, un nexo sobre el cual se trata de hacer aumentar la conciencia de los consumidores promoviendo la calidad y apoyando los productos típicos locales que representan una gran riqueza de los pueblos europeos. 
Gracias a la votación en la Comisión de Medio Ambiente conseguimos restablecer cierto equilibrio incluyendo en el ámbito de aplicación los problemas relacionados con la nutrición y algunas importantes referencias al papel de las pequeñas y medianas empresas en la protección de las distintas costumbres alimentarias. 
Por este motivo mi voto será favorable. 
Señor Presidente, estimados colegas, en mi opinión el informe del Sr. Bowis sienta una sólida base para el trabajo que nos queda por hacer. Creo, señor Presidente, que no hay razón alguna por la que usted- por así decirlo- no pueda presentar mañana mismo una propuesta legislativa, ya que la gran mayoría del Parlamento se ha puesto de acuerdo sobre el camino que ha de seguirse a partir de ahora. 
El hecho de que se haya conseguido una mayoría tan amplia se debe entre otras cosas, y muy en particular, a usted, señor ponente, a sus excelentes dotes diplomáticos. 
No pienso detenerme mucho más en la esencia de la cuestión, ya que todos la suscribimos. 
He presentado una enmienda que a mi modo de ver no es intranscendente, a diferencia de lo que ha sugerido el Sr. Whitehead. 
Necesitamos una autoridad independiente y, por eso mismo, pienso que los lazos estrechos, close ties en inglés, tal y como figuran en el párrafo 12, no deberían de estar permitidos con nadie, no ya sólo con las organizaciones de protección de los consumidores, sino tampoco con nadie más. 
Creo, por tanto, que su enmienda 11 y mi enmienda 17 son perfectamente compatibles. 
Y ahora paso al segundo punto. Aparte de crear una autoridad alimentaria nos quedan por hacer otras cosas importantes. 
Destaco dos de ellas: necesitamos urgentemente normas europeas en materia de PCB y necesitamos urgentemente una lista positiva de ingredientes de la alimentación animal. 
Señor Comisario, habrá que ponerse a trabajar. Además, estimados colegas, nosotros como Parlamento Europeo desempeñamos también un papel importante puesto que a través del informe anual y la interrogación del director de la agencia tendremos que garantizar que la autoridad funcione, porque de lo contrario, si no cumple, se nos pasará factura política. 
Creo que es algo que habremos de tener presente en el transcurso de los años. 
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente el que recogiese en enmiendas de transacción- como han dicho otros compañeros- las enmiendas de todos los grupos. 
Creo que él persigue un objetivo obvio que es- como dice en su documento- garantizar los altos niveles de seguridad alimentaria que debiera haber, y un segundo objetivo que se deriva del primero, es decir, recuperar la credibilidad por parte de los consumidores, bastante deteriorada con escándalos. 
Me gustaría recordar uno que se dio en España, el del aceite de colza- que aún tiene secuelas, después de más de 20 años -, pero también el de la EEB, de la dioxina y ese preocupante último escándalo de Estados Unidos de liberación de maíz transgénico no apto para el consumo en productos alimentarios de consumo, según parece. 
Creo que es muy importante la propuesta que hace el ponente de actuar en tres líneas: la primera, la creación de la agencia o autoridad alimentaria, apoyada en principios de integridad, transparencia, independencia- es fundamental la independencia, entre otros principios -, una legislación prioritaria clara y accesible y la cooperación con las agencias del resto de Estados miembros, organizaciones no gubernamentales y de consumidores y organismos internacionales. 
Por eso nosotros también- como dijo mi compañero Mihail Papayannakis- vamos a aprobar y a apoyar el informe. 
Señor Presidente, quisiera unir mi voz a la de otros colegas que han felicitado al ponente, Sr. Bowis, por haber enfocado este problema concreto de una manera tan constructiva y lógica. 
Permítame decir, en un tono distendido, que cuando escuché al Sr. Blokland citar pasajes bíblicos, tuve la sensación de que había elevado la categoría de este debate a un nuevo plano, porque en ocasiones hemos pensado que sólo la intervención divina podría ayudarnos a resolver esta cuestión. 
No obstante, dicho esto, creo que debemos agradecer a este Parlamento y al Comisario Byrne que la salud alimentaria domine ahora la agenda europea. 
Nuestros ciudadanos esperan y tienen derecho a una respuesta vigilante y positiva. 
En mi opinión, ninguna otra cosa restablecerá la confianza de los consumidores en un ámbito tan importante para productores y consumidores. 
Todos hemos aprendido la lección de la crisis alimentaria de los años noventa. 
Tengo plena confianza de que con la creación de un conjunto sistemático de normas uniformes estamos sentando las bases para colmar las lagunas existentes en la actual legislación. 
Esta medida mejorará sin duda la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena alimentaria. 
La reforma de las leyes alimentarias de la Unión Europea se llevará a cabo a nivel de la Unión Europea. 
Queremos evitar una situación que pueda dar lugar a una "renacionalización" de la compra de productos alimenticios en el seno de la Unión Europea. 
Uno de los principales elementos de la reforma de la Política Agrícola Común es evitar por todos los medios una "renacionalización" de la PAC. 
Por ello es tan importante que la legislación en materia de seguridad alimentaria se aplique a nivel de la Unión Europea. 
Es también por este motivo por el que acojo con satisfacción uno de los elementos centrales del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria que propiciará la creación de la nueva Autoridad europea de seguridad alimentaria. 
Esta autoridad será responsable de la recopilación de datos científicos, así como de la comunicación y la gestión de todos los riesgos relativos a la seguridad alimentaria. 
Otro asunto del que deberemos ocuparnos durante los próximos meses es el de los OMG en la producción alimentaria, y deberemos estar abiertos al potencial de la biotecnología. 
En este sentido, podría ser un craso error asumir que la biotecnología equivale a productos alimenticios de baja calidad o poco seguros. 
Por ejemplo, los productos alimenticios que contienen OMG ofrecen la oportunidad de reducir los niveles de residuos de pesticidas y mejorar la calidad nutritiva, y sería una negligencia pasar por alto estas ventajas. 
No obstante, apoyo plenamente la introducción de un etiquetado claro, no técnico y normalizado en el contexto de los productos alimenticios que contengan OMG. 
Por otra parte, no debe permitirse que ningún producto alimenticio genéticamente modificado o que contenga ingredientes genéticamente modificados entre en la cadena alimentaria hasta no haber sido probado exhaustivamente, y aún así, deberá hacerlo con especificaciones claras en el etiquetado. 
Señor Presidente, el que el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria en sí no revista carácter legislativo no menoscaba el doble valor que sin duda posee. 
En primer lugar, contiene el compromiso de proceder a una íntegra y profunda renovación de la legislación, crear una autoridad de seguridad alimentaria independiente y mejorar el sistema de control. 
Además, tiene un significado simbólico. 
Puede y debe ser el comienzo de una nueva era. 
De ahora en adelante se llevará a cabo una política coordinada e integrada que abarca toda la cadena alimentaria. 
Es bueno que el ponente Bowis, que ha realizado un excelente trabajo, adopte una actitud positiva ante el Libro Blanco. 
Su informe no recoge muchas propuestas de modificación, sino que se limita a enfatizar determinadas cuestiones. 
Así, subraya con razón que la autoridad alimentaria ha de ocuparse en primer lugar de la seguridad alimentaria. 
No obstante, espero que también haya espacio para estudios científicos acerca de la relación entre salud y hábitos alimentarios, puesto que la política, aparte de prevenir daños a la salud, también debe contribuir a mejorarla. 
La solicitud de tomar en consideración las diferencias regionales y culturales que se manifiestan en la oferta alimentaria y el papel que en ello desempeñan las pequeñas y medianas empresas y los artesanos es otro punto digno de especial atención. 
Que esto sea un llamamiento para no ignorar la especificidad de las pequeñas y medianas empresas y la artesanía en el amplio paquete legislativo que se avecina. 
Hace falta recalcar la importancia de otro aspecto más. No está aún presente en el informe, pero podemos incorporarlo a través de la enmienda 12. 
Tanto el Libro Blanco como el informe BOWIS abordan el tema de la comunicación y hablan de los procedimientos que han de aplicarse en casos de emergencia, pero no se detienen en la comunicación interna y externa, francamente imprescindible en situaciones de crisis. 
Sin embargo, está claro- los belgas lo sabemos mejor que nadie- que dicha comunicación puede ser decisiva para controlar el alcance de la crisis y quebrantar o salvaguardar la confianza del consumidor en las instituciones. 
Quisiera finalizar mi discurso con la siguiente observación. 
Esperemos que los Estados miembros suscriban la opinión que comparten el Parlamento y la Comisión y que asuman su responsabilidad, no solamente como miembros del Consejo, sino también como instancias encargadas de ejercer un adecuado control sobre el terreno una vez que las medidas europeas hayan sido incorporadas a la legislación nacional. 
Estimados colegas, señor Presidente, el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria sienta las bases para una mejor alimentación en el futuro y espero que contribuya asimismo a una producción alimentaria más respetuosa con el medio ambiente y el hombre. 
El ponente, pero también muchos diputados pertenecientes a la comisión, entre ellos yo misma, hemos puesto el acento en la autoridad alimentaria y, en realidad, esto es de lamentar en cierto modo. 
Es de lamentar porque la buena alimentación, la alimentación segura, se beneficia sobre todo de una legislación clara. 
Comprendo, sin embargo, que las numerosas crisis que ha sufrido Europa- y remito entre otros a mi propio país- han demostrado que lo que más necesitamos es un asidero. 
A la política le hace falta un punto de apoyo para que pueda hacer las elecciones oportunas y el consumidor necesita confianza. 
Es por eso por lo que no podemos prescindir de esta autoridad alimentaria y por lo que está justificado el énfasis que ponemos en ello. 
Es importante que la autoridad alimentaria pueda funcionar de forma independiente. 
Se dice muy claramente en el informe y me alegro de ello. 
Es asimismo importante que la autoridad alimentaria pueda establecer prioridades, que pueda asumir un papel activo y que pueda formular recomendaciones a quienes se encargan de la gestión de riesgos. 
Lamento un tanto que la denominación se reduzca a seguridad alimentaria. 
Entiendo que la seguridad alimentaria sea el punto de partida, pero también creo que es preciso tender puentes a otros ámbitos como pueden ser el medio ambiente, la salud y políticas semejantes. 
Espero que el dinamismo de la futura autoridad consiga poner en marcha esta dinámica. 
Una última observación. 
Creo que en este momento el debate político no debe centrarse en el problema de la sede. Estoy plenamente convencida de que esta cuestión importa bien poco a los ciudadanos. 
Señor Presidente, como representante del Grupo de los Liberales, expreso mi gratitud a la Comisión por el Libro Blanco, cuyos objetivos son muy ambiciosos. 
Debemos avanzar en estas cuestiones con flexibilidad y rapidez. 
Esto repercutirá en beneficio no sólo de los consumidores, sino también de toda la cadena del sector alimentario en Europa. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha adoptado una línea sensata al querer convertir la futura Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria en un órgano de rango científico, cuya responsabilidad será evaluar los factores de riesgo e informar sobre ellos. 
Es importante que el control de los factores de riesgo siga siendo responsabilidad de los Estados miembros y de la Comisión, pues así también estará bajo control político. 
Con el fin de recobrar y mantener la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los alimentos, la puesta en marcha de la actividad de esta Autoridad alimentaria debe contar con los suficientes recursos públicos. 
La integridad y la independencia de esta agencia protegerá con mejores garantías la seguridad de los consumidores europeos. 
Por ello, sería mejor que la Autoridad alimentaria no estuviera subordinada a la Comisión, sino que fuera idependiente y estuviera físicamente separada de la Comisión. 
Esta autoridad deberá estar emplazada en un medio bien comunicado y óptimamente equipado a nivel de telecomunicaciones, en una zona que tenga buena reputación en lo que a seguridad alimentaria se refiere. 
El fácil acceso al apoyo de la comunidad científica circundante es también un factor relevante a la hora de elegir el lugar de ubicación. 
Por todo ello, apoyo las enmiendas 14 y 19, cuyo propósito es que la decisión sobre la ubicación de esta autoridad se adopte atendiendo a unos principios fundamentales. 
El Libro Blanco, que el informe del Sr. Bowis apoya en sus líneas maestras, no define una política imperativa, y es de lamentar. 
No obstante, la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria es muy positiva. 
Siempre que se logre garantizar su independencia, como lo han dicho algunos colegas, lo que supone poner a disposición de la Autoridad recursos financieros y humanos. 
Nosotros pensamos que una contribución sobre los beneficios de las empresas agrícolas permitiría liberar dichos recursos. 
Para respetar el principio de transparencia habría que autorizar, además, la remisión de asuntos a la Autoridad por los sindicatos y las diferentes asociaciones, tanto en materia de consumo como en materia ecológica. 
Una buena evaluación científica de los riesgos acoplada a una estrategia de comunicación eficaz dirigida a la opinión pública no son suficientes para vencer las crisis alimentarias. 
Se trata, en cierto modo, de una visión tecnócrata, que se equivoca al saltarse las dimensiones culturales, sociales y económicas de la alimentación. 
La resolución de algunas crisis requeriría una mayor voluntad política. 
Pongamos por caso la crisis actual de la vaca loca. 
Se debería poder prohibir la incorporación de harinas de origen animal en la alimentación del ganado y retirar la autorización a los fabricantes de alimentos que no respeten dicha normativa. 
Señor Presidente, felicito al Sr. John Bowis por su excelente trabajo. 
Durante todo este proceso he pensado repetidamente que hemos tenido suerte a la hora de elegir al ponente del informe. 
Él ha soportado muy bien las presiones que han surgido en torno a este asunto de cariz tan emocional. 
Agradezco también al Comisario, Sr. Byrne, la colabaración que nos ha prestado. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha seguido la recomendación del Sr. Bowis y ha decidido no pronunciarse sobre el lugar de ubicación de la futura Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria. 
En mi opinión, ésta es una postura inteligente. 
En cambio, es importante que definamos qué es lo que esperamos de esta Autoridad alimentaria y cuáles son los criterios que debemos establecer para elegir su emplazamiento. 
Cabe desear que se cumplan todos estos criterios por el bien de los ciudadanos de toda la Unión. 
Estos criterios son: la buena reputación del lugar en materia de seguridad alimentaria, la independencia, la existencia de una buena infraestructura científica equipada con los mejores medios tecnológicos y la existencia de buenas conexiones tanto a nivel de transporte, como de telecomunicaciones. 
La enmienda 19, que he presentado en colaboración con los Sres. Nitiscò y Fiori, entre otros otros miembros de nuestra comisión, y en nombre del Grupo PPE-DE, expone estos criterios con claridad y sin inclinarse por ningún lugar en particular. 
Todos estos criterios son instrumentos fundamentales para alcanzar el objetivo común de recuperar cuanto antes la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los alimentos europeos. 
En el transcurso de los debates ha surgido la exigencia de emplazar la Autoridad alimentaria en alguna ciudad sede de Instituciones europeas, puesto que sería el único modo de ejercer el control sobre la misma. 
Este argumento es perturbante y preocupante, tanto que, de hecho, deja sin fundamento la idea básica de la integración. 
Creo que no podemos afirmar con seriedad que las autoridades ubicadas en el núcleo comunitario sean las únicas capacitadas para cumplir sus funciones de forma fiable. 
Seguro que habrá otras razones para la debilidad del euro que el hecho de que el Banco Central Europeo esté situado en Francfort. 
Personalmente, yo no pienso que sea así, sino que confío en la fuerza de la idea de la unidad europea y en la existencia de los principios fundamentales en todo el territorio de la UE. 
Señor Presidente, quisiera yo también felicitar al colega Sr. Bowis por el notable esfuerzo realizado para incluir todos los puntos de vista en su informe y principalmente por haber aceptado referirnos al concepto general de alimentación. 
El Libro Blanco sobre seguridad alimentaria constituye una propuesta que aspira a recuperar la confianza de los consumidores en toda la cadena alimentaria. 
Es justo que los consumidores exijan alimentos que no les hagan correr peligro alguno, y cuya calidad, al mismo tiempo, satisfaga determinados criterios y normas. 
La legislación al respecto, debe, por tanto, cubrir todo el campo y ampliarse horizontalmente, como corresponde a los asuntos de la alimentación. 
Quisiera señalar especialmente algunos puntos. 
Se ha demostrado que el sistema de alerta rápida ha funciona hasta ahora deficientemente, y en este ámbito los Estados miembros tienen una gran parte de la responsabilidad. 
Creo que se impone establecer márgenes temporales determinados en los que deberá ser informada la Comisión Europea en los casos de inquietud justificada. 
Los controles en los Estados miembros deberán ser más severos y eficaces. 
Por lo que respecta a la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, debe acentuarse su independencia, de tal suerte que esté facultada para evaluar los riesgos a tiempo, pero que esté facultada también para proponer medidas para su gestión, a fin de conformar las decisiones políticas finales. 
Igualmente, la Autoridad deberá garantizar la transparencia, y proporcionar posibilidades de acceso a la información a todas las partes interesadas. 
Creo que la transparencia y la independencia son requisitos indispensables de una alimentación segura y adecuada, que es nuestro objetivo común. 
Señor Presidente, los recientes incidentes producidos por la infiltración en la cadena alimentaria de carne de vacas enfermas en los Países Bajos y Francia, así como el debate que se vuelve a abrir en Gran Bretaña, demuestran que es preciso reforzar el seguimiento y el control de la producción de alimentos. 
El restablecimiento de la confianza de la población en la seguridad alimentaria no es solamente importante desde el punto de vista de la misma, sino que también está en juego la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 
Por eso mismo, la nueva Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha de convertirse en una instancia sólida e independiente que no sólo facilite información al público, sino que, además, reciba competencias concretas para proponer con tiempo medidas eficaces en situaciones de crisis y para analizar problemas. 
A este fin pensamos en una organización lo más sencilla posible, no en una gigantesca burocracia. 
A ello se añade que parte de la eficacia de la agencia tendrá su origen en una toma de decisiones transparente y una veloz publicación en Internet de los estudios y dictámenes, a imagen y semejanza del excelente funcionamiento de la Oficina de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria con sede en Dublín. 
Por otro lado, conviene aprovechar el trabajo realizado por organizaciones ya existentes como la EMEA y la FAO para evitar que los esfuerzos se repitan. 
A fin de cuentas, señor Presidente, la política no puede esquivar su responsabilidad. 
En última instancia, las decisiones corren a cargo de la Comisión Europea y el Parlamento debe seguir de cerca las actividades de la agencia, por ejemplo a través del debate sobre el informe anual. 
Para finalizar quisiera recordar que el Presidente Prodi creó grandes expectativas al respecto en su carrera hacia la Presidencia. Correspondía al Comisario Byrne y al ponente Bowis plasmarlas en un Libro Blanco. 
En mi opinión, han logrado plenamente su propósito y ahora nos gustaría disponer lo antes posible de la legislación correspondiente. 
Señor Presidente, a pesar de que la cadena alimentaria europea es una de las más seguras del mundo, las malas prácticas y los recientes escándalos han determinado una agenda a la que el Comisario Sr. Byrne ha respondido de manera admirable. 
Le felicito por ello y felicito también a nuestro ponente, Sr. Bowis, por haber enfocado el problema que hoy nos ocupa de una manera tan lógica y racional. 
La UE debe contar con los niveles más altos posible de seguridad alimentaria para sus ciudadanos. 
La seguridad alimentaria y la salud pública son prioridades políticas clave. 
Necesitamos poder confiar en quienes pueden proporcionarnos la información- agricultores, productores, comerciantes, gobiernos, organizaciones de consumidores y científicos, una lista interminable. 
Por encima de todo, necesitamos un organismo científico como punto de referencia, al margen de si somos consumidores, legisladores o participantes de la cadena alimentaria, y debemos encontrar un equilibrio aceptable entre la prevención de riesgos y la elección con conocimiento de causa del consumidor; todo gira en torno al equilibrio. 
Seguridad no significa sacrificar la capacidad de elección ni la diversidad cultural, y una de las enmiendas más interesantes de la Comisión de Medio Ambiente, que complementa y refuerza el informe, trata sobre la conservación del patrimonio cultural europeo con respecto a las especialidades culinarias locales. 
Por consiguiente, debemos identificar los riesgos lo antes posible, evaluarlos científicamente y erradicarlos de raíz. 
La actuación de la Unión Europea es oportuna porque, en un mercado único, el riesgo no se detiene en las fronteras nacionales. 
La AESA debería desempeñar un papel importante en el actual Sistema de Alerta Rápida, sistema que ciertamente debe ser mejorado y ampliado para que incluya todos ámbitos de la seguridad alimentaria, incluida la alimentación animal. 
Acojo favorablemente el hecho de que exista un amplio acuerdo sobre los principios más importantes: el establecimiento de un organismo que asuma la responsabilidad de evaluar los riesgos en materia de seguridad alimentaria, y que éste sea independiente, esté obligado a rendir cuentas, sea transparente y esté sujeto a las necesidades de investigación objetiva y confidencialidad comercial y que proporcione a la opinión pública información accesible y comprensible. 
Y lo más importante de todo, deberá ganarse el respeto de sus pares, la confianza del público y la voluntad de los gobiernos de los Estados miembros para aceptar sus conclusiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con el Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos, la Comisión reacciona a la creciente sensibilidad de los ciudadanos en este campo. 
Lo poco que nos podemos permitir aún con la comida tiene que ser en primera línea sano, saber bien y producirse también de modo compatible con el medio ambiente según la sensibilidad de los consumidores. 
Deben tenerse en cuenta muchos aspectos cuando hablamos sobre la seguridad en los alimentos y de su garantía. 
Ya existen actualmente un gran número de organizaciones e instituciones, inclusive asociaciones e iniciativas, que se han marcado como tarea la seguridad en los alimentos. 
En el mercado interior europeo- libre comercio y tráfico de mercancías- cada vez se nos plantea con mayor intensidad la cuestión de la competencia de la legislación y del control en este sector tan importante para los ciudadanos de Europa. 
La Comisión propone ahora la creación de una autoridad alimentaria europea. 
Saludo esta propuesta pero al mismo tiempo pregunto por la competencia, el planteamiento de tareas y la influencia de una autoridad europea. 
Estas han sido también las cuestiones que nos han ocupado en las comisiones. 
Quiero felicitar por ello al colega Bowis por su buen y equilibrado informe en el que ha reunido la diversidad de ideas. 
La responsabilidad de la autoridad debe radicar en la valoración de los riesgos. 
Debe evaluar y cooperar con los órganos de los Estados miembros. 
La transparencia es especialmente importante y la exigen los ciudadanos. 
Quieren estar informados. 
Por ello, la autoridad debe ocuparse de proporcionar una información fácilmente accesible y comprensible para la opinión pública. 
La autoridad debe trabajar estrechamente con las instituciones ya existentes. Pero esto también significa que las informaciones, estadísticas y datos tienen que ser accesibles recíprocamente. 
Las experiencias y conocimientos de los demás se podrían unificar aquí y realizar una evaluación de los conocimientos en toda Europa. 
Creo que no todos tienen que inventar de nuevo la rueda. 
Podemos aprender conjuntamente de las experiencias. 
Es así como veo una autoridad alimentaria para el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero adherirme a las numerosas felicitaciones dirigidas al ponente, el Sr. Bowis. 
Se han realizado varias citas relacionadas con los alimentos. 
Otra cita alimenticia dice: lo menos posible de la máxima variedad posible. 
La selección en las superrepletas estanterías lo hace posible ya desde hace mucho tiempo. 
Las costumbres alimenticias de muchos ciudadanos, el modo de proceder con los alimentos, la falta de conocimientos sobre la preparación de una alimentación equilibrada, todos estos hechos no los podrá cambiar tampoco la nueva autoridad o agencia. 
La propia responsabilidad de los consumidores va a seguir siendo esencial a pesar de unos productos seguros. 
Señor Comisario Byrne, tengo la sensación de que cada vez hay menos productores y más controladores. 
Temo que Europa corra de nuevo el peligro de permitirse un hinchado aparato de funcionarios que sea incapaz de actuar. 
¿Cómo va a ser exactamente la delimitación de competencias con las autoridades nacionales de control? 
Temo que nos pongamos otro obstáculo adicional. 
El golpe político libertador para los consumidores no va a salir de esta nueva autoridad. 
¿Quién va a exigir responsabilidades a quién en el futuro cuando se produzcan los próximos escándalos alimentarios? 
En el campo de la ampliación de la Unión Europea debatimos continuamente sobre la delimitación de competencias. 
También para la seguridad de los alimentos este concepto cobra una importancia central. 
La estricta aplicación del principio del causante va a seguir siendo en el futuro también esencial a la hora de regular los daños económicos. 
El Libro Blanco sobre la seguridad de los alimentos no traza una clara línea en algunos puntos. 
El calendario para lograr el objetivo es muy diferente según los deseos de muchos de los afectados. 
Con el debate de hoy no vamos a poder impedir esta institución pero creo que tampoco debemos hacernos demasiadas esperanzas de que en el futuro todo sea mucho mejor gracias a esta institución. 
Señor Presidente, mi colega, Sr. Bowis, ha jugado una excelente mano con las cartas que le han tocado en suerte. 
Pero quiero preguntar si era realmente necesario repartir esas cartas. 
En esta Asamblea discutimos una y otra vez los detalles de propuestas que nos han sido presentadas, pero no nos preguntamos si dichas propuestas son realmente necesarias. 
En la mayoría de los Estados miembros ya existen agencias de seguridad alimentaria. 
Tenemos comités científicos que asesoran a la Comisión. 
Tenemos la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. 
¿Qué aportará una autoridad europea alimentaria? 
En buena medida, duplicará las actividades de las actuales agencias. 
Su principal razón de ser son las relaciones públicas. 
La autoridad ha sido impulsada por la necesidad imperiosa de persuadir a una sociedad escéptica de que las instituciones comunitarias están aportando algo- cualquier cosa- de valor. 
¿Habría prevenido la nueva agencia la crisis británica de la EEB o la crisis belga de las dioxinas? 
Como acertadamente dice el Sr. Blokland, casi con total seguridad, no lo habría hecho. 
Debemos reconocer la ley de los rendimientos decrecientes. 
A medida que creamos nuevos niveles de burocracia y utilizamos más fondos, cada vez es menos lo que obtenemos a cambio. 
Nos dicen que no podemos cuestionar el valor de los fondos destinados a preservar la salud humana. 
Y sin embargo, en nuestra calidad de políticos responsables de asignar unos recursos limitados, debemos hacernos esas preguntas. 
¿No sería mejor destinar el elevado coste de esta nueva agencia a la investigación sobre el cáncer, la prevención del tabaquismo o la seguridad vial? 
Casi con toda certeza, estos ámbitos proporcionarían una mejor relación coste-resultados en términos de salvar vidas, y sin embargo nadie está dispuesto a hacerse esta pregunta. 
Paso a la cuestión de la sede de la agencia. 
En mi opinión, su misión principal debería ser coordinar mejor el funcionamiento de las agencias actuales. 
Su consejo rector debería estar constituido por los directores de las agencias nacionales. 
Estas personas deberían permanecer en sus puestos actuales, delante de sus ordenadores. 
Por consiguiente, la sede de la agencia no debería estar en Barcelona, Helsinki o Italia, sino en Internet, en el ciberespacio. 
Así sería eficiente, transparente y accesible. 
Sería realmente una solución del siglo XXI. 
Señor Presidente, Señorías, en comparación con el orador anterior quiero decir con toda claridad que este Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos sobre el que hoy debatimos, es la base para la actuación de las instituciones de la Unión Europea, para lograr el máximo nivel en la seguridad alimenticia y para recuperar la confianza del consumidor, pues ha habido causas que nos han movido a mandar elaborar este documento. 
Naturalmente, ha habido unos enfoques muy diversos, lo que han mostrado los debates de los últimos meses. 
Por ello, el ponente es acreedor a un gran elogio pues ha sabido unificar en un claro informe los muy diferentes enfoques e ideas. 
Ya sobre el punto central del Libro Blanco, la creación de la autoridad alimentaria, han surgido opiniones muy confrontadas. 
No oculto que cuando se publicó el Libro Blanco me pronuncié contra esta autoridad. 
Si en la votación estoy a favor de la misma, creo que junto con la gran mayoría, quiero decir sin embargo al Comisario que no se engañe. 
Hay muchas dudas y voces críticas. 
Tome en serio las propuestas del Parlamento y centre el trabajo de la autoridad en el trabajo científico y en el análisis de los riesgos. 
No deben existir simultáneamente la autoridad y el actual sistema de comités asesores, aspecto éste al que doy una especial importancia. 
Debe regularse con claridad la cooperación de la autoridad con el centro de investigación en Ispra y la Oficina Veterinaria en Dublín. 
Impida trabajos similares o paralelos en varias instituciones. 
En lo que se refiere a la configuración concreta de la autoridad debe estar claro cómo se va a financiar. 
En el Parlamento saludamos y exigimos un plan de financiación. 
¿Cuántos empleados van a ser necesarios? 
¿Qué calendario es adecuado para la creación de una autoridad de este tipo? 
Utilice también el Libro Blanco para imponer unas regulaciones más estrictas en los Estados miembros. 
Si los proyectos sobre las más de 80 regulaciones legales son exactamente como las regulaciones sobre la higiene que he recibido como ponente, estaré muy optimista. 
Pero, señor Comisario, en lo que tocante a lo que usted dice sobre las normas de etiquetado, recapacite por favor de nuevo sobre sus ideas... 
(El Presidente retira al ponente la palabra) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo felicitar al ponente Sr. Bowis por el excelente trabajo realizado. 
Asimismo, he de decir que hemos recuperado un aspecto sumamente importante, es decir, el concepto de red como autoridad europea de seguridad alimentaria que hay que establecer de forma complementaria y no en sustitución de los organismos de seguridad alimentaria en cada uno de los Estados miembros. 
No obstante, también es necesario hacer referencia a un enfoque equilibrado del problema, ya que en los artículos 152 y 153 del Tratado de la Unión Europea se prevé, como regla general, un alto nivel de protección de la salud humana y de los consumidores. 
En estos principios se basa el interés prioritario y absoluto en la persona humana. 
Por lo tanto, es preciso garantizar que la Unión Europea disponga de los estándares más altos posibles de seguridad alimentaria, a pesar de que este planteamiento- unánimemente compartido- debe analizar asimismo las consecuencias que implica, desde el punto de vista económico, una necesidad productiva. 
En el artículo 2 del Tratado se dice que la Unión se compromete a promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas. 
En consecuencia, cualquier medida legislativa que afecta a un sector como el alimentario que es uno de los motores de la industria europea- el 15% del producto total del sector manufacturero y 2,5 millones de trabajadores- debe valorarse sobre la base de esta doble consideración al tender ambos principios a garantizar el bienestar de toda la Comunidad. 
Cualquier acción encaminada a proteger a los consumidores se convierte en provechosamente viable en interés de los mismos sólo cuando evita perjudicar injustificadamente el bienestar económico global poniendo trabas desproporcionadas a los procesos productivos del sector y, por ende, al crecimiento económico y del empleo. 
Por lo tanto, invito al Comisario a que, en el momento en que se pasará al trámite de los actos legislativos, evite lo más posible los excesos normativos y las pesadas cargas burocráticas, en particular en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, la promoción de una autoridad europea independiente a la que se le confíe la investigación en beneficio de la seguridad alimentaría es un objetivo que reviste una importancia extraordinaria que hay que alcanzar junto con las estructuras nacionales, a quien les corresponde la responsabilidad de los controles. 
Sin embargo, hay que evitar que, al amparo del debate sobre el Libro Blanco, aumente en la opinión pública el temor a una Europa burocrática que influye en la calidad de los productos sin castigar de manera eficaz los fraudes que amenazan la salud de los consumidores. 
Quiero destacar sólo un punto del informe del Sr. Bowis que yo también felicito. 
Una estrategia que abarca toda la cadena alimentaria, de la agricultura a la producción y a la distribución, podría fomentar una mayor concentración económica en detrimento de las empresas más pequeñas y de los productos típicos, sin crear una ventaja real para los consumidores. 
Las pequeñas empresas de productos típicos son la riqueza de muchas regiones europeas. 
El objetivo de la seguridad alimentaria puede y debe concordar con esta situación concreta que, como han subrayado muchas Señorías, además de un valor económico, tiene un valor cultural. 
Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente al Sr. Bowis por su excelente informe acerca del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. 
Estamos ante un tema de una gran carga emocional que a raíz de las crisis alimentarias europeas ha dado lugar a discusiones acaloradas. En mi opinión, el Sr. Bowis ha sabido incorporarlas debidamente a su informe. 
En los Países Bajos el debate se ha centrado en la creación de una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. En realidad, se trataría del homólogo europeo de la FDA americana, tal y como sugirió el Sr. Prodi al asumir sus funciones de Presidente de la Comisión. 
El Libro Blanco que tenemos delante de nosotros y el informe del Sr. Bowis parten de la creación de una agencia, una agencia dotada de un amplio paquete de tareas destinado a adoptar medidas legislativas complementarias que restablezcan la confianza. 
Posteriormente, después de haber sido estudiado por los Estados miembros y este Parlamento, el Libro Blanco adquirirá carácter legislativo al quedar plasmado en una nueva propuesta de directiva. 
Las tareas serán las siguientes: investigación científica independiente, asesoramiento, controles e inspecciones independientes, sistema de alerta rápida y también coordinación para recuperar la confianza. 
Las inspecciones independientes me preocupan. 
¿Por qué? 
Porque creo que se debe garantizar una mejor coordinación con Dublín y considero asimismo imprescindible que se puedan ejercer controles en los Estados miembros sin consentimiento previo. 
Se han presentado enmiendas a este respecto. 
La elaboración de la legislación, la normativa y las reglas correspondientes queda en manos de las instituciones europeas competentes, en el sentido de que la Comisión toma la iniciativa al tiempo que el Consejo y el Parlamento actúan como legisladores. 
Ello no obstante, formularé un gran deseo. 
Me hubiera gustado que la agencia fuese comparable con la EMEA, y si por mí fuera también habría consignado en la nueva propuesta la notificación y aprobación de productos por parte de esta autoridad. 
Espero que aún se decida tomar en consideración dicho punto en la nueva propuesta. 
. (EN) En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los numerosos diputados que han colaborado en este informe. 
Como ustedes saben, la Comisión atribuye la máxima prioridad a su estrategia sobre seguridad alimentaria. 
Debo expresar mi especial agradecimiento a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a su ponente, John Bowis, por la elaboración de esta opinión con semejante nivel de consenso, y presentarle mis respetos a él y a los demás diputados que se han tomado el tiempo de tratar sobre estos temas conmigo y con mis asistentes. 
El resultado ha sido este excelente nivel de consenso, que es otro ejemplo destacado de la cooperación que puede existir entre nuestras dos grandes instituciones. 
El Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria pone en marcha un importante y ambicioso programa de reformas legislativas para completar la política comunitaria "de la granja al consumidor". 
Junto con nuestras propuestas encaminadas a establecer una autoridad europea alimentaria, el programa hará una contribución de primer orden a la protección de la salud de nuestros ciudadanos, así como al restablecimiento y mantenimiento de la confianza de los consumidores en la seguridad alimentaria. 
Los consumidores europeos tienen todo el derecho a esperar los niveles más altos que puedan alcanzarse en materia de seguridad alimentaria, y nuestro propósito es desarrollar sistemas que garanticen dichos niveles. 
Una cadena de seguridad alimentaria desde la granja hasta el consumidor, regulada correctamente y controlada con eficacia, es el camino a seguir para elevar los niveles de confianza en el suministro de productos alimenticios europeos. 
En este sentido, la Comisión ya ha comenzado a trabajar con ahínco en su programa de reforma legislativa presentado en el Libro Blanco. 
Ya hemos presentado varias propuestas al Consejo y al Parlamento: por ejemplo, el paquete de propuestas de reestructuración y actualización de la legislación en materia de higiene. 
Como acotación al margen, puedo decir a los oradores que se han referido a la necesidad de flexibilidad en relación con la producción de especialidades culinarias locales y de productos típicos, que este tema ya está contemplado en la legislación sobre la higiene. 
También estamos trabajando en varias reformas importantes de los sistemas de control que aplican las autoridades competentes en los Estados miembros y a nivel comunitario. 
En este sentido, la Comisión adoptará propuestas sobre un régimen de control revisado en un futuro próximo. 
El Libro Blanco reitera el compromiso de la Comisión de fundamentar sus propuestas relativas a la protección de la salud de los consumidores sobre una base científica. 
De hecho, la autoridad alimentaria ha sido concebida como un centro de excelencia científica al servicio de la Comunidad en su sentido más amplio: los consumidores, las instituciones y los Estados miembros por igual. 
La autoridad alimentaria deberá asimismo ser visible para el público en general y convertirse en la voz autoritaria en lo relativo a los aspectos científicos de la seguridad alimentaria en Europa. 
La Comisión tiene intención de adoptar una propuesta de reglamento por el que se establezcan los principios y objetivos globales de la legislación alimentaria, que proporcionará el marco para las futuras medidas de protección de la salud en materia alimentaria. 
Esta propuesta presentará la creación de una autoridad alimentaria europea que proporcione a la Comunidad asesoramiento sobre aspectos científicos y técnicos y que permitirá a la Comisión dar efecto a los principios generales de la legislación alimentaria. 
Tenemos la intención de adoptar esta propuesta en la Comisión el 8 de noviembre de 2000. 
Este plazo refleja la importancia que la Comisión atribuye a esta cuestión y se ajusta ampliamente al calendario que establece el Libro Blanco y que prevé la entrada en vigor de la legislación por la que se crea la autoridad en 2001, lo que permitirá la creación de la autoridad alimentaria en 2002. 
Sólo desearía poder acortar los plazos. 
Sé, señor Presidente, que usted comparte mis opiniones en este sentido. 
Espero poder recibir todo el apoyo del Parlamento cuando tratemos sobre esta importante legislación en el plazo más breve posible. 
He seguido con gran interés el debate del Parlamento sobre el Libro Blanco. 
Me ha parecido muy alentador el alto nivel de consonancia entre las opiniones del Parlamento, tal y como están expresadas en el proyecto de informe que ha sido objeto del debate, y el Libro Blanco. 
Esto facilitará la tarea de la Comisión en lo que respecta a la presentación de una propuesta equilibrada que tenga en cuenta el mayor número posible de las opiniones del Parlamento y de los numerosos interesados en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Como observarán, no puedo prometer que incluiré todas sus opiniones, pero como demuestra mi trayectoria ante este Parlamento, haré todo lo que esté en mi mano. 
Ya he reconocido con anterioridad ante este Parlamento y otros foros algo que considero importante para la aceptación más amplia posible de nuestras ideas sobre la autoridad alimentaria: el papel y la participación del Parlamento en la puesta en vigor de la legislación por la que se creará la autoridad alimentaria. 
Quisiera hacer constar en acta hoy que mantengo mi compromiso de que el Parlamento desempeñe plenamente el papel que le corresponde en el proceso de codecisión para la entrada en vigor de esta legislación. 
Es acertado y justo, y apoyo el deseo del Parlamento de que se apliquen los artículos 95 y 152 del Tratado con este fin. 
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a usted, señor Presidente, a su ponente, Sr. Bowis, a los ponentes alternativos, a la Comisión de Medio Ambiente y a las otras comisiones que han colaborado, así como a la Asamblea en su conjunto por haber cerrado este capítulo de nuestro cometido colectivo por la mejora del régimen de seguridad alimentaria de Europa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Minas antipersonas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe (A5-0286/2000) de la Sra. Bonino, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la acción contra las minas terrestres antipersonas (COM (2000) 111- C5-0158/2000- 2000/0062 (COD) ); 
y de las siguientes preguntas orales: 
B5-0544/2000 del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, a la Comisión, sobre las minas terrestres; 
B5-0545/2000 del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a la Comisión, sobre las minas terrestres. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, no es la primera vez que este Parlamento aborda la cuestión de las minas antipersonas. 
Antes bien, en el pasado, esta problemática fue una de las fuerzas motrices que, desde el punto de vista político, supuso la firma de la Convención de Ottawa. 
Se trató de una campaña que partió de algunas organizaciones no gubernamentales y que luego fue apoyada por la Cruz Roja, Europa y la Unión Europea como tal, y que se ha convertido casi en un modelo de campaña en el ámbito internacional. 
Fue uno de los Tratados firmados más rápidamente en la historia de los Tratados internacionales: fue ratificado en tan sólo un año por cuarenta parlamentos llegando, en consecuencia, a ser operativo. 
La última reunión de Ginebra ha reconocido progresos muy notables no solo en el terreno de la concienciación del problema, sino también del desminado. 
Seguramente tenemos mucho trabajo por delante y es por esto que todos debemos saludar como un hecho positivo la propuesta presentada por la Comisión. 
Mejor dicho, espero que esta capacidad de presión, esa rapidez por la que la Unión se ha distinguido en lo referente a las minas antipersonas pueda servir de ejemplo para otros tratados pendientes de ratificación, a los que este Parlamento siempre ha atribuido mucha importancia. Me refiero a la constitución del Tribunal Internacional para los Crímenes contra la Humanidad, por no hablar de la moratoria sobre la pena capital. 
Pasando ahora a nuestro informe, considero positiva la propuesta de la Comisión y he de decir que las Comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y de Desarrollo han trabajado intensamente para mejorarla aún más, si cabe, especialmente en algunos puntos. 
Querría citar sólo algunos de ellos que, respecto a la propuesta del Parlamento, parecen significativos y que, en todo caso, representan un concreto avance en este tema. 
Primer punto: reiteramos- con la esperanza de que el Parlamento la respalde- la necesidad de destruir los stocks de minas antipersonas que siguen existiendo en muchos países, incluso firmatarios, porque la destrucción de los stocks nos parece el elemento de prevención del que hablamos con frecuencia sin nunca saber muy bien a qué nos referimos. 
El segundo punto se refiere a todo un conjunto de elementos que espero que este Parlamento apruebe en lo que se refiere a las líneas presupuestarias. 
Señor Comisario, hemos querido no solo simplificar lo más posible su propuesta- por lo que al final hemos llegado a tres líneas presupuestarias: una general, una relativa a la investigación y una relativa al desminado humanitario- sino que la hemos simplificado todavía más- espero que el Parlamento lo apruebe- en lo referente a la comitología considerando suficiente un comité consultivo respecto a un comité de gestión, precisamente porque, por coherencia interpretativa, consideramos que la Comisión es la responsable de la ejecución del presupuesto y responde de él de forma totalmente transparente. 
Otro elemento significativo es que este Parlamento no pide cosas genéricas, sino 200 millones de euros en el período 2000-2006, más los fondos para la investigación, más la línea humanitaria, dado que estamos hablando de hechos- lo esperamos- y no sólo de una resolución. 
En efecto, señor Comisario, mi experiencia me enseña que sin fondos es difícil resultar concretos desde cualquier punto de vista. 
Por otra parte, precisamente porque los fondos son tan considerables- 200 millones de euros, con un notable aumento en relación a la dotación anterior- querríamos que la Comisión creara, en su interior, una unidad que se encargue de la acción en materia de minas, precisamente para poder dar transparencia y coherencia a esta actividad. 
Desde este punto de vista, estos me parecen los elementos más peculiares que van en el sentido de la responsabilidad de gestión y de la transparencia. Desde el punto de vista político, volveremos a la resolución más adelante. 
El último punto se refiere a las enmiendas. 
Reitero mi posición contraria a las enmiendas 10 y 19, por coherencia presupuestaria y, en cuanto a la enmienda 29, pido la votación por partes separadas para lograr una mejor formulación de todo el texto que creo que ha sufrido alguna falta de interpretación. 
Señor Presidente, señor Comisario, les doy las gracias con la esperanza de que estas propuestas innovadoras no solo sean aceptadas por el Parlamento, sino tenidas en cuenta por el Consejo y por la Comisión. 
. (IT) Señor Presidente, incluso en lenguaje corriente la palabra "mina" indica peligro, y en italiano, en efecto, se dice: "eres una mina". 
Como Unión Europea debemos actuar al unísono para que las minas dejen de fabricarse, se destruyan todos los stocks, se limpien de minas los territorios facilitando ayuda y medios de inserción social y económica a las víctimas, entre las cuales hay muchos niños, y garantizando el desarrollo de la comunidad afectada. 
En este sentido, hay que estar muy atentos y se debe emprender una acción de mayor sensibilización para que el problema no caiga en el olvido. 
Tanto en el informe como en las opiniones de las comisiones que aquí presentamos, se ha subrayado el papel motor del Parlamento y de la Unión Europea para la eliminación de las minas y para la contribución económica destinada a la Organización de Naciones Unidas. 
Como ha dicho de manera muy explícita y clara la Sra. Bonino, con la propuesta de reglamento de la Comisión se ha dado un nuevo paso adelante. 
Hemos presentado varias enmiendas tendentes a aclarar, a convertir en más transparente, a reforzar y a racionalizar las líneas presupuestarias, así como nuestro compromiso con el desminado y la destrucción de los arsenales de almacenamiento, y esto conjuntamente con muchas organizaciones no gubernamentales que han tenido el gran mérito de que este problema se considere inaplazable. 
Existe, sin embargo, una debilidad- hay muchas, pero me refiero a una en particular- en nuestro interior, o sea la acción de presión que debemos hacer sobre Finlandia que no ha firmado el Tratado de Ottawa, y sobre Grecia que no lo ha ratificado, so pena la falta de credibilidad de Europa a la hora de promover la adhesión de todos los países de la Convención y plantea la cuestión- que hemos planteado también en la pregunta oral que presentamos a la Comisión- de si lo países candidatos deben firmar el Tratado de Ottawa antes de entrar a formar parte de la Unión. 
En el informe del año 2000 del Unmine Monitor se ven claramente los progresos realizados gracias a Ottawa. 
A escala mundial, sin duda, se registra una reducción de la fabricación y de la comercialización, una reducción de las víctimas, de los arsenales, etcétera, aunque siguen estando demasiado presentes en el mundo. 
Continúan pendientes muchos problemas, especialmente cuando países como Estados Unidos aún no han firmado la Convención o países como China y Rusia disponen de enormes cantidades de stocks y poseen grandes arsenales. 
Europa debe encontrar la manera de que estos arsenales se eliminen de la historia, así como de que sigan presentes en la memoria para recordar que ya no hay que matar con nuestras mortíferas producciones. 
Señor Presidente, todos conocemos- por lo demás, lo han dicho ahora nuestras colegas Emma Bonino y Luisa Morgantini- la dimensión del drama resultante de la utilización de minas antipersonal y la gravedad del problema, dado el elevado número de minas que siguen colocadas y activadas en el terreno. 
Hay quien habla incluso de 70 a 100 millones. 
Eso explica la importancia y la oportunidad del Convenio de Ottawa, por el que se pretende llevar a acabo una acción concertada de la comunidad internacional con vistas a poner fin a esa tragedia, que de forma muy especial afecta a los países menos desarrollados, aunque subsistan dificultades porque algunos Estados importantes- ya citados- no lo hayan firmado. 
Y a ese respecto no podemos dejar de lamentar que un Estado miembro- Finlandia- no lo haya firmado aún y otro- Grecia- no haya procedido aún a su ratificación, como acaba de decir nuestra colega Luisa Morgantini. 
Y aquí surge la primera cuestión: la necesidad de que la Unión Europea, en particular la Comisión, haga todo lo posible ante los países no signatarios para que lleguen a firmar el Convenio de Ottawa. 
Es deseable que la Comisión nos diga lo que pretende hacer a ese respecto, en particular en cuanto a los países candidatos a la adhesión. 
Pero, evidentemente, si el Consejo y los Estados miembros afirman explícitamente que la Unión Europea, en su actuación exterior, en modo alguno utilizarán ni ayudarán a utilizar las minas antipersonal, su autoridad en esa esfera será mayor. 
Entretanto, es indispensable garantizar la máxima coherencia y la coordinación entre las acciones llevadas a cabo por la Unión Europea y las de los Estados miembros. 
También en esa esfera la Comisión puede y debe desempeñar un papel inestimable. 
Y también deberá decirnos a ese respecto lo que se propone hacer en el futuro. 
Nos parece también que las acciones comunitarias que se deben llevar a cabo en ese terreno deben contar con una adecuada inserción presupuestaria para poder alcanzar una mayor eficacia. 
La propuesta de reglamento de la Comisión nos parece demasiado vaga. 
Por nuestra parte, nos inclinamos claramente por la creación de una única línea presupuestaria destinada a las acciones de lucha contra las minas, a excepción de la investigación y la ayuda alimentaria, como también consideramos ventajoso que simultáneamente se cree una unidad central de coordinación de todas las acciones en esa esfera, como ha dicho nuestra colega Emma Bonino. 
En cuanto a las acciones que se deben llevar a cabo, es indispensable garantizar la destrucción de las minas existentes, de la enorme cantidad de minas almacenadas, y evitar su colocación en el mercado negro. 
Como también es indispensable acabar con su producción. 
Si seguimos con la producción y la comercialización de minas, de poco servirán otras acciones de retirada de minas o asistencia a las víctimas. 
En la esfera de la prevención es en la que habrá que actuar ante todo. 
Después es necesario invertir más en investigación, en particular la dedicada a la detección de minas colocadas en el terreno. 
Y, por último, es absolutamente fundamental reforzar las acciones de retirada de minas garantizando la eficacia de las llevadas a cabo y concediendo prioridad a los países que respeten el Convenio, como también es indispensable garantizar medidas de rehabilitación de las víctimas. 
También en esas esferas nos gustaría que la Comisión explicara más a fondo lo que piensa hacer, teniendo en cuenta la experiencia del pasado y el importante papel que la Unión Europea ha desempeñado en esa esfera. 
El campo de acción es, naturalmente, muy amplio y exige medios y gran voluntad política. 
El imperativo es enorme, pero la dimensión de ese drama impone un esfuerzo y un empeño enormes con vistas a poner fin a esa situación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos sabemos qué consecuencias tienen las minas antipersonas a pesar de que en casos aislados con frecuencia existan grandes justificaciones militares. 
Acarrean como consecuencia unos sufrimientos interminables precisamente entre la población civil y entre los niños. 
También destruyen con frecuencia a largo plazo las posibilidades de desarrollo de países pues zonas enteras están totalmente contaminadas con ellas. 
Por este motivo, es extraordinariamente positivo que la Comisión y la Unión Europea se ocupen de este tema y quieran que se aplique aquí una política coordinada. 
Con nuestra pregunta queremos animar a la Comisión para que prosiga por esta vía e intensifique esta iniciativa. 
Pues, de hecho, es necesaria una coordinación entre los esfuerzos europeos e internacionales, entre los campos financiados con fondos de desarrollo o las acciones gestionadas directamente por la Comisión. 
Es necesario que la dotación para la eliminación de las minas se organice de un modo razonable y que financiemos trabajos de investigación para realizar trabajos de detección y eliminación, para instrumentos que se pueden utilizar de un modo sencillo in situ para que aporten una ayuda precisamente en los países en vías de desarrollo. 
También en lo referente al empleo de personal, tanto civil como militar, es posible mejorar algo la coordinación. 
Mi comisión propone elaborar ideas para buscar en cooperación con Eurocorps unas posibilidades especiales de actuación que permitan que en este campo Europa desempeñe un papel puntero. Sin duda, también es necesario que mencionemos zonas prioritarias para la eliminación y establecer de este modo unos puntos centrales especiales. 
La situación es tal que los acuerdos internacionales no han sido firmados aún por todos los países o que, por los motivos más variados, no han sido aún ratificados por todos. 
Creo que debemos dirigir esta campaña también para que los responsables políticos recapaciten sobre la utilidad militar de estas minas y sobre las consecuencias para las personas y las regiones afectadas y para que, tras esta consideración, lleguen al convencimiento de que no se debe usar ya más este arma y para que ayudemos a tales países a desarrollar unas alternativas políticas al empleo de tales minas. 
Creo que también se puede configurar el entorno político en tales regiones de un modo razonable para que se proporcione a tales Gobiernos la fuerza política para salir de este círculo que significa que uno quiere por lo visto protegerse pero, a la postre, se perjudica a la propia población. 
Por ello, sólo puedo alentar a la Comisión para que considere esto no sólo como un enfoque técnico con el que se puede ayudar en algún lugar con recursos financieros sino para que creemos también el entorno político para lograr de este modo una mejora. 
. (EN) Quisiera expresar mi agradecimiento por la actitud ambiciosa y constructiva del Parlamento, que ha quedado claramente reflejada en el informe de la Sra. Bonino sobre la propuesta de reglamento y que viene a reforzar la contribución de la Unión Europea en la lucha contra las minas terrestres antipersonas. 
No es ninguna sorpresa que el informe de la Sra. Bonino sea un documento tan convincente e importante. 
Agradezco, aunque no me sorprende, el tono del informe. 
Al fin y al cabo, el Parlamento Europeo encabezó en la Unión la lucha contra las minas terrestres. 
Fue el Parlamento el que propuso por primera vez, en 1996, la creación de una partida presupuestaria horizontal y un fundamento jurídico adecuado que constituyeran una plataforma única para la amplia gama de intervenciones que emprendemos en este importante ámbito. 
El Parlamento tuvo un papel decisivo a la hora de impulsar a la Unión a adoptar un papel activo en la Conferencia de Ottawa de 1997, que propició la celebración de la Convención sobre la prohibición y erradicación de las minas terrestres. 
El desafío que representa la plena aplicación de dicha Convención ha llevado a la Comisión a reflexionar sobre cómo podemos reforzar la contribución de la Unión Europea a la lucha contra las minas terrestres. 
El resultado de dicha reflexión lo tienen en sus manos en la forma de una propuesta de reglamento. 
Quisiera mencionar también el papel decisivo que han jugado la sociedad civil, las fuertemente motivadas organizaciones no gubernamentales y, en particular, la campaña internacional en favor de la prohibición de las minas terrestres. 
Sus esfuerzos son decisivos para el éxito de la aplicación de la Convención y la presión de éstas ejercen sobre los gobiernos de todo el mundo ha contribuido enormemente al ritmo esperanzador con que se suceden las ratificaciones y adhesiones. 
Durante los últimos ocho años, hemos contribuido con más de 200 millones de euros, con cargo al presupuesto comunitario, a la lucha contra las minas terrestres. 
Sólo en 1999, la Unión destinó a este fin más de 100 millones de euros, 30 de los cuales eran para proyectos comunitarios, lo que representa una contribución mucho mayor que la de cualquier otro donante internacional. 
Quizá algunos diputados habrán visto el folleto que hemos preparado para la conferencia sobre la revisión de la Convención de Ottawa celebrada el mes pasado, en el que puede verse la magnitud de las intervenciones que hemos realizado, que cubren todos los rincones del mundo y todos los aspectos de la acción antiminas. 
Alabo, en particular, la labor del Centro Común de Investigación. 
Ser el mayor contribuyente a esta causa no es suficiente. 
La propuesta de reglamento debería permitirnos definir un enfoque global y estratégico y medir nuestros esfuerzos con respecto a objetivos bien definidos en la vía hacia nuestra meta final común de un mundo sin minas terrestres. 
Antes de pasar a comentar el excelente informe que nos ocupa sobre la propuesta de reglamento, quisiera hacer algunas observaciones de carácter general en respuesta a las interesantes y valiosas intervenciones que han realizado el Sr. Miranda y el Sr. Brok. 
Naturalmente, compartimos el objetivo de dar un carácter universal a la Convención de Ottawa. 
La Unión Europea mantiene una posición inequívoca, como refleja la acción conjunta de 1997 sobre la promoción y ratificación de la Convención de Ottawa por el mayor número posible de países. 
Aunque no puedo ocultar el hecho de que, evidentemente, los poderes de persuasión de la Unión encaminados a lograr este objetivo se ven limitados en cierta medida por las dificultades que prevalecen en algunos Estados miembros para suscribir y ratificar la Convención. 
Es una cuestión que, de acuerdo con los términos de la intervención de su Señoría, planteamos con cierta regularidad a dichos Estados miembros. 
Está claro que el apoyo de la Unión Europea a la acción antiminas puede ser un impulsor importante para conseguir que los posibles países beneficiarios suscriban la Convención. 
La comunicación y el proyecto de reglamento pueden servir de condicionantes en este sentido, pero no deberíamos ser demasiado dogmáticos. 
Debemos reconocer la situación específica que reina en algunos países. 
No deberíamos penalizar a las personas que necesitan nuestra ayuda, aunque sus gobiernos no muestren aún un nivel suficiente de compromiso con la aplicación de la Convención. 
Es el dilema al que nos enfrentamos habitualmente. Es el dilema al que se ha referido su Señoría con considerable elocuencia en el pasado: el reto al que nos enfrentamos una y otra vez es proporcionar asistencia humanitaria a personas que, en muchos casos, necesitan asistencia humanitaria como consecuencia de las acciones de sus propios gobiernos. 
Pero no podemos penalizar a las personas que tienen un mal gobierno. 
En cuanto a los países candidatos, cabría esperar de ellos que apoyen la acción conjunta a la que acabo de referirme. 
No se trata del acervo comunitario en el sentido jurídico propiamente dicho, pero evidentemente los alentaremos a que erradiquen las minas de sus estrategias de defensa, que pongan fin a la fabricación o comercialización de minas y suscriban y ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Minas. 
Si me permiten, una vez más, seguir el argumento que ha expuesto el Sr. Miranda hace un momento, tengo especial interés en que también examinemos proyectos para destruir las existencias de minas almacenadas. 
Puede resultar difícil desde una perspectiva ambiental y es caro, pero deberíamos dar prioridad a este objetivo en el futuro. 
Quisiera llamar la atención del Parlamento sobre el Fondo fiduciario internacional de Eslovenia que, en sólo dos años de funcionamiento, ha creado un programa regional de acción antiminas con ayuda de la Unión Europea, los Estados Unidos y varios otros países, que incluye proyectos en toda la región de los Balcanes. 
Tras los acontecimientos ocurridos este mismo año en Zágreb y más recientemente en Belgrado, debemos aspirar a un futuro libre de minas terrestres para la Europa sudoriental. 
El incremento de la coherencia entre la acción de la Comunidad y aquélla de los Estados miembros, a la que ha hecho referencia su Señoría, es uno de los puntos centrales de la comunicación que acompaña a la propuesta de reglamento. 
Hemos adoptado un enfoque flexible de la coordinación, en vez de uno rígido y centralizador. 
La eficacia de la acción contra las minas será mayor si ésta ha sido elaborada de acuerdo con las condiciones específicas de cada situación. 
Es el motivo por el que no proponemos aunar toda la acción de lucha contra las minas, ni siquiera dentro del marco comunitario, en un programa único y en una sola partida presupuestaria. 
Proponemos, por el contrario, la creación de un grupo de expertos en el que participen los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores afines. 
Lo que se pretende es que este grupo asista a la Comisión en la elaboración de una estrategia global de lucha contra las minas. 
Volviendo concretamente sobre el informe Bonino, quisiera comentar brevemente las escasas enmiendas presentadas por el Parlamento que la Comisión no puede aceptar en su forma actual. 
Ya he tocado algunas de ellas en mi respuesta a su Señoría. 
En primer lugar, como ya he mencionado, creo que sería un error, bien intencionado, pero contraproducente, imponer la adhesión a la Convención de Ottawa como requisito imprescindible para la asistencia comunitaria a la acción antiminas. 
No es necesario decir que serán raros los casos en que aceptemos conceder asistencia a países que no hayan suscrito la Convención. 
Pero no faltarán casos en los que, por razones políticas o humanitarias, deseemos ayudar a las poblaciones a pesar de sus gobiernos. 
Por tanto, quisiera abogar en contra de la enmienda 18. 
Aunque comprendo y respeto las aspiraciones que se esconden tras la propuesta de concentrar todos los fondos para la acción contra las minas en una línea presupuestaria horizontal, con excepción de la relativa a investigación y de la que lleva a cabo ECHO, no estoy convencido de que esta medida nos permita la flexibilidad necesaria para optimizar la eficacia de las intervenciones de la Unión Europea. 
Podría suceder que, con el paso del tiempo, la línea horizontal atraiga más atención y más apoyo, pero también debemos mantener la relación que existe con una programación nacional y regional más amplia a través de partidas y reglamentos presupuestarios geográficos. 
Personalmente quisiera decir no a las enmiendas presentadas 3, 16 y 21. 
Por este mismo motivo, tengo plena confianza de que los recursos humanos y administrativos solicitados para la unidad central de acciones antiminas serán suficientes para garantizar la aplicación adecuada del reglamento. 
No queremos añadir nuevas capas a nuestra burocracia; podemos obtener los mismos resultados con un pequeño equipo y la creación de una red adecuada. 
Quisiera proponer el no a la enmienda 17. 
Asimismo, tampoco queremos crear otro comité, ya sea un comité de gestión o consultivo. 
Como el Parlamento sabe, ya existen demasiados y, como también sabe el Parlamento, con nuestras propuestas sobre la reforma de la asistencia comunitaria a terceros países esperamos poder dejar atrás el pesado control individual de cada proyecto y centrarnos, en cambio, en nuestras negociaciones con los Estados miembros sobre estrategias y programas globales. 
Es lo que estamos acordando con respecto a MEDA, por ejemplo. 
Los distintos comités geográficos actuales se encargarán de ello. 
En vez de añadir a la lista otro comité, proponemos la creación de un grupo de expertos que nos proporcione un foro que vaya más allá de expertos gubernamentales en el que podamos discutir y en el que podamos definir una estrategia global de acciones antiminas para que se aplique horizontalmente y sea revisada una vez al año. 
Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 8, 22, 23, 25 y 29. 
Por último, sobre la adjudicación de proyectos de acciones antiminas, quisiera advertir que no debemos confiar en un endurecimiento de las condiciones para poder participar en nuestras licitaciones. 
Además de perseguir la generación de capacidad y la propiedad de los proyectos, debemos estar en condiciones de aprovechar los mejores conocimientos y materiales existentes siempre que sea posible. 
En la mayoría de los casos, eso se hará dentro de la Unión Europea, aunque, excepcionalmente, podría existir la necesidad de recurrir a terceros países. 
No puedo aceptar la enmienda 19. 
No entraré en el gran número de enmiendas presentadas que la Comisión está dispuesta a aceptar sin problemas y que, en mi opinión, mejorarán de manera significativa la propuesta de reglamento. 
Estas enmiendas vienen a confirmar la meta y las aspiraciones que todos compartimos. 
Deberemos aún seguir trabajando si queremos alcanzar los objetivos de la Convención de Ottawa de erradicar dichas minas durante los próximos diez años. 
La adopción del presente reglamento constituye, en mi opinión, un paso pequeño, pero importante en la consecución de dicho objetivo. 
Espero que podamos contar con el continuo apoyo del Parlamento para llevar a buen puerto el proceso legislativo. 
Señor Presidente, algunos participamos desde hace muchos años en el intento de superar la lacra de las minas terrestres antipersonas. 
Es un problema que ha despertado el interés de la sociedad en muchos de nuestros países. 
Los gobiernos han manifestado su compromiso y han destinado grandes sumas de dinero a este fin. 
Las ONG han proliferado en respuesta a la necesidad y, sin embargo, cuando han transcurrido casi cuatro años desde la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre minas celebrada en Ginebra y más de un año desde la entrada en vigor de la Convención de Ottawa, nos vemos obligados a reconocer que muchos países y miles de personas, generalmente en las regiones más pobres del mundo, siguen padeciendo las terribles consecuencias de las minas terrestres antipersonas y las municiones sin detonar. 
Creo que los problemas son de triple naturaleza. 
En primer lugar, debemos centrarnos en nuestros objetivos. 
La campaña en contra de las minas terrestres antipersonas no debería utilizarse como una oportunidad para atacar a los gobiernos occidentales, en particular a los Estados Unidos, a las instalaciones militares occidentales o a la industria occidental. 
En la mayoría de los casos, los gobiernos occidentales no son el problema, sino parte de la solución. 
Deberíamos centrar nuestra atención política en los auténticos culpables: las facciones enfrentadas y los gobiernos irresponsables que han demostrado no sentir la menor preocupación por la población civil y que utilizan minas terrestres antipersonas indiscriminadamente para sembrar el terror. 
Y lo que es más importante, la lucha práctica contra las minas debería centrarse en los aspectos prioritarios: limpiar las zonas en las que se sospecha que existen minas que impiden la reanudación de la vida normal y del desarrollo económico, y prestar asistencia a las víctimas de las minas. 
En segundo lugar, la comunidad internacional debe mejorar la coordinación de sus esfuerzos a nivel global, así como y en particular, dentro de los países afectados. 
Lo cierto es que aún desconocemos el verdadero alcance de los territorios infestados de minas terrestres y tampoco conocemos la eficacia que han tenido los esfuerzos encaminados a la eliminación de minas. 
Debe realizarse un rápido ejercicio de evaluación en cada uno de los países más afectados, de manera que podamos ver con mayor claridad qué acciones debemos emprender. 
En tercer lugar, debemos garantizar la buena utilización de los fondos. 
Me enorgullece que la Comisión Europea sea el mayor partidario del mundo de la acción antiminas. 
Se trata de un ámbito en el que, habida cuenta de la capacidad de la Unión Europea de coordinar los esfuerzos de numerosos países, la aplicación de grandes recursos a este problema debería ser más eficaz. 
Son muchas las razones por las que la retórica no se corresponde con la realidad. 
En cierto modo, el caso de las minas terrestres ilustra el fracaso más amplio de la Comisión en lo que respecta a hacer un uso eficaz de los recursos de que dispone. 
El Comisario de Relaciones Exteriores ha reconocido anteriormente que los programas de ayuda exterior de la Comisión han sido motivo de vergüenza. 
La Comisión debe mejorar la calidad de sus programas, así como la velocidad con que los aplica. 
Bajo el liderazgo del Sr. Patten, las cosas comienzan a avanzar por el buen camino. 
La comunicación de la Comisión y el reglamento sobre las minas terrestres antipersonas son documentos de gran utilidad, pero eluden dos elementos clave que las enmiendas del Parlamento intentan corregir. 
La financiación de acciones plurianuales debe concentrarse en una única línea presupuestaria y debe existir una unidad dentro de la Comisión que disponga de los recursos necesarios y asuma la responsabilidad específica no sólo del marco político, sino también de la planificación y aplicación de la acción antiminas, incluidos los contratos. 
Un compromiso al más alto nivel, una dirección y gestión adecuadas con responsabilidad son los elementos clave para una utilización eficaz de los recursos. 
Pasemos de los gestos a la auténtica acción y a resultados tangibles. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista comparte el orgullo que acaba de expresar el Sr. van Orden con respecto al papel desempeñado por la Unión Europea. 
Hace unos años estuve en una clase en Kabul, Afganistán, y allí vi cómo se enseñaba a los niños a distinguir los diferentes tipos de minas terrestres. 
Cuando me di cuenta de que una de las minas terrestres tenía la forma de una mariposa, comprendí que estas minas habían sido diseñados para que los niños jugaran con ellas y resultaran heridos, y en ese momento también entendí cuál es el valor moral de aquellos que producen estas cosas. 
Allí pude comprobar asimismo que las campañas de sensibilización llevadas a cabo en las escuelas y entre la población constituyen el medio más eficaz para evitar que haya más víctimas. 
Por eso, estimo fundamental que gran parte de los fondos se destine a este fin, por lo que, desde mi Grupo, respaldo firmemente las enmiendas que se refieren a este tema. 
En segundo lugar, está claro que muchas veces no se hace otra cosa que llevar agua al mar. Mientras que en Afganistán las minas son retiradas por todo tipo de organizaciones, vuelven a colocarse en otros sitios. 
Y eso me hace recordar asimismo mi estancia en el norte de Mozambique, donde colaboré con organizaciones de minusválidos que habían resultado heridos por culpa de las minas terrestres. Eran ellos mismos los que retiraban y eliminaban dichos artefactos. 
En aquel momento aprendí dos lecciones. 
Es necesario que se implique a la población local. A pesar de sus heridas, las víctimas pueden volver a hacer muchas cosas ellas mismas. 
Comprendí igualmente que en el caso de las minas terrestres no se trata de matar, sino de mutilar a la gente. 
Es por eso por lo que la cuestión moral adquiere un peso tan grande. 
Al llegar a Angola conocí el método utilizado por Norwegian People's Aid. Junto con la población local detectaban las minas y limpiaban determinadas zonas elegidas estratégicamente. 
Aquella experiencia me enseñó dos cosas: se necesitan expertos, en el caso de Norwegian People's Aid excombatientes y la población local- esto es fundamental -, y es preciso proceder a una retirada estratégica de las minas. 
No compensa rastrear toda la zona, porque resulta extremadamente caro y requiere demasiado tiempo. Lo importante es que queden limpias las zonas estratégicas, de modo que la economía local pueda volver a funcionar, etcétera. 
A raíz de eso se me ocurrió que en lugar de trabajar directamente con las autoridades nacionales a través de estructuras complejas es preferible colaborar con ellas a través de las ONG más fuertes y mejor implantadas entre la población local, tal y como intentan hacer en Angola. 
Al mismo tiempo se cae en la cuenta de que también en Angola vuelven a aparecer nuevas minas terrestres y ello me lleva a comentar un punto que ha puesto sobre el tapete el Sr. Patten. 
Señor Comisario, usted dice: estoy en contra de una serie de enmiendas. 
Pienso, sin embargo, que si usted volviera a estudiarlas detenidamente se daría cuenta de que algunas de ellas- al menos en mi opinión- tienen que ver con las campañas de sensibilización, con la transparencia, con el acceso de las ONG, con cosas que funcionan bien en este momento, pero que podrían funcionar mejor. 
Creo que a este respecto no tiene nada que temer de las enmiendas de este Parlamento. 
Nosotros no queremos más burocracia, no queremos más comitología, queremos un mayor espacio para usted, queremos que las cosas se hagan con eficacia. No creo que nuestras prioridades diverjan en este punto. 
Tal vez desee repasar algunos párrafos para averiguar si realmente es necesario pronunciar un no rotundo en todas estas cuestiones, algo que, por otra parte, no es fácil escuchar en boca de un inglés. 
Creo que a este respecto usted y el Parlamento pertenecemos al mismo bando. 
Como Grupo Socialista nos consideramos parte de esta gran campaña internacional contra las minas terrestres y, al igual que los demás colegas del Parlamento, nos sentimos orgullosos de ello. 
Señor Presidente, las minas antipersonas son un producto diabólico incomprensible, cuyo propósito no es matar, sino dejar inválidas a sus víctimas y producir los peores dolores y cargas imaginables a las víctimas, a sus familias y a sus países. 
¡Piensen en las bombas juguete soviéticas en Afganistán! 
Desgraciadamente su producción es increíblemente barata mientras que su destrucción y localización resultan sumamente caras. 
Se tardará cien años en retirarlas y todavía se siguen sembrando más. 
Fue el liberal Jan Willem Bertens quien planteó este asunto hace cinco años en este Parlamento y creo que este Parlamento realmente puede enorgullecerse de haber empezado este asunto ahora que estamos en vías de conseguir una prohibición de las minas. 
Y también podemos apuntar la enorme y muy eficaz labor que hace la Unión en este asunto. 
No obstante, aún puede hacerse más. 
Hay máquinas que en poco tiempo pueden limpiar de minas grandes superficies. 
He visto una máquina semejante en Kosovo, pero permanecía parada y no era usada. 
La Sra. Bonino y el Sr. Patten tienen razón en señalar lo evidente de destruir los almacenes porque destruir una mina almacenada sólo cuesta una centésima parte en comparación con lo que cuesta destruir una mina ubicada en un lugar de difícil localización. 
La Sra. Bonino y el Sr. Patten también tienen razón en que el Parlamento y el Consejo deben mantener sus manos lejos de la administración y escuché muy atentamente los comentarios del Sr. Patten sobre este punto, pues por lo visto cree que tenemos que mantener nuestras manos todavía más lejos. 
Debemos abstenernos de involucrarnos en la administración. 
En lugar de ello, debemos criticar a la Comisión si ésta no administra como es debido. 
Pero no debemos hacerlo teledirigiéndola. 
Es un error que este Parlamento comete a cada momento. 
La Comisión debe tener libertad para ejercer sus competencias y luego debemos tener libertad para echarle la bronca- si se me permite emplear esta expresión- si no hace bien su trabajo. 
Por último, me gustaría dar las gracias a la Sra. Bonino. 
Ayuda tener a una ponente tan experimentada. 
Gracias por un buen informe. 
Señor Presidente, muy rara vez nace nada nuevo en el seno de las estructuras de poder ya consolidadas. 
La prohibición de las minas antipersonas ha desembocado en un proceso que refleja ejemplarmente cómo las Organizaciones no-gubernamentales, ONG, y el Parlamento Europeo han sido capaces de trabajar firmemente por unos objetivos que se han trazado y que los poderes estatales consideran ajenos o poco realistas. 
Tras la transformación que supuso la Convención de Ottawa, debemos seguir asegurándonos de que la Unión y sus Estados miembros se encarguen de aplicar las medidas complementarias procedentes tanto en el marco de sus relaciones bilaterales, como en el ámbito de su legislación interna, así como de mantener el liderazgo a la hora de preservar y reafirmar su voluntad política, con el fin de que la Convención sea firmada y ratificada a nivel general, incluido mi propio país, Finlandia. 
Este supuesto debe establecerse también como condición previa a la adhesión a la UE de los países aspirantes, o sea, que debe ser insertado en el acervo comunitario. 
El informe que nos ocupa y, sobre todo, la magnífica Comunicación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación crean las condiciones adecuadas para emprender medidas complementarias, las cuales deben concentrarse en el desminado efectivo y en los elementos operacionales de su ejecución, y no en la búsqueda de soluciones exóticas y tecnológicas de alto coste. 
Los biosensores se están revelando como instrumentos muy prometedores en este aspecto. 
Por su parte, la Resolución Brok otorga a este trabajo una dimensión política, mientras que las preguntas orales a la Comisión formuladas por los Sres. Brok y Miranda trazan unas pautas que son esenciales. 
Todos los órganos de la UE tienen que actuar por iniciativa propia de tal modo que los países pobres más afectados por el problema de las minas sean incluidos de forma efectiva en el programa. 
Evidentemente, la responsabilidad principal sobre el seguimiento recaerá en la Comisión, pero todos debemos encargarnos, por nuestra parte, de que se consiga llevar a cabo cuanto antes un conjunto de medidas de ayuda colectiva para eliminar a nivel mundial esta calamidad. 
Señor Presidente, nuestro Grupo se ha mostrado activo desde hace tiempo en toda la gama de reivindicaciones y actuaciones necesarias, desde la interrupción de la producción, destrucción de stocks, cese de la comercialización, limpieza de campos de minas, rehabilitación de las víctimas, y sensibilización. 
Quisiera, sin embargo, hacer la siguiente observación: la colocación de minas es directamente proporcional a la incapacidad de la comunidad internacional de dar soluciones políticas a grandes problemas. 
Cuando un país, por ejemplo, se siente amenazado en sus fronteras por un país vecino, su gobierno acude con más facilidad- desafortunadamente, claro está- al recurso de los campos de minas. 
Cuando la comunidad internacional no puede hacer frente al veneno del nacionalismo y las confrontaciones, y se muestra incapaz de aportar soluciones políticas, los implicados recurren más fácilmente a la creación de campos de minas. 
Debemos tomar esto en consideración, porque, he de decir, para referirme a los Balcanes, que en mi opinión, Occidente y la Unión Europea tienen también su responsabilidad, derivada de sus intervenciones políticas, en el hecho de que la mitad de los Balcanes sea hoy un auténtico campo de minas. 
Finalmente, señor Presidente, quisiera decir que hacen falta acciones específicas en el ámbito balcánico, y quisiera decir también desde esta tribuna que el gobierno griego deberá ratificar inmediatamente la Convención de Otawa. 
Señor Presidente, los camboyanos llaman a las minas centinelas eternos. 
Estos relámpagos de muerte, que se disparan por azar por la propia víctima, a veces muchos años después del conflicto, son verdaderas bombas de relojería que dificultan la recuperación social y económica de regiones enteras, así como la reinserción de las propias víctimas. 
Como signatario del llamamiento por un planeta sin minas, apoyo fervientemente el informe de Emma Bonino, puesto que está bien enfocado. 
Dos años después de la firma de la Convención de Ottawa, las existencias de minas siguen siendo, desgraciadamente, impresionantes, al menos aquellas que habían sido detectadas. 
En cuanto a las demás, ya es hora de inventar nuevos métodos de detección y de localización. 
Los esfuerzos financieros realizados por la Unión Europea deben desempeñar necesariamente un papel complementario con respecto a las acciones nacionales. 
Además, es esencial que toda la Unión, así como los países candidatos, firmen la Convención de Ottawa y, sobre todo, la ratifiquen. 
El desafío es importante, ya que si bien la guerra tiene sus normas- consuetudinarias, en algunos casos; codificadas, en otros -, el empleo de minas antipersonas no forma parte de éstas. 
Su eliminación deja de ser un problema militar, para convertirse en un desafío humanitario. 
Europa no puede limitarse a desempeñar un papel de donante, sino que le corresponde ser pionera en un análisis sobre el mecanismo más apropiado, previo al uso de una nueva arma. 
Incumbe luego a los Estados apoyar el proceso en los foros internacionales. 
En conclusión, Europa debe apoyar y profundizar el proceso de Ottawa, a fin de que una nueva arma no provoque, como ocurre actualmente, decenas de víctimas cada veinte minutos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, apoyo vehementemente la iniciativa de la Comunidad en la lucha contra las minas antipersonas. 
Cuando veo las imágenes de los niños que han sido mutilados por minas, extraigo personalmente la conclusión de que cada euro que se emplee para combatir esta locura está correctamente gastado. 
Un punto sobre el que se han expresado críticamente representantes de las ONG en una conversación personal mantenida con ellos es la mezcla de actividades de militares y de ONG que se contempla en los apartados 11 y 15 de la resolución. 
Las ONG se han ganado la confianza y el reconocimiento de la población tras el trabajo de muchos años y me temo que una mezcla podría poner en peligro la independencia de las ONG y dañar profundamente la relación de confianza con las personas que padecen. 
Frente a los uniformados las personas tienen una desconfianza justificada que se ido acumulando durante largos años de guerra. 
Por ello, deberíamos hacer todo lo posible para apoyar de modo duradero el trabajo de las ONG. 
Señor Presidente, intervendré muy brevemente en el minuto reglamentario, para lamentar que en un debate tan importante el Consejo no esté representado, cuando se trata a todas luces de la institución que tiene más posibilidades de actuar en el ámbito respecto del cual nuestros colegas están interviniendo en este momento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero expresar personalmente mis felicitaciones a la Sra. Bonino por su trabajo. 
El Convenio de Ottawa supone un paso decisivo en la lucha internacional por la prohibición del empleo, almacenamiento, fabricación y entrega de minas antipersonas. 
Por ello, saludo en gran manera que gracias a este nuevo reglamento se aplique ahora este acuerdo con una estrategia de la UE para la mejora de la coordinación, coherencia y transparencia así como también del control de esta acción antiminas. 
La Unión Europea tiene que hacer justicia también en este tema a su pretensión de desempeñar un papel de abanderada. 
Para el Gobierno federal austríaco este tema tiene la máxima prioridad. 
El Parlamento se ocupa ya desde hace muchos años, tal como ya se ha dicho hoy aquí, de este tema. 
El Parlamento es el motor que impulsa todos estos esfuerzos y creo que deberíamos intensificarlos aún más. 
Quiero subrayar aquí expresamente que es necesario instar a otros Estados para que se adhieran al Convenio de Ottawa o para que lo ratifiquen con rapidez y hacer posible de este modo una coordinación internacional así como una rehabilitación de las víctimas. 
A la cabeza de todos, deberían adherirse a este convenio todos los Estados miembros de la UE. 
Veo esto como una obligación solidaria también dentro de la Comunidad Europea. 
Las minas representan naturalmente un gran obstáculo para la reconstrucción en estos países así como para el retorno de los refugiados. 
Mientras amenace este peligro será difícil convencer a la población que ha huido para que retorne. 
Con frecuencia, la Unión Europea es el donante de dinero más importante en las acciones de eliminación de minas que se llevan a cabo en todo el mundo en los países afectados. 
El problema de las minas antipersonas es demasiado grande para las regiones directamente afectadas y también para los refugiados en las zonas involucradas, por lo que sin una cooperación internacional no es posible ayudar aquí realmente con efectividad. 
La comunidad internacional de Estados debe adoptar una posición coherente y coordinada. 
Hay que seguir impulsando los programas de eliminación de minas, la ayuda a las víctimas, la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Hay que imponer necesariamente una prohibición de producción de minas en la UE así como una prohibición de exportación de minas desde la UE. 
Este objetivo debería ser una prioridad absoluta para todos nosotros. 
Señor Presidente, me congratulo de que haya por fin una legislación europea, en forma de Reglamento, sobre las minas antipersonas y que tengamos hoy un buen informe de la Sra. Bonino sobre él. 
Ya en la anterior legislatura- como se ha dicho- el Parlamento Europeo aprobó el compromiso de la Unión Europea de luchar contra una de las armas más crueles, mortíferas y cobardes que existen. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación introdujo en 1996- como ha dicho el Sr. Patten- una línea presupuestaria dedicada al desminado. 
Pero, sin embargo, desgraciadamente esa línea está disminuyendo de forma inversamente proporcional al énfasis que estamos poniendo aquí en este asunto. 
Dado que estamos ahora aprobando el presupuesto, me detendré un instante en las cifras que me preocupan. 
Este año hemos contado con 8.100.000 euros. 
Para el año que viene el Consejo y la Comisión están de acuerdo en reducir el importe a 7.400.000 y el Parlamento propone un aumento de 3 millones en relación con el año 2000. 
No son mucho estas cifras para solucionar un problema que afecta a 110 millones de personas en 64 países, a 26.000 víctimas de mutilaciones al año y, fundamentalmente, a muchos niños a los que se les conoce en países como El Salvador como los niños rotos, porque son niños que están destrozados, sin manos, sin brazos, sin piernas. 
Por ello pido que se transmita al Consejo, que no está aquí presente, y a la Comisión, la importancia de que se aumente esta cantidad, dado que por cada mina que se elimina, desgraciadamente, se siembran entre 20 y 50 nuevas más. 
Al ritmo de eliminación que llevamos se tardaría- como se ha dicho anteriormente- bastante más de 100 años en limpiar el planeta de minas antipersonas. 
Por ello solicito que, aunque es insuficiente, se tenga en cuenta la cantidad propuesta por el Parlamento y se contribuya con ello al respeto de la Convención de Ottawa y pido a aquellos países que no lo hayan firmado o ratificado que lo hagan. 
Dado que ha habido varias alusiones, yo quisiera precisarles que el Consejo, aunque no esté el ministro, está representado por sus altos funcionarios, que naturalmente le transmitirán nuestras palabras. 
Señora Bonino, un tiempo de intervención de un minuto para un informe que brilla realmente por su compromiso es muy poco, sin embargo, afortunadamente estoy de acuerdo con la mayoría de las conclusiones del informe, también con la crítica implícita de los países que todavía no han ratificado la Convención de Ottawa. 
Mi propio país tardó lamentablemente demasiado tiempo en hacerlo. 
Hay un problema en el informe. 
En mi opinión, se tiende a intentar vaciar a la FUSP de tareas civiles. 
Me parece saludable fortalecer los compromisos civiles de cualquier organización que desempeñe actividades militares. 
Pienso que la exigencia al Consejo, a la PESC y a los Estados miembros en realidad ha de ser que, además de las actividades normales de ayuda al desarrollo y de las actividades humanitarias, cualquier cantidad empleada en actividades militares vaya acompañada por al menos una cantidad equivalente para actividades civiles, por ejemplo, la limpieza de minas en las zonas en cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hoy nos ocupamos de un tema muy triste. 
Las minas antipersonas son algo que se debería condenar en todo el mundo. Creo que en esto estamos sin duda de acuerdo. 
Quiero dividir el tema entres grandes sectores. 
El primero es el relativo a la prevención. 
En esta Asamblea estaremos sin duda de acuerdo en que las minas existentes, en especial las minas antipersonas, tienen que ser destruidas. 
Cuando pienso en los problemas y en la evolución en los países en vías de desarrollo, por ejemplo, en sectores de los países ACP o de Latinoamérica, los resultados nos muestran que no se puede proseguir de la misma forma. 
El otro punto que me parece importante es que debemos tener muy en cuenta el impedir el mercado negro, en especial en países africanos. 
Como segundo sector, me parece de importancia el relativo al de la ayuda a posteriori. 
Aquí tenemos que ocuparnos de los programas de eliminación de minas y dedicar una especial atención a las acciones humanitarias. 
Hay que apoyar en este campo en especial iniciativas de investigación que se ocupan precisamente de la técnica de detección y eliminación de minas. 
Tampoco debemos dejar de lado que la Unión Europea, en especial el Parlamento Europeo, tenga mayores posibilidades de comprobar adónde van a parar nuestros créditos financieros destinados a este fin. 
Un tercer sector lo veo en medidas concretas que se deberían proponer, examinar y aplicar. 
Parto del hecho de que precisamente se debería tener en cuenta a las víctimas de las minas. 
En su mayor parte se trata de personas particulares, civiles, niños y de niños soldados, tema este del que ya nos hemos ocupado. 
Cuando vemos que se mutila a niños, por lo que es necesaria una atención a largo plazo, existe entretanto la posibilidad de prever los llamados miembros de crecimiento paralelo que en Europa... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, con el debate de hoy sobre el informe Bonino, que es un informe excelente, sustancialmente estamos codificando acciones en relación con un problema muy serio de carácter internacional. 
Con el informe Titley que aprobamos hace días se completa de hecho un segundo paso en asuntos de política exterior, de defensa y seguridad común, que es así, poco a poco, creo, como se construirá en su conjunto para la Unión Europea y tomará cuerpo con términos únicos y normas únicas. 
Creo que la marcha de las cosas hará justicia a cuantos han tomado la iniciativa, de modo que dejemos de ver a damas y caballeros de sentimientos filantrópicos junto a niños sin piernas, cuando la política debe ser sustancialmente preventiva y no represiva. 
No es casual que las minas se encuentren, principalmente, en zonas en crisis, es decir, en zonas en las que podrían haberse asumido otro tipo de iniciativas al objeto de superar estas crisis. 
En relación ahora con un asunto que se ha mencionado relativo a mi país, Grecia, estoy seguro de que el Parlamento griego no tardará en ratificar la Convención en cuestión, desde el momento en que el país la ha firmado. 
Sin embargo, deben tener en cuenta que esto ocurrirá a pesar del hecho de que el «vecino Turquía» no tiene la mejor disposición hacia nosotros. 
Se trata, desgraciadamente, de un hecho real puesto de manifiesto una vez más, la semana pasada, durante unas maniobras de la OTAN, que fueron ocasión para una nueva política de demostración de intransigencia. 
Esperemos, no obstante, que el futuro resolverá estos problemas. 
En definitiva, creo que la gran mayoría que este informe concitará en la votación en el Parlamento, le otorgará tal fuerza, que aun donde no haya oídos para oír y ojos para ver, oirán y verán. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, apoyo el informe de la colega Bonino que aporta una mayor eficiencia y transparencia y sobre el que la Comisión de Desarrollo y de Cooperación ha emitido también una opinión. 
La felicito por el excelente trabajo. 
Yo mismo he visto con mis propios ojos los padecimientos de víctimas de las minas tras la guerra de Bosnia en 1992, 1995 y 1999. 
Muchas víctimas son niños pequeños, terribles huellas, espantosas mutilaciones, proyectos de vida destruidos antes de que hayan podido comenzar. 
Cada niño que podamos salvar de la muerte por las minas o de terribles heridas en Bosnia, Africa o en cualquier otro lugar merece el esfuerzo de todos nosotros. 
También quiero expresar mi encarecido agradecimiento por su compromiso a las organizaciones no gubernamentales. 
Voy a exponer aún brevemente mi opinión sobre un punto. 
Se trata de nuestra enmienda sobre la resolución. 
No existe un consenso a nivel mundial para prohibir las minas antivehículos. 
Siguen siendo consideradas como una protección irrenunciable frente a los vehículos blindados. 
Nadie debe aminorar el éxito de Ottawa con la indicación de que las minas antivehículos deberían haberse incluido. 
Si se hubiese hecho, este convenio habría fracasado ya de antemano. 
En lo que se refiere a la ampliación de la UE, los países candidatos deberían adherirse necesariamente al Convenio de Ottawa. 
Los EE.UU, Rusia y China deberían ser presionados para firmar el convenio. Grecia y Finlandia deberían ratificarlo lo antes posible. 
Para finalizar, permítanme decir que lo que más me gustaría es que se prohibiesen todas las minas en todo el mundo ya que se cuentan entre las armas más diabólicas y repugnantes. 
Pero, lamentablemente, no nos encontramos en el paraíso. 
Señor Presidente, un día del mes de diciembre de 1992, un joven pastor de Mozambique olvidó el peligro: creía que, con la paz, éste se había alejado. 
Esta confianza excesiva le costó la pierna izquierda. 
A dos kilómetros de una aldea de Bosnia, en 1999, en un campo una señal advierte de la existencia de minas, lo que no impide la presencia de un niño en ese lugar. 
Para él, se trata sólo de un lugar para jugar. 
En efecto, cada vez que acaba una guerra las poblaciones abandonan los campos de refugiados para regresar a sus localidades, con la esperanza de curar sus heridas y de intentar recobrar poco a poco una vida normal. 
Pero una mina no entiende de acuerdos de paz, y sigue, irremediablemente, con su trabajo. 
Aún hoy, a pesar de que 139 Estados han firmado la Convención de Ottawa, las minas prosiguen su obra destructora. 
Sólo transcurren veinte minutos entre la explosión de dos minas, que matarán o mutilarán a alguien en alguna parte del mundo. 
Naturalmente, se han realizado progresos con la Conferencia de Ginebra, y esta tendencia positiva debe ser señalada, ya que constituye realmente el resultado de la lucha decidida que desde hace tiempo llevan a cabo las ONG. 
No obstante, los progresos obtenidos no pueden hacernos olvidar la realidad, y esta realidad son 27 personas muertas y 41 mutiladas cada día. 
La realidad son 250 millones de minas almacenadas en los depósitos de 105 países. 
El año pasado, incluso, se utilizaron minas en veinte conflictos, sobre todo en Europa. 
Así pues, saludo el trabajo realizado por mis colegas Emma Bonino y Luisa Morgantini, que abren nuevamente el debate en este Parlamento. 
Ellas ponen de manifiesto todo aquello que nos queda por hacer. 
Por mi parte, desearía subrayar, en particular, la generalización de la Convención hasta que sea un completo éxito; ante todo a través de la armonización de las leyes en los diferentes Estados, para no tener otro ejemplo de una convención internacional que no se aplica. 
Es preciso, en efecto, presionar a los países de la Unión Europea que no la han firmado, como Finlandia, o que no la han ratificado, como Grecia. 
¿Por qué no podrían aplicarse sanciones, señor Comisario, a quienes no respetan las convenciones? 
¿Por qué no podría incluirse una cláusula de adhesión a dicha Convención en el marco de la ampliación? 
Usted ha respondido a todo ello hace un momento. 
Sé que siguen habiendo divergencias sobre algunas enmiendas. 
Le pido, no obstante, que las estudie con más detenimiento, ya que algunas son aceptables para la Comisión. 
En cualquier caso, vamos a demostrar, todos juntos, nuestra determinación de luchar contra lo que hay que llamar "una guerra de cobardes". 
Bienvenida 
Minas antipersonas (continuación) 
Señor Presidente, hace años, cuando se iniciaron las campañas internacionales de retirada de minas, se decía que éstas son la bomba atómica de los países pobres. 
A pesar del tiempo transcurrido, esa aparente exageración puede servir aún, por desgracia, para ilustrar una realidad. 
No hay desarrollo sin vías de comunicación seguras, sin terrenos idóneos para el cultivo y sin lugares en los que los niños puedan jugar libremente. 
Por eso, la Unión Europea se sumó- y adoptó cierta iniciativa al respecto- a la campaña internacional iniciada por las Naciones Unidas, como ya han dicho aquí los oradores que me han precedido. 
Ahora es evidente el mérito de la propuesta que se nos presenta y sobre la que trata el informe de la Sra. Emma Bonino. 
Apoyamos este informe, así como todas las iniciativas encaminadas a reactivar el papel de la Unión Europea en el ámbito de ese objetivo. 
Subrayamos que, para ello, es preciso que la actuación de la Unión Europea esté más cohesionada, logrando la participación de Finlandia y Grecia, que la Unión Europea coordine toda su capacidad de presión internacional sobre los países que aún no se han adherido al Convenio de Ottawa y que la actuación europea resulte más eficaz, incluso mediante el aumento de asignaciones, teniendo en cuenta la necesidad de la retirada de minas con seguridad, la destrucción sistemática de los stocks existentes y el ulterior desarrollo de tecnologías avanzadas para la detección y la retirada de minas. 
Más eficaz también habrá de ser esa actuación mediante la coordinación y el control de los procesos y confiriendo un papel más extenso a las ONG. 
Y, por último, esperamos que en el marco de las futuras tareas de la fuerza militar común europea se proceda a la formación de técnicos, en particular de personas que tengan interés en la desaparición de las minas en el nivel local. 
Señor Presidente, la última vez que el Gobierno de Finlandia abordó la cuestión de las minas terrestres antipersonas fue el 14 de junio de 1999. 
Entonces se decidió iniciar un estudio aclaratorio encaminado a que Finlandia esté en condiciones de firmar la Convención de Ottawa en el año 2006 y a sustituir las minas antipersonas por otros métodos para finales del año 2010. 
Los finlandeses participamos en las acciones conjuntas internacionales de extracción de minas. 
Tanto los expertos de Finlandia como los vehículos finlandeses equipados para la extracción de minas han participado en tareas de desminado en Camboya durante dos años y medio, en Mozambique durante un año y en Kosovo durante otro año. 
Como parte firmante, Finlandia cumple las estipulaciones del Protocolo sobre Minas Terrestres del Convenio de las Naciones Unidas sobre Determinadas Armas Convencionales, que fue renovado en 1996 y que entró en vigor en diciembre de1998. 
Finlandia no se siente amenazada militarmente. 
Sin embargo, somos el único país de la UE que tiene una frontera terrestre de más de mil kilómetros con una superpotencia exterior. 
Finlandia se encarga por sí misma de su propia defensa de forma fiable. 
Hasta que no nos proveamos de un sistema de defensa sustitutorio, que absorberá alrededor de la mitad de las asignaciones presupuestarias anuales a las Fuerzas Armadas, las minas terrestres antipersonas formarán parte del sistema de defensa finlandés. 
En Finlandia no hay ni una sola mina antipersona enterrada. 
Finlandia no se ha dedicado nunca a la exportación de minas antipersonas y éstas dejaron de fabricarse en Finlandia en 1981. 
Todas las minas están almacenadas. 
Tras el desminado que se efectuó una vez acabada la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940, las minas antipersonas finlandesas no han causado en Finlandia lesiones ni a la población civil, ni a los militares finlandeses. 
Finlandia es uno de los escasos países del mundo que firman y ratifican los tratados internacionales únicamente cuando está en condiciones de cumplir hasta la última coma de sus estipulaciones. 
Y así ocurrirá también en lo que se refiere a la minas antipersonas. 
Señor Presidente, nunca hablamos con tanta gente ni con tan poca atención en la Asamblea. 
La producción y la utilización masivas de las minas antipersonas han supuesto un fenómeno tremendo, no sólo por sus consecuencias, sino también porque ponen de manifiesto unas preocupantes crueldad, perversidad, hipocresía, además de una paradójica deshumanización de buena parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar a la humanidad y de asegurar el progreso de ésta. 
Las cifras que aparecen en los informes de las Sras. Bonino y Morgantini resultan escalofriantes y, ante su lectura, muchos reaccionamos con una profunda vergüenza en nuestra condición de gente dedicada a la política y con un pesimista escepticismo en cuanto a la propia condición humana. 
Estamos hablando de millones de muertos y mutilados, de 70 a 100 millones de minas que pueden explotar en cualquier momento, de 60 países afectados. 
Los informes insisten menos en el hecho de que la mayoría de las minas se han fabricado fuera de los países donde están enterradas. 
Tampoco se subraya que el listado de países más gravemente infectados comprende, fundamentalmente, países del mundo en desarrollo. 
Sí se insiste, en cambio, afortunadamente, en que las minas, además de una fatal amenaza de muerte y de dolor, constituyen un obstáculo fundamental para desarrollar esas regiones. 
(Interrupción del Señor Presidente solicitando silencio) 
Hace falta coraje ante la realidad que nuestras dos amigas Bonino y Morgantini nos recuerdan para no caer víctimas del desaliento. 
Afortunadamente, sus informes recogen también un listado importante de las acciones que se vienen realizando para poner coto a este disparate de las minas antipersonas, para oponerse a su producción y a su proliferación, para irlas eliminando, para compensar el daño que han producido aquellas que cumplieron ya con su cruel razón de ser, para limpiar y liberar de sus efectos a territorios tan injustamente maltratados. 
Y aquí, como en otros ámbitos, la actuación de la Unión Europea y la del propio Parlamento son motivo de confianza, de reconciliación con nuestra propia especie, como lo es este paso adelante que supone el Reglamento de la Comisión que intentamos mejorar en este trámite parlamentario, reafirmando nuestro compromiso y nuestra esperanza. 
Esta perspectiva orientará nuestras enmiendas y nuestro voto. 
En esa misma perspectiva ha estado nuestro esfuerzo de todos estos años, también cuando en el 98 el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, que tengo el honor de presidir, concedió su premio anual al Sr. Axworthy, ministro de Asuntos Exteriores del Canadá, por los esfuerzos de su Gobierno que se concretaron en la Convención de Ottawa. 
Por cierto, la Sra. Bonino recibió ese mismo premio en el año 99 y su informe de hoy nos da un argumento más a quienes entonces apoyamos su candidatura. 
Señor Presidente, como estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho antes mis colegas, no lo voy a repetir. 
Renuncio a mi tiempo de intervención. 
Lo mejor que podríamos hacer es pasar a la votación. 
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, para cerrar el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
VOTACIONES 
Señora Van Lancker, su solicitud se considera una obligación para nuestros servicios 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0812/2000) sobre la reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0813/2000) sobre la reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común (B5-0814/2000) sobre la reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución común) 
Informe (A5-0289/2000) del Sr. Duhamel, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la constitucionalización de los Tratados (2000/2160 (INI)) 
Señor Presidente, Señorías, vamos a proceder a una votación histórica sobre un texto eminentemente simbólico, es decir: la Constitución Europea. 
No obstante, sería lamentable que pasáramos a la votación de un informe que está plagado de errores jurídicos, de "escorias" en cuanto a la forma. 
No puede dejarse esto en el camino de la Historia. 
Por esta razón, señor Presidente, propongo que se devuelva este texto a comisión, para darle un repaso, a fin de que la votación histórica no esté contaminada por estas contrariedades formales. 
De conformidad con el Reglamento, se ha presentado una solicitud de devolución a comisión. 
Ahora querría escuchar una opinión a favor y otra en contra, en caso de haberlas. De lo contrario, someteré a votación la solicitud del Sr. Martinez. 
Acabamos de mejorar el apartado 19. 
Pero al efectuar esta sustitución del texto nos hemos dejado por el camino una noción importante, que nuestro Parlamento siempre ha reivindicado. 
En efecto, independientemente de nuestra opinión sobre si se está a favor o en contra de una Constitución, todos estamos de acuerdo en que nuestro Parlamento debe pronunciarse mediante un dictamen conforme. 
Con dicha sustitución, este término que figuraba en el apartado original ha sido olvidado. 
Así pues, con el acuerdo del ponente, Olivier Duhamel, les sugiero añadir dicha noción en el apartado 20, en la última línea, cuya redacción sería la siguiente: "desde el lanzamiento hasta la aprobación, (previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, ) del texto definitivo de la Constitución". 
Con este añadido nuestro Parlamento sería coherente con todos sus debates y todas sus votaciones. 
¿Hay alguna objeción a que se añadan esas seis palabras leídas por el Sr. Onesta? 
Bien, someto a votación esta enmienda. 
- (FR) Señor Presidente, no se trata de una enmienda oral a la enmienda 8, sino de una enmienda oral al texto original. 
Usted acaba de decir que se trata de una enmienda a la enmienda 8 (como yo lo he oído en la interpretación). 
No es así. 
Se trata de enmendar oralmente, directamente, el texto. 
Señor Duhamel, la enmienda oral no ha sido objeto de ninguna objeción por parte del Pleno y, en consecuencia, ha quedado aprobada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0288/2000) del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la cooperación reforzada (2000/2162 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0808/2000) sobre el estatuto de las islas. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0802/2000) sobre las mimas antipersonas 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0285/2000) de la Sra. Sudre, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión (COM (2000) 147- C5-0247/2000- 2000/2135 (COS) ) sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299: Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0272/2000) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria (COM (1999) 719- C5-0136/2000- 2000/2082 (COS)) 
Señor Presidente, me satisface comunicar que he votado a favor del informe de la Sra. Bonino cuyo encomiable propósito es contribuir a evitar los daños que sufren en tiempos de paz las víctimas de estas armas de destrucción. 
Sin embargo, quisiera añadir que sería oportuno que nuestro Parlamento se ocupara de las verdaderas causas de los daños producidos no solo por las minas antipersonas, sino por todas las armas que utiliza el género humano. 
Creo que la responsabilidad de estas acciones ha de atribuirse sobre todo a la mente enferma de los jefes de Estado y de Gobierno de muchos Estados del mundo y a la mente enferma de demasiados ciudadanos que piensan en solucionar con la guerra sus problemas. 
Esperemos que esto acabe. 
Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado a favor de este informe. 
Tiene una gran importancia y elogiamos al Parlamento Europeo porque ha desempeñado un papel muy importante en la acción para la prohibición de las minas antipersonas. 
Las ONG han tenido un papel decisivo. 
Han presionado durante mucho tiempo para conseguir sacar adelante el proyecto, a pesar de que algunos gobiernos se mostraban muy reacios y afirmaban que era poco realista. 
Pero si existe la voluntad, se pueden alcanzar muchas cosas. 
Los gobiernos deben tener un papel principal y habría que obligarles a suscribir la Convención. Hay que insistir en que los nuevos países candidatos también suscriban la Convención. 
Cuando contemplamos lo que está ocurriendo en todo el mundo, es intolerable que mucho tiempo después de que hayan finalizado las guerras, las personas sigan sufriendo las consecuencias de las minas terrestres. 
Civiles inocentes, mujeres y hombres y especialmente niños han quedado mutilados o han muerto a causa de un arma que seguía activada mucho después de que finalizara la guerra. 
La idea de que las empresas ganen dinero con estos materiales inhumanos es del todo inaceptable. 
Alguien se refirió antes a las otras armas que se producen. 
Debemos examinar la producción de todas las armas, no sólo las minas terrestres, especialmente en la Unión Europea, puesto que en primer lugar debemos hacer orden en nuestra propia casa. 
No es aceptable ni ético que proporcionemos puestos de trabajo o ganemos dinero con cosas que matan, mutilan y hieren a las personas. 
La idea de que la tecnología, conocimientos expertos y fondos sean puestos al servicio de la creación de armas que destruyen a las personas y el medio ambiente es inaceptable. 
El avance de la acción contra las minas terrestres demuestra que es posible progresar hacia una sociedad más humana, que no saque provecho de la muerte y la destrucción. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre la acción contra las minas antipersonas. 
La Comisión da cuenta en su Comunicación de en qué acciones la Comunidad ya ha participado para combatir el empleo de las minas antipersonas. 
Dinamarca ha participado en la limpieza de minas efectuada con carácter humanitario en varias ocasiones, en las que se ha tratado de una intervención civil y no militar. 
Por ello no ha chocado con la reserva danesa en materia de defensa. 
Las acciones han sido financiadas con fondos procedentes de muy diversas líneas presupuestarias. 
La Comisión propone por ello adoptar una iniciativa para una línea presupuestaria horizontal. 
El Parlamento respalda esta solución puesto que la actual estructura compuesta por numerosas y diferentes líneas presupuestarias no es transparente y no contribuye a un esfuerzo coherente. 
Aún es dudoso qué base jurídica propondrá la Comisión para esta iniciativa. 
De ahí que resulte también difícil en el momento actual preveer si la iniciativa chocará con la reserva danesa. 
No osbtante, sería una lástima que Dinamarca no pudiera participar en un proyecto cuyo objeto es eliminar completamente las terroríficas e inhumanas minas antipersonas en el curso de los próximos diez o quince años. 
. (EN) Apoyo firmemente la decisión del Parlamento Europeo de emprender una acción positiva en la lucha contra las minas terrestres antipersonas. 
La Unión Europea tiene la obligación de adoptar una posición firme en contra de las armas destinadas a la población civil, cuyas víctimas son en su gran mayoría no combatientes. 
Asimismo, en las extensas zonas del territorio cubierto de minas es imposible cultivar productos alimenticios incluso muchos años después de haber finalizado el conflicto. 
Aunque respaldemos la intención principal del informe, no compartimos en todos los casos los caminos descritos para su consecución. 
Vemos un problema en que "se vacíe" a la PESC de la responsabilidad de emprender acciones civiles. 
Una política de seguridad y de paz seria, dicho sea de paso, sería más fácil de alcanzar si los medios de la PESC y los medios de los Estados miembros destinados a acciones militares fueran acompañados en la misma proporción por una mayor provisión de fondos para acciones humanitarias. 
. (FI) Finlandia aspira a adherirse a la Convención de Ottawa en el año 2006 y a sustituir las minas terrestres antipersonas por otros sistemas de defensa para finales del año 2010. 
Finlandia no ha exportado nunca minas antipersonas. 
Finlandia ha fabricado y ha almacenado minas antipersonas exclusivamente para sus propias necesidades de defensa. 
Los gastos en defensa de Finlandia han sido tradicionalmente de los más bajos de Europa. 
La decisión de eliminar las minas antipersonas supone un gran reto para la defensa terrestre de Finlandia. 
Las minas terrestres antipersonas son un arma de defensa. 
¿O es que alguien puede explicar cómo se lleva a cabo un ataque usando minas antipersonas? 
Las minas terrestres son una parte crucial de la estrategia de defensa de Finlandia. 
Está previsto abordar los posibles sistemas sustitutorios a la luz del nuevo estudio aclaratorio en materia de defensa para el año 2005. 
A continuación, habrá que examinar las cuestiones de financiación, los sistemas y métodos sustitutorios y las consecuencias de todo ello en el desarrollo de nuestra doctrina de defensa. 
Finlandia seguirá trabajando para alcanzar el objetivo de la prohibición total y seguirá participando en las acciones internacionales conjuntas de extracción de minas. 
- (NL) Como pequeño país hemos estado a la cabeza de la lucha contra la utilización de minas terrestres. 
Europa está en la vanguardia de los programas de retirada y destrucción de minas. 
Es por eso por lo que he aprobado el informe BONINO. 
Muy en particular quisiera llamar su atención sobre la necesidad de desarrollar una tecnología adaptada al terreno que permita detectar las minas, ya que tarde o temprano uno de cada cien expertos en desactivación de minas es víctima de su propia actividad, entre otras causas debido a la aplicación de métodos de detección imprecisos. 
Todos los indicios apuntan a que el uso de biosensores como perros o ratones adiestrados aporta buenos resultados en la práctica. 
A pesar de ello, los medios financieros se emplean principalmente en técnicas de detección militares de alta tecnología. 
Señor Presidente, tanto como diputado del Partido Popular Europeo como, sobre todo, como diputado del Partido de los Pensionistas, a pesar de que no han sido aprobadas algunas enmiendas que presenté en comisión, no puedo sino emitir mi voto favorable a este informe de la Sra. Van Lancker, sobre todo porque en su letra g) hace votos, exhorta a la Comisión, al Parlamento y al Consejo a que aprueben una pensión mínima para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
En este Parlamento hablamos de la presión de los neumáticos y de la longitud de los vehículos, pero no hemos logrado comprender lo muy importante que es que haya un reglamento común en todos los quince Estados para una pensión mínima digna. 
Por este motivo he votado a favor. 
El informe Van Lancker menciona algunos principios generales, como el derecho a percibir una pensión o un salario mínimo, o el derecho de huelga, que el texto del Consejo de la Unión Europea- el único texto que posee valor de decisión- ni siquiera menciona. 
Por lo demás, la ponente pide al Parlamento que apruebe la supuesta política social propuesta al Consejo por la Comisión; dicho de otra manera, le pide que apruebe un vacío descomunal, ya que no existe ninguna medida concreta capaz de mejorar la situación de los trabajadores. 
Nada obliga a las grandes empresas a crear empleos, e incluso pueden seguir suprimiéndolos a pesar de que obtengan beneficios considerables. 
Los dirigentes de la Unión Europea piden a los interlocutores sociales que desempeñen un papel más importante en los ámbitos del empleo que sean de su competencia. 
Pero eso es puro cinismo. 
Como si los empresarios y los asalariados estuviesen en igualdad de condiciones en materia de contratación. 
Es una forma de acusar a los trabajadores en paro de ser responsables, al menos parcialmente, de su propio desempleo. 
Ahora bien, aunque hemos votado a favor de la mención de los derechos sociales elementales, al abstenernos, hemos rechazado el conjunto de una política de complicidad con la práctica brutal de las grandes empresas, que en toda Europa despiden, moderan los salarios, generalizan la precariedad y debilitan la protección social. 
- (FR) Deseo saludar el trabajo realizado sobre la agenda social de la Presidencia francesa y de Martine Aubry, tanto desde el punto de vista de la forma como del contenido, y deseo, pues, felicitar expresivamente a la Sra. Van Lancker. 
Esta agenda, cuya iniciativa incumbe a la Presidencia francesa, constituye un verdadero programa de trabajo para los próximos cinco años. 
La misma se inscribe en el marco de las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa, cuyas principales conclusiones se refieren al establecimiento de una economía basada en el conocimiento más competitiva y a la realización del pleno empleo. 
La agenda ha sido establecida en concertación con las instituciones europeas y las ONG, que han sido plenamente asociadas a su elaboración. 
En el informe Van Lancker se han tenido en cuenta algunas de las propuestas presentadas por la sociedad civil y los expertos, con ocasión de la conferencia común de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que sobre esta cuestión se organizó los días 21 y 22 de septiembre de 2000. 
Dicha agenda constituye, pues, una señal política clave para los ciudadanos europeos, para quienes generalmente Europa se limita a la creación de un gran mercado. 
La misma pone de relieve la existencia y la realidad del modelo social europeo, pero también la necesidad de modernizarlo. 
No tenemos derecho a decepcionar a los ciudadanos. 
La agencia social debe, pues, responder a una ambición importante, para confirmar el hecho de que las políticas social, económica y de empleo están estrechamente ligadas y de que son interdependientes, así como los componentes equivalentes al triángulo de la política comunitaria tendente a mejorar la calidad social de la vida de todos los ciudadanos. 
En efecto, la política social, debe ser una verdadera política, con objetivos propios. 
Ésta no puede ser considerada únicamente como derivada de la política económica y del empleo o de la construcción del gran mercado, y menos aún como un elemento cada vez más residual. 
En los próximos cinco años será necesario crear empleos de calidad, prever y gestionar el cambio al nuevo entorno social, sacar provecho de las posibilidades que brinda la economía basada en el conocimiento, modernizar y mejorar la protección social, fomentar la inclusión social, favorecer la igualdad de sexos y luchar contra la discriminación. 
¡Me felicito por la adopción en Niza de esta agenda social, que demuestra, junto con la Carta de los derechos fundamentales, que estamos en un momento crucial de la construcción europea, que actualmente busca fortalecer la dimensión social y ciudadana de la Unión! 
. (EN) La Unión Europea está cosechando un éxito tras otro como entidad política y económica. 
No obstante, los logros económicos no son el único criterio por el que deben ser juzgados los legisladores de la Unión Europea. 
Nos incumbe a todos nosotros garantizar que se abordan de frente y se atajan los problemas sociales fundamentales que existen en nuestra comunidad. 
En este sentido, acojo con satisfacción que la Comisión Europea haya aceptado el Programa operativo sobre recursos humanos del Gobierno irlandés para el período de siete años 2000-2006. 
Se trata de un programa social muy justo y equilibrado y es uno de los principales puntales del Plan de desarrollo nacional del Gobierno Irlandés para el período de siete años a partir de 1999. 
El programa garantiza que se darán oportunidades a aquellos que no tienen una profesión ni formación académica. 
El programa hace especial hincapié en la creación de planes para ayudar a los desempleados de larga duración, así como a los jóvenes que abandonan el colegio sin haber terminado los estudios. 
Este plan reconoce asimismo algo que está reflejado en la Agenda de política social de la Unión Europea para 2000-2005, a saber, la necesidad de garantizar a la actual fuerza laboral la oportunidad de reciclarse. 
La Agenda de política social de la Unión Europea reconoce la necesidad de ofrecer a la población activa oportunidades de reciclaje profesional en el ámbito de la tecnología y actividades en Internet. 
La tecnología evoluciona con tanta rapidez que si la Unión Europea quiere seguir siendo competitiva, la población activa de la Unión Europea deberá poseer los conocimientos informáticos necesarios. 
La adaptabilidad de la población activa y el fomento del espíritu empresarial son otros de los puntales de los planes del Gobierno irlandés para los próximos siete años. 
Para que esta política sea un éxito en nuestro país y para que dé resultados en el contexto más amplio de la Unión Europea, es absolutamente necesario que las instituciones de segundo y tercer nivel pongan en marcha políticas que permitan la realización del espíritu empresarial en Europa. 
- (FR) Este informe constituye un avance considerable por la vía de la construcción de una Europa social y del empleo. 
El mismo se apoya en las conclusiones de la cumbre de Lisboa, a fin de obtener en Niza un acuerdo relativo a la aplicación de una agenda social europea, sobre la que se fundamenta la política social europea por un período de cinco años (2000-2005). 
La agenda ofrece una visión global y coherente de lo que podría constituir una verdadera política social, armonizando los ámbitos económico, social y del empleo. 
Utiliza todos los instrumentos existentes a partir de ahora en el plano de la Unión Europea: Carta social, capítulo sobre el empleo, el fundamento jurídico del artículo 13, para luchar contra todas las formas de discriminación, etcétera. 
Nuestra ponente acoge favorablemente las propuestas de la Comisión Europea y las completa con una mayor demanda de normas europeas en materia social. 
En la elaboración legislativa se refuerza el papel y el diálogo con los interlocutores sociales afectados. 
Sin embargo, en caso de desacuerdo, nuestra comisión urge a la Comisión ejecutiva para que utilice su derecho de iniciativa, proponiendo la legislación adecuada. 
Lo importante es lograr más Europa social y, por tanto, más legislación social europea. 
Por otro lado, el ponente nos pide asimismo que apoyemos a los Estados miembros en sus esfuerzos por crear un salario mínimo, así como un derecho a una jubilación mínima, que permita a cada ciudadano vivir con dignidad. 
No puedo menos que comprometerme a apoyar este informe que, al igual que la Carta de los derechos fundamentales, encarna nuestros valores comunes, que impiden que nuestra Unión se reduzca a un simple mercado. 
. 
(SV) Este informe se ocupa de la agenda de política social de los próximos años. 
Contiene numerosas propuestas para mejorar las condiciones sociales y de los trabajadores, que respaldamos en su totalidad. 
Apreciamos las palabras de la ponente acerca de los métodos abiertos de coordinación que respetan la independencia de los Estados miembros en materias de política social, fundamentándose en una armonización y coordinación de carácter voluntario. 
No obstante, nos preocupa que el informe también contenga propuestas que implican que la Comisión deberá ser la impulsora del desarrollo en materias de política social en Europa, lo que implica que también en este campo asistimos al desarrollo de un superestado Para que la política social y la de mercado funcionen adecuadamente, el punto final debe ser un proceso de reformas que crezca desde abajo y que refleje las diferentes condiciones y experiencias existentes en Europa. 
. (FI) Quiero indicar que he votado en contra del informe de la Sra. Van Lancker. 
Rara vez llegan al Pleno del Parlamento Europeo informes socialistas de tinte tan conservador como el informe de la Sra. Van Lancker sobre la Agenda de la Política Social de la UE que acabamos de votar. 
En la proclamación de su programa, la Sra. Van Lancker quisiera llevar acabo todas aquellas medidas, cuya realización quiso ser impedida por los ciudadanos, repito impedida, cuando en los últimos comicios eligieron una mayoría de derechas para el Parlamento Europeo. 
No podré sino horrorizarme si la Comisión realmente presta su apoyo a estas exigencias tan poco realistas, casi descabelladas, que acaban de ser aprobadas. 
Las propuestas del Parlamento no podrían ser más inconsecuentes con los objetivos de Lisboa. 
En Lisboa, los Gobiernos nacionales de la UE, principalmente los dirigentes socialistas de la mayoría de ellos, proclamaron vigorosamente su objetivo de convertir a Europa en la economía más dinámica y competitiva del mundo. 
Si las propuestas de la Sra. Van Lancker son aceptadas, estaremos retrocediendo con toda seguridad años luz en lo que se refiere a nuestras posibilidades de alcanzar los importantes, ambiciosos e imprescindibles objetivos de Lisboa. 
He aquí lo que la Sra. ponente propone en realidad: según la Sra. Van Lancker, hay que reducir notablemente la jornada laboral en Europa, hay que incrementar de forma importante la legislación en el ámbito de la Política Social en la UE, hay que incrementar de modo masivo el nivel de la protección social en Europa, hay que aumentar el poder de los sindicatos y posibilitar las negociaciones sobre las condiciones laborales a nivel supranacional, hay que ampliar los derechos de las organizaciones de trabajadores para que puedan hacer oír su voz y, por último, las repercusiones político-sociales han de ser prioritarias en todos los sectores de la economía, en la política de competencia y en las adquisiciones públicas. 
Sólo puedo traer a la memoria de todos los colegas la sabia observación de la Presidenta de la UDC- Unión Demócrata Cristiana -, Sra. Angela Merkel: en política se necesita una dimensión social más amplia, pero dimensión social no es lo mismo que socialismo. 
. (FR) No puedo resistirme a emplear términos o, más bien, neologismos dignos de los que figuran en el informe, para denunciar la "e-pocresía" recurrente de ustedes en materia de empleo y de protección social. 
Ya pueden delirar hasta la saciedad sobre la sociedad de la información, que resolverá todos los problemas cuando- desde los bebés hasta los enfermos que guardan cama, pasando por los analfabetos- todo el mundo tenga una dirección "e-mail" en lugar de los medios para comprarse el equipo informático para consultarla. 
En la e-Europa de ustedes, por otro lado, se preocuparán por suministrar dicho material a todos cuando los ordenadores miren a los usuarios más de los que éstos mirarán a los ordenadores y cuando estos últimos elaboren informes. 
Los sempiternos delirios de ustedes son menos divertidos cuando uno advierte que su objetivo no es el bienestar de los europeos, sino elaborar siempre y cada vez más leyes, directivas y reglamentos bruselenses. 
La concepción que ustedes tienen de la cooperación abierta es caer en el esquema institucional dominado por los funcionarios de la Comisión. 
Lo único realmente abierto, de par en par, es la posibilidad de ampliar hasta el infinito los poderes de Bruselas, sin hacer caso de los Tratados. 
Los poderes que proponen dar a Bruselas son: la gestión y la definición de la protección social mínima; la flexibilidad laboral, o sea, la explotación del trabajador; la reducción obligatoria de la jornada laboral, que congela los salarios y perjudica a las empresas; el poder efectivo sobre el diálogo social, como Aubry en Francia. 
Por eso nosotros nos abstendremos con respecto a este informe: porque si bien nos congratulamos de su preocupación por el empleo, aun cuando sea artificial y tardía, no podemos razonablemente aprobar sus propuestas concretas. 
- (DE) Las trabajadoras y trabajadores tienen con frecuencia problemas de identificación con Europa. 
Mientras que ante las transformaciones globales en curso, el mercado interior europeo se desarrolla dinámicamente y la Unión Económica y Monetaria se profundiza cada vez con mayor rapidez, la Unión social parece ser casi siempre un cuerpo extraño que está de sobra. 
Y eso que desde 1997, la Unión dispone desde Amsterdam de nuevos instrumentos para desarrollar mejor la política social y desde Lisboa, en marzo del 2000, el Consejo pretende lograr, junto a un mayor crecimiento y unos puestos de trabajo cualificados, también una mayor cohesión social. 
Con el tercer programa social, la Comisión subraya el hecho de que la política económica de empleo y social deben entrelazarse más intensamente. 
Una prueba de ese entrelazamiento los aporta la capacidad de empleo: las personas- no sólo los jóvenes- necesitan unos mayores conocimientos y capacidades para la transición de la sociedad industrial a la sociedad de los conocimientos. 
Por ello, en los Estados miembros hay que invertir más en la formación inicial y continuada, en el aprendizaje de idiomas, en la movilidad y en la comunicación. 
Muchas de las exigencias que se exponen en el informe Van Lancker no se pueden aceptar. 
Por ejemplo, se quiere ampliar el proceso de Luxemburgo, que es aplicable para la política de empleo, también a la protección y a la exclusión social. 
Este método, en el que se determinan objetivos comunes y se ejecutan programas de acción nacionales que son evaluados anualmente- también por nuestro Parlamento Europeo- tiene tanto éxito porque se formulan nuevas metas cualitativas y cuantitativas y, al mismo tiempo, se mantiene de modo consecuente el principio de subsidiariedad. 
No se puede ampliar sin más a otros campos; son necesarios unos modos de proceder específicos. 
Los demócrata-cristianos no apoyamos un derecho a unos ingresos mínimos o una pensión unitaria ni tampoco aceptamos la exigencia de nuevo planteada de reducción de la jornada laboral legal en toda Europa. 
Esta solución es muy inferior a la flexibilización del horario laboral tal como demuestra la práctica en muchas empresas europeas. 
Tampoco es aceptable la demanda de que debe existir un fundamento jurídico para las ONG con la finalidad de regular el "diálogo ciudadano". 
Ante tantos deseos expresados de soluciones centralistas, la ponente ha olvidado el principio de subsidiariedad. 
Pero como enmiendas esenciales del Grupo del PPE acaban de obtener una considerable mayoría, he votado a favor del informe. 
. (EN) El Partido Laborista del PE ha votado en favor del informe Van Lancker sobre la agenda social, porque el informe contiene muchos aspectos positivos sobre la Agenda de política social de la Unión Europea y este documento transmitirá el programa de trabajo a la Cumbre de Niza y a la Comisión, aunque no es legislativo. 
No obstante, existen varios ámbitos preocupantes en los que se proponen nuevas medidas legislativas. 
En algunos casos, dichas medidas son relativas a cometidos que convendría que fueran abordados a nivel de los Estados miembros o bien son prematuros, porque la legislación aprobada recientemente aún no ha tenido tiempo de asentarse y de ser evaluada. 
En algunos puntos- las letras a) , b) y c) del apartado 14- el Partido Laborista del PE no ha podido apoyar el llamamiento en favor de "medidas fiscales y legislativas" y "directivas" por los motivos expuestos más arriba. 
Respecto al derecho a la huelga, el Partido Laborista del PE se ha abstenido. Nuestro Grupo opina que este aspecto ya está contemplado en la legislación de los Estados miembros y además está incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El Partido Laborista del PE tampoco ha podido apoyar el llamamiento en favor de una solución legislativa para la participación de los trabajadores en el marco del estatuto de la sociedad europea, ya que la dimensión de las relaciones industriales está contemplada en una legislación diferente. 
Por último, el Partido Laborista del PE opina que las nuevas directivas en el ámbito de la lucha contra la discriminación en el marco del artículo 13 aún no han tenido la oportunidad de ser aplicadas ni de asentarse. 
Por consiguiente, el Partido Laborista del PE ha votado en contra de las propuestas sobre las nuevas directivas verticales, porque sería prematuro introducir nueva legislación. 
Señor Presidente, el Consejo nos recordó, en el debate de ayer, que en Biarritz las posturas de los gobiernos se habían acercado con respecto al principio de la ampliación de las votaciones por mayoría cualificada. 
Esta declaración más bien nos preocupa, y desearía mencionar aquí, entre otros elementos, dos cuestiones que nos preocupan especialmente. 
Ante todo la Comisión ha propuesto comunitarizar, o sea: aplicar la mayoría cualificada en el Consejo, sin la ratificación de los Parlamentos nacionales, a las negociaciones comerciales internacionales sobre los servicios y la propiedad intelectual, tal como lo autoriza el apartado 5 del artículo 132 del Tratado, incorporado por Amsterdam. 
Pero esta transferencia nos parece muy peligrosa, ya que quitaría a los Parlamentos nacionales el derecho de fiscalización sobre las futuras negociaciones de la OMC relativas a estos ámbitos esenciales para la vida de nuestras sociedades. 
Pero lo que es aún peor: la Comisión ha añadido a las cuestiones que se deben comunitarizar las negociaciones sobre las inversiones. 
Si se aceptara dicha propuesta, dentro de los seis meses siguientes la Comisión nos impondría otra versión del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, el famoso AMI, que hace dos años pudo ser rechazado porque dependía de procedimientos estrictamente intergubernamentales. 
Una vez más la Comisión se comporta, pues, de manera escandalosa para prescindir de las democracias nacionales, sin por ello fortalecernos, contrariamente a lo que ésta declara. 
Segunda categoría de decisiones, cuyo posible paso a la mayoría cualificada nos preocupa: la inmigración y la circulación internacional de personas, que, según el artículo 67, TCE, deben adoptarse por unanimidad, al menos durante cinco años, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, pero que luego pueden aprobarse por mayoría. 
Incluso a partir de ahora la Comisión exige este paso. 
Nosotros lo rechazamos enérgicamente. 
En esta materia, nuestra experiencia nos dice que toda transferencia de poder a la Comisión aumenta el laxismo y que todo mantenimiento de poder de los Estados fomenta más bien los comportamientos capaces de garantizar la seguridad. 
Elegimos la seguridad. 
Detrás de las argucias jurídicas de unos y otros, la cumbre de Biarritz ha confirmado que el proceso de ampliación de Europa consiste en una laboriosa negociación. 
Las potencias más importantes, como Alemania, Francia, el Reino Unido y, en cierta medida, Italia, están de acuerdo en someter a su dominación a los pequeños países de Europa Oriental y del sur que solicitan su adhesión a la Unión Europea. 
No obstante, cada potencia busca asegurar su propia preponderancia y garantizar los intereses de sus propios grupos financieros o industriales. 
Lo que se prepara, no es siquiera una Unión de dos velocidades, sino la introducción en la palestra, dominados por los grandes predadores de la economía de Europa, de países menos desarrollados, que continuarán siendo víctimas dentro de la Unión. 
Con respecto a la Carta de los derechos fundamentales, su firma por los jefes de Estado no tenía otro objetivo que un efecto de anuncio. 
El texto suscrito sigue siendo vago con respecto a los derechos humanos elementales, a las protecciones sociales, a la libertad de circulación de los ciudadanos de los terceros países. 
La Carta sólo es precisa en relación con el derecho de propiedad y la libertad de empresa, que afectan únicamente a la clase de los poseedores de capitales. 
Nosotros no tenemos en absoluto la intención de aprobar la actuación ni de la cumbre de Biarritz ni lo que se decidirá en la próxima cumbre de Niza. 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación de la resolución sobre los resultados del Consejo Europeo oficioso de Biarritz por dos tipos de razones: el primero, porque he tenido oportunidad de votar, nominalmente, por separado, los párrafos 2 y 5, lo que me ha permitido expresar mi oposición frontal a ambos. 
En efecto, no estoy de acuerdo con la incorporación en el Tratado de la Carta de Derechos Fundamentales, ya que eso representaría el primer paso para su constitucionalización, camino federalizante que no comparto, ni tampoco, por otro lado, con la generalización indiscriminada de la votación por mayoría cualificada, medida que, separada de las otras que están en debate, puede entrar en conflicto con intereses nacionales relevantes y es incluso contradictoria con la solicitud expresada en el párrafo 7 de la resolución. 
Precisamente ese párrafo 7 es el que ha motivado mi abstención. 
Con este voto mío no contrario, pretendo apoyar toda iniciativa que ponga fin al clima de batalla entre países grandes y pequeños en que se ha desarrollado el debate de la reforma institucional, clima del que la Presidencia francesa ha sido, por desgracia, una de las principales instigadoras. 
Como se dice en el párrafo 7, es absolutamente necesario garantizar soluciones válidas y aceptables para todos los Estados miembros, independientemente de su dimensión o su peso económico. 
Somos europeos y queremos seguir siéndolo, pero siempre con respeto del principio fundador de una Unión de Estados libres y soberanos. 
. 
(SV) Votamos en contra de la resolución, pero queremos comentar los siguientes puntos: 
La Carta de Derechos Fundamentales debe tener el carácter de una declaración política que se hace en la Cumbre de Niza. 
La aplicación de la unanimidad en la toma de decisiones no deberá valer solamente para asuntos de carácter constitucional sino que también para materias que sean de importancia trascendental para los Estados miembros. 
- (DE) Los liberales nos hemos pronunciado desde el principio a favor de una Carta de los Derechos Fundamentales y de su vinculatoriedad jurídica. 
Sin embargo, por motivos jurídicos, consideramos erróneo hacer ya ahora una referencia a la misma en el art. 6 del Tratado de la UE porque en la convención- de conformidad con su estructura- no se puede acordar formalmente, por lo que no tiene ningún soporte jurídico. 
La exigencia de incluirla en los Tratados es demasiado temprana también porque, al contrario que el EMRK, que ha sido ratificado por los Estados miembros, no ha tenido lugar en los Parlamentos nacionales un proceso de formación de opinión al respecto. 
Sólo por estos motivos no hemos votado a favor de las dos partes del apartado 2 de la resolución. 
He votado a favor de esta resolución, porque en ella el Parlamento ha tenido la sensatez de no optar por las tesis "imperialistas" de la Europa de los países grandes y populosos contra la afirmación de los demás. 
La resolución se limita a un voto responsable para que se encuentre un equilibrio de sentido común, basado en la historia de la Comunidad. 
En ese sentido, salen derrotados los que quisieran ver el Parlamento como una "Cámara de resonancia" de las pretensiones (revisionistas) de países más populosos. 
- (FR) Con excepción de la Carta de los derechos fundamentales, en una Europa que envejece, donde las personas de la cuarta edad superarán los 50 millones dentro de dos décadas, no hay nada previsto sobre el derecho a la protección económica, social y humana reforzada. Biarritz se ha ocupado concretamente del recorte de los casos de votaciones por unanimidad, único procedimiento capaz de respetar los intereses de los pueblos, y de la curiosa invención de las cooperaciones reforzadas, también denominada Europa de los círculos, de los pioneros, a la carta, de vanguardia, de geometría variable o de las locomotoras. 
¿De qué es de lo que se trata desde 1951, en París, hasta 1997, en Amsterdam, pasando por 1957, en Roma? 
Europa fue creada por Tratados celebrados, evidentemente, entre Estados iguales. 
Por otro lado, incluso más allá del Derecho, Europa es una gran familia basada en la civilización. 
Una casa común. 
Ahora bien, la idea de cooperaciones reforzadas significa que, en los ámbitos principales, como la moneda, la defensa o la fiscalidad, algunos miembros de la familia europea tendrían más derechos y obligaciones que otros. 
En otras palabras, alrededor de la mesa de la casa europea común, algunos comerían a la carta y otros el menú mínimo. 
Algunos tendrían derecho a hablar sobre la moneda, y otros, como Dinamarca o Suecia, deberían, en principio, callarse. 
Como ocurría antes del sufragio universal total, habría "pueblos ciudadanos" activos y "pueblos ciudadanos" observadores. 
En cierto modo, habría "pueblos hombres", con el derecho de opinar sobre la guerra, los impuestos o la moneda y, como Francia antes de 1945, "pueblos mujeres", privados, alrededor de la mesa, del derecho de decidir. 
Además, como ocurre con esta Europa de geometría variable, el número de comensales con derecho a una carta cambiaría, en el Consejo de Ministros europeos, según el asunto que se discuta; se trataría, pues, de una complejidad adicional en una Europa con un funcionamiento que ya resulta bastante indescifrable. 
Dicho de otra manera, la piedra filosofal de las cooperaciones reforzadas, que permiten eludir de callado la norma de la unanimidad y el derecho de veto, que protegen los intereses nacionales, lograría la hazaña de violar la igualdad de los Estados, de excluir a los pueblos minoritarios en un asunto clave, de agrietar de este modo los cimientos democráticos de la construcción europea, de aumentar la opacidad de dichas instituciones europeas y de sembrar la confusión, si no el desorden, en el seno del Consejo y de la Comisión. 
Una vez más, detrás del humo o de la niebla de lenguaje tecnocrático, se esconde la maniobra: imponer a los pueblos una Europa militar y fiscal que no desean y privarlos de su derecho a decir no a la privación de sus libertades nacionales. 
. (EN) La votación sobre este informe refleja la oposición del Partido Laborista del PE a la incorporación en el Tratado de la Carta de los Derechos Fundamentales y a la parte del informe en la que se limita la unanimidad en el Consejo a los asuntos constitucionales. 
El Partido Laborista del PE ha sido coherente en su rechazo a la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales, porque esos derechos ya están contemplados en las legislaciones nacionales y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
La inclusión del nuevo texto en los Tratados podría dar lugar a confusión jurídica. 
La restricción de la unanimidad en el Consejo a los temas constitucionales excluiría temas fundamentales como el régimen fiscal y la seguridad social que, en nuestra opinión, deben seguir siendo competencias de los Estados miembros. 
La resolución contiene apartados muy positivos sobre la República Federal de Yugoslavia y Oriente Medio, y el Partido Laborista del PE apoya la resolución en general. 
. (IT) Las Cumbres de los jefes de Estado y de Gobierno despiertan siempre grandes expectativas. 
La de Biarritz se presentó como la Cumbre resolutiva de la afirmación de los derechos fundamentales, de todo los derechos, incluso de aquellos jamás imaginados, como si las Comunidades Europeas y los Estados que forman parte de ellas, hubieran vivido hasta ahora sumidos en el caos más profundo. 
Sin embargo, no nos parece que nuestros Estados sean, en el ámbito mundial, los menos atentos a los derechos humanos. 
Cierto ¡todo es perfectible! 
Y el control democrático no debe faltar. 
Sin embargo, no se nos antojaba que la enumeración de estos derechos y su inclusión en los Tratados, era el problema prioritario de la Unión Europea. 
Por otra parte, ni siquiera los jefes de Estado y de Gobierno han conseguido alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión que se volverá a abordar en la próxima Cumbre de Niza. 
Y eso que los problemas urgentes son muchos: 1) definir una política económica que ayude al euro a salir del estancamiento en que se encuentra y promueva el relanzamiento del empleo; 2) captar inversiones en la Unión Europea para desbloquear el estancamiento económico; 3) reformar la regulación en materia de empleo para convertir en más dinámico y activo el mercado; o 4) definir una línea común para ejercer una acción diplomática coherente en defensa de la paz en Oriente Próximo, etcétera. 
Son todas cuestiones muy importantes y urgentes para el futuro de la Unión y para la función que la misma debería cumplir en el mundo. 
No obstante, como sucede con frecuencia, con estas Cumbres, detrás de las alegres declaraciones conclusivas se esconde una verdad mucho más banal: los "Quince" no han logrado dotarse de una política común y las fugas hacia delante con el descubrimiento de los derechos no consiguen que desaparezca la necesidad de afrontar los problemas concretos que afectan a millones de familias y a sectores enteros de productores y de trabajadores. 
Una Cumbre que aborde estos problemas podrá demostrar por fin la utilidad de una institución similar y lanzar a los ciudadanos de la Unión una señal de confianza y de esperanza. 
Informe Duhamel (A5-0289/2000) 
Señor Presidente, hemos votado en contra del informe Duhamel sobre la Constitución europea porque, de acuerdo con el antiguo método Monet, se propone un viraje decisivo disfrazándolo con consideraciones técnicas, sin decir en ningún momento claramente a las poblaciones que, en realidad, se trata de acabar con una concepción de Europa en que las Constituciones nacionales constituyen la norma superior de cada pueblo. 
En la exposición de motivos el ponente se extiende algo más y sostiene que el Tratado ya es ampliamente supranacional, debido sobre todo a las interpretaciones del Tribunal de Justicia. 
Pero, en nuestra opinión, las interpretaciones de los quince jueces, que van más allá de los Tratados tal como fueron ratificados, son claramente abusivas, y seguimos esperando que sean sometidas a la aprobación de los pueblos de los Estados miembros. 
Por otro lado, el ponente se hace eco de la nueva teoría de moda en Bruselas, la supuesta doble legitimidad de la Unión Europea: la de los ciudadanos, representados por el Parlamento Europeo, y la de los Estados, representados por el Consejo. 
Dicha teoría no corresponde al Tratado, que sólo admite una sola legitimidad, cito, la "de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad", según la fórmula de los artículos 189 y 190 del Tratado CE. 
Dicha fórmula significa que la Comunidad es solamente una reunión de Estados, que se apoyan en sus pueblos. 
En ningún caso los diputados europeos representan a los ciudadanos europeos, en general. 
Representan a sus respectivos pueblos, y en este sentido colaboran en el control europeo de los Estados; pero dicho control sigue siendo complementario, ya que el control principal corresponde a los Parlamentos nacionales. 
Dicho de otra manera, el hecho de que los diputados europeos representen a sus pueblos no modifica la naturaleza de la Comunidad. 
Su efecto no es colocar a un ciudadano fantasmal por encima de los ciudadanos nacionales, y menos aún colocar una democracia europea artificial por encima de las democracias nacionales, o incluso en igualdad de condiciones. 
Señor Presidente, estoy totalmente a favor del informe Duhamel. 
Estoy convencido de que las personas mayores y los pensionistas creen que Europa representa el futuro de paz y, por lo tanto, cualquier paso, por pequeño que sea, en esta dirección merece nuestro pleno apoyo. 
¿Acaso el Partido de los Pensionistas puede no estar a favor de Europa, al ser el único partido presente sólo en el Parlamento Europeo y no en los Estados nacionales? 
Puedo considerarme de pleno derecho como el único representante de un partido que está presente sólo en el Parlamento Europeo. 
¿Quién es más europeísta que Carlo Fatuzzo? 
Desde este punto de vista, tan estético, deduzco que esto refuerza el verdadero contenido de lo que nosotros, los pensionistas, queremos: una Europa realmente unida. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Duhamel porque creo que no hemos adoptado el enfoque adecuado. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Berthu, de que la idea de un Estado único con una única Constitución debilita por completo la soberanía nacional de los Estados miembros. 
Este proyecto se ha vendido bajo la idea de una Constitución para la sociedad, lo que está muy bien, pero si nos quedamos con una sola circunscripción, estaremos diluyendo el poder de los individuos en los Estados miembros. 
Se ha hablado de referendos y de las enmiendas presentadas a este informe relativas a dichos referendos. 
Los referendos son muy importantes, pero en el caso de que exista una única circunscripción, no sería democrático ignorar a casi el 50% que vote en contra en un Estado miembro. 
Resulta interesante que haya personas que presentan la idea de un referéndum como éste, porque si tenemos en cuenta las modificaciones de los Tratados que se han producido con el paso de los años, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Amsterdam, han sido muy pocos los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros que han podido opinar al respecto, y por ello no estamos seguros de lo que desean los ciudadanos de los Estados miembros. 
El reciente referéndum sobre el euro celebrado en Dinamarca demuestra que son muchas las personas las que, si se les diera la oportunidad, harían declaraciones diferentes a las que se hacen en esta Asamblea, pero no tienen esa oportunidad. 
Señor Presidente, en la votación sobre la solicitud de devolución del informe Duhamel me he abstenido para expresar mi protesta. 
Yo soy una apasionada oponente de la extrema derecha aquí en el Parlamento. 
Pero que en esta Asamblea sea posible que un representante de la izquierda- no sé ya quien ha sido- califique a representantes elegidos de esta Asamblea como ensuciadores sin que usted, señor Presidente, le haga una llamada al orden, me ha afectado profundamente. 
No deberíamos aceptar un vocabulario de este tipo pues era exactamente el vocabulario de aquellos de extrema derecha que estaban en el poder en mi país cuando yo aún no había nacido o era una niña pequeña. 
No deberíamos aceptarlo, con independencia de quien utilice tal vocabulario, sean de extrema derecha o de extrema izquierda. 
Los socialdemócratas suecos y daneses hemos votado hoy en contra del informe presentado por Oliver Duhamel sobre la constitucionalización de los Tratados. 
El informe está fundado en el supuesto de que los tratados deben contener una parte fundamental, de que las políticas comunes deben aparecer como protocolos al tratado marco y de que deben haber diversos procedimientos para la adaptación de los diversos textos. 
Creemos que la base de la colaboración en la UE debe seguir siendo la unanimidad sobre las cuestiones fundamentales relativas a la base jurídica sobre la que descansa la UE. 
De ahí que no podamos votar a favor del informe. 
No obstante, estamos de acuerdo cuando el informe señala que los tratados en su forma actual dejan mucho que desear en materia de sencillez y transparencia. 
Por ello, nos gustaría ver una refundición de los textos que permita un acceso más racional y comprensible a los objetivos y los medios para la construcción de la UE. 
, por escrito. 
(SV) Desgraciadamente la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo no ha aprendido de lo que ha sucedido en la Unión Europea en los últimos años. 
En la elección al Parlamento Europeo de 1999 participó sólo el 40 por ciento del electorado, sin considerar a los países en los que existe el voto obligatorio ni a aquellos en los que se realizaron simultáneamente elecciones nacionales. 
Tan bajo era el entusiasmo por el proyecto federalista de la UE en 1999. 
Ahora, en septiembre de 2000, el pueblo danés votó en contra de la incorporación a la UEM y seguramente los ciudadanos de más países habrían votado en contra del proyecto de UEM si hubiesen tenido la oportunidad de hacerlo. 
Resulta interesante comprobar que en la noche electoral del mes pasado los socialdemócratas daneses celebraban cuando se informaba sobre la votación en los sectores de clase alta, al mismo tiempo que recibían con decepción el voto de las circunscripciones de trabajadores. 
Esto debería ser una campanada de alarma, de que hay algo que está mal en la UE. 
No obstante esos fracasos del proyecto de estado federal de la UE, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha elaborado un nuevo informe cuyo objeto es la creación de una constitución para la UE, a pesar de que es algo que no demandan los ciudadanos. 
Lo que se necesita en la Unión Europea, en cambio, es una definición más clara del "principio de cercanía". 
Actualmente este principio es sólo una herramienta para la propia UE, ya que la mayoría de las decisiones políticas se toman en el ámbito comunitario, con el resultado evidente de que la UE absorbe nuevos sectores políticos. 
Además, para mejorar la colaboración europea en concordancia con los deseos de los pueblos, es necesario simplificar las normas referentes a la flexibilidad. 
También hay que delimitar cuidadosamente los sectores en los que la UE no tiene nada que hacer, los campos en los que los Estados miembros son soberanos para adoptar decisiones. 
Los diputados socialistas portugueses han votado a favor del informe Duhamel sobre la constitucionalización de los Tratados, en particular por estar de acuerdo con la necesidad de que la Unión Europea simplifique y organice los textos fundamentales que la rigen, que hoy son casi ilegibles, dada la complejidad introducida por la excesiva acumulación de Tratados. 
Para eso, es esencial que la Unión Europea llegue a tener una Constitución que incluya la Carta de Derechos Fundamentales. 
La vivencia de una democracia plena en la Unión Europea tiene todas las de ganar con la aprobación de una Constitución que sea clara, simple, legible y una referencia para todos los ciudadanos. 
Sin embargo, los eurodiputados socialistas portugueses no están de acuerdo con que la ratificación de esa "Constitución" deba obligatoriamente hacerse mediante referéndum. 
Desde esa posición no se puede inferir que estemos contra la utilización de la institución del referéndum ni que a un mayor grado de profundización política de la Unión Europea no deba corresponder una consulta popular a los portugueses. 
Esa elección debe ser autónoma y libre y no debe obedecer a una imposición que pudiera chocar con los usos constitucionales de cada país. 
Por eso mismo, los diputados socialistas portugueses han votado contra la propuesta de su propio Grupo político encaminada a un modelo referendario uniforme para todos los países miembros de la Unión Europea. 
Para alcanzar el deseable objetivo de una Constitución europea, es desaconsejable imponer modelos y metodologías rígidos, que impedirían fatalmente la consecución del objetivo deseado. 
En una materia tan delicada, audacia y prudencia deben ir de la mano. 
- (FR) Apoyo, tanto en el plano de la forma como en el plano del fondo, el análisis y el informe de Olivier Duhamel. 
Europeo de toda la vida, presidente del Movimiento Europeo de Nord y de "Ciudadano de Europa", soy federalista europeo, puesto que soy partidario de una Europa política, social, ciudadana, así como democrática y eficaz a la vez. 
En el momento en que nuestra Unión Europea está estancada en unos nacionalismos solapados y en que está amenazada por fascismos más o menos bien disfrazados, era necesario, es necesario, un nuevo impulso. 
Olivier Duhamel y su informe ayudan a ello con talento. 
¡He votado, pues, a favor de su informe con determinación y un atisbo de entusiasmo! 
- (FR) A pesar de valorar positivamente el trabajo de Olivier Duhamel, me he abstenido en la votación final porque considero prematuro el debate sobre una Constitución europea. 
Aunque deseable en sí misma, la adopción de dicha Constitución no puede ser sino el broche final de una profunda reforma institucional. 
Una Constitución sólo tendría sentido si constituyera el marco democrático de una verdadera federación europea, de Estados Unidos de Europa. 
Mientras la UE siga siendo una suma de Estados-naciones que sólo practican una solidaridad restringida, limitada desde el punto de vista presupuestario a un tope máximo del 1,27 % del producto interior bruto de Europa, cualquier intento de "constitucionalización" de los Tratados existentes no representa más que una huida hacia delante en un terreno político incierto. 
- (FR) Rechazamos el informe en nombre de la Europa democrática que deseamos construir. 
Al renovar los medios y los objetivos utilizados por la Carta de los derechos fundamentales, con el fin de elaborar ahora una Constitución, la Unión sigue construyendo una Europa que no está hecha ni por las poblaciones ni para ellas, ya sean de países miembros o candidatos. 
Ni para los pueblos, porque no hay ninguna línea que mencione el contenido social de Europa. 
A similitud de una Carta que favorece ante todo la libertad de empresa y el derecho de propiedad, sin proteger a los 62 millones de pobres y a los 18 millones de desempleados, ahora se discute fortalecer políticamente la Europa liberal de Maastricht. 
Una verdadera Constitución social debería nivelar hacia arriba lo mejor de los logros para el mundo del trabajo, de las mujeres, de los inmigrantes y de los ciudadanos. 
Ni para los pueblos, y ello a pesar de ciertas alusiones hipócritas a posibles referendos, porque, repito, son algunas delegaciones institucionales las que decidirán la suerte de 385 millones de personas. 
Unos estados generales europeos del movimiento social hubiesen permitido avanzar hacia una verdadera Carta de los derechos de los pueblos y de los trabajadores. 
Todo está preparado para organizar un debate aséptico entre federalistas y soberanistas. Eso es fácil sobre todo teniendo en cuenta que no se abordan las cuestiones sociales. 
Nosotros rechazamos esta falsa elección y reclamamos, con el movimiento social, otra Carta para otra Europa. 
- (FR) La adopción de este informe en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aprobado por 18 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, ilustra el foso que separa a los diputados de este Parlamento en la materia. 
Este informe de propia iniciativa del Sr. Duhamel puede ser clasificado entre aquellos informes que habría sido mejor no elaborar, sobre todo en este momento. 
Ya que como están las cosas en los diferentes Estados miembros, el informe supone el riesgo de ser más bien contraproducente en una época en que lo primero no es un amplio debate sobre una Constitución, sino la elaboración de un Tratado capaz de permitir a la Unión Europea que asimile la ampliación sin poner en peligro el método comunitario, clave del éxito de la integración europea. 
En este debate "Constitución o Tratado", confío más en Jacques Delors que en el Sr. Duhamel y en aquellos que le han seguido para someternos este informe. 
Con razón, Jacques Delors recordó, hace apenas un mes, concretamente con ocasión de una reunión de nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, que el término "Constitución" implica una gran ambigüedad. 
Nos dijo haber creído entender, de acuerdo con una gran parte de la clase política, que preferíamos que nuestras relaciones internacionales se rigieran por un tratado internacional. 
En este contexto- cito siempre a Jacques Delors- aceptaríamos ejercer conjuntamente la soberanía en determinados ámbitos. 
¡La Constitución es otra cosa! , hace referencia a un Estado único. 
La Constitución lanzaría a los Estados miembros a un terreno muy peligroso, que podría llevar a un Tribunal Constitucional a desposeer progresivamente a las naciones de las prerrogativas que los Estados piensan seguir ejerciendo. 
Un buen Tratado vale más que un tratado al que denominaríamos "Constitución" (fin de la cita a propósito de Jacques Delors). 
Puesto que me identifico- con estas palabras llenas de sentido común- con Jacques Delors, no he votado a favor del informe del Sr. Duhamel. 
Aun sin negar una intención loable de fortalecimiento, aclaración y profundización de la Unión Europea, así como una simplificación de los textos necesaria para la proximidad de su funcionamiento en relación con los ciudadanos, no he votado a favor. 
En lo esencial, la resolución aparece como una "Caja de Pandora", pues en el texto no queda formalmente claro para qué sirve una Constitución europea o cuál es su verdadera conveniencia o urgencia. 
Por su naturaleza, una Constitución, en los moldes en que a veces es defendida contradictoriamente para Europa, tanto puede brindar el camino hacia una "civilización" de la Unión, basada en la democracia y la ciudadanía, como puede ser el instrumento de una "aclaración" de competencias, un círculo de tiza, que limite formal y definitivamente la Unión y sus órganos en competencias muy particulares y concretas. 
Constitucionalización de los Tratados tanto puede ser desarrollo de la Unión y defensa de sus competencias políticas como, al contrario, puede no ser más que una formalización sacralizada del principio de subsidiariedad. 
Singularmente, muchos diputados e incluso el Primer Ministro Blair son partidarios de la Constitución europea... 
Pese a la claridad del discurso de Mário Soares, que ha interpretado este informe en su sentido europeo profundo, sin concesiones a facilonerías referendarias muy arriesgadas y sin tradición en muchos Estados miembros, tal es, simplemente, la interpretación clara de un europeo de convicciones e historia hecha. 
El texto, por desgracia, no acompaña el designio y la voluntad del primer europeo de los portugueses. 
En esa discrepancia, de la que sólo es responsable el autor del informe, por no haber sido claro y preciso, se basa mi desconfianza ante el texto y la imposibilidad política de votarlo favorablemente. 
Votaría incluso en contra, si no fuera porque ésa sería una forma muy radical de apreciar un texto que no es tan importante... 
. (EN) Saludo el informe del Sr. Duhamel porque hace una contribución interesante y constructiva a la idea de la constitucionalización de los Tratados. 
Aunque cabría afirmar que los actuales Tratados son, fundamentalmente, la Constitución europea, éstos resultan difícil de leer y sus artículos no siguen un orden lógico. 
La futura Constitución podría recoger de una manera clara y (relativamente) concisa 
los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos 
el principio de separación de poderes y el Estado de derecho 
la composición, el papel y el funcionamiento de las instituciones de la Unión 
el reparto de competencias y responsabilidades 
el principio subsidiario 
el objetivo de la integración europea. 
- (NL) El presente informe tiene un lado positivo y otro negativo. 
Hace constar con razón que a lo largo de los años se ha producido una inútil acumulación de extensos y complejos Tratados y sugiere que haríamos bien en transformarlos en un único Tratado marco, conciso y legible, que deje claro cuáles son los acuerdos alcanzados hasta la fecha. 
Por otra parte, aboga por una Constitución europea que abarque ese Tratado marco, así como la Carta de los Derechos Fundamentales, al tiempo que insiste en la necesidad de determinar el papel que han de desempeñar los partidos políticos europeos. 
Aun cuando reconozca que es preciso respetar la identidad nacional de los Estados miembros y que no hace falta suprimir la ciudadanía nacional, el informe opta decididamente por la vía de un gran Estado europeo centralizado según el modelo de los EEUU. 
Suscribo con mucho gusto la propuesta de ampliar los derechos fundamentales sociales y estructurar la toma de decisiones políticas de tal forma que resulte comprensible y accesible para todos los habitantes de Europa. Ahora bien, para lograr este fin basta con que volvamos a redactar los Tratados existentes y que la UE firme el Convenio Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa que vio la luz hace tiempo. 
. (EN) Los diputados del Partido Laborista británico del Grupo PSE acogen con satisfacción el presente informe, aunque no respaldan todos sus pormenores. 
Creemos que una reorganización de los Tratados y su simplificación permitiría a los ciudadanos ver con claridad el ámbito de competencias de la UE- y sus límites -, así como los procedimientos para ejercer dichas competencias. 
Saludamos la idea de que las futuras modificaciones, después de Niza, sean elaboradas por una Convención que esté constituida por los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y representantes de los gobiernos, tal y como se ha experimentado con éxito recientemente en la Convención que ha elaborado la Carta de los Derechos Fundamentales. 
No obstante, la ratificación deberá corresponder a cada Estado miembro, de conformidad con sus propios procedimientos y tradiciones. 
Asimismo, no deseamos vaciar de contenido esta labor decidiendo ahora qué debe incluir la nueva Constitución, como por ejemplo, si debe incluir la Carta o no. 
Ya tenemos una Constitución en la forma de los Tratados, en la medida en que éstos establecen las competencias de la Unión, sus procedimientos y la composición y competencias de sus instituciones. 
No obstante, estos aspectos no están codificados, son poco claros e insuficientes en lo que respecta a la eficiencia y democracia. 
Acogemos con satisfacción los intentos para mejorarlos. 
. 
(SV) Me abstuve en la votación final. 
Opino que es esencial que la Carta de Derechos Humanos de la UE implique la firma de la Convención de Derechos Humanos del Consejo Europeo. 
La palabra constitución despierta asociaciones intelectuales y políticas erróneas. 
Debería usarse, en cambio, el concepto resumen y simplificación de los tratados de la UE. 
Los democristianos suecos opinamos que la convención no es un método de trabajo democrático ni eficaz con vistas a la redacción de una Carta de Derechos Humanos. 
Esto vale tanto para la transparencia de los parlamentos nacionales y sus comisiones de asuntos constitucionales como para el Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Constitucionales. 
En la práctica, la presidencia de la convención ha hecho un resumen de las conclusiones de los delegados. 
Si en el futuro se usase este método de trabajo, su función debería limitarse a la de grupo de referencia. 
- (FR) He votado con entusiasmo a favor del informe de nuestro colega Olivier Duhamel, porque forma parte de las grandes voces y de las grandes voluntades que, paso a paso, han levantado los peldaños de la construcción europea. 
Pero esta voz- y es importante- es una voz parlamentaria, la voz de una institución que afirma cada día un poco más la autoridad de los pueblos en el seno de la Unión y de su triángulo institucional. 
Gradualmente, de Tratado en Tratado, y esperemos que el de Niza no lo desmienta, los viejos nacionalismos europeos salen al exterior y se constituyen en potencia mundial en un mundo de gigantes. 
Aquí todos los sabemos, Europa, su moneda, su diplomacia, su seguridad, su civilización, su cultura, su modelo social, no sobrevivirán realmente a la brillante Historia, así como tampoco a la inútil división de sus pueblos, sino accediendo a una federación de Estados-naciones, que dispongan de instituciones fuertes, coherentes y respetadas, inscritas en una Constitución europea, cuyo camino abre nuestro colega Duhamel. 
Hasta el Tratado de Amsterdam, en 1997, Europa era un supersindicato intergubernamental. 
Con el Tratado de Amsterdam y la ampliación del procedimiento de codecisión, el Parlamento Europeo, de hecho, lanzó a Europa por la vía de la integración política y de la supranacionalidad. 
Si mañana la Unión desea abarcar toda Europa, la Europa geográfica, más allá incluso de las próximas ampliaciones, necesitará instituciones con plena madurez política y democrática. 
De este año 2000, que algunos consideran demasiado soso, la Historia recordará que en dicho año ha progresado y se ha afianzado la idea de una Constitución europea en la mayoría de los escaños de esta Asamblea, hasta el punto de desembocar hoy en la aprobación del informe Duhamel. 
Por eso debemos desear ardientemente el éxito de la cumbre de Niza y de la Conferencia Intergubernamental, para, simplemente, poder muy pronto ir más allá. 
Informe Gil-Robles (A5-0288/2000) 
Señor Presidente, desde que fui elegido diputado del Parlamento Europeo tengo una preocupación que muchas noches me quita el sueño: ¿Conseguiré contribuir a una legislación europea en materia de pensiones antes de que termine mi mandato? 
Hasta la fecha no es posible porque no entra en nuestras competencias. 
No obstante, el informe del Sr. Gil-Robles me ayuda, ya que propone que para determinados temas, sectores y materias algunos Estados miembros de la Unión Europea acuerden una acción común. 
En consecuencia, espero que pronto se opte por una cooperación reforzada entre algunos Estados- incluida Italia- tendente a establecer normas comunes para el tratamiento de las pensiones y de las cuotas que los trabajadores pagan para las pensiones. 
¡Así podré dormir! 
Señor Fatuzzo, es algo que todos deseamos. 
Los socialdemócratas suecos y daneses hemos votado hoy en contra del informe presentado por José María Gil-Robles Gil-Delgado sobre la cooperación reforzada. 
Estamos de acuerdo en los principios generales que establece el informe relativos a que la cooperación reforzada debe desarrollarse dentro de los marcos institucionales de la Unión Europea y a que las condiciones políticas y jurídicas establecidas por el Tratado de Amsterdam para la implantación de la cooperación reforzada tienen por objeto limitar el riesgo de ruptura en los lazos solidarios existentes entre los Estados miembros y de fragmentación del espacio jurídico comunitario. 
Reconocemos que un cierto grado de diferenciación de la integración europea, en lo que respecta a su tempo y a su alcance, puede resultar útil si se conservan los objetivos comunes y la diferenciación se percibe como un instrumento a emplear excepcionalmente y durante un período de transición manteniendo el debido respeto al hecho de que son únicamente los países que permanecen fuera de ésta quienes deciden si- y en tal caso, cuándo- desean adherirse a los ámbitos incluidos dentro de la cooperación reforzada. 
El que no podamos votar a favor del informe es debido a que no podemos apoyar las propuestas de modificaciones en las condiciones políticas y jurídicas para la cooperación reforzada. 
La supresión de las condiciones relativas a que la cooperación reforzada no puede sobrepasar los marcos del tratado así como la supresión del derecho de veto y la posibilidad de plantear la cuestión en el Consejo Europeo supondrán una ruptura de los principios fundamentales sobre los cuales funciona la cooperación europea en la UE. 
El Grupo EDD vota en contra del informe presentado por José María Gil-Robles Gil-Delgado sobre la cooperación reforzada. 
El informe propone la supresión del derecho de veto, lo que realmente supondría que países muy entusiastas de la integración podrían marchar al frente de ésta sin disfrutar de un amplio respaldo popular. 
El deseo oculto detrás de ello es poder proseguir el camino hacia una "unión cada vez más estrecha" sin verse obstaculizados en ello por la ampliación a la que se han comprometido los países de la UE. 
La cooperación reforzada centralizará la mayoría de políticas, incluidas las más sensibles, aún en mayor medida de lo que sucede hoy. 
El Sr. Gil-Robles propone de esta forma recoger en ella la política comunitaria de seguridad y asuntos exteriores. 
Sin embargo, creemos que la evolución futura aumentará la necesidad de mantener una cooperación mucho más heterogénea y flexible en Europa. 
Permitir que las decisiones sobre cada vez mayor número de temas importantes se adopten por mayoría cualificada choca con las normas democráticas fundamentales. 
Países con tradición de celebrar un referéndum al ceder soberanía pueden a partir de ahora correr el riesgo de verse en la situación de que una propuesta que haya sido rechazada nacionalmente sea aprobada en el ámbito comunitario. 
Los países no tan entusiastas de la integración se quedan atrás con una pobre alternativa, copiar la legislación sin tener voz y voto. 
Pero no pueden soslayar la legislación de los países pioneros. 
El Grupo EDD desea una Europea más libre y más flexible donde no se presione a nadie a participar en todo. 
Deseamos una Europa de las democracias y de la diversidad. 
De ahí que votemos en contra del informe. 
- (FR) He votado en contra del informe Gil-Robles relativo a las cooperaciones reforzadas, es decir: las cooperaciones que no afectan al conjunto de los miembros de la Unión, sino sólo a algunos. 
En efecto, aunque dicho informe tienda a flexibilizar, en parte, el régimen tan rígido establecido en el Título VII del Tratado UE de Amsterdam, lo cual es positivo, el resultado final es aún muy insuficiente. 
Dicho informe evidencia, en efecto, la concepción de una Unión muy monolítica, donde todas las cooperaciones deberían expresarse dentro del "marco institucional único" y donde todas deberían orientarse hacia el objetivo del super-Estado. 
El informe Gil-Robles propone incluso incluir la política exterior común y la de defensa en el ámbito de las cooperaciones reforzadas, lo que supondría para las mismas una centralización mayor de la que hoy existe (apartado 4). 
Dichas propuestas no son aceptables, ya que la necesidad de cooperación en Europa, que es intensa, diversa, multiforme, ya no puede estar comprendida en un marco comunitario unificado donde se decide por mayoría. 
Por otro lado, el informe no explica concretamente- y es una laguna importante- la manera en que podría hacer funcionar cooperaciones que reúnen una tercera parte de los miembros, en el marco de las instituciones actuales, sin modificarlas. 
En realidad, el Parlamento Europeo lleva a cabo una lucha por intentar retrasar las cosas. 
Ya intentó impedir la emergencia de cooperaciones diferenciadas en el Tratado de Amsterdam, y finalmente tuvo que ceder y aceptar las "cooperaciones reforzadas". 
Hoy trata de impedir la flexibilización de las cooperaciones reforzadas, y acabará por perder la partida, también en este caso. 
Pensamos que las cooperaciones, que deben denominarse "diferenciadas", no han de estar predeterminadas con respecto a sus objetivos, ni limitadas en su creación, ni restringidas en su funcionamiento. 
Si así lo desean, algunas cooperaciones podrían utilizar el marco comunitario, otras podrían crear instituciones ad hoc, vinculadas únicamente a la Unión por una secretaría que sirviera de enlace. 
Finalmente, sería muy conveniente que las cooperaciones diferenciadas funcionasen sobre la base del principio de unanimidad, a riesgo de volver a caer en los inconvenientes del plano comunitario. 
- (FR) Hay que recordar que el mecanismo que hoy se conoce como cooperaciones reforzadas ya existía mucho antes del Tratado de Amsterdam. 
En efecto, algunos Estados miembros, deseosos de profundizar su cooperación y de ir más allá de la integración prevista en los Tratados, han desarrollado diferentes instrumentos como el Acuerdo social, los Acuerdos de Schengen, la Unión Económica y Monetaria, etcétera. 
Eso les permitió progresar según ritmos u objetivos diferentes. 
Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el recurso a dichos instrumentos ha sido formalizado por la introducción del concepto de "cooperación reforzada" en el Tratado de la Unión Europea (Título VII) y en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 11). 
El objetivo que se pretende alcanzar mediante esta forma de cooperación es permitir a un número limitado de Estados miembros, capaces y deseosos de avanzar, continuar la profundización de la construcción europea, dentro del respeto del marco institucional único de la Unión. 
Europa tiene, en efecto, cada vez más dificultades para avanzar al unísono. 
Es necesario, pues, evitar reducir la marcha del conjunto y, por lo tanto, autorizar a algunos Estados miembros a avanzar, desarrollando el mecanismo de las cooperaciones reforzadas. 
El recurso a dicho instrumento ha sido acompañado de unas condiciones tendentes a evitar transformar la Unión Europea en "Europa a la carta" o de varias velocidades. 
Esta preocupación legítima, por otra parte, se encuentra en el centro de los debates sobre dicha cuestión. 
Ha de recordarse que la cooperación reforzada, tal como está inscrita en el Tratado de Amsterdam, debe incumbir a un ámbito que no sea competencia exclusiva de la Comunidad, debe tender a favorecer la realización de los objetivos de la Unión, así como respetar los principios de los Tratados, ser utilizada sólo en última instancia y afectar a una mayoría de Estados miembros. 
La cooperación reforzada podría revestir un papel importante en el marco de una Europa ampliada. 
Sin embargo, en el estado actual de dichas disposiciones, este mecanismo no puede funcionar correctamente. 
Por eso la reforma de dicho instrumento ha sido inscrita en el orden del día de la CIG, para facilitar su aplicación. 
El presente informe tiene como objetivo concretar la toma de posición en este sentido de nuestro Parlamento (resolución del 13 de abril de 2000). 
Ello supone concretamente la supresión del derecho de veto; la posibilidad de recurrir a las cooperaciones cuando, como mínimo, una tercera parte de los Estados miembros se ven afectados; la ampliación de la cooperación reforzada a la política exterior y de seguridad común. 
El ponente insiste, con razón, en el hecho de que el poder de iniciativa de la Comisión, la plena participación del Parlamento Europeo y el control jurisdiccional del Tribunal de Justicia deben constituir la norma para todas las cooperaciones reforzadas. 
Frente al estancamiento actual de la Unión, este mecanismo, utilizado con inteligencia, puede ser uno de los medios para superarlo. 
. (EN) Recientemente se ha debatido mucho en la Unión Europea acerca de lo que ha dado en llamarse el principio de cooperación reforzada. 
En términos más sencillos, eso significa que los Estados miembros mayores podrán integrarse más estrechamente y en un plazo de tiempo más corto que los Estados miembros pequeños de la UE. 
Básicamente, los defensores de esta política quieren crear una Europa de dos velocidades. 
Quieren que la Unión Europea se construya a dos ritmos diferentes: uno para los países que desean mayor integración y otro para los países que quieren plantearse con más detenimiento la integración económica. 
No creo que sea necesariamente un avance saludable para la Unión Europea que sus dirigentes acepten y apliquen el principio de cooperación reforzada en toda su magnitud. 
Creo que iría en contra de los objetivos y del espíritu constituyentes del Tratado de Roma y de todos los Tratados que le han seguido a continuación. 
Convendría recordar que el Acta Única Europea de 1987 establecía las bases para la creación de un mercado interior. 
La UE ha destinado Fondos Estructurales a gran escala para ayudar a los países del Objetivo 1 a convertirse en países más competitivos dentro de la Unión Europea con el paso del tiempo. 
Los dirigentes de la UE declararon que no querían un mercado interior en el que sólo participaran algunos países. 
Querían que todos los países integrantes de la Unión Europea participaran activamente y de una manera competitiva en el marco de un nuevo mercado único. 
Éste fue el motivo por el que se realizaron grandes asignaciones de Fondos Estructurales en la UE. 
Las estructuras por las que se rige el funcionamiento del mercado interior se han visto coronadas por el éxito desde comienzos de los años noventa. 
Este principio de igualdad entre las naciones más pobres y más ricas transcendió a las políticas que se establecieron para crear el nuevo régimen de la moneda única europea. 
Una vez más, si los países más pobres y pequeños de la Unión Europea no conseguían reformar sus estructuras económicas, no estarían e condiciones de cumplir los criterios de convergencia económica establecidos en el Tratado de Maastricht. 
Los dirigentes de la UE financiaron los Fondos estructurales a gran escala y los programas del Fondo de Cohesión para los países más pequeños y pobres de manera que pudiera participar en la estructura de la moneda única europea el mayor número posible de países. 
Debe existir igualdad institucional en el contexto de las negociaciones en la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Un grupo formado por los países más grandes que, como he dicho, intentan aplicar el principio de la cooperación reforzada, no puede dilapidar la influencia de los Estados miembros más pequeños dentro de la UE. 
Eso no sería saludable para la Unión Europea ahora ni en el futuro. 
Ciertamente no sería saludable en el contexto de la ampliación inminente de la Unión Europea. 
. (EN) Saludo el informe del Sr. Gil-Robles sobre la cooperación reforzada. 
Aunque me cuesta reconocer que en una Unión Europea ampliada existirá la necesidad de una "avant-garde", coincido con el Sr. Gil-Robles en que deberán cumplirse algunas condiciones fundamentales: 
La cooperación reforzada deberá desarrollarse dentro del marco institucional de la Unión. 
Deberá preservarse el marco institucional único dentro del cual, todos los diputados al Parlamento Europeo y todos los Comisarios participarán plenamente en el ejercicio de las funciones de cada institución. 
El procedimiento para activar la cooperación reforzada debería ser el mismo para todos los pilares y estar basado en el procedimiento actual para el primer pilar, con las escasas modificaciones recogidas en el informe del Sr. Gil-Robles. 
Si se demuestra la necesidad de cooperación reforzada, estoy convencido de que sólo el sistema comunitario ofrece las garantías necesarias en términos de control democrático, controles jurídicos y solidaridad. 
. (NL) La cooperación Europea puede ser útil para resolver problemas transfronterizos. 
Así las cosas, ¿no es evidente que se opta por la colaboración entre Estados limítrofes, tal y como se hizo antes del nacimiento de la Unión Europea en el marco del Benelux y la colaboración entre los países nórdicos? 
En muchos casos esta cooperación entre vecinos es preferible a las costosas y opacas estructuras de la UE en las que difícilmente pueden influir los electores. 
Ninguna norma de la UE debe obstaculizar la cooperación reforzada, supeditarla a determinadas condiciones o exigir que se abra a los demás. 
Por eso mismo, soy partidario de reducir en lo posible las normas y restricciones aplicables a la cooperación reforzada entre vecinos siempre y cuando no se pretenda perjudicar a los demás. 
En la práctica vemos cómo ya existen países con euro y países sin euro dentro de la UE. 
No se trata de grupos de cabeza, sino de una diversidad que con 30 Estados miembros no se hará sino más patente. 
Por ello, es mejor que el funcionamiento de la UE en su conjunto se fundamente en la colaboración interparlamentaria y el derecho a la diversidad: la Comisión formula propuestas, el Parlamento adopta la decisión final y los parlamentos nacionales deciden si su Estado miembro la suscribe o no. 
. (EN) Los diputados Laboristas británicos del Grupo PSE acogemos con satisfacción la adopción de su contribución al trabajo en curso de la CIG sobre la cooperación reforzada, aunque no apoya todos los pormenores. 
Es evidente que debe facilitarse el realización de la cooperación reforzada en una Unión ampliada. 
La cooperación reforzada deberá utilizarse con moderación y estará abierta a aquellos que no participen desde un inicio. 
No deberá debilitar el actual núcleo de políticas y compromisos comunes y deberá producirse dentro de la actual estructura institucional. 
Sobre la base de estos principios fundamentales, estamos de acuerdo con el informe, aunque la CIG deberá darle los últimos toques a los pormenores. 
. 
(SV) Me he abstenido en la votación final. 
Los cristianodemócratas suecos opinamos que los asuntos militares no deben tener cabida en la cooperación reforzada 
Asimismo, creo que la disminución del número de países miembros para poder iniciar una cooperación, de la mitad a una tercera parte, y la eliminación de la función del veto, realmente no tienen actualidad en tanto la ampliación hacia el este no haya concluido. 
En ese momento, los nuevos Estados miembros deberán participar en la formación de la legislación que regirá la cooperación reforzada. 
Informe Sudre (A5-0285/2000) 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Sudre reviste una importancia considerable, incluso capital para las zonas ultraperiféricas; pero mi Grupo, los Verts/ALE, se ha abstenido, y desearía explicar por qué. 
En efecto, los problemas planteados por el informe son conocidos, la especificidad de éstos es evidente. 
Pero los Verts/ALE están decepcionados por el hecho de que el informe no haya aprovechado la oportunidad para aplicar en dichas zonas un desarrollo ecológica, social y culturalmente sostenible, y las enmiendas aprobadas en la votación no están encaminadas a mejorar el texto en este sentido. 
Lamentamos que las posiciones aprobadas hoy por el Parlamento sean posiciones de la Unión con respecto a dichas zonas. 
Los Verts/ALE lamentan, en particular, el enfoque relativamente defensivo del informe frente a los países ACP y a los países de la ampliación. 
Los Verts/ALE se pronuncian igualmente contra la continuidad de las excepciones. 
Nosotros estamos a favor de una aplicación del principio de excepción a las políticas comunes aplicadas en las regiones ultraperiféricas adaptada a cada caso; pienso, en tal sentido, en las ayudas estatales y en las políticas fiscales. 
Lamentamos que se haya aprobado la solicitud de adaptar la aplicación del principio "quien contamina, paga", que podría dar lugar a abusos en la aplicación de esta prerrogativa específica. 
Lamentamos, igualmente, que el informe ni siquiera haya mencionado la necesidad de defender la biodiversidad, que es una de las riquezas más importantes de las regiones ultraperiféricas. 
Dichas zonas podrían constituir un formidable laboratorio en materia de desarrollo sostenible. 
Se trata de una nueva oportunidad malograda. 
En cambio, nos felicitamos de leer en el informe algunos apartados sobre el fomento de las energías renovables y sobre el control de las actividades industriales contaminantes. 
Querido Sr. Fernández que estás a mi lado a la hora de las votaciones, he votado con gran satisfacción a favor de esta resolución que seguramente has apoyado, como siempre lo haces cuando algo afecta a tus islas Canarias. 
El Partido de los Pensionistas y los pensionistas que lo respaldan conocen bien estas islas, dado que son vitales en el sector turístico. 
Creo que la Unión Europea debe poner más interés y esforzarse más que hasta ahora por las Azores, las Canarias, Guadalupe, Guyana, Martinica, Madeira y Reunión. 
Estas islas deben sentirse parte activa de la Unión Europea que espero que las convierta en un paraíso para los turistas y en un paraíso para sus habitantes. 
El Parlamento Europeo y, en particular, el Grupo PPE, siempre ha contribuido a afirmar el concepto de ultraperiferia. 
Así fue en el informe Gutiérrez Díaz, en el informe Fernández Martín, que fomentó la inclusión de ese concepto en el Tratado y ahora en el informe Sudre, que reactiva la política europea para las regiones ultraperiféricas. 
Ante las vacilaciones y contradicciones de la Comisión, que se han materializado en la desaparición de REGIS, en el aplazamiento de la revisión de los POSEI, en la reducción de sus asignaciones, el informe Sudre es muy oportuno. 
El Parlamento Europeo se reafirma en pro de la adopción de medidas en diversas esferas, de la agricultura a la pesca, del medio ambiente a los transportes y la energía, pasando por la sociedad de la información, con el necesario apoyo presupuestario. 
Simultáneamente, se destacan los sectores productivos, lo que en el caso de las Azores impone la resolución de los contenciosos de la leche y del azúcar. 
En este marco, cito el párrafo 7 del informe Sudre: "Considera esencial, se desarrollen adaptaciones específicas de las políticas comunes cuando las regiones ultraperiféricas estén fuertemente dependientes de un número limitado de actividades económicas o incluso de una única actividad económica, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado". 
Ahora esperamos iniciativas de la Comisión, así como de las autoridades nacionales y regionales. 
- (FR) Con el término burocrático de "regiones ultraperiféricas", existen mujeres y hombres de Nueva Caledonia, Guadalupe, Martinica, Guayana, La Reunión, Mayotte, St.-Pierre-et-Miquelon, Polinesia, Wallis, Futuna, y de todas nuestras tierras del Pacífico, del Océano Índico, del Atlántico, que constituyen un puente de entendimiento, de solidaridad y de belleza entre Europa y los demás continentes y civilizaciones. 
La Europa de Bruselas, en su vértigo de nivelación y de uniformización, ha sido injusta, incluso estúpida, frente a nuestros compatriotas, que, a miles de kilómetros de París, Madrid o Lisboa, dan vida a nuestros valores. 
Los tecnócratas, los jueces europeos, han querido suprimir así "la tasa de muelle", que procura recursos a nuestros municipios de los departamentos franceses de ultramar y, sobre todo, protege a nuestros artesanos. 
Desde Bruselas se han puesto en peligro nuestros rones de Martinica, nuestros arroces y nuestras frutas tropicales. 
Ello provoca, en particular, la destrucción programada de nuestra economía del plátano, en Guadalupe, Martinica, Madeira o en las Islas Canarias. 
La Comisión Europea ha cedido frente a las multinacionales del plátano. 
Cada año, se regalan a Chiquita o a Del Monte dos millardos de ecus en derechos arancelarios. 
¿Cómo se puede, pues, negar a nuestros departamentos y territorios remotos los presupuestos necesarios para compensar los costes de transporte, los estragos de los huracanes, las inversiones en el ámbito universitario u hospitalario? 
Mientras que nuestras regiones de las Antillas o del Pacífico, por ejemplo, están situadas en las zonas de los paraísos fiscales- que las multinacionales norteamericanas, Kodak, Microsoft o Boeing, Cargill, utilizan para realizar exportaciones, cometiendo enormes fraudes fiscales -, el derecho a la igualdad de competencia geográfica se añade al derecho a la igualdad de todos los europeos, para exigirnos que una parte del presupuesto europeo- en el que se ingresa en concepto de impuestos, por ejemplo, el 17% de los recursos- sea destinado al desarrollo de la vida económica, social y cultural de nuestros compatriotas de unas regiones que, por ser periféricas desde el punto de vista geográfico, son centrales desde el punto de vista de la civilización. 
El origen de las regiones ultraperiféricas tiene mucho que ver con la historia colonial. 
En la Edad Media estas regiones y sus habitantes no pertenecían a Europa. Ni tan siquiera ahora se consideran como genuinamente europeas. 
España, Portugal, Francia, Inglaterra y los Países Bajos ya habían conquistado grandes reinos coloniales con anterioridad al siglo XIX. A partir de ese momento intentarían hacer lo mismo Bélgica, Alemania, Dinamarca e Italia, aunque por poco tiempo. 
Entretanto aquel período colonial ha quedado relegado al pasado. 
Los pueblos oprimidos recuperaron la libertad, bien tras una lucha feroz, bien de forma preventiva cuando la antigua potencia colonializadora no tuvo ganas de implicarse en una guerra de liberación que estaba perdida de antemano. 
El territorio que poseen los Estados miembros ahora fuera de la Europa geográfica no son sino restos pequeños y escasamente poblados de su antiguo reino colonial. 
El trato que los diferentes Estados miembros de la UE confieren a sus regiones periféricas varía considerablemente. 
España y Portugal consideran como tales sus islas situadas en el Océano Atlántico. 
Gracias a la actual densidad de población y la relativa proximidad de las mismas pueden considerarse sencillamente como una parte más del país. 
Los Países Bajos y Dinamarca también tienen cada uno dos territorios en o al otro lado del Océano Atlántico, pero éstos no forman parte de la Unión Europea. 
Francia, por su lado, posee departamentos de ultramar en el Océano Índico y el Caribe. 
A raíz de la presente propuesta mi Grupo se halla ante una elección difícil. 
Por una parte, queremos prestar apoyo a las regiones menos desarrolladas, dentro y fuera de Europa, para que puedan obtener la calidad de vida y el nivel de servicios que se registran ahora mismo en los Estados miembros de la UE. 
Es una cuestión de solidaridad. 
Por otra parte, albergamos serias dudas acerca de la proclamación como regiones ultraperiféricas de las antiguas colonias. 
Dicho modelo está justificado en el caso de las islas españolas y portuguesas, pero no debe aplicarse a las zonas más alejadas. Sería preferible que equiparásemos el estatuto de estos territorios al de los actuales países ACP, que de la misma historia han heredado una relación distinta con Europa. 
A la hora de evaluar las enmiendas mi Grupo ha intentado encontrar un término medio entre los deseos más radicales de los defensores de los intereses periféricos y la indiferencia o incluso renuencia de aquellos Estados miembros que no tienen ningún vínculo con este tema. 
De todos modos, los intereses de los habitantes de las regiones ultraperiféricas han prevalecido en todo momento sobre nuestro rechazo del trasfondo colonial de esta cuestión. 
Consideramos bastante oportuno el presente informe, dada la necesidad de plasmar objetiva y rápidamente el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Unión Europea y subscribimos, en lo esencial, sus orientaciones encaminadas al desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas. 
En efecto, las particularidades de esas regiones, en general debidas a la insularidad y al alejamiento del continente europeo, pero también a su crónica dependencia de una única producción o de unas pocas, exigen medidas específicas adecuadas para superar esas limitaciones. 
Por eso, nos congratulamos de que el informe haya adoptado orientaciones que, en gran medida, integran las propuestas que presentamos en la comisión parlamentaria. 
Pero subrayamos también que en el informe no se presta suficiente atención a algunas situaciones particulares en la esfera social que se dan en las mismas o en algunas de esas regiones y que exigirían también medidas especiales, cosa que se podría haber evitado con la aprobación de la propuesta de enmienda que con ese objeto presentamos oportunamente. 
Informe Bowis (A5-0272/2000) 
- (FR) Señor Presidente, los Verdes/ALE han votado a favor del informe del Sr. Bowis, y si bien podemos congratularnos de que el Parlamento Europeo y la Comisión, con su Libro Blanco, brinden perspectivas interesantes para los consumidores europeos, la seguridad alimentaria debe ser una prioridad absoluta en nuestras políticas. 
Cuanto más progresa la investigación científica, más interrogantes plantea. 
Basta con ver el desarrollo de la EEB. 
Cada semana se detectan casos en nuevos sectores geográficos que hasta ahora no habían sido afectados, como ha ocurrido, concretamente, en el departamento de Vosges, en Lorena. 
De las numerosas medidas propuestas por el Libro Blanco, será aún necesario dar consistencia a muchos puntos para garantizar una seguridad alimentaria y, sobre todo, para devolver la confianza a los consumidores. 
Entre los puntos más importantes figura la Autoridad europea de seguridad alimentaria, de cuya creación nos congratulamos y en la que tenemos muchas expectativas. 
Su independencia será un elemento indispensable para la credibilidad de este organismo. 
Es esencial. 
Dicha Autoridad debe ser totalmente ajena a los intereses de sociedades privadas o de los Estados miembros. 
Esta independencia supone asimismo una independencia financiera. 
La Unión deberá asignar fondos para garantizar su funcionamiento; pero, ¿bastará la AESA para tranquilizar a los consumidores, que están preocupados por lo que comen y que pronto lo estarán por lo que beben? 
Dicha Autoridad deberá ser instituida de aquí al año 2002/2003, y esperamos que el problema de la sede no sea un freno para su creación. 
Mientras tanto, la Unión debe continuar su trabajo de evaluación y de gestión del riesgo en materia de seguridad alimentaria. 
Se trata de una vigilancia diaria. 
Se trata de garantizar que los políticos, así como las políticas que se creen, se preocupen realmente de lo que los ciudadanos piden. 
Ahora bien, el caso de las harinas de origen animal, que provoca una nueva crisis alimentaria, es inadmisible. 
En lo sucesivo hay que prohibir todas las harinas de origen animal. 
Los ciudadanos esperan estas posturas enérgicas y no actitudes de tolerancia que pueden acarrear consecuencias graves para la salud de los consumidores. 
El reconocimiento de este elemento científico no puede tener ningún margen de tolerancia. 
El informe del Sr. Bowis se orienta por esta vía. Por eso el Grupo de los Verdes ha apoyado plenamente este trabajo y ha votado a favor del informe. 
Señor Presidente, quiero pedir disculpas por entretener a la Presidencia y a los intérpretes escuchando mi última explicación de voto y, en particular, deseo mostrar mi solidaridad con los traductores de nuestras explicaciones de voto, en lo que a mí respecta la Sra. Ornella Buson. 
Trataré de abusar lo menos posible de mi derecho, sin embargo, quisiera decir que también he votado a favor de la creación de la Autoridad alimentaria. 
El porqué de su importancia es evidente, y para mí lo es cuando recuerdo que un vecino mío un día fue ingresado en un hospital aquejado de un fuerte dolor abdominal porque había comido setas venenosas que no habían sido seleccionadas por un experto. 
Con su informe el Sr. John Bowis cuidará de que comamos siempre alimentos sanos, naturales y que no nos hagan daño. 
Señor Fatuzzo, usted ha dicho que era su última explicación de voto, pero pienso que sólo por hoy. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe del Sr. Bowis, y deseo, naturalmente, subrayar la calidad del trabajo realizado por nuestro ponente. 
Permítanme congratularme de que nuestra Asamblea someta por fin a debate su dictamen sobre un asunto tan importante, a la par que lamento que éste haya sido emitido diez meses después de la presentación del presente Libro Blanco por la Comisión Europea, lo que se remonta al 12 de enero pasado. 
Era indispensable que nos pronunciáramos sobre un asunto tan importante para nuestros conciudadanos. 
Nuestra votación ha clarificado, pues, el papel de la composición de la futura Autoridad europea, pero también ha definido nuestras exigencias sobre su financiación y su independencia. 
Espero, por tanto, que la Comisión acepte las demandas del Parlamento Europeo. 
Esta primera etapa no debe ocultar la importancia del trabajo que queda pendiente en materia de gestión de riesgos, con el desarrollo y la mejora del sistema de alerta rápida, pero también en materia de rastreabilidad o de información al público. 
Lejos de ser un fin, dicho informe debe marcar la apertura de un amplio campo de trabajo, como es la refundición global indispensable e inmediata de nuestra legislación alimentaria. 
- (FR) El Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria parece al principio lleno de buenas intenciones, puesto que propone esencialmente crear una agencia europea de seguridad alimentaria, encargada de gestionar una red de alerta rápida y de emitir, con total independencia, dictámenes a las autoridades de gestión. 
Pero cuando leemos el informe y la resolución del Parlamento Europeo sobre el mismo asunto, la impresión es bastante más desagradable. 
Podemos deducir claramente que el objetivo de la agencia es canalizar los poderes de defensa nacionales, o de paralizarlos, para ponerlos al servicio de los objetivos de la Comisión. 
Ahora bien, esto es absolutamente intolerable. 
Los franceses deben recordar que, a pesar de las grandes declaraciones de la Comisión en cuanto a su voluntad de "garantizar el máximo nivel posible de seguridad alimentaria en la Unión", es ella, y nadie más, la que antepone los imperativos de libre circulación de productos a los imperativos de salud pública; es la Comisión, y nadie más, la que acaba, por ejemplo, de llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia por haber mantenido su embargo contra la carne de bovino británica. 
Es inadmisible que abandonemos, aunque sea mínimamente, nuestro derecho de decisión nacional y nuestro derecho de salvaguardia en relación con las cuestiones de seguridad alimentaria. 
Ahora bien, la creación de la agencia nos conduce insensiblemente hacia dicho objetivo. 
Ante todo es necesario recordar que el poder de emitir dictámenes desempeña un papel capital. 
En el caso de la vaca loca, si el Gobierno francés ha mantenido el embargo es porque podía apoyarse en el dictamen independiente de la Agencia francesa para la seguridad sanitaria de los alimentos (AFSSA) , cuando incluso el Comité científico europeo- supuestamente científico- no veía ningún inconveniente para la libre comercialización de la carne británica en Francia. 
Por consiguiente, si bien se necesita una agencia europea, ésta debe actuar a título complementario y no menoscabar en absoluto la legitimidad de las agencias nacionales. 
Esta no es la orientación del Libro Blanco, que quiere convertir la agencia europea en el "punto de referencia científica para la Unión Europea" (página 5). 
En segundo lugar, la agencia europea debe ser completamente independiente. 
El director de la agencia no debe ser designado por la Comisión, contrariamente a lo que propone el Parlamento Europeo (apartado 21 de la resolución). 
Los expertos científicos tampoco deben ser nombrados por ésta, aun cuando ello se realice tras un procedimiento de selección aparentemente riguroso. 
Finalmente, la agencia debe poder estar en condiciones de ser crítica frente a la propia Comisión. 
Este no es en absoluto el enfoque del Libro Blanco, que pide que los servicios de la agencia y los de la Comisión trabajen en estrecha vinculación, puesto que, aclara el mismo con cierto aplomo, "ello permitirá a la Autoridad (la agencia) mostrarse receptiva a las necesidades de los servicios de la Comisión" (página 22). 
En tercer lugar, la agencia no debe inmiscuirse en la gestión del riesgo y en el poder reglamentario. 
El Libro Blanco de la Comisión se digna admitirlo, pero cuando se lee más atentamente se advierte que el poder reglamentario que tanto desea proteger es el de... la Comisión y no el de los Estados. 
Eso no impide que la Comisión y el Parlamento denominen esta agencia "Autoridad europea", denominación totalmente contraria a la filosofía en la que se supone se inspira. 
El Parlamento Europeo pide incluso, en el apartado 6 de su resolución, que la Comisión actúe "examinando detalladamente las competencias que deben transferirse", cuando incluso pensábamos que no debía transferirse ninguna competencia. 
Creemos, pues, que el Libro Blanco y el informe del Parlamento son una trampa, y por eso nos oponemos a éstos. 
Los Estados miembros deben conservar su plena responsabilidad en materia de seguridad alimentaria, ya que están cerca de sus pueblos y reaccionarán antes que la Comisión, a la que sus principios librecambistas ciegan cada vez más. 
Una agencia destinada a dar un enfoque europeo a la situación es, sin ninguna duda, necesaria, pero debe ser estrictamente consultiva y totalmente independiente. 
Lo mejor sería que fuese únicamente la emanación de las agencias nacionales y que actuase en coordinación con estas últimas. 
Los graves escándalos y crisis que han surgido en varios países de la Unión Europea en torno a productos alimentarios por la utilización de métodos encaminados a obtener a toda costa el máximo lucro en las actividades agroalimentarias, menospreciando los intereses de los consumidores, han llegado a ser un grave problema para la sociedad y la seguridad alimentaria. 
Por eso, merecen apoyo todas las medidas propuestas encaminados a modificar la situación y defender a los consumidores, en particular la creación de un organismo europeo de seguridad para el análisis científico de los riesgos, trabajando en estrecha colaboración con las agencias nacionales existentes en esa esfera y las principales organizaciones europeas de consumidores. 
Pero es preciso ir más lejos. 
Es necesario tener en cuenta el tipo de métodos agrícolas y agroindustriales, el problema de las importaciones de bienes alimentarios, la composición de los ingredientes de los alimentos para animales, los niveles máximos de dioxinas y residuos de plaguicidas, los aditivos alimentarios y de otra índole, concediendo prioridad a la seguridad alimentaria. 
También es esencial apoyar los cultivos y los productos regionales, la agricultura familiar y el desarrollo rural. 
- (FR) El problema de la seguridad alimentaria se ha convertido hoy en una preocupación prioritaria para los ciudadanos de nuestros países. 
En la actualidad éste reviste una particular gravedad no sólo debido a los progresos de nuestros medios de investigación científica, sino sobre todo porque se evidencian las consecuencias de un tipo de agricultura orientado hacia la obtención de un productivismo a todo coste e inspirado en una filosofía librecambista. 
Se trata, pues, de los efectos negativos en materia de salud pública de una política ampliamente dictada por la Comisión, que hoy debemos corregir, como esta mañana lo ha subrayado, con razón, nuestra colega, la Sra. Thomas-Mauro. 
De lo que se trata es de saber cuál es el dispositivo más eficaz para proteger a nuestros ciudadanos. 
Si se examinan las realidades que la actualidad más reciente nos sugiere, nos damos cuenta, por ejemplo, de que en materia de EEB, ateniéndonos sólo al caso de Francia, es la existencia de una agencia nacional de seguridad alimentaria competente e independiente la que ha permitido a las autoridades francesas tomar rápidamente las decisiones sanitarias necesarias para proteger a la población. 
El aporte de las instituciones europeas, en cambio, ha sido hasta ahora particularmente negativo. 
Primero, fue el rechazo por el Consejo y la Comisión de tomar en consideración las advertencias de los científicos franceses, cuya pertinencia hoy resulta evidente. 
Luego fue la increíble condena por el Tribunal de Justicia del mantenimiento del embargo contra la carne de bovino británica, decidido por Francia por recomendación científica expresa. 
Resulta, pues, que el comportamiento de las instituciones europeas en este expediente esencial para la seguridad alimentaria de nuestros conciudadanos desemboca en un verdadero riesgo para la salud pública de los europeos. 
Se debe sacar la lección. 
En nombre del respeto de la subsidiariedad y de la eficacia, conviene privilegiar las intervenciones en un marco nacional, donde las agencias independientes puedan emitir rápidamente verdaderos dictámenes científicos que no estén mitigados por otras consideraciones y donde las autoridades políticas puedan tomar rápidamente las decisiones necesarias en materia de gestión del riesgo en favor de las poblaciones que les han otorgado el mandato de proteger su seguridad. 
En estas condiciones, una Autoridad europea puede desempeñar un papel útil si es realmente independiente, sobre todo con respecto a los servicios de la Comisión y a los diferentes grupos de presión que operan en ella, y si su papel sirve de complemento y de apoyo a las agencias nacionales (de las que debería emanar) , en particular como lugar de intercambio de estudios de expertos. 
Esto no es lo que nos propone el informe Bowis, el cual da la impresión de que la seguridad alimentaria está considerada fundamentalmente como un nuevo pretexto para alimentar el conocido proceso de fortalecimiento de los poderes de la Comisión, en detrimento de los órganos nacionales y de los órganos que protegen la seguridad de los ciudadanos. 
El informe, en efecto, asume sin pestañear la transformación semántica deseada por la Comisión: ya no se trata de una agencia europea, sino de una Autoridad. 
La designación del director de la Autoridad por la Comisión es para el informe absolutamente evidente: ¡sin duda, es el mejor medio para garantizar su independencia! 
La sede en Bruselas de la Autoridad no plantea ningún problema: así estará próxima a los servicios de la Comisión y, por tanto, será perfectamente "receptiva" (sic) a sus deseos, como lo recomienda el Libro Blanco... 
En cambio, la Autoridad deberá estar "facultada para exigir" a los Estados miembros informes, estadísticas, documentos... 
En cuanto al apartado 6 del informe, éste expresa de una manera muy clásica las inevitables transferencias de competencias. 
Detrás de la aparente y, ciertamente, sincera preocupación de querer reforzar la seguridad alimentaria en Europa, nos situamos, en realidad, en la lógica habitual: la que procura poner bajo tutela a los Estados miembros, en este como en otros ámbitos; restar competencias y eficacia a los organismos nacionales, en provecho de una vasta institución europea difusa y hueca, teóricamente independiente y, en realidad, controlada por la Comisión y su filosofía librecambista absoluta. 
- (FR) La Autoridad europea de seguridad alimentaria será competente únicamente para el análisis científico de los riesgos alimentarios y no para la gestión política de dichos riesgos. 
Tendrán que delimitarse muy bien sus competencias. 
Nosotros hubiésemos preferido una "agencia". 
A largo plazo, ésta se encargará de la gestión del Sistema de Alerta Rápida (SAR) , que recoge informaciones que están en posesión de los Estados miembros o de la Comisión Europea, y desempeñará la tarea de coordinadora de las agencias nacionales. 
Desconfiamos de este término: en el diccionario del comisario perfecto el coordinador es quien da órdenes, el armonizador autoritario. 
¿Acaso no está previsto, a la larga, por ejemplo, confiar la gestión del ámbito alimentario del SAR a la Autoridad? 
Por eso me he abstenido. 
Por mi parte, en Francia, no necesito una autoridad para recobrar la confianza; confío en la AFSSA y en sus dictámenes, sobre todo en el marco de la enfermedad de las vacas locas. 
Hemos votado a favor de la enmienda 15, puesto que defendemos enérgicamente la defensa del patrimonio cultural europeo vinculado a la producción alimentaria local. 
No obstante, tememos que los medios mencionados para garantizar la protección de la producción alimentaria local sean contraproducentes. 
En efecto, ¿las licencias y los certificados de productos no constituyen acaso, precisamente, un medio para eludir el principio expresado en el considerando I? 
Los pequeños productores locales no podrán tener acceso a los mismos debido a la complejidad y al coste de dichos certificados. 
Hemos votado en contra de la enmienda 7 porque se rebasa el ámbito de la evaluación del riesgo, para referirse a la gestión de este último. 
La Autoridad no tiene por qué aconsejar a los Estados que adopten procedimientos concretos de control. 
No es ese el cometido de la Autoridad. 
(La sesión, interrumpida a las 14.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Región Administrativa Especial de Hong Kong 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0284/2000) del Sr. Cushnahan, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Primer y Segundo informes anuales de la Comisón Europea (COM (1998) 796- C4-0100/1999 y COM (2000) 294- C5-0500/2000- 1999/2009 (COS) ) sobre la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 
. (EN) Señor Presidente, Hong Kong acudió a las urnas en septiembre por segunda vez desde la devolución de la antigua colonia británica a la autoridad china. 
El análisis de los resultados revela tendencias inquietantes que demuestran que no todo marcha bien. 
La participación en las elecciones descendió hasta el 43%, en comparación con el 53% en 1998, y el apoyo a los partidos de la región favorables a Pekín aumentó en un notable contraste con el descenso del apoyo a los partidos defensores de la democracia. 
Creo que son varias las razones por las que los electores de Hong Kong han optado por la apatía en vez de ejercer su derecho al voto recientemente establecido. 
El principal problema es que a pesar de que las elecciones propiamente dichas son libres y transparentes, no pueden calificarse como realmente democráticas. 
Veinticuatro de los 60 escaños son elegidos por sufragio universal, en el que tres millones de ciudadanos de Hong Kong tienen derecho a voto. 
Los 36 escaños restantes son elegidos por apenas 179.000 electores representantes de las poderosas empresas e intereses profesionales de Hong Kong y de grupos favorables a Pekín. 
Asimismo, el poder real del legislativo es escaso. 
El auténtico poder descansa en el Administrador principal, Tung Chee-hwa, y su Gobierno que, de hecho, es nombrado por Pekín. 
El poder ejecutivo está totalmente separado del legislativo, al que se le ha asignado más un papel de control que de toma de decisiones. 
La falta de poder real del legislativo ha mermado el entusiasmo de los electores por participar en las elecciones que, en su opinión, no son realmente democráticas. 
A pesar de que la Ley Fundamental- que es la miniconstitución de Hong Kong- establece criterios específicos para la celebración de las elecciones de 2004, no prevé, sin embargo, la posible introducción del sufragio universal para elegir los 60 escaños en las elecciones de 2008. 
No obstante, este paso encuentra resistencia por parte de algunos que desean abiertamente proteger el poder de las grandes empresas. 
Aun en el caso de que se introdujera el sufragio universal- a ser posible cuanto antes- ello no resolvería los problemas actuales. 
Tendría que ir acompañado de una reforma de las instituciones políticas de la Región Administrativa Especial. 
El Gobierno no tiene un partido en el que basarse, lo que significa que estas dos instituciones están a todos los efectos completamente separadas entre sí. 
Por otra parte, debido a que el Gobierno no tiene realmente que rendir cuentas a los representantes elegidos y debido también a que estos últimos carecen de poder real, tampoco ellos deben rendir cuentas de sus propias declaraciones y acciones políticas. 
Es preciso prestar atención al cambio de las funciones respectivas del ejecutivo y del legislativo para asegurar una interrelación operativa. 
Existen otras materias que es preciso examinar, entre las que podría incluirse el nombramiento de los funcionarios superiores: si deberían ser nombramientos políticos o funcionarios de carrera, y cómo han de rendir cuentas ante los representantes elegidos. 
Además de los problemas en este ámbito, aumenta la preocupación ante la creciente injerencia china en los asuntos de Hong Kong. 
El Estado de derecho constituye la piedra angular de la política "un país, dos sistemas". 
Las implicaciones de tres controvertidos casos jurídicos recientes han sido de gran alcance para la integridad del Estado de derecho y, en última instancia, para la autonomía de Hong Kong. 
Dos de ellos han tenido como resultado la ejecución de individuos por crímenes cometidos en Hong Kong, donde no existe la pena capital. 
El tercer caso es relativo a la sentencia del Tribunal Supremo de Hong Kong respecto a la controvertida ley de inmigración en lo que se refiere al derecho de residencia en Hong Kong de los hijos de padres chinos que disfruten del derecho de residencia en Hong Kong. 
El Gobierno de Hong Kong se sintió contrariado con el talante liberal del juicio e invitó a las autoridades chinas a realizar una nueva interpretación de la Ley Fundamental. 
Numerosos observadores consideran que este caso ha creado un precedente preocupante, que parece permitir a China emitir interpretaciones de la Ley Fundamental cada vez que los tribunales locales dicten sentencias que no sean del agrado del Gobierno de Hong Kong o los políticos de la China continental. 
Esta situación se vio agravada por los funcionarios de la China continental que intentaron interferir en la libertad de prensa y las relaciones comerciales de Hong Kong con Taiwan, tras las recientes elecciones taiwanesas. 
En lo que respecta a mis comentarios sobre la influencia de la familia Li Ka-shing en algunos sectores de la economía de Hong Kong- que han despertado no poco interés en los medios de comunicación locales -, quisiera señalar que he hecho referencia a este asunto porque me lo plantearon personalidades destacadas de Hong Kong y, además, fue el tema central de un importante debate celebrado en los medios de comunicación durante mi reciente visita a la región. 
Quisiera también plantear la cuestión del acceso sin visado. 
Lamento profundamente que algunos gobiernos hayan bloqueado esta posibilidad. 
Si realmente creemos en el enfoque de "un país, dos sistemas", éste es uno de los medios de apuntalarlo. 
El acceso sin visado debería estar garantizado a los titulares de un pasaporte de Hong Kong sin ningún tipo de requisito previo. 
Hasta ahora me he centrado en los aspectos negativos. 
A pesar de que dichos acontecimientos son motivo de preocupación, no quisiera ser excesivamente pesimista respecto al futuro de Hong Kong. 
El principio de "un país, dos sistemas" permanece razonablemente intacto, aunque el auténtico problema es que si el principio de "un país, dos sistemas" se considera un fracaso, el problema de China-Taiwan será aún más difícil de resolver. 
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que han participado en las deliberaciones sobre el presente informe: mis colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y a los miembros de la Secretaría de Asuntos Exteriores, especialmente a la Sra. Opacic, y al Comisario. 
Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior e Investigación quisiera insistir una vez más en la importancia de Hong Kong para el comercio internacional. 
Ya en 1997 ocupó el octavo lugar en el escalafón mundial de las potencias comerciales más destacadas, al tiempo que se convirtió en el décimo socio comercial más importante de la Unión Europea. 
Desde entonces, y a pesar de la crisis financiera asiática, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Hong Kong no han hecho más que progresar. 
Respecto a las relaciones entre Hong Kong y sus socios comerciales internacionales, especialmente la Organización Mundial del Comercio, la UE y Hong Kong comparten una serie de objetivos comunes y colaboran muy estrechamente, lo cual es de una gran utilidad de cara a la próxima ronda comercial. 
En mi dictamen hago hincapié en el importante papel que Hong Kong está llamado a desempeñar con vistas a la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. 
Hong Kong puede enseñar a China cómo un mercado abierto y plenamente integrado puede actuar como fuerza rectora y, de este modo, contribuir al desarrollo económico y al crecimiento sostenible. 
Dado que Hong Kong es además un mercado importante para China, puede ejercer su influencia sobre las reformas económicas de ese país. 
Es por eso, estimados colegas, por lo que debemos insistir en la importancia de una colaboración más estrecha entre la UE y Hong Kong en los ámbitos de las finanzas, el comercio y la inversión directa procedente del extranjero. 
En los últimos años Hong Kong ha suscrito numerosos acuerdos bilaterales. 
No podemos olvidar que estos acuerdos bilaterales han de ser estudiados de nuevo a la luz del acuerdo celebrado entre la UE y China en vistas de la posible adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. 
Sin restar valor a los enormes logros económicos, debo llamar su atención sobre algunos puntos negativos, entre ellos la protección de los derechos de propiedad intelectual, que continúa siendo un gran problema. 
Nuestras empresas siguen expuestas a violaciones del derecho de autor y fabricación y venta de productos falsos. 
Nos preocupa asimismo la situación social. 
Parece ser que las condiciones laborales dejan mucho que desear, especialmente en lo relativo a los trabajadores inmigrantes. 
En cuanto a la investigación hemos de insistir en que tanto Hong Kong como la Unión Europea sean considerados como participantes de pleno derecho en los numerosos proyectos pendientes de ejecución. 
Quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Cushnahan, por su extraordinario trabajo en un asunto de tanta importancia. 
Me alegro de que hoy se encuentre entre nosotros el Comisario Sr. Patten, al que estimo y respeto por sus posiciones y por su actividad como gobernador de Hong Kong. 
Voy a detenerme en dos aspectos que considero importantes, entre los muchos, claro está, que presenta el asunto. 
El primero es de naturaleza claramente jurídica. 
Creo que todos coincidimos en que si con acciones como las referidas en el informe Cushnaham se vulnera el principio del estado de derecho, que debería caracterizar al marco jurídico y constitucional de Hong Kong, lo que se está cuestionando es el principio general «un estado, dos sistemas» , que constituyó el fundamento para la evolución del estatuto de Hong Kong. 
El segundo asunto en el que quiero detenerme es el de los peligros que acechan a la libertad de prensa. 
Es muy importante para un desarrollo adecuado del principio «un estado, dos sistemas» -que marcó, si se quiere, una revolución en las relaciones internacionales, puesto que se trataba de la introducción de un nuevo teorema -, la existencia, protección y respecto de la libertad de prensa. 
¿Por qué? 
Porque la libertad de prensa hace posible las indicaciones y propuestas orientadas a mantener las cosas en el marco democrático en el que todos coincidimos. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Cushnahan por su informe. 
Quisiera agradecerle, una vez más, que haya sido tan flexible cuando elaboraba el informe y por haberse mostrado dispuesto a contar con sus colegas, lo que nos ha evitado tener que recurrir al largo y pesado procedimiento de presentar enmiendas, porque alcanzamos el consenso mientras se redactaba el informe. 
Una vez más, vemos que la entrega de poder en Hong Kong ha ido generalmente muy bien y ha desmentido algunas de las previsiones más pesimistas. 
No es ningún secreto que en Hong Kong siguen celebrándose manifestaciones a un ritmo de una por semana, se permite la libre circulación a diferencia de lo que ocurre en China, la economía ha sobrevivido un período difícil y sigue pujante y, como ha dicho el Sr. De Clercq, el ingreso de China en la OMC debería representar una oportunidad para Hong Kong, habida cuenta de su tremendo poder en servicios financieros, en particular, y habida cuenta también de que gran parte de la producción de Hong Kong ya se ha trasladado a China. 
No obstante, como ha señalado el Sr. Cushnahan, existen motivos de preocupación que él ha expuesto muy bien en su informe, por lo que no necesito entrar en ellos. 
Pero permítanme hacer referencia a un par de casos. 
El hecho de que la agencia de noticias china dijera a la Sra. Anson Chan y a los funcionarios que más les valdría apoyar al Administrador principal, me parece una injerencia en los asuntos de otro país. 
Las noticias sobre las presiones a empresarios para que no mantengan relaciones comerciales con Taiwan es otro motivo de preocupación. 
El reciente despido o traslado de uno de los directores de Radio Televisión de Hong Kong parece haber sido el resultado de la presión procedente de China continental. 
Puede que todo esto no resulte gran cosa porque forma parte de la lucha normal por el poder que cabría esperar, aunque a condición de que Hong Kong tuviera como base un próspero sistema democrático que pudiera resistir este tipo de presiones. 
Pero debe preocuparnos el hecho de que en Hong Kong la democracia no esté siguiendo el camino que nos hubiera gustado. 
Ya hemos oído sobre el carácter injusto del sistema electoral. 
Como señalaba recientemente en el Financial Times un asesor del antiguo Gobernador, tenemos en cuenta el alcance del retroceso del Estado de derecho en 1997. 
Pero cuando vemos que dimite alguien como Christine Loh porque no tiene sentido seguir perteneciendo al legislativo, para mí es una señal importante de que las cosas no marchan bien del todo. 
Y el hecho de que en las encuestas de opinión se acuse de injerencia a alguien que trabaja para el Administrador principal es otro mal augurio para el futuro. 
No se trata sencillamente de apuntarse tantos, hace falta mucha modernización en Hong Kong y ésta sólo se logrará si existe consenso, pero el Gobierno verticalista de Hong Kong está mal equipado en estos momentos para alcanzar el consenso en la región. 
Aunque reconocemos que la transición se ha realizado sin sobresaltos, aún deberemos mantenernos atentos en algunos ámbitos. 
Me gustaría que se siguieran elaborando estos informes anuales y los informes del Parlamento de manera que podamos seguir muy de cerca la evolución de la situación en Hong Kong. 
Señor Presidente, yo también deseo sumar mis felicitaciones a John Cushnahan por este informe. 
Le envidio la oportunidad de haber podido redactarlo 
Si hay algo de lo que discrepo en este informe, es meramente el tema del equilibrio y la perspectiva. 
Es la cuestión de si alguien considera que una copa está medio llena o medio vacía. 
El Sr. Cushnahan señala acertadamente el tema de los tres casos jurídicos que han despertado inquietud. 
Señala acertadamente la falta de progreso en la introducción del sufragio universal para la elección del Administrador principal, la discriminación contra las empresas que mantienen relaciones comerciales con Taiwan y el descenso de la confianza en el sistema político. 
Son todos ellos retos importantes y aunque debemos agradecer que las cosas hayan marchado tan bien como lo han hecho, también debe preocuparnos que el progreso no haya sido mayor. 
Si creemos, como yo creo, que el mayor reto del siglo XXI es la democratización de China, el caso de Hong Kong resulta naturalmente un experimento fascinante. 
Me interesaría que el Comisario nos informara sobre la cumbre que el Sr. Prodi celebró con dirigentes chinos el pasado fin de semana y si Hong Kong estuvo representada en dichas conversaciones. 
La democracia y el Estado de derecho no podrán alcanzarse y mantenerse a menos que Occidente adopte la determinación de hacer oír su voz. 
Creo que, en este sentido, el historial de la Unión Europea queda muy por detrás del de los Estados Unidos de América. 
Sé que a nuestros Estados miembros les preocupa alzarse en contra de las autoridades chinas en materia de derechos humanos, por temor a represalias en la forma de sanciones comerciales. 
Pero si existe un ámbito en el que Europa occidental podría mantener una postura firme tras la bandera europea, es sin duda en este ámbito. 
Nuestra trayectoria en materia de derechos humanos debe ser tan buena como la de los Estados Unidos. 
La cumbre del ASEM celebrada la semana pasada consiguió aprobar una declaración que incluye entre los objetivos de la cooperación entre Asia y Europa el fomento de los derechos humanos. 
Es un avance, pero debemos dirigir nuestra mirada a la Comisión para que asuma una participación mucho más activa en este ámbito; en ningún otro lugar se sentirá tanto el fruto de un enfoque semejante como en Hong Kong. 
Señor Presidente, nuestro Grupo ha acogido favorablemente el respetable informe del Sr. Cushnahan. 
Aparte de la satisfacción generalizada por el buen funcionamiento de la política "un país, dos sistemas", coincidimos en que en ningún momento se puede bajar la guardia. 
Se han producido algunos hechos preocupantes que nos obligan a estar atentos. 
Somos los primeros en expresar nuestra preocupación por la decisión del Gobierno de Hong Kong de solicitar una interpretación de la Ley Fundamental de 1990 al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. 
Ello podría conferir a China el derecho de vetar las decisiones de los tribunales de Hong Kong, lo cual pondría en tela de juicio la autonomía jurídica de la Región Administrativa Especial. 
Esto es tanto más preocupante cuanto que el Gobierno de Hong Kong no emana de una mayoría democráticamente elegida. 
Las elecciones al Consejo Legislativo que se celebraron hace un mes volvieron a poner de manifiesto el déficit democrático. 
Los electores expresaron su desprecio por el sistema, en el que solamente 24 de los 60 escaños pasan a ser ocupados por personas elegidas directamente. 
Fue una de las razones de la baja participación electoral: el 43,6 %. 
El que un colegio electoral de 800 miembros decida luego sobre la atribución de otros 6 escaños y solamente 175.000 hombres de negocios tengan derecho a elegir a la otra mitad del Parlamento convierte las elecciones en una auténtica payasada. 
Así no sólo se mantienen las diferencias entre pobres y ricos, sino que además se intensifican. 
Es por eso por lo que somos partidarios de introducir cuanto antes elecciones directas, a más tardar en 2008, una vez que hayan desaparecido los impedimentos legislativos. 
Por último, señor Presidente, defendemos la necesidad de velar constantemente por la libertad de prensa, al tiempo que propugnamos la implantación de una normativa en materia de competencia leal así como la posibilidad de que Hong Kong entable una relación comercial abierta con Taiwan. 
Sobre esta base recomendamos que se lleve a cabo una política comercial estimulante con respecto a Hong Kong. 
. (EN) Estoy encantado de poder comentar el presente informe y elogiar la excelente labor que ha realizado mi distinguido amigo, John Cushnahan. 
Él y yo somos viejos amigos y, lo que es más importante, viejos amigos de Hong Kong. 
Los dos hablamos- por describirlo con un eufemismo- desde un conocimiento bastante profundo de esa comunidad tan particular. 
Ha sido un debate breve, pero hemos oído intervenciones excelentes y bien documentadas. 
Agradezco las amables observaciones que ha realizado su Señoría, Sr. Dimitrakopoulos, sobre mi etapa de Hong Kong. 
Estoy de acuerdo con él sobre la importancia de la libertad de expresión y de unos medios de comunicación fuertes y, a juzgar por mi experiencia la semana pasada, los medios de comunicación- al menos, la prensa- siguen siendo muy enérgicos. 
Su Señoría, Sr. Watson, se ha referido al hecho de que no deberíamos sentirnos intimidados respecto a lo que decimos sobre Hong Kong o sobre otros temas por temor a nuestras relaciones comerciales con China. 
Siempre me sorprende cuando alguien presenta un punto de vista contrario, entre otras cosas, porque según las cifras más recientes, China tuvo un superávit comercial con la Unión Europea por valor de 30.000 millones de euros. 
Durante los primeros seis meses del presente año, el superávit se elevó a 20.000 millones de euros y todo apunta a que podría alcanzarse la cifra de 40.000 millones de euros sobre todo el ejercicio, por lo tanto, no debemos perder de vista la verdadera dimensión de los aspectos comerciales, por ponerlo en términos muy suaves. 
Es una feliz coincidencia que el debate se celebre hoy, porque estuve en Hong Kong la semana pasada. 
Fue mi tercera visita desde que renuncié al cargo de Gobernador, y mi primera visita de trabajo como Comisario. 
Puedo informar de primera mano a la Asamblea de que a pesar de que existen algunos problemas, como han señalado varias de sus Señorías, Hong Kong sigue siendo una sociedad libre, sin duda una de las que goza de mayor libertad en Asia, como dejan claro los informes anuales de la Comisión y el informe del Parlamento. 
El secreto del gran éxito de Hong Kong siempre ha sido la fusión de su cultura emprendedora Hong Kong-china, unida a los atributos de una sociedad libre y abierta que tiene como base el Estado de derecho. 
El concepto de "un país, dos sistemas" consagrado en la declaración conjunta, ha sido creado para conservar esa mezcla especial; una mezcla entre un sistema judicial independiente, una administración pública limpia, cero tolerancia de la corrupción, libertad de prensa, por un lado, y economía de mercado, por otro. 
Como han dejado claro ambos ponentes, hasta ahora, en general, se está consiguiendo mantener esa mezcla, y comparto la opinión recogida en el informe de su Señoría de que lo fundamental del acuerdo permanece razonable intacto. 
Debemos recordar que Hong Kong ha pasado por unos años transcendentales. 
No sólo ha tenido que superar el traspaso de la soberanía, sino que tan pronto como se hizo el cambio de banderas, la crisis financiera sacudió a Hong Kong- al igual que al resto de Asia. 
Es un considerable homenaje a la fortaleza y resistencia de la población de Hong Kong el que ésta haya sabido tomarse con calma dichos acontecimientos tumultuosos. 
No me sorprende del todo, porque muchas de esas personas son antiguos refugiados o descendientes de refugiados y están acostumbrados a afrontar y superar la adversidad. 
Estoy encantado de que la economía de Hong Kong se esté recuperando con tanta fuerza tras unos años difíciles. 
Esto ha sido posible, en parte, gracias al excelente liderazgo de la extraordinaria administración pública de Hong Kong, sin olvidar a su Secretario General y Secretario Financiero que asisten a Tung Chee Hwa con la misma habilidad y dedicación con que me asistieron a mí. 
Hong Kong tiene una administración pública extraordinaria y habría estado bien que ésa hubiera sido la idea central del informe Xinhwa, al que ha hecho referencia su Señoría. 
En general, las cosas han ido bien, aunque, naturalmente, ha habido casos que han despertado inquietud entre los numerosos amigos de Hong Kong. 
Ambos informes abordan directamente estos casos. 
En particular, ambos informes mencionan las sentencias relativas al caso sobre el derecho de residencia ocurrido este mismo año. 
Fue un asunto importante. 
Hemos hecho hincapié y seguiremos insistiendo en que el modo en que se resolvió este asunto, en particular, la participación de Pekín, debe permanecer como un hecho totalmente excepcional. 
Ha habido además otros problemas, incluida la reciente controversia relativa a la libertad de enseñanza y el caso aún más reciente relativo al Ordenamiento del orden público, ámbito en el que la legislación provisional sustituyó la solución más liberal que legó mi administración por algo bastante menos liberal. 
No quiero entrar en eso, pero me tranquiliza que la opinión pública de Hong Kong siga dejando claro que se toma muy en serio sus libertades y sus derechos. 
Esto es válido también para los medios de comunicación, como he mencionado antes. 
El éxito a largo plazo de "un país, dos sistemas" siempre dependería de la voluntad de la población de Hong Kong de defender sus derechos y libertades; hasta ahora, todos los indicios apuntan a que la población está decidida a hacerlo. 
Hay un par de cuestiones específicas en nuestras relaciones bilaterales a las que hacen referencia ambos informes. 
Una es el acceso sin visado a la Unión Europea para los titulares de un pasaporte de la RAE de Hong Kong, y esta misma cuestión es aplicable también a Macao. 
Tanto el informe de la Comisión como el de su Señoría apoyan el acceso sin visado. 
Fue uno de los temas que surgieron varias veces durante mi visita de la semana pasada. 
Entonces aclaré- al igual que lo hago ahora- que apoyo firmemente el acceso sin visado. 
Existe preocupación por parte de algunos Estados miembros. 
Dichas preocupaciones no tienen fundamento. Provienen de los temores acerca de la inmigración ilegal procedente de China continental, y no de las regiones administrativas especiales de Hong Kong o Macao. 
Seguimos estando plenamente satisfechos con la integridad de los controles fronterizos existentes y con la integridad de los procedimientos relativos a la emisión de pasaportes de la RAS. 
El grupo de trabajo del Consejo sobre visados, que inspeccionó el sistema, creo que quedó impresionado. 
Espero que estemos dispuestos a conceder el acceso sin visado. 
También espero que podamos reforzar las florecientes relaciones económicas con Hong Kong con una cooperación más estrecha en otros ámbitos, como la educación y el medio ambiente. 
Intentaremos fomentar la utilización en Hong Kong de los actuales instrumentos de las Comunidades Europeas, tales como la participación en el Quinto programa marco sobre investigación, de acuerdo con lo que recomienda el informe de su Señoría. 
El informe contiene varias recomendaciones más que mis servicios estudiarán detenidamente. 
Si me permiten, diré una palabra más sobre la piratería de los derechos de propiedad intelectual, a la que se ha referido su Señoría, Sr. De Clercq; es un problema desde hace años. 
Mi administración adoptó medidas mucho más rigurosas para solucionarlo. 
La actual administración está adoptando medidas enérgicas para solucionar el problema, bajo las órdenes del nuevo director del Servicio de Aduanas, a quien por cierto conozco bastante bien porque fue mi secretario particular durante varios años. 
Todos han quedado impresionados por las dotes de mando que ha demostrado en sus intentos de resolver el que sin duda es un grave problema para la industria. 
Para terminar, respaldamos firmemente la opinión del Parlamento de que esta vigilancia- por parte del Parlamento y de la Comisión- es valiosa y debería continuar. 
No pretendemos interferir en los asuntos de Hong Kong, pero la comunidad internacional y la Unión Europea, en particular, tienen intereses considerables en Hong Kong y sus derechos y libertades están compilados en un tratado depositado en las Naciones Unidas. 
Seguiremos manteniendo nuestro interés en Hong Kong. 
Es una comunidad que ha despertado admiración en todo el mundo por sus logros y que, para gran satisfacción de su último gobernador, sigue despertándola. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Cooperación con los países ACP envueltos en conflictos armados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0296/2000) del Sr. Van Hecke, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 240- C5-0115/1999- 1999/2118 (COS) ) sobre la cooperación con los países ACP envueltos en conflictos armados. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión que estamos tratando aquí se publicó hace medio año, cuando estalló la guerra en África Central. 
Por falta de consenso no ha salido del Consejo en todo este tiempo. 
Se estima que desde entonces la guerra del Congo ya se ha cobrado 1,2 millones de vidas humanas. 
En mi informe procuro formular, con toda modestia, una serie de propuestas que deben ayudar a poner fin a la espiral de violencia y subdesarrollo en los que están sumidos muchos de nuestros socios ACP. 
Las propuestas también han de evitar que los fondos europeos se empleen para financiar la maquinaria bélica. 
Mi informe se puede resumir en tres palabras que empiezan por una c: condicionalidad, coherencia y control. 
El vínculo entre asistencia financiera y condonación de la deuda, por una parte, y entre buen gobierno, democracia y respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, por otra, debe ser más claro de lo que ha sido hasta la fecha. 
Incluso soy partidario de fijar en los países ACP un límite máximo para gastos militares por encima del cual ya no sea posible optar a asistencia o condonación de la deuda. 
En caso de que no se cumplan estos requisitos la Unión Europea debe atreverse a adoptar medidas adecuadas, desde la presión diplomática y la suspensión de la ayuda hasta la imposición de sanciones, preferiblemente embargos de armas y diamantes o las denominadas smart sanctions, que afectan a las élites del poder y no a la población. 
En este contexto quisiera instar a la Comisión a que aplique criterios unívocos a la hora de suspender la ayuda. 
En mi opinión, sería muy útil que en el marco del artículo 96 del Acuerdo de Cotonou se elaborara una lista de todas las posibles violaciones de dicho acuerdo. 
En este momento no puedo librarme de la impresión de que la Comisión se rige demasiado por un enfoque ad hoc, por lo que se le puede reprochar que mida con dos raseros. 
Aparte de la condicionalidad se exige más coherencia, más coherencia entre la vía de Lomé y la vía de la PESC y entre la política de la Unión y la política de los Estados miembros. 
Situaciones como la de Etiopía, en las que la Comisión Europea y algunos Estados miembros congelan la ayuda en tanto que otros Estados miembros ponen en marcha nuevos programas, han de evitarse a toda costa. 
Amén de esto, es imprescindible que se ejerza un control más estricto sobre el empleo del dinero europeo. 
Los países ACP que están implicados en conflictos armados deben permitir al Banco Mundial y al FMI que examinen toda su contabilidad. Allí donde la ayuda europea al desarrollo se utiliza para la compra de armas debe suspenderse inmediatamente la asistencia estructural. 
A este respecto toda intransigencia es poca. 
Creo, sin embargo, que todo ello no puede desviar la atención de uno de los principales cometidos de la Unión Europea: la prevención de conflictos. 
Como ha quedado demostrado en el caso de Ruanda y Etiopía, no suelen faltar señales de alarma, pero la respuesta que se les da no es siempre la más adecuada y a menudo se hace esperar. 
Por eso, es importante que las causas de los problemas se combatan con la debida antelación. 
La prevención de conflictos implica asimismo la lucha contra la pobreza, el refuerzo de la democracia y la sociedad civil, un mejor control del tráfico ilegal de armas, la creación de una fuerza de paz africana, una normativa internacional para el uso de ejércitos mercenarios y un mejor seguimiento de la prohibición universal de utilizar a niños soldados. 
Además, señor Presidente, abogo en mi informe por una mayor implicación del Parlamento Europeo. Estimo fundamental que adquiramos una mayor participación en la congelación y la descongelación de la ayuda. 
Señor Presidente, espero que el Consejo no vuelva a aplazar sine die esta importante comunicación, cuya primera piedra fue colocada por el antiguo Comisario Deus Pinheiro. 
Si realmente queremos contribuir al restablecimiento de la paz en el África Central, tenemos que actuar con decisión y coherencia, hemos de condicionar la ayuda y tenemos que imponer un embargo de armas generalizado a la región de los Grandes Lagos. 
La ayuda al desarrollo no puede destinarse bajo ningún concepto a fines bélicos. 
Esto es inaceptable, no sólo de cara a la población afectada sino también respecto al contribuyente europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación quisiera añadir algunas observaciones a las propuestas dignas de encomio que ha formulado el Sr. Van Hecke en su calidad de ponente. 
Suscribo todo lo que ha dicho, no sólo a título personal sino en nombre de toda la comisión, y además, quiero darle las gracias por la constructiva colaboración gracias a la cual todas las enmiendas de la Comisión Desarrollo y Cooperación ya han sido incorporadas al texto. Es algo que sin duda agradará el Presidente, puesto que de este modo se reduce considerablemente el número de votaciones. 
Las observaciones que pienso someter hoy a su consideración, señor Comisario, están casi todas relacionadas con la práctica. 
Hoy mismo hemos podido leer en los periódicos que ha vuelto a empeorar la situación en Costa de Marfil, que nuestra gente que está allí para informar de las elecciones corre el peligro de quedar atrapada en un nuevo conflicto armado interno. 
Albergamos dudas sobre la coherencia de la política de la Comisión y del Consejo, cuya ausencia lamento otra vez más. 
Mientras que en septiembre de 1998 se acordó no prestar asistencia financiera a países en guerra, la Comisión concedió 110 millones de euros a Ruanda en marzo de 2000, aun cuando este país ocupe grandes partes de la República Democrática del Congo, pese a los acuerdos de paz. 
Sé muy bien que hay muchos que se han manchado las manos en este conflicto. 
Pero me pregunto si no estamos siendo más exigentes con la República Democrática del Congo de Kabila que con Uganda, si no estamos siendo más exigentes con Zimbabwe que con Ruanda. 
Tengo la impresión de que éste, de hecho, es el caso porque en realidad se está aplicando una política de dos raseros a países envueltos en el mismo conflicto armado. 
Algunos reciben apoyo poco menos que incondicional de la Unión Europea, el FMI y otras fuentes, en tanto que la ayuda a otros países está supeditada a condiciones muy estrictas. 
En ocasiones ello puede llegar a influir directamente en las relaciones de poder entre países enzarzados en el mismo conflicto. 
Permítanme que hable claro: me opongo a todo tipo de ayuda presupuestaria a países envueltos en conflictos armados, porque en la mayoría de los casos dicha ayuda acaba destinándose directa o indirectamente a la compra de armamento. 
Y con esto he llegado a otra punto débil de la política europea. 
La exportación de armas merece una mención especial puesto que es corresponsable de los diferentes conflictos. 
No sólo prospera el tráfico de armas ilegal, sino que, aparte de esto, el tráfico de armas controlado se preocupa más por la "competencia leal" entre los traficantes de armas que por la paz que nosotros defendemos aquí. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se ha fijado como objetivo la erradicación de la pobreza en estas regiones de África, el Caribe y el Pacífico, a las que es necesario arrancar de su miseria. 
Se trata de un deber de la rica Europa, pero creo que también le interesa. 
Entre las causas de esta pobreza, nuestro ponente Johan Van Hecke, en su completísimo informe, tiene razón en denunciar la anarquía reinante, consecuencia de los conflictos armados, que no cesan de ensangrentar algunas de estas regiones. 
En el inventario de las soluciones que deben aportarse a dicha situación, sin injerir en los asuntos interiores de todos estos países, celosos de su independencia, Johan Van Hecke ha citado, con razón, la creación de una fuerza de paz. 
Permítanme que, basándome en mi propia experiencia, desarrolle este punto. 
La era de las intervenciones militares de contingentes europeos está superada, no tanto porque éstas tuvieran resabios neocolonialistas, sino porque los recientes compromisos de la comunidad internacional, por mandato de las Naciones Unidas o como consecuencia de acuerdos multilaterales, han demostrado que era necesario regionalizar el tratamiento de las crisis. 
Para ser realmente útil en las tareas de mantenimiento o de restablecimiento de la paz, se requiere un conocimiento profundo de la Historia, de la cultura e incluso de la lengua del país en el que se va a intervenir. 
Por esta razón se han creado- y éstos deben ser desarrollados con la ayuda de la Unión Europea- mecanismos regionales de gestión de los conflictos, que deben hacerse cargo progresivamente de la responsabilidad de las acciones in situ, en el marco de una estrategia común coordinada entre los Estados miembros y los propios países ACP, y cuya creación debe seguir siendo definida y controlada más activamente por nuestro Parlamento. 
Uno de los méritos de nuestro ponente es haber sabido proponer, en esta perspectiva, uno de los inventarios más exhaustivos de las reflexiones y de las acciones que pueden y deben ser llevadas a cabo. 
Señor Presidente, el nuevo Acuerdo de cooperación firmado en Cotonou constituye una ocasión idónea para corregir deficiencias comprobadas en la andadura anterior y para aclarar conceptos y normas de actuación en situaciones específicas de nuestra cooperación con los Estados ACP, por ejemplo, en la situación que dio lugar a la Comunicación de la Comisión que aquí nos ocupa y a los informes de los colegas Van Hecke y Maes, es decir, a lo que debe acontecer cuando un país asociado se ve implicado en un conflicto armado. 
En la línea de lo afirmado por los ponentes, nos parece obligado que la Unión revise sus programas de asistencia a países en guerra, entre otras razones, para evitar que los fondos asignados puedan desviarse hacia actividades militares. 
Incluso como cuestión de principios, debe reconsiderarse el apoyo a países o regímenes que sean responsables de aventuras armadas en Estados vecinos o que gasten recursos desproporcionados en armamento, cuando no en operaciones de represión de los derechos individuales o de las minorías dentro de su propia población. 
Debemos tener bien presente el artículo 11 del nuevo Tratado en el que se afirma el compromiso europeo con políticas de construcción de la paz y de la prevención y resolución de conflictos armados. 
El diálogo entre las partes enfrentadas y el diálogo de la Unión con esas mismas partes deben ser el mecanismo clave de estas actuaciones. 
Con la Sra. Maes manifestamos nuestra perplejidad ante conductas paradójicas, en las que vemos cómo desde la Unión se han aprobado ayudas de millones de euros a países claramente comprometidos en la ocupación militar de alguno de sus vecinos. 
A este respecto, es inaceptable la conducta de doble rasero con que a veces se aplica la política de ayudas y nos preocupan también las contradicciones que puedan darse en la actuación de Estados miembros, o de alguno de éstos, y la propia Unión. 
Creo que es conveniente que el Parlamento tenga más transparencia, más coherencia, más información y más control sobre estas políticas. 
Tengamos presente, por último, que, a menudo, la disminución o la congelación de nuestra ayuda al desarrollo para un determinado país en guerra necesitaría llevar aparejado un esfuerzo suplementario en ayudas de tipo humanitario a las poblaciones del propio país, víctimas principales de tales conflictos. 
Aquí, una vez más, será imprescindible la intervención de las ONG solventes, a través de las cuales tales programas podrían llevarse a cabo con garantías de éxito y eficacia. 
Señor Presidente, los conflictos armados son siempre obra humana, por bestiales que sean. 
Nunca son inevitables, a diferencia de las catástrofes naturales. Los líderes que los provocan cargan con una inmensa responsabilidad. 
Es siempre así, pero lo es más en países paupérrimos. 
¿Y de qué se trata? 
¿De conquistar el poder o de la negativa a abandonarlo? 
¿De acaparar recursos minerales, de masacrar otros grupos étnicos, de segregarse o de apoderarse de parte del desierto? 
África es un continente particularmente belicoso. 
Uno de cada cinco africanos vive en un país enzarzado en un serio conflicto y para mayor desgracia los conflictos armados van en aumento, tanto en número como en intensidad. 
Cabe preguntarse por qué eso es así. 
La Unión Europea tiene la obligación política y moral de hacer todo lo posible por prevenir y detener los conflictos en los países ACP. 
El informe del Sr. Van Hecke se corresponde plenamente con mi opinión al respecto. 
Hemos de mostrarnos mucho más exigentes con regímenes ACP irresponsables, debemos aplicar criterios unívocos a la hora de suspender la ayuda y las sanciones han de ajustarse a la situación concreta de cada país. 
Tenemos que castigar a los dirigentes, por difícil que esto sea, no a la población, y nuestro Parlamento debe participar directamente en las decisiones acerca de la suspensión de la ayuda. 
Es un gran escándalo que la ayuda europea al desarrollo se destine a la compra de armamento. 
Por su parte, los Estados miembros que exportan armas a las partes beligerantes son corresponsables del inmenso dolor humano y la destrucción de su propia ayuda al desarrollo. 
Es justo, señor Presidente, que el Acuerdo de Cotonou siente las bases para un mayor desarrollo, participación en el comercio mundial y diálogo político, pero los países ACP que optan por la violencia dinamitan esta cooperación y hacen jirones el acuerdo. 
Señor Presidente, acojo con entusiasmo este informe y felicito al ponente por el mismo. 
Sólo hay una cuestión que nos preocupa mucho y es que el ponente amplíe la aplicación del principio de condicionalidad al alivio de la deuda. 
En casi cualquier otra área yo apoyaría la condicionalidad. 
Creo firmemente que tenemos la responsabilidad de utilizar las herramientas de que disponemos para promover el buen gobierno, la democracia y el estado de derecho en nuestras relaciones internacionales. 
Pero, a pesar de que esto debería, sin duda, guiar nuestras políticas de ayuda, hay que establecer una importante distinción cuando se trata del alivio de la deuda. 
Porque la historia demuestra que la responsabilidad de la deuda reside tanto en los acreedores como en los deudores. 
Es más, desde que se efectuaron los primeros préstamos, el valor de la deuda ha ido creciendo muy por encima de los préstamos originales. 
Muchos países están volviendo a pagar sus deudas varias veces. 
Algunos países siguen gastando más en el pago de la deuda que en sanidad y educación juntas, pero las personas que sufren esta desviación de recursos está claro que no son los que se beneficiaron de los préstamos originales que se concedieron. 
Existe un argumento válido según el cual ¿de qué sirve anular la deuda si gobiernos no democráticos sencillamente malversan los fondos para sus propios fines? 
Eso sigue siendo una posibilidad. 
Pero existe, quizás, una posibilidad mayor de que la población, una vez que sepa que se ha anulado la deuda, ejerza mayor presión sobre sus gobiernos para lograr el muy necesario gasto social. 
El informe del Sr. Van Hecke dice que aplicar la condicionalidad exige coherencia y valentía. 
Estoy de acuerdo. 
Pero, en el contexto del alivio de la deuda, también exige justicia y el reconocimiento de que, en muchos casos, la deuda original ya se ha pagado muchas veces. 
Señor Presidente, desearía agradecer al ponente por la pertinencia de sus observaciones y sus numerosas propuestas. 
De los treinta y cuatro países más pobres del mundo, veinte se hallan envueltos en un conflicto. 
Esta situación provoca la inestabilidad de regiones enteras. 
El Sr. Morillon tiene razón en subrayar el problema de la miseria, cuya erradicación constituye uno de los objetivos que nos hemos fijado en nuestra reunión con los países ACP. 
Creo que hoy no podemos dejar de reflexionar sobre el problema de la anulación de la deuda, de las denominadas políticas "de ajuste estructural", que conducen dichos países a la deriva. Creo que debemos dejar de fijar nosotros mismos los precios de las materias primas y que debemos vender triterapias y medicamentos a precio de fábrica. 
Estoy convencido de que existen algunas solidaridades que debemos aplicar. 
En el momento en que me dirijo a ustedes, Señorías, señor Presidente, no puedo dejar de pensar en el conjunto de los demócratas y en el pueblo de Côte d´Ivoire, que en este preciso instante está en la calle para pedir, en nombre de la democracia, que se vaya la junta militar, que se vaya el General Gueï. 
Nosotros sabemos que con él se está preparando la balcanización de África. Se trata de un poder etnicista que no podemos aceptar. 
Creo, pues, que para orientarnos en el sentido que decía el ponente, hoy debemos hablar muy claramente al contribuyente europeo y a los países ACP. 
Debemos comprometernos a decir a la junta militar de Côte d´Ivoire, como al conjunto del poder dictatorial, que nunca la aceptaremos, que nunca le daremos ningún tipo de protección, que vamos a congelar sus activos y que, además, apoyamos plena e íntegramente al conjunto de los demócratas. 
Estas frases tan simples y tan enérgicas son las que nos permitirán entendernos. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Van Hecke plantea una cuestión fundamental, la de hasta qué punto son las ayudas internacionales a países en conflicto un factor de ese mismo conflicto y hasta qué punto favorecen a gobiernos corruptos y beligerantes. 
En relación con una de las zonas más pobres y desgraciadas del mundo, quisiera citar dos ejemplos del pernicioso papel de las ayudas internacionales concedidas sin condiciones. 
Me refiero a un país que está ininterrumpidamente en guerra desde el decenio de 1960 y a otro que tiene una paz precaria, pero al que las ayudas internacionales, de forma perversa, pueden perjudicar: Angola y Mozambique, respectivamente. 
En Angola, el Gobierno y UNITA riñen una de las guerras civiles más crueles de África y, por desgracia, está claro que la ayuda internacional- en particular, al Gobierno de Luanda- ha desempeñado un papel en el mantenimiento de ese conflicto. 
Por desgracia, lamento que mi propio Gobierno, el portugués, participe en ese esfuerzo militar. 
En el caso de Mozambique, en el que hay una paz precaria conseguida con mucha dificultad, la utilización de la ayuda internacional por el partido en el poder con vistas a favorecer a determinadas provincias en detrimento de otras en función de los resultados electorales puede ser en sí mismo un factor importante en la crisis de la paz conseguida con tanto esfuerzo hace ya algunos años y en la reanudación del conflicto civil en Mozambique. 
Y ése es un asunto que debe preocupar esencialmente a la Unión Europea y a los países donantes: saber si en determinados países como Mozambique se está utilizando la ayuda internacional como un instrumento de poder para legitimar un gobierno que se encuentra en los límites de la democracia y, desde ese punto de vista, contribuir a acabar con una paz muy precaria. 
Se trata de asuntos que el informe plantea y que deben merecer considerable reflexión por nuestra parte. 
Señor Presidente, yo también apruebo tanto la comunicación de la Comisión como el informe que tenemos hoy ante nosotros. 
Un mensaje clave de todo esto es la necesidad de coherencia. 
La Unión Europea dispone de un abanico de actividades: los Acuerdos de Lomé, la PESC, las políticas de ayuda externa; y con demasiada frecuencia una parte no es necesariamente coherente con otra. 
La coherencia debe ser nuestro objetivo primordial. 
En segundo lugar, la prevención de conflictos debe ser una prioridad de la Unión Europea. 
Ya estamos estableciendo medidas. 
Tenemos al Alto Representante, tenemos la unidad de planificación y alerta temprana en el Consejo. 
Ellos deben ahora insistir en que tenemos que centrarnos en la prevención de conflictos más que en intervenir militarmente cuando el conflicto ya haya escapado al control. 
En concreto, debemos dar la importancia que merecen cosas como la escasez de agua en tanto que causa de conflictos. 
La política de la Comisión debería dirigirse a conseguir aumentar las reservas de agua y no a reducirlo como a veces ha ocurrido. 
Como ya se ha mencionado, tenemos que subrayar la importancia del buen gobierno y de la democracia. 
Eso debería formar parte de la condicionalidad y deberíamos exigir a los Estados miembros que no apoyen a políticos por necesidades a corto plazo si no reúnen los requisitos esenciales de buen gobierno y democracia. 
Con demasiada frecuencia, estamos dispuestos a apoyar a un grupo contra otro en detrimento de la paz en una zona concreta. 
Por último, lo que debemos hacer, desde luego, es detener el flujo de armas a estas regiones, y no sólo con medidas contra las armas ligeras. 
Me gustaría ver, como señalaba en mi informe del mes pasado, que se adoptan medidas contra los intermediarios de ventas de armas en toda la Unión Europea. 
En muchos países, no existen controles sobre las actividades de los vendedores de armas. 
Pueden hacer negocios a placer y, casi en todos los conflictos pueden encontrarse a estos intermediarios detrás de la proliferación de armas. 
Es crucial que, como parte del código de conducta de la UE, exijamos una licencia a los vendedores de armas y empecemos a controlar sus actividades. 
De nada sirve que los gobiernos pongan en orden las exportaciones si permitimos a los particulares que actúen del modo que lo están haciendo. 
Del mismo modo, deberíamos observar la fabricación con licencia. 
De nada sirve disponer de normas sobre la fabricación dentro de la UE si las empresas de la UE pueden conseguir licencias a la producción en el exterior sorteando los controles. 
Yo apruebo este informe, pero quisiera subrayar que no conseguirá nada si no estamos dispuestos a detener el flujo de armas a las regiones en conflicto. 
Esto exige una acción mucho más firme que la que hemos estado dispuestos a permitir hasta ahora. 
Señor Presidente, el informe constata una evidencia: la extensión y la intensidad de los conflictos armados en África son dramáticos, y éstos se traducen en inmensos sufrimientos humanos. 
Sin embargo, este lenguaje compasivo es también una manera de disimular la responsabilidad directa o indirecta, pero abrumadora, de las propias grandes potencias europeas en la mayoría de los conflictos, desde Rwanda hasta Sierra Leona. 
Hoy en Côte d´Ivoire, aun cuando frente a la reacción de la población de Abidjan contra el intento de un nuevo golpe de Estado militar, tanto Jospin como Chirac toman posición contra la sublevación, ¿cómo podemos dejar de denunciar la política del imperialismo francés? 
Los vínculos del general Gueï con el Estado Mayor francés son notorios, así como los vínculos con algunos grupos industriales franceses que controlan sectores económicos enteros en Côte d´Ivoire. 
París observó con una neutralidad condescendiente el primer golpe de Estado de Gueï, y sobre todo ha demostrado una discreción vergonzosa frente a la abyecta demagogia xenófoba étnica desarrollada desde hace años por los medios dirigentes de Côte d´Ivoire. 
París calló incluso frente al hecho de que los pretextos étnicos fuesen utilizados en la selección de los candidatos en la elección presidencial, corriéndose el riesgo catastrófico de transformar las rivalidades por el poder en guerra étnica. 
Si las instituciones europeas quisieran realmente atacar las causas del mal que afecta a África, éstas deberían empezar por oponerse a la política de las propias grandes potencias europeas. 
Señor Presidente, cabe felicitar al ponente y elaborador de este informe por el trabajo tan sensato que ha realizado. 
Una exposición tan buena clama por ser llevada a la práctica ya de por sí, y conviene que nuestros políticos se compromentan totalmente con ella, también por el bien de todos nosotros. 
El informe constata con razón nuestro peso como mayor aportador de ayudas a muchos de los Estados ACT, hecho que, a nivel político, no se refleja aún suficientemente a la hora de resolver los conflictos. 
Éste debe ser el punto de partida de nuestras acciones. 
Por ello, me congratulo de que el informe hable de la importancia del condicionamiento positivo de las ayudas sin remordimientos de conciencia. 
Existen razones para ello. 
El perfil de las crisis se ha transformado decisivamente durante las últimas décadas. 
La ONU, que originariamente fue fundada para intervenir en conflictos entre diferentes estados, está tanteando la forma de reafirmar de nuevo su papel en la gestión de las crisis que se están generalizando, cada vez más, en el interior de los propios estados. 
Precisamente por esto, la UE, como socio político y económico que es, tiene ahora una gran responsabilidad en el tema, así como grandes posibilidades de influir en la situación. 
Parece que la tendencia mundial es que la mayor parte de los conflictos tengan una dimensión religiosa: Kosovo, Chechenia, el sur del Sudán, Irlanda del Norte, Timor Oriental, Sri Lanka, Nigeria, Cachemira y, como uno de los peores conflictos de los últimos tiempos, las Moluscas de Indonesia. 
Esto no se ha comprendido del todo en Occidente. 
Aquí se piensa que cuando se trata de religión, se está ante una cuestión de carácter privado. 
Pero las tensiones religiosas han sidos usadas en esos países con fines políticos. 
Señor Presidente, necesitamos instrumentos para resolver este acuciante problema. 
En mi opinión, un objetivo muy importante sería crear la figura de un observador o defensor de los derechos humanos especializado en conflictos religiosos que mantenga informada a la UE. 
La UE también tendría que presionar firme y sistemáticamente a los gobiernos para que permitan la entrada de los observadores internacionales de los derechos humanos en los países envueltos en guerras, con el fin de llevar a cabo un estudio objetivo e imparcial de los conflictos. 
También tenemos que recurrir siempre a la posibilidad de exigir que los gobiernos se comprometan a garantizar la llegada de la ayuda humanitaria a las zonas en conflicto. 
. (EN) La iniciativa de la Comisión de revisar la cooperación con los países ACP envueltos en conflictos armados en 1998 y su comunicación de mayo de 1999, sirvieron para iniciar un debate sobre la respuesta más apropiada de la UE hacia los países en conflicto con los que la UE tenga una estrecha relación de cooperación. 
Mi colega, el Sr. Patten, propuso en marzo de este año que el Consejo de Asuntos Generales considerara esta comunicación en el marco de su debate sobre los conflictos en África. 
El Consejo de Asuntos Generales llegó a la conclusión en mayo de que los órganos correspondientes del Consejo deberían continuar su reflexión acerca de la cuestión de la ayuda humanitaria a países envueltos en conflictos armados, sobre la base de la comunicación de la Comisión. 
Lamento que los Estados miembros no hayan asumido de un modo más activo la comunicación de la Comisión. 
Los acontecimientos en la República Democrática del Congo y en sus países vecinos, Angola y Burundi, en el Cuerno de África y ahora, de nuevo, en África Occidental, en especial en Sierra Leone, han demostrado que no podemos dejar de abordar estas difíciles cuestiones. 
La Comisión está estudiando su respuesta y, en concreto, la aplicación del Artículo 96 del Acuerdo de Cotonou cuando corresponda. 
Un marco integral nos ayudaría a responder caso por caso a cada conflicto. 
Si el Consejo está dispuesto a desarrollar la comunicación, por ejemplo, formulando conclusiones del Consejo, la Comisión le prestará su asistencia para que queden reflejados los numerosos avances que se han producido desde mediados de 1999 en la política de la UE en materia de gestión de crisis y en la PESC, así como la evolución de la respuesta de la comunidad internacional a los conflictos. 
También tendremos en cuenta las innovaciones del Acuerdo de Cotonou, en especial las relativas al diálogo político, que debería ayudarnos a encontrar medidas adecuadas y respuestas proporcionadas y coherentes. 
Pero es evidente que no existen soluciones fáciles para estos problemas, como prueban claramente las contribuciones que esta tarde se han hecho aquí al debate. 
La clave la constituirá, en cualquier caso, la voluntad política real de los Estados miembros de mantener una línea común. 
La Comisión no puede prometer milagros al Parlamento en este terreno. 
Estamos dispuestos a incluir en las deliberaciones a otros países envueltos en conflictos armados. 
El conflicto violento no es un fenómeno limitado a los países ACP. 
La Unión Europea debe estar preparada para reaccionar ante la violencia de un modo eficaz y coherente también en otras zonas del planeta. 
La comunicación es una invitación a que se entable un debate acerca de las relaciones de la UE con países para los que la forma tradicional de cooperación al desarrollo ha pasado a ser cuestionable u obsoleta. 
Se trata de un debate difícil. 
Preferiríamos dedicar todos nuestros esfuerzos a ayudar a los países ACP en la difícil tarea de superar la pobreza y de integrarse en una economía global que cambia rápidamente. 
Sin embargo, para un número considerable de nuestros socios ACP, el reto principal es el restablecimiento de la paz, o la contención de la desestabilización de la zona. 
La paz es una condición previa indispensable para el desarrollo, y los países que sigan envueltos en conflictos violentos se excluyen a sí mismos de los beneficios potenciales de la nueva relación de cooperación que la UE les está ofreciendo. 
También se están privando de las oportunidades que ofrece la actual transformación de la economía global. 
Dañan las perspectivas de inversión extranjera, no sólo en estos países, sino también en sus regiones. 
En países menos inestables, nuestros esfuerzos por luchar contra la pobreza y de aliviar la deuda están contribuyendo a largo plazo a la prevención de conflictos. 
La Comisión no ha estado ociosa desde que presentó la comunicación. 
Ya ha adoptado numerosas iniciativas dirigidas a fortalecer su capacidad de abordar eficazmente el problema de los conflictos violentos en los países ACP. 
Se presta apoyo a la OUA y a organizaciones subregionales como CEDEAO e IGADD en los ámbitos de prevención y gestión de conflictos. 
La cantidad de fondos que se destinan a la gestión de crisis o a la reconstrucción después del conflicto es considerable. 
Tenemos el compromiso de aumentar nuestros esfuerzos parar prevenir de manera eficaz la violencia y para resolver las crisis pacíficamente. 
La Comunidad dispone de un gran número de instrumentos para la prevención y la resolución de conflictos, que van desde los acuerdos comerciales y de cooperación hasta el apoyo al desarrollo de la capacidad institucional, al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las minorías, o a la desmovilización y la rehabilitación. 
Tenemos el compromiso de hacer un uso aun más eficaz y mejor dirigido de estos instrumentos. 
En este sentido, pretendemos, en concreto, incluir objetivos de prevención de conflictos en la elaboración de los programas de asistencia económica y de asistencia al desarrollo. 
El problema, sin embargo, reside en que el propio carácter rígido de estos instrumentos constituye una limitación a lo que podemos hacer con ellos y a cómo podemos utilizarlos. 
Las limitaciones presupuestarias y los procedimientos de toma de decisiones basados en la comitología limitan nuestras opciones de reacción rápida y flexible. 
Todo esto parece muy distinto del concepto de caja de herramientas, que es en lo que pienso cuando hablo de los numerosos instrumentos de que disponemos. 
El concepto de caja de herramientas ofrece una buena imagen de la situación ideal y supone una forma satisfactoria de utilizar la diversidad de instrumentos. 
Pero, nos encontramos en una situación diferente, a pesar de que estemos realizando decididos esfuerzos de reforma. 
Yo añadiría que el valor fundamental de la cooperación al desarrollo, en relación con la cuestión de los conflictos, es el efecto preventivo. 
Una vez que el conflicto ya ha estallado, no tenemos tanta fuerza; nuestros esfuerzos pueden ser más útiles si se hacen anticipadamente. 
No hay duda alguna de que la iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados) , financiada por la UE pero aún no financiada por EE.UU., es ahora mismo la mayor contribución a la prevención de conflictos en el mundo. 
Hay pocas dudas de que los países muy pobres, fuertemente endeudados, caerán en la inestabilidad y el conflicto si el mundo rico no es eficaz en los HIPC. 
Asimismo el establecimiento de cooperación económica regional, prevista en el Acuerdo de Cotonou, constituye una contribución básica para la estabilidad de África. 
En los próximos años daremos prioridad a la creación de estructuras regionales de estabilidad y cooperación como contribución fundamental a la promoción de la paz y el progreso en África. 
Quisiera decir algunas palabras sobre la situación en Costa de Marfil, a la vista de lo que se ha dicho en este debate. 
Desgraciadamente, se ha producido un rápido deterioro de la situación desde las elecciones del domingo. 
La situación cambia casi de una hora para otra, pero, por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos. 
Prevemos que habrá que reabrir las consultas del Artículo 96 si no se crea una situación estable y clara tras las elecciones. 
En verdad, se trata de una situación muy lamentable y tememos que se produzca todavía más violencia si las cosas no se controlan rápidamente. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Moratoria sobre la ejecución de la pena capital 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a hacer una declaración sobre la ejecución de las rúbricas presupuestarias "Derechos humanos- Democracia" en lo relativo a las campañas en favor de una moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte. 
. (EN) Este Parlamento y, por si sirve de algo, este Comisario, llevan mucho tiempo oponiéndose a la pena de muerte. 
En lo que a mí respecta, voté una y otra vez en contra de la misma cuando era diputado en otro parlamento. 
Una de las primeras decisiones que adopté cuando fui gobernador de Hong Kong, con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, fue suprimir la pena de muerte de la legislación de Hong Kong y estoy encantado de que siga siendo ilegal. 
El Parlamento ya ha declarado en anteriores ocasiones que considera la pena capital una forma de castigo inhumana, medieval e indigna de las sociedades modernas. 
Sé que mucha gente comparte ese sentimiento. 
Me complace que todos los países de Europa central y oriental candidatos a la adhesión a la Unión Europea hayan abolido la pena de muerte. 
Avanzamos hacia una Europa en la que la pena de muerte se prohiba en todo el continente. 
La Unión Europea se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y se ha comprometido a abogar por su abolición universal. 
Esta postura tiene sus raíces en nuestra creencia en la dignidad inherente de todos los seres humanos y en la inviolabilidad de la persona. 
En mi caso, la oposición a la pena de muerte se basa también en que creo que la vida humana es sagrada. 
87 estados mantienen la pena de muerte y alrededor de 30 llevan a cabo ejecuciones todos años. 
Varios estados llevan a cabo ejecuciones en cantidades industriales. 
La Unión Europea lleva ya algún tiempo defendiendo una moratoria global. 
La Unión ha establecido una serie de directrices para identificar las circunstancias en las que la Unión Europea puede adoptar medidas específicas y en una dirección concreta. 
Estas directrices señalan que la Unión Europea animará a los estados a que se adhieran al segundo protocolo facultativo del Convenio de Derechos Políticos y Civiles y a mecanismos regionales comparables destinados a la abolición de la pena de muerte. 
También plantearemos la cuestión de la pena de muerte en los foros multilaterales. 
La Unión Europea comparte con todos aquellos contrarios a la pena de muerte la profunda preocupación de que es imposible reducir a cero el riesgo de aplicar por error la pena. 
Ese riesgo, el riesgo de acabar con vidas inocentes, es razón suficiente, a juicio de muchos de nosotros, para prohibir este tipo de castigo. 
Tampoco aceptamos el argumento de que la pena de muerte es disuasoria del crimen violento porque en nuestros países es evidente que las pruebas no apoyan esa afirmación. 
En países que mantienen la pena de muerte, la Unión Europea pretende la restricción progresiva de su ámbito de aplicación y el respeto por las estrictas condiciones establecidas en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con arreglo a los cuales puede emplearse la pena capital, así como el establecimiento de una moratoria de ejecuciones, de tal forma que se elimine completamente la pena de muerte. 
Durante las presidencias de Finlandia y Portugal, la Unión Europea planteó la cuestión de la pena de muerte a un gran número de países, entre ellos a las autoridades de Antigua y Barbuda, Burundi, Bahamas, China, Guayana, India, Irán, Kuirguizistán, la Autoridad Palestina, Pakistán, Filipinas, Tayikistán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zimbabwe. 
En el caso de China, utilizamos el foro de diálogo sobre derechos humanos para plantear la cuestión una y otra vez. 
Lamento que China siga haciendo un uso casi diario de la pena de muerte. 
La Unión Europea está especialmente preocupada por la imposición de la pena de muerte a jóvenes que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito. 
El planteamiento europeo de la justicia juvenil es coherente con las normas de justicia juvenil internacionalmente reconocidas y recogidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Decía al principio que la Unión Europea había decidido plantear la cuestión de la pena de muerte en foros internacionales. 
Esto no siempre ha sido sencillo. 
La Cámara recordará que, el año pasado, después de una intensa negociación, decidimos que era mejor que en la Asamblea General de NN.UU. de noviembre no hubiera ninguna resolución a que hubiera un texto fatalmente imperfecto y que, por tanto, la Unión Europea no debería proponer su iniciativa en la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Sin embargo, me complace mucho decir que, el pasado mes de abril, se aprobó con una amplia mayoría la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de NN.UU. Parece que, aunque los partidarios de mantener la pena se resignen hasta posteriores textos de la Comisión de Derechos Humanos acerca de esta cuestión, seguirán oponiéndose firmemente a cualquier intento de lograr una resolución de la Asamblea General. 
Esto conduciría a un debate todavía más dividido. 
Por ello, la Unión Europea ha decidido que no sería aconsejable ni oportuno presentar una resolución sobre la pena de muerte en la 55 A.G. de NN.UU. 
Mientras tanto seguimos apoyando campañas destinadas a conseguir una moratoria en la pena de muerte y en las ejecuciones, y, en última instancia, la abolición de la pena capital en todo el mundo. 
Lo hacemos con arreglo a las partidas presupuestarias incluidas en el capítulo "Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos". 
En concreto, dentro de la partida presupuestaria B7-704, estamos llevando a cabo una serie de iniciativas en todo el mundo destinadas a movilizar a la opinión pública contra la pena de muerte. 
En 1999, se estableció un programa conjunto entre la Comisión y el Consejo de Europa con el fin de aumentar la sensibilización de la población sobre diversos temas relacionados con la abolición de la pena de muerte en Rusia, Turquía, Albania y Ucrania. 
El programa, por un valor de 670.000 euros repartidos en dos años, facilitará información a los parlamentarios, a los expertos jurídicos y al público en general sobre los argumentos de política penal en contra de la pena capital. 
Permítanme que repita que esta es una cuestión que nos tomamos seriamente. 
Es una cuestión que yo personalmente me tomo muy seriamente. 
Hablamos de ella como Unión con un grado de autoridad moral. 
Estamos haciendo progresos. 
Pero necesitaremos tiempo y empeño, además del apoyo continuo de este Parlamento, para lograr un día nuestro objetivo, que es ver la pena de muerte relegada a los libros de historia como una forma de castigo que no tiene en absoluto cabida en el mundo moderno. 
Señor Presidente, señor Comisario, como usted muy bien ha dicho en reiteradas ocasiones, este Parlamento, y con él el Grupo del Partido Popular Europeo, se ha pronunciado en contra de la pena de muerte y a favor de una moratoria universal sobre la pena capital, el objetivo único de la cual es conseguir la abolición definitiva de la pena de muerte en el mundo. 
No podía ser de otra manera, dado que esta práctica, que atenta directamente contra el respeto de la vida humana, se contradice con la defensa de los derechos humanos, el primero de los cuales, base y fundamento de todos los demás, es el derecho a la vida, que promueve la Unión Europea. 
Pero llega un momento en el que las palabras no bastan y en el que hay que adoptar una actitud mucho más combativa en la defensa de lo que, para los demócratas cristianos, constituye el núcleo fundamental de nuestra filosofía y de nuestra actuación política: el valor trascendente de la persona y el derecho a la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural; dos principios incompatibles con la aplicación de la pena capital. 
De ahí que no sólo aboguemos por su abolición, sino que propongamos la posibilidad de una utilización de las líneas presupuestarias destinadas a los derechos humanos para hacer campañas en favor de una moratoria sobre la pena de muerte, y de que las organizaciones no gubernamentales, tanto de ámbito internacional como local, y las autoridades religiosas puedan participar también en la ejecución de estas líneas presupuestarias. 
Y lo proponemos, en primer lugar, porque derechos humanos y abolición de la pena de muerte constituyen un todo y porque ello nos permite pasar del terreno de las palabras al de los hechos, y porque la participación de la sociedad civil resulta indispensable para la creación de un estado de opinión y de una conciencia colectiva favorable a la abolición de la pena capital. 
Es cierto que existe una tendencia favorable a la abolición de la pena de muerte. 
No hay nada más que ver las estadísticas. 
Sin embargo, sigue aplicándose en 90 Estados y no se pueden cerrar los ojos ante las 1.625 ejecuciones conocidas, llevadas a cabo en el año 1998, el 80% de las cuales tuvieron lugar en sólo cuatro países, entre los cuales, y en tercer lugar, figuran los Estados Unidos de América con 68 ejecuciones. 
Por ello, junto al respeto de los derechos humanos, la abolición de la pena de muerte debe constituir una pieza clave, señor Comisario, en las relaciones entre la Unión Europea y terceros países. Muy en especial debería constituirla en el caso de los Estados Unidos por la contradicción que supone ser adalid de la libertad, a lo ancho del mundo, y disponer de la vida y de la muerte de sus ciudadanos, aunque sea en nombre de la ejemplaridad y el orden público o porque lo pide una mayoría de ciudadanos. 
La democracia no puede someterlo todo a la ley del número ya que, en nombre de la mayoría, no se puede emprender ni justificar ninguna acción que vulnere los derechos esenciales de la persona, el primero de los cuales es el derecho a la vida. 
Si la pena de muerte- como nos decía la Comunidad de San Egidio- deshumaniza nuestro mundo al dar la primacía a la represalia y a la venganza, poner todos los medios a nuestro alcance, tanto económicos como políticos, para desterrar una práctica contraria a los principios y valores que constituyen nuestra razón de ser, debe constituir un objetivo prioritario de la Unión Europea. 
De ahí que nos alegremos de que la Comisión haga suyo este objetivo y que se lo tome con la seriedad con que el señor Comisario nos decía que merece que sea tratado este tema fundamental, para que estemos en consonancia con los principios que defendemos. 
Señor Presidente, una vez más el Parlamento se pronuncia a favor de la dignidad humana y en contra de la pena de muerte. 
Pero en esta ocasión lo hace después de la aprobación por parte de la Convención del texto definitivo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Esta Carta dedica, precisamente, su primer capítulo a la dignidad humana, declarando que es inviolable y que será respetada y protegida. 
Afirma también que nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. 
Este Parlamento se ha pronunciado a favor de que la Carta se incorpore a los Tratados y de que estos derechos de los ciudadanos europeos sean aplicados a los ciudadanos de países terceros. 
Es, por tanto, más pertinente que nunca que nos preguntemos si no es ya hora de exigir a la Comisión y al Consejo que incorporen en las negociaciones con todos los terceros países, no sólo con los que esperan a la cola para formar parte de la Unión Europea, la abolición de la pena de muerte como cláusula de respeto de los derechos humanos. 
1999 ha vuelto a ser un año negro. 
Según Amnistía Internacional casi 2000 personas han sido ejecutadas y en 63 países se han pronunciado 4000 nuevas condenas a muerte. 
China, Iraq, Arabia Saudí, la República Democrática del Congo y Estados Unidos son algunos de los 31 países en los que ha habido ejecuciones. 
¿Saben ustedes que en este último país, en Estados Unidos, gran guardián de las esencias democráticas- como decía mi compañera Concepció Ferrer ahora mismo- 98 ciudadanos fueron ejecutados en el año 1999? 
¿Saben ustedes que en 18 Estados norteamericanos es posible ejecutar a alguien con 16 años? 
¿Saben ustedes que en el mismo país, desde 1976, han sido ejecutados 34 delincuentes con retraso mental? 
Llamo la atención sobre Estados Unidos, no porque yo sea antiamericana, que no lo soy, sino porque estamos hablando de una democracia amiga, que vigila los intereses de paz y de la democracia en el mundo. 
Me gustaría que todos nos preguntáramos si podemos hacer algo más. 
Es hora de que entendamos que sólo con declaraciones humanitarias no basta. 
Creo que si no convertimos esta lucha en un compromiso político, político con mayúsculas, en el eje de nuestra política exterior europea- y por eso me gusta que esté aquí el Comisario Patten- estaremos haciendo menos de lo que podemos para evitar esta barbarie. 
Hagamos desde este Parlamento todo lo posible. 
Recordemos las palabras de Albert Camus: "Ni en el corazón de las personas, ni en los hábitos de la sociedad habrá paz mientras la muerte no sea declarada fuera de la ley". 
Y una cosa más, Sr. Patten, decía usted en su intervención que no podemos garantizar el error cero en las ejecuciones. 
Toda ejecución es un error. 
Yo soy agnóstica, pero leo la Biblia y ésta dice que nadie toque a Caín a pesar de haber matado a su hermano Abel. 
Toda ejecución es un error que la democracia, la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana no pueden consentir. 
Señor Presidente, he apreciado la intervención del Comisario Patten, sus palabras, en particular las que se refieren a su experiencia personal, y su opinión acerca de la absurdidad de una pena que en el mundo se manifiesta cada vez menos como un método de disuasión eficaz en las conciencias de un número creciente de ciudadanos. 
Ciertamente Europa saluda los progresos importantes en su compromiso. La inclusión de la solemnidad de la repulsa de la pena capital y del derecho a la vida en el proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales, la definición urgente de la renuncia a la pena de muerte para todo aquel que quiera adherirse al proceso europeo de ampliación, el aumento de los medios de actuación en lo que se refiere a las relaciones con los terceros países con la cláusula de respeto de los derechos humanos y, por último, la moratoria sobre la pena capital como acción prioritaria en la política exterior y de seguridad común por parte del Consejo. 
Cuando nuestras Instituciones internacionales, cuando el Tribunal de La Haya se encuentran ante la condena conminada al criminal Tadic- responsable de gravísimos delitos- y comparamos esas atroces responsabilidades con cualquier acto por el cual en cualquier país, incluso democrático, hoy miles de personas esperan la condena a muerte, quizás podríamos sopesar el hecho de que la que fue una diversidad europea, esto es, el rechazo a las ejecuciones capitales, puede llegar a ser- en plazos políticos y no en plazos históricos- una diversidad que se propague hasta convertirse en la rotunda mayoría de las actitudes políticas, institucionales y humanitarias en cualquier parte del mundo. 
Esto inspira a la nueva Europa que nace en el tercer milenio. 
Por esto, señor Presidente, es preciso que la Comisión- y pido al Comisario Patten una respuesta contundente- emplee bien estas enmiendas al presupuesto de la Unión Europa que nuestro Grupo, el Grupo Liberal y Democrático, ha presentado para el presupuesto 2000. 
En efecto, no cabe ninguna iniciativa institucional en este terreno si no existe una fuerte cooperación con las organizaciones no gubernamentales. 
Señor Comisario, le propongo que considere la posibilidad de que Europa instituya un Día Europeo contra la pena capital en el mundo: sería una importante aportación a este aumento de la conciencia universal desde la cuna de civilización que Europa es y que quiere seguir siendo. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya con determinación la resolución sobre la moratoria sobre la ejecución de la pena capital que será aprobada mañana. 
Fue el 10 de marzo de 1992 cuando la Sra. Adelaide Aglietta presentó ante el Parlamento Europeo el primer informe importante en el que se pedía una moratoria sobre las ejecuciones que se debía decidir en el ámbito de la ONU. 
Ocho años después, como subraya nuestra resolución, la situación es grave y preocupante, sin embargo, la movilización internacional respecto a la moratoria va aumentando. 
Podemos partir de este hecho, a pesar de los recientes compases de espera en la ONU, y debemos aprovechar para esto los recursos presupuestarios disponibles. 
Cierto, una moratoria no podía frenar las más de 4.000 ejecuciones sumarias que se han llevado a cabo en los últimos años en Iraq, ni las miles de ejecuciones en China, pero en otros países, en primer lugar Estados Unidos, la única gran democracia que aplica todavía con un obstinado orgullo la pena de muerte, este largo trabajo en favor de una movilización para la moratoria está teniendo algún tímido efecto. 
El candidato Bush, en cuyo Estado se han llevado a cabo 144 ejecuciones, ha logrado eliminar la cuestión de la pena capital de la campaña electoral y, discreta e hipócritamente, ha suspendido las ejecuciones en su Estado hasta después de las elecciones. 
¿Acaso ésta no es una de las numerosas pruebas de la cínica instrumentalización con que se juega con la vida de unas personas- con frecuencia culpables- por un cínico cálculo político? 
Es por esto que debemos continuar por esta vía con la misma convicción y firmeza que tenía la Sra. Aglietta cuando fundó la asociación "Nadie toque a Caín". 
Tal vez no lo lograremos enseguida, pero confiamos en que, también con los fondos disponibles en el presupuesto y con la ayuda de la Comisión, conseguiremos alcanzar este objetivo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos tienen el derecho a la vida y a la libertad reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Todos los Estados miembros de la ONU se han comprometido a cumplir esta declaración. 
La pena de muerte atenta de modo irrevocable contra el derecho a la vida y siempre es cruel, inhumana y humillante. 
Solamente en el año 2000 se han ajusticiado a 70 personas en los EE.UU. La lista de Estados donde la pena de muerte se ejecuta o se pronuncian penas de muerte es larga, como por ejemplo, en China, Irán o Irak. 
A pesar de que en Turquía no se ejecutan penas de muerte desde 1984, más de 69 personas han sido condenadas a esta pena. 
El Parlamento turco tiene la última palabra sobre la ejecución de la sentencia y tiene que ocuparse de 49 actas. 
Precisamente para un Estado que pretende adherirse a la Unión Europea, no se puede aceptar esto. 
Turquía tiene que abolir la pena de muerte para poder ser acogida en la Unión Europea. 
¿Porqué la pena de muerte? 
Desde que hay pena de muerte se intenta justificar sin éxito su necesidad. 
Actualmente, los partidarios de la pena de muerte recurren sobre todo al argumento de los efectos disuasorios. Afirman que tras la supresión de la pena de muerte la cifra de delitos graves aumenta. 
Para esta afirmación no se ha podido aportar en ningún lugar del mundo la más mínima prueba. 
¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que la tasa de asesinatos en los EE.UU, donde se aplica hoy aún la pena de muerte, sea sensiblemente mayor que en Estados donde se ha abolido? 
En cada ejecución se puede ver afectado también un inocente. 
Ya ha habido muchos casos en los que se ha condenado a inocentes. 
Especialmente entre los pobres y los pertenecientes a minorías se aplica la pena de muerte con mayor frecuencia. 
Detrás de la ejecución de la pena de muerte está la idea de la venganza, idea que no debe existir en un Estado civilizado. 
Tanto si se trata de Abu Dschamal en los EE.UU, de Ocalan en Turquía o incluso de la ejecución llevada a cabo de Abdul Achmin Sabi en Irak, todo esto debe condenarse. 
Considero la pena de muerte como una bárbara... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, al igual que el Tratado de Amsterdam y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, este Parlamento se ha pronunciado más de una vez contra la pena de muerte que, lamentablemente, como se ha mencionado, existe todavía en muchos países del mundo: en países con una tradición antidemocrática, como China comunista, y en países con una enorme liberalidad, como Estados Unidos. 
Sabemos también lo difícil que es llegar a abolir esta pena tan anormal e inhumana. 
Es difícil incluso en Estados Unidos donde, como decía la Sra. Frassoni, quien representa a las instituciones, quien practica la política, no se atreve a proponer la abolición de la pena capital por temor a perder apoyos. 
El motivo está claro: ante el aumento de la delincuencia organizada, la pena de muerte se considera un medio de disuasión para contrarrestar y desalentar el aumento de los delitos y de la ilegalidad. 
Sin embargo, sabemos que no es cierto, sabemos que la pena capital es un acto horrendo, una especie de crimen de Estado legalizado. 
Sabemos que la lucha contra la delincuencia, aun siendo intransigente y sin compromisos, debe hacerse al amparo del Derecho y de la reinserción social y no ciertamente al amparo de una mera lógica represiva o, peor aún, según la lógica del ojo por ojo. 
Por esto es preciso promover en toda Europa una campaña en favor de la moratoria sobre la ejecución de la pena capital y realizar una gran campaña en favor de los derechos humanos que implique a todo el mundo, de aquellos que desempeñan cargos políticos e institucionales a los ciudadanos de a pie, sobre todo los más jóvenes, al objeto de crear una verdadera conciencia colectiva sobre el tema y una presión política sobre los países cuyo ordenamiento aún prevé la pena capital. 
Asimismo, y con el riesgo de hacer incluso un discurso demasiado ingenuo, me gustaría proponer que los Estados europeos rechazaran las relaciones comerciales con aquellos países que practican la pena capital, pero sé que se trata de una mera utopía. 
Me refiero, en particular, a China que, como ha recordado el señor Comisario, dicta una sentencia de muerte cada día y en general adolece de muchas carencias en términos de respeto a los derechos humanos, pero que, lamentablemente, es un socio comercial muy atractivo e irrenunciable para todos los Estados europeos. 
En conclusión, estas campañas contra la pena de muerte serán aún más eficaces y populares si, como Institución, conseguiremos dar a nuestros ciudadanos la sensación de que estamos trabajando conjuntamente con la misma determinación y eficacia en pos de la construcción de una Europa segura en la que terribles plagas como, por ejemplo, el tráfico de drogas, el comercio y la explotación de seres humanos y la pederastia pueden ser erradicados cuanto antes. 
Señor Presidente, todo aquel que no sea un joven diputado o un diputado de primera legislatura no puede iniciar este debate sin recordar con emoción a la Sra. Adelaide Aglietta, como ha hecho Monica Frassoni, porque creo que se debe a ella el comienzo, en 1992, de este largo trabajo, de esta extraordinariamente larga lucha en que todavía estamos inmersos. 
Señor Comisario, es precisamente mirando hacia atrás, viendo los avances hechos desde 1992, que no puedo compartir su valoración o la valoración que usted ha hecho de la retirada de la resolución presentada en noviembre en el ámbito de las Naciones Unidas. 
Señor Comisario, estoy convencida de que se ha tratado de una victoria fallida y de que la rigidez verbal por la que se rechazó un compromiso sobre el preámbulo- digo bien, sobre el preámbulo- que no afectaba en absoluto a la parte dispositiva, en realidad, ha corrido el riesgo de esconder detrás de un elemento de rigidez verbal un hecho vital fundamental y, por el contrario, ha terminado por hacer el juego de toda una serie de grandes potencias, amigas o menos amigas, o de grandes mercados que, sin duda, estaban irritados por esta iniciativa. 
Ninguna novedad: ya en 1994 la propuesta de resolución presentada por Italia dividió a Europa, pero precisamente por esto es más grave, dado que considero que ocho años de trabajo no solo de este Parlamento, sino, sin duda, el suyo personal, señor Comisario, y de la Unión como tal, podían en el mes de noviembre de este año alcanzar la victoria que creo que era muy posible. 
Por lo tanto, para mí se trata, repito, de una victoria fallida. 
Dicho esto, señor Comisario, considero que precisamente en este tipo de temas el trabajo conjunto de las organizaciones que operan en la sociedad o de las organizaciones no gubernamentales es un elemento fundamental, porque normalmente son organizaciones que tienen un margen de maniobra más amplio, pueden ser más valientes, respaldar posiciones menos supeditadas, por decirlo así, a otras consideraciones o a otros intereses, de por sí legítimos pero que pueden conducir a los Gobiernos y a las Instituciones a posiciones menos valientes, algo más de compromiso. 
Por esto, una parte de la resolución pide a la Comisión que sea más explícita en el informe y en la información transparente sobre la utilización de las líneas presupuestarias del año 2000 relativas a este tema y a la democratización en sentido amplio. 
En efecto, ha ocurrido y continúa ocurriendo que precisamente las organizaciones que han trabajado más en este tema han visto, por decirlo de alguna forma, excluir su participación en el trabajo de la Comisión, pese a que lo venían realizando hacía muchos años, al parecer porque ya no hay fondos ni se sabe exactamente dónde están. 
Por esto, señor Comisario, creo que la transparencia y la información podrían contribuir a un trabajo común que creo que nos afecta a todos. 
Señor Presidente, debemos agradecer a la Comisión y a la Presidencia en ejercicio del Consejo que hayan incluido este tema capital dentro de las prioridades semestrales, especialmente en un momento- como nos recordaba la Sra. Díez- en el que el Consejo Europeo acaba de proclamar la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. 
En este momento- como se ha recordado- todos tenemos frescas las imágenes de la campaña electoral americana y del último debate entre los dos principales candidatos en el que el candidato por el Partido Demócrata afirmó públicamente que el único punto de coincidencia con su adversario era el de estar a favor de la pena de muerte. 
Creo que es importante que la Unión Europea encabece la campaña para abolir la pena de muerte, puesto que es una campaña en favor de la dignidad humana y del más básico de los derechos fundamentales. 
Creo, señor Comisario- y usted lo ha dicho muy bien- que, a la hora de diseñar una política de relaciones exteriores de la Unión Europea, hemos de considerar con respecto a los países terceros, que existe ya una declaración aneja al Tratado de Amsterdam en la que se refleja claramente que para poder ser miembro de la Unión Europea hay que haber abolido la pena de muerte. 
Pero, insisto, en la relación con países terceros debemos ser muy claros y favorecer de una manera decidida las relaciones con aquellos países que se sitúen en esta sintonía que nosotros compartimos. 
Señor Comisario- y lo expresaba muy bien la Sra. Ferrer hace un momento -, a veces tenemos que pasar de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad y, por eso, debemos apoyar la acción de la Comisión en una programación adecuada, en una acción eficaz y, sobre todo, en una acción de la Unión Europea que sea visible, clara, transparente y que cuente con la participación- como ha recordado la Sra. Bonino- de las organizaciones no gubernamentales, que tienen mucho que decir y que aportar en este aspecto. 
Señor Presidente, creo que las instituciones tienen que estar a la altura de los valores de nuestra civilización y que nuestros ciudadanos tienen que verse reflejados en el espejo ético que gracias a nuestro trabajo debemos ser para ellos. 
Señor Presidente, señor Comisario, si cada petición que hemos debatido y aprobado en este Parlamento valiese una vida, me consideraría satisfecho. 
Lamentablemente, sin embargo, no ha sido ni es así. 
Debemos evitar de convertir nuestros razonamientos y nuestra indignación en un velatorio, porque, mientras nos indignamos, ellos continúan matando. 
Por lo tanto, lo que pedimos a este Parlamento, a la Comisión y también al Consejo es cierto pragmatismo: tratar de saber cómo podemos presionar e influir para que la pena capital no siga siendo una humillación para toda la humanidad. 
Éste es el sentido de la presente resolución. 
Hay dos puntos que consideramos esencialmente prácticos: en primer lugar la abolición o la moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte deben seguir siendo una prioridad irrenunciable en las relaciones con los terceros países, no una condición de amistad, sino una condición de cooperación política, comercial y económica. 
Como segundo punto- que ha sido felizmente planteado por usted, señor Comisario, y retomado por muchos colegas- la Comisión debe movilizar con gran inteligencia sus recursos financieros para respaldar campañas capaces de modificar en la sociedad civil la percepción de la pena de muerte. 
Como recordaba el Sr. Salafranca, un momento bastante embarazoso del debate para las elecciones presidenciales fue cuando ambos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos se mostraron a favor de la pena de muerte. 
Nosotros somos hijos de Cesare Beccaria: quisiéramos que esta herencia no quedara confinada en la geografía de Europa. 
Por lo tanto, acciones dirigidas a apoyar a las organizaciones no gubernamentales, a apoyar a la sociedad civil, a apoyar a quien tiene elementos y cantidades de coraje para gastar en este terreno, como recordaba la Sra. Bonino. 
Por último, señor Comisario, le pido el mayor pragmatismo por parte de la Comisión; pido al Consejo que haga oír su voz a nuestros Gobiernos; pido a este Parlamento que continúe teniendo el valor de no callar nunca sobre este tema. 
Señor Presidente, todos los días se ejecuta y se condena a muerte a seres humanos. 
Es increíble y horrible que esto todavía suceda en el año 2000. 
Como han señalado los colegas- la mayoría de ellos italianos, pero, creo que representan nuestro repudio- es una pena indigna; una pena indigna en una sociedad civilizada y en la que siempre se corre el riesgo de condenar a personas inocentes. 
China encabeza la lista de países que aplican la pena capital y a menudo algunos diputados a este Parlamento nos hemos encargado de censurar a este país. 
Hoy, por el contrario, pienso concentrarme en EE.UU. Dentro de dos semanas habrá elecciones presidenciales en ese país y el próximo presidente puede llamarse George Bush. George Bush ha autorizado la pena capital de 145 personas. 
Entre ellas ha habido algunos casos jurídicamente dudosos y otros en los que las víctimas han sido niños. 
Al menos en un caso, se trataba de un niño deficiente mental. 
Esto es repudiable y vergonzoso y daña gravemente la reputación democrática de EE.UU. 
En atención a la elección presidencial, es extraordinariamente importante que expresemos nuestro rechazo en el Parlamento. 
Quiero respaldar enérgicamente la propuesta de mi colega el Sr. Rutelli para patrocinar un Día Europeo contra la pena capital. 
Señor Presidente, entre la noble intención y la práctica se cierne una sombra; en la cuestión de la pena de muerte, es la sombra de la geopolítica y de los intereses económicos. 
Su postura hoy sobre la pena capital va más allá de la noble intención. 
Ha mencionado usted las partidas presupuestarias del año 2000 destinadas a financiar campañas a favor de la abolición de la pena de muerte. 
Hasta ahí bien. 
Pero la sombra sigue presente. 
Permítame que vaya al grano, Comisario Patten. 
Los 700.000 euros invertidos por la Comisión fueron principalmente a Penal Reform International, una organización jurídica que opera en las islas del Caribe, y a la Universidad de Westminster, que proporciona una base de datos e investigaciones a los abogados de los centros de estudios de Filipinas. 
Por tanto, insto a la Comisión a que concentre y amplíe el uso de los fondos de asistencia a las dos principales naciones donde se practica el asesinato de estado sin ninguna restricción y con gran deleite: la República Popular de China y los Estados Unidos de América. 
Sí, sabemos que la cuestión se ha planteado de modo ritual y periódico ante los gobiernos de ambos países, pero tenemos que hacer mucho más. 
Por ejemplo, en lo que respecta a Estados Unidos, parte de este dinero debería invertirse en campañas de sensibilización en Europa no para boicotear, por supuesto, a un estado soberano como Texas, pero sí para reconducir el turismo europeo y la inversión industrial europea a los 12 estados que no consienten una práctica tan bárbara. 
Señor Presidente, personalmente no soy partidario de la pena de muerte por varias razones y, sin embargo, quiero formular aquí dos observaciones fundamentales que discrepan de todo lo que se ha dicho antes. 
En primer lugar, creo que no se deben comparar peras con manzanas. 
Existe una enorme diferencia entre la ejecución de la pena de muerte en por ejemplo Estados Unidos, por una parte, y en países como China, Pakistán, Arabia Saudita y Corea del Norte- por citar algunos de entre otros muchos -, por otra. 
En el primer caso se trata de la máxima pena para los criminales que han cometido los delitos más graves y que, además, han tenido la oportunidad de recurrir a numerosos mecanismos de defensa propios del procedimiento judicial democrático. 
En los demás casos suele tratarse de una especie de intimidación brutal y arbitraria que ciertamente no se limita a quienes hayan cometido graves crímenes contra el Derecho común. 
El que no haga esta distinción incurre en burdo engaño. 
En segundo lugar debo añadir que es fácil verter lágrimas de cocodrilo por la suerte de los criminales en un Estado democrático. 
Pero ya resulta algo más difícil preocuparse por la suerte de las víctimas. Pienso por ejemplo en los ancianos torturados hasta la muerte para que entreguen sus ahorros, los transportistas de fondos y valores mal pagados que son matados de un tiro por los gángsters y los niños violados y asesinados. 
Si estuviera convencido de que en Europa existe la voluntad de preocuparse sobre todo por la suerte y la seguridad de las víctimas, me sumaría hoy sin reserva alguna a la condena de la pena de muerte que aquí se propone. 
Desafortunadamente, en la práctica no puedo sino comprobar que, especialmente en mi propio país, hay una clara tendencia a liberar antes de tiempo a los criminales más peligrosos. El resultado es que en no pocas ocasiones vuelven a cometer horrendos crímenes. 
Así las cosas, no es de extrañar que mucha gente opine que el haber impuesto la pena capital a algunos monstruos que reinciden una y otra vez habría podido salvar numerosas vidas humanas inocentes. 
Señor Presidente, señor Comisario, a primera vista este debate que se repite respecto a otros anteriores, parece extravagante y no actual. 
Un debate sobre la pena de muerte es un debate que recuerda una civilización del Derecho, en la que Europa se basa. 
Sin embargo, es actual e importante por todo lo que está ocurriendo en el mundo. 
Es importante que lo haga el Parlamento de Europa- de Europa occidental- porque Europa tiene dos tradiciones milenarias: una que deriva de la tradición de los romanos que ha influido en la cultura jurídica europea, particularmente en la de Italia y de Alemania, y ha indicado la vía moderna de los nuevos derechos a la libertad, y una tradición de la Common Law que se basa en el Bill de los derechos de Inglaterra. 
A pesar de que en Europa hubieron paréntesis muy trágicos, culturas fascistas y culturas comunistas que conculcaron los derechos a la libertad y de la persona, creo que es importante que con frecuencia, en el ámbito de este Parlamento, estemos de acuerdo en debatir y en condenar firmemente cualquier pena de muerte. 
Creo que la Carta de los Derechos Fundamentales de que nos venimos ocupando y que en Niza llegará a dar un giro, tiene como principio de fondo este valor, el valor de la persona, el valor del derecho, el valor del derecho a la libertad. 
Los italianos arrancamos de la tradición de Cesare Beccaria que ya se ha mencionado, pero creo que Beccaria es un hombre che pertenece a Europa, que rechazó todo el Derecho medieval y obscurantista en favor de un derecho moderno, de un ordenamiento que no nos haga ser homo homini lupus, sino que garantice, a través de la convivencia civilizada, los problemas de la libertad. 
Una pena capital aleja siempre la paz en la convivencia civilizada y nosotros tenemos que tener el valor de decir que un país es realmente democrático si decide abolir la pena capital y no sólo si acepta- aunque sería un gran paso- una moratoria. 
Por lo tanto, es verdad, no basta un compromiso humanitario, sin embargo, creo que habría que gritar que la pena de muerte va en contra de la ley. 
Señor Presidente, en 1999 aproximadamente el 85% de todas las ejecuciones practicadas en el mundo tuvo lugar en sólo cinco países: China, Irán, Arabia Saudita, la República Democrática del Congo y los Estados Unidos. 
Obviamente, es correcto que la Unión Europea no permita la pena de muerte en su territorio. 
La pena capital es el castigo más cruel, más inhumano y más infame que existe. Atenta contra el derecho a la vida, es irrevocable y puede afectar a personas inocentes. 
Además, en ningún momento ha quedado demostrado que su poder disuasorio sea mayor que el de cualquier otro tipo de castigo. 
Hace un momento se ha señalado que los Estados Unidos tal vez dispongan de un procedimiento judicial más adecuado y que en determinados casos se cometen crímenes realmente horribles. 
Pues bien, ése es precisamente el quid de la cuestión. 
Nosotros no podemos rebajarnos al nivel de los criminales a los que castigamos, y menos en nuestra calidad de mandatarios públicos. 
Es ésta la civilización que hemos alcanzado en Europa y que hemos de conservar como paño en oro. Por eso, la política del Comisario Patten merece nuestro más sincero apoyo. 
Señor Presidente, ya es hora de aprobar una moratoria universal sobre la pena de muerte, ese verdadero crimen administrativo, como le llamaba Albert Camus. 
Esto es lo que yo decía en esta Asamblea, el mes de octubre pasado, cuando era urgente movilizarse para impedir que el periodista norteamericano negro, Mumia Abu Jamal, fuese ejecutado. 
¿Hoy en qué punto estamos? Existen 77 Estados que consideran aún la pena de muerte como la respuesta ajustada a ciertos crímenes. 
En 1999, 1.813 personas fueron ejecutadas en 31 países, y existen al menos 3.857 condenados a muerte en 63 países. 
La vida de Mumia, a la espera de una posible revisión de su proceso, depende más que nunca de la solidaridad internacional. 
¿Cuál será, pues, el sitio que ocupará la Unión Europea en la acción para que, con el final de este siglo, desaparezca la pena capital? 
En la fase 2 del corredor de la muerte, Mumia Abu Jamal había transmitido este valiente mensaje: " La fase 2, es la fase 2 de la lucha. 
Venceremos ". 
Naturalmente, existen signos alentadores que demuestran el ascenso de la tendencia abolicionista en el plano mundial. 
Las Naciones Unidas, al igual que el Parlamento Europeo, participan a partir de ahora en el debate ineludible que recorre por todas partes el conjunto de las capas sociales. 
Incluso en los Estados Unidos, a pesar de que la opinión sigue siendo aún más que favorable a la pena capital, la misma se ha quebrantado. 
Así, el estudio de la Universidad de Columbia ha demostrado que en veinte años de ejecuciones se han cometido cerca de un 60% de errores. 
Se mata a inocentes y el racismo es evidente en la aplicación de la pena de muerte. 
La residencia del Gobernador de Texas y candidato republicano a la Casa Blanca es regularmente lugar de manifestaciones de personas contrarias a la pena de muerte. 
La Unión Europea debe hacer valer toda su influencia para ganar esta moratoria e imponerla como principio inviolable a todas las naciones que todavía aplican este crimen de Estado que traumatiza la conciencia humana, como lo declaraba ya en su época Victor Hugo. 
Diecinueve años después de la abolición de la pena de muerte en Francia, hoy se han tomado iniciativas en favor de un día nacional para la instauración de una moratoria universal sobre las ejecuciones de la pena capital. 
Y estoy de acuerdo en que avancemos dicha propuesta en el plano europeo. 
El próximo 10 de diciembre, se remitirán a las Naciones Unidas centenares de miles de peticiones. 
La Presidencia de la Unión Europea podría unirse igualmente a esta campaña, y dar así un impulso y un apoyo indispensable a aquellos que militan en favor de la abolición. 
La movilización europea es decisiva. 
. (EN) Señor Presidente, lo resumiré muy brevemente y espero que el Parlamento no malinterprete lo que quiero decir al principio. 
No queremos entrar en un humanitarismo competitivo, pero siento tanta pasión sobre este tema como cualquier diputado y he hablado en debates de este tema tantas veces como cualquiera de este Parlamento, de hecho, sospecho que probablemente he hablado de este tema en más debates que algunas de las personas del Parlamento. 
He hablado en debates en la universidad cuando era estudiante. 
He hablado en debates en las universidades posteriormente durante mi carrera política. 
He hablado en programas de radio y de televisión. 
He sido abucheado por decir lo que decía en reuniones públicas sobre la pena capital. 
He hablado de la pena capital en el Parlamento. 
Me he pronunciado en el Parlamento, en el curso de debates muy intensos sobre terrorismo, actos terroristas y pena capital, en contra de la pena capital. 
Pero no tenía experiencia de ningún debate como éste, completamente único. 
Nunca he participado en un debate sobre la pena capital en el que todo el mundo esté del mismo lado y eso es algo sobre lo que vale la pena reflexionar. 
Su señoría, en una excelente y emocionante intervención, hacía alusión a la Biblia y se refería a Caín y a Abel. 
En muchos de los debates sobre esta cuestión se ha utilizado mal la Biblia- y no estoy sugiriendo que su señoría lo haya hecho- mucho más que cualquier otro texto, salvo quizás los de Confucio. 
Normalmente oímos citar la Biblia en otro sentido. 
Escuchamos aquel verso del ojo por ojo y diente por diente. 
Ésa es la cita que normalmente se hace y, por ello, ha sido admirable oír a su señoría remontarse aún más hasta el Génesis. 
Y no se puede ir mucho más atrás. 
Acabo de pedir al Parlamento que reflexione sobre el hecho de que todos las intervenciones de este debate estuvieran del mismo lado: un lado con el que yo estoy apasionadamente de acuerdo. 
Eso me hace pensar que no sólo tenemos que pensar en campañas de información pública en otros países, sino pensar a veces también en la necesidad de seguir con las campañas de información pública en la Unión Europea, porque no estoy seguro de que todo el mundo fuera de estas extraordinarias salas, fuera de este Parlamento, piense exactamente igual que nosotros. 
Y debemos recordar que una de las tareas de los líderes políticos es llevar consigo a la opinión pública y no limitarse a creer que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. 
Creo que la idea del Sr. Rutelli acerca de un día del calendario europeo en el que defendamos una y otra vez los argumentos en contra de la pena capital es una idea sensata y eficaz que se enmarca en el ámbito de lo que he estado tratando. 
Cuando me veo discrepando de la señora diputada, mi reacción inicial es que yo debo estar equivocado. 
El desacuerdo que tenemos sobre la Asamblea General de NN.UU. es únicamente un desacuerdo sobre la táctica. 
No hay duda de que deseamos, como objetivo a medio plazo, una resolución satisfactoria de la Asamblea General de NN.UU. contra la pena capital. 
Sobre eso no hay ninguna duda. 
Nuestra opinión el año pasado era que no podíamos conseguir lo que nos habría gustado. 
Que había un riesgo real de que se acabara aceptando una resolución que recogiera algo con lo que yo estoy profundamente en desacuerdo y con lo que creo que su señoría está profundamente en desacuerdo: que la actuación en el campo de derechos humanos de un país no era asunto de la incumbencia de los demás países. 
Podría haberse hecho un mal uso del lenguaje de los tratados para recoger esa postura. 
Nosotros queremos un texto totalmente claro en el que se denuncie la pena capital y se haga constar la validez universal de los derechos humanos, incluyendo la inviolabilidad del derecho a la vida. 
Queremos seguir basándonos en lo que ya se ha logrado en la Comisión de Derechos Humanos para construir la mayoría que desearíamos en las propias Naciones Unidas. 
Ha habido varias referencias a países en los que la pena capital se aplica en cantidades tremendas y terribles. 
Ha habido referencias a China y sabemos bien lo que ocurre allí. 
Es una cuestión que planteamos una y otra vez en nuestro diálogo sobre derechos humanos. 
No puedo decir con la mano en el corazón, ni siquiera sin la mano en el corazón, que nos esté llevando muy lejos, pero seguimos planteando la cuestión. 
También planteamos la cuestión a Estados Unidos. 
En febrero de este año hicimos unas primeras gestiones en Estados Unidos en general, además de las que hicimos ante las autoridades de cada uno de los estados: por ejemplo, en relación con casos individuales de penas de muerte. 
Le pedimos a Estados Unidos que estableciera una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, con vistas a la eliminación completa de la pena capital. 
Instamos a Estados Unidos a retirar su reserva al artículo del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al respeto de las condiciones estrictas en las que puede aplicarse la pena de muerte, que se recogen en diversos instrumentos internacionales. 
Varios diputados han hecho alusión a los debates presidenciales. 
Se referían al hecho de que ambos candidatos, republicano y demócrata, tuvieran muchas discrepancias- el peso del estado, los tipos fiscales, las normas morales en la vida pública- pero hubiera una cosa en la que estuvieran de acuerdo: la pena capital. 
Pueden ponerse de acuerdo sobre la pena capital. 
Pueden decir que la pena capital es eficaz y moralmente justificable porque lo creen. 
La mayoría de los políticos y cargos públicos americanos parece que comparten esa postura y ocurre a veces que cargos públicos, cargos elegidos, adoptan ciertos puntos de vista porque creen que son populares. 
Puede ser que, volviendo a la cuestión de la información pública, tengamos también que abordar ese problema incluso en la sociedad quizás mejor informada del mundo. 
El número de ejecuciones, el número de personas en prisión, el número de ejecuciones en Estados Unidos es extraordinariamente elevado en un país cuya democracia fue elogiada de un modo tan apropiadamente elocuente por Alexis de Tocqueville hace un siglo. 
No sé lo que habría pensado de los debates presidenciales. 
No sé lo que habría pensado de la cantidad de penas capitales en Estados Unidos. 
Este ha sido un debate útil, aunque admirablemente atípico. 
Espero que volvamos a tenerlo. 
Pero espero que también salgamos y hablemos de este tema en un grupo que no sea tan uniforme en sus juicios y en su sabiduría. 
Espero que empleemos nuestros recursos intelectuales, a la vez que los financieros, para defender una y otra vez que la vida humana es sagrada y para ir en contra de la práctica intolerable de la pena capital. 
Debemos todos desear el día en el que la pena capital sea considerada una barbaridad medieval, como debe serlo. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido dos propuestas de resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Misión del Comisario Patten a Serbia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre la misión del Comisario Patten a Serbia. 
. (EN) Como varios diputados sabrán, yo tenía que asistir hoy, junto con Javier Solana y Bodo Hombach del Pacto de Estabilidad, a la cumbre especial de líderes del sudeste europeo en Skopje, organizada por el Presidente Trajkovski para volver a dar la bienvenida a Yugoslavia a la familia de naciones del sudeste europeo. 
Pero le dije al Presidente Trajkovski que aunque me hubiera gustado mucho asistir, era necesario que estuviera aquí en este Parlamento hoy, demostrando la responsabilidad democrática en acción. 
He mantenido varios debates y ha sido un placer participar en los mismos. 
Pero me complace poder informar a la Cámara de mi visita de ayer y del lunes a Yugoslavia. 
Al igual que muchos diputados, he esperado durante mucho tiempo la oportunidad de informar sobre esta visita y sobre nuestros esfuerzos para establecer lazos con un Belgrado democrático. 
A muchos de nosotros nos ha sorprendido e inspirado el regreso triunfante de la democracia a Serbia en las últimas semanas. 
Supongo que no debería habernos sorprendido el que la democracia siempre gane al final. 
La Unión Europea dejó absolutamente claro antes de las elecciones que se celebraron hoy hace sólo un mes que un cambio democrático en Yugoslavia supondría un cambio radical en la política de la Unión Europea hacia ese país. 
Cómo pueden cambiar las cosas en un mes. 
En verano informaba a esta Cámara acerca de una Serbia que era un proscrito entre las naciones Europeas, acerca de la represión de los medios de comunicación valientes e independientes, acerca de nuestro apoyo a la oposición. 
Hoy, aunque todavía es pronto, la oposición está en el gobierno y los medios de comunicación independientes ven de repente que ya no son perseguidos ni están solos, sino a la vanguardia de un nuevo esfuerzo por crear unos medios verdaderamente abiertos y plurales para todo el país. 
Desde el momento en que el pueblo de Serbia dejó clara su voluntad democrática y desde el momento en que insistieron en que debía respetarse, la Unión Europea ha estado a la altura de sus palabras. 
Apenas cuatro días después de la transición democrática del 5 de octubre, los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea anunciaron el levantamiento de las sanciones y la anulación inmediata del embargo de petróleo y de la prohibición de vuelos. 
Anunciaron la ampliación de la Agencia de Reconstrucción Europea a Serbia y Montenegro. 
Subrayaron nuestra disposición a avanzar en la limpieza del Danubio y a proporcionar los recursos para hacerlo. 
Pidieron a la Comisión que elaborara propuestas destinadas a ampliar nuestras recientemente anunciadas preferencias comerciales para los Balcanes a la totalidad de Yugoslavia. 
Expresaron su deseo de que los Estados Miembros restablecieran o normalizaran sus relaciones diplomáticas con Yugoslavia lo antes posible. 
Subrayaron la disposición de la Unión Europea a contribuir a la reconstrucción institucional y económica de la Antigua República de Yugoslavia y cursaron una invitación al Presidente Kostunica para que asistiera al Consejo Europeo informal de Biarritz y para que participara en la cumbre regional que está organizando la presidencia y de la que será anfitrión el gobierno croata en Zagreb el 24 de noviembre. 
Al día siguiente de la reunión de los ministros de asuntos exteriores, el Ministro de Exteriores Védrine, en representación de la Presidencia, voló a Belgrado para informar al Presidente Kostunica en persona de las medidas adoptadas por la Unión Europea para cumplir las promesas que había hecho al pueblo de Serbia durante la campaña electoral. 
Ese mismo día, tan sólo cinco días después del 5 de octubre, un equipo de funcionarios de la Comisión llegaron a Belgrado para estudiar con los asesores del Presidente Kostunica un paquete de asistencia urgente y a corto plazo. 
A lo largo de esa misma semana, la Comisión Europea propuso al Consejo Europeo de Biarritz que la autoridad presupuestaria, incluyendo este Parlamento, aprobara un paquete de ayuda de emergencia a Serbia por un valor de 200 millones de euros, de los cuales 180 millones se movilizarían de la reserva de emergencia. 
En los últimos días, un equipo de nuestra Agencia de Reconstrucción ha estado en Belgrado, trabajando en colaboración estrecha con el equipo del Presidente Kostunica, y en particular con el profesor Labus y el grupo de economistas G17, así como con otros donantes, sobre el tipo de asistencia que podemos prestar y la forma en que podemos garantizar que llega al terreno en Serbia lo más rápidamente posible en las próximas semanas, teniendo en cuenta la llegada del invierno y las próximas elecciones de la República de Serbia del 23 de diciembre. 
Tras estas misiones iniciales, yo mismo fui a Belgrado el lunes y ayer por la tarde visité Podgorica. 
En Belgrado me reuní con el Presidente Kostunica y mantuve una reunión separada con él y con alrededor de 80 alcaldes de ayuntamientos democráticos. 
Visité la sede del movimiento de resistencia estudiantil y conocí al valiente periodista independiente Marislav Filipovic, encarcelado por Milosevic por decir la verdad y liberado recientemente bajo la presidencia de Kostunica. 
Me reuní con el profesor Labus y con sus colegas del grupo de economistas G17 y con colegas del Banco Mundial para analizar tanto la ayuda a corto plazo como la misión más a largo plazo pero vital de la reconstrucción, en especial del establecimiento de instituciones y del establecimiento del estado de derecho. 
Me reuní con el alcalde de Belgrado y visité con él una escuela de Belgrado que está siendo renovada en el marco del programa de la Comisión Europea Escuelas de la Democracia. 
Visité el Centro de Medios de Comunicación Independientes, una especie de paraíso de periodistas independientes que ha recibido apoyo de la Comisión Europeo, y me hicieron una entrevista. 
Visité también el estudio de la estación de radio y televisión independiente B92, que fue hostigado por Milosevic y apoyado entre otros por la Comisión Europea, y cuyos periodistas, al igual que otros periodistas independientes, merecerán una mención especial y halagüeña cuando se escriba la historia de las últimas semanas en Serbia. 
Fueron infinitamente más valientes de lo que yo nunca he tenido que ser. 
También mantuve importantes reuniones con representantes de la oposición democrática de Serbia y con ONGs y representantes de la sociedad civil, entre ellos con el impresionante líder de la Alianza Cívica Democrática, Goran Svilanovic. 
Informé a los jefes de misión de la Unión Europea antes de mi partida hacia Montenegro donde me reuní ayer por la tarde con el Presidente Djukanovic y con el Primer Ministro Vujanovic. 
Permítanme que diga unas palabras sobre mi reunión con el Presidente Kostunica y sobre el paquete de ayuda de emergencia que estamos ultimando para Serbia. 
Le manifesté al Presidente Kostunica nuestra firme decisión de prestar ayuda a Serbia lo antes posible. 
Me impresionó su compromiso con la democracia y fui muy consciente del enorme reto al que se enfrenta para consolidar la democracia en Serbia, especialmente en el período hasta las elecciones serbias. 
Le dejé clara nuestra voluntad de ayudar en todo lo posible. 
Alabé la postura que había adoptado tanto en Biarritz como durante su reciente visita a Sarajevo, en particular su disposición a establecer relaciones diplomáticas con Bosnia y Herzegovina sin dilación. 
Otros habrán oído los comentarios que realizó durante una reciente entrevista en la CBS. 
A mí me parece que el Presidente Kostunica ha tenido un comienzo impresionante en circunstancias tremendamente difíciles que muy pocos de nosotros predecíamos hace unos meses. 
Merece, mientras se enfrenta a esos problemas y consolida su posición, un cierto grado de libertad de acción política y todo el apoyo práctico que podamos reunir. 
Por ello, nos hemos apresurado a establecer un programa de ayuda de emergencia a gran escala para Serbia. 
Nuestras prioridades, que se han establecido en estrecha consulta con los líderes democráticos de Belgrado, son proporcionar ayuda, sobre todo, mediante suministros de energía, medicinas y posiblemente alimentos. 
Dentro de este mismo paquete ampliaremos a todo el país nuestro programa altamente satisfactorio Escuelas para la Democracia que lleva ya algunos meses facilitando mejoras básicas a las escuelas de municipios gobernados por la oposición. 
Ahora lo haremos en toda Serbia. 
Vamos a lanzar un nuevo programa denominado Ciudades para la Democracia con el fin de facilitar mejoras y servicios municipales básicos y vamos a reforzar nuestro apoyo a los medios de comunicación y a la sociedad civil en esta fase crítica. 
Está claro que Serbia se enfrenta a un invierno tremendamente difícil, en especial en cuanto a energía. 
Vamos a hacer todo lo que podamos por aliviar los problemas pero seguirá siendo difícil porque Milosevic ha dejado a los nuevos líderes de Serbia una tremenda ruina. 
En cuanto a la energía, pretendemos ampliar urgentemente nuestro programa Energía para la Democracia en Serbia. 
En particular, estamos considerando el envío de combustible de calefacción y diesel tanto para hacer que las plantas de energía sigan funcionando como para alimentar las plantas de calefacción de los distritos. 
Trabajaremos principalmente a través de los ayuntamientos, al igual que hicimos el año pasado en el marco de nuestra iniciativa pionera Energía para la Democracia. 
Mantuve una reunión muy útil con el Presidente Kostunica y con muchos alcaldes para analizar las prioridades. 
Espero haber dejado clara la formidable tarea que abordamos. 
Tendremos que trabajar con otros y, a pesar de nuestros esfuerzos, Serbia se enfrenta a un período difícil. 
Pero vamos a trabajar al máximo para hacer que nuestra ayuda llegue al terreno lo antes posible, es decir a partir de la segunda mitad de noviembre. 
El pueblo de Serbia sabe que de ahora en adelante no tiene que enfrentarse al futuro solo sino con el apoyo incondicional de la Unión Europea y de toda la familia de democracias europeas. 
Quedó claro en mis reuniones con los alcaldes y con otras personas que se espera mucho de la Unión Europea. 
No debemos defraudar esas expectativas. 
Espero que haya un acuerdo rápido en la Comisión y en el comité de gestión sobre los programas previstos para que puedan empezar a llevarse a cabo realmente en la segunda mitad de noviembre. 
El pueblo de Serbia no entendería que la burocracia se interpusiera en su camino y yo tampoco. 
Sencillamente tenemos que movernos muy rápido. 
Permítanme que diga otra cosa muy importante: ninguna parte de la ayuda que he explicado es a costa de nuestros esfuerzos en otros lugares de la región. 
Yo, y creo que también los ministros del Consejo de Asuntos Generales, soy muy consciente de las obligaciones de la Unión Europea con Croacia, Bosnia, Herzegovina, Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y con el pueblo de Kosovo y con Montenegro. 
No vamos a aminorar nuestros esfuerzos en otros lugares de la región. 
En todo caso vamos a redoblarlos. 
Esa fue una de las razones por las que visité Podgorica ayer, mi tercera visita desde Marzo y la primera vez que pude volar con un visado de Belgrado. 
Analicé con el Presidente Djukanovic nuestro considerable programa de ayudas. 
Hemos dado a Montenegro este año 55 millones de euros en reconocimiento de la presión a que Montenegro estaba sometida durante el régimen de Milosevic y les informé, a la luz del cambio democrático favorable en Belgrado, de nuestras propuestas para extender todos los beneficios de nuestras recientemente implantadas medidas comerciales asimétricas a la región a Montenegro al igual que a Serbia. 
Esto supondrá un gran empuje para la economía de Montenegro. 
Escuché los puntos de vista del primer ministro y del presidente sobre los recientes acontecimientos y sobre las relaciones entre Montenegro y Serbia. 
Les dejé claro a ellos y a la prensa que me había impresionado el compromiso del Presidente Kostunica con la democracia y el reto formidable al que se enfrentaba para consolidarla y que la Unión Europea estaba firmemente decidida a hacer todo lo que pudiera para ayudar y por ello estábamos estableciendo un paquete de emergencia sustancial para este invierno. 
Hablando como amigo de Montenegro, dije que cuando líderes elegidos democráticamente ofrecían la mano de la amistad era muy importante estrecharla. 
Subrayé mi opinión de que con la marcha de Milosevic, los problemas subsistentes deberían resolverse mediante un proceso de diálogo racional y calmado en el que se mostrara comprensión por los puntos de vista de los otros, una cierta generosidad de espíritu y un cierto grado de paciencia. (Unos atributos, y lo digo de manera benévola, que no siempre se han dado en la región en la última década). 
Dije por último que ahora una nueva generación de líderes estaba en el poder y deseaba hacer las cosas de modo distinto. 
Permítanme que concluya hoy diciendo que este año empezó con un cambio democrático en Zagreb y este otoño hemos asistido al durante mucho tiempo esperado cambio democrático en Belgrado. 
Todavía queda mucho por hacer. 
La democracia, aunque yo creo que es irreversible, es todavía joven y frágil en Serbia. 
Tenemos ahora ante nosotros las mejores perspectivas en una generación de construir una paz y prosperidad duraderas en todo el sudeste europeo; la oportunidad de pasar verdaderamente la página de los traumas del pasado reciente y de mirar al futuro, un futuro en Europa. 
La Unión Europea está preparada para esa misión y lista para hacer todo lo que esté en su mano para satisfacer las esperanzas de tantas personas cuyas vidas han sido arruinadas por los horrores que el régimen de Milosevic ha infligido dentro y fuera de las fronteras de Serbia. 
Se trata de un reto enorme pero es el reto por el que todos nosotros hemos estado trabajando durante tanto tiempo. 
Ahora tenemos el deber de estar a la altura. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al Comisario por haberse apresurado a desplazarse a Belgrado y no haber tardado en informar de ello al Parlamento. 
Normalmente considero que ésta es una de las tareas de los Comisarios y no le concedo más importancia, pero en este caso quiero hacer una excepción, agradeciéndole al Comisario que cumpla con este deber. 
La última vez que hablamos de Serbia hice un llamamiento a mis colegas para que tuvieran un poco de paciencia con el Sr. Kostunica, puesto que tenía la impresión de que cada día se avanzaba un poco más. Creo que podemos concluir que estos avances existen. 
Tengo tres preguntas muy concretas para el Comisario. 
¿Ha hablado de la situación de los refugiados kosovares con el Sr. Kostunica? 
Es de todos conocido que aproximadamente 2.000 personas siguen encarceladas en las prisiones serbias sin que exista denuncia alguna. 
Corre el rumor de que esta cuestión se resolverá en breve. 
Tenía curiosidad por saber si el Comisario dispone de más información al respecto. 
Mi segunda pregunta se refiere a Kosovo. 
Coincido con el Comisario en lo que ha dicho sobre Montenegro, pero enseguida se plantea otro problema: ¿qué hacer con Kosovo? 
La tercera y última pregunta gira en torno a los medios financieros. 
Está muy bien que se facilite ayuda de emergencia. 
Ahora bien, ¿está el Comisario convencido de que el importe máximo por valor de 250 millones que se prevé para 2001 bastará para satisfacer las necesidades estructurales de Serbia a lo largo del año siguiente? 
Puedo apoyar todo. 
Lo habría dicho de modo similar sólo que hablo de modo diferente a usted. 
He tenido las mismas experiencias cuando hace 14 días estuve en Serbia con el colega Swoboda. 
Aunque no estuvimos allí antes que el Sr. Hombach sin embargo hemos ido allí porque tenemos el dinero para ayudar allí a las personas. 
El Sr. Hombach solamente ha ido allí para exhibirse y constatar lo que quizás se puede hacer. 
Sabemos lo que se puede hacer y mañana podemos poner a disposición el dinero, de lo que me alegro. 
También estoy segura de que bajo su mandato, señor Comisario, la ayuda de urgencia va a ser también realmente una ayuda rápida. 
Aquí puede demostrar la Comisión que es mejor que su fama. 
Tengo dos preguntas. 
En primer lugar, el colega Modrow ha afirmado ayer por la tarde que todo lo que hacemos ahora allí es reparar los bombardeos de la OTAN. 
Le he dicho que esto es un sinsentido. 
El 90% de los daños que arreglamos allí son las consecuencias de una economía errónea de tipo socialista/comunista. 
Me gustaría tener de usted una confirmación de mi declaración. 
Segunda: cuando estuvimos allí abajo hace 14 días se nos dijo que las sanciones se habían levantado pero no se han levantado. 
¿Qué hay con las sanciones comerciales? 
¿Lo ha solucionado ya? 
Las empresas lo que necesitan ahora es la posibilidad de practicar el comercio. 
Coloque el entorno de Milosevic en una lista negra pero abra la lista para todos los otros. 
Señor Presidente, señor Comisario, la dramática autodenuncia que ha hecho el Presidente yugoslavo Kostunica, recordada también por mi colega, sobre sus responsabilidades y las del pueblo serbio- algo que muchas naciones nunca han hecho- es un gesto que le honra y contribuye enormemente a mejorar el clima en la región. 
Por lo tanto, políticamente, Kostunica se refiere a las decisiones de la comunidad internacional que todavía considera Kosovo como parte de la Federación de Yugoslavia y, al mismo tiempo, reduce la esperanza de los albaneses de Kosovo de alcanzar un estado de independencia. 
¿Qué tipo de tensión- una tensión naturalmente que a nosotros se nos antoja paradójica, incluso con un regreso parcial de los refugiados serbios- podría derivar de esta malograda autodeterminación, tan esperada por los albaneses? 
¿Hasta qué punto el moderado Rugova estaría dispuesto, según usted, señor Comisario, después de sus conservaciones, a aceptar un diálogo con su colega demócrata en Belgrado? 
. (EN) Sé que su señoría tenía razón al afirmar que debemos mostrar paciencia sobre los acontecimientos en Belgrado, en Yugoslavia, durante las próximas semanas mientras la democracia se consolida. 
No significa que abandonemos o renunciemos a nuestros principios ni a nuestros valores. 
No podemos hacer eso. 
Pero hemos de asegurarnos de que el señor Kostunica dispone de tiempo para desarrollar y fortalecer la base democrática de su gobierno. 
Todo el mundo quiere verle triunfar en la formidable tarea que ha asumido y hasta ahora hay que decir que todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho ha apuntado en la misma dirección democrática. 
Ha establecido una comisión de amnistía para abordar la cuestión de los presos, aunque algunos ya han sido liberados, entre ellos varios casos que se habían presentado aquí, pero, como le dije al Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Serbia en Viena hace una semana, la cuestión de los presos albaneses tendrá que estudiarla urgentemente. 
Sobre Kosovo, como han mencionado dos diputados, mi postura empieza y acaba con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. 
Tomo nota de las piruetas imaginativas de otros. 
No creo que sean siempre muy juiciosas ni sabias, pero en lo que a mí respecta la norma reside en la Resolución 1244. 
El paquete de emergencia de 200 millones de euros será parcialmente en ayuda estructural pero señalaba en mis comentarios el destino que pretendemos dar a ese gasto y puesto que el gran grueso del mismo procede de la partida "Emergencias en terceros países" del presupuesto general, no vamos a retirar dinero de otros países de la región ni de otras regiones para proporcionar la ayuda. 
La señora diputada que tanto sabe sobre el sudeste de Europa y que ha estado presionando a favor de políticas más sensatas y eficaces en el sudeste de Europa durante meses, e incluso durante años, ha aludido a la importancia de que garanticemos un alivio rápido y realista. 
Me dejan muy sorprendido algunas de las promesas nada realistas que la gente hace en Serbia. 
Me encantaría ser capaz de limpiar el Danubio en un par de semanas pero eso no es posible. 
Algunas personas han sugerido que quizás las cosas podrían hacerse un poco más rápido y que quizás deberíamos tomar eso como un acicate para ir más deprisa y actuar lo más rápidamente posible. 
Me gustaría decir una cosa muy importante. 
Estamos hablando de ayuda de emergencia, y aunque esa ayuda de emergencia ya se está entregando, llevaremos a cabo, con el Banco Mundial, una misión de evaluación de necesidades a más largo plazo. 
Mientras se realiza, estaremos, espero, ayudando a Yugoslavia a abordar los problemas de su aceptación como miembro de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, así como sus problemas con los IFIs a los que debe atrasos considerables. 
Espero que podamos resolver esos problemas y que hayamos terminado la evaluación de necesidades a mediados del año que viene. 
Sería una absoluta locura celebrar una conferencia de donantes antes de que hayamos establecido esas cosas. 
De nada sirve celebrar una conferencia de donantes antes de que podamos lograr que se comprometa una gran cantidad de dinero. 
Entrar en una situación en la que no fuéramos capaces de lograr préstamos de capital y que dependiéramos totalmente de ayudas, por ejemplo, supondría que toda conferencia de donantes sería empezar por el tejado. 
Por eso espero que sigamos teniendo en mente esta sensata velocidad de avance. 
En cuanto al destino de la ayuda, me atrevo a decir que será necesaria cierta reconstrucción tras los bombardeos aéreos de la OTAN. 
Pero como decía la gente en su momento, vemos en Belgrado que a pesar de la trágica pérdida de vidas, estos bombardeos se llevaron a cabo en su conjunto de manera muy quirúrgica. 
El principal trabajo de reparación, sin embargo, es el que tiene que hacerse a causa de los años de comunismo y a causa de los años de nacionalismo xenófobo. 
Ahí es donde se necesita la mayoría de la reconstrucción: para traer la economía al siglo XXI y hacerla competitiva en una Europa de fronteras abiertas y mercados abiertos. 
Esa va a ser una tarea considerable pero puesto que hay tantos serbios capaces y hábiles colaborando en las economías de Australia, Canadá, Alemania y otros lugares del mundo, todos nosotros podemos esperar el día en que los serbios sean capaces de hacer mucho más para convertir en próspera y exitosa su propia economía en Serbia. 
Queremos ayudarles en esa tarea. 
En cuanto a las sanciones, hemos levantado- como sabe la Cámara- las sanciones sobre el petróleo y los vuelos. 
Estamos estudiando con las autoridades yugoslavas qué hacer exactamente con las sanciones financieras. 
En lo que a mí respecta, aunque será una decisión que tendrá que adoptar con mucha rapidez el Consejo de Asuntos Generales, yo soy siempre muy reacio a ser más papista que el Papa o- para utilizar una expresión más apropiada- más ortodoxo que el Patriarca: si las autoridades de Belgrado nos dicen que desean que se eliminen las sanciones financieras sorprendería un poco que nosotros dijéramos "despacio, creemos que podemos diseñar algunas sanciones inteligentes que satisfagan las necesidades que ustedes dicen que les alegraría que olvidásemos". 
El año pasado por estas fechas visité Belgrado, una ciudad bastante deprimente, que pasaba de la desesperación a la esperanza a diario. 
Fui a ver a las ONGs que trabajaban en los ámbitos humanitarios y de medios de comunicación libres, financiados por la Unión Europea, y la imagen no fue precisamente agradable. 
La aspiración existía, pero la realidad no. 
La promesa existía, pero no el cumplimiento porque el dinero no llegaba y había una chapuza administrativa. 
Quisiera pedirle al Comisario que me confirme que va a agradecer al personal de la Comisión tanto en Bruselas como, en particular, en la oficina de Belgrado dirigida por Michael Graham, el jefe de la delegación, que durante todo este tiempo han asistido a enormes cambios y han marcado verdaderamente una importante diferencia en el proceso de paso a la democracia. 
A pesar de las dificultades, han logrado algo digno de mención. 
Me gustaría que el Comisario confirme que va a dar las gracias no sólo a esas personas sino también a las ONGs que han trabajado sobre el terreno. 
Particularmente, espero que él acepte las gracias de esta Cámara porque ha demostrado que el activismo democrático no sólo funciona en Hong Kong sino también en Serbia. 
Me gustaría también agradecer al Comisario sus esfuerzos y espero, sin ser pretenciosa, poder asegurarle que la relativamente baja asistencia en la Cámara no refleja, estoy segura, el grado de interés en este tema. 
Creo, haciendo un inciso, que hay algo raro en los procedimientos de esta Cámara que nos hacen pasar una hora y media votando a la hora de la comida pero que en un tema tan importante no permite a la gente estar aquí en un número que refleje el interés. 
Quisiera preguntarle sobre la cooperación regional. 
¿Está él, y nosotros, en tanto que Unión Europea, avanzando a la hora de convencer a los sectores de la región de que cuando les animamos a mantener una cooperación regional, no se trata de apartarles de la senda hacia Europa y, en última instancia, de su pertenencia como miembros a la Unión Europea, siempre que se cumplan todos los requisitos sin plazos ni calendarios, pero, en definitiva, un paso hacia la pertenencia a la UE? 
Señor Presidente, mi intervención se refiere a Kosovo, porque la comunicación de hoy se ha convertido en una comunicación sobre Serbia. 
Comprendo que así sea, puesto que hay un nuevo dirigente, el Presidente Kostunica, y que hay que intervenir con él en el proceso para que todo ocurra de la mejor manera posible. 
Me reuní con muchas personas; en particular, con Bernard Kouchner, en una sesión de trabajo, y pude darme cuenta de los grandes problemas que allí existen. 
Naturalmente, aquí se ha hablado del Danubio, pero no basta con realizar estudios. 
Hay que emprender acciones urgentes porque el Danubio se ha contaminado debido al almacenamiento de ácido sulfúrico y desde Mitrovica. 
Se necesita un plan de prevención de riesgos para esta región, pero también para la ciudad de Prístina y otras ciudades de Kosovo. 
La población vive en la indigencia. 
Los impactos de las ojivas de uranio enriquecido han contaminado la ciudad de Prístina y las demás zonas afectadas. 
En la destrucción del Palacio de deportes se ha desprendido amianto, y éste se ha esparcido por toda la ciudad. 
El problema sanitario es muy grave. 
Desearía, pues, llamar la atención de ustedes sobre este punto y decirles que estamos frente a un problema social. 
Es preciso que dicha ayuda se destine al ámbito social, a las viudas, a los huérfanos, etcétera. 
Deben tomarse medidas urgentes. Permítanme que insista en ello. 
. 
(EN) Doy las gracias a mi honorable amigo por lo que ha dicho sobre Michael Graham y su personal en Belgrado. 
Han hecho un trabajo excelente. 
Tuve el placer de poder dar las gracias a algunos de ellos aunque en mi próxima visita espero dar las gracias a todos y desde luego mencionaré el hermoso homenaje de su señoría. 
En cuanto a las ONGs, lo han hecho magníficamente. 
Las organizaciones en el ámbito de los medios de comunicación lo han hecho magníficamente. 
Recibimos un estupendo servicio del Comité Suecia-Helsinki, por ejemplo, pero ha habido también una excelente cooperación y a pesar de todas las dificultades que el régimen de Milosevic interpuso en nuestro camino, fuimos capaces de facilitar una importante ayuda a los demócratas y a las fuerzas democráticas de Serbia. 
Eso espero que desempeñara un pequeño papel a la hora de lograr el cambio. 
La señora diputada estaba totalmente en lo cierto al afirmar que se sospecha a veces que el fomentar la cooperación regional es una especie de obstáculo de Bruselas en la ruta hacia Europa. 
Tenemos que explicar a la gente que lo que intentamos que ocurra en el sudeste de Europa es lo que sabemos que ha funcionado para nosotros. 
La Unión Europea es el mejor ejemplo en el mundo de países que resuelven antiguas enemistades, de países que se hacen más estables políticamente y más prósperos derribando fronteras, derribando barreras y en determinadas materias, poniendo en común su soberanía y haciendo juntos lo que hacen mejor juntos. 
Esto es lo que intentamos fomentar que hagan los países del sudeste de Europa. 
Por ejemplo, les decimos: vamos a darles un acceso comercial muy generoso a nuestros mercados pero tienen que darnos un acceso comercial generoso también a los mercados de sus vecinos. 
Eso está en el centro del proceso de estabilización y asociación que está avanzando de manera gradual y satisfactoria. 
En cuando al Danubio y los problemas medioambientales y de salud, estoy de acuerdo con lo que el señor diputado ha afirmado. 
El Presidente Kostunica manifestó en la reunión con los alcaldes, que en la nueva era democrática Yugoslavia tendría que hacer mucho en materia de política de género porque sólo había, creo, tres mujeres en la sala en esa reunión. 
Pero fue una de las mujeres presentes en la sala en esa reunión la que planteó expresamente la cuestión de los riesgos medioambientales y sanitarios surgidos en el último año y es necesario que atendamos a ese tipo de problemas porque suponen un riesgo sanitario grave para muchas personas del sudeste de Europa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Cambio climático- Inundaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes textos: 
el informe (A5-0270/2000) del Sr. Moreira Da Silva, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión sobre políticas y medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) (COM (2000) 88- C5-0192/2000- 2000/2103 (COS) ); 
el informe (A5-0271/2000) del Sr. Moreira Da Silva, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (COM (2000) 87- C5-0193/2000- 2000/2104 (COS) ); 
la pregunta oral (B5-0547/2000) de la Sra. Jackson a la Comisión, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la estrategia de la Comisión para la Sexta Conferencia sobre el cambio climático de La Haya (COP6); 
la declaración de la Comisión sobre las inundaciones en el Norte de Italia y en España. 
Señor Presidente, Señorías, ocho años después de Río de Janeiro y tres años después de Kyoto, podemos afirmar sin exagerar que el dossier de los cambios climáticos vive hoy su momento más crítico, realmente su momento de la verdad, por dos razones esenciales: en primer lugar, porque en el plano institucional la Sexta Conferencia de las Partes, que se celebrará en La Haya el próximo mes de noviembre, procederá a la redacción final del Protocolo de Kyoto e iniciará la fase de ratificación a fin de que pueda entrar en vigor de aquí a la Conferencia "Río- más diez", es decir, de aquí a 2002. 
Es un momento crítico, en segundo lugar, porque en el plano interno, por falta de aplicación de políticas y medidas dentro de los Estados miembros, como, por ejemplo, la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables, la tributación sobre la energía y sobre gases con efecto de invernadero, estamos divergiendo y no convergiendo respecto de los compromisos de reducción previstos en Kyoto. 
Ante ese marco extraordinariamente exigente, aplaudimos la iniciativa de la Comisión de presentar conjuntamente el Libro Verde sobre comercio de emisiones y la comunicación "Hacia un programa europeo para los cambios climáticos". 
Es que, aunque la substancia de las propuestas merece algunos reparos y algunas críticas, como se podrá ver a continuación, la verdad es que esta iniciativa envió dos mensajes políticos indiscutibles. 
Hacia afuera, regeneró la capacidad de iniciativa de la Unión Europea. 
Hacia adentro, hizo pedagogía del cumplimiento. 
Comencemos analizando el Libro Verde sobre "comercio de emisiones". 
Ese Libro Verde inició el debate sobre la estructura de un futuro sistema de comercio de emisiones en la Unión Europea. 
Para lanzar el sistema, la Comisión formuló un núcleo duro de premisas: el sistema deberá basarse en un planteamiento learning by doing, deberá iniciarse en 2005 y, en una primera fase, deberá limitarse al dióxido de carbono y a las fuentes concretas de grandes dimensiones. 
Desde nuestro punto de vista- y esto es lo que refleja el informe -, la materialización de un sistema de ese tipo en la Unión Europea, ya a partir de 2005, presenta ventajas indiscutibles. 
Permítaseme que destaque tres: en primer lugar, ese sistema permitirá un aprendizaje práctico y una preparación económica de los sectores, las empresas y los Estados miembros para el lanzamiento- entonces, sí- en 2008 del sistema de comercio de emisiones en el nivel internacional. 
En segundo lugar, ese sistema contribuirá a que resulte más fácil corregir la situación de incumplimiento que se da hoy en la mayoría de los Estados miembros. 
En tercer lugar, el sistema permitirá reducir en gran medida, en millares de millones de euros al año, los costos de aplicación de los compromisos subscritos por la Comunidad en Kyoto. 
A pesar de la validez de esa iniciativa y la calidad técnica del Libro Verde, por los que felicitamos a la Comisión, el planteamiento de algunos puntos es limitado. 
Así, la función de este informe ha consistido en ampliar y ahondar el debate iniciado por el Libro Verde. 
Ésa es nuestra función. 
Permítaseme destacar seis puntos de mi reflexión. 
Primero: el Libro Verde debería haber fijado objetivos cifrados de reducción de gases con efecto de invernadero que se garantizarían por el sistema de comercio de emisiones, es decir, que el Libro Verde debería haber dicho cuál sería el porcentaje de reducción de gases con efecto invernadero que se atribuiría al comercio de emisiones. 
Segundo: consideramos que el Libro Verde no debería haber dejado de hacer un análisis sobre la posibilidad de que el sistema de comercio de emisiones reduzca ventajas competitivas a favor de la energía nuclear. 
Tercero: consideramos imprescindible que, en el futuro, el sistema llegue a englobar algunos sectores que el Libro Verde ya ha excluido, en particular, los transportes, que es el sector en el que las emisiones están aumentando a un ritmo más acelerado. 
Cuarto: la Comisión no debería haber fijado, en el debate sobre el ámbito del sistema, el comercio de emisiones directo entre empresas como la única opción posible. 
Hay otras opciones y esperamos que próximamente la Comisión examine todas las opciones. 
Quinto: consideramos fundamental que los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea participen lo antes posible en el sistema de comercio de emisiones. 
En ese sentido, pedimos a la Comisión que en una próxima comunicación presente un plan que establezca la forma de hacer participar a esos países en el sistema de comercio de emisiones. 
Sexto y último: consideramos que, por lo que se refiere al método y a la concesión de licencias de emisión, la subasta podría garantizar más fácilmente el resultado medioambiental deseado, sin distorsión de la competencia, y la simplicidad del sistema que el de grandfathering. 
Ahora bien, no es éste el momento apropiado para excluir ningún método, por lo que pedimos a la Comisión que prosiga esa reflexión y la amplíe a una tercera opción: el benchmarking. 
Analicemos ahora la comunicación sobre el programa europeo para los cambios climáticos. 
Dado el empeño y la calidad del Libro Verde sobre el comercio de emisiones, la comunicación sobre políticas y medidas, la comunicación "Hacia un programa europeo para los cambios climáticos" resulta decepcionante. 
Resulta decepcionante porque de ella se desprende una secundarización de la función de las políticas y medidas, es decir, de la acción política nacional y comunitaria respecto de los mecanismos del mercado. 
Resulta también decepcionante porque de esa comunicación se desprende un desequilibrio de trato entre los diferentes sectores económicos; en particular, esperábamos que sobre los sectores no incluidos en el sistema de comercio de emisiones llegara a aprobarse un planteamiento ambicioso y con compromisos bien formulados en otra comunicación, en la relativa a políticas y medidas. 
De modo que pedimos a la Comisión que complete urgentemente el programa europeo para los cambios climáticos, el PECC, y presente, seis meses después de la Sexta Conferencia de las Partes, un conjunto de propuestas específicas de políticas y medidas en el que se formulen, por sector económico y por política y medida, los compromisos cuantitativos de reducción de gases con efecto de invernadero. 
Permítaseme que diga muy brevemente unas palabras sobre la próxima conferencia de las Naciones Unidas, la Sexta Conferencia de las Partes, que se celebrará en La Haya, el próximo mes de noviembre. 
La dificultad de la Conferencia de las Partes no es consecuencia sólo de la complejidad de los left overs de Kyoto, sino también de la coyuntura política de los Estados Unidos. 
Repárese en que, independientemente del resultado de las elecciones americanas, serán Bill Clinton y Al Gore los que en La Haya negociarán el Protocolo de Kyoto. 
Si gana Bush, todos los acuerdos que concertamos en La Haya con la administración Clinton pueden ser pasados por alto totalmente por la nueva administración. 
Si gana Al Gore, nada impide que siga siendo muy difícil encontrar en el Senado los dos tercios necesarios para la ratificación del Protocolo. 
Por eso, creo que la Unión Europea no debería abdicar de su programa negociador. 
La Unión Europea tiene un buen programa negociador y no debe abdicar de él. 
Si abdicamos de él con la intuición de lograr un acuerdo con los Estados Unidos, nos arriesgamos a tener un resultado loose loose: empeoramos la redacción del Protocolo y, encima, podría ocurrir que no fuera ratificado por los Estados Unidos. 
Por eso debemos dar señales de apertura en relación con Rusia, el Canadá, el Japón, Noruega y los países de la Europa central y oriental. 
Termino, señor Presidente, agradeciendo a todos sus Señorías, en particular a los ponentes de opinión y a los ponentes en la sombra, que hayan permitido encontrar un amplio consenso en la estrategia encaminada a detener los cambios climáticos. 
. (NL) Señor Presidente, la emisión de gases de efecto invernadero continúa en aumento aunque la Unión Europea se ha comprometido a reducir la emisión de estos gases en un 8% durante el período comprendido entre 2008 y 2012. 
Éste es el telón de fondo del Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión. 
El Libro Verde constituye un primer paso en dirección a la creación de un instrumento oientado al mercado que establezca un límite máximo para la emisión de gases y ofrezca a más largo plazo posibilidades eficaces y efectivas para reducirla. 
De este modo cabe la posibilidad de que, a pesar de todo, la Unión Europea consiga cumplir las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo de Kioto 
En líneas generales la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios acoge favorablemente el Libro Verde. Insiste, no obstante, en la necesidad de elaborar un sistema de comercio sólido. 
Las palabras clave son sencillez, transparencia para quienes en él participan e instituciones de mercado adecuadas. De lo contrario, se vendría abajo por falta de confianza de las partes del mercado. 
Además, es importante que el sistema no interfiera en la competitividad de las empresas implicadas. 
A este respecto ponemos serios reparos a algunos párrafos de la presente propuesta de resolución que pueden llegar a producir distorsiones de la competencia, puesto que no se aplica sistemáticamente el enfoque por sectores. 
La fórmula sugerida por el ponente tiene como consecuencia que empresas del mismo sector pueden recibir un trato desigual en los diferentes Estados miembros. 
No olvidemos que un transportista no compite con una empresa química, sino con los transportistas de los demás Estados miembros. 
Espero que este malentendido pueda ser aclarado a través de una serie de enmiendas. Tengo curiosidad por saber si recibirán el apoyo del Comisario Wallström. 
Señor Presidente, el objetivo final es conseguir un medio ambiente más limpio. 
Para ello no hace falta intervenir directamente en las estructuras económicas. Basta con introducir derechos de emisión comercializables. 
A fin de cuentas hemos de asumir sin más tardanza nuestra responsabilidad colectiva de gestionar debidamente la creación de Dios. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, quiero felicitar al ponente porque ha compendiado realmente los puntos de vista de todos nosotros y ha realizado un brillante trabajo. 
El comercio de los derechos de emisión se incorporó al debate sobre el cambio climático como parte de los llamados mecanismos de flexibilidad. 
La Unión Europea no hubiera querido incluir estos mecanismos en el conjunto de medidas, pero, en cualquier caso, ahora figuran en el Acuerdo internacional, y en La Haya se establecerán las normas de estos mecanismos de flexibilidad, en cuyo marco el comercio de los derechos de emisión ocupa un lugar primordial. 
Puesto que la UE ha ejercido hasta ahora el liderazgo en las negociaciones internacionales, todos deseamos con seguridad que se mantenga en este papel de líder, y para ello confiamos en la Comisión. 
Por esta razón, la Unión Europea ha decidido proponer que dentro de la Unión se pase al comercio de derechos de emisión en el marco de los gases de efecto invernadero ya a partir de principios del año 2005, cosa que todavía no tiene tanto alcance como el hecho de que, en sí, el Protocolo de Kyoto posibilite la adopción de este comercio internacional de derechos de emisión a partir del año 2008. 
Pero este sistema puede empezar a probarse y a desarrollarse dentro de la Unión Europea. 
Así pues, la Comisión de Asuntos Jurídicos da la bienvenida al Libro Verde de la Comisión y a la creación de una directiva marco basada en el mismo. 
La adopción del comercio de los derechos de emisión a nivel de toda la Unión Europea está completamente justificada, pues, en otro caso, se distorsionaría la competencia. 
En nombre de la comisión parlamentaria, quiero llamar la atención sobre el hecho de que sí podremos hacer muchas cosas mediante el comercio de los derechos de emisión, pero no todas. 
Es muy importante que el comercio de los derechos de emisión complemente a otras medidas, entre las cuales son fundamentales las medidas de orientación económica. 
También es muy importante que el comercio de los derechos de emisión sea controlado de forma eficaz, y creo que también necesitamos la presencia de inspectores de medio ambiente, asunto éste que estamos negociando con el Consejo. 
. 
(DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es de la opinión de que el comercio con la emisiones es una solución razonable. 
Pero al igual que los demás, también somos de la opinión de que solamente debería aplicarse al 50% de la reducción total de las emisiones. 
Lo decisivo en este comercio con las emisiones es que en el futuro no sólo la corriente eléctrica o el gas va a tener un precio sino también el CO2. 
Esto parece muy sencillo pero representa una transformación total de la economía energética o del sector energético. 
Esto hay que saberlo. 
Esto tiene enormes repercusiones y puede ser también de ayuda para reducir las emisiones, de lo que estoy plenamente convencido. 
¿Cómo podría ser el guión para los próximos años? 
Espero que la Unión Europea, tras una conclusión con éxito de las negociaciones en La Haya, ratifique Kioto. Esto significa que nuestra firma es vinculante jurídicamente. 
Como siguiente paso, la Comisión deberá presentar una directiva que distribuya las cargas entre los 15 Estados miembros. 
Pero estas cuotas deben ir unidas a sanciones pues, de lo contrario, no tendrían sentido. 
Con otras palabras: utilizando el rodeo de la política de medio ambiente tendremos una política energética común. 
El año 2005 podríamos comenzar con este comercio de emisiones dentro de la Unión Europea. 
Repito de nuevo: espero que este guión se respete más o menos y que no nos dejemos inquietar porque otros, quizás incluso los Estados Unidos, no firmen al principio. 
Debemos apoyar a la Comisión en este sentido y actuar del modo más unido posible. 
Señor Presidente, ya es hora de que exista un programa concreto de la Comisión de la UE para reducir el efecto invernadero. 
Los cambios climáticos se pueden ver en todo el mundo y los europeos no estamos en una situación tan mala como otras zonas, estoy pensando en la costa occidental de América o en Bangladesh. 
Pero las últimas catástrofes en Italia- en especial en el valle de Aosta- o en Suiza han mostrado que también entre nosotros se producen catástrofes de las que la población local apenas tiene la culpa. 
Ahora hay que aplicar la declaración de Kioto y la próxima cumbre sobre el clima en La Haya tiene que ir más lejos que los esfuerzos realizados hasta ahora. 
Desde que está claro que el CO2 es el principal responsable de los cambios climáticos y que el transporte sigue aumentando, hay que realizar sobre todo propuestas concretas sobre cómo limitar el tráfico urbano, dirigir correctamente el tráfico de tránsito o configurar adecuadamente el road pricing. 
Más allá de este comercio con las emisiones, hay que adoptar medidas para poder tener todo esto bajo control. 
No quiero poner en duda o atacar la movilidad- pues la necesitamos- pero debemos modificar el comportamiento del tráfico y el comercio con las emisiones no debe conducir a que no debatamos ya sobre las otras medidas concretas. 
Somos guías en Europa en lo referente a la política de medio ambiente y si queremos preservar la credibilidad entonces debemos ir más allá de lo que el Libro Blanco dice hoy. 
Señor Presidente, quisiera hacer constar la preocupación y la aprensión del Parlamento Europeo por el tema de la Conferencia de La Haya. 
En primer lugar, como ya se ha mencionado, está la cuestión de la participación de parlamentarios europeos en la conferencia. 
Sean cuales sean las políticas de la Unión Europea que surjan de esta conferencia en La Haya, tendrán que someterse al debate, enmienda y aprobación de este Parlamento, eso en cuanto a las políticas europeas. 
Las políticas nacionales, sean las que sean, tendrán que pasar por los parlamentos nacionales, pero nosotros tendremos algo que decir a la hora de acordar lo que se presente como política de la Unión Europea de resultas de La Haya. 
Hasta ahora nuestra prometida participación en la delegación de la UE se ha limitado a tres parlamentarios. 
Además, la naturaleza exacta de la participación parlamentaria no está nada clara. 
Nos gustaría poder enviar a una delegación más numerosa. 
Somos conscientes de que el COREPER va a tratar esto la semana próxima pero quisiéramos escuchar noticias de la Comisaria. 
También nos gustaría que nuestros representantes fueran informados antes de la conferencia. 
Espero que la Comisaria pueda informarnos plenamente, la escucharemos dentro de un momento, y que recibamos toda la información necesaria durante su intervención. 
Pero eso no es todo: es necesario que nuestros representantes estén presentes en todas las reuniones de la delegación de la UE, incluyendo aquéllas en las que se discuta la táctica y la política. 
No creemos que pedir esto sea pedir demasiado. 
Dada nuestra implicación en la elaboración de la legislación de la Unión Europea es absurdo que la Comisión y el Consejo se guarden para sí las negociaciones. 
En segundo lugar, está la cuestión de hasta qué punto los países industrializados, incluido Estados Unidos, son realmente sinceros acerca del COP6 y de la ratificación de Kyoto. 
¿Quieren realmente, y con toda honradez queremos nosotros, seguir adelante, o vamos a asistir a un frenazo? 
Parece que ya disponemos de pruebas abrumadoras de la repercusión del cambio climático, pero, cuando los miembros de la Comisión de Medio Ambiente se reunieron recientemente con miembros del Congreso de Estados Unidos, afortunadamente mediante enlace de vídeo, la impresión que sacaron fue que el Congreso no aprobará la ratificación de Kyoto. 
Por tanto, si Estados Unidos no puede acordar estas medidas a favor del medio ambiente cuando su economía está prosperando en tan gran medida, ¿qué oportunidad tendremos en otro momento cuando las cosas no parezcan ir tan bien? 
Agradeceríamos los puntos de vista de la Comisión sobre hasta dónde es probable que los estadounidenses saboteen la Conferencia de La Haya y sobre qué podemos salvar del naufragio. 
En el caso de que Estados Unidos dé firmes muestras de que no ratificará nunca Kyoto sin la participación de los principales países en desarrollo, ¿qué perspectivas existen de que podamos crear una coalición de países que lo ratifiquen y cuál es el riesgo de colocar a la Unión Europea en una situación de desventaja económica? 
También nos gustaría escuchar de la Comisión un calendario claro de sus planes de medidas en materia de cambio climático para el año que viene. 
Soy consciente de que esto puede suponer desvelar el 6º Programa de Acción Medioambiental, pero éste sería un momento oportuno para clarificar las grandes líneas de lo que podemos esperar. 
Por último, puesto que conocemos las causas del cambio climático, o está bastante claro que conocemos las causas del cambio climático, las futuras generaciones difícilmente nos perdonarán por haber sido tan lentos en abordarlo. 
Los gobiernos tienen miedo a un impuesto sobre carburantes por temor a no ser reelegidos. 
Esto es humano y quizás inevitable. 
Pero podríamos al menos dedicar más recursos al desarrollo de fuentes de energía renovables alternativas y convertirlas pronto en verdaderas opciones alternativas. 
Es muy triste que el pasado año recortáramos, de hecho, el fondo de la Unión Europea para energías renovables, SAVE, al que ahora dedicamos una cantidad inferior al dinero que se gasta en subvencionar el tabaco. 
Las generaciones futuras no nos lo perdonarán y las generaciones futuras tendrán razón. 
Señora Comisaria, permítame que, dentro de un informe realmente magnifico como el del Sr. Da Silva y del escenario que usted nos acaba de describir, importante y lleno de perspectivas, me detenga por un momento en un hecho que se está convirtiendo en dramático y en las inundaciones que la semana pasada afectaron a amplias zonas de nuestra Europa: ante todo el Norte de Italia y después Francia y España. 
Nos estamos acostumbrando a un lenguaje que caracteriza de manera dramática nuestros tiempos; verbos como desbordar, rebosar, inundar forman parte de un léxico que llega a ser casi normal. 
Pensamos que esto es una dramática consecuencia de los cambios climáticos para los cuales el sistema social y económico debe prever una manera de contrarrestarlos. 
Los expertos en clima nos dicen que está cambiando la meteorología de nuestras regiones. 
Las lluvias extraordinarias de hace unos días han servido para reequilibrar el clima de hace un año, en que prevaleció la sequía. 
Nos dicen asimismo que la tendencia a la sequía se manifestará y agravará en los próximos años y, en síntesis, se alternará con algún diluvio y con los consiguientes desbordamientos y rebasamientos. 
Por esto, ha llegado el momento, ahora que, lamentablemente, nuestros muertos han sido enterrados, que los periodistas se han marchado de las zonas devastadas y que el río, en este caso el Po- yo vivo cerca del Po- está volviendo a su cauce normal, de abrir, como decimos en Italia, el paraguas, no para parecernos a la funesta Casandra, sino para evaluar una vez más las necesidades y los remedios. 
Lo cierto es que en estos años han avanzado las medidas de alerta y de alarma que han permitido paliar la envergadura de las catástrofes, sin embargo, esto, aun reconociendo su relevancia e importancia, no se puede considerar un factor primario. 
Hace falta una política de defensa precisamente para hacer lo que nos dicen los expertos en clima. 
Son necesarias decisiones políticas y territoriales de salvaguardia del terreno, también cuando brilla el sol. 
La primera se refiere a la lógica del trabajo de construcción del ser humano que no se puede olvidar: es necesario dirigirlo a través de una cada vez más rigurosa aplicación de proyectos, normas y controles y, ante todo, debe ser enfocado lo mejor posible el trabajo agrícola del ser humano. 
En la reciente inundación del Po, el terreno agrícola ha actuado como un aliviadero en defensa de los territorios urbanos y la agricultura ha encauzado la riada soportándola ella misma para salvar los centros urbanizados. 
Por lo tanto, es necesario reafirmar el papel del agricultor como protector del medio ambiente que cuando brilla el sol se deja de lado, se olvida y se infravalora. 
La política agrícola y medioambiental, así como la urbanística y territorial se esfuerzan en encontrar un lugar adecuado para estas funciones. 
Es preciso que en Europa hallemos las formas de coordinación adecuadas. 
Señor Presidente, hoy tenemos que discutir tres importantes documentos que atañen a uno de los mayores retos del futuro, esto es, el cambio climático. 
Para un habitante de Europa del Norte, donde la temperatura en esta época del año raramente excede los siete grados y donde llueve torrencialmente, la idea de un clima más benigno puede parecer, a primera vista, atractiva. 
No es tan simple. 
El cambio climático que se viene encima no implica nada favorable para nadie. 
Por el contrario, el escenario es justamente el que se ha descrito, es decir, tormentas, lluvias e inundaciones. 
A esto hay que añadir los cambios en la flora y fauna. 
La vida no seguirá siendo igual y tampoco será agradable. 
Los tres documentos sobre el cambio climático que ha tratado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor pueden considerarse como documentos que representan diferentes períodos. 
La resolución acerca de la Conferencia de La Haya es lo que está más cerca en el tiempo. 
En la comisión presentamos nuestros criterios- y espero que también sean los de la Unión- acerca de lo que debería suceder en La Haya. 
Ha habido gran unidad de criterios, cosa que constituye un buen fundamento ahora que estamos a las puertas de la Conferencia de La Haya. 
La resolución marca claramente la necesidad de suscribir el Protocolo de Kioto y de que los países industrializados impulsen el trabajo para detener el cambio climático. 
También hace hincapié en que los instrumentos flexibles deben ser un complemento de las medidas nacionales. 
Me alegra escuchar que éste es también el criterio de la Comisaria Wallström. 
Creo que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor ha dejado en claro que en nuestra opinión no son suficientes tres representantes del Parlamento Europeo en la Conferencia de La Haya. 
También celebro que la Sra. Wallström diga que la propuesta de la Comisión es de ocho representantes. 
El Parlamento Europeo y quienes trabajan aquí con los asuntos de medio ambiente deben ser tomados en serio alguna vez y no solamente deben servirse de ellos como figuras simbólicas. 
También es importante subrayar cuando se habla de reuniones e información periódicas durante la Conferencia de La Haya, que éstas tienen que ser constructivas. 
También es importante que se tomen en cuenta los criterios de los parlamentarios, de modo que no sea una comunicación en un sólo sentido. 
La resolución sobre comercio con los derechos de emisión constituye un buen documento, pero ha sido mejorada aún más después de las modificaciones realizadas en la comisión. 
El más importante complemento es, igual que en el documento COP6, la clara alusión a que el comercio con los derechos de emisión no deberá exceder el 50 por ciento de las medidas relacionadas con las reducciones de emisión. 
También es importante que se exijan objetivos cuantificables respecto a cada país y a cada sector. 
Además, deberán existir medidas vinculantes, que obliguen a los Estados miembros a cumplir con sus cuotas. 
Existe cierta preocupación porque en el Libro Verde se excluye a ciertos sectores, por ejemplo, el de los transportes. 
Confiamos en que este trabajo se incluirá en el próximo documento, es decir, en la estrategia comunitaria y en las medidas para disminuir las emisiones, y que no se olvidará al sector de los transportes a la hora de discutir el cambio climático. 
El mensaje es muy claro: el principio tiene que ser que todas las emisiones, independientemente de su origen, deberán ser contempladas por alguna norma, la de los derechos de emisión u otras, pero tendrán que existir limitaciones concretas y normas para todos los tipos de emisiones. 
Muchas personas han dudado de la propuesta sobre comercio con los derechos de emisión, especialmente en relación con sus consecuencias socioeconómicas. 
Hay quienes simplemente temen perder el empleo. 
Se teme que las empresas enfrenten a las industrias entre sí. 
En mi opinión, esas dudas e inquietudes están incluidas en el punto 13 de la resolución, y espero que éste sirva para tranquilizar al menos a algunas personas. 
Quisiera subrayar que hay un error evidente en la versión sueca. 
Tan sólo la mitad de la enmienda que se publica en la versión sueca ha sido aprobada. 
El tercer documento es, quizás, el más importante a largo plazo. 
Se ocupa de la estrategia y de las medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
También trata de aquello que es realmente importante, es decir, del cambio de nuestras vidas y costumbres para lograr algo. 
Es un documento que esperábamos. 
Habríamos celebrado mucho más su llegada si hubiese sido más concreto y claro, pero esperamos que ganará en claridad con las modificaciones y enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me felicito de que la discusión sobre el cambio climático en Europa y en el mundo nos haya brindado la oportunidad de referirnos al verdadero ciclón que ha afectado a una gran parte de Europa. 
El ciclón, que los meteorólogos alemanes han bautizado Josefina, ha azotado el noroeste de Italia, y concretamente mi región, Val d´Aoste. 
En tres o cuatro días cayó, en una superficie global de 10.000 km², una media de 500 a 700 mm. de lluvia, lo que equivale grosso modo a la lluvia caída en un año. 
Eso significa que el terror ha golpeado Val d´Aoste, al igual que las demás regiones y países, a los que esta dolorosa experiencia sitúa en un verdadero estado de guerra y ante una lista de daños larga y costosa. 
¿Para qué, pues, la Unión Europea? 
A la vez para cambiar nuestro estilo de vida y sobre todo para entender los ciclos que modifican la climatología, movilizar los fondos europeos necesarios para responder a las exigencias de las poblaciones y, finalmente- es mi lógica de montañés -, para hacer frente a la verdadera necesidad de una intervención en las regiones de montaña de Europa, ya que de lo contrario estas inundaciones podrían, desgraciadamente, volver a producirse. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nuestro clima ya está cambiando. 
En el pasado milenio la temperatura ha bajado una quinta parte de un grado. 
Sin embargo, en los últimos cincuenta años ha subido grado y medio. 
El calentamiento se intensifica cada vez más. 
Muchos ciudadanos piensan que uno o dos grados más no estaría mal, pero la cálida corriente del Golfo que nos brinda un clima agradable puede invertirse en todo momento. 
Si esto ocurriera Europa pasaría a sufrir el clima de Canadá, con muchas semanas de 20 ó 30 grados bajo cero en invierno. 
Hacen falta medidas drásticas para detener el calentamiento del planeta. 
El Protocolo de Kioto es demasiado limitado. 
El crecimiento del tráfico aéreo en los próximos quince años absorberá por sí solo todas las reducciones contenidas en el Protocolo. 
En este momento China emite ya más gases de efecto invernadero de lo que es razonablemente sostenible. 
No podemos cerrar los ojos ante esta evidencia. 
Después de 2020 los países en vías de desarrollo también deberían sumarse a la lucha contra los gases de efecto invernadero. Ahora bien, deben hacerlo en condiciones de igualdad. 
Cada ciudadano del mundo tiene derecho a emitir la misma cantidad de CO2. 
Los ciudadanos americanos no pueden emitir 200 veces más que los habitantes del África Oriental. 
El comercio internacional en certificados CO2, que en principio entrará en vigor en 2008, debe basarse en equity. 
Es imprescindible para que participen países en desarrollo como China y la India. 
No valen los arbustos de 25 cm de altura que propone el Gobierno australiano. Ni tampoco otros proyectos de forestación cuyo seguimiento resulta inviable. 
También sería un disparate subvencionar la energía nuclear con fondos del Clean Development Mechanism. 
Sería perverso en un momento en que Estados Unidos y Europa no hacen más que cerrar centrales nucleares. 
Afortunadamente, nuestros ministros y la Comisión se han sumado a la vía correcta. 
En nombre de mi Grupo les deseo firmeza. 
El buen camino pasa por una célere ratificación del Protocolo de Kioto. 
No podemos llegar a depender del Senado Americano. 
Tras la ratificación, la emisión de CO2 tendrá un precio. 
De momento, las grandes industrias y al sector de la generación de electricidad, que representan juntos el 45% de la emisión de CO2, no tienen que pagar nada. 
El Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión en Europa es una excelente iniciativa. 
Europa debe hacer todo lo posible por cumplir el objetivo del 8%. 
Quiero hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que elabore propuestas complementarias destinadas a contener la emisión en el sector del transporte. 
Para ser creíbles tenemos que alcanzar nosotros mismos la meta del 8%. Sólo en ese caso podremos lograr avances en la escena mundial del clima. 
Señor Presidente, como es de público conocimiento, los asuntos relacionados con el clima son posiblemente los problemas medioambientales de más difícil solución. 
No es porque ignoremos las medidas que se precisan, sino porque éstas tienen consecuencias muy profundas en la política de transportes y en la de energía y, ciertamente, en nuestros hábitos de consumo. 
Para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero se requieren cambios sociales verdaderamente profundos. 
Los países más desarrollados, los que tienen más altos niveles económicos y que emiten más gases de efecto invernadero por persona, tienen la mayor responsabilidad a la hora de impulsar la reducción de estas emisiones. 
Por eso, ante la Conferencia de La Haya, resulta indispensable llegar a un acuerdo con EE.UU. que conduzca a verdaderos avances y a la ratificación del Protocolo de Kioto. 
Una política responsable de los países más desarrollados tiene que fundamentarse en la disminución de sus propias emisiones. 
Si se va a permitir el comercio con los derechos de emisión, cosa que encuentro muy dudosa, éste debería constituir sólo una pequeña parte de la totalidad de la política. 
Este tipo de comercio tiene que estar estrictamente controlado, en atención a circunstancias de carácter social y a las posibilidades futuras de los países en desarrollo. 
Este sistema puede conllevar muchos riesgos futuros cuando Rusia y los países en desarrollo se incorporen al comercio con los derechos de emisión y éste alcance una dimensión mundial. Por el contrario, existen otros mecanismos flexibles que pueden usarse ventajosamente a escala mundial. 
El comercio con los derechos de emisión y reducciones no debe sustituir a los verdaderos cambios que se necesitan, igual cosa vale para la energía nuclear. 
Necesitamos una política enérgica en favor de la disminución del consumo de energía, de las energías renovables, de los combustibles alternativos y de los impuestos medioambientales a los transportes. 
La ejecución de estas medidas es responsabilidad especialmente de los países miembros. 
En el ámbito fiscal, es deseable un impuesto mínimo común. 
Si no fuese posible llegar a un acuerdo sobre la aplicación de impuestos a los gases de efecto invernadero en el ámbito comunitario, los países que estén dispuestos a ir a la vanguardia deberían, de todos modos, establecerlos. 
En cuanto al informe Moreira Da Silva, estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos, pero somos más escépticos respecto al comercio con los derechos de emisión. 
Un sistema de esta naturaleza puede ser un experimento interesante en el ámbito de la UE, pero no puede reemplazar a otras medidas. 
Señor Presidente, en estos años hemos asistido a un aumento exponencial de catástrofes en nuestro territorio: catástrofes naturales que, en muchos casos, han afectado a regiones y países enteros, catástrofes naturales que, sin embargo, no solo son achacables al cambio climático producido, entre otras cosas, por obra del ser humano, sino que dependen también de cambios humanos en el territorio aportados por administraciones, gobernantes y ciudadanos que no han sido capaces de conseguir mejorar, preservar y garantizar. 
Este año en Italia se registró la primera catástrofe en Calabria y después esta enorme tragedia con más de 25 muertos y más de 45.000 evacuados en el Norte. Se han visto muy afectados el Valle de Aosta, Piamonte y muchas zonas del valle del Po y de Lombardía. 
El año pasado, en Francia la tragedia destruyó bosques centenarios y causó daños incalculables para toda la humanidad. 
Señor Presidente, hace cinco años Italia sufrió otra inundación. 
También en esa ocasión resultaron destruidas casas, puentes, carreteras, fábricas, comercios y pueblos enteros. 
En esa ocasión, en mi calidad de diputado europeo de Alianza Nacional, pedí a la Comisión que se elaboraran con urgencia una propuesta para determinar las zonas de riesgo de inundaciones y un mapa hidrogeológico de las regiones de la Unión Europea. 
Han pasado cinco años, estamos hablando de una nueva inundación y no existe ningún mapa hidrogeológico. 
Europa no ha emprendido ninguna acción ni ha ejercido ninguna presión sobre los Estados nacionales, al objeto de se modificara y mejorara la realidad en el territorio de cada una de las naciones. 
Ahora volvemos a proponer el mismo mapa, con la esperanza de no encontrarnos, dentro de cinco años, aquí contando muertos y reprochándonos no haber cumplido nuestra obligación: un mapa de las zonas de riesgo de la Unión Europea, una directiva que defina los estándares de seguridad para las construcciones próximas a los ríos y a los torrentes, para establecer criterios operativos de cara a la explotación de los árboles y para impedir las actividades de canteras y vertederos en los lugares de riesgo, con sanciones contra quien las autoriza y contra quien las realiza. 
Nos debemos convencer de que la prevención de los riesgos para la recalificación medioambiental es la mejor defensa del medio ambiente. 
El desarrollo, incluido el rural, debe ser compatible con el medio ambiente, es decir, con el ser humano. 
Señor Presidente, Señorías, desde algunas décadas el cambio climático en Europa causa catástrofes que no han sido todavía estudiadas y evaluadas adecuadamente. 
Padania, una región geopolítica y cultural de las más avanzadas en Europa, ha sufrido una dramática inundación con un penoso balance de víctimas humanas y de daños materiales. 
El Gobierno italiano, al asignar importes absolutamente ridículos respecto a la envergadura de la catástrofe- por otra parte, anunciada- en una región productiva estratégica para Italia y Europa, se está comportando con estas poblaciones extraordinariamente activas de manera inadecuada e irresponsable, con ineficacia, como ya quedó demostrado en el caso de las poblaciones afectadas por el terremoto de Umbría y por las inundaciones del sur de Italia. 
Hasta ahora no se ha emprendido ninguna acción de prevención y de calificación hidrogeológica. 
Europa debe erigirse en garante, intervenir ante el Gobierno italiano para que se reconozcan de inmediato todos los daños a las empresas- que, por otra parte, deben quedar exentas de pago de cualquier tipo de impuestos- y a los ciudadanos que, ayudados por el activo y ejemplar voluntariado padano, se han puesto enseguida manos a la obra para restablecer la normalidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Jorge Moreira da Silva, por su excelente trabajo y por su informe. 
La protección del clima no es un tema marginal para los ecologistas apasionados sino uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. 
Las terribles tormentas e inundaciones que se han abatido sobre Europa y el mundo en los últimos meses nos deberían sacudir las consciencias. 
Casi todos los científicos nos dicen que estas tormentas e inundaciones van a aumentar drásticamente si no reducimos claramente los gases causa del efecto invernadero. 
Por ello, la protección del clima es también un mandato de sentido común económico y por ello me irrita que, ante este desafío, en el debate sobre la protección del clima con frecuencia sólo se diga lo que no se quiere y no lo que realmente se quiere. 
Faltan alternativas, faltan debates constructivos. 
Muchos dicen que no quieren en ningún caso la energía nuclear. 
Otros dicen que no quieren en ningún caso medidas fiscales. 
Pero creo que se debe adoptar cualquier posibilidad para reducir los gases que provocan el efecto invernadero. 
También me irrita que en el debate que tiene lugar en los Estados miembros sobre los impuestos ecológicos nacionales se ejerzan con razón críticas a estos instrumentos nacionales pero que se realicen demasiado pocas propuestas positivas. 
Y este es el motivo porqué en nombre del Grupo del PPE he presentado una enmienda que exige un impuesto europeo sobre el clima que recoja todos los gases que provocan el efecto invernadero. 
Tenemos la oportunidad de corregir los errores cometidos a nivel nacional y marcar una señal positiva para Europa. 
El Grupo del PPE defiende también la posición de que la energía nuclear es irrenunciable al menos durante los próximos decenios para reducir las emisiones de estos gases. 
Un abandono de la energía nuclear, tal como se proyecta y se lleva a cabo en algunos Estados miembros, es exactamente la señal errónea pues las centrales nucleares producen muchos menos gases que provocan el efecto invernadero que la energía de origen fósil. 
Antes de abandonarla hay que decir cómo se quiere reducir los gases que provocan el efecto invernadero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo también quiero felicitar al ponente pues creo que ha logrado unificar de modo excelente los diversos intereses que existen en esta Asamblea y encontrar una posición para el Parlamento. 
Señora Comisaria, desde 1995 sigo el debate sobre el clima aquí en esta Asamblea. 
Lo que he visto desde 1995 ha sido que el Parlamento ha realizado concesiones siempre ante el trasfondo táctico de que queremos que el país que emite más CO2, se suba con nosotros al bote de Kioto. 
Nos hemos subido y hemos dicho que aceptamos el comercio de emisiones. 
En principio estamos a favor y hemos realizado muchas otras concesiones. 
En algún momento, el listón está para mí tan bajo que puedo decir que ya no se puede bajar más. 
Ya no son posibles más concesiones. 
Por ello, soy de la opinión de que en las futuras negociaciones, si los EE.UU no logran iniciar un proceso de ratificación, deberíamos centrarnos en realizar acuerdos con los otros países y ratificar sin los EE.UU para que toda esta situación avance por fin. 
No podemos hacer concesiones hasta el punto cero sin la certeza de que el Congreso vaya además a dar su apoyo realmente. 
Señora Comisaria, he escuchado naturalmente su intervención sobre el programa del clima ECCP. 
Ha sido una charla festiva sobre todo lo que se podría hacer y lo bonito que sería. 
En los últimos años ya he escuchado en alguna que otra ocasión tales charlas festivas. 
Prefiero mucho más luchar junto con usted por fin por medidas muy concretas, por ejemplo, para poner en marcha el uso de energías renovables. 
Se ha presentado una propuesta al respecto y me pregunto al respecto qué política de la Comisión es si en la Dirección general de Competencia a esta propuesta para fomentar las energías renovables se responde con el medio del marco de ayuda al medio ambiente, lo que quizás la destruya. 
Yo quiero luchar junto con usted por lograr un estándar para casas de bajo consumo energético. 
Quiero luchar junto con usted para establecer un marco fiscal para el fomento de los vehículos de bajo consumo. 
Es decir, abandonar por fin las charlas festivas y entrar en el trabajo concreto de cada día para que las charlas festivas se conviertan realmente en charlas cotidianas. 
Señor Presidente, me complace escuchar que la Comisaria está presionando para que ocho diputados de esta Cámara asistan al COP6, pero quisiera subrayar que nuestro deseo es desempeñar un papel constructivo en la elaboración de la estrategia europea. 
No queremos que se nos deje de lado como a los parlamentarios que asistieron hace poco a la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud. 
Nos vemos trabajando al lado de un conjunto de instituciones europeas en la lucha por mejorar la situación y por hacer que se ratifique el Protocolo de Kyoto. 
Compárese, después de todo, nuestra concordancia con la experiencia que tuvimos recientemente en la sesión por teleconferencia con los miembros del Congreso de EE.UU., que, francamente, fue una experiencia muy deprimente. 
El presidente de la Comisión de Ciencias de la Salud afirmó que, desde el punto de vista estadounidense, se trataba de una cuestión económica y no de una cuestión medioambiental. Esto indica realmente las diferencias entre el planteamiento de los representantes de Estados Unidos y el de este Parlamento. 
No se reconoció la necesidad de hacer sacrificios o de aceptar que tenemos responsabilidades históricas a ambos lados del Atlántico como los mayores emisores de gases de efecto invernadero. 
A pesar de todas nuestra buenas intenciones, parece que en la Unión Europea lejos de recortar las emisiones de CO2 al final de esta década, acabaremos aumentándolas. 
Por tanto, las perspectivas para el COP6 son malas, pero las perspectivas de que nosotros cumplamos con nuestros objetivos incluso con Kyoto tampoco parecen buenas. 
A esto no ayuda el que los gobiernos de la Unión Europea respondan a los llamamientos a favor de reducir los precios de los combustibles. 
Si de verdad nos preocupa el medio ambiente, hay que oponerse a estos llamamientos. 
No deberíamos reducir los impuestos sobre los combustibles. 
Yo digo "sí" al intercambio de emisiones; adelante con él. 
Y démonos prisa también con las medidas que necesitamos adoptar en cada Estado miembro para reducir las emisiones del tráfico, para aumentar la eficiencia energética, para promocionar las energías renovables y la PCCE (producción combinada de calor y electricidad). 
La triste verdad es que no vamos a conseguir de todas formas impedir el cambio climático, pero si no empezamos a tomar medidas ahora los problemas serán mucho peores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, algunos tratan que la energía nuclear vuelva a estar al orden del día. 
Creo que, hasta ahora, los ministros europeos de Medio Ambiente han sido muy prudentes al tomar la decisión de excluirla de la lista de los mecanismos de flexibilidad. 
La energía nuclear es más cara que otras alternativas, por ejemplo: la alternativa "eficacia energética", y todo dólar que se invierta en el sector nuclear se pierde para otras inversiones mucho más rentables. 
La energía nuclear no responde realmente a las necesidades de las poblaciones, que también desean estar instaladas en viviendas con calefacción, o con aire acondicionado, según las zonas climáticas en las que las personas viven. 
La energía nuclear no aporta ninguna solución, sino que las soluciones están en el ámbito de la cogeneración, sobre la base de la biomasa o del gas. 
La energía nuclear sigue siendo peligrosa. 
El accidente en Tokai-Mura lo ha demostrado, y cincuenta años después de los comienzos de la utilización de la energía nuclear en el ámbito civil, seguimos sin soluciones para los residuos. 
Ya se han invertido muchos millardos en investigación, sin que se produzcan avances. 
Por otro lado, creo que debemos ver realmente el interés que representa la eficacia energética. 
Se puede ayudar mucho a los chinos, a los indios, a Indonesia, a los pakistaníes, proporcionándoles los medios para comprar frigoríficos que consuman poca energía, porque dentro de diez años habrá 800 millones de frigoríficos. 
Es así como se zanjará el problema de las emisiones de CO² de los países en vías de desarrollo, y no tanto con los dos, tres, cuatro o cinco reactores nucleares que podríamos venderles. 
Señor Presidente, afirma acertadamente el ponente que el cambio climático es uno de los problemas medioambientales más graves con los que nos estamos enfrentando. 
Aunque hayan pasado ya tres años desde la Conferencia de Kyoto y desde el compromiso de la reducción del 8% de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, la Agencia Europea de Medio Ambiente nos recuerda que, si no se toman medidas políticas muy concretas, esa reducción no será real, todo lo contrario: aumentarán en un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Debe considerarse que quizá sean las emisiones producidas por el transporte las que aumenten más rápidamente, pudiendo alcanzar en el año 2010 hasta un 39%. 
Comparto también con el ponente su preocupación por que las medidas y políticas concretas sean prioritarias respecto al comercio de derechos de emisión, que debe ser complementario de aquéllas. 
No comparto en absoluto la fe y el entusiasmo que el Sr. Liese tiene en la energía nuclear. 
Yo considero, como el compañero que intervino anteriormente, que la energía nuclear tiene problemas no resueltos y me tranquiliza que la Comisaria diga que, en las propuestas que se estudian, la energía nuclear no va a salir reforzada. 
En todo caso, creemos que la prioridad para la Unión Europea deben ser las políticas y medidas concretas y la definición de un programa europeo sobre el cambio climático con objetivos y metas también concretos, y nos preocupa que no sea ésa la filosofía que se va a defender en la próxima reunión de La Haya. 
Termino, señor Presidente, recordando, al igual que otros colegas, las inundaciones en España y en Italia, que nos parecen, como otras catástrofes llamadas naturales, expresión del cambio climático. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, en primer lugar, deseo unir mi felicitación a las que ha recibido el ponente por estos dos magníficos informes. 
Respecto al primer informe, solamente mencionaré las inundaciones y víctimas que ha habido en el Este de España, achacadas al cambio climático, porque ya se han referido a ambas los anteriores oradores. 
Respecto al segundo informe, considero que el comercio de los derechos de emisión debe abordarse como un instrumento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Kyoto. 
Ante este mecanismo de flexibilidad se pueden adoptar varias actitudes: expectantes, reactivas o activas. 
Creo que tanto desde el punto de vista económico como ambiental debemos adoptar un enfoque activo. Entre las razones para ello está la consideración realista de que esto va a permitir la consecución de objetivos ambientales a corto plazo al establecerse niveles de reducción concretos, así como calendarios de cumplimiento. 
Es también una oportunidad para incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el control de la contaminación, en contra de la opinión de los que creen que este mecanismo es una forma de perpetuar los intereses de las grandes compañías contaminantes. 
Si esta herramienta se aplica correctamente, contaminar será cada vez más caro, y el mercado se encargará de dejar fuera de juego a los productos obtenidos de la forma menos limpia. 
Asimismo, al convertirse las emisiones en objeto de comercio se obtendrá mayor control sobre las mismas y, además, quedarán documentadas. 
Esto fomentará el desarrollo de actividades de menor impacto ambiental. 
Es imprescindible desarrollar este mecanismo de forma transparente y como parte indivisible del conjunto de medidas que han de adoptar los Estados miembros dentro de la estrategia europea de lucha contra el cambio climático. 
En este sentido, todos los Estados miembros deberán realizar un gran esfuerzo de comunicación con el público para que desde el principio se comprenda bien qué objetivos se persiguen con este mecanismo y cuáles son sus beneficios, siempre parciales y complementarios a otro tipo de medidas. 
De esta forma no habrá malas interpretaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, dentro de poco gran parte de la población mundial necesitará botas. 
Sobre todo la gente del Tercer Mundo habrá de proteger sus pies contra la subida del agua. 
Aunque recientemente las dramáticas consecuencias también se han puesto de manifiesto en Italia. 
La relación exacta entre la emisión de CO2 y el calentamiento del planeta no queda aún del todo clara, pero eso no debe ser ninguna razón para que no adoptemos medidas drásticas en este mismo momento. 
Conviene aplicar el concepto de previsión. 
Los expertos nos dicen que la actual emisión de CO2 ha de reducirse en un 60% para detener el cambio climático. 
Estamos haciendo esfuerzos por alcanzar una reducción del 8%. 
Es una tarea ardua. Apostamos por más energía sostenible y más eficiencia. 
Con razón. 
Aunque estos propósitos no son nuevos. 
A pesar de ello no podemos sino comprobar que nuestra dependencia de combustibles fósiles apenas ha disminuido desde los años 70. 
Por eso, hemos de emplear y aprovechar al máximo todos los instrumentos posibles. 
Ello implica un sí rotundo al comercio de los derechos de emisión, siempre y cuando se trate de una fórmula muy meditada. 
Quedan por resolver importantes problemas económicos y políticos. 
El comercio de los derechos de emisión puede dar lugar a una nueva forma de colonialismo. 
A los países ricos les resulta fácil comprar reducciones en los países en vías de desarrollo para sustraerse a sus obligaciones. 
De este modo se frena la renovación tecnológica. 
Por todo ello, el éxito del comercio de los derechos de emisión dependerá del precio. 
Una tarifa excesivamente baja invita a comprar. 
El comercio debe ser justo y debe constituir un level playing field en los sectores afectados. 
El mercado debe ayudar a fomentar el crecimiento sostenible y el reparto equitativo. 
Para ello hacen falta elecciones políticas unívocas. 
La Conferencia sobre el cambio climático de La Haya nos brinda la oportunidad de lograr avances a escala mundial. No dejemos escapar esta ocasión. 
No podemos escudarnos en la mala voluntad de los Estados Unidos. 
Una buena colaboración entre países ricos y países pobres es imprescindible para lograr los objetivos climáticos. 
Aparte de ser justo, el principio de conceder los mismos derechos de emisión a todos los ciudadanos del mundo también es eficaz. Anima a los países en vías de desarrollo y fomenta los esfuerzos en el ámbito tecnológico. 
De La Haya debe salir asimismo un orden del día para el futuro en el que no puede faltar la igualdad de derechos de emisión para todos los ciudadanos del mundo. 
Para finalizar, doy las gracias al ponente por su trabajo y deseo mucho éxito a la Comisión. 
Señor Presidente, el cambio climático generado por nuestros métodos de consumo ha comenzado. 
Sus Señorías han recordado las catástrofes que están ocurriendo, y que son una llamada de alerta que exige que se intervenga concretamente y políticamente. 
Saludamos el balance lúcido y desapasionado de nuestro colega Moreira Da Silva, balance de los desafíos y de las esperanzas, así como de las renuncias, las desilusiones, que ha debido asumir el frente de lucha para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. 
Sabemos que la etapa más importante se desarrollará en La Haya, en noviembre. 
Veremos si las diferentes partes que se comprometieron en Kioto asumirán sus responsabilidades y responderán a las exigencias de los desafíos planetarios que nos esperan, que nos colocan en el mismo barco y que no perdonarán a nadie. 
Sin embargo, muchos pronostican un fracaso, incluso un acuerdo hacia abajo, que acabaría con el Protocolo de Kioto. 
Nos negamos a creer en esta hipótesis. 
La delegación de la Unión Europea debe mantenerse firme: debe seguir ejerciendo su liderato, como lo hizo en Kioto, tiene que dar ejemplo, en ningún caso debe ceder a las evasivas. 
El mandato es claro y las exigencias son enérgicas. 
La ratificación del Protocolo de Kioto es indispensable, al igual que la adopción de medidas domésticas, que contribuirán realmente a luchar contra las emisiones de gas de efecto invernadero. 
El Consejo no debe caer en las trampas que se le tienden. 
La Unión debe negarse a integrar la energía nuclear, aun cuando se ejercerán fuertes presiones en favor de los mecanismos de desarrollo limpio. 
La energía nuclear no es una energía sostenible ni una energía limpia. 
Sería tan inadmisible como aceptar la integración de los sumideros de carbono en los mecanismos de flexibilidad. 
Sería particularmente indecente y falaz hacer creer a los ciudadanos que basta con plantar árboles para enmendar los compromisos asumidos en Kioto. 
Con el 80% de electricidad de origen nuclear y una importante manta forestal, Francia, por ejemplo, no cumple los compromisos que asumió en Kioto, a pesar de ser ínfimos: el 0%. 
Eso significa que realmente es necesario actuar en otros ámbitos. 
La Unión Europea no tiene derecho a evadir sus compromisos. 
Señor Presidente, los dos informes elaborados por el Sr. Moreira da Silva que ahora nos ocupan son importantes de cara a la preparación de la Comunidad para participar en la Conferencia de las partes contrayentes del Protocolo de Kyoto que tendrá lugar el mes que viene. 
Estos informes aspiran a que la UE desempeñe un papel líder en la lucha internacional para frenar el cambio climático. 
Creo que el trabajo del Sr. Moreira da Silva ha hecho avanzar este objetivo. 
Según las estimaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente, se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero aumenten un 6 por ciento entre los años 1990 y 2010. 
También se expone en estas estimaciones que las emisiones que más aumentarán serán las producidas por el transporte. 
Particularmente, los transportes urbanos ocupan un lugar clave en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
Por ello, la comisión parlamentaria alienta a la Comisión a que haga propuestas en su nuevo Libro Verde para cambiar los hábitos de la circulación en las zonas urbanas, con el fin de lograr una reducción permanente de las emisiones de gases de efecto invernadero, y considera necesario incrementar las ayudas asignadas al transporte público. 
La comisión parlamentaria reprocha a la Comisión que las medidas de acción y la política tengan un papel secundario en el marco de la estrategia de la UE para la reducción de las emisones de gases de efecto invernadero. 
Esto es inaceptable si la UE aspira de verdad a desempeñar un papel líder en la lucha para frenar el cambio climático. 
La aportación de la UE es necesaria tanto más cuanto que no existe aún ninguna certeza sobre la obtención de resultados en la sexta Conferencia de las partes implicadas. 
Señor Presidente, quiero expresarme con toda sencillez. 
Me parece que nosotros, los políticos, no hemos comprendido aún la gravedad de nuestra situación frente al cambio climático. 
Como políticos, estamos acostumbrados a contraer compromisos sobre casi todo y hemos aprendido que el mundo está modelado así, a base de compromisos. 
Pero ahora tenemos frente a nosotros una parte con la que no podemos negociar. 
La naturaleza es una realidad impecable, no se subordina, solamente es. 
Esto es tan simple que casi me da vergüenza decirlo, pero creo que es precisamente en este punto donde reside la peor confusión de nuestro pensamiento. 
Señor Presidente, evidentemente, comparto muchas de las cosas que hoy se han dicho, no obstante, quisiera llamar su atención sobre una cuestión muy concreta relacionada con las inundaciones ocurridas la semana pasada en el noroeste de Italia, en España y en Francia. 
Soy uno de los firmantes de una resolución de compromiso que mañana será sometida a votación, en que se pide que la Comisión encuentre en su presupuesto fondos de urgencia a fin de integrar las acciones previstas por las autoridades nacionales en las zonas afectadas por estas inundaciones; que, con arreglo al apartado 2 del artículo 87 del Tratado de la Unión, conceda enseguida una ayuda financiera adecuada a los sectores afectados y, en general, que tenga en cuenta que la inmensa mayoría de las zonas siniestradas cumple los requisitos para tener derecho a los Fondos estructurales comunitarios que pueden dar una importante contribución a las obras de reconstrucción y sobre todo de prevención. 
En cuanto a este tema específico, como se ha recordado, es urgente que la Unión no se limite a actuar con carácter extraordinario cuando las catástrofes ya han ocurrido. 
Destaco en particular los apartados 6, 7 y 8 de la resolución de compromiso: Europa debe instar a los Estados miembros a que perfeccionen sus legislaciones en materia de medio ambiente, de abusos de la construcción, de deforestación, de desarrollo de las regiones de montaña y, en general, de promoción de una agricultura orientada no solo a aumentar cuantitativamente las producciones, sino también a defender y a cuidar del territorio. 
Está claro que una acción de esta envergadura no puede llevarse a cabo eficazmente sólo a escala nacional, ante todo por la cantidad de recursos necesarios, así como por el mismo carácter de los desastres naturales en cuestión que como los desastres producidos por el cambio climático y los daños derivados de las emisiones de CO2, superan con mucho los límites de las fronteras. 
Señorías, al aprobar la resolución que proponemos, no solo pedimos una acción urgente que contribuya a remediar los daños, sino una política de amplio calado que convierta Europa en un entorno cada vez más seguro y vivible para sus ciudadanos. 
Señor Presidente, la Comisión y otros predicen que la mayoría de los Estados miembros no van a cumplir con sus objetivos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a los compromisos del Protocolo de Kyoto, por lo que es esencial que se adopten medidas eficaces ya. 
El hecho de no alcanzar estos objetivos no supone simplemente una opción. 
Según una estimación, 10.000 personas han muerto en los dos últimos años a causa de los efectos del cambio climático, la mayoría de ellos en países en desarrollo. 
Necesitamos un cambio de rumbo radical. 
Podemos, y debemos, adoptar soluciones eficaces e innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, proteger nuestra sociedad y nuestros empleos. 
Gales, que es la circunscripción a la que represento, depende mucho de las fábricas y de la industria pesada. 
Dado que el R.U. va a establecer un impuesto sobre el cambio climático el próximo 1 de abril, encargué una investigación acerca de los efectos del mismo en mi propia circunscripción. 
Las pruebas indican que Gran Bretaña no sólo podría seguir aspirando a cumplir con el objetivo de emisiones, sino que el impuesto podría, de hecho, dar lugar a un pequeño incremento del empleo. 
Varios economistas han analizado los efectos a escala europea y han llegado a conclusiones similares en el sentido de que hay, o podría haber, un efecto beneficioso para el empleo. 
El debate ha avanzado y es necesario que veamos la reducción de emisiones no como una amenaza sino como un reto y una oportunidad. 
Espero que se reconozcan las demandas del Parlamento recogidas en los informes que tenemos ante nosotros y que los gobiernos acudan a la Conferencia de La Haya de una manera positiva para que podamos ver ratificado el Protocolo de Kyoto en un futuro cercano. 
Señor Presidente, debo empezar felicitando al Sr. Moreira Da Silva por sus informes y declarar inmediatamente que tengo un interés personal. 
Soy propietario de algunos bosques en el Reino Unido, cuya rentabilidad en el estado actual de la economía es bastante desesperada. Pero mis árboles, y los de muchos otros, limpian las emisiones de CO2 de algunas de las empresas más ricas de la zona. 
Ningún propietario de bosques saca un solo penique directamente de esta importante función social y los pagos monetarios por los permisos medioambientales y sus operaciones deberían, me parece a mí, ir a parar a aquéllos que verdaderamente plantan y mantienen los árboles y no ser expropiados por tesoreros y por otros por el camino. 
Obviamente, a no ser que la silvicultura sea rentable, nadie va a plantar árboles y si no se plantan árboles no pueden limpiar el CO2. 
Tampoco está nada bien que las industrias relativamente pobres limpien lo que han ensuciado las industrias relativamente ricas, gratis y a cambio de nada. 
Esto, a su vez, podría suponer otra fuente de ingresos para los atribulados agricultores y para otras personas en el campo que contribuyera a reconstruir su base económica, que, en la actualidad, como todos sabemos, está produciendo demasiados alimentos a un precio demasiado alto. 
La agricultura es un sector que produce múltiples bienes y puede que sea necesario gasto público para lograr toda la variedad de bienes públicos que la industria puede y debería producir. 
Dado el potencial de la biomasa y de otros cultivos para generación de energía y para producción de hidrógeno, si se compara la cantidad de dinero que apoya la producción de alimentos no deseados con el apoyo que reciben estas producciones alternativas y su utilización de tecnologías, la disparidad es patente. 
Existen muchos argumentos a favor de un nuevo equilibrio de las cifras porque, a no ser que se diseñen nuevas producciones agrícolas sostenibles, los problemas de la agricultura y del campo no pueden sino empeorar. 
Esta es una cuestión tanto de la reforma de la PAC como de política medioambiental y sólo diseñando ambas conjuntamente se puede lograr un progreso razonable. 
Señor Presidente, como ya han señalado algunos intervinientes, en trágica coincidencia con este debate- y felicito al ponente, Sr. Moreira Da Silva, por su informe -, la naturaleza se encargaba de recordarnos cuáles son las consecuencias del cambio climático. 
En el Norte de Italia y también en la zona en la que vivo- la costa mediterránea de España- la naturaleza de nuevo se desataba y ocasionaba pérdidas de vidas humanas, pérdidas en los bienes, en las haciendas, en las fábricas, etc. 
En nuestra costa, en la costa mediterránea española, esto es producto de un fenómeno denominado la gota fría, originado por el calentamiento de las aguas del Mediterráneo, que produce un ascenso del vapor de agua que, al chocar con las capas frías de la estratosfera, produce estas grandes precipitaciones. 
Es cierto que habitualmente tiene lugar en los meses de otoño, pero también es cierto que estas series anteriormente se producían cada 15 ó 20 años, mientras que en la actualidad ocurren prácticamente todos los años y, al menos, cada tres o cuatro años tienen consecuencias trágicas. 
¿Es esto o no consecuencia del efecto invernadero y del cambio climático? 
Aunque los expertos no puedan garantizarlo con todas las pruebas científicas, creo que es una realidad. 
Por lo tanto, hay que poner remedio a esta situación. 
Es cierto que con las medidas contenidas en el Protocolo de Kyoto, al que se refiere el informe que hoy estamos debatiendo, no se van a obtener resultados a corto plazo, pero también es cierto que los hombres deben tratar de resolver los problemas de los que ellos son causantes. 
A este efecto invernadero se unen otras causas- también producto de la codicia humana -, como la construcción en arroyos y torrenteras, que agudizan aún más los efectos dañinos de estos desastres naturales. 
Por eso, soy también uno de los firmantes de una propuesta de resolución en la que se propone no solamente la rápida aplicación de las medidas contenidas en el Protocolo de Kyoto para luchar contra el cambio climático, sino también otro tipo de medidas preventivas, la continuación y la profundización en la realización de infraestructuras, por ejemplo, previendo los efectos diluviales y, por último, también las ayudas para todos los damnificados, puesto que ellos no son responsables de los daños que a corto o a largo plazo han sido causados por la especulación y la codicia humana. 
Señor Presidente, en la resolución común sobre las inundaciones se piden una protección civil de ámbito europeo y financiaciones de urgencia. 
Sin embargo, conviene recordar que sobre el territorio los ecologistas son casi siempre los únicos que luchan para que no se construya en terrenos cercanos a las riberas de los ríos, que luchan por la limpieza de las corrientes de agua y contra la cementación de las márgenes o la excavación descontrolada, que piden medidas para la reforestación y la protección de las montañas, las únicas acciones que pueden frenar las aguas de lluvia y evitar los desprendimientos. 
No querría, pero mucho me temo que dentro de pocos días, cuando la inundación dejará de ser noticia y cuando los afectados deberán afrontar solos sus problemas, nadie querrá que sus terrenos puedan convertirse en desaguadores en caso de inundación. No querría, pero mucho me temo que algún alcalde se va a oponer y querrá que algunas márgenes se hagan en otro sitio: todo ello en contra de cualquier lógica de planificación del territorio y de la seguridad. 
Señor Comisario, Señorías, ciertamente el ámbito europeo puede ayudar, pero es en el territorio, con decisiones incluso impopulares, que se mide realmente el esfuerzo para que estos acontecimientos tan desastrosos no se repitan. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo en la gravedad del problema climático y en que la UE debe tener una política inteligente para cumplir con las promesas hechas en Kioto. 
Creo que hay que dar un paso más. 
No basta con tener una buena política en Europa. 
Creo que la UE debe ponerse a la cabeza en el trabajo internacional en torno al clima; en caso contrario, no creo que la convención sobre el clima llegue a ser algo más que una teoría. 
Para adoptar un papel de líder de esta naturaleza se necesita una política energética ofensiva, pero la verdad es que la UE carece de política energética. 
Soy miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que tiene la responsabilidad de los asuntos energéticos y reiteradamente durante los últimos meses he podido comprobar la forma poco sistemática en que se desarrolla esta política en el ámbito de la Unión. 
Las propuestas presentadas no son parte de una estrategia coordinada, sino que, por el contrario, son presentadas sin que exista relación entre ellas. 
Un mes aplaudimos que la desregulación del mercado eléctrico haya significado precios más bajos. 
Algunos meses más tarde nos lamentamos de que los precios bajos hayan reducido los incentivos que favorecen el uso eficaz de la electricidad y de las energías renovables. 
Estos son sólo algunos ejemplos. 
Una estrategia ofensiva tiene que implicar un cambio de nuestros sistemas energéticos. 
Al mismo tiempo, debe contener ayudas más activas a los países en desarrollo. 
Son estos países donde se invertirá la mayor parte de la futura producción energética. 
Me consta que la Comisión hace lo que puede. 
A mi juicio, la responsabilidad por los escasos resultados radica sustancialmente en los países miembros y en nuestros gobiernos y en su negativa a aceptar tanto un impuesto común al dióxido de carbono como la necesidad de contar con una política energética común. 
Deseo éxito a la Comisaria Wallström en sus tareas, pero quisiera terminar con una pregunta: ¿cree realmente que es posible aplicar una estrategia climática ofensiva sin contar con una política energética común? 
Ante todo deseo felicitar al señor Moreira Da Silva por el análisis lúcido y pertinente, así como por las excelentes propuestas que ha formulado en sus dos informes. 
No obstante, deseo expresar algunas reservas sobre la aplicación anticipada de lo que ha de denominarse "sistema de derecho a contaminar". 
Desearía repetir, en primer lugar, que si bien debe reconocerse el sistema de comercio de los derechos de emisión como una de las disposiciones de nuestros acuerdos internacionales, que no debe ser revisada, la Comisión parece olvidar que dicho mecanismo es sólo uno de los sistemas que el Protocolo de Kioto califica de flexibles. 
Por consiguiente, dicho mecanismo no debe concebirse como una herramienta de primer orden, sino, por el contrario, como un instrumento complementario de otras medidas, tendentes a reducir los gases de efecto invernadero. 
Es sabido que este mecanismo no incita en absoluto a las empresas a ser menos contaminantes y a cambiar sus métodos y que si no se hace nada más, en particular en el ámbito de los transportes, no podrán lograrse los objetivos fijados por el Protocolo de Kioto. 
Lo que puede reprocharse, pues, al Libro Verde de la Comisión, es el hecho de querer empezar la casa por el tejado, de querer obligar a la Unión Europea a crear un sistema de comercio de los derechos de emisión por anticipado, cuando la Unión Europea no tiene esta obligación de anticipación, sobre todo frente a sus socios comerciales. 
Con respecto a este punto, creo que debe apoyarse una de las enmiendas presentadas por nuestros colegas del Grupo GUE/NGL, quienes consideran necesario aplazar la creación de un sistema de derecho a contaminar mientras el Consejo y los Estados miembros no elaboren y ratifiquen un plan operativo de medidas para la reducción de los gases de efecto invernadero que incluya el conjunto de los sectores afectados y particularmente los transportes y la agricultura. 
Por otro lado, la Comisión pasa por alto las consecuencias económicas y sociales que dicho sistema generará. 
¿Se puede razonablemente, sin embargo, ignorar las prácticas inaceptables que resultarán infaliblemente de las estrategias capitalistas de las industrias más contaminantes? 
¿Podemos fingir ignorar que algunos grupos industriales se fusionarán a costa de despidos y que comprarán empresas no contaminantes, o menos contaminantes, con el único objetivo de recuperar su derecho a contaminar antes de trasladarlas o de cerrarlas, pura y simplemente? 
Finalmente, ¿dónde están nuestros objetivos medioambientales en esta especie de bolsa internacional de derechos a contaminar, y qué puede esperarse de este sistema que no hace más que abrir un gran mercado de derechos en provecho de países que, como Rusia, hoy disponen quizá de un margen de maniobra, no ya por la aplicación de las normas en sus fábricas, sino simplemente debido al descenso dramático de sus producciones industriales? 
Pienso, pues, en conclusión, que debemos exigir la elaboración de un acuerdo-marco de cooperación entre Rusia y la Unión Europea, para que por fin se cree... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, aunque la prioridad de la política de la Unión en materia de medio ambiente debe ser una política ecológica sostenible, no obstante, en nuestras decisiones también debemos tener en cuenta la competitividad internacional de la industria y el funcionamiento sin trastornos del mercado interior. 
Tanto la ejecución del Protocolo de Kyoto como el reparto de las obligaciones de la Unión son responsabilidad de los Estados miembros. 
La posibilidades de los diferentes Estados miembros para llevar a cabo medidas de reducción de las emisiones varían bastante. 
Si en la UE se hiciera un reparto de cupos por países en los diferentes sectores, tal y como dijo, entre otros, el Sr. Blokland al exponer la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, las empresas que se dedican a las mismas actividades se verían en situaciones completamente desiguales en diferentes Estados miembros. 
Aunque un determinado sector estuviera entre los mejores del mundo en algún Estado miembro en cuanto a su eficiencia ecológica, y puedo decir que éste es el caso de muchos sectores industriales, por ejemplo, en mi país, Finlandia, dicho sector podría verse obligado a responder de un cupo de emisiones más riguroso que el de otro competidor, ecológicamente menos eficiente, instalado en otro Estado miembro. 
Esto desembocaría irremediablemente en una distorsión del marco de la competencia y, por lo tanto, no procede establecer objetivos cuantitativos de carácter vinculante para los diferentes sectores económicos a nivel comunitario. 
Lo esencial es fomentar aquellas medidas que sean viables en la práctica y que no pongan en peligro la competitividad de las empresas. 
Mi país, Finlandia, es al lado de Francia el único país de la UE donde se está considerando actualmente la posibilidad de construir más centrales nucleares. 
Apoyo con entusiasmo la construcción de más capacidad nuclear, ya que ello conferiría más competitividad a nuestras industrias, grandes consumidoras de energía, tanto desde el punto de vista económico, como ecológico. 
Por ello, en este informe no se debe adoptar ninguna postura en favor de determinadas fuentes de producción de energía, y menos aún en contra, sino que todas las fuentes de producción de energía deben estar disponibles a la hora de modelar estrategias nacionales sobre el cambio climático. 
Quisiera también destacar los acuerdos voluntarios de objetivos parciales. 
Estos acuerdos han sido considerados en muchos Estados miembros como un método eficaz para fomentar la consecución de los objetivos en el marco del cambio climático. 
Los acuerdos voluntarios podrían ser un buen mecanismo, sobre todo, en el proceso de ampliación. 
Señor Presidente, Señorías, al ilustrar la resolución que han propuesto los diputados italianos, creo que hay que decir que, por segunda vez en el espacio de cinco años, hemos vivido un drama causado por elementos naturales en la misma región de Italia, nuestro país. 
Esto, por una lado, nos ha permitido tomar más conciencia del problema, una conciencia ligada a hechos dramáticos, pero, por otro, nos impone determinadas cargas que seguramente no serán sólo nuestras, de una región o de muchas regiones afectadas, no serán solo del país, sino también de la comunidad internacional, al objeto de que se reconozca una solidaridad que creo que debe manifestarse en diferentes ámbitos. Y que se ha manifestado, al menos al principio, desde el punto de vista moral, político, económico y normativo. 
Esperamos de la Comisión la declaración de zona catastrófica en algunas regiones de nuestro país, no solo la reconstrucción, esto es, que la Comisión intervenga en la reconstrucción, obviamente, junto con el Estado nacional, sino que se intervenga, desde el punto de vista normativo, para la creación de una conciencia europea, al objeto de que el problema- de las inundaciones y de las catástrofes, de la victoria de la naturaleza sobre el ser humano y la sociedad organizada- pueda atajarse de algún modo. 
Señor Presidente, la cuestión del calentamiento global, aunque todavía no se haya probado sin ningún genero de dudas, suscita una gran preocupación en todo el mundo y no respeta las fronteras nacionales. 
Forma, en gran medida, parte del concepto de Gaia o geofisiología. 
Como alguien que defiende el libre mercado y la enorme prosperidad y libertad que ha aportado a millones innumerables de personas, yo apruebo la utilización de mecanismos de mercado, cuando sea posible, para facilitar objetivos deseables desde el punto de vista del medio ambiente como la reducción de las emisiones de CO2, propuestas por el Libro Verde de la Comisión y por el informe del Sr. Moreira Da Silva, que en líneas generales apruebo, y que contribuirán, sin duda, a lograr los objetivos de Kyoto. 
He presentado dos enmiendas, una que pide una mayor investigación de otros gases de efecto invernadero, como el metano, el hollín, los CFCs, etc. Creo que puede ser necesario incluir a estos gases en el sistema de cuotas objeto de comercio, puesto que, en muchos casos, su reducción sería mucho más rentable y menos destructiva para la economía mundial. 
La segunda enmienda que he presentado se refiere a la concesión de créditos a las cuotas nacionales para la plantación de bosques, que, como mi colega el Sr. Inglewood ha señalado antes, actúan como colectores de carbono. 
Son deseables para contribuir a la belleza del campo y son también eminentemente susceptibles de control mediante tecnología por satélite. 
Yo creo, igualmente, que nuevas ideas como las semillas oceánicas de plancton, para fijar irreversiblemente el CO2 al lecho de los mares, tienen que investigarse más. 
Me gustaría tocar dos puntos controvertidos del informe. 
Uno es la cuestión de un impuesto sobre el carbono a escala europea, que yo rechazo porque se arroga prerrogativas fiscales y porque haría, en mi opinión, que los empleos se trasladaran a otros lugares fuera de las jurisdicciones de la UE y sería perjudicial para nuestras economías. 
El otro punto es el de apadrinar en lugar de subastar nacionalmente las cuotas de CO2. 
Yo personalmente apoyo el apadrinamiento en línea con EE.UU. para impedir la penalización de las industrias de gran consumo de energía existentes y recompensar doblemente a aquellas industrias que han ahorrado energía en el pasado y que, por tanto, han ahorrado en costes de electricidad. 
Por último, yo también, al igual que mi colega, la Sra. Kaupi, apoyo la energía nuclear como la única solución a largo plazo para reducir el CO2. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, quiero darles las gracias por los constructivos aportes al debate sobre el cambio climático y la forma de combatirlo. 
Dentro de un momento comentaré las inundaciones que han afectado a Italia y España. 
Leeré una declaración de la Comisión, ya volveré sobre este punto. 
En primer lugar, quiero redondear la discusión sobre lo que ocurrirá en La Haya dentro de algunas semanas diciendo que es obvio que continuaremos con el papel de impulsores internacionales. 
Tendremos que tomar iniciativas, promover y tender puentes entre los países menos desarrollados y otros como, por ejemplo de la categoría de EE.UU. Tendremos que obligar a los reacios a hacer de esta conferencia un éxito y demostrar nuestra credibilidad con hechos. 
Contestando una pregunta concreta, no creo que podamos tener éxito a largo plazo sin contar con una serie de instrumentos y una serie de acciones políticas. 
Evidentemente hay que preparar los transportes y los sistemas de transportes del futuro y hay que desarrollar la política energética. 
Con todo, celebro que se hayan reconocido las iniciativas de la Comisión en estas materias. 
Creo que se necesitan más instrumentos económicos. 
Obviamente, habrá que discutir más sobre los nuevos sectores y sobre la integración de aspectos medioambientales y climáticos en todas las políticas. 
Una vez más se trata de gozar de credibilidad. 
El comercio con los derechos de emisión es sólo un complemento de las medidas que se adopten en los Estados miembros y en la Unión para enfrentar el cambio climático. 
Creo que es correcto, como se ha señalado hoy, que observemos la competitividad y los efectos socioeconómicos. 
No obstante, estos problemas no deben usarse como argumento para no hacer nada, sino que, incluso, deben ser usados en nuestro beneficio, para algo que fortalezca la competitividad y nos signifique ventajas. 
Una vez más quisiera agradecer al ponente y a todos los que han participado en este debate. 
Por cierto, tan pronto como sea posible después de la Conferencia de La Haya, volveremos con un plan para la aplicación de todas estas medidas. 
Espero que entonces las normas estarán listas y aprobadas. 
Confío en que volvamos de allí diciendo que ha sido un gran éxito. 
Las catástrofes naturales que han sacudido a la Unión Europea y a sus ciudadanos han tenido consecuencias trágicas. Nos hemos encontrado con graves lesiones físicas y, en algunos casos, con la pérdida de vidas humanas, hace poco en Italia y ahora en España. 
La Comisión es plenamente consciente de la importancia de estas catástrofes. Por eso, la Comisión, en el marco de la acción comunitaria para la protección civil del período 2000-2004, está desarrollando iniciativas, en estrecha colaboración con los Estados miembros para prevenir catástrofes y educar al público. 
De este modo, el 27 de septiembre la Comisión adoptó una propuesta basada en una decisión del Consejo que establecía un mecanismo comunitario para coordinar medidas de protección civil durante situaciones de emergencia. 
Entre las principales acciones de esta decisión están: la identificación y mejora de la coordinación de los actores clave que han de intervenir en caso de emergencia; programas de formación especiales para fomentar una mejor cooperación y complementariedad entre los actores implicados; el establecimiento de sistemas de comunicación eficaces para permitir comunicaciones más rápidas y mejores. 
La propuesta permite también que se adopten medidas más rápidas y eficaces a favor de las víctimas. 
En el área de la investigación, me gustaría señalar que hay actualmente varios proyectos en marcha relacionados con las inundaciones así como con la acción concertada para reducir los riesgos ligados al clima. 
Por último, aunque los fondos estructurales no están dirigidos a afrontar las consecuencias de desastres naturales, pueden ser utilizados para proyectos de reconstrucción siempre que el Estado miembro beneficiario asigne los fondos para tal utilización y que la región afectada por el desastre sea elegible. 
La posibilidad de participación de los fondos estructurales en casos de desastres naturales debe ajustarse a los requisitos de los fondos y deben cumplirse las siguientes condiciones: la zona en cuestión debe ser susceptible de financiación con arreglo a los objetivos territoriales, es decir al Objetivo 1 o al Objetivo 2. 
Los proyectos cofinanciados deben implicar gastos que sean normalmente elegibles para los fondos estructurales. 
Los proyectos de reconstrucción elegibles no pueden suponer la mayoría del gasto del programa concreto. 
Las acciones deben tener una naturaleza transitoria, uno o dos años máximo, y no pueden continuar a lo largo de todo el período de programación. 
Y los Fondos Estructurales no deben sustituir a los seguros. 
Para solicitar fondos estructurales para este tipo de acción debe demostrarse que el programa tiene capacidad de maniobra internamente. 
No hace falta decir que los Estados miembros afectados son los responsables y que a ellos corresponde prever qué tipo de medidas les gustaría que en última instancia financiaran los Fondos Estructurales cuando las condiciones para la intervención se cumplan. 
En cuanto a la cooperación en materia de soluciones de planificación espacial a los problemas de inundaciones, la Comisión sabe que las orientaciones de Interreg III hacen una referencia específica a la posibilidad de formular estrategias conjuntas de gestión del riesgo en zonas propensas a desastres naturales y de diseñar y aplicar estrategias y acciones integradas para la prevención de las inundaciones en las cuencas de los ríos transnacionales. 
La Comisión esperaría también que las acciones de prevención de inundaciones formaran parte de una estrategia transnacional que cubra zonas donde haya un especial riesgo de inundaciones, en el marco de Interreg III. 
Por su parte, la Comisión seguirá estudiando de manera rápida y constructiva este tipo de peticiones. 
Permítanme que termine subrayando el apoyo a las víctimas. 
El Parlamento Europeo pide con regularidad a la Comisión que intervenga a favor de las víctimas de estos desastres. La Comisión está obligada a responder que ya no existe una partida presupuestaria que permita tales medidas. 
El pasado mes de septiembre con ocasión de una resolución relativa a los incendios forestales aprobada por el Parlamento, el Sr. Nielson anunció que la Comisión estaba estudiando proponer un fundamento jurídico para una partida presupuestaria que permitiera a la Comisión responder a necesidades de emergencia en la Unión. 
Sin embargo, la Comisión todavía no ha adoptado una postura definitiva sobre si proponer o no un fundamento jurídico para medidas en este campo. 
En cualquier caso, nuestras deliberaciones tendrán que tener en cuenta las experiencias pasadas, lo que haría pensar en dos posibles líneas de acción. 
La primera sería una partida presupuestaria en la que las asignaciones se realizaran de forma semiautomática pero en unas cantidades que, en el mejor de los casos, sólo pueden tener un valor simbólico. 
La segunda opción sería que la Comisión propusiera un fundamento jurídico, pero ello supondría comprometer importantes cantidades dentro del título 3 de las perspectivas financieras. 
La Comisión tendría que considerar también las implicaciones en cuanto a recursos de gestionar cualquier nueva actividad en esta área. 
Gracias por su contribución a este debate. 
Para cerrar el debate he recibido una propuesta de resolución relativa al cambio climático, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, así como seis propuestas de resolución relativas a las inundaciones, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, ¿no prevé el Reglamento nada que exija a los diputados estar presentes para escuchar las respuestas a las cuestiones que hayan planteado a la Comisaria durante el transcurso del debate? 
Es, sin duda, una grave falta de cortesía comportarse así. 
¿No debería plantearse esto en la Conferencia de Presidentes? 
No, señor Davies, este asunto no puede ser regulado a través del Reglamento. 
Se trata de la forma en que los miembros de este Parlamento conciben su cargo. 
En cualquier caso me satisface que usted siga aquí, si bien es cierto que podían haber asistido más diputados. 
En eso estoy plenamente de acuerdo con usted. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.40 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Alteradores endocrinos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0197/2000) del Sr. Lund, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una estrategia comunitaria en relación con los alteradores endocrinos- una serie de substancias sospechosas de influir en el sistema hormonal de hombres y animales. 
Señora Presidenta, hoy tenemos un conocimiento considerable sobre los alteradores endocrinos. 
Ha habido muchas sospechas, sin embargo, han quedado aclaradas muchas causalidades relativas a cómo los alteradores endocrinos actúan sobre las personas y sobre los animales. 
Sabemos que pueden reducir la capacidad reproductora. 
Sabemos que puede hablarse de malformaciones de órganos sexuales, tanto en animales como en personas, y sabemos que pueden provocar enfermedades graves, entre ellas, el cáncer de testículos y el cáncer de mama. 
No obstante, al mismo tiempo sigue existiendo gran incertidumbre sobre las consecuencias globales de los numerosos alteradores endocrinos. 
En realidad, la situación es imposible de calcular, incluso para las próximas generaciones. 
Ésta es una perspectiva, en mi opinión, bastante aterradora. 
Hasta ahora la postura ha sido que primero se reconozca la peligrosidad de las sustancias y que se intervenga una vez producido el daño. 
Esta situación es naturalmente insostenible. 
De ahí que sea positivo que la Comisión haya presentado una Comunicación sobre una estrategia comunitaria para los alteradores endocrinos. 
Creo que la estrategia de la Comisión permanece demasiado a la expectativa. 
Bien podría ser un poco más ambiciosa. 
Creo que faltan algunas iniciativas más ofensivas y eficaces a corto plazo. 
Y esto es lo que he tratado de corregir en este informe. 
Ante todo es importante que se elabore el registro de sustancias que son o se sospecha que son alteradores endocrinos y que se haga muy rápidamente. 
En el informe he propuesto que se lleve a cabo antes del final de este año. 
También es importante disponer de los medios necesarios para que el registro llegue a englobar todas las sustancias relevantes, probablemente alrededor de 560. 
Al mismo tiempo es necesario que se identifiquen las sustancias más peligrosas de la lista de modo que puedan adoptarse inmediatamente iniciativas dirigidas a intervenir ante las sustancias más peligrosas. 
Podemos hablar de diversas medidas: prohibición, eliminación a lo largo de un período de años más corto o más largo y otras restricciones en su empleo. 
Este registro de las sustancias peligrosas debería poder quedar establecida antes de mediados del año 2001. 
A este respecto me parece importante recalcar que ha de producirse sin que debamos aguardar más pruebas. 
Debemos hacerlo empleando el principio de cautela ofensivamente, al respecto de lo cual también me parece importante prestar atención a los grupos especialmente vulnerables. 
Pienso en mujeres embarazadas, pienso en lactantes y ciertos grupos de trabajadores cuyo riesgo de verse afectado por estas sustancias es especialmente grande. 
Creo que también debe hacerse un gran esfuerzo por lograr establecer una vigilancia eficaz en los países miembros y bajo los auspicios de la UE. 
Ha de exigirse que la industria notifique qué sustancias químicas son comercializadas, en qué cantidades son utilizadas y cuáles son sus efectos esperados. 
Todos sabemos que también deben destinarse más medios para la investigación tanto de su alcance y sus consecuencias como de métodos de prueba y para la investigación específica de efectos cocktail y efectos por sinergia. 
Sabemos que estas sustancias pueden actuar juntas de un modo especialmente funesto. 
A este respecto también me parece importante llevar a cabo una investigación específica sobre los riesgos y creo que además debemos garantizar que la investigación sea independiente, es decir, que no basemos nuestras iniciativas políticas en la propia investigación de los fabricantes. 
En relación con la investigación, sabemos también de la importancia de la cooperación internacional, por ejemplo, con los EE.UU. y Japón. 
Como paso dentro de una futura legislación sobre las sustancias químicas me parecería positivo que se estableciera un marco específico, algunos capítulos específicos para los alteradores endocrinos. 
Debe existir un marco legislativo que esté fundado en el principio de cautela y el principio de la inversión de la carga de la prueba. 
Al mismo tiempo debe fijarse un calendario para el examen de las sustancias ya existentes. 
Señalo el marco legislativo porque también creo que las normas deben ser vinculantes. 
Todas las experiencias con acuerdos voluntarios en este campo son malas. 
Me gustaría dar las gracias a los ponentes de los diversos grupos y a la Comisión por la colaboración que hemos mantenido a raíz de la elaboración del informe. 
En lo relativo a las enmiendas, voy a señalar únicamente que mi propia enmienda es una mejora lingüística del punto 15 del informe y que no podré recomendar que votemos a favor de las tres enmiendas de la Sra. Grossetête. 
Creo que las propuestas están inspiradas en gran medida por la industria química por la que yo mismo he sido contactado. 
La intención es claramente tratar de poner obstáculos en el camino para que intervengamos aquí y ahora y me parece importante subrayar que los consejos que obtenemos de los comités científicos son consejos y que no se convertirán en verdadera legislación. 
Somos nosotros en la Comisión, el Consejo y el Parlamento quienes debemos fijar los marcos legislativos y no los comités científicos. 
Sirven de consejeros al igual que recibimos consejo de otra parte. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al ponente por su excelente informe y confío en que podamos trabajar rápidamente en este importante problema. 
Coincido con el ponente en que es espantoso, especialmente los son los efectos en las generaciones venideras y en los nonatos. 
En las últimas décadas se han ido haciendo más evidentes los efectos de ciertas sustancias químicas industriales que han aparecido en el medio ambiente, similares a los que causan las hormonas. 
A estas sustancias se las ha denominado alteradores endocrinos. 
La alteración endocrina no constituye un resultado adverso en sí misma, pero sí es un mecanismo que pudiera tener efectos cancerígenos, sobre la reproducción, sobre el desarrollo o sobre el comportamiento. 
Algunos de estos efectos pueden ser detectados utilizando los actuales métodos de análisis aunque puede que no quede claro si los desórdenes han aparecido a causa de la alteración endocrina. 
El Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente de la UE ha indicado que existe un potencial problema global con la fauna. 
Igualmente, la opinión del Comité científico respecto de los efectos sobre la salud humana y de la fauna- haciendo hincapié en la de la fauna- expresa que los efectos sobre la salud humana deben ser investigados por cuanto se ha de verificar la conexión entre las sustancias químicas alteradoras endocrinas y los trastornos de la salud humana. 
En general, los científicos sospechan de los compuestos organoclorados tales como los policlorobifenilos. 
En consecuencia, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energia ha llegado a ciertas conclusiones, en especial a que las más de 560 sustancias sospechosas de ser alteradoras endocrinas han de ser completamente analizadas. 
Estas han de ser investigadas dentro del Sexto Programa Marco. 
Tenemos que centrarnos tanto en las mujeres como los hombres. 
Nos referimos tanto al tecnicismo "estrógeno" como al "estrógeno" de modo que no sólo es un problema masculino. 
Señora Presidenta, Señora Comisaria, al día de hoy, en materia de alteradores endocrinos tenemos muchas dudas, muchas preguntas y ninguna certeza. 
Estas substancias pueden tener efectos excesivamente nocivos sobre las funciones reproductoras, tanto humanas como animales o vegetales. 
No conocemos los niveles de exposición límite ni los tiempos en los que la exposición puede suponer un riesgo. 
Estas substancias ni siquiera están identificadas. 
Estas son ya muchas preguntas. 
Hacer hincapié hoy en la investigación, es poner los medios para dar respuesta a todas estas preguntas. 
Los apartados 3, 6 y 7 van además en este sentido. 
Es indispensable una mayor colaboración con las autoridades de investigación americanas y japonesas. 
Debemos apoyar un programa de investigación comunitaria que permita reunir el máximo de información y de pruebas científicas y, en nuestro presupuesto para 2001, debemos prever créditos a la altura de nuestras ambiciones para el sexto programa-marco de investigación. 
Sólo esta investigación permitirá tener en cuenta los riesgos específicos relacionados con estos alteradores en la futura legislación-marco sobre substancias químicas. 
El ponente- que ha hecho un trabajo muy bueno- cita el principio de precaución como base de las medidas que se vayan a tomar en esta materia. 
Pero, a este respecto, también hay que dar pruebas de honradez intelectual. 
El principio de precaución no fomenta solamente la puesta en marcha de medidas reglamentarias: también pueden establecerse medidas positivas y no reglamentarias. 
Mi enmienda trata de restablecer esta realidad. 
Deseo, por otra parte, que el dictamen del Comité Científico para la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente, emitido el 5 de septiembre pasado, sea tomado en consideración. 
La solvencia de este Comité Científico es reconocida y convendría tener en cuenta su opinión antes de cualquier decisión legislativa. 
El principio de precaución consiste también en basar nuestras decisiones en los mejores conocimientos científicos disponibles. 
El Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos se opone también- estoy obligada a repetirlo aunque cada vez me expreso en este sentido- se opone a la demanda de inversión de la carga de la prueba hoy mismo. 
Aún cuando no tengamos ninguna certeza, es sumamente prematuro cambiar totalmente el régimen de responsabilidad aplicable en este caso. 
Para las substancias peligrosas, se requiere una autorización previa a su comercialización. 
Me parece que este procedimiento, constituye ya un parapeto. 
Nuestro Parlamento debe enviar- y en esto estoy de acuerdo con el ponente- un mensaje realista y responsable a la opinión pública, a los consumidores, a la Comisión y, también, al sector industrial. 
Las dudas son reales, las inquietudes existen. 
Debemos dar una respuesta justa. 
Señor Presidente, represento al noroeste de Inglaterra que, contando con las ciudades de Manchester y Liverpool, supongo debe ser una de las zonas más densamente pobladas de la Unión Europea. 
En especial, tenemos un problema con el pescado plano de agua salada- de hecho con las platijas del estuario del río Mersey- que presenta marcadas características de los dos sexos y además desconocemos cuál puede ser la causa. 
Hay muchas plantas químicas en las cercanías del estuario y todas las sospechas recaen sobre las mismas, pero los científicos también están considerando los detergentes, tanto los de uso industrial como los empleados en nuestros hogares. 
También apuntan a los estrógenos- especialmente los estrógenos sintéticos- presentes en la píldora que quizá utilicen cientos o miles de mujeres de la zona. 
De hecho, cuentan con el estrógeno que producen millones de mujeres. 
Podría ser una combinación de todas estas cosas- y ahí reside la dificultad. 
Desconocemos las respuestas y disponemos de más de 500 sustancias químicas entre las cuales elegir. 
Tengo dudas acerca del recurso al principio de precaución y, desde luego, acerca del mal uso del principio de precaución- por su propia naturaleza nunca sabemos cuando es adecuado recurrir al mismo o no. debemos preocuparnos por los efectos que pueden surgir a largo plazo de la liberación de miles de sustancias químicas en la naturaleza, pero resulta difícil identificar con exactitud las sustancias químicas que debemos poner en el punto de mira. 
Hay que tener en cuenta la evidencia de que la cantidad del esperma disminuye, que los índices de cáncer de pecho aumentan, que las osas polares desarrollan penes o cualquier otra cosa que suscite temores ciertamente reales y hemos de estar preparados para prohibir algunas sustancias aunque sólo sea por la sospecha, incluso antes de disponer de sólidas pruebas científicas. 
Apoyo tanto las propuestas de la Comisión como las sugerencias del ponente. 
No obstante, tengan la seguridad de que surgiran muchas disputas cuando empecemos a señalar las sustancias químicas que deben ser prohibidas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, quisiera felicitar a Torben Lund por su excelente informe, que merece el apoyo incondicional de mi Grupo. 
El concepto de alteradores endocrinos es relativamente nuevo. 
En mi región lingüística no se implantó definitivamente hasta hace uno o dos años. 
Sé que en danés se denominan sustancias estrógenas y que ese país lleva casi diez años hablando del tema. 
En inglés se utiliza el término endocrine disruptors y el concepto ha suscitado un gran debate, especialmente en la literatura científica. 
En otros idiomas, por ejemplo en alemán, aún no se ha implantado ningún término, lo cual demuestra que se trata de un problema nuevo, pero no pero ello menos grave. 
Estamos plenamente de acuerdo con que el plazo se fije en 2001. 
Temo que la presión ejercida por la industria química lleve a la Comisión Europea a aplazar la elaboración de medidas legislativas. 
La mitad de las 560 sustancias sospechosas de ser alteradores endocrinos son pesticidas. Es algo que la Comisión ha admitido en su respuesta a las preguntas que formulé en la Comisión de Medio Ambiente. 
Deberíamos comenzar por estas sustancias, o al menos no deberíamos permitir que se coloquen al final de la lista. 
¿Se tiene en cuenta en el actual procedimiento de aprobación de los pesticidas que éstos pueden causar alteraciones endocrinas? 
Desafortunadamente, la respuesta es negativa. 
Este criterio no figura entre los denominados principios uniformes, aunque convendría que figurase. 
En mi opinión, esta cuestión debería regularse a más tardar con motivo de la revisión de la Directiva sobre pesticidas en el año 2003. 
Espero que el Comisario pueda aclarar este asunto. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a Torben Lund por el estupendo informe que ha realizado y que merece el pleno respaldo de todo el Parlamento. 
Los efectos de los productos químicos fabricados artificialmente que se vierten al medio ambiente son considerables. 
Hay muchos ejemplos de cómo animales y plantas se han visto dañados en su propia capacidad de reproducción y desarrollo. 
Uno de los ejemplos más terribles de lo anteriormente expuesto son las alteraciones sexuales observadas entre los osos de la Ántártida. 
Este ejemplo demuestra que los efectos nocivos de los diversos alteradores endocrinos son un problema global que ha afectado incluso a las partes más aisladas del mundo. 
Los resultados de la investigación presentada por el profesor danés, Sr. Skakkebæk sobre el llamativo empobrecimiento de la calidad del esperma masculino también deben despertar profunda inquietud. 
De hecho nos hallamos en la situación en que los jóvenes deben someter a examen la calidad de su esperma para ver si deben empezar a fundar una familia antes de haber reflexionado sobre si están medianamente seguros de si tener hijos. 
El principio de cautela debe colocarse por tanto en lo más alto del orden del día, como recomendaba tan acertadamente Torben Lund. 
Es precisamente ahora que hay motivo para una aplicación muchísimo más ofensiva de este principio. 
Remitiéndonos al principio de cautela podremos introducir medidas de urgencia de cara a evitar posibles daños irreparables en personas, animales y plantas. 
Se propone ahora poner en práctica las bellas palabras sobre la protección del medio ambiente y la salud y hacer uso del principio en un terreno del que todavía sabemos muy poco al respecto. 
Es la única respuesta que podemos dar a una opinión pública intranquila. 
No puede avanzarse suficientemente rápido para seguir las recomendaciones del informe relativas a la necesidad de que la futura legislación sobre sustancias químicas esté basada tanto en el principio de cautela como en la inversión de la carga de la prueba. 
Señora Presidenta, nuestra tarea como políticos es la de adoptar decisiones en una difícil especialidad médica. 
Esto lo digo a pesar de que mi profesión está dentro del campo de la medicina interna. 
Los mecanismos de acción de los alteradores endocrinos no son siempre conocidos. 
Son muy grandes las variaciones individuales. 
Además, cambia la sensibilidad en distintos períodos de la vida. 
Por eso no es posible fijar valores límite de exposición de manera rutinaria, ya que no es posible fijarlos tratándose de alteradores endocrinos. 
En nuestra condición de políticos, debemos tomar este asunto con la máxima seriedad. 
En mi opinión, el documento estratégico de la Comisión es muy bueno. 
Se necesita mayor competencia, hay que dar prioridad a la investigación, hay que acelerar los estudios que permitan analizar los riesgos y hay que identificar posibles sustancias de reemplazo. 
Es necesario que el Comité Científico se pronuncie. 
La ciudadanía debe ser informada. 
Se necesita más colaboración con los Estados miembros, con la industria y con diversas organizaciones. 
Para alcanzar todo esto, es razonable que la Comisión fije una lista de prioridades. 
No comparto la opinión de que los acuerdos puedan ser un camino más rápido que la legislación. 
Los acuerdos sobre suspensión temporal, sobre limitaciones al lanzamiento al mercado y sobre incorporación de productos inocuos son a menudo más provechosos en tanto las condiciones no hayan sido fijadas, pero entonces son valiosas la flexibilidad y las medidas rápidas. 
Finalmente quisiera subrayar que las medidas legislativas siempre deben estar precedidas por amplios estudios científicos y por recomendaciones del Comité Científico. Tendremos que analizar esos estudios y recomendaciones en nuestra condición de legisladores. 
Esta exigencia concierne a la dignidad política. 
No creo que ninguno de los que estamos escuchando este debate y nunca hayamos oído hablar de los alteradores endocrinos mereciera ser perdonado por pensar que los alteradores endocrinos tienen más que ver algún horror de ciencia ficción que con la propia salud pública. 
Ciertamente la realidad es que este es un grave asunto de salud pública y salud animal. 
Actualmente la legislación comunitaria sobre sustancias químicas no aborda adecuadamente el riesgo que representan los alteradores endocrinos. 
Resulta un dato preocupante que el cuerpo humano contenga más de 100 sustancias químicas que no se encontraban hace 50 años. 
Numerosos problemas de salud femenina han sido achacados a sustancias endocrínamente alteradoras. 
Es posible que también se pueda establecer una conexión entre esas sustancias- como han indicado otros colegas esta noche- y el creciente índice de cáncer de pecho, de otros tipos de cáncer y con la disminución del esperma. 
El impacto que esto pueda tener en la salud y la reproducción tanto de los hombres como de los animales es preocupante, siendo los niños, las embarazadas que trabajan y otros trabajadores vulnerables algunos de los grupos más sensibles. 
Otro problema lo constituye el hecho de que es casi imposible establecer valores límite para las sustancias que mimetizan los efectos de las hormonas. 
Desde el punto de vista del consumidor se ha sugerido que se invierta la carga de la prueba y se exija a los productores que demuestren una razonable certeza de inocuidad antes de poner cualquier sustancia en el mercado. 
También sería recomendable una mayor difusión de información basada en el principio del derecho a ser informados. 
Es necesario que se intensifique la investigación para poder estar en disposición de actuar con rapidez, eficacia y certeza. 
Más información, mayor concienciación pública y, sobre todo, más investigación, es lo que necesitamos. 
Le doy las gracias al ponente por este informe, que recomiendo a esta Asamblea. 
. 
(EN) En primer lugar quisiera expresar mi gratitud por la respuesta del Parlamento a la comunicación de la Comisión sobre una estrategia comunitaria para los alteradores endocrinos, y también por el trabajo del ponente, el Sr. Lund. 
Prácticamente no hay ninguna conferencia sobre sustancias químicas que no aborde el asunto de los peturbadores endocrinos. 
Un de los motivos para que así sea es el potencial daño que pueden ocasionar tanto a los animales como a los humanos y, sobre todo, a los nonatos y a nuestra capacidad reproductora. 
Es difícil imaginar una tendencia más insostenible que aquella que conduciría al deterioro de nuestra capacidad para reproducirnos. 
El campo de los alteradores endocrinos es muy complejo y aun hay muchos interrogantes sin despejar. 
Hay ciertas cosas que sí sabemos. 
En algunos casos podemos hacer ciertas predicciones con confianza y en otros nos enfrentamos a un margen de incertidumbre considerable. 
Lo que sí nos consta es que una serie de sustancias químicas elaboradas por el hombre que han sido liberadas al medio ambiente, así como otras naturales, tienen la capacidad de perturbar el sistema endocrino de los animales, incluido el hombre. 
Entre estos están continuamente presentes los compuestos bioacumulativos que incluyen ciertos pesticidas y sustancias químicas industriales, así como otros productos sintéticos. 
Muchas poblaciones animales ya han sufrido los efectos de estos compuestos. 
Disponemos de una cantidad adecuada de datos que muestran que existe un nexo causal entre la exposición a estas sustancias y una reducción del éxito reproductor entre los animales. 
La comunidad científica ha elaborado otra serie de conclusiones como, por ejemplo, el hecho de que estas sustancias químicas despliegan unos efectos totalmente diferentes, como ha dicho el Sr. Arvidsson, sobre los embriones, los fetos y los organismos prenatales que sobre los adultos, y esos efectos se manifiestan con mayor profusión en la descendencia que en los progenitores que han sufrido la exposición. 
En cualquier caso, también hay muchas incertidumbres ya que la naturaleza y el alcance de los efectos de la exposición en los humanos no están determinados. 
La información es escasa, especialmente acerca de las concentraciones de contaminación en los embriones. 
La razón fundamental por la que he presentado la propuesta para una estrategia comunitaria para los alteradores endocrinos, no es sino la necesidad de realizar un examen más profundo sobre los riesgos potenciales de estas sustancias, para poder despejar nuestras incógnitas, y emprender las acciones pertinentes. 
Todos nostros tenemos el derecho a saber y la obligación de aprender. 
Permítanme centrarme en los elementos esenciales de la estrategia. La base de la misma es el principio de precaución. 
Me satisface que el Parlamento apoye el objetivo de la Comisión de identificar las políticas idóneas sobre la base del principio de precaución para poder responder rápida y efectivamente al problema de la alteración endocrina. 
Este principio y la necesidad de desarrollar estrategias de gestión de riesgos rápidas y eficaces respecto de los alteradores endocrinos también han sido resaltados por el Consejo de Medio Ambiente en sus conclusiones del 30 de marzo. 
Al mismo tiempo el Parlamento percibe una falta de ambición en la estrategia de la Comisión en cuanto a la necesidad de reducir la exposición humana a los alteradores endocrinos y proteger la fauna. 
Hay dos elementos fundamentales en la estrategia de la Comisión. 
Uno es más investigación y desarrollo y el otro es el desarrollo de métodos de análisis unificados. 
Respecto de la investigación y desarrollo el principal instrumento de la Comisión es el Quinto Programa Marco para la investigación y el desarrollo. 
Me complace informarles que la alteración endocrina ha sido seleccionada como una línea de investigación prioritaria en la última revisión de los programas dedicados a la salud humana y el medio ambiente. 
La Comisión también está considerando lanzar una convocatoria de propuestas sobre la alteración endocrina que ayude a reforzar la investigación de la misma. 
Las recomendaciones contenidad en la propuesta de resolución del Parlamento serán tenidas en cuenta. 
En cuanto al desarrollo de métodos de análisis unificados se prevé su establecimiento en un horizonte de dos a cuatro años. 
El acuerdo sobre los métodos de análisis tiene por objeto asegurar que todos los involucrados están de acuerdo en que los análisis diseñados para detectar los elementos pertinentes y los resultados de los mismos pueden ser interpretados uniformemente. 
Sin un acuerdo de este tipo nos tendríamos que enfrentar constantemente no ya a la incertidumbre científica, sino a diferentes puntos de vista científicos. 
Por esta razón creemos que sólo podemos considerar una acción legislativa para reducir de forma global la exposición, sobre la base del principio de precaución, cuando dispongamos de unos métodos de análisis unificados. 
Los métodos de análisis unificados también son necesarios para lanzaar una iniciativa global para la búsqueda de sustitutos. De lo contrario, los posibles sustitutos estarán sujetos a las mismas sospechas que las sustancias que sustituyen. 
Al mismo tiempo hemos de tener en cuenta las pruebas científicas de las que ya disponemos. 
Esa es la razón por la que, a corto plazo, prevemos actuar sin unos métodos de análisis unificados sobre la base del principio de precaución y caso por caso. 
El Parlamento apoya el objetivo de la Comisión de identificar un primer grupo de sustancias alteradoras del sistema endocrino para finales de este año y de identificar casos específicos de consumo o exposición del ecosistema para emprender acciones especiales sin esperar nuevos análisis. 
También formará parte de estas acciones un análisis de los instrumentos legales existentes relacionados con los alteradores endocrinos. 
Permítanme hacer dos comentarios al respecto. 
En primer lugar, el objetivo de la Comisión para finales de 2000 se basa en un proceso de dos fases: en primer lugar la compilación de una lista de candidatos elaborada por consultores y en segundo lugar el establecimiento de prioridades. 
Seguidamente la Comisión elaborará una propuesta para la fijación de prioridades. 
Hasta ahora sólo se ha completado la lista de candidatos. 
La segunda fase de este ejercicio incluiría la consulta a las partes interesadas con lo que pretendemos conseguir un consenso tan amplio como sea posible respecto de las sustancias prioritarias. 
No podría comprometerme ahora en el sentido de que la totalidad de las 553 sustancias candidatas estarán en la lista de prioridades sin adelantar el resultado de los debates con los interesados, que ya han dado comienzo. 
El Comité Científico, así como la industria, se han mostrado críticos con la la lista de sustancias candidatas, el informe BKH. 
Por contra, los primeros comentarios recibidos de los Estados miembros y de las ONGs indican un apoyo al informe como un punto de partida válido. 
Las críticas del Comité científico por los errores científicos del informe serán abordadas en las próximas fases del proceso de prioritización y su posterior evaluación. 
Quisiera añadir aquí que algunas de las críticas se basan en la falsa suposición de que un grupo de 60 sustancias identificadas en este informe serán las sustancias prioritarias. 
Efectivamente, estas sustancias forman parte de una lista de 553 sustancias candidatas, respecto de la cual aunse siguen discutiendo las prioridades. 
Es importante tener en cuenta que la lista que debe establecerse ha de ser dinámica. Cabe la posibilidad de que se añadan nuevas sustancias o que, ciertamente, se eliminen algunas de las sustancias iniciales a medida que vayan viendo la luz nuevas pruebas. 
Mi segundo comentario sobre la lista prioritaria de sustancias se refiere a la solicitud, contenida en la propuesta de resolución, de una decisión para la intervención en casos específicos para mediados del año 2001. 
Para identificar en la lista prioritaria casos específicos para emprender acciones especiales es necesaria una evaluación más profunda del uso para el consumo y de la exposición medioambiental. 
Además, el papel de los comités científicos proporcionando opiniones científicas independientes serán de esencial importancia es estos casos específicos. Es muy ambicioso esperar alcanzar estas metas en seís meses. 
No obstante, pondremos nustro mejor empeño en trabajar lo más rápidamente posible. 
Por último, sabrán ustedes, que la Comisión quiere presentar a finales de año un Libro Blanco sobre la política general sobre sustancias químicas. 
Estamos trabajando actualmente en ello y he tenido ocasión de ver los primeros borradores. 
Uno de los principios esenciales en esta política es garantizar un alto nivel de protección. 
Es evidente que la estrategia para los alterador endocrinos ha de ser coherente con la política general para las sustancias químicas. 
Algunos de los elementos concretos contenidos en la propuesta de resolución del Parlamento tales como la inversión de la carga de la prueba, la redefinición de la responsabilidad de los productores, la revisión de la legislación sobre etiquetado y la agrupación de sustancias quimicas para su investigación y evaluación, deben ser y de hecho están siendo consideradas en el contexto de esta política general para las sustancias químicas. 
Las opiniones del Parlamento contenidas en la propuesta de resolución serán tenidas en cuenta en el Libro Blanco que se está elaborando. 
Finalmente, en cuanto a la cooperación internacional y el intercambio de información, la Comisión está organizando un taller sobre preturbadores endocrinos para el primer semestre del 2001 con el patrocinio, entre otros, de la Organización Mundial de la Salud. 
El taller convocará a todos los involucrados para evaluar los progresos y hacer nuevas recomendaciones sobre el desarrollo de los métodos de análisis y la estrategia de evaluación, de investigación y el establecimiento de unos programas de seguimiento. 
De nuevo me gustaría agradecer al Parlamento su apoyo en el tratamiento de este asunto y quisiera subrayar el compromiso de la Comisión para ejecutar su estrategia e incorporar extensamente los elementos contenidos en la propuesta de resolución del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
Productos transformados a base de frutas y hortalizas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0273/2000) de Jové Peres, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) 2200/96 relativo a la organización común de los mercados en el sector de las frutas y hortalizas, el Reglamento (CE) 2201/96 relativo a la organización común de los mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas y el Reglamento (CE) 2202/96 por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos. 
. Señora Presidenta, la Comisión ha presentado una propuesta, que bajo la apariencia de ajuste técnico, esconde nuevas restricciones presupuestarias para un sector ya de por sí discriminado dentro de la política agrícola común. 
En los últimos años, la evolución de la paridad euro-dólar y otras circunstancias han hecho descender el nivel de las ayudas hasta la mitad del nivel que mantenían hace cuatro años. 
Pues bien, la propuesta de la Comisión consiste en estabilizar las ayudas al nivel reducido y conceder las ayudas directamente a las organizaciones de productores, con lo que desaparecería el régimen de precios mínimos. 
Antes de fin de año, la Comisión debe presentar un informe sobre el funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas, acompañándolo, eventualmente, de nuevas propuestas de reforma. 
La Comisión justifica la propuesta que ahora examinamos sobre la base de la urgencia. 
Ahora bien, sin cuestionar el carácter urgente de los asuntos abordados por la Comisión, la Comisión de Agricultura ha identificado nuevas urgencias y, por otra parte, mantiene diferencias cuantitativas con la propuesta de la Comisión. 
Entre las urgencias prioritarias para la Comisión de Agricultura aparece el reforzamiento de las organizaciones de productores. 
El problema reside en que, tras la reforma de la OCM del 96, las organizaciones de productores se constituyeron en su principal instrumento. 
Sin embargo, actualmente sólo un 40 % de la producción de frutas y hortalizas está agrupada en organizaciones de productores. 
Una OCM que sólo cubre el 40 % de la producción no merece tal nombre. 
Por lo tanto, si hay alguna urgencia, ésta reside en fomentar la agrupación de la oferta en agrupaciones de productores. 
Dado que constituye una excepción en la política agrícola común y los propios productores están obligados a cofinanciar los fondos de operaciones, está claro que el incremento de la financiación comunitaria es el instrumento más obvio para conseguir dicho objetivo. 
Por esta razón, la Comisión de Agricultura ha propuesto incrementar el porcentaje de financiación comunitaria para ciertas acciones comunes de varias organizaciones de productores y en determinadas condiciones, fundamentalmente en las regiones más dependientes de la producción hortofrutícola o para las asociaciones o fusiones de organizaciones de productores. 
Las diferencias cuantitativas entre la propuesta de la Comisión y la propuesta de la Comisión de Agricultura, que por cierto, fue aprobada casi por unanimidad, se centran fundamentalmente en el nivel de las ayudas y en los umbrales de transformación. 
Pueden parecer excesivamente altas las ayudas solicitadas por la Comisión de Agricultura, pero no hay que dejarse engañar. 
Lo que sucede es que las ayudas propuestas por la Comisión son excesivamente bajas y pretenden convertir en permanente una situación coyuntural, erosionando con ello la renta de los agricultores. 
Esta situación coyuntural viene definida por la evolución de la paridad euro-dólar y acontecimientos especiales en los mercados. 
De hecho, la línea de la Comisión de Agricultura se limita a restituir las ayudas existentes antes de 1996. 
Además, en relación con el tema de las ayudas, la desaparición del precio mínimo y el pago directo a través de organizaciones de productores puede originar problemas, particularmente, en los países con mayor vocación hortofrutícola. 
Un nivel de ayuda razonable permitiría mantener la renta de los productores en una situación particularmente problemática. 
Para evitar situaciones absurdas de penalización sistemática, la Comisión de Agricultura ha decidido proponer su fijación al nivel de lo fabricado en los últimos años. 
Procuramos con ello ajustar las ayudas a la estructura productiva y a las posibilidades de absorción del mercado sin correr el riesgo de crear excedentes. 
La pregunta que alguien podría plantear es cómo financiar las enmiendas. 
Miren ustedes, actualmente las frutas y hortalizas reciben 445 millones de euros menos que el tope que se fijó en las perspectivas financieras. 
Es verdad que hay que respetar la neutralidad presupuestaria, pero habrá que ponerse de acuerdo en cuanto a su significado. 
En mi opinión la neutralidad presupuestaria consiste en mantenerse dentro de los límites fijados cuando se adoptaron las perspectivas financieras. 
Sin embargo, la Comisión pretende reducir los gastos por debajo de los mínimos históricos. 
Yo creo que la discusión se debería centrar, fundamentalmente, en cómo conseguir los objetivos confiados a la OCM y, a partir de aquí, establecer compromisos presupuestarios. 
Parece que muchas veces a las instituciones se les exige menos rigor, siempre que se limiten a proponer ahorros presupuestarios. 
Nuestra principal preocupación debería consistir en mejorar la eficacia de los instrumentos que entre todos hemos construido. 
Sin presupuesto no puede haber construcción europea y el presupuesto del sector de las frutas y hortalizas simboliza y refleja muchos de los principales desequilibrios sociales y territoriales de la política común. 
Quiero terminar dando las gracias a mis colegas de la Comisión de Agricultura. 
Su comprensión y esfuerzo ha sido de gran ayuda para llegar a las transacciones finales que han permitido elaborar un informe francamente no fácil. 
Señora Presidenta, señor Comisario, mañana el Parlamento va a pronunciarse sobre la propuesta de reforma en el sector de transformados a base de frutas y hortalizas. 
Consideramos necesaria esta reforma, pero la Comisión Europea, en su propuesta, no va exactamente en la dirección correcta. 
Debe cumplirse el objetivo de estimular la agrupación de la oferta fomentando las asociaciones de productores. 
El año pasado, como ya ha dicho mi compañero, solamente el 40% de la producción se comercializó a través de asociaciones de productores. 
Por lo tanto, las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que contemplan que se pueda cofinanciar por FEOGA-Garantía hasta el 50% de los costes de creación y funcionamiento durante los cinco primeros años, responden a una necesidad, señor Comisario, como también lo es cubrir la ayuda financiera del 3 al 4,5 %, que se aprobó en la Comisión de Agricultura, de la producción comercializada por cada organización de productores. 
No nos satisfacen los umbrales propuestos por la Comisión Europea, ya que deberían ajustarse según la evolución de los mercados. 
Por tanto, las enmiendas ya aprobadas, y propuestas por el ponente en este sentido, gozan de nuestra aprobación. 
La lista de productos debería ser incrementada con aquellos que, por razones meteorológicas o coyunturales, puedan estar expuestos a fuertes caídas de precios. 
La propuesta de la Comisión de reducir el límite máximo de retirada en cítricos del 10 al 5% no está justificada y creo que no debe mantenerse. 
En cuanto a los instrumentos que permiten regular el mercado en situaciones de emergencia ante una crisis, hay que introducir algunos que constituyan una red de seguridad, por ejemplo, rebasar los límites de retirada en aproximadamente un 10%, en el caso de crisis graves. 
Hay una laguna en cuanto al etiquetado. 
La legislación vigente en esta materia debe cambiarse, para que el consumidor esté perfectamente informado y sepa si el producto se ha elaborado con fruta fresca o no. 
Es una petición y una reclamación recurrente de los consumidores. 
Apoyo las enmiendas que afectan a tomates, peras, melocotones, cerezas, albaricoques y espárragos, de gran importancia regional, y que deben tener ayudas a tanto alzado por hectárea para mejorar su competitividad. 
En cuanto a los frutos secos- especialmente la avellana -, sigue siendo válida la petición de prórroga de las ayudas a las organizaciones de productores que hayan aplicado sus planes de mejoras, así como las medidas específicas para este sector, que expiran la próxima campaña y cuyas circunstancias no han cambiado. 
Debería presentarse el análisis de la reforma, que tan insistentemente ha pedido la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, antes del 30 de junio de 2001, para saber cómo ha evolucionado el sector. 
La Comisión debe hacer de nuevo sus cuentas puesto que no se rebasa dicho tope. 
La diferencia entre lo propuesto por la Comisión y el Parlamento Europeo es de 151 euros. 
Neutralidad presupuestaria, señor Comisario, no es que los gastos de la propuesta no superen los que se derivan de lo gastado actualmente, sino que estén por debajo de lo pactado en la Cumbre Europea de Berlín. 
Aprovecho la ocasión para felicitar al ponente y celebro el trabajo en equipo que hemos realizado. 
Creo que ha sido una de las propuestas más negociadas y pactadas en este Parlamento. 
Señora Presidenta, este debate es consecuencia de la reforma propuesta por la Comisión de tres reglamentos referentes a las frutas y hortalizas, a productos derivados a partir de frutas y hortalizas y al régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos. 
La Comisión ha actuado- como se ha indicado ya- sin esperar el informe sobre el funcionamiento del Reglamento (CE) nº 2020/1996, que estará disponible, según manifiesta la Comisión, antes de finales del presente año. 
El hecho de no esperar ese documento- como parecería lógico- y haber iniciado la reforma pone de manifiesto que la Comisión o tiene poco interés en el resultado de su informe o le tiene sin cuidado su contenido. 
No se puede evitar que, con esa actuación, la sensación que produce la Comisión es la de estar empeñada en reformar a cualquier precio esos reglamentos. 
¿Tan urgente es la reforma? 
En nuestra opinión, si la pregunta consiste en saber si esos reglamentos necesitan una reforma, la respuesta es positiva, pero, por el contrario, si la pregunta consiste en saber si la reforma que precisan es la que contiene la propuesta de la Comisión, la respuesta es claramente negativa, porque las mejoras de los mecanismos de funcionamiento del sector no pueden hacerse a costa, precisamente, de uno de los sectores que menos apoyo recibe en los presupuestos comunitarios. 
Los datos que se recogen en el informe, no por conocidos, dejan de ser llamativos. 
Al sector de frutas y hortalizas corresponde una importante participación en la producción final agraria del orden del 15%, mientras que el esfuerzo financiero es pequeño y, además, va disminuyendo. 
Si en 1995 representaba el 5,3 % del total de los gastos del FEOGA-Garantía, en 1999 ha quedado reducido al 3,6 %. 
A ello se añaden dos datos concretos: por un lado, la importancia que reviste este sector para el empleo y, por otra parte, las compensaciones frecuentes en materia de frutas y hortalizas en los acuerdos con terceros países. 
No vamos a oponernos a esos acuerdos ni a criticarlos, porque constituyen un ejercicio de solidaridad con países del tercer mundo y en vías de desarrollo, pero no parece lógico que el precio de la solidaridad recaiga exclusivamente en un sector que no ha sido bien tratado tradicionalmente en los presupuestos comunitarios. 
Vamos a apoyar, sin ninguna duda, el informe del Sr. Jové Peres. 
Se trata de un excelente informe, por el que felicitamos al ponente, que ha reflejado de forma equilibrada los diferentes intereses y acuerdos. 
Sus propuestas, tales como las que vienen a corregir los aspectos más injustos de la propuesta de la Comisión, pueden tener consecuencias favorables. 
Ese apoyo va a ser incondicional e incondicionado. 
Apoyo que, además, realizamos con la convicción de que el Consejo será más sensible que la Comisión a las razonadas y razonables propuestas del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya en términos generales el informe del ponente, Sr. Jové Peres. 
Estamos convencidos de que la propuesta de la Comisión es restrictiva en términos presupuestarios, lo que implicaría un importante recorte financiero al sector. 
Hay que recordar que el sector de frutas y hortalizas es la primera Organización Común de Mercado que está financiada por sus propios productores, por lo que es de vital importancia el fomento de las organizaciones de productores y el apoyo a un aumento de los fondos operativos. 
He de destacar que el sector de frutas y hortalizas representa un porcentaje considerable de la producción final agraria de la Unión Europea. 
Y, sin embargo, sólo supone un 4 % del presupuesto del FEOGA-Garantía. 
Igualmente recordamos el amplio consenso al que se ha llegado en el seno de la Comisión de Agricultura a la hora de aprobar este informe. 
Tenemos que hacer referencia al carácter eminentemente mediterráneo de esta producción que afecta a varios Estados miembros. 
Es un sector que genera un elevadísimo número de empleos directos e indirectos, lo que implica una actividad económica muy dinámica. 
En términos generales, es la principal fuente de ingresos de casi dos millones de familias europeas. 
Es necesario destacar que las organizaciones de productores, que se verán reforzadas y fomentadas por la modificación introducida en la Comisión de Agricultura, son importantísimas para el desarrollo rural de ciertas comarcas. 
La producción hortofrutícola está íntimamente ligada a la cultura y dieta mediterránea, el máximo exponente de una dieta equilibrada y saludable para nuestros consumidores. 
Por lo cual, es necesario que las organizaciones de productores tengan, entre sus objetivos prioritarios, el fomento de la producción de calidad. 
El sector de frutas y hortalizas, no obstante, se enfrenta a un futuro incierto, entre otros motivos, por las preferencias comunitarias deterioradas en la zona de libre comercio euromediterránea que pueden dinamitar el trabajo realizado. 
Tendremos que mantener, por lo tanto, una actitud constructiva y de vigilancia para el futuro. 
Señora Presidenta, con la propuesta de enmienda de la OCM de las frutas y hortalizas la Comisón agrava los problemas de la actual organización de mercado y las injusticias de la PAC y crea mayores dificultades a los agricultores que producen frutas y hortalizas. 
Son particularmente graves las medidas encaminadas a extinguir el precio mínimo como sucede con el tomate para la industria, la reducción de los límites de ayuda a los fondos operacionales de 4,5 % a 3% del valor de la producción comercializada por cada organización de productores, la reducción cautelar de 9,1 % del monto de las ayudas a la primera campaña después de la reforma de la OMC y una reducción de la cantidad que se puede retirar en los cítricos. 
Un sector con importancia económica, social y estratégica como éste, en particular para Portugal, con gran capacidad de creación de empleo y de apoyo al desarrollo rural de inmensas regiones de países del Sur, merece una atención especial, cosa que no hace la Comisión. 
Las propuestas de enmienda que presenta el ponente y colega nuestro Sr. Jové Peres merecen, pues, nuestro apoyo, en la medida en que van encaminadas a corregir las posiciones inaceptables de la Comisión, en particular en sus propuestas contra el aumento de las ayudas a los agricultores, al aumento de los umbrales y al restablecimiento de los límites de las ayudas a las organizaciones de productores. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, después de la OCM del vino y del aceite de oliva, la OCM de frutas y hortalizas que interesa tanto a los países del Sur- prácticamente sólo han intervenido parlamentarios españoles- y con el excelente informe de nuestro amigo, nuestro compañero Jové Peres, sobre un asunto muy grave y muy simbólico, grave no solamente a causa de las cifras- cerca de dos millones de familias o 500.000 empleos están, como se ha dicho, afectados- sino también porque detrás del fracaso de la reforma de 1996, hay sin embargo mujeres, hombres y regiones rurales que la Comisión Europea, Señor Fischler, ha condenado voluntariamente. 
Así, en Francia, en Provenza más exactamente, para una explotación de 40 hectáreas de manzanas, los costes de producción representan el doble del precio de venta, lo que hace que la explotación de 40.000 manzanas por hectárea pierda 320.000 euros al año. 
Va a desaparecer. 
¿De quien es la culpa? 
En modo alguno de los arboricultores pues han tratado de agruparse en organizaciones de productores y de constituir fondos operativos cofinanciados. 
Sin embargo, para cofinanciar, se necesitan ingresos y para tener ingresos, hay que vender. 
En nombre de una política exterior mundial, Bruselas ha sacrificado a nuestros arboricultores, a nuestros hortelanos y a nuestros horticultores, que se han convertido en moneda de libre cambio. 
El negocio es bien conocido: en el hemisferio sur, las frutas y hortalizas, las flores, el vino y, ocasionalmente, en el norte la industria. 
Entonces ¿qué hay que hacer? , como decía el camarada Lenin. 
Sin duda es conveniente adoptar las excelentes enmiendas paliativas de Jové Peres, que ha realizado un trabajo notable, y de la Comisión de Agricultura, sin el pretexto de la neutralidad presupuestaria, porque cuando se tira el dinero en Kosovo, en los Balcanes, en Indonesia, en Asia, es que hay dinero. 
Pero, Señorías, si no ponemos fin a la deriva mundial de la construcción europea, entonces poco a poco desaparecerán no sólo los campesinos, sino que la totalidad de la propia Europa se disolverá en el océano del mercado mundial. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en la base de cualquier estrategia y antes de dar al traste con el pasado y de adoptar nuevas líneas operativas, hay un examen de lo que se ha hecho. 
Ahora, me parece un dato irrefutable que desde 1996- año de la revisión global de la OCM de las frutas y verduras frescas y transformadas- no se haya llevado a cabo ningún tipo de reflexión sobre el impacto de la OCM en el sector y no obstante hayamos llegado al tercer año de aplicación: un plazo de tiempo para la evaluación que hay que estimar adecuado para que se le pueda considerar preparatorio para toda iniciativa de reforma. 
En juego están los intereses de todo un sector que emplea a casi dos millones de personas en las regiones del Centro y del Sur de los Estados mediterráneos que son unánimemente reconocidas como entre las más débiles de la Unión Europea. 
El sector de frutas y hortalizas ha de debatirse entre cuotas productivas y liberalización mundial de los mercados a falta de una política en materia de estudios sobre las innovaciones biotecnológicas. 
Es el sector productivo que más que los demás se resiente de los acuerdos internacionales de Marrakech, a pesar de que contribuye con el 16% al valor de la producción agrícola de la Unión Europea. 
Si la filosofía de la nueva OCM es promocionar el sistema asociativo de los productores como instrumento de alternativa e integración al sistema económico europeo de la gran distribución, es oportuno que dicha política cuente con el respaldo de los recursos financieros necesarios para la ejecución de los programas operativos garantizando una ayuda financiera real del orden de al menos el 4,5 % de la producción comercializada, en lugar del 3% propuesto por la Comisión. 
Para poder seguir trabajando, los productores piden la adopción de textos legislativos que sirvan de ayuda y no de obstáculo al desarrollo del sector de frutas y verduras. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, la OCM de frutas y hortalizas se reformó en 1997 y, después de tres años de aplicación, su balance se contrasta. 
Esta reforma, basada en el reforzamiento del poder económico de los productores, la elaboración de proyectos colectivos y la formalización de contratos con los poderes públicos en el marco de los fondos operativos cofinanciados, finalmente se ha rebelado deficiente y decepcionante en sus resultados. 
No ha sido portadora de futuro como se esperaba al inicio, porque, en efecto, el porcentaje de adhesión a las organizaciones de productores ha sido- como se ha subrayado anteriormente- muy insuficiente: menos del 40%. 
En estas condiciones, estas organizaciones de productores no han podido tener un impacto real sobre la regulación y la valoración de los productos en el sector de las frutas y hortalizas. 
Paralelamente, si bien el presupuesto del FEOGA para este sector ha ido en aumento regularmente desde 1997, sin embargo, durante el ejercicio siempre se ha visto limitado como consecuencia de la subutilización efectiva de los créditos debida a la inadecuación de las reglas de concesión. 
Estamos así ante una situación paradójica en la que uno de los sectores más importantes de la agricultura europea, que concentra el 20% de las unidades de producción, emplea mucha mano de obra en la fase de producción y de transformación y contribuye en un 16% a la producción agrícola final, resulta ser, en definitiva, uno de los menos tenidos en cuenta por la política agrícola común. 
En este contexto, deseo, por supuesto, subrayar la oportunidad de la propuesta de la Comisión que debatimos esta tarde. 
Pero quiero sobre todo proclamar la calidad del informe del Sr. Jové Peres, cuyas juiciosas propuestas tratan de mejorar, aún más significativamente, los resultados de esta cadena de producción de los países del Sur de Europa, estableciendo principalmente la ayuda pública en el 4,5 % del valor comercializado y ampliándola incluso al 6% para fomentar la agrupación de la oferta en organizaciones de productores. 
Por último, deseo que el Consejo de Ministros apruebe rápidamente esta reforma con el fin de que pueda entrar en vigor en 2001 con las financiaciones apropiadas. 
Señora Presidenta, nuestro colega ponente did a hell of a job. 
Es un tema complicado que tiene que ver con la crisis que vive el sector de las frutas y hortalizas en determinadas zonas de Europa. Suscribo el análisis propuesto. 
A mi modo de ver, tenemos que propugnarlo en las próximas negociaciones en el marco de la OMC. Es imprescindible que se negocie duramente sobre los productos que carecen de protección de mercado. 
También han de abrirse camino. 
El segundo punto concierne a la posición de los productores. 
Coincido con el ponente en que necesitan más apoyo y en que es preciso reforzar su posición. 
Me parece un punto fundamental. Habida cuenta de la actual agresividad de las sociedades cooperativas de compras de supermercados uno podría comenzar a preguntarse si ello no está dando lugar a una excesiva concentración y fusión de sociedades, o quizá incluso a la formación de monopolios. 
La única respuesta que cabe ante esta situación es la de reforzar la capacidad de acción de las agrupaciones de productores y mejorar su organización. 
Creo que esto resulta más útil que invertir más dinero en el sector. 
El sector debe consolidar su posición en el mercado. 
Es lo que realmente importa, sobre todo porque se trata de frutas y hortalizas, productos delicados que han de venderse en poco tiempo. 
Tengo asimismo algunas observaciones acerca de la distribución de las cuotas y umbrales de transformación entre los diferentes países. 
Constato que en algunos puntos esta distribución no resulta muy equilibrada. 
Espero, por tanto, que nuestro colega ponente presente mañana una enmienda oral sobre la transformación de peras en al menos uno de los países. 
Mirándolo bien, la distribución entre los países del sur tampoco es del todo equitativa, como demuestra por ejemplo la comparación entre la posición de Portugal y la de los demás países. 
Básicamente, y en este sentido me sumo al alegato de nuestra portavoz, la Sra. Rodondo, me parece fundamental que se refuerce la posición de los productores y que se incremente la capacidad de acción de las organizaciones de productores. Puedo asegurarles que eso es necesario. 
Deben reforzar su presencia en el mercado. 
Ésa ha de ser nuestra política. Sin embargo, mientras dispongamos de una organización del mercado y no estemos dispuestos a invertir más dinero también tendremos que prestar la debida atención a la producción y posiblemente a la contención de la misma para garantizar el buen funcionamiento del sector. 
No obstante, en este informe, y también como respuesta a este informe, opto por el fortalecimiento de las organizaciones de productores. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión ha presentado el 12 de julio una propuesta para modificar la organización común de mercado para las frutas y verduras a pesar de que en diciembre del 2000 esperamos de la Comisión un informe de evaluación sobre el funcionamiento precisamente de esta organización de mercado. 
Si modificamos ahora por adelantado algunos puntos, la Comisión deberá utilizar sin demora la presente evaluación como base para una revisión de la organización del mercado de las frutas y verduras y realizar las necesarias modificaciones. 
Precisamente para el sector de las frutas y verduras es especialmente importante la unión de comunidades de productores y la formación de asociaciones de productores así como también la cooperación comercial entre organizaciones de productores de diversas regiones. 
Aquí la organización de mercado apunta en la dirección adecuada. 
Sin embargo, también hay que tener en cuenta a los agricultores que comercializan para ellos mismos y sus familias con mucha energía una parte de su producción directamente desde su granja al consumidor. 
La propia comercialización aporta a muchas explotaciones los ingresos adicionales necesarios y con frecuencia es dirigida por las agricultoras como un apartado propio. 
Además, la comercialización directa desde la granja destaca especialmente el carácter regional de los productos y alcanza de este modo a un determinado potencial de compradores. 
Por ello, la enmienda a la letra c) del apartado 1 del artículo 11 tiene que redactarse de tal modo que los productores, de acuerdo con las asociaciones de productores, puedan vender en casos aislados una parte a determinar de sus productos directamente al consumidor para el consumo personal. 
Si se mantiene el actual límite rígido en vigor entonces las organizaciones de productores se verán obligadas a excluir a los miembros que no observen esa regulación. 
La consecuencia sería que las organizaciones de productores se verían debilitadas en lo tocante a su volumen de comercialización y que perderían la influencia sobre estos productores en lo referente a sus actividades de comercialización directa, es decir, sobre el mantenimiento de las normas de calidad, la observancia de las directrices de producción y el seguimiento de estrategias comunes de mercado. 
Por ello, les ruego que también tengan esto en cuenta. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la producción hortofrutícola que hoy nos ocupa se concentra en los países del Sur de Europa y supone un 13% de la producción final agraria del conjunto de la Unión Europea, alcanzando el 25% en la mayoría de los países productores. 
En varias provincias del Sur de España este porcentaje supera el 80% y es el único motor de desarrollo y empleo en el medio rural. 
Además, se trata de unas producciones que han perdido la preferencia comunitaria y que tienen que competir en el exterior sin el paraguas de la compensación que tienen los clásicos productos continentales, a través del 70%, aproximadamente, de los créditos del FEOGA. 
Señor Comisario, este sector parece la moneda de cambio utilizada en los acuerdos preferenciales con terceros países y en las sucesivas revisiones de sus protocolos, con el agravante de que estos países producen sin las condiciones económicas, sociales y medioambientales que tenemos en Europa, pero con los mismos calendarios de nuestras zonas productoras. 
Esta situación no es justa ni equitativa, porque no es justo ni equitativo tener que competir en el exterior sin la protección de que se benefician los productos continentales. 
Tampoco lo es que, en virtud de las trabas internas y de las penalizaciones ocasionadas por la reglamentación, no se cumpla la neutralidad presupuestaria fijada en 1.900 millones de euros en la Agenda 2000. 
Para terminar, creo que esta propuesta es manifiestamente mejorable y que el informe del Sr. Jové, al que felicito muy sinceramente, marca la pauta para poderlo hacer. 
Y esto sería lo adecuado y lo justo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la propuesta de la Comisión sobre la política relativa a las frutas y hortalizas es muy incompleta e insuficiente. 
Y quisiera subrayar a este respecto cuatro aspectos. 
En primer lugar, es necesario aumentar los umbrales de garantía para los diferentes tipos de frutas y hortalizas con el objetivo de aproximarlos a las producciones reales de la Unión Europea y dar mejor respuesta al nivel de demanda. 
En ese sentido subrayo en particular la necesidad de que se aumente el umbral de garantía para el tomate destinado a la industria en Portugal, que debería aproximarse como mínimo al valor fijado en la Cumbre de Berlín, es decir, 953.000 toneladas. 
En segundo lugar, quisiera decir que el nivel de ayudas por tonelada que propone la Comisión es bastante insuficiente, por lo que parece necesario un aumento, como, por lo demás, propone el ponente. 
En verdad, el fin del precio mínimo, que ahora termina, entrañará una considerable reducción de los precios de la producción y es importante procurar que no haya reducciones de renta para los agricultores. 
En tercer lugar, quisiera decir que el nivel de los fondos operativos es también algo profundamente insuficiente. 
Por lo demás, como propone el ponente, sin una mejora del nivel de financiación de los fondos, no es posible mejorar el funcionamiento de las agrupaciones de productores. 
Por último, quisiera decir que la Comisión ha perdido una oportunidad espléndida de volver la PAC un poco más equitativa: como sabe el Comisario, un sector que abarca el 16% de la producción agrícola sólo recibe un 4% del presupuesto; por lo demás, ni siquiera llega al 4%. 
Y en este momento los productores de frutas y hortalizas de la Unión Europea viven esencialmente de los ingresos del mercado, de lo que venden en el mercado, corriendo los riesgos del mercado, las incertidumbres del mercado, confrontados con otros colegas suyos de otros países que producen otros productos, como cereales, oleaginosas, carne de bovino, leche, etc., que tienen los ingresos asegurados con cargo a la PAC y sin correr riesgo alguno. 
Señor Comisario, tenemos que acabar rápidamente con esa esquizofrenia en la PAC. 
Señora Presidenta, Señorías, he apreciado el informe tal como ha sido sometido a nuestra atención y he valorado el trabajo de la Comisión de Agricultura en lo referente a la posición del Parlamento respecto a la postura tanto histórica de los viejos reglamentos como actual de la Comisión y del Consejo. 
Evidentemente, esto no excluye que puedan haber- las hay y las habrá también mañana y se expresarán en la votación- posiciones divergentes, así como actitudes que implican o respaldan la demanda de reformas. 
Parece que en el planteamiento de la Comisión y del Consejo no se tienen suficientemente en cuenta las formas de cultivo de determinados productos que tienen unas características y especificidades que se desarrollan en un determinado entorno social- como decía una oradora que ha intervenido antes que yo- que afecta a ciertos sectores: me refiero al tomate para la industria y a los cítricos, así como a los frutos secos. 
En consecuencia, creo que ciertas ayudas en especial se han reducido no sólo por el empobrecimiento general que experimentamos en estos días con el euro- respecto al cual sería conveniente arbitrar alguna medida antes de que la situación acabe en una oposición a la institución europea en su conjunto- sino también por la postura que hay que tomar respecto a los productos del Mediterráneo. 
Recientemente han habido manifestaciones y protestas muy justas. 
Sin embargo, también se han hecho algunas propuestas a nivel parlamentario: propuestas relativas al límite máximo de la ayuda financiera, propuestas para uniformar los beneficios correspondientes a todas las organizaciones de productores, independientemente del fundamento jurídico, una propuesta- que creo que merece ser respaldada- relativa al mantenimiento de la ayuda a la producción también para el período posterior al trienio y, por último, para determinados productos, en particular los frutos secos, la propuesta de una evaluación especialmente equilibrada de la contribución, de la subvención a asignar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, tengo una gran comprensión por los esfuerzos de la Comisión y del Comisario por ahorrar pues me parece correcto. 
Pero sin ensalzar el principio Floriani: la situación en el sector de las frutas y verduras está empeorando a ojos vista. 
Aumento de contingentes, importaciones de terceros países y oscilaciones en el consumo, ya se trate las cantidades o de la calidad, son los argumentos más importantes al respecto. 
La situación se vuelve más crítica aunque aún no sea tan crítica, como ha dicho el colega Martinez. 
Con 40 hectáreas se puede vivir muy bien, por ejemplo, en mi región, el Tirol del Sur. 
Así pues, la situación aún no es tan grave, pero a pesar de ello hay que llamar la atención. 
Si, por ejemplo, se ve que el sector de la fruta y de la verdura se promueve con un 3,8 % y los cultivos de labranza con un 41%, se tiene la sensación de que quizás se ha olvidado una cifra. 
Lamentablemente, no se ha olvidado y se trata realmente del 3,8 %. 
Una desventaja que beneficia a otro sector agrícola, los cultivos de labranza, donde sin duda existiría un margen de actuación mucho mayor que en las frutas y verduras. 
Los acuerdos comerciales internacionales se realizan parcialmente a costa de este sector de las frutas y verduras beneficiando de este modo a otros sectores económicos. 
Creo que esta limitación financiera adicional es difícil de soportar y espero que el Comisario, la Comisión y el Consejo tengan la perspicacia para que a las dos desventajas existentes no venga a sumarse una tercera porque se quiere ahorrar aquí adicionalmente de modo especial y espero también que se tengan en cuenta los deseos y propuestas del Parlamento, del ponente y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señora Presidenta, Señorías, antes de hablar sobre el contenido del informe deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Jové Pérez por su informe así como también a las damas y caballeros de la comisión por el tiempo y esfuerzos que han dedicado a las 61 enmiendas. 
Hay una cosa que me parece estar clara: al igual que en cualquier otra regulación totalmente nueva, en el sector de las frutas y hortalizas debe tener lugar una revisión basándonos en las experiencias que hemos tenido en los últimos años y también hay que perfeccionar la organización de mercado. 
Los Estados miembros y los representantes del mismo sector están de acuerdo con la Comisión en que hay algunos problemas prioritarios que deberíamos solucionar lo antes posible. 
Este ha sido el motivo por el que la Comisión ha realizado una especie de apreciación por adelantado del informe y ha presentado ahora esta propuesta para su debate sin esperar al informe definitivo. 
Nos hemos centrado en cuatro sectores: el doble límite superior para las ayudas a los fondos operativos, el funcionamiento de la regulación de apoyo para los tomates transformados, el importe de las cuotas para tomates, cítricos y peras así como las restituciones a la exportación. 
Pero el hecho de que nos hayamos adelantado a estos cuatro temas no significa que no vayamos a presentar este informe en el que se exige la organización de mercado. 
Lo vamos a hacer en cualquier caso y además dentro de este año. 
Pero tal como puedo ver de las muchas enmiendas, han aprovechado ahora la ocasión y adicionalmente a los cuatro temas que ha presentado a debate la Comisión, se han adelantado al informe definitivo. 
De ello se deduce una cierta discrepancia entre la opinión de la Comisión y lo que sus Señorías proponen aquí. 
¿En qué principios se ha basado la Comisión para elaborar su propuesta? 
Ante la situación presupuestaria y las resoluciones de Berlín, cualquier propuesta que condujese a unos aumentos esenciales de los gastos presupuestarios a favor de un sector específico, no sería realista. 
Por ello, la propuesta se basa en el principio de la neutralidad presupuestaria. 
Naturalmente, sé que los créditos para el sector de las frutas y hortalizas- dejando de lado aquí los plátanos- han retrocedido desde la reforma de 1996 y que tampoco se han cumplido plenamente los pronósticos de la Agenda 2000. 
Dos factores son la causa principal de ello: en primer lugar, los gastos para las ayudas a los fondos operativos han ascendido mucho menos de lo esperado porque las cifras de miembros en las organizaciones de productores no han aumentado tan intensamente como se esperaba y, en segundo lugar, al calcular las ayudas para la transformación se han tenido en cuenta los crecientes precios de los mercados mundiales así como la evolución del dólar. 
Finalmente, la propuesta de la Comisión apunta a una amplia simplificación armonizando las actuales regulaciones sobre las transformaciones para los productos más importantes haciéndolas de este modo más transparentes. 
Para los tomates, peras, melocotones y cítricos se determinan junto al umbral comunitario unos umbrales nacionales y se paga una ayuda permanente directamente a las organizaciones de productores. 
Una ventaja de la modificación propuesta es también que sobre la base del futuro importe de las ayudas- establecido de momento por un tiempo indeterminado -, las organizaciones de productores pueden negociar libremente el precio de los productos de salida. 
Por ello, los precios mínimos van a ser superfluos en el futuro. 
Además, la introducción de un único límite superior garantizado para las ayudas a los fondos operativos simplificará considerablemente tanto la elaboración de programas operativos como también su ejecución. 
Teniendo presentes estos principios, voy a referirme ahora a las enmiendas propuestas por ustedes. 
En mi opinión, se pueden dividir en tres grupos: en el primer grupo se trata de observaciones generales sobre la organización común de mercado. Las enmiendas nº 1, 2, 44 y 19 se refieren al fortalecimiento del papel de las organizaciones de productores. 
En las enmiendas nº8, 14, 26, 27 y 35 se trata de apoyar más a las regiones situadas geográficamente en la periferia y a las regiones menos favorecidas así como de medidas comerciales. En las enmiendas nº 17, 48, 49, 50, 55, 56 y 59 se trata de los informes sobre la organización común de mercado. 
Las enmiendas nº 3 y 4 se refieren a la elevación de los créditos de la UE para el sector de la fruta y de las hortalizas. 
En mi opinión, todas estas observaciones de carácter general sobre la organización de mercado no encajan en el marco de la propuesta que se presenta. 
Se adelantan a lo que pensamos aún presentar y deberán debatirse por ello en relación con este informe. 
En el segundo grupo se trata de exigencias específicas relativas al funcionamiento de la organización común de mercado como, por ejemplo, la enmienda nº 5, relativa a nuevos terrenos de cultivo y las enmiendas nº 27, 21, 25 y 34, relativas a medidas especiales de apoyo en caso de crisis graves. 
Con la enmienda nº 18 se quieren mejorar las posibilidades directas de ventas y las enmiendas nº 22 hasta la 24 se refieren de nuevo a los fondos operativos. 
Las enmiendas nº 28-30, 33, 36, 37 y 38 se refieren a las asociaciones del ramo, a los frutos de cáscara y a las devoluciones. 
Al igual que las del primer grupo, estas enmiendas no pertenecen tampoco al marco de la propuesta sobre la que hoy se debate, por lo que no se pueden tampoco recoger. 
Reconozco, sin embargo, que ambos grupos contienen algunos aspectos interesantes que la Comisión va a examinar a fondo en el marco de los informes que deberá presentar hasta finales de año. 
Indico que el examen de la elevación de los créditos para los frutos de cáscara es ya objeto de una propuesta al Consejo que fue aceptada el 5 de octubre. 
El tercer grupo de las enmiendas afecta realmente a la propuesta que se somete aquí a debate. 
En las enmiendas nº 6 y 25 se propone una elevación de las ayudas comunitarias mediante los fondos operativos. 
Las enmiendas nº 31 y 32 apuntan a suprimir los descensos de los tipos máximos propuestos por la Comisión para las retiradas del mercado. 
Las enmiendas nº 67 y 68 se ocupan del consumo de agua y con las enmiendas nº 9, 11, 15, 16, 40, 41, 51, 53, 57, 60 y 61 se propone de modo diferente la elevación o modificación de los umbrales de transformación y las ayudas para tomates, peras, melocotones y cítricos. 
La enmienda nº 39 prevé una simplificación procedimental al realizarse adaptaciones a nuevos productos en el sector de las transformaciones. 
En la enmienda nº 43 se trata de una regulación transitoria para los tomates y con la enmienda nº 12 se exige un estudio sobre la supresión del precio mínimo. 
Finalmente, las enmiendas nº 62 hasta 66 prevén ayudas directas para los productores que se encuentran imposibilitados de realizar transformaciones en sus productos. 
La mayoría de las enmiendas de este grupo suponen considerables aumentos de los gastos presupuestarios, por lo que atentan considerablemente contra el principio de la neutralidad. 
Por ello, no puedo aceptar estas enmiendas. 
Naturalmente, el lunes también se debatió en el Consejo sobre la cuestión del volumen global de la financiación comunitaria de este sector. 
Estos debates va a proseguir sin duda y este punto va a ser aún un elemento importante para una decisión definitiva sobre la propuesta. 
Las enmiendas nº 41, 53, 67 y 68 complicarían en mi opinión más bien la regulación que la simplificarían y la regulación marco no cubre la enmienda nº 12. 
Sin embargo, la Comisión está de acuerdo con el fondo de la enmienda nº 39. 
Las enmiendas nº 62 hasta 66 modifican el sistema existente de un modo que los esfuerzos por desarrollar organizaciones de productores correrían peligro. 
Para finalizar, quiero llamar la atención sobre lo siguiente: cualquier aplazamiento de la propuesta de la Comisión haría que la mayoría de las enmiendas que estarían en vigor según la actual propuesta a partir del 1 de enero del 2001 o bien desde el comienzo del ejercicio económico 2001/2002, serían eficaces solamente un año más tarde. 
La Comisión considera esto como un perjuicio innecesario para el sector. 
Por ello se ha presentado ahora la propuesta y espero que el Parlamento emita esta semana su dictamen y que el Consejo apruebe la propuesta antes de finalizar el año. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las a las 10 horas. 
Recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0276/2000) del Sr. Nicholson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece medidas técnicas suplementarias para la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (división CIEM VII a). 
Señora Presidenta, al comenzar a sopesar la idea de asumir la ponencia de este informe, me preguntaba si para un político de Irlanda del Norte era una sabia decisión aceptar la ponencia de un informe sobre la División VIIa del Mar de Irlanda. 
No obstante, creo que en política hay que asumir algunos de los aspectos más positivos de la vida. 
Si bien, en principio, esto pudiera parecer un cáliz envenenado, confío en que, en última instancia, el Parlamento, la Comisión y yo mismo podamos, conjuntamente, desarrollar algo que sea positivo y fructífero para los pescadores que dependen de la pesca en el Mar de Irlanda. 
El informe está diseñado para proteger a los alevines de bacalao del Mar de Irlanda. 
Hemos de dejar claro que no sólo está diseñado para proteger a los alevines de bacalao sino también para proteger a otras especies del Mar de Irlanda. 
Esto es importante. 
El resto de especies del Mar de Irlanda también se beneficiará de esta protección. 
Desde este punto de vista, lo que ha cambiado de forma radical últimamente es que existe una creciente concienciación de que esa protección es necesaria. 
Es posible que hace cinco años si se les hubiera dicho a los pescadores de esa zona que esto era necesario, su respuesta hubiera sido que no. 
Ahora la respuesta sería más positiva y se reconocería que existe un problema, que este problema ya existía. 
La cuestión fundamental se centra ahora en cómo vamos a resolver ese problema. 
Saludo la cooperación que ha habido en esta cuestión en particular entre los pescadores, sus representantes, la Comisión y los gobiernos nacionales, regionales y locales. Esto es positivo y sobre la misma hemos de avanzar. 
Debemos seguir desarrollándola y hacerla fructífera. 
Pero este diálogo no puede ser unidireccional. 
No puede ser que la Comisión le diga a los pescadores que lo sabe todo. 
La Comisión debe escuchar a los pescadores, escuchar su experiencia, prestar atención a lo que saben, incorporarlo y trabajar y colaborar con ellos. 
Este informe también necesita cambios técnicos: hasta el tamaño de la malla de las redes. 
Se trata de un informe muy técnico y requiere la cooperación de los pescadores con la Comisión y las autoridades regionales para asegurarnos de que no destruímos lo que en el pasado era considerado un puro recurso natural. 
En la División VIIa en Irlanda del Norte tres puertos dependen totalmente de la industria pesquera: Kilkeel, Ardglass y Portavogie. 
El año pasado los pescadores de la zona se vieron privados de sus derechos de pesca durante una veda de 11 semanas. Aquello fue duro. 
Pero al objeto de proteger a los alevines de bacalao y el periodo de desove, cooperaron y mantuvieron una actitud muy positiva. Creo que el año que viene también existirá esta cooperación. 
Lo que piden los pescadores de la Comisión es que ésta les responda de una forma más positiva que en el pasado. 
Hemos de encontrar la vía hacia delante. Hemos de encontrar una salida a esta situación. 
La tarea no va a ser fácil para nadie. Confío en que podemos encontrar una salida y un camino positivo hacia delante, pero sólo si todo el mundo coopera. 
He intentado presentar unas enmiendas que creo que contribuirán a ello. Espero que el Comisario sea positivo en su respuesta. 
Las medidas técnicas deberían revisarse anualmente. Esto sería de gran ayuda para los pescadores de la zona. 
Se trata de una carga que no se sobrelleva fácilmente de modo que necesitamos una revisión cada 12 meses. 
También espero que el Comisario pueda tender una mano y abordar las dificultades socioeconómicas relacionadas con las propuestas. 
Si los gobiernos regionales o nacionales presentan una propuesta, ¿responderá el Comisario positivamente e intentará encontrar una vía de progreso para apoyar a esos pescadores, para mejorar los aspectos técnicos que lo requieren y para aceptar los nuevos estándares propuestos? 
Esta es una situación muy compleja. No es fácil de resolver. 
Solicito del Comisario que responda positivamente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, voy a comenzar con una cita modificada del lírico alemán Heinrich Heine: "Cuando pienso en la pesca por la noche, se me quita el sueño". 
Se debería complementar del siguiente modo: cuando pienso en las existencias de bacalao en el Mar de Irlanda, entonces me despierto del todo. 
Hay que estar despierto o ¿sabe usted porqué desde hace muchos años el recurso más que escaso que es el bacalao ha podido alcanzar su nivel histórico más bajo? 
¿Se debe al pez, al pescador, a las condiciones medioambientales o a la sociedad? 
Necesitamos una gestión integrada de las zonas costeras, sobre la que hablaremos pronto, pues las regiones costeras de estructuras débiles necesitan una nueva autoconsciencia y sobre todo puestos de trabajo modernos. 
Pero esto sólo es posible si se solucionan por fin las cuestiones del principio del causante, de la atribución de la culpa, de las competencias y de las responsabilidades a todos los niveles. 
Tienen que aplicarse unas medidas técnicas razonables y comprobables. 
Necesitamos sanciones que obliguen y necesitamos Estados miembros que ejerzan su derecho originario de control, también bajo una carga financiera. 
Además, tiene que existir una armonía triple: la voluntad política, el pescador que piensa de modo económico y la conjunción de consumidores y empresarios en el mercado. 
Las tres fuerzas tienen que comprometerse con una idea, a saber, la idea de una explotación sostenible de una fuente de alimentos que es valiosa y que no se puede sustituir. 
Los actores son todos ellos responsables y con dinero solamente no se pueden solucionar a la larga los problemas, estimado colega Nicholson. 
Sin embargo, medidas técnicas son de ayuda para restituir el equilibrio de una Naturaleza desequilibrada y estoy pensando en el bacalao del Mar de Irlanda. 
Lamentablemente, nuestra sociedad tiende a eludir las leyes. 
Esto es posible sin más en la oscuridad de la noche del Mar de Irlanda. 
Mediante un control dirigido, unos informes y un diálogo permanente de abajo hacia arriba entre todos los afectados podremos, así lo creo, dormir de nuevo tranquilamente y yo también. 
Por ello, la Comisión de Pesca ha apoyado unánimemente el informe de nuestro combativo colega James Nicholson. 
Rogamos lo mismo al Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Señora Presidenta, señor Ponente y señor Comisario, este informe es la triste historia de un pez del que un autor ha escrito que, literlamente, ha cambiado al mundo en los últimos mil años. el comienzo de este nuevo milenio es muy diferente del comienzo del pasado. 
En todo el mundo se ha practicado una pesca desenfrenada con efectos generalizados, sin constituir el Mar de Irlanda una excepción, y los resultados han sido devastadores. 
El la radical disminución del bacalao en el Mar de Irlanda es más que evidente. 
Desde 1988 hasta 1997 las capturas de bacalao de Irlanda han disminuido de 5.821 a 1.492 toneladas. 
No hace falta recurrir a un matemático para la conservación es esencial si queremos que la pesca del bacalao siga existiendo en el Mar de Irlanda. 
Antes de que hable sobre medidas técnicas, nadie ha hablado del propio pescado. 
¿Sabían ustedes que el bacalao come cualquier cosa? 
El bacalao es un pez bastante perezoso. 
La carne blanca que tanto nos gusta comer a todos es más bien debida a su pereza que al tono muscular, aunque la ironía es que el bacalao hace las delicias del que hace dieta. 
El bacalao sólo tiene un 0,3 % de grasa y puede jactarse de un 18% de proteinas, y si se seca las proteinas ascienden al 80%. 
El abanico de delicias culinarias que ofrece el bacalao es amplísimo- y hay libros escritos sobre la materia. 
El informe destaca las medidas técnicas que pueden emplearse para preservar a los alevines de bacalao. Principalmente se ocupa de las medidas de la malla y de las redes. 
El ponente menciona las compensaciones, pero yo lo diría con cautela: las compensaciones constituyen un camino muy resbaladizo. 
Pueden suponer una solución a corto plazo para un problema de más largo plazo. 
Una pesca sostenible, en la que los pescadores y sus familias puedan subsistir con las medidas de conservación, es recíprocamente beneficiosa. 
Esto permitiría que los caladeros de bacalao se recuperaran, de suerte que volverían a garantizar una pesca sostenible. 
Asegurémonos de que en este milenio la gente pueda disfrutar del bacalao del Mar de Irlanda tanto como lo hicieron en el pasado milenio. 
Señora Presidenta, quiero agradecer al Sr. Nicholson la rapidez con que ha presentado su informe, que nos permitirá votar mañana, sobre una propuesta de la Comisión cuya aplicación es muy necesaria. 
Quiero plantear, sin embargo, una serie de dudas que me surgen respecto a las enmiendas 1 y 2, que piden que las modificaciones en las artes de pesca a que da lugar esta propuesta sean subvencionadas con cargo al IFOP. 
Si bien yo, en principio, no tengo nada en contra de las ayudas a los pescadores, sí creo que éstas deben ser otorgadas en un marco concreto y de acuerdo con criterios inequívocos, y éste es el fondo de mi pregunta: aclarar cuáles son estos criterios. 
El ponente invoca para su petición de ayuda los artículos 15 y 16 del Reglamento (CE) nº 2792/1999. 
Creo que, de todas maneras, sólo podría invocarse el apartado 2 del artículo 16, y quisiera, por tanto, que el Sr. Comisario me aclarase si las peticiones del informe quedarían recogidas en el texto de dicho artículo, porque, si se considera que las medidas contenidas en la presente propuesta son financiables al amparo del apartado 2 del artículo 16 del IFOP, ello significaría que cualquier medida de carácter técnico que supusiera una mayor restricción en la actividad pesquera lo sería también. 
Hay que recordar que, por definición, toda medida técnica tiene un componente restrictivo de la actividad. 
Creo que merece la pena dejar claro este punto, porque es evidente que toda medida técnica significa, de manera más o menos directa, una pérdida económica para los pescadores. 
Si éste es el criterio que se ha de seguir, resulta también evidente que si se subvencionan medidas como las propuestas, serían igualmente subvencionables todas aquellas derivadas de una modificación de las medidas técnicas que signifiquen un cambio respecto al uso de artes o métodos de pesca, es decir, la práctica totalidad de las reformas del Reglamento de medidas técnicas. 
Me gustaría realmente, señor Comisario, que se nos aclarase este punto, dado que del apartado 2 del artículo 16 caben todo tipo de interpretaciones. 
Me gustaría conocer la interpretación que la Comisión da al apartado 2 del artículo 16. 
Gracias, señora Presidenta, y regalo un minuto en esta noche que se está haciendo muy larga para todos. 
Señora Presidenta, felicito al Sr. Nicholson por su excelente informe. 
Ha señalado que para ser efectivos las medidad deben contar con el apoyo de los pescadores y científicos que viven en la zona. 
Esto bien pudiera constituir una vía de apertura hacia la estrategia de una gestión descentralizada de la pesca que todos hemos debatido en el contexto de la reforma de PPC. 
Cada vez se hace más evidente que los pescadores y los científicos que trabajan en una pesquería determinada se someten más fácilmente a las normas y regulaciones que ellos mismos conciben que a las impuestas por Bruselas. 
Las principales organizaciones pesqueras del Reino Unido- la Federación de Pescadores de Escocia y la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores- que entre ambas representan los intereses de 1900 buques, apoyan ambas el concepto de gestión zonal. 
A los pescadores también les preocupa seriamente que tales normas puedan ser interpretadas y aplicadas de forma diferente por los buques pesqueros de los distintos Estados miembros. 
Esta es la razón, de nuevo, por la que la gestión zonal de la pesca, que involucra a todos los pescadores que trabajan en una pesquería común, garantizaría que las normas se aplicasen justa y equitativamente. 
Este informe es muy oportuno, ya que las reservas de bacalao no sólo están disminuyendo rápidamente en el Mar de Irlanda, sino que están en marcado declive en todas las aguas del Reino Unido. 
Hace algunos años, cuando la Cámara de los Comunes elaboró en Londres un acuerdo que zanjó efectivamente la guerra del bacalao entre el Reino Unido e Islandia, a éste se le denominó "el trozo de bacalao que incitó el entendimiento". 
Esperemos que este informe marque el comienzo de la recuperación de los bancos de bacalao en el Mar de Irlanda y abra el camino hacia el futuro. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Nicholson por su excelente informe. 
Al mismo tiempo, le quiero asegurar que estoy muy dispuesto a escuchar a los pescadores, además porque dentro de dos semanas voy a estar en Irlanda y voy a mantener allí unos contactos muy intensos, conversaciones y discusiones con los pescadores locales y la totalidad del sector. 
Conocen perfectamente la propuesta. Creo que no es necesario exponerla aquí de nuevo. 
Por ello, me voy a referir a continuación a las enmiendas propuestas y, lamentablemente, tengo que decirles que veo algunos problemas en ellas. 
Respecto a las enmiendas nº 3 y 4, que se refieren a las ayudas compensatorias: aquí hay dos motivos por los que la Comisión no puede apoyar estas enmiendas. 
Primero: aquí se trata de un texto sobre medidas técnicas y un texto de este tipo no es el lugar donde al mismo tiempo se puedan recoger disposiciones sobre ayudas compensatorias. 
Segundo y este es más importante: son los Estados miembros los que de conformidad con el Reglamento 27/97 los que tienen que decidir si ofrecen o no a los pescadores por la suspensión temporal de sus actividades de pesca una ayuda compensatoria. 
Las otras dos enmiendas, la 1 y la 2 se refieren a la futura revisión del Reglamento y son problemáticas para la Comisión por los siguientes motivos: el primer motivo es que todos- la Comisión, las administraciones de los Estados miembros y también los mismos pescadores- quieren que el 1 de enero del próximo año entre en vigor el Reglamento. 
En mi opinión, se debería evitar cualquier retraso de esta entrada en vigor. 
En segundo lugar, este Reglamento se ha elaborado sobre la base de los resultados de las reuniones mantenidas con pescadores, científicos y funcionarios administrativos y tenemos previsto mantener estas reuniones también en el futuro mientras dure esta crisis del bacalao. 
Esto puede conducir a una revisión de las medidas y condiciones que se deben determinar ahora. 
Les ruego por ello que confíen en nosotros. 
En la práctica nos vamos a atener a la condición de revisión. 
Pero para que el reglamento pueda entrar en vigor lo antes posible, no puedo apoyar esta enmienda. 
Muchas gracias por su comprensión. 
Señora Presidenta, he escuchado con mucho interés al Sr. Comisario. 
Quizá pueda decirme cuándo va a visitar cualquiera de los puertos de Kilkeel, Ardglass o Portavogie. 
¿Podría responder a esta pregunta? 
Ha dicho que iba a visitar a los pescadores. 
Me complacería estar allí con él. 
Me encantaría acompañarle y hablar con los pescadores con él. 
¿Podría decirme cuándo va a visitar esos puertos? 
Señora Presidenta, he dicho que voy a ir a Irlanda- por lo demás, también a Escocia- y he dejado en manos de los correspondientes Gobiernos o responsables la elaboración del programa y también la elección de con qué pescadores debo encontrarme. 
Por ello, en estos momentos no puedo cambiarlo pero está gustosamente invitado- si así lo desea- a acompañarme. 
Señora Presidenta, no quisiera prolongar esta cuestión pero tengo la sospecha de que el Sr. Comisario no va a ir a Irlanda del Norte, sino a otros lugares de la isla de "Irlanda" que nada tienen que ver con Irlanda del Norte. 
Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido. 
Si quiere venir a Irlanda del Norte a visitar a los pescadores me complacería acompañarle. 
Pero le ruego que no me de las respuestas platónicas que me acaba de dar. 
No voy a aceptarlas. Si quiere defender esto ante los pescadores puede hacerlo, pero yo no voy a participar en ello. 
Le ruego que no se complique en ese tipo de situaciones. 
En la pesca cooperamos todos, tanto en el norte como en el sur de la isla. 
No intente convertirlo en una perspectiva política. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
Acceso desagregado al bucle local (telecomunicaciones) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0298/2000) del Sr. Clegg, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso desagregado al bucle local. 
Señor Presidente, siempre es un placer debatir a estas altas horas de la noche en un ambiente tan acogedor. 
Ciertamente, al aceptar la ponencia de algo tan opaco como la desagregación del acceso a los bucles locales no era consciente de que iba a desatar tanta controversia e iba a ser tan complejo como ha sido, ni tampoco que nuestros debates iban a culminar en estas circunstancias nocturnas. 
El reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local es una norma que completa el trabajo inconcluso realizado en el pasado, pero también constituye un importante paso hacia el futuro. 
Completa el trabajo inacabado en el pasado porque impone la competencia en el último segmento del mundo de las telecomunicaciones, que hasta ahora había escapado a las medidas europeas de liberalización. 
Al mismo tiempo, al garantizar que el acceso al bucle local- la última milla del llamado cable de cobre- queda ahora abierto a todos los nuevos operadores y ya no es el coto privado de los llamados operadores titulares, el reglamento servirá como estímulo para una oferta más variada de servicios no de voz para el consumidor. 
Reducirá los precios al consumo y estimulará la prestación de nuevos y atractivos servicios de banda ancha que situarám a España en una situación firme y dinámica, orientada hacia el futuro. 
De este modo, esto contribuirá a cumplir las promesas hechas en marzo de este año en Lisboa cuando se establecieron unos ambiciosos objetivos que, como se ha dicho, ayudarána a asegurar que la brecha que se ha abierto entre la Unión Europea y los Estados Unidos en la economía de la información sea eliminada tan pronto como sea posible. 
El procedimiento que hemos tenido que seguir para actuar lo más rápidamente posible, siguiendo las conclusiones de la Cumbre de Lisboa y la propuesta de julio de la Comisión, ha sido atípico. 
Me han hecho saber que si mañana votamos este informe y lo adoptamos como se ha votado en comisión será la norma de este tipo más rápidamente procesada por las instituciones de la Unión Europea. 
Esto sólo ha sido posible gracias a un grado de cooperación sin precedentes. 
En primer lugar, cooperación con la Comisión- y me gustaría dar las gracias al Comisario Liikanen y a todos sus excelentes funcionarios, que han trabajado en este asunto, por su asidua asistencia a lo largo de todo el proceso. 
Ciertamente nos han prestado un servicio incalculable. 
También me gustaría dar las gracias al Consejo por su cooperación, en principio derivada del mandato contenido en las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, pero también surgida de una serie de iniciativas particularmente efectivas implusadas por la Presidencia francesa en el Consejo de Ministros, y por supuesto quisiera expresar mi gratitud por la cooperación recibida en esta Asamblea. 
He tenido el privilegio y la suerte de trabajar con algunos colegas de todos los grupos que han aunado esfuerzos en la comisión para elaborar el informe que mañana procederemos a votar. 
Quisiera darles las gracias a todos por la cooperación que me han brindado. 
No ha sido fácil: en primer lugar porque el procedimiento es arduo, nuevo. 
Los que hemos trabajado en ello coincidimos en que si esto va a sentar un precedente para el futuro, quizá pudiéramos considerar la promulgación de ciertas normas que faciliten este tipo de proceso en el futuro, junto con otras normas sustantivas. 
Esta es una medida que con seguridad será dolorosa para los operadores titulares involucrados y me consta que algunos colegas han discutido con estos operadores y les agradezco mucho que me hayan transmitido sus preocupaciones y también hayan colaborado conmigo para encontrar el camino adecuado. 
Podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos culminado y que espero culminemos en la votación de mañana. 
Esto demuestra que, incluso en áreas políticas tan difíciles y controvertidas como esta, la Asamblea actúa con decisión y claridad cuando es necesario y por ello quisiera volver a dar las gracias a todos los involucrados. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero darle las gracias al ponente de este informe. 
Él ha realizado un extraordinario trabajo en el marco de este difícil proceso, y teniendo en cuenta los problemas que el procedimiento de urgencia fast-track crea tanto a nivel de calendario para la elaboración de la legislación, como a nivel del debate parlamentario, debemos sentirnos satisfechos con el compromiso que hemos conseguido. 
Desde el punto de vista del consumidor, lo más importante es que este Reglamento entre en vigor ya a principios del próximo año. 
Se trata de un asunto muy urgente, puesto que la libre competencia de precios en las redes del bucle local es una de las piedras angulares de Europa y, extensivamente, de todo el desarrollo de la sociedad de la información europea 
Estoy especialmente satisfecha por el hecho de que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión hayan sido capaces de proceder en estrecha colaboración y de abordar este asunto a través de un debate constructivo, en el que se ha dado una compenetración casi sin precedentes. 
Una vez que el Parlamento apruebe mañana este informe siguiendo el espíritu de entendimiento mutuo logrado, cosa que deseo y de la que estoy convencida, la pelota quedará en manos del Consejo. 
La libre competencia en el bucle local beneficia principalmente a los usuarios de Internet. 
Los monopolios del sector de las telecomunicaciones han venido cobrando unas tarifas de usurero. 
El consumidor europeo se ha visto obligado a pagar, en el peor de los casos, hasta diez veces más que los norteamericanos en concepto de tarifas de Internet. 
La bajada de los precios allanará el umbral para que la gente se sirva de los servicios de Internet en su vida cotidiana. 
Por ejemplo, las posibilidades ilimitadas del comercio electrónico estarán más al alcance de los europeos. 
La reducción de las tarifas en las llamadas locales beneficiará a todo el mundo, también a los interesados en participar en la aventura de los bitt y de Internet. 
Las autoridades reguladoras nacionales tienen la gran responsabilidad de velar por que los monopolios telefónicos liberalicen hasta el último cable para que las nuevas empresas del sector puedan competir. 
Es previsible que algunos monopolios intenten conservar sus ventajas competitivas por medio de todo tipo de artificios. 
Hay que atajar con mano dura estas tentativas. 
Los monopolios deben ser obligados a pagar indemnizaciones considerables si se resisten a liberalizar sus líneas. 
Sólo así podremos garantizar la implantación de la libre competencia a partir de principios del próximo año. 
En nombre de mi Grupo, deseo fervientemente que la votación de mañana sea un éxito y que la pelota quede verdaderamente en manos del Consejo, de modo que podamos aplicar el marco de la nueva legislación a prinicipos de año. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, le doy las gracias al Sr. Glegg por su excelente y brillante trabajo, a pesar de que últimamente su trayectoria haya sido algo peculiar; pero se merece las gracias de todos modos. 
Se trata de un éxito redondo e importante de la Comisión, hay que decirlo. 
Se ha marcado un récord en un sector de tan rápido desarrollo que las plusmarcas no están fuera de lugar. 
La liberalización del bucle local es la alternativa de la vía rápida que nos confirió el Tratado de Amsterdam y que ahora aprovechamos, porque, si no, perderemos diariamente mucho dinero pagando tarifas excesivamente caras y obstaculizaremos la actividad comercial. 
Nosotros, los miembros de la Comisión de Industria que nos hemos encargado de este asunto, hemos conseguido en unas cuantas semanas, bajo la dirección del ponente, negociar con la Comisión y con el Consejo esta propuesta que, con toda seguridad, será aprobada mañana sin modificaciones. 
Estoy totalmente convencido de ello. 
De hecho, hemos mantenido un debate simultáneo tanto con la Comisión y el Consejo, como con muchas otras instancias y en el propio seno de la comisión parlamentaria, y finalmente hemos obtenido un resultado del que nos sentimos orgullosos. 
Yo diría que el bucle local ha sido el mayor obstáculo en los mercados europeos de las telecomunicaciones, obstáculo que vamos a eliminar: y si no ocurre así, las autoridades nacionales podrán intervenir; y en caso de que no se establezcan las tarifas justas, se impondrán sanciones de indemnización. 
Los consumidores y las empresas han perdido millones y millones a causa del excesivo precio de las tarifas. 
Ahora los precios se abaratarán en toda Europa tanto en el marco de las llamadas telefónicas y de las rápidas conexiones de Internet, como en los servicios de multimedia. 
Se trata de la medida idónea en favor de los intereses de los consumidores y repercute en beneficio de todos. 
Las redes deben liberalizarse bajo condiciones justas e indiscriminadoras. 
Esto es muy importante. 
Por otra parte, al elaborar las modificaciones presentadas por el Parlamento, hemos prestado atención a que los propietarios o constructores de las redes no queden arruinados, sino que éstos deben obtener unos ingresos razonables y estar en condiciones también de realizar futuras inversiones en las redes y de reorganizar sus infraestructuras. 
Existen también problemas: la privacidad se ve aún más amenazada porque los operadores que sean autorizados a entrar en el bucle local de urbanizaciones y de centros urbanos podrán instalar en el mismo sus propios equipos. 
Así pues, es verdad que el tradicional secreto telefónico está quebrantándose. 
En cambio, las subastas del espectro radoieléctrico son contraproducentes para el desarrollo. 
Encarecen los precios al consumidor y han originado cierto caos en los mercados. 
Como he dicho, estas subastas aumentan los precios, y no sé qué podrá llegar a pasar con la telefonía móvil de cuarta o quinta generación. Los Estados pierden su capacidad de control. 
Ya está ocurriendo que crece el desarrollo de los oligopolios, lo cual da lugar a un reparto directo de los mercados. 
En Holanda, y hace poco en Italia, ha sucedido que en las subastas participan justo tantos pujantes como licencias hay disponibles. 
Por consiguiente, existe algún tipo de acuerdo, y esto es signo de que los mercados ya no funcionan. 
Propongo que la Comisión, ahora que disponemos ya de tantos datos al respecto, elabore un informe aclaratorio sobre las consecuencias de todo esto. 
Estamos ante un desarrollo completamente inverso al que hemos estado preparando en el contexto de esta propuesta de reglamento. 
EL) Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, en opinión del Partido Comunista de Grecia, las telecomunicaciones son un sector de importancia estratégica. 
En consecuencia, el motor de su funcionamiento no puede ser la práctica especulativa de los monopolios, sino que debe, por el contrario, proponerse como objetivo el mejor servicio para todos. 
En el marco de la política general de la Unión Europea, que abre todos los ámbitos de la actividad social al gran capital, el reglamento que examinamos hoy entrega a los monopolios el segmento tal vez más importante de la red telefónica. 
Esta infraestructura, cuyo desarrollo exigió muchos años y mucho dinero público, es ofrecida por un plato de lentejas, habida cuenta de que las compañías públicas de telecomunicaciones no obtendrán a cambio sino los costes de mantenimiento y funcionamiento. 
El argumento de que de esta manera se desarrollarán nuevos servicios no es de recibo, puesto que tales servicios pueden ser desarrollados por las compañías públicas de telecomunicaciones tan bien o mejor, y, sin duda, a más bajo precio, desde el momento en que no soportarán la carga de los beneficios abusivos. 
La Comisión Europea y el Consejo no se limitan a la entrega del bucle local al capital privado, sino que lo hacen, con notable precipitación, bajo la forma de reglamento de aplicación inmediata. 
Creo, señorías, que de este ejemplo pueden sacarse conclusiones que ilustran perfectamente a qué intereses sirve realmente la Unión Europea. 
Para empezar quisiera rendir homenaje al Sr. Clegg, quien ha trabajado muy duramente en las últimas semanas con el objetivo de asegurar que el informe final fuese equilibrado y expusiese las preocupaciones de los diferentes Grupos políticos en el seno de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energia, sobre las dificultades existentes. 
Me satisface que el texto votado en comisión tenga en cuenta dos cuestiones que me preocupaban especialmente. 
La primera era el establecimiento de precios justos y la segunda era la prestación de un servicio universal en el contexto de una posterior apertura del mercado de las telecomunicaciones a la competencia. 
Creo que es importante asegurar que los cambios tengan lugar de forma controlada, otorgar a todos los involucrados el tiempo necesario para adaptarse y garantizar los derechos de los consumidores. 
Es evidente que debemos apoyar la modernización de las infraestructuras de telecomunicación existentes de modo que podamos aprovechar la evolución de las nuevas tecnologías. 
En mi país tenemos el firme propósito de que nuestras infraestructuras de telecomunicaciones sean del más alto nivel para, de esta suerte, asegurar las nuevas inversiones en el país. 
La inversión en nuestras infraestructuras es un elemento esencial del éxito y el crecimiento continuos de la economía irlandesa, en especial, Irlanda pretende convertirse en uno de los centros mundiales de comercio electrónico. 
Al mismo tiempo, es fundamental que a los ciudadanos se les garanticen los mismos beneficios que se derivan de la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones. 
La apertura de las redes locales de cobre para introducir la competencia debe conducir a la modernización de las redes locales de todas las ciudades y, cirtamente, también de los pueblos. 
Debemos evitar que los nuevos operadores elijan a su antojo, ya que estos seguramente sólo deseen modernizar las redes de los grandes centros urbanos. 
Respecto de los precios justos, hay que permitir que el precio del acceso al bucle local refleje la reducción de costes, además de un margen para la reinversión. 
En relación con esto celebro saber que la Comisión apoya la fórmula del coste histórico para fijar los precios. 
Hemos de garantizar que los operadores de telecomunicaciones existentes puedan asegurarse una adecuada compensación financiera por abrir estos bucles locales. 
En mi opinión, las autoridades reguladoras nacionales deberían poder desempeñar un papel justo y mediador entre los operadores existentes y las nuevas redes. 
En conclusión, creo que este es un texto justo y equilibrado. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Clegg por estar dispuesto a escuchar a tantos colegas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa estableció un objetivo estratégico de fondo para la Unión Europea, esto es, el de llegar a ser "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo". 
Para que esta afirmación se convierta en realidad debe ante todo ir seguida de medidas que liberalicen los mercados, fomenten la competencia y, por ende, el acceso de nuevos operadores al suministro de servicios de telecomunicaciones y en particular de Internet. 
Considero que la Comisión y las autoridades europeas han sido siempre consecuentes con las declaraciones de Lisboa. 
Pienso, por ejemplo, en la propuesta de directiva relativa al e-commerce que, con el objetivo o con la excusa de eliminar una discriminación respecto a los productores europeos distribuidores de servicios informáticos acabará por penalizar el desarrollo del e-commerce en toda Europa. 
En lo referente a este tema, por el contrario, se está actuando con rapidez y, según parece, realmente bien. 
Creo que el ponente, Sr. Clegg, ha realizado un excelente trabajo aportando más transparencia y precisión a la propuesta de la Comisión y sentando las bases para esa rápida conclusión del procedimiento legislativo que muchos esperamos y sobre las cuales también nosotros nos vamos a expresar mañana. 
Sin embargo, quiero aprovechar esta ocasión para poner en guardia, si es posible, a la Comisión. 
Una vez aprobado este reglamento, se deberán superar otros obstáculos para la verdadera implementación y liberalización del último kilómetro en los servicios de telecomunicaciones. 
En Italia, mi país, se cumplen desde hace tiempo las condiciones para la liberalización del último kilómetro, sin embargo, a la Autoridad nacional de telecomunicaciones le cuesta llegar a la aplicación concreta, en particular a la fijación de las tarifas de acceso a la red local. 
En el caso italiano, pero también en el de otros Estados europeos, esto se debe muy probablemente al fuerte poder de los operadores preexistentes que presionan para que se demore lo más posible. 
Están en juego importantísimas rentas de situación y en Italia existen casos de conflicto de intereses entre el Estado regulador y el Estado que es propietario o que controla algunas de las más importantes empresas suministradoras de servicios de telecomunicaciones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, como ya han dicho los oradores anteriores, con el reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local estamos pisando un terreno nuevo. 
Por primera vez se aplica el procedimiento acelerado previsto en el Tratado de Amsterdam, es decir, que se suprime la segunda lectura. 
El objetivo es aprobar con rapidez el reglamento sobre el acceso desagregado para que los mercados locales de las telecomunicaciones se puedan abrir ya a finales de año a la competencia. 
Las primeras experiencias con este procedimiento han mostrado que es adecuado solamente para casos excepcionales muy limitados pero que es posible, lo que me alegra naturalmente de modo especial, en temas tan importantes como en el del acceso desagregado llevar a cabo con rapidez aquí en esta Asamblea una decisión legislativa. 
Sin Nicholas Clegg y su decidido compromiso no habría sido posible debatir con tanta rapidez el reglamento en la comisión y en el Pleno y espero que mañana lo aprobemos. 
Ha sabido unificar siempre posiciones diferentes y defender la posición del Parlamento ante el Consejo. 
Querido Nick, muchas gracias de nuevo desde este lugar por tu extraordinario trabajo. 
¿Porqué necesitamos un reglamento? 
A pesar de la liberalización total del mercado de las telecomunicaciones en Europa desde 1998, el llamado último eslabón- es decir, el bucle local- sigue de hecho en manos de las compañías existentes hasta ahora. 
El reglamento quiere que exista también la competencia en este último eslabón. 
Sólo mediante una competencia que funcione en este segmento del mercado se garantizará a la larga que se ofrezcan unos accesos rápidos y de bajo coste a Internet y a las ofertas multimedia. 
Esto no sólo cumple el sueño de cualquier usuario de Internet sino que es además una necesidad imperiosa en la era de la new economy. 
La realidad en amplias partes de Europa es actualmente aún diferente, la entrada en la red es costosa, las líneas de teléfono están ocupadas mientras se navega, navegar es caro y hay largos tiempos de espera. 
Según estudios actuales, a principios del 2000 solamente 400.000 europeos tenían acceso a los servicios de banda ancha mientras que en los EE.UU eran ya 3 millones. 
La Comisión Europea se ha decidido por ello con razón a intervenir aportando ayuda. 
Desde mi punto de vista, políticamente no hay otra alternativa que la de apoyar el reglamento en su redacción actual y abrir de este modo el último bottleneck. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar a Nicholas Clegg por su intenso trabajo. 
Por exponer un ejemplo: sus ofertas de compromiso me llegaron cuando estaba en camino por la autopista. 
Naturalmente, me he detenido tal como es obligatorio y he seguido discutiendo con él. 
Esto muestra cómo hemos trabajado. 
Creo que es ejemplar. 
Estamos gustosamente dispuestos a seguir haciéndolo en el futuro, si bien de vez en cuando podríamos tomarnos un poco más de tiempo para debatir más intensamente sobre algún que otro punto. 
Teníamos un objetivo político, impulsar de modo decisivo la competencia y de este modo allanar el camino hacia la sociedad de la información. 
Este reglamento va a fortalecer la competencia de modo decisivo en la red local y de este modo, por ejemplo, los servicios de Internet podrán lograr un mejor acceso al mercado de masas. 
La iniciativa va a contribuir a la postre también al fomento de la sociedad de la información. 
Pero un acceso más rápido y económico a Internet no vale nada sin contenidos. 
La sociedad de la información tiene que realizarse sobre todo mediante la inversión en personas y en sus aptitudes. 
Un punto importante: el reglamento regula en el sentido de la liberalización originaria para las telecomunicaciones, es decir asimétricamente. 
Esto se ha acreditado sin duda para entrar en la competencia. 
Pero en el futuro, este reglamento deberá sustituirse y deberemos pasar a regular jurídicamente la competencia. 
En este sentido, la enmienda 13 es especialmente importante y el nuevo considerando 10a subraya de nuevo que en un tiempo no demasiado largo esto será sustituido por un nuevo marco jurídico. 
Al menos la misma importancia tiene que el Consejo no retrase el llamado paquete de las telecomunicaciones. 
Confío en que lo apruebe con rapidez y que prosigamos los debates sobre el resto del paquete con rapidez y seriedad. 
Espero que el Consejo no nos deje aquí en la estacada y que a algún que otro Estado miembro no le surjan aún objeciones. 
Nuestro trabajo debería ser ejemplar al respecto. 
Nos hemos puesto de acuerdo con rapidez y bien y espero que el Consejo también lo haga. 
El Sr. Clegg ha dicho en su intervención que este trabajo era controvertido y complejo y por ello creo que hicimos lo correcto al nombrarle a él ponente. 
Se ha mantenido imperturbable de principio a fin y, en nombre de la Asamblea, quisera dejar constancia de que mientras desagregaba con éxito el bucle local, también estaba agregando con éxito su propio bucle al contraer matrimonio. 
Estoy seguro de que todos nosotros le felicitamos por ello. 
No sorprenderá a nadie en esta Asamblea saber que, como representante del Partido Conservador Británico- y fue el Gobierno conservador el que privatizó British Telecom hace más de 17 años, probablemente la primera de las privatizaciones a gran escala en el sector de las telecomunicaciones de Europa- saludo esta nueva medida para desregular y abrir el mercado. 
Al promover esto ha sido de gran importancia para la Comisión establecer las bases mediante el paquete para las telecomunicaciones que estamos considerando ahora y al respecto admiramos su ambición y su celo al hacerlo. 
Mi único comentario, al contemplar la ligeramente libre redacción de los plazos- por ejemplo, que los operadores notificados deben tener desde el 31 de diciembre una cantidad de peticiones de los beneficiarios razonable- se centra en solicitar del Comisario que nos asegure que va a ser muy estricto en el seguimiento de esto, porque no tendría sentido que insistiésemos aquí en esta cuestión si luego en los Estados miembros, dónde también debe observarse, no hay más que una aplicación libre e indisciplinada. 
¿Me permiten decir que esta es una admirable iniciativa surgida de la Cumbre de Lisboa, pero que otros muchos elementos esenciales relativos al progreso de la nueva economía también se mencionaron en Lisboa? 
¿Quién va a usar toda esta capacidad desregulada a bajo coste? 
Queremos que los nuevos empresarios, las nuevas compañías de Internet entren en el mercado. 
Le recuerdo al Comisario que otro de los aspectos esesnciales citados en Lisboa fue la creación de nuevas condiciones para atraer nuevos inversores. 
Permítanme animarle a que con este nuevo espíritu de aventura que estamos contemplando- y esa no es una palabra que asociemos siempre a la Comisión- siga avanzando con celo y vigor para realizar, con la misma efectividad, esos otros aspectos de Lisboa. 
Permítanme comenzar por felicitar al Sr. Clegg por la rapidez y calidad de su trabajo y también por darle la bienvenida al más bien exclusivo grupo de diputados que tan amenudo se reune a altas horas de la noche para debatir cuestiones de de telecomunicaciones. 
De hecho, el predecesor del Comisario Liikanen, el Comisario Bangemann nos describió en una ocasión como "nosotros los pocos, nosotros los felices pocos, nosotros los hermanos". 
Se olvidó un poco de las hermanas pero creo que se percibe el significado de su cita shakespeariana. 
Quisiera hacer algún comentario sobre el instrumento jurídico- el reglamento- porque es excepcional e histórico y porque hay razones muy especiales: razones que se refieren a la rapidez- periodo post-Lisboa- y razones relativas a la solidez técnica que creo todos apreciamos y entendemos. 
El Parlamento tiene que estar dispuesto a considerar nuevas formas de trabajar, imaginativas y, como dice el Sr. Harbour, aventureras. 
Pero hemos de dejar claro cuándo son apropiadas tales medidas y es prácticamente seguro que otros elementos de este último paquete para las telecomunicaciones requerirán más tiempo y discurriran por vías má tradicionales. 
También quisiera comentar un aspecto muy importante de la propuesta del Sr. Clegg que se refiere a los poderes de los reguladores nacionales y al poder de iniciativa que creo constituyen eelementos relevantes de la rápida y coherente aplicación y ejecución de este reglamento. 
Otros han mencionado la Cumbre de Lisboa y es desde luego legítimo destacar que esta legislación es el resultado del compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea a apoyar el crecimiento y el empleo de Internet en Europa en el marco del plan de acción e-Europa. 
Mucho de lo que ha pasado no hubiera sido posible sin esta promesa de facilitar un acceso asequible y de alta velocidad a Internet y nos consta la importancia de la desagregación para el éxito del plan e-Europa. 
También es cierto que los esfuerzos conjuntos de la Comisión, el Parlamento y el Consejo han dado lugar a esta legislación que forma parte de un esfuerzo general por modernizar el derecho de las telecomunicaciones. 
Este esfuerzo aportará apertura, transparencia y competencia a la industria a la vez que equilibra la necesidad de regulación y el deseo de liberalizacion. 
Aun hemos de legislar más asuntos y hemos de aprender las lecciones derivadas de tantas normas en las que nos hemos involucrado conjuntamente a lo largo de tantos años en el pasado. 
Hemos intentado mirar atrás y extrapolar conclusiones de lo realizado antes de mirar hacia delante e intentar vislumbrar varias veces lo que nos esperaba en el futuro. 
Hemos cometido errores en este mercado tan volátil y cambiante pero quisiera concluir diciendo qiue si Europa quiere ser competitiva, si quiere permanecer en este sector, si quiere hacer llegar a los ciudadanos de la Unión Europea los beneficos reales de la e-Europa, si quiere seguir a la cabeza de la tercera generación de móviles- si me permiten dar un salto hacia delante- a la par que los Estados Unidos, serán necesarios todos nuestros esfuerzos combinados para asegurar que todo el paquete de medidas llega a realizarsen efectivamente. 
Señora Presidenta, la desagregación del bucle local persigue el aumento del nivel de competencia, ofreciendo precios más reducidos para el consumidor y un acceso más fácil y barato a Internet, fomentando la innovación tecnológica en el área de acceso local. 
Saludo este desarrollo prometido. 
Pero, tal y como ha mencionado el ponente, a muchos de nosotros no han hecho llegar las preocupaciones de los proveedores locales de telecomunicaciones. 
El proveedor de telecomunicaciones irlandés, Eirecom, sostiene que se debería otorgar un plazo razonable para ejecutar los cambios y que el plazo del 31 de diciembre es prácticamente inalcanzable. 
Además, el cobro por el acceso desagregado al bucle local debería ser justo y adecuado para asegurar el desarrollo a largo plazo y la modernización de la infraestructura local de acceso. 
Invertir en zonas poco pobladas y menos desarrolladas no es financieramente viable y no es probable que atraiga a los nuevos operadores. 
Si combinamos este posible escenario con otras medidas que afectan adversamente a las zonas rurales, tales como la liberalización de los servicios postales, que amenaza la supervivencia de las pequeñas oficinas postales rurales, y el reciente cierre de muchos pequeños bancos rurales, ¿cómo afectará la posible reducción de la inversión a largo plazo y de la modernización de la infraestructura local de acceso en regiones rurales desfavorecidas? 
Mi sincero deseo es que ninguna de estas procupaciones se haga realidad y que en el futuro evitemos el riesgo de limitar el debate parlamentario acelerando los procedimientos de asuntos que en última instancia tendrán un gran impacto en aquellos que son más vulnerables. 
Señora Comisaria, Señora Presidenta, Señorías, detrás del nombre un tanto incorrecto del proyecto de Reglamento que debatimos esta tarde, acceso desagregado al bucle local, una expresión además totalmente hermética para cualquier ciudadano medio, hay una decisión simple y grave a la vez de apertura a la competencia de la red local de telefonía fija y de los servicios de telecomunicación de datos. 
Para algunos, aquí y allí, y lo hemos oído esta tarde, la supresión de la última barrera del monopolio público sólo puede hacer bajar automáticamente los precios de las comunicaciones locales y, por tanto, esto no puede ser más que positivo para los consumidores. 
Para otros, entre los que me encuentro, esto está lejos de ser tan evidente y sobre todo tan automático. 
Si una competencia desenfrenada hiciera siempre bajar los precios constantemente y beneficiara siempre a los consumidores, en todas partes y para todos, esto se sabría desde hace tiempo. 
Además, el ejemplo de la telefonía móvil, que está totalmente abierta a la competencia, nos demuestra lo contrario. 
Los precios reales de las comunicaciones por móviles siguen siendo elevados y sobre todo la transparencia de los costes y de los precios está muy lejos de estar garantizada. 
Entre la publicidad y la realidad, no hay más que una zanja, pero es un cañón. 
Muchos son los ciudadanos que diariamente son víctimas de ello y que no saben cómo pagar su factura, si no denunciando el robo de su móvil. 
En resumen, apruebo la liberalización, pero, también en este campo, es necesario elaborar muy rápidamente unas reglas simples, claras y obligatorias para definir la extensión, acompañar la evolución y determinar la financiación del servicio universal. 
Nuestro ponente y colega, Nicholas Clegg, sin duda ha trabajado mucho y le felicito por ello. 
Incluso ha estado abierto a la discusión con sus colegas y le doy las gracias por ello. 
Pero es muy liberal y, por tanto, lógicamente, ha rechazado todo lo que podía ir en el sentido de un verdadero servicio universal. 
Además, tiene más miedo a los monopolios públicos que a los monopolios privados. 
Espero, por tanto, que el proyecto de directiva "Servicio universal", para el que fui nombrado ponente en julio pasado por cuenta de la Comisión de Industria, y que debería recuperar ahora a pesar de la tentativa de la Comisión Jurídica, nos permitirá rectificar un poco el tiro. 
El Sr. Clegg ha especificado de forma correcta, técnicamente, la propuesta de la Comisión sobre el acceso desagregado, y lo ha hecho muy seriamente. 
Pero lamento tener que decir que, en mi opinión, no ha respondido suficientemente al riesgo que corren, a la larga, los más débiles y los más frágiles en un sistema desregularizado, y al riesgo de los monopolios privados. 
Lo repito una vez más esta noche, para mí, el servicio público no debería ser la escoria del mercado. 
Debe ser, puede ser un objetivo en sí mismo y para nosotros, europeos, un valor y una baza para un desarrollo equilibrado y duradero. 
En resumen, Señora Presidenta, al estar las tres instituciones europeas de acuerdo en esta liberalización, yo no voy a ser más papista que el papa y, por tanto, mañana votaré a favor. 
Señora Presidenta, señor Comisario, ante mí ven la documentación sobre la que votaremos esta semana. 
Creo que el informe más importante es el informe Clegg. Ha mostrado muy sencillamente que se puede decidir de modo inconvencional y rápido. 
Creo que esto es lo que nos debería servir en la legislación europea como ejemplo, es decir, en caso de producirse nuevos acontecimientos, adoptar las decisiones correctas con rapidez y sin complicaciones. 
Deseo felicitarle porque ha logrado unificar todas las posiciones y también quiero agradecer a la Comisión por cumplir con eficiencia y competencia el encargo del Consejo de avanzar en este campo con rapidez. 
Creo que estamos dando para los ciudadanos europeos realmente unos pasos de futuro. 
El ciudadano europeo notará en su monedero, en la calidad de los servicios, y también en el mercado laboral que Europa está lista para competir internacionalmente gracias a esto pasos. 
Sabemos que con la UMTS llega a nosotros un nuevo servicio. 
El medio ambiente y el sector de las telecomunicaciones van a desempeñar en el futuro un papel muy importante para la competitividad internacional. 
Por ello, considero que es importante desarrollar unas condiciones marco honestas. 
Esta directiva muestra precisamente que se ha tenido esto último muy en cuenta y es un proceso ejemplar sobre cómo se debería legislar, con un rewiew, con un examen a fondo y ordenado, escuchando a todos los afectados y, finalmente, con un proceso bueno, eficiente, rápido y preciso en el Parlamento Europeo. 
Quiero expresarles de nuevo mi agradecimiento. 
Señora Presidenta, me parece que esta vez me ha tocado a mí dar la voz de alarma. 
En esta Asamblea no suelo adoptar posiciones basadas únicamente en consideraciones de orden nacional pero me parece que estamos intentando promulgar un reglamento inflexible y que no tiene en cuenta la posición del mercado en Irlanda. 
Esta propuesta obligará a Eirecom, una compañia privada limitada, antiguo monopolio estatal, a abrir su bucle local a otros proveedores y no va a obligar a otros proveedores ya establecidos en el mercado tales como la televisión por cable, operadores del bucle local por satélite o inalámbricos, a hacer lo mismo. 
Quedan excluídos del alcance de este reglamento. 
Las compañías de televisión por cable de Irlanda ya poseen la red y están actualmente mejorando su red para ofrecer servicios de telefonía, Internet y otros servicios interactivos. 
En muchos casos operan en extensas zonas de explotación exclusiva. 
En el caso de Irlanda los índices de penetración de estas compañías en las ciudades más grandes ronda el 90% excediendo con mucho el de Eirecom PLC. 
Es incomprensible y completamente inaceptable que la propuesta no abarque estas compañías de televisión por cable. 
Además, para los operadores de redes fijas tales como Eirecom será imposible competir con estas compañias que proveen servicios agregados a los consumidores, que amenudo incluyen el acceso a Internet y llamadas locales gratuitas como parte de su oferta agregada de servicios estándar. 
Evidentemente, donde coexisten una red alternativa y una red de cobre o se desagregan ambas o ninguna. 
Esto guardaría coherencia con la justificación mencionada por la Comisión para acometer la desagregación. 
El reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local es, por su propia naturaleza, inherentemente defectuoso. 
En mi opinión, la peor de las leyes es, en la mayoría de los casos, la ley mal hecha, y este es el caso de este reglamento. 
. (EN) Las sesiones nocturnas no son siempre las más placenteras en el Parlamento Europeo pero esta noche he de decir que ha sido extremadamente satisfactoria y ha constituido un debate positivo. 
Comparto la opinión de aquellos que piensan que esta cuestión tiene una dimansión histórica. 
Histórica por dos razones. 
En primer lugar, vamos a completar la larga marcha hacia la liberalización de las telecomunicaciones. 
Esto también sirve al interés del servicio universal. 
Cuando aumentamos la competencia en las redes, ésta reducirá los precios, mejorará la calidad y hará más asequibles los servicios. Contribuirá a crear una sociedad de la información inclusiva. 
En segundo lugar, es histórica en el sentido de que hemos dado respuesta a una pregunta que se nos plantea amenudo. ¿Es Europa demasiado lenta para actuar? 
¿Somos capaces de aprovechar la oportunidad de la tecnología de la información? 
En torno a estas preguntas se arrojan muchas sospechas. 
¿Podrán las instituciones comunitarias hacerlo? 
Si el Parlamento acepta mañana el informe Clegg demostraremos que podemos. 
Tendremos la oportunidad de demostrar que podemos actuar a la velocidad de Internet. 
Tendremos una prueba concreta que aumentará enormemente la credibilidad de la Unión Europea, especialmente a los ojos de las generaciones más jóvenes que viven en la era de Internet. 
Nada de esto sería posible sin una excelente cooperación entre las instituciones. 
Quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Clegg, por el excelente trabajo que ha realizado, y también a toda la comisión. 
No hubiera sido posible sin un profundo conocimiento de la cuestión. 
Tampoco hubiera sido posible sino la férrea voluntad de negociar con muchas partes. 
También le doy las gracias a la Presidencia del Consejo, que se ha mostrado muy firme y determinada a sacar adelante este asunto. 
En muchos Estados miembros se ha taratdo de un asunto delicado y complejo. 
El Sr. Gallagher y el Sr. Haarder han planteado varias cuestiones al respecto. 
La liberalización del mercado de telecomunicaciones para abaratar los precios y mejorar la calidad del servicio constituye ciertamente una parte esencial del plan de acción e-Europa. 
Al mismo tiempo hemos de recordar que ésta es sólo una cara de la moneda. 
En la otra cara necesitamos personas con la capacidad y la cualificación para hacer uso de esos servicios. 
De modo que tenemos que seguir invirtiendo en la educación de la gente, tanto de los jóvenes como de los mayores. 
En lo que respecta a la aplicación de este reglamento, en el día de ayer se reunieron los reguladores nacionales con funcionarios de la Comisión. 
Acordaron intentar acelerar la aplicación de este reglamento y hacerlo de la forma más armonizada posible para tener un sólido mercado europeo en este sector. 
Además, la Comisión puede saludar prácticamente todo el contenido de este informe. 
El informe respalda los objetivos y las medidas preliminares incluídas en la propuesta de la Comisión. 
Tan sólo quisiera mencionar tres de ellas. 
En primer lugar, el objetivo es imponer a los operadores que no puedan definirse por tener un importante poder de mercado en la provisión de redes de telefonía fija a proporcionar el acceso desagregado al bucle metálico local a partir del 31 de diciembre de 2000 bajo condiciones transparentes, no discriminatorias y orientadas a los costes. 
En segundo lugar, para garantizar la transparencia de otros operadores hemos de publicar una oferta de referencia para las condiciones de acceso al bucle local e instalaciones asociadas, tales como la localización conjunta, incluyendo la fijación de precios, bajo el escrutinio de la autoridad reguladora nacional, con el fin de asegurar la equidad. 
En este punto me gustaría decir que las autoridades reguladoras nacionales han mostrado su deseo de cooperar para hacer esto efectivo en todas partes. 
Finalmente, los reglamentos para desagregar el bucle local posibilitarán a todos los nuevos operadores todas las modalidades de acceso allí donde sean técnicamente posibles, la desagrgación total y el acceso compartido a los bucles globales y los sub-bucles. 
Esto maximiza la innovación tecnológica, la competencia y las opciones de los consumidores. 
La Comisión acepta en toda su extensión las 18 enmiendas al informe Clegg. 
Mejoran la propuesta de la Comisión, proporcionando unas definiciones técnicas más precisas y unos requisitos más específicos para los operadores nacionales y las autoridades reguladoreas nacionales. 
Las enmiendas son constructivas y garantizarán que el reglamento sea completamente operativo. 
Por tanto garantizan que la desagregación se ejecuta rápida y efectivamente a partir del 31 de diciembre de 2000. 
La Comisión también confía en que el Consejo apruebe el texto con las enmiendas del informe y que, esperemos sea aprobado mañana por el Parlamento. 
Entonces el Consejo estará en disposición de completar el proceso de codecisión en una lectura. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23,45 horas) 
Declaración de la Presidenta 
Señora Presidenta, mi intervención se refiere a la situación en Costa de Marfil. 
Esta semana no hay debate sobre problemas de actualidad y urgencia. 
Ayer, el pueblo de Costa de Marfil, una vez más, después de Serbia, dio un ejemplo de compromiso y de lucha por la democracia oponiéndose a un golpe de Estado militar y a unas elecciones amañadas. 
Creo que su señoría debería enviar al Sr. Laurent Gbagbo, ganador de las elecciones, un mensaje de solidaridad y de apoyo del Parlamento Europeo. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, en cuanto a la observación del Sr. Wynn sobre el número de enmiendas que mi comisión debería o no debería haber presentado, es justo señalar que esto forma parte del proceso democrático y si no estamos aquí para debatir y plantear cuestiones, entonces ¿para qué estamos aquí? 
Señora Presidenta, no hemos recibido aún una respuesta a la pregunta de si la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural está dispuesta a retirar sus enmiendas. 
Me interesaría saber algo al respecto, dado que este constituye el mayor problema. 
Con sólo aceptar una enmienda- usted ya lo sabe, y los colegas también, pues lo he dicho más de una vez- habremos infringido, por así decirlo, el Acuerdo Institucional, en cuanto que habremos superado el margen de pagos. 
¿Quiere usted preguntar de nuevo a algún miembro de la Comisión de Agricultura? 
Señora Presidenta, comprendo las objeciones formuladas por la ponente, pero en virtud de las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Agrario no sólo se votará sobre cuestiones de dinero, sino que se votará también sobre una orientación determinada de la cuestión. 
De este modo se pondrá de manifiesto qué quiere la Comisión de Agricultura, y nosotros no creemos estar desgraciadamente en condiciones de retirar estas enmiendas, sino que pasaremos a votarlas todas y entonces veremos qué hace este Parlamento con ellas. 
Los miembros de la Comisión de Agricultura estimamos que su contenido es razonable y por tanto no podemos retirar las enmiendas. 
Creo estar hablando también en nombre de los otros coordinadores. 
La respuesta es clara. 
Señora Presidenta, al igual que en los ejercicios y procedimientos presupuestarios anteriores, debemos acordar previamente la introducción de algunas adaptaciones técnicas. 
Hasta el último momento se han mantenido negociaciones con todos los Grupos, y en mi condición de ponente quiero exponer algunas modificaciones técnicas relativas a cinco asuntos concretos. 
En primer lugar se trata de la línea presupuestaria B3-300, las medidas de información. 
A este respecto los Grupos han acordado consignar un 50% en la línea presupuestaria y dejar el otro 50% en la reserva, para así no consignar todo en la reserva, como se había acordado hasta ahora. 
Lo mismo cabe decir sobre la línea B3-306, relativa al programa de información PRINCE. 
También queremos consignar un 50% de los créditos en la línea presupuestaria y otro 50% en la reserva. 
Con respecto a la línea B5-312- la Agencia de Medicamentos de Londres- queremos consignar 1,3 millones más a favor de esta Agencia, dado que hemos comprendido que la Agencia debe afrontar una tarea mayor con las orphan drugs. 
Es decir: Agencia de Medicamentos más 1,3 millones. 
La cuarta línea se refiere a la denominada performance reserve. 
Después de llegar a un acuerdo en la Comisión de Presupuestos sobre la performance reserve, hemos consignado en esta reserva dos líneas en las que ya no figuraban más créditos, sino solamente una nota p.m. Se trata de las líneas B7-5211 y B7-547. 
Se refieren a la cooperación con la región del Mar Báltico y a la Administración Civil de los Balcanes. 
La última línea comprendida en este paquete de transacciones de los Grupos es la A-3027. Trata del Centro Internacional para la Formación Europea. 
Todos los créditos deben consignarse en la línea, es decir, no deben constituirse más reservas, y al mismo tiempo deben incrementarse los créditos en 300.000 euros, hasta llegar a 1,8 millones. 
Estos han sido los ajustes técnicos. Dicho esto fue acordado con los Grupos, y por ello le pido que lo coloque antes de la votación sobre el presupuesto, para que así podamos pasar a la votación con el paquete. 
Señora Presidenta, queridos colegas, en los presupuestos administrativos el asunto es algo más sencillo, pero también es posible que tengamos que efectuar ajustes técnicos en una línea presupuestaria; dependerá de lo que el Parlamento acuerde a este respecto. 
Quiero pedirles su apoyo para que introduzcamos los ajustes necesarios en la línea A-206, relativa a la adquisición de inmuebles, dependiendo de qué enmiendas se aprueben, con el objeto de que no traspasemos nuestro propio límite del 20% de la totalidad de los gastos de administración. 
En mi opinión, es éste un uso ya establecido en el Parlamento, y me alegraría que recibiera su apoyo. 
He recibido una propuesta de rechazo global del presupuesto para el ejercicio 2001, depositada por el Sr. Wurtz. 
Señora Presidenta, se conoce el resultado de la votación que va a tener lugar, pero quisiéramos señalar una fecha. 
El problema de fondo que aborda nuestra resolución va a acompañarnos durante todo el procedimiento presupuestario y más allá. 
Por lo tanto, si sus temores se justifican, espero simplemente, sea cual sea la votación de hoy, que todos los colegas que comparten nuestra ambición europea se encuentren con nosotros en el puente. 
Voy a someter a votación la propuesta de rechazo global del proyecto de presupuesto general, para la que se requiere, se lo recuerdo, una mayoría cualificada. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) -Antes de la votación de la propuesta de modificación 19 
Se trata de una enmienda del Grupo Liberal con el objeto de aumentar las ayudas destinadas al sector del tabaco en 5 millones de euros. 
Constato aquí que existen propuestas para reducir el presupuesto. 
La pregunta es cómo se relaciona lo uno con lo otro, pero además, no entiendo en absoluto que los liberales propongan este aumento en el bloque 1 y, a continuación, en el caso de la enmienda 6, 4, 9, algunos diputados de ese mismo grupo de liberales propongan rechazar todo el presupuesto. 
O se trata de una forma de hacer política liberal, de manera que la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha; o no hay coordinación. 
No podemos votar ahora a favor de un aumento y después a favor de una reducción. 
A decir verdad, considero que se trata de un engaño a los electores. 
Se trata de comentarios que ya no han lugar. 
Antes de la votación de la propuesta de modificación 929 
Señora Presidenta, es posible que el Sr. Maat quisiera decir lo mismo que yo, pues los dos hemos mantenido una conversación esta mañana. 
La enmienda 929 de la Comisión de Presupuestos se refiere a dos líneas de la rúbrica 1b. 
Ésta hace referencia a los jóvenes agricultores y a las medidas medioambientales. 
Quiero presentar ahora una enmienda oral, en el sentido de que introduzcamos una modificación en esta línea. 
Demos a los jóvenes agricultores 10 millones más y suprimamos otros tantos de las medidas medioambientales. 
Esta operación no tiene ninguna incidencia en el presupuesto, pero hemos accedido a los deseos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señora Presidenta, tan sólo puedo decirle que la Comisión de Agricultura respalda plenamente la propuesta del ponente. 
Por lo tanto nos han sometido una petición de presentación de enmienda oral. 
¿Quién se opone a que se considere esta enmienda? 
(Al levantarse más de 12 diputados, la Presidenta declara inadmisible la enmienda propuesta). 
Señora Presidenta, desgraciadamente, tenemos que votar la enmienda de la Comisión de Presupuestos tal como lo teníamos en la Comisión de Presupuestos. 
Todos ustedes saben que por desgracia no hay margen alguno, y aun menos en la rúbrica 1b. 
En ésta el margen es cero. 
Informe (A5-0300/2000) de la Sra. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001- Sección III, Comisión (C5-0300/2000- 1999/2190 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) Informe (A5-0292/2000) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001 
Sección I, Parlamento europeo 
Sección II, Consejo 
Sección IV, Tribunal de justicia 
Sección V, Tribunal de Cuentas 
Sección VI, Comité Económico y Social 
Sección VII, Comité de Regiones 
Sección VIII, Defensor del Pueblo Europeo 
(C5-0300/2000- 1999/2191 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) Enmienda 3: 
Señora Presidenta, sobre la siguiente enmienda presentada por el Grupo EDD, me pregunto si usted podría ofrecernos alguna aclaración, porque mi interpretación es que si votamos a favor de esta enmienda, ello significará que el coste de nuestros gastos de viaje será reembolsado, y si votamos en contra de ella, significará que se mantendrán las dietas actuales. 
Sólo quisiera comprobar si efectivamente es así, porque eso podría cambiar el modo en que la gente va a votar. 
Estimado colega, todos nuestros colegas saben leer. 
Señora Presidenta, es la quincuagésima vez que mi compañero, Jens-Peter Bonde, presenta esta propuesta. 
¿No podríamos proporcionarle un programa para su ordenador de modo que no necesitara escribirla él mismo cada vez? 
Le facilitaría el trabajo. 
(El Parlamento aprueba la resolución) Informe (A5-0251/2000) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto operativo de la CECA para 2001 (COM (2000 360- C5-0340/2000- 2000/2060 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) Informe (A5-0236/2000) del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el Acuerdo interinstitucional sobre las fichas financieras 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicito a todos nuestros ponentes. 
También felicito a los presidentes de comisión y a todos aquellos que han contribuido activamente para obtener este excelente resultado. 
Señora Presidenta, mi nombre aparece como firmante de varias enmiendas a este informe. 
Me gustaría asegurar a la Cámara que no he firmado enmienda alguna. 
No me he unido a la delegación italiana en esta ocasión. 
Se corregirá, señora, y les propongo que ahora pasemos a la votación. 
Antes de la votación de la enmienda 60 
Señora Presidenta, en la enmienda 60 se ha cometido un pequeño error de cálculo que habría que corregir y que afecta a los umbrales de peras de los Países Bajos: en vez de 243 toneladas deberían figurar 279. 
Simplemente le propongo esta pequeña corrección, si nadie se opone. 
(El Parlamento aprueba la consideración de la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0276/2000) del Sr. Nicholson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que instaura medidas técnicas adicionales para reconstituir las reservas de bacalao en el mar de Irlanda (división CIEM VII a) (COM (2000) 0190- C5-0219/2000- 2000/0071 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0284/2000) del Sr. Cushnahan, en nombre de la Comisión de Asuntos Extranjeros, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de defensa, sobre el primer y segundo informe anual de la Comisión europea sobre la Región administrativa especial de Hong Kong (COM (1998) 0796- C4-0100/1999 y COM (2000) 0294- C5-0500/2000- 1999/2000 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0296/2000) del Sr. Van Hecke, en nombre de la Comisión de Asuntos Extranjeros, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo relativo a la cooperación con los Estados ACP implicados en conflictos armados (COM (1999) 0240- C5-0115/1999- 1999/2118 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0804/2000) de los diputados Gawronski y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (demócratas-cristianos) y de los de los Demócratas Europeos, Sakellariou y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, Malmström y Haarder, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformadores, Frassoni y Wuori, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Di Lello Finuoli, Boudjenah y Manisco, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la ejecución de las líneas presupuestarias del capítulo "Democracia y Derechos Humanos" relativas a las campañas a favor de una moratoria sobre la pena de muerte 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0270/2000) del Sr. Moreira Da Silva, en nombre de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Política de Consumidores, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a las políticas y medidas propuestas por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero: hacia un programa europeo sobre el cambio climático (PECC) (COM (2000) 0088- C5-0192/2000- 2000/2103 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0271/2000) del Sr. Moreira Da Silva, en nombre de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Política de Consumidores, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre el establecimiento en la Unión Europea de un sistema de intercambio de derechos de emisión de gases con efecto invernadero (COM (2000) 0087- C5-0193/2000- 2000/2104 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0803/2000) de la Sra C. F. Jackson, en nombre de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Política de Consumidores, sobre la estrategia de la Comisión en vista de la Conferencia de La Haya sobre el cambio climático (CdP6) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre las inundaciones en Italia y España 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0197/2000) del Sr. Lund, en nombre de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Política de Consumidores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia comunitaria relativa a los perturbadores endocrinos- una serie de sustancias sospechosas de influir en el sistema hormonal de hombres y animales (COM (1999) 0706- C5-0107/2000- 2000/2071 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Presupuesto 2001 
Señora Presidenta, muy a pesar mío he tenido que votar en contra del presupuesto porque encuentro absolutamente insuficiente, mejor dicho, inexistente cualquier partida tendente a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y de los pensionistas. 
He comprobado asimismo que muchos de estos fondos se destinan a los famosos programas de acción comunitaria. 
Creo que dichos programas no cumplen la útil función que deberían cumplir a la hora de utilizar los fondos comunitarios. 
Considero que la Unión Europea debe modificar totalmente su manera de gastar el dinero de los quince Estados miembros de la Unión. 
(FR) Si el Parlamento Europeo fuese un Parlamento, y si Europa fuese algo más que una zona monetaria de libre cambio, el presupuesto representaría más de un 1% del P.I.B. Un presupuesto así se encargaría de armonizar los sistemas de protección social, de instaurar políticas públicas coordinadas en materia de energía y transportes, se alimentaría gracias a una fiscalidad unificada sobre el capital. 
Pero no debemos soñar: la Europa de hoy en día está dominada por el dogma neoliberal que quiere reducir al mínimo estricto las ayudas públicas y los Fondos estructurales. 
Más que controlar los movimientos erráticos de capital, la prioridad se da a las "reformas estructurales" que pretenden en realidad privatizar y desregular lo que aún puede serlo. 
La auténtica sorpresa de este presupuesto se refiere a las acciones exteriores donde domina el egoísmo y la mezquindad. 
Europa tiene una especial responsabilidad con respecto a los Balcanes y al sur del Mediterráneo. 
Unas aportaciones relativamente escasas para los países más ricos podrían tener un papel estratégico para la paz y el desarrollo de estas regiones, pero se prefiere realizar recortes significativos que parecen ser una peligrosa política del avestruz. 
Por este motivo votamos a favor la moción de rechazo de este presupuesto y contra las orientaciones propuestas. 
- (SV) En la votación de los presupuestos hemos votado, en general, en contra de la propuesta de la comisión que aumenta los gastos agrícolas de la categoría 1. 
Opinamos que los recursos de la Unión puede usarse mejor en otros sectores, donde realmente se necesitan. 
No es razonable que aproximadamente la mitad del presupuesto total de la Unión se destine todos los años a subvencionar la producción y exportación de productos agrícolas. 
La política agrícola comunitaria actual no sólo es cara para la Unión sino que también contribuye a subir los precios a los consumidores. 
Las ayudas a las exportaciones hacen que se inunde el mercado mundial con los excedentes de alimentos de la Unión, lo que conlleva graves desventajas para la industria alimentaria en muchos países en desarrollo. 
Además, resulta especialmente sorprendente que la Unión subvencione los cultivos de tabaco. 
La actividad y los presupuestos de la Unión deberían centrarse en problemas que sobrepasan las fronteras de los Estados miembros y que ellos no son capaces de resolver por sí mismos. 
Hay que abolir la política agrícola comunitaria basada en ayudas a la exportación y a la producción y debe sustituirse, en parte, por el apoyo a la biodiversidad y a las medidas medioambientales. 
En cuanto a las medidas externas de la categoría 4, hemos optado por votar de acuerdo con criterios que no impliquen una revisión del panorama financiero. 
A nuestro juicio, una de las más importantes prioridades de la UE debe ser el respaldo a los movimientos democráticos y a la reconstrucción de los países balcánicos. 
Es especialmente importante ayudar a mejorar la situación de Serbia. 
Sería lamentable que en la situación presente se pidiera una revisión del panorama financiero. 
En nuestra opinión, si se revisase el plan presupuestario se correría el riesgo de un aumento generalizado de los gastos comunitarios, cosa que hoy sería inaceptable. 
Por esta razón, el Parlamento debería influir para que continúen los acuerdos interinstitucionles y para que los presupuestos se mantengan dentro del marco del plan presupuestario. 
Opinamos que los recursos para los Balcanes deben sacarse de la categoría 4 que actualmente, y por desgracia, no se utilizan en su totalidad. 
También es posible liberar recursos mediante el uso de los instrumentos de flexibilidad. 
Celebro que el Parlamento reconozca que, además del Grupo Europeo de Mujeres, al que considera un valioso grupo de presión en defensa de determinadas posiciones de las mujeres, hay otros grupos de presión a favor de las mujeres que merecen y deben recibir apoyo económico y político a escala europea. 
Nadie del Parlamento Europeo apoyaría la discriminación o la violencia contra la mujer; debemos recordar que negara la voz a las mujeres constituye una forma de violencia contra ellas. 
La Comisión de Presupuestos volvió a determinar este año que, en lo que respecta a los fondos bajo el A-3037, se trataba de una situación monopolista inaceptable dentro de la Unión Europea, y que la línea presupuestaria debe abrirse a otros grupos de mujeres. 
Así las cosas, el EWL es, y sigue siendo, el único grupo receptor de esta línea de presupuesto dedicada a los grupos de mujeres. 
Otras organizaciones de mujeres que representan a miles de mujeres europeas son no elegibles para la recepción de fondos y, por lo tanto, quedan sin representación. 
El EWL no satisface los principios de democracia y subsidiariedad, ya que ejerce el monopolio y el control de toda la línea presupuestaria dedicada a la mujer. 
Para dar una expresión justa e igual a las voces de las mujeres europeas, se debe acabar con el monopolio de los fondos. 
Cada representante electo debe asegurar que la voz de aquellos que carecen de representación se escuche con claridad. 
Para escuchar las distintas voces de las mujeres de Europa se debe terminar con esta situación monopolista de los fondos 
Debemos dedicarnos a defender los ideales europeos de inclusión y democracia y oponernos a la presión de aquellos grupos que pretenden mantener un control monopolista antieuropeo. 
- (SV) Opinamos que bajo ningún respecto se debe sobrepasar el techo de los presupuestos. 
Para conseguir recursos que permitan aumentar las ayudas a los Balcanes, los Estados miembros deben realizar modificaciones en los actuales presupuestos. 
Si los Estados miembros quisieran, podrían emplear recursos que no han sido utilizados en los presupuestos que estamos debatiendo. 
. (IT) Los diputados de la Liga del Norte han votado en contra del proyecto de presupuesto no por estar en contra de la idea de Europa, sino para manifestar su disconformidad con la torcida aplicación de dicho ideal. 
Mientras con aúlicas palabras se plantea a los ciudadanos una Unión atenta a sus exigencias y a sus necesidades, la votación de hoy ha demostrado lo contrario. 
Señorías, todos sabemos que recientemente la parte occidental de Padania se ha visto afectada por inundaciones que han producido la pérdida de vidas humanas y graves daños materiales. 
Lamentablemente, aunque estos últimos no se pueden remediar, era necesaria y oportuna una acción de ayuda. 
Sin embargo, este Parlamento siempre dispuesto a hacer frente a las necesidades de las poblaciones no pertenecientes a la Unión, se ha mostrado hostil a sus ciudadanos afectados por la desgracia rechazando las enmiendas que destinaban unos pocos millones de euros a su favor. 
De ahí nuestro voto en contra. 
Informe Haug (A5-0300/2000) 
. (EL) He votado en contra del informe Haug, del mismo modo que he votado a favor de la propuesta de mi Grupo de rechazar el presupuesto para 2001. 
Primero: porque el volumen del presupuesto de la Unión Europea no corresponde a las grandes necesidades de la Comunidad de los Quince, especialmente a las necesidades de los países y regiones menos desarrollados. 
Segundo: porque las partidas para la reconstrucción de Yugoslavia- que son necesarias y deberían ser más generosas- provienen de un importante recorte de partidas destinadas a ayuda alimentaria, agricultura, gastos sociales, etcétera, en lugar de resultar de un aumento complementario del presupuesto. 
Esto es, por otra parte, lo que debían hacer los países de la Unión Europea, tras su participación moral y material en la destrucción de Yugoslavia. 
Tercero: porque el presupuesto sigue siendo instrumento de aplicación de una política que se caracteriza por el déficit social y por el déficit de desarrollo; una política que no experimenta reforma alguna, a pesar de los continuos avisos que llegan de la caída en picado del euro. 
- (SV) Los socialdemócratas suecos y daneses hemos votado a favor de la propuesta de presupuesto del Parlamento para el ejercicio 2001. 
El presupuesto crea un equilibrio razonable entre la necesaria disciplina presupuestaria y las posibilidades de realizar actividades importantes. 
Proporcionalmente a la situación económica de los países miembros, la propuesta del Consejo implica el presupuesto más austero de los últimos diez años. 
El Parlamento quiere aumentarlos algo, pero todavía hay un amplio margen antes de alcanzar el techo. 
Sin embargo, el Parlamento ha logrado introducir importantes prioridades, tales como una mayor preocupación por la lucha contra el desempleo y la pobreza, numerosos asuntos medioambientales y de igualdad de oportunidades, etcétera. 
Hemos votado en contra de los ataques derechistas contra el Programa Life y el grupo de presión European Women. 
Estamos decididos a encontrar los recursos suficientes para dar un respaldo enérgico a la reconstrucción y al proceso de democratización de los Balcanes, ahora incluida Serbia. 
Por eso instamos al Consejo a aceptar la iniciativa del Parlamento sobre una solución común y de largo alcance, antes de que se adopte la decisión final sobre el presupuesto en diciembre. 
No es obvio que deba revisarse el techo presupuestario en relación con la política externa (categoría 4) , pero estamos dispuestos a hacerlo si fuese necesario para conseguir recursos para los Balcanes. 
No estamos de acuerdo con la amplitud y la orientación de la política agrícola de la UE. 
En el futuro deberá ser objeto de profundas reformas, entre otras cosas, para dar lugar a la ampliación de la Unión. 
La política agrícola comunitaria es demasiado cara. 
Nos oponemos a la sobreproducción de productos agrícolas y a que la UE emplee medios de información para vender estos excedentes. 
Tampoco aceptamos las generosas ayudas a la producción de tabaco que, en nuestra opinión, se opone a los anhelos comunitarios en materia de salud pública. 
En este punto, hemos votado a favor de la enmienda que apunta a la eliminación de las subvenciones al tabaco. 
También queremos hacer hincapié en la importancia de que se aplique el presupuesto de manera eficiente, para evitar los grandes desajustes que hay en algunos sectores. 
Tanto el sistema presupuestario como los métodos deben mejorarse y modernizarse, para conseguir transparencia, realizar revisiones y ejercer control político. 
Hemos presentado una propuesta sobre la denominada partida presupuestaria del Mar Báltico, pero aceptamos que se aplace hasta que no se solucionen totalmente los problemas de la categoría 4. 
El Parlamento, en cambio, ha aceptado con gusto la propuesta de la Comisión para instaurar nuevas partidas presupuestarias orientadas a la colaboración local y regional en la zona del Mar Báltico, en el marco de las ayudas de preadhesión Phare. 
También hemos votado a favor de un aumento del presupuesto para la colaboración entre ciudades hermanas, que, a nuestro juicio, es un importante programa para fomentar la colaboración en el ámbito local. 
. (IT) El presupuesto que hoy ha aprobado el Parlamento en primera lectura puede definirse como corriente y moliente. 
Hay que reconocer que se trata de un presupuesto que se ha ido mejorando, gracias a la labor de los diferentes Grupos políticos que han convencido a la ponente de que rectificara su rígido planteamiento de partida. 
El Parlamento ha podido remediar, en cualquier caso, sin proponer aumentos desproporcionados e irrazonables, el planteamiento muy restrictivo que el Consejo había adoptado en julio, con ocasión de la votación en primera lectura. 
Los fondos destinados a sectores cruciales de la economía de los Estados miembros como la agricultura, la parte estructural y las propias políticas exteriores han vuelto a tener una dimensión mucho más equilibrada que permite a la Comisión cumplir sus compromisos. 
Queremos felicitarnos una vez más de la apertura mostrada por el Parlamento con respecto a una iniciativa que, a nuestro modo de ver, merece la atención de este Pleno. 
Nos referimos en particular al nuevo proyecto piloto que financiará acciones de información en materia de lucha contra la pederastia. 
Siguen apareciendo en el presupuesto 2001 partidas no del todo claras relacionadas con financiaciones indiscriminadas en favor de una miríada de asociaciones y de centros culturales, cuya verdadera necesidad, en nuestra opinión, no ha quedado totalmente probada. 
Asimismo sigue cerniéndose la larga sombra de la revisión de las perspectivas financieras que el Parlamento viene exigiendo desde hace tiempo para hacer frente a los nuevos compromisos en la región de los Balcanes, incluida Serbia. 
Nos damos cuenta de que tal revisión, una vez agotados todos los instrumentos disponibles, de la reasignación de los fondos para utilizar el margen de flexibilidad, es la única vía para hacer frente a compromisos gravosos e imprevisibles. 
Sin embargo, no se pretende que dicha revisión- y es una hipótesis real- suponga nuevos recortes sustanciales en el sector agrícola. 
Nuestro Grupo velará para que esto no suceda y también por este motivo adopta, respecto al informe Haug que acompaña el presupuesto 2001, una posición de prudencia absteniéndose en la votación. 
Informe Ferber (A5-0292/2000) 
- (SV) En relación con el reembolso de los gastos de traslado de los diputados al Parlamento Europeo, mantenemos nuestro criterio de que la compensación solamente debe cubrir los verdaderos gastos en que se haya incurrido por viajes realizados en el desempeño del cargo. 
Por eso hemos votado a favor de la enmienda 3 del Grupo EDD, que así lo exige. 
El Partido Liberal es partidario de que el trabajo en marcha sobre un nuevo estatuto de diputado conduzca lo antes posible a una solución que comporte que el reembolso de los viáticos refleje los costes reales. 
Ésta es la solución del problema- no los comentarios poco prácticos al presupuesto. 
- (SV) Durante muchos años, el sector comunitario en los Estados miembros ha sido objeto de grandes recortes. 
En este contexto, resulta lamentable ver que en el presupuesto de la Unión Europea existan enormes recursos no utilizados y que, en determinados casos, se dilapiden. 
Por ejemplo, ahora que el Parlamento Europeo elimina sus reuniones de los viernes en Estrasburgo, se ahorra un millón de euros. 
En el Parlamento Europeo se impulsa enérgicamente la instauración de una subvención comunitaria a los partidos políticos europeos. 
Resulta interesante comprobar que los partidos de la UE no son capaces de convencer a sus partidos miembros ni a las personas que militan en sus filas para que paguen una cuota de adhesión, viéndose obligados a buscar financiación con recursos públicos. 
Esto demuestra fehacientemente la escasa motivación que despierta el proyecto de Unión Europea, incluso entre los ciudadanos políticamente activos. 
Además, nos oponemos a los grandes flujos de dinero a que dan origen las subvenciones agrícolas comunitarias, las ayudas regionales, el funcionamiento del Comité Económico y Social, etcétera. 
Los recursos públicos que se gastan en la UE pueden usarse de mejor manera en los Estados miembros. 
Informe Rühle (A5-0251/2000) 
Naturalmente hemos votado contra el presupuesto CECA que sigue funcionando, hasta la expiración del Tratado CECA, como un sistema de bombeo de subvenciones para los accionistas de la industria siderúrgica. 
Ya se han entregado sumas considerables a la patronal de este sector, que le han permitido una reconversión a nuevos y apetitosos sectores, mientras que numerosos trabajadores, de los que se suprimió el puesto de trabajo, siguen en el paro. 
Es cierto que en este proyecto se prevé dedicar cierta suma a la ayuda social, pero no se ha cuantificado, cuando deberían darse unas mínimas garantías para que todos los trabajadores afectados por la futura eliminación de puestos de trabajo cobren su salario íntegro hasta su jubilación. 
Señora Presidenta, estimados colegas, el Tratado CECA va a expirar. 
Sin embargo, en Alemania existe un acuerdo sobre el carbón en vigor hasta 2005. 
Parto de que- y espero que la Comisión aporte soluciones con espíritu constructivo- cubriremos los años 2002 a 2005 con una disposición transitoria. 
Con todo, con respecto al período posterior a 2005 quiero resaltar que no puede existir en los Estados miembros de la UE un 10% de reservas de energía que esté a salvo de todo control de la competencia de la Unión Europea. 
Esta no es una solución de futuro. 
Esta solución menoscabaría la política de competencia de la Unión Europea, al tiempo que encarecería la energía justamente mediante el fomento de las energías renovables, lo que en última instancia perjudicaría a la economía europea. 
Informe Clegg (A5-0298/2000) 
Señora Presidenta, la Sra. Giuseppina Cardazzi, una persona mayor y enferma pero que tiene interés en el mundo de la electrónica y de Internet, también porque ya no se puede mover, me pidió que le ayudara a entender esta comunicación electrónica, ya que querría comprar un aparato para conectarse telefónicamente a la red Internet. 
Me preguntó: "¿ Ya que tengo poco dinero porque debo gastarlo en medicinas, no es posible conseguir gratuitamente la conexión a Internet ?" 
Le contesté: "Sí", y es por esto que he votado a favor del informe Clegg, ya que permite conectarse con los sitios de Internet reduciendo los gastos de conexión a la red ya existente. 
Con el argumento de la necesidad de favorecer la competencia, estamos ante un ataque al sector público de las telecomunicaciones en un sector de servicios básicos fundamentales para las poblaciones, sin que eso signifique mejora alguna del servicio público prestado. 
Como se dice en el informe, el acceso por separado al bucle local permite al los nuevos operadores entrar en competencia con los concesionarios ofreciendo servicios de transmisión de datos de bucle local para el acceso permanente a la red Internet y para la aplicación polivalente a partir de la tecnología del bucle local digital, así como servicios de telefonía vocal, utilizando infraestructuras de redes locales ya instaladas por otros operadores, en general de sectores públicos. 
Por otro lado, el apresuramiento con que se está aplicando esa liberalización del sector muy rentable de las telecomunicaciones, después de las deliberaciones de la Cumbre de Lisboa, no augura nada bueno para la defensa del interés de los consumidores y los trabajadores del sector, lo que justifica también el voto en contra. 
. (FR) Aunque este informe sólo se presente como una simple formalidad en el proceso de liberalización y de las telecomunicaciones, votamos contra él. 
Las enmiendas no añaden nada, si no es ciertas alabanzas adicionales a las supuestas virtudes de la competencia. 
La "disgregación del bucle local" impone en realidad a los operadores públicos una rápida realización de ofertas comerciales para alquilar líneas telefónicas públicas. 
De este modo, de un 20 a un 30% de los mercados se ofrecerán de nuevo a la competencia privada. 
Muchos se han anticipado ya a esta directiva, como France Télécom. 
Además de nuevas exigencias impuestas al personal, sobre todo en los servicios comerciales, las desigualdades en el trato de los usuarios van a agravarse. 
La regulación del sector mediante la ley del máximo beneficio implica que se creen zonas más o menos rentables en la cobertura territorial. 
Hay que imponer un servicio público europeo de alto nivel, incluyendo móviles e Internet, que responda a las necesidades fundamentales de los empleados y usuarios. 
Esta política supondría un freno al liberalismo generalizado que parece encontrarse tan bien bajo la Presidencia francesa. 
- (DE) Con la finalidad de, sobre todo, poner una mordaza en toda regla a los parlamentos europeos, la Comisión Europea, en su furor regulador y liberalizador, ha presentado una propuesta de reglamento directamente aplicable, en lugar de una directiva, que ha de sufrir un penoso íter procesal a través del Parlamento y del Consejo de Ministros para entrar ya en vigor el 31 de diciembre de 2000. 
La prisa es tanto más sospechosa, ya que el acceso desagregado al bucle local, objeto de la propuesta, conducirá a la absurda situación de que los operadores preexistentes financiarán a sus propios competidores, sobre todo en los países en que, como Luxemburgo, la cuota de conexión se mantiene a unos niveles bajos por razones sociales. 
480 francos al mes no bastan para cubrir los costes. 
Es de suponer que los operadores preexistentes tendrán que ceder a sus competidores el acceso al bucle a unos precios menores, que ni siquiera cubrirán los costes. 
A corto plazo, deberán atraerlos incluso con llamadas gratuitas, lo que lógicamente conducirá a una situación competitiva absolutamente ruinosa que en última instancia tendrá que pagar el pequeño consumidor final. 
Lo que aquí se propone es una expropiación en toda regla del operador preexistente, que perderá una gran cantidad de dinero- en mi pequeño país, mil millones de francos- que se necesitará para la modernización de la red fija. Además, ningún operador será tan tonto como para invertir en la modernización de una red con la que tenga que financiar a sus competidores. 
Asimismo, existe otro problema relativo a la protección contra las escuchas telefónicas. 
Si en las cerca de 50 centrales del operador preexistente en mi pequeño país se permite el acceso indiscriminado a 20 competidores o más, entonces adiós al secreto de las conversaciones telefónicas y a la seguridad de estas centrales. 
Yo también estoy a favor de la liberalización en interés de los consumidores. 
Pero si la liberalización trae consigo los desvaríos que les acabo de ilustrar y que deberían interesar al Sr. Monti en su condición de Comisario de la Competencia, yo ya no pienso colaborar. En consecuencia, he votado en contra de este informe. 
- (DE) La liberalización de las telecomunicaciones en los Estados de la UE ya ha experimentado un avance considerable. 
El actual debate gira en torno a otra de las partes de la infraestructura de redes: la conexión de los usuarios y clientes a la red de transmisión de datos. 
Ello constituye la lógica consecuencia de la política de desregularización aplicada hasta ahora. 
Pero, justamente por tratarse del acceso al bucle local, deben tomarse particularmente en consideración las necesidades del cliente. 
Si con la liberalización del acceso al bucle local se pretende dar paso al Internet de alta velocidad del futuro (para lo que resultará imprescindible contar con una mayor velocidad de transmisión y unas tarifas de llamada local más bajas) , debe garantizarse entonces a todos los ciudadanos y ciudadanas un "suministro básico" en este ámbito mediante la ampliación de las obligaciones de servicio universal de las empresas, por ejemplo, mediante la introducción de la "conexión normal a Internet" hasta 2002, del Internet de alta velocidad hasta 2005 en los servicios universales, con requisitos mínimos de calidad de atención al cliente, protección de los consumidores, oferta de contenidos y tarifas especiales para determinados grupos sociales (discapacitados, beneficiarios y beneficiarias de ayudas sociales, personas con ingresos escasos, habitantes de regiones limítrofes, etc.). 
Dado que todo esto no queda garantizado con el presente informe, he votado en contra del mismo, 
Informe Jové Peres (A5-0273/2000) 
Señora Presidenta, también en este caso y lamentándolo mucho he tenido que votar en contra. 
¿Por qué, sobre todo como representante del Partido de los Pensionistas, he votado en contra? 
Porque desde algún tiempo a esta parte de la mesa de mis amigos, personas mayores y pensionistas, han desaparecido y ya no se ven tomates, melocotones, peras, limones, pomelos, etcétera. 
La dieta mediterránea, tan famosa en Italia, está desapareciendo. 
¿Por qué? 
Porque la Unión Europea no es capaz de fomentar el cultivo y la comercialización de los productos de los árboles frutales. 
Creo que debemos cambiar radicalmente nuestro régimen de cuotas y tomar por fin la decisión de conceder ayudas a cualquier agricultor que quiera aumentar la producción agrícola. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra de un informe que aumentará las ayudas destinadas a los productores de frutas y verduras elaboradas. 
En lugar de ello, respaldamos la propuesta de la Comisión que eliminará engorrosos procedimientos administrativos y hará las organizaciones de mercado más sencillas y flexibles. 
La Comisión ha sido de hecho complaciente con los productores. 
Ha propuesto restricciones menores en la enorme "barra libre" que la organización de mercado ha sido hasta la fecha. 
Respaldamos de esta forma los esfuerzos reformistas de la Comisión y nos oponemos a seguir favoreciendo a este sector. 
. (EL) Con el pretexto de resolver ciertas cuestiones que afectan a las frutas y hortalizas, la Comisión propone importantes cambios en los reglamentos correspondientes, sin que se haya concretado el informe sobre los resultados de los reglamentos anteriores, que se empezaron a aplicar apenas en 1997. 
El argumento de la Comisión de que con las enmiendas propuestas se regulan aspectos parciales es absolutamente hipócrita y desorientador, desde el momento en que con las enmiendas propuestas la organización común de mercado de las frutas y hortalizas transformadas sufre una transformación global y se hace mucho peor para los pequeños y medianos productores y mucho mejor para las grandes industrias y las multinacionales. 
En el tomate industrial y el melocotón con hueso, con el pretexto del pago de la ayuda directamente al productor, se propone la eliminación del precio mínimo. 
Este precio, aun sin proporcionar al productor una protección completa o satisfactoria, no deja de constituir una válvula de seguridad. 
Ahora la Comisión, en lugar de proponer su aumento, de modo que pueda garantizar eficazmente la renta agraria, propone su eliminación y deja a las grandes industrias las manos libres para intensificar la explotación de los agricultores y despojarles del fruto de su esfuerzo y su producción. 
Además, la Comisión, en lugar de proponer un aumento importante de las cuotas, propone su sustitución por el sistema de los umbrales, de manera que los agricultores, con el señuelo de unas subvenciones reducidas a niveles de miseria, a causa de las multas de corresponsabilidad, produzcan cantidades que sobrepasen los umbrales para que acaben cómodamente en poder de las grandes industrias. 
Se sobreentiende que los excedentes, que producirán los agricultores, no tendrán ni mercado seguro ni precio mínimo, y quedarán así convertidos en un arma más en manos de las grandes industrias para extorsionar a los agricultores y fijar en niveles ridículos los precios del conjunto de la producción, incluso de la que se mueve en los umbrales establecidos. 
Las cuotas y los umbrales recuerdan a Escila y Caribdis, y cambiar de uno a otro sistema significa ir de mal en peor. 
Con los inaceptablemente bajos umbrales nacionales, que diezman las subvenciones- en combinación con las reducciones propuestas del límite máximo de retiradas al 5% para los cítricos, al 8,5 % para manzanas y peras, y al 10% para el resto de frutas y hortalizas -, se hace patente que, para enormes cantidades de frutas y hortalizas transformadas, que se pudrirán en los campos y en los talleres de las cooperativas, no habrá ninguna oportunidad de mercado, con la consiguiente bajada general de los precios. 
De este modo los agricultores se verán irremisiblemente obligados al arranque de sus cultivos. 
Finalmente, para fijar el importe de las subvenciones, la Comisión ha aprovechado la oportunidad de unos precios internacionales de los productos transformados a base de frutas y hortalizas coyunturalmente altos durante el último ejercicio comercial, para fijar en niveles bajos unas subvenciones que estarán en vigor durante muchos años, es decir, hasta la próxima reforma del reglamento. 
Las propuestas para las frutas y hortalizas se insertan en el marco general antiagrario en el que se mueve la Comisión Europea, que ha declarado la guerra a los agricultores. 
Una guerra especialmente dura para los productos y los cultivadores pequeños y medianos del sur. 
Y lo que se requiere no son intervenciones que mejoren propuestas de suyo desastrosas, como pretende el informe del Parlamento. 
Se imponen el rechazo frontal y absoluto de esas propuestas y la irrenunciable exigencia de un cambio de rumbo de la política agraria en beneficio del campo y de los agricultores. 
El precio de la cesta de la compra lleva ya decenas de años manteniéndose artificialmente bajo a fin de garantizar la paz social en las ciudades. 
Las empresas agropecuarias tan sólo han logrado sobrevivir mediante la ampliación y la mecanización. 
Esto las ha hecho depender mucho de los préstamos. 
Ahora se destina mucho dinero al sector agrario, pero eso no resulta ser una garantía para contar con una buena renta y para la continuidad de las empresas. 
Mi compañero de grupo, Salvador Jové, sabe todo respecto de la mala situación de los pequeños agricultores del sur de Europa y sus empleados. 
Busca un compromiso a través de la mayoría para asegurar mejor las posibilidades de supervivencia de este grupo de agricultores dentro del actual sistema de amplias ayudas agrícolas. 
Estoy de acuerdo con él, siempre que esto dé lugar a que se concedan ayudas a la renta a las personas que cuentan con ingresos demasiado bajos. 
Mi idea es que se destine menos dinero a la agricultura, pero dentro de ese sector, más dinero a los más pobres. 
De ahí que no convenga que Europa exija más ingresos fiscales para subvencionar las empresas más ricas y más rentables. 
El creciente cultivo en invernadero en los Países Bajos, que en pocas hectáreas proporciona grandes cosechas de verduras, frutas y flores, es mucho más fuerte que el sector de los cereales o el de la ganadería de vacuno. 
Ahora que conforme al suplemento III, resulta que el sector del cultivo en invernadero no se beneficia de la regulación propuesta en materia de ayudas al sector de las frutas y hortalizas, han desaparecido de momento mis reparos. 
He votado a favor de este informe, porque corresponde a las esperanzas de las organizaciones portuguesas del sector hortofrutícula, que han reivindicado una modificación drástica de la OCM de las frutas y los productos hortícolas por considerarla profundamente lesiva para los intereses nacionales. 
La pérdida de 7% de cuota de tomate en el presente año y el riesgo de llegar a perder más del 10% de la cuota restante el próximo año obligarán a la agricultura portuguesa a hacer una revisión de esta OCM antes del final del año. 
En el presente informe se presentan propuestas sobre un conjunto de puntos que coinciden con los intereses de la producción europea, en general, y de la portuguesa, en particular. 
Son los siguientes: la rigidez del régimen actual para los productos transformados a base de tomate, el nivel de las cantidades garantizadas por los productos transformados a base de tomates, peras y cítricos, la complejidad del sistema del fondo operativo y la gestión de las restituciones a la exportación. 
Ahora es absolutamente necesario que el Gobierno portugués no ceda y defienda intransigentemente los intereses nacionales específicos en cada uno de esos puntos. 
En efecto, sería absolutamente ridículo y humillante que la posición del Parlamento Europeo resultara más firme y adecuada para los intereses portugueses que la de nuestro propio Gobierno. 
Informe Nicholson (A-0276/2000) 
Señora Presidenta, es sabido que soy muy sensible a todas las propuestas relacionadas con la pesca de las distintas variedades de peces, propuestas que, al ampliar las mallas en las redes de pesca, permiten a los peces pequeños sobrevivir, vivir más tiempo y convertirse en grandes y posiblemente en pensionistas. 
Sin embargo, éste es sólo uno de los motivos por el cual no he votado en contra de esta propuesta. 
¿Por qué? 
Porque me ha abstenido, ya que considero que en este caso, como dicen el colega Bushill-Matthews y los ingleses, ha faltado la subsidiariedad. 
Es un problema de pesca que afecta a británicos, belgas franceses e irlandeses. 
No veo por qué no pueden decidir por sí solos sobre sus peces y su pesca. 
Informe Cushnahan (A5-0284/2000) 
Señora Presidenta, entre mis muchos amigos mayores y pensionistas en Italia y fuera de Italia, hay un chino. 
Este pensionista chino que vive en Hong Kong y al que leí el informe Cushnahan, me dijo: "Es un informe muy bonito: habla de todo, pero no dice nada acerca de cómo estamos nosotros, las personas mayores, aquí en la región administrativa especial de Hong Kong". 
Es por esto que, a pesar de haber aprobado este informe, en la explicación de voto quiero recalcar que la próxima vez sería conveniente comprobar y considerar cómo viven las personas mayores en Hong Kong en comparación con los ancianos pensionistas de la República Popular de China, para ver si esta reunificación ha sido útil o perjudicial. 
Señora Presidenta, es muy importante que la Unión Europea se ocupe de los habitantes de los países ACP: África, Caribe y Pacífico. 
Personalmente, como representante del Partido de los Pensionistas, me preocupo por la situación de las personas mayores en todos estos territorios. 
Debo decir que, aunque he aprobado el contenido de la exposición de motivos que aparece en la página 20, esto es, que hacen falta iniciativas para programas de educación, reducción de la pobreza y potenciación de las instituciones democráticas y de los parlamentos, lamentablemente, en las propuestas no se hace referencia a este punto. 
Creo que podemos ayudar a estos países sólo si mejoramos las condiciones de vida de todos sus habitantes: de los jóvenes, de los trabajadores y también- y esto me interesa enormemente- de las personas mayores y de los pensionistas que viven en los países ACP. 
- (DA) Es excelente que la UE revise la cooperación con los países de ACP que están involucrados en conflictos armados. 
Es importante asegurarse de que las ayudas no se utilicen con fines militares. 
Sin embargo, los Estados miembros, de forma bilateral o a través de la Comisión, tienen que ayudar a construir la democracia en los países dictatoriales. 
Para combatir la corrupción, hay que dar formación, correctamente administrada, y respaldo a los partidos de oposición. 
Por eso no apoyamos el punto 4, en el que se sostiene que las ayudas al desarrollo sólo podrán concederse si los países receptores cuentan con buena administración y respetan los derechos humanos y los principios del estado de derecho. 
Moratoria sobre la ejecución de la pena capital (B5-0804/2000) 
. (FR) En lo relativo a la pena de muerte, mi postura sigue siendo hoy idéntica a la que mantenía en 1981 cuando, con gran valentía, el candidato a las elecciones presidenciales François Mitterand se opuso a ella, antes de abolirla una vez que fue elegido presidente. 
¡Estaba en contra en 1981! 
¡Por supuesto sigo estando en contra en 2000! 
Entiendo por supuesto los sentimientos y las reacciones de las familias de las víctimas de actos criminales a menudo horribles, pero un Estado no puede responder con barbarie a la barbarie. ¡No tiene ese derecho! 
Como además sabemos que la pena de muerte no tiene ningún efecto disuasorio, es absolutamente inaceptable que países que se pretenden civilizados (como los Estados Unidos) , sigan practicándola de forma masiva y sistemática, arriesgándose a sí a cometer graves e irreparables errores judiciales. 
Por este motivo voté a favor de la petición de moratoria. 
Informe Moreira Da Silva (A5-0270/2000) 
. (EL) El problema del aumento de temperatura de nuestro planeta, resultado de la acumulación en la atmósfera de gases que intensifican el fenómeno de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, está adquiriendo dimensiones explosivas. 
Apenas tres años después de la Conferencia de Kyoto, la Agencia Europea del Medio Ambiente considera que si se mantienen en la Unión Europea los actuales ritmos de emisión de gases, no sólo no se conseguirá reducir las emisiones de CO2 en un 8% entre 1990 y 2010, sino que habrá un aumento del 6%. En los EE.UU. las previsiones son aun peores. 
La raíz del problema se encuentra en el sacrificio de todo, incluso de la calidad del medio ambiente y del clima, en el altar de la explotación capitalista de los recursos productivos y de la obtención del máximo beneficio. 
Es, por consiguiente, totalmente natural que pidamos que la resolución del problema la paguen aquellos que lo han provocado. 
la comunicación de la Comisión es una propuesta espuria, que no menciona políticas concretas y medidas para la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero y se limita, como acertadamente señala el ponente, a la presentación de un organigrama y de un vago repertorio de políticas y medidas manidas. 
Formula de nuevo la posición de que la fiscalidad energética o el impuesto sobre combustibles minerales constituye la estrategia fundamental de la Unión Europea para la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero. 
Estamos en desacuerdo con esta medida porque, con la aplicación caprichosa del principio- hipócrita, en cualquier caso- «el que contamina paga» , todo el coste de la reducción de las emisiones de gases se desplazará directamente a los consumidores, es decir, a los trabajadores. 
Bajo la gran presión del problema, se podría, tal vez, considerar la imposición de una tasa energética a los combustibles minerales, pero sólo como medida complementaria de una política integral y de medidas de reducción de las emisiones de CO2, y con el requisito indispensable de que la recaudación del impuesto en cuestión de destinara exclusivamente a aliviar a los trabajadores. 
Nuestra opinión de siempre es que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases con efecto invernadero deberá conseguirse principalmente con un coste asumido por los verdaderos contaminantes (es decir, las grandes industrias) , en detrimento de sus beneficios. 
Estamos de acuerdo, por otra parte, con la posición del ponente en cuanto a la clara prioridad que debe concederse a las fuentes de energía renovables, así como en el apoyo a los medios de transporte colectivo. 
Señalamos también nuestra absoluta oposición en el asunto de la comercialización de las emisiones entre empresas y estados, por inmoral e ineficaz. 
No alcanzamos a comprender cómo se puede crear todo un mercado en el que la contaminación circulará como una mercancía, y donde ciertas empresas, en lugar de reducir sus emisiones de CO2, comprarán su superávit a otras empresas con emisiones por debajo del límite. 
Aunque la verdad es que en el capitalismo, donde todo se vende y se compra, hasta eso puede pasar. 
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia, aunque estamos en desacuerdo con la comunicación de la Comisión, encontramos positivas ciertas consideraciones del ponente y por esta razón en lugar de votar en contra del informe, nos hemos abstenido. 
El efecto invernadero y las condiciones climatológicas extremas se deben cada vez en mayor medida a la industria, la agricultura y al transporte. 
No obstante, los Gobiernos de los países más ricos, que producen más emisiones de combustibles fósiles, han fallado a la hora de disminuir drásticamente estas emisiones. 
El ponente considera con razón que la propuesta originaria de la Comisión Europea resulta insuficiente. 
En Kioto, se acordó que los países más ricos se ocuparan de mantener limpio su aire, aunque también pueden registrar de forma limitada en su propia lista de resultados las emisiones producidas en otras partes que hayan contribuido a reducir. 
Los propios Estados miembros deberán reducir radicalmente sus emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, y centrarse en la energía renovable, el transporte público y restringir el uso del automóvil. 
El transporte de mercancías por carretera, fuertemente creciente y barato, da lugar, sobre todo, al desplazamiento de la industria contaminante de los países más ricos a los más pobres. 
La energía nuclear no constituye una alternativa, ya que también contribuye a calentar el planeta, emite gases de efecto invernadero y produce otros residuos que apenas son biodegradables. 
Me temo que la próxima conferencia sobre el clima será mal utilizada para matizar las obligaciones en cuanto a las reducciones anteriormente acordadas del 5,2 % para los países ricos. 
El comercio de los derechos de emisión tal vez sea interesante en tanto experimento, pero no como solución real. 
Informe Moreira Da Silva (A5-0271/2000) 
Estamos a favor de cualquier impuesto o gravamen para las grandes empresas industriales, principales responsables de la contaminación en general, y de la atmosférica en particular. 
Sin embargo nos hemos abstenido, no ya a causa del carácter risible del impuesto previsto, sino a causa de todas las escapatorias que hacen que este impuesto pueda convertirse en una modesta cotización para adquirir el derecho a contaminar. 
Para impedir realmente la contaminación, serían precisas medidas apremiantes que lleguen hasta confiscar la empresa contaminante y que ninguna empresa pudiera escaparse. 
Pero más allá de las medidas puntuales, el problema de la contaminación atmosférica es un problema mundial que atañe a toda la sociedad humana. Y sólo se podrá resolver satisfactoriamente con una sociedad que controle su economía y cuyo único motor no sea la búsqueda de los beneficios privados. 
Tengo mucho interés en presentar mi explicación de voto sobre este informe- para explicar, en todo caso, mi voto favorable- porque, señora Presidenta, quisiera preguntarle, como también me lo pregunto a mí mismo- si estamos realmente seguros de que los cambios climáticos que se producen los causa el hombre, la industrialización y la emisión de sustancias en la atmósfera. 
Hace mil o dos mil años, cuando no existían las industrias, ¿acaso no se produjeron terremotos, lluvias torrenciales y otras catástrofes? 
El diluvio universal, señora Presidenta, ¿cuándo ocurrió? 
¿Cuántas industrias había y cuántos coches circulaban? 
En consecuencia, quisiera que nos preguntáramos realmente si estos cambios climáticos son achacables a la vida moderna y a las industrias. 
. (FR) Es importante que nuestro Parlamento se haya preocupado y pronunciado una vez más sobre las causas de los cambios climáticos en nuestro planeta. 
Y es que se trata de un problema importante, a muy corto plazo, que nos atañe todos a la vez, porque todos respiramos aire y porque las tormentas, las lluvias excesivas y la falta de agua alcanzan, en diversos grados, todos los continentes. 
¡Por lo tanto es preciso sensibilizar a los países desarrollados que contaminan y a los países menos desarrollados o subdesarrollados que van a hacerlo! 
Todo lo que contribuya a sensibilizar la opinión pública es pues útil y positivo. 
De ahí la importancia de nuestra resolución, por la que he votado. 
. (FR) La lucha contra el efecto invernadero es un elemento de vital importancia para los países industrializados, y especialmente un deber hacia los pueblos del tercer mundo que ya pagan con su vida las consecuencias del calentamiento climático. 
Aceptar la instauración de un mercado de los derechos de emisión de CO2 a escala internacional equivale a permitir a los países occidentales librarse de su responsabilidad comprando los derechos de emisión ficticios de Rusia o financiando proyectos en los países del Sur sin la menor coherencia con sus necesidades de desarrollo ni con sus medios para controlar las reducciones reales de las emisiones. 
La contaminación no es una mercancía, y convertirla en una fuente de beneficios equivale a abrir la puerta a todos los abusos. 
El proyecto de resolución propone validar la instauración de un sistema así, ¡y eso que "los aspectos técnicos y jurídicos no se han estudiado", y que "el funcionamiento y la eficacia del sistema no se han probado"! 
No se ha propuesto ningún medio de control ni de sanción. 
Además, el desarrollo de la energía nuclear y los pozos de carbón no deben excluirse de los cálculos para reducir las emisiones. 
La Unión Europea debe, sin más tardanza, dotarse de los medios para respetar sus compromisos adoptando un programa europeo ambicioso de lucha contra el efecto invernadero, de muy distinta envergadura a la resolución propuesta sobre las políticas y medidas. Concretamente, la acción sobre el sector de los transportes es competencia suya. 
Informe Lund (A5-0197/2000) 
Señora Presidenta, por lo que respecta al informe del Sr. Lund, debo decir que me he abstenido en la votación. 
Me he abstenido porque en este informe, como en muchos otros, he visto que no se presta la suficiente atención ni se hacen los esfuerzos necesarios cuando se hacen investigaciones, como en el caso del informe que quiere luchar contra las enfermedades endocrinas. 
En Bérgamo, la ciudad de donde provengo, hay muchas personas que por desgracia padecen una enfermedad del tiroides, de la que se desconoce la causa. 
Se debería gastar este dinero concordando y coordinando los gastos para la política de investigación en todos los quince Estados de la Unión Europea. 
Debemos ahorrar y no gastar más de la cuenta. 
De forma breve, la resolución que acabamos de adoptar sobre los alteradores endocrinos se centra en que se sabe muy poco sobre los efectos perjudiciales de estas sustancias, que el Parlamento quiere investigar más y que hay adoptar medidas conforme al principio de cautela. 
A pesar de que he votado a favor de la resolución, quiero hacer un par de observaciones. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que los argumentos de este debate deben basarse en hechos. 
No comparto, sin embargo, su opinión de que las medidas deben reflejar la preocupación de los ciudadanos. El ciudadano medio no se encuentra muchas veces en situación de efectuar una evaluación adecuada del riesgo. 
En la sociedad moderna con todos sus bienes de consumo, tales como aparatos, necesitamos materiales y sustancias que cuentan con unas propiedades muy específicas. 
Todas las personas, o si así lo prefieren, casi todas las personas aceptan y utilizan estos productos. 
Las sustancias y materiales de que están compuestos sí conllevan, sin embargo, un riesgo. 
Tal como todos sabemos, la vida está llena de riesgos e incertidumbres. 
El arte de vivir consiste en convivir de forma sensata con esos riesgos e incertidumbres. 
La ciencia todavía no ha demostrado de forma clara y contundente que exista una relación directa entre estas sustancias químicas y los cambios en los sistemas hormonales de las personas. 
Eso no significa que no esté encantado con la atención que se presta a esta materia. 
Los posibles efectos de estas sustancias no son despreciables. 
Si estas sustancias realmente ocasionan un aumento de determinados tipos de cáncer, disminuyen la fecundidad o constituyen una amenaza para la vida del feto, debe hacerse algo al respecto. 
Vale la pena proteger la vida humana. 
Es bueno que logremos conocer, por precaución, la verdad en cuanto a estas sustancias. 
Conforme al principio de cautela, debe determinarse desde una base científica la posible nocividad de las sustancias, materiales y productos peligrosos. 
En esta tarea es importante tanto la limitación como la aceptación de un determinado riesgo. 
Soy poco favorable a la simple prohibición de sustancias para evitar cualquier riesgo. El peligro radica en que se inicie una caza de brujas ante todo tipo de sustancias, sin que exista una base científica para ello. 
Además, la inversión de la carga de la prueba no es adecuada. 
Para garantizar el principio de cautela es necesario, además, que sepamos cuáles son los efectos nocivos de las posibles alternativas. 
- (EL) En líneas generales los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia estamos de acuerdo con los elementos que deben incluirse en el VI Programa Marco de Investigación, ya que todos los objetivos iniciales, como, por ejemplo, la constitución de comisiones, el desarrollo de pruebas, la mejora del seguimiento de los alteradores endocrinos (A.E.) en el medio ambiente, etcétera, se encuentran en la dirección adecuada. 
Quisiéramos, no obstante llamar la atención en el establecimiento de una definición generalmente aceptada de la noción de alterador endocrino, en la que, en mi opinión, deberían incluirse los efectos de las emisiones radioactivas (accidentes, residuos radiactivos de origen bélico o pacífico, sin obstáculos y sin condiciones que limiten el acceso de los grupos de científicos enviados a los usos industriales). 
Son un hecho, por ejemplo, sus efectos en la facilitación del cáncer de tiroides, como en el caso, por mencionar uno, del uso de bombas con uranio empobrecido en Yugoslavia. 
Igualmente habrá que fijar un marco más concreto con respecto a la investigación, normalización de las pruebas, colaboración entre diferentes grupos científicos para la consecución de resultados fiables. 
Deberán del mismo modo garantizarse y redoblarse los esfuerzos encaminados al establecimiento exacto de las sustancias sospechosas de ser alteradores endocrinos (A. E.) , tal vez incluso con marco legislativo. 
La sensibilización de la opinión pública, de los consumidores, así como de quienes se dedican a actividades que provocan la exposición a posibles alteradores endocrinos (agricultores, trabajadores de la industria u otros) , debe constituir una tarea fundamental para que los esfuerzos se vean coronados por el éxito. 
Igualmente es necesario activar el principio de prevención contenido en el artículo 130Ñ del Tratado de la UE (control y retirada de los alteradores endocrinos conocidos, y de las sustancias sospechosas de serlo, y desarrollo de sustancias alternativas no dañinas). 
. (FR) Adoptar una propuesta de resolución sobre una estrategia comunitaria relativa a los alteradores endocrinos es lo mínimo para un tema complejo donde no existe ninguna reglamentación. 
Censar y estudiar este fenómeno de la perturbación de los sistemas endocrinos de hombres y animales, validar estudios, demostrar las relaciones de causa a efecto entre varios productos y ciertas anomalías conocidas en el hombre o en especies animales (disminución de la fecundidad, ciertas malformaciones, ciertos cánceres... ) es un punto de partida necesario si respeta el principio de cautela, anticipando al mismo tiempo una exigencia de transparencia totalmente ausente del texto. 
En efecto, aquellos que toman decisiones en el ámbito privado y público no actuarán sin verse obligados a ello por la opinión pública. 
Se debe informar al público y a los profesionales de la salud de las listas de productos sospechosos de perturbar el sistema endocrino a medida que se vayan descubriendo. 
Si deben realizarse estudios para conocer los peligros de los alteradores endocrinos, las firmas que utilicen productos sospechosos deben poder ver cómo se imponen normas aplicables a los medicamentos, es decir y sobre todo aportar pruebas de la inocuidad mientras se consideren sospechosos por los grupos de expertos europeos. 
Es urgente pues proponer un arsenal reglamentario apremiante que permita excluir estos productos en los años venideros. 
El periodo de votaciones ha terminado. 
Pagos de poco valor en el mercado interior 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0283/2000) de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión Económica y Monetaria, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a los pagos de poco valor en el mercado interior (COM (2000) 0036- C5-0103/2000- 2000/2018 (COS) ). 
Señora Presidenta, en 2002 todos los ciudadanos de la zona del euro tendrán esa moneda en sus manos y esperarán que ciertas ventajas deriven de la misma. 
Estas ventajas no son automáticas. 
Primero debe hacerse algo para conseguirlas. 
Quiero ubicar la comunicación de la Comisión sobre pagos de poco valor en este contexto. 
¿Qué tenemos que hacer todos a fin de lograr que el ciudadano europeo, que ha abandonado su propia moneda en la que confiaba, también se beneficie, en efecto, de su nueva moneda? 
Simplemente, debemos conseguir que las transferencias sean más baratas, más rápidas y más seguras. 
Espero, así mismo, que la Comisión transforme rapidísimamente y sin más las recomendaciones para modificar la directiva de 1997, que efectúo en el informe en nombre del Parlamento, en una modificación formal de la directiva mencionada. 
¿De qué se trata? 
El núcleo del problema radica en que las transferencias de sumas pequeñas todavía ocasionan una gran irritación a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos individuales. 
El motivo: los altos costes y la demora que suponen. 
Conclusión: la directiva de 1997 no ha tenido suficiente efecto. 
Debemos ir más lejos. 
El consumidor y las PYMEs no se benefician suficientemente del mercado interior, que se ve completado con la introducción del euro. 
Este informe propone una solución consistente en mejorar mucho la infraestructura para el sistema de estos pagos transfronterizos. 
Resulta que en este momento algunas operaciones necesitan todavía de la intervención manual, y eso da lugar a altos costes y graves demoras. Pido a los bancos que adopten cuanto antes todas las medidas necesarias, de forma que el funcionamiento de los pagos transfronterizos esté totalmente automatizado y puedan ser, por tanto, mucho más baratos. 
Menciono en mi informe los sistemas IBAN, SWIFT, STEP 1 y IPI, entre otros. Estos sistemas pueden simplificar, agilizar y abaratar los pagos entre bancos situados en países diferentes. 
Los bancos deben ponerse en contacto con sus clientes para dejarles claro que, además del número fijo de IVA, también deben adjuntar de ahora en adelante su número IBAN en su carta. 
Este proceso de estandarización no puede hacerse sin coordinación. 
De ahí que hayamos presentado una enmienda conforme a la cual se hace un llamamiento al Banco Central Europeo para que se encargue rápidamente de esta coordinación, partiendo de que el Tratado asigna a este órgano la responsabilidad del sistema de pagos. 
Pedimos al Banco Central Europeo que regule dos cuestiones. 
En primer lugar, que desarrolle un formato estándar respecto de la transferencia de datos. En realidad, eso puede hacerse muy rápidamente, puesto que el formato ya existe. 
Éste sustituirá al formato nacional que ahora se utiliza en todas partes. 
En segundo lugar, crear un número de cuenta europea, por ejemplo, el IBAN. 
Una cuestión importante es que tales formatos armonizados sean empleados por todos en la zona euro. 
Tal vez debamos pensar en imponerlo de forma obligatoria si el proceso no es lo suficientemente rápido. 
Este proceso de automatización y estandarización debe, según mi informe, estar listo tres meses antes de la introducción de las monedas y billetes de euro. Esa sería la situación ideal. 
Los bancos, sin embargo, insisten en que eso es imposible. 
Con razón, formulo una enmienda en ese ámbito que establece que los bancos deben estar preparados el 1 de enero de 2002. 
Así, el consumidor podrá beneficiarse del cambio en el sistema de pagos transfronterizos desde el momento en que realmente tenga el euro en las manos. 
La reducción completa de los costes de las transferencias a casi el nivel del precio de coste de los pagos internos, no puede lograrse con tan sólo la intervención de los bancos. 
Se necesita la ayuda de los Estados miembros. 
Al fin y al cabo, los bancos se ven obligados hasta ahora por los Estados miembros a comunicar a su banco central los pagos transfronterizos que superan los 12.500 euros, con vistas a las estadísticas relativas a la balanza de pagos. 
Este trabajo no se puede estandarizar y, por consiguiente, se hace a mano. 
Se trata de un asunto muy caro que resulta completamente superfluo con un mercado y una moneda únicos. 
En Francia se desconoce el movimiento de francos de París a Auxerre ¿Por qué tendrían que saberlo? 
Además, el volumen y el número de los pagos de poco valor solamente suponen un porcentaje reducido del total de las sumas transferidas. 
Su ponente está convencida de que no hay que poner objeciones a la supresión de la obligación de informar de hasta el total de la suma que figura en la directiva, es decir, 50.000 euros. 
La pérdida de datos de cara a las estadísticas relativas a la balanza de pagos es mínima. 
Un cambio ligado a ello es que la money back guarantee debe aumentarse hasta los 50.000 euros. 
En este momento, los bancos casi son recompensados por perder el dinero del ciudadano. 
Si usted transfiere 30.000 euros y el banco los pierde, solamente tiene que reembolsarle 12.500 euros. 
Los bancos no deben, por supuesto, perder ningún dinero y deben salir fiadores de su propia organización. 
De ahí que propongamos que el límite de la money back guarantee se incremente a 50.000 euros, la suma que figura en la directiva. 
Según los bancos, nunca se pierde nada, por tanto, esa cuestión nunca puede suponer un problema. 
Un último asunto es que quiero dar más posibilidades al consumidor para que transfiera dinero. Se trata de los consumidores en situación de necesidad o de un consumidor sin cuenta bancaria. 
Pido a la Comisión Europea que investigue si empresas tales como Moneygram y Western Union pueden caer en el ámbito de la segunda directiva bancaria. 
De esta forma, esas empresas podrán establecerse libremente en toda la Unión Europea, a pesar de no tratarse de bancos. 
Por supuesto, se exige a estas empresas los mismos estrictos criterios en materia prudencial y de blanqueo de dinero. 
Espero que este informe anime suficientemente a los bancos a avanzar en su proceso de innovación hacia un sistema de pagos transfronterizos que funcione mejor. 
No obstante, espero que la Comisión modifique la directiva a vuelta de correo a fin de aportar total seguridad y claridad a los bancos en cuanto a sus amplios programas de inversión. 
Señora Presidenta, desde la apertura de las fronteras entre los Estados miembros de la Unión Europea, un número de empresas cada vez mayor aprovecha las oportunidades que ofrece este mercado común. 
A este respecto hemos constatado que, por un lado, la circulación de mercancías se ha agilizado notablemente, pero también que los pagos ligados a dicha circulación implican aún muchos obstáculos y costes. 
El primer estudio elaborado a instancia de la Comisión de Asuntos Económicos Monetarios reflejó que en las transferencias transfronterizas superiores a 1.000 DM los costes suponían de media el 25%, y en casos determinados hasta incluso el 75%. 
Como se imaginarán, los principales afectados son las pequeñas y medianas empresas. 
El afán que siempre nos movió a los diputados europeos a la hora de la apertura de los mercados entre los Estados miembros de la Unión Europea no era permitir el acceso a dicho mercado a las grandes empresas, pues ya gozaban de él desde hacía tiempo, sino abrir este gran mercado a las pequeñas y medianas empresas. 
Por ello, agradezco profundamente a nuestra ponente, Karla Peijs, el empeño con que desde hace muchos años persigue el objetivo de reducir los costes de las transferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Debo constatar que ya se han producido algunos resultados, que los costes medios de las transferencias son considerablemente menores que en el momento de la apertura de fronteras entre los Estados miembros, pero también quiero poner de relieve que siguen siendo demasiado altos y que debe seguir trabajándose en este sentido. 
Los bancos nos han insistido en muchas ocasiones, y con cierta razón, en que las instituciones necesarias para efectuar las transferencias- es decir, los sistemas de giro- existentes en los diversos mercados nacionales no se han implantado aún en su totalidad a nivel nacional. 
Han de hacerse todavía grandes esfuerzos en esta dirección. 
No dirijo estas palabras únicamente al Banco Central Europeo, sin también a las diversas asociaciones de entidades financieras con que contamos en Europa. 
Lo que pretendemos no es que exista un único sistema de transferencias, lo que constituiría un nuevo monopolio, sino que exista competencia entre los distintos sistemas de transferencias aplicados por los diversos bancos y asociaciones de bancos, una competencia que en última instancia beneficiará a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas. 
Señora Presidenta, debe acogerse con toda satisfacción el informe de la ponente porque pone de relieve los problemas de la circulación de pagos transfronterizos. 
De estas transacciones se espera, al fin y al cabo, que fortalezcan la integración económica de la Unión Europea, no que la obstaculicen. 
Pero es justamente esto lo que viene ocurriendo, pues siguen estando al orden del día las múltiples quejas presentadas por las pequeñas y medianas empresas, al igual que las protestas de los ciudadanos y ciudadanas por las altas comisiones aplicadas a las transferencias de pequeñas cantidades. 
Conocemos incluso casos en los que las comisiones por transferencias transfronterizas han aumentado tras la introducción del euro, y no sólo en una pequeña cuantía. 
El cheque mensual que se envía al hijo o a la hija residentes en otros países de la UE, las transferencias tranfronterizas para el pago de libros o servicios, hoteles o viajes son cargados con una comisión adicional, si bien la ciruclación transfronteriza debería organizarse de forma más eficiente y económica. 
Se habla incluso de la posibilidad de reducir los costes en un 90%, aunque las entidades de servicios financieros nos ponen continuamente de manifiesto que el factor de coste más alto reside en la tramitación de la transferencia y no en el procedimiento técnico de los pagos. 
Sin embargo, habría sido positivo que al mismo tiempo que se introducía el sistema de target para pagos de superior cuantía, se hubiera dado paso al sistema de target para los pagos de poco valor, pues ello sería posible desde un punto de vista técnico: sólo falta la resuelta voluntad que hubo con respecto a los pagos de mayor cuantía. 
En el Parlamento Europeo, hemos lamentado profundamente en el curso de los trabajos en la comisión que la oferta del Banco Central Europeo no haya sido aceptada. 
A este respecto, corroboramos las afirmaciones del Banco Central Europeo en el sentido de que llegará el día en que las transferencias internacionales a países de la UE no podrán ser más caras que las efectuadas dentro de un mismo Estado miembro. 
Afortunadamente las entidades financieras ya han comenzado a trabajar en esta dirección; están en el buen camino. 
Pero habría positivo que hubiéramos aprovechado el plazo transitorio. 
Las muchas quejas presentadas por los ciudadanos hablan por sí mismas, y debo decir que justamente en este tiempo estas quejas no sirven lógicamente para incrementar la aceptación de la Unión Monetaria. 
El objetivo político es claro y recibe el apoyo del Banco Central Europeo: es necesario crear un espacio europeo de operaciones de pago en el que todo funcione tan bien como en un solo país de la UE. 
Los pequeños son tan parte del mercado interior como los grandes, no debe producirse discriminación alguna. 
A mi juicio, los Gobiernos también tienen algo que hacer a este respecto, y por ello apoyo el informe de la ponente. 
Asimismo, la exigencia de informar a efectos de la balanza de pagos debería eliminarse con respecto a los pagos transfronterizos de poco valor cuyo importe no supere los 50.000 euros. 
Basta, efectivamente, con realizar pruebas aleatorias. 
El Banco Central Europeo podría contribuir aplicando un formato de datos europeo unitario en las transacciones de pagos, así como con el empleo de un código de identificación bancaria unitario a nivel europeo dentro del sistema internacional IBAN. 
Sería importante que todos los actores hicieran lo que el Banco Central Europeo debe hacer en cumplimiento del Tratado, es decir, fomentar el funcionamiento sin trabas de los sistemas de pago. 
A la Comisión Europea no le asiste derecho alguno para fijar el importe de las comisiones bancarias, pero sí puede contribuir a la reducción de las comisiones por transferencias. 
En la Unión coexisten comisiones muy distintas, pero que en parte responden también a un mismo tipo. 
De este modo contribuyen a restringir la libre circulación en el mercado interior. 
En mi opinión, la Comisión debe presentar más rápidamente que hasta ahora, y de una vez por todas, los resultados de las investigaciones dirigidas a averiguar si existen acuerdos restrictivos de la competencia entre los bancos. 
En este sentido, será importante- como se pone acertadamente de manifiesto en el informe- orientar a los consumidores hacia los medios de pago electrónicos; para ello, exigimos que se adopten las medidas necesarias para llevar efectivamente a la práctica un estándar interoperativo de varias monedas para bolsas electrónicas de dinero. 
Este planteamiento, que ya ha calado en Luxemburgo, Francia y Alemania, debe extenderse a toda la UE. 
En mi opinión, este informe reviste una importancia capital para integrar efectivamente a los ciudadanos y ciudadanas, las pequeñas y medianas empresas en la zona euro e incrementar la aceptación de la Unión Económica y Monetaria. 
Necesitamos seguridad y rapidez, así como reducir los costes. 
Vivir en la Unión Monetaria significa también contar con un sistema de pagos transnacionales eficiente. ¡Este debe ser el lema para los 432 días restantes! 
Señora Presidenta, quisiera sumarme a los firmes términos de la ponente y a su excelente informe. 
Así mismo, estoy muy satisfecho de que la Comisión Europea, especialmente el Comisario Bolkenstein, además del Comisario Monti, considere prioritaria esta cuestión. 
Los consumidores y las empresas están cada vez en mayor medida descontentos con el nivel de los precios de los costes de las transacciones bancarias transfronterizas en el mercado interior. 
Es muy comprensible. Los consumidores pagan demasiado por algunos tipos de transacciones bancarias transfronterizas, y lo mismo sucede con el dinero en metálico, las transferencias de crédito, las tarjetas de crédito y los cheques. 
Para las grandes sumas, existe una sofisticada red que permite que las transferencias resulten tan rápidas y tan baratas como las transacciones internas. 
Sin embargo, los particulares no cuentan todavía con suficiente apoyo, una reducción de los costes y un funcionamiento eficaz respecto de las sumas de poco valor. 
Por ello, quiero hacer hincapié de nuevo en la necesidad de existan servicios eficientes, seguros y baratos en el ámbito de los pagos de poco valor en el mercado interior y que sean paralelos a la introducción del euro. 
La aceptación del euro depende especialmente de que los consumidores y las empresas puedan utilizar la zona euro como una zona de pagos interna. 
Es crucial que los consumidores acepten el euro. 
En el momento en que las monedas y billetes de euro sean puestos en circulación, el 1 de enero de 2002, los consumidores utilizarán con frecuencia esa moneda, y cómo vamos a explicar que existen diferencias en el uso a pesar de tener una moneda y una zona euro. 
Debe aceptarse la idea en todo el mundo de que las transferencias realizadas entre dos países que pertenecen a la zona euro deben dejar de ser consideradas una transacción internacional, a la que se aplican costes internacionales, para pasar a considerarse una transferencia nacional. 
Los altos costes bancarios constituyen un obstáculo para la realización del mercado interior. 
El consumidor se resiste a efectuar compras internacionales. 
Por ejemplo, uno no se abonará a un periódico extranjero si los costes internacionales constituyen el doble del precio del periódico, ya que se le aplican semejantes costes bancarios elevados. 
No deben existir obstáculos o grandes diferencias cuando hay una libre circulación de capital con una moneda comunitaria. 
El objetivo debe ser una single payment area en la que los pagos transfronterizos tengan que cumplir los mismos requisitos y se les apliquen los mismos costes, tal como sucede con las transacciones interiores. 
En nuestra opinión, ésa es la única consecuencia lógica del mercado interior y de la moneda comunitaria. 
La libre circulación de personas en la zona euro exige un mercado de trabajo flexible. 
Si todavía existen obligaciones de pago en el país de origen, éstas no pueden constituir un obstáculo para ir a trabajar al extranjero. 
Es un hecho que los bancos de toda la zona euro han actuado con mucha reserva en relación con la transposición de la directiva sobre pagos transfronterizos de poco valor. Tras su transposición, también quedaron sin resolver un gran número de problemas. 
Ahora que el cambio está cada vez más cerca, es realmente el momento de actuar, tanto en el caso de los bancos como en el de los Estados miembros. 
Los bancos deben obligarse a ejecutar las normas existentes en materia de numeración de cuentas e instrucciones de pago. 
En estos tiempos de tecnología moderna, la autopista electrónica podría ofrecer una salida. 
Tal vez, ¡qué digo! , probablemente, es el momento de crear un banco en Internet que no imponga costes. 
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Peijs, relativo a los pagos de poco valor en el mercado interno, retoma la antigua reivindicación del Parlamento europeo sobre el elevado coste de las transferencias transfronterizas en el seno de la Unión. 
Es absolutamente cierto. 
Este coste es alto y sabemos el porqué. 
Los sistemas informáticos de los distintos bancos entre los distintos países miembros están mal interconectados, de ahí que sean necesarias operaciones manuales costosas para realizar transferencia de un sistema nacional a otro. 
No hay ahí ninguna maniobra diabólica por parte de los banqueros, sino sólo una realidad técnica que de momento se resiste, pero que forzosamente ha de solventarse con el tiempo. 
Creo pues que es preciso relativizar el problema. Y es tanto más preciso relativizarlo en cuanto que las transferencias transfronterizas representan una mínima parte del conjunto de las transferencias. 
Según documentos que he consultado, representan una parte del 0,2 %, al 0,04 %. 
En cualquier caso, es algo realmente diminuto. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo y la Comisión le dan mucha importancia. 
¿Por qué? 
Primera respuesta, porque las instituciones europeas tienen tendencia a privilegiar todo lo que es transfronterizo, y al fin y al cabo es algo normal. 
Pero mal que bien, este sesgo a favor de lo transfronterizo no debería implicar una penalización de la gran mayoría de los ciudadanos en beneficio de una pequeñísima minoría. 
En la medida en que las inversiones que supusieran una reducción de los costes de las transferencias transfronterizas no serían rentables porque las amortizaría un reducido número de beneficiarios, habría que concluir que si se realizasen en estas condiciones, su coste se trasladaría al conjunto de los clientes de bancos que nada tienen que ver con esta cuestión. 
Creo que, para ser absolutamente ecuánimes, esta consecuencia no es deseable. 
Políticamente, es más que sospechosa. Y además hay que dejar de creer que lo que resulta caro por razones técnicas de repente se volvería gratuito porque se adoptó una directiva para decidirlo así. 
Les recuerdo que la máxima básica que se aprende en primer curso de economía reza así: las comidas gratuitas no existen. 
Hay una segunda razón, señora Presidente, para que el Parlamento europeo siga insistiendo. 
El informe Peijs lo dice así en el considerando D del proyecto de resolución. Lo citaré: "Los elevados gastos relacionados con las transferencias transfronterizas son perjudiciales para la confianza de los consumidores en el euro". 
¿Pero por qué han de ser perjudiciales para la confianza de los consumidores en el euro? 
Acabo de demostrarles precisamente que estos dos problemas no están relacionados, al menos aparentemente. 
En realidad se hizo creer a los ciudadanos, hace algunos años- y vayan ustedes a saber por qué, sin duda para que el euro se aceptase mejor- que este tipo de coste iba a desaparecer completamente con la moneda única. 
Les he traído aquí un pequeño folleto que se distribuyó en millones de ejemplares en los lugares públicos franceses, y sobre todo en las oficinas postales. Y vean lo que dice en el capítulo "comisión de cambio": "en la zona euro, las comisiones de cambio van a desaparecer". 
Por supuesto que, stricto sensu, es cierto, pero el lector inocente, que no fuera un especialista del tema, creyó que todos los costes de las transferencias transfronterizas irían a desaparecer, cuando las comisiones de cambio sólo representan una pequeña parte, un porcentaje mínimo solamente. 
Señora Presidenta, la firmeza que caracteriza a la colega Peijs se nota en casi cada párrafo del informe que examinamos. 
Con razón se aborda el sector bancario y se le reprende seriamente. 
Este sector no quiere avanzar en la liberalización de los pagos transfronterizos que no superan los 50.000 euros, aun cuando las técnicas y normas más importantes están disponibles. 
Uno podría deducir rápidamente que ninguno de los bancos comerciales está interesado en modernizar la actual forma de trabajo. 
Respaldo la política a dos bandas con que la ponente quiere inducir a los bancos perezosos a actuar. 
Presionar con sólo la legislación no es, en mi opinión, suficiente y podría resultar algo menos eficaz que si se presiona a través de una amplia autorización de alternativas que den lugar a la existencia de competencia a la hora de realizar transferencias de dinero en la zona euro. 
Tal vez, la Comisión quiera prestar mucha atención a esta última posibilidad, ya que, supongo, un descenso de las tarifas gracias a un aumento de la competencia cuenta también con su favor. 
Considero que se exagera algo una cuestión. 
La exigencia de que las tarifas de las transferencias de dinero en la zona euro sean iguales a las de las transferencias efectuadas dentro de un Estado miembro, podría dar lugar a un aumento de las tarifas internas. Ciertamente al menos en los Países Bajos, donde durante años ha venido siendo usual que los bancos no carguen nada a los consumidores en ese tipo de transferencias. 
Esta objeción no implica que no alabe toda la energía que la ponente, la colega Peijs, ha mostrado en este expediente. 
Señora Presidenta, distinguido Comisario, señor Bolkenstein, el informe que ahora nos ocupa, elaborado con toda profesionalidad por nuestra colega, la Sra. Peijs, es de especial importancia para los consumidores de la zona del euro y para la confianza misma en el euro. 
Pocas veces hay una unanimidad tan grande en esta Asamblea como la que existe ahora en cuanto a lo importante que es el informe que estamos debatiendo. 
Comparto todas las preocupaciones expresadas por los colegas que han intervenido anteriormente y me sumo a lo que han dicho. 
Esta mañana el euro ha vuelto a tocar fondo. 
Por la mañana el euro se cotizaba a 0,8240 dólares estadounidenses. 
Es un nuevo récord mínimo. 
Así pues, tenemos mucho que hacer aún en este terreno, pero los recursos y los medios con que contamos los políticos en ese punto son mucho menores que los existentes en relación con esta cuestión de los pagos en el mercado interior. 
Quiero dar las gracias a la Comisión por haber presentado recurso judicial contra ciento veinte bancos y entidades bancarias sospechosos de actuar en cártel en el cobro de comisiones por cambio de divisas. 
Se trata de una medida excelente por parte de la Comisión. 
Por otra parte, también comprendo algo a los bancos. 
Aunque ahora criticamos a los bancos en el Parlamento Europeo, hay que comprender que los pagos transfronterizos representan sólo una rodaja del 6 por ciento del total de las transferencias, de manera que, desde la perspectiva bancaria, el desarrollo de este sector es una inversión cara en relación con los beneficios que reporta; esto, claro, desde el punto de vista de los bancos. 
Por otro lado, la partida mayor de gastos de las transferencias transfronterizas es su tratamiento manual, cosa que habría que remediar rápidamente. 
Tal y como la Sra. Randzio-Plath dijo, no podemos obligar a los bancos a reducir sus cobros mediante decisiones políticas. 
Lo que sí podemos hacer es obligar o presionar al Banco Central Europeo para que invite de inmediato a los bancos a participar en los trabajos de un grupo de carácter estandarizador, en el que se adopten las medidas técnicas que permitan reducir los costes. 
No podemos obligar a los bancos a practicar negocios que produzcan pérdidas, pero lo que podemos hacer como políticos es apoyar la enmienda presentada por el Sr. Radwan y la Sra. Peijs en nombre del Grupo PPE-DE, en la que se exige la adopción de medidas para antes de finales del próximo año y, preferentemente, el establecimiento de estos estándares antes de que entren en circulación los billetes y las monedas de euro. 
Señora Presidenta, es una fuente de hondo pesar que en un Parlamento donde todo un 85% de personas ha apostado su reputación política por la moneda única, no dediquemos más tiempo y atención a debatir el funcionamiento de esta moneda. 
Sabemos que es 17 veces más caro hacer una transacción que cruce las fronteras de la zona euro que hacer una nacional. 
Las personas que se incorporaron al euro pensaron que, aunque éste no sirviera para otra cosa, les haría más fácil y barato llevar su dinero al extranjero. 
Vemos que esto no está ocurriendo. 
El beneficio prometido no se ha materializado; y, en efecto, como admitió abiertamente la Comisión cuando se debatió este informe en la comisión, no se espera que la situación mejore cuando circulen los billetes y las monedas. 
Este es otro golpe a una moneda que está luchando, una moneda que marca un nuevo mínimo en el mercado internacional casi todas las semanas, una moneda con un Presidente de Banco que no deja de ser atacado por sus comentarios poco meditados a la prensa, una moneda en relación con la cual, en la única ocasión en la que se pidió a los europeos que votaran si querían incorporarse a ella o no, votaron "no" recientemente en el referéndum de Dinamarca. 
Oímos ahora que los trabajadores de las imprentas responsables de producir los billetes amenazan con ir a la huelga. 
Y, sobre todo, no se está cumpliendo la promesa que hicieron los entusiastas del euro a los europeos del beneficio básico de la reducción de los costes de las transacciones. 
¿Cuáles son los beneficios de una moneda impuesta por una elite política de Europa para la gente de la zona euro? 
Este proyecto no es económico. 
Este proyecto no pretende proporcionar beneficios prácticos a los ciudadanos europeos. 
Es y ha sido siempre un paso con el fin de crear unos Estados Unidos en Europa, un proyecto político. 
Estamos viendo que no proporciona beneficios a la gran mayoría de la gente corriente de la zona euro. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar quiero agradecer de todo corazón a la colega Karla Peijs la elaboración de su informe y su empeño en obtener resultados positivos para los ciudadanos. 
El 1 de enero de 2002 el euro será una realidad para los ciudadanos porque tendrá esta moneda en su bolsillo. 
Hoy día, la comisión media por una transferencia con destino a otro país del mercado único por importe de 100 euros asciende a 17,10 euros, muchas veces más que por las transferencias nacionales. 
El mercado del euro constituirá en el futuro un mercado interior, y el ciudadano no entiende que, en este espacio en el que desaparecen los riesgos de cambio y los medios de pago electrónico a través de la banca de Internet se incorporan a la vida cotidiana, una transferencia de Munich a Salzburgo sea mucho más cara que una transferencia de Munich a Kiel. 
Deben exponerse al ciudadano y a las pequeñas y medianas empresas las ventajas del euro, justamente porque actualmente tenemos problemas con la aceptación del euro y muchos tienen la sensación de que las grandes empresas y los bancos se benefician de ello, pero el ciudadano de a pie no. 
A mi juicio, ha de rechazarse el argumento de que hoy en día se realizan pocas transferencias internacionales en los países del mercado interior del euro. 
Esto es como la discusión sobre el huevo y la gallina. 
Nosotros mismos experimentamos en Bruselas en nuestra condición de diputados, al igual que nuestros colaboradores, que realizamos pocas transferencias internacionales a los países de la zona euro por el elevado importe de las comisiones. 
Tengo el firme convencimiento de que el número de transferencias crecerá notablemente cuando estas comisiones sean inferiores, y los individuos harán uso de esta posibilidad. 
Acojo con satisfacción que la Comisión siga presionando a los bancos y que incluso la incremente con la iniciación del procedimiento contra 120 entidades financieras. 
El Banco Central Europeo también debería intensificar su presión. 
La propuesta que presentamos la colega Peijs y yo apunta en la dirección de que sentar a los bancos en una mesa no para hacer concesiones, porque ya no podemos incrementar más la presión política. 
Tampoco queremos que exista una regulación de precios en este ámbito, pero por lo menos debemos coordinar todas estas acciones. 
EL BCE estaría llamado a fomentar la aplicación de formatos de datos y códigos de identificación bancaria unificados. 
Espero que la reducción de las comisiones no se produzca de golpe dentro de cinco años, sino de forma progresiva, y que los primeros avances en este sentido sean perceptibles ya en 2002. 
Por último, habremos alcanzado el objetivo cuando los bancos ofrezcan en su publicidad transferencias internacionales más baratas. 
Entonces tendremos un verdadero mercado en este sector. 
. (EN) Señora Presidenta, me expresaré en inglés para responder al Sr. Villiers, quien ha hablado de las ventajas, y las posibles desventajas, del euro. 
Es un tema muy debatido estos días, pero no entra dentro de mi competencia. 
Por lo tanto, le comunicaré a mi colega el Sr. Solbes Mira, que se ocupa de las cuestiones macroeconómicas, las observaciones del Sr. Villiers. 
No deseo añadir nada más al presente debate. 
No quisiera enturbiar las aguas. 
Señora Presidenta, quisiera empezar agradeciendo sinceramente a la Sra. Peijs su excelente informe relativo a la creación de un espacio único y uniforme para los pagos. 
Tras la realización del mercado interior y la introducción de la moneda única, ahora más que nunca, necesitamos un espacio único para los pagos. 
En el futuro, las fronteras deben dejar de ser un factor condicionante. 
A largo plazo, no pueden existir, incluso, diferencias entre los pagos transfronterizos y los pagos interiores. 
La realización de este objetivo nos supondrá todavía muchos años de trabajo a nosotros y a ustedes. 
A este respecto, quisiera centrar su atención en la fecha de 1 de enero de 2002. 
Esa fecha debe contemplarse como un hito sumamente importante y simbólico en la construcción de la Unión Europea, lo digo ahora dirigiéndome a la Sra. Villiers. 
En esta fecha en cuestión, el 1 de enero de 2002, todos los ciudadanos de la zona euro tendrán, al fin y al cabo, las mismas monedas y billetes en su monedero. 
Tras el pasaporte europeo, ésta es la segunda muestra palpable y tangible en el día a día de que todos pertenecemos a la Unión Europea. 
Debemos hacer lo posible, por tanto, para que esta nueva fase tenga éxito. 
Después de todo, si el sistema para la realización de los pagos transfronterizos sigue siendo tan caro como lo es hoy en día, la credibilidad del nuevo sistema de monedas y billetes se pondrá en entredicho. 
De ahí que resulte sumamente importante que se adopte toda una serie de medidas mucho antes del 1 de enero de 2002, de forma que estás puedan estar en vigor cuando las nuevas monedas y billetes entren en circulación. 
La Comisión examinará con lupa todas las propuestas que figuran en el informe. 
Sobre todo, estudiaremos concienzudamente los problemas en el ámbito de la competencia. 
A ese respecto, quisiera decir en respuesta a las observaciones de la Sra. Kauppi y también a las de la Sra. Randzio-Plath, quien, lamentablemente, ha tenido que abandonar la sesión, que la Comisión ha realizado estudios en cuanto a la existencia de posibles acuerdos entre bancos. 
Esa investigación se efectuó en febrero de 1999. 
La Comisión envió un pliego de cargos a bancos de seis estados miembros. Eso sucedía en julio de este año y los Estados miembros son Portugal, Irlanda, Bélgica, Finlandia, los Países Bajos y la República Federal Alemana. 
Los procedimientos relacionados con ellos están ahora en marcha. 
Así mismo, ahora se está efectuando ese examen de los costes que se aplican a los pagos transfronterizos. 
Más en general, la Comisión es partidaria de que el desarrollo tecnológico permita aumentar la competencia en este ámbito de los pagos, ya que la competencia da lugar, por supuesto, a costes más bajos. 
Intercambiaremos ideas sobre esta cuestión durante la mesa redonda que se celebrará el próximo 9 de noviembre en Bruselas. 
En el verano de 2001, la Comisión emitirá, además, un informe sobre la mejora del sistema de pagos transfronterizo. 
En ese informe, me dirijo muy en particular a la Sra. Peijs, se efectuarán propuestas legislativas para modificar la directiva de 1997 que entró en vigor el año pasado. 
Se lo señalo especialmente a la Sra. Peijs porque sé que valorará una respuesta clara en ese punto. Le prometo, por tanto, que una vez que se elabore el informe, y no será a vuelta de correo tal como la Sra. Peijs había solicitado, pero en cualquier caso, con bastante celeridad, la Comisión adoptará propuestas legislativas. 
En esa oportunidad, también nos ocuparemos de la reducción del plazo para efectuar las transferencias transfronterizas, cuestión sobre la que se ha insistido en el informe de la Sra. Peijs. 
El 85% de las transferencias de dinero ahora ya se efectúan en tres días. 
Se trata, por supuesto, de pasar de ese 85% al 100%. 
Para lograrlo, la Comisión intenta influir en los bancos. 
Una vez más, habrá que esperar todavía algún tiempo, pero la Comisión se pronunciará el próximo verano, por tanto, sobre la propuesta de la Sra. Peijs para reducir el plazo a la mitad. 
La Comisión intentará satisfacer las exigencias efectuadas por el Pleno. 
En el informe de la ponente se hace hincapié, además, en las declaraciones estadísticas que los bancos deben realizar ante cada transferencia transfronteriza. 
Los Estados miembros obligan a efectuar esas declaraciones, no la Comisión. 
Opinamos que esa forma de recopilación de datos estadísticos sobre el sistema de pagos internos de la Unión es un vestigio del pasado; que en un espacio integrado y único, dejan de estar justificadas, y que constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado. 
Espero también que los Estados miembros procedan rápidamente a una actualización de sus sistemas de recopilación de datos estadísticos. 
La Comisión respalda plenamente, así mismo, las propuestas del Parlamento Europeo a fin de fomentar el pago electrónico. 
Resulta importante a este respecto que la seguridad técnica y jurídica esté garantizada, sobre todo, en lo que se refiere al llamado direct debiting. 
La Comisión no está, por el contrario, de acuerdo con el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ya que, al fin y al cabo, esta comisión nos solicita una iniciativa legislativa para igualar los costes de los pagos transfronterizos con los de los pagos interiores. 
Por supuesto, podemos expresar nuestro acuerdo con el principio, pero no con el procedimiento propuesto. 
Somos partidarios, como es sabido, de la libre competencia y no de una regulación administrativa de los precios. 
Además, tal como muy bien ha señalado el Sr. Blokland, semejante medida podría tener un efecto adverso inmediato, ya que los costes de los pagos interiores aumentarían directamente. 
No creo que los consumidores que nunca realizan transferencias transfronterizas, apreciaran esto. 
Con ello, llego al final de mi breve exposición sobre los efectos que la Comisión tiene la intención de dar a al informe de la Sra. Peijs. 
Espero que el llamamiento que especialmente han dirigido al mundo bancario sea escuchado. 
La Comisión y el Banco Central Europeo mantienen un diálogo permanente y muchas veces difícil con la banca a fin de lograr resultados palpables, y su respaldo en esta cuestión es sinceramente bienvenido. 
Señora Presidenta, para tranquilidad del Comisario. El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos no ha sido adoptado como conjunto en el informe del EMAC. 
El Parlamento, en su sabiduría, está completamente de acuerdo con usted. 
Señora Presidenta, agradezco a la Sra. Peijs esta última observación, que es aceptada en cuanto tal por la Comisión, por tanto, en lo que a eso respecta, mantenemos que la Comisión está de acuerdo- incluso desde todas las perspectivas- con el informe de la Sra. Peijs. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 18 horas. 
(La sesión interrumpida a las 13 horas se reanuda a las 15 horas) 
Programa plurianual de la empresa y el espíritu empresarial (2001-2005) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0267/2000) de la Sra. Montfort, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre un programa plurianual de la empresa y el espíritu empresarial, 2001-2005 (COM (2000) 256- C5-0274/2000- 2000/0107 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, todos tenemos nuestra propia lista de decepciones habituales, contra las que no podemos hacer nada pero que conviene lamentar de cuando en cuando para probar que no se acostumbra uno y que impotencia no siempre rima con indiferencia. 
Al oír las intervenciones de algunos de mis colegas en las comisiones, algunos que llevan aquí más tiempo que yo, tuve la impresión de que el ejercicio del programa plurianual de la empresa y el espíritu empresarial, al que este Parlamento se somete por cuarta vez, pertenece a esa categoría. 
Todas las buenas intenciones son bienvenidas, me decían más o menos, pero vigilemos que, contrariamente a lo que siempre ha pasado hasta ahora, el próximo informe sobre el tema no tenga que llegar a las mismas constataciones que el anterior, ya que no habrá cambiado nada concreto en la situación de las empresas europeas. 
El texto que hoy se les somete tiene pues por ambición transformar lo que era una prueba inútil de figuras obligatorias en un prometedor examen de figuras libres, al que la Unión Europea, si entiende bien cual debe ser su lugar y su papel en el dispositivo, puede aportar su plusvalía. 
El tiempo en que la defensa de las empresas, y especialmente de las pequeñas y medianas empresas, se parecía a un combate corporativista, ha pasado ya totalmente, no sólo porque no queda más que un puñado de irreductibles que sólo ven el mundo de la empresa a través del prisma deformado de la lucha de clases, sino sobre todo porque en el umbral de este tercer milenio, todos sabemos que los problemas de empleo y de cohesión social serán determinantes para nuestras sociedades y que en el seno de esta problemática, la empresa tiene un lugar esencial. 
No es inútil recordar que, tanto en el plano económico como en el social, la empresa tiene el primer lugar. 
Primera creadora de empleo, primer motor de integración social, también ha tomado progresivamente una importancia capital en materia de formación- en el caso de los jóvenes- o de formación continua, y más aún en términos de ordenación del territorio, de la que al fin y al cabo, es el instrumento más eficaz. 
Con esta certeza, los quince han adoptado, en la Cumbre de Feira, en junio pasado, la carta para las pequeñas empresas, cuya existencia puede dejarnos ver hoy un progreso real. 
La carta, además de ser sin duda la base sobre la que hemos de construir una política de empresas que realmente favorezca a las empresas, tiene un mérito inmenso: no reduce nuestra acción a las pequeñas empresas únicamente, sino también hace de estas últimas el eje de nuestra reflexión, la unidad de referencia que debemos considerar de forma prioritaria. 
El Parlamento, compuesto de cargos electos que deben tantear el terreno con regularidad, tiene el deber de expresar claramente esta opción que traduce a la vez una realidad objetiva y produce un método que es el único que puede comprender correctamente la diversidad del mundo empresarial. 
La PYME no es una multinacional en miniatura, y tampoco basta con extrapolar cuantitativamente las dificultades de una pequeña empresa para comprender adecuadamente los problemas de las grandes unidades. 
Sin embargo parece ser una buena política el preferir un enfoque pragmático y de proximidad que sitúe la pequeña empresa en el corazón del dispositivo, más que una propuesta que, con el pretexto de evitar pequeñas medidas inconexas, sólo serviría para crear estadísticas cuyo uso concreto sería perfectamente imposible. 
Me agrada pues sobremanera que la Comisión de Industria haya decidido por unanimidad privilegiar un enfoque sectorial del problema de las empresas, elección inevitable si queremos identificar con mayor precisión las necesidades reales y específicas de las empresas cuya disparidad se presta mal a un enfoque horizontal, insuficiente para ser eficaz. 
Desde luego que las nociones de comparación y de intercambio de mejores prácticas son, en lo absoluto, totalmente interesantes, pero no se puede pensar que se puede, con este único enfoque, intervenir positivamente en la realidad cotidiana de las empresas. 
¿Qué hacer entonces? 
Empezar por tres ideas sencillas: primero, antes que aceptar a una especie de renuncia a alcanzar el mayor número de empresas, utilizar las redes existentes cuyo conocimiento de las realidades convierte en colaboradores imprescindibles para elaborar, y también para instaurar eficazmente, una política para las empresas. 
Este es el motivo por el cual el informe insiste en la necesidad de asociar muy estrechamente los medios consulares y los organismos representativos de las empresas, que tienen mucho que enseñarnos y pueden evitar que se transforme, por ignorancia, una buena idea en una mala decisión. 
Después, hay que vigilar que no se complique más aún el acceso al capital de las empresas, y especialmente de las más pequeñas. 
Aquí nos encontramos con un factor clave del arranque, del desarrollo, de la recuperación, de la transmisión, e incluso de la supervivencia de la empresas. Cierto número de decisiones tomadas, o que están a punto de serlo, hacen surgir ciertas inquietudes, ya se trate de la oscura reestructuración de las tareas respectivas del Banco Europeo de Inversiones o del Fondo Europeo de Inversiones, e incluso del proyecto de directiva sobre los fondos propios de los bancos, cuyo efecto indoloro en la capacidad de las empresas para obtener un crédito habrá de convencernos. 
Sea como sea, ahora que se acerca una economía basada más aún que antes en el conocimiento y la innovación tecnológica, parece imprescindible que la Comisión se preocupe por facilitar y preservar las posibilidades ofrecidas a los más valientes, a los más innovadores, a los que toman riesgos, y ver traducido de forma concreta su espíritu empresarial. 
El rumbo político es responsabilidad de los Estados. 
Es el Consejo quien ha dado este rumbo en Feira, a través de la Carta de las pequeñas empresas. 
Al concentrar los esfuerzos en la coordinación de la políticas definidas en este marco y aplicadas por los Estados miembros, y especialmente al empeñarse en retirar todos los obstáculos técnicos y administrativos que añaden barreras inútiles al buen funcionamiento de las empresas, este enfoque se llevaría a la práctica de forma magistral. 
Espero que la Asamblea renovará, en su voto en sesión plenaria, la unanimidad que surgió en el seno de la Comisión de Industria. 
Así enviaría una clara y fuerte señal al mundo de las empresas, señal que necesitan. 
Estimados colegas, les agradezco por anticipado el apoyo que aportarán a mi informe. 
Señor Comisario, creo poder contar con su energía y su determinación para instaurar este programa. 
Será necesario asociarlo a los demás programas comunitarios y realizar un balance anual, para proceder eventualmente a un reajuste. 
Es así como podremos responder juntos a los desafíos del pleno empleo y de la cohesión social. 
En nombre de todas las empresas, pero también de nuestras sociedades, se lo agradezco. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer quiero felicitar a la Sra. Montfort por su informe y agradecerle su magnífica colaboración. 
Ha sido realmente divertido. 
Europa tiene por objetivo convertirse en la primera potencia económica, y a ello puede contribuir el plan plurianual. 
Lo importante de este informe es, sobre todo, que fomenta el espíritu empresarial en el seno de la sociedad, que los jóvenes se plantean cada vez más establecerse por su cuenta, constituir empresas de menor tamaño. 
Para ello tenemos que actuar en un ámbito que comprende en particular la formación. 
Hasta hace poco tiempo, muchos jóvenes se planteaban, tras finalizar los estudios universitarios, su formación, entrar en la Administración o en grandes empresas configuradas como entidades públicas. 
Aquí debe producirse un cambio en profundidad, un cambio que ya comenzamos a percibir- muchos jóvenes constituyen nuevas empresas- y a nosotros nos incumbe fomentar este espíritu empresarial. 
No obstante, quiero formular tres observaciones sobre este programa. 
Primera: la Comisión tiende a fomentar y definir para el futuro políticas beneficiosas para las empresas. 
Para ello se pretende introducir un proceso benchmark (de referencia) , un planteamiento éste indudablemente interesante. 
Por ahora se prevé que este proceso se desenvuelva entre la UE y los Estados miembros, lo que seguramente no proporcionará una imagen fiel de la situación. 
Si tomamos el ejemplo de mi país, Alemania, comprobaremos que una estadística única para todo el territorio no refleja la situación de su regiones. 
Así, entre Baviera y Mecklemburgo- Pomerania anterior las diferencias son muy grandes. 
O tomemos el Gran Londres y Escocia. 
Deben establecerse diferenciaciones y tenerse en cuenta a las regiones para obtener una imagen fiel de las políticas favorables al espíritu empresarial. 
Segunda: la Comisión se plantea apartarse algo de la política de fomento de la pequeña y mediana empresa. 
Este es sin duda un enfoque sobre el que debe debatirse. 
La promoción de las pequeñas y medianas empresas debe medirse por su efectividad; por ello, se plantea la pregunta de en qué medida dicha promoción es posible en esta forma. 
Si se renuncia a esta acción política a nivel europeo, debe entonces ofrecerse más posibilidades a las regiones. 
En este contexto, ha de revisarse en todo caso la norma de minimis así como ampliar el Reglamento de exención por categorías para las PYME. 
Tercera: las empresas tradicionales y el comercio electrónico. 
Siempre diferenciamos entre la nueva y la vieja economía. 
En mi región, Baviera, hay una empresa, una carpintería, que obtiene actualmente el 70% de su volumen de negocio a través de Internet. 
¿Es vieja o nueva economía? 
A mi juicio, deberíamos reunir estos dos ámbitos para que los sectores económicos normales y tradicionales se conviertan también en nueva economía. 
A este respecto, dirijo dos peticiones a la Comisión. La primera consiste en que la Comisión podría fomentar el desarrollo de un software destinado concretamente a las pequeñas y medianas empresas, un software que por razones de tamaño y costes se aplique en el ámbito de las PYME. 
Los grandes paquetes de software destinados a la industria son demasiado complejos y caros para las PYME. 
La segunda petición consiste en que la Dirección General "Empresas", resultante de la fusión de los sectores de las PYME e industrial, aborde de forma creciente asuntos relativos a las PYME y asuma dentro de la Comisión funciones de vigilancia en asuntos relativos a las pequeñas y medianas empresas; esta Dirección General debe examinar todos los actos jurídicos y comunicaciones de la Comisión relativas a las PYME. 
Por último, espero que los programas de fomento que la Comisión ofrezca al sector de las PYME se elaboren de tal forma que puedan ser considerados desde la perspectiva del cliente, es decir, que sean asumibles en todo momento por las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, soy diputado desde hace once años, y sé como otros que los debates sobre las PYME dentro de nuestro Parlamento no son ni nuevos ni escasos. 
Hay que decir que según los criterios de la Unión Europea, más del 99% de las empresas pueden considerarse como PYME, lo que tampoco es muy serio, ya que demuestra la vaguedad europea del concepto y explica así muchas inexactitudes. 
Recordemos que el primer programa de acción comunitaria en este ámbito se adoptó en 1983, es decir hace diecisiete años. 
Nuestra ponente, la Sra. Montfort, ha realizado durante estas últimas semanas un excelente trabajo, profundo y en estrecha colaboración con todos sus colegas. 
Ha percibido con exactitud en el texto de la Comisión los puntos que no estaban claros y los desfases importantes entre las afirmaciones y las realidades. 
Su trabajo, que hemos seguido de cerca, ha consistido en precisar las cosas y en intentar establecer una clasificación más precisa entre las distintas formas de PYME, de microempresas y de empresas artesanales. 
De hecho, en este sentido nosotros y yo mismo hemos presentado y apoyado una serie de propuestas concretas y fuertes para pasar, en el ámbito de las PYME, de los discursos a las realidades, ofreciendo acceso a la innovación y al comercio electrónico, simplificando ciertas formalidades aduaneras, poniendo fin a ciertas disparidades administrativas y reglamentarias y desarrollando, es importante, el acceso al capital-riesgo, desarrollando así los euro-infocentros para amplificar el papel informativo y de apoyo ante las empresas, dando una nueva orientación al programa-marco de investigación y desarrollo tecnológico hacia una mayor apertura en dirección de las PYME innovadoras. 
En lo que a mí se refiere, he querido, junto con mis amigos, insistir en la artesanía y en las micro-empresas, he pedido que se consideren como es debido los objetivos de medioambiente y de desarrollo sostenible y que se favoreciese el acceso de las PYME a las nuevas tecnologías de comunicación e información. 
También he pedido que se apoyen acciones basadas en grupos específicos como las mujeres, los jóvenes y los sectores de la economía social, sin olvidar de forma general la participación de los empleados en la vida de estas PYME. 
Las PYME son la principal fuente de creación de empleo, tanto en calidad como en cantidad. Desempeñan un papel esencial para la cohesión social y para la ordenación del territorio. 
Por eso es más que urgente eliminar los numerosos obstáculos para su desarrollo y organizar las formaciones necesarias. 
Espero pues, señora ponente, que un voto masivo a su informe permitirá al fin que en este ámbito se realice un salto cualitativo y que se rechacen además ciertas enmiendas demasiado liberales, como la que pretende reducir el número de programas de promoción y la que propone crear un nuevo observatorio. 
Si tuviese que concluir, señor Presidente, en cuatro palabras, diría en este ámbito- y soy yo quien lo dice- menos ideología y más acciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero, en primer lugar quiero pronunciar unas palabras de agradecimiento a la ponente, quien ha elaborado con mucho esmero, en efecto, su informe. 
Este esmero resulta más que necesario si queremos establecer la empresa Europa para 2005 y queremos hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
La enmiendas presentadas al informe en la comisión, a mi propuesta, además de a propuesta de otros, hacen hincapié en que el programa plurianual sirva para que se utilice como instrumento para fomentar el crecimiento económico, el pleno empleo y la cohesión social. 
Quiero subrayar que es primordial que se haga más hincapié en la información, ya que no puede dejar de subrayarse que tanto la iniciativa empresarial como el clima empresarial son sumamente importantes. De ahí que haya que centrarse y prestar una especial atención a la formación de los jóvenes, pero también al hecho de suministrar formación permanente al personal de las pequeñas y medianas empresas. 
Sobre todo, quiero abogar hoy por que se eliminen sistemáticamente el mayor número posible de trabas, si no todas, que impiden la realización del mercado interior; por que la competitividad de las pequeñas y medianas empresas se optimalice, de manera que puedan evolucionar de forma dinámica y duradera. 
Así mismo, siempre he sido partidario de que esto se apoye en una política eficiente y pragmática. 
Me satisface la frase final del colega Caudron, quien propone que nos basemos menos en la ideología y más en una política eficiente y pragmática consistente en que todas las preocupaciones administrativas deben ser reducidas al mínimo. 
Y de ahí tiene que resultar, en primer lugar, la simplificación de las formalidades aduaneras, puesto que la diferencia entre los Estados miembros en cuanto a los costes en los ámbitos fiscal, social, administrativo y administrativo-jurídico constituyen, al fin y al cabo, un freno fundamental a la igualdad de acceso al mercado interior. 
Por último, señor Presidente, quiero abogar ahora por que esto también se tenga en cuenta de cara a la próxima ampliación de la Unión Europea. 
Es necesaria una transposición eficaz del acquis a fin de que la ampliación resulte una situación en la que ganen todos, tanto los Estados miembros como los estados candidatos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, ante todo quiero yo también felicitar a nuestro colega, la Sra. Elisabeth Montfort, por la calidad de su informe relativo al programa plurianual para las empresas y el espíritu de empresa para el periodo 2000-2005. 
El cuidado con que hizo el estudio de propuestas y la concertación que ha perseguido con numerosas partes interesadas han sido un triunfo para definir mejor y optimizar la instauración de este programa. 
Quisiera aquí subrayar cierto número de elementos clave que nos preocupan a la hora de mejorar la aportación europea a la empresa en esta nueva economía llamada "del conocimiento". 
¿Qué podemos aportar mejor a la empresa Europa, como la llamó el presidente Prodi en una reciente intervención? 
En primer lugar, cualquier empresa debe considerarse dentro de este contexto. 
Por supuesto, están las grandes empresas- digamos que son las que tienen varios miles de empleados. 
Para éstas, debemos considerar no sólo lo que aportan en términos de economía de mercado, empleos y beneficios que resultan, sino también lo que aportan al conocimiento por su apoyo a los programas de investigación aplicada y al diseño, a la creación de empresas. 
Sus contactos con laboratorios de investigación (a menudo públicos) permiten sin duda completar las financiaciones públicas que a menudo lo necesitan así como hacer descubrimientos. 
Conviene pues estar atentos a nuestra acción positiva en este sentido. 
Volvamos a las Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas y a las microempresas. 
Representan, como el Sr. Caudron dijo, el 98% de nuestro tejido económico. 
En ellas está el mayor potencial de adaptación. 
Diría que son verdaderos comandos económicos y de innovación, se encuentran en primera línea y están expuestas a los riesgos que esto acarrea. 
Por lo tanto nuestra preocupación por ellas debe ser especial y tenemos que llevar a cabo acciones concretas que puedan asimilar con facilidad. 
En segundo lugar, no volveré a las actuaciones que el informe menciona, y que además son el resultado de una evaluación realizada el año pasado. 
Verán sin embargo que se vuelve a considerar lo más importante de temas muy antiguos: simplificación de las formalidades de ayuda, que siguen siendo muy pesadas, diría incluso asfixiantes para las PYME, ayuda a la financiación y al capital de riesgo para garantizar una mayor estabilidad, ayuda a la investigación de nuevas tecnologías, establecimiento de unas referencias europeas para el procedimiento BEST, ayuda a la comunicación y a la información. 
Debemos ayudar a estas empresas en su entorno, ya sea geográfico o tecnológico. 
Debemos favorecer su actuación, favorecer un desarrollo local a partir de recursos locales tanto materiales como humanos así como sus relaciones con las colectividades locales. 
En este sentido, debemos no sólo ayudar a las empresas con estructura clásica, sino también a aquellas que tienen una economía mixta y una economía solidaria y que siguen trabajando para una mejor estabilidad y para la creación de empleos. 
En tercer lugar, tenemos que buscar el valor añadido europeo. 
Podría tratarse de la instauración de una red europea tanto física como electrónica, donde las PYME podrían entrar, informarse, intercambiar conocimientos con los mecanismos y la ética adecuados y recoger los mejores elementos que la Unión Europea instaura para apoyarlas. 
Me parece evidente en efecto que no se puede admitir que todo se gestione en este ámbito desde Bruselas. 
Tenemos que llevar a cabo acciones de campo, delegaciones que podríamos controlar, tanto por parte de la Comisión, como por el Parlamento o el Consejo, en las regiones, como preconizaba recientemente el informe Majo. 
Habría que escoger algunos temas de intervención. 
Se encontrarán fácilmente, y en particular en la sociedad de información, en este desarrollo sostenible del que tanto se habla, en los ámbitos de medioambiente, de tecnologías limpias, de eco-tecnologías, de nuevas energías y de materiales nuevos. 
Esta red de ayuda europea debería atribuir una marca a ciertos centros, como los Euro-info-centros. 
Para una pequeña o mediana industria o empresa, trabajar con tal tipo de red certificada europea, podría, sin lugar a dudas, cuando la sinergía exista, evitar tener que constituir un consorcio con varias empresas de varios países de la Unión, lo que a menudo les lleva a elaborar una construcción artificial, y pesados expedientes con numerosas complicaciones. 
Desearía realmente que la Comisión instaure, en este ámbito, un grupo de trabajo que asocie a parlamentarios motivados. 
En cuarto y último lugar, recordaré que es preciso tener en cuenta las propuestas del espacio europeo de la investigación que queremos instaurar. 
Paralelamente, proponemos que se ponga en marcha un espacio europeo de innovación y me siento reconocido hacia la Sra. ponente por haber aceptado incluir esta propuesta en su informe. 
Al fin deberemos tener en cuenta los resultados de los trabajos del coloquio "Ciencias y gobierno" que tuvo lugar la semana pasada en Bruselas bajo la égida del Centro de prospectiva tecnológica de Sevilla, así como el seguimiento de este coloquio, ya que hay numerosas interferencias con el tema que tratamos hoy. 
Por último, estoy convencido de que el momento ha llegado ya, para ayudarnos en nuestras elecciones y en el seguimiento de nuestras acciones, de crear dentro del Parlamento europeo una verdadera oficina parlamentaria de evaluación de elecciones científicas y tecnológicas, como existen en los parlamentos nacionales y de los que sería el corresponsal. 
Nuestra Presidenta, la Sra. Fontaine, nos pide hoy, como responsables del STOA, que dirijamos un mensaje de apoyo al EPTA, organización especializada en el ámbito de la evaluación tecnológica en Europa, fundado bajo la égida de nuestro colega, el Sr. Barón Crespo, que se reúne en Berlín el 10 de noviembre próximo. 
Pero el STOA no es realmente el organismo homólogo, y tenemos propuestas precisas sobre este tema. 
Señora Montfort, nuestro Grupo apoyará masivamente su informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, las pequeñas y medianas empresas tanto del sector de la producción como del sector de los servicios sólo pueden sobrevivir en el mercado si sus libros de pedidos están llenos. 
Y los libros de pedidos sólo estarán llenos si hay clientes, clientes que se pueden clasificar en tres categorías: las grandes empresas, los consumidores privados y las Administraciones Públicas. 
De ello se deduce que las pequeñas y medianas empresas sólo pueden marchar bien si la tasa de desempleo es reducida y las Administraciones Públicas de todos los niveles no están endeudadas y disponen de recursos suficientes para destinarlos a los presupuestos de inversión. 
Con respecto a las PYME, quiero dirigir particularmente la atención hacia las pequeñas empresas y las microempresas, dado que en este segmento vienen a añadirse condicionantes específicos y agravantes, sobre todo en el sector de la producción. 
Estas empresas poseen raras veces de un potencial de investigación y crecimiento propio, de suerte que el peligro de desacoplamiento entre el desarrollo de nuevos productos y el perfeccionamiento de productos, de aplicación de tecnologías obsoletas y de falta de adaptación a las exigencias de mayor calidad es particularmente grande. 
A ello se le añade muy a menudo, como consecuencia de la insuficiente cualificación del personal de gestión, la variante de que las posibilidades de obtención de ayudas, que existen en cantidad suficiente, son aprovechadas de forma deficiente. 
Por no hablar de los principales problemas no resueltos hasta ahora: la permanente infracapitalización, un muy mal acceso al crédito por la falta de prestación de las garantías bancarias habituales, el limitado ámbito regional de los mercados y la insolvencia. 
Ello significa que es necesaria una política orientada hacia las PYME que, por un lado, proceda a unificar los programas de ayuda y, por otro, tenga en cuenta las necesidades específicas y los ámbitos de problemas vinculados al tamaño empresarial, a las estructuras empresariales, cadenas de montaje, etc. 
El informe de la Sra. Montfort supone una mejora considerable del informe de la Comisión. 
Podría incluso decirse, señora Montfort, que usted misma es una activa pequeña empresaria. 
Su informe es magnífico. 
No obstante, habría deseado que algunas ideas económicas hubieran encontrado en él un mayor eco. 
Estas son, en primer lugar, el reforzamiento- no estoy diciendo el cambio- de la política económica orientada hacia la demanda frente a la orientada hacia la oferta. 
La segunda es el desplazamiento de la prioridad, dentro del fomento de las inversiones, hacia las inversiones de ampliación en perjuicio de la inversión de racionalización, puesto que ello significa, sensu contrario, que el contribuyente pone a disposición fondos que las empresas utilizan con fines de racionalización. 
Luego, la gente que antes tenían un puesto de trabajo está en la calle y le dice al contribuyente: preocúpate otra vez de lo que ocurre con esta mano de obra desempleada. 
¡Esta no puede ser el objetivo primordial del pensamiento económico! 
Sin duda puede parecer aceptable desde un punto de vista empresarial, pero no económico. 
Creo que en el Parlamento Europeo tenemos una responsabilidad económica que goza de prioridad frente a la responsabilidad económica. 
Señor Presidente, este programa plurianual ofrece un marco europeo para el desarrollo del potencial de innovación y la capacidad competitiva de las empresas situadas en los Estados miembros. 
Al mismo tiempo, el principio de subsidiariedad recibe la atención que, en nuestra opinión, merece. 
Estamos de acuerdo con la atención que con razón pide la ponente, la Sra. Montfort, para las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, así como con prestar un apoyo prioritario a los jóvenes empresarios que empiezan. 
La ponente enumera una serie de prioridades a fin de reforzar el clima empresarial europeo. 
Así, aboga por la entrada de las empresas en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La pregunta que surge es cómo contribuye el programa plurianual concretamente a reforzar la competitividad de las empresas en este asunto. 
Sea como sea, la Comisión tiene que servir de estímulo para proceder al intercambio de experiencias regionales y de las mejores prácticas en este ámbito. 
Otra prioridad de la Sra. Montfort es la mejora, cito: la simplificación de la legislación y de la reglamentación de los Estados miembros. 
De todos modos, siempre estamos dispuestos a derribar las barreras administrativas innecesarias para las empresas. 
Juzgamos preocupante una tercera cuestión, señor Presidente, la protección de la propiedad intelectual a nivel comunitario. 
Nos referimos especialmente a la patente de la innovación del software. 
Las empresas necesitan claridad. 
Formulado de otra forma: ¿tiene todavía sentido invertir en este sector? 
Surge también a este respecto la pregunta de si es posible que Europa vaya por detrás de los EE.UU precisamente por no existir una patente europea de software. 
Por último, señor Presidente, la práctica a nivel nacional y regional va a resultar determinante para que el presente programa plurianual tenga éxito. 
Según nuestra visión política, las iniciativas empresariales deben tener lugar en ese ámbito. 
El respaldo europeo a semejante espíritu empresarial es siempre bienvenido. 
Estimado señor Presidente, estimadas señores y señores, yo procedo de una herrería y en ella me crié. 
Sé qué problemas tiene una pequeña empresa. 
Por ello quiero felicitar al Sr. Liikanen, pues hoy se ha conseguido algo especialmente importante para una pequeña empresa y para los muchos empresarios individuales con que contamos. 
El acceso desagregado en la última milla ofrece nuevas oportunidades para la competencia y, en consecuencia, favorables posibilidades de compra y buenas oportunidades para que las nuevas empresas se reafirmen en este sector. 
Si se tiene en cuenta que el programa está dotado con cerca de 230 millones de euros, esta cantidad, dividida entre los 16 millones de pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, arroja un resultado de 3 euros por año y empresa. 
Este programa es tan importante justamente porque proporciona impulsos, impulsos efectivos, lo que es también muy importante para nosotros los diputados. 
Por ejemplo, el asunto de los centros de información sobre el euro. 
Mi persona de contacto es el Magister Leitner, y si tengo un problema en lo relativo a las políticas de fomento, un problema con las Instituciones europeas, puedo decir a mis empresarios que pueden acudir a una persona competente que conoce el tema y que en un corto espacio de tiempo puede proporcionarle información sobre concursos públicos, programas de fomento, investigación e infraestructuras. 
Esto es muy conveniente para Europa, porque puede prestar una ayuda rápida, adecuada y técnicamente correcta. 
Para las pequeñas empresas es enormemente importante recibir ayuda con rapidez. 
Para una pequeña empresa, tres o seis meses de espera para recibir la información o para que se aplique el programa es demasiado tiempo. 
Es decir, cuanto más pequeña es una empresa, más rápidos son los procesos, y gracias a las nuevas tecnologías los procesos serán lógicamente más rápidos. 
Todos sabemos que el ritmo de nuestro tiempo se ha acelerado por el uso del teléfono móvil, del correo electrónico y de Internet, lo cual ofrece oportunidades totalmente nuevas. 
Por ello, es importante que en el aspecto de la financiación procuremos que las empresas tengan acceso al mercado de capital y no sólo a la bolsa. 
En particular, si un empresario individual o una empresa con 250 empleados cuenta con un proyecto, no puede ser el único medio de recibir financiación la constitución de garantías del 120%, sino que también debe ser posible recibir financiación para el que disponga solamente de una buena idea. 
Este planteamiento nos es aún muy lejano en Europa. 
Lo que necesitamos son más especialistas que ayuden a nuestras empresas en los procedimientos difíciles a nivel europeo. 
Quiero señalar como ejemplo las reglas. 
Una pequeña no sabe en principio mucho de cómo nace una regla ni de cómo se aplica una regla a nivel europeo. 
Por ello son tan importantes las agrupaciones como NORMAPRE, porque en ellas una pequeña empresa puede recabar el know-how necesario de forma rápida y eficiente, porque en Internet existen ofertas adecuadas y porque simplemente presta una gran ayuda en el trabajo cotidiano. 
Uno de los puntos más importantes es, no obstante, la fiscalidad de las empresas. 
Si en EE.UU. el tipo medio del impuesto de sociedades es del 30% y aquí es del 45%, las pequeñas empresas tienen que ser entonces un 15% más productivas para obtener los mismos beneficios o trabajar un 15% más. 
Por ello, nuestro objetivo debe consistir en reducir el tipo fiscal tanto como sea posible mediante leyes más flexibles, con índices de referencia más bajos y con buenas prácticas, con la finalidad de disponer de un marco de ordenación sencillo y adecuado a nuestras empresas. 
Señor Presidente, también yo quiero sumarme a los agradecimientos que ha recibido la Sra. Montfort por el excelente trabajo realizado. 
Creo que el debate desarrollado por la Comisión de Industria que espero que el Parlamento concretará con la votación, ha sido extraordinariamente útil y necesario para reintroducir en este programa plurianual que vamos aprobar, un espacio y una atención adecuados a las pequeñas y medianas empresas y en particular a las microempresas, las empresas artesanales que, hoy por hoy, revisten mucha importancia en la economía de la Unión Europea. 
Desde este punto de vista, creo que no podemos valorar positivamente el hecho de que, en el programa que nos ha remitido la Comisión, sea tan limitado el espacio y la atención que se dedican en particular a las microempresas, mientras que en estos últimos años el concepto de microempresa y de empresa artesana se ha ido afirmando con cierta fuerza. 
Debemos, por el contrario, hacer más y mejor para la pequeña empresa y para la microempresa y, sobre todo, debemos hacerlo en concreto cuando hablamos de economía del conocimiento y de la información, de investigación y de innovación. 
Desde este perfil, creo que este programa plurianual es necesaria y solamente el primer paso, después del cual es preciso proseguir en concreto- suscribo al respecto lo que decía el Sr. Rübig- promoviendo, por ejemplo, las red de los Euro Info Centre que constituyen uno de los aspectos y de los soportes fundamentales de la acción en favor de las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea y a los que creo que se debería conceder un papel de coordinación, a nivel local, de las redes europeas que ya están funcionando. 
Asimismo, en la acción de la Unión Europea, habría que prever en concreto cuotas específicas y destinadas a las pequeñas empresas y a las microempresas en el ámbito de todas las actividades relacionadas con la investigación, la innovación, el proyecto e-Europe, etcétera. 
Señor Presidente, este informe es una oda al espíritu de empresa, pero tras las expresiones líricas se esconden subvenciones y ayudas repartidas por las instituciones europeas. Parece que el espíritu empresarial necesita estímulos contantes y sonantes. 
La exposición de motivos habla de las PYME, e insiste en el hecho de que puede tratarse de empresas que emplean como máximo 500 empleados o de artesanos que sólo emplean dos o tres personas, y que en conjunto representan más del 99% de las empresas de la Unión. 
¿Pero cuántas de entre las PYME son en realidad filiales de grandes grupos industriales? 
¿Y cómo se reparten las subvenciones entre éstas y los artesanos? 
El informe no dice palabra al respecto ya que tendría que reconocer que la mención de las pequeñas empresas sólo es la justificación demagógica de las ayudas que se conceden a las grandes. 
Los Estados nacionales, e incluso las autoridades regionales o locales ya se comportan como verdaderas bombas financieras, que drenan el dinero de los contribuyentes, es decir sumas que se retienen a la mayoría de la población, incluyendo los más desfavorecidos, y lo bombean hacia las grandes empresas y por ende hacia sus propietarios y accionistas. 
La perspectiva de las instituciones europeas se limita a amplificar más aún indignantes transferencias de injusticia cuando incluso dentro de la parte rica del continente europeo que representa la Unión, varias docenas de millones de personas viven en la pobreza. 
Si me lo permite, señor Presidente, contestaré a la Sra. Montfort diciendo que es la gran patronal la que practica cotidianamente la lucha de clases contra los trabajadores, y que la minoría a la que se refiere, en cambio, defiende los intereses de la clase obrera. 
Señor Presidente, antes de nada debo declarar mi interés personal. 
Soy el jefe ausente de una empresa muy pequeña, nuestra empresa familiar ubicada en Londres. 
No diré cuál es su actividad, ya que esto podría interpretarse como publicidad, pero sí que la fundó mi padre, Francis Chichester, de lo que me siento muy orgulloso. 
Me permite venir aquí y realizar mi trabajo para mis electores. 
Celebro toda medida que, como esta propuesta e informe, exprese nuestro apoyo a escala europea a la importancia de las PYME y, particularmente, de las pequeñas empresas. 
Me gustaría felicitar a la Sra. Montfort por su muy elaborado informe que, como ya hemos oído, ha recibido un amplio apoyo de la Cámara. 
En mi opinión, lo mejor para las pequeñas empresas es que las autoridades las dejen en paz y que desistan de la tentación de intentar escarbar en las ganadoras. 
La diversidad y la seguridad en las cifras, de las que surgen las ganadoras, son la mejor manera de avanzar. 
Me acuerdo de lo que nos dijo el Comisario hace un año sobre la experiencia en los Estados Unidos, donde no temen el fracaso y creen en el viejo proverbio escocés que dice "si no tienes éxito la primera vez, inténtalo, inténtalo otra vez". 
Lo importante es encontrar el equilibrio adecuado, evitar una situación continua de personas que fracasan a expensas de otras personas. 
Sospecho que los verdaderos obstáculos y problemas a los que se enfrentan las pequeñas empresas están en otras áreas de la legislación europea y nacional, donde se topan con grandes cargas en términos de administración, tributación y regulación. 
En efecto, esto parece muy oneroso para las pequeñas empresas, desmesuradamente oneroso. 
Recientemente eché un vistazo a los impresos que hay que rellenar para la declaración de la renta de las pequeñas empresas del Reino Unido y pude percatarme de que se necesita una gran concentración para responder correctamente. 
Déjeme terminar diciendo que, en mi opinión, lo más importante para las pequeñas empresas, la mejor medicina para ellas, es la competitividad. 
Esta es la manera de que sean eficientes, innovadoras y rentables. 
Señor Presidente, es importante acentuar la prioridad concedida por el nuevo programa plurianual a las empresas y al espíritu empresarial de las pequeñas y medianas empresas. 
Todos sabemos que el entorno es hoy especialmente adverso a estas empresas; más en concreto, mi experiencia en el ámbito de la edición y las librerías no me permite ser especialmente optimista, por que conozco los grandes problemas, en ocasiones insuperables, a los que se enfrentan estas empresas a causa precisamente de su tamaño. 
El programa plurianual, a causa de sus limitaciones económicas, simplemente reconoce, en mi opinión, el problema y le confiere carácter y respaldo político; no está, sin embargo, en condiciones de apoyar sustancialmente, ni mucho menos de invertir las tendencias dominantes hoy en la economía y que ahogan literalmente a las entidades de dimensiones pequeñas en todos los sectores. 
Las pequeñas y medianas empresas son, en opinión generalizada, un vivero de nuevos talentos, de nuevas ideas, de experimentación de nuevos productos y servicios, de un espíritu de creatividad independiente. 
Pero, ¿cuántas de entre ellas pueden convertir estos rasgos tan valiosos no sólo para la economía y la sociedad, sino para la propia cultura europea, en verdadero desarrollo empresarial? 
Muy pocas. 
El vivero de las pequeñas y medianas empresas incluye miles de frágiles intentos que nutren de potencial humano y de ideas a las grandes empresas. 
La competencia a la que se enfrentan es enorme, y si bien sus resultados son buenos en el ámbito de la producción, y con frecuencia presentan propuestas nuevas, originales e imaginativas, ¿qué pueden hacer en el ámbito de la distribución, el estudio de mercados y la publicidad de sus productos? 
La distribución es en nuestros días extraordinariamente complicada y costosa; exige grandes cantidades de productos y buena organización; con frecuencia excede las posibilidades de las pymes. 
La publicidad, por su parte, en la mayoría de las ocasiones es sencillamente inasequible a causa del elevado coste. 
Las compras de empresas que en los últimos años vemos proliferar a escala insospechada en muchos sectores cortan literalmente de raíz estos intentos, interrumpen su trayectoria creadora y le privan al entorno de la competitividad de la creación, con el resultado de que en el mercado permanezcan tan sólo los productos convencionales que responden a modelos estereotipados. 
Señor Presidente, señor Comisario, aplaudo este informe y estoy contento porque la Sra. Montfort ha podido someter a nuestra atención la importante acción de las pequeñas y medianas empresas en Europa. 
Sin embargo, me pregunto cuánto tiempo tendremos que esperar para que la Unión Europea tenga competencias para modificar las normas que regulan las pequeñas y medianas empresas en toda Europa y, sobre todo, cuándo cambiará el clima que, en cuarenta o cincuenta años de Gobiernos de izquierda, o preferentemente de izquierda, ha perjudicado el espíritu empresarial de las empresas en Europa. 
En muchos de nuestros Estados quien se pone a trabajar por su cuenta, en lugar de ser tratado como un generador al menos de un puesto de trabajo- el suyo- a veces se considera como un delincuente, un aprovechado, un ladrón o un evasor. 
Deberían quedar exentas del pago de impuestos y tasas las nuevas empresas durante al menos cinco años y se debería poner al lado del joven que empieza a trabajar a una persona mayor que aporte su experiencia. 
En lo que se refiere al aspecto que más conozco- el de las pensiones y de la protección social- se debería dar al trabajador autónomo por lo menos lo mismo que se da al trabajador por cuenta ajena. 
En muchos de nuestros quince Estados, los trabajadores autónomos tienen, respecto a los trabajadores por cuenta ajena, un nivel más bajo de pensiones, de seguros de tipo profesional y de seguros contra accidentes laborales. 
Ésta no es justicia y, por lo tanto, apoyo este informe. 
Señor Presidente, creo que el completísimo informe de la Sra. Montfort ha añadido una fuerza considerable al documento original de la Comisión. 
Soy un crítico constructivo de algunos esfuerzos del Sr. Liikanen. Creo que el primer documento que vimos no estaba en realidad enfocado como debería. 
La Sra. Montfort ha proporcionado un valioso enfoque sobre las cuestiones clave que encaran las pequeñas y medianas empresas. 
Quiero mencionar en particular la innovación que realizó la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía al celebrar una audiencia en torno a las cuestiones planteadas en el informe de la Sra. Montfort. 
Cuantas más personas procedentes de pequeñas y medianas empresas de fuera del Parlamento tengamos que nos hablen de estas cuestiones, tanto mejor podremos hacer nuestro trabajo. 
Esto es algo que la Comisión de Industria necesita hacer regularmente desde ahora en adelante. 
Para terminar mis observaciones en este debate me gustaría volver a la cuestión central. 
El problema de las pequeñas y medianas empresas es que no tienen muchos recursos para salir y obtener información, descubrir qué subvenciones y ayudas hay disponibles para realizar la suerte de tareas administrativas que les imponen los gobiernos nacionales cada vez con mayor fuerza. 
Lo que tenemos que considerar es el modo de hacer que la información esté disponible para ellas. 
De las medidas que hemos propuesto aquí, la que más me gustaría que abordara el Comisario es facilitar y agilizar el acceso a las ayudas y la información para que la gente que dirige estas empresas pueda usarlas eficazmente. 
Sabemos que hay muchas ayudas disponibles en toda la Unión Europea. 
La gente habla mucho de la ayuda a las PYME, como nos ha recordado el Sr. Chaudron, un veterano de este proceso, pero sabemos que hay muchas empresas que no se aprovechan de las ayudas disponibles. 
Si queremos que este programa tenga el efecto que debe tener, lo que necesitamos es un conjunto sencillo, bien orientado, eficaz y especializado de medidas. 
. (FR) Señor Presidente, quiero ante todo expresar mi agradecimiento a la ponente, la Sra. Montfort, y a la comisión del Parlamento Europeo, por el trabajo realizado sobre el proyecto de decisión. 
Les agradezco igualmente el apoyo que han prestado a la propuesta de la Comisión. 
El programa plurianual para la empresa y el empresariado será un instrumento principal de apoyo a las empresas europeas. 
Se dirige principalmente a las pequeñas y medianas empresas. 
Son las pequeñas empresas quienes más sufren con los obstáculos al entorno empresarial. 
Les afectan especialmente los procedimientos del reglamento administrativo apremiante. 
Por ese motivo debemos pensar "pequeño" en primer lugar "think small first". 
Ese es igualmente el principio rector de la Carta para las pequeñas empresas. 
Acogeremos favorablemente el principio de enmienda que se refiere a la Carta. 
Numerosas enmiendas se refieren a las microempresas y a la artesanía. 
Nos complace el apoyo que se les otorga de este modo. 
Es preciso considerarlo en la instauración del programa, pero no tiene lugar mencionarlo por separado en el texto legislativo. 
Para alcanzar los objetivos de la Cumbre de Lisboa en materia de empresariado y de transición hacia una sociedad de la información para todos, necesitamos empresas dinámicas y competitivas. 
Son las únicas que pueden ofrecer más y mejores empleos. 
Sólo si disponemos de empresas competitivas podremos poner fin a la exclusión social. 
Necesitamos empresarios que vengan de todos los horizontes de nuestra sociedad. Más mujeres empresarias, más jóvenes empresarios y más empresarios surgidos de estamentos sociales que no tienen la representación que merecen. 
Todos ellos ocuparán un lugar preferente en el programa plurianual. 
Las empresas en desarrollo necesitan un tipo de financiación adecuado a cada etapa de su ciclo vital. 
Sin embargo, el mercado tiene carencias que deben completarse, y sobre todo en la etapa de arranque. 
La ampliación y la sostenibilidad son prioridades en el conjunto de nuestro trabajo. 
Los parlamentarios están de acuerdo con estos principios. 
También estamos convencidos de su importancia. 
Deseamos una cantidad reducida de proyectos eficaces, y esto es muy preferible a múltiples actividades inconexas. 
Gracias a nuestro procedimiento Best, la Comisión identificará e instaurará las mejores prácticas. 
Daremos una amplia publicidad a los resultados y mantendremos informado al Parlamento. 
Por otro lado, debemos pensar con atención en el nivel de gobierno europeo mejor adaptado a tal o tal iniciativa. 
No tenemos intención de imponernos en lo que se refiere a actividades que obtendrían mejores resultados a escala nacional. 
Pero acogeremos favorablemente- tanto como sea necesario- la participación de los Estados miembros para dar apoyo e información a nuestras empresas, en lo que se refiere a las modalidades de acceso al mercado europeo. 
El programa hará lo necesario para que las redes ofrezcan esta información. 
Para todo este esfuerzo, necesitamos los consejos del mundo empresarial y de otros grupos de interés. 
Estamos mejorando nuestra estructura de consejo para poder seguir en contacto en todo momento con estos intervinientes. 
Señor Presidente, las empresas europeas necesitan un buen entorno empresarial para desarrollarse. 
El programa plurianual intentará mejorar el modus operandi de las pequeñas y medianas empresas. 
Les agradezco su apoyo en esta dirección. 
Finalmente, me agrada la idea de concertarnos una cita anual para realizar un balance de la instauración del programa. 
En cuanto a la forma del balance, estoy abierto a cualquier sugerencia. 
Pensemos en ello juntos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.00 horas. 
Plan de acción para Albania y la región limítrofe 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0287/2000) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de plan de acción para Albania y la región colindante (7886/2000- C5-0305/2000- 2000/2158 (COS) ). 
- (EL) Señor Presidente, las conclusiones de la Cumbre Europea de Tampere acentuaron la necesidad de colaborar con los países de procedencia y tránsito de los emigrantes y refugiados, y en este marco, por mandato del Consejo, el Grupo de Alto Nivel sobre Asilo y Emigración preparó seis planes, entre los que se cuenta el plan de acción para Albania y su región limítrofe. 
Es evidente que objetivo fundamental del plan es limitar la emigración hacia países de la Unión Europea, así como repatriar a cuantas personas permanecen ilegalmente en la Unión Europea. 
Por ello, el plan contiene en su mayor parte medidas dirigidas al control y bloqueo de los flujos migratorios. 
Sin duda, la colaboración con terceros países puede contribuir a la desaparición de las causas que provocan olas de refugiados y emigrantes, sin que esto, no obstante, signifique que los esfuerzos en este sentido eximan a la Unión Europea de sus obligaciones internacionales con respecto a la protección de aquellos que lo necesitan y a la prestación de ayuda para combatir las causas de la emigración. 
Es útil que los europeos comprendan que cuanto más aumenten las diferencias en los niveles de bienestar entre los países de la Unión y nuestros vecinos, más crecerán las presiones migratorias. 
Ni la fortificación de las fronteras, ni las medidas policiales represivas pueden cerrarle el camino a quienes reivindican una porción del bienestar del que todos nosotros disfrutamos. 
La conversión de Europa en una fortaleza puede tener como resultado la subida de las tarifas de quienes trafican con personas, pero no puede poner fin a la inmigración ilegal mientras no haya una vía para la entrada legal. 
Por ello debemos prestarle a Albania toda la ayuda posible para luchar contra la pobreza, mejorar el nivel de vida y las oportunidades de trabajo, consolidar las instituciones democráticas, así como reforzar el respeto a los derechos humanos, especialmente los derechos de las minorías, las mujeres y los niños. 
Los recientes incidentes en detrimento de la minoría griega en Himarë hacen más urgente la necesidad de impulsar medidas de democratización, refuerzo de las instituciones y respeto a los derechos humanos en Albania. 
Nuestro objetivo principal debe ser la aceleración de los ritmos de desarrollo económico y social del país, la cooperación y la coexistencia pacífica con los países vecinos. 
Sólo así puede romperse el círculo vicioso de la pobreza y la violencia que generan los flujos de emigrantes y refugiados. 
Optar por una política represiva no se aviene ni a la perspectiva intersectorial que debería inspirar el trabajo del Grupo de Alto Nivel, ni con las conclusiones de Tampere, en las que se subraya el absoluto respeto al derecho de asilo fundamentado en la cabal aplicación de la Convención de Ginebra. 
Albania tiene una experiencia mínima en terreno de asilo y no ha desarrollado todavía los mecanismos necesarios para el estudio de peticiones de asilo. 
De manera que no puede ser considerada de momento un país seguro para los refugiados; ni tampoco, claro está, reúne hoy por hoy las condiciones económicas, políticas y sociales para afrontar semejante carga, de acuerdo con las constataciones del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
El mayor problema se sitúa hoy, por supuesto, en la fragilidad del sistema político albanés, en el escaso papel del Parlamento, en la mala situación del sistema legal y judicial, en la falta de gestión y programación estatales. 
El país se caracteriza por la falta de seguridad en muchas zonas, por la gran criminalidad, especialmente vinculada al tráfico de drogas y armas. 
Por ello la colaboración con el gobierno albanés para la aplicación de las medidas propuestas en el plan se puede suponer especialmente difícil. 
Ciertos intentos se hacen, qué duda cabe, para mejorar la situación. 
Sin embargo, Albania, como se ha puesto de manifiesto con ocasión de las elecciones municipales, al salir de un largo período de aislamiento, carece aún de cultura democrática, y es ahí donde se deben concentrar los esfuerzos. 
Otro problema es el de la integración, mediante medidas concretas, de los albaneses que residen legalmente en los países miembros. 
Tomando, pues, en consideración todos estos problemas, mi informe propone entre otras cosas: aplicación gradual de las medidas propuestas en el plan de acción, un estudio de las necesidades, como el que se hace en la primera parte y nos muestra cuáles son los asuntos más urgentes; por ejemplo, tendrán primero que desarrollarse la economía y las instituciones democráticas, crearse las infraestructuras en Albania, y después deberá avanzar la Unión en la firma de acuerdos de repatriación de refugiados y emigrantes. 
Subrayo especialmente la necesidad de tomar medidas encaminadas a la mejora de la seguridad interior, al refuerzo del diálogo entre los europeos y las autoridades locales albanesas, y, por lo que respecta a la Comisión y al Consejo, al impulso de acciones concretas en colaboración con las autoridades albanesas, italianas y griegas. 
Al mismo tiempo se hacen necesarias acciones coordinadas, con la máxima colaboración posible de Europol, para poner fin al tráfico humano y a los circuitos de prostitución de mujeres y niños, así como a las prácticas de las criminales redes dedicadas al tráfico de personas y a su explotación en el trabajo negro y la prostitución. 
Finalmente, quisiera declarar mi apoyo a los trabajos preparatorios para la firma de un acuerdo de estabilización y asociación entre Albania y la Unión. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar debo decir que me extraña que la Comisión haya accedido a que un grupo de alto rango del Consejo haga el trabajo que debería hacer realmente ella después de Amsterdam. 
Me parece lamentable, si bien lo que ha hecho el grupo no es incorrecto, puesto que ha hurgado en la herida abierta e intentado mostrar las posibilidades de solución más acercadas. 
Como la Sra. Karamanou ya ha dicho, desde la caída de su Telón de Acero, especialmente pesado en este país, Albania es uno de los países de origen y paso de emigrantes hacia la UE más destacados. 
Pero no es éste el único problema que tenemos en Albania. 
Un considerable número de albaneses abandona su tierra por la inseguridad que reina en su país, por las dificultades sociales, por sus estructuras sociales y familiares premodernas. 
Abandonan el país, y con ellos se va algo del futuro de este país. 
Debemos ayudar a establecer en este país las condiciones que induzcan a los hombres a permanecer en él, que garanticen la paz, que se creen puestos de trabajo, para que estas personas no tengan que buscarse la vida en el extranjero. 
Naturalmente, debemos impedir que Albania se convierta poco a poco en un antro de refugiados, drogas y prostitución. 
Es un país en el que muchos se inmiscuyen, en el que muchos vecinos se ensucian las manos. 
Formamos a los cuerpos policiales; les ayudamos en el control de las aduanas, pero el problema consiste en que en este país esta todo tan abandonado que los avances que se producen son muy lentos, a pesar de los esfuerzos del Gobierno. 
Sólo quiero decir una cosa, señora Karamonou: si Albania no es un país de origen seguro, y dispensamos a los refugiados albaneses un trato distinto del dado a los otros, entonces Albania no puede reclamar abrir con nosotros un proceso de asociación y estabilización. 
Quizá se piense que aún no se ha llegado a este punto, pero yo creo que se ha llegado más lejos. 
En mi opinión, Albania es un país al que pueden repatriare los refugiados. 
Allí no hay persecuciones. 
¡No todo es color de rosa, pero las cosas están mucho mejor que como usted las ha expuesto! 
Señor Presidente, el plan de acción constata en su análisis que la situación en Albania es preocupante. 
La deficiente situación social, económica y política en combinación con la falta o con la insuficiente seguridad jurídica y la delincuencia organizada propician movimientos migratorios masivos. 
Albania es un país de tránsito y de procedencia de los emigrantes hacia la Unión Europea. 
Por otro lado, ya se registran esfuerzos por impulsar la democratización y el desarrollo de la sociedad, esfuerzos que debemos apoyar y apoyaremos. 
El principal objetivo del plan de acción consiste en limitar del número de inmigrantes que llegan a la UE procedentes de o pasando por Albania. 
Para ello se requiere adoptar medidas en dos direcciones. 
Por un lado, han de apoyarse los esfuerzos positivos en Albania, y por otro deben crearse instrumentos jurídicos para la inmigración procedente de esta región que restrinjan o prohíban la inmigración ilegal y el comercio con humanos, así como la multiplicidad de formas de delincuencia asociadas a aquellos fenómenos, como el trabajo clandestino y la prostitución. 
Necesitamos contar con medidas preventivas especialmente diseñadas para Albania que contribuyan a la construcción o reconstrucción del país, con el objeto de hacer posible una vida digna en la región. 
De este modo desaparecerían muchas de las razones para la emigración, la búsqueda de asilo y la huida. 
Por otro lado, necesitamos instrumentos jurídicos concluyentes y unitarios para la emigración en toda la Unión Europea. Pero la legalización de las acciones criminales no puede constituir una parte de dichos instrumentos jurídicos. 
Las bandas de traficantes no son proveedores de servicios que afortunadamente salvan a las personas de la persecución por los estados totalitarios. 
Los traficantes de personas, en la mayor parte de los casos vinculados a la gran delincuencia organizada, hacen un terrible negocio con el dolor y las esperanzas de los hombres, no prestan un generoso servicio humanitario. 
La propuesta publicada por la diputada Ilka Schröder, consistente en poner a disposición de los traficantes fondos de apoyo de la UE, deben tacharse en este contexto de contraproductivas y atentatorias contra la dignidad humana. 
Seguramente tiene usted razón, señora Karamonou, pues los traficantes no son las causas del mal. 
Las causas del mal tampoco se encuentran en la Unión Europea. 
Las causas del mal son las circunstancias que viven los países de origen. 
Acojo con satisfacción el plan de acción, pero no puedo unirme al criterio de la colega Karamonou, pues en su informe afirma que el cruce ilegal de fronteras no constituye una acción delictiva, sino legal. 
Sin embargo, para que combatamos las causas y no los síntomas, como hasta ahora, necesitamos ayuda en las regiones afectadas y una regulación de la totalidad del fenómeno migratorio, del asilo y de los refugiados de guerra en la Unión Europea que comprenda soluciones que sean justas con los emigrantes, pero también con los países de acogida. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, a diferencia de la Sra. Pack, opino que cuantos más grupos se ocupen de Albania mejor. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos es una instancia en la que hay que debatir esta cuestión, ya que no se trata de problemas que se puedan resolver en poco tiempo, sino que son problemas que quizás tendremos que abordar durante décadas. 
En consecuencia, sería oportuno que el programa que tenemos a la vista y que, a mi modo de ver, ha sido elaborado muy bien por la Sra. Karamanou, se subdividiera en medidas que se pueden llevar a cabo a corto plazo, en medidas a medio plazo y en lo que es una consecuencia de la historia, contra la que combatimos y luchamos hace 500 años y que va a continuar durante otros cientos de años. 
Los instrumentos legales se encuentran entre las medidas a medio plazo; un grupo de agentes de aduana honestos y unos jueces no corruptos son también una cuestión económica y que exige varias décadas. 
Gracias a Dios, en los últimos días han habido señales positivas desde la parte de los Balcanes que indirectamente afectan también a Albania. 
El informe considera un hecho singular- abordo por brevedad un solo elemento- que el plan de acción para Albania y la región limítrofe haya sido elaborado por un grupo de trabajo. 
Es así como van de una instancia a la otra los documentos y la Comisión Europea, por ejemplo, se niega a hacer público el informe sobre, entre otras, la Customs Assistance Mission (CAM) , elaborado por lo albaneses. 
Éste es otro peligro ligado a la cuestión albanesa: se llega a sospechar que alguien quiere esconder algo, cubrir algo que en realidad no existe. 
Quien conoce la situación albanesa entiende que es poco diplomático nombrar a los protagonistas de la vida pública local, tanto es así que mucho puede suceder en el tráfico entre los países en vías de transición y el mundo industrial que se presenta en el papel de prestador de ayuda. 
Sin embargo, señor Presidente, dado que, en lo que concierne a las ayudas a los albaneses, todo está y es bastante claro y transparente, creo que la publicación de todos los documentos es un hecho de honestidad política, al objeto de evitar especulaciones interesadas. 
El problema general, evidentemente, consiste en facilitar a Albania toda la ayuda posible que se pueda conseguir con el fin de luchar contra la delincuencia y de que la vida llegue a ser más vivible para la gente, cosa que también reduciría la emigración. 
Señor Presidente, este excelente informe tiene un enfoque humanista, cuyo objetivo es, con todo, detener el flujo de seres humanos desde y a través de Albania. 
La política exterior de la UE es bastante lamentable, casi todo consiste en cerrar nuestras fronteras. 
Pero, ¿cómo puede ser posible? 
¿Por qué huye la gente? 
Obviamente huyen de la opresión, del terror y de la guerra, pero también huyen del caos y de la pobreza. 
El anhelo de un mañana mejor, de una mejor vida, especialmente para los niños, es uno de los impulsos más fuertes e importantes. 
No podemos sólo tratar de cerrar la puerta a todos los que quieren venir aquí. 
El método duro, la policía, puede usarse cuando se trate de comercio con niños o con mujeres o de trabajo en condiciones de esclavitud. 
Mientras más cerradas estén las fronteras, más formas escalofriantes de contrabando de seres humanos tendremos que presenciar. 
Es evidente que no es posible encontrar una solución inmediata a la totalidad de este problema, pero, en un plazo no muy largo, habrá que crear un mundo razonablemente justo, seguro y con posibilidades futuras. 
Esto vale tanto para el pueblo albano como para oros pueblos que intentan alcanzar a través de Albania este paraíso que parece ser la Unión Europea. 
Nuestros antepasados viajaron a EE.UU. para vivir, como ellos creían, una vida en libertad. 
Nosotros tratamos de impedírselo a los que pretenden hacerlo hoy. 
Es muy triste ver que en Europa Occidental estamos creando leyes que castigarían a los que escondiesen a los nietos nunca habidos de Ana Frank. 
Es increíble que hayamos llegado hasta este extremo. 
Veamos la verdad tal como es. 
Jamás podremos vivir en paz y en libertad, con bienestar y justicia, si la Unión Europea tiene a esta horrible injusticia como su más cercano vecino. 
Señor Presidente, señor Comisario, los Verdes del Grupo de la ALE quieren felicitar a la Sra. Karamanou, la ponente, por su informe que es muy adecuado. 
En efecto, deben adoptarse medidas en relación con la migración, migración por necesidad, y las consecuencias deben hacerse desaparecer. 
Quiero subrayar especialmente la situación en Albania de las mujeres y los niños. 
En primer lugar, resulta dramático cuántos jóvenes desaparecen allí, son secuestrados y abandonados de forma involuntaria y, a veces, también se van voluntariamente. 
En Albania, no existen los derechos del niño, no hay instalaciones para jugar; no existen los derechos de las mujeres, se producen muchas agresiones contra ellas en la familia, por el marido, por el esposo; no existen los derechos de los animales; y no se respetan los derechos humanos en absoluto. 
La situación en los pueblos en cuanto al aspecto ecológico resulta deplorable: los desechos se encuentran en todas partes, el agua no siempre es potable y la electricidad funciona mal. 
La gente espera, por supuesto, una mejor representación política, pero ahora muchas personas todavía andan angustiadas, tienen miedo a todo y algo de angustia por los estallidos de violencia que se producen aquí y allá. 
También existe una grieta entre los donantes, todos nosotros, Europa, los Estados Unidos, que damos dinero, formulamos proyectos y cuestiones similares, y la gente misma que se encuentra sobre el terreno. 
Otra cuestión que quiero señalar es el problema de la acogida a las víctimas albanesas de la trata de mujeres. Vuelven a su país, pero no hay ningún sistema de acogida para ellas. 
La CICM cuenta con un sistema de acogida para víctimas de Montenegro, entre otras zonas, pero no para las chicas albanesas que vuelven procedentes de Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, etc. El llamamiento efectuado por las ONGs, las ONGs de mujeres, debe surtir efecto. 
Existe la amenaza de que vuelvan a ser atrapadas por los traficantes y enviadas de nuevo a los países de destino. 
La economía debe activarse, así como se debe desarrollar una buena política ecológica. 
Debe trabajarse en las escuelas y en el ámbito de la acogida de niños. 
Debe prestarse respaldo a las personas que trabajan allí, en el marco de las ONGs. 
Se han hecho cosas buenas, la IOM realiza un trabajo espléndido, los servicios europeos de policía también, la KFOR está presente, pero también la gente de la zona debe colaborar en el desarrollo de su país. 
Los criminales deben ser encarcelados. 
Señora Karamanou, felicidades por el punto de vista amplio y extenso que evidencia su informe. 
Señor Presidente, ante todo quisiera felicitar sinceramente a la colega Anna Karamanou por la calidad de su trabajo. 
Señalaré especialmente su observación de que el plan de acción debería ocuparse sobre todo de brindar protección a ciudadanos perseguidos y de las continuas violaciones de los derechos humanos, y no de cómo limitar y reprimir la inmigración en los países de la Unión. 
Es un hecho, Señor Presidente, que Albania se enfrenta, como país y como sociedad, a numerosos problemas. 
Las condiciones económicas, sociales y políticas que reinan en el país empujan a los ciudadanos a buscar en la emigración la única posibilidad y esperanza- literalmente, la única- de supervivencia de ellos y sus familias. 
La situación empeoró cuando la actividad de fuerzas políticas apoyadas sin reservas por la Unión Europea condujo en 1997 al fenómeno de las pirámides, con la consiguiente dilapidación el ahorro popular, y, al mismo tiempo, de cualquier rastro de confianza en las estructuras del estado albanés y en su organización. 
Aquella situación dio lugar a un levantamiento popular que supuso prácticamente la abolición del estado albanés y provocó graves problemas de seguridad política y económica a los ciudadanos albaneses. 
Enormes cantidades de armas pasaron a manos de grupos incontrolados, de los que rápidamente empezaron a nutrirse diversos grupos criminales organizados de tipo mafioso. 
La situación en su conjunto ha empeorado con los acontecimientos de Kosovo y los bombardeos de la OTAN, que han agudizado los problemas en la región. 
Cerrar los ojos ante semejante estado de cosas e intentar levantar muros alrededor de tu paraíso, para supuestamente protegerlo de los desesperados del barrio de al lado, es una postura inhumana y, al mismo tiempo, sin perspectiva alguna. 
Qué duda cabe de que todas las personas desean vivir en su propio país, siempre y cuando, claro está, pueda hacerlo con seguridad y dignidad. 
Por otra parte, sin embargo, no hay fuerza capaz de detener a los desesperados. 
Bueno sería abandonar las medidas represivas y movernos en dos direcciones: en primer lugar, ayudar a Albania a revitalizar su economía y recuperar allí a su población; y, en segundo lugar, legalizar la presencia de los inmigrantes albaneses en nuestros países, en lugar de tratarlos como a alimañas y aprovecharlos, en condiciones de trabajo negro, en actividades en las que nos son necesarios. 
Hay trabajos, por ejemplo, en Grecia, que si se fueran los inmigrantes albaneses, se quedarían sin hacer, sobre todo en el sector agrícola. 
Aprovechemos, pues, los acuerdos bilaterales que de modo claro y legal fijen los trabajos, el tiempo y lugar de residencia, el salario, las horas, las condiciones de trabajo y seguridad social, de suerte que los inmigrantes puedan mostrarse como una fuerza al servicio de las economías de nuestros países y contribuir a la amistad y la cooperación entre los pueblos y no a cultivar aspiraciones nacionalistas y de los tiempos de la guerra fría. 
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quisiera felicitar a la Sra. Karamanou por el trabajo que ha realizado sobre un asunto extraordinariamente delicado e importante. 
Creo que hay dos cuestiones fundamentales, entre otras, a las que deberemos prestar atención. 
La primera se refiere a las estructuras y los procedimientos en Albania, y se plantea hoy de modo más acuciante tras los últimos hechos e incidentes registrados durante las elecciones municipales, incidentes que afectaron sobre todo a la minoría griega residente en Albania. 
Estos hechos ponen de manifiesto que la Unión Europea debe marcarse como objetivo el establecimiento inmediato de las estructuras que hagan respetar las reglas democráticas y hagan reconocer y respetar los derechos de las minorías en Albania. 
La segunda cuestión es el problema, verdaderamente grande y complejo, de la inmigración. 
Se trata de un asunto de la mayor importancia, generado bajo la influencia de factores históricos, sociales, políticos y económicos. 
La complejidad del problema hace necesaria para su tratamiento una política igualmente compleja, una política que no admite simplificaciones, una política que conduzca, sí, a la definición de un marco legal, puesto que los marcos legales son elemento constitutivo de los estados, pero un marco legal dinámico, que dé soluciones al problema y no se limite a simples acciones represivas, aun cuando estas sean consecuencia o resultado de la aplicación de la ley. 
Creo que hemos llegado ya al punto en que podemos adoptar esas medidas e imponerlas. 
Hemos llegado a una época en que las condiciones han madurado, y todos comprendemos que al hacerlo estaremos prestando un gran servicio. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la elaboración de un plan de acción para Albania, y con la misma satisfacción acojo también el concienzudo informe de mi colega Anna Karamonou. 
A través del análisis de la situación política y económica de Albania podemos entender mejor las causas de los movimientos migratorios y desarrollar las medidas adecuadas. 
No obstante, censuro el hecho de que este plan de acción y los demás planes de acción que se han elaborado se caractericen sobre todo por las medidas de control y de lucha. 
Albania es uno de los países más pobres del mundo y, no obstante, ha acogido a cientos de miles de refugiados. 
En la actualidad se está produciendo una fuerte corriente de refugiados en sentido contrario, a la que se opone la falta de seguridad y la inexistencia de un Estado de Derecho y del orden público. 
Se repatría a personas que se han integrado adecuadamente. 
Los jóvenes deben interrumpir sus estudios y marchar hacia un futuro incierto. 
Esta es una política poco inteligente. 
Por ello, la reintegración de los refugiados debe producirse en unas condiciones seguras y respetuosas con la dignidad humana. 
Para ello es absolutamente necesario elaborar planes para una repatriación coordinada y, sobre todo, contar con a las ONG y organizaciones internacionales. 
A mi juicio, la situación en Albania sigue siendo muy grave, habida cuenta de la inestabilidad política, la inobservancia de las leyes y el altísimo nivel de delincuencia. 
Año tras año, sobre todo en verano, miles de personas arriesgan sus vidas en su camino hacia la UE. 
Cientos de ellos encuentran la muerte en el mar. 
Nunca sabremos el verdadero número de muertos. 
Resulta difícil vigilar los más de 7000 kilómetros de fronteras marítimas de Italia, circunstancia que abre a las bandas de traficantes, que actúan con un extraordinario desprecio de la dignidad humana, un enorme campo de acción. 
Los criminales que explotan la miseria de los refugiados deben ser castigados. 
Contra el tráfico con personas, en particular con niños pequeños, contra la explotación mediante el trabajo clandestino y la prostitución es necesario actuar de la forma más enérgica. 
Pero quien crea que sólo la lucha contra los traficantes contribuiría a impedir la inmigración ilegal se equivoca. 
Tenemos que intensificar el diálogo entre los diferentes órganos de negociación y deliberación, así como mejorar la coordinación. 
Sólo así podremos contribuir conjuntamente a la lucha contra la explotación de los refugiados. 
La Comunidad debe apoyar a Albania en su esfuerzo por reforzar el Estado de Derecho, y en lo que respecta a la ayuda financiera- cuestión ésta que quiero resaltar- no podemos dejar a Albania sola en esa región. 
Por último, invito una vez más al Consejo a adoptar medidas a este respecto, para que se llegue a una unificación plena en materia de política de migración, asilo y lucha contra el tráfico con seres humanos. 
Señor Presidente, la ayuda a Albania y a la región colindante es muy importante para la estabilidad de Europa. 
Es imprescindible arraigar allí la democracia y crear un Estado de derecho. 
No podemos olvidar a los pueblos que sufren necesidades, sino que nuestra obligación es apoyarlos en la medida de nuestras capacidades. 
A través del plan de acción para Albania y la región limítrofe podremos incrementar la estabilidad de la zona. 
El punto de atención no debe residir en los modos de limitar el flujo de emigrantes y refugiados, sino en cómo mejorar las condiciones de vida de la zona para que la gente pueda permanecer en sus hogares. 
Sin embargo, ni Albania ni aún menos Kosovo son todavía zonas pacificadas, por lo que el regreso de los refugiados debe ocurrir de forma controlada y de tal modo que no se ponga en peligro la seguridad de éstos. 
La situación de los albaneses de Kosovo ha sido muy difícil durante mucho tiempo y es un gran alivio que, por fin, sus derechos sean reconocidos. 
Pero es igualmente imprescindible garantizar los derechos de las minorías serbia y gitana de Kosovo. 
La reconciliación de los diferentes grupos étnicos es un largo proceso, aunque totalmente ineludible. 
Únicamente el perdón podrá servir de base revolucionaria para construir el futuro. 
El crecimiento económico contribuye a vencer las dificultades en las zonas en crisis. 
La mera aportación de ayudas no es suficiente, sino que es necesario impulsar el espíritu empresarial en las bases de la población y fomentar la iniciativa propia en las personas. 
Las actividades comerciales comunes involucran a las personas de una forma pacífica. 
Es sabido que el dinero trae sosiego. 
En este sentido, el programa CARDS de la UE tiene una importancia clave, ya que nada funciona sin una administración eficiente. 
Nosotros debemos ayudarles a que se ayuden a sí mismos. 
Precisamente ahora, esta región necesita una mano paternal que la guíe. 
La UE, como socio que es de los Balcanes, tiene una gran responsabilidad sobre el futuro de la zona. 
Debemos arrojar nuestro egoísmo a la cuneta y darnos cuenta de que nuestros destinos están entrelazados. 
Señor Presidente, cuando hace aproximadamente dos meses propuse, y fue aceptado por la ponente, a la que, por cierto, quisiera felicitar por su trabajo, añadir en el parágrafo 6 del informe la mención a la necesidad de mejorar la seguridad y protección de las minorías nacionales en Albania, tenía en mente, claro está, la trayectoria negativa de ese país en general en el ámbito de su comportamiento para con las minorías que residen en su territorio, y, particularmente, para con la minoría griega. 
Debo confesar, sin embargo, que no había jamás imaginado que tendríamos tan pronto una demostración viva de esa práctica negativa de las autoridades albanesas, las cuales con la descarada violencia y el fraude electoral, en detrimento de los candidatos y votantes de la minoría griega, en las recientes elecciones- violencia y fraude constatados por los objetivos testimonios de observadores internacionales oficiales -, han puesto de manifiesto con toda claridad que, desgraciadamente, Albania respeta muy poco aun las obligaciones más elementales en el marco de su marcha hacia la Unión Europea. 
Y esto en un momento en que la propia Albania reivindica ante la comunidad internacional el derecho a intervenir incluso militarmente en defensa de minorías albanesas oprimidas en terceros países, y exige garantías de respeto íntegro a los derechos humanos de los emigrantes albaneses, ilegales incluidos, exigencia que todos nosotros, justamente, consideramos oportuno intentar satisfacer. 
Característico es el caso de Grecia, que, habiendo apoyado generosamente y de los más diversos modos, al estado albanés postcomunista, y habiendo acogido y aceptado hospitalariamente a miles de inmigrantes albaneses, legales e ilegales, asiste ahora, sin embargo, a la sistemática persecución de la histórica y numerosa minoría griega de Albania, así como a la repetida violación de sus más elementales derechos humanos, políticos y culturales. 
Esta realidad, puesta de relieve por los intolerables hechos de Himarë, nos impone, creo, una cuidadosa valoración de la capacidad y la voluntad de Albania de aceptar los criterios comunes europeos en los ámbitos de los derechos humanos y de las libertades democráticas, y nos invita, consiguientemente, a aquilatar y adaptar nuestra posición general, nuestros planes de acción y nuestras múltiples prestaciones a ese país, hasta que reconsidere su política. 
Señor Presidente, yo también creo que, como muy bien ha dicho el Sr. Dimitrakopoulos, con respecto a las dificultades de Albania- económicas, sociales y de seguridad interior- sigue siendo fundamental el tema de ayudar a ese país a restablecer el Estado de Derecho, a ofrecer seguridad a los ciudadanos y a restablecer la autoridad de las instituciones y de las administraciones locales. 
Sin este crecimiento del nivel de democracia de ese país, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos electorales y los fraudes electorales denunciados, es evidente que si no seguimos este camino nunca conseguiremos resolver los problemas. 
Me felicito de que en el informe se tomen por fin en cuenta y se valoren dos puntos que a nosotros, como italianos, nos interesan mucho. 
El primero: una Albania inestable significa Balcanes inestables y Balcanes inestables significan inestabilidad para Europa. 
Ésta es una realidad sobre la que todos debemos reflexionar. 
No he visto esta solidaridad activa de Europa a la hora de compartir las dificultades de un pueblo. 
Lo que, por el contrario, encuentro inaceptable en este informe, y lo digo francamente, que se confunda el efecto con la causa, es decir, que se confunda el procedimiento de expedición ponderada de visados y, por ende, la posibilidad de emigrar, con la causa de la inmigración ilegal. 
Es exactamente lo contrario. 
No confundamos causa con efecto. 
Encuentro especialmente inaceptable y negativo para Albania que se pretenda lanzar una señal de tolerancia respecto a la inmigración ilegal. 
Esto es lo que Albania no necesita. 
Albania necesita nuestra ayuda económica concreta y nuestra solidaridad activa, así como nuestras palabras firmes, porque por sí sola y con nuestra ayuda debe lograr sentar las bases de un Estado de Derecho. 
Señor Presidente, para muchos habitantes de la UE Albania está muy lejos, demasiado lejos y, sin embargo, el albano es uno de los pueblos más antiguos de Europa. 
En la Edad Media lucharon contra la invasión otomana y hasta nuestra época se han defendido contra ella como europeos. 
Pero han sufrido todo el desprecio de los europeos. 
En el siglo XIX, en el Congreso de Berlín de 1878, se ofreció a todos los pueblos de los Balcanes una perspectiva de futuro. 
En Berlín, los albanos fueron prácticamente borrados del mapa, no se los tuvo en cuenta, y en el siglo XX padecieron una de las más terribles ideologías de este tiempo, el socialismo y el comunismo en su versión más brutal. 
Por ello, Europa tiene hoy una responsabilidad para con esta Albania europea. 
Debemos tener bien claro que no podemos trabajar con dos varas de medir. 
Aquí se ha hablado mucho sobre Kosovo. 
Quiero decir que con toda razón exigimos a los albanos el respeto a los derechos de las minorías. 
Pero entonces debemos introducirlos en la Unión Europea, y eso no lo hemos conseguido. 
No disponemos de parámetros europeos para la protección de las minorías. 
En todos los países limítrofes con Albania- excepto Kosovo, donde los albanos son mayoría- existen minorías albanesas, y ahí podemos mostrar cuáles son los niveles de protección de las minorías de la UE. 
Quiero comentar una segunda cuestión. 
Comparto la opinión de la colega Liese de que necesitamos un reparto de las cargas en materia de política de asilo y de refugiados. 
Pero el problema reside en que ya hemos luchado por ello, y ni en este Parlamento ni en la Unión Europea hemos obtenido una mayoría a favor del reparto de estas cargas por cuotas. 
Estamos viendo en el caso de Albania que esto puede afectar a cualquier país. 
Por ello, es importante que dejemos de examinar simplemente los síntomas y que desarrollemos una política solidaria en materia de política de asilo y de refugiados, con cuotas fijas y con un reparto de las cargas estable antes de que se produzca la catástrofe. 
. (FI) Señor Presidente, en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere se reclamaba una acción externa más firme en materia de Asuntos Jurídicos y de Interior. 
El plan de acción que estamos debatiendo es una medida central para reforzar las acciones externas. 
Las grandes reformas institucionales derivadas del Tratado de Amsterdam han influido en la gestión de las cuestiones de asilo político e inmigración. 
La Comunidad tiene ahora la capacidad de responder a la reclamación del Consejo Europeo mediante sus nuevas competencias en el ámbito de la Política Exterior y mediante sus programas relacionados con los Asuntos Exteriores. 
En el marco del proceso de estabilización y asociación, estamos debatiendo las cuestiones de inmigración con nuestros socios albaneses en igualdad de condiciones. 
Habría que mantener debates similares en toda la región. 
A partir de 1991, ya sólo en el marco del programa PHARE, se le han concedido a Albania 750 millones de euros en total en concepto de diferentes ayudas. 
Durante los dos últimos años, este país ha recibido además 250 millones de euros en ayuda humanitaria a través del programa ECHO. 
El programa CARDS, que sucederá a PHARE, cuenta con una aportación importante en el ámbito de los Asuntos Jurídicos y de Interior. 
Queremos subrayar con especial énfasis que apoyamos sin reservas al Grupo de Alto Nivel para asuntos de asilo político e inmigración en el planteamiento global que ha adoptado y en su aspiración a intervenir en las causas reales de los desplazamientos forzosos. 
El Consejo de Asuntos Generales ya aprobó los cinco primeros planes de acción en octubre del año pasado, y éstos afectaban a Somalia, Sri Lanka, Afganistán, Marruecos e Iraq. 
El plan de acción para Albania y la región limítrofe fue aprobado en junio del presente año, y es, pues, el sexto de la serie. 
El Consejo Europeo de Tampere instó al Consejo y a la Comisión a informar en diciembre de este año sobre el avance de los trabajos del Grupo de Alto Nivel. 
Este informe abordará detalladamente el plan de acción para Albania y la región limítrofe. 
El esbozo de este informe está siendo tratado hoy en el Consejo. 
La Comisión participa activamente en la elaboración de dicho informe. 
Quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Karamanou, y a toda la comisión parlamentaria por este informe tan exhaustivo, y espero que el Consejo tome en cuenta los puntos de vista presentados en el mismo. 
Quiero mencionar todavía tres puntos de vista que la Comisión considera especialmente importantes. 
En primer lugar, la Comisión apoya que se traten y se lleven a cabo por igual todas las medidas propuestas en el plan de acción. 
En este aspecto, compartimos la postura adoptada por la ponente del informe. 
En segundo lugar, en lo que respecta a los objetivos del plan de acción para el año 2000, la situación parece ser propicia. 
La Comisión ha participado en la elaboración de la evaluación parcial sobre la ejecución del plan de acción. 
Queremos dar las gracias también a los Estados miembros por sus aportaciones a este trabajo. 
Como ya he indicado, la Comunidad aspira a ejecutar sus programas de ayuda con la mayor eficacia posible. 
Esto se está cristalizando como el centro de gravedad de todas las acciones de la Unión. 
En tercer y último lugar, el plan de acción y sus modos de realización deben ser evaluados por zonas. 
El Acuerdo de Estabilidad de Europa Sudoriental nos ofrece un foro estupendo para ello. 
Las partes firmantes del Acuerdo de Estabilidad ya han hecho varias declaraciones en este sentido. 
Así, podemos albergar más esperanzas de cara a la Cumbre que tendrá lugar el próximo mes en Zagreb. 
¡Muchas gracias, señor Comisario Liikanen! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 18 horas. 
Legislar mejor (informes 1998, 1999) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0269/00) del Sr. Wuermeling, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre dos informes de la Comisión al Consejo Europeo: 
Legislar mejor 1998: una responsabilidad que debe compartirse " (COM (1998) 715- C5­0266/2000- 1999/2197 (COS) ). 
"Legislar mejor 1999" (COM (1999) 562- C5­0279/1999- 1999/2197 (COS) ). 
. (DE) Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, en primer lugar quiero darles las gracias por participar en el debate del jueves por la tarde del día de hoy. 
También quiero agradecer sinceramente a los colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos por el constructivo y profundo debate que hemos mantenido. 
Asimismo, quiero manifestar mi agradecimiento a las Comisiones competentes para opinión por sus valiosas aportaciones, en particular al Sr. van den Berg, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y al Sr. Candal de la Comisión de Peticiones. 
Mantuvimos, efectivamente, un debate muy serio y de fuerte tono autocrítico sobre la calidad de la legislación europea y la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Hemos constatado que la calidad de la legislación no es satisfactoria, en particular en opinión de los ciudadanos. 
A ratos se impone la frustración, y también la extrañeza ante el Derecho europeo, y queremos hacer un llamamiento a este Parlamento, pero también a las demás Instituciones comunitarias, para no retroceder ante el esfuerzo del trabajo minucioso, trabajar con precisión y poner a disposición para ello el tiempo necesario y los colaboradores necesarios. 
Pero no sólo la calidad de la legislación reviste una importancia fundamental, también necesitamos una cierta inteligencia en lo que respecta a la cantidad de la legislación, pues no todos los problemas existentes en Europa constituyen a la vez un problema para la Unión Europea. 
Manifestamos abiertamente nuestro apoyo a lo afirmado por la Comisión en el marco de sus objetivos estratégicos para el período 2000-2005. 
La Comisión sostiene que debemos limitarnos a nuestras tareas básicas. 
No obstante, resulta a veces doloroso dejar a un lado asuntos de los que uno se ha ocupado. 
Desgraciadamente, los ejemplos del pasado más reciente ponen de manifiesto que la Comisión y el Parlamento Europeo no siempre lo consiguen. 
Ustedes recordarán las disposiciones sobre la ascensión de escaleras que nos han sido recientemente presentadas. 
Recuerdo también las normas relativas a las organizaciones de inspección de navíos- espero no estar creando ningún problema a los traductores -, al igual que la propuesta de directiva sobre el ruido ambiental, que de hecho tiene por objeto elaborara mapas de ruido para toda la Unión Europea. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos insta expresamente a la Comisión a soportar la presión legislativa que ella misma critica. 
Esto no supone una disculpa para hacer cosas que son en verdad superfluas. 
Pero, lógicamente, este requerimiento también nos exige a nosotros no excedernos en el volumen de adopción de normas comunitarias. 
A este respecto nos sirve de ayuda el principio de subsidiariedad, que, en opinión de la Comisión para Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, debe también observarse a la hora de decidir si una determinada materia debe ser objeto de la actividad legislativa relativa al mercado interior. 
Este principio debería aplicarse en su integridad en los Libros Verdes y Libros Blancos y en los programas de acción. 
Es inaceptable que la Unión Europea pretenda tener plena competencia en este ámbito. 
También se hace aquí necesaria una autorización concreta y un serio examen de la subsidiariedad. 
En este contexto hemos debatido también sobre una tendencia que nos preocupa: la tendencia a adoptar cada vez más decisiones fuera del marco de las Instituciones que gozan de una verdadera legitimidad democrática. 
Las primeras consideraciones contenidas en el Libro Blanco de la Comisión sobre good governance nos invitan en cierto modo a la reflexión. 
Si deben construirse redes amplias, si se adopta un soft law, si la Comisión aprueba directrices de interpretación, si muchos asuntos se resuelven mediante acuerdos de los interesados, entonces todo puede tener su legitimación, pero no puede limitar la responsabilidad del legislador. 
Pedimos aquí a la Comisión con toda insistencia que respete la clara distribución de competencias, tanto entre la UE y los Estados miembros como dentro de las Instituciones. 
Con este informe queremos mandar a los ciudadanos el mensaje de que tomamos en serio las quejas sobre la deficiente calidad de la legislación y sobre la suprarregionalización y el centralismo. 
Les pido que ayuden a que se emita esta señal, y aprueben este informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar sinceramente en nombre de mi Grupo al ponente por su informe, cuya exposición de la situación es sin duda brillante, sólida y amplia. 
No obstante, mi Grupo, tanto en comisión como en el pleno, ha presentado muchas enmiendas y no porque, por así decirlo, se dirijan contra la calidad del informe, sino porque- sobre todo en lo relativo al alcance del principio de subsidiariedad- políticamente sostenemos una opinión distinta. 
Queremos una Unión fuerte que ejerza plenamente todas las tareas que le corresponden, que establezca un mercado interior eficaz y permita efectivamente el fortalecimiento de la cohesión social y regional. 
La acción de la Comunidad debe ser posible allí donde mediante la misma pueda generarse un mejor y más alto valor añadido europeo. 
Justamente ahora ha de recalcarse la fortaleza de la acción comunitaria. 
En primer lugar, porque a la vista de la inminente adhesión necesitamos en gran medida una Unión Europea fuerte si queremos ayudar a los futuros nuevos Estados miembros y a su población y queremos superar la dura prueba de cohesión a que se verán sometidos nuestros Estados miembros. 
En segundo lugar, en el Parlamento Europeo debemos resaltar lo europeo, común a todos, y lo comunitario en una época en que nos toca observar que en los Gobiernos de muchos Estados miembros este compromiso pierde fuerza, mientras que el nacionalismo egoísta y corto de miras y los deseos de actuación por separado ganan cada vez más terreno. 
Pero si se quiere que en todas las cuestiones europeas centrales e importantes esté presente la fuerza configuradora comunitaria y que todo ello sea aceptado y apoyado por los ciudadanos y ciudadanas, entonces indudablemente necesario que nos concentremos más intensamente que nunca en lo esencial y que eliminemos algunos puntos que constan en el orden del día. 
Estoy convencido de que si nos ponemos de acuerdo sobre lo que sea necesario y correcto, sabremos llevarlo a cada caso concreto y eliminaremos lo superfluo del orden del día. 
Es con toda seguridad más sencillo adoptar decisiones pragmáticas en los casos particulares que en el marco de los informes generales y los debates fundamentales. 
Ello vale en particular para el principio de subsidiariedad, pero también para la calidad del ordenamiento jurídico. 
En lugar de discutir en abstracto sobre principios generales, sería mejor que en este Parlamento reflexionásemos sobre los casos particulares y hacerlo más a menudo sobre la necesidad de ciertas acciones, para así destinar más tiempo y capacidad a la calidad legislativa. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, en primer lugar y antes de nada, quisiera agradecer al ponente, el Sr. Wuermeling, la forma en que ha elaborado su informe. 
Se trata en sí de una materia bastante importante, naturalmente, aunque uno no diría eso a juzgar por la reducida asistencia para debatir más en profundidad esta cuestión. 
Este Parlamento produce en cadena, es una forma de hablar, legislación europea. 
Con demasiada frecuencia comprobamos, sin embargo, que esta legislación europea está rodeada de un lenguaje demasiado técnico, demasiado jurídico, demasiado complejo; de forma que esta legislación europea resulta inútil para lograr el objetivo perseguido, es decir, que la legislación de la Unión Europea sea transparente y clara. 
La legislación europea debe ser un instrumento flexible y manejable que, además de respetar el principio de subsidiariedad y proporcionalidad, resulte accesible al ciudadano medio. 
He comprobado con satisfacción que las enmiendas 3, 4, 5 y 6, de las que soy autor, han sido aceptadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Con estas enmiendas pretendo, en efecto, una evaluación continua de los informes sobre subsidiariedad, que se continúe regularmente con ellos si responden de forma efectiva a la actualidad y que se estudie primero en profundidad si determinados reglamentos y/o directivas resultan útiles. 
Abogo, así mismo, por que las modificaciones de las propuestas sobre codificación de la legislación europea en vigor se efectúen mediante la inclusión de enmiendas en las directiva o reglamentos en vigor. 
Por último, soy partidario de crear una especie de cuadro de indicadores para la legislación superflua. 
Es indiscutible que la legislación superflua debe suprimirse, ya que no basta, en efecto, con limitar la inflación de la legislación, también debe conseguirse que la legislación sea clara y que las obligaciones que emanan de ella resulten fácilmente comprensibles. 
Espero, por tanto, señor Presidente, que este informe sea adoptado sin modificaciones respecto de lo aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y que sea un medio útil para simplificar la legislación europea y hacerla transparente y eficaz. 
Señor Presidente, es un gran placer tener la oportunidad de comentar el informe del Sr. Wuermeling, que subraya la necesidad de hacer que la ley europea sea eficaz y clara. 
Felicito al Sr. Wuermeling por este informe. 
Étienne Dumont y su gran maestro inglés Jeremy Benthan tendían a subrayar que, como las leyes son siempre una medida coercitiva, son siempre en alguna medida malas. 
Tal vez sean necesariamente malas allí donde controlan un mal mayor; pero deben ser así sólo en proporción al mal que se debe tratar y subsanar. 
Si aceptamos este punto, este informe refleja ese espíritu porque demanda la claridad y la simplicidad en la ley, y la proporcionalidad de los medios legales con el fin público que se persigue. 
Otra cuestión más de vital importancia es que el informe plantea la cuestión de la subsidiariedad, que en cierta medida es polémica esta tarde en esta Cámara. 
En efecto, la subsidiariedad procede de la obra del Papa Pío IX y, por ende, de un enemigo del enfoque de Benthan sobre la ley. 
Pero aquí confluyen dos tradiciones de pensamiento diferentes. 
No es bueno alejar la toma de decisiones del nivel más local en el que se puede ejercer de un modo más eficaz, sea el nivel del individuo, la familia, el pueblo, la ciudad, etc... 
De vez en cuando recibo cartas, una de ellas la semana pasada de uno de mis electores que vive en una parte remota de las Tierras Altas Orientales de Escocia. 
En ella me dice: " ¿Qué están haciendo ustedes allá? 
Durante más de 2000 años la gente ha estado bebiendo sin peligro las aguas de los arroyos (riachuelos) , y ahora está prohibido. 
Se han impuesto complicados proyectos para purificar su agua sin beneficio público alguno ". 
Oigo cosas semejantes de los habitantes de la Isla de Islay, donde ha molestado la propuesta de una gran organización internacional para proteger la colonia local de focas, porque el pueblo ha cuidado a la focas durante los últimos 2000 años mejor de lo que creen que hará en el futuro esta gran organización. 
La cuestión está planteada. 
La ley debe acercarse al pueblo, y el conocimiento local, siempre que sea el conocimiento más relevante, se debe aplicar invariablemente, en vez de un gran proyecto general. 
Si embargo, es cierto que hay algunos bienes públicos que sólo se pueden perseguir en el nivel más general y, en efecto, hay también asuntos relativos a la protección del medio ambiente- por ejemplo, la protección de especies -, así como aspectos relativos a la ley del mercado único, aspectos legales contra el proteccionismo y leyes para regular Internet, que sólo pueden abordarse en un nivel al menos tan general como el nivel europeo. 
Entendido con propiedad, el principio de subsidiariedad apunta en dos direcciones: la toma de decisiones en el nivel más bajo posible, y el reconocimiento de que el nivel más bajo posible puede ser, de hecho, un nivel muy alto, cuando hay bienes generales en juego que se perderán a menos de que se protejan en los mismos términos en todas partes. 
Así, ello hace que hacer hincapié en la subsidiariedad sea de la mayor importancia. 
Pienso que mi amigo el Sr. Medina y sus colegas están equivocados al afirmar que se trata de un principio sólo político. 
Es un principio constitucional y, como todos los principios constitucionales, tiene, por una lado, una influencia política cuando nosotros, los legisladores, decidimos la ley que hemos de hacer; y, por otro lado, tiene una influencia legal cuando se plantea la cuestión de cómo los tribunales deben interpretar y aplicar la ley. 
Por último, me gustaría recomendar a la Cámara la Enmienda Nº 1, que ruega a la Comisión y la Unión Europea que se tomen en serio el hecho de que nosotros, así como la Unión de los estados, tenemos en nuestro seno comunidades autónomas con autogobierno. 
Represento a Escocia en esta Cámara. 
Escocia e Inglaterra forman el Reino Unido desde el Tratado de 1707, un Tratado que se ha observado desde entonces. 
Sin embargo, durante 290 años, el derecho escocés- un cuerpo de ley peculiar a medio camino entre el derecho civil de la Europa Continental y el Common Law de Inglaterra y las Américas- ha conservado un sistema diferente, pero ha sido legislado únicamente desde Westminster. 
El año pasado creamos un Parlamento Escocés. 
El derecho privado escocés ha vuelto a casa. También ha regresado a casa el derecho penal escocés. 
En realidad, sería una ironía que justo en el momento en que esto se ha logrado tuviéramos que transferir a la Unión todo el poder legislativo sobre el derecho privado, penal y mercantil. 
No creo que esta haya sido la intención ni que esto ocurra. 
Pero es importante tener en mente los intereses de la subsidiariedad en niveles por debajo de los Estados Miembros, así como entre los Estados Miembros y la Unión, y no hay razón alguna para que el principio constitucional que está en juego no pueda ser interpretado amplia y generosamente en todos los niveles de esta gran Unión. 
Señor Presidente, creo que debemos felicitarnos por la calidad de este informe. 
La subsidiariedad es un concepto a menudo que resulta algo vago para nuestros conciudadanos, pero estén seguros de que saben apreciar cuando se aplica correctamente. 
Esta buena presentación de la subsidiariedad que nos hace el Sr. Wuermeling es la garantía de que se tomarán decisiones en el nivel de proximidad más pertinente. 
Nos gustaría que la Comisión nos diera más detalles sobre la buena aplicación de este principio en cada propuesta, para hacer un verdadero balance en su informe anual. 
También sería muy interesante que hiciese un estudio de la situación actual de la legislación, a la luz de este principio, para volverla más sencilla, más transparente, más eficaz y más pertinente, deshaciéndose de los textos superfluos, como le invita a ello el párrafo 6 de este informe. 
Como ejemplo, mencionaré la directiva 79/409 que ha motivado la presentación de una declaración escrita sobre la gestión de la avifauna, que ya han firmado numerosos colegas. 
Es importante revisar tal texto cuando no responde ya a su primer objetivo, cuando es caduco e inadecuado y por lo tanto fuente de contenciosos tan perjudiciales como impopulares. 
Comparto la preocupación del ponente por una legislación de calidad, suscribo más aún la verdadera complementariedad que debe existir entre nuestro Parlamento y los parlamentos nacionales. 
Es importante desde luego invitarles a participar plenamente en una mejor aplicación del principio de subsidiariedad. 
¿Quién mejor que ellos puede apreciar lo qué pueden hacer de forma eficaz a escala nacional y qué merece un acuerdo a escala europea? 
Con la CIG, los jefes de Estado, a los que se destina este informe, tendrán una espléndida ocasión de apreciar las medidas que es conveniente tomar tanto a escala europea como nacional. 
Para concluir, diré que aunque encuentro algunas enmiendas muy constructivas, me pregunto cual es la lógica de otras que parecen ignorar la realidad y la importancia de un principio consagrado por los Tratados. 
Señor Presidente, el Sr. Wuermeling ha realizado un trabajo de primera clase en este informe. 
Para presentar un informe en el que hace un llamamiento a favor de la simplicidad y la claridad de las leyes ciertamente ha tenido que combinar con éxito sus expectativas con la calidad del trabajo que él mismo ha producido. 
El informe es un modelo de borrador claro y conciso y espero que los colegas lo tomen con la seriedad que merece. 
Quiero reforzar los puntos que se han subrayado en torno a la subsidariedad, pero también situarlos en el contexto más general de la reforma de la Comisión Europea. 
Se desprende con claridad de todas las comunicaciones que hemos visto, y en especial de la importancia que oportunamente está dando la Comisión al ajuste de las competencias con los recursos, que la propia Comisión se percata de que tiene que producir menos legislación y pensar en poner más recursos para hacer cumplir lo que ya se ha hecho. 
Es indiscutible que hoy día tenemos demasiadas leyes vigentes que se están aplicando de forma inadecuada. 
Si tenemos leyes que no se aplican de forma adecuada, resultan totalmente ineficaces. 
Doy mucha importancia a esta cuestión y en especial celebro el énfasis que ha dado el Sr. Wuermeling a aspectos relativos al escrutinio por parte de los parlamentos nacionales. 
Un problema principal de la Unión Europea, que influye sobre todo en esta comisión desde el punto de vista del mercado interno, es lo que ha dado en llamarse actualmente el chapado en oro de la legislación de la Unión Europea. 
No es suficiente que la Comisión considere sólo las transposiciones al derecho nacional. 
Tiene que considerar qué han hecho los parlamentos nacionales con esa legislación. 
Hay numerosos ejemplos en los que vemos que una porción comparativamente pequeña de la legislación mercantil simple- un criterio común, un único principio- se ha convertido en algo super-complejo, muy difícil de aplicar a escala nacional y ha provocado considerables dificultades. 
Yo rogaría a la Comisión que considerara seriamente este problema del chapado en oro. 
Tomemos, por ejemplo, seis ejemplos claros y analicemos detalladamente cómo han sido transpuestos, cómo funcionan en los países, cómo se están aplicando, y hagamos una evaluación muy clara y transparente de la eficacia de la legislación, porque si la legislación no es eficaz, entonces todos nosotros hemos malgastado el tiempo. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, recordar la amable referencia que hizo el Sr. MacCormick a mi intervención en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
El Sr. MacCormick afirma- además, es verdad -, que yo dije que el principio de subsidiariedad no era un principio jurídico, sino un principio político. 
Después de haber estudiado el informe con mucho detenimiento, he llegado a la conclusión de que ni siquiera es un principio político: es un principio teológico. 
El propio Sr. MacCormick acaba de señalar que el principio lo enunció un Papa, y está claro que está impregnado de consideraciones teológicas. 
Quiero recordar que en el siglo XVII un gran jurista holandés, Hugo Groot, más conocido como Grotius o Grocio, uno de los fundadores del Derecho internacional, advertía a los teólogos que se quedaran fuera del ámbito jurídico con aquella famosa frase "silete, theologi, in munere alieno". 
En estos momentos yo quisiera expresarle mi simpatía, mi admiración y mi compasión a la Comisión por tener que vivir con este tipo de principios. 
El párrafo segundo del artículo 5 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea no hay quien lo entienda. 
Esta definición es una definición circular, no es una definición jurídica. 
Dice que "en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario". 
Esto no hay quien lo entienda. 
Y no hay quien entienda tampoco el Protocolo anejo al Tratado de Amsterdam para definir la subsidiariedad, y no hay quien entienda la Declaración nº 30. 
La pobre Comisión ha hecho un esfuerzo muy meritorio con los documentos "Legislar mejor 1998" y "Legislar mejor 1999", en los que trata de contemporizar con estas majaderías que aprueban los gobiernos en el Tratado de la Unión Europea y en el Protocolo adicional. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no contó con el entusiasmo de sus miembros. 
La prueba es que de los 17 miembros que la integraban, 8 votaron a favor y 9 se abstuvieron. 
Es decir, hubo más abstenciones que votos a favor. 
La razón por la cual hubo tanta abstención es que los miembros socialistas de la comisión- y otros miembros- manifestamos nuestro escepticismo con respecto a la superevaluación que se hacía en la ponencia del concepto de subsidiariedad. 
El concepto de subsidiariedad, tal como se expone en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es un concepto que queda exaltado a las alturas celestiales y, por tanto, como principio teológico, desborda el ámbito comunitario. 
Nosotros hemos presentado 12 enmiendas al informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Apoyamos también la enmienda 13 del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Esperamos que el Pleno pueda aceptar nuestras enmiendas y, si fuera así, votaríamos a favor. 
De lo contrario, nos veríamos obligados a votar en contra. 
Señor Presidente, en esta breve intervención, mis palabras quieren manifestar mi apoyo a la enmienda del Sr. McCormick que creo que, en esta circunstancia, ha tenido el mérito de establecer que el principio de subsidiariedad, además de un principio jurídico y quizás además de un principio teológico, es un principio con un gran calado existencial, es decir, que se puede vincular inmediatamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. 
En efecto, ¿qué es el Estado o, en todo caso, un órgano de Gobierno, sino el fruto de un pacto de libertad entre los ciudadanos? 
En este sentido, si se trata de un pacto de libertad, el Estado es el garante de los intentos que los ciudadanos hacen para hacer frente a sus necesidades, no es el amo. 
Si es el garante y no el amo, se deduce enseguida que en la construcción hecha por el Sr. Wuermeling que quiere una cesión a los Estados miembros, conforme al principio de subsidiariedad, lo que hay que garantizar además es que ese idéntico proceso se siga también por parte de los propios Estados miembros. 
Es decir, hay que garantizar el reconocimiento del principio de subsidiariedad también a las comunidades más pequeñas, a las realidades autónomas, a los núcleos intermedios, a los núcleos sociales, a las familias y a los ciudadanos que son los únicos verdaderos soberanos de una acción legislativa y administrativa. 
Es por esto que con esta intervención me permito manifestar mi apoyo a la enmienda 1 al apartado 11 bis, propuesta por el Sr. McCormick, que me parece que reproduce y propone íntegra y totalmente la lectura de un principio de subsidiariedad no teológico, sino constitucional. 
Señor Presidente, la verdad es que con este informe y con algunas opiniones ha ocurrido algo que nos muestra la complicación de legislar o tramitar tan siquiera informes en este Parlamento. 
Yo elaboré una opinión en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que, en principio, estaba unida a este informe, pero resulta que se refería a un informe diferente relativo al proyecto Slim. 
Con independencia de las razones que hayan podido producir ese error, es cierto que está motivado por las constantes iniciativas que desde la Comisión se llevan a cabo con respecto a la legislación. 
La Comisión es consciente de las insuficiencias de la legislación comunitaria y por ello lanza continuamente documentos diciendo que hay que legislar mejor o que hay que simplificar la legislación. 
A eso me refería en el informe sobre el proyecto Slim, porque la legislación comunitaria, y el señor Medina nos lo acaba de probar con la lectura de uno de los artículos del Tratado, es difícilmente comprensible, incluso para los expertos. 
Señor Presidente, cualquiera de las observaciones que hice con respecto al proyecto Slim podrían ser traducidas aquí. 
Y lo digo desde el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que es la que más preocupada está por la proliferación legislativa y por la poca claridad de las normas. 
Por otra parte, la poca confianza que podamos tener en la mejora de la legislación no nos lleva a la misma interpretación del principio de la subsidiariedad que hace el Partido Popular, la derecha de esta Asamblea. 
Llevando este razonamiento hasta las últimas consecuencias, podríamos pedir que lo que puede hacer el Estado que no lo haga la Comunidad. 
Así descendiendo, acabamos de oír al Sr. Mauro defender que todo lo hagan las familias, que todo lo hagan los municipios y que desaparezca cualquier tipo de administración. 
Y eso sería una anarquía que, desde luego, nosotros no compartimos. 
Señor Presidente, en primer lugar, pido disculpas a usted, a la Comisión y a todos los colegas por haber llegado tarde, pero vengo de otra reunión y no me ha sido posible llegar antes. 
Ya se han expresado distintos oradores del Partido Popular Europeo representando la visión del Grupo. 
Déjenme, pues, dar una visión de síntesis. 
En primer lugar, yo, desde luego, encuentro que el trabajo de la Comisión es encomiable y muchas veces dificultosísimo. 
En este documento que se llama "legislar mejor" hay escasamente dos párrafos referidos a la subsidiariedad. 
Evidentemente, esto está relacionado con las dificultades de ese principio, que hemos llegado a calificar de teológico. 
Sin embargo, yo creo que hay que insistir en que, al estar en el Tratado, es un principio aducible ante el Tribunal de Justicia. 
Es verdad que todavía no tenemos ningún caso basado en un incumplimiento del principio de subsidiariedad, pero que ahí está y eso no lo podemos dejar de lado. 
Dicho de otra manera, señor Presidente, el principio de subsidiariedad probablemente sea el principio que refunde, recoge, y compendia lo que es la construcción europea, porque al final no es más que la voluntad política incluida en el Tratado. 
La apreciación del principio de subsidiariedad depende muchísimo de lo que sea en cada momento la voluntad política. 
Por lo tanto, a mí algunos aspectos del informe me producen poco entusiasmo, porque me hubiera gustado un informe más "comunitarizante" en lo que se refiere al mercado interior, y sobre todo, en este punto, evidentemente, no son los vientos que soplan en el informe. 
Por lo demás, señor Presidente, el informe habla de otras cuestiones que no están en el mismo plano. 
La codificación, la simplificación son cuestiones importantes, encomiables, pero sólo de buena técnica jurídica. 
Yo pediría, por lo tanto, a la Comisión que para el año que viene nos haga un informe sobre la aplicación del principio de subsidiariedad con todas sus consecuencias, y otro informe sobre aplicación de técnicas administrativas y de buena legislación. 
Señor Presidente, le agradezco que me permita decir, en mi condición de ponente del presente informe, unas breves palabras sobre la enmienda 8 del Grupo Socialdemócrata. 
Se ha afirmado muchas veces que el principio de subsidiariedad es un principio teológico. 
Quiero recordarles un discurso pronunciado por el Papa Juan Pablo II hace cuatro semanas, en el que expresamente acogió con satisfacción la aplicación en el terreno de lo político del principio de subsidiariedad. 
Es mi deseo aconsejar a todos los colegas seguir este sabio consejo. 
No era una moción de procedimiento, pero como ponente creo que podría hablar para precisar este punto. 
Cedo la palabra al Sr. Comisario. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente, el Sr. Wuermeling, y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interno su trabajo para mejorar la elaboración de las leyes. 
Se trata de una cuestión de crucial importancia. 
En primer lugar, debemos preguntarnos siempre si necesitamos leyes para resolver un problema. 
La segunda pregunta es: si necesitamos legislación, ¿debe enmarcarse en el nivel europeo o nacional? 
En tercer lugar, si decidimos legislar en un nivel europeo, ¿cómo podemos garantizar que la legislación es simple, clara y puede transponerse? 
En cuarto lugar, ¿existe alguna otra manera que no sea la legislación de cumplir el mismo objetivo a escala europea, como una ley blanda, un código de conducta o la coregulación? 
Estoy también de acuerdo con el informe y las opiniones expresadas en este debate de que la ampliación presentará un importante desafío a la calidad de la legislación, debido a los problemas económicos, sociales y legales que los nuevos Estados Miembros traerán consigo. 
Los legisladores de la UE deben respetar y considerar este asunto. 
La subsidiariedad, la proporcionalidad, la mejora de la calidad de la legislación, la regulación simple y una mayor codificación: son todas ellas cuestiones cruciales en las que debemos centrarnos. 
En realidad, esta exploración del conocimiento comunitario existente suele ser un ejercicio útil para mostrar que no siempre es necesario legislar en el nivel de la Comunidad o que una ley es muy detallada para la legislación en el nivel de la Comunidad. 
No es mi deseo entrar en una discusión en profundidad sobre la historia política o teológica de la subsidiariedad. 
Lo importante para las instituciones de la UE es que tenemos un compromiso fuerte para elevar la calidad de la legislación, especialmente con relación a la subsidiariedad. 
La Comisión está haciendo esfuerzos internos y políticos para incorporar la subsidiariedad a las propuestas legislativas. 
La iniciativa de preparar un Libro Blanco sobre el ejercicio del poder, por ejemplo, constituye un intento de promover el principio de subsidiariedad en todos los niveles. 
El ponente ha mencionado la cuestión de las recomendaciones de una ley blanda u otros acuerdos. 
Pienso que son cuestiones de suma importancia que hay que debatir. 
Veo aquí algunos colegas suyos que representaron un importante papel en la regulación sobre la sociedad de la información e Internet. 
¿Es posible regular estas cuestiones cuando la tecnología avanza extraordinariamente deprisa? 
¿Corremos el riesgo de poner frenos al desarrollo si legislamos? 
¿Existe el riesgo de que la tecnología haya avanzado tanto que el problema cambie antes de que esté preparada la legislación? 
Es ésta un área en la que debemos analizar las cuestiones con una mente abierta. 
Adopto una posición muy personal y afirmo que pueden existir nuevos tipos de ejercicio de poder aquí, donde la regulación y la autoregulación pueden ser complementarias y no alternativas. 
Pero lo importante de los acuerdos voluntarios o la autoregulación es que se lleven a cabo, debemos saber que se aplican, debemos saber cómo podemos controlar que lo que se ha acordado se está llevando a la práctica. 
Así, es importante considerar cuál debe ser el papel del Parlamento Europeo en las discusiones: éstas pueden ser quizás discusiones abiertas, debates y diálogos que garanticen que el Parlamento Europeo participa en el debate. 
Sin embargo, cuanto más profundizamos en los detalles de la tecnología de la información- los rápidos cambios en Internet -, más convencido me siento personalmente de que una legislación detallada no es la solución a este problema o, en caso de que sí solucione algo, no es el problema que plantea la tecnología de la información. 
Hay también otras áreas del las regulaciones del mercado interno que son muy complicadas. 
Sólo mencionaré los llamados coches respetuosos con los peatones, asunto que la Comisión discutirá dentro de unas pocas semanas. 
Esta directiva puede constar de 64 páginas, ser extremadamente detallada, matemática e implicar mucha pericia ingenieril. 
¿Es ésta un área en la que debemos intervenir y elaborar una legislación detallada que garantice que se implantará en todas partes, o debemos considerar como alternativa un acuerdo voluntario que se cumpla y pueda controlar? 
Estos son el tipo de debates que debemos celebrar en los próximos años. 
Espero que este informe, que a nosotros los Comisarios nos llegó el pasado año, incluya en el futuro la subsidiariedad, una regulación mejor y la valoración de las alternativas, respetando al tiempo la autoridad legislativa del Consejo y el Parlamento. 
Por último, tendré en cuenta las críticas que se han expresado al informe del Parlamento. 
Son concisas y claras. 
Transmitiré el mensaje a mis colegas de la Comisión y la Comisión lo hará lo mejor que pueda para reaccionar positivamente a estas críticas y preparar el siguiente informe. 
Espero que podamos continuar este debate y que no sea sólo una cuestión rutinaria del jueves por la tarde sino que forme parte del debate central sobre la legislación de la Comunidad. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18 horas. 
(La sesión interrumpida a las 17 horas y 27 minutos, se reanuda a las 18 horas) 
VOTACIONES 
- (DE) He votado a favor del informe, si bien no he conseguido la aprobación de algunas enmiendas, porque trata la cuestión de los altos costes de cambio y de las transferencias en la zona euro 
El 4 de julio la Comisión apercibió a diversos bancos de Bélgica, Finlandia, Portugal e Irlanda por realizar prácticas restrictivas de la competencia por razón de las comisiones de cambio aplicadas en operaciones con monedas de la zona euro. 
Envió unos puntos de queja a casi 120 bancos y asociaciones bancarias. 
Se fijó como plazo principios de octubre para la respuesta de los bancos, si bien se les indicó que la Comisión sancionará duramente los acuerdos relativos al establecimiento de comisiones que obstaculicen la introducción de los billetes y monedas del euro y perjudiquen a los consumidores. 
Desde el 1 de enero de 1999 los tipos de cambio están fijados de forma irrevocable. 
Es comprensible que los ciudadanos estén disgustados por el continuo crecimiento de las comisiones, dado que a partir de este momento los bancos ya no están expuestos a los riesgos por los tipos de cambio. 
Estas comisiones siguen aplicándose, tanto en el cambio de dinero en metálico como en los pagos transfronterizos. 
A la vista de que ahora vivimos en un mercado unitario con una moneda única, es inaceptable que continúen aplicándose estas comisiones tan elevadas. 
El mantenimiento de esta situación podría influir negativamente en la aceptación y en la opinión de los ciudadanos sobre el euro. 
Si los bancos no colaboran y siguen aplicando comisiones elevadas en la zona euro, el peligro de que el consumidor ponga en cuestión el sentido y finalidad del euro es grande. 
Insto a los bancos a adoptar con toda rapidez los estándares desarrollados por el Comité Europeo para la Estandarización Bancaria (ECBS) , que propician un transmisión directa y automática de las órdenes de pago transfronterizas entre los bancos. 
Un estudio realizado en los once países de la zona euro ha puesto de manifiesto que el consumidor tiene que pagar una comisión media de 17,10 euros por una transferencia de 100 euros entre los Estados miembros. 
Debe ponerse fin de la forma más rápida posible a esta intolerable situación. 
Los bancos e instituciones financieras deben realizar un esfuerzo mucho mayor para reducir los costes de las transferencias de pequeñas cantidades entre los Estados miembros. 
Exijo con toda energía que las transferencias sean configuradas de forma más económica, eficiente y previsible. 
Señor Presidente, en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores preparamos de forma concienzuda el informe Karamanou. 
Agradezco a la colega Karamanou el esfuerzo realizado. 
En este contexto llegamos a compromisos que no siempre nos satisfacían, pero que en líneas generales eran aceptables. 
En consecuencia es tanto más grave que este informe se haya transformado en un informe ideologizado mediante una inaceptable enmienda- la nº 18- de la colega Ludford. 
Por ello hemos tenido que rechazar este informe, ¡y quiero decir al Grupo Liberal que la cooperación en el seno de este Parlamento se verá perjudicada a la larga si desde el ala liberal de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se siguen presentado enmiendas de extrema izquierda a través de la colega Ludford! 
¡Creo que esto constituye la base de una colaboración razonable! 
¡Sr. Posselt, su exposición ha sido muy interesante, pero tiene muy poco que ver con su comportamiento de voto! 
No obstante no lo he interrumpido. 
(La sesión se levanta a las 18.36 horas.) 
Nuevo acuerdo de pesca UE/Marruecos 
De conformidad con el orden del día, ahora es el turno de la pregunta oral (B5-0546/00) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna dirigida, en nombre de la Comisión de Pesca, a la Comisión, y relativa al estado de las negociaciones de un nuevo Acuerdo de pesca con Marruecos. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, tengo que empezar lamentando que el Comisario de Pesca, Sr. Fischler, no pueda estar hoy aquí. 
He hablando personalmente con él esta semana y la razón es la coincidencia de un acontecimiento pesquero en Bruselas, coincidencia que también habíamos criticado ya desde nuestra Comisión de Pesca: la celebración de un seminario sobre control pesquero a la que hemos sido invitados los parlamentarios en una semana en la que, precisamente, tenemos Pleno en Estrasburgo y cuyo calendario se conoce con un año de antelación. 
Es, pues, doblemente grave. 
Así se lo he hecho saber al Sr. Fischler y ahora lo reitero aquí públicamente. 
Ante esta situación y ante la inminencia del posible inicio de las negociaciones el próximo lunes en Bruselas, hoy la Comisión no nos va a dar- creo yo- mucha información debido, precisamente, a que ésta se producirá- así lo esperamos- a partir del próximo lunes 30. 
La lógica de no desvelar aquí- según me ha dicho el propio Comisario- la estrategia que va a defender en dichas negociaciones, está justificada y es respetable. 
Ahora bien, como presidente de la Comisión de Pesca, deseo aprovechar nuestra pregunta oral y este debate para expresar a ambas partes- pues a ambas se dirige nuestra propuesta de resolución -, y quiero hacerlo con mucho sosiego, algunas consideraciones. 
En primer lugar, quiero resaltar la gran preocupación de la Comisión de Pesca por el enorme retraso de las negociaciones- casi un año desde el fin del anterior acuerdo -, que es lo que ha motivado nuestra pregunta oral, que fue formulada ya en el mes de septiembre. 
En segundo término, quiero resaltar el consenso hallado en el seno de nuestra comisión- y recuerdo aquí nuestra competencia de dictamen conforme, necesario ante un acuerdo de pesca con Marruecos -, consenso para transmitir inequívocamente el mensaje contenido en la propuesta de resolución de nuestra comisión que hemos negociado y presentado entre todos los grupos políticos y que hoy votaremos. 
De dicha propuesta de resolución deseo resaltar nuestro firme apoyo a la Comisión Europea para seguir negociando con Marruecos, nuestra llamada a Marruecos para que se avenga a negociar y encontrar una solución óptima y beneficiosa para ambas partes, que la puede haber y debe encontrarse. 
Como se dice en nuestra propuesta, no cabe que en el marco de relaciones estrechas de todo tipo entre ambas partes (políticas, económicas, comerciales, financieras, culturales, etc.) y con un acuerdo de asociación de por medio, no haya sitio para la cooperación pesquera que reclama la Unión Europea. 
Hay un enorme espacio para cooperar en materia de pesca y, con la voluntad de ambas partes, puede y debe lograrse. 
No valen dos varas de medir en cuanto a la conservación de los recursos pesqueros. 
La Unión Europea aplica en su política pesquera común el principio fundamental de la pesca responsable y la conservación de los recursos, que son condiciones imprescindibles para todos, para los marroquíes, para los europeos y para los no europeos que pescan en Marruecos. 
Ahora bien, dicho lo anterior, también afirmamos que no vale cualquier acuerdo. 
Tiene que ser un acuerdo que impulse la cooperación pesquera y el sector pesquero marroquí, pero que satisfaga también plenamente los intereses pesqueros de las flotas europeas. 
Sería una lástima que tantos esfuerzos no condujesen a una solución que todos aquí tanto deseamos y que nuestras relaciones con el pueblo soberano de Marruecos se vieran entorpecidas o enturbiadas en un momento en el que el nuevo y joven monarca inicia una esperanzadora etapa de progreso y en el que las relaciones con la Unión Europea tienen que jugar un papel decisivo de apoyo a tanta esperanza. 
Sería una lástima, repito, echar por tierra tantas esperanzas de futuro y tantas posibilidades de entendimiento mutuo. 
A la Comisión le decimos también en el apartado 8 lo que esperamos de ella en el caso de que no fuese capaz de lograr un acuerdo satisfactorio. 
Hago, desde esta tribuna y con el peso de la representatividad democrática europea que tenemos, una llamada a la sensatez y a la cordura a ambas partes, que el próximo día 30 van a reunirse en Bruselas al más alto nivel- el Comisario europeo de Pesca y el Ministro de Pesca de Marruecos, si, como espero, se confirma su anunciada presencia de Bruselas, así como las delegaciones técnicas, con el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Marruecos, si también se confirma, y el Director General de Pesca de la Unión Europea a la cabeza- para que dialoguen seriamente y encuentren soluciones. 
Finalizo, señor Presidente, diciendo que hay muchas posibilidades de lograrlo y aún hay tiempo, aunque desgraciadamente ya no mucho. 
Los pueblos de la Unión que aquí representamos así lo demandan. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión ha mantenido a lo largo de sus contactos con Marruecos una postura constante, postura que refleja el mandato aprobado por el Consejo en octubre de 1999. 
Conviene ahora abrir una nueva fase en nuestras relaciones con Marruecos, con un espíritu cuyo mejor ejemplo son nuestras propuestas concretas sobre la ayuda que se puede aportar para el crecimiento y el desarrollo del sector pesquero marroquí, conforme a las prioridades elegidas por el Gobierno marroquí en su plan quinquenal. 
Todos los esfuerzos que hemos llevado a cabo estos últimos meses, cada vez que las partes interesadas han tenido reuniones de tipo técnico o político, se han referido esencialmente a las características de una nueva colaboración en el sector pesquero, colaboración que debe ser ventajosa para ambas partes y estar bien equilibrada. 
Tras la última visita del Sr. Fischler a Marruecos el 16 de octubre pasado, fecha en la que fue recibido por su majestad el rey Mohamed VI y pudo entrevistarse con el Primer Ministro marroquí, Sr. Youssoufi, así como con el ministro de Pesca, parece que tenemos a nuestro alcance hacer progresos sustanciales. 
Puede considerarse, en efecto, que las conversaciones mencionadas desembocaron en el inicio efectivo de negociaciones sobre el contenido de una nueva colaboración en el sector pesquero. 
Hemos acordado que la nueva forma de cooperación que se establezca deberá tener en cuenta los intereses de ambas partes y hemos tomado nota de que Marruecos consideraba como elemento importante de nuestra cooperación las consecuencias potenciales de ésta para el empleo. 
La Comisión ha reiterado, en nombre de la Comunidad, que estaba dispuesta a aportar su ayuda a Marruecos para el desarrollo del sector pesquero, pero que la realización de este objetivo no debía hacer perder de vista los intereses europeos ligados a la posibilidad de pescar de forma prolongada en aguas marroquíes. 
A nuestro modo de ver, es extremadamente necesario que los pescadores de la Comunidad reanuden sus actividades de una forma que sea compatible con la obligación de garantizar unos recursos sostenibles. 
Por consiguiente, hemos llegado a un consenso para trabajar desde la perspectiva de una colaboración responsable, después de lo cual Marruecos expondrá sus opiniones en una reunión que, como usted ha indicado, se celebrará en Bruselas el 30 de octubre, es decir, el lunes. 
Quisiera señalar por último que si la Unión Europea y Marruecos desean cooperar en el futuro, hace falta flexibilidad por ambas partes, ya que las exigencias extremistas no nos llevarán a ninguna parte. 
Es evidente que todos nuestros esfuerzos giran actualmente en torno a la búsqueda de un acuerdo equitativo con Marruecos, pero la Comisión, en concertación con los Estados miembros más interesados, está pensando por otro lado en las medidas que podrían adoptarse para ayudar al sector en cuestión en el caso de que no hubiera consenso sobre una nueva colaboración. 
La Comisión tiene gran confianza en que sí será posible establecer con Marruecos una colaboración equilibrada. 
Hay que precisar que es demasiado pronto, en cualquier caso, para prever la naturaleza exacta de las medidas que se tomarían si la parte marroquí adoptara una actitud negativa. 
Señor Presidente, señor Comisario, mañana se cumplirá un año desde nuestro último debate en el Parlamento sobre Marruecos. 
No puede creerse fácilmente que ya ha pasado todo un año. 
Pero sí, ya ha corrido mucha agua bajo el puente, el acuerdo ha prescrito y no ha sido sustituido. 
Se ha hablado de conversaciones extremadamente difíciles y de discusiones espinosas. 
El caso es que un año después seguimos aquí, discutiendo prácticamente sobre lo mismo. 
Pero sin avanzar. 
Yo tenía esperanzas de que al final la sensatez se impondría, pero eran vanas. 
Tenemos ya una nota de prensa de la Comisión y la comunicación del Sr. Busquin de esta mañana. 
El 30 de octubre, una delegación marroquí expondrá su posición en Bruselas. 
El Comisario Fischler me lo ha confirmado. 
Con ello no se llega al fin de las negociaciones. 
Y yo pregunto: ¿acaso hay ya un principio? ¿o estamos hablando en el vacío? 
En esta semana se ha celebrado una sesión extraordinaria de la Comisión de Pesca y se ha aprobado una resolución común destinada a respaldar nuestra gran preocupación y nuestra pregunta oral de esta mañana. 
No me he quedado satisfecho con la sesión de la comisión ni tampoco con la resolución misma, porque estamos participando en un procedimiento en curso del que hasta ahora no hemos sabido nada nuevo. 
¿No habría sido mejor posponerlo? 
¿Tendríamos tiempo suficiente? 
Puedo comprender muy bien la preocupación de los pescadores de España y Portugal. 
Como diputado por una circunscripción de la costa alemana puedo imaginarme perfectamente cómo les va a los pescadores y a sus familias que ahora se encuentran- literalmente- en dique seco. 
Hace pocas semanas, yo mismo estuve en Algeciras, en el litoral meridional español. No queda muy lejos de Marruecos. 
La flota pesquera estaba amarrada y los pescadores condenados a la inactividad. Están descontentos y desilusionados con Europa. 
Las consecuencias económicas y sociales del Acuerdo hasta ahora sin renovar son enormes. Porque no sólo están afectados algunos miles de pescadores, sino también más de 20.000 empleados en la industria manufacturera. 
Algo positivo: las compensaciones se han ampliado hasta final de este año. 
Pero esto no es sino una gota en un desierto. 
El Acuerdo con Marruecos constituye, obviamente, una cuestión política. 
Y la política tiene, obviamente, algo que ver con la sensibilidad y la habilidad diplomática. 
Ahora que apenas empezamos a ver la luz al final del túnel no deberíamos apretarles con nuestras exigencias. 
Soy de la opinión de que el año pasado ya hubo bastantes platos rotos y ahora toca actuar con prudencia. 
Prudencia, he ahí la estrategia que el momento demanda. 
¿Pero tenemos todavía tiempo suficiente? 
Por desgracia, las conversaciones son muy lentas. 
Desearía que nosotros juntos, Comisión y Parlamento, pudiéramos poner algo en marcha. 
¿Realmente no sería procedente que también en este caso se exija que el Parlamento Europeo tome parte directamente en las negociaciones? 
La importancia del Acuerdo y sus repercusiones económicas sobre el presupuesto de la Comunidad lo justifican. 
¿Por qué no llevasoa a cabo algo que es elemental? 
¿Hay que esconder algo entre bastidores? 
A mí me interesa mucho conocer cómo ha transcurrido la última parte delproceso, cómo se desarrollarán los proximos días decisivos y qué podremos o deberemos hacer para conducir las negociaciones hacia un Acuerdo éxitoso. 
Con la mayor prudencia espero de ahí un resultado rápido y bueno. 
Deseo suerte y habilidad al Comisario y doy a la delegación marroquí un sincero saludo de bienvenida. 
Señor Presidente, es significativa la ausencia del Sr. Fischler en este debate, pero para mí aún lo es más la del Sr. Smidt, el Director General. 
Puedo entender las razones del Sr. Comisario, pero no puedo entender las del Director General. 
Señor Busquin, se dice que la Comisión es un órgano colegiado. 
Pero yo opino que, si lo fuese realmente, este difícil asunto del Acuerdo de pesca con Marruecos se habría afrontado, desde su inicio, con una perspectiva global en la que todos los Comisarios estuviesen implicados. 
Dudo de que usted haya oído hablar hasta hoy de este problema, que en este debate se le va a presentar con toda su crudeza. 
Usted saldrá hoy de aquí más sabio y nosotros lo único que queríamos era salir más informados. 
Es un triste consuelo que la Unión Europea esté financiando una compensación a los pescadores y armadores. Desde el primer día, lo que ellos nos han dicho es que querían pescar. 
De cualquier forma, las ayudas se terminan el 31 de diciembre, fecha prevista para la reconversión de la flota. 
Qué comienzo de tercer milenio para la Unión Europea: reconvertimos la flota porque no hemos sido capaces de negociar un nuevo Acuerdo de pesca con Marruecos. 
Once meses después de la expiración del anterior, nadie nos asegura que vayamos a alcanzarlo antes del 31 de diciembre. 
Lo que no se ha conseguido en once meses difícilmente se va a poder conseguir en unos días. 
Señor Busquin, a veces yo, diputada en este Parlamento, he tenido la sensación de que la Comisión Europea, el Comisario y, sobre todo, el Director General de Pesca actuaban como avergonzados del sector e incluso de los Estados miembros a los que estaban llamados a representar en esta negociación. 
Todos sabíamos desde el principio que era una negociación difícil. 
El tiempo, en su devenir, nos enseñó que además de difícil podía convertirse en imposible. 
Porque no se pueden comenzar los contactos dando la espalda a las reclamaciones del sector y asumiendo sin discusión las demandas marroquíes. 
La Comisión envió señales, no a los negociadores del país vecino, sino a los pescadores europeos: demasiados cefalopoderos, flota con exceso de capacidad, empresas mixtas, necesidad de negociar por segmentos de flota, prohibición de mencionar otro tipo de intercambios comerciales y, por supuesto, silencio. 
¿Y a quién conviene este silencio? 
¿Le conviene al Parlamento, que se debe a los ciudadanos de la Unión Europea? 
¿Le conviene al sector, que, más emprendedor que los propios negociadores, se va a Marruecos y comprueba que lo que es imposible para Bruselas es posible para ellos: hablar directamente con los marroquíes, establecer buenos contactos, principios de entendimiento comercial, industrial y pesquero? 
¿Le conviene a la Dirección General de Pesca, que, con todo el aparato comunitario a sus pies, sigue pensando que los malos son nuestros pescadores y que por qué no se dedican a otra cosa? 
Nos hemos quedado, señor Comisario, no con la sensación, sino con la certeza, de que el sector, por sí solo, habría sido capaz de alcanzar el acuerdo al que hoy aún no ha llegado la Comisión. Esta sensación no cuadra en la negociación con un país que cuenta con un Acuerdo de asociación con la Unión Europea y con cuyo desarrollo estamos comprometidos. 
El Gobierno marroquí reclama una relación privilegiada con la Unión Europea. 
Tiene razón en hacerlo y deberíamos sentirnos orgullosos de ello. 
Somos los principales importadores de productos pesqueros, agrícolas e industriales marroquíes. 
La agricultura marroquí se beneficia de un trato de privilegio a la hora de exportar a Europa. 
En cada negociación de acuerdos pesqueros, mientras fueron temporales, Marruecos obtuvo sistemáticamente concesiones agrícolas permanentes. 
Podríamos decir que, once meses después del amarre, seguimos pagando el anterior acuerdo y el anterior del anterior. 
La Unión Europea quiere seguir asociada a Marruecos en materia pesquera porque estamos convencidos de que es posible una cooperación en beneficio de ambas partes, por las mismas razones que hacen de la Unión Europea el primer inversor en Marruecos. El primero, el segundo y el tercero. 
Si el empleo es la prioridad en la acción de la Unión Europea, un sector económico como la pesca no puede quedar al margen. 
Al menos 40.000 empleos directos e indirectos en la Unión dependen de este acuerdo, en comarcas sin posibilidades de reconversión. 
No estamos haciendo literatura. 
La Comisión conoce muy bien la importancia de los acuerdos de pesca para determinadas regiones altamente dependientes de esta actividad: regiones europeas de Dinamarca, de Irlanda, de Escocia, de Andalucía, de Portugal, de Galicia, con tasas de paro muy altas y sin actividad industrial, que han entregado su potencial de competitividad a cambio de una actividad marginal que la Comisión parece querer marginalizar todavía más- y siento ser tan dura-. 
Para estas regiones, un amarre definitivo de la flota, falto de otras alternativas, supondrá un golpe fatal del que difícilmente podrán reponerse. 
Las instituciones europeas deben lograr que los ciudadanos y los pescadores vean en Europa no la panacea, pero sí el marco adecuado para la defensa de sus intereses. 
Señor Presidente, señor Comisario, los acuerdos pesqueros desempeñan un papel muy importante para el sector pesquero. 
Los acuerdos con terceros países tienen una trascendencia muy grande para la Unión y especialmente para las regiones con grandes puertos pesqueros. 
A este respecto pienso en el empleo en el sector. 
También pienso en las numerosas industrias derivadas, industrias de servicios, que total o indirectamente dependen de la pesca. 
Mediante los acuerdos pesqueros la Unión puede ejercer actividades pesqueras e intercambiar derechos de pesca con terceros países. 
De ahí que respaldemos desde el Grupo Liberal que la política pesquera comunitaria incluya estos numerosos acuerdos pesqueros con terceros países. 
Las negociaciones para un nuevo acuerdo entre la UE y Marruecos se han prolongado mucho. 
Se ha venido negociando desde que el acuerdo expiró el 30 de noviembre de 1999 y la Unión ha pagado compensaciones a los armadores y pescadores españoles y portugueses. 
El Comisario Fischler ha manifestado que este monólogo no puede continuar. 
Estoy plenamente de acuerdo con el señor Comisario al respecto. 
No hay nada más que añadir aparte de que los pescadores no entienden la situación y están muy decepcionados ante la larga duración de las negociaciones del acuerdo con Marruecos. 
Desde el Grupo Liberal apoyamos que se haga ahora el mayor esfuerzo posible para cerrar este proceso negociador que ha durado ya demasiado. De ahí que respaldemos el tenor de la propuesta de resolución presentada por la Comisión de Pesca. 
No obstante, proponemos una modificación del punto que trata de las medidas destinadas a remediar los efectos de la falta de renovación del acuerdo pesquero con Marruecos. 
Proponemos que se añada: "que serán cofinanciadas debidamente por la UE". 
Señor Presidente, hace un año mantuvimos un debate similar y el hecho de que haya tenido que pasar un año para que den comienzo las negociaciones pone en evidencia la dificultad de encontrar caladeros para las enormes flotas de la UE. 
Para que podamos faenar, la UE depende cada vez más de la buena voluntad de terceros países. 
Hace cinco años ya sabiamos que se iba a presentar esta situación. 
Cuando Marruecos firmó el último acuerdo expresó que no deseaba otro acuerdo de la misma índole y se ha mantenido en esa postura. 
¿Qué ha hecho la Comunidad en estos cinco años? 
Ha adoptado un plan directivo plurianual que ha sido mucho más débil de lo que recomendaron los científicos y la Comisión. 
Recientemente la Comisión ha destacado los efectos de esto último. 
Entonces estableció un fondo estructural que seguirá sufragando los nuevos buques y la mejora de los existentes, si bien con algunos controles. 
Sin embargo, de nuevo, el Consejo ha descafeinado la valiente propuesta de la Comisión. 
En consecuencia hemos de padecer el problema del exceso de capacidad y los cada vez más limitados recursos pesqueros. 
Estas navidades será necesario reducir el TAC. 
La Comisión se ve en la necesidad de poner su mirada cada vez más lejos para encontrar bancos de pesca. 
El caso de Marruecos constituye una situación especial por cuanto muchos de los buques involucrados son de pequeño calado y faenan cerca de sus puertos. 
Estamos de acuerdo en que la falta de este acuerdo ha causado un severo impacto. 
Pero mientras disponemos de innumerables buques que pueden encontrar caladeros en aguas europeas, al mismo tiempo en los países del norte de Europa hay algunos empresarios o incluso conglomerados de empresas, que están construyendo buques nuevos enormes que se verán abocados a depender de la pesca que se realiza muy lejos de Europa. 
Teniendo en cuenta las dificultades para acomodar estos buques en los acuerdos habituales, los propietarios están cerrando acuerdos privados con los gobiernos de terceros países. 
Dado que estos acuerdos son de naturaleza privada ajenos a la intervención comunitaria, no hay transparencia, no se puede acceder a la información y no hay espacio para la responsabilidad pública. 
Esta situación es muy seria. 
¿Quién va a controlar estos buques? 
Quisiera que el Comisario nos informe detalladamente sobre estas actividades y su impacto. 
Vamos a apoyar la resolución pero tenemos que dejar claro que nadie tiene un derecho adquirido para explotar los recursos de otro país si así no lo desea. 
Esto debe ser tenido en cuenta. 
Debemos intentar resolver nuestros propios problemas aquí. 
Señor Presidente, opino que sería muy provechoso que se celebrase un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, pero creo, sin embargo, que existen grandes deficiencias en el texto de la resolución que se propone. 
Se trata, entre otros, de los puntos 3 y 4, en los que se señala como algo natural, casi como un derecho, que la UE puede pescar en aguas marroquíes. 
No existe ningún derecho de esta naturaleza, sino que se trata de negociaciones con una nación. 
Podríamos imaginarnos qué pasaría si Marruecos tuviera exigencias similares y entendiera que pescar en aguas comunitarias es algo obvio. 
Tampoco creo que sea obvio que la UE tenga que compensar a los pescadores que faenan en aguas que no son de la Unión Europea. 
Si se entiende la política pesquera de la UE como una totalidad y no se mira solamente este acuerdo, es insostenible a largo plazo, desde una perspectiva ecológica y de recursos, que una gran parte de la actividad de la flota pesquera comunitaria tenga lugar fuera de la Unión. 
Hay que hacer grandes reformas para disminuir la actividad pesquera mundial y para que se destine una menor parte del presupuesto a acuerdos de pesca con terceros países. 
En aguas marroquíes pescan casi exclusivamente barcos españoles y portugueses, pero también lo hacen algunos barcos del Norte de Europa, entre ellos algunos suecos. 
He leído en una revista sueca especializada en pesca que uno de esos barcos desembarca su carga en El Aaiún, que se describe como un puerto marroquí. 
Sin embargo, El Aaiún no está en Marruecos sino que en el Sahara Occidental, que está ocupado por Marruecos. 
Me resulta extraño que barcos que pescan las cuotas de la UE puedan desembarcar su pesca en un país ocupado. 
Quisiera preguntar a la Comisión si se discute este tipo de cosas en las negociaciones con Marruecos. 
¿Qué tratamiento se da a las aguas del Sahara Occidental? 
¿Cómo es posible que con este acuerdo se descargue pescado en un país ocupado? 
Señor Presidente, estamos en presencia del tercer acuerdo con Marruecos, que interesa sobre todo a nuestros amigos españoles y portugueses, los cuales aportan el grueso de la flota, aunque también se ven afectados algunos franceses y suecos. 
Evidentemente, junto con Marruecos, Mauritania un poco más al sur o Senegal, nos encontramos entre las regiones más ricas desde el punto de vista pesquero. 
En el segundo acuerdo, las cosas estaban muy claras. 
Ni nuestros amigos marroquíes ni yo teníamos duda alguna: se trataba del último acuerdo. 
Hoy llega para todos el momento de la verdad. 
En primer lugar para Marruecos, que tiene derecho a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. 
No es lo que acabo de oír hace un momento- cuando se hablaba de pescar en aguas de un territorio ocupado, el Sáhara occidental, concretamente- que nos será de gran ayuda durante las negociaciones. 
Los marroquíes tienen derecho a un desarrollo sostenible y a una importante artesanía, al igual que tienen derecho a crear una industria agroalimentaria basada en su pesca y en su pescado. 
Por parte española y portuguesa, lógicamente, entiendo que se invoque algún derecho histórico. 
En definitiva, los españoles alegarán una presencia y una actividad permanentes, un problema económico y humano que afecta a 20.000 personas que trabajan en el sector pesquero y en las industrias derivadas. 
Todo esto lo entiendo. 
Por parte europea- todo lo entiendo igual de bien -, nos encontramos en el marco de la asociación euromediterránea. 
Todo ello está en juego. 
Están en peligro todos nuestros acuerdos de pesca, no sólo con Marruecos, porque también están Mauritania y dentro de poco Guinea, entre otros. 
Por parte de nuestros colegas socialistas, ¡resulta encantador! 
Campeones de la generosidad y del tercermundismo, descubren lo que el presidente Mao llamaba "la diferencia entre las contradicciones antagonistas y las contradicciones no antagonistas". 
Tienen que conciliar la defensa del empleo con sus convicciones universalistas y mundialistas que se están poniendo a prueba. 
Efectivamente es más fácil defender la periferia que defender a Marruecos. 
¿Hace falta entonces un acuerdo de tercera generación con empresas mixtas que suponga una compensación importante para Marruecos y unas relaciones privilegiadas? 
Creo que de entrada habría que pagar el recurso a su justo precio. 
A fuerza de pagar el petróleo a un franco el litro o a menos de un euro el litro se han cogido malas costumbres con el petróleo, igual que con el café, el cacao y los demás recursos naturales. 
Pero también hay que comprender que nada es eterno, ¡ni siquiera los recursos pesqueros! 
Marruecos es un país con un gran pueblo, pero también con grandes problemas de tipo demográfico y económico. 
Ahora se plantea además el problema de la transición política, porque su majestad Hassán II ya no está. 
Añadamos, para terminar, el problema de su provincia natural, histórica, del Sáhara occidental, que no está completamente solucionado. 
Marruecos se enfrenta en la actualidad a buques-factoría que van a saquear sus recursos naturales, frente a los cuales los pequeños barcos y pequeños artesanos marroquíes no pueden resistir. 
En un momento determinado de la vida, hay que aprender a renunciar. 
Ello no debe impedir que protejamos nuestros propios recursos. 
Pienso en los arboricultores y horticultores a los que se ha sacrificado, así como en los intereses de la Europa del sur. 
Estimados colegas españoles y portugueses, en la vida todo tiene un fin, incluso los acuerdos de pesca con el tercer mundo. 
Señor Presidente, creo que lo importante en este momento es que, después de casi un año, se empieza a ver la luz al final del túnel y que, dentro de tres días- el próximo lunes -, podremos saber ya a qué atenernos, si va a proseguir la cooperación pesquera con Marruecos y qué tipo de cooperación podría ser. 
Esta Asamblea ha sido muy justamente crítica con la Comisión respecto al Acuerdo con Marruecos, que se afrontó desde el comienzo con muchos titubeos y con mucha ingenuidad. 
Once meses se ha tardado en llegar al punto de inflexión en el que estamos, la reunión del día 30 y, en este sentido, también sabemos valorar las últimas medidas del Comisario Fischler, los resultados de su viaje del pasado día 26 a Marruecos y las entrevistas de alto nivel mantenidas, incluso con el propio Rey. 
De ese viaje se puede deducir que la reunión del día 30 no será una más y que, finalmente, se presentará en Bruselas una delegación marroquí con poder de negociación y de decisión. 
Al menos, ésa es la esperanza que en este momento nos podemos permitir, y de ello sólo puede derivarse nuestra confianza en que las relaciones pesqueras con Marruecos se reanuden, que se reanuden cuanto antes y en las mejores condiciones para ambas partes, porque es inimaginable pensar en un contexto pesquero en el Sur de Europa sin relaciones satisfactorias entre ambas orillas y en el sacrificio innecesario de una flota que tanto ha contribuido al desarrollo pesquero de Marruecos. 
Hay un punto en la resolución que se ha prestado a muy distintas interpretaciones, algunas de las cuales, verdaderamente delirantes y falsas, y que se han visto impresas en algunos medios de comunicación. 
Por ello, me interesa especialmente dejar claro que si en algo se ha destacado el Grupo del PPE-DE es no sólo en apoyar, defender y propiciar los acuerdos de pesca, sino en fomentar decididamente su extensión. 
Pero, de ninguna manera ello puede suponer que el Grupo del PPE-DE se oponga a los acuerdos de pesca de carácter privado, sencillamente porque oponerse a ellos sería condenar a la mitad de la flota de altura comunitaria. 
Y me gustaría mucho saber si alguien realmente se puede oponer a esta fórmula, y cómo y con qué argumentos se lo va a explicar al sector pesquero. 
Creo que estamos aquí para abrir vías al futuro de la pesca comunitaria y no para cerrarlas. 
Los acuerdos de carácter privado- numerosísimos en muchos Estados miembros y con muchos países terceros- han dado unos resultados excelentes, tanto en el mantenimiento del empleo comunitario como en el suministro de productos de la pesca a la Unión Europea. 
Como ejemplos, no hay más que recordar el caso de Namibia, Sudáfrica, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Islandia, Mauritania, el propio Marruecos y tantos otros. 
Además, cuando día tras día nos quejamos del olvido en que parecen ir cayendo las negociaciones, tanto de los acuerdos existentes como de otros nuevos y la falta de interés que en ellos parecen mostrar tanto la Comisión como una parte del Consejo- y ahí tenemos los casos recientes de Angola, Cabo Verde o Kiribati -, cegar una vía que está siendo- y podría serlo mucho más en el futuro- una base sólida para la actividad pesquera de la flota comunitaria es, sencillamente, suicida. 
Son, por tanto, absolutamente defendibles las dos vías, siempre que en ambas impere el fin fundamental, que es la conservación del recurso. 
Defendamos, por tanto, la responsabilidad que nos incumbe en los acuerdos bilaterales y en los acuerdos privados, donde la actividad de la flota es regulada- y lo será aún más en el futuro- por organizaciones regionales de pesca como ICCAT, NAFO o Camelar. 
Salvo desear lo mejor ante la reunión del día 30, nada más, señor Presidente. 
Señor Presidente, la ausencia del Sr. Fischler, justificada, como ha puesto de relieve antes el presidente de la Comisión de Pesca, me impide entrar en demasiados detalles. 
Pero me gustaría transmitir a la Comisión, representada hoy dignamente por el Comisario Busquin, unos mensajes muy breves. 
El primer mensaje es la incapacidad de la Comisión para renovar el acuerdo de pesca más importante que tenía la Unión Europea. 
Creo que hay que anotar y dejar claro este hecho y plantear la duda de si la Comisión tiene capacidad para negociar acuerdos internacionales, sobre todo después de haber oído al Presidente Prodi recabar una competencia internacional para la Comisión. 
En segundo lugar, me preocupa la observación del Sr. Busquin respecto al apoyo al desarrollo de la capacidad de pesca de Marruecos. 
Estamos hablando de un territorio que no pertenece a Marruecos, pero que está siendo administrado por Marruecos. 
Si ayudamos a Marruecos a sobreexplotar ese territorio, que está pendiente de un referéndum bajo supervisión de las Naciones Unidas, si desarrollamos una flota pesquera marroquí para que explote la pesca de ese territorio, ¿qué ocurrirá cuando ese territorio ejerza su autodeterminación? y ¿qué haremos con la flota marroquí? 
En tercer lugar, desde que se interrumpió el acuerdo de pesca, ha continuado la explotación del caladero del Sáhara por flotas comunitarias y no comunitarias que no están sometidas al control ni de la Comisión ni de los Estados miembros: se habla sobre todo de una flota importante de los Países Bajos. 
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para evitar que, al menos las flotas comunitarias, sigan sobreexplotando estos recursos? 
En cuarto lugar, como ha puesto de relieve la Sra. Miguélez, cuando se firmaron los acuerdos de pesca anteriores, la Unión Europea hizo concesiones importantes a Marruecos en todos los aspectos. 
El año pasado, Marruecos se retiró de la mesa de negociaciones y, como un buen jugador que ha ganado, se llevó todas las fichas y no se perdió ninguna concesión. 
¿Va a seguir la Unión Europea haciendo concesiones, si no hay el menor esfuerzo de una voluntad, por parte de Marruecos, de aliviar la situación? 
Y, en quinto lugar, el Sr. Comisario ha hablado de las medidas de la Comisión para ayudar al sector pesquero directamente afectado. 
Pero el sector pesquero es solamente una parte de la actividad que genera la actividad pesquera. 
En este momento, varias regiones españolas, Canarias, Andalucía y Galicia, y algunas regiones portuguesas, están directamente afectadas por el cese de la actividad pesquera. 
Esto significa el cese de la actividad portuaria, de la actividad de reparación de buques, de la actividad de avituallamiento de buques, de la actividad de las fábricas conserveras y fábricas de aceite, es decir, que todo un sector económico se halla paralizado actualmente como consecuencia de esto. 
Mi pregunta a la Comisión es: si no se consigue un acuerdo con Marruecos, o si ese acuerdo se celebra en los términos señalados por la Comisión, un acuerdo que estimule la producción marroquí, ¿piensa la Comisión adoptar medidas estructurales para compensar el retraso que se va a producir en las regiones afectadas? 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para manifestar nuestro apoyo a una resolución con la que mi Grupo y yo, como diputado por Galicia, concordamos. 
Pero, después de haber perdido un año y cuando se intenta destinar a otras rúbricas las asignaciones presupuestarias previstas para el acuerdo, debo manifestar también mi profunda desconfianza respecto de la convicción con que la Comisión va a defender los intereses legítimos de los armadores y pescadores afectados y proclamar mi escepticismo respecto de la voluntad real de la Unión y de muchos Estados miembros, entre ellos el Estado español, de negociar el acuerdo en la "esfera general de las relaciones políticas y económicas entre Marruecos y la Unión Europea", como proponemos en la resolución. 
Aun así, quisiera equivocarme, naturalmente, y comprobar que al final se firma inmediatamente el tratado. 
Señor Presidente, no es ésta la primera vez que figura en nuestra agenda el derecho a pescar de nuevo en aguas marroquíes y saharianas. 
En España y Portugal se consideraba natural que Marruecos debiera permitir a los pescadores europeos faenar en sus aguas; y, que el año pasado esta situación llegara a su fin, se ha experimentado como un golpe. 
Lo comprendo, ya que esas actividades de pesca representaban una fuente de ingresos y de trabajo para una región pobre en relación con el resto de Europa. 
En el pasado era natural que se considerara más importante la economía que la protección del equilibrio de la naturaleza y que los más pobres de Europa intentaran conseguir para sí algo de la supremacía de Europa sobre el tercer mundo. 
Entre tanto vemos que hay zonas marítimas que están siendo esquilmadas por la pesca y que determinadas especies marinas disminuyen de tal manera en cantidad, que su supervivencia es cada vez más incierta. 
Marruecos está en su legítimo derecho de proteger sus mares contra la sobrepesca de forma perdurable. 
Europa ya no puede seguir exigiendo derechos en otras partes del mundo. 
En el futuro tendremos que aprender a vivir sin las concesiones de pesca heredadas de los tiempos coloniales. 
La resolución propuesta no va a conducir a la recuperación de los derechos de pesca, sino, a lo sumo, a que España y Portugal reclamen con más fuerza subsidios de compensación. 
Pido a la Comisión Europea que no siga ejerciendo presión sobre Marruecos y que muestre una mayor comprensión por los reparos marroquíes. 
Por lo demás, estoy de acuerdo con la Sra. McKenna en que hay más responsables, aparte de los pescadores españoles y portugueses. También los grandes pescadores del norte, entre los que se encuentra mi nación, los Países Bajos, deben reducir sus capturas. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde 1992 la Unión Europea ha celebrado acuerdos de pesca con Marruecos. 
El que se encuentra actualmente en vigor expiró al final del mes de noviembre del año pasado. 
Por ese acuerdo, cerca de 500 barcos de la Unión Europea, 50 de ellos portugueses, tuvieron acceso a las aguas marroquíes mediante una retribución anual de casi 125 millones de euros. 
Como imaginábamos, las dificultades en la negociación con las autoridades marroquíes han sido muy grandes. 
Por parte de Marruecos existe la sensación del gran valor de sus recursos haliéuticos y es constante el asedio que les hacen las grandes potencias pesqueras internacionales, como el Japón, Corea del Sur o Rusia, para pescar aún más en sus aguas. 
Convendría recordar también aquí que el acuerdo de pesca con Marruecos se inscribe en un marco mayor de cooperación y asociación mediante el cual la Unión Europea proporciona también a Marruecos concesiones comerciales e importantes apoyos a su desarrollo. 
Quisiera subrayar cuatro aspectos en mi intervención. 
En primer lugar, es necesario subrayar que el acuerdo de pesca con Marruecos es con mucha diferencia el más importante de la Unión Europea, pues representa más del 30% de todas las capturas de la flota comunitaria en aguas de terceros países. 
Los 30.000 empleos directos e indirectos dependientes de ese acuerdo pueden parecer poco a escala de la Unión Europea, pero el hecho de que se concentren en pequeñas comunidades pesqueras, principalmente de las costas española y portuguesa, sin tradición ni posibilidad de reconversión económica, volvería dramática la eliminación de esos empleos. 
En segundo lugar, debo subrayar con mucha amargura la poca apertura de las autoridades marroquíes participantes en las negociaciones. 
Postura que no comprendo por dos motivos: el primero es el de que entretanto han ido concediendo licencias privadas a varios armadores de otros países, lo que constituye una contradicción con el argumento de que las dificultades en la negociación del acuerdo con la Unión Europea se deben a la necesidad de preservar los recursos haliéuticos, y el segundo es que tampoco se entiende la rigidez marroquí ante la actitud de apertura de nuestros mercados a los productos marroquíes, así como las ayudas consagradas en el marco del acuerdo general de cooperación con Marruecos. 
Otro aspecto que quisiera destacar es el de que al final del mes concluyen las ayudas temporales pagadas a los pescadores y armadores para compensar este año de parada. 
Se trata de una situación insostenible, dado que todos prefieren el trabajo a las ayudas. 
Así, pues, es necesario que la Comisión y el Consejo de Ministros de la Unión Europea asuman sus responsabilidades, lo que requiere no sólo prolongar las ayudas hasta que se defina la situación, sino también revisar las bases generales de la cooperación con Marruecos en caso de que se prolongue esta situación. 
Por último, es necesario que la Comisión, como entidad encargada de llevar a cabo las negociaciones, aclare debidamente al Parlamento lo que está sucediendo y que a nosotros nos resulta incomprensible. 
Como también ha sido incomprensible la pasividad del Consejo de Ministros de Pesca. 
Señor Presidente, Señorías, la Europa "azul", como se dice metafóricamente, está en crisis. 
Los mares son objeto de malos tratos, los recursos pesqueros van escaseando, los pescadores parados tienen dificultades para aceptar un destino cruel que amenaza la supervivencia de una actividad tradicional y cierto modo de vida. 
El pasado miércoles debatimos en este hemiciclo la alarmante reducción en el mar de Irlanda de las capturas de bacalao, especialidad emblemática- dicho sea de paso- de la gastronomía portuguesa. 
Hoy debatimos un acuerdo de pesca con Marruecos. 
Estamos a punto de recibir otro rudo golpe en las actividades pesqueras de la Unión Europea. 
Y digo de la Unión Europea y no sólo de dos de sus partes, como algunos diputados han insinuado: la solidaridad europea no puede ser una palabra vana o tener sólo un sentido y no darse cuando se trata de problemas más concentrados en Portugal y en España... 
La Comisión no consiguió, por desgracia, obtener nuevos arreglos en las negociaciones con Marruecos celebradas antes del fin del acuerdo de pesca que expiró el 30 de noviembre de 1999. 
Casi un año después, parece que estamos en el punto cero. 
La información disponible es escasa y poco clara, aunque las negociaciones hayan proseguido- se dice- con diversas y complicadas vicisitudes. 
A pesar de todo, el Comisario nos ha garantizado hoy que se reanudarán las negociaciones la próxima semana y que se están logrando avances. 
Se dice vagamente. 
Se nos dice que hay posibilidad de llegar a una cooperación equilibrada con Marruecos. 
¿Será cierto? 
El escepticismo y la perplejidad son grandes y legítimos. 
Entonces, ¿no tiene la Unión Europea peso e influencia suficientes para convencer a su interlocutor marroquí de las ventajas mutuas que entraña celebrar un nuevo acuerdo? 
¿Qué ocurre, a fin de cuentas? 
¿Será que el Estado marroquí tiene una actitud poco constructiva y prefiere negociar con empresas, aisladamente, en vez de hacerlo con la Unión Europea, con la que tiene intereses duraderos y profundos en varias esferas? 
¿Ha ejercido la Unión Europea todo su peso político y económico? 
¡No lo creo! 
La Unión Europea, en mi opinión, ha minimizado el problema. 
¿Y si no se logra el acuerdo? 
¿Cuál va a ser la actitud del Consejo y de la Comisión? 
No puede ser, desde luego, la de "lavarse las manos", dado que son las instituciones que tienen la competencia y la obligación de llevar a cabo esas negociaciones. 
Por último, en el indeseable caso de que fracasaran las negociaciones, la Unión tiene la obligación política y moral de apoyar a los pescadores y a los propietarios con ayudas satisfactorias que les aseguren medios de subsistencia. 
Eso sería lo mínimo exigible. 
Pero no es suficiente. 
La Unión debe elaborar y preparar un programa para la reconversión de las actividades de los agentes afectados a fin de que puedan tener un futuro sin dramas. 
Transferir a los Fondos estructurales y a los Estados ese problema sería descalificar la Unión no sólo ante los afectados, sino también ante todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, no voy a repetir lo que en este Pleno se ha dicho esta mañana y se viene diciendo desde hace prácticamente un año. 
Señores parlamentarios, la realidad es que la flota comunitaria de Andalucía, Canarias, Galicia y Portugal se encuentra amarrada por falta de un acuerdo pesquero. 
Tampoco quiero volver a culpar a la Comisión por su falta de acierto en la negociación o por la tardanza a la hora de empezar a presionar a Marruecos. 
Ya lo avisamos en su momento. 
Este parlamentario andalucista lleva un año negociando y proponiendo iniciativas por los pasillos, por los despachos, en la Comisión de Pesca y en las audiciones con el Sr. Comisario para que se tenga en cuenta la especialísima idiosincrasia de la flota pesquera andaluza que faena en Marruecos. 
Necesitamos un acuerdo pesquero útil. No queremos un acuerdo en el que no se reflejen los intereses de esa flota mayoritaria, artesanal y de bajura. 
Importantísimas ciudades pesqueras de las zonas sur atlántica- de Huelva y Cádiz- y sur mediterránea- de Málaga, Granada y Almería- dependen de este acuerdo. En ellas no existe alternativa a la pesca. 
Por otra parte, las repercusiones sociales que el amarre de esa flota está provocando son gravísimas y, en algunos casos, relacionadas con el cultivo y tráfico de droga por parte del Reino de Marruecos. 
Finalizo diciendo que si la Unión Europea estuviese en este momento negociando con los auténticos propietarios del banco saharaui, el pueblo saharaui, ya tendríamos un acuerdo digno y no estaríamos siendo sometidos a un auténtico chantaje por parte del Reino Alauita, por lo que, en el caso de que no se llegue a un acuerdo o en el caso de que éste sea inútil, la especial relación de Marruecos con la Unión debiera resentirse gravemente. 
Señor Presidente, todos saben que Jean Monet es uno de los padres fundadores de la UE. 
Él solía contar un chiste de los noruegos. 
El chiste era que los noruegos siempre hablan del pescado. 
El chiste es malo. 
Es tan malo como la idea que tenía Jean Monet sobre cómo debe desarrollarse la Unión Europea. 
Según él, la UE debe contar siempre con un grupo dirigente, con lo cual se referiría probablemente a Alemania y a Francia. 
Según esto, la UE no podría ser una democracia de países. 
Pero volviendo al pescado. 
Yo defiendo a Noruega, que no es miembro de la UE porque esta última quiere hacer comunitarios las recursos pesqueros de Noruega sin permitir la existencia de nada que no sea el grupo político dirigente de Jean Monet. 
También defiendo a Marruecos en su lucha contra los abusivos pescadores de los países de la UE. 
Los mares del mundo son privados de su población piscícola de un modo que recuerda al pillaje. 
Debemos preservar los bancos de peces mundiales. 
Hay que desmantelar el exceso de capacidad de la industria pesquera de la UE. 
¡Que se pesque con dinero de la UE en las aguas de la UE! 
Señor Presidente, un obispo checo a quien me siento muy unido, Monseñor Koukl, acostumbra a decir esta bonita frase: "El amor al prójimo sería cosa sencilla si el prójimo no estuviese tan terríblemente próximo." 
Esto vale muy bien para numerosas relaciones de vecindad entre estados. 
Justamente los vecinos son los que a lo largo de la historia se han llevado frecuentemente mal entre ellos. La idea de la Unión Europea consiste en la superación de esos problemas. 
En este punto quisiera felicitar ampliamente a la política exterior española. 
España ha desarrollado de un modo sobresaliente la más difícil relación de vecindad que ha habido recurrentemente en la historia entre Europa y África del Norte, entre España y Marruecos. 
Tuve el honor, a principios de los años 80, de asistir como periodista a la vigésima conmemoración del entonces rey de Marruecos, el rey Hassan. 
Lo presencié de cerca. 
Era impresionante ver al rey de España, que había ido a Marraqués, ir en un coche abierto junto al rey de Marruecos por calles donde se congregaban más de un millón de personas. 
Me recordó imágenes de nuestra historia y de mi niñez, cuando Konrad Adenauer y Charles De Gaulle recorrían igualmente las calles de Alemania para poner de manifiesto que los problemas de vecindad entre Francia y Alemania habían sido superados y que ambos se convertían en el núcleo de la integración europea. 
España y Marruecos tienen también la oportunidad de constituir el núcleo de la integración en el ámbito mediterráneo. 
Creo que España y Marruecos han hecho mucho por evitar algo que para algunos es ineludible, el clash of civilisations, la explosión violenta de culturas diferentes allí donde éstas chocan. 
España ha desempeñado ahí, como también Portugal, una función de comunicación entre las dos orillas. 
Por ello creo que es importante ver este Acuerdo de pesca en este contexto. 
Toda nuestra solidaridad está con los pescadores españoles y portugueses. 
No se trata de un caso local y excepcional, se trata de pescadores europeos de cuya parte hemos de ponernos también los que quizás no estemos directamente afectados. 
Pero también debemos ver con toda claridad que las relaciones entre la Unión Europea y los estados fronterizos que rodean la UE, sobre todo los de África del Norte, Turquía, Rusia, que tienen una función de puente con otras partes del mundo y otras culturas, necesitan de un cuidado muy especial por nuestra parte. 
Por ello necesitamos lo más rápidamente posible estrechar relaciones económicas y políticas con Marruecossin perjuicio de la imposición de nuestros intereses europeos en materia de pesca. 
Por esto apoyo todo lo que se ha dicho aquí para sacar el Acuerdo adelante. 
Pero quisiera también criticar cierto tono antimarroquí que ha surgido en esta discusión, porque no favorece esas relaciones de vecindad y no ayuda en nada al Acuerdo de pesca. 
Debemos ser críticos y abiertos, pero debemos decir a los marroquíes que aún defendiendo enteramente nuestros intereses nuestra colaboración con Marruecos es estrecha y duradera, y que estamos muy interesados en la estabilización de Marruecos en el área mediterránea. 
Creo que si conseguimos dar a Marruecos una orientación europea, Marruecos mismo tomará la iniciativa de lo que es evidente, esto es, hablar con nosotros sobre la cuestión de los recursos naturales que son recursos comunes, y no concederá preferencias a terceros estados. 
Señor Presidente, el melón de la negociación se va a abrir dentro de tres días y entonces sabremos si está ya maduro o verde, o si ha madurado lo suficiente para que todos podamos sentirnos tranquilos y las dos partes implicadas, Unión Europea y Marruecos, puedan iniciar con flexibilidad, señor Comisario, pero también con seriedad y rigor, la búsqueda de fórmulas de cooperación y acuerdos, para que la flota pesquera comunitaria pueda reanudar sus actividades en aquellas aguas. 
Como parlamentario español y andaluz, reivindico el derecho de miles de familias andaluzas y españolas a mantener y a defender, y a que defendamos también desde este Parlamento, sus puestos de trabajo, que se ven en peligro desde hace casi un año. 
Pero también quiero hacer una llamada a la inteligencia del Reino de Marruecos, que una y otra vez llama a las puertas de la Unión Europea y de este Parlamento en busca de comprensión y ayuda para resolver sus problemas económicos, sociales y políticos, para que coopere, desde la flexibilidad y, subrayo, también desde la seriedad, en la consecución de un buen acuerdo que satisfaga a ambas partes. 
Señor Comisario, la agricultura, la inmigración- ámbito respecto al cual ayer aprobamos una nueva línea presupuestaria para ayudar a Marruecos -, la industria y la economía forman parte del conjunto de relaciones mutuas entre Marruecos y la Unión Europea. 
Excluir al sector de la pesca no tendría sentido y, precisamente, el acuerdo de asociación que nos une con Marruecos consiste en no excluir ningún aspecto que afecte a nuestros intereses, porque lo contrario sería entorpecer el impulso con el que, desde la Unión Europea, se quiere y se puede favorecer el desarrollo integral de ese país. 
Y esto es un mensaje que también los marroquíes deben entender con claridad. 
Señor Presidente, señoras y señores, tan sólo quiero añadir que evidentemente hay acuerdos entre las dos partes para fijar el calendario de negociaciones y que Marruecos dedicó muchos meses a preparar su plan quinquenal. 
Posteriormente, después de que el Sr. Fischler fuera a Rabat el 18 de mayo de 2000, fue cuando las negociaciones entraron en una fase más activa, con una reunión de los directores generales de pesca el 25 de julio en Rabat, otra reunión los días 28 y 29 septiembre en Bruselas y, por último, la reunión del 16 de octubre del Sr. Fischler con el Primer Ministro y con su majestad Mohamed VI de Marruecos. 
El Sr. Fischler informó por otro lado a la Comisión de su entrevista. 
De ella sacó una sensación positiva, lo que permite augurar que las negociaciones, que van a comenzar el 30 de octubre, se desarrollarán con un espíritu constructivo. 
Por ello la Comisión está trabajando sobre la base de una nueva cooperación encaminada a un desarrollo que interese a ambas partes y permita, por un lado, el desarrollo integral del sector pesquero marroquí, la flota, la acuicultura, la transformación comercial y la investigación y, por otro, la concesión de posibilidades de pesca a los pescadores europeos. 
Creo entonces que debemos esperar a los resultados de las reuniones del 30 de octubre. 
El Sr. Fischler, por supuesto, informará directamente al Parlamento sobre ellas y yo, como todos ustedes, espero que las negociaciones conduzcan, con un espíritu positivo, al establecimiento de una asociación fructífera entre Marruecos y la Unión Europea. 
En cuanto a las medidas que convendría adoptar en caso de fracaso del acuerdo, la Comisión las está estudiando, pero tal como ustedes habrán podido entender, pensamos y esperamos que las negociaciones podrán avanzar de forma más decisiva el lunes. 
Por ello sería prematuro por el momento abordar este tema. 
Estas son las respuestas que podría haber dado en mi lugar el Sr. Fischler, a quien por supuesto comunicaré todas sus intervenciones. 
Muchas gracias, señor Comisario 
Se levanta la sesión. 
Se procederá ahora a la votación. 
Propuesta de resolución (B5-0823/2000) de la Comisión de Pesca relativa a las negociaciones sobre un Acuerdo de pesca entre la CE y Marruecos 
(El Parlamento aprueba la resolución.) Explicación de voto 
Señoría, el Reglamento prevé un minuto por intervención, y esto vale para todo el mundo. 
No obstante, muchas gracias por su muy interesante aportación. 
Derechos de los profesores de idiomas 
De conformidad con el orden del día, se procede a la discusión de la pregunta oral (B5-0541/00) de la Sra. Palacio Vallelersundi en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior dirigida a la Comisión y relativa a los derechos de los profesores de idiomas: conservación de la constitucionalidad. 
Por la Sra. Palacio Vallelersundi hablará el Sr. Wieland durante cinco minutos 
Señor Presidente, señora Palacio Vallelersundi, el presidente de la la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior se ha visto, por desgracia, sorprendentemente imposibilitado y me ha pedido que ocupe su lugar. 
Por esta razón sólo he podido disponer de un corto lapso de tiempo para preparar la intervención en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
¿De qué se trata? 
No se trata realmente de los profesores de idiomas. 
Algunos dirán, quizás, que el objeto es muy complicado y con muchos detalles. 
No se trata realmente de los profesores de idiomas, sino de una muestra de cómo funciona la Europa de los ciudadanos. 
Se trata de una historia que empezó en el tribunal Europeo en 1989. 
Una historia de casi doce años llena de consuelos desde la cancillería, de tácticas dilatorias, de esperanzas, de necesidad personal también, de placebos para los afectados, de defensa tenaz de viejos derechos frente a los ciudadanos que no buscaban otra cosa que sus derechos. 
Se trata- por nombrar al caballlo y al caballero, como se dice en alemán- de la causa judicial de los ciudadanos de la Unión Allué y Coonan contra la Universidad de Venecia, se trata de la causa del ciudadano de la Unión Allué también contra la Universidad de Venecia, y se trata de la causa del ciudadano de la Unión David Petri contra la Universidad de Verona. 
El Tribunal Europeo tomó una posición clara. 
Dio la razón en tres sentencias a estos ciudadanos, que antes de la primera sentencia eran lectores universitarios en Escuelas Universitarias. El tono de estas sentencias es muy claro. 
Los derechos de los afectados a la libre circulación de trabajadores en la Unión y el derecho a no ser discriminados por razones de nacionalidad, fueron vulnerados porque Italia no garantiza a los lectores las mismas condiciones laborales y la misma seguridad en el puesto de trabajo que a los ciudadanos italianos que desempeñan labores semejantes en las Escuelas Universitarias. 
Desde la primera sentencia no se ha movido nada. 
Los mamotretos jurídicos que se han producido como consecuencia de ello en el año 1995 no son capaces de garantizar a los lectores en activo la protección de sus derechos. 
Al final, el defensor del Pueblo ha defendido a estos ciudadanos. 
No sé si este juego de palabras se da en todas las lenguas, pero en alemán se dice: "No es lo mismo tener un derecho que que le den a uno la razón." 
La comisión de derechos ha formulado al respecto una clara posición y se ha puesto de lado de los ciudadanos de la Unión que han visto mermados sus derechos. 
El caso es que hoy les han llegado algunas propuestas de enmienda sobre las que, por decirlo suavemente, estoy más o menos irritado. 
Mencionaré sólo dos ejemplos con los que se intenta, en el último minuto, mejorar la posición del Parlamento o en algún caso individual, incluso darle la vuelta. 
El Considerando H original, propuesto por la Comisión de Asuntos Jurídicos, decía: "Considerando que durante este lapso de tiempo que abarca muchos años, los implicados, que son ciudadanos de la Unión, han sufrido perjuicios, estrés e incertidumbre, después de que durante doce años han sido parte activa de cientos de litigios prolongados y repetitivos, y de que han visto frustradas sus justificadas expectativas de que hubiesen podido desempeñar su profesión y haber seguido una carrera profesional adecuada." 
Pues se ha presentado una enmienda, la enmienda 8, en la que se tachan un par de palabras y se añade una pequeña palabra, con lo que el sentido no sólo se pierde, sino que se vuelve al contrario. 
El texto diría lo siguiente: "Considerando que los implicados, que son ciudadanos de la Unión, han sido parte activa en cientos de procesos judiciales durante doce años de litigios prolongados y recurrentes, y que sus justificadas expectativas han sido frustradas." 
No sólo en alemán hay una clara diferencia entre ambas formulaciones. 
Pero ya llego al procedimiento agravante. 
En la enmienda 9 se propone: "Considerando que el gobierno italiano defiende la posición de que ha satisfecho completamente sus obligaciones frente a los lectores sobre la base de la ley 236/95 que regula los principios del contrato.". 
Independientemente de que esto no fue discutido en la Comisión de Asuntos jurídicos, afirmaríamos según esta formulación que la base jurídica en el derecho italiano corresponde a los fundamentos del contrato, aunque el Tribunal Europeo ha sentenciado exactamente lo contrario. 
Considero que se trata de un procedimiento peligroso. 
Si se es de la opinión que tales prácticas son aceptables política y jurídicamente, entonces, en cuanto legislador, debemos ir hasta el fondo y cambiar la base legal, pero si se quiere utilizar al Parlamento para manipular una posición, sólo puedo decir que el PPE no participará en ello. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el asunto de los asistentes de lenguas extranjeras no italianos en las universidades italianas es bien conocido por la Comisión y por la mayoría de las instituciones europeas. 
El asunto está en pie desde hace más de una década, y a raíz de la intervención de las instituciones europeas, sobre todo de la Comisión, la situación de los asistentes ha mejorado. 
Como saben ustedes, el asunto es muy complejo y afecta a unas setecientas personas que trabajan en más de veinticinco universidades italianas. 
La Comisión ha trabajado activamente durante estos diez años para resolver el problema de los lectores extranjeros en Italia en relación con el derecho a la libre circulación de trabajadores garantizada por el Tratado. 
El Tribunal de Justicia, tal como ustedes han señalado, ha dictó tres sentencias a este respecto y, con el asunto pendiente en Luxemburgo, la Comisión prosiguió las actuaciones a fin de seguir mejorando la situación. 
Más concretamente, a raíz de las decisiones del Tribunal de Justicia de 1989 y 1993- jurisprudencia Allué -, según las cuales las restricciones de la duración de los contratos impuesta por la ley italiana eran discriminatorias, la Comisión inició gestiones. 
Incoó un procedimiento de infracción que fue archivado en 1995, tras la promulgación de la ley italiana por la que se ajustaba la legislación a la sentencia del Tribunal. 
En lo que respecta a las reivindicaciones posteriores de los lectores acerca de los derechos adquiridos, la Comisión inició un nuevo procedimiento de infracción, basándose en que, en varias universidades italianas, no se respetaban debidamente los derechos adquiridos de los asistentes. 
La Comisión movilizó muchos de sus recursos para examinar el asunto. 
Los servicios de la Comisión reunieron cientos de páginas de documentación sobre casos específicos en diversas universidades. 
Intercambiamos una inmensa cantidad de correspondencia con las partes interesadas y desarrollamos un gran trabajo para seleccionar, entre montones de documentos no pertinentes, los hechos que probaban de manera concluyente que los antiguos lettori había sido discriminados de hecho por algunas universidades italianas en lo que respecta a los derechos financieros adquiridos, tales como las remuneraciones y las cotizaciones a los regímenes de pensiones. 
En julio de 1999, la Comisión llevó este procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia. 
Está esperando la sentencia del Tribunal sobre esta nueva infracción y sobre este procedimiento, que fue incoado a iniciativa de la Comisión. 
Los asistentes no sólo invocaban la falta de protección de sus derechos adquiridos, sino que denunciaban asimismo el nuevo régimen jurídico instaurado por la legislación italiana de 1995. 
Consideraban que el Estado italiano tenía que haberles integrado en la categoría de personal docente de las universidades o, en su defecto, crear para ellos una categoría específica dentro de dicho personal docente. 
En opinión de los asistentes, este derecho emana directamente del derecho de los trabajadores a la libre circulación. 
Sobre este punto, no obstante, la Comisión estaba en desacuerdo con ellos. 
En nuestra opinión, la libre circulación permite que los ciudadanos europeos no sean víctimas de discriminaciones dentro del ordenamiento jurídico nacional. 
No les otorga derecho a un estatuto jurídico especial. 
Cada Estado miembro tiene plena competencia para fijar las disposiciones reguladoras de su propio servicio público. 
La legislación comunitaria no puede impedir que Italia modifique las disposiciones que regulan el estatuto de los antiguos lettori y transformarlos en expertos lingüísticos, con atribuciones en parte diferentes. 
Si se reforma y modifica el ordenamiento jurídico italiano, como ha ocurrido para el personal universitario, no pensamos que la Comisión pueda intervenir desde el momento en que todos los ciudadanos europeos gocen de acceso igualitario a todas las categorías profesionales. 
Y, efectivamente, todo ciudadano europeo puede convertirse en miembro permanente del cuerpo docente aprobando el concorso oportuno. 
Señor Presidente, sólo quiero invitar a sus Señorías a que hagan una reflexión. 
Si la cuestión es de carácter político, procédase por la vía judicial, pronúnciese sentencia por el Tribunal, recurra quien tenga que recurrir y conseguirá justicia quien tenga que conseguirla. 
Si la cuestión es política- y por esto el Parlamento se ocupa de ella- lamento que se aborden quizás sin la debida cautela asuntos de este tipo. 
He valorado mucho la posición de la Comisión y, de hecho, como Parlamento debemos estar muy atentos. 
No estoy haciendo una defensa de oficio de mi Gobierno- porque no es mi Gobierno, ya que represento a un partido de la oposición- sin embargo, trato de explicar los términos de la cuestión. 
Somos muy sensibles a que todos los ciudadanos europeos disfruten de los mismos derechos en todos los Estados, aunque también deben cumplir y hacer frente a los mismos deberes en todos los Estados. 
No es posible que los ciudadanos europeos tengan de alguna forma un acceso privilegiado en un Estado distinto del suyo y no tengan que realizar esas pruebas y cumplir esas obligaciones a las que los ciudadanos de ese país, en el caso particular, los ciudadanos italianos, han de someterse. 
Dentro de la Unión Europea, la cuestión de la educación, de la enseñanza, está organizada subsidiariamente, lo que significa que los ordenamientos son distintos. 
En el ordenamiento italiano no se llega a ser docente universitario ope legis, se hace una oposición pública. 
Por lo tanto, a menos que se logre armonizar los ordenamientos- cosa que nosotros esperamos- hoy por hoy, el respeto del principio de subsidiariedad no puede permitir que se haga pasar por discriminación la que, muy probablemente, es la solicitud de un privilegio. 
Repito, todos tienen que tener los mismos derechos, sin embargo, todos deben cumplir las mismas obligaciones. 
De lo contrario, este problema que es político y no jurídico, se repetirá y podrá repetirse en otros Estados de la Unión Europea, donde rige también un ordenamiento diferente en materia de educación y de carrera universitaria. 
Por lo tanto, invito a la cautela. 
Señor Presidente intervengo para denunciar esta injusticia que ha llegado hasta nuestros oídos, una injusticia, como también hemos tenido ocasión de escuchar, se ha ido produciendo a lo largo de 12 años. no ha habido una, ni dos, sino tres causas judiciales y aun no ha sido resuelta. 
De modo que ¿por qué estamos debatiendo esta injusticia de nuevo en esta Asamblea? 
Debemos seguir dando a conocer este asunto hasta que sea resuelto. 
¿Cuál es la injusticia? 
El Sr. Wieland empezó a destacarla cuando intervino en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La injusticia reside en que dos personas que realizan el mismo trabajo, trabajando codo con codo, lo hacen, sin embargo, con sueldos diferentes y bajo condiciones diferentes. 
Si verdaderamente creemos en el mercado único y en la libertad de circulación de las personas, esto no debería ocurrir. 
No estoy de acuerdo con mi colega, el Sr. Lisi, que ha intervenido anteriormente. 
Ha comentado que estas personas quieren una posición "privilegiada". 
No están reclamando una posición privilegiada sino lo mismo que los demás. 
Hasta que no reciban lo mismo que sus homólogos de Italia este asunto continuará. 
He escuchado atentamente lo que el Sr. Busquin ha dicho en nombre de la Comisión. 
Hay quienes opinan que la Comisión desprende cierto tufillo a hipocresía. 
Algunos incluso van más allá y afirman que desprende un verdadero hedor a hipocresía. 
Yo sólo llegaría a decir que de la Comisión nos llega un ligero olor a hipocresía. 
Si la Comisión se hubiera propuesto seriamente resolver esta cuestión se hubiera resuelto hace años. 
Quizá podamos aceptar que la anterior Comisión bajo la dirección del Sr. Santer no fuese la mejor, esa es la razón por la que se disolvió. 
Pero he de decir que nos dirigimos a esta Comisión: el Presidente de esta Comisión está completamente al tanto del asunto, conoce perfectamente los hechos y, sin embargo, no se ha hecho nada para resolverlo. 
Esta es la razón por la que este Parlamento vuelve a debatir hoy este asunto, a destacar este asunto, a plantearlo ante la Comisión y a decir: resuélvanlo. 
Señor Presidente, a menudo los políticos tienen la difícil tarea de decirles a sus votantes que por muy sinceras que sean sus quejas o por muy sólido que sea el fundamento moral, a veces no existe una solución legal. 
En ocasiones, incluso tienen la más difícil tarea de admitir que, por dificultades de acceso a la justicia o por los propios retrasos de la ley, la vía para reivindicar sus derechos legales será ardua y larga. 
Lo peor de todo, en mi opinión, es tener que advertirles que una sentencia favorable puede que no constituya más que algunas palabras reconfortantes y no vaya a suponer ningún cambio real en sus vidas. 
Afortunadamente en una sociedad democrática esto ocurre raras veces. 
Eso es lo que significa el imperio de la ley. 
Nadie puede puede eximirse de sus efectos por razón de quienes sean o lo que hagan. 
Un jurista estadounidense, Lon Fuller, nos advirtió que una de las formas en las que puede fracasar un sistema legal se presenta cuando no hay congruencia entre las normas legales y las acciones oficiales. 
En los últimos once años hemos visto tres sentencias del Tribunal de Justicia europeo a favor de los lettori. 
El 13 de septiembre de este año el Defensor del Pueblo europeo admitió una demanda presentada por ellos y varios casos individuales han sido conocidos por los tribunales italianos. 
Me consta que las circunstancias no han sido fáciles para aquellos situados a ambos lados de la discusión. 
Pero si para el Parlamento es importante el imperio de la ley, debemos garantizar que sea respetado. 
Si en este Parlamento creemos verdaderamente en la Europa de los ciudadanos debemos esforzarnos por salvaguardarla. 
Como se ha dicho esta es la tercera vez que este asunto ha sido planteado al Parlamento en la forma de una propuesta de resolución. 
Espero y confío en que no haya necesidad de que esto vuelva a repetirse, a no ser que sea para dar las gracias a los involucrados por el hecho de que se hayan emprendido acciones efectivas. 
Nuestra Asamblea es reducida porque es viernes por la mañana pero hay que hacer notar y reconocer que este es un asunto que incumbe a todos los partidos y al conjunto de la Union. 
Miembros de la Comisión de Asuntos Juridicos y Mercado Interior de toda la Unión y todos los partidos se han aunado para decir que no sirve de nada hablar sobre derechos, apoyar cartas de derechos, si en casos reales en los que se le niegan los derechos a determinadas personas no se emprenden acciones efectivas para que sean reconocidos y aplicados, y este es el problema en este caso. 
Lamento haber tenido que ver, por ejemplo, una enmienda que hace referencia no sólo a una demanda ante el Defensor del Pueblo sino también a que ésta ha sido respondida afirmativamente por el mismo. 
Este es un punto esencial ya que el Defensor del Pueblo expresó que la Comisión actuó equivocadamente al no comunicar a los lettori de idiomas el hecho de que iban a cambiar la declaración sobre un importante artículo, y el artículo respecto del cual la Comisión cambió su declaración es precisamente el punto que ha comentado el Comisario Busquin. 
La cuestión es que los lettori reclaman el derecho de continuar siendo profesores y no que les cambien a cualquier otra cosa. 
Nadie discute que la República de Italia está completamente legitimada, en 1995 o en cualquier otro momento, para decir que en el futuro no van a contratar a nadie más como lettori y que van a incorporar gente para un nuevo tipo de puesto. 
Pueden decirle esto a quienquiera que solicite el puesto en el futuro pero, en cuanto al pasado, no pueden modificar los derechos de personas que precisamente les han sido reconocidos por el Tribunal. 
Le recuerdo a la Comisión que espero que responda a lo que la sentencia del Tribunal, en el caso Allué, expresaba del siguiente modo: "por la presente dicta que es contrario al Artículo 48 (2) del Tratado de la CEE que la legislación de un Estado miembro limite en todo caso la duración de los contratos de trabajo de los ayudantes de lenguas extranjeras a un año, con la posibilidad de renovación, si en principio no se aplica ese límite a otros profesores". 
Si esto es así, entonces aquellas personas cuyos representantes están hoy en el Hemiciclo, tienen el derecho a ser reconocidos en las universidades italianas como profesores con una categoría similar a aquellos que ostentan un puesto en la universidad desde hace diez años. 
No decimos que deberían ser convertidos en funcionarios italianos. 
Lo que decimos es que Italia tiene que hacer su legislación conforme a la decisión del Tribunal y concederle a estos profesores el derecho a serlo. 
Señor Presidente, está claro que hay algo que falla en la política de contratación de profesores extranjeros en Italia si únicamente pueden conseguir contratos temporales como empleados administrativos-técnicos, porque, en ese caso, por el mismo trabajo, se encuentran en una condición jurídica desfavorable y perciben un sueldo menor que sus colegas de nacionalidad italiana. 
Esta situación ya ha sido constatada en el pasado por la Corte de Justicia y por el defensor del pueblo. 
Es importante saber si es una desafortunada casualidad o se trata de una elección deliberada con el fin de mantener esta diferencia de forma permanente. 
Supongo que las autoridades italianas para la enseñanza ya estarán completamente al tanto de esta crítica, pero tengo la impresión de que no por ello se convencen de la necesidad de actuar en este asunto de otra manera en el futuro. 
También, como partidario, tanto de la autonomía nacional como del derecho a la diversidad, estoy de acuerdo con el proyecto de resolución, ya que la discriminación por nacionalidad no debería existir nunca. 
¿Puede introducir la aceptación de la resolución propuesta algún cambio en esta situación o, finalmente, la Unión Europea no puede hacer nada para impedirla? 
¿Se le va a imponer una multa a Italia? 
¿Vamos a continuar quejándonos impotentemente, o van a discriminar, a su vez, los demás Estados a los profesores italianos? 
Por casualidad esta misma tarde parto hacia Italia, un país que me es muy querido, para dar una conferencia sobre los beneficios de la dieta mediterránea, que ha sido exportada con tanto éxito al resto del mundo, y por ello me entristece aun más intervenir para criticar a su gobierno y sus leyes en este ámbito. 
Sin embargo, algunos de mis votantes británicos que desean endeñar y residir en Italia no tienen la misma fortuna que tengo yo hoy. 
En 1989 los profesores extranjeros que allí trabajaban ganaron un caso ante el TJE en el que exigían que sus contratos no se limitasen a seís años. después de que las universidades italianas respondieran que la sentencia no les instaba específicamente a ofrecer contratos indefinidos, una segunda sentencia del Tribunal de 1993 expresó claramente que no podía fijarse la duración de los contratos. 
Las universidades respondieron rebajando la categoría de los profesores extranjeros a personal de apoyo perdiendo la consideración de miembros del personal docente. 
Estos "lettori" despedidos, como se les conoce, llevaron a sus empleadores ante el Tribunal Supremo italiano, que dictó a su favor y exigió su inmediata reincorporación. 
Las universidades ignoraron las sentencias, negándoles los derechos asociados a la pertenencia la personal docente, incluyendo el aumento de sueldo bianual tan generoso en el sistema académico italiano. 
En el más puro estilo kafkiano las universidades llegarona a eliminar sus nombres de los directorios telefónicos internos, de las puertas y de las páginas web de las universidades. 
Esto es absolutamente inaceptable en una Europa moderna. 
Algunas de sus señorias sabrán de mi apoyo al derecho de los descendientes varones de la familia real italiana en el exilio a regresar a su patria. 
Están sujetos a un artículo de naturaleza medieval de la constitución italiana que impide que todos los descendientes varones de la familia entren en el territorio italiano, en mi opinión, infringiendo claramente el Tratado de Amsterdam. 
Es vergonzoso que en esta misma Asamblea el ala izquierda y los liberales hayan conspirado para bloquear el acceso de los dos principes al Tribunal de Justicia a pesar de que en breve se espera una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Los gobiernos han de entender que si firman tratados deben bien separarse de los mismos en tanto estados soberanos o acatar sus terminos bajo el imperio de la ley. 
El Gobierno italiano, que incluye partidos de izquierdas que constantemente están exaltando las virtudes de las normas, derechos y tratados europeos, debe actuar pronto en ambos asuntos si no desea que su compromiso con los valores que dice defender genere un cinismo generalizado en otros Estados miembros respecto del compromiso de Italia con la defensa del Derecho europeo. 
Hasta la fecha la Comisión Europea se ha mostrado reticente a aplicar los Tratados cunado el número de personas afectadas era reducido. 
En el caso de mi enmienda sobre la familia real, incluso llegó a ser descrita en esta Asamblea por el ponente liberal de derechos humanos como una enmienda exótica sin interés. 
Bien, creo que estos asuntos conducen al corazón de los principios fundamentales de libertad asociados al Derecho europeo, en especial la libertad de movimientos, y no se pueden hacer excepciones a estos principios. 
No se puede discriminar a los ciudadanos de la Unión Europea independientemente de donde vengan o deonde quieran ir dentro de la Unión. 
Estos asuntos son esenciales para defender la libertad europea y en mi opinión no hay ninguna cuestión nacional de interés vital para la seguridad del Estado italiano que se vea amenazada ni por la familia real ni por los profesores extranjeros. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, considero que el debate sobre esta cuestión que va más allá de Italia es muy interesante y muy importante. 
Si en el considerando C de la resolución nos referimos a las tres sentencias de que el derecho que las personas afectadas tenían a una libre movilidad laboral en la Unión y su derecho de no ser sometidas a discriminación por causa de su nacionalidad, que fueron vulneradados por la dejación de Italia, y si esto además lo confirma el Defensor del Pueblo y muchos de los participantes en esta discusión, entonces no se sostiene el argumento de uno de los oradores que me han precedido de que esa vulneración puede ser justificada recurriendo al principio de subsidiariedad. 
Si el Tribunal Europeo establece que ha habido vulneración del derecho europeo, entonces no puede establecerse lo contrario mediante el principio de subsidiariedad. 
El segundo punto es que aquí se trata de una discusión política porque se trata de la vulneración de un derecho. 
No puede hacerse jugar a la situación jurídica de los contratos contra la política, sino que en este contexto tenemos la obligación de llevar a cabo una discusión en este Pleno sobre la vulneración legal. 
Pienso que es adecuado decir: "Quien no se toma en serio a sí mismo, no es tomado en serio por nadie." 
Si hay tres sentencias del Tribunal Europeo en una causa y el país afectado no cambia su comportamiento a pesar de ello, entonces hemos de intervenir, hemos de hacerlo público. 
Hace pocos días hemos discutido aquí sobre la Carta de Derechos Fundamentales. 
¿No es el cumplimiento del derecho vigente el primer derecho fundamental que se puede exigir a cada uno de nosotros? ¿No es el fomento de una comunidad de derecho el fundamento de una comunidad europea de valores? 
No pueden hacerse jugar a una contra la otra. 
Naturalmente, el ámbito de la educación cae dentro de la subsidiariedad, pero en el marco de los contratos, la libertad de movimiento de los trabajadores y la prohibición de toda discriminación nos conciernen a todos, aunque seamos favorables- y yo especialmente, porque provengo de un estado federal- al principio de subsidiariedad como principio ordenador de la colaboración en la Unión Europea y a que la distribución de competencias entre los diferentes niveles de Europa sea ordenada según el princio de subsidiariedad lo más rápidamente posible. 
El comportamiento de Italia en este punto contradice los fines de la Comunidad. Y contradice nuestro deseo de elevar la movilidad y la flexibilidad de nuestros trabajadores. 
La diversidad cultural, que nos parece un elemento esencial de Europa, se expresa sobre todo en la diversidad de las lenguas. 
Quien está a favor de la diversidad de culturas ha de hacer todo lo posible para conservar la diversidad de las lenguas y por que puedan ser enseñadas en todas partes. 
Todos nos proclamamos partidarios del mercado interno. 
Lo digo también como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. El mercado interior económico precisa también de un mercado interior para la educación. 
Todavía tenemos puestos, como hoy se ha visto en esta discusión, demasiadas cortapisas, demasiados obstáculos para este mercado interior, y no sólo en este caso. 
Deberíamos hacer todo lo posible para eliminarlos lo antes posible. 
Señor Presidente, creo que todas las intervenciones han aportado algo a este debate. 
Pienso, no obstante, que con mi intervención he respondido ya a varios de los puntos planteados. 
Quisiera recordar una vez más que estos mecanismos conllevan un factor tiempo y que estamos hablando de hechos que se remontan a diez años atrás y de los que hay que tomar en consideración distintos aspectos. 
Respecto a la falta de conformidad de sistema italiano con las decisiones del Tribunal en la jurisprudencia Allué, la Comisión incoó un procedimiento de infracción. 
Pero dicho procedimiento fue archivado en 1995 cuando Italia aprobó la ley que abolía la restricción. 
Italia aprobó entonces un nuevo texto en 1996 que eliminaba los elementos discriminatorios que existían anteriormente. 
Pero hay un segundo aspecto del problema: la cuestión de los derechos adquiridos. 
En este campo, analizamos todos los procesos, según he explicado en mi intervención. 
Y la Comisión inició un nuevo procedimiento de infracción contra Italia en julio de 1999. 
Estamos esperando una nueva sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre este aspecto del problema. 
Hay por tanto dos cosas que yo no calificaría de diferentes, pero que se suceden con cierta separación en el tiempo. 
Conviene por ello establecer una distinción entre ambas. 
Porque en lo que se refiere actualmente al acceso igualitario de todos los ciudadanos europeos a cualquier categoría profesional, está claro que hoy en día cualquier ciudadano europeo puede convertirse en miembro permanente del cuerpo docente italiano aprobando la oposición prevista para los profesores italianos. 
En este contexto, ya no se puede hablar de discriminación. 
Hay que contemplar por ello la situación anterior, que era claramente discriminatoria. 
La Comisión realizó su trabajo entablando procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia Europeo y el Estado italiano modificó su ley. 
Sigue pendiente, evidentemente, el problema de los derechos adquiridos. 
Nos encontramos de nuevo en medio de un procedimiento de infracción y esperamos que el Tribunal de Justicia emita su dictamen lo antes posible. 
Señor Presidente, quisiera sugerir que insertemos las palabras "de forma poco convincente" entre "gobierno" y "reclama" en esta enmienda. 
No tengo ninguna objeción a que se haya llamado nuestra atención sobre el hecho de que el Gobierno italiano haya hecho una reclamación, pero precisamente ya que el Comisario desafortunadamente ha dado a entender que quizá crea en la reclamación, introduzcámos las palabras "de forma poco convincente" o de lo contrario rechacemos la enmienda. 
Como no hay más objeciones sobre esta enmienda oral, procederemos a votarla. 
(El Parlamento aprueba la resolución.) Explicaciones de voto 
Señor Presidente, no soy indulgente con el Gobierno italiano ni con los tribunales italianos que han condenado a muchos pensionistas a no contar con una pensión justa; sin embargo, en este caso, he votado en contra porque considero no ajustadas a Derecho las sentencias del Tribunal de Justicia. 
El verdadero problema es que no podemos autorizar a un lector, a una persona que conoce perfectamente el inglés y que llega a una universidad italiana de medicina, a explicar a los estudiantes cuáles son los términos italianos para decir dolor de corazón, intervención quirúrgica, dolor de estómago, etcétera y a disfrutar de los mismos derechos que los que enseñan medicina por gozar de su mismo estatus. 
Señor Presidente, ¿usted se haría tratar por un gran conocedor de los términos quirúrgicos en italiano, inglés, francés, alemán o por un cirujano? 
Señor Presidente, yo particularmente soy muy comprensiva con los problemas de los profesores de lenguas en Italia que no tienen nacionalidad italiana. 
Como ciudadana de un pequeño país, soy gran adepta de la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena y autónomos, y también de la libertad de establecimiento y además, como antigua sufragista, lucho desde hace más de 40 años en las barricadas contra todo tipo de discriminaciones, estén basadas en el sexo o en la nacionalidad. 
Pero la libre circulación de trabajadores no debe tener como consecuencia una discriminación de los ciudadanos nacionales. 
Viniendo de un país cuya población activa se compone en más del 50% de no luxemburgueses, residentes extranjeros o fronterizos, sé de qué estoy hablando. 
En mi país, los profesores de secundaria tienen que pasar oposiciones muy estrictas, muy difíciles, para ser contratados. 
No puede ser, y lo digo como principio, que se discrimine a los ciudadanos nacionales haciendo más fácil el acceso al empleo para los no nacionales. 
Dicho esto, espero que nuestro debate contribuya a promover una solución equitativa para los profesores de lenguas en Italia. 
Tengo que decir, sin embargo, que bien podríamos rellenar el orden del día de los viernes si nos ocupáramos aquí de todos los casos de discriminación análogos que existen, sobre todo los basados en el sexo... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, me complace que las enmiendas liberales hayan sido rechazadas y consecuentemente pudiera votar a favor de este informe, pero me gustaría preguntar acerca de un comentario realizado por el Sr. Busquin. 
Ha dicho que todos los que trabajan en las universidades italianas han de pasar los mismos exámenes que deben pasar los profesores italianos. 
No veo por qué ese debería ser el caso. 
Se supone que en toda Europa existe el mutuo reconocimiento de títulos de modo que uno pueda obtener el título en su propio país y después desplazarse a otros. 
Este es un asunto básico de la respuesta del Sr. Busquin que merece ser interrogado y lamento comprobar que ha abandonado el Hemiciclo. 
Señor Purvis, esto no es acorde con el reglamento de sesiones. 
El Sr. Busquin se ha ido ya, lamentablemente. 
Le aconsejo que se dirija a él directamente. 
Declaro suspendido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Les deseo un feliz fin de semana. 
(Se levanta la sesión a las 10.56 horas.) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 27 de octubre de 2000. 
Declaración de la Presidenta 
Señora Presidenta, quiero darle las gracias de todo corazón por su manifestación de pésame y de condolencia ante esta horrible catástrofe que acabamos de experimentar. 
Muchas de estas personas, sobre todo jóvenes, subieron al tren con una expectativa de alegría, de diversión, de tener una experiencia positiva y recibieron la experiencia horrible y trágica de la muerte. 
Quisiera darle las gracias- y no sé si alguien más desea intervenir sobre esto- en nombre de muchos diputados de esta Asamblea, en cualquier caso, en nombre de mi Grupo y de mi delegación. 
Señora Presidenta, permítanme que en esta ocasión, una vez que usted se ha referido a este tema con palabras tan claras y compasivas, manifieste que por esta razón renunciamos a una cuestión de una cuestión de urgencia nuestra. 
Pido que se comprenda que por eso mismo no necesitamos en absoluto una cuestión de urgencia nuestra. 
Señora Presidenta, permítame expresarle en nombre de nuestra delegación nuestro gran agradecimiento por la condolencia que usted, en nombre del Parlamento Europeo, ha manifestado a nuestro Presidente Federal, Klestil, a nuestro Canciller Federal, Wolfgang Schüssel, y, en consecuencia, a todo el pueblo austríaco por la catástrofe ocurrida en el Kitzsteinhorn. 
Muchas gracias, también, por colocar la bandera a media asta. 
En esta situación traumática y luctuosa por las 150 víctimas mortales nos encontramos unidos y compartimos el dolor con sus allegados. 
Queremos manifestarles nuestra profunda condolencia. " 
La muerte es grande, somos suyos los que sonreímos " escribió una vez el gran poeta lírico Rainer Maria Rilke. 
Ante ese infierno en llamas en uno de los funiculares, considerado como especialmente seguro, que conduce a uno de los paisajes más hermosos de los Alpes austríacos, pasa a segundo término todo lo demás y la disposición a compartir el dolor y el luto nos sirve de consuelo. 
En este sentido me ha parecido apropiado que en un minuto de silencio hayamos dedicado un recuerdo a las víctimas que no sólo procedían de nuestro país, sino también de muchos países de Europa y también de ultramar, y pienso también que en este punto deberíamos abstenernos de cualquier resolución. 
El Acta de la sesión del viernes 27 de octubre ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidenta, el acta de la sesión de 27 de octubre recoge nuestra decisión de aprobar una resolución sobre los "lettori" italianos; fue un motivo de gran alegría el que una amplia mayoría de este Parlamento diera su apoyo. 
Entretanto, los diputados de este Parlamento deberían saber que el presidente de la asociación de los lettori recibió en su aula la visita de la policía antiterrorista para comprobar si estaba planeando alguna manifestación violenta contra el Ministro de Educación. 
Resulta difícil considerar esto una respuesta a la resolución que hemos promovido. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes el jueves 9 de noviembre 
a) Sesiones del 13 al 17 de noviembre de 2000 En lo relativo al lunes: 
En lo que se refiere al informe del Sr. Ceyhun, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, tengo dos solicitudes: una en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, tendente a remitir ese informe a la comisión, y otra del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, tendente a aplazar ese informe hasta una sesión ulterior. 
Doy la palabra al Sr. Ceyhun, que se expresa en calidad de ponente y en nombre del Grupo de los Socialistas. 
Señora Presidenta, quisiera decir también en nombre de mi Grupo que, en realidad, en este informe la manera correcta de proceder de este Parlamento sería devolverlo, a tenor del artículo 144 del Reglamento, a la comisión competente, pues acabo de preparar un informe y, a continuación, me he enterado de que el Consejo tiene en este ámbito algunos planes. 
Puesto que no hemos sido informados a su debido tiempo, tiene más sentido esperar primero las propuestas del Legislativo y, luego, que el Parlamento trate este punto, para poder atender debidamente esta problemática. 
Por esta razón, solicito la devolución hoy sin debate en el Pleno, y seguramente la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores podrá manejar acertadamente este asunto. 
Por lo tanto está muy claro: el ponente recomienda la remisión a la comisión. 
Se expresaba también en nombre del Grupo de los Socialistas, autor de la solicitud. 
¿Alguien desea intervenir acerca de la solicitud de remisión a la comisión? 
Señora Presidenta, el informe de nuestro colega, Sr. Ceyhun, es de gran importancia, y nosotros también hemos escuchado que el Consejo tiene algunos planes nuevos al respecto de esta temática. 
Apoyo la propuesta presentada por el Sr. Ceyhun, y estaría muy agradecida de que el Consejo pudiera aclararnos si tiene verdaderas intenciones de presentar una nueva propuesta sobre este asunto. 
Por lo tanto usted quiere efectivamente que se remita a la comisión. 
¿Alguien desea intervenir en contra de esa solicitud? 
Señora Presidenta, me parece que el Consejo sabía desde hace mucho que estabamos debatiendo este tema. 
Se me antoja cuando menos institucionalmente incorrecto que, en el último momento, haya tomado la decisión de adoptar una posición diferente manteniéndonos al margen hasta el último momento, al objeto de que alguien se viera obligado a pedir la devolución. 
Nosotros hemos realizado nuestro trabajo y pienso que nuestro trabajo debe concluir, independientemente de la posición del Consejo. 
No somos esclavos del Consejo: gozamos de autonomía institucional y, por lo tanto, considero esta devolución totalmente inoportuna. 
Someto a votación la solicitud de remisión a la comisión por parte del Grupo Socialista. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) En lo relativo al martes: 
En lo que se refiere a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el tercer encuentro Asia-Europa, el Consejo nos ha informado que no desea intervenir en este momento. 
En esas condiciones, no queda más que la declaración de la Comisión. 
A fin de reagrupar los puntos del Presidente en ejercicio del Consejo, que tiene una agenda muy cargada, propongo que la declaración de la Comisión se incluya después del debate común sobre la ayuda a la reconstrucción. 
¿Hay alguna objeción? 
No la hay. 
Así queda decidido. 
En lo relativo al miércoles:En lo que se refiere a la declaración de la Comisión sobre la EEB y la prohibición de las harinas animales en la alimentación de todos los animales, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pide que el Consejo haga también una declaración al respecto. 
El Grupo Socialista no ignora que el miércoles por la mañana es un día muy difícil para los ministros franceses. 
Los primeros contactos que hemos calificado a nivel administrativo no son muy positivos, pero por supuesto me propongo intervenir a un nivel más político, esperando tener más éxito. 
Señora Presidenta, pido la palabra por una cuestión de orden que no afecta al orden del día, sino al turno de votaciones. 
Para simplificar las cosas, quisiera proponer que se someta a votación al principio del turno de votaciones, es decir, a las 11.30 horas, la pregunta oral sobre la Conferencia Euromediterránea porque, como usted sabe, por la tarde, a las 18.00 horas, comienza la Conferencia. 
Dado que la votación será larga y que se verá interrumpida por la grata presencia del Presidente Kostunica, y puesto que algunos de nosotros tendremos que irnos para asistir a la apertura de la Conferencia de Marsella, podríamos votar enseguida la pregunta oral y después todos los demás informes. 
En consecuencia, sólo se trata de adelantar la votación. 
Señora Napoletano, desde luego podemos proceder de esa manera. 
El Grupo PPE-DE propone que se suprima el punto titulado "Submarino británico en Gibraltar". 
Señora Presidenta, estimados colegas, nuestro Grupo considera tan importante este suceso que creemos que no recibiría un tratamiento adecuado bajo la forma de una cuestión de urgencia. 
Nuestra opinión es que deberíamos tratar esta eventualidad en el marco de una pregunta oral al Consejo y a la Comisión y nos gustaría formularla en toda regla para que el Consejo y la Comisión se manifiesten al respecto. 
Ahora no consideramos apropiado el momento de hablar sobre esto bajo la modalidad de una cuestión urgente y, en consecuencia, solicitamos que este punto sea eliminado del orden del día. 
Gracias, señor Poettering. 
¿Alguien desea intervenir también acerca de esa solicitud? 
El Sr. Poettering se expresó en nombre del Grupo que solicitaba su supresión. 
Señora Presidenta, ningún grupo es más sensible que el mío a la hora de compartir la preocupación, lógica por otra parte, de los habitantes de la zona del Campo de Gibraltar; por lo tanto, quisiera, como ya ha anticipado el presidente de mi Grupo, ofrecer al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos un consenso para que podamos debatir este asunto de manera seria y rigurosa a través de una pregunta oral al Consejo y a la Comisión. 
Si ésta no fuera la intención de los proponentes de esa resolución, si por falta de experiencia- estoy seguro de que no por falta de escrúpulos- lo que se pretendiera es traer a este Parlamento una cuestión interna, doméstica- como, por otra parte, así lo ha reconocido el portavoz de los socialistas españoles en el Congreso de los Diputados este fin de semana -, para ese juego desde luego no pueden contar con el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señora Presidenta, mi Grupo ha escuchado atentamente esta propuesta. 
Tengo que señalar, en relación con las manifestaciones del Sr. Galeote, que no se trata de una cuestión doméstica: es una cuestión en la que la Comisión tiene competencias y así lo ha manifestado esa institución en contestación a una pregunta formulada por el diputado Sr. Aparicio. 
En esa contestación también se hacía constar la falta de información y las dificultades que planteaba el Gobierno británico; por lo tanto, no estamos hablando de ningún tema doméstico, estamos hablando de la presencia de un submarino nuclear cuya avería ha comportado que la Royal Navy decida que once submarinos atraquen en territorio británico. 
Por lo tanto, es una cuestión que, en función de los Tratados y en función del Tratado Euratom, es competencia de la Comisión; afecta, o puede afectar, a muchos ciudadanos que no son exclusivamente españoles porque en esa zona y dentro de su área, sin que haya ningún plan de emergencia, hay cientos de miles de ciudadanos europeos provenientes de los quince países de la Unión, aparte de muchos que vienen de fuera, porque es la Costa del Sol. 
Creemos, por ello, que el tema merece una consideración sustantiva. 
Si lo que nos plantea el Partido Popular Europeo es, en el próximo Pleno, apoyar que esa pregunta se trate, podríamos considerarlo; si se trata de una maniobra dilatoria, estaríamos en contra. 
Por lo tanto, yo pediría que hubiera un compromiso formal del PPE en el sentido de votar a favor, conjuntamente, de que ese tema se incluya como una pregunta a la Comisión y al Consejo en el próximo Pleno. 
Señor Barón Crespo, quisiera estar segura de haberle entendido bien. 
Tengo una propuesta del grupo PPE tendente a suprimir ese punto de entre las cuestiones de urgencia, por unos motivos que el Sr. Poettering y el Sr. Galeote acaban de exponer. 
Tengo la impresión de que usted se adhiere a esos motivos, Señor Barón Crespo, si bien entendí. 
¿Está usted a favor de la supresión de ese punto? 
Sra. Presidenta, mi Grupo estaría a favor de aceptar la inclusión de esa pregunta como punto del orden del día para diciembre. En lo que no estamos de acuerdo es en suprimir ese asunto y luego ver si se aplaza ad calendas grecas. 
Si, está bien, pero digamos que, formalmente, lo retiramos de las urgencias. 
Pero estamos de acuerdo en incluirlo, como usted lo acaba de decir. 
Señor Monsieur Poettering, ¿se trata de eso? 
Sólo quiero decir a nuestro colega, el Sr. Barón Crespo, que puede confiar siempre en la palabra del Grupo Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Si el Presidente del Grupo emite aquí una declaración, puede dar por sentado que esta declaración seguirá siendo válida mañana. 
Por esta razón pondremos ahora en marcha de esta manera el procedimiento con el que está de acuerdo con toda claridad el Sr. Barón Crespo. 
Sería bueno que la Asamblea fuera unánime en esta cuestión. 
(El Parlamento aprueba la propuesta). 
b) Sesiones del 29 y del 30 de noviembre de 2000: 
No se propone ninguna modificación. 
Señora Presidenta, es triste, pero muy ilustrativo enterarse a través del Ministro de Interior español, el Sr. Mayor Oreja, de que no hay posibilidad alguna de diálogo con los nacionalistas vascos, incluso si en el futuro se produjera una nueva tregua. 
Esta afirmación, evidentemente, no apoya la postura de nuestros colegas españoles en este Parlamento cuando afirman que en el Reino de España todos los partidos políticos pueden defender sus ideas, cualesquiera que éstas sean, con una única premisa fundamental: la ausencia de violencia. 
¿Puede apoyar este Parlamento el rechazo al diálogo? 
¿Puede cerrar este Parlamento la puerta a las soluciones políticas? 
¿Puede cerrar este Parlamento la puerta al futuro democrático del País Vasco dentro de Europa? 
Quisiera que las cuestiones de orden sean verdaderamente cuestiones de orden y les agradecería que tengan a bien indicar al empezar, como además lo prevé el Reglamento, el artículo del Reglamento en el que se basa esa cuestión de orden. 
Señora Presidenta, quiero llamar su atención sobre cierta comunicación escrita que presenta el Sr. Ebner. 
Él propone que la Directiva relativa a las aves sea modificada de tal modo que el principio de secundariedad sea tenido más en cuenta. 
Quiero prevenirles a ustedes y a todos los colegas de que se hace publicidad de esta comunicación diciendo que es beneficiosa para las aves y que fomenta su bienestar, pero yo puedo contarles que no es así, sino que esto empeorará la situación de las aves migratorias en la Unión Europea. 
Hago un llamamiento general para que, por lo menos, sepan ustedes lo que están firmando si firman esta petición. 
Apoyo por completo la carta que ha enviado la Sra. Dorette Corbey en relación con este asunto: ¡Aquí sí que no hay publicidad falseada en torno a esta comunicación escrita! 
Señora Presidenta, hace ya algún tiempo discutimos en este Parlamento el asunto de las sanciones a Irak. 
Me complace mucho ver que los Liberales británicos han decidido solicitar una revisión de las sanciones a Irak. 
La semana antepasada fui a Irak, sobrevolando el espacio aéreo hasta Bagdad, en una misión humanitaria. 
En los seis meses transcurridos desde la última vez que había estado allí, la situación ha empeorado. 
Según los datos de UNICEF, cada mes mueren más de 5.000 niños. 
La Comisión debería comparecer en este Parlamento y abordar este asunto. 
Estos niños no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto de Oriente Medio. 
La Comisión ha adoptado de forma servil la postura estadounidense y británica, mientras que estadounidenses, británicos y turcos siguen bombardeando el sur de Irak. 
Señora Presidenta, me gustaría que aconsejase a la Comisión hacer una declaración sobre la cuestión de Irak. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Ya había indicado que deseaba intervenir antes de que usted cerrase el debate sobre el orden del día. 
Solicito que tomemos en consideración esta semana una afirmación de la Comisión sobre la decisión del Gobierno británico de introducir un tributo de carácter discriminatorio para los transportistas de nacionalidad no británica. 
No creo necesario recordarle a usted ni a este Parlamento que ello es absolutamente contrario a los Tratados, que garantizan un acceso sin obstáculos al mercado único. 
Asimismo, es contraria a la Directiva 99/62/CE, que dispone, y cito literalemente: "Los peajes y tasas se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad del transportista o del origen o destino del vehículo". 
Ello incide de una forma particularmente grave en los intercambios comerciales irlandeses. 
El 70% de los camiones irlandeses, los transportistas irlandeses deben ir, o circular por el puente terrestre del Reino Unido hacia Europa. 
Solicito una declaración de la Comisión a este respecto y la insto a ejercer sus competencias para el mantenimiento de las libertades en el mercado interior y para que garantice el cumplimiento de la Directiva 99/62/CE. 
Es urgente que celebremos un debate antes de que se introduzca la modificación propuesta por las autoridades británicas, y que la Comisión señale con toda claridad cuál es la normativa que debe observarse a este respecto. 
Señora Doyle, le he otorgado más tiempo porque no se trataba de una cuestión de orden. 
Eso estaba incluido en el orden del día y siento mucho no haber sido avisada. 
Pienso que la Comisión ha oído su solicitud- el Comisario Vitorino me lo confirma. 
Señora Presidenta, con referencia al funcionamiento del Parlamento y a la seguridad de los diputados, quisiera decir que en el último período parcial de sesiones de Estrasburgo, precisamente el miércoles por la tarde, el diputado del PPE y colega de Forza Italia, Mario Mantovani, al bajar con su equipaje para tomar un taxi del Parlamento, rodó por las escaleras y se fracturó el pie izquierdo. 
Se quedó para votar hasta el jueves por la mañana y después se le escayoló y durante 60 días no podrá participar en nuestros trabajos. 
Por un lado, como representante de los pensionistas podría acoger favorablemente el hecho de que existan inválidos- quizá un pensionista más- pero, por otro, abogo por la seguridad de todos nosotros los diputados. 
En consecuencia, le pregunto cuándo estarán disponibles el ascensor o las escaleras mecánicas para ir a tomar el coche al final de nuestro trabajo. 
Señora Presidenta, deseo informar al Parlamento de una grave iniciativa adoptada la semana pasada en Italia por el gobierno regional de Lacio. 
En efecto, éste ha creado una comisión de control para los libros de texto de historia en las escuelas, una comisión que debe controlar hasta qué punto- como dicen los neofascistas que están en el Gobierno en Lacio- estos textos están inspirados en el marxismo. 
El caso es que estos manuales presentan sólo la historia de Italia, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y del fascismo asumiendo que, como es obvio, no se pueden hacer pasar por el mismo rasero los valores por los que lucharon los resistentes y los antifascistas con las ideas que inspiraron a Hitler y a Mussolini. 
Se trata de una iniciativa muy grave encaminada a reintroducir en Italia una censura, por ahora sólo de los libros de texto, pero que pronto podría extenderse a otras cosas. 
Dado que los partidos llamados liberales, incluso europeos, tienden cada vez más a aliarse con fuerzas de inspiración xenófoba, racista, autoritaria, creo que esto es un grave peligro no solo para Italia, sino que además es una señal que afecta a toda Europa. 
Ruego a sus Señorías que firmen un llamamiento que estoy haciendo circular que también han firmado otros intelectuales europeos. 
Asistencia judicial 
De conformidad con el orden del día se procede al debate común de los siguientes informes: 
(A5-0313/2000) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre una iniciativa de la República Francesa para la aprobación de una decisión marco del Consejo relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (10232/2000- C5-0393/2000- 2000/0814 (CNS) ), 
(A5-0312/2000) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción del Acta del Consejo por el que se establece, sobre la base del artículo 43, apartado 1, del Convenio por el cual se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) , el Protocolo que modifica el artículo 2 y Anexo de dicho Convenio (9426/2000- C5-0359/2000- 2000/0809 (CNS) ), 
(A5-0314/2000) de la Sra. Roure, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de un Convenio relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia en materia financiera (10213/2000- C5-0394/2000- 2000/0815 (CNS) ). 
Señor Presidente, la lucha contra la delincuencia financiera- y muy en particular la relativa al blanqueo de capitales- se desdobla en varios puntos del Pleno de hoy, lo que refleja la importancia política de los mecanismos jurídicos con que la Unión quiere dotarse para la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Después de la creación del Mercado Único y la correspondiente liberalización de capitales y servicios financieros, la Unión se empeña en la lucha contra el blanqueo de capitales, delito complejo que presupone otro delito principal del que resultarán beneficios ilícitos que se pretende reciclar en la vida económica normal y regular. 
Como destino final que es de la delincuencia internacional, consecuencia de la mundialización de la economía y de la liberalización progresiva de los intercambios, está en el centro de la delincuencia organizada, como se dice en las conclusiones de Tampere. 
Como muchas veces es consecuencia del tráfico de estupefacientes, hoy resulta indiscutible que la lucha de que debe ser objeto requiere la aprehensión de los beneficios obtenidos con el delito principal, más tarde disfrazados de enriquecimiento respetable. 
La eficacia de esa lucha sólo puede ser resultado de la cooperación internacional que, ante la delincuencia internacional, cobra en Europa la forma de cooperación judicial entre todos los Estados miembros. 
Así, pues, en este informe subrayamos positivamente las medidas propuestas por la Presidencia francesa que, junto con la portuguesa, han avanzado con iniciativas de aproximación de la legislación, en consonancia con el Consejo de Tampere y poniendo en práctica el Tratado de Amsterdam, sin olvidar lo que de bueno ha hecho la Comisión con el empeño y la lucidez del Comisario António Vitorino. 
Así, pues, hay coherencia entre las tres iniciativas que hoy son objeto de mi informe, del informe de la Sra. Karamanou y del informe de la Sra. Roure, cuando en la Decisión-marco los Estados se obligan a la consecución de un resultado, se hace extensiva la competencia de EUROPOL al blanqueo de capitales en cuanto a la investigación o se mejora por convenio o asistencia judicial mutua. 
Así, pues, vamos, señora Presidenta, por el camino seguro de la creación de un marco jurídico amplio y eficaz para al menos cercar ese tipo de delincuencia. 
Es evidente que mi informe apoya lo esencial de la motivación de la Decisión-marco, propuestas que van encaminadas fundamentalmente a hacer posible que los Estados miembros puedan confiscar los bienes procedentes de delitos principales, del mismo modo que estarán obligados a sancionar e incriminar los delitos de blanqueo de capitales sin la flexibilidad ofrecida por las reservas que otros instrumentos jurídicos anteriores les facultaban y que permitían fácilmente a los delincuentes jugar con la ley y controlar economías. 
Como también apoyamos lo que se desprende del carácter vinculante de la Decisión-marco, al obligar a los Estados miembros a adecuar sus leyes al resultado común, al tiempo que quedan sujetos dichos Estados al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia. 
Ahora bien, en el informe figuran también observaciones críticas para con la propuesta francesa. 
¿Por qué transponer sólo parte de la anterior acción común, con lo que quedan divididas estas medidas entre normas débiles y fuertes, dada su distinta naturaleza, lo que cristaliza la fragilidad de la acción común, y no aceptar desde ahora mismo la transposición total del conjunto a la Decisión-marco, como se explica en las enmiendas que he propuesto, las núms. 9, 12, 13 y 14? 
Tampoco nos parece que la persecución de los bienes y su confiscación deban limitarse a los casos en que los delitos principales sean calificados de graves. 
Quedaría así abierto un enorme espacio judicial totalmente injustificable de infracciones sin ningún tipo de persecución. 
A eso se deben las enmiendas núms. 
4, 5, 6, 7 y 8. Por último, si bien reitero el beneplácito a las iniciativas francesa y portuguesa en el marco de las posibilidades reales más amplias que, a pesar de todo, ofrece el Tratado de Amsterdam- y, seamos francos, la Comisión ha sabido aprovechar muy bien -, son aún tan diferentes en el origen y la eficacia los diversos medios jurídicos, directivas, acciones comunes, decisiones-marco, convenios y convenios internacionales, que resulta urgente comunitarizar el derecho judicial, penal y civil, creando un espacio judicial al servicio de la libertad y la seguridad. 
Es una lástima que no sea ésa una prioridad ahora mismo en la reforma de los Tratados, entretenida como está la actual CIG con el equilibrio de los pesos y las medidas de los Estados miembros... 
Pero creemos que en breve los ciudadanos sabrán imponer esa nueva dimensión de Europa, sabrán imponer una revisión de los Tratados que tenga que ver con sus intereses reales y que esa revisión se hará efectivamente en nombre de la libertad, la seguridad y la justicia. 
. (EN) Señora Presidenta, comparezco aquí, en mi condición de Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, para presentar el informe de la Sra. Karamanou. 
Desgraciadamente, a la Sra. Karamanou no le es posible estar aquí con nosotros esta noche, pero considero adecuado que su informe se debata conjuntamente con el excelente informe de la Sra. Marinho, sobre el cual acabamos de discutir. 
La República de Portugal presentó un proyecto de Protocolo de modificación del artículo 2 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía, Europol. 
Esta iniciativa portuguesa está dirigida a ampliar las competencias de Europol con el objeto de crear un marco general de competencia para Europol en lo relativo al lavado de dinero. 
La lucha contra el lavado de dinero es, evidentemente, una de las principales prioridades de la Unión, como se señaló acertadamente en la cumbre de Tampere del año pasado. 
Habida cuenta de que el lavado de dinero se halla en el corazón del crimen organizado, en particular del tráfico de drogas, que constituye toda una amenaza a la salud y a la seguridad públicas, no cabe sino apoyar la medida propuesta. 
Las declaraciones deben venir seguidas de medidas concretas para proceder al seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de los beneficios del delito. 
Esta propuesta de Protocolo debe verse como una medida necesaria en una estrategia europea de cooperación policial en el ámbito del blanqueo de capitales. 
Pero, dada la urgencia del problema, nuestra ponente solicita en su enmienda 6 que este Protocolo se apruebe lo más pronto posible, es decir, de conformidad con lo establecido en al artículo 34, apartado 2, letra d) del Tratado de la Unión Europea, si la mayoría de los Estados miembros han comunicado su aprobación. 
La comisión que tengo el honor de presidir adoptó el informe de la Sra. Karamanou prácticamente por unanimidad. 
A pesar de que aprobamos la iniciativa portuguesa, insistimos, sin embargo, en la necesidad de una revisión más amplia del Convenio Europol y, sobre todo, en la introducción de mecanismos que garanticen el control democrático y judicial de Europol. 
Permítanme que aborde brevemente estos dos asuntos. 
En lo relativo a la cuestión del control democrático, debo señalar que en la actualidad el artículo 39 del Convenio Europol exige que el Parlamento sea simplemente consultado en un informe anual. 
Esto es sin duda alguna inaceptable; últimamente, en diversas ocasiones, el Parlamento ha reclamado, en particular en los informes Nassauer y Cederschiöld, la introducción de modificaciones en el Convenio Europol para garantizar un auténtico control democrático de esta agencia. 
Con el objeto de que el Parlamento ejerza tal control democrático, Europol debe informar sobre sus actividades en un intercambio anual de puntos de vista, al igual que hacen otras Instituciones europeas como el BCE y el Defensor del Pueblo Europeo. 
Ha de exigirse al director de Europol que comparezca ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo cuando las circunstancias así lo exijan. 
Además, el Parlamento debe estar representado en el consejo de dirección de Europol y poder pronunciarse sobre el nombramiento del director de la agencia. 
Estas demandas están recogidas en las enmiendas 2 y 4 del informe de la Sra. Karamanou. 
En lo relativo al control judicial, nos parece igualmente inaceptable que los posibles litigios o controversias entre Estados miembros o entre Europol y Estados miembros no puedan ser presentados ante el Tribunal de Justicia, a pesar de lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado, que se refiere precisamente a las cuestiones de cooperación policial y judicial en asuntos penales. 
Esta contradicción choca con nuestros valores democráticos, sobre todo con los relativos a los derechos humanos, y especialmente en el ámbito de la protección de los datos. 
Esta falta de control judicial de Europol es particularmente peligrosa, dado que Europol parece ir asumiendo responsabilidades cada vez mayores. Esta preocupación aparece recogida en la enmienda 5 de la Sra. Karamanou. 
Cabe concluir que el Parlamento ha considerado atenta y positivamente esta iniciativa portuguesa, pero no estamos satisfechos con el limitado alcance de la propuesta de modificación del Convenio Europol. 
Enfrentado al desafío del crimen organizado a nivel internacional, el Parlamento Europeo debe ser capaz de representar efectivamente a los ciudadanos de la Unión; por ello, debemos estar plenamente informados de y participar en las actividades de Europol, sus programas, su eficacia, sus métodos y sus medios. 
Soy plenamente consciente de que en este ámbito la intervención del Parlamento se limita a ser consultado. 
No obstante, instamos a la Presidencia francesa, que ha mostrado su firme compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, a que tome en cuenta nuestras peticiones. 
La creación de una zona europea de libertad, seguridad y justicia no puede seguir estando en manos de una agencia especializada, sujeta al único control de los Gobiernos nacionales. 
Este es un ámbito fundamental de la integración europea, y el Parlamento Europeo está dispuesto a ofrecer su apoyo a las políticas en esta materia, siempre que pueda participar adecuadamente en ellas. 
. (FR) Señora Presidenta, la delincuencia internacional se ha organizado y se ha reforzado considerablemente en los últimos años. 
Podemos comprobar que la mundialización, en particular, ha incrementado las posibilidades de blanqueo de dinero sucio y los medios para escapar de las actuaciones judiciales. 
Según las cifras avanzadas por las Naciones Unidas, el volumen anual de capitales reciclados mediante operaciones de blanqueo ascendería a un billón de dólares. 
El blanqueo es una infracción difícil de detectar, y la gran delincuencia se aprovecha de cualquier posibilidad brindada por las diferentes legislaciones. 
Por consiguiente, sólo una cooperación policial y judicial internacional permitiría contrarrestar esa práctica criminal. 
A escala europea, la asistencia judicial ha conducido ya, de manera general, a la adopción de varios textos, como el Convenio del Consejo de Europa del 20 de abril de 1959 y, muy recientemente, el Convenio Europeo del 29 de mayo de 2000, cuyo ponente era nuestro colega, el Sr. Di Pietro. 
Desde el punto de vista más específico de la lucha contra el blanqueo, podemos citar la Directiva del Consejo del 10 de junio de 1991, recientemente modificada, cuyo ponente era nuestro colega, el Sr. Lehne. 
La iniciativa de la Presidencia Francesa que examinamos hoy tiene por objeto mejorar los dos Convenios generales de asistencia judicial en materia penal- que acabo de citar- en especial en el ámbito de la lucha contra el blanqueo. 
El Convenio que no es propuesto mejora los textos anteriores, y esas mejoras son bienvenidas. 
Gracias al artículo 2 del proyecto de Convenio, los Estados miembros ya no pueden negarse a los registros o a los embargos de objetos invocando las reservas que figuran en el artículo 5 del Convenio de 1959. 
De conformidad con el artículo 4, para facilitar las investigaciones, los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para favorecer el suministro y la protección de los datos relativos a la existencia, la ubicación y los movimientos de los productos de infracciones, y según el artículo 5 los Estados miembros están obligados a suministrar información en materia bancaria. 
En cuanto al artículo 6, permite extender las solicitudes complementarias de asistencia judicial, y gracias al artículo 7 las excepciones fiscales ya no son admisibles para denegar una asistencia judicial. 
No podemos sino aprobar, en su conjunto, las medidas contenidas en este proyecto de Convenio, que responden a la preocupación manifestada por el Consejo Europeo de Tampere en lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de dinero, que está en el corazón mismo de la delincuencia organizada y que hay que erradicar allí donde exista. 
Me parece que se podrían proponer algunas mejoras, y éste es el objeto de mi informe. 
La inoponibilidad del secreto bancario y comercial a las peticiones de asistencia judicial está contemplada en el artículo 3. 
Ahora bien, me parece indispensable ampliar dicha inoponibilidad a las actividades comerciales y a la asesoría financiera de los abogados o de los miembros de profesiones jurídicas reguladas, que por su naturaleza no están cubiertas por el secreto profesional. 
Por otra parte, el artículo 8 del proyecto de Convenio limita únicamente a intereses esenciales los motivos de denegación de asistencia que podría invocar el Estado requerido. Eso representa un progreso. 
Sin embargo, para que la asistencia judicial no pierda su alcance en un ámbito en el que sólo una cooperación europea tiene sentido, me parece que debería concederse un plazo máximo de dos meses al Estado requerido para comunicar su respuesta. 
El artículo 9 prevé que los Estados miembros crearán, en el plano nacional, equipos integrados, interdisciplinarios, para aumentar la eficacia de las investigaciones y favorecer el intercambio de informaciones. 
Propongo que se cree una célula de cooperación entre esos equipos interdisciplinarios, para facilitar los intercambios de información entre las autoridades implicadas de los Estados miembros y la selección y la utilización de las mejores prácticas. 
Estas propuestas no tienen otra razón de ser que avanzar hacia una asistencia judicial que sea lo más eficaz posible y esté a la altura de los desafíos de la delincuencia organizada, en particular en materia de blanqueo de dinero. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, esto me resulta relativamente fácil: a la hora de emitir mi opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos acerca de la propuesta de la Presidencia portuguesa relativa a la inclusión de Europol en la lucha del blanqueo de dinero, no puedo menos que decir que es una buena propuesta. 
Por esta razón, hemos hecho muy pocas enmiendas, pues, naturalmente, nos declaramos de acuerdo con esta propuesta. 
Existe un gran consenso en todas las instituciones europeas, naturalmente también aquí, en esta Asamblea, acerca de que deseamos utilizar todo lo que sea adecuado y posible- quienes me han precedido en el uso de la palabra han dicho ya lo necesario al respecto- para combatir el blanqueo de dinero. 
Pero ya que me encuentro aquí y dispongo de la ocasión de decir algo sobre el tema de la lucha contra el blanqueo de dinero, quisiera formular también algunas críticas. 
Formular algunas críticas sobre algo que no tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo, es decir, con el resultado de la posición política del Consejo sobre la cuestión de la segunda directiva sobre la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Desde el principio el Parlamento Europeo ha intentado trabajar con el Consejo en una estrecha cooperación. 
No me cabe decir más que el resultado final fue, ciertamente, un gran show por parte del Consejo, pero las enmiendas que presentamos y que fueron aprobadas por gran mayoría aquí, en la Asamblea, no fueron aceptadas en la misma proporción. 
No puedo menos que afirmar que si la idea de la lucha contra el blanqueo de dinero resulta perjudicada, la culpa será del Consejo y no del Parlamento. 
Por decirlo de alguna manera, se han transferido al ámbito de las profesiones liberales las regulaciones que en el pasado se habían establecido para los prestadores de servicios bancarios y financieros, aunque aquellas no encuentran ninguna cabida allí, conscientes del hecho de que en estas circunstancias no va a ser posible evitar al final una reñida segunda lectura con el Parlamento Europeo y un procedimiento de cooperación. 
En última instancia, no se trata, ciertamente, de los privilegios de los abogados o de otras profesiones liberales. Se trata de derechos fundamentales. 
Se trata, simple y llanamente, de que un mandante que busca un consejo jurídico o que demanda asistencia jurídica ante un tribunal, tal como figura, por lo demás, en la Carta de Derechos Fundamentales, tenga la posibilidad de acudir a un abogado de su confianza y recabar del mismo un consejo jurídico, sin que éste tenga que delatarlo al minuto siguiente ante el Ministerio público si aquél le ha revelado alguna cosa. Éste es un derecho fundamental. 
No hay que poner en cuestión este derecho fundamental. Lo mismo ha de decirse respecto de todos los demás ámbitos de la asesoría jurídica. 
Por consiguiente, agradezco mucho la formulación transaccional que se ha encontrado aquí, en la comisión, sobre el Informe Roure, la cual ha puesto de manifiesto que debe seguir garantizada esta protección clásica de los Derechos Fundamentales. 
Sin embargo, quisiera también poner de manifiesto que si los abogados hacen lo mismo, no hay, naturalmente, ninguna razón para proteger esta actividad de los abogados, sino que aquí se trata de la asistencia jurídica, de la representación ante los tribunales. 
En este punto debe quedar garantizada la protección de los Derechos Fundamentales. 
En resumen, desde este punto de vista apoyo las propuestas que están hoy sobre la mesa, pero, al mismo tiempo, quiero anunciar en esta ocasión un duro enfrentamiento con el Consejo acerca de la posición común sobre la segunda directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Señora Presidenta, creo que el debate que estamos celebrando hoy es muy importante, precisamente porque trata de cómo vamos a poner orden en nuestra casa. 
Para empezar quiero felicitar al Sr. Marinho por la labor que ha realizado y quiero decir que, realmente, los intentos por combatir el crimen organizado deben gozar de apoyo y de atención. 
Señora Presidenta, estimados colegas, el problema de los delitos económicos es muy complejo, porque por una parte, está en relación con un esfuerzo por blanquear dinero en un laberinto de infracciones, y por otra, presupone una serie más de delitos, que precisamente conducen a dicho blanqueo. 
Creo que hoy en día el crimen organizado oprime a las sociedades europeas. 
En toda su expresión. 
Y los delitos económicos, con el blanqueo quizás en primera posición, se encuentran en el epicentro del crimen organizado que asola Europa. 
Es un hecho que la iniciativa de la Presidencia francesa, a la que se suma el Sr. Marinho, es correcta; pero también es un hecho que el esfuerzo que ha realizado el Sr. Marinho, es decir: establecer normas más estrictas, también es correcto. 
Y, claro, si queremos tener resultados, debemos llegar al corazón, a la llave de la herramienta que ayude a la lucha contra estos delitos. 
Para mi, señora Presidenta, estimados colegas, el corazón de la lucha contra estos delitos es la mejora de la cooperación judicial. 
Estaba leyendo las exposiciones de motivos que acompañan las enmiendas del Sr. Marinho y me he detenido en una que dice que en la actualidad Europa ha avanzado muchísimo a nivel económico. 
A nivel político avanza; pero dice que desgraciadamente hay aún 15 fronteras interiores en todo lo concerniente a los magistrados, los fiscales, los procedimientos, las sentencias judiciales. 
Esta frase me ha hecho reflexionar mucho porque la considero una frase clave. 
Y creo- y propongo vivamente- que demos muchos pasos, muchos pasos básicos para conseguir la cooperación judicial a nivel europeo y enfrentarnos así a delitos como los económicos. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera felicitar a los ponentes, Sr. Marinho, Sra. Roure y Sra. Karamanou, por unos informes sobre un tema complejo que ha sido objeto de debates profundos en este Parlamento y en nuestra comisión en el pasado. 
La prueba de que mi felicitación no es retórica es que estos informes han obtenido una mayoría absoluta de votos en la Comisión de Libertades Públicas. 
Por ello, hago mías sus palabras y el contenido de sus informes y quisiera a partir de ahora dedicarme, Sra. Presidenta, en ausencia de la Sra. Karamanou, a expresar la posición de mi Grupo respecto a su informe. 
Europol tiene por mandato prevenir y luchar contra algunas formas de actividad criminal. 
El proyecto de protocolo que se nos presenta, fruto de la iniciativa de la Presidencia portuguesa, que complementa otras iniciativas que hoy hemos estudiado, tiene por objeto extender las competencias de Europol al blanqueo de dinero en general. 
La lucha contra el blanqueo de dinero sólo entra en las competencias actuales de Europol de manera conexa con respecto a las formas de criminalidad de las que se ocupa. 
El objeto de la revisión propuesta es establecer una competencia general de principio de Europol en cuanto al blanqueo de dinero. 
Por lo tanto, la revisión propuesta afecta al apartado 2 del artículo 2, la indicación de la lucha contra el blanqueo de dinero entre las nuevas tareas de Europol. 
No obstante, según el apartado 3 del mismo artículo, la competencia de Europol en cuanto al blanqueo no se extiende a las infracciones primarias, es decir, los delitos y crímenes que preceden al acto de blanqueo y que no figuran en este apartado 2. 
Para el resto del proyecto de protocolo, se presenta el procedimiento habitual de adopción por los Estados miembros. 
Habida cuenta de la gravedad del fenómeno del blanqueo de dinero en el mundo y de su papel clave en el desarrollo de la criminalidad, es preciso aprobar la extensión de las competencias de Europol en este ámbito. 
Pero si la consulta al Parlamento Europeo se limitara a este aspecto formal y no pudiésemos introducir otros temas en este debate, un informe sin debate, habría bastado decirle a Europol que estamos de acuerdo y que es necesario poner todos los medios para la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Este informe sólo presenta algún interés si, con motivo de su debate, el Parlamento puede formular consideraciones y propuestas sobre el funcionamiento de Europol y sobre su control. 
Me limitaré en esta fase a estos dos tipos de consideración, dando por sentado que estamos a favor de la lucha contra el blanqueo de dinero y de que Europol se encargue de ello, aunque no somos partidarios de hacerlo a golpe de decisiones del Consejo y a base de iniciativas nacionales esporádicas. 
Podríamos preguntarnos, y me centro en estos dos temas, que son los únicos que voy a tratar, cuál es el grado de eficacia del funcionamiento de Europol a la hora de extender sus competencias. 
¿Cuáles han sido hasta ahora los resultados de Europol en la lucha contra el blanqueo de dinero en el marco de sus competencias conexas? 
¿Qué ha sido del sistema informático de Europol, que debía ser operativo en el año 2001? 
¿Qué es de los equipos comunes de investigación que debían extenderse en el futuro a la lucha contra el blanqueo de dinero? 
El Parlamento- lo ha recordado el Sr. Watson- ha expresado en varias ocasiones su descontento por la ausencia de control democrático real de las actividades de Europol. Lo ha hecho en los informes de la Sra. Cederschiöld y del Sr. Nassauer. 
¿Podemos conceder hoy nuevas competencias a Europol sin exigir, aunque sea en este debate, una revisión del artículo 31 del Convenio, que limita el papel del Parlamento a ser destinatario de un informe anual? 
¿No deberían, como ya pedimos, incluirse las finanzas de Europol en el presupuesto general de la Unión Europea? 
Y el Parlamento, ¿no debería ser consultado en el nombramiento del director de Europol? 
Lo mismo sucede con la ausencia de un control jurisdiccional- y vamos a ver más tarde el informe sobre Eurojust. 
Considero- y así concluyo- que este informe sólo tiene sentido si es una ocasión más para que el Parlamento reconsidere el favor a la extensión legítima de las competencias de Europol, al conjunto del funcionamiento de este órgano, su eficacia, las modalidades de control, la posibilidad de valorar los logros y los avances. 
Se trata, nada menos, que del futuro de la cooperación policial en Europa. 
Queridos colegas, una de las cuestiones esenciales para la construcción de un espacio europeo de seguridad, de libertad y de justicia es la cooperación judicial y policial que permitiría que ese espacio se concretice rápidamente y sea eficaz para los ciudadanos. 
Al tratar esos puntos, nuestros ponentes han centrado su reflexión tanto en el protocolo que modifica el Convenio Europol como en la mejora de la asistencia judicial. 
No podemos sino felicitarles por ese trabajo. 
Pero nuestra principal preocupación es la cuestión de la ampliación de las competencias de Europol. 
Reconocemos expresa e imperiosamente la necesidad de una asistencia judicial eficaz, pero al mismo tiempo denunciamos la deriva que puede originar Europol que fue constituido fuera de todo control parlamentario o jurisdiccional, y en términos generales la carencia democrática de una Europa que los Estados se empeñan en mantener dentro de la esfera opaca de los procedimientos intergubernamentales esquivando las obligaciones, los deberes y el control que emanan del sufragio universal. 
Veo algunos puntos imprecisos en Europol: la inmunidad diplomática de sus miembros, ninguna definición de los medios autorizados ni de sus límites, anuncio de la creación de un fichero de datos personales, registro de datos en ámbitos protegidos por textos internacionales y declaraciones de derechos humanos, peligros para las libertades dados los riesgos de abusos, hoy o mañana, habida cuenta de la evolución de algunos Estados. 
Si "la policía europea" recibe ese regalo del cielo de un autocontrol posible, hará todo lo posible para refrenar las veleidades de control democrático por parte del Parlamento Europeo teniendo en cuenta las carencias estructurales actuales o la falta de unidad en cuanto al fondo. 
La iniciativa de Portugal con relación al Convenio Europol tiende a incitar al Parlamento Europeo a escoger el buen camino de la seguridad que pasaría por el registro discrecional de los ciudadanos en todas los ámbitos de la vida privada. 
Localizar, perseguir, condenar el blanqueo del dinero sucio de los terroristas y de los traficantes de armas y de droga, ¡por supuesto que sí! 
Pero eso no nos ofrecerá mas garantías en lo que se refiere al derecho de defensa y protección de los ciudadanos. 
Es la razón por la cual estamos presentando enmiendas sobre la consolidación de esos derechos y de esas libertades, sobre la necesidad de adoptar un instrumento, sobre los derechos de defensa y el reconocimiento de la competencia del Tribunal de Justicia. 
No ignoramos que un artículo del Acta del Consejo de Ministros, que curiosamente pasó desapercibido, estipula que Europol especifica si se pueden introducir en el fichero analítico, datos relativos al origen racial, a las creencias religiosas o de otro tipo, a las opiniones políticas, a la vida sexual o a la salud. 
Entonces, ¿seguiremos con esas dudas acerca de las competencias de Europol cuando el control democrático está borrado de las Tablas de la Ley? 
Los valores democráticos que nos reúnen en este hemiciclo deben ser los que rigen nuestros actos y nuestros trabajos, para hacer de Europa una Unión solidaria y social y no una Europa policial y represiva. 
Señor Presidente, para empezar quisiera dar mi enhorabuena a nuestro ponente, Sr. Marinho. 
Creo que el análisis que ha realizado es correctísimo y muestra el camino para avanzar realmente en la lucha contra el blanqueo de dinero "negro", o del dinero "gris", como también se le llama. 
Recuerdo que, estamos hablando de la lucha contra el crimen organizado mediante esta política, es decir, contra los crímenes de la droga, de la trata de blancas y de niños y de muchos más crímenes miserables, con unas consecuencias terribles en toda la sociedad, incluso- y quiero decirlo crudamente- en la propia economía, puesto que ya se ha reconocido que este dinero consigue aumentar la liquidez monetaria y muchas veces desestabiliza las políticas económicas. 
Muy correctamente señala el ponente- y quiero decirlo también yo- al abrir las fronteras, por otras razones, hemos abierto también las fronteras al crimen organizado, y debemos ahora abrirlas a aquellas autoridades- judiciales y policiales- que le asestan los golpes. 
Y, por supuesto, esto debemos hacerlo basándonos en definiciones idénticas de qué es el crimen, cuáles son los métodos que utiliza, no sólo por razones procesales, sino para que no pueda escapar de un país a otro. 
Naturalmente, como dice el Sr. Marinho- y yo también estoy de acuerdo -, el camino es la comunitarización. 
Claro, porque así entramos también en el camino del control parlamentario y democrático. 
Sin embargo, señor Presidente, hay aún muchas cuestiones, incluso aprobando todo lo que hasta ahora nos han dicho. 
Hay muchas cuestiones muy serias. 
Y quiero decir lo siguiente: Hoy en día hay países en la Unión Europea que soportan y, podría decir, explotan situaciones extrañas, compañías costeras, extraños reglamentos bancarios y más cosas por el estilo, que a mi personalmente no me inspiran ninguna confianza sobre si lo que acordemos se aplicará. 
La unificación política, el control político es posiblemente el que nos podría dar la solución a estas cuestiones, y por consiguiente, también a las inspecciones y a la armonización del derecho en estas cuestiones. 
Son cuestiones que indican que se deben realizar cambios institucionales, señor Presidente, que desgraciadamente, no los vamos a ver tampoco en Niza. 
La venta ilegal de drogas y otras actividades delictivas como el tráfico de armas generan miles de millones de euros al año, y una gran parte de ellos en efectivo que ha de ser lavado. 
Nuestra misión consiste en proceder al seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de los beneficios del crimen organizado. 
Nos vemos enfrentados a criminales que emplearán todos los medios a su alcance para evitar ser detectados. 
Estamos en guerra con esa gente. 
La vida humana es un bien fungible en el negocio de beneficios ilegales. 
Necesitamos coordinar al máximo nuestro planteamiento. 
El delito no tiene fronteras. 
La Ley sobre beneficios del delito, introducida por nuestro Gobierno en Irlanda, ha sido utilizada con éxito por nuestra Oficina de bienes procedentes de actos delictivos para privar a los implicados en actos delictivos de disfrutar del producto de su delito. 
Hasta finales del año pasado, la Oficina había obtenido resoluciones judiciales a su favor e inmuebles por valor de 20 millones de euros con arreglo a dicha ley y ha interpuesto reclamaciones tributarias por más de 40 millones de euros. 
Si bien la cooperación entre los Estados miembros de la UE y nuestros organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes gana en intensidad, la escala del blanqueo de dinero y del fraude es tan grande que por ahora no estamos más que poniendo parches al problema. 
Un billón de dólares es el volumen anual estimado de capital reciclado mediante el lavado de dinero en forma de operaciones financieras. 
Estos fondos podrían emplearse en nuestras ciudades y para diversos fines sociales. 
Acojo con satisfacción este debate y esta discusión. 
Quiero referirme al informe Karamanou sobre Europol. 
Todos los que han intervenido coinciden en que es una iniciativa muy valiosa y nosotros apoyamos sus afirmaciones. 
Sin embargo, como han señalado muchos oradores, el control democrático es insuficiente. 
Ello constituye el punto central de las enmiendas conjuntas de los Grupos que presenta la comisión. 
Queremos ver que el Parlamento participa en el nombramiento del director, y además en votación mayoritaria, porque cuando la Unión se haya ampliado hasta los 28 Estados miembros, será muy difícil llegar a un acuerdo sobre la persona del director. 
Debe tratarse de una elección por mayoría- proponemos que sea de dos tercios- y también queremos que el Parlamento participe en la separación del director, si llega a ser necesaria tal medida, por mayoría igualmente de dos tercios. 
Queremos que el Parlamento participe en el consejo de administración. 
Podríamos mejorar enormemente el control democrático. 
Y también queremos que las controversias que surjan en su seno se presenten ante el Tribunal de Justicia. 
Todas estas consideraciones están recogidas en las enmiendas y, a juzgar por el debate celebrado en la comisión, confío plenamente en que el Parlamento aprobará estas enmiendas. 
No obstante, quiero dirigir mi atención por un momento hacia el futuro y a lo que suceda después de esta propuesta. 
Percibo dos señales, una buena y otra mala. 
La evolución negativa en el futuro de la que muchos colegas han hablado- incluido mi amigo, el Sr. Andrews- es el imparable crecimiento de la delincuencia organizada que observamos en toda Europa. 
La apertura de las fronteras en el mercado único fue una idea indudablemente buena, pero ha ayudado también a la mafia y a los criminales de Europa del Este a extender sus tentáculos por toda la Unión. 
Cuando se produzca la ampliación, que es el aspecto positivo que percibo en el futuro, nos toparemos con dificultades cada vez mayores para luchar contra la delincuencia organizada. 
Los delincuentes pueden cruzar libremente las fronteras, pero nuestros cuerpos policiales no. 
Aún hoy existen más de 120 cuerpos diferentes de policía en la Unión Europea, y muchos de ellos, debo reconocer, en el Estado miembro del que procedo, dado que en el Reino Unido cada condado cuenta con su policía y su ámbito de competencia sólo se extiende hasta los límites de su respectivo territorio. 
En la actualidad tenemos demasiados cuerpos de policía y vamos a tener aún más cuando el proceso de ampliación haya finalizado; nuestra capacidad para combatir la delincuencia organizada va a ser mucho menor de lo que debería ser. 
Lo que necesitamos es que se conceda a Europol capacidad operativa para actuar de forma transfronteriza. 
En reuniones públicas en que se trata el crecimiento de la delincuencia organizada, la invariable respuesta del público es: " Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes al respecto? 
Acometer el problema. 
Asumir las facultades necesarias. 
Organizar las fuerzas policiales de modo que podamos enfrentarnos al crecimiento de la delincuencia organizada. " 
La opinión pública está a favor de estas actuaciones y- como sucede muy a menudo- va por delante de nosotros y del Consejo de Ministros. 
Me gustaría mucho escuchar la reacción de la Comisión ante la posibilidad de crear un FBI europeo si, como deseamos, en la cumbre de Niza del mes próximo se abre paso la idea de incrementar la cooperación. 
No es necesario denominarlo un FBI europeo, pero en todo caso constituye el lógico paso siguiente. 
Contaría con el pleno apoyo de la opinión pública y es necesario para el futuro. 
Señor Presidente, siento que esta noche mi voz sea una voz en cierto modo discordante en este Parlamento, salvo con respecto a mi colega la Sra. Boumediene-Thiery. 
No cabe duda de que este Parlamento se ha fijado un objetivo encomiable y positivo. 
Pero los fines no justifican los medios en ningún caso. 
A mi juicio, el establecimiento de estas iniciativas está avanzando de un modo que puede ignorar la protección prevista en el artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
No veo que se estén teniendo en cuenta adecuadamente el derecho de defensa, como ha señalado la Sra. Boumediene-Thiery. Tampoco percibo que se esté teniendo en cuenta adecuadamente el derecho de los individuos a un juicio justo y a la justa presentación de imputaciones contra ellos. 
Si no tenemos en cuenta estos aspectos, estaremos creando, me temo, un monstruo de Frankenstein, aunque, al igual que el conde de Frankenstein, pretendamos hacer el bien. 
Debemos garantizar que, en la medida que nos movemos hacia el reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales, establezcamos en Europa el más alto estándar común y no el mínimo común denominador a la hora de proteger a los individuos demandados ante los tribunales. 
En mi condición de diputado de este Parlamento se me han remitido diversos casos. 
Un ejemplo es el de una persona acusada de blanqueo de dinero, detenida durante 364 días en Portugal sin que se presentasen imputaciones en su contra. 
Cuando finalmente fueron presentadas, éstas contenían muchas páginas en portugués, con una insuficiente traducción de su resumen, aunque la persona afectada no sabía nada de portugués. 
Me han llegado casos de camioneros detenidos en Francia por ser sospechosos de tráfico de drogas, -un delito espantoso si efectivamente se ha cometido, pero estas personas están detenidas en condiciones inaceptables, sin disfrutar del derecho efectivo a disfrutar de la defensa legal que ellos mismos hayan elegido, con unos servicios de interpretación inadecuados o simplemente inexistentes, sin tener la oportunidad de probar su inocencia en un procedimiento judicial que se desarrolle en un plazo razonable. 
Mientras vivamos en un Europa en la que aún existan estos manchones en nuestros blasones, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con que las bienintencionadas medidas que estamos adoptando no acaben por destruir algunos de los aspectos más importantes de las libertades civiles en Europa. 
El Sr. Andrews lo ha señalado acertadamente: estas graves penas deben recaer sobre los debidamente condenados, tras un juicio justo, por los delitos del tipo que estamos examinando. 
Debemos garantizar que a aquellos que sean las víctimas inocentes de la guerra- daños colaterales habría que llamar a esto, supongo- acusadas de delitos no se les deje languidecer en las cárceles, sin poder comunicarse con sus familias. 
Casos así son demasiados comunes en nuestra actual Europa. Por ello, antes de prestar mi apoyo a un precipitado furor de reconocimientos mutuos de resoluciones judiciales, desearía que existiera un reconocimiento conjunto de estándares justos. 
Señor Presidente, de verdad que quisiera aceptar que tanto las iniciativas de la Presidencia francesa como los informes de nuestros ponentes intentan encontrar formas más eficaces de combatir el blanqueo de dinero negro. 
Pero surgen dos grandes interrogantes: 
Primero, las propuestas que estamos debatiendo, al final acaban en el refuerzo de la cooperación judicial y policial, y además con vistas a crear un espacio judicial europeo único con una comunitarización del procedimiento penal y civil. 
Pregunta: ¿Existe algún estado en Europa, o una zona, como por ejemplo los Estados Unidos, en donde ya esté en vigor el espacio judicial único y que haya combatido con eficacia el problema del blanqueo de dinero, o es que, en nombre de un problema existente, intentamos fomentar la comunitarización de instituciones cruciales unidas a la independencia nacional y a la soberanía popular de los Estados miembros? 
Segundo, ¿el refuerzo de la cooperación judicial y policial está en situación de enfrentarse al papel de los paraísos fiscales, o de los centros y de las empresas off shore y, en muchas ocasiones, de los propios Estados miembros que, gracias a su política en los intercambios de títulos estatales, bonos del Estado y valores del Tesoro, están colaborando de forma esencial en el blanqueo de dinero? 
¿No será que hace falta ser más sinceros y tomar medidas de otro tipo, económicas y sociales, para solucionar este tremendo problema unido al propio funcionamiento del sistema económico en total liberalización y en un mercado libertino? 
Señor Presidente, todos los países de la UE están de acuerdo en combatir el blanqueo de dinero y naturalmente se debe aplaudir sin reservas este consenso. 
Sin embargo, en realidad todo esto no resulta tan sencillo. 
Pienso que este Parlamento complica los problemas en lugar de simplificar y agilizar su solución, y así queda patente en la propuesta de ampliación de las competencias de Europol. 
Esta Asamblea debería dar prioridad a la creación de instrumentos verdaderamente eficaces para la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la delincuencia organizada. 
La reacción a la iniciativa adoptada por Finlandia resulta tanto lamentable como aleccionadora. 
Es evidente que una cooperación entre los países podría contribuir a mejorar la lucha en este ámbito. 
¿Por qué se considera necesario el nuevo sistema de la Comisión? 
En mi opinión, no está claro dónde debe actuarse, aparte del hecho de que se imponga a los países la tarea de mantener una protección homogénea de datos. 
O dicho de otra forma. La lucha contra el blanqueo de dinero no debe verse obstaculizada por el hecho de que la Comisión tenga que adaptar el trabajo a los países más condescendientes e indiferentes. 
El Parlamento no debe frenar las iniciativas del Consejo de Ministros ni las iniciativas de los países más dispuestos a atajar estos delitos. 
El Parlamento debe alentar al Consejo de Ministros y a los países miembros. 
El camino a seguir pasa por fijar definiciones homogéneas de los actos criminales, siendo necesaria una cooperación entre las policías y los sistemas judiciales de los países. 
Señor Presidente, he pedido estos cinco minutos para pronunciarme hoy en nombre de mi Grupo, el Grupo del PPE, sobre el informe de la Sra. Roure. 
A partir de la intervención brillante del Sr. MacCormick, me gustaría hacer una reflexión previa. 
Aquí tenemos tres iniciativas que se dirigen a combatir el crimen organizado, que es una de las grandes lacras, y en las que hay una voluntad política clara de aunar esfuerzos, de ir más allá, de construir ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Para hacerlo, tenemos que tener cuidado de que no se produzca una dispersión de medidas y se establezca una situación absolutamente asimétrica en la que, como muy bien ha dicho el Sr. MacCormick, sufra una parte del proceso a la que debemos prestar especial atención puesto que se trata de la seña de identidad europea: la protección de los derechos fundamentales y las garantías procesales. 
Necesitamos que en el ámbito del tercer pilar, como consecuencia de los acuerdos de Tampere, se desarrollen las garantías procesales y que se desarrollen esas garantías cuando se producen situaciones transnacionales como las que él ha definido. 
Esto viene al hilo también de la intervención del Sr. Lehne. El Sr. Lehne explicaba el problema del secreto profesional de los abogados en el marco de esta lucha contra el blanqueo de dinero. 
Pues bien, aquí tenemos otro buen ejemplo: por luchar contra el blanqueo de dinero, podemos poner en cuestión una cosa que, lejos de ser un privilegio de los abogados, es un elemento esencial de ese derecho de defensa que es a su vez un elemento esencial de toda nuestra construcción, cultura e identidad europeas. 
Comprendo que es muy difícil porque aquí tenemos que construir a partir de una dispersión de instrumentos. 
Tenemos una directiva para combatir el blanqueo, tenemos una decisión marco para combatirlo, tenemos una modificación del Convenio Europol. 
Necesitaremos en algún momento compilar todos esos textos porque, señor Presidente, usted y creo que todos los que aquí estamos sabemos que, para que esto sea aplicado por los jueces- que son los que lo tienen que aplicar con garantía de esos derechos de defensa- con este sistema de dispersión vamos desde luego muy mal orientados. 
Y ahora me centro en otra cuestión, que hace también referencia a la calidad de la legislación. 
En este informe figura un visto sobre el llamamiento de Ginebra y el Grupo del PPE va a votar en contra de él, y no porque estemos en contra del llamamiento de Ginebra sino sencillamente porque como Parlamento debemos garantizar una legislación de calidad. 
El llamamiento de Ginebra no es un visto, no es una referencia jurídica ni una referencia cuasijurídica a un Consejo Europeo. 
Por fin, a iniciativa del PPE se han recogido dos modificaciones al artículo 8, ya que, si estamos de acuerdo en una voluntad política de luchar contra el crimen organizado, no podemos introducir la posibilidad de que un Estado pueda negar esa cooperación- estamos hablando de cooperación judicial, entre jueces- argumentando cuestiones de interés nacional. 
¿Qué es eso del interés nacional cuando se trata de que un juez de la Unión Europea está pidiendo cooperación a otro juez de la Unión Europea? 
¿Qué autoridad intermedia va a interponerse diciendo que aquí hay un interés nacional? 
Entendamos que una de dos, o bien queremos construir ese espacio y no sencillamente dejar una bella frase en el Tratado o bien, rindámonos a la evidencia, no queremos llegar hasta las últimas consecuencias de lo que hemos puesto en el Tratado, de lograr ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Por último, señor Presidente, el Grupo del PPE apoya la enmienda de transacción a la que hemos llegado con la Sra. Roure sobre las actividades de los abogados. 
Cuando un abogado actúa fuera del consejo profesional, fuera de lo que es su naturaleza de abogado, caiga sobre él la justicia como sobre cualquier hijo de vecino, porque su secreto profesional no es un privilegio para él, es un derecho que se deriva de la estructura jurídica y las garantías procesales. 
En ese sentido, entendemos que la enmienda de transacción es ciertamente redundante pero, en aras del buen consenso de la Asamblea, votaremos a su favor. 
Señor Presidente, quisiera concluir pidiendo a la Comisión, en la difícil tarea que tiene ante sí y en la que está haciendo un enorme esfuerzo, que procure tomar en consideración estas iniciativas que, en nombre del Grupo del PPE, transmito. 
Señor Presidente, Señor Comisario, el informe Marinho lamenta que las fronteras estén abiertas para los delincuentes pero cerradas para las instituciones encargadas de perseguirles. 
¿Pero qué tiene de sorprendente? 
Ustedes quisieron una Europa basada en la única preocupación de abrir la puerta a la circulación de los capitales y de las mercancías. 
Los capitales sucios toman los mismos caminos que los otros, suponiendo que algunas actividades de empresas bien establecidas no sean iguales de sucias que los capitales del cartel de Cali. 
Me refiero al dinero de la corrupción o al provecho que se saca de la explotación de los niños en el tercer mundo. 
Ustedes son incapaces de tomar verdaderas medidas para impedir el blanqueo de dinero sucio, porque para eso habría que incriminar a los grupos bancarios y financieros, puesto que son los que blanquean ese dinero amparándose en el secreto bancario. 
Todos los grandes bancos crean filiales en paraísos fiscales, y esos paraísos sólo existen porque hay bancos que los utilizan. 
Lo hacen con el estimulo de los Estados mismos, como Francia o los Países Bajos en San Martín, Gran Bretaña en las Islas Anglonormandas, y otros. 
Somos los únicos aquí en querer medidas que impidan realmente el blanqueo del dinero, o sea la suspensión inmediata del secreto bancario, del secreto comercial, del secreto empresarial, la apertura de los libros de cuentas de todas las empresas bancarias o industriales y el derecho para todos los empleados de esas empresas, para todos los consumidores, de dar a conocer al público cualquier movimiento de fondos que va en contra de los intereses de la colectividad. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nuestro objetivo es y debe ser desarrollar la unión económica hacia una unión de seguridad. Ésta es una tarea que se deriva del Tratado de Amsterdam y de la cumbre de Tampere. 
Pero constituye también una necesidad a fin de fortalecer la zona económica de la Unión Europea, y es también un deseo de los ciudadanos, a los cuales hemos de corresponder, pues los ciudadanos de la Unión tienen un derecho a la seguridad. 
Hoy estamos debatiendo acerca de cómo avanzar un paso más hacia esta Unión de seguridad. 
Estamos discutiendo esto con ocasión de las medidas sobre el blanqueo de dinero. 
Puesto que el dinero es el motor de la delincuencia organizada, las medidas que estamos discutiendo hoy para combatir el lavado de dinero a nivel mundial forman parte de nuestra lucha contra esta delincuencia organizada. 
La delincuencia organizada- esto se ha dicho ya de muchas maneras y lo sabemos- obtiene ganancias gigantescas del narcotráfico, del tráfico de personas, de la proliferación, del contrabando de vehículos a motor, de muchos ámbitos de negocio hasta el comercio de obras de arte. 
Sin embargo, todo este dinero, obtenido de manera ilegal, se introduce, una vez blanqueado, en el circuito legal de la economía. 
Éste es también el objetivo de la delincuencia organizada y de esta manera la delincuencia organizada y el dinero blanqueado dañan la economía legal de la Unión Europea. 
La economía se vuelve objeto de dramáticas infiltraciones. Por esta razón revisten una importancia tan grande estas medidas encaminadas a la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Sin embargo, sólo podremos abarcar la totalidad si disponemos de una combinación de varios instrumentos orientados a la lucha contra el blanqueo del dinero. 
El primero es el desarrollo de la competencia de Europol. 
Sabemos que Europol tiene competencias, pero ahora se le suma el blanqueo de dinero como un ámbito de competencia autónomo. 
Esto es bueno. 
Sin embargo, no debemos olvidar dotar a Europol con suficiente personal y dinero para que Europol pueda asumir luego de manera fáctica estas competencias que le transferimos. 
También quiero aprovechar esta ocasión para instar, como los colegas que me han precedido, a que se remueva de una vez por todas la importante anomalía y a que Europol se someta al control al que están sometidas también otras instituciones de la Unión Europea. 
La segunda medida, el segundo instrumento, es la armonización. 
Europol, con sus competencias, sólo tendrá sentido si logramos producir la armonización en el ámbito de las disposiciones formales y materiales en materia de Derecho penal, en lo que respecta a la tipificación de la figura punible, a la proporción de la pena o a la confiscación de las ganancias obtenidas de los actos delictivos. 
El tercer punto, completamente esencial, es que se consiga también el mejoramiento de la asistencia judicial. 
Nuestra colega, la Sra. Palacio, ha aludido con insistencia a la importancia de vincular también aquí a los grupos profesionales pertinentes y de poner en claro a los Estados miembros que es preciso colocar los intereses europeos por encima de los intereses nacionales. 
El último punto para mí- y lo añado a los demás- es la creación de EUROJUST o de la oficina provisional, pues con ellas se trata de conseguir una mejor coordinación en las diligencias y en las medidas de persecución penal. 
La Unión Europea, nosotros, el Parlamento Europeo, acometen una nueva posibilidad en la lucha contra esta delincuencia organizada, que nos ocupa tanto. 
Con esto la Unión coloca una piedra más en el camino que va desde la Unión económica a la Unión de la seguridad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la evolución de la economía y el fenómeno de la mundialización han ido acompañados en los últimos años de un aumento de la delincuencia internacional. 
Según las Naciones Unidas, el volumen anual de capitales reciclados mediante operaciones de blanqueo de capitales ascenderá a un billón de dólares. 
En la Unión Europea, debemos seguir llevando a cabo una lucha tenaz contra el blanqueo de capitales, conscientes de que, sobre todo después de la creación del Mercado Único y la liberalización de los mercados de capitales y de los servicios financieros, se impone una cooperación policial y judicial efectiva entre los Estados miembros, tan eficaz como sea posible. 
Hoy debatimos tres informes que reconocen que el blanqueo de capitales está en el centro de la delincuencia organizada, por lo que se debe erradicar dondequiera que ocurra. 
De ese modo, el informe Marinho propone que se garantice la adopción de medidas concretas para descubrir, congelar, aprehender y confiscar los productos del delito, imponiendo una movilización conjunta de los recursos policiales y judiciales a fin de garantizar que los delincuentes o los productos del delito no puedan ocultarse en la Unión Europea. 
Convengo con lo esencial del informe, pero tengo dudas sobre la propuesta del ponente al pretender que se aplique esta Decisión-marco también a pequeños delitos. 
Lo que se pretende con esta Declaración-marco es luchar contra los grandes delitos que dan lugar al blanqueo de capitales y no pequeños delitos con tipificaciones penales inferiores, que, si se incluyeran en el ámbito de esta Decisión-marco, podrían llegar a desvirtuar su objetivo. 
El informe Karamanou pretende hacer extensivas las competencias de EUROPOL al delito de blanqueo de capitales, reforzando la cooperación policial y dotando a EUROPOL de instrumentos más eficaces. 
Se trata de una iniciativa portuguesa que ya han elogiado varios oradores anteriores. 
Y, por último, el informe Roure pretende suprimir un elevado número de obstáculos jurídicos a la ayuda judicial mutua, al tiempo que prevé la adopción de medidas prácticas destinadas a reforzarlo. 
En cuanto a este informe, me gustaría que se mantuviera la orientación ya votada por este Pleno, con ocasión de la aprobación del informe Lehne sobre el blanqueo de capitales, respecto del secreto profesional de los abogados. 
Como aquí reconocemos, el secreto profesional es un elemento indispensable en la administración de justicia, pues cualquier violación de ese derecho podría entrañar la violación de las libertades civiles de los ciudadanos. 
Señor Presidente, debo comenzar informando a la Asamblea de que soy abogado de profesión, aunque mi inscripción en el Colegio de Abogados de Portugal esté suspendida a solicitud mía. 
Así, pues, voy a intervenir sólo en esta perspectiva concreta, pues creo que la enmienda del artículo 3 en el informe Roure que estamos debatiendo entraña, incluso en la redacción de la transacción, una embestida inaceptable contra el secreto profesional del abogado. 
El secreto profesional es el presupuesto, el correlato y la consecuencia de una relación de confianza establecida entre el abogado y su cliente, independientemente de la existencia del mandato forense, pues se desprende del simple hecho de que con él el cliente se asesora o incluso lo toma como simple confidente. 
La recién aprobada Carta de Derechos Fundamentales establece, en el artículo 47, que toda persona tiene derecho a ser asesorada, defendida y representada en juicio y, en el artículo 48, que se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de defensa. 
Desde ese punto de vista, el secreto profesional es un deber inalienable del abogado. 
¿Adónde iríamos a parar si, en ese marco, el abogado no estuviera obligado a ese secreto o debiera convertirse de defensor en delator? 
El abogado no tiene que soportar la carga de la ineficacia o la impotencia de las autoridades a las que incumbe la investigación de los delitos de blanqueo o de otros delitos cualesquiera. 
Ahora bien, en cuanto a la situación de transacción a ese respecto, una de dos: o el artículo de que se trata se refiere a las personas que se dedican a determinadas actividades y no debe hablar de abogados ni de otras categorías profesionales o el hecho de que ese artículo se refiera a "los abogados" configura una situación que, por sí sola, entraña una amenaza para el secreto profesional, por mucho que especifique o delimite las actividades a que se refiere. 
Como consultor financiero, nada autoriza a suponer que el abogado, como tal, no esté ejerciendo su profesión. 
Para concluir, me limito, señor Presidente, a reiterar la posición del Colegio de Abogados de mi país a ese respecto y que es extraordinariamente clara: el secreto profesional constituye la piedra angular y el presupuesto de la profesión de abogado, el abogado que sea acusado de autoría o complicidad en un acto delictivo habrá de ser objeto de persecución, como cualquier otro ciudadano, pero a ningún abogado se le puede imponer la declaración o denuncia de hechos cuyo conocimiento sea consecuencia del ejercicio de su actividad. 
Al abogado le está prohibido todo lo que no responda al respeto estricto de la legalidad. 
El Colegio de Abogados tiene la autoridad decisiva y última en materia de secreto profesional y corresponde a ese órgano autorizar- excepcionalmente- o no la revelación de hechos a solicitud de la autoridad judicial. 
Por todas estas razones votaré, señor Presidente, en contra de la enmienda del artículo 3, incluso en la redacción de transacción que figura en la propuesta legislativa. 
Señor Presidente, Señorías, conforme han subrayado varios oradores, en este momento tenemos ante nosotros tres instrumentos jurídicos relativos a una actividad que está en el núcleo de la delincuencia organizada, es decir, el blanqueo de capitales, y que representa al mismo tiempo la mayor vulnerabilidad de dicha delincuencia organizada, porque la actividad de blanqueo de capitales es el punto en el que el producto de las actividades ilícitas intenta entrar en el sistema legal. 
Y ahí es donde los Estados, mediante la cooperación policial y judicial, pueden intervenir con mayor eficacia para luchar contra la delincuencia organizada. 
Ésa fue la voluntad política expresada por los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, cuando pidieron una acción concreta de lucha contra el blanqueo de capitales. 
Y ése fue el objeto de la reunión conjunta del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior y del Consejo ECOFIN del pasado día 17 de octubre. 
La Comisión se congratula de que se celebrara esa reunión y apoya la iniciativa francesa de aprobación de una Decisión-marco del Consejo relativa al blanqueo de capitales, la identificación, descubrimiento, congelación, aprehensión y pérdida de instrumentos y productos del delito. 
Estamos convencidos de que esta Decisión-marco constituirá un avance importante al permitir establecer sanciones comunes para todos los países de la Unión Europea. 
Eso significa que, con esta Decisión-marco, pasaremos a tener dos instrumentos jurídicos que establecen, para dos tipos de infracciones, no sólo incriminaciones comunes, sino también sanciones de carácter común. 
Me refiero a la Decisión-marco de la protección del euro y ahora la Decisión-marco contra el blanqueo de capitales. 
Por eso, quisiera felicitar al Sr. Luis Marinho por su excelente informe y decir que comparto sus preocupaciones, en el sentido de que lleguemos cada vez más lejos en la definición de las infracciones de blanqueo de capitales que deben originar la adopción de sanciones comunes en el nivel europeo. 
Creo que, en particular cuando Su Señoría sugiere que debería haber infracciones comunes para los casos que están menos severamente castigados o para otros actos ilícitos establecidos en el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo de capitales, deberíamos reflexionar sobre esa perspectiva no de inmediato, sino a partir de la evaluación de los resultados concretos obtenidos en la aplicación de la acción común que se decidió en diciembre de 1998 y que en este momento aún no ha surtido todos sus efectos. 
Del mismo modo, quisiera solicitar a la Asamblea que, si fuera posible hacer, a la luz de las enmiendas propuestas, una nueva revisión de las fechas previstas para la aprobación de las normas internas de transposición de esta Decisión-marco, quisiera- repito- pedir al Parlamento que se revisara la fecha de 31 de diciembre de 2002, para que la Comisión pueda presentar un informe de evaluación de la transposición de la Decisión-marco en el ordenamiento jurídico interno, porque, con las nuevas fechas propuestas por el ponente, eso significaría que el 31 de diciembre de 2002 es el límite de transposición por los Estados miembros a su ordenamiento interno. 
Por último, en cuanto a la cuestión de los motivos de rechazo de la cooperación judicial penal establecidos en el artículo 18 del Convenio de 1990, estamos de acuerdo con que se revisen en el sentido de limitar aún más las condiciones en que se pueda recurrir al rechazo de la cooperación judicial, como se dice en el informe de la Sra. Roure, al que me referiré más adelante. 
Del mismo modo, quisiera felicitar a la Sra. Roure por su informe sobre la iniciativa de la Presidencia francesa de un convenio relativo a la mejora de la asistencia judicial mutua en materia penal, en particular en la esfera de la lucha contra la delincuencia organizada, y recordar que se debe leer ese convenio en estrecha coordinación con el proyecto de directiva que se está debatiendo en el Consejo de Economía y Hacienda de revisión de la Directiva de 10 de junio de 1991 sobre el blanqueo de capitales y con el debate que ya celebró el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior con vistas a rechazar la inviolabilidad del secreto fiscal y del secreto bancario en un proceso penal para impedir la cooperación judicial en la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Por parte de la Comisión- y esperamos el dictamen del Parlamento Europeo al respecto -, consideramos que las decisiones sobre la no invocación de los secretos fiscal y bancario como impedimentos a la persecución de los delitos de blanqueo de capitales son instrumentos esenciales para garantizar el éxito de la legislación en el nivel europeo. 
En relación con la propuesta de la Sra. Roure, quisiera que ésta reflexionara sobre este argumento: me parece más eficaz decir que el rechazo de la cooperación en materia judicial por el Estado requerido debe ser comunicado al Estado requiriente inmediatamente que imponer un plazo de dos meses. 
En mi interpretación, "inmediatamente" es más exigente que conceder un plazo de dos meses para el rechazo de la cooperación. 
Del mismo modo, quisiera decir que soy consciente de la delicadeza de la cuestión planteada por varios de Sus Señorías sobre las condiciones en que la confidencialidad de las profesiones jurídicas puede constituir un rechazo fundamentado a la cooperación en materia judicial en la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Como saben Sus Señorías, esa cuestión no es competencia del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, es competencia del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda y yo estoy esperando aún el dictamen del Parlamento Europeo a ese respecto. 
Lo que quisiera subrayar hoy aquí, desde mi perspectiva, no sólo es que ese dictamen debe consagrar una norma clara y no ambigua sobre las garantías de defensa de los acusados y sobre las condiciones en que se puede ejercer legítimamente el secreto de las profesiones jurídicas- y de abogado, en particular -, sino que, además, y sobre todo, me parece digno de subrayar que se debería acoger la misma definición en todos los instrumentos jurídicos. 
Es decir, que la definición que adopte este Parlamento en su dictamen sobre la directiva relativa al blanqueo de capitales sea la misma solución jurídica que se adopte aquí cuando se haga referencia al Convenio relativo a la asistencia judicial mutua en materia penal, porque fórmulas diferentes en los dos instrumentos sólo contribuirían a aumentar la confusión de la interpretación y a dificultades de aplicación práctica. 
Por último, la Comisión toma también nota con satisfacción del apoyo que el Parlamento da a la ampliación de las competencias de EUROPOL a todas las formas de blanqueo de capitales. 
El informe Karamanou, por el que también yo quisiera felicitar a la ponente, propone diversas enmiendas en lo relativo al fortalecimiento del control democrático y judicial de EUROPOL. 
Sus Señorías saben lo importante que considero yo la cuestión del control democrático y del control judicial de EUROPOL. 
Con todo, considero, para ser sincero, que esta iniciativa no es la ocasión adecuada para adoptar decisiones a ese respecto. 
Al contrario, la Comisión, en el marco de la labor prevista en el grupo de evaluación para la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, el llamado score board, está examinando en este momento la forma mejor de adoptar un instrumento jurídico que permita la comunitarización de EUROPOL y no sólo la adopción de medidas parciales en el ámbito del Convenio EUROPOL. 
La forma mejor de fortalecer el control parlamentario y el control judicial de EUROPOL es la integración plena del Convenio EUROPOL en el marco jurídico de la Unión Europea. 
Del mismo modo, dudo que sea una buena política la de recurrir al mecanismo de la letra d) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado para la entrada en vigor de esa enmienda del Convenio EUROPOL. 
Nos parece que la ampliación de las competencias de EUROPOL se debería hacer al mismo tiempo en todos los Estados miembros y no de forma diferida en el tiempo, lo que podría acarrear una mayor confusión. 
Señor Presidente, la Comisión se congratula de que el Parlamento esté en condiciones de apoyar estas tres iniciativas, todas ellas, por lo demás, importantes para fortalecer una estrategia de acción en la lucha contra el blanqueo de capitales y esperamos que los Estados miembros correspondan no sólo con una rápida aprobación en el Consejo, sino también, y sobre todo, con una rápida ratificación de los convenios de que se trata para su entrada en vigor en los respectivos ordenamientos jurídicos internos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Unidad provisional de cooperación judicial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0317/2000) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre una iniciativa de la República Portuguesa, la República Francesa, el Reino de Suecia y el Reino de Bélgica con vistas a la adopción de la decisión del Consejo por la que se crea una Unidad provisional de cooperación judicial (10356/2000- C5-0395/2000- 2000/0816 (CNS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el precio de la libertad implica con frecuencia que a la hora de perseguir a los malhechores el estado democrático de derecho no consigue atraparlos. 
Esto es cierto, especialmente, en el caso de delitos graves, de delitos de especial gravedad y de carácter transfronterizo. 
La delincuencia organizada es especialmente difícil de dominar pues las posibilidades no están distribuidas de igual manera. 
Los delincuentes no tienen consideración ni límites, no conocen las limitaciones ni las normas. 
Sus perseguidores están atados por buenas razones por los procedimientos del estado de Derecho. 
Puede que ésta sea una imagen triste, pero tenemos motivos de esperanza. 
La Unión Europea está realizando avances en la lucha contra la delincuencia grave. 
Tiene buenas posibilidades de recuperar la ventaja que llevan muchos malhechores y de aplicarles la pena justa. 
Las ciudadanas y los ciudadanos pueden exigir esto y, sobre todo, esperan que esto se haga en un ámbito en el que crezcan juntos el derecho y la libertad y les brinde protección y seguridad incluso en lo que se refiere a los bienes materiales. 
Un paso en la dirección correcta que el Parlamento Europeo intenta dar desde hace tiempo es la creación de una unidad provisional de cooperación judicial. 
En mi opinión, el adjetivo "provisional" debería desaparecer lo antes posible y crear espacio para EUROJUST como un organismo eficaz de persecución penal. 
El impulso lo dio la Ministra de Justicia, por cuya sugerencia hace más de un año la cumbre de Tampere acordó la creación de Eurojust. 
Entretanto, Portugal, Francia, Suecia y Bélgica han hecho avanzar el tema con su iniciativa a favor de una unidad provisional de cooperación judicial. 
La intención de Tampere es reforzar con Eurojust la cooperación de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Los fiscales, jueces y funcionarios de policía, enviados desde los Estados miembros, deberán coordinar por encima de las fronteras los ministerios públicos nacionales y apoyar las investigaciones penales en relación con la delincuencia organizada. 
Se ha previsto una estrecha cooperación con Europa y con la red judicial europea. 
Debe abarcar, en interés de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión, todo el espectro de la delincuencia grave y transfronteriza. 
Por esta razón he propuesto como ampliación del fundamento jurídico el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea. 
La comisión competente me ha apoyado y las señales que proceden del Consejo son, afortunadamente, positivas. 
También deberíamos ser unánimes en otro aspecto. 
La unidad provisional, de la que estamos hablando ahora, no puede ser sino el primer paso en el camino que conduce a través de Eurojust hacia un auténtico Ministerio Público europeo. 
Esto no es solamente necesario desde el punto de vista organizativo para poder luchar con seguridad contra los delitos graves. 
Se requiere también por razones del estado de Derecho. 
En conjunto, la tarea es tan grande y tan importante que no puede ser desempeñada únicamente por el Consejo. 
Al acuerdo del Consejo de Tampere hay que añadir la competencia y la experiencia de la Comisión así como la voluntad política del Parlamento Europeo. 
Si el Consejo, la Comisión y el Parlamento tiran juntos de la misma cuerda en la misma dirección se producirá al final una considerable plusvalía en derecho y seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos de Europa. 
Creo que con el acuerdo de Tampere y con la iniciativa de los cuatro Estados miembros tenemos un buen comienzo. 
Permitan que sigamos trabajando conjuntamente sobre esta base. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, quiero efusivamente felicitar a la Sra. Gebhardt por su modo de conducir este informe y subrayar algo que ella ha dicho: esperamos que el adjetivo provisional deje pronto de figurar junto a esta unidad de Eurojust. 
Señor Presidente, relacionando este debate con el anterior, tenemos aquí evidentemente un nuevo ejemplo de cómo ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia ha crecido de forma asimétrica. 
Espacio de libertad, pero las libertades, las garantías para los ciudadanos están prácticamente inéditas. 
Está mucho más desarrollado el espacio de seguridad, con el desarrollo desde hace años de Europol al que hoy hemos venido a añadir la lucha contra el crimen organizado; pero esto es la función represiva del Estado. 
Queda, y es urgente, desarrollar el aspecto de la justicia, que es la única manera de establecer un contrapeso entre esa función represora del Estado y la función de administrar justicia o, como muy bien ha dicho la Sra. Gebhardt, de dar una seguridad jurídica fundamental a los ciudadanos europeos. 
El informe de la Sra. Gebhardt hace especial hincapié en estos tres puntos. 
Establece mayores garantías, es decir, va en el sentido de la creación de ese espacio de libertades, como lo ponen de manifiesto la enmienda tres o la enmienda cinco, que velan por que los datos personales de los ciudadanos, de los encausados, de los procesados se cuiden con esmerado cuidado, y la enmienda diez, que vela por que, únicamente cuando la legislación del Estado miembro lo permita, pueda un funcionario de policía formar parte de esta primera unidad. 
Éste es el sentido de las garantías, es decir, hacer progresar esa vertiente de las libertades. 
Pero también las enmiendas de la Sra. Gebhardt van en el sentido de la eficacia: ser más eficaces, más razonablemente eficaces. 
Así lo hace, por ejemplo, su enmienda nueve, que tiende a que en el futuro se tenga en cuenta esta iniciativa para las decisiones finales que se tomen sobre la unidad Eurojust. 
Por último, creo que hay un intento de ser más consecuentes con esa proclama de crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. El informe de la Sra. Gebhardt tiene esa idea muy clara. 
De ahí que haya modificaciones que a muchos les parecerán sencillamente de apariencia en las que, sin embargo, las palabras traicionan lo que hay detrás: en vez de contribuir en el marco del respeto se hace hincapié en la estrecha colaboración; en vez de coordinación, se habla de acciones comunes; se da un paso más allá. 
Señor Presidente, de nuevo volvemos al debate anterior; si hemos de construir este espacio tenemos que establecer, que reforzar la confianza mutua entre los Estados, que llevó a establecer reglas comunes en el mercado interior. 
Ahora esa confianza mutua tiene que dar un salto y comprendemos que es un salto cualitativo desde el punto de vista de las culturas nacionales. 
Esa confianza mutua tiene que llegar a ese espacio de la justicia y de ahí ir al reconocimiento mutuo. 
No puede haber reconocimiento mutuo si no hay esa confianza mutua de Estados fundadora. 
En el debate anterior, hace un momento, el Comisario Vitorino lo resaltaba muy bien llamándolo por su nombre: la razón de Estado. 
No se puede excluir la cooperación en el interior de la Unión Europea alegando razones de Estado; tendrán que darse un trato igual. 
Además ése es el sentido de extrapolar los principios que han servido para construir el mercado interior: no discriminación por razón de nacionalidad. 
Si nosotros, de acuerdo con el Estado del que somos nacionales, damos determinadas informaciones a un juez nacional, evidentemente, si queremos ser consecuentes con la idea de construir ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia, se las tenemos que dar a un juez de la Unión Europea cuando nos las pida, porque ésa es la única forma en que vamos a plasmar esa confianza mutua entre los Estados de una manera que llegue a los ciudadanos. 
Señor Presidente, me parece, y concluyo con ello, que éste es un paso, un paso tímido, que esperamos que pronto se consolide en esa red de Eurojust, que deje ya de ser provisional y se convierta en un red definitiva. 
Queridos colegas, aunque la necesidad de una futura fiscalía europea se plantee como un problema a plazo, la necesidad de armonizar nuestras políticas en materia de protección de los derechos de los ciudadanos y de contar con un auténtico procedimiento penal me parece más que primordial. 
En efecto, ¿cómo crear una fiscalía europea sin un código civil comunitario, y, más aún, sin un código penal europeo? 
Aunque ese hecho no obstaculice directamente la iniciativa de la creación de Eurojust, resulta que existe efectivamente una institución cuyo control no ha sido todavía asumido por el Parlamento Europeo y sobre la cual no se aplica el control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de conformidad con el artículo 35 del Tratado. 
¿Cómo pensar en la creación de Eurojust cuando Europol ya funciona como un electrón libre? 
Debemos tener presentes dos puntos: no podemos pensar en una mejora efectiva de la cooperación judicial entre Estados miembros sin que esté claramente supeditada a la protección de los derechos de defensa en las actuaciones judiciales que afectan a varios Estados miembros. 
Este es el sentido de nuestras enmiendas. 
Por consiguiente hace falta reforzar los derechos de los ciudadanos adoptando un instrumento eficaz y reconocer la competencia del Tribunal de Justicia, en particular en cuanto a su derecho de interpretación y a su poder de decidir o no. 
Por otra parte, las lagunas de las nuevas investigaciones para luchar contra el crimen organizado radican en la repartición de las competencias entre Europol y Eurojust, que en ningún caso y en ningún punto se plantean claramente. 
Ahora bien, como saben, la cuestión de la competencia y de sus límites es el núcleo de esa armonización comunitaria para una justicia mejorada. 
La repartición clara de los ámbitos de intervención entre la cooperación judicial y la cooperación policial es no sólo necesaria para evitar cualquier conflicto de competencia, sino también fundamental para garantizar el ejercicio de las reglas democráticas que sustentan el Estado de Derecho. 
Los países miembros de la Comunidad Europea se adhieren a ellas sobre la base de su sistema legislativo, ejecutivo y judicial, de acuerdo con el principio de los derechos fundamentales y de los valores comunes. 
Eurojust debe por lo tanto respetar la relación entre cooperación judicial y cooperación policial. 
El Parlamento Europeo es la instancia supranacional comunitaria capacitada para establecer esa relación, y con esta intervención les propongo por lo tanto que respalden ese derecho apoyando a nuestra ponente 
Señor Presidente, deseo unirme a mis otros colegas para felicitar a la ponente por trabajo, si bien no puedo coincidir plenamente ni prestar mi apoyo a todas las propuestas. 
En la Unión Europea hemos avanzando progresivamente hacia una cooperación y coordinación más estrechas, como la Sra. Palacio acaba de señalar, en ámbitos como el mercado único y el medioambiental. 
Sin embargo, han surgido dificultades en todo el ámbito de asuntos policiales y judiciales, en particular como consecuencia del miedo o la falta de confianza con respecto a la eficacia o a la capacidad de las diversas fuerzas policiales o de las distintas organizaciones jurisdiccionales para hacer frente a la gran cantidad de delitos que ahora estamos poniendo de relieve a nivel transfronterizo. 
Así, uno de las propuestas surgidas de la cumbre de Tampere fue el establecimiento de Eurojust. 
Si bien no pongo ningún reparo a permitir que los órganos jurisdiccionales y los juristas de los Estados miembros intercambien información, cooperen, se reúnan y pongan en común las prácticas de cada uno, sí me plantea dificultades la conclusión final de todo este debate, que culminará con el nombramiento del Fiscal Europeo. 
Aunque estamos convencidos de que el área de competencias de un Fiscal Europeo será limitada, ello no significa que se acaben los problemas, puesto que dentro de la Unión Europea tenemos diferentes sistemas jurídicos. 
Por ejemplo, el código penal irlandés y el del Reino Unido están basados en el sistema del Derecho común, mientras que en la mayor parte de países europeos se sustenta sobre la base del viejo Derecho romano o del Derecho civil. 
Existen entre ellos enormes diferencias que se ponen de manifiesto de forma cotidiana en Europol e Interpol, en las que hay una falta de certidumbre y muchas discusiones entre las policías de los Estados miembros acerca de qué pueda hacerse y qué puede conseguirse. 
Asimismo, también hay preocupación en el seno de los Estados miembros, por lo que sé desde un punto de vista irlandés: me he ocupado de dieciséis casos de personas que han sido detenidas en España. 
No pudimos conseguir que los agentes de Europol o de Interpol intervinieran en este país, y no se comprendió la necesidad de que una persona fuera llevada a juicio lo más rápido posible. 
Por tanto, al tiempo que presto mi apoyo a una mayor cooperación y coordinación, creo que hacer de ello un sistema jurídico sería una decisión equivocada y nos opondremos a ella. 
Señor Presidente, durante este período parcial de sesiones estamos llamados a pronunciarnos sobre numerosas propuestas que se refieren a la creación de un espacio de justicia y de seguridad. 
Omito la palabra "libertad" para tomar nota de la actitud del Consejo y de los Estados miembros- repito, del Consejo y de los Estados miembros- orientada a reforzar el marco represor europeo, y de la connivencia de este Parlamento que, sin la dignidad que una Institución elegida por los ciudadanos debería tener, está a punto de aprobar dichas propuestas. 
En cuanto al fondo, los diputados de la Lista Bonino no están dispuestos a apoyar la estrategia del Consejo que continúa escondiéndose detrás de propuestas aparentemente minimalistas pero que sientan las bases para un verdadero sistema judicial y de Derecho penal y procesal europeo, así como de policía y de represión europea: un sistema que se asienta en EUROJUST y en el fiscal único, en la red judicial europea, EUROPOL y en la task force de los jefes de policía, en el corpus juris, en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, en los convenios de asistencia judicial mutua, ENFOPOL, etcétera, en esta infinita tela de araña burocrática y de por sí antidemocrática. 
También nosotros, como la Sra. Palacio, esperamos que lo provisional desaparezca lo antes posible de esta Unidad de cooperación judicial, sin embargo, nosotros, los diputados radicales, no estamos dispuestos a repetir la experiencia que vivimos con EUROPOL, cuando a la creación de la unidad "droga" le siguió la creación de un superorganismo en continua evolución y expansión que se escapa del control democrático de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeos. 
Señorías, ¿están seguros de que los ciudadanos europeos, los parlamentos nacionales y ustedes mismos quieren perseguir una estrategia funcionalista en los ámbitos de la justicia y de la seguridad que son uno de los pilares de la democracia, o acaso no dudan de que al final las libertades y los derechos de los ciudadanos serán conculcados por Europa, en lugar de ser garantizados y potenciados por ella? 
En lo que se refiere a este informe, hemos presentado una sola enmienda que pide al Consejo que aclare cuál es el espacio de justicia europeo que se propone desarrollar y, en particular, qué nivel de armonización de las normas de Derecho penal y procesal se quiere alcanzar, qué instituciones y organismos se van a crear, con qué poderes y competencias, y qué tipo de cooperación se establecerá entre los mismos, qué control democrático se prevé y, por último, qué libertades y derechos se garantizarán a los ciudadanos. 
Sólo cuando el modelo institucional y las reglas que regirán el espacio de justicia europeo se aclaren, será posible para los ciudadanos y para el Parlamento pronunciarse sobre cada una de las medidas que nos propone el Consejo. 
Si no se marca un camino hacia un objetivo claro y concreto para todos, la Unión está destinada, en nuestra opinión, a la deriva institucional y democrática. 
En virtud de estas consideraciones, los diputados de la Lista Emma Bonino, en nombre de esos valores federalistas europeos, liberales y democráticos, votaremos en contra de esta propuesta y del informe que nos ocupa. 
Y durante este período parcial de sesiones ocurrirá lo mismo con relación a muchas otras propuestas e informes. 
Señor Presidente, quiero sumarme al grupo de los pocos que discrepan y advertir de la peligrosidad de las ideas, planes y proyectos presentes en esta avalancha de informes de índole político judicial que se someten hoy a debate, entre ellos, el informe de la Sra. Gebhardt. 
En la exposición de motivos de éste se describe de forma muy precisa que en la actualidad se está produciendo una institucionalización de la cooperación judicial, o mejor dicho, que se tiende a hacer ésta supranacional. 
Ésta es, como se dice de forma muy precisa en el informe, "el embrión de una futura fiscalía europea que fortalezca la parte judicial de la Unión Europea con relación al derecho penal", y se hace referencia a la elaboración de un Código Penal comunitario con sus instituciones, policía, fiscalía, enjuiciamiento, etc., correspondientes, como se aprobó, por ejemplo, a raíz del informe Wiebenga en 1999. 
No obstante, se cometen fallos fundamentales en dos ámbitos. 
En primer lugar, con respecto a la supranacionalización misma del Derecho penal. 
Los sistemas penales se cuentan entre las manifestaciones culturales más claras de una sociedad. 
Son las culturas judiciales las que aquí chocan, pues no existe un único derecho penal europeo ni un único ideario europeo en materia de política criminal- hay quince. 
Y la incorporación- institucionalización- de estos proyectos a la burocracia de la Unión Europea lleva aparejado la aparición de un sistema opaco y elitista que choca en muchos puntos con ideales fundamentales en materia de democracia y de seguridad jurídica. 
El segundo punto también resulta interesante. 
Se están produciendo diversas iniciativas muy decisivas encaminadas al establecimiento de los Estados Unidos de Europa. 
Así leemos interesantemente en el título: "La creación de Eurojust- una necesidad legal". 
¿De qué Estado de Derecho se habla? 
¿Se ha convertido la UE en un estado? 
Sí, está en vías de ello, pues ésta es precisamente la ambición, como queda manifestado muy claramente en el último párrafo de la primera parte de la exposición de motivos en el que se dice que la Unión Europea debe crear órganos provistos de un "equilibrio y un funcionamiento independiente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial", es decir, lo que caracteriza a un estado. 
Por estas dos razones no cabe esperar ninguna colaboración por parte de mi Grupo. 
Señor Presidente, se está creando el mayor territorio judicial del mundo. 
Nuestros valores comunes deben ser su fundamento y tiene que contar con vasto apoyo político. 
Celebro la propuesta para crear la primera unidad provisional Eurojust. 
De esta manera, por primera vez el Consejo ha dado un paso hacia la institucionalización de la cooperación judicial, cosa que el Grupo PPE-DE ha exigido desde hace mucho tiempo. 
El estado de derecho requiere que se refuerce la cooperación judicial en materia penal, como contrapeso a las potestades de Europol. 
Por este motivo, Europol es un paso lógico en el proceso para dotar a los ciudadanos de un alto nivel de seguridad en un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada. 
La misión principal de la unidad provisional debe ser la de facilitar la coordinación del trabajo de los fiscales nacionales y respaldar las investigaciones de los delitos cometidos por la delincuencia organizada. 
Con el fin de evitar conflictos de competencia, el cumplimiento de esta tarea exige estrecha y claramente regulada colaboración con Europol. 
La creación de la unidad provisional sólo es el primer paso. 
La ponente opina que las experiencias deberían facilitar la instauración de la segunda etapa de Eurojust, opinión que comparto. 
Otro asunto que debemos discutir es la instauración de una fiscalía europea. 
Creo que el papel de la futura fiscalía europea debe ser la lucha contra el fraude que amenaza los intereses financieros de la UE; este papel y no otro. 
Por eso, en atención al principio de subsidiariedad, rechazo la idea de un catálogo común de delitos y de que la UE pueda ser una instancia común para juzgar materias penales, en el evento que alguien, por alguna razón, considerase esto como posible. 
El Parlamento debe decidir hoy sobre una cooperación judicial estrecha para combatir la delincuencia organizada. 
Esto es algo provechoso y resulta satisfactorio comprobar que tiene tanto apoyo en este Parlamento. 
Celebro especialmente la iniciativa para fortalecer la protección de los datos personales. 
Felicito a la Sra. Gebhardt por este excelente trabajo. 
Para terminar, quisiera señalar algo que no debemos olvidar. 
Sin una cuota de cooperación no será posible conseguir un estado de derecho en una UE con libre circulación. 
Si deseamos mayor eficacia en la lucha contra el delito, habrá que fortalecer la protección a los derechos humanos, cosa que deberá fundamentarse en principios jurídicos comunes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Sra. Gebhardt merece una felicitación por el excelente informe que presenta, en consonancia con una de las decisiones adoptadas en el Consejo de Tampere. 
Es justa la crítica de que, respecto de la cooperación policial, esta cooperación judicial comenzó tarde, en particular teniendo en cuenta las enormes proporciones que la delincuencia organizada y transfronteriza ha ido adquiriendo y que imponen una acción rápida, común y concertada. 
La creación de EUROJUST se enmarca en el dispositivo europeo de lucha contra la delincuencia organizada que pretende fortalecer y garantizar el desarrollo equilibrado de la cooperación policial y judicial en la Unión Europea. 
Así, la propuesta que está hoy sobre la mesa de que se instituya una unidad provisional de cooperación judicial debe ser considerada una primera fase del proceso de creación de EUROJUST. 
En su acción deberá fortalecer la buena coordinación y la estrecha cooperación entre las autoridades nacionales competentes para las acciones de investigación e instauración de procesos cuando afecten a dos o más Estados miembros y el caso requiera una acción común, respetando siempre la legislación nacional de cada Estado miembro. 
La experiencia recogida en el ámbito del funcionamiento de esa unidad provisional deberá servir de base para la elaboración de la decisión mediante la cual se creará EUROJUST. 
Y, en el marco del deseado fortalecimiento de los poderes de EUROPOL, este Parlamento ha venido señalando la necesidad de que se ejerza el control democrático. 
EUROJUST deberá funcionar, también a ese respecto, con el fortalecimiento de su control jurisdiccional. 
El Comisario António Vitorino acabó el debate anterior señalando a nuestra atención la iniciativa en curso de una medida encaminada a la comunitarización de EUROPOL: esperamos con ansiedad la presentación de esa propuesta para entonces pronunciarnos sobre ella. 
. (FR) Señor Presidente, quisiera para empezar, muy brevemente, felicitar a la Sra. Gebhardt por su excelente informe y decir que la Comisión está conforme con la casi totalidad de los elementos que sustentaron sus reflexiones. 
Voy a aprovechar esta oportunidad- puesto que varios diputados han planteado cuestiones muy delicadas- para decirles muy francamente, como lo acaba de señalar el Sr. Coelho, que esta iniciativa nos parece ser ante todo una primera iniciativa que muestra la voluntad política del Consejo de superar el retraso en materia de cooperación judicial, con relación a la cooperación policial. 
Y les digo muy francamente que no puedo entender como se puede tachar esa iniciativa de cooperación judicial en el marco de Eurojust de atentado o amenaza contra la garantía y la protección de los derechos fundamentales. 
En efecto es necesario aclararlo. 
O nos suscribimos al modelo de democracia que conocemos, basado en la separación de los poderes, que reconoce que los tribunales son las instancias supremas garantes de los derechos individuales, y admitimos que la cooperación judicial europea en el ámbito penal consiste precisamente en reforzar la coordinación de los tribunales europeos en su papel de protección de los derechos fundamentales. Es el modelo al cual me adhiero. 
No pretendemos armonizar brutalmente el derecho penal europeo. 
Lo que se nos pidió en Tampere, es adoptar reglas transnacionales para luchar contra delitos transnacionales, en esos ámbitos donde se reconoce que la transnacionalidad, o si prefieren la supranacionalidad, de los instrumentos jurídicos es un valor añadido para luchar contra manifestaciones ilícitas y criminales que son, por su naturaleza misma, supranacionales. 
Los criminales no deben de tener ninguna duda sobre esa naturaleza supranacional. 
Cuando, en Tampere, se nos pidieron reglas comunes en materia de inculpación y de sanciones para los crímenes contra el medio ambiente, el trafico de drogas, el trafico de seres humanos, la pornografía pedófila, el terrorismo o los delitos cibernéticos, es porque se reconocía que son actividades criminales supranacionales a las cuales hace falta responder con instrumentos supranacionales. 
Pero dado que con Eurojust, se plantea la coordinación de los fiscales y de los magistrados nacionales para luchar contra todas las formas de delitos graves- y en eso estoy de acuerdo con el enfoque de la ponente- se amplia el concepto: ya no se habla solamente de cooperación para los delitos puramente transnacionales, se habla también de cooperación para la represión de las actividades criminales. 
Podría ser el caso, por ejemplo, de un criminal que comete un crimen en un Estado miembro y huye a otro Estado miembro, si se trata de un crimen grave. 
Entramos así en el ámbito de la lucha contra la inseguridad en un sentido global, pero dentro del respeto, no solamente de las leyes sustantivas, sino también de los procedimientos nacionales. 
Eso significa que cada magistrado actúa de conformidad con su legislación nacional y que las competencias para intervenir y luchar contra ese tipo de delincuencia entran en el marco de la legislación nacional de cada Estado miembro. 
No veo por lo tanto donde se ubica, aquí, el nacimiento de un Big Brother judicial europeo. 
Ni siquiera veo en ello el nacimiento de un fiscal europeo, desafortunadamente, podría añadir. 
Porque, como saben, la Comisión ha propuesto la creación de un fiscal europeo, pero no en ese contexto, no para esas cuestiones. 
La propuesta de la Comisión es muy específica y ha sido sometida a quien corresponda: la Conferencia Intergubernamental. 
¿Que propuso la Comisión? 
La creación de un fiscal europeo para garantizar la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea. 
Ahí sí, se puede hablar de un fiscal europeo. 
Pero en cuanto a Eurojust, es una red de coordinación de la acción de los magistrados y de los fiscales nacionales cuyo objetivo es mejorar la capacidad de lucha contra las formas de delincuencia grave a escala europea. 
Por lo cual lo considero también como un instrumento importante para garantizar el control jurisdiccional de Europol. 
En efecto en Tampere se dijo claramente que Eurojust sería la contraparte judicial de Europol. 
Eso significa que las investigaciones y las actuaciones judiciales que pueden contar con la participación de Europol deben ser acompañadas, seguidas por Eurojust concebido como una red de magistrados y de fiscales a escala europea. 
Por eso hará falta definir claramente las relaciones mutuales entre Eurojust, Europol, la OLAF, como organismo especializado en la lucha contra el fraude, y la red judicial europea que ya existe. 
La Comisión acoge con satisfacción su informe, Señora Gebhardt. 
Espero que el Parlamento lo apruebe. 
Nosotros tendremos la oportunidad, a partir del 1 de enero de 2001, de adentrarnos en esa unidad provisional, pero la Comisión quiere celebrar un debate sobre lo que debe ser la unidad definitiva de Eurojust. 
Es por eso que presentaremos al Consejo y al Parlamento Europeo une propuesta de comunicación sobre la unidad definitiva de cooperación judicial, para disponer lo antes posible de un retrato, de una visión de lo que será luego la versión definitiva de esa red Eurojust. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0310/2000) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial nº 9/99 sobre las acciones de investigación en el ámbito de la agricultura y de la pesca: programa FAIR ("Fisheries, Agriculture& Agro-Industrial Research") , acompañado de las respuestas de la Comisión (C5-0227/2000- 2000/2133 (COS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, dentro de dos días debatiremos en este lugar otro importante tema, en concreto, el informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio presupuestario 1999, el primer presupuesto que, al menos en parte, abarca el periodo de la nueva Comisión. 
Mientras que en este informe la Comisión rendirá cuentas y deberá hacerse responsable, en el caso del programa FAIR se trata, por decirlo así, de una vieja carga de una era pasada. 
El programa FAIR relativo a la investigación en el ámbito de la pesca, de la agricultura y de la agro-industria formaba parte del IV Programa marco de investigación que se extendió desde 1994 a 1998. 
En total, en estos años se gastaron en el programa FAIR 660 millones de euros procedentes de los recursos comunitarios, que aunque representan una cantidad pequeña, comparada con la suma global del IV Programa marco que fue superior a los 11,8 millones de euros, no por eso deja de ser merecedora de ser investigada. 
He afirmado que el programa FAIR, analizado en el informe especial del Tribunal de Cuentas, es una carga del pasado. 
Se podría argumentar que el Parlamento no tiene por qué ocuparse más de estos temas obsoletos, pues ahora de todas maneras la nueva Comisión- tal como se dice- hace las cosas mejor. 
Pero no puedo permitir una argumentación así. En definitiva, como representantes de las ciudadanas y de los ciudadanos de Europa tenemos una función de control, que hemos de ejercer para seguir manteniendo nuestra credibilidad. 
Esta función incluye la tarea de revisión aunque en este caso llega realmente un poco tarde. 
Durante la redacción de mi informe he mantenido numerosas conversaciones, tanto con el Tribunal de Cuentas como con la Comisión y he reunido también a todas las partes alrededor de una mesa. 
En este pequeño dialogo a tres bandas- lo llamo así- se discutió de manera clara y sin tapujos. 
Mis preguntas fueron respondidas satisfactoriamente. 
Cada parte mantuvo sinceramente su posición, así lo creo, sin caer en enfrentamientos rígidos. 
Observé una atmósfera constructiva con la transparencia y flexibilidad, con frecuencia tan necesarias, y en ningún caso dos tortugas blindadas que estuvieran mudas frente a frente. 
Creo que se puede hablar absolutamente de una nueva cultura de cooperación que ha sido puesta en práctica por vez primera en esta forma. 
Por ello quiero dar expresamente las gracias al Tribunal de Cuentas y a la Comisión. 
La actitud del inspeccionado hacia el inspector ha mejorado. 
En definitiva, los controles tampoco se realizan por el control mismo, sino para lograr una mejora. 
Quiero decir que en última instancia todos estamos tirando de una soga, los inspectores y los inspeccionados. 
¿Para qué? Para lograr en el futuro una mejor utilización de los recursos europeos. 
Éste es, a fin de cuentas, un informe equilibrado y que argumenta de manera conciliadora. Ciertamente, hay algunos puntos que deben ser comentados y también criticados. 
A esto sumo yo mi esperanza de que la Comisión cumpla sus promesas y que en el V Programa marco de investigación emprenda las mejoras oportunas. 
¿Cuáles son los puntos centrales de mi crítica? 
Por un lado, la larga duración de todo el procedimiento de control. En su versión práctica no es aceptable así. 
Lo digo con toda claridad y ustedes lo saben. 
Es sencillamente imposible que entre el comienzo de la investigación y la entrega del al Parlamento transcurran dos años. 
Por consiguiente, es preciso garantizar un poco de actualidad. 
No se trata de la ejecución de los controles, los cuales requieren su tiempo, sino que se trata del procedimiento contradictorio y también, eventualmente, de la publicación. 
Por lo tanto, es preciso actuar. Es necesario encontrar urgentemente modalidades que permitan publicar el informe en un tiempo prudencial. 
Mi pregunta a la Comisión a este respecto ha mostrado maneras de proceder, pero lamentablemente hasta ahora no ha podido configurarse ningún resultado aprovechable. 
De cara a la importancia del Programa de investigación para la agricultura y la pesca, es lamentable que se hayan constatado algunos problemas que se refieren a la organización del programa. 
Así, por ejemplo, queda poco clara la descripción de los criterios de selección, su aplicación no es consecuente, de manera que la selección de los proyectos subvencionados ha sido, en parte, incomprensible. 
A esto se han añadido errores en los gastos certificados, posibilidades de sanción insuficientes así como conexiones, dudosas en mi opinión, entre los expertos y algunas organizaciones participantes en las propuestas de investigación. 
Pero, sobre todo, es preciso señalar que la cooperación de las direcciones generales participantes. Investigación, Agricultura y Pesca, no ha sido satisfactoria y deberá ser configurada de manera más eficaz en el futuro. 
No obstante, y, en definitiva, en relación con mi ámbito de referencia, la pesca, deseo que las tres partes realicemos esfuerzos conjuntos a fin de que en el futuro podamos garantizar un desarrollo positivo. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Pesca ha sido más bien breve, en cualquier caso. 
Los problemas surgidos con los gastos no preocuparon excesivamente a la Comisión de Pesca, aunque sí prestaron más atención a otras cuestiones. 
El Tribunal de Cuentas presentó un informe constructivo y bien fundado, pero después de debatir en la Comisión, examinar a fondo los problemas y escuchar las diversas explicaciones, nos quedamos algo más satisfechos de que los problemas surgidos no fueran predecibles, pero sí subsanables. 
El importe de todos ellos no era despreciable- 600 millones de euros -, pero no obstante había cerca de 600 proyectos entre los que se distribuyó muy ampliamente el dinero, lo que hacía muy difícil que, con sus limitaciones de personal y de recursos, la Comisión pudiera controlar rigurosamente su concreto desarrollo. 
Al igual que ocurre con otros muchos capítulos del presupuesto, cerca del 80% de todos los gastos venían referidos a organismos públicos de los Estados miembros de un tipo u otro. 
Este dinero no se estaba entregando a la industria, aunque parte de él sí. 
Una gran parte de estos gastos han sido supervisados por los Estados miembros. 
Acogemos con satisfacción el hecho de que se introduzca un cambio en la política mediante el nuevo programa, pasando de confiar el dinero a la clase política de los Directores Generales a entregárselo a quienes están comprometidos con la investigación. 
Podemos esperar un enfoque más constructivo de la investigación cuando éste es definido por quienes están interesados en la investigación y no por quienes gestionan las políticas, como en el caso de la agricultura. 
En términos generales quiero agradecer a la ponente por llamar la atención sobre los problemas de la cuestión y deseamos que el reorganizado programa sea más efectivo y depare resultados más satisfactorios. 
Acojo con satisfacción el informe presentado por la Sra. Langenhagen, cuyo contenido me alegra apoyar. 
El informe del Tribunal de Cuentas sobre el programa FAIR, en el que se basa el informe de la ponente, no se publicó hasta marzo de este año, aunque las cartas de sector se enviaron a la Comisión en diciembre de 1998 y febrero de 1999. 
Como la ponente ha señalado, resulta simplemente inaceptable. 
Es un retraso excesivo que socava la relevancia del trabajo del Parlamento en el examen de tales informes. 
Dicho retraso se debe al procedimiento contradictorio entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión que precede a la publicación de cualquier informe del Tribunal de Cuentas, procedimiento en virtud del cual la Comisión tiene derecho a que se publique su respuesta al mismo tiempo. 
Como consecuencia del retraso producido en este caso, la ponente pone acertadamente en tela de juicio el mantenimiento del procedimiento contradictorio en su modalidad actual. 
Este es un aspecto que trataré con toda seguridad en el informe que presentaré a este Parlamento en diciembre. 
Basta con señalar que necesitamos examinar una vez más el procedimiento en su conjunto, y no sólo por lo que respecta al informe anual del Tribunal de Cuentas que se publicará mañana, sino también a informes especiales como éste. 
El informe del Tribunal de Cuentas constató diversos problemas de importancia en la gestión del programa FAIR desde 1994 a 1998, incluida la falta de objetivos cuantitativos, lo cual hace difícil medir los resultados, la insuficiente transparencia en los procedimientos de selección y evaluación y la gestión por tres Direcciones Generales de las acciones llevadas a cabo en el marco del programa. 
Esto significaba que la gestión del programa adoleció de falta de claridad y homogeneidad. 
Resulta de todo punto inaceptable que no contemos con objetivos claros ni podamos medir los resultados, algo que no ocurriría en ninguna otra Institución. 
Esto es algo que ya viene de lejos. 
Sabemos que el cambio se aproxima, pero queremos que lo haga muy rápidamente. 
Un problema por resolver son los 3,4 millones de euros pendientes de recuperación, de los que un 92% han sido objeto de tres informes estudiados por los servicios jurídicos de la Comisión desde julio de 1996 y agosto de 1997 y cuyo plazo ya ha vencido. 
Es fundamental que la Comisión continúe su labor y recupere su dinero. 
En el futuro haremos un seguimiento de las recomendaciones de este informe y animaremos a la Comisión a que ponga las cosas en orden lo más pronto posible; de otro modo, en los informes de aprobación de la gestión de la Comisión se hará referencia a este y a otros informes especiales. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Sra. Langenhagen por su informe. 
Creo que la Sra. Langenhagen ha descrito claramente de todas las formas posibles los enormes problemas surgidos a la hora de poner en marcha los programas FAIR y de vigilar asimismo el funcionamiento de estos programas. 
A este respecto, me gustaría recalcar que considerando la enorme experiencia de la que dispone la Comisión no podemos aceptar que tantas de las cosas que hemos aprobado en las resoluciones no hayan sido llevadas a cabo. 
En nombre de la Comisión de Pesca, me gustaría destacar varios puntos. 
Antes de que se pongan en marcha nuevos programas, deben evaluarse los programas anteriores. 
Con ayuda de la investigación científica, que forma parte importante de nuestras políticas, en este caso, de la política pesquera, ha de llevarse a cabo un estudio previo de qué es lo que se quiere, y de cómo se emplearán los recursos de modo que siempre se puedan adaptar los recursos existentes a las técnicas y a las posibilidades de captura. 
Asimismo, en la Comisión de Pesca pensamos en vista de lo sucedido que cuando tres Directores Generales deben coordinar y dirigir las acciones, debe estar perfectamente claro qué Director General está al mando, quién es el responsable de que las cosas se lleven a cabo. 
Señor Presidente, estimados colegas, distinguido señor Comisario, quiero felicitar muy cordialmente a la ponente por este informe. 
Creo que es muy honesto, my prudente, muy equilibrado, inusitado y ha obtenido también en la comisión el pertinente apoyo por unanimidad. 
Quisiera destacar solamente unos pocos puntos que, en mi opinión, son muy decisivos para el futuro trabajo de control en relación con las tareas de investigación en general. 
En este punto me parece muy importante lo que ha dicho nuestro redactor de la opinión de la Comisión de Pesca: no es posible realizar en ultima instancia un control claro, un control de la eficacia, si no están también claramente definidos los objetivos. 
Éste me parece que es uno de los reproches centrales del informe del Tribunal de Cuentas. 
Efectivamente, en tal caso será extremadamente difícil analizar las cosas en relación con su eficacia. 
Segundo punto: en el ámbito de la jerarquía en la facultad de ordenación de pagos se ha llegado aquí a intersecciones inaceptables, señor Comisario. 
Esto se muestra con relativa claridad en el punto 59 del informe del Tribunal de Cuentas. 
Cuando un ordenador de pagos que en 1996 ordenó el pago del 98% de los recursos está subordinado jerárquicamente al administrador de dossieres, entonces esto se convierte en un asunto perteneciente al ámbito de lo imposible. 
La respuesta que la Comisión da oficialmente a este respecto en el dossier en el sentido de que ahí habría además un director general es extraordinariamente pobre. 
No creo que alguien que tenga que ver con la administración financiera y también con el control de la administración financiera pueda hacer valer una respuesta semejante. 
Espero, señor Comisario, en el sentido de la reforma de la Comisión a la que ya se ha referido la Sra. Morgan, que no sólo demos importancia a la reforma del régimen presupuestario, sino que, sobre todo, pongamos plenamente en práctica el régimen presupuestario vigente. 
El régimen presupuestario constituye toda una historia sabia, en el mismo las cosas están muy bien separadas, pero uno no debe mezclarlas luego en la práctica, y parece que esto es lo que ha sucedido aquí. 
Señor Comisario, en el futuro inmediato- y por tanto a la luz de la nueva Comisión- nos habremos de ocupar de otros informes del Tribunal de Cuentas o de informes de auditoría, como el relativo al Centro Común de Investigación, que ha parecido muy crítico, y también con el informe muy especial de auditoría relativo a un contrato muy especial con una empresa de consultoría. 
Espero que entonces veamos también la voluntad de mejorar en el terreno de los hechos los puntos a que se ha referido la Sra. Langenhagen. 
. - (FR) Señor Presidente, Señoras y Señores diputados, les agradezco su interés por el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre las actividades del programa FAIR. 
Doy las gracias muy particularmente a la Sra. Langenhagen por su muy constructivo informe y a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, así como a los miembros de la Comisión de Pesca, en particular a su ponente, el Sr. Busk. 
Ustedes subrayaron, y se lo agradezco, el espíritu dentro del cual se elaboró ese informe, gracias al dialogo con el Tribunal de Cuentas y los servicios de la Comisión y al interés que ustedes le pusieron. 
El programa estaba incluido en el cuarto programa marco, como también lo han dicho. 
Estaba terminado cuando tomé posesión de mi cargo de comisario, pero le corresponde a la Comisión actual, a su comisario, velar por que se tomen en cuenta todas las enseñanzas del trabajo que ustedes realizaron y cumplir con las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas presentó también a ese respecto. 
El informe constituirá un elemento que permitirá apreciar la evolución de la situación y la manera de trabajar. 
Quisiera sin embargo subrayar que no se comprobó ningún fraude o malversación. 
Hace falta recordarlo, ya que a veces existen ciertas confusiones. 
Es importante que se aclare frente al exterior. 
Como lo han subrayado, el programa FAIR ha sido financiado por un monto de 739 millones de euros. 
Originó más de 3 300 propuestas, de las cuales más de 600 han recibido un apoyo financiero. 
El programa FAIR fue también rápidamente movilizado cuando empezó la crisis de las vacas locas y a partir de ese año se lanzó, después de una invitación a presentar propuestas, un plan de acción europeo sobre las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
Quiero con eso destacar que jugó un papel positivo para cierto número de problemas. 
¿Cuáles son las preguntas planteadas, cuáles son las mejoras ya conseguidas? 
Quisiera señalarles algunas de ellas, que ya están incluidas en el quinto programa marco, dentro de la línea de las recomendaciones del Tribunal. 
En primer lugar, haría falta saber que la gestión de la investigación agronómica fue transferida de la DG "Agricultura" a la DG "Investigación", a raíz de la reestructuración de los servicios de la Comisión, lo que da cierta uniformidad a los procedimientos de investigación de la DG "Agricultura". 
Este no ha sido el caso para la investigación en materia de pesca, pero lo ha sido para la agricultura. 
Luego, se nombró un grupo de directores para mejorar la coordinación entre la aplicación de los programas de investigación y las direcciones generales competentes responsables de las otras políticas. 
En tercer lugar, la Comisión adoptó un procedimiento de evaluación de las propuestas de investigación comunes a todos los programas específicos, disponible públicamente mediante el manual común de evaluación. 
Se creó una base común y transparente de expertos para la evaluación de las propuestas y se realizó un particular esfuerzo para garantizar la independencia de esos expertos. 
Se estableció una base de datos comunes de investigación. 
Ahora el nuevo tipo de contrato de investigación define detalladamente todos los aspectos financieros y administrativos, con responsabilidades más claras para los participantes y un procedimiento de negociación mejor documentado. 
Además la Comisión aumentó sensiblemente el número de las auditorías, que han crecido en un 25% anual durante los últimos años. 
Estas son por lo tanto las medidas previstas en el quinto programa marco y que son aplicables. 
Pero, desde que asumí mis funciones, también tomé la iniciativa de crear un grupo de trabajo informal que estudió la cuestión de la simplificación y de la mejora de los procedimientos. Ya tuve la oportunidad de hablar de ello ante la comisión ITRE. 
Eso demuestra que la Comisión no permaneció inactiva y que llevó a efecto las observaciones que ustedes han formulado. 
Debemos tener cierta conciencia de la evolución de la situación y estar vigilantes al mismo tiempo, porque la perfección nunca existe en esa materia. 
Tanto más cuanto que el informe puso en evidencia cierta cantidad de puntos que necesitaban mejoras, como ustedes lo han subrayado. 
Volveré sobre algunos de ellos, para decirles cuál es nuestra impresión al respecto. 
En lo que se refiere a las actividades de control anual de los programas de investigación, que proporcionan una opinión independiente sobre el estado y la calidad de la aplicación de nuestros programas, hemos realizado varias acciones para tratar de mejorarlas: un análisis de los métodos de gestión de la investigación en el marco de los programas nacionales y de la Unión Europea, con vistas a intercambiar las experiencias exitosas y facilitar el aprendizaje mutuo; el financiamiento de estudios tendentes a evaluar el impacto socioeconómico del programa marco y el lanzamiento de proyectos pilotos para evaluar el impacto de los proyectos terminados, como además lo acaban de señalar, cuando hablaron de la necesidad de medir ese impacto. 
Al igual que la Comisión, el Parlamento piensa que la responsabilidad conjunta de la realización de los proyectos no se diferencia mucho de la responsabilidad financiera conjunta. 
Pero quisiera sin embargo hacer hincapié en un punto: una responsabilidad financiera conjunta no se puede prever stricto sensu en el contexto del programa marco, cuyo objetivo es constituir consorcios constituidos por diferentes entidades, universidades, PYME, grandes empresas, institutos públicos o privados de investigación. 
Es obvio que ese trabajo en consorcio no crea ninguna dualidad en la responsabilidad financiera conjunta. 
Es un problema más complejo. 
Es uno de los puntos para los que obviamente hace falta encontrar métodos que proporcionen una mayor seguridad, pero tenemos que evitar que se excluyan del programa marco a las PYME o a las instituciones públicas, por temor de que tengan que afrontar responsabilidades que no pueden asumir. 
Por consiguiente hay que hallar el justo equilibrio para la responsabilidad financiera conjunta, pero también, por otra parte, no asustar a los socios de un consorcio, puesto que, en ese caso, sólo participarían los más sólidos, cuando nosotros queremos fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas. 
Pero en cambio comparto totalmente su punto de vista sobre la necesidad de reducir al máximo los riesgos de doble financiamiento. 
A ese respecto, deben saber que en el marco de la acción 74 del Libro blanco de la reforma, los servicios de la Comisión ya están a punto de introducir un registro central de los contratos celebrados por la Comisión, que posteriormente será vinculado con los sistemas de información financiera de la Comisión. 
Claro está que ustedes han planteado otras cuestiones, entre ellas el problema abordado por la Sra. Langenhagen en su introducción: el tiempo que transcurrió entre el envío de las cartas de sector y la discusión del informe en el Parlamento, que depende de las relaciones entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas. 
Eso pasó, como lo han subrayado, hace varios años, pero es obvio que se deben sacar lecciones de esa actuación. 
Desde entonces, se tomaron medidas centradas en la organización interna de nuestros servicios para acelerar en lo posible, las cartas de sector del Tribunal. 
Está claro que esos diálogos son necesarios. 
La responsabilidad es, evidentemente, conjunta: le corresponde también al Tribunal establecer esos diálogos, pero en cualquier caso puedo asegurarles que tanto el Tribunal y los servicios de la Comisión, como también el Parlamento, tienen la firme voluntad de solucionar esos problemas. 
Paso ahora a la pregunta que la Sra. Morgan formuló en lo que se refiere a la recuperación de los importes. 
Hay un monto de 3,4 millones de euros, que se puede considerar como un importe elevado, pero que de hecho no representa sino un 0,3 % del programa. 
Por supuesto, el hecho de que no sea más que un 0,3 % no significa que no haya que recuperarlo, y hace falta intentar encontrarlo. 
A este respecto, tienen que saber que los servicios de la Comisión hicieron todo lo posible para recuperar esos montos. 
Pero hace dos años, los servicios competentes han transferido el expediente para someterlo a procedimientos judiciales. 
Hoy, dos de los tres expedientes examinados por el servicio jurídico de la Comisión se encuentran en fase de procedimiento judicial, puesto que están sujetos a las legislaciones nacionales vigentes. 
Por consiguiente, el procedimiento se inició, pero entramos en el ámbito de la jurisdicción de los Estados miembros, y, allí, los plazos no siempre dependen de nosotros. 
Pero subrayo que esos tres expedientes a los que me acabo de referir representaban un 92% del monto. 
Por consiguiente, hemos realmente actuado para recuperar esos 3,4 millones, y se puede decir que lo hemos logrado en más de un 90%. 
Luego, otra pregunta se refería la pesca y a la persona que efectúa el control. 
Me acaban de dar la respuesta. 
Se ha colocado al nivel más adecuado. 
Y en lo que se refiere a la DG "Agricultura", el problema ha sido solucionado mediante el traslado del equipo competente a la Dirección General de Investigación. 
Ese traslado ha permitido una mejor coordinación de las políticas. 
Estos son los elementos con los cuales puedo responder a sus preguntas. 
Aún quedan aplicaciones por establecer, y aprovecho esta oportunidad para decirles cuáles son las orientaciones de la investigación comunitaria que queremos desarrollar en el próximo programa marco y que por lo demás la Comisión ITRE ya examinó, puesto que he presentado un documento de orientación a la comisión del Parlamento el 4 de octubre y que se elaborará un informe. 
Hay en esas grandes orientaciones varios elementos que permiten aligerar considerablemente las cargas burocráticas: se pasa de un enfoque por proyecto a un enfoque por programa, se fija un tamaño mínimo para los proyectos, se procede a la externalización de ciertas actividades, como las primas exploratorias para las pequeñas y medianas empresas, y en general se simplifican esos procedimientos. 
Pienso que hace falta también introducir modificaciones sustanciales en el futuro programa marco. 
Veremos cuáles han sido los efectos de las modificaciones que se hicieron en el quinto programa marco y quisiera agradecerles la voluntad de mejora que han manifestado. 
La comparte la Comisión, y me atrevo a esperar que podremos trabajar en las mejores condiciones posibles para realizar ese programa de investigación, indispensable a nivel europeo, pero que debe ser ejecutado según las mejores reglas posibles de eficiencia y también de control financiero. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.00 horas) 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, es una enmienda breve al acta. 
En la modificación al orden del día del jueves próximo se trató el tema del submarino británico en Gibraltar e intervinieron tres oradores. 
Las intervenciones de los Sres. Poettering y Barón Crespo quedan recogidas fielmente en el acta en el sentido de que uno pidió y otro concedió el compromiso político del Grupo del Partido Popular para que fuera introducido en el orden del día de diciembre. 
Pero hubo una tercera intervención, la del Sr. Galeote Quecedo, que no figura en el acta, sólo figura su nombre. 
Permítame la explicación, que refleja temores, a nuestro juicio injustificables, para quien lea objetivamente la propuesta de resolución que presentamos, y eso nos hace temer que pueda producirse un nuevo escamoteo en diciembre. 
Pero, en fin, ésta es una explicación. 
Lo que yo pido, con todo respeto, es que figure en el acta la intervención del Sr. Galeote Quecedo. 
Gracias, señor Aparicio Sánchez. 
Completaremos, por tanto, el acta con la declaración del Sr. Galeote Quecedo. 
Señora Presidenta, algunos de nosotros esperábamos un anuncio de la Presidencia ayer sobre el premio Sajarov: a quién se había concedido, cuáles habían sido los resultados de las votaciones y cuándo se presentaría en Pleno. 
¿Podría darnos alguna información sobre eso hoy o lo antes posible? 
Señor Bethell, esto no afecta a la aprobación del acta pero, con mucho gusto, puedo decirle que la Conferencia de Presidentes ha decidido conceder a la asociación 'Basta Ya' el premio Sajarov de este año. 
Este premio será entregado a la asociación 'Basta Ya' en la sesión de diciembre próximo. 
(El acta queda aprobada) 
Carta de los Derechos Fundamentales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación de los Sres. Duff y Voggenhuber, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la aprobación del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (A5-0325/00). 
Señora Presidenta, en mi calidad de diputado procedente de Salzburgo, yo quiero manifestarle en primer lugar mi inmensa gratitud por las palabras de aprecio y de consuelo que tuvo usted la bondad de pronunciar ayer. 
Yo sé que cuando el viernes se celebren en la catedral de Salzburgo los funerales por la mayor catástrofe que ha sufrido mi país en las últimas décadas, esta Asamblea formará parte de la comunidad de dolientes y yo le agradezco sus palabras de pésame y de consuelo dirigidas a los familiares. 
Señora Presidenta, Señorías, tras nueve meses de trabajos y largos forcejeos en busca de un consenso, ahora tenemos sobre la mesa un proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales. 
Hoy sólo nos corresponde aceptarlo o rechazarlo y los ponentes recomiendan al Pleno de esta Asamblea que acepte esta Carta de los Derechos Fundamentales y le dé su voto afirmativo. 
Lo decimos con pleno convencimiento. 
Yo sé que muchos de ustedes lamentan, al igual que yo, que hoy sólo podamos aprobarla o rechazarla y no tengamos la posibilidad de transmitir al Consejo otros mensajes políticos que tal vez serían necesarios en este contexto y con los que quisiéramos expresar el apoyo crítico de esta Asamblea a la Carta de los Derechos Fundamentales, que sólo puede constituir un primer paso, puesto que todavía está muy lejos de cumplir las aspiraciones que formuló el Parlamento con respecto a este proyecto político en marzo de este año. 
También es preciso recordar, no obstante, el valor que tendrá la Carta, si se llega a adoptar. 
Yo creo que existe un derecho fundamental primordial no escrito y éste es el derecho de las personas a conocer sus derechos. 
Ahora se va a cumplir este derecho fundamental. 
Las formulaciones vagas y los principios jurídicos de la Unión se han plasmado en un sistema de derechos fundamentales claros, con carácter vinculante para todas las instituciones de la UE y para toda aplicación del Derecho europeo en los Estados miembros. 
El valor de la Carta también reside en que transforma los derechos inscritos en el Derecho internacional- inscritos, pero no con carácter vinculante; inscritos, pero sin la posibilidad de exigir su cumplimiento ante los tribunales; inscritos, pero sin garantías- en derechos fundamentales de la propia Unión, en principios constitucionales incluso, y ello generará sin duda una dinámica gracias a la cual llegará un día en que esta Carta de los Derechos Fundamentales será jurídicamente vinculante. 
El hecho de que la Carta recoja por primera vez los derechos sociales en un plano de igualdad con los derechos humanos y los principios clásicos, como no ocurre en la recopilación de derechos fundamentales de ningún Estado miembro, supone, no obstante, una revolución en el contexto del debate sobre los derechos fundamentales y de su historia. 
La Carta también constituye la afirmación de una base de valores comunes ante los países candidatos a la adhesión, ante todos los Estados que desean adherirse a esta Unión Europea, y transmite, justamente en el ámbito de los derechos sociales, una clara señal que indica a los países candidatos que deben cumplir estos criterios sociales. 
Yo tengo el profundo convencimiento de con ella también se abre el proceso constituyente que esta Asamblea ha reclamado tantas veces y con tanta insistencia, aunque algunos jefes de Estado y de Gobierno no quieran reconocerlo. 
Estoy convencido de que con esta Carta de los Derechos Fundamentales se ha puesto la primera piedra de una futura constitución europea y un proceso constituyente europeo. 
Yo creo que esto puede ser un motivo para que todos votemos afirmativamente esta Carta aunque, si la consideramos en detalle, pueda resultar difícil admitir o aceptar que no incluya muchos derechos, muchos derechos fundamentales, que el Parlamento ha reivindicado, justificadamente y por buenas razones, para los habitantes de Europa. 
Resulta incomprensible que la Carta no incluya el derecho a un salario justo y que hayamos topado con resistencias insuperables a la inclusión del derecho a unos medios de subsistencia mínimos dignos, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda. 
Yo creo que va a ser necesario completar esta Carta en el futuro si ésta ha de ser la base de una constitución europea. 
Sin embargo, esto no debe impedirnos dar con decisión este primer paso. 
Yo confío en que, aun cuando hoy se limite a dar su voto afirmativo a esta Carta, esta Asamblea va a dejar indubitablemente claro en las próximas semanas que pide al Consejo la obligatoriedad de la Carta y que ésta también incluya la posibilidad recurrir al Tribunal de Justicia Europeo. 
Yo espero que la Asamblea respalde con firmeza estas exigencias por una gran mayoría en su resolución sobre el Consejo de Niza. 
Antes de acabar, permítanme que exprese mi agradecimiento a mi co-ponente por el inmenso, comprometido y admirable trabajo que ha realizado, y también les agradezco a todos su apoyo. 
Señora Presidenta, independientemente de lo que pensáramos sobre el mandato del Consejo Europeo de Colonia, resultó bastante sorprendente que la convención creada para redactar la Carta lograra cumplirlo totalmente. 
Afrontábamos una tarea extraordinariamente compleja para la inscripción de los derechos y libertades fundamentales que figuraban en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y también en los principios generales del derecho de la Unión. 
En mi opinión, la convención ha logrado alcanzar un equilibrio correcto entre el comedimiento y la aspiración. 
Nos hemos abstenido de substituir los Tratados, pero hemos logrado su máxima repercusión al hacer por primera vez clara y visible la relación entre el ciudadano y la Unión. 
Algunos se sentirán decepcionados de que la Carta no haya podido ir más lejos, pero, naturalmente, se trata de una transacción fraguada en el crisol de la convención y representa un equilibrio entre tendencias políticas, nacionalidades y culturas en competencia. 
Dicho equilibrio imponía un amplio consenso dentro de la convención y debe imponerlo también dentro del Parlamento Europeo. 
El Parlamento ha desempeñado un papel destacado en la formulación de la Carta. 
Hemos aprovechado la intensa participación en el proceso y los ciudadanos a los que representamos se beneficiarán de su solemne proclamación, en particular porque el artículo 52.3 dice que la Unión puede conceder después una protección más amplia de los derechos europeos fundamentales a medida que avance la integración. 
. 
(FR) Señora Presidenta, señoras y señores Presidentes, señoras y señores diputados, quisiera, antes de nada, unir las condolencias de la Presidencia a las del Parlamento Europeo con motivo de la catástrofe ocurrida cerca de Salzburgo, en Austria, y decir que compartimos totalmente el dolor de las familias de las víctimas de este accidente tan grave. 
Estoy especialmente contento de estar hoy ante ustedes para debatir en profundidad un bello proyecto como es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, antes de que ustedes adopten la posición final sobre este texto. 
En verdad, ya hemos tenido intercambios a este respecto en dos ocasiones, la primera vez el 3 de octubre pasado, con motivo de una interpelación oral del Presidente de la Comisión Institucional, Giorgio Napolitano, y después el 24 de octubre, cuando vine a presentarles los resultados del Consejo Europeo informal celebrado los días 13 y 14 de octubre en Biarritz, en el que la Carta era justamente uno de los puntos de mayor importancia del orden del día. 
Pero, a mi modo de ver, el debate está hoy lejos de constituir por ello una repetición inútil. 
Por el contrario, es especialmente importante, porque hoy es cuando esta Asamblea va a decidir si, como inducen a ello las conclusiones del Consejo de Colonia, proclamará este texto, junto con el Consejo y la Comisión, en el Consejo Europeo de Niza que tendrá lugar dentro de menos de un mes. 
Se trata, evidentemente, de una decisión política capital y de una ocasión nueva de mostrar a los ciudadanos europeos esta iniciativa en toda su amplitud. 
Por tratarse de una posición defendida por la Comisión Constitucional, cuyos ponentes Sres. Duff y Voggenhuber, a los que quiero testimoniar mi gratitud, acaban de expresarse, comprendo que les invite a ustedes a adoptar el texto de la Carta en su estado y, por consiguiente, a facultar a la Presidenta para que en nombre de ustedes proclame la Carta en Niza, junto con los Presidentes del Consejo y de la Comisión. 
Esta posición se une, como ustedes saben, a la adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Biarritz en el que ellos mismos aprobaron, unánimemente y sin reservas, la Carta y, por lo tanto, yo sólo puedo invitarles, en nombre del Consejo, a seguir esta posición, pero haciéndoles algunos razonamientos. 
Esta Carta simboliza, en opinión de la Presidencia del Consejo, un doble éxito. 
En primer lugar, un éxito en cuanto al método seguido: el de una instancia, el Convenio, compuesta por miembros del Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales, de la Comisión Europea- y aprovecho la ocasión para resaltar la presencia del Sr. Vitorino que ha aportado toda su competencia- y de representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno, todos ellos bajo la clarividente presidencia del Sr. Roman Herzog, antiguo Presidente a la vez del Tribunal de Karlsruhe y de la República Federal Alemana. 
La diversidad y la calidad de los miembros designados, creo que han constituido, y esto es innegable, un factor de riqueza. 
Así mismo, la doble preocupación que ha tenido el Convenio de trabajar con absoluta transparencia y en perfecta interactividad con los ciudadanos, especialmente a través de Internet, me parece también relevante. 
Así, en su afán de apertura que ha sido provechoso, ha oído, en el transcurso de sus trabajos, a las grandes organizaciones no gubernamentales europeas, a los agentes sociales de nuestro continente y, lo que también es importante para el futuro, a los países candidatos a la adhesión. 
Esta transparencia y esta apertura han contribuido activamente a la mejora progresiva de las diferentes versiones del proyecto de Carta y ha permitido que la última sea la buena. 
Sé que la experiencia de el Convenio aparece ya claramente como uno de los caminos, no digo como el camino sino como uno de los caminos que Europa podría seguir de ahora en adelante para ser más transparente y estar más a la escucha de sus ciudadanos. 
Algunos miembros de esta Asamblea, en nuestro anterior debate principalmente, ya expresaron el deseo de poder repetir esta experiencia. 
Por mi parte, no tengo ninguna duda de que esta ocasión se presentará. 
El segundo y principal éxito, es el resultado al que ha llegado el Convenio. 
La Carta es, en primer lugar- y es suficientemente raro como para ser subrayado, lo veo principalmente preparando la CIG -, un documento claro y bien ordenado. 
Reuniendo una cincuentena de artículos, lo que le hace ser un texto corto, repartidos en seis capítulos, cuyos títulos resultan acertados, quizás una nueva divisa para Europa: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia, responde innegablemente a los deseos de concisión y de claridad y, por tanto, también a los deseos, a las esperanzas de nuestros conciudadanos. 
La Carta es después un texto totalmente coherente. 
Sus redactores han sabido respetar una doble exigencia que no era fácil de satisfacer: por una parte, no crear derecho ex nihilo y, por otra, hacer la fotografía exacta pero evolutiva, dinámica, del alcance de los derechos fundamentales en vigor en la Unión. 
Pero sobre todo es por la fuerza de su contenido por lo que la Carta, estoy seguro de ello, hará época. 
En primer lugar, reafirma con nitidez los derechos fundamentales tal como salieron, en lo esencial, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Por ello, los redactores de la Carta han tenido el deseo constante de evitar- lo que figuraba también en el cuaderno de condiciones- cualquier riesgo de divergencia de jurisprudencia entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, responsable del respeto al Convenio, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, principalmente retomando la redacción salida del Convenio del Consejo de Europa ya que ésta parecía suficientemente lograda. 
Así mismo, en cuanto a las disposiciones generales, el artículo 52, apartado 3, determina que, cuando la Carta contenga derechos correspondientes a derechos garantizados por el Convenio "su sentido y su alcance son los que les confiere la Convención". 
Pienso muy sinceramente que, de este modo, los redactores, con precisión, han limitado lo más posible el riesgo de una jurisprudencia divergente entre el Tribunal de Luxemburgo y el de Estrasburgo. 
Por otra parte, y cuando acabamos de festejar los 50 años del Convenio Europeo de Derechos Humanos, creo que podemos confiar en los jueces de las dos jurisdicciones para alimentar y prolongar un diálogo que ya mantienen y que constituye, sin duda alguna, un seguro a todo riesgo de una Europa de los derechos humanos de dos velocidades que algunos han podido evocar. 
Muy evidentemente, la Carta, pues sin ello habría sido un poco decepcionante, no se contenta con reafirmar derechos preexistentes, sin perjuicio de reactualizarlos. 
Contempla numerosos derechos nuevos que no figuran en el Convenio y que se corresponden con la evolución de nuestras sociedades, ya se trate del desarrollo de las tecnologías, de la aparición de nuevas dependencias, o incluso de la creciente complejidad de nuestros sistemas administrativos y públicos. 
Es especialmente importante que los ciudadanos sepan, por ejemplo, que la Unión prohibe la clonación humana con fines reproductores, o incluso que garantiza a sus ciudadanos la protección de sus datos personales. 
Me alegro, por último, lógicamente, de la importancia que este texto concede a los derechos económicos y sociales. 
Francia ha abogado con fuerza para que este aspecto sea sustancial, pero también era la voluntad de muchos otros Estados miembros, la voluntad del Parlamento Europeo, la voluntad de numerosos parlamentarios nacionales, de lo que la Presidencia no puede más que congratularse. 
Lo mismo sucedía, en efecto, con la fuerza innovadora y con la capacidad de convocatoria de la Carta y con la consolidación del modelo social europeo, al que estamos tan profundamente consagrados. 
En primer lugar hay que subrayar la importancia de la inclusión de un capítulo titulado "Solidaridad". 
Quiero, por tanto, honrar de nuevo la figura del Presidente Herzog que, creo, es su precursor. 
Este valor de solidaridad es, en efecto, el que mejor resume el modelo social europeo, que es consustancial a la construcción comunitaria. 
Y es justamente esta solidaridad la que garantiza la Carta, a través del derecho a la educación gratuita, a través del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, a través del derecho a la negociación y a la acción colectiva, incluida la huelga, aun cuando esto no ha sido fácil de incluir en el texto, pero también a través del derecho a la protección contra el despido injustificado, el derecho a la protección social o incluso la prohibición del trabajo infantil. 
Insistiré también en el artículo 23, que enuncia de forma especialmente clara la igualdad entre hombres y mujeres, especificando que esta igualdad debe existir en todos los campos y que este principio no impide recurrir a dispositivos que prevean ventajas específicas a favor del sexo infrarrepresentado. 
En resumen, diré que este texto representa innegablemente el mayor avance colectivo en materia de afirmación de derechos sociales, tanto por la importancia de los derechos incluidos como por el hecho de que estos derechos figuren por primera vez en el mismo texto que los derechos cívicos y políticos, lo que muestra de forma solemne la indivisibilidad del conjunto de derechos fundamentales. 
Bien es verdad, sin embargo, que se han podido formular algunas críticas sobre el contenido de la Carta. 
Algunos censuran este texto por reflejar "las opciones políticas de los promotores de una Europa liberal". 
Critican "la obligación de consenso" como modalidad de adopción de la Carta en la Convención. 
Cito aquí los términos de un llamamiento de algunos parlamentarios, principalmente europeos, lanzado recientemente, solicitando una revisión de la Carta. 
Sobre el método, quiero recordar que la propia Convención ha establecido sus normas de procedimiento, sin que nadie ajeno le obligara a ello, y que la regla del consenso aparece como una vía especialmente constructiva en un recinto tan diverso como era la Convención. 
Estoy seguro de que los miembros de la Convención que se expresen aquí podrán confirmarlo. 
Para mí, esta elección ha contribuido ciertamente a conseguir un texto que considero equilibrado y ambicioso. 
Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos ha podido denunciar lo que ella considera lagunas, como la falta de referencia al derecho a un salario mínimo, por ejemplo. 
Por tanto, quisiera hacer algunas precisiones a este respecto. 
La Carta tenía por objeto, podemos lamentarlo, esto vendrá quizás más tarde, reunir los derechos fundamentales y no constituir, en esta fase, un tratado social y el mandato de la Convención, fijado en el cuaderno de condiciones inicial, no le permitía crear ex nihilo derechos sociales totalmente nuevos. 
Estoy seguro de que habrá otras etapas en esta vía. 
Por otra parte, la Carta no es la única iniciativa de la Presidencia francesa de la Unión en materia social, muy al contrario. 
La Presidencia, en efecto, ha puesto en el centro de sus prioridades la promoción de una Europa más solidaria. 
De este modo, ya lo saben ustedes, la Presidencia, basándose en las conclusiones del Consejo de Lisboa, ha lanzado la iniciativa de una Agenda social, que debe permitir determinar las acciones que la Unión Europea llevará a cabo los próximos años para tomar en cuenta las necesidades existentes, garantizando principalmente una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo, así como una mayor cohesión social. 
Estos propósitos- la Carta, por una parte, y la Agenda social, por otra -, son para mí complementarios y traducen realmente la voluntad de situar la dimensión humana en el corazón de nuestra construcción europea. 
Quiero también señalar algunos motivos de satisfacción para la Presidencia y creo que para las demás instituciones, en la posición global de la Confederación Europea de Sindicatos, que subraya la relación que hay entre la Carta y la Agenda social y que, en conclusión, indica que la propuesta de la Convención, adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno, constituye un paso importante en "la marcha hacia una Europa social y de los ciudadanos". 
Creo que se trata de una toma de posición importante y que acojo favorablemente. 
Preocupados por esta voluntad, los Jefes de Estado y de Gobierno, por su parte, si bien no han adoptado- esto ocurrirá en Niza- al menos han aprobado el texto de la Carta. 
El equilibrio encontrado por los redactores ha sido proclamado por todos y la Presidencia no desea la reapertura de las discusiones y creo que tampoco sus ponentes. 
Me refiero ahora, para terminar, a una cuestión que ya hemos abordado, como es la del valor jurídico de la Carta. 
He oído a los ponentes desear nuevamente que la Carta sea el preámbulo de un tratado constitucional y ya se sabe que, por mi parte, estoy a favor de ello. 
Pero quisiera recordarles, porque estamos obligados a una gran precisión considerando lo que esta ocurriendo hoy, que en Biarritz, el Consejo Europeo sólo ha podido constatar que una mayoría de Estados miembros no estaba dispuesta a discutir, al menos por el momento, la inclusión de esta Carta en los Tratados. 
Puedo, pues, asegurarles, puesto que esta cuestión no podrá plantearse formalmente hasta después de Niza, que la Presidencia francesa tiene la intención de tratar de incluir esta perspectiva en las conclusiones del Consejo Europeo de Niza. 
Sin embargo, diversas personalidades, y en especial los miembros del Parlamento Europeo, han propuesto que se incluya una referencia explícita a la Carta de los Derechos Fundamentales en el artículo 6 del Tratado de la Unión, que ya hace referencia a la Convención de Derechos Humanos. 
Han subrayado así lo que, efectivamente, constituye una paradoja, es decir una situación en la que el Tratado no mencionaría un texto nuevo y propio de la Unión Europea, mientras que menciona un texto existente que pertenece al Consejo de Europa. 
Ya saben ustedes que a título personal he manifestado mi apertura, e incluso mi apoyo, a esta propuesta, y lo reitero aquí. 
Pero la Presidencia, basándose una vez más en los contactos bilaterales que mantiene, sólo puede constatar que varios Estados miembros no lo desean. 
Además, quisiera informar al Parlamento Europeo que por iniciativa de la Presidencia, ayer hubo una discusión sobre este asunto en el grupo preparatorio, el cual me comunica que la discusión no ha sido totalmente concluyente, lo que quiere decir que, quizás, algunos gobiernos podrían inspirarse en una toma de posición clara del Parlamento Europeo en su conjunto. 
Queda que este texto, estoy convencido de ello, por su claridad, por su coherencia, por su contenido, se imponga como texto de referencia del que la Unión tenía una necesidad tan patente. 
Y, por tanto, en nombre de la Presidencia del Consejo, no me queda más que animarles, una vez más, a adoptar la Carta de los Derechos Fundamentales con el fin de proclamarla conjunta y solemnemente en Niza. 
Estoy seguro que allí tendrá lugar uno de los momentos más importantes de este Consejo Europeo que pone fin a la Presidencia francesa. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, en la historia de la integración europea hay determinados momentos que se pueden considerar como puntos de inflexión histórica, y éste es uno de ellos, porque la adopción de la Carta por el Parlamento será un paso más hacia la realización de los sueños y de los proyectos de los padres fundadores. 
Quiero recordar que la primera vez que se habló de la declaración de derechos fue en el Congreso del Movimiento Europeo de La Haya, en 1948; ahí radica el origen del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. 
Ahora volvemos, en la dimensión de la Unión Europea, a afirmar que ésta es una comunidad de valores; hemos dotado de contenido real a la ciudadanía europea, reconocida en el Tratado de la Unión, y hemos consolidado nuestro espacio, no sólo como un mercado interior, sino como un espacio de derecho en el que se reconocen los derechos fundamentales de las personas. 
Para los socialistas y los socialdemócratas de toda Europa, la aprobación de la Carta representa también el cumplimiento de un compromiso con nuestros electores; concurrimos a las elecciones con un manifiesto en el que había veintiuna prioridades; una de ellas, fundamental, era impulsar una Carta Europea de Derechos para consagrar los derechos fundamentales cívicos, económicos, sociales y culturales de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión. 
La Cumbre Europea de Colonia, bajo la Presidencia alemana del canciller Schröeder, propuso precisamente, por una parte, el recinto que se convirtió en convención y, por otra, que se redactara esta Carta; dio el mandato y nombró a un ex Presidente de la República, Roman Herzog, presidente de esta instancia. 
Creo que hay que subrayarlo en el día de hoy porque el trabajo que hemos realizado no es patrimonio exclusivo de ninguna familia política y este gesto honra a la Presidencia alemana en su momento y demuestra que todos juntos debemos avanzar en la realización de los valores fundamentales. 
Creo que también lo hemos hecho en el Parlamento Europeo. 
Yo he tenido ocasión de expresar mi admiración por el trabajo realizado por Íñigo Méndez de Vigo, como presidente de la delegación del Parlamento Europeo. 
También quiero destacar el papel esencial que cumplió mi compañera Pervenche Berès, cuando dirigió la delegación del Grupo socialista. 
Creo que todos podemos sentirnos orgullosos de este éxito, que es un éxito compartido. 
Hoy Europa es algo más que un mercado común y además tenemos una pieza fundamental de lo que debe ser una futura constitución; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, falta todavía un paso fundamental para que nos podamos dar por satisfechos- y lo digo pensando en la Cumbre de Niza -, que es el último punto que ha mencionado el Presidente del Consejo: la inclusión de la Carta en el artículo 6 del Tratado. 
Creo que, aparte de la adhesión personal reiterada del Presidente en ejercicio del Consejo, hay una serie de elementos a favor; actualmente, la mayoría de los Jefes de Estado y de Gobierno pertenecen a nuestra familia política; otros no, pero están a favor de esa inclusión y de una Europa reformada y democrática. 
La Carta dota de una legitimidad fundamental a la Unión como comunidad de valores, y esto hay que subrayarlo. Porque también hemos vivido acontecimientos que demuestran que el artículo 7 debe tener una apoyatura mucho más sólida. 
Nuestros Gobiernos necesitan obtener en Niza resultados concretos que ofrecer a los ciudadanos- los temas institucionales son importantes, pero, como bien saben el Presidente del Consejo y el Comisario, son difíciles de vender a la opinión pública. 
La Carta constituye asimismo una concreción de los criterios de Copenhague, que consideramos fundamentales en las negociaciones de adhesión; y yo diría más, pensando en los países que están negociando con nosotros, también les ofrece garantías frente a nosotros; es decir, no se trata de una mera declaración, sino de un elemento que entra perfectamente en el proceso de negociación. 
Por lo tanto, mi Grupo sigue pensando que es absolutamente fundamental incluir una referencia a la Carta en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado. 
Como creo que el Presidente del Consejo va a pasar un fin de semana muy ocupado con el próximo cónclave, le pido que envíe un mensaje al mismo, para que los Ministros de Asuntos Exteriores lo transmitan a los Jefes de Gobierno. Es el siguiente: si el Consejo Europeo de Niza no logra incluir la Carta de esta manera, temo que el Parlamento Europeo tendrá dificultades para aprobar la reforma de los Tratados. 
Creo que es un mensaje positivo que el Presidente del Consejo debe enviar a sus colegas, porque todavía estamos a tiempo de incluir la Carta en el artículo 6 de los Tratados. 
Después de Niza podremos empezar a hablar de la constitución europea. 
Por ahora, lo fundamental es que se consolide esta etapa. 
Ésta es nuestra propuesta. 
Señora Presidenta, permítame empezar felicitando en nombre del Grupo ELDR a los ponentes y a todos los que han participado en la convención. 
Ellos han demostrado que es posible tratar los asuntos europeos de una manera nueva y ejemplar, una manera mucho mejor que la conferencia intergubernamental, dado su trabajo democrático y abierto, con gran transparencia y que posibilita la participación de los ciudadanos. 
Se ha dicho en numerosas ocasiones que la cooperación europea no sólo se fundamenta en acuerdos de carácter económico. 
Esto ha quedado de manifiesto en el último año. 
El desarrollo de movimientos xenófobos y antidemocráticos agudiza el tema de los valores comunes europeos. 
Simultáneamente con el aumento del poder de las instituciones sobre los ciudadanos, es importante ponerle límites. 
En la Carta que se propone se considera al ciudadano y a sus derechos de una manera inmejorable. 
Esto se ha logrado, obviamente, gracias a pactos políticos, ha habido concesiones y rechazos, pero, en general, estamos frente a un moderno catálogo de derechos comunes que claramente resume la comunidad europea de valores. 
Puesto que existe una cierta preocupación, es necesario puntualizar que la Carta complementa y no pretende desplazar a la Carta de Derechos Humanos del Consejo Europeo. 
Por este motivo es importante que en Niza se creen las condiciones jurídicas para que la UE firme la convención del Consejo Europeo. 
En la Cumbre de Niza se aprobará al Carta como una declaración política. 
Ésta no debe convertirse solamente en una ceremonia con declaraciones anodinas. 
Los ciudadanos están cansados de este tipo de reuniones. 
Hay que dejar en claro que la Carta es obligatoria desde un punto de vista moral. 
Tan pronto como sea posible después de la Cumbre, la Presidencia sueca debe fijar el procedimiento para continuar el trabajo en torno a la Carta, con el objetivo de que después de ciertas modificaciones llegue a ser obligatoria y forme parte de la futura constitución europea. 
Señora Presidenta, Señorías, la Carta de los Derechos Fundamentales- etapa esencial de la construcción europea- ha suscitado numerosos debates. 
Para unos es un éxito, para otros es hoy una esperanza frustrada. 
Fueron muchos los que pensaron que Europa tenía al fin la posibilidad de salir de la única zona de libre cambio y del atolladero liberal para sentar las bases de una Europa de los ciudadanos. 
Todo contribuía a reforzar esta esperanza: la composición de la Convención que constituía un precedente original en comparación con el método intergubernamental habitual, los debates públicos y el conjunto de textos disponibles en un portal de Internet accesible a todos, así como la sociedad civil llamada a hacer oír su voz. 
Pero la transparencia no sustituyó al déficit democrático puesto que las ONG sólo pudieron expresarse durante cinco minutos y sus reflexiones fueron muy raramente tomadas en cuenta. 
Sí, hay algunos avances pero son insuficientes en comparación con las lagunas. 
Se han necesitado varias semanas de lucha para incluir el derecho de huelga. 
El derecho al trabajo se ha transformado en derecho a trabajar. 
El derecho a la sanidad, a la seguridad social, a la vivienda, al salario mínimo son inexistentes o únicamente del orden de la solidaridad. 
La libertad de prensa ya no es una "garantía", es "respetada". 
El derecho de las minorías es minimalista. 
La discriminación entre europeos y residentes de terceros países está admitida, como ocurre con la libertad de circulación prevista en el Tratado de Amsterdam, o el derecho a la reunificación familiar reconocido, sin embargo, en el Derecho Internacional. 
Algunos derechos, entre ellos los derechos políticos, son objeto de una preferencia europea que substituye a la preferencia nacional. 
¿Dónde están, pues, nuestros sacrosantos principios de universalidad, indivisibilidad y unicidad del derecho? 
¿En qué se ha convertido esta ciudadanía europea, corazón de esta Europa de la igualdad para todos los ciudadanos? 
Esta Carta constituye la prolongación de una Europa liberal frente a la Europa social de los ciudadanos. 
¿Qué actitud hay que adoptar hoy frente a este texto que no es mejor que nada pues está por debajo del existente? 
En el estado actual, esta Carta no está en condiciones de ser "significativa" para los ciudadanos de Europa. 
Sólo aporta una plusvalía; no responde en modo alguno a sus expectativas ni a sus necesidades. 
En términos de derechos fundamentales ¿podemos aceptar un mínimo común denominador mientras que Europa se siente un modelo en cuanto a derechos humanos se refiere? 
Hay que rechazar contentarse con esta Carta minimalista como parece resignarse la socialdemocracia europea. 
La Carta no puede ser un valedor para la Presidencia francesa para enmascarar una CIG moribunda. 
En la cumbre europea de Niza, en diciembre, la sociedad civil ha decido movilizarse para hacer oír su voz y proclamar su deseo de una Carta que ofrezca verdaderas garantías para los ciudadanos de Europa. 
Debemos apoyar estas acciones y, en lugar de aceptar un texto cojo, solicitar la continuación de los trabajos de la Convención después de Niza, con nuevos procedimientos y un amplio debate público. 
En ello va el porvenir de nuestra democracia, así como de nuestros derechos y de nuestras libertades. 
Señora Presidenta, la Carta de los Derechos Fundamentales es un proyecto político muy importante para el futuro de la integración europea y yo la apoyo. 
¿Por qué razones? 
En primer lugar, porque garantiza los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos frente a los órganos y servicios de la Unión Europea. 
En segundo lugar, porque colma una laguna en la protección de los derechos fundamentales de las personas que viven en la Unión. 
En tercer lugar, porque la Carta también garantiza en el ámbito de la Unión el nivel de protección que actualmente ofrece el Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos y en parte incluso lo supera. 
En cuarto lugar, la Carta- y esto me parece particularmente importante- parte del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos de ciudadanía y de carácter político y los derechos fundamentales de orden social. 
En mi calidad de miembro de la Convención, yo me manifesté a favor de unos derechos sociales todavía más amplios y, en particular, del enraizamiento en la Carta del derecho al trabajo y a un ingreso mínimo que garantice la subsistencia, cuya inclusión era absolutamente necesaria a la vista de la Carta Social actual. 
Aun así, comparto la valoración general de la Confederación Europea de Sindicatos en el sentido de que, a pesar de la formulación restringida de los derechos sociales, la Carta de los derechos fundamentales constituye un paso importante para impulsar una Europa social y una Europa de las ciudadanas y los ciudadanos, y representa un valor añadido con respecto a la situación actual. 
Señora Presidenta, yo creo que lo que ahora se requiere, sobre todo con vistas a la Cumbre de Niza, es un debate público amplio con las ciudadanas y los ciudadanos sobre el texto de la Carta, y también debemos considerar que deberían concedérseles la oportunidad de refrendar dicha Carta. 
Por esto, personalmente, yo apoyo la celebración de un referéndum a escala europea sobre la Carta, con objeto de que por fin podamos contar con una legitimación democrática de la construcción europea emanada de los propios ciudadanos y ciudadanas. 
Señora Presidenta, con frecuencia se da mucha importancia a la firma de las Cartas y con frecuencia las firmas se mitifican. 
Ocurrió lo mismo con relación a la Carta de los Derechos de los Trabajadores, firmada en Estrasburgo durante un Consejo Europeo que parecía que había resuelto el compromiso de las Instituciones con la solución de los problemas ligados a la tutela de la dignidad del trabajador. 
Luego vino el desmentido: en Maastricht, en efecto, el Reino Unido no suscribió el Protocolo sobre la política social desmintiendo la copiosa retórica derrochada a manos llenas sobre la importancia fundamental de la firma de la Carta de los Derechos de los Trabajadores. 
Pues bien, tratemos de que no ocurra lo mismo con relación a la Carta de los Derechos. 
Por esto, además de las firmas, es importante que existan compromisos políticos efectivos, cumplidos día a día- cada día- por todos los Estados y por todas las fuerzas políticas. 
La Carta no es enmendable, y ello produce un déficit democrático que nos hace compartir las conclusiones de Biarritz de no considerarla jurídicamente vinculante. 
En realidad, si la Carta fuera enmendable, si se recordara que la Carta no contempla deberes y presenta carencias en materia de derechos, sería más fácil: la Carta es demasiado débil en la defensa de la familia natural, en la protección de la infancia; ignora la necesidad de reglas para toda nueva tecnología que afecte a la información global; discrimina la educación privada de la pública; ignora, en la defensa del medio ambiente, la defensa de la salud y de los derechos de los animales; es genérica en la defensa del consumidor y deja abierta la puerta a la comercialización de alimentos perjudiciales para la salud. 
Asimismo, la Carta adolece de lagunas políticas: por ejemplo, no aborda el problema de los refugiados políticos. 
Por esto, estimamos que la Carta es importante, como posición de principio, sólo para la puesta en marcha de un debate: un debate que consideramos útil de cara al futuro, a pesar de que es un debate que debe desarrollarse todavía y que debe avanzar junto con el proceso de unificación. 
Otorgaremos a esta Carta el valor de una declaración política comprometiéndonos juntos: por esto votaremos a favor de la recomendación y Alianza Nacional se compromete a un debate democrático que deberá integrar y perfeccionar el contenido de la Carta en los próximos meses y que deberá avanzar al mismo tiempo que la adhesión y la nueva ciudadanía europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que esta Carta es simplemente la enésima demostración de la capacidad de la Unión y de nuestros Estados miembros para multiplicar los textos vacuos, las declaraciones de intenciones. 
Esta Carta, como ustedes saben, no tiene ninguna base jurídica. 
Esta Carta no prevé ningún organismo que pueda hacer cumplir los principios y los derechos que enuncia. 
Esta Carta es un nuevo texto vacuo y no son los llamamientos hechos por el Sr. Barón y algunos otros para incluir la cuestión de la Carta en el artículo 6 y en el artículo 7 del Tratado los que van a cambiar algo. 
Sabemos, por el ejemplo austríaco, que Europa ha reaccionado fuera del Tratado con medidas bilaterales y que no ha tenido fuerza, ya que el artículo 6 y el artículo 7 no lo permitían, para hacer respetar los grandes principios de los que se hace publicidad. 
La cuestión es más importante. 
En Colonia, el Consejo tuvo la genial idea de inventarse un hueso para el perro, siendo el perro el Parlamento Europeo. 
Se inventó esta Carta y nuestro Parlamento- como tiene cada más la costumbre de hacerlo- se ha tirado a roer el hueso y lo ha roído tantísimo que hoy tenemos la impresión de participar en un acontecimiento histórico; ahora bien, las verdaderas cuestiones en las que estamos enfrentados son las páginas blancas del documento de síntesis de la Presidencia francesa, la cuestión de la Comisión y la cuestión de la ponderación de los votos en el Consejo, y nuestro Parlamento, que siempre ha sido fuerte con los débiles y débil con los fuertes, que se muestra cada vez más vil en su forma de afrontar las cosas, no sabe que decir de la destrucción programada de la Comisión. 
Acepta esta deriva que transforma la Comisión ejecutiva en subconsejo, ejecutor de un Consejo que es y que será siempre más fuerte. 
Lo que figura en el orden del día de la cumbre de Niza es la deriva intergubernamental anclada en los textos. 
Ustedes pueden aceptarla, ustedes pueden desquitarse de los grandes textos vacuos, pero aquí está la realidad y es desolador comprobar que los pequeños países de la Unión Europea, al persistir en querer un comisario por cada Estado miembro, refuerzan ese propósito que es el del debilitamiento de la Comisión. 
Estamos programando un asesinato de la Comisión, un asesinato que es también un suicidio desde el momento en el que, la semana pasada, la Comisión se adhirió a las propuestas del Consejo. 
Entonces lloremos o pongamos cara de estar felices, celebremos este gran acontecimiento que no es más que un gran acontecimiento vacuo. 
Pienso que es conveniente que lo recordemos. 
Que votemos a favor de esta Carta, que votemos en contra, que nos abstengamos, no cambiará nada. 
Señora Presidenta, nadie creería que el Sr. Dupuis y yo hablamos del mismo texto. 
Tras la votación de la Carta figura un mal disimulado orden del día destinado a crear la primera parte de una constitución para lo que podemos denominar los Estados Unidos de Europa. 
La inscripción de ésta en el Tratado tendrá lugar por primera vez, bien es verdad, en una conferencia institucional a celebrar en el año 2004, pero ya con la solemne ratificación de ésta por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo dispondrá de una nueva fuente de inspiración para sus sentencias y el representante del Tribunal ya ha comunicado que se dejarán inspirar por la Carta. 
El representante de la Comisión en la convención de Torino atribuye significación jurídica al documento. 
Resulta por ello absurda la afirmación del gobierno danés de que en la Carta no hay nada nuevo. 
¿Para qué nos servirá entonces este texto? 
Por supuesto que hay novedades en la Carta con relación al derecho existente, por ejemplo, se prohíbe la discriminación de las minorías nacionales, lo que es positivo, y hay una nueva redacción de la discriminación positiva del género subrepresentado y nuevas normas relativas a la clonación y a la protección del individuo y asimismo al derecho de acceso del público a los documentos administrativos. 
El problema no es el contenido sino la intención, que es tratar de superar las constituciones nacionales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
El Tribunal de Justicia Europeo se convertirá en nuestro nuevo Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, también en todas las cuestiones relativas a derechos fundamentales y derechos humanos, convirtiéndose también en el último intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Durante la convención presenté varias propuestas encaminadas a que la Carta se rigiera por los Tribunales Constitucionales nacionales y el Tribunal de Derechos Humanos. 
No pudo aprobarse, lo que testimonia precisamente la intención constitucionalizadora. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que el voto que nuestro Parlamento va a emitir para permitirle, señora Presidenta, proclamar esta Carta en nombre de nuestra Institución, es un voto importante. 
Después de la hora del mercado, la hora de la Europa de los derechos quizás ha llegado finalmente. 
El concepto de ciudadanía en la Unión Europea es un concepto relativamente nuevo. 
Recordemos que fue una iniciativa de Felipe González, quien nos propuso este bello concepto. 
Desde entonces, se ha desarrollado y ha vivido. 
Hasta ahora, sólo vivía a través de un himno, un pasaporte. 
Me parece que ahora, con esta Carta, tendrá también un contenido, la definición de derechos tal como los damos a conocer en este bello texto. 
Es un bello texto porque es leíble, claro, preciso, redactado "como si" -ya veremos mañana -, pero mientras tanto, desde hoy, puede leerse como un texto de derecho, y eso es lo que queríamos. 
Es también un texto que para las mujeres representa un progreso, puesto que está redactado en género neutro. 
Pero es también un texto del que podemos estar orgullosos del fondo, porque es equilibrado. 
Su primer derecho es el de la dignidad. 
Cómo no reconocer que en el siglo XXI, detrás del concepto de dignidad, es el conjunto de derechos, en su indivisibilidad, el que gana. 
Son al mismo tiempo los derechos de la persona, los derechos del ciudadano, pero también los derechos sociales. 
Ya sé que el mandato de Colonia era difícil. 
Era un mandato equilibrado, dirán algunos, pero insuficiente, para otros; era un mandato que hemos utilizado en toda su dinámica, y casi diría que hasta el fin de su dinámica. 
En esta Asamblea, algunos, incluso dentro de mi propia familia política en sentido amplio, lamentan la ausencia del salario mínimo, del derecho a la vivienda, o la falta de una referencia explícita a la Carta social del Consejo de Europa y a la Carta comunitaria en las disposiciones generales del texto. 
Y, sin embargo, yo les invito a leer el texto con seriedad. 
En las intervenciones que he oído esta mañana, no estoy seguro de que todo el mundo hubiera leído realmente este texto, en toda su extensión. 
Sobre su extensión, quiero decir algo. 
Cuando en materia de derechos sociales se dice que este texto no va demasiado lejos, invito a los que están en esta línea de pensamiento a que miren el valor jurídico de los textos con los que hasta ahora contábamos a nivel europeo en materia de derechos sociales. 
La Carta está redactada, en efecto, como un texto que puede tener un valor vinculante. 
Va mucho más allá de los textos con los que nos identificamos políticamente pero que, desde el punto de vista del dispositivo jurídico que los establece, incluso aunque se basen, lógicamente, en políticas comunes, en términos de derecho, no definen sin embargo derechos reales que algún día puedan ser reconocidos por un juez. 
Este texto hay que darlo a conocer, hay que vivirlo. 
Retomando una expresión de Catherine Lalumière, diría que "hay que ponerlo en órbita". 
Para ello, todos tenemos que trabajar codo con codo, sobre la base de una votación lo más amplia posible, espero, de esta Asamblea. 
Esto supone nuestra movilización, parlamentarios europeos, la de nuestros colegas parlamentarios nacionales, del Consejo, naturalmente, la de los gobiernos, así como la de esta sociedad civil que nos ha acompañado en el proceso de elaboración del texto. 
Una palabra sobre el valor jurídico. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha tenido a bien hacerse eco de los trabajos de la CIG, ayer por la noche. 
He tenido la impresión de que, pese a que varios gobiernos no lo desean, casi una mayoría podría inclinarse a favor de una inclusión en el artículo 6. 
No es el principio y el fin del estatuto de esta Carta. 
Deberá tener el lugar que le corresponde como preámbulo a una constitución, pero esto queda para una historia institucional futura. 
Por ahora estamos ocupados en esta referencia en el artículo 6. 
Este es el mandato que hemos dado a nuestros representantes. 
Para nuestro Parlamento, la etapa que vamos a franquear es fruto de una larga lucha, que iniciamos ya en 1975 y que al hilo de nuestras resoluciones, de nuestros proyectos Spinelli, de nuestros proyectos de constitución europea, ha sido recordada permanentemente. 
Espero que en el momento de la votación podamos estar el mayor número posible en esta Asamblea, para que su voz, señora Presidenta, sea una voz fuerte en el momento de la proclamación. 
Señora Presidenta, la Carta comprende muchos aspectos beneficiosos. 
El derecho a una buena administración, a que hacía alusión también la Sra. Malmström, es uno de los avances más importantes. 
Este derecho no existe en otros documentos internacionales y está ausente en muchas constituciones de los Estados miembros. 
El acceso a una administración más abierta es una de las mejoras más concretas que ofrece la Carta a los ciudadanos de la UE. 
La Carta significa también una apertura en beneficio de los derechos de las minorías, ya que el artículo 22 señala que la Unión respetará la pluralidad cultural, religiosa y lingüística. 
Este respeto, en combinación con la prohibición de discriminar, crea un soporte para la futura protección de las minorías. 
El método de trabajo ha sido provechoso. 
Tan provechoso, que el Primer Ministro finlandés en su discurso el pasado viernes aludió a este método como una manera de promover ideas para la futura constitución europea. 
Opino que esto es importante. 
Sin embargo, también es primordial que la UE suscriba las convenciones sobre derechos humanos; ambas cosas van juntas. 
Finalmente, puedo comprobar con satisfacción que se menciona a los niños. Espero que dé fundamento al Comisario Victorino para tomar medidas, de modo que la UE contribuya a la futura Cumbre sobre la situación infantil. 
También puedo comprobar con gran orgullo que un representante de mi grupo parlamentario en mi país, Gunnar Jansson, tuvo un importante papel en la formulación de esta Carta. 
Creo que él ha contribuido a la claridad a que se refería la Sra. Berés. 
La Carta es clara y concisa y constituye un ejemplo para muchas constituciones. 
Quiero añadir mi felicitación y agradecimiento al Sr. Méndez de Vigo y a todos los que han trabajado a ese respecto. 
No sólo se lo agradezco, sino que, además, los envidio. 
Se ha hecho un trabajo extraordinariamente positivo. 
Tenemos aquí un texto que expresa concisamente lo que Europa representa y declara los derechos que nos corresponden como ciudadanos de esta gran Unión. 
La verdad es que siento tristeza al ver que las filas de los conservadores británicos se han alineado contra la idea de que las instituciones de la Unión hayan de responder de las violaciones de los derechos de los ciudadanos de la Unión. 
Es triste que el partido de Churchill y Maxwell Fyfe haya llegado al punto de que, cuando por fin intentamos garantizar que las instituciones de la Unión no sean los tiranos de Bruselas, sino personas sujetas, en virtud del artículo 51, a las obligaciones que vinculan a todas las instituciones de la Unión, los conservadores británicos digan "no". 
Aún no estoy seguro, porque no he tenido noticias al respecto, de hasta qué punto tendrán libertad los lebreles del Sr. Blair para hablar a las claras a favor de este brillante proyecto. 
Espero que el Sr. Martin, que hizo una labor tan excelente de contribución a esta convención, convenza a sus colegas de que ha llegado el momento no sólo de aprobar esta Carta, sino también de hacer que forme parte de nuestra legislación, que sea vinculante para los que nos gobiernan y no sea sólo una proclamación, sino también una parte vinculante de los Tratados. 
Tal vez lo mejor que podamos hacer de momento sea mencionarla en el artículo 6, pero eso sólo será un comienzo. 
No es un documento perfecto; todos sabemos que no lo es. 
Nada en la vida es perfecto y tampoco lo es declarar derechos, pero no aplicarlos efectivamente. 
Tomo nota de que hay artículos sobre la presunción de inocencia y sobre los principios de legalidad y el derecho de defensa. 
Como dije anoche- y volveré a decirlo hoy -, en toda esta Unión hay muchas deficiencias a ese respecto y a veces, con nuestra impaciencia por desarrollar la cooperación judicial y policial, pasamos por alto la importancia de velar por que los inocentes no sean víctimas pasivas, daños colaterales de una guerra contra la delincuencia. 
No debemos limitarnos a aprobar estos derechos, sino que debemos hacerlos realidad en los corazones y en la experiencia de nuestros ciudadanos y hacer que formen parte de nuestra legislación. 
Señora Presidenta, no subestimo la muy importante ambición de afirmar una comunidad de valores humanos ni el hecho de que, por primera vez, en este tipo de texto se pongan en el mismo plano derechos civiles, políticos y sociales. 
Pienso también que el método inaugurado con la Convención ha sido innovador en un deseo de mayor información y transparencia. 
Sin embargo, al lado de todo esto queda una gran insatisfacción. 
Hay un desfase importante entre la ambición del inicio y a lo que hemos llegado. 
Naturalmente, es posible resaltar tal o cual artículo, proclamar avances reales en la afirmación de un cierto número de nuevos derechos relacionados con la evolución de nuestras sociedades o la reafirmación de derechos fundamentales decisivos. 
También se pueden poner de relieve artículos muy por debajo de los derechos reconocidos en otros sitios, especialmente en el campo social. 
No se trata de hacer una columna con lo positivo y otra con lo negativo, señora Presidenta. 
La última vez, usted habló del vaso medio vacío o medio lleno. 
Se trata de aprehender la Carta en la globalidad de su propósito y de su ambición y de plantearse la pregunta "¿ está a la altura de las exigencias y de las expectativas de los ciudadanos europeos, les proporciona puntos de apoyo para afrontar los retos del período ?" 
Sí, he leído el texto, lo he leído y releído. Efectivamente, es un texto leíble. 
Comprendo los argumentos que han adelantado mis colegas, pero sigo considerando que en la Carta hay ambigüedades muy peligrosas y que el denominador común es el mínimo. 
Por último, a pesar de las innovaciones de la Convención, de las que he hablado, hay que decir las cosas francamente. 
Los ciudadanos europeos han estado desinformados y si hubieran sido requeridos- como hubiera sido necesario- para contribuir a la elaboración de la Carta, su contenido habría sido ciertamente diferente. 
Nunca es tarde si la dicha es buena. 
Niza no debería ser únicamente un punto de llegada para la Carta, el lugar de la autosatisfacción proclamada, sino que sería juicioso hacer de él el punto de partida de un debate "ciudadano" lo más amplio posible sobre esta apuesta tan importante de los derechos fundamentales. 
Por último, justamente porque la decisión sobre la Carta es una decisión política capital, soy de los que en este Parlamento consideran que es prematuro pronunciarse hoy. 
Señora Presidenta, el proyecto de resolución del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos Fundamentales se basa en la misma ambigüedad que los trabajos de la Asamblea. 
En uno y otro caso se nos pide que aprobemos un texto sin decirnos para que servirá. 
¿Es una declaración política? 
¿Es un complemento al Tratado? 
¿Es la primera parte de una futura constitución? 
Se nos dirá más tarde, sin duda después de Niza. 
Esta incertidumbre introduce un vicio fundamental en los consentimientos dados con motivo del cierre de los trabajos de la Asamblea o de las votaciones de hoy. 
Algunos se tranquilizan, en efecto, pensando que un voto positivo no compromete a nada, pues la Carta debería quedarse en una simple declaración. 
Esto es un error. 
Este texto, como mínimo, si se adopta tal cual- y es una reserva importante, sobre la que volveré- se hará obligatorio a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
En este proceso, dos aspectos me parecen fascinantes. 
El primero es que la Carta así adoptada nos llevaría directamente hacia una Europa uniformizada, a la que la inmensa mayoría de los miembros de esta Asamblea dice que tiene horror y cuyos electores no quieren en absoluto. 
Pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que mañana va a interpretar los derechos minuciosamente se aplicará de forma uniforme a toda Europa, privando a cada democracia nacional de su derecho de decisión autónomo. 
Mañana, señoras y señores diputados, ustedes no podrán decir que no lo sabían. 
Segundo aspecto fascinante: estamos discutiendo hoy un asunto- los derechos humanos y del ciudadano- sobre el que la Unión no tiene ninguna competencia. 
Pero el Consejo de Colonia, ayudado por el recinto, que ha desempeñado de maravilla su papel de sembrador de confusión, ha terminado por hacer olvidar a todo el mundo que esto es competencia de los parlamentos nacionales y que estos últimos están siendo infrautilizados, al ser desplazados progresivamente. 
En efecto, sobre la base de los Tratados actuales, la discusión de hoy es totalmente ilegítima. 
He aquí un malísimo presagio para una Europa que pretende querer hacer respetar los derechos fundamentales. 
Es por lo que pienso- y aquí me dirijo muy especialmente a la Presidencia del Consejo- que si los gobiernos reunidos en Niza adoptan la Carta como declaración política, deberían hacerla preceder de una declaración preliminar que recuerde que la definición y la evolución de los derechos de los ciudadanos son, en todos los casos, competencia exclusiva de los parlamentos nacionales. 
Señora Presidenta, este año se celebra el quincuagésimo aniversario del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
La presente Carta me parece una mala copia de la misma: suscita perplejidades desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, cuando, en el apartado 2 del artículo 2, reza: "Nadie puede ser condenado a la pena capital" -y esto es correcto- y después: "ni ejecutado". 
¿Cómo hace uno a ser ejecutado si antes no es condenado a la pena de muerte? 
Es algo excesivo, superfluo, absurdo. 
Se habla de libertad de cultos religiosos, sin límite alguno. 
La Constitución italiana prevé, por ejemplo, el límite de la buena conducta; la Convención prevé el límite de los derechos de los demás, del orden público. 
Por ejemplo ¿se admiten o no se admiten ritos satánicos, ritos orgásticos? 
Esto no está claro en absoluto. 
Políticamente, además, falta el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, falta una clara definición que proteja a la familia natural. 
Por último, este procedimiento que no permite a ningún parlamento ni tampoco al Parlamento Europeo enmendar la Carta ni la propuesta de decisión, a mi entender, por una parte, proclama los derechos de los ciudadanos y, por otra, no hace sino negar los derechos de los representantes de los ciudadanos, es decir, los nuestros como diputados que no podemos siquiera proponer una enmienda. 
Es por esto que, aun estando a favor de la Europa de los ciudadanos, no me identifico plenamente con esta Carta y, en consecuencia, no voy a votar a favor de la misma. 
Señora Presidenta, mi respuesta a la pregunta de si el Parlamento Europeo debe participar en la promulgación solemne de la Carta es, sencillamente, no. 
Realmente, ¡no es bueno para nada! 
¿A quién servimos con la proclamación de la Carta? 
No a los ciudadanos de los Estados miembros, ya que la mayor parte de los derechos que figuran en la Carta se formulan de una forma tan vaga que cualquiera, también las instituciones, puede utilizar lo que más le convenga. 
Además, si la Carta inesperadamente se convirtiera en jurídicamente vinculante, no estaría previsto de ninguna forma un buen sistema de protección jurídica. 
Así mismo, el documento está lleno de derechos que no tienen nada que ver con la limitación de competencias de las instituciones. 
La Carta, por tanto, está dirigida sobre todo a los Estados miembros, pero éstos ya han recogido los consabidos derechos fundamentales en sus leyes fundamentales o constituciones. 
Todos los Estados miembros son parte del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos en tanto garantía adicional para una correcta protección de los derechos fundamentales. 
¿Qué puede añadir la Carta además de una seria confusión? 
Según Joseph Weiler, el ciudadano europeo se enfrentará a partir de ahora a un exceso, más que a un déficit, de protección en materia de derechos fundamentales. 
Sinceramente, estoy de acuerdo con él. 
Un superávit de protección en materia de derechos fundamentales es tan perjudicial como un déficit. 
La Carta ha terminado convirtiéndose en una proyecto de prestigio. El Parlamento Europeo, en tanto defensor de los intereses de los ciudadanos, no debería participar en ello. 
Señora Presidenta, yo estuve entre los defensores de la Carta de los Derechos Fundamentales desde un primer momento. 
Siempre me manifesté también a favor de su obligatoriedad. 
No obstante, aun así, no comparto la valoración eufórica dominante de la Convención como instrumento del futuro desarrollo constitucional. 
Más allá de los problemas en relación con el contenido de la Carta que ya se han señalado hoy, la mera incorporación de algunos parlamentarios nacionales no puede ser un sucedáneo de un examen en profundidad de las cuestiones de rango constitucional en los Parlamentos nacionales. 
En cualquier caso, yo quiero advertir contra el riesgo de confundir el instrumento de la convención con un deus ex machina de la Unión Europea. 
Sólo un último comentario dirigido al Presidente del Consejo. 
En mi calidad de antiguo miembro de un Tribunal Supremo, yo puedo asegurarle que las competencias superpuestas de diferentes Tribunales Supremos darían lugar en muy breve tiempo a una jurisprudencia divergente y es de esperar que surgiesen divergencias en la jurisprudencia. 
No podemos perder de vista de ningún modo este problema. 
Señor Presidente, hoy en la votación de las 12 concluiremos un proceso que se inició en 1984 cuando este Parlamento aprobó el proyecto de Tratado de la Unión Europea, donde aparecía ya la petición de una declaración de derechos, un proceso que continuamos en 1989 con la Resolución de De Gucht. 
La Carta de los Derechos Fundamentales ha sido siempre una prioridad para este Parlamento, en primer lugar, porque éste ha querido ver reflejados en un texto los principios y valores que unen a los europeos. 
Esto es particularmente importante en este momento, cuando iniciamos un proceso ambicioso de ampliación. 
En segundo lugar, porque la Carta de los Derechos Fundamentales es un factor esencial de la marcha hacia la unión política. 
Y, en tercer lugar, señor Presidente, y seguramente ésta es la razón más importante, porque una Carta de los Derechos Fundamentales va a acrecentar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. 
Por todo ello, mi Grupo- lo ha dicho antes su presidente, el Sr. Poettering- va a votar en favor de esta Carta. 
Además, esta Carta refleja la opinión del Parlamento, tal y como recogimos en nuestra Resolución Duff/Voggenhuber el pasado 16 de marzo. 
La Carta ha sido elaborada con la participación de una delegación del Parlamento y, como presidente de esta delegación, quiero agradecer a todos los miembros que formaron parte de ella su trabajo, su compromiso y su apoyo en todos estos meses. 
Es verdad- algún orador lo ha dicho- que tenemos que hacer un esfuerzo de información sobre la Carta, esfuerzo que puede empezar en este Parlamento. 
Cuando uno escucha las intervenciones de algunos diputados, se da cuenta de que esa información es más necesaria que nunca. 
Algunos, antes de intervenir, deberían leer la Carta para no decir las cosas que dicen. 
Señor Presidente, déjeme decir unas palabras sobre los efectos de la Carta. 
Me parece que la referencia al artículo 6 es lógica y creo que la Presidencia del Consejo debe tomar buena nota de lo que ha dicho el Sr. Barón. 
El presidente del grupo de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea ha dicho con toda claridad que el Parlamento- en todo caso su grupo- no aprobará la reforma del Tratado de Niza si no se contiene una referencia en el artículo 6. 
La Carta va a tener efectos. 
Los va a tener esté o no en el Tratado. 
Y les diré algo más, los ha tenido ya. 
Si leen el informe de los tres sabios sobre la situación en Austria, verán que se menciona la Carta en tres ocasiones. 
Ese informe fue elaborado entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, cuando la Carta todavía no había sido redactada. 
Por tanto, la Carta, esté o no incluida en los Tratados, esté o no en el apartado 2 del artículo 6, ligará a la Comisión- y quiero saludar la importante labor del Comisario Vitorino en la redacción de la Carta -, ligará al Parlamento y ligará al Consejo, y tendrá efectos, señor Presidente, les guste o no a algunos miembros de esta Asamblea. 
Señor Presidente, los diputados que esta mañana han sostenido que esta Carta no refleja tal o cual derecho con suficiente intensidad o en absoluto o que dicen que no es bastante demócrata cristiana o bastante socialista o bastante verde no parecen haberla entendido. 
Es una Carta que recoge derechos que no corresponden a ningún partido y corresponden a todos. 
Es una fusión de los valores europeos vigentes de forma contemporánea e imaginativa. 
Todos los sectores de la Asamblea interesados en el desarrollo de la Unión Europea deben acogerlo con satisfacción. 
Como dice la Comisión en su excelente comunicación y como nos ha recordado el Sr. Moscovici esta mañana, esta Carta es excepcional, porque recoge los derechos sociales, civiles, políticos y económicos de un modo que no se da en ninguna de las demás cartas de derechos humanos o derechos fundamentales del mundo. 
Es también contemporánea, como señala la Comisión, porque aborda cuestiones tales como la bioética, la ingeniería genética y la protección de datos, así como el acceso a la información. 
Conque es un paso válido en la dirección correcta. 
La convención y su presidente, el Sr. Méndez de Vigo, son dignos de felicitación por ello. 
La gran cuestión que ahora nos divide es para qué sirve esta Carta. 
Para mí tiene tres fines. 
En primer lugar, decir a los ciudadanos: Europa no es simplemente algo que nos suceda, es una comunidad que nos ofrece derechos, que nos ofrece garantías, que nos ofrece protección en ciertas circunstancias. 
En segundo lugar, decir a las instituciones: tienen el deber, que está expresado en esta Carta, de tratar a los ciudadanos de determinado modo. 
Cuando aprueben una legislación, cuando adopten medidas administrativas, cuando redacten documentos, deben atenerse al contenido de esta Carta. 
En tercer lugar, dice a los Estados miembros actuales y a los Estados candidatos que, cuando ingresamos en la Comunidad, ingresamos en una comunidad de valores. 
Hay ciertas condiciones que se deben mantener y alcanzar para ser miembro de la Unión Europea o mantenerse como tal. 
Se trata de un mensaje muy claro no sólo a los Estados candidatos, sino también a los Estados miembros actuales. 
Si pensamos en la frágil situación política en uno o dos de nuestros Estados miembros, se trata de un importante mensaje en este momento. 
¿Cómo se utilizará la Carta? 
Convengo con los diputados que dicen que el Tribunal no va a pasar por alto una Carta proclamada solemnemente por las tres instituciones: la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Cuando emita fallos, tendrá presente dicha Carta. 
Se debe acoger con beneplácito y no con miedo, como parece pensar el Sr. Bondi. 
El Sr. Dupuis e incluso el ministro de mi país han dado a entender que se trata de un documento vacuo o vacío. 
No puedo aceptarlo. 
Es un importante paso adelante en la construcción de Europa. 
Lo acojo con satisfacción. 
Señor Presidente, Señorías, una Carta para Europa, para los ciudadanos de la Unión, está bien. 
Lo digo como federalista, sabiendo que el principio al que habrá que hacer referencia algún día será el de la subsidiariedad, para conseguir más libertad para los pueblos europeos, incluido mi pequeño pueblo, el pueblo valdotano, que siempre ha practicado el federalismo en Italia y en Europa. 
Pero, lógicamente, hay que subrayar que la Carta es solamente el punto de partida y no el punto de llegada. 
Debo señalar que es una buena cosa hablar de las minorías nacionales y de la diferencia cultural lingüística en el capítulo dedicado a la igualdad. 
Hay que avanzar en el terreno de una verdadera constitución europea para dar una garantía internacional a las minorías lingüísticas. 
Señor Presidente, el contenido de la Carta podía haber sido mejor. 
La cuestión de su naturaleza jurídica se podía haber resuelto ahora y no en un futuro muy incierto. 
Lo que ha impedido alcanzar ambos resultados es, señor Ministro, lo que impedirá alcanzar en Niza un resultado satisfactorio en términos de democracia y de eficacia: la obligación de la unanimidad sobre cada parte del texto. 
Quien está más atrás y es más retrogrado ha vencido una vez más a quien, en la sociedad civil en las instituciones, lucha para que los derechos fundamentales se apliquen a todos y sean una respuesta eficaz y jurídicamente vinculante a las nuevas cuestiones como los riesgos de la ciencia, los derechos de los nuevos ciudadanos, el derecho a un medio ambiente, etcétera. 
Por lo tanto, una vez más estamos decepcionados e insatisfechos. 
Cierto, votaremos a favor de la Carta, pero con el ánimo de que esto no conseguirá movilizar ese entusiasmo y esa participación de los ciudadanos, tan necesarios para Europa y, como de costumbre, serán los Gobiernos- y algunos Gobiernos más que otros- a cargar con la responsabilidad histórica de esto. 
Señor Presidente, es difícil negar que desde hace algunos años las políticas sociales de los Estados de la Unión dependen de las políticas económicas y monetarias, de las compatibilidades presupuestarias, de los Pactos de Estabilidad, de la flexibilidad y de la precariedad del trabajo por cuenta ajena, en aras del dios mercado y de la competencia, su inseparable compañera. 
La diferencia entre quien tiene mucho y quien tiene poco o nada es cada vez más grande, mientras que quien tiene mucho, precisamente en nombre de los principios sagrados antes mencionados, pide cada vez más sacrificios a quien tiene poco o nada. 
La Carta de los Derechos Fundamentales, con la constante remisión a las legislaciones y a las prácticas nacionales para la eficaz consecución de los derechos sociales, tiende a convertir en irreversible esta subordinación, este mecanismo de apropiación inicua de la riqueza por parte de unos pocos y este modelo de sociedad liberal-librecambista que está surgiendo con una rapidez impresionante de las cenizas del pensamiento socialdemocrático europeo. 
En cuanto a los derechos sociales, esta Carta supone un retroceso respecto a las legislaciones de muchos Estados miembros y, precisamente por ese juego de remisiones, servirá como instrumento para modificarlas o empeorarlas. 
Los derechos civiles y políticos son derechos formales vacíos de contenido si no se basan en derechos sociales reconocidos y no sólo enumerados. 
Parece que el siglo que termina, con todas sus luchas por la emancipación de las clases sociales desfavorecidas, ha pasado inútilmente y no nos ha enseñado nada. 
No podemos hacernos ilusiones de que esta Carta represente un primer paso hacia una Unión cada vez más solidaria. 
La misma, por el contrario, es el punto de llegada al nivel más bajo de las políticas sociales que tendremos en el futuro. 
Lo único que espero es que no se incluya en los Tratados y que vayan aumentando los movimientos que en la sociedad civil, en los sindicatos, en las organizaciones políticas piden una Europa más justa y realmente más solidaria. 
Señor Presidente, Señorías, con el debate sobre la Carta de los Derechos Fundamentales nuestro Parlamento entra en una nueva e importante etapa del camino de la Unión Europea hacia una Europa más unida y, espero, más justa y más honesta. 
Voy a votar a favor de esta Carta, no porque esté convencido de que se aplicará correcta y eficazmente, sino porque no se puede no estar de acuerdo con los principios que la inspiran. 
Siguen existiendo profundas perplejidades causadas por preocupaciones que se pueden compartir: pienso en esos Estados de la Comunidad en que el derecho a la vida es y sigue siendo única y exclusivamente una afirmación de principio, cuando se suprime de manera indiscriminada la vida humana desde su concepción; pienso en los consumidores europeos que, gracias a la Carta, tienen muchos, nuevos e importantes derechos y a los cuales, por el momento, se le da lo que queda de las vacas locas, como ese capitalismo que engorda a expensas de la gente pobre; pienso en aquellos trabajadores que están en las fábricas que tendrían derecho a un empleo estable y a los que, en nombre de la globalización de los mercados, el futuro se les trueca por la deslocalización del trabajo donde cuesta menos; pienso en los estudiantes y en los profesores y en los derechos a la educación, y pienso en las estructuras ruinosas y obsoletas de muchos países que abdican de este papel; pienso, Señorías, en la libertad y en los derechos de opinión y pienso en aquellos que abarrotan las cárceles europeas sólo porque no piensan como los demás; pienso en el derecho a una vivienda y a una calidad de vida adecuada; pienso en los jóvenes que, en nombre de intereses a menudo mafiosos, no tienen siquiera el derecho al amor. 
Pienso en todo esto y más y me preocupo, sin embargo, votaré a favor de la Carta, aunque fuera una utopía, porque a todos nosotros se nos pide una revolución que para ser llevada a cabo necesita una pizca, una pizca de raciocinante utopía. 
Señor Presidente, en la recomendación sobre la que versa este debate el Parlamento aprueba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Después ordena a su Presidente y a los Presidentes del Consejo y de la Comisión que proclamen la Carta de Niza. 
Pero esta Carta va encaminada claramente a intensificar la unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. 
Según el coponente, Sr. Duff, se trata de un importante paso para mejorar la calidad de la integración europea. 
Como representante de mi pueblo de Inglaterra y no de los pueblos europeos, lo único que puedo decir es que no tengo un mandato para intensificar la integración europea... y tampoco el Gobierno del Reino Unido, si representa de verdad a su pueblo. 
De hecho, la mayoría de la población del Reino Unido se opone totalmente a una mayor integración. 
Así, pues, como demócrata que soy, me disocio de esta iniciativa y votaré en contra de ella. 
Señor Presidente, la Carta, junto con hacer visibles los actuales derechos, constituye un importante avance en Europa. 
En último término se debate si la UE se fundamentará en los principios normales del estado de derecho. 
La Carta llena un vacío en el derecho comunitario y fortalece la protección a los individuos frente a los atropellos de la policía europea, de las autoridades que combaten el fraude y de las autoridades que velan por la competencia. 
A pesar de que en la práctica ya aplicamos penas, carecemos de posibilidades de recurrir las violaciones a los derechos humanos, cosa que es necesaria en un estado de derecho. 
Todos los individuos, mujeres, hombres, obreros y patronos, deben gozar de protección contra eventuales abusos políticos y administrativos en el seno de la UE. 
No existen razones decentes para oponerse a esto. 
Quien injustamente sufra un daño causado por los aparatos jurídicos de la Unión, debe tener derecho a acudir a los tribunales. 
Una Europa ampliada y con competitividad debe fundamentarse en los principios del estado de derecho. 
Se necesita un amplio respaldo político en favor del derecho de los individuos a defenderse ante los tribunales de los abusos. 
¿De qué otro modo podría funcionar un territorio jurídico con más de 500 millones de personas? 
La Carta constituye un fundamento equilibrado y sólido para la ampliación. 
Hay muchos malos entendidos en relación con su contenido material y con sus consecuencias. 
Esos errores deben ser aclarados. 
Para los que lo necesiten, les recomiendo que lean las explicaciones de la convención 49 y el case law de los dos tribunales relacionados con la Carta. 
La Carta influirá en el desarrollo jurídico de la UE y es posible que sucesivamente vaya recibiendo más apoyo. 
Opino que el tribunal debe tomar en consideración especialmente los puntos relativos a la libertad de empresa, a las actividades emprendedoras y al derecho de propiedad. 
Antes de terminar, quiero agradecer muy sinceramente al jefe de la delegación, el competente Sr. Méndez de Vigo. 
Señor Presidente, la propuesta y la aprobación del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales deberían alcanzar un consenso muy amplio. 
Me parece que la disensión sólo se justifica por parte de aquellos que están en contra de la Unión Europea y aquí hemos escuchado a algunos de ellos. 
No entiendo la disensión de quien la motiva porque la Carta no contempla todo aquello que querría ver incluido. 
Creo que ninguno de nosotros ve en ella totalmente realizadas sus aspiraciones, ya que la Carta no puede ser el espejo de una parte, sino ha de ser el punto de referencia común de todos aquellos que se sienten ciudadanos europeos, respetuosos con las diferencias y con la convivencia de los marginados. 
¿Era posible hacer algo mejor? 
Creo que sí, al menos porque no todo lo que propuse ha sido acogido. 
Entonces, ¿es mejor no hacer nada? 
¿No aprobar esta Carta? 
Está claro que no. 
Esta Carta, repito, convierte a la Unión en una comunidad de derechos; es un avance en el proceso de constitucionalización de la Unión, es el primer documento internacional que, según el principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales, junto con los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, contempla nuevos derechos. 
No alcanzo a comprender a quien dice que no sirve para nada, que se trata tan sólo de palabras genéricas y bonitas. 
Quien lo dice no conoce la historia de las Instituciones: también "liberté, egalité, fraternité" son palabras bonitas, sin embargo, en ellas se han basado muchos ordenamientos jurídicos en esta nuestra Europa. 
Es sobre la base de fórmulas como estos artículos que nuestras cortes han garantizado a lo largo del tiempo nuestros derechos fundamentales. 
Dejemos al cinismo de los reaccionarios sostener que sólo cuenta la fuerza o el dinero y que el resto son sólo palabras. 
No, las palabras que encarnan nuestros principios, nuestros valores, nuestros derechos fundamentales tienen fuerza y poder, si nosotros las empuñamos como instrumentos de nuestra convivencia civil. 
En consecuencia, aprobemos la Carta y tomemos en serio las palabras, no dejemos que se minimicen, se desvirtúen y se olviden. 
Tomemos en serio nuestros derechos si queremos que los Gobiernos los respeten y que los jueces los garanticen. 
Señor Presidente, durante largo tiempo he sido de los que dudan. 
La Carta contiene partes provechosas, pero también aspectos discutibles desde el punto de vista de los principios. 
Para mí ha sido decisivo el emplazamiento hecho por el movimiento popular francés Attaque, uno de los de más rápido crecimiento en Europa, que describe la Carta como un instrument de régression sociale, una herramienta para el desarme social. 
Attaque señala que la Carta implica una paso atrás en relación con las reglas vigentes en los Estados miembros, en la ONU, en el Consejo Europeo y en la ILO. 
Attaque dice también que se ignoran los derechos sindicales y opina que en realidad se trata de asentar la libre circulación del capital. 
Cuando el movimiento popular progresista de más rápido crecimiento, con raíces en Francia- patria de la primera revolución democrática- a la que no puede acusársele de euroescepticismo escandinavo o algo por el estilo, tan enérgicamente se opone a la propuesta de Carta, me resulta imposible votar a favor de ella. 
Señor Presidente, continuaré donde se quedó el Sr. Gahrton. 
Pienso que resulta problemático afirmar a un mismo tiempo que los derechos sociales deben ser indivisibles y universales y luego a continuación hacer referencia en el párrafo titulado "Solidaridad" a la legislación y a la práctica nacionales. 
Con ello se debilita precisamente el carácter indivisible y universal en estos ámbitos. 
Ésta fue la parte del contenido que me planteó problemas. 
No obstante, también me plantea problemas la construcción en la que nos hallamos inmersos. 
Si queremos reforzar realmente los derechos humanos en el ámbito europeo, debemos emplear nuestras energías en reforzar el trabajo del Consejo de Europa, hacer que la UE ratifique la Convención Europea de Derechos Humanos y las convenciones análogas sobre derechos culturales y sociales en lugar de levantar lentamente un sistema que compite con el Consejo de Europa, como estamos haciendo ahora. 
El Consejo de Europa representa a toda Europa, a todos los estados europeos. 
Nosotros sólo somos quince- todavía. 
Por último, está el problema de querer crear una constitución sin respaldo popular. 
Esto no aumentará el número de sufragios en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, la Carta que estamos sometiendo a aprobación, es una obra de la que debemos sentirnos orgullosos. 
Por primera vez desde la creación de la Unión Europea, nos encontramos ante los cimientos de una constitución, una constitución para la estructura supranacional que configura la Unión. 
Se trata, en nuestra opinión, de un buen texto, un texto del que también podemos decir, en tanto democristianos, que recoge de forma adecuada nuestros valores y normas. 
El derecho a la dignidad e integridad humanas se encuentra bien formulado. 
Eso también es aplicable al respeto de la familia y la vida familiar, y a la forma en que se redactan los derechos de los niños, ancianos y minusválidos. 
La Carta ofrece, por tanto, una protección adicional a las personas más vulnerables de nuestra sociedad europea, y eso es bueno. 
La Carta también ofrece un equilibrio. 
Además de los derechos sociales, que están bien formulados, también se recoge ahora en el texto el derecho a la libertad de empresa y a la libertad profesional. 
De este modo, se ha logrado un buen equilibrio entre algunos derechos, en los que en su mayoría han hecho hincapié los sindicatos, y los derechos normalmente formulados por organizaciones empresariales y la pequeña y mediana empresa. 
La tercera observación que quiero hacer se refiere a los derechos de los ciudadanos de terceros países. 
También tenemos artículos al respecto que protegen a los ciudadanos de la discriminación, por ejemplo en el mercado de trabajo. 
También ése ha sido un deseo de nuestro Grupo. 
Ahora, la parte más importante de la Carta: el artículo 21, el gran artículo contra la discriminación. Prohíbe la discriminación en dieciséis ámbitos. 
Opino que supone la culminación de la Carta. 
Ese artículo resultará a menudo necesario cuando examinemos la evolución y la discriminación, el racismo y la xenofobia que encontramos en los Estados miembros. 
Señor Presidente, ha sido un gran honor poder trabajar con sus Señorías y con colegas de los parlamentos nacionales en la elaboración de esta Carta. 
Agradecemos a Roman Herzog y a Íñigo Méndez de Vigo que hayan dirigido de forma inmejorable la convención, y esperamos sinceramente que esta Carta se adopte en Niza y lleve la firma de nuestra Presidenta, Nicole Fontaine. 
Sobre todo, ojalá que los ciudadanos europeos utilicen a menudo esta Carta cuando sus derechos se vean afectados. 
Está destinada a estos ciudadanos y esperamos que la acepten en señal de agradecimiento. 
Señor Presidente, el 6 de diciembre me voy a manifestar en Niza. La Confederación Europea de Sindicatos y las ONGs han efectuado un llamamiento en ese sentido. 
Se espera que lo hagan 60.000 personar tan sólo por el llamamiento efectuados por las organizaciones de la CES. 
Estas manifestaciones no son en contra de la Carta. 
Parece que también se manifestarán en contra personas de este círculo, que piensan así y que tal vez quieran eso. 
No obstante, no han entendido nada. 
La manifestación es a favor de una Europa social y democrática, a favor de una Europa de los ciudadanos. 
La Carta forma parte del camino hacia eso, de la dinámica hacia una Europa fuerte y social. 
Como ustedes saben, los derechos sociales y económicos han centrado profundamente mi atención. 
Además del CPDH, la Carta Social del Consejo de Europa también ha servido de inspiración y referencia para la Carta de la UE ¿Saben qué me llamó la atención la semana pasada cuando Prodi y Verheugen presentaron el informe en curso sobre la ampliación? 
Esa pequeña lista del final sobre la ratificación de los tratados relativos a los derechos humanos. 
Si esa pequeña lista se aplica a los actuales Estados miembros, resulta en cualquier caso, que su cumplimiento respecto de la Carta Social revisada del Consejo de Europa es peor que el de los países de la ampliación. Lo encuentro muy embarazoso. 
La nueva Carta tendrá consecuencias jurídicas, también si no es vinculante, El Tribunal de Justicia en la última reunión de la convención, el día 2 de octubre, lo señaló de manera sencilla y clara. 
Las instituciones que ahora van a firmar solemnemente la Carta, no deben, sin embargo, dejar todo a los jueces. 
Para empezar, deben introducir una referencia en el artículo 6 del Tratado de la UE. 
Debe trazarse el camino que se seguirá para lograr recoger de forma vinculante los artículos de la Carta en el Tratado y deben establecerse procedimientos de control, obligaciones de informar, expertos independientes y procedimientos de resolución de conflictos. 
El Consejo de Europa cuenta, además de con el Tribunal de Derechos Humanos, con mucha experiencia en semejantes formas de control, que podemos aprovechar. 
Con todo y con eso, debe quedar claro que Niza no supone el punto final de la Carta, sino el principio. 
Los derechos fundamentales, el corazón de Europa; el eslogan de campaña de la plataforma de la CES y de las ONGs seguirá resultando actual en el futuro cercano. 
Por eso saldremos a la calle en Niza. 
Señor Presidente, los derechos fundamentales de carácter social, los derechos de libertad individual y la protección del medio ambiente no se nombran en las constituciones nacionales existentes u ocupan un lugar demasiado modesto. 
Algunos defensores de una constitución europea o de una carta como paso intermedio en el camino hacia ella, ven en ella la posibilidad de superar de un solo golpe este retraso. 
También hay otros partidarios de una constitución europea. Quieren un documento propagandístico que, sobre todo, describa la actual Unión Europea y justifique la evolución hacia un superestado europeo sin que los habitantes de Europa puedan adquirir ningún nuevo derecho con ella. 
Respaldo la primera corriente y rechazo la segunda. 
El proyecto de Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea constituye un compromiso poco claro entre estas dos concepciones opuestas, de las cuales predomina la segunda. 
Implica, incluso un paso atrás respecto de algunos derechos. 
De ahí que este documento no esté maduro para que se tome una decisión. 
A corto plazo, resulta mucho más importante que la Unión Europea suscriba el actual Convenio europeo para la protección de los derechos humanos del Consejo de Europa. 
El proyecto de Carta puede servir, por el momento, como un texto de discusión interesante sobre el futuro de la colaboración entre los pueblos europeos para los partidos, los sindicatos, las organizaciones medioambientales, las iglesias y otras muchas agrupaciones de los Estados miembros y de los países candidatos de la Unión. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el poder requiere controles. 
Las instituciones europeas tienen poder y tenemos que limitar este poder para ponerlo al servicio de los ciudadanos. 
Ya va siendo hora de que colmemos la laguna que ha existido hasta ahora en la protección europea de los derechos fundamentales. 
Se ha debatido durante muchos años si la Unión no debería adherirse simplemente al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, igual que lo están los Estados miembros. 
Yo me alegro de que por una serie de motivos no se llegara a hacer efectiva la adhesión de la Unión al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. 
A la vista del texto de la Carta que hoy vamos a aprobar- espero que por una gran mayoría -, resulta evidente que con nuestra Carta vamos a lograr una protección más amplia y también más actualizada de los derechos fundamentales que la que habría supuesto la adhesión al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. 
Sólo alrededor de una tercera parte de la Carta reitera las garantías de dicho Convenio. 
El resto va más allá en lo que respecta a los derechos políticos de los ciudadanos de la Unión, en el ámbito de los derechos económicos y sociales, y finalmente pero no por ello menos importante, también en los ámbitos significativos con vistas al futuro de la protección del medio ambiente, de la salud y de los consumidores. 
Para que pueda cumplir verdaderamente su función, la Carta debe quedar incorporada al Derecho europeo. 
Hoy sólo vamos a dar un paso en un camino todavía largo. 
La declaración solemne debe convertirse en Derecho constitucional europeo vinculante. 
Con el paso que hoy vamos a dar ¿estamos iniciando un proceso que desembocará en un superestado europeo? 
¡No! 
La reivindicación de unos derechos fundamentales de la Unión, vinculada a la aspiración de una constitucionalización de los Tratados, no significa que al final del camino se encuentren los Estados Unidos. 
No obstante, necesitamos disponer cuanto antes de un texto constitucional para Europa que ofrezca a los ciudadanos unos enunciados claros y comprensibles sobre su Europa, que les indique cuáles son sus propios derechos como ciudadanos, en qué ámbitos ha asumido competencias la Unión y cuáles seguirán siendo de la competencia de los Estados miembros también en el futuro, y cómo se propone cumplir Europa sus tareas, con todas las garantías de la protección de los derechos humanos propia de un Estado de Derecho. 
¡Tenemos que seguir trabajando para conseguirlo! 
¡Sigamos por este camino! 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, en primer lugar quisiera sumarme a las felicitaciones que se han dirigido muy justamente a todos los participantes en la Convención, en particular, al Sr. Méndez de Vigo y a mi compañera Pervenche Berès, y permítanme también que destaque con bastante orgullo la participación activa y comprometida del Comisario António Vitorino. 
Quisiera insistir en tres aspectos que mis colegas han abordado ya aquí a lo largo de esta mañana. 
Primero: en el mérito del funcionamiento de esta Convención. 
Es un mérito que retener e incentivar para futuros trabajos, en particular futuras revisiones de los Tratados de la Unión Europea. 
Segundo: insistir en el carácter vinculante de esta Carta. 
Los ciudadanos europeos no comprenderían que esta Europa fuera más rápida en el mercado y en la moneda y lenta en la materialización efectiva de sus derechos de ciudadanía y sus derechos elementales. 
Tercero: insistir, como ya se ha hecho aquí, en que en las conclusiones de Niza, y en particular en la revisión del Tratado, exista esta referencia a la Carta de Derechos Fundamentales en el apartado 2 del artículo 6. 
No basta la pompa y la circunstancia de la firma de esta Carta y de su proclamación; es preciso que esos derechos tengan plasmación efectiva. 
A eso se debe, una vez más, nuestro llamamiento y nuestra insistencia para que la Presidencia pueda ejercer una función pedagógica ante sus pares del Consejo. 
Por último, dos propuestas: que forme parte del acervo comunitario de los países candidatos a la adhesión la firma y a la ratificación por sus parlamentos de esta Carta de Derechos Fundamentales y que en las conclusiones de Niza quede establecido un calendario preciso para que las futuras Presidencias puedan pasar de esta Carta al Tratado y quisiera proponer que coincidiera en cuanto al plazo con la ratificación por todos los parlamentos de la nueva revisión de los Tratados después de Niza. 
Señor Presidente, Señorías, la Carta que hoy estamos a punto de votar con convicción europeísta es, sin duda, un avance hacia la construcción de la Europa política en la que creemos firmemente. 
Sin embargo, han sido muchos los que han puesto en evidencia que este texto no tiene el valor jurídico de un tratado. 
Por esto es necesario avanzar más. 
El objetivo final es tener una Constitución europea, una ley fundamental de una Unión que no puede limitarse a tener sólo una moneda única, sino que debe ser una realidad política, con una política exterior y de defensa realmente comunes, una interlocutora a la misma altura de los Estados Unidos y que sepa hacer frente al gran reto de la globalización que en los próximos años también protagonizarán los países del continente asiático, empezando por China. 
Por lo tanto, señor Presidente, la Carta es sólo el principio de una trabajo difícil, comprometido y entusiasmante a un tiempo. 
El texto que hoy aprobamos y que, al ser el resultado de una transacción- lo decía el presidente Poettering- no nos satisface en algunas de sus partes, debe contribuir a implementar un gran debate sobre el futuro y sobre la futura Constitución europea. 
La Carta de los Derechos Fundamentales deberá sancionar con vinculante valor jurídico los derechos y establecer cuáles son los ámbitos de competencia de la Unión, de los Estados, de las regiones y deberá tener el sello de la voluntad popular. 
Por esto, tendrá que ser debatida y aprobada por este Parlamento y por los parlamentos nacionales. 
Convencidos de que la Europa del futuro deberá velar cada vez más por los derechos de la persona y de la familia e impedir que vuelvan nuevos racismos y nuevos antisemitismos, los diputados de Forza Italia, junto con el Partido Popular Europeo, votarán a favor de la recomendación que acompaña a la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los participantes en la convención, tanto a los participantes del Parlamento como a los participantes de la Comisión y del Consejo. 
Me parece que se ha llevado a cabo un trabajo muy cualificado. 
La Carta que hoy vamos a aprobar tanto refuerza como hace visibles los derechos fundamentales y los valores comunitarios en los que estará fundada nuestra comunidad. 
Es una carta cuyo centro ocupa en gran medida el individuo. 
Quiero subrayar un par de puntos fundamentales. 
Ante todo me parece positivo recalcar que la Convención de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo serán respetados. 
Es importante que no echemos por la borda la autoridad de estas dos instancias. 
Al mismo tiempo, me parece importante recalcar que los valores comunitarios deben establecerse teniendo en cuenta las diversas culturas y tradiciones que tenemos en Europa. 
Me parece importante tener esto bien presente si queremos alcanzar el respaldo necesario de los ciudadanos de Europa a la Carta. 
También quiero destacar un elemento especialmente positivo de la Carta, me refiero a la cuestión de que en ella se establecen disposiciones sobre minorías de mucho alcance, disposiciones de mucho calado sobre la no discriminación. 
Me parece muy positivo. 
También me parece bien que hayamos sido visionarios e incluido nuevos ámbitos de protección en el cuadro general. 
Pienso tanto en materia medioambiental como en materia de biotecnología. 
Creo que la aprobación de la Carta en Niza será una clarísima señal a ciertos países solicitantes de la seriedad con la que la UE contempla el respeto de las libertades fundamentales. 
Y por último diré que estoy bastante satisfecho de que la Carta se apruebe en Niza como documento político. 
Creo que será una buena base para el diálogo que hemos de mantener con los ciudadanos de Europa sobre el desarrollo futuro de Europa. 
Señor Presidente, no voy a hablar mucho de los efectos de esta Carta a diferentes niveles: en el plano interno, el ciudadano europeo sabe que ahora Europa no es más que económica; en el plano de la ampliación, ningún país podrá pretender integrarse en la Unión si en su ordenamiento jurídico interno no respeta los principios de la Carta y, por último, en el plano mundial, es el mensaje de Europa. 
Pero hay otros efectos, especialmente en nuestro ordenamiento jurídico interno. 
Me uno, naturalmente, a aquéllas y a aquéllos que desean incluir en el artículo 6 una referencia a la Carta y su integración posterior en los Tratados. 
Por otra parte, ¿quién puede creer por un momento que la adopción por nuestro Parlamente no producirá consecuencias jurídicas? 
Los parlamentos son tradicionalmente los guardianes de las libertades públicas y nosotros, aquí, tenemos un método un poco particular porque en derecho parlamentario no existe la proclamación. 
En unos momentos vamos a adoptar oficialmente esta Carta, lo más solemnemente posible y deseo que con la más amplia mayoría, y ya habrá tribunales para sacar algunas conclusiones, aun cuando esta Carta no debería ser integrada inmediatamente en los Tratados. 
Hay también otro efecto, que concierne a nuestros propios métodos de trabajo. 
Voy a ponerles un ejemplo. 
Mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas me han hecho el honor de nombrarme ponente del respeto a los derechos humanos en la Unión. 
Desde luego, hay un "antes" y un "después" de la Carta. 
Después de su adopción por este Parlamento, la Carta de los Derechos Fundamentales será mi guía de análisis para este informe y hasta donde mis medios personales e intelectuales y los medios en cuanto a colaboradores que se me faciliten me lo permitan, haré un análisis derecho por derecho, país por país del respeto a la Carta en los quince países de la Unión. 
Nosotros, como Parlamento, somos, en efecto, contables de las propias reglas que adoptamos con una filosofía que no debe ser la del atentado "cero" contra los derechos humanos: no nos creamos ángeles, seguramente habrá atentados contra los derechos humanos. 
Pero conjuntamente tenemos el deber de ver si se pueden denunciar estos atentados, si hay un tribunal para condenarlos, una administración pública para investigar y evitar su repetición. 
En cualquier caso, esta será la filosofía de este ponente, señoras y señores diputados, después de la adopción, dentro de unos momentos, de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Señor Presidente, el primer problema, tal como yo lo veo, que plantea la Carta Europea de Derechos Fundamentales, por noble que sea su intención, es la incoherencia interna de un documento que, aunque se refiere sólo a las instituciones europeas, se aventura por esferas de jurisdicción en las que la UE carece actualmente de competencias... con consecuencias potencialmente indeseables. 
Por ejemplo, en la esfera del derecho penal la abrogación del derecho de extradición de fugitivos a países que permitan la pena de muerte podría hacer que Europa se convirtiera en un refugio para los asesinos americanos. 
La consagración del principio de excepción de cosa juzgada sería embarazosa para el Gobierno británico que acaba de decidir abolirlo. 
En segundo lugar, las disposiciones antidiscriminatorias son ridículamente amplias y se prestan a abusos. 
Esos derechos dan pie para peticiones de matrimonio y adopción homosexuales y las cláusulas relativas a la discriminación lingüística podrían prohibir la negativa a emplear a doctores de la UE en el Reino Unido que no hablen inglés. 
Podrían amenazar incluso las reformas de los sindicatos de Margaret Thatcher en el Reino Unido del decenio de 1980. 
Lo más preocupante es la posibilidad orwelliana que brinda el artículo 52 de suspensión de los derechos fundamentales cuando los intereses de la Unión Europea estén en juego. 
Ya hemos visto el caso de Bernard Connolly cuyo libro crítico sobre la Comisión fue retirado de la circulación por orden del Tribunal de Primera Instancia. 
¿Vamos a encontrarnos con una situación en la que sólo las declaraciones políticamente correctas sobre la UE sean toleradas en el futuro? 
Esta Carta no sólo es potencialmente perjudicial, sino también innecesaria, dado que ya tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fue apoyado en 1950 por el gran conservador Winston Churchill, y los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam. 
Hemos presenciado la hipocresía de esta Asamblea cuando la izquierda no estuvo dispuesta a apoyar una propuesta sobre el restablecimiento de los derechos de la familia real italiana. 
Ya hemos visto los efectos del activismo judicial en Gran Bretaña, que ha privado de poderes a nuestro parlamento nacional. 
Ahora podríamos ver a jueces no elegidos ampliándolo en gran medida en Europa. 
Lo único que se conseguirá con eso es establecer una jurisdicción competitiva entre el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal de Derechos Humanos, lo que redundará en beneficio de abogados ya excesivamente remunerados. 
Por último, avivará las alegaciones de que la UE está empeñada en proclamar una constitución federal con una Carta como primer capítulo. 
Señor Presidente, la aprobación de la Carta marca la continuación del camino hacia una Constitución europea. 
La Unión es un gigante de la economía mundial, pero si se queda sin alma, si crecen juntos la zona de libre cambio y el déficit democrático, aumenta el riesgo de que la competitividad entre en conflicto con la solidaridad y que el mercado sin reglas alimente la nostalgia del pasado en realidades sociales y territoriales que ven amenazadas sus tradiciones y su seguridad. 
La Carta tiene muchos partidarios pero también muchos enemigos. Hemos escuchado las críticas de quien no quiere una Europa política. 
Esta diferencia de opiniones forma parte de las libertades que la misma Carta reconoce. 
Sin embargo, los argumentos de los enemigos de la Carta convierten en aún más evidente el significado político, así como el valor jurídico que no se opone a los Tratados, sino que refuerza sus perspectivas democráticas. 
Para algunos la Carta es un paso demasiado corto, para otros es un paso demasiado largo. 
Los Populares que tienen raíces democratacristianas están convencidos de que la referencia al patrimonio espiritual y moral de Europa fortalecerá la cohesión de una Unión que valoriza las diversidades culturales y políticas. 
El método seguido por una convención transparente y abierta y el trabajo realizado por el Sr. Méndez de Vigo y por los demás diputados merecen nuestra total aprobación. 
Ahora esperamos de Niza una estrategia que haga de Europa una unión de derechos económicos, sociales y políticos. 
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(FR) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, no podría hablar mejor que Antonio Vitorino, por lo tanto seré breve para subrayar la calidad de los debates en este Parlamento, calidad que sólo puede igualarse con la que se ha puesto de manifiesto en la Convención y quiero poner de manifiesto con ustedes la implicación de los miembros de este Parlamento- especialmente del Sr. Méndez de Vigo y de la Sra. Pervenche Berès- en este recinto. 
Escuchando este debate, me satisface ver perfilarse en sus filas, me parece, una mayoría clara y nítida a favor de este texto, aun cuando algunos de ustedes piden que se les convenza. 
Para unos el texto sería demasiado vinculante, incluso demasiado avanzado en relación con ciertas reformas que podría desmantelar, y para otros sería vacuo o insuficientemente vinculante. 
De ello deduzco que, quizás, este texto es la imagen de nuestra Europa, que avanza por compromiso entre concepciones diferentes, entre naciones diferentes, entre tradiciones diferentes, y aquí podríamos hacer nuestra la fórmula de Galileo "Y, sin embargo, gira". 
No me referiré más que a algunos de los puntos más destacados de este debate. 
En primer lugar, Sr. Dupuis, yo no creo, con toda sinceridad, que este texto sea vacuo. 
Por el contrario, creo, como ha dicho el Sr. Antonio Vitorino, que ilustra una visión común de nuestra Unión, que le da, como ha dicho el Sr. Enrique Barón, una legitimidad fundamental y, por mi parte, tengo la convicción de que es una aportación primordial, que va en el sentido de las expectativas de nuestros conciudadanos, los cuales necesitan sentido, necesitan valores, necesitan el reconocimiento de sus derechos. 
Este texto, con sus imperfecciones y sus limitaciones, responde a estas necesidades. 
Y esto sirve también para los países candidatos, cuyos ciudadanos también tienen sed de derechos y de valores. 
La Carta, estoy convencido de ello, se integra así plenamente en el acerbo político comunitario. 
Naturalmente, durante este debate, ustedes han reanudado la discusión sobre el valor jurídico de la Carta. 
Quiero asegurarles, como Presidente en ejercicio del Consejo, que he oído su mensaje, especialmente el que ha lanzado con mucha fuerza el Sr. Enrique Barón. 
Pero, vuelvo a decir que si de entrada hubiéramos planteado el principio de que la Carta debía ser vinculante, entonces este texto les habría decepcionado. Pues la elección estaba clara: se trataba bien de un texto substancial, que corría el riesgo de no ser vinculante por ahora o bien de un texto que quizás podría haber tenido alguna posibilidad de ser vinculante por ahora pero que, de golpe, habría perdido su contenido. 
Además, observo que en el Consejo Europeo la mayoría no parece inclinarse hoy a favor de este valor vinculante. 
Construimos un edificio político mayor y cada etapa cuenta. 
Es por eso por lo que creo que la actitud razonable consiste en consolidar la cimentación que esta Carta representa, y después en preparar el siguiente nivel. 
No dudo que se hará en su momento. 
El Comisario acaba de recordar el espíritu con el que se ha redactado esta Carta, como si algún día tuviera que ser vinculante. 
Por lo que a mí respecta, estoy convencido igual que él de que, por una parte, tendrá efectos únicos inmediatos y de que, por otra parte, será vinculante próximamente. 
En cuanto al método, tengo la sensación de que el compromiso no ha debilitado en nada el texto y que, por el contrario, ha permitido subrayar una cierta unidad, incluso una cierta unanimidad, alrededor de los valores y de los derechos que compartimos. 
Por lo que respecta al papel de los ciudadanos, que podría parecer insuficiente, considero esta crítica parcialmente injusta. 
En la historia de la reconstrucción europea nunca se ha aplicado el principio de transparencia con tanta determinación y éxito. 
Recuerdo que la CES, por ejemplo, que ha sido oída, representa a 60 millones de asalariados en Europa, que varios centenares de ONG han sido consultadas, que simples ciudadanos han podido hacer llegar su contribución y que centenares de estas propuestas han sido tenidas en cuenta por la Convención. 
Termino por lo esencial, que es el contenido, para decir que a mi modo de ver la Carta tiene verdaderamente un contenido significativo- es decir que tendrá sentido para los ciudadanos- y un contenido ambicioso. 
La Convención ha optado por incluir derechos fundamentales inspirados en los diferentes instrumentos del Consejo de Europa, en los Tratados, en las constituciones de los Estados miembros. 
Los derechos humanos contenidos en la Carta son contundentes. 
Pienso, por ejemplo, en la inviolabilidad de la dignidad humana, en el derecho a la vida con la prohibición de la pena de muerte. 
Son modernos. 
Se abordan las posturas éticas y de libertad de las nuevas tecnologías y de la ciencia. 
Pienso, por ejemplo, en el derecho a la integridad de la persona, a la protección de los datos personales y, como lo ha recordado la Sra. Pervenche Berès, mi convicción es que los derechos sociales no deben ser denigrados. 
La Carta afirma los valores sociales de la construcción europea. 
Garantiza que la Unión respeta y respetará su aplicación en los Estados. 
Esto contribuirá a reforzar la confianza que los ciudadanos deben tener en la Unión. 
La Carta, además, dedica una especial atención a ciertas personas más débiles, como las personas discapacitadas, los niños y las personas mayores. 
Afirma también con mucho vigor la igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos, así como la no-discriminación. 
Estos derechos, me parece a mí, se enuncian con una fuerza extraordinaria, de la que la Unión puede enorgullecerse. 
Por último, la Carta recoge los principios fundacionales de la Unión. 
Recuerda las libertades fundamentales de la Comunidad, valorando al propio tiempo a la ciudadanía europea. 
Enunciando un derecho a una buena administración, la Carta también aquí se muestra ambiciosa. 
En el transcurso de este debate, he oído algunas fórmulas contundentes: la Carta sería un hueso para el perro- siendo el perro el Parlamento Europeo- o bien el taparrabo de las renuncias de una Presidencia francesa moribunda, principalmente en la forma de llevar la CIG. 
Dejo a sus autores estos juicios graves, que yo no comparto necesariamente y que, además, espero ver desmentidos en el momento en el que adoptemos el Tratado de Niza. 
Lo que quería decir retomando lo que antecede, es que Niza es un punto importante. 
Pienso, especialmente, que hay que articular el artículo 6 pero también el artículo 7 y espero que lleguemos a hacer reformas en estos dos puntos. 
Niza es un punto importante, pero no es el punto de llegada: es una etapa en la construcción europea, etapa en la que creo que la Carta constituirá uno de los principales elementos, y me alegro de ver perfilarse las opciones de este Parlamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0297/2000) del Sr. Morillon, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe periódico 1999 de la Comisión sobre los progresos de Turquía en el camino de la adhesión (COM (1999) 513- C5-0036/2000- 2000/2014 (COS) ); 
(A5-0303/2000) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2000) 479- C5-0454/2000- 2000/0197 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE con el fin de establecer un programa especial de acción del BEI en apoyo de la consolidación e intensificación de la unión aduanera CE-Turquía. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el 13 de diciembre de 1999 el Consejo Europeo de Helsinki decidió conceder a Turquía el estatuto de candidato a la adhesión a la Unión Europea y establecer un partenariado de adhesión así como un marco financiero único para ayudar a la candidatura de Turquía a progresar de conformidad con los criterios de Copenhague. 
Es con este espíritu con el que los trabajos que han fructificado en este informe se han llevado a cabo en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y quiero resaltar aquí la contribución de todos mis colegas al análisis de este informe, que concluye- uniéndose a la Comisión- que Turquía no cumple hoy los criterios de Copenhague. 
Desde la decisión de Helsinki, hay que resaltar los esfuerzos llevados a cabo por Turquía en la definición de un programa de evolución de su arsenal jurídico para satisfacer mejor las exigencias de la Unión especialmente en materia de respeto a los derechos humanos. 
Como testimonio de ello, entre otros, el informe elaborado bajo la dirección del Sr. Demiroc, Secretario del Alto Consejo de Coordinación de Derechos Humanos turco, proponiendo un muy voluminoso conjunto de reformas de la constitución. 
Pero obligado es también constatar y comprender la emoción suscitada en los diferentes partidos políticos y en la opinión pública turcos por la toma de conciencia de la importancia de estas reformas. 
Los ciudadanos tucos consideran que su entrada en la Unión necesitará no solamente una revisión sin dolor de sus instituciones y el abandono parcial de una soberanía a la que estaban celosamente apegados, sino también un cambio radical de sus hábitos y de sus mentalidades. 
Esta es la razón que ha llevado a nuestro Parlamento a proponer la puesta en marcha de un foro euroturco, reuniendo en una reflexión profunda a los representantes cualificados de la comunidad turca y a los parlamentarios europeos que hayan recibido el mandato. 
La decisión relativa a la adhesión de Turquía tendrá demasiada importancia para el futuro de la Unión y de la propia Turquía como para que pueda tomarse sigilosamente- incluso en secreto- en los despachos. 
Harán falta largos debates, tanto en el Parlamento Europeo como en los Parlamentos nacionales, y por eso todo el mundo se apresta a reconocer que el camino será largo y difícil. 
La puesta en marcha del foro propuesto por nuestro Parlamento debería permitir vencer los primeros obstáculos encontrados en este camino. 
Nuestro Parlamento, en este foro y en los debates, deberá decir muy claramente a nuestros socios turcos que no deben temer ninguna voluntad europea de injerir en sus asuntos interiores, sino que les proponemos un contrato en fase de definición más precisa, con motivo del partenariado de adhesión, señor Comisario y, naturalmente, de la Convención sobre la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Corresponde a los turcos aceptarlo o rechazarlo. 
En el estado actual de las cosas, corresponde también a nuestro Parlamento decir al pueblo turco que en este momento hay tres condiciones para su adhesión. 
En primer lugar, el respeto a la necesidad de identidad, manifestado aun más claramente a través de Europa por nuestros conciudadanos que tienen el más firme deseo de preservar sus raíces frente a los ineluctables progresos de la mundialización. 
Europa, consciente de que su riqueza se debe a su diversidad, está resuelta a reconocer esta necesidad de identidad y es por lo que insiste en los derechos y también en las obligaciones de las minorías. 
Con este espíritu es con el que está dispuesta a ayudar a Turquía a encontrar, principalmente, una solución al problema kurdo. 
El segundo problema que, así las cosas, deberá resolverse a la mayor brevedad es el de Chipre, ya que nadie entendería hoy que continuara dividida por un muro, pues felizmente se han derribado muchos otros en el último decenio, por ejemplo en Berlín, en Sarajevo y, más recientemente aun, entre las dos Coreas. 
Por último, en la medida en que la lucha contra el terrorismo puede ser considerada como finalizada, el peso del ejército turco en la elaboración de las decisiones políticas debería disminuir progresivamente. 
He hablado de tres condiciones previas. 
Nuestro Parlamento ha reconocido el genocidio armenio en 1987. 
Algunos querrían hacer del reconocimiento de este genocidio por el Gobierno turco otra condición para la adhesión. 
Esto iría en contra del espíritu y de la letra del proceso establecido en Copenhague para todos los países candidatos. 
He sufrido demasiado, con todas las comunidades de Bosnia-Herzegovina, las trágicas consecuencias del recuerdo sistemático de las atrocidades de antaño para creer que se puede construir un futuro de paz y de estabilidad no dejando de reavivar los rencores del pasado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, ante todo yo quiero agradecer muy sinceramente a los diputados Morillon y Seppänen sus informes, que son muy constructivos y políticamente muy acertados, y señalar que el presente debate se celebra en un momento muy oportuno, cuando tenemos la posibilidad de marcar tal vez una orientación decisiva con vistas a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Como ustedes saben, la Comisión presentó hace algunas semanas no sólo el informe periódico sobre los progresos realizados en el camino de la adhesión correspondiente al año 2000, sino también, por primera vez en la historia de nuestras relaciones, una propuesta de asociación para la adhesión. 
Tengo la satisfacción de poder anunciar que el Gobierno turco ha aceptado entre tanto dicha asociación como base para nuestra futura colaboración, de manera que podemos abrigar esperanzas justificadas de que conseguiremos justamente el objetivo previsto, que es apoyar con nuestra política a las fuerzas reformadoras en Turquía, dar un nuevo impulso al proceso de reforma y hacerlo avanzar con vistas a la deseada adhesión a la Unión Europea. 
El presente proyecto de resolución del Parlamento resalta nuestro objetivo común de aproximación de Turquía a la Unión Europea. 
No debemos dejar de reiterar con toda claridad que vincular firme y duraderamente a Turquía a nuestra comunidad de valores forma parte de nuestros intereses estratégicos europeos. 
Queremos que Turquía sea un país moderno y abierto, que respete la democracia y los derechos humanos, donde se cumplan los principios del Estado de derecho, y se proteja y respete a las minorías. 
Actualmente ya podemos afirmar que el proceso de Helsinki ha puesto en marcha una serie de transformaciones interesantes e importantes. 
En la propia Turquía ya se observan los primeros indicios de que se ha puesto en marcha el proceso de reforma, un proceso que abarca una serie de reformas políticas fundamentales y de amplio alcance. 
Las relaciones greco-turcas han mejorado visiblemente. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores griego y turco ratificaron hace sólo unos días la voluntad de ambos países de acordar y aplicar medidas encaminadas a fomentar la confianza mutua, de carácter bilateral y también el marco de la OTAN. 
Finalmente, debo añadir que también se han reanudado las conversaciones sobre Chipre en el marco de las Naciones Unidas. 
Hasta la fecha se han celebrado cinco rondas de conversaciones, lo que ya constituye de por sí un éxito importante. 
No obstante, sigue siendo válido lo que manifiesta muy claramente la Comisión en su informe sobre los progresos realizados en el camino de la adhesión: Turquía, al igual que todos los demás países candidatos, debe cumplir los criterios de Copenhague como parte del proceso de aproximación. 
En estos momentos, nuestra atención se centra sobre todo en los criterios políticos, pues mientras éstos no se cumplan no se podrá contemplar el inicio de las negociaciones de adhesión. 
Lo repito: el inicio de las negociaciones de adhesión sólo se podrá plantear cuando hayamos podido confirmar que se cumplen las condiciones políticas. 
De momento, no es así. 
En el Parlamento se ha expresado a menudo preocupación al respecto. 
Yo vuelvo a reiterar que debe preocuparnos que no se respeten suficientemente los derechos humanos y los derechos de las minorías, debe preocuparnos el papel del ejército y su enraizamiento en la Constitución, y sigue preocupándonos seriamente la situación de la población de origen kurdo y el estado de excepción que se mantiene en las cuatro provincias del sureste. 
Ya he dicho que se observan resultados positivos en el contexto del proceso de Helsinki, así como también en el marco de otras transformaciones favorables. 
Lo más importante para mí es que a partir de Helsinki se ha iniciado en Turquía, entre la opinión pública turca, un debate sobre las condiciones para la adhesión de Turquía a la UE, un debate que da apoyo a las fuerzas reformadoras del país y fomenta su desarrollo. 
El informe sobre la práctica de la tortura en Turquía elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional turca es un ejemplo de ello, pero también lo es la correspondiente decisión del Gobierno turco sobre la adecuación de la Constitución turca y del sistema jurídico turco a los valores de la Unión Europea. 
El factor decisivo será que cuanto se ha anunciado y se está debatiendo en Turquía se transponga efectivamente en la práctica. 
Yo creo que la asociación para la adhesión que proponemos es el camino más adecuado para facilitar dicha transposición y garantizar a la vez que la Unión Europea pueda ejercer la influencia necesaria sobre el proceso. 
En la propuesta indicamos las prioridades que debe cumplir Turquía a corto y medio plazo en el marco de un programa nacional con el fin de satisfacer los criterios de Copenhague. 
La cooperación financiera se ajustará a dichas prioridades. 
Nuestro documento describe, en la parte dedicada a los aspectos políticos, las reformas fundamentales y de amplio alcance requeridas. 
Éstas incluyen la garantía constitucional de la libertad de opinión, de reunión y de religión, la abolición de la pena de muerte, la interrupción de la práctica de cualquier tipo de tortura, la adaptación del papel del ejército a las reglas del juego democrático, el levantamiento del estado de excepción en el sureste del país, y el reconocimiento de los derechos culturales de todos los turcos con independencia de su origen nacional. 
En mis contactos con el Gobierno turco, siempre he resaltado que la Unión Europea espera un compromiso firme de Turquía de que va a dar pasos concretos para trasladar a la práctica estos objetivos de reforma. 
También debo añadir, no obstante, que estoy convencido de que el Gobierno turco tiene la firme voluntad de emprender con decisión las reformas necesarias. 
El presidente Sezar expresó con toda claridad en su discurso ante el Parlamento turco del mes pasado por qué también desde el punto de vista de Turquía no existe otra alternativa que seguir esta vía de reformas. 
Yo comparto plenamente las palabras del Presidente turco. Turquía debe llegar a ser una democracia plena, no sólo porque la Unión Europea así lo exige, sino porque el pueblo turco lo merece. 
Todo esto significa que aún nos queda mucho por hacer. 
Esta constatación también incluye, por cierto, el cumplimiento de los criterios económicos y la capacidad de adoptar el acervo comunitario. 
También en este aspecto creo que coincidimos mucho con el informe del Sr. Morillon. 
Como ya saben, la Comisión propuso en el mes de julio un reglamento por el que se crea el fundamento jurídico de la asociación para la adhesión y a la vez se establece un marco financiero unificado. 
Este texto se encuentra a la espera de su dictamen. 
Yo quisiera aprovechar la ocasión que me brinda el presente debate para pedirles que apoyen dicha propuesta. 
Sin ese fundamento jurídico, la asociación para la adhesión no podrá dar todos sus frutos políticos positivos- en los que creo firmemente -, puesto que en tal caso no será posible adoptar la correspondiente decisión. 
En su calidad de candidata a la adhesión a la Unión Europea, pedimos a Turquía que lleve a cabo unas reformas de amplio alcance. 
Sin embargo, esto significa que por nuestra parte también debemos estar preparados para apoyar a Turquía en su proceso de reforma, tal como también estamos haciendo, con unos recursos financieros considerablemente más elevados, con todos los demás candidatos a la adhesión. 
Como posible aportación, la Comisión propone la concesión a Turquía de un crédito del Banco Europeo de Inversiones por un montante de 450 millones de euros. 
Éste se destinaría, en particular, a mejorar la competitividad de la economía turca para adecuarla al mercado común europeo. 
La realización de las reformas políticas necesarias será uno de los núcleos centrales- si no el núcleo central- de las relaciones entre la Unión y Turquía. 
Yo me congratulo de que la semana próxima tengan la ocasión de mantener un intercambio de pareceres con sus colegas turcos sobre esta cuestión con motivo de la reunión de la Comisión parlamentaria mixta. 
También acojo con gran satisfacción las propuestas del informe a favor de una intensificación de la cooperación parlamentaria y una mayor participación de la sociedad civil. 
Muchas gracias por su atención. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente Sr. Seppänen por su informe tan útil en el marco general del debate sobre la adhesión de Turquía a la Unión. 
Aquí hablamos de establecer un programa especial que consolide la Unión Aduanera, ampliando el mandato del Banco Europeo de Inversiones, de manera que pueda cubrir la concesión de nuevos préstamos a Turquía en el período 2000-2004 por un valor de 450 millones de euros. 
El informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuestos. 
Dado que este programa especial de 450 millones, del que la Unión garantiza el 65 %, especifica que con un tipo de aprovisionamiento del 9 % sólo habría que transferir de la reserva al Fondo de Garantía un importe de 26 millones de euros, sólo habría impacto presupuestario en el caso de impago, porque aquí habría que recurrir entonces a la garantía. 
Con estos préstamos del Banco Europeo de Inversiones estamos apoyando las inversiones para la industria turca y sus infraestructuras en materia de transporte, energía y telecomunicaciones. 
Todo ello para aumentar la competitividad de Turquía en el seno de la Unión Aduanera y aminorar así el impacto negativo que el desarme arancelario produce en la economía turca. 
La cuestión fundamental con Turquía no se plantea, por tanto, en el seno de la Comisión de Presupuestos- y esto hay que dejarlo muy claro-. 
La cuestión de fondo de la adhesión de Turquía sigue siendo una cuestión política y es competencia de otras comisiones parlamentarias. 
La Unión Aduanera y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones son algo que funciona con Turquía desde hace ya muchos años. 
Lo que ahora se pretende es dar un impulso necesario en el escenario de una futura adhesión. 
Repito que los únicos problemas serios que podríamos tener vendrían si la ayuda macrofinanciera prometida alcanzara el importe máximo previsto, ya que en este supuesto la reserva residual para garantías se reduciría prácticamente a cero para los años 2001 y 2002. 
Recordemos que es interés de la Unión Europea financiar proyectos de seguridad nuclear en países terceros en el marco de Euratom. 
Un nivel cero de la reserva residual podría traer determinados problemas para financiar estas inversiones. 
La situación general que plantea el informe se enmarca en una situación de negociación Parlamento/Consejo para el presupuesto 2001, en la que el Parlamento Europeo quiere ampliar sus derechos de información y consulta en el caso de compromisos exteriores de la Unión que tengan trascendencia financiera. 
Es la posición que el Grupo del Partido Popular Europeo defiende y que este Parlamento votó en primera lectura. 
Esperemos que se lleve al diálogo tripartito y a la conciliación. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, ante todo yo quiero felicitar, en nombre de mi Grupo, a ambos ponentes por sus informes. 
En efecto, nunca resulta sencillo elaborar un informe sobre Turquía, pues la evolución es muy contradictoria. 
Por un lado, ha habido cambios muy positivos- pienso, por ejemplo, en el nuevo Ministro de Asuntos Europeos o en la creación de una secretaría general específica encargada de los asuntos europeos adscrita al Primer Ministro -, pero también es preciso señalar algunas lagunas lamentables en los preparativos para la adhesión a la Unión Europea. 
No se ha hecho nada para abolir la pena de muerte. 
No se ha hecho prácticamente nada para enraizar jurídicamente de manera más sólida los derechos de las minorías y los derechos humanos, aun cuando se han firmado algunos convenios de las Naciones Unidas. 
También es de lamentar la señal que se emite con la elección para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de una persona que no ofrece necesariamente garantías de que se vaya a prestar mayor atención a los derechos humanos. 
Algo parecido ocurre también en relación con la cuestión kurda. 
También en este caso se han emitido algunas señales ligeramente positivas. 
Se manifestó que es perfectamente concebible que se puedan emitir noticias en lengua kurda por la televisión y la radio y que también podría haber un cierto reconocimiento de la cultura kurda. 
Por el otro lado, algunos alcaldes han sido detenidos y el partido Hadep ha tenido dificultades en el sureste, en los territorios kurdos. 
Yo creo que estas contradicciones demuestran precisamente que en la propia Turquía se está desarrollando un forcejeo entre las fuerzas progresistas y las fuerzas inmovilistas, que sencillamente no quieren avanzar por el camino que conduce a Europa, y yo lo lamento mucho. 
Sin embargo, creo que el Comisario tiene toda la razón. Debemos hacer todo lo posible para apoyar y respaldar a las fuerzas positivas y de progreso en Turquía. 
En este contexto, también quisiera mencionar sin rodeos la llamada cuestión armenia. 
Mi Grupo decidió por mayoría apoyar la enmienda 25, en una sesión a la que yo lamentablemente no pude asistir. 
No hay gran cosa que objetar contra dicha enmienda en cuanto a su contenido, aunque- y yo lo deploro- muchos aprovechan indebidamente las enmiendas relacionadas con Armenia y la masacre de los armenios para plantear por una vía indirecta objeciones de fondo contra la adhesión de Turquía a la Unión Europea, y esto me parece un error, y creo que también es arriesgado. 
No obstante, yo instaría encarecidamente a Turquía- no sé cuál será el resultado de la votación- a que también se tome en serio esta cuestión. 
Todos tenemos que saldar abiertamente y con sinceridad las cuentas con nuestra propia historia, incluidas las acciones de nuestros antiguos países y Estados. 
Yo creo que Turquía debería emprender una nueva vía y encargar, junto con Armenia, a los historiadores que investiguen lo ocurrido, para ponerlo al descubierto y aclararlo, y adoptar también una posición clara al respecto y reconocerlo claramente. 
Yo creo que esa sería la vía más adecuada para superar esta difícil situación, puesto que siempre resulta más difícil imponer esta tarea desde fuera que emprender por propia iniciativa esta labor de clarificación. 
En este sentido, yo quisiera recordar de nuevo las palabras del señor Comisario. 
Él ha dicho que tenemos un interés estratégico en vincular firme y duraderamente a Turquía a nuestra comunidad europea de valores; espero haber recogido aproximadamente sus términos. 
Esto es lo que nos interesa y Turquía también debería tomar nota de ello. 
Aunque esta Asamblea mantenga una actitud crítica y aunque quizá se muestre más crítica de lo que pueden mostrarse el Consejo y la Comisión, deseamos que Turquía recorra ese camino y que, en cuanto lo haya conseguido, sea miembro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal Europeo acoge con el mayor beneplácito el informe Morillon que nos parece franco y convincente. 
Vamos a oponernos a los intentos, algunos de ellos bastante espúreos, de desbaratar el equilibrio que el informe logra con éxito, en particular las enmiendas que pretenden hacer del Parlamento Europeo un tribunal del pasado. 
Turquía se presta claramente a un debate sobre el pasado como parte de su autoexamen general sobre los derechos fundamentales. 
Esa autoevaluación equivaldrá a una auténtica revolución cultural. 
Debemos sentirnos satisfechos de que esté demostrado que ese proceso ha comenzado. 
El informe Morillon y la adhesión a la asociación comprometen a la Unión Europea para con la candidatura de Turquía. 
Ahora incumbe a Turquía demostrar que está comprometida con la adhesión. 
El Parlamento Europeo desempeñará su papel en el fomento de las relaciones con los partidos políticos, las ONG y la prensa, además de desarrollar su delicada y a veces tirante relación con la Gran Asamblea Nacional. 
Los liberales europeos están, desde luego, dispuestos a desempeñar su papel para acercar la perspectiva de la adhesión de Turquía y la diseminación de la prosperidad, la estabilidad y la seguridad a todos los pueblos europeos. 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Morillon, le felicito por su informe, pero desgraciadamente, no ha conseguido usted, no hemos conseguido, resolver todos los problemas. 
En primer lugar, es evidente que la estrategia consistente en aceptar la candidatura de Turquía ha sido la correcta. 
Ha sido la estrategia correcta- como lo ha señalado el Comisario -, porque el debate que hoy tiene lugar en Turquía para la integración en Europa equivale al debate para una reforma radical de la situación política en el país. 
Nos encontramos en un momento histórico, importante para Turquía, que ha pasado de la fase del debate a la fase de la práctica, es decir, de la aplicación de las reformas de la Constitución y de las leyes, por ejemplo con una amnistía para los presos por delitos de opinión. 
Turquía se encuentra ante esta fase. 
Debemos ser claros: no puede haber más etapas sin que Turquía haya pasado de la etapa del debate a la etapa de la práctica. 
Es exactamente lo que dice el informe Morillon. 
Por otra parte, está la situación de Chipre. 
Y sobre este punto, debemos decirle a Turquía que es inconcebible que no acepte lo que se ha decidido en el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo. 
Turquía ha sido condenada varias veces. 
Debe acatar sin más dilación las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, en señal de aceptación de las relaciones internacionales tal y como han sido definidas por nosotros, y no únicamente por ella. 
Llegamos así al problema fundamental. 
Hay en este Parlamento y en los Estados miembros varias estrategias. 
Están los que apoyan la candidatura de Turquía y la adhesión de Turquía, y que quieren que esta candidatura pase por la reforma en profundidad de la sociedad turca. 
Y por otra parte, están los que rechazan la adhesión, y que utilizan el necesario debate sobre la política y las reformas en Turquía para empujar a Turquía lejos de Europa. 
Es evidente que la sociedad turca siente perfectamente esta contradicción. 
Estos son los motivos de que el último problema a resolver, el genocidio de Armenia, tenga tanta importancia. 
Ninguno de nosotros, y yo menos que nadie, niega que haya habido un genocidio contra los Armenios en la última etapa del Imperio Otomano. 
Es una evidencia clara, como es evidente que Turquía tendrá, al igual que toda sociedad civilizada, que hacerse a la idea de afrontar su pasado, por muy horrible que éste haya sido. 
Se trata de una condición ideológica y de civilización sine qua non para entrar en Europa. 
Hay otra cuestión: si tenemos que votar sobre esto hoy, la mayoría de mi Grupo votará a favor de esta resolución. 
Personalmente, no estoy convencido de la utilidad de este acto, porque quiero llevar este debate al interior de Turquía. 
Es decir, que propongo que el propio Parlamento Europeo organice un debate sobre el genocidio de Armenia, la mayoría lo apoyará y prolongaremos el debate dentro de Turquía. 
Señor Presidente, yo quiero agradecer en primer lugar los informes de los colegas Morillon y Seppänen. 
Señor Morillon, su informe es, a mi parecer, absolutamente realista y responsable. 
En los meses transcurridos desde la decisión del Consejo de Helsinki, el Gobierno de Turquía ha realizado, en efecto, algunos gestos simbólicos importantes. 
Sin embargo, no se ha modificado la deplorable situación en las cárceles turcas, la discriminación de los kurdos, ni la política turca en relación con Chipre. 
El papel inconciliable con los usos democráticos propios de un Estado de Derecho que la Constitución asigna al ejército se ha convertido sin duda en el tema clave para las ulteriores relaciones entre la UE y Turquía y la única manera de resolverlo es que el ejército renuncie a su poder. 
Si bien en mi Grupo existe una diversidad de pareceres sobre el informe Morillon, es evidente- y creo que otro tanto puede decirse de los demás Grupos- que no vamos a suavizar de ningún modo las críticas en relación con las cuestiones citadas. 
Casi siempre es posible alcanzar un compromiso, pero no en este caso. 
Hasta ahora, el resultado más importante y efectivamente tangible ha sido el hecho de que en Turquía se ha iniciado un debate y una cierta diferenciación política. 
Esto es algo que debemos reconocer y apoyar activamente. 
Sin embargo, lo que pedimos no es únicamente que se cumplan los criterios de Copenhague, sino unas normas democráticas imprescindibles en cualquier caso. 
La adhesión de Turquía sobre esta base y no sólo atendiendo a consideraciones estratégicas de los Estados Unidos o de la OTAN enriquecería a la Unión Europea y constituiría un paso significativo hacia una Europa unida. 
No se me escapan los problemas que supondría, por ejemplo, el hecho de que la UE se extendería en ese caso mucho más allá de los límites Europa y hasta regiones sumamente inestables desde el punto de vista de la política de seguridad. 
A la vista de las consecuencias, me parece inaceptable que, tanto en el contexto de la concesión del estatuto de candidato a Turquía como en relación con la actual ampliación al Este, los Gobiernos- ni tampoco la Comisión, señor Comisario- no aborden los problemas estratégicos del proyecto de integración europea ni los debatan con el Parlamento. 
Mi experiencia- la experiencia, por cierto, de una vida en la que he aprendido tanto de las conmociones sociales radicales como de la resistencia a reconocer a tiempo su necesidad- me dice que la sinceridad crítica es la única alternativa. 
Cualquier otra cosa sólo beneficiaría a quienes no desean esta adhesión, tanto en la UE como en Turquía. 
Y en este contexto, señor Comisario Verheugen, comienza a resultarme incomprensible el informe que usted ha presentado sobre los progresos de Turquía en el camino de la adhesión. 
Con motivo de su visita a Turquía en marzo pasado al menos mencionó por su nombre el problema de la población kurda, como también ha hecho hoy. En su informe, este problema no aparece citado de manera concreta. 
Yo creo que esto representa un lamentable retroceso con respecto al informe de 1999 de la anterior Comisión. 
La verdad exige que los conceptos coincidan con la realidad. 
Así lo consideraba, por lo menos, Georg Wilhelm Hegel. 
Hasta el momento, yo no veo que se hayan hecho verdaderos progresos en Turquía, pero los considero posibles. 
El informe de la Comisión constituye, en cambio, un verdadero retroceso a mi parecer. 
Señorías, ¡siéntense, por favor, y dejen de hablar! 
Seguimos en el debate. 
El Presidente. No serviría de nada, apreciado colega Ferber, pues hay personas que no tienen conectados los auriculares y que, al igual que usted, no dominan el alemán, sino que hablan en bávaro. 
Señor Presidente, Señorías, en la exposición de motivos del informe del Sr. Morillon se afirma que la decisión de adhesión de Turquía reviste demasiada importancia para el futuro de la Unión y de la propia Turquía como para que se pueda concluir con la comodidad del silencio o con el secreto de los gabinetes. 
Estamos enteramente de acuerdo con esa afirmación, pero lo que observamos es que la decisión del Consejo Europeo de Helsinki de conceder a Turquía el estatuto de país candidato no fue precedida del indispensable debate público y parlamentario que en la citada exposición de motivos se reclama también. 
La candidatura de Turquía siempre ha dividido a la opinión europea y nos sorprende que siga sin celebrarse un debate coherente sobre los motivos que justificaron la modificación de la tradicional posición de reserva con que se abordaba esa candidatura. 
Desde luego, veamos el problema geográfico. 
¿Es que ya no se considera que sólo una pequeña parte del territorio turco forma parte del continente europeo? 
¿Qué nueva doctrina relativa al espacio europeo permite enmarcar ese nuevo concepto de frontera exterior que se desprende de la inclusión de Turquía en la Unión Europea? 
Hoy Europa tiene una frontera exterior de paz, pero, si un día Turquía entrara en la Unión Europea, Europa pasaría a tener una nueva frontera no sólo extraeuropea, sino también una frontera de guerra y conflicto. 
Basta con pensar en el Irán, el Iraq, Siria, Armenia o Georgia. 
Por otra parte, ¿cómo resolver el conflicto con el modelo democrático común que los europeos desean y aceptan y resultante de las innumerables restricciones del ejercicio de los derechos fundamentales que se observan en Turquía, del que el mantenimiento de la pena de muerte es sólo el peor de los ejemplos, o también de la cuestión kurda, dado que el Estado turco no respeta los derechos elementales de identidad cultural de los millones de kurdos que viven en ese país? 
Por último, no vemos puesta en entredicho la propia dimensión geográfica que la candidatura de Turquía representa y las dificultades que entrañará no sólo para la geografía, sino también, y sobre todo, para el ya difícil equilibrio entre Estados miembros grandes y pequeños. 
Termino como he comenzado: el sentido y el propósito de esta intervención mía ha sido el de señalar a la atención de sus Señorías que no se deben hacer cambios de esa envergadura sin un debate democrático y coherente, so pena de que siga agravándose el déficit de ciudadanía y participación que muchos europeos sienten en el modelo de la construcción europea. 
Señor Presidente, el informe Morillon es, por sí solo, perfectamente revelador de las contradicciones fundamentales de la gestión comunitaria con respecto a Turquía. 
En esta propuesta de resolución, encontramos de todo, y todo tipo de contradicciones. 
En primer lugar, muchas ilusiones, muchos considerandos embaucadores que, felizmente, son desmentidos de inmediato por la realidad, y evidentemente esta realidad turca no corresponde a las ilusiones y a los sueños europeos. 
Considerar que los Europeos van a llevar a los Turcos, y cito, "a un cambio radical de sus costumbres y de su mentalidad" revela al mismo tiempo una gran ingenuidad y una gran suficiencia. 
¡Qué arrogancia por parte de la Unión Europea de querer imponer al pueblo turco sus propios valores, sus principios institucionales, su cultura política! 
Con todo, el siglo XX nos ha demostrado cómo los constructivismos, los voluntarismos, aislados de las realidades, y las ideologías de todo signo pueden conducir al desastre. 
Dejemos pues al pueblo tuco su derecho a disponer de sí mismo, a decidir su futuro, su derecho a la diferencia, su derecho a preservar valores de civilización que no son manifiestamente los nuestros. 
Así pues, el único verdadero considerando que debería imponerse a todos nosotros es un considerando de realidad y de evidencia. 
Turquía no es un país europeo, sus valores no son europeos. 
En consecuencia, Turquía no debe formar parte de la Unión Europea. 
Esto por cierto no impediría en absoluto que Europa desarrollara relaciones económicas, diplomáticas, políticas y pacíficas con una Turquía libre e independiente. 
Esta postura clara tendría, entre otros, el mérito de no jugar con dos barajas frente a los gobiernos turcos, de dejar de decirles: sí, y más tarde, sí, pero con estas condiciones, sí, pero esto o lo otro. 
Las contradicciones de Europa y sus aplazamientos provocan incomprensión y humillación. 
No se puede jugar con la dignidad de los pueblos. 
Votaremos por tanto en contra de este informe, como hemos votado en contra de todos los informes encaminados a incorporar a Turquía a la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy se debate me llena de inquietud. 
Los problemas son tan graves que la adhesión de Turquía en un futuro previsible queda totalmente descartada. 
Yo quiero plantear tres objeciones. Turquía tiene un problema absolutamente no resuelto con las minorías que viven en el país. 
En segundo lugar, no se vislumbra el fin de la disputa siempre latente con Grecia en relación con la isla de Chipre. 
En tercer lugar, Turquía cuenta con un sistema penal que sigue estando basado en la pena de muerte, un castigo indigno de una democracia occidental, y en métodos de tortura policial. 
En la televisión alemana se presentaron hace poco espantosas imágenes de severos malos tratos infligidos por policías a los detenidos. 
A Turquía todavía le queda, por lo tanto, un largo y dificultoso camino por recorrer, en el que sin duda necesitará nuestra ayuda. 
Nuestro objetivo es ayudar a Turquía a avanzar por el camino de la transformación en un país democrático libre, donde se respeten los principios del Estado de Derecho. 
El Consejo tendrá que preguntarse si con la concesión del estatuto de candidato no perjudicó, en lugar de favorecer, esta aspiración. 
El perjuicio reside sobre todo en que se despertó en Turquía la esperanza de una adhesión que, sin embargo, no se podrá cumplir debido a la situación política. 
¡Las fuerzas islamistas sabrán traducir sin duda esta decepción en un triunfo político! 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, me veo obligado a recalcar que con el informe Paciotti y con otras directivas y reglamentos que se nos van a proponer, estamos llamados a regular un gran poder: el poder informático. 
La recogida de datos no es indolora y los bancos de datos son de diferente tipo. Hay los reservados, de la policía judicial, los bancos de datos de los servicios: en definitiva, existe un poder enorme. 
Subrayo que el hecho de haber otorgado este extraordinario poder de control sobre los bancos de datos europeos a un órgano monocrático- con todo el respeto y la confianza que nos merecerá el Supervisor- se me antoja que ha sido una falta de atención precisamente hacia la importancia de la persona que, frente al poder informático, debe tener un marco de referencia de derechos y libertades garantizados. 
En mi opinión, la propuesta de un órgano colegiado habría respondido mejor a esta necesidad. 
Así y todo, en las próximas ocasiones en que vamos a debatir el poder informático, tendremos que darnos cuenta de que hace falta un control más amplio y, por lo tanto, más garantizador de la persona. 
. 
(FR) El informe Paciotti supone un primer paso para intentar recuperar el retraso acumulado en materia de defensa de la vida privada y de los datos personales. 
En este sentido, la creación de un "órgano independiente de control" es positiva. 
Sin embargo, ninguna de las cuestiones esenciales relativas a la defensa de los derechos y libertades de las personas es abordada de manera realmente explícita, y el texto, a menudo técnicamente confuso, puede dar lugar a interpretaciones divergentes. 
Además, está muy por debajo de la legislación francesa sobre "informática y libertades". 
Deberían haberse contemplado en él otras propuestas: hay que hacer obligatoria la declaración de la existencia de cualquier base de datos; hay que prohibir el cruce de ficheros (particularmente, en los ámbitos de la vida privada, de la salud, de las situaciones sociales, etc.) , para evitar la creación de gigantescas bases de datos; también hay que poner a disposición de los asalariados que manipulan datos privados los medios necesarios para resistirse a las presiones de sus empleadores, a través de la implantación de una carta de deontología y de una cláusula de conciencia del tipo de la de los periodistas. 
Finalmente, hay que proporcionar a los ciudadanos medios para que protejan por sí mismos su vida privada, permitiendo cualquier forma de codificación en la transmisión de los datos. 
En este marco, es necesario que las técnicas de codificación estén garantizadas por organismos independientes. 
Todas estas disposiciones esenciales deben ser tenidas en cuenta para una verdadera defensa de los datos personales. 
Por eso nos hemos abstenido. 
Los ciudadanos europeos están preocupados por la protección de su intimidad y no carecen de justificación para ello. 
Todos los días se captan, seleccionan y tratan cantidades enormes de datos personales. 
Así ocurre en relación con los pagos con tarjetas de crédito, el rastreo del movimiento de los teléfonos portátiles, el almacenamiento de conexiones telefónicas, la navegación por la red Internet, el tratamiento de otros datos tomados, por ejemplo, de formularios previamente rellenados, etc. 
En el nivel de la UE, se contrarresta la amenaza de posible uso indebido de los datos personales con dos directivas, a saber, la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Directiva 97/66/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. 
Ninguna de ellas es aplicable a las instituciones de la UE. 
Y, sin embargo, existe la necesidad de un conjunto de normas de protección de datos, pues las instituciones no sólo tratan datos internos (como los relativos a sus actividades autónomas, presupuesto e informes de personal) , sino también datos sobre ciudadanos recogidos en el desempeño de los deberes de la UE (por ejemplo, concesión de subvenciones, investigación de asuntos relativos a la competencia, licitaciones públicas, investigación y estudios estadísticos, datos relativos a la preparación y la aplicación de la legislación). 
Recomendación Duff/Voggenhuber (A5-0325/2000) 
Señora Presidenta, ¿acaso el Partido de los Pensionistas podía no votar a favor de la Carta de los Derechos Fundamentales? 
Es el primer texto de esta importancia en todo el mundo que tiene un artículo, el 25, que lleva el título "Derechos de las personas mayores" que reza: "La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural". 
Por fin una importante organización de Estados, la más importante que existe, que es la organización de la Unión Europea, y el órgano más importante, el único elegido directamente por el pueblo, el Parlamento Europeo, reconocen que las personas mayores tiene un derecho en cuanto tales. 
Éste es el motivo por el cual he votado con mucho gusto a favor de esta carta. 
Arlette Laguiller, Armonia Bordes y Chantal Cauquil han votado en contra de la Carta. 
Sabemos que, en esta sociedad de clases dónde solo cuentan las relaciones de poder, las cartas no suponen una verdadera protección para los trabajadores. 
Esta Carta rechaza la inclusión de derechos tan elementales como el derecho a una jubilación decente, a un salario mínimo, a una vivienda digna, a una atención sanitaria. 
En cuanto al artículo que prohíbe el trabajo infantil antes del fin de la escolaridad obligatoria, admite derogaciones, lo cual es grave cuando sabemos que, en varios países europeos, un número inaceptable de niños trabaja, es explotado, no tiene derecho a una verdadera educación. 
Este texto no ofrece protección adicional y proporciona a los gobiernos y a las clases adineradas medios suplementarios para atacar en este campo. 
El propio derecho de huelga únicamente es reconocido con la restricción "de acuerdo con las legislaciones y prácticas nacionales". 
Por tanto, la Carta no tiene ningún valor imperativo para los países cuya legislación social está por debajo de lo poco contenido en ella. 
Por el contrario, en los países dónde la legislación es más favorable para los trabajadores, la Carta podría ser invocada. 
En lugar de elevar los derechos humanos y los derechos sociales, facilitará las operaciones destinadas a degradar su nivel. 
Señora Presidenta, no he participado en la votación sobre la Carta de los Derechos Fundamentales porque no estoy de acuerdo con el procedimiento: el Parlamento no ha podido examinar las posibles enmiendas no sólo al texto de la Carta, sino también al texto de la recomendación. 
No hemos podido hacer otra cosa que aceptar o no aceptar. 
Al no estar de acuerdo con este procedimiento, he optado por no participar en la votación. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea está muy atrasada en relación con la Proclamación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, y con muchas de las constituciones de países miembros de la Unión Europea. 
La afirmación de que por primera vez se hace referencia a derechos sociales no se puede sostener, puesto que tales referencias las encontramos en convenios internacionales como los convenios internacionales sobre el empleo. 
Señalamos indicativamente: 
El artículo 15 que dice que "toda persona tiene derecho a ejercer una profesión"; pero no se le reconoce el derecho al empleo asalariado, 
El artículo 16 con el que, por primera vez se reconoce la libertad empresarial en un documento internacional, 
El artículo 28 que da la posibilidad de cierre patronal a los empleadores y de dejar de lado a los sindicatos en las negociaciones con la patronal, 
El artículo 3 que deja amplios márgenes para toda clase de experimentos genéticos, 
El artículo 14 que aunque reconoce el derecho a la educación, lo interpreta como una simple facilidad de asistencia gratuita, y esto sólo en la educación obligatoria. 
Se trata de la reducción y no de la ampliación de los derechos, y las razones de ello son evidentes. 
Los inspiradores de la Carta aspiran a fomentar, con un documento de prestigio, su política agresiva contra todo cuanto la clase trabajadora ha conquistado con su lucha, su sacrificio y su sangre en los últimos 150 años. 
La posible adopción de la Carta en la próxima Cumbre de Niza, con su incorporación a los Tratados o simplemente como una proclamación, será un cambio negativo. 
No hay duda de que su destino final es ser el preámbulo de una futura Constitución Europea que, a su vez, será la coronación de la marcha de la Unión Europea en la federalización en donde, ya de forma legislada, tomarán las decisiones los pocos poderosos y todos las aplicarán. 
El objetivo principal es prestar servicio a los intereses del capital monopolístico de la Unión Europea, a costa de los intereses de los trabajadores y, en general, de los pueblos. 
Naturalmente, no ignoramos el hecho de que para algunos países, la Carta puede significar cierto progreso en determinadas cuestiones. 
Sin embargo, para la mayoría de los países, así como en relación con lo que está en vigor internacionalmente, se trata de un retraso. 
Nuestra meta debe ser progresar y no ir a peor. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista Griego hemos votado en contra del texto que, no sólo es inútil, sino también peligroso. 
. 
(FR) La adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales se justificaría si existiese ya un Estado europeo, basado en una constitución adoptada por sufragio universal. 
No es el caso hoy. 
Los derechos contemplados por la Carta ya forman parte de las constituciones nacionales y son defendidos por los parlamentos nacionales, próximos a los pueblos y a sus culturas. 
Además, la Carta es un compromiso, basado en el menor denominador común, que perjudicará a las ventajas sociales conseguidas en un gran número de nuestros Estados miembros. 
Así, el derecho a la vivienda se reduce al "derecho a una ayuda para la vivienda", mientras que el derecho al trabajo es reemplazado por un derecho "de acceso a los servicios de colocación". 
No se contempla recorte alguno a la libertad de expresión, de dónde se deduce que las declaraciones delictivas (incitación a la violencia, al odio racial) no podrían ser condenadas a partir de ahora. 
Finalmente, la Carta no dedica ningún artículo a los deberes que son, sin embargo, la contrapartida de los derechos. 
Por tanto, no vemos motivo alguno para adoptar hoy un texto como éste, si no es el de ocultar el fracaso programado de la Conferencia Intergubernamental y del Consejo Europeo de Niza. 
. (FR) En mi intervención de esta mañana, he expuesto motivos de base para oponerme a la Carta, a los cuales, por cierto, los miembros del Intergrupo SOS Democracia me han señalado que se adherían plenamente. 
Desearía en este momento enumerar reservas que se refieren a determinados artículos, sobre los cuales tuve la ocasión de presentar enmiendas durante los trabajos del recinto. 
Artículos que invaden las competencias de los Estados. 
Un caso típico aparece en el artículo 2-2, "nadie puede ser condenado a la pena de muerte, ni ejecutado". 
Esta afirmación no corresponde a ninguna competencia europea. 
Su presencia en la Carta, como la de otros muchos artículos del mismo tipo, deja entrever la duda sobre la honestidad del artículo 51-2, que por su parte declara: "la presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nueva para la Comunidad ni para la Unión, y no modifica la competencia de misiones definidas por los Tratados". 
Por descontado que, si la Carta pasara a ser imperativa, el artículo 2-2 lo sería también, con un poder sin duda más fuerte que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual un país siempre tiene derecho a retirarse. 
Artículos que tienden a instaurar nuevas obligaciones no fundamentadas. 
Varios artículos van más allá del derecho vigente. 
Por ejemplo, el artículo 19-1, que menciona que: "se prohíben las expulsiones colectivas", no especifica que esta prohibición puede ser suspendida en caso de guerra o de graves perturbaciones del orden público. 
Ciertamente, el artículo 52-b prevé que, "en la medida en que la presente Carta entrega derechos que corresponden a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, su sentido y alcance serán iguales a los que le confiere dicho Convenio". 
Pero esta frase es demasiado imprecisa. 
Ya hemos visto la afirmación de que las expulsiones colectivas quedan prohibidas en cualquier caso. 
Otra obligación nueva: el artículo 21 añade nuevos supuestos de no-discriminación a los ya contemplados por el artículo 13 del TCE. 
El artículo 21-2 dice incluso que cualquier discriminación basada en la nacionalidad está prohibida en el ámbito del Tratado de la Unión Europea, lo que ningún texto dice hoy. 
Tercer ejemplo: el artículo 45 afirma que "se podrá conceder la libertad de circulación y de residencia a los nacionales de terceros países residentes legalmente en el territorio de un Estado miembro", mientras que este derecho, contemplado efectivamente por el artículo 62 del TCE, no está actualmente en vigor, y quizás no lo esté nunca si no se verifican las condiciones necesarias para ello. 
Artículos que fijan de forma ilegítima situaciones evolutivas. 
Es el caso concreto de los derechos económicos y sociales enumerados en el Capítulo IV de la Carta. 
Por ejemplo, el artículo 29 afirma que "toda persona tiene derecho a acceder a un servicio de colocación gratuito". 
Pero esta es una afirmación absolutamente circunstancial, que en otro momento podrá ser interpretada de manera diferente. 
Artículos que ignoran las reglas naturales de vida de las sociedades. 
Mientras los países de Europa se encuentran en una situación demográfica alarmante, la Carta trata los problemas familiares de un modo muy ligero. 
En ningún sitio se dice, a pesar de nuestras demandas, que la familia se compone de un hombre y de una mujer que educan a unos hijos, ni que constituye la célula fundamental de la sociedad. 
El artículo 24, relativo a los derechos del niño, consigue incluso no mencionar, nuevamente a pesar de nuestras peticiones, que todos los niños tienen derecho a vivir con sus padres. 
Paralelamente, la carta es demasiado discreta en cuanto a la existencia de las comunidades nacionales y en cuanto a su derecho a establecer normas que les sean propias. 
Por ejemplo, la nueva exigencia de no-discriminación por motivos lingüísticos, que aparece en los artículos 21 y 22, contradice la Constitución francesa, que establece que la lengua de la República es el francés. 
Artículos que ensombrecen o que falsean el marco general de la Carta. 
Ya he mencionado el artículo 51-1, que contra toda evidencia afirma que la Carta no modifica para nada las competencias definidas por los tratados. 
En realidad, la Carta encierra tantas contradicciones, que será necesario que alguien las aclare tarde o temprano. 
Asimismo, me he referido al artículo 52-2, que pretende que el sentido y el alcance de los derechos de la Carta son los mismos que los del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
En realidad, esta comparación es muy difícil de realizar, porque de la lectura de la Carta se deriva que nunca se sabe si estamos ante un artículo que ha pretendido respetar el Convenio, o bien ante un artículo que ha querido voluntariamente apartarse de él. 
Finalmente, hay que recordar también el artículo 52-1, que señala que se pueden imponer limitaciones a los derechos si... "responden efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión"... 
Si la Carta pasara a ser obligatoria, sería de temer que una frase como esta viniese a limitar la soberanía de los Estados. 
De manera más amplia, lamentamos que el Preámbulo de la Carta no haya devuelto la perspectiva a este documento, recordando que la Unión Europea es una asociación de naciones, y que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de ver respetadas las decisiones que toman democráticamente en el ámbito nacional. 
Como he dicho en el debate que ha precedido a esta votación, espero que, si quieren adoptar esta Carta como una declaración política, los gobiernos reunidos en Niza le antepongan una declaración preliminar que recuerde esta situación, así como la competencia fundamental de los Parlamentos nacionales en cuanto a los derechos de los ciudadanos. 
S.O.S. Democracy rechaza la Carta de Derechos Fundamentales por tres razones. 
Primera, es innecesaria. 
Segunda, es ademocrática. 
Y, tercera, lo más probable es que limite, en lugar de intensificar, la libertad de los pueblos de Europa. 
Vamos a ofrecer una breve explicación de estas tres objeciones por orden. 
Ratificar la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales sería uno de los pasos más ambiciosos jamás dados por la Unión Europea. 
Antes de hacer algo de esa magnitud, debemos formular la siguiente pregunta: ¿dónde en la Europa occidental se da la monstruosa violación de los derechos humanos que este documento corregiría? 
Al fin y al cabo, se trata de 15 democracias modernas, no 15 Ruandas. 
Todos los Estados miembros están obligados a observar el Convenio de Derechos Humanos, la Declaración Universal de las Naciones Unidas y una multitud de acuerdos de menor rango. 
¿Por qué necesita la UE, como tal, meterse en ese terreno? 
Nadie ha respondido aún a esa pregunta. 
De hecho, Roman Herzog, Presidente de la Convención encargada de la redacción, se ha tomado la molestia de afirmar que la Carta no creará derechos nuevos. 
En ese caso, parece extraño promulgar una revolución constitucional de tal envergadura para obtener un resultado tan pequeño. 
Puede que los derechos humanos no estén inmediatamente amenazados en la UE, pero la responsabilidad democrática sí. 
La Carta obligará al Tribunal Europeo de Justicia a adoptar diversas decisiones, en esferas tan diversas como las de la legislación sobre el empleo, la política en materia de extradiciones, la inmigración y la familia. 
En la medida en que nadie ha elegido a los jueces, ello representa una disminución del gobierno democrático. 
Más aún: la Carta obligará al Tribunal Europeo de Justicia a revocar actos legislativos nacionales o incluso disposiciones de las constituciones estatales en varios sectores normativos nuevos. 
Como el Tribunal Europeo de Justicia, a partir del texto mucho más restrictivo de los Tratados europeos vigentes, ya ha revelado una preocupante tendencia al activismo judicial, ese problema podría resultar particularmente grave. 
Incluso quienes aceptan la necesidad de una constitución escrita de la UE deben vacilar al observar algunas de las disposiciones de la Carta. 
Lo más preocupante es el artículo 52, que dispone que se dejen de lado los derechos mencionados en el resto del documento cuando entren en conflicto con el "interés general reconocido por la Unión". 
Así se reintroduce el concepto de "raison d ' État", que el Consejo de Europa lleva el último medio siglo intentando erradicar. 
El derecho de un gobierno a dejar de lado arbitrariamente su constitución es la característica definitoria de una tiranía. 
En la Alemania nazi, por ejemplo, existía esa disposición en virtud de la Ley de Habilitación. 
Dicho con menos dramatismo, aunque no sea menos importante, la Carta está mal redactada. 
Tómese, por ejemplo, el artículo 21, que prohíbe "toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, los orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convenciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual". 
Tomado literalmente, este artículo significaría que un partido socialista no podría discriminar a conservadores que quisieran presentarse como candidatos suyos o que una compañía de ópera tendría que ofrecer papeles de soprano a los hombres. 
A saber cómo podrían ser utilizadas disposiciones de un tenor tan vago en manos de un tribunal activista. 
Los derechos humanos ya son respetados en la UE y están salvaguardados por disposiciones constitucionales nacionales conforme a los diferentes usos de los Estados miembros. 
La Carta brinda ahora un mecanismo para circunscribir o anular esos derechos sin aparentar siquiera ofrecer otros nuevos. 
Muchos europeos nos jactamos con orgullo de ser libres para hacer cualquier cosa que no esté expresamente prohibida por la ley. 
Sin embargo, ahora se nos propone que los jueces europeos nos "den" nuestros derechos. 
S.O.S Democracy rechaza la idea de que debamos depender de la UE para que nos otorgue nuestras propias libertades. 
Como dijo Aldoux Huxley: "Las libertades no se dan: se toman". 
. 
(SV) En el capítulo VII Disposiciones Generales, artículo 51.2 del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales se estipula que "La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados". 
Por este motivo la Carta carece de verdadero significado para los derechos de los ciudadanos. 
El debate sobre la Carta ha sido vivamente aplaudido por los federalistas comunitarios, que quieren verla como el comienzo de la constitución de la Unión Europea. 
Sin embargo, podemos apreciar un gran peligro. 
Esta carta amenaza con desvirtuar el trabajo del Consejo Europeo en favor de los derechos humanos, con el riesgo de que en el futuro los países europeos se ocupen de ellos de maneras diferentes. 
Votamos en contra de esta Carta, ya que, en general, no la queremos. 
Esto no significa que estemos en contra de los derechos humanos. 
No obstante, opinamos que esos derechos pueden ser garantizados por instancias distintas a la Unión Europea. 
Creemos que la propuesta de Carta es un producto defectuoso que hay que abandonar. 
En cambio, instamos a la UE a ratificar la convención europea de derechos humanos y otras convenciones sobre derechos sociales y culturales. 
. (FR) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que nuestro Parlamento Europeo ha adoptado hoy es un documento particularmente importante. 
Ciertamente, esta Carta adolece todavía de lagunas, tanto en el fondo como en la forma. 
¡Ciertamente, a mí me habría gustado, personalmente, que su dimensión social fuese mucho más consecuente! 
¡Ciertamente, habría preferido que estuviese directamente integrada en nuestros tratados europeos! 
Mientras tanto, no debemos aguarnos la fiesta, y no debemos negar ni el considerable trabajo realizado ni los importantes resultados obtenidos hoy. 
¡La Carta de los Derechos Fundamentales es un documento y una Carta común a todos los ciudadanos europeos! 
Ahora debemos difundirla ampliamente, darla a conocer a todos y cada uno, hacer que el mayor número posible de ciudadanos reflexione sobre sus propuestas. 
¡Y de esta forma impregnará progresivamente, a través de la jurisprudencia, al conjunto de nuestras legislaciones nacionales y europeas! 
Es un resultado muy positivo para la Presidencia francesa de la Unión Europea y para nuestro Parlamento Europeo. 
Sin duda, mañana nos hará falta hacerla evolucionar y completarla. 
Muy rápidamente, nos hará falta integrarla en nuestros tratados. 
Nos hará falta, de paso, poner en marcha una Constitución europea para una Europa democrática, transparente, eficaz y ciudadana. 
Pero, lo repito hoy, tenemos todos los motivos para sentirnos orgullosos de las condiciones en las que hemos culminado esta importante etapa para Europa. 
He votado a favor de la Carta y convengo en que no debemos oponernos a los derechos que en ella figuran. 
Sin embargo, como ya he dicho antes en esta Asamblea, me opongo a que la Carta sea vinculante. 
Mi Gobierno y yo la consideramos una declaración política. 
Debemos velar por que los derechos vigentes que se desprenden del Convenio Europeo de Derechos Humanos y apoyados por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no resulten menoscabados ni desdibujados. 
Todos los Estados miembros son signatarios y han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha acumulado un considerable cuerpo legal y de derechos y ha demostrado su capacidad para evolucionar junto con la sociedad. 
Así, pues, apoyo la Carta votada hoy, pero no voy a apoyarla como texto vinculante. 
. 
(SV) En el capítulo VII Disposiciones Generales, artículo 51.2 del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales se estipula que "La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados". 
Por este motivo, la Carta carece de verdadero significado para los derechos de los ciudadanos. 
El debate sobre la Carta ha sido vivamente aplaudido por los federalistas comunitarios, que quieren verla como el comienzo de la constitución de la Unión Europea. 
Sin embargo, puedo apreciar un gran peligro. 
Esta carta amenaza con desvirtuar el trabajo del Consejo Europeo en favor de los derechos humanos, con el riesgo de que en el futuro los países europeos se ocupen de ellos de maneras diferentes. 
Voto en contra de esta Carta, ya que, en general, no la quiero. 
Esto no significa que esté en contra de los derechos humanos. 
No obstante, opino que esos derechos pueden ser garantizados por instancias distintas a la Unión Europea. 
Creo que la propuesta de Carta es un producto defectuoso que hay que abandonar. 
. (FR) Considero que la Carta de los Derechos Fundamentales es un avance válido. 
Sin embargo, me he abstenido en la votación final, porque creo que ciertos derechos sociales están formulados de un modo menos franco que los derechos económicos. 
Tanto el "derecho al trabajo" como el "derecho de huelga" son mencionados únicamente de forma indirecta. 
Los Europeos tienen "derecho a trabajar" (lo contrario hubiera sido sorprendente) ; tienen derecho a defender sus intereses sociales con "acciones colectivas", "incluida la huelga". 
¿Porqué no reconocer directamente el derecho de huelga? 
Además, habría preferido una Carta relativa no solamente a los "derechos" de los ciudadanos, sino también a los "deberes" de éstos frente a la sociedad. 
El artículo 17 dice con gran timidez que "el uso de los bienes" puede ser regulada en función del interés general. 
Pero no hay señal alguna de la obligación social del derecho a la propiedad. 
La Carta enumera las libertades fundamentales de las que deben poder disfrutar mis conciudadanos. 
Pero en ningún sitio se menciona la obligación para todo hijo de vecino de respetar los derechos de los demás. 
Una sociedad que solo conoce derechos, y no deberes, se convierte en una sociedad egoísta. 
. (DE) Los diputados liberales del Parlamento Europeo se han abstenido, a pesar de la innegable importancia de los derechos fundamentales para los ciudadanos de la Unión, porque por un lado algunos problemas de contenido de la Carta (como que sólo se prohiba la clonación de seres humanos con fines reproductivos, pero no con fines terapéuticos) no permiten votarla afirmativamente y por el otro lado, la Convención parece un instrumento más que discutible para el futuro desarrollo constitucional. 
Sin embargo, ante todo consideramos que la previsible duplicidad de competencias entre el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entraña el riesgo de que se desarrolle una jurisprudencia divergente y, por consiguiente, de una desigualdad de trato de los ciudadanos en relación con estas cuestiones sensible que atentaría directamente contra los derechos fundamentales. 
Además, estamos convencidos de que la mera participación de algunos parlamentarios nacionales no puede ser un sucedáneo de un examen en profundidad de las cuestiones de rango constitucional en los Parlamentos nacionales. 
Una de las grandes críticas a la UE en Gran Bretaña es la de que parece rebasar el ámbito de competencias que se le han concedido, tanto en cuanto a riqueza de detalles como en el alcance de la aplicación. 
Nosotros, del Partido Conservador, estamos examinando formas de circunscribir las competencias para que se ajusten a la letra y al espíritu de los Tratados y reconozcan la posición de los Estados miembros en el centro del proceso político europeo. 
La enumeración y la consolidación de las características inalienables del sistema que garantizan derechos a las personas y determinan los límites del proceso político en diversos Estados miembros comprendidos en una única zona jurídica ofrecen una vía fructífera por explorar para intentar alcanzar esos fines deseables. 
El problema que plantea la Carta de Derechos Fundamentales es el de que es un híbrido: ni un sistema de derechos jurídicamente consolidado ni un código político de conducta que agrupe de algún modo derechos jurídicos, económicos y sociales, lo que provoca confusión y falta de claridad. 
. (FR) Voto en contra de la aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales principalmente porque no deseo involucrarme en una operación simbólica y mediática, que pretende lanzar un mensaje de identidad y de esperanza a las opiniones públicas europeas basándose sobre todo en falsas apariencias. 
El método consensual adoptado por los miembros de la Convención ha culminado, como suele suceder cuando se impone la unanimidad, en una Carta mínima cuya redacción presenta importantes lagunas y ambigüedades. 
La idea inicial de la Convención era la de tener un texto consensual que permitiera a los quince gobiernos transformarlo en vinculante por medio de su incorporación a los tratados. 
Finalmente, no se ha conseguido nada: el texto es efectivamente débil, y no es vinculante. 
Los ciudadanos europeos no necesitan para nada una declaración solemne sobre los derechos fundamentales, que por otra parte ya les son reconocidos por convenios internacionales y por los ordenamientos jurídicos nacionales. 
No creo que un resultado como este convenza a mucha gente del interés de desarrollar la Unión Europea. 
¡Pasemos página! 
La Carta es un ejercicio pernicioso. 
El simbolismo y el unanimismo excesivos matan a la política. 
Para que los ciudadanos sientan que la Unión Europea, sus políticas y sus instituciones les conciernen, corresponde en particular a los parlamentarios reflejar mejor las elecciones cruciales, las contradicciones, las diferencias de intereses y de proyectos que albergan los actores económicos y sociales en la escena europea. 
La actualidad cotidiana- transporte marítimo o harinas animales- nos indica que hay que regular y controlar mucho más los mercados y los operadores económicos, y oponerse a los intereses imperantes de beneficio y de corto plazo. 
Necesitamos una legislación europea mejor al servicio de una calidad de vida para todos y de la solidaridad social. 
Es nuestro combate prioritario para que la afirmación de los derechos fundamentales se materialice en elecciones políticas. 
. (FR) La social-democracia nos prometió que Europa dejaría de ser únicamente un mercado económico, una moneda y una máquina de liberalizar. 
Enriquecida por una carta de los "derechos fundamentales", la Europa social se convertiría por fin en social. 
Desde el punto de vista democrático y de las libertades, esta Carta supone una regresión social, muy por detrás de los tratados vigentes. 
Habrán hecho falta numerosas presiones para que el derecho a sindicarse y a ir a la huelga se haya incluido finalmente. 
Exceptuando algunas generalidades, las mujeres tienen derecho a "casarse y a formar una familia". 
Por su parte, los inmigrantes tienen derecho a no ser "expulsados colectivamente". 
En cuanto a los derechos sociales, están ausentes. 
No hay derecho al trabajo, sino "derecho a trabajar"; no hay derecho a la protección social o a una vivienda, sino "derecho a una ayuda social y a una ayuda para la vivienda"; no hay derecho a la jubilación o a unos ingresos mínimos; los despidos no quedan prohibidos, sino que hay una "protección contra cualquier despido improcedente". 
En realidad, la lucha contra la exclusión social queda relegada al rango de la asistencia, en lugar de imponer la exigencia de derechos elementales vinculantes para los empleadores y para los Estados. 
Por el contrario, la Carta, evidentemente, sitúa al derecho de propiedad y a la libertad de empresa en un lugar privilegiado. 
Por todas estas razones, esta Carta no debe ser incorporada a los tratados de la Unión, y no podemos aceptar este texto en su estado actual. 
. (FR) El procedimiento elegido para la elaboración y la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales no deja al Parlamento Europeo, de hecho, más que una alternativa: aceptar o rechazar la Carta actual. 
Ante una elección tan binaria, mi voto no tiene ambigüedad alguna, aprueba el avance que supone esta Carta, un avance sin embargo muy relativo, tanto en relación con su contenido como en cuanto al alcance de este texto. 
En primer lugar, conviene recordar el procedimiento empleado. 
A pesar de que el método de la Convención es interesante y fecundo para establecer un texto de base, buscando un amplio compromiso, nada justifica que se prive al Parlamento Europeo, que encarna la representación de los pueblos europeos, de la posibilidad de enmendar, de enriquecer el texto. 
Sin embargo, cuando el historiador examina el modo en que han sido establecidas la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o las declaraciones internacionales de este tipo, descubre hasta qué punto el debate parlamentario, el mecanismo de la enmienda, han sabido aportar aliento, pertinencia, pero también ambición, a estos textos fundadores, todavía hoy llenos de fuerza. 
Mientras que el debate institucional se compromete concomitantemente a la adopción de la Carta, todas y todos los que, como yo, deseamos una constitución europea, y pensamos que esta Carta puede servir de punto de partida para el preámbulo de una constitución como esa, deberíamos exigir que el Parlamento Europeo esté en condiciones de votar su contenido, en el marco de su intervención parlamentaria normal, a saber, deliberativa en cuanto al fondo. 
En relación con este debate institucional, la inscripción de la Carta en nuestros Tratados de la UE es esencial, con el fin de que los derechos así promulgados puedan estar garantizados para todos, y de que las políticas públicas necesarias para su puesta en práctica puedan ser desarrolladas, bien por los Estados miembros, bien por la propia Unión, sin entrar en contradicción con los textos jurídicos existentes. 
No podemos dejar de constatar, en efecto, que la ley de la libre competencia, del mercado único, se impone con demasiada frecuencia a todas las demás exigencias y, de hecho, desprecia los derechos sociales y fundamentales. 
Ya hemos visto demasiados textos declarativos que no han tenido efecto alguno. 
He aquí, por tanto, la primera prioridad: dar a esta Carta un alcance jurídico efectivo. 
Por otro lado, el contenido actual es, en algunos puntos, ambiguo e insuficiente. 
De entrada, las diferencias en la traducción entre el alemán y el francés no disipan las incógnitas sobre la referencia a los valores "religiosos" o "espirituales". 
Por mi parte, estoy convencida de que el laicismo es un valor emancipador y de actualidad. 
Lamento la ambigüedad de los términos y la ausencia de una referencia más clara al laicismo. 
En segundo lugar, el derecho al trabajo no se enuncia de manera directa. 
Todos nos damos cuenta de en qué medida una mención de que "toda persona tiene derecho a trabajar" es poco ambiciosa en este campo. 
Entre el hecho de no prohibir el acceso al trabajo y la acción encaminada a permitirlo, hay más que un matiz. 
Nuestra Carta debería haber enunciado claramente el derecho al trabajo, como también el derecho a la vivienda, proclamado igualmente con una fórmula indirecta y poco protectora. 
Esta Carta debe ser mejorada, y nuestro Parlamento debe proponer una estrategia que permita su actualización y su enriquecimiento. 
Voy a votar a favor de este informe y deseo hacer constar mi felicitación al Sr. Duff y al Sr. Voggenhuber por su función rectora del Parlamento en este asunto decisivo. 
Estoy deseoso de que en Niza se proclame solemnemente la carta de Derechos Fundamentales. 
No niego que en la Carta figuran puntos con los que puedo estar de acuerdo. 
Los mismos puntos se recogen también en las constituciones nacionales, en el Convenio europeo para la protección de los derechos Humanos y en la Carta Social Europea. 
Hay muchas cosas que faltan en la Carta, a pesar de que los sindicatos, las organizaciones medioambientales y las asociaciones que defienden los derechos humanos han insistido en ello. 
Esto convierte a la Carta en un documento superfluo. Un documento de propaganda que da la impresión de regular algo precioso, pero que, en realidad, no lo hace. 
Es, además, un documento jurídicamente confuso, por el que las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo entrarán en conflicto con las del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo. 
De esta forma, la Carta no es más que un instrumento de propaganda, a fin de mostrar cuán positiva es la existencia de una Unión Europea a la que todos debemos estar contentos de pertenecer. 
Sí afecta a las competencias nacionales de los Estados miembros, pero, además, no añade nada para los habitantes de Europa. 
No estoy de acuerdo con la adopción de la Carta, si no se introducen enmiendas que hagan más hincapié en los derechos fundamentales de carácter social y en el medio ambiente. 
. (DE) La "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" constituye un paso importante para concretar los valores comunes universalmente compartidos de la Unión Europea. 
Aun así, los siguientes motivos han determinado mi decisión de abstenerme a pesar de todo en la votación. 
1. 
La Carta establece los derechos fundamentales importantes y en su presente forma no responde en aspectos importantes a las exigencias de la justicia social, tal como yo la entiendo. 
Por ejemplo, no incluye el derecho al trabajo ni el derecho a una vivienda. 
También faltan los deberes sociales vinculados a la propiedad. 
Ahora mismo ya se da por sentado que la Carta podría ser la base de una constitución europea. 
Con mayor razón es imprescindible el enraizamiento de los derechos sociales fundamentales en la misma. 
2. 
La Carta es el resultado del trabajo de una Convención con una composición amplia, reunida en sesiones públicas. 
Esto representa sin duda un progreso cuando se trata de elaborar documentos de una importancia tan fundamental. 
No obstante, con ello no se cumple la pretendida concepción de la Unión Europea como una unión de pueblos y de sus ciudadanos. 
Para que la Carta pueda ser la expresión de los valores comunes de los pueblos de la Unión Europea es preciso que éstos también puedan discutirla. 
Por lo tanto, la Carta no se debería decidir y proclamar en el Consejo de Niza, sino que en dicha Cumbre se debería impulsar un debate europeo sobre la misma. 
Yo creo que esto sería una oportunidad para seguir configurando una Europa de los pueblos y con una amplia participación ciudadana. 
3. 
En la Carta se formulan en parte grandes aspiraciones, pero falta la correspondiente obligatoriedad, de manera que las ciudadanas y ciudadanos no pueden exigir su cumplimiento ante los tribunales. 
La Europa de los ciudadanos a la que aspiramos debe ofrecer esta posibilidad. 
Por estas consideraciones yo me he abstenido en la votación en el Pleno del Parlamento Europeo. 
He votado a favor de la Carta de Derechos Fundamentales como declaración de intenciones. 
Las cláusulas básicas son indiscutibles y todo el mundo debería apoyarlas. 
No va a haber un cambio en el equilibro de poderes entre la UE y los Estados miembros. 
Esta Carta es un documento declaratorio y esclarece la posición de la UE... en particular, para quienes pretenden unirse a la Europa ampliada. 
Sin embargo, debemos oponernos firmemente a cualquier campaña en pro de una Carta jurídicamente vinculante, que sólo crearía incerteza jurídica. 
Evidentemente, este documento no es el idóneo para llegar a ser vinculante, pues no es un texto jurídico. 
Me he abstenido en la votación sobre la Carta de Derechos Fundamentales por entender que, antes de su aprobación o rechazo, era indispensable conocer el destino que le reservará el Consejo Europeo de Niza. 
¿Tendrán sus cláusulas en el futuro un valor meramente proclamatorio o pasarán a ser, al contrario, vinculantes para las instituciones comunitarias y, por tanto, para los ciudadanos europeos? 
Conocemos perfectamente la posición mayoritaria de este Parlamento. 
Los entusiastas del federalismo europeo ven en este catálogo de derechos el embrión de una futura constitución europea, a la que deberán ajustarse las constituciones nacionales de los Estados miembros. 
Comprendemos su posición cuando intentan atribuir un significado político cualitativamente diferente a un texto sobre derechos fundamentales, que no sólo es impreciso y genérico, sino que, además, resulta de discutible utilidad en una UE que no tiene déficit importantes ni en el plano normativo ni en el de la defensa y la aplicación de dichos derechos. 
Por fortuna, la tendencia predominante de los Gobiernos nacionales parece indicar el camino del sentido común, es decir, la aceptación de la Carta con un alcance meramente político y no vinculante. 
Por tanto, el gran debate político sobre la Carta se dará primero entre los Gobiernos nacionales y después, si acaso, cuando este Parlamento afronte su decisión. 
En este momento y en consonancia con lo que he afirmado al comienzo de esta explicación de voto, no podría adoptar otra actitud que la de la abstención. 
. (SV) El texto de la Carta de los Derechos Fundamentales contiene muchos aspectos importantes, esenciales desde la perspectiva del principio de la dignidad humana, que los cristianodemócratas suecos aplaudimos. 
He optado por abstenerme en la votación en atención a la gran incertidumbre que reina en Suecia acerca de las ventajas de la obligatoriedad de la Carta y de su capacidad para concretar las aspiraciones que dice garantizar. 
En el debate celebrado hoy en esta Asamblea sobre la Carta de Derechos Humanos Fundamentales, el representante de la Comisión declaró que esta Carta era un primer paso hacia un documento jurídicamente vinculante. 
Orador tras orador, con pocas excepciones, se han referido a la necesidad de una Europa con derechos constitucionales. 
Esas declaraciones confirman las preocupaciones expresadas en mi país, en el sentido de que esta Carta vaya encaminada a ser el preámbulo de una Constitución Europea. 
Recientemente, nuestro Taoiseach, Sr. Ahern, declaró claramente que la Carta Europea de Derechos Humanos Fundamentales debe seguir siendo un documento político, no jurídico. 
Miembros del Gobierno irlandés han planteado recientemente cuestiones sobre si Bruselas amenaza la identidad irlandesa y el Sr. Ahern, al tiempo que afirmaba la adhesión de Irlanda a la UE como fundamental para su prosperidad y éxito económico, se resistió firmemente a cualquier paso rápido a una Europa más federal- centralizada -, pues rebasaría en gran medida lo que la mayoría de los Europeos desean- o están dispuestos a aceptar- actualmente. 
A la luz de la posición nacional de Irlanda y en consonancia con los deseos de los ciudadanos de mi circunscripción, he de votar contra esta Carta de Derechos Humanos Fundamentales que, pese a ser una simple declaración política en este momento, va encaminada- resulta evidente- a ser un preámbulo de una Constitución Europea que tendrá prelación sobre la constitución de mi país y la voluntad del pueblo irlandés. 
. (FR) He votado en contra, absolutamente en contra del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales que nos ha sido presentado. 
Lo he hecho ante todo para denunciar el proceso antidemocrático del que es la culminación. 
De principio a fin, su elaboración habrá dado lugar a una serie de abusos de autoridad. 
Abuso de autoridad semántico, desde el principio, con la cuestión del nombre de la instancia de la que emana esta Carta. 
Creada como "asamblea" por la Cumbre de Colonia, se autoproclamó "Convención", un nombre que recuerda desafortunadamente a 1793 y a las implicaciones terroristas de la Revolución Francesa materializadas por otra Convención. 
Abuso de autoridad contra los parlamentos. 
¡Este texto, cuya versión definitiva ha sido ultimada por una Mesa de opaco funcionamiento, va a ser impuesto por el Tribunal de Justicia a los ciudadanos de nuestros países, a pesar de que ni siquiera habrá sido ratificado por nuestros parlamentos nacionales, que sin embargo ostentan una competencia exclusiva en materia de derechos humanos! 
En cuanto a los parlamentarios europeos, no solo se les ha impedido presentar enmiendas al texto de la Carta, sino que se les ha impuesto que la propia resolución no pueda ser votada más que en bloque, despreciando las reglas democráticas más elementales. 
Abuso de autoridad contra una serie de derechos fundamentales que, de manera preocupante, han sido eliminados del texto. 
Así, el derecho absolutamente elemental y fundamental que tiene el niño a vivir con su padre y su madre no ha sido incluido, a pesar de que su inscripción ha sido expresa y reiteradamente solicitada por un cierto número de "convencionales". 
El derecho elemental a una nación, igualmente reclamado, igualmente fundamental, también ha sido censurado. 
Cualquier referencia a la herencia religiosa de nuestras naciones, mencionada no obstante de forma expresa por la mayoría de los textos fundamentales que rigen nuestros Estados, incluida Francia, con la mención al Ser Supremo, ha sido eliminada, tras figurar en el texto inicial de la Carta, suprimida por presiones diversas, ejercidas especialmente, al parecer, por los representantes de máximo nivel de ciertos Estados miembros, en nombre de un oscurantismo que confunde el legítimo laicismo con la exclusión de cualquier referencia religiosa en el campo de las actividades públicas. 
Al final, el regateo en el que inevitablemente desembocan este tipo de procesos ha terminado por situar en un lado de la balanza la noción de "herencia religiosa" de los Europeos, y en el otro la promoción de la "libre empresa". 
Adivinen cuál de las dos se ha impuesto. 
Los límites de la regla del consenso aplicada en un marco como éste se ponen de manifiesto observando las descabelladas elecciones a las que conduce. 
El texto de la Carta no tiene finalmente nada de europeo. 
Podría ser adoptado, en su configuración actual, por cualquier país del planeta. 
El destino de los procesos como éste es culminar en textos que forzosamente se sitúan en el menor denominador común. 
Más allá incluso de su carácter ilegítimo, ya que la Unión Europea no tiene ninguna competencia en materia de derechos humanos, ni siquiera es posible ver bien qué interés tiene el fondo de un ejercicio como éste, dado que, en Europa, nuestras libertades están admirablemente protegidas por los textos fundadores de nuestras naciones y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
A cambio, el método empleado, las exclusiones proclamadas y la ambigüedad que rodea la propia naturaleza de este texto arrojan una luz bastante cruda sobre las nuevas efervescencias totalitarias que actúan en el corazón mismo del proceso de integración europea. 
Informe Marinho (A5-0313/2000) 
Señora Presidenta, este informe del Sr. Marinho comienza a crear el futuro Derecho penal europeo. 
Los pensionistas están a favor de reforzar el Derecho penal no solo nacional, sino sobre todo europeo, ya que, lamentablemente, la delincuencia ya no es exclusiva de nuestros Estados, sino también de personas de otras nacionalidades. 
Los pensionistas y las personas mayores son de preferencia las víctimas de las acciones de la delincuencia. Evidentemente no de la delincuencia a gran escala que lleva al blanqueo de dinero contra el que luchamos, sino de aquellos pequeños delitos que genera y que hacen tan difícil la vida de todos, en particular de las personas mayores. 
. (FR) Ayer por la tarde examinamos cuatro proyectos de textos relativos a la lucha contra la delincuencia organizada, que en conjunto nos parecen bienvenidos, aunque los informes y las enmiendas del Parlamento Europeo sean, por su parte, más discutibles. 
Estos textos tienen dos puntos en común. 
En primer lugar, se completan entre sí, ampliando las competencias de Europol, creando una unidad provisional de cooperación judicial, mejorando la ayuda judicial que los países miembros pueden prestarse mutuamente, y definiendo mejor las condiciones de la lucha contra el blanqueo de dinero, que es el resultado, la causa, o en todo caso el elemento obligado de numerosos delitos muy graves. 
Además, todos estos textos se basan en iniciativas de países miembros, dado que quedan bajo la competencia bien del tercer pilar, bien del artículo 67 del TCE, en los que la Comisión no detenta el monopolio de la iniciativa. 
Subrayo de paso que a lo largo de este periodo de sesiones, un total de siete informes están originados por iniciativas nacionales, lo que demuestra que este sistema, allí dónde existe, es en el fondo muy productivo. 
Adicionalmente, desarrolla una cooperación más respetuosa con las soberanías nacionales, como queda probado por la iniciativa de la República Francesa relativa a la colaboración judicial en materia penal, objeto del informe Roure, que consigue conciliar la cooperación judicial con el respeto a los intereses esenciales de los Estados miembros. 
En general, hemos apoyado estas iniciativas, salvo en los casos en que las enmiendas del Parlamento Europeo tendían a desnaturalizarlas demasiado en el sentido federalista. 
En cambio, lamentamos profundamente la devolución a comisión de un quinto texto, el informe Ceyhun, relativo a las dos iniciativas de la República Francesa destinadas a endurecer la represión de la inmigración clandestina. 
Los argumentos esgrimidos por el Parlamento Europeo son absolutamente falaces. 
En realidad, nuestra Asamblea quiere meterse en todo, pero huye de apoyar las decisiones que sin embargo son la esencia de las responsabilidades de los Estados para proteger a sus pueblos. 
Afortunadamente, el Parlamento Europeo todavía no tiene en este campo más que una función consultiva, a la espera de una aplicación total del Tratado de Amsterdam, pero encuentra la forma de ejercerla en el sentido equivocado, frenando las decisiones correctas. 
. (FR) Ya me he referido, este año, a la propuesta de modificación de la Directiva de 1991 relativa al blanqueo de dinero. 
El Parlamento Europeo ya había puesto de relieve las lagunas de esta directiva. 
La Comisión ha presentado recientemente una propuesta que tiene en cuenta las observaciones del Parlamento. 
La posición común del Consejo no se conoce oficialmente. 
El informe que debatimos hoy refleja correctamente el compromiso que se asumió con ocasión del Consejo Europeo de Tampere, en Octubre de 1999, de luchar contra la plaga que supone el blanqueo de dinero, que representa anualmente entre el 2 y el 5% del PIB mundial. 
La Presidencia francesa ha hecho de ello una prioridad de su agenda. 
Por ello, y a través de un conjunto de medidas legislativas, la Presidencia francesa pretende crear un marco jurídico suficientemente amplio para englobar el delito de blanqueo de capitales. 
Por una parte, se nos propone ampliar las competencias de Europol al blanqueo de capitales (informe Karamanou) ; por otra, se nos propone una serie de medidas para favorecer la cooperación internacional en el ámbito de la colaboración judicial en materia penal (informe Roure). 
Ambos informes han sido sometidos a votación hoy. 
He votado a favor. 
Por su parte, el informe Marinho pretende extender el principio del reconocimiento mutuo de las medidas nacionales de identificación, de detección, de retirada o de incautación y confiscación de los instrumentos y de los productos del delito, establecido por la posición común 98/6399/JAI en 1998, a las decisiones previas a la fase de enjuiciamiento, particularmente a las que permitiesen a las autoridades competentes actuar rápidamente para obtener elementos de prueba e incautarse de bienes fácilmente transferibles. 
Estas medidas voluntaristas son absolutamente indispensables para combatir este fenómeno, que no ha parado de desarrollarse e internacionalizarse. 
"Está en la esencia misma de la delincuencia organizada. Hay que erradicarlo allí dónde exista" (Consejo Europeo de Tampere, en su conclusión 51). 
Por ello, he votado a favor del informe Marinho, apoyando de este modo los esfuerzos de la Presidencia francesa. 
Aunque respaldamos la lucha contra el blanqueo de dinero y por ello nos sumamos también a la necesidad de que se dote a las autoridades relevantes de los instrumentos adecuados para tal objeto, no podemos votar a favor del informe del Sr. Marinho. 
Puesto que este informe, junto con los informes de las Sras. Karamanou y Roure, que asimismo votamos también hoy, propone una aproximación de los procedimientos penales de los Estados miembros para establecer marcos penales para el blanqueo de dinero, pensamos que con ello se da indirectamente un paso hacia la construcción de un sistema judicial comunitario dotado de tribunales, policía, jueces, normas de procedimiento, etc., un desarrollo que ni podemos ni queremos apoyar. 
La lucha contra el blanqueo de dinero en cualquier caso se lleva a cabo en diversos ámbitos y partimos de la base de que no creemos necesario establecer marcos penales para ello en el ámbito comunitario. 
. (DE) Es indiscutible que combatir el lavado de dinero tiene sentido y es una necesidad ineludible. 
En cambio, existen discrepancias en cuanto al procedimiento. 
La estipulación de unas penas mínimas en virtud de esta decisión marco genera, por ejemplo, problemas elementales de jurisdicción estatal. 
Dicha estipulación de unas penas mínimas entra en contradicción con los sistemas penales nacionales cuidadosamente meditados. 
Además, lo que se requiere es una armonización del marco penal, pero no su homogeneización. 
La definición del marco penal debe seguir siendo competencia de los Estados como núcleo central de su soberanía interna, tal como se desprende de diversas consideraciones democráticas y constitucionales básicas. 
En 1999 se propuso en Tampere una acción especial contra el blanqueo de capitales. 
El Consejo Europeo, tras tomar nota de que formas graves de delincuencia presentan cada vez más aspectos fiscales, pidió a los Estados miembros que se prestaran asistencia jurídica mutua en la investigación y persecución de ese tipo de delitos y para la aproximación de la legislación y los procedimientos penales en materia de blanqueo de capitales. 
Se aceptó que se debía aplicar el principio del reconocimiento mutuo también a las órdenes prejudiciales, en particular las que permitirían a las autoridades competentes obtener rápidamente pruebas y decomisar activos, que son fácilmente trasladables. 
Mediante esta iniciativa, la Presidencia francesa propone la adopción de una decisión-marco para la aproximación de la legislación y los procedimientos penales sobre blanqueo de capitales (por ejemplo, rastrear, congelar y confiscar los fondos). 
La aprobación de este informe y la iniciativa francesa contribuirán indudablemente a la lucha contra el blanqueo de capitales. 
La frontera entre hacer negocios y la delincuencia de cuello blanco y corbata resulta a menudo difícil de trazar. 
El tráfico de drogas, el tráfico de armas, el vertido ilegal de residuos, el desconcertar a los consumidores con productos de mala calidad, el secreto bancario y los paraísos fiscales contribuyen indudablemente al con frecuencia defendido crecimiento económico. 
Sin embargo, están claramente en contra de los intereses de la humanidad y de la conservación de nuestro medio de vida. 
El derecho a la propiedad parece casi sagrado. 
Hace un siglo era así y, después de conseguir que retrocediera algo, vuelve ahora con fuerza. 
De ahí que todo lo que se pueda hacer para expropiar a los que se benefician de prácticas financieras ilegales, signifique ir un paso por delante. 
Al mismo tiempo, esta cuestión debe ser abordada mediante el refuerzo de la cooperación policial europea. 
A veces, parece que este objetivo es en sí más importante que la lucha contra la delincuencia de cuello blanco y corbata. 
Semejante colaboración podría utilizarse en la práctica para perseguir otros objetivos que la lucha contra el blanqueo de dinero. Esto tendría consecuencias negativas para los derechos de los ciudadanos que no son culpables de esta forma de criminalidad. 
La mejor solución es, por tanto, la total publicidad de los libros de los bancos y de otras empresas, y el desarrollo de un control democrático de la economía. 
Felicito a mi colega socialista el Sr. Marinho por su excelente informe sobre la intensificación de la lucha contra el blanqueo internacional de capitales y la delincuencia organizada. 
La delincuencia es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos a los que representamos y muchos de ellos son decididamente partidarios de que se encierre bajo llave a los delincuentes. 
Debemos ser severos con el delito y con las causas del delito de modo que de Manchester a Madrid nuestros ciudadanos estén seguros y reciban plena protección contra los delincuentes en toda Europa. 
El blanqueo de capitales alimenta el comercio de tráfico de drogas. 
Es evidente que la legislación en vigor en la UE no es suficiente para detener la oleada de los 590.000 millones de dólares que, según se afirma, se blanquean todos los años a escala mundial. 
Acogemos con beneplácito la iniciativa de la Presidencia francesa encaminada a mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de afrontar el blanqueo de capitales y establecer penas uniformes. 
Todos los Estados miembros deben tipificar el blanqueo de capitales como un delito penal castigado como mínimo con una pena de cuatro años de reclusión. 
Esta semana el Parlamento Europeo va a votar medidas suplementarias con vistas a adoptar una actitud severa con la delincuencia internacional. 
Estamos examinando la posibilidad de ampliar las atribuciones de Europol- la Oficina Europea de Policía- para que comprendan los delitos internacionales graves. 
También queremos eliminar los obstáculos jurídicos que impiden la extradición de delincuentes acusados de blanqueo de capitales u otros delitos conexos que entrañen la utilización de fondos ilícitos. 
Será un instrumento importante para permitir que los delincuentes sean juzgados en toda Europa. 
Estos informes son decisivos para que el Mercado Único no se convierta en un mercado libre para delincuentes. 
Lo último que queremos es que el Mercado Único permita a los delincuentes entrar en el Mercado Único por la puerta trasera y sin ser vistos. 
Estas medidas formuladas por diputados socialistas al PE son un paso importante para luchar contra la delincuencia internacional, por lo que insto a la Asamblea a que apoye estos informes. 
Informe Karamanou (A5-0312/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Karamanou que tiene otra finalidad importante en la lucha contra la delincuencia, esto es, crear una policía europea. 
Sin embargo, tengo una duda, ya que el otro día una pensionista, la Sra. Lucia Boroni, me dijo: " Estaba caminando por la calle y me robaron el bolso. 
Entonces allí cerca vi a un policía que llevaba escrito en su chaqueta "policía europeo" y le dije: ¿Por qué no persigue al ladrón que me ha robado el bolso? 
Y el policía me respondió: Existe el principio de no interferencia en las competencias nacionales, el principio de subsidiariedad. 
El ladrón era italiano, debía perseguirle un policía italiano. 
Yo soy el futuro policía europeo. " 
Espero que siga siendo una duda y no una realidad. 
¡Quién sabe! 
Aunque vamos a apoyar el informe, nosotros, los conservadores británicos, abrigamos reservas particulares sobre los siguientes aspectos del informe: aplicación de la votación por mayoría cualificada- respecto de Europol el Consejo actuará mediante mayoría de dos tercios conforme al artículo VI del Tratado (letra b) del apartado 1 del artículo 1: enmienda 3) ; centralización de las competencias de Europol: el Tribunal de Justicia tendrá jurisdicción para dictaminar sobre cualquier diferencia o conflicto entre Estados miembros respecto de la interpretación o aplicación del Convenio (letra d) del apartado 1 del artículo 1: enmienda 5). 
Si bien acojo con beneplácito una más estrecha cooperación entre las fuerzas de policía de los Estados miembros entre sí y por mediación de Europol, comparto las preocupaciones de la ponente sobre la falta de rendición democrática de cuentas de Europol. 
Como el blanqueo de capitales adquiere vastas proporciones en todo el mundo, es evidente que Europol debe tener competencias para luchar contra él con vistas a idear una estrategia europea en materia de cooperación policial y judicial. 
Sin embargo, reviste importancia decisiva que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo tengan acceso a la información sobre las actividades de Europol a fin de garantizar la rendición política de cuentas y velar por que el Tribunal Europeo desempeñe un papel a la hora de garantizar la responsabilidad judicial. 
Informe Roure (A5-0314/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Roure. 
También éste es un texto que pretende luchar contra la delincuencia a través de la armonización de las normas penales. 
A este propósito, sin embargo, debo decir que el sábado pasado, en Curno, la ciudad donde resido, delante del banco en que cada mes los pensionistas van a cobrar su pensión, vi una larguísima cola de personas mayores y de pensionistas. 
Una de ellas, la última de la cola, me reconoció y me preguntó: "¿ Por qué hay una cola tan larga ?" 
Lo averigüé y le contesté: "Están comprobando si hay dinero negro, dadas las nuevas normas". 
"No importa" me dijo la pensionista, "blanco o negro, yo cobro el dinero de la pensión". 
Esto es lo que espero que no ocurra con la implementación de este texto. 
. 
Los partidos que represento en esta Asamblea, Eusko Alkartasuna y Esquerra Republicana de Catalunya, apoyan plenamente el informe Roure relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia en materia financiera. 
Y apoyamos asimismo la futura creación de una convención que facilite la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero, así como las diferentes medidas propuestas para alcanzar esos fines. 
La idea de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa es, obviamente, una aspiración que compartimos. 
La limitación estricta de los motivos de denegación de la asistencia judicial por parte de los Estados únicamente a "intereses esenciales", superando así las nociones de soberanía, orden público y seguridad nacional vigentes hasta el momento, nos parece un paso hacia adelante, pero todavía insuficiente. Y ello, principalmente porque todavía nos parece inadmisible que se permita que un Estado pueda apelar a un "interés general" para poder negar la cooperación judicial en materia penal. 
Ello demuestra, una vez más, que a los Estados les queda mucho por aprender sobre el significado de soberanía compartida. 
Además, debo recordar, como diputado que represento a vascos y catalanes, que se sigue insistiendo en la cooperación entre Estados, sin tener en cuenta que en la UE operan otros cuerpos de policía que no son de ámbito estatal. 
Este informe y, en general, el espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa, se funda en la democracia y en el Estado de Derecho que debe reinar en la UE. 
Por ello, lo que más me preocupa del futuro de la cooperación judicial en la UE es que actualmente ciertos Estados están actualmente proponiendo reformas penales que rozan la vulneración de los derechos humanos. 
Como bien sabrán sus Señorías, el Gobierno español ha impulsado una reforma penal para endurecer las penas de ciertos tipos de delitos. 
En concreto, esta legislación especial contempla penas de reclusión de hasta diez años de cárcel para niños de 14 años, por no citar otras medidas. 
Señorías, estamos convencidos de que Europa debe construir ese espacio de libertad, seguridad y justicia que tantas veces citamos en nuestras intervenciones. 
Seremos los primeros en apoyarlo. 
Pero llamo la atención sobre posibles reformas penales que pueden tener lugar en diferentes Estados- como, por ejemplo, en el Estado español, con el Partido Popular en el poder- aprovechando una coyuntura determinada, porque estas reformas no dejan de ser preocupantes para la Europa de las libertades y de la democracia. 
Acojo con beneplácito el informe de la Sra. Roure sobre otra iniciativa de la Presidencia francesa: esta vez encaminada a intensificar la cooperación en la esfera jurídica para velar por que no se pongan obstáculos a fin de impedir la extradición de delincuentes acusados de blanqueo de capitales u otros delitos conexos que entrañen la utilización de fondos ilícitos. 
El proyecto de convenio propone que no se pueda utilizar el secreto bancario como razón para rechazar una solicitud de información de un Estado miembro a otro sobre una persona de la que se sospeche que haya participado en un delito financiero. 
Además, la intención es que, los Estados miembros faciliten detalles, cuando se les soliciten, de todas las cuentas bancarias de que sean titulares los sospechosos. 
El objetivo del nuevo convenio es el de obligar a los Estados miembros a perseguir activamente las transacciones sospechosas. 
Informe Gebhardt (A5-0317/2000) 
Señora Presidenta, éste es un texto- sobre el cual he votado a favor- que pretende lenta y gradualmente llegar a la creación de un juez único europeo. 
En efecto, se crea una Unidad provisional, integrada por un representante de los jueces o de los policías que ejercen una actividad de juez en nuestros quince Estados miembros. 
Sin embargo, me habría gustado que se incluyera en este órgano a un representante de los abogados de cada uno de los Estados, ya que creo que en el momento en que se ha de crear algo nuevo en el ámbito jurídico, conviene escuchar no solo a los jueces que juzgan, sino también a los abogados que tienen una amplia experiencia en la materia. 
Digo esto no sólo porque mi hija acaba de licenciarse en Derecho con todos los honores. 
La finalidad no disimulada del informe Gebhardt de institucionalizar y colocar por encima de los estados la cooperación judicial mediante la creación de Eurojust está fundada en una premisa que resulta especialmente problemática. 
No hay una, sino quince culturas diferentes en materia de política judicial y quince sistemas judiciales diferentes en la UE. 
Incorporar estas diferentes tradiciones judiciales a la burocracia comunitaria daría por resultado un sistema elitista y opaco sin ninguna forma de respaldo popular. 
Un sistema semejante tampoco podría solucionar los problemas a los que se enfrentan los países miembros. 
También nos oponemos firmemente a convertir la UE en un "Estado de derecho" mediante el establecimiento de órganos provistos de "un equilibrio y un funcionamiento independiente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial". 
Siguen siendo los países miembros como Estados de derecho quienes deben constituir el núcleo de la cooperación europea. 
Por ello votamos en contra del informe. 
Informe Langenhagen (A5-0310/2000) 
Señora Presidenta, éste es el único informe que no he apoyado. 
He votado en contra de este texto porque me sorprendí al leer la exposición de motivos de la ponente, Sra. Langenhagen, que afirma claramente que los procedimientos empleados en la ejecución de este programa que ha asignado 665 millones de euros, no han sido correctos. 
Lamentablemente, se menciona que algunos miembros de las comisiones que debían asignar los fondos europeos para la investigación en los sectores de la caza y de la pesca eran también beneficiarios de estas investigaciones. 
Por lo tanto, creo que hay que prestar más atención que la que se presta a la gestión de nuestras actividades financieras en lo que a los planes de investigación de refiere. 
(La sesión, interrumpida a las 12.52 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Turquía (continuación) 
Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la Comisión parlamentaria mixta UE-Turquía, dedico una intensa atención al proyecto de adhesión de Turquía. 
Yo quisiera resaltar en particular hoy aquí la petición del colega Morillon por la que se propone la creación de un Foro euroturco en el marco de esta Asamblea y pedir, además, a los Parlamentos nacionales de nuestros Estados miembros que adopten posición públicamente sobre el proyecto de adhesión de Turquía. 
Por una parte, esto es importante para Turquía, pero sobre todo también lo es para los Estados miembros y para nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Nuestros Gobiernos aprobaron en Helsinki la posible adhesión de Turquía. 
Esta decisión sorprendió a las respectivas poblaciones y muchos todavía no logran comprenderla, puesto que no se ofrece a la propia población un foro donde poder discutirla y, como resultado, el tema se discute a hurtadillas, sin información objetiva y sin conocer el trasfondo de la decisión de Helsinki. 
Esto genera una posición en contra que no podemos permitirnos, habida cuenta de los numerosos emigrantes turcos que ya viven entre nosotros, y que tampoco debemos permitir a la vista de la creciente xenofobia. 
Mis colegas de la Gran Asamblea Nacional Turca también lamentan esta situación, concretamente, que nadie se muestre dispuesto a hablar abiertamente con ellos, ningún miembro de los Gobiernos o Parlamentos nacionales, pero tampoco casi ningún representante de las instituciones europeas. 
Evidentemente se celebran conversaciones informales, pero prácticamente ningún encuentro oficial. 
Una casi tiene la impresión de que existe algún tipo de "pacto de caballeros" por el que sólo se habla de la adhesión de Turquía a hurtadillas, lejos de las miradas de todos. 
¿Qué es lo que se teme? 
¿La decisión de Helsinki fue precipitada? 
La euforia inicial del Consejo y la Comisión se ha enfriado visiblemente. 
Justamente en lo que respecta a los criterios políticos, Turquía no ha realizado hasta ahora ningún progreso significativo más allá de algunas declaraciones de intenciones. 
Por consiguiente, es particularmente importante que el proyecto de adhesión de Turquía se empiece a debatir ya, casi un año después de Helsinki, en nuestros Parlamentos nacionales y con nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Se lo debemos a Turquía y también a nuestra propia población. 
Además, un debate de esas características quizá también podría contribuir a la integración de los emigrantes procedentes de Turquía que viven entre nosotros. 
Señor Presidente, si Turquía fuese miembro de la UE sería el país con más población después de Alemania. 
Sería el primer miembro geográficamente unido con Asia y con una gran tradición musulmana. 
Desgraciadamente, no sólo es un gran país, sino que, además, da la impresión de que su democracia es inestable. 
Todos estos factores demuestran que la solicitud de adhesión de Turquía es uno de los asuntos más importantes para el futuro de la Unión. 
El informe periódico sobre ampliación de la Comisión confirma los avances. Pero demuestra también grandes deficiencias en materia de democracia, de derechos humanos y de trato a las minorías étnicas, por ejemplo, los kurdos. 
Turquía no ha hecho los avances que se esperaban. 
Todavía se tortura y los militares tienen un papel político demasiado grande. 
Tampoco es aceptable el papel de Turquía en Chipre. 
Mi tarea aquí es representar a los diputados del PSE en la Comisión de Presupuestos. Obviamente en materias económicas. 
Desde un punto de vista económico, la pobreza, la inflación y el déficit presupuestario son problemas de carácter general, de igual manera que las injustas consecuencias sociales de los avances económicos. 
En este campo se necesitan profundas reformas estructurales. 
El informe Seppänen se ocupa de extender las facultades y el mandato del Banco Europeo de Inversiones para que pueda actuar en Turquía. 
Institucionalmente, este asunto se funda en la unión aduanera existente con Turquía desde hace muchos años. Sin embargo, esa unión aduanera necesita ser fortalecida mediante un programa especial de medidas del Banco Europeo de Inversiones, puesto que Turquía, desde el punto de vista del Banco, todavía no forma parte del círculo de países que pueden obtener ayudas de preadhesión. 
Creemos que es muy importante que la UE, a través del BEI, apoye activamente el desarrollo en Turquía, para que cuanto antes pueda poner en marcha un proceso concreto que le permita cumplir con los criterios de Copenhague. 
Por eso, las exigencias en materia de democracia y de derechos humanos también deben incluirse en las actividades de financiación del BEI. 
Concretamente, se trata de la posibilidad de financiar proyectos en Turquía por una cantidad de 450 millones de euros hasta el año 2004. 
Turquía ya tiene derecho a ayudas financieras en muchos contextos, pero la Comisión quiere apostar por el fortalecimiento económico, especialmente en materia de infraestructuras, para aumentar la competitividad del país. 
Permítanme hacer un comentario sobre los principios que rigen el procedimiento, independientemente del tema de fondo. 
Éste es un procedimiento de consulta, pero lo razonable sería obviamente un procedimiento de codecisión, puesto que estas decisiones van a tener como consecuencia que sea necesario ajustar los presupuestos. 
Esto vale especialmente en esta etapa en la que cada vez más utilizamos los dineros del BEI pero sin cubrir completamente los riesgos económicos que tomamos. 
Cuando el BEI presta dinero a países que no son miembros de la Unión, debería hacerlo previa consulta con el Parlamento sobre las prioridades políticas que conviene hacer en estas actividades del Banco, esencialmente vinculadas con la política exterior. 
El actual problema presupuestario es que se están terminando las reservas de los fondos de garantía. 
Aumentamos los compromisos del Banco Europeo de Inversiones pero las reservas de préstamos del presupuesto comunitario no aumentan en la misma medida, y nos hemos comprometido a financiar el 65 por ciento si un préstamo no puede ser pagado. 
Las reservas de los fondos de garantía son tan exiguas que podrían llegar a impedir a la Unión usar al BEI como instrumento si ocurriesen nuevos hechos que necesitasen medidas de este carácter. 
A pesar de esta preocupación, la Comisión de Presupuestos propone que el Parlamento apruebe la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, respaldamos la crítica del ponente en cuanto a que se necesita una evaluación en torno a la concesión de préstamos del BEI y a que hay deficiencias en materias de transparencia y de control democrático en las actividades del Banco. 
Votamos a favor porque opinamos que es importante contribuir a un desarrollo más favorable en algunos campos en los que Turquía aún tiene deficiencias y, en este caso, especialmente en el económico. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, como miembro de la delegación de los tres países del Cáucaso Meridional- Georgia, Armenia, Azerbaidjan -, apoyo totalmente el informe del Sr. Morillon y respaldo muy particularmente su artículo 18, que invita al gobierno turco a mejorar las relaciones con sus vecinos del Cáucaso. 
Si existen relaciones privilegiadas entre Azerbaidjan y Turquía, no podemos decir lo mismo de Armenia, país contra el que Turquía mantiene un bloqueo comercial inaceptable tras haber obtenido el estatus de país candidato a la Unión Europea. 
El contencioso relativo al reconocimiento del genocidio armenio debería igualmente ser resuelto, con el fin de que las relaciones diplomáticas y comerciales pudieran normalizarse, más aún considerando que Turquía desempeña un papel primordial en el proyecto de construcción de un oleoducto que conducirá el petróleo del Mar Caspio hacia el puerto turco de Djian, sobre el Mediterráneo. 
Turquía tendrá también que asimilar la idea de medio ambiente, en particular para los proyectos tales como la creación de grandes presas, que influirán necesariamente sobre el funcionamiento hidráulico de los países vecinos. 
Señor Presidente, quiero felicitar al general Morillon por el informe tan juicioso que ha redactado en unas condiciones como estas. 
Todos sabemos cuán difícilmente se hace frente, en casos problemáticos semejantes, a la aspiración de servir a intereses y conveniencias políticas, económicas, etc. en detrimento de los principios y de las normas del derecho, normalmente con el método de los dos pesos y las dos medidas. 
Por eso, destaco la franqueza que en general, caracteriza el informe Morillon. Aunque creo que una formulación más llana de algunos de sus puntos daría una imagen más exacta de los elementos con que contamos para evaluar la marcha de Turquía hacia la adhesión. 
En este marco subrayo la conclusión básica del artículo 22 que dice que Turquía no cumple los criterios políticos de Copenhague y hago notar la cantidad de condenas de sus acciones y de sus omisiones en el ámbito de los derechos humanos, de las libertades democráticas y de su comportamiento internacional, así como las recomendaciones relativas del Parlamento Europeo a este país para que se avenga a los valores europeos debidos. 
Por otra parte, a pesar de la mención expresa de los apartados I, J, 12 y 17 de flagrantes infracciones turcas de estos valores, sobre todo con el ejército chipriota de ocupación, que Turquía debe retirar, el hecho es que sería preferible la denuncia inequívoca de la responsabilidad histórica y actual de Turquía en problemas como su constante intransigencia y el consiguiente callejón sin salida de la cuestión de Chipre- en que debemos señalar que ya se entrevé la intención de Turquía de provocar una nueva crisis -, el desprecio a los tratados internacionales mediante su política expansionista frente a Grecia, el silenciamiento de la verdad histórica sobre el genocidio de los armenios, el desprecio de los derechos fundamentales que como minoría merecen los kurdos. 
Algo así quizá le sería útil a la propia Turquía porque daría un mensaje más correcto a cualquiera de sus fuerzas que aspire realmente a su modernización, y reforzaría sus esfuerzos por garantizar las condiciones imprescindibles para su perspectiva europea, para que, posiblemente, se convenzan cuantos- muchos- ponen en duda con argumentos de peso, incluso la fiabilidad de esta perspectiva. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, estimados colegas; tal como ha dicho hoy por la mañana el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, nuestro debate es muy de actualidad porque viene a coincidir con los textos que ha preparado la Comisión, el informe sobre los progresos de Turquía y, por supuesto, principalmente con el texto sobre la asociación. 
Es el primer paso importante que tiene lugar en el proceso de adhesión de Turquía para que este último se empiece a aplicar en la práctica. 
Por nuestra parte creemos que esto es algo que debemos aplaudir. 
Turquía, con toda su diferenciación, siempre ha sido y sigue siendo una parte inseparable de la realidad europea. 
Las antiguas rivalidades no pueden anular la presencia de Turquía en la vida de los estados europeos. 
Creo que si Europa consigue aceptar positivamente y anexionar a Turquía en su seno, con su diferenciación, habrá realizado un gran salto político y cultural. 
Habrá demostrado la universalidad de nuestros principios, que no se basan en el aplastamiento del carácter de los socios, sino en la síntesis de sus distintas idiosincrasias. 
Naturalmente, para que haya síntesis, debe haber también un espacio común. 
Nuestro ponente, con su excelente informe, por el que yo también quiero expresarle mi agradecimiento, ha buscado y ha indicado a Turquía este espacio común. 
El espacio común se llama democracia, que presupone la expresión libre de la opinión, es decir, derechos humanos y políticos iguales para todos, independientemente del origen, y también la elección libre del gobierno con elecciones libres, elecciones realmente libres y solamente libres, algo que, por supuesto, es incompatible con el funcionamiento de centros de poder autónomos, y mucho más incompatible con centros de superpoder militar. 
Si hay algo más que se pudiera pedir del informe Morillon es que en este punto podría ser más claro en que no puede haber funcionamiento de la democracia y adhesión de Turquía sin anular este superpoder militar, que además está consolidado constitucionalmente. 
La democracia es incompatible con funcionamientos políticos legislados de las fuerzas armadas y naturalmente es contraria a la intervención esencial del ejército en la vida política, amparada o sin amparar por la Constitución. 
También es natural exigir a un país democrático un comportamiento pacífico frente a sus vecinos, especialmente cuando resulta que estos van a ser futuros socios. 
Y desde este punto de vista es acertada la referencia condenatoria al bombardeo de la aviación turca a Kendakor, y también es natural subrayar y recordar al Gobierno turco ayudar en las negociaciones entre turcochipriotas y grecochipriotas sin condiciones preparatorias. 
Señor Presidente, nos intranquiliza el hecho de que no se oiga en estos días ningún empuje en esta dirección por parte de la prensa ni de las personalidades turcas, sino que más bien hay un intento de reacción. 
Espero que Turquía vuelva a estudiar la cuestión de una forma más seria y que asuma sus responsabilidades. 
Señor Presidente, es de lamentar que nuestro debate de hoy haya quedado empañado por un pequeño grupo de enmiendas hostiles. 
Las han presentado los Grupos TDI, GUE y otros. 
Me parecen impropias, desacertadas, inoportunas e inadecuadas, porque son enmiendas que utilizan tres palabras "genocidio", "musulmán" y "asiático" de un modo racista, peyorativo y discriminatorio y que causa la erección de obstáculos impenetrables y falsos contra la adhesión de Turquía a la Unión. 
Los musulmanes siguen una de los tres credos abrahámicos. 
El islam es hermano del cristianismo y del judaísmo: en este contexto, se emplea "asiático" como un deplorable término racista que se debe suprimir. 
Si aceptamos eso, ¿colocaremos después todos los crímenes contra la Humanidad del Imperio otomano a las puertas de la Turquía moderna? 
De hecho, no se ha ampliado el Convenio de las Naciones Unidas de 1948 para que incluya la tragedia armenia. 
Hasta que así sea, no creo que este Parlamento deba actuar de forma diferente. 
Acojo con beneplácito los prudentes avances de Turquía hacia la Unión y apoyo a la Comisión y el informe Morillon. 
La adhesión de Turquía a la Unión Europea se ha convertido más que nunca en un tema a la orden del día. 
No soy de los que esgrimen el argumento religioso para rechazar esta posibilidad. 
Pienso en concreto en el reconocimiento del genocidio armenio en 1915. 
Ahora que Francia preside la Unión, el Senado acaba de cumplir con este trámite, dos años y medio después que la Asamblea Nacional. 
Reconocer este genocidio no viene a significar que la Turquía de hoy en día sea una nación bárbara. 
Por el contrario, una nación no puede dejar de engrandecerse al mirar de frente a su pasado. 
¿Cómo podría Europa tener credibilidad frente a los actos violentos perpetrados por los Estados hoy en el mundo, que a veces llegan al genocidio, si acogiese a Turquía borrando la historia? 
Además, la negación y la represión continuadas contra el pueblo kurdo siguen siendo tan escandalosas como inaceptables. 
La diputada Leyla Zana, titular del Premio Sakharov, encarcelada desde 1995 por el mero hecho de haber hablado en kurdo dentro del Parlamento turco, sigue en prisión. 
Nuestro Parlamento ha reafirmado estos hechos en varias ocasiones. 
Nada justificaría que los omitiésemos hoy. 
Señor Presidente, en el punto 17 del informe Morillon se señala que el Parlamento Europeo "insta al gobierno turco a que retire sus tropas de ocupación del norte de Chipre". 
Yo soy el autor de este párrafo, mediante la enmienda 72 aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa el 10 de octubre de 2000. 
Quisiera dirigirme especialmente al Comisario Verheugen, responsable de la ampliación, y a la Presidencia francesa. 
Casi el 40 por ciento de Chipre está ocupado por tropas extranjeras, por soldados turcos. 
Nicosia es hoy, doce años después de la caída del muro de Berlín, la única capital europea dividida. 
Chipre, la isla de San Pablo y San Bernabé, históricamente no ha estado dividida, pero sí lo ha estado los últimos 26 años, a causa de una invasión extranjera. 
Las cuatro libertades de la UE no pueden aplicarse en toda la isla a causa de la división. 
¿Es posible que Turquía pueda iniciar negociaciones de adhesión sin que las cuatro libertades sean aplicables en Chipre? 
¿No debería ser Nicosia una ciudad unificada y Chipre un país unificado? 
¿No tendrían que retirarse las tropas de ocupación? 
En anteriores intervenciones se ha mencionado el genocidio en Armenia. 
Tuvo lugar sólo 24 años antes de la era de Hitler y antes de la Segunda Guerra mundial, en la que éste puso en marcha el exterminio judío. 
El mismo Hitler aludía a este genocidio como algo olvidado. 
¡Turquía tiene que ajustar cuentas con la verdad! 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas. El Sr. Morillon expone en el punto D de su informe una consideración fundamental, que yo creo que debería ocupar un lugar significativo en el presente debate. 
El Sr. Morillon dice que Turquía debe procurar no ver a la Unión Europea como un "club cristiano exclusivo" que desea excluirla. 
Esta afirmación exige la declaración recíproca de que la Unión Europea no es un "club cristiano exclusivo" que quiera, pueda o deba excluir a Turquía con argumentos religiosos o de relativismo cultural. 
Dicha declaración debe señalar que un Estado dotado de una constitución laica y habitado por una población predominantemente musulmana, basado en los valores sobre los que también se fundamenta la Unión Europea- libertad, igualdad, tolerancia- podría enriquecer a la Unión Europea. 
Ésta, en efecto, no se basa en valores religiosos, sino en valores procedentes de la Ilustración y que se han incorporado a las constituciones de los Estados miembros, con total independencia de la orientación religiosa de cada persona o de cada Estado y sus habitantes, y también a la concepción de los derechos fundamentales propia de la Unión, tal como hemos podido constatar hoy en el debate sobre la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Es decir, que Turquía como un Estado democrático de Derecho con una división de poderes y basado en unos valores fundamentales, tal como nosotros los entendemos, supondría un enriquecimiento para la Unión Europea. 
El informe del Sr. Morillon también señala, no obstante, a la vez que Turquía está lejos de cumplir estos requisitos. 
Los criterios de Copenhague son hasta cierto punto criterios económicos, pero también se centran exactamente en los puntos citados. 
Lo que debemos preguntarnos es: ¿en qué medida se han hecho realidad en Turquía la tolerancia, el Estado democrático de Derecho, la división de poderes y su respeto? 
En este sentido debemos constatar- y así lo indica también el informe del Sr. Morillon- que esto no se cumple aún en un grado suficiente y que Turquía debe seguir perseverando en sus esfuerzos. 
Señor Presidente, no estamos debatiendo sobre cómo va a entrar la Unión Europea en Turquía, sino Turquía en la Unión Europea, en lo que estoy completamente de acuerdo. 
Además creo que el informe de nuestro colega, Sr. Morrillón muestra el camino por el que esto se puede hacer. 
Y por esta razón quisiera dirigirme al Sr. Comisario y al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo y preguntarles, ya que estén tan de acuerdo con el informe Morrillon- como nos han dicho- ¿por qué no se inspiran y enriquecen el texto de la asociación, que tal como está formulado faltan temas de debate serio con Turquía, como el de los kurdos, la cuestión de Chipre, la coexistencia pacífica y sin amenazas con los países limítrofes de Turquía? 
En cuanto al genocidio de los armenios, señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo en que no debe ser una condición para la anexión de Turquía. 
Sin embargo, aquí estamos debatiendo sobre lo que decimos y recordamos. 
Turquía será un país plenamente democrático cuando aprenda a vivir con su pasado, igual que la Alemania democrática aprendió a vivir con el suyo y se lo pedimos también a ella. 
Señor Presidente, yo quiero felicitar sinceramente al general Morillon por su informe, pues en él demuestra sobre todo capacidad de diagnóstico, sin olvidar no obstante la claridad. 
Además de aclarar cuánto le falta todavía a Turquía para cumplir los criterios de Copenhague, el Sr. Morillon enumera las condiciones adicionales que también debe cumplir. 
Entre éstas figuran, por una parte, la cuestión de Chipre y el papel del Ejército turco y, en particular, del Consejo de Seguridad Nacional- cuya preeminencia contradice el principio de la democracia -, pero sobre todo también la cuestión kurda y, no en último término, también el conflicto virulento con Grecia, que será necesario desactivar contando también con la iniciativa de Turquía. 
El señor Comisario Verheugen ha expuesto que sobre todo es necesario que se cumplan los criterios políticos. 
Como todos ustedes saben, en nuestro Grupo existía un gran escepticismo en relación con el reconocimiento del estatuto candidato; no obstante, también nos complace constatar que, ahora que ya tiene el estatuto de candidato, Turquía se ha puesto manos a la obra y ha adoptado la decisión de realizar reformas con el fin de cumplir las exigencias de la Unión Europea. 
La responsabilidad es de Turquía. 
Yo quisiera añadir algunos criterios económicos. En primer lugar, la alta tasa de inflación, que era superior al 100% y todavía supera el 50%, el fuerte endeudamiento público, condicionado por la sobrecarga del presupuesto estatal debido a los gastos militares y al conflicto militar con el PKK, los elevados tipos de interés reales, un sector estatal que sigue siendo dominante, enormes diferencias regionales dentro de Turquía, con diferencias interiores en los niveles de bienestar del orden de 1:10, que en la Unión Europea serían absolutamente inadmisibles, un nivel educativo distinto, analfabetismo, que todavía es de un 27,6 % entre las mujeres, una serie de cuestiones, en suma, que le corresponde a Turquía resolver. 
El optimismo del Primer Ministro en funciones, Mesut Yilmaz, por ejemplo, en el sentido de que en 2002 ya se podrían cumplir los criterios de Maastricht, es exagerado a mi parecer. 
Turquía debe saber que ha iniciado un camino difícil, que tendrá que renunciar a parte de su soberanía y que tiene que hacer un esfuerzo. 
Nosotros estamos dispuestos a acompañarla en este camino, a no ponerle obstáculos y, sobre todo, a cumplir nuestros compromisos financieros. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, queridos colegas, deseo tomar la palabra en este debate en mi condición de ponente para la adhesión de Chipre. 
Dado que Turquía y Chipre son candidatos a la adhesión a la Unión Europea, cada vez es más evidente que la solución a la cuestión chipriota se convierte en un problema de política interior. 
Nos ha sido confirmado por el Comisario Günther Verheugen que Chipre juega un papel importante en las negociaciones actualmente llevadas a cabo con Turquía. 
No podría ser de otro modo, dado el peso político y militar de Turquía en la zona norte de la isla de Chipre. 
Nuestro ponente, el Sr. Morillon, merece nuestra enhorabuena por haber mencionado la solución al problema de Chipre como una de las condiciones previas a la adhesión de Turquía. 
Nadie comprendería, escribe, que Chipre estuviese dividida por un muro, igual a los muchos que felizmente se han derribado a lo largo de la última década. 
Para que este muro anacrónico caiga, ahora es necesario que Turquía se pliegue a las resoluciones del Consejo de Seguridad que le invitan a retirar sus tropas de ocupación del norte de la isla. 
El Párrafo 17 de nuestra propuesta de resolución lo pide expresamente. 
Es el momento de que Turquía escuche a los chipriotas turcos, cuya inmensa mayoría quiere superar las discrepancias del pasado e integrarse en Europa con los ciudadanos chipriotas griegos. 
Si, por el contrario, Turquía sigue alimentando las veleidades independentistas, incluso anexionistas, del régimen no reconocido del norte de Chipre, hará fracasar las negociaciones locales y será responsable de ello. 
A medio plazo, una actitud como ésta será un obstáculo insuperable para la adhesión de Turquía. 
Una de las tres condiciones mencionadas por el informe Morillon y que el Parlamento hará suya seguirá entonces quedando en suspenso. 
En cuanto las autoridades de Ankara hayan comprendido que el statu quo es inaceptable para Europa y para el resto del mundo, se podrán realizar importantes progresos: la isla podrá ser reunificada y mañana se aportará una reglamentación global justa, duradera y conforme con el derecho internacional. 
Señor Presidente, hay muchos aspectos loables en esta resolución sobre el avance de Turquía hacia la adhesión: en particular, la petición a la Comisión de que aplique una estrategia de preadhesión con los recursos adecuados. 
Pero, ¿dónde está el beneplácito ante la decisión de Helsinki de conceder a Turquía la condición de candidato? 
¿Dónde está el reconocimiento en la resolución- y aquí cito de la exposición de motivos que acompaña la resolución- de "los notables esfuerzos que está haciendo Turquía para adaptar sus estructuras a las prescripciones de la UE"? 
De hecho, es una lástima que no se hablara de Turquía en el debate más amplio sobre la ampliación en el marco de los otros países candidatos. 
Naturalmente, los pueblos de origen kurdo, así como otras minorías culturales y lingüísticas no deben ser objeto de discriminación política, económica ni de otra índole y deben tener la oportunidad de expresarse con libertad, pero esa expresión debe ser con medios enteramente pacíficos sin intimidación ni terrorismo. 
Debemos recordar que la retirada de Turquía de la órbita occidental era un objetivo primordial de la política soviética a lo largo de todo el período de la guerra fría y que el PKK fue apoyado como instrumento de esa política. 
¿Dónde está la petición en esta resolución de que los representantes de las minorías renuncien a la violencia? 
La paz civil es un requisito previo para la inversión y el progreso económico. 
El terrorismo ha sido un obstáculo para ese progreso. 
También debe quedar claro que frustrando el avance turco hacia la adhesión no se contribuirá a la resolución de problemas extraordinariamente difíciles como el de Chipre, que requiere el asentimiento de toda la población de Chipre. 
Al fin y al cabo, Turquía, junto con Grecia y el Reino Unido, es una de las potencias garantes en relación con Chipre. 
Advierto un nerviosismo en aumento en este Parlamento sobre las posibles repercusiones de la adhesión de Turquía a la Unión. 
Podríamos decir que hay un nerviosismo en aumento entre los ciudadanos de muchos de los Estados miembros actuales sobre la paz y la intensidad de la integración política dentro de la UE y el hilo izquierdista que recorre ese tejido resulta cada vez más visible. 
¡Cuánto más deseable y aceptable sería el objetivo de una comunidad menos rígida de Estados-nación que comerciaran en libertad y actuaran al unísono respecto de una gama limitada de sectores normativos y cuanto más fácil resultaría entonces dar cabida a un país como Turquía! 
Señor Presidente, no podemos votar a favor del informe Morillon porque estamos seguros de que, contrariamente a lo que afirma, y muchos en Turquía así lo esperan, el proceso de adhesión no va a mejorar la vida de los pueblos. 
Por el contrario la va a hacer más difícil. 
A qué fin está sirviendo, objetivamente, el informe se ve en el proyecto de resolución con las referencias al producto interior bruto de Turquía, al elevado porcentaje de sus intercambios con la Unión Europea, a las reformas económicas, liberales antipopulares, a la aceleración de las privatizaciones y al refuerzo de las normas del libre mercado que ha votado el Parlamento Turco por exigencias del Fondo Monetario Internacional. 
Es característica también la alegría que se expresa en la resolución por la intención de Turquía de poner a disposición de la UE parte de su potencial militar en el marco de la política común europea de seguridad y de defensa. 
Es decir, estamos hablando de una sumisión aún mayor de Turquía a los objetivos económicos, políticos y militares del gran capital de la Unión Europea. 
Por supuesto, no ignoramos las referencias positivas de la resolución, como los derechos humanos; aunque entiende algunos artificios del régimen como progresos, ignorando el número de los 10.000 a 15.000 presos políticos. 
También son positivas las referencias a la cuestión de Chipre y a la demanda de la retirada de sus tropas de ocupación, así como a la necesidad de respetar las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como en el caso Loizidou, a la necesidad de una solución política del problema kurdo, a los bombardeos de Irak. 
Pero nos tememos que, una vez más, todo se va a quedar en nada. 
De verdad, ¿por qué no se incluye todo esto en el informe de la Comisión Europea? 
Para nosotros, queda sin resolver el tema principal: A pesar de lo que muchos afirman, Turquía, con la Unión Aduanera en 1995 y con su proclamación como país candidato a la adhesión en 1999, no sólo no ha mejorado la vida de sus pueblos, sino que, en algunos sectores, la ha hecho más difícil. 
Seguro que el proceso de su adhesión y la propia adhesión van a dificultar aún más su vida, sobre todo en los sectores económico y social. 
También es seguro que su financiación, sea cual sea, va a ser utilizada para reforzar los mecanismos de represión y a animar al régimen a continuar con su política actual. 
Por otra parte, no reconocemos en los círculos principales de la Unión Europea el papel de defensor de los derechos humanos. 
Su acción hasta ahora ha demostrado lo contrario. 
Precisamente por eso, nuestro sentimiento de solidaridad con los pueblos de Turquía nos hace ser contrarios a su adhesión y, consiguientemente, a los informes que la fomentan. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, el camino hacia la adhesión de Turquía la Unión Europea será largo y difícil, como lo han señalado varios parlamentarios hoy. 
Varios de los que han intervenido han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos, por el trato a las minorías, con la cuestión kurda en particular, por el peso del ejército en la vida política, por el sistema judicial, por la pena de muerte, temas todos ellos muy serios. 
No podemos dejar de compartir estas preocupaciones, de las que por cierto la Comisión se ha hecho eco perfectamente en su último informe anual. 
Pero, al mismo tiempo, creo que no debe pintarse la situación demasiado negra. 
Se han hecho progresos, se perciben signos alentadores. 
El gobierno ha anunciado toda una serie de reformas. 
El Presidente Sezer se ha comprometido personalmente a favor del proceso de modernización de su país. 
Por tanto, pienso que tenemos que animar a las autoridades turcas a avanzar para adecuarse a los criterios políticos de Copenhague, lo cual es necesario. 
Al mismo tiempo, debemos estar atentos a la efectiva puesta en práctica de las medidas anunciadas. 
Creo que éste es el equilibrio que preconiza el informe del Sr. Morillon. 
La estrategia adoptada en Helsinki el pasado diciembre marcó un giro en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Este es el marco equilibrado en el que tendremos que proseguir resueltamente con nuestra actuación para favorecer el acercamiento entre la Unión y Turquía. 
Por consiguiente, concluyo diciendo: seamos exigentes, seamos vigilantes, marquemos nuestras condiciones, y no añadamos quizás demasiado, porque tenemos también que respetar nuestros compromisos, y la Unión Europea hizo, en Helsinki, una importante elección. 
Señor Presidente, para cerrar el debate yo quisiera señalar que, obviamente, existe una relación entre informe de la Comisión sobre los progresos realizados- o no realizados- por Turquía y la asociación para la adhesión. 
Varios oradores han criticado que la Comisión no haya abordado determinados problemas. 
Sólo me cabe inferir que dichos oradores no han leído el informe, pues en él se contemplan todos los problemas que aquí se han citado y que supuestamente no habría abordado la Comisión. 
Tampoco es cierto que no se mencione por su nombre el problema kurdo. 
Cuando se habla de la lengua kurda, de la cultura kurda, de los núcleos de población kurdos y de los partidos kurdos, se utiliza obviamente la palabra "kurdo". 
Quien diga que ésta no figura en el informe, es evidente que no lo ha leído. Yo tengo que rechazar la impresión que se ha creado al insinuar que el informe del año 2000 se aparta en su terminología de la línea del informe de 1999. 
Esto no es cierto. 
Lo que es nuevo es la propuesta de la asociación y ésta incluye una disposición muy importante. En efecto, establece que el país candidato debe ocuparse de todos los temas que se contemplan en el informe sobre los progresos realizados. 
Por lo tanto, existe una vinculación interna entre ambos. 
La asociación para la adhesión propiamente dicha es un documento muy ponderado que se basa en lo esencial en las conclusiones de Helsinki. 
Yo debo señalar al Parlamento que esto parece haber inducido a algún orador a suponer erróneamente que todo ello ya es una realidad. 
De momento se trata de una propuesta y yo no estoy en condiciones de poder decirles esta tarde si el proyecto pasará de esta fase, sobre todo no si el Parlamento hace suyas algunas propuestas que se han planteado aquí esta mañana y esta tarde. 
No me corresponde a mí dar consejos al Parlamento ni criticarlo, y tampoco me propongo hacerlo. 
Sólo estoy obligado a señalarles las consecuencias que pueden tener las decisiones. 
Si abordamos la cuestión armenia en el contexto de la adhesión a la UE- y les ruego que escuchen bien lo que digo: si abordamos la cuestión armenia en el contexto de la adhesión a la UE- el proyecto que hoy estamos debatiendo no llegará a arrancar; así de sencillo. 
El proyecto también fracasará si las conclusiones de Helsinki con respecto al problema de Chipre se modifican en el sentido que han pedido algunos oradores, esto es, si la solución del problema de Chipre se plantea como una condición previa para la adhesión. 
Justamente esta es la posición que modificamos el año pasado con un gran respaldo del Parlamento. 
En ocasiones pasadas hemos dicho que no es una condición previa y que sólo podemos pedirle a Turquía que haga sincera y seriamente cuanto esté en su mano para alcanzar una solución. 
Sin embargo, no debemos olvidar en ningún momento que la solución de este problema es cosa de dos y no de uno solo. 
Por consiguiente, no pueden exigirle ustedes a Turquía más que un esfuerzo serio, constructivo y creíble, pero una solución sólo se les puede pedir a quienes se han marcado como objetivo resolver conjuntamente el problema. 
Antes de acabar, me parece importante volver a recordar que con la estrategia de Helsinki le hicimos una oferta a Turquía. 
Ahora nos proponemos poner en práctica el primer paso de dicha estrategia de Helsinki y no me parece justo que ésta se juzgue ahora, como si ya hubiese fracasado, cuando todavía ni siquiera se ha dado el primer paso. 
Lo que ahora se propone es que demos el primer paso y a ustedes les corresponde decidir, en el ejercicio de su responsabilidad como diputados del Parlamento Europeo, si podemos dar este primer paso o no. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, el Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, procede a formular preguntas orales al Consejo (B5-0551/2000) y a la Comisión (B5-0552/2000) sobre las conferencias euromediterráneas que se celebrarán en Marsella en noviembre de 2000. 
El autor de las preguntas- el Sr. Brock- debería haber sido el primero en hacer uso de la palabra, pero estaba en una reunión con la Presidenta y ya está en camino hacia aquí. 
Como vamos tan mal de tiempo, ¿tendría a bien el Sr. Moscovici contestar a la pregunta antes de que se formule reglamentariamente, puesto que conoce su contenido? 
. 
(FR) Señor Presidente, señores Comisarios, señoras y señores diputados, efectivamente voy a responder antes de que el Sr. Brok vuelva de su reunión con la Presidenta, porque yo mismo debo acudir a una reunión con la Presidenta, y por consiguiente estamos limitados por este orden del día tan cargado. 
Le agradezco al presidente Brok que me permita hacer balance de la política mediterránea de la Unión, dado que, como ustedes saben, estamos hoy en vísperas de la celebración, en Marsella, de la Cuarta Conferencia de los Ministros de Asuntos Exteriores del Partenariado Euromediterráneo. 
No ignoran ustedes en qué medida la Presidencia francesa del Consejo, que por cierto lo ha considerado como una de sus prioridades a lo largo de este semestre, ha apostado por el reforzamiento de la dimensión mediterránea en las relaciones exteriores de la Unión. 
Por lo demás, también es la razón de nuestra insistencia en que se haga balance de los cinco primeros años de ejecución del proceso de Barcelona, para que en Marsella, precisamente, estemos en condiciones de establecer las orientaciones necesarias. 
El Comisario Patten, al que aprovecho para saludar, ha formulado por cierto interesantes líneas de reflexión en este sentido en su comunicación "Revitalizar el proceso de Barcelona". 
El Sr. Brok se ha referido a la estrategia común para el Mediterráneo, adoptada en Feira en junio pasado. 
Estamos ante una contribución importante y útil. 
Pero sobre todo se trata, a diferencia del partenariado euromediterráneo que une a los Quince con doce socios del litoral sur del Mediterráneo, de un instrumento de disciplina interno a la Unión, destinado, de alguna manera, a reforzar la coherencia y la coordinación del conjunto de los instrumentos comunitarios y de las políticas de los Estados miembros frente al Mediterráneo. 
De ahora en adelante, la Presidencia ha establecido prioridades para la aplicación de esta estrategia común, que fueron presentadas al Consejo de Ministros el pasado septiembre. 
La Presidencia se ha centrado más concretamente en identificar los aspectos en los que la Unión y sus socios del Sur debían concentrar sus esfuerzos para relanzar el proceso de Barcelona, en particular el reforzamiento del diálogo en materia política y económica, una mayor eficacia de la ayuda comunitaria, la puesta en práctica de una cooperación sub-regional y de la integración Sur-Sur, y también la materialización de iniciativas en el ámbito de la justicia y de los asuntos interiores. 
Este es también nuestro objetivo de cara a la Conferencia de Marsella. 
A lo largo de los dos días de reunión, la Presidencia pretende conseguir, con la ayuda de todos, dar un nuevo impulso a este proceso. 
Sería sin duda superfluo recordar aquí con detalle el contexto político en el que se celebra esta Conferencia. 
Pero creo muy sinceramente que las actuales dificultades de Oriente Próximo hacen más necesario que nunca este diálogo euromediterráneo. 
En consecuencia, la Conferencia de Marsella no debe replantear sus objetivos a la baja por el hecho de que la situación en Oriente Próximo sea difícil. 
No digo, desde luego, que el contexto actual no tenga impacto alguno en este encuentro. 
En concreto, me refiero a la Carta de Paz y de Estabilidad, que ha sido objeto de un debate muy profundo entre los 27 socios, pero cuya adopción requiere probablemente de un entorno regional tranquilo. 
El Sr. Brok, que se ha unido a nosotros, se preguntaba precisamente por los retrasos sufridos por la negociación. 
¿Debemos hablar de retraso? 
Que el debate es largo y a veces delicado, es indudable, incluso diría que es normal, teniendo en cuenta, concretamente, el contexto político de Oriente Próximo. 
A mi modo de ver, lo esencial es que prosigamos con los trabajos y que este proyecto no se abandone. 
Sobre este punto, creo que los 27 socios están decididos a adoptar este texto en cuanto las circunstancias lo permitan. 
No olvidemos que el proceso de Barcelona es reciente, tiene solamente cinco años. 
Y cuando lanzamos el partenariado en 1995, ya teníamos conciencia de iniciar una labor a largo plazo. 
No era nada evidente el hacer cohabitar de la noche a la mañana a 27 socios tan distintos en un contexto político con frecuencia tenso, incluso a veces más que tenso, y en un marco original como el de Barcelona. 
Sin embargo, hemos conseguido mantener el diálogo, y a veces sobre temas sensibles: la estabilidad, el terrorismo, la emigración, los derechos humanos, por ejemplo. 
Crean ustedes que tenemos la intención de continuar en esta línea. 
Esta cooperación en materia política y de seguridad, lo que se denomina el "primer capítulo" de Barcelona, es esencial, aunque sepamos que es la más delicada y la más lenta de aplicar. 
Pero también están los demás "capítulos" de Barcelona, el capítulo económico y financiero, por una parte, el capítulo social, cultural y humano, por otra. 
Y esto me lleva a subrayar un principio fundamental de la política mediterránea de la Unión, con lo que responderé así directamente a la pregunta del Sr. Brok. 
Desearía referirme a la globalidad del proceso de desarrollo paralelo y equilibrado de estos tres capítulos, que fundamenta el espíritu y la originalidad de Barcelona y que debemos preservar. 
Y aunque sea cierto que el capítulo económico de Barcelona, a pesar de su lentitud, es el que mejor funciona, lo esencial es no perder de vista esta globalidad, sin la cual el proceso quedaría condenado a no ser más que una simple zona de librecambio de las muchas que hay, sin visión política, sin visión humana a largo plazo, y sería lamentable. 
Nuestros socios mediterráneos son nuestros vecinos más cercanos. 
Compartimos muchas cosas con ellos, un patrimonio, una cultura, intercambios, intereses compartidos. 
Finalmente, como el Sr. Brok ha puesto de relieve, nos enfrentamos a retos que debemos encarar juntos, contra el racismo, la intolerancia y la xenofobia. 
Se presentan también amplias perspectivas en la cooperación en materia de lucha contra los tráficos de todo tipo, de emigración, y de reforzamiento del Estado de derecho. 
Nosotros, los Europeos, tenemos una experiencia que aprovechar. 
También nos interesa acompañar a nuestros socios en su proceso de reformas estructurales, de adaptación y de apertura de sus economías a la competencia. 
De esta forma, en Marsella, este nuevo impulso que deseamos dar al proceso tendrá que basarse en todos sus elementos políticos y económicos que son, repito, complementarios y están indisolublemente ligados entre sí. 
Es cierto que Barcelona es un proceso, un partenariado ambicioso, que requiere de los medios adaptados a los objetivos que le han sido asignados. 
El Sr. Brok menciona los recursos financieros. 
Está claro que nunca serán suficientes. 
Los retos son de tal magnitud, las necesidades de los países del Sur son tan importantes, que los medios de la Unión parecerán siempre insuficientes, más aún cuando los compromisos exteriores de la Unión se han intensificado extraordinariamente a lo largo de los últimos años. 
Además, el Consejo ha hecho un esfuerzo, en particular desde 1995, por dotar al Mediterráneo de medios más importantes, a la medida de los retos del partenariado. 
La Presidencia francesa se empleó a fondo en ello desde 1995, particularmente con ocasión del Consejo Europeo de Cannes, dónde conseguimos reequilibrar la dotación de la política mediterránea con respecto a la concedida precisamente a los países de Europa Central y Oriental. 
Siguiendo esta idea, se lanzó el Programa MEDA I, con 3400 millones de euros de compromiso entre 1995 y 1999. 
Ahora debemos establecer el importe plurianual para 2000-2006, y solo puedo desear- aunque me es imposible dar cifras en este momento- que está a la altura de las pretensiones mediterráneas de la Unión. 
Saben ustedes que en este mismo momento los Quince intentamos alcanzar un acuerdo, para lo cual celebraríamos mañana, si fuese necesario, una sesión extraordinaria del Consejo en Marsella. 
Ya hemos conseguido ponernos de acuerdo sobre las modalidades del Reglamento Financiero MEDA II. Creo que, de ahora en adelante, dispondremos de un instrumento más eficaz, más rápido, más visible, y por consiguiente más creíble en su conjunto. 
La gestión del programa se simplificará, el ritmo de los reembolsos y desembolsos se acelerará. 
Y además, seguimos teniendo los préstamos del BEI, que son esenciales para el desarrollo de los países socios, particularmente gracias a sus grandes proyectos de infraestructuras. 
Creo que con una dotación de varios miles de millones de euros para el Mediterráneo en el periodo 2000-2007, estaremos en disposición de responder a las expectativas de los socios del Sur a lo largo de los próximos años, y esto es indispensable. 
Hoy, en vísperas de Marsella, la Presidencia francesa desea, por descontado, ver confirmada esta prioridad mediterránea de la Unión, también en términos financieros. 
En realidad, ya no se trata únicamente, como en 1995, de restablecer un equilibrio con el Este de Europa, sino también de preparar la futura ampliación de la Unión. 
No olvidemos que Barcelona, como el conjunto de las relaciones exteriores de la Unión, es parte integrante del acervo comunitario, y que conviene que los Estados candidatos estén preparados para ver a los países mediterráneos como socios privilegiados, porque son los socios privilegiados de nuestra Europa. 
Es éste un reto mayor para la Europa del futuro, cuyo centro de gravedad, es cierto, se desplazará hacia el Este del continente, pero sin contradicciones con el Sur. 
Razón de más, en nuestra opinión, para afirmar la dimensión mediterránea de la Unión, que pretende ser un actor global en el mundo, y para la que el Mediterráneo debe seguir siendo, y seguirá siendo, un "mar que une", en latín un "mare nostrum". 
Señor Presidente, que el Presidente del Consejo haya respondido ya a las preguntas que todavía ni siquiera le he planteado demuestra su vitalidad. 
Yo quiero agradecer explícitamente a la Presidencia francesa sus esfuerzos para volver a insuflar el impulso necesario al proceso de Barcelona. 
Este es, de hecho, un asunto de extraordinaria importancia y quiero decirlo también en mi calidad de centroeuropeo. 
Los centroeuropeos tenemos que reconocer nuestro propio interés común en el debate sobre el proceso de Barcelona, del mismo modo que pedimos a los europeos del sur que comprendan que la ampliación a los Estados de Europa central y oriental favorecerá el interés común. 
Cuando todos así lo entendamos y le concedamos la debida importancia, habremos empezado a avanzar por un camino razonable y adecuado. 
Los objetivos son, por un lado, ampliar la Unión Europea y por el otro, tener buenos vecinos. 
Ambos favorecen el interés común y la Unión Europea estaba y sigue estando dispuesta a poner a disposición los fondos presupuestarios necesarios en ambos casos. 
Evidentemente nos preguntamos cómo se va a seguir financiando todo el proceso en el futuro, a partir de los datos de las actuales perspectivas financieras y una vez incluida las políticas en los Balcanes, pues paulatinamente comienza a plantearse la duda de que esto sea sostenible a largo plazo. 
Por lo tanto, esperamos, naturalmente, que el plan Patten tenga éxito y la Comisión esté en condiciones de poder transponer estos proyectos con mayor rapidez que en el pasado. 
Es sumamente importante que sepamos ver las ventajas del proceso de Barcelona. 
En efecto, éste también permite impulsar, con nuestra ayuda, el desarrollo económico y social necesario en dichos países, con el fin de que los habitantes de esas regiones también tengan perspectivas para el futuro. 
Esto también está vinculado con la posibilidad de evitar la emigración. 
A la larga, la necesidad de emigrar por motivos de penuria social tendría que desaparecer también en toda el área mediterránea- como ya ocurre en la Unión Europea- y el deseo de emigrar debería responder a otras consideraciones. 
Yo creo que debemos contribuir a que así sea. 
Cuando existan dichas perspectivas económicas y sociales también se cumplirá una condición importante para una posible transposición de los derechos humanos y una democratización del conjunto de Estados de la región. 
Todo esto es, naturalmente, de un enorme interés para nosotros desde el punto de vista de la política de seguridad. 
Es decir, que no sólo ofrece una oportunidad de ampliar el comercio y fomentar el cambio, sino que también es, en una medida extraordinariamente grande, pura política de seguridad. 
Tenemos que explicárselo con claridad a nuestros ciudadanos, con el fin de conseguir la aceptación necesaria. 
La xenofobia, el terrorismo de Estado y otras formas de terrorismo forman parte asimismo de este empeño y yo espero que tengamos ocasión de arreglar la situación también en este aspecto. 
Podemos incluir igualmente en el mismo contexto la evolución de los acontecimientos en algunos Estados del norte de África, que en el pasado ha sido motivo de preocupación y sigue siéndolo, y yo espero que consigamos incorporar a todos los Estados del norte de África a este proceso sin reticencias ni reparos. 
La actual situación en Oriente Medio indica cada vez con mayor claridad cuáles son las medidas que es preciso adoptar en el marco de las políticas comunes y de la cooperación. 
Hoy quiero aprovechar justamente esta oportunidad para expresar mi esperanza de que ninguno de los dos interlocutores actualmente enfrentados en Oriente Medio dé esta semana un paso unilateral que dificultaría enormemente un retorno a la mesa de negociaciones en las próximas semanas. 
Deberíamos intentar contribuir a ofrecer a las gentes de Palestina una oportunidad de desarrollo autónomo, de un futuro y un Estado propios, por la vía de un acuerdo con Israel y sobre la base de la salvaguardia del Estado de Israel. 
Yo espero que en Marsella la Unión Europea se muestre dispuesta a seguir impulsando este proceso mediterráneo y que podamos volver a cuidar conjuntamente del mare nostrum, como lo ha llamado con acierto el Sr. Moscovici. 
Éste es el Mediterráneo, en torno al cual nacieron las tres grandes religiones monoteístas que se han visto involucradas en parte en algunos enfrentamientos en la actualidad. 
También tenemos que lograr volver a restablecer el diálogo sobre esta base tan fundamental. 
Yo creo que a la Unión Europea le corresponde cumplir un papel especial en este contexto, pues los Estados y los habitantes de estas regiones esperan que haga sentir su influencia política, ya que puede aportar un alto grado de imparcialidad y credibilidad. 
Yo confío que el hecho de que se espere que ejerzamos esta influencia política y que intervengamos como actores contribuya a que en Marsella se siga avanzando por esta vía y se la dote de la credibilidad necesaria, con el fin de que podamos contribuir de este modo a la paz en la región y a nuestra propia estabilidad. 
Señor Presidente, como usted sabe, en inglés se dice que, cuando la estrella no aparece en una función, es como una representación de Hamlet sin el primer enterrador. 
Ante la ausencia- temporal, pero totalmente comprensible- de mi amigo al comienzo de este debate, he sentido la tentación de decir que sería como Hamlet sin el príncipe, pero me encanta que esté con nosotros para aportar su sabiduría y sentido común a este debate extraordinariamente importante que se está celebrando a iniciativa de su Señoría. 
Como ha dicho el Ministro hace un momento, la Conferencia Euromediterránea se celebra esta semana en Marsella sobre el fondo de la persistente crisis en el proceso de paz del Oriente Medio. 
Todos habíamos abrigado la esperanza de que las circunstancias hubieran sido mucho mejores y casi fueron mucho mejor. 
Muchos de nosotros nos sentimos encantados, sorprendidos incluso, por la amplitud de los avances que parecían haberse logrado este verano en Camp David y dimos un intenso aplauso al Presidente Clinton y a su administración por todo lo que hicieron para hacer avanzar el asunto. 
Estuvimos tan cerca de conseguirlo, que las dificultades, la tragedia, de las últimas semanas resultan tanto más tristes. 
Las noticias de las agencias de esta mañana y esta tarde han seguido siendo desalentadoras. 
Las dificultades actuales deben animarnos a intensificar las gestiones para fomentar la cooperación en el marco euromediterráneo. 
A nadie se le ocurriría negar que el proceso de Barcelona y el proceso de paz del Oriente Medio están interconectados. 
El gran avance en las relaciones euromediterráneas logrado en Barcelona fue posible en parte por el gran avance logrado en Madrid y después con los acuerdos de Oslo. 
También es verdad que los contratiempos en el proceso de paz han aminorado los avances de Barcelona. 
Se trata de una realidad que debemos afrontar. 
Pero no debemos olvidar que el proceso de Barcelona ha avanzado a lo largo de cinco años. Se ha logrado pese a las dificultades existentes en el Oriente Medio. 
Una cosa está clarísima. 
No debemos permitir que el proceso de Barcelona resulte rehén del proceso de paz de Oriente Medio. 
Barcelona tiene su propio impulso. 
Tiene sus propios objetivos, que siguen siendo totalmente válidos. 
La Comisión se ha sentido alentada por la reacción, generalmente positiva, ante las propuestas que expusimos sobre la revitalización del proceso de Barcelona en la Unión Europea y entre los interlocutores mediterráneos. 
Tal vez pueda referirme simplemente a algunos de los elementos principales del planteamiento estratégico que hemos propuesto y que espero que sea objeto de cierto acuerdo en Marsella. 
Primero, acelerar la negociación y la ratificación de los acuerdos de asociación. En primer lugar con Egipto, pero también con Argelia, Siria y el Líbano. 
De hecho, concluimos nuestras negociaciones con Egipto hace 18 meses y deseo que ahora podamos avanzar rápidamente para rubricar el acuerdo y después en su momento firmarlo plenamente. 
También quisiera que iniciáramos negociaciones más serias sobre acuerdos de asociación con los demás países. 
Presentamos el argumento de que debemos abordar la delicada cuestión del comercio agropecuario. 
A nuestro juicio, debemos examinar lo que se debe hacer para velar por que los acuerdos sean plenamente compatibles con la OMC al final del período de transición. 
Propugnamos el aumento del comercio Sur-Sur alentando la firma de acuerdos de libre comercio entre los asociados. 
En ese marco la Comisión se encarga de prestar asistencia técnica sobre asuntos decisivos como las normas de origen y los asuntos aduaneros. 
Queremos que haya una mancomunación de políticas sobre las cuestiones relativas al Mercado Único y acuerdo para introducir la acumulación de origen junto con los acuerdos regionales de libre comercio para que todos los interlocutores mantengan relaciones de libre comercio entre sí y adopten el protocolo armonizado sobre normas de origen. 
También queremos que aumente el atractivo de la región para los inversores. 
Además de las reformas económicas, a ello contribuirán las recién creadas redes de cooperación entre los organismos de fomento de la inversión y entre las federaciones de empleadores, como también la introducción de un nuevo mecanismo regional de capital de riesgo. 
El logro de un acuerdo sobre un nuevo programa regional en materia de justicia y asuntos de interior que abarque la migración en el sentido más amplio, la lucha contra la delincuencia organizada y la cooperación en asuntos judiciales son otros temas sobre los que esperamos celebrar un intercambio positivo de opiniones. 
Tampoco hay que olvidar la cuestión que tuvimos muchas oportunidades de debatir en esta Asamblea: la de mejorar la ejecución de MEDA. 
La revisión del reglamento de MEDA y la reforma ya anunciada del sistema exterior de la Comisión contribuirá a lograrlo y permitirá también disponer de más recursos humanos. 
Con la descentralización de la entrega de la ayuda, nuestros asociados participarán mucho más en todas las fases de formulación y aplicación de políticas. 
A todos nos interesa velar por que MEDA esté estrictamente centrado en los objetivos idóneos. 
Nos proponemos lograrlo mediante un estrecho diálogo con nuestros interlocutores en todas las fases. 
Pero no podemos pasar por alto que aquellos de nuestros asociados que han afrontado los imperativos inherentes al proceso de asociación son los que deben recibir más apoyo. 
Por lo que se refiere a los derechos humanos, proponemos un planteamiento estructural consistente en el examen del rendimiento obtenido por los países con el tiempo. 
Pero a ese respecto hemos de ser francos una vez más. 
A un país que inspire poderosas dudas sobre su ejecutoria en materia de derechos humanos, democracia y Estado de derecho y no esté dispuesto a debatir esos asuntos de forma transparente no le resultará fácil encajar en la nueva tónica mundial y tendrá menos probabilidades de prosperar a largo plazo. 
Tan sólo quiero decir una cosa más sobre MEDA y la reforma de nuestra ayuda exterior y que es pertinente para los debates que sus Señorías están celebrando en otras instancias. 
Para velar por que nuestra ejecución de los programas sea más rápida en el Mediterráneo y en otras zonas del mundo, necesitamos- como sus Señorías han de reconocer racional e intelectualmente- más recursos para gestionar de hecho nuestros programas, por lo que la Comisión ha presentado propuestas razonables para hacerlo. 
Algunos diputados creen que deberíamos consignar esos recursos suplementarios en la reserva hasta que hayamos alcanzado otros objetivos determinados. 
He de decir a sus Señorías, con la mayor buena fe, que llega un momento en que deben confiar en nosotros y deben dejarnos intentar desempeñar nuestra tarea, porque no es concebible que podamos ejecutar nuestros planes más eficazmente, si no se pone a nuestra disposición a las personas que necesitamos para gestionarlos hasta que hayamos demostrado en realidad que nuestra gestión puede ser más eficaz. 
Es una situación absurda, por lo que ruego a todos sus Señorías que tienen alguna influencia en relación con esos asuntos que reconozcan que, para que podamos llevar a cabo con seriedad el proceso de reforma, deben darnos la oportunidad de demostrar si podemos estar o no a la altura de nuestras afirmaciones. 
Si no podemos, habremos de afrontar las consecuencias y el Comisario de Asuntos Exteriores tendrá que afrontar las consecuencias en su momento, pero no nos coloquen en una situación en la que se aprueben los fines, pero sus Señorías no nos den los medios hasta que hayamos demostrado que podemos lograr los fines. 
Carece del menor sentido. 
Es una cuestión que resulta extraordinariamente importante parta todos los países mediterráneos y espero que podré asegurarles esta semana que tenemos la firme intención de mejorar mucho la ejecución de nuestros programas en el futuro. 
Espero que todos los ministros que se reunirán en Marsella reconozcan la necesidad de llegar a un acuerdo sobre este conjunto de propuestas realistas para revitalizar el proceso de Barcelona, precisamente ahora que en el Oriente Medio se están experimentando graves dificultades. 
Tendré mucho gusto en informar al Parlamento sobre los resultados de la reunión de Marsella lo antes posible. 
En el pasado hemos comprometido una enorme cantidad de recursos para esta asociación. 
No los hemos gestionado todo lo bien que deberíamos haberlo hecho, pero hemos comprometido una cantidad enorme de recursos y eso refleja la prioridad que el Parlamento, la Comisión y el Consejo conceden al fortalecimiento de la asociación en torno a nuestro "mar del medio". 
En los próximos años el éxito de esa asociación será aún más importante que nunca y espero que esta semana en Marsella y en semanas posteriores logremos que esta empresa tenga aún más impulso y energía que en el pasado. 
Señor Presidente, podría parecer sencillo dar una repuesta acerca de los acontecimientos del Mediterráneo si el Ministro Moscovici pudiera interpretar los deseos del Sr. Brok explicando cuál es la situación que estamos viviendo con gran aprensión en la región del Mediterráneo. 
Nos hemos enterado con satisfacción que la Comisión está dispuesta a dar un nuevo impulso al proceso de Barcelona. 
Sin embargo, consideramos que con respecto a esta región fronteriza de la Unión Europea se están jugando bazas importantes y necesitamos que la lista de los compromisos y de las propuestas que el Comisario Patten acaba de formular se cumpla realmente en plazos diferentes de los que hemos vivido en los últimos años. 
Consideramos el proceso de paz indispensable para el desarrollo de la asociación en el Mediterráneo, no obstante, están a la vista de todos las dificultades que han impedido llevar a buen puerto la Carta de Estabilidad y de Paz. 
Por lo tanto, a finales de este año o a más tardar en los primeros seis meses del próximo, son necesarias nuevas propuestas, quizá en momentos más concretos, que permitan llegar al Pacto de Estabilidad. 
Asimismo están todo el contexto de los acuerdos de asociación, las cuestiones comerciales y el programa MEDA. 
Seguramente se han concluido algunos acuerdos, sin embargo, quedan muchas, demasiadas cuestiones sin resolver o al menos pendientes: la amplitud de los plazos, los plazos de ratificación de los acuerdos, muchas dificultades creadas por la falta de flexibilidad en el mandato de negociación que el Consejo ha otorgado a la Comisión. 
No quiero entrar siquiera en el fondo de las dificultades burocráticas que hemos encontrado a lo largo de estos años. 
Estimamos que las iniciativas de apoyo para mejorar la gestión del programa MEDA son importantes y pueden ofrecer una aportación sustancial de cara a realizar significativos progresos en el ámbito de la asociación económica y financiera que nos permitan alcanzar resultados significativos para la región del Mediterráneo, unos resultados que contribuirán a la estabilización económica, al proceso de liberalización y de privatización y a las adaptaciones estructurales necesarias para las inversiones y, no por ser menos importante, a la cooperación descentralizada, a la política de gestión común de los flujos migratorios y del empleo, unas políticas que permitirán a la Unión Europea alcanzar un nuevo futuro desarrollo en el sur de sus territorios. 
Y un último comentario acerca de las cuestiones presupuestarias: es preciso preguntar a la Comisión si los recursos humanos actualmente disponibles en su presupuesto son realmente suficientes para relanzar el proceso de Barcelona. 
Esta consideración se debe al hecho de que en el presupuesto general no se habla de revisar los recursos financieros. 
No quisiera entrar en el fondo de las previsiones, dado que ya han sido objeto de un exhaustivo debate en comisión. 
Por lo tanto, en el caso de que las dotaciones financieras destinadas a las regiones en cuestión tuvieran que sufrir ajustes, como ha pedido el Parlamento Europeo, ¿cómo modulará la Comisión sus acciones? 
Señor Presidente, cinco años después de la Conferencia de Barcelona ha llegado el momento de hacer balance. 
En el mes de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución que examina de manera crítica las políticas y los instrumentos de asociación y propuso algunos ajustes sustanciales. 
En junio de 2000 el Consejo aprobó en Feria una estrategia común para el Mediterráneo y la Comisión Europea, tras haber propuesto y conseguido la modificación del reglamento MEDA, recientemente ha presentado un documento sobre el relanzamiento del proceso de Barcelona. 
Todo esto significa reconocer lo impropio de los resultados conseguidos hasta la fecha, a pesar de que las respuestas, en mi opinión, no están todavía a la altura de la situación, aunque hay que decir que cinco años no son muchos para procesos tan complejos. 
Sin embargo, el proceso abierto en Barcelona, basado en tres pilares- político, económico y cultural- se ha caracterizado por tres límites, generalmente reconocidos, y que han tenido eco también en la intervención del Comisario Patten. 
El primero se refiere a la preferencia dada al librecambio vinculado al proceso de liberalización económica y comercial frente al codesarrollo, a la integración económica, a las políticas sociales, al diálogo cultural, a la formación y a la valoración de los recursos humanos. 
El segundo límite se refiere al tipo de relación entre la Unión Europea y los países socios mediterráneos. 
En efecto, se observa que la dimensión bilateral, nada fácil de negociar y larga de ratificar, que domina actualmente, puede conducir a modular cada vez más las economías de estos países en función de sus intercambios comercial con la Unión obstaculizando el desarrollo de la dimensión Sur-Sur también por las dificultades de los países socios a la hora de establecer relaciones de cooperación entre sí. 
El tercer límite se refiere a la insatisfactoria participación de las sociedades civiles europeas y mediterráneas en este proceso que continúa estando demasiado dominado por el centralismo y por el papel casi exclusivo de los Gobiernos. 
He destacado estos aspectos porque en ellos hay que buscar la clave para relanzar el proceso, y a todo esto hay que añadir la ampliación de la agenda política de Barcelona. 
De hecho, es impensable que hoy la política agrícola, la gestión de los flujos migratorios y la deuda no sean el centro de la asociación euromediterránea. 
En cuanto a la agricultura, quiero recordar que el Parlamento se ha comprometido a organizar una conferencia en la próxima primavera. 
La dramática interrupción del proceso de paz en Próximo Oriente cambia totalmente el escenario de la región. 
Lamentablemente la Unión Europea había planteado toda su política desde la perspectiva del éxito de los acuerdos de Oslo. 
La estrategia común del Consejo iba en esa dirección. 
La Conferencia ministerial euromediterránea que se inaugurará mañana en Marsella, al contrario, coincide con una situación dramática que convierte en aún más delicado el papel de Europa en la región y empuja a Europa a desempeñar un papel político más significativo en el conflicto entre israelíes y palestinos. 
El hecho de que en este marco los 27 socios hayan confirmado, al menos hasta este momento, su voluntad de reunirse en Marsella es ya de por sí un gesto que significa que no todo está perdido, aunque concuerdo totalmente con el Comisario Patten en que la política de asociación euromediterránea no puede estar subordinada al proceso de paz. 
Y diré más, en el pasado esto sirvió de excusa no sólo a Europa, sino también a los países socios mediterráneos para no atreverse a más. 
Por esto creo que el debate que hoy abordamos puede servir para que tomemos conciencia de la importancia de esta política para toda la Unión. 
Señor Presidente, Señorías; en primer lugar, queremos felicitar la iniciativa de nuestro colega Brok para favorecer este debate antes de que empiece la reunión de Marsella. 
Como ha señalado el Comisario Patten, se ve que la falta de una paz consolidada en Oriente Medio está distorsionando todo el proceso que se dibujó en la Conferencia Euromediterránea y, en particular, la propia y correcta aplicación de los fondos MEDA. 
El Partido Europeo de los Liberales apoya, evidentemente, las acciones de la Comisión en favor de una política mediterránea, como se dibujó hace cinco años en Barcelona, y deseamos que se consolide. 
Hace pocos días, en Barcelona, en unas reuniones del Círculo de Economía, el Secretario General del Consejo, Sr. Solana, nos decía que las prioridades de la acción exterior europea están, en primer lugar, en nuestros vecinos; y nuestros primeros vecinos son los mediterráneos. 
Y no se nos escapa que la fuente de conflictos potenciales que tenemos a medio plazo, por razón de la evolución demográfica, del desequilibrio de renta, de la evolución de las expectativas, de las diferencias culturales, está también ahí. 
Por lo tanto, ha de ser nuestra prioridad el asegurar la paz y la seguridad de la Unión Europea en el Mediterráneo y hemos de hacer todos los esfuerzos posibles en aras de esta cooperación y para que los fondos comprometidos se apliquen eficazmente, en función de la ­digamos- egoísta generosidad de la Unión Europea. 
Hemos de ser generosos con respecto al Mediterráneo, pero con una posición egoísta, que es salvaguardar la estabilidad que tanto necesitamos para los ciudadanos de la Unión Europea, para la sociedad europea. 
Señor Presidente, presentamos el informe MEDA a principios de septiembre, y este informe nos ha permitido detectar, ciertamente, disfunciones, pero también y sobre todo ha representado la ocasión de proclamar a los cuatro vientos la voluntad euromediterránea tanto de nuestra Asamblea como de la Comisión. 
He leído, señor Comisario Patten, el artículo que ha publicado usted hoy en Le Monde. 
Lo suscribo íntegramente. 
He oído lo que ha dicho el Ministro, señor Moscovici, hace un rato: es exactamente lo que ha dicho usted mismo. 
Y lo que aquí hemos aprobado por una enorme mayoría (502 votos a favor, contra apenas 17 míseros votos en contra) , demuestra claramente que todos estamos de acuerdo en relanzar y enriquecer este proceso euromediterráneo. 
Me gustaría concretar, ahora que se va a celebrar la Conferencia de Marsella, un cierto número de puntos, para estar seguro de que obtendrán respuesta, porque no basta con hacer elucubraciones, puesto que todos estamos de acuerdo. 
Hay que actuar también de forma concreta, tener respuestas precisas. 
Además, analicé la situación el jueves por la tarde con el Sr. Josselin, Ministro francés que se ocupa de estas cuestiones, y me consta también que la Presidencia francesa está totalmente de acuerdo en promover el proceso tal y como lo enfocamos. 
En primer lugar, me gustaría hablar del presupuesto. 
¿En qué punto de este tema nos encontramos? 
Se ha dicho que estaban previstos, aproximadamente, ocho mil millones de euros entre 2000 y 2006, pero esta cantidad parece oscilar. 
¿Cuál es por fin el presupuesto para 2001? 
Harían falta, al menos, mil millones de euros anuales, pero por el momento no están asignados, y se habla de 200 millones de euros, que se sacarían de un área de flexibilidad relacionada con los créditos de Kosovo y de Serbia. 
Todo esto no está claro. 
No se trata de que todas estas necesidades compitan entre sí, sino de que encontremos nuevos fondos. 
Coincido plenamente con el Comisario, señor Patten: para hacer algo concreto y correcto, es absolutamente necesario que los créditos sean concedidos. 
Hago un llamamiento vibrante a todos nuestros colegas, con el fin de que planifiquen los créditos necesarios para que podamos actuar y para que podamos tener en cuenta los informes. 
En segundo lugar, me gustaría señalar que hay que relanzar la cooperación descentralizada, que parece estar de capa caída. 
Es una gran preocupación para las colectividades locales, para las organizaciones no gubernamentales. 
El forum que tuvo lugar en Marsella el 12 de noviembre precisó muy bien estos aspectos. 
Además, hay que incrementar la dotación regional para hacer posibles las relaciones transversales, los intercambios comerciales, pero también la protección del medio ambiente, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, la emigración y la integración, y para progresar hacia los derechos humanos, tal y como lo hemos demandado. 
Preguntamos qué disposiciones tiene pensado adoptar la Comisión para echar mano de proyectos, con la participación de la sociedad civil, y para el tratamiento y el seguimiento de los informes. 
Estas son las cuestiones importantes y específicas que me gustaría plantear, y le agradezco al Sr. Brok el que haya autorizado este debate justo antes de que la Presidencia y la Comisión puedan debatir estos temas. 
Señor Presidente, señor Comisario, comparto la voluntad expresada de dar nuevo impulso sin demora la asociación euromediterránea. 
Sus propios iniciadores se dan cuenta de ello: el proceso de Barcelona está parado- es la expresión que se utiliza- y está lejos de haber cumplido todas sus promesas. 
La resolución que hoy nos ocupa está, desde ese punto de vista, muy por debajo de la ambición manifestada. 
Los pueblos del Sur a menudo son críticos y se muestran inquietos ante este fracaso. 
Yo comparto su impaciencia, incluso su decepción y su cólera, ante la lentitud, pero también ante las insuficiencias y los primeros estragos de esta asociación. 
Las disparidades entre las dos orillas del Mediterráneo siguen siendo muy importantes y mantienen a las poblaciones del Sur en una situación económica y social explosiva: pobreza y paro, especialmente entre los jóvenes. 
El camino hacia la zona de prosperidad compartida ha quedado, pues, por el momento saldada por acuerdos de asociación guiados por intereses estrictamente económicos y financieros que niegan las necesidades de las poblaciones. 
Sin embargo, éstas padecen ya el peso de la deuda, la caída de los precios de las materias primas, las maniobras estructurales impuestas. 
La zona de libre comercio corre el riesgo de acentuar considerablemente estos desequilibrios, cuando la urgencia impone, por el contrario, una mayor colaboración a fin de responder a las necesidades. 
Pienso especialmente en los servicios públicos, y en particular en el ámbito del agua, la educación, la salud, los transportes colectivos, o incluso la vivienda. 
Esta asociación sólo tendrá porvenir si es objeto de una estrecha cooperación con los representantes de los ciudadanos afectados, las asociaciones, las ONG; los sindicatos y el conjunto de las sociedades civiles. 
Por otra parte, el sueño de paz en ambas orillas debería ser escuchado y atendido con la mayor rapidez. 
El engranaje de la violencia en el Próximo Oriente, la guerra emprendida con violencia y determinación contra la población palestina, a la que Israel sigue negando su derecho a ser un Estado, amenazan el porvenir de toda la región. 
Los dirigentes palestinos lo piden expresamente: la Unión Europea debe comprometerse desde ahora sin cortapisas a acallar el ruido de las balas, alentar el diálogo eficaz y militar activamente en favor de la aplicación de las resoluciones de la ONU. 
La Conferencia de Marsella habría podido utilizarse en esta óptica. 
El fracaso- en fin, el fracaso relativo- de la carta de paz y de estabilidad prueba que la "seguridad" de Europa no puede conseguirse sobre la base de la marginación del Sur y el cierre de las fronteras. 
Lo comprobé en Marsella, estos últimos días, se han levantado múltiples voces en este sentido a la atención de la Conferencia ministerial en favor de la anulación de la deuda, sustituir la liberalización por relaciones de codesarrollo solidario... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, los temas del diálogo euromediterráneo deben abordarse, en mi opinión, desde el punto de vista social, político y cultural, en la continuación de ese proceso- la Conferencia Euromediterránea- iniciado en Barcelona en noviembre de 1995, cuando por primera vez se habló de política mediterránea, pese a las dificultades debidas a la complejidad de la materia. 
El mundo va hacia una globalización imparable y en este contexto es necesario organizarse en grandes bloques que actúen como protagonistas en el gran escenario de la competición mundial. 
Esta necesidad empuja a la Europa de los Estados nacionales a configurarse como un bloque político, económico y comercial único para organizar e impulsar un mercado de más de 350 millones de consumidores y para relacionarlo con los demás mercados. 
Para hacerlo es necesario crear estructuras adecuadas que puedan ser políticas y económicas a un tiempo. 
Sin embargo, ante todo hacen falta estrategias políticas que no dejen a la burocracia espacio ni tiempo. 
Europa es portadora de grandes valores: la paz, la libertad y el progreso, unos valores que hay que defender día a día precisamente por ser fruto de conquistas que han costado muchos sacrificios. 
El progreso económico de Europa hoy se vuelve a poner en tela de juicio por el proceso de mundialización en curso que expone a nuestro continente a un grave riesgo de recesión por los retos del sudeste asiático- donde el coste laboral es diez veces inferior al nuestro- de Estados Unidos y de Japón. 
Actualmente, la política mediterránea si articula en un mundo de intereses muy diferentes y de estabilización latente, y por ello debe abarcar varios aspectos: el desarrollo de las iniciativas en favor de la paz- pero no sólo, en mi opinión, y quiero subrayarlo- la creación de proyectos de asociación que impliquen al norte y al sur de Europa, dado que el objetivo de convertir el Mediterráneo en una zona de diálogo, de tolerancia, de cooperación y de garantía de la paz y de la estabilidad no puede alcanzarse sin una firme voluntad política y sin un desarrollo social y económico duradero y equilibrado de los pueblos menos favorecidos, un desarrollo social de las poblaciones ribereñas que mejore las posibilidades de empleo, al objeto de poner fin a los problemas que plantea la masiva emigración procedente de la cuenca que ya está afectando a todos los Estados de la Unión. 
En consecuencia, estamos convencidos de que la política mediterránea de la Unión debe tener en cuenta su cuna mediterránea y, por ello, debe convertir el Mediterráneo en un proyecto, sin olvidar que los derechos de los pueblos están antes de los individuos, si más no fuera porque los conflictos instalados entre naciones acaban perjudicando las posibilidades de vida y de desarrollo de cada ciudadano. 
Los "mil Mediterráneos" de Braudel, las antiguas civilizaciones que durante años se han mirado con hostilidad desde ambas orillas de la cuenca hoy tienen la oportunidad de emprender un camino común que, con la fuerza del diálogo y con la voluntad política brindará posibilidades reales de progreso y de desarrollo económico y social. 
Señor Presidente, así como en Niza la Unión Europea tiene que encontrar el equilibrio entre la profundización y la ampliación, en Marsella debería alcanzar una relación equilibrada entre su función centroeuropea y su responsabilidad mediterránea. 
Es preciso establecer prioridades, lo cual significa consolidar Europa desde el centro a través del proceso de ampliación, forzar el proceso de estabilización en el Sureste europeo y en los Balcanes occidentales y no descuidar el proceso de Barcelona, que avanza dando bandazos desde hace cinco años. 
Se pueden plantear consideraciones hipotéticas sobre si una política balcánica unitaria y decidida de la UE hubiese permitido evitar las guerras en los Balcanes y la Unión se hubiese podido ahorrar así los costes de las consecuencias de la guerra. 
Hoy, en vísperas de Marsella, lo que importa es garantizar que la ayuda a los Balcanes no se aporte a expensas de los programas MEDA y viceversa, y todo esto respetando el marco financiero aprobado en Berlín. 
En el Consejo extraordinario de Marsella tendría que ser posible alcanzar un acuerdo bajo estas condiciones que no se limite a resaltar una vez más las líneas de fisura dentro la UE. 
También es imprescindible que la Comisión no retrase con obstáculos burocráticos los programas de ayuda en el marco de MEDA y que la identificación de los proyectos por parte de los países del área mediterránea implicados se desarrolle igualmente con mayor rapidez. 
Resulta decepcionante que los países mediterráneos hayan solicitado tan sólo apenas una cuarta parte de los 4.700 millones de euros consignados para el programa MEDA I, que expiró en 1999. 
Sin embargo, esto también indica que es preciso evaluar de manera más realista la capacidad de absorción de los países ribereños del Mediterráneo. 
En este contexto, yo acojo con satisfacción el plan de la Comisión de agilizar los acuerdos de asociación y valoro muy positivamente la revisión del Reglamento del programa MEDA que se ha realizado. 
En mis anteriores consideraciones he omitido deliberadamente establecer una vinculación entre el encuentro Euromed y el conflicto en Oriente Medio. 
Ya debe considerarse un éxito que dicho encuentro se pueda llegar a celebrar, que Israel y los palestinos hayan confirmado su participación y que las amenazas de boicot de la Liga Árabe hayan fracasado según parece. 
Esperemos que la Conferencia de Marsella no se desvirtúe con el fin de convertirla en una plataforma para la polémica y que la importante puesta en marcha de una política mediterránea de la Unión Europea y una reactivación del proceso de Barcelona no quede frustrada. 
Señor Presidente, si mañana y pasado mañana se celebra la Conferencia Euromediterránea en Marsella con la presencia de todos los países firmantes de la Declaración de Barcelona, creo que podremos congratularnos. 
Será un éxito que demostrará que el proceso de Barcelona, que empezó en la onda de los acuerdos de Oslo, ha alcanzado una madurez y una solidez suficientes como para no quedar encapsulado en las vicisitudes del proceso del Próximo Oriente. 
Más aún, con su continuidad puede ejercer la mejor aportación posible, colateral pero significativa, a la reanudación de los diálogos en el Próximo Oriente. 
Sin embargo, en los balances que se prodigan esos días de cinco años de proceso de Barcelona abunda la idea de que podemos darnos por satisfechos por la simple continuidad del proceso, por el hecho de que haya habido reuniones ministeriales con presencia de representantes de Israel, de la Autoridad Palestina, de Siria, del Líbano, etc. Y es, tal vez, un triste consuelo. 
El balance es hoy contrastado y, desde luego, el desarrollo estratégico de la política euromediterránea no puede quedar condicionado por un balance de coyuntura. 
Es la continuidad en el tiempo lo que puede ofrecer resultados y los resultados positivos serán finalmente medidos en función del desarrollo de los países del sur del Mediterráneo. 
Estos países topan con una dificultad enorme para encontrar un encaje de desarrollo y de integración económica en el plano de la globalización y nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir al reequilibrio de una situación marcada por abismos de distancia entre el Norte y el Sur. 
Si siguen las tendencias actuales podemos ser pesimistas de cara al futuro. 
Hoy un europeo es estadísticamente doce veces más rico que un magrebí y dentro de diez años lo será veinte veces, a no ser que consigamos dar la vuelta a la situación. 
Para ello es positiva la propuesta de un nuevo impulso que ha realizado la Comisión y coincidimos plenamente con las dos prioridades que ha marcado el Sr. Patten en sus intervenciones y reiterado esta tarde aquí. 
Hay que agilizar los procesos de acuerdos de asociación. Sobre todo, hay que impedir que dentro de cinco años tengamos que hacer un balance de la aplicación de MEDA que nos lleve a la conclusión de que sólo se ha utilizado en un 26 %. 
Sin embargo, esto no es suficiente. 
Probablemente haya que abrir una perspectiva más a medio plazo y yo sólo puedo enumerar los tres temas que me parecen, en este sentido, esenciales: El primero, unos proyectos europeos que estructuren un espacio regional en los países del Sur. 
El segundo, una política en el aspecto humano de gestión de los flujos de migración, fundamentalmente. 
El tercero, la reflexión y la búsqueda de agregaciones y consensos en el desarrollo de una política agrícola común en el Mediterráneo, sin la cual probablemente no podremos conseguir a medio plazo un balance positivo. 
Señor Presidente, dar un nuevo impulso y una orientación concreta al proceso de Barcelona supone preocuparse por los aspectos del libre mercado, económicos y comerciales, y relanzar eficazmente una política de cooperación y de desarrollo y de defensa de los derechos humanos en toda la región; significa emprender las reformas sociales necesarias considerando prioritario el problema del empleo, así como la necesidad de la reducción y de la condonación de la deuda para relanzar la economía del Sur; significa fomentar un intercambio económico, cultural y político no solo con los países del Norte, sino entre los mismos países del Sur; significa atribuir un papel más relevante a la sociedad civil. 
Sin embargo, es inútil esconder que el proceso de Barcelona se encuentra en un momento crítico no sólo por la falta de impulso o por la ralentización del compromiso europeo por los acontecimientos de los Balcanes o por la ampliación de la Unión, sino también por las dramáticas condiciones de los conflictos abiertos en el Mediterráneo que condicionan su relanzamiento. 
La cuestión palestina vuelve a ser fundamental. 
El Comisario Patten dice que no hay ser esclavos de la situación entre Palestina e Israel. 
Cierto, pero no se puede eludir. 
Si no se afronta con urgencia el problema del reconocimiento de un Estado palestino, un Estado que pueda convivir con Israel, si no se pone fin a la ocupación militar de Cisjordania y Gaza, la cuestión no se puede resolver: en primer lugar, para poner fin a los sufrimientos del pueblo palestino y para convertir en más estable la región. 
Espero que en Marsella la Conferencia de los Ministros de la Unión sepa adoptar respecto a este problema una posición coherente con lo que viene repitiendo continua y pomposamente, es decir, que los derechos humanos no deben ser violados. 
El relanzamiento es indispensable y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo sabiendo que no se elude la cuestión principal que se plantea en el Mediterráneo. 
Señor Presidente, desde la Conferencia de Barcelona y a las puertas ya de la Conferencia de Marsella, como aquí se ha dicho, muchas cosas se han movido en la región mediterránea. 
Es verdad que esta Conferencia se va a celebrar dentro de un contexto de violencia y de crisis de paz como consecuencia del conflicto de Oriente Medio, pero también es verdad que la celebración de la misma permitirá mantener encendida la llama del proceso euromediterráneo y que éste no se vea contaminado por el trágico conflicto. 
Son muchos los problemas comunes que hoy afectan a la zona euromediterránea: la inmigración ilegal, la pobreza, la deuda exterior, los derechos humanos, la sequía y el terrorismo, que destruye sin piedad la vida de seres humanos y familias inocentes, como trágicamente estamos experimentando en España, en Argelia o en el próximo Oriente Medio. 
Hoy más que nunca tenemos que proclamar que sólo la cooperación regional, el diálogo con la sociedad civil, los intercambios económicos y culturales, la solidaridad y el mutuo entendimiento pueden hacer de las dos orillas del Mediterráneo una zona próspera y pacífica. 
La Comisión y el Consejo deben emprender con urgencia lo acordado en Feira, deben hacer viable una política común para el desarrollo de la región mediterránea. 
No podemos ni debemos desaprovechar nuestros recursos humanos, nuestros recursos agrícolas, industriales o artesanales que, unidos a productos tan vitales como el petróleo, el gas o las nuevas tecnologías, deben ser instrumentos básicos para el desarrollo de una sociedad mediterránea mucho más equilibrada, justa y competitiva que la actual. 
Señor Presidente, vuelvo al conflicto de Oriente Próximo; no hace dos meses, el Presidente del Parlamento de Israel y el de la Asamblea Palestina, en esta sede, unieron sus manos con la Presidenta del Parlamento Europeo en una invocación a la paz y a la concordia; todos los parlamentarios nos unimos en un fuerte aplauso hacia aquel gesto. 
Cuando las armas sustituyen a las palabras, al diálogo y a la comprensión, fracasa la base y sustancia de la democracia que es el parlamento; ése es también nuestro fracaso. 
Es un toque de atención para que la Unión Europea desempeñe un papel mucho más activo en la zona mediterránea que histórica y culturalmente enriqueció y engrandeció nuestro continente europeo. 
Sería un error no asumir el protagonismo que la historia nos exige. 
Por otra parte, creo también, señor Comisario, que las fronteras que la geopolítica exige deben servir para que no puedan circular libremente quienes hacen del crimen organizado, del tráfico de armas, de la droga o de los seres humanos, y muy especialmente del terrorismo, una forma de vida condenable por todos los países civilizados. 
Hagamos de las fronteras un verdadero filtro del delito y de los delincuentes y no una barrera al desarrollo, a la cultura o a la prosperidad de los pueblos. 
La Unión Europea necesita una nueva cultura de la inmigración y una mejor gestión de los flujos migratorios. 
La Unión Europea es corresponsable, con los países originarios, de la inmigración, de la ordenación de estos flujos migratorios, tan necesarios para el desarrollo de la región. 
Señor Presidente, Señorías, cada día que pasa se mueve a la cadencia de la crisis actual en el Oriente Medio y cada día que pasa nos muestra, si acaso todavía era preciso, que todo lo que ocurre en el Sur- alrededor del Mediterráneo- nos concierne directamente, incluso en nuestra vida diaria. 
Cuando el Sur va bien, la paz es posible. 
Se hacen progresos democráticos, hay un mayor desarrollo económico y menos emigración salvaje: en resumen, hay esperanza. 
Pero, cuando el Sur va mal, se suceden las guerras, la violencia, el integrismo- incluido en nuestros países, en nuestros barrios- y no menciono los riesgos de una nueva crisis petrolera. 
El día de hoy, otra vez es posible lo peor. 
Se percibe con claridad cuando se observa la actualidad. 
Todo esto, lo repetimos algunos aquí desde hace años. 
Lamentablemente, también desde hace algunos años, la ampliación de Europa al Este, las crisis en los Balcanes y las guerras han alejado al Sur del espíritu de la mayoría de los europeos, de ahí los múltiples retrasos en los procesos y las políticas mediterráneas. 
Se presencia una disminución de los créditos y sobre todo se experimentan dificultades para movilizar esos créditos. 
Las negociaciones generales se estancan, las negociaciones de los contratos de asociación se atrasan y las ratificaciones más todavía, lo que genera muy graves decepciones en nuestros socios del Sur y nuestro peso político, el peso de Europa, ha disminuido aunque seguimos siendo, a pesar de todo, los primeros financiadores del Sur. 
Por tanto, nos es preciso- y lo hemos dicho varios esta tarde- afianzar desde ahora nuestros objetivos políticos en dirección del Sur, respetar los créditos inscritos, acelerar los contratos de asociación con los países socios, dar de nuevo prioridad a la Carta para la paz y la estabilidad, hacer esfuerzos para ayudar al desarrollo y actuar sobre el peso de las deudas de los países más pobres, abrir por fin nuestros mercados a sus productos y armonizar nuestros reglamentos de acogida y de asilo de las personas que inmigran a nuestros países. 
En resumen, es preciso dar de nuevo confianza en Europa, en su voluntad de una verdadera asociación con el Sur. 
Se precisa un esfuerzo cuantitativo, pero sobre todo un esfuerzo cualitativo. 
La Comisión y el Consejo nos dicen que lo desean. 
Estamos dispuestos a creerles, pero los países del Sur necesitan más que promesas o discursos: nos corresponde atenderlos. 
Marsella es sin duda alguna la última oportunidad de hacerlo. 
Es una de las grandes apuestas de la Presidencia francesa. 
Señor Presidente, la Cumbre de Marsella quiere ser un paso más hacia la creación de una zona de libre mercado, una especie de mercado único que favorezca la adhesión a la OMC, tal como usted la describe muy bien, Sr. Patten, en el diario Le Monde del día de hoy. 
Se ha dado prioridad al pilar económico. 
La Unión Europea busca todavía- como durante la reunión de ASEM III en Seúl, hace un mes- exportar su modelo económico y sus capitales. 
En Marsella también, la otra cumbre, reunía miembros de asociaciones de sindicatos, de organizaciones políticas de todas las orillas del Mediterráneo. 
Estos buscaban juntos, con toda determinación, respuestas a las necesidades de sus poblaciones. 
A mi juicio, se precisan forzosamente nuevos medios, por tanto, la anulación de la deuda. 
Sin embargo, todavía mucho más grave, en el mismo momento en que en este hemiciclo intercambiamos serenamente puntos de vista a veces divergentes, se siguen matando más palestinos. 
La Unión Europea- y es una urgencia- debe condenar firmemente la agresión israelí contra el pueblo palestino, cuya reivindicación de vivir en paz en un Estado es legítima y, por tanto, debe ser satisfecha. 
Señor Presidente, Europa, a veces, tiene mucha prisa y, a veces, el que tiene prisa se deja cosas atrás. 
Y yo observo que en todos estos documentos sobre el refuerzo del acuerdo de Barcelona nos olvidamos de algunas cosas. 
Una de ellas es que la liberalización, el mercado único no pueden hacerse sin atender algunos aspectos importantes, como las personas y la cultura o la educación. 
Si hacemos una liberalización de los mercados y fomentamos un impulso para integrarlos olvidando lo anterior, se corre el peligro de que, al final, lo que consigamos en vez de una cooperación sea una colonización. 
Es preciso que Europa piense al margen del principio de subsidiariedad o supere este principio y se dé cuenta de que es preciso aportar una ayuda importantísima para elevar el nivel de los países receptores, tanto en lo que respecta a los hombres como a las mujeres, no sólo en educación básica sino, incluso, en una educación mínima que en Europa se considera que debe ser para todos los ciudadanos. 
Por tanto, no se puede hablar sólo de productos y de la organización de mercados y no pensar en esos ciudadanos. 
En segundo lugar, creo que también estamos olvidando otro tema importante, que es el medio ambiente. 
Europa no ha hecho ninguna política en materia de desertificación ni de agua benefactora de los países mediterráneos y es preciso pensar en hacer una política de medio ambiente mediterránea, que entienda las coordenadas, las lógicas e incluso la diversidad climática del Mediterráneo. 
La política tal y como está planteada hoy no se podría trasladar a muchos países del sur del Mediterráneo. 
En este sentido, hay que tener en cuenta que en Europa hay una grave presión de los ciudadanos del norte hacia el sur del Mediterráneo, a través del turismo. 
Con la subida del crudo va a haber todavía mucha más presión sobre el Mediterráneo. Ello se traduce en el consumo del territorio, en una política de vertidos medioambientales absolutamente inaceptable. 
Y tampoco podemos exigir a los ciudadanos europeos que sean buenos en su política medioambiental y no aplicar esta política a otros países. 
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, para cerrar el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 11.30 horas. 
Ayuda a la reconstrucción 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0324/2000 del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (COM (2000) 628- C5-0526/2000- 2000/0112 (CNS)) 
A5-0330/2000 del Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, a la República Federativa de Yugoslavia y a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3906/89, la Decisión 97/256/CE y el Reglamento (CEE) nº 1360/90 (COM (2000) 628- C5-0525/2000- 2000/0111 (CNS)) 
Señor Presidente, Comisario, la Comisión ha tardado en presentar una propuesta final en materia de ayuda a los Balcanes occidentales. 
Como ya es sabido, en mayo ya había una propuesta, pero hemos tenido que esperar hasta septiembre antes de que apareciera una propuesta definitiva. Todo se ha debido al debate existente en el seno de la Comisión respecto de la búsqueda de otra manera de prestar la ayuda exterior. 
En otras palabras, la propuesta actual refleja esta discusión y constituye, en mi opinión, un primer ejemplo de cómo debería realizarse esto en el futuro. 
Eso también significa que ha merecido la pena la espera de la nueva propuesta de la Comisión porque, tanto la propuesta que se refiere al reglamento completo sobre los Balcanes como la relativa a la agencia de Kosovo, muestran de forma transparente y clara cómo la Comisión Europea piensa prestar la ayuda en el futuro. 
Tal vez, de forma un poco solemne, se trate también de una especie de nuevo comienzo en la prestación de la ayuda, basado en las experiencias extraordinariamente negativas de Bosnia y también, en la experiencia positiva de Kosovo. 
Ahora estamos ante un reglamento que, en mi opinión, permite a la Unión Europea prestar ayuda a tiempo y de manera eficaz, y emplear el dinero de la UE de forma adecuada en los países de los Balcanes occidentales. 
Con ello, y esto es muy importante, -vuelvo a ello en seguida- se ha logrado un buen equilibrio entre la responsabilidad de la Comisión, por una parte, y la necesidad de implicar a los Estados miembros de una u otra manera. Equilibrio por otra parte, que, en mi opinión, y creo que también a juicio de la Comisión, sí se perdió a veces en el pasado, ya que los Estados miembros intentaron demasiado meter baza en la prestación de la ayuda. 
Las actuales propuestas son mucho más equilibradas. 
Por supuesto, y con ello me refiero al informe del Sr. Westendorp y al mío, es posible introducir mejoras. 
Todo el que examine y lea los informes propuestos, observará que se sugieren ciertas mejoras en determinadas partes. 
Por ejemplo, prestar atención explícita a la reconstrucción de la sociedad civil, atención explícita al respaldo de los medios de comunicación, atención explícita al importante papel de la enseñanza. 
Casualmente, estuve la semana pasada en una conferencia en Zagreb y, una vez más, resulta importante que las futuras generaciones de, digamos, pequeños habitantes de los Balcanes, no sean educados conforme a los antiguos estereotipos y enemistades, y que también se produzca en ese ámbito una renovación. 
Considero importante que este reglamento estipule que la Comisión Europea también en el futuro, al igual que ahora, destinará dinero a esos proyectos. 
Sin embargo, quiero destacar dos líneas políticas generales. 
La primera se refiere- y lamento tener que molestar de nuevo al Comisario con ello- a las finanzas. 
Por decirlo claramente, si conseguimos emitir hoy y mañana un buen dictamen sobre este reglamento, habremos hecho una parte de nuestro trabajo, diría que la primera mitad. 
Si, sin embargo, no aportamos en diciembre los medios para ejecutar este reglamento, hoy habremos mantenido un debate carente de contenido. 
No es un reproche a la Comisión. 
Esta institución ha podido comprobar que hago un llamamiento explícito para recoger de forma expresa en este reglamento la evaluación de costes efectuada por esa institución, los famosos 5.500 millones de euros para los próximos siete años; ya que, por decirlo claramente, en caso contrario, nos ocupamos hipócritamente del asunto. 
No podemos adoptar aquí, en el Parlamento, un reglamento sabiendo que no contaremos con los medios necesarios para su ejecución. 
De ahí que ésta sea la primera parte de la batalla para poder prestar una buena ayuda a los Balcanes. 
La segunda parte se presentará en diciembre cuando nuestros colegas de la Comisión de Presupuesto y, finalmente, todo el Parlamento, deba decidir fundamentar sólidamente la financiación del reglamento. 
Es lamentable en este sentido, que el Sr. Moscovici no se halle presente en este momento, ya que creo que el Consejo tiene, sobre todo, responsabilidad en ese punto; los Estados miembros deben estar preparados para reconocer que lo que ellos quieren y lo que nosotros pretendemos con este reglamento cuesta dinero y que ese dinero debería salir del presupuesto de la Unión Europea. 
El segundo punto, dentro de la cuestión general relativa a la prestación de la ayuda, es el equilibrio que debería lograrse- de ahí la enmienda al respecto- entre, por una parte, la necesidad de que se note la presencia de la UE en los Balcanes y, por otra, la necesidad de respaldar también proyectos más pequeños. 
En realidad, es un hecho- y todo el que haya estado en los Balcanes puede confirmarlo- que los Estados Unidos son extraordinariamente buenos dando la impresión de que con mucho menos dinero, son capaces de hacer mucho más. 
Que la Unión Europea emplee de hecho mucho más dinero pero su presencia se note mucho menos, ha conducido a mucha gente a la conclusión de que es necesario estar presente en los Balcanes de forma mucho más apreciable. 
Estoy de acuerdo con esa valoración. 
Eso implica casi automáticamente que debe emplearse mucho dinero en los grandes proyectos: en carreteras, puentes, en los proyectos en los que se puede colocar una bandera europea. 
Una vez más, esto es necesario para que la presencia de Europa se note más. 
No obstante, y ésta es mi advertencia, ello no puede dar lugar a que todo tipo de proyectos más pequeños, que hasta ahora contaban con nuestro respaldo, sean las víctimas de esta fijación de prioridades. 
De ahí mi llamamiento para que se logre un buen equilibrio dentro de este reglamento entre la percepción de la presencia, eso significa grandes proyectos, y por otra parte, la importancia de seguir prestando atención a los proyectos democráticos, a los proyectos que tienen que ver con la seguridad, proyectos que frecuentemente no son tan perceptibles, pero que son tanto más necesarios para garantizar la seguridad en los Balcanes. 
Ahora, la agencia de Kosovo. 
Siendo positivo, pienso y espero que la agencia, considerando cómo ha funcionado hasta ahora y de la manera en que funcionara en el futuro, debería constituir un ejemplo de cómo tendría que funcionar la ayuda prestada a los Balcanes, y también la prestada a otras partes del mundo. 
Mis experiencias tras diferentes visitas a la agencia son tan positivas porque, en mi opinión, a pesar de todos los errores que se siguen cometiendo, y digo todos, la ayuda sí se está prestando de una manera nueva y buena. 
Cuando nos referimos al refuerzo de la eficacia, el objetivo general de este reglamento, cuando implicamos en ello a la agencia de Kosovo, el refuerzo de la eficacia no puede significar otra cosa que un retroceso del papel de los Estados miembros. 
Muy concretamente, el retroceso del consejo de administración vinculado a la agencia. 
También nosotros hemos criticado mucho en el pasado la forma en que la Comisión Europea prestaba la ayuda. 
A menudo, resulta demasiado burocrática. Se trata de procedimientos complicados, pero ni debemos ni queremos cerrar los ojos, y espero que los Estados miembros tampoco lo hagan, ante el papel que han desempeñado en ello. 
Los Estados miembros intentan con demasiada frecuencia meter baza en la prestación de la ayuda. 
Demasiado frecuentemente, eso ha ocasionado retrasos, ineficacia y la protección de los intereses nacionales. 
En lo que a mí respecta, y éste es uno de los mensajes centrales de mi informe relativo a la agencia, los Estados miembros deberán intervenir en el futuro con menor frecuencia y menor influencia, ya que se ha demostrado que eso ocasiona un retraso en la prestación de la ayuda. 
Para terminar, señor Presidente y Comisario, una última cuestión. 
Existe la tendencia entre algunos de mis colegas a querer ampliar todavía más allá de lo decidido hasta ahora las actividades de la agencia. 
La agencia tiene ahora su sede en Kosovo, y el Consejo ha decidido, en mi opinión correctamente, ampliarla a Serbia y Montenegro. 
Creo que habría que parar ahí, ya que del trabajo que la agencia efectúa ahora, la reconstrucción física, puede aprenderse una lección para hacerlo igualmente bien en Serbia y Montenegro. 
La prestación de la ayuda a los Balcanes en el marco del CARDS en países como Croacia, Albania y Macedonia exige otras particularidades, otras capacidades. 
Así mismo, quisiera decir que dejemos que la agencia actúe en lo que es buena, es decir, en la reconstrucción física. 
Resultará difícil hacerlo igual de bien en Serbia. 
Limitémonos a ello y no nos difuminemos con la ampliación de las capacidades de la agencia más allá de las fronteras de la antigua Yugoslavia. 
Señor Presidente, señor Comisario, soy consciente de que los Balcanes no son el terreno más propicio para el optimismo. 
Sin embargo, no creo pecar de optimista si digo que la Unión Europea está recogiendo los frutos de una acción coordinada y persistente. 
Y esos frutos, después de la tragedia que sufrieron los Balcanes, ya aparecieron hace unos meses en Croacia con unas elecciones libres, con un sistema deseoso de respetar los derechos humanos, y acaban de mostrarse ahora en Belgrado, donde los ciudadanos han confirmado su voluntad de vivir en paz y en libertad entre ellos e integrarse en la familia europea. 
No debemos defraudar sus expectativas y ahora más que nunca todos esos países necesitan nuestra ayuda. 
Es necesario seguir en ese proceso de estabilización de la región y prepararlos para una perspectiva más a largo plazo de integración en las instituciones europeas. 
Con ello, está claro que nos jugamos nuestra credibilidad y nuestra propia estabilidad. 
Ahora bien, si queremos ayudarles, debemos hacerlo más eficazmente que hasta ahora y de una manera más coordinada; de lo contrario se produciría lo que el Sr. Lagendijk ha denominado la pérdida de visibilidad de la Unión Europea, que corre con la carga financiera más importante en los Balcanes y, sin embargo, tiene una visibilidad mucho menor que países como los Estados Unidos, que pueden reaccionar en tiempo prácticamente real a cualquier necesidad que se presente en el país. 
Tan es así que, cuando yo estaba en Bosnia-Herzegovina y visitaba algún pueblo, me recibían alborozados diciendo: "qué bien, que ustedes los americanos están aquí para ayudarnos". 
Hasta ese punto había perdido visibilidad la acción de la Unión Europea. 
En el informe que he preparado sobre la ayuda a los Balcanes occidentales, en estrecha colaboración con el Sr. Lagendijk, en los dos temas que hoy nos ocupan y que es un ejemplo de cooperación entre dos comisiones, hemos constatado una serie de limitaciones: por un lado, de tipo geográfico; eso implica que hay que ampliar la acción de la agencia no sólo a Kosovo, sino también a Yugoslavia. 
También hemos encontrado algunas limitaciones funcionales. 
En primer lugar, que las organizaciones internacionales que realizan estas operaciones como UNMIK en Kosovo o la oficina del Alto Representante en Sarajevo también necesitan beneficiarse de esta ayuda. 
Por otra parte, hay una serie de acciones- me refiero concretamente al programa CARDS -, que deben ir más allá de la reconstrucción y extenderse a la formación, a la educación, a la reconstrucción de la sociedad civil en estrecha colaboración con las ONG. 
Es importantísimo que las ONG colaboren en este tema, pero también que tengan una cierta coordinación entre ellas, si queremos realmente que su acción sea más eficaz y que llegue a todas las partes de aquellas regiones. 
También es necesario poner el acento en los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación en aquella región han sido responsables muchas veces de la tragedia que ha vivido y son necesarios unos medios totalmente libres y que actúen conforme a las reglas que imperan en nuestras democracias. 
Es también muy importante el conseguir que el poder judicial sea realmente independiente. 
También nos hemos encontrado con algunas limitaciones de funcionamiento, que son unas de las causas de la falta de visibilidad. Limitaciones en el funcionamiento que hacen referencia al sistema de gestión de la ayuda. 
A veces hay demasiada burocracia, demasiado "red-type" y demasiadas vacilaciones en el momento del otorgamiento de la ayuda. 
Por lo tanto, es importante que, en lo que se refiere al programa CARDS, el comité de gestión sea un comité que se limite a las grandes líneas de programación plurianual, pero que no haga un "micro-management" demasiado detallado día a día, porque de lo contrario podríamos tener, otra vez, los mismos problemas que en el pasado. 
También es importante que las labores del comité de gestión de CARDS y las labores de la Agencia de Reconstrucción en Kosovo no se confundan entre sí y que no exista un doble empleo, ni un solapamiento, sino una perfecta división de funciones. 
También es importante reforzar el papel del Parlamento Europeo y yo creo que con las enmiendas, que previsiblemente van a ser votadas mañana, el Parlamento Europeo podrá tener un mayor papel consultivo en un proceso de colaboración interinstitucional. 
Por último, quiero referirme al paquete financiero. 
El señor Presidente sabe perfectamente que es muy difícil que hoy día se repita el milagro de los panes y de los peces y con los escasos panes y peces con que contamos ahora va a ser prácticamente imposible que podamos afrontar todas las obligaciones exteriores que tiene la Unión Europea. 
Tenemos que realizar una ayuda más eficaz y más coordinada, recogiendo todos los elementos dispersos. 
Concluyo diciendo- repito con ello las palabras de la Comisión- que estas dos propuestas constituyen la piedra angular de un proceso que debe conducir a que esos países que han tenido y tienen tantos problemas puedan integrarse plenamente en las estructuras europeas. 
Yo estoy firmemente convencido de que los Balcanes tienen una solución, de que el maleficio balcánico puede ser conjurado, pero para ello necesitan todo nuestro apoyo y estos dos programas van en esa dirección. 
(IT) Señor Presidente, creo que el contenido de esta importante propuesta ha sido explicado ágil y exhaustivamente por el presidente Westendorp. 
Nosotros, como Comisión de Cultura- comisión que tengo el honor de presidir- hemos contribuido con nuestra opinión a subrayar la importancia que reviste esta labor de reconstrucción en los Balcanes como posibilidad de integrar estas zonas en el conjunto de Europa. 
Y al mismo tiempo, para darle un contenido y un significado exquisitamente cultural, no en términos abstractos o vagos, sino en términos de solidaridad, hemos propuesto unas enmiendas que han encontrado eco favorable en la Comisión de Industria y que creo que contribuyen a caracterizar, por un lado, la ayuda económica, civil y de solidaridad, con la vuelta de unos territorios tan desdichados a una realidad y a una vida civil y, por otro, la posibilidad de una solidaridad cultural e institucional, subrayo institucional- para que dichas zonas se sientan vinculadas a Europa, pero vinculadas también en el plano civil, en el plano de las iniciativas culturales. 
El hecho de que las enmiendas, formuladas como opinión por la Comisión de Cultura, hayan sido acogidas y aprobadas por unanimidad es, a mi entender, un hecho importante que se somete a la consideración y a la valoración de este Pleno. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, está ante ustedes un hombre afortunado, un hombre afortunado en tanto ponente de opinión, ya que la mayor parte de las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario han sido aceptadas en lo esencial por la Comisión. 
Todos debemos alegrarnos de ello. 
Nuestro trabajo ha dado algún fruto. 
Así mismo, soy afortunado porque creo que el Parlamento ha tenido éxito al lograr dar la vuelta a una situación que originariamente no era tan buena debido a que ha mantenido una presión continua. 
Como muy bien ha señalado el ponente Lagendijk, no se extraía ninguna lección del pasado con la propuesta originaria de la Comisión, ninguna lección respecto de las observaciones que el Tribunal de Cuentas ya había efectuado, ninguna lección en cuanto a las experiencias de la Agencia Europea para la Reconstrucción, ninguna lección respecto de las observaciones que ya pudimos leer el año pasado en el informe de la Sra. Pack, ninguna lección en relación con los resultados de la delegación ad hoc que enviamos a Kosovo y que formuló recomendaciones muy importantes bajo la dirección de Doris Pack y Terry Wynn. 
Cuando en julio esbozaba mi informe, en seguida consideré que esta propuesta originaria no era buena. 
Entonces, pedí a la Comisión que retirara la propuesta. 
Me alegra que lo hiciera y que haya presentado una nueva. 
Desde el cuatro de octubre contamos con una nueva propuesta, propuesta en la que estamos trabajando. 
Creo que debemos estar satisfechos por ello, gracias a la presión ejercida por el Parlamento. 
Debemos velar por que la ayuda suministrada a los Balcanes por la Unión Europea mediante los reglamentos que están ante nosotros, se preste en el lugar de forma rápida, flexible y no burocrática y en colaboración con la población y las autoridades del lugar. Esto no se ha logrado de forma suficiente en años anteriores. 
Para ello, necesitamos un instrumento flexible, una estructura ligera y no burocrática. 
Es lamentable que el Presidente de Consejo no se encuentre presente. 
Es sobre todo el Consejo, sobre todo los Estados miembros, los que se han comportado en años pasados como granos de arena en un engranaje. 
Han convertido en imposible lo que podía haber sido posible. 
Estoy satisfecho, por tanto, con la propuesta actual. 
Puedo decirles, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, que respaldamos todas las enmiendas. 
Por supuesto, también estamos muy contentos por el hecho de que la enmienda relativa a la OLAF se haya adoptado. 
En efecto, la unidad de lucha contra el fraude debe poder realizar de forma plena su trabajo en los Balcanes occidentales. 
Por último, una pequeña observación más a título personal que en nombre de la Comisión de Control Presupuestario. 
En este momento me ocupo de un informe relativo al empleo de los medios financieros en Bosnia y Herzegovina. 
Un informe de seguimiento de un informe especial elaborado por el Tribunal de Cuentas. 
Señorías, en el reglamento relativo al CARDS deberemos velar por que se destine suficiente dinero a Bosnia y Herzegovina. 
La labor allí no ha terminado. 
Queda todavía un largo camino por recorrer. 
Se trata de una situación precaria e inestable. 
Lamento tener que empezar el debate de los Grupos sin que la Presidencia del Consejo pueda estar con nosotros. 
Me prometen que en breve estará aquí. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los informes Langendijk y Westendorp, sobre la Agencia y el programa CARDS, respectivamente, que en realidad son inseparables, se basan para presentar sus enmiendas en los conocimientos adquiridos a través de la experiencia del anterior programa OBNOVA y también de la Agencia de Kosovo. 
Yo creo que todos tenemos claro que sólo unas estructuras más ligeras y eficaces permitirán consolidar, también con vistas al futuro, el buen trabajo que ha realizado la Agencia de Kosovo en los últimos meses. 
En adelante debemos concentrar la responsabilidad en unas pocas personas o en un director, si así lo prefieren, con objeto de que una persona asuma realmente la responsabilidad frente al organismo que selecciona los programas concretos. 
A mi parecer, el trabajo europeo sobre el terreno sólo podrá alcanzar también una mayor visibilidad si lo concentramos en un número muy reducido de responsables. 
En Bosnia pudimos observar repetidamente cómo los americanos conseguían una buena imagen con muy pocos recursos financieros. 
En muchos ámbitos en los que hemos aportado la mayor parte de los fondos y seguimos aportándola, de hecho no somos visibles porque el dinero se nos va de algún modo de entre las manos y no se adscribe realmente a una sola institución. 
También pienso que se debe evitar la duplicidad innecesaria del trabajo del consejo de dirección y del comité de gestión y las innecesarias reuniones ritualizadas de sus miembros, cuando de hecho es el director responsable quien debe adoptar las decisiones necesarias en el momento oportuno. 
Yo espero que la Comisión y el Consejo acepten las propuestas del Parlamento. 
Lo repito una vez más: es absolutamente imprescindible evitar gastos innecesarios en reuniones innecesarias. 
Ese dinero se necesita con mayor urgencia sobre el terreno y tiene mayor utilidad allí. 
Para el contribuyente sería, naturalmente, muy favorable que el Consejo por fin se decidiese a aprender de sus errores, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de mi informe sobre la Agencia de Kosovo. 
Los objetivos del programa CARDS eran, de hecho, acertados, pero al programa le faltaba algo muy importante, concretamente un objetivo importante: el apoyo a la educación y la formación en esos países. 
Sin educación y formación todo lo demás no sirve de nada. 
Por esto yo me alegro de que las y los colegas de todas las comisiones me hayan apoyado en la presentación de esta enmienda. 
Si le he entendido bien, el Comisario también considera que este debe ser un objetivo importante del programa CARDS. 
También es necesario, no obstante, que el Consejo haga suyo este objetivo. 
Yo confío mucho en que el Ministro de Educación francés, Jacques Lang, podrá persuadir a su gabinete para que en la próxima reunión del COREPER el Gobierno francés no se oponga a la inclusión de los objetivos educativos en el programa CARDS. 
Yo creo que esto sería contraproducente y estoy segura de que el Sr. Jacques Lang cuanto esté en su mano y si el Sr. Moscovici estuviese allí, seguramente también lo haría. 
Yo quiero dar las gracias, por lo tanto, a todas y todos los colegas que han considerado importante este objetivo y me congratulo de que en el futuro podamos aportar algo más a estos países en este contexto, también en lo que respecta a los contenidos. 
Señor Presidente, quisiera realizar hoy algunas observaciones generales respecto de lo que denominaría "la reconstrucción política de la zona de los Balcanes". 
El Sr. Swoboda dirá algo más, en nombre de mi Grupo, sobre lo que quisiera llamar "la reconstrucción de la UE, esfuerzos de reconstrucción", ya que esto también figura en el orden del día, de la mano de los informes de los Sres. Lagendijk y Westendorp, a los que manifiesto mi reconocimiento. 
En sí misma, la evolución acontecida el año pasado en los Balcanes se califica de positiva. 
Se han logrado muchos avances en un año y la dinámica interna de algunos países refuerza, por fin, el papel de la comunidad internacional; y eso cuando la crisis de Kosovo está todavía fresca en la memoria. 
Kosovo es y continuará siendo una preocupación constante. 
El resultado de las elecciones locales fue positivo. 
Por supuesto, eso sucede siempre que ganan los moderados, pero la situación interna continúa tensa, tal como testimonia el asesinato reciente de cuatro romaníes que en tanto refugiados regresaron de Bélgica a Kosovo. 
Naturalmente, prevalece la pregunta de cuál es el futuro de Kosovo dentro de Yugoslavia. 
Nosotros, el PSE, nos oponemos a fantasear sobre la independencia de Kosovo. 
De ahí que esperemos con impaciencia el primer encuentro entre el Presidente Kostunica y el Sr. Rugova. 
Tal vez la Unión Europea todavía pueda desempeñar ahí un papel mediador. 
Sin embargo, no debemos fijarnos solamente en Kosovo. 
También hay cambios positivos. 
Ciertamente, quisiera verlos como una vuelta lenta a la normalidad. 
El año pasado esto quedó reflejado en la evolución de la verdadera democracia y de los políticos, que rechazaron utilizar el nacionalismo como única fórmula política. 
Reemplazaron y reemplazan a los tres dirigentes que representaban por excelencia la parte negativa de la antigua Yugoslavia en los años 90. 
Se trata de Tudjman, Milosevic e Izetbegovic. 
En Zagreb, hay un gobierno que coincide con nosotros en cuanto al futuro de la región, que invierte de forma efectiva en la democracia y la estabilidad. 
Mañana recibimos en esta Casa al nuevo Presidente de Yugoslavia. 
En lo que a mí respecta, son los nuevos héroes de los Balcanes y, por supuesto, son más que bien recibidos. 
Croacia debe ahora reforzar rápidamente sus lazos con la Unión Europea. 
Es el primer país de la antigua Yugoslavia, aparte de Eslovenia, que en mi opinión, entrará en consideración dentro de un tiempo de cara a la pertenencia a la Unión Europea. 
Serbia necesita, sobre todo, ayuda material en este momento, cuanto antes. 
Europa debe mostrar claramente que su respaldo supone una diferencia, ya antes de las elecciones parlamentarias de Serbia. 
Sin embargo, el premio gordo de esta semana lo merece, en mi opinión, el dirigente de los socialdemócratas de Bosnia y, entre paréntesis, la población eslovaca que no ha mordido el anzuelo en el referéndum pedido por la oposición al gobierno, pero eso constituye un capítulo aparte. 
Leí en algunas noticias relativas a las elecciones bosnias que los ultranacionalistas habían ganado las elecciones parlamentarias en Bosnia y Herzegovina. 
Parece ser así a primera vista, especialmente en la República Sprska y en la zona croata. 
En la zona bosnia, la posición de los nacionalistas se ha visto por primera vez afectada. 
En cualquier caso, los cambios en Croacia y Serbia ya empiezan a tener su influencia. 
No es algo tan particular en Europa ni, incluso, en los Balcanes, pero lo que sí puede considerarse llamativo es que este partido sea multiétnico y lo manifestara abiertamente en los recientes acuerdos de Sarajevo; el dirigente de este partido, Zlatko Lagumdzija, introdujo junto a serbios, croatas, montenegrinos, albaneses y otros representantes de la región, el concepto de reconstrucción del espíritu. 
Con ello, llegó al núcleo del problema. 
Debemos invertir especialmente en la reconstrucción física de la antigua Yugoslavia, pero sólo tiene sentido si también cambia algo en la cabeza de la gente. 
Los políticos que abiertamente se esfuerzan por ello no sólo merecen nuestra admiración, sino sobre todo nuestro apoyo. 
Son los únicos que pueden debilitar el bastión nacionalista. 
La estabilidad de la región dependerá de en qué medida logran los nuevos dirigentes mantener el espíritu nacional dentro de la botella y pueden desarrollar otra mentalidad. 
Su suerte política dependerá, así mismo, del éxito de la ayuda de la Unión Europea. 
Los informes de los colegas Westendorp y Lagendijk contienen los elementos para abordar eficazmente este asunto. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal apoya los informes que estamos debatiendo y apoyamos los intentos de la Comisión por agilizar el complicadísimo trabajo que la Unión lleva a cabo en favor de los Balcanes. 
La ayuda ha sido demasiado burocrática y lenta porque la Comisión ha trabajado de forma demasiado centralizada y gestionada desde arriba. 
Se ha llevado a cabo una dirección demasiado detallista y el Parlamento es corresponsable de ello en ciertos puntos. 
Es nefasto que la agencia haya sido dividida en una sede central en Salónica y en un centro operativo en Pristina. 
Hemos estado en contra de esta división desde el principio. 
Y ahora también ha sido criticada por el Tribunal de Cuentas. 
Es positivo que el presupuesto de este año destine 175 millones a Kosovo y 200 millones a la ayuda de emergencia destinada a Serbia. 
No obstante, es terrible que las partidas presupuestarias destinadas a la administración de las Naciones Unidas en Kosovo, a la región báltica y a la fuerza de reacción rápida se hayan puesto en reserva. 
Es lamentable que no tengamos constancia de cuánto dinero tendremos para Serbia el próximo año. 
Lo cual es especialmente desafortunado considerando que el Presidente de Serbia elegido por el pueblo serbio nos visitará mañana. 
Es también desafortunado que una serie de programas se hayan puesto en la llamada reserva de actuación, "opførselsreserven". 
Sé bien que el Parlamento con ello forzará a la Comisión a portarse mejor, no obstante, uno no debe coger como rehenes a sus propios hijos, sería mejor que diéramos manos libres a la Comisión para agilizar el trabajo, reservándonos el derecho a criticar a la Comisión si tal cosa no se logra. 
No debemos convertirnos en cómplices de que programas que deseamos se vean dañados llegado el caso. 
Demos a la Comisión mayores partidas presupuestarias y permitámosle delegar responsabilidades, de modo que sea más fácil adoptar decisiones rápidas y readaptar el trabajo. 
Festejemos la visita del presidente serbio elegido por el pueblo serbio de mañana dándole hoy en serio una oportunidad a la Comisión para que encauce nuestra ayuda por una nueva y mejor vía. 
Señor Presidente, las financiaciones que estamos debatiendo son un mecanismo más de intervención extranjera en esta región extremadamente sensible de Europa. 
El imperialismo internacional sabe muy bien cómo dar una de cal y otra de arena, cómo intercambiar las incursiones con la ayuda humanitaria, la destrucción con la reconstrucción. 
Su objetivo final es la sumisión de los pueblos al nuevo orden de cosas. 
Me pregunto cómo pueden hablar de reconstrucción quienes han sembrado la destrucción; de dónde sacan, los asesinos de los niños y de la población civil, la desvergüenza de dar clases de democracia, de estado de derecho y de derechos humanos a sus víctimas. 
Lo que deben hacer las potencias imperialistas en Yugoslavia es pagar indemnizaciones de guerra y no limitarse a la ayuda humanitaria. 
Los acontecimientos que han tenido lugar en Yugoslavia hace unas semanas, el supuesto levantamiento popular, tenía detrás por lo menos los cien millones de dólares de la contribución extranjera para la llamada "oposición democrática". 
Puede que los propios hechos hayan creado un clima de euforia en el liderazgo del imperialismo, pero ellos mismos saben bien que no han subordinado el espíritu de resistencia del pueblo yugoslavo y de otros pueblos. 
Además, por esta razón, preparan fuerzas militares y policiales ágiles. 
Señor Comisario, señoras y señores diputados, todos estamos conscientes de que los Balcanes occidentales constituyen un desafío de capital importancia para la Unión Europea y la credibilidad de su política exterior, a la vez debido al alcance de nuestro compromiso humano, político y financiero en la región, pero también por nuestra voluntad de favorecer la estabilización mediante la construcción, el desarrollo y in fine la reintegración de los Balcanes en la familia europea. 
Este año comenzó felizmente con el cambio democrático en Croacia, con las elecciones legislativas y presidenciales. 
Ha continuado con otro acontecimiento de gran envergadura, que es la victoria de las fuerzas democráticas en la República Federativa de Yugoslavia y la caída de Milosevic. 
Terminará, lo deseamos, con la consolidación de la democracia el próximo 23 de diciembre, con motivo de las elecciones legislativas en Serbia. 
La Unión Europea- ustedes lo saben- ha participado con determinación para contribuir a estos cambios históricos. 
Reaccionó inmediatamente al nuevo orden en Croacia, participando en el proceso que llevará, con ocasión de la cumbre de Zagreb, el próximo 24 de noviembre, es decir, en diez días, a la apertura de las negociaciones de un acuerdo de estabilización y asociación con ese país. 
Como se comprometió ante el pueblo serbio, ha tomado las disposiciones necesarias desde la elección del Presidente Kostunica que ustedes recibirán mañana: levantar las sanciones contra la República Federativa de Yugoslavia, ayuda de emergencia de 200 millones de euros decidida por el Consejo Europeo en Biarritz y la integración de la República Federativa de Yugoslavia en la comunidad internacional con el fin de sostener el proceso de consolidación de la democracia. 
Quisiera hablar un poco más largo y tendido sobre las prioridades en favor de los Balcanes occidentales. 
Habida cuenta de la cumbre de Zagreb, hemos deseado concentrar la acción de la Unión en la consolidación de la democracia y la valorización del proceso de estabilización y de asociación. 
Así, tenemos dos objetivos: primero, el desarrollo de la cooperación regional, luego, la aplicación de una verdadera política de aproximación entre estos países y la Unión Europea. 
En Colonia, el Consejo Europeo había ofrecido una perspectiva de adhesión a la Unión. 
En Feira, reconoció la calidad de candidatos potenciales a la adhesión a los países participantes en el proceso de estabilización y de asociación. 
Deseamos confirmar esta oferta en la cumbre de Zagreb, pero también ir más lejos definiendo, para cada país, las etapas que ha de superar y las reformas que ha de llevar a cabo en este sentido. 
Por último, deseamos concretar un apoyo comunitario de primera importancia para acompañar este proceso. 
A iniciativa de Francia, la cumbre de Zagreb reunirá, por primera vez, a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los países de los Balcanes occidentales que participan en el proceso de estabilización y de asociación: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República Federativa de Yugoslavia. 
Esta cumbre brindará, pues, la ocasión de sacar las consecuencias, al más alto nivel, de los cambios democráticos decisivos que han tenido lugar en la región y, por tanto, permitirá reafirmar que de ahora en adelante la vía está abierta para la aproximación de todos los países de la región con la Unión en el marco del proceso de estabilización y de asociación. 
Nosotros deseamos valorizar este proceso, especialmente marcando, en Zagreb, la conclusión de las negociaciones del primer acuerdo de estabilización y asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, o confirmando un enfoque individual adaptado a la situación de cada país y, como ya lo señalé, trazando las perspectivas para cada uno de nosotros. 
La cumbre tendrá igualmente como objetivo consolidar la democracia en la República Federativa de Yugoslavia, apoyar el proceso de reconciliación entre este país y los países vecinos y alentar el desarrollo de una cooperación confiada entre los países de la región. 
Así, sin esperar la entrada en vigor de los acuerdos de estabilización y asociación, la Unión recordará que espera de los cinco países interesados que se comprometan a establecer entre ellos, desde ahora, convenios de cooperación regional. 
Estos convenios de cooperación regional, previstos en los acuerdos de estabilización y asociación, deberán, según nosotros, incluir el establecimiento de un diálogo político, de una zona regional de libre comercio, así como una estrecha cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, en especial para el fortalecimiento de la justicia y de su independencia en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el lavado de dinero y cualquier otro tipo de tráfico criminal. 
La aproximación con la Unión Europea está efectivamente estrechamente vinculada, a juicio del Consejo, al desarrollo de la cooperación regional. 
El examen de los informes Westendorp y Lagendijk sobre las propuestas de reglamentos relativos, uno al programa marco y, el otro, a la Agencia Europea de Reconstrucción nos da la ocasión de volver a hablar sobre la magnitud del apoyo que la Unión quiere conceder a los Balcanes occidentales con el fin de acompañar el proceso de estabilización y de asociación. 
Estos dos informes van en la dirección correcta. 
La Presidencia comparte, en efecto, su preocupación de que el programa marco establezca los principios de la reforma de la gestión de la ayuda exterior de la Unión: menos procedimientos, más coordinación sobre el terreno, menos compromisos en retraso. 
Del mismo modo, apoyamos que se extienda al conjunto de la República Federativa de Yugoslavia el campo de intervención de la Agencia Europea de Reconstrucción que ya ha demostrado su eficacia en Kosovo. 
Deseamos que sea más eficaz y más rápida en la puesta en práctica de los programas cuya ejecución le delegue la Comisión. 
El objetivo de la Presidencia es llegar a un acuerdo sobre las propuesta de reglamentos relativos al programa CARDS y a la Agencia Europea de Reconstrucción durante el Consejo "Asuntos Generales" de finales de noviembre, es decir, la semana próxima, para anunciarlos en Zagreb el 24 de noviembre. 
Reitero las principales prioridades asignadas al programa CARDS: el fortalecimiento institucional en el sentido de la democracia y el Estado de derecho, el desarrollo económico y la reconstrucción; la cooperación regional. 
CARDS debería de este modo dar mayor coherencia, mayor eficacia, mayor visibilidad a la ayuda de la Unión en la región. 
Unánimemente, en especial durante el Consejo "Presupuesto" del pasado 20 de julio, los Estados miembros desearon reemplazar el debate sobre el montante de la asignación financiera prevista para CARDS por el período 2000-2006 en el contexto del respeto del límite de la rúbrica 4 de las perspectivas financieras establecidas en el Consejo Europeo de Berlín. 
Este montante, que integrará una ayuda en favor de la República Federativa de Yugoslavia, resultará de un arbitraje global sobre el reparto de los 10.000 millones de euros disponibles dentro del límite de la rúbrica 4 entre los dos programas de ayuda, MEDA II y CARDS, cuya aprobación figura entre nuestras prioridades. 
Por último, la Presidencia hizo aprobar, durante el Consejo "Asuntos Generales" del pasado 18 de septiembre, preferencias comerciales asimétricas en favor de los países que participan en el proceso de estabilización y asociación. 
Estas medidas conceden un acceso preferencial al mercado comunitario para los productos agrícolas e industriales de estos países. 
De este modo, la Unión ha hecho un gesto excepcional, puesto que esta liberalización, especialmente para los productos agrícolas, se ofrece casi totalmente sin contingentes y con cero derechos. 
Estas medidas entraron en vigor el 1 de noviembre. 
El Consejo trabaja actualmente para ampliarlas a la República Federativa de Yugoslavia. 
La Presidencia francesa se había impuesto, en favor de los Balcanes occidentales, objetivos ambiciosos que están por alcanzarse: el desarrollo del proceso de estabilización y asociación, la aprobación del programa CARDS, la aprobación de preferencias comerciales asimétricas, hablando solamente de las medidas comunitarias más destacadas. 
La victoria tan esperada de la democracia en Croacia, luego en la República Federativa de Yugoslavia, impone, lo sabemos, a la Unión Europea ir mucho más lejos. 
Es por ello que nos es preciso dar, en la cumbre de Zagreb, un mensaje político muy fuerte, a la altura de las esperanzas de paz y de reconciliación que los pueblos de los países de la región han depositado en este cambio democrático. 
Toca a la Unión Europea no tener miedo de decir a estos países: sí, su lugar, su porvenir está en el seno de la familia europea. 
Señor Presidente, mi impresión inicial del Presidente Kostuniça es la de que ha sido muy pragmático en sus tratos políticos desde que asumió el poder en la República Federal de Yugoslavia. 
Ha consolidado su victoria, pero también ha tenido tacto en sus relaciones con otros dirigentes de la región. 
Ya ha visitado Sarajevo, ha asistido a una reunión oficiosa en Skopje y también ha estado en Moscú. 
La Unión Europea estuvo acertada al reaccionar positivamente ante el acceso del Presidente Kostuniça al poder. 
Se han aligerado las restricciones en la concesión de visados y ahora se ha levantado el embargo de petróleo y aéreo. 
Es loable que la Comisión haya asignado 200 millones de euros para asistencia de emergencia de las ONG. 
Espero que el Presidente Kostuniça y sus partidarios consoliden continuamente su posición como nueva dirección democrática en todos los niveles políticos de la República Federal de Yugoslavia. 
Las elecciones al Parlamento serbio están fijadas para el 23 de diciembre. 
Acojo con beneplácito que el Presidente Kostuniça haya reconocido la importancia de la cooperación con el Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. 
Se ha hecho una invitación al Presidente Kostuniça para que participe, como nuevo Presidente de Yugoslavia, en la próxima cumbre de Zagreb. 
En lugar de ser un premio para Croacia y un escaparate de su actuación en pos de la democratización, dicha cumbre habrá de ser ahora inevitablemente la celebración de los logros del Presidente Kostuniça. 
Es muy importante asegurar a los demás participantes de los Balcanes que el regreso de Yugoslavia a la comunidad internacional en modo alguno disminuirá el apoyo que reciben de la Unión Europea. 
Se debe prestar la atención debida a las sensibilidades de todos los países de la región balcánica y asegurarles que, con la euforia general por el acceso al poder del Presidente Kostuniça, no se los desatenderá. 
Otros objetivos de la cumbre de Zagreb deben ser los siguientes: un anuncio de programas de la Comunidad en materia de asistencia y reconstrucción, democratización y estabilización para los Balcanes occidentales, una confirmación del establecimiento progresivo de una zona de libre cambio entre la Unión Europea y los Balcanes occidentales y un compromiso por parte de los países de la región con vistas a la cooperación regional y a la creación de un régimen de libre cambio entre ellos. 
Esta es un pregunta que me parece interesante y me parece que cuenta con el apoyo de la Comisión; por tanto, vamos a examinarla en el seno del Consejo. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0553/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0818/00): 
Asunto: Dispositivo de Reacción Rápida ¿Por qué no se ha debatido formalmente esta propuesta bajo la Presidencia francesa del Consejo, a pesar de que los trabajos al respecto ya se iniciaron bajo sus predecesores? 
- (FR) La Comisión presentó, el pasado 10 de mayo, al Coreper, una propuesta encaminada a establecer un dispositivo de reacción rápida con miras a responder a las expectativas expresadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en Helsinki. 
Estos pidieron, durante el Consejo Europeo y en el marco del informe sobre el desarrollo de la capacidad europea de gestión militar y civil de las crisis, que se instituyeran mecanismos de financiación rápida, por ejemplo, la creación por parte de la Comisión de un fondo de reacción rápida, con la finalidad de permitir una financiación acelerada de las actividades de la Unión Europea para contribuir a las operaciones dirigidas por otras organizaciones internacionales y financiar, llegado el caso, la actividad de las ONG. 
De conformidad con el mandato concedido por el Coreper, el estudio de este proyecto se continúa en el marco del grupo de consejeros en relaciones exteriores del Consejo. 
El 6 de noviembre se llevó a cabo un primer examen. 
El objetivo es la aprobación de un reglamento a la mayor brevedad posible, dejando bien claro que para ello, el Consejo debe disponer de un dictamen en debida forma de la parte de su Asamblea. 
Gracias por su respuesta. 
Cuando presenté esta pregunta, había, de hecho, un atolladero en el Consejo y no había debate, lo que constituyó la razón para presentarla. 
Pero acojo con satisfacción que ahora se esté moviendo el Consejo y de que en la Comisión de Asuntos Exteriores tengamos una copia de su documento en el que se dice cuál va a ser el compromiso. 
Señor Presidente en ejercicio, quiere usted el dictamen del Parlamento y tenemos entendido que se propone adoptar una decisión el próximo mes de diciembre. 
Si le digo que el Parlamento va a debatir este asunto en enero, me gustaría saber si esperará a que emitamos nuestro dictamen antes de adoptar su decisión. 
Sólo puedo repetir la conclusión de mi respuesta, a saber, que nuestro objetivo es la adopción de un reglamento a la mayor brevedad posible, pero que, para ello, el Consejo debe disponer de un dictamen como es debido de la parte del Parlamento Europeo. 
Así debe ser. 
Por tratarse de asuntos semejantes las preguntas nº 2 y nº 3 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0819/00): 
Asunto: Sahara Occidental Los pasados 13, 14 y 15 de septiembre, una delegación del Intergrupo sobre la paz para el pueblo saharaui del Parlamento Europeo, de la que yo misma formaba parte, visitó los campamentos de refugiados saharauis del sudeste de Argelia. 
Allí nos entrevistamos con los altos cargos de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) , y en particular con su Presidente, así como con los representantes de la Minurso. 
Esta última ha realizado un trabajo de identificación notable, destinado a la elaboración del censo electoral; se trata de un paso previo a la celebración del referéndum de autodeterminación previsto en el plan de arreglo del Secretario General de las Naciones Unidas y que han firmado el Gobierno marroquí y el Frente Polisario. 
Marruecos, en particular, ha interpuesto un elevado número de recursos, que son un obstáculo manifiesto a la realización del referéndum. 
La delegación ha podido constatar las terribles condiciones de vida de los refugiados. 
El aplazamiento constante del referéndum y el fracaso de las negociaciones de Berlín el pasado 28 de septiembre son motivo de gran preocupación y de una enorme decepción entre la población. 
Asimismo, tuvimos ocasión de comprobar que se desea ver un compromiso más claro por parte de la Unión Europea para solucionar un conflicto que hace imposible la estabilidad en la región. 
¿Qué iniciativas va a adoptar la Presidencia del Consejo, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su resolución de 16 de marzo de 2000, para desempeñar un papel más activo con el fin de garantizar la aplicación total y absoluta del plan de paz de la ONU? 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0846/00): 
Asunto: Referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental Las conversaciones en curso entre el mediador internacional James Baker, delegado del Secretario General de la ONU, y las partes en conflicto para la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, están bloqueadas. 
En la reunión celebrada el pasado 28 de septiembre en Berlín, las autoridades marroquíes han evocado la posibilidad de abandonar el Plan de Paz para la organización del referéndum. 
De otra parte, el Presidente de la Comisión tiene programada una visita a Marruecos y a Argelia para el mes de noviembre. 
¿Qué iniciativas está desarrollando o se propone desplegar el Consejo en apoyo al Plan de Paz, para que el referéndum se celebre cuanto antes, evitando los peligros que para la región supondría la reanudación del conflicto? 
¿Cuál es la valoración política del Consejo sobre el impasse actual y cuáles son sus orientaciones para contribuir a una justa solución del conflicto? 
- (FR) El Consejo de la Unión Europea aporta su apoyo al proceso en curso a las Naciones Unidas. 
Apoya los esfuerzos realizados actualmente por el enviado especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. James Baker, que por ahora me parece un poco ocupado con otras obligaciones, pero eso acabará por pasar, con el fin de encontrar una solución justa y mutuamente aceptable en el Sahara Occidental. 
El Consejo está dispuesto a ayudar a crear un clima de confianza entre las partes y a tratar de instaurarlo. 
Un arreglo del conflicto del Sahara Occidental debe contribuir a la estabilidad del Maghreb y a su desarrollo económico y social. 
Sin embargo, resulta que este expediente es competencia de la Organización de las Naciones Unidas y del delegado del Secretario General, cuya acción perseverante en este complejo expediente debe recibir nuestro apoyo. 
Desde hace varios meses, la misión del Sr. Baker persigue un doble objetivo. 
Efectivamente, se trata a la vez de intentar resolver las dificultades que presenta la puesta en práctica del plan de arreglo, que debe llevar a la celebración de un referéndum de autodeterminación el pueblo sarahui y, por otra parte, tratar de llegar a un acuerdo político. 
Acaba de concederse a las partes un nuevo plazo de cuatro meses- es la resolución 1324- para esforzarse en progresar en ambos frentes. 
No obstante, al Consejo le preocupa la situación de las poblaciones de los campos de Tindouf en el plano humanitario y alimentario. 
El compromiso activo de la Unión Europea merece destacarse a este respecto. 
La Unión Europea es el proveedor más importante de ayuda humanitaria a los refugiados saharuis a través del programa ECHO- se han previsto 10,58 millones de euros para el período 1999-2000, así como una ayuda de 9 millones de euros a partir de noviembre de 2000 por un período de ocho meses, que se encuentra actualmente en curso. 
Gracias por su respuesta. 
Usted habla de una solución mutuamente aceptable. 
Yo misma visité los campos de Tindouf donde la situación, muy difícil, perdura desde hace 25 años. 
En todo caso, nos vemos obligados a constatar que una de las dos partes- Marruecos, en este caso- que tiene un peso diplomático y goza de todos los medios de un Estado, hace menos esfuerzos por garantizar la aplicación del Plan de Paz, es decir, los acuerdos de Houston que, con todo, firmó. 
Continúa hablando de un problema de integridad territorial: son los términos empleados por el rey, especialmente durante su último discurso del trono. 
Ahora bien, se trata del proceso de autodeterminación de un pueblo y de la aplicación de resoluciones de las Naciones Unidas. 
Cualquiera que sea el resultado del referéndum- la independencia o la integración a Marruecos- me parece que es la vía democrática, y por tanto eficaz, que permitirá resolver por fin este conflicto. 
De lo contrario, la exacerbación de la tensión actual y la posibilidad de que vuelvan a recurrir a las armas serían peligrosas para toda la región en el momento en que se está hablando- se hablaba de ello aquí hace un momento- de dar nuevo ímpetu a la asociación euromediterránea. 
¿Cómo lograr dar este nuevo ímpetu sin la resolución de este conflicto? 
Se conocen los estrechos vínculos que existen entre la Unión Europea y Marruecos, y más especialmente entre Francia y Marruecos. 
Quisiera formular aquí la siguiente pregunta al Sr. Moscovici: ¿qué contenido, qué tipo de discusión mantienen ustedes actualmente con el Gobierno marroquí sobre el Sahara Occidental? 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos entregó al finalizar la reunión en Berlín, el 28 de septiembre de 2000- creo que usted lo sabe­ una declaración en la que reafirma su disponibilidad para agotar todos los medios posibles con vistas a elaborar una solución durable y definitiva. 
Rabat parece haber comprendido ahora que su propuesta no respondía a las expectativas del Secretario General de la ONU y de su delegado, y que debía ser el punto de partida de la exploración de una solución justa y definitiva. 
Por tanto, Marruecos ha enviado a su Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación a Nueva York, el 26 de octubre, con el fin de tener una audiencia en sesión privada con el Consejo de Seguridad después de la audiencia del Secretario General del Polisario, que tuvo lugar el 19 de octubre. 
En el curso de su intervención, el Sr. Ben Aissa señaló que se presentaría un expediente completo sobre la dimensión y el contenido de la propuesta marroquí en la próxima reunión de las partes, bajo la égida del Sr. Baker. 
Según el Sr. Ben Aissa, Marruecos sólo había adelantado en Berlín una propuesta de diálogo y había esbozado los contornos. 
La posición de Francia es considerar que la disponibilidad anunciada por Marruecos en Berlín constituye un primer paso dirigido a salir del estancamiento actual del proceso de arreglo, que ese paso debe ser entendido como el punto de partida de la exploración de una solución, pero que deberá precisarse y adquirir más substancia para constituir una oferta política que pueda ser tomada en consideración por todas las partes. 
Esto es lo que exponemos a nuestros socios marroquíes. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, yo creo que la UE podría ejercer una influencia mucho mayor en el Magreb si la vinculación con el proceso de reformas en Marruecos fuese aún más sólida. 
Yo quisiera preguntarle en qué situación se encuentra el acuerdo de asociación con Marruecos. 
Como usted sabe, aquí ya debatimos el acuerdo pesquero. 
También en este caso es preciso alcanzar una solución. 
Pero yo creo que el tema del acuerdo de asociación es muy urgente. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0820/00): 
Asunto: El transporte seguro de materiales radiactivos en la UE ¿Qué consultas se han llevado a cabo entre el Consejo (los ministros de Transporte, Medio Ambiente y Energía) y la Presidencia francesa y el Grupo permanente de trabajo (expertos) sobre el transporte seguro de materiales radiactivos en la UE, con anterioridad, o posterioridad, al anuncio del Gobierno alemán en septiembre de 2000 de que reanudaría el transporte transfronterizo de materiales radiactivos, suspendido en mayo de 1998 por razones de seguridad? 
- (FR) El transporte de materiales radiactivos en Francia se realiza de conformidad con una legislación pertinente. 
Se trata especialmente de la Directiva núm. 94/55/CEE del Consejo, del 21 de noviembre de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera, y la Directiva núm. 96/49/CEE del Consejo, del 23 de julio de 1996, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros respecto al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, que se aplican al transporte de materiales radiactivos y fijan diversas prescripciones técnicas en lo que concierne a los vehículos, marcas y embalajes. 
La organización del transporte de materiales radiactivos entre Francia y Alemania es objeto de consultas bilaterales entre ambos países. 
Ni el Consejo de Ministros, ni la Presidencia francesa como tal participan en esas consultas. 
Simplemente puedo señalarle que Francia y Alemania- aquí ya no me expreso como Presidente del Consejo- mencionaron estos asuntos en el curso de una cumbre bilateral en Vittel, la semana pasada, y que se decidió constituir un grupo de trabajo con el fin de remediar el problema. 
Lamento informar al Ministro de que en realidad no ha respondido a mi pregunta. 
He preguntado qué consultas se celebraron entre el Consejo, la Presidencia francesa y el grupo de trabajo permanente de expertos. 
He formulado esa pregunta porque sólo tres semanas después de que el grupo de expertos del Consejo, el grupo de trabajo permanente sobre transporte sin riesgos de materiales radiactivos, publicó un informe en abril de 1998 en el que daba el visto bueno sanitario a la forma como se transportaban los residuos nucleares, se descubrió que los transportes estaban contaminados, como sabe el Ministro perfectamente. 
Como están a punto de reanudarse, según he oído decir- y me alegro de saber que se están celebrando todas esas consultas -, ¿podemos conceder crédito alguno al grupo de trabajo sobre residuos? 
Dijo que todo iba a las mil maravillas, pero después se descubrió que los transportes estaban contaminados. 
A la luz de ese descubrimiento, ¿por qué hay sólo representantes de la industria nuclear y de los gobiernos en ese grupo de trabajo de expertos? 
¿Por qué no pueden participar expertos independientes y aportar información detallada que podría ser pertinente? 
¿Podría pedir al Ministro que no se vaya por las ramas en su respuesta? 
Decidimos- una vez más, lo repito- el establecimiento de un grupo de trabajo. 
En lo esencial, se trata de una cuestión bilateral. Sin embargo, tenga la seguridad de que realmente tenemos la intención de lograrlo. 
No se trata de dejar de lado uno u otro elemento, sino con el fin de acabar con ese problema. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0826/00): 
Asunto: Iniciativas comunitarias en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán Tras el largo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que ha supuesto una grave paralización del desarrollo económico y un fuerte impacto en las sociedades de ambos países, se observan últimamente esfuerzos recíprocos de acercamiento que permitirían a estos países salir del estancamiento en que se encuentran actualmente y avanzar en la reconstrucción. 
Así, se han celebrado recientemente por lo menos 11 reuniones entre los presidentes de Armenia y de Azerbaiyán, Robert Korachián y Geitar Aliyev respectivamente (según publica el International Herald Tribune de 7 de septiembre de 2000). 
Hasta la fecha, la Unión Europea ha observado con indiferencia los esfuerzos realizados por ambos países y no ha adoptado ninguna iniciativa al respecto, dejando así campo libre a movimientos intencionados de otros factores estratégicos. 
¿Qué iniciativas diplomáticas piensa adoptar el Consejo en favor del acercamiento entre Armenia y Azerbaiyán, de la solución de los contenciosos bilaterales y del fomento de la colaboración entre ambos países? 
- (FR) La estabilidad y el desarrollo del Cáucaso representan una de las prioridades estratégicas de la Unión. 
Como usted sabe, la Unión Europea sostiene los esfuerzos de mediación en curso para encontrar un arreglo político a todos los conflictos en la región, teniendo como base el respeto de la integridad territorial de los Estados interesados y un grado de autonomía adecuado. 
Por ende, la Unión sigue de cerca los contactos entre Armenia y Azerbaiyán con miras a encontrar una solución al asunto del Alto Kharabakh. 
Es por ello que saluda las reuniones que se celebran periódicamente entre los dos presidentes y hace votos por que esas reuniones permitan llegar a un arreglo político. 
La Unión Europea sigue estando convencida de que el grupo de Minsk, de la OSCE, ha de jugar un papel central en la perspectiva de un arreglo del conflicto del Alto Kharabakh, incluso si los diferentes planes de arreglo propuestos por este grupo en 1997 y 1998 fueron rechazados a la vez por Yerevan y Bakú. 
La Unión recurre además a todos los instrumentos de los que dispone en el marco del acuerdo de asociación y cooperación para contribuir a mejorar las relaciones entre ambos países. 
Gracias a las diferentes instancias de cooperación, es posible establecer un diálogo político periódico encaminado a facilitar los intercambios entre Armenia y Azerbaiyán. 
Al mismo tiempo, la Unión continúa aportando una ayuda material importante a estos dos países, por el intermediario de sus diferentes programas, especialmente TACIS. 
Ha ofrecido financiar proyectos transfronterizos de interés común con miras a contribuir al restablecimiento de relaciones de buena vecindad entre ambos países. 
El compromiso de la Unión Europea ha sido públicamente reconocido por Armenia y Azerbaiyán, que se declararon abiertos a un fortalecimiento de las relaciones entre sus países y la Unión. 
Permítanme decir que la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo no es satisfactoria. 
Tiene el elemento típico de un trámite operativo y no el elemento político de una iniciativa. 
Debemos señalar que para estabilizar la región del Cáucaso hacen falta unas iniciativas y un proyecto más amplios. 
Y una Unión Europea que recientemente- por lo que he leído en los periódicos- ha cambiado de estrategia en sus problemas energéticos y se orienta más hacia la antigua Unión Soviética- con lo que esto significa para la región más amplia- está claro que no se puede quedar pasiva ante el curso de los acontecimientos. 
En este sentido pues, y ya que la pregunta no ha sido formulada para expresar la satisfacción de que todo va bien, sino para expresar una reflexión, creo que puede ser el punto de partida de una política integrada, como la que estamos debatiendo últimamente sobre los Balcanes, es decir, un nuevo pacto de estabilidad para la región del Cáucaso, con la iniciativa política de la Unión Europea, con prioridades y objetivos políticos relacionados con el desarrollo, la autonomía y la democracia en esta región. 
Señor Presidente, para empezar voy a hacer mía la pregunta que ha planteado el Sr. Souladakis, es decir, ¿qué tipo de iniciativas ha emprendido la Unión Europea en este gran problema, que estanca y condena a una región rica a estar en esta situación? 
Más concretamente, una de las grandes cuestiones significativas que crean grandes problemas en la región es el embargo que ha impuesto Turquía a Armenia, quisiera preguntar al señor Presidente en ejercicio del Consejo si en las negociaciones y conversaciones mantenidas con Turquía se ha planteado, aunque sea como un debate académico, el levantamiento del embargo de Turquía a Armenia, que condena a este último país a la pobreza y a la desgracia. 
Comprendo los puntos de vista expresados por los dos señores diputados. 
No tengo mucho que añadir sobre la acción de la Unión, tal como ha sido dirigida. 
En lo que respecta a la discusión con Turquía, salimos de un importante debate sobre este tema y ustedes conocen exactamente las posiciones de la Unión Europea a este respecto. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 6 decae. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0832/00): 
Asunto: Propuestas legislativas para evitar el encubrimiento de refugiados La Presidencia francesa ha propuesto medidas destinadas a endurecer la legislación para las personas que transporten o encubran a refugiados que no tengan derecho a encontrarse en la UE. 
Las propuestas afectan a todo aquel que encubra a un refugiado, incluso a quienes lo hagan sin ánimo de lucro. 
Estas propuestas dan también a los Estados miembros diversas posibilidades de penalizar a las organizaciones que encubran a refugiados, e incluso de disolverlas. 
¿Considera la Presidencia que esta posibilidad de disolver una organización debe aplicarse también a las asociaciones con fines no lucrativos, como las iglesias, los conventos y los partidos políticos? 
Estamos de acuerdo en que la situación de Dover pide a voces nuestra reacción, pero pienso que también muestra otra cosa. 
En los medios de comunicación daneses hemos visto a un chico afgano de catorce años que decía que si uno va a volar, debe tener un agente. 
Ésta fueron sus palabras- un agente -, pero muestra algo de las dificultades a las que se enfrentan las personas huidas para llegar hasta una zona en la que puedan solicitar asilo y aquí es donde radica todo el problema. 
Me gustaría preguntar cómo ve el Consejo que así se contribuya aún más a la criminalización de las acciones humanitarias. 
Nos hallamos en un vado donde los dos grupos de inmigrantes y refugiados son confundidos a menudo. 
¿Qué opina el Consejo al respecto? 
Criminalizar aún más este ámbito contribuirá a que sólo queden las personas sin escrúpulos, los cínicos y aquellos que quieren lucrarse con ello. 
¿Es realmente la política del Consejo contribuir a que el dinero de las personas perseguidas y pobres acabe en los bolsillos de la mafia y de organizaciones similares? 
Creo que el espíritu de los textos europeos quiere que cada Estado miembro tome las medidas necesarias para considerar como una infracción el hecho de facilitar intencionalmente, con ayuda directa o indirecta, la entrada y la circulación, o la estancia irregular en su territorio, de un extranjero no ciudadano de un Estado miembro de la Unión. 
Esa es la filosofía general. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la respuesta del Consejo a la pregunta original. 
Sólo quiero que el Ministro vuelva a insistir en que esta legislación propuesta va dirigida contra quienes explotan y se benefician de personas que están en una situación desesperada y no va encaminada a criminalizar al inmigrante o al inmigrante potencial. 
Va encaminada a poner coto a las bandas que obtienen beneficios económicos de los inmigrantes. 
Eso es lo que ocurrió en Dover. Era un negocio organizado que acabó con la muerte de unas personas en el recinto trasero de un camión, porque otras personas estaban obteniendo beneficios económicos con ellas. 
A eso es a lo que debemos poner fin. 
¿Alentará también el Consejo a los Estados miembros- y en esto es en lo que convengo con la Sra. Frahm- a diferenciar con mayor claridad a los solicitantes de asilo de los inmigrantes ilegales? 
En este momento parece que los Estados miembros están empezando a olvidar sus obligaciones internacionales. 
Tenemos la obligación internacional de tratar adecuadamente a los solicitantes de asilo y aplicarles determinados procedimientos. 
Algunos Estados miembros parecen confundir ahora a los solicitantes de asilo con los inmigrantes ilegales. 
Confirmo la lectura que hace el Sr. Martin. 
Se trata efectivamente de luchar contra las organizaciones criminales implicadas en el tráfico de seres humanos, y no de echarse atrás respecto a los textos de tradición que permiten a los refugiados potenciales ejercer su derecho a pedir asilo en el territorio de la Unión. 
Se trata efectivamente de eso y no de otra cosa. 
Y añado una precisión suplementaria: se trata especialmente, en estos dos textos, de reforzar el marco penal para luchar contra las redes organizadas de pasadores. 
Es efectivamente este tipo de actos y este tipo de organización que deseamos combatir con toda resolución. 
Señor Presidente, señor Ministro, aunque se me ha explicado, sigo sin entender completamente por qué se ha presentado esta imprecisa y parcialmente inhumana propuesta. 
¿No sería más razonable y adecuado que los gobiernos de la UE y el Consejo de Ministros reflexionasen sobre las causas de la inmigración ilegal hacia Europa? 
Quisiera preguntar al Ministro a cuántos países exigen visados actualmente los Estados miembros de la UE ¿a 10 países, a 50 países o quizás a 100 países? 
Según los últimos informes que tengo en mi poder serían 127 países. 
¿Es esta cifra correcta? 
Si es así, ¿opina usted que esto es razonable y que implica una política de asilo humanitaria? 
No tengo otro elemento complementario de respuesta que añadir. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0836/00): 
Asunto: Asesinatos por honor en Turquía En Turquía mueren asesinadas cada año varias decenas de mujeres por cuestiones de honor. 
Es verdad que la Ley turca otorga a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, pero en la práctica muchos hombres siguen matando a mujeres porque han sido violadas, han cometido adulterio o simplemente han tenido contacto con otros hombres. 
Por lo general, las penas impuestas a los asesinos no son largas, algunos salen del paso con condenas de solamente dos años. 
Turquía está preparando una nueva ley que prohibe la reducción de las penas. 
Se trata de una reforma necesaria, pero es aun más importante que los altos cargos religiosos condenen los asesinatos por honor, que son contrarios al Islam. 
No sólo se requieren leyes, sino también medidas destinadas a alentar el debate y concienciar a la opinión pública. 
¿Qué va a hacer el Consejo para que Turquía adopte medidas más eficaces para combatir los asesinatos por honor? 
- (FR) La señora diputada ha llamado la atención del Consejo sobre el asunto de los crímenes por honor en Turquía. 
Estas prácticas parecen encontrarse en franca regresión y ya sólo serían, según se nos ha dicho, residuales en las zonas rurales. 
El Consejo sigue, no obstante, preocupado por esos crímenes que se llevan a cabo a menudo en condiciones intolerables. 
El Gobierno turco ha introducido reformas importantes destinadas a luchar mejor contra tales actos, naturalmente prohibidos por la legislación nacional. 
En el informe que el Consejo de Ministros turco aprobó el pasado 21 de septiembre como programa de reforma, figuran en la parte de las modificaciones legislativas varios proyectos: inscribir en el código civil medidas que refuercen la igualdad efectiva de los hombres y las mujeres en los ámbitos socioeducativos; luchar mejor contra las violencias familiares; condenar mejor esas violencias mediante la creación de jueces especializados en el ámbito de la familia y, por último, prohibir la posibilidad de una reducción de pena por crimen de honor. 
Tenga la seguridad de que el Consejo se mostrará particularmente vigilante respecto a la aplicación de estas medidas que participan del respeto de los criterios de Copenhague ampliamente mencionados hace un momento. 
En todo caso, los crímenes de honor no son un problema específico a Turquía, ya que afectan a un gran número de países en el mundo. 
Por tanto, el Consejo ha sostenido la iniciativa neerlandesa de introducir este año, en el marco de la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un proyecto de resolución contra estos crímenes, que todavía se encuentra en curso de examen. 
El Consejo observa que Turquía también ha brindado su apoyo a esta iniciativa. 
Sin entender cómo se puede justificar un fenómeno tan bárbaro como los asesinatos por honor, podemos comprobar que cada año docenas de mujeres son asesinadas a sangre fría por sus hermanos, padres, primos o maridos, diciendo que es para mantener el honor de la familia. 
Para la familia, y especialmente para los hombres de la familia, la condición, el honor y la honra están avalados por una serie de pertenencias, incluidas las mujeres de la familia. 
Según este concepto, muchos miembros de la familia tienen la potestad y el deber de asesinar a una mujer de la familia cuyo valor ha menguado por haber sido deshonrada. 
No importa si ella ha pecado voluntariamente o involuntariamente o si ha sido violada. 
Es positivo que el Consejo destaque las iniciativas que se han adoptado y también es importante prohibir que se rebajen las penas, pero lo es aún más oponerse a la aceptación general de los asesinatos por honor. Mi pregunta al Consejo es: ¿existe la disposición de actuar enérgicamente para romper esta espiral de violencia exigiendo, por ejemplo, que los líderes musulmanes rechacen oficialmente los asesinatos por honor? 
Creo efectivamente que es preciso luchar en contra de estos crímenes por todos los medios, absolutamente todos los medios, y compruebo que tanto el Consejo de la Unión como la Asamblea General de las Naciones Unidas y, a mi juicio, el Gobierno turco, están dispuestas a hacerlo. 
Es preciso que este tipo de crímenes regresivos, de otra época, desaparezcan. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0839/00): 
Asunto: Actitud del Ministro francés encargado de Asuntos Europeos con respecto a Austria En una entrevista con el canal de televisión francés "France 3" el Ministro francés encargado de Asuntos Europeos, Pierre Moscovici, ha vuelto a subrayar su rechazo con respecto al Gobierno austríaco. Ha afirmado que sigue estando convencido de que la coalición gubernamental entre el ÖVP y el FPÖ es "anormal" y que el FPÖ es un "partido racista y xenófobo". 
¿Cómo justifica el Consejo que un representante oficial de la Presidencia francesa del Consejo, incluso después del juicio positivo sobre Austria emitido en el informe de los "sabios" y de la consiguiente supresión de las "sanciones" injustificadas contra Austria, siga manteniendo, sin que se le contradiga, una actitud de rechazo, agresiva e hiriente de esta índole frente a un miembro de pleno derecho de la Unión Europea? 
¿Puede explicar el Consejo si las declaraciones del Ministro francés encargado de Asuntos Europeos representa la actitud de la Presidencia francesa del Consejo de la UE o si, por el contrario, se trata de la opinión privada del Sr. Moscovici? 
¿Puede confirmar el Consejo que de las declaraciones y de la actitud del Sr. Moscovici no resultarán para Austria ni su Gobierno desventajas ni trato desigual de ningún tipo a la hora de realizar los importantes y amplios proyectos europeos previstos? 
¿Cuándo va a tener lugar un distanciamiento público de las afirmaciones de Moscovici y una clarificación por parte del Consejo? 
- (FR) Es verdad que, al leer esta pregunta, me pregunté qué podía haber contado ese Ministro francés encargado de Asuntos Europeos que, cito la pregunta: "ha vuelto a subrayar su rechazo con respecto al Gobierno austríaco. Ha afirmado que sigue estando convencido de que la coalición gubernamental entre el ÖVP y el FPÖ es" anormal "y que el FPÖ es un" partido racista y xenófobo ". 
El autor de la pregunta continúa: ¿Cómo justifica el Consejo que un representante oficial de la Presidencia francesa del Consejo ,... siga manteniendo, sin que se le contradiga, una actitud de rechazo, agresiva e hiriente de esta índole frente a un miembro de pleno derecho de la Unión Europea? 
" ¿Puede explicar el Consejo si las declaraciones del Ministro francés encargado de Asuntos Europeos representa la actitud de la Presidencia francesa del Consejo de la UE o si, por el contrario, se trata de la opinión privada del Sr. Moscovici? 
Por último, " ¿Puede confirmar el Consejo que de las declaraciones y de la actitud del Sr. Moscovici no resultarán para Austria ni su Gobierno desventajas ni trato desigual de ningún tipo a la hora de realizar los importantes y amplios proyectos europeos previstos? 
¿Cuándo va a tener lugar un distanciamiento público de las afirmaciones de Moscovici y una clarificación por parte del Consejo? " 
No esta noche, y ahora contesto, ya que conozco al ministro en cuestión y voy a darle una respuesta del Consejo. 
En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. diputado, la Presidencia recuerda que la situación política en Austria y las medidas bilaterales adoptadas por los demás Estados miembros con respecto a este país, que luego fueron retiradas, no son competencia del Consejo, puesto que se trata de medidas bilaterales. 
Por tanto, la Presidencia no tiene por qué dar una respuesta sobre este punto. 
Sin embargo, cae por su propio peso que, una vez retiradas estas medidas, no existiría en lo sucesivo ningún tipo de desventaja ni trato desigual para Austria ni su Gobierno, puesto que no hay medidas a este respecto. 
En cambio, a título personal, puedo confirmarle que las declaraciones expresadas por dicho ministro en France 3 reflejan efectivamente lo que piensa sobre este asunto. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, con su respuesta, usted acaba de demostrar que se ha apropiado a nivel personal del Consejo. 
También ha demostrado que sus prejuicios personales, que se contradicen con la realidad austríaca y con el informe del "comité de sabios" también condicionan fuertemente su actuación como Presidente del Consejo, como queda patente en su itinerario para preparar la "gira de las capitales" del Primer Ministro y el Presidente del Consejo franceses. 
En consecuencia, yo le pregunto: ¿cuándo va a decidirse a ejercer sus funciones respetando plenamente el espíritu de Robert Schumann y sobre la base del contenido del informe del "comité de sabios" y de la realidad austríaca, sin dejarse guiar por sus prejuicios personales. 
No se trata de un asunto de prejuicios personales. 
Yo puedo tener, como todo el mundo, aquí y en todos lugares, un análisis político sobre la naturaleza del gobierno. 
Observo, por lo demás, que los sabios se pronunciaron y que, por ejemplo, los adjetivos racistas y xenófobos figuran en su informe, en todo caso en forma de pregunta. 
Por lo demás, puedo asegurarle que en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, estos puntos de vista personales no tienen ningún tipo de influencia. 
Reitero: ninguna. 
El Gobierno austríaco es el gobierno legítimo de un país de la Unión Europea. 
Su forma puede aprobarse o desaprobarse. 
En todo caso, se tomaron medidas precisamente porque los otros 14 países la desaprobaban. 
Hoy, ya no hay medidas y, por tanto, vamos a tratar a ese Gobierno como a cualquier otro. 
Por otra parte, siempre ha sido así en el marco de la Unión, puesto que las medidas mencionadas fueron bilaterales, se los recuerdo. 
Por tanto, le tranquilizo plenamente, en el marco de la Unión, el Gobierno austríaco se considera totalmente en pie de igualdad con los demás. 
Participa en todos los Consejos en el marco de esta Presidencia. 
En lo relativo al viaje del Jefe de Estado, del Presidente de la República, Jacques Chirac, naturalmente que se detendrá en Viena, es evidente. 
Añado que el Presidente de la República irá acompañado, como es la tradición, de un ministro de su Gobierno, ya sea el Ministro de Asuntos Exteriores, o yo mismo. 
La semana próxima, habrá una reunión de la Conferencia Europea, a invitación mía, en Francia, es decir con los países candidatos. 
Me anuncian que vendrá la Sra. Ferrero-Waldner. 
La recibiré con mucho gusto. 
En todo caso, es preciso distinguir bien entre dos cosas. 
Una es la Presidencia francesa de la Unión Europea, que tiene sus deberes y los ejerce en toda objetividad, y otra es la opinión política que un hombre político puede tener sobre una situación política. 
Y en este sentido, no la cambio. 
Señor Presidente, yo comparto la opinión del señor Presidente del Consejo en el sentido de que los partidos de extrema derecha no tienen cabida en los Gobiernos. 
En Austria esto tampoco sería posible en ningún caso, pues los partidos de esas características están prohibidos. 
Mi pregunta al señor Presidente del Consejo es la siguiente: ¿Cómo se explica que los partidos de extrema derecha no estén prohibidos en Francia y qué opina el señor Presidente del Consejo sobre la participación de partidos de extrema izquierda en los Gobiernos? 
Señor Presidente del Consejo, permítame que añada una pequeña observación: yo amo a Francia y también a los franceses, y el encanto de los hombres franceses es por regla general- digo por regla general- insuperable. 
Las disgresiones sobre Francia y sobre el encanto de los hombres franceses son muy interesantes en este Parlamento pero el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo debe contestar en su condición de tal. No como varón francés ni en clave de política interior. 
Simplemente me preguntaba por qué utilizó usted la expresión "por ejemplo", tratándose del encanto de los franceses, creo que es totalmente general, al menos, así lo espero. 
Sencillamente quería decir que no hay discriminación alguna en la materia respecto a uno u otro país. 
Pongo un ejemplo: si el día de mañana en mi país, Francia- y aquí me expreso en mi calidad de ministro- llegara al poder un partido de extrema derecha, yo desearía que se tomaran en contra de mi país medidas del tipo que se tomaron en contra de Austria. 
Por tanto, no hay discriminación con respecto a uno u otro país. 
Creo que hay un cierto número de valores que son los valores de la Unión Europea y que toleran mal, efectivamente, la accesión de ciertos países a ciertas responsabilidades. 
Esa es la posición política. 
Una vez dicho esto, quisiera precisar, estimada señora, que quiero a Austria y quiero a los austríacos en general. 
Voy a contestarle sobre el primer punto de manera muy clara. 
Esas medidas bilaterales demostraron su alcance y sus límites. 
Se tomaron y se retiraron, y creo que, efectivamente, es preciso proponer un mecanismo jurídico inscrito en los Tratados. 
Y a este respecto, varios países, entre ellos Austria, hicieron propuestas de modificación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, con miras a instituir un mecanismo de prevención y de alerta, que permita a un país del que cabe pensar que no está en conformidad con los valores de la Unión Europea, recibir recomendaciones sin dejar de ser escuchado. 
Esa es la propuesta del Gobierno austríaco, por ejemplo. 
Puedo asegurarle que esta propuesta se tiene perfectamente en consideración, y estoy convencido de que debemos lograr, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, una reforma del Tratado que vaya en este sentido. 
Por lo demás, yo no pronuncié aquí las palabras "extrema izquierda" ni "extrema derecha" porque correríamos el riesgo de tener un debate sobre la definición. 
Cuando usted explica que los partidos de extrema derecha están prohibidos en Austria, está muy bien. 
Pero también cabe interrogarse sobre qué es o qué no es la extrema derecha. 
Por mi parte, yo he querido hablar de valores: hablé de valores tal como figuran en nuestro textos, hablé de valores tal como se han reafirmado en la Carta de los Derechos Fundamentales y hablé especialmente- es verdad- de la lucha contra todas las discriminaciones, que está inscrita en el frontispicio de los textos europeos. 
Eso es lo que debemos hacer respetar. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0842/00): 
Asunto: Respuesta del Consejo a la carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ismail Cem En una intervención complementaria durante el turno de preguntas del 5 de septiembre de 2000 (pregunta H-610/00) , tuve la ocasión de preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo cuál era su respuesta a la carta dirigida por el Ministro turco de Exteriores Ismail Cem a sus homólogos comunitarios, con la que pretendía promover su interpretación personal de las decisiones de la Cumbre de Helsinki. 
La réplica del Presidente, en la que afirmaba no tener una respuesta concreta a esta cuestión y aludía a la Cumbre de Helsinki como nuestra pauta común, no constituye, desde luego, una respuesta a las observaciones tan concretas que se hacen en la carta de Ismail Cem. 
¿Cuál es la respuesta del Consejo al punto de la carta de Ismail Cem en el que se sostiene que en la asociación no puede vincularse la cuestión chipriota con las relaciones UE-Turquía, y que dicha vinculación constituiría una vulneración de las condiciones de Helsinki? 
- (FR) El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Sr. Cem, dirigió efectivamente una carta a sus homólogos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La carta no se presentó al Consejo, pero la Presidencia, naturalmente, contestó al Sr. Cem. 
Los términos de esta respuesta fueron comunicados al conjunto de los Estados miembros. 
En lo relativo a la asociación de adhesión de Turquía que usted menciona, la Comisión presentó sus propuestas el pasado 8 de noviembre, al mismo tiempo que sus informes sobre los progresos realizados por cada uno de los 13 candidatos a la adhesión. 
El Consejo debe ahora examinar esta propuesta. 
La Presidencia mantiene su objetivo de adopción de la asociación durante el Consejo "Asuntos Generales" del 20 de noviembre. 
¿No pudo, por tanto, mencionarse a fondo este asunto de la asociación en la respuesta dirigida por el Sr. Vedrine al Sr. Cem? 
Sin embargo, la Presidencia pone de relieve en esta ocasión la importancia que se concede a hacer de esta asociación un instrumento útil para las definiciones del futuro programa nacional de recuperación del acervo comunitario por parte de Turquía y para la puesta en práctica de la estrategia de preadhesión de este país, de conformidad con la letra y el espíritu de las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. 
Creo, además, que el debate que tuvimos hace un momento sobre Turquía permite ilustrar el espíritu en el que desean trabajar tanto el Consejo como la Comisión. 
Agradezco al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo que haya mencionado tan correctamente la propuesta sobre una decisión del Consejo sobre la asociación, que es un elemento nuevo. 
Por eso mis preguntas van a ser muy concretas, basándome en el texto de la Comisión. 
Primero, ¿le es posible al Consejo aceptar un texto sobre Turquía en el que no hallamos la palabra minoría, ni la palabra kurdo? 
Segundo, ¿le es posible al Consejo admitir un texto en el que, en los objetivos a largo plazo, no está siquiera la postura de Helsinki sobre las "diferencias fronterizas, como dice, entre un país candidato a la adhesión y un país miembro de la Unión Europea"? 
Y tercero, ¿Puede ser que en un texto de este tipo, en relación con el problema de Chipre, leamos esta ridícula postura de la Comisión "que Turquía apoye los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas" en lugar de "que Turquía admita una solución basada en las decisiones de las Naciones Unidas"? 
Tratándose de minorías, especialmente del problema kurdo, creo que todo aquel que haya escuchado el debate de hace unos momentos sabe bien que estos temas son conocidos tanto por la Comisión como por el Consejo y que ambos los tienen en cuenta. 
Tratándose del arreglo político en Chipre al que usted se refiere, Sr. Alavanos, este asunto seguirá tratándose con Turquía, tal como nos comprometimos a hacerlo en Helsinki. 
Les recuerdo que este diálogo político constituye, a la par de la futura asociación para la adhesión, uno de los elementos de la estrategia de preadhesión de Turquía definidos en esta ocasión. 
El Consejo "Asuntos Generales" del próximo lunes, 20 de noviembre, debatirá precisamente la propuesta de asociación de adhesión que acaba de formular la Comisión y que implica referencias sumamente claras, explícitas, precisas, a las conclusiones de Helsinki. 
Este es el espíritu en el que vamos a trabajar. 
La Presidencia del Consejo hará todo lo que esté a su alcance para llegar a un buen acuerdo. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi sorpresa. 
Es decir, tenemos la situación siguiente sobre la que quisiera que nos contestase el Sr. Ministro. 
Para empezar, en las conclusiones de Helsinki dice que la solución a la cuestión de Chipre no es una condición para su anexión. 
Y el problema de Chipre no es un problema cualquiera. 
Es una cuestión concreta de un ataque y una ocupación de una parte significativa del territorio de un país miembro de las Naciones Unidas, candidato a la adhesión a la Unión Europea, por parte de otro país, también miembro de las Naciones Unidas y también candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
¿Y decimos que el fin de esta ocupación no es una condición para solucionar la cuestión de Chipre? 
Además, ¿cómo ve la postura del Sr. Cem- no ha respondido el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Moscovici- que dice que para avanzar en la asociación de Turquía con la Unión Europea, no es posible tomar en cuenta la cuestión de Chipre? 
Es decir, hay alguna posibilidad de que se fomenten esta asociación y la anexión de Turquía a la Unión Europea sin poner fin a la ocupación de Chipre y sin que Turquía se lleve de Chipre a sus habitantes? 
Porque si es así, no nos acusen cuando consideramos a la Unión Europea un organismo imperialista. 
Yo estuve presente en el Consejo Europeo de Helsinki, incluso en la sala, en el momento en que se trataron esos temas. 
Sé que aceptamos, y cuando digo aceptamos, hablo de los Quince, incluida pues Grecia, la candidatura de Turquía. 
Lo hicimos tomando conclusiones que son sumamente precisas, que nos comprometen, que siguen comprometiéndonos. 
Y de eso es lo que se trata. 
Todo eso, y nada más que eso. 
Es una cuestión de traducción. 
Yo no dije que es verdad que hay un régimen imperialista en Turquía, dije que si la Unión Europea acepta esta lógica, es decir, la posibilidad de que Turquía se adhiera a la Unión Europea sin dejar de ocupar una gran parte de Chipre, no hay que decir que no tenemos razones para tratar a la Unión Europea de imperialista. 
No había problema de traducción en mi respuesta. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 11 decae. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0850/00): 
Asunto: Consecuencias de un Acuerdo de Pesca con Marruecos y sus características Según las últimas negociaciones mantenidas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos para la consecución de un Acuerdo de Pesca ¿podría alcanzarse este Acuerdo antes de finalizar este mes de noviembre de 2000? 
¿Qué características tendría este nuevo Acuerdo de Pesca? 
¿Satisface las necesidades fundamentales del sector? 
¿Atiende preferentemente a las necesidades de las regiones Objetivo 1 afectadas? 
Señor Presidente, le agradezco mucho al Presidente del Consejo esta respuesta tan positiva, en cierto modo optimista, esperanzadora. 
Hay que tener en cuenta que el acuerdo de pesca con Marruecos es mucho más que un simple acuerdo de pesca y que, como él sabe, si no se llegara a este acuerdo, teniendo en cuenta lo que ello significa, este hecho podría esconder un deterioro de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. 
Yo quisiera preguntarle si la Presidencia francesa, en estas próximas semanas, va a impulsar el que por fin se llegue a este acuerdo. 
Es muy necesario, señor Presidente del Consejo, que la Presidencia francesa impulse esta recta final porque el Comisario Fischler carece de la imaginación mediterránea necesaria para poder alcanzar un acuerdo. 
Es más difícil que él llegue a tener éxito en algo que es puramente mediterráneo, que Pitres, pueblo granadino de La Alpujarra, consiga su puerto y, digo más, la ampliación de su puerto. 
Dada esta realidad, mi pregunta es si la Presidencia francesa, que sí tiene voluntad e imaginación, hará posible que consigamos un acuerdo de pesca, necesario después de once meses de flota amarrada. 
Andalucía y Galicia, regiones del Objetivo 1, lo necesitan y son muchos los europeos del mar y de la tierra que precisan este éxito. 
No lo sé, ya que no es exactamente un mediterráneo que negocia este acuerdo de pesca, sino el Comisario de Agricultura y Pesca, Franz Fischler. 
Pero, no tengo la menor duda de que demostrará, sin embargo, imaginación. 
Mi respuesta no quería ser una muestra de optimismo ni esperanza, sino indicar sobre todo una voluntad, la de la Presidencia francesa de la Unión Europea, a saber, que deseamos poder concluir un acuerdo, un buen acuerdo. 
¿Qué es un buen acuerdo? 
Es un acuerdo que respete las ideas comunitarias, que se preocupe de los intereses del conjunto de las regiones de la Unión Europea, y he escuchado muy bien las preocupaciones que ustedes expresaron y que al mismo tiempo permiten encontrar buenos términos de entendimiento con Marruecos. 
Estamos trabajando en ese sentido y ésta es, sin duda alguna, la vía que vamos a seguir. 
Señor Presidente, voy a hacer una pregunta, no se preocupe. 
En todo caso, permítame que diga que ni es mediterráneo el Sr. Fischler, ni tampoco es atlántico y, además, tenemos la desgracia de que hay un Director General de Pesca que es del norte del Atlántico y que conoció los problemas de la pesca cuando fue nombrado recientemente para ese cargo. 
En este sentido, la pregunta que yo le hago al Sr. Ministro es la siguiente: La propuesta que conocemos de Marruecos, en principio, se referiría a que se pretende reducir, como mínimo al 25 %, la flota de Galicia, Andalucía, Canarias y también de Portugal que faena en las aguas de Marruecos. 
El acuerdo que propone es para dos años en lugar de cinco y, además, pretende que la Unión Europea le pague los 21.000 millones de pesetas que le está pagando actualmente. 
Permítame que diga que la voluntad política manifestada en la práctica- no en teoría- por parte de los negociadores comunitarios fue absolutamente nula o, en todo caso, insuficiente. 
Por ello, he de manifestar mi escepticismo sobre el resultado. 
Le pregunto al Sr. Ministro lo siguiente: ¿Cree que es admisible negociar sobre la reducción que he mencionado y sobre el mantenimiento del coste para la Unión Europea del Acuerdo con Marruecos? 
Mi respuesta sobre los orígenes nórdicos o mediterráneos era una salida para responder a la ocurrencia del presidente, era a su vez una ocurrencia. 
El Comisario se encarga de la agricultura y de la pesca, en nombre de toda la Unión Europea, poco importa que venga del sur, como del norte, el centro o el este. 
Simplemente quiero recordarles cuál ha sido el desarrollo de las negociaciones en materia de pesca. 
El Comisario Fischler se entrevistó con las más altas autoridades marroquíes en diferentes ocasiones. 
Se celebraron dos reuniones técnicas en Rabat, el 25 de julio de 2000, y en Bruselas, los días 27 y 28 de septiembre de 1999. 
Durante esas reuniones técnicas, la delegación comunitaria, encabezada por el Director General Smith, presentó las acciones que le era posible avizorar en el marco de una nueva asociación con Marruecos, con el fin de favorecer el desarrollo del sector pesquero marroquí. 
Con este motivo, es preciso reconocer que la parte marroquí no ha respondido a la oferta comunitaria. 
La impresión, que tenemos nosotros, de estancamiento de las negociaciones llevó al Comisario Fischler a pedir una nueva reunión con el Primer Ministro Youssoufi, el 16 de octubre de 2000. 
Se entrevistó con el Rey Mohammed VI, el Primer Ministro Youssoufi y el nuevo ministro de pesca marítima, Sr. Chbaatores. 
Estas entrevistas parecen haber impulsado por fin las negociaciones y se celebró una nueva reunión con una delegación marroquí el 30 de octubre de 2000. 
Es, pues, muy reciente. 
Por ello, pienso que es necesario fijar una meta, no mostrar un optimismo excesivo, pero tampoco un pesimismo poco razonable. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0854/00): 
Asunto: Derechos fundamentales y justicia penal ¿Es consciente el Consejo de que las condiciones de detención preventiva que padecen los camioneros presos en determinados puertos del Canal de la Mancha incumplen generalmente los requisitos exigidos por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos para las detenciones y en relación con el derecho a un juicio justo? 
¿Es asimismo consciente de la grave situación equivalente en que se encuentra el sistema judicial penal portugués? 
¿Piensa el Consejo presentar en consecuencia alguna propuesta de reconocimiento recíproco de sentencias en asuntos penales hasta que todos los Estados miembros cumplan plenamente los requisitos mínimos en materia de derechos humanos? 
- (FR) Señor Presidente, señor diputado, no corresponde al Consejo pronunciarse en relación con los comportamientos mencionados por el Sr. diputado, comportamientos constatados en el territorio de uno u otro Estado miembro y que serían contrarios a los principios enunciados en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos firmado y ratificado por cada uno de ellos. 
Tratándose de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones penales, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, cabe observar que este principio debe permitir el fortalecimiento de la cooperación de los Estados miembros, pero también de la protección de los derechos de las personas. 
El principio de un reconocimiento mutuo de las decisiones penales supone una confianza recíproca de los Estados miembros en sus sistemas de justicia penal. 
Esta confianza se basará precisamente en normas mínimas, especialmente en materia de procedimiento, cuya adopción constituye un requisito previo a la aplicación del reconocimiento mutuo. 
Los Estados miembros de la Unión Europea tienen en común la adhesión a los principios de la libertad, de la democracia, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales así como el Estado de derecho. 
El Consejo continuará sus trabajos en materia de reconocimiento mutuo de las decisiones penales atendiendo a estos valores inscritos en el Tratado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, tengo en mi escritorio un documento que presentaron a un ciudadano de mi circunscripción en la cárcel de Longuenesse, en el norte de Francia, tres meses después de su detención como sospechoso de haber cometido delitos relacionados con las drogas. 
Está en francés... y no se facilitó una traducción ni una interpretación al interesado. 
Lleva ya cinco meses detenido. 
Tengo la carta de la hermana de otro ciudadano de mi circunscripción que, según me señala, lleva encarcelado en situación similar desde el 28 de marzo de 2000. 
A esos presos no se les brinda la oportunidad de elegir a sus abogados. 
Son pocas las oportunidades en que dichos abogados los visitan o les explican los cargos que pesan contra ellos. 
Se trata de ciudadanos de Escocia, donde, después de 110 días de detención, cualquier persona acusada de un delito debe ser juzgada o puesta en libertad y nunca se puede volver a acusarla de ese delito. 
En la Unión Europea no tenemos normas comunes de justicia y, mientras tengamos esas normas divergentes y haya un incumplimiento total de las normas establecidas en el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos, será inaceptable sacar adelante las propuestas del Consejo. 
Sí, simplemente quería decir que precisamente porque somos sensibles a este problema es posible un programa de medidas destinadas a aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones penales. 
Esa es, efectivamente, la finalidad. 
Señor Presidente, mi cuestión de orden se refiere a que aún tenemos veinte minutos de turno de preguntas, hay muy pocos diputados en la Asamblea y no hay riesgo de que nos excedamos en el tiempo. 
Le pido que resuelva, en el sentido de que se permitan dos preguntas complementarias. 
Las preguntas complementarias tienen que ser de otros diputados. 
Usted ha reformulado su pregunta según el Reglamento. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0855/00): 
Asunto: Política energética de la UE La Comisaria de Energía declaró recientemente que la cuestión energética en Europa no es una competencia comunitaria sino nacional. 
Al inicio de las conversaciones sobre la Conferencia Intergubernamental (1996/1997) se propuso incluir en el Tratado de Amsterdam disposiciones específicas que permitirían la elaboración de una política energética común. 
La propuesta fue rechazada por los 15, como ya lo había sido en ocasión del Tratado de Maastricht. 
Naturalmente hay acciones relacionadas con la energía (el Libro Blanco, el programa SAVE, un billón de euros del V programa marco de investigación, fuentes alternativas de energía, etc.) , pero a pesar de todo las previsiones indican que en el futuro la dependencia energética global de la UE (gas, petróleo, carbón y uranio) irá en aumento. 
Dado que la evolución de los mercados del petróleo impone a la UE una política más dinámica en el sector energético, ¿de qué modo considera el Consejo que puede conseguir reducir la dependencia del petróleo de la economía europea? 
¿Se han tomado medidas específicas (por ejemplo, seguridad del suministro, eficacia energética) para que las economías de los Estados miembros se resientan menos de las crisis externas? 
¿Cuáles son las medidas y las prioridades del Consejo a corto y medio plazo en cuanto al rendimiento energético y el ahorro de energía? 
- (FR) El Consejo es consciente de la importancia creciente de la dependencia energética global de la Unión Europea y recuerda al señor diputado sus conclusiones de mayo de 2000. 
En este contexto, el Consejo concede la mayor prioridad a la continuación de sus trabajos en los siguientes ámbitos: promoción de las fuentes de energía renovable, eficacia energética, seguridad del suministro energético y diversificación de las fuentes de energía. 
En lo relativo al expediente de las energías renovables, actualmente ocupa las instancias competentes del Consejo una propuesta relativa a la promoción de la electricidad procedente de este tipo de energía, con el fin de llegar a un acuerdo durante la próxima sesión del Consejo en diciembre, siempre y cuando el Parlamento Europeo haya entregado su dictamen oportunamente. 
En lo relativo a la eficacia energética, la Comisión presentó un plan de acción durante la sesión del Consejo del pasado mes de mayo. 
Tomando como base ese plan, el Consejo debería aprobar, el próximo mes de diciembre, conclusiones en las que figure una relación de acciones prioritarias que debería permitir a la Comisión evaluar los temas para los cuales los Estados miembros desean medidas comunitarias o, por el contrario, prefieren limitarse a medidas coordinadas. 
Por otra parte, la Comisión, en la comunicación que aprobó el 4 d octubre de 2000 sobre el suministro petrolero de la Unión Europea, señala que quiere presentar, en el Consejo Europeo de Goteburgo, un plan de ahorro energético y diversificación de fuentes de energía que debería contribuir a fortalecer la eficacia energética, especialmente en los edificios y los transportes. 
En lo que atañe a la seguridad del suministro energético, la Comisión tiene la intención de presentar en el curso del mes de noviembre de 2000, un Libro Verde sobre el porvenir y el lugar de las diferentes fuentes de energía en el marco de una mejor seguridad del suministro energético de la Unión Europea. 
Esta comunicación abordará tanto la energía nuclear como las energías renovables. 
Desde su transmisión, el Consejo no dejará de concederle la mayor prioridad. 
Por lo demás, la Presidencia ha convocado una conferencia sobre la seguridad de los suministros, en París, el 24 de noviembre de 2000. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no le oculto que la finalidad de mi pregunta era ante todo disponer de una lista de proyectos y de un calendario. 
Usted los ha presentado y se lo agradezco, pero también era para ver si podía dar informaciones o estimaciones que el Consejo pudiera adelantar, quizás, hacia una cooperación reforzada, hacia una especie de comunitarización de la política energética, dado que, como se ha visto recientemente en la última crisis, los países miembros avanzan en orden disperso y se hacen competencia entre ellos, tanto para los suministros como para los precios, y que el resultado es más bien lamentable para el conjunto de Europa. 
Tampoco le oculto que quizás buscaba ideas. 
Ciertos diputados han propuesto- y yo también me sumo a esta propuesta- disponer de informaciones, intenciones que irían, por ejemplo, en el sentido de una política que impondría el euro como medio de pago del petróleo en algunos países. 
Son sobre todo esas cuestiones que me interesan y que, a mi juicio, interesan a todos los ciudadanos de la Unión, porque no es solamente una cuestión de dependencia cuantitativa, sino también una dependencia económica y financiera 
Estas sugerencias son interesantes y merecen un debate, pero yo no puedo responder aquí en nombre del Consejo. 
Creo, efectivamente, que sobre los asuntos energéticos en general debemos buscar las condiciones de una mejor expresión común, ya que se trata efectivamente de problemas que deberían tratarse por lo menos de manera coordinada en el seno de la Unión Europea. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0858/00): 
¿Qué iniciativas piensa tomar el Consejo para detener la votación del citado proyecto de ley estadounidense, que vulnera las normas del comercio internacional, y qué acciones piensa emprender para lograr el levantamiento total del embargo contra Cuba y el restablecimiento de relaciones comerciales normales entre dicho país y el resto de la comunidad internacional, especialmente los países miembros de la UE? 
- (FR) Las medidas a las que se refiere el señor diputado figuran en el proyecto de ley presupuestaria firmado por el Presidente Clinton el 28 de octubre de 2000. 
La posición de la Unión sobre las medidas extraterritoriales decretadas por los Estados Unidos no ha cambiado. Creo que los miembros del Parlamento Europeo la conocen bien. 
La Unión aprovecha cada ocasión para recordarla a los Estados Unidos. 
No obstante, es preciso constatar, lamentablemente, que el Gobierno estadounidense todavía no ha cumplido sus propios compromisos en el contexto del acuerdo concluido en la Cumbre de Londres en mayo de 1998. 
Pedimos al Gobierno estadounidense cumplirlo, ya que consideramos que éste es un punto esencial de la solución de este desacuerdo. 
El objetivo de la Unión Europea con respecto a Cuba, tal como quedó establecido en la posición común sobre Cuba, aprobada por el Consejo el 2 de diciembre de 1996, consiste en alentar un proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como elevar y mejorar de manera durable el nivel de vida del pueblo cubano. 
Incitar al régimen cubano a hacer que la legislación cubana, así como su aplicación, se conformen a las normas internacionales también forma parte de este objetivo. 
Con este espíritu, hicimos, con motivo de la votación de la resolución sobre el embargo, en el marco de la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 9 de noviembre, un llamamiento a las autoridades cubanas para que cooperen plenamente con los organismos internacionales que defienden los derechos humanos. 
La Unión Europea observa con satisfacción que Cuba ha seguido muy activa en diferentes foros internacionales y regionales. 
Asimismo, reconoce que el Gobierno cubano ha tomado medidas para proteger mejor a su país desde el punto de vista económico en la región. 
La Unión marca la necesidad de una apertura progresiva e irreversible de la economía cubana hacia el exterior. Afirma su deseo de ser socia de Cuba en ese proceso. 
Por último, la Unión Europea toma nota con preocupación de las constataciones sobre el terreno de los organismos y programas de las Naciones Unidas. 
Deplora las consecuencias negativas, y a menudo dramáticas, del embargo económico americano sobre la población cubana, en especial las mujeres y los niños. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta. 
De ella me he quedado con algunos de sus comentarios en relación con que en Cuba no se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales. 
Claro, usted ya se imaginará que no voy a estar de acuerdo con su opinión; pero, de cualquier forma, considero que un juicio así es intervenir en los asuntos internos de un país. 
Y por su postura, me pregunto si al final hay alguna diferencia entre el objetivo final de la política de la Unión Europea y el de la americana en cuanto a Cuba. 
Me parece que al final los dos quieren revocar el sistema socialista de este país. 
Es extraño cómo pueden darse problemas de traducción, ya que no tengo la más mínima impresión de que yo haya dicho eso. 
Recordé las divergencias muy claras entre los Estados Unidos y Europa sobre las medidas extraterritoriales decretadas por los Estados Unidos. 
Observé con satisfacción, en nombre del Consejo, que Cuba ha seguido mostrándose muy activa en diferentes foros internacionales y regionales. 
Reconocí que el Gobierno cubano había tomado medidas para integrar mejor desde el punto de vista económico su país en su región y reafirmé el deseo, que es el de Europa, de ser socio de Cuba en este proceso. 
Por último, recordé que la Unión Europea tomaba nota con preocupación de las observaciones hechas sobre el terreno por los organismos y programas de las Naciones Unidas y, por tanto, deploraba las consecuencias negativas y a menudo dramáticas del embargo económico para la población cubana. 
Por tanto, dije más o menos lo contrario de lo que usted acaba de decir. 
Y, al mismo tiempo, he de recordarle la posición de la Unión Europea hacia Cuba, tal como la fijó el Consejo, el 2 de diciembre de 1996, que es la de alentar un proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como elevar y mejorar de manera sostenible el nivel de vida del pueblo cubano. Por tanto, no adopta una posición respecto a la naturaleza del régimen sino quizás un determinado número de estímulos o incitaciones a la evolución de las prácticas de ese régimen. 
Si no ve usted diferencia entre ésta y una u otra posición, quizás se deba a ciertas incomprensiones eventualmente voluntarias. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0859/00): 
Asunto: Violación de derechos de soberanía por Turquía en el marco de la OTAN Turquía ha cuestionado de facto los derechos de soberanía de Grecia, al interceptar aviones griegos que participaban en las maniobras de la OTAN denominadas Destined Glory por no aceptar la FIR griega de 10 millas y los corredores aéreos sobre las islas de Limnos e Ikaria, ignorando incluso los dictámenes del servicio jurídico de la OTAN e infringiendo los planes de las maniobras previstos por el mando de la OTAN, lo que llevó al Gobierno griego a retirar sus tropas. 
¿Cómo juzga el Consejo este acto de cuestionamiento de los derechos de soberanía de un Estado miembro de la UE en el marco de la OTAN? 
¿Piensa realizar alguna gestión ante las autoridades turcas para que cesen las provocaciones? 
En caso afirmativo, ¿de qué gestiones se trata? ¿Cuáles serán las repercusiones de estos hechos en las relaciones de la UE con Turquía, sobre todo en el contexto de la PESC, dada la condición de candidato a la adhesión del citado país? 
- (FR) En lo relativo al incidente en el que se vieron implicadas aeronaves griegas y turcas durante las maniobras Destined Glory, ha de destacarse que éstas se sitúan en el marco de una maniobras de la OTAN entre dos miembros de la Alianza Atlántica. 
Corresponde, pues, a la OTAN tomar las disposiciones que juzgue necesarias para que no puedan volver a producirse. 
Por otra parte, este incidente no fue mencionado en el seno del Consejo de la Unión Europea. 
En el contexto de los litigios que oponen, en el mar Egeo, a Turquía y Grecia, el Consejo recuerda las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki que insisten en el principio de arreglo pacífico de los desacuerdos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y que piden insistentemente a los países candidatos hacer todo lo que esté a su alcance para arreglar sus posibles controversias fronterizas, así como otros asuntos del mismo orden. 
De lo contrario, deberían llevar sus litigios ante el Tribunal de Justicia en un plazo razonable. 
De aquí a finales del año 2004, a más tardar, el Consejo Europeo hará el balance de la situación en lo relativo a los litigios que subsistirían, en especial los que tengan implicaciones sobre el proceso de adhesión y con el fin de fomentar su arreglo a través del Tribunal Internacional de Justicia. 
En general, los asuntos relativos al arreglo de los litigios greco-turcos forman parte del diálogo de política reforzada en el marco de la estrategia de preadhesión para Turquía y de la asociación de adhesión que la Comisión acaba de proponer y que la Presidencia francesa del Consejo- lo confirmo- desea hacer aprobar rápidamente. 
Por otra parte, el Consejo se felicita del hecho que los ministros de Asuntos Exteriores turco y griego, durante su encuentro en Budapest, el pasado 31 de octubre, se hayan puesto de acuerdo para continuar estableciendo medidas de confianza en el marco de la OTAN y en el plano bilateral. 
Señor Presidente, para empezar consideramos inadmisible que, como ha dicho el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, el Gobierno griego no haya planteado el tema al Consejo, a pesar del justificado revuelo que se ha creado en Grecia. 
Segundo, el Consejo en su respuesta, cual Poncio Pilatos, remite a la OTAN, sin tomar postura frente a la duda tan ofensiva de Turquía sobre los derechos de soberanía de Grecia, duda que se ha planteado en esta ocasión con motivo de las maniobras militares de la OTAN. 
¿No comprende el Consejo que se trata de un problema extremadamente político y que no puede guardar las mismas distancias frente a la víctima y al sacerdote? 
Además, es un hecho que Turquía pone en tela de juicio el FIR griego de las diez millas y de los corredores aéreos sobre las islas de Limnos e Icaría, algo que ya han regulado los Tratados de Lausanne y Montreaux, así como los tratados interestatales Turquía- Italia, Italia- Grecia. 
Tercero, el mismo Consejo Jurídico de la OTAN no toma en consideración que dictaminó a favor de los derechos griegos referidos anteriormente de conformidad con los tratados internacionales, independientemente de si, después la OTAN, presionada por Turquía modificara a ultima hora su maniobra militar. 
¡El propio Consejo de Jurisdicción de la OTAN! 
Cuarto, ¿no cree que al final, con su respuesta, lo que hace es animar a Turquía, país candidato a la adhesión, en su política actual de cuestionarse los derechos de soberanía de Grecia, miembro de la Unión Europea, reconociendo indirectamente que hay problemas fronterizos ya solucionados, tal como hemos dicho, en virtud de los tratados internacionales. 
Recordé lo que el Consejo había hecho o lo que no había hecho, lo que debía hacer, o creía deber hacer, pero en lo que concierne a lo demás, creo que ahora contamos con un marco para tratar estos problemas especiales, a saber, las conclusiones de Helsinki. Ha de recordarse que estas conclusiones son nuestra normativa común, ya que fueron adoptadas- naturalmente- unánimemente por todos los Estados miembros. 
Ese es el mandato que se fija el Consejo para continuar el examen de esta candidatura, que ya fue objeto hoy de un largo y profundo debate. 
Tengo que comunicarles, señores diputados- aunque sean pocos voy a hacer esta declaración solemne -, que por primera vez en la legislatura nos ha dado tiempo a agotar el turno de preguntas. 
No sé si a satisfacción de todos, pero es un hecho casi histórico del que tomamos muy buena nota. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 18.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Ayuda a la reconstrucción (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre la ayuda a la reconstrucción. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para empezar la Comisión debe aplicar las conclusiones de Feira a sus propuestas. 
Para todos nosotros, que estamos en la Unión Europea y que, se supone que, tenemos una postura responsable, se nos presenta un gran desafío. 
Considero que hoy tenemos la oportunidad histórica de demostrar que nuestras acciones coinciden con la declaración de buenas intenciones hacia los Balcanes occidentales. 
Las cantidades de las que se debe disponer para los Balcanes deberán recordar en calidad y en cantidad un nuevo proyecto Marshall; deben ser tantas que puedan ser un trampolín para un nuevo comienzo para los países de los Balcanes occidentales. 
Y deberemos tener en mente que los países de los Balcanes occidentales no son países terceros, sino que son países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y como tales debemos considerarlos. 
Es cierto que a menudo acusan a la Unión Europea de que aunque promete ayuda a países afectados por distintas calamidades o desastres, tarda tanto en depositar, en materializar estas promesas económicas y, o da la impresión de haberse arrepentido de lo que ha prometido, o cuando da el dinero ya es demasiado tarde. 
Afortunadamente hay una luminosa excepción a esta regla, porque realmente es una regla. 
Esta excepción es la Oficina para la Reconstrucción cuya sede está en Salónica y el centro operativo en Kosovo. 
Por una parte, esta oficina cubre la decisión de la Comisión de descentralizar, y por otra puede presentar unos resultados excepcionales en la labor que realiza. 
Ya ha firmado convenios por el 90% del presupuesto del año 2000, algo asombroso. 
Y algo insólito, para el año 2001 han pedido una reducción de los gastos para las nóminas. 
Así pues propongo, señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, no sólo que dejemos hacer su trabajo, tal y como lo vienen haciendo, a estas personas que tienen tantas ganas y tanta dedicación, no sólo que no alteremos la forma de funcionamiento de esta oficina dándoles, por supuesto, la responsabilidad de la República Federal de Yugoslavia y de cualquier otro sitio que lo necesite, sino también que solicitemos que les den conocimientos técnicos también a otras comisiones, de las que sabemos muy bien lo mal que trabajan, con qué poca eficacia y con resultados tan pobres. 
Quiero creer que mediante estos dictámenes podremos dar algo mejor para esta región, que sufre y tiene problemas. 
Señor Comisario, estimados colegas, aunque son pocos los que han encontrado el camino a esta sala, antes que nada quisiera felicitar sinceramente a los ponentes, y especialmente al ponente aquí presente, por su trabajo y su excelente colaboración. 
El orador anterior se ha referido a una especie de Plan Marshall para la región que nos ocupa y le doy toda la razón. 
Cuando uno ofrece dinero tiene indiscutiblemente el privilegio de establecer con toda claridad los objetivos políticos, y eso es lo que ha venido haciendo el Comisario. 
Ello no obstante, quisiera volver a resumir brevemente el estado de las cosas en nombre de mi Grupo. 
En primer lugar, lamentamos comprobar que la situación sobre el terreno no ha variado: los derechos humanos y de las minorías no se respetan como es debido. 
Es un hecho innegable. 
Por eso mismo, debemos ante todo prestar ayuda dondequiera que podamos, allí donde se manifieste una mayor voluntad de aceptar estos derechos en el futuro. 
En segundo término, está claro que en esta región los acuerdos internacionales son puestos una y otra vez en tela de juicio. 
Al final, éste también ha sido el caso del acuerdo de Dayton. Cuando pienso en las elecciones celebradas en Bosnia-Herzegovina estimo que uno de los fenómenos colaterales más tristes de este proceso electoral ha sido el distanciamiento de los políticos más preeminentes respecto al citado acuerdo, no en el sentido de que sean partidarios de ir más allá o lograr una mayor estabilización, sino porque optan por la desestabilización. 
Aquí se impone un no rotundo. 
Por lo que al acuerdo internacional se refiere- asimismo en relación con Dayton- también es preciso tener en cuenta la cooperación con el Tribunal de La Haya. 
A ese respecto hemos de actuar con decisión- sin dejar de mostrar cierta tolerancia- tanto hacia Kostunica, al que recibiremos aquí mañana, como ante las nuevas autoridades yugoslavas. 
Si bien es verdad que se registran algunas señales positivas, éstas ciertamente no son suficientes. 
En este terreno también tenemos que hablar claro. 
Es otro ámbito en el que, a mi modo de ver, debemos brindar una oportunidad a la nueva Yugoslavia. 
Espero que la aproveche. 
No descarto que las fronteras acaben por modificarse, tan sólo pretendo excluir esta posibilidad ahora por si una de las partes tuviera la intención de emprender acciones unilaterales en ese sentido. 
Las modificaciones de este tipo solamente pueden llevarse a cabo en el marco de un acuerdo. 
El cuarto punto reviste una importancia especial para nosotros. Se trazan nuevas fronteras, pero hay quien las rebasa levemente de forma permanente, a saber todas las organizaciones criminales y sus actividades delictivas. 
Éstas no respetan las fronteras. 
Es nuestro deber luchar contra las actividades ilegales transfronterizas, trátese de tráfico de drogas, cooperación delictiva o tráfico de seres humanos. 
Las fronteras están para ser desmanteladas, pero no por actividades criminales, que en esta región, además, rebasan desafortunadamente también las dimensiones establecidas en otros ámbitos. 
Desde este punto de vista estamos ante unos objetivos que hemos de cumplir sin falta con la ayuda de los medios e instrumentos financieros que diseñemos ahora. 
Creo que la Comisión y el Consejo comparten el firme deseo de lograr decididamente nuestra meta en los próximos años usando los medios que estén a nuestro alcance. 
¡En todo caso, nuestro dinero no debe ir a parar allí donde falte la voluntad! 
Señor Presidente, mañana va a venir a hablar a nuestro Parlamento el Sr. Kostunica, el nuevo Presidente de la República Federal de Yugoslavia. 
Esta presencia puede dar una perspectiva a la política global que seguimos. 
Una segunda observación es que los ponentes anteriores han dicho que paga la Unión Europea; pero se oye a América. 
Pero es que esto es lógico, porque América ha llevado a cabo acciones políticas en Bosnia con el acuerdo Daton, porque América ha realizado acciones políticas en Kosovo con la iniciativa que emprendió en relación con los bombardeos y con cualquier otra cosa. 
¿Qué significa esto para nosotros? 
Que la política debe ser antes, o en todo caso, debe moverse paralelamente para tener objetivos políticos. 
¿Cuáles deben ser estos objetivos políticos? 
Está claro que la parte legislativa, el funcionamiento correcto de la democracia, es una prioridad en la región más amplia. 
Porque este funcionamiento correcto de la democracia va a crear las condiciones para que respeten a las minorías en las distintas regiones. 
Este funcionamiento correcto de la democracia va a funcionar a favor de la normalidad en la región. 
Sin embargo, debe apoyarse también en personas. 
Debemos ver que, en muchas ocasiones, personas que han servido a conveniencias durante este periodo de transición no han sido la expresión sana de la vida política de la región. 
En este sentido, debemos revisar el concepto de personas, cosas y situaciones. 
El segundo tema que quiero tocar es lo que tiene relación con la estrategia en la región. 
Muy claramente la unificación de las perspectivas políticas con las económicas y legislativas es un cambio positivo. 
Sin embargo, para que los cambios positivos tengan más resultados deben contar con una visión y un horizonte estratégico. 
Desde este punto de vista, considero que volver a una cuestión ya concluida, hace aproximadamente un año, con el informe Pack sobre la sede de la Agencia Europea de Reconstrucción no presta ningún servicio positivo. 
Y sería correcto que el Comisario, Sr. Patten, que tiene una gran experiencia- por no llamarla sabiduría- en la gestión de las crisis internacionales, fuera a la sede de esta oficina junto con las visitas que ha realizado a distintas regiones de la península Balcánica, que fuera a Salónica para ver cómo trabaja este servicio. 
En este sentido, estoy de acuerdo con cuanto ha dicho mi colega, el Sr. Folias y lo repito. 
En cualquier caso, la parte quejumbrosa ha terminado y vamos ahora a la parte positiva. 
El informe Lagendijk, independientemente de la crítica que haya podido ejercer en algún punto, es un documento muy bueno, así como la propuesta de la Comisión. 
Creo que están creando un marco de iniciativas políticas que debe construirse más allá, para que demos nuevas concepciones. 
Debemos ver esta región como una región de Europa y no como una región de competencias de los estados y de las políticas nacionales de Europa o de América. 
Si vemos la región como una región de virtuales competencias políticas cometeremos un error. 
En cualquier caso, creo que estamos en el buen camino. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes los excelentes informes que hoy nos han presentado. 
El mensaje que el Parlamento lanza a través de estos documentos es claro y concreto. 
Mi deseo es que la Comisión y el Consejo le dediquen la debida atención y que modifiquen de manera adecuada ambos reglamentos. 
Todos nos damos cuenta de la importancia que la ayuda de la Unión Europea reviste para la región de los Balcanes. 
La restauración de un sistema político democrático en Serbia es el principio de un nuevo capítulo. 
Sin embargo, la Unión debe ser protagonista de esta nueva etapa y no una pasiva y lenta observadora, como ha venido haciendo hasta ahora. 
Nuestra ayuda económica y técnica debe ser ingente y eficaz: es lo mínimo que la Unión puede hacer para garantizar a la región y a todo el continente un futuro de estabilidad. 
Debemos ser conscientes de que el camino hacia la paz en los Balcanes es todavía largo y de que continúan existiendo puntos de potencial fricción que podrían devolvernos al pasado. 
Pero esta región, la región más atormentada de Europa, nunca ha estado tan llena de esperanza como hoy. 
El régimen casi despótico croata ha sido sustituido por un régimen democrático y pro occidental. 
Los frágiles países que circundan lo que queda de Yugoslavia han conseguido sobrevivir al conflicto y no sólo esto, ya que Bulgaria, Albania y Macedonia han realizado progresos económicos. 
En el juego de los frágiles equilibrios que hoy rigen la región de los Balcanes, la responsabilidad de la Unión Europea es grande, enorme y si hablamos de Unión, hablamos tanto de los Estados miembros como de la Comisión Europea y del Parlamento. 
Los Estados miembros hacen importantes declaraciones de intenciones que, sin embargo, se han de materializar en un compromiso financiero concreto. 
La Comisión Europea debe asumir la responsabilidad del buen funcionamiento de estos programas y esto es el primer objetivo de los dos informes que vamos a votar mañana. 
El Parlamento debe ser consultado e informado regularmente, y es ésta la segunda solicitud que formulan los ponentes y que todos nosotros tendremos que respaldar. 
Señor Presidente, señoras y señores, a través de los presentes textos la Comisión y el Parlamento han cifrado los daños de guerra provocados por los bombardeos de la OTAN en Serbia, sin tener en cuenta a Kosovo, en 4.000 millones de euros. 
De este modo han asumido indirectamente parte de la responsabilidad que les corresponde por los daños materiales producidos por esa guerra. 
Con su intervención, la OTAN pretendía evitar que la tragedia adquiriera mayores dimensiones. 
Sin embargo, el número de desplazados, muertos y heridos causados por esta guerra es muy superior a las cifras correspondientes a los doce meses aparentemente decisivos que precedieron a la acción militar de la OTAN. 
¿Fue la guerra de la OTAN la que provocó la verdadera desestabilización de la zona? 
Al fin y al cabo, la intervención de la OTAN en los Balcanes sirvió para legitimar su nueva estrategia y el denominado automandato. 
Habida cuenta del alcance de los daños de guerra así como del hecho de que la situación se agravó como consecuencia de la intervención de la OTAN, los pagos han de efectuarse por el importe total de las estimaciones de los daños de guerra, no por la mitad. 
Es más, en lugar de conceder créditos, la UE- especialmente los países de la UE que pertenecen a la OTAN- debería pagar indemnizaciones por los daños causados. 
. (EN) Ha sido éste un excelente debate, aunque a estas horas de la tarde la audiencia se limite a los cognoscenti. 
Sin embargo, es agradable ver algunas caras familiares en la Cámara. 
No es mi intención intervenir acerca de las observaciones que ha hecho anteriormente el Ministro sobre la Cumbre de Zagreb. 
Suscribo totalmente todos los objetivos que él ha planteado. 
Esa Cumbre se está celebrando en unas condiciones mejores de las que podíamos imaginar cuando la presidencia la concibió. 
Quiero centrarme en los reglamentos. 
Antes que nada, me gustaría agradecer a la Cámara su excelente y rápido examen de los borradores de los reglamentos. 
Me gustaría felicitar a los ponentes de las comisiones pertinentes: en primer lugar al Sr. Westendorp y Cabeza, quien tiene mucha experiencia práctica en estos asuntos de Bosnia, así como al Sr. Lagendijk, con quien tenemos un diálogo regular sobre el Sudeste de Europa. 
Él es al menos otro ser humano con el que puedo compartir la peculiaridad de haber leído a Misha Glenny acerca de los Balcanes. 
También me gustaría expresar mi agradecimiento a los siguientes diputados: al Sr. Staes, el Sr. Färm y el Sr. Gargani por la calidad de sus informes y opiniones. 
Estas dos propuestas responden a dos prioridades clave de la Unión: proporcionar ayuda al Sudeste de Europa y proporcionarla tan rápidamente como sea posible. 
Los Consejos europeos de Lisboa y Faro subrayaron la importancia que otorga la Unión a la integración de la región en la corriente principal económica y política de Europa. 
Nuestra política para lograrlo son los procesos de estabilización y asociación. 
Indudablemente la Unión Europea está haciendo una contribución importante en ese proceso para la realización del Pacto de Estabilidad. 
Los jefes de gobierno han confirmado también la determinación de la Unión de respaldar ese proceso con ayuda técnica y económica. 
El regreso de la democracia en Serbia, gracias a la determinación y el coraje del pueblo serbio y las fuerzas democráticas, ofrece la posibilidad ahora de construir prosperidad en toda la región. 
Más que nunca la Unión Europea tiene que cumplir los compromisos que contrajo. 
Para hacerlo debemos disponer de los instrumentos legales apropiados, aplicar unos procedimientos flexibles y un tratamiento eficaz. 
La reforma de la ayuda exterior que adoptó la Comisión el 16 de mayo demuestra nuestra decisión de aumentar radicalmente el ritmo y la calidad y visibilidad de la ayuda exterior. 
En el Sudeste de Europa esta decisión ha dado ya resultados concretos. 
En Kosovo el grupo de operaciones que desplegamos en los días del final del conflicto y, en los pasados seis meses, la Agencia Europea para la Reconstrucción han logrado una marca récord en la distribución de ayuda en tiempo y forma eficaz. 
Las cifras nos lo confirman: el 84% de los fondos asignados para la reconstrucción bajo Obnova- en 1998 hasta 2000, 444,5 millones de euros- terminaron de ser entregados a finales de octubre de 2000. 
El setenta por ciento de los fondos entregados ha sido comprometido, y el 43% de los fondos comprometidos se ha pagado. 
También hemos obtenido resultados inmediatos en Serbia, donde la Comisión, en el transcurso de sólo cuatro semanas, redactó un programa de ayuda de emergencia por valor de 200 millones de euros. 
La Comisión lo acordó la semana pasada y los primeros camiones de combustible para calefacción empezaron a rodar por Serbia el fin de semana, adelantándose en la agenda del programa y a muchos otros donantes. 
De ahora en adelante este programa se va a desarrollar sin vuelta atrás: se ha firmado con la Compañía Eléctrica Serbia un contrato de importación de 30 millones de euros en electricidad y entrará en vigor dentro de unos días. 
En esta situación cada día que pasa cuenta. 
Nuestras reformas han empezado a dar resultados también en Bosnia, donde la puesta en práctica de la ayuda, en términos de cantidades comprometidas y desembolsadas ha mejorado radicalmente desde que se reforzó y se delegó autoridad a nuestra delegación en Sarajevo el año pasado. 
Los resultados obtenidos son sumamente alentadores. 
Estos son los resultados que deben enorgullecer al Parlamento Europeo. 
Fue el Parlamento Europeo quien hizo sonar la alarma sobre la débil administración en Bosnia. 
Fue el Parlamento quien apoyó la propuesta de la Comisión de crear la Agencia Europea para la Reconstrucción. 
Fue el Parlamento quien insistió en un marco regulador único para la ayuda a la región y fue el Parlamento también, en su papel de autoridad presupuestaria, quien se aseguró de que los fondos de ayuda de emergencia a Serbia estuvieran disponibles sin retraso. 
Es éste un gran progreso, pero es necesario seguir avanzando. 
Hay todavía mucho espacio donde hacerlos. 
Este es el propósito de estas dos propuestas. 
Los diputados al Parlamento han presentado una cantidad significativa de enmiendas. 
Quiero comentarlas en la medida en que hacen referencia a nuestras dos propuestas sobre la agencia y el reglamento. 
La Comisión ha propuesto un reglamento de ayuda deliberadamente simple y claro. 
Establece los objetivos generales de la ayuda de acuerdo con los principios que gobiernan nuestro programa, la comitología para los programas, pero no para proyectos individuales. 
También propone procesos simples de toma de decisiones en los programas dirigidos por la Agencia Europea para la Reconstrucción. 
Déjenme tratar una serie de puntos generales que ha planteado el Parlamento, en primer lugar el papel de la Comisión y sus responsabilidades económicas en relación con el funcionamiento de la agencia. 
La Comisión asume seriamente sus responsabilidades en la aplicación del presupuesto comunitario. 
Unas pocas enmiendas subrayan esta responsabilidad refiriéndose al Artículo 274 del Tratado. 
Pero para ejercer esta responsabilidad necesitamos instrumentos legales que nos permitan actuar de modo flexible y rápido. 
En segundo lugar, el Parlamento nos pide que hagamos una mayor referencia a las prioridades sectoriales. 
A la luz de la experiencia, nuestro deseo es conservar la máxima flexibilidad posible. 
Pero podemos aceptar varias de las enmiendas parlamentarias que nos animan a mencionar las prioridades sectoriales clave como la ayuda en el área de la educación, la formación profesional, el medio ambiente, la sociedad civil y las ONG, la reconciliación étnica y el regreso de las personas desplazadas. 
Con el mismo espíritu podemos aceptar la propuesta de incluir en el preámbulo del reglamento una referencia a las conclusiones del Consejo Europeo de Faro. 
La resolución del Parlamento sobre la comunicación de la Comisión acerca del proceso de estabilización y asociación también merece mención en el preámbulo. 
Pensamos que tiene más sentido hacerlo allí que incluirlo en el artículo de la condicionalidad. 
Naturalmente, también podemos aceptar la propuesta de que la directiva que adopte la Comisión refleje la búsqueda de más eficacia subrayada en nuestras reformas. 
Sólo quiero añadir la cuestión de que, tras proponer un reglamento cuyo objeto es simplificar las cosas, es importante no permitir que los reglamentos se vean obstaculizadas por advertencias y modificaciones y cantidades ingentes de burocracia. 
Como ha señalado el Sr. Staes: no queremos que la gente obstaculice el proceso. 
Si no podemos tener un reglamento simple claro, entonces, francamente estaríamos mejor si careciésemos de él. 
Para ser claros: podemos aceptar el espíritu a condición de que en algunos casos se introduzcan cambios en la redacción de las Enmiendas Nº 1, 2, 5, 6, 7, la primera parte de la 11, la primera parte de la 13, una parte de la 16, una parte de la 17, 16, 19, y la primera parte de la 20, 21, 24, 28, y parcialmente la 31 y la 37. 
De sobra es conocida la posición de la Comisión sobre la suma total que hemos estimado necesaria para la región, la llamada cantidad de referencia y su compatibilidad con las perspectivas de financiación. 
Como sabe la Cámara, no creemos necesario hacer una referencia explícita a esto en el reglamento. 
A pesar de la elocuencia del Sr. Lagendijk no creo que sea necesario, sin embargo él ha hecho una observación plenamente acertada que también la hizo, en otro sentido, el Sr. Westendorp: ambos afirmaron que estos reglamentos son apropiados, pero que si no disponemos de un presupuesto adecuado para satisfacer las prioridades políticas de la Unión Europea, estamos perdiendo el tiempo. 
El Sr. Westendorp dijo que el Consejo no puede- creo que eso es lo que implicaban sus observaciones- emular el Nuevo Testamento y hacer el milagro de los panes y los peces. 
Quizás algunos miembros de algunos consejos consideren un tanto brutal este comentario sobre los poderes del Consejo, pero es totalmente cierto. 
Tenemos que contar con presupuestos limitados, pero espero con optimismo que el presupuesto disponible para las acciones exteriores de la Unión Europea refleje las prioridades políticas de la Unión Europea. 
Hemos discutido este asunto con el Consejo durante las últimas semanas y meses, y la Comisión y el Parlamento no han salido mal parados de esta discusión. 
Yo debería haber pensado, en particular, que la experiencia de los dos últimos meses ha mostrado que la propuesta de la Comisión sobre la financiación no era tan desmesurada como algunos sugirieron en su momento. 
Permítanme ahora referirme a la segunda propuesta presentada, la Agencia Europea para la Reconstrucción y, al hacerlo, quiero rendir un efusivo homenaje, igual que el Sr. Lagenddijk hizo en sus observaciones, al excelente trabajo que la junta, el director y su personal han hecho sobre el terreno en Kosovo. 
Forman un equipo formidable y no me sorprende que los resultados que han alcanzado sean tan impresionantes. 
Se han ganado una gran reputación por los resultados que han obtenido y he sabido que la propia delegación del Parlamento en Kosovo en Mayo se sintió igual de impresionada que yo. 
Tiene mucho sentido aprender la lección que nos proporcionan los pasados seis meses de operaciones de la Agencia para aumentar la eficacia de nuestra ayuda. 
Esto es esencial ahora que la Agencia va a ser responsable de toda la RFY. 
Nuestro principal objetivo es clarificar el papel de la junta de gobierno. 
Tiene que asumir la responsabilidad del examen y la aprobación de los programas de reconstrucción que serán sometidos a la decisión de la Comisión. 
También queremos simplificar la toma de decisiones. 
De acuerdo con el nuevo reglamento la Comisión podrá aprobar los programas propuestos por la Agencia sin consultar previamente al comité de gestión. 
Permítanme aclarar que la responsabilidad de la aprobación formal de los programas sigue perteneciendo a la Comisión. 
Es la Comisión la que decide sobre la deseabilidad de esos programas; es la Comisión la responsable de la aplicación del presupuesto; es la Comisión la que aprueba los programas. 
Algunas enmiendas persiguen asegurar que la Agencia actúe bajo la responsabilidad única y directa de la Comisión y asegurar así que la Comisión sea la única responsable de la administración de la Agencia ante el Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas y la OLAF. 
La Agencia tiene cierto grado de autonomía, como todas las agencias europeas. 
Esta es su situación bajo el vigente marco institucional, y la autonomía de la que ahora disfruta la Agencia debe respetarse mientras no se modifique su estructura institucional. 
Esto no desvirtúa la plena responsabilidad que asume la Comisión, como requiere el Tratado, de la ejecución del presupuesto comunitario. 
Me gustaría agradecer al Parlamento la sensatez y el pragmatismo con el que ha aceptado la estructura actual de la Agencia. 
Conozco las opiniones del Parlamento sobre esta cuestión, y la Comisión debe tomar esto en cuenta cuando nombre otras futuras agencias ejecutivas. 
El régimen lingüístico es otra cuestión delicada. 
Espero que el Parlamento comprenda el sentido de las propuestas que presenté en mayo y que seguirá trabajando constructivamente con otras sobre esta difícil y compleja cuestión, pero no puedo ofrecer mi apoyo a la enmienda del Parlamento de eliminar el requisito de unanimidad, porque entraría en contradicción con la opinión de la Junta de Cuestores. 
Podemos aceptar las enmiendas que sugieren eliminar el requisito de una decisión adicional del Consejo para ampliar el mandato de la Agencia a toda la RFY. 
Puedo aceptar también las enmiendas que se refieren a la decisión de Asuntos Generales del 9 de Octubre, a la cooperación con las ONG, a la restauración de la sociedad civil y el imperio de la ley, al pago de los servicios prestados por la Agencia a terceras partes, a la posibilidad de crear otros centros operativos, y a la responsabilidad del director de ejecución del programa de trabajo y la estructura presupuestaria de la Agencia. 
Esto significa que aceptamos la esencia de las enmiendas núms. 1, 2, 6, 8, parte de la 10, y las núms. 
Y lo haremos con el objeto de aclarar su papel; esto concierne a las enmiendas núms. 
21 y 22. También examinaremos el calendario que proponen para la aprobación del presupuesto de la Agencia respetando el principio de una programación presupuestaria adecuada y la compatibilidad con los procedimientos presupuestarios de la Comunidad. 
Esto concierne a las enmiendas núms. 29 y 30. 
Permítanme reiterar mi agradecimiento al Parlamento por el arduo trabajo que ha realizado sobre estas cuestiones. 
Hemos hecho un progreso real en el Sudeste de Europa. 
Esta propuesta nos permitirá aprovechar la nueva oportunidad que tenemos para que la Unión Europea contribuya de modo decisivo a conseguir una paz y prosperidad duraderas en toda la región. 
Debo decir que la Unión Europea no salió muy bien parada en la historia del Sudeste de Europa durante la década de 1990. 
Espero que hagamos mejor las cosas en la siguiente década y que este reglamento nos proporcione algunos medios prosaicos para hacerlo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
ASEM III (Seúl, los días 20 y 21 de octubre de 2000) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el tercer encuentro Asia-Europa (ASEM III- Seúl, los días 20 y 21 de octubre de 2000). 
Antes de informar sobre la tercera cumbre ASEM y evaluar sus resultados, permítame decir unas palabras breves sobre el proceso ASEM. 
La primera cumbre de 1996 se celebró en un momento de enorme optimismo sobre Asia cuando la gente hablaba del milagro económico asiático. 
La segunda cumbre se celebró en 1998, en un momento de crisis económica cuando mucha gente decía que Asia ya la había pasado y que se había exagerado mucho. 
En la tercera cumbre hemos podido percibir cierta realidad. 
En Asia no se produjo un milagro económico, pero sí acontecieron allí muchas cosas emocionantes y en su mayor parte se ha recuperado rápidamente de su crisis de 1997/1998. 
Allí donde se ha recuperado mejor lo ha hecho combinando la reforma económica y la política. 
Este ha sido el telón de fondo de estas cumbres. 
El desafío para la tercera cumbre de Seúl fue profundizar en el proceso ASEM tanto para los participantes gubernamentales como para el público más amplio. 
Tuvo que demostrar que no era necesario que ocurriesen acontecimientos radicales para justificar las reuniones de los jefes de estado o de gobierno europeos o asiáticos. 
Perfilamos nuestros objetivos del ASEM III en nuestro Grupo de trabajo, los discutimos con el Parlamento Europeo antes de la cumbre en dos ocasiones, en el grupo de trabajo de la ASEAN y en la sesión plenaria que, creo, tuvo como resultado la resolución del 5 de octubre, cuyos objetivos no sólo tenemos en cuenta, sino que en la mayoría de los casos intentamos alcanzarlos. 
Además de aprobar estos importantes documentos, los líderes de la cumbre participaron activamente en discusiones sobre cuestiones delicadas como los derechos humanos, el Mar del Sur de China, Timor Oriental y Birmania. 
Prometieron promover y proteger los derechos humanos fundamentales y respetar la democracia, el imperio de la ley, la igualdad, la justicia y la preocupación por el medio ambiente. 
Se acordó intensificar el alto nivel de diálogo político del ASEM obteniendo la fuerza de todos los diputados sin excluir, no obstante, ninguna cuestión. 
Los líderes acordaron un marco 2000 ampliado y actualizado de cooperación entre Asia y Europa que constituye el programa de trabajo para la década venidera. 
Se confirmó la necesidad de esfuerzos comunes para ejecutar el Protocolo de Kyoto, se defendió un diálogo entre consumidores y productores para estabilizar los precios mundiales del petróleo así como una cooperación más estrecha con el fin de desarrollar tecnologías para el ahorro de energía. Se discutió sobre el crimen internacional, la explotación de los inmigrantes, el tráfico de personas, la lucha contra las drogas ilegales y todas esas cuestiones que, por desgracia, forman el lado más oscuro de la globalización. 
La cumbre aprobó la declaración separada de Seúl en pro de la paz en la península de Corea, acogiendo con agrado la cumbre intercoreana de junio, pidiendo a ambas partes que sigan apoyándose en su éxito y subrayando la importancia de implicar a la República Popular Democrática de Corea en un diálogo multilateral. 
Sobre la ampliación, se aprobó un enfoque dual de acuerdo con el cual un país candidato necesita primero el apoyo de sus socios regionales antes de buscar apoyo de otra región. 
La decisión final se toma por consenso, por los jefes de Estado o Gobierno. 
En el ASEM III no se habló de candidatos concretos. 
En el campo de la cooperación económica y financiera los líderes acordaron trabajar juntos para afrontar los desafíos que plantea la globalización, la tecnología de la información, el comercio por correo electrónico y la división digital extendiendo redes de investigación e información entre las dos regiones. 
Los líderes confirmaron también la preparación de informes anuales voluntarios sobre el estado de los esfuerzos para superar las barreras impuestas al comercio tal y como se identifican en el plan de acción para facilitar el comercio. 
Los participantes de todos los ASEM aceptaron trabajar para una nueva y más extensa ronda de la OMC tan pronto como fuese posible, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo. 
En el campo social y cultural los líderes reconocieron la importancia vital de la mejora de los vínculos en el área de la educación, con iniciativas concretas para promover la conciencia mutua, incluido un aumento de la cooperación interuniversitaria y de la conexión electrónica por la red entre escuelas. 
En el campo de la relación entre pueblos, afín al anterior, se mantuvo el principio de abrir el proceso del ASEM a un segmento mayor de la sociedad civil, aunque la iniciativa de las ONG de establecer un foro social no se puede llevar a cabo debido a la oposición de ciertos participantes asiáticos. 
Estoy seguro de que el Parlamento puede comprobar que estos resultados están en la línea de la resolución del 5 de octubre que antes he mencionado. 
Los derechos humanos y el imperio de la ley están implicados en el proceso; se comprendió con claridad la necesidad de que empiece cuanto antes una ronda ampliada de la OMC, pero no estoy seguro de que esto se haya reflejado totalmente en las discusiones de las reuniones de la APEC en Brunei. 
Aunque la propuesta de establecer un foro social no ha sido aceptada, nos hemos implicado activamente con la sociedad civil y las ONG y espero con optimismo que se hagan progresos en esta cuestión en el transcurso del ASEM IV de Copenhague. 
Por último, los líderes acordaron fomentar la intensificación de los contactos entre parlamentarios, tal y como se dispone en el marco de cooperación. 
Inevitablemente, el ASEM III estuvo dominado por los trascendentales desarrollos en la península de Corea que han dado como resultado la muy valiosa nominación para el Premio Nobel de la Paz del Presidente de Corea del Sur, un hombre cuya carrera se ha distinguido tanto por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley como, más recientemente, por su compromiso con la reconciliación entre el norte y el sur de la península. 
En mi opinión estas cuestiones nos recuerdan el importante papel que representa Europa en Asia, no sólo en términos económicos y comerciales, aunque debe decirse que una de las razones de la recuperación de Asia es que hemos mantenido nuestra palabra de mantener abiertos nuestros mercados a las exportaciones de Asia durante los últimos dos años. 
Este año es muy probable que China tenga un excedente de 40 billones de euros con la Unión Europea. 
Hemos mantenido nuestra palabra en los asuntos económicos y comerciales, hecho que, entre otras cosas, anima a Asia a tomarnos más en serio. 
Es importante recordar que también representamos un papel político en Asia, no sólo por nuestra defensa de la democracia y el buen gobierno, sino también por la contribución que hemos hecho en la península de Corea y en todas partes para la estabilidad y la seguridad futuras. 
El proceso ASEM es importante. 
Se trata de una reunión valiosa. 
El proceso se está desarrollando y reforzando con el tiempo y tengo mis esperanzas puestas en la próxima reunión del ASEM en Dinamarca dentro de un par de años, en la que estoy seguro de que podremos apoyarnos en el progreso que ya hemos hecho. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que la escasa presencia de diputados se debe a que esta noche los debates se han desarrollado con celeridad, de modo que algunos colegas que pensaban tomar la palabra aún están cenando. 
Ruego, por tanto, que no se interprete la exigua afluencia como un indicio de que no concedan ninguna importancia al tema que estamos tratando aquí. 
Señor Comisario, en primer lugar comparto su opinión de que el proceso ASEM reviste una gran transcendencia. 
Es muy importante desde el punto político y económico. Desearía que este Parlamento así como algunos colegas de la Comisión apreciaran en su justo valor el alcance de las relaciones entre Asia y Europa, también en el marco de la política de pesca de la Unión, con el permiso de mi colega española y el Sr. Fischler. 
Desde una perspectiva en la que el desarrollo político y económico en este mundo multipolar se concibe a largo plazo, las relaciones mutuas entre Asia y Europa adquieren una relevancia especial. 
Desde este punto de vista nos alegra que se haya celebrado la Cumbre de Seúl y que salvo una o dos excepciones todos los jefes de Estado asistieran a ella. 
Fue un evento muy importante. 
En cierto modo la Cumbre asiática se vio eclipsada por el cariz que tomaron los acontecimientos en ambas Coreas. Como consecuencia de ello se dedicó mucho tiempo a la evaluación y calificación del acercamiento entre ambas partes de Corea, lo cual fue sin duda muy positivo, pero no se pudo celebrar un debate serio sobre el proceso asiático. 
De todas formas, deberíamos estar contentos de que se haya producido dicha aproximación. 
Quisiera, sin embargo, formular una observación que va dirigida al pobre representante del Consejo que en algún momento tendrá que redactar el acta. Realmente resultó embarazoso que en Seúl algunos Estados miembros de la UE anunciaran la reactivación del intercambio diplomático con Corea del Norte y otros no. 
Habría sido mucho más inteligente- ojalá tuviéramos una política exterior y de seguridad común- que los 15 países hubiesen decidido conjuntamente reanudar sus relaciones con Corea del Norte en el mismo momento y en las mismas condiciones. De esta forma, nos habríamos ahorrado las ostentosas actuaciones de algunos jefes de Estado y de Gobierno. 
Es positivo- lo reconozco plenamente- que se haya consensuado un programa marco para la cooperación entre la UE y Asia. 
Pero, seamos sinceros, señor Comisario, ¿ha comprendido usted la esencia del acuerdo marco? 
Personalmente tengo serias dificultades para entender el verdadero sentido de lo que se ha acordado para el próximo decenio. 
Considero que el Parlamento debe participar en el proceso de puntualización del marco para la cooperación entra la UE y Asia, aun cuando en este momento seamos pocos. Algunos ya leerán el acta y, de todos modos, nosotros, los pocos expertos, seguiremos ocupándonos del tema. 
De todas formas, me parece que el Parlamento adopta una actitud demasiado pasiva. 
Dado que usted es un buen interlocutor, señor Comisario, deberíamos intentar ponernos de acuerdo sobre el contenido y lanzar desde el Parlamento nuevas ideas sobre la concreción del marco decidido por usted antes de Copenhague y antes de las conferencias. 
Me alegro mucho de que la parte europea se haya pronunciado claramente acerca de los derechos humanos, pero nos resta hablar con toda tranquilidad sobre las consecuencias, sobre lo que esto significa exactamente. 
Creo que hemos formulado una excelente declaración política, pero aún quedan por resolver algunos problemas. 
Estimo que como Parlamento tenemos el deber de retomar aquello que la parte europea ha incorporado a las conclusiones- lo cual es sin duda de agradecer -, es decir la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos de los Estados asiáticos de conformidad con el Primer Encuentro ASEM celebrado en Estrasburgo hace unos años. 
Es una misión importante y espero que el Parlamento pueda organizar el próxima encuentro el año que viene, antes de Copenhague. 
Debería celebrarse en Asia puesto que la primera reunión tuvo lugar en Estrasburgo. 
Precisamente porque la cooperación entre Europa y Asia se enfoca desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos, estimo fundamental que estrechemos nuestra colaboración con los parlamentos de los países asiáticos impulsando una evolución positiva a este respecto. 
Señor Jarzembowski, con respecto a su comentario sobre el número- limitado- de asistentes, podemos decir que si contamos también al Comisario, los oradores asistentes alcanzan un 75%. 
¡No está nada mal! 
Señor Presidente, hace un mes hablamos de todo este asunto y mantuvimos, entonces, un buen diálogo con el Comisario. 
La esperanza palpitaba en nuestros corazones. 
Un aspecto positivo es, por supuesto, la apertura hacia Corea del Norte, que finalmente se ha logrado. 
Por otra parte, en lo que a nosotros respecta, el resultado es, sin embargo, un poco escaso y lo digo amablemente. 
Nuestro problema con la ASEM III no consiste tanto en lo que sí se ha logrado, ya que proyectos relativos al blanqueo de dinero, el HIV y el sida, la seguridad alimentaria y cuestiones semejantes, por supuesto, son positivos. 
Incluso se han adoptado dos propuestas concretas, a saber, una mesa redonda sobre la globalización y el duo fellowship program, 4300 fellowships por un valor de 25 millones de dólares americanos. 
Por supuesto, eso no es nada despreciable, pero sin embargo, tenemos algunos interrogantes al respecto. 
Vuelvo más tarde sobre ello. 
Resulta más importante lo que no se ha adoptado. 
Podía haberse hecho mucho más en cuestiones relativas a la estabilidad financiera, el comercio y la inversión, las infraestructuras. 
Se sugirió la creación de un centro medioambiental ASEM. 
Han sido asuntos positivos. 
Lo que consideramos grave es que no haya habido resultados en materia de derechos humanos. 
Se han dicho cosas, pero no hemos encontrado nada al respecto en los proyectos que se han acordado y tampoco incluso en el ámbito, por ejemplo, de una reserva adecuada, y eso sí que podía haberse hecho. 
Hemos acordado ocuparnos de la globalización y, especialmente, de sus efectos negativos. 
En lo que a nosotros respecta, la globalización tiene precisamente efectos positivos. 
Los efectos negativos existen, pero debemos concentrarnos también en los positivos. 
En cuanto al fellowship program, consideramos incomprensible que su secretaría se haya establecido en Seúl. 
La ASEF funciona de forma excelente en Singapur ¿Por qué no se ha establecido allí? 
Sabemos que la Comisión se toma sumamente en serio la ASEM y apoyamos totalmente a esta institución en lo que a ello respecta. 
La pregunta que nos formulamos es si nuestros Ministros ASEM se la han tomado lo suficientemente en serio. 
Creemos que han mostrado una lamentable falta de ambición y no merecen por ello un aplauso. 
Se ha avanzado en cuanto al diálogo entre Asia y Europa. 
Tal vez podamos lograr en tanto parlamentarios lo que los Ministros no han conseguido. 
La Comisión Europea merece nuestro apoyo, ya que estamos convencidos de que está en el buen camino. 
Sin embargo, opinamos que los Ministros debían haber logrado un resultado mucho mejor. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0275/2000) del Sr. Jové Peres, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 613- C5-0108/2000- 2000/2068 (COS) ): Participación de la Comunidad Europea en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). 
. Señor Comisario, las organizaciones regionales de pesca están cobrando una importancia creciente, particularmente los caladeros de soberanía compartida o para la gestión de poblaciones migratorias o transzonales. 
Dada su adaptación a las características específicas de sus pesquerías, constituyen un instrumento especialmente adecuado para la gestión racional de los recursos. 
Por ello, es prioritario que la Unión Europea se dote de los mecanismos necesarios para asegurar una participación plena y digna. 
La comunicación de la Comisión se limita a tratar los aspectos relativos a las competencias que corresponden a la Comunidad y a los Estados miembros en las tareas derivadas de la participación en las mismas. 
Este enfoque es necesario pero insuficiente, puesto que conviene adoptar un esquema claro, uniforme y homogéneo para la participación de la Unión Europea en las organizaciones regionales de pesca; teniendo en cuenta la diversidad de las organizaciones regionales existentes, la participación de la Comunidad en cada una de ellas debe ser adecuada a sus particularidades. 
Sin embargo, tiene que responder a los mismos principios básicos desde un punto de vista jurídico e institucional. Por esta razón, el proyecto de informe de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo propugna la búsqueda de un reparto de funciones uniforme entre la Comunidad y los Estados miembros para el conjunto de las organizaciones regionales de pesca. 
El protagonismo en la acción comunitaria corresponde a la Comisión, garante del interés comunitario. 
Sus servicios deberán ocuparse no sólo de las funciones de representación a las que hasta ahora parecen limitarse por escasez de medios; en el futuro, los servicios de la Comisión no podrán limitarse a desempeñar un papel de fachada; tendrán que asumir de forma clara y precisa todos los aspectos relativos a la participación de la Comunidad en estas organizaciones regionales, tanto en el ámbito de la representación, del control de la transmisión y verificación de datos, como en la participación en foros científicos: en general, la dirección de la acción comunitaria, incluido el control de las pesquerías que se realicen en el marco de estas organizaciones. 
El control de las pesquerías afecta a las potestades jurisdiccionales de los Estados miembros y, por consiguiente, en cierta medida, afecta al núcleo de su soberanía. 
Dicho control debe transferirse a un órgano netamente comunitario para que la Política Pesquera Común sea aplicable a todos los Estados miembros y a todos los barcos y profesionales, con independencia de su nacionalidad, evitando riesgos de quiebra del principio de igualdad de trato. 
Por ello, la dirección del control y, progresivamente, su ejecución material, deben encomendarse a los servicios de la Comisión y, consiguientemente, su coste debe sufragarse a cargo del presupuesto comunitario. 
Es necesario mejorar los mecanismos existentes en la transposición del Derecho comunitario, para aumentar la seguridad jurídica y superar su lentitud actual. 
Ahora bien, la aceleración de la transposición al Derecho comunitario de las normas adoptadas en el seno de las organizaciones regionales no excluye el cumplimiento por el Consejo y el Parlamento de sus funciones en cuanto a la dirección de la política pesquera comunitaria. 
Ante la creciente importancia de las organizaciones regionales de pesca (ORP) , la Unión Europea debe asumir plenamente sus competencias en materia pesquera; esto presenta, ante todo, un problema de recursos humanos y materiales. 
La Comisión, quizá para esquivar el problema de los recursos, ha decidido proponer una reformulación de las funciones que deben desempeñar la Comunidad y los Estados miembros, sin modificar las competencias respectivas. 
Este enfoque, que podría ser aceptable de modo transitorio, podría presentar serios problemas de rigor y, sobre todo, institucionales si se desease hacer permanente. 
El reparto de funciones propuesto por la Comisión reservaría para la Comunidad la representación, que se podría calificar de alto nivel, y delegaría en los Estados miembros la representación en los comités científicos y técnicos; la contribución a los trabajos de las organizaciones regionales de pesca también quedaría confiada a los Estados miembros así como las misiones de inspección y control. 
Es decir, la condición de parte contratante de la Comunidad quedaría reducida a la mera condición de fachada. 
La construcción europea no puede limitarse al campo de las declaraciones vacías de contenido, mientras exista una Política Pesquera Común y la Comunidad tenga competencias en materia de pesca, debe dotarse de los medios humanos y materiales para hacer frente a sus obligaciones, tal y como exige el principio de suficiencia de medios de la Política Pesquera Común. 
Del mismo modo, si la Comunidad es parte contratante en las ORP, debe comportarse como tal y desempeñar el papel que le es exigible. 
La aplicación de este principio tiene implicaciones financieras y requiere desarrollos jurídicos y, quizás, cesiones de soberanía; pero si se opta por un determinado modelo de construcción política es necesario poner los medios para que dicho modelo se pueda llevar a la práctica. 
Señor Presidente, sin duda, las organizaciones regionales de pesca son hoy y deben serlo aún más en el futuro, la mejor garantía, si no la única, para la gestión de los recursos pesqueros mundiales. 
Tal importancia ha sido perfectamente entendida por el ponente, que ha elaborado un excelente informe, que pone de relieve el verdadero punto débil de la comunicación. Muy buenas intenciones que sólo podrán cristalizar si existe una auténtica voluntad política. 
Si partimos de la base de que de todos los Estados ribereños que hay en el mundo son poquísimos los que cuentan con el potencial económico, jurídico, legislativo y político con que cuenta la Unión Europea, se comprenderá hasta qué punto debemos preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad. 
Sin embargo, la Comunidad no se implica ni lidera; como mucho, reacciona. 
Pero reacciona con tan escasísimos medios y tan poca previsión que al final es como si enviara a David contra Goliat. 
Sólo que en la Biblia David ganó, lo que aquí no es el caso. 
He sido observadora en algunas organizaciones regionales y les puedo asegurar que es patético ver cómo dos o tres funcionarios de grado medio intentan reaccionar, agotados y casi sin dormir, ante problemas que se veían venir desde hace meses y ante delegaciones potentísimas, bien por su propia condición de grandes potencias, como Estados Unidos o Japón, bien porque han seguido de antemano una inteligente política de alianzas. 
Como la Dirección General de Pesca está en proceso de reestructuración y ello puede conllevar más personal y mejores medios, creo que debemos exigir que prioritariamente se refuerce este ámbito. 
Ello significaría, en primer lugar, no tener que limitarse a reaccionar ante actuaciones como la del Acuerdo de Galápagos y su intención manifiesta de ampliación unilateral de las aguas jurisdiccionales de cuatro países contra las normas mínimas de Derecho internacional del mar o contra intentos de expulsión arbitraria de flotas comunitarias, unas de las pocas que llevan consigo normas y reglamentaciones estrictas. 
Igualmente, es obligación de la Comisión no sólo representarnos dignamente en el ámbito marítimo internacional, sino también tomar la iniciativa. 
Por ello debería impulsar la creación de nuevas organizaciones regionales, empezando allí donde ya existe presencia comunitaria, como es el caso del Pacífico occidental y del Pacífico sur. 
Ante la reestructuración prevista, quiero pedir expresamente la creación de una unidad de grandes migradores, cuya necesidad ya ha detectado la propia Comisión al redactar una serie de reglamentos exclusivos para estas especies, objetivo principal de las banderas de conveniencia, una plaga pirata que inexplicablemente se extiende cada vez más. 
Concluyo reiterando mi apoyo al magnífico informe del Sr. ponente. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente y al Comisario. 
Las organizaciones regionales de pesca y la participación de la Comunidad en ellas son un asunto importante. 
Esas organizaciones, que abarcan casi todos los mares abiertos, proporcionan un instrumento para garantizar la conservación y la administración activa del recurso de la pesca. 
Es de este precioso recurso de lo que me gustaría hablar. 
Afrontamos una reducción de las existencias que sitúan la pesca en una situación de crisis. 
Hay exceso de pesca, contaminación en nuestros mares, se está produciendo un cambio climático- podemos percatarnos de ello en la actual conferencia de la Haya- y la alteración física del medio ambiente presiona aún más sobre estos recursos limitados. 
La reforma de la PCP es importante, pero conseguir las reformas adecuadas es incluso más importante. 
En Escocia la Federación Escocesa de Pescadores y el Fondo Mundial para la Naturaleza se han unido para proponer el concepto de administración regional de zona. 
El plan de administración de pesquerías implicaría a todos los grupos de interés de una región determinada. 
Aunque inicialmente sus recomendaciones eran puramente consultivas, se espera que si demuestra su eficacia y eficiencia con el tiempo se ganará un papel administrativo. 
El desarrollo de una regionalización de la PCP será importante porque garantizará la acción local. 
Las organizaciones de las pesquerías regionales con un papel a escala internacional y administración regional o zonal pueden hacer que lo global se convierta en local. 
Esto contribuirá realmente a que las pesquerías sean sostenibles. 
Señor Presidente, sólo tengo un minuto para atestiguar mi apoyo al excelente informe de nuestro colega Salvador Jové, que trata de forma muy certera una parte de la Política Pesquera Común que acaba de no ser reconocida en la Unión como elemento fundamental de ella. 
Obcecados con sus disputas en las aguas comunitarias, los Estados europeos ignoran, en la práctica, que la pesca tiene una dimensión mundial, tanto en lo relativo a la conservación de los recursos marinos y a la producción como a los mercados y al carácter de las flotas. 
A consecuencia de ello, hay países de la Unión, como Galicia, al que represento, que padecen de forma especial y grave esta situación y la consiguiente insuficiencia de medios humanos y materiales que padece la Comisión Europea en la aplicación de la Política Pesquera Común para las organizaciones regionales de pesca. 
El ponente critica con razón esas carencias y propone soluciones muy apropiadas, con las cuales concordamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, en todo el mundo el estado de los recursos pesqueros- a estas alturas ya lo sabemos todos- es preocupante. 
Como se nos ha dicho hace un momento ello es debido en gran parte a la contaminación medioambiental, a la que han contribuido entre otros factores los últimos accidentes sufridos por petroleros, que, por cierto, no han sido pocos. 
Sin embargo, la razón principal está en la sobreexplotación de los recursos marinos como consecuencia de las excesivas capacidades de pesca de las flotas pesqueras. 
En beneficio no sólo del medio ambiente sino también de los pescadores debemos esforzarnos por garantizar una gestión sostenible de los recursos pesqueros. 
A fin de lograr este objetivo la Comunidad ha de dar algunos pasos importantes más, aunque en realidad no nos queda mucho tiempo. 
En su comunicación al Consejo y al Parlamento la Comisión critica la ausencia de una normativa uniforme para la pesca dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas. 
En alta mar continúa imperando la ley del más fuerte. 
Dicha ley se fundamenta en la aplicación del principio de libertad. 
El mar no tiene fronteras. 
Pocos peces están en un lugar fijo. 
Pienso ahora en las numerosas poblaciones de peces migratorios. 
La sobreexplotación de unos cuantos produce un efecto dominó. 
La gestión de los recursos pesqueros, por meticulosa que sea, no puede dar ningún resultado si los demás se empeñan en defender sin escrúpulos sus intereses económicos pisoteando el mandamiento de la protección de los recursos. 
En términos globales la UE dispone de la cuarta capacidad de pesca más importante del mundo, pero no por ello la UE tiene el derecho de adoptar medidas para sí sola: éstas han de estar en consonancia con sus obligaciones internacionales. 
Debido al carácter global de la pesca se impone la colaboración internacional. Sin embargo, hemos de tener claro- y con esto volvemos a la base de dicha colaboración- que las organizaciones regionales de pesca figuran entre los gremios más relevantes. 
Aparte de que el Acuerdo de Nueva York de 1995 las consagra como tales, son de por sí los mecanismos más idóneos para promover la pesca responsable. 
Estas organizaciones son las únicas en saber ajustar la aplicación de las normativas adoptadas a nivel suprarregional a las circunstancias propias de cada lugar. 
Llevan a cabo programas estadísticos y se encargan de los sistemas de inspección y control. 
Desde luego disponen de los mecanismos más eficaces para evitar que las normas se infrinjan. 
Dado que las organizaciones regionales de pesca revisten una importancia de primer orden en el desarrollo de la pesca sostenible, considero indispensable que en cada una de ellas se reserve un lugar para la UE para que, por fin, todos podamos tirar de la misma cuerda. 
presidente de la Comisión de Pesca. Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, a punto de salir hacia una de estas organizaciones regionales pesqueras, hacia Marrakech, a donde acudiré pasado mañana para participar como observador de este Parlamento, en nombre de la Comisión de Pesca, quiero participar en este debate del informe de nuestro colega Salvador Jové, magnífico informe, donde la posición de nuestra comisión está muy clara. 
Estamos apoyando las organizaciones regionales de pesca, estamos pidiendo más organizaciones regionales de pesca y más peso de la Comisión en ellas. 
Cuando decimos más organizaciones, nos referimos a las que se pueden y deben crear en el Atlántico Sur o en el Pacífico Sur- como se ha dicho aquí- y a que la Comisión pueda liderarlas. 
Creo que el futuro de la pesquería en aguas internacionales depende de estas organizaciones y todos los esfuerzos de la Comisión, señor Comisario, son pocos. 
Para defender la postura de las Naciones Unidas, tanto en la Convención de 1982 como en la de Nueva York, a la que se ha hecho referencia aquí, debemos tener una presencia muy activa en estas organizaciones en favor de la pesca responsable. 
No le va a faltar el apoyo de la Comisión de Pesca de este Parlamento, incluso para adoptar más medios materiales y personales que, como aquí se ha expuesto, hacen falta. 
Somos autoridad presupuestaria y creo que debemos incidir en esta línea, porque en estas organizaciones y en estas aguas nos jugamos mucho en el futuro de la pesca en los próximos años. 
Quiero, por tanto, resaltar la opinión prácticamente unánime del Parlamento Europeo y, por lo tanto, que entienda la Comisión que somos aliados en esta lucha constructiva para que la Comisión pueda tener más peso- más funcionarios, se ha dicho. 
Evidentemente, frente a otras naciones, la representación de la Unión Europea es pequeña y tenemos que estar más y mejor representados, Sr. Fischler. 
Quiero decirle que vamos a seguir con esta estrategia de convocar previamente a nuestra comisión para que nos informe de cuáles son los planteamientos que se van a defender. 
Lo haremos con el sector pesquero para que tengamos una opinión conjunta y común. 
Luego habrá que volver de nuevo a la comisión parlamentaria, para que la Comisión pueda rendir cuentas en ella. 
Concluyo, señor Presidente, felicitando una vez más a nuestro ponente, el Sr. Jové, por el magnífico informe que ha realizado. 
En primer lugar me gustaría aprovechar la oportunidad de celebrar el informe y decir que la cuestión de la administración, el control y la conservación de las existencias de las pesquerías constituye un problema importante se mire por donde se mire. 
Todos somos muy conscientes de él en toda la Unión Europea e incluso más allá de sus fronteras. 
También ha sido una fuente de enormes desavenencias entre los pescadores, por un lado, y los científicos por otro. 
Hasta cierto punto, los que somos políticos estamos en medio. 
No somos ni pescadores ni científicos e intentamos encontrar una vía y la verdad entre lo que nos dicen ambos. 
Es esta una posición sumamente difícil para intentar encontrar un camino. 
Lo que voy a decir a esta Cámara y al Comisario es que todos nosotros, científicos, pescadores y políticos, necesitamos información de máximo nivel y calidad. 
Esta es la razón por la que creo que la Comisión tiene un papel importantísimo para animar a los pescadores a ponerse al frente, cooperar con ella y proponer una solución con la que estemos todos de acuerdo. 
La Comisión debería tener en cuenta las opiniones de las autoridades y la industria regional nacional. 
Cuando el Comisario contestó a mi informe el mes pasado, me pareció que mezclaba ligeramente sus situaciones geográficas: no sabía si iba a Escocia, a Irlanda o a Irlanda del Norte. 
De pronto descubrí que fue a Escocia y a la República de Irlanda, pero no llegó a Irlanda del Norte. 
Sé que él sabe dónde está Irlanda del Norte y espero desde luego que venga en el futuro a visitar a los pescadores de allí. 
Antes de que tomemos una decisión que acabe con el caos- porque creo que todos somos conscientes de la situación de los comités consultivos técnicos y las cuotas a la que nos enfrentamos en Diciembre -, quiero decir que va a ser extraordinariamente difícil no sólo para las áreas regionales y nacionales y los pescadores, sino también para la Comisión. 
Necesitamos una mejor manera de abordar esta cuestión en un momento mejor del año, con mayor implicación y más cooperación de la que hemos tenido en el pasado. 
Pido a la Comisión que considere esta cuestión. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, antes que nada quisiera agradecerles su apoyo a nuestros esfuerzos por fomentar y reforzar la participación de la Comunidad en las organizaciones regionales de pesca. 
Comparto la opinión de todos los que aboguen por un mayor número de organizaciones regionales de pesca y coincido con el Sr. Varela y otros diputados en que la Comisión está llamada a desempeñar un papel relevante en estas organizaciones. 
También estamos de acuerdo con este Parlamento en que el tema del control debe constituir una piedra angular de la política de pesca regional. 
Sin embargo, al mismo tiempo me veo obligado a reafirmar el punto de vista de la Comisión en el sentido de que la vigilancia en el marco de las organizaciones regionales de pesca no le incumbe exclusivamente a ella. 
De conformidad con la estructura básica de la Unión Europea corresponde en primera instancia a los Estados miembros encargarse del control. 
En virtud de los derechos soberanos que poseen como Estados de pabellón deben liberar los necesarios recursos tanto humanos como financieros y materiales para que la Comunidad pueda cumplir con sus obligaciones internacionales. 
Es por eso por lo que la Comisión concluye firmemente en su comunicación que, desde la perspectiva de las actividades de control, la OPANO constituye una excepción a la regla que en ningún caso puede convertirse en regla. 
La Comisión ha de poner todo su empeño en su propia misión, que consiste en controlar y coordinar la aplicación por parte de los Estados miembros de las medidas de control en el marco de las organizaciones regionales de pesca. 
Además de esto, la Comisión debe hacerse cargo de todo tipo de tareas relacionadas con las negociaciones que han de llevarse a cabo en el contexto de las organizaciones regionales de pesca. 
Sería simplemente inapropiado que no se tuviera en cuenta la práctica institucional comunitaria vigente en materia de control de buques que faenan en alta mar. 
A este respecto quisiera recordarles dos puntos fundamentales. 
Por una parte, las actuaciones de la Comunidad deben ser coherentes, independientemente de que las medidas de control se ejerzan en aguas comunitarias o en alta mar. 
Por otra parte, los puntos de vista que se adoptan acerca de este tema han de estar en consonancia con las opiniones que se defienden en el marco del actual debate sobre las denominadas actividades clave de la Comisión. 
Por eso mismo el debate sobre las medidas de control rebasa los límites de las organizaciones regionales de pesca. 
Hemos de optar por un procedimiento amplio que abarque todas las actividades pesqueras de la Comunidad, con independencia de que se realicen en aguas de la UE o en alta mar. 
Si entre todos queremos volver a reflexionar sobre las tareas que le corresponden a la Comisión en el ámbito de las actividades de control dentro y fuera de las aguas comunitarias, considero conveniente que ello se haga en consonancia con los preparativos de la reforma de la política común de pesca. 
Ello significa que a lo largo del próximo año se nos presentarán numerosas ocasiones en las que estas cuestiones podrán debatirse profundamente. 
Es todo cuanto quiero decir respecto al principal tema del informe. 
Con su permiso quisiera referirme brevemente a algunos otros aspectos. 
Respecto al plazo para la transposición de las decisiones de las organizaciones regionales de pesca reconozco que el balance de la Comisión puede y debe mejorarse. 
Aunque en este terreno ya se han logrado algunos avances, es preciso ajustar el calendario. 
En lo que se refiere al problema de las infracciones y las sanciones, la Comisión siempre se ha esforzado por incluir las sanciones en las normativas de control, puesto que un control sin sanciones no conduce a nada. 
Desafortunadamente, hasta la fecha no hemos conseguido imponer este criterio debido a la renuencia del Consejo. 
Ello no obstante, intentaremos avanzar en este tema en el marco de los trabajos en curso con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, tal y como se afirmó y se decidió en la Cumbre de Tampere. 
Por último quisiera detenerme en el reproche formulado en el punto 16. En él se dice que la Comisión pretende excluir al Parlamento del proceso de participación comunitaria en las diferentes organizaciones regionales de pesca. 
Les aseguro que esto no es cierto; pretendemos todo lo contrario. 
A este respecto hemos acatado siempre las reglas de colaboración entre el Parlamento y la Comisión y siempre hemos respetado lo acordado en el Acuerdo Interinstitucional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0305/2000) del Sr. Garot, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2000) 193- C5-0225/2000- 2000/0076 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759/75 por el que se establece la organización común de mercados del sector de la carne de porcino. 
Señor Presidente, tengo el mismo problema que Nicholson, pero en mi caso es incluso más grave. 
Me presenté a mi debate sobre el ASEM III en el momento indicado para descubrir que el debate ya había tenido lugar. 
No sé cuál es el problema. 
Creo que uno o dos diputados están ausentes, lo que hace que se adelante la discusión, y eso significa que más y más gente llega después del debate. 
No sé cómo podemos resolver este problema, pero presento mis disculpas a la Cámara por no estar presente cuando debería haberlo estado. 
No sé cómo podemos afrontar este problema en el futuro. 
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(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta tarde hemos de debatir sobre la situación del sector porcino y de su organización común del mercado que se ha revelado inadaptada frente a la última crisis que acaba de producirse. 
En efecto, entre 1998 y 2000, la producción se aceleró de manera desmesurada, con un aumento de 20 millones de cabezas para alcanzar el nivel anual de 205 millones de cerdos sacrificados en la Unión Europea. 
Hemos registrado, pues, una caída del 30% de las cotizaciones, con su cortejo de consecuencias a menudo insostenibles para los productores, en particular para los jóvenes y los más endeudados. 
En quiebra, algunos criadores no han tenido más opción que cambiar de estatuto social, para convertirse en simples asalariados de empresas cooperativas o privadas, permaneciendo en su antigua explotación. 
No es esa, señor Comisario, Señorías, la traducción del modelo agrícola europeo que la Unión quiere hacer reconocer en el escenario internacional. 
Resulta evidente que, en relación con los objetivos contenidos en el Reglamento 2759/75 modificado, se impone comprobar la inadaptación y la insuficiencia de los instrumentos de la organización común de los mercados del sector de la carne de porcino, a saber, el almacenamiento privado y las restituciones: el almacenamiento privado, que interesa tanto menos a los explotadores en la medida en que se ha puesto en práctica en un contexto de crisis estructural, y las restricciones, siempre útiles, pero dependientes de los acuerdos internacionales que las limitan cada vez con mayor severidad. 
Por lo tanto, cabe imaginar nuevos instrumentos para prevenir toda crisis grave que pudiera surgir de nuevo, a pesar de un nivel muy elevado del consumo interior y una buena utilización de las oportunidades de exportación. 
En efecto, la continua mejora de la productividad de los criaderos genera ya un crecimiento de la oferta y si ésta debiera acompañarse de una ampliación sin límites del aparato de producción, se produciría de nuevo, ineluctablemente, un fuerte desequilibrio del mercado. 
Sin embargo, y es la última crisis la que nos lo ha enseñado, el restablecimiento de los mercados ahora se produce con menos rapidez ya que los criaderos especializados mantienen, en su mayoría, globalmente su producción esperando días mejores. 
En estas condiciones, Señorías, el problema concierne menos el futuro de la producción que el futuro de los productores. 
Esa es la razón por la que resulta imperativo dotar a la Unión de instrumentos flexibles de prevención y de gestión de las crisis del sector porcino. 
A este respecto, la Comisión nos propone incorporar a la organización común de los mercados un nuevo instrumento: los fondos de regulación. 
La idea es ciertamente buena, pero como su aplicación es facultativa para los Estados miembros y los productores y, visto que exige como contrapartida congelar la producción sin aportar, en período de crisis, ninguna solución adecuada para los criadores, presenta en definitiva poco interés. 
Por esta razón, consciente de la importancia del problema, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tomando como base mi informe, ha introducido una serie de enmiendas para hacer esta propuesta más atractiva y más eficaz. 
En este caso, se trata de permitir el establecimiento de previsiones fiables relativas al mercado mediante un buen conocimiento de los medios de producción, instaurar fondos de regulación en todos los Estados miembros, con una ayuda comunitaria para su establecimiento con el fin de que todo criador de la Unión, ya sea productor o cebador, deseoso de suscribirse pueda hacerlo mediante el compromiso de estabilizar su producción durante cinco años; establecer la cofinanciación de esos fondos por los criadores o sus asociaciones y por la Unión Europea, con el fin de alentar la adhesión de los productores; introducir modulaciones en el abono de las ayudas de estos fondos durante los períodos de crisis; por último, de comprometer a los Estados miembros a tomar, con la Comisión, las medidas que les parezcan más adaptadas para restablecer el equilibrio de los mercados en caso de crisis probada, dando por sentado que este esfuerzo de restablecimiento del mercado debe aplicarse teniendo en cuenta las evoluciones de la producción en cada Estado miembro y debe repercutirse sobre los criadores que no adhieran al fondo de regulación. 
Señor Comisario, Señorías, estas son las soluciones que recomienda la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estamos convencidos, por nuestra parte, que están encaminadas a prevenir las crisis porcinas, incluso a administrarlas en caso de que tengan que volverse a producir. 
Así, mediante instrumentos flexibles, complementarios y, por tanto, indisociables, y con un coste razonable para la Unión, hemos de reconocerlo, podemos hacer que el porvenir resulte menos problemático para nuestros criadores. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, como ponente en la sombra del informe Garot sobre el establecimiento de una organización común en el sector de la carne de porcino quisiera volver a insistir sobre los defectos del mismo. 
El informe, que en esencia aboga por la creación de un fondo de regulación para criadores de cerdos y, por tanto, va más lejos que la propuesta de la Comisión, fue adoptado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En nombre de nuestro Grupo he solicitado para mañana una votación por partes puesto que personalmente rechazo la idea de un fondo de regulación para criadores de cerdos. 
¡No tengo ningún inconveniente en que tengan una hucha, pero me opongo radicalmente a la creación de un fondo de regulación para productores de cerdos que para colmo se financiaría en parte con dinero europeo! 
En mi opinión no necesitamos más normativas e intervenciones estatales. 
El libre mercado se fundamenta precisamente en el principio de que los precios se establecen en virtud de la oferta y la demanda. 
Es cierto que los criadores de cerdos han sufrido una caída histórica de los precios, pero antes de esta crisis gozaron de unas relaciones económicas estables. 
La situación de los precios se vio favorecida por la relativa escasez de la oferta como consecuencia de la peste porcina y el debate sobre la EEB y el importante volumen de las exportaciones a terceros países. Por otra parte, nuestros agricultores ruegan continuamente que en la medida de lo posible se deje fuera a la política. 
Aquí tenemos otra prueba de ello. 
¡Creo que la histeria realmente no viene al caso! 
Todo manual de agricultura que se precie habla de dos clásicos ciclos porcinos. 
Los acontecimientos de los tres últimos años forman parte de este clásico ciclo porcino aun cuando adquirieran unas dimensiones desproporcionadas. 
El mercado porcino es ciertamente uno de los pocos mercados agrícolas que han estado a salvo de las intervenciones estatales, y los cebadores de cerdos de mi país se felicitan por ello. 
La creación de un fondo de regulación invitaría a una mayor concentración en el sector porcino europeo puesto que de este modo el riesgo inherente a grandes inversiones de capital puede ser transferido al fondo común. 
Soy consciente de que en Europa reinan filosofías agrarias muy diversas. Es evidente que la filosofía del sistema federal alemán no tiene nada que ver con la que pueda imperar en el sistema centralizado francés. 
Rechazo con vehemencia la propuesta de cofinanciación por la UE. 
Me opongo a que se intensifiquen las intervenciones estatales. 
¿Normas europeas? ¡Las justas y necesarias, cuantas menos mejor! 
¿Cómo se supone que vamos a afrontar otras posibles crisis agrícolas, por ejemplo en el sector avícola? 
No podemos llenar en cada ocasión una nueva hucha comunitaria. 
Sería el cuento de nunca acabar. 
Sería mucho más conveniente que en lugar de ello cada criador de cerdos se preocupara por constituir su propia reserva. 
Así, cada criador de cerdos tendría su propia hucha. 
¡Eso es lo que yo pretendo! 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión reconoce que el mercado de la carne de porcino en la Unión Europea está sujeto a movimientos cíclicos con períodos de oferta equilibrada y precios satisfactorios, seguidos por períodos de abundante oferta en los que los precios se desploman. 
Los períodos de crisis son cada vez de mayor intensidad. 
La última originó, desde mediados de 1998 hasta principios de 2000, un descenso en los precios de más del 30 %. 
El resultado es la desaparición de las explotaciones familiares, cuya única salida es cerrar o entrar en lo que se llama producción integrada, es decir, aquella en que el productor pierde su autonomía como ganadero y se integra en una estructura empresarial- cadenas de distribución, supermercados- quién les dicta las pautas de producción a cambio de cierta estabilidad económica. 
A veces hemos llegado a preguntarnos en qué medida la propia crisis cíclica del mercado no viene provocada por la acción especulativa de las citadas estructuras empresariales, que así se van asegurando el control del sector en función de sus intereses. 
La Comisión admite que las dos únicas medidas de apoyo al mercado, almacenamiento privado y restituciones, son insuficientes para luchar contra la crisis y, sin embargo, nos hace una propuesta pacata e ineficaz. 
Sorprende su falta de imaginación y su falta de ambición. 
Más que una medida para garantizar los ingresos de los productores cuando los precios se hunden, parece apenas un consejo paternalista: ahorren ustedes en épocas de vacas gordas para resistir luego cuando lleguen las vacas flacas. 
Lo que la propuesta llama mecanismo de regulación consiste en autorizar al Estado miembro que lo desee a la creación de un fondo financiado por los productores que voluntariamente se adhieran al mismo durante un período mínimo de cinco años, adquiriendo el compromiso de no incrementar su cabaña. 
La aportación del presupuesto comunitario es cero y la Comisión se limita a autorizar en el seno del comité de gestión los umbrales de tasa y el abono de fondos. 
La voluntariedad del sistema supone que el esfuerzo de control de la producción recaería sobre unos pocos, mientras que el resto anularía este efecto produciendo sin límite hasta la llegada de una nueva crisis. 
Por todo ello, el texto de la Comisión nos decepciona y nos parece inaceptable. 
No resuelve la inestabilidad cíclica del sector, rompe con el principio de solidaridad financiera de la PAC y constituye un elemento claro de renacionalización y de distorsión de la competencia. 
De ahí que defendamos el informe de nuestro coordinador socialista, el señor Georges Garot, y las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura. Éstas hacen de la propuesta algo muy diferente al introducir, en primer lugar, el carácter obligatorio de esa medida para los Estados miembros; en segundo, la cofinanciación comunitaria del fondo y la contribución con ayudas decrecientes a la puesta en marcha del mismo; en tercer lugar, la participación de la Comisión en las medidas de gestión de la crisis y, en cuarto, la ampliación del campo de aplicación de esta medida a los productores de lechones y a las explotaciones de ciclo cerrado. 
También se hace referencia a la necesidad de fomentar las organizaciones de productores, cuya implantación difiere mucho de un Estado miembro a otro. 
Las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura constituyen para los socialistas el marco aceptable para la creación de los fondos que se nos sugieren y, por ello, quisiéramos pedir a la Comisión que, si no está dispuesta a asumir dichas enmiendas, retire su propuesta, que en sus términos actuales merece tanto nuestro rechazo como el del sector. 
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias al Sr. Garot por su informe, aunque no esté de acuerdo con su contenido. 
Estoy de acuerdo en que ha habido una crisis en el sector porcino, pero no estoy de acuerdo con las propuestas del Sr. Garot sobre cómo solucionar crisis futuras. 
El sector porcino ha sido el único sector que ha podido arreglárselas solo hasta ahora en condiciones de mercado con muy pocas intervenciones, como las ayudas a la exportación y el almacenamiento privado y así debe seguir haciéndolo. 
El fondo de regulación planteado en la propuesta del Sr. Garot, si se conceden las ayudas comunitarias, quizá sí redunde a corto plazo en beneficio de los pequeños productores y contribuya a mantenerlos artificialmente con vida a costa de los mayores y más productivos productores, que son el futuro de la producción porcina en Europa. 
La ayuda extra comunitaria planteada en el informe del Sr. Garot es, a mi modo de ver, contraria a toda cordura en estos años, cuando con la Agenda 2000 y la próxima ampliación hacia Europa Central y Oriental debemos reformar nuestra política agraria. 
Y esto no lo conseguiremos creando nuevos regímenes de ayuda- tampoco, dicho sea de paso, hay dinero en el presupuesto para ello. 
Me gustaría que la Comisión explicara si esta propuesta está de acuerdo con los acuerdos comerciales contraídos con la OMC y con la Agenda 2000. 
A mi modo de ver, choca claramente con la política agraria común la creación de fondos nacionales que supondrán una competencia desleal para los productores porcinos europeos. 
Pero lo que quizá sea peor es que tal cosa puede contribuir a que se produzca una renacionalización de la política agraria. 
Me gustaría pedir por ello que se vote no al informe del Sr. Garot y también a la propuesta de la Comisión, de modo que continúe la línea liberal que ha dominado en el sector porcino hasta ahora. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¡éste es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con las organizaciones comunes de mercados! 
Felicito al ponente. 
Si todas las organizaciones comunes de mercados fueran tan anticíclicas como ésta o si todas las organizaciones de mercados redundaran en beneficio de las empresas más pequeñas- algo que acaba de criticar el Sr. Busk- la estructura de las empresas agrícolas en Europa sería distinta. 
Las organizaciones de mercados, tal y como han funcionado hasta la fecha, fomentaban el proceso de concentración en lugar de impedirlo. 
Es interesante observar que las cosas están cambiando. 
La presente propuesta cuenta con el respaldo de quienes como yo están en contra de la organización de mercados tal y como se venía practicando hasta ahora. 
¡La Sra. Keppelhoff-Wiechert, que se opone por todos los medios a que se revoquen las demás organizaciones de mercados o se introduzca en ellas el principio de cofinanciación, sostiene que aquí la cofinanciación tampoco viene al caso! 
Si aplicáramos el concepto de cofinanciación que se maneja en este informe, es decir, el 50%, a las demás organizaciones de mercados, por ejemplo a la del azúcar, donde el PPE rechaza enérgicamente toda modificación, se liberaría de súbito una enorme cantidad de recursos. 
Mientras que en este caso al Sr. Busk le preocupa la posible reacción negativa de la OMC, adopta la actitud contraria en el marco de la organización de mercados del azúcar. 
¡Es partidario de que esa organización de mercados sí se defienda frente a la OMC! 
Los americanos han formulado una propuesta similar a la nuestra. 
Pretendemos introducir un régimen de seguro y está claro que se fundamenta en criterios sociales. 
En mi opinión, el ponente ha realizado un excelente trabajo que demuestra que la administración da mucho juego cuando se persigue una finalidad claramente definida, como es el caso. 
Señora Keppelhoff-Wiechert, a usted no le conviene el objetivo. 
Debería decirlo con toda claridad, porque es un tema que se puede someter a debate. 
A mi sí me conviene el objetivo, y vuelvo a insistir en que hoy día dispondríamos de una estructura muy diferente si lo hubiéramos aplicado a otras organizaciones de mercados. 
En lo que se refiere a la cofinanciación y la participación de la UE, la Comisión ha lanzado la propuesta de ampliar la organización de mercados existente con un régimen de seguro que se financiaría exclusivamente con dinero procedente de las propias empresas. 
¿Qué clase de propuesta es ésta? 
La Comisión puede volver a retirarla quedándose con la anterior, que tampoco sirve de nada porque ha fomentado la concentración. 
De hacerse algo, tiene que estar en línea con lo que ha diseñado el Sr. Garot. 
Ha transformado la nefasta iniciativa de la Comisión en una propuesta inteligente y anticíclica que pretende preservar la estructura. 
Por todo ello, nuestro Grupo aprobará el informe y espero que mañana reciba el apoyo de la mayoría del Parlamento. 
Tengo curiosidad, señor Garot, por saber qué ocurrirá a escala europea cuando llegue a manos de los responsables de las decisiones en el Consejo. 
No creo que tenga posibilidades de salir adelante. 
Precisamente porque el informe persigue la finalidad que acabo de describir es muy probable que acabe en la papelera, a no ser que la Presidencia francesa se saque algo de la manga que le permita imponerse. 
¡Así que muy probablemente asistiremos a un entierro de primer orden, y de un gran interés! 
Señor Presidente, las modificaciones de las organizaciones de mercados son siempre decisiones difíciles. 
A la hora de elaborar estas decisiones se trata ante todo de regular debidamente el mercado, fomentando de tal forma las intervenciones en la oferta y la demanda que la producción, en este caso la producción de porcino, estabilice los ingresos de los agricultores. 
Durante mucho tiempo esto no fue así. 
El informe encuentra resistencia y rechazo. 
Algunas de las reclamaciones van más allá y tienen su origen en el hecho de que la producción de vacuno y porcino deja mucho que desear. 
Los nuevos casos de EEB darán lugar a una disminución de la producción sin precedentes. 
En este caso la globalización de la economía se convierte en trampa, y ello no tiene nada que ver con crisis cíclicas. 
El ganado se transporta de un lado de Europa a otro, la cabaña es desmantelada con subvenciones públicas y, por otra parte, se construyen grandes instalaciones ecológicas. 
Obviamente, el presente informe no ofrece remedios para todos estos males; para ello se necesitan muchas más cosas. 
Sin embargo, procura atajar la producción sobre la base del principio de voluntariedad y la creación de agrupaciones de productores. 
Estamos ante una propuesta sincera y creíble. 
Recomendaré a mi Grupo que no rechace el informe. 
Señor Presidente, en el momento en el que la seguridad alimentaria está más que nunca al orden del día y sobre todo en el momento en que el conjunto del sector de la carne se ve afectado, en Europa, por la crisis de las vacas locas, es especialmente importante que la reforma de la organización común de los mercados de la carne de porcino se apruebe sin demora. 
El mercado de la carne de porcino experimenta fluctuaciones cíclicas, bien conocidas por los economistas, pero la crisis de 1998/1999 ha experimentado una duración y un alcance sin precedentes que puso de manifiesto la amplificación de este fenómeno, que cada vez lleva a la quiebra a numerosas explotaciones familiares y empuja cada vez más a la concentración y a la integración del sector. 
Esta crisis ha demostrado con toda claridad la insuficiencia de los mecanismos actuales muy ligeros de la organización común de los mercados de la carne de porcino y la necesidad de prever un mecanismo de regulación que permita estabilizar la renta de los productores gracias a un sistema de exacciones, en períodos de coyuntura favorable, y de pago, en los períodos de crisis, como lo propone finalmente la Comisión Europea sobre el modelo del sistema francés stabi-porc. 
No obstante, esta propuesta resultaría totalmente insuficiente si dejara a los Estados miembros la posibilidad de rechazar estos sistemas de regulación y si se dejara que las reservas destinadas a sostener las rentas en período de crisis estuvieran constituidas únicamente por las cotizaciones de los productores, ya que entonces se vería crearse una producción porcina a dos velocidades. 
Por un lado, los productores más importantes, o los que están integrados con las empresas de producción, no participarían en este dispositivo, prefiriendo los sistemas que ya tienen: ahorro individual, préstamos bancarios, fondo de compensación. 
No tendrían que adquirir ningún compromiso de limitación de producción y conservarían sus derechos de crecimiento. 
De este modo, serían la propia fuente de la próxima crisis de sobreproducción que provocaría indefectiblemente la quiebra de los fondos de regulación. 
Por otra parte, los productores más modestos, las explotaciones familiares aceptarían el juego de la solidaridad, aceptarían limitar su producción, cotizarían a un fondo de regulación nacional que los arrastraría a la quiebra en la próxima crisis de sobreproducción. 
La actual organización común de los mercados de carne de porcino es sumamente ligera y demasiado tímida. 
Este proyecto de reforma es el primero, por poco significativo que sea, que propone la Comisión desde 1975. 
Las enmiendas de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la batuta de Georges Garot, cuyo trabajo saludo, transforman este texto limitado en un texto de envergadura. 
Las modificaciones aportadas por nuestra comisión son, efectivamente, de capital importancia. 
La participación de todos los Estados miembros a este nuevo sistema será obligatorio. 
Todo criador, cualquiera que sea el lugar donde se encuentre en la Unión, podrá acogerse a este dispositivo. 
La participación del presupuesto comunitario también es esencial, ya que sin ella los que adhirieran a uno de estos fondos de regulación tendrían, de hecho, únicamente las limitaciones, y el sistema no resultaría en lo más mínimo atractivo. 
Los esfuerzos no pueden provenir de los productores solos. 
Por ello, nuestro ponente propone un compromiso más importante de la Unión a través una cofinanciación de los fondos de regulación. 
Lejos de crear de este modo un sistema excepcional con respecto a la práctica internacional, con este mecanismo flexible se aproxima, por el contrario, y con un coste razonable, de prevención y de gestión de las crisis, de lo que se practica en algunos terceros países tales como los sistemas de seguro de renta en vigor en los Estados Unidos y en Canadá. 
Por tanto, apoyamos la propuesta de la Comisión ejecutiva tal como ha sido profundamente enmendada por los trabajos de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y votaremos en favor del informe Garot. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, permítanme que les diga de antemano que en principio aplaudo la propuesta de la Comisión de crear un fondo de regulación, también en el marco de la agricultura austríaca. 
Dicho fondo puede convertirse en un instrumento idóneo para contrarrestar las pérdidas sufridas por los criadores de cerdos en tiempos de crisis. 
Sobre todo la crisis porcina de los años 98 y 99 ha puesto de manifiesto que los mecanismos de la actual organización común de mercados para el sector de la carne de porcino, tales como el almacenamiento privado o las subvenciones a la exportación, son insuficientes. 
En mi opinión la propuesta supone el primer paso hacia la futura prevención y gestión de este tipo de crisis. 
Sin embargo, hay un punto importante que falta en la propuesta de la Comisión, a saber, la cofinanciación. 
Considero que el principio básico de la financiación comunitaria de las organizaciones comunes de mercados también ha de aplicarse a la OCM en el sector de la carne de porcino. 
De este modo quedaría garantizada la participación activa de los agricultores y se lograría indirectamente una disminución de la producción. 
El informe propone que el fondo sea creado por los Estados miembros. 
Desde mi punto de vista debe garantizarse que todos los Estados miembros se comprometan a ello para que los agricultores de toda Europa tengan la misma posibilidad de participación. 
Respecto a la gestión de los fondos es preciso que la administración pública se reduzca a un mínimo. Con ello quiero decir que corresponde a los Estados miembros autorizar y controlar los fondos, pero no administrarlos. 
Deben dejar la gestión en manos de las agrupaciones de productores, por ejemplo. Es imprescindible que los agricultores puedan adherirse a los fondos con carácter voluntario. 
Ahora bien, una vez que decidan participar, tienen que comprometerse por un período de cinco años. 
Estoy convencida de que estos instrumentos proporcionarán una mayor estabilidad al mercado y brindarán a los agricultores la posibilidad de gestionar mejor las crisis recurrentes de carácter cíclico. 
Señor Presidente, señor Comisario, el ponente de este informe, el Sr. Garot, ha abordado con objetividad y con mucha precisión esta propuesta de la Comisión sobre la creación de fondos para el sector del ganado porcino. 
La aspiración a equilibrar con carácter preventivo la producción y la comercialización repercute en beneficio de la cadena de producción y en el interés común de todas las partes. 
Sin embargo, quisiera destacar que no deberíamos aplicar una economía de regulación al sector porcino a estas alturas. 
Comulgo ampliamente con nuestro colega, el Sr. Busk, cuando señala que tenemos por delante la ampliación hacia el este, y en tales circunstancias, obligados como nos veremos dentro de unos años a intervenir seriamente en toda la Política Agrícola, creo que no es conveniente integrar a un solo sector en una economía de regulación; esto no sería nada inteligente en estos momentos. 
En este punto, existe un claro enfrentamiento entre el norte y el sur: el sur se inclina más por una financiación conjunta, mientras que la economía del sector porcino del norte parte de que la financiación debería basarse muy ampliamente en la voluntariedad, y a partir de esta voluntariedad sería posible empezar a crear sistemas en los que podrían participar- tal y como acaba de decir aquí la Sra. Schierhuber- los ganaderos de porcino de las diferentes partes de Europa. 
La Comunidad podría financiar a un nivel más bien técnico, en el marco de las cuestiones técnicas que surjan en los primeros pasos, y apoyar así la puesta en marcha del sistema. 
A mi juicio, los fondos de financiación voluntaria contribuirán en el futuro a la estabilidad de los mercados también en el sector porcino. 
Señor Presidente, en primer lugar, sería absolutamente erróneo por nuestra parte venir aquí esta noche para criticar el informe o a la Comisión por seguir adelante con la propuesta. 
Me gustaría agradecer al ponente su informe. 
Es la primera vez que celebramos un debate constructivo sobre los problemas que afronta la industria porcina en toda la Unión Europea en los once años que llevo en el Parlamento. 
No digo que el informe sea apropiado, tampoco que estoy de acuerdo con él, pero sí que es la primera vez que celebramos un debate constructivo sobre este tema. 
No hay duda alguna de que, sean ustedes de donde sean, los criadores de cerdos han vivido la época más difícil de su historia. 
He visto criaderos familiares abandonar el negocio; he oído a esposas de criadores preguntarse cómo iban a sobrevivir con los problemas que está afrontando la industria. 
La pregunta que me hago es muy franca y simple: ¿aliviará sus penalidades esta propuesta a largo o a corto plazo? 
Tengo reservas extraordinariamente serias sobre si puede ayudar o no al criador de cerdos tanto a corto como a largo plazo. 
La cofinanciación es un aspecto, pero tengo la terrible sospecha de que podría crear un campo de juego desigual en muchos países de la Unión Europea. 
Tengo que preguntar al Comisario si esta propuesta será obligatoria para los Estados Miembros, ya que su respuesta es lo único que podría sernos útil a algunos de nosotros. 
Si se aplica en todos los Estados Miembros entonces existirá un cierto grado de justicia. 
Si no se aplica en todos los Estados, entonces será injusta. 
Existirá la sospecha de que los productores de otro Estado Miembro tienen una ventaja injusta. 
¿Podría el Comisario responder a esta pregunta? 
Mi voto en contra o a favor depende de su respuesta. 
Debe evitarse a toda costa la competencia desleal. 
El precio de los cerdos siempre ha tenido enormes altibajos, como ha dicho la Sra. Keppelhoff-Wiechert. 
Cuando el precio ha sido alto, entonces el productor lo estaba haciendo bien. 
Cuando el precio ha sido bajo, entonces la familia no lo estaba haciendo bien. 
Es una cuestión de equilibrio. 
Este es el problema actual de la industria porcina. 
¿Va el Comisario a abordar el mismo problema en la industria avícola, en la de los champiñones, los tomates, en otras industrias que tengan alguna dificultad particular en un determinado momento en el futuro? 
Esto es lo que nos tenemos que preguntar: ¿puede la política agrícola común afrontar realmente los desafíos que se le plantean en el presente? 
Aunque la política es buena, y aunque yo le rindo homenaje, tenemos que volver a empezar. 
Tenemos que volver a considerarla. 
Tenemos que hacer más consultas y cooperar más para encontrar un camino en el que podamos presentar una propuesta en lugar de pedir a los productores, que actualmente se encuentran bajo una gran presión. que paguen por algo que no pueden permitirse. 
Examinemos cómo podemos apoyar mejor la industria a largo plazo. 
Señor Presidente, lo bonito de este debate es, sin embargo, que de él se deduce lo que se puede y no se puede regular en la política agrícola común. 
En este sentido, es una tarde memorable, especialmente en lo que al Grupo de los Verdes se refiere. 
He entendido que se quiere una organización de mercado para la explotación ganadera intensiva y el derrumbamiento de la política agrícola cuando está vinculada a la tierra, cuando se trata de un producción extensiva. 
A fin de cuentas, hemos reconocido que esta forma de agricultura es, de cara al futuro, el modelo agrícola más duradero, más respetuoso con el medio ambiente. 
En sí, resulta curioso. 
Ciertamente, volveremos sobre este asunto en futuras discusiones con el Grupo de los Verdes. 
Antes de nada, quisiera felicitar al ponente, el Sr. Garot, por haber realizado un esfuerzo extraordinario por ver si se puede hacer algo cuando el sector de la producción porcina entre en crisis. 
Eso en sí merece un elogio. 
En segundo lugar, ¿es su medicina la adecuada? 
Tengo grandes dudas al respecto. 
Francamente dicho, no creo en esa medicina. 
Les diré por qué. 
Creo que una organización de mercado sólo tiene sentido cuando se habla de cofinanciación, financiación europea, y cuando también se establecen acuerdos respecto de la cantidad que se produce. 
Si eso no se hace, el peligro de que el mercado o las rentas se nivelen es, ciertamente, grande, pero lo es, sobre todo, el peligro de entrar en una espiral descendente, y ése no puede ser el objetivo. 
En ese caso, prefiero un mercado libre para la ganadería porcina en el que el mercado sea el que finalmente determina cómo se desarrollan los precios. 
Preferiría, en caso de que nos decidamos por una organización de mercado y el refuerzo de la política de la misma, una mejora de las organizaciones de productores, de forma que tengan más poder en el mercado, un mercado que, por el lado de la demanda, cada vez se concentra más y cuenta con una posición cada vez más fuerte. 
Uno puede preguntarse en qué medida la agricultura y horticultura europeas pueden encontrar ahí una buena respuesta. 
En ese supuesto, prefiero un refuerzo de las organizaciones, especialmente a fin de lograr una mejor posición en el mercado y lograr mejores acuerdos. 
En este sentido, debo decir, sin embargo, que el colega Garot llega a otra conclusión y que yo también, casi puedo decir sí, puedo estar casi de acuerdo con la propuesta de la Comisión tal como está, pero seamos sinceros, realmente no figura en ella la esencia del problema. 
Señor Presidente, éste es el planteamiento que me gustaría elegir, por el que rechazo de nuevo la medicina que propone el Sr. Garot, pero siento gran respeto por los notables esfuerzos que ha efectuado a fin de examinar si existe la posibilidad de lograr más apoyo social para la ganadería porcina. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Garot, por su excelente informe sobre la introducción de un fondo de regulación en la organización común de mercados del sector de la carne de porcino. 
En realidad, la crisis sufrida por el sector porcino- que por fortuna está superada- fue el punto de partida de la propuesta de la Comisión. 
Afortunadamente, en la actualidad nos hallamos en la fase económicamente más ventajosa del ciclo porcino, que se caracteriza por una disminución de la oferta y una sustancial mejora de los precios desde la perspectiva de los agricultores. 
Desde hace varios meses los productores reciben entre 140 y 150 euros por cada cien kilos de carne y los pronósticos de los expertos siguen siendo favorables. 
Así, la evolución del mercado demuestra que el ciclo porcino continúa en vigor y conserva toda su validez, y que después de las épocas malas vienen tiempos mejores. 
No podemos perder de vista esta realidad en el debate sobre el presente informe. 
Estamos debatiendo aquí un instrumento destinado a regular las rentas de los productores en tiempos de crisis. 
No se trata de una nueva organización de mercados en el sector de la carne de porcino. 
Ya existe una organización de mercados y no deberíamos cometer el error de poner en tela de juicio la organización de mercados existente, puesto que en términos generales surte el efecto deseado. 
Al examinar las enmiendas presentadas en el informe quisiera centrar mi atención en aquellos puntos que se alejan manifiestamente de las propuestas de la Comisión. 
Mi primera observación concierne al tema de la cofinanciación. 
En cierto modo esta cuestión constituye el eje del presente debate y aparece asimismo en las enmiendas 11 y 12. 
Debo, sin embargo, subrayar que los propios criadores de cerdos son los principales responsables del equilibrio del mercado y del nivel de precios correspondiente. 
Son ellos, los productores de cerdo, los que deciden sobre el volumen de la producción y de esta forma determinan indirecta y automáticamente la futura evolución de los precios. 
Considero equivocada la propuesta de eximir a los productores de su responsabilidad. 
Aparte de esto, la cofinanciación conlleva el riesgo de que los criadores de cerdos no capten bien las señales del mercado. 
Por todo ello, no puedo suscribir la idea de que la solución consista en aplicar una política de precios anticíclica. 
La puesta en marcha de una política de estas características no haría otra cosa que intensificar el ciclo porcino. 
Además, hoy he aprendido algo nuevo. Me he dado cuenta de que algunos diputados son partidarios de introducir la cofinanciación en todas las organizaciones de mercados. 
En caso de que este concepto acabe incorporándose a todas las organizaciones de mercados, posiblemente no se excluirá la cuestión porcina. 
Pero a mi entender éste no es el tema del debate. 
El segundo punto importante tiene que ver con el carácter voluntario del sistema. 
La propuesta de la Comisión deja que los Estados miembros decidan si desean o no crear un fondo, en tanto que las enmiendas obligan a todos los Estados miembros a adquirir este compromiso. 
Con todo y con eso, no podemos perder de vista que la producción de carne de porcino se manifiesta y se organiza de distinto modo en los diferentes países y que la colaboración entre los diferentes niveles de la cadena de producción tampoco es idéntica en todas partes. 
Es ésta la razón por la que un gran número de Estados miembros y también muchos productores de cerdos de estos mismos países se oponen de antemano a la creación de un fondo de regulación, aduciendo como argumento que no lo necesitan, ya que disponen de otros instrumentos para afianzar sus rentas en los momentos más críticos del ciclo. 
Sin embargo, hay otros países que abogan incondicionalmente por la creación de un fondo de regulación. Pues bien, a esos les diré sin ambages que si nosotros lanzamos ahora una propuesta en la que obliguemos a los Estados miembros a crear un fondo de regulación nos podemos olvidar de todo, puesto que no obtendrá en ningún caso la mayoría en el Consejo. 
Paso ahora a comentar la idea de incluir a los criadores especializados en cochinillos en el sistema propuesto, tal y como se formula en las enmiendas 7 y 13. 
Me parece altamente problemática, primero porque el desarrollo de la producción de cochinillos es muy heterogénea, y segundo porque los criadores de cochinillos no necesariamente precisan de ayuda en la misma fase cíclica que los cebadores. 
A esto se añade que el peso de los cochinillos varía enormemente: oscila entre 8 y 30 kg. No existe tampoco un sistema uniforme de cotización para- podríamos llamarlos- cochinillos estándares y, por tanto, carecemos de una base en la cual nos podamos apoyar. 
A este respecto considero mucho más conveniente que el equilibrio económico entre el precio de los cochinillos y el precio de los cerdos de matanza se establezca a través del mercado y no mediante medidas artificiales. 
No olvidemos tampoco que en muchos países los agricultores que crían cochinillos los engordan luego ellos mismos, de modo que tienen acceso directo al fondo de regulación a través de los cerdos de engorde vendidos. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 16 puesto que supone una drástica intervención en la libertad de decisión de los agricultores que no se adhieran al fondo con objeto de salvaguardar su independencia. 
Es más, las medidas no se definen, de tal forma que en realidad continúan siendo los Estados miembros los que deciden sobre las acciones que deben emprenderse. 
Ello daría lugar a una auténtica renacionalización, cosa que no puedo consentir. 
La propuesta de reducir la producción en los diferentes Estados miembros en función de la producción anterior vuelve a aproximarse peligrosamente al régimen de cuotas. 
Además, ocasionaría un enorme revuelo burocrático, también desde el punto de vista de las medidas de control. 
En opinión de la Comisión está plenamente justificado que sólo se exija mayor rigor a los agricultores que participen en el fondo de regulación, puesto que al fin y al cabo éstos reciben unas rentas estables a cambio, en tanto que aquellos que no se adhieren no obtienen ninguna compensación. 
Aparte de estas cuatro cuestiones clave que se plantean en el debate sobre el presente informe se han presentado diversas otras enmiendas menos sustanciales. Se refieren prácticamente todas a detalles de índole normativa, detalles que a mi modo de ver no deben incorporarse al reglamento del Consejo sino a las disposiciones de ejecución. 
Respecto a la adaptación de las ayudas al volumen de la cabaña debo señalar que la propuesta de la Comisión ya prevé un fundamento jurídico para tal procedimiento. 
Permítanme que para finalizar me detenga brevemente en un tema que se expone principalmente en la enmienda 6, a saber, el perfeccionamiento de la información estadística acerca de la evolución de las cabañas porcinas y las posibilidades de prever la evolución futura de la producción. 
En mi opinión, no necesitamos una nueva ley, y tampoco una nueva disposición. 
Estimo más importante que los Estados miembros y sus servicios estadísticos se comprometan a una correcta y exhaustiva aplicación de las disposiciones existentes. 
Mis servicios han llamado la atención de nuestros colegas de Eurostat encargados de llevar a cabo estas averiguaciones sobre los problemas pendientes, instándoles a lograr mejores resultados. 
En los últimos meses se ha deliberado mucho al respecto y ha quedado de manifiesto que las deficiencias no son debidas a una falta de normas, sino a una falta de profesionalidad: no se toman en serio las disposiciones vigentes, el seguimiento de las cabañas porcinas deja mucho que desear y los Estados miembros no responden debidamente a las preguntas que se les formula. 
De mi discurso se desprende que me resulta imposible aceptar sus enmiendas. 
Ello no obstante, les estoy muy agradecido por el serio debate que se ha desarrollado aquí y espero que, pese a todo, el Consejo alcance un acuerdo sobre la base de la propuesta de la Comisión. No olvidemos- lo digo con toda claridad- que seguimos teniendo el mismo problema que antes, en el sentido de que las opiniones de los Estados miembros al respecto divergen considerablemente. 
Señor Presidente, con su permiso quisiera formular una pregunta al Comisario porque estoy un tanto irritado. Ha dicho que la Comisión no pretende bajo ningún concepto modificar la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino. 
No obstante, el título reza: "sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759//75 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino". 
Así las cosas, ¿qué es lo que nos ha presentado la Comisión? 
Si los cambios que desea introducir no son tan radicales como los nuestros podemos entendernos, pero si, al contrario, no quiere cambiar nada, el texto es incorrecto. 
Agradecería que el Comisario aclarase este punto. 
Cuando ustedes nos presentan una iniciativa, el Parlamento hace uso de la libertad de formular sus propias propuestas al respecto. 
¡Es nuestro pleno derecho! 
Señor Presidente, déjeme que se lo explique. No he dicho que la incorporación de la propuesta de la Comisión no implique una modificación de la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino. 
No cabe duda de que sí implica un cambio, es evidente, pero en el debate algunos han dado a entender que se trata de introducir una organización común en el sector de la carne de porcino, y ante esta situación yo me he permitido puntualizar que ya disponemos de ella. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.10 horas) 
Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas- 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas para 1999. 
Saludo la presencia del Presidente del Tribunal de Cuentas, el Sr. Karlsson, y a continuación le concedo la palabra. 
Doy las gracias al Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas, y a continuación concedo la palabra a la Sra. Schreyer, en nombre de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Presidente, señores miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, la Comisión Europea avanza por buen camino pero todavía le falta recorrer un trecho. 
Este es el mensaje que dirige el Tribunal de Cuentas a la Comisión. 
Éste acaba de quedar muy claro en su intervención, señor Presidente. 
El Tribunal de Cuentas Europeo impone, con razón, unas exigencias muy estrictas en lo que respecta a la gestión del dinero de los contribuyentes europeos. 
La Comisión está llevando a cabo su reforma de la gestión financiera atendiendo a dichas exigencias. 
El Tribunal de Cuentas da impulso a la reforma de la Comisión. 
Es bueno que así sea y yo quiero agradecerle sinceramente, señor Karlsson, al igual a los miembros del Tribunal de Cuentas y también a sus servicios, el apoyo que brindan a la reforma de la Comisión con su informe. 
En su informe correspondiente al ejercicio 1999, el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión de que los excesivos errores cometidos en la ejecución del presupuesto no permiten conceder una declaración de fiabilidad. 
En cambio, considera fiable la gestión contable de la Comisión y confirma la legalidad y regularidad de la gestión de los ingresos presupuestarios, los créditos de compromiso y los gastos de personal. 
En el debate y en el curso de todo el proceso de aprobación de la gestión nos vamos a concentrar seguramente en la ejecución del presupuesto, o sea, en el desembolso y liquidación de los créditos. 
El Tribunal ha resaltado una vez más que los Estados miembros gestionan más del 80% de los fondos presupuestarios europeos. 
Si ahora lo menciono aquí, no lo hago en absoluto porque la Comisión quiera escudarse en los Estados miembros para eludir su responsabilidad política; no, de conformidad con el Tratado europeo, la responsabilidad política de la ejecución del presupuesto le corresponde a la Comisión. 
No obstante, no es aceptable que los Estados miembros utilicen esta disposición del Tratado como una excusa para no adoptar las medidas necesarias. 
De ningún modo quisiera generalizar en exceso. 
Es cierto que hemos iniciado conjuntamente algunos pasos importantes para mejorar los controles, como por ejemplo con la introducción de los controles financieros en el ámbito de los Fondos estructurales o del procedimiento de las correcciones financieras en el contexto de los gastos agrícolas. 
Sin embargo, me deja francamente estupefacta que, en el caso de los derechos aduaneros, por ejemplo, los Estados miembros se nieguen a asumir la responsabilidad financiera cuando sus administraciones cometen errores por cuya causa se dejan de recaudar derechos de aduana y que todos los Estados miembros deban responder conjuntamente por esa pérdida de ingresos. 
Esto supone penalizar a los Estados miembros conscientes y premiar financieramente a los menos escrupulosos. 
A todos los Ministros de Finanzas se les debería revolver el estómago ante un sistema de incentivos tan perverso, pero de momento a la única que parece sentarle mal es a la Comisión. 
El Tribunal de Cuentas también deja claro en su informe que los errores que ha detectado no equivalen a un fraude ni tampoco suponen un perjuicio para el presupuesto. 
No lo menciono como una excusa, sino como una aclaración. 
Evidentemente, se hace hincapié en que la Comisión Europea tiene el deber de evitar también los errores formales, además de combatir el fraude, con mayor motivo toda vez que repetidamente se plantea el problema de las fronteras y los solapamientos entre uno y otros. 
La Comisión Europea hace, por lo tanto, todos los esfuerzos para establecer controles más rigurosos con vistas a la protección del contribuyente europeo y del presupuesto europeo. 
El informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad recientemente presentado y el informe anual sobre la lucha contra el fraude así lo indican. 
En 1999 se creó la OLAF. 
Se adoptaron nuevas medidas para evitar el fraude en el ámbito de la contratación, un aspecto muy importante. 
Se acaban de proponer disposiciones legales para combatir el lavado de dinero y la falsificación de euros. 
Se han impuesto condiciones más estrictas en el marco de los acuerdos de cooperación con terceros países y con los países candidatos en particular, con el fin de que la lucha contra el fraude no se detenga en las fronteras de la UE. 
Con la demanda presentada ante los tribunales americanos contra las grandes empresas tabacaleras por su presunta participación en el contrabando de cigarrillos, la Comisión también ha demostrado, no en último término, que en la lucha contra el fraude tampoco se deja arredrar por los peces gordos. 
En este contexto y dada su proximidad, yo también quisiera recordar que, con vistas a la Conferencia Intergubernamental de Niza, hemos propuesto una modificación del Tratado que permita crear una fiscalía europea encargada de perseguir el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad. 
Yo espero sinceramente que la Conferencia Intergubernamental de Niza no se limite a tomar nota de la propuesta o a desecharla sin más, sino que ésta se discuta seriamente. 
Sin embargo, la consiga "Queremos recuperar nuestro dinero" también incluye, obviamente, aquí y ahora, las correcciones financieras y las reclamaciones. 
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, usted ha anunciado que van a presentar un informe especial al respecto y van a realizar una verificación especial, lo cual yo no puedo dejar de acoger con satisfacción. 
En el ámbito de los gastos agrícolas se realizan cada año correcciones financieras por un montante de unos 600 millones de euros y no se paga, por ejemplo, ninguna ayuda a alrededor de un 2% de las superficies subvencionables como sanción por el frecuente falseamiento de las superficies declaradas, un problema que el Tribunal de Cuentas también señala muy claramente en su informe relativo al ejercicio 1999. 
El Tribunal de Cuentas ha reforzado la elaboración de informes especiales. 
En nombre de la Comisión, yo acojo con gran satisfacción este enfoque pues, por su proximidad en el tiempo, dichos informes especiales pueden ser también muy útiles para adoptar decisiones en la práctica. 
Pueden serlo, digo. En efecto, a menudo no basta con que la Comisión escuche las observaciones del Tribunal de Cuentas, sino que éstas también deben ser atendidas por el Consejo y el Parlamento. 
Me refiero, por ejemplo, al caso concreto del informe especial sobre la ordenación común del mercado del azúcar que se acaba de hacer público. 
La Comisión proponía prorrogar la actual ordenación del mercado por un período de sólo unos dos años, para proceder a continuación a una revisión a fondo. 
Sin embargo, el Consejo decidió, lamentablemente, que el plazo era demasiado corto y habría que prorrogarla por un período más largo. 
Yo creo que esto demuestra la necesidad de que las observaciones que formula el Tribunal de Cuentas como resultado de la fiscalización de la actuación pasada y las valiosas sugerencias que ofrece con vistas al futuro también se debatan luego, como es lógico, conjuntamente con el Consejo. 
Evidentemente, de una pronta fiscalización se deben extraer también consecuencias rápidas. 
Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la ayuda alimentaria a Rusia, que el Tribunal examinó en un informe. 
Cuando a finales del año pasado se constató que no se podían alcanzar los objetivos originarios de la ayuda humanitaria sin una aplicación adecuada de medidas de control y vigilancia, la Comisión decidió interrumpir la acción a pesar de que aún quedaban fondos disponibles. 
En este contexto, yo también quisiera señalar muy brevemente que la mejora de la gestión global de las ayudas en el ámbito de la política exterior es un aspecto central de los trabajos de la Comisión, tanto en lo que respecta a la reestructuración institucional de todo este ámbito como también desde el punto de vista de la necesidad de reducir más decididamente y con mayor rapidez que en el pasado la elevada carga de los pagos atrasados. 
La Comisión ha presentado un documento al respecto a la Comisión de Presupuestos. 
La Comisión avanza por el buen camino con la reforma iniciada. 
No sólo hemos seguido la orientación adecuada, sino que también hemos completado ya una parte importante del recorrido. 
Entre los hitos que hemos superado cabe citar, por ejemplo, la elaboración del Presupuesto 2001, en el que la Comisión ha seguido por primera vez un enfoque basado en las actividades. 
La Comisión ha revisado sus prioridades en el marco del llamado "grupo de pares" y ha reorganizado la adscripción del personal sobre este base. 
Se ha reforzado la capacidad de control de las diferentes direcciones generales. 
Se ha creado un servicio de revisión interna encargado de supervisar los sistemas de control de las distintas divisiones y se ha establecido un servicio financiero central, que está a la disposición de todas las direcciones generales para la redacción de los contratos o para la aplicación de las normas del Reglamento Financiero, por ejemplo. 
Ahora hemos llegado a un tramo difícil del camino, en el que vamos a necesitar el apoyo del Parlamento Europeo, del Consejo y también del Tribunal de Cuentas. 
Me refiero, por ejemplo, a la modificación del procedimiento disciplinario y también a la revisión del Reglamento Financiero, en particular. 
Señor Presidente, usted ha dicho que hasta el momento muchas cosas sólo figuran sobre el papel. 
Ahora ha llegado, evidentemente, el momento de trasladarlas a la práctica. 
El Tribunal de Cuentas se ha comprometido, por ejemplo, a emitir muy pronto su dictamen sobre la propuesta de revisión del Reglamento Financiero, lo cual yo agradezco muy sinceramente. 
Yo espero que el Parlamento y el Consejo se dejen contagiar por la ambición que demuestra el Tribunal de Cuentas, de manera que este hito importante de la reforma deje de ser muy pronto sólo una propuesta sobre el papel y se convierta en Derecho vigente que permita mejorar la ejecución del presupuesto. 
Señora Presidenta, señor Presidente Karlsson, quiero manifestarle el agradecimiento que merece por la presentación del informe anual que acaba de hacer. 
La intervención de la Sra. Schreyer ha sido igualmente muy interesante. 
Sin embargo, yo quiero agradecerle muy especialmente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, el procedimiento que se ha seguido en esta ocasión para mantener informados a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. Esto nos permitió preparar el debate de hoy sin vernos ya obligados a conocer los detalles a través de la prensa. 
Como usted ha señalado, señor Presidente, 1999 fue un año de transición debido a la disolución de la anterior Comisión y la designación de otra nueva- No esperamos que esta nueva Comisión pueda corregir de inmediato todos los errores y deficiencias que puso al descubierto el Parlamento y para subsanar los cuales solicitó en vano reformas en su momento. 
Al igual que el Tribunal de Cuentas, nosotros también acogemos con satisfacción los esfuerzos del presidente Prodi para llevar a cabo una reforma y apoyamos su aplicación con actitud constructiva, pero no exenta de críticas. 
¿Se observa por fin una mejora en la ejecución del presupuesto comunitario? 
Esta es la pregunta a la que habríamos deseado poder responder afirmativamente más de un año después de que entrara en funciones de la nueva Comisión, que ya es en parte directamente responsable de la ejecución del Presupuesto de 1999, a partir de septiembre de ese año. 
Lamentablemente, con el nuevo informe del Tribunal de Cuentas en la mano, todavía no es posible responder a dicha pregunta con la conciencia tranquila. 
Es conveniente y acertado que el Tribunal de Cuentas recuerde los numerosos pasos que ha emprendido la nueva Comisión para mejorar las cosas- la Sra. Schreyer también los ha citado- o que al menos ha anunciado. 
Nuevos procedimientos para la definición de prioridades y la correspondiente asignación de los recursos, modificación de la política de personal, una mejora fundamental en la ejecución del presupuesto y el control financiero, reforma de los programas, creación de un servicio de auditoría eficaz, todo ello siguen siendo, no obstante, sólo esperanzas para el futuro. 
La realidad, tal como la describe el informe anual, es más bien decepcionante. 
Un aspecto particularmente lamentable y casi incomprensible es que la fiabilidad de la contabilidad sigue siendo insuficiente. 
La Comisión no ha puesto en orden sus libros, las cuentas reflejan sólo de manera muy limitada la verdadera situación financiera. 
Al final del ejercicio faltan datos sobre los anticipos y pagos a cuenta, y la sobrestimación de los compromisos pendientes es de nada menos que 2.600 millones de euros. 
Al mismo tiempo, según señala el Tribunal de Cuentas, se han sobrestimado significativamente los créditos potenciales. 
El Parlamento ya señaló explícitamente todos estos graves errores contables en el procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente a los ejercicios de 1996, 1997 y 1998. 
Aunque sea una tarea difícil y se necesite tiempo para modificar radicalmente la gestión presupuestaria, estábamos autorizados a esperar, señora Comisaria, que la nueva Comisión consiguiera poner al menos rápidamente en orden sus libros. 
Sin embargo, al parecer ni siquiera esto se ha conseguido y yo lo lamento mucho. 
Cuando usted tomó posesión de su cargo, señora Schreyer, nos prometió que haría un esfuerzo en este sentido. 
El Parlamento Europeo se encuentra ahora en una tesitura sumamente difícil, puesto que este mismo año declaró- en el mes de enero- que no estaba dispuesto a aceptar que la liquidación de cuentas del ejercicio 1999 siguiese estando plagada de graves errores. 
Ya conocen el texto de la decisión. 
Sin embargo, si no se aprueba la liquidación de cuentas, eso significa que tampoco se va a conceder la aprobación de la gestión presupuestaria, tal como manifestamos en enero. 
La liquidación de cuentas es un requisito previo para la aprobación de la gestión. 
Tenemos que encontrar una solución y yo le pregunto, señora Schreyer: ¿podemos contemplar la posibilidad de que se rectifiquen las cuentas de 1999? 
De nuevo y ya por sexta vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas no puede certificar la fiabilidad, o sea que no puede asegurar que las operaciones subyacentes a los estados financieros sean legales y regulares. 
El número de errores detectados es demasiado alto para poder ofrecer esa garantía. 
El porcentaje de errores continúa siendo claramente superior al 5%. 
Expresado en euros, esto se traduce en un montante de unos 5.000 millones de euros que no se han gastado debidamente. 
Quiero subrayar que esto no significa que en todos los casos haya detrás un fraude, señor Presidente del Tribunal de Cuentas. 
A menudo se trata de una negligencia o un error de interpretación debido a la complejidad de las normas y procedimientos, pero no deberíamos quitarle importancia. Un porcentaje tan alto de errores es sencillamente inaceptable y no se puede seguir tolerando indefinidamente. 
Tengo que rechazar su alusión a la mala ejecución en los Estados miembros, apreciada señora Schreyer, puesto que el Tribunal de Cuentas también señala con claridad dónde se localiza esa tasa de errores de la Comisión y ésta sigue siendo en última instancia la responsable de la ejecución del presupuesto. 
Yo les ruego que sean más rigurosos, con objeto de que en verdad podamos decirles a los ciudadanos de Europa: ¡aquí se administra bien su dinero! 
Nuestra comisión va a iniciar ahora su tarea y nos proponemos colaborar estrechamente con usted. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su informe anual. 
Me gustaría abordar varios problemas y espero que el Sr. Karlsson pueda hoy contestar a mis preguntas. 
A raíz de la aprobación de la gestión de 1997 aprobamos en este Parlamento que no se concedería la aprobación de la gestión de 1999 si el Tribunal de Cuentas no estaba en condiciones de emitir un dictamen positivo de las cuentas de 1999, como acaba de decir la Sra. Theato. 
No obstante, me gustaría saber cómo de seria es la situación con respecto a las cuentas de 1999. 
Ayer planteé una pregunta- sé bien que no había mucho tiempo -, pero me gustaría que me diera una respuesta absolutamente clara a la pregunta de a cuánto asciende el porcentaje de errores. 
Se dice que no puede calcularse exactamente. 
Ayer hubo un miembro del Tribunal de Cuentas que dio una conferencia de prensa y en esta conferencia de prensa se facilitó una cifra, y me parece que también deberíamos poder tenerla aquí. 
¿Es 5,5 el porcentaje de errores? 
Espero recibir una respuesta. 
La Comisión empleó más de 80.000 millones de euros durante 1999. 
Sin embargo, la Comisión no ha sido especialmente aplicada en la gestión del presupuesto. 
La cantidad destinada a actividades de planificación se ha quedado corta en 240 millones de euros. 
Los compromisos se han situado 2.600 millones de euros por debajo de la cifra real y los compromisos no cumplidos se han situado más de 1.200 millones por encima de la cifra real. 
Si la dirección de una empresa privada hubiera cometido pifias tan grandes, estoy casi totalmente seguro de que los propietarios la hubieran despedido. 
No obstante, ¡echemos ahora un poco de agua al fuego y no nos acaloremos por ahora! 
La antigua Comisión, que en principio era responsable del presupuesto de 1999, ya ha sido despedida. 
La nueva Comisión debe ser juzgada este año por cómo ha sido de aplicada en la tarea de limpiar a fondo y reformar. 
Celebro por ello que el Tribunal haga más hincapié en el seguimiento de los informes anuales anteriores. 
Queda claro donde sigue habiendo problemas, pero también donde se han llevado a cabo algunas mejoras positivas. 
Supuse que el informe anual del Tribunal de Cuentas sería mucho más concreto. 
Debemos disponer de más cifras y de más hechos. 
El Sr. Karlsson dijo ayer que no es fácil fijar cantidades. 
Lo comprendo perfectamente, no obstante, le pedí a uno de mis colaboradores que examinara el capítulo sobre agricultura y en una hora había hecho un informe completo de cuáles eran los países de los que se hablaba, de cuáles eran los problemas y asimismo de dónde se había perdido mucho dinero. 
Cuando un colaborador competente de este Parlamento puede hacerlo en una hora, quizá también podamos exigir que el Tribunal de Cuentas nos facilite un informe semejante de todos los capítulos. 
Saldrán naturalmente muchas cosas feas, pero al mismo tiempo demostraremos que hay transparencia. 
De esta forma, podremos cerrar la boca a la prensa que está totalmente salvaje y huele sangre cada año cuando aparece el Tribunal de Cuentas con su informe. 
De una vez por todas podremos decir: "Éstos son los problemas y deseamos hallar una solución". 
Me parece una buena forma de actuar y también creo que este informe debería ser mucho más concreto. 
También supuse que el informe del Tribunal de Cuentas sería un poco más fácil de usar y que en él se darían algunas recomendaciones claras, por ejemplo, una o dos recomendaciones claras por capítulo. 
También me figuré que el Tribunal de Cuentas presentaría su informe este año antes. 
Lo cual nos daría más tiempo para el procedimiento de aprobación de la gestión en el Parlamento, no viéndonos obligados así a postergar la aprobación de la gestión cada año. 
Como ponente, ahora sólo dispongo de 14 días en los que puedo plantear preguntas a la Comisión, debiendo ésta facilitarme las repuestas en 14 días. 
Resulta casi un contrasentido plantear semejantes exigencias, pues si pudiéramos tener el informe mucho antes, podríamos hacer también un trabajo aún mucho más serio. 
Celebro también que el Tribunal subraye que el 7% de errores no son sólo casos de fraude y espero que la prensa preste atención a ello en la sala de prensa, de modo que no sólo sean los escándalos los que aparecen referidos en la prensa. 
Puede tratarse de irregularidades o de casos turbios. 
Lo que resulta realmente tranquilizador es que parece que se está siguiendo el camino adecuado para luchar contra el fraude. 
Sólo hay muy pocos casos que hayan ido a parar a la OLAF y que hayan sido objeto de instrucción criminal en los Estados miembros, no obstante, es importante recordar que el 7% del presupuesto, como mencionó también la Sra. Theato, corresponde a una cantidad comprendida entre los cinco y los seis mil millones de coronas danesas. 
Esta cantidad es mayor que toda la ayuda comunitaria al desarrollo por cuantificar esta cifra. 
La reforma de la Comisión pretende en gran medida responsabilizar a cada Dirección General y me gustaría preguntar al Tribunal si éste alberga planes en el futuro para reestructurar el informe anual de modo que se elabore un capítulo por cada Dirección General. 
Ya este año quiero tratar de ver si esto es posible para que podamos empezar a valorar el trabajo de las Direcciones Generales. 
También podemos empezar a valorar el trabajo de los comisarios y ponerles notas según sean de aplicados. 
Quizá esto pudiera darles un pequeño empujón de resultar necesario. 
El Tribunal de Cuentas subraya otra vez que la administración diaria de la mayoría de fondos comunitarios, por ejemplo, en materia de agricultura y fondos estructurales, se lleva a cabo en los Estados miembros y estoy plenamente de acuerdo, como se ha dicho, en que ahora los Estados miembros deben procurar espabilarse. 
Los Estados miembros se encubren, engañan con el dinero, no hacen nada por llevar a cabo un control, y cada vez que aparecen críticas, se echa la culpa a los que están en Bruselas, es decir, a la Comisión y a otras instancias. 
Creo que los Estados miembros deberían sentirse avergonzados. 
En 1995 se aprobó un Convenio relativo a la protección de los intereses económicos de la Unión Europea. 
Sólo hay un país miembro que lo haya transpuesto a su legislación. 
Sencillamente, es terrible, ¡así que se espabilen los Estados miembros! 
Por último, quiero decir que celebro la cooperación mantenida a raíz de la aprobación de la gestión. 
Estoy seguro de que vamos a obtener un resultado positivo, pero tal cosa exige transparencia y honestidad por todas las partes y por nuestra parte en este Parlamento no debe existir ninguna duda acerca de nuestro deseo de contribuir a hacer algo razonable y de que otorgaremos la aprobación de la gestión en el mes de abril si se nos facilita lo que solicitamos. 
Señora Presidenta, quisiera expresar también mi agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas por el informe y al comisario por su respuesta al mismo. 
Una vez más creo que la opinión pública se dará cuenta de que en esta ocasión tampoco se ha producido una declaración positiva de confianza en lo que respecta a los gastos europeos. 
Todos sabemos- y se dirá a menudo- que la mayor parte del dinero se gasta por parte de los Estados Miembros. 
De modo que, en mi opinión, es allí donde tenemos que centrarnos. 
También se sabe que la mayor parte del gasto le corresponde a la agricultura. 
A petición de este Parlamento, la Comisión estableció hace algunos años que, en caso de irregularidades, se produciría una corrección financiera del 25% para los Estados Miembros. 
¿No hubiera resultado interesante, y he entendido que el Tribunal de Cuentas lo está analizando, si este mismo tribunal hubiera estudiado los efectos de esta medida? 
¿Se podría aplicar también a otros sectores? 
Quisiera una respuesta a esta pregunta. 
Muestro mi total conformidad con el señor Blak en el sentido de que resulta frustrante que no aparezcan cifras exactas en el informe del Tribunal de Cuentas. 
¿Se sitúa la fiabilidad de los gastos en el 5% o en el 7%? ¿Es cierto que la fiabilidad de los gastos agrícolas es inferior, situándose en el 3%? 
El Tribunal de Cuentas afirma continuamente que no dispone de suficiente personal para analizar esta cuestión. 
No lo pongo en duda pero cuando el Tribunal de Cuentas expresa una conclusión, parto de la base de que lo hace con arreglo a cifras exactas. 
Mi gran duda es: ¿por qué no se pueden publicar estas cifras? 
También creo recordar que disponemos de un comité de conciliación para asuntos agrícolas y que en caso de discrepancias entre la Comisión y las correcciones financieras, éstas se pueden someter al Comité de Conciliación. 
¿La Comisión y el Tribunal de Cuentas se muestran a favor o en contra de esta cuestión? 
Por último, señora Presidenta, este informe financiero se refiere a 1999. 
Obviamente, la Comisión alegará que llegó en septiembre de 1999 y que, por lo tanto, no es responsabilidad suya. 
Creo que ya va siendo hora de poner fin a esto. 
Creo que la Comisión nos debe indicar cuándo cree poder presentar una declaración positiva de confianza, ya que no podemos seguir posponiéndola todos los años desde 1995. 
Señora Presidenta, señor presidente del Tribunal de Cuentas, estimado comisario, estimados colegas. Señor presidente del Tribunal de Cuentas, le doy las gracias por este excelente informe anual. 
También le agradezco el procedimiento aplicado. Hemos dispuesto de más de una semana para poder estudiar el contenido de antemano. 
Hemos tenido la oportunidad de prepararnos a conciencia. Creo que en principio se trata de un procedimiento correcto. 
Aunque si le soy sincero, me siento algo defraudado por la reunión de ayer en la Comisión de control presupuestario. Fue demasiado corta. 
En realidad tampoco respondió a algunas preguntas concretas y claves planteadas por mis colegas. Me parece lamentable. 
El debate de hoy ha planteado algunas de esas preguntas y hoy leo en el Süddeutsche Zeitung que algunos de sus colegas sí que realizan declaraciones detalladas. 
Hablan de fraude, de irregularidades, de errores que ascienden a ocho mil millones de marcos alemanes. 
También leo que el porcentaje de error supera el 5%. 
¿Por qué hacemos hincapié en esta cifra? 
El señor Mulder lo ha hecho, al igual que el ponente. 
Queremos saberlo porque se trata de un elemento importante para nuestra valoración. 
Ya hemos realizado pronuciamientos políticos con anterioridad al respecto. 
Por ello quisiera pedirle de nuevo que nos responda a esta pregunta. 
Cosntatamos que existen multitud de irregularidades en la Comisión y que aún no existe una cultura que permita administrar el dinero del contribuyente europeo de forma adeucada. 
Es lamentable. 
Todos sabemos naturalmente que la Comisión está introduciendo modificaciones. 
El presidente del Tribunal de Cuentas ya ha lo ha indicado también y, por ello, el informe del año que viene se converitá sin duda en el informe de la verdad. 
Existe, en efecto, la necesidad de adoptar medidas en los parlamentos regionales y nacionales, ya que es justamente en esos Estados Miembros donde se produce un gran número de errores. 
Por este motivo, quisiera hacer un llamamiento a nuestros colegas de los parlamentos nacionales para que ratifiquen las dos convenciones que aún no se han ratificado en todas partes. 
Hago un llamamiento a los ministros, jefes de estado y de gobierno para que aprueben la propuesta de crear un ministerio público europeo en Niza. 
De esta forma, mejorará la claridad. Así se incrementará la atención que se presta a su informe, lo que supondrá un estímulo para mejorar de cara a la próxima ocasión. 
Señora Presidenta, deseo, junto con todos mis colegas, saludar este informe anual que nos ha sido presentado con un talante constructivo. 
La Comisión y los Estados miembros deberían contemplarlo desde este ángulo y utilizar los resultados del informe como una herramienta para mejorar su actuación en la gestión de las finanzas de la Unión Europea. 
Es lamentable que el Tribunal de Cuentas no pueda dar el visto bueno a la Comisión con una declaración de fiabilidad positiva. 
Esta situación no ha cambiado desde que se publicó la primera declaración de fiabilidad respecto al ejercicio 1994. 
Los Estados miembros son responsables de la gestión del 80% del gasto y el Tribunal de Cuentas ha detectado toda una serie de errores a nivel de los Estados miembros. 
Resulta bastante inquietante. 
Deberíamos recordar que los recursos comunitarios provienen directa o indirectamente de los ciudadanos europeos. 
Por consiguiente, existe la necesidad inequívoca de rendir cuentas hasta por el último euro del gasto. 
Debemos garantizar a los ciudadanos europeos la buena utilización de sus contribuciones. 
Me complace que la Comisión haya adoptado medidas encaminadas a mejorar su control de la gestión de las finanzas comunitarias, y que los Estados miembros estén introduciendo sistemas con este mismo fin. 
De este modo se reducirá el nivel de errores. 
La Comisión debe mantenerse alerta en su búsqueda de los procedimientos adecuados de gestión a nivel de los Estados miembros. 
También en el Parlamento debemos ser vigilantes para que la Comisión lleve a cabo esta función. 
La Comisión es la responsable de la ejecución del presupuesto. 
Algunas de las características frecuentes de este informe son la ausencia de procedimientos de gestión y control adecuados, la falta de planificación, evaluaciones insuficientes, la debilidad o inexistencia de criterios a la hora de decidir sobre el derecho de recibir subvenciones. 
Todo esto, combinado con la declaración de fiabilidad negativa, despierta la preocupación entre los contribuyentes. 
Sé que este informe y la función en la que se dispone a embarcarse el Parlamento en el contexto de la aprobación de la gestión contribuirán a incrementar la vigilancia en lo que respecta al gasto comunitario. 
En definitiva, enfoquemos nuestra función con un talante positivo y constructivo en el mejor de los intereses de los ciudadanos de la UE. 
Señora Presidenta, señor presidente del Tribunal de Cuentas, los Países Bajos fueron en 1999 el país que realizó la mayor aportación per cápita a la arcas de la Unión Europea. 
En calidad de parlamentario que representa a estos pagadores netos, me siento algo defraudado por la combatividad de la Comisión. 
En el caso de la liquidación correspondiente a 1998, pudimos otorgar a la Comisión el beneficio de la duda debido a que se encontró con el legado de la Comisión saliente. 
Sin embargo, el informe anual de 1999 es responsabilidad íntegra de la Comisión actual y, desafortunadamente, presenta una serie de deficiencias en las cuentas de la Comisión. 
Considero grave que la Comisión no se sienta aparentemente obligada por el presupuesto aprobado por este Parlamento. 
La Comisión ha establecido, en primer lugar, 400 millones de euros más de los presupuestados y, en segundo lugar, ha ajustado el presupuesto original y aplicado una versión revisada que no ha contado con la aprobación del Parlamento. 
Los Países Bajos tan sólo han percibido un 3% de subveciones agrícolas en 1999 mientras que una proporción justa se hubiera situado entorno al 5%. 
Me parece correcto que se conceda a los países más pobres de la UE una mayor proporción de las ayudas agrícolas aunque considero especialmente penoso que la mayor parte de las irregularidades se hayan producido en los pagos de las subvenciones agrarias. 
Quisiera saber cuáles son los Estados Miembros que más se han beneficiado de dichas irregularidades. 
El número de irregularidades en los pagos de los fondos estructurales justifica una investigación exhaustiva del funcionamiento y de la efectividad de estos fondos. 
La reforma de la Comisión no ofrece garantías de que las irregularidades detectadas se vayan a prevenir en el futuro. 
Por lo tanto, tanto ahora como en el futuro, se juzgará a la Comisión en función del cumplimiento de las normas. 
Señora Presidenta, quiero comenzar agradeciendo al Sr. Karlsson la importante labor que está desarrollando el Tribunal de Cuentas y le agradezco también que este año la publicación del informe no haya sido precedida de titulares de prensa, debidos a filtraciones interesadas, que tanta desconfianza dan al trabajo de un Tribunal tan serio y ecuánime y a la labor que tienen que desarrollar este Parlamento y las demás instituciones. 
Aprecio especialmente la ecuanimidad de su informe, en el cual señala los defectos y valora los progresos; por ejemplo, valora que la Comisión se esté moviendo. 
Un grupo de diputados que trabajamos en la reforma acabamos de estar con el Presidente Prodi y hemos comprobado que éste ha asumido en primera persona el desarrollar el Libro Blanco, de acuerdo con muchas de las recomendaciones que, año tras año, han sido recibidas del Tribunal que el Sr. Karlsson dignamente preside. 
Hay que decir que, efectivamente, éste es un proceso teórico, que necesita tiempo para convertirse en acciones, pero que va por buen camino. 
Va por el camino que ustedes, este Parlamento y los expertos independientes estamos señalando. 
Pero todavía hay problemas en este camino, como, por ejemplo, el larguísimo período transitorio que se prevé para la reforma del Reglamento financiero; estamos en un período que es malo para todo el mundo, también para los responsables de los pagos, en el que tenemos un sistema antiguo, un sistema nuevo y un período intermedio en el que hay cierto desconcierto. 
Agradezco que el Tribunal quiera emitir pronto su dictamen sobre la reforma del Reglamento financiero. 
Y pregunto: señora Presidenta: ¿dónde está el Consejo? 
Creo que el Consejo es el responsable de cinco sextas partes del informe del Sr. Karlsson y de los gastos que aprueba. 
¿Dónde está el Consejo? 
Y en este momento, señora Presidenta, me gustaría callarme y esperar que alguien del Consejo viniera aquí. 
Por tanto, señora Presidenta, le sugiero que en el siguiente debate de la presentación de las cuentas se prevean la presencia y la intervención del Consejo. 
Repito que la parte que más valoro de su informe es el reconocimiento de que la Comisión se está moviendo; sin embargo, no es eso lo que se puede decir del Consejo, que no sólo tiene importancia cuantitativa en los gastos. 
Ustedes dicen que siguen llamando la atención sobre debilidades graves y persistentes en los sistemas de control y gestión en los Estados miembros, y dicen ustedes que la mayor parte de los errores se produce en los principales programas de gastos gestionados por las administraciones de los Estados miembros. 
Yo creo que los diputados de este Parlamento seremos capaces de identificar y culpabilizar a nuestras propias administraciones si no cumplen su cometido, pero usted tiene que hacernos el favor de señalar claramente los Estados y los programas. 
Porque estoy convencido de que la correcta defensa de los intereses financieros de la Comunidad exige que la falta de cumplimiento en la gestión tenga consecuencias presupuestarias y que este Parlamento pueda negar fondos a un Estado miembro por reiterados incumplimientos de las normas de control de los gastos. 
Señor Pomés Ruiz, es totalmente inadmisible que el escaño del Consejo esté vacío. 
Ha tenido usted toda la razón en recordarlo. 
Señora Presidenta, yo también agradezco que hayan vuelto los representantes del Consejo, porque tengo algo que decirles a ellos también. 
En primer lugar, permítanme agradecer al Sr. Karlsson que la cooperación con la Comisión de Control Presupuestario en esta ocasión haya sido mucho mejor que en años anteriores. 
El trabajo del Tribunal es esencial para la realización de nuestras funciones, porque ustedes son los expertos y nosotros nos ocupamos de los problemas políticos. 
No debemos olvidar que el presente informe es relativo al presupuesto de 1999, el año en que la Comisión se vio obligada a dimitir, por tanto, no hay duda de que es aún demasiado pronto para hacer valoraciones. 
El año próximo marcará el inicio de la prueba de fuego que nos permita saber si la reforma de la Comisión ha comenzado a calar o no. 
Es interesante observar que una parte fundamental de la reforma de la Comisión es toda esa cuestión relativa a quién debe asumir la responsabilidad. 
¿Sobre quién recae la responsabilidad? 
¿Quién es el responsable? 
Hoy deberíamos ocuparnos de la utilización que hacen la Comisión y los Estados miembros de los fondos, en vez de examinar la labor del Tribunal de Cuentas. 
Aunque opino que el Tribunal de Cuentas no ha realizado su labor lo suficientemente bien como para que nos facilite nuestra función. 
No olvidemos, y espero que el Consejo preste oídos una vez más, que los Estados miembros utilizan el 80% del los fondos. 
El Tribunal, al igual que otros años, no ha señalado exactamente dónde se han producido los fallos. 
Hemos pedido una y otra vez una 'lista de pecadores'. 
Queremos saber dónde radica el problema, en qué Estados miembros, en qué ámbitos. 
Queremos conocer también los detalles sobre la buena práctica. 
En una parte del informe podemos leer que dos Estados miembros han tenido un comportamiento ejemplar en términos de recaudación del IVA, pero cómo podemos esperar que sigan su ejemplo los otros Estados miembros si no saben de qué Estados miembros se trata. 
Si el Tribunal no cumple con su deber de nombrar y afear la conducta de los responsables, nosotros deberemos hacerlo por ustedes. 
Pero su legitimidad, como organismo responsable de la fiscalización, quedará en entredicho y existe incluso la posibilidad de que alguien diga que algunos miembros del Tribunal intentan proteger los intereses de los Estados miembros que les designaron. 
¿Está dispuesto, señor Karlsson, a comprometerse a facilitar nombres en el futuro? Porque la falta de información clara en el informe nos dificulta enormemente nuestra labor de ejercer presión en los círculos adecuados sobre los mayores infractores. 
Asimismo, quiero pedirle que publique una clasificación de los países que presentan la peor trayectoria de mala administración en la UE y en qué ámbitos. 
Los contribuyentes de Europa merecen saber dónde van a parar los fondos. 
Sin hechos, estamos luchando contra el fraude con una mano atada a la espalda. 
Está claro que no existen soluciones mágicas para mejorar el control financiero en la Comisión. 
El proceso llevará su tiempo. 
Son muchos los intereses que nos llevan a presentar un desafío, pero en el informe del año próximo buscaremos pruebas concretas que demuestren que las medidas introducidas por la Comisión desde su investidura han tenido repercusiones reales sobre la erradicación de la mala gestión financiera. 
Señora Presidenta, la ampliación de la Unión Europea se acerca y el informe del Tribunal de Cuentas deja de manifiesto que aún se debe realizar una ardua labor en los países aspirantes. 
Si esto se debe hacer con los actuales presupuestos escasos, ¿qué pasará más adelante cuando estos países sean miembros de pleno derecho y participen en la política agrícola común y en los fondos estructurales? 
Mi Grupo considera por consiguiente que resulta clave aplicar nuestras normas de control financiero desde este momento en los países aspirantes. 
En este sentido nunca es demasiado pronto para empezar a tratarlos como miembros de pleno derecho. 
Por este motivo, le pido al Tribunal de Cuentas que nos proporcione más información en este sentido en los próximos informes de forma que no nos encontremos con sorpresas desagradables el día de la adhesión. 
Presidente, contamos con la presencia de una persona del Consejo pero no es suficiente debido a que- tal y como se ha apuntado en varias ocasiones- los mayores errores se cometen en los Estados Miembros. 
La Comisión de control presupuestario no puede seguir tolerando que todos los años se genere la impresión de que Bruselas es un desastre, entre comillas, mientras que los principales responsables se encuentran en las capitales. 
Por ello, señor Karlsson, le pedimos que nos proporcione más información acerca de quienes hacen las cosas bien y quienes se toman esta cuestión a la ligera. 
Tan sólo de este modo, mencionando a los responsables, podremos adoptar medidas contra ellos y limpiar Europa de forma que recuperemos la confianza de nuestros ciudadanos. 
Por último, y tratándose de un aspecto importante para recuperar dicha confianza, manifiesto en este lugar mi esperanza de que esta Cámara disponga de estatuto antes de finales de este año de modo que esta sea la última vez que estos parlamentarios aparecen de forma negativa en un informe del Tribunal de Cuentas. 
Para ello, también le deseo a usted, señora Presidenta, afán de superación y le agradezco el esfuerzo realizado hasta el momento. 
Señora Presidenta, también yo quiero manifestar mi más sincero agradecimiento al Tribunal de Cuentas por su informe, así como por la valoración política que nos ofreció ayer en la Comisión de Control Presupuestario. 
También allí se resaltaron una vez más los esfuerzos para introducir reformas y su necesidad. 
No obstante, yo quisiera enlazar con lo que ha expresado el orador que me ha precedido, Bart Staes. 
Yo creo que si el Tribunal permite un margen de discrecionalidad tan amplio en la presentación de su informe, siempre nos encontraremos con titulares negativos. 
El Süddeutsche Zeitung dice, por ejemplo: "Más de 8.000 millones de marcos alemanes mal gestionados. El Tribunal de Cuentas deniega la certificación a la Comisión debido a su gestión presupuestaria chapucera." 
Estos titulares tienen su origen en una conferencia de prensa del Sr. Friedmann y a la vista de ello, yo debo preguntarle, señor Karlsson, por qué las declaraciones de los miembros del Tribunal de Cuentas son distintas cuando se dirigen a la Comisión de Control Presupuestario y cuando luego hablan en público ante la prensa. 
Yo creo que necesitamos urgentemente que el informe del Tribunal de Cuentas del año próximo se base en unas exigencias más precisas. 
La Comisión y el Tribunal deben velar seriamente por que así sea. 
Necesitamos que se indiquen los objetivos en los diferentes sectores, de manera que la opinión pública pueda juzgar realmente en qué aspectos ha habido una mejora. De lo contrario, cada año se repetirá lo mismo; a saber: que nosotros valoraremos los esfuerzos de la Comisión- aunque el Parlamento también se esfuerza por introducir reformas a la vista de los informes del Tribunal de Cuentas -, pero titulares como ése volverán a anular en la práctica casi todos esos esfuerzos ante la opinión pública, dado que ésta se fija sobre todo en los errores y no advierte los esfuerzos que se han realizado para que efectivamente puedan llevarse a cabo las reformas. 
Por esto, yo les ruego encarecidamente que volvamos a reflexionar todos juntos sobre la posibilidad de concretar unos objetivos que nos permitan estar mejor equipados para enfrentarnos con la prensa el año próximo. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, recientemente llegamos a un acuerdo con el Tribunal de Cuentas por el que podríamos recibir información del Tribunal de Cuentas por adelantado con carácter absolutamente confidencial y también convenimos que la mantendríamos efectivamente en silencio. 
Ahora constato con pesar, señor Presidente Karlsson, que sus miembros no han respetado a todas luces dicho acuerdo. 
De hecho, yo me pregunto si es conveniente que repitamos la experiencia en años venideros. 
Yo creo que el hecho de que el Tribunal de Cuentas ya no sea capaz de respetar un pacto de estas características debería hacerle reflexionar sobre la cultura de su organización. 
En segundo lugar, varios colegas ya se han referido desde diversos puntos de vista y con razón a la falta de claridad. 
Tenga en cuenta, señor Karlsson, que cuando en el informe no se dan cifras, éstas se inventan. 
La Sra. Rühle y también otros oradores que me han precedido acaban de citar unos porcentajes. 
Si yo señalo unos porcentajes de errores de hasta un 7%, la Sra. Schreyer evidentemente ya no puede venir y decirnos que el Tribunal confirma que están avanzando por el buen camino, pues salta a la vista en todo caso sería el buen camino hacia el abismo. 
Sin embargo, no hacen constar ese dato en el informe y yo ya estoy cansado de oír repetir desde hace años que los Estados miembros son responsables de un 80% del presupuesto y nosotros sólo del 20%, sin señalar a la vez cuál es la situación en cada caso. 
Es necesario que se incluya lo que ha señalado antes la Sra. van der Laan, y en esto coincidimos plenamente. 
Tienen que nombrar a los Estados miembros, aunque- quiero decirlo también con toda claridad- éstos les hayan designado como miembros del Tribunal de Cuentas. 
A fin de cuentas, tenemos que dictaminar sobre la actuación de la nueva Comisión en el año 1999 A mí me preocupa, señora Schreyer, que en muchos casos en los que usted se comprometió a trabajar sobre la base de las observaciones del Tribunal de Cuentas, este compromiso no se ha cumplido. 
Yo le ruego que tenga presente que hay algunas cosas que se deben mejorar en el futuro o de lo contrario sus aseveraciones de que está dispuesta a seguir el camino adecuado en la lucha contra las irregularidades no pasarán de ser meras palabras vacías. 
Señor Presidente, a pesar de que el Tribunal no puede presentar una declaración de fiabilidad positiva respecto al ejercicio de 1999, el tono del informe en su conjunto es más positivo que en años anteriores. 
Quisiera felicitar a la Comisión y, en particular, a la Comisaria Schreyer, por la observación del Tribunal de que muchos de los cambios que éste había exigido ya han sido introducidos o están en vías de serlo. 
Es una alabanza especial al programa de reforma puesto en marcha el año pasado. 
También quisiera dirigirme al Consejo y preguntarle por qué no avanza en lo que respecta al artículo 24 del Reglamento Financiero. 
El Parlamento se apresuró a emitir su dictamen y espero que el Consejo haga lo propio y llegue a un acuerdo sobre su posición mucho antes de Navidades. 
Dicho esto, el informe me ha decepcionado en su calidad de primer paso del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Es demasiado político en el sentido negativo del término. 
Evita las críticas duras y no señala con el dedo a nadie. 
Otros diputados ya han hecho referencia a este aspecto. 
Debería ponerse en un aprieto a los Estados miembros que malversan los fondos comunitarios y debería nombrarse a los grupos políticos de este Parlamento que despilfarran el dinero de los contribuyentes, como señaló este mismo año mi colega, el Sr. Kuhne. 
Debería hacerse público el índice de error, de manera que se puedan fijar objetivos para reducir dicho índice. 
Debemos analizar los métodos de trabajo del Tribunal y cómo puede reforzarse su independencia de las instituciones y de los programas en la realización de la fiscalización. 
Para ello puede que sea necesario otorgar mayores poderes al Presidente del Tribunal para que adopte decisiones relativas a los métodos de trabajo del Tribunal y al modo en que éste realiza sus comunicaciones. 
Quisiera decir unas palabras sobre el lugar que ocupa el Parlamento en el presente informe. 
El informe es positivo respecto a las medidas que ha adoptado el Parlamento para remediar los problemas identificados por el Tribunal, demasiado positivo, en mi opinión. 
Muchos de estos cambios aún no han sido introducidos o lo han sido sólo en parte. 
El Parlamento puede resolver la mayoría de los problemas si avanza rápidamente en dos frentes. 
En primer lugar, a través de la constitución de su propio servicio de auditoría interna y, en segundo lugar, a través de la aprobación de tres estatutos que necesitamos con urgencia: un estatuto de los diputados, un estatuto del personal y otro estatuto de los grupos políticos. 
Por último, señor Karlsson, al tiempo que nosotros introducimos todos estos cambios, quizá usted podría ir a los Estados Unidos a ayudarles a contar los votos. 
El índice de error en el recuento de Florida es francamente demasiado alto. 
Puede que un poco de sentido común de la Unión Europea contribuya a la resolución del problema y a colocar a George Bush en el lugar de la historia que se merece- ¡su cubo de la basura! 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, Señorías, este nuevo informe del Tribunal de Cuentas, que se nos acaba de transmitir, reviste, para la Comisión de Control Presupuestario, el interés de efectuar un balance sobre los problemas de la gestión del presupuesto comunitario, a la vez que nos lanza una advertencia frente a las interpretaciones restrictivas que podríamos realizar basándonos en un análisis rudimentario de algunos datos. 
Sin embargo, más allá del balance de los problemas, señor Presidente, necesitamos explicaciones y análisis más precisos para avanzar. 
Desarrollaré rápidamente tres puntos. 
En primer lugar, una cuestión terminológica: puesto que a menudo las nociones de fraude y de irregularidad no están claramente diferenciadas, el Tribunal de Cuentas previene del peligro de equiparar irregularidades o errores con casos de fraude. 
Ha de señalarse, a este respecto, que el propio Tribunal de Cuentas afirma que los casos de fraude son limitados. 
Otro punto mencionado en este informe: los problemas relacionados con el IVA. 
El IVA representa una parte importante de los ingresos del presupuesto comunitario. 
Ahora bien, debe reconocerse que se trata de un sistema complejo. 
Los tipos varían de un Estado a otro, así como su composición. 
En algunos Estados existe, por ejemplo, un IVA regional. 
Por lo tanto, debemos seguir planteándonos la aplicación de una armonización fiscal. 
El tercer punto al que deseo aludir atañe a la discusión que tuvo lugar ayer, durante la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas, en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario. 
Se pidió- como hoy se ha recordado en varias ocasiones- que el Tribunal mencionara explícitamente los Estados en los que se habrían descubierto fraudes e irregularidades. 
Desearía que fuésemos precavidos en cuanto al peligro de dichas prácticas. 
No debemos buscar chivos expiatorios, ni en nuestras instituciones ni en nuestros Estados. 
Además, como el método de trabajo del Tribunal de Cuentas se basa en sondeos, sólo tenemos una imagen parcial de la situación. 
El informe del Tribunal de Cuentas hace mayor hincapié que en el pasado en la situación en materia de gestión y de control de los fondos comunitarios por los Estados miembros. 
Este análisis debe conducirnos- a nosotros, diputados europeos, pero también a la Comisión- a elaborar propuestas para mejorar los sistemas de gestión y de control financiero en los Estados miembros. 
Éstos deben aplicarlos a fin de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Para finalizar, dirijo, pues, un llamamiento con miras a lograr una mejor cooperación con el Consejo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señora Comisaria, durante los dos últimos años el Tribunal de Cuentas ha publicado seis informes especiales en materia de Política Agraria Común. 
En su informe especial sobre las subvenciones para dar salida a la leche desnatada resulta evidente una ausencia de medidas de control y un nivel de falsificación de la leche y de fraude en su utilización que no tiene paralelo en ningún otro sector agropecuario. 
En su informe sobre las medidas para dar salida a la mantequilla, el Tribunal de Cuentas observó que se gastaba el 89% del presupuesto en subvenciones a la industria alimentaria en procesos de dudosa transparencia y de más dudosa eficacia en cuanto a las repercusiones en la renta de los agricultores. 
En un caso u otro los beneficiarios directos de esas políticas son un número reducido de países y de agentes económicos. 
En el que fue su trabajo más importante sobre la Política Agraria Común, el informe especial sobre los cultivos herbáceos, el Tribunal concluyó que de 1993 a 1997 el presupuesto comunitario pagó una suma superior a 13.000 millones de euros más de lo que habría sido razonable. 
Los cultivos herbáceos representan el 43% del presupuesto de la PAC, pero sólo el 10,7 % del producto final. 
En 1995, casi el 40% de los pagos fueron destinados al 3%, representado por los mayores beneficiarios, mientras que el 57%, representado por los más pequeños beneficiarios recibieron sólo el 4,5 % de los pagos. 
Conque el Tribunal concluyó, con toda razón, que no se debería hacer el apoyo a los agricultores a partir de precios, producción o superficie, sino como un apoyo a la renta líquida de los agricultores o unidades de trabajo. 
Se trata de documentos de excelente calidad que son "una pedrada en la charca" de una Política Agraria Común que sigue dando preferencia a los mayores agricultores en perjuicio de los más pequeños, a los países y las regiones del centro de Europa en perjuicio de los países y las regiones periféricos. 
Es una lástima que el informe anual del Tribunal de Cuentas, supuestamente elaborado para examinar los aspectos más relevantes del trabajo llevado a cabo a lo largo del año por los informes especiales, no haya retenido esos análisis y haya decidido dedicarse a otros temas sobre los que no hizo análisis específicos. 
El debate queda cerrado. 
Señorías, como deben haber notado, la parte final de la intervención del Presidente del Tribunal de Cuentas ha sufrido las consecuencias de la intromisión de un malhadado virus entre su discurso y esta Asamblea. 
Exactamente por eso, y a fin de exterminar el virus, vamos a tener que suspender la sesión durante dos o tres minutos para intentar encontrar la forma de resolver este problema técnico. 
(Se suspende la sesión durante tres minutos para resolver un problema técnico) 
Seguridad general de los productos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0309/2000) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 139- C5-0224/2000- 2000/0073 (COD) ) relativa a la seguridad general de los productos. 
. Señor Presidente, debatimos hoy una propuesta sobre la seguridad general de los productos. 
A la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo le ha parecido, en general, una buena propuesta. 
Por eso hay pocas modificaciones. 
Quizá la calidad de la propuesta se deba, en parte, a que la Comisión ha consultado a más de 14 organizaciones sociales y éstas han puesto de manifiesto las dificultades que la Directiva de 1992 ha tenido en su aplicación. 
Creo que algunas de esas consideraciones hechas por las organizaciones sociales se recogen en la propuesta de la Comisión. 
Cito un ejemplo: una que sé que tiene algunas dificultades para el Consejo, pero para el Parlamento Europeo es muy importante y la apoyamos totalmente, es la prohibición de exportar productos que se consideren inseguros a países terceros. 
Y así se han hecho otras propuestas en el documento que nos parecen aceptables. Por eso, nosotros no hemos hecho demasiadas modificaciones pero sí algunas que creemos que garantizan mejor los derechos de los consumidores. 
Este informe se ha aprobado por una gran mayoría en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento y, por lo tanto, voy a defender el resultado de la votación en esa comisión. 
En las propuestas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente se trata de reforzar la transparencia y la información al consumidor, de garantizar la recuperación de los productos aun cuando ya estén en manos de los consumidores, de limitar el secreto profesional al mínimo imprescindible, de definir de forma más clara qué es un producto seguro y qué es un producto peligroso, de la inclusión del control de seguridad de la instalación y del mantenimiento de los productos- porque, a veces, en esa instalación y mantenimiento pueden darse casos de inseguridad para los consumidores -, de la inclusión del principio de precaución, un principio muy interesante que se utiliza poco en la Unión Europea- de lo contrario, no nos ocurrirían cosas como la de las vacas locas, que se va a examinar esta tarde, el tema de las dioxinas o algún otro relacionado con los productos genéticamente modificados -, de garantizar una cierta armonización de los programas de vigilancia y seguimiento- es importante que los Estados miembros tengan una cierta igualdad en esos sistemas de vigilancia y seguimiento- y, en términos generales, de procurar que los consumidores tengan la información en la lengua del país en el que compran los productos. 
Señor Presidente, desgraciadamente no podemos aceptar algunas enmiendas que se presentaron primero en la Comisión de Medio Ambiente, que se presentan ahora aquí y que van en la dirección contraria a estos principios. 
Cito dos ejemplos. 
El primero de ellos tiene que ver con la enmienda 40. 
Se pretende suprimir un párrafo que solicita simplemente a productores y distribuidores que, cuando tengan conocimiento de un producto peligroso, lo pongan inmediatamente en conocimiento de las autoridades de los Estados miembros. 
No podemos permitir que se suprima ese párrafo. 
Otro de los párrafos que se pretende suprimir se refiere al secreto profesional y dice que el secreto profesional debe estar supeditado a la eficiencia de los servicios de vigilancia y seguimiento de los productos peligrosos. 
Tampoco podemos permitir que ese párrafo se suprima. 
Algunas enmiendas, como la 1 y la 18, tienen que ver con cuestiones que atañen fundamentalmente al Reino Unido y hay que decir que todos los grupos del Reino Unido, sean socialistas, populares o verdes, las han defendido con gran vehemencia y se han aprobado en la Comisión de Medio Ambiente. 
Tienen que ver con una cuestión muy específica del Reino Unido, como son las tiendas de caridad o las ventas más o menos entre particulares. 
Algunos compañeros de otros países comprendemos menos esa preocupación de los compañeros del Reino Unido, pero esas enmiendas fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente y por ello tengo que explicarlo. 
Señor Presidente, agradezco a la Comisión y al Consejo su colaboración para la elaboración de este informe. 
Creo que la Comisión de Medio Ambiente ha elaborado un informe que pretende profundizar en los derechos y en la seguridad de los consumidores. 
A la vista de lo que ha ocurrido, sobre todo en el sector alimentario, en los últimos años, creo que es una directiva muy importante y espero que sea aprobada por una gran parte de este Parlamento aunque, como decía anteriormente, algunas enmiendas presentadas van en la dirección contraria al espíritu adoptado en la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, en este caso la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior mantiene una opinión absolutamente divergente con respecto a la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, competente para el fondo. 
Consideramos necesarias una serie de enmiendas a la propuesta de directiva que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor lamentablemente no ha asumido. 
Por consiguiente, yo agradezco muchísimo al Grupo del PPE que haya hecho suyas dichas enmiendas, incorporándolas así de nuevo al debate aquí en el Pleno. 
Yo quisiera señalar tan sólo dos aspectos. En primer lugar, nos parece un error que se incluya en el marco de la presente directiva relativa a la seguridad general de los productos la cuestión de una posible responsabilidad en el marco de la prestación de servicios, pues por una mera cuestión de método consideramos que no tiene cabida aquí, sino que llegado el caso se debería regular paralelamente en otro contexto. 
El segundo punto se refiere a la prohibición de exportar que tanto se ha elogiado antes. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior opina mayoritariamente que dicha prohibición carece de fundamento jurídico. 
Después de las recientes experiencias- léase la decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre el tema de la publicidad del tabaco -, sinceramente no puedo dejar de instar a la Asamblea a que atienda la recomendación que dirige al Pleno la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en su calidad de comisión competente para estas materias. 
De lo contrario, creo que es muy posible que el Tribunal de Justicia Europeo vuelva a emitir otro dictamen incómodo. 
Por este sencillo motivo, mantenemos una opinión discrepante en relación con este punto y la mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sólo puede recomendar al Pleno que haga suyas las enmiendas 38 o 41 que suavizan la prohibición de exportar. 
En nombre de mi Grupo, debo manifestar que si alguna de estas dos enmiendas no se aprobase, el Grupo del PPE rechazaría como consecuencia la totalidad del informe, porque ya estamos cansados de que aquí se adopten continuamente propuestas contrarias a derecho. 
Señor Presidente, en marzo de este año adoptamos la directiva sobre los funiculares destinados al transporte de personas. 
Si ya se hubiese procedido a su transposición, quizá no se habría producido el desastre que ocurrió en Austria. 
Esto nos muestra que sobre la legislación recae una gran responsabilidad y sería deseable que las directivas relativas a cuestiones tan sensibles como la seguridad de los productos se transpongan lo más pronto posible. 
Yo espero que así se haga antes del 3 de mayo de 2002. 
La presente norma sobre la seguridad de los productos es, en efecto, una directiva de carácter general que se ocupa sobre todo de los ámbitos no incluidos en las directivas ya existentes. 
Yo quiero agradecer a la Comisión que haya introducido un nuevo aspecto muy importante, concretamente el de la presunción de conformidad, es decir, que se considerarán seguros los productos que se ajusten a las normas europeas. 
Yo creo que es un principio de suma importancia justamente con vistas a la protección del consumidor, puesto que permite verificar en todo momento si un producto cumple o no las normas. 
La enmienda 37- que establece la posibilidad de obtener un certificado externo y que las declaraciones de conformidad no las emitan sólo las empresas, sino que sean verificadas por servicios neutrales externos- es, por consiguiente, de particular importancia para la protección del consumidor ya que, como es lógico, esto reforzaría considerablemente la confianza del consumidor en dichas declaraciones. 
La enmienda 14, relativa a la publicación de las normas en el Diario Oficial me plantea un problema evidente, dado que los servicios de normalización nacionales son actualmente los titulares de los derechos de autor y la Unión Europea tendría que pagar, por consiguiente, un royalty. 
Además, también es preciso preguntarse, obviamente, cuál es el ámbito de aplicación de las normas actualmente existentes en Europa y cuál sería el de las normas europeas. 
Por esto, yo debo decir que tengo grandes objeciones contra esta disposición y preferiría que se rechace. 
En relación con el tema de la "prohibición de exportar", no podemos dar por sentado de manera automática que nuestras normas son las ideales para el mundo entero. 
Hay muchos países que tienen sus propias regulaciones y normas de seguridad, que cumplen su finalidad en dichos países de manera considerablemente más adecuada que nuestras normas actualmente vigentes en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Sra. González Álvarez ha elaborado un informe coherente en sí mismo, pero mi Grupo considera que la inclusión de las prestaciones de servicios en la responsabilidad de los productos, tal como ya preveía la Comisión, no lo es. 
Un ejemplo: en muchos sectores, el fabricante ya no monta los productos, sino que los entrega al comerciante en forma de piezas sueltas. 
Aquí se considera como fabricante responsable a cualquier persona que intervenga en la cadena de distribución y pueda influir sobre las propiedades relevantes para la seguridad del producto, con lo cual todos los comerciantes que, además, también realizan trabajos de montaje tendrían la consideración de fabricantes. 
Nosotros opinamos que no se deben hacer recaer sobre el comercio las obligaciones del fabricante previstas en la legislación relativa a la seguridad de los productos. 
El derecho civil prevé otras medidas que sin duda ya protegen suficientemente al consumidor, como por ejemplo la compensación de daños en virtud de la responsabilidad contractual. 
En realidad me sorprende que los expertos de la Comisión no resolviesen por propia iniciativa este problema y confío en que el nuevo comisario lo vuelva a examinar. 
La exención de los comercios de beneficencia y las organizaciones sin fines de lucro de las disposiciones de la directiva relativa a la seguridad de los productos no debería plantear problemas a la Comisión o así lo espero. 
En cuanto a las disposiciones relativas a las exportaciones, no se debe permitir la exportación de ningún producto que la Comisión haya prohibido comercializar u ordenado retirar del mercado. 
¡En ese caso, de acuerdo! 
Pero que la Comisión haya solicitado que se efectúe un control de la seguridad no se puede considerar motivo suficiente para paralizar ramas completas de la exportación. 
Como ya han señalado los colegas que me han precedido, al menos se debería aceptar la prueba de que en el país de destino existen otras normas en materia de seguridad. 
Sólo me queda instar encarecidamente a la Comisión a que reconsidere esta problemática. 
Esta es sólo la primera lectura. 
En una segunda o una tercera lectura vamos a necesitar los famosos 314 votos y seguro que no los conseguiremos con un informe como el que ahora se presenta. 
Señor Presidente, me uno a las felicitaciones que, en general, le han dirigido a la Sra. González Álvarez, que ha sido una ponente comprensiva y ha tenido en cuenta las opiniones de todos. 
En ocasiones puede que le haya resultado difícil entender las excentricidades de las ventas en los maleteros de los coches, habituales en Gran Bretaña, pero también eso ha pasado a formar parte de su generosidad personal. 
Toda la Asamblea debería acoger con satisfacción esta directiva, y la cuestión de la seguridad general de los productos y su ampliación son dignas de alabanzas. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, bajo la sabia dirección de nuestra ponente, hemos aprobado una serie de enmiendas que, una vez más, mi Grupo quisiera recomendar hoy en su totalidad a la Asamblea. 
No nos parecen tan satisfactorias algunas de las enmiendas presentadas posteriormente. 
Hemos oído las justificaciones a favor de las mismas y a favor también de repetir los argumentos del sector que ya escuchamos en comisión. 
Siguen sin convencernos y votaremos en contra de la mayoría de ellas. 
Quizá antes de la votación, la Sra. Lulling o uno de sus colegas pueda decirnos cuál es la formulación exacta, al menos en la versión inglesa, de la enmienda 42. 
Podríamos apoyarla si la formulación fuera 'instalación y mantenimiento' y no 'instalación como mantenimiento'. 
Estoy seguro de que se trata de un error, y si así se confirma, apoyaremos la enmienda. 
La presente propuesta incluye algunos principios generales sumamente valiosos, incluido aquel que la otra parte de la Asamblea parece encontrar ofensivo. 
Se trata del principio de que no exportaremos productos que consideremos poco seguros para nuestra población en la Unión Europea. 
A medida que avanza el comercio mundial, nos enfrentamos cada vez más a este problema y debemos atajarlo, en vez de evitarlo con el pretexto de que, en cierto modo, el resto del mundo poco importa, ya se trate de su seguridad sanitaria, sus productos alimenticios o el producto que nosotros le exportamos. 
Es hora de que analicemos las relaciones que existen entre los productos y los servicios. 
La Comisión ha comenzado a adoptar medidas provisionales, pero gratas, en esta dirección y quizá el Comisario pueda decirnos algo más al respecto cuando responda al debate. 
Por último, quisiera decir algo sobre las tiendas de beneficencia o las ventas entre particulares, así como todos los demás intercambios de productos donados o usados. 
Las tiendas de beneficencia acogen con satisfacción la protección general que ofrece esta directiva. 
Pero deben quedar exentas de la obligación de proporcionar información en virtud del artículo 2, información de la que sencillamente no disponen. 
Nuestras enmiendas 1, 8 y 18 tratan sobre este punto. 
Espero que la Asamblea pueda apoyarlas, porque nadie puede querer que desaparezcan estas actividades caritativas tan valiosas y, en general, sin ánimo de lucro por la sencilla razón de tener que proporcionar información sobre el origen de los productos y sobre productos nuevos cuya seguridad está fuera de toda duda. 
Debería bastar con que el vendedor informe al comprador sobre la naturaleza de los productos y sobre los escasos datos de que disponga sobre los mismos. 
Señor Presidente, las directivas deben evaluarse y adaptarse de vez en cuando y, en realidad, es algo que ocurre con demasiada poca frecuencia. 
El modo en que la Comisión Europea se ha dispuesto a ello en esta ocasión merece que la felicitemos. 
El procedimiento empleado ha sido excelente y participativo. 
En el caso de esta directiva, nos encontramos ante un conflicto entre lo que cabe esperar de los fabricantes y la protección del consumidor. 
En este sentido me muestro, en parte, de acuerdo con lo expresado por el señor Lehne en relación con que las últimas sentencias del Tribunal apuntan a que nos encontramos en este caso con un cierto vacío en lo que respecta a lo que puede y no puede hacer la Unión. 
En concreto, el aspecto de la norma de exportación es algo en lo que nos tenemos que fijar muy bien. 
Si tenemos en cuenta la situación actual, mi Grupo se decanta por apoyar las propuestas tal y como se plantean aunque desearía que el comisario profundizará algo más en este aspecto. 
Por otra parte, apoyamos las propuestas de la Comisión cuando se trata de la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva a los servicios y la apertura de productos exportados aunque aún se podría hacer más en estos ámbitos, pero eso es algo que veremos en el futuro. 
Mostramos nuestro acuerdo con el ponente cuando hace hincapié en la información al consumidor acerca de los riesgos y en la transparencia, especialmente en el ámbito de la sanidad y de la seguridad. 
Debe convertirse sin duda en un principio general. 
Dos observaciones finales. 
En lo que respecta a una enmienda muy concreta y que se refiere a la propuesta de la Comisión de que los fabricantes informen inmediatamente a las autoridades competentes en el momento que descubran que un producto presenta riesgos. 
Creemos que se trata de un elemento de suma importancia. 
Existe una propuesta para eliminar esta enmienda alegando, entre otras cosas, que los fabricantes no deberían tener la obligación de incriminarse a sí mismos y teniendo en cuenta el secreto profesional. 
Creemos en este aspecto se debe hacer hincapié en la protección del consumidor y que no se debe permitir que los fabricantes de productos que resulten ser peligrosos se puedan salir con la suya. 
Por último, una pregunta dirigida a la Comisión Europea en relación con el artículo 4 en lo que respecta a las normas europeas y a la cuestión de si dichas normas se deben hacer públicas. 
Quisiera pedir a la Comisión que profundizara algo más en esta cuestión. 
Señor Presidente, la propuesta que nos ocupa era realmente esperada. 
No obstante, lo que debemos preguntarnos es si responde plenamente a los objetivos que hace ocho años habían planteado su adopción o si, por el contrario, no causa más perplejidades. 
Lo dicho no afecta en absoluto al trabajo realizado por la Sra. González Álvarez que se ha ejemplarmente empleado para mejorar la normativa en cuestión, sino que se refiere a las orientaciones y a algunos contenidos de la misma propuesta. 
Para empezar, en este caso específico, la Comisión parece que de principal artífice del proceso legislativo se ha convertido en autoridad administrativa sin que, por otra parte, exista un adecuado sistema para delimitar jurídicamente y con transparencia este nuevo papel, empezando por la definición de su ámbito de investigación y por el control de sus decisiones basadas en la intervención rápida. 
Asimismo, habida cuenta de su posible activación autónoma con respecto a la puesta en marcha de medidas de emergencia, así como del mucho tiempo que se necesita para llegar a acreditar su fundamento, con la única preocupación por el aspecto ocupacional, hay que evidenciar la falta de consideraciones acerca de los perjuicios provocados a una empresa- pero más que nada a sus trabajadores- por una decisión que podría llegar a ser equivocada. 
Por contra, existe la prohibición de exportar productos considerados peligrosos, lo que seguramente muestra el alto nivel de civilización de la Unión, pero no hay respuesta alguna en cuanto a si esta prohibición es coherente con el llamado procedimiento Prior Informative Concert, previsto en los convenios internacionales. 
También el concepto de responsabilidad referido tanto a la definición de producto como a su rastreabilidad y a la asimilación de los servicios en dicho concepto, parece interpretable y, en consecuencia, censurable a discreción. 
Al mismo tiempo, piénsese en las posibles interpretaciones de producto de las materias primas en los procesos de elaboración y en los positivos efectos de esto en la búsqueda de la salud del trabajador limitada, no obstante, por la falta de un válido plan europeo de estadísticas, así como por los distintos sistemas jurídicos de reconocimiento de una enfermedad profesional. 
En conclusión, es deseable que la Comisión emprenda una labor de armonización en el ámbito de la legislación comunitaria en vigor, así como su desarrollo para convertirla no solo en cada vez más transparente, sino también, de cara a su certeza, realmente aplicable. 
Señor Presidente, evidentemente resulta necesario disponer de un determinado nivel básico de protección al consumidor en la Unión Europea. 
Sin embargo, ¿es necesario disponer de un nivel de protección completamente armonizado y uniforme? 
Sin entrar en el elevado coste, no creo que una reglamentación tan estricta, acompañada de su correspondiente burocracia, sea una buena idea. 
Creo que es mejor tener en mente la subsidiariedad. 
Un consumidor danés o alemán plantea exigencias de seguridad distintas a las de un consumidor holandés o italiano. 
Tenemos que tener en cuenta dicha diversidad a la hora de plantear la directiva sobre seguridad general de los productos. 
Asimismo, creo que existen motivos suficientes para que la Comisión Europea presente propuestas en relación con la seguridad de los servicios. 
Las características de la prestación de servicios se prestan menos a este tipo de regulación. 
Los fabricantes pueden retirar un producto pero, en el caso de un servicio, esto resulta complicado para quien presta dicho servicio. 
Me siento satisfecho con las excepciones que se incluyen para los establecimientos de instituciones y organizaciones caritativas sin ánimo de lucro, y para los artículos que se comercializan como artículos de segunda mano en mercadillos o por parte de particulares. 
Por último me pregunto si se ha formulado correctamente la enmienda 14 de la Comisión de Medio Ambiente después de leerla detenidamente. 
Creo que no supone un problema si se llega a un acuerdo entre el instituto de normalización y la administración por el que se pongan las normas europeas a disposición del público, aunque se trata de algo distinto a que la Comisión Europea publicase las normas europeas. 
Quisiera conocer la opinión del comisario a este respecto. 
¡Bravo mamá Europa! 
¡Gracias, mamá Europa, que se preocupa por sus hijos! 
O más bien debería decir: ¡Gracias, papá Byrne! 
Gracias, porque todas las directivas en materia de seguridad están orientadas a que nosotros, los ciudadanos europeos, gocemos de buena salud, empezando por los menores, los niños y terminando por las personas mayores. 
Esto es seguramente positivo. 
Sin embargo, recuerdo una gran discusión que tuve con mi hija Elisabetta cuando tenía nueve años y me pedía ir sola por la calle. 
Entonces le dije: "No, no puedes ir sola, debes ir acompañada, es peligroso". 
Años después, cuando permití a mi hija menor, de seis o siete años, ir sola por la calle, la mayor protestó: "Papá, papá, a mi no me permitías ir sola por la calle; en cambio, a mi hermana que es más pequeña, sí." 
De hecho, un buen padre de familia debe tener en cuenta que hay que velar por la seguridad de los hijos, pero que no se pueden meter en una campana de cristal, sino que han de poder volar por su cuenta. 
¿Por qué he dicho esto? 
Porque todas las directivas en materia de seguridad deben ser equilibradas, deben encontrar un equilibrio. 
Debemos estar libres de peligros, sí, pero, en este caso, sin ahogar la producción que ha de ser libre. 
Sobre todo- y aquí me dirijo al representante del Consejo- ¿qué directivas en materia de seguridad podrán ser realmente aplicadas si el Consejo se niega a aprobar la directiva sobre las inspecciones y los controles de seguridad? 
Los resultados serán como los de las vacas locas: cien mil propuestas sobre la seguridad y ahora, lamentablemente, debemos sacrificar millones de reses. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por su trabajo, que coincide con las preocupaciones fundamentales de las asociaciones de consumidores, a las que se debe aceptar como interlocutoras válidas en un diálogo constructivo. 
Nosotros, los socialistas de la Comisión de Industria, apoyamos la iniciativa de la Comisión de aclarar los procesos de información y recogida de los productos declarados peligrosos, haciendo extensiva esa responsabilidad a los distribuidores y proveedores de servicios en la justa medida de su intervención, proveedores y distribuidores que deben asumir inequívocamente las consecuencias de los riesgos previsibles de sus productos, de la instalación del equipo a su mantenimiento, como responsables de la información a las autoridades y a los consumidores y de la justa reparación de los perjuicios. 
No se puede hacer la recogida de los productos en situación de riesgo como último recurso, se debe iniciar en cuanto lo aconsejen dudas razonables a la luz de conocimientos científicos recientes. 
La normalización comunitaria debe basarse en conocimientos científicos adecuados, para lo cual se debe incentivar la cooperación entre los Estados miembros en la investigación de la seguridad de los productos en general y de los productos de riesgo en particular: niños, ancianos, las nuevas culturas juveniles, los nuevos estilos de vida y personas con patologías. 
La fiabilidad en la inocuidad de los productos y la asistencia posventa son una plusvalía más para la etiqueta europea en un momento particularmente difícil y decisivo. 
Todas las medidas son dignas de beneplácito para aumentar la confianza y significar que el producto europeo es producido y distribuido con respeto de la salud de los trabajadores, de los derechos sociales, del medio ambiente, de la lealtad en la competencia y con elevados niveles de exigencia en materia de seguridad. 
Lo que no corresponda a ese criterio debe ser retirado adecuadamente y eliminado, pues tampoco se puede exportar a países más desfavorecidos lo que no queremos para nosotros. 
Espero que esta Directiva contribuya a responder a los anhelos y temores en aumento de los europeos en materia de seguridad del consumo. 
Señor Presidente, Señorías, ya existe desde 1992 una directiva sobre la seguridad general de los productos. 
El presente debate debería estar dedicado a revisar y actualizar la directiva existente y las experiencias acumuladas y a corregir posibles errores. 
Es cierto que se trata de cuestiones legales difíciles. 
Es necesario delimitar el ámbito de aplicación de la directiva en relación con las numerosas normas nacionales y comunitarias relativas a los productos. 
En éstas también se regulan los mismos aspectos de la seguridad. 
Es preciso garantizar la protección del consumidor sin fisuras, sin duplicar las regulaciones o que éstas incluso se contradigan. 
La posibilidad de acreditar mediante un certificado externo que un producto es conforme a las normas resultaría sin duda muy útil en este contexto y garantizaría una mayor claridad y transparencia. 
No obstante, hubiese sido preferible adoptar una normativa europea general por medio de un reglamento y acabar con la aplicación paralela de disposiciones europeas y nacionales. 
También en el sector de los alimentos subsisten, por ejemplo, numerosas normas que en este momento se están revisando y retocando mediante propuestas de reglamento y yo creo que esto nos permitirá establecer unos criterios exigentes en materia de seguridad. 
En otros sectores se ha ampliado la presente directiva a otros ámbitos de aplicación. 
La inclusión de los servicios relacionados con los productos acabará imponiendo a los comerciantes y artesanos cada vez más obligaciones que de hecho son responsabilidad del fabricante. 
Cuando en otro contexto pedimos a la Comisión que presente una propuesta relativa a la seguridad de los servicios, resulta incomprensible que ahora se pretendan regular conjuntamente los aspectos relacionados con los servicios, en lugar de esperar a que la Comisión presente su propuesta. 
En efecto, ya se puede prever que surgirán problemas de delimitación del ámbito de aplicación de las diferentes normas y la inseguridad jurídica se incrementará con el tiempo. 
Finalmente, sólo dos comentarios sobre las exportaciones. 
Por una parte, reclamamos unas normas de seguridad muy diferenciadas y pedimos que se respeten las exigencias regionales y nacionales, como ha solicitado el Sr. Blokland, y luego exportamos las normas nacionales a otros países. 
Yo creo que el enfoque mismo de la directiva ya es contradictorio en este caso y esto nos impide apoyar la propuesta con el grado de exigencia con que aquí se plantea. 
Señor Presidente, en este momento no es nada nuevo afirmar que una gran distancia sigue separando a los ciudadanos de la Unión Europea. 
La desconfianza en la posibilidad de garantizar, por ejemplo, la seguridad alimentaria se extiende como una mancha de aceite y acaba por ensombrecer el positivo trabajo que, en cambio, la Unión está llevando a cabo en este sector. 
Pero esto lo debatiremos hoy. 
En este contexto, me parece importante subrayar el valor político de la directiva que estamos a punto de votar. 
Gracias a la buena propuesta de la Comisión, mejorada aún más, si cabe, por la labor de la Sra. Álvarez, el texto que estamos examinando es por fin una buena noticia para los consumidores, como lo demuestra, por otra parte, el apoyo de las organizaciones no gubernamentales que los representan. 
La normativa sobre la seguridad de los productos, en particular de aquellos que hasta ahora escapaban de la legislación vertical existente en la materia, se ha mejorado, reforzado y convertido en más transparente. 
Se han hecho muchos esfuerzos para definir mejor la interacción entre normativas verticales, relativas a ciertas clases de productos, y esta nueva directiva horizontal, tanto es así que se ha alcanzado un resultado decididamente satisfactorio. 
Quisiera subrayar asimismo la importancia de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente que refuerzan la transparencia de cara al consumidor final y que determinan las responsabilidades no solo de los productores, sino también de los distribuidores en las posibles operaciones de recuperación de los productos considerados peligrosos. 
Con la esperanza de ver confirmada la línea definitiva de la ponente y mostrando mi acuerdo con ella en las enmiendas vueltas a presentar para ser votadas en el Pleno, confío en que esta directiva siga rápidamente su curso para confirmar cuanto antes a los ciudadanos europeos el compromiso de la Unión con su seguridad. 
. (EN) En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. González Álvarez, a los ponentes para opinión, Sr. Rübig y Sr. Lehne, y a las comisiones respectivas por su informe tan exhaustivo sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos. 
La presente propuesta de la Comisión es la respuesta a los numerosos problemas relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores surgidos recientemente. 
A pesar de que la propia directiva exige formalmente un examen y una revisión de la misma, este ejercicio coincide con el compromiso reforzado de la Comisión de proteger la salud y la seguridad de los consumidores. 
La importancia de la directiva revisada para la seguridad alimentaria tendrá una validez limitada, pero a largo plazo, mejorará las posibilidades de solucionar los problemas de seguridad de productos no alimentarios. 
Quisiera decir unas palabras para presentar los aspectos principales de esta propuesta. 
La idea que se esconde detrás de la directiva es sencilla: sólo deben comercializarse productos seguros. 
Esto es válido para los productos europeos y los productos importados. 
Los dos objetivos clave de la directiva relativa a la seguridad general de los productos son: garantizar un nivel alto y coherente de protección de la salud y la seguridad de los consumidores en toda Europa, y garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. 
Hemos realizado amplias consultas a las partes interesadas- como ha reconocido la ponente- sobre la aplicación de la presente directiva, consultas que han puesto de manifiesto algunas deficiencias que ahora intentamos corregir. 
En primer lugar, hemos aclarado el ámbito de la directiva. 
Esta directiva tiene el objetivo de proporcionar a los consumidores garantías sólidas y coherentes respecto a la seguridad de los productos. 
Asimismo, viene a suplir las posibles lagunas existentes en la legislación sectorial, por ejemplo, la vigilancia del mercado o las medidas de urgencia, que rara vez están contempladas en la legislación específica. 
No obstante, no será aplicable cuando exista legislación sectorial específica que cubra el mismo aspecto. 
Esto significa también que cuando se introduzca nueva legislación sectorial, ésta pasará a sustituir las disposiciones correspondientes de la presente directiva. 
Por ejemplo, en el ámbito alimentario- como ustedes saben perfectamente -, cuando exista una autoridad alimentaria, la propia autoridad establecerá un sistema de notificación que sustituirá las disposiciones generales sobre la seguridad de los productos. 
Queríamos asegurarnos de que la directiva ofrece la mejor cobertura posible de los productos que utilizan los consumidores. Esto incluye también los productos que han pasado del ámbito profesional al uso personal: por ejemplo, los punteros láser; y en segundo lugar, los productos que se utilizan para proporcionar un servicio. 
Queríamos disponer de un sistema más eficaz, lo que entraña para productores y distribuidores la obligación adicional de proporcionar información. 
La actual situación está lejos de ser ideal. Es increíble, por ejemplo, que las autoridades estadounidenses deban informar a veces a las autoridades de nuestros Estados miembros de que ciertos productos europeos son peligrosos. 
La notificación es obligatoria en los Estados Unidos, pero hasta ahora no lo es en la Unión Europea. 
Como ustedes saben, ninguna ley es buena si no se cumple debidamente. 
Los Estados miembros deberán ahora reforzar las funciones de vigilancia de las autoridades competentes. 
Se les exigirá la imposición de sanciones y deberán además desarrollar las relaciones con otros Estados miembros; en particular, a través de una red europea que reúna a las autoridades de los Estados miembros responsables de la vigilancia del mercado. 
Esto también es de la máxima importancia, desde el punto de vista del sector, para poder garantizar el mantenimiento de la igualdad de condiciones entre competidores y, especialmente, en el caso de los productos importados. 
También es necesaria una mejora del sistema RAPEX (el sistema de alerta rápida de la Comisión). 
Hemos ampliado el ámbito del sistema RAPEX para que incluya las medidas voluntarias adoptadas por el sector para la retirada de un producto. 
Mejoraremos el funcionamiento práctico del sistema. 
Asimismo, hemos previsto ahora la posibilidad de abrir el sistema a terceros países, en particular, a los países candidatos: la simplificación de los procedimientos para introducir medidas de urgencia a nivel comunitario, de manera que podamos intervenir con rapidez a raíz del dictamen de un Comité de Reglamentación. 
Hemos introducido la prohibición de exportar productos que hayan sido retirados a nivel comunitario. 
Otro punto sobre el que me gustaría llamar su atención es la cuestión de la mejora de la transparencia. 
La falta de confianza de los consumidores se debe a menudo a que no saben qué está sucediendo. 
Nada debilita tanto la confianza de los consumidores como la creencia de que está ocurriendo algo sobre lo que ellos no saben nada. 
Creemos que, de conformidad con la política general de la Comisión, los ciudadanos tienen derecho a conocer los peligros reales a que se exponen y las medidas adoptadas para evitarlos. 
La limitación de este principio es el secreto profesional, tal y como lo define el artículo 287 del Tratado, salvo cuando existan razones primordiales para la salud pública. 
Espero que la excepción se establezca e interprete con todo rigor. 
Me alegra mucho que el informe de la Sra. González Álvarez respalde los principios más importantes de la propuesta de la Comisión. 
Muchas de las enmiendas presentadas en el informe representan una mejora del documento y, por consiguiente, la Comisión puede aceptarlas. 
Permítanme que me refiera, en primer lugar, a las enmiendas con las que la Comisión no está de acuerdo. 
En primer lugar, las enmiendas 1, 8 y 18 proponen eximir de la obligación de suministrar información y documentación sobre los riesgos de los productos y el origen de los mismos para los artículos usados vendidos en tiendas de beneficencia y organizaciones sin ánimo de lucro, por particulares, en mercados callejeros y en los maleteros de los coches, como ha dicho el Sr. Whitehead. 
Las obligaciones de los distribuidores, que forman parte de la directiva desde 1992, han sido formuladas de una manera muy genérica y flexible. 
El único requisito nuevo es que los distribuidores, dentro de los límites de sus actividades respectivas, deberán proteger y proporcionar a las autoridades, previa solicitud, la documentación disponible necesaria para averiguar el origen de los productos. 
Esto no implica que los distribuidores deban adoptar medidas prácticas para averiguar el origen de un producto, sino que no deben destruir la identificación del producto y/o del fabricante y conservar cualquier información disponible sobre el origen del producto que pueda ser de utilidad para su rastreabilidad. 
Este nuevo requisito no entraña ninguna responsabilidad sustancial adicional en el caso de este tipo de tiendas. 
Normalmente, las tiendas de beneficencia reciben a título gratuito productos usados sueltos que éstas, a su vez, venden a los consumidores. 
La naturaleza de su comercio es tal que no se les puede exigir que desempeñen un papel activo en la rastreabilidad del artículo. 
Asimismo, en términos de vigilancia del mercado, averiguar el origen de productos defectuosos aislados, sencillamente, carece de interés. 
En definitiva, ya existe mucha flexibilidad respecto a las disposiciones de la directiva relativas a los distribuidores. 
Es posible aplicar estas disposiciones a estos tipos de tiendas de una manera compatible con la naturaleza de sus actividades. 
No obstante, de cara a las preocupaciones surgidas y para aclarar mejor la situación, podríamos plantearnos incluir en el considerando relativo a este artículo, la declaración de que puede resultar imposible proporcionar a las autoridades competentes la información y documentación sobre los posibles riesgos del producto y el origen del mismo en el caso de objetos usados sueltos donados por particulares. 
En segundo lugar, la enmienda 3 propone la eliminación de parte de la motivación para incluir condiciones claras en el anexo de la directiva sobre la obligación de las empresas de informar a las autoridades sobre los peligros. 
Esta motivación es necesaria para evitar el exceso de burocracia. 
En tercer lugar, la enmienda 4 propone añadir, en un considerando, la obligación de que los Estados miembros elaboren informes razonados con la cooperación de instituciones públicas o privadas, competentes e independientes. 
Exigir a los Estados miembros que contraten a instituciones externas para este fin va en contra del principio de subsidiaridad. 
Las enmiendas 6 y 29 exigen a la Comisión que examine los posibles enfoques o que presente propuestas en materia de seguridad de los servicios antes de una fecha determinada. 
La Comisión ya ha comenzado a analizar y a estudiar este asunto, pero iría muy en contra del derecho de iniciativa de la Comisión introducir esto en la directiva de un modo tan preceptivo. 
La enmienda 7 propone ciertos cambios en las referencias a los distintos apartados. 
La primera parte es aceptable para la Comisión, pero no es práctica habitual en los textos jurídicos comunitarios explicar el contenido de los artículos a los que se hace referencia, como propone la enmienda. 
Sustituir la palabra "productor" por "prestatario", como propone la enmienda 11, crearía más confusión que claridad, ya que no existe ninguna definición de prestatario en la directiva. 
La definición de productor ya cubre a los prestatarios, cuyas actividades pueden afectar a las condiciones de seguridad del producto. 
La enmienda 13 propone añadir la referencia al principio de precaución en la obligación general de los productores de comercializar únicamente productos seguros. 
El principio de precaución es un principio general de la gestión del riesgo por parte de las autoridades competentes y no puede ser aplicado por sí solo como una obligación directa de los productores. 
No obstante, la Comisión comparte la opinión de que el principio es importante como dato para la revisión de la directiva y, por consiguiente, podría hacerse una referencia a este principio en su primer considerando. 
Aunque la idea de publicar el texto íntegro de las normas europeas en el Diario Oficial, como se propone en las enmiendas 14 y 16, es comprensible, para ello sería necesario realizar cambios fundamentales en las relaciones entre la Comunidad y los organismos europeos de normalización, lo que probablemente acarrearía un incremento de las subvenciones con cargo al presupuesto comunitario. 
Ello se debe a que los organismos de normalización son propietarios de las normas y a que, en su mayoría, financian parte de sus actividades a través de la venta de las normas. 
Este asunto con repercusiones para la mayor parte de la legislación comunitaria en materia de productos no puede, por consiguiente, ser planteado en el contexto de la actual revisión de esta directiva. 
La enmienda 19 propone que los Estados miembros deberán armonizar los programas de vigilancia sobre la base de líneas directrices preparadas por la Comisión y el Comité consultivo. 
A pesar de que la Comisión está a favor de la cooperación y de los principios comunes, la formulación propuesta va en contra del principio de subsidiaridad. 
Exigir a los Estados miembros que adopten medidas, aun cuando las empresas ya hayan adoptado medidas satisfactorias para prevenir el riesgo, que sería la consecuencia de la segunda parte de la enmienda 21, no es aceptable. 
Además, iría en contra del objetivo de alentar a las empresas a adoptar medidas por propia iniciativa. 
La enmienda 23 propone la introducción en la directiva de disposiciones sobre la indemnización por los perjuicios sufridos. 
Son aspectos del Derecho civil que ya están regulados por la directiva sobre fiabilidad de los productos y, por consiguiente, no deberían ser abordados aquí. 
En la enmienda 24 se propone el requisito de establecer una Red europea de seguridad de los productos dentro de un plazo determinado. 
Aunque la Comisión está a favor de la creación cuanto antes de una red, este extremo deberá ser acordado entre los Estados miembros. 
Por ello, no es realista fijar un plazo. 
La primera parte de la enmienda 27 propone que se ponga a disposición del público únicamente información relacionada con los riesgos que hayan sido reconocidos. 
Esto no es aceptable, porque los consumidores deberían también tener derecho a ser informados sobre las investigaciones que se estén llevando a cabo- a condición de que esta información no esté amparada por el secreto profesional del modo que describí hace un momento y se interprete al pie de la letra. 
Por último, la enmienda 28 propone que la Comisión presente cada dos años un informe sobre la aplicación de la directiva, en vez de hacerlo cada tres años. 
Aunque la Comisión simpatiza con esta idea, no es viable con los recursos limitados de que dispone actualmente la Comisión. 
La Comisión no puede estar de acuerdo con las enmiendas adicionales presentadas a la sesión plenaria. 
Permítanme explicar, en primer lugar, cuál es la posición de la Comisión sobre las enmiendas con las que no podemos estar de acuerdo. 
Las enmiendas 30, 32, 42 y la parte principal de la enmienda 33 proponen una nueva formulación del texto actual de la directiva que no es objeto de la revisión. 
La Comisión no ha recibido ninguna queja respecto a la formulación actual y las modificaciones debilitarían las disposiciones. 
La enmienda 36 propone que los servicios que guardan una relación directa con el producto deberían quedar excluidos, salvo cuando dichos servicios los proporcione el productor original. 
Las conversaciones en el Consejo van en la dirección de resolver el tema de los servicios dentro de la definición del producto, lo que, en realidad, nos parece aceptable. 
La enmienda 43 excluiría por completo del ámbito de la presente directiva los productos regulados por legislación específica. 
Eso no es aceptable, ya que dichas directivas carecen a menudo de disposiciones sobre vigilancia del mercado, sistemas de notificación, etcétera. 
En la enmienda 37 se propone la posibilidad de mejorar la conformidad de un producto a los requisitos mediante la presentación de un certificado externo. 
Dicho certificado siempre puede utilizarse para aportar pruebas, pero no puede ser considerado en sí como una prueba decisiva. 
La enmienda 38 propone limitar a seis meses la validez de las decisiones de emergencia, algo que, en la mayoría de los casos, no es suficiente para adoptar medidas permanentes. 
Asimismo, propone una excepción de la prohibición de exportación cuando el productor demuestre que estos productos cumplen las disposiciones del Estado de destino en materia de seguridad. 
Eso no es aceptable, porque cuando se considere, a nivel comunitario, que un producto presenta graves riesgos y exige una rápida intervención, dichos productos no deben ser exportados. 
La enmienda propone además que las partes interesadas tengan la oportunidad de exponer su punto de vista respecto a una medida comunitaria adoptada, sin perjuicio de las compensaciones nacionales. 
Habida cuenta de que aquí no se trata de ningún recurso de apelación, esto parece innecesario. 
Asimismo, la enmienda 41 propone que la prohibición de exportación no sea aplicable cuando un producto haya sido prohibido mientras se realizaban controles adicionales. 
Es un período durante el cual existe el peligro real de que se realicen exportaciones. 
Si los controles confirman que el producto es seguro, la prohibición se levantará automáticamente. 
Las enmiendas 39 y 44 proponen que el público tenga acceso a la información sobre productos peligrosos únicamente cuando se haya emitido la prohibición o la decisión de retirar el producto, y que el intercambio de información protegida por el secreto profesional no debería ser posible entre las autoridades responsables de la vigilancia del mercado. 
Esto tampoco es aceptable porque el consumidor también debería de tener derecho a la información sobre los riesgos que aún no han sido establecidos definitivamente, incluso en los casos en que la medida adoptada no es la prohibición o retirada. 
Asimismo, la vigilancia eficaz del mercado no puede realizarse bajo las limitaciones propuestas relativas a la información confidencial. 
La enmienda 40 propone suprimir la obligación de las empresas de notificar a las autoridades competentes sobre los productos peligrosos que comercializan. 
Esto no es aceptable porque se trata de una mejora fundamental con respecto a la directiva actual. 
Siguiendo con la obligación de notificación, creemos que la utilización del término "determinar" en vez de "concluir" para establecer el momento en que la información debe ser notificada, como propone la primera parte de la enmienda 34, creará más incertidumbre que claridad. 
Tras haber explicado de manera pormenorizada los motivos por los que la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 28 hasta 30, 32, 33, 36 hasta 34 y parte de la enmienda 7, la segunda parte de la enmienda 21 y la primera parte de las enmiendas 27 y 34, puedo informarles que la Comisión sí puede aceptar las enmiendas 2, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 26, 31 y 35 y parte de la enmienda 7, la primera parte de la enmienda 21 y la segunda parte de las enmiendas 27 y 34, porque constituyen una mejora y una clarificación de la propuesta de la Comisión. 
No obstante, en el caso de algunas de estas enmiendas, en particular, las enmiendas 2, 15, 22, 25, 31 y la segunda parte de la enmienda 27, una modificación de su formulación mejoraría el texto. 
Para terminar, deseo expresar, una vez más, mi agradecimiento a la Sra. González Álvarez por el excelente informe que, en buena medida, merece la aprobación de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
Señorías, hay muchas votaciones previstas y, en consecuencia, yo les pido su disciplinada colaboración. 
Antes de empezar, quiero comunicarles que el Sr. Claudio Martelli del Grupo Técnico de Diputados Independientes se ha incorporado al Grupo Mixto, o sea, que deja el Grupo Técnico para unirse al Grupo Mixto. 
Señor Martelli, como norma no le correspondería intervenir hasta que se haya completado la ronda de votaciones pero, como una excepción, voy a concederle brevemente el uso de la palabra. 
Sin embargo, no vamos a abrir un debate al respecto, sino que sólo puede hacer una breve declaración personal. 
Señor Presidente, hace treinta años que soy socialista en Italia y en las organizaciones internacionales. 
Al ser reelegido en este Parlamento en el mes de junio de 1999, naturalmente me incorporé en Grupo Socialista. 
El 30 de agosto de 2000 el Sr. Barón Crespo, al final de una reunión de la Mesa de la que yo formaba parte y que debatía mi caso en petit comité, en mi ausencia y a mis espaldas, me comunicó que me había autoexcluido de su Grupo. 
Mi protesta no fue siquiera considerada merecedora de una respuesta de cortesía. 
Evidentemente, para el Sr. Crespo si se es socialista italiano no se puede formar parte del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Hay que ser o ex comunistas, como el Sr. Veltroni, o satélites de los ex comunistas, como el Sr. Boselli. 
Es la historia de la izquierda italiana, la historia del cuco: el cuco ex comunista que, al derrumbarse su mundo, pone sus huevos en el nido de otros y, por el desinterés de la madre, devora los huevos originales. 
Señor Martelli, ha transcurrido el minuto del que disponía. 
Las declaraciones personales no pueden exceder de un minuto. 
Puede entregar el resto por escrito, también al Sr. Barón Crespo. 
Señor Presidente, rechazo enérgicamente las declaraciones del Sr. Martelli. 
¡Enrique Barón se pronunció en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, de acuerdo con nuestros estatutos, y es de lamentar que el Sr. Martelli se haya adherido ahora a la derecha europea! 
VOTACIONES 
Señor Presidente, le agradecería que me explicase el significado de "wir checken" puesto que ese verbo no forma parte de mi vocabulario alemán. 
Ayer la Sra. Roth-Behrendt se refirió a unas personas que estaban "eingesqueezed" en un ascensor. 
Dado que estamos hablando de los derechos de los ciudadanos quisiera saber si en algún momento hemos adoptado enmiendas a la lengua alemana. 
(Risas, aplausos) 
. (NL) Señor Presidente, parece existir un malentendido en torno a las enmiendas 12 y 37 que se van a someter ahora a votación. 
Creo que no existe conflicto entre la enmienda 12 y la enmienda 37. 
Por este motivo quisiera abogar por votar tanto a favor de la enmienda 12 como de la 37 debido a que ofrecen en conjunto una solución precisa; de modo que no se trata de elegir una de las dos, sino ambas. 
En contra del análisis de que ambas enmiendas se excluyen mutuamente por ser contradictorias usted opina que podemos votar las dos, y es lo que haremos. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0330/2000) del Sr. Westendorp y Cabeza en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo (COM (2000) 628- C5-0525/2000- 2000/0111 (CNS) ) relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Hercegovina, Croacia, República Federativa de Yugoslavia y Antigua República Yugoslavia de Macedonia y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3906/89, la Decisión 97/256/CE y el Reglamento (CEE) nº 1360/90 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0305/2000) del Sr. Garot en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2000) 193- C5-0225/2000- 2000/0076 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759/75 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino 
Señor Presidente, quisiera, antes de empezar, señalar que en el punto 16, al final, en la traducción griega, hay un error, puesto que dice que se entablarán negociaciones bajo la égida de la OTAN, cuando lo correcto es que se entablarán negociaciones bajo la égida de Naciones Unidas. 
Quisiera pedir a los servicios que lo corrijan. 
El Sr. ponente puede responder brevemente a la pregunta, pero antes debemos prestar atención a una objeción del Sr. Wurtz. 
Señor Presidente, deseo referirme al orden de la votación de las enmiendas sobre el apartado 10, es decir, sobre el genocidio armenio. 
La hoja de votación que se preparó ayer, puesto que la votación debía tener lugar ayer, establecía un orden diferente, que era lógico. 
El de hoy no lo es. 
Sugiero, pues, remitirnos a la lista de votación de ayer, es decir, votar en primer lugar la enmienda 13. 
Colaboran con nosotros personas altamente cualificadas que nos ayudan a realizar nuestro trabajo. 
En el primer análisis se detectó un error que ya se ha corregido, pero le agradecería al ponente, el Sr. Morillon, que se pronunciase brevemente acerca de ambas preguntas. 
La primera, del Sr. Katiforis, concierne al término OTAN, en tanto que el segundo diputado le pregunta si el orden de votación aquí previsto es el correcto. 
- (FR) Señor Presidente, en relación con la primera cuestión, se trata, evidentemente, de un error de transcripción y no de traducción. 
En cuanto al orden de la votación, lo dejo a la decisión del Presidente, y señalo que, en cualquier caso, estoy en contra de las tres enmiendas. 
Con esto se ha contestado a ambas preguntas. 
No olvidemos rectificar la enmienda 16. 
Después de la votación de la enmienda 7: 
Señor Presidente, con el consentimiento del Sr. Katiforis quisiera proponer el siguiente texto- aquí sólo lo tengo en inglés- que se diferencia ligeramente del texto que tenemos delante. 
Lo leo en un momento: 
Acoge con satisfacción el inicio de las negociaciones sobre las medidas para reforzar la confianza, aprobadas el 31 de octubre de 2000 por los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y Grecia. 
(DE) A estas alturas sólo aplaudimos el inicio de las negociaciones, no el resultado. 
Por desgracia aún no podemos aplaudir el resultado en este momento. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0275/2000) del Sr. Jové Peres en nombre de la Comisión de Pesca sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 613- C5-0108/2000- 2000/2068 (COS) ) sobre la participación de la Comunidad Europea en las Organizaciones Regionales de Pesca 
(El Parlamento aprueba la resolución) Explicaciones de voto 
Propuesta de resolución (B5-0845/2000) 
. (EL) El Mediterráneo ha sido y sigue siendo una región particularmente sensible con importantes problemas políticos, económicos y sociales. 
Los asuntos relacionados con la coexistencia pacífica y la cooperación en pie de igualdad y recíprocamente beneficiosa entre estados y pueblos, sin injerencias en sus asuntos internos, la normalidad que ha de presidir sus relaciones, constituyen siempre el rasgo principal de toda colaboración entre estados. 
Los países mediterráneos extracomunitarios se enfrentan, qué duda cabe, a problemas particularmente graves relacionados con el desarrollo económico. 
Las desigualdades regionales se acrecientan sin cesar. 
La Unión Europea y los estados miembros son en gran medida responsables de esta situación. 
Somos, verdaderamente, testigos de una sobreexplotación de los recursos naturales y humanos por parte de los países desarrollados, principalmente de la UE, y de sus empresas, así como de la persistencia e incremento de la deuda externa. 
El intento de exportar el modelo socioeconómico de la UE a los países del Mediterráneo que no son miembros de la Unión, y su integración en el Nuevo Orden de cosas y en la llamada globalización es expresión de una mentalidad colonialista. 
De modo alguno puede constituir una base sólida de cooperación, desde el momento en que pretende imponer los criterios de los fuertes a los débiles, y se propone servir a los intereses de las grandes empresas monopolistas y no a los de los pueblos y los trabajadores de los países del área. 
Ejemplo característico de esta conducta es la posición que mantienen los estados miembros de la Unión Europea para con los emigrantes provenientes de esos países- como para con los que provienen de otros -, emigrantes a los que en muchos casos se les crea un sentimiento de inseguridad y de amenaza de expulsión, al no concederles los mismos derechos que al resto de los trabajadores y mantener así un gueto de ciudadanos de segunda categoría, víctimas de una trata de esclavos de nuevo cuño. 
Otro ejemplo que ilustra perfectamente la política comunitaria lo constituyen los diferentes embargos y las intervenciones militares en contra de países que no siguen la senda de la sumisión a las opciones de la Unión Europea y el Nuevo Orden, así como la exclusión de ciertos países de la cooperación euromediterránea, frente al trato privilegiado que reciben otros, y la distribución de las partidas no de acuerdo con las necesidades reales, sino de acuerdo con los intereses del capital multinacional. 
Finalmente, no debemos olvidar que hablamos de una región en la que Yugoslavia fue bombardeada por la Unión Europea y la OTAN, y en la que la UE, con las bendiciones de la OTAN, concede el título de candidato a Turquía, un país que mantiene ocupado el 40% de Chipre y cuestiona derechos soberanos de Grecia; y no debemos olvidar tampoco las responsabilidades que tenemos para con un pueblo, el palestino, que vive en condiciones miserables, y que, bajo el régimen del terrorismo de estado de Israel, sigue luchando heroicamente por tener una patria. 
La propuesta de resolución, desgraciadamente, no hace frente a las cuestiones mencionadas; se mueve en el consabido espíritu de la Comisión Europea; se propone la penetración del capital monopolista europeo, para seguir saqueando, claro está, las riquezas de los países mediterráneos extracomunitarios. 
Por estas razones los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia la rechazamos. 
. (IT) Las condiciones para el relanzamiento del proceso de Barcelona son insuficientes. 
El retraso acumulado en la aplicación de los acuerdos se puede justificar sólo parcialmente. 
La responsabilidad es doble: de los Gobiernos de los Estados de la Unión y de los Gobiernos de los socios mediterráneos. 
El proceso adolece de voluntad política que a veces hace dudar del éxito de esta importante empresa euromediterránea. 
Y es en consideración a esta doble responsabilidad que he presentado algunas enmiendas que tienen que ver con los Gobiernos de los Estados Euromed. 
De hecho, sin su responsabilidad y su compromiso, no se puede hablar de un proyecto para establecer una zona multilateral de librecambio a escala interregional en los países mediterráneos, como se sugirió en la Conferencia de Malta en el ámbito de las relaciones Sur-Sur. 
También la cuestión de la financiación implica una voluntad de tener éxito que hasta ahora no se ha demostrado. 
Es preciso restablecer el equilibrio entre los fondos destinados a todas las zonas geográficas, en el respeto de la democracia, de la transparencia y de la eficacia, del mismo modo que hace falta un relanzamiento duradero de la cooperación descentralizada, tras realizar un examen crítico y en profundidad de las debilidades y de las carencias encontradas en la ejecución de los viejos programas. 
Por lo que se refiere al respeto de la dignidad de los inmigrantes legales, en aras de una política europea armonizada en materia de inmigración, además de los instrumentos jurídicos para garantizar su tratamiento justo, habría que crear instrumentos de ayuda financiera en favor de todos esos jóvenes que, habiendo terminado un ciclo de estudios superior o universitario en los Estados europeos, desean regresar a sus Estados de origen para empezar a ejercer una actividad profesional. 
La coordinación de las iniciativas de los Estados miembros en esta materia es indispensable, una coordinación que podría ser llevada a cabo por la Comisión Europea. 
Esta última debería presentar asimismo propuestas de ayuda financiera análogas en favor de los jóvenes inmigrados en el ámbito de la política de cooperación con los países ACP. 
Otro tipo de coordinación afecta a los donantes potenciales, Estados e instituciones financieras, de las ayudas internacionales y regionales, en particular de los países del Golfo. 
Es necesario un programa concertado de inversiones en la región mediterránea. 
Sin concertación no hay dinamismo y sin dinamismo no existe el impulso suficiente para el desarrollo. 
Quisiera terminar afirmando que el elemento de coordinación por excelencia es una estrategia global de la Unión para la región mediterránea. Es esta estrategia que puede indicar las finalidades de una asociación óptima. 
Es esta estrategia que ofrece los motivos válidos para respaldar cualesquiera iniciativas y acciones. Es esta estrategia que convertirá la asociación en un instrumento indispensable no solo para garantizar a la región mediterránea el desarrollo económico y social, sino también para permitir a Europa desempeñar un papel equilibrador en toda la zona. 
Por estos motivos, votaremos a favor de la propuesta de resolución. 
Informe Averoff (A5-0322/2000) 
. (EN) Acojo con satisfacción el presente informe del Sr. Averoff sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre la concesión de subvenciones a Grecia para aliviar la carga de los intereses de los préstamos BEI para la reconstrucción de la región de Ática, que quedó devastada por el seísmo de septiembre de 1999. 
Esta ayuda está más que justificada a la luz de la tragedia. 
Informe Eriksson (A5-0294/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe que establece qué debe hacer la Comunidad Europea para que exista una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. 
El domingo, antes de viajar a Estrasburgo, me encontré con la Sra. Rossi. 
La Sra. Rossi- una pensionista viuda- me dijo: "¿ Por qué, desde que he enviudado, mi pensión se ha reducido a la mitad de la que cobraba cuando mi marido aún vivía ?" 
Pues bien, quisiera subrayar que, a la hora de hablar de igualdad entre hombres y mujeres, también hay que preocuparse de las leyes en materia de pensiones que perjudican más a las mujeres que a los hombres. 
Los Estados miembros deben respetar a las mujeres también en las leyes sobre las pensiones para las viudas y en las leyes sobre las pensiones para las mujeres casadas. 
Señor Presidente, a pesar de los progresos habidos en los últimos años en la Unión Europea, en esta Europa paladín de los derechos humanos, continúa existiendo una discriminación estructural por razones de sexo. 
Las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres, persiste la menor presencia representativa de las mujeres en las instituciones públicas y también en los puestos de decisión en las entidades privadas, y siguen siendo ellas las primeras víctimas del maltrato en la pareja y de la violencia sexual. 
Quisiera resaltar un factor, que considero francamente determinante en esta cuestión; la falta de igualdad en el terreno laboral. 
Nunca habrá igualdad si la mujer no tiene una autonomía económica personal, si para su sustento y el aseguramiento de su futuro tiene que depender del hombre; lo que más puede hacer verdaderamente libre e igual a la mujer es el hecho de disponer de las mismas oportunidades que el hombre para encontrar un puesto de trabajo y que su remuneración no sea inferior. 
Yo estoy convencido de que el día en que la mujer consiga con su trabajo una independencia económica real, entonces será verdaderamente libre y el resto de las desigualdades habrán desaparecido. 
. (EL) El nuevo programa (2001-2005) propuesto para la igualdad entre hombres y mujeres es el programa más reaccionario que se ha elaborado estos últimos años, y se propone la plena incorporación de la mujer a las políticas antiobreras de la Unión Europea. 
La supuesta política de igualdad de oportunidades no ha conseguido transformar la realidad de unos mayores porcentajes de mujeres en el paro, en el empleo a tiempo parcial, en la pobreza; ni tampoco la que supone su escasa presencia en los centros de decisión. 
La igualdad de oportunidades en el trabajo, en la participación social, o en cualquier otro ámbito, no se puede concebir en un marco de políticas reaccionarias que ofende globalmente a la dignidad humana; una sociedad de paro, subempleo, sin estado del bienestar; una sociedad que pone precio a los valores humanos y comercia con ellos. 
Discrepamos radicalmente del modo en que se utilizan los términos «igualdad» , e «igualdad de oportunidades» , puesto que ambos, en el marco del capitalismo una sola cosa pueden implicar: igual trato para la mayoría de los trabajadores en la miseria social que día a día se acrecienta, igual distribución de la pobreza, en el aumento general del paro, en el empleo a tiempo parcial; la reducción de las prestaciones públicas y gratuitas del estado en el ámbito de los servicios de política social y el incremento global de las cargas familiares. 
Dadas las políticas antiobreras de la UE, el objetivo concreto, y las medidas concretas positivas que puedan impulsarse para su consecución, tendrán un único fin: la plena incorporación de la mujer a las políticas de la UE, que se han vuelto aún más reaccionarias para los intereses populares. 
El texto se orienta a la materialización de las políticas más generales de la UE, define con precisión que la política de igualdad debe impulsar la plena incorporación de las mujeres a la «nueva economía». Es decir la plena adaptación en términos de igualdad al empleo a tiempo parcial, a la erradicación del empleo estable y a tiempo completo, a la reducción de los costes laborales no salariales. 
Una verdadera política para la igualdad presupone una política económica y social diferente, que sitúe en su centro de atención la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para la prosperidad- y no para una vida cada día más miserable -, como, por ejemplo, la reducción de los límites de edad para la jubilación para los dos géneros: sesenta, para los hombres, y cincuenta y cinco, para las mujeres; el fortalecimiento y mejora del sector público y gratuito de la política social; la abolición del sector privado en la salud; la abolición del empleo a tiempo parcial. 
- (FR) Hemos votado a favor de este informe puesto que hace hincapié en una serie de principios sobre la igualdad de hombres y mujeres, principios con los que estamos, ciertamente, de acuerdo. 
Pero todas las manifestaciones referentes a la "igualdad de oportunidades de hombres y mujeres" adquieren una perspectiva cruel con la directiva europea por la que se autoriza el trabajo nocturno para las mujeres. 
La prohibición del trabajo nocturno para las mujeres era uno de los pocos ámbitos en los que la legislación social de algunos países, encaminada a proteger a las mujeres, era más avanzada para las trabajadoras que para los trabajadores. 
Incapaces de combatir la segregación social que sufren las mujeres en los ámbitos del empleo, del salario o de la promoción profesional, incapaces, por consiguiente, de "igualar las oportunidades" hacia arriba, las instituciones europeas "igualan" hacia abajo. 
Rechazamos el retroceso social que representa la autorización del trabajo nocturno para las mujeres. 
El trabajo nocturno en la industria y, en general, en el sector mercantil, que es perjudicial tanto para la salud de las mujeres como para la de los hombres, no tiene ninguna justificación social ni humana. 
La única razón de su generalización es la búsqueda rápida de beneficios por las empresas. 
Para suprimir todo tipo de segregación social en la materia, es preciso prohibir el trabajo nocturno tanto para los hombres como para las mujeres, exceptuando únicamente el ámbito de los servicios públicos- hospitales y transportes públicos, en particular -, donde dicho trabajo es socialmente útil, con la condición de compensar los inconvenientes del trabajo nocturno mediante una fuerte reducción de la jornada laboral y protegiendo a las mujeres embarazadas. 
Aunque tardíamente, la Comisión presentó el Programa relativo a la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) , que se aparta marcadamente de los anteriores y, en particular, del cuarto programa de acción que concluye al final de este año. 
Conforme a la propuesta presentada, la modificación de la metodología tiene por objetivo aumentar el acceso y la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales participen activamente y contribuyan al proyecto. 
Ahora bien, para que eso sea posible, es necesario que se fomente esa participación efectiva no sólo en el nivel comunitario, sino también en los Estados miembros. 
Como dice la ponente, es importante que la Comisión considere que una verdadera democracia presupone que todos los ciudadanos- hombres y mujeres- participen y estén representados en igual medida en la vida económica, en los lugares de decisión y en la vida social, cultural y civil. 
Pero es necesario tener en cuenta que ninguna labor con vistas a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres tendrá efectos perdurables, si no se reforzaran simultáneamente los derechos de las mujeres, en particular en las prácticas cotidianas en todas las esferas de actividad. 
- (DE) Para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la vida cultural, social y económica y atajar e impedir la discriminación por razones de sexo la Comisión ha formulado una doble propuesta que recibe el apoyo de nuestra Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Deben aplicarse medidas específicas en favor de la mujer no en un segundo plano, sino paralelamente a la integración de las perspectivas igualitarias en la política comunitaria. 
Más en concreto se distinguen cinco ámbitos de acción, entre ellos la igualdad en la vida económica, igual participación y representación e idéntico acceso a los derechos sociales. 
La línea presupuestaria B3-4012 prevé 53,5 millones de euros, un importe considerable pero necesario que ha sido aprobado por la Comisión de Presupuestos competente para emitir opinión habida cuenta de que se trata de una prioridad política. 
Antes de adoptar una decisión acerca del quinto programa de acción quisiéramos examinar a fondo el programa anterior. 
Espero que en el futuro la Comisión presente todos los años, en su debido momento, un balance de la situación, creando así las condiciones oportunas para que el Parlamento Europeo pueda analizar y debatir la situación con mayor profundidad. 
Tengo otra observación respecto al factor tiempo. El presente informe contiene diversas formulaciones imprecisas y desafortunadas porque nos vimos obligados a debatir y votar contra reloj sin que las enmiendas estuvieran disponibles en todas las versiones lingüísticas. 
Tengo algunos reparos en cuanto al contenido. 
No entiendo por qué tenemos que exigir- como se ha hecho tantas veces en este Parlamento- que se realicen estudios sobre el impacto de una reducción generalizada del horario laboral. 
Disponemos de decisiones unívocas adoptadas por mayoría en virtud de los conocimientos actuales al respecto, según los cuales podemos vivir mucho mejor con tiempos laborales flexibles en los Estados miembros que con una solución colectiva ajena a la realidad. 
Además, considero inviable la propuesta de elaborar un código de conducta para los medios de comunicación. 
Cuando las mujeres son objeto de discriminación en los medios lo único que realmente surte efecto son las enérgicas protestas de lectores activos y diputados nacionales y europeos despiertos ante casos concretos. 
A pesar de ello, he votado a favor del informe. 
Por una parte, porque se han tenido en cuenta diversas propuestas de mejora presentadas por mi Grupo. 
Por otra, porque se insiste en la necesidad de examinar la situación de la mujer en los mercados de trabajo nacionales y el deficiente acceso a los sistemas de seguridad social sobre la base de estadísticas elaboradas a partir de datos representativos y desglosados según el género. 
Se reclama con toda razón que el quinto programa marco esté en consonancia con los fondos estructurales- probablemente el instrumento más eficaz de nuestra Comunidad -, la iniciativa comunitaria EQUAL y los programas DAPHNE, STOP, PHARE y MEDA. 
. (SV) He votado a favor de las enmiendas 61 a 74, que han sido aprobadas en conjunto. 
Al mismo tiempo, quisiera manifestar mi más profunda congoja por los criterios de niño, de padre, de vida familiar, de unidad familiar y de simple y decente amor al prójimo que denota la exposición de motivos de la enmienda 72 cuando dice "Creación de infraestructuras (guarderías infantiles, atención a personas mayores) que permitan la armonización de la vida familiar con la profesional" (que interpreto como el cuidado infantil de los padres en la propia vivienda) y "la necesidad de cuidado de los niños y la atención a familiares de edad constituyen obstáculos para la actividad profesional, política y social de las mujeres durante ciertas épocas de su vida". 
Son las expresiones "obstáculos" y "la necesidad de cuidado de los niños y la atención a familiares de edad" las que me preocupan profundamente. 
Además, ¿es "la actividad profesional, política y social", como aparece en la exposición de motivos, el más alto y único valor del individuo? 
¿Es esto lo que más valoran los políticos, en tanto que la vida familiar, base de la sociedad, y los profundos y humanos valores relacionados con ella son ignorados y subestimados en nombre de la UE? 
. (EN) Respecto al informe Eriksson (A5-0294/2000) sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre el programa relativo a la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) , apoyo plenamente la igualdad entre hombres y mujeres, pero tras examinar el documento correspondiente de la Comisión, COM (2000) 335, encontramos en la declaración financiera que los gastos de funcionamiento del "European Women's Lobby" (EWL) son financiados principalmente con cargo a la partida presupuestaria A-3037. 
Como ustedes saben, la Comisión de Presupuestos ha calificado esta ONG de monopolio. 
Al parecer, según los escritos procedentes de varias agrupaciones europeas de mujeres, este monopolio no representa ideológicamente a un número demasiado importante de organizaciones europeas de mujeres. 
Habida cuenta de que esta ONG desempeña un papel fundamental en la formación y aplicación del presente programa, creo que la integridad de esta estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres está en entredicho y, por consiguiente, no puede ser apoyada. 
Asimismo, ¿es adecuado financiar un monopolio con una partida presupuestaria que ha sido concebida para fomentar la igualdad? 
Es más, ¿se justifica que financiemos un monopolio con cargo al presupuesto de la UE? 
Por estos motivos, lamentándolo, he votado en contra. 
Informe González Álvarez (A5-0309/2000) 
Señor Presidente, he votado en contra del informe González Álvarez por varios motivos, sin embargo, al disponer de tan sólo de un minuto de tiempo para mi explicación de voto, sólo voy a referirme a uno de ellos. 
Cuando salí hacia Estrasburgo, entre las personas que me vinieron a despedir al aeropuerto, había una persona mayor pensionista que, lamentablemente, sufría una grave lesión causada por un producto muy, pero que muy peligroso que se comercializaba en la Unión Europea. 
Al marchar, le dije: "Estáte tranquila porque habrá el informe González Álvarez que hablará precisamente de la seguridad de los productos". 
Sin embargo, he constado que por desgracia en este informe no hay ningún punto en que se establezca una obligación clara y rápida de indemnización de los daños causados a las víctimas de la inseguridad de los productos. 
. (EN) Mi partido tiene serias reservas respecto a aplicar legislación comunitaria a la venta de productos de consumo, al igual que respecto a la negativa de aplicar el concepto de reconocimiento mutuo de las normas. 
Por lo que, en principio, estamos en contra de la directiva original y, por consiguiente, debemos oponernos a cualquier ampliación de la misma. 
Aun en el caso de que no fuera así, seguiríamos teniendo serias reservas. 
Aunque esta propuesta de la Comisión sobre la seguridad general de los productos ha adoptado la forma de una revisión de la Directiva 92/59/CEE, alegando que no se ha modificado el enfoque adoptado en la directiva original, eso no parece ser del todo cierto. 
Lo que nos molesta de manera especial son los planes revelados por el Comisario Byrne de desarrollar una red europea que reúna a las autoridades de los Estados miembros responsables de la vigilancia del mercado para facilitar la aplicación de esta normativa. 
Tras haber visto propuestas de "creación de redes" en otras iniciativas comunitarias, vemos en esto el inicio de algo completamente malsano; un sistema unificado de vigilancia que viene a ser un servicio encargado de velar por el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea en materia de protección del consumidor. 
Nos parece que esto se inscribe en una tendencia general, en la que la Comisión, tras haber saturado de legislación los Estados miembros, está mostrando ahora demasiado interés en sistemas de vigilancia, con vistas a obtener el control sobre los mismos. 
Sólo por este motivo, mi partido se opone a esta medida. 
. (EN) Aunque apoyo el presente informe sobre la seguridad general de los productos, es importante que no vayamos demasiado lejos. 
Es importante que nuestros productos sean seguros, pero no deberíamos exagerar adoptando acciones extremas. 
A la población de toda Europa le preocupa enormemente la seguridad de los productos de consumo, y es justo que le preocupe. 
El presente informe saluda una mejora de la legislación europea en vigor en materia de seguridad de los productos, pero, en mi opinión, la directiva no debería aplicarse a las tiendas de beneficencia, una peculiaridad importante del comercio minorista británico. 
Es absurdo pensar que una tienda de beneficencia típica pueda proporcionar a las autoridades información sobre los riesgos y el origen de productos usados que son adquiridos del gran público. 
No olvidemos que fue mi colega Laborista, Sr. Whitehead, quien presentó las enmiendas encaminadas a eximir a las tiendas de beneficencia, y deberíamos felicitarle por sus logros. 
La amenaza para las tiendas de beneficencia se produjo porque la Europa continental sencillamente no entendía este concepto. 
Ahora ya lo entiende y las enmiendas Laboristas ofrecen la garantía de que estas tiendas permanecerán intactas y quedarán exentas de la directiva. 
El objetivo general de la directiva es muy importante para garantizar un grado alto y coherente de protección de los consumidores, así como el buen funcionamiento del mercado único. 
Apoyo incondicionalmente la tendencia en favor de colocar sobre los productos, en su lugar de venta, advertencias formuladas con claridad y que sean fáciles de entender sobre los posibles riesgos. 
Un etiquetado claro es la mejor forma de tranquilizar a los consumidores preocupados por la seguridad de los productos que compran. 
La confianza del público en la seguridad de los productos que todos compramos ha sufrido un duro golpe en estos últimos años, a raíz de varios sustos, especialmente, en juguetes para niños. 
Únicamente si adoptamos la actitud de que la seguridad debe primar sobre todo lo demás- y que el público vea que adoptamos esa actitud- podremos restablecer la confianza del público y la seguridad de nuestros hijos. 
Informe Lagendijk (A5-0324/2000) 
Señor Presidente, el Consejo ha querido, con razón, racionalizar la ayuda de la Unión Europea a los países de los Balcanes y, paralelamente, reformar la Agencia Europea de Reconstrucción de Kosovo, cuya competencia podría extenderse progresivamente al conjunto de la región. 
Nosotros apoyamos plenamente esta orientación, así como las dos propuestas de reglamento del Consejo que la concretizan, pero no podemos apoyar las enmiendas del Parlamento Europeo tendentes a modificar profundamente el equilibrio del sistema en provecho de la Comisión. 
Hoy la Agencia de Reconstrucción de Kosovo está regida por un consejo de dirección, en el cual cada uno de los representantes de los Estados miembros y de la Comisión tiene un voto y en el cual las decisiones se toman por mayoría de dos tercios. 
La Comisión no soporta esta situación de tutela, y se queja de que el peso de los Estados miembros obstaculiza su libertad de acción, o sea- en su opinión -, la eficacia de la ayuda. 
El Parlamento Europeo ha escuchado la llamada de su vieja amiga, y acaba de aprobar una serie de enmiendas que le dan la razón. 
La enmienda 5 propone entregar la gestión de la Agencia a la Comisión, que sería responsable ante el Parlamento Europeo. 
La enmienda 14 debilita el consejo de dirección frente a la Comisión, al establecer que éste adoptará sus decisiones por mayoría simple. 
La enmienda 10 amplía los cometidos de la Agencia, dirigida, pues, por la Comisión. 
Finalmente, la enmienda 15 deja las manos libres a la Comisión con respecto al régimen lingüístico de la Agencia, lo que consideramos muy preocupante. 
Vemos así como vuelve a producirse un esquema tipo consistente en creer que la Comisión gestionará mejor la ayuda exterior si dispone de mayores poderes, de mayor autonomía y si está menos vigilada por los Estados. 
Se trata de un error que, desgraciadamente, puede provocar evoluciones muy conocidas. 
Nosotros pedimos, por el contrario, que los Estados sigan llevando la voz cantante en relación con la gestión de la ayuda y con la Agencia. 
Por una parte, éstos ejercerán un mejor control; por otra, mantendrán un vínculo esencial entre la ayuda europea y las políticas nacionales en esta región sensible. 
Señor Presidente, tanto como diputado del Partido Popular Europeo como en mi calidad de diputado del Partido de los Pensionistas en Italia, he votado con gran satisfacción a favor de este importante informe sobre las ayudas, así como sobre su gestión, que la Unión Europea a decidido facilitar a Albania, Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia y Kosovo. 
Estas ayudas servirán ante todo para sentir que Europa existe y se siente solidaria con las poblaciones víctimas de situaciones de guerra que han llevado dificultades y pobreza especialmente a las personas mayores, a las personas discapacitadas que, por lo tanto, han de ser las primeras, sin olvidar a las demás, en ser ayudadas. 
Evidentemente, esto merece todo mi apoyo. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe, aun cuando no distingue claramente entre Kosovo, Serbia y Montenegro. 
El Presidente Kostunica no tuvo ningún inconveniente en que en una entrevista reciente le compararan con el General De Gaulle. 
Ahora bien, para que el General De Gaulle pudiera desempeñar el papel que desempeñó primero tuvo que solucionar el problema de Argelia. 
Creo que en el caso de Serbia el equivalente de Argelia se llama Kosovo. 
Kosovo tiene derecho a decidir su futuro camino de forma autónoma y de común acuerdo con sus vecinos. 
Es por esto por lo que debemos brindar al Presidente Rugova y al Presidente Kostunica la oportunidad de negociar como demócratas. 
A este fin necesitamos urgentemente elecciones en Kosovo, una estrecha cooperación y una solución para la zona que cuente con el apoyo de todas las partes implicadas. 
. (EL) La ampliación del ámbito de actividad de la Agencia Europea de Reconstrucción al espacio de la República Federal de Yugoslavia debería haber tenido lugar hace mucho tiempo y no haberse vinculado a los cambios internos en ese país. 
El bloqueo, la falta de ayuda internacional, la crudeza de la posguerra, no los han pagado Milosevic y sus colaboradores, sino los ciudadanos, y, sobre todo, los menos favorecidos de entre ellos. 
La simplificación de los procedimientos de toma de decisiones, la creación de bases de operaciones descentralizadas (no sólo en Prístina, donde ha adquirido el significado de su separación de Yugoslavia) , el tratamiento de la doble estructura entre el Consejo de Administración y la Comisión, pueden resultar movimientos positivos en la dirección de afrontar la gran insuficiencia burocrática de la Agencia Europea de Reconstrucción. 
Paralelamente se requiere: 
1. 
Aumentar la financiación en una región de cuya destrucción la Unión Europea es autor moral y material. 
2. 
Garantizar el protagonismo de los agentes locales que han sido relegados por la burocracia y por las diferentes compañías europeas de asesores. 
3. 
Reforzar los programas de cooperación entre las antiguas partes enfrentadas y entre los países de la zona. 
. (EN) Acojo con satisfacción el presente informe que intenta mejorar el suministro de asistencia de la UE a la República Federal de Yugoslavia, a través de la simplificación de los procedimientos de toma de decisiones y dotándolos de mayor transparencia. 
Informe Garot (A5-0305/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Garot, a pesar de que presenta algunas lagunas e imprecisiones que no cuentan con el apoyo del Partido de los Pensionistas. 
En primer lugar pido que la Comisión se decida a presentar varios y diferentes tipos de propuestas para resolver los graves problemas de la agricultura y de la ganadería. 
De hecho, no es posible que se continúe ayudando a esos agricultores que necesitan las ayudas de la Unión Europea- aun siendo bien recibidas- en la forma que se ha venido siguiendo hasta ahora, una forma que no ha causado más que perjuicios. 
El sistema de las cuotas se debe eliminar totalmente y hay que proceder con otro tipo de ayudas a la agricultura, a la pesca y a la ganadería en la Unión Europea. 
. No respaldamos las nuevas subvenciones a la crianza de cerdos y por eso votamos en contra del informe. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra del informe que instaurará ayudas a los productores porcinos de la UE. 
La Comisión ha propuesto la instauración de un régimen de ayuda a los productores porcinos creando un fondo de regulación en los Estados miembros. 
La propuesta es innecesaria y perjudicial, puesto que instaura una nueva ayuda a un sector que hasta ahora se las ha apañado bien sin ayudas. 
La crisis del sector porcino se ha resuelto por sí misma vía economía de mercado y porque precisamente no se han instaurado caros e innecesarios regímenes de ayuda. 
El informe del Parlamento implantará todavía más regímenes de ayuda. 
Los productores recibirán el 100% de la ayuda del fondo destinado a la reducción de su producción y la UE cofinanciará el régimen. 
Votamos por ello en contra tanto de la propuesta de la Comisión como del informe del Parlamento. 
Una vez aprobado, este informe sobre la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino se añadirá a las toneladas de papel que representa la reglamentación del mercado agrícola común. 
Es curioso observar como el ponente, a pesar de ser partidario de la economía de mercado, al mencionar los "movimientos cíclicos" del mercado de la carne de porcino, ataca sus "efectos negativos", para alarmarse del "espectáculo desastroso" que éste ofrece. 
Nosotros somos contrarios a la economía de mercado, que resulta tan estúpida como desastrosa para regular el conjunto de la economía, para regular la producción de la carne de porcino. 
Sin embargo, no compartimos el cinismo del ponente cuando echa de menos los viejos tiempos, en que "el abandono de la actividad de pequeñas unidades productivas podía contribuir a recuperar los costes". 
Compartimos aún menos la opinión del ponente cuando la referencia a la muerte de los pequeños productores le sirve sobre todo para solicitar a las instituciones europeas financiaciones suplementarias para las grandes empresas ganaderas. 
Ha de impedirse que los productores sean víctimas de la variación cíclica del mercado. 
Pero los únicos verdaderos productores son aquellos que trabajan y que hacen que la ganadería funcione, pequeños campesinos y obreros agrícolas, y no aquellos que son el objeto principal de las atenciones del presente informe y que se contentan con invertir en este sector para obtener beneficios con las subvenciones de las instituciones europeas. 
Es necesaria y urgente una verdadera reforma de la OCM en el sector de la carne de cerdo para afrontar la prolongada crisis que ha afectado a los productores de la UE. 
Pero la propuesta presentada por la Comisión de la creación de un fondo de solidaridad voluntario y financiado sólo por los productores no sólo es contraria al principio de solidaridad financiera de la PAC, sino que, además, no va a resolver ningún problema de fondo en el sector. 
El informe Garot intenta mejorar, en algunos aspectos, la propuesta de la Comisión procurando alcanzar una transacción con el Consejo, en particular en cuanto a la coparticipación financiera del fondo. 
Sólo, que, aun con cierta apertura de la Presidencia francesa, se sabe que la Comisión rechaza esas propuestas y en el Consejo no parece existir una mayoría para aprobarlas. 
Así, sigue siendo esencial continuar la lucha por la obligatoriedad de la constitución del fondo totalmente coparticipado por la PAC y por la modulación de sus pagos a fin de abarcar más productores y prestando atención particular a los pequeños y medianos agricultores. 
Respecto de la cuestión principal de la coparticipación comunitaria del fondo, es preciso añadir que la propuesta del informe Garot mejora la situación respecto de la posición de la Comisión, pero seguimos disintiendo de la vinculación de esa coparticipación con un principio de cofinanciación de la PAC que, por lo demás, fue rechazado con ocasión de la aprobación de la Agenda 2000. 
- (DE) Nadie negará que en los dos últimos años los productores de cerdos de todos los Estados miembros se vieron afectados por una crisis cuyas consecuencias han sido devastadoras. 
La organización de mercados en el sector de la carne de porcino no es comparable a la de otros productos agrícolas. 
En principio no queremos modificar esta situación, pero cuando un sector sufre grandes cambios estructurales, como es el caso de la carne de porcino, y cuando se produce una brusca caída de los precios del 30% durante un período mucho más largo de lo que viene a ser normal conviene actuar. 
No interesa a nadie que sobre todo los pequeños criadores de cerdos tengan que tirar la toalla porque no pueden hacer frente a estas prolongadas catástrofes. 
Por todo ello, parece justificado que se adapte la normativa comunitaria existente en la materia. 
Habida cuenta de que se crearán fondos de regulación se puede considerar la posibilidad de la cofinanciación por parte de la Comunidad, puesto que precisamente por eso no supondría una carga tan grande para el presupuesto comunitario como algunos nos quieren hacer creer. 
Por tanto, he votado a favor del informe. 
- (FR) La propuesta de la Comisión es en sí misma un reconocimiento de la insuficiencia de las herramientas actuales de regulación de mercados. 
La última crisis fue excepcionalmente dura y grave. 
Hizo desaparecer explotaciones agrícolas y ha complicado la situación de los jóvenes agricultores. 
La ausencia de un mecanismo de regulación agravaría este movimiento en beneficio de grandes unidades, a menudo integradas. 
No es posible pedir un esfuerzo suplementario sólo a los criadores: muchos empiezan a afiliarse a cajas de regulación. 
Consideramos que es necesario acompañarlos creando herramientas eficaces no sólo para resolver las crisis, sino también para controlar los mercados, para mejorar la calidad y promover los productos. 
La cría de cerdos sigue siendo hoy una actividad esencialmente familiar, basada en la responsabilidad. 
Constituye un apoyo a la actividad económica del mundo rural, a menudo en regiones que no ofrecen casi alternativas. 
Hemos optado por luchar para defender un mundo rural vivo y diversificado: el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas, ya sean agrícolas, artesanales o industriales, constituye su pilar. 
La creación de un fondo de regulación para la producción porcina, tal como ha sido enmendado, no pone en entredicho el mercado libre, sino que permitirá proteger las explotaciones de tipo familiar. 
. (NL) El mercado de la carne de porcino es cíclico. 
Una pequeña variación en la oferta basta para provocar una situación de crisis. 
Sin embargo, las crisis se prologan durante más tiempo en los últimos años y sus consecuencias son graves, especialmente para los ganaderos jóvenes y para las explotaciones pequeñas. 
Esta situación justifica que la Comisión busque soluciones para garantizar los ingresos de los ganaderos de porcino. 
Lamentablemente, la presente propuesta de la Comisión no supone una solución estructural y el ponente, señor Garot, opina que ha llegado la hora de sacar de la cuadra al viejo caballo socialista y llevar a cabo una intensa intervención estatal. 
Carece de sentido apartar fondos para mitigar las consecuencias de las reiteradas crisis. 
Existe el riesgo de que este fondo prolongara la duración de los períodos de crisis debido a su naturaleza atenuante. 
Asimismo, el fondo ofrece la posibilidad de que las administraciones concedan ayudas más o menos encubiertas en forma de cofinanciación por parte de los Estados Miembros. 
Los países de la Unión que siempre han mostrado generosidad en el tema de las ayudas podrán aprovechar esta situación para falsear la competencia. 
Esto llevará a situaciones en las que se citará a George Orwell en los once idiomas oficiales de la Unión: "Todos los cerdos son iguales aunque algunos cerdos son más iguales que otros". 
Sin embargo, aunque se eliminará la cofinanciación de la propuesta, el fondo que se plantea no podría influir en la frecuencia y gravedad de las crisis que afectan al sector. 
Cuando los precios bajan, se debe reducir la producción. 
Ésta es una reacción natural en la ganadería porcina. 
Un fondo no soluciona nada si no tiene carácter vinculante y si no existe el compromiso de todos los participantes para reducir la producción. 
Por este motivo hemos votado en contra de la propuesta. 
La limitación de la producción es la clave de las crisis en el sector porcino. 
Por ello, espero que el Consejo adopte una postura crítica con este informe y que tenga en cuenta la opinión de los ganaderos porcinos de los Países Bajos. 
Estos ganaderos, que en principio se declaran contrarios a un fondo de ingresos, opinan que si el Consejo permite un fondo de este tipo, deberá hacerlo a condición de que se produzca una reducción de la producción de todos los Estados Miembros. 
Informe Morillon (A5-0297/2000) 
Señor Presidente, soy muy crítico a la hora de tomar decisiones respecto a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
A pesar de que he votado a favor, quisiera destacar algunos puntos que, en mi opinión, siempre deberíamos tener en cuenta en estos momentos. 
En primer lugar, Europa no ha pedido formar parte de Turquía, sino que Turquía es la que ha pedido formar parte de Europa y, en consecuencia, debe adaptarse y aceptar las reglas que la Unión Europea le exige que respete. 
En segundo lugar, ya no es Turquía la que se encuentra sola frente a Grecia, sino que es Turquía la que se encuentra sola frente a la Unión Europea. 
Grecia que en este foro ya no tiene posibilidades de defender sus derechos y sus intereses, ha de ser defendida por toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, he votado a favor y he comprobado con satisfacción que se ha aprobado una enmienda que reconoce el genocidio del pueblo armenio. 
Por el contrario, lamento que hayan sido rechazadas las enmiendas que presenté y que hacían hincapié en la obligación de respetar el principio de autodeterminación de los pueblos. 
Este Pleno habla mucho de derechos- ayer fue aprobada la Carta de los Derechos Fundamentales- sin embargo, cuando se trata de aplicar estos derechos, no digo prácticamente, sino al menos de hacer hincapié en ellos, este Pleno da una espantosa marcha atrás que, sin duda, no le honra. 
Señor Presidente, el genocidio de los armenios fue el primero de toda una serie de matanzas perpetradas a lo largo del siglo XX, que puede ser considerado el siglo de los genocidios. 
Franz Werfel le dedicó un monumento literario en "Los cuarenta días de Musa Dagh". 
Franz Werfel tuvo parientes judíos y alemano-bohemios. 
Sus parientes judíos fueron víctimas del holocausto y sus familiares alemano-bohemios, incluidos los judíos, fueron expulsados de Bohemia después de la Segunda Guerra Mundial. 
Ello demuestra cómo una catástrofe puede desencadenar otra. 
Cuando Hitler preparó su holocausto dijo: "¿ Quién se acuerda hoy día de los armenios ?" 
Por ello, debemos dejar claro a nuestros amigos turcos que en los tiempos que corren tampoco podemos cerrar los ojos ante la injusticia. 
No pretendemos ahondar en las llagas históricas, queremos eliminar las injusticias entre todos, con independencia de quien las haya cometido. 
. (EL) A pesar de sus serias carencias, el informe Morillon es, sin duda, más avanzado que la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la asociación Unión Europea- Ôurquía. 
Es positiva la referencia al caso Loizidis y la correspondiente resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Es igualmente positiva, aunque insuficiente, la referencia a la cuestión armenia, con respecto a la cual se le debería formular claramente a Turquía la exigencia del reconocimiento del genocidio; esto, claro, queda en gran medida corregido con las enmiendas. 
Positiva es también la referencia a la cuestión kurda y a las minorías, silenciadas en el proyecto de la Comisión sobre la asociación. 
Lo que constituye, sin embargo, el gran inconveniente y la gran carencia del informe Morillon es el asunto de las relaciones Grecia- Turquía. 
El Parlamento Europeo debería hacer saber con toda claridad al gobierno turco que el camino de Turquía hacia Europa pasa por el abandono de su cuestionamiento de las fronteras de los países miembros de la Unión Europea y la remisión de las diferencias al Tribunal Internacional para su resolución. 
Esto responde también a los intereses del pueblo turco, que desearía vivir en paz con sus vecinos. 
La aprobación de la resolución por mi parte tiene el sentido de apoyar lo que significa un paso adelante en relación con la Comisión, y no el pleno acuerdo con ella. 
. Nos parece excelente que el Parlamento Europeo se manifieste sobre los avances de Turquía en relación con la adhesión, especialmente en el respeto a los derechos humanos. 
Puesto que Suecia no está dispuesta a participar en una defensa militar común, pero sí en el manejo civil de las crisis, no respaldamos el punto 15 que "acoge con satisfacción la voluntad de Turquía de contribuir a la mejora de las capacidades europeas en el marco de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSD )". 
- (FR) El informe Morillon sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea pretende sobre todo recordar al Gobierno turco que debe garantizar una mayor apertura del mercado turco con respecto a los capitales europeos mediante "reformas estructurales" que van "desde el desmantelamiento de las ayudas estatales a la reestructuración de las pensiones o el incremento de las privatizaciones". 
Dicho de otra manera: mediante la reducción de los presupuestos sociales y agravando las condiciones de vida de las capas más desfavorecidas de la población. 
En relación con los derechos humanos, en cambio, el informe se limita a "animar al Gobierno turco", a "pedirle" que se esfuerce, sin que exista amenaza alguna por los países europeos, aunque más no fuese la suspensión de la entrega de armas. 
De hecho, ni el ponente ni, detrás de él, los gobiernos europeos desean desagradar a los militares que, en realidad, dirigen Turquía y someten a una parte del país al estado de emergencia. 
Los gobiernos europeos no desean desagradar a los partidos reaccionarios turcos, que se niegan a abolir la pena de muerte y pisotean los derechos de las mujeres, ni a las autoridades turcas de siempre, que hoy reprimen al pueblo kurdo, después de haber exterminado al pueblo armenio. 
Que aquellos para los que sólo cuenta la circulación de capitales y de mercancías- y no la vida y los derechos humanos- voten a favor de este informe. 
Nosotros hemos votado en contra. 
- (FR) Hoy no se trata, Señorías, de volver a abrir viejas heridas históricas que sangran todavía. 
No se trata de reavivar odios ancestrales, de soplar sobre las brasas de la intolerancia, como he oído decir en esta Asamblea. 
El desafío ni siquiera es el reconocimiento de la realidad del genocidio armenio, puesto que nuestra Asamblea ya ha tenido la ocasión de pronunciarse, concretamente en su resolución de junio de 1987. 
Lo que los diputados europeos pedían a Turquía en 1987 es que tuviera el valor de mirar hacia su pasado, para poder mirar hacia el futuro. 
La verdad histórica es la garantía de la democracia y no debe ni puede ser víctima de intereses particulares, financieros o económicos, ya se trate de individuos, de gobiernos o de Estados. 
La verdad y la memoria no se negocian. 
Basta con recordar lo que ocurrió en Alemania, que reconoció la Shoah y que, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un gran país democrático. 
Esto es lo que hoy deseamos nuevamente al pedir que el informe Morillon mencione el genocidio. 
El reconocimiento del genocidio debe ser un llamamiento al diálogo, que ahora debe entablarse entre las nuevas generaciones armenias y turcas. 
El conjunto de la comunidad armenia y los hijos de armenios que se exilaron a principios de siglo en nuestras tierras esperan hoy un acto de justicia. 
Desean ofrecer a sus ascendientes víctimas del genocidio una "sepultura moral". 
En el momento en que los últimos testigos del exilio, los últimos supervivientes de las matanzas, se apagan lentamente, la obligación de recordar se impone aún más. 
Pero más allá de esta obligación de recordar que se debe exigir a todas las democracias y que los europeos saben lo difícil y doloroso que resulta- tan difícil que algunos países europeos no lo han realizado completamente -, es importante que esos actos de barbarie que destruyeron vidas por motivos étnicos, religiosos o culturales y que chocan a la conciencia universal no vuelvan a producirse nunca más. 
Europa debe dirigir este mensaje. 
- (FR) Fue en el Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre de 1999, donde la Unión Europea decidió conceder a Turquía el estatuto de país candidato a la adhesión, así como un marco financiero único para ayudar a que la candidatura de Turquía progresara de acuerdo con los criterios de Copenhague. 
Por supuesto, y siempre hay que recordarlo, las negociaciones de adhesión no podrán empezar mientras no se respeten dichos criterios. 
Valoramos, pues, la importancia de los informes de situación elaborados por la Comisión Europea. 
Hoy discutimos el informe de 1999. 
Al igual que el ponente, debemos admitir que Turquía ha progresado en algunos planos y que existen señales positivas. 
Pienso ante todo en la reanudación del diálogo político, después de tres años de interrupción, en el seno del Consejo de Asociación, que se reunió el 11 de abril de 2000, así como en la creación de ocho subcomités encargados de determinar las prioridades para la integración del acervo comunitario; en la firma por Turquía, el 15 de agosto y el 8 de septiembre de 2000, de cuatro importantes convenios de las Naciones Unidas relativos a los derechos políticos, civiles, sociales y culturales- convenios que deben ser ratificados lo más rápidamente posible a fin de que se garanticen los derechos humanos y el pluralismo político en los países -; en la aprobación por el Consejo de Ministros turco del informe presentado por el Alto Consejo de Coordinación de los Derechos Humanos turco como "documento de referencia y de trabajo" -aun cuando sea necesario añadir medidas concretas en favor de la protección de los derechos de las minorías -, así como en la aprobación de la ley por la que se suspenden temporalmente los procedimientos y las penas por delitos de prensa y radiodifusión. 
No obstante, persisten muchos ámbitos donde los progresos son insatisfactorios o incluso inexistentes. 
Pienso, a este respecto, en la ausencia de una ley de abolición de la pena de muerte, en el problema chipriota y en la ocupación por el ejército turco de una tercera parte de la isla de Chipre, así como en el problema de los derechos de las minorías étnicas, como las minorías kurda o armenia. 
En tal sentido, he apoyado la enmienda tendente a incorporar en el informe una referencia al genocidio armenio. 
En efecto, es importante reconocer esta realidad histórica. 
Pido, por otra parte, a las autoridades turcas que hagan otro tanto: ¡ello supondría un gran paso por la vía del desarrollo democrático del país! 
Si un día desea adherirse a la Unión, tendrá que integrar todos los valores "que hacen a Europa". 
Y quizá entonces se volverá a plantear la cuestión de saber si realmente desea ser miembro de la Unión Europea, o si prefiere organizar con otros países de Oriente Medio un "conjunto" integrado, estrechamente vinculado a la Unión Europea en el plano comercial y económico, en el plano de la seguridad y de la estabilidad, así como en el plano de los derechos humanos y de las normas democráticas. 
Se trata, sin duda, de un debate diferente del de hoy; pero, teniendo en cuenta la importancia que para mí reviste Turquía, hoy deseaba insistir en ello. 
. (EN) Mis colegas y yo hemos votado en contra de esta enmienda porque Leyla Zhana insiste en que ella no pide un trato especial ni su puesta en libertad inmediata. 
Ella quiere que se modifique el Derecho penal, al igual que nosotros. 
Asimismo, creemos que no sólo los kurdos, sino todos los prisioneros políticos deberían ser puestos en libertad. 
- (FR) He votado a favor de esta propuesta de resolución. 
Me congratulo de que el Parlamento Europeo se haya comprometido abiertamente a alentar al Gobierno turco y a la Gran Asamblea nacional turca a que reconozcan públicamente, antes del restablecimiento en Turquía de un Estado moderno, el genocidio sufrido por la minoría armenia. 
Desde 1987 nuestra Asamblea había iniciado la vía del reconocimiento, y la aprobación de la presente enmienda demuestra la coherencia del Parlamento en este debate. 
No obstante, dicha resolución no da respuesta a una verdadera pregunta: ¿qué fronteras deseamos realmente para la Unión Europea? 
. (NL) Quizás llegue un momento en el que la Unión Europea se amplíe aún más hacia el Este con la adhesión de Ucrania y Rusia. 
En ese momento resultaría lógico ofrecer también a Turquía una oportunidad. 
Ese momento queda muy lejos. 
Turquía es en la actualidad un estado autoritario con preponderancia militar, presos políticos, censura, prohibición de partidos, conflictos fronterizos y un sistema electoral que excluye a las minorías. 
Aún no se han aprendido las lecciones correctas de la masacre de los armenios tras su levantamiento hace ochenta años. 
Éste es uno de los motivos por el que a nadie le extraña que en la actualidad se sigan negando sus derechos a otra minoría nacional. 
Los kurdos se ven obligados a huir, se les bombardea y se les oprime mientras que el uso de su idioma se encuentra excluido de la administración, la educación y medios de comunicación. 
Turquía deberá aprender primero las lecciones de la historia de Grecia, Serbia, Bulgaria, Albania, Siria, Irak y Yemen. 
Estos países pertenecieron en el pasado a Turquía y sufrieron en repetidas ocasiones la represión de los levantamientos. 
Gracias a que ya no se impide que la población ejerza su derecho de autodeterminación, la paz ha sido posible en estos lugares. 
No tengo la esperanza de que el modo en que se dirige Turquía cambie si se le plantea a este país la perspectiva de adhesión a la UE en condiciones menos estrictas. 
Las modificaciones necesarias no pueden comprarse a los gobernantes desde fuera, sino que deben producirse desde dentro. 
. (IT) Turquía ha de llegar a ser parte integrante de la Unión Europea lo antes posible tanto para contribuir a la lucha contra los fundamentalismos y al proceso de paz, como en aras de un mejor desarrollo y equilibrio entre los países del norte y del sur de Europa. 
Lamentablemente, existen muchas cuestiones pendientes ligadas a las realidades kurda y armenia, así como al pleno respeto de los derechos civiles, a pesar de los muchos avances realizados en este ámbito. 
La dignidad de los pueblos y el respeto de las tradiciones son aspectos fundamentales para la Unión que no puede seguir atada a meras declaraciones de principio sobre la situación kurda y armenia. 
La Unión debe hacer más propuestas y considerar la ampliación a Turquía como una estrategia geopolítica indispensable. 
Por esto, volvemos a invitar al Gobierno a que reconozca oficialmente la responsabilidad de Turquía en el exterminio del pueblo armenio. 
Dicha declaración, necesaria desde el punto de vista moral e histórico, representa un paso obligado para ingresar en la Unión. 
Por estos motivos, Alianza Nacional, habiendo ya expresado en el pasado su opinión favorable a la ampliación de la Unión a Turquía, se va a abstener en la votación de hoy como una señal más para invitar al Gobierno y al pueblo turco a que procedan a solucionar estas cuestiones rápidamente. 
- (FR) Lo que el informe Morillon nos demuestra es simplemente el hecho de que no hemos acabado de pagar lo absurdo de la decisión adoptada en la Cumbre Europea de Helsinki en el sentido de considerar a Turquía, al igual que a Polonia, como un país plenamente europeo y acreditado para ingresar en la Unión Europea, con todas las consecuencias prácticas que se derivan de ello (estrategia de preadhesión, etcétera). 
Les recuerdo el texto exacto de las conclusiones de la Presidencia, en el apartado 12: "Turquía es un país candidato calificado para unirse a la Unión, basándose en los mismos criterios que aquellos que se aplican a los demás países candidatos". 
Todos saben que esta decisión está cubierta de hipocresía. 
En cualquier caso, el engranaje creado actúa y nos impondrá su lógica hasta el momento en que la ambigüedad será tan insostenible que se desembocará inevitablemente en una crisis profunda y grave de nuestras relaciones con Turquía. 
Algunos dirán que se puede alargar la situación, multiplicar las condiciones y ampliar hasta el infinito los criterios de Copenhague, para retrasar el momento en que habrá que discutir con Turquía sobre la libre circulación de trabajadores. 
Estas segundas intenciones son indignas de Europa e indignas de Turquía. 
Con la gran nación turca y con el gran pueblo turco debemos utilizar un lenguaje franco y respetuoso, no un doble lenguaje que da lugar a los peores desengaños y a humillaciones inaceptables. 
No se trata en absoluto de alejar a Turquía de Europa, como dice Cohn-Bendit. 
Se trata simplemente de comprobar que la geografía y la Historia han convertido a la Turquía actual en un país que no es europeo. 
En cambio, frente al odio de las realidades, se trata de respetar plenamente la dignidad del pueblo turco, sin tratar de imponerle el comportamiento que debe seguir y buscando desarrollar con éste una estrecha cooperación. 
La ambigüedad del proceso de preadhesión impide el desarrollo de una verdadera cooperación sobre bases sanas y claras entre Turquía y Europa, cuando existe un poderoso interés común para que Turquía, con su influencia y su peso, con las relaciones privilegiadas que mantiene actualmente con los países del Asia Central turcófona, constituya un potente factor de estabilidad en una región que verdaderamente lo necesita. 
. (EN) En nombre del Partido Laborista del Parlamento Europeo, acojo con satisfacción el informe del Sr. Morillon. 
Creemos que Turquía debería recibir el mismo trato que cualquier otro país candidato. 
Aunque es evidente que Turquía no cumple aún los criterios de Copenhague, deberíamos trabajar estrechamente con dicho país para que alcance ese objetivo; como hemos hecho con todos los demás países aspirantes. 
No podemos seguir insistiendo en encontrar nuevos obstáculos que obstaculicen su camino. 
Estamos en contra de las enmiendas sobre la masacre de los armenios precisamente por esa misma razón. 
Aquel acontecimiento ocurrió en tiempos del Imperio Otomano. 
No recuerdo que se haya utilizado ningún acontecimiento ocurrido durante el Imperio Británico para obstaculizar la adhesión del Reino Unido. 
La coherencia y la honestidad deberían ser los distintivos de nuestras negociaciones con cualquier país candidato. 
Informe Jové Peres (A5-0275/2000) 
Señor Presidente, usted sabe que entre los peces se ha difundido la noticia de que yo los defiendo. 
En efecto, muy preocupados por la crisis de las vacas locas, al enterarse de este informe del Sr. Jové Peres- en que nos preocupamos justamente de que no se puede controlar cuántos buques van a faenar en un caladero y cuántos en otro- me han sugerido que recuerde a la Comisión que sería conveniente dotar estos buques de un aparato de control por satélite- igual al que tienen muchos vehículos- con el fin de que la Unión Europea sepa cuántos buques están pescando en un determinado caladero y cuántos en otro, y esto para evitar que haya demasiados pescadores, dado que también a los peces les gustaría que los dejasen vivir su vida y convertirse en peces pensionistas. 
- (FR) Hemos votado en contra del informe Jové Peres sobre la participación de la Comunidad Europea en las organizaciones regionales de pesca porque exige en este ámbito transferencias de soberanías nacionales que serían totalmente contraproducentes. 
Desde hace varios años, como miembro de la delegación para las relaciones con Canadá, he podido observar el funcionamiento de una de estas organizaciones regionales, la OPANO (Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental) , en la que participan los Estados de esta región, entre ellos Canadá, así como todos aquellos que utilizan en este lugar zonas de pesca tradicionales, entre ellos Francia, España y otros países europeos. 
Ahora bien, desde el momento en que los Estados europeos afectados decidieron comunitarizar esta cuestión y estar representados únicamente por la Comisión, sólo disponen de un único voto. 
Así, el primer resultado de la unificación de nuestras fuerzas fue pasar de seis a un voto. 
Los países europeos tienen, en conjunto, el mismo número de votos que, por ejemplo, Cuba. 
Esta situación no preocupa a los federalistas, para quienes, desde el momento en que la Comisión habla con una sola voz, somos más fuertes. 
Desgraciadamente, se trata de "una sola voz" y también de un solo voto. 
Además, nuestras posiciones a menudo resultan debilitadas por nuestros mecanismos internos, en particular el ajuste previo al menor denominador común. 
En suma, nuestros intereses se hallan desvalorizados, no se los defiende con la fuerza necesaria y la Comisión desempeña sobre todo el papel de gendarme frente a los países miembros para exigirles que apliquen las decisiones obligatorias aprobadas, a veces en contra de la voluntad de éstos, en la organización regional de que se trate. 
No sólo el informe Jové Peres desearía sistematizar esta situación con respecto a las organizaciones regionales existentes y a aquellas que se están creando, sino que querría, además, reforzarla y acabar con la costumbre de la Comisión de recurrir al apoyo de técnicos procedentes de diferentes Estados miembros. 
Para el informe sería necesario, pues, que la Comisión contratara personal y dispusiera de los créditos correspondientes para ello. 
No podemos aceptar ninguna de estas orientaciones. 
Nosotros consideramos que el sistema actual de representación por la Comisión nos debilita en lugar de fortalecernos, y deseamos que cada Estado europeo siga estando plenamente representado en el seno de las organizaciones regionales de pesca, aunque es deseable, evidentemente, que los miembros coordinen sus posiciones. 
. (EN) A pesar de que el informe Jové Peres trata, aparentemente, sobre recursos pesqueros, veo en él una agenda mucho más siniestra. 
Por ejemplo, vemos declaraciones como: "... el desarrollo de una verdadera política común de pesca exige que las potestades de control de la actividad pesquera sean competencia de la Comisión ";"... el establecimiento de un sistema de control de las pesquerías verdaderamente comunitario supone siempre una cierta transferencia de soberanía a las instituciones de la Unión "; y"... la Unión Europea no es una confederación de Estados, sino un sujeto de derecho internacional de naturaleza 'sui generis', en el que... existe una voluntad de integración económica, social y política... ". 
Luego está la observación de que: "... la carencia de recursos humanos y materiales suficientes obligue a la delegación de competencias de la Comunidad a las administraciones de los Estados miembros... ", con la opinión de que esta situación no puede prolongarse indefinidamente. 
La respuesta del ponente es conceder, de hecho, a la Comunidad los recursos para que asuma el control directo sobre el control de las pesquerías. 
Esto revela la auténtica ambición de la Unión Europea- la adquisición continuada de potestades hasta convertirse en un Superestado omnipotente. 
No se contentará hasta que su flota de cañoneras, enarbolando las banderas del "anillo de estrellas", vigile el cumplimiento de sus políticas de pesca. 
Mi partido no puede apoyar el presente informe. 
. (IT) En este período, el sector europeo de la pesca está haciendo frente a una serie de retos derivados de una creciente competencia debida a la mundialización del mercado de los productos de la pesca. 
Se advierte asimismo una mayor necesidad de proteger el medio ambiente marino y la gestión racional de los recursos explotables. 
En este contexto, parece necesario incrementar la cooperación internacional y procurar que la Comunidad refuerce su participación con vistas a establecer una normativa sobre los recursos piscícolas. 
El principal instrumento para lograr una cooperación más estrecha son las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) que desempeñan un papel fundamental en el ámbito internacional, pero que carecen de recursos humanos para garantizar una satisfactoria representatividad de la Comunidad. 
Las ORP son un instrumento especialmente apto para conseguir los objetivos establecidos en virtud de las especificidades regionales, pero sobre todo contribuyen a la gestión racional de los recursos, al reflejar las características específicas de las zonas de pesca. 
En este contexto, teniendo en cuenta la importancia de las ORP para el futuro de la política común de pesca y el diferente nivel de organización, competencias y desarrollo de cada una de ellas, es necesario que la Comunidad adecue su participación en función de las características respectivas y armonice su papel en el seno de las treinta ORP existentes, al objeto de que sea más rápida la transposición al Derecho comunitario de las recomendaciones adoptadas en el seno de las mismas. 
- (FR) Sin repetir la excelente argumentación desarrollada por mi amigo Gallagher sobre el texto que se ha sometido a votación, desearía ampliar el debate al conjunto de los casos en que nuestros países están representados por la Comisión ejecutiva en las negociaciones internacionales. 
Mis observaciones son válidas, evidentemente, para el asunto que hoy nos ocupa: la representación de la Comunidad Europea en el seno de las organizaciones regionales de pesca, pero también se aplican a las negociaciones llevadas a cabo, por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Si la Comisión ejecutiva tiene el poder de representar a la Comunidad y de negociar en un foro internacional, es porque ésta ha recibido para ello el mandato del Consejo. 
Por consiguiente, conviene que dicho mandato esté claramente definido con respecto a su duración y a su contenido y que sea objeto de un seguimiento riguroso por el Consejo. 
En muchos asuntos, y es el caso de la pesca en algunas regiones del globo, el interés de los Estados miembros es muy desigual. 
A algunos de ellos no les afectan ciertas regiones pesqueras. 
Es indispensable, pues, que los Estados miembros directamente afectados puedan defender por sí mismos sus intereses participando en la mesa de negociaciones, ya que la Comisión desempeña un papel de apoyo técnico. 
De lo contrario, una representación exclusiva de los intereses europeos sólo en beneficio de la Comisión terminaría por debilitar la influencia y el peso de Europa en estos foros. 
Europa sólo dispondría, en efecto, de un puesto y la posición que se defendería sería, fatalmente, el menor común denominador establecido basándose en posiciones de un conjunto de Estados miembros con intereses diversos. 
Lo importante no es, pues, satisfacer la voluntad de hegemonía de la Comisión y debilitar la posición de Europa, lo que estaría en contradicción con una correcta aplicación del principio de subsidiariedad. 
Por el contrario, en todas las negociaciones internacionales de las que la Unión Europea forma parte, es importante efectuar una revisión estricta del propio papel de la Comisión, que en ningún caso debe desempeñar un papel de sustitución, sino, al lado de los Estados miembros afectados, un papel de apoyo y de coordinación. 
No estoy del todo seguro de que este sea el camino que se dispone a emprender la cumbre de Niza... pero aún no es tarde para que los Estados miembros rectifiquen. 
Con esto hemos llegado al final del turno de votaciones. 
¡Gracias a quienes se han quedado hasta el final! 
(La sesión, interrumpida a las 13.27 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Incineración de residuos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-321/2000) del Sr. Blokland, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación (C5-0371/2000- 1998/0089 (COD) ) sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la incineración de residuos. 
. (NL) Señor Presidente, cuando hace tres años se me nombró ponente para la modificación de una directiva referida a la incineración de residuos peligrosos, no podía suponer cuál sería el resultado. 
Lo que en un principio era un asunto menor se convirtió en un extenso documento al unir en una sola directiva los residuos peligrosos y los no peligrosos. 
Mi sugerencia de unión contó con el apoyo del entonces Presidente del Consejo, el señor Trittin, y de la Comisión Europea de los que la decisión del Parlamento de unir tres directivas apenas encontró oposición. 
Esta unión permitió pulir la legislación comunitaria. 
Lo que no funcionó tan bien fue que la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura no fueron aceptadas por el Consejo. 
En un acto de sobriedad, el Parlamento Europeo se limitó a adoptar dieciséis enmiendas en la segunda lectura. 
Desde el primer momento se puso de manifiesto la necesidad de la conciliación debido a que el Consejo no pareció aceptar estas enmiendas. 
Con el fin de evitar una costosa y compleja conciliación se iniciaron negociaciones informales para tratar de llegar a un compromiso. 
La disposición del Parlamento Europeo para acelerar el procedimiento sí que exigía flexibilidad por parte del Consejo. Aquí se produjo el conflicto debido a las posturas enfrentadas. 
Finalmente, tras arduas negociaciones se llegó a un resultado que merece la pena defender. 
Como ponente, lo hago con plena convicción. 
Durante todo el período, he podido colaborar de forma positiva con los representantes del Consejo y con la Comisión Europea, además de saberme apoyado por la Comisión de Medio Ambiente y por su secretaría. Por este motivo deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos. 
Quisiera citar tres razones por las que la directiva sobre incineración de residuos resulta tan importante. 
En primer lugar, porque se reducen de forma drástica las emisiones de dioxinas y de otras sustancias peligrosas. 
En segundo lugar, porque se proporciona al público un acceso más amplio a la información referida a las instalaciones de incineración. 
En tercer lugar, porque se establece un tratamiento más igualitario para las instalaciones de incineración y para las instalaciones de co-incineración de residuos como es el caso de los hornos cementeros. 
Sin embargo, aunque me muestro optimista acerca del resultado final de esta directiva, no puedo evitar que la incineración sea una solución de emergencia. 
Supone que no hemos sido capaces de prevenir los residuos y que la reutilización también ha fracasado. 
Afortunadamente, se han producido avances tecnológicos. 
Estos deben aplicarse a mejorar la durabilidad. 
Cito un ejemplo: El PVC representa 0,7 % de los residuos incinerados. 
Según en Libro Verde de la Comisión Europea, la incineración de PVC plantea una serie de problemas. 
No debemos dudar en hacer frente con decisión a estos problemas. 
La tecnología aplicada a la durabilidad nos puede ser de gran ayuda en este sentido. 
Por último, espero que dentro de algunos años podamos afinar aún más la directiva sobre incineración de residuos en estrecha colaboración con el mundo empresarial. 
Los ciudadanos que vivan en las inmediaciones nos lo agradecerán. 
Señor Presidente, comparto al menos una evidencia con el ponente, nuestro colega, el Sr. Blokland: la incineración es quizá una fuente de contaminación importante, pero hoy es necesaria habida cuenta del bajo índice de reciclaje de residuos. 
Esta cuestión cobra toda su gravedad con el problema de las harinas de origen animal- a las que nos referiremos esta tarde- que habrá que destruir. 
Así, el objetivo de esta propuesta tendente a sustituir tres directivas relativas a la incineración de residuos es mejorar la calidad del aire, del agua, de los suelos, la salud de las personas, reduciendo las emisiones de sustancias contaminantes vinculadas con las actividades de incineración y de coincineración, y sobre todo de dioxinas, de furanos y de metales pesados. 
Dicha propuesta permite, además, integrar los progresos técnicos realizados desde la década de los años 90. 
El resultado del procedimiento de conciliación es, pues, globalmente muy satisfactorio. 
Se han aproximado los valores límite de emisión de las instalaciones de incineración y de coincineración, aunque teniendo en cuenta las diferencias técnicas que existen entre estas dos actividades. 
Siempre he estado de acuerdo con el proyecto común que considera que estos dos sistemas son complementarios y no opuestos. 
Hoy no es posible prescindir de ninguno de dichos sistemas de incineración. 
Por otro lado, es de lamentar que se hayan fundido ambos procedimientos de incineración con respecto a los residuos peligrosos y no peligrosos. 
El debate, en mi opinión, se ha complicado mucho, y siempre lo he denunciado. 
El método de trabajo no me parece bueno, y creo que no debemos comportarnos de esta manera en cuestiones como la que nos ocupa. 
Sin embargo, esta tercera lectura nos satisface porque establece condiciones más rigurosas con respecto a los permisos de explotación. 
Nuestro Grupo, que quería evitar la confusión entre los residuos peligrosos y no peligrosos, comprueba que el texto actual establece claramente procedimientos de recepción y de tratamiento diferentes, adaptados a los tipos de residuos de que se trate, ya que deben tomarse precauciones suplementarias con respecto a los residuos peligrosos. 
Concluiré, señor Presidente, manifestando que el Grupo PPE/DE está satisfecho del trabajo realizado en esta tercera lectura. 
Señor Presidente, en primer lugar creo que existen motivos suficientes para dar las gracias al Sr. Blokland, a la Comisión y al Consejo por la colaboración mantenida con relación a la directiva. 
Todos sabemos que ha sido un proceso largo y muy complicado compilar los requisitos para la incineración de residuos tanto en lo que respecta a los residuos peligrosos como en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. 
Quiero destacar sólo tres objetivos fundamentales que podemos alcanzar con la directiva. 
En primer lugar, se da un paso fundamental hacia la reducción de las emisiones de las sustancias peligrosas y contaminantes provocadas por la incineración. 
Sustancias que son muy perjudiciales para la salud pública y dañinas para el medio ambiente. 
Esta reducción se lleva a cabo mediante los requisitos referidos al funcionamiento exigidos a las plantas, pero también con los valores límite de emisiones que ahora hemos establecido tanto para metales pesados y dioxinas como para otras sustancias. 
No obstante, también me parece importante destacar como novedad que ahora ya no se trata únicamente de las emisiones a la atmósfera sino también de las emisiones a las aguas y a la tierra. 
El segundo punto que quiero señalar es que ahora los ciudadanos, como también mencionó el Sr. Blokland, estarán mejor informados sobre las emisiones de las incineradoras mediante los informes anuales que deben realizarse. 
Me parece un resultado muy importante. 
Los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre estos temas. 
Y por último, me gustaría subrayar que estableciendo los requisitos comunes que ahora todos deben cumplir, es de esperar que pueda ponerse fin a una parte considerable del llamado turismo de residuos. 
Ya no resultará tan atractivo desde el punto de vista económico exportar los residuos a otros puntos de la Comunidad donde los requisitos en materia de gestión de residuos sean más favorables. 
Como mencionó el Sr. Blokland, la incineración dista de ser la forma ideal de gestión de residuos. 
Es importante que sigamos apostando por mejores métodos de producción, por el reciclaje y por la reutilización. 
Esta apuesta debe ser priorizada claramente y preferida a la incineración. 
Creo que esta directiva resultará ser una contribución esencial a la mejora del medio ambiente. 
Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias al Sr. Blokland por la elaboración de este informe tan importante. 
La elaboración de esta propuesta de directiva ha sido un proceso difícil porque las circunstancias y las prácticas de los Estados miembros varían muncho entre sí y porque se trata de algo que afecta a muchos grupos con intereses diferentes. 
Como resultado final, tenemos ahora una propuesta relativamente equilibrada que establece unos límites estrictos para la icineración de todos los residuos, peligrosos y no peligrosos, mejora el estado del medio ambiente y hace posible también el aprovechamiento de los residuos en la producción eléctrica y térmica. 
Uno de los puntos más difíciles fue definir la llamada icineración paralela. 
La mejor alternativa en algunos países, también desde el punto medioambiental, es la icineración de los residuos aptos para la quema en pequeñas instalaciones eléctricas y térmicas municipales, previa cuidadosa clasificación de los mismos. 
En los primeros borradores se exigía que estas instalaciones llevaran a cabo mediciones innecesarias, caras técnicamente y en algunos casos imposibles. 
La propuesta ha sido mejorada durante su elaboración. 
También es importante que la industria pueda seguir aprovechando los residuos no peligrosos en su propia producción de energía. 
En mi opinión, el problema también residía en que la directiva en cuestión se concentraba en detalles técnicos muy específicos, ante los cuales era muy difícil que los mismos expertos emitieran juicios inequívocos. 
Yo creo que el Parlamento debería limitarse a trazar las líneas generales, en cuyo caso los Estados miembros podrían tomar en cuenta las diferentes circunstancias y continuar las prácticas consideradas óptimas desde el punto de vista medioambiental. 
La propuesta de directiva relativa a la icineración de residuos incrementa los costes de icineración, pero reduce las emisiones contaminantes y mejora el estado del medio ambiente. 
Durante su tramitación en el Parlamento, hemos conseguido presentar una propuesta bastante equilibrada que puede servir de base para la actuación en todo el territorio de la Unión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Blokland por su excelente labor en el presente informe y ofrecer el apoyo de mi Grupo al texto de compromiso. 
El endurecimiento de la legislación sobre vertidos ha dado lugar a un aumento importante de la incineración de residuos y, por experiencia propia en mi circunscripción del País de Gales, sé que la incineración de residuos peligrosos y no peligrosos despierta tanta preocupación, en términos de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, como los vertidos. 
Es fundamental que no sustituyamos una práctica malsana e insostenible de eliminar residuos por otra semejante. 
La incineración no significa reciclaje. 
No es un método limpio y seguro de eliminar residuos. 
Es necesario financiar y fomentar alternativas que sean realmente sostenibles, y hay que invertir mucho más en investigación y desarrollo en lo que respecta a la prevención de residuos, dar nuevos usos a los productos y el reciclaje. 
Por todo esto, acojo con satisfacción estas normas sobre la coincineración de los residuos municipales y el transporte de residuos, que debería contribuir a poner fin al actual comercio de residuos, en el que las zonas con los operadores más económicos y las exigencias más bajas se convierten en las capitales de la coincineración de Europa. 
En particular, acojo con satisfacción el compromiso de mejorar el acceso del público a la información sobre las instalaciones de incineración y la obligación de que los operadores de las instalaciones publiquen un informe anual sobre las emisiones. 
Una mayor transparencia, evidentemente, es de máxima importancia para las personas que residen en las proximidades de las instalaciones de incineración, pero además contribuirá a garantizar que los operadores de las instalaciones respetan los límites máximos de emisión establecidos. 
La introducción de límites mucho más estrictos de emisiones de NOx para las nuevas instalaciones de coincineración, tales como los hornos de cemento, es otro paso adelante que servirá de incentivo para la reducción de emisiones, a pesar de que las normas propuestas no reflejan las mejores técnicas disponibles. 
En general, esta legislación tan necesaria creará medidas de salvaguarda para limitar los efectos más nocivos de la incineración sobre la salud y el medio ambiente y, espero, tendrá un efecto disuasivo respecto a la incineración con fines de lucro, que depende de la creación de cantidades cada vez mayores de residuos. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias de forma especial al Sr. Bolkland por su colaboración durante todo este proceso. 
Una de las cuestiones más difíciles para la tramitación y conciliación de esta propuesta de directiva fue la consecución de un acuerdo en cuanto a las excepciones del campo de aplicación de la misma. 
El objetivo era establecer unas excepciones restringidas y formular una definición lo más clara posible. 
Creo que en este punto hemos conseguido que los objetivos ecológicos sean alcanzables, incluso con facilidad, a través de fórmulas que los hacen compatibles con el resto de las políticas comunitarias. 
El Parlamento también abogó por el incremento de la transparencia y por la mejora de las posibilidades de los ciudadanos para acceder a la información. 
Así, en el procedimiento de conciliación pudimos llegar al acuerdo de que las instalaciones que icineren más de dos toneladas por hora publiquen un informe anual sobre las emisiones producidas por su unidad y que, a su vez, las instalaciones más pequeñas sean catalogadas en listados abiertos al público. 
Los límites máximos para las emisiones establecidos en el Anexo de la Directiva fueron, sin duda, el punto más difícil de la misma. 
También en este aspecto se llegó a un buen resultado tras aprobarse la propuesta del Parlamento sobre una reducción de los límites máximos del óxido de nitrógeno producido por los hornos de cemento utilizados para la icineración paralela. 
Personalmente, logré que se incluyesen en el informe algunas modificaciones que eran vitales para proseguir las prácticas de icineración paralela adoptadas hace años en Finlandia, prácticas más ecológicas aún que las contempladas por la propuesta de directiva que vamos a aprobar ahora. 
Me siento muy satisfecho de ello porque, como nuevo miembro de la comisión que entra directamente en la segunda lectura, la tarea no ha sido fácil. 
El informe del diputado al Parlamento, Sr. Blokland, que ha llegado ahora para la tercera lectura, ha sido para muchos de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente elegidos por primera vez al Parlamento la primera prueba de madurez, durante la cual hemos aprendido los procedimientos del Parlamento. 
Con todo, es sorprendente lo bien que funcionan los procedimientos adoptados por las instituciones. 
Está justificado que consideremos bueno el resultado final. 
En cualquier caso, esto ha sido posible en gran medida gracias al auténtico deseo de colaboración mostrado por cada una de las tres instituciones. 
Las acciones de la Presidencia portuguesa y de la Presidencia francesa han sido constructivas y hay que mencionar, sobre todo, el papel de la Comisión, que contribuyó decisivamente al nacimiento del resultado final. 
En mi opinión, esto debe servirnos de aprendizaje de cara al futuro y tenemos que encargarnos de que la cooperación por una Unión Europea más ecológica sea efectiva. 
. (EN) Señor Presidente, Señorías, pido disculpas- especialmente al Sr. Blokland- por haber llegado unos minutos tarde. 
No he podido oír su presentación, pero puedo imaginarme su contenido. 
En primer lugar, quiero expresarle mi agradecimiento por su excelente labor como ponente del presente informe. 
El hecho de que esta directiva haya superado el procedimiento legislativo con tanta facilidad demuestra su gran importancia para todos los interesados. 
La presente directiva permitirá una reducción considerable de las emisiones de varios contaminantes especialmente dañinos en toda la Unión Europea, a pesar de que el volumen de incineración de residuos se incrementará durante los próximos años. 
La directiva no sólo contribuye a la lucha contra la contaminación atmosférica, sino que además cubre el vertido de aguas residuales, como ha dicho el Sr. Lund, procedentes de la limpieza de la emisión de gases, así como la calidad del agua procedente del propio proceso de incineración. 
El procedimiento de conciliación fue difícil, pero hemos alcanzado un compromiso muy equilibrado y las enmiendas del Parlamento y del Consejo han mejorado la directiva. 
Ahora, el ámbito de la directiva es mucho más claro. 
Mejora el acceso del público a la información. 
Introduce límites más estrictos para las emisiones de los nuevos hornos de cemento que coincineran los residuos, como ha señalado la Sra. Evans. 
Ello ha sido posible, en buena medida, a la excelente labor del Parlamento Europeo y del ponente, Sr. Blokland. 
Estoy convencida de que el texto conjunto establece el equilibrio justo- opinión que quedó reflejada ayer en las intervenciones de sus Señorías -, un equilibrio que incorpora un alto grado de protección ambiental junto con los intereses legítimos de todas las partes interesadas. 
Permítanme recordarles que la directiva no es más que uno de los instrumentos del concepto de gestión de residuos de la Comisión. 
La incineración de residuos es la fase final en el tratamiento de residuos, habida cuenta de la jerarquía en materia de residuos, y la Comisión no escatimará esfuerzos en que respecta a la reducción y el reciclaje de residuos, así como a su enfoque de una política de productos integrada. 
Naturalmente, el objetivo general es prevenir la producción de residuos. 
Para terminar, la presente directiva es una contribución importante a la reducción de los efectos nocivos sobre el medio ambiente y los riesgos que éstos representan para la salud humana. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Seguro complementario de enfermedad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0266/2000) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el seguro complementario de enfermedad (2000/2009 (INI) ). 
- (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, desde hace ya casi diez años las instituciones comunitarias realizan trabajos sobre el tema de la protección social, ámbito del cual la cobertura sanitaria constituye un elemento de capital importancia. 
Hoy los Estados miembros, que siguen manteniendo sus propias responsabilidades en aplicación directa del principio de subsidiariedad, conocen problemas comunes que justifican un debate en el plano europeo. 
Los sistemas sociales se enfrentan a tendencias generalizadas con incidencias directas en su funcionamiento, en particular las consecuencias de veinticinco años de crecimiento débil, que han dado lugar al desempleo y la exclusión y han frenado la capacidad contributiva; las consecuencias del envejecimiento demográfico; las consecuencias de la aparición de nuevas patologías y, finalmente, los progresos de la investigación y la terapéutica, que han aumentado el coste de la asistencia sanitaria. 
Más allá de las diversas situaciones nacionales, podemos, pues, comprobar, en todos los Estados de la Unión Europea, una disminución casi general de la cobertura obligatoria, una mayor importancia del papel que desempeñan los denominados sistemas de seguro de enfermedad complementarios y la agudización de factores discriminatorios. 
En este contexto, he creído necesario realizar un enfoque más global de la protección contra los riesgos de enfermedad, teniendo en cuenta, naturalmente, el contexto institucional: responsabilidad de la organización y de la financiación de los sistemas de protección social por los Estados miembros, modelos sociales heredados del pasado, libre competencia que regula las normas del seguro. 
Un objetivo prioritario al que deben converger los esfuerzos y las financiaciones de los sistemas obligatorios y de los sistemas complementarios es garantizar a los ciudadanos europeos un acceso a la asistencia sanitaria. 
Tomando como base el principio de que cada individuo tiene derecho a la asistencia médica y de que dicha asistencia sanitaria constituye un bien social cuyo acceso todos los Estados miembros deben garantizar, ya no es admisible que algunos se vean obligados pura y simplemente a renunciar a ella, dejando que surjan situaciones patológicas, desastrosas para nuestras sociedades. 
El Consejo de Empleo y Política Social aprobó por unanimidad el 17 de octubre pasado, en Luxemburgo, una estrategia europea de lucha contra la exclusión social. 
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que será proclamada oficialmente en la cumbre de Niza, reconoce como valor común de referencia el derecho a la seguridad social y a la protección de la salud. 
El Parlamento Europeo se honrará, en nombre de las discriminaciones y de la lucha contra las exclusiones y en el respeto de las responsabilidades de cada uno, en dar un fuerte impulso a la creación de un dispositivo que permitirá que exista concretamente el principio esencial de solidaridad. 
Con este propósito, señor Presidente, señora Comisaria, he requerido el dictamen del Comité Económico y Social europeo, que nos ha sido muy útil, en una comunicación aprobada por una muy amplia mayoría. 
La opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como las propuestas de su ponente, Ioannis Marinos, han dado lugar a numerosos debates y favorecido la aprobación de textos de compromiso. 
Finalmente, en el seno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que tengo el honor de presidir, se ha obtenido un amplio consenso. 
El dispositivo propuesto tiene varios ejes. 
Primer eje: el desarrollo de una visión común de un servicio universal que permita el acceso a la asistencia médica esencial en un plazo razonable. 
Segundo eje: la creación de un control comunitario de los sistemas sanitarios y de su capacidad para responder a las necesidades: recogida de datos estadísticos cotejables, búsqueda de cooperaciones y compartir las mejores prácticas. 
Dicho control debería organizarse en el marco de la ampliación de los cometidos de una agencia comunitaria ya constituida. 
Tercer eje: la presentación por la Comisión Europea, como se lo pedimos, dentro de un plazo de seis meses- señora Comisaria, será un trabajo considerable -, de un Libro Verde en el que se examine la posibilidad de establecer un marco para los sistemas de seguro de enfermedad complementarios y se propongan las iniciativas legislativas pertinentes. 
Se trataría preferentemente de una propuesta de recomendación con respecto a los siguientes elementos: el reconocimiento por los Estados miembros de una noción común de servicio universal que regule el servicio básico, que permitirá que todos los ciudadanos europeos puedan acceder a la asistencia sanitaria necesaria; el establecimiento, en colaboración con los aseguradores privados, de una garantía del respeto del principio de no discriminación; la organización de una mutualización de los costes para la asunción de los gastos de las personas y grupos que presenten graves patologías preexistentes y alentar a los aseguradores privados a que desarrollen acciones de prevención. 
Se trataría, en cambio, de una propuesta de directiva que incluya los siguientes elementos: la prohibición de utilizar información médica nominativa procedente de la investigación genética, un punto clave; la ausencia de examen de salud previo a la suscripción; la creación de una obligación de garantía vitalicia por parte del asegurador; la asunción mejor coordinada de las indemnizaciones para las personas que trabajan y se desplazan en el seno de la Unión y, finalmente, la creación de un mecanismo de mediación. 
Habría que pensar en alentar y apoyar los códigos de conducta de los aseguradores celebrados sobre una base nacional o transnacional, y un foro anual debería efectuar el balance de estas cuestiones. 
Señor Presidente, agradezco al Presidente Sr. Rocard las elogiosas palabras con las que se ha referido a mi dictamen. 
Los sistemas sanitarios complementarios han surgido, entre otras cosas, y además de todo lo que ha explicado el Sr. Rocard, por la necesidad de una mejor asistencia, que está relacionada con el avance de los medios terapéuticos y unos costes más elevados, cuya financiación crea serias dificultades a los sistemas nacionales de salud. 
No obstante, su necesidad se ha puesto de relieve por razón también de la creciente insuficiencia de estos sistemas nacionales de salud, a causa de su carácter público, y de su elevado coste, así como por la limitación de su financiación por los presupuestos estatales, financiación que se redujo sistemáticamente en todos los estados miembros durante la década de los ochenta y los primeros años noventa. 
Estas carencias, y el aumento de la demanda de mejores servicios sanitarios han sido y son cubiertas, cada vez más, por los sistemas sanitarios complementarios, subsidiaria y opcionalmente, ofrecidos por organismos públicos o privados, con fines lucrativos o no. 
Se registran, sin embargo, grandes diferencias entre los diferentes países de la Unión, y faltan datos estadísticos pormenorizados comparables para poder constatar de manera fidedigna qué es lo que está en vigor en cada país, qué es- y dónde- lo que funciona mejor, cuáles son los puntos débiles, etcétera. 
Por esta razón, precisamente, en mi dictamen, elaborado por encargo de la Comisión de Política Económica y Monetaria, se subraya la necesidad, antes de legislar normas comunitarias sobre los seguros complementarios de enfermedad, de que la Comisión prepare un Libro Verde que recoja y sistematice todos estos datos ahora dispersos y toda la información al respecto. 
Sobre la base de las conclusiones que resulten del Libro, podremos legislar normas generales para todos los estados miembros que garanticen unos seguros complementarios de enfermedad de mejor calidad; seguros que cubran adecuadamente las necesidades incluso de las capas más desfavorecidas de la población. 
Estas normas deberán preservar el carácter subsidiario de los sistemas complementarios, facilitar la competencia bien entendida y no poner trabas a la eficacia y agilidad del sector privado, así como a su viabilidad. 
Quisiera, finalmente, señor Presidente, señalar que el ilustre ponente del informe, el Sr. Rocard, ha tomado ampliamente en consideración las recomendaciones de la ciencia y muchas de las sugerencias contenidas en mi dictamen. 
Quisiera también expresar mi agradecimiento a los colegas señores Pronk y Karas por su valiosa contribución a la redacción del informe. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al señor Rocard y también al señor Marinos por el sensacional informe que nos ocupa en el día de hoy. 
La cuestión de los seguros de enfermedad ocupa un lugar destacado en el orden del día europeo desde hace mucho tiempo pero las sentencias Kohll y Decker, en las que el Tribunal Europeo de Justicia decidió que la atención sanitaria recibida en el extranjero debía ser compensada por las aseguradores, ha otorgado una nueva dimensión a este debate. 
El informe del señor Rocard que tenemos ante nosotros contribuye a que el debate acerca de la evolución de la seguridad social en Europa se avive en el marco del aumento de la competitividad y de la llegada del mercado sanitario comunitario. 
La modernización actual de la protección social tiene como uno de sus principales objetivos garantizar una protección sanitaria asequible. 
El carácter asequible de la atención médica es un aspecto que se debe tener en cuenta debido a que el debate acerca de la seguridad social no gira tanto en torno a la calidad, sino más bien en torno al coste de la atención médica. 
El Tribunal de Justicia ha enviado a los Estados Miembros de la Unión Europea un mensaje claro a través de las sentencias Kohll y Decker. 
Cada vez nos mostramos más positivos con respecto a la atención transfronteriza por lo que la acción del mercado se aplica progresivamente a la atención sanitaria. 
Aún no se sabe en qué medida y en qué momento. 
Los estudios y experimentos demuestran que no se producirá una avalancha de turismo médico. 
Sin embargo, resulta obvio que cada vez se va a hacer más uso de la atención al otro lado de la frontera. 
En este sentido resulta de gran importancia que el ciudadano ocupe el protagonismo en este proceso. 
Esta cuestión tiene varias implicaciones para nosotros pero también para los sistemas nacionales. 
Nos enfrentamos a una cuestión de subsidiariedad. 
Los sistemas nacionales de atención sanitaria y el control sobre los seguros de atención sanitaria se regulan a nivel nacional, aunque esto no significa que no nos enfrentemos todos a los mismos problemas. 
Es justamente por este motivo por lo que resulta tan importante, y ese es sin duda el principal resultado del informe, que la Comisión redacte a corto plazo un libro verde sobre el seguro de enfermedad complementario. 
Esta es en realidad la pregunta que tenemos que plantear a la Comisión: ¿está preparada para ello? y, en caso afirmativo, ¿cuánto tiempo va a tardar? 
Y es que se trata de algo muy importante. 
Las cifras de este ámbito no se pueden comparar entre sí a pesar de todos los esfuerzos realizados, por lo que resulta clave que exista un libro verde de este tipo. 
Por lo demás, existen numerosos deseos en el ámbito de la atención sanitaria. 
Gran parte de estos deseos tienen carácter nacional, aunque esto no significa que no debamos realizar comparaciones. 
Hasta hoy, este tema se ha considerado tabú en cierta medida. 
La sentencia Kohll y Decker ha supuesto un avance. 
Asimismo, creo que este informe del señor Rocard también supone un avance en este aspecto, aunque es primordial que la Comisión tome en este momento la iniciativa y ponga efectivamente un libro verde sobre la mesa. A continuación, veremos el modo de continuar. 
Señor Presidente, señoras y señores, es bonito escuchar aquí cómo personas de todos los Grupos que se ocupan de la política social se muestran dispuestas a lograr un consenso. 
Manifiesto mi gratitud hacia el ponente, gracias, Michel, por haber tomado la iniciativa de tratar el problema del seguro complementario de enfermedad ya mismo, antes de que sea demasiado tarde. 
Quisiera desarrollar algunas reflexiones generales. 
Jamás nos ha ido tan bien como ahora. 
Es lo que demuestra entre otros factores el hecho de que cada diez años nuestra esperanza de vida aumenta en tres años, y no es porque llevemos una vida más sana. 
Nos hacemos más viejos porque los conocimientos médicos se duplican cada cinco años. 
¡Por otra parte, los cuidados médicos cuestan cada vez más dinero! 
Ello no obstante, todo el mundo, sin excepción alguna, debe poder acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. 
Así, Europa se convierte en una Europa social, y esto es lo que debe diferenciarnos de los demás. 
Los Estados Unidos nos sirven a menudo de "ejemplo" para la libre economía de mercado, pero cometeríamos un error garrafal si los tomáramos como modelo en materia de política sanitaria. 
El sistema estadounidense nos enseña por ejemplo que los gastos sanitarios calculados en relación con el producto nacional bruto casi duplican la media de la Unión Europa, y que en los Estados Unidos sigue habiendo 40 millones de ciudadanos que no pueden sino optar a un régimen de seguro defectuoso o insuficiente. 
Ello no tiene nada que ver con una política social inteligente. 
Por eso mismo, la Unión Europea pretende desarrollar el seguro de enfermedad y el seguro complementario de seguridad de tal forma que se pueda alcanzar una solución que no vaya en detrimento de la calidad y no excluya a los grupos sociales más débiles. 
El debate comunitario sobre el seguro de enfermedad no puede estancarse. 
Mientras las condiciones de los seguros complementarios no estén definidas a escala europea habremos de manejar los sistemas existentes con muchísimo cuidado. 
Corremos el peligro de que debido a la presencia de graves riesgos los ciudadanos con problemas de salud y las personas mayores tan sólo puedan contratar un seguro privado limitado, lo cual es incompatible con la evolución social. 
Razonamientos erróneos de este tipo no caben en la Unión Europea. 
Por eso mismo, en una primera fase nos parece necesario y útil que se elabore cuanto antes un libro verde en el que se examinen las prestaciones de los seguros complementarios de enfermedad en Europa. 
Luego tendremos que definir normas mínimas para los seguros complementarios europeos, en el supuesto de que deseemos crear y desarrollar una asistencia sanitaria uniforme y socialmente equilibrada en la UE y, de este modo, abogar por una Unión social. 
Es esto lo que queremos ¿verdad? 
Señor Presidente, también yo deseo dar las gracias al Sr. Rocard por su informe de iniciativa, aunque no esté de acuerdo con su intención originaria, que era establecer regímenes de seguros de enfermedad complementarios solidarios en todos los países comunitarios con un conjunto de normas comunitarias para tales regímenes. 
Sin embargo, apoyo que la Comisión destape en un libro verde las circunstancias relativas a los seguros de enfermedad centrándose especialmente en los seguros de enfermedad y en las actividades transfronterizas, y con ello observe si es necesario llevar a cabo iniciativas adicionales. 
Los seguros de enfermedad son una responsabilidad nacional, los sistemas son diferentes, no obstante, es verdad que el creciente número de ancianos y las demandas crecientes a las que debe responder el sector sanitario indican que los sistemas se hallan bajo presión económica. 
Éste es un problema que reclama soluciones muy diversas, entre ellas, una mejor organización y agilización de la asistencia sanitaria, de modo que se consiga mayor calidad por el mismo dinero, sin olvidar los nuevos métodos médicos que pueden llevar a tratamientos tanto mejores como más baratos. 
En principio, soy partidaria de que el dinero siga en la medida de lo posible al paciente, de modo que el paciente y no el sistema sea el centro de atención, y a este respecto los regímenes de seguros de enfermedad similares a los seguros generales y los regímenes de seguros complementarios ciertamente están justificados. 
No obstante, cada país ha de decidir por sí mismo qué prefiere. 
Sería un error que la UE elaborase normas sobre, por ejemplo, informaciones sanitarias o que exigieran que se asegurara a todo el mundo, destruyendo con ello la diversidad de regímenes de seguros de enfermedad existente hoy en día en muchos países y que funcionan sobre principios actuariales. 
Es verdad que con respecto a enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer y el sida, debe existir un sistema solidario y obligatorio, que garantice a todos un buen tratamiento. 
Los regímenes de seguros de enfermedad complementarios deben ser precisamente eso, complementarios, por ejemplo, para los que están dispuestos a pagar por un servicio extra, o para cubrir los gastos de enfermedades más banales y frecuentes, en las que pueden hacerse fácilmente los cálculos actuariales. 
Señor Presidente, el debate posterior a la presentación de este informe por propia iniciativa ha puesto en evidencia dos concepciones; una de ellas es, desgraciadamente, bastante recurrente, y consiste en favorecer la mercantilización de todos los aspectos de la vida. La misma pretendería convertir el seguro de enfermedad complementario en un objeto de proyecto, sometiéndolo a los actores y a las normas puras y simples del mercado interior. 
Según dicha concepción, la orientación del mercado de seguros de enfermedad complementarios con fines de lucro es adquirir, de manera creciente y determinante, una función de complemento de los regímenes públicos de base. 
Esta visión menosprecia las mutuas con fines no lucrativos, actores esenciales del seguro complementario en muchos Estados miembros. 
El segundo punto de vista ilustrado por la intención inicial del ponente y compartido por muchos colegas consiste en promover las reglamentaciones y los códigos de conducta necesarios para instaurar, entre aseguradores, las formas de mutualización de los costes- garantizando a todos la prestación de una asistencia sanitaria de buena calidad- y para evitar los riesgos de que se desarrollen prácticas discriminatorias, así como una selección de los riesgos y de los clientes. 
El informe de Michel Rocard que hoy se nos presenta, enmendado en comisión, demuestra la dificultad que existe para superar estas contradicciones. 
Las enmiendas que proponemos en nombre de los Verdes recomiendan que se consideren las siguientes preocupaciones. 
Ante todo no somos de aquellos que se resignan a aceptar la disminución de la parte relativa a los gastos públicos en el gasto sanitario. 
La evolución demográfica, las consecuencias del envejecimiento y el aumento de la demanda de asistencia sanitaria deben ser debatidas públicamente. 
Corresponde a los habitantes de la Unión decidir sobre el resultado de dicho debate social y sobre el volumen de medios que es necesario asignar para garantizar el derecho fundamental a la protección social. 
La transferencia creciente de la asunción de los regímenes de base hacia regímenes complementarios presenta el doble inconveniente de reducir las obligaciones de dichos regímenes, al tiempo que fragiliza los sistemas mutualistas sin fines de lucro, que rechazan la selección de los riesgos. 
Nosotros proponemos incluir en el informe el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria para todos, más que el sólo reconocimiento de un servicio de base accesible a todos, y proponemos evitar cualquier riesgo de discriminación o de selección de riesgos, lo que supondría, en nuestra opinión, la legalización de exámenes de salud previos a la suscripción de seguros complementarios, como se establece en el punto b) del apartado 11. 
Señor Presidente, hace algún tiempo sufrí una grave lesión al menisco. 
Me dirigí entonces al hospital donde se me dijo que tenía que esperar tres semanas para hacerme un examen y dos semanas más para hacerme una operación que era absolutamente necesaria. 
Entonces dije: " ¡Pero si apenas puedo caminar! 
¡Necesito ayuda inmediata! 
¿Pueden atenderme de urgencia? ". 
Entonces se me contestó: "Todos los que están en la cola tienen la misma urgencia". 
Más adelante se vio que había una manera de ser atendido. 
De repente se me informó que si tenía un seguro privado de enfermedad o si yo podía pagar el coste total me podía atender de inmediato el mismo médico al que hubiera tenido que esperar dos meses. 
Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero elegí esta última solución. 
Me operaron inmediatamente y por eso puedo estar hoy aquí. 
En caso contrario, habría estado en mi casa, en la cama y con la pierna hecha un paquete. 
Sin embargo, hay algo que no está bien, ya que cada vez que se da prioridad a un paciente que paga, otras personas tienen que esperar aún más tiempo con sus dolencias. 
Ya sean pacientes comunes o que pagan, se usan los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas camas y los mismos recursos del sector de la sanidad. 
Esto significa que cuanto mayor sea el sector de los seguros de enfermedad, menores serán los recursos disponibles en la sanidad social. 
Opino que es absolutamente erróneo que el dinero sea el factor determinante para ponerse primero en la cola. 
Cuando se implante el sistema de seguros complementarios de enfermedad para quienes puedan pagar, o que tengan un empleador que pueda pagar, se podrá hablar de lo que se menciona en el informe, es decir, de diferencias entre una sanidad básica para la "gente común" y una sanidad de alta calidad para quienes puedan pagar. 
Queremos las mismas normas solidarias para todos. 
Obviamente está bien que se trate de controlar la situación existente en la actualidad, cosa que propone el Sr. Rocard, pero lo más importante es impedir que los sistemas privados crezcan a costa de los sistemas públicos. 
Señor Presidente, el informe realizado por Michel Rocard sobre el derecho a la salud y a la protección social es alarmante. 
Alarmante, pero, desgraciadamente, pertinente. 
Durante la década de los años 90, un fuerte retroceso de las cotizaciones penalizó las cajas de salud. 
Resultado: la creación, en casi toda Europa, de un tique moderador que penaliza a los pacientes y una medicina preventiva que se encuentra en claro retroceso. 
Es necesario, pues, lograr mejorar el reembolso de los gastos. 
Me permito insistir en la especificidad del panorama del ámbito de los seguros en Francia, cuyo sector mutualista garantiza una buena gestión solidaria de la asistencia sanitaria. 
En efecto, si cada vez más europeos acuden a los seguros complementarios para ser reembolsados, el sector mutualista sigue siendo la mejor garantía para la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria. 
Pienso, en particular, en la asistencia sanitaria peor reembolsada: los cuidados dentales, ópticos, etcétera. 
Para garantizar la continuidad de este sector, creo indispensable proporcionar a las mutuas una base legal en el ámbito de la cobertura complementaria. 
Creo igualmente indispensable evitar que la Comisión se ocupe de dicho sector a causa de la distorsión de competencia. 
¿Quién podrá asegurarse de que las discriminaciones sobre la base de criterios sanitarios, de discapacitación o genéticos están prohibidas y que no se practican, si los seguros complementarios se rigen únicamente por la lógica de la competencia? 
Con la cartografía genética humana, es conveniente prohibir las pruebas genéticas y la utilización de sus resultados antes de la conclusión o durante el período de validez de un contrato de protección complementaria. 
Está en juego la salud de todos los ciudadanos de nuestros Estados miembros y la cohesión de nuestros territorios. 
Las desigualdades regionales desde el punto de vista del desarrollo son lo suficientemente elocuentes. 
No añadamos una Europa de la salud de dos velocidades. 
Es necesario, pues, legislar, es evidente, pero respetando las especificidades y las tradiciones en el ámbito de los seguros de cada Estado miembro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la libre circulación y el aumento de los gastos sanitarios de los Estados miembros imponen, por una parte, un incremento del tique moderador dentro de los sistemas legales o a través de seguros complementarios privados y, por otra, una mejor coordinación del seguro privado en la Unión Europea. 
Felicito de todo corazón al ponente, el Sr. Michel Rocard. 
Ha emitido un diagnóstico excelente. 
No obstante, tenemos algunos reparos en cuanto a su terapia. 
Destaco sus propuestas prácticas y sus sugerencias acerca de una posible solución, que se fundamentan en principios importantes, a saber, solidaridad, subsidiariedad y normas mínimas. 
Estamos plenamente de acuerdo con ello. 
Como ya ha señalado el Sr. Pronk, no somos partidarios de reclamar inmediatamente una directiva. 
La nueva propuesta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales nos parece correcta: primero se elabora un inventario en un libro verde y luego decidiremos si necesitamos una directiva o una recomendación. 
La heterogeneidad de los sistemas también plantea problemas. En algunos Estados miembros el tique moderador adquiere dimensiones considerables. 
Puede llegar a representar, por ejemplo, el 40% de los gastos ocasionados por tratamientos ambulatorios. En dichos países los sistemas complementarios desempeñan un papel más importante que por ejemplo en Alemania, donde el 90% de la población está afiliado a un seguro de enfermedad legal obligado a ofrecer los necesarios cuidados médicos a todo el mundo. 
Especifiquemos brevemente cuál es el camino que ha de enfilarse en el futuro: una buena previsión personal en el ámbito social y mantenimiento del nivel de cobertura existente, en su caso mediante un seguro complementario de enfermedad irrevocable. 
Por otra parte, la gente necesita tiempo para acumular una previsión adecuada. Ésta es la alternativa para las manipulaciones y trucos perpetrados en el marco de los sistemas legales. 
Señor Presidente, me uno a quienes han felicitado a Michel Rocard por esta magnífica iniciativa que encaja en la mejor de las tradiciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento. 
El informe se basa en la intención manifestada por el Consejo en 1992 de llegar a un convergencia de objetivos y de política en el ámbito de la seguridad social y que enlaza con los objetivos actuales expresados en Lisboa en relación con la cohesión social con respecto al desarrollo económico. 
Creo que la relación entre ambos elementos es muy positiva. 
En mi aportación a la comisión he unido expresamente un tercer elemento que, en mi opinión, ofrece un argumento sólido para la actuación europea en el ámbito de los seguros de enfermedad y que consiste concretamente en la eliminación de los obstáculos a la libre circulación, y no sólo a la libre circulación de servicios de la que hablaba Bartho Pronk, sino también a la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. 
Esto se refleja especialmente en el punto J y en los apartados 11 e) y f) y 14 de este informe. 
Los numerosos y, a menudo, graves problemas y ejemplos de la vida real me han llevado a plantear estas enmiendas. Me complace que el ponente y la comisión las hayan aceptado. 
No es casualidad que me enfrente a este tipo de problemas desde mi origen holandés. 
En los Paísed Bajos disponemos de una combinación especial de elementos particulares y públicos, individuales y colectivos en un sistema de seguro de enfermedad que se ha visto sometido a numerosos cambios en los últimos tiempos. 
Sin considerar la cuestión de si los cambios han resultado positivos, en cualquier caso apenas se han tenido en cuenta los efectos de dichos cambios para los trabajadores fronterizos, para los holandeses que trabajan en el extranjero y, por ejemplo, para los alemanes y belgas que trabajan en los Países Bajos. 
Desde el punto de vista de la coordinación europea, la actual combinación de un seguro social financiado a través de la fiscalidad para los residentes, un seguro obligatorio para los trabajadores hasta un techo de ingresos determinado y, además, un seguro particular con normas colectivas o individuales, resulta, sin duda, catastrófico. 
La parte correspondiente al seguro social no se rige por las normas de coordinación debido a que no se trata de un seguro de trabajadores y a que únicamente se aplica a los residentes. 
La parte correspondiente a los particulares se enfrenta a directivas que afectan a los aseguradores en el ámbito de la competencia. 
En la actualidad, en los Países Bajos se está produciendo un debate acerca de la introducción de modificaciones estructurales en el sistema. 
En el Comité Económico y Social se prepara un dictamen a este respecto. 
Parece que finalmente se va a producir un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores en torno a un seguro básico en el que la acción del mercado y de la competencia entre aseguradores se combine con acuerdos acerca de un paquete básico obligatorio completado por un paquete amplio de elementos optativos que deberá someterse en cualquier caso a la obligación de aceptación y a una prima que no supere la media. 
Con ello se pretende evitar la clasificación en grupos de riesgo y la exclusión, garantizando una accesibilidad óptima para todo el mundo. 
Afortunadamente, las partes que componen el CES se han dado cuenta de que la creación de esta combinación híbrida de elementos privados y públicos puede toparse con normativas contradictorias procedentes de Bruselas. 
Se ha solicitado con antelación información acerca de esta cuestión y se ha llegado a la conclusión razonable de que la totalidad del sistema debe englobarse en el sistema de seguros sociales. 
Esto simplificaría en cualquier caso la coordinación a nivel europeo para quienes trabajan al otro lado de la frontera. 
Creo que se trata de un elemento que encaja en la estrategia de convergencia que pretende el informe. 
Asimismo, opino que la creciente movilidad laboral en Europa es necesaria y que constituye un argumento adicional para redactar un libro verde con medidas en relación con los gastos de enfermedad. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Sr. Rocard insta a la Comisión a que defina en un libro verde los rasgos propios de un seguro básico para los sistemas legales de seguro de enfermedad. 
Según esta filosofía todas las prestaciones que no forman parte de dicho seguro básico deben ser cubiertas por los seguros complementarios de enfermedad privados. 
Ello significa que el seguro de enfermedad legal que se ha venido construyendo sobre la base del principio de solidaridad quedaría reducido a un sistema sanitario a la carta. 
Los ciudadanos se verían obligados a invertir cantidades complementarias cada vez mayores en seguros complementarios de enfermedad privados, a fin de poder hacer frente a tratamientos costosos que hasta ahora eran financiados por los seguros de enfermedad legales. 
Así por ejemplo, los enfermos crónicos con pocos ingresos ya no podrán someterse a los tratamientos necesarios en el futuro. Por este camino vamos directamente hacia el desmantelamiento de las previsiones sociales y el abandono del principio de una asistencia sanitaria igualitaria, orientada hacia las necesidades de la gente y abierta a todo el mundo. 
El artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales exige que se garantice el derecho de acceso de todos a la asistencia sanitaria preventiva y que se defina y aplique un elevado nivel de protección sanitaria. 
Ésta es la base de la que ha de partir la Comisión para elaborar una iniciativa y articular piedras de toque concretas que puedan convertirse en líneas directrices para los sistemas sanitarios de los Estados miembros. 
De este modo, la UE se convertiría en buque insignia de una Europa social y una asistencia sanitaria de alto nivel para todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos. 
Es útil que se establezcan reglas para la coordinación de los seguros complementarios de enfermedad privados en la UE, siempre y cuando con ello se pretenda garantizar la libre circulación de personas y trabajadores. 
Coincidimos asimismo en que es necesario prohibir los tests genéticos y los exámenes médicos llevados a cabo en el marco de la selección de riesgos. 
Los seguros complementarios de enfermedad deben incluir una protección contra los riesgos de quiebra, insolvencia y fraude, pero no pueden promover el desmantelamiento del catálogo de prestaciones del seguro de enfermedad legal. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente por su informe de propia iniciativa, en particular, porque es exactamente eso: un informe elaborado por propia iniciativa. 
El ponente afirma, especialmente en el apartado 17, que los sistemas de Seguridad Social estatales deben seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros y estoy muy de acuerdo con eso. 
El ponente pone de relieve la necesidad de abordar el tema de la atención médica a los turistas que visitan otros Estados miembros y, sin duda, se trata de un tema muy candente, como he podido comprobar por las numerosas cartas que he recibido de mis electores sobre este asunto. 
Pero sobre todo, el ponente llama la atención, por ejemplo en el apartado 3, sobre los graves problemas relativos a la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de Seguridad Social en toda la UE, debido al coste cada vez mayor de los avances que incrementan las posibilidades de tratamiento y al aumento de la demanda por parte de una población cada vez más envejecida. 
Es un tema que preocupa especialmente. 
Sin duda necesitamos ideas nuevas sobre este asunto, ideas que incluyan nuevas vías de colaboración entre los seguros de enfermedad públicos y privados. 
Su informe, señor Rocard, es una útil contribución a este debate, aunque espero que, por su parte, esté dispuesto a reconocer que las contribuciones realizadas en comisión, incluidas aquellas que hizo esta parte de la Asamblea, podrían haberla dotado de una utilidad aún mayor. 
No hay duda de que ahora es menos preceptiva, lo cual es bueno. 
La financiación de la asistencia sanitaria varía entre los distintos Estados miembros y el papel de los seguros de enfermedad privados son, en la misma medida, diferentes. 
Incluso las definiciones de "suplementario" y "complementario" tienen connotaciones ligeramente diferentes en las distintas lenguas. 
Por ello, es poco probable que la respuesta sea una solución única y absoluta para todos los seguros médicos. 
A condición de que se aprueben las enmiendas 2 y 3, que aceptan la sugerencia de un Libro Verde, pero no dictan de manera precisa cuál debe ser su contenido, ciertamente haré un llamamiento a mis colegas británicos para que voten a favor, aunque, propondré la abstención sobre la enmienda 16. 
Señor Presidente, creo que el ponente Sr. Rocard tiene verdaderamente buenas intenciones; a mí, sin embargo, me ha producido la impresión de un hombre que se mueve en la cuerda floja. 
Por una parte, cuando dice «solidaridad» cree, como socialista que es, en lo que está diciendo, pero no quiere asumir la gran responsabilidad de preservar el estado social y los sistemas de protección y seguridad social, que hoy soportan la presión tanto de los hechos objetivos cuanto de determinadas políticas. 
Por otra parte, no quiere tampoco caer por el otro lado, quiere aplicar una realpolitik, sin avanzar, no obstante, completamente hacia el modelo americano. 
Nos estamos moviendo realmente en la cuerda floja, y creo que las decisiones sobre los seguros complementarios que vayamos a imponer a todos los países miembros deberíamos tomarlas con toda cautela y precaución. 
Si los seguros complementarios son universales, darán lugar, sencillamente, a un aumento de las contribuciones de los trabajadores; si, por el contrario, son de carácter selectivo, darán lugar a discriminaciones, y esto queremos evitarlo. 
En este sentido, creo que lo esencial es contar con el estudio de la Comisión sobre los sistemas existentes y contar también con un estudio de la Comisión sobre el propio sistema americano y sobre los sistemas de otros países, de suerte que podamos hacernos una idea clara al respecto. 
Señor Presidente, quienes nos hemos dedicado a lo largo de nuestra vida al estudio de las cuestiones sociales recordamos que los viejos manuales solían incluir una definición de la protección social como un conjunto de medidas de protección estatal para atención de riesgos económicamente evaluables, de concreción individual o familiar y a los que los individuos- la unidad familiar- no podían atender por sí mismos. 
Desde luego, la salud es uno de esos bienes que los individuos más valoramos, bien es verdad que muy frecuentemente cuando la hemos perdido o estamos en riesgo de perderla. 
Es cierto, por lo demás, que los sistemas sociales, los sistemas de protección han venido sufriendo las influencias y las consecuencias de situaciones económicas, demográficas, sanitarias, etc. Y también es cierto que recesión económica, desempleo, exclusión social, aparición de nuevas patologías, envejecimiento poblacional- como también los progresos de la investigación, la mejora de las terapias, el desarrollo de las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento- han tenido honda repercusión en los niveles de cobertura socio-sanitaria obligatoria. 
Es un hecho constatado y constatable que la protección de los europeos contra los riesgos derivados de las situaciones de enfermedad, maternidad o vejez- ésta con nuevas modalidades en los tiempos actuales, por el envejecimiento de la población- no está siendo atendida solamente por los sistemas sociales y estatales, y como tales imperativos y obligatorios, de seguridad o de protección social. 
Nuestra jovencísima Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sus artículos 34 y 35, reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales y proclama al mismo tiempo el derecho de toda persona, que reside y se desplaza legalmente dentro de la Unión, a las prestaciones de la seguridad social y a las ventajas sociales con arreglo al Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales. 
El seguro de enfermedad privado complementario- voluntario o no- coexiste con el sistema público obligatorio y puede constituir un medio para alcanzar una asistencia sanitaria de calidad en un tiempo determinado. 
Por eso, yo creo que debemos apostar por el contenido del informe del Sr. Rocard, al que felicitamos, que pide a la Comisión la prestación de un servicio, de un Libro Verde que nos permitirá conocer el estado actual de los seguros en los Estados miembros y también definir el futuro. 
Señor Presidente, el presente informe, así como las explicaciones que lo acompañan se basan en un balance abrumador. 
Desde hace veinte años, la cobertura médica legal de los habitantes de Europa no deja de reducirse, y una parte de los gastos en el ámbito de la salud que quedan a su cargo aumenta constantemente. 
A un número creciente de la población se le reduce su nivel de vida a causa de empleos mal pagados, del paro, de la precariedad y de la exclusión, y ya no cuenta con los medios para ocuparse debidamente de su salud, incluso para acceder a la asistencia médica más elemental. 
Frente a esta situación intolerable, el informe sólo pretende generalizar el recurso a seguros complementarios privados o mutualistas, y afirma que éstos serían la solución al problema. 
¿Pero para quién? 
No, por cierto, para aquellos que deberían pagar más para curarse, cuando esta sociedad les niega los medios, sino ante todo para los aseguradores privados a los que los Estados han regalado el mercado de la salud. 
Mediante este informe y algunas enmiendas se desearía imponer normas de no selección, sobre criterios de salud o de discapacitación, a los tiburones, como el asegurador Axa, que había multiplicado por diez las cotizaciones de padres con hijos discapacitados mentales. 
Como menos, votaremos a favor de la imposición de estas normas, pero no tenemos la intención de aceptar que dicha propuesta libere a los Estados de una misión literalmente vital de servicio público sanitario. 
En el momento en que la medicina ha realizado progresos considerables, el hecho de reafirmar el acceso de todos a una asistencia sanitaria de calidad no es sino papel mojado, ya que la liberación de los Estados y la privatización creciente del ámbito de la salud no harán más que desembocar en una selección económica, en una desigualdad creciente con consecuencias... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, tras dar las gracias al Sr. Rocard por su iniciativa, le pregunto si, como representante del Partido de los Pensionistas- que, por la larga vida de los ciudadanos y de los pensionistas, se considera casi el culpable de esta situación de crisis de la sanidad- podía dejar de intervenir en esta ocasión. 
Por contra, he de decir que el tema me condiciona, dado que usted, señor Presidente, me parece el jefe de servicio de un hospital, con la bata blanca, el estetoscopio y el martillo que golpea la rodilla del paciente. 
Estamos debatiendo la asistencia médica pública y privada. 
Pero si la asistencia médica pública funciona tan bien, ¿por qué, por ejemplo, en Italia- vox populi, vox dei- la gente decía refiriéndose a la seguridad social: "saldréis sin salud y os quejareis"? 
¿Por qué Alberto Sordi, el gran actor italiano, tuvo tanto éxito con una película titulada "El médico del seguro"? 
¿Por qué el gran doctor Christian Barnard- que tuve la suerte de conocer la semana pasada en un congreso organizado por mi amigo Nisticò- a una pregunta que le formulé me contesto que cuando realizó el primer transplante de corazón en Sudáfrica, trabajaba en una clínica privada? 
¿Por qué, como lamentablemente me ocurrió al ir a visitar a mi madre- que sigue viva, gracias a Dios- ingresada en un importante hospital público de Roma, se ve a gente que se está muriendo mezclada con los demás pacientes que comen y cenan alegremente? 
Esto quiere decir que hay que reflexionar mucho sobre el porqué del fracaso de la asistencia médica pública. 
Creo que el motivo de dicho fracaso es que la asistencia pública se paga antes de curar al enfermo, mientras que la asistencia privada se paga después y si ha curado al enfermo. 
Por esto, junto con mis amigos pensionistas, pido a la Comisaria Diamantopoulou que se ponga la bata blanca de médico que cura la asistencia médica enferma de la Unión Europea, y que nos haga estar mejor. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, en primer lugar quisiera dar las gracias a mis colegas los Sres. diputados Marinos, Pronk y Menrad, así como también a mi colega, el Sr. Ettl, por el apoyo que me han prestado a la hora de realizar mis enmiendas y de modificar el objetivo de este informe. 
La financiación de la previsión sanitaria legal así como la financiación de los sistemas de pensiones ocupa el punto central de la discusión político-social y también político-presupuestaria en Europa. 
Ambas cosas tienen las mismas causas, la evolución demográfica, por un lado, y los avances sustantivos y técnicos en la medicina, por otro. 
Ambas se desarrollan sobre un modelo de tres pilares: el estatal, el empresarial y el privado. 
Todos sabemos que estos sistemas están configurados y entrelazados de distintas maneras y que tienen un espectro de prestaciones que varía mucho de un Estado miembro a otro Estado miembro. 
Ambos sistemas tienen también disposiciones nacionales que obstaculizan la movilidad y la flexibilidad de los trabajadores en Europa y que incrementan los costes a los empresarios. 
Por consiguiente me satisface que el ponente haya estado dispuesto a pasar de su insistente exigencia de una directiva a un análisis concienzudo bajo la modalidad de un Libro Verde. 
Celebro que hayamos renunciado de trasladar a Europa el modelo francés 1:1, cosa que es no es posible en este campo. 
Necesitamos una definición conceptual de qué entendemos por seguro complementario. 
Creo que significa: voluntariedad, privada o de empresa, y que complementando la previsión sanitaria estatal... 
(El Presidente retira la palabra al orador.) 
Señor Presidente, antes que nada, deseo felicitar al señor Rocard por su informe. Tiene la misma trascendencia que el procedimiento iniciado en relación con lo seguros de jubilación complementarios. 
Para evitar malentendidos, quisiera subrayar de nuevo que el informe que nos ocupa se refiere a los seguros de enfermedad y no a la atención sanitaria como tal, aunque bien es cierto que no se pueden separar ambas cuestiones. 
El seguro de enfermedad complementario parte de un sistema legal de acuerdos y servicios. 
Este sistema garantizado por las administraciones debe ofrecer una atención sanitaria digna, suficiente, accesible y también económica. 
A medida que mejora el sistema, se reduce la necesidad de un seguro de enfermedad complementario. 
Sin embargo, los avances tecnológicos y la situación demográfica con la crisis de natalidad y el envejecimiento hacen que un seguro de enfermedad complementario no sea un lujo y se convierta, en determinados casos, en un elemento imprescindible. 
Esta situación se ve agravada debido a la reestructuración de los sistemas de seguridad social en determinados Estados Miembros. 
Asimismo, ésta constituye una ocasión inigualable para mostrar a las personas y a determinados grupos cuáles son sus responsabilidades a este respecto. 
Y es que, al igual que no podemos hacer que todo recaiga sobre el ciudadano de a pie, tampoco podemos exigir todo a las administraciones. 
El complemento de los mecanismos colectivos de solidaridad con seguros privados o colectivos choca de lleno con el principio de subsidiariedad. 
En lo que respecta a las pensiones complementarias, la Unión Europea ya ha elaborado una serie de normas. 
Lo ha hecho a través de la redacción de un libro verde del que se desprende un proyecto de directiva. 
Se ha recopilado información, se han realizado estudios, se han analizado los sistemas en los distintos Estados Miembros, etc., y éste es también es el camino adecuado. 
Resulta obvio que los Estados Miembros tengan sigan siendo los responsables finales de sus sistemas de seguridad social. 
Sin embargo, si se ofertan seguros, incluyendo seguros complementarios de enfermedad, en un mercado común, también deberán existir normas comunes en relación con la competencia, insolvencia, discriminación, transparencia y cuestiones similares. 
Señor Presidente, el proyecto de informe original del Sr. Rocard contenía propuestas que podrían haber acabado con el mercado de seguros de enfermedad en Europa. 
Para las aseguradoras es fundamental que las tarifas sean proporcionales a los riesgos previsibles. 
Esto es válido para todo tipo de seguros, incluidos los seguros de vida, de automóviles y del hogar. 
De haberse llevado a cabo las propuestas originales de prohibir la discriminación por motivos de historial médico, las tarifas habrían resultado atractivas a los enfermos crónicos, pero no así a las personas que gozan de buena salud. 
La consecuencia de ello habría sido un predominio de los enfermos crónicos entre los contratantes del seguro médico. 
Esto, a su vez, habría creado un círculo vicioso de tarifas cada vez más altas y un descenso del número de asegurados que cada vez estarían más enfermos. Podría haber destruido el sector e imponer nuevas cargas a los sistemas estatales. 
Es un ejemplo clásico del intervencionismo socialista. 
Con su intento de eliminar la discriminación por motivos del estado de salud, el Sr. Rocard habría matado la gallina de los huevos de oro. 
Me recuerda la historia del representante del gobierno que se dirigió a un hombre de negocios y le preguntó "¿ cómo puede ayudarle el gobierno ?" a lo que el segundo respondió "la mejor ayuda que pueden prestarnos es la no intervención". 
¿Cuándo aprenderemos esta lección? 
Naturalmente, deberíamos fomentar un mercado fuerte y vibrante para los seguros en Europa. 
Asimismo, debemos apoyar la provisión estatal, al menos para aquellos con problemas graves de salud que no serían admitidos en el sector privado. 
La mejor forma de alcanzar estos objetivos es que el Estado no interfiera en el sector privado para que éste pueda seguir desarrollando sus funciones. 
La nueva propuesta que se nos presenta es a favor de un Libro Verde. 
Es mejor que la propuesta original, pero incluso ésta va demasiado lejos. 
El Libro Verde de hoy se convertirá mañana en una legislación intrusa y perjudicial. 
La mejor ayuda que podemos prestar a este sector, y a los pacientes a los que atiende, es no intervenir. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento y dar la enhorabuena al Sr. Rocard por su informe, y felicitar al Sr. Marinos por la opinión de su comisión. 
La Comisión saluda esta iniciativa, que llega en un momento crucial, porque acabamos de lanzar un debate político a nivel europeo sobre la reforma de la protección social. 
Es la primera vez que decidimos que existe la necesidad de cooperación a nivel europeo respecto a la reforma de los sistemas de protección social. 
El presente informe subraya los retos económicos y sociales que representan las medidas relativas al seguro complementario de enfermedad y, naturalmente, el seguro complementario de enfermedad tiene actualmente una importancia fundamental, porque el sistema de seguro obligatorio necesita una reforma y porque las necesidades de asistencia sanitaria no dejan de crecer. 
El informe dice que existe la necesidad de que la Comisión intervenga y, naturalmente, estamos de acuerdo. 
Primero, debemos tener en cuenta la gran diversidad que existe a nivel europeo. 
Existen enormes diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la definición y el funcionamiento de los sistemas, así como a la combinación entre el sector público y privado. 
A título de ejemplo, en lo que se refiere a las diferencias en el papel que desempeña el seguro voluntario y complementario de enfermedad, la población que cubren los mecanismos del seguro voluntario o complementario de salud oscila entre menos del 0,5 % en Suecia y más del 85% en Francia. 
No obstante, estas cifras pueden inducir a error, puesto que tanto el concepto como la cobertura del sistema difieren considerablemente entre los distintos Estados. 
La Comisión intervendrá inmediatamente en el marco de sus competencias e intentaré responder a las conclusiones de su informe. 
Primero, sobre la cuestión del Libro Verde, la complejidad de estos asuntos es tal que un Libro Verde puede parecer prematuro. 
No obstante, es fundamental elaborar un informe en profundidad sobre la situación y lo haremos lo antes posible. 
Naturalmente, tendremos en cuenta la amplia variedad de sistemas nacionales y el carácter complejo de los sistemas de asistencia sanitaria que existen en toda Europa. 
La Comisión lanzará, con carácter inmediato, un estudio del seguro complementario de enfermedad. 
Debido a la complejidad del tema, creemos que podremos publicar los resultados antes de que finalice el año 2001. 
Este estudio podrá constituir la base para una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo que proponga iniciativas o medidas. 
Conforme a las peticiones del Parlamento, intentaremos presentar un marco, un análisis objetivo y razonado, que tenga en cuenta toda esta variedad y diversidad y nos centraremos en los diferentes aspectos de la temática. 
Sus Señorías han hecho referencia a una amplia variedad de aspectos. 
Podemos partir de cuestiones generales, tales como el acceso a la asistencia sanitaria para todos, y llegar hasta cuestiones más específicas sobre los derechos de las personas que desean fijar su residencia o trabajar en otros Estados miembros. 
En lo que respecta a las otras dos propuestas- la directiva, la acción legal y este foro europeo- es algo sobre lo que podemos pensar. 
Podría constituir el segundo paso después de dicho estudio, cuando haya transcurrido un año, y para entonces no sólo dispondremos de medios de comparación entre los Estados miembros, sino que además podríamos trabajar con indicadores comparables que son importantes para cualquier propuesta de cooperación europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lucha contra la exclusión social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0307/2000) de la Sra. Figueiredo, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social (COM (2000) 368- C5-0317/2000- 2000/0157 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, como es sabido, en el último decenio se han agravado las desigualdades en la Unión Europea y el número de personas que viven con bajos ingresos es de unos 65 millones, es decir, cerca del 18% de la población, lo que resulta un verdadero escándalo, sobre todo si tenemos en cuenta las tasas de crecimiento económico de los últimos años. 
Se trata de un verdadero atentado a los derechos humanos fundamentales, pues pide que millones de personas tengan acceso a los derechos sociales básicos, en particular vivienda, salud, educación, formación y cultura, empleo de calidad y salarios justos. 
Aunque existan grandes diferencias entre los diversos Estados miembros, lo cierto es que la situación más grave es la de Portugal, con cerca de 24% de la población en situación de pobreza, consecuencia sobre todo de los bajos salarios, el empleo precario y la mala remuneración y pensiones y jubilaciones tan bajas, que no permiten un mínimo de vida digno, ni a los trabajadores y a sus familias, ni a personas de edad. 
Esa inadmisible situación de pobreza y exclusión social, que, según reconoció el Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo, requiere una profunda modificación de las políticas macroeconómicas en el nivel comunitario y nacional poniendo fin a la primacía de las políticas monetaristas del Pacto de Estabilidad a fin no sólo de luchar contra la actual situación de pobreza, sino también de prevenir nuevas agravaciones en el futuro, incluido el sector de las nuevas tecnologías, con atención especial a las mujeres, los niños y la juventud, garantizando a todas las personas el acceso a niveles de renta y a condiciones dignas de vida y trabajo. 
Ahora bien, pese a todos los compromisos que el Consejo aceptó aun recientemente en la Cumbre de Lisboa y a haber subrayado la correlación existente entre avances económicos y avance social, las propuestas presentadas poco más hacen que salvar la cara respecto de las innumerables promesas de luchar por la erradicación de la pobreza. 
De hecho, la propuesta de programa comunitario que presentó la Comisión para incentivar la cooperación entre los Estados miembros en materia de lucha contra la exclusión social poco más es que un programa de estudios. 
Así, es fundamental que se fortalezcan varios aspectos del programa, en particular en cuanto a las innovaciones que se proponen en la aplicación del método abierto de coordinación, ya sea la creación del grupo de reflexión en el nivel europeo constituido por interlocutores comunitarios, representantes de las ONG con experiencia en esa esfera, así como representantes del Parlamento Europeo, del Consejo y de los Comités Económico y Social y de las Regiones, la colocación en red de los diferentes observatorios u organismos similares reconocidos que existen en los Estados miembros o incluso una atención especial a los problemas de la pobreza y la exclusión social en los niveles local, regional y nacional, con participación en el programa de los grupos de población más afectados o amenazados con llegar a estarlo. 
Igualmente importantes son las propuestas de aumento de la financiación de 70 a 100 millones de euros, que insisten en la necesidad de que la Comisión garantice la coherencia de sus políticas, en particular en las esferas económica, monetaria, fiscal, de la competencia, de protección de los consumidores, de pesca y agrícola, con el objetivo de eliminar la pobreza y la exclusión social concretado en el nivel nacional, para lo cual se debe hacer una evaluación de sus políticas en cuanto a sus posibles efectos en la pobreza y la exclusión social. 
Espero también que se aprueben las propuestas encaminadas a reconocer que la calificación y la integración en la vida profesional cobran una importancia particular, por lo que conviene tener en cuenta el fenómeno cada vez más importante de la exclusión social y la pobreza a pesar del ejercicio de una actividad profesional remunerada. 
Es fundamental garantizar un empleo de calidad con derechos y salarios dignos y crear condiciones de acceso a unos servicios públicos también de calidad. 
Es esencial que el Consejo cumpla las promesas que ha hecho, no sólo respecto del programa, sino también en cuanto a la fijación de objetivos y metas adecuados que se deben acordar de aquí al final de este año a fin de no defraudar las esperanzas que infundió con las conclusiones de la Cumbre de Lisboa respecto de su empeño en la lucha contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social. 
Por último, quisiera agradecer la excelente colaboración de los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de los ponentes de otras comisiones, de los Comités Económico y Social y de las Regiones, de las ONG sociales y de los técnicos que en el nivel de la Comisión, de la Presidencia francesa y del Parlamento han trabajado conmigo. 
En ese trabajo, y teniendo en cuenta que se trata de un asunto objeto de codecisión, fue posible establecer un consenso encaminado a simplificar el informe final y facilitar su rápida aprobación por el Consejo, por lo que las propuestas que mañana presentaremos para su votación son resultado del consenso alcanzado en la comisión, incluidas las nuevas propuestas de substitución y las de rechazo de varias enmiendas repetitivas. 
Agradezco la comprensión de Sus Señorías para con este proceso a fin de que contribuyamos a que la Unión Europea vuelva a tener un programa en esta esfera, a pesar de sus limitaciones e insuficiencias. 
Pero será un instrumento para que nos mantengamos más vigentes en la defensa de una mayor justicia social. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la señora Figueiredo por su informe. 
En segundo lugar, también quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que exista un compromiso en torno a este importante informe, lo que permite finalizar esta primera lectura con éxito. 
En relación con las enmiendas de la Comisión Presupuestaria, puedo afirmar con alegría que todas se han incorporado. 
En realidad se trata de tres puntos. 
El primer punto consiste en que la Comisión Presupuestaria opinó que el programa, si se comparaba con otros programas, había poco Parlamento y mucho Consejo, por lo que estaba hecho a medida del Consejo. 
El segundo punto, y el más importante en realidad, es el de la cuestión comitológica. Esta se centra en determinados aspectos de forma excesiva en los Estados Miembros. 
La creación de un comité implica por sí sola posponer medio año la elaboración del programa. 
Se precisa medio año para crear dicho comité, convocarlo y no es necesario ni que apliquen sus habituales tácticas de bloqueo, ya que entonces hablaríamos de un año. 
Dicha comitología supone un enorme lastre, también en este programa. 
Quisiera solicitar a la Comisión que se plantee si, tras lo que ha hecho el señor Patten, se puede realizar algo similar con respecto a los Estados Miembro. 
Por último está la cuestión de la asistencia técnica. 
La Comisión Presupuestara insiste en que la asistencia técnica se incluya en el programa. 
La Comisión de Asuntos Sociales ha determinado una cantidad de 100 millones. 
De ahí se debe apartar una cantidad adecuada para la asistencia técnica de forma que el programa cuente con un apoyo que resulte realmente suficiente. 
De modo que, en opinión del Parlamento, las quejas de la Comisión a este respecto son infundadas si se incluye la asistencia técnica en el propio programa. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, también nosotros, desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, queremos felicitar a la ponente por su documento. 
Ya ha expuesto el escándalo: el 18% de la población europea vive por debajo del límite de la pobreza relativa. 
Éste no es solamente un tema para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, éste es precisamente también un tema para nosotros, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, porque estos 65 millones de personas no sólo están excluidas de los recursos, porque no están excluidas de los derechos sociales y culturales, sino porque también se les priva de incorporarse con sus propios talentos a la construcción de esta sociedad y porque se les priva de fomentar sus propios talentos, de desarrollar sus cualificaciones y de ejercer las actividades profesionales para las que están cualificadas. 
Por esta razón, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hemos antepuesto con gran unanimidad a nuestra opinión una concepción básica, en la medida que formulamos que todos deben sentirse capaces de contribuir esencialmente a su subsistencia por medio de su propio trabajo. 
Deberían sentirse capaces de ser cualificados y de adaptar su cualificación. 
Sabemos exactamente que el problema que tenemos ante nosotros no se soluciona mediante una acción única, sino que nos enfrentamos a una situación permanente que en cada nueva ola tecnológica produce de manera recurrente ganadores y perdedores. 
Por esta razón nuestras sociedades deben mantener mecanismos abiertos que permitan integrarse a los afectados. 
Hay tres aspectos, desde nuestro punto de vista: la integración social debe definirse como una tarea transversal y por esta razón, los resultados de nuestros esfuerzos deben ser integrados también en el informe de primavera. 
En segundo lugar, el método de la coordinación abierta debe ser apropiado para que los actores locales y regionales se movilicen y aporten su contribución. 
En tercer lugar, como se acordó en Lisboa, los Estados miembros deben ponerse de acuerdo definitivamente en targets y benchmarks concretos a fin de que el Parlamento pueda asumir también su papel de vigilante y su papel de impulsor en este proceso. 
Señor Presidente, señor Comisario, mi Grupo político recibió con especial satisfacción la propuesta de establecimiento de un programa comunitario para la lucha contra la exclusión social, y consideramos que esta propuesta constituye un hito en la comprensión, análisis y tratamiento de este extendido y profundo fenómeno que flagela a todas las sociedades europeas, y que, además, presenta hoy nuevas formas, relacionadas con las nuevas realidades económicas y tecnológicas, ante las cuales muchos gobiernos parecen mostrarse confundidos, con la consiguiente lentitud en la toma de conciencia y en el tratamiento adecuado de los problemas sociales provocados por estos grandes cambios. 
Hemos apoyado los rasgos característicos del programa, como son el tratamiento multidimensional del fenómeno, las medidas sobre la salud, la educación, la vivienda, la coherencia y la complementariedad con otras políticas afines, así como la participación de las organizaciones no gubernamentales, y de las propias personas afectadas por la exclusión social. 
Hemos apoyado el aumento del presupuesto hasta los 100.000.000 y hemos concedido gran importancia a la necesidad de que el programa se aproxime a los ciudadanos. 
Es una excelente oportunidad para que los ciudadanos europeos sientan que la Europa social está naciendo y que no es un mero eslogan o un deseo, sino una realidad. 
De este modo, hemos prestado particular atención a la necesidad de colaboración con los agentes a escala local, regional y transnacional. 
La Comisión de Igualdad de Oportunidades ha subrayado la necesidad de tomar en consideración en el programa que las mujeres están particularmente expuestas a la exclusión social; principalmente, ciertos grupos de mujeres, como son las emigrantes, las mujeres con discapacidades, las mujeres desempleadas, las mujeres que carecen de una formación profesional adecuada a las exigencias actuales, las mujeres que se enfrentan solas a las cargas familiares. 
Y el problema no es sólo que estos grupos de mujeres se hayan desgajado del tejido social, sino que encuentran además dificultades importantes para cumplir los requisitos que les exige ahora su inserción. 
Seguiremos con especial atención, señor Comisario, la aplicación del programa, y su valoración, porque creemos que contribuirá a la consecución del objetivo al que todos servimos, el objetivo de la Europa social, de la Europa de los ciudadanos. 
El debate se interrumpe en este punto y se reanudará a las 21.00 horas. 
Actualización de los programas de estabilidad de Alemania, Finlandia y Países Bajos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la Comunicación de la Comisión sobre las recomendaciones de la Comisión acerca del dictamen del Consejo sobre la actualización de los programas de estabilidad de Alemania, Finlandia y Países Bajos. 
. Señor Presidente, la Comisión ha adoptado hoy tres recomendaciones con vistas a sendos dictámenes del Consejo sobre los programas de estabilidad actualizados en Alemania, los Países Bajos y Finlandia; son los primeros que se han presentado actualizados de la ronda de los años 2000-20001. 
Como recordarán sus Señorías, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece una supervisión reforzada y continua de la situación presupuestaria de los Estados miembros durante la tercera fase en la Unión Económica y Monetaria. 
El elemento central de este proceso de supervisión son los programas de estabilidad, que los Estados miembros de la zona euro tienen que presentar cada año. 
Los países no miembros de la zona euro presentan sus programas de convergencia, que en gran medida, son similares a los programas de estabilidad, aunque los objetivos que se pretenden conseguir sean distintos. 
En los programas de estabilidad se incluyen las estrategias a medio plazo en materia de finanzas públicas. 
¿Cómo conseguir una situación presupuestaria a medio plazo próxima al equilibrio con superávit? 
El objetivo, como ustedes recordarán, de esta iniciativa es intentar crear el margen suficiente para que, en caso de situación de crisis, el déficit público no supere el déficit presupuestario al 3% de referencia del PIB, que evidentemente podría llegar a alcanzarse en una fase de crisis. 
Esto quiere decir que tenemos que aprovechar las fases ascendentes del ciclo para devolver la situación a un equilibrio o un superávit. 
En la actualización de los programas cada año, los Estados miembros incluyen un año adicional en el programa, analizan la política presupuestaria aplicada durante el año anterior, explican y describen las medidas de política presupuestaria que han adoptado y también revisan sus previsiones y objetivos presupuestarios. 
Es la segunda vez que actualizamos estos programas; lo hicimos ya en el año 1999, lo volvemos a hacer ahora, en el año 2000, incluyendo un año más. 
Sobre la base del documento presentado por los Estados miembros, la Comisión hace la evaluación correspondiente y, a partir de ella, el Consejo puede adoptar la recomendación que la Comisión presenta. 
Es verdad que para llevar a cabo este proceso, previamente, el Comité Económico y Financiero presta especial atención al análisis de la recomendación de la Comisión y de los programas en sí mismos. 
Dentro de este marco, y para mantener informado al Parlamento, la Comisión considera imprescindible darle cuenta también de la situación en la que se encuentra el proceso. 
Dentro del procedimiento anual regular de evaluación presupuestaria, la Comisión tiene también la posibilidad de formular recomendaciones- éstas de naturaleza distinta a la anterior- que pueden, en su caso, poner de relieve el incumplimiento de la situación de déficit por parte de algunos Estados miembros. 
La utilización de este instrumento de coordinación de las políticas económicas, hasta ahora, no ha sido necesario; hasta ahora, el cumplimiento presupuestario está funcionando de acuerdo con lo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Cada vez son más los Estados miembros que están alcanzando situaciones presupuestarias equilibradas o incluso claramente positivas en términos presupuestarios. 
Esto nos ha llevado a una reflexión distinta y a preguntarnos si ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha agotado con la consecución del objetivo cuantitativo de una determinada cifra final, o si conviene introducir otros aspectos referidos a la calidad de las finanzas públicas en los próximos programas. 
La Comisión ha optado por esa segunda posibilidad; de ahí que, en estos momentos, valoremos también en nuestra evaluación anual otros aspectos que en el pasado no considerábamos: en primer lugar, la orientación política presupuestaria de cada uno de los Estados miembros en función de la situación cíclica en la que se encuentra, es decir, si este tipo de medidas presupuestarias tienen carácter procíclico o anticíclico y en qué medida ayudan a la situación del mercado o crean tensión en su seno. 
En segundo lugar, intentamos evaluar también en qué medida los recortes presupuestarios, la reducción de impuestos son coherentes, de acuerdo con una serie de principios que puedan permitirnos adoptar una posición común en este punto. 
En tercer lugar evaluamos- y la cuestión es muy importante -, en qué medida hay una reestructuración del gasto público que sea favorable al crecimiento, a la producción y, por lo tanto, que evite tensiones inflacionistas en el futuro. 
Finalmente valoramos en qué medida los presupuestos nacionales que se presentan cada año son compatibles con estrategias más ambiciosas a medio plazo en cuanto a las finanzas públicas. 
En ese sentido, por ejemplo, problemas como el envejecimiento de la población adquieren cada vez mayor importancia. 
A este respecto simplemente recordaré que el último Consejo Ecofin ha solicitado de la Comisión que, a partir del próximo año, se incluya ya en la evaluación de los programas de estabilidad precisamente este aspecto de largo plazo de las finanzas públicas relativo al envejecimiento de la población. 
En los tres programas que ahora comentaré, uno de ellos, el de los Países Bajos incluye ya en un anexo un análisis específico sobre este problema concreto. 
Me voy a referir ya, de forma muy rápida, a los tres programas recientemente actualizados. 
En primer lugar, los tres Estados miembros cuyos programas de estabilidad ha examinado hoy la Comisión han realizado avances muy significativos hacia el establecimiento de unas haciendas públicas saneadas desde 1997, año en que adoptaron sus decisiones para entrar en la moneda única; de hecho, Finlandia ya pasó a tener una situación de superávit presupuestario en 1998 y los Países Bajos lo hicieron en 1999. 
En sus nuevos programas, que abarcan hasta el 2004, Finlandia se propone mantener un superávit presupuestario superior al 4% del PIB; los Países Bajos lograrán pequeños superávits, que podrían ser mayores en función de la senda de crecimiento que siga su economía y de algunas decisiones de política económica aún pendientes de adopción; el caso de Alemania es distinto: se acercará paulatinamente al equilibrio global. 
Pero en los tres casos existe un margen suficiente para absorber el efecto de las fluctuaciones del ciclo económico; dicho en otros términos, en los tres casos se podría hacer frente a una situación de crisis, si ésta se produjera, sin superar el 3% del límite máximo de desequilibrio presupuestario. 
Los tres países se proponen introducir importantes reducciones de impuestos en 2001 y en años posteriores, recortes tributarios que van a reducir la presión fiscal sobre el factor trabajo y fomentar el empleo y la inversión, por lo que son positivos y necesarios siempre y cuando se mantenga la estabilidad de las finanzas públicas. 
En Alemania y en los Países Bajos se prevé un deterioro de la situación presupuestaria para el próximo año como consecuencia de estas reducciones de impuestos. 
Este tema es especialmente importante en el caso alemán, ya que supone una interrupción en la senda de reducción gradual del déficit público. 
Es evidente que una de nuestras preocupaciones respecto al programa alemán es insistir en que esta modificación de la tendencia sea sólo cuestión de un año puntual, como consecuencia de la reducción de estos impuestos y no tenga efectos futuros. 
En el caso de los Países Bajos, la Comisión está preocupada por otros temas, como la adecuación del policy mix, y por los riesgos asociados a los efectos de la incitación fiscal de los recortes tributarios en una coyuntura de fuerte crecimiento económico, que podría crear en los Países Bajos una situación de recalentamiento. 
Nuestro mensaje básico es, por tanto, que el margen para realizar reducciones tributarias tiene que ser complementado con un estricto control del gasto público. 
Alemania y los Países Bajos han obtenido este año unos ingresos sustanciales por la venta de las licencias de telefonía móvil de tercera generación. 
En el caso de Alemania, por ejemplo, representa un 2,5 % del PIB y en el caso de los Países Bajos, un 0,7 % del PIB. 
Ambos países han hecho de forma muy coherente una utilización correcta de estos ingresos utilizándolos para reducir la deuda pública. 
Debido a este factor y, sobre todo, a unos mejores saldos presupuestarios y a un crecimiento económico más fuerte, las proporciones de deuda pública seguirán una clara tendencia a la baja en los próximos años. 
Este año se espera, por ejemplo, que Alemania baje esta proporción hasta el nivel de referencia del 60% del PIB y que los Países Bajos lleguen a una proporción inferior a ese nivel en este mismo año. 
En el caso de Finlandia, la situación de deuda pública es ya muy inferior a ese objetivo y además se sigue reduciendo de forma constante. 
Esta evolución de la deuda lleva a unos menores pagos de intereses, que a su vez contribuirán a disponer del marco necesario para proceder a recortes tributarios y, en algunos casos, a incrementos específicos de gasto público. 
Una de las características positivas del programa de los Países Bajos es la atención especial que presta- como he dicho antes- al impacto del envejecimiento de la población en la hacienda pública durante los próximos años. 
Éste es un problema que, en mayor o menor medida, se va a plantear también en otros Estados miembros, como se puso de relieve en las últimas reuniones del Eurogrupo y del Consejo Ecofin. 
Habida cuenta de que los costes aumentarán en el futuro, habrán de adoptarse en breve algunas decisiones con el fin de contenerlos y asegurar su gestión a largo plazo. 
El Gobierno de los Países Bajos deberá tomar, sobre la base de su propio programa, importantes decisiones acerca de la utilización de sus márgenes presupuestarios y sería conveniente que empleara estos recursos para acelerar la reducción de la deuda pública, lo que le permitiría tener mayor margen para hacer frente a estos problemas en el futuro. 
Los ambiciosos objetivos de superávit presupuestario del Gobierno finlandés ya están motivados en gran parte por este factor envejecimiento al que anteriormente he hecho referencia. 
Esperamos también que la próxima actualización del programa de estabilidad de Alemania preste más atención a este aspecto, teniendo en cuenta el impacto de la reforma de las pensiones que se está llevando a cabo. 
La Comisión, por último, se felicita por la rápida presentación de sus programas actualizados por parte de Alemania, los Países Bajos y Finlandia. 
En estos dos últimos países los programas se adoptaron al mismo tiempo que las propuestas presupuestarias para el próximo año, lo que en opinión de la Comisión constituye una práctica más adecuada que las anteriores, cuando conocíamos estas puestas al día después de la presentación de los presupuestos de cada país. 
Esto garantiza que las decisiones presupuestarias anuales se adopten dentro de un marco estratégico plurianual y proporciona a las instituciones comunitarias una visión global actualizada, basada en los datos más recientes, sobre la situación económica de cada país. 
La Comisión recomienda, por tanto, a los restantes Estados miembros que aún están elaborando sus actualizaciones que sigan este ejemplo, no en este año, en que desgraciadamente ya no podrá ser, sino en años próximos. 
Estos son los comentarios fundamentales que quería hacer respecto a los tres programas que hoy presentamos. 
Estoy a su disposición para cualquier comentario adicional, para escuchar sus opiniones y responder, en su caso, a sus preguntas. 
Señor Presidente, señor Comisario, le estamos agradecidos por el informe que usted nos ha dado sobre la evolución del endeudamiento neto en la Unión Europea. 
Creo que visto globalmente se puede extraer un balance positivo. 
Cuando se redactó el Tratado de Maastricht se partió de que el endeudamiento nuevo máximo ascendería al 3%. 
Si se toma el promedio de Eurolandia ha retrocedido hasta un valor que ronda el 1% y nos movemos hacia presupuestos equilibrados, es decir, nos movemos en la dirección correcta. 
Señor Comisario ¿no está usted preocupado por el hecho de que, al parecer, en la República Federal de Alemania el próximo año este neoendeudamiento neto, en vez de reducirse, crecerá una vez más en un 0,5 por ciento y esto a pesar de que gracias a las licencias de UMTS ha caído algo así como una lluvia templada sobre las finanzas de la República Federal de Alemania? 
Observamos que en el mayor país de la zona del euro se está dando esta tendencia, mientras que en Holanda y en Finlandia se ha conseguido ya lo que nosotros exigimos, es decir, excedentes para cancelar las deudas demasiado elevadas. 
Le formulo una vez más la pregunta: ¿No está usted preocupado por esto? 
Quisiera decir enérgicamente una vez más que nosotros, los del Partido Popular Europeo, consideramos que junto a la independencia del Banco Central Europeo la aplicación consecuente del factor de estabilidad y de crecimiento es uno de los fundamentos esenciales de la estabilidad de los precios en Europa. 
. Señor Presidente, es cierto- como he dicho antes- que éste es uno de los puntos que señalamos en el caso Alemania, en el que hay dos elementos de interés. 
Por una parte, las licencias de UMTS- como decía anteriormente- se han dedicado a la reducción de la deuda, lo que permite que la deuda pública se sitúe prácticamente al nivel del 60 %. 
Por razones de técnica contable, los ingresos procedentes de las licencias móviles de tercera generación también tienen que considerarse para la reducción del déficit. 
Por esa razón, la resultante presupuestaria para el año 2000, en el caso alemán, dará una situación de superávit de un punto y medio del Producto Interior Bruto. 
Si deducimos de este punto y medio los ingresos procedentes de las licencias de móviles, quedamos en una situación de un déficit presupuestario del 1 %, que es la cifra que nos sirve para el programa de estabilidad. 
Por lo tanto, tendremos una situación- para responder a su pregunta- de un déficit en 1999 del 1,4 %, de un déficit del 1 % en 2000 y- como usted bien dice- en 2001 vuelve a subir el déficit, en vez de reducirse, al 1,5 %. 
¿Por qué razón la Comisión acepta este incremento de reducción del déficit? 
Fundamentalmente por el impacto positivo que las medidas fiscales puedan tener en Alemania. 
Alemania tiene una carga fiscal superior a la media. 
El conjunto de medidas fiscales adoptadas por Alemania afectan más a la parte de la oferta de la economía que a la parte de la demanda, tendrán un cierto impacto también sobre la demanda y pensamos que van a permitir el incremento del potencial de crecimiento de la economía alemana a medio plazo. 
Por esa razón consideramos que, a pesar de la marcha atrás que suponen respecto a la situación anterior, estas medidas son positivas. 
Sin embargo, y eso lo dejamos de forma muy explícita establecido en el programa, nos preocupa especialmente esta marcha atrás y somos conscientes de que estas marchas atrás hay que recuperarlas posteriormente. 
De ahí que insistamos ante el Gobierno alemán en que tenga especial cuidado, al elaborar los programas de trabajo para 2002, en el incremento de ingresos, en la reducción de gastos para que vuelva a obtenerse una reducción del déficit presupuestario. 
De acuerdo con el programa actual, el déficit presupuestario bajaría en 2002 al 1 %, en 2003 al 0,5 % y Alemania estaría en una situación de equilibrio presupuestario en el año 2004. 
Algo más tarde y con un cierto cambio respecto a lo que nos hubiera gustado, pero, en todo caso, con margen suficiente para que no tenga dificultades en caso de que exista crisis económica. 
Señor Presidente, también me parece estupendo observar la buena marcha que siguen las finanzas públicas de los países afectados, no obstante, me he dado cuenta de que muchas personas están nerviosas ante cómo evoluciona la estabilidad de precios en Europa. 
Mencionan que en uno de los países más grandes de Europa, que también es uno de los más importantes para la economía europea, es decir, Alemania, se corre el riesgo de acabar entrando en lo que parece una etapa de sobrecalentamiento de su economía. 
Me gustaría escuchar su valoración de la evolución de la inflación en Alemania y preguntarle su opinión sobre si la evolución de la inflación dentro de la UE es en general motivo de preocupación. 
. Al hablar de recalentamiento, me refería más bien a las economías de Holanda y Finlandia que a la economía alemana. 
El problema del recalentamiento no se plantea de la misma forma en Alemania que en estos países. 
Hay preocupación por la inflación, sin duda alguna. 
No hay que olvidar que hemos tenido un doble impacto negativo en el último período, como consecuencia de que en algo más de un año se han triplicado los precios del petróleo. 
Si a ello unimos la evolución del tipo de cambio del euro respecto al dólar, hemos tenido un claro impacto negativo en términos de inflación. 
Como su Señoría conoce, en estos momentos estamos en una cifra de inflación del 2,8 %, claramente superior a nuestro objetivo en los términos definidos por el Banco Central. 
Sin embargo, la inflación subyacente todavía se encuentra en el 1,4 %, es decir, que podemos considerar que el petróleo es la causa básica y fundamental de esta situación. 
¿Cuáles son nuestras perspectivas de inflación? 
Podré comentar con sus Señorías el tema con más detalle a partir del día 22, en que presentamos nuestras perspectivas económicas para el año próximo, pero, de acuerdo con nuestras primeras aproximaciones, en el año 2000 acabaremos con una inflación media algo superior al objetivo de inflación previsto en el Banco Central, aunque claramente superior a lo que habíamos previsto en nuestras perspectivas del mes de abril- habíamos hablado entonces del 1,8 %-. 
En el año 2001 serán superiores a las perspectivas que también habíamos definido en primavera, alrededor también del 1,8 o del 1,7 %. 
Sin embargo, se aproximará mucho más como media al 2%, que es el objetivo- como he dicho antes- de la política monetaria del Banco Central. 
Todo esto se producirá evidentemente si no tenemos nuevas sorpresas en cuanto a los precios del petróleo y al tipo de cambio del dólar. 
Señor Comisario, en su intervención usted ha insistido mucho, en mi opinión, muy acertadamente en el problema del envejecimiento de la población en los tres Estados en cuestión, así como en los restantes Estados europeos, y ha dado alguna indicación acerca de la necesidad de hacer frente al problema del envejecimiento de la población y, por ende, al problema de la deuda de la seguridad social que gravita y gravitará cada vez más como una pesada incógnita sobre el saneamiento de las finanzas públicas de los Estados europeos. 
En el boletín del pasado mes de julio el Banco Central Europeo indicó una vía en la reforma de los regímenes de seguridad social, esto es, el paso del actual sistema de reparto a un sistema de capitalización también en lo que se refiere al seguro obligatorio que pueda liberar recursos y, en perspectiva, garantizar la sostenibilidad de los regímenes de seguridad social europeos. 
Señor Comisario, me gustaría saber si la Comisión hará alguna propuesta al respecto o no. 
. Señor Presidente, muchas gracias Sr. Della Vedova. 
La Comisión planteó en su momento y el Consejo Europeo de Lisboa aceptó la necesidad de analizar en profundidad el problema del envejecimiento de la población en Europa; de hecho, con cooperación de la Comisión, el Comité de Política Económica ha estado trabajando durante los últimos meses sobre este tema. 
En el último Ecofin se ha presentado un informe del Comité de Política Económica en el que, como rasgo general, se puede destacar que hay un problema de envejecimiento en general en Europa, no exactamente igual en todos los países; hay diferencias muy importantes en países como Irlanda, por ejemplo, con población muy joven y con un margen todavía de incremento de la tasa de actividad, respecto a países con tasas de actividad más alta y poblaciones más envejecidas. 
El informe pone de relieve que las reformas realizadas hasta ahora en los regímenes de seguridad social están ayudando a mejorar la situación. 
Pone de relieve también que las reducciones de la deuda, en la medida en que puedan permitir la reducción del déficit futuro, pueden ayudar a resolver la situación. 
Como término medio, quiero señalarle que para los próximos veinte años la situación varía en cada país, pero supone un incremento en el déficit público de entre el 2% y el 7% adicional, según las características de cada país; sin embargo, estos dos elementos no serán suficientes para hacer frente al problema. 
En cuanto a la solución que se puede adoptar, evidentemente será una decisión nacional en cada uno de los países miembros; la Comisión no hará ninguna propuesta al respecto. 
En estos momentos, la impresión que yo tengo es que las fórmulas que se están utilizando en los diferentes países miembros van en tres direcciones. 
Van, por una parte, hacia la búsqueda de algún sistema de financiación de los sistemas de reparto que pueda implicar algún elemento de capitalización; he hecho referencia antes, por ejemplo, al sistema holandés que tiene ya claros elementos de capitalización. 
Van también en el sentido de hacer compatible un sistema público de reparto con sistemas privados de capitalización y, evidentemente, son compatibles también con apoyos para la creación de fondos de inversión específicos que puedan obtener ventajas fiscales a largo plazo y que puedan ayudar a hacer frente al problema del envejecimiento. 
Pero, al final, será la decisión de cada país miembro la que prevalezca, dado que éste es un tema de la responsabilidad, como he dicho antes, de cada uno de ellos. 
Gracias, señor Comisario. 
EEB y prohibición de las harinas animales en la alimentación de todos los animales 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre EEB y prohibición de las harinas animales en la alimentación de todos los animales. 
- (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, cumplo con el deseo de ustedes de oír a la Presidencia, con ocasión de este Pleno, sobre la actualidad, en Francia y en Europa, de la prevención y de la lucha contra la enfermedad de la vaca loca. 
Como ustedes saben, el Gobierno francés aprobó ayer un refuerzo del dispositivo nacional de seguridad sanitaria, incluyendo la suspensión del uso de las harinas de origen animal en la alimentación de cerdos y de aves de corral. 
Yo mismo estaba junto al Primer Ministro, el Sr. Jospin, quien anunció dicho plan de acción. 
El Consejo de la Unión Europea asume un papel activo, con este Parlamento y la Comisión Europea, en la actualización y refuerzo constante del dispositivo europeo de prevención y de lucha contra dicha enfermedad. 
Creo que ustedes deseaban que hoy nos refiriéramos a estos dos capítulos: a la actualidad de la lucha contra la EEB en Europa y a sus desarrollos en Francia. 
Empezaré, pues, por confirmarles el conjunto de las disposiciones aprobadas ayer por el Gobierno francés, para referirme luego a las iniciativas adoptadas por la Presidencia y a los desarrollos comunitarios en curso. 
Es importante, en efecto, reconsiderar con ustedes la actualidad de la lucha contra la EEB en el marco más general del desarrollo de la seguridad alimentaria en Europa. 
El Gobierno francés, pues, anunció ayer, en París, un refuerzo del dispositivo nacional de seguridad sanitaria. 
Este plan de acción, que responde a una exigencia del gobierno, se basa en la primacía de la salud pública y de la transparencia. 
Ante una situación de incertidumbre y un mayor riesgo potencial para la salud pública, deben adoptarse todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, y revisarse permanentemente a medida que avanzan los conocimientos y las opiniones científicas. 
El tercer principio que nos guía, pues, es el principio de cautela. 
Ha resultado necesaria una etapa suplementaria de protección. 
En efecto, existen dos elementos reales que han provocado algunas preocupaciones con respecto a las harinas a base de carne en la alimentación animal. 
La aparición, en primer lugar, de casos de EEB en los rumiantes nacidos después de la prohibición de las harinas. 
La hipótesis de una contaminación accidental cruzada o fraudulenta de estos animales por las harinas a base de carne se abre camino. 
En segundo lugar, un informe hecho público en el Reino Unido ha permitido valorar las dificultades de control del uso de dichas harinas. 
Hay que añadir, más allá de las cuestiones sanitarias, que para el consumidor, estas harinas simbolizan los excesos de cierto modo de producción agrícola, impuesto desde hace 40 años, que ha permitido garantizar el abastecimiento de productos alimenticios baratos, pero que también ha mostrado sus límites y que se ha puesto en tela de juicio en estos últimos años. 
Por eso el Gobierno francés ha decidido suspender el uso de harinas de carne y huesos en la alimentación de los cerdos, las aves de corral y los peces, así como de los animales domésticos. 
Sólo las harinas de pez pueden seguir siendo administradas a los peces. 
Al mismo tiempo, la Agencia francesa para la seguridad sanitaria de los alimentos realiza una nueva evaluación científica del posible riesgo sanitario relacionado con estas harinas, habida cuenta de la evolución de los conocimientos y de la eficacia de las medidas dirigidas a restablecer la seguridad. 
Paralelamente, el Gobierno francés prosigue con las medidas de retirada de los tejidos de riesgo. 
De conformidad con las recientes recomendaciones científicas, ha decidido proceder a la retirada de las columnas vertebrales. 
Siguiendo una sugerencia de la Agencia nacional de evaluación científica independiente, la AFSSA, el gobierno ha decidido prohibir el "T-bone". 
Las vértebras bovinas también estarán excluidas de la fabricación de gelatina y sebo, y se revisará el conjunto de la organización de la matanza, a fin de hacer más seguras las operaciones de despiece. 
Se reforzarán los medios de control en el conjunto de la cadena alimentaria. 
Francia, además, ha lanzado un importante programa de 48.000 tests entre las poblaciones bovinas de riesgo, de los que 8.000 entran en el ámbito de competencia del programa comunitario. 
Ya se ha decidido extender dicho programa a todo el territorio nacional. 
Al mismo tiempo, los tests se practicarán igualmente de manera aleatoria en los bovinos que entran en la cadena alimentaria. 
Proponemos a la Comisión Europea y a nuestros socios de la Unión que preparen la extensión de los tests a escala europea, en función de las recomendaciones científicas. 
Un capítulo específico lo constituye la forma humana de la enfermedad y las actividades sanitarias. 
Se aplicará de inmediato un programa para reforzar las desinfecciones y esterilizaciones de los dispositivos médicos de uso del material desechable en los hospitales. 
Se está efectuando una revisión de las medidas de precaución y de protección respecto de la fabricación y el uso de los productos sanguíneos. 
Se prestará especial atención a las condiciones de higiene y de seguridad de los trabajadores de las instalaciones de que se trate. 
Los progresos de la investigación son decisivos para mejorar el conocimiento, la prevención y el tratamiento de la EEB. 
Por eso continuarán y se ampliarán los esfuerzos realizados desde 1997 en materia de investigación. 
La disminución actual del consumo de carne de bovino se traduce por un desequilibrio importante del mercado. 
Deben crearse herramientas de apoyo al sector bovino para hacer frente a esta crisis. 
Francia ha pedido que la situación del mercado de la carne de bovino se inscriba en el orden del día del Consejo de Agricultura, que se celebrará en Bruselas, los próximos 20 y 21 de noviembre. 
Ya ha pedido la activación del dispositivo de almacenamiento privado establecido por la OCM de la carne de bovino. 
No hay que excluir el hecho de ir más allá respecto del dispositivo de intervención, y estudiar si las posibilidades de producción de proteaginosas en Europa pueden incrementarse. 
Este plan de acción nacional, anunciado por el Primer Ministro Lionel Jospin, ayer en París, se basa en el hecho de que la seguridad alimentaria constituye una exigencia legítima de los consumidores y de que orienta permanentemente la acción del gobierno, que seguirá garantizándola con una firme vigilancia. 
Tengo la convicción de que esta preocupación es totalmente compartida por las instituciones europeas, bien se trate del Parlamento Europeo, señora Presidenta, de la Comisión o del Consejo, y que está orientada a inscribirse plenamente en el contexto europeo. 
Hoy mismo en Bruselas, los expertos del Comité Veterinario Permanente de la Comisión Europea están reunidos para preparar las modalidades de una ampliación del programa europeo de realización de tests preventivos en los bovinos. 
Esta reunión de expertos veterinarios en el seno de la Comisión Europea es particularmente útil para efectuar el balance con miras al próximo Consejo de Agricultura que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre, bajo la presidencia de mi colega y amigo Jean Glavany. 
En este preciso momento, dicha reunión permite, en efecto, comparar las experiencias y los enfoques respecto al programa de tests, a la prohibición de las harinas animales y a las demás disposiciones que pueden reforzarse en el plano europeo. 
Los resultados de este primer debate se presentarán en el Consejo del 20 de noviembre. 
El reto consiste en restablecer la confianza de los consumidores europeos en la carne de vaca. 
Por otro lado, la Presidencia decidió, en esta misma sesión, celebrar un debate abierto sobre la seguridad alimentaria, basándose en los trabajos actualmente en curso, en el desarrollo de la crisis y en las recientes propuestas de la Comisión sobre higiene y derecho alimentario, así como la creación, en particular, de una Autoridad europea alimentaria. 
Es preciso recordar que actualmente se están discutiendo varias propuestas reglamentarias, que ayudarán a reforzar la eficacia y la pertinencia del dispositivo comunitario y, por consiguiente- así lo espero -, la confianza de los consumidores. 
Deseo recordarles que el Consejo está examinando un proyecto de texto-marco sobre la lucha contra las EEST, con el objetivo llegar a un acuerdo en el Consejo de Agricultura de diciembre. 
Dicho texto tiene como objetivo principal crear la base jurídica que permita adoptar, en el marco de un texto único, toda una serie de medidas de vigilancia epidemiológica, de control sanitario y de prohibición de los tejidos de riesgo, pero también las medidas relativas a la comercialización, a los intercambios, a las importaciones y a las exportaciones de animales vivos y de sus productos. 
El conjunto de estas medidas atañe, sin distinción, a la EEB bovina y ovina, así como a la tembladera de los pequeños rumiantes. 
El campo de dichos dispositivos afecta a la alimentación humana y animal, puesto que los demás capítulos de la problemática de las EEST son competencia de las legislaciones sectoriales (medicamentos, cosméticos y demás). 
Asimismo, la Comisión ha propuesto medidas sobre higiene alimentaria, cuyo examen ha iniciado tanto el Consejo como el Parlamento. 
La reciente propuesta de la Comisión sobre derecho alimentario y la creación de una Autoridad europea alimentaria será objeto de un debate a fondo en el Consejo de Mercado Interior, Consumidores y Turismo del 30 de noviembre, que yo presidiré, tendente a definir las líneas maestras que orientarán el funcionamiento de dicha Autoridad. 
Creo, en efecto, que el debate abierto sobre seguridad alimentaria, que tendrá lugar la semana próxima en el Consejo de Agricultura, demostrará claramente, entre otros elementos, que la evaluación científica constituye una pieza maestra del dispositivo europeo en materia de seguridad alimentaria. 
El Parlamento se ha expresado recientemente sobre el Libro Blanco de la Comisión, que prefigura la definición de dicha Autoridad. 
No dudo que el calendario parlamentario tendrá en cuenta la necesidad de avanzar con mayor rapidez para que, como lo propone la Comisión, dispongamos en Europa de una Autoridad europea alimentaria a partir de 2002. 
Tan pronto como la Comisión hubo presentado la propuesta por la que se creaba la Autoridad europea alimentaria, el 8 de noviembre, la Presidencia inició los trabajos del Consejo. 
Los días 9 y 14 de noviembre tuvieron lugar dos reuniones del grupo del Consejo en preparación del debate de orientación que, a su vez, se celebrará el 30 de noviembre en el Consejo. 
La misión de la Autoridad europea alimentaria consistirá ante todo en proporcionarnos dictámenes científicos independientes de alta calidad sobre todas las cuestiones que afecten directamente a la salud de los consumidores y que resulten del consumo alimentario, lo que cubre todas las fases desde la producción primaria al consumidor final. 
La Autoridad europea alimentaria proporcionará asimismo informaciones claras y accesibles sobre las cuestiones que caen dentro de su mandato. 
Así, la eficacia, la independencia y la transparencia serán los principios clave que guiarán claramente la evaluación del riesgo alimentario en Europa. 
. (EN) Señora Presidenta, me alegra tener ocasión de poner al día al Parlamento sobre los últimos acontecimientos en la actual crisis desatada por la EEB. 
Ya tenía previsto dirigirme al Parlamento sobre el informe Phillips, publicado este mismo mes por el Gobierno del Reino Unido. 
No obstante, los sucesos ocurridos en Francia la semana pasada exigen un adelanto de este debate. 
Sólo alguien que sea peligrosamente complaciente o ingenuo podía creer que habíamos superado con éxito la crisis de EEB. 
Una vez más, se nos recuerda que la EEB no es un suceso que pertenezca al pasado, sino un peligro real y actual. 
El número de casos de EEB detectados en Francia ha experimentado un preocupante incremento durante el pasado año, en parte, debido a la introducción de pruebas selectivas. 
Asimismo, la comercialización de carne de vacuno procedente de una cabaña que, según pudo descubrirse, estaba incubando un caso clínico de EEB desató los temores del público acerca de la idoneidad de los controles para proteger la salud pública. 
Es evidente que debemos examinar estos acontecimientos y sacar las conclusiones pertinentes. 
Este proceso debe comenzar con un análisis de los hechos. 
La actual incidencia en Francia es del orden de 7 casos por millón de reses de más de un año de edad. Índice muy por debajo del criterio internacional de 100 casos por millón, que se utiliza para definir a los países con una incidencia alta. 
No obstante, esta incidencia relativamente baja no es motivo para sentirnos satisfechos. 
Lo cierto es que la incidencia va en aumento en varios Estados miembros. 
Ante la falta de pruebas claras y transparentes de un descenso de la incidencia de EEB en todos los Estados miembros, debemos extremar la vigilancia. 
Y lo que es más importante, debemos aprender de esta última experiencia. 
Permítanme exponer brevemente mis principales observaciones en este sentido. 
Primero, el aumento de la incidencia de EEB en Francia es debida, en buena medida, a la introducción por parte de las autoridades de pruebas al azar, a raíz de la decisión de la Comisión de exigir a todos los Estados miembros la introducción de este tipo de pruebas antes del 1 de enero de 2001. 
Todos los Estados miembros deberían seguir el ejemplo francés. 
Segundo, no está de más insistir en la necesidad absoluta de que se apliquen controles estrictos de EEB. 
Lo cierto es que existe una serie de controles estipulados en la legislación. 
Si se respetan y aplican estos controles, el riesgo para la población se reduce a un mínimo. 
Volveré sobre este punto más adelante. 
Tercero, debe existir total transparencia sobre nuestro modo de enfocar la EEB. 
La reacción de los consumidores ante la EEB ha sido descrita indistintamente como psicosis, irracional o presa del pánico. 
La falta de claridad y transparencia en el tratamiento de este problema ha contribuido enormemente a esta desafortunada situación. 
Por último, no debemos olvidar el enorme progreso que hemos realizado en los últimos años, en particular, durante el año pasado, en lo relativo a la creación de un marco comunitario para atajar la EEB. 
Al mismo tiempo, hemos emprendido la tarea de garantizar que existen sistemas comunitarios para prevenir tragedias similares en el futuro. 
Francamente, me decepcionó que en la declaración que hizo ayer el Primer Ministro Jospin no hubiera ningún reconocimiento del papel tan positivo que ha desempeñado la Comunidad durante los últimos años. 
La Comisión, inspirada por este Parlamento, ha sido la fuerza motriz a la hora de impulsar la adopción de medidas para la erradicación de la EEB. 
Y lo hicimos a pesar de la frecuente falta de apoyo de los Estados miembros. 
Esta labor no está completa. 
El Consejo y el Parlamento tienen ante sí en estos momentos importantes propuestas, por ejemplo, sobre despojos animales y sobre encefalopatías espongiformes transmisibles. 
La propuesta adoptada la semana pasada por la Comisión sobre la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria es una iniciativa aún más significativa. 
No debemos permitir que los recientes acontecimientos debiliten este progreso. 
Espero un fuerte respaldo del Consejo Europeo de Niza a las propuestas de la Comisión relativas a la Autoridad europea de seguridad alimentaria, y tomo nota de lo que usted dijo, señora Presidenta, sobre este particular hace muy poco tiempo. 
El Parlamento puede igualmente demostrar su compromiso con la propuesta dándole la mayor prioridad con vistas a su adopción en el plazo más breve posible. 
Volviendo sobre el tema que nos ocupa, los acontecimientos de estas últimas semanas exigen una respuesta inmediata. 
La opinión de la Comisión de que las pruebas selectivas son fundamentales para establecer el verdadero alcance de la incidencia de EEB en la Comunidad ha quedado plenamente justificada por los resultados de la prueba en Francia. 
No obstante, es necesario efectuar dichas pruebas a una escala mucho mayor. 
El público necesita poder confiar en la eficacia de los controles en vigor. 
Las pruebas a gran escala parecen ser ahora el medio más eficaz de proporcionar dicha confianza. 
La Comisión tiene intención de presentar el lunes próximo al Consejo de Agricultura propuestas que darán cumplida respuesta a las exigencias de la sociedad en este sentido. 
El Parlamento Europeo ha sido un defensor coherente y firme de estas pruebas y cuento con su apoyo para el enfoque de la Comisión. 
Las repercusiones que han tenido los recientes acontecimientos sobre las medidas comunitarias relativas a las harinas de carne y hueso también están en el punto de mira. 
Existe la necesidad evidente de encontrar explicaciones al aumento de la incidencia de EEB, no sólo en Francia, sino también en otros Estados miembros. 
Una vez más, el dedo acusador señala en la dirección de las harinas animales contaminadas. 
Francia decidió ayer prohibir, con carácter temporal, las harinas de carne y huesos. 
Siento gran interés por conocer la próxima opinión de la AFSSA, la agencia francesa de seguridad alimentaria, que contribuirá a formar la decisión de las autoridades francesas sobre si debe mantenerse o no esta medida provisional. 
Las pruebas siguen apuntando con fuerza a que el incremento de la incidencia en algunos Estados miembros tiene su origen en el período anterior a la introducción, en 1996 y años posteriores, de los controles reforzados. 
Y desde luego no hay ninguna duda de que los controles en vigor son muy estrictos. 
Por ejemplo: existe la prohibición de alimentar a rumiantes, en particular al ganado vacuno, con piensos a base de harinas animales. 
Los piensos que contienen carne y huesos deben ser tratados, es decir, cocidos a presión, según normas muy estrictas. 
Los despojos de animales enfermos deben ser retirados y destruidos. 
Las medidas de vigilancia activa, entre las que se incluyen las pruebas al azar, se efectúan para prevenir que los animales infectados de EEB entren en las cadenas alimentaria y de alimentación animal. 
No obstante, estos controles sólo pueden ser eficaces si se aplican rigurosamente. 
Numerosas inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión denuncian lagunas en la aplicación de dichos controles. 
En algunos casos, el seguimiento que se les da en los Estados miembros no reviste toda la seriedad que merece, lo cual, francamente, es inaceptable. 
Es inaceptable por motivos de salud pública. 
Además es insensato, porque la alternativa a estos controles conduce hacia la prohibición total de harinas animales, lo que acarrearía enormes consecuencias financieras y ambientales. 
La salud pública y las consideraciones de orden financiero aconsejan, por consiguiente, el cumplimiento estricto. 
La Comisión, por su parte, seguirá insistiendo ante los Estados miembros en la importancia de este asunto. 
La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión ya concede prioridad absoluta a los controles de los Estados miembros en relación con las medidas de protección contra la EEB. 
He pedido a la Oficina Alimentaria y Veterinaria que efectúe, una vez más, una inspección fundamental y exhaustiva en los Estados miembros. 
Por ejemplo, la obligación de separar y destruir los despojos de animales enfermos no entró en vigor hasta el 1 de octubre de 2000, y quiero una confirmación urgente sobre el terreno de que esta obligación se cumple. 
La asistencia del Parlamento en este sentido también sería muy grata, para alertar a la población de los Estados miembros de la importancia de estos controles. 
Por otra parte, el Parlamento y el Consejo tienen ante sí en estos momentos una propuesta relativa a la regulación de los despojos animales. 
Esta propuesta ofrece la oportunidad de poner en vigor un marco amplio que garantice el examen de todos los aspectos relevantes relacionados con los despojos animales. 
Una vez más, espero poder trabajar con el Parlamento para incluir esta propuesta en los estatutos con carácter de urgencia. 
Varios oradores se han referido al tema de la prohibición total de harinas de carne y huesos. 
Permítanme añadir algunos comentarios a lo que he dicho anteriormente al respecto. 
En una situación como en la que nos encontramos, siempre es tentador buscar una solución mágica, una solución que, de un solo golpe, elimine el riesgo y restablezca la confianza. 
He declarado públicamente que seré completamente transparente con los consumidores. 
En mi opinión, esto incluye la responsabilidad de no inducirles a creer que existen soluciones mágicas a un problema muy difícil. 
La prohibición total de harinas animales es un ejemplo de ello. 
Lo único que me preocupa en relación con la utilización de harinas animales es si su consumo para piensos es seguro o no. 
Dejo a otros la tarea de defender las ventajas económicas y ambientales para seguir utilizándolas. 
En lo que respecta a su seguridad, permítanme que repita que ya existe una amplia serie de controles en vigor para garantizar que las harinas animales no representan una amenaza de contagio de la EEB. 
Quizá los rumiantes no puedan consumir dichas harinas y eso ya lo he dicho. 
La opinión científica es que las harinas de carne y huesos producidas en las condiciones estipuladas no encierran peligro. 
Este Parlamento reconoce también que existe un lugar para las harinas de carne y huesos producidas en condiciones seguras. 
El Parlamento así lo reconoció en su informe sobre la EEB de 1997, en el que se decía que el reciclaje de carcasas y despojos, a través de la producción de harinas de carne y huesos para la alimentación animal, ofrece la mejor alternativa por razones de política económica, medioambiental y sanitaria. 
No obstante, como he dicho antes, la seguridad de la utilización de harinas animales está supeditada al cumplimiento de los controles necesarios y a su total aplicación. 
Si existen lagunas en los controles, no hay duda de que tenemos un problema. 
Insisto, una vez más, en que todos los Estados miembros deben aceptar sus responsabilidades en este sentido. 
La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión intensificará sus esfuerzos para que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones. 
Quisiera añadir que si la decisión francesa de prohibir las harinas animales está motivada por los temores sobre la idoneidad de sus controles, es una decisión que respaldo plenamente. 
En este sentido, acojo con satisfacción que el Primer Ministro Jospin anunciará, también ayer, un endurecimiento importante de los controles de la cadena alimentaria, que incluirá un aumento considerable del personal. 
El lunes preguntaré a los Estados miembros si existe el temor de que las lagunas en la aplicación de los controles durante estos últimos años, en contra de la legislación comunitaria en la materia, son un factor en el actual aumento de la incidencia de EEB. 
Por último, señora Presidenta, quisiera añadir que la Comisión ha presentado recientemente al Parlamento una propuesta de reglamento sobre despojos animales por el procedimiento de codecisión. 
Esta propuesta va encaminada a la creación de un marco comunitario que se ocupe de todos los asuntos relevantes por los que se rige el tratamiento de los despojos animales, especialmente, su utilización para piensos. 
Es sorprendente que en las conversaciones que ya se han celebrado sobre esta propuesta con los Estados miembros nadie haya sugerido la prohibición de alimentar a los animales con harinas de carne y huesos como medida necesaria. 
Con esto quiero decir, una prohibición total. 
Por el contrario, la opinión general es que la Comunidad deberá garantizar que en la producción de las harinas animales únicamente se utilizarán los despojos de animales aptos para el consumo humano. 
Queda por ver si se produce algún cambio a la luz de los recientes acontecimientos. 
Permítame recordar, señora Presidenta, en este sentido, que hasta hace cinco meses no conseguí obtener la aprobación del Consejo a la prohibición de utilizar despojos de animales enfermos en las cadenas alimentaria y de alimentación animal. 
Sí, aunque pueda resultar difícil de creer, fueron necesarios cuatro años para aprobar una medida que considero fundamental para la protección de la salud pública. 
Los obstáculos para obtener el apoyo a la prohibición de harinas animales debería ser visto desde esta perspectiva. 
No obstante, quiero asegurarles que si considero que la prohibición de harinas animales en la producción de piensos para todos los animales es una medida necesaria para proteger la salud pública, presentaré una propuesta en dichos términos, cualesquiera que sean los obstáculos. 
El Parlamento tiene ahora la oportunidad de determinar de manera decisiva la dirección que seguirá en el futuro la política en materia de desechos a nivel comunitario. 
En esta propuesta sobre despojos animales, todas las opciones están abiertas, incluida la prohibición total, en caso de que se estime necesaria. 
Espero el informe del Parlamento y las enmiendas y les garantizo mi plena cooperación para apoyar las mejoras que se sugieran. 
Señora Presidenta, no puedo contar, en absoluto, las veces que hemos discutido esto aquí en los últimos cuatro años, las veces que yo he hablado sobre este tema. 
Admiro expresamente su coraje, señor Presidente, el hecho de que usted haya acudido aquí, pues además de las bofetadas retóricas de nuestro colega, el Sr. Boge, seguramente recibirá usted hoy algunas bofetadas más en representación- y lo digo expresamente- de sus colegas del Consejo de Ministros. 
Hemos generado legislación, comenzando con nuestro desvelamiento del escándalo de la EEB, que el Consejo pretendió mantener durante años debajo de la alfombra. 
Hemos generado una legislación que es excelente. 
Quiero enumerarles algunos ejemplos: la prohibición de la alimentación con harina animal en los rumiantes, los métodos de fabricación de harina animal, la retirada de materiales de riesgo. 
¿Dónde estaba el Consejo a la hora de llevar a la práctica esta legislación? 
¿Cuántos golpes en la nariz tuvo que recibir la Comisión en el Consejo hasta que se convirtió en ley la retirada de los materiales de riesgo? 
¿Por qué este Consejo, tan amigo de los consumidores, que ahora hace como si la salud de las personas fuera lo más importante, no estuvo presente antes allí y no dijo que haría esto incluso sin legislación? 
Usted, señor Presidente del Consejo, y todos sus colegas habrían podido decidir en los países miembros que sólo se transformasen en harina animal las partes de animales que fueran aptas para el consumo humano, mucho antes de que la Comisión viniera- algo tarde, lamentablemente- con esta propuesta. 
Ésta podía haber sido una iniciativa de ustedes. 
Realmente me pregunto por qué tuvimos que pelear con el Consejo de Ministros ante el Tribunal de Justicia Europeo sobre el etiquetado de la carne de vacuno. 
También le pregunto, señor Presidente del Consejo, por su referencia a la política francesa, por qué en Francia se ha tardado tanto tiempo en poner en práctica los métodos de fabricación de la harina animal? 
No lo he entendido. 
No he entendido por qué Francia no pudo transponer con más rapidez las disposiciones sobre la presión, la temperatura y el tiempo de calentamiento para la fabricación de harina animal. 
El Sr. Boge lo ha dicho ya- yo mismo y también él fuimos ponentes para el Reglamento- TSE- tuvimos nuestra primera lectura el 17 de mayo. 
¿Dónde está la posición común del Consejo, si esto es tan importante? 
Permítame, señor Presidente del Consejo, una suposición un tanto herética: seguramente usted, como persona, se interesa mucho por la salud de las personas y por la seguridad de los consumidores, pero una y otra vez tengo la impresión de que la ordenación del mercado y los aspectos económicos son considerados con mucha más urgencia por el Consejo; y en cuanto existe, llámela como quiera, una histeria pública, enseguida surge el miedo a que se derrumben los mercados de la carne de vacuno. 
Después se produce una reacción. 
Lo digo, señor Presidente, con una pequeña reserva. Estoy muy curioso por ver cuándo los países que hoy están acordando una prohibición total de alimentar con harina animal abrirán de nuevo la puerta y dirán: ahora hemos producido ya una harina animal segura, ahora podemos volver darla como alimento a los animales. 
Me voy a tumbar absolutamente relajado y esperaré a que usted me diga alguna novedad sobre el asunto. 
Quiero decirles de manera muy clara, queridos colegas, que lo que necesitamos son dos cosas. 
Por un lado, una buena legislación. 
La hemos producido ya en amplios bloques e intentamos ampliarlos más, pues los necesitamos rápidamente. 
De ustedes depende suministrarlos rápidamente. 
Hasta ahora quien frenaba era el Consejo. 
Era un freno muy grande. 
Todos ustedes, los quince, se han subido de pié en este freno. 
Con eficacia, les puedo decir, muy eficientes. 
Una vez que tengamos la legislación, necesitaremos controles. 
Por esta razón, agradezco mucho que en nuestra resolución común, que se aprobará mañana, ojalá que casi por unanimidad, se pida que los países informen de sus controles. 
Quisiera saber cuándo se han llevado a cabo controles de higiene en relación con la fabricación de alimentos animales en Alemania, en Francia, en Suecia, en Austria y cualquier otra parte, cuándo ha habido controles en el ámbito veterinario y cuántos de los pobres veterinarios los promueven o incluso introducen nuevos controles. 
Si todos ustedes piensan esto en serio, no necesitan como excusa una autoridad en materia de alimentos, que quizá puede preparar legislación en materia de seguridad alimentaria, pero no podrá proporcionar lo que nosotros proporcionamos: buena legislación y controles. 
Ésta es su función, señor Presidente del Consejo. 
Celebraría, señora Presidenta, que ésta pudiera ser mi última contribución en esta materia aquí, ante esta Asamblea, pues, realmente, alguna vez llegaremos al final con este tema. 
Señora Presidenta, la prohibición francesa de las harinas animales en los piensos llegó demasiado tarde. 
En esta situación, la única forma de romper el círculo de contagio de EEB es la total prohibición de usar harinas animales en los piensos. 
En tanto no se pueda garantizar que las harinas animales no están libres de contagio, hay que prohibir el uso de toda clase de harinas animales en los piensos. 
No hay que profetizar el pasado, pero me cuesta mucho en este debate no hacer referencia a la situación de comienzos de la década de los noventa, cuando como responsable de las negociaciones agrícolas de Suecia me vi obligado a negociar una excepción, ya que en Suecia estaba prohibido el uso de las harinas animales. 
Nos costó mucho conseguir esta excepción, pero lo logramos, aunque se rieron de nosotros diciendo que las harinas eran totalmente inocuas. 
Hoy ya no se ríen. 
Realmente era como decíamos, señor Presidente del Consejo. 
Usted ha dicho que se debe a una inadecuada forma de producción, que ésa es la razón por la que se han prohibido las harinas animales en Francia. 
Fue por eso que nosotros las prohibimos hace mucho tiempo en Suecia. 
Se demostró que los procesos de producción son efectivamente defectuosos y que hay que combatirlos desde el principio. 
Quisiera subrayar también un par de cosas. En la resolución que espero que sea votada mañana hay algunos puntos muy importantes. 
El primero es que se debe conocer la procedencia de todos los ingredientes de todos los alimentos. 
En una situación como la que se ha producido en Francia, y antes también en muchos otros países, es importante poder decir a los consumidores de dónde provienen los productos y cómo hacer para conocer su origen. 
Esta exigencia es esencial, especialmente tratándose de la EEB. 
En segundo lugar, es importante- cosa que no es una novedad- subrayar que quienes conscientemente permiten que un animal enfermo, o que se sospecha que está enfermo, entre en la cadena alimenticia o de los piensos, comete un acto criminal. 
Todos los productores de alimentos tienen que ser conscientes de esto. 
Evidentemente esto afecta a muchas personas, especialmente a los ganaderos. 
A veces es necesario sacrificar a la totalidad de la cabaña ganadera, lo que constituye un golpe muy fuerte. 
Entonces también conviene recordar que los sistemas nacionales para eliminar esta terrible enfermedad deben contemplar medidas que compensen adecuadamente a los ganaderos. 
En esta materia, quisiera manifestar que el Grupo Liberal ha presentado una enmienda que espero que sea aprobada. 
Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, la Comisión y el Parlamento Europeo deben reaccionar ante la preocupación de los consumidores y de los agricultores europeos en materia de seguridad alimentaria. 
La crisis de las vacas locas constituye hoy un problema de salud pública, por no decir un problema que afecta a toda la sociedad. 
La Comisión y el Consejo no pueden responder, con el corazón en la mano y el principio de cautela en la boca, limitándose a un proceso de "reunionitis" agudo y de decisiones vagas. 
Aun cuando se han aprobado numerosas disposiciones en el plano comunitario, éstas o bien se aplican mal, o bien son insuficientes. 
Hay que presentar, pues, propuestas concretas y dotarse de los medios para aplicarlas. 
Nuestro Grupo solicita, como primera medida, la aplicación inmediata de pruebas de detección sistemáticas de la EEB en todos los Estados de la Unión- empezando por los bovinos mayores de dieciocho meses- y, al mismo tiempo, la suspensión temporal y general del uso de harinas de origen animal en la alimentación de los animales. 
Hoy, señor Böge, quienes pretenden no tener casos de vacas locas en su territorio son aquellos que no los buscan. 
Las prácticas de la agricultura intensiva han sido los mismos en todas partes. 
Por lo tanto, es necesario que contemos con un balance preciso, país por país. 
Nuestro Grupo solicita la prohibición inmediata de las harinas de carne y de huesos para todos los animales mientras los Estados miembros no puedan garantizar la elaboración de leyes sobre la prevención de la EEB y la aplicación rigurosa de las directivas europeas. 
Señor Comisario, señor Ministro, es necesario efectuar un control estricto que garantice la eliminación de los materiales de riesgo en toda la cadena de alimentos para animales. 
Es preciso aplicar asimismo la propuesta de la Comisión consistente en eliminar de los alimentos de los animales las materias de origen animal no aptas para el consumo humano. 
Las harinas de carne y de huesos que se convierten, en gran medida- aunque sólo sea provisionalmente- en un nuevo residuo pueden incinerarse en hornos de cemento o servir para la fabricación de biogás. 
Existen soluciones alternativas para la alimentación de los animales, ya que las harinas sólo representan- a menudo se olvida- una parte reducida de su alimentación. 
El pasto de nuestros prados, el trébol blanco, la alverja- actualmente abandonados por la PAC- pueden aportar soluciones satisfactorias para la seguridad de la alimentación animal y humana. 
Es posible salvar la ganadería si se reforma un sistema económico agrícola que, aún hoy, convierte a los agricultores y a los consumidores en rehenes de multinacionales, que se preocupan más por obtener grandes beneficios que de la seguridad alimentaria. 
Las políticas deben cambiar este estado de cosas para que los verdaderos responsables de esta crisis sean penalizados y para que decisiones precisas permitan dar un primer paso a fin de acabar con esta crisis dramática. 
Este es el sentido de la resolución común. 
Se trata de una gran responsabilidad, pero hemos sido elegidos para asumirla plenamente. 
Señora Presidenta, pienso que la crisis de la vaca loca, que estalló en 1996, nos había revelado la manera en que el ultraliberalismo puede conducirnos a sacrificar la salud de los consumidores y los intereses de los criadores. 
Los trabajos de la comisión de investigación de nuestro Parlamento habían contribuido a la aplicación de medidas para proteger la salud de los consumidores: prohibición de harinas animales para los rumiantes y el etiquetado obligatorio, en particular de la carne de bovino. 
Pero debido a fraudes, negligencias y, además, a una falta de medidas adecuadas, la crisis de la EEB sigue sin poder ser controlada puesto que se han descubierto nuevos casos. 
Evitando caer en la psicosis, reconozcamos que la preocupación de los consumidores es perfectamente legítima. 
Mi Grupo considera que la salud de los consumidores es un imperativo que debe predominar sobre cualquier otra consideración. 
Es urgente, pues, adoptar medidas para tranquilizar a los consumidores, restablecer su confianza en la seguridad de los alimentos. 
No sé si se trata de la panacea, señor Comisario, pero en nombre del principio de cautela, creo que la experiencia obliga a prohibir desde hoy el uso de las harinas animales en la alimentación de todos los animales de cría, incluyendo los cerdos, las aves de corral y los peces. 
Es asimismo necesario extender las pruebas de detección a todos los bovinos que entran en la cadena alimentaria humana. 
La crisis actual ha provocado una baja importante de las ventas y de los precios, perjudicial para los criadores y para todos los actores del sector bovino. 
Es necesario, al mismo tiempo, restablecer la confianza de los consumidores y ayudar a los criadores afectados. 
Son indispensables las ayudas puntuales, tales como el apoyo del mercado o la prima a la utilización de hierba. 
Pero más allá de lo inmediato, ¿no debemos acaso reflexionar sobre los mecanismos de la política agrícola común? 
¿Acaso no son ellos los que plantean problemas? 
Dichos mecanismos han contribuido a una producción superintensiva, perjudicial para el medio ambiente y la calidad de los productos. 
Habría, pues, que revisarlos. 
En el fondo, no estaría mal que los animales volvieran a un alimento más tradicional. 
Me apetece decir: sí, un poco más de pasto. 
Pero la Unión Europea debe también fomentar la producción de oleaginosas y proteaginosas para sustituir las harinas animales por harinas vegetales. 
Para ello, también habría que revisar el acuerdo del GATT de 1993, que prohibe a la Unión Europea producir más del 25% de sus necesidades en proteínas vegetales, para cumplir con las exportaciones norteamericanas. 
Señora Presidenta, señor Presidente, la crisis de la vaca loca se ha transformado en psicosis colectiva. 
La desconfianza justificada de los consumidores amenaza al conjunto del sector bovino y el espectro de la ruina atormenta a nuestros criadores y artesanos. 
Hemos llegado a este punto porque la ineficacia de los gobiernos ha sido amplificada por nuestra propia incapacidad para responder al doble desafío que se nos ha lanzado: un desafío sanitario y un desafío económico. 
No haré la lista detallada de los horrores que se han cometido por unos y otros. 
Creo que el debate que se ha iniciado en nuestra Asamblea, consistente en buscar quién- del Consejo, de la Comisión o de la Asamblea- ha hecho lo más o lo menos, me parece bastante superfluo. 
La realidad es de naturaleza diferente. 
Los hechos están ahí y son abrumadores. 
Conocíamos los peligros de las harinas animales, conocíamos los peligros de los materiales específicos de riesgo. 
Las autoridades científicas habían señalado claramente que el desarrollo de la enfermedad en los bovinos no estaba controlada y habían subrayado el preocupante aumento del número de animales enfermos. 
Creo que la Comisión no ha hecho lo suficiente. 
El etiquetado de la carne de bovino que ha sido aprobado, que es un etiquetado mínimo y que entró en vigor hace sólo dos meses y medio, no permite rastrear adecuadamente el origen de los animales y hemos prohibido muy tardíamente los materiales específicos de riesgo. 
La gestión de la crisis ha estado marcada por una terrible debilidad y la anticipación de sus consecuencias previsibles por una ineficacia trágica. 
¿Dónde están los programas de reducción del déficit de proteínas de la Unión a los que se aludía hace algunos minutos, la incineración de las harinas y de los residuos de animales, la realización de pruebas de detección obligatorias en la Unión? 
En efecto, el problema se plantea al conjunto de la Unión y no a un solo país. 
Es cierto que la calidad alimentaria se ha sacrificado en favor del productivismo, de la estandarización de los hábitos de vida, de los productos sin sabor. 
El consumidor dudaba de la calidad; hoy se preocupa por su propia salud. 
Nuestros conciudadanos saben, ya que no se miente impunemente al pueblo, que la crisis es grave. 
Ellos saben que si, en Francia, descubrimos animales enfermos es porque los buscamos, como se ha dicho hace un momento. 
Se necesitan medidas de gran envergadura en el plano nacional y europeo si queremos evitar una quiebra económica y un peligro sanitario de grandes proporciones. 
Es preciso aprobar las propuestas presentadas por el Presidente en ejercicio de la Unión: prohibir, en particular, las harinas animales en la alimentación de todos los sectores de producción animal. 
Pero son necesarios otros dos planes de conjunto, cuya aplicación inmediata solicito, ya que con retrasos y dudas no hacemos sino incrementar los riesgos sanitarios y económicos. 
Las medidas aprobadas por el Gobierno francés son, en este sentido, insuficientes. 
En primer lugar, como otros lo han dicho antes que yo, es necesario practicar pruebas de detección sistemáticas en todos los bovinos sacrificados destinados a la alimentación de los europeos. 
Desde hace más de un año las autoridades europeas han autorizado tres tests de detección, entre los cuales se halla el test francés, considerado como el más fiable y el más sensible. 
Dicho test puede ser desarrollado industrialmente de inmediato. 
Hay que hacerlo sin dudar, de inmediato y masivamente. 
Hace un momento oía hablar de tests aleatorios. 
Con tests aleatorios no van a restablecer la confianza en el consumidor y tampoco en el productor. 
La opinión pública debe estar plenamente informada de las características del test al que me refiero. 
El test francés de detección de la EEB se ha desarrollado en el instituto de investigación público CEA. 
El mismo ha sido evaluado por la Comisión Europea, DG XXIV, encargada de la protección del consumidor, en junio y en julio de 1999, y se ha transferido a un socio industrial. 
Este test ha sido desarrollado desde el punto de vista de la protección del consumidor, con el fin de poder ser utilizado a gran escala en los mataderos, para impedir, de este modo, la entrada en la cadena alimentaria de animales peligrosos para los humanos. 
Los resultados de la evaluación europea, publicados en julio de 1999, han indicado que era de 10 a 300 veces más sensible que los otros tres tests evaluadas al mismo tiempo. 
La Comisión Europea ha evaluado un nuevo estudio en septiembre de 2000. 
Éste confirma los resultados anteriores desde el punto de vista de la sensibilidad. 
La sensibilidad de dicho test garantiza, pues, la imposibilidad de que entren animales contaminados en la cadena alimentaria. 
El mismo permite obtener el resultado del examen en cinco horas y, puesto que su fabricación no supone grandes dificultades, se puede disponer anualmente de centenares de millones de tests. 
Su uso inmediato, a gran escala, en los laboratorios veterinarios departamentales implicaría simplemente el hecho de poder contar con los medios humanos adecuados, mientras se espera su automatización. 
El test existe, es fiable, puede producirse masivamente. 
Hay que hacerlo; espero haberles convencido. 
En segundo lugar, es preciso reorganizar la agricultura comunitaria para restablecer la producción, en nuestras tierras en barbecho, de los cultivos de soja, de alfalfa, de guisantes, que nos proporcionarán las proteínas de sustitución que nos faltan y que alimentarán a nuestros animales mucho mejor que los OMG norteamericanos. 
Hemos sacrificado nuestra soja, nuestra alfalfa, nuestros guisantes, en las negociaciones de la OCM en Marrakech. 
Y bien, los malos acuerdos deben ser puestos en entredicho, a fortiori cuando la salud pública lo exige. 
Haciendo gala de valor y de ambición podremos conjugar el interés sanitario de los europeos y el interés económico de nuestros productores, para poder, de este modo, restablecer la confianza. 
Eso sólo será posible si la opinión pública deja de dudar, es decir, si las pruebas de detección son- insisto- sistemáticas. 
Sin un test obligatorio generalizado no se restablecerá la confianza, ya que ésta no se decreta, sino que se merece. 
Estas son las razones por las cuales el grupo que presido ha firmado la propuesta de resolución que se presentará mañana a nuestra Asamblea y para la cual espero una aprobación si no unánime, al menos muy amplia, a fin de que todos se den cuenta, por una vez, que este Parlamento está en contacto directo con los problemas de nuestros conciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, aprovecho esta circunstancia para condenar una vez más la exclusión escandalosa de este Parlamento de nuestro colega Jean-Marie Le Pen, quien habría podido recordarnos que el Grupo de las Derechas Europeas ha sido el primero, y de lejos, desde septiembre de 1990, en revelar a nuestra Asamblea que el agente patógeno de la EEB era capaz de atravesar la barrera de las especies y de pasar al ser humano. 
¿Cuáles fueron las reacciones en aquel momento? 
Sólo hubo sarcasmos y críticas en estos escaños, en el conjunto de la clase política, y el silencio despreciativo de los medios de comunicación. 
En aquel momento, señor Presidente del Consejo, no hizo nada o casi nada, como sus homólogos tampoco hicieron nada a propósito de las consecuencias de Chernobil, nada a propósito de la epidemia de sida, nada a propósito de la sangre contaminada, siempre por el mismo motivo: no provocar el pánico en la opinión pública. 
El antiguo comisario MacSharry justificaba de este modo ese silencio culpable, afirmando que no había que poner en peligro el sector bovino ni provocar el pánico en los consumidores. 
Hoy existe una catástrofe sanitaria y económica de primer orden y pánico en el conjunto de los consumidores. 
Frente a las reacciones previsibles de la opinión pública, ustedes aprueban de rápidamente la prohibición de las harinas de origen animal para el conjunto de los animales, en virtud del famoso principio de cautela. 
A pesar del dictamen de los expertos y de los científicos, que habían demostrado que dichas harinas eran la causa del desarrollo y de la transmisión del agente patógeno de la EEB, ustedes olvidan mencionar en su análisis que la situación es ante todo atribuible a los fabricantes de harinas anglosajones, quienes, por razones de competitividad, disminuyeron la temperatura de cocción de las harinas. 
Señor Presidente del Consejo, usted olvida también señalar que Francia ha seguido importando del Reino Unido, en particular vía Bélgica, harinas de carne y de huesos potencialmente contaminadas, después de 1989, fecha de su prohibición. 
El resultado es proporcional a la incapacidad de la clase política: casi un centenar de casos de EEB, en el año 2000, en Francia y, hasta ahora, 80 personas muertas por la variante atípica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido y dos en Francia. 
¿Por qué, señor Ministro, señor Comisario, hubo que esperar al 1 de octubre de 2000 para prohibir los materiales específicos de riesgo prohibidos en la Unión Europea, cuando se trata de materiales infecciosos de alto riesgo? 
¿Por qué esperar al 1 de enero de 2001 para generalizar las pruebas de detección rápida a las que hace un momento se refería el Sr. Pasqua? 
Ni siquiera me refiero al sistema de etiquetado y de rastreabilidad, que será completado en 2003, a pesar de los riesgos a los que están expuestos los consumidores y de la falta total de garantía para los criadores. 
Hoy, en medio del pánico, no ven otro remedio que actuar. 
Pero frente a la crisis, es necesario garantizar a la vez la protección sanitaria y alimentaria del consumidor y los ingresos de los criadores, al igual que el de los carniceros, los casqueros, los mayoristas, todos víctimas de la desidia de los poderes públicos, tanto nacionales como comunitarios. 
Insisto, ellos no son en absoluto responsables de la crisis. 
Por eso la Unión Europea deberá manifestar su solidaridad para con ellos. 
Hay que denunciar a los verdaderos responsables de la crisis y procesarlos- si es necesario penalmente, si tuvieron conocimiento del peligro que provocaban -, a los productores de harinas angloamericanas. 
Es preciso reconocer la responsabilidad específica de la Comisión, como lo ha demostrado la comisión de investigación de nuestro Parlamento. 
También es necesario exponer las verdaderas causas de esta situación. 
Éstas son cuatro: la productividad desenfrenada, la violación de las leyes naturales que pretendía transformar los herbívoros en carnívoros, la dilución de las responsabilidades por la transferencia de la soberanía de los Estados hacia la eurocracia bruselense y, finalmente, el librecambismo descontrolado. 
Estos son los verdaderos factores que han provocado la crisis, y sólo incidiendo en dichas causas podrán resolver duraderamente el terrible problema que han contribuido a crear. 
Señora Presidenta, en nombre de todos los ganaderos, permítame expresar mi profunda preocupación por la decisión del Gobierno francés de prohibir la utilización de harinas animales en la alimentación animal. 
A pesar de que es una medida francesa, tiene amplias repercusiones internacionales. 
El principal sustituto de las harinas de carne y huesos es la proteína de soja. 
La prohibición francesa ocasionará un enorme incremento de la demanda, pero las existencias de este productos son limitadas. 
El resultado será una presión excepcional sobre los precios. 
Los costes de los piensos terminados en toda Europa podrían experimentar un aumento del orden del 20 o 30%. 
Habida cuenta de que los costes de los piensos representan hasta el 60% de los gastos generales, los productores sentirán una fuerte carga. 
Esta medida podría ser la puntilla para miles de pequeñas explotaciones de cría de cerdos. 
Asimismo, la prohibición crea una tensión considerable para el sector de los mataderos, que podían vender los despojos a las empresas de transformación por 25 libras la tonelada. 
Ahora deben pagar por su eliminación 75 libras por tonelada. 
Para un matadero de tamaño medio, que sacrifique 2.500 cerdos a la semana, esto representa un aumento de los costes del orden de 120.000 libras al año, de los que sólo se le reembolsaría una pequeña parte. 
Como salida a esta situación, la solución no pasa por un aumento de la financiación del sector agrícola. 
Necesitamos harinas para piensos específicos para cada especie, que puedan destinarse a sectores específicos de ganado, de manera que se sigan suministrando harinas de carne y huesos a los mercados de cría de cerdos y de pollos, sin temor a que pueda producirse una contaminación cruzada del sector bovino. 
Si conseguimos eso, no habrá necesidad de mantener la prohibición ni de pagar subvenciones adicionales. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, al menos el mérito de este debate será mostrar las divergencias de puntos de vista que existen entre todos nosotros, entre el Consejo, por un lado, y la Comisión, por otro. 
Yo tampoco acepto la arrogancia de algunos Estados miembros que, al no practicar las pruebas de detección, no reclaman una reglamentación. 
Es inadmisible. 
Si hoy Francia se encuentra en la situación que conoce, es porque ha aplicado controles que no existen en otras partes. 
Hoy ni siquiera estamos, pues, en un contexto de crisis del sector bovino. 
Se trata de un verdadero problema de salud pública, y nos encontramos también ante una crisis económica. 
La salud de los consumidores europeos debe ser considerada como una prioridad absoluta en todas las decisiones. 
El conjunto de la cadena alimentaria se encuentra en el centro de este problema. 
Los consumidores han perdido confianza, y para contener este fenómeno es necesario generalizar las pruebas EEB a los bovinos y los ovinos. 
Los propios agricultores lo reclaman. 
Aprobar hoy medidas de urgencia, medidas de sentido común, prohibiendo el uso de las harinas animales para todas- repito -, para todas las especies: ¡he aquí una aplicación concreta del principio de cautela! 
Señor Comisario, siempre he tenido mucha confianza en usted, pero no comprendo sus dudas. 
¿Cómo puede usted concebir la aplicación del principio de cautela, rechazando la prohibición de las harinas animales? 
Señor Byrne: usted sabe que todas las harinas son peligrosas. 
Aplicando disposiciones de este género es como se tranquilizarán los consumidores, como los agricultores, que apoyan esta idea sobre todo a través de sus organizaciones sindicales, oirán el mensaje de solidaridad que deseamos transmitirles. 
Hoy no tenemos pruebas científicas de la transmisión de la enfermedad a otras especies. 
Pero estamos seguros de que debemos, por una parte, restablecer la confianza a los consumidores y, por otra parte, apoyar el sector agrícola. 
Que no me digan que no se sabe cómo hay que destruir las harinas animales. 
Hemos perdido mucho tiempo, puesto que hace varios años que ya tendríamos que haber creado las herramientas necesarias para incinerar estas harinas. 
¡Y que no me digan que se es incapaz de sustituir las harinas animales! 
Señor Comisario, lamento que su colega de agricultura no esté presente y que no tenga el valor de enfrentarse con nosotros y de explicar que es necesario, en efecto, modificar completamente la Política Agrícola Común. 
Denuncio los límites y las consecuencias preocupantes de esta política. 
Una reforma de la PAC no sólo es necesaria: es inevitable, porque es intolerable que un país tome medidas draconianas y ocasione dificultades a su economía. 
La solidaridad europea también debe desempeñar un papel, porque nuestra política ha mostrado sus incoherencias: barbecho, harinas animales para los rumiantes, nitratos, pesticidas. 
La PAC debe ser reorientada para alentar a los agricultores. 
Es necesario producir mejor, y el presupuesto de la Política Agrícola Común debe servir para reorientar dicha política. 
Señora Presidenta, hace apenas cuatro semanas la Comisión aprobó una propuesta de reglamento con normas de higiene para productos secundarios no aptos para el consumo humano. Mediante éstas se pretende impedir en el futuro no sólo contaminaciones microbiológicas sino también contaminaciones químicas en los alimentos para animales. 
En mi opinión, esta propuesta es ya muy amplia y satisface el principio de prevención. 
Desde el punto de vista de una economía circular sostenible debería seguir siendo posible utilizar en la producción de alimentos para animales material analizado de origen animal, libre para el consumo humano. 
Seamos realistas. 
Una prohibición general de utilización de harinas animales en la alimentación de todos los animales, es decir, en cerdos, en aves y en peces, tal como exigen algunos Estados miembros y también ya algunos colegas, no está científicamente fundamentada. 
Si se siguiera la lógica de algunos colegas de esta Asamblea, habría que prohibir también la comercialización de la carne de jabalí. 
En el sentido de la propuesta de la Comisión ahora es mucho más importante trabajar para que las harinas animales respondan a los máximos criterios de seguridad. 
A las empresas que actualmente no están aplicando en los Estados miembros los máximos estándares tecnológicos en la producción de harina animal se les debería retirar la licencia de producción hasta que demostrasen el cumplimiento de las normas. 
Los controles de los estándares tecnológicos, y el cumplimiento de las disposiciones legales en la producción de harina animal deben ser parte de una concepción más amplia de la seguridad. 
Señora Presidenta, le rogaría a la Comisión que no se mostrara tan segura de sus posiciones y, sobre todo, de sus previsiones para el futuro. 
En diciembre de 1995- tres meses antes de que estallara el escándalo- formulé una pregunta sobre el peligro de la EEB. 
La Comisión me respondió entonces: «no hay ningún problema ni ninguna razón para la inquietud». 
De manera que no sobra un poco más de modestia; creo. 
Una pregunta dirigida también a la Comisión: ¿ha calculado el coste que tiene en estos momentos la política actual de las harinas animales baratas y el coste que tendría relegarlas y fomentar la producción vegetal? 
No estoy ya muy convencido de que las harinas animales, si sumamos el coste de los controles y los peligros, sean más baratas. 
Tercero, todos los colegas han hablado de controles. 
¿Cuándo ha hecho controles la Comisión? 
¿Tiene posibilidad de hacerlo? 
¿A qué países ha remitido al Tribunal Europeo por no cumplir la legislación? 
Por ejemplo, señora Presidenta, la regulación del etiquetado de la carne bovina, asunto del que fui ponente del Parlamento: ¿la aplican todos los países? 
Yo en Atenas sigo sin ver etiquetas. 
¿Ha remitido la Comisión a alguien al Tribunal Europeo? 
Sería muy interesante saberlo, para poder continuar el debate. 
Por lo demás, estoy plenamente de acuerdo- por una vez y sin que sirva de precedente- con cuanto han dicho las colegas señoras Ainardi, Auroi y Grossetête. 
Señora Presidenta, uno de los objetivos prioritarios del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo es el de seguir garantizando la seguridad alimentaria a través de la aplicación de normas eficaces que deberán ir acompañadas de rígidos controles que puedan restablecer la confianza de los consumidores. 
Todo esto se ha de llevar a cabo en un clima de transparencia y de corrección con el fin de que los ciudadanos no se sientan estafados o víctimas sacrificadas en el altar de los grandes intereses económicos. 
Hay que evitar que los animales afectados por la EEB entren en la cadena alimentaria. 
En consecuencia, es necesario extender lo más posible un sistema de control eficaz en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es indispensable suspender la utilización de harinas animales hasta que no se demuestre fehacientemente que su utilización no facilita la transmisión de contaminaciones. 
El alarmismo que embarga a la opinión pública ha puesto en crisis a todo un sector, y aquellos que tienen menos responsabilidades- los ganaderos- están sufriendo las peores consecuencias, especialmente los ganaderos que son las víctimas- y no los culpables- de lo que está ocurriendo. 
Los ganaderos alimentan sus animales con productos suministrados por las industrias, tal como ocurrió hace algunos meses en Bélgica con los pollos con dioxinas. 
Para que los costes de la crisis no recaigan exclusivamente en los ganaderos pedimos que se prevean ayudas financieras en su favor. 
Asimismo consideramos oportuno lograr que se acote cualquier foco y que se prohiba la exportación de carne hasta que no se demuestre su seguridad. 
Señora Presidenta, quisiera tratar el aspecto financiero de la cuestión, en parte también como ponente del presupuesto agrícola. 
Se ha tratado suficientemente el procedimiento, el contenido de todo el problema que se deriva de la EEB. 
Mañana comienza un diálogo a tres bandas acerca del presupuesto de 2001. 
Ayer, los coordinadores de los distintos partidos de la Comisión de Agricultura se mostraron de acuerdo con la propuesta de dedicar 600 millones de euros del margen del que aún disponen de 1.300 millones de euros a combatir la EEB. 
He entendido que se necesita una cantidad superior a los 150 millones de euros para poder practicar pruebas a todos los terneros de matadero mayores de 2 años en la Unión Europea. 
Pues bien, señores del Consejo y de la Comisión, disponen de una base financiera suficiente para llevar a cabo una política sólida. 
Que no vuelva a surgir el debate acerca de estos 600 millones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Se cuenta con este margen en el presupuesto, el Parlamento ha optado por ello y ahora les corresponde a ustedes, la pelota está sobre el punto de penalti, meter un gol financiero en pro de una sólida política contra la EEB. 
Mi segunda observación se refiere a los procedimientos. 
Llama la atención que en el orden del día oficial del Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes y martes aún no se haya incluido la EEB de forma oficial. 
Se incluirá en el orden del día pero aún no se ha hecho de forma oficial. 
Me pregunto cómo es posible que, si el miércoles 8 de noviembre, los ganaderos europeos se reunieron con urgencia en la COPA y presentaron una serie de medida de gran calado. 
¿En qué modo pueden dejarse oír las organizaciones de consumidores? 
No es posible que en este debate público parezca que aún nos encontramos en un carro del siglo pasado para la aplicación de la política por parte del Consejo y de la Comisión. 
Le insto a que muestren una política firme y, en cualquier caso, diferente. 
En lo que respecta a la conversión de la normativa, se han dicho varias cosas. 
Sin embargo, quisiera indicar que ningún ser humano puede vivir sin alimentos, ningún día. 
No es posible que nosotros, desde la política, no destaquemos suficientemente esta prioridad. 
Si esto supusiera un problema en relación con la escasez de proteínas y otros productos, les aseguro que la agricultura europea dispone de capacidad suficiente para hacer frente a ello, también en lo que respecta a los piensos para el ganado. 
Señora Presidenta, al igual que muchos otros, quiero expresar mi agradecimiento al Comisario Byrne por su habitual vigilancia y también al Ministro francés por haber acudido hoy al Parlamento. 
En mi condición de inglés, saludo las medidas adoptadas por las autoridades francesas. 
Existe un reconocimiento generalizado de que la EEB, que surgió como una enfermedad británica y que hoy se presenta como una crisis francesa, es realmente una enfermedad europea- un problema europeo- y debe ser atajado partiendo de esa base. 
No deberían existir recriminaciones sobre este problema entre Estados-naciones ni entre los diferentes gobiernos que se han sucedido. 
El Sr. Ministro ha dicho que las harinas de carne y huesos representan un pienso de bajo coste. 
No es un pienso de bajo coste si contribuye a la propagación de la EEB y de su variante humana. 
Ése es el problema fundamental que hoy nos ocupa. 
Han sido muchos los oradores que han dicho que debemos ampliar la prohibición de utilizar harinas animales a todos los piensos para mamíferos. 
El Reino Unido ya lo ha prohibido a todas las explotaciones de ganado. 
Nuestra agencia de normas alimentarias se pronunciará en breve sobre el reciclaje dentro de la misma especie y, espero, que también lo condene. 
Debemos tomar estas precauciones y debemos tomarlas sin pérdida de tiempo en beneficio de todos los países de Europa. 
El Sr. Byrne, a diferencia de lo que cabría esperar, no ha dicho gran cosa hoy acerca de las pruebas. 
Me alegra que sigamos analizando el alcance de las pruebas sobre una base experimental. 
Prevalecen las dudas acerca de la validez de las pruebas, en particular, sobre los animales más jóvenes, y hemos oído a otros oradores referirse a la gran magnitud de la cabaña europea que habría que examinar, aun en el caso de que los animales de más edad sean apartados de la cadena alimentaria. 
Para terminar, debemos apresurarnos más en lo que respecta a instar al Consejo a que intervenga en nuestro nombre. 
Así lo han dicho todos los oradores y todos sabemos que es cierto. 
El Consejo tiene que actuar. 
Acabamos de oír que han sido necesarios cuatro años para que se aprobara la prohibición de utilizar despojos de animales enfermos en la cadena alimentaria. 
No disponemos de otros cuatro años. 
Es posible que ni siquiera dispongamos de un año más. 
Debemos adoptar precauciones ahora, no sólo en nombre de aquellos que nos sentimos involucrados, sino también en nombre de la minoría complaciente de Estados miembros. 
Lo hacemos por su bien. 
Señora Presidenta, señor Presidente, señor Comisario, me congratulo de oír aquí, en el seno de este hemiciclo, que, cueste lo que cueste, es necesario cambiar la PAC. 
Desearía simplemente recordar a algunas personas que los Verdes estaban solos cuando pedían a grito pelado la reforma de la PAC actual. 
Con respecto a la EEB, deseo saludar, por mi parte, la decisión francesa; pero la Presidencia no debe olvidar asumir también sus responsabilidades en materia de seguridad alimentaria en el plano de la Unión, y desearía recordar dos puntos al respecto. 
De hecho, lamento que ni el Consejo ni la Comisión hayan insistido en la necesidad absoluta e inmediata de ajustar las primas a la utilización de hierba y de proteaginosas en la alimentación animal a las primas a la utilización de cereales, a fin de evitar tener que compensar, el año próximo, la falta de proteínas mediante el aporte de soja modificada genéticamente. 
Considero asimismo que actos de criminalidad y de fraude no pueden quedar impunes. 
Es absolutamente sorprendente que después de tres crisis de EEB en diez años, no se haya identificado ni procesado a ningún culpable. 
Esta impunidad no puede continuar. 
Por eso solicito que la Unión efectúe también las investigaciones necesarias entre los fabricantes de harinas animales y los destazadores, para encontrar a los responsables de estas catástrofes sanitarias, económicas y sociales. 
Primero, para responder a una necesidad justificada y muy exigente de seguridad alimentaria del consumidor europeo, vamos a poner la barra de los controles y de las precauciones a un nivel extremadamente elevado. 
Pero si generalizamos las pruebas de detección, si destruimos las harinas animales, si imponemos la matanza de toda la manada por un solo animal enfermo, debemos exigir normas sanitarias estrictamente equivalentes a los países terceros que son nuestros socios comerciales y que buscan exportar hacia la Comunidad animales vivos, canales y preparados a base de carne. 
En segundo lugar, incluso antes de esta crisis, la Comunidad padecía un déficit grave de proteínas vegetales desde que hemos aceptado, en Blair House, una inverosímil limitación de nuestra producción de oleaginosas y proteaginosas en un 30% con respecto a nuestras necesidades, para complacer a los Estados Unidos y a sus exportadores de soja. 
Hoy la Comunidad no puede, no tiene el derecho de cultivar más de 5,5 millones de hectáreas de oleaginosas y proteaginosas, cuando nuestras necesidades ascienden a 18 millones de hectáreas. 
Es por eso por lo que los fabricantes de alimentos han debido usar masivamente harinas animales para la fabricación de sus productos. 
Y mañana, con la prohibición de estas harinas, nos faltarán millones de hectáreas suplementarias de cultivo de oleaginosas y proteaginosas. 
Esta crisis subraya, pues, el carácter aberrante de las concesiones hechas por la Unión Europea en el marco del GATT. 
Nosotros lo habíamos denunciado en su momento, aquí mismo, con Jimmy Goldsmith. 
Tenemos las tierras, tenemos el clima, tenemos la tecnología necesaria para sustituir inmediatamente las harinas animales por proteínas vegetales no modificadas genéticamente, y he aquí que, al mismo tiempo que hemos financiado barbechos, nosotros mismos hemos renunciado al derecho de cultivar en nuestras propias tierras las proteínas vegetales que nos son imprescindibles para alimentar a nuestros animales y alimentar a nuestra población. 
Por eso nuestro Grupo ha presentado una enmienda a fin de pedir al Consejo y a la Comisión que encuentren los medios para reactivar, en Europa, el cultivo de estas proteínas vegetales, que sustituirán ventajosamente las harinas animales con priones y la soja transgénica norteamericana. 
Pedimos igualmente que se vuelva a negociar, en el marco de la OMC, ese desastroso artículo de Blair House que ata a nuestros productores de oleaginosas y proteaginosas. 
Finalmente, la Comunidad tiene el deber de acudir en ayuda del conjunto de los actores del sector bovino, víctimas de una profunda desestablización de sus mercados, para ayudarlos a soportar financieramente el coste de las pruebas de detección obligatorias y de la destrucción de los residuos animales retirados de la cadena alimentaria, así como de las medidas de promoción indispensables; de lo contrario ya no vale la pena seguir hablando de Política Agrícola Común. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, cuando en el marco de la comisión de investigación de la EEB emprendimos nuestra actividad en materia de EEB, antes de nada tuvimos que descubrir y eliminar ocultaciones, silenciamientos y engaños, e introducir medidas que en el conjunto de la acción alcanzaron mucho éxito y que ofrecen el planteamiento para una solución del problema de la EEB. 
Hoy se ha dicho ya con frecuencia lo siguiente: la puesta en práctica de estos acuerdos que hemos adoptado constituye el auténtico problema de toda esta historia. 
Señor Comisario, quiero darle mis más expresivas gracias porque hasta ahora usted ha hecho realidad de manera excelente la promesa que hizo en su introducción. 
Usted presentó propuestas; recuerdo el Libro Blanco y las normas de higiene. 
Quiero decirle también que las normas de higiene serán tratadas rápidamente en este Parlamento. 
Trabajaremos con tanta rapidez que éstas podrán ser implantadas de manera efectiva en los próximos años. 
Sin embargo, en este plano no observo ningún movimiento en el Consejo. 
Solo veo declaraciones y opiniones, pero ningún acuerdo que discurra en la dirección de esta directiva o de estos reglamentos. 
Lo que considero increíble es este forcejeo en el Consejo en torno a la exportación e importación de carne.Aquí solo se ha despertado emociones. 
La población ha sido certeramente motivada aunque sólo en interés de asegurar el mercado para la propia carne de vacuno. 
Aquí no ha sucedido más que esto. 
Ahora se está despertando la segunda emoción, en tanto se está anunciando algo de manera muy drástica, la prohibición de la harina de cuerpos animales como comida para todos los animales. 
Lleven a la práctica lo que hemos acordado y ya no necesitaremos más hablar sobre estas cosas. 
Esto me recuerda la quema de brujas en la Edad Media. 
Aquí se está buscando culpables que no son culpables, en absoluto. 
Las causas residen en otra parte. 
Quisiera proponer que introduzcamos con toda rapidez estos tests que usted prevé también, señor Comisario, no aleatoriamente, sino para cada animal después de ser sacrificado, y sin ninguna limitación de edad. 
Entonces podremos decir al ciudadano: aquí está la carne, ha sido analizada y la puedes comer. 
No hay una solución mejor, en absoluto. 
He calculado los costes: 10 céntimos por kilo. 
Por consiguiente, no necesitamos pelearnos por millones. 
Cada ciudadano va a pagar esto. 
Estoy totalmente convencido. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, todos debemos partir de un supuesto fundamental y vinculante. Es inadmisible que materias primas o alimentos compuestos puedan ser factores de riesgo para los animales y los seres humanos. 
La comida debe ser un alimento seguro para el ser humano. 
En estos días, a pesar del desarrollo y de los avances de nuestra legislación, debemos transmitir a los ciudadanos un mensaje fuerte e inequívoco. 
Debemos tranquilizar a la opinión pública respecto a que la Europa de los derechos protege realmente los derechos reconocidos en sus Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Señor Comisario, estoy seguro de que el Parlamento prestará todo el apoyo necesario a las nuevas iniciativas. 
Hacen falta medidas claras. 
Pienso que la prohibición total de harinas animales es, hoy por hoy, y hasta que no se demuestre lo contrario, una medida necesaria, así como son necesarias la introducción de test generalizados, la armonización y la implementación efectiva de la legislación comunitaria en todos los Estados, del mismo modo que es preciso no solo vigilar la aplicación de nuevas normas sobre el etiquetado, sino anticipar lo más posible la adopción de dichas normas. 
Y termino con este principio: seguramente los costes de estas medidas serán muy elevados, pero nuestra prioridad es la salud. 
Y, en segundo lugar, sin estas seguridades la reducción del consumo recaerá negativamente en todo el sector. 
Por esto, los consumidores y los productores deben unirse para conseguir mayores seguridades en torno al principio inviolable de la salubridad de los alimentos. 
Señora Presidenta, celebro mucho que la Comisión se haya manifestado, por fin, de manera vehemente a favor de tests que cubran todo el territorio. 
Efectivamente, Francia lo ha demostrado: quien busca, encuentra. 
Señor Comisario, le ruego encarecidamente que adopte providencias para que estos tests se realicen también en otros Estados miembros. 
No puede ser que en Alemania, por ejemplo, no se apliquen tests en todo el territorio sino solamente en Renania del Norte-Westfalia, por miedo a no poder denominarse más territorio libre de EEB. 
Naturalmente, esto no debe suceder y, en consecuencia, no me queda sino esperar que la Comisión presione vehementemente sobre los Estados miembros que, por miedo a no estar libres de EEB, no aplican tests. 
Ésta es una amenza consciente a los consumidores y no puede ser tolerada. 
Aquí es preciso realizar una amplia campaña de información. 
Sin embargo, me opongo decididamente a la afirmación de la Comisión de que prohibir ahora la alimentación con harina animal sea crear el pánico. 
Al contrario. 
Considero muy ejemplar que Francia se haya apresurado a dar este paso. 
Señor Comisario, considero abiertamente cínico que usted diga que esto no debe suceder por razones de protección de medio ambiente. 
Usted no puede esperar seriamente que nosotros comamos basura especial para solucionar así el problema de la eliminación. 
En resumen, considero ya un tanto vergonzante que aquí se hable mucho de la indemnización para los agricultores y para los ganaderos. 
Quizá deberíamos pensar alguna vez en las víctimas y en los muchos allegados de las personas que han fallecido en Creutzfeldt-Jacob. 
Señor Comisario, he escuchado cuanto ha dicho con la mayor atención y me ha impresionado que en un momento de su intervención haya dicho usted que no tienen la varita mágica para poder solucionar inmediatamente el problema. 
Y le respondería a eso que no necesitamos la varita mágica; necesitamos dos cosas: primero, asumir que la salud, la salud pública, constituye una prioridad frente a todas las otras políticas. 
Si esto lo asumimos; si no nos limitamos a declararlo; si lo creemos verdaderamente, entonces, claro, interviene el segundo factor, que no es otro que la voluntad política. 
Y si hubiera voluntad política, le garantizo que este problema no se plantearía hoy, porque los datos del problema son bien conocidos. 
Y sabemos bastante sobre las harinas animales; sabemos que hay pruebas y que podemos localizar a los animales que proceden de rebaños que deben ser aniquiladas para poder hacer frente al problema. Todo esto lo sabemos. 
¿Qué es lo que nos impide actuar? ¿Por qué necesitamos que se produzca una crisis para venir aquí a asegurar que nosotros, el Parlamento, creemos firmemente que la salud pública constituye prioridad absoluta? 
Y usted lo dice, pero no sé en qué medida lo ha comprendido el Consejo. 
Porque por alguna razón, que no sé dónde radica, no podemos actuar. 
No podemos aplicar lo que sabemos. 
Y es bien sabido que la prevención es mejor que cualquier otra cosa. 
Mucho más cuando en este caso no hay terapia posible; es sabido que esta epizootia causa terribles daños y que sus consecuencias son trágicas, y, lo que es peor, no sabemos adónde pueden conducirnos; porque aún no ha sido caracterizada desde el punto de visto epidemiológico en todos sus aspectos. 
De manera que estamos jugando con fuego. 
Y me causa impresión que vengamos aquí y repitamos todos lo mismo una y otra vez. 
He escuchado a mis colegas. 
Todos dicen cosas correctas. 
La cuestión es ponerlas en práctica. 
Queremos práctica, señores del Consejo, queremos acción, y la queremos en toda la Unión Europea; no queremos que las ponga en práctica fragmentariamente Francia o cualquier otro país. 
Deben ponerse en práctica en todas partes; inmediatamente; ahora. 
Señora Presidenta, abrigo la profunda convicción de que hay falta de autoridad política, moral y pedagógica en toda la Unión para poder hablar de calidad y seguridad alimentaria. 
Y no ha sido casualidad que el Presidente del Consejo o el Comisario se hayan abstenido de mencionar al principal causante de todos estos problemas en la cadena alimentaria, que, como es evidente, es la propia Política Agraria Común. 
El Parlamento vota la mitad del presupuesto para incentivar la producción. 
Hoy el agricultor moderno no es el que produce, es el que es capaz de producir con calidad y seguridad. 
Pero, ¡a ésos no se les ayuda! 
Porque sólo se ayuda a los que producen en cantidad y, por consiguiente, ¡se gasta gran parte del presupuesto en incentivar estos problemas! 
¡Estos y otros que vendrán! 
Pero no se quiere aceptar el principio de que se debe acabar con la alimentación de animales con restos de otros animales... 
Ya hablamos aquí del Reino Unido, de Portugal, y ahora estamos hablando aquí de Francia. 
Y yo aquí quedo a la espera del Comisario para el próximo caso, porque aquí estaremos dentro de un año con otro país, con nuevos casos. 
Porque la cuestión fundamental es que el Presidente del Consejo y el Comisario deben convencerse de que hoy no es posible, no es admisible, una política orientada por los principios de la posguerra. 
Tienen ustedes que acabar con todas las ayudas a la producción y pasar a ayudar en función de la calidad, la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos. 
Y, sin eso, no tendremos una cadena alimentaria que dé garantías a los consumidores. 
Seguiremos aquí engañando permanentemente a los agricultores y a los consumidores. 
Señora Presidenta, la EEB no desaparece de los medios de comunicación. Tampoco desaparecen las terribles imágenes de las personas afectadas por el mal de Creutzfeld-Jakob a pesar de las numerosas medidas adoptadas en los Estados Miembros y en Europa. 
El debate que estamos manteniendo hoy acerca de las consecuencias de la crisis de la EEB y del modo en que podemos paliar de forma efectiva dichas consecuencias se centra en aspectos trascendentales. 
En primer lugar se trata de las pruebas que deben realizarse y me congratulo de que no especifiquemos una edad concreta para las mismas. 
En segundo lugar, se trata del uso de harinas de huesos en los piensos para ganado y sobre lo que se ha debatido ardientemente en esta sala. 
El vínculo entre los piensos de huesos y la EEB, que por otra parte constituye una forma de alimentación completamente antinatural, ha quedado patente para todo el mundo. 
Por ello de se deben adoptar medidas. 
En los Países Bajos, las normativas referentes al uso de residuos animales de los mataderos en los piensos animales son bastante estrictas en la actualidad. 
Desde 1989, no se pueden emplear proteínas de mamíferos y rumiantes en los piensos para ganado destinado a rumiantes. 
Además, esta normativa se ha endurecido constantemente y se ajusta a lo que llega desde Bruselas. 
El uso de grasa y sangre sen encuentra asimismo sometido normas muy estrictas. 
Por este motivo, me sorprende que en estas circunstancias se sigan pudiendo utilizar o procesar cadáveres. 
A pesar de que no se ha demostrado de manera absoluta la existencia de riesgos, me complace la pretensión de los Países Bajos de no permitir de ninguna forma el uso de cadáveres en los piensos animales a partir de 1 de julio de 2001. 
Considerando los acontecimientos del pasado, no nos podemos seguir permitiendo que estos cadáveres sigan llegando de la forma que sea a la cadena alimentaria. 
Opto, junto con todos los colegas, por no esperar a julio de 2001 y por encargarnos de que se cumpla esta prohibición desde ya, con entrada en vigor inmediata. 
La necesidad de medidas estrictas a nivel europeo es evidente. 
De modo que no se trata únicamente de medidas nacionales, ya que el funcionamiento del mercado interno sufriría perjuicios graves si dejamos permanentemente en manos de las administraciones nacionales la decisión acerca del grado de prohibición en la utilización de cadáveres en los piensos. 
Por ello, por el bien del mercado interno y para reforzar además la confianza del consumidor europeo, abogo por una prohibición total e inmediata. 
En relación con los cadáveres y su recogida, le pido al comisario que se unifique la situación a nivel europeo. 
En nuestro país vemos con cada vez más frecuencia cómo simplemente se abandona el cadáver de una oveja o de un ternero debido a que los gastos de su recogido resultan excesivos. 
Por ello, le pido a la Comisión Europea que imponga un cierto grado de armonización en este aspecto. 
Si no lo hace ahora, que lo haga luego por escrito de forma que sepamos a lo que atenernos. 
Señora Presidenta, hoy intervengo en mi calidad de diputado al Parlamento Europeo y de productor de ganado vacuno del Reino Unido. 
El sector agrícola de Gran Bretaña ha sufrido las graves consecuencias de la crisis de EEB tanto financieras como en términos de la confianza de los consumidores. 
No obstante, con el paso de los años, hemos aprendido mucho sobre cómo poner orden en nuestra propia casa. 
Ahora disponemos de un sistema a toda prueba que garantiza la seguridad de nuestra carne de vacuno. 
Recientemente se ha publicado en el Reino Unido el informe Phillips sobre EEB. 
Me alegra que usted, señor Comisario Byrne, lo haya leído y espero que proceda en consecuencia. 
El Gobierno francés también debería leer este informe porque corre el peligro de cometer exactamente los mismos errores que cometimos en el Reino Unido durante nuestra crisis de EEB. 
Pero ahora tenemos la ventaja de la sabiduría que da la experiencia. 
Sugiero que el Gobierno francés aprenda de nosotros. 
Nunca me ha convencido el argumento sostenido por Francia de que la política de sacrificar toda la cabaña no es la medida adecuada para atajar los brotes de EEB en el país. 
La reciente aparición en Normandía de un animal infectado que fue presentado como animal sano pone de relieve la resistencia que existe entre la comunidad agrícola al sacrificio de toda la cabaña. 
Por otra parte, las recientes pruebas efectuadas en Francia de reses sacrificadas han revelado varios casos ocultos de EEB. 
Hace tiempo que sospecho que, para evitar el sacrificio de toda la cabaña, en granjas de Francia se han matado y enterrado animales en secreto. 
El sistema británico de retirar los animales infectados de las cabañas y pagar una buena indemnización por ellos es un incentivo para que los agricultores declaren sus casos de EEB. 
Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que realice una revisión total de los sistemas en vigor en Francia para solucionar los casos de EEB. 
En Gran Bretaña también hemos aprendido que es muy difícil poner fin a la utilización de harinas de carne y huesos, que se producen e incorporan a los piensos para cerdos y aves de corral, y que además- bien accidental o intencionadamente- terminan en los piensos para el ganado vacuno y rumiantes. 
Es muy difícil que un productor de piensos pueda garantizar que sus líneas de producción están por completo exentas de harina de carne y huesos antes de iniciar la elaboración de piensos para cerdos y pollos. 
Soy de la opinión, desde hace mucho tiempo, de que la utilización de harinas animales para piensos debería estar prohibida en toda Europa. 
Francia ha introducido recientemente la prohibición de consumir la carne de vacuno adherida al hueso y muchas provincias francesas han impedido que los escolares consuman carne de vacuno procedente de animales criados en casa. 
Una de las numerosas razones que justifican esta medida es que la agencia alimentaria francesa se toma muy en serio el principio de cautela. 
Quisiera sugerir que la Comisión Europea también aplique el principio de cautela con respecto a la carne de vacuno de Francia. 
Hasta el momento en que el Gobierno francés pueda garantizar la seguridad absoluta de su carne de vacuno, la Comisión debería prohibir todas las exportaciones de Francia al resto de la Comunidad, especialmente, la exportación de animales de más de 30 meses de edad. 
En el Reino Unido, el sector de transformación dispone actualmente de carne de vacuno francesa por valor de 2 millones de libras. 
Es algo absolutamente inaceptable, teniendo en cuenta los problemas de EEB que existen en Francia. 
Hace algo más de un año, 16 de los mejores científicos europeos, bajo la presidencia de un francés, declararon que la carne de vacuno británica era segura para su consumo en toda Europa, y sin embargo, Francia ha mantenido ilegalmente la prohibición de la importación de carne de vacuno británica. 
Es una hipocresía absoluta que Francia mantenga su prohibición de carne de vacuno británica. 
El Reino Unido ha sufrido con esta terrible plaga. 
Quisiera decir, en nombre de la comunidad agrícola, que aunque son ellos a los que generalmente se les señala con el dedo, la culpa no es suya. 
El Comisario Byrne se mostró muy firme ayer, en su declaración inicial, cuando dijo a la Asamblea que estaba dispuesto a examinar este asunto de la harina de carne y huesos y adoptar medidas. 
Quisiera preguntarle hoy, tras haber escuchado este debate, si no se ha dado cuenta de que este problema exige la adopción inmediata de medidas. 
Como acaba de decir el orador anterior, el único modo de abordar la prohibición de harina de carne y huesos es imponer su prohibición total, de lo contrario no será posible su vigilancia. 
El resultado es que el veneno entra en el sistema, como sucede actualmente, y lo destruye. 
Hago un llamamiento especial al Sr. Comisario hoy para que tome nota de lo que se ha dicho en la práctica totalidad de la Asamblea durante el presente debate, y que intervenga sin pérdida de tiempo para imponer la prohibición de todas las harinas animales en la Comunidad Europea. 
- (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señor Comisario, he escuchado con interés el conjunto de sus intervenciones. 
Hoy el problema no es procesar a nadie por las prórrogas de la aplicación de la reglamentación o por las responsabilidades, y dirigiéndome a todos ustedes, me digo que el problema consiste en que tenemos un imperativo común que es la seguridad alimentaria. 
Se trata de una exigencia legítima por parte de todos los consumidores europeos. 
Es un imperativo para los poderes públicos, sean nacionales o europeos. 
Creo que hoy debemos, después de sus debates, intentar definir líneas maestras, tanto sobre el método como sobre los medios, para lograr garantizar dicho imperativo. 
La Presidencia considera el método siguiente: éste se basa en la evaluación científica y en la consulta. 
Hoy debemos saber, ya que seguimos en la incertidumbre, cuáles son los datos científicos, cuáles son las medidas que deben adoptarse. 
Y el segundo punto consiste en estudiar la viabilidad de estas medidas, lo que supone el tratamiento de las harinas, la creación de pruebas de detección. 
Luego la aplicación inmediata de dichos medios y, finalmente, el control. 
Pero los controles son sólo controles, y en la medida en que queda una ínfima posibilidad de que se produzcan fraudes, irregularidades, utilización de procedimientos inadecuados, esta duda, por más ínfima que sea, queda en la mente de las personas y, a veces, cae el oprobio en el conjunto del sector. 
La generalización de las pruebas de detección: naturalmente, creo que es necesario- y ustedes lo han pedido- aumentar el número de pruebas. 
Algunos países ya se han comprometido ampliamente en tal sentido. 
Deseamos que se multipliquen y se incrementen en las poblaciones bovinas y ovinas bien determinadas. 
Pero hoy no veo cómo sería posible, en el estado actual de los medios de que dispone cada país, realizar 28 millones de pruebas de detección por año, ni técnicamente, ni financieramente, ni eficazmente, sobre todo teniendo en cuenta que dichas pruebas, por excelentes que sean, no quitarían todas las dudas en la medida en que las mejores pruebas- y se han mencionado- no permiten detectar la presencia de la enfermedad sino en los últimos meses de la incubación, justo antes del desencadenamiento de la misma, y no al principio. 
Por lo tanto, existen dudas, existen incertidumbres, pero creo que nuestro proyecto común y sus debates de hoy nos permiten avanzar. 
Nos permiten avanzar, y por esta razón he escuchado con mucha atención todas sus intervenciones, en el momento en que creo pertinente e indispensable que el debate sobre dicha seguridad de nuestros conciudadanos sea zanjado en el plano europeo. 
Naturalmente, es difícil la coexistencia, en la materia, de las legislaciones nacionales y una legislación europea. 
Creo que se necesita una legislación única, completa y puesta en práctica para responder a esta demanda y evitar así las distorsiones de competencia y permitir que el mercado único se aplique plenamente. 
Créanme que conservo todo esto en mi mente, para continuar los trabajos del Consejo y mis intercambios con la Comisión, sabiendo que la convergencia de puntos de vista de las instituciones es uno de los mejores medios para tratar un problema tan complejo y global como el de la seguridad alimentaria. 
El 30 de noviembre, con ocasión del Consejo, la Presidencia francesa lanzará un importante debate de orientación capaz de aportar los primeros elementos de respuesta a una situación de sospecha generalizada que pone en entredicho la credibilidad de nuestras instituciones frente a nuestros conciudadanos. 
Aquí hablamos de salud pública, o sea, de acontecimientos graves que es importante tratar como tales, con rigor y, sin duda, con transparencia. 
Señora Presidenta, señoras, señores diputados, señor Comisario, estén ustedes convencidos de que mi determinación en la doble empresa que nos incumbe, y el Consejo asumirá- procuraré que así sea- toda la parte que le corresponde, consiste en restablecer la confianza de los consumidores y en reforzar la credibilidad de las instituciones europeas. 
Todos aquí se han dedicado también a poner en tela de juicio o a mencionar la supervivencia de la Política Agrícola Común en materia agrícola: para algunos, se ha planteado el proceso del productivismo y la posibilidad de revisar los acuerdos de Blair House, que sólo podrá efectuarse en el marco del nuevo ciclo de la OCM. 
Por otra parte, he oído todas estas propuestas; no soy insensible a ellas. 
Espero los resultados de sus debates y estoy convencido de que podremos continuar juntos en este imperativo de seguridad, encontrar juntos las vías y las medidas que permitirán garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos. 
. (EN) Señora Presidenta, cuando recorro con la mirada esta Asamblea, veo muchas caras de personas que, me alegra poder decir, he llegado a conocer muy bien durante los últimos doce meses. 
Una cosa que puedo decir con convicción es que soy consciente de que todas estas personas que tengo delante son expertos en el tema de seguridad alimentaria. 
Muchos de ustedes se han ocupado de este asunto durante muchos años, en particular, en la formidable comisión que se reunió hace algunos años para tratar sobre esta cuestión. 
De hecho, llevan involucrados en este asunto más tiempo que yo. 
Conozco el compromiso que todos ustedes han asumido. 
Por consiguiente, este debate ha tenido un interés y un valor considerables para mí como miembro de la Comisión responsable de la salud pública y de la protección de los consumidores, y responsable, en particular, de la seguridad alimentaria. 
Hay algo que me sorprende y que es especialmente importante en este contexto, a saber, que en una Asamblea llena de expertos en seguridad alimentaria el espectro del debate, en particular sobre la cuestión de si debería imponerse la prohibición total o no de la harina de carne y huesos, abarca desde el "sí" hasta el "no". 
Es uno de los temas de los que deberemos ocuparnos. 
A la hora de examinar este asunto, debemos tener presente el hecho de que ya existe la prohibición de incluir harinas de carne y huesos en la alimentación de reses. 
Dicha prohibición está en vigor. 
Es la ley y debe respetarse. 
Asimismo, existe legislación en vigor que establece cómo debe elaborarse la harina de carne y huesos, el tratamiento a que debe ser sometido este pienso- una medida más de salvaguarda que ha sido incluida en el sistema para proteger la salud pública y la seguridad alimentaria. 
Los que dicen que hay que prohibir la harina animal en los piensos para cerdos y aves de corral, animales que no pueden contraer EEB por esta vía, no lo dicen porque quieran proteger a los cerdos y a los pollos, sino al ganado vacuno. 
Por consiguiente, lo que están insinuando es que la legislación en vigor es inadecuada o no se cumple. 
Si se cree que existe un incumplimiento generalizado de la ley en lo que a este asunto se refiere, ¿qué nos dice eso acerca de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses y años en relación con la alimentación del ganado vacuno? 
Apunta a una pregunta que me da miedo incluso formular. 
Pregúntense a sí mismos cuál es la respuesta a esa pregunta. 
Creo que se ha cumplido la legislación y si creo eso- y no pienso que esté siendo ingenuo- no considero necesaria una ampliación generalizada de la prohibición de la harina de carne y huesos para alimentar a cerdos y aves de corral. 
Pero estoy dispuesto a atenerme a las pruebas que existan de este asunto. 
Si representantes de los Estados miembros vienen y me dicen que la legislación no se ha aplicado en su totalidad, quizá debamos replantearnos el tema, pero no lo haremos porque los científicos nos digan que es necesario, sino porque existen lagunas en el cumplimiento de la ley en la Unión Europea. 
Es una cuestión sobre la que debemos reflexionar seriamente. 
Permítanme que pase a la cuestión de las pruebas. 
El Sr. Whitehead me ha pedido más detalles al respecto y creo que tiene razón cuando dice que yo debería haber hecho mayor hincapié en ello en mi intervención. 
Existen dos tipos de pruebas en todo este asunto. 
En primer lugar, está la prueba que entró en vigor tras la presentación de la Comisión al Parlamento, hace algún tiempo, de una propuesta legislativa encaminada a introducir pruebas post mortem al azar en todos los Estados miembros, de las que se realizaron un total de 170.000. 
Esta inspección tenía la finalidad de identificar el nivel de contagio que existía en la Unión Europea. 
Se hizo para obtener información. 
Acojo con satisfacción que Francia haya actuado con celeridad y, antes que cualquier otro Estado miembro, comenzara este trabajo a un nivel más alto que el que estipulaba la legislación. 
La información que se está obteniendo ahora es lo que ha desembocado la actual situación. 
Ha habido total transparencia en la provisión de información en lo relativo a estas pruebas. Algo que también merece ser saludado y aplaudido. 
Reflexionemos un momento sobre otro aspecto del caso que me produce cierta inquietud. 
Si se produce una reacción adversa generalizada contra las autoridades en Francia porque cumplen con su deber, espero que ello no intimide a otros Estados miembros cuando hagan exactamente lo mismo. 
Si éstos realizan las pruebas de forma similar a como lo ha hecho Francia, asegurándose de que se centran en los animales de mayor riesgo, y efectúan el número necesario de pruebas, obtendremos exactamente el mismo tipo de información de que ahora dispone Francia y obtendremos esa información sobre toda la Unión Europea, de manera que podamos tomar las decisiones oportunas para seguir avanzando. 
Las pruebas a las que ahora me refiero son algo diferentes. 
Su finalidad no es proporcionarnos información relativa al nivel de contagio, sino que se centran más en la cuestión de intentar alejar de la cadena alimentaria las carcasas que puedan estar infectadas. 
Hay quien ha dicho que eso será muy costoso, que afectará a un gran número de carcasas, etcétera. 
Limitémonos a los hechos. 
Las tres pruebas de que disponemos- la francesa, la suiza y la irlandesa- no pueden detectar la EEB en animales por debajo de cierta edad. 
El resultado será negativo. 
Corremos con los gastos y nos tomamos las molestias de realizar unas pruebas para luego obtener resultados negativos. 
Por consiguiente, ¿qué valor tiene efectuar dichas pruebas en animales jóvenes? 
En mi opinión, ninguno. 
Pero además tenemos el peso de la evidencia científica de que los animales menores de cierta edad no manifiestan los síntomas de EEB. 
Por consiguiente, he pedido al Comité Veterinario Permanente, que se encuentra reunido en estos precisos momentos, que examine este asunto para determinar a qué edad deben llevarse a cabo estas pruebas. 
Me refiero a analizar las carcasas de animales mayores de una edad determinada para detectar si existe contagio y, en caso afirmativo, apartar al animal de la cadena alimentaria. 
Tenemos el caso de animales jóvenes entre los que no existe ningún caso de EEB, según nos cuentan los científicos, pero tras examinar a los animales de mayor edad para determinar si tenían EEB o no, son eliminados todos ellos de la cadena alimentaria. 
Es una medida para proteger al consumidor y también para incrementar su confianza. 
Por eso he sugerido que sigamos por este camino y espero con interés poder conocer el dictamen del Comité Veterinario Permanente, que obtendremos esta tarde y que tengo intención de presentar al Consejo de Ministros la semana próxima para tratar sobre este asunto en particular relacionado con la cuestión de la edad en que deberíamos trazar la demarcación. 
Creo que es el camino a seguir. 
Existe una cierta polémica al respecto y, como puedo ver, en esta Asamblea existe diversidad de opiniones en lo relativo a este asunto, pero es importante que aunamos nuestros esfuerzos en esta misión. 
Es importante que intentemos alcanzar un consenso sobre el modo en que debemos de avanzar y encontrar respuestas proporcionales, y no lancemos acusaciones a otros que, cuando identifican una respuesta proporcional, afirman que lo que estamos haciendo no basta para proteger la salud pública y a los consumidores. 
Es legítimo decir basta en circunstancias en la que uno está bastante seguro de la trayectoria que está trazando; seguro por un lado, aunque no por otro. 
Debemos asegurarnos de que somos justos unos con otros en la identificación de estas medidas que todos consideramos necesarias, porque la finalidad de este ejercicio es proteger la salud pública y la seguridad alimentaria y afianzar la confianza de los consumidores. 
Por último, he escuchado con gran interés los comentarios de mi amigo Sr. Patriat, los de su primera intervención y los de su segunda, y espero con interés poder trabajar en estrecha colaboración con él sobre estos temas durante las próximas semanas. 
Debo decir a la Asamblea que él y yo hemos mantenido conversaciones sobre este asunto en concreto esta misma semana en París, por lo que confío en que el Parlamento, el Consejo y el Comisario trabajemos unidos, sin encono, para poder encontrar respuestas a este grave problema al que nos enfrentamos. 
Señora Presidenta, desearía intervenir brevemente por alusiones personales, puesto que nuestro colega, Graefe zu Baringdorf, ha recriminado el hecho de que los miembros de mi Grupo no hubieran participado en la comisión de investigación sobre la EEB. 
Desearía, simplemente, hacer la precisión siguiente: existen dos comisiones de investigación en el seno de este Parlamento. 
El Sr. Martinez ha participado en la primera y pongo a disposición de mi colega su opinión minoritaria, que ha sido formulada por escrito en la primera comisión, la comisión Böge. 
No hemos participado en la segunda comisión porque, simplemente, hemos sido excluidos de la misma por el mecanismo de la ley d´Hondt y por los reglamentos, o la falta de reglamentos- no lo sé -, de este Parlamento. 
La mejor manera de no oírnos es no invitarnos. 
En cualquier caso, el Sr. Martínez había formulado su advertencia pública en 1990, es decir, seis años antes de la primera comisión de investigación. 
He recibido siete propuestas de resolución, presentadas en virtud del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0553/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Se darán cuenta de la situación de catástrofe organizativa en la que estamos porque ahora deberíamos terminar el turno de preguntas. Tengo que decirles que en mis competencias y en mis capacidades no están los milagros. 
Por lo tanto, vamos a cooperar para utilizar esta media hora porque vamos a hacer todo tipo de incumplimientos. 
Ni vamos a estar hora y media, ni vamos a terminar a las 7, ni siquiera vamos a estar una hora porque los Sres. Comisarios tienen que partir a las 7.30 de viaje. 
En un reparto proporcional, la única solución que veo sería hacer dos preguntas en la primera parte- no da tiempo para más-. 
Les pido que solamente haga una pregunta complementaria el diputado que ha formulado la pregunta y, en todo caso, de forma excepcional, uno más. 
Luego daremos la palabra para preguntas a cada Comisario para que todos participen y ninguno se sienta en agravio comparativo. 
El colegio de Comisarios es muy respetable y creo que todos tienen derecho a contestar alguna pregunta. 
El reparto que vamos a hacer es equitativo. 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0848/00): 
Asunto: Normas mínimas en la expulsión de inmigrantes En la reunión del Consejo de 18 de diciembre de 1997, se adoptó la Resolución sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior para el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, resolución en la que se establecía de manera clara el objetivo de "mejora de la cooperación en materia de expulsión de inmigrantes". 
Los últimos y frecuentes ejemplos ocurridos en diferentes Estados miembros, donde en las expulsiones de inmigrantes no se han respetado los derechos humanos más elementales, hacen que ésta debería ser una cuestión especialmente observada por la Comisión. 
Sirvan como ejemplo la técnica de la almohada que provocó la muerte de una inmigrante en Bélgica, la utilización de fuertes sedantes en España, el transporte de inmigrantes hacinados en bodegas de barcos en Italia y España, la tragedia de los 58 inmigrantes chinos muertos en el Reino Unido en el puerto de Dover, después de haber sido detenidos varias veces en territorio europeo, y el uso generalizado de diferentes medios de coacción e intimidación con los inmigrantes expulsados. 
¿Tiene la Comisión alguna propuesta en el marco de la Política de Asilo e Inmigración que, en primer lugar, evite estas terribles situaciones y, en segundo lugar, armonice y coordine las políticas de expulsión en los países miembros, acorde con el respeto a los derechos humanos y los convenios de las Naciones Unidas sobre esta cuestión? 
Señor Presidente, al hacer mi contribución a un milagro laico, quisiera decir que, en materia de armonización de la política de asilo, las principales medidas que adoptará la Unión no sólo están formuladas en el plan de acción de Viena y en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, sino que, además, constan en el informe del grupo de evaluación que la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo y que se desarrollarán en dos fases esenciales. 
En la primera fase- espero que pueda estar totalmente concluida en junio del año que viene -, se trata de formular normas comunes mínimas sobre los elementos definitorios esenciales de una política de asilo. 
En una fase posterior, a más largo plazo, el objetivo es el de formular un sistema común de asilo global. 
Y con vistas a la formulación de ese sistema de asilo integral, la Comisión presentará, de aquí al final de este año, una comunicación para promover su debate. 
Por lo que se refiere en concreto a la cuestión del fundamento jurídico, la letra b) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado de las Comunidades Europeas es la que establece la adopción de medidas relativas a la inmigración clandestina y a la permanencia irregular en el territorio de los países de la Unión, incluidas las medidas sobre repatriación de personas que se encuentren en situación irregular. 
En este momento está en la mesa del Consejo una primera iniciativa adoptada por la Presidencia francesa que tiene como objetivo el de aprobar una directiva referente al reconocimiento mutuo de las decisiones de exclusión de los ciudadanos oriundos de terceros países, proyecto de directiva que también está pendiente de consulta en este Parlamento. 
Las opiniones públicas de los Estados miembros tienen la sensación de que las políticas de repatriación existentes están poco coordinadas y son en gran medida ineficaces. 
La Comisión considera que para la aclaración y la coordinación de esas políticas los acuerdos de readmisión desempeñan un papel importante y en este momento están en curso de negociación los primeros acuerdos comunitarios de readmisión con Rusia, Sri Lanka, el Pakistán y Marruecos. 
La Comisión espera que, en el marco del presupuesto para 2001, se apruebe un instrumento financiero de cooperación con los países de origen y de tránsito que mejore sus capacidades en materia de readmisión y regreso voluntario. 
Por lo que se refiere a la política futura, la opinión de la Comisión es la de que la necesidad de una política global y coherente en materia de repatriación debe ir encaminada sobre todo a dar preferencia la repatriación voluntaria. 
Con vistas a esa repatriación voluntaria, quisiera recordar a la Asamblea que el Fondo Europeo para los Refugiados establece medidas específicas de carácter financiero para apoyar la formulación de las políticas de los Estados miembros en materia de repatriación y, por lo que se refiere a las condiciones en que se hace dicha repatriación, me sumo a las preocupaciones expresadas por Su Señoría en cuanto a la necesidad de que adoptemos normas comunes mínimas que definan el proceso y las condiciones de dignidad y trato humanitario de la repatriación. 
Estoy convencido de que será un buen tema para el programa de trabajo de la Comisión en el año 2001. 
Señor Presidente, yo también voy a tratar de contribuir a ese milagro del reparto del tiempo entre el Colegio de Comisarios y los parlamentarios europeos. 
Sr. Vitorino, sabe perfectamente que compartimos sus inquietudes, el trabajo que usted personalmente ha explicado a la Comisión de Libertades, el "scort board" y las prioridades que sus servicios han planteado para todas estas materias. 
En ello estamos trabajando en esa comisión. 
Sin duda, circunstancias como las que comento en la pregunta que le he formulado tienen que llevar a cualquier ciudadano europeo, y más a los que tenemos una responsabilidad, un compromiso político adquirido y trabajamos en estas materias, a insistir en ellas y a pedir los máximos esfuerzos en la aceleración de los trabajos, para que no se repita nunca más ninguna de las situaciones que enumero, como la expulsión de inmigrantes, porque eso nos avergüenza como europeos y, mucho más, como responsables políticos. 
Señor Presidente, quisiera decir que me sumo a las preocupaciones de Su Señoría y que espero que no sea sólo la Comisión la destinataria de su llamamiento, sino también el Consejo, para que podamos tener todo el marco jurídico aprobado de aquí a junio del año que viene. 
Ése es mi compromiso. 
De mí respondo yo. 
Señor Presidente, solamente quiero decir dos cosas. 
En la lista de ejemplos de la pregunta opera la memoria selectiva, lo que yo creo poco conveniente en estos casos. 
Pero, en definitiva, señor Comisario, al día de hoy no tenemos actualizado el tableau de bord, ni disponemos de un instrumento legal que regule las condiciones y los supuestos materiales de la expulsión. 
El próximo día 12 de diciembre las Naciones Unidas firmarán en Palermo la Convención Mundial sobre la Criminalidad Organizada con un protocolo sobre el tráfico de seres humanos. 
Existe relación directa entre la criminalidad organizada y la inmigración. 
¿Qué propuestas tiene la Comisión en esta materia sobre la base del artículo 31 de la Unión? 
Reitero mis disculpas sobre el exceso de celo en la cooperación para el milagro laico y quisiera decir a Su Señoría que espero que de aquí al final de este año la Comisión pueda presentar al Consejo y al Parlamento Europeo dos decisiones-marco basadas en el tercer pilar en las que figuran definiciones comunes, incriminaciones comunes y sanciones comunes para el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y económica. 
Será la primera piedra del edificio penal europeo de represión del tráfico de seres humanos, que suele ir asociado a la delincuencia organizada. 
Las soluciones que la Comisión va a proponer se ajustan totalmente al contenido del Convenio de las Naciones Unidas que se firmará- espero- en Palermo en la semana del 12 al 15 de diciembre próximos. 
Pregunta nº 18 formulada por (H-0860/00): 
Asunto: Informe de las Naciones Unidas sobre la explotación de la mujer Según un informe de las Naciones Unidas, la situación de la mujer en el mundo es deplorable. Decenas de miles de embarazos indeseados, de abortos en condiciones precarias, de violaciones, malos tratos, infanticidios y crímenes por honor. 
En concreto, el informe menciona que hay 60 millones de niñas desaparecidas, que 5.000 mujeres son asesinadas cada año por motivos de honor y que aproximadamente 4 millones de mujeres son objeto de compraventa en la industria del sexo, y las que consiguen escapar acaban trabajando en condiciones miserables. 
Un dato significativo del informe es que, a escala mundial, una de cada tres mujeres ha sido víctima de malos tratos, violación o coito no deseado por lo menos una vez en su vida, mientras que los culpables han quedado impunes. 
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para poner fin a esta situación inaceptable de vil explotación, tráfico de seres humanos y malos tratos, y para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer? 
Preguntas dirigidas al Sr. Solbes 
. (EL) Señor Presidente, sin duda alguna el asunto de los malos tratos a las mujeres, de la violencia contra las mujeres, es uno de los grandes problemas sociales de nuestra época, con enormes consecuencias económicas, ya que en este ámbito se desarrollan muy importantes actividades económicas ilegales a escala mundial. 
El asunto de la violencia contra las mujeres adopta muchas formas: la violencia familiar, que es un crimen silenciado, las diversas formas de explotación sexual, el tráfico de mujeres, el tráfico de personas. 
Quiero recordar que después de Pekín, este año en Nueva York se ha expresado de nuevo el consenso mundial en la consideración de que todas estas prácticas afectan a los derechos humanos y que, en consecuencia, deben ser tratadas como formas y casos de violación de los derechos humanos. 
La Comisión aprobó en 1996 una política paneuropea para la lucha contra la trata de seres humanos, con especial atención a los asuntos que afectan a las mujeres, que son las más castigadas por esta plaga. 
Quiero recordar los programas DAFNE y el programa STOP; tengo que decir que el año pasado se organizó una campaña dedicada a la violencia doméstica, la violencia familiar, problema de grandes dimensiones a escala europea, y que en 1997 se aprobó una medida común sobre la trata de seres humanos y sobre la explotación sexual de los niños, por la que se llama a todos los estados miembros a revisar su marco institucional, a tomar en consideración determinadas formas de conducta y a fomentar la colaboración entre las autoridades judiciales. 
El nuevo programa comunitario- 2001-2005- para la igualdad entre hombres y mujeres propuesto por la Comisión tiene cinco ejes; uno de estos ejes se refiere a la violencia ejercida contra los derechos humanos, y ahí esperamos la colaboración de los gobiernos, de las autoridades locales y de las organizaciones no gubernamentales, al objeto de que durante los próximos cinco años tengamos programas en todos los países. 
Le agradezco sus explicaciones a la Sra. Comisaria; está muy bien todo lo que nos ha dicho; creo, sin embargo, que lo esencial no es eso. 
Y quisiera preguntar: ¿No cree, señora Comisaria, que los abominables fenómenos que denunciamos- y que, tal y como usted misma ha señalado, están relacionados con la situación económica imperante hoy en los países de la Unión Europea y los demás países de Europa y del mundo- son fruto de la miseria provocada por la política de exaltación de la búsqueda a ultranza del máximo beneficio al más elevado de los ideales? 
En Europa, las esclavas contemporáneas, destinadas a todos los usos, proceden principalmente de los antiguos países socialistas, de los países donde la mujer tenía antes la posición social que se merece. 
Hoy, con los trágicos cambios que tanto desearon y promovieron ustedes- su sistema quiero decir- la exportación de mujeres y niños a nuestros países constituye la parte más importante de las exportaciones de esos países... 
(El orador es interrumpido por el Presidente) 
. (EL) Señor Presidente, sólo una cosa: no es verdad que haya tráfico de mujeres procedentes exclusivamente de los antiguos países socialistas o que la mayor parte proceda de allí. 
Desgraciadamente tenemos que decir que Asia se lleva la palma, y también los países de Africa. 
La pobreza, donde existe, es la causa principal, es el principal factor desencadenante de este fenómeno. 
Pido disculpas a la Sra. Schreyer y al Sr. Fischler pero es imposible que puedan contestar a las preguntas. 
Las preguntas 19, 20 y 21 se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 22 formulada por (H-0809/00): 
Asunto: La política monetaria y la función de la Comisión Europea En un debate en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Jacques Delors, antiguo Presidente de la Comisión, afirmó que la Comisión debería asumir la responsabilidad de la expresión pública de la política europea sobre el estado y las evoluciones del cambio de la moneda única. 
¿Va a tomar la Comisión alguna medida, poniendo fin, en cualquier caso, a la actual diversidad de opiniones, tan perjudicial para la salud del euro? 
Preguntas dirigidas a la Sra. Wallström 
. Señor Presidente, al Sr. Nogueira le diría que, evidentemente, en el modelo que tenemos definido, la política monetaria, corresponde al Banco Central y es el Banco Central Europeo quien actúa según los criterios establecidos en el Tratado. 
Un problema de mayor envergadura es cómo conseguir que una política monetaria única sea compatible con unas políticas económicas que son nacionales de acuerdo con el Tratado. 
Esa operación es precisamente toda la que se incluye en la coordinación de políticas económicas, que tiene dos objetivos fundamentales: por una parte, que las políticas económicas de los diferentes Estados miembros no sean incongruentes y, segundo, que tampoco sean incongruentes con la política monetaria y generen una situación que pueda llevarnos a una política monetaria excesivamente restrictiva. 
Intentamos llevar a cabo esa coordinación, fundamentalmente, a través del instrumento de las grandes orientaciones de política económica, que son aplicables en cada uno de los Estados miembros que las aprueban y que recogen, no sólo las grandes líneas de política económica, sino también recomendaciones específicas para cada uno de los Estados miembros. 
Sin embargo, también hemos puesto en marcha, como consecuencia del plan de estabilidad y crecimiento, los llamados programas de estabilidad. 
Aquí tenemos un enfoque mucho más preciso, mucho más puntual, pues estamos introduciendo única y exclusivamente el elemento de las finanzas públicas. 
El objetivo durante este período ha sido reducir el déficit público para lograr una política monetaria más acomodante, menores tipos de interés y un mayor crecimiento. 
Los objetivos que se han previsto se están alcanzando de manera satisfactoria. 
Esperamos que el próximo año lleguemos a una situación de déficit cero. 
En estas condiciones, el Eurogrupo se está planteando, como responsable fundamental de la coordinación de la política económica, ir más lejos en cuanto a nuestras obligaciones fiscales y, sobre todo, mejorar la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que supondrá, sin duda alguna, una mejora del pacto de estabilidad y crecimiento y el tratamiento de temas más precisos y con mayor contenido. 
Señor Presidente, señor Comisario, me ha dado usted una respuesta acerca de la política económica europea y la práctica de los Estados y de la Comisión sobre la misma. 
Creo que en el estado actual del euro el problema no es la política económica y que son otras las respuestas que hay que dar. 
Si pudiera ser comprensivo con su respuesta, yo añadiría la evidencia de que hay una compra de dólares sistemática desde Europa, una inversión extraordinaria en Estados Unidos, que si fuera gobernante de este país me preocuparía enormemente, y, en todo caso, que la baja del euro está favoreciendo enormemente las exportaciones europeas, lo cual no es negativo para Europa. 
Pero, creo que ustedes no saben explicar esto o no se atreven y que, en todo caso, el problema fundamental del descenso de la cotización del euro radica justamente en la inexistencia de la confianza hacia una política común, porque los Estados se resisten a admitir la realidad estratégica y política de la propia existencia del euro. 
Tampoco hay una pregunta, señor Solbes. 
Ya ve usted que todos los diputados, casi sin excepción, tienen vocación de Comisarios, quieren explicarnos el tema. 
Todos sabemos que no hay tiempo. 
Les ruego, señores diputados, que comiencen por la pregunta y no por la explicación. 
Señor Presidente, creo que en la opinión pública es muy importante distinguir entre el efecto interior y el efecto exterior, y a mí me interesaría lo siguiente: ¿Podrá en marcha la Comisión ahora, poco antes de la introducción física del euro, una acción para explicar a la población la diferencia entre el efecto interior y el efecto exterior de la estabilidad monetaria? 
. Señor Presidente, voy a intentar dar respuesta a ambos temas rápidamente. 
En primer lugar, es cierto que tenemos un efecto euro interior y un efecto euro exterior. 
El efecto euro en términos globales debe considerarse un éxito absoluto y total, hemos conseguido mejorar el crecimiento, mejorar las condiciones de estabilidad en nuestra economía, hemos conseguido mantener la inflación, a pesar de los riesgos que estamos teniendo, a un nivel relativamente bajo y el objetivo fundamental, que es mantener la inflación bajo control, se está consiguiendo. 
Desde el punto de vista exterior, es verdad que hay un problema- y contesto indirectamente al Sr. Nogueira- que es, no lo debemos olvidar, que el ahorro en Europa es mucho mayor que en Estados Unidos. 
Parte de ese ahorro europeo está sirviendo para que empresas europeas vayan al exterior a internacionalizarse; en unos casos son inversiones europeas que se producen fuera y en otros son simplemente países o emisores que actúan en Europa, donde captan mejor sus recursos, y después los trasladan al exterior. 
Pero contestando a su pregunta concreta, ¿qué vamos a hacer? 
En1999 pusimos en marcha una serie de programas específicos, en cooperación con el Parlamento, para dar a conocer lo mejor posible el euro. 
Yo digo siempre que el euro no se introducirá el 1 de enero de 2002, el euro ya está en nuestro bolsillo; lo tenemos con monedas fraccionarias distintas, pero ya lo tenemos en el bolsillo. 
Ahora hay que trabajar sobre ese punto específico. 
Si en el año 2000 hemos dedicado más atención a las pequeñas y medianas empresas, el año 2001 deberá ser el año de los ciudadanos. 
Lo estamos haciendo en cooperación con los Estados miembros, que son los responsables de los programas específicos de cambio al euro; el Parlamento está participando (recuerden las reuniones celebradas los pasados 23 y 24 de octubre) y por nuestra parte lo que estamos haciendo para intentar que los Estados miembros avancen y conseguir esa visibilidad que todos queremos es informar al Ecofin cada mes. 
Ustedes también están recibiendo esa información sobre la situación en que se encuentra cada plan de cambio al euro físico en cada uno de los Estados miembros, para que todo el mundo pueda elegir las mejores prácticas en uno y otro país y podamos avanzar lo máximo posible entre todos y conseguir los mejores resultados antes del fin de año próximo. 
La pregunta 23 se contestará por escrito. 
. (EN) En primer lugar, la Directiva 96/61 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, que los Estados miembros debían transponer antes del 30 de octubre de 1999, aún no ha sido incorporada en Grecia. 
La Comisión, por consiguiente, ha enviado recientemente una opinión a las autoridades griegas. 
Si la parte griega no adopta las medidas oportunas, la Comisión proseguirá el procedimiento que ya ha iniciado. 
En relación con la Directiva 96/62 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, la Comisión ha denunciado a Grecia ante el Tribunal de Justicia por la no transposición. 
Durante el procedimiento, las autoridades griegas hicieron saber que la directiva ya había sido incorporada. 
La Comisión solicitó entonces al Tribunal de Justicia la retirada del procedimiento iniciado contra las autoridades griegas. 
Un estudio sobre la contaminación atmosférica en Atenas, efectuado en el marco de un programa entre los servicios de la Comisión y el Ayuntamiento de Atenas, ha tenido como resultado la instalación de un red de vigilancia en cumplimiento con los requisitos de la legislación de desarrollo de conformidad con la Directiva 96/62. 
El estudio analizó asimismo la calidad actual del aire en Atenas. 
Durante la campaña de medición se registraron altas concentraciones de dióxido de azufre en algunos puntos conflictivos. 
Los valores límite en vigor para el dióxido de nitrógeno y plomo no se sobrepasaron. 
Los valores máximos establecidos por la Directiva 92/72 no se sobrepasaron en la ciudad de Atenas, aunque cabe observar que no se efectuaron mediciones a mediados de verano. 
Otros datos del seguimiento demuestran que los valores límite de ozono se sobrepasan con frecuencia fuera de la zona metropolitana de Atenas. 
Tengo esperanzas de que esta situación mejore con la aplicación de otras iniciativas comunitarias, tales como el reciente acuerdo sobre la propuesta de directiva de la Comisión sobre los límites nacionales de las emisiones. 
Asimismo, los Estados miembros deberán transponer la Directiva de desarrollo 99/30 antes del 19 de julio de 2001. 
La directiva establece los futuros valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, micropartículas y plomo. 
Según el estudio, las actuales concentraciones de dióxido de nitrógeno sobrepasan los límites que deberán alcanzarse antes de 2010, y el nuevo valor límite para micropartículas que deberá alcanzarse antes de 2005 se sobrepasa ampliamente en la actualidad. 
El valor límite adoptado recientemente para benceno también se sobrepasa. 
Se espera que esta situación mejore con la aplicación de la legislación comunitaria, por ejemplo, en el sector de transportes. 
No obstante, las autoridades griegas deberán adoptar medidas complementarias a nivel local para garantizar que se respetan las nuevas normas en materia de calidad del aire. 
Señora Comisaria, le agradezco mucho, sinceramente, la información detallada y precisa que nos brinda. 
Esta vez, señor Presidente, para innovar, no voy a expresar ninguna posición; simplemente, le voy a dirigir dos preguntas a la Sra. Comisaria. Nos ha dicho usted que hay casos en que la concentración ha rebasado los límites. 
¿Les han comunicado que se haya tomado alguna medida cuando se han registrado esas concentraciones excesivas? 
Segundo; en las partidas para el Fondo de Cohesión y para el tercer marco comunitario de apoyo hay inversiones previstas, ¿se ha hablado de inversiones destinadas a instalar realmente en toda Grecia, y no sólo en Atenas, las redes de medición que prevé la legislación comunitaria? 
. (EN) Cuando se sobrepasan los valores establecidos, los Estados miembros, en este caso Grecia, deben adoptar medidas. 
Lo que hace la Comisión es garantizar que existe un sistema de vigilancia y de medición. 
Si se sobrepasan los valores, la Comisión pide al Estado miembro en cuestión que adopte medidas y la Comisión hace un seguimiento. 
Existe la posibilidad de utilizar fondos comunitarios para la creación de redes y para las mediciones en Grecia. 
Es de la máxima importancia que nos mantengamos vigilantes ante la evolución de la calidad del aire en Grecia, y no sólo en Atenas. 
Pregunta nº 29 formulada por (H-0811/00): 
Asunto: Ayudas públicas al sector audiovisual En un seminario de la Presidencia francesa sobre las industrias relacionadas con la cultura, un representante de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea afirmó que las obligaciones legales de inversión impuestas a las cadenas de televisión constituyen ayudas de Estado por el hecho de que estas inversiones son impuestas con carácter obligatorio por el legislador. 
¿Podría confirmar la Comisión si este es el enfoque que se aplica en el marco de su examen de las ayudas de Estado concedidas al sector cinematográfico y audiovisual? 
- (FR) Los recursos asignados por las cadenas de televisión en aplicación de una obligación legal son, por ello, recursos estatales. 
El hecho de que exista una obligación legal de inversión para las cadenas de televisión no implica necesariamente que dichas inversiones constituyan ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CEE, pero supone, en cambio, que la Comisión debe ejercer un control con miras a la aplicación del artículo 87 del Tratado CEE. 
El principio en el que se basa la Comisión para determinar si dichas inversiones son ayudas y, en su caso, cuantificarlas es el principio del inversor privado que opera en las condiciones normales de una economía de mercado. 
La compra de productos audiovisuales para sus programas posteriores de radiodifusión se inscribe en el marco normal de las actividades comerciales de las cadenas de televisión. 
Las inversiones efectuadas para financiar estos productos no implicarían elementos de ayuda estatal salvo que las cadenas de televisión no obtengan una contrapartida o una remuneración suficiente de los Estados. 
Dicha remuneración puede adoptar la forma de suministros, de compras de productos audiovisuales, de cuotas de coproducción o de derechos de difusión. 
La misma podría igualmente consistir en otras formas de compensación comercial de sus inversiones. 
Dicho de otra manera, las inversiones podrían suponer un elemento de ayuda cuando éstas sirven para financiar proyectos de producción que no habrían obtenido financiación por las cadenas, a falta de obligación legal. 
Evidentemente, el elemento de ayuda en favor de estos proyectos no consistiría en la totalidad de la financiación que aportan las cadenas. 
Éste consistiría más bien en el diferencial que existiría entre un rendimiento normal y el rendimiento efectivo de la producción financiada. 
Finalmente, debe señalarse que el carácter de ayuda de algunas de dichas inversiones no implica necesariamente que sean compatibles con las normas del Tratado. 
Podrían considerarse compatibles debido a su efecto de ayuda particular a la producción cultural. 
Señor Comisario, podría precisar si, en tal caso, no existe una contradicción con el hecho de que "Televisión sin fronteras" también conceda ayudas para la producción del contenido de las obras. 
Con respecto al corte entre el importe de una ayuda nacional y su utilización territorial, ¿no cree que éste amenaza, a la larga, la oportunidad y, por tanto, la existencia de las ayudas nacionales? 
¿Qué opina la Comisión al respecto? 
En realidad, mi problema es entender la razón por la cual ustedes trabajan con notificaciones bilaterales y no con un texto oficial que nos permitiera examinar el problema, en conjunto, como usted acaba de plantearlo con la cuestión de los Tratados. 
- (FR) En su decisión de aprobación del régimen francés de apoyo a la producción cinematográfica, la Comisión había establecido cuatro criterios de compatibilidad específica. 
En la misma decisión, la Comisión se había comprometido a estudiar los regímenes de ayuda a todos los Estados miembros, basándose en criterios específicos de compatibilidad aprobados hasta el año 2004, año en el que expirará la fecha de validez de la autorización del régimen francés de ayuda. 
El objetivo de la intervención de la Comisión es crear la seguridad jurídica y la estabilidad reglamentaria que el sector necesita para desarrollarse y que le faltaban hasta ahora, fijando los criterios de compatibilidad mínima, pero sin pretender armonizar los regímenes de ayuda, cuya diversidad es reflejo de la diversidad cultural que la Comisión desea proteger. 
Por lo tanto, señora diputada, este enfoque bilateral sólo pretende examinar la conformidad de los diferentes regímenes existentes con el prototipo establecido con ocasión de la decisión de aprobación del régimen francés, sobre la base de cuatro criterios de compatibilidad específicos. 
Las preguntas 30 a 59 se contestarán por escrito. 
Hoy podríamos decir en latín vulgar aquello de ite cuestiones sunt. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Lucha contra la exclusión social (continuación) 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice en su preámbulo: "al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación", y añade en su artículo primero: " La dignidad humana es inviolable. 
Será respetada y protegida ". 
Traigo a colación la cita de la Carta de Derechos Fundamentales, porque probablemente algunas situaciones que se describen en este magnífico informe- felicito a la ponente por ello- son incompatibles con esta declaración que en estos mismos días este Parlamento asumía voluntariamente. 
Frente a estas afirmaciones la realidad es terca. 
Datos de Eurostat nos dicen que el 18 % de la población de la Unión Europea vive con menos del 60 % de los ingresos medios nacionales o, lo que es lo mismo, que 65 millones de europeos viven en situación de pobreza. 
Es verdad que las tasas nacionales de pobreza son variables y distintas, como son variables los tipos de pobreza: urbana, de barrios industriales, de zonas rurales alejadas, etc., o la pobreza vinculada a la discriminación por razón de sexo o de edad- me estoy refiriendo, lógicamente, a la pobreza femenina y a la pobreza infantil-. 
Los mundos actuales, la sociedad de la globalización y de la mundialización de la economía, la sociedad de la información y del desarrollo tecnológico podrían también tener una influencia no en exceso positiva y crear nuevas formas de pobreza o contribuir a hacerlo, por las dificultades intrínsecas en este tipo de sociedad para facilitar el acceso al empleo, que me parece que es la vía fundamental de integración e inclusión social, y por la necesidad de mejorar el empleo y obtener un empleo de más calidad. 
Europa ha creado empleo de forma importante. 
En mi país, en España, el Gobierno de José María Aznar ha hecho un esfuerzo y ha adoptado un compromiso: partiendo de índices elevados de desempleo ha logrado reducirlo y sigue manteniendo este objetivo, que se está cumpliendo, y este compromiso. 
Pero creo que no debemos darnos por satisfechos con lo logrado. 
La consecución de una Europa que fomente la integración, en palabras del Consejo Europeo de Lisboa, exige un esfuerzo y una acción de conjunto. 
Y ésa pasa por conocer las características y los medios que pueden implicar a todos, en la sociedad globalmente considerada y en los distintos gobiernos, por la necesidad de cuantificar objetivos y erradicar la pobreza infantil, porque esta pobreza infantil sería generadora de otra pobreza y quizá de un enraizamiento de fórmulas de exclusión social que perpetuarían la pobreza y quizá la miseria. 
Por eso, Sra. Comisaria, yo pediría un esfuerzo especial en la erradicación de esta pobreza infantil. 
Señor Presidente, desearía primero dar las gracias a nuestra ponente y saludar su iniciativa de lanzar el diálogo con el Consejo y la Comisión a partir de esta primera lectura, para trabajar mejor sobre las enmiendas que desea introducir el Parlamento. 
Tras el desempleo masivo de las décadas de los años 80 y 90, la exclusión puede convertirse en la nueva enfermedad que carcomerá Europa durante los diez próximos años. 
En el momento en que se recupera el crecimiento, se trata de un reto que debemos aceptar si deseamos que dicho crecimiento beneficie realmente a todos. 
Ahora bien, esto no es evidente, ya que el nuevo crecimiento es muy desigualitario y puede estar acompañado, como lo hemos visto en los Estados Unidos desde hace unos diez años, por fenómenos persistentes de precariedad, de exclusión, de pobreza, de ghettización urbana. 
Se trata de un crecimiento en las condiciones heredadas de la crisis: se crean muchos empleos, pero nunca ha habido tantos empleos precarios, provisionales, con dedicación parcial obligatoria. 
Creo que debemos procurar que no se generalice también en nuestros países el fenómeno de los working poors. 
A esta exclusión económica se añade, en gran medida, la exclusión respecto a una vivienda decente, así como la falta de acceso a la asistencia sanitaria, a la formación y a la cultura, ya que algunos grupos están más expuestos que otros. 
Este programa comunitario no está orientado a hacerse cargo por sí solo de la lucha contra la exclusión en la Unión, sino que debe permitir que Europa lleve a cabo esta acción con mayor determinación, mayor eficacia y mayor coordinación. 
Para eso, dicho programa debe estar estrechamente ligado al compromiso que los jefes de Estado y de gobierno decidieron en Lisboa, en marzo de 2000, de dar- cito- "un impulso decisivo a la eliminación de la pobreza, fijando objetivos apropiados que el Consejo debe aprobar de aquí a fin de año", es decir, de aquí al Consejo de Niza que debe celebrarse dentro de algunas semanas. 
Creo que el programa sólo tendrá sentido si se vincula a la realización de dicho objetivo. 
Primero, mejorando la comprensión de los fenómenos de exclusión, gracias al establecimiento de indicadores y criterios de evaluación, articulados sobre todo en grupos definidos previamente. 
En segundo lugar, permitiendo sacar mayor partido de la experiencia de los actores que trabajan sobre el terreno, de las ONG, de las colectividades locales, de los organismos sociales y de las propias personas que están en situación de exclusión. 
En tercer lugar, ayudando a evaluar los efectos de las políticas públicas llevadas a cabo en los diferentes Estados miembros, para sacar lecciones, extraer las mejores prácticas y reflexionar en las mejores estrategias y sobre todo en la coherencia con las demás políticas económicas y sociales. 
En cuarto lugar, contribuyendo, finalmente, a la definición de líneas maestras y de planes de acción nacionales a semejanza del proceso de Luxemburgo para el empleo, basados, pues, en indicadores y objetivos, no mínimos, sino de un alto nivel de exigencia, de acuerdo con la idea que nos hacemos del modelo social europeo. 
Las enmiendas propuestas por el ponente- que nosotros apoyamos- tienden a fortalecer el programa en tal sentido. 
Creo que coinciden en muchos puntos con las propuestas realizadas por el grupo de alto nivel sobre la protección social- propuestas presentadas al Consejo de Empleo, con miras a la cumbre de Niza -, en particular con respecto a la idea de promover el acceso a un empleo sostenible y de calidad, el acceso a la protección social y a la asistencia sanitaria, así como el acceso de todos a una vivienda decente y salubre y a los servicios esenciales- el grupo de alto nivel cita, en este sentido, la electricidad, el agua, la calefacción, y también el acceso efectivo a la educación, a la justicia y a los servicios públicos-. 
Creo, para finalizar, que no podremos luchar eficazmente contra la exclusión sino es garantizando a todos el acceso a los derechos fundamentales, puesto que estos derechos son la condición de la dignidad para todos y de una verdadera participación en el plano de la ciudadanía. 
Señor Presidente, la lucha contra la exclusión social es un deseo político que todos respaldamos, pero ¿qué debe entenderse por exclusión social y cuál es la mejor manera de combatir ésta? 
¿Cuál debe ser el papel de la UE? 
Son las respuestas a estas preguntas las que debemos hallar en este programa para el fomento de la cooperación entre Estados miembros en materia de lucha contra la exclusión social. 
La idea es que todas las partes afectadas e interesadas se vean involucradas en un trabajo en el que cada país describa el alcance de la exclusión social y sus esfuerzos por combatir ésta. 
Éste nos servirá de base a la hora de disponer de un marco de comprensión comunitario más amplio. 
Es verdad que no resulta tan fácil definir el concepto de exclusión social. 
¿Pensamos en los parados de larga duración- tanto jóvenes como mayores -, pensamos en los disminuidos físicos o psíquicos, pensamos en los enfermos mentales, pensamos en los pobres o en las personas de menos recursos? 
Seguramente todos nosotros albergamos nuestras propias ideas sobre qué debe incluir este concepto. 
Sin embargo, carecemos de una definición común. 
La Comisión intentó dar una definición en su borrador de la Cumbre de Lisboa, pretendiendo que los excluidos son aquellos que disponen de unos ingresos situados por debajo del 60% del ingreso medio del país en cuestión. 
Los gobiernos de los países miembros no aceptaron esta definición, que también es verdad resulta algo simple y demasiado banal. 
Hace falta disponer de una descripción más detallada de las problemáticas. 
El acercamiento muy abierto por el que ha optado el Consejo para enfrentarse a esta cuestión es, en mi opinión, completamente acertado. 
Hace falta reunir estadísticas, efectuar análisis y mediante conferencias y otros tipos de mediación alcanzar un mayor entendimiento comunitario de lo que entendemos por exclusión social. 
Con respecto al informe concreto, la Sra. Figueiredo desea que se incluya la palabra "pobreza" en el texto legislativo. 
En principio, mi Grupo se opone a ello por motivos formales, es decir, por la cuestión de la base conforme al tratado. 
Reconocemos naturalmente que la pobreza es motivo de exclusión social, como, dicho sea de paso, se desprende del texto. 
Varios integrantes del Grupo ELDR albergan también reservas sobre la introducción del grupo de reflexión en el texto legislativo y sobre el aumento de los fondos asignados, pero por lo demás respaldamos el informe de la Sra. Figueiredo. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la ponente por el enorme compromiso mostrado al ocuparse de este informe sobre un programa de acción comunitario para luchar contra la exclusión social, exclusión en la que, como muchos han dicho, la pobreza desempeña posiblemente un papel importante. 
Se nos dice que encontrar trabajo remunerado es la mejor forma de evitar la exclusión social, pero yo coincido con los que han dicho que deberíamos tener en cuenta el hecho de que la actividad remunerada por sí sola no garantiza la participación en la sociedad. 
Hay mucha gente de avanzada edad que estarían de acuerdo con ello, como las personas que han trabajado muchas horas por un salario reducido que no proporciona un sustento vital decente (trabajadores del campo, por ejemplo). 
Es lamentable que la pobreza se convierta en un añadido tan controvertido al nombre de este programa, por la razón de que no es mencionada en los Tratados. 
Sería interesante escuchar al Consejo, en algún momento, si va a proponer la rectificación de esta omisión en la cumbre de Niza. 
Luchar contra la pobreza resulta controvertido porque plantea las cuestiones de la protección social como factor productivo y de la redistribución, conceptos totalmente pasados de moda en algunos Estados miembros. 
Sería muy beneficioso utilizar parte de la cantidad que se solicita en este informe para financiar la elaboración de estudios comparativos que pongan de manifiesto cómo podría manejarse esta situación. 
Estoy seguro de que a muchas ONG y autoridades locales y regionales- que la Sra. Figueiredo propone incluir en el programa y en su evaluación- les gustaría compartir su amplia experiencia. 
Si queremos evitar la exclusión social, tenemos que garantizar que nuestras políticas macroeconómicas no actúen de una forma tal que incrementen la exclusión social. 
Sería totalmente contraproducente poner en práctica políticas que socaven el desarrollo económico local, hagan el empleo menos seguro pero más exigente y luego tener que arreglar el desaguisado con programas que intenten combatir la pobreza y la exclusión social. 
Señor Presidente, vivimos en una sociedad paradójica. 
En la política económica hacemos cuanto podemos para aumentar la eficiencia, la rapidez y la dinámica. 
En el ambiente hostil que se crea, son muchos los que quedan en el camino y que son rechazados. 
Por tanto: mientras más florece la economía, más personas son excluidas y caen en la pobreza. 
Esto puede alimentar nuestro pesimismo. 
A pesar de que hay dinero y de que nunca Europa ha sido tan rica como ahora, parece que es cada vez más difícil proteger a los débiles y dar a los marginados una verdadera oportunidad. 
Por eso celebro el importante informe de la Sra. Figuereido. 
Quiero felicitarla sinceramente por este informe. 
Se trata de instar a los estados para que hagan algo contra la pobreza y la exclusión. 
Resulta especialmente provechoso que se haga hincapié en que no basta con bellas palabras y que la solidaridad cuesta dinero. 
Es obvio que lo mejor sería ofrecer un buen trabajo a tantas personas como sea posible, pero en una economía de competencia hay muchos que sucumben. 
Según el informe, pueden ser mujeres que tienen doble trabajo, es decir, que trabajan en casa y fuera de ella. 
Puede tratarse de personas mayores cuyos conocimientos ya no son necesarios. 
Pueden ser personas con problemas psíquicos. 
Pueden ser grupos numerosos que desconocen la lengua necesaria para conseguir un trabajo. 
Ante todo, son personas que trabajan, pero cuyos salarios son demasiado bajos para que puedan vivir de ellos. 
Todos esos grupos corren riego de exclusión social si no se toman medidas de apoyo muy completas. 
Por tanto, los Estados miembros tienen que destinar mucho más dinero a las acciones de tipo social, dirigidas a combatir la marginalidad, la pobreza y la miseria social. 
Hice referencia a la sociedad paradójica. 
Según la ideología vigente, las personas deben asumir la responsabilidad de sus propias vidas. 
No obstante, opino que la exclusión y la pobreza son un producto de las condiciones sociales y que la responsabilidad es, por tanto, común. 
En una sociedad justa tiene que haber lugar para todos, y ésta es una responsabilidad común. 
Señor Presidente, en este Pleno se escucha con mucha frecuencia, como una cantinela, la exaltación del modelo social europeo, de la economía social de mercado que hay que contraponer con orgullo- muchos lo piensan- al modelo salvaje de los Estados Unidos. 
Las tasas de pobreza en Europa que están en la base de este informe y que se han recordado- el 18% de pobreza relativa- muestran, por el contrario, una realidad en absoluto halagüeña. 
El principal problema sigue siendo llegar a comprender qué es lo que no funciona en la economía y en la sociedad de los Estados europeos y cuáles son las reformas deseables para reducir las bolsas de pobreza y de exclusión social que padecen muchas zonas de la Unión. 
¿Qué propone la decisión que nos ocupa? 
Garantizar derechos, crear sistemas de coordinación, comités para analizar la situación y elaborar planes de acción contra la exclusión social, promover el diálogo entre las partes implicadas y la creación a escala europea de redes de organizaciones no gubernamentales, y para esto destinaremos 70 o quizá 100 millones de euros. 
Ahora bien, no discuto las buenas intenciones de esta decisión, sino que me preocupo por los resultados que podemos esperar de este plan quinquenal. 
Al final, probablemente conoceremos mejor la exclusión social y la pobreza desde el punto de vista estadístico- y esto es bueno- habremos asegurado acciones de ayuda en favor de algunas decenas de miles de personas en Europa- y también esto puede ser bueno- pero no habremos hecho presión en la dirección de algunas reformas estructurales que, en cambio, podrían reducir de manera sustancial la exclusión y la pobreza. 
En el informe se insiste en dos cuestiones: el desempleo y las pensiones muy bajas de algunas categorías. 
Seguramente es verdad que estos dos factores determinan la exclusión y la pobreza, pero debemos tratar los síntomas, debemos tratar la enfermedad. 
Si se quieren conseguir más puestos de trabajo, hay que convertir en más competitivas las empresas europeas y sobre todo hay que tener el valor de liberalizar el mercado de trabajo. 
Allí donde, incluso en Europa, esto se ha hecho, se ha logrado reducir considerablemente el desempleo. 
En los Estados Unidos un empleo más flexible garantiza que la pobreza se viva durante períodos más cortos con un desempleo muy corto. 
Si se quieren recabar recursos para darlos a los pensionistas que cobran las pensiones más bajas, se debe tener el valor de decir que hay que impedir la posibilidad de jubilarse a las 50 años y probablemente hay que reformar las bases del sistema de seguridad social. 
Sin las reformas del mercado laboral y del bienestar que se debe replantear sobre la base de las libertades y de las responsabilidades individuales y no sobre la base del paternalismo estatal y sindical, mucho me temo que nuestros comités y nuestros sistemas de coordinación conseguirán muy poco para los pobres de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, a pesar de la técnica deseo hablar. 
El 18% de la población de la Unión Europea vive por debajo del umbral de la pobreza. 
Con frecuencia se ignora a estos 65 millones de personas. 
No encajan en la imagen de una Europa rica con un elevado potencial de crecimiento. 
La causa de la pobreza es la falta de trabajo y un salario insuficiente. Concepto clave "working poor" y puestos de trabajo desprotegidos. 
Para la cohesión económica y social perseguida, junto a un elevado nivel de empleo necesitamos también un elevado nivel de protección social. 
Señora Diamantopoulou ,.... 
(Fallo técnico) 
Se me boicotea, señor Presidente. 
Debe contribuir a detectar los fenómenos de la exclusión y a intercambiar las experiencias en base a unos datos precisos, cualitativos y cuantitativos. 
Se debe mantener el diálogo entre los grupos de intereses y las ONG relevantes. 
Se deben incluir a los centros de observación nacionales así como a las autoridades regionales y locales. 
Surgen efectos sinergéticos cuando se unen medidas de los Estados miembros con las políticas comunitarias, acciones e instrumentos y con los Fondos estructurales europeos. 
Un resultado son las prácticas con carácter de modelo que han tenido mucho éxito. 
Otro es la construcción y ampliación de las redes. 
Un tercero es el fomento de proyectos innovadores. 
Me parece esencial el grupo de reflexión a nivel europeo con representantes de la ONG, los interlocutores sociales, el Consejo y el Parlamento Europeo, quienes deben participar anualmente en una round table. 
El concepto de la coordinación abierta en la política de empleo desde Luxemburgo debe incluir también la exclusión y reflejarse en planes de acción nacionales de los Estados miembros. 
En 1992, el Consejo instó a los Estados miembros para combatir la exclusión social. 
En 1999 acordó fomentar la integración social. 
Intensifiquemos a partir del 2001 este papel activo para proporcionar a los afectados por la pobreza y la exclusión social un acceso a la vida económica, social y cultural. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisaria, así como este informe que pretende mejorarla. 
Europa ha conseguido salvar la crisis económica que ha afectado a muchas partes del mundo en los últimos años. 
El crecimiento está recobrando impulso, la inflación ha bajado hasta sus niveles más bajos en toda una generación, y sin embargo la pobreza y la exclusión persisten. 
La tasa de desempleo europea, que alcanza el 8,3 %, es aún demasiado elevada. 
Más de la mitad de los 14 millones de desempleados llevan más de un año en el paro, según los últimos datos de Eurostat. 
Además, según los servicios estadísticos de la UE, el 18% de los ciudadanos europeos vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que un tercio de los que viven en la pobreza disponen de trabajo. 
En mi propio país, cerca del 75% de los que trabajan y viven por debajo del umbral de la pobreza son mujeres. 
La situación parece ir empeorando. 
Entre 1980 y 1995 la desigualdad general creció en los Estados miembros. 
La globalización, las innovaciones tecnológicas y el ascenso de una economía basada en el conocimiento coinciden con un cambio de las estructuras sociales, del papel de los sexos y con el crecimiento de las diversidades sociales. 
Ocurre simplemente que la exclusión social es un freno para el crecimiento económico, mientras que una sociedad integradora impulsa el crecimiento y el bienestar de todos. 
La Comisión estima que el deficiente empleo de los recursos humanos disponibles, el aumento de los costes por enfermedad, la delincuencia, etc., pueden suponer entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año. 
Esta es una cantidad enorme. 
Es absolutamente necesario que Europa aborde las divisiones que existen actualmente e impida la aparición de otras nuevas. 
La existencia de una moneda única y de una política de creciente coordinación económica y fiscal significa que las políticas sociales no pueden quedar comprendidas únicamente en los ámbitos de competencia nacionales. 
Es indispensable, no obstante, que los Estados miembros se comprometan plenamente con este programa y mantengan amplias consultas con la sociedad civil con el objeto de fijar objetivos ambiciosos para eliminar la pobreza y la exclusión. 
La primera prueba de la seriedad de las intenciones de los Estados miembro será su aprobación de la decisión del Parlamento de aumentar la dotación económica desde 70 millones de euros a 100 millones de euros. 
Esta es una cantidad en sí misma miserable, habida cuenta de la magnitud del problema. 
Por último, desearía felicitar a la ponente por un informe que pone de manifiesto la verdadera magnitud de la pobreza y de la exclusión social y pone en tela de juicio la idea de una Europa comprometida en la defensa de la justicia social y la solidaridad, a menos que todas las Instituciones europeas y la sociedad civil se comprometan seriamente en estos asuntos. 
Señor Presidente, agradezco muy sinceramente a la ponente, Sra. Figueiredo, no solo el gran trabajo realizado en lo que se refiere a este texto, sino también el hecho de haber acogido algunas de mis enmiendas, una de las cuales afirma que la pobreza y la exclusión social son producto de las leyes de los Estados miembros que asignan pensiones muy bajas, como decía también el Sr. Della Vedova, refiriéndose a mi enmienda que ha sido incluida en el informe Figueiredo. 
Ojalá Dios quisiera que pudiésemos luchar contra la exclusión social y la pobreza. 
Ojalá Dios quisiera que pudiésemos limitar su alcance. 
Cada año, junto con mis amigos Thomas Mann y Mario Mantovani, vamos al Centro de las Hermanitas de los Pobres de Bruselas para servir las comidas a los pobres vagabundos de la ciudad, y nos duele el corazón y nos sentimos culpables de hacerlo sólo un día al año: quisiéramos hacerlo todos los días, pero es francamente imposible. 
Por esto, tenemos que tratar de cumplir, al menos en parte, este compromiso. 
Estoy convencido de la buena voluntad de la Sra. Figueiredo, de la Comisión y especialmente de la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, no obstante, vuelvo a repetir lo que dije en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, es decir, que debemos poner la palabra "fin" a los programas que luchan contra la exclusión social. 
Éste debe ser el último programa. 
Dentro de cinco años- espero estar todavía en el Parlamento Europeo- quiero que se hagan otros programas: basta intentar vencer la pobreza, la pobreza debe ser vencida una vez por todas. 
Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a la ponente este excelente informe. 
Todos hemos hablado de nuestro excelente desarrollo económico, con buen crecimiento, menos desempleo y más puestos de trabajo. 
Al mismo tiempo vemos en todos los países comunitarios, creo, que aumentan las diferencias, además de las diferencias heredadas del período de bajo crecimiento económico. 
Esto nos dice que no basta con la política del mercado laboral ni con la tradicional política de empleo, sino que hay que involucrar más sectores políticos para combatir la marginación y la pobreza. 
Es un problema muy vasto. 
La política del mercado laboral es, obviamente, una parte de esto. 
Es importante que el desempleo disminuya y que aumente el empleo, pero no basta, también hay que conseguir que la política educacional llegue a todos los individuos, especialmente en la nueva sociedad en que los conocimientos son importantes. 
Además, también es importante la política de protección social. 
En diferentes situaciones en la vida, por ejemplo, cuando se tienen hijos pequeños, cuando se está en el paro, cuando se está enfermo o cuando se llega a viejo, no hay que caer en la pobreza sino que participar en la sociedad. También la política habitacional es importante, por ejemplo, el derecho a una vivienda para poder participar en la sociedad. 
Además, tienen que incorporarse todos los niveles políticos. 
Estamos habituados al ámbito local, regional y nacional. 
Sin embargo, en atención a la nueva situación económica- a la economía que sobrepasa las fronteras- sabemos que es necesario actuar en el ámbito europeo para crear más riqueza, no para apoderarnos de nada. 
Por eso resulta importante este programa, así como la coordinación de las diferentes políticas, asunto que se discutió en Lisboa y que continuará discutiéndose en la reunión de Estocolmo, y que implica enlazar la política de protección social, la política del mercado laboral y la política educacional con la política económica. 
Ése es el contexto apropiado para un programa de esta naturaleza, es decir, para la lucha contra la marginación y la pobreza. 
Señor Presidente, Eurostat señala con mucha claridad que cerca del 18% de la población de la Unión Europea vive con menos del 60% de la renta media nacional. 
Eso representa cerca de 75 millones de ciudadanos europeos. 
De forma general, en los diez últimos años la tasa de pobreza nacional ha oscilado entre el 10%-11% en los casos de Dinamarca y los Países Bajos y un preocupante 24% en el de Portugal. 
Además, más de 10 millones de personas dependen de la contribución de regímenes de asistencia social en una situación que se va agravando en la mayoría de los Estados miembros. 
Este informe es muy importante porque va destinado a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, por lo que constituye un paso más con vistas a fortalecer la cohesión social. 
Por eso, quisiera felicitar a la ponente. 
Es un programa ambicioso de acción comunitario que, conforme a la propuesta de la Comisión, tendrá una dotación presupuestaria de 70 millones de euros y estará en vigor durante un período de cinco años. 
Se deberá reforzar esa dotación teniendo en cuenta los procedimientos y el realismo necesarios al respecto. 
Hay que incrementar el diálogo con las organizaciones no gubernamentales y con los demás interlocutores sociales con vistas a descubrir con rigor focos de pobreza y exclusión social y determinar los modos más eficientes y eficaces de luchar contra ellos. 
Con todo, es necesario lanzar una advertencia sobre la insuficiencia de los mecanismos de control financiero de las organizaciones no gubernamentales, exigir una mejor fiscalización que garantice una aplicación juiciosa y rigurosa de los fondos públicos. 
Este programa deberá tener como destinatarios a las víctimas de la pobreza y la exclusión social y debemos evitar que en la práctica resulte tan sólo una línea de financiación para las entidades encaminadas a investigar los problemas de la pobreza y la exclusión social. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por su excelente contribución a la determinación de las causas y la dimensión de la pobreza, término adecuado para una realidad social cuya crudeza no se puede diluir en un concepto a un tiempo global y abstracto como el de exclusión social. 
Apoyo a la Comisión en su iniciativa de crear un programa que cumpla los objetivos del nuevo programa social del Tratado y dé cuerpo a las decisiones de Lisboa. 
Y espero que acoja las propuestas, bastante consensuales, de este informe. 
Hago un llamamiento al Consejo para que establezca metas cifradas, programe acciones específicas y transversales contra la exclusión basadas en indicadores ricos en información para que la cooperación reforzada pueda plasmarse en acción concreta y eficaz, más en sus resultados sociales que en la satisfacción de necesidades electorales. 
Convengo en la necesidad de conocer mejor las causas de la pobreza, apoyo las acciones preventivas contra la exclusión a consecuencia de fusiones, mutaciones industriales, traslados de empresas, desertización rural, hiperconcentración urbana, con intervenciones innovadoras y concretas que entrañen la participación de los interlocutores sociales, las administraciones locales y nacionales y la acción conjunta de los ciudadanos. 
Señor Presidente, ante todo yo también me sumo a las felicitaciones que ha recibido la Sra. Figueiredo por el trabajo realizado que fue aprobado por unanimidad en la comisión, y por los contenidos innovadores de su informe sobre la adopción de un programa comunitario de lucha contra la exclusión social. 
En consecuencia, coincido con la ponente en subrayar que el programa, o por mejor decir, el papel del programa, por lo que se refiere a las clases de pobres y de excluidos, es favorable a una mayor cohesión social. 
Como ya afirmé en las enmiendas que presenté en comisión y que luego fueron aprobadas, estoy convencido de que una lucha eficaz y concreta contra la pobreza ha de contar con un calendario de acontecimientos y de objetivos específicos. 
En efecto, si el programa está sujeto a plazos y a controles, será posible su mejor cuantificación y calificación. 
Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea más de 65 millones de personas- de las cuales 7,5 millones en Italia, mi país- viven con un bajo nivel de renta y cuando en Italia hablamos de bajo nivel de renta, señora Comisaria, nos referimos a una renta familiar de 750 euros para poder vivir. 
Esto me hace considerar que el presupuesto puesto a disposición por el programa es totalmente inadecuado. 
Por lo tanto, espero que se incremente. 
En conclusión, señor Presidente, quiero reiterar que la solidaridad entre los Estados debe ser el referente sobre el cual hay que crear una nueva lucha contra la pobreza y la exclusión social teniendo en cuenta, sin embargo, que el progreso económico de los Estados miembros y, por ende, su mayor bienestar a partir de la aplicación de una economía social de escala, seguramente permitirá lograr una mayor y mejor justicia social. 
. 
(EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias y felicitar a la Sra. Figueiredo, y quiero también expresar mi agradecimiento a los demás miembros del Parlamento que no están presentes y que han manifestado la opinión de las demás Comisiones. 
Este informe constituye una importante y constructiva contribución y apoya la propuesta de la Comisión de resolución conjunta del Consejo y del Parlamento por la que se establecerá un programa de acción común para combatir la exclusión social. 
Tras el Tratado de Amsterdam y unos meses después de la cumbre de Lisboa, todos sabemos que se ha creado un nuevo marco para la acción de la Comunidad en el ámbito de las políticas sociales, la exclusión social y la protección social. 
Se ha producido un cambio en el debate político a nivel europeo, y podemos apreciar que existe una resuelta voluntad de combinar cohesión social y competencia. 
El programa de acción propuesto tiene su base jurídica en el artículo 137 del Tratado de Amsterdam, y hemos recibido un nuevo mandato tras el Consejo Europeo de Lisboa. 
Esta programa ha sido concebido con el objeto de apoyar la puesta en práctica del método de coordinación abierta, lo que significa que podrá mejorarse el conocimiento, desarrollar el intercambio de información y de las mejores prácticas y evaluar la experiencia para combatir mejor la exclusión social. 
Se ha producido un debate muy interesante sobre el papel del empleo en la lucha contra la exclusión social y el papel de las reformas sociales y estructurales. 
Se discutió la definición de "pobreza" e "ingresos sociales". 
Las diferencias entre ricos y pobres están creciendo notablemente, pero, desgraciadamente, no es posible tomar parte en estos debates, puesto que estoy obligada a centrarme en el programa propuesto y en el modo en que cooperaremos para ejecutar este programa a nivel europeo. 
Quiero informar a los miembros del Parlamento que el 4 de diciembre se celebrará un debate en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la nueva agenda social y sobre los logros obtenidos el año pasado. 
Será un debate político de gran interés en cuyo centro se situará el tema de la exclusión social. 
Por lo que respecta al programa propuesto y al informe del Parlamento, estoy muy satisfecha por su sólido apoyo general a esta propuesta. 
Puedo aceptar la mayor parte de sus propuestas, en su integridad o en su espíritu. 
Coincido con su propuesta de reforzar la referencia a las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa. 
Asimismo, convengo en la importancia de mejorar la comprensión de la exclusión social y de la pobreza, así como de promover indicadores y criterios de apreciación comparables. 
También estoy de acuerdo en resaltar la importancia de las ONG y de los actores regionales y locales, como ustedes señalan, así como de un mejor reflejo en el texto de su experiencia sobre el terreno. 
También se incluye una referencia al uso de la palabra "pobreza". 
Ustedes saben que existe un debate político y teórico sobre el concepto de "pobreza". 
Evidentemente, la exclusión social es una noción más amplia, una noción que tiene tres dimensiones principales: pobreza, discriminación y falta de oportunidades. 
Pero coincido en que "pobreza" es, políticamente, una palabra muy fuerte y en que podemos añadir "pobreza" a "exclusión social" en los pasajes de la propuesta en que sea posible. 
Por desgracia, no podemos emplearla en el nombre del programa. 
Esto es un problema de carácter jurídico, puesto que, con arreglo al tenor del Tratado, sólo cabe la referencia a la exclusión social y no a la pobreza. 
Asimismo, acojo con satisfacción la enmienda que subraya la importancia de la coherencia entre todas las políticas que inciden en este asunto, al igual que las enmiendas referidas al Comité de protección social. 
Un aspecto muy importante es el hecho de que la Comisión ha aceptado un aumento excepcional de hasta el 90% en la tasa de cofinanciación por la Comunidad de las redes europeas de las ONG que actúan contra la pobreza y la exclusión social. 
Sin embargo, no puedo aceptar un incremento del presupuesto de 70 millones de euros a 100 millones de euros. 
El presupuesto que proponemos está adaptado al objetivo del programa, objetivo que consiste en reforzar la cooperación transnacional y el aprendizaje mutuo y no financiar acciones sobre el terreno. 
A través del Fondo Social y la iniciativa EQUAL las ONG de los Estados miembros pueden recibir financiación para proyectos particulares y acciones concretas sobre el terreno. 
No puedo aceptar las restantes enmiendas por diversas razones: unas porque no están en conformidad con las exigencias legales; otras porque plantean asuntos que no están comprendidos en el ámbito de la decisión por la que se establece el programa, y, finalmente, otras porque añadirían confusión al mensaje. 
Por último, quiero pasar a su propuesta para que la Comisión constituya un grupo de reflexión. 
No podemos aceptar esta propuesta porque es contraria a las normas sobre comitología. 
No obstante, me gustaría hacer la siguiente indicación de orden práctico en respuesta a sus preocupaciones, porque coincido plenamente en que debemos encontrar un modo de establecer una cooperación estrecha y constante. 
Ya hemos convenido en que el Comité de protección social se reunirá regularmente con el grupo de contacto, formado por diputados del Parlamento. 
El Comité de protección social desempeña un papel fundamental en el desarrollo de políticas del Consejo Europeo. 
La estrecha cooperación entre el grupo de contacto y el Comité de protección social garantizará el intercambio de opiniones entre el Consejo y el Parlamento. 
Por otro lado, podría establecerse una comunicación regular entre el grupo de contacto y los funcionarios de la Comisión. 
Podrían intercambiar puntos de vista, cooperar de forma continuada, y ya hemos establecido un vínculo similar entre el Parlamento y la Comisión con respecto al Fondo de Desempleo y para el Fondo Social Europeo. Hemos obtenido grandes y satisfactorios resultados. 
Por último, quiero dar una respuesta a sus preocupaciones sobre la participación de diversos actores e instituciones en la ejecución de este programa. 
Sugiero que la Mesa Redonda anual que hemos propuesto se prepare mediante consultas con representantes de todas las instituciones que trabajan a nivel europeo: el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, los agentes sociales y las redes europeas de ONG. 
A mi juicio, estas propuestas constituyen una respuesta pragmática a su pregunta. 
Por razones de carácter procesal e institucional no es posible incorporarlas al texto de la decisión. 
En resumen, de las 75 enmiendas que han propuesto, puedo aceptar, en su letra o en su espíritu, 48 de ellas, a saber, las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 42, 46, 48, 51, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68 y 47. 
Asimismo, puedo aceptar parte de las enmiendas 14, 36, 40, 45, 53, 63, 64, 70, 71, 72 y 73. 
Para acabar, deseo resaltar la importancia de la simplificación de los procedimientos. 
En el transcurso del debate ustedes se han centrado en este asunto. Es cierto que todo el procedimiento reviste una cierta complejidad, pero las tres Instituciones desean alcanzar un acuerdo tan pronto como sea posible. 
Es lo que la Comisión, por su parte, va a intentar hacer. 
Intentaremos acortar la duración de los procedimientos tanto como podamos. 
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0320/2000) de la Sra. Rothe, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 279- C5-0281/2000- 2000/0116 (COD) ) relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en el informe sobre el que debatimos se trata- tal como se ha indicado- de la promoción de la electricidad proveniente de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 
Nos encontramos ante el primer procedimiento legislativo en el campo de las energías renovables. 
Señora Comisaria de Palacio, quiero expresarle a usted y los empleados de la Comisión mi reconocimiento por la presentación de este proyecto de ley. 
La propuesta de directiva es una consecuencia lógica de la estrategia de la Unión Europea para duplicar la proporción de fuentes de energía renovables en el consumo de energía hasta el año 2010. 
En el informe de la comisión pueden ver que coincidimos con la estrategia marcada en el proyecto para no realizar de momento ninguna armonización europea de los sistemas de promoción sino dejar al albedrío de los Estados miembros el sistema de promoción de los objetivos nacionales. 
Pero coincidir en la estrategia no significa necesariamente coincidir en los detalles. 
El informe de la comisión propone en mi opinión unas importantes y necesarias modificaciones en el proyecto de directiva. 
Pero, en primer lugar, quiero realizar algunas observaciones previas. 
Se trata de la promoción de las energías renovables. 
A algunos esto les suena como subvención, como ayuda, como ayuda financiera para el desarrollo. 
Pero en realidad, los sistemas de ayuda, por ejemplo, para obtener electricidad de los rayos del sol, del viento o de la biomasa, son necesarios solamente porque actualmente seguimos subvencionando directa o indirectamente otras formas de energía. 
Las subvenciones que se han pagado en su mayor parte para fósiles contaminantes del medio ambiente o peligrosas fuentes de energía nuclear y que aún se pagan actualmente distorsionan la competencia. 
Así pues, la promoción de las energías renovables es una compensación por los costes externos de otras fuentes de energía, tiene en cuenta los positivos efectos sobre el medio ambiente de esta forma de obtención de energía y representa al mismo tiempo una compensación por las distorsiones existentes en la competencia. 
Mientras no se lleve a cabo la computación de los costes externos de la energía de origen fósil y nuclear y mientras se subvencionen otras fuentes de energía, serán necesarios sistemas de compensación para las energías renovables. 
Respecto al presente proyecto de directiva y de informe: la Comisión propone para los Estados miembros unos objetivos indicativos. 
Sólo cuando mediante unos informes intermedios se vea claramente que no se cumplen los objetivos de la estrategia global de la Unión Europea, se prevén objetivos individuales vinculantes para los Estados miembros. 
Pero no disponemos de tanto tiempo. 
Necesitamos ya ahora de unos objetivos vinculantes. 
La Unión Europea y todos los estados miembros han adquirido compromisos en Kioto porque se ha reconocido el drama de la transformación del clima. 
En estos momentos, los países industrializados occidentales están siendo criticados de nuevo en La Haya porque sólo cumplen a medias las promesas. 
Las energías renovables pueden representar sin duda una aportación esencial para lograr los objetivos vinculantes de reducción de los gases de efecto invernadero determinados en Kioto. 
Si los compromisos adquiridos eran serios, ¿por qué entonces no se ha establecido entonces ninguna obligación para los instrumentos que son de ayuda para su cumplimiento tanto más cuando yo- apoyado por la comisión- he allanado el camino al Consejo y a los Estados miembros? 
La elaboración de estos objetivos vinculantes nacionales debe realizarse en el plazo de un año incluyendo a expertos de los Estados miembros. 
Los Estados miembros tienen allí la posibilidad de averiguar el importe exacto de su aportación para cumplir los objetivos de la Unión según el principio de la distribución de cargas y, añado también en para este campo, de oportunidades. 
Una segunda e importante exigencia de cambio: la Comisión prevé la existencia simultánea de diferentes objetivos durante cinco años. 
Si definimos un marco claro y vinculante para los Estados miembros, los diversos sistemas que tienen que cumplir tales exigencias deben tener un período de prueba más largo. 
Al cabo de diez años podremos enjuiciar muy bien qué sistema es el que tiene más éxito y es más eficiente. 
Queremos convencer a la gente en Europa para que use energías que la Naturaleza pone a disposición de nuevo cada día, que no dañan al medio ambiente ni al clima y que representan una aportación positiva a la reducción del CO2. 
No debería existir ninguna controversia sobre las formas de obtención de energía a las que nos referimos y a las que definimos como renovables. 
Por ello, no queremos decir seriamente a las personas que viven en estas regiones que las basuras domésticas, que actualmente están constituidas por una elevada proporción de residuos plásticos, los consideramos como una fuente de energía renovable. 
¿Tenemos quizás que exigirles además que produzcan más de estas basuras para la que alcancemos de este modo los objetivos marcados? 
No necesito decir que si actuásemos así desacreditaríamos la política de la UE. 
No estoy en contra de la incineración de basuras. 
En el informe, incluso exijo una propuesta de directiva aparte al respecto. 
No, al igual que la comisión, estoy en contra de que mediante una ley se practique el confusionismo. 
Pueden ver que en la propuesta de informe se contienen residuos biológicos separados porqué se deben incluir allí. 
Pueden ver que los residuos de madera y de corcho que no han sido tratados se consideran como una fuente de energía renovable. 
Aunque la energía hidráulica se incluya en los sistemas de ayuda sólo hasta una capacidad de 10 megavatios, cualquier energía hidráulica es naturalmente una fuente de energía renovable y se tiene en cuenta para el logro de los objetivos. 
Lo repito de nuevo claramente: la incineración de basuras no es una fuente de energía renovable, por lo que no puede suponer tampoco ninguna aportación para el logro de los objetivos. 
Otro punto esencial al que la comisión ha dado su asentimiento esa problemática de la conexión a la red y del acceso a la misma para las energías renovables. 
No se somete a debate la propuesta de la Comisión de conceder un acceso prioritario a las energías renovables. 
Creo que en este aspecto existe unanimidad de criterios. 
Sin embargo, se debe concretizar claramente en el informe el texto general de la Comisión sobre la cuestión de la división de costes. Esto es necesario ya que sólo una aclaración aporta seguridad jurídica y evita los conflictos. 
Estos son los puntos esenciales a los que hoy quería referirme. 
Espero que la Asamblea mañana dé un paso hacia adelante con este proyecto de ley y con este dictamen consultivo y que usted, en nombre de la Comisión, nos pueda decir que puede recoger nuestras enmiendas y que el Consejo, como siguiente escalón, pueda hacer justicia a su responsabilidad. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en estos días está reunida en La Haya la sexta conferencia de las partes sobre el cambio climático. 
Una cumbre que pretende frenar el cambio climático y donde el protocolo de Kyoto va a sufrir su prueba de fuego. 
Además las últimas conclusiones a que han llegado los científicos del panel intergubernamental sobre el cambio climático nos alertan sobre sus alarmantes efectos. 
Las energías renovables no van a ser la panacea para resolver este problema. 
Pero nadie duda de que, en buena parte, pueden contribuir a paliarlo y también a diversificar las fuentes de energía y a reducir nuestra dependencia de los hidrocarburos, lo que por otro lado no nos vendría nada mal. 
Quiero destacar el acierto de la Comisión y de la Comisaria en particular al proponer esta Directiva para el fomento de las fuentes renovables de energía eléctrica. 
Confiamos en que la Directiva ayude a que estas energías aún incipientes se desarrollen y lleguen a ser competitivas, en que la Comisión nos presente en breve una propuesta similar sobre los biocombustibles. 
También deseo reconocer el intenso trabajo de la Sra. Rothe y felicitarla por ello. 
El informe que vamos a votar mañana lleva implícito el decidido apoyo del Parlamento a esta iniciativa y yo le ruego a la Sra. Comisaria que transmita este apoyo al Colegio de Comisarios, porque es en esa institución y no en el Parlamento donde la Directiva- y otras que puedan llegar en el mismo loable sentido- pueden encontrar su principal detractor. 
Me estoy refiriendo, concretamente, al proyecto de directrices o de ayudas en favor del medio ambiente. 
Este documento es inaceptable por el tratamiento que propone dar a las ayudas de funcionamiento a las energías renovables y a la cogeneración, ya que no reconoce el diferente grado de competitividad entre estas fuentes de energía renovables y las convencionales. 
Ni tampoco reconoce los costes externos que se evitan con este tipo de energías. 
Además, es inconcebible que la Dirección General de Competencia se adelante a regular este tipo de ayudas sin tener en cuenta el resultado de la negociación de la presente Directiva y, como mínimo, supone un desprecio al Parlamento. 
Por lo tanto, quiero decir que es necesario vincular la tramitación de ambos documentos. 
Consideramos que, de no modificarse estas líneas directrices, el impacto ambiental que van a causar será muy negativo. 
Concretamente en mi país, en España, estas directrices serían responsables de que de aquí a 2010 se emitan a la atmósfera 225.000 millones de toneladas de CO2 adicionales y de que no podamos cumplir los objetivos de Kyoto. 
La Directiva de energías renovables supone una apuesta por el futuro y una inversión en medio ambiente. 
Y las inversiones en medio ambiente no caben ni en el ámbito de la gratuidad, ni en el de la competencia. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Rothe. 
La energía renovable es, con mucho, la fuente energía más utilizada actualmente en el mundo. 
¿Cómo vemos si no a dónde vamos durante el día? 
La gente emplea más la leña que cualquier otro combustible. 
Pero esta noche estamos hablando de extender el uso de la energía renovable. 
Voy a repetir tres de nuestras demandas. 
La claridad es fundamental cuando presentamos nuestro punto de vista al Consejo. 
Lo que queremos es: objetivos vinculantes y no objetivos de recorte indicativos; una definición racional de la energía renovable- la energía procedente de residuos, que deben ser incinerados en cualquier caso, es una buena idea-. 
Pero los residuos no separados generados en los hogares, las viejas brochas de pintura, los embalajes de poliestireno y los juguetes de plástico desechados no son fuente de energía renovable. 
Es necesaria otra directiva para la recuperación de energía a partir de residuos, como señala la Sra. Rothe. 
En tercer lugar, queremos disponer de un período razonable y, por tanto, más largo de certidumbre en el que la energía renovable pueda seguir recibiendo una compensación por los costes externos que su uso evita a la sociedad. 
Permítanme que concluya señalando un hecho sorprendente. 
El Reino Unido podría generar cuatro veces sus necesidades de energía únicamente a partir del viento marítimo- ¡cuatro veces sus necesidades de energía! -. 
Colegas, la adopción esta directiva está justificada. 
Señora Comisaria, gracias por sus esfuerzos. Espero que usted apoye los nuestros. 
Señor Presidente, comisario, colegas, la propuesta de la Comisión de crear un marco en el que la proporción de electricidad procedente de fuentes energéticas renovables aumente sensiblemente en la Unión Europea a medio plazo es una iniciativa digna de elogio. 
El esfuerzo que la ponente, la Sra. Rother, ha realizado para poner de manifiesto la postura del Parlamento Europeo en este aspecto merece todo mi reconocimiento. 
Esta directiva es, por una parte y sin duda, un elemento importante en la serie de medidas cuyo objetivo es dar cumplimento a los compromisos asumidos por la Unión Europea en Kioto con el fin de reducir los gases causantes del efecto invernadero y, por otra parte, un intento elogiable para limitar la dependencia de la Unión Europea con respecto a los países productores de petróleo. 
En las circunstancias actuales, se debe admitir que las fuentes de energía renovables necesitan algún tipo de apoyo financiero para poder salvaguardar la competencia en igualdad de condiciones. 
Sin embargo, estas ayudas deben ser en mi opinión razonables y sólo deben concederse por un período concreto. 
El caballo de batalla de este informe se ha centrado obviamente en el establecimiento de objetivos vinculantes. 
La esencia de este informe trata de hecho el sentido o la inutilidad de estos objetivos vinculantes. 
Yo abogo por un enfoque realista, un enfoque que se base en el hecho de que la producción procedente de fuentes de energía renovables nunca podrá ocupar un lugar prominente en la producción total de energía. 
El establecimiento de objetivos realistas servirá sin duda para aumentar la confianza del ciudadano en la política energética que se aplique. 
Si no se logra que los objetivos sean vinculantes, se generarán falsas esperanzas, sobre todo si se actúa como si se tratara se mejorar el medio ambiente sin poder hacer realidad este objetivo. 
Esto afecta al medio ambiente y a la credibilidad de la política a los ojos del ciudadano. 
Por último señor Presidente, en relación con el procesamiento de los residuos domésticos quisiera apuntar, que si se desea implantar la recogida selectiva de residuos domésticos, se pueda de hecho implantar dicha recogida selectiva, pudiendo considerarse de forma absoluta como una fuente de energía renovable. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ponente, lo que nos hace falta es una definición clara de lo que es renovable. 
El plástico no es un recurso renovable y la turba tampoco. 
Podemos perder la confianza de los ciudadanos europeos que desean comprar electricidad verde si introducimos la confusión elaborando definiciones ridículas. 
Se requieren objetivos nacionales claros, y no estoy de acuerdo con el Sr. Beysen; un liberal debería estar a favor del menor número de distorsiones posibles en el mercado. 
A falta de objetivos claros, habrá una distorsión entre los países que hacen algo por las energías renovables y los países que no hacen lo suficiente. 
Pasemos a los instrumentos de apoyo. 
La comisaria coincide con la posición del Parlamento, que decía: es demasiado pronto para zanjar la cuestión, en esta fase, entre los dos instrumentos, es decir, el sistema de certificados verdes, por un lado, y el sistema de precios garantizados, por otro. 
Desde el alegato del abogado general ante el Tribunal de Luxemburgo, existen menos riesgos de que los precios garantizados se hundan por las regulaciones de ayudas estatales. 
Pero la amenaza siempre puede venir de la compatibilidad con el mercado interno. 
Creo que un político es alguien que debe prever los problemas. 
No quiero que los partidarios de la electricidad provoquen interferencias entre los dos sistemas y confundan, hagan dudar, a los inversores en Europa, saltándose, por medio de maniobras, el sistema de los precios garantizados. 
No sólo hay que tolerar los precios garantizados, es necesario protegerlos por la directiva. 
Eso es ser político, es hacer posible una competencia entre los dos instrumentos, protegiendo los precios garantizados y armonizando todo lo que tenga que ver con los certificados. 
Las energías renovables son una cuestión que reúne a los ciudadanos en estos tiempos en que Europa tiene dificultades para que sus ciudadanos se adhieran a una mayor integración. 
Creo que una política enérgica en materia de energías renovables es un símbolo para la Europa de mañana. 
Señor Presidente, la dependencia de los Estados miembros de la Unión de la energía de importación es considerable y aumenta sin cesar. 
La dependencia de los combustibles fósiles es dependencia de la energía de importación y de las decisiones políticas de terceros estados. 
La utilización de las energías renovables aumenta la libertad y la independencia de los pueblos, a la vez que está en armonía ecológica y social con los principios del desarrollo sostenible. 
Con ocasión de la elaboración de este informe, se han trazado los límites para la definción de las fuentes de energía renovables. 
Sin pronunciarnos sobre si la turba es una energía renovable, debe permitirse la utilización de la turba como combustible para la producción de energía, preferentemente en la producción conjunta de energía térmica y eléctrica. 
La turba se encuentra principalmente en los Países Nórdicos, y en nuestros países debe existir la posibilidad de quemar turba, ya que se trata de un recurso propio y disminuye la dependencia de la energía importada por parte de la UE. 
La combustión de la turba emite dióxido de carbono, pero lo mismo ocurre cuando se queman combustibles fósiles. 
Los países que quemen petróleo o gas en sus propios territorios no deben venir a prohibirnos a nosotros la quema de turba. 
Si no quemamos turba, quemaremos petróleo o gas. 
En nuestros países no damos a entender a nadie que la quema de turba reduzca las emisiones de dióxido de carbono, pero es un combustible propio, en tanto que el petróleo y el gas son artículos de importación. 
Los desechos no son un recurso natural renovable, pese a que cada día se produzcan más y más. 
El gas de los vertederos debe ser quemado, pero no debemos incrementar la cantidad de residuos con el único fin de quemar cada vez cantidades mayores de este tipo de gases. 
Señor Presidente, la Comisión y el ponente han apuntado con razón objetivos a largo plazo para fomentar la producción de electricidad a partir de energías renovables. 
En este caso se precisa un enfoque progresista. 
En este sentido, quiero solicitar una atención especial para el efecto de la competencia que se puede esperar desde los países aspirantes. 
Estos países presentan ventajas económicas debido a los menores costes salariales y unos niveles inferiores de protección medioambiental. 
Esta circunstancia podría presionar a la baja los precios energéticos. 
La consecuencia lógica sería un incremento financiero de las medidas de ayuda a las energías duraderas. 
A todo esto, y teniendo en cuenta la diversidad de fuentes energéticas existentes, resulta imprescindible establecer una definición adecuada de le energía duradera. 
Por ejemplo, la incineración de residuos no puede denominarse energía renovable así como así. 
En este proceso se liberan también sustancias nocivas. 
Por este motivo presento la enmienda de aplicar las estrictas normas sobre emisiones del anexo 5 de la directiva revisada sobre incineración de residuos. 
La aplicación de normas en el extremo de salida proporciona el margen necesario para la innovación. 
Por último, estos acuerdos deben permitir que los países europeos hagan realidad su contribución a alcanzar los objetivos marcados en Kioto. 
Se trata de una medida que apoyo sin fisuras debido a que los cambios climáticos suponen una amenaza para la flora y la fauna de la Tierra. Además, los recursos auxiliares de la creación divina no deben agotarse constantemente por parte de un reducido grupo de países ricos. 
Señor Presidente, el fin de semana los ministros de la OPEC se han reunido y llegado a la conclusión de que no se van a producir aumentos de las cuotas de extracción. 
Me parece que es negar la realidad no reconocer que nos encontramos ya en la tercera crisis del petróleo desde la Segunda Guerra Mundial. 
La primera crisis del petróleo en 1973 fue de carácter político, la de 1979 también tuvo ese carácter y ésta es una crisis permanente pues todo indica que las reservas no son ni mucho menos tan grandes como se nos quería hacer creer. 
Este es el resultado también de diversos estudios realizados. 
Tomo como testigo al antiguo ministro del petróleo de Arabia Saudita, el jeque Yamani, quien hace poco tiempo dijo en la televisión austríaca lo siguiente: la era del petróleo llega a su fin quizás no por carencia de petróleo, pues la Edad de piedra tampoco finalizó por carencia de piedras. 
No podemos sustituir al agente energético primario, el petróleo, por otro pues se produciría también muy rápidamente una escasez. 
El petróleo no se puede sustituir por carbón, gas natural o uranio. 
En consecuencia, esta directiva adquiere una actualidad involuntaria. 
Al mismo tiempo, por diversos motivos significa una oportunidad histórica para proporcionar a los agentes energéticos renovables que se regeneran continuamente, a saber, el viento, el agua, el sol y la biomasa, el puesto que les corresponde en el suministro de energía del futuro: por motivos de protección del medio ambiente, por motivos sociales, porque crean puestos de trabajo, por motivos de política de paz pues hacemos la guerra por este agente energético primario desde hace todo un siglo y finalmente porque también representan una gran oportunidad económica para los Estados industrializados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, apoyamos con entusiasmo la propuesta de Directiva sobre electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Consideramos que se basa en el trabajo de nuestro colega, el Sr. Mombaur, en la medida que propugna una mayor cuota de electricidad y energía generada a partir de estas fuentes en la Unión Europea. 
Es evidente que los asuntos que dividen a este Parlamento son de gran calado: el de la definición de la energía renovable, por ejemplo. 
Muchos de nosotros pensamos que debería incluirse la energía a partir de residuos. 
Es una fuente de energía valiosa y, efectivamente, se renueva día a día, lo que debería cualificarla para ser incluida en este concepto. 
Es lamentable que se excluya cualquier categoría que pueda contribuir a la consecución del objetivo general de recuperar energía a partir de residuos- tanto si se trata de proyectos a pequeña escala como si se trata de una parte del cálculo total-. 
Sin embargo, el asunto fundamental que nos divide es la cuestión de la naturaleza vinculante de los objetivos. 
Tenemos serias reservas acerca de que ello entre en conflicto con el principio de subsidiariedad. 
A nuestro juicio, nuestros amigos de la izquierda y los verdes exigen demasiado a este respecto. 
Ello podría frustrar esta directiva, pero también estimamos que es una cuestión de sentido práctico. 
Si ustedes apuntan a estos objetivos, comprobarán que existe una sorprendente banda de porcentajes en los diferentes Estados miembros que oscila entre el 6% y casi el 80%. 
Esta parece una forma muy particular de abordar el tema, de modo que, a nuestro juicio, la Comisión acierta al proponerse objetivos indicativos. 
El tercer punto en discusión es la extensión de los programas de fomento. 
Estamos a favor de un período más corto seguido de una revisión, y quiero decir a mi colega la Sra. McNally que pinta un bello paisaje de molinos de viento en el mar, pero debo decirle que las dificultades técnicas y los costes que entraña deparan a esta tecnología, al igual que la electricidad procedente de la energía solar, un largo camino hacia el futuro. 
Con todo, apoyo decididamente esta propuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, doy las gracias a la Sra. Roth por su excelente informe y por su comprensivo proceder. 
Naturalmente, hay que apoyar el incremento de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Así pues, se aspira a doblar su proporción en diez años, incluso podría ser más. 
Sin embargo, la dependencia de la Unión de la energía de importación está creciendo demasiado. 
En un plazo de veinte años, llegará a un nivel de hasta el 70 por ciento. 
Esto crea inseguridad en nuestras vidas, tanto en la vida económica como en los demás ámbitos. 
Yo creo que además del desarrollo de las fuentes de energía renovables, y paralelamente al mismo, necesitamos también un programa moderno de ahorro energético, ya que esta dependencia empieza a ser para nosotros una cuestión de seguridad también. 
La turba se regenera continuamente. 
La conformación de la biomasa de la turba en su fotosíntesis y producción de residuos vegetales es semejante a la de las demás biomasas vegetales. 
En lugar de cien años, como la madera, la turba necesita miles de años para renovarse. 
Necesitamos turba, sobre todo, en las regiones oriental y septentrional de mi país, a donde todos los combustibles llegan desde muy lejos, con la excepción de la madera. 
Nosotros no queremos quemar sólo carbón y petróleo y encontrarnos dependientes de ellos. 
A nosotros nos basta con utilizar la misma cantidad de turba que se genera anualmente. 
Esto ya es mucho y de sobra. 
Nosotros, los finlandeses, tenemos casi consagrados los bosques y los pantanos, y sabemos hacer uso de ellos conforme al principio de desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la utilización de las fuentes de energía renovable debe ser uno de los objetivos centrales de una moderna política energética también en Europa; sin embargo, esto se debe llevar a cabo con unas obligaciones y unas certezas que, evidentemente, se han de basar en el sentido común. 
En este sentido, el sector hidroeléctrico es importante y ha sido una cruz y una alegría para las poblaciones de montaña que han pagado un precio muy alto por su territorio y que han vivido la puesta en marcha de procesos de industrialización local ligados a la presencia de esta fuente de energía. 
Hoy, este recurso- la energía renovable por excelencia- se ha de explotar lo mejor posible: ciertamente sin causar más daños al medio ambiente y pensando en sistemas de indemnización y de restitución para las poblaciones de montaña. 
Naturalmente esta directiva va en la dirección deseada, esto es, de una seria valorización de las energías renovables. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Rothe por su excelente informe, que llega muy oportunamente en esta semana, justamente cuando estamos combatiendo la crisis del cambio climático. 
Señora Comisaria, tenemos un problema: la disposición de infraestructura de conexión para facilitar el acceso por red a las fuentes de energía renovables. 
Existe el riesgo de que las fuentes de energía renovable nazcan muertas o ahogadas por las empresas de servicios públicos que ostentan posiciones monopolísticas si pueden cobrar enormes cantidades por el acceso a la conexión. 
A un agricultor de mi pueblo, que tiene un proyecto de energía eólica, le propusieron una tarifa de conexión de más de 2 millones de euros; esto es un problema que me gustaría que se abordase. 
Asimismo, quiero informar a la Sra. Comisaria de que Irlanda puede ser competitiva en energía eólica en un espacio de tiempo muy corto. 
Creemos que podemos ser competitivos gracias a un correcto fomento inicial, y ello incluye el acceso a la conexión. 
Quiero informar al Sr. Chichester que frente a la costa de mi pueblo se están instalando rápidamente molinos de viento en el mar, un proyecto que sin duda alguna va a entrar en funcionamiento en muy poco tiempo, de modo que me gustaría invitarle a verlo cuando ya se haya puesto en marcha. 
Estoy convencido de que lo agradecerá. 
Señor Presidente, el aumento del porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables es, de entrada, positivo. 
La cuota propuesta de electricidad procedente de fuentes de energía renovables- 22% para 2010, frente al 13,9 % actual- parece singularmente ambiciosa, y uno se pregunta si para su consecución basta una directiva; una directiva que, además, se concentra en el mercado, sin contemplar medidas paralelas, como, por ejemplo, el fomento de la investigación. 
Una cuestión de la mayor seriedad es cómo se hará frente al incremento de los costes de producción. 
La directiva habla de sistemas de apoyo, esencialmente para primar a las empresas que se muestren activas en este sector, y confía la solución definitiva a los llamados mecanismos del mercado. 
Esto, sustancialmente, significa que serán los trabajadores los que sufragarán, no sólo los costes, sino también los beneficios de los empresarios; algo que, por supuesto, no ocurriría si el sector de la producción y la distribución de energía tuviera, tal y como defiende insistentemente el Partido Comunista de Grecia, carácter público, y no se hubiera privatizado violentamente al dictado del gran capital. 
Por estas razones, creemos que el objetivo perseguido es prácticamente imposible de alcanzar con la directiva que examinamos. 
Señor Presidente, doy las gracias a nuestra colega, Sra. Rothe, por el valioso trabajo realizado en la elaboración de este informe. 
El fomento del consumo de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables es algo muy digno de apoyo. 
En cualquier caso, la dependencia de la UE de la energía de importación crecerá de forma considerable durante los próximos veinte años. 
Puesto que, al mismo tiempo, la UE debe aternerse a los objetivos climáticos de Kyoto, es muy importante invertir cada vez más en la investigación de las fuentes de energía renovables. 
Estoy satisfecha de que la nueva Directiva tome en cuenta la importancia, entre otras cosas, de las fuentes de energía renovables, de la turba y de las biomasas de madera. 
El debate sobre las fuentes de energía renovables no debe convertirse en una forma de populismo contra la electricidad producida en centrales nucleares. 
Hay que recordar que sólo el uso combinado de la energía nuclear y las energías renovables nos permitirá cumplir las obligaciones contraídas en el Protocolo de Kyoto sobre el clima. 
La polémica sobre la renuncia a la energía nuclear, por ejemplo en Suecia y en Alemania, ha revelado que si no existen en el horizonte alternativas energéticas ecológicas que sean viables a un precio competitivo, el debate está condenado al fracaso. 
La liberalización total de los mercados de la electricidad es también una condición previa para el incremento del uso de las fuentes de energía renovables. 
Hay que eliminar las barreras artificiales al libre comercio que siguen manteniendo los monopolios y también las limitaciones comerciales: por ejemplo, la barata energía hidroeléctrica producida en las cuencas escandinavas sigue encontrando obstáculos, en las circunstancias actuales, para acceder a los mercados centroeuropeos. 
Señor Presidente, colegas, todos conocen la batalla de Don Quijote contra los molinos de viento. 
Su lucha contra los molinos de viento es sinónimo de una batalla imposible contra lo que resulta obvio. 
Lamentablemente, los molinos de viento no son algo tan obvio hoy en día. 
Una de las obviedades actuales es justamente las ayudas que recibe el sector de las energías fósiles. 
La lucha contra estas ayudas parecía una causa perdida. 
Sin embargo, esta vez la batalla se centra en los molinos de viento y seguro que saldremos airosos. 
Como socialdemócratas, creemos que se debe dar una oportunidad justa a las energías duraderas. 
Las energías duraderas pueden contribuir a una distribución equitativa entre los países. 
Los consumidores deben disponer de opciones justas. 
Las energías duraderas ofrecen además una base sólida para la economía. 
Por lo tanto, la batalla de los molinos de viento es una batalla sin perdedores. 
No podíamos haber elegido un momento más adecuado para este debate. La conferencia sobre el clima de La Haya acaba de comenzar. 
Nuestros objetivos en el ámbito de las energías duraderas son ambiciosos, aunque aún resultan modestos en el contexto del problema climático. 
Se requieren adaptaciones tecnológicas drásticas. 
Lo que no hay que hacer es trapichear con la definición de energía duradera con el fin de facilitar al máximo la consecución de nuestros objetivos. 
Las energías duraderas suelen asociarse a soluciones a pequeña escala: Un panel solar sobre el tejado de todas las personas y un molino de viento en todos los pueblos. 
Es fantástico pero las energías duraderas exigen también inversiones a gran escala. 
La financiación requiere un compromiso por parte de las administraciones. 
Estamos seguros de que existe mercado para las energías duraderas. 
La falta de compromiso resulta inadmisible en este caso. 
Por este motivo, los Estados Miembros deben contar con objetivos vinculantes. Debe tratarse de objetivos referidos al consumo, ya que las energías duraderas se pueden importar y exportar de forma que todos los países aprovechen al máximo sus ventajas. 
Además, se deben establecer objetivos de producción, ya que esto constituiría un incentivo para que todos los Estados Miembros aprovecharan individualmente todas las posibilidades. 
Finalmente, señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente por su gran contribución a esta cuestión. 
Señor Presidente, no debe quedar duda alguna de que la combinación de inversiones en energía renovable y eficiencia energética es el único modo realista en la Unión Europea para satisfacer las exigencias del Protocolo de Kioto y reducir nuestra fuerte dependencia de los combustibles fósiles. 
Felicito a la Comisaria por su iniciativa, así como a la Sra. Rothe por su informe. 
Sólo deseo que esta directiva pase a formar parte de una coherente estrategia energética a largo plazo en la Unión. Pero no es así. 
Antes bien, las propuestas sobre energía se presentan sólo de vez en cuando y sin mucha coherencia. 
No es culpa suya, señora Comisaria. 
Ello se debe fundamentalmente a los Estados miembros. 
Nuestros esfuerzos por transformar nuestro sistema energético se verán abocados al fracaso a menos que convirtamos la política energética- incluidos sus aspectos fiscales- en parte de la política común. 
El problema que plantea la existencia de distintos sistemas de fomento en la Unión Europea- y con ello me refiero a las manifestaciones del Sr. Chichester- no es más que un ejemplo de la necesidad de un planteamiento verdaderamente común en este ámbito. 
Por último, unas palabras sobre los costes. 
Todas las nuevas tecnologías son caras en su fase inicial. 
Pero la experiencia en casi todos los ámbitos posibles nos enseña que cada vez que la demanda crece en un 100%, los costes descienden aproximadamente entre el 10% y el 15%. 
La energía renovable no es una excepción. 
Podría mostrarles gráficos y curvas que demuestran que esta fórmula matemática se aplica a la energía eólica y fotovoltaica. 
Por tanto, me muestro optimista ante el potencial futuro de las energías renovables, siempre que se presten los incentivos necesarios. 
Le deseo todo el éxito posible, señora Comisaria. 
Señora Comisaria, nuestro debate de esta noche es oportuno- muchos de nosotros lo han expresado- en el momento en que tiene lugar la conferencia de La Haya sobre el recalentamiento climático. 
Hoy todo el mundo es consciente de que lo que puede ocurrir a la humanidad ya no es un problema de varias generaciones. 
Hoy mismo estamos experimentando las consecuencias negativas del efecto invernadero, de los cambios climáticos, del recalentamiento del planeta, es decir, de toda una serie de dificultades que hoy se nos plantean realmente y que suponen la adopción de medidas urgentes, firmes y enérgicas. 
La acertada propuesta que nos ha presentado, señora Comisaria- y deseo saludar su realismo en materia energética -, así como el excelente informe de nuestra colega Rothe van por el buen sentido, al permitir el fomento de las energías renovables. 
Cuando se mira este expediente sólo se ven intereses, ya sea en el ámbito de la seguridad de los abastecimientos, de la protección del medio ambiente, de la lucha contra el efecto invernadero o de la creación de empleos. 
No es presentable; salvo, naturalmente, que se acceda a financiarlo, y es ahí también donde aparecen los límites del mercado. 
La libre competencia no soluciona todos los problemas y, en particular, no soluciona la lucha contra el efecto invernadero ni la lucha contra el despilfarro. 
Es necesario que los Estados acepten las propuestas que se les presentan. 
Es preciso que votemos masivamente las propuestas de la Sra. Rothe Y desearía concluir, simplemente, mencionando tres problemas que han surgido a lo largo de este debate. 
El primero es el de la turba, que es una energía importante: en mi opinión no es una energía renovable. 
El segundo problema es el de los residuos domésticos: no son, propiamente hablando, una energía renovable, pero hay que evitar dar una señal negativa con respecto a la incineración de los residuos domésticos. 
Finalmente, en cuando al grado de obligatoriedad, diré, simplemente- porque no me queda más tiempo -, que un objetivo en sí nunca es obligatorio: es un objetivo y luego es necesario hacer todo lo posible por lograrlo. 
Eso es lo que debemos hacer en el plano europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Rothe por el tacto y visión que ha tenido al elaborar este documento. 
Creo que hace falta mucho valor para colocar continuamente a las energías renovables en el lugar que merecen. 
Acabo de llegar de un encuentro de la OPEC y 30 dólares por el barril de petróleo nos abren la oportunidad de realizar inversiones totalmente nuevas en este campo. 
Precisamente en la investigación y desarrollo es importante que en el futuro nos ocupemos más intensamente de las energías renovables y sobre todo que se incluyan en este sector a los gases, ya provengan de basureros o de plantas depuradoras de aguas. 
También creo que no se debe olvidar la formación pues precisamente la eficiencia energética y el ahorro de energía son para nosotros temas de futuro esenciales exactamente igual que el empleo de una estructura eficiente. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Sra. Rothe por el excelente trabajo que ha desempeñado con este informe y, además, por el espíritu de consenso que ha demostrado. 
Estoy convencido de que, en todos los asuntos relacionados con la energía, debemos ser conscientes de que o mejoramos las fuentes o dejamos inhabitable el planeta Tierra dentro de pocas generaciones. 
En mi opinión, es fundamental que aseguremos el apoyo a este tipo de fuentes durante un período considerable, permitiendo así a nuestra industria invertir, de manera decisiva y a largo plazo, en esta alternativa energética. 
Creo que se debe garantizar un marco estable para la energía de origen renovable en un horizonte de diez años como mínimo; es una propuesta que todos debemos apoyar. 
En cuanto a nuestros objetivos en este ámbito, tenemos que escuchar a los ciudadanos e ir más allá de la propuesta de la Comisión acerca del 21%, que creo que es muy positiva en su conjunto, e incrementar la parte renovable del total de la electricidad producida. 
Por otra parte, por un principio de coherencia, los citados objetivos traducidos a parámetros nacionales han de ser vinculantes, ya que de lo contrario la directiva carecería de contenido y de sustancia. 
Asimismo, este carácter vinculante es fundamental para demostrar que, también en materia medioambiental, la Unión Europea toma en serio sus compromisos internacionales. 
Por último, soy consciente de que todo esto es fácil de denunciar y difícil de llevar a cabo, pero si no actuamos inmediatamente, en pocas generaciones estaremos hipotecados y la hipoteca nos llevará al fracaso. 
Seamos solidarios y dejemos un mundo habitable a nuestros hijos. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Rothe por el magnífico trabajo que ha realizado, así como a todos aquellos de sus Señorías que han intervenido y que además, en muchas ocasiones, han enmendado el texto que ha sido propuesto al Parlamento y al Consejo. 
Esta propuesta de la Comisión se presenta en unas circunstancias que creo que, aunque negativas para muchos aspectos de nuestras economías y de nuestras vidas, son positivas precisamente para esta iniciativa. 
Una subida fortísima del precio del petróleo, indudablemente, nos sitúa con mayor crudeza ante los problemas asociados a nuestra dependencia energética de las fuentes de energía fósiles. 
El objetivo estratégico de la directiva es crear un marco estable en el que a medio plazo pueda desarrollarse de forma notable la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables dentro de la Unión Europea, la electricidad verde, y facilitar su acceso al mercado interior de la electricidad. 
Pero en ese orden. 
Primero, incremento de la producción de electricidad verde y, después, cuestiones relacionadas con el mercado. 
Esta propuesta ofrece cierta certidumbre normativa, al mismo tiempo que respeta el principio de subsidiariedad, al proporcionar a los Estados miembros el grado de autonomía necesario para tener en cuenta sus circunstancias específicas hasta tanto no se vea, en función de cómo evolucionan las cosas, cuál es la mejor manera de impulsar la instalación de fuentes de electricidad. 
Quiero agradecer a la Sra. Rothe su apoyo a estos principios y a todos los intervinientes que también lo han manifestado. 
Como saben, la Comisión prevé adoptar próximamente un Libro Verde sobre la seguridad en el aprovisionamiento energético y el cumplimiento de los objetivos de Kyoto, de los compromisos allí contraídos por la Unión Europea. 
Entendemos que son dos aspectos esenciales, de distinta índole pero igualmente importantes. 
La Unión Europea, que es abanderada en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de emisiones, no puede ser la primera en incumplir sus propios objetivos y sus propios compromisos. 
Como segunda cuestión, la seguridad de abastecimiento es un elemento clave para garantizar el desarrollo económico, el bienestar de nuestros países, el de la Unión Europea en su conjunto. 
Hay que hablar sobre el papel que deben desempeñar las distintas fuentes de energía en ese Libro. 
En primer lugar, el ahorro energético. 
Quiero insistir en ello- como ha hecho alguno de los intervinientes- pero también decir que no se trata de oponerse a una fuente de energía concreta o de llevar una guerra contra ella, en beneficio de otra. 
Uno de los pilares clave de cara al cumplimiento de Kyoto y para el futuro energético de la Unión es el desarrollo y el incremento del uso de las energías renovables. 
Con el documento de hoy, la Comisión pretende dejar claro que el lanzamiento de las fuentes de energía renovables no dispone en este momento de las mismas facilidades de que dispusieron en su momento otros tipos de fuentes de energía, por ejemplo la nuclear, el carbón o el mismo petróleo, por no hablar más que de algunas de ellas. 
La ayuda a las energías renovables se justifica además por el hecho de que las energías convencionales no pagan de una forma significativa algunos de los costos externos que su uso implica. 
Además, las energías renovables son un elemento de seguridad de abastecimiento, por cuanto tenemos un enorme potencial de producción dentro de la Unión Europea. 
En cuanto a las enmiendas propuestas, permítanme decirles que simplemente su número es impresionante, lo que pone de manifiesto el gran interés que el Parlamento concede a esta cuestión. 
También muestran la existencia de opiniones diferentes sobre la manera más adecuada de promover este tipo de electricidad. 
No obstante, todos coincidimos en que en Europa debemos acelerar e intensificar la existencia de este tipo de energías y que eso reclama esfuerzos. 
En nuestra lucha por crear un mercado de la electricidad verde fuerte y dinámico, lo primero que tenemos que hacer es escuchar para aprender unos de otros. 
He comprobado que existen dos corrientes de opinión con planteamientos contrapuestos sobre este tema. 
La primera hace hincapié en una introducción rápida de las fuerzas del mercado, mientras que la segunda subraya la necesidad de establecer períodos transitorios y ayudas públicas activas. 
Señor Presidente, Señorías, en su propuesta la Comisión intenta mantener lo mejor de los dos enfoques con objeto de elaborar un texto equilibrado, pero tengo que decir muy claro también que el objetivo prioritario ahora es la promoción de la energía renovable, su desarrollo. 
Por lo tanto, las cuestiones de mercado pasan a un segundo término. 
Son un objetivo que no hay que olvidar pero no son el objetivo prioritario de esta iniciativa que fundamentalmente pretende el desarrollo y el incremento del uso de las energías renovables. 
Las enmiendas 1, 2, 8, 20 y 21 subrayan la necesidad de una política favorable a la electricidad verde y sus múltiples ventajas y se pueden aceptar directamente por la Comisión. 
Por la misma razón, la enmienda 3, en parte, aunque no la enmienda 7, que resulta demasiado técnica para el texto de la propuesta. 
En la línea de la enmienda 5 tengo la satisfacción de confirmarles que, dada la importancia de esta cuestión, la Comisión está estudiando la posibilidad de presentar una nueva directiva sobre biocombustibles generados a partir de fuentes de energía renovables, concretamente de biomasa, de productos agrícolas, lo cual simplificará algunos otros problemas que tenemos planteados. 
Cuando empecemos a hablar de los objetivos para la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables tendremos, en primer lugar, que ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por fuentes de energía renovables. Esto reviste una importancia fundamental para sentar las bases del futuro mercado y varios de ustedes se han referido a este asunto. 
Quiere esto decir que podemos seguir en gran medida la definición presentada por el Parlamento Europeo en su enmienda 27 pero, al hablar de la ampliación de la aplicación de la biomasa- si bien, tal y como está planteada quizá pudiera ser aceptada- en ningún caso puede serlo en su concepto de basura doméstica. 
Eso no es energía renovable en su gran mayoría. 
Lo que la Comisión tampoco puede aceptar es la turba, por tratarse claramente de un combustible fósil, aunque de una generación más rápida, pero fósil. 
No debe abusarse además- como he dicho- de la biomasa en los casos de maderas no contaminadas y apoyamos la enmienda 24. 
La referencia a los desechos sin otra clasificación como fuente de energía renovable- como he dicho hace un momento- es inadecuada y contraria a la política de gestión de residuos sólidos. 
La Comisión rechaza esta parte de la enmienda 27, las enmiendas 11, 54, 55, 61 y la enmienda 57, relacionadas con ella. 
La Comisión estima asimismo que toda la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y empleada en centrales híbridas debe ser considerada electricidad verde y no sólo la utilizada con fines de reserva. 
Por lo tanto, no podemos aceptar la enmienda 28. 
La propuesta de la Comisión incluye en su anexo los objetivos indicativos con respecto al nivel de consumo nacional de electricidad verde, necesarios para alcanzar una cuota total del 22,1 % para el conjunto de la Unión Europea para el año 2010, de conformidad con los objetivos establecidos en el Libro Blanco de 1997. 
En este contexto, debo señalar dos cuestiones. 
En primer lugar, la importancia de que los objetivos sean indicativos. 
Señorías, a mí también me gustaría plantear objetivos obligatorios pero tenemos que ser realistas y, aunque lo siento, no puedo aceptar en el punto actual esta cuestión que su Señorías plantean porque eso sería automáticamente rechazado por los Estados miembros. 
Es la primera vez que en una directiva de la Unión se plantean objetivos nacionales de esta índole. 
No obligaciones que hay que cumplir, sino objetivos nacionales. 
Desde luego, consideramos esta posibilidad pero, en principio, por razón de una negociación con la otra parte, que es el Consejo, no puedo aceptar a estas enmiendas aunque comprendo por sus planteamientos y tengo enorme simpatía por ellos. 
Por ello, insisto en que el apartado 4 del artículo 3 es absolutamente clave. 
Cuando el informe que hay que hacer sobre el cumplimiento y el desarrollo de las energías renovables en los distintos países señale que algún país incumple claramente esos objetivos, se harán propuestas al Parlamento y al Consejo para corregir esta situación. 
Evidentemente esos serán unos objetivos obligatorios para ese Estado, para que los cumpla, para que por esa vía dé cumplimiento a estos objetivos, que son objetivos y no obligaciones. 
La aventura que emprendemos con esta directiva debe basarse en medidas transparentes que refuercen la confianza, pero es probable que este proceso no llegue a iniciarse nunca si ponemos objetivos vinculantes en su texto. 
Varios Estados ya no quieren aceptar ni tan siquiera los objetivos indicativos, con que no habría ninguna posibilidad de que lo hicieran con los vinculantes. 
En cuanto al cálculo, efectivamente nuestro cálculo de un 22,1 % en vez del 23,5 % establecido en 1997 obedece a cuestiones de credibilidad. 
Las cifras que aquí damos no son casualidad ni capricho sino que obedecen a las realidades que nosotros planteamos. En ese sentido, no podemos apoyar las enmiendas que proponen objetivos jurídicamente vinculantes, -la creación de ese comité ni ese objetivo del 23,5 %- y, por lo tanto, tenemos que rechazar en este momento las enmiendas 6, 9, 12, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 67 y 68. 
En cuanto a los sistemas de apoyo, este es el segundo grupo de enmiendas donde la Comisión consideró prematuro proponer un sistema de apoyo armonizado, pero afirmó que en caso necesario presentará una propuesta de este tipo con arreglo a ciertos principios. 
Estima que muchas de las enmiendas propuestas por el Parlamento refuerzan el planteamiento pragmático de la Comisión, al mismo tiempo que lo clarifican, lo mejoran y lo complementan. 
En ese sentido, apoyamos las enmiendas 36 y 56 y también algunos aspectos de las enmiendas 4, 15 y 62, relacionadas con la idea de la internalización de los costes externos y la compensación de los costes externos no cubiertos a favor de las fuentes de energía renovables. 
Pero, Señorías, no podemos aceptar las partes que prejuzgan la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. 
Tampoco se puede aceptar la parte de la enmienda 37 que exige que el futuro sistema de apoyo armonizado satisfaga la necesidad de internalizar los costes externos, ya que esto sólo podría realizarse mediante una armonización fiscal que sobrepasa el ámbito de aplicación de la futura propuesta en este sentido. 
Por otro lado, podríamos aceptar las enmiendas 10 y 59, que precisan que las ayudas de inversión a las grandes instalaciones hidroeléctricas sólo serían posibles en tanto en cuanto contribuyan a mejorar el medio ambiente. 
En ningún otro caso puedo incluir las ayudas a las grandes hidroeléctricas dentro de las ayudas a la electricidad verde. 
Las grandes hidroeléctricas, en principio, son ampliamente rentables por sí y tienen unos costes medioambientales muy elevados. 
La enmienda 53 supondría excluir todas las formas competitivas de energías renovables de las subvenciones y de las demás ventajas, por lo que la Comisión no puede aceptarla en su formulación. 
Por lo que respecta a los principios en los que debe basarse el futuro sistema de apoyo armonizado, la Comisión puede aceptar las partes de las enmiendas 37 y 38 que estipulan que dicho sistema debe tener en cuenta los objetivos medioambientales del Tratado, la experiencia adquirida con los sistemas de apoyo que han demostrado ser eficaces y positivos así como las condiciones geográficas. 
Por el contrario, la Comisión no puede aceptar partes de las enmiendas 37 y 38 así como la 39, en cuanto que prejuzgan el tipo de sistema que debe aplicarse o que exigen que no se distorsione el mercado de la biomasa. 
Por la misma razón, se rechaza la enmienda 23. 
La Comisión puede aceptar la necesidad de los actuales sistemas de apoyo para los regímenes transitorios ya considerada en la letra d) del artículo 4 de su propuesta. 
No obstante, al hacerlo, la Comisión tiene muy presente que los términos utilizados no prejuzgan su derecho de iniciativa ni deben ser incompatibles con el mercado único de la electricidad. 
La Comisión puede aceptar parte de las enmiendas combinadas 17 y 18, en la medida que este período transitorio de diez años se refiere al mantenimiento de la confianza de los inversores y no a la continuación de los sistemas de apoyo como tales. 
Señorías, efectivamente, hay que dar un horizonte de tranquilidad. 
Como ha dicho alguno de sus Señorías hace un momento, la energía eólica está muy cerca de ser competitiva pero hay que seguir dando apoyos reales al desarrollo de las energías renovables. 
Otro de ustedes se ha referido a que esos apoyos van a provocar una mayor demanda, un mayor desarrollo tecnológico y, por lo tanto, una mayor competitividad, y en eso es en lo que confiamos. 
A partir de ahí, en su momento, más adelante, habrá que ir incorporando poco a poco los aspectos de mercado que- como he dicho- constituyen el segundo paso, puesto que el primero es disponer de una cantidad suficiente de energía renovable. 
No obstante, por razones antes señaladas, la Comisión rechaza las enmiendas 13, 32, 40, 41, 63 y 64. 
En cuanto a las enmiendas relativas a las fuerzas del mercado, la competencia, la Comisión puede aceptar las partes relevantes de las enmiendas 17 y 18 y la enmienda 22 que subrayan la necesidad de crear un mercado de electricidad ecológica, pero rechaza la enmienda 19, que exige la armonización de los sistemas de apoyo nacionales. 
Debemos disponer de una definición amplia de sistema de apoyo y, por tanto, no podemos aceptar las enmiendas 16 y 19. 
En cuanto a medidas técnicas y en cuanto a la garantía de origen de la electricidad ecológica, lamentablemente no podemos apoyar las enmiendas destinadas a extender esta garantía a todos los tipos de electricidad o a la electricidad procedente de terceros países, ya que rebasa el ámbito de aplicación de la propuesta. 
Se rechazan las enmiendas 14, 42, 43 y 44 y la enmienda 58, que pretende conseguir el comercio interfronterizo de los certificados de electricidad, es prematura en esta fase y no puede ser aceptada a día de hoy. 
No podemos aceptar la enmienda 45, que debilitaría la propuesta al obligar a los Estados miembros a revisar el marco normativo y tampoco la enmienda 46. 
Tampoco las enmiendas 26, 47 y 60 así como la 65, que imponen normas obligatorias para el reparto de los gastos de conexión y otros costes de la red a escala europea. 
En lo que respecta a las enmiendas 48, 49 y 66, la Comisión puede aceptar que en su momento se indiquen los objetivos nacionales sobre la electricidad verde para el período 2010-2020 pero no puede aceptar aquellas partes de las enmiendas que podrían prejuzgar la aplicación de las reglas del derecho de la competencia en materia de ayudas de Estado. 
Señorías, lamento haberme alargado pero creo que el debate reclama esta atención. 
Quiero, una vez más, felicitar a la ponente, Sra. Rothe, a todas sus Señorías por su trabajo, e insistir en que es una absoluta necesidad que de una vez por todas demos un impulso real al uso de energías renovables en la Unión Europea. 
Eso es lo que pretendemos con esta iniciativa. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0308/2000) de la Sra. Theorin, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, sobre la participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos (2000/2025 (INI) ). 
. 
(SV) Señor Presidente, el campo de batalla después del fin de la guerra fría se ha trasladado a los pueblos, las calles y a los hogares. 
Los conflictos se producen con más facilidad en el seno de los estados que entre ellos. 
Siempre la guerra y los conflictos han sido territorio masculino, pero la mayoría de las víctimas, el 90 por ciento, son civiles. 
Son mujeres y niñas que han sido expuestas a formas especiales de violencia. 
Han sido violadas, raptadas y mantenidas como esclavas sexuales. 
Las viudas se han visto obligadas a hacerse cargo de la educación de los hijos y a mantener a los viejos. 
Aún así, las mujeres son ignoradas en las negociaciones de paz, igual que sus necesidades y preferencias. 
En la comisión para la reconstrucción de Tayikistán, donde hay 25 000 viudas, tan sólo uno de los 26 delegados era mujer. 
En la primera negociación de paz para acabar con el conflicto en Burundi había dos mujeres entre los 126 delegados. 
Ninguna mujer bosnia participó en las negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra de Bosnia. 
Esto a pesar de que todo el mundo era consciente de las violaciones sistemáticas que sufrieron las mujeres y de las responsabilidades que estarían obligadas a asumir para reconstruir la sociedad. 
En las negociaciones previas a los bombardeos de la OTAN en Kosovo hace cuatro años, había solamente una mujer en la delegación. 
Cuando se creo el pacto de estabilidad para la reconstrucción del suroeste de Europa ni siquiera se mencionó a las mujeres, a pesar de sus magníficas experiencias en la construcción de la paz en el seno del pueblo. 
Tampoco participaron en el comité encargado de la reconstrucción. 
¡No se puede construir una casa a la que le falta medio cimiento! 
Si excluimos al 50 por ciento de la población, la paz no será duradera. 
Las mujeres tienen que participar plenamente en todas las negociaciones de paz, en todos los trabajos de reconstrucción y en las operaciones para el mantenimiento de la paz. 
Mientras los procesos formales de paz son un territorio casi exclusivamente masculino, las experiencias y declaraciones internacionales demuestran la importancia de la participación femenina en la solución de los conflictos y en la construcción de la paz. 
En los pocos casos en los que la sociedad civil y las mujeres han participado en negociaciones formales de paz se ha visto que ha sido provechoso, por ejemplo, en Sudáfrica, en Guatemala y en Camboya. 
Esto se deduce también de una serie de documentos de la ONU, por ejemplo, de la resolución que el Consejo de Seguridad aprobó hace dos semanas sobre las mujeres, la paz y la seguridad. 
Hay que proteger la sociedad civil, a los refugiados y a los solicitantes de asilo, hay que combatir la impunidad por las violaciones en tiempo de guerra, hay que fomentar la participación activa de las mujeres en la solución de conflictos y en la construcción de la paz, en todos los niveles. 
De estas cosas se ocupa mi informe, que ha recibido amplio respaldo en la comisión. 
Para que el Grupo PPE-DE pudiese votar a favor de la resolución, he aceptado la enmienda 19 al punto 12, apoyada tanto por el Grupo PSE como por el Grupo PPE-DE. 
Propongo una modificación al cuarto Protocolo de Ginebra, de modo que las violaciones, la maternidad forzosa y la esclavitud sexual sean definidas como crímenes de guerra, tales como el terrorismo y la tortura. 
Insto a los Estados miembros a ratificar el Tratado de Roma sobre un tribunal penal internacional permanente. 
Un tribunal de esta naturaleza es un requisito para eliminar la tendencia a usar sistemáticamente las violaciones como estrategia de guerra. 
Además, todo el personal que trabaja en el mantenimiento de la paz, tanto hombres como mujeres, tendrán que hacer cursos sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Especialmente deberían hacerlo las fuerzas de mantenimiento de la paz. 
El objetivo debe ser que al menos el 40 por ciento de todo el trabajo de reconstrucción y en favor de la paz sea realizado por mujeres. 
Es importante la participación local en los procesos de paz y concordia. 
Por eso insto a los Estados miembros y a la Comisión a respaldar, técnica, financiera y políticamente, a las organizaciones que trabajan en favor de la paz y de la prevención de conflictos. 
A pesar de que la proporción de mujeres ha sido limitada, hay estudios que demuestran que la participación de las mujeres en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU mejora las relaciones con la población local y la moral general. 
Por el contrario, la presencia de inspectores masculinos conlleva violencia sexual y la prostitución aumenta en torno a los campamentos. 
Soldados de la ONU, incluso de países de la UE, han tenido que ser devueltos a sus países por haber sido acusados de violencia sexual en Somalia y en Mozambique. 
La paz es una carga demasiada pesada para ser llevada sólo por una institución, un gobierno o un sexo. 
La paz duradera no puede alcanzarse si se ignora a la mitad de la humanidad. 
La paz solamente podrá alcanzarse si las mujeres participan plenamente en los procesos para alcanzarla. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar a la Sra. Theorin, la ponente, por haberse ocupado del tema "participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos" mediante un informe por propia iniciativa del Parlamento Europeo. 
Debido a su responsabilidad por la familia, los hijos y los ancianos y también a que con frecuencia se encuentran solas en su responsabilidad por la falta de maridos y padres, por lo que tienen que ocuparse también ellas solas de la supervivencia de la familia, las mujeres se ven afectadas en gran medida por las guerras y las situaciones bélicas. 
Pero para las mujeres la situación es también especialmente difícil cuando tienen que luchar por el reconocimiento y la igualdad de derechos en sus actividades. 
Las decisiones sobre la ejecución y aplicación de acciones de ayuda son de la responsabilidad de los gabinetes de crisis y aquí la competencia objetiva y especializada de las mujeres goza de poca atención y reconocimiento. 
Y eso que parece evidente que en tales situaciones difíciles se debe contar con aquellas que tienen la responsabilidad in situ, por así decirlo, en el frente local y aprovechar también su experiencia para la resolución de conflictos. 
Como, lamentablemente, esto no es así, el informe plantea de modo muy concreto la exigencia de que se incluya a las mujeres en los gremios y de que participen. 
El informe acusa que en situaciones de conflicto se producen terribles actos de violencia y de abusos sexuales. 
A esto hay que enfrentarse preventivamente proporcionando a las mujeres en los campos de refugiados una protección especial estableciendo una separación en los campos. 
Hay que ayudar a las mujeres contra las que se ha ejercido violencia. 
En esto estamos de acuerdo. 
Este capítulo de la violencia contra las mujeres en los conflictos desborda el tema en si del informe y, debido a su importancia, debería haberse elaborado por separado. 
El informe Theorin entra en este campo en detalles muy concretos y realiza repeticiones que como Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos rogamos se extraigan en el sentido de un documento oficial. 
También debemos prestar atención para que las exigencias se realicen en un marco que se pueda cumplir. 
Espero que el compromiso encontrado- la Sra. Theorin ha llamado la atención al respecto en relación con el punto 12- obtenga también el apoyo del Pleno. 
Allí donde las decisiones son competencia de los Estados miembros podemos destacar como Parlamento Europeo enmiendas y mejoras deseables. 
Pero no podemos demandarlas judicialmente. 
Los Estados miembros deben adoptar bajo su responsabilidad decisiones para las mujeres también en los campos de refugiados. Pueden ver la enorme importancia del informe. 
El Grupo del PPE-DE no se ha tomado a la ligera la presentación de las correspondientes enmiendas y ruego a las y a los colegas apoyo también para la propuesta de compromiso sobre el punto 12 presentada por la ponente. 
Si queremos que se nos escuche internacionalmente, tenemos que tocar las cosas con sensibilidad por la vía diplomática. 
Señor Presidente, la cuestión de las mujeres en relación con el problema de la guerra y de la paz tan sólo ha recibido una atención marginal por parte de las asociaciones internacionales en los últimos tiempos. Este asunto se utilizó incorrectamente en numerosas ocasiones como argumento oportunista entre partes enfrentadas. 
En las conferencias mundiales de la ONU celebradas de forma consecutiva desde 1975, éste fue claramente el caso concretamente en lo que respecta al conflicto de Oriente Medio. 
Debido a que la cuestión de las mujeres y de la paz no tenía por sí misma un gran peso político, las corrientes utópicas también podían dominar el debate. 
Desde la conferencia mundial de la mujer celebrada en Pekín en 1995, esta situación ha cambiado sustancialmente. 
Allí se dio el primer paso para tratar la cuestión con madurez. 
En los años posteriores, se adoptaron numerosas iniciativas, especialmente en el ámbito de la ONU y de las organizaciones afines. 
Ya era hora de que esta cuestión recibiera atención por parte de la UE ya que como suele ocurrir en las cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer, Europa a menudo se queda rezagada. 
La oposición que algunos hombres de esta Cámara han expresado ante un tratamiento serio de esta cuestión constituye una señal evidente. 
Aparentemente, quieren mantener su posición de poder en cuestiones de política exterior y de defensa y creen que los intereses de las mujeres pueden defenderse por los hombres. 
La colega Theorin es digna de elogio por la determinación con la que ha mantenido la cuestión frente a las presiones. 
El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución denominada "Mujeres, paz y seguridad" tras un debate de dos días. La señora Theorin ya lo apuntó. 
Una resolución que se parece a la que tenemos ante nosotros en lo que respecta a su alcance. 
Esto también resulta significativo en lo que respecta a la importancia de la cuestión. 
Finalmente, Señor Presidente, quiero manifestar mi desilusión por las oscuras maniobras que, en mi opinión, han llevado al debilitamiento del apartado 12 en relación con los derechos y con la libre opción de las mujeres que han sido víctimas de violaciones y de situaciones bélicas. 
Yo no acepto que se comercie con estos derechos. 
Desde el punto de vista político, considero que la enmienda 19 se puede interpretar como una derrota táctica o un paso atrás táctico en vez de un compromiso real, lo que no es digno de la causa de la mujer. 
Señor Presidente, al igual que otros oradores me gustaría felicitar a la ponente por su muy exhaustivo y gran informe que contiene una serie de propuestas por las que deberían dejarse inspirar los que toman decisiones en el mundo y de las que éstos también deberían apropiarse. 
El problema de este informe, no obstante, radica en que no prioriza sus numerosas propuestas. 
Que ésta tampoco ha sido la intención, lo admito. 
No obstante, por ello corremos el riesgo fácilmente de que, una vez se haya producido la votación, pasemos meramente al próximo tema. 
Me gustaría proponer por ello que prioricemos nuestros próximos pasos y que comencemos por lo que podamos hacer concretamente con respecto a la puesta en práctica de los aspectos relacionados con la construcción del ejército militar y civil que se está produciendo precisamente duramente estos meses en la UE. 
Debo exhortar por ello al Consejo, al Sr. Solana y a la Comisión, en especial, al Sr. Patten, a que examinen las numerosas ideas presentes en el informe y se dejen inspirar por ellas e introduzcan estas ideas y propuestas en el trabajo que se está llevando a cabo ante nuestros ojos sin que desgraciadamente sepamos muy bien cómo lo concreto va a plasmarse en la realidad. 
Esto puede convertirse en un excelente experimento de cuál es el significado en la práctica de todas las palabras sobre igualdad de oportunidad, mainstreaming, fortalecimiento del papel de la mujer, etc. Comencemos por iniciativas concretas. 
Además, el Consejo y la Comisión deben regresar al Parlamento para explicar que podría hacerse. 
Hay muchas tareas planteadas que debemos acometer, por ejemplo, la formación de los cuerpos policiales o la formación del personal militar, ciertamente hay razones suficientes para mejorar el entendimiento de que la violación es de hecho una agresión que no puede aceptarse al igual que tampoco podemos aceptar la tortura. 
También podríamos referirnos a la participación de las ONG, a las facilidades para la reconstrucción destinadas a las personas afectadas por una crisis, etc. En esta línea podríamos celebrar vistas públicas, seminarios, etc. sobre estos temas. 
Tendríamos transparencia por añadidura en todo lo relativo a este proceso y a la construcción de este trabajo preventivo y de producirse tomando como punto de partida la participación de las mujeres, habríamos dado a la UE quizá repentinamente y de forma totalmente inesperada una perspectiva humana en un solo ámbito. 
Señor Presidente, desearía primero expresar todo el interés que me merece este informe, cuya excelencia querría subrayar, la gran excelencia, incluso. 
Ahora debemos pasar a los trabajos prácticos, y me referiré de dos puntos de actualidad. 
Desde el punto de vista de las actoras, porque las mujeres son actoras de la Historia, sería necesario que en lo sucesivo fueran actoras en los procesos de paz. 
Me asocio, pues- se trata de un tema de actualidad -, a la delegación que diez diputadas europeas han dirigido en Oriente Medio- ello ocurría hace dos semanas; la Sra. Morgantini podría hablarles largamente al respecto -, con el fin de que no sólo las mujeres estuvieran presentes en el proceso de paz, sino también para que exista una política europea y para que nosotras, las mujeres, apoyemos una política europea en favor de la paz en Oriente Medio. 
Seamos, pues, prácticos. 
Segundo punto, del lado, no de las actoras de la paz, sino de las víctimas de la guerra: dentro de dos semanas las ONG organizarán un tribunal en Tokio. 
En diciembre de 2000 tendrá lugar, pues- y solicito al Parlamento que lo apoyemos -, este intento del tribunal para denunciar a las "femmes de confort", durante la Segunda Guerra Mundial. 
Es muy importante, puesto que el tribunal también quiere ser pionero, quiere ser el primero en plantear la cuestión de los crímenes contra la humanidad cometidos contra mujeres. 
Estas mujeres, la mayoría de ellas coreanas, fueron violadas y engañadas para ser convertidas en esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial por el Japón, que no quiere reconocer este crimen. 
Fueron mantenidas prisioneras. 
Existe una película, testimonios, que se presentarán a dicho Tribunal. 
Deseo que elaboremos una iniciativa, señora Theorin, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, para apoyar esta acción con miras a un reconocimiento, a una reparación de este crimen contra la humanidad perpetrado contra las mujeres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la participación de las mujeres en la resolución pacífica de los conflictos es una necesidad, lamentablemente por la repercusión que tienen estos conflictos en la vida de las mujeres y su tradicional ausencia en los mismos como parte activa. 
La mayoría de los refugiados son mujeres y niños. 
Las mujeres son doblemente víctimas de los conflictos armados, pues están expuestas a violaciones y a abusos sexuales que, en ocasiones, se han utilizado como arma de guerra. 
Los graves problemas que esto ocasiona a las mujeres se incrementan, porque se ven repudiadas en sus comunidades de origen. 
Se ha demostrado que la participación de la mujer en la solución de los conflictos y en la organización de los campos de refugiados es altamente positiva. 
Estamos de acuerdo en que se reconozca que las violaciones, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual son crímenes contra la humanidad, por lo que deben actualizarse los textos legales para proteger a las mujeres eficazmente. 
Asimismo debe haber recursos financieros que permitan ayudar a las mujeres víctimas de esta situación. 
La participación de las mujeres en la resolución diplomática de conflictos y en las iniciativas de reconstrucción facilitaría enormemente la consecución de estos objetivos. 
También sería una eficaz ayuda la formación de los hombres en todo lo que se refiere a cuestiones de género. 
Este informe, que consideramos importante por el fondo del asunto tratado, es, sin embargo, demasiado reiterativo y contiene algunas cosas que no nos gustan, pero reconocemos que se trata de un problema real que hay que resolver y, por eso, nuestro Grupo lo apoyará. 
Señor Presidente, señora Comisaria, actualmente el 90% de las víctimas de guerra y las cuatro quintas partes de los refugiados en todo el mundo son poblaciones no combatientes, principalmente mujeres y niños. 
Ahora bien, cuando se trata de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones relativas a la prevención y la resolución de los conflictos armados o iniciativas de paz, comprobamos que su presencia es muy reducida. 
No podemos permitir que siga siendo así, porque muchas veces se pasan por alto los derechos, las prioridades y los intereses de las mujeres en las negociaciones de paz. 
Y porque los pocos ejemplos de mujeres en puestos de decisión sobre esos asuntos han resultado extraordinariamente eficaces. 
Voy a citar sólo dos ejemplos que ilustran bien lo que acabo de decir: Mary Roberts, al frente de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, ha desempeñado sus tareas con enorme coraje y determinación, yendo a los lugares de peligro en los momentos de peligro, denunciando situaciones incalificables, obligando a los países y a las instancias internacionales a no ocultarse tras un silencio cómplice y a adoptar las medidas exigidas. 
También Portugal, donde las mujeres no tuvieron acceso a la diplomacia hasta la "Revolución de abril de 1974", ha demostrado recientemente, con el caso de Timor Oriental y de nuestra embajadora en Indonesia, Ana Gomes, que el papel de una mujer y su sensibilidad para con los problemas y el sufrimiento de un pueblo que afrontó a solas una lucha de 25 años por la libertad pueden ser sentidos por todo el mundo y, en particular, aquí, en el Parlamento Europeo. 
Ha llegado el momento de decir "basta" a la ausencia de mujeres en la resolución de este tipo de problemas: de un modo sensato, pero decidido, para que en el futuro los dirigentes políticos tengan muy en cuenta que las guerras son problemas de todos y no exclusivamente de hombres, que quien más sufre son las mujeres y que, por eso mismo, las mujeres deberían estar representadas en todas las instancias en relación con situaciones de conflicto armado, sobre todo para prevenirlas e impedir, de ser posible, que se llegue a situaciones de guerra, pero al menos para mitigar esas situaciones y para devolver la dignidad a los que de forma inocente son sus principales víctimas: las mujeres y los niños. 
Ésas son algunas de las razones por las que vamos a votar a favor de este informe tan importante. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Theorin su extraordinario informe y las iniciativas que ha propuesto. 
Como feminista y pacifista, implicada con otras mujeres en la construcción de relaciones y de puentes de paz, en lugar de conflictos, he encontrado en el informe la riqueza de las muchas experiencias vividas en estos años por las mujeres en la construcción de la paz que no solo es ausencia de guerra, sino reconocimiento de la justicia económica y social. 
Es verdad que nosotras las mujeres somos las más afectadas en los lugares donde hay guerra, pero no solo somos víctimas, sino portadoras de alternativas a la guerra y a la violencia y creadoras y sujetos de cambio. 
Es un ejemplo de ello la red internacional de las "Mujeres de negro" contra la guerra y la violencia que, en el ámbito del diálogo y en solidaridad con las mujeres palestinas, desde hace doce años se manifiestan en Israel contra la ocupación militar de Palestina. 
También nosotras, mujeres diputadas, pudimos comprobarlo cuando viajamos a esos lugares en estos trágicos días. 
Del mismo modo, durante la guerra en la antigua Yugoslavia, las "Mujeres de negro" de Belgrado establecieron relaciones con mujeres croatas y bosnias, y en muchos países del mundo hemos cruzado las fronteras, unidas en el rechazo de la pertenencia nacionalista. 
Sin embargo, esta labor y estos conocimientos de las mujeres, la diplomacia desde abajo que indica otras vías a la diplomacia de los Estados, no deben ignorarse y se han de convertir en una práctica en los foros de toma de decisiones y en todas las instancias de la diplomacia. 
Por esto es fundamental una nutrida participación en las negociaciones, en los centros de prevención, de gestión... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, ya se han dicho muchas cosas y no me voy a reiterar. 
Quisiera felicitar a la señora Theorin por haberse enfrentado a nivel europeo a un problema que apenas habíamos debatido. 
Cuando escucho las distintas intervenciones, creo que quienes afirman que deberíamos analizar nuestras prioridades y limitar el número de objetivos que queremos conseguir, están en lo cierto. 
El informe contiene numerosos puntos y no todo se podrá llevar a la práctica de forma inmediata. 
Por mi parte, indicaré algunas prioridades. 
La primera es que debemos instar a todos los Estados Miembros a que ratifiquen el Tratado de Roma. 
Hasta la fecha son pocos los Estados Miembros que lo han hecho. 
Me dicen que son dos o tres. 
Por lo tanto, si pudiéramos conseguir esto, habríamos dado un primer paso. 
En este Tratado se reconoce que la violación en tiempos de guerra y todas sus consecuencias deben considerarse un crimen de guerra. 
Hoy en día, quizás parezca obvio pero hasta hace poco no era normal ni obvio. 
En segundo lugar. El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución, la resolución 1325, en la que se hace un "llamamiento para una participación amplia de las mujeres en la pacificación y en la reconstrucción tras los conflictos". 
Y esto ocurrió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Creo que sería positivo, en vistas de que allí se ha aprobado, que la Unión Europea analizara los puntos que allí se debatieron porque se han aceptado en la ONU y esto implica que también deben poder aceptarse en el plano europeo. 
Se solicitan dieciocho puntos, lo que resulta significativo. 
De nuevo, mi enhorabuena y esperemos que podamos llegar a algo concreto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera ante todo felicitar a la Sra. Theorin, a la que debemos este excelente informe, que trata un asunto importantísimo y de la máxima actualidad. Cómo, ni más ni menos, una participación sustancial de las mujeres en la resolución diplomática de conflictos puede cambiar el mundo y transformar la cultura dominante de la confrontación y la violencia en cultura de paz, diálogo y arreglo democrático de las diferencias. 
Y esto es posible porque históricamente las mujeres, en su conjunto, están vinculadas a la no violencia, tienen experiencias diferentes a las de los hombres en materia de guerras y conflictos; y es que la vida entera de las mujeres está entretejida con la protección de la vida, con el diálogo, la reconciliación, la negociación. 
Estos valores pacifistas de las mujeres pueden constituir la alternativa, la base para la cimentación de una nueva cultura, de la cultura de la paz, la consolidación del diálogo en todos los ámbitos, y la exclusión de la guerra y la violencia como medios de resolución de conflictos. 
La ausencia de las mujeres, del sistema pacifista de las mujeres, se deja sentir especialmente cuando uno se encuentra en zonas que se encuentran en crisis, como Oriente Medio, donde he estado últimamente. 
Estoy convencido de que si las mujeres, palestinas e israelíes, tuvieran voz y papel en el proceso de paz, con toda probabilidad se habría encontrado una solución justa y viable a la cuestión palestina, y no nos encontraríamos ante la actual crisis, que es resultado de siete años de negociaciones fracasadas. 
En el caso de Iraq, donde estuve participando en una misión de cuestionamiento activo del embargo, las mujeres en ningún caso se plantearían objetivo político o militar alguno por encima de las vidas humanas, y no sacrificarían todos los meses 6.000 niños inocentes en el altar de ningún interés político, económico o estratégico en la zona. 
Por ello, es necesario tomar en consideración esta dimensión al trazar las políticas de la Unión europea en el futuro. 
Señor Presidente, comisario, colegas, en primer lugar quiero unirme a las numerosas intervenciones y felicitaciones de otros colegas, aunque en especial a las palabras de Joke Swiebel en relación con el informe de Maj Britt Theorin en torno al papel de las mujeres en la resolución pacífica de los conflictos. 
Se trata de un informe clarificante redactado con gran pericia, atrevimiento y equidad, lo que a algunos les parecerá chocante aunque refleja la realidad. 
Por este motivo, apoyo el informe íntegro prácticamente en su versión en original y creemos que la mayoría de las enmiendas de nuestros colegas resultan atenuantes y en algunos casos manifiestamente hipócritas. 
La colega Theorin ha redactado un informe combativo y esperamos que no se elimine la ayuda a los centros de adopción, tal y como se recoge en la enmienda 19 c. Los Verdes no aceptan el texto de compromiso redactado por nuestros colegas en relación con la enmienda 19. 
Felicidades, señora Theorin, por su valor y determinación. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Theorin va en mi opinión muy lejos en la exigencia de equiparar socialmente a las mujeres. 
Con una elección exacta de las palabras, se denuncian violaciones de la dignidad de las personas y se exigen consecuencias para que se produzcan cambios. 
En el informe no sólo se llama la atención sobre la exclusión social de las mujeres como problema en si mismo sino que se subraya además con razón que la protección ante la criminalidad y la seguridad personal ya no se pueden garantizar solamente dentro de las fronteras de las naciones. 
Por ello, apoyo las exigencias del informe por las que las mujeres deben tener un derecho a influir diplomáticamente. 
Apoyo esta iniciativa del informe así como la constatación que se realiza allí de que las mujeres que han sufrido abusos sexuales precisan de la protección de la Comunidad y que los autores no puedan salir indemnes sin sufrir penas. 
Mujeres y hombres, las personas en si son diferentes. 
Una auténtica igualdad de oportunidades exige otro trato, trato que las personas siguen determinando aún ellas mismas. 
Señor Presidente, felicito a la presidenta Theorin, por este magnífico informe y creo que extensivamente deberíamos felicitarnos todas nosotras, las mujeres, que somos las que directa o indirectamente vamos a beneficiarnos de sus valiosas y novedosas propuestas y aportaciones. 
Señor Presidente, este informe abre un camino inédito en la política europea, cual es el de la aportación de las mujeres a la paz. 
Un camino que, a mi juicio, está lleno de potencialidades y que bien podría cambiar el negro panorama de fracasos que viene cosechando secularmente el dominio varonil excluyente. 
En este campo no hay nada más que vergonzosos fracasos y, sin embargo, todavía nos encontramos con un muro de exclusión para las mujeres. 
Un informe muy documentado, profundo, riguroso, capaz de enunciar principios fundamentales con la claridad que se hace en el artículo 17, audaz pero a la vez con un gran sentido práctico y propuestas muy necesarias. 
¡Qué pena, señor Presidente, que haya tenido que ser rebajado en aras del consenso!. 
Lo único que me consuela es que ello dice mucho de la capacidad parlamentaria de la Sra. Theorin. 
Es una vergüenza que no haya nadie representando al Consejo. 
Señor Presidente, dígame usted quién representa al Consejo en estos momentos, o al Alto Representante para la PESC. 
La nueva Política Exterior y de Seguridad Común europea no se puede hacer de espaldas a la propuesta del Parlamento, ni de espaldas a la voluntad de las mujeres europeas que quieren participar en ella. 
Transmita, por favor, al Consejo nuestra protesta. 
Es un grave error la ausencia del Consejo en este debate. 
Señor Presidente, es habitual comenzar una intervención agradeciendo los excelentes trabajos. 
En mi caso es imposible, ya que opino que el informe de la Sra. Theorin debe ser rechazado. 
Creo, también, que la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer es muy temeraria cuando sostiene que existe un apoyo amplio para un informe que se aprobó por ocho votos a favor y cinco en contra. 
Es una insolencia contra el Parlamento utilizar la iniciativa de redactar informes para promover asuntos que no están comprendidos en el mandato. 
La Sra. Theorin tenía que redactar un informe sobre la participación de las mujeres en la solución pacífica de conflictos. 
En su lugar, el informe se ocupa desde la situación de las mujeres en los campos de refugiados hasta la forma de hacerse fuertes. 
En su anhelo de estar en contra de todos los males, condena las violaciones sistemáticas y la esclavitud sexual. 
¡Opino que hay que condenar todas las violaciones y todas las formas de esclavitud! 
Hay puntos del informe que posiblemente podrían tener cabida en un informe que se discutiese seriamente en todas las comisiones y con participación de representantes de la política exterior y de seguridad como, por ejemplo, el tema de los cuerpos diplomáticos. 
La Sra. Theorin ha luchado mucho tiempo para que Suecia no forme parte de la Unión. 
Ahora, de repente, aboga para que la UE decida qué funcionarios debe contratar el servicio exterior. 
¡Es algo inconsecuente! 
Hagamos que la solución de conflictos sea un asunto que fortalezca las condiciones para la paz, en todos los ámbitos y con todos los actores, en lugar de circunscribirse a un asunto de sexos. 
Rechazo enérgicamente el espíritu de colectivización de la culpa de uno de los sexos que se ha manifestado aquí esta tarde. 
Opino que es una burla contra todos los hombres que han dado sus vidas en aras de la defensa de la libertad, la paz y la democracia, en sus propios países o en acciones para el mantenimiento de la paz. 
En mi opinión, no resulta pacífico ni constructivo dedicarse a la creación de contradicciones entre los sexos como se ha hecho aquí esta tarde. 
Por este motivo mañana seremos muchos los que votaremos en contra de este informe. 
Opino que no es serio. 
. (EL) Señor Presidente, creo que se trata realmente de un informe innovador, una resolución innovadora; e introduce una nueva dimensión de modo muy concreto en el ejercicio de la política exterior. 
Nadie podría sostener que las mujeres serían mejores generales o mejores negociadoras. 
Nadie puede sostener que las mujeres sean más demócratas y más defensoras de la paz. 
Lo que, sin embargo, es evidente en la resolución es que en todas las políticas de gestión de las crisis, en todas las políticas de gestión de los conflictos y de las consecuencias de la guerra en las sociedades, falta un componente fundamental de la sociedad. 
Falta la dimensión del género. 
Las mujeres no son personas mejor o peor dotadas, son sencillamente portadoras de vivencias sociales diferentes. 
Son personas con experiencias diferentes; experiencias necesarias en el modo en que se ejerce la política, especialmente en la gestión de los conflictos. 
Con datos muy interesantes, que en ocasiones me han sorprendido, queda registrada esta realidad en el informe. 
Coincido, sin embargo, con algunas de las oradoras en que necesitamos objetivos y medidas muy concretos, para que la dimensión del género adquiera rasgos bien definidos en las políticas, en los programas, en las acciones parciales. 
Me van a permitir referirme a algunas de las recomendaciones básicas de la resolución que exigen la acción de la Comisión. 
A la recomendación, en primer lugar, que se refiere a la sensibilización de los dos géneros en las iniciativas por la paz y la seguridad, en lo que respecta a los medios de reacción rápida (rapid reaction facility) ; se trata de algo incluido en el reglamento que se votará el cuatro de diciembre. 
Ahí se menciona con claridad que la seguridad y la estabilidad más allá de las fronteras de la Unión Europea debe tomar en consideración la integridad física de las mujeres y de los hombres allí donde ésta se encuentre amenazada. 
Segundo, los reglamentos sobre los derechos humanos. 
Estos reglamentos prevén una base legal para las nuestras actuaciones políticas ante terceros países, en relación con la asunción de acciones por la Unión, para actividades dedicadas a la prevención de conflictos, el tratamiento de sus consecuencias, la posibilidad de desarrollo de medidas de confianza, la promoción del derecho humanitario y el apoyo a las organizaciones internacionales, regionales y locales que se dedican a la prevención de los conflictos. 
En toda esta actividad financiada por la Comisión Europea está presente la dimensión del género. 
Y les pongo el ejemplo de Angola, financiado el año pasado al objeto de que participen también mujeres, de que participen organizaciones de mujeres en el intento de lograr la resolución definitiva de la crisis. 
Un tercer elemento lo constituye la participación de la Comunidad Europea en la rehabilitación de las víctimas de torturas. 
Uno de nuestros objetivos es prestar atención especial a las necesidades específicas de las mujeres, y el año pasado se registró un primer ejemplo con el despliegue de iniciativas orientadas a prestar ayuda psicológica y social a mujeres desplazadas en Bosnia. 
El cuarto ejemplo nos lo brinda el importante papel desempeñado por las mujeres en el proceso de paz apoyado por la Comunidad Europea en los Balcanes y en la cuenca del Mediterráneo. 
El quinto punto es el papel de la ECHO, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, en relación con el cual está el reto y la invitación del Parlamento a considerar la dimensión del género. 
Hay que decir que en los programas de la ECHO por regla general se toma en consideración la dimensión del género y que en muchos de los programas financiados por la ECHO y dirigidos a otros organismos, como el Alto Comisariado de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y otros, siempre se intenta que la dimensión del género esté presente. 
Y ha habido acciones concretas estos últimos años para la protección, la salud, la situación social de las mujeres, a las cuales se dedica una parte importante de los programas. 
Finalmente, quisiera referirme al Fondo Europeo para los Refugiados. 
Está el artículo 4.2, que prevé que, por lo que respecta a los términos de acogida y de acceso a los procedimientos de asilo, se puedan tomar medidas especiales para personas especialmente expuestas, como son las mujeres. 
A propósito de este programa, y ya que se menciona en la resolución, hay que decir que las acciones son emprendidas por los estados miembros. 
A iniciativa de la Comisión se puede dedicar el 5% de los recursos, y ese dinero se emplea en acciones especiales, como son la formación de los funcionarios en los centros de acogida, de los policías y del personal sanitario, de suerte que las necesidades específicas de las mujeres refugiadas sean tratadas adecuadamente. 
Tal y como se pone de relieve en la resolución, también en esta actividad, en el Fondo Europeo se toma cuanto es posible en consideración la dimensión del género. 
Señor Presidente, es evidente que estamos ante una primera etapa en la que la dimensión del género, la participación de las mujeres, empieza, si no a convertirse en regla, al menos sí a estar presente en los diferentes programas. 
Sin duda, no es suficiente. 
Sin duda, se trata de una primera etapa; pero creo que con acciones políticas y con iniciativas como esta resolución y con objetivos concretos que deben ser marcados por el Parlamento y también por la Comisión podemos cambiar la situación. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Antes de proseguir con el orden del día me permito realizar dos observaciones. 
La colega Izquierdo se ha quejado antes de que el Consejo no esté presente. 
Estimada colega, en las sesiones nocturnas el Consejo nunca está presente. 
Una parte del problema consiste en que en la determinación del orden del día colocamos temas importantes en la sesión nocturna. 
Esto es responsabilidad de la Conferencia de los presidentes y si se quiere cambiar esto habrá que ocuparse de un debate sobre energías renovables o sobre importantes cuestiones relativas a las mujeres no tenga lugar a esta hora pues, como he dicho, el Consejo nunca está presente. 
Si me permite una observación personal: creo que avanzaríamos un buen trecho si independientemente de lo que se piensa sobre lo expuesto por un único hombre que ha participado en este debate, hubiese más hombres que participasen en el mismo. 
Normalización del trabajo doméstico 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0301/2000) de la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, sobre la regulación legal del trabajo doméstico en la economía sumergida (2000/2021 (INI) ). 
. (NL) Señor Presidente, nos centramos en un problema más mundano, concretamente en la regularización del trabajo doméstico que se realiza por parte de terceros en familias particulares, porque al fin y al cabo se trata de eso. 
El problema es que ese trabajo lo realizan millones de personas, especialmente mujeres, para el que además existe una gran demanda aunque este trabajo no cuenta con ningún tipo de regularización. 
Los datos parciales disponibles demuestran que se trata de un sector de gran envergadura. 
Por este motivo, he tratado de averiguar cuántas personas trabajan en este sector en los distintos países y también a escala europea- en la medida de lo posible, ya que a menudo se trata de trabajo en negro. 
Se trata de muchos millones. 
A escala europea, he buscado infructuosamente un estudio exhaustivo que nos pudiera proporcionar datos acerca del tamaño del sector, de los problemas existentes en el mismo, de las normativas, por incompletas que fueran, existentes en los países europeos, de los proyectos piloto en marcha, de las iniciativas surgidas donde fuera, aunque tengo que decir que no encontré nada en la Comisión Europea. 
De ahí mi primera sugerencia a la Comisión: encargue la realización de un estudio, destine los medios financieros necesarios para ello, si es que se necesitan medios financieros, de los medios disponibles para estudios femeninos, ya que aquí nos centramos sobre todo en mujeres, o bien de los medios financieros destinados a los estudios sobre pobreza, ya que este trabajo lo suelen realizar mujeres pobres. 
Por este motivo, creo que ambos recursos financieros pueden destinarse a realizar un estudio exhaustivo del problema y conocer las distintas iniciativas que tratan de llevarse a cabo en determinados países. 
Ésta es por lo tanto la primera petición concreta. 
Lo que me lleva al segundo punto. 
Si se desea regular el sector, se deberán analizar varios aspectos. 
El primero es la unificación de la oferta y la demanda. 
No sólo aumenta la demanda de asistencia doméstica y se reduce la oferta de personas aptas. 
Nadie quiere trabajar en un sector en negro sin seguridad social, etcétera, etcétera. 
Además, no existe ningún foro en el que coincidan la oferta y la demanda. 
Éste es el primer aspecto. 
El segundo aspecto se refiere a que los gastos para el usuario, es decir, la familia particular que emplea a una asistenta doméstica en el mercado regular, el mercado blanco, no deben ser excesivamente superiores al precio que se paga en el mercado negro ya que, de lo contrario, el trabajo en negro seguirá siendo la regla. 
Un tercer aspecto es el de que los beneficios para el trabajador, es decir, para la asistenta doméstica deben ser mayores que para quien trabaje en negro. 
El cuarto aspecto consiste en que se debe analizar el estatuto social que se debe otorgar a estas personas. 
Por último, esto deberá implicar necesariamente la intervención financiera de las administraciones, ya sea desde el punto de vista fiscal o parafiscal, ya que una familia particular no puede hacer frente a los gastos de un estatuto de este tipo, aunque sean limitados, lo que significaría que seguiríamos en el mercado negro. 
Creo que debemos obligar a los Estados Miembros a regular este sector a través de las directivas laborales tal y como se ha planteado en el dictámen del Parlamento Europeo en torno a dichas directivas. 
Por lo tanto, he aquí mi petición a la Comisión: ¿Cuáles van a ser las medidas de la Comisión para adaptar las directivas laborales en el futuro, al menos en lo que se refiere a los servicios, a este servicio y para solicitar a los Estados Miembros que traten de encontrar una solución a este problema? 
Esto me lleva al último punto, las mujeres inmigrantes. 
Muchas mujeres inmigrantes se encuentran aquí en situación ilegal, llegan con un visado turístico y regresan cada tres meses, por ejemplo a los países del este, para renovar dicho visado mientras que trabajan aquí en el servicio doméstico. 
En algunos casos se las explota y sufren abusos. 
No cuentan con ningún tipo de ayuda. Tienen miedo de que si se dirigen a alguien, se conozca su situación ilegal. 
De ahí que tengamos que prestar sin duda una atención especial a este problema. 
Las últimas semanas he sabido que existe un gran interés tanto por parte de los círculos sindicales internacionales como de algunas organizaciones sindicales nacionales. 
Los holandeses, los belgas y los italianos se han presentado ante mí con este problema. 
Quisiera por lo tanto recomendar a la Comisión que, al menos, empezara a buscar una solución. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el trabajo doméstico es el más antiguo de los que ha realizado la mujer. 
Un trabajo que no ha estado reconocido ni valorado, tanto económica como socialmente. 
Hoy forma parte de lo que llamamos economía sumergida, y repercute negativamente tanto en los que lo realizan como en las cuentas de los Estados. 
Pero es un trabajo de horario flexible, que facilita enormemente la conciliación de la vida familiar y profesional. 
Los cambios de las circunstancias familiares hacen que este trabajo tenga cada vez más importancia en el mundo laboral, y por ello es fundamental que se defina y se realicen estudios para conocer su incidencia real. 
Es una actividad laboral que debe tener un reconocimiento pleno y que debería incluirse en las directivas de empleo para reglamentar los derechos sociales del trabajador. 
Hoy existen situaciones muy diferentes en los países de la Unión que deberían normalizarse. 
Tendría que facilitarse a los trabajadores, en su mayoría mujeres, el acceso a la formación. 
La población migrante suele ser un colectivo importante en este sector, lo que exige medidas especiales, como centros de acogida especializados, que faciliten la ayuda necesaria. 
Este informe de iniciativa es muy oportuno, pues cubre una necesidad creciente dentro del mercado de trabajo. 
La Sra. Smet ha hecho un magnífico trabajo que, desde luego, vamos a apoyar. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, deseo elogiar a la señora Smet por su iniciativa a la hora de redactar este informe. 
Se trata de hecho de la ruptura de un tabú político. 
Porque cuando se afirma que se debe reconocer el trabajo doméstico como una profesión de pleno derecho, tal y como indica la señora Smet y yo corroboro, en un primer momento nos encontramos con incredulidad e incomprensión. 
Voy a pasar revista a algunas de las alegaciones en contra. 
Alegación en contra uno. 
¿El trabajo doméstico se ajusta a la definición de trabajo? 
¿Se puede medir mediante las estadísticas laborales? 
La respuesta es: Sí, pero debe establecerse una definición europea y los países, las administraciones, deben realizar mayores esfuerzos para acabar con el trabajo en negro. 
¿Entonces están de acuerdo con un salario para amas de casa? 
La respuesta es: No. 
Quien hace esta pregunta confunde dos términos. 
En este caso se trata del trabajo doméstico pagado por terceros y que se realiza en hogares. 
En lo Países Bajos, hablamos de la asistenta. En Bélgica, se la denomina limpiadora y, a veces, cuidadora de interiores. 
Alegación en contra tres. 
La regularización de la labor de la asistenta supone legalizar el trabajo en negro y eso ¿no es demasiado caro? 
La respuesta es: ahora hemos llegado al meollo de la cuestión. 
Las mujeres con una educación insuficiente u obsoleta, etcétera, etcétera. Dependen de su trabajo en el servicio doméstico con jornadas partidas y sin ningún tipo de seguridad jurídica ni protección social. 
Este tipo de explotación se produce debido a que los empresarios, es decir, las familias para las que trabajan las asistentas domésticas, pueden lavarse las manos gracias a la ausencia de una normativa. 
Sin embargo, debido a los cambios sociales y al incremento en la demanda en el servicio doméstico, ha llegado la hora de revisar la relación entre las asistentas domésticas, los empresarios y la administración. 
El modo exacto en que esto debe producirse requerirá amplios estudios y debates. 
Sin embargo, en cualquier caso se debe crear un marco jurídico y social para este tipo de trabajo en el que se genere el reconocimiento y la seguridad social para las implicadas, además de una mejora cualitativa del propio trabajo. 
Esto también será mejor para los empresarios, por lo que cabe esperarse una contribución razonable por su parte a los costes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, la ponente Sra. Smet ha presentado un informe muy interesante sobre normalización del trabajo doméstico, pero me despierta sentimientos contradictorios. 
Obviamente es muy necesario tratar de eliminar el trabajo ilegal en los distintos sectores de la sociedad, especialmente en relación con el trabajo doméstico. 
También es hora de mejorar la reputación del trabajo hogareño y reconocerlo como una profesión. 
Asimismo es importante impedir que se abuse de las mujeres inmigrantes, abarcando desde los bajos salarios hasta la carencia de protección social y los abusos. 
Sin embargo, proponer, como lo hace el informe, que los países miembros mediante una directiva u otro tipo de norma adapten los precios y permitan deducciones fiscales en relación con los servicios domésticos, es dar señales erróneas. 
Es ir demasiado lejos y no es un camino correcto. 
Contradice la voluntad de considerar el trabajo doméstico como una verdadera profesión. 
¿Qué es lo que nos hace pensar que podamos desgravar cuando se encera el piso y no cuando se recoge la basura? 
Considerar el trabajo doméstico como algo esencialmente diferente de otros servicios es cualquier cosa, menos elevar el estándar de esta clase de trabajos. 
Finalmente quisiera añadir que echo en falta un informe que reconozca que dentro de un futuro próximo tendremos gran necesidad de la fuerza de trabajo que representan los inmigrantes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las asistentas domésticas, que antes colocaban casi exclusivamente economías domésticas de mayores ingresos, son actualmente unas ayudas necesarias e irrenunciables para las mujeres y hombres que trabajan y sobre todo para madres solas con hijos a su cargo y personas mayores. 
La demanda ha ascendido en los últimos años de manera meteórica pero este hecho apenas se ha tenido en cuenta en la vida profesional general y en los derechos y obligaciones derivados de ello. 
¿Pero dónde y cómo se debe incluir esta actividad? 
Es necesario un marco jurídico que reconozca el trabajo doméstico que se realiza bajo las más diversas denominaciones como una profesión de pleno derecho en todos los Estados miembros a las que se apliquen normas de derecho laboral. 
Es necesaria una descripción en toda Europa de la profesión del trabajo doméstico que incluya a los interlocutores sociales y allí donde no aún exista deberá incluirse en las directrices de política de empleo. 
Sin duda, la definición del trabajo doméstico es una tarea difícil. 
¿Dónde se colocan los límites ante la diversidad de actividades? 
¿Es trabajo doméstico sólo limpiar o sólo cocinar, sólo cuidar a los niños o sólo el trabajo en el jardín? 
El hecho es que hay miles de mujeres que ejercen esta actividad durante años sin tener protección del seguro o derechos de jubilación. 
Reconozco que con frecuencia tanto las empleadas como las mujeres que las emplean están de acuerdo con esta situación ya que ahorra costes. 
Debe ampliarse y mejorarse el trabajo de información y las condiciones marco tal como ya existen en algunos países miembros para proporcionar estímulos para reducir esta economía sumergida existente. 
En Austria y, en especial, en mi región está en marcha desde hace tres años un proyecto promovido por la UE en el que una instancia de asesoramiento a la mujer trabaja con mucho éxito como mediadora para proporcionar mujeres de ayuda para actividades domésticas. 
Gracias a esta actividad, muchas mujeres han podido obtener un puesto de trabajo fijo. 
Con frecuencia, en este proyecto se han unido dos o tres familias para colocar conjuntamente a una persona. 
Se trata de dar de alta cualquier tipo de relación laboral y, a la postre, de la revalorización cualitativa del perfil laboral de las empleadas domésticas. 
. 
(EL) Señor Presidente, debo decir que tras el informe presentado por la Sra. Smet, a la que le expreso mi felicitación, me encuentro en la desagradable posición de declarar que la Comisión no cuenta con una política especial ni con datos sobre el asunto referido a la regulación del trabajo doméstico en la economía sumergida y a la reconducción de esta actividad desde la economía sumergida a la economía plenamente legal. 
Está, por supuesto, la comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado, que ha sido recientemente refrendada por el Parlamento y que puede ser utilizada como punto de partida por los estados miembros, o por estos en colaboración con la Comisión, para políticas capaces de trasladar esta actividad al ámbito de la economía legal. 
Así pues, de acuerdo con la comunicación, los dos elementos fundamentales son, primero, el registro y análisis estadístico del fenómeno- tal y como ha afirmado la Sra. Smet, no hay datos en la actualidad, y no sólo a escala europea, sino tampoco en muchos estados miembros en los que el problema no está registrado-. 
Segundo, el tratamiento del fenómeno mediante su inclusión en la estrategia de conjunto sobre el empleo; esta estrategia, que supone que las trabajadoras no declaradas deberán trasladarse a la economía legal, exige una combinación de políticas parciales, que pueden ser sanciones cuando hay explotación, que pueden ser campañas de información, necesarias en todos los ámbitos, sobre los beneficios que reporta la legalización de estas personas. Tercero, el permanente esfuerzo de armonización y actualización de la legislación. 
La experiencia es pequeña y son pocos los estados miembros que han abordado específicamente el problema del trabajo doméstico. 
Me resulta difícil en este momento comprometerme a que podamos abordarlo en las directrices sobre el empleo para 2002. 
Debo decir, sin embargo, que en las directrices para 2001 por primera vez se menciona con claridad el trabajo no declarado, y que estamos dispuestos a trabajar sobre la base de la propuesta del informe, a avanzar en estadísticas y estudios que nos permitan registrar adecuadamente el problema, de suerte que en un segundo debate podamos definir el siguiente paso a escala europea. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas) 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo le recibe hoy con gran satisfacción, con una profunda estima hacia usted y el pueblo yugoslavo, con una gran esperanza puesta en el futuro que se abre para su país y nuestras nuevas relaciones. 
Le había dirigido esta invitación el mismo día en que el resultado de las elecciones democráticas no dejaba ninguna duda para nosotros respecto a la voluntad popular que se había expresado libre y masivamente a favor de usted. 
En este momento, en que se han pasado las páginas sombrías de la última década, su presencia ante nuestra Asamblea testimonia nuestra voluntad común de que Yugoslavia recupere rápidamente su sitio pleno en la familia europea. 
Este ha sido su deseo desde la toma de posesión de su cargo, y la Unión Europea, por su parte, hizo de inmediato el primer gesto significativo de confianza que usted esperaba, el levantamiento de las sanciones internacionales. 
Estábamos reunidos en el Pleno de ese primer período parcial de sesiones del mes de octubre, mientras se celebraba el debate sobre la situación en Yugoslavia, cuando supimos de la reacción valiente del pueblo serbio, e inmediatamente, como recordarán, queridos colegas, pedimos el levantamiento de las sanciones internacionales. 
Pero el júbilo de esa gran victoria de la libertad, que usted ha logrado por vías pacíficas y arriesgando su propia libertad, no puede llevar a subestimar los grandes desafíos que le esperan: la consolidación de la democracia; la restauración de la concordia entre todas las comunidades que pueblan Yugoslavia; su reconstrucción para recobrar el camino de la prosperidad; sus relaciones pacíficas con sus vecinos; el regreso de los desplazados a sus localidades; los desaparecidos de la guerra cuyas familias esperan desesperadamente noticias; una cooperación necesaria, en su momento, con el Tribunal Internacional de La Haya, para que lo que ha ocurrido no pueda volver a producirse jamás; y, en último término, naturalmente, el futuro institucional de Kosovo, cuyas heridas están aún en carne viva, así como el porvenir de Montenegro. 
Ciertamente, el Parlamento Europeo sabe que tras diez años de conflicto en Yugoslavia todo no es posible, al menos no enseguida, y que las urgencias deben jerarquizarse, puesto que los Balcanes, a los que pertenecen, están en la línea divisoria entre las grandes civilizaciones y las grandes religiones que marcaron, muy a menudo y de manera trágica, nuestro pasado común de europeos, a ustedes y a nosotros. 
Por lo tanto, en cuanto a las cuestiones más sensibles que quedan por resolver, sobre todo en relación con Kosovo, el Parlamento Europeo siempre ha deseado que se busquen soluciones pacíficas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la integridad y la soberanía de Yugoslavia, en el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
Dentro de este espíritu, tenga la seguridad, señor Presidente, de que el Parlamento Europeo, corresponsable del presupuesto comunitario, aportará todo su apoyo para que la ayuda europea a la reconstrucción de su país esté realmente a la altura de sus necesidades. 
Con respecto, específicamente, a las medidas de urgencia necesarias, como usted sabe, los primeros camiones cisterna de fuel para calefacción y de gasóleo procedentes de la Unión Europea llegaron el lunes a su país. 
Esa es la prueba, como lo ha dicho muy bien el ministro de Minas y Energía de su país, el Sr. Antic, de que Serbia tiene amigos en Europa. 
Concluiré diciendo que la Unión Europea se dispone a acoger a más de diez países del centro y del este del continente, que han recobrado su propia libertad y la democracia. 
Su adhesión constituirá un gran paso hacia la reunificación, en la solidaridad, de toda la familia de Estados y de pueblos que componen Europa. 
Por lo tanto, somos muchos en el seno de nuestra Asamblea- estoy convencida de ello- los que un día, si Yugoslavia lo desea, las puertas de Europa se abrirán, como sería natural, puesto que estamos en la misma tierra europea y compartimos el respeto por los mismos valores. 
Esperamos mucho de su intervención, señor Presidente, para trazar las vías de esta cooperación y de esta fraternidad recobrada que desde ahora recorreremos juntos. 
Tengo mucho gusto, a continuación, en cederle la palabra. 
(Vivos aplausos) 
. (EN) Señora Presidenta, señoras y señores, ¿ante qué otra institución política, que no fuera el Parlamento Europeo, podríamos hablar con mayor franqueza y sinceridad sobre los deseos históricos y las aspiraciones políticas de un pequeño pueblo europeo? 
Europa es afortunada porque cuenta con este organismo representativo elegido por los ciudadanos en sufragio directo, aunque, por el momento, hablamos de un número bastante reducido de países. 
Asimismo, es un gran placer exponer ante semejante foro, aun en esta pequeña intervención mía, los problemas de un país que, tras haber sufrido su propia tormenta histórica, ha divisado por fin en el horizonte la costa de la paz y la libertad. 
Para la República Federal de Yugoslavia no existe ningún hito mejor para su recuperación del Estado y desarrollo social que la Unión Europea. 
Es evidente que deberá pasar algún tiempo antes de que nuestro país esté realmente en condiciones de convertirse en miembro de esta grandiosa institución transnacional. 
Pero ahora, tras el decisivo giro político del 24 de septiembre, o el cambio aún más decisivo del 5 de octubre, el principal objetivo de la política exterior de Yugoslavia es dirigir una mirada amplia a la familia de naciones que comprende la Unión Europea y, más tarde, unirse a ella. 
Precisamente, la experiencia de la Unión Europea establece un ejemplo brillante no sólo para los países europeos que deberán aún incorporarse a ella, sino también para el mundo entero, en lo que respecta a la dirección que debería seguir la humanidad si desea dejar atrás la fuerza, las guerras y la dominación como medios de alcanzar determinados intereses nacionales. 
Con la creación de esta comunidad de Estados-naciones, la Unión Europea ha abierto la perspectiva de una nueva era para toda la humanidad. 
Y no sólo en términos de los resultados alcanzados, sino también, y quizá en mayor medida aún, en términos de cómo se lograron. 
Con ello, Europa ha demostrado la vitalidad de su civilización, dentro del marco de la historia mundial, y su capacidad de imaginación política creativa para su futuro desarrollo. 
Del mismo modo en que el inicio del nuevo siglo coincidía con el invento de Europa de un nuevo foro político, el Estado-nación, que le permitió superar la crisis del individualismo medieval, en esta era posmoderna nuestra, Europa ha inventado una forma más elevada de organización política, una comunidad transnacional que le ayudara a superar los desafíos de la globalización. 
El modelo de la Unión Europea representa un doble reto para Yugoslavia como país balcánico. 
En primer lugar, nosotros preferimos, en principio, un modo no coactivo de integración en las corrientes económica, cultura y política europeas, habida cuenta de que hemos encontrado diferentes estrategias de dominación concebidas por las grandes potencias a lo largo de nuestra historia contemporánea. 
En segundo lugar, el enfoque paso a paso que han adoptado los países de Europa occidental hacia la integración es un modelo que deberíamos adoptar en los procesos de integración en los Balcanes para poder aspirar a formar parte de la Unión Europea. 
Somos conscientes de que ninguno de los países balcánicos podrá unirse a la Unión Europea por separado, lo que explica que antes debamos desarrollar unas relaciones de buena vecindad, estructuras de libre mercado y la seguridad colectiva. 
Estamos seguros de que la Unión Europea apoyará precisamente este tipo de desarrollo de la Europa sudoriental y que contribuirá a superar las carencias históricas de dichos países a través del Pacto de Estabilidad para la Europa sudoriental y por otros medios. 
A causa de nuestro firme compromiso de pisar el suelo del desarrollo europeo, deseamos suscribir cuanto antes el Acuerdo de asociación con la Unión Europea, y aprovechar las disposiciones del acuerdo para dirigir nuestra recuperación política y económica y, más tarde, avanzar hacia la integración europea. 
Somos conscientes de que en ese caso tan deseable deberemos modificar muchos de nuestros hábitos e instituciones de la vida política y económica, como pueblo y también como Estado. 
No sólo deberemos construir instituciones democráticas, tarea en la que ya nos hemos embarcado, sino que además deberemos imbuirlas del espíritu democrático, algo que puede resultar mucho más difícil. 
No sólo debemos llevar a cabo la privatización de nuestra economía centralizada, sino además crear un sistema jurídico que garantice la libertad de las operaciones comerciales y todo el proceso económico. 
No sólo debemos crear el sistema interno de libertades y paz, sino también armonizarlo con las normas y costumbres que la Comunidad Europea y la Unión Europea mantiene desde hace décadas. 
Simultáneamente a la creación de confianza de nuestros ciudadanos en nuestras instituciones estatales, deberemos persuadirles de que deben confiar en las instituciones europeas que, en sus casi cincuenta años de existencia, han traído a sus ciudadanos la paz duradera y la prosperidad. 
Los cambios democráticos que se pusieron en marcha en Yugoslavia el 5 de octubre han producido, a una velocidad milagrosa, resultados extraordinarios en el plano político internacional. 
Yugoslavia ha recuperado sus escaños en las Naciones Unidas y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, se ha incorporado al Pacto de Estabilidad para la Europa sudoriental y se han iniciado los procedimientos para su admisión en el Consejo de Europa. 
Nuestra misión más importante ahora es comenzar a establecer, democráticamente, las relaciones internacionales con la República Federal de Yugoslavia. 
Kosovo, naturalmente, es sin ninguna duda nuestro problema más difícil. 
Es evidente que el tema de la situación de Kosovo es un problema democrático. 
Hemos partido desde el punto de que la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ofrece posibilidades de intensificar numerosos procesos humanitarios y democráticos importantes. 
Necesitamos la ayuda y el apoyo europeos para garantizar el regreso, cuanto antes, de los refugiados de Kosovo a sus hogares, en el espíritu de las mejores tradiciones democráticas. 
Naturalmente, necesitamos mucha ayuda para la rehabilitación de sus hogares destruidos, para que los refugiados tengan un lugar al que regresar. 
Hacemos un llamamiento a Europa para que acuda con determinación en nuestra ayuda para la creación de seguridad y de condiciones económicas que ayuden a los exiliados a sentirse completamente seguros cuando regresen a sus hogares. 
Creo que Europa tiene la fortaleza y la voluntad de ayudarnos a ejercer el derecho fundamental de todos y cada uno, que es el de vivir en su propia tierra. 
Asimismo, necesitaremos la asistencia de Europa para establecer y resolver los grandes problemas ecológicos ocasionados por el uso de uranio empobrecido en el bombardeo de Yugoslavia. 
Estamos dispuestos a iniciar el diálogo con los partidos albaneses sobre asuntos políticos, humanitarios, de seguridad y todos los demás aspectos de relevancia para encontrar una solución democrática a las relaciones entre serbios y albaneses en Kosovo. 
En lo que respecta a las relaciones entre Serbia y Montenegro dentro del Estado federal, la anterior organización, no democrática, de la República Federal de Yugoslavia representó una seria amenaza para el funcionamiento del Estado. 
El primer paso que debemos dar en nuestra apuesta por la reestructuración constitucional del Estado federal es definir un marco para el diálogo democrático lo más amplio posible sobre el carácter de las relaciones entre ambas repúblicas. 
Necesitaremos mucha paciencia y sabiduría para poder identificar, a través de las negociaciones en los Parlamentos republicano y federal y un debate público y entre expertos, la mejor solución posible para la reestructuración de la República Federal de Yugoslavia en un Estado bueno, operativo, rico y justo que vele por los intereses de sus ciudadanos y proteja la plena igualdad de las tradiciones de construcción nacional de Montenegro y Serbia. 
Hay que decir que Serbia y Montenegro tienen una población musulmana y albanesa bastante numerosa. 
No existe ni un solo motivo para que dichas poblaciones no se incluyan en la integración de Yugoslavia. 
Un Estado democrático conjunto permite que los musulmanes y albaneses de Montenegro y Serbia puedan vivir en un único Estado y aunar fuerzas para la construcción de nuestro Estado igualmente unido. 
La ayuda de Europa será fundamental en nuestros esfuerzos para encontrar soluciones a través de diálogos sinceros, siempre en el estricto respeto del procedimiento democrático, sin presiones ni ultimátum de ninguna de las partes. 
Por otro lado, nos gustaría tener la oportunidad de demostrar a Europa que somos capaces de desarrollar la igualdad constitucional de Serbia y Montenegro dentro de Yugoslavia por nuestros propios medios, a través del reconocimiento de los auténticos principios de democracia. 
El desarrollo y la autodeterminación local en Yugoslavia es la cuestión a la que prestamos especial atención. 
Somos conscientes de que es el verdadero núcleo de cualquier sistema democrático, y estamos analizando con la debida consideración las experiencias europeas y la nuestra propia en el desarrollo de la autodeterminación local. 
La grave situación de la economía yugoslava ha sido analizada exhaustivamente. 
La ayuda humanitaria a nuestro país que se ha puesto en marcha es inestimable, pero esperamos que Europa la sustituya por programas de inversión que nos permitan trabajar y ganar lo necesario para llevar una vida normal. 
Habida cuenta de todos estos enormes problemas, está claro que nuestro camino hacia la entrada legítima en Europa, en la que Serbia y Montenegro ocuparon lugares dignos de ambos países, será largo. 
Pero no hay ninguna duda de que nuestras oportunidades hoy son mucho más realistas de lo que eran hace tan solo un mes y medio. 
Quizá los ciudadanos de la Unión Europea lo entienda mejor si evocan su memoria histórica y aquellos años que han quedado ya muy atrás después de la II Guerra Mundial, cuando las perspectivas para el continente y la civilización europeos eran sumamente inciertas. 
Fue entonces cuando sus valientes antecesores se embarcaron en un proyecto incierto que dio frutos históricos. 
Ustedes, los representantes del Parlamento Europeo, que son los representantes directos de los ciudadanos de sus Estados miembros, los ciudadanos de Europa, son los que están en mejores condiciones de comprender por qué la posibilidad en sí de entrar en Europa nos parece tan incierta a nosotros, los ciudadanos de la actual República Federal de Yugoslavia. 
Por ello, como el primer Presidente elegido democráticamente de Yugoslavia, acudo a ustedes, no tanto por la tan necesitada asistencia para la reconstrucción del país, sino para obtener su apoyo y comprensión de la situación en que se encuentran nuestra población y nuestro Estado. 
Al fin y al cabo, Europa es el hogar que todos compartimos. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Reanudamos nuestra sesión. 
Las personas que instalaron el sistema llevan ya algún tiempo aquí intentando descubrir de dónde viene el problema. 
Espero que pueda resolverse lo antes posible. 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en la página 27 del anexo del Acta mi voto se registra como emitido a favor de la enmienda 20 al informe Morillon. 
Yo no comparto los puntos de vista de esa enmienda y quisiera que constara que voté en contra de la misma. 
Se arreglará en la próxima Acta, señor Watson. 
Señor Presidente, en nombre de la Sra. van der Laan y en el mío propio quisiera hacer constar que nosotras votamos en contra de la Enmienda 15 en el informe Morillon. 
Queremos que quede registrado que votamos a favor de la liberación de Leyla Zana y de los otros prisioneros kurdos. 
Señor Presidente, podría ser conveniente que se me permitiera plantear una cuestión de procedimiento. 
Ayer, mi Grupo, al igual que en muchas otras votaciones en esta Cámara, tenía puesto el piloto automático, pero algunos de nosotros nos estrellamos al descubrir que, en la votación relativa a la enmienda 15, que había presentado el Grupo GUE y que pedía la liberación de la Sra. Zana y del resto, nos habíamos equivocado. 
Ya he conseguido que se efectúe una corrección pero le pediría formalmente que a lo largo del día facilitara a los colegas del Grupo ELDR la posibilidad de ponerse en contacto con los servicios parlamentarios. 
Algunos no están presentes en este momento, debido en parte a la interrupción y, en parte, a que el problema no se había previsto. 
Le agradecería su ayuda en este asunto. 
(El Acta queda aprobada) 
Acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0318/2000) del Sr. Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (COM (2000) 30- C5-0057/2000- 2000/0032 (COD) ). 
. (EN) Me corresponde el honor de presentar este informe sobre un tema que es crucial para las vidas de las personas que representamos y, de hecho, para el futuro de la Unión. 
Mi objetivo a lo largo de todo el informe ha sido elaborar una propuesta políticamente madura, eminentemente razonable y práctica tanto para las instituciones como para el ciudadano. 
Creo que mi informe refleja ese objetivo así como el punto de vista de mi coponente, la Sra. Maij-Weggen, a quien quisiera rendir un homenaje especial. 
Quisiera subrayar que éste es un texto jurídico; por tanto, debe ser detallado e inequívoco. 
No se trata de un folleto informativo. 
Eso vendrá después. 
Aún así, lamento que el informe haya sido mal interpretado por algunas personas con el fin de obtener ventajas políticas a corto plazo. 
Unos pocos titulares fáciles, unas pocas líneas impresas apartan a esta gente de la realidad. 
Este informe es si cabe más urgente a la luz de las normas que fueron adoptadas por el Consejo en agosto, la llamada "Decisión Solana". 
Mi informe afirma expresamente que la decisión de Agosto debería ser revocada al igual que otras decisiones. 
Lo que pretendemos es un cambio de cultura. 
En tanto que reunión de 15 Estados miembros la cuestión del acceso público a los documentos se plantea de diferentes modos, pero me complace comprobar que, en gran medida, el Parlamento Europeo constituye un baluarte contra las fuerzas que pretenden mantener las puertas de las instituciones cerradas al público. 
El acceso a los documentos y a la información relativa a las actividades de las instituciones permite a los ciudadanos controlar a los órganos de gobierno de la UE y estimula una mayor eficacia. 
Confío en que, con la aportación fundamental de la Sra. Maij-Weggen, hayamos elaborado un texto maduro y sensato e introducido cambios revolucionarios para las instituciones pero también beneficios reales y tangibles para los ciudadanos europeos. 
Es evidente que el Artículo 255 del Tratado admite una interpretación más amplia del acceso de los ciudadanos a los documentos de las instituciones, así que permítanme que describa alguno de los cambios recogidos en mi informe. 
Todas las instituciones y órganos a los que se refiere el artículo 255 deberían citarse expresamente en el Reglamento y deberían incluirse no sólo los comités y grupos de trabajo sino todas las agencias creadas por las instituciones. 
Todos los documentos de las instituciones deberían ser públicos a no ser que exista una buena razón para que no lo sean, en un número limitado de excepciones basadas en una prueba que evalúe los posibles daños que pueda causar la divulgación. 
Estas excepciones son discrecionales, no como otros les querrían hacer creer, obligatorias. 
El término "documento" debería interpretarse en sentido amplio y comprender los documentos internos de las instituciones, aunque los documentos de información, el "espacio para pensar", puedan excluirse. 
De acuerdo con la propuesta de la Comisión, debería establecerse un registro de documentos. 
Este registro debería contener los documentos a los que no pueda accederse directamente. 
También debería incluir los documentos clasificados como "no públicos" especificando la excepción que les es aplicable. 
De este modo, el público tiene conocimiento de la existencia de los documentos y puede impugnar esta clasificación. 
Asimismo, el acceso a los documentos deberá ser fácil a través de internet o de métodos tradicionales y habrá un control continuo- muy importante- del nuevo proceso y de su aplicación por parte del Parlamento. 
Me gustaría aclarar otros aspectos. 
El sistema de clasificación descrito en el informe pretende facilitar el proceso de acceso a los documentos. 
La solicitud de un documento cuestionaría la aplicación de la excepción. 
En el momento en que se efectúe la solicitud del documento, la aplicación de la excepción deberá ser revisada caso por caso. 
Debemos asegurarnos de que los acuerdos interinstitucionales actuales o futuros, que se mencionan en mi informe, tienen como fundamento legal la regla del artículo 255 para que las instituciones acuerden un marco coherente, con el máximo derecho de acceso para el ciudadano. 
Algunos diputados han sugerido que en mi texto me acerco mucho a las posiciones del Consejo y la Comisión. 
En realidad, los problemas fundamentales que el Consejo y la Comisión prevén con mi informe coinciden, es curioso, exactamente con las diferencias que aparecen entre la mayoría del Parlamento y algunos de los grupos pequeños de esta Cámara. 
Por tanto, insto al Consejo y a la Comisión a que asuman el cambio. 
La Unión debe acercarse al ciudadano. 
Debe ser más responsable y más transparente, sobre todo a medida que nos acercamos a la ampliación. 
Juntos debemos aprovechar esta unidad y juntos resolver los problemas que plantea. 
Insto a la Cámara a que apoye mi informe. 
Señor Presidente, ha transcurrido mucho tiempo antes de que la Comisión Europea presentara una propuesta en el ámbito de la transparencia en la Administración. 
Algunos de los diputados de este Parlamento llevan años pidiéndola. 
Presenté, incluso, una propuesta completa de iniciativa en la Comisión de Asuntos Constitucionales al comienzo de este período de sesiones. 
La Comisión comunicó que presentaría una propuesta concreta al respecto dentro de medio año, y ha mantenido su palabra. 
Tan sólo hay que lamentar que el contenido no haya sido el que esperábamos. Hay bastantes críticas por parte de las organizaciones de periodistas, de las ONGs, de algunos Estados miembros y también de nuestro Parlamento. 
Por tanto, no resulta tan extraño que se haya presentado un paquete de enmiendas tan amplio, tan amplio que el reglamento se logra modificar considerablemente. 
De este modo, el reglamento se adapta a la legislación en materia de transparencia en la Administración de algunos Estados miembros, y también a la Freedom of Information Act, tal como se aplica en los Estados Unidos ¿Por qué vamos a dar un menor acceso a nuestros ciudadanos en relación con Bruselas del que tienen los ciudadanos americanos respecto de Washington? 
Hay, por tanto, un gran número de enmiendas y agradezco al ponente de la Comisión de Libertades y Derechos del Ciudadano, Michael Cashman, la forma en que ha colaborado con la Comisión de Asuntos Constitucionales y conmigo misma. 
Lo que está ante nosotros es, de hecho, el trabajo de estas dos comisiones. 
¿Cuáles son las enmiendas más importantes? 
La enmienda más importante es, por supuesto, la que se hace al artículo 4, en el que la Comisión ha establecido diecisiete excepciones a la publicidad de los documentos, y nosotros las hemos reducido a seis. 
En relación con la información sobre cuestiones militares y de defensa proponemos, además, celebrar un acuerdo interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento, de manera que la información secreta se comunique a un llamado comité selecto. Éste determinará si ese secreto está justificado. 
Así, el Parlamento se convierte en un eslabón entre el Consejo y los ciudadanos, y ése es el motivo por el que esto debe figurar en el reglamento. 
Otra enmienda importante es la propuesta de que no sólo el Consejo, la Comisión y el Parlamento, sino también todas las instituciones externas caigan en el ámbito del reglamento. 
Por qué no vamos a forzar a la transparencia a estas instituciones, que están financiadas por la Comisión Europea y en las que el personal son funcionarios europeos. 
Creo que se trata de una cuestión muy importante, y este reglamento contará con un amplio anexo para regularlo. 
Respecto de la clasificación. 
Para ser breve, puedo sumarme completamente a lo dicho por Michael Cashman. 
Tampoco entiendo muy bien las críticas de los Liberales y los Verdes, ya que esta clasificación es precisamente importante para el acceso. Por eso disgusta tanto al Consejo. 
Considero que una quinta enmienda importante es el informe anual que debe especialmente examinar los documentos que se tienen que mantener secretos o que, cuando menos, se mantienen secretos. 
Entonces, puede examinarse una vez por año si la necesidad de secreto es real o no. 
La Comisión Europea nos ha hecho saber oficiosamente que todavía no ha examinado bien la posición del Parlamento. 
Tal vez no sea bueno, pero tal como opina el colega Cashman, podemos ver si la votación final puede, quizá, aplazarse. 
Por último, señor Presidente, esta propuesta es importante sobre todo para el carácter democrático de la Unión. 
De eso se trata, de los ciudadanos, de ahí que espere que una amplia mayoría de este Parlamento vote a favor de la propuesta. 
Señor Presidente, estimados colegas, el derecho a tener acceso a los documentos de las instituciones de la Unión es la condición previa para que los ciudadanos puedan seguir en general el proceso de toma de decisiones e influir en el mismo. 
Ahora estamos creando una administración transparente y moderna, en cuyo marco es natural que los ciudadanos gocen de este derecho directo. 
Obviamente, debemos establecer unos límites a este derecho, y éste es el objeto del debate de hoy. 
Actualmente, la Unión Europea cuenta ya con una práctica en cuanto a la publicación de documentos, y cabe recordar que muchos ciudadanos audaces y muchos Estados miembros progresistas llevan ya años luchando para que se incremente la transparencia. 
Este debate no parte de cero, pero podemos considerar que nuestra obligación es incrementar la transparencia y hacer que se cumplan los criterios que se desprenden del Tratado de Amsterdam. 
El informe que nos ocupa encauza la situación en una dirección mejor desde muchos puntos de vista. 
Es estupenda la constatación del informe en el sentido de que la publicación de documentos y la obligación de entregar documentos concierne a todas las instituciones, no solamente a los tres órganos principales. 
También es estupendo que se obligue a las instituciones, o mejor dicho, que se contemple la posibilidad de que éstas entreguen documentos a ciudadanos que no vivan en Europa o a personas que no sean ciudadanos de la Unión Europea. 
Este principio debería ser aún reforzado: estimados colegas, pueden ustedes bien imaginar que algún ciudadano de la Unión Europea pueda necesitar en un momento dado información sobre lo que está haciendo, por ejemplo, la Administración de Estados Unidos. 
De hecho, no hay ninguna razón para restringir geográficamente el acceso a los documentos. 
Sin embargo, el informe no deja lo bastante claro que existen posibles normas específicas que quedarían en vigor una vez adoptada legalmente este Reglamento y que cumplirían los criterios para una transparencia más amplia. 
Esta cuestión es ambigua, y es posible que también entren y queden en vigor normas más restrictivas, por lo que hemos presentado enmiendas a este punto, entre otros. 
En cuanto a la definición de documento, se trata de una cuestión muy esencial sobre la podríamos estar discutiendo un año entero, y tal vez ya lo hayamos hecho. 
Es fundamental reconocerles a las instituciones ciertas posibilidades de practicar la llamada reflexión interna, pero en este punto tenemos que ser muy cautelosos, ya que podemos crear una situación en la que los documentos preparatorios que fundamentan las decisiones queden excluidos del marco de transparencia, en cuyo caso es obvio que será imposible influir en el proceso de toma de decisiones. 
En mi opinión, el informe va también demasiado lejos al reconocer el derecho de las llamadas terceras instancias a limitar el acceso a los documentos. 
Puede que el Consejo y la Comisión deban defender este tipo de limitaciones, pero, a mi juicio, ello no está en el interés ni del Parlamento, ni de los ciudadanos. 
La lista de excepciones, como dijo la Sra. Maij-Weggen, es fundamental, acaso la parte más importante de este trabajo. 
En este punto hemos avanzado en una dirección mucho mejor, pero quiero llamar especialmente la atención sobre el hecho de que si queremos que los ciudadanos puedan seguir en el futuro el desarrollo general de la Política de Seguridad, digo el desarrollo general, entonces las excepciones en materia de defensa, seguridad y asuntos militares son demasiado amplias. 
Estas excepciones deberían ser definidas con más precisión, o bien ser complementadas con un mecanismo de evaluación de sus disfunciones. 
Señor Presidente, el derecho de los diputados al Parlamento a acceder a los documentos secretos es una cuestión muy importante, pero esto no debe reemplazar el derecho directo de los ciudadanos a acceder a la información. 
Este informe requiere aún ser retocado también en el Parlamento y creo, por lo tanto, que aquí debe ser mejorado. 
Señor Presidente, la apertura y la transparencia son fundamentos del régimen democrático, para que los ciudadanos puedan seguir y participar en el proceso de decisión. 
La posibilidad de acceder a los documentos crea más confianza y da más legitimidad, cosa que no abunda actualmente en la UE. 
Estudios internacionales demuestran que existe una clara relación entre apertura en la administración y bajos niveles de corrupción. 
El informe Cashman no es, por esa razón, un informe cualquiera. 
En él se fija la esencia de lo que llegará a ser el principio de publicidad europeo, es decir, que todos los documentos deberán ser públicos. 
Las excepciones tendrán que ser escasas y muy bien regladas. 
Deberán registrarse todos los documentos. 
Las peticiones de publicidad deberán ser tratadas individualmente. 
Las negativas deberán ser motivadas. 
La Comisión de Asuntos Exteriores rechaza la idea de exceptuar de la transparencia, automáticamente y en grupo, a los documentos relativos a los asuntos exteriores y de seguridad. 
Aunque en este campo cada documento deberá ser analizado separadamente. 
Por eso, como una válvula de seguridad democrática, hemos propuesto que a los documentos que después de un estudio no se les dé publicidad, podrían ser conocidos por un pequeño grupo de parlamentarios. 
Si embargo, es importante que esto no sustituya el anhelo de que tantos documentos como sea posible sean puestos a disposición de la opinión pública: periodistas, grupos interesados e individuos. 
El artículo 225 del Tratado de la UE se ocupa del acceso de los ciudadanos a los documentos. 
Los derechos de las instituciones deberán ser desarrollados en disposiciones separadas. 
El informe Cashman es un primer paso en el largo camino que lleva a la apertura, la democracia y la confianza de los ciudadanos. 
Una directiva común es necesaria e importante. 
Se necesitará mucho trabajo para cambiar las actitudes y la cultura en el seno de las instituciones, para que comprendan que la apertura es necesaria, natural, eficaz y democrática. 
Ahora esperamos el turno del Consejo. 
Señor Presidente, también yo quisiera subrayar- como ya ha hecho la Sra. Malmström- que la transparencia es el presupuesto básico de todo control democrático y un modo de participación activa de los ciudadanos en el proceso de decisión. 
Todo proceso transparente promueve la legitimidad, fomenta la eficiencia y favorece el acercamiento de la administración a la ciudadanía. Y también constituye una manera efectiva de protegerse de la arbitrariedad, del abuso de poder y de la corrupción. 
Éstas han sido las reflexiones que han motivado la posición de la Comisión de Presupuestos respecto de este proceso. 
Nos alegramos de encontrar en el informe un principio decisivo que también defendemos con vehemencia desde la Comisión de Presupuestos. 
Este principio establece que sólo excepcionalmente pueden hacerse excepciones a la obligación de transparencia. 
Por ello, la larga lista de excepciones que la Comisión tiene previstas, es inaceptable. 
De modo que rechazando radicalmente el catálogo de esas excepciones con la enmienda 30 hacemos lo que es correcto en interés de los ciudadanos. 
Personalmente, me parece aún más lamentable porque una simplificación y una puntualización de las cosas sólo se alcanza en este importante punto, pero no en el Reglamento en general. 
Desgraciadamente, el deseo de prevenir eventualidades fue más fuerte, así como el de prever una reglamentación lo más amplia y completa posible. 
En lugar de hacer un texto más corto, hacemos por la puerta de atrás uno más largo. 
Temo que esto irá en perjuicio de su legibilidad y de su accesibilidad al usuario. 
Tanto más importante será que, con este Reglamento, al ciudadano no sólo se le deja solo, sino que los distintos organismos crean plazas nuevas a las que puede dirigirse cualquier persona interesada y donde le ayudan en la búsqueda de cualquier documento. 
Si queremos que los derechos de los ciudadanos sean realmente efectivos, necesitamos para esas plazas de nueva creación personal específicamente preparado que sepan guiar a los ciudadanos que buscan información a través del complicado laberinto de las instituciones. 
Y esto vale también para el laberinto de las lenguas. 
Señor Presidente, se va a reformar ahora el artículo 225 del Tratado y con el informe Cashman damos un largo paso en la dirección correcta, pero no lo suficientemente largo. 
De todas formas, me gustaría reconocer el gran trabajo que el Sr. Cashman ha efectuado en este informe. 
En mi opinión, se trata de uno de los más importantes de este año. 
También el dictamen de la Comisión de Cultura va más allá de lo que propuso la Comisión. 
Nos hemos apoyado en los modelos escandinavos de publicidad de la administración, pues en estos países se dispone de una larguísima tradición en el acceso del público a los documentos administrativos. 
Naturalmente, también ha sido tarea de la Comisión de Cultura subrayar la necesidad de que el lenguaje de las normas sea lo más claro, sencillo y comprensible posible al igual que hemos señalado que la transparencia y la apertura son los mejores instrumentos para solucionar los problemas que puedan surgir como consecuencia de las diferencias culturales y lingüísticas existentes entre los países miembros, también en esta cuestión. 
En mi opinión, el acceso a los documentos forma parte esencial de la política comunitaria en materia de comunicación e información. 
Todos los estudios han mostrado la gran distancia existente entre el ciudadano europeo y Bruselas, y el propio ciudadano opina que sabe demasiado poco de la UE. 
Su conocimiento depende del arbitrio de los medios de comunicación o de grupos específicos de interés, sintiéndose éste a menudo impotente ante las instituciones. 
Ahora se le da la posibilidad de echar un vistazo a los temas que no gozan de especial aprecio por parte de los medios de comunicación y de los grupos de interés y así poder participar mejor en el debate abierto y democrático que tiene tanta trascendencia para la confianza hacia la UE. 
Espero que la Comisión quiera hacer un gran esfuerzo por informar sobre esta legislación también al hombre de la calle, pues los medios de comunicación y los grupos específicos de interés seguro que sabrán hallar el camino por sí solos a los documentos que les interesan. 
Espero que el Consejo y la Comisión también puedan prometernos hoy una segunda tramitación positiva de modo que podamos iniciar lo antes posible las mejoras necesarias de los procedimientos en beneficio de los ciudadanos y de la imagen de las instituciones. 
En una sesión pública de la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos celebrada en septiembre nos enteramos de que se tarda diez años en que una administración cambie su mentalidad, por lo que cuanto antes nos pongamos en marcha tanto mejor. 
. (SV) Señor Presidente, se han dicho muchas cosas sensatas en relación con los antecedentes de este informe. 
Sin embargo, creo que hay que subrayar que se trata de alterar el orden de las cosas. 
Ahora se trata de dar a los ciudadanos poder para controlar a las instituciones. 
En la opinión de la Comisión de Peticiones se menciona, entre otras cosas, la importancia de los registros de documentos. 
Éstos son importantes para poder alcanzar una publicidad interna. 
La comisión desea que se incluyan todos los documentos, independientemente de si emanan de las instituciones o si éstas los han recibido desde afuera. 
Evidentemente se puede dar un plazo a las instituciones, pero no se trata de descartar eternamente la publicidad de un determinado documento. 
Cuando el plazo haya vencido, tendrán que publicarse. 
También tenemos que reflexionar sobre lo que menciona el ponente Cashman. 
Siempre hay que equilibrar distintos intereses: el de una discusión abierta y el de proteger, por ejemplo, a determinadas personas. 
También es importante que las partes tengan derechos. 
Subrayamos que éstas deben tener mayores derechos que la mayoría. 
Nos referimos, sin embargo, al derecho a acceder a los documentos de la gente en general, no al del Parlamento. 
La Comisión de Peticiones aboga por plazos más cortos para hacer públicos los documentos. 
En nuestra sociedad, el tiempo es poder. 
También hacemos hincapié en el trascendental papel que ha desempeñado el Defensor del Pueblo en los avances que se han obtenido. 
Creo que su papel seguirá siendo importante en el futuro. 
También quisiéramos subrayar que no se trata de armonizar normas nacionales. 
Las culturas nacionales tienen que mantenerse, por ejemplo en mi país, en el que se inventó el principio de publicidad que permite el acceso a los documentos. 
Señor Presidente, el informe Cashman puede resumirse en pocas palabras: poder de los ciudadanos sobre la burocracia. 
El derecho de los ciudadanos a conocer los documentos de las instituciones de la UE es uno de los pilares fundamentales de una Unión democrática y abierta. 
El acceso a la información estimula también la eficiencia. 
Éste es un trascendental paso hacia una UE más abierta y más democrática. 
Celebro que el Parlamento haya logrado crear una amplia mayoría en favor de una mayor apertura. 
Quiero dar las gracias al ponente Cashman y a Maij-Weggen por su colaboración, que ha sentado las bases para las futuras negociaciones. 
No existen ni deben existir excepciones en bloque para los asuntos exteriores y de seguridad. 
El principio del acceso a los documentos también debe comprender a todas las instituciones y órganos comunitarios. 
Por eso resulta particularmente importante que los documentos se anoten, que se registren, para que los ciudadanos razonablemente puedan llegar a conocer los documentos existentes. 
La publicidad de los documentos debe ser un principio esencial y amplio, pero obviamente debe completarse con algunas excepciones bien definidas. 
Hay que proteger a los ciudadanos. 
La Comisión propuso 16 excepciones, que yo consideré demasiadas. 
Por eso las hemos reducido a seis. 
En cada caso particular, habrá que exigir que se justifique la confidencialidad de un documento. 
Ésta tampoco puede ser declarada para siempre. 
Cuando ya no se justifique, el documento deberá ser accesible. 
Puede haber otras estrategias que implican que antes de una reunión sea necesario que un documento tenga el carácter de secreto, pero cuando se haya adoptado una decisión tal vez desaparezcan esos motivos. 
El documento, entonces, deberá ser puesto a disposición de los ciudadanos. 
Además, todas las calificaciones de confidencialidad podrán ser reclamadas. 
Podrá recurrirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al defensor del Pueblo o a la institución comunitaria correspondiente, y el Parlamento siempre podrá cuestionar los motivos de la calificación. 
Otro principio importante, que ha sido uno de mis favoritos desde el comienzo de los debates sobre este tema, es el de que, en la medida de lo posible, los documentos deberían hacerse públicos por medios electrónicos, a través de Internet. 
El Parlamento lo ha admitido y seguramente hoy también lo subrayará. 
Opino que éste es un excelente ejemplo de influencia sueca y nórdica en el sistema comunitario. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a los ponentes este excelente trabajo. 
Una mayor apertura hará que disminuyan la burocracia, las posibilidades de fraude y estafa y, además, dará más legitimidad a las instituciones frente a los ciudadanos. 
No profundizaré en los detalles del informe- siempre es posible anhelar más detalles- sino que me atendré a los grandes principios. 
La propuesta que tenemos sobre la mesa se fundamenta en el principio de que todos los documentos deben ser públicos. 
Las excepciones son bastante menos y más claras que las de la propuesta de la Comisión. 
Se garantiza a los ciudadanos un amplio acceso a los documentos, y de la forma más sencilla. 
Lo mismo vale para los ciudadanos de terceros países. 
Se llevará un registro de todos los documentos. 
La tramitación de una solicitud de acceso va a ser relativamente rápida. 
Los países que tienen un sistema mejor podrán mantenerlo y no se verán afectados. 
Además, cada año se informará al Parlamento, de modo que podremos hacer un continuo seguimiento de esta actividad. 
También me gustaría subrayar que todos los ciudadanos tendrán garantizado el acceso a los documentos, de muchas formas. 
En nuestro Grupo hemos discutido la posibilidad de que los ciegos, o los que tengan otros tipos de disfunciones, puedan acceder a los documentos en formas diferentes a las escritas. 
Quisiera hacer notar que Internet y otros métodos podrán facilitar el acceso a los documentos en el futuro. 
Quiero finalizar diciendo que una gran mayoría debe respaldar esta amplia propuesta en el Parlamento. 
Los problemas no radican en nosotros. En las negociaciones con el Consejo y con la Comisión tendremos que alcanzar una propuesta y buenos resultados. 
Esto es lo más importante, y es nuestra tarea. 
Señor Presidente, el acceso y la transparencia en la Unión Europea no gozan de buena fama. 
La idea que tienen los ciudadanos es la de una logia de funcionarios que trama todo tipo de regulaciones a puerta cerrada. 
En tanto parlamentario puedo confirmar esa imagen. 
El Consejo de Ministros constituye especialmente un bastión cerrado. 
Tampoco inspira alegría la actual propuesta legislativa de la Comisión Europea. 
Afortunadamente, esta propuesta de la Comisión ha sido profundamente adaptada por las comisiones parlamentarias, entre otras cosas, gracias a la contribución de algunos ponentes liberales para opinión que acaban de hablar. 
El principio rector debe ser que todos los capítulos sean públicos salvo las excepciones. 
Ésa es la voluntad de este Parlamento. 
A pesar de que el Grupo ELDR considera que la propuesta ha mejorado considerablemente, opina que todavía pueden introducirse más mejoras. 
Señalo que el reglamento para el registro de los documentos resulta demasiado complicado, que los motivos de las excepciones pueden formularse mejor y que también los ciudadanos de la UE no europeos deben tener derecho al acceso a los documentos. 
Las definiciones relativas a la obligación de información de la Comisión y el Consejo respecto del Parlamento Europeo no deben figurar en esta propuesta legislativa. 
El dogma de la responsabilidad política no debe confundirse con los derechos de acceso a los documentos por parte de los ciudadanos. 
Hago un llamamiento, por tanto, a los grupos socialdemócrata y conservador y, por supuesto, también a los restantes para que respalden nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, una palabra sobre la posición de la Comisión Europea, puesto que ya me he referido al Consejo. 
Mi Grupo y yo tenemos nuestras dudas en cuanto a la Comisión Europea. 
Según dicen, esta normativa relativa al acceso a los documentos apenas ha sido discutida por el Colegio y se ve hasta ahora como una cuestión, sobre todo, del funcionariado. 
Me gustaría conocer la opinión de la Comisaria aquí presente. 
De ser así, se comete un error, ya que se trata de la credibilidad y fiabilidad que tiene la Unión Europea para el ciudadano. 
Pido a la Comisión Europea que colabore plenamente a fin de lograr una buena regulación basada en el principio de la transparencia, salvo en el caso de las excepciones. 
Señor Presidente, señor Cashman, no permitamos que haya malentendidos, también mi Grupo opina que su informe supone un gran paso adelante en comparación con el informe de la Comisión. 
Hay menos excepciones y existe la posibilidad de que los Estados miembros mantengan una legislación propia que garantice un mayor acceso. 
No obstante, también hay puntos que se pueden criticar. Quiero referirme a uno. 
Usted menciona en su informe el llamado "select committee", la comisión de investigación. 
Atención, se trata de un "select committee" del Parlamento Europeo. Un pequeño grupo de diputados que podrán tener acceso en el futuro a los documentos militares secretos. 
Mi problema y el problema de mi Grupo es que esta regulación dirigida a los parlamentarios se recoge en un documento que debería referirse al acceso del público, de los ciudadanos, a los documentos. 
No puede ser, señor Cashman, que si nosotros hacemos un buen negocio para nosotros mismos cuando se trata del acceso a los documentos, dejemos a los ciudadanos en la estacada en ese mismo punto. 
Le recuerdo que ese peligro no es imaginario, ya que el Parlamento Europeo ha decidido recurrir la decisión Solana. No obstante, ha dicho al mismo tiempo que la continuidad de este asunto depende de las negociaciones en cuanto al comité selecto. 
En otras palabras, se ha establecido de forma incorrecta, en mi opinión, un vínculo entre los derechos de los parlamentarios y los derechos del público. 
Quisiera hacer un llamamiento a los ponentes para que eliminen del reglamento toda referencia a los derechos de los parlamentarios, ya que ése trata del acceso de los ciudadanos a los documentos, y quiero pedir a todas Sus Señorías que vigilen muy bien que sus intereses no prevalezcan en detrimento de los intereses del público. 
Señor Presidente, en este Parlamento hemos hablado muchísimo de acercar la Unión más a los ciudadanos y creo que si esto es lo que queremos, este proyecto es importantísimo. 
Es un proyecto que puede llevar a que los ciudadanos se sitúen en una posición en la que sean copartícipes y participantes activos y no sólo meros espectadores o piezas de ajedrez de un gran e interesante juego. 
De ahí que considere también importante que nos concentremos en este informe en los derechos de los ciudadanos y no mezclemos esta cuestión con todas las demás cosas que pudieran surgir con relación al acceso del público a los documentos ni tampoco la mezclemos con la riña que mantienen el Parlamento, la Comisión y el Consejo sobre el acceso a los documentos. 
Son los derechos de los ciudadanos los que hoy nos ocupan. 
Me gustaría recalcar que en cualquier caso votaremos a favor de una definición lo más amplia posible de qué son documentos. 
Documentos son muchas cosas hoy en día y nos gustaría garantizar que haya un acceso lo más amplio posible a cuantos tipos diferentes de documentos de las más diversas formas sea posible. 
Lo que supone también a la inversa que queramos asegurar que las excepciones sean lo más insignificantes y escasas posibles. 
Sencillamente no puedo entender que pudiera resultar necesario en esta cooperación introducir normas más estrictas de aquellas que rigen en cada Estado miembro. 
No entiendo que se acepte que los ciudadanos de la Unión tengan peores derechos en lo que se refiere al acceso a documentos que los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros. 
No entiendo que pueda ser más importante o peligroso que algo se escape de esta "Comunidad", como se la llama, que el que algo similar se escapara del gobierno sueco o, llegado el caso, del gobierno danés. 
Por ello me parece tan importante que no se limiten los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros, que ahora gozan de un buen acceso y que al contrario se emplee esta colaboración para aumentar el acceso de los ciudadanos de los Estados miembros y, la verdad, también de la Unión como tal. 
Si los derechos de los ciudadanos y acercar la Unión a los ciudadanos tienen algún significado para nosotros, entonces no hablamos de unos documentos estupendos ni de unos grandes discursos sino de unos derechos absolutamente concretos para los ciudadanos. 
Señor Presidente, al agradecer, en nombre de los diputados de la Lista Bonino, al ponente Sr. Cashman el excelente trabajo realizado, y antes de subrayar nuestras preocupaciones por algunos aspectos, quiero decir que el derecho de acceso a la información debería reconocerse como un derecho civil y político. 
Para ejercer este derecho civil y político, hoy existe Internet, un término que en el ámbito de las Instituciones europeas suena a raro y que, a pesar de que se está empezando a usar, no se emplea con toda su fuerza. 
Internet es un medio extraordinario y, hoy por hoy, no cabe duda de que es el medio más sencillo, más económico y de más fácil acceso. 
En este sentido, votaremos a favor de las enmiendas que fomentan su utilización. 
En cuanto a la preocupaciones: la primera se refiere a los ámbitos de la política exterior y de seguridad común, así como de la justicia y de los asuntos interiores. 
En estos ámbitos, el acceso a los documentos no está garantizado y está vedado no sólo a los ciudadanos, sino incluso al Parlamento Europeo al que, por otra parte, ni siquiera se le informa o consulta acerca de los documentos fundamentales. 
La segunda preocupación se debe al secretismo detrás del cual se escuda el Consejo para tomar decisiones legislativas. 
Actualmente, a los ciudadanos y a los diputados se les niega el derecho a conocer la posición y el voto de las delegaciones nacionales en el seno del Consejo y si, hoy por hoy, el Consejo es un órgano colegislador, es lógico que los votos y los trabajos del Consejo deben ser públicos. 
Los ciudadanos han de poder saber cómo ha votado su Gobierno sobre cuestiones de extrema importancia. 
La tercera preocupación se refiere al acceso limitado a las oposiciones para la contratación de personal de la Unión. 
En efecto, hay una zona gris que genera casos de discriminación y de mala administración. 
Estos casos luego se reflejan directamente en la calidad del trabajo realizado por las Instituciones. 
Como diputados de la Lista Bonino, consideramos asimismo que no hay que inclinarse a imponer una hiperregulación que introduzca un acceso indiscriminado a informaciones o a opiniones que no tienen valor alguno en el proceso de toma de decisiones. 
Por lo tanto, nuestro voto estará atento a encontrar un justo equilibrio entre estos dos extremos. 
Señor Presidente, la posición de la Comisión con respecto al acceso del público a los documentos puede verse en el manual interno que fue remitido el día 11 de octubre a los empleados de la Comisión para informarles de cómo deben gestionar las solicitudes de acceso público a los documentos presentadas por los diputados al Parlamento Europeo. 
El día 13 de octubre fue enviado al Parlamento, pero yo lo he visto por primera vez esta tarde. 
De él se desprende que si un diputado al Parlamento Europeo solicita información dentro del proceso de aprobación de la gestión, los empleados de la Sra. De Palacio deben negarse a contestar tales solicitudes. 
Sólo hay una persona- el Presidente de la Comisión de Control Presupuestario- que puede solicitar información con relación al proceso de aprobación de la gestión. 
Puede leerse además en este manual interno dirigido a los trabajadores que si un diputado encuentra una información interesante en un periódico y desea ver el documento en cuestión, sólo hay un diputado al Parlamento Europeo que puede presentar tal solicitud y es el Presidente del Parlamento Europeo. 
Es un escándalo y muestra cuáles eran las intenciones que albergaba la Comisión con el acuerdo marco. 
Cuando ni siquiera los diputados al Parlamento Europeo pueden obtener la información que solicitan, ¿cómo demonios van a poder obtenerla los ciudadanos de a pie? 
Y por ello existen motivos suficientes para que todos los diputados acudan a sus grupos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, estimados colegas, la transparencia garantiza una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de decisiones así como una mayor legitimidad, eficiencia y responsabilidad de la administración de un sistema democrático. 
El principio imprescindible de ese sistema debe ser el de la más amplia posible accesibilidad a los documentos de la Unión por parte de los ciudadanos. 
En lo fundamental, hay que valorar positivamente al Reglamento, especialmente la puntualización de que este Reglamento es válido para todos los ámbitos políticos como también para todas las instituciones de la Unión. 
Pero una gran gota de amargura permanece todavía. 
La lista de excepciones del artículo 4 puede, si se hace una aplicación extensa, puede desfigurar el objetivo de este Reglamento. 
Éste se caracteriza por su indeterminación y la inseguridad jurídica de los ciudadanos que con ella va aparejada. 
Me parece muy cuestionable que se niegue acceso a documentos si- cito del artículo 4- "puede perjudicarse el funcionamiento ordinario de los organismos." 
Esta disposición le abre las puertas de par en par a la arbitrariedad. 
El concepto de "funcionamiento ordinario de los organismos" es indeterminado y no se adecúa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Según éste, la valoración de si un documento es accesible o no, debe considerar los intereses del organismo, la conficencialidad del documento y el interés del solicitante. 
No basta el perjuicio al funcionamiento ordinario de los organismos para justificar una negativa al acceso a los documentos. 
Esta disposición debe ser eliminada o, al menos, ampliada de modo que incluya la consideración de evaluar el interés del solicitante. 
El objetivo de este Reglamento es permitir un óptimo acceso documental respetando al máximo el principio de transparencia. 
La presente propuesta de reglamento puede tan sólo cumplir con esta meta si la lista de excepciones del artículo 4 se ve, al menos, reducida. 
Señor Presidente, en esta sala tiene lugar hoy un debate de la máxima importancia y seriedad, puesto que se trata del debate sobre uno de los textos legislativos más relevantes examinados por el Parlamento. 
Y es un texto legislativo relevante porque se refiere a la quintaesencia de las relaciones del ciudadano de a pie con las instituciones, quintaesencia que radica en la posibilidad de acceso a éstas por parte de aquél. 
El marco en el que tiene lugar el debate viene definido por la propuesta presentada por la Comisión Europea, propuesta que a través del informe del colega Sr. Cashman, al que felicito por su excelente trabajo, configura la posición del Parlamento Europeo. 
La pregunta que flota en el ambiente, sin embargo, es qué pasa con el Consejo. 
Hasta el momento, por parte del Consejo no hemos visto ninguna propuesta, a excepción de la tajante y, en mi opinión, inaceptable posición del Sr. Solana, sobre los asuntos que afectan a la política exterior común. 
Señor Presidente, señorías, hago un llamamiento a presionar al Consejo para que cambie de actitud, y al mismo tiempo invito a todos a aprobar el informe Cashman. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Sr. Cashman por haber efectuado un trabajo estupendo con este informe. 
Creo que el informe envía una señal firme a todas las instituciones de la UE y a la opinión pública comunitaria. 
La transparencia en el trabajo legislativo y en la administración pública representa el fundamento mismo del buen funcionamiento de nuestras democracias. 
Por ello no es suficiente con que el sistema formalmente sea transparente. 
También debe ser percibido como tal. 
La propuesta de reglamento de la Comisión recuerda en realidad al famoso cuento de H. C. Andersen "El traje nuevo del Emperador". 
Se dice una cosa, pero en realidad se hace otra distinta. 
En este Parlamento hemos de interpretar el papel del niño del cuento. 
La forma habitual en la que se desarrolla la cooperación en el ámbito internacional con las reglas de juego y usos de la diplomacia, es decir, que todo se lleve a cabo con las cortinas bajadas, no sirve en la moderna cooperación a la que ha evolucionado la UE. 
Hemos de dejar atrás esta forma de pensar. 
Hemos de disponer de pleno acceso para la opinión pública con muy pocas excepciones, de lo contrario, perderemos el respaldo de la población a la cooperación europea. 
Y añadiré que aunque estas normas sólo tocan a la opinión pública comunitaria, la propuesta del Sr. Cashman tendrá también un efecto comunicante en los Estados miembros, donde ya no se pondrá mantener en secreto documentos con la excusa habitual que casi siempre recibimos, es decir, que se trata de un asunto comunitario. 
Con el informe Cashman se pondrá término al descrédito de la UE entre la opinión pública causado por esta actitud. 
Y esto es bueno para la confianza de los ciudadanos en la cooperación europea. 
Y voy a acabar diciendo que me parece una lástima que el Sr. Bonde llevara consigo el manuscrito equivocado en su intervención de hoy. 
En cualquier caso no tenía nada que ver con el informe Cashman. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Cashman su inspirado y diligente trabajo en la comisión. 
La libertad de información y la cultura de una administración abierta y transparente son herramientas poderosas para un mejor gobierno y para erradicar la corrupción y la negligencia. 
Ya que fue el Sr. Prodi el que nos presentó las propuestas en enero, esperábamos que estuviera aquí para participar en este debate. 
De hecho, la Comisión ha guardado un curioso silencio durante nuestras deliberaciones, pero estamos deseosos de escuchar los comentarios de la Sra. Comisaria esta mañana. 
El Sr. Solana en el Consejo ha hecho una audaz apuesta por ser coronado príncipe de las tinieblas. 
Pero una vez que votemos este informe hoy, el Parlamento estará preparado para negociar con la Comisión y con el Consejo un código que hará que los ciudadanos queden deslumbrados por el sol de Estrasburgo. 
Ha de presumirse la publicación y la carga de la prueba debe recaer inequívocamente en los que pretendan ocultar la información. 
Es grotesco que los gobiernos nacionales de la Unión Europea elaboren las políticas públicas detrás de una gruesa cortina de secretismo. 
La libertad de información prevista en el artículo 255 rasgará esa cortina por la mitad. 
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente y a todos los que han participado en este trabajo. 
Es un informe muy importante, que constituye una parte sustancial de lo que podríamos llamar el nuevo principio de publicidad de la UE. 
En éste se incluyen, además de la propuesta de ley que regula el derecho de los ciudadanos a conocer los documentos, el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento y otros acuerdos, tales como la decisión Solana. 
Es ahora cuando tenemos la oportunidad de conseguir una UE más abierta y democrática. 
Sería una desilusión si no lo lográsemos. 
Se trata de alcanzar seguridad jurídica, eficiente administración y eficaz gestión popular. 
Hay que recordar que esta propuesta fijará los derechos de los ciudadanos a acceder a los documentos, sin que necesiten justificación. 
No hay que confundirla con el papel del Parlamento Europeo o con los futuros acuerdos interinstitucionales. 
El informe Cashman significa una mejora de la propuesta de la Comisión, pero, en mi opinión, esta mejora no es suficiente. 
Todavía tenemos que votar por muchas de las enmiendas presentadas, entre otros, por los Verdes y por los liberales. 
La enmienda sobre registros es particularmente interesante. 
Además, los ciudadanos no necesitarán que su derecho sea interpretado, sino que tendrán derecho a acceder a los documentos para ver, por sí mismos, lo que pueda ser importante. 
Señor Presidente, el presente informe apunta en la dirección correcta, pero debería abarcar más. 
Hoy en día, a menudo se busca suscitar en la opinión pública una impresión de buena información haciéndole llegar montañas de folletos impresos en papel satinado. 
Sin embargo, los ciudadanos no juzgan la información por el satén en que va impresa, sino por el contenido, la transparencia y la facilidad para comprenderla. 
Es verdad que con transparencia y apertura pueden prevenirse la corrupción y el derroche de recursos. 
El informe reciente del Tribunal de Cuentas refleja la urgencia de cambios en este sentido. 
Tres cosas más. Primero, la democracia se basa en la cooperación ciudadana, y por tanto debe promoverla. 
¿Pero qué pasa si no se está informado o sólo a medias, ante una jungla de disposiciones legales en la que ni siquiera un europarlamentario puede orientarse, y no digamos ya un ciudadano corriente? 
Con la información se trata también de que el ciudadano reconozca sus particulares intereses en nuestras decisiones, cuando se trate, por ejemplo, de proyectos de fomento y otros varios. 
Segundo, los documentos son redactados en un lenguaje que no lo entiende ni un jurista, y mucho menos aún un ciudadano. 
Por último, la confidencialidad indicada es tan grande incluso para los miembros de este Parlamento que muchos aspectos necesarios para la toma de nuestras propias decisiones permanecen tan escondidos que... 
(Avería técnica) 
Señor Presidente, la reiterada retórica de la Europa del ciudadano no se encuentra en las restrictivas reglas de acceso a los documentos que proponen la Comisión y el Consejo ¿Quieren estas instituciones implicar realmente al ciudadano en la construcción de Europa? 
Su postura parece preconizar la centralización del poder ¿Por qué se ha elegido un reglamento? 
¿No se trata de los documentos de las instituciones? 
¿Y por qué se han formulado de forma tan amplia las excepciones relativas al acceso? 
Ciertamente, ahora que no se exige la unanimidad en el Consejo, la única posibilidad de corregir el rumbo del reglamento reside en el Parlamento. 
Afortunadamente, con el informe Cashman/Maij-Weggen se intenta adoptar un documento que regule el acceso de los ciudadanos a los documentos y no el derecho de las instituciones a fijar restricciones. 
No obstante, tampoco el Parlamento se ve libre de las luchas de poder. 
Así, el informe contiene enmiendas relativas al derecho de las instituciones a clasificar los documentos como secretos o públicos, enmiendas que están dirigidas sobre todo a incrementar la influencia propia. 
Sin embargo, ¿es esto en realidad adecuado en un reglamento relativo al derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos? 
El fervor regulador del Parlamento, que se deduce de las muchas enmiendas presentadas, conduce además, al establecimiento de una reglamentación difícilmente aplicable. Y eso, a pesar de que la transparencia y la apertura, necesarias para garantizar la implicación de los ciudadanos, se lograrían mejor precisamente con una reglamentación clara y sencilla. 
Eso es ciertamente lo que debemos respetar en tanto Parlamento. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Cashman su informe enriquecido con las opiniones de los Sres. Maij-Weggen, Hautala, Malmström, Theato, Thors y Andreasen. 
Sin embargo, pienso que el ponente se refiere a todas las Instituciones a excepción del Consejo, porque el Consejo es un agujero negro en esta Unión Europea. 
El Consejo es lo desconocido más allá del espacio. 
Considero que se ha dado un paso adelante hacia el ejercicio del derecho del ciudadano a la información y al conocimiento. 
Probablemente, con la información electrónica será posible brindar también a los ciudadanos esta posibilidad, automatizándola, sin que exista un interés legítimo por su parte en pedirla. 
Pienso asimismo que, como han solicitado la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo, habría que tratar de enfocar los momentos institucionales y burocráticos respecto al iter, para depurar las responsabilidades que, en todo caso, recaen siempre en la administración y, por lo tanto, sin segmentar el tipo de responsabilidad. 
He hablado de responsabilidad concretamente, ya que pienso que la información debe defender a los ciudadanos de los errores de la administración pública. 
Si no fuera así, se trataría sólo de un mero deseo de conocimiento. 
No obstante, el derecho del ciudadano a defenderse de la administración pública impone la información. 
Un último punto: non se puede hacer información y, por lo tanto, conceder el derecho a la información, el derecho a la protección del ciudadano de los errores de la administración pública, sin procedimientos más simples y más comprensibles, si no disminuyen la cantidad y el tipo de procedimientos, ya que los procedimientos complicados, a pesar de ser conocidos por los ciudadanos, son la antítesis de la transparencia y niegan la relación entre el ciudadano y la Institución que debe ser un instrumento para mejorar la calidad de vida del ciudadano. 
Señor Presidente, en primer lugar, felicitaciones al ponente, Sr. Michael Cashman, y a todos aquellos que han colaborado en este informe. 
Hasta ahora, la transparencia era poco más que un tópico a menudo mal entendido cuando con él nos referíamos a la transparencia de las actividades de las instituciones de la UE. 
Las exigencias planteadas por el informe Cashman constituyen un primer paso adelante de mucho valor, pero, ciertamente, según me parece, tampoco más. 
Nosotros los diputados deberíamos tener más coraje. 
Estamos promoviendo una Iniciativa Europea por la Transparencia, brevemente IET, con el apoyo de todo el arco parlamentario. 
La compondrán europarlamentarios, parlamentarios nacionales, y también representantes de los medios de comunicación, porque de lo que se trata es de defendernos todos juntos del secreto oficial que se practica en las instituciones de la UE. 
No se trata tan sólo del principio de libre acceso a todos los documentos, sino también, naturalmente, de que por fin se logre abrir las puertas de las sesiones del Consejo, para que el Consejo no tome en un futuro, al estilo de Metternich, sus decisiones solo y en secreto, para luego poder incordiar fácilmente a Bruselas. 
Los medios de comunicación, precisamente, son bienvenidos de modo especial para que nos apoyen a los parlamentarios y para que todos juntos sondeemos y descubramos lo que el ciudadano quiere saber y lo que debe saber. 
Mañana mismo habrá un encuentro en Londres. 
Pediremos que nos escuche el Ministro de Exteriores británico y el Ministro de Ciencia, y el fin de semana siguiente la IET será un punto central del orden del día del Consejo Europeo de Artistas que se reunirá en Madrid. 
En todo ello, nuestro modelo son el Freedom of Information Act americana y la transparencia que se vive en la práctica en Suecia. 
No es casualidad que sobre esto hayan hablado casi sólo escandinavos, muy pocos alemanes o italianos y- creo- ningún francés, al menos hasta ahora. 
Se acopla favorablemente a esto el que al año que viene Suecia asumirá la Presidencia del Consejo, por lo que quizás puedan darle un impulso esencialmente más inequívoco. 
En cualquier caso, necesitamos una nueva era ilustrada, y es una gran oportunidad para nosotros parlamentarios que podamos mostrar aquí nuestro verdadero rostro. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias al Sr. Cashman por el buen trabajo realizado. 
Sin embargo, no es él el único a quien doy las gracias, muchas gracias se merece también la Sra. Hanja Maij-Weggen del Grupo PPE-DE, que ha sido la redactora de la propuesta en virtud de la aplicación más estricta del procedimiento Hughes. 
Me alegro de que hayan conseguido llevar a cabo una buena y fructífera colaboración en este asunto. 
La transparencia y la democracia son valores importantes en nuestro trabajo y ambos se materializarían si se hicieran obligatorios los registros de toda la información existente, también de la clasificada secreta. 
Éste es el principio del que yo he partido en la elaboración de mi propio informe sobre el acceso a la información relativa al medio ambiente. 
También sería importante que se reseñe a los ciudadanos sobre cuándo estarán disponibles los documentos que, en el momento de hacer la petición, aún no sean públicos por razones de confidencialidad o por estar inacabados. 
Quisiera llamar la atención sobre un asunto relacionado con la publicidad de la información en propiedad de las unidades subordinadas a la Comisión y de las unidades creadas por las instituciones de la UE. Entre ellas están, por ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente con sede en Copenhague, como también la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de próxima creación. 
Naturalmente, los documentos de estas unidades deben incluirse en el marco de la normativa de la transparencia sin ninguna ambigüedad. 
Sin embargo, no considero adecuada la técnica elegida por el Sr. Cashman. 
La clasificación de estas unidades en un anexo aparte es una torpeza técnica, dado que continuamente son creadas nuevas unidades o modificadas las existentes. 
Sería mejor estipular en las cláusulas una normativa que obligue a todas las unidades a hacer públicos sus documentos y a crear registros sobre los mismos. 
En segundo lugar, quisiera hacer una observación sobre el trabajo relativo a las excepciones. 
La regulación de excepciones es un asunto muy delicado, ya que incluso un buen informe y un incremento considerable de la transparencia quedan con facilidad, en la mente de la ciudadanía, a la sombra de una tosca estipulación de excepciones. 
Es obvio que debemos decidir de una vez sobre los procedimientos que saquen a la luz pública el trabajo del Consejo, y la normativa de excepciones no debe permirtirle al Consejo escudarse tras ella como ha venido haciendo hasta ahora. 
Pero igual de importante es ir eliminando aquellas posturas de la opinión pública francamente rayantes en la paranoia, las cuales se ven alentadas, entre otras cosas, por el secreto excesivo de los documentos relacionados con la seguridad y la defensa. 
En definitiva, desde el punto de vista de la seguridad, también es importante que los ciudadanos tengan la posibilidad de evaluar su propia confianza en la defensa europea a través de los hechos y de los documentos. 
Señor Presidente, nos encontramos en una situación que nos permite decir con propiedad que estamos dando pasos en la dirección exigida ya durante años, y cuyos principios fueron finalmente aprobados en el Tratado de Amsterdam. 
La transparencia debe erigirse como pilar básico de todas las actividades de la Unión, pero el derecho a acceder a los documentos no es aún sufuciente de por sí para la consumación de la transparencia. 
Tenemos que encargarnos de que las actividades de todas las instituciones se basen en la transparencia, en la claridad y en la inteligibilidad, lo cual quiere decir que las estructuras de la toma de decisiones deben quedar a la vista con nitidez. 
También debemos eludir la burocratización en este asunto. 
Los plazos que se propongan para la entrega de los documentos deben ser plazos máximos, puesto que en circunstancias normales los documentos estarían a disposición de los ciudadanos de forma natural. 
También considero de suma importancia que este informe proponga una inspección anual, ya que con ocasión de la misma podrán revisarse legítimamente las listas de los documentos que no han podido ser entregados al público. 
Espero que este informe reciba una buena acogida aquí en el Parlamento. 
Señor Presidente, existe un abismo entre la posición del Parlamento y las posiciones del Consejo y de las Comisión. 
Este abismo simboliza la distancia entre la Unión europea y sus ciudadanos. 
Nuestra población considera que Europa no es democrática, que las decisiones se toman a puerta cerrada. 
El abismo también representa el déficit democrático de Europa. 
El intercambio de información es, al fin y al cabo, un fundamento esencial de la democracia moderna, que se alimenta del debate público, de los medios de comunicación y el control público, y de la participación de las organizaciones sociales. 
Las propuestas que hemos realizado aquí, en el Parlamento, salvan esta distancia. 
Al mismo tiempo, quiero hacer hincapié en que la gran mayoría del Parlamento respalda las propuestas, lo hacen incluso colegas de países que tal vez cuenten con menor tradición en cuanto a la transparencia. 
Veo este consenso en todo el Parlamento como una gran contribución con la que esta institución muestra que este asunto se ha convertido en una lucha paneuropea para la democracia europea. 
Concluyo diciendo que el Consejo cometió en julio un grave error al declarar de forma categórica secretos todos los documentos relativos a las cuestiones militares. 
Esta decisión simboliza el camino que todavía debemos recorrer antes de que logremos tener en Europa una política de seguridad y defensa democráticamente controlada. 
El Parlamento Europeo pide, entonces, que la política europea de seguridad y defensa se introduzca en el futuro en las estructuras de la Comisión Europea. 
Primero, hay que abordar la molesta decisión del Consejo. 
Por supuesto, el Parlamento Europeo reconoce la necesidad de mantener en secreto determinados asuntos militares, pero de acuerdo con el examen del contenido de cada documento en particular conforme a criterios y procedimientos que se sometan a control. 
El control parlamentario de los documentos secretos puede realizarse, en consecuencia, mediante un comité selecto de esta institución. 
Señor Presidente, el acceso a los documentos tiene una importancia fundamental para la democracia europea. 
El Consejo y la Comisión deben negociar durante las próximas semanas a fin de suavizar sus posturas. 
En caso contrario, el grupo socialdemócrata juntos con otros grupos intentará imponer este derecho de información mediante ley. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo manifestar mi satisfacción por poder exponer ante sus Señorías la posición de la Comisión respecto a las enmiendas presentadas por las distintas comisiones a la propuesta de reglamento, un Reglamento que todos consideramos de una gran importancia para la realidad de la democracia y el avance de nuestra sociedad. 
Quiero añadir cuánto aprecio y cuánto apreciamos los esfuerzos del ponente, Sr. Cashman y de la redactora de la propuesta, Sra. Maij-Weggen, para presentar en un período tan corto este informe. 
De conformidad con el artículo 255 del Tratado, el Reglamento propuesto debe adoptarse antes del 1 de mayo de 2001, es decir, dos años después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Antes de presentar la posición de la Comisión, quiero señalar que ésta, al elaborar su propuesta, se basó, por una parte, en la experiencia y el funcionamiento del código voluntario de los últimos seis años y, por otra, en un estudio de la legislación de los Estados de la Unión, algunos de los cuales tienen una amplia experiencia en facilitar el acceso de los ciudadanos a los documentos. 
El Tratado reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder a los documentos de las instituciones europeas con arreglo a determinados principios y condiciones. 
Para la Comisión, como se indica en la propuesta, facilitar el acceso a los ciudadanos, permitirá garantizar una mejor información de los mismos en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de las administraciones en un sistema democrático. 
Por tanto, el principio fundamental es la apertura, pero eso debe conciliarse con la salvaguardia del interés público y el respeto de ciertos derechos que merecen una especial protección. 
Éste es el equilibrio fundamental que debemos alcanzar. 
Nuestra legislación deberá respetar, además, otro tipo de equilibrio igualmente trascendental: el equilibrio entre las tres instituciones contempladas en el Tratado de Amsterdam; esto no significa que no sería conveniente que las otras también asumieran el Reglamento cuando lo aprobemos. 
Cuando se dirigió al Parlamento, el pasado 3 de octubre, el Presidente Prodi se refirió al triángulo institucional y evocó que en un sistema europeo basado en controles y equilibrios, la fluidez del funcionamiento de cada institución contribuye al interés común. 
Cada una de las instituciones tiene un cometido diferente que desempeñar y, por lo tanto, sus necesidades y obligaciones son distintas. 
Gracias al informe del Sr. Cashman disponemos ahora de una idea clara de las prioridades del Parlamento. 
Pero todavía no está clara la posición del Consejo respecto a algunas de las disposiciones más importantes de la propuesta. Este elemento de incertidumbre lleva a la Comisión a que, en este momento del procedimiento, únicamente pueda plantear una posición global. 
Y, por lo tanto, no podemos dar nuestro acuerdo a varias de las enmiendas sin que ello prejuzgue una negociación en el futuro y una posición definitiva al respecto. 
La Comisión comprueba con satisfacción que el Parlamento Europeo coincide en gran medida con su enfoque en muchas de las cuestiones suscitadas. 
Es más, en otras enmiendas no existe ningún problema de principio. 
En lo que deberemos profundizar es en las modalidades de aplicación y la práctica, porque la apertura, la transparencia y el facilitar el acceso a los documentos es una actitud que debemos potenciar en nuestras respectivas administraciones y que debe ser una realidad. 
Creo que muchos de los partidarios de la máxima transparencia, que permite una mayor eficacia de las instituciones, quedamos realmente asombrados, hace unos años, al enterarnos de que en un país que siempre es paradigma en estos terrenos, durante una serie de años había habido unas prácticas, concretamente respecto a ciertas categorías de ciudadanos, de esterilización en la máxima oscuridad y con la mínima transparencia. 
Creo que eso demuestra que no hay situaciones perfectas y que tenemos que avanzar entre todos para evitar situaciones de este tipo. 
Me permitirán que aborde ahora algunos problemas que impiden en este momento que la Comisión pueda aceptar ciertas enmiendas. 
Uno de ellos, es la necesidad de llegar a un equilibrio justo entre apertura y eficacia. 
En particular, me refiero a los textos de uso interno y a los proyectos iniciales y documentos preparatorios de reflexión exclusivamente para uso interno de los servicios de las instituciones. 
Todas las legislaciones nacionales en esta materia excluyen estos documentos. 
Obligar a las instituciones a difundir estas notas internas, en muchos casos, podría provocar solamente una cierta confusión entre los ciudadanos. 
Como ha dicho una de sus Señorías, existe una paradoja, y es que, a veces, la mayor desinformación proviene de una sobreinformación. 
Y, en ese sentido, creo que el acceso a los documentos preparatorios no aportaría gran información. Con una actitud semejante se estaría, además, disuadiendo el pensamiento creativo y fomentando actitudes puramente burocráticas en el seno de las instituciones. 
Creo que esto es precisamente lo contrario de lo que pretenden las instituciones. 
Debo reconocer que el gran reto en este Reglamento es la definición precisa de lo que son los documentos. 
Y, en ese sentido, creo que en los próximos tiempos tenemos que seguir avanzando para buscar una definición común que permita el acuerdo de todas las instituciones. 
Por ello, aunque hoy no puedo dar el acuerdo a las enmiendas a los artículos 3 y 4, es decir la 28 y la 30, eso no quiere decir que no haya que discutir y avanzar al respecto. 
Otro problema estriba en el tratamiento que se debe dar a los documentos de entrada, es decir, los redactados por terceros. 
Las instituciones carecen de experiencia en este ámbito, puesto que el sistema actual solamente abarca los documentos presentados por las propias instituciones. 
La propuesta de la Comisión sobre los documentos de terceros tiene en cuenta lo acordado en la pasada Conferencia intergubernamental, en la declaración número 35 del Tratado de Amsterdam, que no podemos eludir, y les da, tanto a ellas como a los terceros, la última palabra en cuanto a la posibilidad de difusión de estos documentos. 
Las enmiendas del Parlamento invierten completamente este planteamiento y, en ese sentido, pensamos que necesita una mayor reflexión y que la propuesta de un nuevo artículo 4C, la enmienda 36, no está todavía madura para ser acogida favorablemente por parte de la Comisión. 
Por lo que respecta a otras enmiendas, consideramos que necesitamos tiempo para valorar las consecuencias de la propuesta desde el punto de vista del funcionamiento y debemos velar por que los procedimientos que incorporan no sean burocráticos, sino que sean verdaderamente accesibles para toda la ciudadanía. 
Se incluyen aquí enmiendas como las que se han presentado sobre medidas que deben acordarse mediante acuerdo interinstitucional: la 34, la 45, y la 48. 
Como he señalado anteriormente, en algunos casos podemos estar de acuerdo, en principio, con las enmiendas, pero tenemos que trabajar juntos desde el punto de vista técnico y administrativo, por ejemplo, respecto a las enmiendas referentes a la clasificación de documentos y al registro. 
La Comisión cuenta desde hace varias décadas con un sistema de clasificación de los documentos. 
Por lo tanto, el principio de que los documentos estén sujetos a un sistema de clasificación no presenta ningún problema. 
Sin embargo, no se ha discutido si las normas aplicables a la clasificación deben o no ser comunes a todas las instituciones. 
En este momento del procedimiento legislativo es prematuro adoptar una posición respecto a la conveniencia de que exista una relación directa entre la clasificación y el acceso a los documentos, como propone la enmienda 29, o de si deben incluirse en el presente Reglamento unas normas al efecto. 
Las relaciones que establecen las enmiendas entre normas sobre clasificación y normas sobre el contenido del registro impiden, por tanto, en esta fase aceptar la enmienda 46 referente al registro. 
Quiero resaltar que, en su momento, prácticamente, la Comisión podría aceptar la totalidad de las enmiendas, como la 9, la 18, la 21 parcialmente, la 23, la 25, la 26.1, la 28 f, la 35, la 38, la 40.1, la 40.6, la 41.1, la 42, la 43.1, la 47, la 49 y la 52. 
Además, la Comisión cree que podremos llegar a acuerdos con algunas modificaciones respecto a las enmiendas 11, 12, 40.4, 40.7, 43.2, 47, 48.4, 50.1 y 50.2. 
Quizá, también la 63, 66.2, 73.1, 74.2, 75 en la última parte, y la 78.2. 
Quisiera subrayar el hecho de que, aunque hoy la Comisión sólo puede manifestar unos planteamientos globales y positivos en algunos aspectos, y sobre otras enmiendas no nos pronunciamos o lo hacemos con cautela, ello no quiere decir que no queramos desarrollar el debate, la negociación y la búsqueda de puntos de encuentro entre las tres instituciones. 
En ese sentido, esperamos poder trabajar para que en el mes de mayo tengamos aprobado el Reglamento correspondiente. 
Muchas gracias, una vez más, a todos los ponentes que han trabajado por el esfuerzo realizado. 
Gracias, señora Comisaria. 
Señor Presidente, tengo una cuestión de orden o una cuestión de observancia del reglamento que presentar. 
Acabamos de ver a la Comisaria, la Sra. de Palacio, mencionar en un estilo rápido docenas de enmiendas que la Comisión puede aceptar y otras que nos recomienda rechazar. 
¿Sería posible tener esta lista por escrito, ya que votaremos en 10 minutos? 
Nadie ha tenido tiempo de anotar las enmiendas que se han citado por parte de la Comisaria. 
Hago esta observación porque en general el Comisario presente da oralmente las recomendaciones de voto de la Comisión. 
Nosotros no disponemos de ningún documento escrito y me gustaría que, también para el futuro, la Comisión remitiese a los diputados, por escrito, sus recomendaciones. 
. (EN) que discrepar de mi colega, el Sr. Poos. 
No corresponde a la Comisión decirle a los grupos políticos qué decisiones deberían adoptar sobre las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos y, por tanto, no debería colocarse a la Comisaria en esta ingrata situación. 
Señor Presidente, he solicitado la palabra para hacer la misma observación que el Sr. Poos. 
El Sr. Cashman tiene razón cuando dice que no le corresponde a la Comisión decir a los grupos políticos qué posición han de adoptar aquí en el Pleno. 
Hay con todo algunos diputados que, en ocasiones, confían en la prudencia de la Comisión y yo soy uno de ellos. 
Quisiera votar en ocasiones a favor de las propuestas formuladas por la Comisión, y para ello es necesario efectivamente que los diputados dispongan de la lista de enmiendas que la propia Comisión puede apoyar y de la lista de las que no quiere apoyar. 
Corresponderá a los diputados, que de todas formas voten en conciencia, decidirse con respecto esas indicaciones de la Comisión. 
Señor Presidente, quiero sumarme a lo dicho por el Sr. Cashman en cuanto a que en este momento tiene lugar el proceso parlamentario de toma de decisiones. 
También he odído decir a la Comisión, a la que además doy las gracias por su, en gran medida, buena disposición, ya que la hemos constatado, que todavía no puede dar una respuesta definitiva respecto de determinadas cuestiones. Ésa es, por supuesto, una observación muy importante. 
Creo, así mismo, que tendrá consecuencias de cara al futuro. No obstante, precisamente porque la Comisión no puede dar una respuesta definitiva respecto de determinadas cuestiones- veo que la Comisión asiente -, resulta un poco peligroso decidir ya cosas de forma definitiva, puesto que van a seguir su propia dinámica. 
Por tanto, realmente en este momento quisiera preguntar si el Parlamento no podría todavía seguir en cierto sentido con su propia toma de decisión, independientemente de la posición de la Comisión, y ya veremos de qué manera pueden negociar los ponentes con esa institución para llegar a una posición definitiva. 
Me parece que ése es un mejor orden. 
Tomo nota de las opiniones que se han manifestado aquí. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Señorías, tengo el gusto de dar la bienvenida al Parlamento Europeo a la Delegación de la Cámara de Diputados de la República de Malta encabezada por el Sr. Louis Galea, que forma parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Malta. 
La Comisión Parlamentaria Mixta UE-Malta ha celebrado ayer y hoy en Estrasburgo su decimocuarta reunión y ha intensificado las deliberaciones sobre las negociaciones de ingreso que mantienen la UE y ese país, conforme a un informe periódico de la Comisión Europea relativo a los avances efectuados por Malta de cara a su ingreso. Informe que, como es sabido, se publicó en noviembre de 2000. 
La Comisión Parlamentaria Mixta ha sido informada de los avances más recientes por la Comisión Europea, el Presidente en funciones del Consejo de la Unión Europea y el Gobierno de la República de Malta. 
Quisiera señalar aquí el papel clave que la Comisión Parlamentaria Mixta EU-Malta desempeña en el camino de las negociaciones para la entrada de la República de Malta en la UE. 
En nombre del Parlamento Europeo, espero que su reunión aquí, en Estrasburgo, haya constituido un éxito y haya resultado productiva. Les deseo un buen viaje de vuelta. 
Sean bienvenidos. 
Fondos propios de las entidades de crédito 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0282/2000) de la Sra. Villiers, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la evaluación de la Directiva 89/299/CEE relativa a los fondos propios de las entidades de créditos [2000/2207 (INI) ]. 
. (EN) Cuando un banco quiebra las repercusiones tienen mucho mayor alcance que cuando la quiebra se produce en cualquier otro tipo de empresa porque están en peligro los ahorros de las personas y porque puede ponerse en peligro la estabilidad del sistema financiero. 
Por ello, disponemos de normas especiales destinadas a garantizar que los bancos sean solventes, se mantengan a flote y no quiebren, y estas normas pretenden proteger a los que depositan sus ahorros y mantener la estabilidad financiera. 
Las normas se acuerdan globalmente en Basilea pero el marco actual está desfasado porque requiere reglamentariamente las mismas reservas de capital. 
Es necesario reservar la misma cantidad de dinero para una gran variedad de riesgos diferentes. 
Esto fomenta, de hecho, el que los bancos opten por los riesgos más elevados porque implica que un banco pueda buscar una prima más alta a cambio del mismo requerimiento de capital. 
La nueva propuesta de la Comisión, cuyo eje principal es acogido de manera muy favorable por la comisión, es que cuanto menor sea el riesgo menor sea el requerimiento de capital. 
Eso supone que se va a animar a los bancos y se les va a recompensar por minimizar el riesgo y mantener unas reservas adecuadas de capital por sus responsabilidades. 
En nuestro informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios planteamos una serie de exigencias políticas. 
En primer lugar, que las nuevas reglas tengan en cuenta la diversidad del sector bancario e inversor en la Unión Europea. 
Estas reglas se aplican a muchos miles de bancos, pequeños y grandes, y de instituciones financieras y deben diseñarse de tal modo que se adapten a todas sus necesidades. 
La aplicación de las reglas debería ser lo más fácil posible para estas instituciones. 
Pasamos a un sistema más sofisticado. 
No es necesario que sea un sistema más burocrático y complejo. 
En la comisión, aceptamos con cautela el papel de las clasificaciones externas que propone la Comisión, con la reserva de que se trata de un papel limitado- y, lo que es más importante, que las pequeñas empresas no tienen por qué ser objeto de clasificación ni las empresas sin clasificación estar en desventaja. 
No obstante, creemos que es importante afirmar que los sistemas internos de puntuación del crédito de los bancos y los sistemas internos de clasificación han de estar en el núcleo del nuevo marco. 
Constituyen la mejor forma de contar con un marco sensible al riesgo para un amplio espectro del sector bancario y también para los clientes y las pequeñas empresas. 
Acogemos de manera favorable la mayor importancia otorgada a la atenuación del riesgo de los créditos, en particular a las garantías que pueden ofrecer las pequeñas empresas. 
También aceptamos que a largo plazo sea probablemente necesaria una nueva tarifa para otros riesgos, pero afirmamos que no debería existir tal tarifa hasta que se disponga de un método sensato de medir otros riesgos. 
Aceptamos también la necesidad de supervisores que tengan capacidad de imponer requerimientos de capital concretos y adicionales a los distintos bancos. 
El nuevo marco da confianza a los bancos. 
No les estamos permitiendo que establezcan ellos mismos sus fondos propios pero habría bastantes sospechas de que lo estamos haciendo si no vigiláramos de cerca sus sistemas internos. 
Por ello, los supervisores han de disponer de estas facultades extraordinarias de imponer requerimientos concretos, para asegurarse de que cada uno de los bancos está respetando las reglas. 
Por último, y lo más controvertido, la comisión hizo un firme llamamiento a favor de la utilización de un procedimiento de vía rápida para aplicar esta legislación. 
Se han presentado enmiendas que adoptan una postura más cautelosa, pero todos coincidimos en que la última vez que se produjo un Acuerdo de Basilea, a EE.UU. le llevó tres meses aplicarlo mientras que a la Unión Europea le llevó más de tres años. 
Fueron no sólo tres años en los que los bancos europeos sufrieron una grave desventaja competitiva- y hay pruebas de que así fue- sino tres años en los que se privó a los consumidores europeos de un marco reglamentario moderno y avanzado. 
Como legisladores hemos de plantearnos la difícil pregunta de si estamos haciendo lo mejor para la gente que nos eligió cuando nuestros reglamentos y nuestras leyes están desfasados antes incluso de haberse promulgado. 
Debemos revisar todas nuestras opciones, incluyendo la comitología, la vía rápida y otros procedimientos, porque es peligroso estar regulando los mercados del pasado. 
Y eso es lo que estaremos haciendo a no ser que revisemos nuestros procedimientos. 
Hemos de asegurarnos de que: disponemos de una legislación flexible; disponemos de los medios para aplicarla rápidamente; disponemos de los medios para actualizarla rápida y fácilmente; disponemos de los medios de garantizar la coherencia entre los Estados miembros; y disponemos de un control democrático adecuado de todo nuevo procedimiento que se introduzca. 
Pediría al Sr. Bolkestein, que está presente hoy, que presentara propuestas, que el Parlamento pueda estudiar, para abordar estas necesidades vitales. 
Son vitales para la salud del sector de los servicios financieros en la Unión Europea. 
VOTACIONES 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0321/2000) del Sr. Blokland sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo [C5-0371/2000- 1998/0289 (COD) ] sobre incineración de residuos 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0307/2000) de la Sra. Figueiredo sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo [COM (2000) 368- C5-0317/2000- 2000/0157 (COD) ] por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para la lucha contra la exclusión social 
Figueiredo (GUE/NGL) , ponente. 
(PT) Señor Presidente, quisiera comunicar al Pleno que las enmiendas que aparecen con el nombre del Grupo GUE/NGL, que presento como ponente, son resultado de conversaciones con el Consejo y con la Comisión y también con el apoyo de los coordinadores de los Grupos políticos representados en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Y se deben a la necesidad de facilitar el proceso de codecisión a que, como es sabido, está sujeto este informe. 
Estas enmiendas substituyen varias otras propuestas del informe que probablemente serán rechazadas en la votación y que entonces serán substituidas por estas nuevas enmiendas resultantes de ese consenso. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, acabamos de votar, en ausencia de una serie de colegas, una declaración relativa a la EEB. 
Debo decir que si hay un órgano que está afectado por la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ése es el ordenador de los ascensores. 
Hemos quedado bloqueados durante 10 minutos porque, en el momento de la votación, de todos los ascensores sólo funcionaban dos. 
Quisiera que se realizara un examen para saber de qué tipo de variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob están afectados nuestros ordenadores. 
Señor Presidente, ¿puedo pedirle al grupo liberal, se lo pido también en tanto una de los co-ponentes, que aborden la cuestión de una forma un poco más práctica? 
Lo que hacen es votar por partes un gran número de artículos, cuando lo que a menudo pretenden es votar en contra de una parte. 
Por tanto, ¿pueden ser los liberales un poco más prácticos y rápidos? 
Señor Presidente, resulta particularmente lamentable que ambos ponentes no hayan efectuado, en realidad, una buena consulta. 
Se trata de una legislación muy importante y se trata también de artículos importantes. 
Nosotros, en tanto liberales, y algunos más de esta casa, deseamos dejar muy claro que estamos a favor de una mejora de esta reglamentación en materia de transparencia. 
Lamento, por tanto, que se haya consultado tan poco. Queremos demostrar cómo defendemos nosotros los intereses de los ciudadanos en todo este asunto. 
. (EN) Presidente, a la vista del excelente voto de apoyo a este informe y dada la respuesta de la Comisión de esta mañana, es obvio- si se observan todas las partes sobre las que hemos votado- que, al amparo del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento, deberíamos aplazar la votación sobre el proyecto de resolución legislativa para poder iniciar negociaciones fructíferas con la Comisión y el Consejo. 
Espero que la Cámara apoye esta propuesta. 
(El Parlamento decide el aplazamiento de la votación) 
Señor Presidente, comprendo que no es posible votar por los informes Theorin y Smet. 
Por eso quisiera proponer que la votación se aplazase hasta el período de sesiones de noviembre II. 
Voy a someter a votación esta solicitud de aplazamiento al próximo período parcial de sesiones formulada por la Sra. Theorin. 
Señor Presidente, los informes Teorin y Smet fueron tratados ayer a última hora de la tarde y la intención era que votásemos ahora. 
El Grupo PPE-DE me ha hecho la misma petición que estoy manifestando, esto es, que aplacemos la votación de esos informes hasta el período de sesiones de noviembre II y que no votemos hoy. 
La mayoría de las mujeres viajará a una conferencia de parlamentarios en Berlín. 
Por tanto, es un deseo común de los Grupos PPE-DE y PSE que la votación sea aplazada hasta noviembre II. 
Señor Presidente, quisiera puntulizar lo siguiente: no era el deseo del PPE, sino que nos llegó a nosotros el deseo de aplazar la sesión. 
Personalmente he dicho que estoy de acuerdo con ello. 
Pero hay otros muchos puntos de vista en nuestro grupo. 
Sólo bajo una condición aprobaría el aplazamiento: que la Sra. Theorin aproveche este tiempo hasta Noviembre II para mejorar su informe, pues actualmente no es aprobado por nuestro grupo. 
Quisiera puntualizar algo con rotundidad, una cuestión de principio: si de aquí al jueves por la mañana no terminamos con las votaciones, entonces el procedimiento normal es que continuemos el jueves por la tarde. 
No es correcto que aplacemos la sesión porque por la tarde algunos colegas no puedan estar aquí. 
Por tanto, yendo al grano: estaría de acuerdo con mi Grupo en aplazar la sesión a Noviembre II si la Sra. Theorin nos da la justificación de que seguirá trabajando en su informe para mejorarlo. 
(Aplauso del Grupo del PPE-DE) 
En lo que respecta al segundo punto, esto es, que se procederá a la votación esta tarde, creo que los sabemos todos y que deberíamos estar presentes. 
Señor Presidente, lo siento si dije que el Grupo PPE-DE también había pedido que se aplace la votación, pero su coordinador se me acercó y me dijo que ellos también querían aplazar el asunto hasta el período de sesiones de noviembre II, en lugar de votar ahora. 
Señor Poettering, hemos trabajado con su gente y en los Grupos PPE-DE y PSE hemos fijado las características del informe. 
Ha habido unanimidad en los asuntos esenciales y nos hemos puesto de acuerdo negociando. 
Respeto lo que diga el Parlamento, pero se trata también de un acuerdo entre los Grupos PPE-DE y PSE, tanto sobre mi informe como sobre los asuntos esenciales de su contenido. 
Por eso tengo que decir que estoy bastante sorprendida por esto. 
(El Parlamento decide el aplazamiento de la votación) 
Señor Presidente, nuestro orden del día exige también la votación del informe de la Sra. Villiers. 
Ahora bien, ocurre que el informe no se ha discutido aún y eso no sucederá hasta esta noche después de las votaciones. 
El informe de la Sra. Villiers merece que se vote mejor mañana por la mañana. 
Propongo por tanto remitir la votación del informe Villiers a noviembre II. 
Está previsto que la votación tenga lugar mañana viernes. 
No obstante, existe la posibilidad de pedir mañana su aplazamiento. 
Por el momento, sigue figurando en el orden del día di mañana, ya que todavía no se ha procedido al debate. 
Señor Presidente, me opongo totalmente a lo que ocurre en esta Asamblea. 
Desde hace algunos períodos parciales de sesiones estamos asistiendo cada vez más a la aplicación de procedimientos que proponen el aplazamiento de votaciones previstas en los cinco días que tiene lugar la Asamblea por razones que se deben a problemas personales, de presencia, etc. Parece que esta Asamblea pierde credibilidad al adoptar tales decisiones. 
Señor Presidente, a diferencia de la Sra. Theorin, yo no sugiero que se trasladen las votaciones y los debates como mejor convenga a mi propia agenda personal. 
Estaré aquí, de hecho, para debatir mi informe esta tarde y estaré aquí mañana a la hora programada para la votación del mismo. 
El motivo por el que sugeriría que aplazáramos la votación es que- como ha señalado el Sr. Goebbels- se trata de una cuestión muy importante. 
No plantea solamente la cuestión de los servicios financieros, también podría tener implicaciones en cuanto a nuestro procedimiento, en cuanto al procedimiento de co-decisión y en cuanto a nuestra relación con la Comisión. 
Es una votación en la que los colegas deberían estar presentes. 
Rogaría encarecidamente que la votación se aplazara hasta el período parcial de sesiones de Bruselas. 
Propuesta de resolución común sobre el tercer encuentro Asia-Europa 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, una cuestión de procedimiento. 
Quisiera decir únicamente que también figura en el orden del día un informe mío importante. 
Se discutirá y votará mañana, y estoy muy orgulloso y agradecido de que esto ocurra en viernes. 
Señor Presidente, acaba de votarse a favor del aplazamiento de mi informe. 
Estoy de acuerdo con ello, pero si usted hubiera seguido el orden de la lista y no hubiera permitido que se votara primero el informe Cashman porque algunas personas no iban a estar presentes esta tarde, puesto que ése ha sido el motivo, también se habría podido votar el informe Smet. 
He seguido el orden que me han facilitado los servicios competentes y el Pleno no acordó otra cosa. 
De lo contrario, lo habría hecho con mucho gusto. 
Señor Presidente, observo con cierto estupor que la votación del informe que yo debía presentar en sesión, y que figura en el orden de día de esta mañana, se ha visto aplazada por descuido y sin que se le prestase atención. 
Comprendo que las cosas son difíciles, pero en cuanto al orden del día, hemos de estar advertidos. 
Normalmente yo estoy aquí todos los jueves. 
Esta tarde tengo que dar una conferencia. Por tanto, no estaré aquí para la votación, al no haber sido advertido a tiempo. 
Soy de los diputados que en general asistimos a las sesiones. 
Quisiera solicitar yo también el aplazamiento a noviembre II, pero desearía añadir unas palabras. 
Esta mañana hemos vivido una fase de cretinismo parlamentario especialmente agudo. 
No sé cuánto cuesta la votación nominal, pero se trata sin duda de cientos de miles de francos, o de francos belgas, de nuestro presupuesto. 
Para dar satisfacción a algunos, hemos gastado, en condiciones grotescas, tiempo y dinero. 
Creo, señor Presidente, que debería someterlo a la Conferencia de Presidentes para que las iniciativas de votación por partes, excesivas, y de votación nominal sean conocidas, y quizá incluso limitadas por lo que respecta a las votaciones nominales. 
Todo esto no es normal y esta Asamblea, por la mañana, cayó en el ridículo. 
Señor Rocard, le aseguro que someteré este asunto a la Conferencia de Presidentes. 
Por lo que se refiere al turno de votaciones, el Presidente no cambia el orden del turno. 
Es el Pleno que a lo sumo decide otra cosa. 
Yo me limito simplemente a someter a votación un asunto después de otro. 
Señor presidente, una cuestión de procedimiento. 
Michel Rocard tiene toda la razón. Lo que está pasando aquí es que unos pocos están intentando aprovechar la oportunidad para defender los intereses que no pudieron hacer valer en la comisión. 
Están procurando que celebremos votaciones nominales que realmente no tienen el carácter de tales. 
Éste es el intento de unos pocos para sacar provecho a costa de otros. 
Por tanto, en primer lugar, necesitamos un procedimiento razonable para las votaciones nominales. 
En segundo lugar, no puede ser que tras la decisión, a mi juicio, errónea, del Parlamento de suprimir el viernes, resulte que ahora protestan aquéllos que hace poco decían que no querían celebrar plenos en viernes. 
Mi pregunta es: ¿hay objeciones sobre la decisión del Parlamento de eliminar los viernes? 
¿Hay reservas jurídicas? 
¿Seguirá siendo así el año que viene? 
Posiblemente llegaremos en un futuro a la situación que tenemos ahora, es decir, dejaremos los informes para la sesión de Bruselas en lugar de discutirlos aquí, en Estrasburgo. 
¿Tenemos alguna información sobre esto? 
Señor Mann, en cuanto a su primer comentario, lo trasmitiré a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes. 
Como Presidente de turno, hoy tengo que decirle sólo esto, como colega, le puedo decir que coincido con usted. 
Lamentablemente, tendremos que pensar en cambiar el Reglamento. 
Por lo que se refiere a los viernes, me parece que no hay novedades. En todo caso, someteré el tema a la Conferencia de Presidentes. 
Resolución sobre la EEB (B5-0880/2000) 
Señor Presidente, me gustaría ofrecer una explicación del voto sobre la resolución relativa a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). 
Yo voté en contra del sacrificio de toda la manada porque no creo que ésa sea la mejor forma de erradicar la EEB. 
Tengo entendido que hay algunos ganaderos que, en lugar de informar de que tienen un animal con EEB, matan al animal y lo entierran. 
Sé que en Francia se han sacrificado manadas enteras y no parece que ésa sea la mejor forma de avanzar. 
Incluso el Comité Científico Rector afirma que no es necesariamente lo más eficaz, y el sacrificio de la cohorte de alimentación- que realizamos en Gran Bretaña- es eficaz. 
También voté en contra de la Enmienda 7 porque no creo que sea posible, pero sí voté a favor de la resolución en su conjunto, en especial de la prohibición de alimentos a base de carne de mamíferos y harinas de huesos para todo el ganado, que ya existe en el Reino Unido desde 1996. 
Voté a favor de la resolución porque tenemos que contar con normas sólidas aplicables en toda la UE. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la iniciativa de nuestro importante Parlamento referente a la grave crisis que atravesamos debido a la propagación de esta epidemia entre el ganado vacuno. 
Quisiera subrayar que con mi voto favorable me propongo, entre otras cosas, respaldar el apartado 7 del informe. 
En efecto, deseo y pido que se proceda de inmediato a examinar todas las reses sacrificadas que se venden en las carnicerías de toda la Unión Europea, al objeto de comprobar si están o no afectadas por la EEB (encefalopatía espongiforme bovina). 
Es preciso llevar a cabo de inmediato un control de todas las reses, sea cual sea su coste, porque si no la comercialización de la carne bovina caerá bajo mínimos. 
. (EL) Sobre la Comisión y el Consejo de la Unión Europea recaen graves responsabilidades por las dimensiones que ha alcanzado el asunto de la EEB. 
Más allá de la actitud negativa que mostraron en la primera fase, cuando el Parlamento Europeo denunció la amenaza en Gran Bretaña, y ya en la segunda fase, cuando el escándalo en Gran Bretaña había llegado a su punto más álgido, las medidas se limitaron sustancialmente a dicho país, sin ningún programa inmediato de controles rigurosos y de reestructuración de la ganadería a escala europea. 
Los casos que han aparecido en Francia han aparecido porque Francia es el único país de la Unión Europea que ha aplicado por iniciativa propia un sistema generalizado de controles. 
Hoy reina la más absoluta inseguridad, la inquietud por los peligros que acechan y sobre los que no han sido informados ni los consumidores ni las autoridades nacionales. 
Es necesario de manera inmediata: 
tomar medidas a escala europea, 
practicar controles rigurosos y exhaustivos en todos los rebaños de la Unión Europea, y también en las importaciones, 
eliminar las harinas animales de la alimentación de todos los animales, no sólo de la del ganado vacuno y ovino, sino también de la del porcino, las aves de corral y los peces, 
tomar medidas, para impedir a través de una profunda reestructuración de la ganadería la penetración de fécula de soja transgénica procedente de los Estados Unidos, el Brasil, o cualquier otro lugar, antes de contar con plenas garantías científicas, garantías con las que hoy por hoy no contamos. 
El debate que se celebró ayer en este hemiciclo sobre la enfermedad de las vacas locas y la seguridad de los alimentos para animales demostró sobre todo la extrema confusión de las responsabilidades y de las conciencias. 
Las competencias actuales están compartidas entre la Comunidad, que ha dictado ya algunas normativas parciales (la prohibición de las harinas de origen animal para la alimentación de los rumiantes, las normas de calentamiento de las harinas, la separación obligatoria de los "materiales de riesgo específico") , y los Estados, que desean preservar su derecho de adoptar normativas adaptadas a su propia situación, así como su derecho de salvaguarda y de reacción rápida para proteger la salud de su población. 
Sobre esta base ya poco clara, la confusión se ha agravado por una doble dificultad: la de uniformizar más en dirección a controles elevados, ya que algunos Estados, como Alemania, no desean que sus ganaderos soporten costes suplementarios, cuando están poco afectados por la enfermedad; en sentido inverso, la dificultad de gestionar reglas nacionales diversificadas, ya que al haber desaparecido prácticamente los controles en las fronteras, y al no mencionar el etiquetado el origen nacional, hay un riesgo importante de comer carne de cerdo alimentado con harinas de origen animal, incluso en un país en el que estén prohibidas. 
Nos encontramos en este momento en el colmo de la confusión, como han mostrado bien las intervenciones de ayer del ministro francés Patriat y el Comisario europeo Byrne, que parecían completamente desorientados. 
Esta situación revela hasta qué punto la unificación del mercado interior ha sido conducida de manera irresponsable en estos últimos años. 
La primera de las iniciativas que deberían adoptarse consistiría en volver a examinarlo todo en detalle, en revisar las reglas de etiquetado, en restaurar algunos controles nacionales, en crear otros y en articular siempre bien, de forma clara y practicable, la normativa europea mínima con el derecho indispensable de cada Estado a llegar más lejos o a adoptar medidas de salvaguarda. 
Si no se comienza por llevar a buen término esta obra de clarificación de competencias, de racionalización, de reconocimiento del derecho primordial de las naciones, Europa no hará más que jugar, al igual que hoy, un papel nefasto de dejación de responsabilidades. 
En el fondo del asunto mi Grupo ha recomendado las medidas más severas para luchar contra la epidemia. 
Pero no podemos detenernos ahí. 
Está muy bien apagar los incendios, pero sería mucho mejor evitar que se produjeran. 
Por ello deseamos extraer cuatro grandes lecciones que habremos de tener en cuenta en el futuro. 
Primera lección: Es preciso rechazar métodos de producción contra natura, que conducen fatalmente, un día u otro, a tales dramas. 
Una agricultura de calidad cuesta quizá algo más cara pero, en realidad, los ahorros aparentes de la agricultura productivista se transforman, al final, en costes terribles para toda la sociedad. 
En este sentido, nos asusta ver que la Comisión está intentando por todos los medios reintroducir una autorización de los OGM, cuando no se han controlado en absoluto sus consecuencias, y corren el riesgo quizá en diez o veinte años de provocar nuevos dramas del tipo "vaca loca". 
Segunda lección: Una agricultura de calidad, que asegure cierta independencia alimentaria, no podrá sobrevivir en Europa en un contexto de librecambismo mundial. 
Sin embargo, sentimos en este momento que el Comisario Lamy piafa de impaciencia por iniciar después de Seattle un nuevo ciclo de negociaciones comerciales internacionales, y de introducir un apartado agrícola con la intención de llevar, una vez más, a un nuevo alineamiento en el mercado mundial. 
Esto no es admisible. 
Tercera lección: Los Estados deben vigilar a la Comisión mucho más de cerca en las negociaciones internacionales, con el fin de que no se renueven falsas maniobras- debería decir traiciones- como los acuerdos de Blair House y de Marrakech que, al limitar nuestras producciones de proteínas vegetales en beneficio de los americanos, nos han obligado a desarrollar en contrapartida las harinas de origen animal que están en el origen de los problemas actuales. 
Pensamos que el futuro Tratado de Niza debería no dar más poderes a la Comisión en las negociaciones internacionales, como está previsto actualmente, sino al contrario, situarla más estrechamente bajo el control de los Gobiernos y Parlamentos nacionales. 
Cuarta lección: Sería necesario revisar profundamente la política de derogación total de los controles en las fronteras interiores, ya que ésta favorece todo tipo de tráficos, y hace más difícil el control sanitario. 
Igualmente, sería necesario atemperar el dogma de la libre circulación a cualquier precio, que ha conducido a la Comisión a amenazar a los Estados deseosos, en 1996, de instituir un embargo de la carne de vacuno británico, y que la empujó en 1999 a llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia por haberse negado a levantar ese mismo embargo. 
A pesar de todo lo que ocurre hoy, la Comisión tiene la audacia de mantener su denuncia, que demuestra así hasta qué punto la libre circulación de productos constituye para ella un dogma superior. 
Si los Estados miembros desean terminar con estas aberraciones, deben aprovechar el Tratado de Niza para volver a instituir con claridad un derecho de salvaguarda nacional para razones de salud pública. 
Hemos votado esta resolución a pesar de que llega muy tarde y a pesar de la desconfianza que nos inspira la ambigüedad de algunas formulaciones. 
Denunciamos el retraso adoptado en la prohibición total y general de la producción y de la utilización de las harinas de origen animal, cuando hace diez años que se conoce la responsabilidad en la propagación de la EEB. 
Por otra parte, la ambigüedad de la formulación del párrafo cuarto sólo puede plantear interrogantes sobre la voluntad de las autoridades para oponerse, por todos los medios, a los fraudes y a las estafas de los trusts de la industria agroalimentaria, cuando sería realmente más sencillo decir en una sola línea que la producción y la utilización de las harinas de origen animal están totalmente prohibidas. 
Hemos votado a favor de esta resolución común. 
Nos encontramos en situación de crisis. 
Pero no nos enfrentamos sólo a una crisis del sector vacuno. 
Hemos de hacer frente a un verdadero problema de salud pública y a una crisis económica. 
Todas las etapas, desde "la horca al tenedor" están afectadas. 
Los consumidores han perdido confianza y para encarrilar este fenómeno era indispensable reiterar nuestra llamada en favor de la introducción rápida de pruebas obligatorias de diagnóstico de la EEB para todos los bovinos, debiendo ser acompañada esta medida de otra de prohibición inmediata de utilización de harinas de origen animal para todas las especies en el conjunto del territorio comunitario. 
Se trata claramente de una aplicación concreta del principio de precaución. 
Sólo que en este caso hemos esperado demasiado. 
La Unión, en su conjunto, ha de movilizarse ya que no sería tolerable que un país adoptase medidas draconianas y pusiese su economía en peligro, mientras que otros continuaran normalmente sus actividades. 
Por otra parte, los fraudes desafortunadamente siguen siendo numerosos y el único medio para ponerles término es prohibir esas harinas en todo el territorio comunitario. 
Será con disposiciones como éstas como los consumidores se tranquilizarán y los agricultores oirán el mensaje de solidaridad que deseamos transmitirles. 
El Parlamento Europeo debe presionar a la Comisión que ha sido pusilánime en sus propuestas durante el debate. 
Nos sorprendemos de que esta última no tome conciencia de la importancia del problema. 
Finalmente, esta crisis sin precedentes permite adelantar los límites de la política agrícola común que se pueden observar desde hace muchos años. 
Se trata hoy de ayudar a los agricultores, no a producir más sino a producir mejor. 
En ese caso también hemos esperado demasiado. 
Por otra parte, algunos se preocupan de ver que aparecen productos genéticamente modificados para sustituir a las harinas de origen animal. 
Ahora bien, una reorientación radical- indispensable- de la PAC mediante el desarrollo de los cultivos vegetales en las tierras que hasta el momento han quedado en barbecho podría evitar el recurso a importaciones masivas de OGM procedentes de Estados Unidos. 
La PAC debe hacer de la salud pública su objetivo prioritario. 
El aumento del número de casos en Inglaterra de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob y la situación en Francia han traído al orden del día, aún con mayor vehemencia, la cuestión de las "vacas locas" (EEB). 
Este caso siempre pecó de falta de transparencia y ocultaciones gravísimas de información, en el más alto nivel, en algunos Estados de la Unión Europea. 
La verdad es que está en entredicho la seguridad alimentaria, ya sea con la cuestión de las "vacas locas", con la de las dioxinas e incluso con la de los OGM, con lo que resulta claro que el objetivo único de obtener el máximo lucro pone en peligro la salud humana y animal. 
Reina entre los consumidores la falta de confianza y los mercados agropecuarios se retraen. 
Sin un cambio en la Política Agraria Común, el problema de la seguridad alimentaria irá agravándose. 
La PAC siempre ha fomentado la intensificación productiva, la progresiva "verticalización" de la producción y la concentración de la tierra y ha estado al servicio fundamentalmente de los intereses de la agroindustria y de las grandes transnacionales alimentarias. 
No será sólo con un organismo alimentario europeo y con medidas legislativas ocasionales, aunque positivas, pese a ser tardías, como la prohibición de harinas de carne en toda la alimentación animal, como se resolverá el problema de fondo. 
Es necesario y urgente ir más lejos: promover un cambio de la Política Agraria Común. 
. (IT) Los recientes casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) son la confirmación, lamentablemente, negativa de los retrasos de la Unión en orden a la seguridad de los productos alimenticios, retrasos aún más culpables, si cabe, si se piensa que el uso de harinas animales en la alimentación de los animales hace tiempo que se consideró peligrosa, tal como denunciamos en este Pleno hace mucho tiempo, sin que se adoptaran medidas. 
Por lo tanto, es necesario proceder lo antes posible a establecer los procedimientos que impidan el uso de partes anatómicas susceptibles de provocar la transmisión de la enfermedad. 
Las propuestas de la Comisión contenidas en el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria y en particular la creación de la Agencia que debe garantizar dicha seguridad, se han de poner en práctica sin demora- ha transcurrido más de un año y la Agencia todavía no está funcionando- a fin de evitar que las acciones realizadas desordenadamente por los Gobiernos en esta materia puedan provocar los daños que estamos comprobando. 
Estos daños son muy graves, ya que afectan a dos ámbitos estrechamente ligados entre sí: por un lado, la salud del ser humano y, por otro, la salud del patrimonio vacuno y, en consecuencia, la economía del sector zootécnico. 
Recordamos que Europa impidió a Francia continuar con el embargo de la carne de vacuno del Reino Unido y la falta de medidas provoca que ahora Francia sufra la misma epidemia. 
Sin embargo, es necesario que ya desde ahora la Comisión prohiba el uso de la harinas animales y que indique procedimientos más seguros, con arreglo al estado actual de los conocimientos, para retirar las partes consideradas peligrosas como el cerebro y la médula espinal. 
A la espera de que los organismos científicos nos faciliten más información, sería oportuno destruir también los huesos de las reses, al objeto de tener las máximas garantías para la protección de la salud humana. 
Los casos de EEB detectados en Francia, como los pollos con dioxinas en Bélgica, son los últimos de una larga serie de ligerezas. 
Por miedo a que cunda el pánico entre los ciudadanos o preocupados por evitar catástrofes comerciales, algunos Gobiernos no han facilitado en tiempo real a la Comisión la debida información o no han procedido, desde el primer momento en que se manifestaron estos peligrosos fenómenos, a bloquear inmediatamente el consumo de los productos en cuestión y a prohibir su exportación. 
Estas ligerezas se han de condenar firmemente y, para impedir que se repitan, es preciso establecer una regulación válida para todos los Estados de la Unión. 
Es inconcebible pretender hacer que funcione un mercado único sin normas comunes para un sector tan importante como el de la salud humana. 
Ante estas incertidumbres, los ciudadanos reaccionan, justamente, con actitudes de miedo y negándose a consumir aquellos productos sospechosos de provocar perjuicios a la salud. 
Se trata también de una actitud de desconfianza hacia la Unión Europa que no es capaz, según ellos, de garantizar la seguridad de los productos alimenticios que se comercializan. 
Para volver a dar confianza a los ciudadanos, así como para proteger su salud, es absolutamente necesario que la Unión acelere sus decisiones con el fin de llegar a la definición de normas comunes en esta materia y para que puedan funcionar lo antes posible los organismos científicos y de control que deberán vigilar la seguridad de los alimentos. 
La prohibición de utilizar harinas animales en la alimentación del ganado no es más que el primer paso en esta dirección. 
Se está apoderando de los consumidores de carne una psicosis, que afecta indistintamente a los sectores de producción tradicional y de calidad, que no utilizan sin embargo harinas animales. 
Las obligaciones que se han impuesto diversos sectores, principalmente en Francia, para garantizar la calidad y la rastreabilidad de los productos están ya comprometidas por la pérdida de confianza de los consumidores, no sólo con respecto a los productos sino también a sistemas susceptibles de garantizarlos ya que los productos con etiquetas, AOC, IGP... , están también afectados. 
No podemos permitir que se destruyan sectores enteros. 
Es preciso reforzar los controles sanitarios, imponer un procedimiento de diagnóstico sistemático de la EEB, prohibir la integración de proteínas de origen animal. 
Aquí es donde encuentra Europa toda su legitimidad y debe desempeñar su papel. 
Los esfuerzos de los Estados serán vanos si las mismas exigencias no se oponen a los productos de importación, procedentes de la Unión Europea o de países terceros. 
Actualmente, se impone la prohibición de las harinas animales en la alimentación de los animales, al no poder asegurar la rastreabilidad de los factores de producción, pero plantea una serie de problemas. 
¿Quemarlas, almacenarlas? 
A condición de crear fábricas especializadas para controlar el impacto en el medio el ambiente. 
¿Sustituirlas? 
En lo inmediato, con óleoproteaginosas importadas sin poder distinguir los lotes procedentes o no de variedades genéticamente modificadas. 
Resulta obligado reiniciar las negociaciones en el seno de la OMC para que los agricultores europeos estén en condiciones de incrementar su producción de proteínas de origen vegetal. 
Los agricultores no pueden hacer frente a esta crisis ellos solos: hay que poner en práctica un plan de acompañamiento de la ganadería así como una serie de medidas para reconquistar la confianza de los consumidores. 
En ello va también la responsabilidad de los políticos de tomar en consideración las situaciones humanas generadas por estas dificultades. 
Ha llegado el momento de un debate global. 
El examen del Libro Blanco sobre la Seguridad alimentaria es la ocasión. 
Aprovechémosla. 
El debate de ayer sobre la crisis de las vacas locas fue en muchos sentidos ejemplar. 
Debo recordar la función decisiva que ha desempeñado nuestro Grupo UEN para que este debate pudiera producirse, así como el proyecto muy coherente de resolución que hemos presentado. 
Finalmente, hemos aceptado copatrocinar el proyecto de resolución común y nos sentimos satisfechos de que se haya adoptado por una amplia mayoría, a pesar de sus deficiencias y debilidades. 
Lamentamos enormemente, por el contrario, que las enmiendas presentadas por nuestro Grupo no hayan sido aprobadas. 
Nos parece sin embargo indispensable que el presupuesto comunitario participe en la aplicación de las nuevas medidas de seguridad impuestas a los ganaderos, y muy especialmente a todos los operadores del sector del vacuno gravemente afectados por la pérdida de confianza de los consumidores. 
No es menos indispensable exigir la reapertura inmediata, en el marco de la OMC, de la negociación del apartado óleoproteaginosas del acuerdo de Marrakech, muy desfavorable para los productores europeos, de forma que se evite que la prohibición de las harinas de origen animal termine en las importaciones masivas de óleoproteaginosas susceptibles de contener organismos genéticamente modificados. 
El debate de ayer puso sobre todo en evidencia la importancia de las divergencias relativas a la forma como conviene tratar la crisis: divergencias entre Estados miembros, entre sensibilidades políticas y entre órganos comunitarios. 
Divergencias profundas sobre la cuestión de las harinas de origen animal. 
Diferencias profundas sobre las pruebas. 
Ahora bien, nos encontramos ante un problema de seguridad absolutamente fundamental relativo a la salud pública de nuestras poblaciones y al futuro mismo de todo un sector económico que desempeña un papel determinante en el equilibrio social de una serie de Estados miembros. 
Frente a la crisis, no podemos conformarnos con medidas a medias o disposiciones de compromiso, es decir nociones totalmente inapropiadas cuando se trata de aplicar el principio de precaución poniendo en práctica las medidas pertinentes de seguridad máxima en beneficio de nuestras poblaciones. 
El debate ha mostrado hasta qué punto la Presidencia del Consejo y la Comisión se atascan en este expediente. 
Resultaba un poco patético ver a la Presidencia del Consejo entregarse a una operación de transferencia de responsabilidad poniendo su salud entre las manos de la futura "Autoridad" europea de seguridad alimentaria, como si el hecho de que ésta fuese europea constituyera por sí mismo una garantía de seriedad absoluta. 
Las acusaciones cruzadas que salpicaron el debate de ayer (Responsabilidad del Consejo, responsabilidad de los Estados miembros, responsabilidad de la Comisión) demuestran hasta qué punto la máquina comunitaria funciona en realidad como un sistema de desresponsabilización recíproca, en detrimento del objeto único del debate: la protección eficaz de la salud pública de nuestras poblaciones. 
La Comisión, por su parte, ha tenido que tomar nota de la amplitud de las divergencias expresadas sobre las soluciones que hay que aportar para encarrilar la crisis. 
Ha considerado conveniente no tomar en serio las medidas de protección decididas por algunos Estados miembros, hablando principalmente de "magia" a propósito de la prohibición total de las harinas de origen animal. 
Denunciando el laxismo de algunos Estados miembros, la propia Comisión no ha anunciado en ningún caso que renunciaría a llevar ante el Tribunal de Justicia a Francia porque ha mantenido con mucha pertinencia el embargo de la carne de vacuno británico. 
La Comisión no prevé a simple vista otra cosa que medias medidas, que aportarán a los países más exigentes en materia de seguridad no un "plus", sino un "menos", lo que debería llevar en nombre del principio de subsidiariedad a devolver a los Estados miembros la libertad de acción que necesitan para proteger de forma eficaz a sus poblaciones, garantizar su seguridad, habida cuenta del estado de su opinión pública, de su voluntad política, del estado de la epidemia entre ellos, y del lugar de los sectores afectados en su economía y su sociedad. 
La incapacidad de todas las instancias europeas (Consejo, Comisión, Parlamento) para definir una política comunitaria pertinente que responda a las necesidades de seguridad de los Estados miembros más directamente afectados va a plantear efectivamente problemas de jerarquía entre las obligaciones del mercado único y las exigencias de salud y seguridad de nuestras poblaciones. 
¿De qué forma, por ejemplo, puede devolverse la confianza al consumidor francés y evitar el hundimiento de los sectores vinculados a la ganadería si por una parte se prohíbe completamente el uso de harinas animales a los ganaderos franceses y al mismo tiempo se autoriza la importación de carnes procedentes de Estados miembros que podrían seguir alimentando a sus animales con harinas de origen animal y se niegan a realizar pruebas? 
Debe respetarse estrictamente la voluntad de los Estados miembros que desean poner la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores por encima de cualquier otra preocupación, su voluntad de priorizar las decisiones basadas científicamente, y el principio de precaución con respecto a medidas que serían adoptadas haciendo la media de las posiciones de diferentes socios, y principalmente los más laxistas. 
De otro modo, parecería muy claro que no es el principio de subsidiariedad el que inspira el comportamiento de las instancias comunitarias. 
Informe Blokland (A5-0321/2000) 
Señor Presidente, como todos sabemos, es muy importante el tema de la lucha contra la contaminación atmosférica causada sobre todo por las industrias importantes, como es el caso de la incineración de residuos que no es más que la consecuencia de los residuos que se producen en otras actividades industriales, así como en otras actividades comunes, cotidianas, de los ciudadanos europeos. 
He votado a favor de esta directiva, sin embargo, querría subrayar que con mi voto pido a la Unión Europea que se comprometa a preocuparse de quien respira aire nocivo producido con estas actividades industriales, así como y todavía más de los trabajadores que trabajan en estos sectores. 
Creo que sería razonable reducir el horario laboral de las personas que trabajan en empresas que contaminan. 
Y si estas empresas contaminan el exterior, a saber cómo es el aire dentro de las fábricas. 
Nos encontramos al término de un largo proceso que propone la aprobación de una directiva relativa a la incineración de residuos. 
La propuesta de la Comisión data de 1998, pero los numerosos desacuerdos entre el Parlamento y el Consejo condujeron a reunir al Comité de Conciliación el pasado 11 de octubre. 
Hoy nos pronunciamos, pues, sobre el texto resultante de esta conciliación. 
Les recuerdo que la directiva engloba la incineración y la co-incineración de los residuos. 
Se trata de dos métodos de tratamiento de residuos que deben formar parte de una estrategia global que incluye la prevención, la reutilización y el reciclaje de los residuos, una estrategia coordinada a nivel europeo. 
En el transcurso de los dos debates que marcan las dos lecturas del Parlamento Europeo, he manifestado mis dudas y temores ante el hecho de tratar los residuos peligrosos y no peligrosos en el marco de la misma directiva. 
Son esas preocupaciones perfectamente legítimas las que han conducido al Parlamento a mostrarse especialmente vigilante y a presentar enmiendas orientadas a encuadrar de forma estricta todo lo que tiene relación con el proceso de incineración y de co-incineración. 
Así, para la co-incineración, que se realiza generalmente en hornos de cemento, los valores límite de las emisiones se han concretado en un anexo. 
Sin embargo, si más de un 40% de los residuos incinerados en tales instalaciones están constituidos por residuos peligrosos o residuos municipales mixtos no tratados, las instalaciones deberán cumplir normas más severas de otro anexo relativo a la incineración. 
La Comisión ha querido excluir los residuos vegetales procedentes de la agricultura, de la industria forestal y alimentaria. 
En segunda lectura, el Parlamento ha añadido los residuos fibrosos procedentes de la producción de pulpa, virgen y de papel a base de pulpa cuando esos residuos están destinados a la co-incineración. 
Se ha llegado a que este punto se resuelva en conciliación. 
El Parlamento ha insistido entonces con éxito en otro punto, las instalaciones en las que se incineran residuos radiactivos deben quedar expresamente excluidas del campo de aplicación de la directiva. 
El Parlamento ha conseguido una dirección más estricta en al ámbito del funcionamiento de las instalaciones de incineración, así como una mejora del acceso a la información para el público. 
Terminaré insistiendo de nuevo en el hecho de que la generalización de la explotación de los residuos peligrosos no debe llevarnos a acomodarnos a la producción de tales residuos. 
Nuestra prioridad es y debe seguir siendo la prevención de la producción de residuos de conformidad con el fundamento que se ha adoptado en la estrategia de la Unión Europea en este ámbito. 
. (EN) Existe en la Unión Europea la grave preocupación de que no se está haciendo lo suficiente para poner en marcha nuevas propuestas sobre gestión de residuos. 
Los 370 millones de ciudadanos de la UE están pidiendo que se actúe en este campo y tienen razón. 
Los residuos que se generan en Europa son del orden de más de 1 kg. por persona y día. 
Cada año se generan en la UE dos mil millones de toneladas de residuos. 
Esta situación no puede continuar indefinidamente. 
La Unión Europea debe ser clara sobre un aspecto a la hora de resolver los problemas de los residuos. 
El futuro de la retirada de los residuos no reside en que las autoridades locales a lo largo y ancho de la Unión Europea busquen nuevas ubicaciones para los vertederos. 
Hay una creciente preocupación sobre las consecuencias reales para el medioambiente de los vertederos. 
Yo comparto esa preocupación. 
Creo que no queda más opción que pasar de la dependencia de los vertederos a planes de gestión de residuos más integrados. 
El Parlamento Europeo ha estado a la vanguardia del diseño de nuevas estrategias de gestión de residuos en los últimos años. 
Yo apoyo el objetivo de la Directiva que estamos estudiando aquí hoy de reducir los efectos negativos de la incineración sobre el medioambiente y sobre la salud humana mediante una disminución considerable de los niveles de emisión en la atmósfera de varios contaminantes importantes. 
Esto forma parte asimismo de políticas más amplias de la Unión Europea en materia de medioambiente que pretenden reducir el uso de contaminantes en todos los sectores económicos europeos, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Kyoto. 
El Parlamento Europeo apoya totalmente los objetivos, estrictos y ambiciosos pero alcanzables, sobre recuperación y reciclaje que ha establecido el gobierno irlandés. 
Entre estos objetivos, que habrán de conseguirse a lo largo de los próximos quince años, se encuentran los siguientes: alejar de los vertederos el 50% del total de residuos domésticos; una reducción mínima del 65% en los residuos biodegradables que en la actualidad se envían a los vertederos; la creación de instalaciones de recuperación de residuos que utilicen tecnologías beneficiosas para el medioambiente capaces de tratar hasta 300.000 toneladas de residuos biodegradables al año. 
Todas estas medidas reflejan un cambio de las opiniones públicas en relación con la gestión de los residuos. 
Los días de los vertederos están llegando a su fin y deben ser sustituidos por tecnologías más beneficiosas para el medioambiente. 
Informe Figueiredo (A5-0307/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Figueiredo sobre la eliminación de la exclusión social y de la pobreza, como se dice en el mismo informe. 
No obstante, estoy sorprendido y lamento mucho ciertos votos sobre algunas enmiendas. 
Estoy totalmente convencido de que la responsabilidad de la exclusión social y de la pobreza es de los Gobiernos de nuestros quince Estados en un 99% de los casos. 
En el pasado y ahora, todos compiten para que aumente la exclusión social y la pobreza. 
En efecto, si, por ejemplo, hubiesen más pensiones suficientes para vivir, habría menos pobres. 
¿Por qué, Grupo del Partido Popular Europeo, has votado en contra de mi enmienda que presenté personalmente y que afirmaba que la pobreza es una de las causas de que las pensiones sean tan bajas? 
Esto es algo que lamento mucho. 
Confío en que cambie de idea en las próximas votaciones. 
. (EL) El informe del colega Sr. Figueiredo puede constituir una contribución muy importante a la lucha contra la exclusión social a través del fomento de la cooperación entre los estados miembros en esta dirección. 
Por ello el Consejo debe velar por: 
que aumente considerablemente la financiación del programa, 
que se incluyan plazos y objetivos concretos en los programas nacionales, 
que se reajusten todas las políticas relacionadas con el programa y se adapten al esfuerzo por la inserción de los grupos sociales más desfavorecidos, 
que se incluyan las nuevas formas de exclusión, como la exclusión de la sociedad del conocimiento, 
que participen en los procesos los agentes sociales y, especialmente, representantes de los grupos afectados a los que se dirige el programa, 
que la pobreza infantil, así como las mujeres y las personas de edad avanzada constituyan el centro de atención del programa, 
que se cree una red a escala europea para el seguimiento, el desarrollo, la promoción y el reajuste del programa contra la exclusión social. 
Nos hemos abstenido en este informe, incluso con las enmiendas. 
La principal razón por la cual no hemos votado en contra se debe a algunas buenas intenciones que su autor ha afirmado. 
Pero, desafortunadamente, las buenas intenciones no hacen política, aunque sólo sea de denuncia. 
Se dice que hay oficialmente 65 millones de pobres en Europa, el 18% de la población. 
Ello significa que una fracción considerable de la clase obrera de una de las regiones más ricas del mundo está reducida a la miseria. 
Porque no se trata de una desgracia procedente de quién sabe dónde la que ha fabricado esos 65 millones de pobres, sino la avidez de una clase privilegiada capitalista que, para aumentar los beneficios de las empresas y el curso de las acciones en la Bolsa, suprime empleos, cierra fábricas, reduciendo así a 15 millones de hombres y mujeres al paro, y presiona en todos los salarios hasta el punto de hacer que los más bajos resulten insuficientes para vivir. 
El informe plantea una partida de 100 millones de euros en cinco años para reducir la pobreza. 
Eso son 1,5 euros por europeo pobre. 
Incluso como caridad resulta irrisorio, sin contar que el problema de la pobreza no es una cuestión de caridad. 
Somos conscientes de que ningún informe ni ningún voto, aunque sea el del Parlamento Europeo, podrá modificar esta situación. 
El informe hubiera podido al menos denunciar a los responsables. 
En todo caso, al no votar en contra tampoco hemos podido votar a favor de este informe, cuyas propuestas concretas son insuficientes pero que, desafortunadamente, disimula más que combate la realidad de la explotación, verdadera causa de la pobreza de las clases trabajadoras. 
Este programa relativo a la lucha contra la exclusión social se incluye en las prioridades de la Presidencia francesa, que ha hecho de la Europa social el hilo conductor de sus propuestas. 
Les recuerdo que en Lisboa se definió una estrategia comunitaria de inclusión social. 
Debo saludar esta iniciativa, que responde a las expectativas de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas europeos. 
Efectivamente, si bien hemos de felicitarnos por el repunte del crecimiento y el descenso del desempleo, no debemos ocultar la persistencia, incluso el agravamiento, de las desigualdades. 
La exclusión social es un fenómeno muy real, como demuestran las estadísticas de Eurostat: alrededor del 18% de la población de la Unión Europea vive con menos del 60% de la renta media nacional- umbral de bajos ingresos tomado para medir la pobreza relativa- lo cual equivale a decir que unos 65 millones de personas viven con bajos ingresos. 
Si bien la tasa de paro ha bajado, quedan aún 16 millones personas sin empleo en el seno de la Unión Europea. 
Por otra parte, aunque el desempleo sigue siendo el principal factor de pobreza y de exclusión, no lo es menos el hecho de que la precariedad del empleo y el bajo nivel de remuneración constituyen otros tantos obstáculos para una inserción plena y completa en la sociedad. 
Un número excesivo de nuestros conciudadanos ha quedado al borde del camino. 
Por ello debemos adoptar medidas voluntaristas en términos de protección social y de acceso a los servicios públicos en materia de salud, de educación, de alojamiento, etc. 
Doy mi apoyo sin reservas a la propuesta de poner en marcha un proceso de Luxemburgo bis en el ámbito de la exclusión social, que incluya líneas directrices y planes de acción nacionales. 
En efecto, en el ámbito del empleo se ven todos los beneficios de este método. 
El Consejo europeo de Lisboa fijó como objetivo a la Unión Europea convertirse en una sociedad basada en el conocimiento competitivo e inclusivo. 
Esto sólo se hará al precio de esfuerzos considerables para garantizar el acceso de todos y todas a la formación, a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como las nuevas redes de telecomunicaciones. 
El servicio universal tiene un gran papel que jugar en este ámbito. 
Cita en Niza donde espero que los Estados miembros den una señal importante de su voluntad política para comprometerse en una estrategia global de refuerzo del modelo social europeo mediante la adopción de la Agenda social y de la Carta de derechos fundamentales. 
La finalidad principal del informe es apoyar un programa de acción comunitaria que fomente la cooperación entre los Estados miembros de la UE para combatir la exclusión social. 
Creo que el establecimiento de este programa de acción comunitaria es una medida sabia y que puede ser muy útil. 
No queremos construir una Europa dividida en dos, una Europa de los que tienen y de los que no tienen. 
No queremos ensanchar la brecha entre los ricos y los pobres. 
El hecho es que el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil se concentran sobre todo en determinadas áreas dentro de la Unión Europea. 
Se concentran en puntos negros concretos dentro de muchas zonas rurales y urbanas de la Unión Europea. 
El diseño de iniciativas destinadas a superar los problemas de la exclusión social y para dar esperanzas y oportunidades a los desfavorecidos de nuestra sociedad debe ser una política primordial para todos los gobiernos de la UE en este momento. 
El principio que informa este programa es la creación de un método abierto de coordinación entre los Estados miembros para contribuir a erradicar la pobreza y la exclusión social. 
Esto se logrará estableciendo objetivos específicos que se integrarán en los planes de acción nacional y en las políticas de desarrollo con el fin de promover la igualdad de oportunidades. 
Creo que el ponente tiene razón cuando pide una mayor participación de las autoridades públicas, de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en medidas para vencer la pobreza y la exclusión social actuales. 
De resultas del Tratado de Amsterdam, todos los gobiernos de la UE deben remitir nuevos planes de acción para el empleo a la Comisión Europea para que su evaluación y estudio. 
La Comisión debe evaluar todos estos planes con el fin de comprobar el éxito de los gobiernos de la UE a la hora de vencer la exclusión social. 
Debemos aprender unos de otros en este campo. 
De otro modo, la brecha entre los ricos y los pobres dentro de la UE aumentará. 
En este contexto, acojo favorablemente las principales disposiciones del Programa de Política Social 2000-2005 recientemente publicado por la Comisión Europea. 
Este programa concederá un papel cada vez mayor a los agentes sociales en la elaboración de las distintas directivas y reglamentos de la UE. 
Las relaciones laborales mejorarán. 
Habrá un apoyo continuado a escala nacional y europea a programas locales de creación de empleo. 
También habrá una mejor coordinación de los programas políticos en las áreas de la sociedad de la información, los servicios de telecomunicaciones modernos y las actividades relacionadas con internet. 
Irlanda cuenta con un sistema bastante avanzado de derechos sociales y laborales y se están redactando muchas directivas de la UE basándose, en particular, en el modelo irlandés en el campo de la cooperación entre los agentes sociales y las relaciones entre empleado y empleador. 
El 18% de los europeos, es decir, 61 millones de personas, viven con menos del 60% de la renta media nacional (umbral de bajo ingreso tomado para medir la pobreza relativa). 
La sola mención de estos datos debe llevarnos a actuar, y eso es lo que han hecho los jefes de Estado y de Gobierno en Lisboa incluyendo por primera vez la pobreza y la exclusión en el orden del día de la Agenda europea. 
Al no poder ser Europa económicamente fuerte más que si es socialmente justa, sólo podemos alegrarnos por este progreso. 
Por ello, sólo puedo votar a favor del informe de nuestro colega que no solamente aprueba la propuesta de la Comisión, sino que refuerza el contenido. 
Efectivamente, el informe solicita que se fijen indicadores cualitativos y cuantitativos de la exclusión social. 
Es fundamental que, en los quince Estados de la Unión, podamos hablar todos de lo mismo con datos idénticos. 
Además, el informe solicita a los Estados miembros más actividad y que fijen objetivos precisos durante la elaboración de sus planes de acción nacionales. 
Finalmente, se ha retomado el método abierto de coordinación con el estímulo al diálogo entre los actores implicados (agentes sociales, ONG, poderes locales y regionales... ) y la puesta en red. 
Para concluir, la partida financiera propuesta por nuestra Comisión de Asuntos Sociales se eleva a 100 millones de euros en lugar de los 70 propuestos por la Comisión. 
En total, se trata de un paso adelante que necesitamos confirmar y alentar, sin duda el progreso económico no es suficiente para asegurar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. 
Este informe tiene el mérito de desvelar el verdadero rostro de la construcción europea actual: el de los 62 millones de pobres y el de los 18 millones de desempleados. 
Las reestructuraciones y fusiones en curso son portadoras de nuevos planes de despidos. 
Mientras el crecimiento económico es fuerte, y el paro tiende a reducirse, trabajar hoy no protege de la exclusión. 
Los "trabajadores pobres", de los cuales la mayoría son mujeres, empleados a tiempo parcial, a la baja y en la más total precariedad, se unen al cortejo de miseria que los discursos oficiales sobre la recuperación ignoran totalmente. 
Un trabajo de calidad, los servicios sanitarios, el alojamiento o la educación son efectivamente derechos elementales que, si fueran obligatorios para los empleadores y los Estados, podrían proteger de la exclusión social. 
Por ello votaremos el informe sobre la lucha contra la exclusión. 
Sin embargo, los diputados que aprueban este texto hoy no tuvieron este punto de solidaridad ayer, cuando votaron una carta sin derechos sociales que, relegando el combate contra la exclusión al rango de la asistencia, constituye un retroceso con respecto a numerosas legislaciones en vigor. 
Sería más eficaz, para luchar contra la exclusión, crear por ejemplo un salario mínimo garantizado europeo. 
. (EN) La Cumbre especial de Lisboa sobre el empleo, la reforma económica y la cohesión social del 23-24 de marzo de 2000, volvió, por primera vez después de mucho tiempo, a incluir en la agenda de la Unión la pobreza y la exclusión social. 
Al presentar su propuesta de programa para combatir la exclusión social, la Comisión está cumpliendo con la petición del Consejo de presentar "para junio de 2000" una "iniciativa para la cooperación en este campo". 
Según las cifras de Eurostat, alrededor de un 18% de la población de la UE vive con menos del 60% de la renta media nacional (tomando el umbral de renta baja como medida de la pobreza relativa). 
La propuesta de la Comisión por la que se establece un programa de acción comunitario destinado a fomentar la cooperación entre los Estados miembros para combatir la exclusión social (2000-2005) consiste en promover una mejor comprensión de la exclusión social, generalizar la promoción de la inclusión y desarrollar acciones prioritarias dirigidas a determinados colectivos específicos. 
Esta estrategia se aplicará mediante tres grandes líneas. 
Línea 1: análisis de las características, causas, procesos y tendencias de la exclusión social; línea 2: cooperación política e intercambio de las mejores prácticas; línea 3: diálogo en el que participen diversos socios. 
Se hace hincapié en el método abierto de cooperación respetando el principio de subsidiariedad a la vez que se implica activamente a todos los agentes apropiados. 
Todo esto se acoge de modo favorable pero, al igual que el ponente, creo que el programa podría se más radical. 
Yo apoyo sus enmiendas. 
. (EN) Acojo de modo favorable este informe que pide mayor financiación para los programas europeos propuestos para combatir la pobreza y la exclusión social. 
La cooperación entre los Estados miembros es crucial para hacer frente a estos problemas profundamente arraigados que existen en toda la UE, pero, particularmente, en mi propia circunscripción del Noroeste de Inglaterra. 
Moss Side y Salford se encuentran entre las zonas urbanas más desfavorecidas de toda Europa. 
Todos estamos tristemente familiarizados con la tela de araña de los problemas que sufren las zonas depauperadas- penuria, exclusión social, desempleo, criminalidad y abuso de drogas- pero con la ayuda de los programas europeos de lucha contra la exclusión social y con el dinero europeo, las comunidades locales pueden empezar a liberarse de esta aciaga red. 
El gobierno laborista británico ha estado a la cabeza de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Hace tres años, el Primer Ministro estableció una Unidad contra la Exclusión Social que coordina la acción gubernamental de reducción de la exclusión social elaborando soluciones comunes para problemas comunes. 
Trabaja con otros departamentos que tienen una relación estrecha con la exclusión social. 
Me sumo plenamente a esta medida innovadora que ha beneficiado en particular a muchos jóvenes, a través de una acción firme en materia de absentismo escolar y exclusión en los colegios, de falta de alojamiento o de embarazos juveniles, y que ha proporcionado apoyo a los jóvenes entre 16 y 18 años fuera del sistema educativo, sin empleo y sin formación. 
Este es un gran ejemplo de cómo el gobierno laborista ha logrado ventajas concretas para la gente corriente. 
Con un enfoque nuevo y radical, creo firmemente que no sólo podremos tomar la curva sino también alcanzar la meta y, un día, eliminar completamente la pobreza y la exclusión social del Noroeste. 
Informe Rothe (A5-0320/2000) 
Señor Presidente, me he abstenido por una razón muy concreta: este informe, en mi opinión, no ha realizado, desde el punto de vista ecológico, esos progresos que yo esperaba y auguraba. 
No obstante, sí he votado a favor de todas aquellas enmiendas tendentes a incrementar las fuentes de energía alternativas, pero esperaba que se pudiera avanzar más. 
Sé que es difícil, sé que este informe ha tomado el camino correcto; sin embargo, serían necesarios más esfuerzos y, por esto, confío en que tanto a escala nacional como europea se lleve adelante con mayor vigor esta política de las energías alternativas. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo con el informe Rothe, en todo caso, con el punto de que el dirigismo promotor en relación a las energías renovables que ahí se describe, será causa de graves errores a largo plazo en materia de política energética en y para Europa. 
Por ello he rechazado el informe. 
La política energética debe estar abierta al futuro, debe ser constante y rentable. 
Lo que el informe pretende es exactamente lo contrario. 
La subvención permanente de la energía eólica, solar y de la biomasa es una política simbólica y constituye un camino equivocado. 
Hay millones en subvenciones para unos pocos que estropean el paisaje con sus molinos de viento. 
Hasta ahora hay instalados más de 60 rotores que ocupan la superficie de mil campos de fútbol. 
Los consumidores y Europa se quedan con las ganas, y Europa es nuevamente el lugar donde esta política está encastrando los beneficios de nuestra política de liberalización del mercado energético. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la promoción de la energía eléctrica producida por fuentes de energía renovable. 
Soy claramente favorable al ahorro energético que tanto necesitamos. 
Sin embargo, también las personas mayores y los pensionistas tienen mucha necesidad de energía, posiblemente siempre presente, siempre a nuestra disposición. 
Me vienen a la mente las frías noches y los fríos días de invierno tanto del norte como del sur de Europa, donde, lamentablemente, por falta de medios mucha gente mayor se ve obligada a apagar la calefacción para ahorrar. 
Quisiera citar como ejemplo de optimización del ahorro el caso de la ciudad italiana de Brescia, donde la telecalefacción, incluso la producida a través de la incineración de residuos, se emplea tanto para producir energía eléctrica como para producir directamente calor que después se distribuye a todos los hogares de los ciudadanos de Brescia. 
Confío en que dicho sistema se extienda a todas las ciudades de Europa. 
Ayer por la tarde, durante el debate en el Pleno, fuimos muchos los que nos manifestamos sobre la necesaria promoción de las fuentes de energía renovables mientras se está celebrando en La Haya la Conferencia sobre el cambio climático. 
En efecto, los científicos y los meteorólogos manifiestan cada vez más sus temores frente a las consecuencias de los gases de efecto invernadero: los propios ciudadanos comienzan a darse cuenta de ello. 
Estas previsiones, dramáticas a corto plazo, han de convencernos de la necesidad de adoptar a escala europea y mundial medidas claras y voluntarias capaces de frenar este proceso de degradación de la calidad del medio ambiente. 
La propuesta de la Comisión y el informe Rothe, que hemos votado en el día de hoy, van en este sentido desde el momento en que se trata de promover las FER que son fuentes alternativas respetuosas con el medio ambiente en la producción de electricidad. 
Es continuación de los anuncios de la Comisión y de la demanda del Parlamento Europeo realizar un avance importante en la vía de la concreción del objetivo fijado por el Libro Blanco de duplicar la parte de las energías renovables en el consumo de energía de aquí a 2020. 
Los Estados miembros deben comprometerse ahora en esta vía para respetar los objetivos ambientales que han suscrito tanto en el plano europeo como en el plano internacional, pero también para asegurar su independencia energética y la seguridad de sus abastecimientos. 
La dependencia, que es de aproximadamente el 50% para toda la Unión, puede pasar al 70% de aquí a 2020 si no se produce un desarrollo de las energías renovables. 
La Unión Europea es pionera en la construcción de instalaciones en diversos ámbitos de la producción energética. 
Si la Unión quiere seguir siendo competitiva en este sector deberá contribuir mediante una utilización y desarrollo de las tecnologías implicadas, lo que implica financiaciones públicas importantes. 
Por todas estas razones y porque el informe Rothe es un excelente informe, he votado a favor esperando que la Comisión y el Consejo nos sigan. 
Por supuesto, estoy a favor de la promoción activa de las energías renovables. 
Serán los progresos tecnológicos los que hagan progresar las energías "suaves", no las peticiones de principio ideológicas. 
No basta con decretar objetivos ambientales e imponer a los Estados que los cumplan. 
Es necesario también que los propios Estados dispongan de los medios. 
Algunas propuestas del Parlamento Europeo no son realistas y no pueden contar con mi apoyo. 
. (FI) El objetivo de la Comisión Europea es doblar la proporción de las fuentes de energía renovables en el consumo total de energía para el año 2010. 
Las fuentes de energía renovables desempeñan un papela fundamental en una estrategia eficaz de lucha contra el cambio climático. 
La turba es una importante fuente de energía renovable en Finlandia, cuyo uso supone el 6% de los combustibles consumidos. 
Al contrario que en Europa Central, en los países nórdicos de las características de Finlandia hay grandes cantidades de turba. 
Los expertos internacionales también han constatado que la turba es un importante combustible de biomasa, cuya regeneración anual en Finlandia es muy superior al consumo. 
Las regiones más septentrionales de Finlandia están inmersas en la tundra, donde el bosque no crece lo suficiente como para que la madera se pueda usar como fuente de energía. 
La turba es un combustible de especial importancia para estas regiones y también genera empleo de una forma considerable. 
Estoy satisfecha de que el Parlamento Europeo haya reconocido estas consideraciones incluyendo la turba en su informe sobre las fuentes de energía renovables. 
Los Estados miembros de la Unión Europea, incluido Finlandia, se han comprometido con la consecución de los objetivos de Kyoto, con la conservación de los recursos naturales y con la reducción de las emisiones contaminantes. 
Por esta razón, la importancia de la energía nuclear aumenta sin cesar. 
Bien es verdad que debemos adoptar una normativa de seguridad más avanzada y eficaz en lo que se refiere al uso de la energía nuclear y al almacenamiento de los residuos nucleares. 
La empresa energética finlandesa Teollisuuden Voima tramitó ayer, 15 de noviembre, una petición al Gobierno de Finlandia para que adopte una decisión de principios sobre la construcción de la quinta central nuclear. 
Espero que nuestro Gobierno y nuestro Parlamento se pronuncien a favor de esta petición. 
El uso responsable de la energía nuclear nos brinda una fuente de energía económica y respetuosa con el medio ambiente, cuya utilización no debe ser limitada sin razón. 
Todos sabemos que, en un futuro, nuestro suministro energético no podrá basarse en nuestras actuales fuentes de energía. 
Esto lo reconocen la Comisión y, más aún, la ponente, al hacer de las fuentes alternativas de energía, o sea, de la producción de energía alternativa, una medida de más alta prioridad que hasta ahora. 
Por ello hay que felicitar a la Sra. Rohte por su excelente informe. 
Una consecuencia de las experiencias habidas hasta ahora con las actuales fuentes de energía, tales como sus efectos en el clima y en la naturaleza, los riesgos incalculables para la seguridad y la predecible escasez de recursos, debe ser, en primer lugar, fortalecer considerablemente el fomento del progreso y la utilización de nuevas energías. A largo plazo, esto debe conducir a la superación de la política de subvenciones a las fuentes tradicionales, fósiles de energía. 
El desmantelamiento consecuente de todos los obstáculos a la utilización de energías renovables constituye un primer paso en esta línea. 
También debemos poder conseguir mejor en un futuro que sean más conocidas públicamente las buenas prácticas existentes. 
En segundo lugar, el objetivo de toda política energética y económica deber ser reducir el consumo de energía, esto es, de optimizarlo, pues sólo un trato cuidadoso con los recursos, sean del tipo que sean, ayuda a minimizar los costos de sus efectos posteriores. 
En relación con esto, pedimos una investigación más dirigida a los costos externos de los efectos de la producción y utilización de energías renovables. 
Por último, la reestructuración del suministro energético sólo puede emprenderse bajo consideración de las condiciones particulares de la producción de energía alternativa. 
La descentralización del suministro energético no es sólo un aspecto político estructural, sino también social. 
Por tanto, en tercer lugar, la liberalización del sector energético no puede hacerse sin fijar unos estándares sociales mínimos. 
No podemos continuar produciendo electricidad de la forma actual. 
El carbón y el petróleo terminarán por agotarse y, además, dan lugar a emisiones de CO2. 
La energía nuclear puede ocasionar desastres que conviertan en inhabitables grandes zonas de la tierra y produzcan residuos peligrosos. 
Debemos buscar, por tanto, una energía que sea natural, pero que continué sin ser utilizada en tanto no se produzcan los avances técnicos para ello. 
Resulta poco ambicioso que el Parlamento y la Comisión solamente pretendan duplicar el uso de esta energía en los próximos diez años. 
La generación de electricidad a partir del agua, el viento y las radiaciones solares resulta todavía demasiado escasa, y eso la convierte en proporcionalmente cara. 
Todos deseamos una forma de producción de energía lo más respetuosa del medio ambiente posible, pero también todos, queremos una energía lo más barata posible. 
Eso se aplica especialmente a las personas que no pueden pagar mucho y cuya primera preocupación es que los costes de su hogar se mantengan lo más bajos posible. 
Si la energía limpia continúa siendo energía cara, será todavía durante mucho tiempo una energía de elite. 
Las personas que cuentan con altos ingresos y son conscientes del medio ambiente tienen la libertad de elegir una energía más limpia dentro de un mercado libre, mientras que el resto sigue sin poder elegir. 
La energía limpia debe estar al alcance de todos y debe ser asequible. 
Apoyo la negativa de Greenpeace respecto de seis puntos, tales como la incineración de turba y residuos orgánicos. 
Resolución ASEM III (B5-0811/2000) 
En Seúl, el contraste ha sido patente entre la cumbre oficial de Jefes de Estado y las movilizaciones ciudadanas y populares en las que he podido participar. 
La primera desea acelerar las reformas neoliberales contra las cuáles se han levantado las segundas. 
Los sindicatos y los movimientos sociales rechazan la dictadura de los "chaebols" -esos grandes grupos industriales tradicionales- pero no quieren sin embargo que ésta se sustituya por la del FMI y la OMC. 
Ni por otra parte mediante la colonización económica de su país, mientras todo el mundo se pregunta sobre el nombre de las empresas occidentales que van a comprar las industrias surcoreanas en dificultades. 
La celebración de un foro alternativo ha facilitado también los contactos interparlamentarios, marcados por un encuentro en la Asamblea nacional surcoreana el 18 de octubre. 
La constatación resulta evidente: las asambleas elegidas se han mantenido alejadas del proceso ASEM, al cual sin embargo se ven asociados sistemáticamente los hombres de negocios. 
Es urgente dar vida al diálogo interparlamentario (ASEP) entre la Europa del oeste y la Asia del este. 
La preparación de la ASEM 4 debe ser la ocasión para afirmar la exigencia democrática, por una parte, asegurándole la información y la intervención de las asambleas elegidas y de la sociedad civil- que comporta principalmente la puesta en marcha de un foro social- y, por otra, tomando completamente en consideración los derechos sociales, ambientales y humanos. 
Con esto se cierra el turno de votaciones. 
(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Parlamento centroamericano 
De conformidad con el orden del día, se procede en primer lugar al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0846/00) del Sr. Seguro y otros, en nombre del Grupo PSE; 
(B5-0854/2000) del Sr. Gasòliba i Böhm y el Sr. Sánchez García, en nombre del Grupo ELDR; 
(B5-0859/2000) del Sr. Marset Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
(B5-0862/2000) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y el Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre del Grupo PPE-DE 
sobre Centroamérica (Parlamento Centroamericano). 
Señor Presidente, como es sabido, desde hace mucho tiempo la Unión Europea, por mediación de la Comisión, del Consejo y, en particular, de este Parlamento Europeo, ha mantenido relaciones excelentes con la América Central, sus instituciones y en particular los países que la componen. 
Lo hacemos por respeto y como ayuda a la consolidación democrática en esa región del mundo, como apoyo y ayuda al desarrollo económico y social y también para que se respeten los derechos humanos en esa región del mundo y en otras. 
Una de las prioridades que hemos apoyado en lo que se refiere a los países que componen esa región del mundo es la integración regional. 
Consideramos que la integración regional es un instrumento decisivo para favorecer esos tres objetivos fundamentales que he citado. 
Resulta que en esa región del mundo, la América Central, existe ya hoy una Secretaría de Integración Regional, un Banco Centroamericano, un Tribunal Centroamericano, un Parlamento Centroamericano. 
Y- detalle curioso, señor Presidente- es el único parlamento del mundo, junto con el Parlamento Europeo, que elige directamente a sus diputados. 
Resulta que en los últimos tiempos ese parlamento ha sido víctima de algunos equívocos e incluso de algunas críticas. 
Recibimos a una delegación suya y nos comprometimos a valorizar políticamente no sólo su papel en esa región del mundo, sino también, y sobre todo, la relación entre nuestro Parlamento y ese Parlamento Centroamericano. 
Y a eso se debe la resolución que aquí presentamos como continuación de una trabajo hecho en el pasado por la delegación de este Parlamento para la América Central, presidida por el Sr. Salafranca, y que modestamente proseguimos a lo largo de este mandato. 
Por eso, esta resolución tiene, señor Presidente y Señorías, señor Comisario, este significado: el de dar el apoyo político al Parlamento Centroamericano, dar apoyo político al escenario por excelencia de la democracia, al que debe ser por voluntad propia el centro del debate plural en esa región del mundo, pero, simultáneamente, enviar la señal de que Europa está a favor de la integración regional en esa parte del mundo. 
Sólo tenemos una discrepancia, que no es substantiva, sino que tiene que ver con el punto 5 de esta resolución: nos parece que el Parlamento Europeo, al aprobar este punto 5 de esta resolución, adopta una actitud excesivamente paternalista, en nuestra opinión. 
Vamos a abstenernos en la votación de ese punto, pero esa abstención va encaminada a apoyar políticamente la integración regional y al Parlamento Centroamericano. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la resolución que hoy se presenta a esta Asamblea sobre la situación en América Central resulta pertinente después de la reciente visita de una delegación del PARLACEN a Bruselas. 
Y lo es por tres razones importantes y que afectan a esta singular zona americana, sin olvidar la importancia y la conveniencia política de fortalecer el diálogo entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de América Central. 
Estas tres razones son las siguientes: primero, porque abunda en el proceso de consolidación de la democracia y en la profundización de la exigencia del respeto de los derechos humanos, particularmente en relación con las poblaciones indígenas. 
En segundo lugar, porque coincide con la celebración de la décima cumbre iberoamericana, que se va a celebrar próximamente en Panamá, donde se tratarán los compromisos con la niñez y los jóvenes, basados en la justicia y en la equidad en el nuevo milenio. 
Tercero, porque también coincide con la filosofía actual de la Comisión Europea de un relanzamiento de las acciones exteriores de la Unión hacia los países de América Latina con los impactos que ello pudiera suponer. 
En este sentido, esperamos y confiamos en que se asignen las cantidades requeridas para dinamizar el proceso de integración regional en Centroamérica, donde el diálogo se hace necesario e imprescindible como ejercicio político permanente. 
Por ello, nos congratulamos por esta declaración política de nuestro Parlamento en relación con el PARLACEN, porque le reconoce el papel que desempeña en el proceso de integración de los países de esta zona, situada entre el norte y el sur de América. 
Señor Presidente, quiero recordar que desde hace ocho años estoy en la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México, primero con la presidencia del Sr. Salafranca y ahora con la presidencia del Sr. Seguro. 
Recuerdo muy bien que en todos estos años esa delegación ha mantenido una extraordinaria relación con el PARLACEN y con los otros Parlamentos latinoamericanos. 
Con el PARLACEN, quizá, porque hay una similitud en cuanto a la representatividad. 
Lo mismo en el PARLACEN que en el Parlamento Europeo, somos directamente elegidos. 
Recuerdo muy bien que el Sr. Salafranca firmó con el Presidente del PARLACEN un documento de diálogo político entre el Parlamento Europeo y el PARLACEN. 
En aquel momento creo que nuestra voluntad era propiciar que el PARLACEN tuviera cada vez más competencias y más recursos económicos y pudiera hacer un buen papel en la integración de la zona que representa. 
Creo que hace cuatro años- el Sr. Salafranca quizá lo recuerde mejor -, convocados por el IRELA, nos reunimos en Antigua, una preciosísima ciudad de Guatemala, y allí debatimos con nuestros compañeros del PARLACEN lo que debiera ser el futuro, no solo del PARLACEN sino también del Parlamento Europeo. 
Vimos que atravesaba los mismos avatares por los que pasó este Parlamento en sus inicios, pues tuvo que batallar y sigue batallando por tener más competencias, más recursos, más presencia y por hacer valer su representatividad. 
Creo que en cada una de las conferencias interparlamentarias ése es uno de los temas centrales de los debates, además de las dificultades económicas y sociales por las que pasan algunos de los países de Centroamérica y de Sudamérica. 
Son dos objetivos fundamentales procurar que las diferencias sociales no se ahonden con las políticas económicas que prevalecen hoy en aquella zona y procurar que los parlamentos ayuden a la integración de la zona, lo que será beneficioso para todos. 
Esta resolución tiene ese sentido. 
Creemos que, no sólo ahora sino desde que nació el PARLACEN, hay quien pretende que tenga menos competencias, que tenga menos presencia, porque un parlamento siempre es incómodo, pero creo que la vocación del PARLACEN, como la de éste y otros, es ser beneficiosos para las poblaciones que representan, aunque resulten incómodos para los poderes establecidos. 
Por eso espero, señor Presidente, que esta resolución sea aprobada por una gran mayoría. 
Señor Presidente, en este debate queremos expresar, como muy bien lo han dicho los otros colegas que me han precedido en el uso de la palabra, la solidaridad y el apoyo de nuestra institución al Parlamento Centroamericano en un momento en el que estamos luchando por que se mantenga la prioridad en el ámbito de las relaciones exteriores de la Unión Europea con los países de Iberoamérica. 
En ese sentido se orienta el informe que desde la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, un informe de propia iniciativa, vamos a realizar en colaboración con las delegaciones competentes. 
La labor de los parlamentos, señor Presidente, y usted lo sabe muy bien, lo sabemos todos en el Parlamento, tiene, hoy más que nunca, entre otras, la difícil misión de ejercer un liderazgo en la evolución de nuestras sociedades, de encabezar la búsqueda de soluciones a los muchos problemas pendientes profundizando en los valores de la democracia y la justicia social que defendemos. 
En el caso del Parlamento Centroamericano esta labor es, si cabe, todavía más importante teniendo en cuenta el enorme desafío que supone la integración y la vertebración de estas sociedades sobre la base de la paz, del diálogo y de la reconciliación. 
Creo que, tomando como base la declaración de 1997, a la que se refería la Sra. González Álvarez, hemos logrado el objetivo de mantener una cooperación útil y realista que debemos proseguir, a mi juicio, yo diría no con modestia, como ha dicho el Presidente Seguro, sino de forma brillante, como él acostumbra a conducir los trabajos en los que se involucra. 
Y creo que el Parlamento Europeo es capaz de demostrar con hechos que valora muy positivamente el trabajo realizado por el PARLACEN ofreciéndole su experiencia y su apoyo. 
En el marco de nuestros respectivos procesos de integración, es evidente que tanto el Parlamento Europeo como el Parlamento Centroamericano están llamados a desempeñar un papel cada vez más importante. 
No estamos aquí, y creo que no nos corresponde como diputados al Parlamento Europeo, para dar consejos a los miembros del Parlamento Centroamericano. 
El Parlamento Centroamericano seguirá sus propios derroteros y hará camino político en una Centroamérica que, en mi opinión, quiere y debe volver a tomar posesión de sí misma en su unidad llena de diversidades. 
Sobre la base de sus raíces comunes, tiene que descubrir el amplio abanico de sus trayectorias posibles y las múltiples posibilidades que su proyecto comporta, afirmándose desde la paz, la libertad, la solidaridad, y respondiendo también a la vieja exigencia del conocimiento de sí mismo. 
Por eso, en mi opinión, hay que rechazar de plano las críticas interesadas de los que tildan la actividad del Parlamento Centroamericano de sistema artificial o de parlamentarismo de cartón piedra vacío, hueco y sin contenido. 
El Parlamento Centroamericano, al igual que el Parlamento Europeo, debe ir ganando en prestigio, en credibilidad y en legitimidad, basándose en la actividad de sus grupos políticos, porque la vida de los partidos es, o debería ser por lo menos, fiel reflejo de las sociedades que representan. 
El objetivo sería conformar parlamentos fuertes que participan, que actúan, que interpelan, que debaten y que rebaten, que ratifican o que rectifican, que defienden con convicción los valores de la libertad, que son el motor del desarrollo político de la región, y que difunden también sus avances. 
Por eso, señor Presidente, con esta resolución queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad al Parlamento Centroamericano y pedirle a la Comisión que apoye decididamente, también, el programa plurianual que ha presentado a los servicios de la Comisión el PARLACEN como institución, en nuestra opinión, legitimadora del proceso de integración en América Central y como símbolo de una nueva era de diálogo y de paz. 
Señor Presidente, señor Comisario, espero que las relaciones de nuestro Parlamento Europeo con las del Parlamento Centroamericano funcionen, en cualquier caso, mucho mejor que los micrófonos de esta sala. 
Ésta es una de estas cuestiones en las que obviamente se concita prácticamente la unanimidad de sentimientos, no solamente de esta Asamblea sino de muchos diputados que por nuestra propia procedencia miramos con enorme simpatía los procesos de colaboración y de consolidación de instituciones de países que consideramos como los nuestros propios. 
Hago mías las palabras del compañero de Coalición Canaria en el sentido de que manifestamos nuestro apoyo al PARLACEN por lo que significa de consolidación de las estructuras democráticas y, por lo tanto, tenemos que estar, como Parlamento Europeo, unidos a una institución como la que aquél representa. 
No tengo las reservas que ha podido expresar nuestro compañero y estimado amigo, el presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México, Sr. Seguro, en cuanto a la cuestión de los derechos humanos. 
Cámbiese el verbo si se quiere pero no la intención. 
Creo que en estas cosas tenemos que seguir predicando en casa lo mismo que queremos que suceda en todo el mundo, sin mirar hacia otro lugar cuando los derechos humanos se conculcan en otras partes del mundo. 
Respecto a la última parte de la intervención del Sr. Salafranca, también expreso mis deseos de que las asignaciones presupuestarias sean al menos las suficientes para que los trabajos- importantes a nuestro juicio- que deben realizarse en colaboración con el PARLACEN se puedan llevar a término. 
Y en todo caso, expreso mi convicción de que nos tenemos que dejar de palabras y debemos pasar a los hechos. 
Los hechos, en materia de colaboración con América Latina, ofrecen un balance ubérrimo a nuestro juicio, desde el Estado español. 
. Señor Presidente, la Comisión toma nota de las resoluciones propuestas por sus Señorías sobre el respeto de los derechos humanos en América Central, el proceso de democratización y la integración regional, así como sobre la importancia especial que dan ustedes al papel del Parlamento Centroamericano. 
La Comisión sigue con especial interés la situación de la región y nuestros objetivos prioritarios en las relaciones con la zona están centrados en los tres puntos que ustedes han destacado: el respeto de los derechos humanos, la consolidación del proceso democrático y el refuerzo de la integración regional. 
En este contexto, la Comisión está actuando y en los tres niveles tenemos distintos proyectos. 
En cuanto a los derechos humanos, hemos venido apoyando desde 1990 los programas de cooperación en favor del respeto de los derechos humanos mediante la formación y sensibilización en esta materia. 
Ustedes saben bien que entre 1990 y 2000 se han destinado 65 millones de euros a esta actividad, que seguimos apoyando también de cara al futuro. 
Para el próximo programa plurianual, que va a comenzar pronto, estamos considerando una atribución adicional superior a 10 millones de euros para seguir con esta actividad. 
En cuanto al PARLACEN, debo señalar que ha sido desde su creación un interlocutor privilegiado para la Comisión para los programas de refuerzo del proceso de democratización e integración regional. 
En nuestro marco de cooperación con la zona hemos prestado especial atención a todas aquellas instituciones que pueden apoyar la integración regional, la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericano, el Tribunal de Justicia y muy especialmente el PARLACEN, que constituye uno de nuestros objetivos prioritarios. 
Precisamente la Comisión está estudiando en estos momentos el marco de esa nueva estrategia a la que ha hecho referencia el Sr. Salafranca; esperemos poder llegar pronto a una conclusión que nos permita liberar fondos para apoyar al Parlamento Centroamericano. 
Por último, en el diálogo con las autoridades centroamericanas, la Comisión también está reiterando la importancia que debe darse al proceso de integración regional como instrumento para consolidar la democratización y el desarrollo en la zona. 
También en este tema estamos trabajando en la definición de un nuevo programa de cooperación que debería permitir que nos centráramos en tres ejes fundamentales: la integración económica- la aplicación de políticas comunes -, el refuerzo de las instituciones y el refuerzo de la sociedad civil. 
Estos puntos nos parecen esenciales y deben ser los ejes de nuestro programa plurianual entre los años 2000 y 2006. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Costa de Marfil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0847/2000) de la Sra. Carlotti y la Sra. Junker, en nombre del Grupo del PSE; 
(B5-0849/2000) del Sr. Rod y la Sra. Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
(B5-0855/2000) del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR; 
(B5-0860/2000) del Sr. Sylla, el Sr. Cossutta y el Sr. Sjöstedt, en nombre del GrupoGUE/NGL; 
(B5-0863/2000) del Sr. Van Hecke, en nombre del Grupo del PPE-DE 
sobre la situación en Costa de Marfil. 
Señor Presidente, Costa de Marfil ha sido durante mucho tiempo un pilar de estabilidad y prosperidad relativa en una África del oeste con un destino atormentado. 
Por ello, nuestra inquietud y nuestra tristeza han sido grandes cuando hemos asistido al lento naufragio político, económico y humano de este país, orquestado por la Junta militar del general Gueï. 
Para aferrarse al poder, el general Gueï ha adaptado en su propio beneficio la constitución aprobada por el pueblo de Costa de Marfil y la ha utilizado como instrumento de exclusión de sus adversarios políticos. 
Para aferrarse al poder no ha dudado en apoderarse del obsesivo debate sobre la "marfilidad", provocando una oleada de xenofobia: odio al otro, al extranjero, al originario de Burkina o al maliense y, sin embargo, son muchos los que trabajan y viven en el territorio de Costa de Marfil desde hace largos años. 
Así, este general ha arrastrado a Costa de Marfil al borde de la guerra civil y étnica. 
Pero el pueblo no ha dejado a la Junta llegar hasta el final de su juego de masacre: ha obligado al tirano a huir y, eligiendo a un opositor de larga trayectoria- Laurent Gbabo- a la cabeza del país, ha resituado a Costa de Marfil en la vía del proceso democrático. 
Ahora, este proceso debe confirmarse rápidamente mediante la organización de elecciones legislativas libres, transparentes, pluralistas y en las cuáles todas las fuerzas políticas puedan participar. 
Eso es lo que demandan hoy en todo caso tanto los responsables políticos como la población. 
En este momento, las fuerzas políticas de Costa de Marfil han dado prueba de responsabilidad jugando desde hace semanas la carta del apaciguamiento, de la legalidad constitucional y de la reconciliación nacional. 
Hemos de tomar nota del reinicio de un proceso democrático no concluido, sin duda, pero que hemos de continuar apoyando. 
Creo que es también en interés de la estabilidad de toda la región, ya que África occidental atraviesa un período particularmente vulnerable desde este punto de vista. 
Así pues, la Unión Europea ha de acompañar a Costa de Marfil en la vía que ella misma ha elegido: la del retorno a la legalidad constitucional, la de la paz civil, la del progreso económico y social, apoyando material y financieramente la organización de las elecciones legislativas previstas para el 10 de diciembre próximo y velando, por supuesto, por su carácter equitativo y pluralista, para después seguir con la cooperación, con el fin de ayudar al país a encontrar soluciones más adaptadas a la crisis social en el medio urbano y a las tensiones en el medio rural. 
Ése es todo el sentido de nuestra resolución. 
La extrema confusión que ha caracterizado el contexto electoral en estas últimas semanas en Costa de Marfil, hasta ahora sin embargo modelo económico, es sintomática de un país en crisis, en crisis económica, desesperanza social y por tanto caos político. 
Los desafíos reales y debates nacionales fueron ocultados por el falaz pero polémico debate sobre la "marfilidad". 
Costa de Marfil, atenazada por sus compromisos financieros para dar credibilidad a sus perspectivas económicas y las crueles y ciegas recaídas de las negociaciones comerciales internacionales ha sido empujada de esa forma a este desastre generalizado. 
Éste es el antimodelo de un verdadero desarrollo duradero, esa política de futuro que nosotros, los Verdes, preconizamos. 
En el fracaso actual del modelo de Costa de Marfil, la responsabilidad de los occidentales es patente y aplastante. 
Así, al introducir materias grasas diferentes de la mantequilla de cacao en la definición del chocolate, el Parlamento Europeo ha hecho caer a este primer productor mundial de cacao en la angustia del hundimiento de toda su industria nacional, algo que hizo bascular toda su situación social y política, hasta las matanzas de civiles, víctimas últimas pero directas de esta cadena de decisiones y de consecuencias que partió de Bruselas para llegar a Ypougon. 
Los Verdes condenan firmemente todos los actos de violencia continuados en el periodo electoral y lamentan las víctimas. 
La instauración de una verdadera democracia en Costa de Marfil no podrá hacerse sin la creación de una comisión de investigación independiente de los crímenes cometidos y sin el compromiso oficial de hacer que se respeten los derechos humanos y la paz civil. 
Igualmente, la credibilidad de este proceso democrático pasa por la institución de un comité de reconciliación nacional y de una comisión nacional electoral para preparar y asegurar los escrutinios electorales venideros, principalmente el del próximo 10 de diciembre. 
La presencia de observadores extranjeros en estos escrutinios es indispensable para su legitimación. 
Señor Presidente, ¿ha vuelto realmente la tranquilidad a Costa de Marfil o solamente lo parece? 
Gbagbo ha sido elegido Presidente de forma provisional conforme a unas elecciones de las que su máximo oponente estaba excluido. 
Si las elecciones parlamentarias de diciembre no se desarrollan de forma transparente, los desórdenes volverán sin duda alguna. 
La violencia del periodo anterior ha dejado, después de todo, profundas huellas en la población. 
La rabia del pueblo aumentará de nuevo ante el menor fallo político. 
De ahí que resulte absolutamente esencial que las elecciones parlamentarias de diciembre se desarrollen de forma transparente, y la exclusión por motivos étnicos es, claro está, inadmisible. 
Costa de Marfil sólo puede volver a la estabilidad si los nuevos dirigentes están dispuestos a compartir el poder. 
Así mismo, resulta impensable lograr una paz duradera para el país si no existe tolerancia religiosa y étnica. 
Los dirigentes políticos, militares y religiosos deben hacer todo lo posible por lograr una reconciliación nacional. 
Debe aprobarse una constitución que garantice los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos y condene el abuso de poder. 
Además, resulta extremadamente importante que se restablezcan las relaciones con los países vecinos, especialmente con Burkina Faso. 
Nosotros, en tanto Unión Europea, debemos estar dispuestos a reanudar la prestación de ayuda, pero esto sólo puede hacerse si el país es gobernado de forma adecuada y la democratización realmente toma forma. 
Los dirigentes tienen ahora una nueva oportunidad y ojalá la aprovechen. 
Costa de Marfil puede convertirse en un ejemplo y desempeñar un papel pionero en la región. 
No obstante, eso sólo puede tener lugar si cada uno asume su responsabilidad y la tranquilidad se restablece definitivamente. 
Señor Presidente, señorías, creo que en Costa de Marfil la primera cuestión que se plantea es la de la democracia. 
Algunos creen que la importancia de la democracia es relativa cuando se trata de África, que son procedimientos complejos, que es preciso dar tiempo al tiempo. 
Ahora bien, creo que no hay compromiso posible con la democracia y la cuestión que se plantea hoy para Costa de Marfil es la misma que la que se plantea por ejemplo para Guinea, cuando se sabe actualmente que hay personas en prisión y que no hay un sistema democrático. 
Hace cerca de un año que estamos unos pocos aquí, principalmente la mayoría de mis colegas, alertados sobre la situación en Costa de Marfil y creo realmente que éste es el ejemplo de lo que no ha de hacerse. 
En primer lugar, se ha permitido que se instaure un poder por la fuerza, por las armas. 
Se han silenciado las persecuciones de los opositores y de los periodistas, así como la instauración de una Constitución racista y etnicista. 
Todo el mundo deja hacer, como si no se hubiera extraído ninguna lección de Rwanda o de la ex Yugoslavia. 
Y ahora nos sorprendemos de que el general Gueï termine amañando las elecciones. 
En primer lugar, la Unión Europea debe felicitarse, creo, por el hecho de que el nuevo presidente, Laurent Gbagbo, instaure un comité de reconciliación nacional. 
Debemos felicitarnos también por la celebración de elecciones legislativas, el próximo mes. 
Pero hemos de exigir que esas elecciones sean transparentes y que no excluyan a ninguna fuerza política ni a ningún candidato. 
La igualdad entre las fuerzas políticas ha de quedar garantizada. 
Por ello, además, el presidente Gbagbo no debe alejar la posibilidad de la celebración de elecciones presidenciales, que son las consecuencias directas de estas elecciones legislativas. 
Pero sobre todo hemos de ser mucho más firmes a mi juicio, señor Presidente, ante el hecho de que es preciso exigir que esta Constitución racista sea anulada. 
Es preciso que a través del debate sobre la "marfilidad", ese debate confuso que no es otro que la puesta en práctica de la preferencia nacional que nosotros estamos combatiendo en nuestros propios países, cuya consecuencia lógica y última es la aplicación de la limpieza étnica, sea totalmente combatida y suprimida cualquier referencia o connotación sobre la "marfilidad" en la Constitución de Costa de Marfil. 
No comparto todas las ideas- basta con ver dónde estoy sentado en este hemiciclo- principalmente sobre el plan liberal y económico del Sr. Ouattara, pero creo que no es admisible en un país, cualquiera que sea, y principalmente en Costa de Marfil, que se separe al Sr. Ouattara únicamente porque no tuviera un padre y una madre originarios de Costa de Marfil. 
Creo que, de la misma manera, los catorce partidos que han sido excluidos han de ser reintegrados y participar plenamente en estas elecciones. 
De otro modo, ello querría decir, cuando se excluye a una persona como Ouattara, que se instauran de hecho ciudadanos de segunda categoría, que hay dos tipos de ciudadanos y que la discriminación termina por erigirse en forma de estado. 
La Unión Europea debe velar igualmente para que ninguno de sus miembros base, con sus antiguas colonias- e insisto en ello- unas relaciones fundamentadas únicamente en intereses económicos o en emplazamientos geoestratégicos. 
Fue en función de estas consideraciones como el jefe de la diplomacia francesa, Hubert Védrine, no dudó en llegar incluso a explicar que desde un punto de vista estas elecciones eran legales porque tomaban en consideración una constitución. 
En ese caso, y a ese precio, hubiéramos debido aceptar de hecho que el "apartheid" era totalmente constitucional, y aún voy más lejos, perdónenme, deberíamos haber mantenido las mejores relaciones con Milosevic en la ex Yugoslavia. 
Terminaré con la cuestión siguiente: las dictaduras existen, señor Presidente, sólo porque hay pueblos que sufren de miseria, que no tienen acceso al saber, que no tienen acceso al conocimiento. 
Por tanto, me parece indispensable desde este punto de vista que la ayuda que nosotros concedemos a esos países, con el fin de que caminen hacia un sistema democrático, vaya urgentemente a la lucha contra el analfabetismo, contra la pobreza, contra la miseria. 
Será a ese precio y ayudando estos pueblos como terminaremos por ayudarles a poner en práctica un sistema democrático. 
Señor Presidente, resulta tentador presentar los recientes acontecimientos de Costa de Marfil como un triunfo de la democracia frente a la dictadura, como una repetición del modelo de Belgrado, pero esta vez en el corazón de África Occidental. 
Resulta tentador, pero es falso. La realidad es mucho más compleja y la posición del nuevo Presidente mucho más controvertida. 
El hecho de que el dirigente de la junta, Gueï, no haya logrado legitimar su poder mediante unas elecciones fraudulentas constituye, sin más, algo positivo. 
La Unión Europea, y también este Parlamento, han contribuido de forma importante a ello al exigir que se celebraran elecciones democráticas y al poner en marcha el procedimiento de suspensión. 
No obstante, eso no proporciona a Laurent Gbagdo, que ha ganado las elecciones, la legitimidad suficiente. 
Al fin y al cabo, también él ha jugado la baza nacionalista. 
También él ha apoyado la suspensión de la constitución, con la intención de eliminar a su máximo oponente, Watara, basándose en que sus padres no eran ambos marfileños. 
Esa ley ha dado lugar a que la tradicional armonía étnica de Costa de Marfil se viera seriamente alterada. 
Las personas de origen extranjero, y esto tal vez afecta desde un tercio hasta a la mitad de la población, es desde entonces objeto de discriminación e incluso de ataques. 
La ley también ha dado lugar a que los partidarios de Watara, sobre todo musulmanes del norte del país, hayan boicoteado con éxito las elecciones, en las que la participación no superó el 40%, demasiado baja como para que el mandato del nuevo Presidente resulte creíble. 
Cuando los partidarios de Watara salieron a la calle para exigir la celebración de nuevas elecciones, sus protestas fueron reprimidas con violencia. 
Los barrios musulmanes de la capital fueron atacados. Hubo al menos 170 muertos y 350 heridos. 
El miedo a una guerra civil hizo que Watara aceptara el resultado. 
No sería ilógico que la Unión Europea exigiera hoy la celebración de nuevas elecciones presidenciales en las que pudieran participar, esta vez, todos los candidatos. 
No obstante, reconozco que existen algunas razones para no hacerlo. 
En primer lugar, esto menoscabaría los esfuerzos efectuados por el nuevo Presidente a fin de restablecer la unidad nacional y lograr la reconciliación. 
Para conseguirlo, ha ofrecido, además, distintos puestos ministeriales a sus opositores y ha declarado el 9 de noviembre día de duelo nacional. 
Por otra parte, todos los partidos se han declarado, entre tanto, dispuestos a colaborar en el restablecimiento del Estado de Derecho y la paz. 
Esto debe desembocar, tal como algunos colegas ya han dicho, en las elecciones parlamentarias de 10 de diciembre, en las que todos los partidos deben poder participar. 
No creo que Europa deba añadir leña al fuego y avivar más las tensiones cuando, aparentemente, los implicados están dispuestos a reconciliarse. 
No obstante, la verdadera prueba para Gbagdo tendrá lugar el 10 de diciembre. 
Tan sólo podemos velar por que éstas sean unas elecciones libres y pacíficas, y esperamos que el nuevo Gobierno de Costa de Marfil tenga una amplia base democrática, necesaria para restablecer la armonía étnica y ayudar a que el país supere las dificultades económicas. 
Señor Presidente, estimados colegas, aunque Costa de Marfil era un baluarte de estabilidad y democracia comparado con los países de África Central y Occidental, padece desde hace tiempo tensiones de carácter étnico y religioso; recientemente, se han dado abusos de poder por parte del anterior gobierno del Presidente Badié, lo que condujo a una toma violenta del poder por los militares. 
Que este poder militar haya podido ser hace poco derrocado por las urnas en circunstancias difíciles, habla a favor de la decidida inclinación democrática del pueblo de Costa de Marfil. 
Creo que ahora tenemos la oportunidad de reestablecer la democracia y el estado de derecho. 
Los disturbios que rodearon las elecciones arrojaron 200 muertos, lo que, naturalmente, supone una pesada carga para el futuro del nuevo gobierno. 
Hay que decir también que el pasado día 9 de noviembre, el Día de la Reconciliación, dejará señales favorables para el establecimiento de la democracia y el estado de derecho y para que se aspire en serio a hacer efectiva la reconciliación nacional. 
La Unión Europea ha sido requerida para que contribuya, y a este requerimiento se ha declarado dispuesta, a que las elecciones de diciembre y también las elecciones locales de enero transcurran pacíficamente, con limpieza, libertad y transparencia. 
Nosotros también somos requeridos para que tengamos un ojo puesto ahí y acompañemos constructivamente ese proceso. 
Mucho dependerá del hecho de que realmente logremos asegurar lo que ahora parece que ha tomado un comienzo prudente. Para ello, de hecho, es necesario modificar la constitución de manera que el lugar de origen no puede ser ya motivo de discriminación. 
Esto se da en muchas partes de África con las más distintas mezclas religiosas y étnicas. 
Trazar aquí estas estrechas fronteras conducirá tan sólo a que se caven nuevas tumbas y se levanten obstáculos. 
Sabemos que en Costa de Marfil viven millones de personas procedentes de países vecinos. 
No quiero entrar absolutamente en temas como el trabajo infantil, pero ahí también hay problemas. 
Debe crearse un ambiente pacífico para esas gentes, que deben también asumir responsabilidades políticas en el país que les acoge, pero no deben ser excluidos. 
En este sentido, creo yo, la resolución refleja la voluntad de este Parlamento de colaborar en ello, espero que con éxito. 
Señor Presidente, es mejor, evidentemente, que el Parlamento Europeo condene las maniobras dictatoriales de Robert Gueï, la transformación de las elecciones presidenciales en comedia irrisoria mediante la eliminación de la mayoría de los candidatos y los actos de violencia de tipo étnico que todo esto ha implicado. 
Pero, como siempre, los países europeos en general, y Francia en particular, se liberan de su propia responsabilidad de los acontecimientos. 
¿Por qué las autoridades francesas apoyaron sin fisuras a Konan Bédié durante años, después de que lanzara su campaña xenófoba contra la importante minoría originaria de Burkina que constituye un tercio de la población de Costa de Marfil? 
¿Por qué el Gobierno francés ha avalado las manipulaciones electorales de Gueï que la resolución del Parlamento Europeo se propone condenar después? 
¿Por qué el Gobierno francés, como la propia resolución, disimulan el papel del actual presidente Gbagbo en la expansión de la demagogia xenófoba? 
La voluntad de mi intervención invocada por el Gobierno francés para justificar su silencio culpable, ¿no es más que una hoja de parra para ocultar sórdidos intereses materiales? 
Para preservar los intereses enormes de los grupos capitalistas franceses que están implantados en Costa de Marfil y que dominan su economía, Francia apoyó durante décadas la dictadura de Houphouët-Boigny y su régimen de partido único. 
Por la misma razón, tolera todas las canalladas de sus protegidos a la cabeza del Estado de Costa de Marfil a poco que protejan los intereses franceses. 
Si, de Bédié a Ggagbo, pasando por Gueï o Outtara, todos ésos que en Costa de Marfil rivalizan por el poder tienen una responsabilidad en la escalada de la xenofobia y el agravamiento de los enfrentamientos étnicos en ese país, esta responsabilidad es compartida por los dirigentes del Estado francés. 
Condenamos la violencia étnica y sobre todo a los responsables políticos cuya demagogia la ha provocado. 
Denunciamos al ejército y a la policía entre los cuáles muchos soldados y policías han participado en los asesinatos. 
Nos negamos, por el contrario, a unir nuestra voz a las de representantes de los partidos políticos que han estado o están asociados a la política africana de Francia. 
Reafirmamos nuestra solidaridad con las poblaciones trabajadoras de cualquier origen de Costa de Marfil que, no solamente se mantienen en la miseria, sino que sus dirigentes intentan levantar unas contra otras. 
. Señor Presidente, a través de diversas declaraciones recientes, la Unión Europea ha denunciado los desmanes del régimen del General Gueï; también ha lamentado la exclusión directa del escrutinio del 22 de octubre de los principales candidatos de oposición, lo que ha limitado en gran medida la credibilidad de ese propio proceso electoral. 
La Unión ha condenado el intento de confiscación de los resultados electorales por el general Gueï y posteriormente la violenta represión, por parte del ejército, de las manifestaciones a favor de Laurent Gbagbo y, sobre todo, las sangrientas masacres interétnicas que han afectado a los nacionales del norte de Costa de Marfil. 
La Comisión considera que en las condiciones actuales la prioridad estriba en organizar unas elecciones legislativas, previstas para el 10 de diciembre, abiertas y transparentes. 
Me gustaría subrayar esos dos adjetivos. 
Estas elecciones deben permitir la representación a escala nacional de los partidos políticos que quedaron excluidos en la elección presidencial y compensar así, aunque sólo sea parcialmente, las imperfecciones de esta primera elección. 
Estas elecciones deberían constituir uno de los elementos principales de la reconciliación nacional que todos deseamos y propugnamos. 
La Comunidad Europea apoyará financieramente la organización de estas elecciones, y también cooperaremos aportando un centenar de observadores. 
Una vez que estas elecciones hayan tenido lugar y habida cuenta de las condiciones de su desarrollo, se podrá considerar la realización de un debate en profundidad con las nuevas autoridades de Costa de Marfil para establecer las condiciones de una reactivación de nuestra cooperación. 
Ello no excluye, evidentemente, la consideración de situaciones de emergencia, tales como prestar ayuda a los heridos y víctimas de las recientes confrontaciones interétnicas, lo que ya ha dado lugar a una asignación de 300.000 euros en concepto de ayuda de emergencia por parte de ECHO. 
Desde el punto de vista de la Comisión hay otras prioridades en cuanto a emergencias, que están muy vinculadas a temas como la sanidad o la educación, sobre todo en áreas rurales, cuestión fundamental para que este proceso se desarrolle de forma abierta y de forma democrática. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Birmania/Myanmar- (B5-0850/2000) de la Sra. McKenna y la Sra. Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
(B5-0853/2000) de la Sra. Kinnock, en nombre del Grupo PSE; 
(B5-0857/2000) del Sr. Davies y otros, en nombre del Grupo ELDR; 
(B5-0861/2000) del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
(B5-0864/2000) de la Sra. Maij-Weggen y otros, en nombre del Grupo PPE-DE; 
sobre la situación en Birmania 
Vietnam- (B5-0848/2000) del Sr. Sakellariou y el Sr. van den Berg, en nombre del Grupo PSE; 
(B5-0858/2000) del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR; 
(B5-0865/2000) del Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE; 
(B5-0868/2000) del Sr. Dupuis, en nombre del Grupo TDI; 
sobre Vietnam. 
Birmania/Myanmar: 
Señor Presidente, me complace mucho que haya habido un apoyo tan firme en la Cámara a la enérgica declaración de condena de la junta militar de Birmania que recoge esta resolución. 
Pero, a su vez, me entristece sobremanera el que sea necesaria otra resolución sobre Birmania porque la situación allí, en lugar de mejorar, está cada vez peor. 
La necesidad de esta nueva resolución surge de una serie de razones. 
Entre las más importantes está el hecho de que el SPDC haya jurado aplastar a la Liga Nacional para la Democracia antes de finales de año. 
Todo indica que van en serio. 
Su intento de desalojar a la Liga Nacional para la Democracia de su actual posición parece una campaña sistemática de conseguir ese objetivo. 
El número de prisioneros políticos, al parecer, ha pasado de 1.500 a 3.000 muy recientemente, y a muchos de ellos se les obliga a realizar trabajos forzosos y se les somete a crueles formas de tortura. 
La próxima reunión entre la ASEAN y la UE en Laos en diciembre nos ofrece una oportunidad crucial de demostrar nuestra más enérgica condena de este régimen. 
Pedimos al Consejo y a la Comisión que aplacen esa reunión, que la suspendan hasta que la junta birmana libere a todos los prisioneros políticos sin condiciones y permita la libertad de movimiento a Aung San Suu Kyi y a los miembros de su partido y hasta que la junta birmana inicie un diálogo serio con la Liga Nacional para la Democracia, ganadora de las elecciones, y con las minorías étnicas. 
La propia Aung San Suu Kyi ha declarado que la postura de relación constructiva que ha adoptado la ASEAN con Rangún no está funcionando. 
La oportunidad de suspender y aplazar esa reunión que ha de celebrarse el próximo mes en Laos es una ocasión de afirmar de la forma más enérgica y de transmitir del modo más firme que condenamos este régimen ilegal. 
Señor Presidente, en respuesta a una pregunta mía en la sesión de octubre, el Comisario Patten decía que si las cosas se deterioraban en Birmania se reconsideraría la celebración de la reunión entre la UE y la ASEAN prevista para el 11 y el 12 de diciembre. 
¿Hasta qué punto tienen que empeorar las cosas? 
Aung San Suu Kyi permanece incomunicada. 
Hay 3.000 prisioneros políticos, el 23% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 40% de los niños de Birmania están desnutridos. 
Birmania es, en la actualidad, el segundo mayor productor de heroína y opio del mundo por detrás de Afganistán. 
Están llevando a cabo una gran ofensiva contra el pueblo Shan y contra el pueblo Karen y, según ha afirmado el relator de la ONU, no existe señal alguna de diálogo entre el SPDC y la Liga Nacional para la Democracia. 
Hoy, a esta misma hora, se reúne en Ginebra la OIT y parece muy probable que vayan a apoyar la imposición de sanciones a Birmania en protesta por el uso del trabajo forzoso. 
Creo que el representante francés en Ginebra ha apoyado esa postura. 
Ahora es el momento de imponer verdaderamente condiciones estrictas para esa reunión de diciembre. 
Aung San Suu Kyi debe ser liberada y debe permitírsele viajar libremente y debe permitirse también que una troika se traslade a Birmania y pueda ir a cualquier sitio y hablar con quien quiera. 
También hoy, Tailandia, un miembro de ASEAN, ha dicho que Birmania debe permitir una presencia permanente de la OIT, que debe existir un mecanismo para controlar el trabajo forzoso y que las sanciones de la OIT a ese país también miembro de ASEAN no deberían levantarse hasta que se hayan alcanzado resultados reales. 
¿Cómo va a responder la UE a estas firmes voces procedentes de toda Europa y ahora también, por primer vez, de la región? 
Es, desde luego, insostenible que la Comisión y el Consejo continúen con la idea de celebrar esta reunión. 
Se interpretaría, sin duda, como un relajamiento de la postura europea en este momento. 
Aung San Suu Kyi ha reiterado recientemente que el enfoque de relación constructiva con Rangún no está funcionando y tanto ella como la Liga Nacional para la Democracia han pedido que se aplace la reunión. 
Si la UE sigue adelante, la junta se verá animada y alentada por la decisión de sentar a nuestros ministros de asuntos exteriores de gobiernos democráticos europeos en la misma mesa que la junta militar de Birmania. 
ASEAN seguiría pensando que no es necesario hacer nada sobre el paria que está entre ellos. 
¿Queremos ser cómplices de esto o vamos adoptar ahora la decisión de echarnos atrás? 
Al mantener nuestros propios principios y los valores que nos son tan preciados estaremos también defendiendo los valores del pueblo de Birmania que está siendo perseguido sistemáticamente por el régimen militar de su país. 
Señor Presidente, existen más motivos por los que volvemos a hablar de Birmania por segunda vez desde este verano, y ésa no fue tampoco la primera ocasión en que hablamos este año sobre ese país. 
Hay más razones para ello. 
Hace poco se volvió a denegar el permiso a Aung San Suu Kyi para abandonar Rangún y hablar con sus partidarios del NLD, el partido que ha ganado sobradamente las elecciones y que nunca ha podido detentar el poder. 
James Mawdsley, el activista del que hablamos hace dos meses, ha sido liberado durante este período. 
Pensamos que esto tal vez constituya un pequeño rayo de esperanza, pero ello no puede desviarnos de los asuntos importantes, de la idea general que tenemos de Birmania. 
Finalmente el relator en materia de derechos humanos de la ONU ha vuelto de ese país y ha presentado un informe negativo. 
El activista en derechos humanos Soe Thein ha sido tratado pésimamente. 
Existen, por tanto, motivos para volver a hablar de Birmania y, desgraciadamente, no tenemos la esperanza de que sea la última vez que lo hacemos. 
En la OIT, por supuesto, se ha discutido ampliamente sobre la esclavitud en ese país. 
Es una cuestión que aquí no ha recibido todavía tanta atención, pero naturalmente, también hay que hablar sobre ello en el contexto de la Unión Europea. 
La represión política continúa y el flujo de refugiados, especialmente hacia Tailandia, sigue, por lo demás, con incursiones militares en ese país. 
Esto resulta absolutamente inaceptable internacionalmente desde cualquier óptica desde la que podamos examinarlo. 
El Gobierno militar de Birmania pretende poder mantener el orden y la estabilidad en un país en el que las rivalidades étnicas suponen una amenaza real. 
No obstante, la represión que ejerce el régimen sólo consigue reforzar los sentimientos de rebelión que puedan existir y no conduce en ninguna caso a una solución carente de posibles conflictos étnicos. 
El problema es, por supuesto, qué debemos hacer en tanto Unión Europea. 
Decimos que debemos continuar con las sanciones. 
Creo que, en efecto, no existe otra alternativa. 
Lo lamentable es que las sanciones no hayan funcionado hasta ahora. 
No obstante, la actitud constructiva de la ASEAN tampoco ha dado resultado, y me parece que los otros países de la ASEAN, los países vecinos de Birmania, ya han comenzado a avergonzarse de la decisión de permitir el ingreso de Birmania en la ASEAN. 
Su filosofía de una actitud constructiva no ha dado sus frutos y creo que, en tanto Unión Europea, no debemos dejar de señalarlo. 
Sentarse a la mesa con Birmania, no funciona. 
Por lo demás, no tengo ninguna confianza en que nuestros propios Ministros planteen allí estas cuestiones. 
En la reunión de octubre de la ASEAN no trataron en absoluto la cuestión de los derechos humanos. 
Tampoco ahora tengo confianza. 
De ahí que todavía mantengamos en pie las sanciones. Respaldamos sinceramente las enmiendas que la Sra. Kinnock ha presentado al respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, cuando llegan los jueves y se repasa la situación de los derechos humanos en el mundo, esto se parece un poco a lo que imagino que será el Muro de las lamentaciones. 
La triste herencia que han dejado el colonialismo y el neocolonialismo obliga a la Unión Europea a una actitud firme, muy valiente y decidida, para ayudar la recuperación de la democracia en distintas partes del mundo, llámense América Latina, en este momento con el problema de Guatemala en su lucha contra la impunidad de los militares, África o, en este caso, Birmania. 
La verdad es que- como se ha dicho- la situación en Birmania está empeorando; es increíble que siga habiendo esta persecución de una líder tan importante de la democracia como Aung San Suu Kyi y que la Liga Democrática no pueda ejercer normalmente sus funciones para la recuperación de la democracia, más aún cuando sigue habiendo en este país inversiones económicas que justamente se están aprovechando de la falta de libertad, de la falta de derechos sindicales allí existentes. 
Por ello, pensamos que la Unión Europea está obligada a una fuerte acción en el marco internacional para que, tanto a través de las sanciones como a través de la imposición de una negociación con los líderes de la oposición democrática, se puedan recuperar la democracia, el normal desenvolvimiento del derecho a la libertad del pueblo de Birmania y se deje de hablar de situaciones que recuerdan con tanta tristeza hechos del pasado. 
Por ello, reafirmamos la importancia de esta resolución y el compromiso firme de la Comisión y del Consejo en esta dirección. 
Señor Presidente, en esta resolución hablo en nombre de la Sra. Maij-Weggen y quiero decir que hemos asistido esta tarde a algunas excelentes intervenciones. 
Mientras estamos aquí sentados cómodamente en nuestro ambiente climatizado, los parlamentarios de Birmania elegidos democráticamente están bajo arresto domiciliario, escondidos y bajo la más grave amenaza posible. 
Entre tanto, la junta comunista controla con mano de hierro a la población, a la prensa y a la Liga Nacional para la Democracia (LND). 
Los componentes de esa junta han alardeado de cómo van a exterminar a la LND antes de fin de año, y llevan años jactándose de lo mismo en relación con las minorías. 
En dos ocasiones desde el pasado mes de septiembre hemos aprobado resoluciones que deploraban la administración de Birmania y, a pesar de nuestras claras y sinceras posturas sobre esta cuestión, sabemos que los países de la UE van a enviar a sus ministros de asuntos exteriores a reunirse con sus homólogos de ASEAN el próximo mes en Laos. 
Debemos decir de modo claro y alto que creemos que seguir con lo previsto constituye un error absoluto. 
Nosotros, en Europa, no debemos dar legitimidad a ese régimen espurio y sobre esto hemos escuchado excelentes intervenciones de la Sra. Lucas y de la Sra. Kinnock. 
Todos conocemos la historia de Aung San Suu Kyi y debemos ser conscientes de que las relaciones constructivas entre ASEAN y Rangún no han funcionado. 
Por tanto, debemos instar a nuestros gobiernos a no hacer lo contrario de lo que ha pedido la premio Nobel y Premio Sajarov. 
Ayer, el Sr. James Mawdsley, que ha sido puesto en libertad en Birmania, me envió un mensaje que quisiera leerles a sus señorías. 
Sus palabras son mucho más elocuentes que las mías a la hora de enfrentarse a la maldad del régimen birmano. 
Dice: " la junta militar de Birmania tiene pánico a la Liga Nacional para la Democracia. 
Tienen miedo de cualquiera que se niegue a someterse a su brutalidad. 
Tienen absolutamente claro que el mundo y la LND encabezada por la Dra. Aung San Suu Kyi ya no se van a someter. 
Por eso el régimen cree que debe destruirles completamente. 
Los oficiales de la inteligencia militar me han jurado que la LND va a ser aplastada. 
Va a ser destruida. 
Lo decían riendo. 
Este comportamiento no es sano. 
Se sientan y se ríen del asesinato y de la represión de los representantes electos de Birmania. 
El régimen también se jacta de que van a matar a todos los Karen y están cometiendo genocidio entre los grupos étnicos Karen, Karenni y Shan de Birmania. 
He recorrido este territorio: desde la cima de las montañas hasta donde llega la vista, todos los pueblos han sido destruidos y las poblaciones asesinadas o desplazadas. 
He visto a las víctimas de la represión, mujeres y hombres heridos, a punto de morir, o muertos. 
El odio del régimen a los grupos étnicos y a la LND no puede controlarse mediante llamamientos a la razón o a la moralidad. 
El régimen sólo responde cuando se siente amenazado. 
Mi liberación así lo demuestra. " 
Esto demuestra que el régimen sólo hará algo cuando se sienta amenazado. 
Éstas son las palabras de James Mawdsley, no las mías. 
Ha sufrido muchísimo a manos de los birmanos y afirma que sólo cuando estén amenazados harán algo. 
Tenemos que reconocer esto en relación con la reunión con ASEAN. 
Señor Presidente, durante muchos años he tenido un cartel en la pared de mi despacho de Aung San Suu Kyi en el momento en que este Parlamento le concedió el Premio Sajarov. 
El cartel está raído, ha ido desgastándose y curvándose por los bordes. 
Lo sigo teniendo allí con la esperanza de que podré sustituirlo con un cartel más feliz y más triunfante. 
Pero, como se ha dicho en muchas de las excelentes intervenciones de esta tarde, sigue sin haber otra cosa que no sea desesperanza sobre esta mujer maravillosa, amable, encantadora e inmensamente valiente y sobre sus intentos de que la bandera de la libertad siga ondeando en su propio país. 
Su país se ha convertido en un paria internacional. 
ASEAN se ha convertido, en el pleno sentido de la palabra, en un tigre de papel por su fracaso en hacer frente a los terribles acontecimientos de Birmania. 
Y se ha producido un fracaso añadido por parte de Occidente con la salida del relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Birmania, el Sr. Rajsoomer Lallah. 
Se marchó porque, según sostenía, no estaba recibiendo prácticamente apoyo alguno de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Sé por mí misma la fuente de angustia que esto supone para la Sra. Comisaria Mary Robinson. 
El Sr. Lallah ha afirmado: " Veo muy pocos cambios. 
Un año tras otro la Asamblea General y la Comisión aprueban resoluciones. 
Me siento decepcionado. " 
Nos sentimos decepcionados. 
Creemos que no obstante las múltiples muestras de apoyo y de preocupación de este Parlamento no hemos logrado que la junta militar responda a las preocupaciones del mundo exterior. 
El Sr. Deva ha expresado la posición de mi Grupo que yo apoyo totalmente y es significativo que esta tarde no haya habido ni una sola persona de las que han intervenido que no comparta estas ideas y el apoyo general a Aung San Suu Kyi y a su partido. 
Ella ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones aquí en el Parlamento desde hace muchos años. 
Es casi increíble que a día de hoy siga siendo prisionera en su propia casa y haya sufrido tanto a lo largo de los años. 
Sé que supone un consuelo el que sigamos aporreando la puerta de este régimen malvado y perverso y espero de veras que las sugerencias que han hecho tanto el Sr. Deva como la Sra. Kinnock sean reconocidas por la Comisión y respetadas. 
A mí también me cuesta participar en este debate sobre nuestras preocupaciones acerca del deterioro de la situación de los derechos humanos en Birmania y, como muchos otros antes que yo, hubiera preferido que la situación en ese país hubiera mejorado para que no tuviéramos que volver sobre este asunto una y otra vez. 
Espero que al dar prioridad a esta cuestión como urgente, este Parlamento transmita un claro mensaje al pueblo de Birmania de que su apremiante situación no es olvidada y de que reconocemos que la situación en Birmania está empeorando en lugar de mejorar y estamos decididos a intentar hacer algo al respecto. 
Sin embargo, creo que la comunidad internacional tiene que pasar de las palabras a los hechos y, como miembro de la Delegación del Parlamento para las relaciones con los Estados Miembros de ASEAN, Sudeste Asiático y República de Corea, me siento decepcionada y preocupada, al igual que otros que han intervenido con anterioridad, por el hecho de que la UE haya decidido dialogar con ASEAN en Laos el mes próximo a nivel ministerial. 
Conozco los argumentos que los Estados miembros de ASEAN han esgrimido ante nuestra delegación sobre la inclusión de Birmania en este grupo. 
Creen que al dialogar con Birmania, de un modo u otro, pueden influir para que cambie sus prácticas opresoras porque verán las evidentes ventajas económicas y políticas de mejorar su actuación en materia de derechos humanos. 
Birmania es miembro de ASEAN desde hace años y no hay en absoluto pruebas de que hasta la fecha se haya producido mejora alguna ni se haya puesto fin a los trabajos forzosos o a las ejecuciones o a la supresión de la libertad de expresión y de la libertad de movimientos. 
La lista de violaciones de derechos humanos por parte de este régimen se hace cada año más larga. 
Relacionarse con ellos es un concepto ridículamente ingenuo en la medida en que no hay ni siquiera un atisbo de liberalización en su actitud. 
Con este diálogo lo que se consigue es legitimar al régimen de permanente brutalidad de la junta birmana. 
Como he dicho antes, lo que queremos son hechos y no palabras. 
Si de verdad nos importa mejorar las vidas del pueblo birmano y repercutir en las mismas tenemos que hacer algunas de las cosas siguientes. 
Como han dicho otros con anterioridad: deberíamos aplazar la reunión en Laos del mes próximo; y la junta birmana debería levantar todas las restricciones a los políticos democráticamente elegidos y a los líderes de la LND. 
La junta debería también iniciar un diálogo con la LND y con las nacionalidades étnicas. 
Por último, deberíamos estudiar el apoyo a las sanciones económicas de la OIT para impedir que Birmania se aproveche del comercio, de las inversiones y del turismo europeo hasta que abandone el sistema de trabajos forzosos. 
Tenemos la responsabilidad moral, en tanto que comunidad de valores, de hacer que los ciudadanos de Birmania puedan disfrutar de los mismos derechos fundamentales que disfrutan los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Birmania sigue deteriorándose bajo el nada amable control de la junta militar. 
La apremiante situación de Aung San Suu Kyi sigue empeorando. 
No se le ha permitido viajar desde que se la puso bajo arresto domiciliario el 21 de septiembre cuando intentaba viajar a Mandalay. 
Al parecer no tiene acceso al teléfono ni a las visitas. 
Existen incluso rumores de que se la ha esposado en su propia casa. 
La situación del resto de los miembros de la Liga Nacional para la Democracia apenas es mejor. 
Muchos de ellos están arrestados o están siendo acosados y ha habido intentos de cerrar sus sedes en Birmania. 
La junta ha afirmado que tiene intención de aplastar al partido en su conjunto. 
Pero no es sólo Aung San Suu Kyi, no son sólo los militares, no es sólo la LND- hay casi 3.000 prisioneros políticos sometidos a duros trabajos y a tortura. 
Hay traslados forzosos de poblaciones de minorías étnicas y hay trabajos forzosos. 
La OIT ha estado allí y ha intentado observar la situación y ver si las relaciones constructivas conducían a algún tipo de mejora. 
Como sabemos, la OIT se reúne hoy. 
Es probable que recomiende sanciones porque no se ha producido mejora alguna. 
Estoy empezando a hartarme de hacer esta intervención- ya he tenido que hacerla en tres o cuatro ocasiones al Consejo y a la Comisión- pero la situación está empeorando, así que ¿qué se va a hacer? 
Consejo y Comisión: ahora es el momento de actuar. 
Deben reconocer que no están consiguiendo avance alguno con la postura actual. 
Por favor, consideren la imposición de sanciones. 
Dejen absolutamente claro que no vamos a asistir a la reunión de Laos en presencia de la junta militar birmana porque eso sería intolerable y el mensaje sería que pueden salirse con la suya. 
Vietnam 
Señor Presidente, me satisface que por fin Vietnam figure en el orden del día. 
Ha tardado mucho en lograrse. 
Creo que sobre todo hay que valorar la perseverancia del colega Dupuis en ese punto, ya que, en caso contrario, tal vez hubiéramos tenido que esperar más todavía. 
¿Qué encontramos en Vietnam? 
Encontramos un país en el que la población se abre, mientras que en el poder hay ancianos que se aferran desesperadamente a lo que conocen. 
Resulta tan trágico porque Vietnam es un país con un gran potencial. 
Cuenta con una población dinámica, sana y erudita. Tiene riquezas naturales tales como petróleo, pescado, café, arroz y madera. 
Uno diría: ancianos, abran la puerta y el éxito afluirá. 
En lugar de eso, vemos una falta absoluta de libertad de prensa y una situación de continua represión política. 
Véase si no el trato que ha recibido un disidente como Ha Si Phu. 
Sé muy bien que el debate sobre Vietnam tiene connotaciones históricas. 
Debemos tener cuidado, al menos hasta ahora ésa ha sido la costumbre, con lo que decimos sobre ese país. 
Al fin y al cabo, Occidente ha desempeñado un determinado papel en ese país. 
Es una deuda histórica y, por supuesto, la situación es difícil. 
En materia de derechos humanos no puede decirse que el vaso está medio lleno o medio vacío. 
El vaso no está lleno en el caso de Vietnam. 
De eso se trata. Trabajamos con Vietnam. 
Es uno de nuestros socios. De ahí que no debamos seguir guardando silencio respecto de la situación. 
Señor Presidente, cabría preguntarse por qué el Parlamento Europeo se ocupa de este modo de Vietnam, pues alguien podría decir que está muy lejos de la Unión Europea, pero yo puedo asegurarle que en Alemania y en Baviera, Vietnam está muy cerca. 
Si se va de un país fronterizo como Baviera a su país vecino, la República Checa, puede uno ver muchos mercados vietnamitas, se encuentra con muchos vietnamitas especialmente activos en la zona fronteriza. 
Si va al este de la reunificada Alemania ve uno a muchos vietnamitas que en el contexto del bloque comunista hicieron allí su hogar. En el oeste también viven vietnamitas que huyeron justamente de ese comunismo y que llegaron a Alemania como refugiados políticos y solicitantes de exilio. 
Esto refleja que hace ya bastante tiempo Eurasia es ya una comunidad de destino. Ésto se ve muy claramente si se trazan paralelismos históricos entre Europa, Alemania y Vietnam. 
Alemania y Europa fueron divididas. 
Fueron reunificadas hace diez años y, ciertamente, bajo auspicio de la libertad. 
Vietnam tuvo que sufrir guerras horribles y fue desgarrado por intereses de las grandes potencias. 
Este Vietnam, un día fue reunificado, pero no de modo pacífico, sino con la fuerza de las armas, fue reunificado bajo el auspicio de un sistema comunista, de una dictadura. 
Pero ahora hay en Vietnam una situación en la que se están introduciendo sobre todo reformas económicas. 
Muchas personas eran de la opinión de que esto conduciría automáticamente a reformas políticas. 
Pero en otros estados de Asia, también en Birmania, un caso semejante sobre el que últimamente hemos debatido, puede verse claramente que las reformas económicas, el comercio y la cooperación no traen automáticamente más libertad y más estado de derecho. 
En Asia precisamente se da el peligro de que las reformas económicas y las políticas se desacoplen, de que pueda haber progreso económico y liberalización económica sin liberalización en el ámbito político y sin fortalecimiento del estado de derecho, aunque yo soy de la opinión que sin un estado de derecho que funcione, el comercio, las subvenciones y las inversiones se habrán perdido a la larga. 
Por ello la economía necesita también del estado de derecho como marco. 
Por eso es tan importante que nos pongamos claramente a favor del estado de derecho, de la disolución de la llamada fase de reeducación y, sobre todo, de la libertad religiosa. 
Este año fue expropiado en Vietnam un monasterio católico, fueron perseguidos pequeñas comunidades protestantes, fueron cerradas misiones y encerrados los misioneros, y fue también perseguida brutalmente la iglesia budista vietnamita de tanto arraigo tradicional en el país, aunque tuvo una gran importancia en el renacimiento nacional de Vietnam. 
Por eso es nuestro deber defender a estos presos políticos, y a pesar de todos los justificados intereses económicos, exigir democracia y estado de derecho inequívocamente, no cerrar un ojo ante la cuestión de los derechos humanos, sino afirmar que como mayor potencia económica del mundo queremos cooperar y cooperaremos con Vietnam, pero sólo bajo la condición de que allí se garantice mejor la democracia y el estado de derecho, y de que, finalmente, el proceso de reformas ya atrasado sea puesto en marcha. 
La libertad de religión, de conciencia y de medios de comunicación será la piedra de toque que usaremos para hacer un juicio al respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, creo que el Sr. Maaten ha señalado un elemento importante: Vietnam tiene todos los elementos para ser rico y, sin embargo, es hoy uno de los países más pobres del planeta. 
Podría ser un dragón de Asia, como hay otros que se han descubierto en el transcurso de estos últimos años, y a pesar de todo es, como he dicho, uno de los países más pobres. 
El otro problema- el Sr. Posselt lo ha señalado mejor de lo que yo pudiera hacerlo- es que falta algo: por encima de la cuestión de los derechos humanos falta la democracia hoy en Vietnam. 
Eso es lo que impide el despegue de este país. Eso es lo que le impide luchar de forma eficaz contra la corrupción que lo gangrena. 
Es preciso por tanto que la Unión Europea comience a tener una actitud firme frente al Vietnam y plantee la cuestión del Estado de derecho y no sólo- repito- la cuestión de los derechos humanos, sobre la cual se pueden anotar algunas mejoras. 
Estas mejoras ligeras- que no se deben ciertamente al autor de las enmiendas del Grupo Socialista, Sr. Sakellariou- se han producido a lo largo de estos últimos años y han llevado a una situación que no es sin duda más trágica pero que sigue siendo desastrosa y que de cualquier forma no está a la altura de los desafíos del Vietnam de hoy. 
Por consiguiente, es preciso que la Comisión se comprometa de forma resuelta para que la cuestión de la democracia, la cuestión del Estado de derecho, se sitúe en el centro de las relaciones de la Unión Europea con Vietnam. 
Creo por tanto que esta resolución es importante. 
Hace dos años adoptamos una resolución- la última sobre Vietnam- y en ese caso también, no recuerdo- y no creo que mi colega Posselt lo recuerde- un compromiso particular del Grupo Socialista para defender esa resolución en aquel momento. 
Adoptamos aquella resolución y tuvimos ocasión de constatar que había suscitado algunas mejoras. 
Espero que tras la adopción de la presente resolución- sin las enmiendas del Sr. Sakellariou- tengamos por parte de la Comisión un compromiso firme y algunas respuestas concretas de las autoridades vietnamitas. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con mis antecesores en el turno de palabra con muchos puntos esenciales de lo que han dicho, pues mucho de lo que hoy está pasando en Viet Nam no es aceptable. 
Yo mismo he visitado ese país y he conocido la vitalidad, la belleza y la diversidad de recursos de ese país. 
Por eso lamento más aún que no se encuentra el coraje para una mayor libertad e iniciativa, que el gobierno o los responsables políticos lo impidan. 
Sin embargo, para responder al Sr. Dupuis, lo lamento en la medida que no nos hemos podido poder de acuerdo en una resolución común que incluyese las indicaciones, correctas e importantes y procedentes además de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, una organización no precisamente muy tolerante por lo que respecta al atropello de los derechos humanos. 
Si ustedes anuncian prácticamente que votarán contra esas enmiendas, tengo que anunciar, lamentablemente, que nosotros nos abstendremos, previsiblemente, de votar esta resolución. 
No porque estemos en contra de la cuestión esencial, sino porque creo que aquí habríamos debido encontrar una base común. 
Señor Presidente, con su permiso utilizaré un poco del tiempo que me corresponde para llamar la atención sobre un caso que no pudo entrar en la lista de urgencias porque fue conocido hace poco. 
En Irán, en relación con un proceso relativo a un acto de la Institución Heinrich Böll celebrado en Berlín después de las elecciones, dos personas fueron amenazadas con penas de muerte, al menos según la petición de la Fiscalía. 
Le pediría a usted, señor presidente, llamar la atención a la Presidenta de esta Asamblea sobre el hecho de que se trata de una situación muy precaria. 
No estoy clamando necesariamente a favor de una intervención, pero debería seguirse este proceso con gran atención y, si es necesario, hacer saber que estamos contra la pena de muerte en cualquier caso, pero especialmente en aquellos casos en que se trata de un delito "ideológico." 
Quisiera pedir tan sólo que nos acerquemos a este tema con sensibilidad suficiente, y espero que usted me disculpe que haya usado parte de mi tiempo de intervención sobre el tema de Viet Nam para referirme a este hecho. 
Señor Swoboda, el Parlamento Europeo es flexible, eficiente. 
Si se trata de salvar seres humanos, no hay obstáculos burocráticos. 
Le pediríamos que nos diese los datos necesarios y, naturalmente, actuaremos al respecto. 
Señor Presidente, cuando hace 25, 30 ó 35 años los jóvenes de mi generación salíamos a las calles de mi ciudad y gritábamos "¡ USA fuera de Vietnam !" no me imaginaba que un cuarto de siglo más tarde iba a estar obligado a intervenir en esta Asamblea para criticar a Vietnam libre, por la misma clase de atentados contra los derechos humanos por los que criticábamos a EE.UU. Desgraciadamente, los países que han sufrido la violencia, la opresión, la tortura, las mutilaciones y las matanzas no se transforman automáticamente en ángeles, incapaces de cometer este mismo tipo de actos. 
Israel es uno de los ejemplos más claros en la historia de que esto no es tan fácil. 
Todos los países tienen que aprender una y otra vez lo que son la democracia y los derechos humanos. 
Con todo, ahora dice Human Rights Watch, a que hizo referencia el Sr. Swoboda, que Vietnam ha dado en el último tiempo algunos pasos para mejorar la situación en relación con los derechos humanos. 
Decenas de miles de presos políticos han sido liberados. 
Creo que es razonable que se digan estas cosas en una resolución. 
Hay que criticar duramente, pero no se debe que ignorar lo que se hace. 
Esto sólo debilitaría la crítica. 
Los que son objetos de crítica pensarían que no tiene importancia lo que hagan o si lo hacen todo de una vez, cosa que no pueden ni quieren. 
La crítica puede ser contraproducente si no se señala lo que realmente se ha hecho. 
Vietnam merece duras críticas, como las de la propuesta de resolución, sobre esto no cabe duda, pero creo que es razonable que escribamos algunas frases que demuestren que sabemos que están haciendo avances. 
Señor Presidente, es regocijante que con la visita de estado que el Presidente Clinton de los Estados Unidos inicia hoy a Vietnam, se dé un nuevo paso importante de cara a la reconciliación con el pasado. 
La guerra entre estos dos países no ha dado lugar a un resentimiento duradero. 
Sin embargo, sería bueno que, en Hanoi, el Presidente americano no se concentre solamente en el refuerzo de la colaboración mutua, sino que la haga depender precisamente de firmes promesas por parte de Vietnam en cuanto a proceder a una mejora drástica de la miserable situación reinante en el país en materia de derechos humanos. 
En efecto, hay muchos errores en el Vietnam comunista. 
En contraste con la sugestiva enmienda 1 del Grupo PSE, señalo que Human Rights Watch considera grave en muchos aspectos la situación de los derechos humanos en Vietnam en un documento publicado el 10 de noviembre. 
Véanse los prisioneros políticos y religiosos que, en parte, permanecen en campamentos de reeducación. 
Véase, igualmente, el rechazo de las recomendaciones en materia de intolerancia religiosa efectuadas por el relator especial de la ONU. 
Véase la falta de libertad de opinión y la censura existente de cara a los medios de comunicación. 
En particular, quiero detenerme ahora brevemente en las graves persecuciones a las que se ven sometidos en este momento los cristianos. Se recogen en el considerando E y en el párrafo 5 de la resolución común, y con razón. 
La edición más reciente del semanario asiático Far East and Economic Review publica hoy la existencia de documentos altamente secretos procedentes de Vietnam. 
Estos documentos sumamente secretos nos proporcionan una extraña mirada entre bastidores de la política de la Administración vietnamita. 
Un estudio más detallado de estos papeles oficiales, yo mismo los he leído, muestra que los protestantes son sobre todo el blanco de las persecuciones. 
El inesperado crecimiento del cristianismo protestante entre la minoría Hmong de las provincias montañosas del noroeste ha alarmado especialmente a Hanoi y ha impulsado a adoptar crueles medidas represivas. 
Una ilustración a este respecto es la promoción de un funcionario de distrito, su rabia ya ha hecho huir a cientos de cristianos. 
Se ha pedido desde arriba a este seguidor religioso que, tras haber limpiado todo su distrito de cristianos, limpie ahora toda la provincia. 
Los documentos salidos a la luz son no menos que un smoking gun. 
Muestran que el cierre de iglesias, las detenciones y la quema de Biblias no son hechos aislados cometidos por algunos miembros excesivamente activos de las bases del partido. No, estas fechorías responden a las directrices políticas del partido comunista vietnamita. 
Aquí se descubren las mentiras. 
La Administración vietnamita clama entre tanto que en los últimos años ha instaurado la libertad de culto. 
El Presidente Clinton haría bien en plantear esto a Hanoi durante estos días. 
Pido al Consejo y a la Comisión que protesten firmemente ante esta flagrante violación de la libertad de culto cometida por las autoridades vietnamitas. 
. Señor Presidente, voy a intentar comentar ambos temas. 
En primer lugar, en cuanto a Myanmar, ya mi colega Chris Patten ha deplorado en esta Asamblea las constantes violaciones de derechos humanos por parte del régimen militar de Birmania: ejecuciones extrajudiciales, imposición generalizada de trabajos forzados, desplazamiento obligatorio de poblaciones locales, cientos de presos políticos en las cárceles del país e impedimentos claros al libre funcionamiento de los partidos políticos. 
También ha expresado su preocupación por la detención y el acoso a que se somete a Aung San Suu Kyi y a los miembros de la Liga Nacional para la Democracia. 
En la Comisión compartimos totalmente las preocupaciones de sus Señorías por esta situación y suscribimos de forma rotunda las numerosas críticas expresadas hoy aquí sobre la manera en que el régimen militar suele hacer escarnio de todos y cada uno de los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
La resolución adoptada recientemente en las Naciones Unidas demuestra que las preocupaciones de la Unión no son las únicas. 
La Comisión sigue convencida, no obstante, de que sólo puede alcanzarse una solución duradera para la situación actual mediante un diálogo entre el régimen militar, la oposición elegida democráticamente y los representantes de las minorías étnicas. 
El Consejo de Asuntos Generales ha tratado de hacer valer este argumento de diálogo político con el régimen militar y ejercer presión para que haya cambios y lo seguirá haciendo. La Comisión respalda esta iniciativa. 
Estamos convencidos de que, a pesar de todo, no debemos permitir que la situación que impera en Myanmar mantenga secuestrado el diálogo entre la Unión Europea y ASEAN. 
Han pasado tres años desde que tuvimos una reunión ministerial con nuestros socios de ASEAN, plazo demasiado largo en la relación con una región que es importante para la Unión desde el punto de vista político y económico. Por eso creemos que no es conveniente posponer la reunión. 
Pero ello no significa que, ahora o en diciembre, nos comportemos como si la adhesión de Myanmar a la ASEAN no hubiera afectado a nuestra relación, porque sí lo ha hecho. 
Los socios de ASEAN lo saben muy bien y están preocupados por reparar este daño; por otra parte, saben que alentar a Birmania para que haga un esfuerzo genuino y solucione su desastrosa actuación en materia de los derechos humanos es la mejor manera de reavivar la relación entre la Unión y ASEAN. 
Dada la importancia que tanto ellos como nosotros concedemos a esta relación, esperamos que continúen transmitiendo nuestras preocupaciones- que, en nuestra opinión, comparten la mayoría de ellos- respecto al régimen militar. 
Creo que se debe utilizar la reunión ministerial Unión Europea-ASEAN como otra nueva oportunidad para expresar firme y claramente nuestras opiniones sobre la situación que impera en Birmania, tanto al propio régimen como a los miembros de la ASEAN. 
Por ello, presionaremos al régimen militar para que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos y emprenda un diálogo con la oposición democráticamente elegida y con los representantes de las minorías étnicas. 
En cuanto al tema de Viet Nam y la situación de los derechos humanos, me gustaría señalar lo siguiente: hay que recordar que Viet Nam es un país en transición, que su Gobierno puso en marcha un proceso que llevó a la adopción en 1986 de un programa de reforma que abarcaba las relaciones exteriores y cambios en materia económica y política. 
Viet Nam, desde entonces, ha aplicado una política exterior de puertas abiertas, gracias a la cual el país ocupa el lugar que le corresponde en el ámbito de nuestras relaciones internacionales. 
El proceso ha conducido, asimismo, a la firma del acuerdo de cooperación entre la Comisión y Viet Nam en 1995. 
Durante este período Viet Nam ha conseguido avances hacia la economía de mercado, lo que ha dado lugar, en especial, a la presentación de su solicitud de adhesión a la Organización Mundial de Comercio. 
Además, y me parece que convendría destacarlo hoy, en el marco de la nueva constitución aprobada en 1992, Viet Nam cuenta con un Parlamento nacional elegido, encargado de promulgar legislación y ante el que debe responder el Gobierno sobre sus políticas. 
De acuerdo con nuestra información, los parlamentarios desempeñan rigurosamente su función de examen de las propuestas legislativas y de control de las políticas e iniciativas del Gobierno. 
Creo que es importante reconocer estos avances y el contexto en que Viet Nam sigue avanzando; es obvio, por tanto, que se han hecho cosas pero también lo es, como ustedes han destacado, que quedan muchas otras cosas por hacer. 
Comparto totalmente la preocupación por los problemas planteados por algunos diputados: aunque es cierto que se han liberado ya casi 23.000 personas en virtud de amnistías generales, debemos seguir preocupados por las que continúan detenidas por sus opiniones políticas o religiosas. 
Resulta satisfactorio que no haya censura oficial en la prensa vietnamita, pero también es absolutamente evidente que existe censura ocasional en la prensa extranjera. 
Existen también presiones claras de las autoridades vietnamitas para que su propia prensa tenga un régimen de autocensura. 
Por otra parte, aunque la reciente reducción del número de delitos castigados con la pena de muerte es un hecho positivo, es evidente que, desde nuestro punto de vista, la pena de muerte debe abolirse de forma completa. 
Las circunstancias que acompañaron la ejecución, a principios de este año, de un ciudadano vietnamita canadiense respaldan, sin duda alguna, nuestras convicciones a este respecto. 
La Comisión participa, con los Estados miembros, en todas las iniciativas adoptadas por la Unión ante el Gobierno de Viet Nam en lo que respecta a derechos humanos y les puedo asegurar que, en este proceso, seguiremos planteando problemas concretos y casos específicos y fomentando la continua mejora de la situación de los derechos humanos en Viet Nam. 
Señor Presidente, quisiera aclarar brevemente un error del Sr. Swoboda. 
Sí que ha habido una negociación y sí que nos hemos puesto de acuerdo en una resolución común. 
Los tres puntos a los que usted se refirió no los presentó su grupo para el acuerdo, si no habríamos buscado una forma de darles cabida en la redacción que quizás se hubiese aprobado. 
Estábamos completamente de acuerdo sobre el texto. Usted ha presentado posteriormente las enmiendas, lo cual es legítimo, sólo que redactadas de modo que no nos parece aceptable, porque relativiza demasiado. 
Ésta es la puntualización que quería hacer sobre el procedimiento, sobre el contenido decidirá la votación. 
Señor Posselt, ésta no era una cuestión de orden, sino de contenido. 
Ahora ha sido aludido el Sr. Swoboda, señor Dupuis, quizás usted renuncie a su turno, pero, por favor, sea muy breve. 
Ya sabemos de qué se trata. 
Naturalmente son partes que estaban contenidas en aquella propuesta de resolución que nosotros presentamos. 
Por tanto se basan ya en negociaciones, pero la votación dirá a dónde nos lleva todo esto. 
Señor Presidente, es solamente para preguntar al Comisario Solbes si puede informarnos de forma detallada sobre este acontecimiento revolucionario que es la elección de un parlamento democrático en Vietnam, como ha dicho en su intervención, porque esto no lo veo con claridad y sus señorías tampoco, creo yo. 
Señor Comisario, tome usted esto y sea tan amable de responder al Sr. Dupuis de forma adecuada, sea por escrito u oralmente. 
Se levanta la sesión. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Inundaciones en Europa 
De conformidad con el orden del día, procede ahora el debate sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0851/2000 de los diputados Lambert y otros en nombre del Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea; 
B5-0852/2000 de los diputados Ford y otros en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo; 
B5-0866/2000 de los diputados Deva y otros en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Democracia Cristiana) y de los Demócratas Europeos; 
B5-0867/2000 de los diputados Ainardi y otros en nombre del Grupo Confederal de la Unión de la Izquierda Europea / Izquierda Verde Nórdica 
sobre las inundaciones en Europa. 
Señor Presidente, a diferencia de muchos otros que van a intervenir esta tarde, no hay muchas personas de mi circunscripción que hayan sufrido horriblemente por las inundaciones en el Reino Unido. 
Por suerte, Londres tan sólo experimentó pequeñas inundaciones en parte de ríos que habíamos olvidado que seguían existiendo porque se canalizaban por alcantarillas. 
Sin embargo, hemos contribuido a las causas de estas inundaciones de las que las del oeste de Europa no son más que la última consecuencia de una serie de condiciones climatológicas extremas y cambiantes. 
Esto, por supuesto, no servirá de mucho consuelo para quienes tienen que vivir con aguas inmundas que recorren sus casas y podrían enfrentarse a enormes pérdidas económicas. 
Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudarles, pero ayudaríamos más cambiando la situación que ha causado su desgracia y la de innumerables personas en todo el mundo. 
A escala local, podemos dejar de cubrir con cemento las llanuras sujetas a inundaciones durante las crecidas de los ríos y las vegas. 
Podemos modificar nuestro modelo de producción agrícola y podemos utilizar una evaluación estratégica del impacto medioambiental que nos permita trabajar con la naturaleza en lugar de asumir que podemos conquistarla. 
A escala global, sabemos que nuestra utilización de los combustibles fósiles es un despilfarro y no hemos adoptado medidas suficientes para reducir los gases que producimos y que dan lugar al cambio climático. 
Las conversaciones de esta semana y de la próxima en La Haya proporcionan una oportunidad de avanzar. 
Tenemos que aplicar los acuerdos que ya hemos alcanzado pero también tenemos que hacer lo que establece el tratado e integrar la perspectiva medioambiental en todas las áreas de la política y la práctica de la Unión, y los Estados miembros también deben estar preparados para hacerlo. 
Tenemos que dejar de dirigir nuestra economía como si un combustible fósil barato fuera algo bueno. 
Tenemos que pagar todo el precio por estos combustibles y tenemos que pasar a una economía baja en carbono. 
Por una vez, puedo estar de acuerdo con las palabras del Primer Ministro británico sobre esta cuestión y espero con impaciencia sus medidas. 
La UE cuenta con una maravillosa oportunidad de ponerse verdaderamente a la cabeza de este cambio hacia una sociedad ecológicamente sostenible en la que no tengamos que enfrentarnos a inundaciones causadas en parte por nuestra propia incapacidad de hacer frente a las consecuencias de nuestras propias acciones. 
Señor Presidente, todo el continente europeo ha sufrido la reciente serie de inundaciones, en Reino Unido, Irlanda, Italia, España y Francia, que ha golpeado, entre otras regiones en el Reino Unido, a Gales y Yorkshire, en Irlanda a Leinster y a Munster y en Italia a Liguria y Lombardía. 
Se ha producido la destrucción de hogares y de redes de energía, comunicación y transportes. 
En mi propia región, el sudoeste de Inglaterra, hemos sufrido todas estas consecuencias. 
La principal línea de ferrocarril entre Cheltenham y Swidon sigue cerrada. 
Estará cerrada durante un mes debido a los daños causados por las inundaciones. 
El pueblo de Tewkesbury estuvo a punto de quedar aislado. 
Dos importantes carreteras estuvieron cortadas durante varios días: la A38 norte de Gloucester y la A417 oeste de Gloucester. 
Ha sido la peor inundación en el Reino Unido desde 1947. 
En Devon, el Río Taw ha alcanzado su nivel más alto desde que se dispone de registros. 
En Somerset, ha habido inundaciones por mareas en toda la línea costera. 
En Dorchester, el Río Frome alcanzó tal altura que se recurrió a un plan contra incidentes graves para hacer frente a las posibles consecuencias. 
Todavía en este momento seguimos en alerta. 
Se han producido daños por valor de decenas de millones de libras y estoy de acuerdo con la Sra. Lambert en que debemos adoptar medidas para hacer frente a nuestra contribución a las causas de las inundaciones en cuanto a planificación de normas, en cuanto a reforestación, en cuanto a todas las acciones que hemos realizado y que han hecho que las inundaciones sean mucho más peligrosas que en el pasado. 
También requerimos que la UE preste ayuda y asistencia, no sólo en el sudoeste sino en todas las zonas que se han visto afectadas. 
La resolución pide a la Comisión y a los Estados miembros que no pierdan tiempo y que expresen su apoyo de forma práctica reuniendo trabajadores y equipos con arreglo al plan de cinco años por el que se establece un programa de acción comunitario en materia de protección civil adoptado el 9 de diciembre de 1999. 
También instamos a la Comisión a que haga uso de todas las formas de financiación existentes, FEDER y FEOGA, Sección Garantía, que ya se han asignado ante desastres de esta naturaleza para proporcionar ayuda financiera a las PYMEs, los agricultores, las familias, los ancianos y a los demás afectados, en particular a los que viven en zonas de riesgo y tienen una protección limitada, como recompensa y como ayuda para una rápida recuperación. 
Señor Presidente, vuelvo a intervenir y en esta ocasión acerca de una cuestión que preocupa mucho y tiene una gran importancia para la gente de Europa en su conjunto y que concierne también a la gente de mi propia circunscripción en el sudeste de Inglaterra y, particularmente, en Sussex, Berkshire, Kent y en la ciudad de Maidenhead. 
Me refiero a la extraordinaria serie de inundaciones en toda Europa. 
Conozco muy bien, gracias a mi trabajo en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, las recientes inundaciones en Mozambique, el subcontinente indio, Bangladesh, el Delta del Mekong, etc. 
Si se observa la lista de países y regiones que incluye la resolución, se puede ver la gravedad de este asunto. 
Se han producido enormes daños, que suman miles de millones de libras, a pequeñas y medianas empresas, familias, agricultores, ancianos y particulares y, en especial, a los más pobres y los más débiles de nuestra sociedad. 
Me parece evidente que algo va muy mal. 
Hoy hay una reunión en La Haya de representantes del COP6. 
Se reúnen para analizar los avances en materia de cambio climático. 
El pasado lunes, Jan Pronk, el ministro de medio ambiente de Holanda, declaraba que el efecto del cambio climático es irreversible para los ecosistemas, la agricultura, las reservas de agua y la salud. 
Cuanto menos hagamos y más tardemos en atacar la raíz del problema, más graves serán los efectos y mayor será la presión sobre la resistencia de las personas, las plantas y los animales. 
Esto es inequívocamente cierto. 
Las cuestiones que se están analizando son a medio y largo plazo. 
Sin embargo, esta resolución presentada por todo el Parlamento, incluidos mis colegas de Inglaterra, trata de un problema muy real y a corto plazo al que se enfrentan miles y miles de personas en Gran Bretaña y en toda Europa. 
Sólo en Gran Bretaña, el coste estimado de los daños es de alrededor de 4.000 millones de libras esterlinas, de las cuales el seguro sólo cubre la mitad. 
En toda Europa esta cifra aumentará y aumentará como el nivel del agua. 
La Comisión debe emplear a toda prisa sus energías y sus fondos para que los afectados en las zonas más golpeadas reciban una ayuda inmediata, a través de instrumentos como el FEDER y el FEOGA, Sección Garantía. 
Debemos, en particular, ayudar a nuestros agricultores, pequeñas empresas, ancianos y familias que han sufrido inundaciones una y otra vez. 
Está también la cuestión de si a algunas de estas personas que han sufrido inundaciones les van a volver a asegurar y si las compañías de seguros volverán a asumir esto. 
Debemos, asimismo, darnos cuenta de que la fiebre urbanística en todo el cinturón verde y en las zonas rurales es un disparate peligroso. 
Con frecuencia, nuestros antepasados tenían buenas razones para no construir en estas zonas porque se inundaban. 
Aún así, hay gobiernos, como el actual gobierno laborista, que están forzando a una opinión pública informada a construir precisamente en estas zonas. 
No conozco con exactitud la situación en toda Europa pero en el sudeste de Inglaterra éste es un peligro actual y cierto. 
Debemos luchar contra esta precipitada carrera. 
Debemos tomar partido y adoptar medidas serias para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Debemos prepararnos de manera eficaz y coordinada para protegernos a nosotros mismos. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano por ayudar a los que ya están sufriendo los terribles efectos del clima, tanto aquí en Europa como en el mundo. 
Yo también pediría, además de la resolución que hemos presentado, que celebráramos aquí en el Parlamento en un futuro próximo una audiencia pública sobre el cambio climático y pido al Comité de Presidentes que lo estudie. 
Les pido a todos ustedes el apoyo a nuestra resolución. 
Señor Presidente, las recientes inundaciones han hecho estragos y han traído la destrucción a Europa, particularmente a Gran Bretaña e Irlanda. 
En mi propia circunscripción, las ciudades de Clonmel, Fermoy y Mallow fueron las más afectadas. 
Era desgarrador asistir a las escenas de destrucción de los hogares de tantas personas y conocer los problemas que experimentaban muchas comunidades, empresas y agricultores. 
Es muy lamentable que nosotros, la Unión Europea, no tengamos una partida presupuestaria para ayudar a aquéllos que han de enfrentarse a estas dificultades, a pesar de mis intentos y de los intentos de otros durante muchos años por conseguir que se estableciera esa partida presupuestaria. 
Lo que me parece curioso es que el daño se ha producido en zonas de la economía a las que la Unión Europea destina una cantidad significativa de fondos, sobre todo para infraestructuras. 
Eso hora de que rectifiquemos. 
La UE, en cooperación con los gobiernos de los Estados miembros, debería iniciar un programa de acción preventiva para fortalecer las infraestructuras con el fin de evitar que se vuelva a producir tamaña destrucción en el futuro cuando se den condiciones climáticas extremas. 
El problema es que sabemos cuándo vienen estas condiciones climáticas pero nadie parece hacer nada para prevenir que causen los peores daños. 
El otro problema que me gustaría plantear es la carga adicional que las víctimas de estas tragedias van a experimentar, algo que ya ha mencionado mi colega, el Sr. Deva, a saber, la negativa de muchas compañías de seguros a mantener la cobertura de seguros. 
Me pregunto si nosotros, como Unión, podríamos obligar a estas compañías de seguros, al amparo de la ley vigente, a cumplir con lo que son esencialmente obligaciones morales en lugar de que actúen como lo hacen ahora mismo sin mojarse y prefiriendo una situación de ausencia de riesgo. 
Pero, si no podemos obligarles a hacerlo, estaríamos ante un asunto en el que deben intervenir los gobiernos de los Estados miembros para ver si es o no posible, bajo el paraguas de la UE, obligar a los gobiernos de los Estados miembros a proporcionar una cobertura estatal. 
No es justo que la gente sufra tragedias de estas proporciones y que después se enfrenten a un futuro muy incierto cuando, dados los cambios climáticos que ya están teniendo lugar, exista una certeza absoluta de que los problemas que han experimentado en las últimas semanas se volverán a producir, si no es el año que viene, sin duda en los próximos años. 
Señor Presidente, señor Comisario, las inundaciones que hace unas semanas afectaron a numerosas zonas del norte de Italia, así como a otros Estados europeos- Reino Unido, España, Irlanda y Francia- vuelve a plantear a este Parlamento tanto el problema de una acción urgente y extraordinaria para aliviar las necesidades de las personas, de las comunidades y de las empresas afectadas, como el de una política más a largo plazo que prevenga que se puedan repetir catástrofes naturales de esta envergadura. 
Algunas regiones italianas se han visto especialmente afectadas por segunda vez en menos de un mes. 
También en esta ocasión los daños son ingentes, se han registrado víctimas y cuantiosos daños materiales. 
En particular, en Liguria han quedado destruidos cultivos especializados en el sector de las flores y de las frutas y hortalizas; han sido cuantiosos los daños causados, además de que por las inundaciones, por las violentas mareas a los balnearios, a las infraestructuras, a las actividades de producción. 
Y dadas las proporciones absolutamente extraordinarias del acontecimiento, se justifica totalmente la solicitud formulada en la resolución que hemos presentado junto con otros Grupos, a pesar de que últimamente- el pasado 26 de octubre- se haya celebrado un debate en este Pleno sobre estas cuestiones y de que se aprobase también en dicha ocasión una resolución del Parlamento. 
Pedimos que la Comisión busque en su presupuesto fondos de urgencia, al objeto de integrar las acciones previstas por las autoridades nacionales en las zonas afectadas, que, con arreglo al apartado 2 del artículo 87 del Tratado de la Unión, conceda de inmediato una ayuda financiera y apropiada a los sectores perjudicados y, en general, que tenga en cuenta que la mayor parte de las zonas afectadas cumplen los requisitos para beneficiarse de los fondos existentes: el Fondo regional, el FEOGA garantía, el programa LIFE que pueden facilitar realmente una importante contribución a las obras de reconstrucción y recuperar rápidamente a las poblaciones víctimas de dichas catástrofes, pero que sobre todo intervengan en términos de prevención. 
Es urgente que la Unión no se limite a desplegar acciones de carácter extraordinario cuando las catástrofes ya han ocurrido. 
Europa debe instar a los Estados miembros a que perfecciones su legislación en materia de medio ambiente, de abusos en la construcción, de reforestación, de promoción de una agricultura que no solo esté orientada a aumentar cuantitativamente sus producciones, sino también a la defensa y al cuidado del territorio. 
Está claro que una acción de este calado no se puede desarrollar eficazmente sólo a escala nacional, ante todo por las proporciones de los recursos necesarios, sino también por el carácter mismo de los desastres naturales en cuestión que, como los producidos por el cambio climático, no cabe duda de que superan los límites de las fronteras. 
Con esta resolución, pedimos no solo una acción urgente que contribuya a paliar los daños, sino una política de más amplio alcance que convierta a Europa en una región cada vez más segura y vivible para sus ciudadanos. 
Señor Presidente, a lo largo de las diferentes intervenciones, los señores diputados se han centrado en dos puntos de naturaleza distinta: en primer lugar, el problema del cambio climático y, en segundo lugar, qué puede hacer la Comisión o la Unión Europea en una situación como la actual, con las gravísimas inundaciones que se han producido. 
Respecto al primer tema me gustaría señalar que nosotros damos, como lo hace el Parlamento también, una gran importancia al problema del cambio climático y a la conferencia que en estos momentos está teniendo lugar en La Haya. 
Hemos tomado parte activa en la preparación de la misma e insistido en el hecho de que la Unión tiene que asumir en ella un fuerte liderazgo. 
Estamos de acuerdo con algunas afirmaciones anteriormente hechas en el sentido de que de esta manera contribuiremos a la protección de la integridad medioambiental y a la credibilidad de los protocolos medioambientales, de cara a su ratificación en 2002. 
Somos conscientes de que la desestabilización global del clima causada por la acumulación de gases con efecto invernadero en la atmósfera será el reto más importante en el sector energético en Europa. 
Los sectores de la energía y los transportes producen el 85 % del total de las emisiones de gases con efecto invernadero en la Unión. 
Por lo tanto, son estas industrias las que deben hacer un mayor esfuerzo en la reducción de emisiones. 
El sector de los transportes, dado su continuo crecimiento previsto- más del 38 % en la próxima década -, será el que requiera medidas más importantes. 
Sobre esta base, la Comisión va a proponer en breve plazo dos documentos estratégicos: un conjunto de políticas y medidas destinadas a dar una respuesta a los compromisos de Kyoto y a los objetivos de transporte y energía. 
En el primero tratará de la seguridad de la oferta energética y en el segundo de una política común de transportes revisada. 
Pero, aparte de los problemas medioambientales, también querría hacer algún comentario sobre lo que podemos hacer en estos momentos. 
Como sus Señorías saben, tenemos una dificultad fundamental: la base jurídica para actuar. 
Históricamente, saben ustedes que hubo una línea presupuestaria dedicada a ayudas de urgencia para poblaciones en situaciones excepcionales. 
Esta línea desapareció del presupuesto hace algún tiempo sobre la base del argumento de que éstos eran temas de subsidiariedad, que no debían plantearse a nivel comunitario sino a nivel nacional. 
A partir de ahí, el margen de maniobra de la Comisión es muy limitado. 
La Comisión ha tomado dos iniciativas en este sentido. 
Una muy clara, relacionada con la protección civil: el 27 de septiembre de 2000 presentamos una propuesta de decisión del Consejo de refuerzo de los instrumentos comunitarios para coordinar a nivel europeo los distintos sistemas de protección civil. Esto va a ser eficiente para ayudar a resolver problemas, pero no va a resolver problemas como los que ahora planteamos. 
A partir de ahí, lo que nos queda son los instrumentos de financiación que ya existen. 
La Sra. Ghilardotti planteaba la posibilidad de buscar fondos. 
No es tan fácil buscar fondos. 
Los fondos, como ustedes saben mejor que nadie, están bien medidos y no hay excedentes de fondos de forma generalizada, aunque puede no haber ejecuciones presupuestarias en algún caso concreto. 
Lo cierto es que si no existe una base legal para la utilización de esos fondos es muy difícil disponer de ellos. 
Por eso, la propuesta que la Comisión ha hecho, y que expuso de forma detallada la Comisaria Wallström en este Parlamento, es utilizar los actuales fondos existentes del FEOGA, los fondos estructurales de los fondos INTERREG. 
Lo que sucede es que en estos casos no podemos hablar de actuaciones de la Comisión con un programa global: o cambiamos totalmente el modelo, o tendremos que pensar que son actuaciones a petición de los Estados miembros con programas o acciones específicas en función de la utilización de esos fondos. 
Estamos absolutamente abiertos a estos proyectos concretos, lo dijimos en su momento y quiero insistir en este punto hoy, pero es absolutamente imprescindible contar con estas propuestas para poder actuar. 
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de utilizar el artículo 87.2 establecido en el Tratado como base para una ayuda comunitaria, creo que hay una interpretación exorbitante de este artículo. 
Todo esto sin contar con los problemas presupuestarios que plantearía. 
El artículo no se refiere a ayudas comunitarias, sino que se refiere a la compatibilidad de las ayudas nacionales con la legislación comunitaria. 
Lo que se dice en este artículo es que en caso de daños naturales las ayudas nacionales pueden ser compatibles. 
Cada vez que se ha planteado en la Comisión la compatibilidad de estas ayudas nacionales, como consecuencia de hechos naturales, ha habido siempre compatibilidad. 
Por lo tanto, nosotros estamos abiertos al máximo para actuar en este momento dentro del margen legal y presupuestario de que disponemos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Se levanta la sesión. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Interrumpimos la sesión hasta el comienzo de la votación a las 17.30 horas. 
(La sesión se levanta a las 17.00 horas y se reanuda a las 17.30 horas) 
VOTACIONES 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Resolución conjunta sobre Centroamérica: 
Señor Presidente, se ha producido un error meramente lingüístico al introducir una de las enmiendas en la resolución común. 
Para subsanarlo propongo que se sustituya en el apartado 6 la última frase, "y de aumento de sus competencias", por la siguiente: "y apoya el aumento de sus competencias como instrumento de la profundización de la democracia". 
Señor Presidente, a pesar de la enmienda oral propuesta por el Sr. Salafranca, el Grupo Socialista mantiene su propuesta de votar este párrafo en dos partes. 
Por supuesto, Sr. Poos, esa era mi intención. 
Informe (A5-0266/2000) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre seguro complementario de enfermedad (2000/2009 (INI) ). 
Señor Presidente, se trata de un informe que considero relativamente importante en la medida en que engloba una política que, a nivel de la Unión Europea al igual que a nivel de los diferentes Estados que la componen, representa una parte significativa de los gastos públicos. 
Representa aproximadamente, según los países, el 10% mínimo de los gastos de cada Estado. 
Además, el informe aporta una respuesta a lo que se ha considerado por parte de los países miembros de la Unión en la Cumbre de Lisboa. 
Por otra parte, el texto que vamos a votar solicita a la Comisión que redacte un libro verde específico sobre esta cuestión. 
Y así, deberíamos, con una participación que acaba de quedar determinada en 171 diputados, votar un texto de tal importancia. 
Esto forma parte quizá de los usos y costumbres de este Parlamento, pero me parece extremadamente delicado dejar creer que la institución parlamentaria europea adopta compromisos en un tema como éste, considera la posibilidad de confiar una misión como ésta a la Comisión con una participación tan baja. 
Ésta es la razón por la cual me pregunto si la Asamblea no puede considerar el aplazamiento de la votación de este texto. 
Señor Presidente, me he ocupado intensamente de este tema y he participado en muchas conversaciones al respecto tanto en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales como en la de Asuntos Económicos y Monetarios. 
En esta Asamblea se defiende extensamente la opinión de que queremos tener elaboradas por parte de la Comisión con toda rapidez las líneas básicas para un debate político posterior así como las medidas concretas, partiendo, además, del informe Rocard. 
Señor Presidente, puesto que ya se han agotado las posibilidades de cuestiones de orden, ésta probablemente no lo sea. 
Pero si me lo permite, por favor, quisiera decir que, sea cual sea la opinión de la Cámara sobre el asunto, no me agrada el hecho de que casi constantemente hoy varios colegas, de varios grupos, por diversos motivos- que pueden ser fundados- nos han quitado nuestro derecho a votar aquí en Estrasburgo el jueves, y no digamos el viernes. 
Como principio general, esta es una muy mala manera de proceder. 
Yo les rogaría cautela a todos los colegas en todas las comisiones y grupos que deciden ahora cada vez más socavar la dignidad y la esencia del trabajo de esta Cámara. 
(Aplausos) 
Gracias señor Cox. 
Respeto sus comentarios y puedo garantizarle que se harán constar en el Acta. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento). 
Señor Presidente, respeto el deseo de esta Casa de votar el informe Rocard, a pesar de que el propio ponente había pedido, en efecto, un consenso más amplio para su informe. 
Enmienda 1: 
Señor Presidente, ayer por la noche tuve un sueño que, por suerte, me ha quedado grabado en la memoria, pues acostumbro a olvidarlos. 
Había una gran cantidad de pensionistas y de personas mayores y todos me decían: " Mire, señor Fatuzzo, nosotros no hemos podido votar por el Partido de los Pensionistas porque, como ve, estamos aquí en el más allá. 
No es que estemos mal, pero quisiéramos avisarle que, mañana por la mañana, votarán un informe- el informe Rocard- con una enmienda que ha presentado precisamente usted, Sr. Fatuzzo, que reza: "Se insta a la Comisión a que vele por que las personas mayores tengan asistencia médica". 
Si esta enmienda se hubiera aprobado antes, no estaríamos aquí para votarla. " 
Por lo tanto, he votado con mucho gusto a favor. 
Señor Presidente, el informe Rocard refleja claramente lo importante que es que los diputados estén presentes los jueves en este pleno, porque, igualmente que los viernes, siempre se están votando cosas importantes. 
Por eso quisiera agradecerles a todos los presentes que hayan venido. 
. (EL) La salud es un bien y no una mercancía que pueda supeditarse a los términos de la competencia. 
En el marco de un mayor impulso de la liberalización, la Comisión se propone también en el ámbito de la salud y de la atención sanitaria preparar el terreno para nuevas regulaciones que amplíen el campo de acción de las compañías aseguradoras, y eliminar cualquier obstáculo que se interponga en la actividad de las aseguradoras privadas a escala nacional y comunitaria. 
La UE concede más importancia al principio de la libre prestación de servicios que al derecho a la salud y a la asistencia sanitaria, de resultas de lo cual está minando metódica y sistemáticamente el sistema público de salud, especialmente en el ámbito de la asistencia, con el escandaloso fomento de las modalidades privadas de seguros como complemento «necesario» o como sucedáneo del sistema público de protección social. 
La política económica y social de la UE, que ha conducido a la reducción de la capacidad adquisitiva y de las posibilidades contributivas de los trabajadores, la aparición de nuevas enfermedades y la impunidad de las compañías farmacéuticas han causado un sensible incremento de los gastos en salud. 
Las dificultades para cubrir los costes de la asistencia médica provocadas por la disciplina presupuestaria y por el recorte de gastos que impone la UEM conducen a la toma de medidas para hacer recaer sobre el trabajador los costes de la salud. 
Las diferencias entre los sistemas de seguridad social en los estados miembros y los posibles obstáculos a la libre circulación de personas y a la libre residencia en otro país miembro no pueden utilizarse como pretextos para la privatización de una gran parte- y tal vez más tarde, del conjunto- de la asistencia. 
El verdadero objetivo de estas propuestas es la extensión de la liberalización a sectores neurálgicos para el capital monopolista, en condiciones, además, caracterizadas por el entrelazamiento y la intensa concentración del capital vinculado a las aseguradoras- y más en general, del capital financiero -, y por su creciente presencia en sociedades de participación financiera. 
Creemos que el objetivo debe ser reforzar el sistema de salud pública, así como el sistema de protección social, y preservar el contenido sustancial de la noción de servicio universal, con la prestación de asistencia médica y medidas de prevención de alta calidad a todos los ciudadanos, con especial atención a quienes residen en regiones remotas o insulares, en el marco de un sistema único de seguridad social y de enfermedad. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Rocard sobre los seguros de enfermedad complementarios. 
El informe parte de la constatación de que una parte cada vez mayor de los seguros de enfermedad en Europa es cubierta mediante seguros de enfermedad complementarios. 
Nos hallamos ante un problema grave si tal cosa implica una discriminación de las personas sobre la base de su capacidad económica y de su estado de salud. 
Durante el debate en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, este asunto fue sacado a la palestra ya que nuestros compañeros, los conservadores británicos, dijeron que en materia de seguros el establecimiento de la prima está basado en el riesgo que asume la aseguradora. 
Por ejemplo, si una mujer está hereditariamente predispuesta a padecer cáncer de mama, debe pagar también una prima más elevada que otras mujeres. 
Esto es una ruptura de los principios solidarios elementales sobre los que debe descansar el modelo social europeo y por ello debe adoptarse una iniciativa común que garantice que nadie se vea excluido de estos regímenes complementarios. 
El informe del Sr. Rocard recalca que los seguros son en primer lugar una cuestión que compete a los Estados miembros y que en ellos se aplica el principio de proximidad. 
El que el Parlamento Europeo solicite a la Comisión la presentación de un balance sobre las políticas de los Estados miembros en este terreno, obedece precisamente a que tenemos un interés común en que todos los ciudadanos de los países comunitarios tengan acceso a prestaciones sanitarias de alta calidad. 
Cuanto mejores sean las prestaciones sanitarias que los países miembros ponen a disposición de sus ciudadanos, tanto menor es la necesidad de seguros complementarios. 
Éste es un ámbito en el que evidentemente habrá que trabajar dentro de los marcos del método de coordinación abierta, como ha hecho el Consejo Europeo con respecto a la lucha contra la exclusión social. 
Nos oponemos decididamente a esta resolución totalmente hipócrita y peligrosa para los sistemas públicos de protección social de la Unión. 
En efecto, a pesar de consideraciones enormemente justas sobre los logros de los sistemas existentes, que pretenden asegurar a cada ciudadano un alto nivel de protección independientemente de los recursos personales y de los riesgos individuales, que señalan incluso los riesgos de transferencias entre regímenes públicos y privados, que describen el clamor de éstos en los gastos globales y las desigualdades de situación que resultan, todas las propuestas concretas de la resolución sólo son estímulos a un desarrollo acelerado y comunitario de los regímenes de seguros privados. 
Y este estímulo no es el de progresar hacia los servicios públicos comunitarios más avanzados, sino, con el pretexto de los costes y del principio de subsidiariedad, minimizar el servicio público, reducido a "un servicio básico" o "normas mínimas" bautizadas como "red de seguridad", cuyo conjunto de servicios de protección sería definido. 
Por lo demás, se abre así un amplio campo a las aseguradoras privadas, con la única condición de que no seleccionen (al principio) a los enfermos y las primas de seguro por patología. 
Esta resolución no pretende de hecho más que organizar el mercado de los seguros, cuando lo que sería necesario es organizar Europa hacia un progreso de los regímenes colectivos de alta calidad accesibles a todos. 
Otra vez estamos ante un informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que, si bien el problema del seguro médico complementario es de rabiosa actualidad y tanto en esa comisión como en el Pleno del Parlamento Europeo también es muy discutido, aún así hay doce miembros de la Comisión de Empleo que no han votado. 
La petición hecha a la Comisión de que redacte un Libro Verde que señale las vías de cómo los seguros médicos existentes hasta ahora puedan ser complementados y conservados eficientemente por seguros complementarios, que presten una atención médica de alta calidad, es algo muy bueno y bonito. 
También es importante que saludemos el desarrollo de un mercado interno de seguros médicos complementarios. 
Pero quisiera, especialmente, destacar la correcta afirmación de que el resto de medidas de protección de la salud no son cosa de la Unión Europea, sino de los Estados miembros, y que la protección de la salud sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Porque esto es así me parece demasiado pronto para incluyamos en la resolución este largo y muy detallista catálogo de exigencias para una propuesta de directiva de la Comisión. 
Me parece raro que se quiera ahora maniatar a la Comisión de cara a una propuesta de directiva, pero que a la vez se le pida un Libro Verde sobre el estado actual de las asociaciones voluntarias y de los seguros médicos complementarios. 
¿No estamos poniendo aquí el carro delante de los bueyes? 
Aún con estas observaciones y reservas he votado a favor del informe. 
La cobertura de los riesgos de enfermedad y las pensiones deben formar parte del salario que ganan las personas con su trabajo. 
Las medidas complementarias solamente son necesarias si las medidas básicas son deficientes. 
Son una fuente de riqueza para los bancos y las aseguradoras, que se hacen con el dinero que la gente ahorra de la rebaja de las primas y los impuestos. 
En lugar de ver la cobertura de los riesgos de enfermedad como una parte del salario o una prestación que sustituye al sueldo, estas medidas se hacen cada vez más dependientes de los ahorros y de las inversiones. 
La colectividad y la solidaridad deberían desaparecer para que todo se pudiera solucionar de forma individual. 
Uno se ve obligado a ser sólo solidario consigo mismo y entretenerse con todo tipo de asuntos superfluos de dinero. 
Quien no recibe y gasta mucho dinero, ya no cuenta. 
Así se establece, entre otras cosas, una división en el sistema de asistencia médica. 
Quien tiene un seguro normal es incluido en una lista de espera y, por tanto, en una sanidad de segunda clase, mientras que quien paga una cantidad adicional, compra con él el derecho de precedencia y el lujo. 
Me sorprende que el Ponente Rocard, a quien todavía recuerdo del pasado lejano como dirigente de un partido socialista de izquierdas, esté contento ahora con el desarrollo de un mercado interior para la asistencia médica privada. 
El resto de lo que propone pretende curar las heridas que ocasiona su elección. 
. 
(EN) Apoyo incondicionalmente este informe de mi colega socialista Michel Rocard sobre la futura financiación de los sistemas de seguros de enfermedad. 
En una época en la que la población envejece de manera espectacular, es crucial que intentemos mejorar el sistema sanitario para las personas de toda Europa. 
No deberíamos infravalorar las prestaciones básicas del estado ni la importancia de los acuerdos entre países. 
Yo mismo, que he estado enfermo en Bélgica, he sido testigo de primera mano de las ventajas de un reconocimiento mutuo de los sistemas de salud. Desde mi propia y más sentida experiencia, no quisiera ver estas ventajas destruidas. 
Pedimos a la Comisión que estudie los distintos sistemas nacionales de salud y que examine formas de garantizar un acuerdo justo para quienes pasan tiempo trabajando en otro país de la Unión Europea. 
Estas prestaciones nacionales son medidas que salvan la vida. 
Sin embargo, si hemos de contar con un sistema eficaz que pueda hacer frente a la creciente presión sobre los actuales servicios nacionales y que haga de Europa un lugar más saludable para sus ciudadanos, deberíamos reconocer también la importancia de quienes proporcionan seguros complementarios de enfermedad. 
No deberíamos discriminar a los ciudadanos que soliciten inscribirse en planes de salud privados. 
La salud de nuestros ciudadanos es algo muy preciado. Los ciudadanos de la UE deben tener confianza en que van a recibir cuidados sanitarios eficaces con independencia del país en el que se encuentren. 
Le ruego a la Comisión que tenga en cuenta el informe de Michel Rocard. 
Las explicaciones de voto quedan cerradas. 
Fondos propios de las entidades de crédito (continuación) 
Señor Presidente, estimados colegas, antes de nada una observación a mi Grupo: en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hubo una mayoría en la votación misma más clara que nunca. 
Por lo menos la mayoría de mi Grupo votó en contra, y hemos procurado que el informe no se posterguase a la última sesión plenaria, sino a la de hoy. 
Pero quisiera decirles con toda franqueza que esto no tiene nada que ver con el contenido del informe, sino en parte con lo que el Sr. von Wogau acaba de mencionar, a saber: que estábamos preocupados porque al comprometernos con el próximo procedimiento el Parlamento hiciese dejación de sus derechos. 
No podíamos contribuir a ello. 
En la Comisión misma hubo consenso sobre el tema. 
La ponente procuró realmente, se esforzó para que llegásemos a un consenso. 
Queremos un consenso sobre este tema, y también aquí, en el Parlamento, estamos bien aconsejados para llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre el tema. 
La presente nueva reglamentamentación sobre adecuación de capital para las entidades de crédito y las empresas financieras tiene amplias consecuencias sobre el sector bancario y más allá. 
Sus disposiciones son las que, en gran medida, guían la práctica de la concesión de créditos por parte de las entitades. 
Si consideramos lo dependiente que es la economía europea, sobre todo en las clases medias, de la financiación crediticia se ve claramente que este proyecto tiene un propósito de una gran dimensión político-económica. 
El debate tan intenso sobre el rating exterior así lo ha puesto de manifiesto. 
El planteamiento del Comité de Basilea de dejar, predominantemente, la clasificación del riesgo en manos de los resultados de rating proporcionados por entidades exteriores conduciría a nivel internacional a notables dislocaciones de la competitividad. 
Especialmente las empresas medianas verían perjudicada con ello su competitividad. 
Para evitar estas distorsiones es muy importante que las entidades dispongan de un planteamiento alternativo sencillo para saber cuánto volumen de créditos deben otorgar basándose en la utilización de ratings internos. 
Hay que considerar un éxito que la posición europea, como desde un principio propuso la Comisión en su nota consultiva, se haya impuesto en Basilea y que desde entonces la incorporación de procedimientos internos de rating constituya el centro del debate. 
Como en este momento el reconocimiento fundamental del rating interno parece asegurado tanto en Basilea como aquí, de lo que se trata ahora es de configurar tales procedimientos de suerte que básicamente todas las entidades de crédito de la Unión Europea tengan la posibilidad de introducir ratings internos. 
Sólo así pueden ser creadas unas condiciones iguales de competitividad. 
Esto supone que se dé a las entidades suficiente tiempo para que se adapten a las nuevas disposiciones. 
Según últimas informaciones parece ser que la entrada en vigor de la nueva reglamentación, planeada en principio para el 1 de enero de 2003, ha sido retrasada un año. 
Las entidades tendrán así más tiempo para poner en práctica las nuevas reglas. 
Debemos procurar, en esto le doy toda la razón al Sr. von Wogau, trabajar lo más paralelamente posible. 
Especialmente en lo que concierne al plazo no deberían surgir diferencias importantes entre Basilea y nosotros, pues ello llevaría aparejados lastres desagradables para las entidades afectadas tales como mayores costos o pérdida de competitividad. 
Una cosa ha de estar clara: no renunciaremos a nuestros derechos como Parlamento en el procedimiento de codecisión. 
Esto significa, si podemos, que junto con el Consejo y la Comisión lo tengamos listo en primera lectura, y entonces podemos renunciar si queremos, pero no desde un principio. 
Depende del Consejo. 
Debe espabilarse y procurar que lo hagamos con rapidez. 
Nunca el Parlamento ha fallado en esto, y tampoco lo hará ahora. 
Por tanto, señoras y señores, avancen un poco en ello 
Señor Presidente, hay firmes argumentos a favor de la vía rápida cuando se trata de aplicar los resultados de la revisión de Basilea sobre adecuación del capital bancario. 
Los norteamericanos podrán introducir sus disposiciones inmediatamente sin legislación básica, al contrario que nosotros, y podrán conceder préstamos más baratos que los bancos europeos. 
Además, el Parlamento ha tenido mucho tiempo para informarse sobre las cuestiones de este informe Villiers, que acogemos favorablemente, sobre adecuación del capital. 
En efecto, estamos haciendo una primera lectura antes de que se hayan presentado las propuestas. 
Algunas personas de esta Cámara piensan que ello socava mortalmente los poderes del Parlamento. 
Nosotros no estamos de acuerdo. 
La delegación de poderes sobre cuestiones técnicas es esencial para que las normas puedan ir al ritmo de las innovaciones en los mercados financieros, siempre que esos poderes delegados estén sometidos a un control apropiado. 
Estamos aquí para utilizar nuestros poderes en beneficio de las empresas europeas y de nuestros electores, y no se nos perdonará el que no lo hagamos. 
Insistir de manera dogmática en que el Parlamento debería participar en cada una de las decisiones técnicas significaría sencillamente que la norma esté desfasada antes incluso de que se establezca. 
Hacen falta dos o tres años para aprobar legislación de la UE pero sólo semanas para lanzar un nuevo producto de servicios financieros con implicaciones para el capital bancario, como los derivados del crédito. 
Apelo a todos los colegas y en particular al Grupo Socialista, para que vuelvan a examinar sus posturas sobre esta cuestión y para que consideren las salvaguardias que les gustaría ver en la legislación básica para permitir la delegación de poderes. 
Señor Presidente, parece ser que hoy el colega von Wogau y yo compartimos algo más que la opinión. 
Es el caso que yo también tengo invitados de Finlandia entre la tribuna del público a los que quisiera darles la bienvenida. 
Señor Comisario, seguramente coincidimos en que Europa ya no volverá a experimentar una crisis bancaria tan profunda como la que nos vimos obligados a atravesar a principios de la década de 1990. 
No obstante, las actividades bancarias experimentarán pérdidas también en el futuro. 
Cuando los bancos tienen que afrontar pérdidas, son sus propios fondos los que actúan a manera de amortiguador para cubrir también aquellas pérdidas que los beneficios generados por la actividad comercial corriente no pueden resarcir. 
Por consiguiente, la propuesta que estamos debatiendo es clave a la hora de garantizar la solidez financiera de los bancos europeos y, a través de ella, la seguridad de los ahorros de los clientes. 
En cuanto a los requerimientos de capital propio, es esencial que contemplen lo mejor posible la naturaleza y la envergadura de los riesgos de las entidades financieras. 
Sirviéndonos de las técnicas modernas de gestión de riesgos es posible conseguir datos más precisos sobre los riesgos. 
En consecuencia, es natural que los bancos también cuenten con la oportunidad de hacer uso de esos recursos y crear un marco de acción que permita detectar los riesgos con más sensibilidad. 
Al aumentarse la sensibilidad preventiva ante los riesgos, deben estar disponibles tanto los mecanismos de supervisión interna, como los de supervisión externa. 
De hecho, creo que en el futuro la clasificación interna ganará importancia, ya que es precisamente dentro de los bancos donde se conocen mejor a las personas clave de las empresas que suscriben créditos, así como las actividades comerciales de las mismas. 
En el Parlamento reina una gran unanimidad sobre el contenido de esta propuesta. 
En realidad, la única discrepancia notable entre los diferentes Grupos afecta al modelo de regulación que habría que aplicar en el futuro tanto en el marco de esta propuesta, como en el de las propuestas legislativas del sector financiero. 
Nuestra ponente, la Sra. Villiers, que ha realizado un magnífico trabajo, mencionó en su informe la posibilidad de acudir al procedimiento de urgencia denominado fast-track. 
Ella cuenta con todo mi apoyo en este punto, ya que considero importante que el plan acción relativo al sector financiero sea tramitado con la mayor brevedad posible. 
En la práctica, el único medio disponible es acelerar el procedimiento legislativo y habilitar el uso del procedimiento de urgencia en el tratamiento de un número mayor de cuestiones. 
(Aplausos) 
(PPE-DE). (DE) Señor presidente, señor Comisario, estimados colegas, es bonito que una tan grande mayoría haya compartido la argumentación de este importante informe, por el que no puedo sino felicitar a la Sra. Villiers, pues ella ha conseguido lo que ha dicho el Sr. von Wogau, a saber: haber considerado en el informe a toda la banca europea y a toda la estructura de clientes en Europa y haber elaborado un buen informe. 
Decimos sí a una más fuerte consideración del contenido de riesgo económico a la hora de la concesión de créditos, así como del desarrollo ulterior de la Directiva de recursos propios. 
Decimos sí también a una más estrecha consideración de las técnicas minimizadoras de riesgo, y decimos también sí a la ampliación de la idea fundamental del Comité de Basilea. 
Era necesario ampliar el objetivo del Comité de Basilea a la gran banca, al rating externo en el sector de la pequeña banca y de la orientación de los clientes al rating interno. 
En este contexto hay que considerar también positivo que ha sido claramente aceptado que la seguridad interna de los bancos minimiza el riesgo. 
Esto es tan importante porque una mera reducción al rating externo encarecería mucho los créditos a las pequeñas y medianas empresas. 
Las pequeñas y medianas empresas son las que crean la mayoría de los nuevos puestos de trabajo y conservan los existentes. 
El mérito de este informe es haber puesto de relieve la relación entre costes crediticios, creación de puestos de trabajo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el reconocimiento del rating interno, por lo que lo votaremos con gran convencimiento. 
(PPE-DE). (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, también yo quisiera felicitar a la Sra. Theresa Villier. 
Ha conseguido de manera sobresaliente reunir a todo nuestro espectro parlamentario en el informe. 
Quisiera referirme brevemente a la problemática de que en Basilea, por un lado, hemos creado el marco para sistemas que no son compatibles sin más, sistemas de los EEUU y sistemas de Europa, y debemos procurar que un determinado sector no sea perjudicado. 
En Basilea se atendía primeramente a los grandes bancos, pero en Europa debemos atender a los pequeños. 
Sabemos que los grandes bancos no tienen interés en ellos. 
Tenemos que tener cuidado de que Basilea, además, no produzca que a los bancos les cause un segundo lastre una demanda más alta de fondos propios. 
Quien lo lamentaría, como repetimos siempre, sería la clase media, aunque siempre tratamos de favorecer a la clase media. 
Se acaba de hablar de rating externo e interno. Quisiera añadir todavía la diversicación de la cartera. 
Debemos considerar que se evalúa el riesgo y no sólo el crédito en abstracto, de modo que queda un cierto margen de apreciación en caso de pequeños créditos para medianas empresas y talleres. 
Pero es importante que puntualicemos también que lo que se está llevando a cabo en Basilea no es un procedimiento democrático, que el Parlamento Europeo es el único órgano democráticamente legitimado que en Europa está tomando partido en esto. 
A propósito del procedimiento no debemos pensar si estamos renunciando a derechos nuestros, sino con cuánto detalle queremos legislar en Europa para un futuro y donde sólo queremos crear un marco transfiriendo los mecanismos para darle contenido y reglamentarlo a otras instituciones como la Comisión o como Basilea. 
Pido al Banco Central Europeo y a la Comisión que se cercioren de que en Basilea se considere la estructura bancaria europea. 
Como Parlamento Europeo debemos dar una señal de que si la estructura que se ha desarrollado en Europa se pone en peligro, no lo aprobaremos y también los grandes bancos podrán tener problemas con el marco legal europeo. 
Necesitamos suficiente flexibilidad en este ámbito. 
. Señor Presidente, en primer lugar, señalaría que la Comisión considera con satisfacción el hecho de que el informe de la Sra. Villiers afecte no solamente a la evaluación de la Directiva de recursos propios sino también a la revisión actual de las modificaciones de los Reglamentos sobre adecuación de capital. 
Y también consideramos satisfactoria la importante contribución que este informe hace a todo el proceso. 
La reacción a los dos documentos de consulta, el de la Comisión Europea y el del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, sobre este tema es positiva y querría hacer algún comentario sobre este último. 
Yo comprendo que nada tiene que ver la capacidad del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la del Parlamento Europeo. 
No existe competencia legislativa, pero tampoco hay que olvidar algunas situaciones de hecho importantes y es que el Comité de Basilea pertenece al Grupo de los Diez y, aunque no tenga carácter legislativo, sus normas se aplican en 130 países y son utilizadas por múltiples organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario y, evidentemente, los países terceros. 
Por eso, es importante no disociarse de lo que está sucediendo en Basilea, aunque es evidente que nosotros tenemos nuestro propio procedimiento legislativo. 
Sí que es fundamental que definamos unas normas de juego propias que nos permitan también influir en aquello que se decide en Basilea como Unión. 
Hecho este primer comentario, me gustaría señalar que creo que los operadores económicos también consideran satisfactorio el enfoque que se ha estado dando a estas reglamentaciones sobre el capital que refuerzan los temas referidos al riesgo. 
La Comisión considera que el amplio apoyo que se ha dado en el informe para ese enfoque- antes señalado- del papel consultivo de la Comisión es evidentemente positivo. 
El informe coincide en gran medida con las ideas de la Comisión y los objetivos que estamos intentando conseguir. 
La Comisión va a seguir siendo especialmente vigilante para asegurar que se tomen en cuenta aquellos sectores potencialmente más vulnerables. 
El informe destaca algunas preocupaciones válidas respecto al posible daño que puede generarse, por ejemplo en el sector de las pequeñas y medianas empresas, y también sobre nuestro sistema bancario y nuestras entidades inversoras, que no mantienen un nivel competitivo dentro de la Unión Europea y entre la Unión Europea y los restantes países del mundo. 
Todos sabemos que el Sr. Lamfalussy ha elaborado respecto a este punto un informe muy claro y enormemente útil, que creemos que puede servir para trabajar en términos legislativos más eficientes, capaces o más ajustados- podríamos decir- a los cambios que se están produciendo en el mercado. 
Tenemos que enfrentarnos a una realidad en la que debemos conseguir que las nuevas directivas no estén sobrepasadas en el momento en que se adoptan y que las normas de las directivas existentes sean capaces de mantenerse de acuerdo con la rápida evolución que se está produciendo en los mercados financieros. 
La falta de capacidad de adaptación, la inflexibilidad está dañando la posición competitiva de nuestras empresas financieras. 
Quiero decir, en primer lugar, que nuestra legislación tiene que estar suficientemente al día y ser lo suficientemente flexible como para responder a los rápidos desarrollos del mercado. 
En segundo lugar, tenemos que evitar los excesivos costes que puedan afectar a las instituciones financieras y, consecuentemente, de forma indirecta a los clientes de estas instituciones financieras. 
Debemos apoyar estos objetivos mediante normas prudentes que sean sanas y que garanticen la seguridad de nuestros mercados y de nuestras instituciones. 
Y, finalmente, y éste es un punto clave, somos absolutamente conscientes de que debemos respetar el equilibrio institucional establecido en el Tratado. 
Hoy es todavía excesivamente pronto para que podamos hablar de una posición formal de la Comisión sobre estos temas, pero tal vez podamos definir algunos elementos del diseño del posible enfoque. Este enfoque podría referirse a diferentes niveles. 
Un primer nivel incluiría los principios fundamentales, los codes principals que estarían recogidos en ciertas normas, como, por ejemplo, directivas. 
En segundo lugar, un nivel de detalle técnico que recogería aquella parte que está más sometida a cambios, si queremos mantener una adecuación entre la reglamentación y las mejores prácticas. 
Esto podría recogerse en anexos de esas Directivas y deberíamos encontrar un sistema satisfactorio para modificarlas de forma rápida. 
Habría un tercer nivel que correspondería al desarrollo de mecanismos que permitieran promover una consistencia y convergencia en la supervisión y reforzar el papel, en ese sentido, de los Estados miembros y de la Comisión. 
Un punto básico para nosotros en el proceso es la forma en que tenemos que conseguir que se mantenga el actual equilibrio institucional. 
El Parlamento necesitará en el futuro que se satisfagan mediante un acuerdo sobre ese futuro modelo de regulación los principios que subyacen en sus tomas de decisiones y que esos principios, por lo tanto lo que él pueda acordar, sean sustanciales y no respondan a generalidades, sino a temas muy concretos. 
Esos son unos primeros pensamientos de cómo podríamos llegar a conseguir un proceso legislativo rápido que fuera controlable y eficiente dentro de las actuales regulaciones del Tratado. 
Espero que el Parlamento participe activamente en las discusiones en los próximos meses. 
Volviendo a los puntos de las enmiendas específicas que van a realizarse y que se han incluido en el informe, me gustaría hacer dos comentarios: en primer lugar, en lo que se refiere a las enmiendas 8 y 13: la utilización de un enfoque basado en la clasificación interna tiene que ser introducido de forma sana y prudente. 
Para muchas instituciones puede no ser deseable ni apropiado y, desde luego, su uso nunca puede ser obligatorio. 
Desde el primer momento la Comisión ha sido favorable al desarrollo de un enfoque de clasificación interna amplio y sujeto a estándars, que puedan alcanzarse en las instituciones que están bien gestionadas, con independencia de cuál sea su tamaño o del sector en que se encuentre. 
Éste es un desarrollo positivo que deseamos que sea adoptado por tantas instituciones como sea posible, pero reconocemos que no es deseable insistir en un enfoque de clasificación interna para todas las instituciones financieras. 
Respecto a la enmienda 12 sobre el sistema de revisión de la supervisión, quiero señalar que ya se encuentra dentro de las competencias de los supervisores solicitar o establecer un nivel mayor que el mínimo de los requerimientos de capital. 
La propuesta para utilizar este instrumento sólo como una especie de recurso de última instancia disminuiría el impacto del proceso de revisión de la supervisión como un elemento clave de este marco. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
Funciones del Defensor del Pueblo Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0293/2000) de la Sra. Almeida Garrett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la modificación de la Decisión del Parlamento de 9 de marzo de 1994 sobre el estatuto y las condiciones generales del ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo. 
Señor Presidente, lo que nos ha traído aquí hoy es el debate del primero de los dos informes sobre la modificación del estatuto y de las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo. 
Y me disculpo ante la Asamblea por sentir la tentación, en esta caída de la tarde del final de la sesión parlamentaria, de tener como fuente de inspiración para el debate de este informe alguna de las añoranzas de casa. 
Bien mirado, igual que en las relaciones con los niños, también en los procesos de nacimiento y crecimiento de instituciones que se desarrollan dentro de otras hay un momento en que es necesario mostrar, con actos, el reconocimiento de su autonomía. 
Y, de hecho, ha llegado el momento de reconocer que la institución del "Defensor del Pueblo Europeo" está suficientemente desarrollada y ya ha dado suficientes pruebas de madurez para tener un presupuesto propio. 
Si durante una primera fase pareció correcto y normal hacer coexistir con la independencia de mandato y de actuación del Defensor del Pueblo una dependencia en cuanto a los medios financieros del presupuesto del Parlamento Europeo, eso hoy carece ya de sentido. 
Lo que vamos a proponer aquí es exactamente el reconocimiento de esa separación: el reglamento del Consejo de diciembre de 1999, que aprobó la creación de una sección específica para el Defensor del Pueblo en el presupuesto general de las Comunidades. 
Entonces se dio un paso fundamental al considerarse la del Defensor una institución autónoma en materia de aplicación del Reglamento Financiero. 
Ese paso no ha sido otra cosa que la comprobación de que el relieve público cada vez mayor de una institución nacida y creada en nombre de la necesidad de aproximación de los ciudadanos a la vida de las instituciones comunitarias necesita también autonomía financiera para poder responsabilizarse de las previsiones presupuestarias que haga y que considere adecuadas a los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a buen puerto el desempeño de sus nobles funciones. 
Por eso, debemos ahora adaptar el estatuto al Reglamento Financiero proponiendo la supresión de dos artículos- el artículo 12 y el artículo 16- de la decisión del Parlamento de 1994, que, como bien saben todos Sus Señorías, aprobó el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo. 
Esas normas dejaron de reflejar la verdad presupuestaria después de la última modificación del Reglamento Financiero de las Comunidades. 
Por eso, nos incumbe verificar esa no correspondencia con la realidad y aprobar su supresión. 
Y, dado que en breve tendremos que ocuparnos aquí, en este Parlamento, de los cambios substanciales del estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, que están aún en examen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y cuyo informe también se me ha confiado y versa sobre la ampliación de los poderes de investigación del Defensor, reservamos para ese momento la revisión cualitativa y completa del texto de su estatuto. 
Permítame, señor Presidente, que antes de terminar aproveche este momento para felicitar al Defensor Sr. Jacob Söderman, felicitarlo por el trabajo que ha realizado en la lucha contra la mala administración y, por eso, también en la contribución a una mayor aproximación de los ciudadanos europeos a la vida de las instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, espero que a la ponente no le importe si digo que éste es un informe relativamente oscuro que estamos analizando bastante tarde en esta noche del jueves y que se refiere al corazón mismo de la democracia en la Unión Europea: ¿cómo protegemos los derechos de los ciudadanos europeos? 
No hay duda de que en esa tarea la posición del Defensor del Pueblo es absolutamente fundamental. 
El Defensor del Pueblo tiene un papel y una posición destacados en el marco de las instituciones europeas, pero es un papel que requiere autonomía. 
Como todos sabemos, para ser independiente es necesario tener independencia financiera. 
En inglés hay una frase que dice: "El que paga al músico elige la canción". 
Por lo general, se considera que aquéllos que financian actividades u organizaciones ejercen algún tipo de poder sobre esas actividades u organizaciones. 
Por ello, el Defensor del Pueblo ha de ser financieramente autónomo y lo más independiente posible para que no se pueda acusar a este Parlamento de elegir la canción. 
El público ha de tener plena confianza en que el Defensor del Pueblo es completamente imparcial en sus investigaciones. 
Yo, por supuesto, igual que todos los diputados de este Parlamento, tengo una confianza absoluta en que el Sr. Jacob Söderman cumple con sus responsabilidades de una manera totalmente independiente pero debe verse que así es. 
Por eso es necesaria la autonomía financiera. 
Convendría también señalar a los ciudadanos europeos que la oficina del Defensor del Pueblo- no él personalmente- les cuesta alrededor de 3,9 millones de euros al año a los ciudadanos europeos, o lo que es igual, menos de un centavo por cada persona de la Unión Europea. 
Para los ingleses que me escuchan, eso significa aproximadamente un penique al año y es un dinero bien empleado. 
Gracias a la iniciativa emprendida por el Presidente de la Comisión de Peticiones, el Sr. Gemelli, se han adoptado las medidas jurídicas adecuadas para enmendar la decisión de 1994 del Parlamento Europeo sobre las funciones y competencias del Defensor del Pueblo. 
De resultas de esto, la Comisión de Peticiones, en el informe González-Álvarez, ha señalado que el procedimiento para modificar el estatuto del Defensor del Pueblo debería verse a la luz del Artículo 195 del Tratado de las Comunidades Europeas. 
No olvidemos nunca que el papel del Defensor del Pueblo está consagrado en los tratados europeos. 
El Grupo EPP/ED apoya la postura de la Comisión de Asuntos Constitucionales de que las competencias del Defensor del Pueblo deberían ampliarse y cuanto antes mejor, especialmente en lo que respecta a los poderes de investigación del Defensor del Pueblo establecidos en el Artículo 3 de la decisión de 1994. 
La calidad de las actividades que hasta ahora ha desarrollado el Defensor del Pueblo demuestran que la institución del Defensor del Pueblo es un instrumento totalmente necesario para que los ciudadanos europeos presenten quejas por mala administración de las instituciones europeas. 
Nosotros, en mi Grupo, apreciamos el apoyo del Defensor del Pueblo a la Comisión de Peticiones, la comisión responsable de las relaciones entre el Defensor del Pueblo y el Parlamento. 
En este sentido, el Grupo EPP/ED anima al Defensor del Pueblo a que continúe con su trabajo a través de informes especiales que siempre estamos dispuestos a estudiar con un espíritu constructivo de cooperación con el Defensor del Pueblo. 
Espero que en un futuro muy cercano el Parlamento considere la ampliación de los poderes de investigación del Defensor del Pueblo. 
Si eso ocurre, la Comisión de Peticiones esperaría ser consultada plenamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Somos, como he dicho, la comisión responsable de las relaciones con el Defensor del Pueblo y trabajamos estrechamente con él. 
El Grupo EPP/ED apoya, por tanto, este informe y espera que sea, junto con el informe Bösch sobre el informe del Defensor del Pueblo relativo a los procedimientos de contratación de personal, una indicación del compromiso permanente del Parlamento Europeo con una mayor transparencia y control. 
No necesitamos un trabajo adicional y no queremos ver ejemplos de mala administración, pero es importante que recordemos a los ciudadanos europeos que la oficina del Defensor del Pueblo está ahí para ayudarles cuando los problemas de mala administración surjan. 
Mucha gente nos critica injustamente por el déficit democrático. 
La oficina del Defensor del Pueblo ayuda, sin duda, a corregir ese déficit democrático. 
Señor Presidente, afortunadamente el Parlamento Europeo siempre ha sostenido, de acuerdo con la tradición nórdica, que hay que reforzar y afianzar la situación del Defensor del Pueblo. 
El Defensor del Pueblo Europeo debe ser completamente independiente en el cumplimiento de sus obligaciones cuando él o ella- en estos momentos es Jacob Söderman, un hombre y un buen representante finlandés de habla sueca- defiende los derechos de los ciudadanos frente a la administración. 
Sólo así podrá la institución del Defensor del Pueblo en el ámbito europeo cumplir con sus importantes y profundos objetivos. 
Por ese motivo, los cristianodemócratas suecos celebramos los pasos que se están dando para fortalecer la independencia del Defensor del Pueblo, incluso en materias tan esenciales como los presupuestos. Éste es un importante asunto que atañe a la confianza en la independencia e imparcialidad del Defensor del Pueblo. 
En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo también hemos dado nuestro respaldo a esta provechosa medida. 
Quiero agradecer a la ponente Sra. Almeida Garret su trabajo en esta trascendental materia. 
Finalmente, permítanme ocuparme de otro asunto actual que se relaciona con el desarrollo de la institución del Defensor del Pueblo. 
Se trata del derecho a acceder sin limitaciones a los documentos, que se usa bastante poco. 
Esto es una condición para que la institución del Defensor del Pueblo adquiera mayor credibilidad entre los ciudadanos. 
Un Defensor del Pueblo está obviamente limitado por las normas que rigen el secreto documental, pero está bien que los ciudadanos sepan que él o ella, como Defensor del Pueblo, puede tener acceso a documentos a los que ellos mismos no tienen. 
También es bueno saber que el derecho del Defensor del Pueblo a acceder a los documentos no tiene relación con el actual reglamento de apertura; éste es un frecuente malentendido. 
El Parlamento Europeo, su Comisión de Asuntos Constitucionales y, esperamos, la Comisión y el Consejo quieren que continúe el desarrollo y fortalecimiento de la institución del Defensor del Pueblo, de su independencia y, por consiguiente, de su credibilidad entre los ciudadanos. 
. Señor Presidente, la Comisión puede ser muy breve sobre este tema. 
El informe tiene como único objeto establecer una concordancia entre el Estatuto del Defensor del Pueblo europeo y una modificación del Reglamento financiero, y esta modificación, como ha señalado el ponente, pretende incluir en el presupuesto general de las Comunidades un capítulo separado para el presupuesto del Defensor del Pueblo. 
La Comisión ha manifestado ya su acuerdo sobre este tema en el pasado, tanto por razones de técnica presupuestaria como por razones de independencia de la función del Defensor del Pueblo. 
Por tanto, apoyamos plenamente las modificaciones del Estatuto del Defensor del Pueblo que nos propone la Sra. Almeida Garrett. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo sobre los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0280/2000) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación de oficio sobre el carácter secreto de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión (C5-0082/2000- 2000/2048 (COS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, creo que el informe que debatiremos esta tarde está en total sintonía con el orden del día de hoy, ya que esta mañana hemos aprobado un informe importante sobre el acceso a los documentos y creo que lo que hoy debatiremos y votaremos mañana tiene mucho que ver con esto. 
En el pasado le llegaban al ombudsmann, sobre el que acabamos de hablar, muchas quejas sobre la falta de transparencia en casos de contratación de personal, lo cual es un tema crítico, pues compartimos totalmente su apreciación de que muy a menudo los casos de contratación son precisamente una primera toma de contacto para muchos jóvenes ciudadanos y ciudadanas de la Unión con las instituciones europeas. 
Es importante que tales cosas transcurran con la mayor transparencia, la mayor inteligibilidad y la mayor claridad posible. 
El punto de partida del presente informe es la recomendación del ombudsmann a la Comisión, en relación con lo anterior, de que posibilite a los candidatos acceso a sus exámenes ya corregidos respecto del procedimiento de selección organizado por la misma. 
La antigua Comisión no hizo caso de esta recomendación a pesar de varias peticiones al respecto. Ésta fue la razón de que el ombudsmann emitiese un informe especial para insistir nuevamente en su petición. 
La Comisión de Prodi ha aceptado poner en práctica la cuarta recomendación hecha y permitir el acceso a los exámenes corregidos por parte de los candidatos al procedimiento de selección. 
Nuestra comisión, la Comisión de Peticiones, se ha ocupado de ello y aceptó el presente informe. 
Como Comisión de Peticiones hemos tomado al aceptar este informe la resolución fundamental de hacer nuestra la recomendación del defensor del ciudadano. También quisiéramos agradecer a la Comisión que la haya acogido y le felicitamos por ello. 
Además hicimos público el desiderátum de que el resto de los organismos europeos e instituciones siguiesen el ejemplo de la Comisión y permitiesen a los candidatos el acceso a los exámenes corregidos. 
Creemos que esta forma de acceso más transparente y abierto de los candidatos a determinados puestos en las instituciones europeas representa también un paso importante en la ambiciosa reforma de la Comisión Europea. Con ello, además, acercamos una parte de Bruselas y de Europa a los ciudadanos y se lo hacemos más inteligible. 
Una palabra todavía sobre las enmiendas que se presentan mañana. 
En gran medida siguen la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y sobre esta base deberían desarrollar con más detalle lo que esperamos de la Comisión a este respecto. 
Me refiero sobre todo también a la importancia de fijar un plazo sensato a la Comisión- ésta es una parte de las enmiendas- para que ponga en práctica las reformas anunciadas, y espero- ésta es mi postura como ponente- que para ello le demos un cierto apoyo desde este Pleno. 
Señor Presidente, hablando como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y en nombre de mi propio grupo, yo también acojo esto de modo muy favorable. 
Hoy intervengo en nombre de nuestra co-presidenta, la Sra. Hautal, que no ha podido estar aquí esta noche. 
Es su opinión, en particular, a la que quisiera referirme y de la que quisiera hablar hoy. 
Acogemos de modo muy favorable el informe del Defensor del Pueblo. 
Acogemos de manera especialmente favorable las reformas y los cambios que nosotros creemos que deben introducirse y, si la Comisión está dispuesta, que se van a introducir de resultas de este informe. 
Después de todo, el acceso a la documentación es un derecho civil fundamental y para un candidato no hay documentación más importante que la relacionada con los exámenes. 
El núcleo del informe del Defensor del Pueblo es que los candidatos a ser contratados por la Comunidad tienen derecho, si así lo solicitan, a ver sus exámenes. 
Quisiéramos también referirnos en concreto a las lenguas minoritarias. 
Examinar a la gente en una lengua distinta supone grandes dificultades. 
Yo mismo he tenido que hacerlo en alguna ocasión, ver exámenes en italiano o alemán siendo un hablante nativo de inglés- o, al menos, de un tipo de inglés-. 
Las dificultades se resuelven mediante la traducción, pero entonces hay que asegurarse de que la calidad de la traducción es alta y de que el candidato puede comprobar que lo escrito en la lengua original es lo que aparece en el papel que se ha corregido. 
Si hubiera incoherencias el candidato debe poder señalarlas. 
Nos complace que la Comisión vaya a hacer esto. 
No sólo la Comisión sino las demás instituciones y órganos de la Comunidad deberían cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, incluso en los procedimientos de contratación de personal ya iniciados. 
Hay que lamentar que la Comisión decidiera aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo sólo a los procedimientos de contratación de personal iniciados con posterioridad a junio de 2000. 
Creemos que las instituciones de la Comunidad deberían llevar a cabo sus procedimientos de contratación de personal, y, de hecho, todos sus procedimientos, con la máxima apertura y transparencia para evitar las sospechas de parcialidad, injusticia e incompetencia administrativa. 
También debemos asegurarnos de que los procedimientos fomentan la contratación de mujeres para todos los grupos salariales, incluidos los grupos salariales superiores, en los que están escasamente representadas. 
Nos gustaría también llamar la atención sobre los puestos temporales y auxiliares en las instituciones, oficinas y órganos de la Comunidad y de la Unión. Deberían publicarse en el Diario Oficial, en la prensa y en internet para garantizar una verdadera competencia. 
Los puestos de alto rango deben garantizar que se recompensan los méritos y que todos los puestos vacantes, incluso los de mayor nivel, se publican en el Diario Oficial y en internet. 
Asimismo, debe obligarse a las personas empleadas en los despachos privados de los miembros de la Comisión a que participen en un proceso general de selección antes de poder ocupar otra vacante en la institución en cuestión. 
Señalamos, por ejemplo, que el antiguo jefe de gabinete del Sr. Prodi fue trasladado a otro puesto en la jerarquía de la Comisión. 
Esperamos que comprenda que debería dimitir cuando el mandato de la actual Comisión termine, puesto que nunca ha aprobado ninguna oposición de la Comisión. 
Es moneda corriente en toda la Unión la dificultad de conseguir trabajos a no ser que se esté bien conectado. 
Tenemos que hacer todo lo que podamos por que esa moneda corriente no sólo sea falsa sino que, además, parezca falsa. 
Señor Presidente, el Sr. Bösch ha realizado un excelente informe y hay que agradecérselo al igual que a la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la persona de la Sra. Hautala. 
En este asunto hay que felicitar a todos los protagonistas. Al Defensor del Pueblo europeo, por su iniciativa, su voluntad de transparencia y su atención extrema a las relaciones de los ciudadanos con la administración europea. 
Hay que felicitar también a la Comisión que, tras algunas reticencias, ha colaborado plenamente con el Defensor del Pueblo europeo y ha estimado las demandas de éste, principalmente la recomendación objeto de este informe. 
Nos ha parecido legítimo que un candidato pueda tener acceso a su copia corregida, ya que el acceso a los documentos es un derecho fundamental, reconocido además por la Carta de derechos fundamentales que acabamos de aprobar esta semana. 
De la misma manera, encontramos totalmente justificado que el candidato pueda llevar después de la prueba el texto de un cuestionario que haya servido de tema para dicha prueba. 
Las medidas de contratación necesitan mucha transparencia para evitar cualquier abuso, eso es evidente. 
Sin embargo, nos parece que es necesaria una cierta flexibilidad. 
No debemos contribuir a fijar dispositivos que pueden aplicarse a instituciones tan diferentes como la Comisión o el Tribunal de Justicia. 
No creo tampoco que sea necesario sobrecargar algunos procesos mediante dispositivos onerosos, desproporcionados con respecto a la realidad de los riesgos de conflicto. 
Me refiero aquí a una enmienda relativa a la exigencia de la prueba indiscutible del desarrollo de una prueba oral, por ejemplo. 
Nuestro Grupo se ha sentido muy satisfecho por la votación en la Comisión de Peticiones. 
El ponente ha propuesto nuevas enmiendas en el Pleno. 
Las hemos estudiado y podemos aceptar tres que están en la línea de nuestra votación en comisión. 
Las demás nos parecen difícilmente realizables, o incluso fuera de lugar. 
Para concluir, diré que nos alegramos de que la Comisión se haya sumado a las recomendaciones del Defensor del Pueblo europeo. 
Este diálogo entre el Defensor del Pueblo europeo y la Comisión es la prueba de la voluntad de ésta de llevar una política de transparencia y buena administración. 
Esta voluntad es beneficiosa para la aproximación de las instituciones y los ciudadanos europeos, es también, evidentemente, la manifestación palmaria de la utilidad del Defensor del Pueblo europeo y de su eficacia. 
Señor Presidente, el cargo del Defensor del Pueblo se instituyó en el Tratado de Maastricht simultáneamente a la adopción del concepto de ciudadano de la Unión. 
El Defensor del Pueblo es el encargado de defender los intereses de los ciudadanos ante las instituciones. 
Tal y como presupone su cargo, el Defensor del Pueblo, Sr. Jacob Söderman, trabaja en favor de los ciudadanos y por que la buena administración eche raíces en la Unión. 
Todos sabemos que todavía queda mucho por hacer en este sentido. 
Sin embargo, la adopción de procedimientos administrativos óptimos, transparentes y eficaces es de una importancia fundamental para que la Unión Europea consiga contar con el apoyo y la confianza de los ciudadanos en mayor grado del actual. 
Esta vez estamos debatiendo el informe del Defensor del Pueblo sobre el secreto practicado en los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión. 
El informe contiene recomendaciones que la Comsión ya ha empezado a aplicar. 
El ponente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Sr. Herbert Bösch, indica en la argumentación de su informe que los principios que han fundamentado las recomendaciones del Defensor del Pueblo resultaron ser los mismos principios que acata el Parlamento Europeo, o sea, la corrección, la transparencia y el deseo de infundir confianza. 
El Parlamento es un órgano elegido directamente por el pueblo. 
Su misión, además de los poderes legislativos, es controlar el funcionamiento del aparato burocrático en nombre de los ciudadanos. 
Así pues, el Parlamento y el Defensor del Pueblo deben actuar al unísono. 
El informe de la Comisión de Peticiones señala que la comisión parlamentaria aprueba el informe especial que nos ocupa y, en particular, el punto en el que se quieren mejorar las impresiones de los ciudadanos sobre los procedimientos de los concursos de las instituciones. 
Una de las propuestas centrales del Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, tiene que ver con el derecho de los candidatos a acceder a sus pruebas ya corregidas. 
La comisión parlamentaria constata que la Comisión le comunicó al Defensor del Pueblo que adoptaría la recomendación al respecto a partir de principios de julio del año 2000. 
Asimismo, en el informe se insta a todas las instituciones y a todos los órganos de la Comunidad Europea para que permitan a los candidatos que así lo soliciten acceder a sus pruebas ya corregidas en los futuros concursos de oposiciones. 
Nuestro colega, el Sr. Bösch, ya ha expuesto brevemente aquí las enmiendas que se han hecho a este informe. 
Espero que éstas cuenten con el apoyo del Pleno. 
Señor Presidente, si la Unión Europea ha de tener algún futuro necesita del apoyo de sus ciudadanos y éste sólo puede lograrse si la gente confía en la Unión y en sus instituciones. 
Tal y como están las cosas, con demasiada frecuencia se ven las instituciones como distantes y burocráticas; algo que ha tenido repercusiones negativas para el Parlamento como prueba, por ejemplo, la escasa participación de las últimas elecciones. 
Participar en oposiciones de la Unión Europea es para mucha gente su primer acercamiento a las instituciones europeas. 
Cualquier duda sobre la objetividad de las oposiciones debe, por tanto, tomarse en serio. 
El hecho de que estas oposiciones hayan estado rodeadas de sospechas de irregularidad y de favoritismos en los medios de comunicación ha sido bastante dañino para la percepción pública de las instituciones. 
El contar con un buen personal y con unos buenos cargos es, en sí mismo, esencial para el buen funcionamiento de las instituciones y esto sólo puede garantizarse si el procedimiento de contratación es imparcial y lo más objetivo posible. 
La transparencia en el procedimiento, con el debido respeto a la independencia de los tribunales, es esencial a estos efectos. 
Permitir a los candidatos ver sus exámenes corregidos es un medio sencillo de aumentar la transparencia y la confianza en el procedimiento de contratación de los funcionarios europeos. 
La iniciativa y las recomendaciones del Defensor del Pueblo pueden, por tanto, acogerse de modo muy favorable al igual que la decisión de la Comisión de adoptarlas. 
El ejemplo debería seguirlo el resto de las instituciones y órganos, como ha recomendado la Comisión de Peticiones. 
Es vital para la construcción y administración de una comunidad multinacional como es la UE que no haya sospecha alguna de discriminación entre candidatos a puestos en la administración, ya sea por motivos nacionales u otros. 
Por consiguiente, agradezco al Defensor del Pueblo su informe, que apoyo plenamente. 
También agradezco a la Comisión que haya decidido seguir la recomendación del Defensor del Pueblo y permitir a los candidatos el acceso a sus pruebas corregidas en futuras oposiciones. 
Pido al resto de las instituciones que sigan este ejemplo. 
Señor Presidente, los diputados de la Lista Bonino respaldan con convicción el informe del Sr. Bösch y, al no tener esos prejuicios ideológicos que con frecuencia caracterizan la actitud de algunos miembros del Grupo Socialista hacia nosotros, quisiera agradecer a dicho Grupo las enmiendas que ha presentado. 
Se trata de unas enmiendas sumamente claras, sintéticas y pragmáticas que representan la verdadera reforma, es decir, la única reforma digna de este nombre que las Instituciones europeas deberían aprobar en materia de procedimiento para contratación de personal. 
Sin embargo, entre las nobles palabras y los nobles principios que expresa el Defensor del Pueblo Europeo y la práctica no siempre las cosas son tan breves y claras. 
Tras haber formulado sendas preguntas a la Comisión sobre la gestión y la organización de la última oposición interna, recibí respuestas concretas y detalladas. 
De las mismas afloraba un caso claro de mala administración, por no decir de abuso de poder por parte del Director General de Personal y, en la segunda respuesta a la pregunta, esta responsabilidad se atribuía también al Comisario Kinnock. 
Ante este hecho, formulé una denuncia al Defensor del Pueblo Europeo. 
En su respuesta, el Defensor del Pueblo decía que no abriría una investigación, ya que la oposición se encontraba en una fase avanzada. 
Lamentablemente, no tenía ni tengo esas facultades paranormales que permiten conocer los hechos antes que sucedan. 
Y no sólo: el apartado 4 del artículo 2 de la decisión del Parlamento Europeo relativa al Estatuto y las condiciones generales para el ejercicio de las funciones de Mediador del Pueblo Europeo, prevé que la denuncia se ha de presentar en el plazo de dos años a partir de la fecha en que el denunciante haya tenido conocimiento de los hechos que la justifican. 
Por lo que se refiere a mis funciones y a mis responsabilidades políticas, esta decisión del Defensor del Pueblo es una defensa de oficio de la Comisión, a pesar de no ser éste el mandato que el Defensor del Pueblo Sr. Söderman ha recibido de este Parlamento. 
Señor Presidente, antes de comenzar quisiera recomendar que a la vez que sustituyen el cableado podrían pintar todas las paredes negras de blanco o de otro color. 
Permítanme que felicite al Sr. Bösch por su excelente informe y que felicite también al Defensor del Pueblo Europeo por el trabajo que está realizando. 
Sé que, aunque esto fue antes de que yo llegara, en esta Cámara se planteó si había que tener un Defensor del Pueblo porque podría parecer un conflicto de intereses. 
Pero la historia ha demostrado que no es así y que un Defensor del Pueblo trabaja muchísimo para proteger los intereses de nuestros electores y constituye un punto de acceso para legitimar las quejas y descubrir lo que se ha hecho mal. 
Tuve el privilegio de participar en el comité de investigación del defensor del pueblo en la Cámara de los Comunes y era un comité muy poderoso. 
Podíamos citar a cualquier persona del país ante el comité del defensor del pueblo, y el procedimiento de este comité de investigación, al que me referiré dentro de un par de minutos, es algo de lo que podríamos aprender. 
Los ciudadanos de la Unión Europea deberían recibir una impresión positiva cuando tratan con las instituciones europeas. 
La pregunta es: ¿se ha logrado esto? 
Me temo que la respuesta es sencillamente "no". 
Sin duda, como indica el informe, se están haciendo mejoras. 
Felicito a la Comisión por aceptar las cuatro recomendaciones recogidas en el informe especial del Defensor del Pueblo. 
El acceso a los documentos públicos por parte de los ciudadanos de la Unión es un signo distintivo de una democracia responsable y que funciona plenamente. 
El que los candidatos a puestos en las instituciones comunitarias puedan ver sus exámenes corregidos muestra que las instituciones tienen confianza en el modo en que llevan a cabo sus procesos de solicitud y selección. 
Es un signo distintivo de una democracia segura de sí misma el que los procesos por los que se realiza la selección sean abiertos y no se recurra a confidencialidad ni secretismo alguno. 
En el comité de investigación de la Cámara de los Comunes teníamos la facultad de establecer un régimen de seguimiento de todos los niveles del ejecutivo, no sólo de los ministros, como hacemos aquí controlando a la Comisión que acude a esta Cámara y responde a nuestras preguntas, sino también mediante sesiones de dos horas con el ministro en cuestión y presencia de los funcionarios en las que los diputados podían plantear preguntas y estar preparados para hacer preguntas detalladas y para obtener respuestas detalladas. 
Así se empieza a abrir el proceso del gobierno y a hacerlo transparente. 
En nuestra resolución hablamos del gobierno transparente y deberíamos empezar a aplicarlo en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quisiera también yo expresar mi felicitación tanto al ponente cuanto a la redactora del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
No obstante, felicitaciones, merece, principalmente, claro está, el Sr. Södermann, el cual, funcionando como perfecto receptor de muchas denuncias de ciudadanos europeos por la inapropiada gestión de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión, ha elaborado un informe de propia iniciativa al objeto de brindar una solución a este problema. 
Resulta satisfactorio que la Comisión haya aceptado muchas de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. 
No obstante, creo que sigue existiendo un vacío, puesto que se niega a configurar un sistema integrado de principios con directrices precisas que conduzcan a la plena objetividad en los concursos para la contratación de personal. 
Y, sin embargo, sólo así, se limitarán las arbitrariedades y a las consiguientes protestas- fundadas o no, eso lo desconocemos- sobre oposiciones con resultados prefijados. 
Los problemas técnicos, por muy complicados que sean, no pueden erigirse en obstáculo al objetivo político de transparencia. 
Si las cosas fueran así, no habría razón alguna para debatir siquiera sobre transparencia. 
El propio Presidente de la Comisión repetidamente nos ha prometido que la transparencia en la gestión de los asuntos europeos constituye una prioridad absoluta. 
No creo, pues, que cuando proclamó esto ignorara los inconvenientes para la materialización de ese objetivo. 
Quisiera decir, para concluir, que la Comisión está obligada a avenirse a las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo, así como también a conformar un sistema integral de exámenes objetivos; y ello por dos razones principales: primero, porque está legalmente obligada por el artículo 255 del Tratado, que, tal y como quedó revisado en el Tratado de Amsterdam, introduce el principio de transparencia. 
Por esta razón, llamamos al Consejo a colaborar con la Comisión en la preparación del reglamento correspondiente. 
Segundo, porque desde un punto de vista estrictamente político, constituye un presupuesto fundamental para el fortalecimiento de su propia credibilidad. 
La Unión Europea, a diferencia de los estados que poseen un largo pasado, tiene una breve historia. 
Y por ello debe crear expectativas de algo nuevo. 
Y lo nuevo en este caso es que deberá guiarse en sus prácticas por la búsqueda de la excelencia y evitar todo lo que, de acuerdo con nuestra experiencia, pueda restarle credibilidad en los propios países miembros. 
La Unión Europea tiene más necesidad que los estados miembros de mostrar un rostro fiable, porque, a diferencia de los estados miembros, que tienen otros vínculos con los ciudadanos, como, por ejemplo, los que establece el origen compartido, el único agente de cohesión con el que cuenta la Unión Europea es la aspiración al respeto del ciudadano europeo. 
. Señor Presidente, en primer lugar querría agradecer al Sr. Bösch su informe, que la Comisión acoge de forma favorable. 
Algunas de sus peticiones ya están puestas en marcha. 
Por ejemplo, ya se permite que los candidatos se lleven consigo las preguntas de los exámenes, que los criterios generales de evaluación se comuniquen a los candidatos que así lo solicitan, que la lista de aprobados se publique en el Diario Oficial, o que la composición del tribunal de la oposición se publique en el Diario Oficial, en el caso de las oposiciones generales, y en el sitio web de la Comisión, en el caso de oposiciones internas o restringidas. 
La Comisión trata de ser lo más objetiva posible y respecto a un par de cuestiones que se han suscitado en el debate me gustaría hacer dos comentarios. 
Los candidatos no son conocidos, no están identificados por su nombre, sino por un código secreto. 
En segundo lugar, respecto de las lenguas, los exámenes se hacen y se corrigen en las lenguas nacionales y los test no se convierten de una lengua a otra antes de la corrección. 
Por lo tanto, se intenta tener el máximo de seguridades y de garantías para que los exámenes se realicen de la forma más equitativa y más aceptable para todo el mundo. 
El punto que hoy interesaba seguramente más en el debate del informe del Sr. Bösch es qué sucede con el acceso a los exámenes ya corregidos por parte de los candidatos. 
El Presidente Prodi ya en su día se refirió a este tema. 
En este momento puedo confirmar algo que ya viene en el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión, concretamente en la medida 29 referida a la mejora de la transparencia en beneficio de los candidatos, donde se dice que "finalmente y en consonancia con la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión permitirá a los candidatos acceder a sus pruebas corregidas en todas las oposiciones convocadas a partir de julio de 2002". 
La preocupación de algunos de sus Señorías es por qué julio de 2002. 
Pues precisamente por esa misma preocupación de transparencia y de conocimiento del procedimiento que ustedes plantean. 
Incluso un tema como la posibilidad de acceder a la revisión de los exámenes exige algunos pasos previos desde el punto de vista administrativo: de qué forma se lleva a cabo esa revisión de los exámenes, quién está habilitado para ello, cómo y ante quién deben plantearse ese tipo de procedimientos. 
Desde el punto de vista de la Comisión, el compromiso en este tema es absoluto y esperamos que tan pronto como estas medidas estén en marcha, se apliquen de forma general. 
Por último, la Comisión puede evidentemente comprometerse por sí misma. 
Respecto a otras instituciones, depende de las mismas la posibilidad de adoptar los procedimientos planteados en este informe o en las peticiones del Defensor del Pueblo. 
Gracias, señor Comisario. 
Ha sido un colofón muy satisfactorio a un debate muy satisfactorio. 
Señor Presidente, no quiero formular una pregunta- está claro que el Comisario Solbes no es el responsable- no obstante, tomo nota de la declaración acerca de que se podrá acceder a las pruebas corregidas a partir de julio de 2002. 
Hace tan sólo unos meses, el Presidente Prodi sostenía que, a partir de julio de 2000, todas las oposiciones preverían esta opción. 
¿Esto qué significa? 
¿Acaso la famosa reforma se aplaza para dentro de dos años? 
. No, señor Turco, significa una de estas dos cosas. 
O bien que yo me he equivocado al leer el texto- evidentemente estaba hablando de 2000- o bien que la interpretación se ha equivocado al traducirme. 
Evidentemente estaba hablando de julio de 2000. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
En su intervención, el Sr. Deva ha llamado la atención sobre el hecho de que en esta Cámara no somos muy buenos interrogando. 
Eso quedo muy claro anoche durante el Turno de Preguntas al Consejo. 
La sesión acabó, de hecho, antes de lo previsto pero, aún así, las preguntas al Consejo se han convertido, a mi modo de ver, en un mero ejercicio de fomentar la evasiva. 
A esto se añade la imposibilidad de que un diputado disponga de más de una pregunta oral. 
No tiene ningún sentido interrogar al Consejo. 
Quisiera sugerir que la Mesa estudiara en algún momento la cuestión de si puede permitirse a un diputado que limite su primera pregunta oral a menos de medio minuto disponer de una segunda pregunta. 
Eso esta fuera de lugar al cierre de este debate pero quizás desee usted dirigirse por escrito al Vicepresidente encargado de las reformas para ver si puede incorporarse de alguna manera. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.12 horas). 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en el Acta de ayer, en la página 14 de la versión francesa, se dice que volveríamos esta mañana sobre mi solicitud de aplazamiento de las votaciones del informe Villiers. 
Creo que ha llegado el momento de hacerlo. 
Solicité que se votara el informe Villiers en noviembre, en Bruselas, porque hay algunas enmiendas bastante delicadas que no quisiera que se votaran por mayorías aleatorias. 
Hablaremos de ello inmediatamente. 
Por el momento nos encontramos en la aprobación del Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
VOTACIONES 
Una vez más, señor Presidente, ayer solicité el aplazamiento de la votación del informe de la Sra. Villiers. 
Se trata de un informe muy importante que merece algo más que ser tratado en un hemiciclo no demasiado lleno. 
Lamento por otro lado que sus señorías se eximan de venir el viernes a Estrasburgo, pero es un hecho, y si votamos hoy corremos el riesgo de llegar a resultados basados en mayorías aleatorias, lo que tampoco es glorioso para este Parlamento. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera intervenir a favor de la propuesta del Sr. Goebbels. 
Dejo esta cuestión al juicio de la Asamblea. 
Les corresponde a ustedes decidir si quieren que sea pospuesta o no. 
Los viernes de Estrasburgo constituyen una cuestión delicada para nosotros, pero hoy, por la importancia del informe- que plantea cuestiones que afectan al procedimiento general de la Asamblea y a nuestras relaciones generales con la Comisión- considero que sería mejor que los grupos tuviesen la oportunidad de votar cuando hubiese más diputados presentes. 
Lamento que no haya más diputados presentes esta mañana. 
No haría esta solicitud si no pensara que éste es un importante informe que requiere la presencia de un mayor número de diputados, puesto que vamos a tomar importantes decisiones. 
Me consta que los viernes constituyen una cuestión delicada, de modo que lo dejo al juicio de la Asamblea. 
Pero, personalmente, apelo a ustedes para que voten a favor de la posposición de la votación sobre este informe. 
Hemos oído a nuestro ponente. 
Ahora sería necesario oír a un orador a favor y a otro en contra. 
Señor Presidente, ingresé en política con la esperanza de poder convencer a la gente con argumentos y eventualmente ganar votos. 
Una forma de ganar votos es aparecer cuando no lo hacen tus oponentes. 
Si esto se lo impide una catástrofe inevitable nos encontraríamos ante una quiebra democrática, pero si no consideran relevante acudir, no merecen los votos. 
No es la Asamblea la que priva a los votantes de sus derechos, sino los diputados que no están aquí. 
Señor Presidente, lamentablemente, he llegado tarde, no he votado y, en consecuencia, considero que no tengo derecho a formular una explicación de voto. 
Ese escrúpulo y ese respeto por el Pleno le honran, señoría. 
. (IT) Declaro que he votado a favor del informe de la Sra. Villiers, sobre los fondos propios de las entidades de crédito, ya que no se podía dejar de poner al día y completar la Directiva 89/299/CEE que reguló la materia hace once años. 
Son justos los criterios de mayor prudencia adoptados, sin embargo, hay que considerar también otros aspectos de la cuestión, en particular el coeficiente de solvencia que es un coeficiente de ponderación por tipo de contrapartida que aproxima el riesgo de crédito implícito en el activo de un banco. 
En Italia el nivel actual es del 8% -el 7% para los grupos bancarios- de las actividades de riesgo ponderadas tanto por caja como fuera de balance. 
Lo que no es en absoluto aceptable es que el órgano de vigilancia- el banco central italiano- pueda establecer, como consecuencia de determinadas condiciones, un ratio mínimo más elevado. 
No se cambian las reglas durante el partido, sino al principio. 
Por lo tanto, de acuerdo con un coeficiente de ponderación más alto- por ejemplo, el 10% -pero absolutamente fijo en cualesquiera casos y circunstancias. 
En consecuencia, hay que suprimir la letra d) del artículo 53 del TULB que trata precisamente de este aspecto, del mismo modo que en los Estados miembros hay que derogar todas las normas que prevén este tipo de modificaciones a posteriori. 
Para evaluar la Directiva sobre Recursos Propios de los Institutos de Crédito deben ser sopesados cuidadosamente los varios intereses que ahí entran en conflicto. 
Los portavoces respectivos aspiran legítimamente a que se protejan sus intereses, por lo que para hacer una reglamentación justa se necesita una mediación entre las partes. 
Éstas son, en primer lugar, los ahorradores, quienes saldrían beneficiados de una reglamentación armonizada a escala de la UE porque sus ahorros estarían protegidos contra pérdidas conforme a los mismos criterios. 
Al otro lado están las PYMEs, que temen ser perjudicadas a la hora de conseguir créditos por esa reglamentación porque no pueden competir por la concesión de créditos con las garantías con las que lo hace una gran empresa. 
Una posible consecuencia de ello sería la pérdida de puestos de trabajo en ese ámbito empresarial. 
Un segundo conflicto de intereses surge del hecho de que, por un lado, se exige un largo periodo de transición para dar la posibilidad al mayor número posible de bancos, especialmente a las instituciones financieras más pequeñas, de incorporar en su funcionamiento interno la nueva reglamentación exigida. 
Por otro lado, la lentitud de este proceso de adaptación favorece a la banca norteamericana, que ya disfruta de esa reglamentación y pueden competir con ventaja en Europa con la banca europea. 
Tenemos que evitar lastrar de este modo a nuestras empresas sin que por ello la fortaleza de las grandes empresas europeas se construya a costa de las pequeñas. 
Apoyamos la petición de que hay que encontrar una solución al conflicto entre los EEUU y la UE producido por una legislación discriminatoria como es la ley Gramm-Leach-Bliley. 
En resumen, la aspiración de conseguir una armonización europea es correcta y significa una mejora en la seguridad y en una más limpia competencia, lo que beneficia a todas las partes, aunque con ello no debe favorecerse a ninguna de las partes en perjuicio de otras. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0316/2000) , del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción de una decisión del Consejo sobre la creación provisional de la Escuela Europea de Policía (EEP). 
. (DE) Señor Presidente, hoy hemos estado hablando sobre la mayor o menor importancia de los informes. 
Creo que éste es un informe importante, y por ello estoy contento y orgulloso de que sea discutido y votado en viernes, pues este viernes es un día laboral como cualquier otro. 
Soy de la opinión de que nosotros como Parlamento Europeo debemos estar orgullosos por haber puesto en marcha el plan de una Academia Europea de Policía. 
Como saben, la idea surgió en una sesión técnica celebrada en Deggendorf, en la Baja Baviera, en 1995, y en 1998 fue aprobada unánimemente por esta Asamblea en el contexto de un informe sobre ampliación al este y seguridad interior. 
Entonces estábamos tratando el tema tan importante, que cada vez se hace más perentorio, de que no debemos preparar a los países candidatos para la entrada en la UE sólo desde un punto de vista económico, sino que también han de cumplir unas condiciones marco relativas a democracia, estado de derecho y administración. 
Si leemos los informes más recientes sobre el progreso podemos comprobar que en materia legislativa han avanzado bastante, pero su aplicación en los países candidatos es todavía muy problemática porque la tarea de crear una nueva Fiscalía del Estado, una nueva Administración de Justicia y una nueva Policía es ingente. 
En el informe de entonces dijimos que queríamos que en esos países, que han llegado a la democracia por su propio esfuerzo tras décadas de estado policial, se formen policías que no sólo asuman realmente las exigencias democráticas europeas, sino que colaboren cooperativamente en su realización. 
Así surgió la idea de una Academia Europea de Policía para los Estados miembros de la Unión Europea y para los Países candidatos. 
La idea de esta Asamblea fue asumida en la Cumbre de Tampere, y estoy muy agradecido al Consejo porque ha acogido este proyecto, que surgió de esta Asamblea, como si fuese suyo. 
Especialmente agradecido estoy al Comisario Vitorino, que se ha puesto vehementemente al servicio de la creación de la Academia Europea de Policía, lo que también pone de manifiesto que el Gobierno portugués, próximo a él, ha hecho suya esta iniciativa de manera digna de agradecimiento. 
La Academia Europea de Policía debe empezar a funcionar ya el año que viene, según es voluntad del Consejo y de la Comisión de Asuntos Internos de este Parlamento, y lo hará como una institución en red integrada por las Academias de Policía nacionales con una asignación presupuestaria común, una dirección común y un programa común de formación. 
Pero nosotros deseamos que esto sea un primer paso para que en dos o, a más tardar, tres años, esté funcionando una auténtica Academia de Policía. 
Quisiera en relación a esto citar una bella frase de la Presidencia francesa del Consejo: Necesitamos esa Academia de Policía común realmente funcionando para crear una cultura europea de la formación policial. 
Justamente por lo que concierne a la protección de las fronteras exteriores, a la lucha contra la criminalidad transfronteriza, pero también a la aplicación de los derechos humanos en la Unión Europea, es urgentemente necesaria una tal formación común. 
Los sindicatos y las asociaciones policiales la apoyan masivamente. 
Ustedes saben que en el país fronterizo entre la UE y los Países candidatos, es decir, en Baviera del Este, muchas ciudades han presentado su candidatura para ser la sede de la Academia. 
Pero soy de la opinión de que todavía es demasiado pronto para tomar una decisión al respecto. 
Por supuesto, ése sería el mejor lugar para ubicarla, aunque por hoy se trata tan sólo de que esa Academia de Policía sea creada. 
Todas las fuerzas políticas ejercen en ello una acción conjunta. 
Agradezco al Ministro del Interior alemán y al correspondiente bávaro, así como también al anterior Ministro de Interior austríaco, el Sr. Schlögel, porque juntos hicieron esto posible en Tampere. 
Creo que estamos ante una oportunidad única para hacer Europa en términos concretos, una Europa del estado de derecho que no sólo figure en algunos documentos sino que encuentre una aplicación práctica. Como Parlamento Europeo podemos estar orgullosos de que ésta haya sido una idea y una iniciativa de esta Asamblea que en pocos meses será una realidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, el Sr. Posselt, por el excelente trabajo que ha hecho en el ámbito de esta iniciativa relativa a la creación provisional de la Academia Europea de Policía; se trata de una causa en la que se ha empeñado de forma continua y consecuente. 
Estamos ante un instrumento muy útil con vistas a optimar no sólo la cooperación policial entre los Estados miembros, sino también a permitir una mejora de la cooperación con los países candidatos a la adhesión, así como en relación con Noruega e Islandia. 
Esta cooperación policial es fundamental para que se pueda alcanzar el gran objetivo de proporcionar a los ciudadanos europeos un elevado nivel de seguridad dentro del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. 
La intención de la Presidencia portuguesa con la presentación de esta iniciativa ha sido la de iniciar, como continuación de las conclusiones de Tampere y con vistas a cumplir los plazos previstos por el grupo de evaluación, una primera fase de la Academia Europea de Policía con la creación de una red de los institutos nacionales ya existentes en cada uno de los Estados miembros, en el sentido de mejorar la formación de altos funcionarios policiales. 
Estamos iniciando así la formación de la próxima generación policial para poder trabajar y funcionar en el ámbito europeo, es decir, preparándola para la aplicación del derecho comunitario y de las acciones comunes y comunitarias. 
Será, en cierto modo, una academia virtual, que deberá ir encaminada a profundizar el conocimiento mutuo de los sistemas y las estructuras nacionales de policía de los Estados miembros, reforzar el conocimiento de los instrumentos internacionales y optimar la cooperación y la coordinación entre la Academia y los demás institutos multinacionales europeos de formación policial. 
No nos cabe duda de que será más fácil obtener consensos en esta primera fase. 
El paso a la segunda fase, es decir, a la plasmación institucional y física de la futura Academia Europea de Policía, planteará sin duda algunos problemas. 
Sabemos que aún existen algunos Estados miembros que apoyan la creación de la Academia sólo como una red permanente de institutos nacionales, pero presumimos que la mayoría acepta esta propuesta como una fase temporal que permita la creación de una institución sólida en el plazo máximo de tres años. 
Ésta es también la propuesta apoyada por la Comisión y que tan vigorosamente ha defendido el Comisario António Vitorino. 
Ésta es la posición defendida también por el ponente y que el Partido Popular Europeo comparte. 
El ponente va aún más lejos al proponer que se acorte el plazo a dos años; en cuanto se consiga alcanzar los objetivos propuestos, resulta, desde luego, de interés común que se aligeren los plazos en el sentido de consolidar el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario, Sr. Vitorino, su presencia hoy aquí en el debate de dos informes de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que en mi opinión son importantes. 
Sobre el informe del Sr. Posselt, que realmente ha llevado a cabo una buena labor, es un hecho que la cooperación policial y judicial son nuevos sectores de los que se ocupa la Unión Europea y cada propuesta a debate constituye un avance. 
En las conclusiones de Tampere se formula expresamente la necesidad de crear una Academia Europea de la Policía. 
Creo que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, con las enmiendas que ha adoptado, ha enriquecido la propuesta de la Presidencia portuguesa. 
Por ejemplo, creemos que la formación policial no debe limitarse solamente a la cooperación policial transfronteriza y a la lucha contra el crimen, sino que deberá incluir también otros sectores de la política, como los derechos humanos, la prestación de servicios a los ciudadanos, la utilización de nuevas tecnologías, las prácticas no represoras de imposición de la ley, métodos de previsión de la criminalidad y de respeto del Estado de derecho, así como conocimientos sobre las políticas y sobre los cambios socioeconómicos en la Unión Europea. 
En todos estos sectores, la Academia de policía, como red que coordine las instituciones nacionales de educación o como Academia real, con una sede permanente y afianzada, puede desempeñar un papel importante en el fomento de las prácticas más eficaces y de los métodos de planificación más actuales. 
Por supuesto deben tener prioridad los países con los que la Unión Europea mantiene negociaciones de adhesión. 
La ampliación de la Unión Europea, con la extensión del espacio de libre circulación de ciudadanos, debe estar acompañada por medidas complementarias de seguridad y de coexistencia pacífica entre los Estados miembros. 
Los países candidatos a la adhesión no deben retrasar su incorporación plena en lo que se refiere al tercer pilar, es decir, al pilar de la justicia y de los asuntos internos, y por eso se deben crear marcos concretos de cooperación entre la Academia Europea de Policía y los servicios policiales de estos países. 
Quisiera subrayar una vez más que el Parlamento Europeo tiene un papel exclusivamente consultivo en todo el tema. 
Sin embargo, la creación de nuevas estructuras europeas seguramente tendrá repercusiones en la vida de los ciudadanos, especialmente ahora que también nos dedicamos a los temas policiales. 
Por esta razón, quisiera solicitar al Consejo- que creo que hoy no está presente- que estudie con atención las enmiendas que hemos presentado y que tome seriamente en consideración la opinión del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, igual que los que me han precedido en la palabra, espero que esta iniciativa no se contemple como la enésima construcción europea, sino que se la tome en serio y que, por consiguiente, se le den suficientes oportunidades. 
Yo tengo, de todos modos, mis reparos con respecto a su nominación. 
La denominación politieacademie (Escuela de Policía) me hace pensar en un folletín televisivo americano que trata sobre policías que dan ganas de reír. 
Por otro lado, la palabra academie (academia) es demasiado poco asertiva, teniendo en cuenta que se trata de trabajo policial. 
Naturalmente, esto no es más que un detalle. Creo que es más importante limitarnos a lo esencial. 
La situación social en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea es de tal naturaleza que, efectivamente, hay gran necesidad de colaboración entre los diferentes cuerpos de policía más allá de las fronteras de su propio país. 
Esta colaboración más allá de las fronteras sólo podrá dar resultados si se cumple con una serie de condiciones: que se tenga el máximo cuidado en la elaboración de programas adecuados y sin rodeos, para la preparación continuada; que se preste atención a la preparación en materia del tipo de respuesta de los Estados miembros ante situaciones de crisis en terceros países y que se permitan con espíritu profesional los intercambios y los destacamentos, haciendo hincapié en el aspecto de la profesionalidad. 
También se debe prestar especial atención a la formación en el ámbito europeo, en materia de la prevención del crimen, el mantenimiento del orden público y la eficaz vigilancia de fronteras. 
Por otro lado, una escuela europea de policía deberá convertirse en el foro para conseguir una buena idea sobre los diversos sistemas policiales nacionales, así como la protección de sus conocimientos. 
En suma, espero que, sin demora, se dé forma a esta iniciativa que, a mi modo de ver y también en opinión de mi Grupo, da respuesta a la necesidad de crear una organización estructurada europea para la formación. 
Señor Presidente, si algo he aprendido desde que fui elegido para esta Asamblea sobre los problemas de circunscripción es que a lo largo de Europa la interpretación de los artículos 5 y 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos es muy variable- el derecho a una detención breve antes del juicio y el derecho a una rápida administración de justicia, el derecho a ser puesto en libertad cuando se está pendiente de juicio si este no puede tener lugar rápidamente. 
Estos derechos son interpretados de forma diversa en las distintas partes de la Unión. 
Yo provengo de un país en el que el periodo máximo de detención permitido por la ley es de 110 días. 
Transcurridos 110 días de detención sin juicio, la persona debe ser puesta en libertad y no podrá ser juzgada por el mismo delito. 
Por lo que veo, las condiciones en las cárceles francesas y portuguesas son muy diferentes. 
Una persona puede ser retenida durante periodos larguísimos en espera de juicio. 
Realmente, en Europa no disponemos de una cultura común respecto de estas importantes cuestiones. 
Esto se relaciona directamente con nuestra cultura policial. 
¿Tenemos una cultura policial en la que la idea fundamental consiste en retener a las personas solamente el tiempo necesario, buscar las pruebas tan rápida y expeditivamente como sea posible e ir impulsando los juicios, o tenemos un sistema en el que cada cual hace lo que más le conviene? 
Sería excelente que en Europa fuésemos capaces de desarrollar una cultura policial común, sobre todo si ésta se basase en las mejores prácticas. 
Pero, como ya dije esta semana en otro debate, el peligro reside en que desarrollamos una suerte de informalidad general, nos hemos desplazado hacia el mínimo común denominador y no hacia el máximo común múltiplo. 
Asegurémonos de que si vamos a tener una Escuela de Policía, ésta se fundamente, como resalta el informe del Sr. Posselt, en la necesidad de desarrollar y aumentar el respecto por los Derechos humanos y civiles en nuestra cultura policial. 
La eficacia policial no sólo consiste en capturar a gente y meterla en la cárcel. 
Tiene que ver con la captura de la gente que efectivamente comete los crímenes y ponerlos a disposición judicial de forma civilizada, con una adecuada relación entre los servicios policiales y la administración de justicia. 
Si conseguimos hacer una escuela de policía europea para ello, para que empiece a desarrollar esa suerte de cultura común, sería algo extraordinario. 
Parece que la mayoría de los que han intervenido hasta ahora considera que es esencial que la escuela tenga una sede permanente. 
Creo que es necesario que su administración tenga una sede permanente, pero me gustaría que los diputados de esta Asamblea reflexionasen, en el interés de una cultura policial común para Europa, sobre si sería mejor llevar a todo el mundo a un lugar o tener cursos que año a año o en razón de las materias se desplazasen a las distintas escuelas y academias de policía de todas las partes de la Unión. 
De este modo la gente empezaría a apreciar las diferencias locales de concepto y enfoque. 
Confiamos en que nuestras fuerzas de policía obtengan así un conocimiento recíproco y aprendan las mejores prácticas de cada una, y no las peores. 
Si esto llega a realizarse dispondremos de una academia de policía de la cual, como europeos, podremos enorgullecernos. 
Confío en que este sea el resultado de esta excelente propuesta y este excelente informe. 
Señor Presidente, no hay nada que objetar contra la idea en sí de crear una Academia Europea de Policía, tanto si se constituye virtualmente como si tiene una sede firme en algún lugar. 
La cuestión es qué debe hacer esa Academia, cuáles son sus objetivos y cuáles sus tareas. 
Me remito a un sólo punto. 
El Sr. Posselt ha escrito: realización de cursos para los efectivos policiales nacionales sobre la base de estándares comunes. 
Sin embargo esto es difícil. 
¿Cuáles son esos estándares? 
Señor Posselt, usted sabe que las competencias policiales en la República Federal de Alemania es cosa de los länder, está bajo la completa soberanía de los länder. 
Y ahora compare usted sus respectivas legislaciones policiales. 
Verá usted que en Brandenburgo el fin más elevado de la acción policial es la desescalación, lo que no está en la ley berlinesa, y que en la ley de Branderburgo hay una notable obligación de identificarse por parte de los policías para que todo aquél que sea atacado por un policía en una manifestación pueda leer el nombre y tener información sobre quién ha sido. 
Es decir, si quiere estándares comunes, hay que definirlos primero, porque si no tendrá usted una formación policial completamente variopinta. 
Sólo para intercambiar experiencias de este tipo no se necesita realmente una Academia en sentido estricto. 
Usted habla de creación de la opinión pública. 
Vale, se acepta. 
Pero la cuestión es de nuevo la misma: ¿con qué medios? 
En la República Federal Alemana también esto es definido de manera completamente diferente por los länder. 
¿Qué entiende usted por ello? 
Usted escribe en su informe: control de pasos fronterizos. 
En Alemania- en otros Estados es diferente- hay una separación completamente clara entre las obligaciones del Servicio Federal de Vigilancia de Fronteras y las de la Policía. 
Si usted va a escribir algo así, antes de defenderlo debería cerciorarse de cuáles son las actividades comunes planeadas y según qué estándares generales funcionan. 
Mientras esto no esté claro, le diré francamente que incluso a la idea básica no podré darle mi aprobación. 
Señor Presidente, ésta es una película que ya hemos visto y que no nos ha gustado en absoluto. 
La enésima decisión provisional pero no precaria, un regalito que el Consejo suele hacer a este Parlamento. 
Del mismo modo que EUROPOL nació de la Unidad antidroga, de la célula de cooperación judicial nacerá EUROJUST y tal vez el Fiscal Europeo. 
Por lo tanto, es cierto que de una estructura sencilla y, hoy por hoy, casi evanescente como la Escuela Europea de Policía nacerá seguramente la enésima estructura burocrática, como si burocratizar las políticas fuera el código genético de esta Unión Europea. 
Está claro, es evidente e indiscutible, aunque sea una banalidad, afirmar que contra la delincuencia organizada que actúa a escala transnacional es necesario gobernar con políticas transnacionales, del mismo modo que no cabe duda de que es necesario que las policías nacionales se formen para afrontar mejor las cuestiones de la delincuencia, culturales, jurídicas y lingüísticas que la integración europea, por una parte, y la integración de las organizaciones criminales, por otra, pueden conllevar. 
Sin embargo, no consideramos que por esto sea necesario crear una nueva estructura. 
Los fines en los que se basa la justificación que lleva a la creación de una Escuela de Policía- fines que compartimos- podrían ser mejor y más eficazmente alcanzados impulsando a las actuales escuelas nacionales a promocionar esos cursos de formación, esos intercambios, esos masters, esas especialidades que podrían llenar el vacío existente. 
Dicho esto, hay que reconocer que, a nuestro modo de ver, el trabajo realizado por el Sr. Posselt es excelente. 
Sin embargo, no se entiende la posición de los colegas socialistas. 
La Sra. Karamanou acaba de decir que se felicita de que el Parlamento Europeo desempeñe un papel consultivo. 
Tan sólo el otro día, el Grupo Socialista votó en contra para que en el consejo de administración de EUROPOL hubieran miembros del Parlamento con derecho a voto. 
No obstante, gracias a la labor del Sr. Posselt, por fin se prevé que la formación del personal de policía deberá incluir también los derechos humanos y la defensa, siendo asimismo importante y apropiada en este momento la sugerencia de crear una Escuela de Policía virtual que aproveche las potencialidades de Internet. 
En general, la Unión Europea, en lugar de aprovechar la nueva economía para dotarse de una política de estructuras y de organización del trabajo, continúa pensando, trabajando y organizándose con los mismos criterios que se empleaban a principio de siglo. 
Votaremos a favor de las enmiendas, pero no apoyaremos la resolución legislativa. 
Señor Presidente, de acuerdo con la decisión del Consejo sobre la creación de la Escuela Europea de Policía, el objeto de la EEP es contribuir a la formación de los funcionarios de rango superior con competencias policiales de los Estados miembros. 
Les hago notar que el ponente quiere cambiar "funcionarios con competencias policiales" por "policías", lo que probablemente sea una buena idea. 
Pero lo que también ha llamado mi atención es que la formación se dirige a apoyar y desarrollar un enfoque europeo en el ámbito de la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad interna. 
El ponente desea que se añada la prevención de la delincuencia, la prestación de servicios, la innovación y la vigilancia fronteriza y así mismo desea que se modifique la seguridad interior de modo que incluya el mantenimiento de la ley y el orden. 
El problema que tengo con estas afirmaciones es que no estoy seguro de lo realmente conlleva un enfoque europeo para el mantenimiento de la ley y el orden, etc. esto no queda especificado ni en la decisión del Consejo ni en el informe del ponente. 
Todo lo que puedo decir, desde una perspectiva estrictamente británica, es que si esto significa que las prácticas continentales van a ser de aplicación obligatoria en toda la Unión, nuestra propia policía tendrá un interés morboso en los vehículos blindados, cañones de agua, lanzadores de gas lacrimógeno y las pistolitas que puedan desenfundar de sus ya sobrecargados cinturones. 
Por otra parte me sorprende que exista algo semejante a un enfoque europeo en la lucha contra la delincuencia. 
Estoy completamente seguro que para la mayoría de la población británica le va a resultar más que chocante que en la seguridad interna haya un hueco para la intervención de la Unión Europea. 
Seguramente el impacto en ellos será mayor cuando sepan que el Parlamento Europeo quiere que la Escuela Europea de Policía tenga la competencia de formar a las fuerzas de policía y control fronterizo- es decir aduanas y accisas- para enseñarles el uso del Derecho comunitario y la aplicación de las medidas comunes y comunitarias. 
El gato ya no está encerrado. 
Con claridad meridiana descubrimos las ambiciones de la UE al desnudo, un enfoque común- el enfoque europeo- para combatir la delincuencia y para la seguridad interna, un pueblo, una ley y una fuerza de policía. 
Estoy seguro de que la Unión Europea será mucho más sutil al respecto. Nuestra fuerza de policía conservará sus uniformes, hasta los jerseys de lana que lleva ahora. 
Los rangos serán los mismos y las insignias locales no cambiarán. 
Desde el punto de vista de los signos externos la fachada permanecerá inmutable pero, bajo la experta tutela de la escuela europea, trabajarán con una agenda diferente: una agenda europea, aplicando el Derecho comunitario y las medidas comunitarias. 
Este es un llanto que se aparta muchísimo del Mercado Común al que se adhirió el Reino Unido en 1973. 
Nadie en el Reino Unido hubiera creído entonces a alguien que advirtiese que al final Dixon de Dock Green acabaría silbando el "Himno de la Alegría" e intentando aplicar el enfoque policial europeo en la cárcel. 
Pero aquí nos encontramos en Estrasburgo, ante una Cámara casi desierta, escuchando lo inimaginable. 
Nuestro propio Primer Ministro, el Sr. Tony Blair, su Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cook y otros ministros británicos pueden negar que nos encaminamos hacia un superestado, pero al escuchar propuestas según las cuales nuestras propias fuerzas de policía deben ser entrenadas en el marco de un enfoque europeo para combatir la delincuencia y para la seguridad interna, la cosa se hace evidente. 
Como han podido comprobar, no voy a apoyar este informe. 
Señor Presidente, escuchando al anterior orador, es la primera vez en casi 20 años que oigo mencionar al Mercado Común en esta Asamblea. 
Si leyese las actas de algunos de los representantes de su propio Estado miembro, el Reino Unido, en aquellos días eran los socialistas de extrema izquierda los que vaticinaban, con la misma actitud histérica hacia la Unión Europea, todo lo que parece asustarle a él mismo. 
Vaticinaron todo lo que él parece temer hoy. 
Proviniendo de una parte diferente del espectro político resulta muy interesante escucharle repetir las mismas preocupaciones con el mismo histerismo. 
Su capital en aquellos días era Moscú o Budapest. 
Aquéllos eran los ideales que nos proponían y aquél era el tipo de estado por el que trabajaban. 
No obstante, celebro poder decir que la actitud del Partido Laborista Británico ha cambiado. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Posselt por su informe. 
El trabajo que realizamos el viernes por la mañana es tan legítimo como el que realizamos un lunes o cualquier otro día. 
Precisamente, se ha comentado que el miércoles por la tarde, cuando el Comisario intervino acerca de la EEB, alguien llamó la atención sobre el hecho de que sólo 17 personas se encontraban en la Cámara. 
Esta mañana hay mucha más gente presente y voy a lamentar la ausencia de los viernes cuando se puede mantener un verdadero debate y disponer del tiempo para escucharnos los unos a los otros. 
El Parlamento y la democracia europea se empobrecerán con la reducción de la semana de Estrasburgo. 
Dicho esto, saludo esta propuesta. 
El Parlamento puede enorgullecerse de que la propuesta para crear esta escuela se originase aquí, y de damos las gracias a la Presidencia portuguesa por aceptarla y a la Comisión y al Consejo por su apoyo. 
Es una buena idea y en una Unión Europea en la que las personas disfrutan de libertad de circulación, libertad de comercio y libertad de establecimiento, en la que los viajeros de Escocia pueden ir a Sicilia o Grecia, es lógico esperar que se desarrolle un sistema común para el mantenimiento del imperio de la ley. 
En este momento no existe ese enfoque común. 
Provengo de un estado en el que la policía se desarrolló a partir de una situación caótica- una guerra civil. 
Pero la gente de aquél entonces supo establecer, muy sabiamente, una policía desarmada que está socialmente muy comprometida con las comunidades en las que viven y trabajan. 
Se les puede denominar una fuerza policial blanda pero tuvieron éxito al restañar las heridas de una guerra civil y al otorgar credibilidad a la idea de la ley y el orden. 
Cuando vengo a la Europa continental me sorprende un poco el modo en el que se distancia la policía y adopta lo que parece una actitud más dura. 
Saludo la posibilidad de nivelar los estándares de algunos Estados miembros de la Unión Europea. 
Todos nosotros hemos experimentado abusos en nuestros propios países. Confío en que esta escuela nos ayude a tener un mejor conocimiento de todo el sistema. 
Señor Presidente, hay criminales con mucho poder que creen que para ellos no existen las leyes y que pueden ganarle la partida a cualquiera. 
Desde que se suprimió la vigilancia fronteriza dentro de la Unión Europea tampoco hacen caso ya de las fronteras entre Estados. 
Ya que todo el mundo está de acuerdo en ello, se está trabajando desde hace años en una colaboración más estrecha entre las policías de los diferentes Estados miembros y sus regiones. 
Hace tres días, con motivo de los informes Marinho, Karamanou y Roure, he señalado los peligros que ello lleva consigo. 
Una policía reforzada y centralizada, desligada de su entorno, buscará sus prioridades particulares. 
La idea de una escuela europea de policía se basa en la presunción de que existe acuerdo sobre el tipo de misiones y el método de trabajo de la policía. 
Hemos visto que, ante una misma situación, las policías de los diferentes países reaccionan de forma diferente. 
En los Países Bajos, la policía esta entrenada en la desescalada de los conflictos y en la represión tolerante, y se consideran como fenómenos sociales normales la existencia de subculturas, las minorías étnicas, el uso de las iglesias como puertos de refugio por parte de personas que carecen de un permiso legal de residencia y la organización de protestas políticas. 
En algunos otros países, según la impresión que tengo, aún se parte de la violencia como método para, en nombre de las autoridades, ganar una pelea de prestigio contra todo aquello que pueda producir desórdenes. 
Esta semana, el Sr. Posselt ha propuesto la contribución del presidente francés De Gaulle a la búsqueda de la paz en Argelia como ejemplo para el papel que Kostunica debería representar para solucionar el problema de Kosovo. 
Denunciaba también la situación que dio pie a que Hitler pudiera asegurar que podía exterminar a los judíos impunemente, porque ya nadie se acordaba de la masacre cometida contra los armenios. 
En tales momentos estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Posselt. 
Sobre la visión que tiene sobre la policía, en cambio, probablemente continuaremos discrepando durante mucho tiempo. 
Yo doy preferencia a una policía entrenada y organizada a pequeña escala, que se alimente regularmente de las señales que le llegan de la sociedad en la que tiene que operar. 
Señor Presidente, Señorías, la creación de la Academia Europea de Policía constituye, en opinión de la Comisión, un dossier de la mayor importancia para la Unión Europea, tanto en lo relativo a la cooperación en la esfera de la justicia y los asuntos de interior como con vistas a la ampliación de la Unión Europa. 
Desde las primeras reflexiones sobre este dossier que se hicieron en el nivel europeo por iniciativa del Parlamento Europeo, la Comisión se comprometió ante los Estados miembros a hacer avanzar una acción destinada a desarrollar lo que podríamos considerar una cultura policial europea cimentada con las más elevadas normas de deontología, respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos y eficacia en la lucha contra la delincuencia. 
La Comisión se congratula de los rápidos avances logrados por la Presidencia portuguesa, que adoptó esta iniciativa, y la Presidencia francesa, que se propone aprobarla de aquí al final del año. 
Por eso, observo que los esfuerzos de cada uno de nosotros propiciarán que sea posible crear efectivamente la Academia Europea de Policía tan sólo un año después de que el Consejo Europeo de Tampere adoptara la decisión. 
Quisiera también felicitar y agradecer a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo y, en particular, a su ponente, el Sr. Posselt, no sólo su empeño personal, sino también el excelente trabajo de análisis realizado y la forma como ha incentivado la creación de la Academia Europea de Policía. 
Por lo que se refiere al futuro de la Academia, la Comisión opina- como han de saber sin duda Sus Señorías- que la conclusión 47 del Consejo Europeo de Tampere dispuso de forma muy clara que el funcionamiento en red de la Academia, lo que también se llama una academia virtual, constituiría sólo una primera etapa. 
Como el Parlamento Europeo, la Comisión considera deseable que en un plazo concreto y definido se adopte una fórmula que garantice una mayor continuidad de las acciones de formación, o incluso su desarrollo, además de a los altos cargos de la policía. 
Pero quisiera también aclarar que no estamos hablando aquí de la creación de una policía europea. 
Estamos hablando de una necesidad de intercambio de experiencias e información, de intercambio de los mejores procedimientos en la lucha contra la delincuencia para volver más efectivo el respeto de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra la delincuencia transnacional. 
Y, sobre todo, quisiera subrayar que, desde la óptica de quien, por ejemplo, siempre ha defendido un concepto de policía de proximidad, como es el caso del Reino Unido, he de congratularme de que ese concepto de origen británico sea cada vez más subscrito por un conjunto de países de la llamada "Europa continental". 
Quien cree en las buenas soluciones que defienden no debe tener miedo de confrontarlas con las soluciones de los demás. 
Para la Comisión, el paso de una Academia de policía o de un Colegio de Policía virtual a una Academia de Policía como institución no se justifica sólo desde el punto de vista de la operatividad de las policías de los actuales Estados miembros, sino que se justifica con vistas a englobar lo antes posible y de forma sistemática a los países candidatos a la adhesión en una estrategia de formación de las fuerzas de policía. 
Y creo que esa prioridad es extraordinariamente importante no sólo para los países candidatos, sino también para las garantías que debemos dar a nuestros ciudadanos de que se hace la ampliación con salvaguarda de la seguridad de los Estados miembros. 
Quisiera asegurar al Parlamento que la Comisión está dispuesta a seguir colaborando tanto en lo relativo a la creación de la Academia como para garantizar su buen funcionamiento. 
He tomado nota de la propuesta del Sr. Posselt de que la Comisión podría elaborar en 2003 un informe sobre el futuro de la Academia, a partir de un análisis de su consejo de administración. 
La Comisión está dispuesta a desempeñar esa misión, si así se decide. 
Sin embargo, no me parece que sea ésa, en este momento, la idea del Consejo. 
Éste pretende que la Academia de policía se desarrolle sobre todo desde una perspectiva intergubernamental. 
Para nosotros, lo que es prioritario es que se lancen rápidamente acciones en la esfera de la formación. 
Pero por el hecho de que la Comisión no esté presente en el centro de ese proceso no significa que vayamos a dejar de seguir el proceso y comprometernos para que sea un éxito y estoy convencido de que este proyecto contribuirá a reforzar la seguridad en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia desde la óptica de que no hay libertad ni justicia que no se viva en un ambiente de seguridad efectiva. 
Señor Presidente, en relación con la Academia Europea de Policía quisiera referirme al hecho de que, de modo especial, habrá de combatir la criminalidad en las ciudades. 
Como diputados hemos sido muchas veces víctimas de la criminalidad. 
Espero que la Academia proporcionará en este punto un planteamiento válido para el futuro. 
La creación de la Academia Europea de Policía (European Police College) es un paso más en la dirección de la construcción de un estado policial a nivel paneuropeo, algo que la clase dominante considera indispensable para defender sus derechos frente a las reivindicaciones populares. 
La lucha contra el crimen es simplemente la excusa. 
La creación de la Academia Europea de Policía está en armonía con la decisión del Consejo de Feira sobre la creación de un cuerpo "militar" flexible, con autoridades policiales y penitenciarias, que la Unión Europea va a utilizar para la "gestión no militar de las crisis" en cualquier punto del plantea. 
Tiene una importancia especial subrayar que la Academia Europea de Policía, que se espera que empiece su labor a partir del 1 de enero del 2001, no es sólo una red de academias nacionales de educación policial de los países miembros de la Unión Europea, sino que también implica a los países de Europa central y oriental candidatos a la adhesión. 
Ciertamente, para mayor eficacia, su sede estable estará cerca de la frontera entre la actual Unión Europea y los países candidatos a la adhesión. 
Por las razones referidas, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en contra del informe. 
En la línea de la Cumbre extraordinaria de Tampere, la Presidencia portuguesa presentó en junio de este año una iniciativa orientada a la fijación por parte del Consejo de una Escuela europea de policía. 
Esta propuesta nos parece muy buena en sus objetivos: poner en práctica períodos de sesiones de formación de los responsables y personal de policía de los países miembros, pero también de los países candidatos a la adhesión, en todos los ámbitos de lucha contra la criminalidad que necesiten de una cooperación transfronteriza. 
Esta iniciativa nos parece igualmente muy oportuna en cuanto al método elegido: no se va a crear una nueva estructura europea que corra el riesgo de estar mal conectada con las realidades nacionales; se ha propuesto, al contrario, crear esta Escuela bajo la forma de una red constituida por los institutos nacionales existentes para la formación de los responsables de policía. 
Cada una de esas unidades nacionales albergaría en su seno una sección de la Escuela europea de policía. 
Así, la Escuela europea no tendría sede en ningún lugar pero estaría en todas partes. 
Su consejo de administración estaría formado por todos los directores de los institutos nacionales, que definirían así sus necesidades con total conocimiento de causa. 
Este dispositivo garantizaría que la Escuela sigue estando cercana a las evoluciones del terreno, que no hay divergencia entre ella y los técnicos nacionales confrontados a los problemas concretos. 
Además, su organización sería flexible y evolutiva pudiendo mantenerse los períodos de sesiones de formación, en cada caso, en el instituto nacional más cualificado. 
Es una buena ilustración de lo que empieza a designarse actualmente con el nombre de Europa en redes, una Europa que sitúa a las naciones en contacto directo, sin mantener superestructuras inútiles. 
Desafortunadamente, este dispositivo, que nosotros encontramos muy satisfactorio, no parece agradar mucho al Parlamento Europeo. 
Las enmiendas presentadas por la Comisión de Libertades Públicas van en un sentido diferente, insistiendo en la idea de que esta estructura es provisional, que el plazo para revisarla ha de ser breve, y que sería necesario disponer de una sede estable. 
A este ritmo, se corre el riesgo de encontrarse en unos años con una nueva superestructura costosa, que se creerá superior a los servicios nacionales, que trabajará mal con ellos, y que terminará por ser insuficientemente eficaz. 
De acuerdo con lo que me dicen, ése es el camino que está tomando Europol si no se corrige rápidamente su trayectoria. 
Pensamos que, para la Escuela europea de policía, al igual que para la mayoría de los demás temas de cooperación, sobre todo en el ámbito de la policía, de la justicia y de la seguridad, el método de trabajo más eficaz consiste en poner en red los servicios nacionales. 
- (SV) He votado en contra del informe sobre creación provisional de la Escuela Europea de Policía. 
Hay un evidente riesgo de que en el ámbito de la UE, en todos los campos, se crea que la colaboración se fomenta exclusivamente mediante la creación de nuevas instituciones y autoridades. 
Además, me opongo a que la redacción de la justificación 7 del informe sobrepase al texto de la República portuguesa y exija una sede especial para la Escuela de Policía, en lugar de que sea rotatoria. 
El hecho de que en numerosas justificaciones se propongan "poderes policiales" y "planes de estudio comunes", implica, a mi entender, un paso hacia el centralismo que conlleva el riesgo de que las malas costumbres sustituyan a las buenas. 
Derecho de visita de los hijos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0311/2000) de la Sra. Banotti, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción del reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita de los hijos (9735/2000- C5­0397/2000- 2000/0818 (CNS) ). 
- (EN) Señor Presidente, durante seis años he tenido el honor de ser el mediador especial del Parlamento Europeo para los niños raptados transnacionalmente. 
El papel fue desempeñado en primer lugar por el Presidente Plumb, siguiendo las peticiones de muchas mujeres de Francia cuyos hijos habían sido raptados y con quienes no mantenían ningún contacto. 
Buscaban la ayuda del Parlamento. 
Desde entonces muchas otras personas también han buscado el socorro del Parlamento Europeo cuando sus hijos han sido raptados. 
He trabajado en estos asuntos durante más de seis años y, gracias a la ayuda y los recursos del Parlamento Europeo, he tenido algunos importantes éxitos en la recuperación de hijos raptados. 
La mayoría de los casos de rapto de niños está siendo gestionada muy adecuada y eficientemente por las autoridades centrales de todos los Estados miembros. 
Lamentablemente, por lo general me suelo enfrentar a los casos más complejos. 
En el corazón de este reglamento, que fundamentalmente ha sido impulsado durante la Presidencia francesa, está la cuestión del acceso a los hijos por parte de los padres sin custodia. 
Ya ha sido denominado como el asunto "Bruselas 3", no tanto una directiva como un reglamento. 
Como tal tiene las limitaciones de la Convención Bruselas 2, pero también alguna de sus fortalezas. 
Se refiere exclusivamente a los hijos de las parejas casadas. 
El ámbito preciso del mismo cubriría a los padres que viviendo en Estados miembros distintos de aquél en el que se dictó la sentencia de custodia, persiguen sus derechos de visita. 
Se permitiría que el hijo fuese trasladado a otro Estado miembro por un periodo de tiempo limitado para que puedan ejercerse los derechos de visita. 
Para su operatividad es absolutamente esencial el principio de que una sentencia sobre los derechos de visita emitida en un Estado miembro sea reconocida en toda la UE. 
Una excepción a este principio la constituiría la presentación de pruebas por parte del padre titular de la custodia de que, debido a nuevas circunstancias, la visita pondría en peligro la salud física y moral del niño. 
Indudablemente, este reglamento va a trabajar en conjunción con la Convención de la Haya sobre raptos transnacionales de los hijos. 
No persigue imponer a los demás Estados miembros la legislación existente en un Estado miembro, se trata simplemente de un intento de hacer valer mutuamente estas ordenes de custodia. 
En algunos Estados miembros existen preocupaciones de índole constitucional, especialmente en Alemania y Austria. 
Preocupa que el progenitor solicitante pueda solicitar el acceso al hijo disponiendo el otro únicamente de ocho días para responder a la petición. 
Indudablemente muchos de nuestros tribunales son muy lentos y ponderosos, y es muy difícil hacerles actuar con rapidez en estos asuntos. 
También hay preocupación sobre el retorno forzoso de un niño. 
Mi opinión es que la existencia de buen derecho, aplicable en todos los Estados miembros, ha tenido un efecto considerable en la reducción de los casos de rapto de hijos. 
Confío en que esto sea lo que este reglamento garantice entre los Estados miembros. 
Lamentablemente no es de aplicación fuera de la Unión Europea y existe el temor de que interfiera con la Convención de La Haya. 
Pero el Consejo de Ministros va a discutir esto, y recomiendo a la Asamblea que lo acepte. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quisiera dar mi enhorabuena tanto a la República Democrática de Francia por la iniciativa que ha emprendido para que se vote un reglamento sobre el derecho de visita a los hijos, como a nuestra ponente, la Sra. Banotti, cuya especialización ha proporcionado un valor añadido a la propuesta francesa. 
Es verdad que la Europa sin fronteras ha contribuido al aumento de los matrimonios entre personas de distintas nacionalidades de la Unión Europea, y también en países terceros. 
Sin embargo, a menudo, cuando la vida en común se interrumpe, se crean problemas en las visitas a los hijos de uno de los dos padres, especialmente cuando residen en otro Estado miembro, mientras que, como han dicho los anteriores ponentes, han aumentado los casos de secuestro y de negativa de devolución de los hijos por parte de uno de los padres. 
Por eso, este reglamento, que aspira a la simplificación de los procedimientos del ejercicio de los derechos de los padres y a garantizar a los hijos la posibilidad de mantener contacto regular con los dos padres, es de una importancia crucial. 
Por supuesto, el reglamento propuesto no es perfecto, puesto que se conecta con el reglamento "Bruselas II", que no incluye a los hijos cuyos padres están separados, así como a los hijos extramatrimoniales. 
Ha referido elementos relativos el Sr. Coelho y, personalmente, considero que es un anacronismo inadmisible legislar sólo sobre los hijos legales formalmente y sobre las relaciones humanas legisladas, en la Europa del siglo XXI, y limitar tanto el campo de aplicación de un reglamento que, por otra parte, es bueno. 
Creo que hace falta revisar inmediatamente todos los reglamentos que están basados en prototipos que ya la vida y la realidad actual han superado. 
Aún hace falta tomar más seriamente en consideración la próxima ampliación de la Unión Europea en la elaboración de reglamentos e, igualmente, tomar más en cuenta las posturas y puntos de vista del Parlamento Europeo expresados repetidamente. 
Sr. Presidente, mi Grupo desea unirse al apoyo a esta iniciativa y al informe de la Sra. Banotti y, ciertamente, adherirse al agradecimiento a la Sra. Banotti por el trabajo enormemente valioso que desempeña como nuestra mediadora para los hijos raptados transnacionalmente. 
No hay ninguna duda de que las familias divididas constituyen una de las cosas más angustiosas que llegamos a escuchar en nuestra vida laboral: madres o padres preocupados por el acceso a sus hijos a través de las fronteras nacionales. 
Cualquier cosa que podamos hacer para aliviar estas situaciones hemos de hacerla y este reglamento, impulsado por una iniciativa francesa, constituye la vía para ello. 
Coincido con la Sra. Karamanou y otros en que, dada la forma en que vivimos actualmente, sólo cubra a los hijos de personas que están o han estado casadas. 
Esto es una tarea que queda para el futuro. 
Entretanto, saludamos esta medida y vamos a darle nuestro sincero voto. 
Señor Presidente, actualmente el divorcio ya no constituye ninguna excepción. 
A menudo, las parejas se separan de forma amistosa. 
Les resulta penoso seguir compartiendo sus vidas, pero no han llegado a odiar a su antiguo compañero o compañera. 
Por desgracia, otras parejas se separan debido a un rencor acumulado. 
La separación de los padres en estas condiciones es un desastre para los hijos, que se convierten en las víctimas de un conflicto insoluble: uno de los progenitores ansía la potestad de disposición absoluta sobre los hijos para, así, excluir para siempre al otro. 
Todos conocemos la espantosa situación que se produce cuando el progenitor al que se ha concedido la potestad sobre el hijo, generalmente la madre, intenta hacer imposible el contacto entre el hijo y su otro progenitor. 
También conocemos la situación, por lo menos tan grave como la anterior, en la cual el otro progenitor, a menudo el padre, secuestra al hijo y desaparece con él. 
Los niños se acuerdan toda la vida este tipo de sucesos. 
Mi propia madre sufrió semejante tipo de separación y secuestro hace 85 años, y aún habla sobre ello. 
La Sra. Banotti ha intentado aprovechar con creatividad todas las posibilidades que aseguren un buen régimen de visitas, también más allá de las fronteras. 
Intenta excluir todas las situaciones en las que los progenitores puedan abusar de las diferentes reglas jurídicas de los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de retrasar o impedir la aplicación de un régimen de visitas apropiado. 
Parte de su solución se basa en la restricción drástica del derecho a acudir al juez para obstaculizar la ejecución de una sentencia de un país extranjero. 
Tal regulación sólo puede funcionar si ambos progenitores tienen la nacionalidad de algún país comunitario o residen dentro de la Unión Europea y si su enlace había sido confirmado por medio de un matrimonio legal. 
Así sólo se soluciona una parte del problema, pero de esta forma se sienta un precedente. 
Si aplicáramos algo parecido también a otras situaciones, nos obligaríamos a crear con el tiempo una legislación única centralizada, que ni siquiera existe entre los 50 Estados de los Estados Unidos de América. 
Por ello, yo encuentro inconvenientes a tal regulación. 
Pero aun tengo más reparos contra el hecho de que se puedan utilizar debilidades jurídicas y precedentes para dejar sin solución durante mucho tiempo un determinado problema social. 
Desde nuestra simpatía por el objetivo planteado, estamos de acuerdo con las medidas propuestas. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Mary Banotti por su excelente informe, que se enmarca en todo un trabajo profundo y coherente de protección y garantía de los derechos de los niños. 
Como sabe la Asamblea, la Comisión y el Consejo tienen la firma intención de aprobar de aquí al final del año un programa de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia civil. 
En ese programa se atribuyó precisamente prioridad a los litigios familiares definidos en el Consejo Europeo de Tampere. 
La iniciativa de la República francesa es un primer paso concreto en ese sentido. 
Y quisiera subrayar que, aunque en el futuro se examine este informe y este tema un viernes, espero que los medios de comunicación social, que tan frecuentemente dicen que los debates europeos nada tienen que ver con la realidad cotidiana de los ciudadanos, adviertan que esta vez y sobre este asunto estamos tratando un problema que afecta no sólo a la vida, sino también al corazón de los ciudadanos europeos. 
En mayo de este año adoptamos un reglamento que integra en el derecho comunitario el Convenio de Bruselas II y simplifica y aclara las normas aplicables en la determinación del tribunal competente y de la ley pertinente para la regulación de los divorcios, las separaciones y la atribución de la patria potestad. 
Por eso, esta iniciativa de la República Francesa se refiere al ámbito de aplicación del reglamento de Bruselas II. Y representa, si se me permite la expresión, una iniciativa revolucionaria, porque por primera vez consagra la abolición del exequatur para el reconocimiento automático de una decisión de un tribunal de un Estado miembro en el ámbito de la esfera jurídica de otro Estado miembro. 
Pero, si bien es verdad que desde ese punto de vista es un gran paso adelante, no menos verdad es que comparto la opinión de la Sra. Banotti y otros diputados de que es lamentable que su ámbito de aplicación esté limitado a la protección de los niños hijos de matrimonios reconocidos como tales por ley. 
Es consecuencia del propio ámbito de aplicación del reglamento de Bruselas II. Por eso, lo que quisiera decir al Parlamento es que en el programa de acción sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia civil- cuya aprobación esperamos de aquí al final de este año -, la Comisión propone que se conceda la primera y máxima prioridad a la ampliación del ámbito de aplicación del reglamento de Bruselas II y, por consiguiente, de este reglamento sobre el derecho de visita, abarcando sin discriminación a los hijos de parejas casadas y a los de uniones de hecho. 
En relación con el contenido del documento- como saben Sus Señorías, no es una iniciativa de la Comisión -, quisiera sólo ofrecerles tres breves notas: la primera es la de que estamos colaborando con el Consejo con vistas a perfeccionar el texto, en particular en la cuestión más compleja que tiene, que es el delicado equilibrio entre la necesidad de garantizar el regreso inmediato del niño después del período de visita, pero también la de salvaguardar la posibilidad de garantizar la protección del niño cuando sea necesario. 
Estamos tratando la dramática cuestión del rapto o la retención indebida de niños, que, por desgracia, es mucho más frecuente de lo que muchas veces se puede suponer. 
Se trata de un equilibrio difícil, pero estamos convencidos de que será posible, con la colaboración de las propuestas de Sus Señorías y con el clima de diálogo que existe con el Consejo, encontrar una solución que sea técnicamente perfecta y sobre todo viable. 
En relación con las propuestas de enmienda, quisiera subrayar que la Comisión tiene algunas dificultades con la propuesta de enmienda nº 1, presentada por la Sra. Mary Banotti, porque no se trata sólo de una propuesta de enmienda procesal, sino también de una propuesta de enmienda que entra en la esfera de la armonización del derecho de familia substantivo al establecer un límite mínimo de un día para el ejercicio del derecho de vista. 
Es sin duda una propuesta bien intencionada, pero puede tener algunos efectos perversos, en el sentido de considerar que los tribunales sólo concederán el derecho de visita cuando consideren que debe corresponder a un día entero. 
Ahora bien, hay soluciones en las que los tribunales atribuyen el derecho de visita por un período inferior a un día por razones relacionadas con la protección del propio niño. 
Creo que deberíamos dejar ahí un criterio indicativo, pero no una obligación legal, y confiar en que los jueces que deban aplicar la ley tengan el sentido de razonabilidad para garantizar que el derecho de visita tenga un contenido efectivo. 
Quisiera decir también que, aunque no sea objeto de una propuesta directa de enmienda de Su Señoría, la Comisión tiene dificultades con la propuesta de artículo 17 del reglamento presentado por la República Francesa. 
Porque ese artículo 17 nos parece aún excesivamente tributario del origen puramente intergubernamental de la cooperación judicial. 
Pero- conviene decirlo- la materia de la cooperación judicial civil fue comunitarizada por el Tratado de Amsterdam. 
Y, por eso, el funcionamiento de la comisión a que se refiere ese artículo 17 no debería ser puramente intergubernamental, sino que la Comisión debería tener un protagonismo más activo, a semejanza de lo que ocurre con la red judicial europea en materia civil, cuestión que está, por lo demás, sometida a dictamen del Parlamento Europeo. 
Concluiré diciendo, señor Presidente y Señorías, que estoy convencido de que, con la aprobación de este reglamento de alcance limitado, pero de valor simbólico y práctico significativo, estoy convencido- repito- de que estamos dando un primero e importante paso para aproximar la Unión Europea a los ciudadanos y sobre todo a aquellos ciudadanos que, por circunstancias vitales, tuvieron la desgracia de vivir el drama de la separación o del divorcio, que es siempre un drama, pero que sobre todo no puede repercutir en el derecho de cada uno de los niños a la felicidad. 
.. (EN) Señor Presidente, no dudo ni un instante del compromiso del Comisario Vitorino con este asunto. 
La cuestión de un día se refiere claramente a la gente que viaja a menudo a la otra parte del mundo para ver a su hijo. 
Esta situación es problemática si sólo se les permite acceder al niño durante veinte minutos. 
En mi opinión si existe el temor de rapto la situación puede salvarse mediante una visita supervisada. 
Creo firmemente que debemos de garantizar de algún modo que se respeten los derechos de estos padres, que no son precisamente pocos. 
Quisiera que me aclarase su postura respecto del artículo 17. 
¿Se está usted refiriendo en este caso a la intervención de la secretaría de la Convención de La Haya en el seguimiento de esta legislación? 
Muchas gracias, Comisario, por sus amables comentarios. 
Especificidad del deporte 
El siguiente punto en el Orden del Día es la declaración de la Comisión sobre la especificidad del deporte. 
Señor Presidente, Señorías, la posición de la Comisión en cuanto a la relación entre el orden jurídico, las políticas comunitarias y el deporte está expuesta en el informe sobre la salvaguardia de las estructuras deportivas existentes y el mantenimiento de la función social del deporte en el marco comunitario, que la Comisión presentó al Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de 1999. 
La Comisión considera que el Tratado de la Comunidad Europea actualmente en vigor permite tener en cuenta las características propias del deporte, en general, y su función social, en particular. 
Las tomas de posición del Parlamento Europeo a este respecto, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, confirman este planteamiento de la Comisión. 
Con todo, es verdad que la enorme dinámica del Mercado Único y la comercialización en aumento de las actividades deportivas ha causado algunos conflictos jurídicos en torno a este asunto. 
Determinadas organizaciones deportivas afirman que sólo se podrían resolver esos conflictos mediante la inclusión de una referencia al deporte en el Tratado. 
La Comisión no comparte exactamente ese punto de vista. 
Por lo que se refiere a las propuestas presentadas por ciertas grandes federaciones de ciertas modalidades deportivas, que se manifiestan en pro de un protocolo que las exima del cumplimiento de algunas normas básicas del Tratado, en particular las normas relativas a la libre circulación y a la competencia, hay que subrayar que semejante exención sería, así formulada, manifiestamente desproporcionada en relación con los objetivos por alcanzar. 
Además, existen poderosas dudas de que semejante exención pudiese siquiera ponerse en práctica. 
Hoy en día, el deporte- y conviene decirlo- se encuentra estrechamente ligado a otros sectores económicos, como, por ejemplo, las industrias del sector audiovisual o al de la promoción y venta de productos deportivos. 
Más aún: semejante exención no permitiría siquiera, en última instancia, acciones comunitarias de fomento del deporte. 
Ahora bien, otras organizaciones deportivas igualmente importantes, tales, como, por ejemplo, los Comités Olímpicos Nacionales o federaciones deportivas nacionales, han insistido precisamente en la necesidad de llevar a cabo acciones comunitarias de fomento del deporte. 
En todo caso, desde la aprobación de su dictamen sobre el contenido de la Conferencia Intergubernamental en curso, la Comisión ha propugnado que dicha Conferencia debería centrarse en abordar las cuestiones institucionales y permitir hacer avanzar el proceso de ampliación. 
Y por esa razón la Comisión no incluyó en su dictamen solicitud alguna de nuevas normas de competencia comunitaria, por ejemplo, en la esfera del deporte. 
Para dar más relieve a las características propias del deporte, e incluso para dar una orientación a las instituciones comunitarias en lo relativo al tratamiento de las cuestiones vinculadas con el deporte, se encuentra en este momento en preparación, con el impulso de la Presidencia francesa, un proyecto de declaración del Consejo Europeo de Niza que completaría las conclusiones del Consejo Europeo de Santa Maria da Feira sobre esta materia. 
La Comisión espera que la aprobación de dicha declaración aneja al Tratado de Niza permita profundizar el trabajo iniciado con las organizaciones deportivas y les permita la adaptación a la nueva realidad económica, pero preservando al mismo tiempo lo esencial de sus actividades. 
Y eso, como, por lo demás, subrayó este Parlamento en el informe Mennea sobre el informe para el Consejo de Helsinki, con pleno respeto del marco legislativo comunitario. 
Con esa intención la Comisión continuará, señor Presidente, el intenso diálogo que ha mantenido a lo largo de los últimos meses con el movimiento deportivo en general. 
Señor Presidente, no hay duda de que la Comisión tiene ante sí una dura tarea para asegurar que las normas del mercado único y de la política de competencia operen justa y adecuadamente en todo el continente y todos los sectores de la economía. 
Reconozco su compromiso y determinación para ello y, desde luego, que el deporte y especialmente el fútbol son grandes negocios que no pueden eximirse de las reglas normalmente aplicables a los negocios. 
No estoy en absoluto convencido de que el sistema de traspasos del fútbol deba estar en este momento en la cumbre de la lista de prioridades de la Comisión. 
Seria prudente por parte de la Comisión otorgarse el tiempo necesario para este asunto, llegar a la prórroga, no sólo para obtener un resultado sino para conseguir un buen resultado, un resultado que sea bueno para el mercado único y bueno para el fútbol. 
Me consta que la FIFA ya ha jugado para obtener más tiempo y se ha demorado más de la cuenta antes de presentar una respuesta a la declaración formal de la Comisión realizada en 1998. 
En muchos aspectos sólo pueden echarse la culpa a ellos mismos por la situación actual. 
No obstante, no podemos olvidar que el fútbol constituye un interés fundamental para muchos millones de nuestros ciudadanos. 
Como dijera un famoso jugador inglés, Jackie Charlton, no es una cuestión de vida y muerte, es mucho más importante que eso. 
La UE no debe encogerse de hombros y decir "tant pis" si la eliminación del sistema de traspasos inflinge un daño irreparable al fútbol. 
Muchos clubes pequeños dependen del flujo de ingresos que proviene de las primas por traspaso. 
La prima por traspaso no sólo es un distribuidor de riqueza, es un anticipo de riqueza. 
Si desaparecen los traspasos ¿qué es lo que va a detener la creciente espiral de los salarios de los jugadores? 
Los fabricantes de Alfa Romeos se verán beneficiados, pero el fútbol perderá ese dinero. 
Coincido absolutamente con la Comisión en que no hay ninguna necesidad de mencionar el deporte en el Tratado. 
Lo que necesitamos es un modo inteligente y flexible de interpretar las normas actuales. 
Insto a la Comisión a negociar positivamente con las autoridades futbolísticas nacionales e internacionales. 
Sugiero que la Comisión le conceda mayor prioridad a otros abusos del mercado único, por ejemplo, la importación paralela de productos de diseño. 
Me gustaría ver acciones mucho más efectivas para la creación de un mercado único para los periódicos y diarios de Europa. 
La industria automovilística también sigue teniendo muchas barreras al comercio. 
Sugiero que la Comisión sitúe estos asuntos a la cabeza de su lista y que no permita que el fútbol se convierta en un objetivo propio de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, me urge mandarle mis saludos a la Sra. Comisaria Viviane Reding y darle las gracias por su iniciativa en el terreno del deporte. 
Por otro lado, me alegro mucho de que el Comisario, Sr. Vitorino, haya tratado las características especiales del deporte en su intervención. 
Aunque, lamentablemente, no existe una base jurídica para el deporte en la Unión Europea, éste tiene algunos rasgos característicos que deben ser tomados en cuenta en las actividades de la Unión. 
Y es en este sentido en el que se ha avanzado tras la Cumbre de Amsterdam. 
El deporte afecta de una u otra forma a todos los ciudadanos de la Unión. 
Se ha estimado que cien millones de personas practican deporte activamente en el territorio de la Unión. 
El deporte tiene una transcendencia social y cultural muy importante, así como un alcance económico considerable. 
Es muy positivo que los Ministros responsables del deporte en la Unión deseen que en la Cumbre de Niza se emita una declaración que sirva de continuación al informe de Helsinki redactado hace algo menos de un año. 
Puesto que el objetivo es determinar las fórmulas que permitan tomar en cuenta en la legislación comunitaria las cuestiones en torno al deporte, podemos hablar de un avance gradual en un asunto de gran importancia. 
Resulta fácil compartir la relación de temas escogidos que estamos tratando. 
Debemos prestar especial atención al sistema de traspaso de jugadores, a la protección de los deportistas jóvenes, al papel de las Confederaciones deportivas nacionales, a las cuestiones relacionadas con la propiedad de los clubes, a los derechos de retransmisión televisiva, a las actividades deportivas no profesionales y a los principios éticos del deporte. 
A la hora de configurar la política de la UE en materia deportiva, cabe tener en cuenta las estructuras específicas del deporte. 
Por ello, deseo que, tras la conferencia celebrada en Olimpia en 1999, se siga escuchando a las organizaciones no-gubernamentales del deporte. 
Al mismo tiempo, debemos recordar que, a pesar de que muchas de las cuestiones sobre las que tenemos que pronunciarnos afectan al deporte profesional y a su comercialización, el deporte y el ejercicio tienen una relevancia aún más amplia para el individuo y para la sociedad. 
Por ejemplo, debemos tener en consideración las posibilidades de los jóvenes para practicar deporte y la igualdad de géneros. 
El Parlamento Europeo ha expresado a menudo su preocupación por el doping y ha exigido que se adopten medidas más eficaces contra el mismo. 
Por ello, es alentador que ya esté empezando a definirse la participación comunitaria en las actividades y en la financiación de la WADA (World Anti Doping Agency). 
Esto ya fue tratado el pasado miércoles en el Consejo COREPER. 
Es natural que sea el Comisario encargado de los asuntos deportivos quien represente en el futuro a la Unión en la WADA. 
Señor Presidente, quiero resaltar que la Comisión ya tiene competencias en materia de deporte y, por lo tanto, antes que nada procede aplicar la legislación relativa a la competencia. 
Sin embargo, la Comisión ha mostrado una ineficacia enorme en este asunto. 
Las competiciones de Fórmula 1 y, especialmente, los pasos dados por el Sr. Ecclestone para conservar el monopolio han sido investigados ya durante años, pero no se ha obtenido aún ningún resultado. 
Se trata muy presumiblemente de la existencia de un monopolio, un monopolio sobre los derechos televisivos, cuya continuidad está garantizada por un período de cien años en virtud de cierto contrato. 
En lugar de adoptar una posición al respecto en el seno de la Comisión, muchos Comisarios hacen de maniquíes de las escuadras automovilísticas y del Sr. Ecclestone en las carreras y contribuyen así a conservar y a consolidar este monopolio. 
Desearía que la Comisión, antes de que le otorguemos nuevas competencias en esta materia, hiciera uso de los poderes que ya tiene. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo que ocurre con el deporte en el marco de la Unión Europea, en particular con el deporte profesional y dentro de éste con el fútbol, es la consecuencia de un derecho sin política, de un derecho que nadie puede verdaderamente escoger. 
Se trata, rigurosamente, de un atentado contra la democracia, por mucho que evitemos ver las cosas con ese prisma. 
La generalidad de las dificultades con que hemos topado y saltaron al centro del debate, sobre todo a partir del acuerdo Bosman, incluso cuando no tiene que ver, ni directa ni indirectamente, con el contenido y la naturaleza de este caso, son consecuencia de la frecuente y a veces acentuada contradicción entre, por una parte, modos específicos de organización deportiva y de sus prácticas enraizadas y, por otra, determinadas normas de los Tratados, en particular en el marco de las normas de la competencia o de otros principios del Mercado Interior, en particular la libertad de circulación de los trabajadores y las normas de no discriminación por razón de la nacionalidad. 
Muchas de esas normas son de las más antiguas de los Tratados, desde el Tratado de Roma, independientemente de las modificaciones que hayan experimentado. 
Ahora bien, todos sabemos que, ya fuera en el momento de su formulación original o en la época de sus modificaciones posteriores, nadie, absolutamente nadie- ni sus redactores ni los encargados de adoptar decisiones- pensó alguna vez que un marco jurídico llegaría a revestir con ese verdadero porte imperial el mundo del deporte. 
Estábamos tratando de economía, tan sólo de la economía en sentido estricto. 
No de la totalidad de la sociedad, pues en todos los sectores de ésta es posible descubrir ventanas de economía. 
Y eso es lo que quiero decir cuando hablo de un derecho sin política. 
Un derecho formulado sin participación, ese absurdo de un derecho que nadie ha querido de verdad así, pero que es impuesto a todos irremisiblemente. 
Por eso resulta imperativo reconocer en los Tratados la especificidad del deporte. 
Sin ello, ningún problema tendrá solución satisfactoria; sin ello, seguiremos presenciando, impotentes, este panorama en el que parece que la Unión Europea y el dinero van cogidos de la mano a dar buena cuenta del deporte, a distorsionar la propia naturaleza profunda de la competición deportiva, a sabotear el enraizamiento social de los clubes y las mallas nacionales de su organización tradicional. 
Sin ello, el deporte seguirá siendo cíclicamente atropellado con inexplicable violencia jurídica por los efectos- ora corrosivos ora demoledores- de normas que no fueron pensadas para eso y que nadie pudo de verdad escoger ni votar con ese alcance. 
No se trata de transponer normas fundamentales en los Tratados ni principios esenciales de derecho comunitario. 
Se trata sin lugar a dudas de poder lograr de forma políticamente libre y debidamente reflexionada el equilibrio adecuado para las necesidades específicas de un sector que, aun teniendo sobre todo valor cultural y enorme relevancia social, presenta también aspectos laterales de naturaleza económica. 
Se trata de poder proteger la autenticidad deportiva propia del deporte, así como su función social, contra el imperio exclusivo de las leyes del mercado. 
Subrayo: se trata de proteger el deporte, no de abandonarlo. 
¿Por qué habríamos de dejar maltratar el valor esencial de la formación dentro de la riquísima malla de los clubes y asociaciones deportivas? 
¿Por qué no podemos o no queremos dejar resguardar el mínimo de identidad nacional en los equipos profesionales representativos de los clubes? 
En el deporte, incluso en el profesional, la competencia que de verdad importa es la deportiva en sí misma, no la mera competencia económica desenfrenada de sus agentes. 
Además, en el deporte europeo no hay ni tiene que haber propiamente un mercado único. 
Lo que hay son quince mercados nacionales, diferentes, correspondientes a los marcos competitivos propios de cada país, y aún más si nos fijamos en el caso concreto del Reino Unido, y que, junto con los de otros países igualmente europeos, pero exteriores a la Unión Europea, componen el punto de partida de las competiciones europeas desde muy antiguo enraizadas. 
Ahora bien, está sucediendo exactamente lo contrario. 
La desigualdad cada vez mayor en la riqueza hace ley y es la que cada vez más se lleva todas las copas y, corroyendo la autenticidad de la tradición enraizada, ya resultan exaltadas al respecto la tendencia y las presiones para que la fuerza del dinero, con la excelente ayuda de un marco jurídico comunitario mal entendido, deshaga todo lo que es culturalmente real e imponga un mercado único de las ligas cerradas y su espíritu pecuniario. 
Termino recordando una de las conclusiones de la resolución que votamos en septiembre a raíz del informe Mennea: "El Parlamento Europeo pide a la Conferencia Intergubernamental que incluya una referencia explícita al deporte en el artículo 151 del Tratado a fin de que la Unión Europea, en su acción, reconozca el fenómeno cultural, económico y social que representa el deporte". 
Tal vez estemos a tiempo. 
Hago un llamamiento para que esta próxima CIG no sea, en cuanto al deporte, una nueva oportunidad perdida. 
Hago un llamamiento en particular a la Presidencia francesa para que no desmienta en Niza las palabras y las garantías que pronunció aquí en julio el Presidente Jacques Chirac. 
Con esto concluye este asunto. 
Decisión del Reino Unido de aplicar un impuesto a los transportistas por carretera no británicos 
El siguiente punto en el orden del día es la declaración de la Comisión sobre la decisión del Gobierno británico de imponer una tasa a los transportistas por carretera no británicos. 
Señor Presidente, le doy las gracias al Comisario por sus explicaciones y por el hecho de que haya acudido aquí esta mañana para hablar de este asunto. 
Lo que acaba de decir es nuevo para mí porque lo que me constaba era que la propuesta constituía una tasa especial sobre todos los vehículos extranjeros, lo que a nuestro entender eran todos los vehículos ajenos al Reino Unido que utilizasen las carreteras del Reino Unido. 
Contemplo esto más bien como un gesto político en lugar de una medida política o fiscal. 
Según creo los costes en el Reino Unido, teniendo en cuenta las nuevas propuestas, sin esta tasa especial están a la par con los del resto de la Unión Europea y a un nivel similar a los costes de transporte franceses. 
A pesar de que la Comisión diga que un país puede introducir esa tasa y aplicarla igualmente a sus propios vehículos, sigo contemplando esto como una distorsión del mercado único puesto que, presumiblemente, los transportistas británicos solicitarán un disco impositivo y cada cobro será incluido en un único pago. 
Otros usuarios de las carreteras británicas tendrán que pagar una tasa especial en la frontera a la entrada en el Reino Unido. 
Independientemente de lo que piense la Comisión, esto constituye una distorsión del mercado único y una distorsión del libre comercio. 
Esta propuesta es especialmente dura y perniciosa para Irlanda. 
Irlanda es evidentemente un mercado muy pequeño pero abierto, y casi todo lo que compramos proviene del Reino Unido. 
De Gran Bretaña compramos anualmente productos por valor de 11.000 millones de libras esterlinas y únicamente por valor de 7.000 millones del resto de la Unión Europea. 
Esto evidencia hasta qué punto la industria y el comercio irlandés beneficia al mercado británico, aunque con la actual fortaleza de la libra esterlina esta situación bien puede no mantenerse si el valor de la divisa no cambia. 
Actualmente cada ciudadano irlandés compra productos del Reino Unido por valor de 5.000 euros. 
En mi opinión esta medida es claramente contraria al libre comercio incluso a pesar de la mejora que ha sido mencionada por la Comisión. 
Señor Presidente, le doy las gracias al Comisario por su declaración y por los hechos que ha confirmado. 
En este momento sería ventajista decir lo que realmente ha sido propuesto por el Gobierno británico y también lo que están proponiendo, teniendo en cuenta la crisis que está viviendo Gran Bretaña, y también el resto de la Unión Europea, en el sector del transporte por carretera. 
Hay que decir, desde el principio, que éste no es sólo un problema particular británico. 
Esta propuesta fue presentada por el Ministro de Economía en una declaración pre-presupuestaria realizada seis meses antes de la presentación del completo proyecto presupuestario en primavera del 2001. 
Contiene una serie de propuestas, no sólo ésta relativa a la vignette, que afectarán a la industria del transporte. 
Les puedo asegurar a mis colegas irlandeses que la propuesta de la vignette se ha realizado con pleno conocimiento de la directiva sobre la euro-vignette y probablemente será similar a las que, como ha mencionado el Comisario Vitorino, ya están vigentes en muchos de los actuales Estados miembros de la Unión Europea. 
Es oportuno señalar que los camiones del Reino Unido tienen que hacer frente a la vignette o a los peajes de las carreteras de otros Estados miembros de la UE, pero hasta el momento no se han introducido tasas similares en el Reino Unido. 
Estoy seguro de que el Reino Unido responderá a las peticiones de la Comisión en las negociaciones que mantenga con ésta y también con la industria del transporte con el fin de encontrar la vía para que el sistema de la vignette pueda operar en el marco de la actual directiva para la euro-vignette. 
Los detalles del sistema aun están por determinar. 
Comprendo las inquietudes del Sr., McCartin, pero me parece que gran parte de lo que se ha dicho sobre el sistema del Reino Unido no se basa en hechos sino en rumores y en lo que se ha dicho en el sector y no en lo que ha sido propuesto por el gobierno del Reino Unido. 
Me consta que el gobierno del Reino Unido desea consultar a los transportistas y también sé que el gobierno del Reino Unido reconoce la particular posición de Irlanda y estoy seguro de que se dirigirá tanto a sus homólogos de Dublín como de Belfast. 
Lo que nos tiene que quedar claro hoy es que el Reino Unido esta presentando lo que está llevando a cabo, reconociendo plenamente que debe consultar a la Unión Europea y que existe una legislación comunitaria a la que debe plegarse. 
También reconoce que si impone el sistema de la euro-vignette tendrá que cobrar cantidades similares a los propios transportistas del Reino Unido. 
Reconoce que cualquier sistema que vaya a introducir debe ser no discriminatorio. 
En conclusión, nos estamos precipitando al mantener este debate en el Parlamento Europeo, pero saludo el hecho y la declaración del Comisario Vitorino, que expresa claramente que el Reino Unido tiene el derecho a introducir el sistema de la euro-vignette, siempre que respete las reglas y normas en vigor. 
En mi opinión eso es lo que desea el gobierno del Reino Unido. 
Señor Presidente, con todos los respetos tengo que discrepar con el Sr. Simpson. 
No me parece en absoluto que este debate sea prematuro. 
Cuando se presenta una propuesta de este tipo, es esta Asamblea hemos de tener la oportunidad de reflexionar sobre la misma y debatirla tan pronto como sea posible y no necesariamente por última vez. 
No obstante, al igual que él, le doy las gracias al Comisario por su clarísima intervención acerca de las condiciones en las que unas tasas de este tipo serían legales bajo el Derecho comunitario y sobre las posibilidades reales de que no nos encontremos aquí ante una finta para salir de una incómoda esquina y sí ante una propuesta respetuosa con el derecho comunitario. 
De nuevo, creo que lo que ha dicho el Sr. Simpson ha sido de enorme ayuda para tranquilizarnos sobre las probables intenciones del gobierno del Reino Unido. 
También quisiera responder a los comentarios del Sr. McCartin. 
El comercio con Gran Bretaña es importante para Irlanda pero es cierto que también lo es en el sentido contrario. 
Por ejemplo, la economía de sudoeste de Escocia alrededor de Stranraer y Loch Ryan depende fuertemente del tráfico que discurre por el canal del norte, el paso más corto entre el Reino Unido e Irlanda. 
Nuestro pueblo depende fuertemente de ese comercio. 
Quisiera decir que sería lamentable que se introdujera una vignette que se supone una ayuda destinada a las infraestructuras pero que después no la utilicemos para mejorar las infraestructuras. 
El estado de la carretera que enlaza el sudoeste de Escocia con la red principal de autopistas, la A75, es en este momento penoso. 
Esto puede darnos la oportunidad de ver por fin una mejora real y sostenible de las vías de transporte que unen nuestras dos economías. 
Confío en que éste sea uno de los resultados que se obtengan. 
Señor Presidente, los gastos y los peajes son sensibles, y yo puedo asegurarlo para el caso de Austria, donde siempre estamos con esa cuestión a vueltas, y donde siempre se están buscando soluciones para el tráfico. 
La Comisión ha presentado un excelente Libro Verde que trata de precios justos en el tráfico, y un principio fundamental de este Libro Verde es que no debe haber subvenciones indirectas a los transportistas, y que, sobre todo, el dinero que se cobre de los tramos de peaje sea utilizado para resolver los problemas de esos tramos. 
La Comisión ha dejado también del todo claro que el mayor problema de tráfico actualmente es la siniestralidad. 
Carreteras seguras y bien construidas son un presupuesto esencial para evitar accidentes. 
En Europa mueren por accidente de tráfico cerca de 50.000 personas al año, mucha gente muerta por causas entre las que unas carreteras mal señalizadas, con poca visión y mal trazadas psicológicamente juegan un papel importante. 
A nuestra Seguridad Social le cuesta mucho dinero remediar los daños a la salud que ahí se originan. 
Se requiere prevención. Deberíamos ver a la gente segura por las carreteras, y deberíamos preocuparnos en beneficio del medio ambiente de que los atascos sean evitados. 
Los atascos son no sólo una pérdida de tiempo, no sólo generan altos costes, sino que para el medio ambiente son todo un problema, y por eso creo, si el gobierno británico asigna de verdad dinero para solucionar estos problemas, que entonces todos recibirán algo de ello, especialmente todos los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, ¿puedo empezar por plantear la cuestión de por qué está este asunto en el Orden del Día? 
El lunes por la noche me encontraba en esta Asamblea cuando se acordó el Orden del Día. 
No se acordó que este asunto estuviese en el Orden del Día. 
Más tarde, cuando uno de nuestros colegas, la Sra. Doyle, planteó la cuestión, inmediatamente el Presidente decidió que el asunto debía introducirse en el Orden del Día. 
Este no es un método democrático y justo de elaborar el Orden del Día de esta Cámara. 
Esta Asamblea elabora el Orden del Día, no el Presidente según el antojo de un diputado. 
También noto que la Sra. Doyle no esta presente para participar en este debate. 
Una vez dicho esto, voy a intervenir sobre el asunto en cuestión. 
Iba siendo hora de que mantuviésemos un debate sobre este asunto. 
Antes he escuchado al Sr. McCartin y es evidente que tiene una impresión equivocada. 
La cuestión no es discriminar al resto de conductores o transportistas de Europa en beneficio de los conductores británicos. 
Será aplicable a todos los transportistas, independientemente de si son del Reino Unido o de cualquier otro país. 
Esto debe quedar claro. 
Además, los detalles están aun por elaborar aunque me ha reconfortado mucho escuchar la declaración del Comisario sobre la forma en la que se va a presentar y a desarrollar. 
Estoy seguro de que el Gobierno británico debatirá con la Comisión sobre la aplicación de esta vignette. 
Quisiera también comentar un asunto planteado por el Sr. MacCormick. 
Ha hablado sobre el comercio entre Irlanda y Escocia, el sudoeste de Escocia, fluyendo hacia Stranraer y Loch Ryan. 
Ha dicho que espera que el dinero recaudado por esta vignette se destine a la mejora de las infraestructuras del sudoeste de Escocia. 
El sudoeste de Escocia forma parte de mi área y sí, las infraestructuras allí no son las mejores, pueden mejorarse. 
Pero he de decirle al Sr. MacCormick que la vignette es para todo el Reino Unido. 
Está destinada a mejorar la red vial de todo el Reino Unido. 
No podemos seleccionar una pequeña región del Reino Unido y decir que es allí donde va a ir a parar. 
Es para todo el Reino Unido. 
Este es un punto que hemos de dejar muy claro. 
Respecto de su primer comentario, señor Miller, esta propuesta ha sido presentada a la Asamblea por el Presidente y ha sido la Asamblea la que acordó cambiar el Orden del día de hoy. 
Señor Presidente, como muchos diputados de esta Cámara he venido esta mañana del timo que es Gran Bretaña. 
Somos prácticamente el único productor de petróleo de la Unión Europea y a pesar de ello padecemos los precios más altos de la gasolina, los precios más altos de diesel en comparación con cualquier otro país de Europa- en Gran Bretaña pagamos 1,20 libras esterlinas por litro de diesel. 
En el Reino Unido las accisas sobre los vehículos son ocho veces las francesas, de modo que no debería sorprender a nadie que en Gran Bretaña esto suscite más que preocupación. 
Como conductor británico cuando viajo por autopistas francesas he de pagar los peajes franceses. 
He de decir que cuando llego a Calais, viniendo desde Estrasburgo, tengo la impresión que soy el propietario de la red de autopistas francesa, así de caros son esos peajes. 
Conduje en Austria durante el verano y pagé la vignette austriaca que me pareció completamente razonable y justa y un precio mucho más proporcionado que el que se paga en las autopistas francesas. 
Mi objeción a esta propuesta no es que es injusta. 
Por fin el Gobierno británico a presentado una solución razonable. 
Nuestro partido lo propuso hace dos años. el Gobierno británico ha permitido que la situación se les fuera de las manos y la presentación de esta propuesta llega tarde puesto que probablemente lleve otros dos años hasta que sea efectiva. 
Si la llevan a efecto desearíamos que los beneficios realmente redundasen en los usuarios de carreteras británicos. 
Señor Presidente, ahora tenemos vignettes esparcidas por toda Europa y peajes en otros países, coincidirá conmigo en que el sistema de la euro-vignette no es un muy sistema desde el punto de vista del mercado único. 
El transportista local de Dinamarca o el Reino Unido va obtener todo el valor de su dinero durante 365 días al año, pero el transportista de otro Estado miembro que entre en el país- puede que para uno o dos días o para diez días o incluso para 100 días- no lo hará. 
Va a pagar por la vignette más de lo que le va reportar a no ser que exista alguna exención especial o una base per diem. 
¿No sería quizá mejor, ahora que hemos llegado a este punto, pensar en un sistema de mutuo reconocimiento de modo que una vignette de un país sea reconocida en los demás, permitiendo que opere un verdadero sistema de euro-vignettes? 
La Comisión debería considerar presentar alguna propuesta para que se estableciese un sistema común para toda Europa. 
Quisiera ahora responder a mi amigo el Sr. McCartin. 
Coincido en que los camiones irlandeses constituyen un caso especial. 
Por la geografía están compelidos a atravesar el Reino Unido del mismo modo que los camiones británicos están compelidos a atravesar Holanda, Bélgica y Francia para acceder a toda Europa. 
Lo mejor que podría hacer el Reino Unido para ayudar a los irlandeses y a los escoceses es mejorar la mucho más deficiente red británica de autopistas de la que dependemos para acceder a nuestros mercados. 
Sí, la carretera Stranraer-Carlisle es un absoluto desastre. 
Pero también es difícil circunvalar Birmingham, circunvalar Londres, acceder al túnel del Canal y a los puertos del canal. 
Lo mejor que podrían hacer los británicos con este dinero extra es mejorar nuestro sistema con la esperanza de mejorar las relaciones y la amistad entre el Reino Unido e Irlanda. 
Este punto del Orden del día queda cerrado. 
Declaro cerrada la sesión del Parlamento Europeo. 
(La sesión queda cerrada a las 11.05 horas) 
Declaro reanudada la sesión del Parlamento europeo interrumpida el viernes 17 de noviembre de 2000. 
Declaración de la Presidenta 
Estimados colegas, como todos ustedes, por supuesto, hubiese deseado que pudiéramos abrir este periodo de sesiones sin tener que referirnos a nuevas víctimas del terrorismo de ETA. 
Desgraciadamente, un nuevo mensaje de violencia acaba de llegar a nuestras democracias con el asesinato especialmente odioso de Ernest Lluch. 
El 22 de noviembre, es decir el mismo día del 25 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos, que abrió el camino para la democracia en España, una de las altas figuras de esta democracia acaba a su vez de pagar con su vida su fe en la libertad, en la tolerancia y en el respeto de los demás. 
A su lado, señor Enrique Barón Crespo, fue ministro de Sanidad en su país. 
Juntos, señor Joan Colom, combatieron en los años 60 por la democracia en España. 
Ernest Lluch era conocido por ser un actor de la transición española y por su aportación al estatuto de autonomía de Cataluña, se le quería por su cordialidad, se le respetaba por sus cualidades como político y gran universitario, sus asesinos le escogieron únicamente a causa de su apego al Estado de derecho. 
Quiero expresar mi más profunda simpatía a su familia, a sus parientes y allegados, a sus amigos, a todos los que, en España, creen en la fuerza de la democracia. 
Casi un millón de españoles, fueren cuales fueren sus opiniones políticas, se alzaron para protestar contra este miserable asesinato. 
El Parlamento europeo debe hacerles saber que está a su lado, y les propongo, una vez más, que expresemos con un minuto de silencio nuestra solidaridad y nuestra emoción. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
El acta de la sesión del viernes 17 de noviembre ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
No. 
(El acta queda aprobada) 
Todas las mociones de procedimiento se realizarán tras el debate sobre la cumbre de Niza, de conformidad con los deseos que han expresado. 
Saben que el orden del día es muy intenso, y en virtud de los poderes que me otorga el reglamento para mantener el buen desarrollo de nuestra Asamblea, he tomado esta decisión. 
Guárdenlas pues todas con mucho cuidado. 
Señora Presidenta, protesto contra esta decisión, porque las mociones se pueden hacer por motivos muy importantes y serios. 
No es una forma de proceder. 
Dijo usted la otra vez: después de fijar el orden del día. 
Ya era mucho, así que por qué no ponerlas después de las explicaciones de voto. 
Tiene facultad para hacerlo, según el artículo 18, pero no se puede considerar que las mociones de procedimiento no tienen nada que ver con cuestiones precisas, puntuales, que los diputados quieren plantear al comienzo de la sesión y es importante que el Parlamento las oiga. 
Quiero hacer constar mi protesta con respecto a esta decisión. 
Tomo nota, señor Dell ' Alba. 
Orden del día 
Señora Presidenta, es para apoyarla totalmente, puesto que formo parte de aquellos que han pedido la inserción de este punto. 
El Parlamento se ha pronunciado en múltiples ocasiones a favor de una propuesta firme sobre los compromisos de Kyoto. 
Por lo tanto pienso que en la Conferencia de La Haya la delegación europea tuvo razón al adoptar esta posición firme, pero ahora hay que trabajar en un nuevo proyecto de declaración, y es muy urgente. 
He aquí porqué pienso que es preciso proceder como usted ha sugerido, aunque haya una resolución seguida de una votación en nuestro periodo de sesiones de diciembre en Estrasburgo. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Bienvenida 
Conferencia de La Haya sobre el cambio climático 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la Conferencia de la Haya. Cedo la palabra inmediatamente a la Sra. Wallström, en nombre de la Comisión. 
Señora Presidenta, Señorías, les agradezco que me hayan invitado a compartir mis impresiones de la Sexta Conferencia de las Partes, la llamada COP6, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró durante las dos últimas semanas en La Haya. 
Después de intensas negociaciones, en los niveles técnico y ministerial, a partir de proyectos de decisiones con 500 corchetes, aproximadamente, no fue posible alcanzar un acuerdo amplio sobre cuestiones políticas fundamentales. 
La posición negociadora de la Unión Europea se centró en la salvaguardia de la integridad medioambiental del Protocolo de Kyoto en las esferas del cambio de la utilización de las tierras y la silvicultura, la cuestión de los "sumideros", la relación entre el mecanismo de Kyoto y las medidas internas, conocidas como "complementaridad", y el cumplimiento. 
Eso significaba que en las negociaciones con otras partes había que examinar posibles equilibrios entre esas cuestiones. 
Obtenidos importantes avances técnicos sobre las normas de los mecanismos de Kyoto y la formulación de un sistema de cumplimiento, las negociaciones finales se centraron principalmente en los equilibrios entre la "complementaridad" y los "sumideros". 
Sin embargo, no hubo tiempo suficiente para evaluar plenamente propuestas de transacción formuladas en el último momento sobre la utilización de los "sumideros" en relación con sus repercusiones en los diferentes países de dentro y fuera de la Unión Europea. 
No obstante, hubo bastantes indicios de que la integridad medioambiental resultaría gravemente comprometida. 
Así, pues, la Unión Europea decidió no exceptuar dichas propuestas. 
Para no dejar que el mandato del plan de acción de Buenos Aires, vigente hasta la llamada conferencia COP6, expirara sin resultado ni seguimiento concreto alguno, las partes han decidido suspender la COP6 y reanudar la conferencia en mayo de 2001. 
No todo fue negativo en la COP6 ni mucho menos. 
Logramos algunos avances importantes. 
Por ejemplo, un conjunto de propuestas para atender las necesidades y las preocupaciones de los países en desarrollo, incluidas nueva financiación y nuevas instituciones, pero también un planteamiento más centrado en el cambio climático dentro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial: el llamado FMAM. 
También se lograron avances en el nivel técnico relativos a otras cuestiones, tales como políticas y medidas para reducir las emisiones, creación de capacidad, transferencia de tecnología, permisos negociables de emisión, ejecución y cumplimiento conjuntos. 
En el período de sesiones reanudado en mayo se deben hacer toda clase de gestiones para ultimar esas decisiones. 
Otro resultado positivo de la COP6 es el de que contribuyó a la consecución de una mejor comprensión de las posiciones de las otras partes. 
Ese conocimiento es extraordinariamente útil y se debe profundizar en los próximos meses. 
El Sr. Pronk fue un presidente muy riguroso de la COP6. La propuesta que hizo al final de la segunda semana es un esbozo de plan y constituye una de las bases para el examen y la negociación posteriores en los próximos meses. 
Sin embargo, no quedó tiempo suficiente para ultimar las negociaciones a partir de su documento; se perdió demasiado tiempo precioso de negociación con las declaraciones ministeriales y la repetición de posiciones bien conocidas. 
En consecuencia, no hubo tiempo suficiente para analizar todas las repercusiones de las diferentes propuestas relativas a los sumideros que se hicieron en las últimas horas. 
Se trata de una cuestión en la que sigue existiendo una gran incertidumbre. 
Todos sabíamos que, para obtener un acuerdo con los Estados Unidos y sus aliados del "grupo de representación amplia", la Unión Europea tendría que hacer concesiones. 
Sin embargo, al final las concesiones obtenidas de otras partes sobre la "complementaridad", el cumplimiento y los mecanismos de Kyoto fueron insuficientes para compensar unas metas más ambiciosas en materia de reducción de emisiones que habrían resultado de la aceptación de la propuesta sobre los "sumideros". 
Y a partir de ahora, ¿qué? 
Como prioridad, la evaluación y la preparación de las próximas conversaciones deben hacerse en la Unión Europea. 
Con vistas a preparar la próxima sesión, la UE no debe reanudar las conversaciones sobre todas las cuestiones, sino centrarse en las prioridades fundamentales, en particular los mecanismos de los "sumideros", la "complementaridad" y un régimen riguroso de cumplimiento. 
Hay que velar por que haya una transición sin problemas de la Presidencia francesa a la sueca y se debe mantener también un contacto más estrecho con el Sr. Pronk. 
La UE debe examinar sus posiciones sobre las cuestiones fundamentales y, cuando proceda, hacer nuevas propuestas. 
La Comisión está comprometida plenamente a formular junto con la Presidencia entrante una firme posición común de la UE. 
Además de una mayor coordinación con la Unión Europea, se deben intensificar los contactos con otras partes. 
Una condición previa absoluta para un acuerdo sobre los "sumideros" en la próxima sesión es la de disponer de un conjunto común de datos, en lugar de que cada parte haga su propio cálculo. 
La UE profundizará sus relaciones con todos los grupos importantes y también se pondrá en contacto con el nuevo Gobierno de los EE.UU. lo antes posible. 
Por último, como no se han aprobado las normas y modalidades de funcionamiento del Protocolo de Kyoto, habrá que aplazar la ratificación del Protocolo hasta después del próximo período de sesiones y la reunión de la COP6. Sin embargo, proseguirá la preparación interna para la ratificación mediante el programa europeo sobre el cambio climático y la formulación de un plan europeo sobre los permisos negociables de emisión. 
Gracias por su atención y estoy dispuesta a responder a las preguntas que deseen formular. 
Señora Presidenta, lamento que la experiencia de la Comisaria en La Haya fuera muy frustrante, pero la felicito por conservar el optimismo. 
La delegación del Parlamento Europeo en las conversaciones se sintió igualmente decepcionada ante el resultado, si bien no nos sorprendió. 
Desde luego, podíamos haber previsto- y ella también- el problema que surgió con los "sumideros". 
Quienes lean la prensa francesa y británica habrán notado que se presta mucha atención a lo que parece ser una ruptura entre la Sra. Voynet, ministra francesa, y el Sr. Prescott, ministro británico. 
En cierto modo, era un accidente que tenía que ocurrir: como en el caso del Titanic y el iceberg. 
El Sr. Prescott se ha quedado ahora bajo el agua y no sabemos cuánto tiempo tardará en hundirse. 
Una de las cosas que creemos- al menos yo, personalmente, así lo creo- es la de que el problema radica en que un ministro verde carece del menor margen para negociar sobre cuestiones verdes. 
La Sra. Voynet estaba decidida a no ceder ante el punto de vista americano. 
No había que esperar menos de ella, ¿verdad? 
Mi pregunta a la Comisaria es la siguiente: ¿cree que hay alguna posibilidad de que la posición de la Unión Europea dé muestras de cierta flexibilidad sobre los "sumideros"? 
En segundo lugar, ¿cuándo prevé que pueden reanudarse las conversaciones? 
Y, en tercer lugar, ¿fue cierto lo que dijo el Sr. Prescott en su declaración ante la Cámara de los Comunes? 
En la Cámara de los Comunes dijo que el acuerdo que había elaborado laboriosamente con todas las aptitudes de un tanque Sherman habrían impedido a los países en desarrollo obtener créditos a partir del mecanismo de desarrollo inocuo para plantar bosques en los países en desarrollo, lo que parece muy válido. 
Muchos países, y en particular los grupos verdes, lo consideraron una laguna enorme. 
El acuerdo habría fijado un límite para utilización de los sumideros de bosques por parte de los Estados Unidos, el Japón y el Canadá, límite que Europa había ido pidiendo, y habría reforzado las prescripciones científicas aplicadas a los sumideros internos. 
Dado el elogioso informe- lo que no debe extrañar- del Sr. Prescott sobre el acuerdo que él mismo había elaborado, ¿cómo es que no sólo la Sra. Voynet, sino también- creo- la mayoría de los demás ministros europeos de Medio Ambiente- y ésta es mi última pregunta a la Comisaria- lo rechazaron? 
Del informe presentado por el Sr. Prescott a su propio Parlamento parece que les hacía una oferta que no podían rechazar. 
En conclusión, lamento que haya ocurrido, pero espero que al final compartamos el optimismo de la Sra. Wallström y logremos el tipo de acuerdo sobre el cambio climático que necesitamos. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir a la Comisión que ha realizado un buen trabajo. 
Espero que en las próximas reuniones la Unión Europea también hable con una sola voz y considero totalmente inútil que ahora perdamos el tiempo en acusar a algunos ministros. 
¡Ello no nos sirve de nada! 
Sabemos que el fracaso de esta conferencia no constituye el punto final de un proceso sumamente largo y harto complicado: proseguiremos nuestros esfuerzos. 
No obstante, debemos preguntarnos: ¿qué es lo que se puede mejorar? 
A este respecto quisiera formular antes que nada una primera pregunta a la Comisión. ¿No resulta demasiado exigente el método elegido según el cual se organizan conferencias en las que 180 representantes de los diferentes países han de ponerse de acuerdo sobre un texto común, sobre todo cuando al final comienza a apremiar el tiempo sin que las divergencias entre los principales socios hayan sido dirimidas? 
¿No va siendo hora de que esta cuestión se plantee asimismo en las cumbres del G-7 entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos y los países europeos? 
En segundo lugar, no quiero mostrarme condescendiente con nuestra propia actitud. 
Si señalamos a los americanos con el dedo, no debemos olvidar que otros tantos dedos nos señalan a nosotros. 
Los europeos no han cumplido precisamente sus compromisos. 
En Europa se registra un aumento de las emisiones de C02: lo sabemos y lo hemos discutido aquí en reiteradas ocasiones. 
La cuestión sería la siguiente: ¿necesitamos realmente un acuerdo global para comenzar a reducir las emisiones en nuestra propia casa? 
Recuerdo a la Comisión que en su comunicación sobre el comercio de las emisiones y la Conferencia celebrada en La Haya barajó la posibilidad de presentar una directiva en la que las cuotas acordadas por los Ministros de Medio Ambiente en 1998 adquieran fuerza jurídica y las infracciones de las mismas sean objeto de sanciones. 
Pues bien, mi pregunta es: ¿están ustedes dispuestos a hacer algo por el estilo, a presentar tal documento, aun cuando el proceso de Kioto no haya culminado? 
¿Acaso algo nos impide poner en marcha la comercialización de los derechos de emisión en la Unión Europea a partir del año 2005, tanto más cuanto que varios países ya han comenzado a aplicar este sistema dentro de sus fronteras nacionales? 
Por último, me parece positivo que no hayan cedido en el asunto de las reducciones, sobre todo porque en ese ámbito resulta muy difícil llevar a cabo mediciones exactas. 
Deberíamos habernos traído resultados medibles, es decir, resultados físicamente medibles, pero hasta la fecha no hemos podido contar con el beneplácito de los americanos al respecto. 
Señora Presidenta, esas negociaciones habían de ser por fuerza difíciles, pero los funcionarios de la Comisión creían que, al final, se lograría un acuerdo, porque los dirigentes políticos de todo el mundo tenían, sencillamente, demasiado que perder volviendo a casa con las manos vacías. 
Constituye un motivo de enorme decepción que no se haya alcanzado el acuerdo y lamento profundamente que al final estropeara la sesión una diferencia entre el Primer Ministro Adjunto de Gran Bretaña y la Presidencia francesa sobre las propuestas de transacción que aquél formuló. 
El hecho de que, después de la marcha bastante ruidosa del Sr. Prescott, los americanos presentaran nuevas propuestas, más próximas a la posición de la UE, demuestra que la Presidencia francesa hizo bien en mantenerse firme. 
Estábamos acercándonos, pero, lamentablemente, faltó tiempo. 
Es de temer que se haya perdido el impulso y los negociadores americanos cambien y en mayo haya que empezar de nuevo. 
El desacuerdo dentro de Europa es tanto más lamentable cuanto que mi impresión general de la convención fue la de que la Unión Europea negoció como un equipo muy conjuntado, con una posición que abarcaba todos los partidos y unía a los Estados miembros mediante principios compartidos, un punto de vista común y una irritación común ante la negativa de los americanos de afrontar sus responsabilidades como mayores emisores de gases de invernadero del mundo. 
De todo lo que oímos, debemos concluir que el Senado de los EE.UU. no ratificará el Protocolo de Kyoto, por mucho que cedamos en posiciones de transacción. 
Así, pues, debemos conceder mayor prioridad a la consecución del apoyo de otras naciones, a la puesta en funcionamiento los permisos negociables de emisiones y a la adopción de medidas reales para reducir en esta Unión los gases que provocan el calentamiento de la Tierra. 
Esperemos que se consiga un acuerdo en mayo; entretanto, Europa debe tomar la delantera al respecto. 
Los EE.UU. siguen siendo muy importantes. 
En la política americana el dinero cuenta más que en nuestra Unión. 
La industria y las compañías petroleras de los EE.UU. están diciendo a sus políticos que deben rechazar el Protocolo de Kyoto, independientemente de lo que diga la opinión pública americana. 
Mi pregunta a la Comisaria es la siguiente: ¿cómo podemos convencer a la industria americana de que el apoyo al Protocolo redundará en su provecho comercialmente para que se aten los machos y logren que los políticos americanos se alineen con los demás? 
¿Cómo podemos arrastrarlos pataleando y gritando para que entren el siglo XXI con todos sus problemas? 
Señora Presidenta, la Conferencia sobre el Cambio Climático ha fracasado, pero sí se ha confirmado un avance. 
No es posible dar marcha atrás respecto de la energía nuclear. 
Los países en desarrollo dijeron que si los países del norte dejaban de utilizar la energía nuclear, entonces, ellos tampoco querían ese tipo de energía, incluso ni con subvenciones. 
Se ha avanzado, así mismo, en el ámbito del mantenimiento. 
Los países en desarrollo obtendrán 1.000 millones de dólares después de 2005. 
Si el mecanismo del clean development funciona, estos países recibirán anualmente entre cinco mil y veinticinco mil millones de dólares suplementarios. 
En lo que a los países en desarrollo se refiere, el presidente Pronk ha realizado un buen trabajo, si bien su compromiso es insuficiente respecto de los puntos relativos al medio ambiente. 
Los bosques han constituido esta vez el gran obstáculo. 
Hace tres años, los EE.UU. quisieron en Kioto que Rusia permitiera que los americanos no tuvieran que adoptar medidas en su propio país. 
Ahora, la Administración Clinton quería las medidas más baratas: dejar que los bosques crezcan. 
Por supuesto, los bosques se comen las emisiones de CO2, pero este efecto desaparece cuando se han desarrollado completamente. 
Además, los bosques también se queman, y eso sucede cada vez más a menudo. 
La solución debe venir del lado de la energía-eficiencia y de las fuentes renovables de energía. 
Los negociadores de la Unión Europea sí que pretendían dejar algún espacio para los bosques, pero no querían que superara el 20% de todas las medidas que se tienen que adoptar. 
El compromiso Prescott, conforme al cual los Estados Unidos podían cumplir su parte de la siguiente forma: 1/3 mediante bosques, 1/3 mediante hot air y 1/3 mediante CDM, era malo e inaceptable. 
Afortunadamente, 14 de los 15 Ministros de Medio Ambiente estuvieron de acuerdo en ello. 
Sin embargo, tenemos que seguir adelante. 
En mayo de 2001, en Bonn, debe incorporarse la igualdad. 
Cada ciudadano del mundo tiene el mismo derecho en cuanto a las emisiones de CO2; los americanos no deben poder efectuar 200 veces más emisiones que los africanos. 
Sólo cuando se logre la igualdad, los países en desarrollo colaborarán también en la lucha contra el cambio climático después de 2012. 
A fin de lograr una estabilización del clima respetando la igualdad, los americanos deben reducir sus emisiones un 90% y los europeos de la UE un 80%. 
China debe estabilizar sus emisiones y la India, entonces, puede duplicarlas. 
Señora Presidenta, la industria y el tráfico ocasionan un calentamiento artificial de nuestra atmósfera. 
Una parte del suelo de los países de la Unión Europea se convertirá en mar o desierto como consecuencia del continuo calentamiento al que se ven sometidos. 
Es necesario que se produzca un fuerte cambio en nuestra economía a fin de que el mundo y Europa se mantengan habitables de forma duradera. 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado recientemente a favor de adoptar algunos pasos en la buena dirección. 
En cuanto a la postura europea mantenida durante la Conferencia sobre el Cambio Climático, que finalizó el sábado pasado en La Haya y que presumiblemente constituye un fracaso, pueden distinguirse dos concepciones contrarias. 
La primera es que tenemos que mantener resueltamente el acuerdo de 1997 para situar las emisiones a un nivel en torno a un 5% más bajo que el nivel de emisiones de 1990. 
Se trata ahora de cumplir las obligaciones ya contraídas en Kioto. 
La disponibilidad para alcanzar un acuerdo con América significa una traición a la apuesta europea. 
La otra concepción es que Kioto no ha sido nunca viable porque el obstruccionismo de América, Japón y Australia resulta demasiado grande. 
Tan sólo al disminuir sus obligaciones de medios, es posible lograr ahora un acuerdo mundial. 
Con una contabilidad creativa, daríamos la impresión de que ya han cumplido una gran parte de sus obligaciones. 
La Unión Europea ha fracasado en esta segunda concepción debido a que los Ministros de Medio Ambiente de Francia y Alemania no han estado dispuestos a olvidar Kioto. 
Durante la conferencia de seguimiento de Bonn, que se celebrará en mayo de 2001, debería buscarse aún semejante compromiso. 
Mi Grupo es partidario de la primera concepción. 
Resulta importante que Europa se aferre a la posición adoptada con anterioridad, también si eso supone que los Estados Unidos no puedan suscribir semejante acuerdo durante el período de la Administración Bush. 
Respecto de los resultados a un plazo más largo, es importante que convenzamos a la opinión pública americana de los peligros que entraña no hacer nada, en lugar de lograr un compromiso con los que obstaculizan el proceso. 
Los EE.UU. son los mayores contaminantes per cápita. 
La idea de que el desierto avanzará y los huracanes aumentarán no está todavía muy presente en su opinión pública. 
El nivel de riqueza es alto y el precio de los productos petrolíferos bajo. 
Allí se considera que los cambios efectivos son perjudiciales para la industria y el consumidor. De ahí que resulte improbable lograr un acuerdo mundial que pueda contar ahora con el respaldo del parlamento americano. 
Por último, el Tercer Mundo se encuentra tan sólo al comienzo del desarrollo industrial. 
Su pobreza les ha forzado a vender sus derechos de emisión de CO2 a los países ricos, que pretenden disminuir con ellos sus propias obligaciones. 
Estos países no deberán dejar que les quiten su derecho al desarrollo. 
La emisión de gases de efecto invernadero va a aumentar todavía de forma sensible. 
Es un motivo para tener en cuenta estas realidades en el seguimiento de la Conferencia sobre el Cambio Climático. 
Un compromiso no puede implicar que olvidemos lo que se acordó en Kioto. 
Señora Presidenta, me siento profundamente decepcionado, como la inmensa mayoría de esta Asamblea y los oradores anteriores, de que la cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en La Haya no tuviera éxito. 
Es lamentable que los participantes no alcanzaran un acuerdo sobre la forma mejor de reducir las emisiones de gases de invernadero en el futuro. 
El acuerdo de Kyoto de hace tres años estableció un calendario para la reducción de las emisiones de gases de invernadero. 
No se debe permitir en modo alguno que se reduzca el alcance de ese Protocolo de Kyoto. 
En realidad, es al revés. 
Puede que el mundo industrializado en particular tenga que establecer límites más estrictos para la reducción de los gases de invernadero en el futuro, si queremos atajar y en última instancia controlar las repercusiones del calentamiento de la Tierra. 
Si queremos tener todos un planeta en el que vivir en el futuro, el imperativo que afrontamos en relación con el cambio climático es claramente uno de los mayores del siglo XXI. 
Si no abordamos esta cuestión de forma estructurada y racional, el calentamiento de la Tierra continuará, con graves efectos medioambientales secundarios para los suelos, el mar y la atmósfera, por no hablar de la vida humana. 
Ya se ha dicho que la próxima reunión para examinar la cuestión de la reducción de las emisiones de gases de invernadero se celebrará en Bonn y coincidirá con una publicación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos de las Naciones Unidas. 
Dicho Grupo está compuesto de unos 3.000 científicos de todo el mundo, que ofrecerán su evaluación de las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de invernadero. 
En el pasado la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento ha estado en la vanguardia a la hora de abordar la cuestión del cambio climático. 
Caminamos al unísono con la Comisaria de Medio Ambiente, Sra. Wallström, en relación con varios reglamentos y directivas de la UE que contribuirán al control de los gases de invernadero en la Unión Europea. 
La Unión Europea debe tomar la delantera a ese respecto. 
La Comisión de Medio Ambiente y el Parlamento han dado un buen ejemplo en el pasado sobre cómo se debe abordar colectivamente la cuestión de las reducciones en el futuro de los gases de invernadero. 
Debemos continuar con vigor y determinación en el futuro. 
Las generaciones futuras pagarán un precio por nuestra inactividad en relación con este importantísimo asunto. 
Felicito a la Comisaria Wallström por sus gestiones en La Haya y le deseo más éxito. 
Señora Presidenta, también entre nosotros es grande la consternación ante el fracaso de la Cumbre del Clima de La Haya. 
Las discusiones sobre quién es el culpable conducen con demasiada facilidad a señalar de forma simplista a Estados Unidos. 
Mi opinión es que finalmente la postura rígida de la Unión Europea ha impedido que se logre un acuerdo. 
En La Haya, la discusión se centró especialmente en todo lo que podía incluirse en las reducciones acordadas en Kioto. 
En octubre, al tratar la propuesta relativa al comercio de emisiones, pudimos haber elegido posibilidades eficientes y efectivas para disminuir las emisiones. 
Desgraciadamente, el Parlamento Europeo no efectuó entonces una elección clara. 
En lo que a la regla del 50% respecta, debo señalar que ésta no puede constituir nunca un objetivo en sí misma. 
Lograr un acuerdo con los Estados Unidos relativo a la realización de un porcentaje más bajo en el propio país, es siempre mejor que no lograr ningún acuerdo. 
Lo mismo se aplica a las mediciones parciales de los pozos de CO2, tal como la plantación suplementaria de bosques. 
A pesar de no tener ninguna buena palabra para la postura americana, sí constato que los Estados Unidos estaban dispuestos a adoptar un compromiso aceptable al final de la Conferencia. 
La postura rígida de la Unión Europea, dirigida por el Ministro francés de Medio Ambiente, Voynet, bloqueó la posibilidad de un acuerdo. 
Algunos valoran la postura de la Unión Europea por haberse mantenido inflexible. En realidad, las posibilidades de un futuro acuerdo son menores, lo que significa que estamos más lejos de lograr un enfoque adecuado del problema climático. 
Señora Presidenta, comparto la inmensa decepción de mis colegas con respecto a los resultados de esta Conferencia de la Haya, que efectivamente son un fracaso flagrante. 
Pero no quisiera caer en disputas personales, sino que pretendo evitar este tipo de discusión totalmente negativa. 
Quiero felicitar a la Comisión, y, a través de la Comisión, a la Sra. Wallström, que nada ha dicho sobre los compromisos que siempre tomó para reducir las emisiones, y entre otras las de los gases de efecto invernadero. 
Sin duda era mejor no llegar a un acuerdo que tener un acuerdo malo, y en este caso la postura americana era una postura de rebajas, totalmente inaceptable para Europa. 
De todos modos, un acuerdo sólo es aceptable y se acepta si hay un equilibrio entre el Norte y el Sur, entre los países en vías de desarrollo y los países industrializados. 
Ya me inquieta profundamente el recurso al derecho a contaminar que únicamente puede, en mi opinión poner trabas al desarrollo económico de países que ya están muy retrasados. 
La postura de los Estados Unidos, que recurre a la idea de los pozos de carbono que representan los bosques, es inadmisible, por que en ese caso, no se hace ningún esfuerzo. 
Rechacemos las imposiciones americanas. 
Aquí se ven los límites de Europa, que, con su presidencia rotativa, no tiene una imagen política fuerte frente a los Estados Unidos y no habla con una sola voz. 
Se puede ver, una vez más, que es necesario reformar a toda costa las instituciones europeas y su funcionamiento. 
¿Cuándo tendremos un Presidente de la Unión fuerte, capaz de hablar con nuestros colaboradores con una voz única que represente a toda Europa? 
Terminemos mal que bien con un resquicio de esperanza. 
La Conferencia de la Haya seguirá adelante, como usted nos lo ha anunciado, señora Comisaria, la primavera que viene en Bonn. 
Seguiremos, señora Comisaria, a su lado para resistir frente a los Estados Unidos y aceptar este desafío. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, digámoslo sencilla y claramente: la Conferencia de La Haya sobre el Cambio Climático ha fracasado y es decepcionante, ya que cada vez hay más señales de que el clima varía todavía más rápidamente de lo esperado. 
El mundo necesita, por ello, una fuerte señal política. 
Kioto no puede continuar siendo una promesa incumplida. 
El fracaso de la Conferencia sobre el Cambio Climático constituye una señal equivocada para el público. 
Muchas personas van a pensar que los problemas climáticos no son para tanto cuando la política internacional no hace nada al respecto. Eso debilita también la base de la energía duradera y de la energía-eficiencia. 
Los cambios climáticos tienen grandes consecuencias en los países en desarrollo. 
Países como India, Bangladesh, Indonesia, y Tailandia se enfrentan a inundaciones que afectan a millones de personas. 
Hemos hecho una bandera del principio "el que contamina, paga", pero hasta ahora, son los propios países del tercer mundo los que cargan con los costes y la adaptación a los cambios climáticos. 
En mi opinión, esto resulta inaceptable. 
Señora Comisaria, las explicaciones del fracaso de la Conferencia sobre el Cambio Climático no eran creíbles. 
Los negociadores declararon después que el acuerdo estaba al alcance de la mano. 
Por falta de voluntad política no habrá sido. 
Las partes habrían acercado posiciones y habrían mostrado un entendimiento cada vez mayor hacia la cultura de los demás. 
No obstante, lamentablemente, ha sido por falta de tiempo. Esto no es, en mi opinión, muy creíble. 
Tras todas las bonitas palabras, se oculta la incapacidad política. 
La Unión Europea deberá evaluar cuidadosamente su propio papel. 
No basta con echar la culpa a los Estados Unidos o quejarse de la falta de flexibilidad de los demás. 
Nosotros mismos ya habíamos dicho que no llegar a un acuerdo era mejor que un mal acuerdo, pero eso no significa que debamos convertir nuestra lista de deseos políticos en el criterio de un buen acuerdo. 
La Conferencia sobre el cambio climático continuará el próximo año. Ahora, por tanto, debemos mirar adelante. 
Quisiera, para terminar, formularle tres preguntas: primera, ¿cómo valora usted misma la postura de la Unión Europea y qué conclusiones extrae del fracaso de La Haya? 
En segundo lugar, ¿qué hará al respecto durante los próximos meses? 
¿Va a debatir con los Estados Unidos los problemas de los bosques y los hechos científicos y la falta de claridad que siempre constituyen un factor en todo este asunto? 
En tercer lugar, ¿en qué puntos debería la Unión Europea, en su opinión, efectuar más concesiones? 
Yo misma opino que en lo que a la suplementaridad se refiere, tal vez, debiéramos hacer más concesiones. 
Me gustaría conocer su opinión al respecto y le agradezco su atención. 
Señora Presidenta, gracias por su intervención Comisaria Wallström. 
Opino que la UE se mantuvo en buena forma exceptuando, posiblemente, las últimas horas críticas. 
Sin embargo, está claro que hay muchos perdedores en reuniones de esta naturaleza. 
Creo que los políticos somos los perdedores, puesto que hemos enviado malas señales a muchas personas que se interesan en estos temas, no hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo. 
En segundo lugar, opino que las empresas y los empresarios que ven este problema como algo serio, y que desean reglas de juego, también son perdedores. 
Por eso resulta enormemente importante volver a insistir de inmediato. 
Creo que la UE actuó correctamente cuando no cedió respecto a las disminuciones de carbón. 
Si esto es verdad, resulta muy aventurado incluir este asunto ahora, cuando las definiciones son tan difíciles. 
En cambio, Sra. Wallström, quisiera decirle que en las futuras conversaciones con los americanos, en general más valdrá ser generoso en relación con el emissions trading que incluir algo extraordinariamente difícil de sostener desde el punto de vista de la investigación científica. 
He formado parte de la delegación parlamentaria. 
Nos reunimos con muchos parlamentarios americanos. 
Me sorprendió que los americanos demostraran arrogancia e ignorancia. 
Me dio la impresión de que bajo ningún concepto quieren ratificar el protocolo de Kioto. 
He llegado a la conclusión de que se necesita mayor diálogo intercontinental sobre este tema, no sólo entre los gobiernos y la Comisión, sino que, especialmente, entre los parlamentarios. 
Quizás sea algo en que puede colaborar el Parlamento Europeo. 
Finalmente, una pregunta: aunque no se lograse una reunión en mayo, ¿estaría dispuesta la Comisaria a seguir avanzando, a ponerse a la cabeza, y recomendar a EE.UU. la ratificación? 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera, en calidad de presidente de la delegación del Parlamento Europeo en la COP VI, comenzar congratulándome de la excelente relación que la Comisión y el Parlamento tuvieron durante esa semana. 
Si en algo no hubo desunión fue en la relación entre la delegación del Parlamento Europeo y la Comisión. 
Y no puedo dejar de lamentar que la voluntad de algunos ministros de los Quince fuera orientada más en el sentido de hacer una carrera hacia las conferencias de prensa que de crear un verdadero espíritu de unidad que garantizara una política global en materia de cambios climáticos. 
Señora Presidenta, era sabido que esta COP VI tenía una importancia muy especial: representaba el abandono de la fase de debate en que nos encontrábamos desde 1992 y el paso a la acción. 
Al no conseguir llegar a un acuerdo, fracasamos en el objetivo de pasar a la acción. 
Hablando con toda claridad y para hacer balance, podemos decir que de las tres partes sólo una procuró llegar a un acuerdo, buscó una política global para los cambios climáticos: la Unión Europea. 
Por parte de los Estados Unidos- pero, digámoslo también de forma clara, por parte de todo el umbrella group- hubo la difusión de una serie de pretextos para que no se llegase acuerdo alguno en la COP VI en La Haya. 
De aquí a mayo, de aquí a Bonn, la Unión Europea debe actuar en dos direcciones, por un lado, en la esfera diplomática, pensando que la posibilidad de la ratificación por parte de los Estados Unidos es la más improbable, por lo que hay que llevar a cabo una acción diplomática ante otros miembros del umbrella group. 
En segundo lugar, hay que actuar internamente para garantizar la credibilidad. 
Sólo esa credibilidad permitirá que la Unión Europea encabece la posición y la acción en el COP VI "B" en Bonn. 
Señora Presidenta, le doy las gracias por su apoyo y expreso mi agradecimiento especial a la delegación del Parlamento Europeo que estuvo en La Haya. 
Recuerdo haberme encontrado con la Sra. Corbey, que estuvo allí todo el tiempo, cuando íbamos a una sesión a las 5.30 horas una mañana. 
Todos Sus Señorías fueron un gran apoyo durante el período de sesiones y se lo agradezco. 
A veces, al abordar la cuestión del cambio climático, decimos que sus efectos sólo los sentirán a largo plazo nuestros hijos y nietos. 
Sin embargo, el cambio climático ya se ha producido, ya lo tenemos aquí. 
Los glaciares se están fundiendo perceptiblemente. 
Pequeños Estados insulares del Pacífico están desapareciendo lentamente por el aumento del nivel del mar. 
Vemos los efectos en nuestras propias vidas cotidianas. 
Aunque los expertos son muy cautos a la hora de afirmar que cualquier tormenta o condición climática extrema se deba al cambio climático, vamos a tener condiciones más extremas a medida que continúe el cambio climático. 
Así, pues, nos afecta también a nosotros. 
Desde luego, es una cuestión que afectará a las generaciones futuras, pero es una realidad, en particular para las poblaciones de los países pobres, como también se ha dicho. 
¿Qué podemos hacer ahora? 
Ahora no es el momento de atribuir culpas ni de señalar con el dedo. 
Ahora es el momento de llegar a la conclusión de que no podemos volver a fracasar. 
No lograr un acuerdo en la próxima reunión de la COP6 no es una opción. 
Soy bastante optimista, porque creo que hemos estado tan cerca y que todos los ministros allí presentes entendieron que una reducción del cinco por ciento en el Protocolo de Kyoto es sólo una pequeña parte del compromiso que habremos de formular para el futuro. 
Esto sólo es el comienzo. 
Tal vez no debería preocuparnos tomarnos un poco más de tiempo, unos meses más, para decidir sobre las normas y el marco, el marco jurídico, que se deben establecer para el funcionamiento del enorme mercado económico que se creará. 
Se nos quedaron demasiadas cosas sobre la mesa para esas negociaciones y vamos a tener que intentar resolverlo. 
Vamos a tener que hacer nuestra propia evaluación de lo que sucedió y preparar los documentos para ponernos en contacto con las diferentes partes y, naturalmente, con "el grupo de representación amplia". 
Incumbe en gran medida al Gobierno de los EE.UU. que nos diga con quién debemos hablar. 
También tendremos que proseguir nuestros contactos con los países en desarrollo. 
Así es como podemos sacar adelante esa cuestión de forma constructiva. 
Ahora permítaseme simplemente responder a las preguntas sobre si fuimos flexibles. 
A veces esas negociaciones son extraordinariamente caóticas y creo que siempre se puede volver a casa y, al rememorarlo, decir que cometimos tal o cual error. 
Sin embargo, para los ministros de Medio Ambiente presentes en La Haya- y Sus Señorías saben que aquí hemos establecido también el tono -, los objetivos principales eran los de defender el crédito y la integridad del Protocolo de Kyoto. 
De modo que no permitiríamos ninguna contabilidad creativa en relación, por ejemplo, con ciertas cuestiones. 
Los americanos nos presentaron una propuesta que habría reducido su compromiso entre el 70% y el 90%. 
Sencillamente, no podíamos aceptarla. 
¿Acaso debemos reducir nuestras ambiciones, cuando sabemos que necesitamos hacer aún más? 
Al mismo tiempo, hicimos concesiones. 
Iniciamos- como ya habíamos dicho antes- conversaciones sobre las grandes lagunas existentes o que podían llegar a serlo. 
Tuvimos una actitud muy constructiva y negociamos hasta el último minuto de aquellas conversaciones en La Haya. 
Seguiremos dispuestos a hacer concesiones, pero creo que fuimos flexibles, al tiempo que defendíamos nuestros objetivos principales y debemos seguir haciéndolo. 
Ahora sabemos el tipo de cuestiones que tendremos sobre la mesa para esa última parte. 
Espero y creo, en realidad, que existe conciencia al respecto. 
Todos los ministros saben que no pueden eludir esa enorme tarea de luchar contra el cambio climático, como también quedó claro en la reunión de La Haya. 
Haremos todo lo posible para lograr un acuerdo y poder, de hecho, firmarlo. 
Naturalmente, el seguimiento de la próxima COP6 o la continuación de la COP6 será la ratificación de un acuerdo dentro de la Unión. 
Podemos comenzar antes los permisos negociables de emisiones. 
Podemos adoptar muchas medidas, que la Comisión propondrá. 
En cuanto tengamos la oportunidad, en cuanto exista el marco jurídico, actuaremos al respecto. 
Agradezco de nuevo este debate. 
He tomado nota de todo lo que se ha dicho, continuaremos, naturalmente, con el seguimiento y dispuestos a volver siempre que el Parlamento nos lo pida. 
Quiero dar las gracias encarecidamente a la Sra. Comisaria. Gracias a los colegas. 
El debate queda cerrado. 
Preparación del Consejo Europeo de Niza y política comercial 
De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de Niza del 7 al 9 de diciembre de 2000, incluyendo la política comercial. 
Recibimos gustosos al Sr. ministro, Hubert Védrine. 
Tiene la palabra, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores Presidentes, señoras y señores diputados, he venido para informar a su Asamblea plenaria de la forma en que la Presidencia prepara el Consejo Europeo de Niza. 
Los temas en el orden del día son muy importantes aunque no lleguen ni mucho menos a reflejar el conjunto de los trabajos realizados y de los resultados ya obtenidos durante este semestre. 
Como es lógico, el Consejo Europeo deberá zanjar sólo las cuestiones que corresponden únicamente a su nivel, y en primer lugar, la reforma de las instituciones, y deberá dar las orientaciones y los impulsos políticos generales. 
El Presidente de la República vendrá en persona para presentarles el balance de la presidencia el día 12 de diciembre. 
El tema más importante que ocupará a los miembros del Consejo Europeo en Niza será evidentemente la reforma de las instituciones y la puesta a punto de lo que todos esperamos que sea el tratado de Niza. 
Antes del Consejo Europeo, Pierre Moscovici y yo mismo mantendremos el domingo próximo un cónclave ministerial al que he invitado a los Sres. Brok y Tsatsos, así como una sesión de la CIG, el lunes, con ocasión del Consejo "Asuntos generales". 
En ese momento veremos con mayor precisión como se presenta la negociación en su fase final, justo antes de Niza. 
Mantendremos con ese motivo un intercambio, que espero enriquecedor, con la Presidenta del Parlamento. 
Por lo tanto hoy sólo hablaré rápidamente de los temas principales que han de debatirse. 
El Consejo Europeo informal de Biarritz había observado y permitido verdaderos progresos relativos a la mayoría cualificada y a las cooperaciones reforzadas. 
También se realizó una aclaración saludable sobre las cuestiones de la Comisión y la ponderación de los votos, lo que permitió que cada Estado miembro comprendiese mejor los objetivos y dificultades de los demás. 
Pierre Moscovici les informó debidamente el 24 de octubre. 
Hemos trabajado sobre esta base en el transcurso de estas últimas semanas considerando todos los puntos de vista para buscar compromisos, pero manteniendo presente el objetivo de un acuerdo ambicioso en Niza. 
No hay motivo para decir hoy, como se oye a veces, que la Presidencia no tiene la ambición suficiente. 
Los textos que se someten a la CIG lo demuestran debidamente, a pesar de la extrema dificultad de los temas, y siento realmente, por parte de los Quince, que hay una auténtica voluntad de llegar a un acuerdo. 
En lo que se refiere a la mayoría cualificada, los trabajos han avanzado bastante. 
Con los esfuerzos de algunos miembros, si así lo confirman, unas treinta disposiciones podrían pasar a la mayoría cualificada. 
Respecto a la coordinación de los regímenes de seguridad social, al régimen tributario, a las cuestiones de asilo, de visados y de inmigración, a las negociaciones comerciales en el ámbito de los servicios- tema de gran importancia -, algunos países siguen teniendo grandes problemas. 
Pero iremos a Niza con un espíritu positivo, con la voluntad de progresar en el máximo de aspectos de estas cuestiones sensibles. 
El papel del Parlamento europeo es naturalmente uno de los elementos importantes del debate. 
En numerosos ámbitos donde se va ha introducir la mayoría cualificada, el paso a la codecisión ya es objeto de aprobación mayoritaria, lo que en gran medida corresponde a parte de sus expectativas. 
Los Quince están ahora cerca de un acuerdo sobre la flexibilidad de las cooperaciones reforzadas. 
Ya debatieron el 24 de octubre sobre varios puntos, y la Conferencia Intergubernamental llegó a soluciones cercanas a aquellas que preconizaba El Parlamento. 
El número mínimo de Estados miembros que iban a participar se iba a limitar a ocho, y la cláusula de apelación al Consejo Europeo, que constituye en la actualidad un verdadero derecho de veto, se sustituirá por un derecho de conocimiento. 
El Parlamento ha hecho propuestas sobre su papel en la iniciación de las cooperaciones reforzadas en el ámbito comunitario. Se debatirán. 
En lo que se refiere a la PESC, varios Estados miembros han resaltado el carácter específico este tema que, a su parecer, requeriría mecanismos específicos, y han insistido mucho en ello a lo largo de estos últimos días. 
En lo que se refiere a la Comisión, dos opciones estaban previstas en Biarritz: un límite en el número de comisarios, o una Comisión compuesta por un representante de cada Estado miembro. 
Pero la negociación hizo surgir otra solución que quizá podría considerar las preocupaciones de unos y otros. 
Consistiría en fijarnos como objetivo un tope para la Comisión a partir de cierto volumen numérico en la ampliación. 
Este límite implicaría entonces una rotación igualitaria. 
En todo caso, y en lo que se refiere a Niza, sería un punto importante en el que aún habría que ahondar y que debería aclararse, pero una gran mayoría de las delegaciones está dispuesta a trabajar en ello. 
Los trabajos también han progresado en lo que se refiere al aumento de los poderes del Presidente de la Comisión y al posible aumento del número de vicepresidentes. 
Por último, en lo que se refiere a la ponderación de los votos en el Consejo, también hay dos opciones principales sobre la mesa desde la aclaración de Biarritz: una doble mayoría o una reponderación simple. 
Se puede percibir un movimiento- aunque soy cauto al hablar de ello, porque quizá varios estados miembros no hayan llegado a una postura definitiva al respecto- se puede percibir un movimiento a favor de una reponderación simple, de la que aún hay que definir la amplitud y las condiciones exactas. 
Se han examinado varias opciones, se han llevado a cabo trabajos. 
El Consejo Europeo será quien zanje la cuestión. 
Quiero añadir que aún no se han llegado a un acuerdo sobre el reparto de los escaños en el Parlamento Europeo. 
Por supuesto, la Presidencia ha sometido la propuesta a la que han llegado ustedes y representa una de las dos opciones disponibles. 
Una vez más, se deberá llegar a una solución en Niza. 
Para terminar con esta rápida presentación de la negociación, también hemos hecho grandes progresos en lo que se refiere al fortalecimiento del artículo 7 del Tratado que, en el futuro, debería incluir un sistema de alerta en caso de amenaza de violación de los principios fundamentales de la Unión. 
Sin embargo, la idea de una referencia a la carta de derechos fundamentales dentro del artículo 6, que el Parlamento defiende en su recomendación del 14 de noviembre último, y que, como presidencia, también hemos incluido en la mesa de la CIG, ha sido rechazada con vigor por varios Estados miembros. 
Algunos incluso han hecho notar que una referencia de este tipo encausaba la proclamación de la carta. 
Cabría lamentarlo, pero me veo obligado a hacer esta observación. 
Por último, unas palabras sobre el Tribunal de Justicia. 
Los trabajos casi han finalizado. 
Todas las delegaciones aceptan dar al Parlamento europeo la posibilidad de recoger la opinión del Tribunal sobre un proyecto de acuerdo internacional. 
Sin embargo, aunque la presidencia también ha propuesto ampliar al Parlamento el recurso ante el Tribunal previsto en el artículo 230, hoy por hoy varias delegaciones se oponen. 
Esta es la situación, que pretendo sea lo más objetiva posible antes de este Consejo tan importante. 
En Niza, ya lo saben ustedes, nuestro objetivo consiste en llegar a un buen acuerdo, que por supuesto supone compromisos, pero compromisos constructivos, no compromisos de rebajas. 
Los jefes de Estado y de gobierno y los ministros dedicarán en Niza todo el tiempo necesario a este debate. 
Incluso han previsto, por este motivo, que el Consejo pudiera llegar hasta el domingo incluido si es imprescindible. 
Llegar a un acuerdo que permita a la Unión funcionar después de nuevas adhesiones, todas las que se preparan en este momento activamente, es un paso crucial para el futuro de la Unión y de la Unión ampliada. 
El Consejo Europeo de Niza también tratará otros temas importantes sobre los que ha trabajado la presidencia francesa con toda la energía posible. 
Y en primer lugar, de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Me alegra que el Parlamento europeo haya aprobado por fuerte mayoría el proyecto preparado por la Convención que también ha sido aceptado por los jefes de Estado y de gobierno en Biarritz. 
Ahora se dan las condiciones para que las tres instituciones proclamen esta Carta con motivo de Niza. 
Así habremos cumplido el mandato fijado por el Consejo Europeo de Colonia y la Unión dispondrá de una muy fuerte referencia, que establezca claramente los derechos y valores en los que cree. 
La reflexión sobre un eventual estatuto jurídico de esta Carta seguirá después de Niza y podría inscribirse en un debate más amplio y a más largo plazo sobre el futuro de la Unión. 
El Consejo Europeo también debatirá del progreso de las negociaciones de adhesión, y por lo tanto de la ampliación. 
Ustedes mismos han debatido al respecto el 3 de octubre. 
Como ya saben, desde el mes de julio, la Presidencia francesa pidió a la Comisión que intensificase las negociaciones de adhesión, que las hiciese entrar en lo más álgido y profundo, donde hay problemas, y preparar así una relación precisa del progreso de cada candidato, del progreso de cada negociación y de las dificultades que quedaban por resolver por y para cada país. 
Nuestro objetivo consistía en preparar de este modo una panorámica de este proceso y fijar un método para el nuevo periodo que comienza. 
En el transcurso del Consejo "Asuntos Generales" del 20 de noviembre, tuvimos un estupendo debate sobre la base de los excelentes documentos que la Comisión había transmitido al Consejo. 
Creo que la intensificación de las negociaciones que tuvieron lugar se consideró ampliamente y que podremos fijar, en el próximo CAG, y luego en el Consejo Europeo, una línea clara y ambiciosa para la continuación de los trabajos, sobre la base de los principios fijados en Helsinki, lo que debería llevarnos hasta la conclusión deseada. 
En Niza tendrá lugar una reunión previa al Consejo Europeo en la cumbre de la Conferencia Europea. 
Una reunión de esta conferencia acaba de tener lugar a escala ministerial, en Sochaux. 
La reunión de Niza será la ocasión de realizar un intercambio con todos los países candidatos sobre la reforma institucional de la Unión, y más generalmente sobre las perspectivas de futuro de Europa. 
Por supuesto, su Presidenta está invitada. 
Al reunir alrededor de una misma mesa a los Estados miembros actuales de la Unión y a aquellos que algún día formarán parte de ella, creo que la Conferencia Europea desempeña un papel único y precioso. 
Espero que podamos aprovecharlo más en un futuro, sobretodo con la apertura a otros países europeos. 
Hablaré rápidamente de la Europa de la defensa. 
Se someterán decisiones importantes al Consejo Europeo, pero volveré a ello más adelante, en el transcurso del debate sobre el informe de la Sra. Lalumière. 
Quisiera ahora mencionar el Consejo Europeo de Niza, que hablará de la prioridad que la Presidencia francesa otorga a las cuestiones económicas y sociales y a todos los temas sobre los cuales la Unión puede ofrecer respuestas concretas a las preocupaciones de los Europeos. 
Numerosas declaraciones, que la presidencia ha presentado ante su Asamblea, han puesto el énfasis sobre esta prioridad. 
De hecho se han tomado ya varias citas durante la Presidencia portuguesa, en Lisboa y en Feira. 
Estas citas deberían desarrollarse, en materia económica, como una continuación de los esfuerzos para orientar de nuevo la acción de la Unión a favor del crecimiento y del empleo. 
El Consejo Europeo de Lisboa había aprobado orientaciones para promover una economía europea innovadora y competitiva. 
En particular, se trataba de enriquecer el contenido de las grandes orientaciones de política económica y de garantizar una mejor articulación con las líneas maestras para el empleo. 
Se transmitirá pues un informe al Consejo Europeo quien definirá los indicadores de rendimiento en ámbitos como el empleo, la innovación, la reforma económica, la cohesión social. 
Asimismo, se transmitirán líneas maestras para el empleo y un paquete "empleo otoño 2000" al Consejo. 
Como ya saben, el Consejo "Ecofin" acaba de llegar, este lunes, a un acuerdo decisivo para la armonización fiscal. 
Estas cuestiones se estaban debatiendo desde hace varios meses, e incluso varios años, y suscitaban serias reservas por parte de ciertos Estados miembros. 
Se trataba pues de un progreso muy importante por parte de los Quince al completo, y el Consejo Europeo lo tendrá en cuenta. 
El desarrollo de la dimensión social de la construcción europea es el complemento imprescindible de los progresos considerables que se han realizado en el ámbito económico. 
Con este fin, después de Lisboa, la Presidencia francesa había adoptado la Agenda social como una de sus prioridades. 
La Presidencia invitó al conjunto de las instituciones a las que atañía- es decir su Parlamento, pero también el Consejo Económico y Social, el Comité de las Regiones, los interlocutores sociales europeos y las organizaciones intergubernamentales- a contribuir para elaborar esta agenda. El Consejo "Empleo-política social" aprobó ayer esta Agenda social, que de hecho está inspirada en gran parte en una comunicación de la Comisión. 
Es una buena semana para el trabajo europeo. 
Recapitula los objetivos e iniciativas que han de tomarse en el transcurso de los próximos cinco a diez años, y sobre todo en los ámbitos del derecho laboral, de la protección social, de la movilidad social, de la formación a lo largo de la vida, de la lucha contra las discriminaciones y las exclusiones. 
Se transmitirá en Niza, y naturalmente esperamos que se ratifique. 
La protección de los derechos de los asalariados en la empresa y la mejora de sus condiciones de trabajo figuraban asimismo en buen lugar en el programa de la Presidencia francesa. 
De este modo, se someterá al Consejo Europeo la situación del progreso de la negociación, de la directiva sobre la información y la consulta de los trabajadores, así como el proyecto de sociedad europea, si estas cuestiones no se solucionan de aquí a entonces, puesto que se enfrentan desgraciadamente a una oposición persistente. 
Después de Lisboa, la Presidencia francesa también se había fijado como objetivo reforzar el conocimiento en Europa. 
Desde esta perspectiva, el Consejo ha aprobado un plan de acción que pretende levantar los obstáculos para la movilidad de los estudiantes, profesores e investigadores. 
Este plan de acción se transmitirá asimismo al Consejo Europeo de Niza. 
Verán pues como no se exagera al decir que no sólo es importante, sino también muy intenso. 
Además, sobre la base de las conclusiones de Feira, que hacían un llamamiento para instaurar un plan de acción e-Europa para una sociedad de la información accesible para todos, el Consejo trabajó con indicadores de progreso. 
Se presentará en el Consejo Europeo de Niza un balance de las acciones llevadas a cabo por la Presidencia en este ámbito. 
La protección del consumidor constituye una preocupación creciente de los europeos, por motivos evidentes que no requieren mayor explicación. 
La Presidencia francesa se había fijado como objetivo una mejor definición del principio de cautela. 
Se puso pues en marcha un grupo desde el comienzo de nuestra Presidencia para trabajar en ello. 
El Consejo "Mercado Interior" examinará mañana la resolución que resulte, siempre con vistas al Consejo de Niza. 
A causa de la actualidad, los Jefes de Estado y de Gobierno debatirán ampliamente en Niza el tema de la seguridad alimentaria, y en particular la instauración de una autoridad alimentaria europea independiente. 
Otro motivo de creciente preocupación de los europeos, relacionado con el desarrollo del tráfico marítimo y con los inconvenientes que a veces resultan de ello, es la seguridad de los transportes marítimos. 
Se aprobó un primer paquete de medidas en el Consejo "Transporte" de octubre. 
El Consejo Europeo de Biarritz tomo nota del informe de la Comisión sobre las medidas adicionales imprescindibles. 
Sé que el Parlamento Europeo trabaja en el primer paquete. 
Y saben ustedes la importancia que los Estados miembros otorgan a una rápida aprobación de los textos. 
Sin causar perjuicio a las prerrogativas del Parlamento, la Presidencia ha pedido que se instaurasen anticipadamente, en la medida de lo posible, estas medidas. 
Debería darse un nuevo impulso político a todo este expediente con vistas al último Consejo "Transporte" de los días 20 y 21 de diciembre, ya que es cierto que la Presidencia francesa no acaba en Niza. 
La Presidencia francesa deseaba acompañar la actualización de la comunicación de la Comisión de 1996 sobre los servicios de interés económico general por una reflexión sobre el lugar de los servicios públicos o, utilizando el término que ahora está consagrado, los servicios de interés general en Europa. 
Ha querido que se reafirmasen los principios fundamentales que guían el enfoque de la Comunidad en este ámbito, y a cuya cabeza está la libertad de los Estados miembros para definir y organizar sus servicios públicos dentro del respeto a las reglas del Tratado. 
Estos principios se recordarán en una declaración que la presidencia desea añadir como anexo a las conclusiones de Niza. 
Por último, una declaración se prepara para el Consejo Europeo sobre las características específicas económicas, sociales y culturales del deporte y sobre sus funciones sociales en Europa. 
Ven pues ustedes como los debates serán muy densos en Niza. 
Su Presidente tendrá ocasión de presentar allí la opinión de su institución sobre todos estos temas y de debatir de ello con los jefes de Estado y de gobierno. 
Esta Cumbre brindará a los Jefes de Estado y de Gobierno una oportunidad histórica que no deberán dejarse escapar. 
En efecto, esa será la ocasión para abordar toda una serie de temas: para concentrarse en el plan de trabajo con miras a la ampliación, para consolidar el proceso de Lisboa y una Agenda Social y para aprobar solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Todos estos son temas importantes, sin embargo, hoy, como sus Señorías me han sugerido, quiero centrarme en las importantes decisiones que habrá que tomar en Niza. 
El debate en curso afecta a numerosas cuestiones y me referiré brevemente a tres aspectos: en primer lugar, la necesidad de concluir la Conferencia Intergubernamental aprobando un Tratado que aporte un verdadero valor añadido, en segundo lugar, el aspecto de nuestra política de seguridad relativa a la gestión de las crisis y, en tercer lugar, la necesidad de programar el camino a seguir después de Niza. 
Por lo tanto, en primer lugar, un nuevo Tratado. 
El objetivo fundamental de este nuevo Tratado es permitir a la Unión continuar funcionando después de la ampliación. 
En efecto, dentro de poco, nuestras Instituciones, originariamente proyectadas para seis Estados miembros, deberán gestionar un número de Estados casi cinco veces mayor. 
Debemos prepararnos para esta ampliación sin precedentes. 
Cualquier problema no resuelto en Niza acabará por obstaculizar nuestro camino y, del mismo modo que pedimos a los países candidatos que cumplan todos los criterios antes de la adhesión, también nosotros debemos mantener nuestros compromisos. 
Esto significa procurar que la Unión pueda tomar decisiones eficaces y democráticas que respondan a las expectativas de los ciudadanos europeos. 
Durante todo el invierno pasado, la Comisión se esforzó en explicar por qué y respecto a qué cuestiones específicas se debía ampliar el orden del día inicial de la Conferencia Intergubernamental. En particular, a finales de enero, en nuestro dictamen escrito señalamos el nivel mínimo de ambición para que la Conferencia pueda alcanzar un resultado positivo. 
Ahora compruebo con satisfacción que los negociadores están a punto de alcanzar un acuerdo sobre aquellas disposiciones que afectan, por ejemplo, a las cooperaciones reforzadas, al Tribunal de Justicia, a los valores democráticos contemplados en el artículo 7 y constato una mayor participación de los partidos políticos europeos en la vida democrática de nuestros Estados miembros y de nuestras Instituciones. 
Asimismo tengo la impresión de que nos estamos acercando a un compromiso razonable en lo que se refiere a la composición de la Comisión y a la ponderación de votos en el Consejo. 
Siempre que se respete cierto número de principios fundamentales, creo que la Conferencia puede avanzar y lograr un acuerdo a este respecto, un acuerdo que responda a las expectativas y a las necesidades de los Estados grandes y pequeños. 
Sea cual sea el número de Comisarios, lo importante es otorgar al Presidente de la Comisión todos los poderes necesarios para gestionar el Colegio eficazmente. 
Análogamente, sea cual sea el cambio introducido en la ponderación de votos en el Consejo, hay que garantizar que no se puedan tomar decisiones contrarias a la voluntad de la mayoría de los Estados miembros. 
Y la manera más fácil para hacerlo, además de la más simple, es el sistema de la doble mayoría, a pesar de que somos conscientes de las grandes dificultades que el mismo encuentra. 
Por lo tanto, estamos avanzando poco a poco en la dirección correcta. 
Sin embargo, existe un tema respecto al cual encuentro muy preocupante la falta de progresos y que, según nuestras dos Instituciones, es la cuestión más importante que deberemos resolver a la hora de prepararnos para la ampliación: la cuestión de las votaciones por mayoría cualificada. 
A fin de que la Unión pueda ser eficaz, la Conferencia debe hacer significativos progresos en este sentido y esto supone también extender el procedimiento de codecisión. 
(Aplausos) 
Como es obvio, los Estados miembros encuentran políticamente difícil renunciar al derecho de veto en ámbitos tan delicados como la política social, el asilo y la inmigración, la política comercial común, la cohesión y los impuestos, incluso cuando sólo se habla de cambios técnicos necesarios para hacer que funcione el mercado único. 
No obstante, si cada uno permanece anclado a sus posiciones, creo que es peor para todos. En efecto, las matemáticas y cincuenta años de experiencia demuestran, más allá de cualquier duda, que basta una ampliación modesta para convertir en mucho más difícil el consenso unánime. 
En una Unión de 27 o más Estados miembros, el requisito de la unanimidad acabará simplemente por impedir cualesquiera avances en todos los ámbitos en que persistirá dicho requisito. 
Presten mucha atención a lo que digo: si se sigue manteniendo el derecho de veto de los Estados miembros en materia de Justicia y Asuntos Interiores, la ejecución del programa que acordamos en Tampere sufrirá graves demoras o incluso no podrá hacerse. 
Y en Niza diré sin medias tintas a los Jefes de Estado y de Gobierno que no deben hacerse ilusiones al respecto. 
Los ámbitos especialmente delicados de los que he hablado abarcan también la política comercial. 
Quisiera detenerme un momento en este aspecto, dado que el Pleno ha insistido en que se le diera especial relevancia en el orden del día de hoy. 
Como ustedes saben, la actividad económica moderna se basa sustancialmente en los servicios. 
Sobre la base de las normas en vigor, a algunos aspectos de las negociaciones sobre los servicios se aplica el requisito de la unanimidad, precisamente porque nuestros Tratados nacieron como Tratados comerciales de mercancías y no de servicios. 
El problema que actualmente atormenta nuestra política comercial reside en el hecho de que, dado que las negociaciones contemplan una amplia gama de sectores, incluidos los servicios, las votaciones por unanimidad terminan casi inevitablemente por frenar cualquier avance no solo en los servicios, sino también en los bienes materiales. 
Nuestros socios comerciales, o los que en algunos casos llamamos nuestros rivales, están entusiasmados por esto, ya que pueden contar con quince posibilidades de veto y muy pronto, gracias a la ampliación, habrá muchas más. 
La situación es aún peor, si cabe, cuando uno de los Estados miembros pone condiciones, a veces financieras, por prestar su acuerdo. 
La solución simple y natural- por otra parte, ésta es la opinión mayoritaria a lo largo de la Conferencia- sería modificar las normas actuales, al objeto de que el voto por mayoría cualificada se aplique a todos los aspectos de estas negociaciones, incluidos los servicios. 
Lamentablemente, el texto actual de la Conferencia es muy complicado, muy ambiguo y muy largo, con dos protocolos: sin embargo, pese a esta amplitud y a esta complicación, es también muy débil, no nos facilita la simple respuesta que nos sirve para el simple problema que padecemos hace mucho tiempo. 
Por lo tanto, para tener una solución adecuada queda mucho por hacer. 
Para nosotros el resultado final de Niza dependerá en gran parte de las conclusiones a las que llegaremos en las votaciones por mayoría cualificada. 
Me comprometo a hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo que garantice un valor añadido 
Inevitablemente, la pregunta que se nos planteará enseguida después de Niza será: "¿ Están satisfechos de los resultados ?" 
La Comisión responderá a esta pregunta francamente y sin rodeos. 
En el próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo, ante ustedes, diré al Pleno si, en mi opinión, la Unión ampliada que todos nosotros tenemos la intención de culminar, podrá o no podrá funcionar con eficacia. 
En efecto, es sobre la base de este criterio que al fin y al cabo deberemos juzgar Niza. 
(Aplausos) 
En Niza se tomarán importantes decisiones para permitir a la Unión Europea asumir sus responsabilidades a nivel mundial. 
La prevención de los conflictos y la gestión de las crisis son ámbitos de intervención tradicionales de la Comunidad. 
Nuestro cometido es cumplir nuestros compromisos a la luz de los nuevos ambiciosos objetivos que la Unión se ha fijado. 
Esto significa que la Unión debe desarrollar una capacidad autónoma de tomar decisiones y, en el caso de que no se vea implicada también la OTAN, de emprender y dirigir operaciones militares bajo el liderazgo de la Unión en respuesta a las crisis internacionales. 
A este propósito, será especialmente útil desarrollar una proficua cooperación entre la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa. 
Esto, lo repito, no quita que para los Estados miembros implicados, la OTAN continúe siendo la base de la defensa colectiva de sus miembros y siga desempeñando un importante papel en la gestión de las crisis. 
La gestión de las crisis, como se vio en Kosovo, no solo significa imponer un alto el fuego, sino que supone mantener separadas las facciones opuestas, significa salvar y evacuar a los ciudadanos de la Unión Europea, ayudar a un gran número de refugiados, suministrar alimentos y medicamentos, imponer y mantener el orden de la legalidad y, por último, restablecer la calma después del caos. 
Por lo general, sin embargo, las crisis no estallan de un día para otro, sino que son la culminación de un proceso de escalada de la tensión en un país o en una región. 
En consecuencia, uno de los objetivos principales de nuestra Política Exterior y de Seguridad Común debe ser reducir la tensión e impedir que la misma desemboque en un conflicto armado. 
La Comunidad dispone ya y no desde ahora de muchos instrumentos para hacerlo: casi todos nuestros programas de ayuda exterior, por ejemplo, están orientados a apoyar la democracia y la estabilidad. 
Lo que debemos hacer es coordinarlos mejor y convertirlos en más eficaces, y, por consiguiente, la Comisión está adoptando las medidas internas necesarias para este fin. 
La Comisión está convencida de que sólo un enfoque integrado respecto a las crisis podrá garantizar la coherencia y la eficacia exigidas para que la Unión pueda desempeñar hasta el fondo su papel en el escenario internacional. 
La gestión de las crisis exige que la Comunidad muestre una mejor capacidad de reacción, no obstante, esto debe traducirse en una actuación que respete plenamente nuestro marco institucional definido por los Tratados. 
Obviamente, tendremos que actuar junto con las demás Instituciones y con el Alto Representante de la PESC. 
Sin embargo, ahora hemos de tomar decisiones sobre este marco, porque no hay momento peor que una crisis para establecer cometidos y responsabilidades. 
El debate desarrollado en el ámbito de la Conferencia ha demostrado que había cuestiones maduras para ser debatidas después de Niza: la incorporación en el ordenamiento jurídico comunitario de la Carta de los Derechos Fundamentales, como decía el ministro Sr. Védrine; la reorganización de los Tratados sobre la base de los textos existentes para presentar más claramente a la opinión pública los objetivos y los métodos de trabajo de la Unión; una clara distinción entre las competencias de la Unión y las de los Estados miembros; por último- y se trata de un aspecto en absoluto secundario- si no estoy equivocado respecto al tono del debate y a las perspectivas para el futuro de Europa, la cuestión de cuál deberá ser el equilibrio entre las Instituciones de la Unión Europea en el espíritu de un modelo institucional que es el modelo comunitario que ya ha superado con éxito la prueba del tiempo. 
No cabe duda de que después de Niza tendremos mucho trabajo por delante, aunque del mismo nos deberemos ocupar más adelante. 
Por ahora pensemos en el futuro inmediato bajo la Presidencia francesa y centrémonos en la prioridad de llevar a Niza una conclusión y de abrir el camino a la ampliación. 
(Aplausos) 
Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del Presidente Prodi de que ésta es una oportunidad histórica y no se debe perder. 
La Cumbre de Niza tiene una responsabilidad para con Europa y debe en parte cumplir el contrato que formulamos en Helsinki el pasado mes de diciembre. 
En Helsinki se dijeron dos cosas a los estados candidatos en Europa. Se colocaron dos cerrojos en la puerta de la ampliación. 
Uno consistía en que los propios estados candidatos debían adoptar y aplicar el "acervo comunitario"; ésa es la tarea que comparten con nosotros. 
El segundo cerrojo consistía en que nosotros mismos, los Quince, debíamos reconocer la necesidad fundamental de reforma de nuestros procedimientos para seguir funcionando eficazmente y, de hecho, para empezar a funcionar más eficazmente incluso que ahora. 
Ése es el requisito mínimo e ineludible de Niza y es una meta importante y fundamental. 
Al final de ese proceso, se nos pedirá en este Parlamento que concedamos o no nuestro dictamen conforme. 
Es una gran responsabilidad. 
Yo hablo en nombre de un Grupo que está totalmente comprometido con la ampliación más pronta de la Unión Europea que sea viable. 
También he de decir que escucharemos con mucha atención lo que el Sr. Prodi y la Comisión digan como análisis del Tratado de Niza y la franqueza que promete. 
Nosotros mismos haremos un análisis franco. 
Lo que le pido, señor Presidente en ejercicio, es que nos presente un documento digno del dictamen conforme de este Parlamento y de la escala del imperativo histórico que afrontamos en Europa. 
Dicho imperativo es la reunificación de nuestro antiguo continente, una ampliación que no tiene paralelo en cuanto a su escala y para eso es para lo que debe prepararnos la Cumbre de Niza. 
Hacer menos que eso es defraudar a Europa, por lo que esta Asamblea, cuando examine la Cumbre de Niza, no puede permitir que Europa falle. 
Respecto de varios de los aspectos concretos, quisiera decir que, en esta fase de la evolución de la Unión Europea que haya un ciudadano de cada Estado miembro en la Comisión sigue siendo, en opinión de mi Grupo, una propuesta sensata y que aumenta la legitimidad de la Unión. 
No debe llegar a ser una cuestión que trasluzca una falsa lucha en la Unión entre los intereses de los grandes y los pequeños, cuando el interés europeo común debe ser el objetivo fundamental. 
En esta fase, mi Grupo preferiría una reponderación de los votos, la doble mayoría, pero ha explicado usted que están en examen otras cuestiones. 
Apoyamos la cooperación reforzada, pero insistimos en que debe estar abierta a todos y no ser exclusiva y debe estar basada y arraigada de un modo que respete el "acervo comunitario". 
Apreciamos profundamente la Carta de Derechos Fundamentales y no queremos limitarnos a declamarla. 
Si la proclamamos como algo con significado, debe tener raíces, y recomendamos una vez más que se enraíce en el artículo 6. 
Recomendamos que se dé a la proclamación un significado substancial, aun cuando no sea aún total y completamente vinculante. 
Apoyamos el examen del artículo 7, porque la lección austríaca ha revelado su necesidad. 
La Cumbre de Niza es una prueba para ver si nuestro antiguo continente está listo para una nueva ampliación a escala continental. 
Creo que podemos lograrlo, pero es necesario, señor Presidente en ejercicio, que su Presidencia movilice al Consejo en pro de Europa animando al Consejo de Niza a lograr algo verdaderamente histórico. 
No debe haber una simple transacción constructiva- ésas han sido sus palabras -, sino que debe haber un logro importante. 
Vamos a poner alto el listón y espero que juntos- Consejo, Comisión y Parlamento- podamos superarlo. 
He de decir hoy que, si el listón es fruto de una transacción y se queda muy bajo, nos negaremos a examinarlo y lo haremos por Europa y con buena conciencia. 
Señora Presidenta, el objetivo principal de la Cumbre de Niza es ampliar la Unión Europea y preparar a la Unión para esta ampliación. 
También puedo decir en nombre de mi Grupo que estamos completamente comprometidos a que esta ampliación se lleve a cabo con la mayor prontitud posible. 
Sin embargo, ya en esta fase es importante hablar de lo que pasará después de Niza. 
Este punto requiere la existencia de visiones, y estas visiones también han sido expuestas durante los últimos meses. 
Nuestro Grupo apoya firmemente que pasemos a constitucionalizar los Tratados constitutivos de la Unión Europea, y ello significa también que la reforma de los Tratados constitutivos ha de ser transparente y que la sociedad de los ciudadanos también debe poder participar en este proceso. 
Nosotros consideramos un éxito la Carta de Derechos Fundamentales. 
Es verdad que su texto hubiera podido ser mejor, y bien podrá ser perfeccionado y puntualizado después de Niza. 
Sin lugar a dudas, la Carta llegará a ser en su día parte de la Constitución de la Unión Europea. 
Pero nosotros también desearíamos que, cuando menos, se haga mención de la misma en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, puesto que los ciudadanos deberían poder beneficiarse ya de esta Carta de Derechos Fundamentales. 
En lo que se refiere a las decisiones más inminentes en estos momentos, nunca resaltaremos lo bastante la importancia de la mayoría cualificada en la toma de decisiones. 
La Cumbre de Niza no podrá ser un éxito si no se consigue extender las votaciones por mayoría cualificada. 
Es de especial importancia que el Parlamento Europeo participe de lleno en el procedimiento de codecisión, ya que, si no es así, las decisiones en materia legislativa resultarán aún más ininteligibles; el Parlamento Europeo aporta transparencia al proceso de toma de decisiones. 
Tomemos como ejemplo los impuestos ecológicos: al hablar de la política en materia climática, solemos criticar que los Estados Unidos no quieren renunciar a su soberanía y prestarse así a contraer acuerdos internacionales para la lucha contra el cambio climático, pero en nuestro propio seno hay Estados miembros que también se aferran a su imaginaria soberanía y no quieren que se adopte la votación por mayoría cualificada, por ejemplo, en materia de impuestos ecológicos. 
Esto es algo que debemos dejar atrás. 
El Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, se ha referido a la política comercial. 
Todos nosotros queremos con toda seguridad que la Unión Europea desempeñe un vigoroso papel en un mundo que se globaliza, pero distinguido Presidente de la Comisión, señor Prodi: nuestro Grupo requiere que la política comercial se vuelva abierta y transparente como condición previa al incremento de competencias de la Comisión, y en estos momentos ello no es así en absoluto. 
Para terminar, también quisiera señalar que en estos momentos es importante velar por que la Unión Europea no se convierta en una comunidad exclusiva de los Estados miembros grandes. 
Algo que ha sido problemático en el Parlamento es el hecho de que deberíamos tomar conciencia de que el futuro número de escaños del Parlamento no puede ser limitado de forma categórica a setecientos, ya que ello también limita la manifestación de la pluralidad en el Parlamento. 
Esto supondría un giro hacia la implantación de un sistema de dos partidos políticos, lo cual no puede ser democrático. 
Apelo al señor Barón Crespo para que trate de comprender este aspecto, pues yo tengo la impresión de que todos los demás Presidentes de Grupo apoyan este objetivo de dejar abierto, en cierta medida, el número de escaños del Parlamento. 
Esto sería una toma de postura realmente importante por parte del Parlamento, y mañana podremos votar sobre la misma. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, creo poder afirmar que hasta la fecha los Gobiernos de los Quince no se han cubierto de gloria. 
El euro se tambalea en la más absoluta debilidad; con respecto al peligro de la EEB todos echan balones fuera enzarzándose en un rifirrafe sobre las competencias; la Unión afronta el mayor reto de su historia pero en lugar de atajar enérgicamente los acuciantes problemas los gobiernos se enfrascan a puerta cerrada en mezquinas peleas sobre los denominados left overs de Amsterdam. 
Con Niza ha llegado la hora de la verdad. 
La Cumbre sólo acabará siendo un éxito si incluye una profunda reforma de las instituciones y si emite una clara señal de que la Unión está preparada para la ampliación. 
A este fin se necesita una Comisión eficiente y fortalecida capaz de cumplir su tarea como motor de la integración. 
Además, hay que instaurar en el Consejo un reparto de votos equilibrado entre los países grandes y pequeños y las votaciones por mayoría deben convertirse en regla, incluso en terrenos tan importantes como la política fiscal, la política social y los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. 
El fortalecimiento de la democracia exige que todo ello vaya acompañado de la ampliación del derecho de codecisión del Parlamento Europeo a todos estos campos de acción. 
Para que Niza se convierta en un éxito también es imprescindible que se vaya más allá de la mera proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Me parece inaceptable que varios gobiernos se hayan negado rotundamente a considerar la posibilidad de incluir una referencia a la Carta en el artículo 6 del Tratado. 
Hablo con toda claridad, tal y como han hecho mis colegas: ¡la incorporación al Tratado de una referencia a la Carta es para mí igual de indispensable que la apertura de un amplio debate público con los ciudadanos! 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, la Unión no necesita fuerzas militares de intervención ni programas destinados a modernizar el armamento que absorben ingentes cantidades de dinero. 
El éxito o el fracaso de Niza dependerá mucho más de si el gobierno por fin se decide a tomar en serio las preocupaciones y las necesidades de la gente. 
Es muy positivo que decenas de miles de personas se manifiesten en las calles de Niza reclamando activamente una Europa social. 
La Unión Europea debe asignar la máxima prioridad política a la lucha contra el desempleo masivo, la pobreza y la exclusión social. 
Tomo nota de que la Presidencia francesa del Consejo se declara dispuesta a comprometerse en este sentido. ¡Ahora bien, señor Ministro, le ruego transmita a sus colegas que lo que cuenta son los hechos, no las palabras! 
Señora Presidenta, intervengo en nombre de los diputados radicales del Grupo. 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, me parece que todas las intervenciones, incluso la última, de las posiciones más extremas opuestas a las mías, hacen el mismo análisis, esto es, que en vísperas de la Cumbre de Niza no estamos en la recta final, sino que los problemas, en lugar de desaparecer con este método obsoleto de las Conferencias Intergubernamentales- que, como se ha subrayado, se ha de modificar- en lugar de irse solucionando, se han complicado con soluciones a la vista que francamente son inaceptables: pienso en la Carta de los Derechos Fundamentales, una Carta respecto a la que nos abstuvimos precisamente porque sabíamos que su intención era la de guardarla en un cajón después de la Cumbre de Niza, a pesar de haber hecho creer a nuestros pueblos que existía un documento vinculante de defensa y de promoción de los derechos. 
Ustedes ni siquiera quieren introducirla en el Tratado y ello en prueba de que este documento, este ejercicio se tenía que dejar a un lado. 
Estamos preocupados asimismo por lo que va a ser de la Comisión, el motor de la integración europea que, evidentemente, con veinte, veinticinco o treinta miembros, se convertirá en una secretaría, en una secretaría técnica del Consejo, en un organismo que no tendrá la posibilidad de desempeñar siquiera el más mínimo papel en el equilibrio institucional que concibieron los padres fundadores. 
Con relación al voto por mayoría y a la ponderación, muy probablemente habrán vetos cruzados que paralizarán la reivindicación del Parlamento y de la opinión pública de ir hacia una democratización de nuestro sistema, hacia una generalización del voto por mayoría. 
En consecuencia, me dirijo al Presidente Prodi que ha dicho justamente que en Estrasburgo nos dirá si la Comisión podrá o no podrá actuar de manera eficaz y si la Unión podrá o no podrá actuar de manera eficaz después de la Cumbre de Niza. 
Señor Presidente Prodi, usted participará en la Cumbre de Niza, en cierta forma, expresará la voluntad del Parlamento, una voluntad expresada con cierta timidez, esa voluntad que se manifestará mañana con la votación del documento que ha sido el resultado del compromiso de los Grupos y que nosotros no hemos firmado. 
Señor Presidente, le ruego que haga sus objeciones en Niza, que asuma su responsabilidad, que no sea el notario del después de Niza, sino en Niza y que juegue hasta el fondo la carta de la defensa de las Instituciones europeas, de la Comisión y del Parlamento en primer lugar. 
Señor Presidente, el borrador del Tratado de Niza tiene más de constitución para un estado federal que de acuerdo para una confederación de estados. 
Las leyes de la Unión se aprobarán como norma general por mayoría cualificada de modo que todas las democracias de cada país podrán ser derrotadas. 
En el Tratado de Amsterdam todavía quedan 65 disposiciones que exigen unanimidad. 
Ahora se propone la adopción de decisiones por mayoría cualificada en 49 ámbitos. 
Estamos llegando al final del camino a no ser que vaya a hablarse de un único estado. 
Las competencias que el Tratado de Niza otorga a la UE superan las competencias cedidas al gobierno federal en muchos estados federales. 
Y ahora se accede a los ventrículos de los estados nacionales con decisiones por mayoría sobre partes de la política social, la política de mercado laboral, los impuestos, política industrial, cultura, partidos supranacionales e incluso nuestra propia remuneración de modo que nos convertiremos en los representantes de la UE mejor remunerados en los países miembros en lugar de ser los representantes de los electores en el Parlamento Europeo y tributar nacionalmente. 
La política interior y judicial serán objeto de decisiones por mayoría a partir del año 2004. 
La política comercial hará que los países comunitarios parezcan un estado. 
Hablaremos con un solo e ingrato voto en la OMC. 
La política exterior y de seguridad también se aprobará como decisiones por mayoría. 
Sólo en lo relativo a la defensa seguirá existiendo unanimidad. 
Por lo demás, escasea el derecho de veto en el nuevo tratado y países sin derecho de veto son más provincias que naciones independientes. 
Decisiones por mayoría de puertas adentro, representación común de puertas afuera- ésta es la fórmula de un estado. 
Lo que queda entonces para la Conferencia Institucional del año 2004 no es el contenido, sino la caligrafía de un texto que puede llegar también a parecer una auténtica constitución. 
Es decir, un texto en el que primero aparece recogida una Carta de derechos humanos y derechos fundamentales, es decir, las reglas de juego, y por último, un anexo con las políticas individuales que pueden modificarse sin engorrosos trámites de ratificación. 
Lo único que falta es la democracia. 
La democracia quedó relegada al olvido en el camino. 
Y así es el núcleo tanto de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam como del Tratado de Niza. 
Más decisiones por mayoría, en las que los funcionarios y ministros pueden derrotar a los electores y a los representantes elegidos por el pueblo. 
En las democracias sucede a la inversa. 
Las decisiones por mayoría matan el derecho de veto de las democracias parlamentarias de los países miembros, pero la UE no se convierte ella misma en una democracia parlamentaria. 
Con la cooperación reforzada se mata también el derecho de veto ante las modificaciones del Tratado, no formalmente, sino realmente, porque a partir de ahora una mayoría cualificada puede hacer caso omiso de la oposición de, por ejemplo, Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña u otros países, donde podría tenerse la idea poco democrática de preguntar a sus electores qué opinan. 
Los federalistas pueden alcanzar su deseo de más integración y los gobiernos de Suecia, Gran Bretaña y Dinamarca pueden hacer entrar a sus países cuando se hayan tomado las decisiones y éstas sean vinculantes en la práctica. 
El Tratado de Niza arrebata tantísimo poder a los electores que debe ser tratado como una verdadera modificación de las constituciones y sólo entrar en vigor cuando haya sido aprobado en referéndum en los países donde sea posible. 
Señor Presidente, el título del presente punto del orden del día basta para darse cuenta de la importancia que reviste el artículo 133 en el marco del debate sobre la ampliación de la mayoría cualificada. 
Aunque la petición de extender esta fórmula al ámbito de los servicios sea perfectamente comprensible tiene poco que ver con el tema central de la reforma institucional, que requiere un tratamiento prioritario. Lo mismo digo con respecto al deseo formulado en el punto 7 de la resolución común de incluir también las inversiones en la competencia comercial. 
Habida cuenta de las dudosas perspectivas de éxito, no me parece acertado cargar la Conferencia Intergubernamental con otro asunto harto complejo y controvertido. 
El actual estado de las negociaciones induce a creer que la prolongación de la duración de la Conferencia Intergubernamental hasta el domingo, junto con la tradicional parada de los relojes, difícilmente permitirán que se acuerde una normativa razonada al respecto. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Prodi, el punto más importante para el Grupo PPE-DE es que la CIG concluya con éxito. 
Lo consideramos crucial en tanto paso muy importante para proceder a una rápida ampliación de la Unión Europea. 
Imagínese cuán atentos estarán los países de Europea Central y Oriental a lo que suceda en Niza. 
Acaban de celebrarse elecciones en Rumania que nos han sorprendido por el resultado y por la aparición de un partido muy extremista. 
A principios del año que viene, se celebrarán elecciones en Polonia y Bulgaria, y cómo se puede motivar a las poblaciones de estos países si la Unión Europea no es capaz de adoptar un buen Tratado en Niza. 
La Unión Europea, señor Presidente, necesita buenas noticias. 
Un mal acuerdo es una prueba de que nuestros dirigentes gubernamentales no otorgan prioridad a la ampliación de la Unión Europea ¿Cómo podemos fomentar que la población de la Unión Europea otorgue un mayor apoyo a la futura ampliación si nuestros propios dirigentes no son capaces de lograr un buen Tratado? 
No obstante, también se trata de un asunto que, según nuestros dirigentes gubernamentales, demuestra que no hay una respuesta adecuada a las grandes cuestiones con que nos enfrentamos en la Unión Europea. 
Tampoco es la respuesta ante la falta de transparencia de la toma de decisiones que sigue existiendo dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Europa necesita un liderazgo, necesita claridad, necesita realizar elecciones, necesita dinamismo. 
Eso es lo que la población realmente quiere ver. 
Si examinamos cuán debilitada está la confianza respecto del euro, la población necesita ver que se dan pasos para salir adelante. 
Creo, por tanto, que la Presidencia francesa tiene el gran deber de dar, por fin, el máximo en Niza. 
Resulta extraordinariamente triste que nos encontremos en una situación en la que los países grandes están enfrentados a los pequeños. 
Creo que es un error psicológico de primer orden que se haya generado una desconfianza enorme. 
Hago un llamamiento urgente a la Presidencia francesa a fin de que se esfuerce al máximo por eliminar este distanciamiento, puesto que resulta extraordinariamente destructivo. 
El papel de la Comisión es esencial para nosotros. 
La Comisión ha sido y continúa siendo el motor, y si la Comisión no sale reforzada de Niza, será entonces, un día negro para Europa. 
Considero, por tanto, que se trata de que trabajemos menos de forma intergubernamental y más con la Comisión. 
Evaluaremos los resultados de Niza conforme a la pregunta de si conducen a una mayor efectividad, eficiencia, democracia y transparencia, y de eso se trata. 
Parece que sigue habiendo problemas en la CIG con la ampliación de la votación por mayoría cualificada en el Consejo. 
Tal vez deberíamos centrarnos más bien en la cuestión de la ampliación de la codecisión con el Parlamento. 
El Parlamento ha demostrado ser un interlocutor maduro del Consejo en el procedimiento de codecisión tal como ahora existe. 
El Parlamento ha demostrado también ser un interlocutor serio en la redacción de la Carta y sería particularmente reconfortante que el Primer Ministro británico Sr. Blair lo reconociera públicamente. 
En el momento presente el ámbito de aplicación de la codecisión no es lógico ni conforme con los criterios precisos. 
Aunque en el Tratado anterior se lograron algunos avances en la ampliación de esa fórmula, también aportó la absurda fórmula de codecisión más unanimidad para los asuntos relativos a la ciudadanía, la seguridad social, los derechos de los trabajadores por cuenta propia y también la política cultural. 
El Tratado de Niza debe poner fin a ese procedimiento y hacer extensiva la codecisión a unos treinta sectores normativos, incluidos la política de la competencia, la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común, los Fondos estructurales, las ayudas estatales, las redes transeuropeas, la investigación y la innovación y también la ciudadanía. 
En un momento en que las burdas cuestiones de equilibrio de poder están resultando bastante problemáticas para la CIG, no cabe duda de que es sensato centrarla en la mejora de la cooperación y el aumento de la confianza con el Parlamento y el desarrollo de la democracia europea posnacional lo más rápidamente posible. 
Señor Presidente, nos encontramos en vísperas de una nueva Cumbre europea durante la cual muchos de nosotros estaremos en las calles de Niza con miles de ciudadanos, y como ellos seremos incapaces de influir en el resultado de las negociaciones. 
Señor Presidente, estoy realmente preocupada por lo que saldrá de la última noche de negociación, la noche en que como de costumbre gana quien resiste más al cansancio y al aburrimiento, la noche que todos consideran como la última solución para resolver los puntos que siguen sin respuestas. 
Es éste el elemento más negativo, más antidemocrático del método intergubernamental, el arbitrio del elemento humano, de los regateos de última hora, de la obligación del resultado a toda costa. 
Mucho me temo que nos volveremos a encontrar con alguna disposición peregrina: un senado de diputados nacionales, un Mr Euro o un Mr OMC, una nueva reducción de poderes o una mayor marginación del Parlamento, o algún que otro protocolo como el propuesto sobre la OMC y que, si se adoptara, convertiría a la Comisión en un perrito con varios collares y distintos dueños que tirarían cada uno por su lado. 
Creo que quien estará en Niza en las calles y en las decenas de foros y de reuniones previstos, podrá al menos presionar para llegar a un resultado: que ésta sea la última CIG, que la vaga reflexión sobre el futuro de Europa, de la que nos ha hablado el Presidente Vedrine, se traduzca en el lanzamiento en Niza de un camino que establezca los plazos y las modalidades para redactar y aprobar una constitución democrática para Europa. 
Señorías, respecto a este Parlamento y a sus audaces palabras de hace unos momentos tan solo una palabra. 
Cuidado, traten de no repetir la penosa escena vivida antes de la anterior ampliación, cuando el Parlamento Europeo, tras muchos meses de amenazas, sucumbió a la voluntad de los Gobiernos. 
Espero que ésta no sea la historia que debamos repetir esta vez. 
Señor Presidente, formé parte del movimiento danés contrario al Tratado de Maastricht en 1992. 
Tomaré postura ante el Tratado de Niza cuando vea el resultado, no obstante, es una experiencia algo esquizofrénica asistir a este debate. 
Un momento hablamos de acercar la UE a los ciudadanos, al instante siguiente estamos inmersos en la construcción de un estado europeo que no se corresponde con lo que desean los ciudadanos. 
En mi opinión, lo más importante en la Cumbre de Niza es establecer un calendario de cuándo y cómo la UE estará lista para la ampliación. 
Nos centramos demasiado en que los países solicitantes estén preparados e ignoramos con demasiada frecuencia que, por ejemplo, los regímenes agrarios y los fondos estructurales comunitarios son un obstáculo enorme para que la ampliación pueda tener lugar. 
Una decisión en Niza, por ejemplo, que permita a los países solicitantes participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo podría contribuir a ejercer la necesaria presión en la propia UE para que la ampliación se convierta en una realidad. 
Señor Presidente, Señorías, en su declaración del 9 de mayo de 1950, Robert Schuman afirmó: "Europa no se hará de un golpe ni en una construcción de conjunto, se hará mediante realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho". 
En vísperas de la Cumbre de Niza, me parece oportuno poner en entredicho el estado actual de ese espíritu de "solidaridad de hecho" sin el cual la construcción europea no es, evidentemente, ni genuina ni auténtica. 
Por lo que se refiere a la conclusión de la CIG, lo que estará en juego en Niza es la consecución de un acuerdo que, aun corrigiendo el déficit de funcionamiento de las instituciones europeas, no afecte al equilibrio entre Estados miembros y, naturalmente, entre éstos y la Unión. 
El simple planteamiento de esa cuestión es, por sí solo, claramente demostrativo del fracaso de una política de fortalecimiento de los lazos de confianza mutua entre los países que integran la Unión. 
No somos nosotros solos quienes lo decimos, también la Presidencia francesa, por mediación de su ministro Pierre Moscovici, reconoce en una entrevista reciente que las posiciones adoptadas a lo largo de este año, sobre todo por el Presidente Jacques Chirac y por el ministro Joschka Fischer, sobre la futura organización de la Unión han tenido como efecto directo la acentuación de un clima de desconfianza entre Estados pequeños y grandes que se reflejará inevitablemente en los resultados del Consejo Europeo de Niza. 
Hablo de la idea de la creación de una vanguardia de países centrada en torno al eje París-Berlín, que culminaría en una refundación de Europa o en la peligrosa confusión entre una Europa heterogénea, que es saludable, y una Europa de dos o más velocidades, que es peligrosa. 
Por lo demás, el texto de la propuesta de resolución de transacción que vamos a votar refleja en cierta medida ese desaliento, pues resulta manifiesto su carácter genérico. 
Pero es también un texto en el que sus autores, aun sabiendo que se arriesgan a una derrota política y anticipada, revelan una visión centrada sobre todo en los poderes y las competencias del propio Parlamento Europeo, al reclamar cada vez más medios de intervención parlamentaria sin dedicar una sola palabra al papel esencial de los parlamentos nacionales. 
Sin embargo, la realidad es muy diferente. 
Todos sabemos que la Cumbre de Niza va destinada a concluir los trabajos de una conferencia entre Gobiernos que rindan cuentas no ante el Parlamento Europeo, sino ante sus parlamentos nacionales, con lo que se afirma de forma categórica el carácter soberano de ese proceso de revisión de los Tratados. 
Para concluir, manifestamos, señor Presidente, el deseo de que la Cumbre de Niza sea un éxito en la perspectiva que enunciamos, la de que sus conclusiones expresen una formulación conjunta de las diversas voluntades nacionales que se reúnen y conciertan en la búsqueda permanente de la cohesión y del desarrollo, con lo que dan, en el fondo, algunos pasos más por la vía de esa "solidaridad de hecho" de la que hablaba Robert Schuman. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, hoy la Presidenta de Letonia ha dicho aquí en este Parlamento, dirigiéndose a nosotros en tono de reproche: "¡ Nosotros hacemos nuestros deberes !" 
Esta afirmación lleva incorporada la pregunta de si hacen lo mismo los jefes de Gobierno y de Estado de la Unión Europea. 
A este respecto nos hallamos ante un gran interrogante. 
En Amsterdam los Jefes de Gobierno y de Estado suspendieron y tienen que volver a probar suerte en Niza. 
Suspender de nuevo en segunda convocatoria se considera como un estrepitoso fracaso en toda trayectoria escolar y, sin embargo, me temo que cabe la posibilidad de un nuevo suspenso. 
Permítanme que elija otra imagen. 
La integración europea es como un maratón del que hemos recorrido con éxito largos tramos en los últimos decenios. 
Ahora estamos entrando en la recta final de la unificación europea. 
¿Seremos capaces de sacar fuerzas y de luchar por llegar hasta el final o perderemos el norte? 
Ésta es la cuestión que se plantea en Niza y espero que seamos lo suficientemente fuertes como para llevar a buen puerto una ampliación en el marco de una Unión sólida en lugar de promover una ampliación que debilite a la Unión. 
El Parlamento Europeo opina que a este fin deben cumplirse dos condiciones previas. En primer lugar, es necesario aumentar la capacidad de acción de la Unión Europea mediante la extensión de las decisiones por mayoría cualificada, ¡pero no a los terrenos en que ello resulte poco relevante! 
Se pueden enumerar 40 ámbitos a los que se extiende la votación por mayoría, por ejemplo el nombramiento de los miembros del Comité de las Regiones. 
Ahora bien, yo estoy dispuesto a renunciar a todos ellos con tal de que se aplique la votación por mayoría en cinco ámbitos clave, como pueden ser la política comercial, la política social, los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior, la política estructural o fiscal, por mencionar los más importantes. 
¡Instamos a los jefes de Estado y de Gobierno a que cada uno de ellos renuncie a su juguete para que los demás también renuncien al suyo y no sigan esperando unos a otros de tal forma que al final no se mueva nada! 
Es ésta la situación en la que nos hemos enfrascado desde hace meses en esta Conferencia Intergubernamental, y la causa está en que nadie renuncia a su juguete. 
Espero que alguno de ellos tenga la fuerza de abandonar su juguete al comienzo de la Conferencia a fin de presionar a los demás para que se muevan también. 
En segundo lugar, es fundamental que el déficit democrático no vuelva a crecer. 
En Amsterdam se acordó que donde hay votación por mayoría cualificada, hay codecisión. 
Toda desviación de esta regla ocasionará un incremento del déficit democrático, en contra de lo que se decidió en Amsterdam. 
Espero que ello no suceda. 
Por otra parte, hemos de cumplir algunas obligaciones anteriores en el marco de la política de competencia, la unión monetaria y la política agrícola a fin de que la codecisión se implante asimismo en estos ámbitos. 
Además, es importante que en esta Conferencia Intergubernamental logremos un equilibrio entre grandes y pequeños. 
¡A este respecto quiero dejar claro que la población se ve representada en el Parlamento Europeo y que, por tanto, esta representación debe reflejarse debidamente en la composición del mismo! 
Si la brecha entre los países grandes y pequeños en el Consejo se abre demasiado corremos el riesgo de sufrir dentro de unos años una enorme crisis de legitimación en el seno de la Unión Europea, ya que los pequeños dejarán de sentirse cómodos por temor a no poder defender su identidad. 
¡Si estos dos requisitos- aumento de la capacidad de acción y reducción del déficit democrático- no se cumplen, me temo que la Unión Europea podría verse por vez primera ante la situación de que este Parlamento Europeo rechace un tratado! 
(Aplausos de la derecha y del centro) 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Parlamento ha seguido desde el mes de febrero, mes tras mes, con atención, empeño y confianza, en particular con confianza en la Presidencia francesa, el desarrollo de la Conferencia Intergubernamental. 
Nos encontramos en vísperas de su conclusión y no hemos pasado por alto los avances realizados ni los resultados parciales obtenidos, sin embargo, hemos de ser francos: en casi diez meses de Conferencia Intergubernamental sobre cuestiones substanciales, no se han acercado las posiciones, señor Ministro Védrine, y no se han establecido acuerdos, por no hablar del hecho de que algunos de los temas señalados por el Parlamento en su resolución de 13 de abril ni siquiera se han debatido, del tema del gobierno de la economía al tema de las implicaciones institucionales de la defensa común. 
De ahí un serio motivo de reflexión sobre la tortuosidad y esterilidad del método seguido, una larga y repetitiva discusión, preferentemente técnica, a la espera de aclaraciones más comprometidas y de intentos de negociación a nivel político que llegaron muy tarde, sólo en octubre, sólo una vez, en el Consejo de Biarritz. 
La experiencia de este año nos obliga a decir que el impulso que hay que dar al proceso de constitucionalización de la Unión después de Niza y mirando al futuro de Europa no debe confiarse al método, ya agotado, de la negociación reservada entre los representantes de los Gobiernos. 
En Niza no hay que anunciar la convocatoria de una nueva Conferencia Intergubernamental porque, más allá de las intenciones, un anuncio de este tipo daría lugar a equívocos y alarmas, más que a consensos y esperanzas. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha dado su contribución con una resolución aprobada el 21 de noviembre que ponía el acento en algunos puntos realmente decisivos para el éxito de la Conferencia que ahora no voy a repetir. 
Lo único que quiero decir es que se trata de puntos irrenunciables para todos los que creen en la necesidad de hacer avanzar y no diluir ni paralizar la integración en una Unión más amplia. 
Empezamos a dudar que exista, incluso en las altas esferas, plena conciencia de la apuesta en juego. 
De hecho, señor Presidente, en los últimos tiempos hemos visto aparecer de manera cada vez más evidente e inquietante una contradicción de la que parece que sólo unos cuantos Gobiernos quieren escapar: la contradicción entre el coraje de las decisiones que ya se han tomado- para la moneda única, para la defensa común, para la histórica gran ampliación de la Unión- y la resistencia a extraer de ellas las consecuencias institucionales. 
Si va a ser esta contradicción la que marcará negativamente las conclusiones de la Conferencia, la misma sumirá en una crisis la construcción europea. 
Y entonces, sería mejor, sería más saludable una crisis en la claridad provocada por una falta de acuerdo en Niza, más que una crisis en la ambigüedad que nazca de un trampantojo para disimular el fracaso de la Conferencia en puntos esenciales con vistas a la ampliación de la Unión. 
Señor Presidente, incluso París esta dividido respecto de Niza. 
El Presidente francés y el Primer Ministro parecen más obsesionados por su propio futuro político que por el de Europa. 
Puede decirse que la Presidencia francesa es coherente, sobre todo, en la falta de neutralidad y trato de favor a los países grandes, y eso cuando la Unión necesita más que nunca un Presidente que busque el consenso. 
Todos los Estados miembros deben ceder un poco a fin de dejar espacio para los recién llegados, pero sólo lo hacen cuando realmente no les queda otro remedio. 
Sí parece como si algunos Gobiernos se hubieran resignado ya a celebrar una nueva CIG para la ampliación. 
Los Gobiernos han perdido de vista la urgencia de las reformas porque están obsesionados con su propia posición de poder en las nuevas relaciones. 
Así, muchos países subrayan que debe existir una regla de toma de decisiones por mayoría y proponen tantas excepciones que, después de todo, queda muy poco de la misma. 
Como muy bien acaba de señalar el Sr. Prodi, si no se adopta una regla sobre la mayoría, la toma de decisiones se obstruye irremediablemente. 
Si ésta no va unida a la codecisión, la democracia se ve más debilitada todavía. 
La ponderación de votos en el Consejo debe efectuarse conforme al tamaño de la población de los Estados miembros y eso también significa que, pues sí, puede establecerse alguna diferencia entre los países grandes y los pequeños. 
Durante esta ronda de la ampliación, todos los Estados miembros deben contar con un solo comisario. 
Después, debemos establecer un nuevo sistema basado en la experiencia adquirida. 
Europa cambiará, en cualquier caso, de forma drástica; no nos anticipemos, por tanto, a una situación que todavía no podemos definir. 
Es muy deseable que se establezca una jerarquía en la Comisión: vicepresidente, comisarios y subcomisarios. 
Esto aumenta, además, las posibilidades del Parlamento a la hora de hablar con miembros de la Comisión responsables políticamente, en lugar de hacerlo con funcionarios que leen en voz alta textos que contienen hechos y que también podrían haber sido enviados por escrito. 
La Carta no merece quedar en el vacío sin un estatuto claro. 
Podrán surgir graves problemas jurídicos de interpretación al no incorporar el texto al Tratado, sino sólo suscribirlo políticamente. 
De ahí que la Carta deba incorporarse cuanto antes al mismo. 
Dirigentes gubernamentales, efectuar concesiones en la próxima Cumbre no supone una derrota política sino una victoria, una victoria de la nueva Europa sobre la vieja. 
No permitamos que caiga ninguna sombra sobre Niza y logremos que París vuelva a ser la Ciudad de las Luces. 
Señor Presidente, quisiera recordar al Consejo y a la Comisión y, de hecho, a la Asamblea, una resolución que aprobamos el 26 de octubre en relación con la mejora de la formulación legislativa. 
En ella decíamos que "de conformidad con el principio de subsidiariedad y la diversidad política y nacional de la Unión Europea, en las enmiendas hechas a los Tratados debe figurar el reconocimiento y el respeto de los poderes políticos y legislativos de las unidades políticas internas de los Estados miembros en sus relaciones ejecutivas, legislativas y judiciales con las instituciones de la Unión Europea". 
En nuestro debate de hoy no se ha dicho nada sobre ese aspecto de la subsidiariedad, pero es muy importante. 
También tiene la más importante relación con la cuestión del tamaño de este Parlamento. 
Las naciones y regiones representadas por los partidos de la Alianza Libre Europea están muy preocupadas por que, si aplicamos juntos el máximo de 700 escaños y la idea actual de la proporcionalidad digresiva, la población que ahora podemos representar aquí dejará de estar representada eficazmente en esta Asamblea. 
Será una enorme pérdida para la democracia europea y alejará aún más las instituciones de los ciudadanos y no al revés. 
Señor Presidente, Señorías, seguramente, para un joven como yo, Niza es una gran esperanza para poder ver una nueva Europa tanto en términos institucionales como políticos. 
De hecho, también el voto por amplia mayoría expresado precisamente ayer por la Cámara en Italia, pone de manifiesto la unidad de intentos y de acciones respecto a este Consejo. 
Así y todo, para nosotros sigue siendo fundamental que no se amplíe la lista de las materias por mayoría cualificada y que, en la composición de la Comisión, se reconozca el principio de un Comisario por Estado miembro. 
Asimismo, es fundamental que en los Tratados continúe reconociéndose el insustituible papel de los parlamentos nacionales, ya que de esta forma facilitaremos la constitución de la nueva Europa. 
Además y sin grandes razonamientos, el número de 700 diputados ya no puede valer para una Europa de veintisiete o veintiocho naciones, porque si no los Estados más pequeños sufrirán una reducción, a mi modo de ver, injusta. 
Por otro lado, subrayo la gran importancia de dar instituciones fuertes a nuestra Europa para equilibrar un vacío institucional respecto a la aceleración que se ha conseguido a nivel económico con el euro. 
De esto se están aprovechando la propia NAFTA, Méjico, Canadá y Estados Unidos, con el dólar. 
Dicho esto, considero que Niza debe convertirse en un Consejo histórico para nosotros mismos, para nuestras naciones y para el mismo futuro de Europa. 
Señor Presidente, en este Parlamento, que es un Parlamento plural, hoy hemos alcanzado en las intervenciones que me han precedido una rara unanimidad. 
Creo que todos los que hemos intervenido estamos muy preocupados por los resultados del Consejo Europeo de Niza. 
No se trata- contrariamente a lo que ha dicho mi buen amigo Elmar Brok- de dos exámenes que tenemos que pasar: Amsterdam y Niza. 
No, la cuestión viene de mucho antes. 
Recuerdo la ampliación de 1995, donde ya se suscitó la cuestión de los temas institucionales, y me acuerdo de una carta del Canciller Kohl en la que nos decía que aprobáramos la ampliación y que lo otro lo resolverían inmediatamente. 
Así lo hicimos, pasó la ampliación de 1995, llegó el Grupo de reflexión que presidió con gran acierto Carlos Wensterdorp, vino Amsterdam y ahora vamos a tener Niza y seguimos prácticamente igual, Sr. Presidente: dando vueltas a los temas institucionales, sin encontrar soluciones que nos permitan dar salida a una ambiciosísima tarea, que es esa ampliación a 27. 
Eso es lo que nos preocupa y lo que ha preocupado a todos los intervinientes aquí esta tarde. 
Ese es el mensaje que queremos lanzar al Consejo Europeo a través de usted, Sr. Presidente. 
Sepa usted que no vamos a juzgar a esta Presidencia francesa por su reflexión sobre los servicios económicos de interés general, tema de gran importancia. 
No, vamos a juzgarla por el mandato de la Conferencia de Niza, que es el de Finlandia más las cooperaciones reforzadas. 
En ese tema hay dos aspectos para este Parlamento absolutamente fundamentales: ¿Qué extensión a la mayoría cualificada? 
Y en esa extensión, donde las decisiones sean legislativas, ¿siempre hay codecisión del Parlamento? 
Se trata de la primera valoración. 
La segunda, señor Presidente, es la de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Los temas institucionales interesan a poca gente, porque son temas complicados. 
La Carta de Derechos Fundamentales- he tenido ocasión de hablar en muchos sitios sobre ella- interesa a la gente, porque la gente entiende y siente los derechos fundamentales. 
Creo que hicimos una buena labor en la Convención. 
Creo que tenemos una buena Carta y este Consejo va a desperdiciar una gran ocasión política, porque en la propuesta que ustedes hacen, señor Presidente, la proclamación- eso que mi amigo y presidente el Sr. Poettering denomina "feierliche Proklamation" -es una proclamación de tapadillo. 
Dicen ustedes que la proclamamos y adiós muy buenas. 
Lo hacen ustedes como teniendo cuidado de que no se moleste nadie. 
Señor Presidente del Consejo, esa es la gran baza política que tiene este Consejo Europeo. 
Si ustedes la desaprovechan, yo me temo que volverá usted aquí después del Consejo Europeo de Niza, volverán otras presidencias y este Parlamento tendrá la tentación de hacer lo que decía Oscar Wilde de que la manera de evitar la tentación era caer en ella, y por tanto no aprobar en su momento el Tratado de Niza. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, inmediatamente después de Niza se acerca la hora del Parlamento Europeo, que está llamado a responder a dos cuestiones históricas, tanto sobre el futuro de la Unión Europea, como sobre su propia credibilidad política. 
El objetivo declarado de esta revisión es la configuración de instituciones más eficaces, adecuadas ya para una Europa ampliada, y, al mismo tiempo, la reducción del innegable déficit democrático. 
Desgraciadamente, el texto del Tratado, tal y como se ha venido conformando hasta ahora en el trabajo de la Conferencia Intergubernamental no satisface ninguno de los dos criterios de valoración planteados por el Parlamento Europeo. 
Para un funcionamiento más eficaz de las instituciones, habíamos pedido el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada en las decisiones del Consejo. 
Se excluían, por supuesto, todos los asuntos de trascendencia constitucional. 
Los frutos en este campo han sido pobres; es algo que acaban de analizar Elmar Brok y Méndez de Vigo. 
Pero el Parlamento se siente también particularmente decepcionado con respecto al gran asunto de la democratización de la Unión Europea. 
Debería sobreentenderse, desde el punto de vista de la democracia, que en los casos en que se prevé mayoría cualificada en el Consejo, debería esta vincularse indisolublemente, cuando se trate de actos legislativos, con la codecisión del Parlamento Europeo. 
Y esto no es siempre así. 
En la cooperación reforzada sigue sin aceptarse la previsión de dictamen conforme del Parlamento Europeo previo al comienzo del proceso. 
Finalmente, la Carta de los Derechos Fundamentales no sólo no se incluye en el texto del Tratado, como hasta ahora, sino que ni siquiera se acepta hacer una referencia a ella en el artículo 6. 
No voy a pasar por alto desde luego ciertos aspectos positivos, que ya se han analizado, como la cuestión de los partidos políticos europeos, o el artículo 7. 
Niza, no obstante, no puede ser aceptada sobre la base sólo de estos aspectos positivos. 
Sin duda habrá presiones, señorías, para que acabemos dando Niza por buena, bajo la invocación del peligro institucional que se cierne si no hay Tratado. 
Me temo, señorías, sin embargo, que la crisis sería más profunda si el Parlamento Europeo se doblega y juzga suficiente un Tratado a todas luces insuficiente. 
Los parlamentos nacionales esperan nuestra opinión. 
Tenemos una responsabilidad histórica. 
No añadamos a la decepción que provocará la Cumbre de Niza, si es que Niza, claro está, resulta infructuosa, la decepción causada a los pueblos por nuestro Parlamento. 
Porque, al fin y al cabo, una Cumbre de Niza fracasada se puede enmendar, pero la pérdida de credibilidad de nuestro Parlamento será durante años irreparable. 
Y una Unión Europea sin un Parlamento creíble es un asunto sin futuro y, en todo caso, un mal asunto. 
Señor Presidente, el debate sobre el artículo 133 y la política comercial debe formar parte de una operación mucho más amplia para aportar transparencia y democracia al proceso de adopción de decisiones de la UE en materia de comercio. 
Ese sector es actualmente uno de los más centralizados y menos transparentes. 
Ésa fue una de las críticas principales de los manifestantes que protestaban en Seattle y seguirá siendo una de sus críticas en Niza. 
Muchos de nosotros creemos que no se puede examinar la posibilidad de hacer transferencia alguna de competencias de los Estados miembros a la Comisión hasta que no haya habido una reestructuración completa de las políticas y los procesos comerciales de la UE en conjunto para infundirles mucha mayor democracia y transparencia y velar por que se basen en una verdadera sostenibilidad social y medioambiental. 
Eso significa que no se trata sólo de que el Parlamento tenga un papel mucho mayor en la adopción de decisiones en materia de comercio. 
Eso es importante, naturalmente, y me sorprende que no lo hayan mencionado otros oradores, pues en comisión se le dedicó mucho tiempo. 
Pero significa también la reestructuración del propio Comité 133: aumentar su rendición de cuentas; velar por que su orden del día y sus conclusiones estén accesibles y su composición sea amplia y no excluyente. 
Sólo entonces tendremos, señor Presidente Prodi, algunos de nosotros el gusto de encomendar a la Comisión los sectores, enormemente importantes, de los servicios, la inversión y la propiedad intelectual. 
Señor Presidente, es de esperar que la cumbre de la UE en Niza sea un paso positivo por la vía de la integración europea. 
El reciente informe de la Comisión sobre los avances logrados por los países de la Europa central y oriental que han solicitado la adhesión es alentadora, la verdad. 
Sin poner en entredicho en modo alguno las aspiraciones y, de hecho, los méritos de algunos de esos países para adherirse a la Comunidad en 2002, no redundaría en su provecho- creo yo- ni, de hecho, en el de los Estados miembros lograr el cumplimiento de ese plazo sin garantizar previamente una transición ordenada con el menor trastorno para las economías de los Estados miembros actuales. 
No debemos olvidar que nuestro objetivo en última instancia es el de crear un marco económico y social que permita a la UE llegar a ser un participante predominante en el mercado mundial y que los países de la Europa central y oriental desempeñen su papel plenamente y se beneficien de una economía europea pacífica y estable. 
En el pasado demostramos que ese objetivo era alcanzable y, como representante de un Estado miembro que se ha beneficiado de una transición planificada a la adhesión, espero con actitud positiva la consecución de una Europa ampliada y pacífica. 
Sin embargo, la ampliación de la Unión Europea no debe diluir ni disipar la influencia de los Estados miembros más pequeños con intereses nacionales decisivos que se deben proteger. 
Desde una perspectiva irlandesa, resulta claro que queremos conservar nuestro derecho a nombrar a un miembro de la Comisión Europea que controle la administración de la Política Agraria Común, la política pesquera, la política de transportes y otros importantes sectores normativos de la UE. 
También creo que es importante que mantengamos un control de las decisiones relativas a nuestros asuntos fiscales y de seguridad social. 
Señor Presidente, me dirijo al Presidente de la Comisión y al Presidente del Consejo en francés para hacerme entender lo mejor posible. 
De hecho, en mi intervención deseo plantear una idea que sometió mi Grupo de trabajo en nuestro Grupo PPE-DE, y no tratar los problemas de mi delegación. 
Tenemos reservas importantes con respecto a muchas cuestiones, sobre todo con respecto a la Carta de Derechos Fundamentales, por varias razones. 
No insistiré en ello. 
Otro orador tratará este asunto. 
La idea es la siguiente: concentrarse en lo que ocurrirá después de Niza. 
Según el discurso que el Presidente Chirac pronunció aquí mismo en el mes de julio, sabemos que existen al menos tres cuestiones de capital importancia: la simplificación de los Tratados, las competencias entre el plano europeo, el plano nacional y el plano regional, que denominaré los derechos de los Estados, basándome en una expresión norteamericana- artículo 10 de la Constitución norteamericana -, y en tercer lugar el equilibrio entre las instituciones; pero en este caso quizá haya que considerar el papel de los Parlamentos nacionales, es decir, la forma de gestionar nuestra institución en el futuro. 
Esperamos de la Comisión un informe sobre esta cuestión de la gobernabilidad. 
¿No sería conveniente, antes de ir más lejos, consultar a nuestros pueblos y asociarlos a lo que hacemos, en lugar de esperar un resultado, que se someterá luego a referendo, cuando éstos desconocen lo que ha ocurrido? 
Planteo, pues, mi tercer punto: ¿cómo se gestionará este expediente, cuál es el calendario, cuál es el procedimiento y cuál es la participación de los países en este sistema? 
Señor Presidente, ¿vamos a esperar hasta la próxima CIG, hasta el 2003-2004, para celebrar dicho debate sobre estos asuntos fundamentales? 
En mi opinión, hay que empezar inmediatamente después de los resultados de Niza. 
En segundo lugar: el procedimiento. 
Nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene razón, hay que olvidar las CIG, hay que olvidar a los sabios, hay que olvidar las puertas cerradas. 
Y, en tercer lugar, la participación, la de los países candidatos, naturalmente, pero quizá no la de los países con los cuales aún no hemos abierto negociaciones, como Turquía, ya que sería algo exagerado. 
Para concluir, les ruego, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, que reflexionen en los mecanismos necesarios que deben incorporarse al Tratado en Niza, para que podamos celebrar este gran debate, para evitar el enfoque kremliniano de hacer todo a puerta cerrada, para lanzar el debate con miras a un nuevo marco europeo- ya sea constitucional o no -, para que podamos tener un contacto directo con nuestros electorados y lograr un éxito importante de la Unión Europea en el futuro. 
Señor Presidente, me dirijo no sólo al Presidente en ejercicio del Consejo, sino también a todos los Gobiernos de los Estados miembros, cuando digo que, si no se logra un acuerdo en Niza sobre estas difíciles cuestiones, éstas no desaparecerán. 
No resultarán más fáciles, sino más difíciles, de resolver después de Niza. 
Así, pues, es necesario un importante esfuerzo final en las dos próximas semanas. En ningún caso es más pertinente esta afirmación que en el de la cuestión de la votación por mayoría cualificada. 
Todos los Gobiernos dicen que necesitamos más votaciones por mayoría cualificada, pero todos ellos tienen una lista de excepciones. 
El problema es que, si se juntan las listas de excepciones, se verá que hay muy pocos sectores substanciales en los que se convenga en pasar a la votación por mayoría cualificada. 
Para que logremos un resultado en Niza, todo el mundo deberá sacrificar algunas de sus preciadas excepciones. 
Naturalmente, algunos Gobiernos serán atacados en sus Estados miembros por partidos de oposición, por euroescépticos, que les dirán: "están cediendo el derecho nacional al veto". 
Pero hay que entender que, si tú tienes el derecho de veto, también lo tienen los demás. 
De modo que en una Unión de 27 Estados miembros por cada veto al que renuncies hay otros 26 vetos a los que otros renuncian al mismo tiempo. 
En consecuencia, los otros ya no podrán vetar las cosas que tú quieres. 
Todo el mundo puede ganar con un sistema de votación por mayoría cualificada. 
Si hay más votación por mayoría cualificada sobre la legislación, deberá ir acompañada de la codecisión, no sólo en los nuevos sectores que pasen a tener votación por mayoría cualificada, sino también en los sectores que ahora tienen esa votación. 
Eso es esencial para la democracia en el nivel de la Unión. 
Para aprobar la legislación europea, hay que pasar dos pruebas: aceptabilidad para los Gobiernos elegidos que se reúnen en el Consejo y aceptabilidad para los diputados al Parlamento Europeo elegidos directamente. 
Son dos salvaguardias de la calidad y la aceptabilidad de la legislación europea. 
No hay por qué tenerles miedo. 
El proceso de codecisión durante el último año ha demostrado que funciona. 
En más de tres cuartas partes de los casos ni siquiera necesitamos recurrir al Comité de Conciliación; las dos lecturas en el Consejo y en el Parlamento son suficientes para lograr el acuerdo. 
Si funciona aquí, hagámoslo funcionar en toda la legislación. 
Por último, está la cuestión del número de escaños en el Parlamento Europeo. 
Sabemos que se debe haber aplicado una solución definitiva para el Parlamento que será elegido en 2009 y que, al fin y al cabo, durará hasta 2014. 
Entonces tendremos- estoy seguro- 27 Estados miembros. 
Pero también habrá que hacer una primera transición para el Parlamento que será elegido en 2004, porque al menos algunos Estados miembros se adherirán antes de que se elija el nuevo Parlamento en 2004 o durante su legislatura hasta 2009. 
Debemos dejar algún margen ahora para la ampliación en ese Parlamento. 
Si se adhieren muchos Estados, tal vez superemos temporalmente el límite de 700 escaños, pero se debe hacer un primer ajuste ahora. 
Es más fácil dar dos pequeños pasos a ese respecto que uno grande, por lo que insto al Presidente a que persevere y a todos los Gobiernos a que hagan las transacciones necesarias en Niza. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señorías, hace muy poco nuestro querido amigo Elmar Brok ha hablado en esta sala sobre exámenes, y se ha referido a lo que hacen los estudiantes para aprobar los exámenes. 
Y una de las cosas que con seguridad hacen los estudiantes para aprobar los exámenes es un repaso general antes del ejercicio. 
Yo les voy a decir cuáles son los puntos que me parece que deben repasar para aprobar con sobresaliente. 
Primero; en Niza, señor Ministro- y esto se lo digo a usted y, a través de usted, a sus colegas -, será muy importante adoptar un acuerdo que permita mantener la correlación de fuerzas grandes-pequeños e, igualmente, el equilibrio interinstitucional. 
Segundo; por lo que respecta al asunto de la Comisión, lo saben ustedes, lo sabemos todos, el problema no son los números. 
El problema de la Comisión es cualitativo, es decir, si queremos una nueva Comisión de 27 miembros, que desempeñe, sin embargo, un papel político, y cuyo Presidente tenga poderes, de suerte que la Comisión pueda cumplir su cometido. 
Por lo que respecta a los votos en el Consejo, creo que el sistema de la doble mayoría es el mejor, puesto que es el más representativo y el más objetivo. 
Con respecto a la extensión de la mayoría cualificada, coincidimos en que si no se dan ciertos pasos en el sentido de la extensión, tendremos muchos problemas. 
Y en esta dirección diría que deberíamos dar por supuesto que el ámbito de la política comercial quedará incluido en esa extensión de la mayoría cualificada. 
En lo que toca a la política exterior, dado que hoy vivimos en el hermoso mundo de Solana, les digo que si la política exterior común permanece recluida en el marco de la cooperación intergubernamental, habremos cometido un error. 
La política exterior común debe insertarse plenamente en el procedimiento comunitario, porque sólo así dispondremos de las necesarias válvulas de seguridad. 
Finalmente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no puedo dejar de referirme al asunto de la Carta, un asunto que interesa a millones de ciudadanos europeos. 
Soy de la opinión de que en Niza debe aceptarse al menos el compromiso que pedimos en el Parlamento Europeo, es decir, la combinación de la Carta con el artículo 6.2. 
Señor Presidente, quisiera centrar mi intervención en tres puntos esenciales. 
El Presidente del Consejo ha abordado la cuestión de las cooperaciones reforzadas y ha dicho que se avanza hacia un consenso a ese respecto. 
Quisiera preguntar tanto al Presidente Hubert Védrine como al Presidente Romano Prodi cuál es el papel previsto o que propugnan en materia de cooperaciones reforzadas en el segundo y tercer pilares. 
La segunda pregunta tiene que ver con el acuerdo global que ya ha analizado aquí mi compañero el presidente del Grupo Socialista Enrique Barón Crespo y que, por fortuna, forma parte de la resolución que este Parlamento Europeo aprobará sin duda mañana. 
Hoy ni en el Consejo ni en el Parlamento tenemos una distribución del poder proporcional a la dimensión y al número de ciudadanos que existen en cada uno de los Estados, sino un equilibrio basado en el principio de la doble legitimidad entre la unión de Estados y la unión de ciudadanos. 
Pero, según las diferentes interpretaciones, lo que en este momento se prepara es una modificación de ese equilibrio y el fortalecimiento de la representación de los países grandes tanto en el Consejo como en el Parlamento. 
Y eso no es justo ni aceptable. 
Por eso, quisiera insistir una vez más en que en el Consejo el método adoptado para las decisiones sea el de la doble mayoría (no sólo es más perceptible, sino también más justo) y en el Parlamento Europeo se mantenga el método actual y se aplique esa reducción lineal cuando entren los nuevos diputados. 
Me parece que esa fotografía final es más equilibrada, más justa y tiene en cuenta una realidad histórica de la que los constructores de Europa no pueden dejar de tener conciencia: la de que los Estados existen y hay una relación entre los Estados y los ciudadanos de cada uno de esos países, mientras no haya una relación más fuerte entre todos los ciudadanos y esa propia Europa. 
Por último, la cuestión de la Carta de Derechos Fundamentales: el Presidente del Consejo ha sido sincero y le agradezco esa sinceridad. 
Y ha dicho que hay países, que hay Gobiernos, que admiten incluso que no se proclame la Carta, si se la introduce en los Tratados. 
Es inaceptable que se diga eso de ese modo. 
¿Qué pensará un ciudadano europeo cuando oiga decir que los Gobiernos están dispuestos a formular ciertas cosas, pero no se ponen de acuerdo en que esas cosas tengan valor y fuerza jurídicos? 
¿Qué señal damos a los países candidatos a la adhesión cuando les decimos que, para adherirse al Mercado Único, tienen que ajustarse a lo que les imponemos, pero sobre la Carta de Derechos Fundamentales no exigimos que la ratifiquen? 
Es decir, que damos la señal de que esta Europa trata mejor a los consumidores que a los ciudadanos de esta Unión Europea. 
Y, por eso, instamos una vez más a la Presidencia y le pedimos que haga todos los esfuerzos para que en Niza pueda haber, como mínimo, una referencia a los Tratados, porque es la forma mejor de honrar la labor de los diputados europeos, de la Comisión e incluso de los representantes de los Gobiernos que formaron parte de la Convención para la elaboración de la Carta. 
Señor Presidente, hoy la Presidenta de Letonia ha visitado el Parlamento Europeo. 
La historia de la Sra. Vike Freiberga es ilustrativa del valor en la adversidad demostrado por los pueblos de la Europa central y oriental. 
Cuando era una niña de siete años, se vio obligada a huir de su país ante el avance del Ejército Rojo, una fugitiva que se escondía en las cunetas para que no la hiciera trizas la aviación soviética. 
También podríamos recordar el heroísmo de Solidarnosc en Polonia, al Presidente de la República Checa, Vaclav Havel, a las generaciones de Hungría que desde 1956 han intentado restablecer su libertad e independencia. 
Por una parte, vemos, señor Védrine, el valor e incluso el heroísmo; por otro, miramos al Consejo de Ministros, la CIG a punto de reunirse en Niza: ¿vemos valor, resolución, determinación para lograr el éxito? 
En este momento, como ha demostrado su intervención, vemos desunión, peleas y una perspectiva de fracaso. 
¿Podrá usted apoyar en Niza la resolución del Parlamento Europeo que pide que se garanticen los preparativos para que los pueblos de la Europa central y oriental puedan votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo en 2004? 
¿Encargarán ustedes, Presidente Prodi y su colega el Comisario Verheugen, a la Comisión que inicien el examen de esos capítulos en el caso de los países candidatos que han logrado todo lo que hasta ahora les hemos pedido a fin de que en Niza podamos mirar a los ojos a los pueblos de la Europa central y oriental y decirles: sí, hemos logrado hacer las reformas necesarias y durante una legislatura del Parlamento podrán ocupar también sus escaños en Bruselas y Estrasburgo? 
No creo que el fracaso sea una opción. 
Hemos estado hablando de los restos de Amsterdam. 
Nuestro público en la UE y el público de los países candidatos no aceptarán la perspectiva de los restos de Niza, de otra CIG en 2004. 
Espero que estemos en condiciones de felicitar a la Presidencia francesa por su éxito, pero, si fracasa, seremos severos al condenarla. 
Señor Presidente, a primera vista, Niza trata de las adaptaciones necesarias y de las cuestiones todavía no resueltas de cara a la ampliación. 
No obstante, hay mucho más en juego. 
Niza no sólo trata de si los Estados miembros quieren ceder su Comisario, se trata, sobre todo, de la disposición de los Estados miembros para dar forma a una colaboración política europea que supere los intereses nacionales, que defienda los intereses del ciudadano europeo. 
Últimamente, hemos podido constatar de forma regular que esta colaboración política es completamente inexistente. 
Un ejemplo impactante es, por supuesto, las medidas de carácter nacional, la reacción, ante la preocupación por los altos precios del diesel y de la gasolina. Una actuación conjunta hubiera podido aumentar enormemente la credibilidad de los ciudadanos en la colaboración política europea. 
Los dirigentes gubernamentales deben cambiar el rumbo y ampliar sustancialmente la toma de decisiones por mayoría cualificada con vistas a la profundización de la Unión. 
Si nos preocupa seriamente la profundización de la colaboración europea, también existe la necesidad absoluta de regular bien el control democrático de la toma de decisiones en Europa. 
De ahí que la toma de decisiones por mayoría cualificada deba estar siempre ligada al derecho de codecisión del Parlamento. 
En el período anterior, el 80% de todas las enmiendas del Parlamento Europeo fueron aceptadas pro el Consejo. Por tanto, aparentemente, nuestra contribución resulta cualitativamente estupenda. 
Tal como el colega Berès ha dicho, es insostenible, por supuesto, la distinción entre, por una parte, el derecho de codecisión con que contamos en los asuntos en materia de consumo y, por otra, el derecho a solamente emitir un dictamen en asuntos agrícolas. 
Pensemos de nuevo en la reciente crisis de la EEB ¿Qué debemos explicar nosotros a nuestros ciudadanos? 
El colega Méndez de Vigo acaba de referirse, con razón, a la Carta. 
Ese asunto afecta, por supuesto, muy profundamente al Parlamento Europeo. Esta Carta da sustancia a la Europa del ciudadano y constituye un pacto para los derechos fundamentales del ciudadano. 
No obstante, ahora que esa Carta debe incorporarse en Niza a los Tratados, varios Gobiernos han mostrado, por lo visto, su oposición. 
Para nosotros, resulta inaceptable, ya que al incorporar este documento a los Tratados de la Unión Europea, las normas y valores fundamentales del estado de Derecho y del Estado de bienestar se introducen en las estructuras europeas. 
Quiero advertir de una postura demasiado minimalista de nuestros dirigentes gubernamentales en Niza. 
Tal como el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ha dicho, la prueba de fuego para nuestros líderes es la formación de la mayoría cualificada junto con la codecisión, artículo 62, que vincula la Carta a los Tratados. 
En los Países Bajos tenemos el siguiente dicho: si pones el listón muy bajo, tropiezas con él. 
Nuestro proyecto europeo no puede tropezar. 
Si tropezáramos, el Parlamento Europeo lo descartaría. 
Contamos, por tanto, con un éxito, pero es usted quien debe lograrlo. 
Señor Presidente, estos días debemos manifestar nuestra gran admiración por los Estados Unidos. Se encuentran inmersos en la crisis constitucional más grave en cien años y lo único que dicen es: qué bien funciona nuestro sistema que podemos tener semejante crisis. 
Si tuviéramos algo de esta mentalidad, si hiciéramos menos hincapié en lo que va mal en esta parte del mundo y pusiéramos más énfasis en lo que va bien, seríamos algo más afortunados de lo que somos en este momento. 
Estoy de acuerdo con todo el que ha dicho que el Consejo debe hacer un examen. 
También yo soy escéptico. 
Espero que esa institución haga, efectivamente, lo que Elmar Brok les ha aconsejado. 
Si lo hacen, tendrán éxito. 
En caso contrario, fracasarán. Esto se aplica en particular, en mi opinión, a la política social y también a la Carta, que de una u otra forma va a reconocerse en el Tratado. 
Sin embargo, ¿por qué pensamos siempre que lo vamos a hacer mucho peor que otros, a pesar de que no hay razones objetivas para ello? 
Creo que eso se debe parcialmente a una cierta inseguridad del Parlamento, también del Consejo y de la Comisión al plantear el mensaje, pero por otra parte, es una cierta consecuencia de los ataques y de los torpedos de los llamados "escépticos". 
No tienen nada que ofrecer. 
Lo que ofrecen es un "Balcán". 
Eso es lo peor de todo. 
El Balcán es el ideal de los escépticos. 
Cuando escuchamos al Sr. Bonde, el Balcán resulta ser su ideal final. 
No podemos esperar más de él. 
Cuando uno ve que esta gente carece totalmente de alternativas, piensa que eso sólo nos traería desdichas y que nuestra industria se defendería mucho peor que en el momento actual, considero entonces, que se les escucha demasiado. 
Creo que también el Consejo debe intentar actuar no sólo teniendo en cuenta los intereses nacionales, sino también teniendo en cuenta el interés europeo común, ya que united we stand, divided we fall, y ciertamente, no podemos olvidar esto último. 
Señor Presidente, estimados colegas, una de las peticiones básicas del Parlamento Europeo y también de la Comisión es que se incremente la capacidad de acción de la Unión Europea en el ámbito de la política comercial y la economía exterior. 
Señor Prodi, usted lo ha subrayado explícitamente. 
Habida cuenta del papel decisivo que desempeña la Presidencia francesa en todo esto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no podemos sino comprobar que hoy, a pocos días de la Conferencia Intergubernamental, aún no se ha conseguido nada. 
Usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene la responsabilidad del éxito de este proyecto, al tiempo que dispone de la necesaria libertad de acción. 
Las decisiones por mayoría que se adopten en el Consejo no sólo deben aplicarse a las mercancías, sino también a otros ámbitos afines como son los servicios, las inversiones, la propiedad intelectual y la competencia. El apartado 1 del artículo 133 ha de modificarse en ese sentido. 
Éste es nuestro postulado básico. 
Nosotros, es decir, la Unión Europea, representamos el 40% del comercio y de los servicios del mundo, en tanto que los EEUU asumen tan sólo el 20%. 
Por eso mismo, cargamos desde el punto de vista internacional con la responsabilidad de fomentar una mayor apertura de los mercados y favorecer la introducción de nuestros sistemas tecnológicos y de servicios en numerosos países del mundo. 
La gran mayoría de los representantes de los gobiernos- es algo que he podido comprobar personalmente en nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales- está a favor del fortalecimiento del papel de la Unión Europea y desea realmente que así suceda. 
Parece ser que es el Gobierno francés el que lleva la contraria sin motivo alguno. 
No olvidemos que, siendo una de las grandes naciones comerciales de la Unión Europea, a Francia le beneficia directamente que la Unión Europea logre hablar con una sola voz ante las grandes potencias comerciales del mundo, a saber, los Estados Unidos, Canadá y los Estados asiáticos. 
Partimos del supuesto de que Francia defiende enérgicamente- y lo hace con razón- sus intereses esenciales en el ámbito de su propia identidad cultural, que va unida a la identidad cultural europea en su conjunto. 
Abogamos por una solución de compromiso que imponga la unanimidad allí donde estos intereses se vean amenazados, y creo que aún no es demasiado tarde para que esta perspectiva abra el camino a un posible acercamiento de las posturas. 
Señor Presidente, ninguna de las Conferencias Intergubernamentales celebradas hasta la fecha auguraba nada bueno. 
La mayoría de las cuestiones estaban sin zanjar y había poco espacio para el consenso. 
En este momento, poco antes de la próxima Conferencia Gubernamental, los augurios tampoco son nada buenos. 
Paradójicamente, esta vez son los visos de consenso los que producen quebraderos de cabeza a muchos de nosotros. 
El entendimiento está cada vez más cerca y, aunque tal vez no represente el mínimo común divisor, es sin duda un divisor común pequeño, incluso muy pequeño. 
Por ello, muchos de nosotros temen que las reformas institucionales que se acuerden en Niza no creen las condiciones necesarias para que la Unión pueda afrontar con éxito la gran ampliación con doce o más Estados miembros, o al menos requieran otras reformas más profundas. 
Tengo mis dudas de que llegar a un consenso en la nueva familia ampliada sea más fácil de lo que es ahora. 
Pero al menos nos queda la esperanza. 
Además del balance global de la próxima CIG me preocupa un pequeño pero inaceptable detalle. 
Se trata de la última parte de la última frase del punto 6 de la resolución sobre Niza que estamos debatiendo aquí. Dice más o menos lo siguiente: respecto al procedimiento considerado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, los atentados contra la democracia, los derechos humanos, etc. el derecho de iniciativa ha de extenderse al Parlamento. 
Ello afectaría al papel central de la Comisión. 
En nuestra Unión es fundamental que la Comisión monopolice la iniciativa. 
El derecho de iniciativa del Parlamento Europeo abriría el camino para que la arbitrariedad de los partidos políticos acabara invadiendo asimismo este ámbito altamente sensible. 
¿Aspiran los socialdemócratas que han presentado esta propuesta a convertir a partir de ahora cada votación en la que la izquierda no consiga una mayoría en motivo para instaurar un ostracismo europeo? 
¡Les advierto de las consecuencias y les ruego que mañana voten en contra de esta frase! 
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia francesa de la Unión, gracias al activo esfuerzo de Jacques Chirac, ha sometido a la atención de Europa una serie de temas de gran importancia para nuestro futuro. 
Es por eso que los protagonistas de la Cumbre de Niza deberán hacer frente a un trabajo difícil, de alto nivel y, en consecuencia, proporcionado a los ambiciosos proyectos. 
Presidente Prodi, no será fácil para usted ni lo será para los jefes de Estado y de Gobierno, con los cuales deberá solucionar las muchas cuestiones pendientes: de la ampliación a la reforma de las Instituciones con la modificación de los mecanismos ya superados por los acontecimientos, para llegar a la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales, el primer gran paso hacia la Constitución europea en la que creemos. 
Por lo que respecta a la libertad, los derechos de la persona y la investigación científica, la última palabra la han de tener los pueblos y sus representantes reunidos en este Parlamento y en los parlamentos nacionales. 
Por esto, señor Presidente, lanzamos un llamamiento en este Pleno para que Bruselas y Estrasburgo no se conviertan en cajas de resonancia de cuestiones electorales nacionales: estamos aquí para construir la Europa del futuro que reforme profundamente unos sistemas obsoletos, al objeto de alcanzar una economía social de mercado destinada a crear empleo y desarrollo. 
Todo esto no lo podemos hacer sin la participación y el apoyo convencido de los pueblos que tienen que ver en la institución europea el lugar donde se protegen sus derechos y el garante de su futuro y no el reino de la burocracia y de los pequeños conflictos de una modesta política pueblerina. 
Hemos de hacer todo lo posible para que Niza no represente un punto de llegada, sino la rampa de lanzamiento de un gran proyecto. 
En definitiva, todos nosotros debemos volar muy alto y para hacerlo hay que creer profundamente en ello. 
Señor Presidente, nosotros los diputados de Forza Italia y del PPE creemos en esto y junto con ustedes seremos los protagonistas de la construcción de la Europa de los ciudadanos. 
- (FR) Señor Presidente, desearía ante todo dar las gracias a los diputados, porque pienso que se trata de un debate de una gran calidad. 
Ahora bien, nos encontramos frente a un Consejo Europeo realmente importante, realmente difícil, y en estos casos tenemos la experiencia de que se vive una especie de tensión general, que se puede incluso percibir, si se sabe buscarla, en algunos artículos de prensa, lo cual no sorprende a los europeos avezados. 
Pienso que este debate es de una gran calidad, muy conciso, muy útil. 
Por otra parte, he venido esencialmente para escuchar esto. 
Lo tendré en cuenta en el mayor grado posible. 
Pienso informar del mismo al Presidente de la República, que presidirá el Consejo Europeo de Niza, al Primer Ministro, a mis colegas en el seno del Consejo "Asuntos Generales", el lunes próximo. 
En este sentido, pues, resulta muy útil. 
A pesar de ello, desearía hacer hincapié- aunque este ejercicio es muy útil, puesto que suscita muchos interrogantes pertinentes y muchas sugerencias- en que pienso que el tono de conjunto es demasiado negativo. 
No creo que el tono general de las intervenciones, aun cuando son extraordinariamente variadas y abundantes, traduzca exactamente la realidad de la Europa de hoy, que avanza, que progresa considerablemente. Existe, en cierto modo, una desproporción, pues, entre las preocupaciones que se expresan, que escucho y, naturalmente, respeto, y los progresos, que, por otra parte, son considerables. 
Por ejemplo, volveré a citar el acuerdo que ababa de efectuarse- además, por unanimidad- en materia de armonización fiscal; se trata de un acuerdo esperado desde hace varios años. 
Creo incluso que fue en 1989 cuando se había hablado del mismo por primera vez. 
Por lo tanto, como decía uno de ustedes, aludiendo al optimismo norteamericano y a la manera en que los norteamericanos hablan de sí mismos, habría que resaltar también lo que funciona y lo que avanza. 
En cuanto al método, francamente no veo cómo se puede actuar de otro modo cuando se asume la responsabilidad de la Presidencia. 
Esta responsabilidad no nos da ningún poder adicional, no nos permite ponernos en el sitio de los demás, nos impone obligaciones, que cumplimos lo mejor posible. 
No veo qué otro método podríamos adoptar para tratar cuestiones tan complicadas, como son los asuntos institucionales, si no es considerando los problemas uno a uno, viendo cuáles son las posturas de unos y otros, intentando buscar márgenes de maniobra, preguntando a unos y otros cuáles son sus márgenes de flexibilidad, elaborando propuestas que tengan en cuenta todo eso. 
Esto es factible, pero la Presidencia no puede, cuando se siente bloqueada en sus iniciativas y en sus ambiciones, dejar de tener en cuenta a los Estados miembros. 
No sería democrático. 
Por ejemplo, a propósito de la Carta- ustedes saben muy bien que la Presidencia era muy favorable a la misma -; y bien, hubo que reconocer que varios Estados miembros rechazaban incluso la existencia de la Carta si ésta debía tener fuerza jurídica. 
Algunos Estados miembros se negaban incluso a que se mencionaran las cuestiones sociales o los nuevos derechos. 
Ha sido preciso, pues, avanzar, llegar a un compromiso, y recordar que en la historia de Europa existen textos políticos que tuvieron un alcance considerable en el plano de las ideas, de las mentalidades, de los progresos políticos, incluso cuando en ciertos casos no poseían, o aún no poseen, fuerza jurídica. 
Se trata del ejemplo mismo de lo que es un compromiso constructivo. 
Una vez que se ha llegado a este acuerdo sobre un texto, que, además, es un buen texto, que la Convención ha preparado diligentemente, un texto bien escrito, que causa muy buen efecto, algunos países dicen: hay que incorporarlo al artículo 6. 
¿Qué hace la Presidencia, puesto que, como país, compartimos este enfoque? 
Lo hemos propuesto en las discusiones, y varios países han dicho: "No, si insisten en el artículo 6 desistiremos de nuestro acuerdo sobre el propio principio de la Carta". 
Así pues, no se trata en absoluto de no proclamar la Carta, no es un problema de transparencia. 
Todo lo que se hace es totalmente transparente. 
No se deja nada de lado. 
Se somete todo a un amplio debate. 
Ustedes no ignoran ninguna cuestión, pero algunos países sólo habían dado su acuerdo sobre el texto de la Carta con la condición de que éste siga siendo únicamente político. 
¿Qué puede hacer la Presidencia? 
No puede excluir de la discusión a los países que consideran que esta cuestión es una condición sine qua non. 
La Presidencia debe ser democrática. 
Ustedes hablan siempre de ello, pero la democracia no existe sólo en esta Asamblea, también existe en el seno del Consejo "Asuntos Generales", del Consejo Europeo, de todas las reuniones, en todos los debates. 
Debemos tenerlo en cuenta. 
No se trata de una falta de ambición, es precisamente porque hemos sido muy ambiciosos en todo este asunto- y es una ambición considerable acometer la reforma institucional- por lo que veíamos surgir resistencias importantes. 
No habría resistencias importantes si no hubiera ambiciones importantes. 
Hacemos las cosas de la mejor manera posible, si se me permite la expresión. 
Por consiguiente, creo que no existe otro método como no sea avanzar, clarificar y llegar al Consejo Europeo para presentar lo más honradamente posible las posturas de todos sobre cada cuestión, después de haber tratado de aquilatarlas, naturalmente. 
Desearía decir asimismo que no creo que exista un problema entre países grandes y pequeños. 
Es una expresión que utilizo por comodidad, pero habitualmente no lo hago nunca. 
No pienso, en efecto, que un país que forma parte de la Unión Europea, cualquiera sea su tamaño, sea un país pequeño, porque el hecho de pertenecer a la Unión Europea le otorga, a él también, un poder de influencia en todos los asuntos importantes, lo que implica que esta distinción clásica hoy ya no es totalmente pertinente. 
Se ve claramente en qué sentido la utiliza la prensa. 
En el caso de la Conferencia Intergubernamental, la única cuestión sobre la cual se ha dicho que existía un desacuerdo entre grandes y pequeños es la atinente a la Comisión. 
Además, no es exacto, porque las propuestas que se habían presentado no eran propuestas de los países grandes para penalizar a los pequeños. 
Se trataba de un llamamiento para que todos hicieran sacrificios, incluso los países pequeños, los medianos y los grandes. 
Sobre esta base se ha desarrollado la tesis de que había un enfrentamiento entre grandes y pequeños. 
Esto es infundado, no es exacto. 
Es falso con respecto a las otras tres cuestiones importantes de la CIG. 
Es falso con respecto a todas las demás cuestiones que deben tratarse en el Consejo Europeo de Niza. 
Por lo tanto, se trata de una manera falsa de presentar las cosas, y creo que sería honesto superarla. 
En cuando a lo que se ha expresado sobre la mayoría cualificada, pienso, señor Poettering, que usted simplifica, en parte, las cosas- si me permite- al señalar un solo país y al pretender que solamente con que dicho país haga un movimiento en relación con sus propios problemas bastaría para que este movimiento repercuta en los demás países. 
Eso es exactamente lo que hemos hecho a propósito de la Comisión. 
Cuando hemos desarrollado la idea de que, en el futuro, nos interesaría que la Comisión no fuese demasiado numerosa, para que siguiera siendo eficaz y para que conservara todas sus facultades, en particular su poder de iniciativa, hemos demostrado que, también nosotros, estábamos dispuestos a hacer dicho sacrificio. 
En efecto, el sistema de la rotación igualitaria también atañe a los países grandes, que, en un momento dado, podrían encontrarse sin comisario, como los demás. 
No hay discriminación. 
Este movimiento no ha desencadenado un contagio. 
No ha provocado, por parte de los demás, ninguna renuncia. 
Lo mismo ocurre con las cuestiones relativas a la mayoría cualificada. 
Doce de los quince miembros creen que en este momento existen aspectos sobre los que no se puede votar por mayoría cualificada. 
Éstos aceptan el principio, la perspectiva, pero tienen intereses democráticos legítimos que defender, y consideran que aún no se reúnen las condiciones para ello. 
Esta es la situación que, en calidad de Presidencia, compruebo que existe. 
No hay una vinculación entre las posturas de unos y otros. 
No es porque un país tiene un problema interno por lo que va a desaparecer el problema interno de otro. 
Nosotros hemos constatado dicha dificultad, más allá de nuestras ambiciones, y, como Presidencia, hemos revisado esta cuestión en varias ocasiones, en varias reuniones- se volverá a revisar en la reunión del domingo -, pero he venido a esta Asamblea para describirles la situación. 
Yo no puedo describírselas únicamente en el sentido que ustedes esperan. 
Se las describo tal cual es. 
Hemos trabajado mucho, pero nos enfrentamos a este viejo problema, y no creo que pueda iniciarse una evolución por la acción de un solo país, porque nos enfrentamos, una vez más, en doce de los quince miembros, a unas realidades- nacionales, políticas, democráticas- muy importantes. 
Naturalmente, hay que tratar de avanzar, ya que esto no es satisfactorio. 
No es suficiente, y nosotros, en el espacio de tiempo que aún falta para la Cumbre de Niza, vamos a tratar de buscar márgenes de maniobra; pero deseaba, con todo, aportar esta precisión. 
No quiero alargarme demasiado. 
Este debate, muy interesante, ha sido extenso. 
Existe otro debate, también interesante, que nos espera. 
Desearía, simplemente, hacerles un llamamiento: no es justo que la Presidencia sea el chivo expiatorio de una decepción prematura sobre una cumbre que todavía no se ha celebrado, porque aún es pronto para sacar conclusiones. 
Comprendo todo lo que guarda relación con las demoras, las impaciencias, las expectativas, las ambiciones. 
Lo comprendo, lo entiendo. Tengo en cuenta todo eso, y procuraré que esté presente en nuestras mentes y en las decisiones políticas a las que tendremos que hacer frente, en esos difíciles arbitrajes de Niza. 
No es la Presidencia francesa la que va a tener éxito o va a fracasar en Niza. 
No hemos aprobado ningún texto, los Tratados no establecen que la Presidencia en ejercicio despoje a los demás, en conjunto, de sus prerrogativas y de sus responsabilidades: ni a los demás Estados miembros, ni a la Comisión, ni al Parlamento ni a nadie. 
Los Quince deberán hacer frente a sus responsabilidades en Niza, los Quince, que han decidido abrir negociaciones de adhesión con doce países, que desean avanzar, que desean una Europa más eficaz y más sólida en todos los planos. 
Son los Quince miembros juntos los que encontrarán, o los que no encontrarán, la respuesta a los problemas que hoy se plantean de forma clara, trasparente y democrática. 
Estoy convencido de que los Quince van a encontrar una solución a los problemas en los que ustedes han insistido, unos y otros, ante la Presidencia. 
Vuelvo a darles las gracias, y encontraremos juntos esta solución. 
Creo que el Parlamento estará en condiciones de comprobar que la Unión Europea ha mejorado los mecanismos institucionales que le permitirán hacer frente a la continuación de este desarrollo de la Unión Europea que nos une a todos. 
. (IT) Señor Presidente, sólo unos minutos para expresar mi agradecimiento al Presidente por la dirección del debate, al Ministro Védrine por su intervención y a sus Señorías por la calidad del debate. 
En este punto, quisiera precisar únicamente algunos momentos especiales de los próximos días y subrayar la firme resolución de la Comisión en aras de una Cumbre de alto nivel que por fin haga posible el funcionamiento de nuestras Instituciones, incluso después del gran proceso de ampliación que estamos acometiendo y que- quisiera recordarlo una vez más- es una de las pocas decisiones políticas que el mundo espera en el próximo futuro. 
Quisiera subrayar asimismo que la determinación de la Comisión no solo estará orientada a los aspectos ya examinados, sino también a la consideración y a la atención que se prestará a la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Sé perfectamente que por ahora no se convertirá en Constitución, pero sé perfectamente que, desde Niza en adelante, será nuestro constante referente respecto a los principios con que las Instituciones europeas procederán y respecto a los principios con que los pueblos europeos se unirán para su futura cooperación. 
Por esto es muy importante que en Niza se refuercen el método comunitario y el valor de las Instituciones europeas- Consejo, Parlamento y Comisión- y su modo de actuar en común. 
Aquí hoy quizás hemos olvidado que estamos unidos en un único proceso y que no somos una parte separada de un sistema, sino una parte unificadora de la futura Europa. 
Por último, Presidente Védrine, usted ha puesto de manifiesto una situación demasiado tensa y ha hablado también de cierto pesimismo. 
Pues bien, quisiera responder a su llamamiento con mi llamamiento. 
Sé muy bien que en Niza tomarán decisiones quince Estados y que el papel de la Presidencia no es un papel de jugador único, sin embargo, sé por experiencia cual es el papel de la Presidencia y la responsabilidad de la Presidencia francesa. 
En los semestres anteriores, con gran confianza y con un gran sentido de la responsabilidad hemos concentrado un cúmulo de grandes decisiones en la Presidencia francesa, pues conocemos el papel que Francia ha desempeñado en todo momento en el desarrollo de las Instituciones europeas. 
Aunque, como usted ha dicho justamente, no puedo cargar toda la responsabilidad sobre Francia, sin embargo, sabemos que Francia debe demostrar con su ejemplo su gran capacidad de liderazgo y de fuerza propulsora. 
Hay dos puntos respecto a los cuales asumo la responsabilidad de insistir con mucha claridad, dado que han aflorado esta tarde con mucho vigor y con mucho peso. 
En cuanto a la reponderación de votos, es Francia quien tiene la responsabilidad de proponer el que es el equilibrio fundamental entre la población y la fuerza individual de cada uno de los Estados: es Francia quien debe encontrar la síntesis para la realización de una Europa que es la Europa de los pueblos y de las naciones, y esto es lo que esperamos. 
No obstante, también esperamos de Francia otro gesto. 
Sabemos perfectamente que en el origen de las incompatibilidades, en el origen de las decisiones en que los Estados se mantienen firmes, no tenemos sólo a Francia: tenemos a Francia, España y Alemania; salvo Bélgica e Italia, todos los Estados tienen algún punto en que se resisten a pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada. 
Sin embargo, considero que, también en este caso, el papel de la Presidencia reviste una importancia fundamental porque sé muy bien que si Francia sabrá interpretar el interés general en cuanto a las decisiones sobre el artículo 133, ninguno de los demás Estados podrá resistir en una posición de conservación. 
Todos esperamos este paso adelante porque no es el paso de Francia, sino que será el paso de toda Europa. 
(Aplausos) 
Esto, señor Ministro, es lo que esperamos, precisamente por la gran confianza que tenemos en su país y por la capacidad de liderazgo que sabemos que Francia sabe asumir en los momentos difíciles de la vida europea. 
(Aplausos) 
Gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Hasta la conclusión de estas declaraciones, he recibido, de conformidad con el artículo 37, apartado 2 del Reglamento, nueve proyectos de resolución de ocho grupos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
Tal como comunicó la Presidenta, la Sra. Fontaine, al inicio del Pleno, vamos a tratar ahora las cuestiones de orden. 
Deseo referirme a la vergonzosa manifestación que hubo en la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento ayer por la mañana, cuando el Ministro turco de Asuntos Exteriores participaba en un debate con nosotros. 
Varios miembros de un grupo marxista-leninista intentaron desbaratar la reunión y amenazaron al presidente. 
Fue un abuso de los procedimientos de este Parlamento, una grave descortesía para con un distinguido invitado y un acto que podría haber tenido consecuencias muy graves. 
Señor Presidente, ¿ordenará usted a los Cuestores que identifiquen a los culpables, que descubran cómo consiguieron el acceso al Parlamento y que velen por que se les prohíba el acceso en el futuro? 
¿Adoptará usted, además, medidas en general para intensificar la seguridad de formas apropiadas para que no vuelva a ocurrir algo semejante? 
A veces es difícil conseguir la entrada en este edificio de visitantes y grupos legítimos, pero a los que traen malas intenciones parece resultarles muy fácil. 
Hemos comenzado este período parcial de sesiones expresando nuestras condolencias por la última víctima del terrorismo en España. 
Parece que los responsables de la manifestación en la Comisión de Asuntos Exteriores pueden tener conexiones con un grupo terrorista turco. 
Estoy seguro de que todos los miembros de esta Asamblea se me sumarán en la condena de todos los terrorismos, sea cual fuere su motivación. 
En relación con Turquía, estamos poniendo muchas exigencias al Gobierno y al pueblo turcos cuando se internan por la larga vía de la adhesión a la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, esperamos que los grupos de oposición de Turquía recurran exclusivamente a medios pacíficos. 
Voy a presentar una declaración al respecto a la Asamblea y confío en que todos los diputados le den su apoyo. 
Señor Presidente, le agradecería que informara más adelante a la Asamblea sobre las cuestiones que he planteado. 
Ayer dos personas irrumpieron en una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores causando molestias y agrediendo verbal y físicamente a nuestro invitado, el Ministro de Asuntos Exteriores turco. 
Se produjo una situación peligrosa. 
Me consta que ambos agitadores consiguieron entrar en el Parlamento con un permiso de acceso expedido por una colega diputada. 
Transmitiré su nombre a la Presidenta con el ruego de que examine el caso y adopte las medidas oportunas a fin de evitar que nuestro Parlamento sea invadido por provocadores y amenazadores de esta calaña ¡que, para colmo, reciben ayuda de colegas nuestros! 
¡Me parece francamente vergonzoso que los miembros de este Parlamento se presten a tales prácticas! 
Hay un segundo punto del que también debería ocuparse la Mesa. Habida cuenta de nuestra situación actual, la seguridad de nuestros invitados volverá a plantear problemas en el futuro. 
En mi opinión, hemos de adoptar las precauciones adecuadas- algo que aún no hemos hecho- para que los invitados de este Parlamento puedan estar a gusto, sin tener que sentir miedo ante posibles amenazas. 
A este fin debemos crear las necesarias condiciones técnicas, tanto desde el punto de vista de la organización como desde la perspectiva de la seguridad. Esto significa entre otras cosas que los invitados han de ser protegidos directamente por personas expresamente formadas para ello, puesto que no podemos contratar fuerzas de seguridad extranjeras para defender a nuestros huéspedes. 
Creo que ello supone un nuevo reto para la Mesa. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo suscribo plenamente las palabras del presidente de la comisión. 
No se trata de recortar el derecho de manifestación- ni mucho menos -, tampoco se trata de crear aquí un recinto de alta seguridad, se trata de garantizar un mínimo de seguridad. 
De lo contrario, si no se ofrece un mínimo de protección, los invitados extranjeros dejarán de acudir a nuestras comisiones. 
En el momento del incidente estaban presentes en la comisión una Presidenta de un país y el Ministro de Asuntos Exteriores turco. 
Por todo ello, le ruego se tome muy en serio este asunto a fin de que podamos seguir recibiendo huéspedes en el futuro, brindándoles el trato que se merecen. 
Señor Presidente, no estaba al corriente de este incidente. 
Me opongo totalmente a que nadie amenace a un ministro invitado, sea turco o de cualquier otra nacionalidad. 
Pero, ya que hablamos de Turquía, desearía señalarles que una diputada de mi Grupo, la Sra. Uca, representaba mi Grupo hasta ayer en el congreso de un partido kurdo de Turquía, el HADEP. 
La diputada tuvo la desgracia de pronunciar una breve frase en lengua turca, antes de expresarse en su lengua nacional, que es el alemán. 
Inmediatamente, las fuerzas de orden público turcas le impidieron hablar, no sólo en kurdo, que ya no lo hacía, sino incluso en alemán. 
Hubo que negociar para que pudiera expresar en alemán un mensaje de saludo de mi Grupo. 
Creo que el mismo día a una personalidad importante del Parlamento chipriota, que, por otra parte, ya ha visitado el Parlamento Europeo, el Sr. Christou, se le negó el visado turco cuando se dirigía- figúrense ustedes- a una reunión tripartita, en Estambul, entre turcos, griegos y chipriotas; es decir, que se trataba de una gestión muy pacífica. 
Por lo tanto, le sugiero, señor Presidente, que solicite a la Sra. Presidenta que dirija una carta a las autoridades turcas para presentar excusas por esa acción infame realizada en contra de uno de sus representantes y para recordarles que no se trata de esa manera a los diputados europeos, o a los diputados de países candidatos, que acuden a su país. 
Aquí, hospitalidad; allí, hospitalidad y respeto. 
Quisiera sumar a mi Grupo a esta queja sobre ese gravísimo y espantoso incidente. 
Quisiera decir al Sr. Wurtz que mostrar la inviolabilidad y el poder de la democracia parlamentaria forma parte del proceso de intentar abrir la perspectiva de la integración europea para Turquía. 
Si la apreciamos dentro de este recinto, debemos estar preparados, desde luego, para acoger y proteger a nuestros invitados de un modo mucho más creíble que ayer. 
Si no estamos orgullosos de nuestro Parlamento, no podemos esperar que los turcos nos imiten. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención- la suya y la de sus señorías- sobre el hecho que ha mencionado el colega Sr. Wurtz, es decir, que el gobierno turco le ha negado la entrada en el país al diputado chipriota, y representante parlamentario del AKEL, Andreas Christou, que se proponía asistir en Estambul a un encuentro de partidos políticos turcos, griegos y chipriotas. 
Subrayo que Andreas Christou es vicepresidente de la delegación del Parlamento de la República de Chipre en el Comité Parlamentario Mixto UE-Chipre. 
Denuncio y condeno, en nombre del Partido Comunista de Grecia, esta nueva provocación de Turquía, país candidato- no se olvide- a la adhesión a la UE, y quisiera, también yo, solicitar la correspondiente protesta del Parlamento Europeo. 
Puedo comunicarles que la Sra. Fontaine, que así me lo ha transmitido, lamenta profundamente este grave incidente, y yo me sumo a ello, en nombre de la Mesa. 
Es obvio que en esta Casa de la democracia europea tenemos que garantizar la seguridad de todos nuestros invitados y de todo el que se encuentre bajo nuestro techo. 
Por supuesto, también debe respetarse la libertad de opinión. 
Entre tanto, nuestra Presidenta, la Sra. Fontaine, ha pedido un informe al Secretario General. 
Ese informe se presentará, claro está, cuanto antes. 
La Presidenta no dudará en adoptar las medidas pertinentes con motivo del informe y también recurrirá a los órganos de este Parlamento a los que se deba recurrir, como por ejemplo, los Cuestores o la Mesa. 
Señor Presidente, la otra tarde en Bari, capital de la región de Apulia, una de las más importantes de Italia, fue agredido el presidente regional, Raffaele Fitto, diputado que fue del Parlamento Europeo hasta el mes de junio de este año. 
Eso es prueba de que la violencia verbal suele acabar en violencia física. 
Creo que este Parlamento, además de expresar su solidaridad a un dirigente, a un importante político italiano que fue diputado en este Pleno, ha de condenar con firmeza este tipo de hechos y expresarle su solidaridad. 
Le agradezco su contribución, señor Tajani. 
Tomaremos nota de ello en la forma adecuada. 
Señor Presidente, intervengo únicamente para decir que, hoy, se encuentra aquí en el Parlamento una delegación de trabajadores de Telecom Italia. 
Telecom Italia es una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones. 
Estos trabajadores han acudido al Parlamento para presentar una petición en la que constan más de 10.000 firmas, precisamente para pedir el apoyo de las Instituciones europeas. 
¿Por qué? 
Porque su empresa les ha mandado al paro, a pesar de su solvencia económica y del crecimiento positivo que viene experimentando desde hace años. 
Por lo tanto, Telecom Italia es una empresa que aumenta las tarifas y reduce los puestos de trabajo. 
En estas semanas, en estos días, estamos debatiendo la Carta de los Derechos Fundamentales, así como de los derechos de los trabajadores. 
Por consiguiente, sería útil que este Parlamento tratara de evitar que, por una parte, existan unas bonitas declaraciones de principio y, por otra, la cruda realidad de los hechos. 
En consecuencia, pedimos un compromiso más fuerte del Parlamento y de la Comisión con la defensa de los trabajadores y la lucha contra el desempleo. 
Señor Presidente, ayer en Italia se produjo un hecho gravísimo. 
El ministro de Sanidad, aduciendo que las pastillas no hacen daño y con la afirmación de "Tratemos los tumores con la marihuana", ha minado las bases de la dignidad de toda persona humana pidiendo la liberalización de la droga. 
Todo esto ocurre mientras nos preparamos para la cita de Niza con una Carta de los Derechos Fundamentales que en su preámbulo reconoce que la Unión Europea se basa en los valores indivisibles y universales de la dignidad humana. 
Y además ocurre estando en vigor un programa comunitario de acción para la prevención de la drogadicción que, al ser precisamente una acción de prevención, considera la droga como un fenómeno que se ha de evitar y que, en mi opinión, no se ha de secundar. 
También Pino Arlacchi, vicesecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la Oficina de la ONU de control de la droga y prevención de la delincuencia, ha censurado la intervención del ministro italiano de Sanidad que demuestra ignorar los datos positivos sobre la prevención registrados en Estados Unidos y en España, así como en Bolivia y en Perú, y ha pedido al Gobierno italiano... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Al comienzo de la sesión de hoy, la Presidenta ha rendido homenaje a la memoria de Ernest Lluch. 
En 1966 Ernest Lluch, su hermano y yo, junto con más de otros 60 miembros del personal docente, fuimos expulsados por el régimen franquista de la Universidad de Barcelona. 
Desde entonces, pese a nuestras diferentes opiniones políticas, reconocí el compromiso sincero de Ernest Lluch en la lucha por el diálogo y la comprensión, incluso afrontando la autoritaria posición del Gobierno actual. 
El mejor homenaje a Ernest Lluch y a su memoria sería el de respetar su mensaje- diàleg, en catalán -: ¿podemos ofrecer todos esa oportunidad al pueblo vasco? 
Gracias, señor Gorostiaga. 
Le ruego se siente y retire el cartel. 
Señor Presidente, quisiera pedir la atención de la Presidencia respecto de una carta que enviamos en relación con el estatuto de los diputados. 
La Sra. Hautala mencionaba en la misma nuestro apoyo y simpatía ante los esfuerzos realizados por la Presidenta, la Sra. Fontaine, a fin de establecer negociaciones sobre nuestro propio estatuto en tanto diputados. 
Lamentamos profundamente que la reunión prevista para el 30 de noviembre se haya anulado. 
Insistimos enormemente en que antes de que finalice la Presidencia francesa, se anuncie una reunión extraordinaria de manera que la discusión sobre el estatuto se pueda concluir con éxito. 
Gracias, señora Maes. Se lo transmitiré a la Sra. Fontaine, quien adoptará medidas conforme a ello. 
Señor Presidente, el año pasado, el Consejo había tomado una excelente iniciativa: crear el primer foro de la Unión Europea sobre los derechos humanos. 
Esta excelente iniciativa ha sido renovada este año, y el segundo foro se celebrará los días 12 y 13 de diciembre en París, es decir, durante el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
Lo menos que puede decirse es que no es una buena manera de actuar, por no decir un desaire para nuestro Parlamento, y salvo que se considere que los diputados europeos no tienen nada que decir sobre los derechos humanos, cuando acaban de votar por amplia mayoría la Carta de Derechos Fundamentales, los mismos estarán ausentes de este foro de la Unión Europea, al cual, el año pasado, muchos de ellos habían asistido para dialogar con las ONG y las instituciones. 
Solicito, pues, que, para acusar el golpe, no se envíe nuestra representación oficial a dicho foro y que el año próximo se acuerde una fecha adecuada para esta importante reunión, de tal modo que los diputados puedan estar presentes, y no una fecha en que se celebre un período parcial de sesiones en Estrasburgo. 
Tiene razón, señor Cornille. 
En el futuro, eso debe hacerse, si cabe, de otro modo. 
Señor Presidente, cuando el Sr. Gorostiaga utiliza la palabra diálogo para reivindicar al asesinado Ernest Lluch, insulta su memoria e insulta las ideas por las que ETA le ha asesinado. 
Señor Gorostiaga, desprecio profundamente a los terroristas de ETA, pero me merecen el mismo desprecio las personas que utilizan cobardemente esta Asamblea democrática para justificar sus asesinatos. 
Señor Gorostiaga, es usted una vergüenza para este Parlamento. 
Señorías, no vamos a debatir aquí sobre ningún asunto. 
Por otra parte, cada uno puede, desde luego, expresar su opinión. 
Señor Presidente, yo no quiero entrar en polémicas, pero me resulta inevitable mencionar que, en el día en que hemos guardado un minuto de silencio por un nuevo asesinato de ETA, haya alguien en esta Asamblea que pretenda reivindicar el diálogo, precisamente con aquéllos que han asesinado al Sr. Lluch. 
Me parece, sin duda, indecente- como ha dicho la Sra. Díez- que se utilice el recuerdo de Ernest Lluch. 
Yo creo que esta Asamblea sabe perfectamente lo que puede esperarse a estas alturas del Sr. Gorostiaga, del grupo que él representa y de sus amigos terroristas. 
Pero le pregunto al Sr. Gorostiaga si aún le queda algún resquicio de dignidad personal, algún resquicio de dignidad como hombre para que se le pueda exigir el respeto a la vida humana. 
Quiero responder a la horrible acción de los dos diputados a este Parlamento que han expuesto ideas opuestas a las de Ernest Lluch. 
Él siempre luchó por el diálogo, deseó el diálogo. 
Quisiera decir simplemente que cada acción de ETA provoca... 
Señor Gorostiaga, le retiro la palabra. 
Ya hemos hablado suficiente sobre ese asunto. 
Política Exterior y de Seguridad Común- Afganistán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos informes y dos preguntas orales: 
(A5-0340/2000) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los progresos realizados en la aplicación de la política exterior y de seguridad común; 
(A5-0339/2000) de la Sra. Lalumière, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la elaboración de una política europea común en materia de seguridad y defensa después de Colonia y Helsinki (2000/2005 (INI) ); 
(B5-0549/2000) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, dirigida al Consejo, sobre la situación política en Afganistán y la ayuda humanitaria; 
(B5-0550/2000) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, dirigida a la Comisión, sobre la situación política en Afganistán y la ayuda humanitaria. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Ministro de Defensa, señor Comisario, al tratar, esta tarde, de la política europea de seguridad y de defensa, nos situamos, como acaba de decirlo el presidente Brok, en un ámbito que nos hace estar optimistas sobre la construcción europea. 
Desde el Consejo Europeo de Colonia, luego el de Helsinki y el de Feira, y, mañana, así lo espero, el Consejo de Niza, comprobamos con satisfacción los progresos de esta nueva política. 
No es frecuente que esto ocurra, señor Ministro de Defensa, y nos congratulamos por ello. 
Como lo hizo antes de la Cumbre de Feira, al votar una resolución el 15 de junio, el Parlamento Europeo debería aprobar mañana un texto que resume su posición, en vísperas del Consejo de Niza. 
Espero, evidentemente, que una mayoría clara apruebe la resolución propuesta. 
Pero, desde ahora, sé que dicho texto no reunirá la unanimidad, y es normal, puesto que se trata de un terreno difícil, en el que se expresan opiniones políticas diferentes sobre el papel de la Unión con respecto al de los Estados miembros, sobre el lugar que ocupa lo militar en relación con lo civil, sobre el lugar que ocupa la Unión en relación con la OTAN y a los Estados Unidos, sobre el papel de la Unión en el mundo y la elección que debe realizar entre el pacifismo y la no intervención, por una parte, y la voluntad de controlar las crisis, por otra. 
Estas opciones a veces nos oponen, pero, progresivamente, hoy se produce una mayoría. 
Dicha mayoría debería apoyar, salvo que ocurra algún incidente, la línea seguida desde hace un año y medio por el Consejo de Ministros, por el Alto Representante, el Sr. Solana, y por la Comisión, sobre todo en el ámbito de competencias del comisario Patten, responsable de los medios civiles de gestión de las crisis. 
Pero dicho apoyo, que deseo sea claro y lúcido, está acompañado de numerosos interrogantes, y a veces de advertencias. 
Mencionaré algunas. 
En primer lugar, una breve observación sobre un problema esencial, el de las relaciones de la nueva política europea con la OTAN. 
El texto propuesto confirma las opciones del Consejo Europeo. 
No se trata de competir con la OTAN ni de retirarle la responsabilidad de la defensa de nuestro territorio; se trata de hacer de Europa un socio creíble de los Estados Unidos, reequilibrando la Alianza y dando un margen de autonomía a la Unión Europea en caso de crisis. 
En segundo lugar, ustedes comprobarán en la resolución la voluntad muy clara del Parlamento de basar la política de seguridad y de defensa en dos pilares equilibrados: la gestión civil de las crisis y, en caso de fracaso, la gestión militar, ya que ambos pilares son complementarios. 
Esta búsqueda de equilibrio conduce al Parlamento a velar cuidadosamente por la distribución equitativa de los medios financieros, aun cuando sabemos muy bien que el primero entra en el ámbito del presupuesto comunitario, mientras que el segundo todavía entra en el ámbito de los presupuestos nacionales. 
En tercer lugar, nos felicitamos de ver que la PECSD empieza por una realización concreta, la Fuerza de reacción rápida. 
Y nos felicitamos de los trabajos ya realizados, sobre todo en la reciente Conferencia de compromiso de capacidades. 
Todo eso posee el mérito de hacer creíble nuestra política. 
También es la ocasión de hacer el balance del estado de nuestros ejércitos y de reafirmar la voluntad de reforma; lo he comprobado recientemente en Berlín, a propósito de la Bundeswehr. 
Con respecto a las reformas institucionales que ustedes han emprendido, insistiré en nuestro deseo de que la Unión se dote de una cadena de mando coherente, clara y eficaz. 
No basta con crear órganos como el COPS, el Comité militar y el Estado Mayor, también es necesario que la articulación vertical y horizontal entre unos y otros funcione correctamente y en tiempo real. 
Desde este punto de vista, no estamos del todo tranquilos y deseamos, en particular, que se especifiquen los poderes de la Comisión, del Consejo y del Alto Representante en caso de crisis. 
Señor Presidente, mencionaré brevemente un problema de capital importancia para la credibilidad de esta política, el de los medios presupuestarios. 
Naturalmente, hay que ahorrar gastos, pero no podemos excluir la necesidad de obtener nuevos recursos si queremos colmar las lagunas enumeradas, sobre todo en el ámbito de las altas tecnologías. 
Habría deseado, señor Presidente, como lo ha hecho el presidente Brok, insistir en el papel del Parlamento Europeo y de las instituciones parlamentarias. 
Habría que mencionar otros muchos elementos. 
Dirigiéndome a los representantes del Consejo, desearía expresarles la voluntad del Parlamento Europeo de adquirir esta cultura de seguridad y de defensa, que no tenemos la costumbre de frecuentar, y deseamos que la Cumbre de Niza sea un éxito total. 
Al examinar el completo e interesante informe de la Sra. Lalumière sobre la política europea común de seguridad y defensa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, nos centramos en las instituciones y los procedimientos de adopción de decisiones. 
En particular, la necesidad de un examen parlamentario riguroso y de rendición democrática de cuentas. 
El desarrollo de la PECSD es un nuevo punto de partida para el proyecto europeo y, por tanto, requiere que se aclare el marco institucional existente. 
La cuestión no es si hay argumentos jurídicos en pro de que los poderes vigentes sean adecuados. 
Debe quedar claro que se debe introducir la dimensión parlamentaria. 
Ningún diputado a un parlamento nacional consideraría ni por un instante la posibilidad de que se limitara el examen democrático riguroso de la seguridad y la defensa ni la menor falta de transparencia al respecto. 
Dentro de los límites de la seguridad operativa, incluso el Senado y la Asamblea de los EE.UU. participan estrechamente en las operaciones del Departamento de Defensa. 
En vista del carácter particular de la posible evolución de la PECSD, también nosotros creemos que serán necesarios cambios en el Tratado para que se pueda dirigir abierta y democráticamente esa evolución. 
Asimismo, se debe aclarar el estatuto del Alto Representante en relación con el triángulo actual y el Comisario encargado de las relaciones exteriores. 
Señor Presidente, tal vez sepa usted que mi partido en el Reino Unido abriga considerables reservas sobre la orientación de esta política, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis colegas de la Comisión de Asuntos Constitucionales que me han guiado para la preparación de una opinión que sea- espero- aceptable para esta distinguida Asamblea. 
- (FR) Señor Presidente, teniendo en cuenta el retraso que llevamos y también mis obligaciones, trataré de abreviar la intervención que había preparado. 
La misma era extensa, pero intentaré no olvidar nada esencial. 
Señoras y señores diputados, la publicación de los informes de la Sra. Lalumière y del Sr. Brok me brinda la ocasión de efectuar ante ustedes un primer balance de los progresos importantes que han tenido lugar estos últimos meses en dichos ámbitos. 
Haré el balance, primero, en materia de política exterior y de seguridad, de los principales progresos institucionales, en particular de las cuestiones relativas a la Europa de la defensa, y el Sr. Alain Richard, mi colega de Defensa, expondrá todo lo relativo a las capacidades. 
Mencionaré luego los principales resultados de la PESC durante este último semestre. 
También responderé, o intentaré hacerlo, a la pregunta oral que ha formulado el Sr. Brok sobre Afganistán. 
El fortalecimiento de la política exterior y de seguridad común en primer término. 
El Sr. Brok lo recordaba hace un instante: la Unión Europea se ha afianzado durante el último año y ello se ha visto reforzado por unos progresos que serán muy importantes, con miras al futuro. 
La rápida concreción de la Europa de la defensa lo demuestra. 
Tras las Presidencias alemana, finlandesa y portuguesa, la Presidencia francesa se ha esforzado por cumplir el mandato que se le había confiado en Feira. 
Creo que Niza marcará una etapa y un vencimiento muy importante en este plano, sobre todo mediante la creación de estructuras permanentes de la Europa de la defensa, lo que permitiría a la Unión Europea, durante el año 2001, declararse operacional para gestionar una crisis. 
El Sr. Richard tratará, dentro de un momento, la cuestión de las capacidades. 
Los aspectos institucionales son igualmente muy importantes, ya que permitirán que la Unión pueda prever, decidir y actuar, es decir, garantizar el control político y la dirección estratégica de una operación de gestión de crisis. 
El Consejo Europeo debería aprobar en Niza varias decisiones, que paso a citar. 
Primero, la creación de las estructuras políticas y militares permanentes: Comité político y de seguridad, Comité militar, Estado Mayor de la Unión Europea. 
El dispositivo creado se completará mediante el establecimiento de procedimientos de gestión de crisis y la organización de un Centro de situación en la Secretaría General. 
Según se estableció en Feira, estas nuevas estructuras se crearán lo más rápidamente posible tras el Consejo de Niza. 
En segundo lugar, los compromisos permanentes con los Estados terceros y con la OTAN. 
Ustedes conocen la importancia de dichos compromisos. 
Se trata de establecer relaciones de confianza y de trabajo con la OTAN, con los países candidatos y países aliados, dentro del pleno respeto de la autonomía de la Unión Europea. 
Estas relaciones se plasmarán concretamente en reuniones entre el Consejo del Atlántico Norte y el COPSI y en reuniones entre la Unión Europea y los quince países europeos candidatos o aliados. 
Hemos trabajado, además, en el fortalecimiento de las capacidades civiles de gestión de las crisis, en particular para permitir que la Unión Europea alcanzara el objetivo que se ha fijado en materia de policía. 
Desearía igualmente manifestar, respondiendo a las observaciones efectuadas por la Sra. Lalumière en su informe- en cuanto a la necesidad de reforzar nuestra reflexión en materia de prevención de conflictos -, que el Alto Representante y la Comisión han preparado recomendaciones encaminadas a mejorar la coherencia y la eficacia de la acción en este ámbito, y sé que la Presidencia sueca continuará trabajando en tal sentido. 
También he tomado nota, a propósito del informe presentado por el Sr. Brok, de algunos interrogantes y observaciones sobre el refuerzo de la eficacia de la acción exterior de la Unión Europea. 
Este fue uno de los expedientes en los que realmente me he empeñado personalmente. 
Yo deseaba que dicho asunto progresara, ya que resultaba evidente que la situación no era satisfactoria. 
Esta es incluso la razón por la cual, con ocasión de la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores, en Evian, a principios de setiembre, había incluido la mencionada cuestión en el orden del día, a la que dedicamos una sesión completa, sobre la base de las propuestas y de los proyectos del comisario Patten. 
Desde entonces hemos progresado mucho. 
El Consejo "Asuntos Generales" aprobó, el 9 de octubre, unas conclusiones sobre el fortalecimiento de la coordinación, la mejora de la gestión y los instrumentos necesarios para la adopción de decisiones. 
El Consejo ha decidido organizar cada año un debate sobre estas cuestiones. 
El primero se celebrará en la sesión de enero o de febrero, y efectuaremos el balance del inicio de la aplicación de estas nuevas medidas. 
Subrayo que esto se ha realizado en plena cooperación y en perfecta armonía entre el Consejo, en general, el Alto Representante, la Comisión y, en especial, el comisario Patten. 
Como el Sr. Brok lo pide en su informe, el Consejo dispondrá de fichas recapitulativas sobre el conjunto de las relaciones entre la Unión y cada uno de los países socios, a fin de sacar mayor partido del esfuerzo global de la Unión, de aumentar su eficacia y de preparar mejor sus debates en materia de acciones exteriores. 
Para el primer debate, a principios de año, la Comisión establecerá un cuadro, país por país, basado en el último año presupuestario, que describirá el estado de los compromisos, de los pagos y de los importes que quedan por liquidar en relación con los principales programas financiados por el presupuesto comunitario y por el FED. 
Por lo tanto, en estos trabajos hemos sido muy conscientes de la necesidad, para la Comisión y los Estados miembros, de lograr una mayor complementariedad entre sus acciones de asistencia a los países terceros, manteniendo, naturalmente, las competencias específicas de la Comisión. 
Esto también es válido tanto para las acciones de las administraciones clásicas de los Estados miembros como para las agencias especializadas. 
A continuación me referiré brevemente a los nuevos instrumentos creados por el Tratado de Amsterdam y a las relaciones interinstitucionales, cuestiones sobre las que ustedes expresan algunas preocupaciones en los informes. 
Desde el mes de mayo de 1999 se han aprobado tres estrategias comunes: sobre Rusia, sobre Ucrania, sobre el Mediterráneo. 
La Presidencia ha solicitado ahora al Secretario General y al Alto Representante que preparasen un primer informe de evaluación sobre el funcionamiento de dichas estrategias comunes, así como sobre su utilización óptima. 
Dicho informe debería presentarse con ocasión del debate de principios de año, que he mencionado. 
Dos palabras sobre las relaciones interinstitucionales. Conozco la discusión a la que ha aludido el Sr. Brok hace un momento, según la cual las funciones del Alto Representante deberían haber sido confiadas a un vicepresidente de la Comisión. 
Pero, como usted mismo puede comprobar, señor Brok, desde la toma de posesión de su cargo y dentro del espíritu defendido por las diferentes Presidencias, el Sr. Solana ha trabajado con un pleno respeto de las reglas y procedimientos establecidos por el Tratado, la coordinación se ha cumplido y no ha surgido ninguna dificultad notable, y para decirlo simplemente: esto funciona. 
Hemos visto que, con respecto a varios problemas importantes que hemos afrontado en este período, se ha logrado una cooperación estrecha y constructiva entre todas las instituciones. 
Vean, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los Balcanes, donde puede decirse que cada uno ha desempeñado plenamente su función. 
Asistimos en esta región, en ese sudeste de Europa, sin ninguna duda, a la aplicación de una verdadera política que, además, empieza a dar sus frutos. 
Paso ahora a efectuar un primer balance rápido y aún provisional, naturalmente, de las acciones emprendidas bajo la Presidencia francesa, a fin de afianzar mejor la Unión Europea en el escenario internacional. 
Voy a enumerar, pues, rápidamente algunas regiones y algunos acontecimientos. 
Continúo con los Balcanes, ya que había aludido a ello hace un instante. 
La situación se ha modificado radicalmente debido al cambio de poder en Belgrado, aun cuando, ciertamente, queda mucho por hacer. 
Ha existido una verdadera estrategia europea consistente en dirigir, en el momento oportuno, es decir, antes de las elecciones, un mensaje al pueblo serbio, que había sido elaborado en Evian, por el que anunciábamos que si la democracia vencía, se revisaría radicalmente la política europea. 
La democracia ha vencido, después de las peripecias conocidas. 
Hemos cumplido, pues, nuestra promesa, y los dirigentes de la actual Yugoslavia nos dicen que la fórmula europea ha desempeñado un importante papel en este asunto y en dicho período. 
Estamos, pues, inmersos dentro de este cambio lógico. 
Nos hemos propuesto restablecer las relaciones en todos los planos con Yugoslavia. 
Eso no quiere decir que consideramos que todos los problemas estén solucionados. 
Sabemos muy bien que tratándose tanto de Kosovo como de Montenegro, así como de las relaciones con los países vecinos o de las obligaciones de Yugoslavia con respecto al tribunal, quedan muchas cosas por hacer o por solucionar, pero eso quiere decir que la Unión Europea ha considerado que era fundamental comprometerse plenamente apoyando dicho cambio democrático hasta que éste haya alcanzado completamente sus objetivos, se haya consolidado y pueda entonces iniciarse a fondo la redefinición de una política nueva de Yugoslavia, especialmente en relación con sus vecinos. 
Es en este contexto donde la cumbre recientemente celebrada en Zagreb ha sido muy importante. 
La misma había sido concebida en un contexto diferente, para dirigir un mensaje político al pueblo serbio, por encima de sus dirigentes del momento, y el cambio producido nos ha permitido convertir dicha Cumbre de Zagreb en el verdadero encuentro democrático, por vez primera, de toda la Unión Europea y del conjunto de los representantes de los países de los Balcanes occidentales. 
Hemos trabajado asimismo en la cuestión de la cooperación regional, noción que provocaba cierta resistencia por algunos países de esta región, que no quieren que se los vuelva a encerrar en un pasado del que han salido, y puedo decir que, gracias a dicha cumbre, han comprendido que no había contradicción entre una cooperación regional y su progresión, su acercamiento, con respecto a la Unión Europea, sobre todo a través del proceso de estabilización y de asociación confirmado y precisado en esta ocasión. 
Dicha cumbre, que era una iniciativa de la Presidencia francesa, ha permitido, igualmente, confirmar nuestro compromiso con respecto a esta región, ya que, poco tiempo antes, habíamos adoptado las decisiones necesarias sobre los grandes programas "Mediterráneo", por una parte, y "Balcanes", por otra, así como por el hecho de que el nuevo programa "Balcanes", que en francés se denomina "CARTS", ha sido dotado con 4,15 millardos de euros para el período 2000-2006. 
Queda, pues, mucho por hacer a la vez en el plano de la consolidación de la democracia y en el plano de la cooperación regional, pero nosotros tenemos un marco y una línea, y creo que la Unión Europea sabe adónde va en este ámbito. 
Paralelamente, y en el mismo período, la Unión Europea ha proseguido el desarrollo de sus relaciones con sus grandes socios estratégicos; con Rusia: Cumbre Unión Europea/Rusia el 30 de octubre, en el marco del acuerdo de asociación y cooperación. 
Nuestra política es clara: nosotros deseamos, basándonos en los principios democráticos, del respeto de los derechos humanos, del Estado de derecho y de la economía de mercado, contribuir a la vez con las incitaciones y los apoyos que resulten más útiles a esta vasta mutación iniciada por Rusia, para desembocar, al fin y al cabo- ello tomará el tiempo que sea necesario -, en un gran país en desarrollo, capaz de modernizarse en todos los planos, pacífico, la clase de país que deseamos tener como vecino. 
Es necesario que todos los instrumentos, a la vez comunitarios y nacionales, de cooperación con Rusia sean reorientados en esta dirección. 
Se celebró asimismo una Cumbre Unión Europea/Ucrania el 15 de septiembre, y el fructífero diálogo político se extiende ahora a las cuestiones de exportación de armamentos convencionales, de seguridad y de desarme, asunto sobre el que la OSCE ha hecho hincapié en que se trataba de un problema con este país. 
Es deseable, pues, que el mismo se englobe en dicho diálogo. 
Desearía decir al Sr. Brok, cuestión por la que se había mostrado preocupado, que la cooperación con Ucrania- por ejemplo, en el marco de la PESC -, será incluida en el informe, que se presentará en Niza, sobre los compromisos que permiten a países socios contribuir a la gestión militar de las crisis conducida por la Unión Europea. 
Por otro lado, Ucrania realiza un esfuerzo particular con respecto a este asunto, puesto que, desde el 1 de julio, se ha adherido a quince declaraciones realizadas por la Presidencia en nombre de la Unión Europea. 
Asimismo, hemos proseguido el diálogo transatlántico sobre los Balcanes- en el que toda la política llevada a cabo por la Unión Europea ha sido objeto de una información recíproca constante entre los Estados Unidos y Europa -, pero también sobre Rusia, sobre el proceso de paz en Oriente Medio, aun cuando mi observación se aplica más al período que ha precedido a los acontecimientos trágicos que se desarrollan desde finales de septiembre, que al período actual. 
También en este período hemos mantenido ampliamente informados a los Estados Unidos de los progresos en curso a título de la política europea de seguridad y defensa, lo que constituye una condición sine qua non para que la misma se desarrolle en armonía, como ocurre en este momento. 
Dicho diálogo no ha acabado bajo esta Presidencia, puesto que la celebración de la cumbre está prevista en Washington, el 18 de diciembre, y en Ottawa, el día siguiente. 
Nos hemos topado con un problema a propósito de la conferencia euromediterránea de Marsella, puesto que muchos de nuestros socios árabes consideraban difícil participar en dicha reunión, en este contexto. 
A pesar de todo, mantuvimos la reunión, y finalmente los mismos asistieron, con dos excepciones. 
Creo que el desarrollo de los trabajos, la intensidad de los debates que tuvieron lugar sobre esta cuestión muy sensible, justificaron el mantenimiento de la reunión, y detrás de dicho mantenimiento, lo que se jugaba es simplemente la continuación de ese proceso de Barcelona- tan importante -, y que hoy la situación en Medio Oriente entorpece, pero que sigue siendo una gran idea de futuro, una idea estratégica a largo plazo, que no hay que dejar poner en entredicho por las tragedias inmediatas, por más desgarradoras que sean. 
En la misma hemos anunciado la dotación para MEDA II para el período 2000-2006, es decir, un importe de 5,35 millardos de euros, a lo que se añaden los préstamos que el BEI ha previsto movilizar; en total, casi 13 millardos de euros. 
Esto demuestra la realidad sustancial del compromiso de la Unión Europea con respecto a dicha zona. 
Por lo que respecta a Oriente Medio, la Presidencia sigue permanentemente en contacto con el conjunto de los protagonistas, incluso en los momentos más duros. 
Hemos logrado que Javier Solana pudiese participar en la Cumbre de Sharm el Sheij, el 17 de octubre, y era la primera vez que eso ocurría. 
En Marsella nos hemos expresado en nombre de los Quince, pero este no era el objeto principal de la reunión de Marsella; el mismo era salvar el marco de la cooperación euromediterránea. 
La Unión Europea volvió a expresarse el 20 de noviembre a propósito de la situación en Oriente Medio, en los más severos términos que requería el agravamiento de la situación in situ. 
Seguimos estando plenamente comprometidos, y existen posibilidades de hacer algo en los próximos días y en las próximas semanas. 
Lo urgente es lo que todos tienen en mente, es decir: primero, el cese de la violencia y que las partes puedan reanudar sus discusiones sobre el fondo, sin condiciones previas. 
Por otro lado, Javier Solana forma parte de la comisión para el establecimiento de los hechos, que se reúne el domingo en Nueva York y que deseamos se ponga rápidamente a trabajar. 
Finalmente, tengo previsto viajar allí, en nombre de la Presidencia, después de Niza, en relación con el trabajo que realizará dicha comisión. 
La Presidencia se ha esforzado por desarrollar las relaciones de la Unión con los demás grandes conjuntos regionales y muchas reuniones asiáticas: tercera Cumbre de la ASEM, cumbre con el Japón, con China. 
Antes había tenido lugar una cumbre con la India, bajo presidencia portuguesa, y se celebrará una reunión ministerial con la ANASE. 
Nos hemos encontrado con un problema menor a propósito de la cuestión de Corea del Norte, pero desearía manifestar en esta Asamblea que es necesario separar del resto el asunto del establecimiento de las relaciones diplomáticas, que en un momento dado ha podido parecer reiterativo, pero que no constituye la verdadera cuestión de fondo, puesto que algunos países tienen relaciones desde hace tiempo y otros no las tienen. 
Y nosotros hemos decidido trabajar, de hecho, sobre el contenido de nuestra política en relación con Corea del Norte. 
El 20 de noviembre aprobamos unas líneas de acción con respecto a este país, y la troika europea ha podido viajar a Corea del Norte sobre la base de dicha orientación. 
Nuestro diálogo con África ha sido muy rico a todos los niveles, incluyendo el ministerial, en particular con la CDAO, pero también con la SADEC. 
Es lo que ocurre precisamente en este momento. 
El diálogo con América Latina ha proseguido a la vez en Nueva York, al margen de la Asamblea General, y sobre puntos más específicos, como el apoyo que la Unión Europea aporta al proceso de paz, a los programas sociales, económicos e institucionales del Presidente Pastrana, en Colombia. 
No desearía concluir esta recapitulación sin recordar la acción de la Unión sobre lo que hoy se denomina grandes expedientes globales u horizontales, en particular en materia de derechos humanos, en los que es necesario trabajar aún sobre la coherencia de la política europea en los foros internacionales, así como mejorar la asociación de la sociedad civil. 
Hemos continuado este esfuerzo que se había iniciado antes. 
En el Parlamento Europeo se presentó la segunda edición del informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos. 
El 13 de diciembre se organizará en París un foro dedicado a los derechos humanos. 
Por otra parte, la Presidencia francesa ha proseguido la política de promoción y de fortalecimiento de los tratados de desarme y de no proliferación, y ha participado activamente en la Conferencia sobre el comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre, para 2001. 
La Presidencia ha preparado, igualmente, el segundo informe anual sobre la aplicación del código de conducta europeo a las exportaciones de armas, que ha significado verdaderos progresos y que debería ser aprobado por el CAG, el 4 de diciembre. 
Como pueden ver- y he simplificado mucho esta exposición -, la actividad de la Unión Europea se desarrolla de manera considerable en estos ámbitos, y el conjunto de nuestros interlocutores en el plano mundial le conceden gran importancia. 
Para concluir, dos palabras para manifestar que el Consejo comparte las preocupaciones expresadas por el Sr. Brok sobre Afganistán. 
Señalo que la Unión aplica medidas sobre la base de una posición común de enero de 2000: embargo total del envío de armas, presiones a las partes, apoyo a los esfuerzos de mediación de la comunidad internacional, apoyo a los esfuerzos de mediación de personalidades afganas, lucha contra la droga, ayuda a la población civil. 
La Comisión tendría, naturalmente, muchas cosas que decir al respecto si tuviésemos tiempo, pero para expresarlo simplemente, todos los esfuerzos que llevamos a cabo activamente, porque se trata realmente de un país atormentado, nunca serán eficaces si el conjunto de países vecinos, o de países comprometidos de una u otra manera y que tienen influencia en este país, no deciden, una vez por todas, acabar con sus intervenciones, con sus injerencias. 
Ahora bien, como ese no es el caso, el régimen de los talibanes sigue hasta ahora insensible a los argumentos y a las presiones exteriores. 
Desearía poder decir que nuestras presiones y nuestras acciones tienen peso en la situación actual. 
Desgraciadamente, existe una especie de resistencia y de autonomía de la situación afgana frente al conjunto de dichas acciones. 
No es una razón para desalentarnos. 
Es necesario continuarlas, y sé que en este recinto muchos diputados son muy sensibles a ello. 
Continuamos, pues, en este ámbito. 
Se trata de un punto particular, señor Presidente; deseaba, pues, poder aportar estos elementos de respuesta. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, al dirigirme a ustedes, tengo conciencia de participar en una evolución notable de la vida de Europa, puesto que creo que es la primera vez que un ministro de Defensa se dirige a este Parlamento. 
El 24 de octubre efectué el balance sobre el avance de la Europa de la defensa ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Me congratulo de continuar este proceso, exponiéndoles hoy los resultados de nuestra Conferencia sobre compromisos de capacidad del 20 de noviembre pasado. 
Desearía, para comenzar, compartir la formulación de la Resolución de 21 de noviembre del Parlamento Europeo, relativa a la política europea de seguridad y de defensa. 
Dicha política, dicen ustedes, no tiene por ambición competir con la Alianza Atlántica, que hoy sigue siendo la base de la defensa colectiva de sus miembros, o crear un ejército europeo permanente. 
La Presidencia y, según creo, el conjunto de los gobiernos, comparte esta apreciación. 
Nuestro objetivo es lograr de aquí al año 2003 la capacidad de que nuestros ejércitos actúen juntos para cumplir las misiones Petersberg cuando el Consejo Europeo decida lanzar una operación militar bajo la responsabilidad de la Unión. 
En el importante ámbito de las capacidades militares, nuestros Estados se habían fijado en Helsinki el objetivo global de estar en condiciones, de aquí a 2003, de movilizar en 60 días y de desplegar como mínimo durante un año unas fuerzas capaces de alcanzar el nivel de un cuerpo militar, es decir, 60.000 soldados. 
Dichas fuerzas deberían ser militarmente autosuficientes y estar dotadas de las capacidades necesarias de mando, de control, de información, así como de otras capacidades de apoyo aéreo y naval. 
Asimismo, nuestros Estados miembros habían decidido, siempre en el Consejo de Helsinki, hace un año, determinar rápidamente unos objetivos colectivos en términos de capacidad en materia estratégica. 
Los Quince han llevado a buen término el difícil trabajo de traducción, desde el punto de vista militar y técnico, de dichos objetivos. 
Deseo subrayar la calidad del trabajo totalmente nuevo efectuado por los expertos militares de nuestros Estados, bajo la autoridad del Órgano militar provisional, creado recientemente, en el mes de marzo. 
También deseo subrayar la realidad y la eficacia de la cooperación con la Alianza Atlántica, que nos ha permitido realizar un intercambio fructífero sobre el desarrollo de estas nuevas capacidades Ahora disponemos, pues, de documentos de planificación militar detallados, que acaban de ser aprobados por el Consejo "Asuntos Generales". 
Por una parte, el catálogo de capacidades, es decir, un documento de 300 páginas, que identifica de manera rigurosa las capacidades militares que nuestra Unión considera necesarias para garantizar el conjunto de las misiones de Petersberg. 
Les recuerdo el abanico de las misiones: ayuda humanitaria, evacuación de nacionales, prevención de conflictos, pero también separación por la fuerza de partes beligerantes. 
Disponemos de dicho catálogo de capacidades. 
Está aprobado por el conjunto de la Unión. 
Ahora también disponemos de un catálogo de fuerzas en el que constan las ofertas de contribuciones voluntarias de cada uno de los Estados miembros. 
Dichas contribuciones, confirmadas por los Quince en la conferencia del 20 de noviembre, constituyen una reserva de más de 100.000 hombres, de aproximadamente 400 aviones de combate y de 100 buques. 
Estas contribuciones permiten, pues, en un plano cualitativo, responder plenamente al objetivo global definido por el Consejo. 
Desearía hacer dos precisiones sobre estas cifras, que podrían, naturalmente, acompañarse de muchas más, pero quiero ser conciso. 
Dichas cifras se refieren a un dispositivo destinado a ser mantenido por una operación de la Unión Europea durante al menos un año, lo que significa que cada nación dispone, con respecto a su contribución anunciada, de una reserva que permite llevar a cabo los relevos necesarios. 
Por otra parte, si bien he mencionado la cifra de 100.000 militares, eso no significa que ambicionemos superar el objetivo establecido en Helsinki, sino que disponemos de una reserva en cualificaciones y en diferentes especialidades, lo cual permite garantizar que se alcanzarían los 60.000 hombres que corresponden al objetivo del Consejo, más allá de las condiciones operacionales de su utilización. 
Desearía comentar brevemente estas cifras, para subrayar que si bien la Unión Europea ha tomado la decisión de dotarse de capacidades, ésta no puede hacerlo ficticiamente. 
Dichas capacidades deben ser sólidas, deben ser creíbles, porque en esta Asamblea cada uno puede imaginar- puedo dar fe de ello por experiencia personal- que cuando una autoridad política democrática, frente a una situación de violencia ante la que no se puede dejar de reaccionar, decide utilizar la fuerza, no puede darse el lujo de hacer una apuesta. 
Debe estar segura de la credibilidad de sus fuerzas. 
El resultado de esta Conferencia sobre compromisos va más lejos que el catálogo que acabo de mencionar. 
En efecto, hemos realizado un acuerdo para continuar un trabajo de mejora cualitativa de dichas fuerzas. 
Los Estados miembros se han comprometido a llevar a cabo esfuerzos, a medio y largo plazo, para reforzar sus capacidades tanto operacionales como estratégicas. 
Nos hemos comprometido, en particular, en el marco de las reformas en curso de nuestras fuerzas armadas, a las que se refería la Sra. Lalumière hace un instante, a proseguir el refuerzo de nuestras capacidades propias y a coordinar los proyectos existentes aplicando soluciones nacionales o multinacionales, a fin de reforzar el rendimiento de nuestras fuerzas. 
Se trata, en particular, de mejorar la rapidez de movilización, la capacidad de duración de los despliegues y la capacidad de coordinación, lo que nosotros denominamos la interoperabilidad de las fuerzas europeas. 
Se trata de reforzar nuestras capacidades estratégicas, en especial la movilidad estratégica, para transportar rápidamente las fuerzas necesarias a un terreno de intervención; los Estados Mayores, para mandar y controlar las fuerzas; así como los medios, para proporcionarles información. 
Finalmente, deseamos reforzar algunas capacidades de acciones operacionales de las fuerzas de los europeos. 
Se han identificado, en particular, la búsqueda y el salvamento en combate, los instrumentos de defensa contra los misiles tierra-tierra, las armas de precisión, el apoyo logístico. 
Podrán encontrar allí la mayoría de las sugerencias expuestas en la resolución de 21 de noviembre del Parlamento Europeo. 
Desearía hacer otro comentario sobre este proyecto global de mejora de las capacidades europeas. 
Algunos señalan que el mismo ilustra algunas deficiencias y algunos puntos débiles de los europeos. 
Pero observaré que dichas deficiencias y puntos débiles existen desde hace mucho tiempo y que hasta ahora nadie se preocupaba de ellas desde el punto de vista político, en todo caso en el plano europeo. 
El cambio que hemos iniciado ha permitido a los europeos asumir sus responsabilidades, mirar hacia el futuro, considerar la posible utilización de sus fuerzas al servicio de objetivos políticos y democráticos, así como tomar resoluciones sobre cuestiones que habían quedado en la sombra durante muchos años. 
Se trata, pues, de una nueva dinámica lanzada sobre la base de una iniciativa de voluntad política de nuestros Estados miembros. 
La misma será creíble si se inscribe dentro una continuidad en el tiempo. 
Por eso hemos adoptado un mecanismo de seguimiento y de evaluación que se aprobará por el Consejo de Niza. 
Dicho mecanismo nos permitirá evaluar nuestros progresos. 
Éste se basa, naturalmente, en la autonomía de decisión de la Unión Europea y en el reconocimiento del carácter voluntario y político de los compromisos adoptados. 
Permitirá, pues, comparar los compromisos de los Estados miembros con sus decisiones posteriores, y pienso que alentará o incitará a los gobiernos a tomar decisiones adecuadas. 
Como pueden comprobar, los europeos están decididos a continuar realizando un esfuerzo sostenible para dar credibilidad a la Europa de la defensa. 
Eso supone una aplicación rápida de las decisiones adoptadas. 
Nuestras quince naciones se han fijado como objetivo que esta Fuerza sea operacional, lo repito, a partir de 2003. 
Nuestro deseo es que los órganos permanentes se creen lo antes posible, tras el Consejo de Niza. 
En 2001 será necesario, y ese será el trabajo de nuestros amigos de la Presidencia sueca, lograr que el sistema sea operacional, en particular el Estado Mayor de la Unión Europea. 
Y será necesario que el mismo disponga rápidamente de instalaciones propias y de procedimientos válidos. 
De aquí a 2003, cuando los órganos creados estén en condiciones de asumir sus funciones, la Unión Europea será gradualmente capaz de cumplir algunas de las misiones de Petersberg. 
Sobre la base de algunas observaciones necesariamente concisas y, por tanto, incompletas, para cumplir las normas de esta Asamblea, este es el balance que hoy puede efectuarse sobre las realizaciones concretas en el ámbito de las capacidades, que o bien ya están aprobadas, o bien lo serán, por el Consejo Europeo de Niza. 
Permítame, señor Presidente, señoras y señores diputados, aludir en pocas palabras al sentido político profundo, aprobado por gran parte de nuestras opiniones públicas, de esta nueva tarea, mediante la cual Europa adquiere una herramienta de influencia política que le faltaba. 
Esta realización se apoya en una voluntad lúcida de los gobiernos, que contrasta con las numerosas decepciones constatadas en este ámbito desde el comienzo de la construcción europea. 
Desearía dar las gracias a mis colegas, ministros de Asuntos Exteriores y ministros de Defensa, quienes han permitido este avance sustancial, y doy las gracias, naturalmente, al Parlamento Europeo por su interés en este nuevo y trascendental proyecto. 
Señor Presidente, al examinar la política de defensa y seguridad y la resolución de conflictos, no debemos olvidar nunca la razón más básica por la que existe la Unión Europea: es el mejor ejemplo en la historia del mundo de la resolución de conflictos. 
Cuando examinamos este siglo, en su primera parte vemos dos guerras mundiales- las peores de la historia del mundo- con millones de muertos. 
Y, sin embargo, esos mismos pueblos de esos mismos países crearon la Unión Europea en este mismo siglo y los principios que constituyen la esencia de la Unión Europea, cuando se apliquen en todo el mundo, aportarán la paz. 
Cuando hablamos de la resolución de conflictos, ¿por qué, en lugar de enviar soldados, no se envía esa filosofía y por qué no se examina la posibilidad de crear en la Comisión Europea una sección relativa a la paz y la reconciliación y un Comisario de paz y reconciliación, dada la enorme y fundamental experiencia de la Unión Europea en la resolución de conflictos? 
(Aplausos de la izquierda) 
Tal vez pueda comenzar comentando lo que acaba de decir mi amigo el Sr. Hume. 
Él ha hecho más que nadie como personificación de la resolución de conflictos en una parte del mundo que conozco bien y ha sido elogiado adecuadamente en todo el mundo por sus gestiones. 
Naturalmente, tiene razón en lo que dice sobre la contribución que la Unión Europea ha hecho a la resolución de conflictos. 
En 1989 un especialista en ciencias políticas americanojaponés escribió un libro con el desafortunado título de "El fin de la Historia". 
Como sabemos, ha habido mucha historia desde 1989, pero en lo que tenía toda la razón es en que en 1989 se produjo el fin de un período particularmente vergonzoso y demasiado largo de la historia europea. 
Todos sabemos que la génesis de la Unión Europea, el objetivo principal de los padres fundadores, fue el de impedir que Europa se desgarrara en otra guerra civil. 
Ése no ha sido el menor de los logros de los últimos años, pues hemos consolidado una democracia liberal en todo nuestro continente, que es la gran tarea hacia cuya realización en Niza nos dirigirá la Presidencia francesa. 
Ahora afrontamos el problema de velar por que, cuando hablamos de consolidación de la democracia liberal en Europa, nos refiramos a todo el continente europeo, porque en eso consiste la ampliación y el proceso de ampliación. 
Ésa es la razón por la que el proceso de ampliación no es simplemente una cuestión estratégica- no una simple cuestión económica para nosotros, sino también una cuestión moral- muy próxima a lo que Su Señoría decía cuando se ha referido a la resolución de conflictos. 
No he venido a hablar sobre eso y debo responder a mi amigo el Sr. Brok y a la Sra. Lalumière y agradecerles sus excelentes informes. 
Éstos y las propuestas de resolución que en ellos se basan nos brindan directrices extraordinariamente ambiciosas para nuestra labor futura. 
Me satisface que en conjunto apoyen en gran medida la acción exterior de la Unión Europea, llevada a cabo por el Consejo, la Comisión y, desde su llegada hace un poco más de un año, mi colega Javier Solana. 
Estoy en gran medida de acuerdo con el contenido de esos informes y resoluciones. 
No sería sensato intentar abordar esta noche todas las observaciones formuladas en esos informes y resoluciones, como tampoco es éste el momento de intentar circunnavegar el globo en un examen de nuestra política exterior. 
En lugar de eso, quisiera formular simplemente unas observaciones sobre algunos de los elementos principales de la PECSD y la Política Exterior y de Seguridad Común, puestos de relieve en los dos informes. 
Como han señalado los ministros en sus excelentes discursos, en las últimas semanas ha habido acontecimientos importantes en el fortalecimiento de la contribución de Europa a su propia seguridad. 
No quiero repasar el terreno que abarcan, como tampoco son los aspectos militares- como con frecuencia he dicho claramente- asunto del que deba ocuparse la Comisión Europea. 
No son- repito: no son- asuntos de los que deba ocuparse la Comisión Europea. 
La única experiencia que podría aportar al debate es la de antiguo comandante en jefe de la guarnición de Hong Kong. 
Se trata de un asunto que corresponde atinadamente a los Estados miembros. 
Es atinado que sean los ministros quienes adopten decisiones a ese respecto. 
No es un asunto que incumba a los Comisarios europeos. 
Parte de la atención prestada en los medios de comunicación a la creación de esa fuerza en el país que mejor conozco me resulta muy asombrosa. 
Se dice que socava la OTAN, pero la OTAN ha dicho, naturalmente, con toda claridad que apoya lo que están intentando hacer los ministros europeos. 
Se nos dice que los Estados Unidos se oponen. 
Un periódico de Gran Bretaña declaraba el domingo en un titular: "Los EE.UU. abandonarán la OTAN, si la fuerza de la UE sigue adelante", pero el Gobierno de los Estados Unidos apoya firmemente esa iniciativa. 
Siempre que un miembro del Gobierno americano expresa un gran apoyo a lo que está intentando hacer Europa, aparece alguien en los medios de comunicación del país que mejor conozco para decir que en realidad no entiende lo que más beneficia a sus intereses. 
Siempre que así ocurre, sacan a la palestra a alguien, que suele haber formado parte de un Gobierno anterior o de un período antiguo de nuestras relaciones transatlánticas, para que diga que la situación ha cambiado y que en realidad sería perjudicial para la relación entre Europa y los Estados Unidos. 
Lo que está absolutamente claro es lo siguiente: en primer lugar, lo que de verdad perjudicaría la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es que no siguiéramos adelante con lo que ahora hemos propuesto... que no lográramos un éxito con lo que tenemos entre manos. 
En segundo lugar, otra cosa debe quedar clara. 
Nadie está sugiriendo que los Estados Unidos se propongan o quieran reducir su compromiso estratégico con Europa. 
Lo que cada vez se comprende más es que va a haber- y resulta comprensible- una renuencia cada vez mayor por parte de la opinión pública americana a comprometer vidas americanas para afrontar las consecuencias de pequeñas y sangrientas tragedias europeas. 
Estuve en los Estados Unidos durante los debates en el programa televisivo "Larry King Live" y en otros sitios en el período que precedió a los bombardeos de Yugoslavia durante la crisis de Kosovo. 
Ése era exactamente el tenor de todos los debates entonces. 
Como he dicho, existen muchos indicios de que, si no hacemos más por nosotros mismos, las consecuencias para nuestra relación con los Estados Unidos serán muy perjudiciales. 
En la historia reciente de Bosnia, hemos visto una situación en la que algunos de nuestros soldados se encontraron con mucha frecuencia en posiciones intolerables, no solo militarmente, sino también moralmente. 
La historia reciente de Kosovo subraya la importancia de que Europa haga más por sí misma. 
Ahora estamos intentando hacerlo y, francamente, resulta a un tiempo necio y malicioso sugerir que es la creación de un ejército europeo o un intento de echar a patadas a los americanos de Europa. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi amigo el Sr. Brok en sus conclusiones generales sobre la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Hemos avanzado mucho desde que en 1991 se adoptó en Maastricht la decisión de pasar de la cooperación política a la política exterior común. 
Queda mucho por hacer para desarrollar una PESC fuerte. 
Es necesario un mayor fortalecimiento de la coherencia y la eficacia en las actividades exteriores de la Unión Europea rebasando los límites de los pilares. 
La experiencia en los últimos años ha revelado claramente que la acción exterior de la Unión Europea es algo más que una simple yuxtaposición de política declaratoria y cooperación técnica. 
Tenemos que integrar tres ramales en un todo coherente: políticas de la Comunidad, PESC, incluida la PECSD, y medidas nacionales de los Estados miembros. 
Tiene que haber una cooperación sensata y sensible en la esfera exterior entre las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento Europeo, y una coordinación muy estrecha con los Estados miembros. 
Nuestro imperativo es el de velar por que el mayor grupo comercial del mundo y también el mayor prestador de ayuda para el desarrollo haga sentir también su presencia políticamente. 
Tenemos que hacer una contribución real y no debemos tener miedo a hacerla. 
Para la Comunidad, eso significa la reforma de nuestra asistencia exterior, la mejora de nuestros procedimientos internos y la creación de un marco dentro del cual podamos movilizar toda la gama de instrumentos comunitarios en apoyo de nuestros objetivos exteriores acordados. 
No pretendemos obtener nuevas competencias. 
No necesitamos nuevas competencias, sino que queremos ejercer más eficazmente los poderes que ya tenemos conforme al Tratado y estamos totalmente de acuerdo con el deseo del Parlamento de hacer lo mismo. 
El ministro Védrine ha señalado en sus observaciones la prioridad que hemos concedido a la reforma de nuestras acciones exteriores y la ejecución de nuestros programas más eficaz y prudentemente. 
Como he comparecido varias veces ante el Parlamento para hablar de este asunto, hoy no voy a hacerlo por extenso. 
Sin embargo, hemos logrado avances y en gran medida ha sido gracias a la iniciativa adoptada por la Presidencia francesa. 
Hemos trabajado en común de forma extraordinariamente eficaz para intentar velar por que los contribuyentes de Europa puedan ver la ejecución de los programas, cosa a la que tienen todo el derecho del mundo, y que los beneficiarios en los países de todo el mundo reciben la asistencia que necesitan lo más rápidamente posible para apoyar los proyectos de mayor valor. 
Tomo nota del llamamiento que figura en el informe de Su Señoría en pro de estrategias comunes sobre África, América Latina y los Balcanes occidentales. 
Abordando por un momento los Balcanes occidentales, me resulta difícil aceptar que necesitemos una estrategia común sobre esa zona: en realidad, tenemos una estrategia bastante buena al respecto. 
Se reflejó en el informe que Javier Solana y yo presentamos al Consejo este año. 
Ahora nuestro imperativo es el de atenernos a esa estrategia, velar por que podamos hacer funcionar dicha estrategia, velar por que, al presentar la perspectiva de una relación más estrecha con la familia europea, podamos ayudar a esos países a hacer los cambios y las reformas económicos y políticos necesarios para garantizar su estabilidad y prosperidad a largo plazo. 
Quisiera agradecer a la Sra. Lalumière que haya destacado el informe sobre la prevención de conflictos que está preparando la Comisión junto con el Alto Representante para el Consejo Europeo de Niza. 
La Comisión se propone completar ese informe conjunto con una comunicación que publicará la próxima primavera sobre la integración de la prevención de conflictos en toda la programación de nuestras acciones de asistencia exterior. 
Sobre la gestión de las crisis, la Comisión aprobó el 27 de septiembre un proyecto de decisión sobre la creación de un mecanismo comunitario para la coordinación de las intervenciones de protección civil en situaciones de emergencia. 
El Consejo tiene ahora ante sí ese proyecto de decisión y abrigo muchas esperanzas de que se apruebe en breve. 
El proyecto de reglamento por el que se crea un mecanismo de reacción rápida, que ha de ser aprobado al final del año, permitirá a la Comisión llevar a cabo, con cargo a una línea presupuestaria y conforme a un fundamento jurídico, diversas acciones simultáneamente para responder rápidamente a una crisis con una gran diversidad de instrumentos. 
Sólo quiero repetir una cosa al respecto: estamos hablando de un mecanismo de reacción rápida. 
Eso es lo que la Comisión pide. 
La Comisión no se ocupa de la creación de la fuerza de reacción rápida. 
Una vez más he de referirme a los medios de comunicación de mi país, que a veces no son del todo equilibrados y objetivos y parecen tener dificultades para comprender esa distinción. 
Lo que queremos es una medida administrativa, que permita a la Comisión, que a veces es lenta, reaccionar más deprisa en una crisis. 
Incluso con nuestros laboriosos procedimientos de la Comisión, no necesitamos una fuerza de 60.000 soldados para realizar nuestros objetivos. 
Sí que necesitamos el apoyo del Parlamento para que nos ayude con vistas a que se apruebe ese proyecto de reglamento lo más rápidamente posible. 
Como el ministro, voy a limitarme a decir unas palabras en respuesta al Sr. Brok sobre el Afganistán. 
Como el ministro, estamos preocupados por el reciente recrudecimiento de los combates en el nordeste del Afganistán, preocupados por el consiguiente empeoramiento de la situación humanitaria de la población, pues muchos miles de personas han tenido que huir de sus hogares para eludir el conflicto. 
La Unión Europea, mediante su posición común sobre el Afganistán del pasado 14 de enero, está comprometida, entre otras cosas, con el objetivo de lograr una paz sostenible en ese país. 
A ese respecto apoya el fundamental papel desempeñado por las Naciones Unidas por mediación de su enviado especial Sr. Vendrell para intentar reunir a las partes en el conflicto con vistas a establecer un Gobierno de concentración para el país. 
La Unión Europea ha fomentado también otras gestiones de paz, incluidas las del grupo seis más dos, las iniciativas del antiguo rey y la Organización de la Conferencia Islámica, en sus gestiones para mediar con vistas a lograr la paz en el Afganistán. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue instando a los países interesados a que pongan fin a la intervención de su personal militar, paramilitar y de servicios secretos en el Afganistán y a que cesen la prestación de toda clase de apoyo militar a las partes en el conflicto de ese país. 
Respecto de la prestación de ayuda, la Comisión, en gran medida mediante su agencia humanitaria, ECHO, ha hecho varias intervenciones este año encaminadas a aliviar los efectos de la catastrófica sequía que padece el país apoyando, mediante la asignación de fondos para la seguridad alimentaria y equipo de acondicionamiento para el invierno, a la población desplazada por los combates en el nordeste del país. 
Este año, esos compromisos y los que se están preparando han ascendido hasta ahora a más de 14 millones de euros. 
Los Estados miembros han hecho también contribuciones particulares, además de esas sumas. 
Por último, permítaseme subrayar lo que ya han dicho otros. 
Hemos logrado avances extraordinarios en un período sorprendentemente breve. 
Quienes acusan a veces a la Unión Europea de esclerosis, de no poder adoptar iniciativas, no tener visión del futuro, no poder avanzar y reaccionar ante los problemas del mundo moderno tal vez deberían examinar los avances logrados en los últimos meses en un breve período de tiempo con vistas a la creación de una PESC que tenga su propia integridad y un valor potencial muy considerable. 
Es una contribución notable. 
Espero que en la Comisión podamos hacer una contribución importante al debate sensato sobre la prevención de conflictos. 
Nuestra otra importante contribución es la de demostrar que podemos gestionar las tareas que ya se nos han encargado mucho más competentemente en el futuro que en el pasado. 
Muchas gracias, señor Comisario Christopher Patten. 
(La sesión, suspendida a las 20.10 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Señor Presidente, el Sr. Brok comentó, y lo hizo muy bien, todo lo que nuestro Grupo piensa sobre los progresos realizados en materia de defensa, así como del camino que todavía queda por andar en este ámbito. 
Me contentaré con decir a la Sra. Lalumière que este mismo Grupo aprobará mañana su excelente informe para concentrarme en la situación en Afganistán. 
Estuve sobre el terreno en junio y pude comprobar a la vez las miserias de las poblaciones refugiadas y el fanatismo de los combatientes talibanes que pude interrogar. 
Desde la caída de Talokan, en el mes de septiembre, que dio lugar a la primera resolución de nuestro Parlamento y suscita el debate de hoy, la situación no ha cesado de deteriorarse, en especial en el plano humanitario. 
La ofensiva sobre Talokan ha cortado la única ruta de aprovisionamiento en dirección del valle de Panchir y la llanura de Chamali en donde están concentradas las fuerzas del comandante Massoud, pero también una parte importante de las poblaciones desplazadas y refugiadas. 
Queda de manifiesto que en este terreno no hay una solución militar, ya lo habíamos dicho, por lo que tomé nota de las declaraciones de la Presidencia del Consejo, hace un momento, comprometiéndose a ejercer todas las presiones necesarias sobre los países vecinos, y en especial Pakistán, para que cese su injerencia en ese ámbito y para buscar una solución política. 
Sin embargo, lo que debe ocuparnos, reitero, es la situación humanitaria, ya que es de lo más precaria, y actualmente hay más de 30.000 familias, de las que la mitad carece de todo abrigo, privadas de todo en estas llanuras de Chamali, en este valle del Panchir y en la zona norte, donde las comunicaciones siguen siendo todavía muy difíciles con Tayikistán. 
Cuando se habla del cincuenta por ciento, se habla de 15.000 familias. 
En este momento, hay una temperatura de menos 3 a menos 6 grados en la región y estas las familias han recibido como todo aprovisionamiento un saco de trigo en el curso del mes pasado. 
Por tanto, es preciso establecer con toda urgencia una solución de ayuda humanitaria. 
Creo que ya se había pedido esta solución. 
Debe preverse un depósito en Duchambe. 
Creo que es preciso pensar en crear, como ya hemos podido hacerlo en otras circunstancias y en otros lugares, un puente aéreo. 
De ello depende la supervivencia de estas poblaciones. 
Señor Presidente, centraré mi intervención en el informe de la Sra. Lalumière. 
En nombre de todo el Grupo del PSE, quiero manifestar mi respeto ante el estupendo informe de Catherine Lalumière, nuestra muy estimada colega. 
Mi Grupo respalda su postura y le agradecemos el ponderado texto en el que se hace hincapié en los aspectos oportunos. 
Al fin y al cabo, logramos un nuevo planteamiento de la política exterior y de seguridad común, en el que el componente civil resulta, al menos, tan importante como el militar. 
La fuerza de intervención rápida parece ponerse en marcha con dinamismo, por lo que manifestamos nuestra felicitación. 
Los Estados miembros han efectuado promesas que hacen justicia a ambiciones anteriormente expresadas. 
Ahora ha llegado el momento de establecer una unidad europea efectiva, eficiente, que cuente con una única dirección. 
Ésa será, en mi opinión, la verdadera prueba para la Unión Europea. 
Se incorpora una nueva dimensión a la política exterior y de seguridad común. 
Eso convierte en importante la cuestión de un buen control parlamentario ¿Comparten el Consejo y la Comisión las propuestas que figuran en el informe Lalumière? 
Tenemos todavía otros dos comentarios. 
La evolución descrita supone un nuevo estímulo para la industria armamentística europea, y lo necesita. 
No obstante, queremos evitar un aumento de las exportaciones y queremos, por tanto, mejorar las normas en materia de exportación de armamento y respaldaremos también una enmienda en este sentido. 
Mi Grupo reconoce que surgirá una discusión sobre diversos aspectos, pero busca, en primer lugar, nuevos medios mediante la reestructuración. 
No respaldamos un eventual aumento de los gastos en defensa, pero esto deberá contemplarse en sí teniendo en cuenta otras prioridades, por ejemplo, en los ámbitos social y económico. 
Nos agrada, por supuesto, el hincapié que hace el informe en el componente civil de la política exterior y de seguridad común. 
A veces, da la impresión de que el futuro de la PESC está o reside en la creación de una capacidad militar autónoma ¿Es correcto? 
En cualquier caso, no lo es según la prensa. 
La fuerza de intervención rápida está pensada para la realización de las misiones Petersberg. 
No debemos, sin embargo, ir más allá de su significado. 
Si bien es cierto que no estoy de acuerdo con los cínicos que dicen que Europa logra con ello un nuevo juego impracticable, es verdad que la fuerza de reacción rápida no resultará versátil en muchas situaciones. 
La vemos como un instrumento que puede actuar al lado de otros, o mejor dicho, de ser posible, después de otros instrumentos. 
La prevención de conflictos tiene preferencia frente a la gestión de las crisis militares. 
La UE está mejor equipada que, por ejemplo la OTAN, para semejantes tareas pacíficas de prevención de conflictos. 
Deseamos que se refuerce esta capacidad. 
A veces, somos escépticos respecto de los esfuerzos de la Unión Europea en este ámbito. 
Se ha creado una especie de fijación con el instrumento militar. 
Parece que es más fácil lograr resultados en ese ámbito. 
La segunda parte de las decisiones de Helsinki sólo se apoya, en nuestra opinión, formalmente. 
Ante semejante crítica, se reacciona a menudo con una remisión a los objetivos principales de la acción política o a la fuerza de reacción rápida que está organizando la Comisión. 
Apoyamos estos pasos, pero debe hacerse algo más para reforzar los aspectos civiles de la política europea de seguridad. 
Queremos un programa y una planificación coherentes ¿Cuándo necesitamos qué instrumentos? 
El secreto de la Unión Europea es su base civil, cuya manifestación queremos ver claramente en la política exterior de la Unión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, cuando se tratan asuntos en el ámbito europeo, a menudo transcurre un largo tiempo antes de que se puedan ver resultados. 
Los impacientes ciudadanos se quejan de que la democracia europea es demasiado lenta. 
No obstante, en materia de política de seguridad común han pasado muchas cosas desde la decisión de Helsinki de 1999 sobre formación de una fuerza europea común. 
Esto es positivo. 
Tenemos que demostrar al mundo y a nosotros mismos que Europa tiene fuerza y voluntad para impedir en el futuro tragedias como la de los Balcanes. 
Evidentemente, la UE debe asumir mayores responsabilidades en sus territorios vecinos en asuntos tales como la adopción de medidas para la prevención de conflictos, el manejo de las crisis, operaciones para el mantenimiento de la paz, etcétera. 
También lo hacemos, en general, con el informe Lalumière. 
Sin embargo, creemos necesario subrayar la importancia de que no se creen estructuras que se sobrepongan a la OTAN. 
Por eso resulta innecesario, por ejemplo, que se regule tan detalladamente la organización de las fuerzas especiales europeas. 
Es necesario defender la conexión transatlántica y la continuación del interés norteamericano en Europa. 
La UE no debe desarrollar un sistema de defensa propio con tropas regulares. 
Como se ha dicho, las cosas avanzan rápidamente. 
Esta semana, los países han informado sobre la cantidad de soldados, aviones, submarinos, etcétera con que pueden contribuir para poner a punto las fuerzas. 
Si se sigue el debate en muchos de los países miembros, queda claro que estos acontecimientos aturden a muchos ciudadanos. 
El Comisario Patten testimonió desde el Reino Unido sobre las características del debate. 
En otro país, muy cercano a mí, las olas del debate son bastantes grandes. 
En Suecia se discute con somnolencia sobre la neutralidad, concepto que la mayoría considera como una herencia de la guerra fría e inaplicable en la actualidad. 
En el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de conducir este debate y de discutir y analizar el desarrollo de la política de seguridad y defensa. 
Esto implica que deben existir estructuras para que los parlamentarios nos informemos de las decisiones que se adopten, podamos discutir, participar y exigir responsabilidades. 
Los ciudadanos también deben tener el mayor acceso posible a la información y a los documentos. 
Esto es absolutamente necesario para la credibilidad de la política. 
En esta Asamblea se ha criticado enérgicamente la llamada decisión Solana del verano pasado. 
Ésta implica que todos los documentos relacionados con la seguridad y con los asuntos exteriores quedarían automáticamente exceptuados de la transparencia. 
Esto es obviamente inaceptable. 
Por este motivo hemos pedido al Tribunal que estudie esta resolución. 
Estos criterios sobre apertura se contenían también en el informe Cashman que aprobamos con amplia mayoría hace dos semanas en Estrasburgo. 
Por eso espero que las enmiendas liberales que atañen a la apertura y la transparencia obtengan amplio respaldo. 
Finalmente quisiera expresar la preocupación de mi Grupo por la cada vez peor situación en Afganistán e instar a la Comisión y al Consejo para que hagan cuanto puedan para alcanzar una solución pacífica y para que ayuden a la población, especialmente ahora a la entrada del invierno. 
Señor Presidente, señor Richard, Comisario, quiero limitar mi intervención a dos partes importantes del informe de la Sra. Lalumière. 
La primera parte es la relativa a la prevención de conflictos y gestión de las crisis. 
Me alegra que esa parte constituya un fragmento tan importante de su informe, ya que se basa en el análisis, lo digo francamente, realizado ya y con frecuencia por los Verdes, especialmente en cuanto a que la fuerza de la Unión Europea reside en la prevención de conflictos y que solamente en último lugar, desgraciadamente, deberá acudirse a los medios militares. 
Encontramos un buen ejemplo de ello en el Pacto de estabilidad de los Balcanes. 
En mi opinión, constituye un ejemplo de cómo debe actuar la Unión Europea, de cómo con muchos medios, por ejemplo, en el ámbito de la democracia, en el apoyo prestado a los medios de comunicación libres, en el ámbito de la enseñanza, se ha demostrado que una política de prevención de conflictos ayuda y conduce a una solución. 
Lo que sí espero, y en este sentido puedo respaldar al colega Wiebenga, es que las palabras que figuran en el informe sobre la prevención de conflictos no sólo sean formales sino que realmente se traduzcan en la práctica en objetivos concretos, en los que se inviertan dinero y política, en caso contrario, nos quedará todavía mucho camino por recorrer, especialmente porque prometemos lo bueno y hacemos lo malo. 
El segundo punto al que quiero volver es la parte militar. 
En el informe de la Sra. Lalumière figuran dos críticas de mi Grupo, hecho que nos satisface. 
La primera es el papel del Parlamento Europeo, señalado también por otros colegas. 
En las actuales propuestas continúa siendo completamente incierto cuál debería ser este papel. 
En lo que a mí respecta, éste debería consistir en que el Parlamento Europeo esté directamente implicado en el futuro en la formulación del indispensable concepto estratégico, y que también en el futuro, si llega el momento, lo esté en la decisión relativa a la actuación de la fuerza europea de paz. 
Sobre esa cuestión, quiero formular una pregunta concreta al Sr. Richard. 
En la prensa neerlandesa aparecen continuamente mensajes acerca de que en el acuerdo de Saint Malo, que su país suscribió con Inglaterra a principios de este año, figura un protocolo secreto, conforme al cual ambos países dicen y se prometen que el Parlamento Europeo no tendrá nunca poder de decisión sobre cualquier parte de la política de seguridad. 
Quisiera pedir al Sr. Richard que respondiera a ello y preguntarle cuál debería ser, en su opinión, el papel del Parlamento Europeo, si es que ese protocolo secreto no existe. 
La segunda crítica, que también ha sido recogida por el informe de la Sra. Lalumière, es la falta de todo concepto estratégico. 
Por decirlo simplemente: dónde, cuándo y cómo debe actuar la fuerza europea de intervención. 
Para mí, resulta totalmente confuso. 
Así mismo, me quedé ligeramente sorprendido la semana pasada, a decir verdad, cuando el Sr. Solana respondió con un sí sin reservas a la pregunta de si existe un concepto estratégico: sí, tenemos un concepto estratégico, tan sólo nos faltan las tropas. 
Quiero preguntarle al Sr. Richard en este punto si está de acuerdo con el Sr. Solana ¿Existe un concepto estratégico? 
Por último, una crítica, desgraciadamente no recogida por el informe de la Sra. Lalumière, es el aspecto financiero. 
Creo que el mensaje del Parlamento Europeo debe ser sencillo y claro: apoyamos estos progresos, pero hay que economizar con las fuerzas existentes de manera que sea posible invertir en los nuevos medios que también consideramos necesarios. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, otro diputado de mi Grupo, el Sr. Modrow, hablará sobre los temas de defensa. 
Por mi parte, me dedicaré a hablar de lo que el informe del Sr. Brok llama la piedra angular de la PESC. El mantenimiento de la paz y de la libertad, la prevención de los conflictos. 
Me limitaré a un sólo ejemplo, -de tanta actualidad y tan significativo de lo que debe cambiar en nuestra política- el del Oriente Próximo, con respecto al cual el Sr. Brok deplora, con razón, cito "la impotencia persistente de la Unión para desempeñar un papel constructivo", y en este caso, la Presidencia francesa no está en tela de juicio. 
Acabo de regresar de Israel y Palestina, donde encabecé, la semana pasada, una delegación de mi Grupo. 
Puedo decir que las expectativas de los palestinos en relación con Europa son impresionantes. 
Con una bandera europea en el coche, se va por todos lados, hasta al más desheredado de los campos de refugiados. 
No hay que decepcionar sus expectativas. 
¿Qué esperan de nosotros? 
Esencialmente, tres cosas, que están a nuestro alcance, en la medida en que nosotros, y cada uno de nuestros gobiernos, tengamos un poco de coraje político. 
La primera de estas expectativas es que pidamos el envío de observadores internacionales para la protección de las poblaciones. 
Digamos sencillamente lo que ya dijo la Sra. Mary Robinson al Comisario de la ONU de los Derechos Humanos: No más, pero tampoco menos. 
Lo que vimos, por ejemplo, en el hospital de Gaza, es de pesadilla. 
Es preciso que cese. 
Si tienen ustedes una duda, les recomiendo la lectura de una entrevista, publicada en el gran diario israelí Haretz, el pasado 20 de noviembre. 
Revela las órdenes inimaginables que se dan a los tiradores de elite israelíes de cara a los palestinos de más de 12 años. 
Permiten comprender el terrible balance de estos dos meses de "intifada": 270 muertos, la mayoría palestinos, y cerca de 10.000 heridos, a menudo baldados de por vida. 
En segundo lugar, deberíamos atrevernos a pedir al Gobierno israelí que pare su escalada militar, que lo único que puede hacer es alejar toda esperanza de paz. 
Decirlo, no es mostrar hostilidad, sino un espíritu de responsabilidad en el interés bien entendido de Israel así como de todos los países de la cuenca mediterránea. 
Naturalmente, debemos condenar firmemente todo ataque contra los civiles israelíes, como ese horrible atentado contra un autobús de transporte escolar. 
Lo hicimos inmediatamente, en el mismo lugar, pero no puede esperarse salir del ciclo de la violencia bombardeando Gaza, después de haberla hundido en la obscuridad para impresionar más a la población, ni bombardeando en quince ocasiones los poblados de la región de Belén, que también visitamos. 
Por último, en tercer lugar, deberíamos hacer un llamamiento para que se celebren nuevas negociaciones de paz partiendo de los mismos principios que defendemos en todas las demás regiones del mundo, a saber, exigir el respeto del derecho internacional y de las convenciones de Ginebra, exigir el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
En este caso, quiere decir acabar con la ocupación, incluida la de Jerusalén-Este, el desmantelamiento de las colonias y el reconocimiento del problema de los refugiados. 
La persistencia de las violaciones de estos derechos fundamentales, a pesar de siete años de negociaciones, y la exasperación que de ello resulta, son lo que motiva esta revuelta popular. 
Por tanto, son estos problemas a los que es preciso responder para que vuelva la paz y que ésta pueda ser durable. 
Por lo demás, muchos israelíes están de acuerdo con esta solución, las encuestas de opinión revelan, más allá de las intenciones de voto, que una mayoría absoluta de entre ellos aceptan la idea de un acuerdo de paz global con los palestinos, incluido el desmantelamiento de las colonias. 
Como lo afirma una asociación de madres de soldados, si retiramos a nuestros hijos de Líbano, no es para que mueran por las colonias. 
Esta es la razón, señor Presidente, por la que Europa debe, a mi juicio, decidirse a actuar ahora. 
Si lo hace en el sentido que acabo de mencionar, no sólo responderá a las expectativas del pueblo palestino, sino que reforzará la corriente favorable a una paz justa en el propio Israel y dará al mundo una imagen de ella misma digna y respetable. 
Entonces, y solamente entonces, tendrá una oportunidad de superar su impotencia en el Oriente Próximo y en la región mediterránea. 
Señor Presidente, quisiera centrarme en la enmienda 1 al informe Brok: la creación de un Tribunal Internacional para el régimen basado en el terror de Sadam Hussein. 
No carecemos de información seria sobre la naturaleza del actual régimen iraquí. 
Esa oleada de noticias aumenta cada día. 
Sin embargo, la "República del miedo", tal como el régimen basado en el terror de Sadam ya se calificó llamativamente hace años, continúa siendo subestimada por bastantes políticos occidentales, también en este Parlamento. 
Ese juicio erróneo puede tener, no obstante, consecuencias desastrosas. 
En opinión de Sadam Hussein, la Guerra del Golfo todavía no ha terminado. 
De ahí que también su incesante esfuerzo sirva para crear un arsenal de armas de eliminación masiva sumamente lúgubre. 
Además, ¿quién puede pararle los pies hoy en día? 
Niega la entrada durante ya bastante tiempo a los equipos de inspección de la ONU. 
Así mismo, el cruel autócrata iraquí propugna un ataque árabe masivo contra el estado de Israel, sí, más fuerte incluso, una Jihad directa, una guerra sagrada. 
¿Qué resulta más lógico que limitar firmemente el peligro potencial de Sadam? 
¿Qué opinan actualmente el Consejo y la Comisión al respecto? 
¡Parece justificado el temor a que no exista una PESC europea respecto de este peligro crucial para la paz mundial! 
Las consecuencias de un régimen de sanciones fallido impuesto a Bagdad no son, en cualquier caso, desdeñables. 
El tirano del Tigris consigue paulatinamente verse más libre de manos en el plano internacional mediante un llamamiento erróneo ante la necesidad del pueblo iraquí- ¿qué le falta realmente a las finanzas de Sadam para aliviarla? - ¿Para qué? 
Para sembrar la muerte y la miseria dentro y fuera de su propio país. 
En resumidas cuentas, ya es más que hora de que la ONU cree un Tribunal Internacional a fin de investigar detalladamente y enjuiciar todos los crímenes de la "República del miedo" de Sadam. 
Una iniciativa al respecto, haría más creíbles las decisiones de la Unión Europea en el ámbito de la PESC. De ahí nuestro firme respaldo a la enmienda 1 al informe Brok. 
Señor Presidente, estos informes sin duda muy completos e informativos sobre los progresos logrados en la Política Exterior y de Seguridad Común muestran también sin tapujos los puntos flacos de la Unión en este campo. 
Entre los comportamientos de los que sin duda no podemos estar orgullosos se incluyen los más bien penosos y no coordinados intentos de intervenir como mediadores en el conflicto de Oriente Próximo. 
Creo que como europeos tenemos una especial responsabilidad por la paz en el Oriente Próximo, responsabilidad a la que, lamentablemente, no hacemos justicia y al parecer tampoco estamos a la altura necesaria. 
Echar las culpas unilateralmente, tal como hemos escuchado aquí, condenar a una u otra parte en este conflicto y el diferente comportamiento en las votaciones por parte de los Estados de la UE en las Naciones Unidas el 21 de octubre del 2000- lo que ha criticado por lo demás con toda razón el ponente- han reducido aún más las oportunidades de la UE para desempeñar un papel eficaz y responsable en este contexto. 
No se trata aquí de realizar diferentes interpretaciones de las causas del conflicto por parte de los diversos Estados miembros de la UE y de diversos políticos- quizás reconozcan esto por fin en alguna ocasión los responsables -, sino que se trata exclusivamente de apoyar a un proceso de paz y de ganar la confianza de los afectados en este conflicto. 
Todos los Estados miembros de la Unión deben reconocer tanto la necesidad de un Estado palestino viable como la necesidad legítima de seguridad de Israel pues, de lo contrario, nunca existirá una posición común respecto a los esfuerzos de paz y Europa perderá toda credibilidad como mediadora frente a los EE.UU. 
Por ello, el conflicto de Oriente Próximo podría ser una especie de prueba de fuego para demostrar la eficiencia de la política europea en esta región. 
Si como europeos no logramos desempeñar un papel responsable en la solución de este conflicto con independencia de los Estados Unidos, deberemos contar con que en otros focos de conflictos no se nos conceda tampoco confianza como mediadores. 
Señor Presidente, es forzoso reconocer que en los últimos meses se han producido notables avances en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, y que el mérito de muchos de ellos hay que atribuirlos al Alto Representante. 
La constitución en un tiempo récord de los comités interinos en el Consejo, la capacidad de comprometer, por parte de los Estados miembros, sus contribuciones para la creación de una fuerza de acción rápida y la propia presencia del Sr. Richard en los trabajos del Parlamento- en su Comisión de Asuntos Exteriores y en el Pleno- creo que son hechos positivos y dignos de ser tomados en consideración. 
Quisiera poner muy de manifiesto los avances que la Presidencia francesa ha aportado en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común y en el ámbito de la política de defensa, y quiero decirlo especialmente porque se han expresado, en el curso del debate anterior sobre el Consejo Europeo de Niza, algunas reservas sobre los avances producidos en general durante esta Presidencia. 
Sin embargo, yo creo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que no sería bueno que nos engañáramos, porque la Presidencia francesa será juzgada fundamentalmente, no por los logros ya conseguidos en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, ni tampoco en el ámbito de la política de defensa, sino por los resultados que se obtengan en el Consejo Europeo de Niza, que son realmente transcendentales para impulsar nuestro proyecto. 
Yo, como decía el Sr. Patten esta tarde, no voy a hacer pasar revista a toda la acción exterior de la Unión Europea, sino que me gustaría concentrarme en tres puntos que me parecen dignos de ser resaltados. 
En primer lugar, el debate que se ha producido como consecuencia de la intervención del ministro de Asuntos Exteriores alemán en la Universidad Humboldt, de la intervención del Presidente Chirac en Berlín, del discurso del Primer Ministro británico en Praga, de los artículos que han publicado recientemente en la prensa el Primer Ministro italiano y la ministra de Asuntos Exteriores sueca. 
Todos ponen el acento, en lo que respecta a la PESC, más en el ámbito intergubernamental que en el ámbito comunitario. 
El Sr. Giddens, ideólogo de lo que se ha venido llamando "la tercera vía", ha dicho que se está produciendo un declive político de la Comisión y que el centro de gravedad hay que desplazarlo hacia otras instancias, en definitiva, hacia el Consejo. 
Para nosotros, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la acción de la Comisión y el equilibrio interinstitucional son fundamentales. 
En segundo lugar, en contra de lo que ha dicho la oradora anterior, yo no sé si sería posible o deseable que la Unión Europea hiciera más de lo que hace ante el conflicto y la escalada de violencia que se ha producido en Oriente Medio, sobre todo ahora, en el periodo de transición en que se encuentran los Estados Unidos. 
Supongo que pronto se producirá la designación del cuadragésimotercer Presidente de los Estados Unidos, pero pienso que ésta sería una buena ocasión para que la Unión Europea duplicase sus esfuerzos y afirmase su presencia en un conflicto que nos es tan próximo. 
El último punto de mi intervención hace referencia a América Latina. 
Me pregunto- le haré la pregunta al Sr. Patten en su momento- si las directivas de negociación que en estos momentos la Unión Europea y la Comisión están debatiendo con Chile y Mercosur, adoptadas a la luz de la cumbre de Seattle, no deberían ser revisadas, habida cuenta del fracaso que se produjo en esa cumbre, y si no es discriminatorio condicionar la finalización de estos acuerdos a la realización de una nueva ronda de la OMC. 
Creo que efectivamente es una condición discriminatoria que en estos momentos debería ser adaptada a la luz de las nuevas circunstancias. 
Señor Presidente, para terminar quisiera decir que es muy importante para nosotros el equilibrio interinstitucional, concediendo a la Comisión el papel que le debe corresponder, y que la dimensión interna que ya se está consolidando en la Unión Europea tenga una correspondencia con su proyección externa. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, hoy tenemos que ocuparnos de dos informes muy importantes así como de una importante pregunta sobre una situación terrible e intolerable en Afganistán. 
Sin embargo, quiero centrarme en el informe Lalumière pues este informe documenta el indudable avance que se ha producido en la Política Europea de Seguridad y de Defensa proporcionando además un marco ponderado y democrático. 
Ponderado porque el informe muestra muy claramente que necesitamos, en primer lugar un análisis de los diferentes factores de riesgo en Europa y en el entorno de Europa, en segundo lugar prevención y, en tercer lugar, una gestión civil de crisis. 
Sólo cuando todo esto no funcione necesitaremos una gestión militar de crisis. 
No siempre todo podrá suceder en el tiempo de modo consecutivo pero necesitamos todo esto conjuntamente y sólo todos estos factores juntos representan una política de seguridad y de defensa equilibrada y coherente. 
El informe introduce también un marco democrático, aspecto este que quiero destacar aquí en especial. 
Señor ministro, quiero agradecer que haya estado en la comisión y que hoy esté aquí. 
Sólo que su compromiso personal no sustituye la legitimación democrática de la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
La política de defensa, la cuestión de las tareas de defensa, es un asunto nacional y debe seguirse y acordarse en el ámbito nacional por los Parlamentos nacionales. 
Pero también existe el nivel europeo de la política de seguridad y también existe el Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria en lo que se refiere al nivel europeo y a la política europea de seguridad. 
Necesitamos una cooperación entre el nivel nacional y el europeo, por lo que también necesitamos un seguimiento democrático. 
Señor ministro, sé que usted es escéptico al respecto. Usted ha dicho de nuevo que no- ya dijo en una ocasión no en París respecto a otro asunto -, pero este Parlamento, que está al margen de cualquier pertenencia, política insiste en ello y va a intentar lograrlo. 
Para finalizar, me permito decir lo siguiente: dé a la política europea de defensa también una dimensión democrática parlamentaria. 
Señor Presidente, voy a centrar esta intervención mía en tratar el informe de la Sra. Lalumière, el cual, a mi juicio, está bien elaborado y se expresa con claridad. 
La decisión de la Cumbre de Helsinki sobre la creación de tropas de intervención rápida ha sido interpretada de diferentes maneras en los Estados miembros. 
En Finlandia y en Suecia se habla de gestión de crisis, término que en estos países se entiende más bien como la acción tradicional de pacificación. 
El informe de la Sra. Lalumière refleja el pensamiento de muchos países de la OTAN, según el cual las tropas de intervención rápida se convertirán con relativa rapidez en un ejército capaz de afrontar una guerra total. 
Entre otras cosas, se contaría con maquinaria pesada de transporte, con portaaviones, con misiles de crucero y con los aviones nodriza necesarios para el repostaje de vuelos largos de bombardeo. 
A los finlandeses no se les ha contado nada de esto. 
En mi opinión, la identidad militar de Europa debería haber sido creada en el marco de la OTAN, en cuyo caso la UE se hubiera ceñido solamente a las tareas de gestión de crisis. 
No puedo aceptar que la UE se convierta en una alianza militar y en una superpotencia militar. 
Ahora, una vez puesto en marcha el desarrollo de la dimensión militar de la UE, sería inteligente aspirar a que la Unión también pueda diferenciarse internamente en esta materia. 
Los países de la OTAN podrían constituirse como la comunidad de defensa en el ámbito de la Unión, la cual ejercería como el sólido pilar europeo de la OTAN. 
Así, los demás Estados miembros de la UE podrían limitarse a la pacificación tradicional. 
No puedo aceptar ciertos puntos particulares del informe de la Sra. Lalumière. 
En la votación final apoyaré que se rechace el informe. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hasta hoy la Unión Europea no ha hecho honor suficientemente a su responsabilidad por la paz y sobre todo por una estabilidad sostenible en el mundo. 
Y eso que no tendría competencia si mejorase y aplicase coherentemente los instrumentos y sobre todo los potenciales existentes para la prevención civil de conflictos. 
Sin embargo, desde el trauma de Kosovo unas actividades precipitadas apuntan en una dirección totalmente equivocada. 
El punto central consiste en una mera reacción antes las crisis lo que ha colocado a la Política Exterior y de Seguridad Común en una situación totalmente distorsionada. 
Ningún país aceptaría la responsabilidad de enviar a sus soldados a una región sin un concepto político y con un resultado incierto. 
No existe un concepto político y realmente aún no existe una Política Exterior y de Seguridad Común. 
Siguen predominando los intereses nacionales, sobre todo en las actividades de política exterior. 
Acabamos de ver los ejemplos en La Haya. 
Tenemos el ejemplo del conflicto de Oriente Próximo. 
Es absurdo separar la política exterior europea de las instituciones a las que se ha transferido la responsabilidad sobre la mayoría de los instrumentos necesarios para su realización. 
Esta no es una frase mía sino del Comisario Patten y tiene razón en ello. 
Igualmente absurdo es concentrar fundamentalmente los recursos financieros en el equipamiento militar. 
Si la política exterior europea se entiende exclusivamente como un instrumento de apoyo de los consorcios armamentísticos europeos, ha equivocado su objetivo. 
Solamente puede recuperar su credibilidad si como principio máximo coloca el enfoque civil, si practica una política efectiva de prevención con los instrumentos disponibles y si dota financieramente también a estos de un modo creíble. 
El abandono de este amplio abanico de instrumentos de prevención civil de los conflictos se mostrará a largo plazo como un error. No me bastan las declaraciones del Consejo con la observación de que ya hemos adoptado resoluciones y que esto avanzará en alguna dirección. 
Esto no está claro pues al mismo tiempo se ve claramente que estas resoluciones solamente poseen un enfoque reactivo. 
La prevención civil de los conflictos y subrayo la palabra prevención, no puede ser solamente un accesorio a la intervención militar. 
Será sobre todo eficaz si nos liberamos del trauma de Kosovo y de Srebrenica, si volvemos a una política preventiva activa y utilizamos los recursos existentes a tiempo ocupándonos de la reducción de las crisis y de los riesgos de escalada. 
Esto significa que las acciones para reducir las exportaciones de armas a regiones inestables tienen que ser el primer objetivo que debe atacar el Consejo, que tiene que existir una política comercial justa, que tiene que existir una ayuda para un desarrollo sostenible y sobre todo un apoyo de las fuerzas democráticas en la sociedad civil. 
El fomento de la cooperación regional es también un medio adecuado. 
La UE tiene solamente un problema, a saber, que hasta ahora no ha sabido despertar el interés de la opinión pública por tales medidas a pesar de que éstas son mucho más sostenibles y efectivas. 
Señor Presidente, un conservador alemán, el Sr. Brok, y una socialista francesa se han unido en un pilar pecaminoso, diría yo, para presentarnos dos informes y propuestas de resolución complementarios que rivalizan entre sí en militarismo intervencionista. 
Estas resoluciones, complementadas a su vez con las aportaciones de los presidentes, de los ministros de Exteriores y Defensa, así como del Sr. Patten, no dejan ninguna duda del avance de la militarización y de la agresividad de la Unión Europea. 
Ambas propuestas defienden apasionadamente la creación de un formidable aparato militar, cuya punta de lanza es la fuerza de reacción rápida de 50.000 a 60.000 personas, 100.000 según el Sr. Richard, con apoyo aéreo y naval e incluso con la movilización de portaaviones. 
Objetivo declarado, hay que decirlo, con un cinismo espeluznante, es la intervención militar de la Unión Europea en territorio de terceros países para la prevención y gestión de crisis que suponen una amenaza para los valores e intereses europeos, sin resolución siquiera del Consejo de Seguridad de la ONU, con el simple requerimiento de su Secretario General. 
Y para más seguridad las dos propuestas de resolución expresan con toda claridad los criminales objetivos de la famosa PESC y proponen ejércitos profesionales, es decir, mercenarios, para todos los países de la Unión Europea; ejércitos que cumplirán, como es natural, ciegamente, sin vacilaciones, las ordenes que reciban. 
De este modo, nos dicen, operaciones como los criminales bombardeos de Yugoslavia y la prolongada ocupación de Kosovo se llevarán a cabo de forma aún más exitosa, a iniciativa de la Unión Europea y en armónica complementariedad con la OTAN. 
No puedo dejar de resaltar que según el Sr. Brok el objeto de la PESC es hacer frente a un ataque masivo del bloque soviético. 
Es evidente que no está al tanto de que, desgraciadamente para la humanidad, ya no existe tal bloque. 
La verdad es una: como antes de 1990, también hoy para nuestros ponentes, igual que para los dirigentes de la Unión Europea, el enemigo son los pueblos que no bajan la cerviz ante el nuevo orden imperialista y se oponen a él, el enemigo es el movimiento popular que se levantará, y es natural que se levante, contra la bárbara política exterior y contra la bárbara política económica y social de la Unión Europea, contra una política que provoca odios entre los pueblos, guerras, paro y miseria. 
Contra ese enemigo se dirige su PESC. 
Como pueden figurarse, rechazamos los dos informes, y nos comprometemos a emplear todas nuestras fuerzas contra la política de que son expresión... 
(El orador es interrumpido por el Presidente). 
Señor Presidente, quiero referirme especialmente al informe de la Sra. Lalumière, por la que siento un gran respeto, ya que considero que aborda de una forma muy práctica los asuntos relativos a nuestra seguridad y a la seguridad de los que nos rodean. 
No obstante, quisiera decirle algo, en primer lugar, respecto de las palabras que acaban de pronunciar mis colegas, que han hablado correctamente y de forma simpática acerca del orden de las actuaciones, es decir, primero la acción preventiva, tantos medios pacíficos como sea posible y, sólo después, los medios militares. 
Cuando uno lo oye, dice sí, por supuesto, es verdad, pero el llamamiento sugiere, de hecho, que la Unión Europea y los Estados miembros han acudido en el pasado con demasiada facilidad a las armas en otro marco. 
La historia nos enseña que, desgraciadamente, con demasiada frecuencia ha sido demasiado tarde y que, si se hubiera hecho algo antes, podrían haberse salvado cientos de miles de vidas humanas. 
Por tanto, creo que, por así plantearlo, no es realmente justo. 
No obstante, respaldo francamente todos los esfuerzos a fin de desarrollar una acción preventiva a fin de evitar la guerra y cualquier tipo de violencia. 
Sin embargo, no debemos, en efecto, invertir el asunto. 
Opino, señor Presidente, que la opinión pública, si se le pregunta, considera que en el Parlamento Europeo nos ocupamos de la política exterior y de seguridad y que el centro de gravedad de nuestro poder de decisión reside aquí, cuando ése no es el caso. 
El problema es que el Consejo, integrado por quince Ministros, decide al respecto y que se procede con bastante lentitud y se echa la culpa al Parlamento Europeo. 
Estoy, por tanto, extraordinariamente satisfecho de que avancemos. 
Así mismo, la intervención ante nosotros del Ministro francés de Defensa ha constituido un hecho histórico. 
El contenido de su informe nos ha dejado satisfechos a todos. 
Hemos podido ver que, por supuesto, se ha avanzado. 
Así mismo, los esfuerzos del Sr. Patten, que para nosotros resulta muy popular, al igual que el Sr. Solana, nos satisfacen plenamente ya que, por fin, sucede algo. 
Considero que en el informe de la Sra. Lalumière figura un observación extraordinariamente práctica, donde dice, muy bien, coordinación entre los Estados miembros, a través del Sr. Solana, más iniciativa de la Comisión gracias al Comisario Patten. Lo mejor es que estos dos puestos se fusionen en uno solo. 
Ya dije una vez que, al menos, debían ser gemelos, pero una fusión en el marco de la Comisión Europea resulta todavía mejor. 
Considero que lo esbozado por la Sra. Lalumière constituye una perspectiva extraordinariamente buena. 
De esa forma, tal vez pudiéramos conseguir que todos nuestros medios actúen de forma efectiva, tanto para las acciones preventivas como para las acciones militares, tan necesarias en el marco de Petersberg. Del mismo modo, la acción tras la intervención militar, por ejemplo ahora en Kosovo, también resulta necesaria. 
Necesitamos agentes de policía, al igual que personas puedan hacer que la Administración funcione, que por ejemplo, puedan desempeñar el cargo de alcalde en alguna parte. 
Son todos funcionarios que, creo, pueden figurar extraordinariamente bien en la cartera del Sr. Patten y en su rapid reaction facility. 
Constituye un elemento extraordinariamente importante, ya que la Comisión Europea tiene mucho que decir al respecto y nosotros, en tanto Parlamento, contamos por tanto, con mucho control. 
Me inclino, entonces, por hacer hincapié en el asunto. 
Señor Presidente, a continuación viene, por supuesto, el presupuesto; cómo debe repartirse éste. 
En el informe se efectúan buenas observaciones, y creo que debemos otorgar preferencia, al igual que la Sra. Lalumière, a la posibilidad de financiarlo mediante el presupuesto comunitario, entonces estaría realmente repartido y, además, existiría control. 
En lo que a este último se refiere, el Parlamento Europeo debe, por supuesto, asumir cada vez más tareas de la Unión Europea Occidental y de su asamblea. 
Creo que es bueno. 
Así mismo, opino que, por el momento, una valoración realista y prudente en lo que a la actuación práctica de las tropas se refiere, indica que los parlamentos nacionales mantengan durante mucho tiempo y, tal vez, siempre una gran competencia y que de ahí sea necesario crear un foro en el que podamos encontrarnos con los parlamentos nacionales. 
No un órgano de control, sino un foro, y lo aplaudiría sinceramente. 
Señor Presidente, el presente informe es una patente de corso para las intervenciones militares de la UE. 
Lo considero inaceptable. 
Cuando se podía prever que el Pacto de Varsovia iba a derrumbarse, el Gobierno de la RDA dirigido por mí aprobó a comienzos de 1990 una nueva doctrina militar basada en la ausencia de armas nucleares, en la cooperación para la seguridad entre los Estados y en un desarme paulatino. 
Nuestro principio consistía en la no violencia. 
Como consecuencia de la finalización de la confrontación entre los bloques, la OTAN se había convertido en algo superfluo pero en lugar de disolverse, se transformó de una potencia de defensa a una potencia ofensiva ampliando su radio de acción cada vez más hacia el Este. 
La justificación de la creación de un cuerpo de intervención de la UE se asemeja hoy mucho a los argumentos para la prosecución de la existencia de la OTAN. 
No pretende en primera línea apagar focos de conflictos sino asegurar militarmente el acceso a mercados, materias primas y zonas de intereses. 
Estoy a favor de que la UE se perfile en la política exterior y de seguridad a favor de preservar la paz distanciándose de los EE.UU. Pero para ello existen otras premisas. 
Primera: la guerra mantenida en contra del derecho internacional contra Yugoslavia y sus resultados- véanse las nuevas tensiones en el sur de Serbia- muestran que la violencia militar no se puede emplear de nuevo como medio de la política. 
Segunda: la OTAN se debe ir disolviendo paulatinamente y no ampliándose hacia el Este. 
Tercera: se debe crear un pasillo libre de armas nucleares, tal como en su día propuso Olof Palme, desde el Báltico hasta el Mar Negro. 
Cuarta: la OSCE debe fortalecerse dotándola de los medios adecuados para la prevención y solución de conflictos sobre la base de sus principios de política de seguridad y no crear un cuerpo de intervención. 
Quinta: se debe pedir a las Naciones Unidas que convoquen una cumbre por la paz mundial en la que se extraigan las consecuencias de las guerras del siglo XX para dar a los pueblos de esta tierra la oportunidad de tener un siglo XXI en paz. 
Europa podría ser un ejemplo de ello pero la creación de una tropa de intervención es sin duda la señal errónea. 
He de decir que hay muchas cosas en el informe Brok que podemos apoyar, en particular, la importancia dada a la ampliación de la Unión Europea. 
Sin embargo, nos preocupa especialmente la naturaleza de la política europea de seguridad y defensa común. 
Y digo esto, a pesar de la enorme cantidad de aparentes garantías que sobre este asunto han surgido milagrosamente en los últimos días. 
Si las capacidades europeas que se proponen estuvieran destinadas a reforzar la OTAN o las opciones de la alianza, no tendríamos mayores dificultades. 
Pero no es así. 
La Unión está empeñada en establecer una capacidad autónoma en busca de la integración política europea. 
El Sr. Richard afirma que no desea competir con la OTAN sino que desea competir con EE.UU. en el ámbito de la política de seguridad. 
Entre otras ambiciones, el Sr. Brok propone que la Unión Europea ponga en el punto de mira de sus operaciones militares una zona de inestabilidad en Asia, desde Afganistán hasta el mar de China. Mencionaba Cachemira. 
A mí esto me parece alarmante. 
El informe Lalumière pretende que las operaciones militares de la UE se financien con el presupuesto comunitario y que incluso aquéllos que no participen paguen también. 
Existe una propuesta de acudir a Rusia para el transporte aéreo de largo alcance y ayer los rusos sugirieron la recogida común de datos de inteligencia con la Unión Europea. 
Aquí hay algunos que preferirían a Rusia en lugar de a EE.UU. como socio estratégico. 
La Sra. Lalumière y el Sr. Brok quieren que la política de defensa de la UE esté bajo el control de un Vicepresidente de la Comisión, quien asumiría las responsabilidades PESC del Secretario General del Consejo. 
De acuerdo con este esquema, la Comisión dirigiría la política de defensa. 
Todo esto es una locura. 
La Comisión debería concentrarse en sus programas civiles de ayuda externa y las cuestiones militares deberían dejarse a los países sobre una base intergubernamental. 
Dejemos que la OTAN decida primero cómo abordar una crisis y después, si es necesario, los europeos, habiendo desarrollado una mayor capacidad, podrían asumir la responsabilidad sobre una tarea concreta, según se acordó en la OTAN hace cuatro años. 
Que no se nos haga creer que las presentes propuestas tienen esto en mente. 
Señor Presidente, quisiera señalar tres cosas: en primer lugar, que el informe Lalumière contiene un programa completo para convertir a la UE en una potencia militar en corto tiempo. 
Esto resulta incomprensible si pensamos en que Europa no tiene enemigos y ninguna fuerza militar la amenaza. 
En segundo lugar: el informe se ocupa principalmente de las acciones ofensivas fueras del territorio de la Unión. 
La superpotencia UE podrá intervenir en cualquier lugar del mundo en que se amenacen sus intereses o valores. 
De este modo, la UE se convierte, también en este campo, en un equivalente a EE.UU. Estoy convencido de que si los pueblos de Europa se enterasen de esta política reaccionarían con desconfianza. 
En tercer lugar: este completo informe no dice nada acerca de los estados no alineados ni de la neutralidad. 
A lo más cerca que llega en esta materia es a la expresión burlona "países que se dicen ser 'neutrales'" del punto 5 de la expresión de motivos. 
Los países no alineados tienen que protestar enérgica y claramente contra este tipo de expresiones y contra el informe en su totalidad. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Brok por su voluntad paneuropea, demostrada tanto en su intervención como en el informe. 
Comparto su concepto de ampliación. 
Él señala que las negociaciones de adhesión con doce nuevos Estados miembros ha demostrado ser el instrumento más eficaz para estabilizar la región mediterránea y Europa Central y del Este. 
Ahora nos ocupamos de intentar fortalecer las condiciones para la libertad y la paz en Europa. 
El informe Brok se ocupa también del cargo de Alto Representante de la política común en materia de seguridad y defensa. 
Creo que la actual situación es insostenible a largo plazo. 
El debate de esta tarde es emocionante. 
Celebro la unanimidad y la valentía con que se discute en el Parlamento el informe Lalumière sobre política europea común en materia de seguridad y defensa en la Unión. 
Para alcanzar credibilidad, creo que es importante que los miembros del Consejo digan lo mismo en Bruselas, en la UE, y en sus países. 
En mi país, Suecia, hay una Ministra de Asuntos Exteriores que exige un mandato de la ONU para las acciones de la Unión. 
En Suecia se discute mucho cómo siendo miembro de la UE, todavía se puede ser un país neutral. 
Es asombroso, pero es así. 
Además, creo que es muy importante que a los anhelos expresados por la UE les siga una asignación de recursos concretos; en caso contrario se corre el riesgo de que esto sólo sean palabras. 
Finalmente quisiera hacer hincapié en que es importante que los líderes políticos de la Unión expliquen claramente sus anhelos, para así obtener el respaldo de los ciudadanos en los trascendentes y extensos planes que se elaboran. 
Señor Presidente, hoy debatimos dos informes de hondo calado político, puesto que los dos se refieren sustancialmente a la PESC. 
En su proceso de configuración la PESC registrará numerosas fluctuaciones; contribuirá decisivamente, sin embargo, a la deseada Europa política. 
Incluso aquellos que se cuestionan la utilidad de la decisión, por ejemplo, de crear el llamado euroejército, deben reparar en la importante dimensión política de esta decisión y de su influencia en la cohesión de la Unión Europea. 
En todo caso, nuestra doctrina debe ser la resolución pacífica de los conflictos. 
Para mantener su atractivo político, la PESC debe determinarse sobre la base de los países miembros de la Unión Europea, y no con lógicas como el aislacionismo o la exclusión y el bloqueo, sino como un fuerte incentivo de cohesión política de la Unión Europea. 
Enfrentamientos y compromisos de hecho se darán. 
El Parlamento Europeo debe, no obstante, moverse entre los límites de los compromisos y equilibrios gubernamentales, por una parte, y la utopía realista de la construcción europea, por otra. 
Hay temas de tecnología, investigación, etcétera, que requieren una estrategia convergente, en la industria de defensa, en la informática, en las tecnologías y la investigación del espacio. 
Europa, paralelamente al reforzamiento de sus instituciones democráticas, tiene que reforzar su potencia y cohesión económica y social, su capacidad militar para funcionar como fuerza de paz, y su vanguardia tecnológica. 
Tiene que llegar por fin el día en que Europa cuente con su propio Cabo Cañaveral, con su propia ÍÁSÁ y con su propio Silicon Valley. 
Me complace tener la oportunidad de pronunciar algunas palabras sobre el servicio militar y, también, civil sobre todo ante la próxima Cumbre de Niza. 
Me gustaría hacer constar mi agradecimiento al primer Ministro de Defensa que se dirige al Parlamento Europeo. 
En verdad es un hecho histórico. 
Una de las cosas más importantes que se han subrayado aquí esta tarde la ha dicho el Comisario Patten al principio de la tarde, cuando ha hecho hincapié en que estamos hablando de un servicio militar y no de un ejército de la UE. 
Y creo que nunca estará de más insistir en esto. 
Incluso algunos de los documentos que nos han hecho llegar con los informes sobre nuestros debates de esta noche, hablan de fuerzas de reacción rápida en lugar de hablar, por ejemplo, de un servicio de reacción rápida. 
Pienso que si pudiéramos entender claramente esto podrían desaparecer muchas preocupaciones. 
Qué lástima, les digo al Sr. Van Orden y a mis otros colegas, porque mis colegas al otro lado del charco, el mar de Irlanda, tienen mucho que ofrecer en este campo: la tradición, la experiencia y la práctica. 
Quizás cuando concluyan las elecciones consigamos un debate equilibrado. 
Tienen tanto que ofrecer. 
Estoy decepcionada con la postura que están adoptando. 
No diré más. 
Estoy muy orgullosa, no obstante, del acuerdo irlandés y de la contribución irlandesa. 
Como nación pequeña que ha sido tradicionalmente "neutral", me complace que estemos ahí en la mesa y haciendo lo que podemos, dado el mandato del pueblo irlandés. 
No hay ninguna nación europea que sea filosóficamente neutral. 
Hay naciones que son militarmente neutrales y eso es distinto. 
Irlanda nunca ha sido filosóficamente neutral. 
Tenemos una postura muy firme sobre las atrocidades y la falta de respeto por los derechos humanos en algunos lugares del mundo y no nos cuesta afirmarla. 
Siempre hemos tenido un sólido punto de vista acerca de la contribución que podemos hacer al mantenimiento de la paz y a la imposición de la paz y espero que seamos siempre capaces de contribuir a ello. 
Nunca seremos filosóficamente neutrales ni debe nunca confundirse eso con la neutralidad militar. 
Muchas gracias, señora Doyle. 
Ha sido tan histórica la primera presencia de un ministro de Defensa en nuestra Asamblea que le hemos reservado la sesión de noche para que la impresión no sea demasiado fuerte para nuestros diputados. 
Señor Presidente, permítame que en primer lugar felicite a los dos autores de los informes que estamos debatiendo y, en particular, a mi compañera Catherine Lalumière. 
Igual que hoy, en el Parlamento, en las últimas semanas han sido centro de atención de los medios de comunicación asuntos relevantes para la política exterior y de defensa europea: me refiero a la creación de una fuerza de reacción rápida y a la transferencia de las atribuciones de la UEO al ámbito de la Unión Europea. 
Se puede decir que se ha profundizado el debate público sobre esos asuntos. 
Además de la diversidad de opiniones, predomina- creo yo- la conciencia de que Europa se encuentra en una coyuntura histórica que exige la aclaración de su papel en el sistema internacional. 
Por lo demás, los recientes resultados del eurobarómetro demuestran la importancia atribuida por los ciudadanos europeos a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Aunque todos estamos de acuerdo en cuanto a la prioridad que se debe conceder a la prevención de conflictos y a los efectos devastadores de otras catástrofes, sólo si la Unión Europea se dota también de capacidad de apoyo militar a la intervención humanitaria, se la tomará en serio. 
Pero el avance que estamos logrando en ese sentido debe hacer que seamos extraordinariamente rigurosos. 
Son necesarias mayores claridad y definición en todas las etapas de la creación de instrumentos comunes de defensa militar, desde las modalidades de participación hasta el mando, así como en el papel que conceder a los diferentes países en el nivel de las atribuciones. 
Es necesario garantizar el seguimiento democrático de todo ese proceso. 
El Parlamento Europeo, en colaboración con los parlamentos nacionales, constituye, a nuestro entender, la instancia más indicada para ello. 
Quisiera que el ministro se refiriera, si es posible, a ese último aspecto. 
Señor Presidente, en este debate en el que se habla de todos los problemas del mundo y en que cada uno elige su propio tema, intervengo sobre Afganistán para expresar ante todo mi satisfacción por el hecho de que en la Comisión de Asuntos Exteriores se haya aprobado mi enmienda que ahora forma parte del texto que vamos a votar mañana y que está orientada a poner en evidencia el completo fracaso del programa de las Naciones Unidas para el control de la droga en ese país. 
Se prometieron millones de dólares a los talibanes para que eliminaran y erradicaran los cultivos de opio: se han embolsado el dinero y han doblado con creces la producción de droga. 
Culpa de la ingenuidad de quien ha facilitado el dinero- y por esto lamento que quien dirige este programa, esta agencia, sea un italiano- pero culpa también de la irresponsabilidad de los talibanes y por esto, tal como se hace en la resolución, es justo condenarles. 
Sin embargo, me pregunto si no habría sido posible exacerbar, endurecer la crítica y amenazar con sanciones contra el país que más que otros respalda a ese régimen y sin cuyo apoyo los talibanes caerían, es decir, Paquistán. 
¿Por qué Paquistán ofrece este apoyo a los talibanes? 
Por varias razones, y en primer lugar la de instigarles, una vez conquistado todo Afganistán, a volver a crear en Cachemira una zona de tensión contra la India. 
Pues bien, creo que es muy importante romper este círculo vicioso y lo único que nos cabe esperar es que esta resolución contribuya a hacerlo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, le doy las gracias a la Sra. Lalumière por este informe tan erudito. 
Abordo dos cuestiones: la gestión civil de crisis no está desarrollada; los conflictos son de naturaleza social, económica, intelectual, ecológica o étnica. 
Para todos ellos, una gestión civil de crisis preventiva es un medio mejor que las soluciones militares. 
Yo tengo miedo de que se acuda al uso de las tropas armadas de intervención rápida cada vez con más frecuencia y con más celeridad que a la gestión civil de crisis. 
La bandera europea no la hacen avanzar los tanques, sino la justicia social, y ahí existe una diferencia de principios. 
Propongo que procedamos a la creación de un centro de gestión civil de crisis que sea tan rápido y eficaz como se ha planeado en un principio. 
Entonces estaremos actuando en el orden correcto y concretizaremos acertadamente nuestra propia filosofía. 
Un segundo temor mío es que sean enrolados en la OTAN países que no lo desean. 
En este punto existe una solución que podría servir de alivio: acoger a Rusia como socio en la gestión de crisis. 
Es previsible que Rusia forme parte a menudo de las crisis que podamos tener por delante, o que tenga relación con ellas de alguna manera. 
También tenemos conocimiento de que el Presidente Putin no muestra una actitud radicalmente negativa hacia estas tropas de gestión de crisis, hecho que, en mi opinión, quiere decir que existen posibilidades para la cooperación, y puesto que sabemos de qué tipo de crisis se trata, creo que esto sería un elemento equilibrador de todo el proceso. Todo ello facilitaría la comprensión de todas estas cuestiones por parte de los pueblos de Europa. 
Acojo de modo muy favorable la decisión de la semana pasada de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE de establecer una sólida Fuerza de Reacción Rápida de 60.000 efectivos. 
Me complace particularmente que el gobierno irlandés esté plenamente a favor de esta iniciativa y que se haya comprometido a que participen 850 miembros de nuestras fuerzas de defensa. 
Como mi colega del Fine Gael, la Sra. Doyle, reconozco que esto no supone la creación de un ejército europeo y antes de que en mi país se levanten voces estridentes, que se levantarán, en contra de la implicación irlandesa, me gustaría señalar que la participación es voluntaria y caso por caso. 
Permítanme que diga esto y que responda a los comentarios de mi otro colega, el Sr. Van Orden. 
Creo que esta última apuesta es un primer paso muy importante para remediar las deficiencias en cuanto a capacidad de defensa de la UE, que se pusieron de manifiesto tan cruelmente en Bosnia-Herzegovina y también en Kosovo. 
Creo que las lecciones que aprendamos en esta última experiencia nos servirán en el futuro cuando nos enfrentemos a la necesidad de establecer una política y una capacidad de defensa europeas, que, a mi juicio, es un componente tan esencial de la integración europea como lo es la moneda única. 
Esta experiencia nos brindará la oportunidad de desarrollar nuestras propias políticas de un modo tal que, a pesar de los temores del Sr. Van Orden, no nos enemistemos innecesariamente con nuestros aliados estadounidenses ni provoquemos tensiones en el seno de la propia OTAN. 
La política de la UE debe basarse siempre en un enfoque cooperativo que busque compartir los activos de la OTAN, en particular, la planificación e inteligencia así como el armamento, en lugar de duplicar las estructuras de la OTAN, sobre todo cuando compartimos objetivos comunes. 
Creo que esta experiencia será muy útil para la UE cuando vayamos a desarrollar nuestra propia política de defensa, y espero sinceramente que eso sea pronto. 
Señor Presidente, en el informe Brok sobre política europea común en materia de seguridad y defensa, se destaca en el punto 31 lo siguiente: "Señala que dado que Rusia forma una unión política con Belarús, la legitimidad democrática de Rusia requiere que tanto su Presidente como su Gobierno hagan hincapié de manera clara y persistente en la enorme necesidad de reformas democráticas que tiene Belarús, sobre todo a la luz del informe que la troika parlamentaria de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) presentó el 16 de octubre de 2000 en Mink" 
Yo he redactado esta enmienda, respaldada por una amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. 
¿Desea Rusia, a largo plazo, participar en una unión política con un régimen no democrático? 
Quisiera también nombrar a cuatro personas que han desaparecido en Belarús entre los años 1998 y 2000 y a un político que murió en circunstancias poco claras. Esas personas son Jurij Zaharenko, ex Ministro del Interior y Vicepresidente del 13 Soviet Supremo de Belarús; 
Victor Gonchar, Vicepresidente del 13 Soviet Supremo de Belarús y Presidente de la comisión de investigación contra el Presidente Lukatjenko; el señor Krasovskij, amigo del Vicepresidente Gonchar y desaparecido simultáneamente con éste; 
Dimitrij Zavadskij, camarógrafo de la televisión rusa que desapareció en circunstancias extrañas desde el aeropuerto de Minsk el 7 de julio de este año y, finalmente, Jurij Karpenko, líder de Civil Party, y ex alcalde de Molodechno, que falleció rápidamente y en circunstancias extrañas en agosto de 1999. 
Quisiera decir al Sr. Patten, al Sr. Solana y a la próxima Presidencia sueca: ¡actúen decididamente y en conjunto contra el régimen antidemocrático de Belarús! 
Señor Presidente, ante todo quisiera agradecerle su solicitud a propósito de la duración de esta sesión. Pero, sabe usted, tengo 21 años de carrera parlamentaria y, por tanto, soy impermeable a este tipo de avatares. 
Sólo añadiría una palabra a las observaciones expresadas a propósito de Afganistán, para decir que la determinación del Consejo es llevar ayuda humanitaria sobre el terreno en la medida en que lo permitan las condiciones operativas. 
A continuación haré algunas observaciones sobre un reducido número, evidentemente, de elementos del debate tan nutrido que acaba de tener lugar en torno a los informes del presidente Brok y la Sra. Lalumière, cuyo sentido general ha sido, a mi juicio, ampliamente aprobado, lo que alienta, claro está, a los gobiernos en el trabajo que realizan y que, en mi opinión, va a apoyar el Consejo de Niza. 
Ante todo, quisiera mencionar la cuestión del lugar de los medios de defensa en el conjunto de los instrumentos políticos y prácticos de la Unión Europea. 
Muchos oradores dijeron: los medios militares deben utilizarse como último recurso en el marco de las posibilidades que posee la Unión Europea. 
Evidentemente, no puedo sino insistir sobre este principio, que es el de los gobiernos. 
Pero, preguntémonos qué quiere decir "como último recurso". 
Como último recurso quiere decir que todo el resto ha fracasado, lo que llega a ocurrir, como lo hemos experimentado en Europa, hace dos años, y hace año y medio, en Kosovo. 
Todos los esfuerzos políticos, diplomáticos, las presiones económicas, no pudieron evitar la irrupción de la violencia en el corazón de Europa y un desafío inaceptable a todos los valores europeos. 
Por tanto, la fuerza militar es efectivamente el último recurso. 
Sin embargo, si se quiere que impida lo inaceptable, ha de ser fiable y tener credibilidad. 
Asimismo, pienso que la combinación entre estos diferentes medios es una propiedad, es una posibilidad, específica a la Unión Europea y que la tarea que tenemos ante nosotros, si esta política avanza y se consolida, es la de desarrollar una verdadera cultura europea de la prevención y el tratamiento de los conflictos. 
Las experiencias que hemos vivido, que continuamos todavía hoy día, especialmente en los Balcanes, nos demuestran que los europeos, gracias a su experiencia histórica, rica en conflictos, su comprensión de las sutilezas y, a veces, la dureza de las confrontaciones entre comunidades, pueden desarrollar un conocimiento y métodos estimables, respetables, en materia de tratamiento de los conflictos. 
La cuestión de la duplicación: quisiera subrayar que los recursos, los medios militares, que las naciones han aceptado libremente proponer, al interior de esta fuerza conjunta, son la misma capacidad que la mayoría de estas naciones ponen a disposición de la Alianza Atlántica. 
No hay duplicación de fuerzas. 
Son las mismas, con el mismo nivel de preparación y de disponibilidad que la mayoría de nuestras naciones- tengo en cuenta, naturalmente, las naciones que no son miembro de la Alianza -, pero, en lo que respecta a las naciones que son miembro de la Alianza Atlántica, no existe una duplicación de su esfuerzo de defensa entre lo que proporcionan como apoyo a las acciones de la Alianza Atlántica o lo que podrían poner a disposición de la Unión Europea. 
La cuestión del concepto: este concepto se adoptó desde 1992. 
Se trata de las misiones de Petersberg, que son objeto de un acuerdo sólido entre los gobiernos europeos, lo que proporciona las líneas de conducta que, a mi juicio han sido experimentadas y son muy ampliamente aprobadas por la opinión europea. 
Las acciones, si ha de emprenderse alguna, se decidirán evidentemente por los gobiernos en consenso, y como lo han dicho varios oradores, si en las declaraciones subrayamos que no hay un ejército europeo, es porque evidentemente no hay una autoridad superior a las naciones que pueda imponerles hacer entrar en acción sus fuerzas en ninguna operación. 
Por tanto, Europa no va a constituir una nueva alianza, como me parece haber oído mencionar en una argumentación informada de manera incompleta. 
Funcionará sobre una base de decisiones nacionales, tomadas en una cooperación intergubernamental, bajo el control de los parlamentos nacionales, respetando las misiones de Petersberg y de conformidad, lo que también forma parte de nuestras declaraciones, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Pienso que uno de los progresos que va a experimentar la política europea de seguridad y defensa es constituir una capacidad suplementaria, un apoyo concreto, a la función de las Naciones Unidas, que es la de solucionar los conflictos, incluso cuando es preciso separar a los beligerantes. 
De este modo, respondo a la observación expresada por un orador que afirmaba la conclusión de un acuerdo entre Gran Bretaña y Francia en Saint-Malo para limitar los derechos del Parlamento Europeo. 
No se trata de eso. 
El acuerdo concluido en Saint-Malo, que fue sobre todo un acuerdo entre las quince naciones, es que si se quiere que exista una capacidad práctica, efectiva, de acción en Europa, en materia de defensa, ésta sólo puede existir sobre una base intergubernamental. 
Nosotros, no lo olvidemos, hemos titubeado o fracasado durante cincuenta años en dar a la Unión Europea un mínimo de capacidad que le permita no ser simplemente un testigo impotente en las crisis donde se desata la violencia. 
Hoy día, la única posibilidad que existe es una acción intergubernamental. 
Conviene al conjunto de nuestras naciones democráticas, porque preserva sus derechos últimos a decidir sobre el empleo de la fuerza. 
Por tanto, el control parlamentario se efectúa, es verdad, esencialmente debido al hecho de esta elección intergubernamental en el interior de las naciones. 
Por otra parte, hago notar que no hay, y no habrá, en el conjunto de las posiciones adoptadas por el Consejo, un compromiso presupuestario de la Unión Europea para financiar ninguna actividad militar. 
¿Quiere decir que el diálogo entre el Consejo, que representa a los gobiernos, y el Parlamento Europeo en materia de defensa y de seguridad es imposible? 
Me parece que este debate, del que todos se han alegrado, aporta una primera demostración de lo contrario. 
¿Por qué? 
Porque si somos consecuentes con las decisiones tomadas, va a aumentarse gradualmente el nivel de responsabilidad, el nivel de credibilidad y de influencia de la Unión Europea a la hora de tratar las crisis. 
Como consecuencia, se desarrollará una reflexión política profunda en nuestras opiniones públicas, en nuestros parlamentos, aquí también, sobre los elementos que entran en juego en esta resolución de las crisis mediante un abanico completo de medios en los que la fuerza militar es solamente un componente. 
Y el valor de los principios y las reflexiones aportadas por el informe del presidente Brok y de la Sra. Lalumière demuestran ya, prefiguran, la riqueza que pueden representar esos debates. 
Habrá que inventar todavía formas de aproximación con los parlamentos nacionales, pero, en todo caso, lo que se encuentra a nuestro alcance y representa un viraje decisivo del que podemos, a mi juicio, tanto unos como otros, alegrarnos, es que quince naciones, que constituyen esta Unión, que ya han construido una realidad política que afecta positivamente la relación de influencia mundial, estas quince naciones han elegido darse los medios de actuar juntas en los casos en que la violencia desafíe nuestros valores. 
Lo hacen sobre la base de nuestros valores comunes. 
Creo que es una buena noticia. 
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, para cerrar este debate. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, señoras, señores, Señorías, la dimisión de la Comisión, en marzo de 1999, reveló la necesidad de reformar sus estructuras y sus métodos de trabajo. 
La energía de reforma a la que se entrega ahora debe ante todo tratar de restaurar la confianza de la opinión pública. 
La necesidad de una reforma es indiscutible y debe hacer de la Comisión una administración de excelencia al servicio del proyecto político. 
Es una condición esencial para dar credibilidad a la construcción de la Unión Europea. 
Después de los informes de los expertos independientes, la Comisión, bajo la batuta del Sr. Kinnock, propuso una reforma de su funcionamiento en un Libro Blanco. 
Oficialmente, se ha consultado a nuestro Parlamento para emitir un simple dictamen, pero el Comisario Kinnock nos confirmó cuán importante sería nuestra posición para la continuación de los trabajos de la Comisión, continuación en la que trabajaremos conjuntamente. 
Ante la envergadura de la tarea, se encomendó a cuatro comisiones y se estableció un procedimiento inédito, con cuatro informes paralelos. 
Saludo aquí el trabajo realizado por mis colegas del Partido Popular Europeo, los Sres. Pomés Ruiz, Harbour y Lamassoure. 
Por tanto, decidimos un método para tratar sin solapamiento todo el tema. 
Seguimos este método, lo que nos exigió una importante concertación. 
Nos permitió lograr un enfoque común respetando los ámbitos de competencia de cada comisión y buscando una verdadera coherencia de fondo entre nuestros informes. 
No obstante, quiero destacar que para el Partido de los Socialistas Europeos es de esencial importancia que esta reforma se lleve a cabo, de conformidad con los Tratados, de una manera muy pragmática. 
La cohesión entre todos los sectores de la reforma debe asegurar ante los ciudadanos europeos una buena visibilidad, una verdadera transparencia sobre los métodos de gestión política del proyecto europeo. 
Es evidente que la modernización de una estructura tan compleja como la Comisión exige tacto, paciencia, confianza de parte de los diferentes protagonistas, y especialmente del personal. 
Esa es la razón por la que queremos que no sea solamente acatada, lo esencial para nosotros es que el conjunto del personal esté efectivamente asociado a todo este proceso modernizador. 
La reforma, que puede ser concebida desde arriba, ha de ser clara y ha de exponerse a los sindicatos, al conjunto del personal, y que se asocie efectivamente al conjunto del personal a todo este proceso. 
Nuestra voluntad de dar un nuevo dinamismo a la función pública europea es muy fuerte, y para ello nos es preciso respetar algunos principios: conservar en la función pública europea sólo un estatuto interinstitucional que asegure un tratamiento de base igual a cada agente y permita una movilidad real, una verdadera formación. 
Es preciso que la evolución de la contratación garantice siempre una igualdad de oportunidades para todos los nacionales comunitarios. 
La opinión de la Comisión de Presupuestos sobre la reforma se concentra sobre estos aspectos de capital importancia, respetando nuestras competencias. 
Como tela de fondo, se recuerda sistemáticamente que, paralelamente a todo procedimiento legislativo, todas las decisiones presupuestarias deberán tomarse en el marco de los procedimientos anuales y del acuerdo interinstitucional de referencia. 
El Parlamento tiene una responsabilidad especial ante los ciudadanos. Y en tanto que una de las ramas de la autoridad presupuestaria, ha de velar por la buena utilización de los fondos públicos. 
Además, antes de toda consideración, seremos todavía más vigilantes, en el futuro, para que la Comisión gaste realmente el presupuesto votado y no le dé una nueva orientación en función de incapacidades funcionales a aplicar las pocas inflexiones políticas elegidas democráticamente por nuestra Asamblea. 
El conjunto de las medidas propuestas en el Libro Blanco debe coincidir en modernizar y hacer eficaz todo el funcionamiento de la Comisión. 
Le brindaremos nuestro apoyo, velando porque estos procedimientos permitan, lo más rápidamente posible, el establecimiento de una cultura de gestión orientada hacia los resultados y los criterios de ejecución teniendo en cuenta el coste, en relación con los beneficios, pero también nuestras opciones políticas, teniendo en cuenta el hecho de que la descentralización y la delegación de autoridad son esenciales, pero a condición de que el poder de decisión y de control quede asegurado. 
La comunicación elaborada por la Comisión Europea debe dar un mensaje común a las diferentes instituciones. 
En concreto, es de primordial importancia que se diseñen de nuevo los procedimientos para satisfacer las votaciones presupuestarias. 
La no ejecución del presupuesto, la diferencia excesiva entre la elaboración del presupuesto y el compromiso, y luego el pago de los créditos es de caricatura. 
Se precisa con toda urgencia encontrar los procedimientos adecuados para dar una nueva credibilidad a la gestión de la Comisión. 
Para ello, se requiere revisar los procedimientos fijando objetivos realistas que permitan en un corto período de tiempo reabsorber los créditos pendientes de liquidación, disminuir la diferencia entre compromisos y pagos, que resta credibilidad a una gran parte del presupuesto, y permitiendo interrumpir contratos si la coherencia entre los créditos presupuestarios y los compromisos políticos ya no existen, y pagando en plazos cortos subvenciones y compromisos. 
La credibilidad de la Comisión, y por tanto de la Unión Europea, depende de que reforme su circuito de gestión financiera muy rápidamente. 
A medio plazo, es esencial afinar los procedimientos presupuestarios en una mejor concertación entre la autoridad presupuestaria y la Comisión al iniciar cada ejercicio, para evitar caer en las grandes dificultades que experimentamos en noviembre o diciembre, y en las condiciones que no permiten traducir correctamente las expectativas políticas del Parlamento así como tomar en cuenta la modernización real del funcionamiento de la Comisión. 
Una evaluación anual sobre la evolución del funcionamiento y el coste adicional de esta reforma impone una concertación al principio de cada ejercicio presupuestario. 
Esta disposición exigirá tiempo, pero es inevitable y esencial para la reforma. 
El establecimiento de una gestión global por proyecto ha de acompañarse de una nueva nomenclatura que permita una transparencia de gestión. 
Somos muy favorables a ella. 
Velaremos porque todas las disposiciones técnicas puedan efectuarse respetando plenamente los derechos de autoridad presupuestaria del Parlamento. 
Nuestra comisión ha recibido con gran satisfacción las conclusiones del informe Bourlanges sobre la externalización que figuran en la nota rectificativa. 
En cambio, en el caso de la comitología, los Estados miembros expresan demasiado a menudo intereses nacionales en conflicto con los de la Comunidad y su consulta hace más lento el proceso de decisión aumentando el coste. 
Por tanto, sería conveniente que la reforma fuera la ocasión de limitar su intervención únicamente en los ámbitos que no implican gastos. 
No me extenderé mucho sobre los recursos humanos, puesto que los trata el Sr. Harbour. 
Es evidente que existe una inadecuación entre los recursos humanos de la Comisión y las nuevas tareas que se le han confiado, más las tareas futuras, y no es la reasignación de la nota rectificativa, que sólo afecta al 4%, lo que solucionará el problema de los recursos humanos. 
Al aceptar, el jueves pasado durante la concertación presupuestaria, la nota rectificativa en lo esencial, el Consejo demostró que la otra rama de la autoridad presupuestaria deseaba sin embargo sostener la reforma de nuestra Comisión. 
En relación con la auditoría, la gestión y el control financiero, lo esencial se encuentra en el informe del Sr. Pomés Ruiz. 
Desde el 22 de noviembre se conoce la posición de la Comisión sobre las modificaciones que han de introducirse en el Reglamento financiero. 
Ya nos hemos expresado sobre la reforma de "fast-track" mediante la votación sobre el informe van Hulten. 
No obstante, recordamos la absoluta necesidad de la independencia del control financiero. 
Además, es totalmente ilógico que sólo el Consejo pueda modificar el Reglamento financiero y reiteramos nuestra demanda de conciliación sobre este punto. 
La reforma de la Comisión es un acto esencial para el porvenir de nuestras instituciones. 
El método de trabajo elegido por la Conferencia de Presidentes, que había parecido un poco aventurada a algunos, requirió tiempo. 
Sin embargo, considerando el conjunto de los cuatro informes, ese tiempo de concertación permitió una visión a la vez más amplia y más afinada que ha enriquecido el dictamen del Parlamento. 
Este informe corresponde a los primeros pasos de la reforma de la Comisión, acto de esencial importancia para una verdadera modernidad de gestión de la Unión. 
Va a ser seguido de otros numerosos informes y, por mi parte, va a verse enriquecido por estas semanas de trabajo concertado, desearía que este método se conservara en adelante. 
Quiero agradecer de manera muy especial a los otros tres ponentes, ya que realmente aprecié nuestro trabajo y la claridad de sus posiciones. 
Las diferencias de apreciación que surgieron no fueron solamente de naturaleza política, sino que reflejaron todavía más las divergencias culturales entre los Quince. 
Revelan enfoques de gestión del servicio público sumamente diferentes, que se encuentran todos los días en las diferentes instituciones de la Unión Europea, incluidos nuestros Grupos políticos. 
La aplicación de esta reforma refleja bien las dificultades a las que nos enfrentamos, pero sabemos que este ejercicio, por muy difícil que sea, es indispensable. 
Juntos, hemos contribuido a esta primera etapa esencial para el porvenir político de la Unión, modernizar su gestión para que se vuelva más transparente y, por tanto, se encuentre más al alcance de nuestros conciudadanos, para que estén más convencidos de que su porvenir sólo puede realizarse en una Unión Europea más fuerte. 
. 
(EN) Señor Presidente, es para mí un placer especial estar finalmente, y recalco lo de finalmente, aquí esta noche presentando este informe. 
Recuerdo que la primera vez que me reuní con el Vicepresidente Kinnock fue en diciembre del año pasado cuando el Parlamento dio a entender que se me pediría que asumiera esta tarea. 
Por tanto, nos ha llevado once meses avanzar. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. 
Suscribo, por supuesto, lo que han dicho mis colegas en el sentido de que el equipo de ponentes hemos trabajado muy bien juntos. 
Ha sido un placer trabajar conjuntamente y creo que el proceso de abordar una reforma crucial de la Comisión, que es esencial para el futuro de la Unión Europea, ha contado con una profundidad y una riqueza añadidas gracias a la participación de nosotros cuatro. 
Mi informe se centra en la estrategia de reformas de los recursos humanos. 
Subrayo lo de estrategia porque la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene por delante quizás dos años de trabajo, aunque espero que no sea tanto tiempo, para analizar todas las reformas de los Reglamentos de personal que surgirán de las reformas de los recursos humanos. 
Por tanto, pusimos nuestro empeño en establecer el marco estratégico y en que fuera el correcto. 
En líneas generales, estamos satisfechos, pero no somos complacientes con lo realizado y quisiera recalcar algunas de las cuestiones a mi juicio cruciales a las que se enfrenta la Comisión y cómo podemos ayudarla a llevar a cabo esta reforma absolutamente esencial. 
Una de las cosas que nos empeñamos en hacer en nuestra comisión fue no analizar esto aisladamente sino fijarnos en lo que ocurría alrededor. 
Celebramos una audiencia pública muy satisfactoria a la que invitamos a personas del sector público y privado para que nos mostraran el entorno, los cambios organizativos y de recursos humanos que se están produciendo a nuestro alrededor, en que la Comisión tendrá que avanzar en estas reformas. 
De hecho, va a tener que contratar a los mejores en un mercado muy competitivo. 
Fue muy interesante en estas conversaciones ver cómo las prácticas en materia de empleo y organización del sector público y del sector privado se están, de hecho, aproximando. 
Todas las grandes organizaciones se están haciendo ahora más abiertas; se están haciendo más transparentes; están utilizando las tecnologías de la información de nuevas maneras; se están alejando de las tradicionales formas verticales de organización, compartiendo la información en toda la organización y entre organizaciones. 
Esta es la lección fundamental que la Comisión va a tener que asumir a la hora de concretar su reforma. 
El breve espacio de tiempo de que dispongo esta tarde no me permite entrar en detalle en todas nuestras recomendaciones específicas, por tanto, quisiera centrarme en lo que creo que es el elemento clave del modo en que deben llevarse adelante estas reformas. 
Debemos desarrollar una organización dentro de la Comisión que se base en que cada funcionario tenga unos objetivos claros y disponga de los recursos apropiados para conseguir esos objetivos. Esto comprende todos los recursos financieros importantes, como ya han recalcado la Sra. Guy-Quint y el Sr. Pomés Ruiz, y capacitarles para utilizar esos recursos consecuentemente. 
Deben marcárseles objetivos que puedan medirse, pero también recompensárseles con salarios y promociones en función de cómo cumplan esos objetivos. 
Esa es la esencia de lo que intentamos hacer aquí. 
Aquéllos que progresen dentro de la organización lo harán de un modo estructurado con una mejor planificación de las carreras profesionales. 
Pueden tener expectativas de traslado a otras instituciones europeas, de realización de comisiones de servicios en las administraciones nacionales o de trabajar en el sector privado. 
Esa debería convertirse en la norma, una parte de una carrera general en la Comisión Europea. 
También pueden esperar, en el curso de sus carreras, conocer a otras personas que vengan de fuera: con contratos de corta duración; especialistas; o jóvenes para los que tres o cuatro años de trabajo en la Comisión puedan formar parte de un plan de carrera profesional. 
Deberíamos animar a esas personas a lo largo del plan de carrera estructurado del servicio permanente en la Comisión. 
Todo esto es lo que se espera de una moderna organización en el futuro. 
La estrategia es adecuada pero los detalles tienen que ser también adecuados para que tenga verdadero éxito. 
A la hora de gestionar una organización está muy bien disponer de las normas y los reglamentos pero existen muchos otros ingredientes cruciales: la actitud del personal, su implicación y su apoyo a los planes y su disposición al cambio. 
Todo esto será crucial y la participación de todos, ya estén en sindicatos o no, será también absolutamente esencial. 
El liderazgo desde arriba será crucial. 
El Vicepresidente Kinnock pone un entusiasmo tremendo en todo lo que hace. 
Ha estado a la cabeza de este proceso con mucho entusiasmo, pero tiene que ser dirigido desde lo más alto. 
Fue una satisfacción para nosotros cuatro tener la oportunidad de reunirnos recientemente con el Presidente Prodi. Nos aseguró que él también daba todo su respaldo a estas reformas. 
Desde lo más alto estas reformas deben ir descendiendo en cascada lo antes posible para dotar a la Unión Europea de la poderosa Comisión que realmente necesita para conseguir sus objetivos en los próximos 20 años. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a pesar de su alcance, el contenido del Libro Blanco presentado por el Comisario Kinnock no plantea directamente un tema institucional. 
No obstante, se presenta como la primera etapa de una reflexión más basta, puesta en marcha a iniciativa del propio Presidente Prodi, sobre lo que se denomina la gobernabilidad de la Unión. 
Sobre este tema, se está preparando otro documento en la Comisión. 
En este espíritu y con el objeto de iniciar inmediatamente el debate, nuestra comisión constitucional se interrogó, después de las otras tres comisiones que se ocupan del tema, sobre la eficacia política de la Comisión ejecutiva. 
¿Está la Comisión en condiciones de cumplir las misiones y, mucho más, la función política, que le han asignado los Tratados? 
En efecto, en una Europa que, el día de mañana, contará con treinta miembros, con un Consejo ya pletórico, con un Parlamento de 700 miembros que hablan veinte lenguas, el papel de la Comisión Europea, para definir y defender los intereses comunes europeos, será más importante que nunca. 
De este modo, nuestra comisión constitucional recuerda su adhesión a una Comisión ejecutiva fuerte, independiente, eficaz, transparente y políticamente responsable. 
Y para garantizar estas cualidades, insistimos en cinco puntos. 
El primer punto: el espíritu de buena gobernabilidad no debe limitarse a las tareas de gestión de la Comisión. 
Debe inspirar también su función legislativa de propuesta, por ejemplo, ultimando un procedimiento interno de control del principio de subsidiariedad, llevando una bitácora de la cronología de los procedimientos a fin de evitar plazos demasiado largos en la preparación de los textos. 
Otro punto importante: la Comisión es el único órgano capaz de asegurar una coordinación del conjunto de los trabajos de preparación y seguimiento de las decisiones europeas. 
Ahí donde no lo hace, se resienten los resultados, queda de manifiesto, especialmente en el segundo y tercer pilares. 
Asimismo, pedimos a los Estados miembros que confíen a la Comisión el papel principal en la preparación y seguimiento de las reuniones del propio Consejo Europeo y de todas las formaciones del Consejo de Ministros, lo que puede hacerse sin modificar formalmente las instituciones. 
En cambio, la Comisión no tiene vocación para gestionar ella misma la ejecución de las políticas europeas, ni los créditos correspondientes. 
En el Libro Blanco se señala que en el momento actual aproximadamente la mitad de los agentes de la Comisión están afectados a las tareas de gestión. 
Es demasiado poco si se considerara que la Comisión ha de asegurar la gestión ella misma. 
Es demasiado si se considera que debe liberarse de lo esencial de esta gestión, como lo pensamos nosotros. 
La regla debe ser la descentralización, en favor de las administraciones nacionales o de agencias de ejecución externas. 
En lo relativo a estas agencias, la reflexión sobre la gobernabilidad debe brindar la oportunidad, a las tres instituciones, de definir una doctrina común de lo que se denomina la externalización. 
La creación de agencias independientes se justifica cuando se requiere un peritaje científico o técnico, o cuando parece preferible una gestión descentralizada. 
Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Observatorio Europeo de las Drogas. 
Eso ocurrirá mañana respecto a la seguridad alimentaria o la seguridad aérea, pero a condición de evitar una desarticulación de la responsabilidad política de la Comisión y velar porque ésta disponga de los medios jurídicos para rendir cuentas al Parlamento y al Consejo respecto a la manera en que estas agencias cumplen con su cometido. 
Por último, ya también es hora de interesarse en la representación exterior de la Unión. 
Por otra parte, hemos hablado de ello esta tarde en el marco del debate sobre la política exterior común. 
También en este sentido nos encontramos a caballo entre lo que se refiere a la buena gobernabilidad y lo que puede justificar los elementos de reforma institucional, como lo demostraron las reflexiones del Comisario Patten. 
La comisión constitucional propone que se haga un balance global de la representación exterior de la Unión, tanto en relación con los países terceros en las negociaciones internacionales, como en los organismos internacionales, y que se estudie la creación de un servicio diplomático común. 
De este modo, se ha iniciado el debate sobre la gobernabilidad. 
Lo continuaremos en primavera a partir de las conclusiones de Niza y tomando como base nuevas propuestas de la Comisión. 
Señor Presidente, Señores Comisarios, Señorías, queremos empezar agradeciendo particularmente a la Sra. Guy-Quint la búsqueda de consenso a lo largo de la elaboración de su informe. 
Como Comisión de Presupuestos consideramos que el establecimiento del presupuesto por actividades nos causa problemas por la escasa visibilidad del gasto y nuestro deseo de reforzar los poderes del Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria. 
Acabamos de venir de una concertación presupuestaria con el Consejo, como bien sabe la Sra. Guy-Quint, donde lo más duro ha sido determinar de una forma más clara y precisa dónde están los límites del poder presupuestario de unos y de otros. 
La Comisión de Presupuestos considera que el Parlamento no debe perder su control sobre la asignación de créditos administrativos. 
El hecho de que cuando el establecimiento del presupuesto por actividades esté terminado desaparecerá la categoría 5 de las perspectivas financieras no nos tranquiliza particularmente. 
No nos pronunciamos en contra de estas consecuencias, pero sí nos pronunciamos a favor de una salvaguardia de los poderes presupuestarios del Parlamento. 
Por eso, una orientación de la reforma de la Comisión que pretendiese encubiertamente enajenar al Parlamento este control de los gastos administrativos originaría problemas interinstitucionales a corto plazo. 
Un enfoque que asegure, sin embargo, los poderes de control y de decisión del Parlamento sobre los gastos de la actual categoría 5 garantizará la tramitación de la reforma de la Comisión sin mayores sobresaltos. 
En lo que se refiere a las OAT y su período transitorio de desmantelamiento, mi Grupo político insiste en que la Comisión haga el mayor esfuerzo para limitar ese período transitorio. 
Por eso le preguntamos al Comisario: ¿Puede la Comisión garantizar un período de transición realmente limitado en el tiempo? 
Finalmente, hay que abordar el espinoso asunto de la propuesta anticipada de jubilación. 
Estamos pendientes de un diálogo a tres bandas para definir, entre otras, esta cuestión antes de la aprobación definitiva del presupuesto 2001. 
Mi Grupo no renuncia a la idea del carácter obligatorio de esta propuesta anticipada de jubilación. 
Creemos que la indefinición de la actual propuesta podría traer más problemas que ventajas y ya hemos recibido todos algunas señales de inquietud en medios de funcionarios. 
Sin embargo, daremos un voto de confianza a la Comisión para que precise lo más posible el alcance de su propuesta. 
Durante el próximo diálogo a tres bandas esperamos recibir buenas noticias en muchos temas, incluido éste, junto con el levantamiento de la reserva en la categoría para nuevos puestos. 
Eso marcará, evidentemente, la buena voluntad de este Parlamento para llevar adelante esta reforma con la Comisión. 
Señor Presidente, hoy es un día importante para la reforma de la Comisión. 
Bueno, así es cómo iba a empezar mi intervención, pero viendo la sala estoy empezando a dudar de mis propias palabras. 
Es indicativo de la forma de trabajar del Parlamento el que todavía no estemos acostumbrados a poner los asuntos en los que realmente podemos hacer una importante aportación al principio de nuestro orden del día y que, en lugar de eso, se debatan primero aquellas cuestiones cuya decisión no corresponde formalmente al Parlamento. 
(Aplausos del Sr. Kinnock) Seis meses después de que la Comisión recogiera sus planes en un Libro Blanco, el Parlamento está preparado para dar su opinión. 
Me gustaría también felicitar a los ponentes. 
Han realizado un trabajo excelente en condiciones difíciles. 
En cuestiones de la importancia que tiene ésta, es importante que el Parlamento hable con una sola voz. 
Creo que la votación de mañana demostrará que eso es lo que estamos haciendo. 
Me gustaría hacer extensivo mi agradecimiento particular al Sr. Pomés Ruiz que redactó el informe para la Comisión de Control Presupuestario. Demostró una gran disposición para recoger los puntos de vista de los demás miembros de la comisión. 
El resultado de este ejercicio es un sólido conjunto de informes que recibirán mañana la aprobación casi unánime de la Cámara. 
Por eso, creo que la Comisión debería tomárselos en serio. 
También es un día importante para la reforma de la Comisión porque la Comisión ha adoptado hoy una serie de propuestas que creo que van a ser claves a la hora de restablecer la confianza de los europeos en nuestras instituciones. 
En primer lugar, la Comisión ha aceptado la necesidad de normas que protejan a los funcionarios que denuncien la existencia de prácticas ilegales. 
La crisis que dio lugar a la dimisión de la Comisión el año pasado puso de manifiesto la falta de disposiciones adecuadas para tratar quejas auténticas y sinceras presentadas por funcionarios esforzados. 
Aunque podamos discrepar del papel desempeñado por el Sr. Van Buitenen, es evidente que nunca debería habérsele castigado por seguir los dictados de su conciencia. 
En segundo lugar, la Comisión propone revisar el procedimiento disciplinario. Algo que debió hacerse hace mucho tiempo. 
La Comisión ha decidido ahora aceptar las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes en el sentido de que el comité disciplinario esté encabezado por un presidente independiente. Esto aumentará enormemente, y parecerá que aumenta, la imparcialidad y la exactitud del proceso disciplinario. 
En tercer lugar, la Comisión ha adoptado una propuesta de establecimiento mediante acuerdo interinstitucional de un grupo consultivo sobre normas básicas en la vida pública. Esto está también en línea con las propuestas presentadas por los expertos independientes que recibió un apoyo firme del Parlamento en su resolución de 19 de enero de este año. 
El informe del Sr. Pomés Ruiz recoge con mayor detalle la posición del Parlamento acerca de esta cuestión. 
Me complace que la propuesta de la Comisión sea coherente con la posición que nos corresponde aprobar mañana. 
Pero todavía hay por delante retos importantes. 
La revisión del sistema de gestión y control financieros no ha hecho sino empezar y, aunque no comparto la visión pesimista que acaba de expresar mi colega del PPE, creo que queda mucho trabajo por hacer. 
La descentralización del control financiero hacia las Direcciones Generales es un paso importante, pero sólo funcionará si el personal recibe la formación adecuada, si se dispone de recursos suficientes y si la responsabilidad de los jefes de línea se exige adecuadamente. 
En este sentido, nos preocupan particularmente dos aspectos del proceso. 
Primero, la Comisión no ha asumido aún nuestra sugerencia de establecer una sala externa de disciplina financiera. 
La Comisión puede tener razones perfectamente válidas para no hacerlo, pero nos gustaría saber cuáles son estas razones. 
Segundo, la creación de un mostrador de ayuda o de una grupo de asesores sobre irregularidades financieras propuesto en el Libro Blanco sólo es aceptable para mi Grupo si puede demostrarse que tal mostrador de ayuda no va a socavar de ningún modo la capacidad de OLAF para realizar su trabajo. 
Después de un año y medio de debate y preparación, la Comisión predica ahora con el ejemplo. 
El proceso de reforma está en curso y está siendo aplicado según ponen de manifiesto los informes de progresos de la Comisión. 
El único peligro en este momento es, a mi juicio, que caigamos en la complacencia y que nos rindamos a las fuerzas del conservadurismo. Éstas están en todas partes: en el Parlamento, en el Consejo, en la Comisión. 
Por ello, hago un llamamiento a la Comisión para que doble sus esfuerzos y para que tengamos en dos años los primeros resultados que muestren a los europeos que la Comisión vuelve a funcionar. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero darles las gracias a los cuatro ponentes por el buen trabajo realizado. 
La mejora de la administración de la UE es una de las reformas más importantes de esta legislatura. 
El principal objetivo de la reforma de la Comisión ha de ser la reducción de la burocracia, el incremento de la eficacia y la eliminación de las irregularidades económicas. 
Esto requiere una simplificación de los métodos de trabajo, una delegación de competencias a los niveles inferiores y una delimitación de los poderes de decisión. 
La clave de la reforma reside en la ampliación de las responsabilidades personales y en su enfatización. 
Los jefes de todos los órganos han de asumir la responsabilidad jurídica y económica de las decisiones. 
La enfatización del sentido de la responsabilidad personal implica, entre otras cosas, una rápida reforma del Estatuto de los funcionarios. 
La reforma presupone el establecimiento del presupuesto por actividades. 
Los directores generales de las unidades administrativas y los jefes de los órganos deben contar con cierta capacidad de maniobra en la gestión. 
Hay que fijarse primordialmente en los resultados a obtener, y no tanto en los procedimientos. 
Sólo así los recursos existentes podrán ser utilizados de forma más eficaz. 
Los órganos y sus jefes han de tener posibilidades claras para efectuar la mejor gestión posible. 
La asunción de la responsabilidad implica la supresión del control previo de la financiación. 
Si las decisiones son tomadas por más de una persona, la responsabilidad no recaerá claramente sobre nadie. 
La reforma administrativa es necesaria particularmente para agilizar las transacciones financieras de la Unión Europea. 
Los pagos de las facturas de la UE deben entrar en la misma dinámica que existe en el mundo exterior. 
El plazo de pago actual de tres meses es demasiado largo, sin hablar de que muchos pagos se demoran más de un año. 
Esto es vergonzoso si tomamos en cuenta que la propia UE es la primera defensora de la modernización de la vida económica. 
Mi Grupo apoya firmemente la reforma administrativa. 
Señor Presidente, también mi Grupo político, los Verdes y Regionalistas, apoya las reformas de la Comisión tal como se reflejan en el Libro Blanco e insiste en una rápida aplicación. 
En el debate sobre Niza hemos escuchado hoy continuamente que la UE se encuentra ante grandes desafíos y que la ampliación a 27 más x Estados va a ser una prueba de viabilidad para las instituciones europeas. 
Pero al mismo tiempo, la reputación de las instituciones europeas ante la población se encuentra en el punto más bajo. Falta de confianza por un lado y una presión creciente de los problemas, por otro. 
Por mencionar sólo a modo de ejemplo algunos de los problemas actuales más urgentes: crisis del petróleo, cambio climático, crisis de la EEB. 
Necesitamos urgentemente una reforma de las instituciones que recupere la confianza y fortalezca nuestra capacidad de actuación. 
Necesitamos legitimidad mediante el fortalecimiento de la eficiencia, una gestión de las medidas, la creación de una cultura de la responsabilidad, más transparencia, una administración cercana al ciudadano y descentralización. 
Apoyamos sin duda estos objetivos que se ha marcado la Comisión. 
Sin embargo, tememos que en los puntos concretos falte el valor necesario. 
Veamos el ejemplo de la transparencia. 
Al tomar posesión de su cargo, la Comisión realizó grandes promesas al respecto. 
Pero la realidad es lamentablemente diferente, lo que se evidencia en el acuerdo marco con el Parlamento así como en las normas para acceder a la información. 
Aquí vemos aún alguna necesidad de recuperar terreno y esperamos que la Comisión muestre más valor en la transparencia. 
En lo referente al procedimiento disciplinario también aquí hay promesas pero hasta ahora no unas reglas claras o enunciados sobre cómo se deben aplicar dichas reglas. Y tampoco la cuestión de la externalización está definitivamente aclarada. 
Esperamos a este respecto una declaración rápida y unívoca. 
Respecto a los whistle-blower quiero adherirme a lo que ha dicho el Sr. van Hulten. 
Habríamos deseado de la Comisión más valor de cara a la opinión pública para tratar abiertamente este problema pues los whistle-blower han contribuido en buena parte a que se ataquen por fin las reformas. 
En lo tocante a la ejecución del presupuesto, la Comisión y el Parlamento deben recapacitar también en el futuro sobre cómo debemos actuar con el problema del backlog y qué debemos hacer para que en la ejecución de nuevos programas se contemple la cuestión de los committments, de modo que no nos encontremos siempre ante el gran déficit existente entre promesas y realización. 
También en lo tocante al personal nos habríamos podido imaginar- en especial el Grupo de los Verdes- que el Parlamento saliese más al encuentro de la Comisión. 
Creemos que la ampliación del personal avanza muy lentamente pues de cara a las tareas actuales derivadas de la ampliación hacia el Este en el futuro se plantearán sin duda unos aumentos de personal aún mayores. 
Pero como he dicho, aquí ha faltado el apoyo del Parlamento. 
El Parlamento tiene que ser crítico también consigo mismo. 
En general enjuiciamos los enfoques como correctos y positivos y esperamos que la Comisión sea perseverante y demuestre aún más valor en la aplicación. 
Señor Presidente, a pesar del esfuerzo de los ponentes por respaldar la labor de la Comisión, resulta que a las recomendaciones del comité de expertos independientes no se da todavía una respuesta global y coherente con miras a una política de gobierno y no sólo a una mejor administración de la Institución. 
Tomamos nota de que la Comisión se ha comprometido a introducir progresivamente una nueva nomenclatura presupuestaria, sin embargo, quisiéramos saber cuando culminará este proceso. 
Quisiera recordar únicamente que, según los expertos, con la actual nomenclatura presupuestaria resulta que, de hecho, una gran parte de las subvenciones son contratos camuflados que la Comisión se niega a tratar como tales, dado que las subvenciones garantizan la transparencia mucho peor que los contratos. 
No quiero detenerme en los procedimientos de contratación. No cabe duda de que, hoy por hoy, es incomprensible el secreto que rodea dichos procedimientos. 
Por lo que a nosotros respecta la única reforma posible ha sido planteada por el Grupo socialista cuando presentó tres enmiendas al informe del Sr. Bösch que debatimos durante el anterior período parcial de sesiones. 
Quisiera terminar refiriéndome a la comitología. 
El comité de expertos había escrito que, en la práctica, los comités de representantes de los Estados miembros acaban por convertirse en un mecanismo a través del cual los intereses nacionales están representados en la ejecución de las políticas comunitarias, a veces hasta el punto de convertirse en una sede para repartirse el botín del gasto comunitario. 
En cuanto a este punto, consideramos que la Comisión no ve, no oye y, con frecuencia, si habla susurra. 
A nuestro entender, en lo que respecta a la reforma de la Comisión, es evidente la disparidad entre ambiciones proclamadas y hechos realizados. 
Señor Presidente, en su Carta a los Romanos, el apóstol Pablo hace un llamamiento a sus lectores a fin de que se reformen mediante la renovación de su pensamiento. 
Esta reforma es necesaria para servir fielmente a Dios y no puede ser impuesta mediante reglas. 
Si bien esta reforma de la Comisión no puede compararse con aquélla a la que se refería San Pablo, este principio bíblico contiene una lección importante para esta institución: las reglas no pueden imponer una obediencia sincera. 
El Comisario Kinnock intenta reforzar la noción de responsabilidad de los funcionarios de la Comisión con un cambio y una mejora de las reglas. 
Por muy buena que sea la intención de esas reglas, se trata finalmente de su ejecución. 
Las nuevas reglas deben, por tanto, ser examinadas desde el punto de vista de la ejecutabilidad. 
La reforma consiste, en el fondo, en un cambio de actitud y comportamiento de la Comisión y de sus funcionarios. 
Ese cambio de actitud debería traducirse en la transparencia de la Administración. 
Ésta no figura todavía en los planes de la reforma en ese ámbito. 
El servicio de asesoramiento propuesto en materia de irregularidades financieras no sólo socava la transparencia sino también el trabajo de la OLAF. 
La Comisión debe efectuar elecciones respecto de su paquete de tareas con un presupuesto limitado. 
Nosotros debemos elegir entre profundizar o ampliar la Unión. 
Los próximos años van en la dirección de la ampliación. 
De ahí que resulte sorprendente que los ponentes Guy-Quint y Pomés Ruiz pasen esto completamente por alto y vean la reforma solamente como instrumento de la unificación política europea. 
Creo que la reforma de la Comisión debe examinarse a la luz de la ampliación y debe enfocarse hacia la misma. 
Señor Presidente, Señorías, con la hipótesis de la reforma de la Comisión sigue el camino hacia las nuevas Instituciones europeas: nuevas en cuanto modificadas respecto a las anteriores a causa de los problemas planteados durante la anterior gestión y sobre la base del largo, articulado y con frecuencia complejo informe de los expertos independientes. 
Como toda novedad que modifica situaciones consolidadas, es evidente que hay que estar atentos y ser cuidadosos. 
El que tiene responsabilidades legislativas no puede ni debe dejarse llevar por emociones y no ha de aceptar las propuestas en su conjunto, aún cuando procedan de lumbreras que no responden a la lógica de la representatividad. 
Los expertos, en cuanto tales, son unos técnicos, sin embargo, el legislador no puede ser su ejecutor material ni un experto a su vez: debe escuchar, consultar, reflexionar y luego producir de propia iniciativa, si no es mejor que renuncie a hacer política y que deje a los expertos la legislación. 
Recordamos que ya una parte de la reforma, aprobada en el mes de septiembre del pasado año, de manera poco sensata, aunque con arreglo a la propuesta de los expertos, fue rechazada por el Tribunal de Justicia. 
La Comisión, órgano institucional fundamental de la actual estructura de la Unión, lleva a cabo con toda su estructura la política de la Unión Europea conforme a los deseos del Parlamento y del Consejo. 
El Parlamento debe lograr llevar a cabo una reforma de la Comisión en las partes oportunas y necesarias sin condicionamientos, al objeto de conseguir eficacia y transparencia, pero permitiendo a los que actúan ser conscientes de sí mismos, de lo qué son, de lo qué hacen y para quién trabajan. 
Desde mi punto de vista, en el mundo no existe una estructura que revista una importancia más grande y fundamental: quince Estados y en el futuro veinte o más, un continente entero; la parte del globo actualmente más industrializada late en la Unión y, a través de ella, en la Comisión mediante sus estructuras. 
En ella y en el Parlamento deben haber funcionarios excelentes en cuanto a capacidad, conscientes de serlo, remunerados adecuadamente y operativos, pero con todas las garantías y las prerrogativas adecuadas a su función, responsables pero no expuestos a posibles mortificaciones. 
Concediendo el debido reconocimiento a quien, para estar aquí, debe ser un buen y un gran trabajador, conseguiremos Instituciones excelentes. 
Cualquier otro camino implicaría un retroceso y quizás volvería a plantear los mismos problemas que se plantearon en el pasado y que han motivado que se esté procediendo a la reforma. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi reconocimiento al Sr. Harbour y al trabajo que ha dedicado a este informe. 
Al igual que el Sr. Van Hulten, alabo la forma en que ha trabajado con otras personas y su disposición a recoger ideas y argumentos de otros Grupos políticos. 
Agradezco también a la Comisión y a su personal su apoyo y asistencia. 
El informe Harbour en realidad constituye solamente el marco general, básicamente el esqueleto. 
Queda todavía mucho por hacer y creo que el Parlamento no puede dormirse en los laureles. 
Ya hemos escuchado que el Comisario ha presentado hoy una serie de documentos sobre aspectos concretos del informe. 
Entiendo que el Parlamento no va a analizar estos documentos oficialmente. Esto es un error. 
Porque lo que ocurra en la reforma del personal de la Comisión tendrá, en última instancia, repercusiones para el Parlamento y eso no deberíamos olvidarlo. 
Me gustaría referirme a algunas de las 26 enmiendas que se han presentado al informe Harbour. 
Como era de esperar, vamos a apoyar las Enmiendas 1 a 6, presentadas por el PSE. 
Sin embargo, vamos a retirar la Enmienda 6 y vamos a pedir un voto separado en la última parte de la Enmienda 15 puesto que no creemos que el actual sistema en el BCE se preste a esta situación. 
Pediríamos que las Enmiendas 20 y 23 se consideren añadidos dado que en el Párrafo 10 sería un completo disparate eliminar el sistema de evaluación a la hora establecer los objetivos de los puestos de trabajo y su papel de desarrollo del personal. 
La Enmienda 23 parece una ocurrencia tardía y aunque no estemos en contra, no debería sustituir al Párrafo 22 existente. 
Apoyamos las Enmiendas 13, 14, 16 y 9 presentadas por el PPE. 
Nos oponemos al resto de las enmiendas porque o no aportan nada al informe o no hacen sino embarcarnos en viajes de fantasía. 
Me gustaría decir rápidamente algo acerca del cambio. 
El cambio nunca es fácil. 
Mucha gente se resiste a cambiar por el temor a dar el paso hacia lo desconocido. 
Quisiera decir que siendo una persona que ha sido empleado de una organización que hizo un recorte de puestos de trabajo sin consultar con el personal existente, envidio al personal de la Comisión. 
Quisiera también decir que siendo una persona que ha pertenecido a otra organización que sufrió un recorte de personal y que se quedó sin trabajo, aún envidio más al personal de la Comisión y al modo en que están trabajando y en que el señor Comisario está trabajando con ellos. 
No es fácil quedarse sin trabajo. 
Ojalá se me hubiera dado la oportunidad de una nueva formación para otro puesto dentro de esa organización. 
Quisiera empezar expresando mi reconocimiento al Sr. Harbour. 
Recuerdo lo que ha dicho del largo período de gestación de este trabajo y animaría a la Comisión a que no crea que el calendario es indefinido. 
Ha habido un vacío y animaría a la Comisión a que creyera que la recuperación de su confianza en sí misma es importante para nosotros aquí en el Parlamento y más importante para los europeos. 
Quisiera referirme ahora a lo que ha dicho el Sr. Lamassoure en su declaración explicativa sobre el papel institucional de la Comisión y, en particular, de la iniciativa política. 
No suelo estar de acuerdo con el Sr. Van Dam que forma parte como yo de la delegación para Estonia. Pero ha dicho dos cosas que sí acepto: una, que era necesario un cambio de actitudes, y dos, que la ampliación es un factor fundamental para el éxito de la Comisión en el futuro. 
El Sr. Lamassoure dice, acerca de la ampliación, que se espera que la Comisión, en lo que respecta al proceso de adhesión, proponga una estrategia integral que refleje el interés de la Unión en su calendario político, y no meramente una evaluación sobre la adecuación de cada uno de los países candidatos. 
La vez anterior que formé parte este Parlamento, el Presidente de la Comisión era Jacques Delors y trabajaba junto con el Comisario Brittan y, antes de él, con el Comisario Cockfield. 
Ellos no esperaban a que las ideas les fueran presentadas por el Consejo de Ministros. 
Ellos mismos diseñaron el programa para el mercado único. Trabajaron siempre codo con codo con el Parlamento. 
Promovieron el plan y lo sacaron adelante. 
Había una sensación de gran autoestima y armonía entre las instituciones. 
Le diría simplemente al Comisario Kinnock, y estoy seguro de que no necesita que se le anime en esto, que no se trata sólo de una cuestión de gestión o de detalle técnico, es una cuestión de personal y de creer en lo que se hace y de creer que el Parlamento va a trabajar al lado de la Comisión. 
Debemos tener un objetivo. 
Ese objetivo es la ampliación y es tremendamente difícil alcanzarlo pero esperamos que la Comisión sea el motor y queremos trabajar a su lado. 
Señor Presidente, toda administración necesita ser revisada periódicamente, ser ajustada y ser adaptada a los tiempos. 
En consecuencia las propuestas de la Comisión- el Libro Blanco- impulsadas por el Comisario Kinnock, reciben el apoyo de nuestro Grupo político. 
El informe del Sr. Harbour valora positivamente esas propuestas y nosotros también apoyamos el informe del Sr. Harbour, aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior. 
Al hacerlo, sin embargo, desde el Grupo socialista estimamos que el actual funcionamiento de la administración pública comunitaria es bastante eficaz. 
Hay que recordar que la crisis de la Comisión no fue provocada por ningún defecto de la administración comunitaria sino por problemas políticos que tenían poco que ver con el funcionamiento de la administración, y querer vincular la crisis de la Comisión a un mal funcionamiento de su administración sería arbitrario. 
Hay que tener en cuenta que la administración comunitaria se basa en ciertos principios bien establecidos en la práctica de la administración continental, como son el principio de la carrera y de la estabilidad del empleo. 
Esos principios se establecieron después de una etapa anterior en la que los cargos públicos se nutrían en función del reparto de influencias, del sistema de botín o de expolio. 
Y frente a eso el sistema de la administración pública estable era la garantía de que los cambios políticos no iban a afectar al funcionamiento de la administración. 
En algún país, como España, donde hemos pasado por períodos tumultuosos de nuestra vida política, la administración ha sido, por lo menos, la garantía de estabilidad. 
Por tanto, reconociendo que hace falta modernizar la administración, nuestra preocupación es garantizar esos principios fundamentales de la administración comunitaria, desempeñada en estos momentos por funcionarios de un alto nivel de competencia, que muchas veces, con gran sacrificio personal, tienen que cambiar su residencia para establecerse en Bruselas y que tienen unas remuneraciones adecuadas al esfuerzo que eso supone. 
Nosotros suponemos que la Comisión va a seguir presentando propuestas concretas. Creemos que tendremos oportunidad de expresarnos sobre ellas y que a lo largo de ese tiempo tendremos la posibilidad de ayudar a la Comisión en el desarrollo de la función pública. 
Pero nos parece que hay que respetar dos principios fundamentales; uno, el reconocimiento de las situaciones reconocidas en derecho, los llamados derechos adquiridos de los funcionarios y, en segundo lugar, el principio de estabilidad, de garantía, y también incluso el derecho de sindicación, el derecho de la defensa, por parte de los funcionarios, de su posición, de su carrera e incluso de su prestigio profesional. 
Con esta consideración animamos a la Comisión y al Sr. Kinnock a proseguir con los esfuerzos de reforma. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, seguimos esta reforma con justificadas esperanzas. 
Lamento que sólo la desencadenara la dimisión de la Comisión, ocurrida en mayo de 1999, por comisión de actos irregulares y de mala administración. 
Una vez alterada la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas, resulta más difícil recuperarla. 
Son evidentes las dificultades de la Comisión para la ejecución de los diversos programas. 
Se acumulan retrasos en los pagos y son conocidos los obstáculos. 
Se han multiplicado las nuevas tareas, se han acentuado la complejidad y la lentitud de los procedimientos, pero no han cambiado las estructuras, los métodos y los condicionamientos de carácter formal. 
El resultado es el sabido, que ha indicado la dedicación y la competencia de los numerosos miembros de la Comisión y su administración. 
Urge que la Comisión optime la utilización de los recursos humanos existentes y promueva nuevas admisiones. 
Pero eso no basta para mejorar la ejecución de las acciones y las asignaciones disponibles. 
Se espera una profunda reorganización de estructuras y métodos de trabajo, es indispensable la aclaración de la división de atribuciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
A las dos primeras instituciones corresponde la formulación de políticas y prioridades y la aportación de medios financieros. 
A la Comisión corresponderá reunir todas las condiciones para hacer la gestión financiera de los programas comunitarios. 
En cuanto a este último aspecto, es indispensable fortalecer el papel ejecutivo de la Comisión mediante, en particular, la reforma de la comitología. 
Entendámonos: si, de conformidad con el artículo 274 del Tratado, la Comisión ejecuta el presupuesto con su propia responsabilidad, determinadas intervenciones de los Estados miembros por mediación de comités de gestión y de reglamentación, promovidas esencialmente para expresar intereses nacionales, constituyen obstáculos para la eficacia de la gestión de la Comisión. 
A eso se debe que haya que cambiar también la llamada comitología. 
Contando con el éxito de esta reforma felicito a los cuatro ponentes, en particular a la Sra. Catherine Guy-Quint, cuyo trabajo he seguido más de cerca. 
Señor Presiente, la dimisión de la Comisión en la primavera de 1999 supuso, de hecho, la apoteosis de un problema mucho más profundo de la Comisión Europea: la existencia de estructuras de trabajo no definidas claramente que dieron lugar a la inexistencia de responsabilidad política, prioridades políticas fragmentadas y resultados insuficientes. 
El Libro Blanco del Comisario Kinnock supone una respuesta a estos problemas, pero al mismo tiempo, va mucho más lejos, de manera que las propuestas de reforma se acomodan a los principios básicos de un servicio público europeo moderno. 
En semejante servicio, los ciudadanos deben constituir el centro y los ciudadanos, por su parte, esperan lisa y llanamente resultados y comportamientos adecuados cuando sus intereses estén en juego. 
Asuntos tales como la crisis de la EEB, los precios del petróleo, el efecto invernadero cuentan con un componente europeo expreso. 
La Comisión, por tanto, tiene que cumplir aquí una tarea importante. 
Sólo pueden lograrse resultados ante los ciudadanos cuando la Comisión sea capaz de actuar con rapidez, con transparencia y, entre otras cosas, conseguir que este servicio público sea responsable. 
Éste debe ser, por tanto, el objetivo de la reforma dentro de la Comisión. 
Todos hemos podido constatar cómo la cultura del miedo en la Comisión, y hablo también de los servicios y los funcionarios, ha paralizado bastante, debo decir completamente, la toma de decisiones. 
Así, el ámbito de las relaciones exteriores es ejemplar en relación con los grandes problemas a los que, desgraciadamente, todavía se enfrenta la Comisión. 
Muchos miles de solicitudes de proyectos llevan ya más de un año esperando una evaluación. 
Las cartas y peticiones respecto al estado de los asuntos no se examinan o se analizan de forma ambigua. 
Este tipo de situaciones perjudica gravemente a la confianza de los ciudadanos implicados. 
Ante esto, el giro propuesto por el Comisario Kinnock hacia la efectividad y el control de la gestión y del presupuesto merece todo nuestro apoyo. 
La Comisión puede dedicarse con ello a sus tareas centrales y aumentar mucho su eficiencia. 
Al mismo tiempo, el paquete sobre las propuestas de la reforma puede romper la cultura del miedo, de manera que la organización funcionarial tenga más confianza en su propia capacidad, ya que en ella hay personas muy capaces. 
El Parlamento Europeo puede ajustar después cuentas con la Comisión en cuanto a los resultados logrados por ésta, en los que las prioridades políticas, tal como han sido formuladas por el Parlamento y el Consejo, al igual que, efectivamente, el centrarse en la prestación de un servicio a los ciudadanos, constituyen el marco de verificación más importante. 
Es esencial que se consiga rápidamente la credibilidad de un servicio público europeo a los ojos de los ciudadanos. 
Esto no puede conseguirse centrándose demasiado en la palabra "interna" en las reformas. 
El público también debe tener la sensación de que la Comisión es realmente accesible y transparente. 
El Libro Blanco de la administración europea, recientemente presentado, contiene muchas buenas iniciativas al respecto, pero en lo que a otros ámbitos se refiere, todavía debe lograrse mucho. 
Me refiero a la transparencia de los documentos para los ciudadanos con la que no estamos todavía precisamente satisfechos. 
Ahora debemos cerrar definitivamente el capítulo sobre fraude, burocracia y caída de la Comisión. 
Abramos un nuevo libro sobre servicio público europeo moderno que cumple como es debido su papel constitucional, está preparado para la próxima ampliación y, por último, acepta con entusiasmo la prestación de un servicio al público europeo como su nueva mission statement. 
El Comisario Kinnock y el Presidente Prodi cuentan con todo el apoyo del Grupo socialista. 
Eso significa que nos mantenemos completamente atentos a los resultados y criterios que se formulan tan bien en el Libro Blanco. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, voy a ser muy breve, pero antes vaya por delante mi felicitación a todos los ponentes. 
El consenso básico con el que han trabajado es un elemento muy positivo y esperanzador. 
El debate, como hemos comprobado, no es tanto de principios, objetivos u oportunidad de la reforma, cuanto de procedimientos, ritmo, calendario, posibles disfunciones o consecuencias no deseadas de su aplicación. 
Una reforma necesaria al margen de que en su origen estuvo, no la autocrítica normal que se da en el curso del tiempo en una administración con algunas décadas de vida a su espalda, sino una verdadera crisis política. 
Sin embargo, lo que tenemos delante no es una reforma política con consecuencias administrativas, sino una reforma administrativa con consecuencias políticas. 
Estamos, pues, ante uno de esos retos a los que en pocas ocasiones se enfrentan los responsables políticos que deben encontrar la mejor forma de garantizar la gobernabilidad de las instituciones, al tiempo que la mejor forma de proporcionar a los ciudadanos una buena administración. 
El éxito de la reforma es el éxito de todos y todos nos jugamos mucho en este envite. 
Siendo esto así, me parece no sólo oportuno sino necesario explorar todas las posibilidades que ofrece el diálogo interinstitucional. 
Diálogo que debe abrir al procedimiento de codecisión el marco normativo básico de las finanzas comunitarias. 
Diálogo que debe permitir el establecimiento de mecanismos comunes en las políticas de recursos humanos. 
Diálogo que debe fructificar en acuerdos presupuestarios plurianuales, dentro del marco de las perspectivas financieras, y diálogo, en fin, que nos permita trabajar conjuntamente en el seguimiento y control de la reforma. 
Creo, Señorías, que al ciudadano no le interesan tanto los planos, es decir, el diseño material de la reforma, como los planes, es decir, sus objetivos y consecuencias. 
Los ciudadanos nos van a juzgar en función del grado de transparencia, cercanía en las responsabilidades de la toma de decisiones, coherencia en el reparto de las responsabilidades, y en función de la eficacia que finalmente se consiga. 
Muchas gracias, señor Vicepresidente. 
Estoy convencido de que la Asamblea le dará la oportunidad de extenderse más en otra ocasión, puesto que esta reforma no va a acabar con la primera votación de mañana. 
Por lo tanto, estoy convencido de que tendremos el placer de escucharle en futuras ocasiones. 
Tiene la palabra la Sra. Schreyer para completar el informe de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, la reforma de la Comisión es una reforma a fondo. Esto se puede ver en el Libro Blanco y creo que también se puede ver muy claramente en los informes del Parlamento. 
El punto central de la reforma es la mejora de la gestión financiera. 
No se trata de cambios aislados sino de unos cambios amplios y sustanciales precisamente en este campo. 
La mejor noticia es que se han colocado ya las primeras e importantes piedras de la reforma. 
No están solamente sobre el papel sino que son ya una realidad. 
Otros elementos están en la fase de concepción y otros tienen que ser apoyados y aplicados por el Parlamento y el Consejo en la fase decisoria. 
Me voy a referir ahora a unos importantes puntos de los informes de la Sra. Guy-Quint y del Sr. Pomés Ruiz que afectan muy directamente al presupuesto, a su elaboración y ejecución. 
Ambos temas son tratados en la nueva redacción del Reglamento Financiero lo que constituye un elemento central de la reforma. 
El objetivo central es lograr una simplificación, elevar la transparencia y fortalecer los principios presupuestarios, es decir, en concreto menos regulaciones de excepción, menos regulaciones especiales incomprensibles y elevar la eficiencia y efectividad en el procedimiento presupuestario. 
Se recogen en el Reglamento Financiero regulaciones totalmente nuevas como las relativas a la adjudicación de contratas o a las ayudas financieras. 
Es decir, para los procedimientos presupuestarios totalmente usuales las regulaciones son más claras y sencillas de aplicar con lo que esperamos que en el futuro la tasa de errores sea menor, lo que asimismo nos hemos marcado como objetivo. 
Señora Guy-Quint, usted se ha referido en su informe a numerosos puntos de la nueva redacción del Reglamento Financiero pero también ha expresado la preocupación de que debido a la activity based budgeting se puedan perder informaciones para el Parlamento. 
La idea básica del activity based budgeting es mostrar claramente en el presupuesto de cuánto dinero se dispone para qué sector político, tanto en sentido operativo como para la necesaria administración. 
Queremos reflejar los costes de un sector político y usted tiene razón cuando dice que eso no significa aún una cuenta de la efectividad de los gastos pero sí una visión de conjunto sobre los créditos disponibles para un sector político y esto es una novedad en el presupuesto de la Unión Europea. 
La eliminación de la división del presupuesto tal como tenemos hasta ahora- entre costes administrativos y costes para medidas políticas- la supresión de esta división es la consecuencia lógica pero esto no significa que los costes de personal y administrativos ya no se puedan identificar, no se puedan reflejar por separado, pues van a seguir estando naturalmente reflejados en líneas presupuestarias específicas, pero van a ser asignados al sector político y no van a desaparecer ya anónimamente en un presupuesto administrativo general para la Comisión. 
Este modo de proceder relacionado con las actividades pretende poner en mejor consonancia los recursos con las prioridades políticas. 
Se trata de un instrumento para poder apreciar mejor los costes, registrarlos mejor y es un instrumento de gestión que puede orientar mejor la gestión en función de las prioridades. 
Uno de los deseos fundamentales del Parlamento era precisamente que se identificasen más claramente las prioridades políticas. 
Repito pues que la transparencia es el objetivo y creo que alcanzamos este objetivo. 
Señor Garriga Polledo, permítame que diga brevemente que se conservan las categorías de las previsiones financieras. 
Es un instrumento de planificación financiera y se conserva este instrumento. 
Señora Guy-Quint, por lo demás me alegra mucho haber encontrado en usted una especialista que va a debatir sin duda la nueva redacción del Reglamento Financiero aquí en el Parlamento no sólo con competencia sino probablemente también vehemencia. 
Quiero referirme a un punto que el Sr. Pomés Ruiz ha destacado muy en especial en su informe, a saber, la cuestión de los plazos de pago y tiene razón en subrayar tan intensamente este tema. 
El año pasado sólo se pudieron realizar aproximadamente dos terceras partes de los pagos dentro del plazo de 60 días y comparto su crítica de que no es aceptable. 
Nos encontramos ante la situación de que el número de transacciones financieras ha aumentado rápidamente en los últimos años pero esto no es ninguna excusa. 
Para la Comisión también tiene que ser algo evidente que los pagos se hagan en los plazos previstos lo que se ha marcado como objetivo. 
¿Cómo queremos lograrlo? 
De entre el gran número de posibles pasos sólo voy a mencionar algunos. 
Entre otras cosas, en los contratos se simplifican las regulaciones sobre cuestiones de liquidación y la Comisión va a utilizar más intensamente el instrumento del reembolso global. 
Es sencillamente muy antieconómico para la Comisión que según los contratos para unos costes X se tenga que reembolsar un 20%, para unos costes Y un 30% y con frecuencia se junten y comprueben los comprobantes de sumas muy pequeñas. 
Aquí el instrumento del reembolso global es de una utilidad económica superior. 
Además es importante que se determine claramente la fecha de la entrada de la factura en la Comisión. 
Respecto al tema de la externalización me permito indicar brevemente que la Comisión va a presentar un fundamento jurídico al respecto. 
Por lo demás, en su carta rectificativa al presupuesto, la Comisión ha expuesto también extensamente su posición sobre la cuestión de los BATS, de las Oficinas de Asistencia Técnica, y me alegra mucho que la idea de la Comisión y la del Parlamento sobre cómo se debe proceder en el futuro con este asunto transcurran en la misma dirección. 
La reforma administrativa pretende mejorar el trabajo de la Comisión. 
Para esta mejora necesitamos gente y personal capacitado y en cantidad suficiente. 
Por ello, la Comisión ha exigido a la autoridad presupuestaria para el próximo año puestos adicionales y estoy muy satisfecho por las decisiones que se han adoptado la última semana en el marco del procedimiento de conciliación. 
Con la reforma, la Comisión se prepara para enfrentarse mejor a las tareas actuales pero también a las futuras y nuevas y esta es naturalmente una reforma que la Comisión prepara también para las nuevas tareas en el marco de la ampliación. 
Naturalmente, no vamos a escatimar esfuerzos para aplicar la reforma lo más rápidamente posible aunque a veces se critique que tal o cual punto aún no está concluido. 
A veces se olvida que vivimos en un sistema democrático y que se aplican normas de codecisión, lo que es bueno que sea así. 
La reforma tiene que ser llevada a cabo por el personal de la Comisión, por lo que precisa de aceptación. 
Naturalmente, también precisa de la aceptación de las demás instituciones y en especial del apoyo de los representantes elegidos del pueblo. Quiero expresar mi encarecido agradecimiento al Parlamento por este apoyo, tanto por las críticas como por las alabanzas. 
Veo que hemos iniciado la reforma con tiempo suficiente pues no han dado aún totalmente las doce. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Relaciones UE-PVD 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0337/2000) de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la eficacia de las relaciones de la Unión Europea con los países en desarrollo y las repercusiones de la reforma de la Comisión en esas relaciones (2000/2051 (INI) ). 
. Señor Presidente, aunque van a dar las doce, esperamos que este último informe sobre la política de desarrollo- que intentamos que entre también dentro de la reforma- no por eso sea menos importante, a pesar de que efectivamente, sea el último. 
Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia en este debate del Comisario Nielson que ha puesto por delante de otras citas importantes su compromiso con este Parlamento. 
El informe de la Comisión de Desarrollo, del que soy ponente, versa sobre las repercusiones de la reforma de la Comisión en la eficacia de las relaciones entre la Unión Europea y los países en desarrollo. 
Se trata de un informe de iniciativa, porque la Comisión no ha tenido a bien consultarnos de otro modo más oficial, a pesar de que sí lo ha hecho con los otros aspectos de la reforma. 
Al menos tan importante como éstos que acabamos de debatir es el aspecto de la reforma RELEX, que será la que dé al mundo una idea del alcance de los cambios de la Comisión. 
Partiendo del mismo diagnóstico de la Comisión sobre la ineficacia de la política de desarrollo comunitaria, este informe llega a conclusiones diferentes sobre cómo ponerle remedio. 
En nuestra opinión, la del Grupo socialista y la del conjunto de la Comisión de Desarrollo, la política de desarrollo es una política imprescindible en el marco de la acción exterior comunitaria, que debe dar respuesta a los problemas del mundo actual, entre los que el mayor y más dramático es el subdesarrollo. 
Una política necesaria cuya forma de aplicación tiene que modificarse para la consecución del objetivo de erradicar la pobreza. 
Estos son los principios previos que compartimos con la Comisión. 
Sin embargo, creemos que no ha acertado en su planteamiento de la reforma. 
La Comisión mantiene, aunque es cierto que de manera matizada, una división entre responsabilidad política y competencia ejecutiva, que por la experiencia del pasado prevemos que será poco operativa. 
Nos parece que una reforma cosmética no tiene sentido en estos momentos de cambio profundo. 
Señor Comisario, seguramente usted y sus servicios se hacen las mismas preguntas que me hago yo: ¿Por qué no unificar el ciclo de la cooperación? 
¿Por qué no atribuir las competencias de desarrollo en los países en desarrollo al Comisario competente en esta materia? 
Suena absurdo, pero absurdo es lo que nos propone la Comisión: que usted se encargue de la ejecución de medidas diseñadas por otros en relación con ciertos países considerados en desarrollo y del diseño y ejecución de políticas en relación con los países ACP. 
La racionalidad y la experiencia nos señalan otro camino. 
Quizá el que proponemos en este informe, que no cuestiona la división de competencias en el Colegio de Comisarios, simplemente la aplica. 
Para el de Desarrollo, las competencias de desarrollo; para el de Relaciones Exteriores, las relaciones políticas, y así sucesivamente. 
Nos tememos que el origen del absurdo esté en un debate interno de la Comisión en torno a quién es quién. 
Lo malo es que las consecuencias del mismo las van a pagar la eficacia de la política de desarrollo y, lo que es todavía más grave, quienes deberían ser beneficiarios de la misma. 
Lo veremos el año que viene cuando se nos presente la evaluación que pedimos sobre los resultados de la reforma. 
Los criterios de evaluación serán los avances en la erradicación de la pobreza, en la complementariedad con las políticas de los Estados miembros, en el nivel de coherencia entre las políticas comunitarias, en la agilidad en la gestión de proyectos, toma de decisiones y simplificación de procedimientos. 
Estos últimos aspectos afectan de manera muy particular a las ONG. 
Las ONG, Sr. Comisario, constituyen uno de los pilares de la cooperación comunitaria, un valor añadido de la política de desarrollo europea y tienen que ser, por ello, cuidadosamente tomadas en cuenta. 
La importancia de las grandes organizaciones multilaterales no anula la de las pequeñas ONG, sobre cuyo papel en el desarrollo a nivel local no me voy a detener, porque todos, y especialmente las poblaciones beneficiarias, lo conocemos. 
Nos parece fundamental que se consolide el diálogo hasta ahora quebradizo entre la Comisión y el Comité de enlace de ONG de desarrollo. 
Deseamos al Comisario Nielson los mayores éxitos. 
Pedimos al Comisario Patten la mayor generosidad en aras de la eficacia de la política de desarrollo en la que todos estamos comprometidos y cuyas consecuencias nos sobrepasan en términos políticos y humanos, tanto para bien como para mal. 
Exigimos al Comisario Kinnock, que se acaba de marchar, la máxima transparencia en la gestión de la reforma y los esfuerzos necesarios en materia de recursos humanos. 
Y a todos ellos les pediremos cuentas. 
A los Estados miembros les recordamos que no hay espacio en la construcción europea para las tentaciones renacionalizadoras; al revés, es el momento de defender la dimensión europea de esta política contribuyendo a su racionalización. 
La complementariedad es uno de los elementos clave para el éxito de la política de desarrollo comunitaria y no debería ser un debate teológico como lo es ése en el que se ha estancado la subsidiariedad. 
(El Presidente insta a la oradora a que finalice su intervención) Señor Presidente, concluiré diciendo que vamos a aprobar dos enmiendas y otras tres no lo serán, como ya se ha discutido en la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quisiera destacar la calidad del informe de iniciativa de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco en relación con la reforma de la Comisión y sus incidencias sobre la eficacia de las relaciones de la Unión Europea con los países en desarrollo. 
Uno de los grandes méritos de este informe es poner de relieve la necesidad absoluta de llevar a cabo, por la Unión Europea y los Estados que la componen, una gran política de desarrollo, la única susceptible de concordar con la cultura y proyección de nuestro continente. 
Primeramente, quisiera recordar brevemente las cifras, para evitar no sé que complejos en relación con la acción presente. 
Hay que decirlo y repetirlo, la Unión Europea, con sus Estados miembros, proporciona más de la mitad de la ayuda pública al desarrollo y así, contrariamente a una idea generalmente aceptada, la Comunidad se compromete cada vez más, en el sentido estricto de la ayuda europea. 
La parte de ésta en la ayuda mundial era, hace treinta años, del 7%, hoy día es del 17%. 
En 1990, las ayudas exteriores totales de la Unión Europea han pasado de 3.000 millones de euros, hace diez años, a cerca de 1.000 millones, el día de hoy. 
Claro está, eso no es suficiente, pero con todo debe ponernos a salvo de las caricaturas sobre la escasez de nuestra ayuda al desarrollo. 
Por consiguiente, tenemos que tener en cuenta una realidad que no puede ignorarse. Esta consiste en la existencia de políticas de desarrollo llevadas a cabo por un determinado número de Estados miembros a la par de la política europea. 
Por tanto, la mejora reside, desde mi punto de vista, en un proceso pragmático que consiste en intentar coordinar de la mejor manera posible las acciones de los Estados miembros y las de la Comunidad. 
A mi juicio, este es el precio para alcanzar la complementariedad. 
Por lo demás, este es el sentido de la declaración de política regional, de la política importante del Consejo y de la Comisión del pasado 10 de noviembre. 
Esta introduce una división del trabajo entre la Comisión y los Estados miembros, en función de sus ventajas comparativas. 
Desde mi punto de vista, es preciso cuidarse de dos escollos igualmente peligrosos: una renacionalización progresiva de las ayudas al desarrollo, por un lado, o un proceso utópico destinado a hacer de la Comisión Europea el único protagonista de la ayuda al desarrollo. 
Por consiguiente, la reforma de la Comisión Europea sigue la dirección correcta al proponer a la vez una acción más eficaz para ella misma y responsabilizar más a los beneficiarios de los proyectos de desarrollo. 
Evidentemente, esto plantea, los oradores lo han recordado, el problema de los recursos humanos que es preciso poner en acción, hasta aquí insuficientes. 
No insisto más sobre este punto. 
Desearía concluir, señor Presidente, insistiendo en tres enmiendas que presenté en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos, las enmiendas 1, 2 y 4 cuya filosofía es hacer de la Unión Europea un socio activo y no pasivo de la ayuda al desarrollo, pero también cuidadoso de un mejor empleo de los fondos asignados. 
El Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos votará en favor del informe de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco con el deseo de que las modificaciones que propone puedan tenerse en consideración. 
Señor Presiente, una de cada cinco personas en el mundo no tiene acceso a la asistencia social básica. 
Europa es económicamente un gran poder, de ahí que esté muy justificado que a raíz del debate sobre el Libro Blanco discutamos esto ahora. 
Se trata de una muy buena iniciativa de la Sra. Sauquillo a fin de también implicar la parte de las relaciones exteriores en la reforma interna y, con ello, incluirla en la agenda. 
Nos enfrentamos a un gran problema. El Comisario también lo ha constatado en sus documentos: gran retraso, falta de objetivos, una cultura del miedo en los servicios en materia de gastos y, al mismo tiempo, un nivel demasiado bajo de propuestas de proyectos, mucha pérdida de tiempo y poco gasto efectivo. 
Queremos que exista mas responsabilidad. 
Queremos que haya un mayor control ex post. 
Queremos que exista una mayor responsabilidad de cara al servicio público. 
Queremos que se produzca una desconcentración. 
Queremos ir hacia un Fondo Europeo de Desarrollo en el que esté integrado el Parlamento. 
Queremos unos objetivos claros. 
El Parlamento ha previsto todo ello en lo que a su papel se refiere en cuanto a las propuestas presupuestarias para 2001. 
Volvemos a esto ahora, ya que constituye un buen marco en sí mismo. 
Vacilamos mucho en cuanto a la forma tan técnica en que se han formulado las reformas. 
Para nosotros, resulta más importante contar con un claro reparto político: un Parlamento con objetivos claros; una Comisión que sabe perfectamente lo que quiere; un Comisario, respaldo plenamente a la Sra. Sauquillo en este punto, que es cien por cien responsable de todo el mundo cuando se trata de política de desarrollo y que, por tanto, asume toda la responsabilidad en la Comisión en esa materia y cuenta también con los human resources, ya que sin éstos, es por supuesto, completamente imposible ejecutar esta política. 
Quisiera resumir esto brevemente. Terminemos con esta cultura del miedo, también entre los funcionarios. 
Logremos establecer confianza entre nuestro Parlamento, los servicios y el Comisario, de forma que Europa pueda presentar algo en el mundo de la pobreza, al que debemos llegar con otro mensaje. 
El Feyenoord era conocido como el club de fútbol del lema "no palabras, sino hechos". Consigamos que el Comisario haga suyo ese lema. 
Señor Presidente, Señorías, comparto plenamente el informe Sauquillo por el esfuerzo y la contribución dada a la reforma por la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Si, como se confía en la exposición de motivos, con la reforma se tiende a una mayor implicación del Parlamento Europeo, habrá que establecer una suerte de política que no se detenga sólo en los flujos financieros, en los capítulos presupuestarios que como aspecto operativo se plasman en la ayuda a los países en vías de desarrollo. 
Ayudar no solo debe significar conceder, sino prestar a los demás nuestra labor en momentos de dificultad o para algo que no serían capaces de hacer por sí mismos o solos. 
La pobreza y la indigencia no solo son el resultado del retraso económico y de las dificultades de desarrollo, sino que con frecuencia son hijas de la agresión y de la explotación de los débiles por los fuertes, del egoísmo de los capaces frente a la debilidad de los marginados. 
Antes de hablar de ayuda a proyectos, hay que tratar de remover todas las causas de aprovechamiento existentes buscando y persiguiendo a quien se ha aprovechado, ha explotado y ha abusado de las poblaciones que se hallan en estado de necesidad. 
Antes de conceder ayudas, la Comisión reformada debe plantear un proyecto que estudie las causas que han creado o contribuido a crear un estado de necesidad en las poblaciones desfavorecidas. 
El término podría hacer creer en una muestra de altruismo o de gran generosidad; quizás, pensándolo bien, se trata sólo de algo que es de justicia. 
La Comisión debe controlar asimismo que esto ocurra a escala internacional. 
De esta manera se crearán mejores aspectos de vida y se reducirá la diferencia entre los pobres que se están convirtiendo en cada vez más pobres y los muy ricos que aprovechándose de estas situaciones, se convierten en cada vez más ricos. 
Señor Presidente, he vuelto hoy de Mozambique donde la Unión Europea ha sido responsable de una brillante ayuda humanitaria tras el desastre de las inundaciones, pero, una vez más, los proyectos de reconstrucción, a los que ya hemos asignado dinero, se ven retrasados a la espera de las firmas en Bruselas. 
Reforma de la ayuda exterior, "sí"; personal suficiente para gestionar los proyectos, "sí"; descentralización hacia las delegaciones, "sí"; mayor énfasis en la programación, paso a una evaluación financiera ex post, mayor eficiencia de los procedimientos de la comitología, "sí", "sí", "sí". 
A última hora de la noche, cuando tenemos que ser claros, incluso directos y cuando mi estimada colega, la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, ha tenido que hacer uso del instrumento de un informe a iniciativa propia para garantizar el control parlamentario, la Comisión debería escuchar cuando el Parlamento Europeo dice "no". 
En primer lugar, la mutilación de la DG de Desarrollo deformará y no reformará la ayuda externa. 
Nosotros queremos una única dirección general de desarrollo que se haga cargo de la política y de su aplicación, del comercio y de la ayuda, de Asia, África y América Latina, mientras que la Comisión sigue proponiendo desgajar estas áreas políticas, sigue proponiendo un híbrido en el que la programación se realice separadamente. 
En segundo lugar, exigimos que se ponga fin a la práctica de ir dejando a los países en desarrollo sin asistencia externa y dirigiéndola al interior de las fronteras de la UE durante los últimos años. 
La comunicación de reforma de 16 de mayo no menciona ni una sola vez la palabra "pobreza" y tampoco lo hace la Resolución del Consejo de Asuntos Generales de 9 de octubre. 
Tenemos que hacer que la UE cumpla las promesas hechas en las cumbres de NN.UU. de que el desarrollo es fundamental y tenemos que hacerlo garantizando un porcentaje fijo de ayuda externa a los países menos desarrollados del mundo. 
Finalmente, deberíamos entender que la propuesta del Sr. Patten de que se responsabilice de la ayuda a un comité de directores del Comisario presidido por el Sr. Nielson es una treta inviable copiada de los libros de texto de gestión y radicalmente incompatible con la estructura colegiada de la propia Comisión. 
Precisamente porque el Sr. Nielson es fiel a esa responsabilidad colegiada defenderá, sin duda, la propuesta esta noche. 
Por eso, espero que la Comisión nos escuche cuando decimos que tenemos un Comisario de desarrollo altamente eficaz. 
Démosle la responsabilidad política para que lleve a cabo la tarea. 
Señor Presidente, el último informe anual del Banco Mundial ponía de manifiesto unas cifras que, por su crudeza, constituyen un escándalo y, a la vez, un reto para el mundo desarrollado. 
Este informe nos hablaba de cómo, en efecto, la pobreza y el subdesarrollo siguen ganando terreno y de cuán numerosas son todavía las personas que no pueden ejercer su derecho inalienable a vivir una vida digna. 
Existe, además, el temor de que el proceso de globalización económica aumente las dificultades de los países pobres y acreciente la brecha que les separa de los países ricos. 
Ante estas realidades, la necesidad de una mayor implicación y una mayor eficiencia en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo resulta ineludible. 
Ahora bien, para que la Unión Europea pueda desempeñar a fondo la política de solidaridad y conseguir la definitiva erradicación de la pobreza y de las causas que la generan, hay que proceder a un replanteamiento de las actuaciones de la Unión y del enfoque que debe darse a su política de ayuda al desarrollo, a fin de mejorar la eficacia de estos esfuerzos. 
De ahí la oportunidad del excelente informe de la Sra. Sauquillo- por cuyo trabajo quiero yo también felicitarla- y de las propuestas que el mismo contiene, porque señalan la dirección del camino que la Unión Europea debería seguir para dar respuesta a los retos que el siglo XXI plantea en materia de cooperación al desarrollo; unas propuestas elaboradas a partir de una evaluación de la situación actual y que tienen en cuenta los obstáculos que dificultan los progresos en este ámbito, que se refieren muy en especial a la reforma de los servicios de la Comisión: mayores competencias a las delegaciones y refuerzo de los recursos humanos dedicados a la política de desarrollo, asignación de recursos financieros acordes con los objetivos de la política comunitaria de desarrollo, simplificación de los procedimientos administrativos y- ¡cómo no! -complementariedad y coherencia de las políticas de desarrollo de la Unión. 
Esperemos que la Comisión y el Consejo sean receptivos a estas propuestas y que juntos podamos avanzar con paso más rápido hacia la definitiva erradicación de la pobreza, contribuyendo con ello al establecimiento de un mundo más justo. 
Señor Presidente, al preparar la propuesta para su reforma, la Comisión Europea no incluyó entre los consultados a quienes nos ocupamos de los temas de cooperación y desarrollo en el Parlamento. 
Por propia iniciativa, pues, la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento decidió presentar el informe que ahora discutimos. 
En él defendemos que la política de cooperación por un mundo más justo, más equilibrado y más estable no es algo accesorio, sino que debe constituir una auténtica prioridad en la política de la Unión Europea, y que, además, los esfuerzos que dediquemos en pos de ese objetivo deben entenderse como parte sustancial de nuestro propio proyecto. 
Pero, además, en el informe de la Sra. Sauquillo llamamos la atención sobre algunas medidas que nos parecen equivocadas dentro de las reformas que propone la Comisión. 
Así, por ejemplo, se ofrece un organigrama en el que no coinciden el ente responsable de formular la política de cooperación y el ente responsable de poner en práctica esa política. 
Nuestra comisión compartió el punto de vista de la ponente en el sentido de que sea el Comisario de desarrollo el que, a la vez, formule y ejecute la política en este ámbito, aunque coordinándola con el resto de las políticas que tengan proyección exterior. 
Más grave aún nos parece, en la propuesta de la Comisión, la separación territorial que se mantiene. 
En efecto, no parece razonable que el Comisario de desarrollo se ocupe prácticamente sólo de los países ACP, mientras que las relaciones con Asia, América Latina y el entorno mediterráneo- que por supuesto también son, y mucho, cuestiones de cooperación y desarrollo- queden en manos de quienes llevan la política exterior. 
. (EN) Presidente, este debate es oportuno porque la Comisión ha adoptado, de hecho, medidas importantes, nuevas medidas en materia de reforma de las relaciones externas. 
Ha acordado hoy la creación de una nueva oficina responsable de la cooperación europea desde la identificación de las acciones hasta su puesta en práctica. 
El proceso de aplicación de la decisión de mayo de la Comisión sobre reforma de las relaciones externas marcha bien. 
Hay tres elementos fundamentales en la reforma: la ampliación del proceso de programación; la reunificación de la gestión del ciclo del proyecto; y la transferencia de poderes a nuestras delegaciones; todos ellos están registrando avances sustanciales. 
En cuanto a los programas por países, la Comisión ha adoptado un marco básico para documentos de estrategia por país. 
Este marco fue analizado durante el reciente consejo de desarrollo y fue acogido positivamente por todos los Estados miembros. 
Disponemos ahora de un esquema armonizado para elaborar documentos de estrategia por país y programas de cooperación indicativos en todos los países en desarrollo. 
Esto va a situar a la preocupación por cada país en el centro del proceso, y proporcionará también la base de una estrecha coordinación con los Estados miembros y los demás donantes presentes en ese país. 
Esa es la herramienta que hemos creado después de muchos años de debate sobre cómo coordinarnos mejor. 
Nuestra acción se basa claramente en la lucha contra la pobreza como parte de nuestra revisión del marco político y concentrarnos en un número limitado de áreas será el elemento clave de la mejora de los efectos de nuestra cooperación. 
En el seno de la Comisión, ha empezado a funcionar el grupo inter-servicios de apoyo a la calidad bajo la presidencia de la DG de Desarrollo. 
Garantizará que los documentos de estrategia respeten el marco y la metodología acordados y tengo confianza en que este grupo aportará mayor calidad y coherencia a nuestras estrategias por país. 
Cubre toda la geografía y supone también una gran mejora en cuanto a la coherencia con la política que estamos respaldando. 
Por último, y no por ello menos importante, muy pronto presentaré al Colegio, junto a mis colegas, los Comisarios de relaciones exteriores, propuestas legislativas de modificación de las normas que rigen el fundamento legal de todos los instrumentos y partidas presupuestarias de las relaciones externas. 
Esto permitirá a los comités de gestión centrar su trabajo en las estrategias y no en proyectos individuales. 
En cuanto a la reunificación del ciclo de proyecto, la creación de la nueva oficina ha sido aprobada hoy formalmente por la Comisión. 
La oficina será responsable de la gestión de todas las fases del ciclo del proyecto. 
Desde el comienzo del próximo año, se trasladarán a la oficina 250 funcionarios desde la DG de Desarrollo y la DG de Relaciones Exteriores y al personal de la oficina se irán uniendo gradualmente agentes contratados mientras que, en paralelo, se van desmantelando las oficinas de asistencia. 
También aquí las cosas se han movido con bastante rapidez con la ayuda y comprensión de la autoridad presupuestaria. 
Por último, se ha establecido un programa de transferencia de poderes a los jefes de las delegaciones. 
En tres años, alrededor de 120 delegaciones o funcionarios verán importantes mejoras en sus métodos de trabajo. 
Además de mayores poderes financieros, recibirán sistemas informáticos y de telecomunicaciones actualizados. 
De nuevo aquí, la comprensión de la autoridad presupuestaria ha desempeñado un papel fundamental para la financiación de esta importante reorganización del Servicio Exterior Europeo. 
En 2001, por ejemplo, las responsabilidades financieras estarán desconcentradas en 22 delegaciones, los sistemas informáticos de otras 15 delegaciones serán actualizados y se asignarán 40 nuevos puestos de funcionarios a los servicios externos. 
La creación de la SEM (gestión financiera sana y eficaz) en 1998 constituyó un primer paso hacia la mejora de la rapidez de ejecución de los 8 programas. 
A pesar de que esa reforma era claramente insuficiente, y eso está hoy fuera de toda discusión, sentó, de hecho, las bases para algunos de los cambios que ahora estamos sacando adelante. 
La simplificación de los procedimientos es esencial para agilizar las cosas. 
También es necesario que los programas puedan en el futuro ser gestionados fácilmente por nuestras delegaciones y sean más accesibles a nuestros socios. 
¿Cómo podíamos hablar de aumentar la transparencia cuando teníamos 46 procedimientos distintos de licitación? 
¿Cómo podíamos esperar que un funcionario de una delegación se trasladara de Marruecos a Mauritania o de Bostwana a Sudáfrica cuando los procedimientos de cada programa y los correspondientes sistemas de gestión financiera tenían que aprenderse desde cero? 
Las simplificaciones, por tanto, son muy necesarias. 
La resolución acierta al destacar como problema la división y la falta responsabilidades claras en la totalidad del ciclo de cooperación y los problemas que hemos tenido. 
Además, la creación de la SEM no proporcionó una solución a la continua disparidad entre 8 voluminosos recursos administrativos. 
La resolución apoya una reforma que va más lejos en algunos aspectos que lo acordado hoy por la Comisión. 
Apoya no sólo la reunificación del ciclo del proyecto sino de todo el ciclo de cooperación, incluyendo la programación que ahora compete a la DG de Desarrollo y a la DG de Relaciones Exteriores. 
Sobre este punto, sólo puedo decir que la reforma es un proceso dinámico. 
El grupo de apoyo a la calidad permitirá una transferencia más decidida y mejor gestionada de la parte de programación de toda la actividad a la oficina. 
Esto es algo a lo que estamos prestando mucha atención con el fin de que funcione adecuadamente. 
También quisiera recordarle al Parlamento que la decisión recoge una cláusula de revisión. 
Tendremos que evaluar cómo funciona este nuevo sistema y, en caso de que fuera necesario, adoptar medidas para que las reformas sean mayores y más profundas. 
La Comisión es muy consciente de la importancia del apoyo del Parlamento a la reforma de sus políticas y métodos de trabajo. 
Agradezco mucho el apoyo de las recomendaciones positivas del informe de la Sra. Sauquillo y las contribuciones tan positivas del debate de esta noche. 
Les aseguro que haré cuanto pueda por mantener al Parlamento informado de las propuestas políticas y acojo favorablemente la invitación a que la Comisión informe periódicamente a este Parlamento sobre la reforma del servicio exterior. 
Sinceramente, muchísimas gracias, señor Comisario, por su contribución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 0.30 horas) 
Seguridad marítima 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la seguridad marítima, y de los siguientes informes: 
(A5-0343/2000) del Sr. Watts, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo, relativa a la aplicación a los buques que hacen escala en los puertos de la Comunidad o en las aguas bajo la jurisdicción de los Estados miembros de las normas internacionales relativas a la seguridad marítima, a la prevención de la contaminación y a las condiciones de vida a bordo de los buques (control por parte del Estado portuario) (COM (2000) 0142- C5-0174/2000- 2000/0065 (COD)) 
(A5-0344/2000) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la introducción acelerada de las especificaciones en materia de doble casco o de normas de planteamiento equivalente para los petroleros con casco simple (COM (2000) 0142- C5-0173/2000- 2000/0067 (COD)) 
(A5-0342/2000) del Sr. Ortuondo Larrea, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo, que establece las reglas y normas comunes relativas a los organismos habilitados para llevar a cabo la inspección y el fondeo de los buques y las actividades pertinentes de las administraciones marítimas (COM (2000) 0142- C5-0175/2000- 2000/0066 (COD)) 
(A5-0336/2000) de la Sra. McKenna, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la decisión del Parlamento y del Consejo que establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o intencionada (C5-0501/2000- 1998/0350 (COD) ). 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señora Comisaria, el motivo de que tuviera un interés muy especial por estar con ustedes hoy en este debate sobre el primer paquete marítimo en el Parlamento Europeo, es que van ustedes a examinar tres textos importantes, que constituyen un primer paso indispensable en un tema que los recientes acontecimientos han situado, desgraciadamente, en primera plana de la actualidad. 
La Unión Europea cuenta con 60.000 km. de costa que bordean mares y océanos de entre los más transitados del mundo. 
Su vocación marítima es innegable, pero esto también le otorga una responsabilidad muy grande. 
Desde el accidente del Erika, el pasado mes de diciembre, se ha llevado a cabo una labor considerable en el seno de nuestras instituciones europeas, con el propósito de avanzar. 
En esta materia, el primer paquete de medidas propuesto por la Comisión en marzo ha sido examinado por el Parlamento y por el Consejo. 
El Consejo Europeo de Biarritz ha tratado esta cuestión. Será de nuevo un tema importante en la Cumbre de Niza. 
Cada vez que se produce una catástrofe, nuestros conciudadanos europeos expresan su irritación frente a la inseguridad marítima, frente al riesgo representado por las decenas de buques que transportan materias contaminantes o peligrosas que transitan diariamente frente a nuestras costas. 
Creo que debemos conseguir, naturalmente, que las cosas progresen. 
¿Cómo aceptar que el desarrollo del transporte marítimo, tan necesario para nuestro comercio y para nuestros intercambios, se produzca en detrimento de la seguridad de los hombres y del medio ambiente? 
¿Cómo aceptar que buques cada vez más numerosos, cada vez más importantes, cada vez más automatizados, naveguen frente a nuestras costas, no siempre respetando las estrictas normas en materia de seguridad, de control de la navegación, igualmente las normas sociales, como los transportes terrestres o aéreos? 
Lo que ya no aceptamos, es la mecánica consistente en convertir la búsqueda del precio más bajo en la pauta de funcionamiento del transporte marítimo. 
Lo que ya no aceptamos, lo que ya no debemos aceptar, es esta especie de conveniencia que existe, nos consta, en ciertos Estados, que a veces por algunos dólares, matriculan buques de entre los más viejos, los más oxidados; a veces en armadores, que emplean tripulaciones infra-cualificadas e infra-remuneradas; a veces en sociedades de clasificación, que, para no perder un cliente, no miran mucho la calidad de sus buques ni su tripulación; a veces en los fletadores, que ante todo pretenden reducir sus costes. 
Algunos me dicen, particularmente en Francia, que hay que tomar medidas nacionales enérgicas para proteger las costas francesas, y algunos incluso proponen poner guardacostas franceses. 
Pero ni el Erika, ni tampoco el Ievoli Sun, eran buques franceses. 
Ni su armador ni su sociedad de clasificación eran franceses, y ambos navegaban en aguas internacionales en el momento de su naufragio. 
Por tanto, la escala a la que debemos tomar decisiones tiene que ser sin duda más amplia, aunque cada Estado deba asumir sus responsabilidades, pero ha de ser a esta escala, concretamente de Europa, por lo menos. 
Y, para ello, los parlamentarios europeos no solo tienen un papel que desempeñar, y conozco su determinación en este aspecto, sino que, más aún, son indispensables para hacer avanzar la reglamentación comunitaria lo más lejos posible y lo más rápidamente posible. 
Los ciudadanos europeos lo han captado, lo vemos estos días con el caso de las harinas animales y de las vacas locas. 
Desde este momento, recurren a nosotros. Se dirigen a las instituciones internacionales y les piden que demuestren toda su eficacia, porque si mañana se produjera en nuestras costas europeas un nuevo accidente, un nuevo naufragio, todos nos veríamos legítimamente denunciados por incompetencia, en cierta forma, frente a estas normas que no son suficientes. 
Personalmente, deseo decirles, señoras y señores diputados, señora Presidenta, que el examen de las propuestas, hoy, es la prueba misma de que el Parlamento Europeo es una institución eficaz, y de que sabe tener en cuenta las preocupaciones de nuestros conciudadanos rápida y eficazmente. 
Por ello, me alegro de que, bajo el impulso del Parlamento Europeo, de la Comisión, del Consejo, estén a punto de materializarse progresos importantes para una Europa marítima más segura. 
Efectivamente, sobre la base de propuestas que presentamos el pasado mes de febrero, la Comisión ha avanzado propuestas con la mayor celeridad. 
Hoy, examinan ustedes en primera lectura estos tres textos. 
He podido constatar que al Parlamento y sus ponentes les impulsa la firme voluntad de llegar rápidamente a la adopción de textos vinculantes y eficaces para la seguridad marítima. 
He constatado también que compartimos los mismos objetivos de mejora de la seguridad marítima y un mismo análisis sobre los medios para conseguirla. 
He detectado al mismo tiempo, junto con los ponentes, que todavía podría ser necesaria una profundización técnica en textos relativos a las sociedades de clasificación y al control del Estado portuario. 
Podemos preguntarnos si el hecho de que haya un nuevo periodo de sesiones plenarias del Parlamento en diciembre no permitiría también resolver otros problemas que quedan por solventar. 
Desde el punto de vista de la Presidencia del Consejo, esto podría permitirnos, por otra parte, debatir con los Estados miembros un acuerdo en función de las propuestas presentadas por ustedes, y adoptar el texto en primera lectura, con mayoría cualificada si fuese necesario. 
Podríamos buscar el mayor de los consensos sobre el régimen de responsabilidad de las sociedades de clasificación, sobre un endurecimiento del régimen de rechazo a los pabellones muy conflictivos, sobre la instalación de cajas negras, sobre la realización de inspecciones dirigidas ante todo a los buques que presenten los riesgos más elevados. 
De ahora en adelante, sobre un texto fundamental para el incremento de la seguridad marítima, la supresión de los buques de casco simple, no podemos dejar de felicitarnos por el trabajo llevado a cabo por el Parlamento, que permitirá, si es aprobado- aprobación que estimo les será propuesta por su ponente -, eliminar más de un tercio de los petroleros de casco simple desde ahora hasta 2005, y dos tercios desde hoy hasta 2010. 
Es considerable, y debería permitir renovar rápidamente los buques peligrosos que navegan frente a nuestras costas, y proporcionarnos la mayor seguridad. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señora y señores ponentes, ya lo ven ustedes, estamos ante una ocasión para incrementar esta seguridad de los transportes marítimos. 
Lo sabemos todos, estas medidas, de las que ustedes van a hablar hoy, no son suficientes. 
Los jefes de Estado y de gobierno han recordado la urgencia de examinar un segundo paquete de propuestas relativo a la vigilancia, a la transparencia del transporte marítimo, a la creación de una agencia europea, y a la asunción de responsabilidades por parte de todos los actores y operadores del transporte marítimo de los productos peligrosos o contaminantes. 
Francia, por cierto, había reafirmado en esa ocasión la necesidad de iniciar una labor comunitaria sobre la formación y las condiciones de trabajo de los marinos, y sé que varios de entre ustedes están también muy sensibilizados con esta inquietud. 
Ya lo ven ustedes, a través de estas breves palabras: la determinación de todas las instituciones comunitarias me parece fundamental, y estoy convencido de que es total. 
Esta determinación empieza aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, a dar fruto, para que únicamente los buques seguros y sólidos, con tripulaciones formadas, y con condiciones de vida y de trabajo normales, sean autorizados a circular, para que por fin la responsabilidad sea asumida por cada uno de los actores del transporte marítimo, para que las normas del transporte marítimo evolucionen al fin teniendo en cuenta el derecho del Estado ribereño y su aspiración a proteger su medio ambiente. 
. (EN) Señora Presidenta, no creo que haya ninguna duda de que la Comisión, al igual que la Presidencia francesa, conceden una gran importancia a la cuestión de la seguridad marítima y la protección medioambiental. 
De hecho esta es una de las cuestiones prioritarias en la agenda de la Comisión desde el fatal hundimiento, hace 11 meses, del Erika. 
Más recientemente, tan sólo hace unas semanas, otro buque cisterna, en esta ocasión con productos químicos, el Ievoli Sun, se hundió en las costas de Francia. 
De nuevo se hicieron patentes las potencial consecuencias desastrosas de tales accidentes. 
La opinión pública europea ya no tolera los vertidos de petróleo u otros desastres medioambientales causados por accidentes industriales de transporte o de otra naturaleza. 
De hecho los ciudadanos tienen el derecho de contar con que los buques son seguros y que pueden transportar su carga respetando el medio ambiente y amenazar la vida y la economía de las personas que habitan en las costas. 
Permítanme decirles que pude contemplar los efectos del accidente del Erika al visitar la zona y me consta que las labores de limpieza llevarán mucho tiempo y mucho trabajo y, desde luego, mucho dinero. 
Los efectos son desastrosos. 
Es evidente que, por razones geográficas, siempre serán las mismas regiones las que sufran los riesgos del transporte marítimo de petróleo a pesar de que los beneficios de tal transporte los disfruta el conjunto de la Unión. 
Nos hemos tomado este mensaje muy en serio y, ciertamente, es excepcional que la Comisión haya actuado tan rápida y consecuentemente al presentar seis propuestas legislativas diferentes en el plazo de un año, que cubren varias cuestiones. 
Todas se fundamentan en el núcleo de los reglamentos de transporte y quisiera recordarles que, además de las tres propuestas que vamos a debatir hoy aquí, el paquete Erika II, como ya ha mencionado el Sr. Gayssot, será incluido en la agenda la semana que viene. 
Este conjunto de medidas propondrá el establecimiento de una agencia para la seguridad marítima, un nuevo sistema europeo para la adecuada compensación de las víctimas de la contaminación causada por el petróleo y un nuevo sistema de seguimiento del tráfico en aguas de la UE. 
El tratamiento rápido y especializado que ha tenido por resultado los dos paquetes Erika y seis propuestas ha generado un impulso enorme. 
Creo que es acertado decir que tan sólo después del desastre del Erika los Estados miembros y la comunidad marítima internacional han comprendido y percibido la determinación de las instituciones europeas para mejorar la seguridad marítima. 
Se han dado cuenta de que esa determinación permanece aunque las medidas supongan fricciones entre la UE y las instituciones marítimas internacionales y tensiones con los intereses económicos de la industria naval. 
Ahora que las propuestas de la Comisión están sobre la mesa no debemos perder ese impulso y olvidar el asunto hasta que el próximo accidente suceda. 
Para hacer un cambio real en la seguridad marítima, las tres instituciones, en especial los dos colegisladores, deben aprobar los textos. 
La legsilación por sí sola no es suficiente. 
Los Estados miembros deben asegurarse de que disponen de los medios adecuados para aplicarla, estoy pensando, en especial, en el reclutamiento de inspectores portuarios estatales. 
En caso contrario el resultado que se obtenga no será el que espera de nosotros la opinión pública. 
En nombre de la Comisión puedo asegurarles que nuestra firme intención es no escatimar ningún esfuerzo para hacer los buques más seguros y los mares más limpios, tanto en el año próximo como en los venideros. 
Valga esto para todos los sectores del transporte marítimo. 
Quisera terminar dando las gracias al Sr. Gayssot, Presidente del Consejo de Ministros de Transporte, por sus alentadores comentarios. 
Esperamos y confiamos en que el 21 de diciembre el Consejo de Ministros contribuya lo suyo a la determinación de las instituciones europeas por mejorar realmente la seguridad marítima con la adopción de posiciones comunes para los tres textos. 
La Comisión no está en disposición de aceptar cualquier compromiso por la única razón de alcanzar un acuerdo. 
Por último, quisiera dar las gracias a la Asamblea y en especial a los ponentes, el Sr. Hatzidakis, el Sr. Ortuondo Larrea, el Sr. McKenna y el Sr. Watts por comprender la importancia del primer paquete Erika, lo que queda patente en el excelente trabajo que han desarrollado en un periodo de tiempo tan reducido, y por la generalmente satisfactoria cooperación entre el Parlamento y la Comisión en el campo de la seguridad marítima. 
. (EN) Señora Presidenta, dentro de algunos días Europa asistirá al primer aniversario de la pérdida del petrolero Erika. 
Desde entonces, lamentablemente, han ocurrido otros muchos desastres en el mar, como es de sobra sabido. 
Antes de que se hundiera el Erika, también se hundieron muchos otros buques, con la pérdida de petróleo, otros tipos de carga o, desgraciadamente, la pérdida de las vidas de las tripulaciones o los pasajeros. 
La lección que este Parlamento debe retener esta mañana es que, indudablemente, la legislación marítima se encuentra en todo el mundo en estado de indefinición y nosotros hemos de empezar el proceso de ponerla en orden. 
En este contexto quisiera rendir tributo a la Comisión por presentar este paquete Erika con el fin de enmendar algunos errores, con el fin de intentar evitar que vuelva a ocurrir otro Erika. 
También rendimos tributo a la Presidencia francesa, en particular al Sr. Ministro, por su determinación a la hora de garantizar que, en un cortísimo periodo de tiempo, aprendamos las lecciones que nos ha dejado el Erika y asegurar que éstas sean aplicadas para impedir que vuelva a ocurrir otro desastre como el del Erika. 
Sin el empeño del Sr, Ministro, sin el empeño de la Presidencia francesa, la comisión de trabajo de la OMI no habría estado de acuerdo con nosotros en que hay que ir reduciendo rápidamente en todo el mundo el número de petroléros monocasco. 
De modo que les rindo trbibuto por este logro, que confío sea confirmado pronto en toda su extensión por la asamblea de la OMI. 
El principal problema en todo el mundo no es la ausencia de legislación marítima sino la falta de voluntad de los países para hacerla valer. 
Por ejemplo, siento decir que la historia del control estatal de los puertos se resume en la falta de voluntad de los Estados miembros de la Unión Europea y en la inadadecuada ejecución del mismo. 
Esta es la razón por la que saludamos las enmiendas a la directiva, por cuanto nos concede la posibilidad de asegurarnos de que la directiva de control estatal de los puertos se está aplicando efectivamente. 
No obstante, desde mi punto de vista de ponente, la propuesta de la Comisión no va suficientemente lejos. 
No es suficientemente fuerte. 
En nuestra opinión, la propuesta de la Comisión deja margen para que vuelva a ocurrir un Erika. 
Por esta razón no podemos aceptar esta mañana la propuesta de la Comisión, si bien hemos presentado cuatro propuestas que creemos fortalecerán considerablemente la propuesta y asegurarán el apoyo de este Parlamento. 
En primer lugar estamos de acuerdo en que es necesario mejorar las inspecciones obligatorias de los buques más peligrosos. 
Todos estamos de acuerdo, pero hemos de encontrar un método con el que se pueda llevar a la práctica esta prioridad, y al respecto, además hemos de concluir un acuerdo entre las tres instituciones. 
Creo que está a nuestro alcance pero hemos de asegurarnos que este acuerdo entre en vigor. 
En segundo lugar, esta mañana queremos volver a solicitar la instalación de grabadoras de datos de viaje del tipo de las "cajas negras", y no sólo en algunos buques o en los nuevos, ni en 10 o 20 años ni cuando la OMI lo estime oportuno. 
Queremos cajas negras en todos los buques tan pronto como sea posible. 
Esta es una exigencia fundamental y muy clara sobre la que no vamos a transigir. 
En tercer lugar, apoyamos, y muy decididamente, que se detenga un barco y luego sencillamente se le permita seguir navegando. 
Si es detenido tres veces en un periodo de 24 meses o 36 meses, entonces debería ser retirado de por vida- tres avisos y fuera de juego. 
Debemos emitir una clara señal de que en las aguas y puertos europeos no vamos a tolerar buques que no cumplan los estándares. 
Por último, lanzamos un mensaje muy claro a las banderas de conveniencia, los estados que están en la lista negra. 
Países como el Líbano, Liberia, Siria, Azerbayán, Albania, cuyas flotas, nos consta a todos, son por entero inaceptables. 
El setenta, el ochenta, el noventa por ciento de sus buques tienen serios defectos. 
No podemos tolerar una situación en la que estos estados de bandera de alquiler permiten a sus buques navegar los siete mares. 
Como Parlamento debemos expresar claramente nuestra postura de que en cuestión de unos pocos años sencillamente no vamos a permitir su acceso. 
De nuevo, confío en que entre las tres instituciones podamos alcanzar un acuerdo que garantice todos estos obejtivos, que me consta compartimos. 
Debemos eliminar los buques peligrosos. 
Debemos proteger nuestro medio ambiente y, en última instancia, debemos salvar vidas que se pierden en el mar. 
. (EL) Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, es obvia, creo, la importancia del asunto de la seguridad de la navegación, lo hemos vivido en Francia dos veces el último año con el Årika y el Ievoli Sun, lo hemos vivido en mi país, Grecia, con el naufragio del Samina, un verdadero drama humano. 
Se perdieron 80 vidas; y el último acto del drama se interpretó apenas ayer con el suicidio del consejero de la compañía propietaria del buque. 
¿Cuál es la posición del Parlamento en este asunto? 
Quiero recordar que desde el principio, desde el día del naufragio del Årika, el Parlamento pidió medidas y llamó a la Comisión a impulsar propuestas para ser sometidas a votación. 
Estudiamos las propuestas y, puesto que hay ciertos malentendidos, quiero decir que estuvimos de acuerdo con la Presidencia francesa también en lo que respecta al calendario. 
Por ello, debatimos ahora, hoy, antes del segundo Consejo de Ministros de Transporte, de modo que si es posible se puedan adoptar decisiones incluso en primera lectura. 
Hemos llegado en un momento determinado a ponernos de acuerdo en torno a mi informe y creo que terminamos con la primera lectura de mi informe y podemos avanzar en lo que se refiere a la retirada de los buques cisterna de casco único. 
En cuanto a los otros dos informes, persisten, como saben, algunos problemas. 
Y son muchos los puntos en los que, como ya ha explicado el Sr. Watts, el Parlamento Europeo mantiene una posición más etricta, por lo que parece, que el Consejo. 
Comprendo y celebro el intento del ministro de que terminemos lo antes posible también con estos dos informes; por ello considero positiva en principio su propuesta de que, a ser posible, debatamos el asunto en diciembre. 
Sin embargo, señor Ministro, me temo que, a juzgar las conversaciones que he tenido hoy, esta propuesta suya ha llegado con cierto retraso. 
Porque desde muchas partes se ha expresado la duda en el Parlamento de que sea técnicamente viable en la semana de que disponemos debatir el asunto- desde el principio, puede decirse- y votarlo en diciembre. 
En todo caso, debe saber que el Parlamento está a disposición del Consejo: votará sus informes, llegarán al Consejo, el Consejo puede aprobar una posición común y nosotros lo antes posible- será absolutamente prioritario para nosotros- estudiaremos los informes y antes de primavera habremos terminado, siempre que el Consejo se mueva con celeridad y siempre que las negociaciones bilaterales se vean coronadas por el éxito, y creo que se verán coronadas por el éxito, puesto que hay voluntad por las dos partes. 
A propósito ahora de la retirada de los petroleros, para hablar ya de mi informe, no cabe duda de que la retirada de los petroleros de casco único, es un paso positivo; además una medida semejante ha empezado a impulsarse desde la OMI, con el convenio Marpol, desde hace algunos años y pienso que es aún más positivo el hecho de que se acelere la retirada de esos buques, sin que esto signifique, claro está, que se trate de ninguna panacea. 
Lo vimos en el caso del Ievoli Sun, que era joven de edad y de doble casco. 
Esto nos conduce a la conclusión de una sola medida no basta. 
Es necesario tomar medidas sustantivas también en el asunto de las sociedades de clasificación e inspección y en el asunto de los controles portuarios. 
Debemos avanzar en todos los frentes. 
Con este espíritu quiero resaltar la importancia de la iniciativa de la Presidencia francesa de dirigirse a la OMI, Organización Marítima Internacional, al objeto de encontrar una solución, porque nos enfrentamos a un problema internacional, y los problemas internacionales requieren soluciones internacionales. 
Y quiero mencionar también la relevancia de la iniciativa de la Comisión de presentar esta posición, porque dicha iniciativa ha funcionado como espada de Damocles, como una presión eficaz sobre la OMI al objeto de concluir. 
Y el grupo de trabajo de la OMI ha concluido un acuerdo de principio; quedan ciertos aspectos por aclarar, pero la mayoría están ya claros. 
¿Cuál es, pues, la orientación básica de mi informe? 
Para los grandes buques cisterna sigo el calendario de la OMI, la Organización Marítima Internacional. 
Con respecto a la segunda categoría, los petroleros post-Marpol, cuando hay ciertos enfoques diferentes, sigo la postura general europea. 
Y creo que finalmente conseguimos un equilibrio. 
Protegemos el medio ambiente, garantizamos la seguridad en la navegación, pero, por otra parte, no vulneramos ni la competitividad de la marina mercante ni el normal abastecimiento del mercado. 
Para los barcos pequeños, adoptamos una posición de compromiso entre el límite de las 5.000 toneladas, planteado por la OMI, y el de las 600, planteado por la Comisión. 
Conciliamos así la necesidad de garantizar la seguridad con la necesidad de garantizar el suministro de petróleo a determinadas regiones de Europa, como son particularmente las regiones insulares. 
Señora Presidenta, creo que hoy damos un paso adelante, un paso de singular relevancia. 
El Parlamento adopta posición nítida y clara sobre las propuestas de la Comisión; estamos a disposición del Consejo, reitero una vez más, de modo que lo antes posible podamos dar el asunto por cerrado, porque todos nosotros aquí, el Consejo, la Comisión y nosotros, somos particularmente sensibles a este gran asunto. 
. Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, queridos colegas, el accidente del Erika del 12 de diciembre del pasado año y el del Ievoli Sun más recientemente han puesto claramente en evidencia los límites de la acción de algunas sociedades de clasificación e inspección en lo que respecta al control de la construcción y, sobre todo, al seguimiento de las condiciones de navegabilidad de los buques que están bajo su responsabilidad por delegación de los Estados de pabellón. 
No obstante, y especialmente en este terreno, es a las instituciones públicas a quienes compete el ineludible deber de responder a las demandas de los ciudadanos desarrollando iniciativas legislativas que garanticen la preservación del medio ambiente y un grado óptimo de seguridad marítima, así como la obligación de velar por el adecuado cumplimiento de las normas establecidas. 
En este sentido, y para atajar las notorias diferencias que se dan en el ámbito internacional entre las distintas sociedades de clasificación en cuanto a la competencia de sus inspectores, al nivel de desarrollo de sus recursos informáticos y al grado de exigencia técnica en sus inspecciones, la Comisión nos ha presentado una propuesta de modificación de la Directiva 94/57/CE que se aplicará a todos los buques, incluidos los que transportan productos petroleros, y que establece las normativas que deberán cumplir los Estados miembros y las organizaciones de clasificación autorizadas por estos últimos. 
La mencionada propuesta ha sido analizada en la Comisión de Política Regional y Transportes contando con sendas opiniones procedentes de las Comisiones de Medio Ambiente e Industria. 
Igualmente se han mantenido entrevistas con los sectores afectados y también se han realizado numerosos contactos con la Presidencia francesa con el objetivo de poder llegar a un texto consensuado que pueda ser aprobado rápidamente por los dos estamentos legislativos: el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Fruto de todo ello, hemos elaborado un informe parlamentario de modificación de la Directiva que plantea mejoras en diversos aspectos conducentes al reforzamiento del sistema de clasificación, como medio e instrumento válido para garantizar la seguridad del tráfico marítimo. 
Así, en primer lugar, se considera que ningún elemento de la presente Directiva habrá de interpretarse como una excepción al deber absoluto y no delegable del armador de mantener y utilizar buques en condiciones de navegar. 
Seguidamente, se plantea una armonización de los requisitos que han de cumplir las sociedades de clasificación, siendo responsabilidad de la Comisión, asistida por un comité, tanto la concesión como, en su caso, la suspensión o retirada de su reconocimiento europeo, teniendo en cuenta, a tal finalidad, las tasas de siniestralidad y los resultados de incidentes y accidentes registrados en todos los buques clasificados por cada una de las mismas. 
En este sentido se apuesta por el reforzamiento de la calidad de las inspecciones de los buques como medida preventiva de accidentes marítimos. 
Por una parte, se estipula que las sociedades de clasificación deberán contar con un sistema propio de auditorías internas para medir la calidad de sus servicios en todos los lugares de trabajo, así como con normas claras de responsabilidad y de control de todas sus sucursales y de su personal. 
Por otro lado, se impone que las inspecciones sólo puedan ser efectuadas por inspectores especializados y contratados en exclusiva, que los mismos no puedan tener relación ni dependencia alguna respecto al armador, y que este último no controle la sociedad de clasificación del buque. 
En otro orden de cosas, se implanta una alta transparencia de la información en cuanto a los resultados de las inspecciones efectuadas en los buques, a las condiciones de explotación o restricciones de funcionamiento y a los cambios, suspensiones y retiradas de clase. 
Estos datos deberán ser puestos a disposición de las autoridades europeas, estatales y portuarias, así como del público interesado. 
De igual manera, se condiciona la transferencia de un buque de una clase a otra- cambio de sociedad de clasificación- al cumplimiento satisfactorio de todas las recomendaciones aplazadas y salvedades que pudiera tener pendientes de cumplir, y asimismo se establecen sendos controles y supervisiones periódicos que llevarán a cabo la Comisión y los Estados miembros, para verificar el cumplimiento de la presente Directiva por parte de las organizaciones reconocidas a nivel europeo. 
Por último, se señala que la Comisión deberá establecer normas estrictas y medidas de control del mantenimiento de los buques, con objeto de responsabilizar a todas las partes interesadas. 
En este terreno, las primeras propuestas de la Comisión y las enmiendas parlamentarias trataban de concretar el régimen de responsabilidad financiera de las sociedades de clasificación e inspección. 
La contaminación marina, accidental o intencionada, constituye una de las mayores amenazas para el medio ambiente marino de Europa occidental. 
Esta región es una de las áreas más industrializadas del mundo en la que se vierten rutinariamente en el medio marino, o son transportados en buques, materiales químicos y radiactivos e hidrocarburos. 
La región también presenta una de las más altas densidades de navegación y tiene algunas de las rutas de transporte más transitadas del mundo. 
Tenemos varios ejemplos de contaminación marina accidental causada por petroleros u otros buques que transportaban cargas peligrosas. 
Como acabamos de escuchar dos de los más recientes han sido el del buque cisterna italiano que transportaba productos químicos, que se hundió en el Canal de la Mancha, y el del petrolero inscrito en Malta, el Erika, que se hundió en las costas de bretaña causando un gran estrago medioambiental. 
Hasta ahora, más bien por fortuna que por buena planificación, no ha habido ningún accidente de consideración de un buque que transportase materiales radiactivos. 
Históricamente el medio marino ha sido utilizado como el definitivo lugar de vertido de una gran parte de los desechos industriales. 
A pesar de que los vertidos industriales y radiactivos prosiguen en diversos puntos, la práctica del vertido directo, ignorando las consecuencias futuras, es ahora contemplada generalmente como inaceptable. 
No obstante, el legado de tantos años, en los que los materiales eran simplemente vertidos, permanece, y en ocasiones ha vuelto a surgir para atormentarnos, amenudo con consecuencias muy serias. 
Se trata de una lección que nos enseña que cuando intentamos deshacernos de algo, por tirarlo al mar, no es que vaya a desaparecer. 
Este informe reconoce la necesidad de establecer una cooperación en el campo de la contaminación marina accidental. 
En términos medioambientales que una sustancia sea vertida accidental o intencionadamente es indiferente, el impacto medioambiental es el mismo. 
Además, a pesar de que el vertido directo de productos industriales, incluyendo los vertidos militares de municiones redundantes, es una práctica que por lo generla ha sido abandonada por los Estados miembros, la presencia de esos desechos sigue siendo una amenaza para la pesca y en algunos casos para la salud humana. 
Amenudo existe un riesgo para las vidas de los pescadores, al igual que para la salud y el bienestar de las personas que visitan las costas o viven junto al mar. 
La naturaleza transfronteriza del medio marino, que implica que la contaminación de una zona puede afectar a una región mayor, aboca a la necesidad de un marco de cooperación comunitario para el campo de la contaminación accidental. 
Compartir información referente a los hidrocarburos, las sustancias radiactivas y otras sustancias nocivas transportadas por mar o vertidas al mar, o que han sido vertidas dentro de un sistema histórico de vertidos, es un requisito fundamental para propiciar la preparación y la coordinación de cualesquiera medidas para mitigar el impacto de los episiodios de contaminación en el medio ambiente y la salud humana. 
Una mitigación efectiva requiere una respuesta rápida. 
Cuanto más se tarda en investigar un accidente mayor es el impacto. 
Por lo tanto después de que haya ocurrido un accidente es demasiado tarde para intentar recabar la información. 
El conocimiento sobre el tipo y el alcance de los potenciales problemas de contaminación también constituyen un requisito para una correcta preparación en términos técnicos, de personal y de dotación de equipos para los emplazamientos oportunos. 
También es necesario ser muy claro respecto de los riesgos para las personas y para el medio ambiente, y aliviar las justificadas preocupaciones de la opinión publica con un análisis pormenorizado de los riesgos. 
La confianza de la opinión pública en las autoridades es importante y debe ser garantizada con una respuesta adecuada. 
Además, la opinión pública tiene el derecho de conocer los preparativos realizados, cuáles son los materiales que suponen una amenaza y cuál es el impacto que se puede esperar. 
Con este propósito la publicación de información es esencial para facilitar que la opinión pública obtenga información, teléfono de emergencia, etc. 
En el transcurso del procedimiento de conciliación, la delegación del Parlamento Europeo pudo alcanzar un compromiso con el Consejo que se aproxima a las enmiendas originales de las principales cuestiones. 
La definicón de contaminación marina accidental incluye el desecho de municiones. 
Se ha añadido una definición de sustancias nocivas consecuente con la directiva marco para el agua, con el fin de cubrir, aunque lamentablemente no para mencionar explícitamente, las sustancias radiactivas. 
La cooperación incluye el intercambio de información y el mapeado de las localizaciones de desechos de municiones. 
Se reconoce el principio de que el contaminador paga, y los Estados miembros han de tener esto en cuenta para compensar los daños. 
En la cooperación en el ámbito local se han incluido a las organizaciones para la protección de la naturaleza. 
Ciertamente hemos conseguido casi todo lo que queriamos conseguir en el procedimiento de conciliación, quizá no excactamente en la forma en la que hubiéramos deseado, pero estamos satisfechos con el resultado. 
. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, este primer paquete de directivas sobre la seguridad marítima constituye sin ningún género de dudas uno de los actos más importantes que nuestra Asamblea lleva a cabo a lo largo de este año 2000. 
Si Francia se ha visto especialmente perjudicada por diversas catástrofes marítimas, en particular por los recientes naufragios del Erika y más tarde del Ievoli Sun, frente a las costas bretonas, afecta a la responsabilidad de toda la Unión Europea, que ha sabido sacar conclusiones de ello. 
Aquí, demuestra su responsabilidad al proponer medidas enérgicas para evitar que estos graves accidentes se reproduzcan, y le doy las gracias al Ministro señor Gayssot, quien, en nombre de la Presidencia francesa, aporta una gran convicción, una gran competencia para tratar estas cuestiones de forma eficaz. 
Sin embargo, hay que ser consciente de que estas propuestas, -que esencialmente responden, como subraya la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, a las necesidades detectadas en materia jurídica, en los ámbitos que definen sus metas respectivas -, sólo serán eficaces en la medida en que sean correctamente aplicadas por los Estados miembros y supervisadas por la Comisión. 
Por tanto, hago hincapié en los puntos que considero ineludibles para que el esperado progreso, consecuencia de la adopción de estas directivas y del reglamento, sea real. 
En primer lugar, la acción de los Estados miembros debe traducirse verdaderamente en una acción integrada a escala europea. 
No se puede escatimar en la contratación de efectivos suficientes, en términos de cantidad y de formación, capaces de cooperar, sea cual sea su país de origen, y de utilizar instrumentos homogéneos. 
Estoy convencido de que esto debe conducirnos a crear en el futuro un cuerpo de guardacostas europeos. 
Espero grandes logros de la segunda serie de propuestas y de la creación de una Agencia Europea de la Seguridad Marítima. 
Este es el nivel en el que, de un modo u otro, debemos encontrar esta indispensable coordinación europea. 
Mientras tanto, hay que eludir a toda costa los buques cuyas características son las más preocupantes, lo que nos lleva a exigir una intervención transparente de las autoridades de control tomando medidas contra los buques en mal estado, sea cual sea su antigüedad y su estructura, en función de la determinación de un coeficiente significativo de selección básica, rechazando el acceso al tránsito en la zona económica exclusiva, la de las 200 millas, para los buques que no vayan provistos de un equipo de registro de los datos del trayecto VRED conforme a la normativa de la OMI, destinado a proporcionar información para una eventual investigación en caso de siniestro. 
Y no olvidemos que, como ha dicho la Sra. McKenna, gran parte de la contaminación marina se debe a las prácticas púdicamente calificadas como "operacionales", es decir, a la limpieza de tanques y a otros vertidos voluntarios, contra los cuales es indispensable intensificar el arsenal represivo. 
Me consta lo pendiente que está el Sr. Ministro Gayssot de la acción de Equasis, y ahora también de Galileo, que debemos llevar a la práctica. 
Debemos emprender acciones enérgicas sobre la cuestión de las banderas de conveniencia, entre las que se encuentra, por ejemplo, la de las Kerguelen para Francia, y contra los buques que han enarbolado, durante los 36 meses anteriores a la adopción de estas directivas, la bandera de Estados que figuran en el cuadro de las inmovilizaciones y de los retrasos superiores a la media, publicados en el Informe Anual del Memorando de París bajo la rúbrica "lista negra". 
Atención a los complejos montajes financieros basados en sociedades de pantalla. 
Gracias al Sr. Watts por las propuestas concretas que ha aportado en este sentido. 
Le agradezco a los ponentes y a nuestros colegas diputados el que tengan en consideración estas propuestas. 
Creo que son capaces de permitir un progreso significativo, indispensable para la eficacia de las disposiciones legislativas que vamos a votar, con el fin de que no sean papel mojado sobre los territorios y las aguas que son competencia de Europa. 
Aquí, no me refiero únicamente al Atlántico, ni a los distintos océanos, sino también al Mediterráneo, para el que catástrofes como las que hemos sufrido podrían ser en ese caso irreversibles. 
. (FR) Señor Presidente, la propuesta de modificación de la Directiva 95/21 se refiere a la selección de los buques que deben ser inspeccionados y de los puntos que deben ser objeto de dicha inspección. 
Modificar la directiva en el sentido de un mayor rigor en su aplicación, de una armonización de las legislaciones, particularmente en lo relativo a la selección de los buques sometidos a la inspección y al ámbito de aplicación de los distintos tipos de inspección, es evidentemente positivo. 
También haría falta que la Unión Europea se dotara de los medios necesarios para que los Estados miembros aplicaran la normativa actual. 
En efecto, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Francia, Irlanda y los Países Bajos, que supuestamente deberían inspeccionar el 25% de los buques, no lo hacen. 
Peor aún, las directivas existentes, a pesar de ser de 1995, no han sido todavía transpuestas ni a la legislación italiana ni a la portuguesa. 
Para que los Estados miembros apliquen la normativa existente, deben asignar recursos suficientes a los controles encaminados a confirmar la correcta aplicación de los convenios internacionales y de la directiva modificada por el Parlamento. 
Esto supone, específicamente, la contratación de controladores adicionales, la ampliación de las competencias y de los ámbitos de control, en particular en cuanto al respeto de las normas sociales, de las condiciones de vida y de trabajo de las tripulaciones, y a su publicación. 
Efectivamente, dado que el 70% de los accidentes se originan por el factor humano, la inspección de las tripulaciones, de sus condiciones de vida y de trabajo, de su nivel de formación, de su número de integrantes, deben formar parte de la inspección de un buque. 
En el supuesto de que estas normas no se respeten, será motivo suficiente para inmovilizar al buque y para sancionarlo. 
Por otra parte, las propuestas de la Comisión son aún un tanto tímidas. 
De hecho, únicamente afectan a un máximo de veinte buques, y los planteamientos de la Presidencia francesa, que hemos escuchado en otro foro, en el sentido de querer moderar todavía más las propuestas de la Comisión, como la modificación del coeficiente de selección de los buques, para reducir su control a la mitad, son naturalmente inaceptables. 
Comparto al cien por cien la postura del ponente de negarle el acceso al puerto a los buques que presenten un riesgo grave, sea cual sea su antigüedad, y a los que naveguen bajo un pabellón de conveniencia desde hace más de tres años. Se trata también de ir más lejos, negándoles la posibilidad de surcar las aguas comunitarias. 
Aquí, se trata de reforzar el derecho marítimo internacional. 
Además, creo que deberíamos ser más duros con los pabellones de conveniencia, en concreto con los originarios de los Estados miembros, como por ejemplo, -ya que se encuentra usted aquí, señor Ministro -, los de las Islas Kerguelen y de Wallis y Futuna en el caso de Francia. 
Apoyaré este informe, las modificaciones de la Comisión, pero invito a los diputados a respaldar también las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente relativas a las normas sociales. 
Señor Presidente, distinguida señora Vicepresidenta, distinguido señor Presidente del Consejo, en primer lugar, quisiera dar las gracias a los cuatro ponentes: los tres informes procedentes de la Comisión de Transportes y Turismo han sido aprobados por unanimidad o por aplastante mayoría en la misma. 
Esto significa que hemos discutido de manera sustantiva y hemos llegado a un resultado común. Por esta razón es importante que permanezcamos en esta posición. 
Señor Presidente del Consejo, es muy loable que hasta en el último minuto haya intentado usted todavía aplazar la votación de dos directivas a fin de que nos podamos poner de acuerdo aún. 
Sin embargo, señor Presidente del Consejo, todo esto es un poco ambiguo. Primero se nos reprochó como Parlamento Europeo que hubiéramos hecho un aplazamiento. 
La Presidenta del Parlamento trasladó expresamente el debate y la votación de diciembre a la sesión de hoy. 
Hasta el día de hoy no hemos recibido aún ninguna declaración escrita del Consejo que nos permita hablar siquiera de un compromiso. 
Considero elogiable su argumentación, pero solamente podemos negociar acerca de resultados que hayan sido analizados en el Consejo. 
En este sentido es imposible modificar nada pues hemos debatido con mucho cuidado en las comisiones y resulta imposible lograr en once idiomas de aquí al martes de la semana próxima un resultado de compromiso en los más diversos asuntos, que son tan difíciles, y discutirlo con los colegas. 
A este respecto no puedo menos que instarle a que, una vez realizada la votación de hoy a mediodía, adopten la directiva o el reglamento en la versión del Parlamento. 
De esta manera alcanzaremos de la manera más rápida nuestro objetivo común, es decir, aumentar rápidamente la seguridad marítima. 
Por consiguiente, adóptenlo. 
Allí donde ustedes creen que no pueden aceptar, realizarán en diciembre una posición común. No hagan aplazamientos en el Consejo. 
A partir de enero estamos dispuestos a negociar sobre acuerdos transaccionales para la segunda lectura, de suerte que a comienzos del próximo año concluyamos rápidamente la segunda lectura. 
Quisiera puntualizar una vez más que no existe la urgencia, en la que ustedes insisten. 
Por ejemplo, en el caso del control estatal de los puertos nosotros, al contrario que el Consejo, queremos introducir, absolutamente, normas más estrictas. 
Pero, incluso si en diciembre no hubiéramos concluido con esto, habríamos dado todo un paso adelante, señor Presidente, si usted lograse mover a los demás Estados y a su propia administración a cumplir sus obligaciones de la antigua directiva en materia de control estatal de los puertos. 
Por tanto, si usted quiere hacer algo para aumentar la seguridad marítima: emplee nuevos inspectores, realice controles estrictos según la legislación actual, y entonces habremos alcanzado un gran éxito. 
Sobre la cuestión de la responsabilidad civil de las sociedades de clasificación- un tema muy complicado- hemos de conversar con tranquilidad. 
En la Comisión hemos discutido con todo cuidado, hemos aprobado nuestra opinión por una gran mayoría o por unanimidad y esto es lo que deberíamos hacer también hoy a mediodía como Parlamento. 
Y si ustedes consiguen justamente esa unanimidad en diciembre, entonces habremos avanzado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, es bueno que hoy discutamos y aprobemos en primera lectura el paquete relativo a la seguridad marítima. 
Menos gratificante es- y se acaba de aludir a ello- que en el pasado los Estados de la Unión Europea no hayan hecho grandes aportaciones en materia de seguridad marítima. 
Sabemos, ciertamente, que en el pasado el control del Estado del puerto no ha sido un tema fuerte en la seguridad marítima, sabemos que no todas las sociedades de clasificación han ejercido de manera seria y correcta, sino más bien chapucera, su función de inspección técnica de los navíos, y sabemos que los petroleros sin casco doble son bombas de relojería flotantes. 
No obstante, es más dramático aún que fuéramos conocedores de todo esto antes del hundimiento del ERIKA. 
El Parlamento ha llamado constantemente la atención sobre esto, y sin esta catástrofe y sin la presión de la opinión pública no habríamos llegado tan lejos, lamentablemente, como lo estamos hoy. 
No obstante, tanto mejor que hoy comencemos, por fin, con esto. 
Quisiera dar a los tres ponentes mis más cordiales gracias y manifestar alguna cosa sobre dos o tres particularidades. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha dicho que reconoce la exigencia del Parlamento en materia del control estatal de los puertos que ha sido expuesta por nuestro colega el Sr. Watts. 
Y, por ende, también mi llamamiento a usted en el sentido de que la lleve a término en el Consejo con la mayor rapidez posible. 
Después será materia legislada y podrá empezar a funcionar. 
Creo que en el caso del límite de la responsabilidad de las sociedades de clasificación, con independencia de lo que se decida hoy, es preciso que el Consejo y el Parlamento vuelvan a reflexionar conjuntamente sobre esto. 
Estamos conformes con una regulación internacional para buques de doble casco, pero bajo la condición de que en abril se elabore también realmente una nueva regulación de la OMI. 
Sobre esta combinación existe consenso en la comisión. 
De no ser así, se necesita una legislación europea al respecto. 
Esperamos que la regulación de la OMI llegue en abril. 
Para estos petroleros de doble casco necesitamos muchos buques nuevos, seguros, buenos. 
Me gustaría que estos buques se construyeran bajo condiciones leales de competencia en astilleros europeos. 
La Comisión ha presentado hace poco su informe y ha documentado que en materia de política de astilleros Corea practica un dumping desleal. 
Por esta razón, señora Comisaria, tengo un encarecido ruego para usted y también para su colega, el Sr. Monti, en el sentido de que aseguren ustedes, y por cierto, antes de Navidad, esta necesaria ayuda que precisan nuestros astilleros. En los astilleros europeos resina la inseguridad. 
Estamos construyendo una nueva credibilidad, por un lado, y no deberíamos echarla a perder, por otro, mediante una actuación equivocada de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, los informes presentados son unos buenos informes. 
Tenemos que dar una señal inequívoca a los Estados de pabellón inseguros, a los armadores, también a aquellos Estados de la UE que se aprovechan haciendo uso de estos Estados de pabellón, a los propietarios de la carga que consiguen así un precio reducido y a las sociedades de clasificación que no hacen bien su tarea. 
La seguridad tiene un precio. 
Realmente, debemos atrevernos a decirlo de una vez. 
Me gustaría detenerme un momento en el informe del Sr. Watts. 
Si un Estado de pabellón no cumple, el Estado portuario tendrá que tener mayores responsabilidades. 
Me parece un principio muy bueno y debemos seguir respetándolo. 
La caja negra, una lista negra y todo lo demás nos parecen excelentes ideas y estamos completamente de acuerdo con ellas. 
No obstante, me gustaría resaltar algunos puntos. 
Quien controle de forma más estricta, corre el riesgo de quedarse con los restos de los buques en mal estado, con peligros medioambientales e incluso a veces con dramas humanos de tripulaciones que son abandonadas a su suerte. 
No hay que perder esto de vista y hemos de procurar que no se perjudique al puerto con unas medidas, en principio, bienintencionadas. 
Señora Comisaria, disponemos de una directiva para el "end of live vehiculs". 
¿No deberíamos disponer asimismo de una para el "end of live ships", ya que aquí se trata también de una serie de riesgos medioambientales que habrá que estudiar muy a fondo? 
Una segunda cuestión es que tenemos que invertir en recursos humanos y en tripulaciones. Por eso daremos nuestro apoyo a algunas enmiendas de mi colega Vachetta. 
También debemos invertir en un buen servicio de inspectores, que por lo visto faltan, porque es necesario que haya buenos profesionales al timón, si me permiten expresarlo así. 
Por último, quiero decir que hemos de ser realistas en cuanto a nuestras limitaciones como reguladores. 
Existe una serie de normas pero no se aplican de forma suficiente. Algunas Señorías ya lo han dicho aquí. 
Y, por ejemplo, si nos fijamos en el caso del Ievoli San, en efecto, era un barco de doble casco construido en 1989 que navegaba bajo pabellón italiano y que fue controlado tres veces en los últimos tres años. 
Por lo tanto, estimados colegas, no son sólo las normas las que nos garantizan la seguridad. 
Hace falta algo más. 
Todo el mundo que trabaja en este sector tiene una gran responsabilidad. 
Aquel que no asuma esa responsabilidad ha de quedarse alejado de nuestras aguas y puertos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señores Presidentes, el 18 de enero de 2000 les enseñé este pegote de petróleo crudo del Erika recogido de una playa. 
Este pegote es el símbolo de la enorme tarea que debemos llevar a cabo para sanear los mares y para dar seguridad al transporte marítimo. 
Porque Erika y Ievoli Sun son sin duda los últimos nombres en la lista de los naufragios de todo un sistema. 
En primer lugar, naufragio ecológico, con un patrimonio marino, una flora, una fauna, destruidos o contaminados para siempre. 
Además, naufragios sociales, con sus cuadrillas de marineros del tercer mundo, nuevos condenados a trabajos forzados de los tiempos modernos, explotados hasta la esclavitud. 
Finalmente, naufragios económicos de un liberalismo marítimo desbocado, la marea liberada y liberal del librecambismo ha arrasado con todas las barreras, con todas las prevenciones, y finalmente con toda la moral, hasta sucumbir a sus propios excesos, y revelar la ausencia de cualquier política marítima comunitaria digna de ese nombre. 
¿Quién responde hoy de la integridad y de la salubridad del transporte marítimo? 
¿Qué instancias pueden pretender hoy controlar y limitar estos intercambios en el mar que denominamos tráfico marítimo? 
Nadie. 
La prueba, son esos buques-basurero, esas cáscaras de nuez que se lanzan al mar con un único casco, con treinta años de antigüedad, con tiempo tormentoso. 
De noventa mil barcos que navegan por los mares de todo el mundo, ocho mil están por debajo de los estándares de seguridad y cuatro mil transportan mercancías peligrosas. 
Si el barómetro de los siniestros es indicador de naufragios, el mercurio tradicional se ha convertido en petróleo o en ácido residual. 
Frente a esta situación catastrófica y anárquica del transporte marítimo, Europa ha aceptado el reto y, once meses después del Erika, la Unión Europea estará en disposición de anunciar que jamás procedimiento alguno se ha trabajado con tanta rapidez. 
Este enérgico gesto político está en nuestras manos. 
Adoptemos este paquete Erika I y que el Consejo acepte sus últimas enmiendas. 
A pesar de haber respondido favorablemente a esta aceleración del calendario, nuestro Grupo no ha renunciado a las exigencias fundamentales para una seguridad reforzada del medio ambiente marítimo. 
Las revisiones de las directivas sobre los controles portuarios y sobre las inspecciones de los buques deberían resolver el problema de las sociedades de clasificación e incrementar considerablemente el número de inspectores en los Estados miembros, con la condición, sin embargo, de que éstos creen los medios para ello. 
Pero también esperamos con impaciencia el segundo paquete Erika II, con la creación de una agencia marítima y el esbozo de una agencia de guardacostas europeos. 
A pesar de que lamentamos un aplazamiento en el calendario de la obligatoriedad del doble casco para los petroleros, y el abandono, por parte del Consejo, de la propuesta de tributación diferenciada para los derechos portuarios aplicables a los petroleros, según tengan simple o doble casco, apoyamos sin embargo este informe, porque con su cláusula de revisión, contempla la repesca del calendario llamado americano en el supuesto de que se fracase en el Convenio Marpol de abril de 2001. 
Nos dicen que el riesgo cero no existe. 
La responsabilidad cero, digámoslo, tampoco debe existir. 
Con el paquete Erika I, pondremos la primera piedra de una verdadera política de seguridad marítima europea, a la espera, naturalmente, del paquete Erika II. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, las catástrofes de estos últimos meses han sacado a la luz las insuficiencias de reglamentación, las grietas de los sistemas de control y de los medios humanos y financieros. 
Iniciadas por el Gobierno francés, impulsadas a nivel del Consejo Europeo de Transportes, las directivas europeas propuestas suponen un progreso indiscutible. 
Están respaldadas por los informes del Parlamento que debatimos esta mañana. 
El informe Watts endurece las medidas contra los buques que presenten riesgos graves o que enarbolen un pabellón de conveniencia, sin suprimir este tipo de pabellones. 
El informe Larrea, relativo a las sociedades de clasificación, armoniza las legislaciones, desarrolla las sanciones hasta la supresión de los permisos, aumenta las indemnizaciones en caso de accidente. 
El informe Hatzidakis, a pesar de prohibir el monocasco con las mismas fechas que las prohibiciones americanas, hace también toda una serie de derogaciones que no van en la dirección deseada, en particular con la propuesta de prolongar los plazos de desaparición de los cascos simples. 
Mi Grupo apoya los informes Watts y Larrea. 
Votaremos a su favor. 
El voto sobre el informe Hatzidakis dependerá del voto sobre las enmiendas del ponente. 
Las dos directivas y el reglamento que examinamos son un plus para afrontar este enorme reto de la seguridad marítima. 
Es necesario que entren en vigor lo más rápidamente posible, aunque no dejan de ser insuficientes en relación con la dimensión de los problemas planteados. 
La inseguridad marítima, como recalcan numerosas partes afectadas, se debe en gran parte a la desregulación y a las prácticas de conveniencia. 
En el marco de una competencia feroz, el objetivo primordial es el transporte más rápido y al menor coste posible, en detrimento de la seguridad, del medio ambiente y de las tripulaciones. 
Queda claro en qué medida la lógica liberal se opone, de hecho, a un alto grado de seguridad marítima. 
Aunque las decisiones europeas actuales, repito, son un plus, no ponen en entredicho este planteamiento. 
Así, las enmiendas que mi Grupo ha presentado al informe Watts relativo a las normas sociales han sido rechazadas, a pesar de que la importancia del factor humano es constantemente subrayada. 
Es muy urgente que se tomen medidas para erradicar el dumping social, actualizar las condiciones de las tripulaciones en términos de estatuto, de salarios, de formación, de condiciones laborales. 
Para posibilitar un control eficaz en los puertos, sin duda habrá que reforzar el cuerpo de los inspectores marítimos, sus cualificaciones, y por consiguiente habrá que liberar medios financieros. 
Hay que imponer medidas mucho más severas para conseguir que las sociedades de clasificación sean eficaces. 
Los pabellones de conveniencia deben ser prohibidos. 
Ya conocemos los efectos de su utilización en relación con la falta de respeto a las normas. 
Sí, es tiempo de que la Unión Europea se implique en una reforma real del sistema marítimo. 
Esto exige una fuerte voluntad política y medios financieros para realizar aún más controles. 
Con la perspectiva del segundo paquete de propuestas, creo que es importante encaminar nuestra reflexión hacia el fomento de un desarrollo duradero del transporte marítimo. 
Implica aún más garantías de seguridad y de calidad. 
Señor Presidente, hace un año, tres regiones francesas se vieron afectadas por una de las mareas negras más graves de la historia marítima europea, el naufragio del petrolero Erika. 
Hace algunas semanas, el Oeste de Francia acaba de ser víctima de un nuevo desastre ecológico, el naufragio del buque petroquímico Ievoli Sun. 
Y hasta hoy, el Parlamento Europeo no se ha visto obligado a pronunciarse sobre un incremento de la seguridad marítima. 
He sido elegido por una región costera que sufre diariamente las muy gravosas consecuencias del naufragio del Erika, los perjuicios profundos y duraderos que esta marea negra ha provocado en la flora y fauna de las regiones del Loira, de Bretaña y de las Charentes, efectos dramáticos para su economía- la temporada turística de 2000 ha sido desastrosa -, los profesionales de la pesca, de los cultivos marinos, de la acuicultura, y las salineras se han visto golpeados de manera muy intensa. 
A los habitantes de estas regiones les habría gustado que las instituciones comunitarias hubiesen actuado con una mayor celeridad. 
A pesar de todo, me alegro de que las propuestas de la Comisión hayan recogido las principales reivindicaciones formuladas por los que hemos sido elegidos por el litoral francés: prohibición de los petroleros con casco único, refuerzo de los controles en los puertos, y evaluación de las sociedades de clasificación. 
En cambio, es inadmisible que el Parlamento debilite la propuesta inicial de la Comisión relativa a la prohibición de los petroleros de casco simple. 
Como la Sra. de Palacio recordó en Rennes hace algunos días, los Estados Unidos de América han sabido dotarse en apenas un año, unilateralmente, de una normativa draconiana en materia de seguridad marítima. 
¿Porqué necesitaría la Unión Europea un calendario tan largo como el que contempla nuestro Parlamento, por las enmiendas del ponente, para eliminar los petroleros con casco único? 
Aunque el casco doble no es la panacea, es una medida importante, a la que se pueden aportar mejoras técnicas sustanciales, y me parece muy peligroso disociar el calendario americano y el calendario europeo. 
En este caso, está claro hacia qué aguas y hacia qué puertos se dirigirán los buques más peligrosos. 
Sería preferible que, frente a unos Estados Unidos voluntaristas, nuestro Parlamento no diera la imagen de una Europa blanda, que se alinea sistemáticamente con el mínimo. 
Si se produce un nuevo accidente, ¿Cómo podremos justificar que el Parlamento Europeo ha adoptado un calendario tan lento para esperar a que la OMI alcance un compromiso a escala mundial, mientras que los países que acogen pabellones de conveniencia representan una parte importante de ella, y no son los militantes más combativos a favor de la seguridad? 
¿Cómo podremos, en plena Presidencia francesa de la Unión, explicar a nuestros conciudadanos que el Parlamento Europeo ha eliminado las medidas necesarias de apoyo y de disuasión financiera que se proponían para acelerar la transición a los cascos dobles? 
El papel de nuestro Parlamento debería ser el de apoyar rápida e integralmente las disposiciones más estrictas y más eficaces propuestas por la Comisión, y no el de edulcorarles. 
Por el contrario, habría que proponer ir más lejos. 
Este primer paquete no es más que un primer paso. 
Hay que implantar a toda costa un sistema que responsabilice al conjunto de la cadena de transporte para que por fin salgamos de la opacidad actual. 
Esperamos que el segundo paquete de medidas que nos será presentado esté a la altura de esta necesidad. 
Para finalizar, independientemente de las medidas técnicas que se tomen, una de las mayores fuentes de inseguridad seguirá existiendo en tanto no se reequilibre, en la zona de La Mancha y el Atlántico Norte, el crecimiento exponencial del tráfico derivado de la hipertrofia de los puertos del Mar del Norte. 
¿Es realmente razonable que la extensión de la zona de actividad del puerto de Rotterdam alcance hasta el Sur de Francia? 
¿Reducir el tráfico en esta zona, redinamizando las infraestructuras portuarias del Atlántico y del Mediterráneo, no sería una de las medidas de seguridad a tomar más eficaces? 
Este es el sentido de las dos enmiendas que he presentado, en nombre de mi Grupo, a los informes de los Sres. Watts y Hatzidakis. 
Es una línea de reflexión que los Estados miembros y la Comisión deberían explorar, porque si no se aborda el tema de la sobresaturación de la zona La Mancha- Mar del Norte, este último se convertirá inevitablemente en una verdadera autopista de la contaminación marina, en una amenaza permanente para la seguridad de nuestros marinos, para el atractivo de nuestros litorales y para la calidad de nuestros recursos marinos. 
En efecto, las costas francesas no tienen intención de convertirse en el basurero del tráfico marítimo europeo, ni de recoger en sus orillas primero detonadores, luego aceite pesado, y más tarde estireno. 
Señor Presidente, la seguridad en las diferentes vías de transporte está en entredicho. 
En comparación con las más de 40.000 personas que anualmente pierden la vida en la carretera, el número de víctimas mortales de accidentes en el mar es menor, pero cada vida humana cuenta y además los accidentes marítimos ponen cada vez más en peligro la continuidad de las especies. 
La flora y la fauna, las aves en particular, son las víctimas del petróleo y de otros contaminantes. 
Es triste que se haya tenido que hundir primero un buque petrolero en la costa francesa con unas consecuencias catastróficas para que se presente este paquete de medidas, una serie de medidas con las que estamos muy satisfechos como también lo estamos con los diferentes informes. 
Me limitaré al informe Watts sobre el control del Estado del puerto. 
El ponente señala con mucha razón que el historial de un buque dice más que su antigüedad. 
Asimismo, comparto su punto de vista de impulsar la obligación del Voyage Data Recorders. 
El régimen que plantea para barcos que hayan sido inmovilizados más de una vez, o que naveguen bajo un pabellón que lleva ya tres años en la lista negra, me parece muy sensato. 
Sí me hago la pregunta de qué porcentaje de los barcos serían rechazados hoy basándonos en estos criterios. 
Ni el tamaño ni el estatus de un Estado de pabellón, por ejemplo de un país candidato a la adhesión, deberían socavar las medidas. 
Hablando de las responsabilidades del estado portuario, no se deberían pasar por alto las tareas de las autoridades portuarias. 
La negación de los puertos en cuestión a dejar atracar al Erika ha influido, con toda probabilidad, seriamente en la envergadura del naufragio. 
Le honraría al actual Presidente del Consejo que ordenara la situación en su propio país. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señores Ministros, cuando hace un rato han reconocido que nuestro Parlamento es una institución eficaz, les he oído perfectamente. 
Demostramos esta eficacia al día siguiente del naufragio del Erika. 
Lo recuerdo muy bien, estábamos en Estrasburgo, en una sesión, en el mes de diciembre, cuando tuvimos noticia de esta catástrofe. 
Y como conozco bien el Finisterre, supe desde el principio que, por desgracia, íbamos a sufrir una contaminación marina catastrófica, que dejaría rastro durante largo tiempo en nuestras cosas francesas. 
Entonces, movidos por la indignación, le exigimos a la Comisión propuestas inmediatas, que nos fueron presentadas en el mes de marzo, y desde entonces, hemos asistido a otras catástrofes, algunas en Grecia, y también a la del Ievoli Sun. 
Ya estamos todos hartos de ver nuestros océanos y nuestros mares convertidos en vertederos. 
En su tercera lectura, el informe McKenna recuerda un cierto número de principios esenciales relativos a las contaminaciones accidentales e intencionadas, las célebres limpiezas de tanques no controladas, que se basan en el principio de "quien contamina paga". 
Pero todavía quedan problemas muy espinosos, aunque las cosas vayan por buen camino. 
¿Es que no se ha perdido tiempo, desde el mes de marzo pasado? 
¿Dónde estaba realmente la voluntad política? 
El Consejo debe tomar medidas severas, como todos esperamos, en cuanto a los controles en los puertos, a las sociedades de clasificación, a la responsabilidad de los armadores y de los fletadores, finalmente a la del FIPOL, que actúa de una forma escandalosa. 
En Bretaña, todavía están esperando que los daños sean reparados. 
Hoy, se nos proponen multitud de textos, y más que se nos propondrán. 
Todo esto corre el riesgo de ser incoherente, más aún considerando que un cierto número de directivas, que ya tenemos, están en juego. 
Mencionaré, entre otras, la Directiva-marco sobre el agua. 
Habría que racionalizar todo esto y reflexionar sobre un texto-marco que simplificase las cosas a escala internacional. 
Mientras tanto, señor Ministro, reforcemos la investigación tecnológica en materia de descontaminación marina. 
Es importante que, en este campo de alta tecnología, los intercambios de "know how" y la cooperación se fomenten, se apoyen, para preservar por fin nuestro patrimonio natural marino, y esperamos que las medidas que todos juntos tomaremos permitirán al fin dejar de sufrir estas contaminaciones marinas y proteger nuestro patrimonio marino. 
Señor Presidente, me limito a comentar y a exponer la posición mayoritaria del Grupo Socialista en lo que se refiere a una de las propuestas, la que modifica la directiva que regula las organizaciones de inspección. 
Las garantías de navegabilidad de un buque exigían medidas importantes sobre las sociedades responsables y sobre la inspección, tal como ya se ha dicho. 
La situación actual es sencillamente inaceptable. 
Y en este sentido, el texto que se nos propone contiene novedades interesantes y positivas pero, a nuestro juicio, no suficientes. 
La opinión pública nos exige celeridad ante esta situación, tal como ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, pero esta rapidez debe ser compatible con un texto mínimo aceptable. 
Que nadie tenga la tentación en el Consejo que usted preside de acusarnos de no correr; exigimos unos mínimos y todo el mundo lo comprenderá. 
Nuestras discrepancias fundamentales se refieren a dos temas: por un lado, a la cuestión de la responsabilidad y las indemnizaciones, cuya cuantía y mínimos deben ser suficientes e iguales en toda la Unión Europea- no nos parece aceptable la subsidiariedad- y, en segundo lugar, a la independencia de las sociedades de clasificación. 
Dicha independencia debe ser muy clara en el momento actual en que muchos armadores y propietarios forman las propias sociedades que autorizan a los buques. 
Esto es inaceptable. 
Así que, en general, el texto de compromiso no nos satisface. 
Entendiendo que es el texto máximo que acepta el Consejo, no vamos a contribuir a su aprobación con la esperanza de que se mejore en segunda lectura, pero no votaremos en contra porque admitimos el excelente trabajo del ponente, el Sr. Ortuondo, que ha culminado con unas enmiendas de transacción que nos señalan el camino a seguir para la siguiente lectura. 
Por tanto, interesantes novedades pero no suficientes. 
Señor Presidente, desde el naufragio del petrolero Erika se han presentado bajo presiones políticas una serie de medidas con el fin de aumentar la seguridad de los barcos en el mar. 
No obstante, la pregunta del millón sigue siendo: ¿estas medidas servirán en la práctica para que dejen de navegar los barcos que no cumplan las normas? 
Todavía no estoy muy segura de ello. 
Lamentablemente, he de constatar que, con estas medidas, estamos haciendo una chapuza en lugar de atajar el problema de fondo. 
La Sra. Peijs y yo hemos hecho una pequeña investigación y me gustaría que la Comisaria me dijera lo que ha pasado con los 750 barcos que Honduras ha dado de baja en su registro. 
¿Realmente han dejado de navegar? 
¿Y dónde están entonces? 
Quisiera hacer una segunda pregunta: ¿es verdad que los barcos pueden registrarse en Camboya en menos de 20 minutos a través de Internet? 
En tercer lugar, me parece que hay que empezar a tratar con mano dura a las sociedades de clasificación, porque ahora gozan de demasiada libertad. 
He intentado introducir un estímulo de responsabilidad aumentando el límite de la responsabilidad civil cuando se trate de importes relativamente pequeños, pero muchas veces no se consigue nada. 
Pero sí estoy en contra de la responsabilidad civil ilimitada porque impediría el buen funcionamiento del mercado y sería contraproducente. 
¿Cómo está el asunto del control del Estado del puerto? 
Señora Comisaria, las actuales normas ni siquiera se respetan como es debido, y las nuevas menos. 
Simplemente, los Estados miembros destinan demasiado poco dinero a ello. 
Hay mucho ruido pero pocas nueces. 
En mi opinión, debe haber más "commitment" por parte del Consejo para que se disponga de más recursos y que se puedan imponer más sanciones. 
Lo mismo digo en cuanto a los "flags of convenience", de los que tengo una amplia lista. 
Votaré a favor de la propuesta del ponente de no admitir barcos que ya llevan tres años consecutivos en la lista negra y así daremos una señal a estos pabellones de conveniencia de que ya no se aceptan los controles de poca calidad aquí en Europa. 
No los queremos en nuestros puertos ni en nuestras aguas. 
Para terminar les digo que estas medidas carecen de un compromiso firme para alcanzar el grado de seguridad deseado. 
Eso es perjudicial para los ciudadanos, para el mar, para el medio ambiente y para la imagen del sector. Este debería reaccionar y unir sus fuerzas. 
Por eso, apoyo sinceramente las iniciativas para constituir una plataforma marítima europea. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los ponentes por el buen trabajo que han realizado. 
Con miras al medio ambiente, la seguridad, las comunidades pesqueras y el turismo es completamente imprescindible procurar que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido ahora. 
Se trató en primer lugar del Erika, pero al mismo tiempo y en otro lugar se hundió un petrolero en aguas turcas. 
El Ievoli San disponía de casco doble pero contenía determinados productos químicos. 
Algunos barcos griegos se hundieron sin más, señor Gayssot, sin que hubiera tormentas. 
En fin, no siempre son las tormentas del Canal las que deberían conducir a la posible inmovilización de la flota, según me han dicho. 
Al final, se trata de entre ocho y diez mil barcos que son "sub-standard". 
Dicho de otra forma, estamos hablando de un problema enorme. 
La antigüedad de los barcos influye pero no es determinante. 
El mantenimiento es un factor clave. 
De eso estamos hablando y también de la tripulación. 
El aspecto humano de todo este asunto es de suma importancia. 
Me fijaré en dos informes: el control del Estado del puerto y la prohibición de los petroleros de casco único. 
Todo el mundo lo está diciendo, y me parece completamente justificado, que no se ha alcanzado todavía el actual 25% exigido de control por parte del estado portuario. 
Algunos países deberían hacer un examen de conciencia para ver qué pueden hacer al respecto. 
Habrá que destinar más recursos para ello en estos países, habrá que formar a más personal, etcétera. 
Y, en especial, también el actual Presidente del Consejo de Ministros de Transporte tiene todavía mucho que hacer en su propio país en los próximos meses, también cuando deje de ser Presidente. 
Resumiendo, no sólo hay que considerar el lado técnico de este asunto, sino también el tema de las tripuGlaciones. No se trata sólo de promulgar leyes, porque, por lo que a mí respecta, ese 25% de control incluso podría subir con el tiempo, pero primero nos hemos de fijar en lo otro. 
El cumplimiento es, y lo repito una vez más, lo más importante. 
Con respecto a los barcos de casco único, quiero hacer algunas breves observaciones. 
El hecho de que los barcos de entre 600 y 3.000 toneladas queden excluidos del conjunto de medidas no me parece oportuno. 
Tampoco estoy satisfecho con que se hayan eliminado los incentivos financieros de todo el informe. 
Me parece que esta propuesta no se elaboró bien pero que en el futuro sí hay que introducir incentivos financieros o sanciones en este tipo de normativas. 
En tercer lugar, cuando hablamos de este tipo de informes, me parece que está quedando claro que no se vincula la relación entre, por un lado, el suministro de petróleo y, por otro, el hecho de que se use todavía combustible de origen fósil. 
Supongamos que vamos a construir buques nuevos, que jubilamos los de casco único, que los nuevos disponen de doble casco, entonces a continuación dispondremos de una amplia flota cuando realmente deberíamos ir hacia nuevas formas de suministro energético. 
(GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, no olvidemos que todo cuanto denunciamos aquí tiene su causa en el hecho de que la marina mercante es por definición, y por excelencia, un sector globalizado desde antiguo. 
Con el dinamismo, la anarquía, y los peligros propios de la economía globalizada. 
Carece de la regulación política correspondiente. 
Y no basta para esa regulación ni con lo que hacen los organismos internacionales, como la OMI, ni con cuanto nos ofrece la tecnología, cajas negras, etcétera. 
Votaremos, naturalmente, todo lo que proponen los colegas aquí porque son pasos importantes. 
Se requiere, de todas formas, sin embargo, una política organizada, integral, de intervención y regulación, señor Presidente, a la escala adecuada, o al menos, a escala europea. 
Por ello, señora Comisaria, esperamos que en el segundo o el tercer paquete que nos presente haya regulaciones también en esta dirección. 
Inspección, inspectores, policía de costas, puertos, instalaciones, penalizaciones para los que hacen lo que hacen en alta mar por la sencilla razón de que las penalizaciones les resultan más baratas que hacer bien su trabajo en los puertos. 
Pero todo esto ha de hacerse a escala europea, y su aplicación ha de ser común y no diferir de país a país. 
Finalmente, señor Presidente, cuanto hemos dicho, y defendido con nuestras enmiendas, sobre la situación social y las relaciones laborales en los buques no son cosa de mera solidaridad social y política. 
Son también cuestión de eficacia. a la postre, todos los accidentes que hemos tenido en Grecia se deben supuestamente a errores humanos de personas cansadas, somnolientas, que trabajaban tres días seguidos sin interrupción alguna y que, por supuesto, derivaban hacia lo que con tanta hipocresía se ha denominado supuestamente errores. 
Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, queridos colegas, la proliferación de las catástrofes en el ámbito marítimo no es casual. 
Nuestro deber político nos impone la puesta en práctica de medidas urgentes, pero nos obliga también a aplicar el dispositivo legislativo existente. 
Ya no podemos contentarnos con responder a las poblaciones afectadas por estas catástrofes, tanto ecológicas como económicas, que habíamos hablado de estos problemas, que pensamos en ellos y que la próxima vez evitaremos que sucedan. 
Si queremos tener credibilidad, debemos actuar rápidamente y frenar los meros discursos políticos estériles. 
No es hora de simples compromisos, de los que por cierto algunos vaticinan un difícil cumplimiento. 
Se trata de tomar medidas draconianas y de hacer todo lo que sea necesario para imponerlas a escala internacional reformando el código marítimo internacional, que se ha quedado obsoleto. 
¿Es necesario recordar que la seguridad marítima depende con mayor motivo del derecho internacional, dado que la contaminación nunca se para en el límite de las aguas territoriales nacionales, y que en la mayoría de los casos se inicia en estas aguas internacionales? 
Por consiguiente, ya no se trata de sensibilizar, porque eso no funciona, sino de golpear con un verdadero poder coercitivo allí dónde el impacto se hará notar, es decir, en los intereses financieros. 
Nuestra acción política debe ser contundente, en proporción a la urgencia ecológica. 
¡No más hipocresía! Esto significará, a la fuerza, denunciar, si ha lugar, los vínculos financieros que existen entre los armadores y las sociedades de clasificación, e implicarnos en la búsqueda de una respuesta exhaustiva de las partes afectadas: armadores, cargadores, aseguradoras, administraciones marítimas. 
Los informes que hoy debatimos deben ser el esbozo de una verdadera política de seguridad marítima, pero sin quedar en ningún caso limitados al ámbito comunitario. 
Tenemos los medios políticos y económicos para imponer y para hacer respetar nuestras opciones. 
Para concluir, les recordaré que los Americanos no contaron con nosotros para aprobar el Oil Pollution Act ya en 1990, como reacción al naufragio del Exxon Valdez de 1989, mientras que el naufragio del Amoco Cadiz en Francia se remonta a 1978. 
Por tanto, tengamos al fin la valentía política de nuestras ambiciones ecológicas. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, se suceden las malas noticias. 
Primero la EEB y la prohibición de la harina animal, y desde ayer en Alemania hay una prohibición de la harina de pescado sobre la mesa del legislativo. 
Y también ayer recibimos de la Comisión la noticia, transmitida por tres comisarios que, en realidad deberían saber mejor, que la Comisión no está dispuesta a autorizar una prórroga de la ayuda a la construcción naval europea más allá del 31 de diciembre. 
¿Qué perjuicio intentamos hacernos aún en la Unión Europea? 
No puedo entender esto, mientras los coreanos se ríen disimuladamente. 
Por el contrario, la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Transportes han actuado de manera inteligente y valiente, en concreto, -en consonancia con la gravedad del accidente- cuando se trató del primer paquete Erika. 
Lo recibimos rápidamente, lo debatimos rápidamente en el Parlamento y esto merece un aplauso. 
Ya está en camino un segundo paquete. 
En cambio, señor Ministro, -lamentablemente, debo decirlo- usted dice: "podríamos... ", y habla usted de pabellones baratos, de black boxes y de otras cosas. 
Pero ¿por qué no lo hace enseguida ahora y no mañana? 
Usted ha dicho. "tenemos la posibilidad de mejorar la seguridad." 
Pero, señor Ministro, aproveche ahora la posibilidad y no mañana. 
El Parlamento está pidiendo ya esto desde hace tiempo. 
Nosotros, los diputados, no vamos a aplazar esto ahora, con toda seguridad. 
Respecto de la acusación contra el Parlamento de que este aplazamiento haya surgido por culpa nuestra, no puedo menos que decir lo siguiente: Aquí no se pretende más que arrojar arena a los ojos y desviar la atención respecto del propio fracaso. 
Por consiguiente, no podemos estar conformes con ningún aplazamiento de la votación. 
Tenemos que dar la señal correcta. 
De todas maneras, las banderas ondean ya a media asta y no espero un resultado rápido a cualquier precio, sino un resultado óptimo en el plazo más rápido posible. 
La vía de la conciliación es aquí sólo una vía- aunque, lamentablemente, necesaria- pero es una vía, y espero que cada cual aporte lo mejor. 
Entretanto, cada uno conoce la actitud del otro y también por esto necesitamos hoy la votación. 
Respecto de la sociedad de clasificación quisiera destacar una vez más en esta ocasión- y ésta es también mi tarea- lo siguiente: la atención principal de la actual discusión parece estar centrada en la responsabilidad. 
Esto lo entiende cualquiera. 
El destino y la existencia personal de algunas empresas están en juego, sin considerar los daños en el medio ambiente. 
La Comisión quiere abordar una vez más esta cuestión de la responsabilidad en el segundo paquete Erika. Está bien así. 
Sin embargo, estoy convencido de que para los accidentes marítimos es de enorme importancia tomar en consideración la responsabilidad de toda la cadena de los implicados y tratar el asunto como un todo. 
Es lamentable que hoy se esté analizando de manera unilateral la responsabilidad de las sociedades de clasificación. 
Al menos esta es la impresión que se ha suscitado. Se trata únicamente del primer eslabón de la cadena de actores marítimos, sin que al mismo tiempo se elucide la responsabilidad de los demás actores. 
Por consiguiente, en este punto es necesaria una acción de recuperación. 
Necesitamos una imagen completa de la responsabilidad y, con ella, de la responsabilidad de todos los actores. 
Señor Presidente, estos textos nos han sido impuestos por circunstancias excepcionales, dramáticas y repetidas, y frente a los dos accidentes en menos de un año, el del Erika y el del Ievoli Sun, la opinión pública ha expresado ante Europa una demanda y una sentimiento de apremio. 
Esto significa que, en este campo más que en ningún otro, nuestra responsabilidad es grande, y que debemos, a mi parecer, silenciar cualquier muestra de amor propio institucional. 
El Parlamento ha respondido a este deseo de la opinión pública con un procedimiento rápido, acelerado, que hoy ha sido posible gracias a nuestros cuatro ponentes, Hatzidakis, McKenna, Watts y Ortuondo Larrea. 
Teníamos un objetivo común. 
Creo que era el que había que perseguir: alcanzar un texto en el periodo de sesiones de diciembre, alcanzar un consenso entre el Consejo y el Parlamento, porque esto es lo que espera la opinión pública, y si por desgracia ocurriera otro accidente, seríamos juzgados con gran severidad. 
Se da la circunstancia, y lo sabemos hoy, de que dos textos corren el riesgo de ponernos en desacuerdo con el Consejo, y en consecuencia, la inminente aparición de directivas y de reglamentos probablemente no sea anunciada esta tarde, como todo el mundo esperaba. 
Personalmente, lamento que, por una excesiva precipitación, o quizás por una falta de sangre fría, estos diez días nos falten cruelmente, y también siento que no aceptemos la posibilidad ofrecida por el Consejo de que, en el mes de diciembre, es decir, dentro de diez días muy concretamente, culminemos lo que todos deseamos, aparentemente, en todos los escaños de esta Asamblea. 
Lo lamento personalmente, y creo que esto será juzgado con dureza. 
Pienso que la postura del Parlamento en cuanto a la mayoría de estos textos es la correcta, porque quizás sea la más exigente, salvo para los cascos dobles. 
Por tanto, señor Presidente, apelo a que una posición común retome, en materia de régimen de responsabilidad de las sociedades de clasificación, de régimen de exclusión, de las cajas negras, de las inspecciones sistemáticas, los puntos sobre los que no podamos, sin duda, ponernos de acuerdo hoy. 
La Presidencia francesa habrá dado un impulso decisivo que, por desgracia, no podrá concretarse más que dentro de dos o tres meses. 
Asumimos todos los riesgos, incluyendo el de la conciliación. 
Creo que hay que lamentarlo. 
Señor Presidente, yo también quiero darles las gracias a los ponentes por sus logrados informes. 
En estos informes se ha prestado atención a los factores fundamentales que contribuyen a mejorar la seguridad marítima. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para mejorar la seguridad del tráfico marítimo. 
En lo que se refiere al control portuario, es importante avanzar en la rigurosidad de la normativa y en la eficiencia de las inspecciones. 
También hay que mejorar tanto el sistema de autorización de las sociedades de clasificación, como la calidad de las inspecciones realizadas por las mismas, y el incremento de las inspecciones debe dirigirse precisamente a los navíos que implican mayor riesgo. 
Quiero resaltar aún que no basta con las soluciones que se adopten en el ámbito de la Unión para mejorar la seguridad marítima. 
Por ejemplo, las cuestiones relacionadas con las responsabilidades deben tratarse a nivel mundial. 
Esto afecta también al requisito de cascos dobles en algunos buques. 
Tampoco basta con una normativa regional en esta materia, sino que es necesario contraer acuerdos globales en el ámbito de la OMI. 
Por ejemplo, para Finlandia es de suma importancia que Rusia suscriba estos acuerdos. 
Cuando se trate de buques no aptos para navegar o de buques de alto riesgo, debemos encargarnos de que sean realmente desguazados y de que no vuelvan a circular acogidos a otro pabellón. 
Señor Presidente, votaré a favor de todas las medidas técnicas que vayan en el sentido de mejorar la seguridad marítima, aunque lamente su insuficiencia. 
Pero el verdadero problema es la voluntad política de tomar y de aplicar medidas coercitivas frente a todos los que, para obtener beneficios, ponen en peligro a los demás y al medio ambiente. 
No se trata solamente de los armadores, sino también y ante todo de los ordenantes que son, como lo han puesto de manifiesto los naufragios del Erika y del Ievoli Sun, grandes empresas multinacionales. 
Las medidas vinculantes deberían conllevar no solamente la inmovilización de los buques peligrosos, sino también su confiscación y la de su carga. 
Además, estas grandes compañías deberían ser consideradas financieramente responsables de los daños ocasionados con el conjunto de sus bienes. 
Los depósitos de carburante de Total y de Shell, fletadores respectivos del Erika y del Ievoli Sun, deberían haber sido embargados judicialmente de inmediato, hasta que los daños de todo tipo derivados de su irresponsabilidad no hubiesen sido reparados económicamente de forma íntegra. 
Ante su imposibilidad de pagar un recibo o una multa, la justicia sabe ser despiadada con los pobres, hasta el punto de embargar sus escasos bienes. 
La laxitud frente a las grandes compañías muestra sin lugar a dudas que son más poderosas que las instituciones democráticas. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar expresar mis agradecimientos tanto a la Comisión como a los tres ponentes por este excelente trabajo. 
La tragedia del Erika en el otoño de 1999 ha hecho que mucha gente reaccione, cosa que es provechosa. 
Pero habría sido aún mejor si hubiésemos actuado con antelación en lugar de reaccionar a posteriori. 
Así quizás habríamos podido evitar una tragedia. 
Hay muchas cosas positivas en la materia que vamos a decidir hoy. 
Se trata del endurecimiento de las exigencias para la construcción de barcos petroleros, del mejoramiento de las normas para los controles portuarios y de la mayor severidad de las reglas para las organizaciones de inspección y peritaje de buques, que es una consecuencia de lo anterior. 
No obstante, hay muchas cosas que no quedan claras. 
¿Que sentido tiene, por ejemplo, que impidamos que los buques entren a puertos comunitarios si no les prohibimos que naveguen en nuestras aguas? 
Cálculos realistas indican que tan sólo podremos detener a 10 ó 12 buques más al año. 
¿Será esto suficiente? 
El último gran accidente con vertidos de petróleo ocurrido hace unas pocas semanas afectó a un petrolero con doble casco. 
Esto significa que la introducción obligatoria de este tipo de casco tampoco va a resolver los problemas. 
Permítanme ocuparme de otro asunto, de todos los vertidos de petróleo que no son consecuencia de un accidente sino que son intencionados. El transporte de petróleo en el Báltico se ha duplicado desde 1995 y se triplicará dentro de unos años. 
Nos vemos afectados por un promedio de dos vertidos diarios. Hace poco tiempo un barco con pabellón de conveniencia maltés lanzó al mar petróleo en aguas suecas, frente a Gotska Sandön. 
El barco se dirigía al puerto de Tallin en Estonia. 
La pregunta es quién puede actuar. 
Según la convención de MARPOL, Suecia no tiene derecho a actuar, ya que la nave ya no está en aguas suecas. 
Estonia tampoco puede actuar, porque el buque no ha causado allí ningún daño. 
Malta, por su parte, seguramente no quiere actuar, puesto que ese país obtiene grandes beneficios relacionados con estos barcos registrados con la bandera maltesa. 
De este modo, otro bandido medioambiental ha quedado impune. 
Las propuestas presentadas tampoco podrán resolver estos problemas en el futuro. 
Por eso creo que hay mucho por hacer en esta materia. 
. (EL) Señor Presidente, señorías, un asunto cuyo objeto es la seguridad de los buques y, por consiguiente, la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, es un asunto muy serio. 
En la dirección de su apropiado tratamiento, necesitamos normas estrictas y actualizadas cuya aplicación sea controlada rigurosamente por inspectores dignos de toda confianza y por servicios públicos que cuenten con el personal adecuado. 
Se propone la prohibición de acceso a puerto de los buques que ponen realmente en peligro nuestros mares, el registro de los datos de viaje de modo que sea viable el control de las condiciones de travesía de los barcos incluso tras un eventual accidente, el gradual establecimiento de la exigencia de doble casco, y la mejora de las normas y pautas que afectan a las entidades de inspección y control de los buques. 
Naturalmente, sería muy fácil imponer condiciones y limitaciones tales que prácticamente excluyeran en teoría la mera posibilidad de accidente. 
No serían, sin embargo, aplicables si no se hubieran tomado también en consideración otros factores fundamentales del problema. 
La marina mercante no debe ser tratada, y de hecho no es tratada, como un «enemigo» , sino como un amigo mejorable; hay que tomar medidas a favor de la seguridad, pero lo menos lesivas posible para la merina mercante y para el comercio, e igualmente hay que evitar situaciones en las que una medida pueda provocar un mal mayor que el bien que pretende; es decir, hay que huir de las exageraciones. 
Y estoy seguro de todos preferimos las normas menos estrictas, que se aplican, a las más estrictas, pero que no se aplican. 
No olvidemos que cinco de nuestros estados miembros- y para no ser malinterpretado, recuerdo que Grecia no se cuenta entre ellos- son acusados por la Comisión de no aplicar la- menos estricta- directiva anterior. 
Este equilibrio, pues, creo que puede conseguirse sobre la base de las propuestas de la Comisión y de la OMI, así como de los informes debatidos, cuyos ponentes son verdaderamente dignos de felicitación. 
Lo malo, claro, es que por muchos reglamentos que establezcamos, no podremos evitar accidentes del tipo del sufrido por el transbordador Samina, es decir, cuando un capitán «decide» lanzar su barco contra unas rocas recogidas en las cartas de navegación y además iluminadas. 
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo la seguridad marítima basándonos en tres informes cuyos ponentes felicito sinceramente. 
La Comisaria empezó a redactar inmediatamente después del hundimiento del Erika una serie de leyes, pero la verdad nos obliga a decir que la legislación realmente no era tan mala excepto el tema de la responsabilidad civil. 
El problema era y sigue siendo el cumplimiento de esta legislación, el control y las sanciones en caso de incumplimiento. 
Hoy estamos debatiendo la seguridad de los buques y de los Estados de pabellón, el control del Estado del puerto y las sociedades de clasificación. 
Lamentablemente, el tiempo nos obliga a limitarnos. 
En primer lugar, quisiera centrar mi intervención en las sociedades de clasificación. 
No es tan importante que tengan una responsabilidad civil ilimitada porque la mayoría de ellas no puede pagarlo. 
Lo que es importante es que se cierren, que ya no puedan operar cuando han cometido errores importantes e imputables, que se eche el cerrojo y punto. 
Eso les haría andar con mucho más cuidado y parece también mejor que todas esas sanciones que no se pueden ni cobrar. 
En segundo lugar, los Estados de pabellón. 
Personalmente, soy partidaria de que no se admitan en los puertos de la Unión Europea los barcos que navegan bajo un pabellón barato de la lista negra ni en las aguas territoriales de la Unión. 
Sin embargo, sí veo que esto tiene sus dificultades prácticas. 
Pero, ¿no les parece sangrante que el buque gemelo del Erika, el María S, haya podido navegar durante más de un año sin problemas hasta que por fin fuera detenido y enviado al desguace? 
¿Por qué el María S no fue amarrado por su sociedad de clasificación? 
¿Qué hizo el Estado de pabellón al respecto? 
Hay muchos estados que, en mi opinión, actúan de forma totalmente irresponsable, que ofrecen un registro en apenas veinte minutos a través de Internet, o sea, un trámite virtual en todos los sentidos, sin inspección alguna. 
Camboya, la Sra. Sanders ya lo dijo, Camboya hace publicidad de este tipo de posibilidades en las publicaciones marítimas. 
¿Qué hace la Comisaria con los buques registrados de esta forma? 
¿Vamos a esperar hasta que sean detenidos? 
Una vez, dos veces, hasta que el petróleo esté otra vez en las playas del Mar del Norte. 
Está claro que una empresa que tenga buena fe no va a registrar sus buques en Camboya. 
Mi pregunta a la Comisaria es: ¿vamos a seguir estos barcos con un sistema de rastreo y localización? 
Porque aquí surge la pregunta: ¿qué Estado de pabellón habrá aceptado estos amasijos de hierros flotantes? 
¿Dónde están? 
Me parece que sin tal sistema de rastreo no vamos a poder operar de forma convincente. 
El rigor empleado contra los estados de pabellón no puede terminar en las fronteras de la Unión Europea. 
Algunos de nuestros Estados miembros mismos no se toman en serio el tema del registro. 
También en estos países, donde en teoría los sistemas parecen tan buenos pero que no significan nada en la práctica, habrá que aplicar un control riguroso en la práctica. 
Y si no cumplen, se les aplica el mismo criterio que a los estados de pabellón sospechosos: ¡sus barcos no pueden entrar en nuestros puertos! 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, Señorías, muchas veces se han recordado en el debate el desastre del Erika y otras catástrofes y cada uno de nosotros podría aumentar esta lista. 
Nuestra historia pasada y reciente se ha visto salpicada por calamidades y esto tendría el carácter de la fisiología, aunque ingrata, si no recordásemos que el 75% de ellas están causadas por la mano del ser humano. 
Por lo tanto, es importante que se afirme el hecho político y cultural de fondo: ya es hora de acabar con la cultura de la emergencia, ya es hora de afirmar la cultura de la prevención. 
Los informes que se han presentado van en esta dirección. 
Es significativo que esta mañana la Comisión, por boca de la Comisaria, Sra. Wallström, haya reiterado el compromiso prioritario con una moderna política de seguridad marítima y es importante asimismo la declaración del Consejo, sin embargo, esta declaración es vinculante respecto al esfuerzo que ha de realizarse para cerrar definitivamente este capítulo en diciembre. 
Es un buen comienzo, pero debemos superar otras etapas. Algunas han sido anunciadas esta mañana por la señora Comisaria y yo voy a señalar cuatro de ellas: la armonización legislativa y organizativa de los países candidatos a la ampliación; la formación de los recursos humanos y el reconocimiento de los derechos de quien trabaja en el sector; la creación de la Agencia Marítima Europea con la plena participación no solo de los Estados miembros, sino también de las autonomías locales y regionales; la afirmación del principio de responsabilidad y, por ende, de indemnización por daños ecológicos y no sólo por daños socioeconómicos. 
Señorías, hemos de procurar que el eslogan "Quien contamina paga" no se quede en un simple eslogan. 
Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, Señorías, no cabe duda de que el transporte marítimo representa uno de los medios de transporte menos dañinos para el medio ambiente. 
Como prueba de ello está el hecho de que las medidas adoptadas a escala internacional para mejorar la seguridad y reducir la contaminación accidental han tenido cierto éxito. 
Ello no obstante, seguimos asistiendo con desazón a graves accidentes como el reciente naufragio del Erika, que demuestran lo urgente que es adoptar nuevas medidas en favor de la seguridad marítima y evitar que se repitan accidentes que tienen amplias repercusiones tanto desde el punto de vista ecológico como económico en nuestras costas, en nuestros mares, en la pesca y en el turismo. 
En lo que respecta a estas tres nuevas propuestas relativas a la seguridad marítima, no puedo más que felicitar a los tres ponentes que han demostrado en plazos sumamente cortos que el Parlamento está muy decidido a adoptar nuevas medidas para potenciar la seguridad en el mar, los controles, las normas de construcción y lo intolerable que es que accidentes similares se vuelvan a producir. 
Considero que es nuestra obligación reforzar la aplicación de las directivas existentes en la materia y adoptar nuevas medidas aptas para eliminar de nuestros mares barcos substandard, verdaderas cafeteras del mar. 
Además de la aprobación de este paquete de medidas, la Unión Europea deberá, a mi modo de ver, actuar en un contexto mundial y alcanzar soluciones consensuadas a escala internacional que mejoren la seguridad marítima y que, al mismo tiempo, no perjudiquen a nuestros armadores respecto a los demás. 
Y concluyo subrayando la necesidad de crear un sistema de intercambio de informaciones entre los Estados miembros acerca de la seguridad de la navegación en las zonas de fuerte tráfico de petroleros, al objeto de garantizar un seguimiento y control constantes y una reacción inmediata ante posibles riesgos. 
Señora Presidenta, en nombre de los socialistas de la Comisión de Industria, quisiera formular unos breves comentarios. 
La Comisión tiene el mérito de vencer la inacción y contribuir a dar una respuesta política. 
El Parlamento quiere una acción efectiva y coherente para el sector. 
Sabemos que la causa de los accidentes, que se agravan en número y consecuencias pese a la tecnología de que disponemos, es el desvarío de la competencia en la construcción naval, con pérdidas de calidad y una gestión económica absurda de las flotas envejecidas, cuyo punto fulcral se plasma en una estrategia de reducción drástica del mantenimiento y las tripulaciones. 
El origen de los accidentes no está solo en la edad y el tipo de buque, sino también en la falta de idoneidad de los armadores que recurren a todos los métodos disponibles para reducir los costos, algunos de los cuales ya han sido enumerados aquí suficientemente: desde los pabellones de conveniencia hasta la permisividad de las autoridades portuarias y la complicidad de las entidades clasificadoras. 
El problema de la seguridad de este transporte exige un castigo juicioso de los infractores, cuyos costos debe repartirse el sector globalmente, para no castigar aún más al sector europeo. 
Convenimos con la imposición de un límite mínimo para daños personales o muerte y daños materiales y con que se brinde a los Estados miembros la posibilidad de aumentar esos límites. 
Discrepamos de la idea según la cual la idoneidad de las sociedades clasificadoras está en relación con su dimensión o incluso con el número de inspectores con que cuenten y preferimos guiarnos por las consecuencias de su certificación, por lo que es necesario el régimen de la responsabilidad civil compatible con el riesgo. 
Permítaseme un comentario sobre Portugal, país al que se ha citado aquí. 
Portugal apoyó la modificación de la Directiva 94/54, pero no está de acuerdo con la supresión de las sociedades clasificadoras por países con menor dimensión. 
Se debe evaluar el desempeño de las sociedades clasificadoras con criterios comunes: número de accidentes, incidentes o inmovilizaciones de buques inspeccionados y certificados y que hayan causado contaminación. 
Es ilusorio esperar una reducción del número de accidentes sin una coordinación internacional por la vía de una transacción política y empresarial que renueve la lógica empresarial. 
Señora Presidenta, en el pasado reciente varios accidentes marinos de considerables consecuencias, en especial aquellos en los que estuvieron involucrados petroleros, han sacudido nuestro continente. 
Se ha inflingido un daño enorme a la naturaleza así como al medio de vida de las poblaciones que viven en esas zonas. 
Nuestros electores nos preguntan qué es lo que estamos haciendo para prevenir estas catástrofes. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Wallström y la Sra. de Palacio por las acciones que han emprendido en el campo de la seguridad marítima. 
Desde luego han reaccionado y han trabajado con rapidez por una mejor legislación sobre la seguridad marítima, tanto en las propuestas ERIKA I como en las ERIKA II. 
La reducción progresiva de los petroleros monocasco va a incrementar la seguridad a los largo de las costas de la UE. 
Mis amigos de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo han señalado que se deberían aprobar unas fechas de reducción progresiva comunitaria más estrictas. 
Le doy las gracias a mis colegas por este enfoque responsible e insto a que se alcance un acuerdo sobre la fecha de extinción más temprana, en el año 2015. 
Al hacer esto hemos de recordar que los buques de doble casco, o incluso los de triple casco, no van a garantizar con absoluta certeza que en el futuro no vayan a ocurrir accidentes. 
La introducción de nuevas tecnologías y mejoras en los diseños de los buques forman parte de esta importante tarea. 
En lo que respecta a la decisión de ayer de la Comisión de adherirse al calendario previamente acordado para los planes de las ayudas estatales, estimo que ha sido una acertada decisión. 
Al igual que mi buena amiga, la Sra. Langenhagen, estoy muy preocupado por la situación en Corea del Sur y me satisface saber que la Comisión Europea va a revisar la cuestión antes de mayo del próximo año. 
Señora Presidenta, cuando el Erika se hundió, fue por culpa de la antigüedad del buque, del casco simple, de la tripulación india y del pabellón maltés. 
Cuando el Ievoli Sun se hundió, el barco era relativamente nuevo, tenía doble casco, la tripulación era comunitaria, y el pabellón italiano. 
¡No entiendo nada! 
Y nuestros habitantes lo entienden aún menos. 
Creo que, en nuestros informes, hay un punto débil: no se habla suficientemente ni de los marinos, ni de los hombres. 
Mas del 80 % de los accidentes están relacionados con un error humano, pero hay motivos para el error humano, que son de orden social. 
Naturalmente, la formación de las tripulaciones, pero al menos hay que controlarla, y este control no puede llevarse a cabo más que en el marco del Estado portuario, y los inspectores deben supervisar el estado del buque, pero también las condiciones sociales de su tripulación. 
¿Se aplica correctamente el Convenio 147 de la OIT, que, entre otros, obliga al Estado portuario a reforzar las medidas encaminadas a defender los intereses de los marinos, en cuanto a su salud y a su seguridad, a sus condiciones de trabajo y a sus derechos sindicales? 
Con respecto al Memorando de París, creo que sería útil modificarlo para que las inspecciones de las condiciones sociales a bordo de los buques fueran sistemáticas y efectivas. 
Creo que no habremos cerrado el tema de la seguridad marítima hasta que no hayamos hablado primero de los marinos. 
. 
(FR) Señora Presidenta, primeramente, en cuanto a la urgencia en la toma de decisiones y en la aplicación de las decisiones, cuando vemos, menos de un año después de lo que ocurrió con el Erika, lo que le pasó al Ievoli Sun, ¿cómo podemos no entender a la población, a nuestros conciudadanos, que se preguntan: cómo es posible que esto haya sucedido de nuevo? 
Es verdad que he oído a algunos parlamentarios decir: ¿pero porqué no se ha actuado antes? 
Creo que, sin dejar de entender esta interrogación, hay que ver al mismo tiempo que, en realidad, en este campo, quizás ahora más que nunca, el Parlamento, la Comisión y el Consejo han mostrado una voluntad de intervenir y de actuar rápidamente. 
Incluso, podemos pensar que esta iniciativa crea condiciones para que no solo la Unión Europea pueda tomar, tome, medidas totalmente eficaces sobre las aguas que le competen de forma directa, sino también medidas tales que la propia OMI, en los próximos meses, se vea de alguna manera obligada a ampliar todas estas medidas a escala planetaria. 
Por consiguiente, y perdonen que recurra a este elemento personal, me acuerdo que enviamos, el pasado febrero, los tres Memorandos a la Unión Europea, al FIPOL y a la OMI. 
Fue Francia la que lo hizo, porque el Erika acababa de hundirse y, a partir del mes de marzo, la Comisión presentó propuestas. 
Desde la primera sesión, bajo la Presidencia francesa del Consejo de Ministros de Transportes, se puso de manifiesto la voluntad común de hacer algo, y hoy el Parlamento propone que debatamos y que nos pronunciemos en torno a tres puntos particularmente importantes, incluyendo una anticipación de la fecha del debate en sesión plenaria. 
Precisamente, esta demostración prueba que, esta vez, no volveremos a caer en las costumbres inveteradas del pasado. 
Hay que decirlo, después del Amoco Cadiz, durante veinte años, tal vez se hayan hecho cosas, pero no se ha hecho lo suficiente para evitar que esta inseguridad marítima sea erradicada. 
En consecuencia, quiero recalcar la labor que se ha realizado a este nivel, y comparto la opinión de sus ponentes, cuyo trabajo, por cierto, es de gran calidad. 
Estoy convencido, al igual que ustedes, al igual que el Parlamento Europeo, de que debemos reforzar los textos propuestos por la Comisión, especialmente en cuanto al asunto de las cajas negras o de la exclusión. 
Estoy asimismo de acuerdo en que la responsabilidad del conjunto de los operadores, y en concreto la de las sociedades de clasificación, que desempeñan un papel esencial en materia de seguridad marítima, quede claramente delimitada y sea claramente reforzada, para que no pueda existir conveniencia alguna, particularmente en el ámbito de los controles. 
Deseo indicarle al Sr. Jarzembowski que el Consejo no busca un compromiso. 
Es necesario que avancemos hacia un consenso al nivel más alto posible de reglamentación y de seguridad marítima. 
No es un compromiso entre los que desearían más y los que desearían menos. Hay una convergencia, hay que buscar este consenso para alcanzarla. 
En materia de seguridad marítima, no hay compromiso alguno a alcanzar, como en el campo del "chanchullo", sobre la responsabilidad de los elementos de control de la seguridad marítima. 
Por tanto, si están ustedes de acuerdo, debemos trabajar por consenso, el Parlamento, la Comisión y el Consejo, a partir de ahora y hasta el Consejo de Ministros de los días 20 y 21 de diciembre- he tomado buena nota de la sugerencia que han hecho varios ponentes-. 
Es la propuesta que les hago oficialmente, en este instante. 
Deseo que esta labor pueda cuajar, ya desde el 20 y el 21 de diciembre, en posiciones comunes. 
Todavía no me refiero a la conciliación. 
Podemos acelerar las cosas. 
Si trabajamos a partir de ahora y hasta el Consejo de Ministros del 20 y el 21 de diciembre, será suficiente para fijar posiciones comunes, incluyendo las obtenidas por mayoría cualificada, es un elemento sobre el que también quiero insistir. 
En tal caso, estas posiciones podrán ser aceptadas por el Parlamento en segunda lectura, a partir de los primeros días del año que viene. 
Es cierto que los temas que tratamos a veces son complejos y técnicos. 
Entiendo perfectamente que incluso para las traducciones, hace falta un margen de tiempo indispensable. 
Pero lo más importante es la decidida voluntad que debemos tener colectivamente para cambiar las actuales reglas del juego del transporte marítimo, con el objetivo de reducir la inseguridad marítima. 
Estas propuestas que, como es mi deseo, vamos a hacer avanzar conjuntamente, a gran velocidad, tanto en lo relativo a la eliminación de los buques de casco simple, como en lo referente a las sociedades de clasificación, o al control por parte del Estado portuario, son importantes, pero ya sabemos, como usted ha dicho, como también lo ha dicho la Sra. Comisaria, que no son suficientes. 
Nos hace falta este segundo paquete para ir más lejos a nivel de la asunción de responsabilidad por parte de todos los operadores, para ir también más lejos a nivel de la vigilancia y a nivel de la transparencia. 
Un parlamentario o parlamentaria ha empleado el término de "rastreabilidad". 
Comparto este planteamiento. 
No podemos dejar que se haga de todo con los buques, incluyendo los casos en que han sido reparados o rechazados en un sitio u otro. 
No debemos encontrárnoslos de nuevo en nuestros mares y en nuestros océanos. 
En este sentido, podremos hacer avanzar las cosas con el sistema Equasis, que forma parte del segundo paquete. 
Finalmente, y ya acabo, señora Presidenta, varios de ustedes la han mencionado, pero todavía no contamos con todos los elementos de la investigación que he promovido tras el naufragio del Ievoli Sun. 
Efectivamente, este navío no era antiguo, tenía doble casco, tenía doble fondo, su tripulación era de nacionalidad europea. 
Vamos a disponer de los resultados de la investigación. 
Es importante para todos saber lo que ocurrió, porque la cuestión humana, que ha sido abordada por varios de ustedes, es también muy importante. 
En el ámbito de la sobre-explotación de los marinos, o de las condiciones de vida y de trabajo de los marinos, ocurren cosas, como también ocurren en el campo del mantenimiento, por cierto, que pueden ser determinantes para los accidentes, y creo que también hay que avanzar en este sentido. 
. (EN) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera darles las gracias a todos por este interesante y valioso debate. 
Me complace transmitirles que la Comisión va a apoyar muchas de las enmiendas propuestas en estos tres informes. 
Aun existen algunas áreas en las que tenemos diferentes perspectivas. 
Pero confío en que éstas puedan ser resueltas hoy. 
Permítanme darles la opinión de la Comisión sobre cada uno de los informes de las tres propuestas. 
Me gustaría empezar con la propuesta del control por el estado titular del puerto. 
Doy las gracias al Parlamento por su firme compromiso con nuestra propuesta y especialmente al Sr. Watts por sus enmiendas, que emiten una inequívoca señal a los operadores que no cumplen las normas y a los negligentes estados que prestan sus banderas. 
La mayoría de las enmiendas se centran en la propuesta de denegación del acceso a las aguas comunitarias. 
Estas son las enmiendas 1, 3, 6, 7 y 8. 
El núcleo de las enmiendas del Parlamento lo constituye la enmienda 3 que modifica el artículo 7a de la propuesta de la Comisión. 
Esta incluye tres elementos: en primer lugar, la eliminación del criterio de antigüedad es completamente aceptable para la Comisión puesto que no existe correlación alguna entre la antigüedad de un buque y su calidad. 
En segundo lugar, respecto del criterio basado en la ausencia de una caja negra a bordo, la Comisión apoya la instalación general y rápida de cajas negras en los buques que atraquen en los puertos de la UE, pero esta es una cuestión que no debería tratarse en la directiva de control estatal del puerto. 
De modo que ésta no es una cuestión de fondo, sino una cuestión de emplazamiento formal de esta específica propuesta. 
La Directiva de Control Estatal del Puerto está diseñada para controlar el cumplimiento de los requisitos internacionales y no para introducir nuevas normas. 
En los próximos días la Comisión adoptará una propuesta de directiva para la seguridad de la navegación que incluirá la obligación de equiparse con una caja negra. 
El tercer elemento de la enmienda número 3 es una propuesta para prohibir todos los buques que hayan navegado durante tres años bajo la bandera de un estado incluido en la lista negra publicada por el Memorando de Acuerdo de París. 
Con la propuesta del Parlamento este criterio bastaría para prohibir flotas enteras. 
Si la directiva entrase en vigor hoy, con la enmienda propuesta por el Parlamento, 32 flotas incluyendo las de Malta, Chipre, Rusia y Panamá, la flota más grande del mundo, serían prohibidas. 
Esto significa miles de buques, incluyendo buques de alta calidad, lo que iría en contra de los objetivos del contro estatal del puerto. 
Preferimos nuestra propuesta, en la que el criterio de la bandera se relaciona con el historial de detenciones de un buque, con el fin de emitir una clara señal a los operadores que no alcanzan los estándares establecidos. 
En resumen, la Comisión sólo puede aceptar parcialmente la enmienda 3. 
Las enmiendas 1, 6, 7 y 8 también se refieren a la denegación del acceso. 
La Comisión está en disposición de aceptar las enmiendas 6, 7 y 8, pero sólo puede aceptar parcialmente la enmienda 1. 
La eliminación del criterio de antigüedad es aceptable, pero no la extensión de la prohibición a las aguas territoriales de los Estados miembros. 
Esto no se refleja en el texto de la directiva, en la que la denegación del acceso sólo abarca los puertos de la UE. 
En lo que se refiere al resto de enmiendas, la Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 4, 5, 21, 22, 23 y 24 si se hacen algunas modificaciones. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 9 a 20 ni la 25 y la 26. 
La mayoría no son más que nuevas redacciones que no reflejan el contenido de la directiva. 
Muchas están fuera del ámbito del control estatal del puerto y otras ya están cubiertas por esta u otra directiva. 
Más concretamente, las enmiendas 9 a 17 y la 25 introducen nuevas redacciones que no están en absoluto relacionadas con el texto de la directiva. 
La enmienda 18 introduce el control estatal del puerto puesto en relación con los periodos de descanso de los marineros, aunque la aplicación de las disposiciones relativas a los horarios de trabajo de los marineros ya está completamente cubierta por la Directiva 99/95. 
La enmienda 19 es reiterativa, puesto que los procedimientos actuales ya establecen que el incumplimiento de las normas sanitarias y laborales fijadas por las convenciones de la OIT son consideradas deficiencias que pueden conducir a la detención del buque. 
La enmienda 20 es irrelevante a los efectos del control estatal del puerto ya que concierne a la competencia entre los puertos del Océano Atlántico y del Mar del Norte y no a la seguridad marítima. 
La enmienda 26 refleja las enmiendas relativas a la prohibición propuestas por el ponente en la enmienda 3 pero ampliando el alcance a la zona económica exclusiva de los Estados miembros y, desde esta perspectiva, es contraria al derecho del mar. 
Permítanme ahora tratar la propuesta para la rápida y progresiva introducción de los buques de doble casco. 
Me complace decirles que estamos de acuerdo prácticamente en su totalidad. 
Como consecuencia de la presión ejercida por los Estados miembros en la Organización Marítima Internacional existe una propuesta de calendario para la retirada progresiva que se corresponde con las perocupaciones europeas y que, al mismo tiempo, es coherente con la ley estadounidense de contaminación causada por hidrocarburos, que debe ser apoyada. 
A este respecto la Comisión insiste en el 2015 como la fecha terminal. 
Para alcanzar el objetivo principal de esta propuesta, fundamentalmente la rápida eliminación de los petroleros monocasco, estamos dispuestos a llevar adelante la eliminación del sistema de incentivos propuesto, que establece diferentes tasas por el uso del puerto y el pilotaje. 
Es de esperar que la OMI adopte el calendario de eliminación progresiva en su reunión de abril del año que viene. 
No obstante, si la Organización Marítima Internacional no lo hiciese, la Comisión coincide con el Parlamento en que, en ese caso, deberemos adoptar un reglamento UE basado en el trexto del Parlamento Europeo y establecer un sistema para las aguas de la Unión Europea. 
La enmienda 12 del informe expresa exactamente lo mismo, pero se trata más bien de un compromiso político que de un texto jurídico. 
Por lo tanto, no es necesario que esté en el texto final y espero que no insistan en este punto. 
Por razones parecidas la Comisión no puede aceptar la nueva enmienda 22 que se refiere a un área muy importante de la seguridad marítima, pero que no es relevante para la norma propuesta. 
La Comisión también rechaza las enmiendas 10 y 18 que implicarían la creación de un nuevo comité exclusivo para esta norma y esto no es coherente con nuestra política de reducción del número de comités recurriendo a los existentes. 
Me satisface comprobar que el ponente ha introducido en la enmienda 21 una referencia al régimen de evaluación de las condiciones y coincidimos con la perspectiva propuesta, sin embargo es necesario que se ajuste la redacción para hacerla más clara. 
Por último, respecto de la propuesta de enmendar la directiva de las sociedades de clasificación. 
De nuevo, no existen grandes diferencias de opinión y la Comisión está en disposición de aceptar las enmiendas 6, 12, 14, 15, y 8 con la excepción de los parágrafos 3a y 3b, adicionales a la enmienda. 
Hay una serie de enmiendas respecto de las cuales la Comisión opina que pueden crear confusión porque introducen nueva terminología en un sector en el que el lenguaje de los foros internacionales, de la OMI, está muy establecido. 
Me refiero a las enmiendas 2, 3, 7 y 9 y la Comisión piensa que estos no constituyen verdaderos problemas esenciales, sino que más bien son cuestiones de redacción que probablemente puedan ser solucionados por los juristas lingüistas. 
El asunto de las evaluaciones que han de realizar, por un lado los Estados miembros y por otro la Comisión, a través de las sociedades de clasificación, es de suma importancia. 
Los objetivos del Parlamento y de la Comisión son los mismos. 
Debemos dejar claro cuales son las tareas que están al alcance de ambas partes. 
Los Estados miembros han de ocuparse de que la sociedad de clasificación elegida para operar en su nombre lleve a cabo las correspondientes tareas a su plena satisfacción. 
La labor de la Comisión consiste en confirmar que la sociedad de clasificación sigue cumpliendo los criterios cualitativos de la directiva y hacer el seguimiento del trabajo de las sociedades de clasificación. 
A este respecto las tareas de control de los Estados miembros y de la Comisión son diferentes y no deberían emprenderse al mismo tiempo. 
Esta es la razón por la que la Comisión ve con buenos ojos la enmienda 28, que vuelve a introducir la obligación de los Estados miembros de realizar sus evaluaciones, y por tanto rechaza la enmienda 23. 
La ética también constituye un asunto importante que debe ser tratado. 
Comparto la preocupación del Parlamento en el sentido de que no deben ejercerse presiones indebidas por parte de los armadores sobre las sociedades de clasificación. 
A este respecto las enmiendas 26 y 29 hacen algunas aclaraciones al texto en sus versiones españolas y serían aceptables para la Comisión. 
La enmienda 4 y parte de la 18 relativa al punto "k" no son aceptables. 
Hay algunas enmiendas respecto de las cuales la Comisión tiene dificultades en aceptar, fundamentalmente porque pensamos que las cuestiones que tratan ya han sido suficientemente resueltas en otras partes del texto. 
Estoy pensando en las enmiendas 5, 16 y los añadidos 3a y 3b de la enmienda 8: la 3a porque creemos que está adecuadamente cubierta en los artículos 9 y 10 y la 3b porque queda cubierta por la directiva del control estatal del puerto. 
Además, la enmienda 1 y la parte de la enmineda 18 que se refiere al punto "K" no son aceptables por motivos jurídicos. 
La enmienda 1 porque sólo la Comunidad, y no la Unión, tiene personalidad jurídica y la 18 "K" porque puede contravenir los acuerdos horizontales establecidos en el acuerdo general sobre el comercio de servicios. 
La enmienda 11 y la parte de la enmienda 18 referida al punto "H", que trata la cuestión del establecimiento de unos claros objetivos de trabajo y unos indicadores para las sociedades de clasificación, son más bien ambiguas. 
Parecen sugerir unas limitaciones que son inaceptables y deben ser rechazadas. 
El objetivo de nuestra propuesta es permitir una supervisión más estrecha de las sociedades de clasificación así como permitir que se pueda suspender o retirar el reconocimiento cuando el trabajo de una sociedad de clasificación no alcance los estándares establecidos. 
A este respecto la Comisión no puede aceptar ninguna limitación o participación de las sociedades de clasificación en las evaluaciones que se hagan de las mismas. 
En lo que atañe a las enmiendas 19 a 25 lamento decirles que ninguna de ellas es aceptable bien porque ya están cubiertas por la actual directiva o porque simplemente no entran en el ámbito de esta directiva y sí en el de otras. 
De este modo sólo resta la enmienda 10 que trata el importante asunto de los límites de fiabilidad. 
La Comisión aprecia el apoyo recibido por el límite que propuso originalmente. 
Además, la Comisión está de acuerdo con la cláusula de revisión aunque preferiría la fórmula más flexible incluída en la enmienda 12, comitología, en lugar de la contenida en la enmienda 10, procedimiento legislativo completo. 
Quisiera hacer un par de comentarios a los asuntos que ha planteado el Sr. Stenmarck sobre los vertidos en el Mar Báltico. 
Tenemos dos instrumentos a nuestro alcance. 
En primer lugar hay una directiva sobre las instalaciones receptoras de desechos que ha sido recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Todos los buques están obligados a descargar los desechos en los puertos de la Unión Europea. 
En segundo lugar, en nuestra propuesta sobre el Erika II relativa a la vigilancia de la navegación, se requiere que los Estados miembros intervengan en tales casos incluso en alta mar. 
A la Sra. Peijs me gustaría decirle, en relación con los buques de Honduras y Camboya, que somos plenamente conscientes de la amenaza que suponen para la seguridad y estos son, precisamente, los tipos de banderas a los que se dirige nuestra propuesta sobre la directiva de control estatal del puerto. 
Les puedo asegurar que si un armador piensa inscribir un buque en esos registros, tras nuestra propuesta deberá pensárselo dos veces. 
Permítanme concluir expresando de nuevo mi gratitud al Parlamento y a los cuatro ponentes por su rápido trabajo y sus excelentes informes. 
Es una curiosa coincidencia que el Parlamento esté inmerso en la etapa final de la aprobación de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la contaminación marina accidental o intencionada, al mismo tiempo que en el primer paquete de medidas propuesto por la Comisión a raiz del desastre del Erika. 
Ciertamente, a pesar de disponer de la mejor legislación preventiva, el riesgo cero no existe. 
En ocasiones nos enfrentamos a las fuerzas de la naturaleza. 
Con el fin de estar mejor preparados contra los desastres marítimos, esta decisión ha establecido un sólido marco de cooperación en el plano comunitario. 
Propicia las condiciones que permitirán compartir la experiencia acumulada por los Estados miembros para proteger mejor nuestro medio marino contra los riesgos de la contaminación accidental o intencionada. 
El procedimiento de conciliación ha sido duro, pero hemos logrado encontrar un acuerdo equilibrado y las enmiendas del Parlamento y del Consejo han contribuido a una mejor decisión. 
El alcance y el contenido de la decisión están ahora más claros, en especial a lo referente a las descargas operacionales y municiones así como al respecto de los vínculos con las convenciones internacionales o el principio de que el contaminador paga. 
Esto ha sido en gran parte debido al excelente trabajo del Parlamento Europeo y la ponente, la Sra. McKenna, a quien quisiera dar las gracias de forma especial así como al resto de los miembros de la delegación del Parlamento. 
Permítanme terminar recordando que hace un mes se hundió cerca de Cherburgo el Ievoli-Sun con 6.000 toneladas de carga peligrosa. 
De nuevo, esto pone en evidencia lo urgente de la aprobación de unas reforzadas, preventivas y reparadoras medidas comunitarias para la protección de nuestros mares. 
Ahora contamos con el Consejo y, desde luego, con el Sr. Gayssot personalmente, para coronar este excelente trabajo con la consecución, en el próximo Consejo, de un acuerdo positivo, sólido y ambicioso. 
Doy las gracias a la Comisaria Sra. Wallström, ninguno de nosotros se ha puesto nervioso al escucharla, y, por el contrario, le agradecemos infinito el que haya respondido precisando con tanto esmero las posiciones de la Comisión. 
Le expreso nuevamente mi gratitud al Sr. Presidente del Consejo por sus intervenciones y por la voluntad tan firme que ha manifestado. 
Señor Poos, ¿desea usted intervenir sobre el debate? 
Es para una cuestión de orden, señora Presidenta. 
La Sra. Comisaria ha hablado durante 18 minutos, y durante todo ese tiempo, ha mencionado decenas y decenas de artículos, y ha rechazado la posición de la Comisión. 
A los diputados les es imposible tomar nota de la posición de la Comisión sobre las distintas enmiendas. 
Este es el motivo de que desee reiterar mi propuesta de que la posición de la Comisión sobre las enmiendas sea comunicada por escrito a todos los diputados antes de la votación. 
Muy bien. 
La Sra. Comisaria le habrá entendido, seguramente. 
Me indican que no hay ninguna objeción a ello, señor Poos. 
Señora Presidenta, me refiero a la observancia del artículo 44 del Reglamento. 
El Consejo, como hemos escuchado en muchas ocasiones, sigue sin tener en cuenta los plazos para contestar a nuestras preguntas. 
El Consejo, en lugar de dar una respuesta escrita en el plazo de tres semanas, ha contestado a una pregunta prioritaria después de 16 semanas. 
Así y todo, quisiera leerle esta brevísima contestación: "Al Consejo nunca le han sido formuladas las primeras cuatro preguntas planteadas. Por lo que respecta a las tres últimas preguntas, las mismas corresponden claramente a las competencias organizativas de la Secretaría General." 
Es comprensible que pueda existir un funcionario incapaz y provocador, pero cuando quince Estados autorizan este tipo de respuestas, pienso que usted, Sra. Presidenta, debe tomar una iniciativa con respecto al Consejo para que se respete la que es una prerrogativa de los diputados. 
Señor Turco, he entendido perfectamente su mensaje, y pensaré en ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de un momento. 
VOTACIONES 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Procedimiento sin debate: 
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo en relación a un conjunto de acciones relativas a la red transeuropea de recopilación, de creación y de difusión de las estadísticas sobre los vencimientos de bienes intra y extra-comunitarios (EDICOM) (COM (00) 0458- C5-0401/00- 2000/0201 (COD) ) (Comisión Económica y Monetaria) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0341/2000) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión "Actuar a nivel local en favor del empleo- Dar una dimensión local a la estrategia europea en favor del empleo" (COM (2000) 0196- C5-0597/2000- 2000/2275 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0336/2000) de la Sra. McKenna, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la decisión del Parlamento y del Consejo que establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o intencionada (C5-0501/2000- 1998/0350 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0343/2000) del Sr. Watts, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo relativa a la aplicación a los buques que hacen escala en los puertos de la Comunidad o en las aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros de las normas internacionales sobre la seguridad marítima, la prevención de la contaminación y sobre las condiciones de vida a bordo de los buques (control por el Estado portuario) (COM (2000) 0142- C5-0174/2000- 2000/0065 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0344/2000) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la introducción acelerada de las especificaciones en materia de doble casco o de normas de planteamiento equivalente para los petroleros con casco simple (COM (2000) 0142- C5-0173/2000- 2000/0067 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0342/2000) del Sr. Ortuondo Larrea, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo, que establece reglas y normas comunes relativas a los organismos habilitados para llevar a cabo la inspección y el fondeo de los buques y a las actividades pertinentes de las administraciones marítimas (COM (2000) 0142- C5-0175/2000- 2000/0066 (COD)) 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Hatzidakis (PPE-DE). 
(EL) Señora Presidenta, en mi calidad de presidente de la comisión responsable, quisiera decir- y me dirijo principalmente al Consejo- que el Parlamento, respetuoso con el acuerdo al que habíamos llegado con la Presidencia francesa, ha adoptado hoy por gran mayoría los tres informes relativos a la seguridad en la navegación. 
Lo que tiene que quedar claro a partir de este momento es que ahora está ya en manos del Consejo avanzar rápidamente. 
Parece que por lo que respecta a mi informe hay acuerdo. 
Y esto en principio es algo positivo. 
Por lo que respecta a los otros dos informes, es decir, el informe sobre las sociedades de clasificación e inspección y el informe sobre los controles portuarios, hay opiniones discrepantes y el Parlamento es quien mantiene un enfoque más estricto en la mayor parte de las cuestiones. 
Nosotros esperaremos la posición común del Consejo de Ministros de Transporte de diciembre, si es que hay posición común en diciembre, y a partir de ahí nos comprometemos a considerar prioridad absoluta, nuestro primer trabajo, terminar lo antes posible con los otros dos informes, si es posible, incluso antes de primavera. 
Gracias, señor Hatzidakis. 
Propuesta de resoluciones sobre la preparación del Consejo Europeo de Niza 
. (IT) Señora Presidenta, le ruego que me permita explicar brevemente los motivos por lo cuales se ha retirado la resolución. 
Retiramos la resolución porque su contenido ha sido reproducido casi íntegra y literalmente en la resolución común suscrita por los presidentes de los principales Grupos políticos. 
Tomo nota con satisfacción de que de esta forma se ha reconocido la buena calidad del resultado al que había llegado la Comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 21 de noviembre sobre la base de una comparación transparente y equilibrada entre las distintas posiciones. 
Sin embargo, al retirar la resolución, expreso la convicción de que, con vistas al Consejo de Niza, nuestro Parlamento habría hecho oír mejor su voz dedicando una resolución específica y distinta a los temas tan importantes y difíciles de la Conferencia Intergubernamental, en lugar de tratarlos en el ámbito de una sola resolución que incluye también todos los demás puntos de la agenda del Consejo. 
Era lo que había propuesto la comisión que presido actualmente, en el ejercicio de su competencia reglamentaria y coherentemente con lo que el Parlamento hizo en vísperas del Consejo de Amsterdam en 1997 y en otras ocasiones anteriores y similares a ésta. 
Señora Presidenta, pienso que no se deben comprimir las competencias y las iniciativas de nuestras comisiones parlamentarias. 
Gracias, señor Napolitano. 
La propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Constitucionales se retira por tanto. 
Propuesta de resolución común sobre la preparación del Consejo Europeo de Niza 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0340/2000) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los progresos realizados en la puesta en práctica de la política exterior y de seguridad común 
Sobre la enmienda 2: 
Señora Presidenta, quisiera presentar la propuesta de que se modifique la enmienda de manera que comience con las palabras: "urges, in this respect, the Council and the Commission." 
Hay que añadir las palabras "and the Commission" y hay que suprimir la última mitad del párrafo: "urges once again the Commission to open a representation office in Taipei." 
Si el presentador de la enmienda está de acuerdo con esto, podríamos proceder así. 
Señora Presidenta, ésta no es una enmienda oral. 
La primera parte es una enmienda oral, pero la segunda parte es una solicitud de votación por separado y no puedo aceptarla porque no se ha presentado a tiempo. 
Puedo aceptar la primera parte y le doy mi conformidad, pero entonces debemos votar todo el párrafo tal como está. 
(Dado que se han levantado más de doce diputados, la enmienda oral es rechazada) (El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0339/2000) de la Sra. Lalumière, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la creación de una política europea común en materia de seguridad y de defensa después de Colonia y de Helsinki (2000/2005 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0892/2000) sobre Afganistán 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0308/2000) de la Sra. Theorin, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la participación de la mujer en el arreglo pacífico de los conflictos (2000/2025 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0301/2000) de la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la normalización del trabajo doméstico en la economía informal (2000/2021 (INI) ) (El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0327/2000) de la Sra. Guy-Quint, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el Libro Blanco de la reforma de la Comisión (aspectos relativos a la Comisión de Presupuestos) (COM (00) 0200- C5-044/2000- 2000/2215 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0329/2000) del Sr. Pomés Ruiz, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Libro Blanco de la reforma de la Comisión (aspectos relativos a la Comisión de Control Presupuestario) (COM (2000) 0200- C5-0445/2000- 2000/2215 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0326/2000) del Sr. Harbour, en nombre de la Comisión Jurídica y de Mercado Interior, sobre el Libro Blanco de la reforma de la Comisión (aspectos relativos a la Comisión Jurídica y de Mercado Interior) (COM (2000) 0200- C5-0446/2000- 2000/2216 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0328/2000) del Sr. Lamassoure, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el Libro Blanco de la reforma de la Comisión (aspectos relativos a la Comisión de Asuntos Constitucionales) (COM (2000) 200- C5-0448/2000- 2000/2218 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0337/2000) de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la efectividad de las relaciones entre la Unión Europea y los países en vías de desarrollo, y las repercusiones de la reforma de la Comisión sobre estas relaciones (2000/2051 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos sufrido esta semana una intrusión física durante nuestros debates que nos obligó a detenerlos hasta tres veces. 
Ahora nos consta que esta intrusión acaeció a instancias de determinados diputados de este Parlamento. 
Solicito que la Sra. Presidenta pida disculpas a nuestros invitados, el Ministro de Asuntos Exteriores turco, el Sr. Cem, y su Embajador, el Sr. Akiol, y que la Sra. Presidenta reprenda firmemente a esos diputados que deliberadamente han organizado la manifestación de hoy, deformando nuestra habitual hospitalidad parlamentaria, que podría haber causado daños físicos. 
El ponente acierta al identificar la dimensión local en términos del fortalecimiento de la estrategia europea para el empleo. 
Las autoridades locales, las PYMEs y las ONGs deben ser involucradas en todas las estrategias para la creación de empleo puesto que están en estrecho contacto con la situación real y pueden proporcionar su experiencia para que las estrategias locales para el empleo tengan éxito. 
Apoyo la idea de designar un año como Año del Desarrollo Local Europeo y saludo la idea de maximizar el uso de las nuevas tecnologías para reducir el desempleo. 
La creación de empleo debe seguir siendo una de nuestras prioridades. 
Informe McKenna (A5-0336/2000) 
Señora Presidenta, como representante del Partido de los Pensionistas, he votado en contra del informe Watts. 
He votado en contra para expresar mi protesta por el hecho de que la Unión Europea no logra todavía intervenir como debería también en esta materia. 
En efecto, quien se ocupa de regular las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques, como reza el título de este informe, no es capaz de establecer que los marinos que navegan tienen derecho en toda Europa a una pensión y a acabar su vida laboral antes que los demás. 
Muchos marinos que son abuelos no ven a sus nietos porque están siempre en el mar y a los que son padres les pasa lo mismo con sus hijos. 
En definitiva, es un trabajo distinto de los demás, que implica muchos más sacrificios que los demás trabajos. 
En consecuencia, es justo que se tenga el derecho, queriéndolo, a una pensión antes que los demás trabajadores. 
(GUE/NGL) , por escrito. (EL) Detrás de los accidentes marítimos, de los desastres ecológicos marinos, de las intolerables condiciones de higiene y seguridad que reinan en los buques, de la sobreexplotación de las tripulaciones, se esconde la criminal inmunidad de la que disfrutan el capital naviero y los políticos a su servicio a escala nacional, regional e internacional. 
La política de la UE mantiene y amplía la inmunidad naviera, puesto que ni siquiera las insuficientes medidas de protección, que se deciden bajo la presión del movimiento popular, llegan nunca a aplicarse. 
Las decisiones regionales sobre seguridad de los buques socavan sustancialmente el papel de la Organización Marítima Internacional (ÏMI) y presionan continuamente a la baja, en el marco de una guerra económica y en nombre de beneficio, las normas de seguridad. 
Al mismo tiempo se permite la actividad incontrolada del capital naviero, a través de los pabellones de conveniencia, y se agrava la situación de la marina mercante mundial. 
La inmunidad del capital queda reforzada con la privatización de las sociedades de clasificación, que han pasado a manos de los armadores, por la inexistencia de un control sustancial de la inspección por las autoridades estatales, e incluso por la complicidad de dichas autoridades. 
Es necesario tomar de inmediato medidas preventivas para con los buques que enarbolan pabellón de países miembros de la UE, así como mejorar la legislación vigente, pero principalmente asegurar su aplicación. 
Es necesario cambiar el régimen de las sociedades de clasificación, de suerte que pasen de privadas a públicas. 
Deben también generalizarse los verdaderos controles- ejercidos por las autoridades públicas competentes- e inspecciones de navegabilidad de los barcos de cualquier nacionalidad que surquen las aguas bajo jurisdicción de los países miembros, e impulsar medidas similares a escala mundial mediante decisiones de la OMI. 
Particular atención y rigor se impone en el caso de los buques con pabellón de conveniencia. 
El control de buques mercantes debe ser ejercido por un servicio público estatal con personal con la formación apropiada y los correspondientes recursos tecnológicos, con participación activa del movimiento sindical de la marina mercante. 
Una verdadera política de protección de la seguridad de los barcos, de la vida humana en el mar y del medio ambiente debe, ante todo, combatir la inmunidad de los armadores, aplicar medidas estrictas y castigar su violación, determinar la composición orgánica de los buques de acuerdo con sus crecientes necesidades, contribuir a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las tripulaciones y garantizar una participación sustancial del movimiento sindical en la toma de decisiones sobre la merina mercante, particularmente en cuestiones de seguridad. 
A pesar de que ni la propuesta de enmienda de la directiva vigente sobre control de buques ni el informe Watts responden a las necesidades reales, dan ciertos pasos en sentido positivo. 
Por esta razón los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado a favor del informe. 
. (FR) Antes que nada, en relación con un asunto tan grave y determinante, me gustaría rendir homenaje a nuestro ponente, así como a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, por la diligencia y por la labor sobresaliente de que han hecho gala. 
Nuestro Parlamento no solo ha acelerado el procedimiento legislativo, lo cual era de esperar, sino que también ha conseguido permanecer en la vanguardia en materia de seguridad, permitiendo la adopción de principios que él había reconocido desde hacía tiempo. 
Efectivamente, Mark Watts ha conseguido reforzar el dispositivo previsto por la Comisión en tres frentes: 
no solo se debe prohibir la navegación a los buques que hayan sido inmovilizados más de 2 veces a lo largo de los últimos 24 meses en algún puerto comunitario, sino que, para nuestro Parlamento, esto debería aplicarse- a los buques que hayan enarbolado durante 3 años consecutivos el pabellón de un país incluido en la lista negra. 
El objetivo es disuadir a los Estados que otorgan este tipo de pabellones de conveniencia, así como a los propietarios de los barcos que recurren de forma irresponsable a esta práctica ilegal. 
instalación de una "caja negra" a bordo de los buques; ningún barco que no vaya equipado con "caja negra" estará en el futuro autorizado a atracar en los puertos comunitarios. 
La opinión pública está a la espera y aguarda con impaciencia nuestra votación. 
¡No hemos acelerado el proceso para demorarlo en la línea de meta con una conciliación con el Consejo que se alargaría durante varios meses! 
¡Los riesgos de accidente y de contaminación son demasiado importantes, sin contar con las condiciones laborales y salariales de los marinos! 
Demostremos nuestro empuje y votemos a favor de este informe de progreso. 
Esto nos honrará, protegerá nuestro medio ambiente y por consiguiente nos proporcionará una mejor calidad de vida. 
Si todos los Estados de pabellón, todos los armadores y todas las sociedades de clasificación tuvieran buena voluntad, no harían falta los controles del Estado del puerto. 
Lamentablemente, aquí lo que prima es ganar la mayor cantidad de dinero, a expensas de la seguridad, el medio ambiente y el personal. 
Los fallos humanos se producen en su gran mayoría porque los marineros están sobrecargados, mal pagados e insuficientemente formados. 
La propuesta de la Comisión Europea se ve tranquilizadora, pero no podrá hacer frente a una resistencia intencionada. 
Por eso me parece muy positivo que los ponentes Watts, Vachetta y Piétrasanta hayan intentado cerrar las fisuras que quedaban todavía en la propuesta de la Comisión. 
Ellos proponen en primer lugar que no se admitan en los puertos de la UE los buques considerados de alto riesgo, los que navegan bajo pabellón barato y los que carecen de datos sobre su ruta, en segundo lugar que se luche contra las sociedades de apartado de correos y la limpieza de los tanques en alta mar y que se aumente el número de inspectores. 
La propuesta de la Sra. Vachetta para mejorar el grado de ocupación, el horario de trabajo, el nivel salarial y la formación de los marineros es importante. 
Muestro mi apoyo a todas las mejoras y lamento que algunas de ellas todavía no reciban el respaldo de la mayoría. 
. 
(FR) He votado a favor del informe del Sr. Watts, que pretende reforzar la calidad y la frecuencia de las inspecciones en los puertos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La Comisión Europea propone introducir una cierta uniformidad en los procedimientos de inspección, y concreta las condiciones del rechazo al acceso de un buque a los puertos de los Estados miembros de la Unión: éstas son bases mínimas para una política común de seguridad marítima. 
Estas disposiciones tienden a intensificar el control de la seguridad de los buques en nuestros puertos, pero no permiten prohibir la navegación, en nuestras aguas territoriales, de los navíos peligrosos que no atracarían en ninguno de nuestros puertos: por consiguiente, los límites de estas propuestas son evidentes. 
Así, podemos lamentar que la propuesta de la Comisión no haya retomado la idea de la creación de un verdadero cuerpo de vigilancia europeo, siguiendo el modelo de los "coast guards" en Estados Unidos. 
Nos contentaremos con la puesta en práctica de un sistema europeo de vigilancia y de intercambio de información entre los Estados miembros. 
Así, el Parlamento Europeo deberá procurar que los medios financieros y humanos necesarios para la efectiva aplicación de este sistema de reacción rápida y de intercambio de información sean rápidamente desbloqueados por los Estados miembros. 
Les recuerdo que la Unión Europea cuenta con alrededor de 270 inspectores encargados por los Estados del control de los puertos. 
Esta cifra está muy por debajo del número de inspectores necesario para aplicar en los puertos las medidas que proponemos. 
El ponente ha avanzado un cierto número de propuestas que potencian el carácter vinculante y la eficacia de estas inspecciones. 
Así, apoyo plenamente que se prohiba la navegación para los buques que hayan sido inmovilizados 2 veces a lo largo de los 2 últimos años, y esto, independientemente de la antigüedad del navío. 
Sin embargo, considero que esta medida supone un mínimo, y deseo que podamos ir más allá. 
Para ello, debemos asegurarnos que las medidas que proponemos hoy serán aplicadas por todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
La responsabilidad de la puesta en práctica de estas medidas recae así en los Estados miembros. 
Sin inspectores suplementarios, sin medios financieros adicionales, los controles en los puertos propuestos quedarán en una ficción. 
Por tanto, esperamos de los Estados miembros una verdadera implicación a favor de la seguridad marítima. 
Informe Hatzidakis (A5-0344/2000) 
Señora Presidenta, un pensionista al que le dije que se debatiría este informe del Sr. Hatzidakis, exclamó: "¿ ¡Pero no podían haberlo pensado antes? !" 
En realidad, esta resolución es como el huevo de Colón y yo considero al Sr. Hatzidakis el deus ex machina de esta necesidad de evitar los peligros de las contaminaciones marinas. 
Si lo hubiéramos pensado antes, si el Sr. Hatzidakis hubiera estado aquí antes, años atrás, seguramente habría propuesto buques de doble casco y habríamos evitado muchísimos desastres. 
Por esto, pido al Sr. Hatzidakis que promueva otra iniciativa, esto es, la iniciativa de hacer instalar un doble fondo en los camiones cisterna que transportan petróleo y otras sustancias peligrosas por nuestras autopistas. 
. (EL) Condición necesaria para la seguridad de los barcos, para la protección de la vida en el mar y la protección del medio ambiente es la lucha contra la inmunidad de la que disfrutan los armadores, la adopción de medidas estrictas para el control de la situación de los buques y la imposición de rigurosas penalizaciones a las compañías navieras que violan las normas de seguridad; igualmente, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la marina mercante, y proporcionarles la formación adecuada, así como garantizar composiciones orgánicas que respondan a las crecientes necesidades de los buques. 
La sustitución de los buques de casco único por otros de doble casco puede contribuir a la seguridad y a la protección del medio ambiente, no es, sin embargo, ninguna panacea, y no puede por sí sola garantizar la navegabilidad. 
Pensamos que el establecimiento de un sistema de tarificación diferente de los impuestos sobre los servicios portuarios para los petroleros de doble casco no debe hacerse a costa de los ingresos de las Cajas- portuarias y otras- a las que se dirigen las tasas actuales, sino que, por el contrario, deberá conducir al mantenimiento del actual nivel de tasas para los buques de doble casco y al aumento porcentual para los buques de casco único. 
Desgraciadamente esto no se contempla en las propuestas del informe, que empeoran aún más los presupuestos para la eliminación de los buques de edad muy avanzada. 
Entendemos que la propuesta de incremento del límite de capacidad de los barcos que se exceptúan de las regulaciones incluidas en el reglamento de la Comisión para barcos por debajo del límite del convenio Marpol, de 600 a 3000 toneladas, multiplicará el número de barcos que entrañan peligros para la seguridad y la protección del medio ambiente. 
Estos barcos actúan particularmente en regiones en las que se desarrollan transportes marítimos de gran frecuencia. 
Por todas estas razones, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
- (NL) Sería mejor que ya no hubiera buques petroleros de casco único, pero este tipo de barcos se construyeron hasta 1996. 
Con razón quiere la Comisión evitar que Europa vaya por detrás de los Estados Unidos. 
Los petroleros de casco único no deberían poder navegar por aquí cuando después del año 2005, 2010 ó 2015 hayan desaparecido en otras zonas. 
Sin las medidas oportunas atraeríamos las viejas embarcaciones de alto riesgo rechazadas en América hacia nosotros. 
Los petroleros de doble casco disminuirán el riesgo de contaminación por petróleo, pero no lo excluyen. 
Sobre todo en el mar Báltico, cerca de Estonia y Rusia, se ha visto fuertemente incrementado el tránsito de petroleros y transbordadores rápidos en los últimos años. 
La posibilidad de colisiones entre navíos es tan grande allí que los accidentes marítimos aumentarán si no hay más asistencia y control. 
Por lo tanto, hay razones de sobra para mejorar también esta propuesta de la Comisión, tal como han hecho ya los ponentes de los otros informes en materia de seguridad marítima hoy presentados. 
El ponente Hatzidakis, lamentablemente, ha hecho justo lo contrario. 
Teme una falta de petroleros y prefiere esperar a que se adopten medidas a escala internacional. 
Doy mi apoyo a la propuesta de la Comisión pero los cambios propuestos la debilitan y la hacen inviable. 
. (FR) Aclarar la cadena de responsabilidades, respetar las normas sociales de las tripulaciones, restablecer el principio de "el que contamina, paga", e innovar sobre los materiales deben ser las prioridades. 
En este marco, la generalización de la construcción de los buques con doble casco, en concreto de los destinados al transporte de mercancías contaminantes y/o peligrosas, en el menor plazo posible, es una medida útil. 
Porque Europa no puede ir por detrás de la reglamentación de los Estados Unidos, quienes, gracias al Oil Pollution Act de 1990, pretenden suprimir el monocasco entre 2000 y 2015. 
Debemos, como mínimo, adoptar el mismo ritmo que Estados Unidos, tomando simultáneamente medidas para no desplazar la flota de los buques-basura hacia los países del Tercer Mundo. 
Además, la renovación de la flota obsoleta es un medio para relanzar la construcción naval. 
Debemos ya proyectar la mejora de este sistema de doble casco. 
Numerosos técnicos subrayan hoy las dificultades existentes para la inspección del espacio entre los dos cascos y para su mantenimiento. 
Sin embargo, el Sr. Hatzidakis avanza propuestas que restringen las de la Comisión. 
Tienden, como muy bien ha explicado, a incrementar la seguridad marítima sin dejar de respetar el sistema de competencia o, dicho de otro modo, de búsqueda del precio más bajo. 
En resumen, lo que se propone, es eliminar la inseguridad marítima sin entrar en sus causas. 
Este proyecto de reglamento va por el buen camino, pero hay que rechazar cualquier derogación o cualquier aplazamiento en su realización. 
Hay que ser fiel a la propuesta de la Comisión. 
Me alegro de que el Parlamento Europeo haya podido pronunciarse por fin sobre los tres textos relativos a la seguridad marítima, pero una vez más deploro la excesiva espera para lograr una de las prioridades de la Presidencia francesa de la Unión Europea. 
El naufragio del Erika, en diciembre de 1999, está en el origen de la emergencia de la cuestión de la seguridad marítima en la agenda política comunitaria y fue bajo la presión del Parlamento Europeo como la Comisión propuso los textos que hemos votado en el día de hoy, casi un año después de ese siniestro naufragio. 
Fue necesaria una segunda catástrofe marítima, el naufragio del Ievoli Sun en la Mancha, para acelerar el examen de estos textos en primera lectura. 
He votado a favor del informe Hatzidakis y debo felicitar naturalmente al ponente por su perseverancia en un tema tan sensible. 
El doble casco obligatorio para los petroleros y la eliminación progresiva de los buques más antiguos son medidas que van en la dirección correcta y responden de forma concreta a las legítimas inquietudes manifestadas por nuestros conciudadanos. 
Podemos sin embargo lamentar la excesiva duración del período de transición durante el cual los barcos monocasco podrán navegar, aunque la importancia de la medida puede explicar un ritmo progresivo de prohibición: los ordenamientos del calendario de retirada de los buques más antiguos, eventualmente propuestos por el Consejo, habrán de ser objeto de mucha vigilancia por nuestra parte. 
En cualquier caso, es preciso que se respete la fecha tope de 2015. 
Efectivamente, la decisión unilateral de Estados Unidos de prohibir a los petroleros monocasco fondear en los puertos americanos después de 2015 hace que pese sobre el tráfico marítimo una verdadera amenaza en las aguas de la Unión Europea, en las que estos buques pueden seguir con su actividad. 
Por tanto, resulta crucial que el calendario de retirada de estos buques de nuestros mares sea análogo al calendario americano. 
Finalmente, no podemos olvidar que la obligatoriedad del doble casco para los petroleros no puede ser otra cosa más que un elemento de una verdadera política europea de seguridad marítima. 
Se trata de una decisión importante pero no suficiente. 
La promoción de una normativa más estricta a nivel internacional debe seguir siendo un objetivo fundamental de nuestra política de seguridad marítima. 
Informes Watts (A5-0343/2000) y Hatzidakis (A5-0344/2000) 
El Erika y otros vertidos de petróleo constituyen una contínua serie de desastres acaecidos en aguas comunitarias, en la que se incluye el vertido del Braer frente a Shetland y al Sea Empress of Wales. 
Estas catástrofes además de causar un irreparable daño ecológico han devastado las industrias locales. 
En el caso del Erika las industrias locales pesquera y de acuicultura han sufrido un duro golpe y es importante no sólo prestar atención a los efectos nocivos que se hacen aparentes en la situación inmediatamente posterior, sino también contemplar los efectos a largo plazo de la contaminación petrolífera. 
Una compensación efectiva es esencial. 
Ya era hora de que se impusieran criterios más estrictos para la seguridad marítima y de que se introdujesen más controles, incluyendo que se ponga término al cada vex más frecuente recurso a las banderas de conveniencia. 
Las compañías responsables, el buque y los dueños de la carga deben pagar por su negligencia. 
Los actuales fondos de compensación no han sido adecuadamente dotados y esto se ha hecho más que evidente en el caso del desastre del Braer, en el que la industria pesquera de las Islas Shetland no ha sido compensada adecuadamente por sus pérdidas. 
Los desastres marítimos suelen ir seguidos de una intensa actividad política que parece reconfortante en el momento pero que no suele tener después continuidad. 
Asegurémonos de que en toda Europa se urja la toma de medidas y de que las lecciones aprendidas propicien acciones políticas relevantes. 
Señora Presidenta, ya he dicho que hace algunos años tuve ocasión de navegar. 
Esta resolución del Sr. Ortuondo Larrea que regula la inspecciones y las visitas de control en los barcos es extraordinariamente importante, del mismo modo que lo son todas las inspecciones y todos los controles. 
Recuerdo cuando en los barcos subían los inspectores de los Estados que debían controlar el barco. 
Se encerraban en un pequeño camarote con el comisario jefe y salían cargados de cigarrillos, botellas de licor y quizás algo más. 
Las inspecciones son algo serio. 
Creo que se debe tratar de conseguir que los inspectores europeos suban a bordo de los barcos europeos, porque tiene que acabar la costumbre de los Gobiernos y del Consejo de rechazar las inspecciones de control, especialmente en esta actividad de limpieza del mar y de nuestras costas. 
Las catástrofes marítimas se suceden y se parecen; después del naufragio del Erika y del Ievoli Sun, que han azotado en los últimos tiempos las costas francesas, ya es hora de que la Unión Europea reaccione y controle con firmeza las sociedades de clasificación que autorizan la navegación a los barcos basura. 
En este contexto, se impone una legislación europea. 
Este informe relativo a la mejora del control de los buques y a la aplicación de procedimientos y normas de inspección armonizadas ha de verse apoyado, ya que representa un avance, aunque, en nuestra opinión, el ponente no llegue demasiado lejos en su planteamiento. 
Efectivamente, si bien plantea una armonización de los criterios de control para todos los países miembros, no se prevé nada para los buques controlados fuera de la Unión Europea y procedentes de países terceros. 
¿Qué impedirá, por ejemplo, a un buque maltés o chipriota en mal estado navegar cerca de nuestras costas? 
¿Cuándo adoptará por fin la Unión Europea la decisión de prohibir el acceso a las aguas territoriales a cualquier buque que no cumpla las normas que ella misma dicta? 
Europa, habitualmente tan dispuesta a legislar en materia de medio ambiente, ¿seguirá aún mucho tiempo sin legislar en materia de seguridad marítima porque haya enormes intereses en juego y porque los intereses de sus miembros sean divergentes? 
¿Cuánto desbloqueará la Unión Europea los medios humanos y financieros acordes con la tarea que hay que cumplir, para que este texto no quede en una simple declaración de intenciones? 
Por tanto, votaremos este informe que va en la buena dirección, lamentando que no prevea determinar precisamente la responsabilidad de aquellos que contaminan (controlador, armador, fletador, aseguradora) ; adoptar medidas preventivas y represivas que permitan luchar contra las desgasificaciones intensivas responsables de la mayor parte de la contaminación marítima; inventariar los buques basura; prohibir el acceso a las aguas territoriales a cualquier buque que presente un peligro manifiesto, cualquiera que sea su antigüedad. 
Es urgente revisar la directiva 94/57/CE, sobre todo porque Malta y Chipre, respectivamente la cuarta y la quinta flota mundiales, son candidatos a la adhesión. 
Esta acción comunitaria ha de duplicarse con una reactivación de la OMI, la cual, dotada de un verdadero poder de policía para hacer que se aplique el código ISM, sería un instrumento eficaz, a imagen de Europol. 
Esperamos que el Consejo asuma con rapidez sus responsabilidades. 
En ello va la calidad de nuestro medio ambiente. 
Los recientes naufragios del petrolero Erika y del quimiquero Ievoli Sun han revelado la importancia del papel que juegan las sociedades de clasificación en el transporte marítimo y nosotros podemos con toda legitimidad preguntarnos sobre la fiabilidad y eficacia de los controles que éstas realizan. 
En primer lugar, el reconocimiento de las sociedades de clasificación está asignado a los Estados miembros y sin control previo, ni armonización a escala europea. 
Además, la formación de los inspectores de estas sociedades varía de un país a otro. 
Por otra parte, no se da ninguna garantía en cuanto a la independencia de las sociedades de clasificación con respecto al pabellón y/o del cliente. 
Las propuestas del ponente relativas a la armonización a escala europea son totalmente positivas. 
Se trata también de que la Unión Europea se dote de medios para hacer que se apliquen las normas por parte de las sociedades de clasificación mediante una autoridad reconocida y competente. 
Serán necesarios medios financieros y humanos suplementarios. 
Las sociedades de clasificación deberán ser controladas y, si llega el caso, sancionadas con la suspensión del permiso. 
En caso de accidente, la responsabilidad financiera de los organismos aprobados ha de ser reconocida y armonizada. 
Será necesario además revisar al alza el importe de las indemnizaciones mencionadas con el fin de valorar mejor los daños materiales y económicos, pero también sociales y ambientales. 
Daré mi apoyo a este informe, a las modificaciones de la Comisión, pero hago un llamamiento a los diputados para que den su apoyo a las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, principalmente las relativas a la armonización de las normas asignadas a las sociedades de clasificación así como a los estatutos de los inspectores. 
El transporte marítimo ha incrementado mucho en los últimos decenios, y los costes han bajado. 
Se ahorran derechos portuarios no atracando en los puertos en caso de tormentas y arriesgándose a que haya accidentes con víctimas mortales. 
Mientras las sanciones por infrigir las normas sean más bajas que los gastos por respetarlas, las empresas que quieren el máximo de beneficios seguirán optando por la vía equivocada. 
Los Estados de pabellón no han conseguido todavía ellos mismos organizar la inspección de la navegabilidad y la seguridad medioambiental de los buques. 
Lo dejan en manos de empresas internacionales operativas a nivel mundial que dependen de los favores de los armadores. 
Los propietarios de embarcaciones que son clientes voluntarios pueden ir, si así lo desean, a otra sociedad que actúe de forma menos rigurosa. 
Supone un paso hacia adelante que el reconocimiento de las agencias de clasificación se pueda retirar, que la responsabilidad civil se armonice y que las sociedades de clasificación tengan que transmitir siempre sus datos a la competencia que se quede con el trabajo. 
Sería todavía mejor que el control se hiciera cada dos años y que las sociedades de clasificación no pudieran depender de sólo una gran empresa que construye, repara o explota barcos. 
Pero lo mejor sería que el control armonizado fuera directamente responsabilidad de la administración. 
El informe del Sr. Ortuondo Larrea representa el último apartado del paquete de medidas a favor de la seguridad marítima. 
Se trata de un importante apartado ya que se refiere a las sociedades de clasificación de los buques. 
He votado a favor de este informe que propone la introducción de cierta uniformidad entre los Estados miembros en términos de calidad y de capacidad pericial de las sociedades de clasificación, cuya aprobación dependerá a partir de ahora de la responsabilidad compartida de los Estados miembros y de la Comisión. 
Las propuestas refuerzan asimismo la responsabilidad de las sociedades de clasificación previendo sanciones de tipo financiero, la suspensión o la retirada de su permiso para todos los casos de accidentes que pudieran serles imputados. 
El cuestionamiento de las sociedades de clasificación, como consecuencia del naufragio del Erika en diciembre de 1999, nos recuerda su papel primordial en la evaluación y prevención de los riesgos vinculados al estado de los buques. 
La navegabilidad de un buque depende de la responsabilidad del Estado cuyo pabellón ostenta. 
Espero que la implicación de la Comisión en la admisión de las sociedades de clasificación y la responsabilidad incrementada de estas últimas permitan poner fin a los pabellones de conveniencia. 
Desde esta óptica, será necesario ante todo conseguir que se apliquen sin demora estas medidas de los Estados candidatos a la adhesión, cuyas flotas deberán adaptarse a las normas y criterios de seguridad de la Unión Europea. 
El problema de las sociedades de clasificación supera ampliamente las fronteras de la Unión Europea: es preciso por tanto que la Comisión se dote de los medios para controlar la aplicación de las nuevas medidas por parte de los Estados miembros, pero también por parte de los países candidatos. 
Finalmente, es preciso que nuestra política común de seguridad marítima sea una referencia en el plano internacional y que las obligaciones que exigimos a nuestros buques se amplíen a las flotas de los países terceros. 
La seguridad marítima no debe ser simplemente un tema que dependa de la urgencia, después de cada nueva catástrofe que azota nuestras costas, sino que ha de ser objeto de una política integrada y constante a nivel internacional. 
Preparación del Consejo de Niza 
Señora Presidenta, el Grupo Europa de las Naciones no ha dado su aprobación a la resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación del Consejo europeo de Niza, ya que está enteramente inspirada por la voluntad de reforzar instituciones supranacionales que aplican a todos los miembros reglas uniformes. 
Rechazamos principalmente los llamamientos a una constitución de Europa, al menos si ésta significa la subordinación de las constituciones nacionales. 
Rechazamos la idea de una Carta obligatoria incorporada a los Tratados, ya que constituiría un terrible engranaje de uniformización. 
Rechazamos la extensión generalizada de las votaciones por mayoría cualificada acompañada de la extensión paralela de la codecisión y de la abolición del compromiso de Luxemburgo. 
Si el Consejo de Niza no llegara a un acuerdo sobre esta base, no sería para nosotros un fracaso, como han pretendido los federalistas, atacando a la Presidencia francesa y al ministro Védrine. 
Sería más bien un gran éxito, ya que la Europa que necesitamos, en vísperas de la ampliación, no es una Europa rígida, jerarquizada, lejana, sino una Europa flexible y cercana a los pueblos, por tanto basada en el respeto por las democracias nacionales. 
Con respecto al orden del día actual de Niza, pensamos que la Carta debe quedar en una simple declaración, que la Comisión ha de estar compuesta por un comisario por cada Estado miembro, que la reponderación de los votos en el Consejo debe respetar la paridad de los grandes Estados, que las votaciones por mayoría no deben ampliarse a los temas más importantes como la inmigración, las negociaciones internacionales sobre los servicios, la fiscalidad, la seguridad social y, finalmente, que las cooperaciones específicas han de ser aceptadas de forma muy liberal, incluso fuera del marco institucional único. 
Más en concreto, pensamos que después de Niza será necesario abrir otra negociación, pero en este caso en la buena dirección, flexibilizar las instituciones y restablecer el control de los pueblos haciendo de Europa no un superestado, sino una red de democracias nacionales. 
Señora Presidenta, al contrario del Sr. Berthu, yo y el Partido de los Pensionistas que tengo el honor de representar en el Parlamento Europeo, estamos a favor de una relación más estrecha entre los Estados que componen la Unión Europea; antes bien, considero que este Parlamento, en el que nos sentamos, debería tener más coraje, debería hacer como en la época de la Revolución francesa: deberíamos declararnos asamblea constituyente y un día deberíamos reunirnos en la Sala del frontón y usted, señora Presidenta, tendría que ser nuestro Robespierre. 
Ciertamente más que en héroe se convertiría en heroína y, en cualquier caso, no le desearíamos el mismo final que el de Robespierre. 
Lo que quiero decir es que la Unión Europea se ha de convertir en una verdadera unión de Estados, con un Parlamento que sea el centro de proposición de las leyes. 
Señora Presidenta, tanto si las instituciones europeas se ven modificadas con ocasión del Consejo europeo de Niza como si las rivalidades entre círculos dirigentes nacionales hacen fracasar cualquier reforma institucional, la Unión Europea seguirá exclusivamente preocupada por los intereses de la clase económicamente dominante, de los grandes grupos financieros e industriales, de sus asuntos y de sus beneficios. 
A pesar de algunas frases tan pomposas como vacías sobre la democracia o sobre el interés de los pueblos, el debate que se produce en el seno de estas instituciones no afecta en nada a los intereses de las clases trabajadoras y de la mayoría de la población. 
Ciertamente, no tomaremos partido en la riña entre los portavoces de tres o cuatro grandes potencias que rivalizan en el dominio de la Unión Europea. 
Nos importa muy poco también saber si la Carta de derechos fundamentales se incluirá en el Tratado europeo o no, ya que de todas formas, esta carta, supuestamente de derechos fundamentales, no sólo se niega a incluir los derechos elementales para los trabajadores, sino que abre la puerta a medidas de regresión social. 
En lugar de impulsar hacia arriba los derechos humanos y los derechos sociales, la Carta facilitará las operaciones destinadas a reducirlos. 
En consecuencia, absteniéndonos en cuanto a los detalles, hemos votado en conjunto. 
. (SV) Votamos a favor de la resolución, pero queremos comentar los siguientes puntos: 
Estamos a favor del aumento del uso de las mayorías calificadas en el Consejo de Ministros. 
Sin embargo, opinamos que este método no debe aplicarse a asuntos comprendidos en el segundo pilar. 
En los casos en que se aplique una mayoría calificada, debería combinarse con el derecho de codecisión del Parlamento. 
Queremos expresar nuestro respaldo a la alusión a la Carta de los Derechos Fundamentales que hace el artículo 6.2 del Tratado. 
No obstante, en la situación actual nos oponemos a la inclusión de la Carta en los Tratados y a una constitucionalización de éstos. 
En cuanto a la política de seguridad y de asuntos exteriores, celebramos que se haya dado una atención preponderante al manejo de las crisis. 
También damos nuestro apoyo a la cooperación reforzada, con la condición de que las instituciones comunitarias controlen su formación y desarrollo. 
Los presagios de la Cumbre de Niza no albergan muchas esperanzas de que termine bien. No se vislumbra ningún acuerdo satisfactorio. 
La lucha cada vez más abierta por el poder entre muchos Estados miembros enturbia las posibilidades para alcanzar algún compromiso. 
Parece que muchos Estados miembros, en especial los grandes, sólo persiguen el objetivo de mejorar la propia posición de poder. 
La mayoría de las resoluciones presentadas pone de manifiesto que ni el Parlamento Europeo resiste a la tentación de considerar "Niza" un éxito cuando se amplíe el propio poder. 
Difiero de este punto de vista. 
Pensar sólo en la dinámica del poder no es suficiente para preparar a la Unión Europea para el futuro. 
Lo que hace falta en primer lugar para lograr una Unión Europea en la que los diferentes pueblos puedan convivir pacíficamente, es que los gobiernos busquen un equilibrio sostenible con el respeto mutuo y la comprensión por la postura del otro. 
Las instituciones de la Unión Europea deben ser capaces de cumplir con su cometido, sin que ocupen la silla de los Estados miembros. 
También en el futuro cada país debe poder desplegarse en una Unión basada en la justicia. 
Esto es lo que me parece un criterio determinante para valorar el tratado de Niza. 
Lamentablemente, echo en falta este punto en las resoluciones presentadas. 
Pero eso no es óbice para que no busquemos ya esta justicia sobre la faz de la tierra, también como pueblos de la Unión Europea. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor de la propuesta de resolución conjunta relativa a los preparativos de la reunión del Consejo Europeo en Niza los días 7, 8 y 9 de diciembre, en la que, entre otros puntos, se pondrá fin a la conferencia intergubernamental en marcha con la celebración del Tratado de Niza. 
Durante toda la conferencia intergubernamental hemos sido contrarios al orden del día muy ampliado que la mayoría del Parlamento Europeo ha tratado de establecer en reiteradas propuestas de resolución, lo que también hemos hecho constar en cada votación. 
Varias de las propuestas de resolución presentadas por los diversos Grupos políticos parten también de una honda preocupación sobre si se logrará alcanzar el objetivo de Niza, que es preparar a la UE para la incorporación de los nuevos países miembros en la UE. 
La tarea más importante de Niza es garantizar que la UE disponga de instituciones eficaces. 
La condición para ello es que se halle una solución equilibrada entre los pequeños países y los grandes, no sólo en lo que respecta a la ponderación de votos en el Consejo de Ministros, sino también en lo que respecta a la composición del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Estas dos instituciones contribuyen de manera esencial a que la UE siga concentrando el trabajo en torno a los objetivos comunes y a las tareas trasnfronterizas, mientras que el resto se deja en manos de los países miembros. 
La ampliación es un gran proyecto que exige el respaldo no sólo de los países solicitantes sino también de los países ya miembros. 
Varios diputados al Parlamento Europeo albergan la ambición de constitucionalizar los tratados, y dentro de este proceso, incluir la Carta de derechos fundamentales y el empleo de la mayoría cualificada en todos los ámbitos. 
Seguir insistiendo en estos temas durante la conferencia intergubernamental en marcha, sobre los que de todas formas no se puede ganar un amplio respaldo, es en nuestra opinión poco inteligente y contribuye a dejar sin influencia al Parlamento. 
Ya lo hemos señalado también en las votaciones individuales de hoy. 
Hemos elegido votar a favor del informe completo, porque queremos presionar a los Jefes de Estado y de Gobierno para que alcancen un buen resultado en Niza. 
En vísperas de la Cumbre de Niza y sin prejuzgar sus resultados, deseo saludar el importante trabajo de la Presidencia francesa y de la mayor parte de los ministros, que no han ahorrado ni su esfuerzo ni su tiempo para venir con regularidad a este Parlamento, tanto a las comisiones como al Pleno. 
Si bien, como muchos, he lamentado a veces que el Primer ministro, Lionel Jospin, se haya manifestado en pocas ocasiones durante este semestre "a causa de la cohabitación", conozco los importantes impulsos que ha dado permanentemente a sus ministros y deseo señalarlo. 
Deseo también dar las gracias muy especialmente a Hubert Védrine y a Pierre Moscovici, así como a Martine Aubry, que está en el origen del calendario social... , uno de los puntos fuertes de esta Presidencia. 
Falta ahora que triunfe la Cumbre de Niza y, en materia de reforma institucional, convencer a cada cual de que haga las últimas concesiones necesarias para permitir "un buen acuerdo" y un buen tratado. 
Es necesario también por supuesto lograr que se haga referencia a la "Carta de derechos fundamentales" en el propio Tratado para darle una mayor fuerza jurídica. 
Es importante señalar con claridad la importancia de la Agenda social para que se aplique lo más rápidamente posible. 
Es preciso finalmente poner en marcha una directiva marco sobre los servicios públicos cuya urgencia nadie discute. 
A una semana de la Cumbre, personalmente tengo esperanzas. 
Y son estas esperanzas las que he pretendido manifestar al votar una resolución, aunque no comparto todos sus términos. 
. 
(SV) , El Parlamento Europeo reclama en su resolución (como de costumbre) mayor poder de codecisión. 
Sería provechoso que se dedicase con el mismo entusiasmo a discutir cómo aumentar la participación de los ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo. 
En la elección de 1999 el promedio de participación ciudadana habría sido inferior al 40 por ciento si en algunos países miembros el voto no fuese obligatorio y si no se hubiesen realizado simultáneamente elecciones nacionales. 
El afán que demuestra el Parlamento para acrecentar la codecisión en la UE no es en absoluto algo que tenga arraigo en el electorado. 
El actual debate democrático en Europa tiene lugar en los respectivos países miembros en torno a las elecciones a los parlamentos nacionales. 
Los parlamentos nacionales deben tener mayor influencia en la UE para que ésta llegue a ser más democrática. 
El debate y la resolución aprobada por el Parlamento Europeo inspiran graves preocupaciones sobre lo que se decidirá en la Cumbre de Niza, en particular en cuanto a las posibles agravaciones de las limitaciones de la soberanía de los países pequeños como Portugal, el fortalecimiento del federalismo y de la vía militarista en la política de seguridad y defensa y las medidas débiles y claramente insuficientes en la esfera social. 
Respecto de la Conferencia Intergubernamental y la posterior reforma de las instituciones europeas, resulta particularmente grave que se avance por la vía del fortalecimiento del poder de un pequeño número de países grandes en perjuicio de la capacidad de decisión de la gran mayoría de los países pequeños y medianos, como podría suceder con la ampliación de la mayoría cualificada, las "cooperaciones reforzadas" insertas en una concepción de "núcleo duro", la aplicación de la cooperación reforzada a esferas como la política de seguridad y defensa, la perspectiva de avanzar hacia la elaboración de una Constitución europea a partir de la Carta de Derechos Fundamentales, que, a su vez, tiene un contenido restrictivo y, en varios aspectos, regresivo respecto de documentos similares, ya sea en el plano internacional o en el nacional, como en el caso de Portugal. 
En cuanto a la esfera social, las propuestas son muy tímidas y ni siquiera dan contenido efectivo a transacciones aceptadas en la Cumbre de Lisboa, en particular en cuanto a la necesidad de fortalecimiento de la cohesión económica y social. 
Así, pues, es necesario que el Consejo revise sus posiciones y avance en el sentido de contrarrestar la ola de fusiones y concentraciones de empresas en diversos sectores, interrumpir los procesos de liberalización en curso, modificar las políticas marcroeconómicas con el objetivo de lucha en pro de un empleo de calidad y con derechos y contra la pobreza y la exclusión social. 
- (EN) Como diputado del Parlamento que representa a Irlanda estoy muy decepcionado con la redacción de la resolución que acaba de ser aprobada por esta Asamblea sobre el Consejo Europeo de Niza 2000. 
La reforma de los Tratados de la Unión Europea debe tener en cuenta las necesidades y los intereses de los Estados miembros más pequeños. El no hacerlo supondría poner en peligro el delicado equilibrio que constituye la base esencial del buen funcionamiento de la Unión. 
En especial me gustaría destacar una serie de elementos que creo podrían portar un peligro inherente para la futura estabilidad de la Unión así como arrojar interrogantes sobre la legitimidad democrática del proceso de toma de decisiones. 
Por lo que se refiere a la extensión generalizada de la votación por mayoría cualificada no creo que esta sea una propuesta útil, por cuanto va a socavar el derecho de los Estados miembros a decidir en el momento oportuno si una política debe o no ser comunitarizada. 
Creo firmemente que cualquier cambio desde la unanimidad a la votación por mayoría cualificada debe ser considerado caso por caso. 
Tampoco estoy a favor de relacionar automáticamente la votación por mayoría cualificada y la codecisión e igualmente opino que cualquier iniciativa para extender los poderes de codecisión debe ser emprendida caso por caso. 
Es de todos conocido que me opongo tajantemente a la introducción de la política agrícola común en la esfera de la codecisión y no voy a insistir ahora en ese punto. 
En lo que respecta a la Carta de Derechos Fundamentales, aunque estoy a favor de promover los derechos contenidos en la misma, no apoyo su incorporación en el eventual Tratado de Niza. 
Una solución alternativa como la adhesión de la UE a la Convención Europea de Derechos del Hombre merece un estudio más detenido. 
Cualquier cosa que finalmente sea acordada en Niza por los gobiernos de los quince Estados miembros puede que tenga que ser ratificada por el pueblo irlandés mediante referéndum. 
Les puedo asegurar que las negociaciones actuales están siendo seguidas en mi país, como me consta que lo están siendo en todos sus países. 
Debemos pisar con cuidado y no pasar por encima de la opinión pública o de aquello para lo que nuestros pueblos están preparados. 
La integración europea ha sido una experiencia muy positiva para Irlanda y creo que una de las claves de ello ha sido el acercamiento gradual. 
Para que la reforma de los Tratados, y también la ampliación, se culminen con éxito deben tener el apoyo total de los pueblos. 
En este sentido no debería tomarse ninguna decisión sobre el desarrollo de la UE que conllevase el riesgo de alienar a los ciudadanos de Europa. 
En definitiva, todo sistema democrático se basa en la confianza del pueblo. 
Si la Unión pierde el apoyo público entonces pierde su propia legitimidad. 
La Presidencia francesa anunció el nacimiento de la Europa política. 
Sin embargo, la Cumbre de Niza no reforzará más que la Europa de la defensa y la Unión comercial. 
La Unión Europea, que participará en el marco de la OTAN imponiendo un nuevo orden mundial poco compatible con el destino de los palestinos, se dispone a ratificar de hecho la liberalización de los transportes ferroviarios y de los servicios de correos. 
La adhesión de nuevos países es un pretexto para acentuar una construcción europea que no satisface más que a los grupos industriales. 
Los defensores de la Europa liberal no solamente no amplían más que la miseria a unos pueblos ya aplastados por la pobreza, sino que en esta ocasión imponen de hecho un proyecto político: oficializar un grupo de países ricos que controle un mercado europeo ampliado. 
Por la misma razón, la Unión Europea se adelanta a las nuevas exigencias liberales de la OMC y la globalización capitalista. 
Al modificar el artículo 133 del Tratado de Amsterdam, Europa ampliaría el voto por mayoría cualificada, actualmente en vigor en el Consejo para el comercio de productos, a otros ámbitos como los servicios públicos, la propiedad intelectual, la salud o la educación. 
Finalmente, la aprobación de una Agenda social es un señuelo. 
La Carta de derechos fundamentales no será siquiera una nueva marca sin mañana, sino más bien un estandarte liberal más que corre el riesgo de flotar sobre Europa. 
Por nuestra parte, participaremos en la cumbre social alternativa a con todos aquellos que se niegan a que el mundo sea una mercancía. 
Los votos de los diputados conservadores del Parlamento Europeo reflejan hot nuestra opinión de que Gran Bretaña debería estar en una Europa que hiciera menos cosas pero mejor y no en una Europa que haga más cosas, aunque peor. 
A los diputados del Parlamento Europeo se les presentaban hoy dos tipos de reforma de la UE. 
La respuesta de los conservadores al Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión permitiría a la UE hacer menos cosas pero hacerlas mejor. 
La resolución sobre la Cumbre de Niza es la carta blanca para que la UE haga más cosas, peor. 
Las reformas propuestas por el diputado malcolm Harbour son unas propuestas con sentido común. 
El pueblo británico desea una reforma de la UE que incremente la responsabilidad y la eficiencia. 
Los conservadores del Parlamento Europeo hemos postulado coherentemente este tipo de reformas. 
Por otro lado, las llamadas reformas propuestas por la resolución sobre la Cumbre de Niza son ininteligibles para cualquiera que no esté en Bruselas. 
Propiciarán que la UE sea más complicada y que se distancie más aun de la gente común. 
No hacen nada para favorecer la ampliación, como por ejemplo sería revisar la PAC. 
Esta es la agenda que los laboristas y los liberlademócratas apoyan. 
El Parlamento acaba de votar una resolución sobre la Cumbre de Niza que se caracteriza por lo siguiente: 
1- No abordar a fondo y con claridad ninguno de los asuntos a los que afectan las principales divergencias entre los Estados miembros en la labor preparatoria de la CIG, lo que deja sin perspectivas, incluso en este momento, todos los grandes left-overs de Amsterdam. 
De este modo el Parlamento prescinde del derecho de influencia, guarda silencio como homenaje a los partidismos, a las fidelidades nacionales y a los Gobiernos y olvida sus obligaciones para con los ciudadanos. 
2- Garantizar, a pesar de todo, una ventaja, no tan residual como parece, a los Estados con menos población, que siempre pueden aprovechar el silencio del Parlamento ante las opciones de los Estados que pretendan un fortalecimiento de su poder institucional en todos los órganos de la Comunidad. 
Desde ese punto de vista, los grandes Estados "empatan" con los demás, al no arrastrar al Parlamento a la defensa de sus puntos de vista y servirse de él contra nosotros en la futura estructura institucional. 
3- Demostrar que las gestiones conjuntadas de las delegaciones de los países pequeños han servido para obtener un triunfo político sobre los demás en los debates de la próxima semana en Niza. 
Sin ganar, se ha conseguido un resultado en esta resolución que nos sitúa en el campo de la derrota. 
A veces el silencio es una victoria... 
4- Así se explica por qué el silencio, sin ser inocente, puede justificar un voto favorable. 
He votado sin dudas contra la resolución común sobre el Consejo europeo de Niza. 
Los electores a quienes represento aquí no comparten ninguna de las orientaciones. 
Este texto toma el pretexto de la futura (y cada vez más lejana) ampliación para pedir el refuerzo de un sistema ya agotado. 
Como si eso fuese la única solución. Como si no existiera ninguna otra forma posible de organización de nuestro continente más que el modelo integracionista, concebido en su origen, hemos de recordar, para un núcleo duro de cinco o seis países. 
¿Por qué intentar responder a la cuadratura del círculo que supone la ampliación de la Unión y la representación de Estados y pueblos en un sistema ya saturado cuando otro modelo, el de la Europa de las naciones, aportaría soluciones sencillas y eficaces? 
¿Por qué negar también que la coartada democrática de esta Europa integrada sólo es una falsa nariz? 
La Europa integracionista ampliada no es por naturaleza democrática: viola uno de los primeros derechos humanos, el derecho a la nación. 
¿Es necesario recordar que la democracia no se resume en el voto? 
Supone el diálogo y éste significa compartir un sentimiento de comunidad que con frecuencia está vinculado al idioma. 
Nuestros debates en este hemiciclo se parecen cada vez más a monólogos sucesivos que a verdaderos intercambios de ideas. 
Y podemos compararlos con la vivacidad, la energía y la pertinencia de los debates en los parlamentos nacionales: los diputados del Palais Bourbon, de Westminster, de las Cortes, pueden confrontar sus ideas ya que éstas se expresan en un mismo marco cultural, en los mismos idiomas. 
He votado igualmente contra un texto que pide la integración de la Carta de derechos fundamentales en el futuro Tratado que se apruebe en Niza. 
Se trata de un texto ambiguo, contradictorio y que abre la vía a todo tipo de interpretaciones. No se puede pretender como hacen algunos que este texto es inofensivo. 
En las manos del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, "una jurisdicción que tiene una misión", como decía hace algunos años uno de sus magistrados, la Carta puede convertirse en el instrumento más antidemocrático a que haya dado lugar la construcción europea. 
La Convención encargada de redactarla lo prefigura: la consagración del papel preponderante de los grupos de influencia y de los laboratorios activistas en la construcción de la Europa federal en gestación. 
Un órgano que por naturaleza no puede conseguir más que un mínimo consenso en cuanto a los derechos que disfrutan ya los pueblos de Europa. 
Un órgano, en fin, que ha producido un texto que no dejará de crear un conflicto de jurisprudencia entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades y el Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. 
Por última vez, antes del Consejo europeo de Niza, el Parlamento Europeo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los grandes temas de la Conferencia Intergubernamental. 
Nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales preparó un proyecto de resolución que recuerda las expectativas del Parlamento Europeo. 
Si bien puedo compartir la orientación general, es decir, "hacer una Unión más democrática, más eficaz y más cercana a los ciudadanos", no estoy en condiciones de asumir una serie de propuestas que me parecen muy poco matizadas. 
Sobre el punto crucial de las instituciones, la resolución tiene sin embargo el mérito de proponer una fórmula global satisfactoria. 
La afirmación explícita del principio de doble legitimidad de la Unión, la de los pueblos y la de los Estados, es en este sentido esencial. Permitirá a los negociadores de los Estados miembros menos poblados defender en Niza el principio de una representación adecuada en todas las instituciones, incluido el Parlamento Europeo. 
Es cada vez más evidente que la apertura del debate sobre la proporcionalidad (de los votos en el Consejo y de los escaños en el Parlamento Europeo) , o sobre las relaciones de poder entre los Estados miembros, ha abierto una caja de Pandora difícil de cerrar en Niza. 
Ahora, la cosa está que arde no sólo entre los "grandes" y los "pequeños", sino también entre los "grandes". 
El Consejo europeo estaría bien inspirado si decidiera desde el principio basar todas sus decisiones institucionales en el principio de la doble legitimidad que ha dado sus frutos desde el inicio de la Comunidad. 
. (SV) Celebro el anhelo de facilitar el proceso de ampliación en la reunión del Consejo Europeo en Niza. 
No obstante, la resolución común contiene una serie de aspectos que no comparto. 
Me opongo al desarrollo de una política común de defensa y a la instauración de un Consejo de Ministros de Defensa. 
No respaldo las mayorías calificadas en materia de política comercial y tampoco doy mi apoyo a este tipo de mayorías en materias del segundo pilar, es decir, en lo relativo a la política exterior, de seguridad y de defensa. 
Es un error dividir a la Unión en dos grupos y por eso no puedo apoyar la idea de que una tercera parte de los Estados miembros vaya a la cabeza. 
Igualmente erróneo es incluir la Carta en el Tratado. 
Informe Brok (A5-0340/2000) 
Señora Presidenta, Señorías, no hemos dado nuestra aprobación al informe Brok, así como al informe de la Sra. Lalumière, no sólo por su contenido sino también por su tema, la política exterior y de seguridad común, sobre la cual siempre hemos pensado que era una quimera, algo que se está viendo desde hace ocho años en que fue aprobada por el Tratado de Maastricht. 
Como anécdota, y como ironía, recordaré el artículo J2, párrafo tercero del título 5 de Maastricht que dice que los Estados velarán por la conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones comunes. 
Ni una sola vez se ha respetado este artículo, no más por otra parte que el resto de artículos del título 5. 
Al contrario, ha sido ridiculizado sin cesar, y el último ejemplo es el reconocimiento de Corea del Norte por parte de Londres, que llevó al Presidente en ejercicio de la Unión a lamentar esta falta, que él calificó de excepcional- y cito- antes de que, tres días más tarde, Berlín le pisara los talones a Londres sin haberse tomado ni siquiera, según parece, la molestia de informar a la Presidencia francesa. 
Esto es totalmente irrisorio, y en el fondo no es más que una decepción más para esta pobre construcción europea, o destrucción europea, como quizá haya que llamarla. 
Sueño por ejemplo, con la reforma de las instituciones, prometida para 1995, después para 1997 y que parece aún atascada, en el fondo, a sólo unos días de la Cumbre de Niza, lo cual no supondrá más que una desilusión suplementaria que añadir a nuestros vagabundeos sobre la ampliación, prometida también desde hace diez años, por no decir nada de las sucesivas derrotas, y por cierto acumulativas, del euro. 
Pero sólo son ejemplos. 
Podría hablar de la bajada de los créditos del programa MEDA o del FED. 
Una única cosa hay que retener de estos informes y, aunque sólo fuera eso, sería necesario oponerse, es la mención, que es casi una invocación ritual a la OTAN ya que en el fondo lo único que el Sr. Brok consigue poner en el balance de 1999 es el asunto de Kosovo. 
Es preciso señalar que en esta ocasión los europeos han encontrado un árbitro, es decir, Washington, y que gracias a que los generales americanos cerraron filas, Europa consiguió por fin una unidad. 
Repito, todo esto es irrisorio y cuando los historiadores escriban la historia de Europa en el siglo XX, creo que no mencionarán más la PESC que la SDN, y sin duda es mejor así. 
Señora Presidenta, a propósito del informe Brok- que he respaldado con mucho gusto- deseo referir los comentarios que me hizo un pensionista de Capriate San Gervasio, provincia de Bérgamo, que se llama Maurizio Enfissi, cuando le hice saber que Europa empieza a pensar en su seguridad y en su defensa. 
"¡ Muy bien !", me dijo. 
" Yo luché en la última guerra y no me gustó en absoluto. 
Por lo tanto, si lográis evitar las guerras, como habéis hecho hasta ahora, haréis la cosa más importante que se ha hecho en este mundo ". 
Luego añadió: " Cuando estuve en la guerra perdí unos años de trabajo de cara a mi pensión. 
Y la pensión de guerra que se me paga es tan baja, tan baja, tan baja... 
¿¡Acaso estas guerras son realmente útiles? ! " 
. (SV) celebramos y apoyamos un informe que se ocupa de muchas tendencias importantes en relación con la política común de seguridad y defensa. 
Sin embargo, nos oponemos a que se traspasen a la Comisión las tareas del Alto Representante. 
Tampoco respaldamos la idea de transformar las delegaciones comunitarias en embajadas de la UE. 
Los Estados miembros son responsables de la diplomacia. 
Creemos que la transformación de las delegaciones de la Comisión en delegaciones comunitarias podría generar conflictos de intereses con las delegaciones diplomáticas de los Estados miembros. 
. (NL) Hace algún tiempo en este año el Sr. Solana contó con mucho entusiasmo que fuera del territorio de la Unión Europea hay muchas regiones donde se puede intervenir. 
Su nuevo papel ha puesto fin a la neutralidad de Irlanda, Suecia, Finlandia y Austria. 
Después del año 1945 se entendía por defensa proteger el propio territorio contra los ataques extranjeros. 
Un ejército defensivo, pues, no tenía ninguna tarea fuera del territorio del estado que lo había constituido. 
La OTAN respetó esta fórmula en sus primeros cincuenta años de su existencia. 
El ejército de los Estados Unidos invadió Vietnam, la Repúplica Dominicana y Granada, mientras Francia e Inglaterra intentaron apoderarse del canal de Suez, pero la OTAN en su conjunto no operó fuera de su propio territorio. 
Sólo ocurrió después del hundimiento de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, que durante años habían sido la justificación de la existencia de la OTAN. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, rechaza cualquier intento por parte de la Unión Europea de imitar a la superpotencia estadounidense. 
No estoy de acuerdo con las intenciones que el Sr. Brok tiene con su informe. 
La delegación de La Otra Europa, del Grupo Unión por la Europa de las Naciones ha votado decididamente en contra del informe de iniciativa de la Comisión de Asuntos Exteriores defendido por el Sr. Brok. 
Como cada año, este informe ritual del Parlamento Europeo, dedicado en principio al balance anual de la PESC, recoge de hecho el método reconocido de los deslizamientos progresivos que consisten, a partir de una brecha de naturaleza federalista obtenida en un ámbito dado, en buscar sin tregua la ampliación, en perjuicio tanto de los Tratados como de las decisiones de los Consejos europeos. 
En este caso, se trata del de Helsinki y de política exterior común, ámbito en el cual el ponente se fija tres objetivos principales. Tres objetivos que nosotros sólo podemos rechazar: reducir la acción europea en el mundo a la de la Unión como actor único, crear un verdadero ministerio de Asuntos Exteriores europeo destinado a asumir las funciones de los ministerios nacionales y, finalmente, suprimir la estructura en pilares de la Unión Europea generalizando el método comunitario, colocando en especial al Alto Representante bajo la responsabilidad de la Comisión. 
Este plan de acción, relativo a las estructuras, no omite más que un único elemento, decisivo sin embargo, de la definición y del contenido de una política exterior europea. 
Porque, lejos de las visiones virtuales que dominan este Parlamento, las realidades diplomáticas son muy diferentes y la PESC apenas existe. 
La prueba más amarga acaba de ser proporcionada, por si era necesario, con el reconocimiento de la República de Corea del Norte por parte del Reino Unido y Alemania, sin esperar a una toma de posición común. 
Resulta claro por tanto que será por la vía de una búsqueda de armonización, cuando ésta se desee, oportuna y eficaz, entre decisiones que siguen siendo fundamentalmente privativas del actor racional, como se podrá reforzar el peso de la acción diplomática europea, y no mediante vinculaciones estructurales totalmente inoperantes. 
Por ello, nuestro Grupo ha votado de nuevo en contra de las disposiciones absurdas de comunitarización de los servicios diplomáticos nacionales, que figuraba en los artículos 74 y 75 de la resolución, de transformación de las delegaciones de la Unión en verdaderas embajadas europeas, y de creación de una escuela diplomática europea. 
Parece un sueño cuando se descubre la propuesta que consiste en poner al servicio de una política exterior virtual a la totalidad del personal diplomático, muy real, de los Estados miembros, calculado en 40.000 agentes: propuesta al mismo tiempo concreta y surrealista. 
En este informe hay muchas cosas que el Grupo de los Consevadores británicos puede apoyar, en especial el énfasis que se pone en la ampliación de la Unión Europea. 
No obstante, hay una serie de elementos concretos que no podemos apoyar, por ejemplo: 
que la Comisión deba asumir la responsabilidad sobre la política de seguridad y defensa, desempeñando el papel del Alto Representante para la PESC (parágrafos 65,66, 68) 
que las delegaciones de la Comisión deban desempeñar el papel de "Embajadas de la UE" y deban coordinar el trabajo con las embajadas de los Estados miembros (parágrafo 74) 
el apoyo a una política de seguridad y defensa autónoma fuera de la OTAN (parágrafos 11-15) 
la sugerencia de aventuras militares de la UE en Asia (parágrafo 38) 
Informe Lalumière (A5-0339/2000) 
Tengo un sobrino, el hijo de mi hermana, que estuvo en las bases de la OTAN de Estados Unidos para aprender a pilotar aviones de caza, superó las pruebas y, en consecuencia, está preparado para ejercer de piloto de la aviación militar. 
Charlando conmigo, se enteró que se está organizando una fuerza militar de los Estados de Europa, una fuerza capaz de intervenir para mantener la paz en Europa y sus alrededores. 
"¡ Ah, cómo me gustaría formar parte de ella !" me dijo. 
Pero no es por esto que hablo de él, naturalmente- si es bueno, llegará lejos- sino porque luego, al seguir hablando, añadió: " ¡Pero es justo este ejército europeo, es justa esta policía europea! 
¿Qué necesidad hay de mantener unos ejércitos para defender las fronteras entre Italia, Francia, Alemania, España, que ya no existen? 
Reunir vuestras fuerzas es un hecho positivo ". 
Los cinco diputados al Parlamento Europeo del Partido Liberal hemos votado hoy a favor del informe Lalumière sobre la política de defensa y seguridad común porque somos partidarios de reforzar la capacidad de acción de los países de la UE y con ello también de la OTAN. 
El criterio por el que medir el éxito de esta nueva cooperación debe ser que tanto la UE como la OTAN salgan fortalecidas con ella. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos respaldado el informe relativo a la creación de una política común europea en materia de seguridad y de defensa. 
No obstante, hay algunos elementos en el informe ante los que albergamos reservas. 
En primer lugar, es importante recalcar que Dinamarca a causa de la reserva que mantiene en el ámbito militar no puede aportar tropas a la fuerza de intervención europea común. 
En segundo lugar, somos escépticos ante la idea de establecer una política espacial verdaderamente europea si la intención con ello es que Europa disponga de un sistema de defensa como el que los EE.UU. están creando. 
De cara a la investigación y con respecto a la vigilancia del medio ambiente, un programa espacial europeo común puede, no obstante, ofrecer ventajas. 
En tercer lugar, hay en el informe una serie de puntos que muestran un deseo de que el Parlamento Europeo diponga de mayor influencia en el diseño de la política común europea de defensa y de seguridad. 
Nos parece importantísimo recalcar que la formulación de la política de defensa y de seguridad es una cuestión intergubernamental de la que el Parlamento Europeo ni puede ni debe formar parte. 
Por ello, institucionalizar aún más la política de defensa y de seguridad de la UE es un camino que no podemos respaldar. 
De cada Estado miembro depende decidir si desea participar en una política común europea en materia de defensa y de seguridad. 
Además, no es tarea del Parlamento Europeo definir qué capacidad debe poseer una fuerza de intervención europea ni si dentro de este contexto, por ejemplo, debe disponer de capacidad de intervención aérea y marina. 
El deseo del Parlamento de que todos los países miembros contribuyan económicamente a la fuerza de intervención europea, aunque se permanezca fuera de una operación, nos parece inadecuado, puesto que tal cosa podría significar, por ejemplo, que algunos países se vean involucrados en un conflicto en el que no quieran tomar parte. 
Y siguiendo por esta senda es importante señalar que los países miembros que son neutrales no han de sentirse violentados de ninguna forma. 
Su deseo de neutralidad debe ser respetado a todos los efectos. 
Hemos votado, por supuesto, en contra de este informe. 
Con el pretexto de la aplicación y desarrollo de una política llamada de seguridad y defensa europeas, expone con crudeza la necesidad de una política militar al servicio de lo que llama "los objetivos de política exterior de la Unión Europea". Es decir, de los intereses de las potencias imperialistas y de los grandes grupos capitalistas que dominan Europa y que dictan las orientaciones de la Unión. 
Nos levantamos tanto más contra esta política militar imperialista en la medida en que reina en este hemiciclo un consenso declarado sobre el tema, una aceptación y un apoyo señalado a esta política por parte de la inmensa mayoría de los grupos, desde la extrema derecha a los Verdes y al PSE. 
Porque esta política va, por supuesto, dirigida contra los pueblos. Contra aquellos que podrían- como recientemente en los Balcanes- sufrir intervenciones militares imperialistas de la Unión y de sus aliados. 
Pero también contra los pueblos de la Unión Europea que tendrán que financiar, en cualquier caso, los nuevos gastos de armamento que propone el informe y que ni siquiera tendrán la garantía de que las fuerzas militares no se usen un día contra ellos mismos, en nombre del "mantenimiento del orden". 
. 
(IT) Europa debe convertirse en una Unión política y no sólo económica. 
Por esto, los comunistas italianos comparten y apoyan una ampliación lo más rápida posible a los países candidatos, para la realización de una gran Europa que tenga como base sus culturas y sus mejores tradiciones democráticas. 
En este ámbito, al haber sido superada toda contraposición entre los países de Europa occidental y los países de Europa central y oriental, hay que superar también la organización militar de la OTAN, por otra parte, ya del todo anacrónica, en favor de una fuerza militar europea, totalmente independiente de los Estados Unidos con los que Europa ha de mantener relaciones de estrecha amistad y no de subordinación. 
La fuerza militar europea deberá ser totalmente europea, estar sujeta al control democrático de las instancias parlamentarias y ser eficaz y eficiente. 
Si hubiera existido dicha fuerza militar, por la historia y las tradiciones de los pueblos que la componen, la guerra de la OTAN contra Yugoslavia no se habría hecho. 
Por esto, votamos a favor del informe Lalumière, pese a la existencia de numerosas reservas y objeciones acerca de algunos matices de agresividad que aparecen en ciertas partes de la resolución y contra los que, en todo caso, lucharemos con el fin de evitarlos. 
. (SV) Hemos votado en contra del informe Lalumière por los siguientes motivos: 
1. 
Opinamos que hoy no existen amenazas reales contra Europa y, por el contrario, es hora de realizar una política activa de desarme y de construcción de la sociedad civil. 
Estamos convencidos de que la Europa de la Paz no se crea mediante alianzas militares. 
Los futuros conflictos no se resolverán con intervenciones militares sino que por medio de una política de justicia social, económica y ecológica. 
Nuestro análisis se fundamenta en la teoría que sostiene que la militarización no crea un mundo más pacífico y seguro sino que contribuye al incremento de la inseguridad y de los riesgos de conflictos militares. 
2. 
Opinamos que el manejo civil de las crisis es un valioso instrumento para prevenir los conflictos, algo que, desgraciadamente, no ha sido suficientemente destacado en el informe. 
3. 
Opinamos que las intervenciones militares en el ámbito de la política común de seguridad y defensa sólo deberán tener lugar previa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, criterio que la ponente parece no compartir. 
4. 
Creemos que el Derecho Internacional y la soberanía de los Estados miembros deben respetarse y ser la pauta de la política internacional. 
5. 
La Sra. Lalumière señala de manera clara y explícita que es posible que la UE en el futuro se vea obligada a defender todas las fronteras de los Estados miembros contra terceros países. 
Esto es incompatible con la neutralidad de algunos Estados miembros. 
6. 
En el informe no se nombra la neutralidad y en su exposición de motivos se adivina falta de respeto hacia los estados neutrales. 
En el punto 49 se obliga a los Estados miembros al financiamiento de las misiones, aunque no quieran o no puedan participar en ellas. 
Esto es incompatible con la neutralidad. 
7. 
A nuestro juicio, la idea de un aparato defensivo de grandes proporciones es una burla hacia los países candidatos que tienen dificultades económicas y que necesitan invertir, por ejemplo, en bienestar social y no en rearme militar. 
Este informe es particularmente grave y su aprobación constituye un apoyo del Parlamento Europeo al refuerzo de la militarización de la Unión Europea, al insertarse en el objetivo de crear, de aquí a 2003, una fuerza de acción rápida constituida por de 50.000 a 60.000 hombres, movilizable en 60 días, apta para estar en campaña durante un año y dotada de los apoyos aéreos y marítimos adecuados, al insistir en el desarrollo de los medios y las capacidades militares de la Unión Europea y en el esfuerzo de los Estados miembros para colmar las lagunas existentes a ese respecto, como acaban de hacer en la esfera del transporte aéreo estratégico, de los misiles de crucero y los satélites de reconocimiento y navegación. 
Igualmente grave es la pretensión de que un Estado que no desee participar en una misión se vea obligado a pagar una contribución financiera que repartirán los Estados participantes en esa guerra. 
También merece reprobación la satisfacción con el acuerdo-marco firmado en Farnborough entre seis países de la Unión Europea, por considerar que favorecerá la reestructuración de las industrias de defensa en Europa, al insistir en una política espacial que abarca los aspectos civiles y militares de la utilización del espacio y que engloba los medios nacionales y multinacionales de que dispone en la esfera militar. 
Por último, hay que tener en cuenta, como se dice en el informe, que en Niza podrían crearse los órganos definitivos de la PECSD- Comité Militar y Estado Mayor Militar- con competencias y poderes de decisión que permitan avanzar aún más rápidamente en la materialización de la política común de seguridad y defensa. 
Por eso, nuestro voto sólo puede ser en contra. 
Al decidir la creación del núcleo de un ejército europeo, la Cumbre de Niza afirmará la creación de una Europa-potencia que "defenderá sus intereses en todo el mundo". 
Demuestra así su carácter imperialista, es decir, la protección de sus inversiones en el extranjero, la penetración de sus mercancías, el acceso a las materias primas y la explotación de una mano de obra barata. Actuará de acuerdo con los Estados Unidos en el marco de la OTAN. 
Pero este ejército europeo servirá de forma prioritaria para estabilizar la periferia inmediata de la Unión Europea. 
La anexión comercial del Este y de África del Norte sólo puede ahondar en las desigualdades sociales que generan explosiones sociales, conflictos militares locales y desplazamientos masivos de población. 
En el futuro, coordinando sus fuerzas diplomáticas y militares, la UE intentará optimizar lo que sus Estados miembros hicieron individualmente a lo largo del siglo pasado, todo ello en nombre del "mantenimiento" de la paz y "de operaciones humanitarias". 
No necesitamos euromilitarismo. 
Nos oponemos radicalmente a este ejército europeo, al igual que a la OTAN y a nuestro propio ejército nacional. 
La creación de una industria militar europea capaz (EADS, Dassault, BAE) de ganar la partida a los Estados Unidos tendría como primera consecuencia un aumento drástico del presupuesto militar y una transferencia de la investigación científica y tecnológica al sector militar. 
Los trabajadores no tienen nada que ganar y todo que perder en este "nuevo" objetivo imperial de la UE. 
En mi explicación de voto sobre el informe Brok indiqué que la intervención de los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea fuera de su propio territorio no la considero como una aportación a la defensa ni a la seguridad. 
El 50 aniversario de la creación de la OTAN fue celebrado con la primera guerra de la OTAN. La guerra facilitó a Milosevic poder gobernar un año más en Serbia y Montenegro, porque tuvo por ello la oportunidad de erguirse como la mejor garantía para los serbios contra la agresión extranjera. 
El ponente enumera ahora algunos motivos para actuar fuera del territorio propio. 
Uno de ellos es la justificada indignación provocada por los conflictos étnicos fuera de la Unión. 
Es bueno que nos ocupemos de ellos por la vía de la mediación, la aportación de modelos de carácter institucional que puedan resolver la situación y la prestación de ayuda humanitaria a los que se ven obligados a desplazarse a causa de estos conflictos. 
Sin embargo, con medios militares de fuera no se consigue ninguna solución, porque así no se quita la causa del conflicto ni se cambia la opinión pública. 
El temor de que las fuentes de energía ya no estén a disposición de los Estados miembros no puede constituir un motivo válido para una intervención unilateral. 
. (SV) He votado en contra del informe. 
De entre todos los puntos que no respaldo del informe, elijo los siguientes ejemplos: 
Punto 49: "Pide que, en caso de que un Estado no desee participar en una misión, esté obligado, en nombre de la solidaridad mutua que vincula a los Estados miembros, a pagar una contribución financiera que se repartirá entre los Estados participantes" 
Punto 50: "Considera que, en el futuro, los objetivos de Petersberg deberán financiarse con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas, lo que exigirá un objetivo del artículo 28 del TVE y de las perspectivas financieras" 
Opino que ambos puntos van tan lejos que es difícil sostener el derecho de los estados neutrales, como por ejemplo Suecia, a adoptar decisiones independientes en materia de política de defensa y en relación con su derecho a no intervenir en conflictos armados. 
El informe, por tanto, va demasiado lejos y, en consecuencia, ésta es una razón suficiente para votar en contra del informe en su totalidad. 
. (SV) Celebro el intento de desarrollar una política europea común de seguridad y defensa, pero me opongo al desarrollo de una defensa militar común. 
Por ejemplo, hay puntos que van demasiado lejos en relación con la PESC y la OTAN, en el sentido de usar las "amenazas de intervenciones armadas" como instrumento de presión en las actividades de prevención de conflictos, cosa que se contrapone a la Carta de la ONU. 
Lo mismo vale para los puntos en los que se mejora la capacidad de la UE para repeler ataques aéreos y marítimos del enemigo y en los que se fortalece la cooperación para obtener garantías mutuas de defensa. 
Por estos motivos, no respaldo el informe. 
Los conservadores británicos tenemos serias reservas sobre el concepto general de una política de defensa de la UE independiente de la OTAN, y por tanto no puede apoyar este informe. 
Además, hay muchos parágrafos respecto de los cuales tenemos objeciones específicas, por ejemplo: 
· La sugerencia de que la defensa debería ser una competencia comunitaria y de que un Vicepresidente de la Comisión debería asumir el papel del "Sr. PESC" del Consejo (parágrafos 4 y 44). 
· Que las operaciones militares deban ser financiadas con una línea presupuestaria comunitaria y que los Estados miembros tengan que contribuir con fondos incluso si no desean participar en las operaciones (parágrafos 49 y 50). 
· La propuesta para el establecimiento de una Academia de Seguridad Europea centralizada (parágrafo 78). 
· La idea de que los fondos comunitarios deban ser usados para financiar iniciativas de información sobre PECSD tanto en la Unión Europea como en capitales del extranjero (en especial en los EE.UU.) (parágrafos 75 y 79). 
· La sugerencia de la creación de una "fuerza de policía europea" (parágrafo L). 
· La contradicción entre la idea de una UE que garantice las fronteras exteriores de la Unión como un aspecto de la PESC (parágrafo L) y el reconocimiento de la responsabilidad de la OTAN en la defensa colectiva (parágrafo C). 
. (SV) Respaldo la orientación general del informe, pero quiero hacer notar que tengo una opinión discrepante en el punto 49. 
En este punto se pide a los estados que no deseen participar en misiones que, en aras de la solidaridad mutua que une a los Estados miembros, hagan una aportación financiera que se repartirá entre los estados participantes. 
Exigencias de esta naturaleza van, en mi opinión, demasiado lejos. 
Informes Brok (A5-0340/2000) y Lalumière (A5-0339/2000) 
Hemos votado en contra de los informes Brok y Lalumière por varios motivos. 
Pensamos que el rearme y con ello un aumento de los gastos militares no son la respuesta a los desafíos a los que se enfrenta Europa en estos años. 
Una década después de las revoluciones que tuvieron lugar en el este, nos parece una triste señal la que el "proyecto de paz europeo" envía con estos informes a los países solicitantes. 
En segundo lugar, el informe plantea una fractura con respecto a los países no alineados, a los que se propone involucrar a través de la financiación de la política común europea de defensa y de seguridad. 
La idea de "united in diversity" (unidos en la diversidad) parece enmudecer, sobre todo para los Estados miembros no alineados, si se ponen en práctica algunas partes del contenido de los informes. 
La introducción de una nueva defensa territorial, que, además, se propone esté sometida a un vicepresidente de la Comisión, es un punto que tampoco podemos apoyar. 
Semejante ruptura con la OTAN por el mero hecho de ver una nueva delimitación de Europa queda lejos de las ambiguas palabras que se dejaron oír al caer el muro. 
No es ciertamente levantar más estructuras militares lo que necesitamos. 
En cambio, a la UE le vendría bien que se invirtieran las prioridades de las tareas de Petersberg y se dirigiera la atención hacia opciones humanitarias y civiles. 
Informe Theorin (A5-0308/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor de esta resolución porque es justo que todo intento de llevar la paz a las zonas donde arrecian guerras intestinas, conflictos civiles, sea respaldado por el Partido de los Pensionistas. 
Sin embargo, debo hacer un reproche a la Sra. Theorin. Entre las muchísimas propuestas que ha presentado para que las mujeres puedan influir en la paz en las zonas donde hay guerra, se ha olvidado de proponer que las altas jerarquías de los ejércitos estén integradas también por mujeres. 
Señora Presidenta, si usted es tan hábil y capaz de dirigir nuestro pendenciero Parlamento Europeo, seguramente sería capaz de dirigir también a las fuerzas militares empleadas para llevar la paz a las zonas donde hay guerra. Por lo tanto, usted podría dar su contribución en favor de la beneficiosa influencia femenina en la paz. 
En sí misma, fue aceptable la idea de que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades redactara un informe de iniciativa sobre la participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos. 
Pero lo que ha resultado de ella equivale a un revoltijo de etiquetas, pues sólo un poco de lo que se ha escrito en las nueve páginas y media de la solicitud de resolución tiene que ver, en realidad, con el tema. 
Tenemos 18 referencias a documentos, declaraciones, convenios, resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad, planes de acción, que abarcan cientos de páginas, cuya trascendencia no puede valorar la mayoría de nosotros. 
Tenemos 19 considerandos y 23 apartados con 36 subapartados. 
Precisamente seis de estos apartados contienen afirmaciones que tienen que ver con el tema. 
El resto se halla atiborrado de comentarios sobre violaciones, sobre mal comportamiento sexual de los soldados europeos que participan en las acciones de paz- de los serbios no se habla- sobre el emplazamiento de las letrinas y su iluminación en los campos de refugiados, se halla atiborrado de exigencias relativas a la política de asilo y de inmigración, al aborto, a la adopción, y atiborrado también de análisis diferenciados por sexo, de la creación de ministerios de asuntos de la mujer en los Estados miembros y de cosas semejantes. 
Un profesor de enseñanza media pondría a semejante trabajo la calificación de: se equivocó de tema. 
No puedo dar mi conformidad a tal conglomerado que realmente hace un uso indebido de un tema para endosarnos demandas ideológicas sobre los temas antes mencionados. 
Quiero protestar ya ahora contra el hecho de que mi voto sea interpretado como si yo fuera contrario a la participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos. 
No lo soy, al contrario. 
Apoyo este informe de mi colega Maj-Britt Theorin. 
Tal y como dice, la violencia sexual y las violaciones masivas de mujeres se usan sistemáticamente durante los conflictos como otra arma de guerra. 
Apoyo su llamamiento a los Estados miembros para que emprendan todas las acciones necesarias para enmendar el artículo 75 del Cuarto Protocolo de Ginebra con el fin de definir la violación, el embarazo forzoso y la esclavitud sexuall como crimenes de guerra, también apoyo su instancia para la ratificación del Tratado de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional. 
La ponente también merece apoyo para sus llamamientos a la Comisión y los Estados miembros para que tengan en cuenta las diferencias de género en la organización de los campos de refugiados financiados por la UE y en sus políticas de asilo e inmigración, por ejemplo, concediendo el asilo a las mujeres que hayan sido embarazadas en el transcurso de conflictos armados. 
. (SV) Queremos manifestar nuestro respaldo al informe en general, pero nos cuesta aceptar las regulaciones detalladas que contiene en algunos pasajes, cosa que se refleja en las votaciones, ya que éstas se contradicen con el principio de subsidiariedad. 
Además, el informe excede el mandato original, tal como está definido en el título del informe. 
Muchos de los problemas de los que se ocupa el informe son reales, pero no tienen cabida en este documento. 
- (EN) El informe "Aspectos de la prevención y la resolución de conflictos armados relacionados con el género" tiene por objeto informar sobre la participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos. 
Realmente, este informe suscita cierta confusión por cuanto su título no representa completamente su contenido. 
Algunas disposiciones- como las de castigar a los violadores, hacer que los campos sean físicamente seguros para las mujeres, y garantizar que las mujeres en situaciones de tensión obtengan una dotación de alimentos y recursos médicos justa- son positivas. 
Pero la redacción del informe va más allá. 
Lamentablemente, incluye el claro objetivo de anular las leyes nacionales sobre el aborto o incluso penalizar o suprimir las tradiciones de fe que se oponen al aborto. 
Esto contraviene la constitución de mi país, Irlanda, y no me cabe ninguna duda que también la potura legal de otros países que persiguen la disminución en lugar de la promoción de la práctica del aborto. 
Mientras reconozco y apoyo completamente la participación de mujeres en la resolución pacífica de conflictos, lamentablemente tengo que votar en contra de este informe más bien confuso. 
Informe Smet (A5-0301/2000) 
Los únicos aspectos positivos de este informe son que pide una "definición europea del trabajo doméstico" y una "limitación clara de un número máximo de horas trabajadas". 
Pero, con el pretexto de velar por el interés de los trabajadores domésticos, el informe se ocupa sobre todo del interés de aquellos que les dan trabajo. 
Algo que no resultaría chocante si no se tratara más que de una categoría de empleadores, por cierto minoritaria, la "de las personas mayores que, al vivir solas, necesitan de una ayuda a domicilio". 
Pero no se mencionan las necesidades de esta categoría más que para dar paso a la demanda de una deducibilidad fiscal de los servicios domésticos y de una "adaptación de los precios y de los costes a las posibilidades financieras de los particulares". 
Esta cláusula, de resultar votada, permitirá ante todo a familias de ricos subvencionarse sus gastos domésticos mediante el dinero sonsacado a la colectividad. 
Toque suplementario de cinismo: la exposición de motivos hace a los trabajadores domésticos responsables de que sus empleadores les den trabajo en negro. 
En consecuencia, si no votamos en contra de este informe por los escasos derechos elementales de los que se erige en portavoz, tampoco votamos a favor. 
. (SV) Votamos en contra del informe que se ocupa del llamado trabajo doméstico. 
La instauración de modelos de esta naturaleza, llamados a veces "nuevo mercado laboral" en Bélgica y en Dinamarca, demuestran claramente el mantenimiento de una clase inferior de sirvientes, compuesta principalmente por mujeres inmigrantes, pero también por hombres que han estado desempleados durante largo tiempo. 
Dar beneficios fiscales a este tipo de mercado laboral resulta, en mi opinión, francamente repulsivo. 
Los impuestos deben usarse de otra manera, entre otras cosas, para que la gente se desarrolle y tenga opciones de elección en la vida. 
Como se dice en el informe, los problemas pueden solucionarse con una política de asilo humanitaria, con una organización del trabajo que tome en consideración el equilibrio entre la jornada laboral y el tiempo libre y responsabilizándose, de manera solidaria y comunitaria, con las personas que tienen necesidades especiales. 
Si lo supieran, muchas decenas de miles de mujeres concernidas de la Unión Europea se alegrarían de que nos estemos ocupando aquí de la regulación legal del trabajo doméstico que existe en la economía sumergida. 
Sin duda, este informe tiene la ventaja de que existe. 
Sin embargo, no estoy muy satisfecha con algunas formulaciones de este informe. 
En mi país, Luxemburgo, la situación normal es que no establecemos ninguna distinción entre los trabajadores manuales, con independencia de que trabajen, por ejemplo, en la industria o en los hogares. 
Tienen derecho a un salario legal mínimo, a la cobertura del seguro de enfermedad, de accidente y de jubilación, es decir, no están discriminados respecto de los demás trabajadores. 
Éste es, naturalmente, un estado casi ideal, cuando leo todas las propuestas de posibles regulaciones de excepción que están expuestas en este informe. 
No veo, por ejemplo, por qué la relación laboral de los empleados domésticos haya de ser una relación atípica. 
En realidad, es extraordinario que en el siglo XXI tengamos que recomendar que los Estados miembros deberían garantizar para los empleados domésticos el derecho a la seguridad social y a una jubilación adecuada. 
Igualmente extraordinaria encuentro la demanda de que a nivel nacional y en lo que respecta al trabajo doméstico haya que acomodar los precios y los costes a las posibilidades financieras de las personas privadas. 
En cambio, es acertada la exigencia de que para los empleadores se simplifiquen las formalidades administrativas. 
En Luxemburgo, en el marco del plan nacional de empleo, nos decidimos por esa simplificación y esto funciona muy bien y constituye un modelo que- con toda modestia- quisiera recomendar. 
En la dirección correcta se orienta también la exigencia de que los servicios domésticos puedan ser objeto de deducción fiscal con el fin de reducir la diferencia de costes entre los trabajadores clandestinos y los trabajadores registrados. 
Los gobiernos nacionales deberían ser generosos en este punto, de suerte que los trabajadores y los empleadores se vean estimulados a terminar con el trabajo sumergido. 
Quiero advertir también acerca de conceder permisos de trabajo para el trabajo doméstico a las inmigrantes. 
Las bandas de traficantes se alegrarán de declararlas como empleadas domésticas y también, naturalmente, todas las mujeres que, de otro modo, quieren penetrar ilegalmente en los países de la UE, 
¿Deseamos esto? 
Creo que no. 
Por consiguiente, deberíamos ser cuidadosos con las manifestaciones que se refieran a esto y que pueden ser objeto de mala utilización. 
. (SV) Hemos votado en contra del informe Smet sobre normalización del trabajo doméstico. 
La ponente opina que se necesita un marco jurídico en el ámbito europeo que incluya a las personas que prestan servicios domésticos en la legislación de protección laboral. 
La Sra. Smet propone, entre otras cosas, que se establezca una definición europea del trabajo doméstico. 
Además, la ponente propone que los Estados miembros otorguen ventajas fiscales a este tipo de trabajo, de modo que disminuyan las diferencias entre el trabajo "blanco" y el "negro". 
Existe una gran demanda de servicios domésticos. 
Sin embargo, las altas tasas fiscales tanto en Suecia como en el resto de los países comunitarios, impiden que la demanda y la oferta se encuentren en un mercado blanco. 
Los ingresos fiscales, las contribuciones patronales y los impuestos al valor agregado elevan los costes por hora de trabajo hasta niveles que casi ningún hogar con ingresos normales está dispuesto a pagar. 
En mayor o menor medida, el trabajo doméstico que se realiza actualmente constituye trabajo negro. 
En este mercado trabajan muchas mujeres y jóvenes. 
Carecen de derechos, de seguros, de jubilación, de indemnización por enfermedad y de protección. 
Para muchos jóvenes, su primer contacto con el mercado de trabajo puede ser un trabajo negro. 
Es muy lamentable que las normas fiscales obliguen a la gente a trabajar ilegalmente. 
Por eso estamos de acuerdo con la ponente en que es importante que disminuyan las diferencias de costes entre el trabajo "blanco" y el "negro" y opinamos que los países miembros deberían otorgan rebajas fiscales al trabajo doméstico. 
De este modo, las personas que realizan estos trabajos podrían gozar de seguros, pensiones, indemnizaciones por enfermedad y protección. 
Por el contrario, nos oponemos a que se cree un marco jurídico detallado en el ámbito europeo para esta clase de trabajos. 
Ésta es una materia que debe ser tratada en el ámbito nacional, regional o local, por lo que, en consecuencia, votamos en contra del informe. 
La Sra. Smet acierta al llamar la atención sobre la vulnerable situación de los asistentes domésticos en la economía sumergida. 
Solicita la elaboración de una definición europea del "trabajo doméstico" y que los Estados miembros elaboren y actualicen periódicamente estadísticas sobre el trabajo no declarado. 
Solicita que este empleo sea reconocido de pleno derecho y solicita la introducción de legislación comunitaria sobre los derechos de estos trabajadores- en la actualidad la situación es diferente en cada país. 
Las necesidades de los trabajadores domésticos deberían tenerse en cuenta a la hora de redactar legislación laboral. 
Se resalta la necesidad de que los Estados miembros apliquen el principio de que hay que declarar todas las relaciones laborales y tanto los empleadores como los empleados deben tener constancia de los derechos que se derivan de esa relación laboral. 
Por último la Sra. Smet solicta de los Estados miembros que vinculen la concesión de visados para los empleados domésticos que trabajan para diplomáticos a un nivel mínimo y garantizado de condiciones laborales. 
Este informe merece que se le preste una cuidada atención. 
El trabajo femenino tiene una larga historia de mal pagado, deficientes condiciones laborales, mala posición jurídica e intimidación sexual. 
Esto es aún más cierto en el caso del trabajo de mujeres pobres en las casas de gente acomodada. Este trabajo se organiza muchas veces de forma informal, sin sindicato, sin comité de empresa, sin pagar las cotizaciones y sin ningún convenio colectivo de empleo. 
La trabajadora está apenas o no está en absoluto protegida y depende en muchos casos de la arbitrariedad del patrón. 
Lo más grave es cuando encima se trata de mujeres procedentes de países lejanos, que han cogido este tipo de trabajo por necesidad y que no tienen otra posibilidad de ganarse la vida de forma duradera. 
En este mundo todavía muy dominado por hombres nos olvidamos muchas veces de este grupo laboral. 
Cualquiera entiende que puede haber muchos abusos, pero muchos tienden a minimizar la dimensión de estos abusos y las consecuencias para las implicadas. 
Este informe es una consecuencia muy útil de la existencia de la Comisión de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades. 
Las conversaciones mantenidas con las organizaciones implicadas y la enumeración de los problemas recuerdan a los informes analizando la situación de los trabajadores de hace más de un siglo. 
Aunque mi Grupo Parlamentario encuentra este informe demasiado limitado y las conclusiones demasiado modestas, sí le parece que constituye un buen punto de partida para avanzar en esta problemática. 
. - (SV) Nos entusiasma la idea de que el trabajo doméstico forme parte del mercado laboral, pero nos cuesta aceptar la detallada regulación en el ámbito europeo que contiene este informe en algunos pasajes y que se opone al principio de subsidiariedad. 
Además, el informe sobrepasa en determinadas partes el mandato original, tal como está definido en el título del informe. 
Informe Guy-Quint (A5-0327/2000) 
Señora Presidenta, no abusaré de su tiempo para explicar por qué he votado a favor del informe Guy-Quint, pero no puedo dejar de decir que para las personas mayores y los pensionistas es muy importante saber cómo se gasta el dinero de la Unión Europea, concretamente el dinero que gastan los servicios administrativas de la Comisión, y esto porque en toda Europa los pensionistas han sufrido en su propia piel qué significa una mala administración. 
Ellos han pagado las cotizaciones para su pensión a los distintos Gobiernos nacionales que las han hecho desaparecer muy rápidamente como unos buenos prestidigitadores. 
No quisiera que el Presidente Prodi, como un buen prestidigitador, come un moderno Houdini europeo, lograse hacer desaparecer el dinero de que disponen todos los ciudadanos europeos. 
Es sólo un temor: seguramente no lo hará, pero, en todo caso, quiero subrayarlo en nombre de los pensionistas. 
En marzo de 1999, después de diversos escándalos y fallos evidentes de funcionamiento, la Comisión dimitía. 
Esta dimisión, final de un largo periodo de degradación, no debe sin embargo hacernos olvidar que la "Comisión Delors" tenía responsabilidades más graves que la que le sucedió. 
Esta dimisión, impuesta por los representantes de las naciones de Europa, reveló la imperiosa necesidad de una reforma en profundidad de los métodos de trabajo en el seno de las diferentes direcciones generales de la Comisión, de los procedimientos de decisión al igual que de las estructuras, con el fin de llegar a una mejor utilización de los recursos disponibles en la gestión de los recursos y de las políticas comunitarias. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones, tomando nota de las faltas graves del pasado, no hará un proceso a priori de la Comisión y de su reforma, pero resulta claro que el ejercicio al que ésta se entrega debe ante todo intentar restaurar la confianza- clara y legítimamente mermada- de la opinión pública con respecto a unas instituciones europeas y ello, como dice el informe, "mediante una mejora significativa de los rendimientos y de la eficacia"... pero también de las prácticas más transparentes. 
La reforma de la Comisión será juzgada por los hechos, de ahí la necesidad de informes de seguimiento regulares que presentará durante todo el período de duración del programa y la importancia del balance completo esperado para diciembre de 2002. 
Por lo que respecta al BEA, el presupuesto fijado sobre la base de sus actividades, recordemos que supone una modificación del reglamento financiero del que el artículo 19 prevé una distinción entre los créditos administrativos- parte A- y los créditos operativos- parte B- y la Comisión, deberá velar escrupulosamente para no atentar contra los poderes de asignaciones de los recursos del Parlamento. 
La delegación francesa se opondrá naturalmente a la introducción del procedimiento de codecisión para cualquier modificación del reglamento financiero. 
Al imponer el desmantelamiento de los BAT, con el fin de reforzar la responsabilidad de la Comisión en cuanto a la ejecución de los programas, esta Asamblea ha querido significar a aquélla que "sólo las tareas que no impliquen la intervención del poder público podrían ser subcontratadas al sector privado, y ello en forma de contratos puntuales". 
En materia de comitología, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones denuncia la visión federalista del informe que pretende que los Estados miembros, a través de los comités de gestión y de reglamentación, se apoyan en la autonomía de gestión de la Comisión y su reproche "a través de estos comités, de declarar intereses nacionales a veces conflictivos con los de la Comunidad". 
El ponente considera incluso "que la reforma de la Comisión debe ser la ocasión para limitar su intervención en los ámbitos que no impliquen gastos". 
La gestión de las políticas comunitarias debe ser la expresión de los acuerdos pragmáticos realizados entre los países de la Unión y, por nuestra parte, consideramos muy al contrario, en especial por la opacidad burocrática generalizada manifiesta y de los escándalos y fallos de funcionamiento de un pasado reciente, que los Estados miembros deben estar más presentes que nunca en los procesos de decisión. 
¡La voluntad declarada por el ponente de liquidar su influencia es en este sentido edificante! 
Las propuestas de la Comisión, en el marco de su reforma, plantean también muchas cuestiones en materia de recursos humanos. Sólo citaré una, la medida de jubilación anticipada que debería afectar a unos 600 funcionarios, es decir, menos del 3% del personal empleado. 
Los servicios de la Comisión nos dicen que esta decisión debería tener una incidencia presupuestaria neutra... , nuestro Grupo lo desea, pero esto no es condición suficiente y convendrá velar en particular para que las disposiciones estatutarias se respeten y que estas medidas no oculten las demás prioridades de la reforma y no den lugar a ajustes de cuentas políticos. 
Por otra parte, es público y notorio que algunas nacionalidades están de forma clara representadas excesivamente en los grados subalternos de las categorías C y D, con el motivo presupuestario no confesado de que el personal en cuestión no disfrutaría de la prima por expatriación del 16%. 
Estas prácticas discriminatorias no son aceptables. 
El desempleo existe en todos nuestros países y la Comisión estaría bien inspirada si aprovechara los futuros procedimientos de prejubilaciones y contratación de varios centenares de nuevos funcionarios para comenzar a poner orden. 
Igualmente, el nepotismo y la opacidad deben desaparecer en el seno de los servicios de la Comisión, en especial en materia de contratación para los empleos de puestos temporales. 
Finalmente, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones recuerda encarecidamente que los ciudadanos de la Unión Europea esperan más que nunca que las medidas de reforma y las contrataciones se traduzcan con la toma en consideración de la diversidad de opiniones y convicciones que se manifiestan en nuestros países. 
Informe Pomés Ruiz (A5-0329/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Pomés Ruiz. 
Es sumamente importante que se puedan controlar los presupuestos y los gastos correspondientes a las actividades de la Comisión. 
Sin embargo, he votado a favor sobre todo porque quisiera que- y lo quiero decir en este Parlamento- en el momento en que se controlan las cuentas, es decir, cómo ha gastado el dinero la Comisión, no solo se tuviese en cuenta el control de los números- cuatro más cuatro igual a ocho, ocho más ocho igual a dieciséis, dieciséis más dieciséis igual a treinta y dos, treinta y dos más treinta y dos igual a sesenta y cuatro- sino que se controlase también si estos gastos han sido realmente útiles para Europa, si han alcanzado realmente los objetivos que se querían alcanzar. 
Aparte del control matemático de los números, es un control que hay que hacer. 
En un pasado reciente, diferentes escándalos y fallos de funcionamiento concluyeron, en marzo de 1999, con la dimisión de la Comisión. 
Esta dimisión reveló la necesidad de reformar en profundidad las estructuras, los procedimientos, pero también los métodos de trabajo en el seno de los servicios de la Comisión, con el fin de asegurar una utilización máxima de los recursos en la gestión de las políticas comunitarias. 
Las propuestas incluidas en el Libro Blanco y que se inspiran ampliamente en el segundo informe del comité de expertos independientes deberían permitir a la Comisión dotarse de una estructura organizativa y de métodos operativos óptimos, con el fin de satisfacer al máximo unas tareas que le han sido confiadas por el Tratado, sin por ello alentarla a sobrepasar sus prerrogativas, también definidas en el Tratado, como sucedió con frecuencia en el pasado. 
Nadie duda tampoco, en virtud de los poderes y de las competencias que le han sido conferidas por el Tratado, que el Parlamento Europeo debe ejercer plenamente su función de control con respecto a la Comisión, en especial en términos de transparencia y de ejecución del presupuesto de la Unión Europea. 
En efecto, los ciudadanos de nuestros quince países, que eligen a sus representantes, no comprenderían que ello no sucediese así, ya que lo que está en cuestión es precisamente su dinero. 
Con toda evidencia, la eficacia de la reforma propuesta en el Libro Blanco será juzgada a la luz de los resultados en materia de utilización de los recursos humanos y financieros y principalmente mediante un método de vigilancia eficaz, mediante mecanismos de control y sanciones apropiadas. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones, en lo que respecta a las reglas de comportamiento en la vida pública, acoge favorablemente la aplicación de diferentes códigos de conducta relativos a la Comisión- relaciones entre comisarios y entre la administración de la Comisión y el público- con la reserva, naturalmente, de que esos textos tengan un fundamento jurídico. 
Los retrasos en los pagos acusados por la Comisión aparecen con frecuencia injustificados; es importante por tanto poner remedio a esta situación lo más rápidamente posible mediante una aceleración de las transferencias de las cantidades debidas, ya que esta situación termina por perjudicar al funcionamiento de la totalidad de las instituciones europeas. 
Efectivamente, las políticas comunitarias se traducen mediante compromisos morales y financieros con respecto a nuestros ciudadanos al igual que con respecto a los nacionales de Estados terceros. 
Es conveniente por tanto velar escrupulosamente para que estos compromisos se respeten mucho más que en el pasado. 
En lo que respecta a los recursos humanos, el mérito de los agentes y una mayor transparencia en materia de política de personal en general han de constituirse en los puntos fuertes de la nueva reforma administrativa. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones acoge favorablemente en su principio la respuesta que representa el Libro Blanco de la Comisión a la llamada realizada por el Parlamento invitándola a proceder a una amplia reforma de su política de recursos humanos. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones recuerda sin embargo encarecidamente que en materia de contratación de personal, la reforma de la Comisión debe concluir en que se tome en consideración la diversidad de opiniones y convicciones que se manifiestan en nuestros países en cuanto a la idea que cada cual se hace de Europa, de su pasado y de su futuro. 
Los ciudadanos de nuestros países respectivos no comprenderían que no fuese así. 
Igualmente, la opacidad y las medidas de conveniencia deben desaparecer en materia de contratación, en especial por lo que respecta a los puestos temporales. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones no manifiesta en este estadio una hostilidad de principio a la jubilación anticipada de varios centenares de funcionarios de sus servicios, con la reserva sin embargo de que las disposiciones estatutarias se respeten, que las medidas de prejubilaciones no oculten las prioridades de la reforma, que esas bajas se traduzcan en una neutralidad presupuestaria, que se realicen en el interés del servicio y sobre la base de voluntariedad y sin dar lugar a ajustes de cuentas políticos. 
Para terminar, considero indispensable recordar que a través de esta reforma, esencial para el futuro, esperamos al mismo tiempo más rigor y más transparencia por parte de la Comisión en su gestión diaria, pero también un mayor sentido de la responsabilidad por su parte, en el marco estricto de sus competencias. 
Informe Harbour (A5-0326/2000) 
Señora Presidenta, este informe del Sr. Harbour se ocupa sobre todo del personal de la Comisión: el sueldo, la carrera y también la pensión. 
Ahora, la Comisión debería demostrar con hechos si sabe administrar bien los fondos de pensión de su personal. 
Tal como consta en la página 19 del informe Harbour, hay que pasar el sistema de pensiones a capitalización. 
Tenemos el ejemplo del fondo de pensiones del Parlamento Europeo, tan bien administrado por nuestros administradores que han sabido emplear perfectamente los fondos de los diputados para su pensión, tanto es así que recientemente han aumentado las prestaciones en favor de los diputados pensionistas. 
Hay que hacer lo mismo para el personal de la Comisión y, después, para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Informe Lamassoure (A5-0328/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Lamassoure que aborda sobre todo los aspectos institucionales de la reforma de la Comisión. 
Con ocasión de esta explicación de voto, quiero reiterar y subrayar que, lamentablemente, nuestro Parlamento no tiene todos los poderes que debería tener. 
Nunca he escuchado proponer modificación alguna- que yo, en cambio, considero útil, importante y no difícil de realizar- en orden a que la iniciativa legislativa se debe reservar para el Parlamento y no se ha de compartir con la Comisión. 
La Comisión debe ejecutar, debe ser el poder ejecutivo de la Unión Europea y el Parlamento tiene que ser el poder legislativo. 
Debe haber división de poderes- como se enunció con ocasión de la Revolución francesa- también en el Parlamento Europeo. 
Los diputados conservadores británicos vamos a votar en contra del informe a causa de la comprobada oposición a la extensión de la votación por mayoría cualificada y la propuesta de incorporar el manto de los derechos fundamentales en el Tratado. 
En lo que respecta a la cooperación reforzada, apoyamos la iniciativa por cuanto es compatible con la perspectiva de la introducción de mayor flexibilidad en el desarrollo de la EV. 
Los conservadores también apoyamos la declaración contenida en el parágrafo 7 del informe según la cual se debería garantizar el control democrático y que se permita que opere el sistema de los tres pilares. 
La noción de que el consentimiento del Parlamento sea requerido para autorizar el procedimiento sólo sería necesaria si se suprimiese la norma de la unanimidad en el Consejo vigente en la actualidad. 
Señora Presidenta, nos hemos abstenido en esta votación y me gustaría explicarlo porque, debido a una enfermedad, estaba ausente en Estrasburgo para participar en los últimos debates. 
No hemos votado a favor porque somos de la opinión de que dentro de la Comisión se considera la cooperación al desarrollo todavía como un parche. 
Además, al leer en los documentos de la Comisión que para los países pobres lo principal es la integración en un mundo globalizado, entonces me temo que no se presta atención al hecho de que nosotros, las economías occidentales, estamos imponiendo esa globalización. Asimismo, lo que consideramos el punto más importante, la lucha contra la pobreza, no lo estamos abordando de forma seria, porque a menudo somos el causante de la pobreza que luego queremos combatir. 
No he votado en contra de este informe porque contiene unos puntos que merecen su defensa y porque deseo que se realice una política fuerte. 
Soy partidaria de una cooperación al desarrollo común a nivel de la Unión Europea, pero me temo que la reforma, si no se realiza bien, dé argumentos a aquellos que quieren volver a nacionalizar todos los programas de ayuda. 
Me parece que en esta materia el Parlamento ha perdido la oportunidad de contribuir de forma seria al análisis de los errores y deberíamos haber dedicado mucho más tiempo a analizar a fondo los remedios que la Comisión propone. 
Lo lamento y por eso nos hemos abstenido como Grupo Parlamentario porque creemos que las ONG salen malparadas. 
Quisiera terminar con una intervención relativa al procedimiento. 
Acabo de escuchar todas las opiniones sobre los votos de todo tipo de temas de mis colegas y por eso me he permitido hacer, en cierta medida, caso omiso de su llamada, porque pensaba que era un poco exagerado cuando uno se queda aquí especialmente para dar su opinión sobre todo esto que no la pueda dar, aunque todos nosotros naturalmente tenemos una opinión. 
Señora Presidenta, decimotercera y última explicación de voto del Partido de los Pensionistas, hoy, 30 de noviembre de 2000, sobre este informe relativo a la cooperación y al desarrollo, un texto que he respaldado, aunque- y lo digo fuerte y claro en este Pleno del Parlamento Europeo en Bruselas- creo que, en el momento en que gastamos el dinero de Europa para ayudar a los pobres y a los menos favorecidos en los países en vías de desarrollo, debemos tomar la decisión de crear la figura del embajador europeo ante estos países que controle cómo se gasta este dinero. 
Esto es muy importante. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.15 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 30 de noviembre de 2000. 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del proyecto definitivo de orden del día según quedó establecido por la Conferencia de Presidentes el jueves 7 de diciembre, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 
En lo relativo al martes: 
Señora Presidenta, en primer lugar permítame que exprese, a título personal- aunque creo que expreso la opinión de la mayoría de la Asamblea y no sólo de mi Grupo- que estoy absolutamente de acuerdo con la declaración que hizo usted en el momento de la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Creo que es de justicia señalar que para el Parlamento tiene valor constitucional y por ello la felicito. 
En segundo lugar, señora Presidenta, yo le querría pedir que explicara a la Asamblea con la mayor claridad, dada la cantidad de informaciones contradictorias que se han acumulado a lo largo del día, cuál va a ser la estructura del debate con la Presidencia francesa en torno al Consejo Europeo de Niza y en qué términos se va a plantear la participación del Presidente en ejercicio del Consejo. 
(Aplausos) 
Efectivamente, señor Barón Crespo, las noticias son contradictorias. 
Lo son más, como puede usted imaginar, por el hecho de que la Cumbre terminara avanzada la noche, cosa que nadie había previsto realmente. 
Voy a intentar aclarar las cosas. 
A mí misma se me informó, antes de la Cumbre, de que el Presidente de la República estaría presente junto con el ministro de Asuntos Exteriores. 
Esto es lo que se me dijo, pero voy a pedir noticias más recientes y transmitiré su mensaje. 
Señora Presidenta, coincido plenamente con estas observaciones. 
Le invito a transmitir a la Presidencia francesa la opinión de mi propio Grupo, en el sentido de que un proyecto de Tratado que merece la pena promover ha de ser un proyecto de tratado que merece la pena defender. 
Señora Presidenta, se plantea una cuestión en relación con la posible presentación de una resolución sobre el Consejo Europeo de Niza. 
Mi Grupo entiende que la Conferencia de Presidentes no tomó ninguna decisión al respecto y que el debate será sin propuesta de resolución. 
¿No desean ustedes que haya resolución? 
No es un deseo del grupo socialista. 
En la Conferencia de Presidentes no hubo acuerdo. 
Por lo tanto, se decidió esperar y yo quisiera que se aclarase este punto. 
Hace usted bien, ya que, como sabe, excepcionalmente no pude asistir a la Conferencia de Presidentes, dado que me encontraba en el Consejo Europeo exactamente en el mismo momento. 
Señora Presidenta, en parte, estuvimos en la misma sesión. 
Yo tampoco asistí a la Conferencia de Presidentes. 
Nos representó amablemente nuestro colega, Ingo Friedrich. 
Nuestra situación informativa es que hemos de decidir aquí acerca de si deseamos una resolución. 
Nuestro Grupo opina que ahora deberíamos tener un texto muy corto, ninguna posición definitiva, pero una breve valoración política, sin decir con carácter definitivo un sí o un no. 
En un momento posterior deberíamos emprender una consideración muy detallada, tanto más cuanto que ahora no disponemos aún de los textos. 
Es decir, en esta semana- ésta es la opinión de nuestro Grupo- un texto breve y no deberíamos desaprovechar la posibilidad de una opinión política. 
Tal es la posición de nuestro Grupo. 
Señora Presidenta, soy consciente de la dificultad que tiene este Parlamento para manifestarse sobre la Cumbre de Niza, puesto que aún no disponemos de los textos. 
Por consiguiente, me parece que hay que excluir que podamos tener una postura meditada y argumentada. 
Dicho esto, con frecuencia se reprocha a este Parlamento que esté desfasado con respecto a la actualidad y me parecería una lástima que no dijésemos nada. 
Por ello comparto el punto de vista del Sr. Poettering: el jueves debiéramos votar una resolución breve, enviando un mensaje político tras la Cumbre. 
Señora Presidenta, en el Consejo Europeo de Niza ha habido dos tipos de resoluciones que se refieren a temas que hemos tratado en el Parlamento, que son, por ejemplo, el estatuto de la sociedad anónima europea, la Agenda social, la seguridad marítima, las vacas locas. 
Todos son temas sobre los que el Consejo ha adoptado resoluciones que hemos conocido con suficiente tiempo y, además, que podemos valorar. 
Pero, en este momento, ni mi Grupo ni ningún otro conoce los textos definitivos decididos por la Conferencia Intergubernamental y, teniendo en cuenta que no podemos juzgar sobre temas tan delicados, nosotros creemos que no debería presentarse una resolución sobre los resultados de la Conferencia a no ser que queramos expresar una primera reacción de mejor o peor humor y, por lo tanto, creemos que no es pertinente. 
Por otro lado, para hacer una resolución corta hay que conocer muy bien las cosas. 
Por lo tanto, señora Presidenta, nosotros creemos que es prudente no presentar ninguna resolución y pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales que prepare un informe sobre el fondo de la cuestión, que pueda ser debatido en su momento con conocimiento de causa. 
Señora Presidenta, nadie subestima la importancia y el alcance de esta Cumbre que, además, es la más larga de la historia de la Unión Europea. 
Esta es precisamente la razón de que nos veamos con dificultades: es una Cumbre importante y todo lo que digamos nos comprometerá. 
Creo que sería una solución pobre y limitada el adoptar una resolución breve, tal como propone el Sr. Poettering, de forma un tanto precipitada. 
Me inclino entonces por un informe de la resolución en enero. 
Luego se podrá debatir cómo presentar la resolución, sobre la base de un informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales o simplemente a nuestra propia iniciativa, pero yo me inclino por un informe de la resolución en enero. 
Señora Presidenta, la Cumbre de Niza es especialmente importante. 
Está siendo objeto de comentarios que serán ampliamente difundidos por la prensa y sería bastante inconcebible que el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria precisamente el día después de la Cumbre, no dijera nada al respecto. 
Por lo tanto le propongo, señora Presidenta, someter a votación las dos alternativas: hablar ya del Tratado de Niza, que no es lo mismo que la Cumbre, o bien encontrar la fórmula adecuada para remitir un examen a fondo al período de sesiones de enero. 
Hagamos lo que hagamos, votemos, y yo soy partidario de una resolución como han sugerido el Sr. Poettering, el Sr. Lannoye y otros. 
Señora Presidenta, el balance de opinión de mi Grupo consiste en que no debemos manifestarnos mediante una resolución. 
Este criterio se debe, en parte, a que no hemos contado con suficientes oportunidades para poner de manifiesto nuestros argumentos, pero también a que estimamos que es un error afirmar que si no se celebra un debate en profundidad, el Parlamento no expresará su posición. 
A mi juicio, el Parlamento expondrá mañana sus argumentos con vehemencia, incluso si no se adopta una resolución. 
Por ello, no creo que quepa sostener que hayamos guardado silencio. Tengo la impresión de que la opinión será muy distinta cuando hayamos terminado. 
Señora Presidenta, sólo después de un fundamentado informe que ha de ser preparado por la Comisión de Asuntos Constitucionales podrá emitir el Parlamento Europeo su opinión definitiva, que es autovinculante y que constituye también un mensaje para otros parlamentos de los que sabemos que están aguardando a esta opinión. 
Por otro lado, los ciudadanos de Europa están aguardando a cuál va a ser nuestra opinión. 
Pero esta opinión no ha de contener un juicio, un sí o un no, sobre el Tratado, sino que deberíamos manifestar nuestra opinión en el sentido de una valoración crítica de los acontecimientos de Niza, de lo contrario nos alejamos de lo que es un evento político. 
Creo que debemos estar presentes en el proceso de discusión de la semana próxima y deberíamos manifestar nuestros argumentos críticos, o quizá también positivos, sin que este proceso llegue a cerrarse. 
Sólo éste es el camino acertado. 
Creo que en este sentido las propuestas del Sr. Poettering y del Sr. Dell ' Alba nos señalan el camino correcto que en gran medida responde a nuestra responsabilidad. 
, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. (IT) Señora Presidenta, se ha hecho referencia a la que puede ser la tarea de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
He de hacer presente que la comisión se reunirá mañana por la tarde para tratar ante todo de entender claramente cuáles han sido las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental. 
Tendremos la posibilidad de dirigirnos al representante de la Comisión para que nos explique el texto del proyecto de Tratado del que, hasta ahora, no disponemos. 
Hace unos minutos hemos sabido que, al menos por el momento, dicho texto no está disponible: quizás lo esté en las próximas horas. 
Evidentemente, no me voy a pronunciar sobre las valoraciones políticas y los presidentes de los Grupos tendrán la ocasión de expresar, en su caso, sus posiciones por medio de resoluciones. 
Acto seguido, habrá que ponerse de acuerdo sobre qué se entiende por valoraciones políticas. 
No me parece en absoluto sencillo. 
En lo que concierne a las valoraciones de fondo, pongo sólo un ejemplo. 
La misma Sra. Presidenta sabe que hasta ayer por la noche había distintas versiones en cuanto a un punto fundamental, o sea, la extensión del voto por mayoría cualificada, así como en cuanto al reconocimiento del poder de codecisión del Parlamento. 
A lo largo de la noche se ha trabajado tanto en estos textos como en las cifras relativas al reparto de los votos en el Consejo y al reparto de los escaños en el Parlamento. 
Aunque solo sea en lo que respecta a la Comisión, necesitamos un plazo para conocer y para reflexionar. 
Señora Presidenta, votamos el pasado 4 de diciembre. 
El informe es extraordinariamente complejo y, entre otras cosas, se aprobaron con una votación más bien controvertida la enmienda 10 y la enmienda 36. 
Consideramos que este informe necesita una mayor profundización, motivo por el cual pedimos que se debata y vote en enero. 
¿Hay alguien que desee intervenir en contra de esta petición? 
Señora Presidenta, quisiera pedir con insistencia que no se suprima del orden del día este informe del Sr. de Roo, ya que, además de estar muy bien elaborado, en el último Consejo de Medio Ambiente de la Presidencia francesa, que tendrá lugar el lunes y el martes de la próxima semana, está previsto preparar una posición común sobre esta materia. 
Sería una verdadera lástima que el Parlamento se ponga a frenar ahora este informe tan importante para los ciudadanos. 
Solamente hay 36 enmiendas, de manera que nos será posible aclararlas de forma sistemática. 
(El Parlamento rechaza la petición) 
Tengo otra petición del grupo PPE-DE de que se aplace hasta el periodo de sesiones de enero la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Peijs sobre las entidades de crédito. 
Les recuerdo, no obstante, sin querer influir en su decisión, que el plazo de tres meses vence el 15 de diciembre. 
¿Quién desea intervenir a favor de esta petición de aplazamiento? 
Señora Presidenta, en las discusiones en la comisión hemos dado por supuesto que este debate tendrá lugar en enero. 
Se trata, efectivamente, de una segunda lectura. 
Actualmente están aún en curso conversaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, las cuales posiblemente hagan innecesario más tarde un procedimiento de conciliación. 
Por esta razón considero razonable que, llegado el caso, se amplíe el plazo y se debata el Informe Peijs en enero. 
¿Hay alguien que desee manifestarse en contra de esta petición de aplazamiento? 
Puesto que no es el caso, la someto a votación. 
(El Parlamento manifiesta su acuerdo) 
Señora Presidenta, a la vista de esta decisión y dado que el Comisario Liikanen no podrá estar presente el martes pero sí podría hacerlo el miércoles, me pregunto si sería posible adelantar del jueves al miércoles el informe de la Sra. Gill sobre los contenidos digitales europeos con el objeto de llenar ese vacío. 
Le quedaría muy agradecida si atendiera esta solicitud. 
Puesto que parece haber un consenso acerca de esta propuesta, se llevará a cabo de este modo. 
En lo relativo al viernes: La Presidenta. 
Tengo una petición del grupo PPE-DE para que se aplace al periodo de sesiones de enero el informe del Sr. Parish sobre la situación de los jóvenes agricultores. 
¿Alguien de ese grupo desea defender esa propuesta? 
Señora Presidenta, desearía que, si fuera posible, el informe se aplazase hasta enero de 2001, puesto que el Comisario Fischler no puede estar aquí por tener que reunir a las reuniones sobre asuntos pesqueros. 
Es muy importante para este informe que él esté presenta, ya que ha mostrado un gran interés por el mismo y estamos por completo en manos de la Comisión. 
Solicito al Parlamento que lo aplace hasta enero. 
Señora Presidenta, durante la Cumbre de Niza, mientras se hablaba de la ampliación, el Gobierno francés impuso de alguna manera una limitación, al bloquear en Ventimiglia a 1.200 jóvenes italianos que deseaban participar en la manifestación sindical. 
Se trata de un atentado contra la libertad de circulación prevista por el Convenio de Schengen, y yo quisiera que usted interviniera ante el Gobierno francés para pedir explicaciones. 
Creo, efectivamente, que se trata de una interpretación muy particular del Tratado de Schengen y que lo más probable es que, si hubiera sido un tren de banqueros o un tren que transportara harinas animales, el Gobierno francés habría sido sin duda más tolerante. 
Gracias, señor Krivine. 
Comprobaremos bajo qué condiciones se produjo la prohibición. 
Señora Presidenta, en este momento hay 200 presos políticos en Turquía que están haciendo huelga de hambre hasta la muerte desde el día 20 de octubre, para protestar contra la política del Gobierno turco, que utiliza las celdas de aislamiento, las llamadas celdas "blancas" para acabar con la moral y la resistencia de los presos. 
Otros 800 presos se solidarizan con ellos haciendo también huelga de hambre. 
Huelga de hambre hacen igualmente sus madres. 
Están expresando solidaridad desde muchos países. 
Y quiero denunciar que hace pocos días, a uno de los que hacía huelga de hambre como muestra de solidaridad, lo asesinó en Rotterdam una fracción de los lobos grises. 
Señora Presidenta, le he dirigido una carta. Quisiera que el Parlamento, mediante usted, mediante su Presidencia, exprese su protesta hacia el Gobierno turco, para que ponga término a esta práctica, particularmente inhumana, y que no incomuniquen a los presos políticos. 
Gracias, señor Korakas. 
Veré qué puedo hacer en ese sentido. 
Señora Presidenta, me permito solicitar su ayuda. 
Según una norma que rige en este Parlamento, está prohibido fumar en ciertos lugares, entre los que se cuenta la Cámara. 
Y dentro de muy poco tiempo vamos a debatir sobre todo el asunto del tabaco. 
A mi llegada hoy he recibido el saludo de enormes bocanadas de humo, cortesía del Sr. Brok. 
Y esta no es la primera vez. 
En las reuniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en su condición de presidente, se sienta allí y fuma. 
Esto es inaceptable. 
Así invita a los demás a hacerlo. 
En la última reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores a la que asistí, otros miembros de la misma se pusieron también a fumar. 
En beneficio de todos hay que respetar las normas, con independencia de la persona de que se trate. 
Es muy importante que se observen las normas sobre la prohibición de fumar, y ello incluye a los diputados. 
Resulta muy irrespetuosa la falta de observancia por estas personas. 
En esta Cámara hay algunos diputados a los que el humo del tabaco afecta directamente; por ejemplo, a la Sra. Lynne, cuyas quejas oímos a menudo. 
Por favor, inste a los diputados- en particular al diputado que he mencionado- a no fumar en las zonas en que está prohibido. 
La comprendo perfectamente, señora McKenna, y velaré por que se respete el Reglamento. 
Productos del tabaco 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0348/00) del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (9448/1/2000- C5-0431/2000- 1999/0244 (COD)) 
Señora Presidenta, es la segunda vez en este año que hablamos de esta directiva y, de nuevo, se han presentado muchas enmiendas. 
Naturalmente, esto no habría hecho falta si en junio el Consejo hubiera prestado un poco más de atención, o si hubiera prestado por lo menos algo de atención a nuestra primera lectura y a la propuesta modificada de la Comisión Europea que ya se acercaba mucho a lo que nosotros queríamos. 
Afortunadamente, desde entonces ha habido muchos esfuerzos- también gracias a la mediación de la Comisión- por parte de la presidencia entera y me parece que las posiciones se han ido aproximando. 
La disposición no está suspendida en el vacío; como indican las negociaciones para establecer un convenio marco sobre la lucha antitabáquica en la Organización Mundial de la Salud, hay una evolución en todo el mundo para lograr un progresivo control de lo que la Organización Mundial de la Salud denomina la epidemia del tabaco. 
Señora Presidenta, ¿hasta qué punto hemos de avanzar y hasta qué punto podemos avanzar? 
He sido testigo de la preocupación que reinaba en nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos por las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre sobre la directiva relativa a la publicidad de los productos del tabaco y comparto la opinión de que sí hay consecuencias para esta directiva y también para la política comunitaria de la salud pública en general. 
Asimismo, me parece que los argumentos a favor de que haya una mayor implicación del Parlamento Europeo, o sea, que haya mayor transparencia y mejor control democrático, sólo se han visto reforzados. 
Era necesario que hubiera modificaciones en la directiva propuesta y ahora están presentadas. 
Sí lamento que nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos no haya podido colaborar de forma constructiva en el contenido. 
Me gustaría que el Comisario diera su punto de vista sobre la problemática de este fundamento jurídico. 
Me parece que es importante que nos presente su opinión al respecto. 
El fundamento político está claro: armonizar el mercado respetando un alto nivel de salud pública y de protección de los consumidores basándose tanto en la normativa existente como en la evolución de los conocimientos científicos. 
El funcionamiento del mercado interior ha de ser reforzado. Por ejemplo por medio del reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas y la adopción de normas comunes. 
Y el que las cumpla, no debe estar luego sometido a todo tipo de requisitos complementarios que difieren de país en país. 
No se trata de iniciar ninguna cruzada contra los fumadores ni tampoco es una prohibición de fumar. Eso sería indeseable y, por cierto, inviable. 
Sí se trata de un reforzamiento de la responsabilidad individual y esperamos que contribuya a la lucha contra el tabaquismo de los jóvenes. 
Según la Organización Mundial de la Salud en la Unión Europea hay 1.400 víctimas mortales al día a causa del tabaquismo. Eso es casi una por minuto. 
El 80% de los nuevos fumadores al año son menores de 18 años y en su gran mayoría son mujeres jóvenes que fuman sobre todo cigarrillos denominados light. Por ello, es importante que se llegue a una prohibición de estos descriptores engañosos. 
Hace falta que haya mayor control de este producto que está a la venta en cualquier rincón de la Unión Europea pero de cuyo contenido sabemos menos que de un bote de mermelada o de la receta de la Coca Cola. 
Con esta directiva por fin vamos a saber cuál es el contenido de los cigarrillos y el porqué. 
Y cuando nos hayamos enterado de todo esto, rápidamente tendremos que dar el paso siguiente que es la elaboración de una lista común de los ingredientes autorizados como existe ya de forma incompleta en el Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania. 
Percibo ciertos titubeos al respecto en la Comisión y no los entiendo muy bien. 
Este Parlamento quisiera recibir la promesa de que dicha lista estará redactada antes de 2005, o en todo caso que se presentará antes de que termine la legislatura de esta Comisión. 
Asimismo, insistimos en que todos los Estados miembros faciliten la información necesaria a tiempo. 
Antes de esta fecha, debería ser posible prohibir los aditivos que favorecen la dependencia fisiológica. 
También es muy importante que se fijen los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono aunque cabe preguntarse si esto en el futuro repercutirá positivamente en la salud pública. 
La adicción a la nicotina es una materia muy compleja. 
Lo perjudicial está sobre todo en el alquitrán, el monóxido de carbono y los otros aditivos y lo que hace falta es disponer de más información sobre los aspectos perjudiciales, y quizás de los aspectos positivos, de esta adicción a la nicotina. 
Es obvio que un producto poco saludable para los consumidores europeos también lo es para otros consumidores y, por lo tanto, no se debe exportarlo. 
Estoy a favor de buscar un periodo de carencia de esta normativa de unos tres años para que las empresas puedan adaptar su producción y marketing y para que no se desplace el empleo innecesariamente hacia fuera de la Unión Europea. 
Además, me parece que las advertencias relativas a la salud han de mejorar. 
El Parlamento Europeo ha agradecido haber podido hacer uso de una investigación canadiense y creo que deberíamos avanzar en un plazo razonable en esa dirección. 
Ahora todavía no hay voluntad de hacerlo. 
Sin embargo, sí nos parece en todo caso que esas advertencias deben tener el mismo tamaño que en Polonia, donde ocupan un 30% de la superficie, y lamento que el Consejo no quiera llegar a más de un 25%. 
Para terminar, señora Presidenta, espero que este Parlamento adopte las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores, quiero abordar brevemente la cuestión de los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-376/98 en la Directiva sobre fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco, actualmente en fase de segunda lectura en este Parlamento. 
En primer lugar, habida cuenta del claro objetivo de mercado interior de regular la libre circulación de los productos del tabaco en la Comunidad, el artículo 95 del Tratado constituye la base jurídica apropiada para esta propuesta de directiva. 
En segundo lugar, no hay duda alguna de que una mejor motivación de los efectos de esta normativa en el mercado interno redundará en su solidez. 
En particular, es necesario reforzar en los considerandos de la directiva la motivación de las disposiciones del artículo 3, relativas al contenido máximo autorizado en monóxido de carbono. 
Deberían reflejar mejor el modo en que están dirigidos a eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías o las distorsiones de la competencia. 
Por último en relación con el artículo 3, permitir únicamente la fabricación en la Unión Europea de productos que cumplan los requisitos de esta directiva equivaldría a una prohibición de exportación de productos con niveles superiores de alquitrán, nicotina o monóxido de carbono. 
En consecuencia, el Parlamento Europeo ha propuesto añadir el artículo 133, relativo a la Política Comercial Común, al artículo 95 como base jurídica. 
La Comisión podría sumarse a esta solución, siempre que se incluyera un artículo específico en el texto legal que regulase explícitamente las exportaciones como tales. 
Este sería el caso, por ejemplo, de una enmienda relativa al período transitorio que deba aplicarse a las exportaciones de cigarrillos que no se ajusten al artículo 3 de la directiva. 
Señor Presidente, cuando en materia de medidas de armonización tenemos que elegir entre la defensa de los intereses de la industria tabaquera o defender la salud pública, esa elección se hace de prisa, naturalmente defendemos la salud pública. 
Por consiguiente, nos queremos esforzar en la consecución de una reducción del límite del contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, vamos a optar por unas advertencias claras y llamativas y prohibiremos los descriptores engañosos. 
Además, optaremos por unas normas eficientes en determinadas cuestiones técnicas. 
A pesar de este claro código de conducta tenemos que darnos cuenta de que somos un parlamento de una Unión que abandera los principios del estado de derecho y eso implica que hemos de reconocer los límites de nuestras competencias, que hemos de saber hasta dónde llegan los límites de la competencia que nos otorga el artículo 95, el fundamento jurídico que invocamos para esta nueva directiva sobre tabaco. 
Si he leído bien la sentencia que anula la directiva relativa a la publicidad, habrá que investigar si hay un mercado europeo de productos del tabaco. 
Y habrá que investigar si hay, o si pueden surgir, realmente obstáculos para el funcionamiento del mercado interior. 
En tercer lugar, hay que estudiar si las disposiciones que queremos adoptar contribuirán efectivamente a la mejora del funcionamiento del mercado interior y si son proporcionadas en relación con el objetivo que estamos persiguiendo. 
En cuarto lugar, tenemos que estudiar si la adopción de las cuestiones de fondo nos conducirán a un alto grado de protección de la salud pública, porque el artículo 95 también nos lo exige. 
A grandes rasgos, no veo ningún problema para adoptar esta directiva. Por lo tanto, estoy realmente muy satisfecha con la respuesta que se ha dado ya de antemano a una pregunta que teníamos también en nuestro Grupo Parlamentario, es decir, la respuesta del Comisario sobre cómo hemos de enfocar la propuesta de introducir directamente en esta directiva una prohibición de exportación de los productos que nosotros mismos no queremos. 
Si esto se puede arreglar de una manera jurídicamente definitiva añadiendo la referencia al fundamento jurídico del artículo 133 del Tratado, entonces creo que es una solución que deberíamos adoptar todos y espero que no nos encontremos a posteriori con la nulidad de los derechos. 
En todo caso, si ahora o más adelante resulta que no se arregla el tema de la prohibición de la exportación, entonces sí hemos de esforzarnos en regularla después. Porque, por razones éticas, nadie en Europa puede aceptar que los productos que no son lo suficientemente buenos para nosotros mismos, que no queremos que consumamos los europeos, sí se puedan exportar sin más a, por ejemplo, los africanos. 
Esa posibilidad no debería existir. 
Por lo tanto, alguna vez tenemos que regularlo y esperemos que se pueda hacer ya. 
Señor Presidente, para terminar quisiera decir lo siguiente. 
La Sra. Martens era la portavoz del Grupo Parlamentario del PPE. 
Tiene motivos muy justificados para llegar un poco tarde hoy y ella espera poder llegar a tiempo para poder hablar después de todos los oradores del PPE. 
De lo contrario, yo habré hablado también en su nombre. 
Señor Presidente, la oportunidad que hoy se nos brinda de debatir y, por ende, de aprobar en segunda lectura el informe Maaten es una oportunidad importante, un banco de pruebas de la capacidad del Parlamento de responder a las expectativas de los ciudadanos que quieren instituciones capaces de tomar decisiones claras. 
Está en juego su calidad y concepto de vida, en las que la protección de la salud adquiere un peso muy relevante. 
Desde este punto de vista, el trabajo realizado por la Comisión de Medio Ambiente, gracias sobre todo a la labor de nuestro ponente, es realmente notable. 
Hay algo que debe quedar claro: estamos sancionando una normativa marco para luchar contra el hábito de fumar que continúa siendo la causa más grave de muerte en la Unión Europea. Al menos por el momento, esto no es posible y yo mismo abrigaría muchas dudas si quisiéramos inspirarnos, más o menos larvadamente, en una ilusoria filosofía de tipo prohibicionista. 
Armonizar las legislaciones nacionales en materia de fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco con el máximo nivel de protección de la salud, esto sí que lo podemos y debemos hacer. 
Tal como se ha recordado, los puntales de esta directiva son cuatro: limitación de los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono; prohibición de los calificativos de cigarrillos- calificados como lights, ultraligeros- universalmente reconocidos como engañosos; reglamentación uniforme y, en su caso, prohibición de los demás ingredientes y aditivos culpables con frecuencia de aumentar los riesgos para los fumadores y sobre todo de aumentar su dependencia; reforzamiento cuantitativo y cualitativo de las advertencias para informar sobre la gravedad del riesgo que se corre encendiendo un cigarrillo y tratar de disuadir a los jóvenes de entrar en este tipo de esclavitud psicofísica. 
Al refundir las tres directivas anteriores, nos mantenemos, a todas luces, rigurosamente dentro de los límites de la mejora del funcionamiento del mercado interior sin renunciar, no obstante, a implementar una estrategia de reducción del daño y de contención de una verdadera plaga social y económicamente muy costosa, como es el tabaquismo. 
En esta segunda lectura nuestras principales preocupaciones fueron sobre todo dos: la primera consistió en conciliar políticamente el objetivo de la defensa de la salud con el ya de por sí legítimo punto de vista de la producción y del empleo. 
Sirva de ejemplo la aplicación de los nuevos niveles de sustancias tóxicas también a los cigarrillos exportados por la Unión. 
Para defender este principio fundamental, por el momento hemos propuesto extender el fundamento jurídico también al artículo 133 del Tratado, pero ante todo hemos aplazado al 1 de enero de 2007 la fecha a partir de la que los Estados miembros estarán obligados a aplicarlo. 
La segunda preocupación, de carácter fundamentalmente jurídico, nos ha llevado, por el contrario, a convertir en aún más estrecha la interdependencia entre la armonización del mercado y la protección de la salud y a seguir meticulosamente las indicaciones contenidas en los motivos por los cuales el Tribunal de Justicia ha anulado recientemente la directiva sobre la publicidad, motivos que sólo a través de una lectura instrumental pueden llevar a la conclusión de que ambos aspectos son incompatibles. 
En consecuencia, hemos realizado un trabajo fructífero e importante, también porque las distancias respecto a la posición común del Consejo, pero aún más respecto a las reflexiones que se llevaron a cabo en esa sede después de la votación en la Comisión de Medio Ambiente, según hemos podido comprobar directamente, son tan limitadas que hacen vislumbrar la posibilidad concreta de un compromiso rápido y eficaz. 
Echar por tierra, como alguien propone, todo este trabajo y con él la posibilidad de lanzar un mensaje positivo a los ciudadanos es obviamente legítimo, pero al menos hay que tener el valor de hacerlo en nombre de un explícito motivo político y no atrincherándose en el respeto formal de los Tratados. 
Hemos realizado todos los esfuerzos posibles en aras de la máxima unidad de este Parlamento para que el mismo pueda, como en otras ocasiones, encontrar la fuerza para mostrarse a los ciudadanos como un referente seguro e impermeable a los intereses particulares. 
De no ser así, las responsabilidades resultarán, a lo menos, claras y bien individualizadas. 
Señor Presidente, tengo la firme convicción de que la gente tiene derecho a fumar, pero mi opinión personal es que debe hacerlo únicamente en la intimidad de su propio hogar. 
Esta regla puede igualmente aplicarse a todas las drogas de diversión pero peligrosas, si nadie más que el consumidor puede resultar afectado. 
En efecto, no hay nada más peligroso que el tabaco mezclado con nicotina y otros productos químicos para garantizar un alto grado de adicción y dependencia. 
Corresponde a los Gobiernos garantizar que los ciudadanos tengan la información necesaria para tomar decisiones fundadas y para ejercer su libre albedrío. 
A principios de este año, el Gobierno canadiense decidió reforzar sus vías de comunicación con sus ciudadanos acerca de los productos del tabaco y vencer así la presión y los enormes intereses económicos de las tabaqueras mediante la exigencia de que los paquetes de cigarrillos lleven imágenes que describan algunos de los efectos del consumo de tabaco en la salud. 
Los diversos estudios elaborados han demostrado que dichas imágenes producen un efecto, a la hora de expresar las preocupaciones que suscita el consumo de tabaco y las consecuencias para la salud, considerablemente mayor que cualquier advertencia escrita. 
Pido a los diputados del Parlamento que presten su apoyo a la enmienda que hemos presentado John Bowis en nombre del Grupo del PPE-DE, Catherine Stihler en nombre del Grupo Socialista y yo. 
Esta enmienda está dirigida a conceder a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea poderes reforzados para reproducir dichas imágenes en los paquetes de cigarrillos en sus propios países. 
Quiero resaltar que no insistimos en que deben imponerse estas imágenes en todos los países. 
Esta enmienda concede simplemente a los Estados miembros un derecho adicional a utilizarlas. 
Que las personas elijan si quieren o no fumar. 
Asegurémonos por completo de que están informadas a la hora de tomar una decisión en un sentido o en otro. 
Señor Presidente, señorías, 80 casos mortales de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob en Europa y la Unión Europea, su Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento deciden prohibir las harinas animales y la entrada de reses de más de treinta meses en la cadena alimentaria sin pruebas previas. 
Está bien, aunque llegue un poco tarde. 
Cincuenta mil muertes al año desde hace decenas de años, muertes debidas a las consecuencias del empleo de una droga de efectos conocidos, que conocen los médicos, que conocen los servicios hospitalarios, sin tratamiento que no sea paliativo, y no se hace otra cosa que algunas tímidas campañas de información. 
Y cuando llega una directiva cuyo fin es regular la distribución de esta droga y la información sobre la misma- me estoy refiriendo al tabaco- se oye un clamor de indignación de algunos colegas. 
Pero, señorías, si realmente tuvieran conciencia del problema de salud relacionado con el tabaco, exigirían la prohibición de esta droga, del mismo modo que siguen apoyando la de otras sustancias que sin embargo ocasionan cuantitativamente muchas menos muertes. 
Ustedes son responsables de la salud de millones de ciudadanos, pero también de millares de muertes de jóvenes que no están suficientemente informados. 
Recientemente en Estados Unidos se han ganado juicios contra las multinacionales del tabaco por envenenar y mentir sobre la ausencia de toxicidad de los productos. 
Ahora, en Francia, la Caja del Seguro de Enfermedad de Loire-Atlantique obtiene el derecho de demandar judicialmente a la industria tabaquera. 
Pero dentro de nada, al igual que en los casos de la sangre contaminada o de la enfermedad de las vacas locas, los juicios irán dirigidos contra los que sabían y han dejado hacer, es decir, ustedes, nosotros, los que tomamos las decisiones, los legisladores. 
Hagamos entonces algo entre todos, algo pequeño teniendo en cuenta todo lo que queda por hacer: disminuir la tasa de nicotina y de alquitrán; prohibir las sustancias adictivas, como el amoniaco que se añade a la nicotina para crear una dependencia cada vez mayor del cigarrillo; colocar advertencias legibles que ocupen como mínimo el 35% de la superficie del paquete para informar a la población de los riesgos y los peligros del tabaco; eliminar las indicaciones engañosas como "light" y "ultralight" que impulsan a fumar a los jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, en la creencia de que es menos nocivo, mientras que el estamento médico coincide hoy en día en que el recrudecimiento de los cánceres pulmonares- con pequeñas células, periféricos, más insidiosos, más difíciles de descubrir y de pronósticos aún más trágicos- está relacionado con el consumo abusivo de este tipo de cigarrillos; medir el coste socioeconómico del tabaco y transformar las subvenciones a los productores de tabaco en subvenciones reales de reconversión, en beneficio, por ejemplo, de superficies cerealísticas, con el fin de reemplazar las harinas animales; admitir que los productos destinados a la exportación han de seguir las mismas normas que los destinados al mercado interior europeo; aumentar el precio del tabaco, porque es una medida que tiene una incidencia directa en el consumo, en particular el de los jóvenes; y armonizar los tipos fiscales. 
Todo esto no es gran cosa, señorías, y no atentará realmente contra los intereses de la industria tabaquera que algunos al parecer están más deseosos de defender que los intereses de la salud de la población. 
Efectivamente queda mucho por hacer: hacer extensiva esta directiva a otros productos distintos del cigarrillo, tales como los puros y el tabaco de liar, que no son menos nocivos; confirmar la prohibición de la publicidad de estos productos mortales, ampliar las normas colectivas de las zonas de no fumadores. 
Aún nos queda mucho trabajo. 
La aprobación del informe del Sr. Maaten es un primer paso que les invito a dar pensando en el bien de la salud de las generaciones futuras. 
Señor Presidente, señorías, después del fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la propaganda del tabaco, este informe y propuesta de modificación de directiva ha sido cuestionado desde distintos sectores. 
También hay enmiendas que contemplan la eliminación de la propuesta del Parlamento en su totalidad. 
No obstante, opinamos que existen grandes diferencias entre la propaganda del tabaco y esta directiva. 
Creemos que es obvio que los artículos 95 y 133 constituyen el fundamento jurídico de esta directiva, como lo propone la comisión en la enmienda 1. 
Las directivas en que se fundamenta la propuesta están en el artículo 95 que alude directamente al contenido de los productos en el mercado interior. 
Nos gusta el contenido del informe y lo respaldamos en términos generales. 
Resulta especialmente interesante que se fijen límites claros para las sustancias nocivas del humo. 
Por este motivo, la enmienda 2 es particularmente positiva. 
Respaldamos también las propuestas acerca del tamaño y contenido de los textos de advertencia Las diferencias entre los diversos criterios son tan pequeñas que no debería ser difícil llegar a acuerdos en la conciliación. 
También apoyamos la prohibición de aditivos que causan adicción. 
Opinamos que lo único posible y consecuente es que se termine con la exportación de cigarrillos prohibidos en la Unión por razones sanitarias. 
No hay razones para dar a la exportación condiciones especiales ni para prolongar excepciones que no existen respecto al consumo dentro de la Unión Europea. 
En el informe se citan marcas de cigarrillos que se venden como "suaves", "light" u otros términos similares. 
Esta comercialización conduce a menudo a la errónea creencia de que esos cigarrillos conllevan menos riesgos que otros. 
No se justifica este tipo de comercialización y creemos que la actual postura de la comisión podría llegar a motivar demasiadas excepciones. 
Aunque las subvenciones a los cultivos de tabaco no son reguladas por este informe, es imposible no referirse a ellas, ya que constituyen uno de los absurdos de la Unión Europea. 
Es ilógico que la Unión gaste estas enormes sumas en los cultivos de tabaco. 
Es incoherente y caro. 
Ese dinero podría ser muy útil para otras cosas. 
Por eso, lo único sensato es que las subvenciones se eliminen gradualmente y que se ayude a los agricultores afectados para que cambien a otros productos. 
En anteriores discusiones sobre el tema se ha mencionado el rapé sueco. 
Creo que no hay razones para modificar las normas existentes al respecto, es decir, una excepción para Suecia, pero también un derecho para que mantengan sus prohibiciones los países que no quieran venderlo. 
Por este motivo, celebro que no se modifiquen estas reglas. 
Señor Presidente, señorías, esta tarde estamos tratando un tema que no depende de nuestras competencias. 
Sin duda no es la primera vez. 
Sin embargo, el asunto parece hoy mucho más grave de lo habitual. 
Por lo tanto, una vez más, abordaré el fondo y no la forma. 
El Tribunal de Justicia, efectivamente, acaba de anular la directiva de 1998 que prohibía la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco. 
De acuerdo con el Tribunal, una prohibición total de la publicidad del tabaco no es justificable en nombre del buen funcionamiento del mercado interior. 
Sin embargo, olvidando los Tratados, creyéndose investido de una misión salvadora, nuestro Parlamento se lanza de cabeza para que se apruebe, cueste lo que cueste, el texto que hoy debatimos. 
Tal actitud simboliza maravillosamente los defectos de nuestras instituciones europeas, dispuestas a recurrir a cualquier medio para lograr los objetivos ideológicos que ellas mismas se han fijado. 
Pero no es necesario recordar que hay unas normas que respetar. 
La historia nos enseña, en este sentido, que es peligroso poner el objetivo por alcanzar- por noble y virtuoso que pueda ser- por encima de las normas establecidas. 
La testarudez manifestada refleja una falta de realismo evidente. 
En lugar de extraer lecciones del fracaso registrado en Luxemburgo el pasado 9 de octubre, insistimos en una actitud jurídicamente indefendible. 
A nuestro Grupo, profundamente comprometido con la defensa de la salud pública, le preocupan las consecuencias de una actitud política tan suicida. 
Se quiere aniquilar la directiva que de otro no se sacaría adelante. 
La salud pública no debe convertirse en moneda de cambio en la lucha de poderes con el objeto de arañar, un poco más cada día, nuevas competencias a expensas de los Estados. 
La salud es un tema demasiado importante como para servir de instrumento político. 
Entonces, ¿qué soluciones hay? 
En nuestra opinión, nada más que una: aprender de las enseñanzas de la decisión del Tribunal de Justicia y reconocer que la Comisión Europea ha ido demasiado lejos, desgraciadamente, intentando abusar de los Tratados. 
También debemos revisar nuestra copia y redactarla respetando el equilibrio que busca el Tratado. 
Señor Presidente, desde este lugar me gustaría felicitar a nuestro colega Maaten por su excelente informe, en el que ha trabajado muchísimo. 
Me parece que en esta nueva directiva se han refundido muy bien las tres directivas existentes. 
Naturalmente, hubiera sido mucho mejor que no nos tuviéramos que ocupar en absoluto de la legislación sobre el tabaco. 
Pero, lamentablemente, todavía se produce, se presenta y se vende tabaco y, aunque todo el mundo puede saber que perjudica la salud, se sigue consumiendo. 
Si se tuviera que autorizar el tabaco como producto nuevo en el mercado europeo, seguramente no se daría esa autorización por razones de salud. 
Si la mermelada o la Coca Cola fueran igual de peligrosas que el tabaco, se prohibirían sin lugar a dudas. 
El etiquetado riguroso propuesto por la Comisión de Medio Ambiente merece mi apoyo, tanto con respecto a su tamaño en los paquetes de cigarrillos como al contenido de las advertencias. 
Sin embargo, la propuesta del Consejo relativa al tamaño de las advertencias en envasados distintos de los cigarrillos me parece mejor de lo que viene en la enmienda 25, ya que el límite de 50 cm2 está demasiado próximo a la superficie de un paquete de tabaco. 
En lo relativo a los descriptores, como "bajo contenido en alquitrán", "suave" y "light", todavía me sigue pareciendo que son engañosos, y por eso estoy en contra de las enmiendas 10 y 30. 
Estoy muy satisfecho con que se mantenga en segunda lectura la prohibición de ingredientes como el amoniaco u otros compuestos adictivos. 
Me parece obvio que no deberíamos autorizar este tipo de prácticas. 
Como punto final, he de señalar, muy a mi pesar, que la política europea en materia de tabaco sigue siendo inconsecuente. 
Por un lado se desanima el consumo de tabaco, por otro se gasta más de un millardo de euros en subvenciones al tabaco. 
Aprovecho aquí nuevamente la ocasión para expresar mi deseo de que esta situación cambie alguna vez. 
Señor Presidente, alzo mi voz en defensa de los trabajadores del sector. 
En el Irlanda del Norte tenemos una gran fábrica de productos del tabaco, Gallaher´s Ltd. 
Si se adopta esta directiva, se perderán por lo menos 300 puestos de trabajo. 
He analizado detenidamente lo que el Comisario dijo a mi colega el Sr. Hume: " No puede haber pérdidas masivas de puestos de trabajo en este sector. 
No se comprende cómo una reducción de alquitrán de 12 a 10 mg, como se propone en el presente texto, puede incidir sensiblemente en el empleo ". 
Sin embargo, la diferencia fundamental entre las anteriores y las actuales reducciones de los niveles máximos de alquitrán consiste simplemente en que las anteriores se limitaban a los productos destinados a la UE. 
Gallaher's destina el 25% de su producción a la exportación. 
Si esta directiva se aprueba, ¡se perderán 300 puestos de trabajo! 
Debe decirse que los fabricantes no venderán ni un cigarrillo menos de lo que venden ahora, porque trasladarán sus empresas fuera de la UE. 
Gallaher's trasladará su actividad a su fábrica de Rusia, donde no se observarán los contenidos máximos, pero habremos exportado 300 puestos de trabajo. 
La pérdida de empleo en Gallaher's afectará a trabajadores con una edad media de 47 años. 
En Irlanda del Norte, si uno pierde su trabajo con 47 años, no tiene muchas oportunidades de encontrar otro. 
Esta es mi preocupación en este asunto. 
Señor Presidente, frente a las turbias intenciones que se nos han atribuido a quienes hemos defendido la carencia o, mejor dicho, la duda sobre el fundamento jurídico de determinados artículos de la directiva que hoy debatimos, quiero hablar de equilibrio interinstitucional. Equilibrio interinstitucional que es una fuente de legitimidad de la construcción europea. 
Y también quiero hablar de obligación en los Tratados. 
La Comisión, de acuerdo con el Tratado, tenía la obligación, desde hace más de dos meses, de haber analizado la sentencia y haber sacado las conclusiones pertinentes de ella. 
Hoy, por primera vez, el Comisario, en su brevísima intervención, ha utilizado al menos tres veces las palabras no doubt, al menos tres veces las palabras clear y clearly. 
Pues, señor Presidente, Señorías, en Derecho, cuando uno tiene que recurrir a decir que algo está claro, que algo no tiene duda, es que hay duda, es que no está claro. 
Señor Presidente, ¿cómo se puede decir que respeta lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, una justificación en la enmienda 2, según la cual, para explicar el peligro para el mercado interior, varios Estados miembros han indicado que, si no se establecen determinadas medidas, tendrían la intención de legislar? 
¿Qué medidas? 
Eso es lo que esperábamos de la Comisión, que nos lo dijera, que nos lo explicara. 
Tomemos otros ejemplos, las enmiendas 1, 4 y 18. 
Añadir el fundamento jurídico del artículo 133 es jurídicamente hábil, pero ¿realmente ha reflexionado la Comisión sobre el artículo 131, que es el artículo madre de la política comercial exterior, que dice que esa política será "para reforzar la competitividad de nuestras empresas"? 
¿Cómo casa eso con la justificación de la enmienda 18, donde se dice que se da un período de carencia porque eso podría traer graves perjuicios para nuestra industria? 
¿Cómo casa eso con esa misma justificación, que dice que hay que establecer negociaciones en la Organización Mundial de Comercio? 
Señor Presidente, son estas dudas, dudas justificadas, no turbios ni extraños compinchamientos con no sé qué empresas, la razón del voto de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y recuerdo que fueron 18 votos contra 9. 
Y aunque yo estaba ausente, mi voto, desde luego, estaba detrás. 
Señor Presidente, en este momento la diputada Palacio Vallelersundi ha colocado al Comisario en el banquillo de los acusados y, en este caso, hablando del equilibrio interinstitucional, la Comisión lo único que ha hecho ha sido presentar una propuesta de directiva. 
Son el Parlamento y el Consejo los que tienen que aprobar esa propuesta de directiva y examinar, entre otras cosas, el fundamento jurídico adecuado para ello. 
Por tanto, no es cuestión de acusar a la Comisión de haber cometido ninguna irregularidad. 
Y sobre todo no se le puede acusar de ninguna irregularidad porque la Comisión, en este caso, lo único que ha hecho es proponernos una propuesta de directiva que refunde tres directivas anteriores en materia de contenido de ciertos productos en el tabaco y de ciertas advertencias en los envases de esos productos. 
Por tanto, no hay nada nuevo realmente. 
Lo único nuevo que ha habido es una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 5 de octubre pasado, en la cual el Tribunal de Justicia dice que, con respecto a otra directiva completamente distinta, que es la directiva sobre publicidad del tabaco, el fundamento jurídico del actual artículo 95- que era el antiguo artículo 100 A- no era adecuado. 
La razón por la cual el Tribunal de Justicia declara que este fundamento jurídico no es el adecuado es que el Tribunal de Justicia piensa que, a través de ese fundamento jurídico, se intenta esquivar una prohibición expresa del propio Tratado en otro artículo- que también ha cambiado de número: del artículo 129 al artículo 152 en el texto actual -, en virtud del cual se prohibía toda armonización de las disposiciones nacionales. 
Por tanto, el Tribunal de Justicia está tratando de evitar un artificio en virtud del cual se pudiera utilizar ese subterfugio. 
Pero, en este caso, esa situación no se da porque la propuesta de directiva, como las directivas anteriores ya vigentes, pretende efectivamente eliminar los obstáculos existentes al funcionamiento del mercado interior. 
Y, por tanto, tienen un fundamento jurídico correcto sobre la base del antiguo artículo 100 A o actual artículo 95. 
El ponente, señor Maaten, con buen criterio ha propuesto reforzar ese fundamento jurídico con una referencia a otro artículo, al artículo 133 relativo al comercio exterior, y además ha propuesto una serie de modificaciones en algunos de los artículos al objeto de evitar que se impugne esta directiva sobre la base de la jurisprudencia establecida por la sentencia del Tribunal de Justicia. 
Yo quisiera señalar que la sentencia del Tribunal de Justicia se ha dejado llevar por una interpretación demasiado literal del texto. 
Es una sentencia en bastantes aspectos criticable pero, aceptando la sentencia como tal- porque no nos queda otro remedio, ya que el Tribunal de Justicia es el máximo órgano de interpretación del Derecho comunitario- no hay nada que impida que este Parlamento se pronuncie favorablemente sobre el fundamento jurídico propuesto del artículo 95 con el artículo 133, e introduciendo las modificaciones a que he hecho referencia, que se incluyen en las enmiendas del ponente. 
Desde luego, en nombre del Grupo socialista, y concretamente de los miembros socialistas de la Comisión de Asuntos Jurídicos- que votamos en contra de esa opinión mayoritaria a la que acaba de hacer referencia la señora Palacio Vallelersundi -, tengo que decir que nosotros estimamos que el seguir por ese camino, el rechazar la propuesta de directiva, como proponen dos enmiendas, la 52 y la 53, presentadas por el Sr. Poettering, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, y la Sra. Palacio Vallelersundi y otros 32 diputados, supondría una tremenda limitación a la facultad legislativa del Parlamento Europeo. 
Por tanto, mi preocupación en este momento no son tanto los problemas de salud, que son desde luego importantes y considerables, sino la limitación que supondría el que nosotros aceptáramos esa interpretación tan restrictiva de la facultad legislativa que tendría este Parlamento Europeo. 
Entiendo que esa interpretación tan restrictiva llevaría prácticamente a la eliminación de la facultad legislativa de esta institución y del Consejo. 
No creo que se pueda ir por un camino tan restringido, es decir, que, con independencia del contenido- y el contenido sustancial que han puesto de relieve el Sr. Maaten y otros más -, hay un peligro de que, si este Parlamento y el Consejo aceptan la interpretación restrictiva que proponen el dirigente del Partido Popular Europeo y la Sra. Palacio Vallelersundi, este Parlamento, el Consejo y las instituciones comunitarias en su conjunto se estarían atando de pies y manos para el desarrollo legislativo de las instituciones comunitarias, que tan importante resulta para el desarrollo del Derecho comunitario. 
Por esta razón, los socialistas apoyamos las enmiendas presentadas por el Sr. Maaten y rechazamos, desde luego, las enmiendas 52 y 53 del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, es lamentable que, a pesar de los múltiples esfuerzos del ponente Maaten, tengamos que constatar que nadie está realmente contento con las evoluciones que caracterizan el informe. 
Me gustaría hacer tres breves observaciones al respecto. 
En primer lugar, quiero abordar el tema del fundamento jurídico. 
En la sentencia del Tribunal de Justicia se recoge explícitamente que en algunos casos el artículo 95 puede ser el fundamento jurídico si se cumplen determinadas condiciones pero, al mismo tiempo, dice que en ciertos casos el artículo 95 no es suficiente, por ejemplo con respecto a la prohibición de exportación se debería añadir el artículo 133. 
Teniendo en cuenta que hay una falta de justificación, respaldo la enmienda de la Sra. Palacio Vallelersundi para rechazar la posición común y pedir a la Comisión que presente una nueva propuesta. 
En relación con las otras observaciones, quiero dejar claro que uno no debe cegarse por símbolos que no solucionan el problema de fondo. 
Me explico: subir las tasas no supone una medida que desanime el consumo. Tampoco el aumento desproporcionado del espacio para advertencias es la forma adecuada para conseguir el objetivo deseado, es decir, una salud pública mejor. 
Además, me temo que esto sea un mal ejemplo y que más adelante se pongan también advertencias en otros productos. 
Es importante debido a que ahora sopesaremos la credibilidad de la política sanitaria de la Unión Europea. 
Siento mucho que también en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior hayan surgido posiciones que consideran que, en cierto modo, la sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la prohibición de la publicidad del tabaco vacía de contenido esta propuesta de directiva. 
Al contrario; esta propuesta de directiva afecta a las sustancias contenidas en el tabaco, y no a las medidas para fomentar su venta. 
Este planteamiento ya no debería servir para inducir a error al Parlamento, sino que habría que comprender que lo importante ahora es defender este informe tan meritorio del Sr. Maaten. 
En cuanto a la cuestión de si habría que prohibir ahora las indicaciones "light" y "mild" de las marcas registradas, tendríamos que mantener la postura de que estas indicaciones equívocas no deben ser permitidas, y la sentencia de octubre del Tribunal de Justicia tampoco aporta nada nuevo en este sentido. 
Debemos mantenernos en la posición que hemos adoptado en el pasado. 
Ahora tenemos que hacer un esfuerzo real por comprender que en todos aquellos países que han atinado a establecer una normativa sobre el tabaco relativamente estricta, también la mortalidad por cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares se han reducido con claridad. 
Es todo esto lo que deberíamos estar en condiciones de promover también en el marco de la política común de la Unión Europea en materia de mercado interior, política que debe basarse en un alto nivel de protección de la salud pública. 
Señor Presidente, si esta propuesta en segunda lectura se eleva finalmente a rango de ley, esto nos conduciría a que la libertad de las empresas se limite en cierta medida y que la salud pública se proteja un poco mejor. 
El punto fuerte de esta propuesta es que no se trata de la conducta del consumidor individual de productos del tabaco, sino que está enfocada a una información obligatoria a todos los consumidores por parte de las empresas y a la prohibición de añadir amoniaco que produce dependencia. 
Esto significa que va a haber menos posibilidades de dar la impresión de que se puede fumar sin riesgos de una muerte prematura. La divulgación de mentiras tranquilizadoras se vuelve más difícil. 
El punto débil de esta propuesta es que se insiste mucho en el fomento de la libre competencia. 
La imposición de las mismas normas europeas en todos los Estados miembros parece ideada para ofrecer las mismas oportunidades a las diferentes tabacaleras de ganar dinero. 
Este punto de partida liberal no se comparte en mi Grupo Parlamentario. 
Para nosotros se trata de cómo se puede proteger a la gente del daño que infligen los productos del tabaco a su salud. 
Mi Grupo Parlamentario hubiera preferido una propuesta con un planteamiento global. 
Desde el punto de vista de la salud pública se debería entonces regular cómo hacer desaparecer la publicidad y el patrocinio y cómo desanimar a los jóvenes a fumar. 
Luego hablaríamos de las consecuencias de reducir la producción y el consumo de tabaco para la creación de empleo sustitutivo para los empleados y cultivadores de tabaco, hablaríamos también de la supresión de las subvenciones al cultivo del tabaco, y de qué hay que hacer para luchar contra el comercio internacional de este producto perjudicial. 
Mientras esto no ocurra, cualquier medida europea se puede prácticamente anular incrementando la exportación de tabaco americano. 
Lo que ahora en segunda lectura todavía podemos regular es una versión aguada de las propuestas más trascendentales que sometimos a votación hace medio año después de la primera lectura. 
Entonces ya adoptamos un texto suavizado, pero al Consejo de Ministros le parece que esa decisión del Parlamento va todavía demasiado lejos. 
Estoy aquí en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que apoyó las propuestas del ponente en primera lectura y que apoyará también su debilitada propuesta en segunda lectura. 
La propuesta nos parece demasiado blanda, pero sin ella las tabacaleras van a poder aniquilar aún más vidas humanas. 
Señor Presidente, es justo reconocer que tenemos una obligación moral de proporcionar a los treinta millones de consumidores europeos una información completa sobre los riesgos para la salud pública que entraña el consumo de cigarrillos. 
Efectivamente, en mi condición de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, he recibido fuertes presiones de varios grupos en el sentido de regular de forma más estricta la venta y presentación de los productos del tabaco en Europa. 
Acojo con satisfacción las enmiendas aprobadas recientemente en nuestra comisión, dirigidas a aumentar el número de advertencias al público en general sobre los riesgos del consumo de tabaco. 
Las enmiendas aprobadas por nuestra comisión tienen por objeto aumentar del 25% al 30% el tamaño de advertencias generales tales como "Fumar mata" en la cara delantera de los paquetes de cigarrillos y del 25% al 40% el tamaño de las advertencias adicionales. 
Ejemplos de advertencias adicionales cuya inclusión en los paquetes de cigarrillos ha propugnado la comisión son: "Fumar acorta la vida a la mitad de los fumadores" "Fumar provoca cáncer de pulmón incurable" ", Ayuda para dejar de fumar" y 
Las investigaciones efectuadas han demostrado que cuanto mayor sea el tamaño de las advertencias de riesgo para la salud en los paquetes de cigarrillos, mayor es la reducción del consumo de tabaco. 
Los resultados de los estudios llevados a cabo sobre esta materia son tan claros que cometeríamos un gran error como legisladores de la Unión Europea si no siguiéramos su consejo. 
Necesitamos enviar un mensaje inequívoco sobre el consumo de tabaco a los 370 millones de consumidores de la Unión Europea, y vamos a dar a conocer a nuestros hijos y fumadores todas las advertencias públicas necesarias acerca de los riesgos del consumo de tabaco para la salud. 
En conclusión, desde la firma del Tratado de Amsterdam el Parlamento Europeo posee facultades de coordinación en cuestiones medioambientales y de protección a los consumidores, y colaborará estrechamente, claro está, con el Consejo y la Comisión en esta materia. 
A nuestro juicio, este procedimiento constituye una importante arma legislativa del arsenal del Parlamento, y tenemos la intención de utilizarla. 
Felicito al ponente por su informe. 
Señor Presidente, si bien no puedo dejar de alabar las buenas intenciones de los diputados que apoyan esta directiva, debo señalar que la prohibición de fabricar tabaco que supere los contenidos máximos fijados por la UE incidirá de forma significativa en el mercado de trabajo de mi región. 
Me refiero, en particular a la fábrica British-American Tobacco de Southhampton, que destina toda su producción de cigarrillos al mercado no comunitario. 
A partir de la entrada en vigor de la directiva, los fabricantes no podrán producir estos cigarrillos, aunque los contenidos máximos comunitarios no se apliquen, lógicamente, en estos mercados. 
Esto no significa, no obstante, que se vaya a dejar de fabricar estos cigarrillos. 
La empresa afectada, BAT, trasladará su producción a países no comunitarios. 
Así, en lugar de exportar cigarrillos exportaremos puestos de trabajo, de los que 4.000 procederán sólo de mi región. 
Sin embargo, y esto es toda una ironía, no veo en esta directiva ninguna prohibición de cultivar tabaco dentro de la Comunidad, a pesar de que en países como Grecia el tabaco que se cultiva es tan fuerte que, con arreglo a esta directiva, su empleo para la fabricación de productos del tabaco sería constitutivo de delito. 
Una Comunidad que subvenciona el cultivo de este tabaco y luego convierte su venta en ilegal, al tiempo que acaba con el trabajo y la vida de gente normal que depende de los ingresos procedentes de mercancías que ni siquiera se venden en la UE, no puede ganarse el respeto de la gente normal. 
Sea cual sea su opinión sobre esta directiva, les pido que presten mañana su apoyo a mi enmienda que elimina la prohibición relativa a los productos destinados a la exportación a países no comunitarios. 
Es el clásico síntoma de lo políticamente correcto llevado al paroxismo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, quisiera puntualizar, en primer lugar, que la Comisión de Asuntos Jurídicos y mercado Interior rechazó ya en primera lectura la directiva sin que el Pleno la siguiera. 
Después de la sentencia del TJE la comisión ha adoptado una vez más esta posición, pero esta vez por gran mayoría. 
De hecho, aunque merced a la sentencia del Tribunal de Justicia no se ha modificado básicamente la situación jurídica, ha experimentado, sin embargo, un mayor desarrollo, algunas cosas son más patentes, más claras. 
En realidad esto no tiene nada que ver con el tabaco, sino que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo podía haber sido dictada igualmente para prohibir la publicidad de alcohol o la publicidad del chocolate pues, evidentemente, el azúcar puede ser también nociva para la salud. 
Desde mi punto de vista es vergonzosa la forma en que la Comisión y el Consejo de Ministros se han enfrentado a esta sentencia del Tribunal de Justicia en las deliberaciones habidas hasta ahora, mejor dicho, no se han enfrentado, en absoluto, a ésta sino que la han ignorado, sin más, como anteriormente lo ha hecho también el Comisario Sr. Byrne, y como se ha hecho también, por ejemplo, en las exposiciones de motivos de la posición común, en las que tampoco se consideró necesario adaptar y corregir al menos los considerandos. 
Una excepción loable la constituye únicamente el servicio jurídico del Parlamento. 
Lamentablemente, por falta de tiempo no puedo entrar en detalles aquí; es, sencillamente, imposible. 
Sólo puedo hacer una llamamiento a todos los colegas en el sentido de que sigan la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
No se trata de la industria del tabaco, sino que se trata lisa y llanamente de la observancia de los Tratados. 
Tampoco se trata de unas sutilezas jurídicas, sino de una pregunta de suma importancia política, para cuya respuesta no se precisa una formación jurídica, es decir, se trata, sencillamente, del mantenimiento de las competencias, de la salvaguardia de la subsidiariedad, por ejemplo, se trata también de los derechos de los colegas y de las colegas de los Parlamentos nacionales, quienes ciertamente deben tener sus competencias. 
Precisamente se ha mencionado en Niza la cuestión de la delimitación de las competencias. 
Pero en el caso en que en los tres órganos- Comisión, Consejo de Ministros y Parlamento- se logre una mayoría sustantiva en una cuestión concreta y se haga valer también esta mayoría, entonces nos podremos ahorrar este acto y se trataría entonces esencialmente de una consolidación institucional. 
En este punto confío también en el Tribunal de Justicia Europeo y espero y doy por supuesto que éste proseguirá la dirección que ha emprendido, que se ocupe más intensamente de la salvaguardia de las competencias y que, en consecuencia, deje sin efecto una vez más la directiva. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Maaten por su espléndido informe. 
Creo que también es necesario dar las gracias al Sr. Byrne por haberse manifestado tan claramente en lo relativo a la base jurídica. 
Al escuchar a la Sra. Palacio y también al Sr. Lechner, me vienen a la memoria ante todo las noticias que precisamente en estas fechas nos llegan desde los tribunales norteamericanos. 
Una grave confusión de derecho y política, que en cualquier caso no aumenta la seguridad jurídica. 
Pienso que tendrá gran trascendencia para la salud en Europa que logremos reducir el valor límite para el contenido de alquitrán y que establezcamos límites para la cantidad de nicotina y monóxido de carbono permitida en los cigarrillos. 
Es importante insistir en que la Comisión presente la propuesta de una lista comunitaria de aditivos a finales del año 2004 a más tardar. 
Debemos acabar con el secreto que la industria mantiene en torno a los aditivos y del que hemos sido testigos hasta ahora. 
También me parece importante, independientemente de esta lista comunitaria, prohibir el uso de amoníaco y de otros compuestos similares que se emplean directamente con el propósito de hacer los cigarrillos más adictivos, de aumentar la adicción de los cigarrillos. 
También hemos de poner coto a ello de manera eficaz. 
Y por último, quiero hacer un único comentario con respecto a la exportación. 
Simplemente no entiendo que una mayoría de este Parlamento quiera proponer suavizar las normas relativas a la exportación más de lo que proponen los propios gobiernos de los países miembros- los gobiernos que también representan a las numerosas industrias a las que se hace referencia. 
Al igual que a la Sra. Thyssen, no me parece nada ético que vendamos fuera de Europa cigarrillos que por motivos sanitarios consideramos no aptos para los ciudadanos de nuestros propios países. 
Sencillamente no es justificable éticamente actuar de esta forma y por ello espero que en este punto tomemos la línea responsable que creo han propuesto el Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente, me parece necesario endurecer las condiciones de fabricación y venta del tabaco, y hacerlo de forma armonizada, mediante una directiva que deberán respetar todos los Estados miembros, puede reforzar el objetivo de prevención y protección del consumidor frente al hábito de fumar. 
Sin embargo, me parece sinceramente inaceptable interpretar las diferencias de criterios en cuanto al contenido de la propuesta de directiva en términos de un supuesto enfrentamiento entre los poderosos intereses de los lobbies del tabaco y el interés común de la protección de los ciudadanos. 
Aceptar esto sería tergiversar los argumentos legítimos de un buen número de miembros del Parlamento Europeo que vemos en la necesidad de respetar los aspectos jurídicos la garantía de la viabilidad futura de nuestros propios actos legislativos. 
Si consideramos que necesitamos unas reglas comunes legalmente vinculantes para proteger mejor la salud de los ciudadanos frente a los riesgos del tabaco, busquemos la vía de llevarlo a cabo, sin fisuras legales, sin puertas traseras por las que se cuelen y diluyan nuestras buenas intenciones. 
La opinión pública no puede y no debe ser alimentada solamente de gestos políticos que no se asienten sólidamente en la realidad de lo que es posible dentro de las competencias que nos confieren los Tratados. 
Señor Presidente, el consumo de tabaco es la tragedia de nuestra época, la principal causa de enfermedades y dolencias evitables en toda la Unión Europea. 
Más de medio millón de personas muere absurdamente cada año en la Unión Europea, y esta cifra está llamada a crecer si no actuamos ahora. 
Por ello es tan importante la directiva: advertencias más grandes, más llamativas y más claras sobre los riesgos para la salud; la prohibición de descripciones ambiguas como "light", "ultra" y "suave"; un contenido máximo en alquitrán de los productos tanto consumidos en la UE como destinados a la exportación, y, por primera vez, la revelación de los ingredientes. 
En mi cualidad de relativamente nuevo diputado de este Parlamento, me ha sorprendido cuán tenaces son las fuerzas en este Parlamento opuestas a la adopción de la directiva. 
Se han dado tantas pistas falsas en este debate que creo que mucha gente se encontraría más a gusto en un debate sobre pesca que en uno sobre salud pública. 
El poder de las grandes tabaqueras se hace demasiado evidente. 
Quiero decir a todos y cada uno de mis colegas que el tabaco es no es un producto más. 
Provoca adicción y mata. 
Es un hecho probado que el 80% de las personas comienza a fumar antes de los 18 años, aunque el sector tabaquero afirme que las personas toman decisiones adultas. 
Es un hecho probado que el 80% de los fumadores quiere dejar de serlo, pero en el sector tabaquero fomenta muy pocas políticas dirigidas a ayudar a esa gente a dejar de fumar. 
En vez de ello, finge abordar el problema del consumo de los jóvenes. 
Si hubiéramos sabido desde el principio lo que ahora sabemos sobre el tabaco, estaría clasificado como una droga de clase A. Es un hecho probado que en este último siglo ha muerto el doble de personas como consecuencia del tabaco que en las dos guerras mundiales juntas. 
Si no actuamos ahora, se prevé que en este siglo morirán en todo el mundo mil millones de personas. 
Asegurémonos de que la lucha por salvar vidas tenga un carácter primordial y hagamos lo que nos corresponde para contrarrestar la fuerza de los intereses de las grandes tabaqueras. 
Señor Presidente, nadie pretende banalizar las consecuencias del consumo del tabaco para la salud, pero aun pretendiendo esto y si se comparten los objetivos de la política sanitaria, los fundamentos jurídicos han de ser correctos. 
En el caso de la protección de la salud de la publicidad del tabaco el Tribunal de Justicia Europeo ha emitido hace poco su fallo y una cosa es clara: no es función de la Comisión ni de la Unión Europea regular estas cosas, sino que es tarea de los Estados miembros. 
Sólo si se produce una distorsión del mercado interior tienen aquéllas una competencia de regulación.