Ateniéndonos a la ética cristiana rechazamos este último recurso de autodefensa. No obstante, inmediatamente añadimos cuán condenables son las autoridades que llevan a sus conciudadanos a esta situación desesperada. 
El actual régimen tunecino no tolera espíritus independientes. 
Desde hace un año, incluso ha acentuado la represión. 
Por ello apoyo de todo corazón a los que han presentado las preguntas orales de hoy, en especial al Sr. Van den Bos. 
Muy acertadamente pide que el Consejo emprenda una acción efectiva para salvaguardar la propia credibilidad de la UE como socio del Acuerdo de asociación con Túnez. 
"No puede ser negar a la población sus derechos", sentencia un defensor tunecino de las libertades ciudadanas. 
Después sigue: "La población va a olvidar que esos derechos han existido alguna vez." 
Si los propios tunecinos se embarcan en esta lucha, la Unión Europea sencillamente no puede ni debe quedarse atrás. 
Señor Presidente, deseo expresar, por mi parte, mi más viva preocupación frente al deterioro de la situación de los derechos humanos en Túnez, preocupación que comparten necesariamente todos los amigos de este país. 
Desde hace ahora varios años, los defensores de los derechos humanos y sus familias son víctimas de un hostigamiento permanente por las autoridades tunecinas. 
Algunos de ellos son condenados a penas de prisión; se hallan regularmente vigilados por miembros de las fuerzas del orden; se les confiscan sus pasaportes y los de sus familiares, se les cortan sus comunicaciones telefónicas o éstas son sometidas a escuchas; se crean en su contra campañas de difamación o se les amenaza física y verbalmente; por fin, se interroga regularmente a sus familiares. 
Frente a esta evolución, el Parlamento Europeo reitera hoy su convicción de que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no puede tener excepción alguna, y no puede ser vilipendiado sin causar graves perjuicios, ya que Túnez es el primer socio europeo que suscribió, en 1995, un acuerdo de asociación con la Unión Europea. 
Ahora bien, este acuerdo contiene una cláusula de respeto de los derechos humanos, con efecto suspensivo, y establece un diálogo político. 
Naturalmente, prefiero el diálogo político a las sanciones unilaterales, pero, en este sentido, precisamente, tenemos el deber de transmitir a nuestros socios nuestra gran preocupación en relación con la situación en Túnez. 
Tenemos el deber de pedir a las autoridades tunecinas que tomen todas las iniciativas posibles, a fin de instaurar un verdadero multipartidismo y de garantizar la libertad de prensa y de asociación. 
Pero, señor Patten, ¿cómo debe ser este diálogo? 
¿Cómo avanzar concreta y rigurosamente? 
¿Cómo hacer que las posiciones que adoptamos aquí sean eficaces? 
En efecto, podemos preguntarnos cómo evolucionará la situación en Túnez. 
El caso Ben Brik ha simbolizado por sí solo la exasperación de muchos tunecinos ante el deterioro de sus libertades, puesto que la prensa no es más que uno de los tantos sectores en ruina. 
Las repercusiones de este caso superan al propio Ben Brik, y en tres meses hemos visto el arranque de dignidad de toda una sociedad civil, que ha manifestado su determinación de acabar con el Estado policial. 
Mientras tanto, el Presidente Ben Ali sigue amenazando a aquellos que reprueban sus métodos o que critican el estado de las libertades en su país. 
Frente a esta actitud cabe preguntarse si mañana Túnez no se convertirá en un nuevo foco de tensiones en el flanco sur de Europa. En efecto, el poder tiene hoy dos soluciones. 
La primera es continuar negando la situación según un principio- muy conocido en este género de régimen- que consiste en afirmar que todo va bien hasta el último momento, y entonces la sociedad civil debe asumir una nueva ola de represiones y hacerle frente con valor y determinación. 
Incumbiría entonces a la comunidad internacional aislar un poder, que se convertiría entonces en un poder ilegal, y apoyar la lucha del pueblo tunecino para recobrar su soberanía. 
No obstante, el poder tunecino puede también elegir la vía del diálogo con la sociedad civil, a fin de que la tensión disminuya, y negociar un cambio de rumbo para sacar a Túnez del atolladero y conducirlo hacia la vía de la democracia. 
Creo que debemos encontrar las palabras justas, como decía mi colega Abitbol; debemos, en todo caso, hacer todo lo posible por que se elija esta vía. 
Señor Presidente, Señorías, la situación en Túnez debe situarse dentro del marco más amplio de las políticas del Mediterráneo y de los países del norte de África con los cuales la Unión Europea tiene interés en mantener un diálogo intenso de cara a sus programas de paz y desarrollo. 
Entre dichos países, sin duda, Túnez ha hecho progresos en términos de economía, de estabilidad y de derechos sociales. 
Entre dichos países, Túnez, es el que más advierte la importancia de un diálogo euromediterráneo sobre temas económicos, políticos y culturales. 
No cabe duda de que todo esto no debe hacernos olvidar las restricciones de las libertades civiles que se registran en ese país, sin embargo, considero que no es suficiente y eficaz una actitud de condena pura y simple, aunque no ha de faltar. 
Es preciso programar una acción capaz de mejorar real y gradualmente la situación dialogando y ayudando, en particular, a la sociedad tunecina contando con acuerdos comunes y programas específicos relativos al respeto de los derechos humanos, como se pensó hacer en el programa CARDS para los Balcanes occidentales. 
En efecto, hay que tener en cuenta que los países que cuentan con una tradición distinta de la de nuestras democracias occidentales, en su camino hacia el logro de las libertades civiles, deben pasar por una maduración cultural que impone gradualidad y plazos muy largos. 
La lógica del aislamiento no compensa y puede conducir a debilitar el compromiso de quien en ese país trabaja para mejorar la calidad de la democracia. 
En consecuencia, es de desear que el Consejo de Asociación Unión Europea-Túnez asuma la responsabilidad de seguir atenta y constantemente el respeto de los derechos humanos en ese país a través de una acción compartida con los mismos representantes tunecinos y creando sobre la base de dicha cuestión un observatorio común que no podrá sino proporcionar un beneficio social a la situación de los derechos humanos en Túnez. 
Señor Presidente, se violan los derechos humanos. 
No se respetan la libertad de expresión, derecho de asociación ni la libertad de prensa. 
Esto se sabe. 
También lo saben en Túnez, tanto las autoridades como los ciudadanos. 
Es obvio que tenemos que ocuparnos de esto y criticarlo, cada vez que podamos. 
Es sumamente grave. 
Se trata de derechos universales, vigentes en la Unión Europea y también fuera de ella, y hay que formular críticas cuando son violados. 
Creo que la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo. 
Eso implica que se tiene respeto mutuo, y si Túnez y sus representantes respetan nuestros criterios, creo que nosotros también podremos comprobar que en Túnez se consideran los actuales acuerdos como negativos. 
Sólo encuentro que en el punto 7 de la propuesta de resolución del Grupo GUE/NGL las organizaciones tunecinas, tanto privadas como públicas, se oponen al tratado de asociación, cosa que, obviamente, la UE debe tomar en consideración y respetar. 
Señor Presidente, Señorías, acabo de volver de un viaje a Túnez, invitado, entre otras cosas, por un miembro de ese Gobierno y me fue imposible ver todo lo que hoy ha aflorado de este debate. 
He visto, en cambio, a un país que está fuertemente comprometido en la modernización y he visto un gran fervor por individuar los sectores de desarrollo en el ámbito del medio ambiente, de la recuperación del territorio, de la agricultura, del turismo y de la construcción de grandes infraestructuras. 
He visto que se está tratando de crear una economía para evitar más fenómenos de migración que ciertamente pueden perturbar las relaciones incluso entre los países del Mediterráneo y entre los Estados que, hoy por hoy, forman parte de la Unión Europea. 
He visto personalmente situaciones de intercambio cultural entre las universidades y la recuperación de una fuerte identidad cultural con un esfuerzo en el ámbito de la recuperación de los centros históricos, del turismo rural y de la artesanía. 
He notado la fuerte implicación de las escuelas en los programas educativos con una serie de actividades integradoras. 
Y no he notado en absoluto la falta de asociacionismo. 
Antes bien, existe un fuerte y activo asociacionismo juvenil y femenino, así como y sobre todo un notable espíritu asociacionista entre las realidades institucionales. 
He leído en una pregunta que se lamenta el hecho de que existe una censura en relación con los derechos humanos por parte de la prensa local. 
Si hay censura significa que hay libertad de prensa, tanto es así que la prensa local también puede censurar posibles actitudes de Túnez que niegan los derechos humanos. 
En consecuencia, no creo que haya que recalcar tantos aspectos negativos con respecto a Túnez; más bien creo que se puede imaginar una acción de carácter político no solo respecto a Túnez, sino también, por ejemplo, respecto a los países de la región de los Balcanes a los cuales la Unión Europea decide otorgar o no otorgar incentivos de carácter financiero, según las situaciones políticas internas que estos países pueden garantizar. 
Ésta sí que sería una operación que nada tendría que ver con el sentido real de la democracia vivida y participada ni con los derechos humanos y menos aún con las relaciones entre los países candidatos a la ampliación y la misma Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, la mayoría de las y los colegas en esta Asamblea- no la colega que acaba de hablar- se preocupan por la evolución que tiene lugar en el país vecino y amigo de Túnez. 
Túnez es nuestro vecino, pues el Mediterráneo no nos separa sino que nos une. 
Estas preocupaciones que hoy expresamos no se derivan de una actitud colonialista o neocolonialista. 
No se trata de una injerencia ilícita en los asuntos internos de un tercer Estado. 
No, tal como siempre ha subrayado el Comisario Patten, se trata de un diálogo crítico que se basa en acuerdos que hemos concluido con Túnez. 
No tendría sentido denunciar dichos acuerdos sino que debemos utilizarlos para mantener este diálogo crítico. 
Se trata de la creación de una zona común de seguridad, de estabilidad y de paz y aquí se incluye la democracia, el respeto de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación. 
Cuando en Túnez se subraya continuamente que también se trata de la lucha contra el extremismo y el terrorismo y de impedir opiniones, actitudes y organizaciones extremistas, lo apoyo plenamente, pero ¿cómo se puede mantener esta lucha mejor si no precisamente con la democracia? 
Esto lo muestran también los vecinos de Túnez. 
No podemos renunciar a ello. 
Túnez dice siempre que se trata de una cuestión de desarrollo económico y social. 
Pero precisamente esta muy positiva evolución económica y social de Túnez es la mejor base para seguir desarrollando la democracia y mantener la lucha contra el extremismo sobre una base democrática. 
Una última observación: queremos ayudar a Túnez, de ello no existe ninguna duda. 
Tenemos que ayudar a Túnez al igual que tenemos que ayudar a la totalidad de la zona, de la región. 
No es cierto que los Balcanes sean nuestra única prioridad. 
Tampoco es cierto que la ampliación de la Unión Europea sea nuestra única prioridad. 
El área del Mediterráneo no es de tercera categoría; tiene la misma categoría, la misma importancia. 
Cuando el Comisario Patten ha anunciado, por ejemplo, que se trata de reformas, que quiere superar la diferencia existente entre las promesas, por un lado, y los pagos reales, por otro, debemos apoyarlo plenamente. 
Pero debemos hacerlo todos juntos con sensibilidad. 
Debemos hacerlo de tal modo que los interlocutores del Mediterráneo no se sientan rechazados sino incluidos en el mismo barco. 
Señor Presidente, dos breves observaciones para decir que el Consejo ha tomado buena nota de las legítimas preocupaciones expresadas por sus Señorías y que no dejaremos de tenerlo en cuenta en nuestro diálogo con Túnez, en los marcos institucionales existentes. 
La segunda observación es para aclarar al Sr. Ducarme que en el Consejo de Asuntos Generales previsto para el día 18 de junio procurará esencialmente que se apruebe en el marco del Consejo la estrategia común para el Mediterráneo, que en principio irá al Consejo Europeo de Feira y que formaba parte del programa de la Presidencia portuguesa. 
Consideramos que esa estrategia común puede constituir un valor añadido en relación con el proceso de Barcelona y tiene elementos extraordinariamente importantes con vistas a reorganizar y plantear de forma más integrada la globalidad de la política exterior de la Unión para esa zona. 
En el último Consejo de Asuntos Generales hicimos un esfuerzo en ese sentido. Se trata de un asunto que tiene algunas dimensiones delicadas, porque esas cuestiones son complejas y presentan diversas dimensiones. 
Creemos que el Consejo de Asuntos Generales extraordinario, que se celebrará inmediatamente antes del Consejo de Santa Maria da Feira, permitirá aprobar esa estrategia común, que será sin lugar a dudas un elemento que facilitará mucho la acción global de la Unión Europea, en particular en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común en relación con toda la región mediterránea. 
. (EN) Señor Presidente, pensaba ser breve pero lo seré aún mucho más pues la Presidencia acaba de contestar a una de las cuestiones que había planteado el Sr. Ducarme. 
Me limitaré a responder rápidamente a otras dos cuestiones que ha planteado. 
En primer lugar diré, hablando en nombre de la Comisión, que esperamos muy sinceramente presentar propuestas en los próximos meses- o semanas, si lo conseguimos- para revitalizar el proceso de Barcelona, como contribución al debate acerca de la forma de hacer eso cinco años después del acuerdo original. 
Si su Señoría necesita más información sobre Túnez o sobre el proceso de Barcelona en su conjunto, confío en que me lo comunique y trataré de responderle lo más rápidamente posible. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Adhesión de China a la OMC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B5-0489/00 del Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la adhesión de China a la OMC; 
B5-0490/00 del Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la adhesión de China a la OMC. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, el 17 de mayo pasado formulé una pregunta oral en nombre de la comisión que presido, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, dirigida al Consejo y a la Comisión, antes de la conclusión- yo diría que feliz- de un acuerdo entre la Unión Europea y China para la adhesión de este país a la Organización Mundial de Comercio. 
A este respecto, querría hacer una afirmación y dos peticiones. 
La afirmación, en primer lugar, es que felicito calurosamente, en nombre de la comisión que presido, al Comisario Lamy por su paciencia, su perseverancia y por los hábiles contactos que ha ido manteniendo constantemente no sólo con las autoridades chinas, sino con otros miembros importantes del Consejo de la OMC, concretamente con los Estados Unidos, y que ha permitido en este juego que tanto el Congreso de los Estados Unidos como la Unión Europea hayan llegado a este preacuerdo para la adhesión de China, cuya importancia no necesito resaltar porque incorporará a la Organización Mundial de Comercio a más de mil millones de personas, con lo que eso conlleva en cuanto a desafíos y posiblemente a respuestas positivas. 
En segundo lugar, este acuerdo es positivo porque va a traer aparejados beneficios económicos, sociales, medioambientales e incluso geopolíticos para China, el mundo en general y, particularmente, la Unión Europea. 
Nos parece especialmente positiva la apertura conseguida en el terreno de los servicios financieros, de las telecomunicaciones y de los seguros, que van a dar oportunidades, sin duda alguna, a nuestros operadores económicos y también la apertura gradual de los mercados energéticos en China que acarreará, aparte de beneficios económicos ciertos, una observancia mayor de normas medioambientales por parte de aquel país. 
Otra ventaja adicional es que China, a partir de su ingreso en la Organización Mundial de Comercio, quedará sometida a sus reglas. Esto en sí mismo es ya positivo e introducirá a China en una dinámica nueva, diferente, de relación estrecha con el resto del mundo, sin que por ello dejemos de estar vigilantes en el respeto de los derechos humanos, de los derechos sociales y de los derechos medioambientales. 
A este respecto quiero decir que habrá dificultades, puesto que la posición de la Comisión y del Consejo, que el Parlamento apoya, comporta el respeto fundamental de ese mínimo de derechos fundamentales sociales y derechos medioambientales que, paradójicamente, será más difícil de hacer aceptar una vez que China esté dentro de la Organización Mundial de Comercio con plenitud de derechos. 
Por lo tanto, apoyamos también plenamente la iniciativa de la Comisión y del Consejo de relanzar cuanto antes la ronda frustrada en sus inicios en Seattle, convirtiéndola en una ronda global. 
Hasta aquí la afirmación; las dos preguntas son las siguientes: 
En primer lugar, nos interesa mucho saber si la Comisión está dispuesta a trabajar estrechamente con los Estados Unidos en ese paquete de asistencia financiera tan importante y tan necesario para que China pueda dotarse del aparato administrativo y judicial capaz de hacer cumplir sus obligaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio. 
La otra pregunta es la siguiente: hemos trabajado muy bien con el Consejo y con la Comisión a lo largo de todo este proceso y pensamos seguir haciéndolo. 
Creo que esta colaboración aporta legitimidad democrática a un proceso que está siendo criticado. 
La pregunta es clara; más que una pregunta, es una petición: ¿se someterá, al final del proceso, el acuerdo con China a la aprobación del Parlamento? 
Creo que esta hipótesis no entraña riesgos por parte del Consejo ni por parte de la Comisión, porque el éxito está garantizado. 
El Parlamento, como les digo, apoya ese acuerdo. 
Además, ganaremos todos en legitimidad democrática con este importante acuerdo, ya que, no necesito subrayarlo, está previsto también que en acuerdos importantes el Parlamento tenga un papel decisivo. 
Señor Presidente, la conclusión el pasado 19 de mayo del acuerdo bilateral de acceso al mercado de bienes y servicios entre la Unión Europea y la República Popular de China constituye- y creo que todos así lo reconocemos- un marco pertinente en el proceso de adhesión de este país a la Organización Mundial del Comercio, cuyos trabajos se iniciaron- he de recordarlo- hace casi 14 años. 
La integración de un interlocutor con la dimensión económica y política de China en el sistema multilateral de comercio será sin duda uno de los hechos más importantes para la economía mundial en este principio de siglo. 
El Sr. Carlos Westendorp y Cabeza ha mencionado la dimensión de la población china y del mercado chino, así como la importancia que va a tener desde el punto de vista del equilibrio interno de la Organización Mundial del Comercio. 
Así resultará fortalecida la aspiración a la universalidad de la Organización Mundial del Comercio y a partir de ahora la reflexión sobre las formas de volver más operativo su funcionamiento será un ejercicio absolutamente necesario. 
En el nivel de la Organización Mundial del Comercio, las negociaciones bilaterales que se han celebrado son sólo un paso en la multilateralización de las disposiciones acordadas y en la conclusión del proceso en Ginebra. 
Ello entraña la continuación de los trabajos del grupo para la adhesión en lo relativo a la redacción final de su protocolo. 
Hasta el final de ese proceso no se incluirá la adhesión de China en el orden del día de una reunión del Consejo General para su aprobación por los Miembros de la OMC y se presupone que éstos habrán formulado internamente los procedimientos necesarios para ello. 
En el plano comunitario, los Estados miembros deberán examinar también esa cuestión, dado que el proceso habitualmente seguido, el llamado proceso ad hoc Ecuador, resulta demasiado tácito y, como tal, poco compatible con el peso político y económico de China y con la importancia específica que ese caso tiene. 
Así, la Unión Europea deberá conceder su asentimiento de forma clara y explícita a la entrada de China en la OMC y el Consejo deberá pronunciarse sobre el plan global de adhesión, que se deberá someter también al dictamen de este Parlamento. 
Y no respondo a la segunda pregunta formulada por el Sr. Carlos Westendorp y Cabeza, porque ha quedado superada por los hechos: se refería al mandato que se había encomendado a la Comisión y su amplitud. 
Se ha demostrado que el mandato tenía suficiente amplitud, pese a que algunos países, incluido el mío, tuvieran algunas dificultades para su establecimiento. 
En cuanto a la cooperación y las acciones de asistencia técnica, hemos venido observando que China, pese a las dificultades que han surgido a lo largo de ese proceso negociador, ha dado pruebas de compromiso con el proceso multilateral y les ha dado preferencia incluso respecto de algunas opciones de carácter regional. 
Ahora, en esta fase, deberá hacer un esfuerzo suplementario con vistas a poner en práctica los compromisos que ha subscrito y revelar una apertura necesaria para cumplir sus obligaciones multilaterales y respetar las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. 
La adhesión de China constituirá un factor de estabilidad en la economía mundial y conferirá a la nueva ronda de las negociaciones de la OMC, que se iniciarán- así lo esperamos- en cuanto sea posible, una importancia mayor, por lo que todos deberán concertar esfuerzos para que se cumpla ese objetivo. 
Así, se espera que se pueda ultimar el proceso de adhesión a corto plazo mediante compromisos sólidos y compatibles con el nivel de desarrollo ya alcanzado por ciertos sectores de la economía china a fin de velar por que no resulte afectada la estabilidad de los mercados. 
Pero, además de ese aspecto, la adhesión de China a la OMC no dejará tampoco de tener reflejos en el plano político, dado que las exigencias de reformas internas y de mayor transparencia y, por consiguiente, una mayor exposición a las opiniones públicas exteriores, no dejarán de tener consecuencias en la actuación de las autoridades chinas en otras esferas, además de la estrictamente comercial. 
Pero a ese respecto el orador siguiente probablemente sepa un poco más que yo. 
. (EN) Señor Presidente, para empezar quisiera respaldar calurosamente un par de observaciones hechas por el Sr. Westendorp, lo cual, estoy seguro, es siempre una buena manera de comenzar un discurso en un debate de este Parlamento. 
En primer lugar, quisiera sumarme en los términos más entusiastas que sea posible al elogio que ha hecho a propósito de mi colega, el Comisario Lamy, por la forma en que ha llevado a cabo estas negociaciones. 
Tengo alguna experiencia acerca de las negociaciones con China y he de decir que no sé cómo expresar mi admiración por lo que ha conseguido el Comisario Lamy. 
Quisiera sugerir, como ha sugerido él con su generosidad característica, que todos nosotros rindamos también tributo a su predecesor, Sir Leon Brittan, que ayudó a poner en marcha y a proseguir estas negociaciones, aunque eso le obligara a viajar mucho más de lo que estimaba probable antes de empezar. 
En segundo lugar, coincido totalmente con lo que ha dicho su Señoría acerca de la importancia del resultado de esas negociaciones. 
El acuerdo es muy bueno para China y para Europa; es bueno para la región asiática y para el mundo y, en nuestra opinión, tendrá seguramente efectos beneficiosos sobre la votación en el Congreso de los Estados Unidos. 
Supone un reto para China y, a su debido tiempo, para la OMC. 
Sin embargo, siempre me ha parecido que era exagerado hablar de una Organización Mundial del Comercio en la cual no figuraban los representantes de entre una quinta parte y una cuarta parte de la humanidad. 
Lo sucedido son buenas noticias. 
Quisiera ocuparme de dos cuestiones que ha planteado el Presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
En primer lugar, la cuestión relativa al asentimiento del Parlamento. 
El Comisario Lamy ha tenido ya la oportunidad de exponer en la sesión plenaria de este Parlamento en marzo la opinión de la Comisión de que el ingreso de China en la OMC es un acuerdo comercial de importancia capital y, por lo tanto, es exactamente el tipo de acuerdo que debería requerir el asentimiento del Parlamento, si hubiera que aceptar las propuestas de la Comisión para la Conferencia Intergubernamental. 
Ahora bien, por el momento no se trata más que de propuestas. 
Evidentemente no podemos anticipar los resultados de la Conferencia Intergubernamental, así que tenemos que ajustarnos a las normas actuales del Tratado. 
Como sabe el Parlamento, el acuerdo con China no encaja en ninguna de las categorías previstas en el apartado 3 del artículo 300 que justificarían la presentación al Parlamento para obtener su asentimiento. 
Ahora bien, el acuerdo, en principio, se presentará para consulta, de forma que el Parlamento Europeo tendrá amplias oportunidades de expresar sus puntos de vista sobre su texto. 
Evidentemente, es el Consejo el que decide sobre las consultas con el Parlamento Europeo. 
Éstos son los aspectos jurídicos institucionales de la cuestión. 
En un plano más político y pragmático, puedo asegurar al Parlamento que la Comisión trabajará con el Parlamento Europeo a fin de lograr que se pueda oír su voz. 
A título de ejemplo diré que el Parlamento sabe que el Comisario Lamy ha mantenido varias rondas de debates con diputados de este Parlamento durante las fases finales de las negociaciones con China. 
Sé que se puso en contacto con diputados de este Parlamento en cuanto quedó aceptado el acuerdo: llamó por teléfono a su Señoría para comunicarle que el acuerdo había quedado ultimado. 
Puedo asegurar al Parlamento que tiene la intención de continuar ese diálogo durante todo el transcurso de los procedimientos de aprobación interna de la Unión Europea. 
Es una indicación del viejo dicho según el cual, cuanto más transparencia hay, invariablemente se tiene más éxito. 
Ahora bien, en esta fase quisiera añadir que el 19 de mayo concertamos únicamente- como ha indicado la Presidencia- nuestro acuerdo bilateral con China acerca de las condiciones para su ingreso en la OMC. 
La fase multilateral del ingreso de China, que tendrá lugar en Ginebra, está todavía sin finalizar. 
No esperamos que eso ocurra antes del final de septiembre, en el mejor de los casos. 
Dicho con otras palabras, sean cuales fueren los procedimientos que se apliquen en la Unión Europea en relación con el ingreso de China en la OMC, la cuestión en realidad sólo tiene pertinencia una vez que haya finalizado la fase multilateral, pues los procedimientos de aprobación no comenzarán hasta después de esa fecha. 
En segundo lugar, quisiera referirme al asunto extremadamente importante que su Señoría ha planteado acerca de la asistencia técnica para ayudar a China a cumplir sus obligaciones respecto de la OMC. 
La Comisión tiene cinco programas de cooperación en China, cuyo importe total asciende a 25 millones de euros. 
Esos programas están ya en curso o van a comenzar pronto. Incluyen un programa marco destinado a reforzar las capacidades y estructuras administrativas pertinentes de China mediante una serie de módulos especializados destinados a segmentos concretos de la administración china que tendrán que ver con el cumplimiento de obligaciones respecto de la OMC. 
Otros programas están destinados a ayudar a China a cumplir obligaciones concretas respecto de la misma organización. 
Actualmente estamos estudiando la forma de aprovechar mejor esa experiencia, y se adoptarán nuevas iniciativas. 
El ingreso de China en la OMC y las considerables necesidades conexas de asistencia técnica suscitarán probablemente un gran interés entre otros donantes, incluidos los Estados Unidos y el Japón, pero también entre nuestros propios Estados miembros y la Secretaría de la OMC. 
Evidentemente será esencial que haya una estrecha coordinación a fin de evitar duplicaciones de actividades y para generar sinergias entre diferentes programas que cada donante llevará a cabo de conformidad con sus propios procedimientos. 
La necesidad de coordinación se dejará sentir especialmente en los casos en que la asistencia esté destinada a ayudar a cumplir determinados acuerdos con la OMC, y promoveremos una firme participación de la OMC en esas esferas. 
En cuanto a la cuestión de la coordinación con los Estados Unidos, no hay duda de que estudiaremos muy cuidadosamente nuestras opciones. 
Hemos de tener en cuenta que esa cuestión tendrá algunos efectos para la visibilidad de nuestras actividades europeas. 
Las primeras conversaciones exploratorias sobre las necesidades de asistencia técnica de China y las intenciones y funciones respectivas de diversos donantes tendrán lugar en breve mediante contactos directos en Pekín y al margen de las actividades del Grupo de Trabajo de la OMC sobre el ingreso de China, la semana próxima. 
Reiteraré una vez más que se trata de una cuestión importantísima, una cuestión respecto de la cual el Comisario Lamy y yo hemos empezado ya a ocuparnos. 
Queremos mantener al Parlamento plenamente informado acerca de nuestros planes, pero tengo la absoluta convicción de que, habiendo dado este importantísimo paso adelante, ahora es también importantísimo que prestemos toda la asistencia técnica que podamos para lograr que dé en China y, por consiguiente, en el resto de la región y del mundo, los resultados que todos esperamos que tenga y que nos gustaría que tuviera. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en las negociaciones de Pekín el peso específico y propio de la Unión Europea como gran región de comercio mundial se ha revelado también a nuestro interlocutor China como algo evidente. 
La Comisión ha defendido posiciones coherentes de la Unión Europea con apoyo del Parlamento Europeo y también del Consejo de Ministros, logrando que se acepten muchas de ellas. 
Ejemplo de ello son la competencia y la apertura recíproca de los mercados, la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, la protección de la propiedad intelectual y del medio ambiente así como la cooperación para lograr un desarrollo sostenible. 
Por lo demás, nuestra posición se basa en los principios de un comercio mundial libre y justo y se caracteriza por el modelo europeo de la economía social de mercado que en aspectos esenciales se refleja ya en la legislación marco europea. 
Felicitamos al Comisario Lamy y su equipo- e incluyo aquí expresamente también a su predecesor, Sir Leon Brittan- por el excelente resultado que ha negociado la Comisión con éxito y competencia. China se ha acercado un buen trecho hacia la apertura de sus mercados y acepta en líneas generales las reglas que la Organización Mundial de Comercio precisó y desarrolló en 1994. 
No es necesario exponer en detalle los éxitos logrados. Alcanzan desde la reducción de aranceles, desde tipos iniciales con frecuencia superiores al 40% hasta una media del 10%, desde la apertura de los monopolios de importación y exportación, joint-ventures en el sector de los servicios y cadenas comerciales, hasta la libertad de establecimiento a medio plazo para empresas europeas. 
Así pues, los resultados son notables. 
Pero integrar a China en el comercio mundial también significa colocarla en situación de respetar y aplicar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, de actuar como interlocutora responsable y de hacerse cargo de nuevas responsabilidades. 
Expresamos, por ello, nuestro agradecimiento al Comisario Patten por su aseveración de que también se va a organizar la ayuda técnica, la formación de especialistas y de responsables en China para la nueva fase de cooperación junto con los Estados Unidos. 
Sin embargo, pensamos que también debe añadirse un segundo aspecto, una mayor comprensión por parte de China para con la posición de la política comercial de la Unión Europea relativa a la recíproca apertura de los mercados. 
Esperamos pues que China apoye a corto plazo las propuestas de la Unión Europea para una nueva y amplia ronda de conversaciones en la OMC. 
A largo plazo, subrayamos el papel asegurador de la paz de una cooperación más intensa con China en el sector comercial para Asia, Europa y el mundo. 
Creemos que la apertura de los mercados y las reformas democráticas como condiciones marco para un rápido desarrollo económico y social de China serán vistas también cada vez más por los responsables chinos como una necesidad evidente. 
En nombre del Grupo del PPE saludo por ello la exitosa conclusión de las negociaciones con China y pido al Consejo que clasifique políticamente el resultado de estas negociaciones al menos de tal modo que el Parlamento Europeo tenga la posibilidad de emitir su voto afirmativo a esta importante decisión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Patten, Señorías, mis colegas ya se han referido a los puntos esenciales. 
Por ello, permítanme que me refiera sólo a algunos aspectos. 
La Unión Europea ha logrado éxitos y aquí se debe destacar naturalmente al Sr. Comisario Lamy, quien ha alcanzado realmente unos éxitos espectaculares. 
Pero esto es también aplicable a los Estados Unidos y exactamente igual ocurrirá con otros Estados que entrarán próximamente en negociaciones. 
Creo que un importante punto va a consistir en que con ello no sólo ayudamos a China a integrarse en la economía mundial- lo que ya han hecho con mayor o menor intensidad- sino en que además ayudamos a este país también a dar otro paso hacia una democratización general de la sociedad. 
De lo que aquí se trata es la cuestión crítica de qué pasará si China se convierte en miembro de la OMC. Este asunto lo hemos podido seguir en todos los debates, en la gran prensa mundial y, naturalmente, también entre los economistas, quienes han discutido muy vivamente al respecto. 
¿Se producirá una nueva ronda de apertura en la sociedad? 
¿Se producirá una nueva ronda en la política? 
¿Se producirán reformas institucionales en China? 
Y, naturalmente, ¿se producirá una apertura adicional del mercado? 
Estas son las cuestiones realmente críticas e interesantes ante las que nos encontramos. 
Estoy seguro que esto es lo que piensan todos los colegas que han hablado aquí y creo también que la opinión de mi Grupo político es que con esta apertura y la integración de China en la Organización Mundial de Comercio ayudaremos a este país a dar un gran paso hacia delante. 
No obstante, no debemos adelantar acontecimientos. 
No debemos alimentar ilusiones y debemos insistir mucho en que se respeten realmente las normas de la OMC pues este es el punto clave. 
En el marco de nuestros posteriores debates con la Comisión tendremos que ir mucho más a los detalles. 
Pues el paquete que se ha negociado es muy amplio. Hay sectores realmente críticos y sensibles. 
Por parte de la industria se pueden escuchar ya hoy voces críticas que dicen que el éxito es una parte pero que el control de la aplicación a posteriori es igualmente importante. 
Creo que podemos confiar en una buena cooperación para que esta forma de la aplicación tenga asimismo un acompañamiento parlamentario y estemos siempre realmente informados sobre el estado actual. 
Otro punto al que quiero referirme- que me parece muy importante- es nuestra esperanza de que con la apertura del mercado y del impulso de la apertura social en China, también se respetarán más los derechos humanos. 
Los derechos humanos son un elemento esencial de una sociedad moderna. 
Creo que este es un punto que no podemos dejar en absoluto de lado en las conversaciones aunque no sean un elemento componente sustancial de las negociaciones puramente económicas. 
Sé que ustedes siempre le han dado una importancia especial. 
Sin embargo, es importante recordar siempre este punto. 
Señor Presidente, no tengo más que dos minutos durante los cuales quisiera referirme a cuatro cuestiones. 
En primer lugar, me gustaría sumarme a las calurosas felicitaciones dirigidas al Comisario Lamy y también a su distinguido predecesor Sir León- en la actualidad Lord- Brittan. 
Espero que la brevedad de mis felicitaciones no se tome en detrimento del afecto con que las formulo. 
En segundo lugar, una cuestión para el Consejo. 
La actitud del Consejo respecto del asentimiento parlamentario a una gestión como la presenta está vinculada a la actitud paralela del Consejo respecto de la propuesta de la Comisión en favor de que se amplíen sus propios poderes respecto de esferas como la propiedad intelectual y los servicios que se mencionan en el artículo 133. 
He de confesar que tengo la impresión de que nos encontramos aquí con cierto grado de territorialidad institucional, particularmente en los grandes Estados miembros en los que los ministerios de comercio e industria son muy reacios a que la Comisión siga ampliando su intervención en esas esferas nuevas de las negociaciones comerciales de la OMC y, en consonancia con lo dicho, son también reacios a que el Parlamento Europeo aumente su influencia. 
Esta situación, sencillamente, no puede continuar. 
Es un anacronismo inaceptable que una política que se integró en la Comunidad en el decenio de 1950 sea tan poco transparente y tan poco responsable. 
Insisto en que a este respecto concreto se superen los intereses territoriales internos de los Estados miembros. 
En tercer lugar, la asistencia técnica. 
Es una gran cosa que vayamos a coordinar una parte de nuestra actividad con los americanos, pero fijémonos en las cifras: 25 millones de euros es una cantidad risible en comparación con el reto con el que nos enfrentamos. 
Para China tenemos un presupuesto total de 80 millones de euros. 
Aunque asignemos la totalidad de esa suma a la cuestión del ingreso de China en la OMC, seguirá siendo insuficiente. 
Nosotros- la Comisión, el Consejo y el Parlamento- tenemos que ser más ambiciosos y asignar muchos más fondos a esa enorme tarea. 
Por último, los derechos humanos. 
Espero que el hecho de que hayamos firmado este arreglo bilateral con China no les induzca a pensar que vamos a ser más clementes por lo que se refiere a la cuestión de los derechos humanos. 
Al contrario, ahora es más importante que las tres instituciones den pruebas de una gran firmeza respecto de la forma en que China se conduce en el denominado diálogo sobre derechos humanos. 
No les demos la impresión de que el acuerdo sobre la OMC significa que vamos a ser menos firmes en la cuestión de los derechos humanos. 
Debería ser lo contrario: deberíamos ser aún más firmes. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, no es grato que a una le endosen el papel de aquella que insiste regularmente en las mismas cuestiones. 
Pero no es mi culpa, señor Comisario, si un consenso difuso reina en esta Asamblea. 
Y no crean que me cansaré de recalcar una evidencia que, salvo que exista un a priori dogmático, debería saltar a la vista de todos: la OMC es un mecanismo que conviene volver a examinar pormenorizadamente antes de ir más lejos, en lugar de continuar actuando como si no hubiese pasado nada, a pesar del vergonzoso fracaso de Seattle. 
Se han reanudado nuevas negociaciones en Ginebra, caracterizadas por una vaguedad que las meritorias intervenciones del Sr. Lamy ante este Parlamento no acaban de disipar, y la Unión Europea, dentro del engranaje de los Estados Unidos, negocia las condiciones futuras de la adhesión de China. 
Entonces, tenemos derecho a formularnos algunas preguntas: 
¿Qué valor tienen las cumbres de la OMC si no existe ninguna diferencia entre fracaso y éxito en la manera de dirigir interiormente los asuntos? 
¿Qué credibilidad tienen las reestructuraciones institucionales, que se supone deben responder a los interrogantes principales que se han formulado, si incluso antes de su realización se abre la vía de una adhesión inminente a una nación que representa por sí sola la quinta parte de la humanidad? 
Puede decirnos, por otro lado, ¿en qué categoría la Unión Europea y sus socios miembros de la OMC incluyen a China? , ¿en la categoría de país en vías de desarrollo o en otra categoría? 
¿Cómo analiza usted el formidable trastrocamiento de los equilibrios en el seno de la organización que impulsa este enfoque de la situación? 
Finalmente, ¿puede usted decirnos lo que obtiene la Unión Europea- si obtiene algo- de los Estados Unidos, ya que según las declaraciones del Sr. Lamy las negociaciones llevadas a cabo con los chinos han tomado como base lo que los norteamericanos ya habían obtenido, con una plusvalía para los Europeos? 
Señor Comisario, no es, naturalmente, la calidad del trabajo del Sr. Lamy lo que se pone en tela de juicio, pero a pesar de mis repetidas peticiones de que se elabore un verdadero balance de la OMC, estas negociaciones se efectuarán sin ningún tipo de balance. 
Debo señalar que no es posible emprender un proceso que pudiese dar a entender que se cuestionan los beneficios de la liberación de los intercambios mundiales. 
Lamento que se consulte tan poco a los Estados de la Unión, así como al Parlamento Europeo, mayoritariamente adheridos no ya a la justa causa de la Organización Mundial de Comercio, que también nosotros compartimos, sino a la de un desarrollo frenético del librecambio mundial, que no tiene en cuenta los intereses vitales de nuestras poblaciones. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, he escuchado con atención las palabras del Sr. Westendorp sobre los beneficios desde el punto de vista económico, social, medioambiental y político de la adhesión de China a la OMC. 
Sin embargo, no creo que haya sido muy explícito en cuanto a los beneficios desde el punto de vista político. 
En cualquier caso, por mi parte, veo muy claramente un beneficiario político: el régimen chino, y al decir esto, no pienso en las instituciones, sino en un régimen despótico. 
Se puede, naturalmente, estar de acuerdo con el Sr. Westendorp. 
Es indudable que no hemos bajado la guardia en materia de derechos humanos al firmar este acuerdo, porque no podemos bajarla, señor Westendorp, pero no hemos obtenido nada de la República Popular de China. 
Ya sea en materia de fortalecimiento del Estado de Derecho, en materia de fortalecimiento de la democracia o en materia de respeto de los derechos humanos, no hemos obtenido nada desde hace diez años. 
Cada día vemos, leemos, las mismas informaciones: nuevas detenciones de disidentes, nuevas detenciones de miembros del Partido demócrata, continuación de la colonización del Tíbet. 
En este sentido, además, el Banco Mundial se dispone a multiplicar por dos un gran proyecto que nosotros apoyamos, ya que nuestros Estados son los principales miembros de esta honorable institución. 
En las próximas semanas, pues, el Banco Mundial duplicará la capacidad para los emigrantes chinos de colonizar aún más el Tíbet. 
Esto es lo que está a la orden del día. 
Pienso que los colegas que se han referido a los derechos humanos saben muy bien, al igual que nosotros, sobre todo por haber escuchado al Comisario Brittan estos últimos años, que nunca se ha hablado de acoplar los derechos humanos y la democracia con los acuerdos de la OMC. 
Tenemos, pues, conciencia de fortalecer un poder despótico, un poder que acumula armas, que acumula fuerza en esta región del mundo. 
Estamos resignados a ello, sin pensar que, dentro de veinte años, las presiones que este poder pronto podrá ejercer en toda Asia las ejercerá también en nuestros países. 
Estamos resignados a abandonar a los chinos a su propia suerte y a abandonar la idea de democracia para los chinos y, en resumidas cuentas, para todos nosotros. 
Señor Presidente, mientras las grandes empresas internacionales están descorchando botellas de champán para celebrar el acuerdo sobre la propuesta de ingreso de China en la OMC, los pequeños agricultores de China están temblando de miedo. 
Saben que el ingreso en la OMC va a ser un beneficio con sus pros y sus contras para China, que puede significar la ruina para los agricultores en pequeña escala. 
Lamento no poder compartir la opinión del Comisario Patten a ese respecto. 
Hay muchas personas en China para quienes este acuerdo no es una buena noticia. 
Las poderosas empresas agrícolas internacionales lo saben también. Por eso las compañías de los Estados Unidos exportadoras de cereales, como Cargill, no pueden creer la suerte que han tenido. 
Se les acaba de entregar el mayor mercado del mundo y pueden esperar que las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos aumenten en 2000 millones de dólares durante los cinco años venideros cuando las reducciones arancelarias de China empiecen a surtir efecto. 
No es de extrañar que se estén relamiendo ya de satisfacción, pensando en un mercado mayor, mejor y más estable. 
Ahora bien, mientras Cargill está tan contento al ver que sus beneficios van a aumentar al mismo tiempo que la autonomía china en productos agrícolas disminuye, la situación es mucho menos optimista para el propio pueblo de China. 
Se ha calculado que el incremento de la competencia planteada por importaciones agrícolas baratas puede significar que unos 400 millones de pobladores rurales de China no sean ya necesarios en el año 2005 para trabajar en la agricultura. 
Es casi imposible concebir la enormidad de semejante cifra o imaginar las miserias y la dislocación social que va a causar. 
La Comisión está ofreciendo asistencia técnica a China para ayudarla a llevar a cabo la enorme reestructuración económica que conllevará el ingreso en la OMC. Me gustaría que se dieran pruebas de la misma preocupación por ayudar en la reestructuración social casi inconcebible que a continuación se producirá inevitablemente y que- repito- costará el puesto de trabajo a 400 millones de campesinos. 
Se ha dicho que el Sr. Lamy había anunciado que las negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y China han permitido obtener el 96% de lo que la Unión Europea quería. 
Quizá pudiera calcular también el porcentaje de éxito que el pueblo chino obtendrá con esas mismas negociaciones. 
Señor Presidente, distinguidos representantes del Consejo y de la Comisión, el comercio mundial ha crecido durante las últimas décadas de una manera vertiginosa. 
A pesar de los grandes avances conseguidos en el ámbito del comercio mundial, quedan aún muchos problemas sin solucionar y muchas cuestiones abiertas. 
Uno de los asuntos de más envergadura y de los más difíciles a nivel político ha sido la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, OMC, y este mismo problema surgirá de nuevo en el contexto de la aplicación práctica del acuerdo. 
Al tratarse de la adhesión de la segunda economía mayor del mundo y del decimoprimer país exportador al sistema institucional de comercio más relevante que existe, la importancia de este asunto nunca será bastante resaltada. 
Comparto también la opinión de nuestro colega, el Sr. Clegg, en lo que respecta a la impresión de que tal vez la Comisión y el Consejo han insistido algo más de la cuenta en remitirse al Tratado de Amsterdam y en escudarse tras la letra de las estipulaciones del mismo. 
Sin embargo, siento gran satisfacción por el hecho de que la Comisión esté de acuerdo con nosotros en que las negociaciones con China para su adhesión a la OMC son un asunto del que no puede excluirse al Parlamento y en que debemos recibir aquí, en el Parlamento, la información necesaria sobre el mismo. 
El hecho de que estas negociaciones de adhesión no impliquen el cambio del marco jurídico no disminuye la relevancia de este asunto. 
Por ello, el diálogo informal que se mantenga al respecto, siempre sin cambiar la literalidad del tratado marco, cosa que también mencionó el Sr. Comisario en su intervención, ocupa un lugar cada vez más fundamental. 
El apoyo a China en las reformas de la gestión de su economía y de su sistema judicial favorece los intereses de toda la Unión Europea. 
Sería sensato llevar a cabo en colaboración el conjunto de ayudas técnicas proporcionado por la UE y por Estados Unidos; esta colaboración es necesaria de cara a garantizar tanto la rapidez de las reformas, como una ejecución decidida de las mismas. 
Dentro de las reformas del sector público, la reforma de las empresas estatales es vital para el continuo crecimiento económico de China. 
Y mi único comentario al contenido está relacionado con esto: el porcentaje de la participación en la propiedad por parte de las empresas extranjeras no ha ascendido al nivel que la Unión Europea se había propuesto. 
Esto ha sido algo muy negativo. 
El modo de llevar a cabo la reforma de la economía es también una cuestión política importante, ya que ello está estrechamente relacionado con el destino de todo el sistema socialista chino. 
Queda cerrado el debate. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Esta mañana pregunté cuándo iba a tener lugar este debate y se me dijo que comenzaría poco después de las tres de la tarde. 
Cuando vine aquí a las tres en punto para el debate, se me dijo que tendría lugar más tarde, hacia las cinco. 
Es evidente que estamos tropezando con dificultades para respetar el orden del día. 
Quisiera formular una propuesta que podría aliviar la presión al final del examen del orden del día de hoy, que incluye el debate previsto sobre la directiva de pagos atrasados: votemos sobre el informe sobre el procedimiento de conciliación con el Consejo. 
Se trata de una cuestión que actualmente no tiene nada de contenciosa. 
Todo el mundo está de acuerdo sobre el particular. 
El ponente, el ponente interino y el Presidente de la comisión parlamentaria están todos de acuerdo en sugerir que haya una votación sin debate. 
De esta forma se aliviaría la presión sobre el orden del día al final de la tarde. 
Incluso podríamos votar ahora sobre el informe. 
Señor Chichester, no me siento con fuerzas para tomar esta decisión, ni siquiera amparándome en el Reglamento, ni en el consejo de los funcionarios. 
Solamente voy a administrar hora y media del turno de preguntas al Consejo y luego, cuando comience la sesión, el que ejerza la presidencia- ya informado de su inteligente propuesta- tomará la decisión pertinente. 
Pero tomamos muy buena nota de esta propuesta. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0487/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0434/00): 
Asunto: Incremento de los fondos del presupuesto comunitario En el marco de la Conferencia Intergubernamental se habla mucho, por ejemplo, de la necesidad de revisar el procedimiento de toma de decisiones en el Consejo de Ministros o del número de comisarios, pero se hace referencia en un grado limitado a la necesidad de incrementar de modo significativo los fondos del presupuesto comunitario, para que pueda facilitarse el proceso de ampliación y para que la Unión pueda responder a las crecientes necesidades existentes en su seno y en su entorno en general. 
¿Cómo enfoca el Consejo de Ministros un posible aumento significativo de los fondos del presupuesto comunitario, cuál podría ser el "techo" del aumento y hasta qué punto es realista, en su opinión, un objetivo semejante en las circunstancias presentes? 
Señor Presidente, la pregunta oral sobre la dimensión del presupuesto comunitario es una que se ha venido abordando cíclicamente, en particular en el ámbito del debate más amplio sobre la financiación futura de la Unión Europea que precede a las negociaciones de los marcos financieros de la Unión Europea. 
Con todo, se ha comprobado que el marco general no es favorable al fortalecimiento de la dimensión del presupuesto, como, por lo demás, quedó demostrado en las negociaciones de la Agenda 2000, y que tampoco es éste el momento oportuno para reanudar ese debate. 
Quisiera recordar que, en el marco del Acuerdo Interinstitucional establecido el 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del proceso presupuestario, del que forman parte las perspectivas financieras, hay importes establecidos que significan un límite máximo anual de gastos para las tres instituciones- el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión- que todas ellas se comprometen a respetar. 
Como he dicho, en la fase actual el Consejo considera que no hay necesidad alguna de hacer una revisión de las perspectivas financieras. 
Por lo que se refiere a los gastos que entrañará la ampliación, en dicho Acuerdo consta que en caso de ampliación de la Unión a nuevos Estados miembros durante el período abarcado por las perspectivas financieras, el Parlamento Europeo y el Consejo, tras deliberar sobre la propuesta de la Comisión, aprobarán conjuntamente las Perspectivas Financieras para tener en cuenta la necesidad de los gastos que entrañen dicha ampliación. 
Ahora bien, esa modificación de las Perspectivas Financieras deberá respetar los límites máximos del marco indicativo de las Perspectivas Financieras para una Unión ampliada a 21 miembros, como se reproduce en el Anexo II del Acuerdo Interinstitucional, a reserva, naturalmente, de los resultados de las negociaciones de adhesión. 
Le agradezco al Sr. Ministro haber respondido a la pregunta que había formulado, pero creo que no ha dado respuesta a la cuestión concreta planteada por mí y que es la siguiente: soy eurodiputado desde hace un año y a lo largo de este año he constatado que continuamente se multiplican los programas e iniciativas de la Unión Europea, lo que implica nuevos gastos añadidos; sin embargo, no se garantizan al mismo tiempo los fondos complementarios correspondientes. 
Por el contrario, habitualmente lo que se hace es recortar las partidas del presupuesto previstas para otros compromisos, como, ocurrió, por ejemplo, cuando hubo que encontrar dinero para Kosovo o para el desarrollo de los Balcanes, para los terremotos y para otras necesidades que han ido surgiendo. 
Me pregunto por qué no se intenta que los fondos del presupuesto comunitario alcancen el techo legislado del 1,27 % del producto interior bruto de la Unión Europea, de tal modo que no se sacrifiquen otros programas; me pregunto por qué regla de tres, mientras que la Unión Europea asume nuevos compromisos, al mismo tiempo restringe el desembolso de las partidas aprobadas, que a duras penas alcanzan el 1,10 % del PIB. 
Me pregunto también si el Consejo podría tranquilizar a los pueblos de los países pobres de la Unión Europea en el sentido de que la ampliación no tendrá como consecuencia la reducción de los fondos... 
(El orador es interrumpido por el Presidente) 
Señor Presidente, advierto preocupación en su Señoría y que esa preocupación es compartida, por lo demás, dentro de la Unión en diversos sectores. 
La verdad es que las reorganizaciones en el plano de resignación de fondos que se han venido haciendo, en particular en el último año, como ha dicho su Señoría, son sin perjuicio del cumplimiento efectivo de aquello a los que la Unión se comprometió en esos diversos sectores y se han hecho a partir de los fondos no gastados en determinados sectores. 
Pero es evidente que, si la situación llegara a agravarse y no se pudiera cumplir alguno de los compromisos asumidos por la Unión Europea conforme a las Perspectivas Financieras, en la llamada revisión de mitad de período, que está prevista en las propias Perspectivas Financieras y que por primera vez se hace- he de recordarlo- por mayoría cualificada, se podría hacer una intervención en ese sentido. 
Y en ella se pueden prever algunos de los gastos provocados por la ampliación, si llegara a producirse entretanto. 
Pero, teniendo en cuenta la fase actual, éste es el primer año de la ejecución de las Perspectivas Financieras y en este momento no hay razones que justifiquen reevaluación alguna del compromiso asumido en Berlín. 
La Comisión de Presupuestos y el Parlamento Europeo se han puesto de acuerdo en la Agenda 2000 en reducir la proporción del 1,27 % en el PIB hasta el 2006. 
El ciudadano europeo exige economicidad en la administración y el concepto de la estabilización real tiene como objetivo mejorar aún más en el futuro la calidad del trabajo del Consejo y de la Comisión para que podamos trabajar aún más eficientemente en la Unión Europea. 
¿Cree que se podrá proseguir tras el 2006 el concepto de la estabilización real? 
Con mucho gusto respondo a la pregunta de su Señoría. 
Yo participé en las negociaciones de la Agenda 2000 y recuerdo perfectamente el concepto de estabilización real que entonces se proponía y que significaba, en la práctica, la reducción de los importes establecidos. 
A nuestro entender, la Unión Europea, tarde o temprano, debe optar: o quiere ser una estructura con un conjunto sólido de políticas, a lo que debe corresponder un presupuesto en el mismo nivel, o pura y simplemente quiere ser como una fuente de economías. 
Si consideramos los presupuestos comunitarios una fuente de economías y trabajamos cada vez más mediante la subsidiariedad en materia de financiación, muy probablemente el futuro de las políticas de la Unión, en particular a partir de 2006, no será brillante. 
Ésa es mi perspectiva personal. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 2 decae. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0446/00): 
Asunto: Planes para una posición común de la Unión Europea en el Convenio OSPAR ¿Qué planes se están negociando en la Troika para la presentación de una posición común de la UE en la reunión del Convenio OSPAR sobre el control de los contaminantes radiactivos y tóxicos en el medio marino que se celebra este mes en Copenhague? 
Señor Presidente, como es sabido, las negociaciones del ámbito de la comisión OSPAR corren a cargo, en lo relativo a los asuntos de competencia comunitaria, de la Comisión en consulta con un comité de representantes de los Estados miembros. 
Si al final de dichas negociaciones las partes en el Convenio OSPAR llegaran a adoptar una decisión que, a juicio de la Comisión, se debiera recoger en el ordenamiento jurídico comunitario, la Comisión podría formular una propuesta de decisión del Consejo con vistas a la adopción por la Comunidad de la decisión OSPAR. 
El Consejo no dejará de analizar esa propuesta con la debida atención. 
En cualquier caso, la propuesta mencionada por su Señoría no ha sido presentada hasta la fecha al Consejo y, por tanto, éste no está en este momento en condiciones de pronunciarse sobre ese asunto. 
Sé que la Presidencia portuguesa está muy al corriente de esta cuestión. 
Como saben ustedes, la comisión OSPAR se reunió hace dos años en Sintra y se consiguieron algunos adelantos en lo que se refiere a la contaminación del medio ambiente marino. 
Mi pregunta se refiere particularmente a las emisiones radiactivas. 
Sé que Francia forma parte de la Troika y que asumirá la presidencia en julio. 
Francia tenía una actitud muy firme y era uno de los países que participaron en el acuerdo sobre la reducción de emisiones radiactivas, pero un estudio efectuado recientemente por Greenpeace indica que hay emisiones de radiactividad bastante fuertes provenientes de Cap La Hague. 
¿Está al corriente de ese estudio el Consejo? 
¿Le gustaría recibir más información acerca del estudio? 
¿Va a señalar la cuestión a la atención de la Presidencia francesa? 
Por un lado Francia dice que controla la contaminación radiactiva del medio ambiente marino, pero por otro lado tenemos la prueba de que hay contaminación radiactiva, así que hay una contradicción entre esos dos hechos. 
El Consejo tiene que arreglárselas como pueda. 
Tomo nota de lo que se ha dicho acerca de las propuestas de la Comisión y confío en que sigamos discutiendo esta cuestión con la Comisión cuando dispongamos de los resultados de Copenhague. 
Ni Irlanda ni Dinamarca han transmitido hasta el momento al Consejo de la Unión Europea propuesta alguna relativa a los residuos radiactivos. 
Y, como el Consejo, como tal, no es miembro de la comisión OSPAR, sólo la Comisión puede adoptar alguna medida legislativa a ese respecto. 
Por tanto, todas las informaciones que puedan llegar en ese sentido al Consejo serán dignas de beneplácito. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0449/00): 
Asunto: Mención de la confesión religiosa en los documentos de identidad El organismo independiente de protección de los datos de Grecia ha planteado el asunto de la mención de la confesión religiosa en los documentos de identidad de los ciudadanos griegos, como cuestión que afecta a la vida privada y puede conducir a discriminaciones en contra de determinadas personas. 
Considerando el artículo 13 del Tratado, ¿puede indicar el Consejo si tanto la mención obligatoria de la confesión religiosa, vigente en la actualidad, como su mención voluntaria- como consecuencia de la posible supresión de su carácter obligatorio- son compatibles con el acervo jurídico y político de la Unión Europea? ¿En qué Estados miembros de la Unión se menciona la confesión religiosa como elemento de la identidad de los ciudadanos? 
Señor Presidente, nunca se pidió al Consejo que examinara los hechos mencionados por su Señoría. 
En principio, ese asunto no es competencia comunitaria, sino competencia exclusiva de las autoridades de los Estados miembros y, más en particular, por lo demás, como subraya su Señoría en su propia pregunta, de la Alta Autoridad Griega para la Protección de Datos. 
Como he dicho, no se ha presentado al Consejo propuesta alguna a ese respecto. 
Si ese comportamiento de las autoridades griegas llegara a constituir un atentado a la legislación comunitaria, naturalmente que la Comisión, en sus funciones de garante de los Tratados, no dejaría de aplicar las necesarias medidas para promover en su momento una acción ante el Tribunal de Justicia por posible incumplimiento. 
Pero, como digo, no es competencia del Consejo, sino de la Comisión y es ésta la que debería examinar si la referencia a la religión en los carnets de identidad griegos es o no conforme al principio de no discriminación en materia de religión. 
Ahora bien, en un análisis preliminar de ese tipo de cuestión, nos parece que la simple referencia a la religión, si fuera para fines informativos, o incluso estadísticos, y si no fuera acompañada de medidas concretas de algún tipo que constituyeran una discriminación para con los practicantes de una religión en particular, no parece en principio constituir violación alguna del acervo jurídico y político de la Unión Europea. 
En cualquier caso, estamos en el marco de la acción de Estados libres y democráticos: cualquier tipo de rechazo respecto de una medida de ese género tiene su marco jurídico específico de reclamación en el ámbito nacional. 
Y es evidente que las comunitarias pueden funcionar como instancias de recurso de las nacionales. 
Le agradezco su respuesta al Sr. Presidente en ejercicio. 
He de decir que ayer formulé la pregunta correspondiente a la Comisión Europea, y hoy he recibido la respuesta. 
El hecho, sin embargo, es que se observa cierta confusión con respecto a este asunto. Un asunto que para Grecia es muy importante. 
Le doy las gracias al Sr. Presidente en ejercicio, aunque he percibido una contradicción en su respuesta. 
Por una parte dice que no se trata de un asunto comunitario, sino de un asunto que atañe a un Estado miembro. 
Por otra parte, sin embargo, plantea una cuestión de observancia del derecho. 
El Sr. Presidente en ejercicio, sin duda, tiene conocimiento- y esto es lo que quería decir- de la respuesta dada por la Comisión a esta misma cuestión, que afirma que la mención de la confesión infringiría la directiva 46/95 sobre datos personales. 
¿Está de acuerdo el Sr. Presidente en ejercicio con esta respuesta, si es que la conoce? 
¿O es que no la conoce, cosa que pondría de manifiesto una seria falta de coordinación entre el Consejo y la Comisión en un asunto de tanta relevancia? 
Señoría, no hay contradicción alguna en este asunto y el problema es muy sencillo: mientras la cuestión no esté comprendida en una normativa de carácter comunitario, se plantea pura y simplemente en el orden político interno griego y de conformidad con las leyes griegas. 
Y, evidentemente, sólo dejará de serlo, si una normativa comunitaria fuera transpuesta a las leyes griegas y acabara siendo también una ley griega. 
El problema que se plantea en este caso es el de si en esta fase del proceso constituye o no un atentado contra el orden jurídico comunitario. 
Sólo la Comisión podría tener autoridad para reaccionar al respecto. 
Como no lo ha hecho hasta ahora, significa que en este momento la cuestión no es aún comunitaria. 
Y, por tanto, la cuestión no tiene una dimensión comunitaria en este momento. 
En el caso de que llegue a tener una dimensión comunitaria, la Comisión será competente para adoptar las decisiones que considere oportunas, en particular ante el Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, intervengo, cuando no tenía intención de intervenir, y la razón de mi intervención es que ha llegado hasta aquí una información engañosa que circula por Grecia, según la cual, para europeizarse, los griegos deberán necesariamente dejar de registrar la confesión religiosa en sus documentos de identidad, y abandonar así una práctica de setenta años. 
La respuesta brindada por el Sr. Ministro da cuenta fielmente de la realidad. 
No se contempla ninguna intervención, es un asunto de derecho nacional, y a eso se atiene hasta ahora la parte griega. 
El organismo creado en Grecia para la protección de datos personales hizo pública una resolución por la que considera que la mención de la confesión religiosa puede afectar a la vida privada de las personas. 
Sin embargo, yo sé que la directiva comunitaria referida a este asunto dice que, si el interesado acepta libremente la mención de la confesión, no hay nada que prohiba la inclusión de este dato personal. 
Y eso es precisamente lo que demandan mi partido y la Iglesia de Grecia, la mención voluntaria. 
Quien quiere incluye el dato y quien no quiere no lo incluye. 
Quiero recordarles a sus Señorías que este turno de preguntas es para hacer preguntas al Consejo. 
De ninguna manera para explicar posiciones del Gobierno o de la sensibilidad de un país. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0450/00): 
Asunto: Cuestionamiento por Turquía de los derechos de soberanía de las islas griegas del Egeo A la vista de las maniobras de la OTAN denominadas Dynamic Mix, Turquía ha vuelto a plantear antiguos cuestionamientos por su parte en relación con la soberanía griega sobre pequeñas islas e islotes del Egeo. 
Y ha acompañado dicho cuestionamiento de denuncias referentes a actividades de desarrollo y de carácter ambiental por parte de Grecia en las regiones en cuestión, muchas de las cuales reciben financiación de los programas pertinentes de la Unión Europea. 
En concreto, en una gestión realizada ante el Gobierno griego el miércoles 10 de mayo de 2000, Turquía hace referencia a actividades militares y de otra índole desarrolladas por Grecia en formaciones geográficas del Egeo de controvertida soberanía. 
¿Puede indicar el Consejo si está de acuerdo con el citado cuestionamiento por Turquía de los derechos de soberanía de Grecia y si dicha postura es compatible con el espíritu del acuerdo alcanzado en Helsinki, tras diversas concesiones por parte de Grecia, así como con el estatuto de país candidato a la adhesión vigente para Turquía? 
Señor Presidente, el Consejo no dispone de información alguna- aparte de rumores- sobre gestión alguna hecha por Turquía ante el Gobierno griego el 10 de mayo de 2000. 
Como ha dicho su Señoría, el Consejo Europeo de Helsinki reconoció a Turquía como Estado candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
En ese mismo Consejo se instó también a los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea a que adoptaran todas las medidas para resolver todos los litigios de carácter fronterizo subsistentes y otras cuestiones afines. 
Los litigios no resueltos deberán ser presentados en un plazo razonable al Tribunal Internacional de Justicia, en 2004, a más tardar. 
En ese momento el Consejo volverá a analizar la situación. 
En lo relativo a las relaciones entre Grecia y Turquía, que son el telón de fondo de toda esta cuestión, el Consejo no puede por menos de congratularse de la mejora de esas relaciones y puede por menos de esperar que ese proceso positivo tenga continuidad a fin de llevar a buen término las cuestiones relacionadas con el mar Egeo, de conformidad con el derecho internacional. 
Quisiera recordar a este respecto, porque también es extraordinariamente positivo en ese marco, que las tropas turcas participen en maniobras en el territorio griego. 
Las tropas turcas nunca habían participado en maniobras en el territorio griego. 
Y el Consejo toma nota de que el ministerio de Defensa griego calificó de excelente la cooperación entre Grecia y las fuerzas armadas de Turquía y añadió que se realizaron las maniobras respetando plenamente todos los derechos soberanos de Grecia. 
Este aspecto es importante y quisiera decir también que, en el plano de las relaciones bilaterales, los ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y Turquía, al margen de la Cumbre de la OTAN en Florencia, presentaron una propuesta para incluir en el orden del día de las negociaciones greco-turcas, además de las medidas de confianza en el mar Egeo, un conjunto de medidas de buena vecindad entre Grecia y Turquía cuyo objetivo será el de consolidar el clima de seguridad y aproximación entre los dos países. 
Considero que todos debemos colaborar, en todas las instancias y en todas las esferas en que se planteen esas cuestiones, para no agravar las tensiones y diluir los fantasmas del pasado a ese respecto. 
Señor Ministro, yo, personalmente, también soy partidario del acercamiento entre Grecia y Turquía, pero bajo determinadas condiciones concretas. 
Y en este marco he de decir que me siento realmente perplejo por lo que ha dicho usted al principio: que el gobierno griego ni siquiera informó al Consejo sobre el cuestionamiento por parte de Turquía de la soberanía griega. 
Evidentemente lo considera un lujo superfluo. 
Considera que Turquía puede avanzar sin obstáculo alguno en su camino hacia la Unión Europea y mantener sus violaciones de la soberanía griega. 
Pero esto es cosa del gobierno griego. 
A usted quisiera preguntarle ahora si, independientemente de la formulación diplomática de su respuesta, considera, o no, que Turquía debe dar pasos adelante en el sentido de satisfacer las exigencias de las resoluciones de Helsinki, y, si es así, cuáles deben ser esos pasos. 
Señoría, yo considero que en el Consejo Europeo de Helsinki fue un momento de gran equilibrio respecto de las preocupaciones de las diversas partes interesadas; cuando digo "diversas partes", no me refiero sólo a Grecia y Turquía, porque hay una tercera parte interesada que también es pertinente a este respecto, que es Chipre. 
La decisión adoptada respecto de Turquía, la decisión de admitir a Turquía como candidata a la adhesión a la Unión Europea, es un decisión adoptada en un equilibrio global que requiere, naturalmente, alguna condicionalidad expresada en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki y que se refiere muy en particular a la resolución de los conflictos en el marco del derecho internacional relacionados con el mar Egeo. 
Todo eso requiere un calendario que está vinculado también indisolublemente a las propias ambiciones de Turquía en el plano de su aproximación a la Unión Europea. 
Considero que todos nosotros hemos de tener en cuenta que deberemos procurar en esa esfera concreta, como acabo de decir, no agravar el tipo de tensiones de carácter bilateral que se pueden suscitar aquí o allá, siempre y cuando no sean, naturalmente, principios esenciales de la identidad y de los intereses básicos del país, sino intentar comprender que es importante que garanticemos la dilución de ese tipo de tensiones y es importante, en particular, que juguemos con el factor tiempo. 
Considero que en este momento hay señales de ambas partes, en el caso griego y en el caso turco, con repercusiones también en el caso chipriota, y que deberíamos dejar que transcurra algún tiempo antes de subrayar sistemáticamente pequeños incidentes de recorrido que, en el fondo, pueden hacer como de árboles que no nos dejen ver el bosque; creo que el bosque es mucho más importante que esos incidentes y que sería políticamente más responsable, en este momento, procurar intentar jugar con factores de dilución y en particular procurar apoyar las gestiones que las autoridades de los dos países, en particular en el nivel de sus Ministros de Asuntos Exteriores, han venido emprendiendo con vistas a evitar que determinados incidentes puedan ser explotados en pro de una situación global que tiene, a su vez, una dimensión muy importante y cuya resolución puede ser decisiva para el equilibrio de la zona geográfica en que se inserte. 
Señor Presidente en ejercicio, quiero concretar un poco más. 
Para la parte griega, en relación con Turquía hay una sola cuestión pendiente de arreglo y es la cuestión de la plataforma continental del Egeo. 
Turquía de vez en cuando ha planteado bastantes conflictos en el Egeo. 
Uno de ellos es el estatuto de las islas menores y los islotes del Egeo. 
Mi pregunta es concreta: ¿Cree usted que en el marco del espíritu de la resolución de Helsinki, que insta a Turquía a resolver antes de 2004 sus litigios fronterizos, o de cualquier otro carácter, con sus vecinos, se incluye el estatuto de las islas menores y los islotes del Egeo en la categoría de litigio fronterizo? 
¿Cuál es la opinión del Consejo? ¿Eso es lo que sugieren a Turquía? 
¿Qué resuelva como litigio fronterizo la situación del Egeo, en la que Grecia no reconoce litigio alguno? 
Ésas son cuestiones que, como sabe su Señoría, forman parte del contencioso greco-turco y respecto de las cuales, hasta este momento, como es sabido, Grecia y Turquía tienen una posición absolutamente antagónica, es decir, que hay situaciones que Turquía pretende examinar en el plano del derecho internacional y que, según Grecia, no se deben plantear en ese terreno. 
Ahora bien, en este momento se están celebrando conversaciones y negociaciones en ese sector, se están celebrando contactos de carácter bilateral que van acompañados de medidas creadoras de confianza. 
Creo que deberíamos conceder algún tiempo a ese tipo de proceso antes de avanzar en la exploración de algunos conflictos potenciales. 
Sabemos que existen esas divergencias, sabemos que hasta ahora eso ha sido el eje de lo que parece un conflicto en el mar Egeo que en principio podría, desde el punto de vista del derecho internacional, tener una interpretación lineal. 
Sabemos que no es así, que estamos hablando de cosas diferentes cuando nos referimos al mismo asunto y sabemos que Grecia y Turquía hablan de cosas diferentes cuando se refieren al mismo asunto, pero para eso hay un marco de negociación en este momento; me parece que debemos dar tiempo al tiempo y garantizar que ese marco de negociación funcione, en particular prestando atención al buen momento de las relaciones grecoturcas. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0451/00): 
Asunto: Intervención política en los problemas de Georgia Georgia, joven país independiente, se enfrenta a graves problemas para consolidar la democracia y aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos. 
Sus esfuerzos se ven dificultados por el problema de la secesión de Osetia del Sur y Abjazia y por la oleada de refugiados que ha recibido, principalmente de la segunda región citada. 
El Parlamento Europeo ha condenado esta situación en diversas resoluciones y ha solicitado a la Comisión y al Consejo que apoyen la iniciativa del Consejo de Europa para aplicar medidas de fomento de la confianza en la región. 
¿Tiene el Consejo alguna estrategia para esta región tan sensible? 
¿Se propone aplicar una política de defensa de la paz y la seguridad en dicha región? 
Señor Presidente, el Consejo está, naturalmente, preocupado por los conflictos internos en Georgia que aún esperan una solución y por las dificultades que se dejan sentir en materia de consolidación de la democracia y de mejora del nivel de vida de los ciudadanos de ese país. 
Por consiguiente, estamos dando apoyo político y económico en el ámbito del Acuerdo de Asociación y Cooperación, que entró en vigor el 1 de julio de 1999. 
Con motivo de la Cumbre de la Unión Europea con los tres Jefes de Estado o de Gobierno del Cáucaso, en junio del año pasado, se aprobó una declaración importante que brinda las bases para las relaciones entre la Unión Europea y el sur del Cáucaso. 
En esa misma resolución se subraya la importancia del desarrollo de la cooperación regional, del establecimiento de relaciones amigables entre los Estados y del desarrollo sostenible de sus economías. 
Además, la Unión Europea se mostró dispuesta a utilizar sus instrumentos de apoyo, a fin de crear un ambiente propicio para la resolución de los conflictos en el Cáucaso y, de conformidad con ello, el Consejo de Cooperación entre la Unión Europea y Georgia, que se celebró el 12 de octubre, decidió que la cooperación en 2000 debería ir encaminada, en particular, a intensificar las gestiones con vistas a encontrar una solución para los conflictos en Abjacia y en Osetia del Sur. 
Quisiera recordar que la Unión Europea es el mayor prestador de apoyo a proyectos de rehabilitación en Osetia del Sur y está dispuesta a apoyar medidas tendentes a crear un clima de confianza, en particular mediante la reconstrucción de infraestructuras Norte-Sur que vinculan a Rusia con Georgia. 
Además, la Unión también ha estado prestando asistencia a casi 300.000 desplazados en el interior de Georgia que se vieron obligados a abandonar sus hogares por la situación de conflicto. 
La Unión está estimulando la resolución del conflicto para que puedan regresar a sus casas lo más rápidamente posible y está dispuesta a ofrecer asistencia suplementaria en ese caso. 
El Consejo apoya todas las gestiones de las instancias internacionales competentes, en particular la OSCE en Osetia del Sur y las Naciones Unidas en Abjacia, con vistas a contribuir a soluciones aceptables que puedan normalizar las relaciones políticas y económicas y garantizar el regreso de los refugiados en condiciones de seguridad. 
La guerra en la vecina Chechenia constituye para Georgia- conviene recordarlo- una amenaza suplementaria. 
El Consejo no puede dejar de decir que teme que ese conflicto llegue a propagarse al territorio georgiano y se congratula de la prórroga de la misión de vigilancia de la OSCE en sus fronteras. 
A petición del Presidente Chevardnadze, la Unión Europea está en este momento estudiando posibles formas de contribuir a fortalecer y garantizar la eficacia de esa misión de vigilancia. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio, por la información que nos ha proporcionado. 
Quisiera decirle, tras mi reciente visita a Georgia, y a juzgar, también, por expresado por los representantes de la Iglesia de Georgia en el diálogo recientemente mantenido por el Patriarcado con el Partido Popular Europeo, que a los ojos de los ciudadanos de Georgia se mantiene una política europea ineficaz, porque, más allá de la ayuda humanitaria, no ha contribuido en absoluto a la resolución de los problemas. 
El problema de los refugiados, entre los que se cuentan muchos ciudadanos georgianos de ascendencia griega, está sin resolver. 
Y me gustaría preguntarle cuáles son esas medidas complementarias que, por lo que acaba de decir, ustedes mismos entienden que hay que adoptar e intensificar. 
Una pregunta más: ¿cree que esta crisis a la que nos referimos forma parte de la política rusa en la zona? 
Y, finalmente, ¿el Consejo toma en consideración esa eventualidad en su política para la zona? 
Señoría, en cuanto a las medidas que la Unión Europea puede aplicar para esa zona, considero que no puedo añadir más de lo que ya le he dicho y el conjunto de iniciativas que la Unión Europea tiene en el terreno. 
Conviene tener presente que tenemos una capacidad limitada de intervención en determinadas zonas y que, por lo demás, como se ha dicho hoy aquí en otras circunstancias, la dificultad del marco de acción exterior de la Unión y de la financiación de ese marco de acción exterior limita la capacidad de la Unión Europea para ser como una presencia en todas las situaciones en conflicto. 
Ahora bien, considero que, dada la importancia estratégica de esa zona, la Unión Europea ha venido haciendo lo que considera posible al respecto. 
Convengo en que puede haber otras medidas posibles, pero considero que en este momento no hay un marco de carácter financiero que permita ir más lejos, en particular en el nivel de la actuación en materia de fortalecimiento de las infraestructuras. 
Por lo que se refiere a la situación de Rusia, independientemente de las opiniones políticas y de que se pueda pensar que está subyacente a las posiciones rusas, creo que no hay en este momento ningún elemento de carácter práctico que pueda indicar una intencionalidad objetiva por parte de Rusia de desestabilización de los países que ha mencionado su Señoría. 
Considero que hay consecuencias, como yo mismo he dicho, que tienen que ver con la guerra de Chechenia, que se proyectan y se prestan incluso a proyectarse más en el futuro en los países vecinos, pero no puedo inferir de ello que haya necesariamente una intencionalidad por parte de las autoridades rusas de propagar algún tipo de inestabilidad en zonas vecinas. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0454/00): 
Asunto: Derechos humanos: Egipto Tras la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de enero de 2000 sobre los recientes actos de violencia en el Alto Egipto, ¿qué medidas ha adoptado el Consejo para garantizar que se proporcione un trato justo y equitativo a la comunidad copta? 
Más concretamente, ¿qué medidas adoptó el Consejo tras los recientes acontecimientos para garantizar que las personas arrestadas en El-Kosheh se beneficiasen de un juicio equitativo y que no hubiese en las detenciones un elemento de discriminación por motivos de religión? 
En el marco del funcionamiento del Consejo se ha debatido en varias ocasiones la cuestión de la violencia fundamentalista y de los asesinatos cometidos contra la comunidad copta en el Alto Egipto y continuamos siguiendo de cerca esa cuestión. 
Desde entonces han ocurrido una serie de acontecimientos positivos, en particular la liberación del Secretario General de la Organización Egipcia de Derechos Humanos y la aplicación de la ley relativa a las organizaciones no gubernamentales que, como se espera, podría llegar a aumentar la libertad de expresión. 
Quisiera decir que en todas las oportunidades y en diversos niveles la Unión Europea ha recordado a Egipto su preocupación por la situación de los derechos humanos y la necesidad de que ese país respete las libertades fundamentales, entre otras cosas en su calidad de país miembro de la asociación euromediterránea. 
Las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación con Egipto quedaron concluidas el año pasado y está prevista la firma dentro de poco. 
Una vez en vigor, ese acuerdo infundirá carácter institucional al diálogo político entre la Unión Europea y Egipto, en particular en materia de derechos humanos, lo que permitirá, naturalmente, una mayor intervención y un mayor marco de presión política respecto de lo que pueda parecer un incumplimiento por parte de Egipto de sus obligaciones en el marco de dicho acuerdo. 
Quisiera recordar que el artículo 2 del proyecto de acuerdo dispone que las relaciones entre las partes, como también las disposiciones del acuerdo, se basen en el respeto de los principios democráticos y en los derechos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso va a ser, naturalmente, el telón de fondo sobre el que se van a dar las relaciones bilaterales y el diálogo político que forma parte de dicho acuerdo. 
En ese marco no dejaremos, naturalmente, de recordar a Egipto- cosa que, por lo demás, ya hemos hecho antes incluso de la existencia de un marco de carácter jurídico vinculante- las obligaciones que tiene y, en particular, la necesidad de respeto de los derechos humanos y de la preservación de las libertades fundamentales. 
Doy gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Me parece que esta cuestión se ha planteado como consecuencia del enorme número de cartas que he recibido de mi circunscripción sobre el particular. 
Creo que el año pasado recibí más cartas acerca de esta cuestión que acerca de cualquier otra. 
El Presidente en ejercicio ha dicho algo que me ha extrañado muchísimo: que después de que varios cristianos coptos hubieran sido atacados y molestados por los demás, sólo se detuvo a cristianos coptos. 
El Presidente en ejercicio dijo en su respuesta que el Consejo recordará a los egipcios cuáles son sus responsabilidades y esperará hasta que hayan firmado el acuerdo de asociación y puedan instaurar un diálogo político institucionalizado para cumplirlo. 
Ahora bien, ¿por qué no se sirve de la firma de este acuerdo como base para obligar a los egipcios a seguir un enfoque más equitativo, razonable y no discriminatorio respecto de sus ciudadanos cristianos coptos? 
Señoría, como he tenido oportunidad de decir, nosotros no esperamos a la firma del acuerdo para manifestar a las autoridades egipcias, en el momento oportuno, nuestro desagrado respecto de algún tipo de comportamiento que constituía un incumplimiento de los derechos fundamentales. 
Se ha abordado esa cuestión en el diálogo político bilateral y ha sido, naturalmente, objeto del marco normal de relaciones entre la Unión Europea y terceros países. 
En el caso particular que ha mencionado su Señoría, creemos que el acuerdo tiene un marco de negociación propio y en este momento, después de haber sido aprobado el acuerdo por la Unión Europea y acordado en el nivel del Consejo, no sería correcto hacer depender su firma final de la solución de una cuestión, por importante que sea, que tiene un marco relativo. 
Quiero decirle, Señoría, respecto del caso concreto que ha mencionado e independientemente de que respeto absolutamente la interpretación que hace en cuanto a la circunstancia de que la comunidad copta pueda ser objeto de medidas específicas, que las informaciones que tenemos indican que, pese a ser los coptos, digamos, los más afectados por esas medidas de carácter represivo, ese caso concreto no constituye una actitud de represalia particular contra la comunidad copta, sino que hay una coincidencia relacionada con determinado tipo de conflictos, en particular entre comerciantes y determinadas comunidades locales, que afectan a la comunidad copta, pero no entrañan necesariamente una intencionalidad concreta de las autoridades egipcias respecto de esa cuestión. 
Ahora bien, la Unión Europea continúa siguiendo con atención ese problema y no dejará de abordarlo con las autoridades egipcias independientemente de la firma o no del acuerdo. 
Señor Presidente, yo estaba en Egipto exactamente en el momento en el que se produjeron estos incidentes. 
He visto que la situación era seria pero que las autoridades egipcias se esforzaron mucho, tal como usted ha indicado. 
Sin embargo, quiero preguntar si no debería existir para la totalidad del área del Mediterráneo, es decir, para el proceso de Barcelona, una observación sistemática de la situación de las minorías, en especial de las cristianas que existen en toda esa área y que en parte están en una situación mucho más difícil que en Egipto en otros países. 
No puedo dejar de convenir con su Señoría en que hay situaciones en otros países del Mediterráneo meridional que entrañan mayor gravedad que esa situación. 
Quiero decirle que es prácticamente imposible que la Unión Europea mantenga algo así como una observación permanente de todas las situaciones en todos los países con los que tiene relaciones en el marco de la asociación mediterránea. 
En el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común y en particular teniendo presente la evaluación que vamos haciendo, sobre todo en los marcos de diálogo político que mantenemos en el ámbito de los acuerdos de asociación, vamos intentando subrayar nuestra preocupación respecto de la gravedad de las diversas situaciones. 
No podemos esperar que la Unión Europea funcione como una institución internacional de vigilancia de las cuestiones relativas a los derechos humanos- para eso hay instituciones propias -, pero sacaremos las debidas consecuencias en el nivel del plan de relaciones bilaterales en materia política de la posible evolución negativa en esos diversos marcos. 
También convengo en que hay situaciones mucho peores en otros países en el marco del proceso de Barcelona, algunos de los cuales no se nos ocurren en el momento en que hablamos y que se deben evaluar debidamente esas situaciones. 
Pero lo que no se debe esperar es que la Unión Europea haga el trabajo de instituciones internacionales en esa zona. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0457/00): 
Asunto: Importancia del Grupo Euro 11 ¿Puede informar el Consejo sobre qué decisiones ha adoptado el Grupo Euro 11 desde su creación que hayan tenido repercusiones políticas para la Unión Europea y los Estados miembros? 
La cuestión del "Euro Once", debe de ser, señor Presidente, uno de los mayores misterios que atraviesan las instituciones europeas, porque esta pregunta reaparece sistemáticamente. 
Con la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se inició la celebración de reuniones de carácter oficioso del Consejo "Euro Once", que reúne a los ministros de Hacienda de los países que integran la zona del euro. 
Esas reuniones son mensuales y preceden a las reuniones oficiales del Consejo ECOFIN, que reúne a los quince Estados miembros. 
Las reuniones del "Euro Once" abordan esencialmente cuestiones relacionadas con las obligaciones concretas que los once Estados miembros comparten en materias relacionadas con la moneda única. 
Siempre que los asuntos superan ese ámbito, las reuniones se amplían a todos los Estados miembros, como, por lo demás, está previsto. 
En todos los casos en que se deben adoptar decisiones, el Consejo ECOFIN las adopta de conformidad con los procedimientos establecidos en el Tratado. 
Ésa fue la orientación emanada del Consejo Europeo de Luxemburgo, que se celebró los días 12 y 13 de diciembre de 1997. 
Considero que cualquier otro misterio que se pueda achacar al funcionamiento del "Euro Once" se debe sólo a que no se tienen en cuenta esa realidad y esas informaciones que, por lo demás, son públicas, porque son conocidas, prácticamente, incluso por la prensa, las cuestiones que se incluyen en el orden del día del "Euro Once" y que se transponen posteriormente al marco ECOFIN- allí sí- con la presencia de todos los demás países que no forman parte del euro. 
Quiero agradecer a la Presidencia la respuesta a mi pregunta. 
En los países en que se decidirá la adhesión a la moneda común, como Suecia y Dinamarca, se discute la importancia del Grupo Euro 11. 
Creo que es importante que la Presidencia aclare, una vez más, que el Grupo Euro 11 carece del derecho formal de decisión. 
La duda es, sin embargo, si existen temas que se discuten informalmente en el Grupo y que, más tarde, se convierten en decisiones en el Consejo de Ecofin. 
Me pregunto si el Consejo de Ministros puede dar ejemplos de algunos asuntos concretos que se hayan discutido en el grupo Euro 11 y que hayan derivado en la creación de nuevas políticas. 
La pregunta de su Señoría plantea una cuestión interesante: dado que el Euro 11 y la institucionalización de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria configuran una forma de cooperación reforzada predeterminada en el Tratado, la cuestión que se plantea es la de si hay un acervo creado en el nivel del Euro 11 que se transponga a la Unión de 15. 
No es así, la verdad, aunque, en realidad, hay elementos de coordinación de las políticas entre los países que forman parte del Euro 11 que, naturalmente, se reflejan o deben reflejarse en su comportamiento en el marco del ECOFIN. 
Es completamente lógico que países que forman parte del modelo de política efectiva y que participan en la ejecución de políticas relacionadas- por ejemplo, en este caso, con el marco de la moneda única- puedan formular por sí mismos y coordinar una posición, pero cuya ratificación sólo se podrá hacer en el marco ECOFIN. 
Ese elemento es importante para que se comprenda que tal vez en el futuro, con la existencia de modelos de integración diferenciada en materia de políticas, se den más elementos y más fórmulas de funcionamiento de este tipo. 
Si acaso, eso puede llegar a ser así en el futuro y veremos si el Consejo Europeo de Feira consagra la integración de las cooperaciones reforzadas en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Y en ese caso sí que es muy probable que se den modelos diversos. 
¿Cuál es la forma de evitarlo? 
Para un país como aquel del que procede su Señoría, tal vez formando parte del Consejo Euro se resolviera el problema. 
Pero, hasta que las autoridades de su país adopten esa decisión, el Consejo Euro estará formado exclusivamente por los once países que actualmente lo constituyen. 
Entiendo la respuesta del Sr. Presidente del Consejo como que no hay ejemplos de que, como quien dice, mediante las negociaciones en el grupo Euro 11 se hayan anticipado las negociaciones y decisiones formales en el Consejo competente que es el Consejo ECOFIN, que no se ha creado ningún acquis, sino que se trata de intercambiar opiniones sobre los problemas a los que se enfrentan los 11 países que participan en el euro. 
Creo que oí al Sr. Presidente manifestarse apuntando hacia la existencia de órdenes del día para estas reuniones informales y que estos órdenes del día deberían ser públicos. 
Nunca he visto un orden del día semejante y me gustaría pedirle al Presidente que se manifestase claramente sobre si existen órdenes del día previos a estas reuniones. 
El motivo de que los diputados suecos y daneses planteemos esta pregunta es la impresión recibida de que se trata de un órgano influyente, no obstante, entiendo la respuesta del Presidente como que la competencia formal y la decisión política y jurídica definitiva sigue estando en el Consejo ECOFIN. 
Vamos a ser claros, Señoría: las cuestiones relacionadas con la moneda única se abordan exclusivamente entre los once miembros del Euro 11. 
Ésas son las cuestiones que unen a esos once miembros y siempre que el Euro 11 considera que debe abordar otro tipo de cuestiones, además de lo que los une, es decir, la moneda única, esa decisión es compartida con los demás miembros que no forman parte del Euro 11. 
Es así de sencillo. 
Lo que no se puede evitar es que la coordinación de las políticas de los países del Euro 11, en particular en el capítulo de la moneda única, y la repercusión que esas políticas tienen en el marco global de la política económica y financiera de la Unión no aparezcan vinculadas a su propia coordinación. 
Es muy natural que haya una coordinación previa por parte de esos países y es natural que esa coordinación acabe ejerciendo influencia en la decisión final adoptada en el nivel del ECOFIN. 
Eso sucede en el nivel de los grupos de contacto, en el de la propia relación entre varios países en marcos diversos. 
Conozco varios casos en que sectores gubernamentales de países de la Unión Europea reunidos en el nivel del Consejo dialogan por separado y coordinan sus posiciones para que en los esas opiniones aparezcan de forma articulada marcos institucionales de la Unión. 
Me dirá su Señoría que eso no forma parte del procedimiento normal de la Unión. 
En este caso no forma parte, pero en el del Euro 11 está institucionalizado en el Tratado y eso es lo que está previsto. 
Considero que sobre eso no caben grandes dudas. 
Señor Presidente en ejercicio, después de lo que acaba usted de decir, ¿se ha llegado en el E-11 a un entendimiento o a una expectativa de entendimiento de que después de que haya habido un debate oficioso sobre el euro en Euro-11, todos votarán de la misma manera cuando vayan al Ecofin, aunque al principio estuvieran en desacuerdo? 
¿Hay alguna expectativa- de procedimiento- de que los 11 votarán de la misma manera cuando llegue el momento de adoptar una decisión en el Ecofin? 
Señoría, lo único que le puedo decir es que los ministros son responsables de sus posiciones y, por tanto, si al comienzo de la reunión del Euro 11 tenían opiniones diferentes y el debate los movió a sacar la misma conclusión, no veo por qué no han de adoptar la misma posición en el nivel del ECOFIN. 
No veo inconveniente alguno en la existencia de niveles de coordinación, en particular cuando están institucionalizados en el propio Tratado. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0458/00): 
Asunto: Decisiones del Consejo envueltas en un halo de secreto En sus respuestas a otras preguntas del diputado sobre este tema, la Presidencia portuguesa insistió en que todas las decisiones del Consejo son del dominio público. 
No obstante, el autor de la pregunta ha expresado repetidas veces su profundo escepticismo respecto a las afirmaciones del Consejo en este sentido. 
Como simple prueba, ¿podría indicar el Consejo en cuál de los documentos por él publicados pudo el autor de la pregunta haber descubierto que el Ministro de Pesca británico había convencido a los pescadores belgas de que dejaran de faenar en el Mar de Irlanda concediéndoles en secreto 190 toneladas de la cuota de platija británica para el Mar del Norte y 10 toneladas de la cuota de lenguado británica para el Canal de la Mancha? 
El autor de la pregunta obtuvo esta información a través de un periódico, pero ¿cómo podría haberla obtenido legítimamente a través de la documentación del Consejo calificada oficialmente de pública? 
La pregunta comienza, con una referencia a que la Presidencia portuguesa insistió en que todas las decisiones del Consejo estuvieran a disposición del público, pero esa afirmación por parte del Consejo suscita cierta perplejidad en su Señoría. 
Quisiera decirle, respecto del caso concreto que ha citado, que lo que sucede es lo siguiente: el hecho de que los pescadores belgas no pesquen en el mar del Norte no es consecuencia de decisión alguna del Consejo, ya que el reglamento aprobado por el Consejo establece la concesión de cuotas de pesca a Bélgica en esas aguas, sino del posible uso del derecho de cualquier Estado miembro de intercambiar con otros las cuotas de pesca que se le atribuyan. 
Con arreglo al Reglamento básico de la Política Pesquera Común, los Estados miembros, después de notificarlo a la Comisión, pueden intercambiar todas o parte de las disponibilidades de pesca que se les hayan atribuido. 
Y el mismo artículo dispone que los Estados miembros deberán informar anualmente a la Comisión sobre los criterios que hayan adoptado para repartir las posibilidades de pesca que se les han atribuido, pero eso en el plano interno. 
Así, las posibilidades de pesca a disposición de los Estados miembros son establecidas y repartidas por decisión del Consejo y cada uno de los Estados miembros puede distribuirlas entre la flota nacional o, si lo considera oportuno, intercambiar parte de esas posibilidades con cualquier otro Estado miembro, caso en el que tan sólo está obligado a informar a la Comisión y sólo por razones de eficacia de control y gestión de los recursos pesqueros. 
Por tanto, no nos parece posible encontrar documento alguno publicado por el Consejo que se refiera al intercambio de notas entre Bélgica y el Reino Unido, dado que, de conformidad con la legislación comunitaria, se trata de la competencia de los Estados miembros para decidir de común acuerdo y eso no requiere la luz verde del Consejo. 
Ahora bien, respecto de la distribución global de las cuotas, su Señoría ha de saber que está publicada en el Diario Oficial y en las Actas de los Consejos de Ministros, así como en las declaraciones anejas. 
No nos parece que haya en eso incumplimiento alguno de la obligación de transparencia en lo que al Consejo compete. 
En la galería hay visitantes que están oyendo lo que decimos. 
En el Parlamento todo está al descubierto. 
Se puede oír lo que discutimos y se puede ver si estamos de acuerdo o no. 
En cambio, el Consejo de Ministros se reúne a puerta cerrada. 
Quizá pueda uno extrapolar a partir de este ejemplo y decir que se trata de un Estado miembro que está hablando a la Comisión y que se le contestará por carta. 
De todos modos, estas cuestiones se tratan en secreto. 
Si nosotros- ustedes y yo- queremos que haya público que comprenda y que convenga en las decisiones que adoptamos, ¿no le parece que las reuniones deberían ser públicas? 
No estoy de acuerdo, Señoría, porque ningún gobierno del mundo adopta sus decisiones de gestión en público. 
Podemos debatir si se deberían adoptar en público o no las decisiones en materia legislativa. 
Ésa es una cuestión que hemos venido examinando en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental. 
Pero aún no hemos llegado, Señoría, a una conclusión definitiva e incluso las normas del Consejo son las que son. 
No me parece que lo sean en función de una práctica negativa por parte del Consejo, lo son en función de lo que el Tratado dispone respecto del modo de funcionamiento del Consejo. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0460/00): 
Asunto: El Tíbet y el Banco Mundial ¿Tiene conocimiento el Consejo del "Proyecto China-Occidente para la reducción de la pobreza" patrocinado por el Banco Mundial, en que se prevé el asentamiento de decenas de miles de agricultores no tibetanos en Amdo, con lo que se violaría el Derecho internacional en materia de traslado de población a territorios ocupados? 
¿Es consciente asimismo de que este proyecto ha sido condenado por los Gobiernos de Alemania y de los Estados Unidos, pero apoyado por el Gobierno británico? 
¿Tiene previsto el Consejo presionar al Banco Mundial para que abandone el proyecto y al Gobierno británico para que le retire su apoyo? 
Voy a ser muy breve, señor Presidente: el Consejo no ha analizado la cuestión a que se refiere la pregunta. 
El análisis de la cuestión de los proyectos concretos que debe financiar el Banco Mundial compete a los Estados miembros. 
Y, por lo que se refiere a los proyectos para el Tíbet financiados por la Unión Europea mediante su programa de cooperación, la posición de la Unión Europea es la de que esos proyectos deberán beneficiar a los tibetanos de origen. 
Diré antes que nada que me ha asombrado la respuesta del Ministro a su Señoría acerca de la cuestión de los derechos humanos en Egipto. 
Si Europa no defiende los derechos humanos entonces tendré que admitir que no sé qué es lo que defiende. 
Me gustaría plantear al Ministro la cuestión del Tíbet porque el Tíbet está ocupado ilegalmente por China desde hace muchos años. 
¿No le parece al Ministro que, independientemente del número de años que transcurran antes de que Tíbet recupere su libertad, ningún Estado europeo debería reconocer las acciones ilegales cometidas por el Gobierno chino en el Tíbet y que el traslado de decenas de millares de personas no tibetanas a Amdo es ilegal con arreglo al derecho internacional? 
El Banco Mundial lo ha reconocido ya y tengo entendido que está abandonando su propuesta acerca del denominado Proyecto China-Occidente para la reducción de la pobreza. 
El Gobierno británico no ha retirado todavía su apoyo y todo lo que pido al Presidente en ejercicio es que recuerde a todos los gobiernos de Estados miembros del Consejo- incluida Gran Bretaña- que no tienen que respaldar ni dar la impresión de que respaldan actos ilegales y abusos de derechos humanos y de derechos nacionales contra el pueblo y la nación del Tíbet. 
Señoría, tomo nota de sus preocupaciones y no dejaremos de transmitirlas a los Estados miembros. 
Ahora bien, quiero decirle que, respecto de la cuestión del Tíbet, la Unión Europea no la ha preterido: por ejemplo, ya ha enviado troikas de jefes de misión para que lleven a cabo una fact-finding mission en ese país y esa cuestión se plantea sistemática y periódicamente en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y China. 
La última ronda que se celebró en Lisboa el 25 de febrero fue precedida de una démarche ante las autoridades chinas en la que se mencionó el problema de los derechos humanos en el Tíbet. 
La Unión Europea no ha olvidado la cuestión de los derechos humanos en el Tíbet, si bien, como su Señoría ha de saber, la Unión Europea no ha tenido en los últimos años una posición clara respecto de la cuestión de fondo. 
En la Unión Europea no se ha adoptado una decisión definitiva con vistas a abordar la cuestión de fondo y ése es un punto que no se debe dejar de plantear. 
La Unión Europea tiene muchas más posibilidades que la de limitarse a enviar grupos de investigación, mantener debates, formular recomendaciones, etc. En el caso de Egipto, como ya se ha dicho en el debate, tenemos los acuerdos de asociación y los programas Unión Europea-Mediterráneo. 
En el caso de China tenemos muchos arreglos comerciales de importancia y, potencialmente, su ingreso en la OMC. 
¿No podemos utilizar nuestras facultades, nuestra fuerza, para conseguir nuestros objetivos en materia de derechos humanos en vez de hablar y seguir hablando sin ver ningún resultado positivo? 
Quisiera decir y reiterar lo que he dicho respecto de que no se haya establecido en el marco de la Unión Europea una posición común oficial relativa a la cuestión del Tíbet. 
Eso independientemente de la cuestión de los derechos humanos. 
Respecto de la cuestión de los derechos humanos en particular, quiero decirle que las reacciones y las actitudes adoptadas por la Unión son proporcionales a la importancia de las cuestiones. 
Y, aun siendo ésa una cuestión que tiene su importancia, no cabe la menor duda de que ante un debate sobre la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ése no será, desde luego, un elemento que pueda bloquear una negociación de ese tenor. 
Debemos encontrar la medida adecuada respecto de las reacciones y las diversas situaciones. 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0462/00): 
Asunto: Eficacia contra las pateras de la muerte en el Estrecho de Gibraltar La política sobre contención de la inmigración y blindaje de la zona del Estrecho de Gibraltar, financiada con apoyo europeo, contiene graves errores de orientación, tal como han señalado públicamente el Gobierno andaluz y el Defensor del Pueblo. 
¿No cree el Consejo que, en aras de la eficacia de dicho proyecto, sería preciso materializar un acuerdo con Marruecos para combatir las mafias y adoptar medidas de vigilancia eficaces tales como barcos o algo así, para que esas personas no mueran y se cumplan las inversiones previstas en el Norte de Marruecos? 
La pregunta formulada por su Señoría está relacionada con las acciones del Consejo: por un lado, en lo relativo a los controles aplicados por los Estados miembros en las fronteras exteriores marítimas y, por otro, en lo relativo a las medidas que se pueden adoptar en el país de origen con vistas a evitar le emigración ilegal y luchar contra las actividades de quienes los ayudan a cruzar las fronteras. 
Las medidas destinadas a fortalecer la eficacia de los controles aplicados por los Estados miembros en sus fronteras exteriores, aéreas y marítimas, fueron aplicadas sobre todo en el ámbito de Schengen y ahora, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, integradas en el acervo de la Unión Europea. 
Aunque la aplicación de esas medidas corra a cargo de los Estados miembros, el Consejo, por mediación de sus órganos competentes, controla su aplicación efectiva. 
A título de ejemplo, hemos de decir que, a partir de la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de Schengen de 18 de diciembre de 1998, relativa al recurso coordinado a consultores en materia de documentos, se aplican medidas destinadas a luchar contra la emigración ilegal por vía aérea y marítima en colaboración con los diversos países africanos. 
Además, también por una decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de Schengen en 1999 se aprobó un proyecto de ayuda mutua relativa al intercambio de oficiales de enlace para asistencia y asesoramiento en la ejecución de misiones de seguridad y control en las fronteras exteriores. 
Además del acervo de Schengen, se están adoptando también medidas prácticas del mismo tipo en nombre de la Unión Europea, partiendo globalmente del acervo de la Unión Europea ya existente antes, en particular la posición común de 25 de octubre de 1996, de la que se desprenden las misiones de asistencia e información que se llevan a cabo allende las fronteras. 
Sin embargo, dichas medidas serán coordinadas en el ámbito de los órganos competentes del Consejo y no afecta por ahora a ningún país africano. 
Por lo que se refiere a las causas profundas de los fenómenos de fuga y emigración de algunos países africanos, remitimos al plan de acción para Marruecos aprobado en el Consejo en octubre de 1999. 
Dicho plan de acción forma parte de un conjunto de cinco, cada uno de ellos con un planteamiento exhaustivo y coherente centrado en la situación existente en el país de origen o de tránsito de los solicitantes de asilo que se considere importante. 
Para cada uno de los países seleccionados los planes de acción presentan una combinación equilibrada de las diversas posibilidades que la Unión Europea ofrece en la esfera de los asuntos exteriores, del desarrollo y de la asistencia humanitaria y económica. 
En el plan de acción para Marruecos, relativo en particular a la situación en que se ha centrado su Señoría, este país fue considerado país de origen y de tránsito de emigración económica hacia los países europeos. 
Entre las medidas recomendadas en dicho plan de acción figuran, en particular, las de partir de los cauces existentes y mejorar la recogida de datos, difundir informaciones correctas sobre inmigración, crear estrategias de lucha contra el tráfico ilícito y fomentar medidas destinadas a aplicar los acuerdos de readmisión. 
También se recomienda el fomento de la inversión directa extranjera y la formación profesional y las pequeñas empresas quedan comprendidas al respecto, así como la facilitación del regreso voluntario y la reintegración de los marroquíes que residen en los países de la Unión Europea. 
Al subscribir los planes de acción establecidos en el Grupo de Alto Nivel, el Consejo Europeo de Tampere reconoció el 15 de octubre de 1999 que la Unión Europea- y se trata de un aspecto importante- carece aún de un planteamiento global del fenómeno de la inmigración que aborde las cuestiones políticas, de derechos humanos y de desarrollo en países y regiones de origen y de tránsito. 
Para ese objetivo, habrá que luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida y oportunidades de empleo, prevenir los conflictos y consolidar Estados democráticos. 
Y por eso se pide una mayor coherencia de las políticas internas y externas de la Unión en el ámbito de sus respectivas competencias, de la Unión y de los Estados miembros. 
La asociación con terceros países constituye también un elemento fundamental para el éxito de esa política. 
La Unión tiene conciencia de que para la aplicación del plan de acción para Marruecos requerirá una asociación y una cooperación con las autoridades marroquíes. 
A ese respecto, en junio del año pasado se llevó a cabo una misión en Marruecos antes de que se ultimara el plan de acción con vistas al establecimiento de un diálogo con las autoridades marroquíes. 
Ahora está prevista la realización de otra misión del mismo tipo, al final de este mes, exactamente para debates concretos con los interlocutores marroquíes. 
Como ya he dicho, la política de la Unión Europea abarca también el desarrollo y la asistencia humanitaria y económica a Marruecos. 
La materialización del plan de acción para Marruecos es, evidentemente, una estrategia a largo plazo, pero a partir del diálogo ahora iniciado en ese marco y también en el Consejo de Asociación se podrán lograr avances en esa esfera. 
Quiero entender de esta larga respuesta, en la que no he entendido todo muy bien, que el Consejo mantiene una actitud bien intencionada ante este gravísimo problema. 
Dado el hecho tan incoherente de que la Unión Europea destina más medios y aplica más eficacia, por ejemplo, al control de las redes de malla a la deriva, al control de la pesca, que al control de las pateras, quisiera preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si no sería conveniente a su juicio que periódicamente pudiéramos disponer de una evaluación de la situación en el Estrecho y de un informe sobre los pequeñísimos avances en esta materia. 
Creo que ha sido usted muy explícito, ha respondido con muchas palabras, pero esas palabras esconden poquísima eficacia. 
Y la Unión Europea, conjuntamente con Marruecos, y utilizando medios de control de barcos en el Estrecho, evitaría esa pérdida de vidas humanas que asciende a más de un millar ya, y que es responsabilidad nuestra. 
El Observatorio de la inmigración es únicamente mediático, anecdótico. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no se es favorable a disponer de una evaluación periódica? 
Señoría, en primer lugar quisiera decir que también comparto su interpretación: se trata de una situación de la mayor gravedad y de una tragedia humana constante y diaria a la que se debe prestar atención. 
Por lo demás, supongo que las autoridades españolas se habrán puesto en contacto con las autoridades marroquíes a ese respecto y muy recientemente el Primer Ministro español, Sr. Aznar, celebró una reunión con el Primer Ministro marroquí respecto de esta situación. 
Se están adoptando medidas en pro del desarrollo de la zona septentrional que permitan remediar un poco esa situación y la degradación de las condiciones económicas que propician esas corrientes. 
En cuanto a la posibilidad de que dispongamos periódicamente de una evaluación cuantitativa respecto de los incidentes, creo que las autoridades españolas podrán dar las informaciones necesarias a ese respecto. 
Por lo demás, considero que en el ámbito interno español esas informaciones son conocidas y las autoridades españolas facilitan ese tipo de información. 
Lo que me gustaría conseguir explicar a su Señoría- y ésa es la razón por la que me he extendido en mi explicación- es que las medidas que la Unión Europea ha venido adoptando al respecto- o con efectos al respecto- son medidas a largo plazo que, evidentemente, no dan respuestas inmediatas para una situación concreta, sino que son medidas encaminadas a abordar las raíces de esa situación, es decir, a crear condiciones para la fijación y el mantenimiento de los ciudadanos marroquíes en su propio territorio. 
Son medidas de desarrollo que, por lo demás, se enmarcan en el espíritu de la propia asociación euromediterránea. 
Tengo la sensación de que su Señoría puede dar la interpretación inmediata de que el efecto práctico de ese tipo de medidas a corto plazo es limitado. 
He dicho incluso que se trataba de muchos pequeños avances y pequeños pasos. 
Debemos comprender todos que la Unión Europea tiene tras sí un conjunto de políticas que pretende poner en práctica y en las que se plasman opciones de carácter estratégico. 
Y que no se puede menoscabar sistemáticamente esas opciones mediante una actuación de carácter casuístico, por más repercusiones humanitarias que puedan tener ese tipo de situaciones. 
Debemos comprender que en este momento compete a las autoridades españolas, en sus relaciones bilaterales con Marruecos, resolver parte del problema. 
La Unión Europea participa globalmente en un conjunto de proyectos en el ámbito de su relación con los países del sur del Mediterráneo relacionados con proyectos de desarrollo, de fijación de poblaciones, de garantía de condiciones económicas mejores. 
Lo que no podemos hacer es convertir la Unión Europea en algo así como un mecanismo técnico de resolución práctica de situaciones concretas. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0466/00): 
Asunto: Decisión sobre la intervención de personal militar de la UE En relación con la decisión de reforzar la capacidad de acción de la UE ante situaciones de crisis, se ha planteado la cuestión del fundamento jurídico de la intervención de personal militar de la UE. 
Según la interpretación del gobierno sueco de la decisión de Colonia de 1999, esta intervención sólo puede producirse previa decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En vista de esto, ¿puede indicar el Consejo dónde y cuándo se adoptó la decisión del Consejo de que el personal militar de la UE sólo puede intervenir previa decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? 
Señor Presidente, la decisión de los Estados miembros de la Unión Europea de desarrollar hasta 2003 sus capacidades militares, dotándose de una capacidad de 50.000 a 60.000 hombres en el llamado headline goal, fue adoptada en Helsinki y en esa decisión se reafirma que la acción de la Unión Europea en materia de gestión de crisis se atendrá al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y según los objetivos de la Carta de Seguridad de la OSCE. 
Por lo demás, la declaración de Helsinki, que fue aprobada por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Quince, dice expresamente que la Unión Europea reconoce la primacía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. 
El reconocimiento de la necesidad de respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de la Carta de Seguridad Europa es tan evidente, que en el informe que la Presidencia portuguesa va a presentar el próximo lunes al Consejo Europeo de Feira se subraya que la Unión Europea, en la esfera de gestión de crisis y prevención de conflictos, debe establecer una estrecha cooperación con las Naciones Unidas, con la OSCE y con el Consejo de Europa. 
No es necesaria resolución alguna del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que legitime global y genéricamente la acción de la Unión Europea. 
La Unión se compromete políticamente y en el más alto nivel a respetar la primacía del Consejo de Seguridad y así, ante determinada operación, la Unión se compromete a respetar la primacía de ese órgano y, por tanto, las resoluciones adoptadas en él. 
Con todo, hemos de señalar que, en la gama de las misiones de Petersberg, existen algunas que se pueden llevar a cabo sin la autorización y sin la "luz verde" del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
De hecho, las misiones de Petersberg abarcaban- y voy a citar exactamente el lenguaje en que están expresadas- "misiones humanitarias y de evacuación, misiones de mantenimiento de la paz y misiones de fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas misiones de restablecimiento de la paz". 
Así, sólo para estas últimas, para las que se requiere el uso de la fuerza militar, se considera necesaria la existencia de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Parece evidente que la ejecución de acciones, en particular de carácter humanitario, no carece de legitimación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que no significa, sin embargo, que no se deban respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas en la ejecución de ese tipo de misiones. 
Agradezco la respuesta, pero me temo que, a pesar de todo, no es del todo clara. 
Por una parte se dice que tiene que hacerse en conformidad con la Carta de Naciones Unidas o con el reglamento de la OSCE y, por otra, dice el representante del Consejo que no se necesita una resolución del Consejo de Seguridad. 
La Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia ha dicho que la expresión "según los principios de la Carta de Naciones Unidas" debe interpretarse como "decisión en el Consejo de Seguridad". 
También dijo, en relación con la Cumbre de Colonia el año pasado, que si otros países quisieran ponerse al margen de la ONU, Suecia tendrá la posibilidad de hacer uso de su veto. 
En primer lugar, quisiera saber si el gobierno sueco ha informado a sus colegas en el Consejo sobre sus intenciones de vetar una acción eventual de la UE, es decir, una acción militar que se realice sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Además, quisiera que se diera una explicación aún más clara. ¿Puede o no el personal militar de la UE intervenir sin una decisión expresa del Consejo de Seguridad de la ONU o de la OSCE? 
Debería ser fácil contestar sí o no a esta pregunta. 
Señoría, las misiones de Petersberg entrañan diversas dimensiones. 
Algunas son misiones puramente humanitarias, por ejemplo misiones de evacuación. 
Me pregunto si su Señoría considera necesario que haya una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para llevar a cabo una misión de evacuación en una situación grave en materia humanitaria. 
Por otro lado, me he expresado con claridad al decir que todo lo que entrañe el recurso al uso de la fuerza militar, es decir, misiones de restablecimiento de la paz, entraña, naturalmente, el recurso y la subordinación al Consejo de Seguridad. 
En cuanto a lo demás, nos limitamos a cumplir con las obligaciones de la Unión Europea en el marco de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta muy en particular que algunos países son miembros del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Y, por tanto, se aplicará el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas en el tipo de actividades que la Unión Europea llegue a realizar en el ámbito de las tareas de Petersberg que no entrañen el uso de la fuerza militar. 
Sigo sin entender claramente lo que nos ha contestado y lo único que quiero es preguntarle si piensa que los gobiernos de los países neutrales no son algo ahorrativos con el empleo de la verdad. 
El Sr. Gahrton dice que su gobierno ha declarado que eso no sucederá hasta que no se haya adoptado una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
A juzgar por lo que usted nos ha dicho, no es así. 
Se diría que los gobiernos de países neutrales tienen la tendencia a inducir en error a sus ciudadanos. 
¿Es cierto lo que acabo de decir? 
Señoría, el acuerdo conseguido en Helsinki y que se plasma en la posibilidad de instituir esas nuevas estructuras de naturaleza militar es un acuerdo cuidadoso, es un acuerdo elaborado, por lo demás, durante la Presidencia finlandesa, que es, como se sabe, un país que a ese respecto tiene preocupaciones nacionales extraordinariamente legítimas y que no dejaría de tener en cuenta esos aspectos. 
Lo que pretendemos en este momento crear en el ámbito de la Unión Europea, y hacerlo en un plazo determinado, es una capacidad para determinada intervención que en ciertos aspectos no requerirá el mandato del Consejo de Seguridad, porque no entraña el uso de fuerza militar, y que en los otros aspectos requerirá- en esos, sí- una resolución del Consejo de Seguridad. 
Y nosotros mismos reconocemos expresamente la necesidad de esa resolución del Consejo de Seguridad, si se utilizan- y cuando así sea- fuerzas militares en determinado marco. 
Considero que los países neutrales, los países de tradición neutral, en particular los países de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN, han conseguido salvaguardar todas sus preocupaciones en ese equilibrio, porque es evidente que resulta particularmente delicado para esos países de tradición neutral. 
Considero que esos países, ante sus propias opiniones públicas, no están engañándolas, no están escatimando verdades a sus propias opiniones públicas, están diciendo rigurosamente lo que es su compromiso y, evidentemente, su derecho de veto final respecto de cualquier decisión está siempre garantizado por el propio mecanismo decisorio. 
Y, por tanto, podrán decidir en cada caso lo que consideren oportuno. 
Ésa es la norma fundamental de la Unión Europea en todo lo que entrañe la participación de fuerzas militares. 
Señor Presidente, ha habido aproximadamente cien conflictos militares en los años noventa, de los cuales la mayor parte fueron guerras civiles. 
Quiero preguntar si ha habido consenso a raíz de los análisis de escenarios efectuados en que ciertos conflictos no podrán ser tratados basándose en el Tratado existente. 
En otras palabras, ¿se está de acuerdo en que ciertos conflictos militares son competencia de la OTAN o de otra instancia, pero en cualquier caso no competen a la UE? 
Yo sólo decía lo siguiente: esas capacidades militares, esa capacidad de intervención de la Unión Europea y esa ampliación de su ámbito de actividad están previstas en el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor en mayo del año pasado, y sólo a partir de entonces se han planteado estas cuestiones. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0471/00): 
Asunto: Venta de armas a México La inminente exportación de revólveres P-90 a México pone de manifiesto una vez más que Bélgica no sopesa con demasiado rigor las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
En México, a raíz del levantamiento en Chiapas, siguen constatándose graves violaciones de los derechos humanos. 
No se trata únicamente de torturas, detenciones arbitrarias, "desapariciones" y similares. 
El código de conducta europeo sobre la exportación de armas, aprobado el 8 de junio de 1998, prohíbe la exportación de armas a países en los que exista el riesgo de que dichas armas puedan utilizarse en conflictos internos. 
¿Considera el Consejo que esta venta de armas a México es conforme a dicho código de conducta europeo? 
En caso afirmativo, ¿no debería formularse dicho código en términos más estrictos? 
En caso negativo, ¿qué piensa hacer el Consejo en relación con el Estado miembro en cuestión, esto es, Bélgica? 
Como se sabe, la posición de la Unión Europea respecto de la exportación de armas está reflejada en el Código de Conducta aprobado en junio de 1998. 
Entre los criterios formulados en dicho código, el respeto de los derechos humanos constituye una de las principales condiciones que se deben respetar para que se conceda la autorización. 
Ahora bien, cada Estado miembro adopta las decisiones individualmente y deberá tener en cuenta plenamente- y se trata de una cuestión de buena fe de carácter político- lo que prescribe el código de conducta. 
El Consejo no recibe información alguna sobre los motivos que mueven a los Estados miembros a conceder o no o a rechazar licencias de exportación y, por tanto, no puede emitir un juicio de evaluación respecto de los fundamentos subyacentes a esa decisión. 
Ahora bien, quiero decir que en este momento comienza a desarrollarse en el ámbito de la Unión Europea y, en particular, después del establecimiento del Código de Conducta un conjunto de intercambios de informaciones sobre exportaciones de armas que es objeto de un informe anual y que manifiestamente va a empezar a crear formas comunes de planteamiento de los problemas. 
No obstante, debemos comprender que en este momento esa cuestión, aun teniendo como telón de fondo y como referente la existencia del Código de Conducta, sigue siendo una cuestión cuya decisión es meramente subsidiaria, es decir, en el nivel de cada Estado miembro. 
Señor Presidente del Consejo, permítame señalar que no me sorprende su respuesta. 
Es verdad que estos códigos de conducta no representan sino un escaso medio para penalizar el tráfico de armas en tiempo de paz. 
Quisiera preguntarle si se ha debatido alguna vez en el seno del Consejo hacer más estricto este código de conducta o hacer más vinculante su aplicación. 
Me temo muy mucho que con este código de conducta pase como lo que hemos hablado muchas veces acerca de nuestra política exterior y de seguridad. 
En realidad depende de la buena voluntad y en cuanto hay uno con mala voluntad ya podemos irnos olvidando de la unanimidad. 
Señoría, no puedo dejar de convenir casi absolutamente con lo que acaba de decir. 
En realidad, el código de conducta vigente y que fue el código de conducta posible- yo asistí y participé en sus negociaciones- es un código de conducta que manifiestamente no da garantías sobre la posibilidad de que ejerzamos una vigilancia sobre el modo como los Estados miembros interpretan sus obligaciones. 
Ésa es una realidad. 
Quiero decirle con toda franqueza que considero que en este movimiento no hay, en el ámbito de la Unión Europea, digamos, un consenso o al menos una tendencia mayoritaria con vistas a conseguir reactivar esa cuestión. 
El Código de Conducta fue considerado en su momento un salto cualitativo muy importante respecto de los usos dispares de los diversos Estados miembros que existían. 
Se procuró vincular a los diversos Estados miembros con un conjunto básico de principios y con la observancia de determinado tipo de normas, pero quedando ellos, los Estados miembros, con las manos completamente libres a ese respecto. 
Eso es lo que hoy sucede y reconozco que el código de conducta tiene una gran fragilidad y carece del menor carácter vinculante ni puede ir mucho más allá de la sanción política. 
Por tanto, creo que la circunstancia de que la divulgación pública de ese tipo de situaciones- y no estoy pronunciándome en particular sobre la situación que es objeto de la pregunta- tenga, en particular, cierta repercusión en los medios de comunicación acabará, a mi entender, funcionando en cierto modo como una presión saludable sobre el Consejo, en el sentido de que la Unión Europea pueda un día garantizar que los usos de sus países y los usos en relación con determinado tipo de actividades lucrativas estén en sintonía con los principios que la Unión Europea dice defender. 
Ésa es la gran prueba por la que la Unión Europea y sus Estados miembros van a tener que pasar en el futuro. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0474/00): 
Asunto: Restablecimiento de relaciones normales con Austria Considerando la respuesta dada a principios de año por el Consejo a los recientes acontecimientos políticos en Austria, así como la necesidad de fomentar los intereses generales de la Comunidad, ¿puede manifestar el Consejo si está dispuesto a restablecer relaciones normales con Austria en todos los ámbitos? 
Me extrañaba que no hubiera una pregunta sobre este asunto, razón por la cual me alegro de que por fin se plantee. 
El Consejo de Ministros de la Unión Europea no tiene que pronunciarse sobre una decisión adoptada por 14 Estados miembros en el marco de sus relaciones bilaterales con Austria. 
No es una cuestión de competencia del Consejo de la Unión Europea. 
Otro caso sería si Austria, por no cumplir algún aspecto del Tratado de la Unión Europea, llegara, por ejemplo, a infringir los principios establecidos en el artículo 6 y, por tanto, llegara a ser castigada o a justificar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7. 
Al no ser así, lo que hoy ocurre en las relaciones entre los 14 países y Austria es una cuestión de la esfera bilateral, que no compete al Consejo. 
Muchísimas gracias por aceptar la pregunta. 
No hay duda alguna de que la respuesta del Presidente en ejercicio me ha sorprendido. Lo cierto es que las sanciones fueron impuestas por el Consejo. 
No veo cómo el Consejo puede lavarse ahora las manos sin ni siquiera discutir la posibilidad de levantar esas sanciones. 
Me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio si sabe que las últimas encuestas de la opinión pública en Austria indican que más del 80% de los ciudadanos austríacos quieren que se levanten las sanciones. 
En esas circunstancias, ¿cómo puede seguir ignorando el Consejo la decisión democrática del pueblo austríaco? 
¿No le parece al Presidente en ejercicio que el hecho de no levantar las sanciones ahora está socavando los cimientos democráticos sobre los cuales se erigió esta Unión? 
Quisiera que el Presidente en ejercicio diera esta tarde al Parlamento la seguridad de que va a utilizar su indudable influencia para que la cuestión se examine en la Cumbre que tendrá lugar la próxima semana en su país. 
Es evidente que lo que está sucediendo no refleja las aspiraciones europeas a la unidad. 
Me defrauda enormemente que el Consejo, de esta forma, quiera lavarse las manos y no ocuparse de lo que es un cuestión gravísima. 
Señor Presidente, el Consejo está constituido por quince países y no me consta que Austria haya participado en debate alguno ni en votación alguna en la que se haya adoptado, en relación con Austria, medida alguna en el marco del Consejo. 
No hay instancia alguna de la Unión Europea en la que se haya adoptado medida alguna contra Austria. 
Quiero decirle incluso que, durante el semestre de Presidencia portuguesa, no hay instancia alguna de funcionamiento de la Unión Europea en la que Austria no haya tenido- como, por lo demás, en este Parlamento- la posibilidad total de participación plena y activa en todo el funcionamiento de la Unión. 
Las decisiones- yo no las llamaría sanciones- de carácter bilateral que adoptaron los catorce países para con Austria constituyen una interpretación de carácter político, derecho que asiste a cualquier país respecto de otro. 
Todo país tiene todo el derecho, respecto de la evaluación de la situación política en otro país, de adoptar una actitud y sacar de ella las consecuencias oportunas. 
Quisiera recordar cuáles son las consecuencias en este caso. 
Nótese que de lo que estamos hablando es de no apoyar a los candidatos austríacos en las organizaciones internacionales, de no recibir a los embajadores austríacos en el nivel superior a Director General y de la congelación de las visitas de carácter político. 
Ésas son las famosas "sanciones". 
La circunstancia de que haya habido quien haya podido hacer una interpretación lata de ese tipo de actitudes es una cuestión que compete a cada cual y, por eso, esas "sanciones", como las llama su Señoría, son de carácter bilateral, cada cual hace lo que considera oportuno al respecto y la responsabilidad es colectiva. 
La responsabilidad de la toma de posición de los Catorce fue asumida libremente por los Catorce. 
Cualquiera de los Catorce es libre de disociarse de esas medidas y tenemos que preguntarnos también por qué razón ninguno de ellos se ha disociado hasta ahora de esas medidas que ha adoptado. 
Por eso mismo, esta cuestión no es del ámbito del Consejo, es una cuestión que las autoridades austríacas han tenido la oportunidad de plantear en el marco de la Unión Europea: fue abordada por la ministra de Asuntos Exteriores austríaca en la reunión oficiosa de ministros de Asuntos Exteriores, fue planteada anteayer por la ministra de Asuntos Exteriores austríaca en Luxemburgo y muy probablemente el Dr. Wolfgang Schüssel aprovechará la oportunidad ofrecida por su estancia en Santa Maria da Feira para plantearla, pero la decisión no es de carácter comunitario, es de carácter bilateral, guste o no guste. 
Quisiera plantear al Presidente del Consejo una puntualización. 
El Consejo, dice usted, no se ocupa de estas medidas bilaterales porque realmente no son decisión del Consejo. 
Se dice no obstante que en Feira volverá a hablarse de sanciones. 
Dice usted que quizá Austria vuelva a plantear el tema, pero no puede hacerlo en una reunión del Consejo. 
Así pues, tendrá que hacerse en reuniones extraordinarias de carácter bilateral. 
¿No le parece un poco extraño? 
No, no me parece extraño por lo siguiente: como he dicho al principio, en el plano estrictamente del cumplimiento de sus obligaciones comunitarias establecidas en el Tratado de la Unión Europea, Austria no ha tenido comportamiento alguno que pueda, digamos, propiciar la actuación en el marco, en particular del artículo 7. 
Eso está claro, nunca lo ha puesto en entredicho nadie, como tampoco ha puesto nadie en entredicho la libertad de las elecciones austríacas y la de los austríacos para elegir el gobierno que quieran. 
Lo que tampoco puede nadie poner en entredicho es la libertad de los demás gobiernos para que les guste o no el gobierno austríaco, por considerar que de dicho gobierno forma parte un partido que no respeta un conjunto de principios básicos que esos gobiernos se comprometen colectivamente a respetar y que Austria también se compromete a respetar. 
Lo que quisiera decir y recordar a la Sra. Nelly Maes es que todos nosotros somos austríacos, todos nosotros tenemos derechos de ciudadanía que se deben respetar en Austria. 
Por tanto, no nos es indiferente una evolución de carácter político que indique la presencia en órganos ejecutivos de un Gobierno de la Unión Europea, de un gobierno amigo, por tanto, que comparte con nosotros y que ha decidido compartir con nosotros un conjunto básico de principios, la presencia- decía- de un partido que manifiestamente ha hecho una campaña electoral basada en otros principios. 
Respecto de la cuestión de la utilización de las instancias comunitarias para plantear esa cuestión, debo decir que somos una Unión libre, que cada Estado miembro tiene derecho a plantear, oficial u oficiosamente, esa cuestión en el marco concreto de la Unión. 
Al no tratarse de una cuestión de la Unión Europea, nunca se ha incluido en el orden del día y no se incluirá durante la Presidencia portuguesa en ninguna instancia oficial del Consejo. 
Los representantes del Gobierno austríaco tienen, naturalmente, toda la libertad de presentar esa cuestión y tendrán toda la oportunidad de debatir si los Estados miembros así lo desean. 
En el Consejo Europeo de Lisboa, los catorce Estados miembros decidieron encargar al Primer Ministro portugués que diera una respuesta colectiva, en la reunión oficiosa celebrada en las Azores hubo un debate y varios Estados miembros se pronunciaron respecto de la situación. 
No sé lo que sucederá en Feira, pero, naturalmente, el Dr. Wolfgang Schüssel es absolutamente libre para expresar sus opiniones y ver la reacción que los otros Catorce pueden tener ante el contenido de sus palabras y su argumentación. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si, finalmente, él y su Consejo reconocen el resultado de las elecciones democráticas efectuadas dentro de la Unión. 
En segundo lugar, ¿cree que la Presidencia portuguesa obró precipitadamente como resultado de una serie de llamadas telefónicas de toda Europa, cuando se adoptó esa decisión? 
¿No hubiera sido más prudente convocar una reunión de jefes de Estado para adoptar una decisión importante como ésta, que- recuerden- seguirá teniendo consecuencias mucho después de que hayamos dejado de ser miembros del Parlamento Europeo? 
Me gustaría oír lo que dice la Presidencia portuguesa, y quizá otras presidencias, si otros partidos de la extrema derecha o incluso de la extrema izquierda pasan a participar en un gobierno de un país de la Unión. 
La nuestra debería ser una Europa de unidad y de solidaridad. 
Si me permiten que utilice un término coloquial diré que es un resbalón el pretender que la cuestión no es de la incumbencia del Consejo. 
Alguien tiene que tomar la iniciativa de resolver este grave problema. 
Ha dado trascendencia a una persona que no la merece. 
En realidad ha fortalecido su posición, en vez de debilitarla. 
Quisiera comenzar por la última parte de la pregunta de su Señoría diciendo que quien dio un estatuto a quien no lo merece no fuimos nosotros, fue el Dr. Wolfgang Schüssel, que decidió aliarse con el partido de Jörg Haider. 
Respecto del resultado de las elecciones, ya he dicho con claridad que respetamos plenamente el resultado de las elecciones austríacas. 
Austria es un país libre, Austria es un país en el que las elecciones se celebraron con la mayor y total legalidad y con total transparencia. 
El problema que se plantea es el de que el resultado de esa elección libre, como, por lo demás, ocurrió ya en el pasado en otros países, situó en el poder a determinado partido. 
Por lo demás, si se observa atentamente, hay algo extraño, a pesar de todo, en la situación interna austríaca. 
El partido más votado, como sabe su Señoría, fue el Partido Socialdemócrata, que no quiso formar gobierno, pero el segundo partido por el número de votos obtenidos es el FPÖ, al que no se invitó a formar gobierno. 
Es un poco extraño, desde el punto de vista de los órdenes constitucionales normales, que en un país europeo el segundo partido por el número de votos obtenidos no haya sido invitado a formar gobierno y, en su lugar, se haya invitado al tercer partido por el número de votos obtenidos. 
Por tanto, no se trata ya de un asunto de business as usual, sino como de una reevaluación, respecto de la capacidad potencial de Jörg Haider para encabezar un Gobierno austríaco. 
Como digo, nosotros no ponemos en entredicho las elecciones austríacas ni el derecho de los austríacos a elegir el gobierno que quieran. 
Pero nadie puede obligarnos a tener relaciones con un gobierno del que forma parte un partido que no ha renegado hasta ahora de lo que dijo en la campaña electoral ni de la gravedad de lo que dijo. 
Es una lástima que no se subraye eso sistemáticamente: la gravedad de lo que dijo el partido del Sr. Haider y el PFÖ en las elecciones es algo que debería hacernos pensar a todos, teniendo en cuenta el futuro de Europa, es decir, el tipo de afirmaciones racistas y xenófobas que emitió sistemáticamente ese partido, de las que curiosamente no se ha desdicho ni en su último congreso, porque reafirmó todo su orgullo respecto de las afirmaciones del pasado, cuando habría sido una oportunidad precisamente para rectificar la situación actual. 
Nada nos permite considerar que haya una evolución de carácter positivo que justifique una nueva actitud por parte de la Unión Europea y, en particular, que se cree dentro de la Unión Europea tipo alguno de debate a ese respecto. 
No nos parece que se trate de una cuestión de la Unión Europea, esa cuestión se mantiene en el nivel de los Catorce y hasta hoy (ya veremos lo que sucede en un futuro próximo) los Catorce mantienen una posición de reconocimiento de que esa situación es grave y es preciso que cambie, pero que cambie no necesariamente por parte de los Catorce, porque hay una presunción casi de los medios de comunicación de que la actitud que se debe adoptar en este momento deben adoptarla los Catorce. 
¿Por qué? 
¿Qué es lo que ha cambiado en la situación austríaca que nos mueva a cambiar de actitud? 
¿Sólo el tiempo? 
Nosotros consideramos que quienes tienen la obligación de cambiar, si quieren que nosotros adoptemos una actitud diferente, son los austríacos y el Gobierno austríaco y, por tanto, eso es lo fundamental. 
¿Por qué atribuir sistemáticamente la carga de la prueba a los Catorce? 
¿Por qué tienen que cambiar los Catorce? 
¿Qué hay de nuevo en Austria que justifique ese cambio? 
Está claro que eso no significa necesariamente que no podamos abordar otras formas de evaluar en el futuro la evolución de esta situación y eso es lo que se verá en los próximos tiempos. 
Muchas gracias, Sr. Seixas da Costa. 
Quiero agradecerle su presencia continua, su abnegación, la inteligencia con que nos ha contestado, así como su paciencia, y queremos desearle mucho éxito a título personal como Ministro y también a la Presidencia portuguesa. 
Un éxito parecido al que ha tenido la selección nacional de fútbol portuguesa en el comienzo del campeonato Euro 2000. 
¡Que consigan ustedes mucho para Europa! 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 15 a 28 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.35 horas, se reanuda a las 21.00 horas). 
Modificación del orden del día 
A propuesta de la Presidencia y de conformidad con el artículo 111 de nuestro Reglamento propongo una modificación al orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Mediante carta de 8 de junio de 2000, el Consejo ha solicitado al Parlamento su dictamen sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el reglamento CE nº 974/98 relativo a la introducción del euro 2000/137 (CNS) y una propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el reglamento CE nº 1103/97 por el que se establecen diversas disposiciones relativas a la introducción del euro 2000/134 (CNS) antes del Consejo Europeo de Feira de 19 de junio de 2000. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha decidido aplicar el procedimiento simplificado de conformidad con el artículo 158 del Reglamento a ambos textos. 
Por tanto les propongo incluirlos según el procedimiento sin debate. 
¿Hay alguna objeción a la propuesta? 
Si éste no es el caso, se modifica por consiguiente el orden del día y el plazo de presentación de enmiendas concluirá a las 10.00 horas del jueves 15 de junio de 2000 y la votación se celebrará el viernes 16 de junio de 2000. 
(El Parlamento da su conformidad) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0133/2000) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a un Plan de Acción comunitario para la reconstrucción de Centroamérica (COM (1999) 201- C5-0111/1999- 1999/2114 (COS)) 
. Señor Presidente, el huracán Mitch devastó en 1998 Centroamérica (Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala) y produjo casi 20.000 víctimas y pérdidas por más de 5.000 millones de euros (un 10% del PIB de estos países que, a su vez, están agobiados con la eterna deuda externa). 
Destruyó cultivos, viviendas e infraestructuras de todo tipo, hipotecando con ello el futuro de sus pueblos. 
La respuesta solidaria europea fue inmediata e importante, ligada a la Conferencia de Estocolmo, y se consolidó a partir de la propuesta del Parlamento Europeo en la iniciativa de la Comisión que en estos momentos debatimos. 
Desearía destacar cuatro cuestiones. 
La primera tiene que ver con la asunción de nuestra parte de responsabilidad en estas catástrofes. 
La conexión entre nuestra actividad económica, y el aumento de la contaminación, con el efecto invernadero y el desencadenamiento de cambios climáticos aconseja que ratifiquemos de inmediato los protocolos de Kyoto para la reducción de gases causantes de este efecto. 
Además, nuestro modelo de desarrollo desigual sume en la pobreza y el endeudamiento a estos países. 
Es contradictorio aconsejar la reconstrucción de Centroamérica con un respeto medioambiental, según el modelo de desarrollo sostenible, y seguir manteniendo las mismas relaciones económicas con estos países. 
La segunda cuestión se refiere al objetivo global de nuestra intervención solidaria. 
La propuesta de la Comisión es sensata al centrar su atención en dos campos: la sanidad y la enseñanza. 
Pero conviene dotarla de una ambición superior, para permitir la coordinación e integración del conjunto de las diversas iniciativas presentes en la zona. 
Ello requiere un incremento sustancial de nuestro personal, medida que apoyamos desde este Parlamento. 
Esta acción posibilitará la sinergia de las diferentes ayudas y garantizará que el esfuerzo hecho no se limite meramente a la reconstrucción- puesto que, en ese caso, todo seguiría igual -, sino que se convierta en una oportunidad para la integración regional, el desarrollo armonioso y sostenible, creando riqueza y bienestar general, y para la consolidación de la democracia en unos países que, justamente, acaban de dejar atrás años de violencia y enfrentamientos. 
En este sentido, hay dos hechos que nos inquietan. 
La amenaza de hostilidades entre Nicaragua y Honduras por disputas fronterizas pondría en cuestión el sentido de nuestra ayuda, por lo que estimamos conveniente la sujeción de ambos países a las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia. 
Por otra, la reciente reaparición en Guatemala de secuestros políticos, como el de la catedrática Mayra Angelina Gutiérrez, asesinatos políticos, como el del dirigente de comunidades José Amancio Mendoza, o amenazas contra periodistas (la fiscal especial del caso Gerardi o la Premio Nobel Rigoberta Menchú) es preocupante. 
La ayuda para la reconstrucción debe ir acompañada, por parte del Gobierno de Guatemala, de compromisos firmes y comprobables en la garantía de los derechos humanos. 
La tercera cuestión tiene que ver con la forma en que se lleve a cabo la ayuda y la coordinación e integración regional. 
Nos parece vital incorporar a la parte más dinámica y responsable de la sociedad, a los pueblos indígenas, así como la plena y amplia participación de la mujer, las organizaciones sociales caracterizadas por su eficacia y solidaridad y, por último, que no haya un uso partidista ni fraudes en la gestión de las ayudas. 
De ahí la necesidad de llevar a cabo auditorías internas y externas sobre la aplicación de nuestras ayudas. 
Aumentar nuestra eficacia como Unión Europea también supone que participemos oficialmente en el grupo de seguimiento de Estocolmo. 
Y la cuarta y última cuestión es, en este momento, la más importante: el importe de la ayuda. 
Aunque es considerable, pensamos que es insuficiente el importe indicado por la Comisión, 250 millones de euros, a la vista de la magnitud de la catástrofe y la lentitud de la recuperación. 
Por ese motivo, el Parlamento Europeo solicita un incremento significativo. 
Son inquietantes las noticias que hoy aparecen en la prensa indicando que la propia Comisión pretende disminuir el conjunto de ayudas de la Unión Europea, entre ellas las destinadas a Latinoamérica, como consecuencia de sus compromisos en Kosovo. 
Estimamos que tal despropósito no se puede cometer, puesto que para América Latina Europa supone una esperanza importante para salir de su subdesarrollo y liberarse del pesado yugo procedente del Norte. 
El Parlamento Europeo ya aprobó que no podía acometerse ninguna actuación llevando a cabo recortes en las ayudas al resto del mundo. 
Por ello, persistimos en mantener este punto como crucial y clave. 
Esta conducta nuestra posibilitaría que el resto de gestiones, tanto con el Banco Europeo de Inversiones como con otras instancias financieras, fuesen importantes y ayudarían a la inmediata ejecución de los programas aprobados, todo ello con la presentación de informes periódicos al Parlamento Europeo sobre la evolución y evaluación de los resultados que se van obteniendo. 
Quiero destacar, por último, la cálida y exquisita colaboración del conjunto de miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y de su personal de secretaría, así como de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
A este respecto es imprescindible que la ayuda internacional esté bien coordinada. 
La Comisión debe desarrollar in situ estructuras propias adecuadas. Sin embargo debe cooperar también, y de la manera más eficiente posible, con las organizaciones internacionales que están trabajando ya in situ desde hace años 
Dígase lo mismo respecto de la incorporación de la población afectada y, en especial, de la población indígena. 
Es preciso cooperar in situ con esta población tanto en la planificación como en la ejecución., pues, en nuestra opinión, esto es imprescindible. 
Esto no sólo ahorra costes sino que aumenta también la eficiencia y, sobre todo, evita el fraude. 
Así sabemos, por ejemplo, que en El Salvador fueron desviados en su día por el gobierno de Calderón dineros de la ayuda por un valor de 1 millón de euros para obtener votos electorales en la derecha. 
Pero para ayudar realmente a los países que han sido devastados por el huracán no basta con algunos proyectos de ayuda in situ. 
Esto lo sabemos todos con demasiada certeza. 
Por eso, en nuestra opinión, es imprescindible la condonación de la deuda externa, el desarrollo de estructuras regionales y también, sobre todo, de estructuras sostenibles tanto en sentido ecológico como en sentido económico. 
La Unión debe garantizar a estos países un acceso al mercado para los productos de los mismos que puedan comercializarse, pues de poco sirve dar, por un lado, ayuda económica a estos países y, por otro, excluirlos de nuestros mercados. 
Al igual que quienes me han precedido en el uso de la palabra, soy de la opinión de que no puede admitirse que el Consejo argumente que ahora hay que transferir recursos económicos de América Latina a Kosovo. 
No puede denominarse política a sustraer algo en un lugar para socorrer a los necesitados en otro lugar. Todo lo contrario. 
Entonces, el Consejo, que cada vez echa más cargas sobre la Comisión y el Parlamento, debe ocuparse de que éstas puedan ser financiadas y, en consecuencia, tiene que introducir también en el presupuesto los correspondientes recursos económicos. 
. Señor Presidente, como ha dicho el ponente, Sr. Marset, cuyas palabras y cuyo informe respaldamos, el huracán Mitch es la peor catástrofe natural en la historia de Centroamérica. 
Las pérdidas humanas se elevan a más de 10.000 muertos; cerca de otros 10.000 han desaparecido y más de 2 millones de personas han sido damnificadas; los daños materiales ascienden a más de 5.000 millones de euros, lo que equivale al 10% del Producto Interior Bruto de Centroamérica. 
Ha quedado destruida una parte significativa de la infraestructura económica y social, y se ha visto reducida, en gran medida, la capacidad de producción y exportación de la región a corto y medio plazo. 
Los países más afectados, Honduras y Nicaragua, son los más pobres de la región. 
El efecto destructor de Mitch fue favorecido por la deforestación y la inexistencia de un sistema adecuado de control de inundaciones, lo que demuestra, una vez más, que la degradación ambiental afecta en mayor medida a los más pobres y pone de relieve la intrínseca vinculación entre pobreza y deterioro medioambiental. 
Tal como ha dicho la Comisión, las consecuencias del Mitch reducirán sensiblemente los resultados del esfuerzo de recuperación económica y la inversión realizada allí durante la década pasada por la Unión Europea. 
En abril de1999, la Comisión aprobó un plan especial de acción, dotado con 250 millones de euros, que este Parlamento respalda plenamente en aquellos términos tal como se aprobó. 
En lo que se refiere al modelo de ejecución de este programa, la Comisión de Desarrollo y Cooperación da su apoyo a la opción 1 propuesta por la Comisión. 
Sólo en el caso de imposibilidad para llevar a cabo tal opción por falta de recursos humanos suficientes, podría considerarse como válida la opción 2, mediante la contratación de expertos europeos altamente cualificados. 
Como ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación no debo terminar mi intervención sin pedir, una vez más, la condonación de la deuda externa de los países centroamericanos, iniciativa que debería ser abordada por la Unión Europea en su conjunto y de manera coordinada y no sólo por algunos de sus Estados miembros en iniciativas individuales y particulares. 
Por último, creo que es necesario pedir igualmente que, dentro del plan estratégico de reconstrucción, se propongan medidas encaminadas a incrementar los créditos del Banco Europeo de Inversiones en aquella región. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar al ponente, Sr. Marset Campos, por el excelente informe que nos ha presentado. 
Este informe, como no podía ser de otra manera, se encuentra influenciado por las trágicas consecuencias del huracán Mitch. 
El Parlamento Europeo- y creo que conviene recordarlo- reaccionó inmediatamente con la convocatoria de una reunión extraordinaria el 4 de noviembre de 1998 a la que acudieron los entonces comisarios responsables. 
En su Resolución de 19 de noviembre, el Parlamento Europeo expresó los términos en los que debería traducirse la respuesta de la Unión Europea ante la situación creada por el huracán Mitch. 
Respuesta que debía darse con la máxima diligencia y prontitud mediante la aprobación de un plan estratégico para la región en el plazo más breve posible. 
Recuerdo la fecha: 18-19 de noviembre de 1998. 
Tenemos que decir que esta petición del Parlamento Europeo, por lo menos en lo que se refiere a la diligencia y prontitud, no ha sido atendida, y cabe lamentarlo. 
La escasez de recursos humanos, si puede ser una excusa desde el punto de vista administrativo, no puede ni debe ser un pretexto para la ejecución de las prioridades políticas, máxime en los casos de necesidades básicas de poblaciones de países que han sufrido catástrofes de gran envergadura. 
Trasladar esta responsabilidad a la autoridad presupuestaria no es correcto. 
La Comisión debe velar, en todo caso, por una adecuada asignación de recursos en función de las prioridades acordadas. 
Esta mañana, señor Comisario, en el debate sobre la política común de seguridad y de defensa, he tenido la oportunidad de manifestarle a su colega, el Sr. Patten, que no he tenido, no tengo y no tendré nunca ningún reparo, sino todo lo contrario, en apoyar decididamente a la Comisión al objeto de clarificar y de ampliar el ámbito de sus competencias. 
Pero, de la misma forma que otros colegas han expresado en el curso de este debate y como tuve ocasión de decirle también al Sr. Patten en el curso del debate presupuestario, me resulta de difícil comprensión que no tenga la Comisión dificultades para gestionar los 800 millones de euros que propone en el anteproyecto de presupuesto para el año 2001 para los Balcanes y que, sin embargo, tenga dificultades para gestionar los 250 millones de euros que se han previsto en este plan de reconstrucción para América Central, que no están previstos en un año, sino en cuatro. 
En cualquier caso, señor Comisario, los países de América Central no han practicado una política de genocidio y de limpieza étnica. 
Han incluido, a diferencia de otras áreas geográficas en su acuerdo con la Unión Europea, una cláusula democrática que fundamenta y sustenta como elemento esencial toda la relación. 
Los países de América Central han acometido procesos de ajuste estructural muy dolorosos que han comportado grandes sacrificios para sus sociedades. 
Han hecho sus deberes con respecto a las instituciones multilaterales y han cumplido cabalmente con lo que la Unión Europea esperaba de ellos. 
Señor Presidente, la sociedad civil europea ha demostrado ya hasta qué punto ha sido sensible con la tragedia sufrida por los pueblos de Centroamérica. 
Es hora ya de que, ante una catástrofe de esta naturaleza, nuestras instituciones sepan estar a la altura de nuestra sociedad civil y de las circunstancias. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quiero agradecer al ponente, Sr. Marset Campos, la excelente propuesta de resolución y darle las gracias por haber comprendido con gran lucidez el espíritu de esta resolución que no debe limitarse a la solidaridad, sino tender hacia una capacidad de iniciativa política mucho más concreta. 
No quiero volver a mencionar las cifras relativas a este huracán, sino tan sólo subrayar que mucho más que los daños económicos son los daños sociales y medioambientales los que nos preocupan y los que afectan a esta región. 
Y, dado que no hay nunca equidad en la desgracia, sobre todo en el reparto de las consecuencias de la desgracia, las que se han visto más afectadas han sido como siempre las capas más desfavorecidas. 
Quisiera comenzar con una paradoja: en la misma región en la que se abatió este huracán, en la que se abaten a menudo huracanes de esta violencia, hay también Florida que, sin embargo, aunque se ve afectada con frecuencia por los mismos fenómenos meteorológicos de Centroamérica, sufre daños mucho menos graves. 
Por eso, hemos de partir de aquí: de la vulnerabilidad ecológica y social de América Central para entender que no nos podemos limitar a practicar la cultura y la política de la emergencia, y en esto debemos centrar la acción de la Unión Europea. 
Esta resolución tiene el mérito de ir más allá de la emergencia. 
El Plan de Acción comunitario es una ocasión para unir a la reconstrucción la transformación- que es una exigencia real para todos estos países- e invertir en un nuevo proceso de desarrollo económico y social que sepa priorizar la salud, la educación y la calidad de los servicios que en estos países implican directamente calidad de vida y, sobre todo, calidad de la democracia. 
Todo esto podrá ocurrir- la resolución lo explica con gran precisión- si se afirmarán y cumplirán dos condiciones. 
Ante todo debemos activar los instrumentos de control y de evaluación, al objeto de evitar despilfarros, ilicitudes y fraudes. 
En este sentido, la resolución pide que la Unión Europea sea la única responsable de la planificación, de la aplicación y del control de las ayudas. 
Es una petición de asunción de responsabilidad que queremos plantear a la Comisión y que consideramos indispensable para el buen fin de las ayudas. 
La segunda condición, sin embargo, es mucho más importante: es preciso potenciar los recursos financieros y humanos de la Comisión. 
Los fondos asignados no son suficientes, el personal es totalmente insuficiente. 
En una región fuertemente golpeada por la violencia política, la intervención- una intervención vinculada no solo a la emergencia, sino también a la reconstrucción, incluso del tejido democrático- prevé y pretende una calidad de la preparación, una cantidad de recursos humanos muy diferente de la anunciada hasta ahora. 
Consideramos que hay que aprovechar más y mejor la colaboración de las organizaciones no gubernamentales que representan, sobre el terreno, no solo un recurso de gran experiencia y de gran credibilidad, sino sobre todo un recurso real que nos permite dar un mayor impulso y una mayor eficacia a nuestra intervención. 
En otras palabras, señor Presidente, Señorías, señores de la Comisión y del Consejo, creo que hoy la Unión Europea debe pasar de la solidaridad anunciada a la equidad real, a la equidad sustancial. 
Este plan deberá servir no solo para dar una respuesta inmediata a las heridas sufridas a causa del huracán, sino también para redistribuir recursos y para brindar nuevas oportunidades a estos países. 
En esta misma dirección iba la resolución que el Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 1998, cuando hacía referencia a la condonación de la deuda externa- 17 millardos de dólares- para los países de la región. 
Y termino reiterando, de conformidad con lo indicado en esta resolución, la petición a la Comisión y al Consejo de que respalden la condonación total e inmediata de la deuda externa. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate poco se puede añadir, sobre todo después del excelente informe del compañero Marset, que suscribo hasta la última palabra. 
Pero sí quiero subrayar algunas de las cosas que ha dicho. 
Es muy importante hablar de la intervención solidaria- se ha hablado de intervención sensata -, centrada en programas sobre todo de educación y sanidad, como se cita en el propio informe, y también ha hablado de coordinación y de necesidad de personal. 
Para quienes hemos estado hace sólo unos días en Kosovo, es necesario subrayar precisamente algo que se ha dicho por muchos de los visitantes de la delegación: que, con diferencia de otras intervenciones, lo que caracteriza sobre todo a la realizada en Kosovo es que se haya llevado a cabo bajo una dirección integrada y perfectamente coordinada, lo cual aumenta la eficacia de nuestra actuación. 
Por otra parte, como bien ha señalado el Sr. Salafranca, también comparto absolutamente ese desacuerdo no solamente con las restricciones presupuestarias, sino también con el hecho difícil de entender de que se pongan trabas a países como los de Centroamérica en cuyos acuerdos se han incluido determinadas cláusulas, mientras que no se actúa de este modo en otras latitudes. 
Para quienes hacemos de la solidaridad el leitmotiv de nuestra acción política es importante la solidaridad, pero también la eficacia, la sostenibilidad de los programas y la plasmación de políticas allí donde actuamos, que ayuden a que estas queridas sociedades de América Latina alcancen mayores niveles de desarrollo y justicia social. 
Termino, señor Presidente, con la siguiente cita: "Debemos ser rebeldes, pero también competentes". 
Trasladándolo a otros conceptos: seamos solidarios, pero eficaces. 
Señor Presidente, quisiera enlazar con lo que el Sr. Liese ha dicho al final, es decir, con el cambio climático. El Sr. Marset Campos se ha referido también a esto. 
Por esta razón, me gustaría que estableciéramos una conexión entre el tratamiento de estas catástrofes y la política energética. 
La segunda cosa que quisiera mencionar es que la ayuda se debería utilizar para la integración de Centroamérica. 
Este es un viejo objetivo del Parlamento Europeo. Lo hemos exigido con frecuencia. 
En definitiva, son los propios centroamericanos quienes, naturalmente, tienen que hacerlo. 
Pero quizá este schock, que se ha producido por el huracán sea una ocasión para superar las hostilidades y las dificultades que existen entra cada uno de los países. 
En cualquier caso, las personas agradecerían que así fuera. 
Y, por lo demás, nuestra ayuda carecería de valor si esta integración no avanzase. 
El tercer punto que quisiera mencionar se refiere a la ejecución de esta ayuda No envidio a la Comisión en esta tarea, pues sé ya que dentro de unos años tendremos aquí ante nosotros algún informe acerca de la presunta o fundada utilización abusiva de recursos, y a este respecto quisiera decir que el control de estos recursos origina muchos más costes que el beneficio que se obtiene. 
Espero que demos también a la Comisión un cierto margen de maniobra en la utilización de estos recursos pues la velocidad en la puesta en práctica de los programas es frecuentemente mucho más decisiva que la rendición concreta de cuentas hasta el último céntimo. 
Sé que ésta es una puntualización que no debería hacer hoy como diputado, pero, no obstante, la hago porque es cierta. 
Finalmente, quisiera insistir en que el huracán atravesó Centroamérica en octubre de 1998. 
Ahora estamos en junio del 2000. Esto significa que nosotros mismos somos también realmente un aparato muy pesado y quizá deberíamos reflexionar acerca de cómo podríamos acelerar el proceso. 
Incluso, aunque decidamos algo hoy, no significa que el país se reconstruya de nuevo, sino que de aquí a allá pasarán muchos años y quizá entonces viva una nueva generación. 
Considero que esto es demasiado largo. 
Señor Presidente, desearía comenzar dando las gracias, en nombre de la Comisión, al Parlamento Europeo, por la calidad de este informe y felicitando al ponente, Sr. Marset Campos, por su informe sobre la comunicación de la Comisión relativa al Plan de Acción para la Reconstrucción de Centro América. 
También doy las gracias por el apoyo y confianza que el Parlamento ha dado a la Comisión en la aplicación de este importante Plan de Acción comunitario. 
El programa regional de 250 millones de Euros para la reconstrucción de América Central, que se extiende durante cuatro años, contribuirá a la reconstrucción y a la transformación de los cuatro países más devastados por el huracán Mitch: Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
El programa se basa en el principio del desarrollo sostenible, como ya han subrayado varios oradores. 
Prevé la asistencia en educación, formación profesional, salud pública y vivienda social. 
Los principales beneficiarios serán los que viven en zonas rurales extremadamente desfavorecidas en las que las consecuencias del desastre son más agudas. 
Se prestará especial atención a los pueblos indígenas y a reducir la vulnerabilidad ante este tipo de catástrofes en el futuro. 
La Comisión es consciente de que el éxito de un programa tan ambicioso y complejo depende también del grado de coordinación entre los diversos actores presentes. 
Se va a establecer un grupo de coordinación entre la Comisión y los Estados miembros. 
Otro elemento importante lo constituirá el Grupo de Seguimiento de Estocolmo. 
Hasta ahora la Comisión siempre ha participado de modo informal en las actividades llevadas a cabo por este grupo. 
Para garantizar la máxima transparencia, la Comisión presentará un informe anual sobre los avances del Plan de Acción para la Reconstrucción de Centro América a los Estados miembros y al Parlamento. 
Se ha repartido en la Comisión parlamentaria de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía un primer informe de las actividades realizadas por la Comisión. 
Tras la ayuda de emergencia inicial y otras ayudas posteriores al Mitch, estamos ahora preparando activamente la puesta en marcha de este programa de reconstrucción. 
La movilización del personal reglamentario necesario para la gestión y la aplicación descentralizada del programa ha retrasado, sin duda, la rápida puesta en marcha del mismo, tal y como han subrayado varios oradores. 
Estos problemas ya se han resuelto. 
El primer funcionario llegará a Managua el 17 de julio y el resto en el curso de las semanas siguientes. 
No se espera que haya más retrasos en este momento. 
La Comisión está adoptando todas las medidas necesarias para que el programa pueda estar operativo en los próximos tres meses. 
Entiendo muy bien los argumentos que ha planteado el Sr. Salafranca en cuanto a los recursos humanos. 
Como saben ustedes, no es una cuestión exclusiva de este debate. 
Sin embargo, deberían tener en cuenta que para el programa de Kosovo establecimos una agencia específica. 
En el caso de este programa tuvimos que arreglarnos con el personal disponible, debido a las limitaciones de recursos humanos. 
Permítanme que destaque- y comparto la opinión del Sr. Salafranca y del resto- que el tiempo que se ha tardado en hacer llegar esta ayuda a la región es totalmente inaceptable. 
Lo hemos citado como ejemplo en nuestras recientes propuestas sobre reforma general de nuestros programas de ayuda externa. 
Es otra de las razones por las que la Comisión, y el Comisario Patten en particular, están tan decididos a que saquemos adelante estas reformas para que no sigamos defraudando a los demás y a nosotros mismos de esta manera. 
Puesto que varios oradores han planteado la cuestión, me gustaría aprovechar esta oportunidad para garantizar que la financiación de Kosovo no irá en detrimento del dinero asignado a Latinoamérica, ni, por supuesto, del destinado a este programa específico. 
La Comisión ha adoptado medidas adicionales en el marco del Plan de Acción Comunitario. 
Entre estas medidas se encuentran la contribución de la Comunidad Europea a la iniciativa de la deuda HIPC y la aprobación de un Sistema General de Esquema de Preferencias para Centro América y la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2001 del Reglamento del Consejo de 21 de diciembre de 1998 que aplica un esquema plurianual de ventajas arancelarias generalizadas. 
Asimismo, la Comisión toma parte en la iniciativa de deuda HIPC, aportando alrededor de 50 millones de Euros a Honduras y Nicaragua. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Procedimientos de asilo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0123/2000) del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el documento de trabajo de la Comisión: Para establecer unas normas comunes sobre los procedimientos de asilo ((SEC (1999) 271- C5-0157/1999- 1999/2148 (COS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, apreciadas señoras y señores, quisiera destacar positivamente dos cosas. 
La primera de ellas es el documento de trabajo que ha presentado la Comisión y que ha servido de posición de partida para el informe. 
Constituye una base bien fundamentada para iniciar una discusión que ha de desembocar en algún momento en un acto jurídico en el que se establezcan las normas comunes sobre el procedimiento de asilo. 
La segunda cosa es el informe, que yo quiero poner de relieve de manera especial pues en una materia tan ardua el ponente ha logrado conseguir realmente un amplio consenso de todos los Grupos. 
Esto es extraordinariamente difícil y aquí hemos visto ya situaciones totalmente diferentes. 
Por consiguiente, éste es un trabajo excelente. 
Quisiera destacar tres puntos que me parecen especialmente esenciales y solicitar también que pasen posteriormente a las reflexiones de la Comisión. 
El primero es el punto del reparto de las cargas. 
Ya ha sido citado. 
Los argumentos no deberían ir solamente en una dirección sino que deberían permanecer abiertos siempre incluso en la dirección del reparto de las cargas en lo que respecta a las personas. 
Si analizamos las corrientes de refugiados, comprobaremos que siempre resultan afectados los mismos países. 
Mi país, Austria, por ejemplo, ocupa siempre la posición de cabeza cuando se trata de la acogida de refugiados temporales igual que a la hora de acoger a demandantes de asilo. 
Hay que equipararla con Luxemburgo, con Bélgica, con los Países Bajos. 
Otros han de soportar una carga sustancialmente menor. 
En este punto hay que hacer una llamada a la solidaridad de los Estados miembros. 
Quiero destacar el recorte y la simplificación del proceso de reconocimiento sin que se haya reducido por ello- y esto es lo esencial- el cuidado por la comprobación. 
Este es un punto esencial, pues los demandantes de asilo tienen derecho a una decisión rápida y a una respuesta rápida en lo que respecta a su futuro estatus. 
El tercer punto es el que proporciona seguridad jurídica y contribuye a que en todos los Estados miembros se adopten medidas paralelas en la ejecución. 
Este es el punto que se refiere a que deberíamos disponer de listas- reelaboradas permanentemente- sobre estados y países de origen seguros. 
Será una enorme ayuda si logramos confeccionar estas listas. 
Se ha producido un amplio consenso, pero temo que, eventualmente, este consenso no se va a poder mantener si se presentan todas las enmiendas de los Verdes. 
Pretenden muchas cosas positivas, pero algunas cosas las quieren de manera extremadamente total, como ha señalado ya una vez la Sra. Merkel. 
Si, por ejemplo, quieren llevar a la práctica la ampliación total del concepto de refugiado o el acceso total de los demandantes de asilo al mercado de trabajo o si quieren trabajar en la dirección de invertir la carga de la prueba, esto pondrá de nuevo en peligro el consenso que se produjo en la comisión con la conformidad de ellos. 
Quiero hacerles un llamamiento para que piensen en retirar estas enmiendas a fin de que sea posible seguir manteniendo el gran consenso. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Sr. Pirker se ha referido a un importante aspecto del debate que hemos dejado atrás, en concreto al hecho de que en un ámbito político en el cual no hemos visto más que obstáculos desde que estoy en este Parlamento hemos conducido por vez primera durante meses un debate que se ha caracterizado por la mutua voluntad de compromiso y también, lo que es más importante aún, por la mutua capacidad de compromiso. 
Por esta razón quiero decir ahora, desde el principio, que usted, señor Schmitt, ha realizado, en mi opinión, un trabajo ejemplar. 
Aquí se suele dar ritualmente las gracias al ponente, pero en este caso quiero hacerlo de una manera especial, en concreto, diciéndole que usted nos ha llenado de estupor a los que nos sentamos en el ala izquierda de esta Asamblea. 
Si el Secretario General del CDU de Berlín, es decir, de una de las importantes agrupaciones regionales de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania, haya manifestado con toda claridad con el informe que ha presentado aquí, y que lleva su nombre, que está a favor de que se mantenga como derecho fundamental la pretensión individual de asilo, como socialdemócrata alemán no puedo menos que decir bravo. 
La dirección de su partido en Berlín- me refiero a nivel federal, no a la de su ciudad- sostiene precisamente lo contrario, es decir, que es necesaria una ley de inmigración y que, en consecuencia, podría sobrar la pretensión individual a ser protegido. 
¡Imponga su opinión dentro de su partido! 
Le prometo al menos el apoyo de los Socialdemócratas alemanes. 
Las manifestaciones del Sr. Pirker han mostrado que, evidentemente, la acción de usted en su Grupo ha sido realmente misionera; hay que alabar también las buenas obras. 
Lo que nosotros hemos logrado- y nuestro colega, el Sr. Pirker, da señales de estar dispuesto a dar su aprobación- es un informe que se ocupa de las normas que han de aplicarse en el procedimiento de asilo. 
En virtud de las mismas se establecerán de manera unitaria en todos los lugares de la Unión Europea prerrequisitos y condiciones comparables bajo los cuales pueda solicitarse y exigirse el asilo. 
Cuando se habla de normas se habla de estrategias formales, de vías de procedimiento. 
A este respecto habría que evitar sobrecargarlas con elementos ideológicos o con cuestiones de carácter fundamental, político o de largo plazo. 
Esta es una de las razones por las que anunciamos a los colegas del Grupo de los Verdes /Alianza Libre Europea que rechazaremos hasta la última de sus enmiendas. 
En una de las enmiendas se trata de la que se ocupa de la expulsión, de la cual pensamos también realmente que constituye un instrumento que debe revisarse. 
No quiero entrar en valoraciones a este respecto. 
Rechazaremos las enmiendas de ustedes porque en este Parlamento es preciso que aprendamos como legisladores que en el procedimiento legislativo debemos y tenemos que ocuparnos de la materia que precisamente hay que verter en una ley. 
Sin embargo, aquí no se trata del derecho material de asilo, sino del derecho formal. 
Esto constituye una diferencia sustancial. 
Lo que contienen las enmiendas de los Verdes es una discusión sobre el contenido del derecho de asilo y no sobre la forma. 
No obstante, como sin duda habrán advertido ustedes, no hemos presentado como Grupo socialdemócrata ninguna enmienda más al Pleno; tampoco tenemos necesidad de hacerlo porque lo que el informe del Sr. Schmitt en formato de la comisión ha conseguido coincide plenamente en muchas partes con lo que pensamos como socialdemócratas: la exigencia apoyada por los derechos fundamentales, según la cual se garantiza el acceso al procedimiento a todo aquel que quiera hacer uso del mismo. 
Consideramos importante la garantía de que en el procedimiento exista un apoyo jurídico de tal forma que, sobre todo- y consideramos esto como un progreso muy grande -, los que participan en el procedimiento reciban una ayuda lingüística, es decir, que se les brinde un apoyo para que puedan entender el procedimiento, que puedan exigir en todo caso asistencia letrada, que puedan recurrir judicialmente en primera instancia contra la decisión de la Administración y, como punto decisivo para nosotros- quiero recordar a los colegas alemanes el debate intraalemán- que este recurso tenga efectos dilatorios. 
Éste es un punto de mucha trascendencia para nosotros. 
Por lo demás, implica- en esto hemos entrado de manera muy sustancial en nuestra intervención en el debate de la comisión- que en esta derecho de permanencia del demandante en el procedimiento de apelación estos procedimientos no deben durar años, sino que haya procedimientos acelerados, pues la opinión pública y el demandante tienen derecho a una ejecución expedita de los procedimientos. 
En resumen, nuestro colega, el Sr. Schmitt, ha presentado un informe que apoyamos como Grupo del Partido Socialdemócrata de Europa y estoy casi seguro obtendrá lo que ha merecido, es decir, una amplia mayoría. 
Señor Presidente, estimados colegas, unas palabras sobre una cuestión personal: para mí, como coordinador del Grupo del Partido de los Socialistas de Europa, ésta es mi última sesión. 
En un futuro próximo me dedicaré a otra función en mi Grupo. 
Por esta razón, aprovecho la ocasión para dar mis más cordiales gracias a todas las colegas y a todos los colegas, al Sr. Wiebenga, al Sr. Pirker, al Sr. Ceyhun, a nuestra colega, la Sra. Palacio Vallelersundi, con los cuales he podido colaborar durante los últimos años en esta función, por su trato sincero y lleno de confianza. 
Señor Presidente, los representantes del Grupo liberal echaremos de menos la contribución clara y pura del Sr. Schulz en este ámbito político. 
Nos apena, pero le deseamos suerte en su próximo puesto. 
Esta ha sido la parte agradable de mi intervención. 
¿En que situación se halla la política de asilo europea? 
Es difícil decirlo, porque en realidad no hay una política europea de asilo. 
En este Parlamento, tanto los diputados aquí presentes como sus predecesores, durante todos estos años hemos impulsado esta política en la buena dirección. 
La Comisión Europea, la predecesora de los comisarios actuales, hasta ahora no ha tenido éxito en este intento, pero con antelación al Tratado de Amsterdam no tenía mucho que decir sobre el tema. 
La anterior Comisión Europea sí quería, pero no tenía poder. 
El cuello de botella- lo hemos comprobado a menudo- se forma en el Consejo de ministros. 
La mayoría de los gobiernos también querían esta política, pero se les imponía el requisito de la unanimidad. 
Después vino la cumbre de Tampere. Se presentaron decenas de propuestas, también en ese terreno político. 
Muchos periodistas pensaron que todo iba bien. 
Habían olvidado que sigue vigente la toma de decisiones por unanimidad, con su efecto paralizante. 
La comprobación del marcador probablemente no puede contrarrestar la parálisis de las políticas. 
Sólo quedará claro para el mundo exterior qué órgano y qué país causa la obstrucción política. 
¿Qué debe suceder ahora? 
Debe suceder de todo. 
Como Grupo liberal, pensamos que el documento de trabajo de la Comisión Europea y el informe del Sr. Schmitt, que debatimos hoy, constituye un buen salto para la siguiente etapa y pensamos también que el informe Schmitt- y en esto me uno a las anteriores opiniones de otros oradores- contiene un enfoque equilibrado. 
Votaremos a favor del contenido del informe. Cuenta con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, desde el Tratado de Amsterdam se ha hecho ineludible una política común de asilo y de emigración. 
Las iniciativas de la Unión Europea sobre la reagrupación familiar, el paquete relativo a la antidiscriminación, la protección transitoria de los refugiados de guerra y, finalmente, la tan ansiada armonización del derecho de asilo lo ponen claramente de manifiesto. 
Con el presente informe de mi colega, el Sr. Schmitt- y a este respecto le doy las gracias también en mi calidad de coordinador de los Verdes- se produce por vez primera una clara posición del Parlamento Europeo, aunque se hayan rechazado algunas enmiendas importantes, propuestas nuestras que, por lo demás, nos fueron aconsejadas por el ACNUR. 
Señor Pirker, yo tampoco veo en esto ningún problema, mañana las puede rechazar usted de nuevo. 
En cualquier caso, nosotros daremos nuestra aprobación al informe del Sr. Schmitt. 
Estas son las reglas parlamentarias al uso, gracias a ellas podemos convivir felices todos; éste es mi punto de partida. 
El tiempo apremia. 
Antes de finales del 2004 debemos haber realizado la transposición del Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, las dificultades están patentes. 
Con frecuencia los Estados miembros no están dispuestos aún a compartir regulaciones europeas. 
Pero esto no nos debe desviar del camino. 
El informe de nuestro colega, el Sr. Schmitt, marcha en la dirección correcta. 
Insta ahora a la Comisión a emprender pasos concretos hacia una propuesta legislativa. 
Espero que podamos hacer llegar nuestros planteamientos a los Estados miembros. 
Señor Presidente, el informe Schmitt somete a la atención de este Parlamento un tema de gran actualidad, esto es, establecer normas comunes y claras en materia de derecho de asilo no solo por una necesidad de carácter jurídico y administrativo, sino también y ante todo para proteger la dignidad de las personas que demandan asilo. 
En esta materia son necesarias unas normas concretas y claras para evitar que el derecho de asilo se confunda con el problema de la inmigración. 
No es casualidad que haya utilizado el término problema, precisamente porque la falta de una seria política de inmigración ha hecho que, con frecuencia, nuestros ciudadanos perciban la inmigración en todas sus distintas formas como un problema, una carga e incluso un peligro y no como un recurso social y económico y un enriquecimiento cultural. 
En Italia, por ejemplo, demasiado a menudo la inmigración sin control o, peor aún, ilegal se vincula a fenómenos de delincuencia organizada. 
En este contexto confuso, en que la ilegalidad es cada vez más fuerte, no hay normas ni certezas, en particular no existe una verdadera protección de los derechos tanto de los ciudadanos europeos como de los inmigrados. 
De aquí la urgencia de poner a punto una política de inmigración y, en consecuencia, también una política de acogida y una política de regulación de los flujos migratorios, una política que tenga en cuenta la realidad y la concreción de los fenómenos sociales y que, por el contrario, mantenga las ideologías lo más lejos posible. 
Y es precisamente en este contexto que hay que insertar concretamente el derecho de asilo, un derecho sacrosanto que debe salvaguardarse en toda sociedad civil que se respete. 
Este documento de la Comisión plantea una violenta ampliación de las posibilidades de poner en marcha legislación comunitaria vinculante. 
Es un salto adelante en el desarrollo de la Unión y es el fondo sobre el que me gustaría recordar algo elemental, es decir, que el meollo del problema del asilo es el colapso social existente en las zonas próximas a la UE. 
Al este y especialmente al sur de las fronteras comunitarias vive una mayoría creciente de población en un mar de miseria social y represión política y esto es lo que desencadena el problema del asilo. 
La UE es la superpotencia de la región- económica, política y militarmente. 
El colapso político en los vecinos de los Balcanes y en el Norte de África son responsabilidad de la UE. 
No sólo se trata de la pasividad y del pecado de omisión. 
Se trata también de que la UE y los países miembros en virtud de su poderío económico, dominio político y poder militar han contribuido activamente a los colapsos sociales que convierten a nuestros prójimos en refugiados. 
¿Quieren ahora las instituciones comunitarias y los países miembros modificar esta situación fundamental? 
No. 
Es la racionalidad de la UE. 
¿Resulta ahora que el mensaje principal del documento de trabajo de la Comisión y del informe existente es que van a tomarse cartas en este problema fundamental? 
No. 
Tampoco son la caridad cristiana o el cuidado humanitario o sólo la mera decencia el elemento sustentador. 
Este documento es otro pilar- un importante pilar- del Fuerte Europa que construimos con todos los medios para mantener a nuestros míseros vecinos a raya. 
No se trata de que debamos garantizar la seguridad jurídica de nuestros prójimos. 
Se trata de la necesidad de ejercer la justicia en el sentido de un justo reparto de cargas, es decir que los países ricos contribuyan según su capacidad. 
No debemos considerar a los refugiados como socios y además se trata de una corriente limitada de refugiados. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, permítanme que mis primeras palabras sean de reconocimiento al Sr. Schulz. 
Le voy a decir, señor Schulz, desde el fondo del corazón, algo que alguna vez me gustaría que dijeran de mí: ha sido usted un buen adversario, es decir, un adversario duro, claro siempre, rotundo, muchas veces incómodo y qué duda cabe que le echaremos de menos. 
Señor Presidente, permítame ahora entrar en materia y decir que me parece que éste es un importante documento de la Comisión porque, realmente, lanza un debate que está apuntado en muchos documentos anteriores y, en particular en las conclusiones de Tampere, pero en el que había que clarificar el contenido del debate. 
Indudablemente, tenemos una gran necesidad de aclarar las diferencias existentes entre el procedimiento de asilo, las condiciones de acogida, la interpretación de la definición de refugiado, los vínculos entre ese procedimiento de asilo y los procedimientos del "mecanismo de Dublín" y otras formas de protección y, en ese sentido, este documento centra perfectamente el debate. 
No voy a retomar en su totalidad los puntos que otros oradores han destacado, pero sí me gustaría insistir en dos puntos particularmente. 
En primer lugar, yo creo que la Comisión relaciona acertadamente las cuestiones relativas a los procedimientos de asilo, objeto de una futura directiva, con el procedimiento relativo al Convenio de Dublín y con la noción de tercer país seguro. 
Y he de decir al respecto que he encabezado una enmienda que es contraria al sistema de listas. 
Es un problema metodológico. 
Fidji era un país seguro hasta hace muy pocos días, y de la noche a la mañana dejó de ser un país seguro. 
Si nos atenemos a un sistema de listas cerradas, se van a crear dificultades de actualización de esas listas, causando enormes perjuicios. 
La otra enmienda que he firmado es sobre el reparto de cargas. 
Todos somos conscientes de que el principio de solidaridad impone un reparto de las consecuencias que se derivan de la asimétrica demanda de asilo actual. 
En primer lugar, tenemos que decir sobre ello que si conseguimos unos procedimientos armonizados de asilo, las demandas tendrán tendencia a ser también más homogéneas. 
Y, en segundo lugar, quiero decir que este informe tiene una virtud que yo destacaría entre otras- aunque he sido crítica en algunos puntos, y es que insiste mucho en la seguridad jurídica, en las garantías procesales, en el derecho de defensa del demandante de asilo y, en particular, en todo lo que expone el punto 4 y, desde luego, en todo lo relativo a asistencia letrada, posibilidad de conectar con ONG o ACNUR. 
Evidentemente, esto se compadece muy mal con unas medidas de reparto por cuotas que tienen una imagen muy ligada a la deportación. 
Por lo tanto, yo, señor Presidente, espero que algunos grupos y en particular el Grupo del PPE, reconsideren esta enmienda, que recoge una enmienda del Grupo de los Verdes en su textualidad. 
O sea, que no es una enmienda de origen conservador o no, ni de origen geográfico. 
Recoge una enmienda del Grupo de los Verdes que no se aprobó en comisión y que, considero, debería recibir el apoyo de la Asamblea. 
Señor Presidente, acabamos de escuchar ahora un elogio, aunque también hemos sido atacados un poco. 
Quizá también tenga razón usted con sus ataques, señor Pirker, si pensamos un poco más allá de lo que al principio estaba planteado sobre el papel aquí. 
Por ejemplo, con el acceso al mercado de trabajo, pero un compañero suyo de Grupo, si no recuerdo mal, nuestro nuevo Ministro de Interior, ha expuesto expresamente en una ocasión una idea semejante. 
Estamos pensando, a este respecto, en la autonomía de los demandantes de asilo y también en una realidad social. 
El Sr. Schulz también ha presentado esta acusación contra nosotros, los Verdes. 
Como he dicho, quizá tenga usted razón, pero si se trata del derecho individual al asilo, esto significa también que en caso especiales debe haber también una comprobación individual. 
Esto también forma parte del marco jurídico. 
Ciertamente, no puede ser que sólo nos interese lo que sucede dentro de esta UE, y que no nos interese ya lo que suceda fuera con un demandante de asilo. 
Deja de ser nuestro ámbito de soberanía. 
Por esta razón tiene para nosotros la máxima importancia esta enmienda, para asegurar ciertamente que no hay que temer persecución alguna en el país de origen para un demandante de asilo, que se encuentre en territorio de soberanía de la UE y que no haya sido aceptado, y para asegurar que el demandante de asilo disfrute de una protección efectiva contra un refoulement en el país tercero al que va a ser enviado. 
Ésta es una responsabilidad que, sencillamente, queremos asumir, cuando por fin nos planteemos este debate que exige una mayor discusión- en esto le doy la razón- y que debe ser profundizado mucho, mucho más. 
Estamos al comienzo, un buen comienzo que estamos realizando conjuntamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar felicitando al ponente, Sr. Ingo Schmidt, por el excelente informe que nos ha presentado y por las recomendaciones que hace respecto de la racionalización de las propuestas de la Comisión. 
De hecho, la desaparición de las fronteras interiores y la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia nos obligan a hacer un esfuerzo de aproximación en materia de políticas de asilo y de inmigración y a reforzar del control en las fronteras exteriores. 
Como ya dijimos en cierta ocasión, un planteamiento serio de este problema nos obliga a hacer una distinción rigurosa entre la entrada de los solicitantes de asilo, en la acepción de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la entrada de migrantes por razones económicas o de otra índole y la acogida provisional de refugiados oriundos de regiones en crisis, situaciones diferentes todas ellas que merecen un tratamiento autónomo. 
Señor Presidente, las solicitudes de asilo no se han distribuido uniformemente, como, por lo demás, el Sr. Pirker ya tuvo ocasión de subrayar: existe claramente una desproporción en el reparto del número de solicitudes de concesión de asilo que se registran en cada uno de los Estados miembros. 
Esa desproporción es negativa para la Unión Europea en su conjunto porque fomenta la desigualdad entre los Estados miembros. 
Así, pues, hay que armonizar los procesos de concesión del estatuto jurídico de refugiado y las condiciones de examen de las solicitudes para que existan condiciones equivalentes en el nivel de la protección de los candidatos a asilo. 
Y hay que establecer una política de reparto de las cargas. 
La solidaridad debe ser de todos. 
Es esencial que se adopten normas comunes en relación con la acogida a los solicitantes de asilo, a los requisitos que cumplir para la obtención del estatuto de refugiado, al proceso de concesión o de rechazo de dicho estatuto, en que se deberá evitar, en particular, que se introduzcan simultáneamente solicitudes de asilo en varios Estados miembros. 
Señor Presidente, hoy hemos comenzado nuestro segundo año de mandato como diputados europeos. 
Por lo tanto, deseo que los próximos cuatro años sean mejores y más fructíferos para todos nosotros. 
En cualquier caso, yo diría que empezamos muy bien este segundo año de actividad parlamentaria al debatir y aprobar- creo que mañana- esta importante iniciativa concerniente el establecimiento de normas comunes en materia de procedimiento de asilo. 
Nada puede ser más europeo que esto, motivo por el cual aplaudo el informe del Sr. Schmitt que apruebo y suscribo hasta la última palabra. 
Uno de los pensionistas que, como miembro del Partido de los Pensionistas, siempre me acompaña al aeropuerto de Bérgamo, cuando viajo a Estrasburgo, me dijo: " Sí, estoy de acuerdo, los exilados deben conseguir el asilo; los refugiados, los perseguidos que huyen de su territorio deben justamente obtener el asilo, pero yo vivo con 700.000 liras al mes, un día y medio de su dieta: ¿a mí quién me ayuda? 
Estoy de acuerdo en que hay que ayudar y acoger también a los que solicitan asilo ". 
Y yo le contesté: "Estáte tranquilo, verás que la Comisión también pensará en emplear a los que no tienen trabajo y que son acogidos en nuestro país para ayudar a las personas mayores que no se valen por sí mismas y que necesitan ayuda". 
Aparte de esta esperanza, considero que es justo repartir por fin la carga del asilo entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Confío en que la Comisión lo haga a partir de los acontecimientos en Kosovo y que quien más ha soportado la carga del asilo de los kosovares sea indemnizado por todos los Estados. 
Señor Presidente, tras haber asistido durante años a discusiones muy difíciles en el Parlamento en relación con este tema, me resulta, sin duda, un placer ver esta tarde un apoyo tan generalizado a este informe. 
Hay que dar la bienvenida a este consenso. 
Estamos ante un buen documento de trabajo y contamos con una buena base para empezar a trabajar, por lo que también felicito a la Comisión. 
Me siento un poco incómoda, siendo Irlanda la anfitriona del Convenio de Dublín y no habiendo comenzado hasta hace muy poco a recibir un número apreciable de refugiados y demandantes de asilo, porque desafortunadamente el Convenio de Dublín no esté funcionando excesivamente bien. 
A alrededor del 85% de las personas que llegan a Irlanda no se les ha parado en el puerto de entrada original ni se les ha identificado en el país por el que entraron a la Comunidad en primer lugar. 
Puedo valorar plenamente y sentir una gran afinidad con las preocupaciones de los colegas que piden un reparto de la carga, pero ya se está produciendo, de hecho, un importante reparto informal de la carga. 
Los países de recepción están haciendo alegremente la vista gorda a las personas que pasan por sus países de camino a otros países. 
Dicho esto, creo muy profundamente que necesitamos armonizar los procedimientos legales para que podamos ofrecer un refugio seguro a esa gran cantidad de personas que busca asilo en la Comunidad y a la vez para contar con un procedimiento de recepción humano y bondadoso que sea uniforme en toda la Comunidad. 
Debido al trabajo que he venido realizando sobre este aspecto concreto, me preocupan mucho las actividades delictivas de algunos demandantes de asilo que están explotando a los miembros de sus propias comunidades mediante el tráfico de mujeres y jóvenes. 
La cooperación entre las fuerzas policiales, cuando existe una información amplia sobre prostitución entre chicas jóvenes en los Estados miembros, tiene desgraciadamente que ser una parte intrínseca de nuestra política de asilo. 
Lo que está claro, especialmente en mi propio país en este momento, es que debemos hacer frente al alarmante aumento del racismo y la xenofobia dentro de nuestras comunidades. 
Es un fenómeno profundamente inquietante en mi propio país. 
Necesitamos una clara aplicación de una buena legislación humana de la que todos nos beneficiaremos. 
Agradezco al Parlamento el apoyo a esta comunicación que ha expresado. 
Felicito especialmente a los dos ponentes, el Sr. Schmitt y la Sra. Echerer, por sus excelentes informes. 
Me gustaría pedirles que trasladaran mis buenos deseos al Sr. Schulz, que ya no está aquí. 
Estoy seguro de que volverá a este debate, si no es por las obligaciones de su función, sí por entusiasmo. 
La Comisión ya ha recibido las reacciones sobre este documento de trabajo de varios Estados miembros y de numerosas ONGs, y, con el informe del Parlamento, estará preparada para cumplir con uno de los compromisos sobre la mesa, cual es presentar una directiva sobre normas mínimas para los procedimientos de asilo. 
Tengo intención de presentar esta propuesta de directiva en el otoño de 2000. 
Me gustaría recordar a la Cámara que la Comisión propuso al Consejo Europeo de Tampere adoptar un sistema único europeo de asilo. 
Pero Consejo Europeo de Tampere decidió aprobar un planteamiento basado en normas comunes mínimas. 
Por tanto, la directiva es, en mi opinión, el instrumento más importante para abordar estas normas mínimas para los procedimientos de asilo que tendrán que reflejar las piedras angulares de la política de la Unión Europea en materia de asilo, las cuales fueron subrayadas por el Consejo Europeo de Tampere: un respeto absoluto por el derecho a solicitar asilo, una aplicación plena y exhaustiva de la Convención de Ginebra relativa al estatuto de los refugiados y el mantenimiento del principio de no devolución. 
La Comisión da la bienvenida al enfoque que ha adoptado el Parlamento Europeo en muchas partes de la moción de resolución. 
La Comisión se suma a todos los que han solicitado que la política de asilo se lleve a cabo sobre una base lo más fáctica posible. 
Estamos plenamente de acuerdo con el Parlamento en que las normas comunes sobre procedimientos de asilo no deberían basarse únicamente en la premisa de que las actividades administrativa y judicial han de agilizarse sino que deberían, del mismo modo, tener en cuenta la necesidad de proteger la dignidad de los demandantes de asilo. 
Tenemos que reconocer que la búsqueda de una solución de equilibrio entre simplificar los procedimientos, por un lado, y garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los demandantes de asilo, por otro, no es una tarea fácil. 
Pero estamos decididos a encontrar una solución que pueda considerarse, con un consenso amplio, como una solución equilibrada. 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo de que la entrada de demandantes de asilo, la emigración por razones económicas o de otro tipo, o la admisión temporal de las personas desplazadas y de los refugiados en un supuesto de flujo masivo deben considerarse como cuestiones completamente separadas. 
La resolución pide una protección temporal en tres años. 
El 24 de mayo de 2000 la Comisión adoptó una directiva sobre normas mínimas para dar protección temporal en supuestos de flujo masivo de personas desplazadas y sobre medidas a favor de un equilibrio del esfuerzo entre los Estados miembros a la hora de recibir a dichas personas y de soportar las consecuencias. 
Ya hemos enviado dicha propuesta a consulta con el Parlamento Europeo. 
He de decir que esta propuesta sobre protección temporal aborda explícitamente la cuestión planteada por varios oradores sobre el reparto de la carga al igual que hemos adoptado un enfoque sobre el reparto de la carga en la propuesta que ya hemos presentado al Consejo a favor de un fondo europeo para los refugiados. 
Por tanto, he de subrayar que esta propuesta no puede considerarse al margen de las otras propuestas que ya están sobre la mesa y que tienen en cuenta la delicada cuestión de la solidaridad entre los Estados miembros. 
Desearía recordar a la Cámara que en lo que respecta al asilo, lo que se ha presentado refleja las conclusiones de la cumbre de Tampere en la que los jefes de estado y de gobierno adoptaron un enfoque en dos etapas. 
La primera etapa comprende la armonización de las normas relativas al asilo y a la protección y la segunda la introducción de un procedimiento común de asilo como tal. 
Para lograr la primera medida, la Comisión no sólo va a presentar una propuesta de directiva en materia de normas comunes sobre procedimientos de asilo justos y eficaces, la cual estamos discutiendo actualmente, sino que también presentará, entre otras y lo antes posible, propuestas sobre la determinación del estado responsable del examen de una solicitud y sobre las condiciones comunes mínimas para la recepción de demandantes de asilo. 
Quisiera recordar a la Cámara que, como he manifestado antes, ya hemos presentado a consulta por los Estados miembros un documento de trabajo que pretende sustituir el Convenio de Dublín por un reglamento comunitario, teniendo en cuenta la experiencia concreta y las debilidades y deficiencias que han surgido en la aplicación del Convenio de Dublín. 
En cuanto a la segunda medida, las conclusiones de Tampere invitaban a la Comisión a presentar una comunicación sobre un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme para aquellos a los que se concede asilo que sea válido en toda la Unión. 
Tengo intención de que esta comunicación esté presentada a finales del año 2000. 
La Comisión toma nota (como han subrayado varios oradores) de que el Parlamento Europeo ha adoptado una posición general sobre la racionalización de la legislación comunitaria relativa a cuestiones de asilo en esta resolución. 
La Comisión no sólo estudiará muy atentamente la resolución para preparar su propuesta de directiva en materia de normas comunes sobre procedimientos de asilo- que reitero se presentará en el otoño de este año- sino que también se basará en ella a la hora de preparar la comunicación que presente a finales de este año sobre un procedimiento de asilo común a largo plazo. 
Me siento francamente animado por el hecho de que esta comunicación haya recibido un apoyo tan amplio en la Cámara. 
Con este compromiso, tanto de la Comisión como del Parlamento, espero sinceramente que tengamos éxito. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Víctimas de delitos en la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0126/2000) de la Sra. Sörensen, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada "Víctimas de delitos en la Unión Europea- Normas y medidas" COM (1999) 349- C5-0119/1999- 1999/2122 (COS)) 
. (NL) Señor Presidente, señor Comisario, señorías, mediante esta comunicación, la Comisión ha mostrado su disposición a contribuir activamente a mejorar la situación de las víctimas de delitos. 
Señalo que dentro de un espacio de libertad, justicia y seguridad dentro de la Unión Europea, los ciudadanos pueden tener derecho a una protección jurídica eficaz. 
La Comisión también quiere iniciar un debate sobre el tratamiento de las víctimas y quiere que se tomen medidas para mejorar su situación. 
A juicio de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, algunas de las medidas propuestas dependen excesivamente de la buena voluntad de cada Estado por separado. Insta a una regulación a nivel europeo. 
¿Por qué es tan necesario? 
Ya nos son conocidos innumerables ejemplos de qué delitos han afectado a las víctimas en años pasados: los niños son secuestrados, los padres, los miembros de la familia son víctimas, víctimas de atentados terroristas, víctimas de la delincuencia organizada, de robos, atracos, etcétera, por no hablar de acoso e intimidación. 
Pero las víctimas no deben ser víctimas por partida doble, primero del crimen y después del sistema. 
Es necesario que haya claridad sobre los derechos de las víctimas y transparencia sobre su posición. 
Las medidas propuestas en la comunicación de la Comisión parecen estar exclusivamente dirigidas a las víctimas de un Estado miembro, o a las víctimas de terceros países con residencia legal en un Estado miembro. 
Al adoptar el paquete de medidas hay que tener en cuenta, no obstante, a las víctimas de Estados miembros en un tercer país y a las víctimas de terceros países que residen ilegalmente en un Estado miembro. 
La condición de las víctimas no puede influir en sus derechos y en la posibilidad de ejercer dichos derechos. 
También, en el contexto de la ampliación de la Unión Europea, es preciso conceder atención especial al tratamiento de las víctimas en los países candidatos. 
En virtud de los Tratados, existen en la Unión Europea medios de acción, tanto en lo que se refiere a procedimientos civiles como penales, para mejorar la protección de las víctimas de delitos. 
Es de lamentar que en esta materia se aplique el requisito de la unanimidad. 
El marcador presentado por la Comisión sobre los avances realizados en la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia deben profundizarse con el fin de garantizar y acelerar el seguimiento legislativo de la presente directiva. 
Es muy preocupante que en este marcador no se prevean medidas con respecto a la asistencia a las víctimas de delitos antes del año 2004. 
No podemos tener esperando a las víctimas hasta esa fecha. 
Si se prevé la adopción de medidas en el 2001, las víctimas podrán finalmente contar con un trato justo. 
Además, un trato comprensivo y humano de las víctimas cumple una función preventiva. El trato dado a las víctimas trae consigo una desestigmatización de la víctima y aumenta su papel de mensajero. 
En la prestación de asistencia a las víctimas es importante dar no sólo asistencia financiera y jurídica, sino también adoptar medidas en el terreno de garantizar al máximo el anonimato, la intimidad y la seguridad de las víctimas, los aspectos religiosos y culturales, el reconocimiento de la familia de la víctima como víctima y como testigo, el derecho a interpretación y también a ser interrogado en la lengua materna, la asistencia médica, psicológica y social. 
Un sistema especial de protección jurídica, psicológica y física de las víctimas de la violencia doméstica, el acoso y la mutilación genital 
En especial, es necesario adoptar medidas extraordinarias para los menores de edad. 
A este respecto cabe prever salas de audiencia especialmente equipadas para que se les pueda grabar en vídeo de modo que no tengan que enfrentarse de nuevo a su experiencia traumática. 
Debe prestarse de inmediato y de forma gratuita asistencia a las víctimas en el plano material, médico, psicológico y social. 
La información sobre la disponibilidad de las diferentes formas de asistencia también debe comunicarse a las víctimas. 
Es sumamente importante que se prevea ayuda especializada dependiendo del tipo de delito. 
A este respecto es importante ir acabando con una serie de prejuicios al respecto, especialmente que según los países se conceda una diferente importancia con respecto a determinados crímenes. 
Además se comprueba que en la declaración de las víctimas se actúa de modo discriminatorio. 
Los Estados miembros deben verse obligados a establecer unidades policiales especiales para las víctimas de delitos. 
Asimismo es importante que exista una base jurídica y una armonización de medidas para la protección de las víctimas. 
El estudio realizado por An Wergens dentro del programa Grotius ofrece la información básica a este respecto. 
La experiencia útil de que se dispone en determinados Estados miembros en lo que se refiere a las medidas existentes puede desempeñar un papel importante para la armonización de medidas o para la creación de un paquete de medidas comunitarias. 
Las iniciativas de este tipo constituyen un primer paso para la prevención del crimen. 
Pero, habida cuenta de que la delincuencia internacional organizada va en aumento, estas iniciativas deben conducir a un programa de prevención comunitaria de nivel europeo e internacional. 
Por último, en espera de la adopción de un instrumento armonizado para la protección transfronteriza de las víctimas, los propios Estados miembros y los Estados candidatos a la adhesión deben mejorar la protección de las víctimas en colaboración con las ONG. 
Para prevenir la delincuencia también es importante que en el desarrollo urbano y la ordenación del territorio se preste atención a los aspectos de seguridad. 
. 
(SV) Señor Presidente, señor Comisario, pacientes colegas, hablar del fortalecimiento de la situación de las víctimas de delitos es como contar una pequeña historia con final feliz. 
Desde el comienzo nos encontramos con notoria resistencia de muchos sectores, pero, ahora, la mayoría está de acuerdo en que es provechoso e importante. 
Esto vale para todas las instituciones europeas. 
Tenemos que concentrarnos en la perspectiva de las víctimas y en la forma de fortalecer sus derechos en la Unión. 
Las personas que hacen uso de la libre circulación no deberían ser víctimas de delitos. 
Si, a pesar de todo, son víctimas de ellos, al menos no deberían sufrir dos veces al quedar en una situación peor que la de los ciudadanos del estado en que se encuentran; independientemente del delito de que se trate. 
La situación de las víctimas de delitos debe, por tanto, mejorarse en muchos aspectos. 
No es posible hablar de fortalecimiento de la situación de las víctimas de delitos sin hacer mención a las medidas de prevención de delitos. 
En noviembre de 1997 el Parlamento tomó la iniciativa y solicitó un plan de acción sobre medidas preventivas. 
En diciembre de 1998 se aprobó un plan de acción de esta naturaleza. 
En Tampere, en el otoño de 1999, se subrayó nuevamente este asunto. 
Hemos entrado en un nuevo proceso. 
La mejor manera de ayudar a las víctimas de delitos es conseguir que no se cometan delitos, pero, en la realidad, esto no es posible. 
La mejor manera de prevenir la comisión de delitos es la información. 
Para formular una estrategia eficaz para la prevención de delitos tenemos que saber de qué estamos hablando. 
Por ejemplo, aún falta una definición de los conceptos de víctima y de delincuencia organizada. 
Además de las medidas preventivas, hay que fortalecer más concretamente la situación de las víctimas. 
Entre otras cosas, se trata de aumentar la conciencia de las personas. 
Las víctimas de delitos, además, deben conocer sus derechos y las posibilidades de ayuda existentes. 
La mayoría de los Estados miembros cuentan con servicios que, de alguna manera, contribuyen a proporcionar primeros auxilios a las víctimas. 
Los viajeros pueden necesitar ayudas especiales, en mayor medida que la población local. 
Se puede tratar de medidas especiales, tales como ayudas con el idioma, traducciones y apoyo psicológico. 
En esto intervienen, obviamente, la policía, los servicios sociales y organizaciones no estatales de diversa índole. 
Ya se ha planificado y está en desarrollo una colaboración europea. 
Especialmente European Forum for Victim Service ha desarrollado buenas directrices en favor de las víctimas de delitos. 
La propuesta de la Comisión implica que se introducen normas mínimas para la atención de las víctimas, con el objeto de poder ofrecer, si se necesita, información y apoyo. 
Esto es excelente. 
El papel de la policía será fundamental, ya que ella es el primer contacto, y aquí se necesitará, a menudo, formación especial. 
Resulta difícil para las víctimas extranjeras seguir los procedimientos judiciales a distancia, por lo que también se necesitan medidas especiales para garantizar la situación jurídica de las víctimas extranjeras. 
La Comisaria sueca Sra. Gradin inició, en el período pasado, las discusiones sobre este tema en la Comisión. 
Durante la próxima Presidencia sueca se continuará el debate. 
De algún modo, ésta es una historia con final feliz, ya que hay unanimidad en los objetivos. 
Pensar de manera europea es, a menudo, lo mismo que hacer avanzar a Europa. 
En este caso tenemos intereses comunes, que se sobreponen a las diferencias nacionales y partidistas. 
Por tanto, las posibilidades de lograr un pensamiento europeo deberían ser buenas. 
De esta manera doy la bienvenida a la Comunicación de la Comisión y quiero agradecer muy especialmente a la Sra. Sörensen este informe, que respaldamos totalmente. 
Después, queremos instar a la Comisión para que redacte directivas. 
Esperamos acciones concretas en el futuro. 
En general, las condiciones ya están dadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando se abordan estas cuestiones es costumbre que los poderes públicos se preocupen más de los aspectos de la disuasión y la seguridad, la prevención de la delincuencia, la aprobación de las tipificaciones penales y la acción de las fuerzas policiales y del aparato judicial. 
Pero urge también que nos preocupemos de las personas más afectadas por el delito: sus víctimas. 
Sea cual fuere la víctima, no podemos permitir que lo sea doblemente, primero víctima de un delito, después víctima de un sistema. 
Hay que garantizar una protección adecuada a las víctimas de delitos en el espacio de nuestra Unión en la que es fundamental que se garantice también una igualdad de trato para ellas, ya sea en los tribunales o en la Administración, así como el desarrollo de medios activos de apoyo. 
Hay que respetar la dignidad personal de la víctima y la preservación de su seguridad, su intimidad y su familia en esta Unión que construimos paso a paso, basada en el respeto de los derechos y libertades, en la garantía de la seguridad de las personas y de sus bienes y en la tutela judicial efectiva, es decir, una Unión basada en los valores que caracterizan las democracias contemporáneas. 
Por eso, acogemos con satisfacción la iniciativa de la Comisión, que armoniza con la labor de creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Es esencial que existan normas mínimas sobre la protección de las víctimas de la delincuencia que garanticen en toda la Unión Europea el nivel adecuado de asistencia jurídica en los procesos transfronterizos, en particular insistiendo en cuestiones como las del acceso a la justicia, la protección y aplicación de los derechos de las víctimas en el proceso, es decir, su derecho a participar, recibir ayuda necesaria, recibir y prestar información, hacerse comprender y ser comprendido, etc. Y el derecho de las víctimas a indemnización por pérdidas y daños, incluidas las costas judiciales. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la ponente de este informe. 
Se trata de una cuestión importante sobre la que ha llamado la atención con toda razón. 
Se refiere a los nuevos poderes de la Comunidad en los últimos años: derechos de asilo, inmigración y cooperación general en asuntos civiles. 
Es, por tanto, crucial que utilicemos estos poderes para mejorar la situación de las víctimas de delitos. 
En el momento del delito, especialmente de los delitos personales, físicos o violentos, muchas víctimas, sino todas, se van a sentir vulnerables, afligidas, disgustadas, probablemente enojadas, y con una necesidad desesperada de apoyo. 
Como ha dicho la ponente, no tienen que volver a ser víctimas. 
Tampoco tienen que sentir que se les trata casi como a delincuentes. 
Hemos de garantizar- y este informe avanza mucho en ese sentido- que los procedimientos no niegan la situación ni la empeoran sino que suponen un apoyo y una asistencia para las víctimas. 
La ponente ha afirmado que es necesario también que nos aseguremos de que existen salvaguardias para que no haya intromisión en la intimidad de las víctimas. 
En particular, debemos prestar atención a la intromisión o a la posible intromisión por parte de la prensa. 
Me complace especialmente que este informe recoja la asistencia en el idioma o dialecto de la víctima del delito porque a veces éste es un aspecto que se pasa por alto. 
Del mismo modo, está la necesidad de formación de los policías y de otras personas con autoridad. 
Las minorías étnicas, con mucha frecuencia mujeres, niños- a quienes a veces el sistema resulta difícil- serán los que tengan más riesgo en este tipo de situación. 
Los que quizás temen a la autoridad son especialmente vulnerables. 
Al Grupo PSE le complace apoyar este informe y felicitar a la ponente. 
Sin embargo, no debe sorprender que rechacemos las enmiendas que se han presentado en nombre de determinados miembros del Grupo TDI. 
Esas enmiendas no mejoran el informe sino que son un frío intento de añadir el sentimiento tendencioso, distorsionado y racista de los firmantes en cuestión. 
Felicito a la ponente por su trabajo. 
Felicito a la Comisión por haberlo planteado y deseo para el informe todo lo mejor en el futuro. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal, desearía dar la bienvenida a este informe y agradecer a la Sra. Sörensen su excelente trabajo en la elaboración de un documento tan importante. 
Doy la bienvenida a la comunicación subyacente de la Comisión, pero diría, en nombre de mi Grupo, que lamentamos que esta comunicación no fuera mucho más fuerte. 
Está muy claro que los Tratados dotan a la Unión de los instrumentos necesarios para fortalecer la protección de las víctimas de delitos. 
Estoy pensando, por ejemplo, en algunas de las conclusiones del informe Wergens, y habríamos esperado de la Comisión algo más que propuestas de mayor diálogo y de intercambio de mejores prácticas. 
Necesitamos medidas claras para ayudar a que las víctimas accedan a la asistencia, la justicia y la compensación. 
Sin embargo, hay que decir que aunque pensemos que la Comisión podría hacer más, el principal problema reside con mucho en los Estados miembros. 
Nos parece increíble que siete Estados miembros todavía no hayan ratificado la Convención de 1983 sobre compensación a las víctimas de delitos violentos y que los niveles de justicia sigan siendo tan bajos en tantos Estados miembros. 
Permítanme que les dé sólo un breve ejemplo de mi propia circunscripción. 
El Sr. Pike, un camionero de mi circunscripción, fue asaltado recientemente por su patrón en los Países Bajos. 
El Sr. Pike no es un hombre rico y el coste del proceso para compensación jurídica es elevado. 
Él no tiene acceso a asistencia jurídica en Gran Bretaña porque tiene que contratar a un abogado de los Países Bajos para que le ayude. 
Y no tiene acceso a la asistencia jurídica en los Países Bajos. 
Es incapaz de conseguir cualquier tipo de compensación ni de justicia por las heridas que ha sufrido. 
A no ser que seamos capaces, como Unión, de ayudar en situaciones relativamente claras y sencillas como ésta, nuestros ciudadanos no tendrán confianza en el mercado único y no se sentirán parte de la Unión Europea. 
Espero que podamos hacer nuestras algunas de las ideas recogidas en este informe para mejorar su situación. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi felicitación a la ponente Patsy Sörensen por lo cuidado y acertado de su informe. 
Por otro lado quiero centrar mi atención en la presentación de varias enmiendas al texto del proyecto para incluir a los afectados por el terrorismo como víctimas de delitos en la UE. 
Estoy absolutamente de acuerdo con ello, así como en que existen determinados colectivos que se sirven de la violencia para tratar de imponer sus ideales. 
Lo que yo reclamo, señor Presidente, es que cuando hablemos de imposiciones y de víctimas no sólo nos refiramos a las organizaciones terroristas, las cuales sobran y tienen que desaparecer en un marco democrático como el que queremos para Europa. 
A este respecto, debemos rechazar y condenar también las imposiciones y violencias ejercidas, en algunos casos, desde instancias y aparatos de los Estados, como fue el caso de los GAL y otros anteriores en el Estado español. 
La justicia democrática debe aplicarse a todos sin excepción, al igual que las reparaciones morales y ayudas materiales, médicas, psicológicas, sociales, etc. deben alcanzar a todas las víctimas del terrorismo sin excepción, incluidas, cómo no, las causadas por los mencionados aparatos paraestatales. 
Solamente así, actuando equitativamente, conseguiremos una Europa que viva en paz y prosperidad, lo cual inspiró el nacimiento de nuestra Comunidad y creo que sigue siendo nuestra mayor aspiración. 
Señor Presidente, doy las gracias a la ponente de este informe por su valioso trabajo. 
La Comisión se ha concentrado en su comunicación en un asunto de suma importancia. 
La cuestión de proporcionar una asistencia más eficaz a las víctimas de delitos no será resuelta únicamente a través del desarrollo de la legislación. 
Sólo podremos conseguir mejoras duraderas a través de una red amplia de organizaciones no-gubernamentales y de un debate conjunto propuesto por las diferentes autoridades. 
En comparación con las autoridades, las organizaciones no-gubernamentales suelen contar con modelos más flexibles y polifacéticos para resolver los problemas. 
Por ejemplo, los bancos de información que funcionan en Internet gracias al voluntariado y los teléfonos de servicio podrían ser desarrollados en paralelo con los servicios ofrecidos por las autoridades. 
La lentitud de las causas judiciales y, sobre todo, los altos costes de juicio suelen impedir que se haga justicia a las víctimas de delitos. 
Esta situación discrepa de forma inaceptable con los principios del Estado de Derecho de la Unión Europea. 
Debe existir el derecho a recibir justicia también sin dinero. 
No debemos permitir que el nivel mínimo de seguridad jurídica de los Estados miembros de la UE descienda hasta los niveles de Estados Unidos. 
La UE y sus Estados miembros también deben asegurarse de que las víctimas de delitos no tengan necesidad de sufrir dos veces la injusticia experimentada. 
Cuando se trata de la delincuencia organizada en particular, muchas víctimas de delitos renuncian a seguir el proceso judicial bajo amenazas o por miedo a la venganza. 
Los Estados miembros de la UE deben desarrollar una cooperación más eficaz entre sus autoridades en lo que se refiere a la asistencia post-judicial, sobre todo en la protección de los implicados y de los testigos. 
También hay que aclarar con precisión el peso adicional que puede aportar EUROPOL en este proceso. 
Señor Presidente, saludo la comunicación de la Comisión sobre víctimas de delitos en la Unión Europea, ya que ahonda en el proceso de elaboración de políticas comunes, así como en una mayor cooperación entre los Estados miembros en un momento en el que todos somos conscientes, y por supuesto este Parlamento, de la necesidad de esta comunitarización. 
Teniendo en cuenta el enorme número de ciudadanos de la Unión que sufren daños como consecuencia de la delincuencia y, en particular, del terrorismo, me congratulo de este informe que hoy debatimos, ya que contiene determinados puntos, a mi juicio, especialmente reseñables. 
Uno de ellos es la sensibilidad que se demuestra al subrayar de forma específica que hay determinados grupos sociales- mujeres, niños, inmigrantes, homosexuales- que son más vulnerables que el resto de la población, así como que también hay determinados colectivos que, alejándose de los principios democráticos más básicos, prefieren utilizar la violencia para imponer sus objetivos. 
Hay que empezar por conseguir una definición común del concepto de víctima para incluir a las familias y personas a cargo, puesto que también ellos sufren las consecuencias del delito. 
Por otro lado, comparto plenamente la posición de que se incluya de forma clara a todas las personas residentes en el territorio de la Unión, para que puedan acogerse a las diferentes medidas que hoy debatimos, independientemente de su estatuto. 
Sin embargo, he de lamentar que la adopción de las medidas propuestas se posponga hasta el año 2004, ya que creo necesaria su adopción a la mayor brevedad posible. 
Desde otra óptica y teniendo en cuenta la cada vez mayor importancia e influencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad, es necesario prestar una especial atención a la manera en que los medios abordan la realidad de estas personas, no siempre de forma respetuosa con los derechos individuales, sobre todo cuando se trata de menores, ya sean éstos víctimas o delincuentes. 
También es necesario aplicar con respecto a estas personas determinadas medidas para que puedan rehacer su vida correctamente no sólo desde el punto de vista económico, sino por medio también de ayuda psicológica, jurídica, médica y asistencia social. 
En definitiva, que se les garantice una protección integral y, para ello, estoy convencida de que es totalmente necesaria la cooperación en cada Estado miembro con las ONG y asociaciones del sector. 
No puedo dejar de destacar, por último, mi profunda preocupación por procurar la debida atención a las víctimas del terrorismo, ya que se trata de personas que sufren una gravísima y especial forma de delincuencia que, por desgracia, no sólo se da en mi país, España, y que supone una amenaza para la convivencia democrática y la libertad. 
Señor Presidente, como dice la Comisión en el frontispicio de su comunicación, no podemos hablar seriamente de una Europa de los ciudadanos sin atender a los derechos de las víctimas. 
Y quiero sumarme a lo dicho por otros oradores esperando que la Comisión sea más ambiciosa de lo que lo ha sido en esta comunicación. 
Yo también le aliento a que sea más ambiciosa. 
Y ahora permítame, señor Presidente, que me centre en los problemas de las víctimas del terrorismo. 
Y debo empezar por lamentar que algún colega que ha intervenido antes que yo, haya dado la impresión de que admite a regañadientes la importancia de las víctimas del terrorismo, centrándose en seguida en otras cuestiones. 
Pero yo quiero destacar la importancia de este informe y la colaboración de la Sra. Sörensen. 
Se trata de un informe equilibrado y que ha tenido en cuenta esta sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo, porque si hay tres grupos de víctimas que deben recibir nuestra especial atención son, como dice el Tratado, las víctimas de la trata de seres humanos, las víctimas de los delitos contra los niños y las víctimas del terrorismo. 
Y por eso debo felicitar a la Sra. Sörensen, pues ha puesto el dedo en la llaga al resaltar que determinados grupos necesitan atenciones específicas. 
Y no debe olvidarse que no existe atención completa si no hay una atención psicológica. 
Y tampoco habrá atención completa si no se extiende el concepto de víctima a los familiares allegados. 
Cosas éstas que son especialmente ciertas en el ámbito del terrorismo. 
Por lo tanto, señor Presidente, creo que éste es un paso que esperamos que dé hálito a la Comisión para emprender, con el Tratado de Amsterdam en la mano, medidas más ambiciosas en este terreno que, como muy bien dice la Comisión, es una obligación de todos nosotros si queremos poder hablar con orgullo de la Europa de los ciudadanos. 
. (FR) Señor Presidente, desearía ante todo recordar, como punto de partida, la intervención de la Sra. Cederschiöld. 
Tradicionalmente, se considera que la protección de las víctimas guarda relación sobre todo con la indemnización a las mismas. 
Hay que señalar que esta comunicación de la Comisión se desmarca de las demás en el sentido de que presenta un enfoque ampliado sobre las cuestiones relativas a la protección en el plano europeo de las víctimas de la criminalidad. 
Deseo subrayar el papel que mi predecesora, la Sra. Anita Gradin, desempeñó en la introducción de estas cuestiones en el debate en el seno de la Comisión y de las instituciones europeas. 
Este enfoque más amplio considera que la cuestión de las víctimas supone igualmente un trabajo sobre la prevención, sobre la información, sobre la asistencia a las mismas y sobre su posición en los procedimientos penales. 
Deseo hacer hincapié en que el Consejo Europeo de Tampere suscribió este enfoque ampliado. 
Por eso manifestó que era conveniente para la Unión adoptar normas mínimas para la protección de las víctimas de la criminalidad, especialmente por lo que respecta al acceso a la justicia por dichas víctimas y su derecho a recibir una reparación, incluyendo el reembolso de los gastos judiciales. 
No se trata sólo de abordar esta cuestión en el plano europeo, sino que el Consejo de Tampere preconiza, además, la creación de programas nacionales para financiar medidas, tanto públicas como no gubernamentales, de asistencia y de protección a las víctimas. 
Por eso la Comisión se congratula del excelente informe de la Sra. Sörensen, a quien felicito. 
Nosotros estamos plenamente dispuestos a trabajar de acuerdo con las líneas maestras presentadas en este informe. 
La Comisión comparte totalmente el enfoque sobre la necesidad de desarrollar redes de asistencia para las víctimas, y en particular de asistencia lingüística. 
Del mismo modo, compartimos la preocupación de la ponente con respecto a la atención especial que merecen algunas categorías de víctimas, tales como los extranjeros, los menores, las víctimas de agresiones sexuales o de la trata de seres humanos y las víctimas de actos terroristas. 
Es asimismo importante mejorar la formación del personal que pueda, eventualmente, estar en contacto con "estas" víctimas. 
Finalmente, el Parlamento subraya, con razón, la importancia de la protección de la vida privada y del anonimato de las víctimas y de los testigos, concretamente en relación con los medios de comunicación. 
Se trata de una cuestión delicada, pero deseamos apoyarla puesto que es esencial para garantizar la dignidad de las víctimas de la criminalidad. 
¿Qué se hace actualmente? 
La Comisión ha recogido las posturas de las organizaciones no gubernamentales, y para nosotros es muy importante disponer del dictamen del Parlamento. 
En este momento seguimos de cerca una propuesta de decisión marco sobre la protección de las víctimas en Europa, que ya está encima de la mesa del Consejo. 
La misma ha sido presentada por la Presidencia portuguesa, y nosotros compartimos su filosofía general. 
Dicha propuesta de decisión marco- como ustedes saben, constituye un instrumento legislativo específico del tercer pilar- establece el desarrollo de todos los mecanismos de asistencia a las víctimas, que se facilite, a través de sistemas de comparecencia por escrito o mediante vídeos, la participación en el proceso penal a las víctimas que residen en zonas geográficamente alejadas, así como la creación de salas de espera especiales para las víctimas, a fin de evitar que éstas puedan estar en contacto con el autor de la infracción. 
Pero nosotros ya estamos trabajando más allá de esta decisión marco. 
Por otro lado, como lo ha subrayado la Sra. Sörensen, la Comisión se preocupa por utilizar todos los medios de acción que permite el Tratado, a fin de reforzar la protección de las víctimas, y me refiero tanto a los artículos 65 y 66 del Tratado de la Comunidad Europea como del apartado E del artículo 31 del Tratado de la Unión Europea. 
En efecto, las medidas relativas a la asistencia a las víctimas, es decir, las normas a las que los servicios de asistencia pueden ser sometidos, la creación de servicios telefónicos de apoyo a las víctimas, todas aquellas cuestiones relacionadas con la información y el apoyo lingüístico a las víctimas de la criminalidad, deberían, según la opinión de la Comisión, solucionarse mediante instrumentos correspondientes al primer pilar. 
Lo mismo ocurre con los mecanismos de intervención de posibles fondos de indemnización con respecto a la reglamentación común, las condiciones para acceder a los fondos, la posibilidad de adelantos, la articulación con los sistemas de seguros y la cooperación entre los fondos nacionales de indemnización a las víctimas. 
Ya estamos efectuando contactos con la futura Presidencia sueca, que organizará, en este otoño, con el apoyo del programa Grotius, un seminario específico sobre la cuestión de los mecanismos de indemnización. 
Asimismo, y de manera muy concreta, la Comisión ya ha decidido estudiar la viabilidad de crear de un sistema europeo de ayuda a las víctimas a través de un servicio telefónico multilingüe y de acceso gratuito. 
Varios diputados han lamentado que el score board, el cuadro de instrumentos de la Comisión no establezca la adopción de medidas relativas a la ayuda a las víctimas de infracciones penales sino hasta el año 2004. En efecto, como ya he tenido la ocasión de explicarlo varias veces, 2004 es la fecha tope que nos impone el plan de acción de Viena de 1998. 
No obstante, como pueden comprobarlo, la Comisión trabaja actualmente sobre esta importante cuestión para los ciudadanos de Europa, y espero que lleguemos a conclusiones concretas incluso antes de 2004. 
Gracias, señor Comisario. 
Si me permite, le diré que estaría tentado de aceptar apuestas con respecto a la lengua que utilizará para dirigirse al Pleno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0154/2000) del Sr. Murphy, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (C5-0225/2000- 1998/0099 (COD)) 
Señor Presidente, lamentablemente el Sr. Murphy no puede estar presente esta tarde. 
Por ello tengo el honor de representarle hoy aquí. 
No obstante cuento con una desventaja. 
Ciertamente no tomé parte en los trabajos del Comité de Conciliación, aunque sí que me he ocupado de la materia. 
Por tanto discúlpenme si no poseo todos los conocimientos que sí tienen aquellos diputados que han participado en el procedimiento de conciliación. 
A éstos, además, quisiera darles las gracias, ya que aun sin haber participado, puedo decir que esta directiva reviste mucha importancia. 
Es importante para las pequeñas y medianas empresas, es muy importante para la administración, probablemente sea un instrumento mucho más importante para el fomento del empleo que muchos de los que, por lo demás, solemos aprobar aquí. 
Permítanme recordar anteriores debates: el retraso en el pago es una quiebra contractual, y con esta directiva se establece que el comprador debe pagar al vendedor el total de la cantidad a abonar antes del transcurso de 30 días desde la recepción de las mercancías. 
En caso contrario deberá pagar una multa en forma de intereses, etc. en las discusiones con el Consejo se suscitó una serie de problemas, que sólo se regularon tras numerosas reuniones. 
En especial se trataba, por ejemplo, de la regulación de la reserva de dominio, de modo que el vendedor conservase la propiedad de los bienes hasta el pago completo. 
También se reguló que los efectos de la llamada cláusula de salvaguardia contra el abuso no puedan limitarse por la invocación a la libertad contractual. 
Hemos encontrado una norma clara que propicia que el deudor no pueda obtener liquidez y ventajas adicionales a costa del acreedor. 
Por lo demás- y este constituía un punto esencial- se ha reconocido el principio de la igualdad de trato para el sector público y privado. 
En lo respecta a los intereses se ha consensuado un valor medio entre el 6%, propuesto por el Consejo, y el 8%, que propuso el Parlamento. 
En el procedimiento de conciliación se acordó un 7%. 
En su conjunto se trata de una solución razonable, y repito, se trata de una solución que, sobre todo, ayuda a las pequeñas y medianas empresas de la Unión. 
Yo mismo me sorprendí al leer que una de las principales causas de insolvencia era el retraso en los pagos. 
Por esta causa se pierden anualmente alrededor de 450.000 puestos de trabajo. 
A menudo para conseguir muchos menos puestos de trabajo damos mucho más dinero. 
En este caso conseguimos el mismo efecto deseado, por así decirlo, gratuitamente- creo que el parlamento también debería expresar abiertamente que en este ámbito ha contribuido intensamente a la consolidación de puestos de trabajo. 
Para terminar permítanme señalar algo que atañe a la Comisión. 
El retraso en los pagos también constituye una quiebra contractual si en el mismo incurre la Comisión. 
Esto no forma parte de la directiva, pero mi experiencia como diputado es que en nuestras visitas a pequeñas y medianas empresas, aunque también a grandes empresas, a menudo aparece el reproche de que la Comisión en sus obligaciones de pago, en las que incurre en el fomento de la investigación y en otros ámbitos, se retrasa en demasía. 
Confío en que la Comisión se deje guiar por el espíritu de esta directiva para cubrir puntualmente sus propios pagos, porque también en este caso- lo vuelvo a repetir- se trata de una quiebra contractual. 
De nuevo muchas gracias a todos los que han contribuido y confío en que mañana el Parlamento vote favorablemente este compromiso. 
Señor Presidente, fue hace cuatro o cinco años cuando el entonces Comisario, el Sr. Christos Papoutsis, en una reunión me dijo: "pienso realizar un esfuerzo por poner en orden todas las morosidades". 
Sonreí y le dije: "Ojalá se pudiera realizar algo así, iba a aliviar a muchos millones de pequeñas y medianas empresas, pero lo veo muy difícil". 
Me hace feliz encontrarnos hoy, ya ante una directiva que hace realidad aquel deseo. 
Hemos escuchado y sabemos cuál es el coste para las pequeñas y medianas empresas, cuál es el coste para la economía europea, cuál es el coste para los trabajadores cuando algunas empresas que pueden, ejercen su fuerza económica de consumo o los sectores públicos que pueden hacerlo, logran adquirir gratis una fluidez creciente, sin ningún gasto, a costa de las pequeñas y, principalmente, medianas empresas. 
Aproximadamente medio millón de trabajadores han perdido su empleo y una de cada cuatro empresas ha quebrado porque alguien mayor y más fuerte ha conseguido no pagarles puntualmente. 
Y entramos hoy en una nueva época que, por supuesto, amanecerá dentro de dos años, cuando esta directiva, que da a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de ver el futuro de otra forma y bajo otro prisma, haya entrado en los distintos Derechos nacionales. 
Les da la posibilidad de creer que también ellos tienen la fuerza para encontrarse en un marco competitivo de igualdad. 
Es lo que estaba haciendo falta todos estos años y lo que intentaban obtener las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, pero en vano. 
¿Saben ustedes lo ingrato que es cuando un pequeño empresario, con posibilidades muy limitadas de acceder al sistema bancario para obtener una financiación, debe financiar las empresas que tienen una fluidez mucho mayor o al colosal sector público de un país? 
Es muy difícil de asimilar. 
Lo que sí puedo decir es que la negociación a la que ha llegado el Parlamento Europeo con el Consejo ha sido un viaje muy hermoso. 
Y, por supuesto, puedo decir ahora que ha sido un viaje muy hermoso porque el resultado ha sido muy positivo para el Parlamento. 
Y no exagero al decir que el Parlamento ha sido aquel vehículo, aquella institución de la Unión Europea que ha entendido claramente cuál es el interés de la sociedad europea y de la operatividad europea. 
Por esta razón, nos hemos armado con todos nuestros argumentos y toda nuestra presión para convencer al Consejo de que el total de las enmiendas del Parlamento Europeo se encontraba en la dirección correcta. 
Y, claro, debo dar las gracias en nombre de las pequeñas y medianas empresas y del Parlamento al Comité Ejecutivo que también ha contribuido en la consecución de estos resultados positivos. 
Finalmente, quiero decir que el conjunto de las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea y los millones de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y profesionales de la Unión Europea, en el futuro, pondrán su atención en nosotros, en la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo de Estrasburgo, en la creencia de que ya está amaneciendo un nuevo día para ellos. 
Señor Presidente, he recibido muchas reacciones procedentes del mundo de las PYME al texto que mañana tenemos que aprobar y, asimismo en nombre de las PYME, quiero felicitar al ponente por su trabajo y espero que el Sr. Linkohr transmita estas felicitaciones al Sr. Murphy. 
También quiero felicitar a la Comisión por la colaboración siempre constructiva. 
Es preciso examinar el texto comunitario que vamos a probar mañana y que ya hemos podido aprobar en el comité de conciliación. 
Regula lo que puede ser regulado. 
Ni más ni menos. 
Regula los asuntos en la medida en que pueden regularse a nivel europeo, ni más ni menos. 
Regula los asuntos de manera jurídicamente bien organizada. 
Podemos defenderlo perfectamente en todos los sentidos, tanto en lo que respecta a las transacciones entre comerciantes como en lo que respecta a las transacciones entre comerciantes y administración pública. 
Señor Presidente, ya en 1993, en el comienzo incipiente del mercado interior, pedimos al Parlamento y a la Comisión que presentaran una propuesta para regular los pagos morosos. 
La Comisión ha reaccionado, primero con suavidad en forma de recomendación, después con mayor dureza con una propuesta de normas vinculantes. 
En total hemos tenido dos años para adoptar nuestras decisiones políticas y para formularlas de modo técnicamente correcto. 
Los criterios ya están expuestos, ahora sólo queda su transposición. 
Los Estados miembros tienen dos años de plazo. 
Junto con las miles de PYME que tienen interés en que los Estados miembros respeten las fechas de transposición, confiemos, o más aún, animemos a nuestros Estados miembros a que lleven a cabo su tarea con mayor rapidez. 
Por mi parte, Señor Presidente, ojalá se ofrezca una Copa de Europa al Estado miembro que antes acabe de hacer sus deberes. 
Tengo aún una pregunta que plantear a la Comisión. 
Me gustaría saber si tiene la intención de formular propuestas sobre las condiciones de establecimiento de agencias de cobro de impagados, una de las cuestiones sobre las que hemos debatido durante muchísimo tiempo en los trabajos preparatorios, pero que prudentemente hemos dejado fuera de la directiva. 
Mi pregunta es si la Comisión tiene la intención de formular propuestas a este respecto en una fase posterior y cuándo. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la presente directiva es seguramente, desde mi punto de vista, la directiva más importante para las pequeñas empresas y las empresas familiares de Europa. 
Cuando se ha trabajado se tiene el derecho a un salario justo. 
Esto, en parte, se ha hecho esperar largamente. 
Cuanto más fuerte es el socio más poder tiene para hacer esperar a una empresa. 
En este punto despliega sus efectos una primera regla que propicia que después de la prestación efectiva de un servicio también se pueda garantizar, en un espacio de tiempo previsible, la liquidez de la empresa. 
Celebro que hoy se debata en grupo reducido ya que eso significa que esta directiva es incontrovertida y que el Parlamento Europeo apoya completamente la directiva. 
Sabemos que se pierden alrededor de 450.000 puestos de trabajo a causa de los retrasos en los pagos. 
Si hoy hablamos de asegurar y conseguir nuevos puestos de trabajo, entonces esta directiva crucial y determinante que nos ayudará a asegurar en Europa 450.000 puestos de trabajo al año. 
Esto bien podría ser merecedor de una portada en muchos periódicos pero parece ser que la lucha por los puestos de trabajo se ha convertido en algo sobreentendido. 
Me enorgullece que el Parlamento Europeo contribuya a ello con una aportación de este calibre. 
Esta iniciativa, por ejemplo, fue en primer lugar intensamente impulsada por Marianne Thyssen, por el Sr. Folias y el Sr. Murphy, y nos enorgullece que nos llevemos a casa un resultado tan positivo: pago dentro de los 30 días, medidas preventivas, que se pague realmente, y dentro de los 90 días la empresa dispone del importe. 
¡Esto es sensacional! 
¡Felicidades! 
¡Me enorgullece poder formar parte de este Parlamento! 
Señor Presidente, permítame empezar felicitando a todos los que han intervenido en la gestación de esta directiva, y muy en especial a los que han llevado el peso de la negociación durante el procedimiento de conciliación, que sé que ha sido dura aunque yo personalmente no la haya seguido- he seguido las dos lecturas, pero no esta tercera lectura. 
Porque como dice mi respetada Sra. Thyssen, esta directiva aborda lo que debe y puede abordar, ni más ni menos. 
Me parece que es una magnífica definición. 
Efectivamente, la propuesta inicial de la Comisión era muchísimo más ambiciosa, pero como nos movemos en ese terreno fronterizo del mercado interior- ese terreno que aborda lo que todavía es competencia de los Estados miembros como normas de procedimiento y de Derecho civil, la reserva de dominio, o el artículo 5 del procedimiento de cobro de las deudas no impugnadas, etc... -la propuesta de la Comisión no era conforme al Tratado, pues carecíamos de fundamento jurídico. 
La presente propuesta es menos completa si se quiere, pero no menos eficaz. 
Creo que sus repercusiones- lo han glosado los oradores anteriores- serán importantes. 
Y, sobre todo, yo voy a resaltar una más, y es que abre un camino para abordar seriamente la necesidad de entrar de lleno en ese terreno fronterizo. 
Porque, hoy en día, se mantienen auténticos obstáculos a la perfección del mercado interior, auténticos obstáculos a las cuatro libertades que establece el Tratado, precisamente porque no tenemos un fundamento jurídico claro. 
Ahora ya, con el Tratado de Amsterdam, podemos tener un fundamento jurídico más claro, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para establecer una coordinación segura y una armonización en todos estos aspectos. 
Señor Presidente, Señorías, creo que rara vez una directiva tiene tanto interés social como el de la propuesta que estamos debatiendo. 
La misma afecta de manera aún silenciosa a millones de pequeñas empresas, a millones de personas particulares que desarrollan actividades económicas. 
Se me antoja que la previsión, tal como ha sido planteada al final de la posición dialéctica entre el Consejo y el Parlamento, es exacta y sustancialmente correcta. 
Se ha encontrado un punto de equilibrio que seguramente repercutirá en las relaciones entre compradores y vendedores de manera considerable. 
Se trata de una propuesta que favorece el mercado y no lo limita, a pesar de que es una propuesta que prevé unas normas- a veces las normas deben existir necesariamente para mantener el libre mercado- y, en consecuencia, realiza una acción preventiva positiva que protege sustancialmente al más débil: al más débil en términos económicos y al más débil en términos sociales. 
Hay algunas zonas de Europa, algunas zonas de mi país, por ejemplo, en que existe una empresa fuerte que condiciona el mercado de manera significativa, decisiva, unívoca, yo diría, casi monopolística. 
Evidentemente, dicha empresa no solo impone unos precios, sino unos plazos, entre los cuales el plazo de pago. A veces esto es negativo para los que necesitan trabajar y deben acudir obligatoriamente a dicha empresa. 
Se trata de una igualdad de trato entre el sector público y el privado que considero positiva y que se reflejará o, por mejor decir, se desarrollará en sentido positivo también para las cuentas públicas. 
En efecto, se sabrá que el sector público paga en un plazo determinado y, por lo tanto, al pagar en un plazo determinado, el sector privado que trata con el público ya no podrá imponer cargas excesivas y relevantes al sector público. 
Por consiguiente, se reduce también un gasto público. 
Señor Presidente, hasta cierto punto es gratificante que el público de los 15 estados europeos no tenga un conocimiento exagerado de nuestras actividades, sobre todo en una tarde como esta en la que ustedes, señor Presidente, señor Comisario, siete colegas y el correspondiente número de funcionarios deben perseverar. 
Se trata de una cuestión que aparentemente no reviste importancia pero que en realidad afecta a unos cuantos millones de empresas- yo mismo pertenezco a la clase media- y a docenas de millones de consumidores. 
Hay un dicho en Italia: Non e mai troppo tarde- ¡nunca es demasiado tarde! 
Pero para muchas pequeñas y medianas empresas, empresas familiares y empresas de jóvenes empresarios es demasiado tarde. 
En el tiempo que aun habrá que esperar hasta que lo que confiamos aprobar mañana con un gran consenso se materialice en normas efectivas, muchas empresas no lograrán sobrevivir. 
Lamentablemente muchos no podrán contemplar como empresarios este positivo paso en la dirección adecuada. 
Este constituye una ayuda a las Pymes, proporciona mayor seguridad jurídica, mayor protección del patrimonio, es en definitiva un programa de empleo, una ayuda, sobre todo, para jóvenes empresarios y para las empresas familiares, pero también supone una protección para los consumidores. 
Creo que este aspecto no puede subrayarse suficientemente. 
Sólo me resta dar las gracias a todos los involucrados que con el esfuerzo de largos años han llegado a este resultado, y confío en que los que vayan a ser beneficiarios puedan, lo antes posible, disfrutar de estas ventajas. 
Señor Presidente, quisiera decir que la Comisión hace uso de la palabra en este momento del debate sólo para felicitar al Parlamento Europeo y muy en particular a su ponente, Sr. Simon Francis Murphy, por el muy positivo resultado que se ha podido obtener en el Comité de Conciliación y así hacer viable, tras una negociación dura, como son todas las negociaciones productivas, la adopción de esta directiva que es- no me cabe duda- particularmente importante, como han subrayado varios oradores, para las empresas europeas en le medida en que afecta a todas las transacciones comerciales entre empresas y entre autoridades, tanto en el sector público como en el privado. 
Y creo que de ese modo respondo también a una observación del Sr. Rolf Linkohr. 
La directiva va a tener- esperamos y estamos convencidos de ello- unas repercusiones positivas en las transacciones comerciales cotidianas de todas las empresas, ya se trate de grandes empresas multinacionales o de pequeñas y medianas empresas. 
Pero es de la más elemental justicia subrayar que para las pequeñas y medianas empresas una directiva con esa característica revela su carácter existencial, porque es ahí, por la fuerza de las propias reglas de funcionamiento del mercado, donde la eficacia de la directiva sobre los pagos atrasados va a tener- así lo esperamos- un efecto más positivo. 
Estoy convencido de que de este modo adoptamos un marco jurídico que es a un tiempo serio, riguroso y eficaz y la Comisión hará todo lo que esté en su mano no sólo para garantizar la transposición adecuada de esta directiva en el ordenamiento jurídico interno durante los dos próximos años, sino también para hacer una posible nueva evaluación de la situación de los pagos atrasados en función de su aplicación concreta. 
Por eso, quisiera concluir volviendo a felicitar al Sr. Simon Francis Murphy y al Parlamento por la decisión que va a adoptar. 
Señor Presidente, he planteado a la Comisión una pregunta sobre si tiene la intención de presentar una propuesta sobre las condiciones de establecimiento y el reconocimiento mutuo de las agencias de cobro de impagados en Europa. 
Puedo entender que esto no entra dentro de las competencias del comisario y que quizá no pueda dar una respuesta ahora. 
Pero me gustaría tener una respuesta más adelante, porque se ha debatido mucho sobre este asunto en reuniones anteriores. 
Señor Presidente, además de la evidencia cartesiana de que no se trata de una cuestión de mi competencia, puedo decir a Su Señoría que he tomado buena nota de la cuestión que ha planteado y que, naturalmente, la Comisión no dejará de darle, como es costumbre, respuesta directamente. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.30 horas.) 
Señora Presidenta, el politólogo y profesor austríaco, Anton Pelinka, ha sido procesado a causa de una observación sobre el Sr. Haider. 
El Sr. Pelinka era miembro de la junta directiva del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en Viena. 
Según las disposiciones del convenio debería recibir apoyo por parte del Gobierno austríaco. 
Sin embargo, a pesar de haberlo solicitado repetidas veces, no ha recibido la infraestructura suficiente para realizar su labor. 
En un comunicado de prensa el Sr. Schüssel pone de manifiesto que, vistas las experiencias, las disposiciones del convenio son demasiado altas. 
El Sr. Pelinka ha dimitido porque no se sentía respaldado por el gobierno y ha sido sustituido por un miembro de uno de los partidos de la coalición gobernante. 
Sé que la Presidenta se ha esforzado siempre mucho en el ámbito de la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Estuve presente cuando hizo su discurso en Viena en la inauguración del Observatorio. 
Tenemos una responsabilidad de cara al buen funcionamiento de las instituciones europeas. 
Quisiera preguntarle si está dispuesta a enviar una carta al Gobierno austríaco para expresar su preocupación por la limitación de la libertad de expresión y para señalar las obligaciones del gobierno austríaco, de las que no se puede desligar unilateralmente. 
Gracias, señora Buitenweg. 
Examinaremos muy detenidamente los hechos que usted acaba de relatarnos. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo decidió ayer por mayoría democrática no celebrar ninguna sesión más en Estrasburgo los viernes. 
Por supuesto, está en su pleno derecho de hacerlo. 
Cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad política y personal. 
No obstante, es un poco desconcertante que la Presidenta del Parlamento Europeo manifieste su pesar por una decisión democrática del Parlamento en un papel con membrete oficial del Parlamento refiriéndose a los servicios del mismo. 
Quisiera pedirle que no cree más confusiones si tiene que ejercer su responsabilidad personal con respecto a sus electores, lo cual es algo que entendemos todos perfectamente, pero entonces hágalo usando papel con su membrete personal. 
Señora Van der Laan, estará usted de acuerdo en que incluso cuando se nos designa para el cargo de Presidenta del Parlamento Europeo, seguimos siendo hombres y mujeres políticos libres. 
Me he expresado a título personal. 
He dicho que lamentaba, a título personal, esta votación, que comprendía las razones prácticas que habían llevado a la misma y que después vería con la Conferencia de Presidentes la mejor forma de llevar a la práctica, en interés de nuestra Asamblea, los resultados de esta votación. 
No creo que me haya extralimitado en mis funciones. 
Señora Presidenta, deseo señalar un hecho inaceptable que me ocurrió y que, a mi modo de ver, menoscaba la dignidad de los miembros de este Parlamento. 
El martes por la noche me dirigía a Polonia para participar en un congreso internacional. 
En la frontera de Görlitz la policía alemana expresó, cosa plausible, sus dudas acerca de mi identidad. 
Para despejarlas y mejorar la situación, exhibí el salvoconducto del Parlamento Europeo. 
Fue entonces cuando la policía alemana considerándolo un documento de invención me detuvo durante ocho horas, hasta que no recibió las aclaraciones oportunas y después de múltiples negociaciones. 
Pasé ocho horas en una habitación sin poder llamar por teléfono y vigilado de cerca. 
Sólo gracias a la intervención de las autoridades polacas que, por otra parte, reconocieron la validez del documento- lo cual hace confiar en la ampliación- pude reanudar mi camino. 
Pondré en su conocimiento por escrito los detalles de este asunto, sin embargo, le ruego ya desde ahora que plantee este problema al Gobierno alemán, a fin de que en los puestos fronterizos se tenga conocimiento de la existencia de este documento y de que sirve para algo. 
Señor Mauro, lo que le ha ocurrido a usted es totalmente inadmisible. 
Le agradecería me hiciera llegar una nota lo más rápidamente posible para que pueda dirigirme a las autoridades competentes. 
Es aún más inadmisible por cuanto figura con todas las letras en ese documento, en ese pasaporte, que debe ser reconocido por las autoridades de los países de la Unión Europea. 
Verdaderamente, es un hecho totalmente inadmisible. 
Vamos a tratar de poner término a esto. 
Señora Presidenta, el problema con este pasaporte es que nadie lo utiliza. 
Nosotros prácticamente tampoco lo utilizamos. Por ello, creo que deberíamos indicar de nuevo a las autoridades que este pasaporte tiene su validez en la UE. 
Ayer dijo la Sra. Karamanou que quería ir con él a Norteamérica. Naturalmente, no puede hacerlo. 
En el pasaporte figura expresamente: "Sólamente válido en el ámbito de la Unión Europea". 
Pero para evitar esto quizás se debería indicar a las autoridades alemanas y también en otros países que es válido. 
La Sra. Pack tiene toda la razón. 
Si queremos evitar que incidentes de este tipo vuelvan a producirse, efectivamente, hay que llevar a cabo una iniciativa de tipo pedagógico, para que cada uno sepa bien de lo que se trata. 
El acta de la sesión de ayer se ha repartido. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, no quisiera que los parlamentarios de esta Cámara pensaran que no tengo sentido del humor. 
Ayer hice referencia al hombre o mujer disfrazado o disfrazada de paquete de cigarrillos que estaba en el exterior de la Cámara. 
Pero hablaba de un asunto serio y quizás ayer se tomó demasiado a la ligera. 
Tengo una carta suya, señora Presidenta, de fecha 6 de abril, en la que la Junta de Cuestores acordaba que la zona alrededor de las Cámaras de Bruselas y Estrasburgo debería considerarse zona neutral en la que no se tolerarían manifestaciones, exhibiciones o actividades similares que pretendieran influir en los parlamentarios. 
Añadía su Señoría que buscaría modos de garantizar que no se repitieran. 
Espero que usted y la Junta de Cuestores se tomen esto en serio porque se trata de una limitación del derecho de los diputados a comparecer en esta Cámara y votar libremente sobre temas que sus electores les han enviado aquí a debatir. 
Los puestos de trabajo de mil personas de mi circunscripción están ahora mismo en peligro de resultas de las decisiones que se adoptaron ayer aquí. 
Señor Perry, puedo asegurarle que los cuestores y yo misma tomaremos esto muy en serio y haremos lo posible para que esto no vuelva a producirse. 
(El acta queda aprobada) 
Consejo Europeo de 19/20 de junio de 2000 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de: 
las declaraciones del Consejo y de la Comisión- Preparación del Consejo Europeo (Santa Maria da Feira, 19/20 de junio de 2000) , incluida la situación en Oriente Medio,. 
la interpelación oral (B5-0492/2000) al Consejo del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el Consejo Europeo de Feira, 
la interpelación oral (B5-0493/2000) a la Comisión del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el Consejo Europeo de Feira. 
Señora Presidenta, le doy las gracias por ofrecerme la posibilidad de incluir en este punto la explicación de las preguntas orales formuladas por la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
La Presidencia ya ha elaborado y entregado el informe sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Esperamos que la misma, al presentar dicho informe en el Consejo de Feira, pueda tener en cuenta las preguntas orales formuladas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y, evidentemente, las opiniones que esta mañana expresarán los representantes de los Grupos políticos. 
El punto sustancial planteado en las preguntas orales de la comisión que presido es que no hay que limitarse a registrar las convergencias y las divergencias que hasta ahora se han puesto de manifiesto en la mesa de Conferencia Intergubernamental, sino que hay que tomar conciencia del alcance de los retos y de los riesgos con la que la misma debe enfrentarse. 
Está en juego el futuro de la construcción europea; está en juego la validez y la sostenibilidad de las Instituciones de la Unión en la perspectiva ahora ya concreta y cercana de la ampliación a otros doce países, y está en juego la relación con los ciudadanos, su consenso y su respaldo. 
En nuestras preguntas orales, hemos hecho referencia a la intervención del ministro Sr. Fischer. 
Esa intervención y otras anteriores y posteriores- recuerdo, entre las más recientes, la muy dramática de Wolfgang Schäuble- tendrían que haber contribuido a dar a todos el sentido de la responsabilidad que, en este momento, pesa sobre nuestra Instituciones y, de manera especial, sobre los Gobiernos de los quince Estados miembros de la Unión con vistas a la conclusión de la Conferencia Intergubernamental. 
Ciertamente, lo sabemos muy bien, en ese ámbito no podrán resolverse todos los interrogantes que plantea el futuro de la Unión, no obstante, en Niza hay que crear las condiciones institucionales para una nueva etapa en la vida de la Unión. 
En la pregunta oral a la Comisión, hemos pedido aclaraciones acerca del compromiso que la misma se propone asumir con la revisión de los Tratados y una nueva visión de los problemas de la gobernabilidad, puntos en que la Comisión ya se ha expresado en particular. 
En la pregunta oral al Consejo hemos pedido explicaciones acerca del tema de la Carta de derechos fundamentales y de su incorporación a los Tratados. 
Para terminar añado que es importante la inclusión del tema de las cooperaciones reforzadas en la agenda de la Conferencia Intergubernamental- apreciamos mucho el esfuerzo realizado en este sentido por la Presidencia portuguesa -, sin embargo, en nuestra opinión, la ampliación de la agenda no puede limitarse a este tema sin tomar seriamente en consideración todos los demás puntos sugeridos por este Parlamento con su resolución de 13 de abril. 
Éste es un serio motivo de preocupación, especialmente para la Comisión de Asuntos Constitucionales, del mismo modo que para nosotros son un serio motivo preocupación las graves dificultades con las que se ha encontrado durante estos cuatro meses el empeño de la Presidencia portuguesa en encontrar soluciones satisfactorias a los tres llamados asuntos pendientes de Amsterdam, sobre todo el que se refiere al voto por mayoría cualificada. 
Confiamos en las respuestas que se nos darán. 
(FR) Señora Presidenta, después del Presidente en ejercicio del Consejo, el Ministro Gama, y después de haber escuchado con atención al Presidente Napolitano que interpelaba a la Comisión en particular, quisiera a mi vez expresarle el sentimiento de la Comisión Europea en vísperas de este importante Consejo Europeo de Feira, no sin antes presentarle las excusas personales del Presidente Prodi, en cuyo nombre me expreso en este momento. 
La Cumbre de Feira, ya se ha dicho, es importante en un momento delicado del proceso de integración europea y mis primeras palabras serán para decir que la Comisión espera de este Consejo Europeo un impulso político al proceso de adaptación de la Unión antes de su gran ampliación. 
Este Consejo deberá tomar decisiones importantes en numerosos ámbitos, que yo, si me lo permite, quisiera mencionar ante usted, especialmente para velar por el seguimiento del Consejo Europeo extraordinario de Lisboa. 
En cuanto a las prioridades del Consejo Europeo que la Comisión quiere poner en marcha, citaré tres. 
En primer lugar, la que el Presidente Napolitano y usted mismo, señor Ministro, han mencionado: una verdadera reforma institucional desde ahora. 
Después, naturalmente, vienen las relaciones exteriores que hay que desarrollar y, por último, como tercera prioridad, una verdadera política de seguridad y de defensa. 
La Comisión está interesada, y es lo mínimo que se puede esperar de ella, en un seguimiento eficaz y rápido del Consejo Europeo de Lisboa. 
Primera prioridad, por tanto, una verdadera reforma institucional desde ahora, con el impulso de la Presidencia portuguesa. 
La dinámica de la negociación de la CIG se ha iniciado hoy y el grupo de representantes, animado por Francesco Seixas da Costa, ha trabajado mucho. 
Quiero, además, si usted me lo permite, señora Presidenta, dar testimonio aquí, puesto que yo participo concienzudamente en los trabajos de este grupo, de la muy activa participación que han tenido en estos trabajos, bajo su dirección, sus dos representantes, Elmar Brok y el profesor Tsatsos. 
Señorías, el Consejo Europeo de Feira debería permitirnos, sobre la base del informe de la Presidencia que está ahora disponible, fotografiar los progresos ya logrados y formulo votos por que esta fotografía sea voluntarista, tal y como podemos esperarlo después de haber escuchado al Ministro Gama. 
Pienso especialmente en los progresos en relación con lo que, en mi opinión, es el punto más importante de la negociación: la ampliación del voto a la mayoría cualificada y, partiendo de ello, la ampliación de la codecisión. 
De entre todos los asuntos que no se han tratado en Amsterdam, por falta de valor o de voluntad política en ese momento, es sin duda el punto más neurálgico y, es justamente en este punto en el que se podrá prevenir y en el que se podrá reducir el riesgo real de bloqueo del proceso de la Unión ampliada. 
El Consejo de Feira debería también abrir la Agenda de la Conferencia a las cooperaciones reforzadas, como la Comisión y el Parlamento, sucesivamente, lo habían deseado, con el fin de facilitar la utilización en el futuro de estas cooperaciones reforzadas; he dicho bien de "estas" cooperaciones y no de la cooperación reforzada. 
Esto es también un punto esencial para nosotros. 
Además de estas observaciones, y en respuesta a la interpelación del Presidente Napolitano, quisiera decirles esto: Señorías, no duden que la Comisión tiene intención de mantener como parte de sus esfuerzos la ambición necesaria de esta Conferencia para llevar a buen término los trabajos en Niza y no solamente para concluirlos en Niza, pues llevar a buen término y concluir son dos cosas diferentes. 
En el debate que se desarrolla hoy sobre el futuro y la finalidad de la Unión Europea, la primera etapa, ineludible, es la de colocar ahora a la Unión en posición de marcha para lograr la ampliación. 
Y quiero volver a decir que estoy convencido de que esta reforma de las instituciones, para nosotros no es, en ningún caso, un pretexto para retrasar la ampliación: es la condición para lograrla. 
Esta reforma es también, por tanto, el paso obligado para toda evolución futura de la construcción europea. 
Esta primera etapa, este primer tiempo, sabiendo que habrá otros, debe respetarse. 
Podría citar, de entre los asuntos por los que estamos muy interesados, como ustedes mismos lo están, el de la reorganización de los tratados en el que trabajamos, incluso aunque no esté o todavía no esté en la Agenda. 
El proyecto de tratado fundamental presentado a petición nuestra por el Instituto de Florencia, demuestra, me parece, la viabilidad jurídica de este ejercicio. 
El 5 de julio próximo, la Comisión se pronunciará sobre este estudio y aprobará una comunicación sobre la reorganización de los tratados. 
A título personal, pienso que sin duda se necesitará más tiempo del que disponemos desde este momento hasta llegar a Niza para tratar seriamente y a fondo esta cuestión. 
Pero como usted misma ha dicho, señora Presidenta, por lo menos hay que esbozarla, como muy tarde en Niza. 
Nos parece que sería útil empezar a discutirla ya y decidir el método a seguir para avanzar en esta dirección. 
El Consejo Europeo podría así pronunciarse sobre el compromiso de este ejercicio después de Niza, posiblemente en relación con otra cuestión difícil de la que seguimos pensando que debería ser tratada en Niza, pero de la que no estamos seguros de que lo sea: la de la integración de la Carta de Derechos Fundamentales en los tratados. 
Usted, señor Presidente Napolitano, menciona el informe anunciado por el presidente Prodi sobre la gobernabilidad. 
Es un segundo punto. 
Antes de finalizar este mes, la Comisión determinará los temas que desea abordar para una mejor organización de la descentralización de las responsabilidades dentro de la Unión, de un reforzamiento de la coherencia entre sus políticas y de una participación más activa, más equitativa de los ciudadanos. 
En esta fase, todavía es demasiado pronto, lo digo francamente, para que me pronuncie sobre el contenido exacto de este libro blanco, pero es totalmente evidente que durante su proceso de elaboración de aquí al verano de 2001, el conjunto de propuestas y de opiniones sobre estos objetivos a largo plazo de la construcción europea y sus implicaciones para la organización de la acción pública europea serán tenidas en consideración. 
Por mi parte, desde el momento en que me expreso ante ustedes, tengo también la esperanza de que este libro blanco sobre la gobernabilidad contribuya al ejercicio que acabo de mencionar hace unos minutos: la reorganización de los tratados, su simplificación y la elaboración, un día que espero no muy lejano, de un texto o de un tratado fundamental legible, que recoja los derechos, los valores, las instituciones, los principios de nuestras políticas comunes, que clarifique, por fin, las competencias y los objetivos de la Unión. 
La Carta de Derechos Fundamentales que ha citado el Sr. Gama es un desafío político para todos nosotros. 
La Comisión desea que los trabajos de la convención que elabora esta Carta concluyan antes de final de año. 
Sus representantes, a los que saludo, así como mi colega Antonio Vitorino, conceden a esto mucha importancia. 
De este modo, la Carta debe crear un valor añadido codificando en un texto único, sin afectar al acervo del Tratado, todos los derechos fundamentales protegidos en la Unión, completándolos con derechos económicos y sociales fundamentales que forman parte de este acervo, así como con algunos nuevos derechos limitados. 
Claro está que tratándose de la forma y del estatuto precisos de esta Carta, de la relación entre este nuevo texto y los derechos garantizados a nivel de los Estados y del Consejo de Europa, las discusiones van a proseguir y yo no puedo prejuzgar sus conclusiones, al menos hasta la cumbre de Biarritz. 
El Presidente de la convención, el Sr. Herzog, analizará los trabajos de la convención en el Consejo Europeo de Feira y esperamos que la discusión que seguirá pueda dar un nuevo impulso a este proceso fundamental para la Unión. 
Quisiera mencionar, señora Presidenta, Señorías, el segundo gran asunto prioritario para la Comisión: el desarrollo de nuestras relaciones exteriores y de una verdadera política europea de seguridad y de defensa. 
Es también ahí donde se encuentra la dimensión política de la Unión Europea. 
Hablaré en primer lugar de la ampliación. 
Después de Helsinki, hoy en día hay negociaciones en curso- la presidencia del Consejo lo ha recordado- con todos los países candidatos. 
Durante la presidencia portuguesa, los últimos capítulos de las negociaciones estuvieron abiertos para el grupo de Luxemburgo. 
En Feira, el Consejo Europeo tendrá constancia de los progresos realizados sobre la base de un informe de la presidencia y hará un llamamiento a todos los países candidatos para que prosigan con determinación en sus esfuerzos para prepararse para la adhesión. 
Nosotros mismos, con la reforma de las instituciones, debemos prepararnos pues no está todo ganado. 
Dicho esto, nosotros también, desde ahora, dentro de la Unión, deberíamos ocuparnos de explicar mejor, de informar mejor a los ciudadanos de nuestros países sobre esta gran ampliación que se prepara. 
Deberíamos debatir con ellos las ventajas y los cambios que implica. 
Este es el sentido de una iniciativa lanzada con usted por Günther Verheugen, que tomará parte en este debate público al que concedemos mucha importancia porque intuimos en los ciudadanos, en cada uno de nuestros países, un sentimiento de inquietud, una necesidad de comprender, una sensibilidad creciente sobre este asunto de la ampliación. 
Más vale prevenir que curar los posibles daños de una falta de explicaciones o de debate. 
En el terreno de la política europea de seguridad y de defensa, la Comisión está satisfecha de las decisiones adoptadas desde el Consejo Europeo de Helsinki. 
Los órganos temporales se ponen en marcha en el seno del Consejo y la elaboración del objetivo global de capacidad progresa de forma esperanzadora. 
Los Ministros de Defensa se han adherido a este trabajo y, en Feira, se someterá al Consejo Europeo un informe de etapa que, como usted, señor Ministro, ha dicho, evalúa los progresos realizados bajo la presidencia portuguesa y que establecerá las bases del trabajo futuro. 
La Comisión contribuye activamente a estos desarrollos, en particular en lo que se refiere a la gestión civil de las crisis. 
Sobre este punto, Chris Patten ha presentado recientemente al Consejo una propuesta de reglamentación, creando un dispositivo de reacción rápida. 
Así mismo, la Comisión ha iniciado un trabajo en profundidad de revisión de su propia organización y de sus procedimientos en el ámbito de las relaciones exteriores, con el fin de adaptarlos a estos nuevos retos. 
Desearía destacar toda la complementariedad de los trabajos de la Comisión en relación con el conjunto de desarrollos de la política europea de seguridad y de defensa. 
Lo que está en juego es la coherencia y las instituciones deben trabajar en ello conjuntamente. 
En el ámbito de las relaciones exteriores, el Consejo Europeo debatirá principalmente la situación en los Balcanes occidentales y la puesta en marcha de la estrategia común con respecto a Rusia. 
El Consejo debería, además, aprobar la estrategia común para la región mediterránea. 
Para los Balcanes occidentales, la Comisión continuará trabajando con los Estados miembros y con el Secretario General, Javier Solana, para conseguir un acercamiento, un verdadero acercamiento entre los países implicados y la Unión Europea a través de un proceso de estabilidad y de asociación. 
En cuanto a Rusia, el Consejo de Feira analizará la estrategia común de la Unión en relación con este país, unos meses después de la puesta en marcha de la nueva Administración del Presidente Putin y de su declaración de intenciones de continuar con un proceso de reformas económicas y políticas. 
Queda, Señorías, además de ciertos signos económicos y políticos positivos, que la situación en Chechenia justifique todavía en esta fase la prudencia y la vigilancia. 
A propósito de Oriente Próximo, permítame citar dos acontecimientos relevantes que han cambiado completamente el paisaje de estas últimas semanas, de forma que la región se encuentra hoy en una situación delicada pero que, sin embargo, permite albergar esperanzas. 
En primer lugar, la Comisión Europea, con toda la comunidad internacional, se ha felicitado por la decisión del Gobierno de Israel, el 24 de mayo último, de retirarse del Sur del Líbano, de conformidad con las resoluciones 425 y 426 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Debemos rendir homenaje al Primer Ministro del Estado de Israel, Ehoud Barak, por haber tomado esta difícil decisión después de 22 años de ocupación. 
Por el momento, es esencial que todas las partes implicadas se abstengan de cualquier acto de violencia, tanto en el Líbano como más allá de las fronteras, y colaboren con las fuerzas de Naciones Unidas. 
La Unión, por su parte, aportará su ayuda para la reconstrucción del Sur del Líbano, en cuanto las condiciones lo permitan. 
La Comisión ya ha enviado una misión al lugar para evaluar las necesidades de esta reconstrucción. 
Por otra parte, como consecuencia del fallecimiento del Presidente Hafez El Assad, la Unión debe también alentar un proceso de transición política sin tropiezos en Siria, así como la continuidad de las reformas económicas y la modernización de ese país que pasa, Señorías, por un fortalecimiento del Estado de derecho, un fortalecimiento de los derechos humanos y por el pluralismo político. 
Es en este nuevo contexto político en el que las conversaciones entre Siria e Israel podrán conocer un nuevo impulso y llegar a un acuerdo de paz justo y duradero. 
Por último, el Consejo Europeo de Feira tendrá en el orden del día la estrategia común sobre el Mediterráneo, a la que muchos de ustedes están legítimamente vinculados. 
Podrá contribuir no solamente a fortalecer el proceso de Barcelona a la vista de la próxima cumbre euro-mediterránea de Marsella, sino a consolidar la contribución de la Unión Europea al proceso de paz. 
Quisiera mencionar, finalmente, señora Presidenta, Señorías, el seguimiento eficaz y rápido del Consejo Europeo de Lisboa en el que la Comisión está muy volcada, al igual que lo ha estado en la buena preparación de este Consejo. 
En Lisboa nos fijamos un objetivo muy ambicioso, completado con metas y un calendario: favorecer la transformación de la economía y de la sociedad europea en los próximos diez años. 
Y desde entonces, la economía europea ha continuado mejorando. 
Lo vemos con el descenso, en todas partes, del desempleo, incluso aunque todavía queden, y demasiadas, bolsas de pobreza en los Estados miembros. 
En este contexto más favorable, la Comisión, el Consejo y el Parlamento deben actuar conjuntamente para que los objetivos de Lisboa sean una realidad, que no se limiten a discursos o a deseos, sino que se traduzcan en actos. 
Ya se han realizado progresos en este sentido. 
Hemos presentado, junto con el Consejo, un proyecto de plan de acción para que la iniciativa e-Europa sea una realidad a partir de 2002. 
Feira debería aprobar este plan y quiero aquí resaltar dos elementos clave de este programa, presentado por Erki Liikanen: en primer lugar, la reforma del entorno reglamentario para las comunicaciones y el comercio electrónico, seguidamente el acceso de todos los ciudadanos, y de los jóvenes en particular, a los medios y cualificaciones necesarios en la era de la comunicación y de la información. 
Esto se llevará a cabo principalmente mediante la puesta en marcha de la iniciativa e-Learning que acaba de ser propuesta por mi colega Viviane Reding. 
Así, Señorías, la Comisión, su Presidente y cada uno de los Comisarios, se aprestan, como es normal, por dar lo que el Consejo y esta Asamblea esperan de ellos, y por hacerlo dentro de los plazos. 
(FR) Hemos presentado propuestas sobre contratos públicos, servicios postales y política empresarial. 
Próximamente presentaremos unas orientaciones sobre la nueva Agenda social europea para hacer frente a los problemas de exclusión social que he citado hace un momento y que siguen existiendo. 
También hemos contribuido a la elaboración de la Carta para las pequeñas empresas, que el Sr. Gama ha citado y que se aprobará en Feira. 
El grupo de trabajo de alto nivel sobre la protección social prepara su informe intermedio a propósito de la modernización y de la mejora de la protección social. 
Sobre todos estos asuntos, quiero volver a decir que esta Asamblea también ha representado un gran papel. 
Estamos contentos, en especial, de la rápida aprobación del nuevo marco reglamentario para el comercio electrónico y esperamos, pues estamos seguros de la misma fructífera colaboración entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión a lo largo del proceso legislativo, poder progresar igual de rápidamente en cada una de las bases establecidas en Lisboa. 
Hacemos votos por que en Feira el Consejo Europeo tome nota de todos estos progresos realizados. 
Pero el Consejo Europeo deberá también dar un nuevo impulso para intensificar estos esfuerzos, especialmente en los ámbitos en los que todavía es necesaria una acción a corto plazo para alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Pienso en la bajada de los costes de Internet, en la puesta en marcha del plan de acción para los servicios financieros, en la creación de un espacio europeo para la investigación y para el cielo único, por último, en los esfuerzos crecientes para mejorar el nivel de empleo, luchar contra la exclusión y preparar la nueva Agenda social. 
Todo esto exige un compromiso de todas las partes implicadas, un impulso político para establecer las medidas necesarias, pero nosotros, Señorías, a nuestra vez deberemos traducir esta voluntad política, llegado el momento, en gastos prioritarios, tanto a nivel de la Unión como a nivel de los Estados miembros. 
También aquí, Feira quizás podría dar una señal en esta dirección. 
Termino, señoras y señores diputados, no sin antes mencionar de forma telegráfica tres puntos que son destacables en el ámbito económico y financiero. 
En primer lugar, el que presentará Pedro Solbes relativo a las grandes orientaciones de la política económica y de la correspondiente coordinación, que es esencial para un mejor equilibrio entre los dos pilares de la unión económica y monetaria. 
Estamos seguros que las líneas directrices así definidas, junto con los procesos de Luxemburgo, Cardiff y Colonia, son esenciales para un buen avance hacia los objetivos de Lisboa. 
A continuación, Grecia, que ha hecho un formidable esfuerzo de convergencia, de forma que estamos en condiciones, tal como lo ha propuesto la Comisión, de ampliar la zona euro a este país. 
En Feira, los Jefes de Estado y de Gobierno deberían, por tanto, seguir las recomendaciones que les presentemos. 
Por último, el paquete fiscal. 
El Consejo, como ustedes saben, no ha alcanzado un acuerdo, pero las discusiones continúan. 
El 18 de junio se celebrará un Consejo "ecofin" extraordinario, y esperamos que abra la vía a un acuerdo, siempre y cuando todas las partes demuestren su buena voluntad y su deseo de alcanzarlo. 
Lo hemos visto a través de las diferentes intervenciones, los asuntos importantes no faltan, aunque tengamos que centrar la atención y la energía política en los tres puntos esenciales que he mencionado: reforma institucional, relaciones exteriores y PESC, así como en el seguimiento de Lisboa. 
Señorías, un Consejo Europeo es el resultado de una presidencia. 
Quiero decir, en nombre de la Comisión, que la presidencia portuguesa ha sido realmente activa. 
Pero un Consejo Europeo es también el resultado de los esfuerzos desplegados por cada institución. 
Por tanto, estoy convencido de que, gracias a los esfuerzos de todos, el Consejo Europeo de Feira permitirá progresar en todos estos asuntos fundamentales, responder mejor a los retos del conjunto de la Unión, responder mejor a las expectativas de los ciudadanos de nuestros quince países, pero también y por tanto a las expectativas que he citado anteriormente de los ciudadanos de los doce países de Europa central, oriental, báltica y mediterránea que van a unirse pronto a nosotros. 
Gracias, señor Barnier. 
Me ha sido presentada una solicitud de moción de procedimiento procedente del Sr. Klaus Hänsch. 
Señora Presidenta, quisiera plantear una simple pregunta al señor Comisario sobre la fórmula que ha encontrado, que me ha chocado enormemente y que me divierte mucho: es la de "la fotografía voluntarista". 
¿Se trata, en este caso concreto, de una contribución especial de la Comisión al desarrollo de nuevas tecnologías? 
. (FR) Señora Presidenta, podría decirse eso, en efecto, pero no quisiera encerrar esta idea en una definición demasiado tecnológica. 
Usted ha entendido bien que detrás de esta fórmula había, en primer lugar, un agradecimiento a la destreza de la presidencia portuguesa, que ha trabajado mucho y que nos ha permitido proceder a desbrozar y allanar el terreno. 
Había que hacerlo, al igual que en el informe que acaba de redactar hacía falta- además de una fotografía objetiva y lúcida de los puntos fuertes y débiles de la negociación- que, sin cerrar puertas, pudiera proponer el ir más lejos. 
Lo ha hecho especialmente sobre un punto que ha citado el Sr. Gama, que es el del cuarto "left over", y espero que esto no quede ahí gracias a las cooperaciones reforzadas. 
Esperamos, no solamente de la presidencia portuguesa sino del conjunto de Jefes de Estado y de Gobierno, que apoyándose en esta fotografía impriman un impulso voluntarista para los seis meses que quedan, con el fin de lograr- he dicho bien lograr- en Niza, la reforma de las instituciones. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Barnier, estimadas y estimados colegas, la cumbre de la próxima semana en Feira puede convertirse en una importante cumbre si el trabajo que allí se debe realizar se hace adecuadamente. 
Europa no cae como una fruta madura del árbol sino que se construye con el trabajo diario, repito, diario. 
Los procedimientos que se acuerden en Feira para el futuro de la Unión Europea serán un importante paso en este camino. 
Por ello, espero que se trate de una importante cumbre de trabajo. 
Nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos tenemos ahora, en esta situación del año 2000, dos objetivos fundamentales. 
Primero: la Conferencia Intergubernamental se debería concluir en invierno en Niza pero no por el hecho de la conclusión en si sino para lograr un buen resultado. 
Esta es la primera exigencia. 
Segundo: nosotros experimentamos la gran transformación en Europa en los años 1989-90, antes y después. 
Los pueblos de la Europa central esperan poder adherirse a nuestra comunidad de valores. 
Para ello, tenemos que cumplir nuestras tareas y estos países tienen que cumplir las suyas. 
Señor Presidente del Consejo, le ruego que en Feira mande una señal para que no se detenga la dinámica del proceso de adhesión. 
No debe surgir la impresión de que los pueblos de la Europa central no son bienvenidos a nuestra comunidad de valores. 
Le ruego muy personalmente que haga todo lo que esté en su mano para que se mande a los pueblos de la Europa central la señal de que sí son bienvenidos. 
Usted ha hablado de que el orden del día se debe ampliar para la Conferencia Intergubernamental. 
Le apoyo expresamente en ello, pero sea flexible. 
No haga solamente una enumeración de lo que vaya a añadirse sino encuentre una fórmula que permita añadir también temas en los próximos meses. 
El Sr. Comisario Barnier ha hablado de las decisiones mayoritarias. 
Esto es lo decisivo, la aplicación por principio de las decisiones mayoritarias en el Consejo de Ministros de la Unión Europea con la ampliación simultánea de la codecisión. 
Señor Presidente del Consejo, advierto frente a que introduzcamos en el Tratado el fortalecimiento de la cooperación- aunque estoy muy a favor de que se haga -, pero que al final la utilicemos como excusa y no lleguemos a un éxito en las decisiones mayoritarias. 
Necesitamos ambas cosas, las decisiones mayoritarias y el fortalecimiento de la cooperación. 
Apoyamos expresamente las consideraciones de su Presidencia de racionalizar el Tratado, tal como se dice en la propuesta de resolución de los Grupos políticos, y que revisemos el mismo en lo referente a su estructura. 
El Sr. Comisario Barnier ha hablado de un Tratado fundamental. 
Quizás no se pueda lograr todo en este semestre pero debemos marchar por este camino de crear un Tratado fundamental y un Tratado general. 
Debemos tener más en cuenta los principios de la subsidiariedad. 
Nuestro Grupo político está a favor de aclarar qué es lo que corresponde a la Unión Europea, a los Estados miembros y a las regiones. 
Solamente podremos mantener o recuperar el apoyo al proceso de unificación europea en sus diversos niveles si las personas también saben qué nivel hace qué. 
Por ello, es decisivo que expongamos aquí nuestras prioridades y logremos un inicio en la delimitación de las diversas competencias. 
Se ha hablado de la PESC. 
Apoyo los esfuerzos- siempre lo hemos apoyado- para fortalecer a Europa, pero en el marco de la Alianza Occidental, no como contrapunto a nuestros amigos norteamericanos sino como complemento y como socios con igualdad de derechos. 
Permítanme que añada aún una idea. 
Debería haberlo dicho antes pero se me ha olvidado. 
¿Porqué necesitamos una fórmula flexible para el orden del día de la Conferencia Intergubernamental? 
Ayer hemos hablado aquí- usted no pudo estar presente, lo que no se lo digo como crítica- sobre un estatuto de los partidos europeos. 
Si queremos completar el artículo 191 del Tratado- sobre lo que la Comisión va a realizar una propuesta para la Conferencia Intergubernamental -, entonces debe ser posible que se trate en la misma y realizar al final esta modificación del Tratado si queremos seguir avanzando en lo referente a los partidos europeos. 
Permítanme realizar aún una observación que expongo sin la mínima intención de polemizar, con total tranquilidad y objetividad, pero que me afecta interiormente en gran medida. 
Se trata del apartado 8 de la propuesta de resolución de los Grupos políticos. Exigimos a la Presidencia del Consejo que evalúe las relaciones entre los 14 Estados miembros y Austria y que elabore con todos los Estados afectados en la Unión Europea un procedimiento que conduzca a una solución aceptable. 
Señor Presidente del Consejo, probablemente cada uno lo verá de modo diferente, pero esta cuestión arroja sombras sobre la Unión europea. 
Sabemos que en Dinamarca, en los prolegómenos del referéndum de septiembre, el apoyo al euro ha caído con gran rapidez a causa de la cuestión austríaca ya que se entiende como una injerencia en los asuntos internos precisamente de los Estados más pequeños. 
Se lo digo muy personalmente y sin ningún ánimo de polémica pues estoy profundamente convencido de que es así. Si no solucionamos esta cuestión, tendremos graves problemas. 
Por ello, le ruego encarecidamente que se ocupe también de ello. Por lo demás, le ruego que en la Conferencia Intergubernamental tenga en cuenta la posición del Parlamento Europeo. 
Tenemos confianza en la Comisión. Nuestra confianza en la Presidencia del Consejo y en el Consejo aún puede aumentar. 
Le deseamos éxito. 
Si lo tiene será el éxito de todos nosotros para nuestro continente europeo. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, no es un lugar común decir que la Unión Europea se encuentra, en vísperas del Consejo Europeo de Feira, en un momento decisivo. 
La prueba de ello es que en los últimos meses se han multiplicado los pronunciamientos, empezando por los de Jefes de Estado como el Presidente Ciampi de Italia, el Presidente Rau de la República Federal de Alemania, destacados políticos europeos como Helmut Schmidt, Valery Giscard d ' Estaing, Jacques Delors y más recientemente, con mucho éxito, el ministro alemán de Asuntos Exteriores Fischer, que han enlazado el debate sobre la Conferencia Intergubernamental con un debate importante para todos contenido en la pregunta ¿quo vadis Europa? 
Creo que eso es saludable en vísperas de la mayor y más ambiciosa ampliación que ha conocido la Unión Europea. 
Este debate coincide con la voluntad política del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, y también del Parlamento en su conjunto, de lograr una agenda ambiciosa para la Conferencia Intergubernamental. 
Y ya que se ha hablado aquí de tecnología fotográfica, diría, como si se tratase de una película, que lo que nos interesa es participar en el guión, que el desenlace sea bueno y que los parlamentarios no seamos extras, no seamos figurantes, sino protagonistas. 
Y, en relación con la Conferencia Intergubernamental, es importante que el Presidente Herzog comparezca ante el Consejo Europeo de Feira. 
Querría señalar que, cuando se habla de comunidad de valores- y ha habido ocasiones recientes para ello como la ofrecida por la formación del nuevo Gobierno austríaco -, hay que exigir que la Carta de Derechos Fundamentales se inscriba claramente en el Tratado para poder completar la función de los artículos 6 y 7 del mismo. 
Además, si bien el Tratado de la Unión Europea reconoce la ciudadanía europea, hasta ahora no se han desarrollado los derechos individuales y colectivos, económicos y sociales. 
Es una absoluta contradicción el tener una ciudadanía sin derechos. 
Por eso es absolutamente esencial que la Carta de Derechos Fundamentales forme parte del Tratado. 
Y, en este proceso, el estatuto de los partidos políticos es un medio para que haya protagonistas también en el tema europeo. 
Añadiría, en relación a la Convención, un elemento más y es que en la redacción de la Carta la Convención está demostrando ser una fórmula más transparente, más democrática y más abierta que el procedimiento clásico de las conferencias intergubernamentales. 
Es una fórmula de futuro y creo que hay que tomarla muy en serio. 
En relación con esto, añadiré dos puntos decisivos. 
Uno es, para el Parlamento, que las decisiones por mayoría cualificada vayan acompañadas del procedimiento de codecisión, y el segundo punto es que debemos preferir la integración a las cooperaciones reforzadas, porque lo que estamos haciendo es integrar. 
En relación con el tema económico, necesitamos una mayor coordinación de las políticas económicas, sociales y de empleo. 
Hay que aplicar las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, que son positivas y que han conseguido un muy amplio consenso también en este Parlamento, pero esta aplicación exige que aumentemos nuestra capacidad de gobierno económico. 
Si queremos crear empleo, si queremos defender y cumplir con la agenda social en un momento en que la locomotora europea está empezando a marchar con más fuerza y necesita más vapor, lo que menos necesitamos es que se frene nuestra labor con una gestión estrictamente monetarista sin contrapeso económico. 
Por último, señora Presidenta, Señorías, una reflexión muy breve: el informe sobre los progresos de la ampliación ha sido importante porque refleja cómo se van superando los problemas y cómo hay que mantener esa voluntad con los países con los que estamos negociando. 
Creo que también sería importante que la Comisión, en relación con los Balcanes, tenga en cuenta que hay un país que se puede convertir en un puente- después de haber sido una barrera- hacia los Balcanes que es Croacia. 
Después del cambio político que se ha producido, haría falta que la Comisión intensificara las negociaciones del acuerdo de asociación con Croacia. 
Y por último, quiero decir algunas palabras sobre Oriente Medio. 
Acabo de volver de una visita a Siria y el Líbano y saludo que el Presidente de la Comisión esté en este momento allí. 
Concuerdo con que la retirada israelí del sur del Líbano es muy importante y hay que apoyar a Barak, pero también hay que intensificar nuestras relaciones de asociación con Siria y el Líbano. 
Hay que contar con una política activa europea para contribuir a resolver el problema dramático de los refugiados palestinos, y podemos aportar activamente ideas y medios para conseguir que el proceso de paz en Oriente Medio dé un paso decisivo, lo cual también llevaría consigo una mayor apertura e intensificación del proceso euromediterráneo. 
Todos esos elementos están en la agenda y espero que el Consejo Europeo de Feira dé un paso adelante. 
Señora Presidenta, me gustaría, en nombre del Grupo Liberal Democrático, empezar expresando nuestro agradecimiento a la Presidencia portuguesa y nuestro reconocimiento a su voluntad de estar en contacto permanente con este Parlamento, con sus comisiones y con sus Grupos. 
Se lo agradecemos profundamente. Nos ha ayudado a ir valorando mucho el enorme trabajo que esta presidencia ha dedicado a esta tarea. 
Deseo también expresar nuestra opinión de que, a la espera de que se consolide el camino emprendido en las reuniones del Consejo en Lisboa, Feira y posteriores, en las cumbres europeas y en varias reuniones del Consejo y de esta Cámara, creemos que Lisboa marca un cambio fundamental, un hito, en cuanto a la evolución de la política socio-económica en Europa. 
Superará la prueba del tiempo como testamento del trabajo de esta presidencia. 
Ha señalado usted, señor Presidente en ejercicio, que la ampliación es el reto histórico. 
En nuestro Grupo estamos convencidos de que es así. 
Creemos que una de las formas de medir hasta qué punto se tiene conciencia de la importancia de ese reto histórico se podrá encontrar en el apetito reformista de los estados en la CGI. 
He de decir en nombre de mi Grupo- y esto no es responsabilidad de la muy trabajadora presidencia europea, sino una falta de voluntad colectiva- que lamentamos que hasta la fecha no se hayan hecho más progresos en algunas de las cuestiones básicas. 
Cito como ejemplo el voto por mayoría cualificada. 
Yo insistiría, al igual que lo han hecho otros oradores, en la opinión de este Parlamento de que también es necesario vincular los cambios en el procedimiento de votación a los cambios en el procedimiento legislativo. 
La cuestión de la codecisión no significa simplemente darle más poderes a esta Cámara. 
Se trata de reconocer, a medida que avanzamos hacia la mejora de la eficacia de las instituciones, en especial del proceso de toma de decisiones en el Consejo, que es necesario un sistema de controles y equilibrios, para añadir no sólo eficacia sino también democracia representativa. 
Es, por tanto, una llamada a la calidad de la democracia europea y no únicamente una llamada a favor de los intereses de los miembros de esta Cámara. 
Estamos preparados para entablar el debate sobre una cooperación más estrecha y damos la bienvenida al modo en que nos lo han planteado diversas personalidades políticas importantes fuera de esta Cámara. 
Pero existen algunas salvedades: esperamos que la especulación sobre la reforma a largo plazo no sea enemiga de una necesaria reforma radical en el período inmediato que sigue. 
Creemos que el método Monnet ha servido bastante bien a la Unión. 
Querríamos, sin duda, desacreditar cualquier intento de cambiarlo radicalmente. Creemos que es importante no dar la sensación a los Estados miembros actuales ni a los estados candidatos de que cualquiera de nosotros contemplaría una Europa de ciudadanos de primera y segunda clase según la categoría de estado o de miembro. 
Me gustaría referirme brevemente a la cuestión de Austria. 
Mi Grupo agradecería que en el Consejo de Feira se intentara hacer una evaluación de la calidad de las relaciones entre los Catorce y Austria. 
Es importante que como Quince encontremos el clima político adecuado para hacer los progresos necesarios en los próximos meses. 
No somos prescriptivos en el modo de conseguir esto. 
Añado una nota más, pero una importante cuestión de principio. 
El Presidente Klestil vino a esta Cámara y tuve oportunidad de hablar con él brevemente durante su visita. 
Le pedí que me enviara una copia de una lista que hay disponible de personas y agencias de la sociedad civil de Austria que se han quedado aisladas de diversos acontecimientos educativos, sociales o culturales en Europa. 
Esto es intolerable. 
Con independencia de la diplomacia intergubernamental, es intolerable que aislemos a los ciudadanos comunes de un estado. 
Para que esto no se escape de las manos, yo haría un llamamiento a favor de una valoración con calma de la cuestión, para que se haga una evaluación y se busque una manera de avanzar. 
Si existe algún modo en el que nosotros en el Parlamento y mi Grupo podamos ayudar, estamos preparados para intentar hacerlo. 
Señora Presidenta, a los Jefes de Estado les espera una situación paradójica en Santa María de Feira, ya que allí se podrá comprobar que la evolución de la Unión se orienta irreversiblemente en una dirección que no responde a la lógica de las relaciones entre diferentes Estados. 
En nuestra opinión, esto es algo muy loable. 
Saludamos con alegría la Carta de Derechos Fundamentales, y queremos que su contenido sea sólido, que se incorpore de forma vinculante a los Tratados constitutivos y que a través de ella desemboquemos en un proceso constitucional, en cuyo marco el ciudadano sea el factor dominante. 
También creo que el procedimiento por el que se está elaborando la Carta de Derechos Fundamentales es radicalmente nuevo y que este procedimiento podría ser el idóneo de aquí en adelante para llevar a cabo la reforma de los Tratados, de tal modo que éstos lleguen a convertirse en una Constitución propiamente dicha. 
En nuestra opinión, los ciudadanos contarán con menos posibilidades de influir si se empiezan a crear, como ahora, instituciones militares en el seno de la Unión Europea. 
En nombre de mi Grupo, quisiera presentar mis quejas sobre el hecho de que apenas existe debate público a la hora de tratar estas cuestiones y también porque la celeridad de los cambios en esta materia nos deja a veces la impresión de que los Gobiernos no son capaces de intervenir con toda su autoridad en este proceso. 
Las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN se condensan a tal velocidad que los países neutrales se ven inmersos en una situación muy delicada, pese a que ellos, por su parte, quieren aportar todo lo que esté en su mano para fomentar la seguridad nacional. 
Quisiera señalar que la estrategia de los países del Mediterráneo es muy importante. 
Recientemente, asistí a la reunión de Nueva York sobre la mujer organizada por la ONU. 
Insto a la Comisión y al Consejo para que incorporen sin reparos los derechos de la mujer y los derechos humanos en la estrategia del Mediterráneo. 
También saludo con alegría al concreto plan de acción sobre la dimensión nórdica. 
A través de este plan podremos finalmente proceder a resolver con los debidos medios los graves problemas socioeconómicos que existen, por ejemplo, en el Noroeste de Rusia. 
En esta tarea debemos tener presente la energía nuclear, que es un problema que nos afecta a todos. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, hace justamente un año, la masiva abstención que marcó las elecciones europeas ha confirmado la existencia de una crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas. 
Supongo, señor Presidente del Consejo, que al preparar la Presidencia portuguesa usted tenía empeño, en este contexto, en dirigir a la opinión pública un mensaje importante. 
Sin duda, con este espíritu es con el que usted decidió hacer del Consejo Europeo de Lisboa una Cumbre extraordinaria sobre el empleo. 
Y de hecho, usted ha relanzado la idea del pleno empleo, ha subrayado la importancia de la formación a lo largo de la vida y ha insistido sobre el reto, efectivamente considerable, que representa la revolución de la información. 
Pero a falta de objetivos concretos de creación de empleos, de compromisos verificables con un calendario de plazos, de opciones claras en materia de financiación y de avances tangibles en el campo de los derechos de intervención de los agentes sociales, la opinión sólo recordará de esta Cumbre la marca de fábrica de los Sres. Blair y Aznar. 
Además, el Sr. Comisario Bolkestein, por ejemplo, no se ha privado de referirse a lo que él ha llamada la ambición fijada en Lisboa para exigir la apertura de los servicios postales a la competencia, con riesgo de chocar frontalmente con los sindicatos, con numerosos parlamentarios y con varios Estados miembros. 
¿Qué queda, en estas condiciones, del mensaje social que usted deseaba dirigir a los ciudadanos europeos? 
Al decir esto, no incrimino a la Presidencia portuguesa. 
Creo que el reto al que hay que responder afecta a todos los Estados miembros. 
¿Y que ocurre con la otra gran idea destinada a recuperar la confianza de la gente, es decir la afirmación de una dirección política de los asuntos de Europa frente a la influencia de las megaempresas y de los mercados? 
Cada uno de nosotros ha podido seguir, el fin de semana pasado, el sorprendente espectáculo de la Cumbre Europea de Negocios de Bruselas, en la que la flor y nata patronal estuvo presente, y que se amplió a los líderes de Microsoft. 
La Comisión, ya se sabe, no se ha contentado con enviar a la misma a once comisarios, lo cual no tiene precedentes, sino que su Presidente ha enunciado allí principios originales del tipo, cito textualmente: "La ley es la ley, pero en estos momentos de cambio hay que evitar las reglamentaciones demasiado precisas". 
¿Qué piensa la autoridad política, como es el Consejo, de esta filosofía del dejar hacer? 
Si, como espero, en Feira habrá voces que se expresarán para alinearse frente a la ola liberal que nos invade y preconizar auténticas reorganizaciones sociales y democráticas, entonces, señor Presidente, le ruego abra de par en par las ventanas y las puertas de esa Cumbre, haga que se oiga esta disonancia, con transparencia y con toda claridad, y que la verdadera confrontación de opciones, que nos hace tanta falta hoy, comience en todas partes a la luz del día. 
Pienso que es el mejor servicio que se puede prestar a la Europa de hoy. 
Señora Presidenta, señor Ministro, Señorías, quisiera comenzar diciendo que el Consejo Europeo de Feira representa una nueva oportunidad para que nos pronunciemos en este Parlamento sobre las diversas cuestiones políticas que constituyen el programa de la Unión. 
De ellas quiero destacar en este momento cuatro, unas mencionadas por el ministro Jaime Gama, otras no. 
Comienzo por Austria: es sabido que no abrigamos la menor simpatía por los extremismos políticos, pero no podemos dejar de condenar la reacción intempestiva de los 14 Estados miembros a la formación de un gobierno resultante de elecciones democráticas, sin que éste hubiera tenido oportunidad siquiera de empezar a gobernar. 
Fue una decisión que no respetó la opción soberana del pueblo austríaco. 
Fue también una decisión ineficaz: contra el racismo y la xenofobia se lucha con inteligencia y esfuerzo y no con medidas proclamatorias que, a fin de cuentas, sólo pueden provocar la más indeseable de las reacciones, además de la difusión de un sentimiento antieuropeo, es decir, de promover aquello contra lo que se quiere luchar. 
La Presidencia portuguesa se prestó a desempeñar el papel de portavoz de los Estados miembros el pasado mes de febrero equivocadamente, a nuestro juicio, pese a que siempre se planteó la cuestión en el plano bilateral, si bien concertada, evidentemente, entre los Catorce. 
Así, aunque no sea formalmente exigible a esta Presidencia que resuelva el problema, ya se puede exigir a cada uno de los Gobiernos que asuma sus responsabilidades. 
De ese modo se podrá saber quién persiste en el aislamiento de ese país y quién, reconociendo el error, opta por el restablecimiento de relaciones normales con Austria, evitando el mantenimiento de "muros de incomprensión", por utilizar una expresión del Secretario de Estado Sr. Seixas da Costa, entre los Estados miembros de la Unión. 
En segundo lugar, destaco la Conferencia Intergubernamental. 
El rasgo distintivo de la Presidencia portuguesa debería dejarse sentir en el reconocimiento y en la defensa de la igualdad política entre los Estados miembros como corolario del mantenimiento del equilibrio entre países grandes y pequeños y entre éstos y la Unión Europea. 
También debería dar prelación a la participación de los parlamentos nacionales en la reforma institucional y en la dirección de los asuntos europeos a fin de que los ciudadanos de cada país puedan participar más democrática y directamente en el proceso de construcción de su Europa y en la formulación de los métodos de decisión comunitaria. 
Respecto de las cooperaciones reforzadas, quisiera recalcar que al principio de flexibilidad en que se basa, y que apoyamos, debería oponer la garantía de que ningún Estado miembro pueda ser, en principio, excluido de la participación en ellas, excepto por voluntad propia. 
Por último, en relación con las cuestiones no resueltas por el Tratado de Amsterdam, debería consagrar la norma de un Comisario por Estado miembro, teniendo en cuenta que en la Comisión descansa el monopolio de la iniciativa legislativa, debería subrayar que con la codecisión se plasma hoy una doble ponderación de votos- una en el Consejo y otra en el Parlamento Europeo- y que, al contrario de una supuesta generalización de las votaciones por mayoría cualificada, se debe propugnar el mantenimiento de la regla de la unanimidad con el objetivo de presentar factores de equilibrio político entre los Estados miembros independientemente de su población o peso económico, factores que han sido la clave del éxito de la Europa de concertación, paz y desarrollo que hemos conocido en el último medio siglo. 
En tercer lugar, destaco la carta de Derechos Fundamentales. 
No está en entredicho su contenido. 
La cuestión es que la Unión Europea no necesita una Carta de Derechos Fundamentales. 
Y no la necesita por la razón más sencilla de todas: la de que la Unión Europea no tiene ningún problema importante con los derechos fundamentales. 
Y, como ya dijimos aquí anteriormente, al no haber un problema, la Carta no es una solución. 
Y, al no ser una solución, la Carta es, por tanto, un problema. 
Así, pues, esperamos que la Cumbre de Feira saque la conclusión evidente: que no existen diferencias en la formulación o aplicación de los derechos fundamentales en la Unión Europea que no puedan resolver los Estados miembros, en el marco de sus constituciones y del Convenio de Derechos Humanos, que a todos vincula, como también a la Unión Europea, antes o, naturalmente, después de la ampliación. 
Por último, una palabra sobre la ampliación. 
Pese a los avances ya anunciados aquí, consideramos que más de diez años después de la caída del Muro de Berlín, la Unión Europea podría haber manifestado una voluntad política más coherente en la tarea de tender sus brazos amigos a los pueblos de la Europa central y oriental, que legítimamente aspiran a compartir con nosotros un futuro común, evitando fenómenos de decepción o incluso de frustración en ellos. 
Esa voluntad se revela en tres aspectos esenciales: en la defensa de las grandes causas europeas de paz, libertad y desarrollo económico y social, que deben ser subyacentes a las negociaciones con los países candidatos, en el fomento del mérito de cada país como única condición que imponer a la adhesión y al mantenimiento de la cohesión económica y social de los actuales quince Estados miembros. 
Austria, Conferencia Intergubernamental, Carta de Derechos Fundamentales y ampliación: cuatro asuntos, cuatro respuestas diferentes. 
Eso es lo que esperamos, señora Presidenta, de la reunión de Feira de Jefes de Estado o de Gobierno sobre la Presidencia portuguesa. 
Señor Presidente, señor Presidente Gama, señor Comisario Barnier, en Feira, Francia sucederá a Portugal para terminar la CIG, la imposible reforma de la fiscalidad del ahorro, la Carta de Derechos Fundamentales o incluso la política de defensa o las sanciones contra Austria. 
Portugal ha tenido una presidencia difícil, con la caída del euro, la caída de la nueva economía, que en Lisboa tenía que resolver numerosos problemas como el desempleo, la pérdida de Macao, la llegada de los vinos de Sudáfrica con los falsos oportos y hasta la llegada del gran criminal Rezala a su país, señor Presidente. 
Pero ustedes han terminado elegantemente con un tres a dos contra Gran Bretaña, que a pesar de todo es lo importante para los pueblos. 
Además, en Feira, sería quizás necesario lanzar el proyecto de una copa transatlántica de fútbol. 
Además, es la única oportunidad que tendríamos de ganar a los Estados Unidos. 
Esto plantearía quizás un problema al Sr. Bayrou o al Sr. Cohn-Bendit, el de saber en qué equipo jugarían pero, finalmente, podría haber un jugoso contrato de traspaso. 
En cuanto a los derechos de retransmisión, podríamos destinarlos a Kosovo, a Iraq o a las víctimas de la construcción europea. 
Así, por una vez, Europa habría servido para algo. 
En los discursos oficiales todos dan la bienvenida a la ampliación de una UE de 15 miembros a 30 miembros, sin embargo, la ampliación se alarga cada vez más y se plantan cada vez mayores obstáculos a la reunificación de las naciones de Europa. 
La Cumbre de Feira dará luz verde a una colaboración especialmente estrecha entre las naciones más desarrolladas y más predispuestas federalmente. 
El modelo remite a los holdings donde una pequeña mayoría dirige una sociedad que de nuevo dirige otra sociedad. 
En la UE es el eje franco-alemán el que decidirá la marcha de una UE nuclear que decidirá en toda la UE y que dictará a los países solicitantes sus legislaciones y encima aprobará las leyes ante las narices de todas las demás naciones de Europa. 
Los derechos humanos, la cultura, el transporte, la política exterior y de seguridad también podrían descansar en órganos europeos como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
El mercado común también podría estar abierto a todos los países europeos. 
Los países también podrían acudir juntos a diversos grupos regionales, tales como los países del Mar Báltico, los países bálticos y los países ribereños al Mediterráneo. 
Debe ser también posible para algunos países permanecer fuera de las partes de la cooperación comunitaria, de la que los países prefieran estar libres, siempre que un país no adquiera con ello una ventaja económica especial. 
También debe serles posible a algunos países entablar una cooperación especialmente estrecha, pero si ha de ser dentro de las instituciones comunitarias, todos han de ser preguntados. 
En caso contrario, la cooperación ha de producirse en otro lugar. 
Mi Grupo rechaza las decisiones por mayoría relativas a la cooperación reforzada. 
Preferimos mayor flexibilidad, pero no tenemos necesidad de una vanguardia elegida por sí misma que tome decisiones por nosotros. 
Por lo demás, pienso que las sanciones contra Austria deben ser levantadas. 
Señor Presidente, consternado por la permanente condena anticipada de Austria por parte de catorce Estados miembros, quiero subrayar que la cumbre de Santa Maria da Feira va a ser decisiva para el posterior desarrollo de la Unión Europea. 
Entre otras cosas, decidirá sobre si la Presidencia portuguesa del Consejo pasa a la historia como aquella que mantuvo contra Austria la resolución injusta de los catorce o como aquella que encontró una salida a este oscuro capítulo de desprecio de la solidaridad europea y de falta de respeto ante los procesos democráticos internos. 
Con sus medidas, los Jefes de Estado y de Gobierno de los catorce se han cargado realmente de una gran responsabilidad tanto frente a Austria como frente a la Unión. 
Hace más de un año parecía que la catastróficamente baja participación en las elecciones al Parlamento Europeo iba al menos a tener el efecto útil de iniciar un debate estructural básico sobre la Unión Europea. 
Entretanto, en lo esencial ha retornado la vida cotidiana. 
La consciencia europea se ha alejado a un futuro lejano no en último lugar por el acto arbitrario de los catorce contra Austria. 
Por ello, Feira sería la oportunidad para hacer que la Unión se acercase a los ciudadanos, ya sea proporcionando vinculatoriedad jurídica mediante la declaración de la Carta de los Derechos Fundamentales o- aún mucho más oportuno- incluyendo en los Tratados un claro catálogo de competencias. 
En lugar de ello, se revela como consecuencia de la dificultad para encontrar una solución relativa a los asuntos esenciales, quizás como excusa, una intensificación del tema del "fortalecimiento de la cooperación" que conduce a una Europa de dos o quizás tres velocidades o quizás aún más, que ha imperado ya en el último período legislativo y que sigue imperando aquí en esta Asamblea y que podría llevar a este fortalecimiento de la cooperación a la tumba de la Unión Europea clásica. La Unión se encuentra en la encrucijada en varios sentidos. 
La cumbre de Feira va a desempeñar un gran papel al respecto. El programa que hoy hemos escuchado no permite despertar grandes esperanzas. 
Señor Presidente, con la celebración del próximo Consejo Europeo en Feira concluye la Presidencia portuguesa de la Unión Europea. 
Como portugués y como europeo, nadie más que yo desea que ese Consejo tenga resultados positivos que hagan avanzar a Europa y muestren el mérito de las presidencias rotativas por todos los países de la Unión, sea cual fuere su peso demográfico o económico. 
Ése es el espíritu de la Unión y sólo con ese espíritu Europa continuará unida. 
No hay países ni pueblos de primera ni de segunda, todos son iguales en la Unión, en sus derechos y deberes. 
Por eso, como portugués y europeo, sólo puedo abrigar grandes esperanzas sobre el próximo Consejo Europeo, en el sentido de que no sea sólo una obligación de calendario o un compás de transición. 
Por eso, formulo dos esperanzas que son también exigencias, obligaciones y deberes para la evaluación que se hará de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea. 
Primero, esperamos que en el Consejo Europeo de Feira se ponga fin definitivamente a la cuestión austríaca. 
Toda esa cuestión permanecerá como una sombra sobre la Presidencia portuguesa de la Unión. 
No comprendemos cómo es que el Presidente en ejercicio del Consejo ha permitido la confusión entre su papel institucional de Presidente de la Unión Europea y el de portavoz de las decisiones bilaterales de catorce Estados de la Unión contra uno. 
Si hay un responsable de esa cuestión, es el Presidente de la Unión Europea, que ahora debe corregir lo que ha hecho mal. 
Ahora hay que remediar lo que se podría haber evitado. 
Por eso, la Presidencia portuguesa ha asumido una responsabilidad especial respecto de esa cuestión y esperamos que resuelva el problema en el Consejo de Feira para que no se transforme en un malestar dentro de la Unión Europea. 
Cuanto más tiempo tarde en resolver esa cuestión, más difícil será de resolver. 
En segundo lugar, esperamos que el Consejo Europeo de Feira deje un plan, una idea, un proyecto para Europa con vistas a la próxima Conferencia Intergubernamental y que se vea que la Presidencia portuguesa dejó una marca importante. 
No basta con un informe, un acta: para hacer informes y actas sintetizando posiciones no hacen falta ministros, bastan funcionarios que asistan a las reuniones. 
Sabemos que los trabajos de la CIG concluirán con la Presidencia francesa al final de este año, pero nada estaría más justificado que existiesen desde ahora mismo ideas y proyectos conocidos y que tuvieran la marca de la Presidencia actual. 
La idea de que todo se debe decidir en el último minuto parece demasiado una justificación de una política de hechos consumados y debe ser rechazada de entrada. 
Resulta tanto más preocupante cuanto que todo y todos están ya debatiendo en público, sin que se vea con claridad si se trata de formas de presión o de debates académicos. 
Por eso, esperamos que del Consejo de Feira resulte no sólo una constancia de las posiciones, sino también un plan, un proyecto, una idea en relación con las modificaciones de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Michel Barnier, Señorías, hemos escuchado con atención la intervención que el Presidente Jaime Gama ha hecho aquí en el comienzo de este debate y que en cierto modo expresa los vértices del triángulo de lo que constituye y sigue constituyendo la matriz de la acción y de la labor de la Presidencia portuguesa: la profundización y la ampliación, la cohesión y el aumento de las oportunidades de globalización para fortalecer el tejido social y modernizar el tejido económico en el interior de la Unión y un tercero relacionado con la política exterior y con la política de defensa y de seguridad común. 
Sobre ese tercer vértice ya tuvimos ayer oportunidad de debatir aquí con la Presidencia las propuestas y, sobre todo, los asuntos que van a figurar en el orden del día del Consejo de Feira. 
Pero no puedo, señor Presidente, por menos de expresar nuestra satisfacción no sólo por los pasos concretos que se han dado en esa esfera en materia de defensa, en materia de seguridad, sino también por el relieve político público que esta Presidencia, en colaboración con el Secretario General del Consejo y con la Comisión, ha logrado con su contribución a la resolución de conflictos regionales y, sobre todo, su contribución a que en el mundo no exista un único mediador de los conflictos regionales, es decir, los Estados Unidos de América, sino que Europa asuma también una de sus principales vocaciones históricas y uno de sus factores determinantes del proyecto europeo. 
El segundo vértice es la cohesión social y la cohesión económica. 
Muchas veces damos por sentadas cuestiones fundamentales: la del pleno empleo, la de la modernización de nuestro tejido económico, la necesidad de creación de un espacio europeo de investigación que produzca creatividad y que dicha creatividad esté al servicio de las empresas, sobre todo de las nuevas empresas en la nueva economía. 
Son aspectos demasiado importantes para que los pasemos por alto y los citemos a la ligera. 
La contribución que a ese respecto, con un nuevo método de coordinación y nueva estrategia, el Consejo Europeo de Lisboa hizo no puede ser una prioridad de una Presidencia, tiene que continuar. 
Y, por eso, nos sentimos reconfortados cuando oímos a los principales encargados de la futura Presidencia francesa elegir el programa social como una de las principales prioridades de su acción política. 
Por eso, insistimos en la necesidad de que la creación de más puestos de trabajo constituya una prioridad y un designio de la Unión. 
Porque cuando se habla de cuestiones de racismo y xenofobia, lo fundamental es luchar contra ellos por la base, impedir que fortifiquen y sean pasto para las posiciones de extrema derecha que todos nosotros rechazamos, pero que algunos sólo rechazan- parece- en los discursos y no en la práctica. 
La última faceta que quiero abordar se refiere a los elogios, ya mencionados y que nunca están de más, a las gestiones de la Presidencia portuguesa en relación con la Conferencia Intergubernamental. 
Este Parlamento contribuyó de forma positiva y constructiva- y el Comisario Michel Barnier es testigo de ello- a que se pudieran iniciar los trabajos de la CIG en febrero. 
Y todos nosotros sabíamos que esta CIG es una CIG reducida y minimalista, que no se necesitaban once meses para decidir esta CIG, a excepción tal vez de la cooperación reforzada. 
El problema de la CIG, como los leftover de Amsterdam, no es simplemente una cuestión de debate, es una cuestión de decisión. 
Y nuestro llamamiento y nuestra insistencia, señor Presidente, van encaminados a que del Consejo de Feira resulte un orden del día ampliado gracias al cual el proyecto europeo no movilice sólo a quienes, como nosotros, están atentos a las cuestiones institucionales, sino que movilice de nuevo a los verdaderos ciudadanos que se identifican con la auténtica construcción de un proyecto europeo. 
Y, desde ese punto de vista, señor Presidente, la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado es un ejemplo y sobre todo un objetivo que urge perseguir. 
Señor Presidente, la redacción de la Carta ha llegado ahora a una fase crítica. 
Hemos redactado 60 artículos y dado lugar a 1000 enmiendas. 
Francamente, el Convenio está tambaleándose y puede entrar en un callejón sin salida si el Consejo de Feira no aporta un nuevo estímulo. 
Hasta ahora hemos intentado alcanzar un consenso en el órgano. Esto demuestra ser ahora una misión improbable. 
Necesitamos un procedimiento de toma de decisiones mucho más formal de tipo parlamentario. Esto supone el voto, y el voto por mayoría cualificada, como sería lo normal en los procedimientos de cualquier estado europeo moderno. 
Algunos representantes del Consejo Europeo no pueden soportar la perspectiva de verse obligados a votar y desaprueban la propia naturaleza del Convenio. 
Este prejuicio debe eliminarse en el Consejo de Feira para que el proyecto tenga éxito. 
Señor Presidente, son previsibles los asuntos que marcarán la próxima Cumbre de Feira y ya se han mencionado, pero, en cambio, son de dudoso y limitado alcance los resultados que en ella se obtendrán, al menos para alguno de ellos, dado que su debate ha sobrepasado el ámbito de las instituciones y de esta Presidencia y ya se tiene puesta la mira en Niza. 
Aun así, algunos motivos de preocupación: el proceso de ampliación avanza y es argumento particular para modificaciones institucionales, pero se omiten sus incidencias y se escamotean las medidas indispensables en el nivel de las diferentes políticas y en el ámbito presupuestario. 
Y, a medida que avanza el debate en el nivel de la CIG, ésta adquiere contornos inadmisibles; en nombre de la eficacia, se pretende imponer el nuevo modelo de poder interno y una opción marcadamente federalista; en nombre del ilusorio peligro de bloqueo por parte de los países de pequeña y mediana dimensión, va ganando terreno la idea de dotar a los grandes con verdadero y exclusivo derecho de voto. 
Entretanto, se olvida lo esencial, la necesidad de asociar y hacer participar a los ciudadanos en esos debates, en particular los más necesitados y alejados de los centros de decisión. 
Por otro lado, se juega fuerte en las cooperaciones reforzadas, pero se omite que representarían la consagración de una Europa a varias velocidades, a la que inevitablemente iría asociado un núcleo duro y un inaceptable directorio político. 
En cuanto a la seguridad y la defensa y siempre con el argumento falaz de la autonomía y a partir de una efectiva concepción de bloque político-militar, se siguen los caminos intransitables de la militarización y del fortalecimiento del poder europeo de la OTAN, cuando lo que la época requeriría es el desmantelamiento definitivo de los bloques, el desarme y la cooperación en busca de una paz duradera. 
Extrañamente, esta Presidencia, que se ha dejado superar por los acontecimientos, ha acabado alineándose con todas esas concepciones y- peor aún- ha aplaudido incluso a algunos de sus mentores, aun sabiendo que la aceptación de sus propuestas y métodos de debate tomados al pie de la letra conduciría a la inevitable conclusión de la propia CIG; insiste en la controvertida Carta de Derechos Fundamentales, como quien se quiere poner aún una flor en la solapa, pero ha olvidado las cuestiones sociales. 
Sólo unas palabras finales: que de esta Conferencia resulte al menos algún resultado positivo para Timor, ya que es muy necesario que se haga algo con vistas a la reconstrucción de ese territorio y a su independencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Unión Europea sólo podrá jugar un papel histórico si quiere ser más que una simple suma de Estados miembros. 
Como representantes de los pueblos europeos sin un estado propio, queremos que la Unión Europea sea, por una parte, una comunidad de ciudadanos, y por otra, que refleje la realidad de los pueblos y regiones y sus entidades políticas. 
En los textos aquí presentados no se reconoce esta realidad o por lo menos no de forma suficiente. 
Algunos Estados miembros tienen las mismas dificultades tanto para conceder la autonomía a estas diferentes entidades culturales y políticas como para ceder ciertas competencias para crear una Europa federal. 
Esto, por otra parte, significaría un cambio democrático que no están dispuestos a aceptar. 
Esto se vuelve a poner de relieve al ver cómo marcha la CIG y en las expectativas que se tienen para la Cumbre de Feira. 
Las reformas institucionales que quieren realizar en Feira nos parecen buenas pero insuficientes. 
Por ejemplo, nos tememos que el rechazo a crear una auténtica autoridad federal desemboque en una política común exterior y de defensa que no funcione realmente. 
La creación de un cuerpo militar de intervención rápida amenaza con convertirse en una coartada costosa, que sólo serviría para una militarización rápida de los conflictos. 
Esto cabría perfectamente en la nueva carrera armamentista que puede iniciarse con el plan americano de escudos balísticos con el apoyo de los países miembros de la OTAN y de los que no lo son. 
Señor Presidente, Señorías, ciertamente la Presidencia portuguesa no tenía una tarea fácil en este semestre, en el cual debía inaugurar la Conferencia Intergubernamental que concluiría bajo otra Presidencia y, por lo tanto, presentaba todos los riesgos de que los Gobiernos hicieran la pared para luego dar tiempo a la Presidencia siguiente a recoger los frutos del trabajo realizado. 
Sin duda, esperábamos más de esta primera etapa de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que la Presidencia portuguesa ha hecho todo lo posible y pienso que hay que agradecerle el papel que ha desempeñado con miras a la Cumbre de Lisboa del pasado mes de marzo que, en cualquier caso, ha abierto importantes caminos para la nueva economía y para la necesidad de dar impulso a la economía europea paralizada por un dirigismo, un estatalismo que continúa oprimiéndola y que no por casualidad le hace sufrir tasas de desempleo que duplican las tasas de las demás economías, como la de Estados Unidos. 
Sin embargo, no cabe duda de que, desde el punto de vista institucional, el impasse en el que estamos es muy grave. 
Hoy el Parlamento Europeo pedirá con fuerza que la Presidencia portuguesa se erija en portavoz de la necesidad de que- como ayer decía nuevamente y con gran acierto el Ministro Joschka Fischer- haya una integración, una voluntad política, de lo contrario, la crisis de la Unión Europea será una crisis generalizada. 
Estamos viendo sus pródromos en la parálisis que nos ha caracterizado en estos meses. 
Por lo tanto, sí a la ampliación de la agenda de este Consejo de Feira y sí a la revisión de los trabajos de esta conferencia, de lo contrario, no alcanzaremos el objetivo de la ampliación ni ninguno de los objetivos que, en cambio, la Presidencia francesa querría conseguir en Niza. 
En esta Asamblea casi siempre procede recordar la sólida sensatez del manual noruego para montañeros: "En caso de discrepancia entre el mapa y el terreno se recomienda seguir el terreno". 
Las instituciones de la Unión Europea y en especial esta Asamblea todavía no se han enterado de una idea tan elemental. 
El tren de la Unión hace ruido al salir sin tener en cuenta el terreno. 
El terreno es la población de los países europeos que hace mucho tiempo se apeó de este tren de la Unión. 
No tenemos ninguna confianza en el proyecto de unión. 
Rechazamos el orden del día ideológico que es calificado en la propuesta de resolución de ambicioso y que encierra un socavamiento catastrófico de la democracia de los Estados miembros. 
Mayor integración, el Tratado, que se convertirá en una constitución, la formación de un ejército, etc., etc. No obstante, se venga ignorando el terreno. 
La población danesa, que disfruta del privilegio de poder posicionarse mediante referenda, dará una señal decisiva el 28 de septiembre, puesto que votaremos no a la participación en el euro. 
Lo cual significará en primer lugar que nuestros hermanos y amigos en Suecia y Gran Bretaña también dirán no y en segundo lugar que esta negativa proporcionará una señal decisiva a las cumbres de Feira y Niza sobre la necesidad de seguir el terrano. 
El terreno es más importante que el mapa ideológico. 
Señor Presidente, en Lisboa se ha fijado un horizonte común, delimitando reformas estructurales para la modernización de nuestra economía, para crecer más y crear más empleo. 
Pero nuestra Unión trasciende el ámbito de la economía; se sustenta en principios fundamentales, enumerados en el artículo 6 del Tratado, que muchos hemos visto puestos en cuestión en un Estado miembro. 
Y todos los demócratas debiéramos alegrarnos al comprobar una reacción inmediata en el seno de la Unión ante la percepción del riesgo que corren los valores sobre los que sustentamos nuestra convivencia en común. 
En el PPE hemos analizado, creo modestamente que con objetividad y solvencia, la situación política en Austria y hemos acordado, en el seno de nuestra familia política, un sistema de condicionantes y de vigilancia que ojalá constituya una contribución positiva para la resolución de la crisis. 
Yo me centraré aquí solamente en el Oriente Medio. 
Israel, Siria y el Líbano viven momentos muy intensos en sus políticas nacionales, como se ha dicho esta mañana en esta Asamblea. 
Pues bien, precisamente ante estas circunstancias, creo que se abre una nueva oportunidad para una paz definitiva en la región. 
Por eso, hemos de reclamar a nuestros Jefes de Gobierno y a la Comisión Europea que asuman la responsabilidad que las circunstancias exigen a la Unión Europea, por supuesto que incrementando nuestra presencia política común, pero también en la perspectiva económica, culminando de una vez los Acuerdos de asociación y siendo más ágiles en el desarrollo de los acuerdos de Barcelona. 
Espero que sirvan estos acontecimientos para recordarnos nuestros compromisos morales e históricos, políticos y económicos con nuestros vecinos mediterráneos, que no pueden ser preteridos con respecto a los de otras zonas geográficas. 
Les comunico que de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento he recibido siete propuestas de resolución. 
Señor Presidente, creo que en este debate nos hace falta, en primer lugar, dar las gracias a la presidencia portuguesa por la forma en la que se dispone a dirigir los debates en el Consejo Europeo de Feira. 
Tratándose del orden del día de la Conferencia Intergubernamental, cuando se examina la articulación entre las diferentes presidencias, era un punto esencial, y la idea de que las cooperaciones reforzadas se incluirán desde ahora en el orden del día de esta Conferencia, nos parece un punto totalmente esencial. 
Sobre el orden del día de esta Conferencia, también nos parece importante recordar que está cargado y que esperamos del mismo un resultado positivo, es decir que permita a la Unión Europea funcionar tal como es. 
Desde el anuncio de la Conferencia, los debates importantes han venido ha instalarse en nuestro paisaje. 
Son esenciales. Sin embargo, no deben perturbar el orden del día de esta Conferencia. 
Cualesquiera que sean sus resultados, nosotros tendremos estos debates. 
Pero se trata de dos ejercicios paralelos. 
Nada debe distraernos de la tarea que nos espera dentro de la Conferencia Intergubernamental, si no la Unión ya no podrá decidir. 
Para poder decidir, necesitamos progresos significativos sobre la mayoría cualificada, sin que la cooperación reforzada pueda constituir una alternativa. 
No es una cosa u otra, es una y otra. 
La inclusión de la cooperación reforzada en nuestro orden del día de la Conferencia Intergubernamental nos impone prolongar la reflexión. 
¿Cómo organizaremos el control democrático de estas cooperaciones reforzadas? 
Y además, espero que el orden del día de esta Conferencia Intergubernamental sea lo suficientemente flexible para que aquí o allí, en función del avance de los trabajos, se esté en condiciones de poder añadirle tal o cual punto. 
Pienso, muy lógicamente, en la cuestión del estatuto de los partidos políticos. 
Pienso también en la cuestión de la reforma del artículo 7. 
Y, por otra parte, permítame expresarle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en el momento en el que va usted a iniciar este importante debate en Feira, nuestro estado de inquietud en relación con los trabajos de redacción de la Carta. 
Hay una enorme expectativa por parte de nuestros conciudadanos sobre el contenido que salga de los trabajos de la Convención. 
Ahora bien, en el estado actual de las cosas, veo una gran división en cuanto a la interpretación del mandato dado a los miembros de la Convención por el Consejo Europeo de Colonia. 
Necesitamos que el debate que se inicie después de la intervención del Presidente Herzog muestre claramente la adhesión del Consejo Europeo a la indivisibilidad de los derechos y a la tarea que ha sido encomendada a la Convención de redactar una Carta rica en contenido que respete la totalidad del mandato de Colonia, de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos y sociales. 
Muchos de mis colegas dicen: es necesario que la Carta se integre en el Tratado. 
Sí, pero ¿de qué serviría integrar una Carta cuyo contenido sería una decepción? 
Primeramente, nos hace falta trabajar sobre el contenido. 
Es nuestra tarea primordial. 
Pero para ello también necesitamos, me parece a mí, que el debate que salga del Consejo Europeo de Feira nos dé una señal política. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar agradecer a la Presidencia portuguesa el trabajo realizado también porque acabo de escuchar al ministro Sr. Vedrine, futuro Presidente en ejercicio del Consejo, decir que, según él, la Carta de derechos fundamentales no debe ser vinculante ni debe incorporarse a los Tratados. 
Me parece que éste es un tema muy difícil que seguramente nos hará añorar a la Presidencia portuguesa que, al menos en este punto, mantenía una postura no muy clara pero sí menos negativa. 
Creo que el Consejo de Feira será un Consejo importante si sabrá ser ambicioso. 
La Presidencia nos acaba de anunciar que, en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, se hablará de cooperaciones reforzadas. 
Sin embargo, existen varias maneras de hablar de cooperación reforzada y, según nosotros, deben respetarse algunos principios. 
El primero es el pleno acatamiento al acervo comunitario; el segundo es la abolición del derecho de veto, hoy por hoy, reservado a cada uno de los Estados miembros; el tercero es el pleno respeto al papel del Parlamento, de la Comisión y del Tribunal de Justicia en los procedimientos de toma de decisiones, en el aspecto de la puesta en marcha y de la aplicación de una cooperación reforzada. 
Señor Ministro, la Carta de derechos fundamentales tenía que haber sido otro tema que debía haber abordado. Confiamos en que la presión externa que irá en aumento- espero- conseguirá que vuelva a merecer su atención. 
Esta Carta será un éxito sólo si tendrá un valor jurídico vinculante- ciertamente ha de tener un buen contenido, pero también debe tener un valor jurídico, de lo contrario, no servirá para nada- y si contemplará también algunos nuevos derechos, tales como el derecho al medio ambiente y algunos derechos sociales fundamentales como el derecho a sindicarse y el derecho a la huelga. 
Una vez más debo dar las gracias a la Presidencia portuguesa y le ruego que esté presente, activa y vigilante respecto a los temas que tiene en mucho precio, pues algunos de ellos también lo tienen para nosotros. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no quiero exigir algo a la Presidencia portuguesa pues no es necesario ya que ha mostrado una buena cooperación, sino que quiero alentarla para que haga determinadas cosas en Feira. 
En el marco de los preparativos para las decisiones que se deberán adoptar en diciembre, en Feira se debería mostrar de nuevo claramente que el proceso de ampliación debe realizarse de un modo diferenciado, país por país, para que de este modo los países que están mejor preparados puedan entrar antes en la Unión Europea. 
En el campo de las cuestiones institucionales, en la cumbre se debería aclarar que la intensificación de la cooperación no debe constituir ninguna excusa para dejar de ampliar las decisiones mayoritarias cualificadas. 
Para nosotros, la ampliación de las decisiones mayoritarias cualificadas es el listón para el éxito de Niza y éste va unido a la codecisión del Parlamento. 
Hay que lograr eficiencia y legitimación, esto es de gran importancia. 
Además, le rogamos encarecidamente que amplíe el mandato de la Conferencia Intergubernamental de modo que, por un lado, sea posible una conclusión en Niza y, por otro, se incluyan determinados sectores importantes. 
Se debe realizar el intento de hacer vinculante jurídicamente la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Hay que mostrar claramente que necesitamos una voz en la Política Económica y Monetaria y en su control democrático. 
La simplificación de los Tratados y la delimitación de competencias se deberían al menos poner en marcha. 
Quiero mencionar aquí en especial también la cuestión de la Política Exterior y de Seguridad Común derivada de la aplicación de Helsinki y Colonia y que ha funcionado bien bajo la Presidencia portuguesa del Consejo. 
Queremos alentarle a abrir las puertas para que en el próximo semestre adoptemos las decisiones correctas. 
Señor Presidente, me gustaría hacer una observación a la presidencia portuguesa en el sentido de que el artículo 8 de nuestra resolución tiene por objeto contribuir positivamente desde el Parlamento Europeo para que se llegue a una solución del conflicto abierto con Austria. 
Está claro que se lo pedimos personalmente a usted, ya que Portugal ostenta la presidencia. 
En absoluto queremos que esto se convierta en un problema de la Unión Europea, ni queremos que conste como punto formal del orden del día. 
Pero esperamos que usted encuentre de forma creativa e informal las vías para abordar esto en Feira. 
El Presidente de mi Grupo parlamentario se ha referido a la situación de Dinamarca, al referéndum sobre el euro. 
Reflexionemos sobre las posibles consecuencias si no se llegan a encontrar soluciones a pesar de sus esfuerzos. 
Me parece que en el futuro en la Unión Europea habrá que constatar que Feira era una oportunidad histórica para solucionar esta cuestión. 
Por este motivo, hago un llamamiento enérgico para que usted tome en cuenta también los actos del gobierno austríaco y que busque maneras creativas para salir de este estancamiento. 
Señor Presidente, muchos han señalado ya la necesidad de ampliarnos y el temor que existe en los países de la Europa Central y Oriental que, en relación con la CIG, no se progrese lo suficiente y que por eso se disminuya la posibilidad de realizar una ampliación rápida. 
Ojalá prime en Feira la voluntad política para realizar la ampliación. 
Como punto final, señor Presidente, "good governance" es estupendo, pero no dejemos de lado la práctica. 
Si la "Kosovo agency" en Tesalónica funciona todavía con tanta burocracia que los recursos no están disponibles aún, entonces estamos hablando de una situación muy grave. 
Hago también un llamamiento a la Presidencia portuguesa para que busque una solución. 
Señor Presidente, la inminente Cumbre de Santa María de Freira ha estado precedida por una cantidad inusitada de importantes declaraciones por parte de diferentes autoridades estatales. 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el Sr. Joschka Fischer, ha descrito un modelo federal cuya materialización podría ocurrir en unos treinta años, siempre que exista voluntad para ello, pero no se aprecia movimiento alguno por su parte para edificar tal estructura. 
El Sr. Tony Blair, cuyo Gobierno impide repetidamente la aprobación del paquete fiscal, y el Sr. José María Aznar, cuyo Gobierno impide la creación de las Sociedades Anónimas a nivel europeo, declaran conjuntamente que ratifican la estructura económica de la Unión Europea. 
Los Sres. Jacques Chirac y Gerhard Schröder declaran que sus respectivos países están dispuestos a integrarse aún más profundamente que los países del núcleo duro; sin embargo, no ponen ningún ejemplo sobre la calidad o la amplitud de esta integración. 
Voy a exagerar mi mensaje, y lo hago deliberadamente. 
Mi mensaje es el siguiente: primero, hay que preocuparse y volver a preocuparse por los asuntos básicos. 
Desde el punto de vista los ciudadanos de la Unión, lo más importante en el Consejo Europeo de Freira sigue siendo que nos hagamos cargo del crecimiento económico y del empleo. 
Esto se conseguirá mejor eliminando los obastáculos que aún siguen existiendo para la consecución de un mercado interior operativo y encargándonos de que se apliquen en la práctica las decisiones adoptadas en Lisboa a través de medidas aprobadas por los propios Estados miembros, así como a través de inversiones en infraestructuras siguiendo el modelo de Suecia, y no dejándolo todo de la mano de los agentes de mercado para desentendernos del asunto dando un suspiro de alivio. 
Cabe preguntarse si los cientos de miles de millones de euros que los Estados se están gastando en las subastas de los nuevos espectros radioeléctricos están fomentando el acceso futuro de los ciudadanos a las redes a un precio módico para el usuario. 
Tras el caso Volvo-Scania, en las zonas periféricas de la Unión seguimos preguntándonos si el mercado interior existe verdaderamente, o si en el marco jurídico de la competencia son solamente las compañías de las zonas céntricas de mercado las que pueden beneficiarse de la economía de las fusiones para crecer en tamaño, mientras que las zonas periféricas de escasa población sí son zonas de mercado para aquellas compañías privilegiadas. 
Seguro que los países candidatos a la adhesión querrán saber, a su vez, en qué tipo de Unión se van a integrar en un plazo de diez a veinte años. 
Las grandes visiones, por una parte, y el boicot a Austria, por la otra, no estarán creando seguramente una atmósfera de demasiada confianza en esos países. 
Señor Presidente, creo que la cantidad y la calidad de los intervinientes sobre la Carta de los Derechos Fundamentales demuestra la importancia que tiene la Carta para este Parlamento. 
Y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero pedirle que la audiencia que van a tener ustedes el día 19 con el Presidente de la Convención, el Sr. Herzog, no sea un trámite. 
No se trata simplemente de escuchar al Presidente de la Convención, se trata también de escuchar cuáles son los problemas que se plantean en estos momentos a la Convención, de preguntarse cuál es el objetivo último de la Carta y saber qué va a suceder con la misma. 
Creo que ayudaría enormemente a la Convención que, en sus conclusiones, el Consejo Europeo se pronunciara sobre ese destino de la Carta, porque me parece que en estos momentos su elaboración ha demostrado que la Carta interesa a la gente. 
La participación de las ONG, la participación de la gente corriente demuestra a las claras que los europeos están interesados por la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Las cuestiones institucionales de la Conferencia Intergubernamental son enormemente importantes, pero no llegan a la gente. Creo que la Carta de los Derechos Fundamentales sí lo hace. 
La Carta debe ser el alma de la Unión Europea y, por tanto, en un momento en que estamos discutiendo sobre la ampliación, creo que el Consejo Europeo- que ha sido el impulsor de la elaboración de la Carta -, tiene que lanzar un mensaje político claro: la Carta va a ser una parte muy importante de la Unión Europea, la Carta constituye el alma de la futura Unión Europea. 
Por eso, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hago votos por que en las conclusiones de Feira, que leeremos todos con enorme interés, la Carta reciba el impulso que merece para que la Convención lleve a buen término sus trabajos. 
Con ello cumpliremos con el mandato de Salvador de Madariaga para quien Europa sería una realidad cuando lo sea en la conciencia de los ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías participantes en el debate, éste ha sido un debate importante que nos estimula mucho para el Consejo Europeo de Feira. 
Agradezco la calidad de las intervenciones, de las que la Presidencia tomará debida nota, como le compete. 
Este Consejo Europeo, como les he dicho, tendrá un orden del día muy cargado con la Conferencia Intergubernamental, la luz verde para que pase a abordar cooperaciones reforzadas y otros puntos. 
Debemos tener conciencia de que toda la Conferencia está balizada por las decisiones adoptadas en Amsterdam. 
Ésta no es la Conferencia Intergubernamental definitiva sobre la gran reforma de Europa, es una Conferencia que tiene un mandato preciso de perfeccionamiento técnico, sobre todo en relación con los sistemas decisorios, para permitir la ampliación. 
Tampoco podemos hacer que terceros países piensen que una excesiva prolongación de la Conferencia es deliberada para garantizar un excesivo aplazamiento de las ampliaciones. 
La ampliación va a resultar también muy consolidada en el Consejo Europeo, hay un informe sobre la marcha de los trabajos bastante positivo, la Política Común Europea de Seguridad y Defensa experimenta un avance fundamental, la aplicación del programa Tecnologías de la Información para Europa, la aprobación del plan de acción sobre la dimensión nórdica, la aprobación de la estrategia para el Mediterráneo después de la celebración de los dos primeros Consejos de Asociación con Palestina y con Israel, son aspectos importantes. 
Tampoco hay que olvidar la formulación del programa de acción exterior en el sector de justicia y asuntos de interior, el Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria, la Carta Europea de las Empresas Pequeñas y algunas resoluciones importantes en el sector económico y financiero, la entrada de Grecia en el euro y- como nosotros desearíamos también- una solución lograda para el problemas de los impuestos sobre los beneficios. 
Es un orden del día muy cargado, pero que muestra que todos los frentes, todos los ejes de actividad de la Unión Europea, están avanzando. 
La Unión Europea no está paralizada, sino al contrario, en sus frentes internos y también en la relación exterior está avanzando, lo que es extraordinariamente importante. 
Se ha planteado aquí la cuestión de la Carta de Derechos Fundamentales y yo quisiera subrayar ante sus Señorías que la propia Unión Europea adoptó una metodología para la elaboración de esa Carta. 
Es una convención y dicha convención está trabajando y aún no ha concluido su labor. 
Deberá concluirla y deberá que decidir muchas cosas, que aún no ha decidido tampoco, porque está trabajando: si la Carta es sólo un documento declaratorio de principio o se incorpora a los Tratados, incluso si la Carta va a ser uno de los primeros ejemplos de cooperación reforzada o no, cómo se aplica a los ciudadanos, si sólo a los europeos miembros de la Unión Europea o a otros residentes europeos en los países de la Unión Europea o a los extranjeros o incluso a los ilegales- es un problema que aún no está decidido -, cómo se articula con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cómo se articula con los tribunales nacionales y los tribunales europeos existentes o por remodelar. 
Comprendo el llamamiento que aquí se me ha hecho, pero quisiera dejar claro que no es una competencia directa de este Consejo Europeo. 
Para hacer avanzar el asunto, decidimos convocar al Presidente de la Convención, el Presidente Herzog, para hacer ese intercambio de puntos de vista de alto nivel, que impulsará mucho- no me cabe la menor duda- la labor para la elaboración de la Carta en el ámbito de la Convención. 
Quisiera decir también algo sobre la cuestión de Austria. 
Como saben sus Señorías, es una cuestión bilateral entre catorce países miembros de la Unión y un país que también es miembro de la Unión. 
Pero no es una cuestión de la Unión Europea o- digámoslo así- de los órganos de la Unión Europea. 
Ningún órgano de la Unión Europea ha adoptado deliberación alguna, aunque todos seamos, naturalmente, países de la Unión Europea. 
La Presidencia portuguesa ha tenido siempre la cautela de hacer esa distinción clara de que no se trataba de un asunto de la Unión Europea. 
¿Y para qué? 
Por un lado, para salvaguardar el funcionamiento normal de la Unión Europea y la realización del programa de la Unión Europea y, por otro, para no crear tampoco a Austria ningún impedimento en cuanto a su plena participación en la vida de la Unión Europea y en sus órganos. 
Siempre que se nos ha señalado alguna deficiencia en cuanto a ese procedimiento de principio, la Presidencia ha alertado a los órganos o instituciones para que no procedieran de esa forma. 
Ha sido una preocupación constante. 
El Primer Ministro portugués y yo hemos mantenido contactos con los otros trece y con Austria y seguimos manteniéndolos. 
Quisiera pedir a los diputados que han planteado ese asunto que tengan conciencia de que se trata de un problema muy difícil de plantear, si lo que se pretende es una solución inmediata. 
Considero que la perspectiva adecuada será la de tener en cuenta una idea de progresividad y que es muy difícil que una solución para esa cuestión se base en un diktat y que pueda haber evolución en la base del mantenimiento de ataques políticos permanentes a personas, personalidades políticas, gobiernos o incluso amenazas de la paralización del funcionamiento y las decisiones de la Unión Europea. 
Para que haya una oportunidad a ese respecto, es necesario que haya cierta contención, que haya cierto deshielo, que haya alguna pausa en cierta retórica política que la ha rodeado. 
Naturalmente, medidas que se adoptaron entre los Catorce y por consenso en un marco diplomático sólo podrán evolucionar también por consenso entre los Catorce. 
Para eso, es necesario también crear condiciones y pensamos que a ese respecto hay también creación de condiciones por parte de Austria en la forma como nos aborde sobre el tratamiento de este problema. 
Es necesario también crear condiciones para que los Catorce puedan establecer un nuevo consenso. 
Es necesario tenerlo en cuenta. 
Quisiera hacer encarecidamente un llamamiento a la moderación de sus Señorías, respeto mucho la corrección con que los diputados que lo han hecho han planteado el problema en esta sesión y lo tendré en cuenta, pero es necesario también crear condiciones para que pueda haber una oportunidad. 
Sin embargo, hay que tener conciencia de lo siguiente: el Consejo Europeo de Feira es un órgano de la Unión y en él no puede surgir oportunidad alguna, porque de lo que tenemos que tratar en él es del orden del día, de los ejes de actuación de la Unión, pero podemos abordar ese asunto en un marco bilateral antes del Consejo de Feira (en cierto modo lo que estamos haciendo, debo decirlo) , o, si no, después de ese Consejo, pero, por favor, no hagan que se centre en el Consejo de Feira un punto que no figura en el orden del día y que, si se orientara exclusivamente hacia el Consejo de Feira, acabaría resultando una línea perjudicial para los argumentos de quienes han planteado aquí, con mucha corrección, este problema. 
Para concluir, señor Presidente, quisiera decir que la próxima semana el Primer Ministro portugués hará aquí el balance de nuestra Presidencia; por mi parte, quisiera subrayar mismo también desde ahora y agradecer a Francia la forma como hemos cooperado para la transición de las Presidencias y agradecer muy en particular al Parlamento Europeo- al que nosotros hemos procurado impulsar en su papel de verdadera institución parlamentaria, a lo largo de nuestra Presidencia- toda la colaboración que ha prestado al programa europeo con la forma dinámica, viva, creativa y constructiva con que ha ejercido durante estos seis meses sus funciones de instancia parlamentaria de la Unión. 
Muchas gracias, señor Ministro. 
Le deseo a usted y a su gobierno una buena clausura de la Presidencia portuguesa. 
Señor Presidente, me gustaría simplemente agradecer al Presidente en ejercicio el cuidado y la atención que, como político, ha demostrado escuchando el debate y las preocupaciones que se han planteado. 
Me parece, señor Cox, que usted, en efecto, refleja de esta forma los sentimientos de muchos de nosotros. 
A continuación, tiene la palabra el Sr. Barnier, en nombre de la Comisión Europea, para que haga una breve intervención. 
. (FR) Señor Presidente, a pesar de que el orden del día está muy cargado, quisiera añadir algunas palabras, después de haber escuchado también muy atentamente a cada uno de los que han intervenido y después de darles las gracias por la calidad y por la franqueza de sus intervenciones. 
Quiero decir al Presidente Poettering y al Presidente Barón Crespo que confirmo ahora el compromiso que adquirí ayer ante ustedes, en nombre de la Comisión, a propósito del estatuto de los partidos políticos europeos. 
La Comisión asumirá sus responsabilidades. 
Tomará la iniciativa. 
Y, con el apoyo de su Presidenta, cuenta con poder aprovechar la próxima reunión tripartita para buscar, de acuerdo con las tres instituciones, el mejor camino posible, pero sin esperar preparamos esta iniciativa. 
Quisiera decir al Sr. Barón Crespo una cosa sobre Croacia. 
Tiene usted razón al señalar el carácter estratégico de este país, antiguo componente de Yugoslavia. 
Quiero decir, señor Presidente, que la Comisión prepara actualmente una negociación que debería iniciarse antes de final de año para un acuerdo de asociación y de estabilización con Croacia. 
A partir de ahora, durante el mes de julio, tendremos que redactar las directivas tendentes a entablar esta negociación. 
Así mismo, ya hemos empezado a negociar un acuerdo similar con Macedonia y, estamos madurando la idea de negociar otro con Albania. 
En tercer lugar, quisiera decir al Presidente Wurtz que no puedo aceptar que diga que la Comisión sería de algún modo barrida por no sé qué ola liberal invasora. 
Señor Presidente, la Comisión cumple su deber y asume sus responsabilidades. 
Lo hace principalmente cuando es fiel a las orientaciones y a las decisiones de un Consejo Europeo. 
Es lo que hacemos después de Lisboa. 
Pero lo hacemos también siendo fieles, señor Presidente, a la letra y al espíritu de los Tratados y, en especial, a un artículo del Tratado que tengo buenas razones para no olvidar, como es el artículo que garantiza el carácter específico de las misiones de servicio público. 
Entre estas dos exigencias trabajamos y hemos trabajado, principalmente, en la elaboración de la directiva relativa a los servicios postales, a la que usted ha hecho alusión, y me parece haber logrado un buen equilibrio. 
Usted ha reprochado a un cierto número de comisarios, y esto es lo más sorprendente, el haber dialogado con empresarios. 
Me parece que tenemos necesidad de ese diálogo con los empresarios, así como con sindicalistas, con organizaciones no gubernamentales, para hacer bien nuestro trabajo. 
Señor Wurtz, como usted bien sabe no sólo en Bruselas, y lo digo sonriendo, se reúnen hombres políticos de derechas o de izquierdas con empresarios. 
Por último, quisiera decir al Sr. Presidente Cox y a la Sra. Berès que comparto su opinión sobre los tiempos que hay que respetar en el gran debate europeo. 
Agradezco a un cierto número de grandes actores de la construcción europea, recientemente el Sr. Fischer, y antes que él, el Sr. Delors y otros, el haber abierto el debate. 
Para la construcción europea, en la que estamos volcados, Señorías, lo peor es el silencio, lo peor es la clandestinidad, y yo que negocio con otros esta reforma, temía este silencio. 
El Sr. Fischer y otros han dado oxígeno, una perspectiva. 
Necesitamos ese oxígeno, necesitamos esa perspectiva para el gran debate europeo. 
Pero, por favor, respetemos las etapas y franqueémoslas una a una. 
Hay un primer tiempo que debe respetarse, como usted ha dicho, señor Presidente, que es el de la reforma, con el fin de permitir que se inicie la ampliación en buenas condiciones y también para permitir otras reformas más adelante. 
Por lo tanto, respetemos los plazos y dediquémonos, durante los meses que tenemos ante nosotros, a llevar a buen término la negociación. 
No digo solamente a concluirla. 
Digo a llevarla a buen término. Llevarla a buen término en Niza. 
Y repito que para mí, la calidad de la reforma es más importante que el calendario. 
Llevar a buen término no es lo mismo que concluir. 
Debemos ahora poner todas nuestras energías, con la presidencia portuguesa que finaliza, con la presidencia francesa que va a comenzar, a fin de lograr una verdadera reforma en Niza para permitir la ampliación y, llegado el caso, permitir otras reformas más adelante. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy. 
Señor Presidente, no he logrado captar la atención del Presidente esta mañana. 
No deberíamos dejar pasar esta sesión plenaria sin destacar el hecho de que a la Premio Nobel y ganadora del Premio Sakharov, Aung San Suu Kyi, se le sigue negando la libertad. 
Hace exactamente diez años que ella y la Liga Nacional para la Democracia ganaron unas elecciones que los dictadores despreciaron completamente. 
Ha habido toda una década de dictadura en ese país. 
El próximo lunes Aung San Suu Kyi cumplirá 55 años. 
Para ella es un cumpleaños muy emotivo. 
En marzo, murió de cáncer su marido. 
Él pidió permiso para visitar a su querida esposa y decirle adiós. La junta militar de Birmania le denegó el permiso para verla. 
Los dictadores militares siguen aterrorizados de una pequeña y amable mujer que no tiene maldad, ni uniformes ni tanques que la protejan. 
Ella y el pueblo de Birmania no se rendirán. 
Lo que pido hoy es que el Parlamento Europeo haga lo que ella pide. Dice: "Por favor, usen su libertad para apoyar la nuestra". 
Pido al Presidente de este Parlamento que escriba a la junta militar de Birmania diciendo: detengan los abusos de los derechos humanos, vuelvan a la democracia, y den la libertad a Aung San Suu Kyi. 
Señora Kinnock, le doy las gracias por sus palabras. 
Me parece que ha hablado en nombre de muchos de nosotros. 
Nos sentimos solidarios con esta ganadora del premio Sajarov y haré llegar su petición a la Presidenta de este Parlamento. 
Tiene la palabra el Sr. Lechner sobre el orden del día. 
Señor Presidente, solamente quería poner muy brevemente en conocimiento de esta Asamblea un comunicado de prensa relativo a la votación de ayer que me acaba de llegar. Según el mismo, el fiscal general irlandés Nial Fennelly acaba de proponer al Tribunal Europeo de Justicia declarar nula la directiva de prohibición de competencia aprobada por mayoría en esta Asamblea debido a la ausencia de fundamento jurídico. 
Lo digo también porque ayer no se siguió mi solicitud y mi ruego de aplazar de nuevo el procedimiento y la votación en cuatro semanas. 
Creo que habría sido mejor para el tema que nos ocupa si la mayoría de la Asamblea dedicase más atención al fundamento jurídico y si lo examinase con mayor cuidado y si hubiese observado también con mayor atención la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en el asunto que se trató en su día. 
Recomendaría a la Comisión que retirase la propuesta aunque no se trate exactamente de lo mismo. 
(Aplausos) 
Señorías, eso ya no se va a debatir. 
Este es un tema que se sometió a debate ayer. 
Señor Presidente, me puedo imaginar perfectamente que algunos colegas, que en su día estaban en contra de esta directiva, ahora se sienten también satisfechos con ella. Y quiero felicitar al Sr. Lechner por ello. 
Afortunadamente, la directiva que se sometió a votación ayer es de índole tan distinta que no podemos esperar que haya un dictamen parecido del Abogado General o del Tribunal. 
La directiva de ayer está basada en tres directivas existentes, de las que dos han pasado por el Tribunal. 
Por lo tanto, estoy muy satisfecho con la votación que tuvimos ayer. 
Bien, se toma nota de ello. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, el que tome la palabra obedece a la existencia de dos errores graves en la traducción del punto 8 relativo a Austria. 
En el texto inglés que entiendo es el texto base figura: "asked the Council presidency". 
En el texto danés se ha traducido por la palabra "Consejo" y no se menciona la presidencia. 
Es un error político y de traducción grave. 
No obstante, hay además otro error, puesto que en el texto inglés se ha incluido la siguiente frase entre paréntesis: "with all the parties in the EU concerned" y esta frase sencillamente no aparece en el texto danés. 
Quiero solicitar una correcta traducción danesa del texto, puesto que me parece muy grave que se hayan cometido dos errores en el punto 8 sobre Austria que desde el punto de vista político desfiguran el sentido. 
Acabo de hacer una consulta a los servicios pertinentes y ellos han tomado nota de ello y harán las correcciones oportunas. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0505/2000) de la Sra. Lalumière, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la definición de una política europea de seguridad y de defensa común, de cara al Consejo Europeo de Feira 
Sobre el apartado 38: 
En este párrafo 38, se hace alusión a un "órgano interparlamentario europeo en materia de seguridad y de defensa". 
En la versión francesa se ha utilizado la palabra "órgano" con toda razón. 
Inicialmente, yo había propuesto el término "foro", pero después de discutirlo en la Comisión de Asuntos Exteriores, se llegó a un compromiso y hay que utilizar, no la palabra "foro", sino una equivalente en las diferentes lenguas. 
La palabra equivalente ha sido "organe" para el francés, "body" para el inglés y, probablemente, "gremium" para el alemán. 
Para las demás lenguas, mis conocimientos son insuficientes. 
Pero quería señalar este punto para poder rectificar las diferentes versiones lingüísticas. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, me opongo al intento del Sr. Lechner de confundir a esta Cámara sobre una decisión provisional emitida por el Tribunal Europeo de Justicia acerca de la prohibición de la publicidad del tabaco, y no acerca de las advertencias para la salud, que es sobre lo que votamos ayer. 
El Sr. Lechner debería saber que la decisión es provisional y que no tendremos una sentencia definitiva hasta el otoño. 
Asimismo, la Comisión de Asuntos Jurídicos no tuvo en cuenta el consejo de los servicios jurídicos del Parlamento en el sentido de que la base jurídica de esta directiva era correcta. 
Puedo entender la frustración del Sr. Lechner dado que él y algunos de los miembros de su grupo trabajaron estrechamente con la industria para intentar frustrar esta resolución, pero no podemos permitir que la política de la nota de prensa revoque las decisiones de esta Cámara. 
Gracias, señora McCarthy. 
He tomado buena nota de ello. 
Informe Murphy (A5-0154/2000) 
Señor Presidente, un aplauso a nuestro Parlamento por haber aprobado esta directiva que obliga a las empresas que pagan con retraso a pagar un 7%. 
He votado a favor, es un buen resultado, pero ¿cuánto tendremos que esperar aún para que este Parlamento apruebe un interés de demora y una indemnización si los que se demoran en el pago son los Gobiernos, si las que se demoran en el pago de las pensiones son las entidades que gestionan las pensiones? 
Las pensiones se pagan con retraso en todos nuestros Estados. 
Y ¿por qué no tenemos que indemnizar con el mismo 7% también a los ciudadanos que reciben con retraso un pago de las entidades públicas? 
Por esto he votado a favor confiando en que se dé también este otro paso más. 
Señor Presidente, en la segunda lectura he votado tanto en contra del acortamiento del plazo de pago de 30 a 21 días como del montante propuesto de los intereses del 8%. 
Sigo siendo del convencimiento de que unos intereses por el importe originario propuesto por el Consejo del 6% correspondería mejor al tráfico comercial. 
No puedo estar totalmente de acuerdo con el compromiso encontrado en el Comité de Conciliación pero he votado a favor del texto presente ante la importancia del contenido de esta directiva para el comercio transfronterizo y el funcionamiento del mercado interior. 
. (FR) En primer lugar, quiero felicitar al ponente y a mis colegas que han participado en las reuniones de conciliación y que han tenido que batallar mucho con un Consejo de Ministros más que reticente a que avance la legislación sobre las demoras de pago, lo cual es absolutamente escandaloso teniendo en cuenta las expectativas económicas depositadas en las pymes. 
Hay que darse bien cuenta de que las demoras de pago constituyen la principal causa de los casos de insolvencia que amenazan la supervivencia de las empresas y que provocan numerosas quiebras que se traducen en despidos. 
Las reglamentaciones nacionales tendentes a regular este problema difieren considerablemente de un Estado miembro a otro. 
De ahí el interés por aprobar lo más rápidamente una legislación que trate de armonizar, a escala europea, las disposiciones relativas a las moratorias de pago, a las fechas de vencimiento y al tipo de interés legal. 
Se trata de establecer un marco jurídico para poner freno a las demoras de pago y dar a los acreedores el derecho a una justa compensación en caso de pago atrasado. 
Este es el objeto de la directiva que hoy debatimos. 
Las negociaciones sobre este texto fueron difíciles. 
Finalmente, el 29 de mayo último, se adoptó una posición común. 
El Parlamento Europeo ha salido victoriosos en varios puntos cruciales de estas largas negociaciones. 
Los puntos de divergencia entre el Parlamento y el Consejo han cristalizado principalmente en la diferencia de tratamiento entre el sector público y el sector privado que, finalmente, se han puesto en un plano de igualdad. 
Por lo que se refiere a la reserva de propiedad, el Parlamento ha conseguido imponer que esta disposición figure en el texto de la directiva. 
De este modo, los Estados miembros deberán vigilar que el vendedor se reserve la propiedad de los bienes hasta el pago íntegro, dentro del respeto a las disposiciones nacionales aplicables. 
Por lo que respecta a la cláusula antiabuso, el Parlamento Europeo ha rechazado que se prime la libertad contractual en detrimento del acreedor. 
La directiva prevé, por tanto, que cuando un acuerdo tenga por objeto principal facilitar al deudor liquidez suplementaria a costa del acreedor o cuando el contratante principal imponga a sus proveedores y subcontratantes condiciones de pago que no se justifiquen con las condiciones que se le aplican, tales disposiciones puedan considerarse como factores constitutivos de abuso. 
En cuanto a la indemnización, poniendo aparte los casos en los que el deudor no es responsable de la demora, el acreedor tiene derecho a reclamar al deudor, como consecuencia del acuerdo, una indemnización razonable por todos los gastos de cobro en los que haya incurrido. 
Esta indemnización podrá incluir los gastos de préstamo o de descubierto bancario del acreedor, los gastos administrativos de cobro realizados por la empresa acreedora, los gastos de cobro de las entidades de cobro de deudas y los gastos de cobro derivados de proceso judicial. 
En relación con los intereses, el Parlamento y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre un tipo del 7% a añadir al tipo aplicado por el Banco Central Europeo, lo que hace un total del 10,5 % en la actualidad. 
En cuanto a la moratoria de pago, el Parlamento Europeo quería establecer el plazo al comienzo del cual son exigibles los intereses en 21 días y no en 30 días a partir de la fecha de recepción de la factura como prevé el Consejo. 
Finalmente, el plazo de 30 días se ha mantenido, pero se ha contemplado que esto puede dar lugar a una acción en reparación del daño cuando constituya un abuso manifiesto con respecto al acreedor. 
Para finalizar, diré que el resultado de la conciliación es satisfactorio puesto que se han admitido numerosas propuestas del Parlamento Europeo. 
Por tanto, he votado a favor de este texto. 
Aunque soy consciente de que lo que hago aquí no tiene ningún interés para otros miembros de esta institución, mi verdadera audiencia la constituyen mis propios electores. Es a ellos a quien deseo explicarles mis acciones. 
Consecuentemente, he de hacer constar- por motivos que no puedo exponer por falta de espacio- que no creo que esta directiva pueda abordar o vaya a abordar los problemas reales de las empresas. 
Pero, sobre todo, estoy en contra de esta directiva porque saca a relucir la naturaleza extraña del sistema en el que está enredado el Reino Unido. 
El hecho clave es que se presentó por primera vez a esta asamblea el 17 de septiembre de 1998. 
Eso fue antes de las últimas elecciones europeas. 
En otras palabras, tenemos un nuevo Parlamento elegido por un nuevo electorado. Pero a pesar de eso, la directiva continúa. 
Esto demuestra que el cambio de Parlamento fue puramente cosmético: una farsa. 
Lo único que se le ha permitido hacer a todo el electorado es mover las sillas de la cubierta del Titanic. 
Mientras tanto, el proyecto sigue hundiéndose en la ciénaga burocrática. 
Espero que esté aquí para verlo desaparecer definitivamente pero, mientras tanto, he votado en contra de esta medida. 
Felicito a mi colega laborista, Simon Murphy, por su recomendación de aprobar el acuerdo alcanzado en el Consejo para hacer frente a la morosidad en las transacciones comerciales. 
Esto demuestra una vez más el compromiso de los laboristas con la creación de un entorno en el que los emprendedores y las empresas puedan prosperar en toda Europa. 
La morosidad ahoga con frecuencia a muchas empresas viables, en especial a pequeñas y medianas empresas. 
Como consecuencia, muchas se ven trágicamente obligadas a la quiebra sin tener ninguna culpa. 
Esta medida, sin embargo, ayudará a que las pequeñas empresas puedan defenderse. 
Los acreedores tendrán derecho a cobrar un tipo de interés legal del 7% sobre las deudas, lo cual animará a los deudores a pagar pronto. 
Asimismo, si las deudas no se reembolsan, los acreedores podrán también reclamar a los deudores compensación por los costes de reintegro. 
Al introducir una mayor seguridad en las transacciones comerciales en Europa, las pequeñas empresas ganarán confianza en el comercio, no sólo en el Reino Unido, sino en todo el Mercado Único europeo. 
Pertenecer al Mercado Único, el mayor bloque comercial del mundo, es crucial para los puestos de trabajo del noroeste. 
Casi el 40% de las pequeñas y medianas empresas de la región tienen relaciones comerciales con otros Estados miembros de la UE. 
Como parte del Mercado Único de la UE, tienen acceso a más de 370 millones de clientes potenciales- más de 6 veces Gran Bretaña. 
En unos pocos años, tras la ampliación de la Unión Europea, tendrán acceso a 500 millones de clientes potenciales- tantos como el mercado americano y japonés juntos. 
El gobierno laborista está decidido a hacer que el Mercado Único funcione para las empresas británicas. 
Al ofrecer a las empresas del Reino Unido confianza para llegar a estos mercados, esta medida contribuirá a ese objetivo y aumentará el comercio, el crecimiento y el empleo tanto en el noroeste como en toda Gran Bretaña. 
Informe Maaten (A5-0160/2000) 
Señor Presidente, y bravo por este Parlamento que ha votado a favor del mantenimiento de estas excepciones a la importación de productos alcohólicos y del mantenimiento de los impuestos especiales. 
A menudo pienso que los ministros de Hacienda cuando ven a alguno de nosotros, a algún ciudadano- entre los que hay muchos pensionistas- beber whisky, vodka, alcohol en general, dicen: " ¡Qué bien! 
Nuestros impuestos aumentan. 
Podemos sanear nuestro presupuesto ". 
¿Pero es posible que los sistemas fiscales de nuestros Estados tengan que sacar beneficios cada vez que bebemos una copa de vino? 
No estoy de acuerdo y por esto he votado en contra. 
. (SV) Hemos votado en contra de la aprobación del acuerdo entre la Comisión y el gobierno sueco para eliminar gradualmente las excepciones para las importaciones de alcohol y tabaco en Suecia. 
El gobierno sueco ha cedido ante la burocracia comunitaria, abandonando su posición anterior de que los asuntos que se relacionan con impuestos puntuales deberán ser decididos unánimemente por el Consejo. 
Su conducta también es una traición a las promesas de los partidarios del "Sí" con ocasión del plebiscito sueco. 
Esta promesa hizo que la poderosa liga antialcohólica no actuase en contra de la adhesión sueca, cosa que, probablemente, fue determinante para la incorporación de Suecia a la UE. 
Sin embargo, nos satisfacen muchas partes del informe Maaten, que, de forma contundente, declara que la política de alcohol es un asunto que se relaciona con la salud y no únicamente con el mercado interior y la política agrícola, como sostiene la Comisión. 
Sin embargo, las conclusiones del informe Maaten, en nuestra opinión, se contradicen con el espíritu y los argumentos contenidos en el propio informe. 
. (SV) Desde que Suecia se incorporó a la UE se han permitido cuotas de importación de bebidas alcohólicas y de productos del tabaco destinados al uso privado. 
Como Ministro de Agricultura negocié esta excepción al artículo 26, directiva 92/12 CEE, con ocasión de la incorporación sueca a la Unión en 1994, y esta excepción ya ha sido prolongada una vez. 
A mi juicio, esta excepción para Suecia ha estado sujeta a plazo, un día terminaría y empezarían a regir las directivas comunitarias. 
Mediante sus gestiones, el gobierno sueco ha contribuido a crear confusión en torno a este hecho en los debates de los últimos años. 
Esto también ha significado que, a pesar de conocerse las características de las excepciones, no se han adoptado las medidas necesarias para adaptar el mercado interno y los instrumentos de la política de alcohol. 
Ahora, después de su compromiso formal con la Comisión para aprobar el acuerdo, el gobierno sueco tiene que entender que debe cambiar su política de alcohol y buscar otros métodos para controlar el consumo en el país y para limitar los daños relacionados con este consumo. 
Es hora de que lo entiendan en el gobierno. 
Considerando el resultado de las negociaciones de adhesión y al manejo que de este asunto ha hecho el gobierno socialdemócrata, no puedo sino votar a favor del informe. 
. (SV) Desde el ingreso de Suecia a la UE, los cristianodemócratas suecos hemos trabajado para que la excepción de importación de alcohol contenida en la Directiva 92/12/CEE tenga el carácter de permanente. 
Opinamos que esto es una condición para seguir aplicando la exitosa política que, en relación con los demás países comunitarios, ha disminuido las enfermedades relacionadas con el alcohol y, consecuentemente, ha redundado en una mejor salud pública. 
Ahora que la Comisión reprueba los argumentos suecos y hace hincapié en el funcionamiento del mercado interior, tememos que la política de alcohol se dañe seriamente en Suecia. 
También carece de lógica que, por una parte, se prohiba por razones de salud pública la exportación de rapé sueco a los países comunitarios y, por otra, tratándose de la importación de alcohol, se aluda al libre mercado olvidando esas mismas razones. 
Pensamos que es muy lamentable que el gobierno socialdemócrata sueco no haya optado por tener una línea más dura en esta materia. 
El sometimiento del asunto al conocimiento de los tribunales, argumentando razones de salud pública, habría sido una posibilidad que no se utilizó. 
Puesto que opinamos que tanto el gobierno sueco como la Comisión Europea han actuado erróneamente en esta materia, optamos por manifestar nuestro rechazo votando en blanco en la votación sobre prórroga de las excepciones suecas contenidas en la directiva. 
Señor Presidente, deseo dejar constancia, en nombre del Grupo del Partido de los Socialista Europeos, de que nuestro voto sobre la resolución final ha sido de abstención, a pesar de apoyar claramente la resolución en los temas que son competencia del Consejo Europeo de Feira, es decir, la Conferencia Intergubernamental y la Agenda económica y social. 
En relación con el caso de Austria, entendemos que, en primer lugar, la resolución del Parlamento Europeo, votada en su momento, sigue siendo vigente porque no se han producido nuevos acontecimientos; porque no es un tema en sí comunitario, sino que se plantea entre los catorce Estados miembros; porque, además, mi Grupo apoyó que el Presidente Klestil compareciera y tomamos buena nota de sus propuestas positivas, que precisamente se relacionan con temas que son competencia de la Comisión- que no está presente -, como puede ser la aplicación del artículo 7 y el reforzamiento de nuestra comunidad de valores. 
Entendemos que no ha sido oportuno para mejorar el proceso esta inclusión, es extemporánea, y, además, creemos que la mejor vía para poder encontrar nuevas condiciones no es que un partido que, como ha dicho aquí hoy mismo el Sr. Galeote, ha puesto condicionamientos y, además, ha exigido garantías a un partido que forma parte del mismo Grupo y que está en el Gobierno en Austria, no se plantee ni siquiera eso. 
Además, no es aceptable que tengamos que estar sufriendo una campaña de provocaciones, bravatas y desplantes no sólo por parte de miembros del Gobierno austríaco, sino por parte de las fuerzas políticas que lo apoyan. 
No es ésta la mejor manera para poder mejorar nuestras relaciones. 
Por esa razón, porque creemos que hay que seguir trabajando por la Unión Europea y no creemos que la buena vía sea tratar de encontrar atajos en un tema tan serio, por esa razón nos hemos abstenido. 
Señor Presidente, la preparación del Consejo Europeo de Feira que va a celebrarse la semana próxima parece dar lugar a un pulso, entre bastidores, entre los que quieren ampliar y los que quieren reducir el orden del día de la Conferencia Intergubernamental. 
Detrás de esta divergencia se esconde otra: entre los primeros, que son partidarios de un gran salto hacia adelante federalista, y los realistas que empiezan a preguntarse si una Europa totalmente integrada- económica y políticamente- es una buena solución a la ampliación y al déficit democrático. 
Debo decir con cierta satisfacción que la segunda categoría parece estar en vías de prevalecer, lo cual nos agrada enormemente. 
El único punto que habría que añadir nos parece totalmente aceptable, puesto que se trata de abrir más la posibilidad de las cooperaciones llamadas "reforzadas". 
Nosotros, además, preferimos llamarlas "cooperaciones diferenciadas", para demostrar claramente que no se trata de meter a Europa en una vía de dirección única hacia el federalismo sino, al contrario, de dejar a los países miembros explorar libremente, en formaciones de geometría variable, las cooperaciones que les parezcan más adecuadas a su visión del futuro y a sus intereses. 
De cualquier forma, cualquiera que sea el epíteto elegido: cooperación "reforzada" o "diferenciada", lo principal para nosotros es dar el primer paso e iniciar la discusión desbloqueando un sistema europeo que hoy está completamente gripado. 
Añado, que las nuevas cooperaciones diferenciadas deberían ser aplicables, en nuestra opinión, a la política de seguridad, de forma que ésta pueda desarrollarse fundamentándose en el carácter voluntario y el respeto a las soberanías nacionales. 
Por último, si el Consejo de Feira examina la cuestión de la Carta de Derechos Fundamentales, le solicitamos que no la incluya en el orden del día de la CIG, con el fin de que tome, desde ahora, la vía de un documento declarativo no integrado en el Tratado. 
Como ya he tenido ocasión de decir en este hemiciclo y en el recinto encargado de la preparación de la Carta, sería ciertamente interesante proclamar nuestros valores comunes- si se hace bien- pero no hay que quitar a nuestros pueblos la libertad de que establezcan ellos mismos los derechos de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, lamento que se vea usted obligado a permanecer aquí más tiempo- sé que tiene usted hambre- pero esto demuestra un poco hasta que punto- y es en calidad de vicepresidente como me dirijo a usted- este período de explicaciones de voto atrae la atención de sus Señorías y cómo, en el proceso de reestructuración que está usted estudiando, convendría examinar si, en lo referente a los grandes temas, no sería oportuno que las explicaciones de voto pudieran tener lugar- como ocurría hace tiempo- antes de la votación y no en un momento en el que todo el mundo se aburre porque sólo podemos estar aquí para escucharnos los unos a los otros. 
Por lo que a mí respecta, he intervenido en nombre de los radicales italianos en esta explicación de voto para justificar nuestro voto positivo, para subrayar que esta resolución contiene, a pesar de todo, elementos importantes, incluida esta necesidad de diálogo, esta necesidad de superar la fase- que no ha sido constructiva- de las pseudosanciones relativas a Austria y para incluir en el acta de esta reunión que en la votación se incluye también un pregunta importante que formulamos el pasado mes de abril y que hemos reiterado ahora, a saber, la de revisar el asunto de la sede de las instituciones. 
El Parlamento lo ha dicho muy claramente. 
Ayer, lo hemos demostrado muy concretamente con la abolición del viernes. 
Pienso que ha llegado el gran momento de que en las reformas del Tratado sea tenida en cuenta nuestra voluntad de solicitar, por fin, un estatuto que nos haga dueños de nuestra actuación, y dueños de nuestras decisiones en relación con la sede y el lugar de nuestra institución. 
Esto es lo que hemos dicho y por ello es por lo que hemos votado a favor. 
Señoría, con respecto a la primera parte de su intervención, efectivamente, estamos haciendo una reforma interna de esta Casa. 
Se ha iniciado el debate y en otro momento se tomará también en cuenta su opinión sobre las explicaciones de voto. 
Gracias por su respuesta. 
Señor Presidente, he observado que la Enmienda nº 11 recogía la propuesta de que la Comunidad adoptara medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad sólo en la medida en que los objetivos de las acciones propuestas no pudieran alcanzarse de modo adecuado por los Estados miembros o- y hago hincapié en esto- sus estados constituyentes con poderes legislativos conferidos por la legislación constitucional nacional. 
Creía que parte de la enmienda era muy valiosa aunque había otros aspectos de la misma que no podía apoyar. 
Lamento que la cuestión de la subsidiariedad esté en lo sustancial ausente en la resolución de Feira. 
Por ese motivo no he votado a favor de la misma. 
Señor Presidente, nosotros, los conservadores suecos del PPE-DE, trabajamos a favor de una rápida ampliación de la Unión y no queremos retrasar la Conferencia Intergubernamental. 
En la resolución se propone la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado, durante la actual Conferencia Intergubernamental. 
Tal Carta es necesaria para dar a los ciudadanos de la Unión, actuales y futuros, garantías propias de un estado de derecho. 
Hay fuerzas izquierdistas que quieren incluir objetivos sociales. 
Nuestro criterio es que la incorporación de derechos económicos y sociales, que difícilmente pueden reclamarse ante los tribunales y que afectan a la presión fiscal nacional, puede perjudicar a la Unión. 
Señor Presidente, intervengo brevemente para justificar mi abstención. 
Estoy evidentemente de acuerdo con lo esencial del texto tal como se ha votado, que afecta a lo institucional, que afecta igualmente a las consecuencias del Consejo Europeo de Lisboa, a los aspectos relativos a la política fiscal y muy acertadamente a la problemática de la seguridad alimentaria. 
Pero no he podido votar a favor dadas las condiciones de votación del párrafo 8 relativo a Austria. 
Creo que el Presidente en ejercicio del Consejo ha hecho una aclaración sumamente importante en cuanto al método seguido por los Catorce y solicitando específicamente al Parlamente que no plantee la votación para permitir que los contactos entre los Ministros de Asuntos Exteriores que están teniendo lugar actualmente puedan arrojar resultados. 
Me sorprende, y me uno en esto a lo que ha dicho el Sr. Dell ' Alba, de que nuestro Parlamento conceda tan poco valor al concepto de debate parlamentario, pues si hubiera existido la posibilidad, y en este sentido la reforma era importante, de discutir y de que los grupos adoptaran una postura después de la intervención del Presidente del Consejo, tengo la certeza de que la votación no habría sido la que se ha registrado. 
He aquí la razón por la que me he abstenido. 
. (FR) En el momento de votar sobre la resolución común a la vista de la Cumbre de Feira, quiero proclamar con fuerza la importancia del trabajo de la presidencia portuguesa, su capacidad para escuchar, su dinamismo y su disponibilidad. 
Quiero decir también que aunque todo lo que yo hubiera deseado no figura lamentablemente en la resolución común- en particular sobre la necesidad de una directiva marco sobre los servicios públicos- muchas propuestas me agradan, y que es sin duda, sobre todos estos puntos, una de las mejores resoluciones que hemos tenido que examinar en la composición política actual del Parlamento Europeo. 
Desgraciadamente, en esta resolución, la derecha ha introducido un punto relativo a Austria. 
Esto para mí es totalmente inaceptable en un momento en el que "varios indicadores están en rojo" y numerosos hechos demuestran que la alianza con la extrema derecha austríaca comienza a causar estragos. 
Más que nunca, tenemos que combatir contra los fascistas, los neofascistas y sus cómplices. 
Es incluso el futuro de Europa el que está en juego. 
Y por esto, cualquiera que sea la calidad de un texto consagrado a Feira, al trabajo y a las conclusiones de la presidencia portuguesa, para mí no podría servir para validar, incluso al margen, incluso entre líneas, una alianza vergonzosa, con consecuencias que podrían ser dramáticas para Europa. 
¡De ahí mi abstención militante sobre este texto! 
¡Vergüenza debería darles a esos aprendices de brujo! 
¿Cómo es posible que, 60 años después de la invasión nazi de 1940 y 55 años después del final de un horrible conflicto europeo y mundial, algunos puedan tener, por razones básicamente electoralistas, "una memoria tan frágil"? 
. (NL) Los eurodiputados del SP y PS se han abstenido en la votación sobre la resolución de la preparación de la Cumbre de Feira. 
Con la adopción del llamamiento a los líderes políticos de revisar su postura hacia el gobierno austríaco, se abre la puerta para una banalización de la extrema derecha de ese gobierno. 
Esto es inaceptable para nosotros. 
Los eurodiputados belgas del Grupo parlamentario PSE lamentan no haber podido adoptar esta resolución, que por otra parte fue muy firme. 
En general los Liberales apoyan la moción, pero habríamos preferido un texto más breve y agudo que se centrara exclusivamente en la parte política del Consejo Europeo y presentará mensajes claros a los jefes de gobierno. 
El Grupo ELDR ha solicitado votaciones separadas sobre diversos elementos de la Moción Conjunta de Resolución, del siguiente modo: en el párrafo 7 pretendemos suprimir la segunda mitad de la frase para reforzar el imperativo de la ampliación; en el párrafo 9 pretendemos eliminar el último apartado porque sabemos que el gobierno libanés está de hecho intentando recuperar el control sobre todo su territorio, pero fuerzas que escapan a su control se lo impiden; en el párrafo 14 pretendemos suprimir la referencia a la OTAN dado que a todos los Estados miembros de la UE les afecta directamente esta cuestión; en el párrafo 19 pretendemos suprimir la referencia al Observatorio del Cambio Industrial; y en el párrafo 24 pretendemos centrar el texto en el mensaje político que se necesita para Feira. 
Esta resolución recoge muchos puntos que yo respaldo plenamente sobre la CGI, sobre la Carta de Derechos Fundamentales y sobre otros aspectos de la política comunitaria. 
Sin embargo, no me veo capaz de apoyarla debido a la inclusión del apartado 8 sobre Austria. 
Yo me sentí orgulloso de la UE cuando impuso sanciones a Austria en el momento en que se formó la nueva coalición a causa de las opiniones y acciones del Partido Liberal: un partido por el que corre la xenofobia como Blackpool corre por las rocas; un líder que ha alabado a Hitler y a las Waffen SS, que se niega a condenar los bombardeos terroristas contra Roma y que felicita a los veteranos de guerra nazis por mantenerse fieles a sus principios. 
Desde entonces poco ha cambiado. 
Los ministros del Partido Liberal siguen difundiendo eslóganes del partido nazi y retórica de los años treinta y cuarenta. 
Todavía es demasiado pronto para permitir que Austria vuelva plenamente al redil europeo. Esto transmitiría el mensaje equivocado al Partido Liberal y a sus compañeros de viaje de otros lugares de Europa. 
En memoria de las víctimas del ayer votaré "no" a su colaboración con los criminales del mañana. 
. (EL) Ningún trabajador puede ni debe hacerse ilusiones. 
La adhesión de Grecia a la tercera fase de la UEM, que será aprobada en el Consejo Europeo de Feira, supondrá dosis superiores de política antiobrera y antipopular en general; por mucho que el gobierno griego pretenda presentarla como un triunfo para nuestro país. 
Es de sobra sabido por todos que los trabajadores griegos y el conjunto del pueblo griego han pagado ya un alto precio por la plena adhesión de nuestro país a la UEM. 
Tras la decisión de Feira, los mismos trabajadores y el mismo pueblo seguirán pagando el coste de la "sostenibilidad", es decir, de nuestra permanencia en la UEM, mientras las grandes empresas y los monopolios seguirán intensificando la explotación y aumentando sus beneficios. 
El Consejo de Feira está llamado a impulsar de modo aún más decidido las opciones del gran capital. 
A impulsar a un ritmo más rápido la militarización de la Unión Europea, con la creación del ejercito europeo, cuyas principales misiones serán intervenir en terceros países y sostener el capitalismo en los países de UE, en contra del movimiento popular. 
Este Consejo reforzará las medidas para garantizar la "seguridad interior" del gran capital mediante la estrategia de controlar y golpear al movimiento popular en el marco de la incorporación del Acuerdo de Schengen a la UE. 
La nueva modificación de los Tratados que se impulsa con la Conferencia Intergubernamental va a ser asunto central del Consejo de Feira. 
El objetivo es la institucionalización de ciertas opciones fundamentales de los monopolios que crearán condiciones aún más negativas para los trabajadores, las capas sociales más débiles y los países "menos poderosos". 
En nombre de la "efectividad", la abolición del veto, la generalización de la mayoría cualificada en la toma de decisiones y, especialmente, la institucionalización de la "cooperación reforzada" y de la "flexibilidad" están al servicio precisamente de esas opciones de los monopolios. 
Permiten a los países más poderosos avanzar a otro ritmo y con otro paso en la explotación de los países y los pueblos. 
La agenda del Consejo de Feira incluye también una nueva entrega de la destrucción de los derechos sociales de los trabajadores, en primer lugar el de la seguridad social. 
El informe del "comité de sabios" y las decisiones finalmente adoptadas estarán orientadas, con el pretexto de afrontar el paro, a la abolición de derechos que los trabajadores conquistaron con luchas, sacrificios y sangre; derechos ahora sacrificados en el altar del aumento de los beneficios de los monopolios y de la "competencia", de la disciplina presupuestaria y del apoyo al euro. 
Los trabajadores no dejarán todo esto sin repuesta, se opondrán a las opciones de los monopolios y defenderán sus intereses. 
En esa lucha de los trabajadores el Partido Comunista de Grecia se encontrará como siempre decididamente a su lado. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo no hemos votado hoy ni a favor ni en contra de la resolución común relativa a los preparativos del Consejo Europeo a celebrar en Feira el 19 y 20 de junio de 2000. 
Hemos actuado así porque el informe envía importantes señales políticas que siguen el camino de la Cumbre de Lisboa del pasado mes de marzo, especialmente sobre el empleo, la economía y la lucha contra el aislamiento social con ayuda del método de coordinación abierto además de sobre los esfuerzos por evitar la competencia fiscal ilegal y también por garantizar alimentos sanos. 
No obstante, la resolución contiene también un largo párrafo sobre la Conferencia Gubernamental en marcha, y a este respecto nos gustaría repetir que nuestro voto positivo sobre la resolución conjunta no se ve modificado por nuestra percepción fundamental de que una ampliación del orden del día, la constitucionalización del Tratado, incluida la incorporación de la Carta sobre derechos fundamentales al Tratado con efectos jurídicos vinculantes, no aumenta las posibilidades de alcanzar un resultado satisfactorio en Niza en diciembre, lo que es absolutamente fundamental si se quiere que la ampliación pueda ponerse en marcha cuando los países estén preparados para ello. 
De ahí que de manera aislada no hayamos podido votar a favor de este párrafo. 
En la resolución aprobada sobre el Consejo Europeo de Feira, en relación con el párrafo 8, relativo a la cuestión austríaca, el Parlamento acaba adoptando una posición de gran hipocresía y en flagrante contradicción con todas las posiciones que ha defendido anteriormente ante este problema. 
A mi modo de ver, no se trata de estar en contra del principio de normalización de las relaciones con Austria. 
Se trata de la oportunidad y del momento en que debe darse ese cambio político. 
En el marco de una resolución dirigida al Consejo Europeo, éste debe ser el que tome en sus manos ese cambio político aprovechando su reunión de Feira. 
Ahora bien, lo que el texto afirma no es eso; al contrario, pide que lo haga la Presidencia portuguesa. 
Resulta evidente que en esta fase y a cuatro días de la celebración del Consejo Europeo, a éste en conjunto, como órgano máximo de la Unión, incumbe aprovechar la circunstancia histórica para actualizar la política de la Unión ante Austria. 
Lo que se ha pretendido con la incumbencia atribuida a la Presidencia portuguesa ha sido concentrar las responsabilidades de lo que llegue a suceder en los hombros de un único país, que por sí solo no puede resolver, extemporáneamente, un problema que es de todos. 
Por no hablar de las motivaciones que pueden explicar esta aprobación, que son, desde el punto de vista de la política de fondo, difícilmente comprensibles. 
¿Qué es, a fin de cuentas, lo que ha cambiado en Austria? 
¿Ha caído el Gobierno? 
Por fortuna, esa pequeña parte del texto no invalida su contenido global, que considero positivo. 
Por desgracia, ha quedado claro que ha sido mucho más para servir a los pequeños intereses del componente portugués del PPE para lo que este Grupo ha adoptado esta posición que por la convicción y sentido de la utilidad de semejante voto particular. 
El EPLP ha votado a favor de la resolución sobre el Consejo Europeo de Santa María de Feira del 19 y 20 de junio de 2000 pero no apoya el párrafo 19. 
La postura del gobierno del Reino Unido, que el EPLP respalda, es que es mejor que este tipo de negociación se lleve a cabo por los consejos de trabajo. 
Nosotros creemos que sería más eficaz para avanzar en el Estatuto de Empresas Europeas. 
. (FI) He votado a favor de esta Resolución, pero quisiera llamar la atención del Consejo Europeo sobre la imperante necesidad de aprobar el plan de acción sobre la dimensión nórdica en la Cumbre de Feira, así como de la ejecución íntegra del mismo. 
Creo que a través del plan de acción sobre la dimensión nórdica podremos incrementar la estabilidad y la seguridad de las regiones en todo el territorio europeo12, así como impulsar el desarrollo político-económico de Europa en las regiones septentrionales. 
. (SV) He votado en contra de la resolución por los siguientes motivos: 
1. 
En la resolución no se menciona que se dará prioridad en todos los campos políticos comunitarios al desarrollo sostenido y a la integración de los asuntos medioambientales. 
2. 
En la resolución no se rechaza la militarización de la UE y tampoco se reconoce que todas las operaciones militares deben obedecer a un mandato de la ONU. 
3. 
En la resolución tampoco queda claro que la Carta de Derechos Fundamentales no puede estar en contradicción con otras convenciones internacionales o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
4. 
En la resolución no se hace hincapié en que la ampliación debe tener la más alta prioridad. 
Política de seguridad y de defensa (B5-0505/2000) 
Señor Presidente, las Sras. Cauquil y Bordes, que están también presentes, se suman a esta explicación. 
Hemos votado en contra de esta resolución para afirmar nuestra oposición tanto a un ejército común europeo como a los ejércitos nacionales. 
El medio siglo pasado demuestra que los ejércitos de las grandes potencias imperialistas de Europa, aliados unos con otros o cada uno en su vedado, no han servido para defender a la población, sino para llevar a cabo guerras de bandidaje. 
En particular, el ejército francés fue utilizado para guerras coloniales: Madagascar, Indochina, Argelia. 
Una vez que estas colonias obtuvieron la independencia, ha intervenido para sostener dictaduras infames, especialmente en sus antiguas colonias de África. 
Lo mismo ha ocurrido con las expotencias coloniales europeas en la misma situación. 
Los ejércitos europeos que han intervenido recientemente en Serbia y Kosovo no tienen ciertamente de que vanagloriarse. 
El autor del informe se guarda bien de precisar contra qué enemigo lucharía el futuro ejército europeo. 
Entonces, para qué servirá y contra quién, si no es para poder continuar, en nombre del conjunto de la Unión Europea, el juego político-comunitario de las grandes potencias europeas en África, en las Antillas o en otra parte. 
En consecuencia, rechazamos no sólo votar cualquiera que sea el medio, humano o financiero, a favor de este ejército, sino que nos revelamos contra su existencia. 
Señor Presidente, quiero emitir las explicaciones de voto en nombre de mi delegación e indicar por adelantado que queremos dar nuestro voto favorable a la enmienda nº 26 y al apartado 27. 
Naturalmente, estamos a favor de una solución pacífica de la crisis y del mantenimiento de la paz. 
Después de los terribles acontecimientos de este siglo nadie de nosotros quiere vivir enfrentamientos bélicos. 
Sin embargo, la crisis de los Balcanes ha mostrado los puntos flacos de la Unión. Por ello, estamos a favor de la creación de una política de seguridad y de defensa efectiva de la Unión con una identidad propia. 
Tenemos que aprender de los acontecimientos de la guerra de los Balcanes para que no se produzca jamás de nuevo un desastre similar. 
Como consecuencia del Tratado de Amsterdam, las tareas de Petersberg han pasado a la competencia de la Unión. 
Sobra el artículo 5. 
Estamos a favor de la inclusión de este artículo como protocolo al Tratado de la UE, pero queremos subrayar que debe quedar bajo la soberanía de los Estados miembros adoptar la decisión sobre la participación en acciones militares. 
. (FR) Desde hace algunos meses, la Unión Europea sigue un camino sumamente complicado, jalonado por los Consejos de Colonia, de Helsinki y de Lisboa, y mañana por el de Feira, para tratar de establecer lo que llama "una política europea común en materia de seguridad y de defensa". 
El ejercicio es complicado, primeramente porque hay que tratar de clarificar las relaciones con la OTAN, y porque los Estados Unidos, y también otros países de la OTAN no miembros de la Unión Europea, como Turquía, no nos facilitan la tarea. 
Todo se ha vuelto también más difícil por la voluntad de las instituciones de la Unión de ampliar el alcance de esta nueva política, presentándola como "un nuevo paso hacia la integración política de Europa", según los términos de la resolución que acabamos de votar, es decir un nuevo paso hacia la supranacionalidad. 
Por lo que respecta al campo cubierto por esta política de seguridad, la ambigüedad está a propósito protegida. 
Sólo se trataría stricto sensu de misiones llamadas "de Petersberg" (prevención de crisis y mantenimiento de la paz en terceros países, con exclusión de la defensa de los territorios nacionales o de los intereses vitales exteriores) , pero el Parlamento Europeo se obstina en mencionar sin cesar un objetivo más vasto, el de una política común de seguridad y de defensa en sentido amplio- es además el título incluso de la resolución votada hoy-. 
La ambigüedad está alimentada por la decisión de establecer unos medios militares comunes destinados a prevenir crisis (por ejemplo la fuerza europea de acción rápida, de 50.000 a 60.000 hombres, que se acordó en Helsinki) , que permite a los "integracionistas" jugar continuamente con las palabras y hacer creer que hay que poner en marcha una política de defensa en el sentido amplio del término. 
Por lo que respecta al mismo tiempo al método y al objetivo, integración política o cooperación, pensamos que la perspectiva siempre agitada de un poder supranacional, unitario e integrado es contraproducente. 
Para ser eficaz, hay que establecer los instrumentos de una cooperación voluntaria, con geometría variable, en la que participarían los Estados miembros de la Unión que estuvieran interesados en tal o cual acción y también, llegado el caso, ¿por qué no los Estados no miembros? 
Para resumir, el Grupo Europa de las Naciones piensa que sería deseable progresar en la vía de las acciones comunes de seguridad, a condición de no encerrarse en un sistema institucional rígido, sino por el contrario de establecer procedimientos flexibles basados en el carácter voluntario y en el respeto a las soberanías nacionales. 
Estamos abiertos a la idea de las acciones comunes en materia de seguridad, de las que consideramos que Europa tiene cruelmente necesidad. 
Pero, al mismo tiempo, debemos ser muy claros sobre sus condiciones: es imposible dar un poder de decisión militar (aunque se nos dice en un primer momento que sólo se trataría de misiones de Petersberg) a instituciones europeas democráticamente muy imperfectas- y que lo seguirán siendo a los ojos humanos, pues no existe un pueblo europeo. 
De ahí se deducen tres consecuencias: la última palabra la deben tener siempre las democracias nacionales, por tanto, las operaciones implicadas deben quedar en un marco interestatal; las decisiones sobre cuestiones de principio no podrían en ningún caso aprobarse por mayoría; el sistema debe apoyarse en la posibilidad "de acciones diferenciadas", que permitan a cada pueblo ejercer sin discontinuidad su libertad de elección. 
Espero que el Consejo de Feira acuerde añadir este asunto al programa de la Conferencia Intergubernamental. 
. (SV) Votamos en contra de la resolución conjunta que subraya el deseo de desarrollar una dimensión militar de la cooperación comunitaria. 
No podemos apoyar la línea general del texto que reconoce la necesidad de una militarización de la cooperación comunitaria en materia de defensa y que con ello no respeta a los países no alineados de la Unión. 
Tampoco podemos apoyar las propuestas más concretas de la resolución que solicitan un aumento de los presupuestos de defensa de cada Estado miembro, coordinar la adquisición de equipos militares y la coordinación y puesta en pie de un verdadero ejército en la Unión. 
Podemos apoyar la necesidad de elaborar un código de conducta comunitario para el comercio de armas entre los países de la Unión y con terceros países, pero no podemos apoyar la creación de un mercado interior para la industria armamentística como propone la resolución. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses apoyamos la propuesta relativa a la política de defensa y seguridad europea que se discutirá en la cumbre de Feira en Portugal en el mes de junio del año 2000. 
La propuesta contiene iniciativas tanto visionarias como sensatas para una política de defensa y seguridad comunitaria. 
No obstante, existen un par de ámbitos a los que los socialdemócratas daneses pensamos que se debe prestar atención. 
Debe examinarse cuidadosamente de qué forma el Parlamento Europeo quedará involucrado en el ámbito de la política de defensa y seguridad. 
Nos produce reparos la influencia del Parlamento Europeo en este ámbito, puesto que pensamos que la política de defensa y seguridad es eminentemente una cuestión interestatal. 
La propuesta plantea un mayor empleo de las decisiones por mayoría, más allá de lo que marca el Tratado de Amsterdam con respecto a la política de defensa y seguridad comunitaria. 
No vemos ningún motivo para ampliar el espacio de las decisiones por mayoría en este ámbito. 
En cuanto a las necesarias inversiones futuras en nuevas tecnologías y nuevo material para el ejército, pensamos que éstas deben llevarse a cabo modificando las prioridades fijadas en los presupuestos nacionales de defensa. 
No hay necesidad de aumentar los presupuestos conjuntos de defensa europeos. 
Por lo demás, queremos remitirnos a la reserva danesa tocante a las acciones comunitarias en materia de defensa. 
. (SV) El mismo texto que ha sido tratado hoy en el Parlamento se encuentra, en sus partes esenciales, en una propuesta presentada por la Sra. Lalumière ante la Comisión de Asuntos Exteriores en mayo y que fue votada en junio. 
De acuerdo con el procedimiento ordinario, este asunto volverá al Parlamento Europeo en el otoño, en alguno de sus períodos de sesiones. 
Opino que este doble trabajo es extraño y de difícil comprensión. 
Por eso, he optado por abstenerme categóricamente en todas las votaciones sobre esta materia tan importante y esencial para Suecia, un país no alineado y que desde 1814 goza de la bendición de la paz. 
. (SV) Es magnífico que la Unión Europea esté dispuesta a realizar una política de seguridad orientada hacia la prevención y la solución de conflictos. 
La Unión cuenta con recursos políticos, económicos y diplomáticos para eso. 
Ciertamente, se dice en la resolución que sería deseable que, en primer lugar, se utilizasen las medidas no militares, pero no se descarta el uso de tales fuerzas. 
No puedo dar mi respaldo al uso de recursos militares para defender los intereses de la Unión Europea. 
Las acciones militares, en mi opinión, sólo deben emplearse siguiendo decisiones adoptadas en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
No basta con seguir los principios de la Carta de la ONU. 
Por eso no apoyo la resolución. 
"Mujeres 2000" (RC B5-0562/2000) 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera manifestar que hablo en nombre de los miembros neerlandeses del Grupo parlamentario EDD. 
Hemos votado en contra de la resolución aquí presentada para expresar nuestro malestar por el comportamiento de la delegación del Parlamento Europeo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Nos llegó la noticia de que la Sra. Theorin, presidenta de nuestra delegación en esta Asamblea, hizo campaña en nombre del Parlamento Europeo de forma oficial e informal para que entre en vigor el derecho al aborto libre en todos los países de la ONU. 
Ha ejercido una presión, y encima en nombre del Parlamento Europeo, sobre otros países, entre otros Polonia, para que se sumen a la posición común de la UE. 
Como miembros del Parlamento Europeo nos distanciamos de esta postura y no queremos asumir ninguna responsabilidad al respecto. 
Nuestra firme convicción es que también la vida del nonato, como don de nuestro Creador, ha de ser protegida. 
Además, según los tratados la Unión Europea no tiene ninguna competencia para obligar a los países candidatos a que modifiquen su legislación en este ámbito. 
Por lo tanto, queremos dejar claro que el derecho al aborto libre no puede ser presentado como una condición de adhesión a los países candidatos. 
. (FR) Reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre los resultados de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que se ha celebrado en Nueva York del 5 al 9 de junio de 2000 sobre el tema "Las mujeres del año 2000: igualdad entre sexos; desarrollo y paz para el siglo XX" y en la que ha participado la diputada europea, Astrid Lulling. 
Esta resolución, de la que la Sra. Lulling es cofirmante, ha suscitado por su parte la siguiente declaración en Estrasburgo: 
" He tenido la oportunidad de participar, del 5 al 9 de junio de 2000 en Nueva York, en la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas, dedicada a la evolución desde la última Conferencia mundial de la ONU sobre las mujeres, que tuvo lugar en Pekín en 1955, de la aplicación de la plataforma de Pekín. 
Esta Asamblea, que ha reunido a casi diez mil mujeres, ha tenido su razón de ser por haber sido el lugar de encuentro ideal para proceder al análisis de las realizaciones que se han producido desde hace cinco años y para confrontar los puntos de vista- muy diferentes además- sobre la necesidad de poner rápidamente en marcha la plataforma de Pekín. 
Aunque no estamos eufóricas, los resultados de la Asamblea son aceptables. 
Como consecuencia de ciertas reacciones en el seno de este Parlamento, tanto hoy como ayer durante el debate en el pleno, por parte de colegas que no estuvieron en Nueva York- reacciones manifiestamente fundadas en desinformaciones y malentendidos- deseo precisar que las parlamentarias europeas presentes en Nueva York no han hablado sin mandato en nombre de este Parlamento. En efecto, no tenían derecho al uso de la palabra, siendo las cosas como son en materia de procedimiento con motivo de las Asambleas Generales Extraordinarias de la ONU. 
De hecho es la presidencia de la Unión Europea la que habla en nombre de ésta en este tipo de conferencias internacionales. 
Por lo tanto no hay lugar a poner en tela de juicio a las parlamentarias europeas presentes en Nueva York. 
Naturalmente, hemos actuado entre bastidores, si se me permite decirlo así, y hemos mantenido reuniones informales pero útiles con las parlamentarias de los Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, presentes en las delegaciones nacionales. 
Por lo que a mí respecta, he contribuido, junto con mis colegas del Grupo PPE­DE, a disipar una impresión que prevalecía principalmente en ciertas delegaciones de terceros países, en este caso concreto, que para las mujeres de la Unión Europea, en materia de igualdad de sexos la orientación sexual y el aborto eran prioridades absolutas en el siglo XX. 
Puesto que, especialmente, se ha querido poner en tela de juicio a Polonia, deseo precisar que por lo que respecta a la igualdad de sexos, Polonia asume el acervo comunitario y no cuestiona lo que establece el artículo 13 del Tratado de Amsterdam en materia de discriminación por razón de sexo. 
Sin embargo, el Tratado de Amsterdam no obliga a Polonia a legislar sobre el aborto. 
Se le puede recomendar que lo haga, pero ¡la subsidiariedad obliga! 
He querido poner los puntos sobre las íes para disipar cualquier malentendido sobre lo que verdaderamente ha pasado en Nueva York. 
Es verdad que las militantes de una determinada orientación sexual- que afortunadamente sólo plantea problemas a una ínfima minoría de mujeres en Europa y en el mundo, y que no es la mía- son mucho más visibles, incluso en Nueva York, que los millones de mujeres que, debido a su situación económica y social, tienen otras preocupaciones y prioridades en relación con la igualdad de sexos. " 
. (FR) El documento final de la Conferencia de Pekín + 5 que acaba de concluirse en Nueva York es una victoria para las mujeres. 
Después de unas negociaciones muy ásperas, el realismo en la apreciación de las necesidades de las mujeres así como el respeto a su dignidad han prevalecido. 
Sin embargo, sabemos hasta que punto han sido fuertes las presiones, tanto las políticas, procedentes de los Estados Unidos, de Japón o de la Unión Europea, como las ideológicas, procedentes de ONG feministas generosamente financiadas por los países occidentales. 
A título de ejemplo: ¿cómo justificar las presiones ejercidas por la Unión Europea sobre Nicaragua o Polonia? , ¿cómo equilibrar unos supuestos "derechos sexuales y reproductivos", por una parte, y unas ayudas al desarrollo o unos plazos de integración dentro de la UE, por otra parte? 
Las presiones ejercidas sobre los países más pobres eran tales que decenas de miembros del Congreso americano y de diputados nacionales o europeos se han desmarcado oficialmente de su delegación, condenando expresamente sus posiciones. 
En la misma tesitura, es una verdadera lección comprobar que, aunque todas oficialmente están especializadas en la "situación de las mujeres", las ONG que disponen de mayores medios financieros de comunicación política luchaban sistemáticamente por el concepto de "salud reproductiva", en detrimento de necesidades más graves y más urgentes, ofreciendo así un apoyo sin fisuras a las delegaciones europea y americana. 
Sea lo que fuere, si esta Conferencia ha sido finalmente un éxito para las mujeres del mundo entero, es principalmente gracias al realismo y a la resistencia de los países más pobres, que han sabido superar las polémicas ideológicas occidentales relativas a la sexualidad para promover concretamente unas medidas contra la pobreza- tales como el "microcrédito", contra el tráfico internacional de mujeres o contra la falta de educación y de asistencia sanitaria. 
Si la voz de los países pobres ha podido oírse finalmente el sábado pasado hacia las 4 de la madruga a pesar de las presiones de todo tipo, se lo debemos al respeto a los principios fundamentales, únicos garantes de una política internacional realista y mesurada, como son los principios de soberanía nacional y de igualdad entre los Estados. 
La ONU, después de haberlos ignorado durante mucho tiempo, vuelve en este caso al respeto a las reglas del consenso, respeto que ha permitido basar las negociaciones en las necesidades reales de las mujeres. 
Estamos felices de que, con la aprobación del documento final, la Unión Europea se haya alegrado también de esta victoria de las mujeres dentro del respeto a la soberanía nacional. 
Siempre habrá opiniones diferentes, ésta es la esencia y la vitalidad de la democracia. 
Cuanto más delicado sea el tema, mayor delicadeza hay que mostrar para abordarlo. 
Esto no fue así evidentemente, ni en Nueva York durante la conferencia Pekín + 5, ni en el debate en este Parlamento ayer. 
En el tratamiento de Polonia y de otros países candidatos, no se respetaron los principios fundamentales de democracia y subsidiariedad ni los valores políticos de este Parlamento, ni de la nueva Europa que estamos creando. 
Las enmiendas presentadas por la delegación de la UE en Nueva York no representan ni podrían representar una posición consensuada de los Estados miembros de la Unión: al contrario, algunas de esas enmiendas contravienen de forma flagrante la constitución de mi país, Irlanda, y sin duda la situación legislativa de otros países que buscan disminuir la práctica del aborto en lugar de fomentarla. 
En relación con el párrafo H de esta resolución, "derechos sexuales" es un término no definido que no se incluye en el artículo 13 del Tratado de Amsterdam ni en la Plataforma de Acción Pekín + 5. 
Este nuevo término sin definir origina grandes dificultades en muchos países, entre ellos el mío, porque podría por ejemplo implicar apoyo a los derechos sexuales de los pedófilos. 
Por tanto, me abstendré de votar esta resolución. 
Acabamos de celebrar el 50 aniversario de la Declaración Robert Schuman, el padre de Europa. 
Nos gustaría indudablemente defender el espíritu, los ideales y los valores que constituyeron los cimientos de nuestra unidad europea. 
Parte de la herencia de Schuman es el respeto a la diversidad de Europa y de las culturas emergentes del mundo en desarrollo. 
Nuestro motor debería ser el consenso, no la imposición ni la intimidación. 
(La sesión, interrumpida a las 14.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, no era mi intención interferir el orden del día, pero he de señalar algo muy grave que está ocurriendo en este Parlamento. 
Ahora mismo en el patio de nuestro Parlamento se está llevando a cabo una indigna manifestación de un numeroso grupo de jóvenes italianos con banderas de la Lega Nord que está profiriendo consignas que dicen que hay que quemar la bandera italiana, que dicen que "quien no salta es italiano" y que, entre otras cosas, está profiriendo consignas irrepetibles contra el Presidente de nuestra Comisión Europea. 
Creo que los grupos de visitantes que vienen aquí, al Parlamento, y que celebran reuniones con los diputados lo hacen para conocer las Instituciones europeas y no para denigrarlas. 
Imagino que el diputado que ha invitado a dicho grupo lo ha hecho para sensibilizarle porque, entre otras cosas, gastamos dinero para sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre la construcción de la integración europea. 
Por lo tanto, pienso que este problema debe ponerse en conocimiento tanto de la Presidenta del Parlamento como de usted, con el fin de que el diputado responsable de este grupo responda acerca de lo ocurrido. 
No veo en el Pleno a los diputados de Forza Italia que es la fuerza política italiana más importante del Polo de las Libertades, en que figura este partido, la Lega, que forma parte de su coalición. 
Creo que hay señalar este problema porque no es posible que, en nombre de la democracia, de las puertas abiertas, de la libertad, soportemos este tipo de manifestación dentro de nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, perdóneme pero pienso que estas cuestiones tienen que señalarse de inmediato, de lo contrario, a fuerza de callar, al final estas manifestaciones pueden conducir a que se consideren como normales. 
Además, el tricolor italiano está entre las banderas que forman parte de los símbolos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, he solicitado la palabra sólo para añadir a lo que se acaba de decir que, aparte la indignación de mi Grupo, mía y de otros, en cuanto me he dado cuenta de lo que estaba sucediendo, me he puesto en contacto con los servicios de seguridad que, sin embargo, no me han contestado. 
Me parece bastante grave porque, en mi opinión, tiene que haber un retén de los servicios de seguridad de este Parlamento para que, en el caso de producirse manifestaciones de este tipo, pueda intervenir y poner fin a las mismas. 
Señor Presidente, me parece que se trata de un incidente muy grave que merece una condena expresa y que, como decía la Sra. Napoletano- aunque no quiero alargarme- hay que averiguar quién ha invitado a estos delincuentes a este Parlamento. 
Les doy las gracias a las dos diputadas por su importante comunicación. 
Yo, aunque sólo soy presidente de turno de la sesión, ya he dado instrucciones para que se avise a los servicios de orden y a la Presidenta del Parlamento, Sra. Fontaine. 
Es realmente inaceptable que se venga a denigrar o a insultar la legitimidad democrática de cualquier país y sus instituciones, o de las instituciones europeas. 
O sea que reciban, en nombre de la Presidencia del Parlamento, estas palabras de desagravio frente a esta actuación contra la República italiana, y espero que se recupere la normalidad y que no vuelva a ocurrir. 
Se exigirán naturalmente las responsabilidades a que haya lugar. 
Fondos estructurales (1998) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0138/2000) del Sr. Turco, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el décimo informe anual de la Comisión sobre los Fondos estructurales 1998 (COM (1999) 467- C5-0325/1999/2211 (COS)) 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha examinado el décimo informe anual de la Comisión sobre los Fondos estructurales relativo a la ejecución de las intervenciones llevadas a cabo en el año 1998. 
Como ustedes saben, una ejecución sana y eficaz de los Fondos estructurales reviste una importancia fundamental para la credibilidad y la eficacia de las Instituciones comunitarias y, muy en especial, del Parlamento Europeo, dadas sus funciones de control. 
En nuestro informe, aprobado por unanimidad, hemos tomado nota de la utilización de todos los recursos disponibles para el año 1998, pero hemos tenido que registrar que continúan existiendo notables diferencias en la ejecución entre uno y otro objetivo, entre los distintos Estados miembros y las distintas regiones, y que esta plena utilización ha sido posible sólo gracias a sistemas de compensación que, de hecho, la han convertido en poco transparente. 
Por lo tanto, confiamos en que las nuevas normas de programación hoy en vigor permitan garantizar mejor la transparencia de la gestión presupuestaria y eviten la habitual falta de liquidez anual. 
Por lo que se refiere a la coordinación, exhortamos a la Comisión y a los Estados miembros a que coordinen más, si cabe, la política de los Fondos estructurales con el Fondo de Cohesión, con los demás instrumentos de desarrollo regional y con los diferentes instrumentos financieros de la Unión Europea, tales como las redes transeuropeas y el esquema de desarrollo del espacio europeo. 
Y esto porque estamos convencidos de que sólo actuando de este modo coordinado se puede pensar en reducir las diferencias estructurales existentes entre las regiones y las zonas europeas. 
En materia de adicionalidad que es uno de los principios fundamentales de los Fondos estructurales, invitamos a la Comisión a que encuentre sin demora instrumentos para verificarla mejor, así como procedimientos más transparentes para evaluarla. 
Exhortamos calurosamente a los Estados miembros a que apliquen con rigor este principio. 
Asimismo consideramos que, en el respeto del principio de asociación, la descentralización de la gestión debe ir acompañada de una aclaración acerca de las responsabilidades y del papel de los distintos socios y de una clara distinción de las distintas funciones y responsabilidades. 
Hemos constatado asimismo que, con frecuencia, los resultados de las evaluaciones intermedias no son comparables ni cuantificables, a causa de la utilización de indicadores inadecuados e insuficientes, motivo por el cual es absolutamente necesario disponer de criterios objetivos y de sistemas de evaluación más adecuados para medir los resultados de los programas. 
Hemos constatado asimismo que las tareas de control realizadas de conformidad con el reglamento de 1998, a pesar de que han disminuido inexplicable y peligrosamente respecto al año anterior, con todo, han permitido evidenciar toda una serie de carencias, de la falta de sistemas de control en algunos programas a la cofinanciación de gastos inadmisibles. 
Esta constatación nos ha movido a considerar que, lamentablemente, las actividades de control de la Comisión en 1998 han vuelto a ser insatisfactorias y deben ser reforzadas adecuadamente para poder garantizar una correcta aplicación de los reglamentos de los Fondos estructurales. 
En nuestro informe, en consecuencia, invitamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que emprendan cuanto antes una serie de acciones encaminadas a intensificar los controles y a informar mejor al Parlamento sobre las medidas adoptadas para aumentar la transparencia y la correcta ejecución de los Fondos estructurales. 
Habida cuenta de que este décimo informe anual estaba dedicado muy especialmente a las medidas de promoción del desarrollo local, hemos tomado nota de su importancia estratégica y recalcamos su sustancial contribución al desarrollo regional. 
Por último, señor Comisario, me permito subrayar que nuestro informe es coherente con la opinión expresada por usted el 5 de junio pasado en Bruselas, cuando afirmó que, desde la óptica de la transparencia, el último de los contribuyentes europeos debe saber dónde y cómo se gastan los recursos comunitarios relativos a los Fondos estructurales. 
Le dejo a usted la tarea de valorar si un informe de la Comisión, como el del año 1998, puede permitir, no digo al último, sino a uno cualquiera de los contribuyentes europeos satisfacer su deseo. 
Por último, señor Presidente, permítame expresar mi posición sobre las 7 enmiendas que vamos a votar el próximo viernes. 
Yo mismo he presentado una enmienda técnica, la tercera, para corregir un error de transcripción que podía crear confusión y convertía en incoherente el apartado 28 con respecto al resto del informe. 
Asimismo acepto las enmiendas 1 y 2 porque están en línea con el informe. 
Por el contrario, no puedo aceptar las enmiendas 4, 5, 6 y 7 por considerarlas forzadas respecto al resto de nuestro informe. 
Así y todo, quiero agradecer a los Sres. Nogueira y Larrea, autores de estas últimas enmiendas, su colaboración y reconocer públicamente la coherencia de su planteamiento, a pesar de que no lo comparto. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Industria deseo felicitar al Sr. Turco por el excelente informe que ha presentado. 
Ha puesto el dedo en los principales problemas surgidos en relación con la ejecución de los créditos de los Fondos estructurales. 
Por otro lado, ha indicado claramente nuestros deseos para el futuro a este respecto. 
Quisiera agradecerle en particular el haber tenido en cuenta, en la versión final de su informe, la opinión de la Comisión de Industria, especialmente en lo que se refiere al problema de la creación de empleo. 
Por mi parte, señor Presidente, quisiera limitarme a mencionar una sola cuestión: la necesaria coordinación entre las intervenciones de los Fondos estructurales y las demás políticas comunitarias, cuestión que, además, también ha merecido la atención del ponente. 
Desde la perspectiva de la Comisión de Industria, parece especialmente importante evitar la contradicción entre política de competencia, por una parte, y política regional, por otra. 
Ahí no hay ni un problema difícil, ni un problema nuevo. 
Estaría especialmente agradecida al Comisario Barnier si pudiera indicarnos si la Comisión ha examinado este aspecto del problema, dentro del reexamen de la política de competencia, y si pudiera decirnos dónde están las reflexiones de la Comisión a este respecto. 
Señor Presidente, quisiera empezar diciendo que mi Grupo apoya gran parte del contenido del informe del Sr. Turco y respalda incondicionalmente el fondo del mismo. 
Sin embargo, he decidido hablar en el debate de hoy porque algunas de las cuestiones que se tratan en el informe constituyen el núcleo de lo que debe abordarse para que las propias instituciones europeas despejen la nube de mala gestión y despilfarro que planea sobre ellas desde épocas anteriores. 
El único modo que podemos esperar que cambie la percepción pública de lo que hacemos aquí no es sólo obtener más valor del dinero sino también que se vea que lo hacemos. 
Sólo si somos capaces de mostrar claramente que la Comisión gestiona los fondos de modo prudente y adecuado podemos esperar recuperar la confianza que se ha perdido durante los años recientes. 
El informe que nos ocupa se retrotrae, por supuesto, a 1998. 
Desde entonces se han producido muchos cambios positivos, y éstos no han sido menores desde la llegada de la nueva Comisión. 
Es crucial, por tanto, que señalemos las insuficiencias que eran inherentes al sistema y nos aseguremos de que vamos más lejos en nuestro objetivo de hacer un mejor uso del dinero de los contribuyentes europeos. 
Esto ha de ser especialmente así en los Fondos estructurales, que afectan directamente a las vidas de tantos de nuestros ciudadanos. 
Tenemos ante nosotros una oportunidad de concentrar las mentes tanto de la Comisión como de los receptores- Estados miembros y otros- de esta valiosa ayuda, en las críticas citadas en el informe en muchos aspectos relativas a la asignación de fondos y a la falta de seguimiento del uso de los mismos. 
Un remedio clave para afrontar este problema tan real reside en el uso eficaz de estrategias de salida como requisito previo para la concesión de financiación. 
Ninguno de los que estamos aquí entraría personalmente en un negocio o en un acuerdo financiero privado sin estar seguro de cómo y cuándo esa obligación llegaría a su fin. 
Con demasiada frecuencia eso es lo que ha ocurrido en el pasado. 
Hasta que no se introduce un seguimiento eficaz, planificado y claramente definido del éxito o fracaso de un programa financiado, sigue siendo demasiado fácil para los proyectos mal diseñados o mal gestionados desperdiciar unos recursos preciosos, continuar derrochando un buen dinero en cosas malas. 
La falta de acción da lugar a los problemas concretos que destaca este informe. También da lugar a los problemas que hemos visto en la asignación de unos recursos cada vez más escasos en los Estados miembros. 
En ninguna parte se aprecia esto mejor que en los retrasos, ofuscación y confusión que se dan hoy en el Reino Unido sobre dónde destinar este valioso dinero. 
Y esto es así sobre todo en mi región, West Midlands, en la que este retraso está causando una gran incertidumbre en las comunidades locales y en los contribuyentes de la zona, que tienen que avalar los proyectos por la bonita suma de muchos millones de libras, pendientes de la resolución de los problemas que he mencionado. 
Por consiguiente, lo que hace falta es una sencilla confrontación de proyectos para comparar y contrastar su eficacia, que podría, tal vez, llevar a cabo un auditor independiente y que podría utilizarse junto con un programa final claro y bien planificado que permitiera la finalización de proyectos gestionados de forma deficiente y acabara con el derroche en marcha: básicamente, introducir disciplinas del sector privado en el sistema. 
Sólo cuando las instituciones europeas y los Estados miembros adopten ideas como éstas, volveremos a ganarnos la fama de probidad financiera que deseamos y que el público exige. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, si la cohesión económica y social se califica con razón como el corazón de la política europea, entonces podemos denominar tranquilamente a los Fondos estructurales como su marcapasos. 
Hoy hablamos sobre el modo de actuación de un instrumento político que entretanto hemos sustituido con la Agenda 2000 por uno nuevo que creemos es mejor. 
Sin embargo, es obligación y derecho del Parlamento revisar los fondos estructurales mediante informes anuales o de rendición de cuentas y deducir de ello exigencias políticas aunque parezcan superadas por la marcha de los acontecimientos. 
Ambas cosas las realiza el ponente Turco en su informe sobre el décimo informe anual de los Fondos estructurales de 1998 de un modo que consideramos excelente. 
Las numerosas enmiendas de las y los colegas han enriquecido el informe de modo sustancial. 
No quiero repetir aquí la crítica reflejada y que se puede consultar. El Sr. Turco y otros colegas la acaban de exponer de nuevo. 
Sin embargo, quiero subrayar una exigencia, en concreto la exigencia de que la Comisión, en su próximo informe de rendición de cuentas, informe en un apartado especial sobre las medidas con las que ha reaccionado en los años pasados a la crítica expresada por el Parlamento. 
El onceavo informe anual debería, así pues, contener un informe sobre los progresos logrados. 
Debido al poco tiempo de que dispongo, sólo voy a referirme a cuatro problemas y enfoques que desde nuestra perspectiva apuntan hacia el futuro. 
Primero: el período del informe de 1998 se ha caracterizado por que solamente se ha podido hacer un uso total de los créditos destinados al período de planificación de programas como consecuencia de unas medidas especiales adoptadas en el último minuto. 
La experiencia muestra que necesitamos unas estrategias especiales para la fase inicial y final de los períodos de planificación de programas así como un mecanismo de flexibilización para situaciones de crisis como las que han surgido en 1997/98. 
Segundo: el principio de la adicionalidad se incluye entre los pilares básicos de nuestra política estructural. No quiero cuestionarlo. 
Pero deseos y realidad están alejados entre si. 
Por ejemplo, para los territorios del Objetivo 1 ocurre con frecuencia que solamente se puede hablar de un modo condicional de una política estructural autónoma a la que se pueda añadir la europea. 
Esto se debe con frecuencia a que todos los créditos financieros disponibles políticamente tienen que ser empleados ya para una cofinanciación suficiente, lo que es correcto. 
Dicho de un modo gráfico, para el principio de la adicionalidad esto significa que recibo un traje europeo para unos calzoncillos que me puedo permitir yo mismo a nivel regional. 
Este problema se va a intensificar con la próxima ampliación. 
Por ello, necesitamos desde mi punto de vista una nueva definición de la adicionalidad. Esto podría quizás señalar en dirección a una plusvalía europea adicional, tal como se establece como condición previa para los programas marco de investigación o, por ejemplo, para la iniciativa comunitaria INTERREG. 
Tercero: el principio de la cooperación con entes territoriales locales y regionales así como con los interlocutores sociales señala desde nuestro punto de vista en la dirección correcta y se debería intensificar aún más. 
Necesitamos más iniciativas y pactos locales así como un discurso regional sobre las prioridades de una región. 
De este modo, nuestra política estructural contribuiría a la regionalización. 
La política estructural reaccionaría y crearía al mismo tiempo estructuras regionales. 
Cuarto: los controles y evaluaciones son los elementos esenciales de una política estructural que tenga el noble objetivo de convertirse en superflua lo antes posible. 
Aunque las regiones se diferencien estructuralmente entre si de modo intenso, deberíamos buscar unos métodos de evaluación e índices de valoración comunes. 
Sólo así nos será posible establecer comparaciones horizontales de estrategias y proyectos de campos de actividad individuales entre los Estados miembros. 
El orador anterior se ha referido al problema. 
También en este sector político debería ser posible lo antes posible introducir el "benchmarking". 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, hoy es un jueves muy positivo para las regiones europeas en general y para las regiones ultraperiféricas en particular, ya que se trata en este Parlamento de informes tan sugestivos e importantes como los del Sr. Turco y el Sr. Ripoll, que hacen referencia a los Fondos estructurales y al Fondo de Cohesión respectivamente, así como a la valoración de la transparencia de su ejecución. 
Por eso es bueno recordar que la política regional y estructural de la Unión Europea constituye en su conjunto una respuesta a las desventajas específicas con que se enfrentan algunas regiones europeas y, en particular, las regiones ultraperiféricas como Madeira, Azores, Canarias y los departamentos franceses de Ultramar. 
De hecho, los artículos 158 y 159 del Tratado fijan los objetivos de cohesión económica y social, asignando a la política regional la tarea de reducir las diferencias existentes entre las regiones menos desarrolladas y las demás. 
A ello se debe también el tratamiento singular del hecho ultraperiférico que se recoge en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, que permitirá a la Unión continuar, consolidar y potenciar su actuación en aras a conseguir un régimen específico de medidas que tenga en cuenta todas las limitaciones a que se ven sometidas estas regiones, singulares por su situación, sin menoscabo de la coherencia del Derecho comunitario y del mercado interior. 
Por estas razones también es pertinente el informe del Sr. Turco sobre el informe anual del año 1998 relativo a unos instrumentos financieros tan importantes como son los Fondos estructurales, ya que abre la posibilidad de reforzar la aplicación eficaz y descentralizada de dichos Fondos y también porque supone abrir un camino para la reflexión y reflejar la situación específica de estas regiones ultraperiféricas a la hora de establecer criterios de admisión a los Fondos estructurales y su inclusión dentro del objetivo nº 1. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, estimadas y estimados colegas, la dificultad de este informe- de lo que ya se ha hablado- consiste hoy en que nosotros practicamos una especie de preocupación a posteriori por un capítulo concluido ya hace mucho tiempo de los Fondos estructurales del último período legislativo. 
Esto parece aburrido, la prensa ya se ha ido a casa. 
No obstante, nosotros no debemos infravalorar la gravedad del problema, pues el asunto central de esta discusión debe ser el aprender de los errores del pasado. 
Ante el desafío que representa una Unión ampliada con 28 o más Estados, no nos podemos permitir que no se empleen con eficiencia los fondos europeos para los objetivos europeos, como el empleo, la sostenibilidad, la protección del medio ambiente o la igualdad de oportunidades. 
No ha sido este el caso en el último período. 
Lo subrayo porque tengo la sensación de que los nuevos programas han sido de nuevo aprobados bajo la presión de los Estados miembros, a pesar de que no cumplen de modo óptimo los objetivos europeos. 
Y un cumplimiento óptimo es la exigencia que plantea este Parlamento desde hace años. 
No nos podemos permitir dedicar como en el año 1998 30.400 millones de euros para tener después que constatar que el paro aumenta de nuevo en las regiones pobres. 
Sólo quiero mencionar un ejemplo que subraya mis dudas. 
La Comisión no lucha suficientemente para que los objetivos europeos se conviertan realmente en la directriz de la política de los fondos estructurales. 
Era una exigencia de este Parlamento que estos informes contengan un capítulo propio sobre la igualdad de oportunidades. 
Para ello no son suficientes las tres frases al principio sino que la exigencia era un capítulo propio para poder comprobar realmente por separado esta política de la UE. 
La igualdad de oportunidades no es sólo una tarea del FSE sino una tarea de los fondos estructurales. 
Otro ejemplo: a pesar de que el paro aumenta en los cinco nuevos países, en el nuevo MCA se invierte de nuevo en carreteras en lugar de en empleo. 
Espero de la Comisión que no siga practicando busines as usual sino que se convierta de nuevo en el motor de un desarrollo sostenible en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, ha llegado de nuevo el momento de analizar un informe anual de la Comisión sobre el empleo dado a los créditos de los Fondos estructurales, en esta ocasión para 1998, y exponer la opinión del Grupo político. 
El ponente, a quien quiero expresar mis felicitaciones expresas, realiza un análisis muy diferenciado de la evolución de los gastos en el marco de los Fondos estructurales que arroja aspectos positivos en comparación con los años precedentes y muestra también problemas subsistentes. 
Quiero concentrarme en dos cuestiones. 
Primera: es indudable que los créditos financieros de la Unión Europea han conseguido una mejora en las regiones y Estados miembros más pobres. 
Sin embargo, apenas se ha reducido la distancia entre las regiones menos y más desarrolladas de la Comunidad. 
Esto significa que siguen existiendo desigualdades en el desarrollo regional, si bien a un nivel más elevado. 
Naturalmente, esto no puede satisfacer de ningún modo ni a mí ni a mi Grupo político. 
Esta insatisfacción aumenta aún más si se tiene en cuenta que las diferencias regionales que siguen existiendo, medidas con los ingresos per cápita, se reflejan en especial en la tasa de paro. 
Aunque en los últimos meses se haya producido una reducción de las cifras absolutas en la UE, la cifra total de personas sin trabajo sigue siendo demasiado elevada. 
Solamente en la República Federal de Alemania hay aún 3,8 millones de parados forzosos y la cifra de desempleo potencial es sensiblemente mayor. 
Si tomásemos solamente esta cuestión como baremo para el éxito de la política de los Fondos estructurales, llegaríamos a un enjuiciamiento muy negativo. 
Segunda: la problemática del paro que no sólo se ve afectado en el marco de los Fondos estructurales, muestra claramente la importancia de una coordinación eficiente del empleo de los créditos procedentes de los diversos programas de ayuda nacionales y de la UE y de la reestructuración así como de una mayor valoración de todos los fondos siempre que creen puestos de trabajo. 
Tal como destaca con razón el ponente, en 1998 se han producido progresos en este campo si bien no son en absoluto suficientes. 
A pesar de todas las dificultades objetivas existentes, veo un punto de enfoque decisivo para una mayor efectividad y, en consecuencia, para unos resultados mejores de los créditos empleados, sobre lo que creo se alegrarán en especial los afectados por el paro en los diversos países. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es importante efectuar balances serios sobre la aplicación de los reglamentos de los Fondos estructurales, que siguen siendo un instrumento fundamental de la política europea en materia de reducción de desigualdades. 
En efecto, debemos poder corregir, gracias a estos balances, las posibles distorsiones pasadas y aprender a gestionar mejor las concesiones actuales y futuras. 
Para 1998, sabemos que el porcentaje de ejecución de los programas es satisfactorio, pese a que los compromisos sólo han alcanzado un poco menos del 90% de las ayudas totales, y los pagos el 61%. 
Es por ello por lo que apoyamos el informe de Maurice Turco, al que hay que felicitar por su enfoque pragmático y sin complacencia de este dossier. 
Además, este informe pone de manifiesto algunas disfunciones en relación con la dotación de los Fondos estructurales. 
Más allá del balance general, han persistido diferencias considerables en materia de ejecución entre los diferentes objetivos así como entre los Estados miembros y las regiones. 
La diferencia entre las dotaciones presupuestarias y la ejecución final es un problema que afecta en particular al objetivo 2. 
Además, la plena utilización de los Fondos estructurales en 1998, o al menos según los porcentajes citados anteriormente, sólo ha sido posible gracias a un mecanismo de compensación de subejecución, como es la importante transferencia de créditos del objetivo 2 al objetivo 1. 
Denunciamos, por lo que a nosotros respecta, este tipo de práctica que carece de transparencia. 
Además, solicitamos un reparto de los gastos más equitativo, más transparencia en la concesión y el control de los fondos, mayores criterios de elección, una reducción del número de objetivos prioritarios y de iniciativas comunitarias. 
Por otra parte, una reducción de los programas relacionados con los mismos nos parece también propicia a una mayor eficacia en su ejecución y a la posibilidad de un control más riguroso. 
A este respecto, al igual que el ponente, pedimos a la Comisión que intensifique su control e informe al Parlamento de los resultados de su acción de verificación y de evaluación. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados. Ante todo, quiero dar la enhorabuena al ponente por este informe en donde se destaca no sólo la importancia de los Fondos estructurales, sino una serie de problemas. 
Quisiera recordar en primer lugar que el objetivo de los Fondos es reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea y que, si bien es cierto que el producto interior bruto per cápita en las regiones con menores índices aumentó un 9% entre 1986 y 1996, en el mismo período la renta per cápita de los cuatro países más pobres aumentó un 8%. 
No obstante, la diferencia con las 25 regiones más ricas sigue siendo la misma: dos veces y media. 
Estos datos deben llevar a la reflexión de que, si bien está aumentando el nivel y calidad de vida en las regiones más pobres, no se logran disminuir las disparidades entre las regiones ricas y pobres en la Unión Europea. 
Un segundo factor es que sólo el 10% de las intervenciones de los Fondos corresponde a medidas de desarrollo local, a pesar de que las mayores concentraciones de población y pobreza se registran en los núcleos urbanos. 
A estos datos cabe añadir un factor que distorsiona las estadísticas y modificará el panorama de la Unión Europea en los próximos años como es el de la incorporación de nuevos países. 
En tercer lugar, demostrar mayor sensibilidad hacia fenómenos que hasta la fecha han pasado desapercibidos para la Unión Europea, como la insularidad y el aislamiento. Por último, tener en cuenta todos los segmentos de población con el objetivo real de ir creando cada vez más empleo, fundamentalmente en las regiones más desfavorecidas. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, provengo de la administración local, y quisiera acentuar la necesidad de una participación más importante de todas las instancias de la administración local y regional en todos los estadios de la configuración y ejecución de los programas. 
De este modo, además, se materializa y se completa la necesaria cooperación, siempre y cuando, claro está, la Comisión y los estados participen activamente. 
Quiero también acentuar la necesidad de una mayor coordinación de la política regional europea con el resto de las políticas comunitarias, así como la de los Fondos estructurales con los otros medios de financiación. 
En el poco tiempo del que dispongo, no dejo de señalar la importancia de mantener el principio de adicionalidad, y expreso la opinión de que, a pesar del perfeccionamiento, con el paso del tiempo, de los métodos de verificación y control, desde el momento en que carecemos de una metodología común, no es posible en este asunto hacer comparaciones sustantivas entre los Estados miembros. 
En consecuencia, ninguna propuesta sobre imposición de sanciones en casos de inobservancia de este principio puede, lógicamente, ser aceptada sin adoptar antes la base legal correspondiente y sin acordar una metodología común. 
Habrá que prestar la debida atención al principio de adicionalidad y creo que los Estados miembros y la Comisión, en la perspectiva, precisamente, de la próxima ampliación, deberán cooperar en la elaboración y aceptación de líneas directrices que definan un enfoque global de la verificación y control de la aplicación de este principio; tomado, naturalmente, en consideración las condiciones económicas particulares reinantes en cada uno de los países miembros. 
Para terminar, siento la necesidad de felicitar al ponente por lo acabado de su informe, y señalar el hecho de que, en líneas generales, la ejecución de los programas financiados por los diferentes Fondos se mantuvo en la dirección correcta durante 1998, período al que se refiere el informe y que fue, en general, un buen año, en el que incluso se cubrieron retrasos de años anteriores. 
Sólo desde el punto de vista del control de las intervenciones, 1998 no fue un buen año. 
En general debe haber problema en este asunto, tal vez a causa de la falta de personal, y deberá preocuparse la Comisión de tomar las medidas necesarias para mantener la vigilancia de la aplicación de las políticas europeas. 
Señor Presidente, señor Comisario, doy en especial la bienvenida al párrafo 20 sobre adicionalidad y espero de veras que la Comisión tenga particularmente en cuenta la importancia de la transparencia. 
Yo añadiría que esto debería ligarse también a la cuestión de si se cumple con el principio, no sólo globalmente en los Estados miembros, sino en el ámbito regional dentro de los mismos. 
También le pediría a la Comisión que considerara introducir un poco más de flexibilidad en la etapa en que los proyectos se están poniendo en marcha. 
Estoy pensando en un proyecto muy valioso en mi propia circunscripción que, debido a la brevedad de los plazos y a un malentendido, no pudo tener los contratos redactados a finales de diciembre del año pasado. 
Como consecuencia, la oferta de financiación fue retirada. 
No discuto que esta decisión fuera correcta y comprendo el deseo de la Comisión de garantizar que los proyectos acaben a tiempo. 
Lo triste de esta decisión concreta es que el proyecto, sin duda, habría sido bueno. 
Por último, creo que la enmienda nº 5 tiene mucho mérito. 
Si entiendo correctamente lo que se está pidiendo, esa práctica ya se aplica en Escocia. 
La gestión a este nivel permite un alto grado de coordinación e intercambio de mejores prácticas entre los participantes. También fomenta actividades pioneras. 
Ofrezco como ejemplo el desarrollo por parte de nuestra asociación de Objetivo 3 de un conjunto de herramientas para generalizar el aspecto de género en los fondos estructurales. 
Creo que ya se está considerando seriamente su utilización en otras partes de la Unión Europea. 
Quisiera pedirle a la Comisión que estudiara muy atentamente las ventajas de adoptar la enmienda nº 5. 
Señor Presidente, le agradezco mucho a mi colega y amiga la Sra. Attwooll sus comentarios sobre la enmienda nº 5, en nombre de mis colegas, Nogueira Román y Ortuondo Larrea. 
También me gustaría comentar, igualmente en su nombre, las enmiendas nº 5, 6 y 7 de esta Cámara, que refuerzan y subrayan aspectos importantes del informe. 
Pero no me disculpo por volver a la enmienda nº 5 en el sentido en que la Sra. Attwooll ha hablado de ella. 
Es vital que el concepto de subsidiariedad se lleve al corazón de nuestra noción de fondos estructurales y que las autoridades regionales, locales y nacionales de los Estados miembros estén plenamente asociadas al proceso de hacer efectivos los fondos estructurales y de aplicarlos. 
Como dicen los párrafos 20 y 21, el principio de adicionalidad no ha estado funcionando hasta ahora de un modo eficaz y transparente. 
Varios oradores lo han destacado en este debate. 
Quizás al Comisario Barnier no le sorprenda que vuelva a insistir en que sean cuáles sean los fallos que hayan podido existir en el pasado, él tiene la oportunidad de conseguir éxitos en el futuro y de asegurar que el principio de adicionalidad no es sólo un principio formal que exige a los Estados miembros cumplir con ciertas condiciones presupuestarias de modo global. Debería ser, en cambio, un principio sustancial incorporado a la idea de subsidiariedad que él y el Presidente Prodi están estudiando para que podamos ver en el ámbito regional y nacional de los Estados miembros que los fondos se están usando realmente para aumentar y mejorar el desarrollo. 
Señor Presidente, la estimación fundamental que cabe hacer es que no se han observado mejoras reseñables en el panorama de grandes diferencias de renta per cápita entre las regiones más ricas y más pobres de la Unión Europea en los diez años de funcionamiento de los Fondos estructurales. 
El objetivo por el que se crearon los Fondos, es decir, su contribución a la reducción de las desigualdades regionales y a la consecución de la cohesión económica y social, no sólo se mantiene sustancialmente insatisfecho, sino que en bastantes casos, asistimos a un empeoramiento de la situación, a un aumento de la distancia que separa a las regiones más retrasadas de los centros desarrollados, tanto en el campo, y especialmente en las regiones insulares y montañosas, como en los centros urbanos castigados por el paro masivo y prolongado, la pobreza, y la insuficiencia, cuando no falta absoluta, de infraestructuras básicas. 
El informe debatido apunta bastantes observaciones críticas y estimaciones que se mueven en la dirección correcta, y por ello felicito a nuestro ponente. 
No obstante, la realidad es aun más adversa. 
La deficiente programación, la falta de transparencia y el gran número de irregularidades y fraudes en la ejecución de los programas, que han coadyuvado al aumento de la rentabilidad del capital parasitario, han conducido, en lugar de a la convergencia, al aumento de la divergencia; de manera que, en la práctica, los Fondos estructurales han sido utilizados en numerosas ocasiones como agente corrosivo de la cohesión y se han convertido en instrumento al servicio del desarrollo desigual. 
Un caso negativo paradigmático es el de Grecia, donde, mientras en 1996 sólo dos regiones griegas pertenecían a la categoría de las diez regiones más pobres de la Unión Europea, apenas un año más tarde, siete regiones griegas pasaron a la categoría de las once regiones más pobres. 
El Epiro, particularmente, conquistó el privilegiado título de región más pobre de la Unión Europea. 
La insuficiencia de recursos, bajo la espada de Damocles de la Agenda 2000 y su permanente recorte para satisfacer otras necesidades, como la ampliación, no sólo no contribuyen al reforzamiento de la cohesión y a la estabilización del nivel de crecimiento, sino que por el contrario provocan sacudidas que agudizan la descomposición socioeconómica de las regiones. 
Señor Presidente, Señor Comisario, mis queridos colegas, este sexto informe periódico sobre la situación económica y social de las regiones de la Unión, que fue adoptado el año pasado por la Comisión, indicaba que las veinticinco regiones más ricas de la Unión Europea tenían todavía un PIB medio por habitante dos veces y media más alto que el de las veinticinco regiones más pobres, y mis colegas también lo han recordado. 
Ciertamente, las diferencias de desarrollo entre Estados miembros se han reducido, pero las diferencias entre regiones permanecen, no solo en cuanto al PIB por habitante, sino igualmente y sobre todo en lo relativo al desempleo. 
A pesar de la reactivación económica, la tasa de desempleo de la Unión en su conjunto se situaba en torno al 10% al final de 1998. 
Además, el desempleo se reparte de manera muy desigual. 
Mientras que las veinticinco regiones menos afectadas experimentan una relativa estabilización, alrededor del 3 o del 4%, las veinticinco regiones más castigadas no llegan a materializar una inversión de la tendencia, con una tasa que permanece constantemente por encima del 20%. 
En su Informe Anual sobre los Fondos estructurales de 1998, la Comisión subraya muy acertadamente que un paro regional elevado lleva a la exclusión social, lo cual implica que el desempleo se hace aún más resistente a las mejoras económicas. 
Para resolver esta situación, se requiere una estrategia integrada, que combine medidas de refuerzo de la base económica de las regiones con medidas para la mejora del acceso al mercado de trabajo, sobre todo a través de la formación. 
Me parece por tanto indispensable, para sostener el crecimiento económico actual, que las acciones estructurales sigan reforzando su eficacia y su impacto en términos de creación de empleo, muy particularmente en las regiones más castigadas por el desempleo. 
Por otra parte, los trabajos iniciados en el marco del esquema de desarrollo del espacio comunitario reorientan la evolución de la organización del territorio europeo, de un modelo tradicional más bien centralizado hacia un modelo policéntrico que es el único capaz de promover un reparto geográfico más equilibrado de las actividades en Europa. 
La Comisión ha prometido que, en el marco del nuevo periodo de programación de los Fondos estructurales, se dará prioridad a la mejora de las redes de transporte, en particular en las regiones periféricas o interiores, y a la creación de sistemas de transporte duraderos y eficaces, que ofrezcan un equilibrio entre las diferentes modalidades de transporte. 
Insisto muy en particular en que el objetivo prioritario de esta cooperación reforzada sea la reducción de las diferencias estructurales entre la zona central de la Unión y las regiones periféricas y ultraperiféricas, tal y como queda precisado en una de las enmiendas que ha sido adoptada por mi comisión. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el informe del Sr. Maurizio Turco, que felicito por el excelente trabajo realizado, indica claramente que, desde muchos puntos de vista, los resultados del período de programación de los Fondos estructurales 1994-1999, sobre la base de las evaluaciones disponibles al final del año 1998, no estuvieron a la altura de las expectativas. 
Esto vale, en particular, para Italia. 
Basta decir que muchas financiaciones se han utilizado con mucho retraso, aunque se ha registrado una mejora al final del período de programación, obtenida de manera puramente matemática, mediante un traspaso de los créditos de pago del objetivo 2 al objetivo 1. 
Basta decir que, en lo se refiere al objetivo 4, en 1998 Italia no efectuó ningún compromiso y procedió al pago de sólo el 3% de las financiaciones. 
Basta decir que los sistemas de control y de evaluación fueron totalmente insuficientes. 
Los motivos de esta mala gestión, como apuntó también el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, son fundamentalmente tres: primero, la falta de programación y la escasa interacción entre las medidas financiadas y entre los diferentes instrumentos financieros, factores que no han permitido generar el valor añadido esperado; segundo, la falta de una visión global que ha supuesto la definición de proyectos no suficientemente ambiciosos; tercero, los retrasos en el cierre de los viejos proyectos y programas, debidos en gran parte a la falta de comprobantes de los gastos efectuados. 
Ahora, con vista al nuevo período de programación 2000-2006, a pesar de la simplificación de la gestión y de la reducción de los objetivos y de las iniciativas comunitarias, no puedo sino estar preocupado y comprender las razones de muchos presidentes de las regiones cuando plantean el problema de la falta de utilización de los fondos comunitarios y de las responsabilidades del Gobierno italiano. 
Señorías, dicho Gobierno, después de que en el otoño pasado hiciera rechazar por la Comisión Europea el mapa presentado para las zonas del objetivo 2 considerando que los criterios de zonificación no correspondían y, tras haber transcurrido muchos meses, no ha presentado una propuesta válida y conforme, y que no se diga por la falta de buena voluntad de la Comisión Europea. 
Ciertamente el resultando no es brillante. 
Ya no podemos perder tiempo y, menos aún, renunciar a 10.000 millardos de liras. La situación económica italiana no lo permite ni lo permitiría el contribuyente italiano. 
(FR). Señoras, señores diputados, desearía por mi parte expresar el gran interés que ha suscitado en mí la lectura del informe del Sr. Turco, y felicitarle por lo preciso y lo competente de su trabajo. 
Me gustaría también decirle que, independientemente de lo constatado, de las críticas, de las propuestas para el nuevo Comisario de Política Regional, que soy yo mismo, nuevo desde hace ya sin embargo algunos meses, esta lectura es muy útil también de cara al futuro. 
Me gustaría dedicar mi intervención a responder con la mayor precisión posible a cada uno de Ustedes sobre los puntos más importantes, y, en primer lugar, en relación a la aplicación de los Fondos en 1998. 
Su ponente, el Sr. Turco, ha expresado una relativa satisfacción en cuanto a la ejecución global de los Fondos en 1998, dónde el 100% de los créditos disponibles del ejercicio fueron concedidos y el 100% liquidados. 
Más allá de este hecho, -que es fruto de la labor de mi antecesora, la Sra. Wulf-Mathies, y de mis colaboradores que también eran los suyos, creo que es justo recordarlo -, más allá de este hecho, decía, puedo igualmente decirles y confirmarles que al final del año 1999, que es también el último ejercicio del periodo de programación 1994-1999, se ha concedido el 99% de los créditos y se ha liquidado el 75%: son resultados todavía insuficientes, cierto, pero que sin embargo denotan un avance en la dirección que Ustedes desean. 
A pesar de todo, es verdad que la situación de las iniciativas comunitarias es ligeramente distinta, y ello se debe a las especiales características de su puesta en práctica. 
Está la faceta innovadora de la mayoría de los programas, una nueva aproximación basada en el partenariado y en la dificultad de poner en funcionamiento programas transnacionales, a la vez por las autoridades nacionales y por las autoridades regionales. 
A pesar de todo, señoras y señores, hemos podido constatar una clarísima mejora en 1998, confirmada en 1999, en especial tras el ejercicio de reasignación de los recursos entre las distintas iniciativas, tal y como deseaba el Parlamento Europeo. 
Al final de 1999, el 95% de los créditos del periodo habían sido concedidos en concepto de iniciativa comunitaria, y el 57% habían sido liquidados. 
En relación a la ejecución, señor Esclopé, ya que ha mencionado la desigualdad entre los distintos Estados miembros a nivel de la ejecución, no creo equivocarme al afirmar que, en parte, la explicación que Usted busca se encuentra en la naturaleza necesariamente distinta de los programas y de los proyectos en función de los países o de las regiones. 
Sabemos perfectamente que los que proponen proyectos que, repito, son muy distintos, son los países y las regiones. 
Y por ello, quiero explicar en parte la observación que Usted hace a través de las diferencias entre estos programas y estos proyectos. 
Finalmente, si comparamos la ejecución de los compromisos con las perspectivas financieras adoptadas en Edimburgo, constato al igual que Ustedes una cuasi-adecuación. 
Sin embargo, Damas y Caballeros, he oído perfectamente las críticas o las observaciones que sostienen que se podían haber obtenido mejores resultados. 
La Sra. Schroedter o el Sr. Markov han puesto de manifiesto disparidades todavía no soportables. 
A pesar de ello, les señalo que es posible demostrar la eficacia de los Fondos estructurales, dado que las diferencias entre los Estados se han reducido. 
Sin embargo, tienen Ustedes razón, y yo mismo reconozco este hecho, las diferencias entre las regiones- la Sra. Sudre ha recordado al respecto las cifras extremadamente claras y elocuentes- demuestran que todavía no hay suficiente eficacia o concentración en la asignación de estos Fondos estructurales. 
Hay aún diferencias injustificadas e intolerables entre las regiones, entre el grupo de las regiones más pobres y el grupo de las regiones más ricas. 
Quiero además decir sobre este punto que estoy muy pendiente de que esta fractura social, como se la ha llamado, de que esta fractura económica entre el grupo de las regiones más ricas y el grupo de las regiones más pobres no se acentúe con otra fractura vinculada a la nueva economía- tengo por cierto en la cabeza cifras muy preocupantes al respecto -, que podríamos denominar la fractura numérica, es decir, el acceso democrático de los ciudadanos más alejados, de los más pobres, de los más desfavorecidos, a las nuevas tecnologías y a las oportunidades que ofrecen estas nuevas tecnologías. 
En cuanto al seguimiento y la evaluación, honestamente, hemos constatado progresos importantes, y me gustaría citar tres de ellos. En primer término, la puesta a punto de una metodología armonizada. 
En segundo lugar, la realización de las evaluaciones intermediarias, que finalizó a lo largo de 1998, y que dio lugar a reubicaciones a veces muy sustanciales desde el punto de vista financiero dentro de los programas. Finalmente, en tercer lugar, la realización de evaluaciones temáticas y horizontales, especialmente en los temas de las pequeñas y medianas empresas, de la igualdad de oportunidades o del partenariado. 
Estas evaluaciones dan poco a poco fruto, sobre todo en el caso de los nuevos programas del periodo 2000-2006, tal y como lo he constatado. 
Quedan progresos por hacer en este campo, pero he de señalar que la cultura de la evaluación parece en mi opinión estar hoy más presente en todos los servicios de la Comisión, e igualmente en todos los gestores de los programas. 
Además, he podido verificarlo a principios del pasado mes de junio, cuando organicé por primera vez un seminario que reunía a los Estados miembros y a los gestores de los programas, a las autoridades gestoras de todas las regiones, de todos los países. 
Había por cierto invitado al Presidente de su comisión, el Sr. Hatzidakis, y a la Sra. Theato, Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, a participar en este seminario. 
Demostró, lo digo sinceramente, que la cultura de la evaluación, que es una cultura moderna y necesaria, está progresando. 
En materia de control, la Comisión comparte ampliamente su apreciación sobre la complejidad del sistema actual de los Fondos estructurales. 
Sin embargo, de nuevo en este punto, se han realizado mejoras desde 1997, especialmente en el marco de la iniciativa SEM 2000, y le agradezco al Sr. Bradbourn el haberlas señalado. 
El establecimiento de las normas de elegibilidad de los gastos con una co-financiación es objeto a partir de ahora, para el nuevo periodo, de un reglamento de aplicación. 
Las normas que los Estados miembros deben respetar en materia de control financiero serán también objeto de un reglamento. 
Las líneas directrices relativas a la aplicación de las correcciones financieras netas están asimismo siendo traducidas a un reglamento de aplicación para este nuevo periodo. 
Por otra parte, tengo interés en recordarles que la reglamentación de los Fondos para el nuevo periodo- que el Sr. Musotto juzgó hace un rato insuficiente, de lo cual he tomado buena nota -, contempla una simplificación de los sistemas de seguimiento de las intervenciones. 
En materia de control, la nueva reglamentación consagra igualmente al Estado miembro como responsable directo de los controles realizados sobre los programas que se llevan a cabo en su territorio. 
Por su parte, como Ustedes saben, Damas y Caballeros, la Comisión es la encargada de velar por que los sistemas de control sean suficientemente sólidos y fiables. 
Naturalmente, todo esto es complejo. 
He oído incluso recientemente invocaciones a una menor burocracia bruselense, a menores complicaciones. 
Voy a reflexionar, lúcida y objetivamente, sobre todos los medios que puedan simplificar las cosas. 
Voy a hacerlo particularmente en el marco de nuestra reflexión sobre lo que será la nueva política regional 2006-2013. 
Mientras tanto, estoy atado a un Reglamento General, que Ustedes conocen bien desde Berlín, y que debo aplicar. 
Me hace falta por tanto encontrar, junto con los servicios a mi cargo, la mejor síntesis y el mejor equilibrio posible entre, por una parte, el deseo, expresado por algunos de Ustedes hace un rato, de una mayor descentralización, de una mayor confianza en los Estados miembros y las regiones, y por otra, su exigencia de rigor, que me pide también el Tribunal de Cuentas, para poder rendirle cuentas a los ciudadanos contribuyentes. 
Lo que puedo decir al respecto, en especial a la Sra. Hedkvist Petersen, que me habló de ello el otro día cuando estuve en su región, es que voy a buscar esta síntesis óptima. 
Pero intenten comprenderme: estoy atrapado entre su deseo de una mayor descentralización y el de presentar unas cuentas correctas al Parlamento Europeo, a la opinión pública y al Tribunal de Cuentas. 
Su ponente subraya, con acierto, que los controles "in situ" realizados por la Comisión en 1998 no son suficientemente numerosos. 
En efecto, señor Turco, a pesar de la importancia que concede la Comisión a la buena gestión financiera de los programas y a un control fiable, debo constatar que los recursos de que dispongo no nos han permitido realizar tantas operaciones de control como habríamos deseado. 
Finalmente, pongo de relieve la negociación en curso de un acuerdo-marco entre nuestras dos instituciones, lo cual responde en parte al Sr. Bradbourn. 
Este acuerdo-marco está además ahora definitivamente a punto para la transmisión de los documentos al Parlamento, y esta es la base sobre la cual la Comisión hará llegar a su Parlamento todos los documentos que desee. 
Varios de Ustedes, la Sra. Attwooll, el Sr. MacCormick, se han referido al tema de la adicionalidad. 
Quiero precisarles que la nueva reglamentación mejora, a mi parecer, sensiblemente las posibilidades de verificación de la adicionalidad. 
Efectivamente, ésta será verificada en dos tipos de programas. 
En los programas de Objetivo 1, como se hacía anteriormente, pero también en los programas de Objetivo 2 y 3, tomados en su conjunto, esta verificación se efectuará sobre la base de muestras y afectará únicamente a las medidas activas del mercado de trabajo. 
Este nuevo sistema permitirá tener una visión global de la aplicación del principio de la adicionalidad, incluyendo al Objetivo 2, que planteaba, como Ustedes saben, grandes problemas estadísticos en el periodo anterior. 
La Comisión había igualmente propuesto un vínculo entre la verificación de esta adicionalidad y la asignación de la reserva de resultados, pero como Ustedes también conocen, este vínculo no ha sido retomado por el legislador. 
Deseo sin embargo recordar el gran interés que tengo en verificar la realidad de esta adicionalidad, y quiero igualmente decir- como ya le he dicho a varios Estados miembros- que la verificación de este principio, de la realidad de esta adicionalidad, será un criterio para la admisibilidad y la aprobación de los nuevos programas. 
Me han preguntado Ustedes sobre su proyecto de Artículo 5. 
Con total franqueza, señoras y señores diputados, les pido que comprendan que no me es posible aprobar este Artículo 5, independientemente de cuáles sean las buenas intenciones que lo sustentan. 
Aquí también, me veo limitado por el Artículo 11 del Reglamento General de los Fondos estructurales, que no permite, en todo caso hasta el 2006, descentralizar o delegar los poderes ejecutivos de la Comisión en los órganos sub-nacionales, como Ustedes indican: Comunidades Autónomas, Regiones y Länder. 
Me veo obligado a respetar el Reglamento General de los Fondos estructurales, en todo caso en lo que está contemplado hasta el 2006. 
El partenariado es un principio que la Comisión desea configurar lo más completamente posible. 
Ya se han verificado avances en 1998, en particular con la puesta en práctica en 1997 de los Pactos Territoriales para el Empleo, que movilizan a los interlocutores regionales y locales, así como a los agentes sociales. 
Pero la Comisión va mucho más allá con la nueva reglamentación 2000-2006. 
En efecto, el partenariado se amplía hoy a nuevos actores, que hasta la fecha no estaban realmente implicados o lo estaban muy raramente, y deseo a partir de ahora que lo estén: los interlocutores económicos y sociales, las asociaciones, ciertas organizaciones no gubernamentales, sobre todo en el campo del medio ambiente y de la igualdad de oportunidades. 
Por otra parte, la nueva reglamentación generaliza el partenariado en todas las fases de la programación, desde la concepción de los planes por parte de los Estados miembros hasta la evaluación de los programas. 
Cuarto punto, la complementariedad con las demás políticas comunitarias. 
Señora Flesch, Usted mismo, señor Turco, señora Schroedter, señor Mastorakis, todos Ustedes han insistido en este punto. 
Quiero subrayar que el Parlamento, que se pregunta cuáles son los esfuerzos realizados por la Comisión para reforzar las sinergias entre las políticas estructurales y las demás políticas comunitarias, debe saber que yo también estoy preocupado por ello, al igual que los servicios a mi cargo. 
Bajo este prisma debemos valorar la inserción de un tema horizontal en su Informe Anual de 1998, por ejemplo las iniciativas a favor del desarrollo local y, quiero anunciarles, las iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el informe de 1999. 
Se han realizado numerosos esfuerzos últimamente para mejorar la coherencia de los Fondos estructurales con las demás políticas comunitarias y en concreto, señora Flesch, con las ayudas estatales. 
Es un campo en el que la Comisión adoptó, en 1998, una comunicación que aproxima el mapa de las ayudas estatales regionales a los mapas de las regiones elegibles para los Fondos estructurales, y mantengo sobre este punto, junto con Mario Monti, mi colega responsable de estas cuestiones, un diálogo extremadamente constructivo, muy regular. 
Estamos ante el mismo supuesto para el medio ambiente, dentro de los nuevos programas 2000­2006. 
Aquí, seamos claros, tampoco se trata de convertir a los Fondos estructurales, Damas y Caballeros, en instrumentos de otras políticas. 
Los Fondos estructurales responden a una política: la de la cohesión, la de la reducción de las desigualdades entre las regiones y los países. 
El objetivo de los Fondos es sostener el desarrollo de las regiones más desfavorecidas para reforzar la cohesión económica y social en la Unión, y han insistido Ustedes en la insuficiencia de los progresos dentro de este campo. 
Se trata por tanto simplemente de asegurarse- lo cual no es desdeñable- de que las intervenciones estructurales tengan suficientemente en cuenta las políticas comunitarias sectoriales, pero también, como contrapartida, de conseguir que las demás políticas sectoriales de la Unión reflejen o favorezcan esta dimensión de cohesión. 
Pienso concretamente- para responder a los Sres. Sánchez García y Theonas- en las regiones ultraperiféricas. 
Ustedes conocen, Señores diputados, la atención personal que seguiré prestando, en el seno de la Comisión, al futuro y al desarrollo de las regiones ultraperiféricas. 
Se lo he demostrado con la publicación del informe de la Comisión sobre estas regiones: le he dedicado una especial atención. 
Lo digo también en relación a las intervenciones de la Sra. Sudre sobre este tema. 
Lo que he dicho acerca de las regiones ultraperiféricas y de la necesidad de una buena cohesión y de una buena coherencia entre las distintas políticas, es válido también para las regiones más desfavorecidas, ya sean regiones urbanas, cada vez más numerosas, o bien regiones insulares o marítimas, para responder al Sr. Ripoll, que me ha preguntado por este tema. 
Para concluir, agradeciéndoles su atención, me gustaría decir unas palabras sobre el Informe Anual y sobre su papel, tal y como yo lo concibo. 
Damas y Caballeros, es inevitable que el Parlamento sea exigente con la Comisión en lo relativo a la aplicación de los Fondos estructurales y a su impacto, y han presentado Ustedes nuevas exigencias. 
Le doy mi conformidad al Sr. Stockmann sobre la pregunta que me ha planteado para incluir en los próximos informes un párrafo o un capítulo específico que respondan con precisión a las observaciones o las críticas del Parlamento con respecto a la Comisión. 
El proyecto de resolución refleja esta voluntad, esta exigencia, al pedir que la Comisión proporcione siempre más información en el Informe Anual. 
Sin embargo, desde hace algunos años, hemos optado por darle al Informe Anual una forma más concisa, lo cual había sido además solicitado formalmente por el Parlamento Europeo en aquella época. 
Es importante, en efecto, que este documento pueda ser leído- todavía no puede serlo totalmente, si he comprendido bien al Sr. Turco- por los ciudadanos, y no solamente por los representantes electos o los especialistas. 
Estoy muy vinculado a este esfuerzo de legibilidad, de aproximación y de explicación por parte de la Comisión en el ámbito del que soy responsable. 
Vamos por tanto a seguir con nuestro esfuerzo a favor de esta legibilidad y de esta labor de explicación, siendo a la vez lo más concretos posible al responder a sus demandas. 
He aquí los dos ejes- legibilidad y precisión- sobre los que pretendo concentrar mis esfuerzos, con el fin de presentar un Informe Anual de calidad. 
Muchas gracias, señor Comisario Barnier. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17,30 horas. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Libertades fundamentales en Serbia y en Kosovo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0568/2000 del diputado Dupuis y otros, en nombre del Grupo Técnico de Diputados Independientes- Grupo Mixto; 
B5-0569/2000 de los diputados Pack y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos; 
B5-0572/2000 del diputado Lagendijk y otros, en nombre del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea; 
B5-0574/2000 de los diputado Haarder y Malström, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Demócratas; 
B5-0577/2000 del diputado Brie y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0579/2000 de los diputados Wiersma y Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos 
sobre las libertades fundamentales en Serbia y en Kosovo. 
Señor Presidente, en algunos idiomas figura como proponente del Grupo del PSE, el Sr. Wiersma y un tal Sumberg que en cualquier caso no pertenece a nuestro Grupo político. 
En cualquier caso no me he bautizado de nuevo. 
Sigo llamándome Swoboda y además estoy orgulloso de este típico nombre alemán. 
Le ruego que se corrija allí donde figura erróneamente. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, acabamos de tener la oportunidad de hablar con abogados jóvenes de Serbia, quienes nos han descrito de modo muy expresivo la desesperada situación en su país. 
Por ello, vuelvo gustosamente al tema de hoy, es decir, la total ausencia de libertad de prensa y de posibilidades de información. 
La población es informada sólo a través de las gafas del Sr. Milosevic y de su esposa Markovic. 
Todos aquellos que ven las cosas como son, son traidores al pueblo serbio y cómplices de la OTAN. 
Una de las jóvenes serbias me ha contado que le es extraordinariamente difícil aclarar a su abuela porqué está en contra de Milosevic, pues esa abuela dispone solamente de las informaciones y experiencias que ha tenido. 
Por ello no puede comprender que esta joven mujer se adhiera a la organización OTPOR. 
Los medios democráticos independientes en Serbia tienen que recibir ayuda de nosotros para que puedan proporcionar informaciones lo más correctas posibles para lograr que en Serbia quizás florezca la democracia. 
Pero quiero también indicar que naturalmente esperamos de la llamada prensa de la oposición- de la que aún queda- que critique las irregularidades existentes en la dirección política, por ejemplo, en Belgrado, la ciudad que es gobernada por el SPO, al igual que lo hace con el régimen de Milosevic. 
Mientras no lo haga y sea tuerta de un ojo, no será un medio independiente. 
Quiero llamar la atención de las y los colegas sobre lo siguiente: si empiezan a llegarnos señales de que el Sr. Draskovic está de nuevo en camino de cerrar filas junto con el Sr. Milosevic, entonces deberíamos prestar mucha atención sobre a quién proporcionamos nuestra ayuda. 
El auténtico grupo de resistencia en Serbia, el OTPOR, salido del movimiento estudiantil, no es permitido por el momento por Milosevic para que se registre como organización. 
Pero esto no le impide organizar manifestaciones de buena voluntad en las calles de Belgrado o de otros lugares en Serbia. 
Nuestra delegación va a desplazarse el fin de semana a Montenegro y el domingo hablaremos con representantes del OTPOR y de la oposición. 
Naturalmente, aprovecharemos esta oportunidad para conocer todas las posibilidades de ayudarles. 
A la falta de libertad en el país contribuye también un hecho relacionado con la ley de la Universidad que se aprobó en octubre de 1998: muchos catedráticos han sido alejados de sus puestos desde entonces. 
Se les ha impuesto la prohibición de impartir clases y se les ha destituido de sus cargos alegando una supuesta falta de cualificación. 
Lo que uno puede pensar de ello se lo puedo decir enseguida: uno de esos supuestos catedráticos no cualificados es actualmente catedrático en la Universidad de Saarbrücken y Berlín. 
No me puedo imaginar que estas Universidades coloquen a catedráticos serbios no cualificados. 
Pero, naturalmente, no encajaban en la doctrina de Milosevic. 
En contrapartida, hay que decir- de lo que aquí no sabemos solamente se puede uno enterar hablando allí in situ con las personas- que el político extremista nacionalista Selesj es actualmente catedrático en la Facultad de Derecho. 
Se pueden imaginar qué es lo que allí se entiende bajo calidad. 
El debate de hoy trata sobre todo de las condiciones imperantes en las cárceles serbias. 
En las cárceles serbias se encuentran más de 2000 albano-kosovares, la mayoría de ellos desde la primavera de 1999, es decir, desde antes del ataque de la OTAN. 
La situación en estas cárceles es indescriptible. 
Las personas no disponen de asesoramiento jurídico. Cuando se les condena, se hace contra todo derecho. 
Recuerdo a Flora Brovina, una médico que no ha hecho otra cosa que seguir su ética profesional y ayudar a las personas con independencia de su nacionalidad. 
Se le ha condenado a 14 años de cárcel en Serbia en Nis. 
Las condiciones carcelarias no cumplen realmente con ningún convenio. Contradicen el Convenio de Ginebra. 
Existen torturas y trabas y el mundo simplemente mira. 
Hace catorce días estuvimos con 12 colegas en Kosovo. 
Allí, albano-kosovares nos han entregado estas 75.000 firmas. 
Las hemos traído aquí pues queremos mostrar lo grave que es el destino de aquellos que desde hace al menos un año y medio quieren saber dónde están sus parientes, sus padres, hermanos o incluso sus hijos. 
Creo que no podemos meter sencillamente en un cajón estas 75.000 firmas. 
Tenemos que intentar proporcionar al menos a estas personas la certeza de dónde se encuentran esos desaparecidos, en qué cárceles están o donde han muerto. 
Esta es la situación en Serbia. 
En Kosovo, que también hemos visitado, aunque la situación es diferente sin embargo existen problemas similares. 
Intervenimos el año pasado en Kosovo porque queríamos ayudar a los albano-kosovares que habían padecido durante diez años bajo un régimen de Apartheid para que obtuviesen sus derechos. 
Ahora queremos lograr que en Kosovo exista una coexistencia pacífica entre la población mayoritaria de los albanos y las minorías que también tienen un derecho a vivir allí. 
Estos son serbios, aschkalis o gitanos. Creo que debemos prestar atención para que allí sea posible una coexistencia. 
Precisamente en los últimos días en los que estuvimos allí y también ahora se producen muchos incidentes. 
Se han producido asesinatos de serbios en estos últimos días. Nadie puede decir quién los ha cometido. 
Pero alguien es responsable de que cada día un serbio o varios sean asesinados. 
Rechazamos estos hechos, los hemos rechazado in situ y aquí los hemos condenado ya en varias ocasiones. 
Llamamos a todos los que tienen responsabilidad- sobre todo a los albanos de Kosovo- para que adopten las medidas necesarias para que sus compatriotas se comporten moderadamente e impidan que se comporten así frente a las minorías. 
No hemos acudido en ayuda de los albanos en Kosovo para que hagan de la vida de las minorías que allí hay un infierno. 
Como no conocemos a los autores, hay que decir también que no se puede excluir que algunos de esos autores hayan sido introducidos como provocadores por Serbia porque no se quiere que exista un Kosovo en paz. 
Todos en la Unión Europea y también la UNMIK tenemos que actuar allí con rapidez. 
La UNMIK debe adoptar las medidas necesarias para que exista un marco jurídico para poder coger a los autores, colocarlos tras las rejas y castigarlos. 
En Kosovo también existe el problema de serbios desaparecidos, de los que todos sabemos. 
Apelamos a los albano-kosovares para que hablen ahora e informen a la Cruz Roja si saben algo sobre el paradero de estos serbios y de otras nacionalidades para que esta ausencia de certeza acabe por fin. 
Los pocos serbios en Kosovo que quieren participar allí en la administración tienen naturalmente también un problema. Son considerados por algunos de sus compatriotas como traidores. 
Como esto es así tenemos que ayudar a estos serbios de buena voluntad a presentar algunos buenos resultados para que su cooperación haya merecido la pena también para los serbios. 
Tenemos que intentar llevar una protección policíaca más fuerte. 
Por ello, apelo a todos los Estados miembros para que envíen todos los policías que puedan a Kosovo para garantizar de este modo también la protección de las minorías. 
Señor Presidente, los medios libres son un elemento central de la democracia. 
Si la oposición no tiene ninguna posibilidad de expresar su opinión, si no puede tener lugar un debate social en la opinión pública y entonces la dictadura es completa. 
Lo amargo que puede ser esto lo sé por propia experiencia. 
También sé lo difícil que es salir de esta situación como oposición y no caer en la desesperación o resignación. 
La transformación de la sociedad, lo que esperamos allí de la oposición no puede tener lugar prácticamente bajo estas condiciones pues las personas se encuentran con un pie en la cárcel si hacen algo por la democracia. 
Va a ser muy, pero que muy difícil influir desde fuera pues el derecho humano de expresar libremente la opinión se declara sencillamente como ilegal. 
Por ello- me dirijo en especial a la Comisión- necesitamos de toda nuestra imaginación, flexibilidad y creatividad para desarrollar instrumentos con los que podamos apoyar a la oposición en esta situación. 
No es imposible transformar a la sociedad incluso en esta situación, lo que ha revelado el tiempo de once años. 
Tenemos que centrarnos en ello. 
No siempre se deben alegar obstáculos burocráticos. Hay que examinar realmente qué es lo que permiten los instrumentos europeos. 
Y permiten más de lo que hasta ahora parecía. 
También es importante mandar estas señales pues, de lo contrario, la oposición se sentirá sola y perderá todas sus fuerzas. 
Entonces sería mucho más difícil y duraría también mucho más tiempo. 
La Sra. Pack ha mostrado claramente que la situación en las cárceles es terrible y que cada día que pasa para sus moradores es un día de más. 
Por ello, ruego a la Comisión que cada vez que mantenga conversaciones con representantes del Gobierno serbio o sus embajadores lleve consigo la lista de los presos y pregunte por ellos de modo individualizado. 
Son personas y es un servicio al humanitarismo presionar para que estas personas tengan un día la libertad y puedan reunirse con sus familias. 
También quiero apelar a la Comisión para que proporcione una ayuda financiera indirecta a las organizaciones que intentan elaborar listas, organizar visitas a las cárceles y atender a las familias. 
Es enormemente importante realizar este servicio humanitario. Esto es también fortalecer las fuerzas democráticas en Serbia. 
Respecto a Kosovo: pasado más de un año, Kosovo no se encuentra allí donde queríamos que estuviese. 
Para mí supone una enorme frustración que el odio sea tan grande, que los serbios, gitanos y otras minorías no puedan vivir en paz en este Kosovo a pesar de que se trata de un protectorado internacional. 
Es vergonzoso que no logremos que se imponga la tolerancia o al menos la coexistencia en esa región. 
Por ello, para la credibilidad de la comunidad internacional es urgentemente necesario que protejamos a las minorías y les proporcionemos unas posibilidades reales de vida y de trabajo. 
Para mí es además importante ya, de lo contrario, que todo lo que se hizo hace un año no sería creíble. 
Por ello, es urgentemente necesario que realicemos aquí más esfuerzos para mostrar claramente que no podemos permitir que se expulse de Kosovo a personas que pertenecen a otra raza. 
Los serbios, gitanos y otras minorías tienen derecho a vivir allí. 
Señor Presidente, queridos colegas, esta resolución afronta de manera concreta un cierto número de problemas específicos. 
No voy a repetirlos, ya que nuestra Presidenta, Doris Pack, los ha explicado mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. 
Quiero solamente subrayar el tema de los prisioneros kosovares, como también lo ha hecho la Sra. Schroedter. 
Es un problema fundamental y debemos perseverar en nuestra acción, incluso sabiendo que no tenemos demasiados argumentos para influir sobre el régimen de Belgrado. 
Evidentemente, tenemos también todas las represiones de Serbia. 
Pero, por primera vez, les confieso que siento un cierto optimismo en cuanto a la evolución del régimen de Belgrado, en relación a la posibilidad de ver con bastante rapidez cómo se derrumba. 
Pienso concretamente en el movimiento estudiantil Otpor, más o menos clandestino, y sobre este punto creo que el ensañamiento con el que lo reprimen y lo persiguen los esbirros de Milosevic es un buen reflejo de su fuerza. 
Dicho esto, pienso que ya es hora, queridos colegas, de que el Parlamento Europeo y también la Comisión y el Consejo inicien un debate- y sé que la Presidenta de nuestra delegación no comparte del todo este punto de vista- sobre el futuro estatuto de Kosovo, sobre el futuro estatuto de Bosnia y por tanto también, directamente, sobre el de Serbia. 
La incertidumbre que rodea hoy al estatuto definitivo de Kosovo es una fuente de inestabilidad, una fuente de estímulo para los extremismos de cualquier bando, una fuente de no-desarrollo, porque esta situación no fomenta ciertamente las inversiones extranjeras. 
Hay otro hecho que debe llamar nuestra atención: la presencia, en un país de menos de dos millones de habitantes, de más de cincuenta mil occidentales con un nivel de vida 10 veces, 15 veces, 20 veces superior al de los kosovares, no deja de plantear numerosos problemas en términos de discriminaciones y de desigualdades, no deja de tener efectos secundarios, -no siempre tan secundarios, por cierto -, muy importantes y a menudo muy delicados, incluso visiblemente negativos. 
Al decir esto, no pongo en absoluto en entredicho el papel de la KFOR, ni el papel de las Naciones Unidas en Kosovo, pero no podemos pensar ni concebir una "ocupación" de Kosovo durante largos años sin correr grandes riesgos. 
En consecuencia, debemos afrontar sin tabúes la cuestión del estatuto final de lo que era la ex-Yugoslavia. 
Seis años después de la firma de los Acuerdos de Dayton, fue en 1995, con una Bosnia que todavía no es un país dónde las cosas funcionen bien, con una Bosnia formada por dos, incluso por tres entidades, es urgente que eliminemos todos estos problemas, y que la Comisión y el Consejo nos propongan medios para superar estas situaciones que fueron concebidas como transitorias. 
Es necesario que nos propongan salidas para instaurar una situación a partir de la que sea posible concebir la integración de estos países en la Unión Europea. 
En particular, creo que no se puede eludir la idea de una federación entre Kosovo y Albania, y que tampoco podremos evitar integraciones entre ciertas zonas de Bosnia y de Serbia. 
Es el resultado de una política que sin duda no hemos deseado, nosotros los radicales, pero que ha sido deseada por la Comunidad Internacional, y no podemos seguir tapándonos los ojos. 
Señor Presidente, hace un año el actual Secretario General de la OTAN, Sr. George Robertson, describió la labor en Kosovo de forma clara y sucinta con las siguientes palabras: "El objetivo es sacar a los serbios, meter a la OTAN y que los albaneses vuelvan a sus hogares". 
Se logró. 
Es una victoria para los derechos humanos y la justicia. 
Yo estuve allí antes de que comenzara la guerra, en aquel entonces los serbios ya habían expulsado a unas 200.000 o 300.000 personas, devastado, quemado y desolado todos los territorios. 
Y volví a estar allí hace un par de semanas siendo testigo del enorme cambio para mejor que ha tenido lugar gracias a la actuación de la OTAN. 
También puedo dar fe del trabajo increíblemente capaz que llevan a cabo la KFOR, la misión UNMIK de la ONU y la policía de la UNMIK. 
Desgraciadamente, también puedo certificar que está sucediendo aquello sobre lo que debe girar especialmente este debate, es decir, que ahora son los serbios quienes son perseguidos mientras se les lanza piedras, se les acosa, se queman sus casas y se les intenta expulsar. 
Ahora son los serbios quienes precisan nuestra atención. 
La policía hace todo lo posible, pero no ha llegado el número prometido de agentes de policía. 
Son especialmente los países de la UE quienes han fallado, sólo uno de cada 5 miembros de la fuerza policial procede de los países de la UE. 
Y éste es, entre otros motivos, uno de los motivos de que la anterior organización de liberación, el FLK, tenga demasiadas facilidades para llevar a cabo actividades antiserbias y criminales, que probablemente incluyen también asesinatos, incendios e intentos de expulsiones. 
Luego lo que ahora hace falta puede decirse en tan pocas palabras como hace un año: El objetivo es sacar al FLK, meter a la policía y que los serbios regresen a sus hogares en aquellos lugares de Kosovo donde han vivido todo el tiempo. 
El FLK ha de ser desarmado y privado de cualquier posición de monopolio en las próximas elecciones y también ha de verse privado de los privilegios que evidentemente ha disfrutado a la hora del reclutamiento de miembros para la nueva policía. 
La actividad criminal del FLK ha de detenerse. 
Los países de la UE han de enviar más efectivos policiales y jueces. 
Ha de ayudarse a los serbios en su regreso a sus hogares. 
También se ha de intentar ayudar a los grupos de serbios en la propia Serbia, por otro lado, ha de recalcarse que las elecciones programadas para el mes de octubre en Kosovo deben mantenerse aun cuando los serbios de Kosovo las boicoteen, puesto que lo que se necesita son especialmente albaneses que tengan responsabilidades. 
Actualmente todos los albaneses se han convertido en clientes y pueden culpar a todos los demás del terror y las luchas callejeras, etc. Lo que necesitamos es hacer responsable a la mayoría albanesa. 
Señor Presidente, un año después del final de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, la situación es inestable y las condiciones de las fuerzas de oposición se están convirtiendo en cada vez más preocupantes en Serbia. 
Las noticias de todos los días dan prueba de una elección represiva del Gobierno yugoslavo. 
Los opositores se castigan e intimidan como lo hacen habitualmente los regímenes que se sienten en peligro: cierre de periódicos y de radios, secuestro de instalaciones, investigaciones intimidatorias sobre los distintos grupos y organizaciones no gubernamentales, detenciones indiscriminadas y juicios sumarísimos como en el caso de Flora Brovina. 
Muchos hombres, mujeres y estudiantes que hoy sufren la represión son los mismos que a lo largo de estos años hicieron oír valientemente su voz en pos de la paz, de la libertad, del respeto de los derechos humanos y, en realidad, han sido abandonados también por Europa. 
Pero es igualmente preocupante la situación en Kosovo, donde las fuerzas oprimidas se han convertido en opresoras: lo dicen Kofi Annan, Solana, Kouchner. 
En un año, han huido del terror de Kosovo 240.000 serbios, gitanos, montañeses y judíos. 
Y los que se han quedado sufren continuas agresiones y, en muchos casos, son eliminados. 
El último informe UNHCR/OSCE dice claramente que no existen accesos a la educación, a la salud y a los servicios públicos y que no hay libertad de circulación para las minorías en Kosovo. 
Pero no solo las minorías, sino también los albanokosovares que se manifiestan contra las venganzas o por una expresión democrática en Kosovo están amenazados y temen por su vida. 
De esto saben algo líderes como Rugova, así como y sobre todo esas mujeres que en estos años, junto con mujeres serbias, bosnias y europeas- las "Mujeres de negro" contra la guerra- han querido y sabido mantener relaciones y construido puentes de paz. 
Algunas de ellas tuvieron que abandonar Kosovo, otras se han visto obligadas a permanecer en silencio. 
Y en Serbia, hoy, las "Mujeres de negro" corren el riesgo de que se cierre su centro. 
Considero que Europa, y en particular los 19 países que forman parte de la OTAN, deben hacer un gran esfuerzo de autocrítica y de revisión de su política. 
Hoy todos reconocen los crímenes y las ilegalidades cometidos contra los civiles por parte de la OTAN. 
En nombre de la defensa de los derechos humanos, no se pueden violar normas internacionales, empezando por las de Ginebra. 
Aquí hablamos de libertades fundamentales: por esto, debe cesar la política del embargo. No podemos castigar a los civiles de este modo, nos lo piden los movimientos democráticos de oposición serbios que, aún hoy, están bajo el yugo de Milosevic. 
Quizás tenemos que ser nosotros quienes les ayudemos todo lo posible en Serbia y en Kosovo. 
Nos lo debemos a nosotros mismos, pero sobre todo a un niño kosovar estupendo, Felt, que un día, después de la guerra, mientras tomábamos un helado en Pristina, me dijo: "Con esta guerra todos nos hemos vuelto más malos". 
Señor Presidente, tanto en Serbia como en Kosovo la situación es grave. 
Pero hoy quiero hablar de la situación en Serbia y me gustaría sumarme a lo que ya ha dicho la Sra. Pack, la presidenta de nuestra delegación para la región. 
Hay que constatar con una frustración creciente que la situación en Serbia está empeorando día tras día. 
Milosevic está creando unas condiciones dictatoriales, un país gobernado por las fuerzas de seguridad, por los medios de comunicación afines al gobierno y por el estado de terror. 
No se atreve a enfrentarse democráticamente a la oposición. 
A los medios de comunicación independientes se les hace la vida imposible. 
El país va por unos derroteros muy negativos: se amenaza a políticos, hay un ambiente asesino y se perpetra un atentado tras otro. 
El movimiento estudiantil OPOR, la esperanza de la oposición, es objeto de represiones brutales. 
CCL les calificó hace poco como terroristas. 
También se preparan medidas contra las universidades para que los estudiantes no se rebelen. 
Por lo tanto, ha surgido una situación en que la democracia es una farsa y en que el régimen se intenta mantener por medio de manipulaciones totalitarias. 
Lo estamos observando desde el otro lado y no podemos hacer apenas nada para apoyar a las fuerzas democráticas. 
Carecemos de una influencia directa sustancial en la situación de Serbia. 
No obstante, es importante que expresemos nuevamente nuestra indignación. 
Debemos seguir comprometidos y es positivo que nosotros como Parlamento pongamos hoy de manifiesto nuestro enfoque común sobre la situación serbia y cómo hay que abordarla. 
La oposición en Serbia nos necesita. 
Se ha reservado mucho dinero para Serbia en el marco del pacto de estabilidad. El empleo de estos fondos tiene que esperar hasta que se produzca un cambio en Belgrado, pero sólo se producirá si la oposición tiene los medios para expresarse. 
Pedimos a la Comisión que se esfuerce al máximo y que emplee mucha creatividad, como ya ha dicho la Sra. Schroedter, para prestar ayuda a las ciudades de la oposición dentro de Serbia. 
Pero aparte de esto, también habrá que buscar la forma de apoyar a los medios de comunicación independientes. 
¿Está dispuesta la Comisión a colaborar con iniciativas para la puesta en marcha de una radio y televisión que puedan dirigirse a la población serbia desde fuera de ese país? 
Me parece que valdría la pena intentar que esta propuesta prospere. 
Señor Presidente, se ha dicho aquí que la libertad de los medios es reprimida masiva y brutalmente en Serbia. Durante el Pleno de mayo celebrado aquí en Estrasburgo, se clausuró la emisora B92 de Belgrado y desde entonces se han sucedido las medidas represivas contra los medios independientes y el movimiento estudiantil OTPOR. 
Sus dirigentes son perseguidos, excluidos de la Universidad y encarcelados. Exigimos su puesta en libertad y exigimos también la libertad de los medios, pero naturalmente tenemos que hacer algo práctico también aquí. 
Saludo que el colega Wiersma haya recogido algo que yo he introducido en esta resolución. Me refiero a que debemos apoyar a emisoras independientes colocadas alrededor de Serbia al igual que a los pocos medios que aún quedan en Serbia. 
Yo vengo de Munich y en esta ciudad se encontraron durante decenios las emisoras "Europa Libre" y Radio Liberty que fueron para los países de la Europa Central y Oriental una voz de libertad. 
Tras los cambios, el Presidente Havel dijo que estas emisoras, que hoy se encuentran en Praga, contribuyeron considerablemente a que la libertad y el Estado de derecho triunfasen allí. 
Sólo que quienes lo hicieron fueron los americanos: los americanos crearon la emisora "Europa libre". 
Actualmente, como Unión Europea tenemos la oportunidad de hacer al menos para una pequeña parte de Europa lo que los americanos hicieron para la Europa Central y Oriental, es decir, establecer en Hungría, Rumanía, Montenegro y Albania emisoras de la libertad que sean una voz independiente en la que pueda orientarse el pueblo serbio. 
Tenemos que decir con toda claridad que nuestra crítica no se dirige al pueblo serbio sino sólo contra los detentadores del poder que emplean el nombre del pueblo serbio para sus objetivos criminales. 
Tenemos que diferenciar entre pueblo y régimen y tenemos que apoyar al pueblo y proporcionarle informaciones y una voz independiente. 
Aquí tenemos oportunidades. 
Al mismo tiempo, tenemos que ver muy claramente que la cuestión de la protección de las minorías afecta también a Serbia. 
No sólo se olvida con frecuencia a las minorías en Vojvodina sino que existe además un flujo de refugiados y desplazados procedentes de la región fronteriza de Serbia habitada por albanos que afluyen a Kosovo. 
Los albanos desplazados procedentes del núcleo de Serbia apenas son mencionados en nuestros medios y representan una carga esencial para la situación en esta región. 
Naturalmente, apoyamos también todos los medios y minorías en Kosovo. 
La Sra. Pack ya ha indicado que incluso se da la situación de que en Kosovo no sólo existen tensiones entre albanos y serbios sino que incluso serbios persiguen a serbios porque, como supuestos colaboradores, están dispuestos a participar en el proceso de reconstrucción de Kosovo y en la reconciliación entre los pueblos. 
Importante es la cuestión de los presos y aquí quiero seguir el hilo de lo que ha dicho Olivier Dupuis. Hay un gran número de detenidos, de presos en Serbia, de cuyo destino no sabemos nada. 
Menciono a Ukshin Hoti, por cuya puesta libertad nos hemos pronunciado aquí en el Parlamento en diversas ocasiones. 
No sabemos si vive o se encuentra en alguna cárcel. 
Su familia tiene esperanzas de que viva y debemos llamar la atención sobre el destino de este famoso luchador por los derechos cívicos que fue durante un tiempo Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno democrático de Kosovo. 
En este contexto, quiero decir con toda claridad que es de la mayor importancia que no sólo señalemos con el dedo hacia los demás sino que también cumplamos nuestras obligaciones. 
Naturalmente que existe criminalidad, odio y conflictos en esta región pero si ni siquiera enviamos las dos terceras partes de los policías prometidos por nosotros a esta región, si en esta región en crisis no existe todo un turno, además el turno de noche, porque no cumplimos nuestras obligaciones, entonces no debemos señalar a otros con el dedo sino adoptar por fin las medidas necesarias para construir la administración y la policía en esta región. 
A ello viene a sumarse lo que ha Olivier Dupuis ha expuesto claramente. Quizás existan diversas opiniones sobre el camino y el objetivo pero sobre el fondo debemos estar de acuerdo. 
No podemos eludir durante más tiempo la cuestión del futuro de Kosovo. 
Señor Presidente, atónitos nos quedamos siempre ante los nuevos hechos del régimen de Milosevic, hechos contra la propia población. 
Nadie está libre hoy de sufrir ataques, tanto si pertenece a la mayoría o a la minoría en Yugoslavia. 
Por ello, me parece importante permanecer permanentemente en contacto con la oposición e intentar provocar una modificación de la situación política. 
Me parece absolutamente correcto que la Comisión desee poner a disposición relativamente mucho dinero- para algunos se trata de una cantidad perfectamente adecuada a las necesidades- para el caso de que se produzcan cambios. 
Espero que la Comisión y el Parlamento permanezcan firmes frente al Consejo, quien tiene una actitud algo más blanda. 
También creo que se debe emplear asimismo dinero para impulsar las actividades informativas para poner de este modo a disposición unas informaciones más objetivas sobre la situación real en los Balcanes. 
En Kosovo la situación es hoy diferente. 
Si antes la mayoría corría un peligro extremo, son hoy las minorías las que viven con dificultades. 
Defendemos los derechos de todas las personas que viven en esta así como en otras regiones, para que puedan vivir y moverse en libertad. 
Bajo estas condiciones, soy al menos escéptico en lo que a las elecciones o resultado de las elecciones se refiere. 
Se deben tomar como lo que en realidad son, es decir, una decisión electoral de los albanos, de aquella parte mayoritaria de la población que se puede mover libremente en el país, lo que no es así en el caso de los serbios que viven en Kosovo ni tampoco de los serbios que han huido de Kosovo y viven hoy en Yugoslavia. 
Pero lo que es absolutamente determinante- y ruego a la Comisión y al Consejo que intervengan intensamente- es más policía y más tribunales. 
Somos responsables de que impere el derecho, además de modo igual para todos los que viven en Kosovo. 
Señor Presidente, últimamente, con ocasión del primer aniversario de la interrupción de los ataques aéreos de la OTAN contra Yugoslavia, han proliferado las denuncias públicas por las responsabilidades de la comunidad internacional que intervino en Kosovo y por la dramática situación creada en la región. 
El Secretario general de la ONU en su informe anual señala que un año después de la instalación de la KFOR asistimos a una campaña organizada y orquestada contra los serbios y los demás grupos étnicos de Kosovo, que mina la confianza en el futuro y convierte a Kosovo en un paraíso de crimen y venganza. 
El Alto Comisionado de la ONU y la OSCE denuncian que las minorías que viven en Kosovo, sobre todo serbios y gitanos, siguen desprotegidas un año después de la llegada de las fuerzas de la KFOR a la región. 
Incluso Amnistía Internacional, que durante los criminales bombardeos de la OTAN en la región, veía solamente los crímenes- entre comillas o no- de Milosevic, constata ahora que la OTAN perpetró crímenes de guerra en Kosovo y provocó asesinatos en masa de población civil. 
Sólo el Parlamento Europeo se muestra, señor Presidente, de nuevo con su resolución de hoy, incapaz de sacar cualquier conclusión de la dramática realidad creada en la región desde la violación de los principios fundamentales del derecho internacional con la incursión militar de las fuerzas de la OTAN contra un país independiente miembro de la ONU. 
Parece que la caza de brujas a la que se entregan las fuerzas políticas principales de la Unión Europea sigue inspirando también al Parlamento Europeo y lo torna incapaz de asumir sus responsabilidades históricas frente a los pueblos que lo eligen, frente a la paz y los derechos de los pueblos de los Balcanes, que tienen derecho a vivir dignamente en paz en sus propias casas, y tienen derecho- y deben seguir teniéndolo- a ser ellos los dueños de su propio futuro; ellos, y no los intereses geopolíticos del nuevo orden imperialista del mundo. 
¿Seremos capaces algún día, señor Presidente, como Parlamento Europeo, de asumir nuestras responsabilidades, de comprender que no tenemos credibilidad para hablar de derechos y democracia en los territorios, cuando destinamos partidas a intervenir en las elecciones de Montenegro, cuando desde hace años apoyamos el embargo a Iraq y condenamos a muerte a cientos de miles de niños? 
¿Seremos capaces algún día de decir se acabaron los embargos? 
Esta es la pregunta a la que alguna vez habrá que dar respuesta. 
Señor Presidente, se han presentado dos resoluciones sobre las libertades fundamentales en Serbia y Kosovo. 
Tengo clara preferencia por la propuesta de resolución común frente a la propuesta del Grupo parlamentario GUE/NGL. 
La primera se pronuncia al menos claramente sobre el carácter antidemocrático y sobre el uso de los medios de fuerza del régimen de Milosevic en Belgrado. 
Sin embargo, resulta que el Grupo parlamentario GUE/NGL no ve una relación directa entre la constante presencia de la persona de Slobodan Milosevic en el escenario político de los Balcanes y la inestabilidad permanente en la región, un año después de haber finalizado la intervención por parte de la OTAN para luchar contra las acciones masivas de limpieza étnica realizadas por Serbia en Kosovo. 
Permítanme que les muestre un ejemplo de esta relación en la posición de la Sra. Rada Trajkovic de Grazanica. 
Esta doctora forma parte de la dirección política de los serbios moderados en Kosovo. Su colaboración con la UNMIK, que ya ha suspendido entretanto, provocó amenazas anónimas por parte de los serbios, ya que el brazo de Milosevic de momento llega muy lejos. 
La minoría serbia en Kosovo, al mismo tiempo, ha estado expuesta hasta hoy a los actos de terror por parte de extremistas albaneses. 
Ambas resoluciones enfatizan acertadamente la necesidad de dar una garantía internacional de su seguridad física. 
En este marco, quisiera hacer una acotación crítica al apartado 14 de la propuesta de resolución conjunta. En ella se solicita que se fomenten los proyectos de reconstrucción con fondos de la UE, justo en aquellas zonas de Kosovo en que se respeten íntegramente los derechos humanos y los derechos de las minorías y donde se garanticen los principios democráticos. 
A mi juicio, este es un criterio imposible dadas las circunstancias actuales, ya que con sólo una acción terrorista de un albanés o un serbio se podría perjudicar a toda una región. 
¿O es que los redactores de esta resolución conjunta disponen de argumentos concretos para defender esta propuesta del apartado 14? 
Es muy loable que la resolución conjunta haga un llamamiento para hacer intentos efectivos por parte de la comunidad internacional a fin de alcanzar la reconciliación étnica y la colaboración en Kosovo. 
Cuán delicado resulta, se puso nuevamente de manifiesto en los fuertes silbidos que recibió Adam Demaci, el denominado "Mandela de Kosovo", cuando se conmemoró la entrada de las tropas de la OTAN en el Campo de Mirlos (Kosovo polje) , ahora hace un año. 
Demaci pronunció en el estadio de Pristina las siguientes palabras: " Hoy hago un llamamiento a todos para que libremos otra batalla, la batalla por la paz, por el futuro, por la convivencia. 
No olvidemos al pueblo serbio que se ha quedado hasta ahora en Kosovo. 
Están en una situación difícil. 
Incluso el régimen serbio prefiere no verlos aquí. 
Ayúdenlos. 
Están abatidos, atemorizados. 
Nuestra tarea es darles seguridad y libertad porque sólo de esta forma podremos gozar de nuestra propia libertad. " 
Me parece que justamente esta disposición entre albaneses y serbios justifica e inspira los esfuerzos europeos en los Balcanes occidentales. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero decir que la situación política en la totalidad de la región sobre la que hoy hablamos está muy lejos de proporcionarnos motivo de tranquilidad o sólo de un precavido optimismo. 
Una observación realista muestra, por el contrario, que sólo se pueden detectar pocos elementos que puedan aclarar un poco este oscuro horizonte. 
En Serbia nos encontramos con una dictadura cada vez más dura. 
En Bosnia, las estructuras sociales civiles siguen siendo tan débiles que la irrupción de la violencia solamente se puede impedir mediante la presencia de tropas internacionales. 
En Kosovo la violencia es cotidiana y en Montenegro las fuerzas democráticas están en peligro por la amenaza del exterior y la polarización del interior. 
Esta es la situación ante la que nos encontramos. 
Exponiéndolo muy claramente: esta situación se debe a la funesta actuación de un solo hombre, Milosevic, su camarilla y su régimen. 
Toda la inestabilidad en la región se debe exclusivamente a él. 
Mientras exista ese régimen, perdurará la inestabilidad. 
Por ello, la primera exigencia que debe plantear siempre la Unión Europea y que tenemos que apoyar con todas las fuerzas es que Milosevic se vaya. 
En este contexto, los medios de comunicación desempeñan por supuesto un gran papel. 
No es sorprendente que el régimen de Milosevic se dirija actualmente con una dureza aún mayor que antes contra los medios libres. 
En mi opinión, esto es por lo demás una expresión de debilidad. 
En el momento en que un régimen tiene que reprimir cualquier forma de expresión libre de la opinión, es porque se siente especialmente débil y atacado. 
Normalmente, esta es una señal del principio del fin. 
Pero este fin puede durar mucho tiempo en este caso. 
Por ello, es correcto que se exija aquí que la Unión Europea ayude a fortalecer la eficacia de los medios libres en Serbia. 
Esto lo hacemos ya desde hace años. 
No es cierto que en esta región no se introduzca, por ejemplo, una información objetiva desde el exterior. 
No tenemos que ocultar siempre nuestros logros y recordar solamente las emisoras de radio americanas. 
Me permito decir que en Europa existen una serie de excelentes y cualificadas emisoras extranjeras que desde hace años emiten a estas regiones un programa altamente cualificado, objetivo y valioso, lo que se hace con ayuda europea. 
Si en este contexto es posible hacer aún más, la Comisión está gustosamente dispuesta a examinarlo. 
En muchos casos- también en el pasado- se ha reaccionado ante la represión de los medios. 
También en la situación actual la Comisión ha adoptado y financiado toda una serie de medidas que no deseo exponer aquí en detalle, pero siempre dirigidas a proporcionar a los medios independientes la posibilidad de seguir apareciendo, cuando se trataba de medios impresos, o emitiendo, cuando se trataba de medios audiovisuales, o bien poner a disposición también canales alternativos. 
Esta es una parte del proyecto global que ha desarrollado la Unión para influir positivamente sobre la evolución en Serbia y para mostrar que la democracia aporta realmente ventajas a las personas y que es buena y correcta para ellas. 
Voy a mencionar otros ejemplos del concepto global: en primer lugar, se debe mencionar naturalmente el programa "energía para la democracia", en cuyo marco a las ciudades que son gobernadas por una oposición democrática se les pone a disposición en invierno petróleo para las calefacciones. 
A continuación está el proyecto en el sector de la formación con el nombre de "escuelas para una Serbia democrática" -que se está actualmente elaborando- y en estos momentos estamos deliberando junto con organizaciones en Serbia y en los Estados miembros sobre unos programas propios de estos últimos, por ejemplo, el programa "calles asfaltadas para la democracia". 
Creo que es muy importante mostrar que se premian y encuentran una respuesta positiva las evoluciones democráticas en Serbia. 
En este contexto, quiero también indicar que en nuestra opinión es especialmente importante fortalecer y estabilizar el desarrollo democrático que acaba de comenzar en Croacia porque precisamente de Croacia pueden partir unos intensos efectos positivos hacia Serbia. 
En lo que se refiere a Montenegro quiero decir que al menos hay que saludar el transcurso democrático de las últimas elecciones municipales en Podgorica y Herceg Novi. 
Ya es algo poder constatar que estas elecciones han transcurrido casi pacíficamente- uno es modesto -, lo que es inusual para la región. 
En general, la Unión apoya de modo global y activamente el proceso de reformas democráticas en Montenegro. 
Para Montenegro se han puesto a disposición ayudas por un elevado importe. Desde 1998 se han entregado o prometido más de 115 millones de euros. 
Me alegra también que, tras una ardua historia, el Consejo se haya podido poner por fin de acuerdo sobre una ayuda presupuestaria urgente por un importe de 20 millones de euros para Montenegro. 
En lo que se refiere a este programa de urgencia que- lo digo muy seriamente- es de mucha más importancia para la estabilización y el futuro democrático de Montenegro de lo que refleja la suma, espero que obtenga pronto la aprobación de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo. 
Con ello, llego a Kosovo. 
Aquí tenemos que constatar que la violencia de origen étnico en Kosovo sigue determinando la vida cotidiana. 
Hay que condenar la violencia motivada por causas étnicas, independientemente de quienes son los causantes y las víctimas o de contra quien va dirigida o de donde parte dicha violencia. 
La Unión Europea condena esta violencia siempre con la misma decisión. 
La violencia ejercida actualmente contra la minoría serbia y de los gitanos no es aceptable por nosotros, al igual que la violencia que se dirigía hasta hace pocos meses aún contra los kosovares. Condenamos asimismo los procesos judiciales iniciados en Serbia contra kosovares detenidos, si bien saludamos el reinicio del procedimiento contra Flora Brovina, sobre el que ha aprobado antes el Parlamento unas resoluciones. 
Instamos a todos los partidos en Kosovo para que solucionen la delicada e importante cuestión de los desaparecidos y presos. 
Apoyamos plena y totalmente los esfuerzos realizados por la KFOR para preservar el derecho y el orden en Kosovo y para proteger a los ciudadanos. 
La Comisión comparte la apreciación del Parlamento de que la puesta a disposición de fuerzas de policía internacionales tiene una gran importancia. 
Esto no es sólo una cuestión de credibilidad para la política de la Unión Europea y de sus Estados miembros sino que es también urgentemente necesaria si queremos alcanzar nuestros objetivos en Kosovo debiendo poner a disposición un mínimo de fuerzas necesarias para crear una situación estable. 
Sin una atmósfera de estabilidad y de seguridad que permita también el retorno de los serbios de Kosovo no existirá una paz auténtica en Kosovo. 
Radica en interés de todos garantizar la cooperación de todas las personas en Kosovo con instituciones comunes. 
Tenemos claro que va a seguir siendo necesaria una considerable ayuda de la CE. 
Esta ayuda se debe proporcionar a través de la Agencia para la Reconstrucción y el cuarto pilar. 
En este contexto, la Comisión saluda las conclusiones de la última misión del Parlamento Europeo en Kosovo. 
La Comisión apoya también los esfuerzos de la UNMIK en el sector de la administración local mediante los llamados proyectos twinning y la difusión más amplia posible de las licitaciones de puestos para la administración civil de la UNMIK y los pilares del programa de reconstrucción en todos los países miembros. 
Me parece extraordinariamente importante que el Parlamento Europeo debata de nuevo hoy extensamente sobre la base de la presente resolución la situación en los Balcanes occidentales, que no solamente exprese nuestra preocupación sino que sobre todo que refleje nuestra firme voluntad común de no dejar a medio hacer el trabajo en esta región. 
Lo hemos comenzado y estamos decididos a llevarlo también a feliz término. 
Señor Presidente, acabamos de escuchar las excelentes explicaciones de un representante de la Comisión muy cualificado. 
Durante una hora hemos debatido a un nivel muy elevado sobre este tema europeo que es el más importante en la actualidad. 
Quiero preguntarle si está garantizado que esto se refleje del modo correspondiente en los servicios de prensa del parlamento y no- tal como es usual los jueves por la tarde- que quede limitado a unas pocas líneas mientras que todos los demás debates se amplían de modo épico. 
Señor Posselt, voy a transmitir su ruego y creo que lo podré hacer aún durante la sesión para que se tenga en cuenta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0571/2000) del diputado Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el Paraguay; 
(B5-0578/2000) de los diputados Nogueira Román y Lipietz, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación en Paraguay y el caso Lino Oviedo; 
(B5-0580/2000) del diputado Sakellariou, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre el intento de golpe en Paraguay y la detención del general Oviedo; 
(B5-0582/2000) de los diputados Marset Campos, Jové Peres y Di Lello Finuoli, en nombre de Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el intento de golpe en Paraguay. 
Señor Presidente, la Unión Europea y este Parlamento han seguido con gran preocupación los últimos acontecimientos ocurridos en la República del Paraguay. 
El primero de ellos, el intento de golpe de Estado del pasado 18 de mayo, fue objeto de una resolución, por parte de la Presidencia de la Unión Europea, en la que se condenó firmemente cualquier tipo de alteración por la fuerza de la legalidad constitucional en el Paraguay y se manifestó su apoyo al Presidente de la República, Luis González Macchi, quien, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, restableció la situación. 
El segundo tema, seguido con gran interés por este Parlamento, ha sido la detención, el pasado 11 de junio, del general Oviedo. 
Esta detención puede considerarse una respuesta del Gobierno del Brasil al llamamiento que hizo el Gobierno del Paraguay a los países vecinos en solicitud de cooperación ante las amenazas de intentos de desestabilización democrática provenientes del exterior y supone, señor Presidente, un signo evidente de cooperación entre los países que componen el Mercosur, con quienes la Unión Europea se encuentra negociando un nuevo acuerdo de asociación muy avanzado que se inspira igualmente en los principios fundamentales de respeto al pluralismo político y de defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. 
En este contexto debemos, en mi opinión, desde este Parlamento, apoyar la consolidación democrática plena en la República del Paraguay y apelar al correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la justicia en ese país. 
Quisiera recordar, señor Presidente, porque me parece especialmente oportuno, que la defensa de la democracia y del Estado de Derecho constituye la piedra angular de la política de cooperación con los países de América Latina. 
El respeto de los valores democráticos es y debe seguir siendo la columna central del diálogo político entre la Unión Europea y los países del Mercosur, tanto a nivel regional como a nivel bilateral. 
Buena prueba de ello la constituyen los ambiciosos proyectos de apoyo institucional que la Unión Europea desarrolla en el Paraguay desde 1995. 
Estos proyectos, señor Presidente, son fundamentales en un país cuya Constitución data solamente del año 1992, cuyas primeras elecciones se produjeron en el año 1993 y que sufrió cincuenta años de dictadura y que, por lo tanto, se encuentra muy necesitado de estabilidad democrática y de permanencia institucional. 
En este contexto, señor Presidente, de este país nos preocupa la situación de fragilidad e inestabilidad del Gobierno de Unión Nacional, con el Presidente González Macchi a la cabeza, a causa de la retirada del Partido Liberal de la coalición de Gobierno, y las crecientes dificultades que debe afrontar esta coalición gubernamental. 
Y por si ese contexto no fuese ya suficientemente pesimista de por sí, tienen que afrontar además un golpe de Estado. 
Creo, señor Presidente, que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, que han manifestado su apoyo al Gobierno del Paraguay reconociendo los esfuerzos que se están haciendo por consolidar una cierta estabilidad democrática, tienen también que recordar a las autoridades del Paraguay la necesidad urgente de tomar medidas de consolidación institucional y para empezar a resolver también los grandes problemas económicos y sociales que tiene este país. 
No quisiera, señor Presidente, terminar esta intervención, tras haber señalado la importancia que tiene para el Paraguay nuestro apoyo institucional y nuestra cooperación, sin recordar que la Unión Europea no tiene todavía oficina en el Paraguay. 
Creo, señor Presidente, que una delegación de la Comisión Europea en Asunción, no sólo facilitaría y mejoraría nuestras relaciones, sino que también podría contribuir de forma destacada a la consecución de estos objetivos tan importantes para todos los que creemos en la cláusula democrática, inspiradora de forma esencial de estos acuerdos y de las relaciones con este país. 
Señor Presidente, la influencia de la Unión Europea en América Latina, ya se ha señalado, es importante tanto en sus vertientes económicas y comerciales como en las políticas y se caracteriza por alentar un tipo de relación favorecedora del trato igualitario- de la colaboración, del fomento de la democracia- y opuesto y diferente al que secularmente procede del norte del continente, del Gran Hermano. 
Por esa razón, estimamos oportuno y necesario mostrar nuestra solidaridad y apoyo al régimen democrático del Paraguay en el rechazo al golpismo y en el apoyo a la democracia. 
Juzgar al golpista Oviedo debe convertirse en una oportunidad para avanzar en el camino democrático, pero también estamos obligados a mencionar que no se podrá consolidar la democracia en el Paraguay si no se profundiza en la justicia social, se eliminan los sempiternos problemas de las desigualdades sociales y se acaba con el problema del paro y de las discriminaciones. 
En este ámbito, nuestra intervención puede ayudar de forma significativa, al desarrollar adecuadamente los contenidos de los acuerdos de la Unión Europea con los países de Mercosur y, en concreto, el acuerdo con el Paraguay, tan necesario. 
Por ello, pensamos que nuestra actuación es decisiva en la zona y también queremos mostrar nuestro apoyo total a la resolución común que hemos firmado. 
Señor Presidente, queridos colegas, Los Verdes habían presentado, al igual que varios otros Grupos, una propuesta de resolución sobre Paraguay. 
Como es habitual en nuestra Asamblea, hemos intentado acordar una resolución común. 
Por desgracia, en la situación actual, no podemos unirnos a ella. 
La situación en Paraguay- como Ustedes saben- no se caracteriza solamente por una tendencia golpista de ciertos sectores de ejército, sino, mucho más en general, por violaciones muy graves de los derechos humanos y por una represión muy severa de los movimientos populares. 
Hemos intentado, en nuestra resolución, insistir en estos dos aspectos a la vez. 
Ustedes saben bien, dado que la propia Europa cuenta con una larga historia, que en los países dónde, en general, un poder republicano o democrático o que se considera como tal, no respeta los derechos humanos, este poder está de por sí amenazado por golpes de Estado militares. 
En cierto modo, cada cual sufre los golpes de Estado que se merece, y una democracia débil es en esencia débil frente a los golpes de Estado militares. 
La resolución que nos ha sido presentada se limita a acoger la iniciativa llevada a cabo por otro país del Cono Sur, destinada a detener al autor de un golpe de Estado militar y a extraditarlo a su país de origen. 
Efectivamente, acogemos esta iniciativa de Brasil, pero contentarnos con decir esto es redactar una resolución no sobre Paraguay, sino sobre el propio Brasil. 
Podemos suscribir los pasos que Brasil da en la vía hacia una cooperación democrática a escala del Cono Sur. 
En ningún caso podría esto constituir una resolución sobre Paraguay. 
Habríamos deseado que la cuestión de los derechos humanos, tal como la trata el poder legalmente constituido en Paraguay, fuera explícitamente tenida en cuenta. 
Habríamos deseado que la Unión Europea utilizase sus poderes de convicción democrática derivados de la ayuda que brinda al conjunto de los países del Cono Sur, para incitar al Gobierno legal de Paraguay a respetar más los derechos humanos. 
En las condiciones actuales de redacción de la resolución, no es el caso, por desgracia, y por ello preferimos votar en contra de la propuesta de resolución común y mantener, si es necesario, nuestra propuesta de resolución. 
Señor Presidente, aún recuerdo bien los años ochenta cuando Latinoamérica- en la que se incluye Paraguay- despertó una gran atención en Europa porque muchas personas, sobre todo jóvenes, estaban interesadas en recuperar la democracia en Latinoamérica. 
Afortunadamente, prácticamente todos los Estados latinoamericanos retornaron a la democracia a finales de los ochenta y comienzos de los noventa. 
Pero en una serie de países hay señales que indican que se está cayendo en la cultura de antaño. 
Paraguay es uno de los peores ejemplos de ello. 
Por ello, es oportuno que el Parlamento Europeo, que siempre se ha declarado como patrón protector de la democracia en Latinoamérica y en otros lugares, se exprese al respecto. 
El segundo aspecto sobre el que quiero hablar se refiere al Paraguay y a Brasil. 
El Sr. Lipietz se ha referido al tema pero yo le daría otro enfoque. 
Me parece extraordinariamente positivo que dentro de MERCOSUR, al que pertenecen ambos países, se haya impuesto entretanto un código de valores según el cual los dictadores o aquellos que intentan establecer una dictadura no tengan ninguna oportunidad. 
Oviedo ha sido detenido en Brasil y espero que sea extraditado a Paraguay. De este modo, se aporta también la prueba de que MERCOSUR es mucho más que una zona de libre comercio y de que es un espacio político en el que la democracia encuentra protección. 
Por lo demás, coincido con el Sr. Lipietz cuando dice que en Paraguay no se trata sólo de Oviedo sino de los derechos humanos en general. 
Aquí no tengo nada que objetar. 
Sólo que en una breve resolución no se puede escribir un libro. 
Espero que en otro lugar nos ocupemos de este tema y supongo que llegaremos a un consenso. 
Señor Presidente, como refleja la resolución que hemos acordado entre cuatro grupos, hemos tenido noticias buenas y malas del Paraguay. 
Evidentemente, por una parte, las malas son que la democracia se ve otra vez amenazada, pero también se han recibido buenas noticias: que las fuerzas democráticas han podido resistir y, por otra parte, que en Brasil ha sido apresado el general Oviedo. 
Creemos que el Paraguay, desde luego, es un país que probablemente está olvidado, al que le ha ayudado su integración en Mercosur y, desde este punto de vista, es importante que nuestra relación con el Paraguay mejore su situación, así como que Bruselas encuentre el camino de ayudar a este país y, al mismo tiempo recordarle, como haremos seguro después con Perú, la cláusula democrática que impulsa todas nuestras actuaciones. 
Creemos, por otra parte, que la Comisión actuará positivamente si tiene en cuenta a la sociedad civil paraguaya. 
Otros signos igualmente positivos son la reducción de la corrupción y la esperanza de que el general Oviedo, así como Pinochet, puedan ser juzgados. 
Señor Presidente, es oportuno que el Parlamento Europeo fije hoy su atención sobre el Paraguay y manifieste su solidaridad para con el pueblo paraguayo, que sigue atravesando singulares dificultades e incertidumbres en su esfuerzo por consolidar un régimen democrático. 
La historia del Paraguay es una de las más tristes e injustas de América Latina. 
Para los que llevamos muchos años alineados con la resistencia de aquel pueblo, es patético recordar cómo ya en los años 60 y 70 lamentábamos al menos tres circunstancias. 
Paraguay, probablemente, era el único país del mundo que había visto su población prácticamente exterminada en un proceso de guerra con sus dos vecinos: Argentina y Brasil. 
De aquellas guerras solamente sobrevivieron mujeres y algunos ancianos y niños. 
Paraguay era, en aquellos momentos, el único país que tenía bastante más población fuera que dentro de sus fronteras, entre exiliados, desterrados y emigrados de todo tipo. 
Por último, Paraguay ostentaba el triste récord de sufrir la dictadura con más años en el poder de toda América Latina, con el general Stroessner a la cabeza. 
Esa dictadura se había caracterizado por una extraordinaria crueldad en la represión de cualquier opositor, pero también en la máxima corrupción del dictador y su entorno con el monopolio de los grandes negocios y, en particular, del contrabando. 
El pueblo paraguayo no se dio nunca por vencido. 
Durante décadas permaneció en lucha alrededor de la Revolución de febrero y el llamado febrerismo, uno de los breves paréntesis de democracia y esperanza, pronto ahogada la primera por las armas, pero mantenida la segunda al precio de mucha muerte, mucha cárcel, mucho exilio y de mucho sufrimiento. 
Pese a la dureza de la represión, la podredumbre interna del régimen autoritario y la creciente movilización de la sociedad civil acabaron por forzar una transición que abrió las puertas al progreso y a la democracia representativa. 
En eso hemos estado en los últimos años, sin que desaparecieran amenazas de regresión y tentativas desestabilizadoras. 
En efecto, ha sido permanente la agitación promovida por caciques y militares nostálgicos, no tanto del poder como de las posibilidades de enriquecerse que éste les venía ofreciendo. 
Así hemos presenciado un permanente pulso entre las fuerzas civiles democráticas y personajes siniestros cuyo principal exponente es el general Lino Oviedo, golpista consumado y reincidente, desestabilizador profesional, negociante de negocios turbios e incluso presunto promotor de magnicidios como lo fue el asesinato del Vicepresidente de la República Luis María Argaña. 
En ese cuadro, y cuando Oviedo es detenido en Brasil, la resolución que votamos en el Parlamento es de gran oportunidad. 
Condena a los liberticidas y a los desestabilizadores, pide a los vecinos del Paraguay respeto y cooperación para que se haga realidad la consolidación democrática de los paraguayos y, sobre todo, subraya el compromiso de la Unión Europea con el pueblo y con las instituciones democráticas del Paraguay. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, la Comisión saluda el debate de hoy porque le concede la posibilidad de pronunciar una clara advertencia y recordar la estrategia política que perseguimos en Latinoamérica. 
En total, en Latinoamérica hemos sido testigos en los últimos 15 a 20 años de una impresionante historia de éxitos en lo que se refiere a la democratización. 
Por ello, en cada caso donde se cuestionen estos éxitos, es necesario decir muy claramente que hasta aquí hemos llegado. 
Paraguay, un rezagado en Latinoamérica en lo que se refiere a la democratización, es el país que parece en peligro. Por ello, debemos expresar a las fuerzas democráticas en Paraguay nuestra solidaridad y esto no sólo mediante palabras sino también con hechos. 
La Unión Europea viene actuando desde hace una serie de años en Paraguay. 
Nuestros esfuerzos en lo que se refiere a influir concretamente sobre la situación se centran en dos campos. Por un lado, se trata de desarrollar y fortalecer instituciones democráticas. 
Deseo dirigirme muy claramente al actual Gobierno en Paraguay para realizarle la observación de que esto no puede ser considerado como una tarea que deben resolver los europeos, norteamericanos o cualesquiera otros. 
Nosotros podemos ayudar a desarrollar estas instituciones, pero la voluntad de tenerlas, llenarlas de contenido y de utilizarlas realmente tienen que aportarla aquellos que actualmente están en el poder en Paraguay. 
El programa para apoyar al Parlamento paraguayo ha pasado ya tres fases. Hay otro proyecto "Modernización de las Instituciones". 
Como podría surgir la duda de que los créditos no fluyan quizás adonde deben, quiero aclarar expresamente que precisamente en Paraguay y también en otros lugares hemos considerado establecer unos mecanismos de control muy estrictos. 
Los créditos puestos a disposición no fluyen pues por o a canales oscuros sino que existe una codirección independiente bajo el control directo de la Comisión. 
El programa quizás más importante por las cifras y resultados finales es un programa que se ocupa de las causas sociales y regionales de la inestabilidad democrática en Paraguay, es decir, de las condiciones de vida de las personas, en especial en el campo. 
En este contexto, se han puesto en marcha una serie de programas muy amplios y también financieramente notables que tienen todos ellos la finalidad de mejorar la situación de vida cotidiana de las personas que viven en las zonas rurales- en Paraguay se trata al fin y al cabo del 46%- e integrarlas más intensamente en las estructuras políticas y sociales del país. 
Quiero llamar en especial la atención sobre el hecho de que entre ellos se encuentra un programa orientado a apoyar a la población indígena en la región del Chaco. 
En su conjunto, las actividades de la Unión Europea en Paraguay son, sin duda, desproporcionadamente amplias si se tiene en cuenta el tamaño del país. 
Ex cierto que no existe una representación permanente in situ. 
Les puedo comunicar que dentro de la Comisión se está recapacitando actualmente sobre un nuevo ordenamiento de nuestras representaciones en el extranjero, una reordenación de las prioridades y que se está considerando también este punto en el marco de estas consideraciones. 
Pero aún no se ha adoptado ninguna decisión para modificar la situación en Paraguay a este respecto. 
Permítanme que concluya diciendo que para nosotros la defensa de la democracia y del Estado de derecho en todo el mundo, es decir, también en Latinoamérica y en Paraguay, es el objetivo central de nuestro trabajo internacional. 
Espero que el debate de hoy en el Parlamento, en Estrasburgo, sobre Paraguay no sólo se entienda como una señal de solidaridad europea sino también como una señal de responsabilidad europea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Perú 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-570/2000) del diputado Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre las elecciones presidenciales en el Perú; 
(B5-0573/2000) de los diputados Lipietz y Nogueira Román, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre las elecciones presidenciales en el Perú; 
(B5-0575/2000) del diputado Di Pietro, en nombre del Grupo los Liberales y del Partido Democrático, sobre el Perú; 
(B5-0576/2000) de los diputados Marset Campos y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, sobre el resultado de las elecciones en el Perú; 
(B5-0581/2000) de los diputados Medina Ortega y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las elecciones presidenciales en el Perú. 
Señor Presidente, el pasado 16 de marzo este Parlamento adoptó una resolución relativa a las elecciones presidenciales y legislativas en el Perú en la que mostraba su confianza, en el contexto de cooperación que nos une con la República del Perú, de que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrasen de manera justa y transparente, de acuerdo con los principios universalmente reconocidos que inspiran a los regímenes democráticos. 
El Parlamento hacía un llamamiento a la consolidación y a la profundización del estado de Derecho en el Perú y apelaba a la madurez democrática de las instituciones peruanas. 
Tras las irregularidades producidas en la primera vuelta celebrada el pasado mes de abril, el Parlamento decidió enviar una delegación de observadores de esta Asamblea a los comicios del 28 de mayo. 
Al no haber sido subsanadas las deficiencias e irregularidades constatadas por diferentes organizaciones independientes, tanto peruanas como internacionales, y tras la retirada del Sr. Toledo, uno de los dos candidatos a la Presidencia de la República, la Delegación del Parlamento Europeo decidió no realizar su misión de observación en estas condiciones. 
La Presidencia de la Unión Europea, en su Declaración de 9 de junio de este mismo año, se ha mostrado enormemente preocupada por las irregularidades y anomalías detectadas. 
A pesar de las fluidas relaciones que mantiene la Unión Europea con el Perú, cuya expresión tangible es el acuerdo de cooperación suscrito con la Comunidad Andina en vigor desde mayo de 1998, es preciso recordar una vez más que esas mismas relaciones se basan en los principios universalmente reconocidos de respeto a la democracia pluralista, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. 
Sobre la base de esos principios, la Unión Europea tiene que evaluar cuidadosamente cuál es la respuesta que debe darse ante la delicada situación creada con motivo de las elecciones del 28 de mayo. 
El Consejo de Ministros de la Unión Europea, en su Declaración de 9 de junio, ha decidido no adoptar por el momento sanciones económicas contra el Perú. 
La reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos en Ottawa, tras escuchar el informe de la misión electoral encabezada por Eduardo Stein, ha decidido el envío de una nueva misión, de la que formarán parte el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, para asegurarse de que el Gobierno del Perú está adoptando las medidas necesarias para restablecer la legalidad democrática. 
La OEA tampoco ha adoptado, por el momento, sanciones económicas contra el Perú. 
Finalmente, el candidato Sr. Toledo, durante su visita a varios países de la Unión Europea y ante el propio Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (por cierto, hubiera sido deseable que durante su visita a Bruselas hubiera podido reunirse con miembros de este Parlamento) , ha manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de que puedan preservarse y mantenerse la cooperación económica y las ayudas de la Unión Europea al pueblo peruano. 
En relación con este extremo y, previamente a toda decisión- y ése es uno de los puntos esenciales de nuestra resolución -, sería preciso, señor Comisario, el envío de una misión de alto nivel de la Unión Europea que pudiera, tras entrevistarse con todas las fuerzas políticas y con la sociedad civil, hacer una evaluación sobre el terreno de la situación del país a la luz de la cláusula democrática, que inspira con carácter esencial el acuerdo entre la Unión Europea y el Perú. 
Esta misión me parece especialmente oportuna al ser la Unión Europea el principal cooperante tanto por lo que se refiere a la ayuda al desarrollo como a la cooperación económica, al igual que es el principal inversor en el Perú. 
Para terminar, señor Presidente, atendiendo a su ruego de que no agotemos el tiempo concedido y resumiendo mis palabras, diré que unas de las contribuciones principales que podría prestar la Unión Europea ante esta difícil situación- y yo creo que tiene argumentos, como acabo de señalar, para no dejar el asunto en las manos exclusivas de la Organización de Estados Americanos- debería ser, en mi opinión, favorecer, sobre la base de la garantía del pleno ejercicio de todos los derechos civiles y políticos, un consenso entre todas las fuerzas que permita recuperar, reforzar y profundizar la democracia en el Perú. 
Señor Presidente, queridos colegas, Los Verdes deseaban que la resolución común de nuestra Asamblea reflejara explícitamente la ilegalidad de la elección del Sr. Fujimori para la Presidencia de Perú, y solicitara la celebración de nuevas elecciones. 
La resolución común que les va a ser presentada, y a la que Los Verdes no se han sumado, se contenta con señalar las irregularidades y con concluir que ponen en entredicho la legitimidad de esta elección. 
Estamos por tanto ante una declaración mucho más suave de lo que nosotros deseábamos. 
Lamentamos, en primer lugar, el recurso a palabras tan prudentes. 
Les recuerdo, sin embargo, que las condiciones de esta elección, en todo caso de la segunda vuelta, eran tan desastrosas que el principal candidato de la oposición se había retirado, al igual que todos los observadores internacionales. 
En estas circunstancias, incluso antes de la elección, se podía diagnosticar su invalidez. 
Evidentemente, tras la elección, el poder del Sr. Fujimori podía argumentar que dado que su candidato Fujimori había obtenido más del 51% de los votos, había que concluir que, incluso en ausencia de oposición, esta votación era válida. 
Dicho esto, el cómputo de los votos hizo aflorar, en numerosas regiones, un exceso de votos teóricos con respecto a la primera vuelta, lo cual es totalmente imposible, dado que ya no había candidatos de la oposición. 
Este exceso era del orden del 20% en algunos lugares. 
Consecuentemente, no solo no existió oposición, sino que incluso hubo que engañar para obtener el 51%. 
Estas observaciones deberían más bien llevar al Parlamento Europeo a proclamar la ilegalidad de la elección del Sr. Fujimori, y por tanto a convocar nuevas elecciones, y no a limitarse a cuestionar su legitimidad. 
A diferencia del caso de Paraguay, no vamos a hacer de ello un motivo para votar en contra de la resolución. 
Estamos dispuestos a suscribir la resolución común de los demás Grupos, con la condición, sin embargo, de que se añadan dos puntos. 
Compartimos lo que dice el Sr. Salafranca, acerca de condicionar la ayuda de la Unión Europea al envío a Perú de una misión del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos hoy. 
A pesar de todo, esto nos parece insuficiente, porque desde hoy, y desde la elección en realidad, demostraciones militares y medidas de intimidación son dirigidas contra la población, que manifiesta su rabia frente a esta elección, invalidada bajo su punto de vista. 
Solicitamos por tanto que se añada una pequeñísima enmienda, para condenar el uso de la intimidación contra la población peruana. 
Esta condena no va acompañada de ninguna amenaza particular, y en lo relativo a la condicionalidad de la ayuda de la Unión Europea, nos adherimos gustosamente a la fórmula avanzada por el Sr. Salafranca. 
La segunda enmienda que proponemos, en cambio, es una especie de desquite sobre el tema de la legalidad. 
Ustedes saben que la Organización de Estados Americanos va más allá de lo que parece ser la proposición común del Parlamento Europeo, ya que esta Organización se ofrece a proponer un procedimiento para la salida democrática de la crisis política en la que Perú se ha hundido con este asunto. 
Simplemente, proponemos al Parlamento que apruebe los esfuerzos actuales de la Organización de Estados Americanos para encontrar una salida legal y pacífica a la crisis. 
He aquí las dos enmiendas que nos permitirían simplemente adherirnos a la propuesta de resolución común. 
Señor Presidente, es evidente que el Presidente Fujimori ha desafiado a la comunidad internacional y, muy particularmente, a la Organización de Estados Americanos e incluso a la Unión Europea. 
Por tanto, desde nuestro punto vista, además de lamentar los hechos y apoyar a las fuerzas democráticas, sigue siendo absolutamente imprescindible que, al igual que hemos hecho anteriormente con el Paraguay, recordemos al Perú la necesidad de que cualquier relación con la Unión Europea debe contemplar y cumplir la cláusula democrática. 
En segundo lugar, sólo la misión de observadores permitirá evaluar la situación a partir de la realidad y buscar la manera en que podemos actuar nosotros adecuadamente. 
Por tanto, como hemos vivido con gran preocupación las recientes jornadas del 9 de abril y 28 de mayo, es evidente que sólo podremos intervenir adecuadamente a través de la misión, que esperemos que sea posible y pueda actuar con eficacia. 
Señor Presidente, las anomalías graves que han conducido a la retirada de uno de los candidatos, el Sr. Toledo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ponen en evidencia la ausencia de garantías democráticas del régimen de Fujimori, junto con un empeoramiento dramático en las condiciones de vida de la sociedad peruana que debería resolverse a través de cauces democráticos. 
La negativa de Fujimori a tomar en consideración las denuncias de la OEA y las advertencias de la Unión Europea y de las instancias internacionales sobre estos comicios condena a este país a un aislamiento cuyas consecuencias pagará el pueblo peruano y aumenta la tensión social y política. 
Por esta razón, la Unión Europea debe hacer una denuncia firme de este proceder y, tras constatar la profundidad del deterioro de la democracia, favorecer el conjunto de medidas que ayuden a superar la actual situación y que lleven a la repetición de las elecciones con plenas garantías. 
Ésta es la mejor forma de ayudar al Perú y, por ello, la Unión Europea ha de esforzarse para que la influencia en América Latina contrarreste tantos años de anomalías y de sufrimientos y favorezca un desarrollo económico armonioso, la democracia y la consolidación de los derechos humanos. 
Señor Presidente, voy a ser breve pues ya se ha dicho casi todo, solamente no por mí. 
La situación en el Perú es preocupante, similar a la del Paraguay. 
Sin embargo, hay que decir que lo que hemos visto en el Perú no es nuevo. 
Ya desde hace años el Presidente del Perú no se comporta según las reglas del juego, tal como esperamos de una democracia. 
Por ello, no sólo enviaría una delegación de observadores al Perú sino que también recomendaría que la Unión Europea, el Consejo y este Parlamento dedicasen más atención a la totalidad de la región, no sólo adoptando de vez en cuando una resolución sino dedicando una atención permanente y manteniendo una actitud crítica para que aquellos que luchan por la democracia sientan también nuestro apoyo. 
Por lo demás, quiero indicar que no sólo la OEA- con todo lo importante que sea para Latinoamérica- ha apoyado la democracia en Latinoamérica sino también sobre todo la Unión Europea y este Parlamento. 
Hemos gastado mucho dinero en esta región y sería positivo si se hablase también sobre las ayudas de la Unión Europea en Latinoamérica y no sólo de las provenientes de Norteamérica. 
Esto no pretende ser una observación chauvinista sino que la hago sencillamente también para hacernos justicia a nosotros mismos. 
Espero que se escuche lo que dice el Parlamento Europeo sobre el Perú. 
Sé que muchos miran hacia este Parlamento. 
Por lo demás, quiero indicar de nuevo que la relación más antigua que el Parlamento Europeo tiene con otro Parlamento es con el Parlamento latinoamericano- en el que se incluye también el Perú- y esto crea obligaciones. 
Por ello, espero que obtengamos una gran mayoría para esta resolución. 
Señor Presidente, la situación en el Perú nos parece preocupante. 
El Presidente Fujimori llegó al poder con planteamientos peligrosos: dar una prioridad absoluta a la supuesta eficacia economicista, reclamando para gestionarla un poder fuerte, y superar lo que él llamaba partidocracia, culpando de todos los males anteriores y de forma subliminal a las propias instituciones del Estado democrático. 
Nuestros temores fueron confirmándose a lo largo de los mandatos de Fujimori, apareciendo de forma clara ramalazos de autoritarismo, con una propaganda desaforada y la manipulación sistemática de los medios de comunicación. 
Por otra parte, se hizo patente el desprecio del Presidente por las reglas del Estado de Derecho. 
En esas condiciones se llegó a las elecciones de abril y mayo y, como nos temíamos, éstas han resultado ser una farsa, así reconocida y denunciada por cuantos han seguido la situación. 
Eso es, en definitiva, lo que dice nuestra resolución, y es bueno y oportuno que el Parlamento Europeo haga oír su voz al respecto por nuestra propia dignidad y para demostrar nuestro interés por el proceso democrático en América Latina, pero también para demostrar el apoyo que necesitan y merecen los demócratas peruanos. 
Al expresar nuestro voto favorable a la resolución que discutimos, quisiera manifestar dos cuestiones con respecto a su texto. 
En primer lugar, que no es sólo que uno de los candidatos decidiera no presentarse en la segunda vuelta de las elecciones, sino que se trataba del candidato Alejandro Toledo, apoyado por toda la oposición, y que en unos comicios libres hubiera tenido muchísimas probabilidades de derrocar a Fujimori. 
Mi segunda matización es para lamentar que la resolución no haga referencia al papel decepcionante jugado por la Organización de Estados Americanos en todo este proceso. 
En efecto, después de denunciar las irregularidades de la campaña, exigir el aplazamiento de la segunda vuelta y retirar a sus observadores, no parece coherente su silencio sin más reacción ni más sanciones, dando por bueno en realidad cuanto antes se había justamente denunciado. 
Creo que con esta actitud la OEA se ha desacreditado notablemente. 
Concluyo afirmando nuestra solidaridad con Alejandro Toledo, con los demócratas y el pueblo del Perú, denunciando a Fujimori como un personaje siniestro y autocrático, distanciándonos de los que han respondido con el silencio y, a veces incluso, con cierta complacencia- bien aireada por el Presidente para justificar su ajada legitimidad- y reafirmando nuestro compromiso de no aceptar la farsa y de seguir de cerca cuanto en el Perú acontezca en pos del respeto a la democracia. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, la Comisión ha seguido naturalmente la totalidad del proceso electoral en Perú con preocupación creciente. 
Ante las numerosas irregularidades y fallos técnicos así como ante el mantenimiento de la fecha para la segunda ronda electoral, la Unión Europea ha decidido retirar a sus observadores del país. Tal como se ha indicado, la Organización de Estados Americanos ha adoptado también una decisión similar. 
Con esta iniciativa, la Unión ha querido expresar que las elecciones en el Perú no han podido ganar la legitimidad democrática que tendrían bajo unas circunstancias normales y que este país necesita además urgentemente. 
No sólo hay que lamentar estos acontecimientos sino que además hay que considerar qué es lo que se puede hacer para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el Perú. 
En opinión de la Comisión, hay que mostrar muy claramente al Perú que insistimos en el respeto estricto de los principios de la democracia y del Estado de derecho y que lo hacemos muy especialmente en unos tiempos y un entorno en que también se ven debilitados los sistemas democráticos en otros países de la región. 
Hace unos minutos hemos hablado sobre el Paraguay. 
En la declaración del 9 de junio, la Unión Europea ha subrayado que quiere apoyar a la misión de la OEA que va a viajar al Perú. 
Hay que esperar de esta misión que pronuncie unas palabras claras y que traiga también unos claros resultados. 
Vamos a seguir la evolución de la situación en el país con la mayor atención y estamos preparados para recapacitar de nuevo sobre nuestras relaciones con el Perú bajo esta perspectiva. 
Paralelamente a ello, la Comisión va a conceder una gran importancia a la ejecución de acciones concretas para fortalecer las instituciones democráticas y el pluralismo político en el Perú y va a presentar las correspondientes propuestas. 
El debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia queda cerrado. 
Les señalo que, tal y como está previsto, el informe del Sr. Turco, cuyo debate se ha celebrado esta tarde, será sometido a votación a lo largo del periodo de votación que se inicia dentro de unos instantes. 
Señor Presidente, mirando a esta Cámara en este momento, me parece evidente que después del voto de ayer en el que suprimimos los viernes, la supresión de los jueves ya ha comenzado. 
Espero que los colegas tomen nota de esto e intenten volver a examinar esa decisión lo antes posible. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quiero adherirme a las palabras del orador anterior y complementarlas solicitando que las votaciones que llevamos a cabo los jueves por la tarde se sumen a la valoración de las dietas. 
Señor Presidente, me gustaría únicamente decir a este colega que podría haber votado también de paso por la abolición del jueves. 
Quiero únicamente agradecer a todos los colegas el que hayan indicado con tanta claridad cuál era el sentido de la votación sobre el viernes: ganar tiempo. 
Señor Presidente, es un poco curioso que aquí en un grupo tan pequeño se quiera volver a tratar una decisión que fue tomada ayer de manera democrática. 
Me parece que lo mejor sería que los señores diputados que ahora están protestando tanto contra la ausencia de sus colegas hicieran todo lo necesario para que estén presentes en las sesiones. 
Efectivamente, va a llegar el momento en que nos veamos obligados a suspender también las sesiones de los jueves, si no hay quórum. 
Si queremos que haya un orden del día serio, entonces hemos de venir. Cuéntenselo a sus colegas, procuren que vengan aquí y no les pongan verdes. 
Si no les importa, queridos colegas, voy a interrumpir este apasionante debate, para pasar a algo que también lo es, la votación de las urgencias. 
VOTACIONES (continuación) 
Señor Presidente, en primer lugar, esta enmienda técnica ha sido sometida a votación y no veo porqué debemos volver a tratar el tema. 
Subrayo que el ponente forma parte del Grupo TDI, y por consiguiente nuestro colega no puede quejarse. 
Esto coincide con lo que tenía anotado en mis papeles. 
La enmienda ha sido sometida a votación tal y como la he anunciado. 
Llegamos ahora a la votación final. 
Señor Presidente, solamente intento aclarar- no es necesario que se haga ahora, puede hacerse después- si la enmienda es del Grupo TDI o del ponente. 
Esto representa una diferencia y condiciona también nuestro comportamiento en la votación. 
Ruego que lo aclare pues hemos votado bajo la condición de que la enmienda no es del TDI sino del ponente. 
Les especifico que se trata de una enmienda presentada por el Grupo TDI, que ha sido sometida a votación en sesión plenaria. 
Señor Presidente, intervengo brevemente para decir que me parece que las enmiendas se deben votar por su contenido y no sobre la base de quien las ha firmado. 
Han sido sometidos a votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre el informe sobre Túnez porque no creo mucho en la eficacia de este tipo de documento. 
Dado que se está hablando de protección de la libertad y de derechos humanos, quiero aprovechar la ocasión para recalcar que, hoy, en el patio del Parlamento, se ha registrado una grave violación- o mejor dicho, un intento de violación- del derecho y de la libertad de expresión. 
Esto ha sucedido cuando desde un despacho del Parlamento se ha tirado agua- no sé si con un cubo, un vaso u otro envase- contra un grupo de jóvenes que portaba pancartas y banderas y se manifestaba contra la globalización y contra los organismos modificados genéticamente. Parece incluso que el agua la ha tirado una diputada que, luego, ha protestado en el Pleno contra la manifestación que, repito, es una libre expresión de los pensamientos, a pesar de que puedo desaprobar los tonos o las expresiones utilizadas. 
Habida cuenta de que tenemos un vídeo de este incidente, pido que la Presidencia lo visione y que, en su caso, adopte medidas. 
. 
(FR) Hemos votado a favor de la resolución común, aunque no aprobemos numerosos términos de lo que en ella se dice, ni tampoco el silencio sobre la responsabilidad del Estado francés acerca de la situación en Túnez. Porque este es el único medio que nos concede la mecánica parlamentaria para expresar nuestra protesta contra la dictadura tunecina. 
En nuestra oposición a esta dictadura, queremos sin embargo denunciar el apoyo del que goza por parte del Estado francés, como gozan y han gozado en el pasado muchas otras dictaduras en el antiguo imperio colonial del imperialismo francés en Africa. 
Hemos constatado el jesuitismo de los partidos que se han sucedido en el Gobierno francés, y que aquí votan a favor de una resolución para reclamar derechos y libertades en Túnez, pero que, cuando están en el Gobierno y por consiguiente cuando tienen una fuerza considerable de presión sobre el Régimen tunecino, no hacen nada, porque, en realidad, no les importan los derechos ni las libertades en este país, mientras los dirigentes garanticen el orden y, sobre todo, el buen funcionamiento de las relaciones económicas, beneficiosas para Francia. 
Informe Marset Campos (A5-0133/2000) 
(FR) Señor Presidente, no estamos en contra de la ayuda prevista para los países pobres de América Central, y por ello hemos votado a favor del informe, a pesar de lo insuficiente de las propuestas. 
Tenemos sin embargo la convicción de que estas ayudas serán muy poco provechosas para la población, ya que no se ha previsto nada para la asignación de estas cantidades, y, en consecuencia, nada garantiza que no sean desviadas, al menos en parte, en favor del régimen vigente, e incluso directamente en favor de la clase privilegiada. 
Por otra parte, cualquier ayuda, incluso la mejor controlada, será totalmente inútil mientras estos países sigan siendo saqueados y sus poblaciones sigan siendo explotadas por los grandes trusts occidentales. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Marset Campos y explicaré enseguida por qué, no sin antes confirmar mi apoyo a lo manifestado por el Sr. Speroni. 
Si como me imagino es cierto- pues acostumbra a decir la verdad- lo que ha dicho, lo considero un hecho muy grave. 
En cuanto a mi explicación de voto, debo decir que respaldo la ayuda a favor de quienquiera que padezca daños, como las poblaciones de Centroamérica, pero me pregunto y le pregunto, señor Presidente: "¿ Es posible que las naciones más pobres del mundo tengan que esperar los huracanes para poder recibir por fin una ayuda a su economía y a su vida cotidiana ?" 
Creo que el Parlamento Europeo debería emplearse a fondo con el fin de facilitar en todo momento ayuda a las poblaciones que la necesitan, en cualquier parte del mundo. 
Informe Schmitt (A5-0123) 
Berthu (UEN). (FR) Señor Presidente, el documento de trabajo de la Comisión "Hacia unas normas comunes en materia de procedimientos de asilo" es un texto breve y bastante general, destinado, como nos dice la introducción- y cito- a "suscitar un debate tras la adopción del Tratado de Amsterdam que, en su nuevo Artículo 63, prescribe la adopción de toda una serie de normas europeas comunes aplicables a los refugiados y a las personas desplazadas". 
Creíamos que, en buena lógica, había tenido lugar antes de la adopción del Tratado de Amsterdam, y que los federalistas sabían lo que se traían entre manos. 
De hecho, al leer el documento de la Comisión y el informe del Parlamento Europeo, queda claro que de eso nada. 
Es cierto que estos textos reivindican ampliamente la necesidad de armonización de las normas de asilo. 
Pero, en primer lugar, aparece argumentada débilmente. 
Por ejemplo, condenan las diferencias en el trato a los refugiados de un país a otro, pero no ofrecen ninguna prueba de ello. 
Estas diferencias pueden de hecho responder a razones totalmente legítimas, relacionadas con lo específico de cada país, con su cultura o con sus vínculos con antiguas colonias. 
En realidad, si se busca bien, solo se encuentra un motivo serio- al menos aparentemente- para armonizar las normas de asilo: la supresión de los controles en las fronteras interiores llevada a cabo por el propio Tratado de Amsterdam- incluyendo a los originarios de terceros países -, que destruye todo un frágil equilibrio jurídico y amenaza con engendrar movimientos secundarios de refugiados totalmente incontrolados. 
Por ello, estamos de hecho intentando resolver un problema creado con creces por el propio Tratado de Amsterdam y, además, vamos a resolverlo en perjuicio nuestro, porque está claro que la armonización de las normas de asilo no va a realizarse por lo bajo- ¿quién osaría hacerlo? -, si no por lo alto, con todos los fenómenos de fagocitación que este tipo de política suele generar. 
Nos arriesgamos a ser devorados por el sistema. 
Para evitarlo, lo único que podemos hacer es invitar a los Gobiernos a actuar con la mayor de las prudencias, a conservar lo máximo de sus competencias, y a interpretar restrictivamente el Artículo 63 del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, esta explicación de voto la comparten también Arlette Laguiller y Armonie Bordes. 
Al afirmar, en la sucinta justificación de su informe, sus reservas en cuanto a una armonización que se contentaría con normas poco severas típicas de las legislaciones y prácticas de ciertos Estados, su autor hace alarde con claridad de su voluntad de armonizar, ciertamente, el derecho de asilo en los distintos países de la Unión, pero no por lo alto. 
Más aún teniendo en cuenta que varios párrafos critican la abusiva utilización del derecho de asilo, mientras que en la práctica totalidad de los países de Europa, los Gobiernos restringen este derecho, a veces de forma draconiana. 
Esto significa que si, en algunos países de Europa, la aplicación de este texto es susceptible, en teoría, de mejorar la situación de los solicitantes de asilo, en otros, la agravará. 
En consecuencia, nos hemos abstenido en relación a este informe, votando sin embargo a favor de los pocos artículos y sobre todo de las enmiendas que expresan al menos la idea de que el derecho de asilo debe ser ampliado, y denunciamos el carácter escandaloso de la política de la mayoría de los Estados de Europa, en particular de Francia, al rechazar el reconocimiento de este derecho en concreto a todos los que huyen de Argelia y de las presiones conjuntas de los integristas y del ejército. 
Señor Presidente, por fin una propuesta- por suerte, no es la única- que honra a la Unión Europea. 
En esta propuesta que suscribo totalmente, hay una indicación específica para la Comisión respecto a que las cargas que se derivan del asilo ofrecido a los que se ven obligados a abandonar su tierra, donde tienen su hogar, sus afectos y todas sus pertenencias, deben repartirse entre todos los quince Estados miembros de la Unión Europea. 
Éste es un principio, un dato- y confiamos en una directiva que plasme este principio- totalmente innovador y que convierte en concreta y real a la Unión Europea. 
Creo que es un punto significativo que me ha convencido a votar favorablemente. 
Asimismo creo oportuno que la Comisión aplique esta decisión retroactivamente y que, por lo que se refiere a los que han acogido a los refugiados de Kosovo, permita el reparto de la carga con los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, me he abstenido porque no comparto la eficacia de estos textos. 
Aprovecho la ocasión para decir que también este año hay alguien que tal vez querría convertir a alguien más en refugiado, algún intolerante que está convencido de que han de volver ciertas ideologías. 
Estamos en contra de una Europa comunista y dictatorial que anula a los pueblos eliminando sus diferencias. 
El comunismo no es la lucha de los pobres contra los ricos capitalistas, sino que implica hacer que venza la igualdad a través de la homologación, es decir, la dictadura en vez de la verdadera igualdad que se basa en la diversidad de las personas y de los pueblos. 
El comunismo y la Europa actual representan la igualdad como movilidad del poder de la sociedad, lo cual implica que no hay nada que cambiar en el statu quo actual. 
Nosotros, por el contrario, consideramos que hay mucho que cambiar y que la Europa de los pueblos debe volver a abarcar la libertad de todos los pueblos, incluso los padanos, y que también unos jóvenes padanos puedan manifestar, sin ser objeto de insultos ni de intimidaciones, que quisiéramos que no solo pudieran ondear las banderas rojas, sino también las nuestras. 
La cuestión del asilo es una cuestión política de la mayor importancia; cuestión de principios fundamentales de la democracia, de salvaguardia de derechos y libertades individuales fundamentales y de protección de la dignidad humana. 
Desde este prisma, y sólo de este prisma, debe examinarse el problema de quienes solicitan asilo político y debe rechazarse todo intento de armonización obligatoria de la política de asilo y de conversión de ésta en vehículo de constricción de derechos humanos fundamentales, de reforzamiento de medidas represivas y policiales y de construcción de una fortaleza europea. 
No debe constituir pretexto para intensificar y reforzar los sistemas de fichaje y control electrónico creados en los marcos de Europol y Schengen, sistemas que acaban volviéndose no sólo contra los refugiados, sino contra libertades individuales fundamentales de los propios ciudadanos de la UE. 
Es necesario tomar todas las medidas legislativas y de cualquier otra naturaleza para garantizar los derechos de las personas que solicitan asilo político, con respeto exquisito a las disposiciones de la Convención de Ginebra. 
Es necesario observar y reforzar todas las disposiciones sobre protección y concesión de asilo a cuantos, individual o colectivamente, son perseguidos en sus países, por instancias estatales o paraestatales, por motivos ideológicos, filosóficos, políticos, religiosos, raciales, culturales, o cualesquiera que sean. A estas personas se les debe brindar garantías y condiciones dignas de acogida y residencia. 
Las personas solicitantes de asilo en los países miembros de la UE son merecedoras de un trato digno y humano. 
Se deben tomar además seriamente en consideración todos los aspectos y todas las particularidades de su situación, los peligros que los amenazan en caso de vuelta a sus países. 
Es frecuente el fenómeno de las expulsiones violentas y arbitrarias, a causa de las dificultades del solicitante para recurrir a las autoridades judiciales en demanda de protección. No son en absoluto de recibo los fenómenos de expulsiones colectivas de refugiados, en flagrante violación de convenciones y principios sobre los derechos humanos. 
Quisiéramos llamar la atención y señalar que una configuración aún más acabada de criterios comunes sobre el estatuto de la concesión de asilo, con un alejamiento gradual en la práctica de lo instituido por la Convención de Ginebra, y su sustitución sustancial por reglamentaciones como las que se mencionan en el informe, puede actuar de modo negativo y coactivo. 
En esta dirección, rechazamos también la llamada "política de reparto de cargas", que encubre el claro intento de ciertos estados poderosos de la UE de librarse del "peso" de la acogida de un gran número de refugiados y de desviarlos hacia otros países. 
Creemos, en definitiva, firmemente que la mejor manera, la manera más sustantiva de afrontar el problema de los refugiados no es otra que velar por el predominio de condiciones de paz, y de desarrollo social, económico y democrático, en todos los países del mundo. 
Y puesto que no sólo no se aseguran las bases de ese proceso, sino que son socavadas por grandes intereses económicos y militares, que destruyen- al dictado de sus propios criterios e intereses- sociedades, derechos y dignidades de pueblos, las oleadas de desarraigados y perseguidos no dejarán de incrementarse. 
. (FR) -Si el número de solicitudes de asilo ha caído de 660.000 en 1993 a 227.000 en 1997, no es porque las persecuciones se hayan reducido, sino porque es más difícil presentar una solicitud de visado. 
El Convenio de Dublín sólo permite solicitar el asilo ante el primer Estado en el que haya entrado el refugiado. 
El objetivo del informe Schmitt es claro: "para rehabilitar el verdadero derecho de asilo, hay que concretar el procedimiento de admisión y reprimir seriamente los abusos". 
Además, los Estados de la periferia del Espacio Schengen son considerados "seguros". 
Se convierten por tanto en los guardias fronterizos de la Europa-fortaleza. 
¿Bajo qué concepto se consideran los países que discriminan gravemente a los gitanos (Rumania y Eslovaquia) suficientemente seguros como para que Bélgica expulse hacia ellos de forma masiva a las poblaciones que considera indeseables? 
Para finalizar, la noción vigente de refugiado está muy por debajo de lo que estipula el Convenio de Ginebra de 1951: "se considera refugiada a toda persona que, temiendo ser perseguida ,....no puede apelar a la protección de su país". 
De hecho, actualmente uno tiene que aportar cada vez más pruebas de que su vida está amenazada. 
Lo cual es, evidentemente, difícil, incluso imposible. 
Para que la Unión Europea aplicara por fin el derecho de asilo, tendría que suprimir las obsesivas prácticas del control de la inmigración. 
Cuanto más se respete la libre circulación, más se mostrará Europa digna de los que acuden a ella para encontrar refugio. 
. (FR) -Las estadísticas relativas al incremento exponencial de las solicitudes de asilo presentadas anualmente en la Unión Europea y la actualidad nos demuestran, desgraciada y trágicamente, la importancia que la política de asilo tiene para cada Estado miembro de la Unión Europea. 
Con el deseo de comunitarizarla, y de uniformizar los procedimientos de acogida de los refugiados, ámbitos que pertenecen por esencia a la soberanía nacional, Europa nos arrastra dentro de su política poco a poco tendente hacia un espacio de desigualdades sociales, de discriminaciones positivas a favor de los extranjeros, y de alta inseguridad, dónde circulan libre y desordenadamente las drogas, los inmigrantes clandestinos, los falsos solicitantes de asilo que han entrado en el territorio de un Estado miembro por motivos estrictamente económicos, el terrorismo o incluso el crimen. 
En todas las cuestiones graves, que afectan al ejercicio de la justicia, a la gestión de los flujos migratorios en su territorio, a las libertades públicas y al orden público, la actuación de la Unión no puede y no debe referirse únicamente a los fenómenos de criminalidad o de perturbación del orden público de naturaleza realmente transnacional. 
Finalmente, este informe, como muchos otros relativos a la gestión de la inmigración, es iluso y muy demagógico. 
Porque, en realidad, queriendo favorecer sistemáticamente y cueste lo que cueste a los extranjeros frente a los nacionales a través de múltiples y variadas ayudas, relativas sobre todo a la carga de la prueba, al alojamiento, a la reagrupación familiar o incluso ayudas financieras, médicas y escolares, lo que se va a conseguir es el rechazo por parte de las poblaciones de acogida. 
Por todo ello, los diputados del Frente Nacional y yo mismo votaremos en contra de este informe, que pone en peligro el derecho de las personas, su seguridad y la democracia. 
La creación de un ordenamiento jurídico penal no puede hacerse deprisa y corriendo. 
La comunitarización de los procedimientos de asilo, de la justicia y del orden público interno de los Estados miembros no puede llevarse a cabo sin una consulta previa a todos los pueblos afectados. 
Apuesto que si se hiciese una consulta de este tipo, nuestros eurócratas, partidarios de una super-Europa centralizada y federal, tendrían que replantearse el tema en el sentido de un mayor respeto a la democracia en la construcción europea. 
. (FR) -En toda civilización, el asilo constituye un ejemplo concreto de caridad frente a los que, por múltiples razones, se encuentran en situación de desamparo, y nadie cuestiona el fundamento de la ayuda que se brinda de este modo a sus víctimas. 
La lectura del informe del Sr. Schmitt me lleva a pensar que no estamos hablando de lo mismo. 
La Comisión de Libertades Públicas parece creer que las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros ocultan en realidad derechos de asilo inexistentes o poco aplicados, como si viviésemos bajo regímenes totalitarios, y como si nuestras naciones no fuesen, desde hace siglos, ejemplos de acogida. 
Esta misma comisión descubre las leyes de la democracia al sugerir que las diferencias de un país a otro están más vinculadas al contexto político que al contenido de las solicitudes. 
Es evidente que, para una Unión Europea natural y conscientemente desvinculada de la realidad cotidiana, las voluntades políticas expresadas por los ciudadanos con ocasión de las elecciones no presentan más que un mínimo interés, salvo si son conformes a la doctrina comunitaria. 
Este Parlamento no puede mejorar la situación de los solicitantes de asilo. 
La voluntad política de esta Asamblea es, tanto en este ámbito como en cualquier otro, la de ampliar el alcance de las competencias comunitarias en perjuicio de las de los Estados, que no son dignos de detentarlas. 
Si el pueblo alemán y su Gobierno desean ser los más hospitalarios de la Unión Europea, que les feliciten. 
Si los demás países no alcanzan este nivel, porque, a menudo, no es tal su deseo, la Comisión y el Parlamento Europeos no deben inmiscuirse. 
Incluso el Gobierno socialista francés "da prioridad" -cito- "a un enfoque flexible que permita respetar las especificidades nacionales de los procedimientos de asilo". 
¿Qué decir entonces sobre la propuesta recurrente de compartir los gastos? 
O bien los Estados miembros tienen su propia política, que asumen y por tanto financian, o bien la Unión comunitariza este campo e incluye sus gastos en su presupuesto. 
Si un país u otro considera que su política le cuesta muy cara, que la cambie. 
No deseamos ni una política comunitaria en manos de la Comisión, ni la política de otro gobierno: queremos que nuestro pueblo y sus representantes sean dueños de sus decisiones y de su destino. 
Los derechos humanos deben respetarse internacionalmente. 
Si se violan los derechos de las personas, la comunidad internacional debe ofrecer asilo a quienes soliciten protección. 
Los países son solidariamente responsables de ofrecer a los refugiados un trato humanitario. 
Ningún país puede eximirse de esta responsabilidad. 
Los procedimientos para la concesión de asilo varían mucho en los países comunitarios, pero, en general, la política de refugiados se ha endurecido en los últimos años en toda Europa. 
Para que los Estados miembros puedan aplicar una política de asilo generosa será necesario que coordinen sus responsabilidades. 
Por este motivo, nos satisface, en principio, el documento de trabajo de la Comisión y el informe de Ingo Schmitt sobre normas comunes para una política de asilo, pero subrayamos que no deben ser los países menos generosos los que impongan el rasero. 
Queremos una política de asilo europea que distribuya mejor las cargas entre los países, en el bien entendido que, tanto la futura política de asilo europea como la sueca, deberán ser más humanas que las actuales. 
Tampoco podemos olvidar que los refugiados y los inmigrantes ejercen una influencia positiva en los países miembros. 
A menudo aportan sus conocimientos y experiencias a la sociedad. 
Además, la inmigración resulta especialmente importante ahora que empieza a notarse escasez de mano de obra en los países miembros. 
En cuanto al informe de Ingo Schmitt, queremos subrayar que las solicitudes de asilo deben estudiarse siempre individualmente, fundamentándose en méritos personales, aunque se trate de situaciones de refugio masivo. 
Además, es importante que los refugiados tengan los mismos derechos en materia de beneficios sociales que las personas residentes en el país en que se tramita la solicitud de asilo. 
Este principio esencial está consagrado en la Convención de Ginebra y debe ser cumplido y respetado. 
Asimismo, creemos que es importante que se revisen y amplíen las actuales definiciones de refugiado y de asilo contempladas en la Convención de Ginebra, de manera que comprenda también a las personas que solicitan asilo por razones de género y de preferencias sexuales. 
- (DE) La República Federal de Alemania desmontó en el año 1993 el derecho constitucional de asilo político. 
Sus fronteras fueron cerradas frente a la entrada de personas en busca de asilo. 
La República Federal apenas concede asilo. 
Los refugiados son excluidos social y jurídicamente o expulsados a la "ilegalidad". 
El informe Schmitt tiene como objetivo ampliar este sistema indigno de la condición humana a toda la Unión Europea. 
Precisamente este sistema se quiere convertir en la base de las "normas comunes para los procedimientos de asilo". 
Los problemas de esta legislación de asilo no se mencionan en el informe Schmitt. Ni una palabra se dice sobre la inhumana prisión previa a la expulsión. 
Tampoco se critica la discriminación social de los refugiados, en Alemania mediante la "ley de prestación de servicios para los asilados". 
El informe del Sr. Schmitt omite que los refugiados son discriminados en el mercado laboral. 
En Alemania están sometidos a una prohibición categórica de trabajar. 
El ponente ni siquiera menciona las violaciones diarias de los derechos personales de los solicitantes de asilo y de la protección de los datos. 
Mediante "Eurodac" y el "sistema de información de Schengen" los refugiados se han convertido en el grupo de personas mejor registrado. 
Son las "personas transparentes". 
Para ninguno de estos problemas el informe del Sr. Schmitt ofrece enfoques de solución. 
En lugar de ello, el ponente se queja de la supuesta "utilización injusta" del derecho de asilo en Europa. 
Desde una perspectiva jurídica, algunos refugiados ya no tienen ningún derecho al asilo tras la modificación del derecho de asilo. Siempre ha sido y es totalmente legítimo querer vivir en otro lugar diferente al lugar de nacimiento. 
Regular esto y crear las condiciones óptimas para ello es la tarea más primordial del Parlamento. En lugar de ello, lo que se dice en el informe ayuda a desacreditar y criminalizar a los solicitantes de asilo. 
En lo tocante a la acogida de solicitantes de asilo, en el informe Schmitt se exige una "distribución de cargas" dentro de la UE. 
De este modo, se tacha a los refugiados de "carga". 
Sobre una base de este tipo no se puede construir ninguna política de asilo y de refugiados digna de la condición humana y adecuada a las necesidades de los refugiados. 
Además, en el informe Schmitt se saludan los "acuerdos de devolución". Son un instrumento para una política de amurallamiento que no tiene nada que ver con una política humana de refugiados. 
Los acuerdos de devolución hacen que las personas que buscan protección puedan ser devueltos a sus países de origen. Facilitan el negar la concesión de asilo por parte de los Estados de la UE. 
El informe del Sr. Schmitt apoya también las regulaciones a través de "terceros Estados" y "países de origen seguros". 
Estas regulaciones son responsables de que personas perseguidas políticamente no obtengan asilo en Alemania cuando entran a través de "terceros Estados seguros" o provenientes de un así llamado "país de origen seguro". 
Como estos instrumentos impiden unos procedimientos de asilo justos y limpios, deben rechazarse y suprimirse lo antes posible. 
El Parlamento Europeo debe realizar propuestas sobre cómo se pueden tener en cuenta las necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo en la Unión. 
Hay que presionar para que acabe por fin la política de amurallamiento, del desmontaje del derecho de asilo y del cuestionamiento del Convenio de Ginebra para los Refugiados. 
Todas las personas que buscan refugio en la UE deben tener acceso a un procedimiento justo y limpio de acogida. 
El informe del Sr. Schmitt apunta, lamentablemente, en una dirección opuesta. 
Fomenta el amurallamiento de la UE hacia el exterior y se pronuncia a favor de una limitación adicional de una protección duradera de los refugiados y solicitantes de asilo. 
Rechazo la construcción de un recinto amurallado en Europa y, en consecuencia, también la resolución sobre las "normas comunes para los procedimientos de asilo". 
. (FR) -Es conveniente recordar que en esta Asamblea, algunos, en el seno de su propia familia, han podido conocer a solicitantes de asilo. 
Hace solo sesenta años, italianos, españoles, alemanes, austríacos y otros, perseguidos por sus Gobiernos fascistas o nazis, pudieron beneficiarse del derecho de asilo. 
Este era nuestro orgullo, nuestra grandeza, nuestro deber. 
En Francia, nuestro solicitante de asilo más célebre fue el General de Gaulle, que pudo disfrutar del derecho de asilo en Inglaterra para preparar la Resistencia. 
El mayor interés de este ponente es el de querer unificar las legislaciones de los Estados miembros en materia de procedimientos de asilo. 
La armonización de las legislaciones y de los procedimientos debería hacerse con anterioridad a la aplicación del Convenio de Dublín y del sistema Eurodac. 
No sería igualitario autorizar una única solicitud de asilo para todos los países de la Unión, dado que no tiene las mismas posibilidades de éxito según el Estado en el que haya sido presentada. 
En mi opinión, el informe fija normas mínimas en exceso. 
Hay carencias, y algunos puntos quedan poco definidos. 
En efecto, las persecuciones no son solamente de orden político ni proceden solamente de los Estados. 
Así, las mujeres afganas perseguidas, lapidadas por no llevar chador, deberían sin reservas poder disfrutar del derecho de asilo. 
Del mismo modo, un periodista argelino amenazado de muerte por integristas debería poder disfrutar del derecho de asilo. 
Algunos Estados, que persiguen a opositores, son considerados grandes democracias. 
Por ello, una solicitud procedente de Chechenia no será examinada. 
Para conceder el derecho de asilo, los Estados exigen pruebas de las persecuciones. Pero éstas son a menudo difíciles de aportar, debido a la propia persecución. 
El informe es poco preciso sobre este punto. 
Finalmente, el procedimiento debería tener en cuenta los lazos familiares, el idioma, las afinidades culturales y el pasado colonial del país de origen del solicitante. 
Esto le permitiría soportar mejor el exilio. 
Si se producen corrupciones, abusos, es porque no hay reglas coherentes. 
Sería inaceptable desconfiar y restringir esta bella conquista de la historia de la humanidad, que es el único salvavidas de los combatientes por la libertad a través del mundo. 
Me he abstenido sobre la enmienda 14. 
Esta enmienda pretende "solicitar que en toda aplicación del sistema Eurodac, se haga fuertemente hincapié en la protección de los datos, con el fin de proteger a los solicitantes de asilo frente a un eventual uso abusivo de la información obtenida". 
Ciertamente, esta enmienda pretende proteger los datos derivados de la información obtenida. Pero soy contrario a la idea misma de recabar información, sistemáticamente, tal y como preconiza Eurodac, como también estoy en contra de la idea misma de procedimientos acelerados que pueden dar lugar a numerosos abusos. 
Informe Sörensen (A5-0126/2000) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, aplaudo la decisión de la Comisión de adoptar unas normas sobre indemnización a las víctimas de delitos en la Unión Europea. 
Come representante del Partido de los Pensionistas que me han enviado aquí, he de evidenciar que la mayor parte de las víctimas de los delitos son personas mayores. 
En Europa las personas mayores ya no pueden salir de casa no sólo de noche, sino también de día en algunos barrios. 
Considero asimismo importante subrayar que es necesario que el Estado se subrogue a los responsables a la hora de indemnizar a las víctimas y que luego el mismo Estado sea quien reclame la indemnización por daños directamente a quienes han cometido dichos delitos. 
Los Conservadores del Reino Unido siempre han creído que el sistema legislativo penal debería poner más énfasis en apoyar las necesidades de las víctimas de delitos. 
Por consiguiente, aplaudimos las opiniones del informe Sörensen que defienden nuestro punto de vista. 
Sin embargo, dado que el informe también sugiere cambios en las estructuras del procedimiento de votación de las instituciones europeas, y tiene importantes repercusiones en cuanto a recursos, no podemos darle nuestro apoyo pleno. 
. (FR) - ¡Bravo! 
Una vez más, Europa demuestra un gran sentido de la responsabilidad al interesarse por las víctimas de la criminalidad. 
Tal y como queda subrayado en el informe, no cesan de aumentar. 
¿La solución? 
Para el Parlamento Europeo, es la asistencia material, jurídica, médica, psicológica y social a las víctimas de la criminalidad. 
Para nosotros, diputados del Frente Nacional, es otra cosa. 
No se trata un problema a través de sus consecuencias, sino a través de sus causas. 
En este campo, actuar al final de la cadena es como aplicar un emplasto sobre una pata de palo, y solo permite a los gobernantes europeos tener la conciencia tranquila. 
Es en el inicio dónde hay que actuar, en los orígenes mismos de la criminalidad en Europa. 
Porque entonces, y solamente entonces, el número de víctimas se reducirá y podremos ejercitar plenamente nuestro deber de asistencia hacia ellas. 
Sin embargo, basta con hacer una simple constatación: en toda Europa, la criminalidad aumenta; la inseguridad se impone en las ciudades y en el campo, el terrorismo internacional, la pedofilia, el turismo sexual, la prostitución forzada y la trata de blancas, el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas, la inmigración clandestina y el crimen organizado internacional no hacen más que aumentar. 
En nombre del sacrosanto principio de la libre circulación de personas, éstas son drogadas, son heridas o son asesinadas. 
Su libertad de circulación de las personas ante todo y sobre todo, en el seno de su irrealizable espacio de libertad, de justicia y de seguridad, no es ni una necesidad, ni una fatalidad. 
Todo lo contrario, la seguridad de los ciudadanos europeos será preservada y garantizada restableciendo nuestras fronteras, y rechazando conceder a los inquilinos de las torres de marfil situadas en Estrasburgo y en Bruselas cualquier competencia en materia de policía, de justicia, así como de entrada y permanencia de los extranjeros. 
¡Vamos, despiértense y sean responsables! 
Las víctimas de la criminalidad en Europa no se salvarán ni resucitarán llorando ni contándolas: lo que hay que hacer, es conseguir que una persona no se convierta en víctima y, para ello, hay que crear los medios necesarios para garantizar su seguridad, lo que Ustedes son incapaces de hacer. 
Aprendan primero a asumir sus responsabilidades, aprendan a gobernar. 
Informe Turco (A5-0138/2000) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe Turco, a pesar de que hubiera querido votar en contra, ya que se trata de un balance final y, ante todo, de un informe muy pesado sobre la actividad de reparto y utilización de los Fondos estructurales del año 1998. 
Estoy convencido de que la Unión Europea debe modificar totalmente su manera de distribuir ayudas a quienes necesitan su ayuda. 
Desde mi punto de vista, se debe cambiar radicalmente el sistema de los programas, el sistema de parrillas, el sistema que desde hace veinte años se emplea para llenar de partidas la columna de "gastos" del presupuesto de la Unión Europea. 
Hay demasiados despilfarros y no se alcanzan los objetivos que se querrían alcanzar. 
Creo que ya es hora de cambiar el sistema de gasto de la Unión Europea. 
. (IT) El Grupo Unión por la Europa de las Naciones suscribe el contenido del informe del Sr. Turco. 
Por otra parte, es importante detenerse en algunos aspectos del informe porque, aunque se refieren al anterior período de programación más que a un examen a posteriori, mantienen inalterada su importancia en el período actual. 
Por lo tanto, es deseable una mayor y más intensa coordinación entre las acciones de los Fondos estructurales, en particular en lo que al Fondo Europeo de Desarrollo se refiere. Asimismo hay que pedir una correspondencia más concreta no solo en cuanto a los temas horizontales anuales seleccionados- por ejemplo, PMI- sino también con respecto a las acciones innovadoras. 
Asimismo, siendo el empleo unos de los tres ejes de utilización del nuevo período de programación, el mismo tanto en términos cuantitativos como cualitativos debería ser objeto de una información periódica al Parlamento en el ámbito de los informes de la Comisión sobre la utilización de los fondos en cuestión: una información global y no sólo de previsión. 
Otro aspecto atañe a otro objetivo de utilización en el ámbito del período actual: el desarrollo regional y local y las problemáticas asociadas al mismo. 
Un planteamiento, éste, que en el pasado reciente vio la realización de importantes acciones innovadoras por su valorización, basadas en la iniciativa local en un marco de asociación. 
En consecuencia, se vuelve importante no solo conocer la eficacia en el logro de dichos objetivos, sino también las causas que obstaculizarán su camino partiendo, siempre y en todo caso, del presupuesto de que el objetivo comunitario inmediato es el empleo. 
Además, también con respecto a este último será importante comprobar la coherencia de tales objetivos y orientaciones con los practicados por los Estados miembros, empezando por los planes nacionales anuales para el empleo. 
La última cuestión es la que se refiere al descubrimiento de los fraudes. 
La Comisión la anuncia en su informe abordando no obstante el tema de manera global sin hacer aflorar, además de la dimensión general, el detalle cualitativo, por decirlo así, de los propios fraudes ni menos aún los instrumentos utilizados o a utilizar para combatirlos. 
De hecho, también este último aspecto es una señal de identidad y de determinación política de interés unívoco. 
Señor Presidente, yo también intervengo por alusiones personales y para aclarar algunas verdades. 
Antes que nada yo no he sido el que invitó al grupo. Ya he dicho, también a la prensa, que no comparto todo lo que dijo el grupo, sin embargo, como Voltaire, considero que en cualquier momento todos han de poder exponer sus ideas, especialmente en un lugar donde está representada la soberanía popular. 
Entiendo que ciertos tonos pueden llegar a molestar, pero cuando alguien ve que le tiran agua encima puede también reaccionar quizás con alguna palabra no precisamente diplomática. 
Repito, tenemos el vídeo y se ve claramente que las palabras soeces dirigidas a quien tiró el agua se pronunciaron después de que se tirara el agua. 
Además, pienso que todos nosotros hemos participado en manifestaciones, incluso de compañeros de partido de la colega que ha hablado antes que yo. 
Cuando, por ejemplo, sus compañeros de partido se manifestaron ante la Fiat, contra el dueño de Fiat, las palabras no eran precisamente tiernas, pero nunca nadie se ha atrevido a decir que, durante una manifestación, se deben emplear las palabras que se usan en un baile de debutantes. 
Por lo tanto, reivindico la posibilidad de que cada individuo exprese libremente sus opiniones, incluso ofendiendo a alguien. 
A lo sumo, este alguien si lo estima conveniente podrá ejercitar las acciones que considere oportunas ante las instancias competentes. 
No obstante, se debe garantizar la libertad de expresión. 
Les señalo que el Gabinete de la Presidenta ha sido informado de estos acontecimientos y tomará todas las medidas que corresponda, puedo asegurárselo. 
Señor Presidente, no sé por qué, al principio de la sesión, la Sra. Napoletano ha citado a mi partido en relación con lo sucedido en el Pleno. 
Quisiera que se me clarificara, ya que no solo votamos a favor del Presidente Prodi, sino que ni hemos compartido ni compartimos las consignas que se profirieron en el patio del edificio donde tiene su sede el Parlamento. 
No entiendo por qué la Sra. Napoletano ha puesto por medio a mi partido. 
Es una cuestión que, realmente, me causa perplejidad. 
Quisiera una aclaración al respecto, ya que a nosotros no nos corresponde tomar distancias ni juzgar. 
Juzgamos negativamente el comportamiento de estos jóvenes por lo que han dicho, sin embargo, me gustaría saber si es verdad lo afirmado por el Sr. Speroni, ya que si es cierto que un diputado ha tirado agua encima de estas personas, también se convierte en censurable el comportamiento del diputado. 
Sin embargo, creo que la Presidencia sabrá dar respuestas claras acerca de lo ocurrido. 
Repito, la condena de las consignas proferidas es clara, sin embargo, hay que averiguar todos los hechos. 
Queridos colegas, no es momento ni lugar para abrir este debate. 
Como les he anunciado, el asunto ha sido puesto en manos de la Sra. Presidenta, y ella le dará todo el curso que sea necesario. 
En este momento, yo no puedo ofrecerles ninguna explicación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0140/2000) del Sr. Ripoll y Martinez de Bedoya- Fondos de Cohesión (1998) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativo al Informe Anual de la Comisión sobre los Fondos de Cohesión de 1998 (COM (1999) 483- C5-0326/1999- 1999/2212 (COS) ). 
. Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, como todos ustedes saben, el Fondo de cohesión nace con el objetivo de contribuir a la cohesión económica y social y reducir al mismo tiempo las disparidades regionales y sociales, partiendo de la solidaridad de los Estados miembros. 
Gracias a este Fondo, numerosos países de la Unión Europea han tenido la oportunidad de intentar acortar las distancias con los países más ricos y se han obtenido, por un lado, unos logros que cabe calificar de espectaculares, pero también de insuficientes. 
Se ha aumentado la renta per cápita de los dos tercios a los tres cuartos de la media comunitaria y la participación de los Fondos europeos en el crecimiento de cada uno de estos cuatro países fue de una media del 0,5 % anual. 
Ahora bien, cabe en estos momentos señalar dos problemas que se plantean para el futuro. 
En primer lugar, la incorporación de nuevos países, lo que puede dar lugar a que los actuales países beneficiarios del Fondo de cohesión se encuentren con que no van a ser perceptores del mismo sin haber logrado, por su parte, los objetivos de convergencia real. 
Aquí se deben plantear en el futuro una serie de programas que permitan a los nuevos países que se incorporen lograr una convergencia con la Unión Europea y, al mismo tiempo, que los cuatro países beneficiarios sigan contando con estos mismos Fondos para lograr los objetivos reales de convergencia, crecimiento y generación de pleno empleo. 
En segundo lugar, otro problema es la tentación que tienen algunos de los países más ricos de penalizar a aquellos países que, siendo perceptores del Fondo de cohesión, han logrado una convergencia nominal en base a unas políticas estructurales y económicas serias, responsables, solidarias y rigurosas, pero sin, evidentemente, alcanzar todavía una convergencia real, eliminándoles, en este caso, del Fondo de cohesión, lo cual podría dar lugar a dos situaciones. 
En primer lugar, favorecer políticas no rigurosas e inflacionistas para no perder dichos fondos. 
Y en segundo lugar, parar el crecimiento y la convergencia con el resto de países de la Unión Europea por parte de alguno de estos países. 
Por ello, sería conveniente distinguir, señor Comisario, entre convergencia real y convergencia nominal. 
Por último, quisiera recoger una serie de recomendaciones en cuanto al Fondo de cohesión. 
En primer lugar, sería conveniente efectuar una mayor inversión en ferrocarriles, puertos y en el transporte marítimo. 
En segundo lugar, deberían elegirse como prioritarios los transportes destinados a la integración de los territorios periféricos, islas y zonas aisladas. 
En tercer lugar, hay que prestar una mayor atención a los medios de transporte sostenibles. 
En cuarto lugar, son necesarias más intervenciones en el ámbito de la reforestación y de la recuperación del suelo. 
En quinto lugar, hay que hacer frente al problema del tratamiento de residuos y desechos sólidos. 
Y por último, conviene una mayor inversión, como ya hemos indicado anteriormente, en núcleos urbanos. 
Quiero indicar, además, que mañana se van a presentar cuatro enmiendas, dos de ellas aprobadas en comisión y otras nuevas ante el Pleno de la Asamblea. 
Mi postura- ya he explicado en comisión los motivos de la misma- es la de no aceptarlas, puesto que en líneas generales lo que plantean son sencillamente nuevos criterios. 
Estamos hablando del Fondo de cohesión y del balance de 1998, sobre los que hay un reglamento y unos criterios ya aprobados para el período 2000-2006 y no creemos que sea ahora el momento de cambiar los criterios en cuanto a la elegibilidad y la distribución de dichos fondos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, hoy, ocho años después de Maastricht, la positiva contribución del Fondo de Cohesión al fomento de la cohesión económica y social de las regiones de la Unión esta fuera de toda duda, y arroja notables resultados en la lucha contra las desigualdades sociales y regionales. 
Vivo en una región que se beneficia del Fondo, y puedo garantizarles que hasta el último de mis paisanos conoce y reconoce los resultados, no tanto por las campañas de información y publicidad, sino, principalmente, porque las obras financiadas afectan a ámbitos fundamentales para la calidad de vida, cuya mejora, hasta el último de mis paisanos, como les digo, constata a diario. 
Creo, pues, que se impone felicitar a la Comisión por la labor realizada hasta hoy para hacer realidad los objetivos del Fondo, e instarla a redoblar los esfuerzos para mantener bien engrasados los engranajes de su funcionamiento y mejorar aún más su efectividad en el nuevo período de programas. 
Tenemos, en todo caso, que señalar que la ayuda concedida al sector medioambiental sigue concentrándose principalmente en el agua; y, sin embargo, existen también en muchos casos otras intervenciones necesarias, dirigidas a la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente y al uso proporcionado de los recursos naturales, de acuerdo con el artículo 174 del Tratado, que se refiere a la repoblación forestal, a la recuperación de suelos, etcétera. 
Se hace necesario también dirigir importantes inversiones a afrontar el serio problema del tratamiento de los residuos sólidos, así como estimular la aplicación de las tecnologías más actuales, efectivas y limpias con relación al medio ambiente. 
Merece la pena también promover más inversiones en infraestructuras de transporte respetuosas con el medio ambiente, e insistir en el desarrollo de sistemas de transporte combinado. 
Considero necesario, precisamente en la perspectiva de la ampliación, que constituye un gran reto, preocuparnos ahora de garantizar que las financiaciones procedentes del Fondo de Cohesión no van a interrumpirse en el futuro, dada su repercusión en dos ámbitos de la máxima importancia para la consecución del objetivo de la cohesión económica y social de la Unión Europea, que es, en definitiva, su razón de ser. 
El hasta ahora eficaz funcionamiento del Fondo de Cohesión debe convencernos de la necesidad de mantener el flujo de la financiación hacia los países receptores, desde el momento en que estos siguen necesitando la ayuda. Y es que hay que examinar, más allá de la convergencia nominal de las economías de los Estados miembros, la convergencia real de las rentas y, más en general, de la calidad de vida de los ciudadanos europeos de sus regiones. 
Para terminar, y tras agradecer al ponente la calidad de su trabajo y su talante de colaboración en el proceso de estudio y revisión del informe en nuestra comisión, quiero trasladar a sus Señorías el llamamiento, sentencioso y dramático, me atrevería a decir, de un humilde campesino de mi tierra, tal y como él lo expresó- con sencillez, pero con firmeza- tras oír hablar de los logros de nuestra Unión: "Europa sí; pero Europa para todos los europeos de la Unión". 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al ponente, en nombre propio y en el del Grupo de los Verdes. 
Este informe proporciona una muy buena perspectiva acerca del funcionamiento del Fondo de Cohesión y de las actividades realizadas durante 1998. 
Me satisface especialmente que el desarrollo se oriente hacia inversiones en el sector de los ferrocarriles, en puertos y en el transporte marítimo. 
Desgraciadamente, todavía existe un gran desequilibrio en relación con el sector de las carreteras. 
Por eso hemos presentado una enmienda para que las inversiones viarias no sobrepasen la cuarta parte de las inversiones totales en infraestructuras en el sector de los transportes, permitiendo cumplir con las directrices de la partida presupuestaria B5-7 sobre la red transeuropea. 
Opinamos que esto es muy importante. 
Quisiéramos ver, sobre todo, una política de inversiones equilibrada, cuya meta sea la diversificación y el aumento de las inversiones en materia medioambiental y la disminución, al mismo tiempo, de las inversiones en carreteras. 
También nos alegra que la comisión haya aceptado nuestra enmienda, actualmente el punto 9, que propone que los recursos disponibles para proyectos medioambientales también puedan usarse para financiar proyectos cuyo objetivo sea mantener y estudiar la diversidad ecológica. 
Las inversiones para el tratamiento ecológico de los residuos están bien establecidas en el punto 8. 
Sin embargo, quisiéramos que se agregase la enmienda 3, que deja en claro que debe darse prioridad a las inversiones que fomenten el reciclaje. 
La cantidad de residuos también debe disminuir. 
Además de estas enmiendas relacionadas con el medio ambiente, tenemos una que se ocupa del cumplimiento del principio de la adición. 
Pedimos a la Comisión que presente un informe sobre el cumplimiento de este principio cuando se reciben recursos del Fondo de Cohesión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente y a la Comisión por la evaluación de la ejecución del Fondo de Cohesión de 1998 que hoy examinamos y nos revela resultados muy positivos, con la evidente tendencia a la convergencia real y sin perjuicio del rigor de la política presupuestaria. 
El Fondo de Cohesión ha desempeñado un importante papel socioeconómico, que aún está por evaluar con rigor, en las infraestructuras con potencial de desarrollo. 
Por tanto, esperamos una más detenida evaluación de la Comisión respecto de la aplicación de los fondos. 
Tomamos nota con agrado del aumento del empleo, la ausencia de fraudes, la intensificación del control y la buena ejecución de los programas. 
Ahora bien, se deben plantear algunas cuestiones y quisiera señalar a la atención del Comisario la necesidad de una mayor apuesta por la coordinación de los fondos europeos teniendo como objetivo el desarrollo sostenible dentro de la Unión y el equilibrio real entre regiones, que requieren el fomento, como ya se ha dicho aquí, de los medios de transporte substitutivos, el ferroviario, el marítimo, el cabotaje (lo que permitirá la descongestión de las carreteras y la animación de los puertos) , que requieren también el papel que desempeña el Fondo de Cohesión, si se integra en una estrategia de desarrollo regional encaminada a fomentar el establecimiento industrial en ciudades de pequeñas y medianas dimensiones y en zonas rurales, que representan las cuatro quintas partes de la Unión, así como un apoyo integrado de los Fondos estructurales y de Cohesión a estructuras que permitan la democratización de la difusión tecnológica, dando seguimiento, en particular, al proceso decidido en Lisboa y al fomento de la inversión potenciadora de nuevas empresas y empleos y que requieren también, por último, un diálogo civil y social y la participación de entidades de investigación subordinadas a esa estrategia. 
Con ocasión de la ampliación, no se debe poner en entredicho el principio de cohesión establecido en el Tratado. 
El Fondo de Cohesión debe ser replanteado- eso sí- teniendo presentes los resultados positivos con los nuevos indicadores socioeconómicos que se esperan a fin de que no se pierda esa experiencia de los países de la cohesión ni en los actuales beneficiarios ni en los futuros. 
Me gustaría que el Comisario se pronunciase a ese respecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana a las 9 horas. 
Sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta que tenemos ante nosotros nos señala una revolución en los sistemas de control y brinda las bases técnicas para una revolución en la forma de gestionar la Política Agraria Común. 
El método propuesto se basa en un moderno sistema de información geográfica en el que la información cartográfica relativa a las explotaciones agrarias está digitalizada e integrada con la información alfanumérica necesaria para la caracterización de la explotación y de las subvenciones recibidas. 
Desde el punto de vista del control, el método presenta enormes ventajas y reduce en gran medida la posibilidad de fraude o cualquier otra irregularidad. 
Desde el punto de vista de la gestión de la PAC, por fin se está creando una infraestructura de gestión que brinda la base técnica para la transformación de una política que hasta ahora ha subvencionado irracionalmente los países, las regiones y a los agricultores más ricos, fomentando la acumulación de excedentes y la degradación medioambiental, en un sistema geográfico que fomentará una agricultura sostenible y favorecerá las regiones y a las comunidades rurales más necesitadas. 
Ojalá haya la voluntad política y el discernimiento necesarios por parte de las instituciones europeas para poner en práctica una nueva política. 
A mi juicio, se debe apuntar a la integración en el sistema de virtualmente todos los sectores financiados por la PAC. 
El reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la peste porcina clásica muestra que, incluso en esferas en las que a priori la información geográfica parece menos relevante, es determinante y podría ser un instrumento fundamental para racionalizar la Política Agraria Común. 
Me parece que lo más ventajoso es integrar inmediatamente en el sistema tres sectores no incluidos en la propuesta de la Comisión: el aceite, el lino y el cáñamo y el tabaco. 
En cuanto al primero, se trata de integrar el sistema ya existente de información geográfica concreta en el sistema general. 
En cuanto al segundo, sabemos que la Comisión propuso ya su integración en los cultivos herbáceos, pero no sabemos cuándo ni si se aprobará la propuesta de la Comisión. 
En cuanto al tercero, se trata de la integración más necesaria y urgente: el hecho de que el tabaco no sea, entretanto, subvencionado por hectárea, sino por cantidad producida en nada afecta a la posibilidad de que sea integrado desde ahora mismo en el sistema y menos aún las ventajas que ofrece. 
La aplicación de un sistema geográfico de control permitirá velar por que se produzca el tabaco subvencionado efectivamente en las explotaciones agrarias que se pretende subvencionar. 
Por otro lado, sería absurdo que la extensa información que la Comisión requiere de cada explotación agraria en el marco de la verificación de cuentas no fuera integrada en el nuevo sistema. 
A ese respecto conviene que la Comisión reduzca sus exigencias a lo que es necesario y razonable. 
Hay que entender, por un lado, que la PAC tiene un costo administrativo oculto y en aumento que corre a cargo de las administraciones nacionales y regionales. 
Y, por otro lado, que no es posible exigir que los agricultores pasen más tiempo rellenando papeles que ordeñando vacas u ocupándose de la tierra. 
No queremos convertir a los agricultores en burócratas. 
Si bien es necesario garantizar la lucha contra el fraude, también es necesario evitar que la complejidad del sistema provoque la multiplicación de pequeñas irregularidades formales y que los agricultores resulten castigados injustamente. 
La simplificación de la legislación sobre la aplicación de la PAC es una prioridad absoluta. 
Unas últimas palabras sobre lo que se espera de la Comisión: es incomprensible que un proyecto de esta envergadura y con este alcance no culmine con el tratamiento, en el nivel europeo, de toda la información recogida. 
No es posible entender que una política común como la de la agricultura sea tratada como una colección de quince políticas nacionales o, peor aún, como un cúmulo inconexo de facturaciones de 80 o 90 organismos nacionales de pago. 
La Comisión tiene la obligación de tratar de forma coordinada el conjunto de la información geográfica que ahora se exige a los quince Estados miembros. 
Más aún: es urgentemente necesario que ese manantial precioso sea utilizado para aplicar mejor la política de cohesión económica y social, de defensa del medio ambiente e incluso de ordenación del territorio. 
Señor Presidente, además de felicitar al señor Casaca por el excelente trabajo que ha realizado, he de agradecerle su apoyo a la opinión de la Comisión de Agricultura. 
Esta opinión ha intentado corregir el enfoque de la Comisión, que ignora el mayor volumen de elementos imprescindibles no únicamente para el control, sino también para la gestión. 
Esta fuente de información reside en las informaciones administrativas resultantes de los pagos del FEOGA. 
El Reglamento (CE) nº 2390/1999 exige que los Estados miembros mantengan a disposición de la Comisión los datos de los pagos del FEOGA-Garantía. 
Sin embargo, sólo exige que dichas informaciones les sean transmitidas previa solicitud y exclusivamente para la preparación de verificaciones in situ en el proceso de liquidación de cuentas. 
Esta situación crea varios límites al control. 
Una gestión eficaz debe poder proporcionar elementos de análisis y decisión a las instituciones responsables y entre estos elementos se cuenta el índice coste-eficacia. 
Este enfoque debe aplicarse sistemáticamente y debe basarse en el análisis de los pagos correspondientes a cada reglamentación. 
El hecho de que sólo se puedan solicitar estas informaciones para preparar las verificaciones in situ en el proceso de liquidación de cuentas establece un límite temporal a la disponibilidad de unas informaciones fundamentales para la gestión y el control. 
Una vez que se acaba el proceso de liquidación de cuentas se cierra la posibilidad de cualquier análisis de gestión o de acción de control. 
Pero, además de estas verificaciones ligadas a la liquidación de cuentas, un control eficaz requiere de otros instrumentos como, por ejemplo, el cruce de las distintas informaciones disponibles. 
Para paliar estas deficiencias se ha propuesto, pues, la utilización de las informaciones disponibles en el marco del mencionado Reglamento (CE) nº 2390/1999 en el sistema integrado de gestión, del que hablaba anteriormente el Sr. Casaca en su estupendo informe. 
En consecuencia, en la primera fase de la instauración de este sistema integrado de gestión y control bastaría con regular las condiciones de envío de la información citada y la necesidad de que la Comisión las almacene. 
Señor Presidente, nosotros damos la bienvenida a esta propuesta de la Comisión de mejorar el sistema de control, y yo quisiera dar las gracias al Sr. Casaca por su informe. 
Se trata de una cuestión muy técnica y para comprenderla es necesario entender casi todos los detalles de la política agrícola común. 
El Sr. Casaca ha hecho un muy buen esfuerzo por explicárselo al Parlamento. 
Me gustaría también agradecer a la Comisión sus continuos esfuerzos por poner orden en toda la contabilidad en el ámbito de la agricultura. Es extremadamente importante. 
Hemos hablado hace poco de fondos regionales y de fondos de cohesión, pero la política agrícola común es extremadamente importante. 
Es el mayor instrumento de cohesión con el que contamos porque es la única política rural de que dispone la Comunidad y supone una enorme ayuda para las zonas periféricas y para personas que tienen negocios que, de otro modo, no serían viables. 
A esta política se le dio mala fama en el pasado cuando la mayoría de los fondos al sector agrícola se canalizaban a través de los procesadores y exportadores. Existía la posibilidad de grandes niveles de fraude y de crimen organizado mediante el pago de los fondos compensatorios monetarios. 
Con la reorganización de la política nos encontramos ante una nueva situación. 
Es justo señalar que el último informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 1998 no ha llamado la atención sobre ninguna deficiencia importante de la Comisión en todo este ámbito. 
Han existido problemas pero han sido pequeñas infracciones aisladas en relación con aspectos de las ayudas y también con primas y con el hecho de que los gobiernos nacionales no entendieran los detalles de la legislación europea. 
Pero hemos de reconocer que en su mayor parte la Comisión ha recibido el visto bueno sobre 1998, que es el último informe que tenemos, y hay que felicitarla por ello. 
Teniendo en cuenta que esto representa algo así como el 48% de todo el presupuesto- 38.000 ó 39.000 millones de euros- es todo un logro que, gastándose en quince países, el presupuesto estuviera dentro de un margen del dos y medio por ciento respecto a las previsiones y que el despilfarro y las posibilidades de pérdidas fueran inferiores a la media del presupuesto. 
Los cambios en el conjunto del sistema han hecho más fácil su control. El hecho de que ahora vaya más dinero directamente a los agricultores facilita la comprensión de lo que está ocurriendo exactamente. 
Los cambios propuestos ajustarán nuestro sistema de contabilidad a las nuevas políticas que se han diseñado. 
Es razonable esperar que los Estados miembros faciliten el tipo de datos que necesita la Comisión Europea tanto desde el punto de vista de la gestión como de la contabilidad, para que se disponga de datos exactos de dónde y a quién va el dinero, hasta el último receptor. 
Esto es muy grato. 
En relación con las enmiendas propuestas por el Sr. Casaca, podemos dar nuestro apoyo a todas ellas. 
Hemos recibido algunas quejas acerca de la propuesta de introducir el tabaco. 
Quizás, tal y como están las cosas en este momento, dado que el dinero va a los procesadores, existen razones para afirmar que no debería ampliarse. Pero gastamos 1 000 millones de euros en el régimen del tabaco. 
Hay unos 135 000 agricultores y unas 135 000 hectáreas. Eso significa aproximadamente 7.600 euros por hectárea, aproximadamente 7 600 euros por agricultor. 
Es mucho dinero. Es razonable que intentemos hacer que este dinero vaya a los agricultores y se aplique a las hectáreas, como ha sugerido el Sr. Casaca. 
Mi Grupo solicita un voto por separado para permitir que aquéllos a los que no les gusta el régimen del tabaco voten en su contra, pero, por otro lado, nuestra enmienda es un mensaje a la Comisión de que creemos, de veras, que esta cuestión debería clarificarse para que el dinero vaya exactamente a dónde tiene que ir: a las zonas rurales y a los agricultores. 
Señor Presidente, quiero felicitar al colega Casaca por su excelente informe. 
Naturalmente, nuestro Grupo político lo va a apoyar. 
El sistema integrado de administración y de control es ciertamente un elemento central irrenunciable de nuestra política agraria común. 
Necesitamos datos fiables sobre los beneficiarios finales, el número de animales y las superficies explotadas. 
Esta es una difícil tarea que sólo se puede superar gracias a los avances logrados en el sector tecnológico. 
El colega Casaca ha descrito algunas cosas en su informe. 
A pesar de lo positivo que es esto, no debemos ignorar que esto acarrea también problemas de adaptación. 
Lo vimos ya al introducir el sistema actual mediante el reglamento del año 1992. 
Hoy, ocho años después, dos Estados miembros no han aplicado aún el sistema o al menos no lo han aplicado totalmente. 
No pueden producirse más tales retrasos. 
Hemos tocado esta cuestión en el marco de la aprobación de la gestión para 1998. 
La Comisión nos ha comunicado que se van a recortar los anticipos para los dos países, Grecia y Portugal. 
Esto sólo no es suficiente. 
En el procedimiento del cierre de cuentas tienen que acordarse sanciones sensibles que hagan daño. 
En el marco de la aprobación de la gestión, la Comisión nos ha presentado también las estadísticas de control para el año 1998. 
No quiero aburrirles con cifras, pero sí les voy a exponer una pequeña muestra. 
En 1998, en los 15 Estados miembros de la Comunidad se presentaron más de 3 millones de solicitudes de ayudas vinculadas a las tierras. 
De esta cifra, se examinó algo más del 12%, en parte directamente in situ, en parte mediante satélite. 
De las solicitudes examinadas, más del 40% eras falsas, si bien hay que evitar calificarlas inmediatamente como fraude. 
En parte, se trataba de defectos técnicos o de errores al interpretar las normas, etc. 
En cualquier caso, los importes alcanzan cifras millonarias. 
Las cifras demuestran así pues lo urgentemente necesario que es un sistema de control que funcione. 
Como ponente de esta Asamblea competente para la lucha contra el fraude, quiero llamarles la atención sobre un grave problema en este contexto. 
Todos los Estados miembros comunican a la Comisión las irregularidades surgidas pero sólo algunos Estados miembros comunican a la Comisión cuáles de estos casos deben clasificarse como fraude. 
Por ejemplo, según las estadísticas, en el Reino Unido hubo 4.995 casos de declaraciones demasiado elevadas, 971 casos de solicitudes dobles y 52 casos de las llamadas solicitudes falsas. 
Pero ni uno sólo de estos casos fue clasificado en la estadística como caso de fraude o sólo como caso de sospecha de negligencia grave. 
Finlandia, Austria, Portugal y Suecia tampoco comunican casos de este tipo. 
¿Existen, por así decirlo, zonas exentas de fraude en la Unión? 
Sin duda, no. 
Los controles administrativos funcionan más o menos pero no tenemos una visión fiable del lado punitivo. 
Este es un problema que se tiene que solucionar urgentemente si queremos lograr impedir realmente los fraudes mediante una amenaza punitiva. 
La solución ideal sería la creación de una Fiscalía Financiera europea que ha exigido esta Asamblea en repetidas ocasiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los pagos en el marco del FEOGA-Garantía pertenecen a la partida más elevada de todo el conjunto de gastos de la UE, este año más de 41 millardos de euros. 
Por lo tanto, las drásticas medidas de control y gestión que propone la Comisión ahora están seguramente más que justificadas. 
Es muy necesario que esta parte tan grande de los recursos de la UE se emplee bien y de forma eficiente. 
Sin embargo, me pregunto si las medidas propuestas son las más eficaces. 
Y remito a la opinión tan valiosa de la Comisión de Agricultura en este informe. 
Figúrense, ¡en la recogida de datos se ignoran los bancos de datos ya existentes! 
Así se pierde una información valiosa para la gestión de los fondos comunitarios. 
La Comisión de Agricultura constata acertadamente que es absurdo que la Comisión actúe de esta forma. 
Los datos sobre pagos o ingresos en el ámbito del FEOGA-Garantía, sólo pueden ser utilizados al solicitarlos la Comisión en el proceso de liquidación de cuentas. 
Pero eso no puede ser motivo para ignorar todos estos datos. 
La mera existencia de esta valiosa fuente de información debería haber sido razón suficiente para la Comisión Europea para adaptar el Reglamento nº 2390/99. 
Como Parlamento Europeo todavía estamos a tiempo de corregir este fallo de la Comisión introduciendo una enmienda en la opinión de la Comisión de Agricultura, para que se pueda disponer de esta fuente de información en la gestión de los fondos comunitarios. 
Si el reglamento se enmienda de esta forma, entonces le daremos nuestro sincero apoyo. 
Señor Presidente, yo también quiero apoyar el informe del Sr. Casaca sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa al sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios, aprobado por unanimidad por la Comisión de Control Presupuestario. 
Considero que las reservas expresadas por el Ejecutivo, particularmente la posición expresada por la Comisión sobre el artículo 1 de la propuesta, no tienen fundamento. 
Los productos que el ponente propone añadir a la lista forman parte en su conjunto de sectores con un notable impacto financiero y cuyos sistemas de control han resultado insuficientes. 
De hecho, en el pasado, todos estos productos fueron objeto de fraude y de irregularidades. 
Asimismo, la introducción de este sistema para un mayor número de productos facilitaría una gestión sana y eficaz, con la consiguiente simplificación de los procedimientos tanto para el Ejecutivo como para los agricultores. 
En realidad, es preciso armonizar lo más posible los demasiados y diferentes reglamentos actualmente en vigor, también con el fin de limitar los costes. 
Por lo tanto, sobre la base de las consideraciones anteriores, me dirijo a la Comisión y al Consejo pidiéndoles que acepten la posición expresada por la Comisión de Control Presupuestario y, en particular, las enmiendas 1 y 2. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar asimismo al ponente, el Sr. Casaca y a la Comisiones de Control Presupuestario y de Agricultura y Desarrollo Rural por sus propuestas relacionadas con las enmiendas y sobre todo por el constructivo debate sobre esta propuesta. 
Especialmente agradecido estoy por su apoyo a los principios básicos de la propuesta de la Comisión, en lo que somos de la misma opinión. 
A pesar de que no puedo aprobar todas las enmiendas presentadas por las comisiones, quiero mostrar claramente que la Comisión comparte los puntos de vista básicos de las comisiones para fortalecer el sistema integrado de administración y control. 
Respecto a la enmienda nº 1: la Comisión ha presentado esta propuesta en primer lugar para adaptar el sistema integrado de control a la legislación derivada de la Agenda 2000. En segundo lugar, para introducir los llamados SIG, es decir, los sistemas de información geográficos para la mejora de la identificación de las superficies agrícolas y, en tercer lugar, para impulsar la compatibilidad de los sistemas de administración y control de otros sistemas de ayuda comunitarios con el INVEKOS. 
Respecto a las enmiendas, quiero observar lo siguiente: en la primera enmienda coincido con la crítica que se ha realizado antes en el debate en el sentido de que aún no todos los Estados miembros han alcanzado los progresos necesarios para la creación de INVEKOS. 
Sin embargo, la Comisión no ha iniciado la modificación por motivos de aplicación sino para introducir los nuevos sistemas geográficos de información disponibles. 
Como también se ha expuesto, ya en el procedimiento de denuncia hemos hecho uso de ello al denunciar en este contexto a los países miembros morosos. 
En la segunda enmienda se propone que se sometan bajo INVEKOS a diversos sistemas de ayuda existentes, mencionándose en concreto el aceite de oliva, el tabaco, lino y cáñamo. 
Aquí hay que tener en cuenta sobre todo una cuestión. En este sistema no se trata exclusivamente de ayudas a las superficies. 
Por ello, no se pueden someter totalmente a INVEKOS. 
Pero, naturalmente, se aplicará lo más posible aquí el sistema INVEKOS. 
Pero, sobre todo, si se llega en el lino y el cáñamo a una integración en el sistema de superficies de cultivos, en este caso se aplicará plenamente el sistema INVEKOS. 
También en la determinación de las superficies y en la conformación del registro para el sector del aceite de oliva se aplicará por supuesto el sistema INVEKOS o el sistema de información geográfico. 
En lo tocante a la tercera enmienda: aquí la Comisión está en contra de una exoneración automática de la obligación de presentar una solicitud de superficies en los casos en los que se solicitan ayudas que no tienen ninguna relación directa con las superficies. 
La Comisión ha concedido ya una exoneración de este tipo para los casos esenciales y debería tener la posibilidad de poder comprobar primero si una exoneración de esta obligación es razonable. 
La Comisión apoya plenamente la cuarta enmienda en lo que afecta al artículo 10 que desaparece. 
Sin embargo, la norma afectada no se puede suprimir totalmente tal como se propone. 
La Comisión debe tener el derecho de poder ejecutar controles también en lo referente a INVEKOS. 
Respecto a los otros puntos que se han presentado en el debate, si se exige una centralización de los pagos o una centralización en general de todos los datos, somos decididamente de la opinión de que esto tendría como consecuencia exactamente lo contrario de lo que queremos lograr. 
No podemos ejercer desde Bruselas todos los controles. 
Por ello, solamente podemos controlar y tener una visión adecuada de modo descentralizado. 
Si existe una necesidad de información, podemos recurrir en cualquier momento a las oficinas de INVEKOS y a las agencias nacionales de pagos. 
Aquí no existe ningún problema. 
Por este motivo, transmitir automáticamente de modo centralizado todos los datos a Bruselas y almacenarlos allí no sólo es contraproducente organizativamente en el sentido de una gestión moderna sino que además es muy caro. 
El Sr. diputado Bösch ha llamado la atención sobre el hecho de que al revisar los datos sobre las superficies el 40% de las solicitudes eran falsas. 
Sin embargo, hay que aclarar cuándo se puede hablar de una solicitud falsa y, sobre todo, cuándo se trata de defectos. 
Si, por ejemplo, se toma la declaración de garantía del Tribunal de Cuentas y se observa concretamente la muestra representativa que ha tomado el Tribunal de Cuentas para el año 1998, se deducen los siguientes hechos en lo referente a la regulación de los cultivos herbáceos: en toda la muestra que se ha tomado existe un total de 16 defectos sustanciales relacionados con las superficies. 
En estas 16 solicitudes defectuosas, las desviaciones se encontraron entre el 0 y el 3% en diez casos, entre el 3 y el 5% en cuatro casos y sólo dos solicitudes en la totalidad de la muestra para toda la Comunidad superaron el 5%. 
La otra cuestión a la que se ha referido y que desde mi punto de vista es asimismo importante, es la cuestión de una eventual componente penal. 
Se trata de la cuestión de hasta qué punto no se persiguen suficientemente los casos reales de fraude. 
Todos saben que según las normas en vigor y también según las normas contractuales en vigor, todo lo que tiene que ver con el derecho penal cae dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros. 
Si existiese aquí realmente fraude o sospecha de fraude, las fiscalías nacionales deberían actuar automáticamente. 
Hasta qué punto sería adecuado crear una fiscalía europea para actos delictivos financieros o una especie de procedimiento penal financiero europeo es un debate que se deberá mantener a la postre en el marco de la Conferencia Intergubernamental pues para ello sería necesaria una modificación del Tratado. 
Su institución exige una Fiscalía Financiera en relación con la Conferencia Intergubernamental. 
Espero que no tenga aún necesidad de negociación y aclaración dentro de la Comisión. 
Le apoyamos gustosamente. 
. (DE) Quiero aclarar que yo no he dicho que tengamos aún necesidad de aclaración. 
Sólo he dicho que tiene que adoptarse una decisión en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Frutos con cáscara y algarrobas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0491/2000) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre medidas de apoyo a los frutos con cáscara y algarrobas. 
Señor Presidente, en ausencia del Sr. Graefe zu Baringdorf y a petición suya, intervengo en nombre de la Comisión de Agricultura. 
La producción de frutos secos en la Unión Europea se realiza mayoritariamente en zonas áridas y de fuertes pendientes en condiciones de secano. 
Estas producciones representan una protección contra la erosión y la desertización y ejercen la función de barreras cortafuegos. 
Tienen una importancia fundamental como fuente de renta complementaria, clave para el mantenimiento de un buen número de explotaciones en el medio rural de zonas desfavorecidas. 
Además, esta producción es la base de una importante industria de primera y segunda transformación, clave en la diversificación económica de zonas rurales con condiciones muy difíciles. 
El nivel de autoabastecimiento comunitario viene a estar situado entre el 50 y el 60 por ciento. 
La producción comunitaria debe hacer frente a una competencia de los productores de países terceros con unos costes muy inferiores y con una protección arancelaria muy reducida. 
Por ejemplo, en el caso de la avellana, los costes de producción en la Unión Europea son tres veces mayores que los correspondientes a Turquía por efecto de las diferencias en el coste de la mano de obra. 
En el caso de la almendra, la diferencia de costes viene dada porque la producción en la Unión Europea se realiza en zonas muy difíciles en clima o suelo. 
La protección arancelaria es muy baja y está sometida a un progresivo desmantelamiento tras las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos preferenciales. 
Resulta claro que la Comisión no puede ignorar que, cuando emprende negociaciones comerciales, sus concesiones tienen efectos que en ocasiones llegan a ser negativos. 
Por esta razón, debería constituirse en costumbre la evaluación de las consecuencias y el establecimiento automático de medidas que permitieran amortiguar los efectos negativos de las concesiones comerciales otorgadas por la Comisión. 
A pesar de que las medidas establecidas en el Reglamento (CEE) nº 789/89 han tenido resultados positivos, no han conseguido equilibrar los costes de producción con los precios de un mercado dominado por una enorme presión de importaciones a precios bajos. 
El problema es que el apoyo con que contaban estas producciones llega a su término, mientras que las severas condiciones de producción no se han alterado y la competencia de producciones procedentes de terceros países se ha endurecido. 
Muy al contrario, los aranceles aplicables a la almendra, por ejemplo, van a sufrir una nueva reducción el próximo mes para pasar del 4,1 al 3,5 por ciento y existe un contingente de 90.000 toneladas al 2 por ciento. 
Por otra parte, las exportaciones americanas a determinados terceros países gozan de acuerdos preferenciales que no tiene la Unión Europea. 
De hecho, en los últimos diez años el precio se ha mantenido al mismo nivel. 
El tipo arancelario de las avellanas es del 3,3 por ciento. 
Sin embargo, se aplica un tipo reducido del 3 por ciento para las mercancías originarias de Turquía. 
La presión de las importaciones es tal que la diferencia de precios entre las variedades selectas y las variedades comunes es cada vez menor, lo que tiene un efecto devastador. 
Las difíciles condiciones de cultivo en la Unión Europea impiden competir con las de terceros países y no es posible mejorar la competitividad a no ser que se abandonen las actuales zonas de producción y se realicen en otras zonas distintas. 
Esto supondría un daño ambiental fuerte, serios riesgos de despoblación y graves problemas en materia de gestión del territorio. 
Por estas razones, señor Comisario, la Comisión de Agricultura presentó la pregunta oral que ha motivado el debate. 
El diagnóstico de la problemática en las necesidades de la producción comunitaria de frutos secos está bastante identificado, como lo demuestra la coincidencia en esta Asamblea de todos los Grupos políticos en la resolución que han presentado. 
La presión de las importaciones y las difíciles condiciones de clima y suelo exigen, pues, un apoyo a la producción comunitaria de frutos secos. 
La Comisión de Agricultura, en las resoluciones presentadas por los Grupos políticos por unanimidad, se hace eco de las conclusiones de la reciente comparecencia del sector de frutos secos ante la Comisión de Agricultura y, en cierta manera, retoma y asume las peticiones que hoy, con una enorme preocupación y con una enorme angustia, como conoce el señor Comisario, manifiesta el sector. 
Preocupaciones, demandas y peticiones que asumimos en la Comisión de Agricultura y los Grupos políticos del Parlamento Europeo encaminadas a buscar una solución que prevea la concesión de una ayuda directa a las rentas de los productores que permita, mediante el mantenimiento del cultivo, la prevención de daños ambientales, evitar la despoblación y mantener unas industrias de primera y segunda transformación en las zonas desfavorecidas. 
Pero, por otra parte, y éste es el aspecto que reviste hoy este carácter de angustia y de preocupación en el sector- y dado que las medidas previstas para este sector han finalizado en estos días -, es absolutamente necesaria su prórroga hasta el establecimiento de un nuevo sistema o de un nuevo régimen de apoyo. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Jové Peres, me permito recordarle que la misma Comisión constató ya hace muchos años que el cultivo de los frutos secos va unido a dificultades en la Unión Europea. 
Sin duda usted tiene razón al decir que por un lado se debe a la fuerte competencia internacional pero sobre todo a las diversas carencias estructurales que existen en las zonas donde se cultivan fundamentalmente estos frutos. 
Lamentablemente, tuvimos que constatar la existencia sobre todo de una reducida productividad y unos elevados costes de producción debido a estas carencias estructurales. 
Ante estas dificultades, ya en 1989 se introdujo una regulación de ayuda. 
Pero ya entonces estaba limitada a diez años y tenía como objetivo la mejora de la calidad y comercialización de los frutos secos. 
Con dicha regulación realizamos unos considerables esfuerzos financieros. 
Como consecuencia de esta regulación, entre 1990 y 1999 se realizaron gastos por un importe total de 725 millones de euros. 
Y como las obligaciones contractuales siguen estando en vigor, en concreto hasta el año 2006, se van a gastar hoy y en los próximos años otros 250 millones de euros. 
Además, en el año 1997 se introdujo una ayuda especial global para la avellana. 
Pero como he dicho, desde el principio estaba claro- y esto lo sabe también el afectado- que las medidas de fomento a las ventas tenían un plazo temporal determinado, por lo que de lo que se trata es de realizar las necesarias adaptaciones para aumentar la competitividad. 
Ante el hecho de que los programas siguen en marcha aún en parte hasta el 2006, no se han planificado para este apartado más medidas. 
Sin embargo, me permito indicarle que el cultivo de frutos secos entretanto se puede promover también de otra manera, lo que antes no era el caso. 
Está disponible sobre todo la regulación de ayudas generales para los productores de frutas y hortalizas en el marco de los llamados fondos operacionales también para medidas de este tipo. 
Y finalmente, en el marco de los planes para el desarrollo de las áreas rurales que se tuvieron que presentar precisamente este año, son posibles también medidas adicionales independientes del mercado. 
Sin embargo, hemos tenido que constatar que en los programas que nos han presentado los Estados miembros y también aquellos Estados miembros que disponen de grandes superficies de cultivo, no se han propuesto medidas de este tipo, lo que significa por lo visto que al planificar los programas no ha existido una necesidad de este tipo. 
Esta es la situación actual y esto es también lo que la Comisión puede hacer en este campo para frenar una evolución negativa. 
Pero no se puede atacar ahora a la Comisión cuando antes nos pusimos de acuerdo en que el desarrollo rural debe programarse bajo la responsabilidad de los Estados miembros y, dentro de éstos, a ser posible también en las regiones. 
Por ello, se tienen que determinar allí las prioridades que se quieren seguir para apoyar el desarrollo rural. 
Señor Presidente, debo darle las gracias al señor Comisario por haber estado presente en esta casi desierta sala un jueves por la tarde, sala que se va a quedar tan desierta como el programa que usted nos presenta para los frutos secos. 
Y gracias, Señorías, a los que aquí estamos debatiendo sobre el futuro de los frutos secos en la Unión Europea. 
Tenía una intervención preparada, pero a la vista de lo que el señor Comisario nos acaba de contestar y de la intervención que ha hecho el Sr. Jové en su presentación, creo que voy a suprimir los papeles que tenía y voy a tratar de improvisar sobre la respuesta que el señor Comisario nos ha dado. 
El señor Comisario es consciente de los problemas de los frutos secos en la Unión Europea, es consciente de que somos dependientes de un único proveedor en muchos casos: de Estados Unidos, por una parte, en el caso de la almendra, y de Turquía en el caso de la avellana. 
También es consciente el señor Comisario de los beneficios que producen- y han sido resaltados por el Sr. Jové- en las zonas áridas donde se cultivan todos estos productos, cultivos que no se improvisan de un año para otro, pues tarda mucho en crecer un almendro o un nogal. 
Y cuando usted nos dice que hay problemas estructurales de baja productividad y de altos costes de producción en la Unión Europea, nos tenemos que preguntar: ¿queremos frutos secos o queremos ser totalmente dependientes del exterior? 
Ya tenemos solamente un 50% de nuestro suministro, el resto depende del exterior. 
Pero a este paso, nos quedamos con nada. 
Usted nos dice que esto ha tenido que negociarse y que ya existen unas ayudas que vienen de la OCM de frutas y también en el marco de los proyectos de desarrollo rural. 
Por lo tanto, yo quisiera decirle que en la OCM de frutas, los fondos operacionales están programados para aquellos cultivos, para aquellas frutas en que efectivamente existe una gran producción. 
Por lo tanto, los fondos operacionales- que son un tanto por ciento muy pequeño de esta producción global por hectárea, son un 1,5 % o un 2%- suponen una cantidad razonable para poder trabajar con ellos. 
Cuando estamos hablando de producciones por hectárea que superan en muy poco las 100.000 pesetas, creo que los fondos operacionales de la OCM de frutas tienen muy poquita significación y tienen muy pocas soluciones a la hora de resolver el problema de los frutos secos. 
En cuanto al marco de los proyectos de desarrollo rural, el señor Comisario sabe mucho mejor que yo que en el desarrollo rural, segundo pilar de la PAC- y todos lo vemos con gran esperanza y le felicitamos por haberlo sacado y unificado en una línea presupuestaria -, en las regiones donde se cultivan estos frutos- que fundamentalmente son regiones objetivo 1 en algún caso, en algunas otras son regiones objetivo 2 -, los programas que allí se desarrollan son programas LEADER. 
Estos programas LEADER y programas PRODER en el caso de España, que hay programas nacionales, que se organizan de abajo hacia arriba, difícilmente van a contemplar como interés estratégico y como sector estratégico unas producciones que tienen nombres y apellidos, cuando en estos programas normalmente se plantean problemas de interés general. 
Pero, señor Comisario, lo que aquí se le propone, y creo que todos los Grupos políticos estamos de acuerdo en ello, es la continuidad parcial- no la continuidad sine die, sino la continuidad "hasta", señor Comisario, de los fondos/planes de mejoras porque en algunos casos todavía no se han terminado, y en otros casos sus objetivos todavía no se han cumplido. 
Pero estos fondos de mejora son totalmente imprescindibles para el mantenimiento del cultivo, en tanto en cuanto los frutos secos tienen un tratamiento diferenciado en la próxima reforma de la OCM de frutas y hortalizas. 
Creo, señor Comisario, que en este momento estamos hablando de una cantidad de dinero no especialmente grande que se puede asumir dentro de los menguados presupuestos que, según nos dicen en su departamento, les quedan por asignar. 
Por lo tanto, señor Comisario, la prolongación de estos planes de mejoras, en tanto en cuanto se organizan, se utilizan, se ubican con un tratamiento diferenciado en la próxima reforma de frutas que no tardará en venir, creo que solucionaría y paliaría la angustia que el Sr. Jové ha transmitido, que tienen todos los productores de frutos secos en la Unión Europea y que así nos la transmitieron ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, con lo que lograron nuestro apoyo político. 
Ya que estos productores cuentan con el apoyo político de esta Asamblea, creo que no sería muy justificable el que no recibieran el apoyo económico por unas pesetas. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiero manifestar mi rechazo a las palabras del Sr. Fischler- a las propuestas por él realizadas- y el apoyo a la propuesta de resolución presentada por diversos Grupos parlamentarios, por la casi unanimidad de esta Asamblea. 
Señor Fischler, no es posible que la Comisión Europea siga haciendo oídos sordos a las peticiones que se realizan desde los sectores afectados. 
No es posible seguir manteniendo que sólo usted tiene razón mientras que todos estamos equivocados. 
No se puede desconocer que si no se adoptan medidas de apoyo a los frutos con cáscara y a las algarrobas, numerosos cultivos terminarán siendo abandonados. 
Múltiples zonas del territorio de la Unión sufrirán consecuencias irreparables, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental. 
Es necesario decir que tanto las medidas específicas establecidas para los frutos de cáscara y la algarroba como la ayuda a tanto alzado para la avellana fueron ciertamente unas medidas transitorias encaminadas a la reconversión de los cultivos, pero no se puede decir que no puedan ser prorrogadas. 
Señor Comisario, no se puede enfocar una reconversión en el sector agrario como si fuera una reconversión en el sector industrial. 
En la industria se pueden modernizar instalaciones o mejorar productividades, pero en determinados cultivos, por muchas inversiones que se hagan, por muchos cambios que se introduzcan en la comercialización, no puede lograrse que determinadas zonas áridas o semiáridas dejen de serlo. 
No es posible creer que con los escasos fondos disponibles en los programas de desarrollo rural pueda solucionarse el problema que estamos apuntando. 
No hay que encontrar ahí la solución para estas zonas, como parece hacer el señor Comisario y el conjunto de la Comisión. 
No parece, por otra parte, que una prórroga de esas ayudas hasta la adopción de las medidas propuestas en la resolución, ni tan siquiera cuando se aprueben las medidas definitivas en sí mismas, puedan ocasionar problemas en el seno de las conversaciones en la Organización Mundial de Comercio. 
El sector es excedentario y la protección comunitaria es mínima. 
Si las cantidades que se solicitan no suponen una gran cuantía, si no se ocasionan problemas con terceros problemas, si es ésta la única forma de mantener el nivel de vida de determinadas zonas, señor Comisario, es necesario seguir manteniendo esas ayudas. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta las intervenciones del Sr. Jové y del señor Fischler, creo que es mejor que cambie metodológicamente mi intervención y vaya directamente a lo que creo que es el nudo de la cuestión. 
La razón fundamental que aduce la Comisión es que así se acordó hace diez años. 
Es decir, que hace diez años, había unas condiciones, establecimos un programa, y esto se ha acabado. 
Creo que, precisamente, el cambio de condiciones respecto a hace diez años es lo que debilita la posición de la Comisión, por lo que sería importante que fueran sensibles a un acuerdo que tiene su origen en la acción de unos cuantos diputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y del Pleno en este momento. 
En mi opinión, los cambios son tres. 
En primer lugar, las condiciones de competencia han cambiado, no son las mismas que hace diez años. 
En segundo lugar, de acuerdo con la valoración del sector agrario, muy particularmente de éste, cabe señalar que existe una sensibilidad de responsabilidad medioambiental muy superior a la que existía hace diez años. Es un sector económico, de acuerdo, pero con una responsabilidad medioambiental mucho mayor que la existente hace diez años. 
Y en tercer lugar, si se suprimen hoy estas ayudas, la pérdida del terreno recuperado en estos diez años, sería irreversible. 
Creo, por tanto, sinceramente que no hay margen, tanto en el marco del desarrollo rural como en otros, porque no estamos hablando de hortalizas, no estamos hablando de otro tipo de productos, estamos hablando de un producto muy específico, con unas circunstancias muy específicas, analizadas hace diez años y que necesariamente deben ser analizadas de nuevo hoy. 
Por esta razón, creo que tiene pleno sentido que atiendan el estudio de un nuevo marco de ayudas y, en cualquier caso y de inmediato, el mantenimiento de una prórroga. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, mis queridos colegas, no somos muchos, somos la pequeña familia mediterránea, para intentar defender los productos que no son del agrado de Bruselas. 
Hemos tenido el problema de la miel- rechazó Usted, señor Fischler, algunos puñados de euros para la prima al panal -, el problema del aceite de oliva, y ahora el de las nueces, las almendras y las avellanas. 
Bruselas quiere liberarse. 
Se nos dice: estaba el reglamento de 1989, que era provisional. 
Las ayudas indemnizatorias de 1996 para las avellanas eran solo transitorias. 
Estas medidas van a prescribir. 
Hay que parar. 
Pero frenar la financiación comunitaria es echar a perder todo lo que se ha realizado. 
En nombre del principio de continuidad, de coherencia, de protección de los intereses financieros de la Unión Europea, no hay que dar por finalizadas estas ayudas que ya se han comprometido. 
Más aún cuando a esta aberración se sumaría la aberración siguiente: somos deficitarios. 
Importamos. 
Y todo ello, en beneficio de Turquía- de acuerdo- ¡pero en beneficio de California! 
Nos dicen Ustedes: esto cuesta- y aquí nos mienten un poquito- 250 millones de euros, pero será en los años venideros. 
Se guardan Ustedes muy mucho de dar la cifra anual, que representaría 0,0... , un pequeño porcentaje del presupuesto europeo. 
Dicho de otro modo, señor Comisario, hay que reaccionar. 
Hay que reaccionar en primer lugar en nombre de la calidad, en nombre de los empleos estacionales, en nombre de las cosas sensatas, lo rural, el medio ambiente, la belleza. 
No sé si ha visto Usted alguna vez un almendro en el mes de febrero; ¡pues es algo muy bello! 
Y estamos ante regiones, como ya he dicho, de suelos áridos, en España, en mi Languedoc-Roussillon, en Grecia. 
Hay que evitar el éxodo rural. 
Como mínimo, ya que prolongar la OCM de frutas y verduras no es solución, lo que hay que hacer es conservar algunos euros del presupuesto europeo para financiar esta actividad. 
Pero más allá de esto, señor Comisario, -estaba usted, y yo le acompañaba, en Seattle- se plantea el problema de la preferencia comunitaria. 
Nuestras mieles antes que las de China, de Canadá o de Méjico. 
Nuestras aceitunas, por encima de las de Africa del Norte, y nuestro Mediterráneo español, italiano, portugués, griego, de Languedoc-Roussillon y francés por encima de Anatolia y por encima de California, señor Comisario. 
Es, simplemente, no por un puñado de dólares, sino por un puñado de euros. 
Señor Comisario, en su intervención nos ha dicho cómo veía usted la situación, pero yo le aseguro que el sector no la percibe igual que usted. 
Es cierto que las ayudas se adoptaron en el pasado para hacer frente a las grandes dificultades que atravesaba el sector, pero es que hoy, diez años después y no por culpa de los productores, las circunstancias que motivaron la adopción de aquellas ayudas siguen persistiendo. 
Nuestros aranceles, se ha dicho, continúan siendo muy bajos, los productos europeos siguen sin poder competir con los provenientes sobre todo de Turquía y de los Estados Unidos por menores costes sociales y de mano de obra o porque los cultivos, en el caso de los Estados Unidos, están en zonas de regadío y son mecanizables y, en cambio, los de la Unión Europea están en zonas de secano de difícil acceso, son poco mecanizables y por tanto, es cierto en este sentido, son menos competitivos. 
Pero no por ello es menos importante la producción de la Unión Europea. 
Además, y a pesar de la importancia de esta producción, seguimos siendo deficitarios y la desaparición de su cultivo- que puede ocurrir si se priva al sector de la continuidad de las ayudas -, pondría al consumidor comunitario en manos de los Estados Unidos y de Turquía, que serían quienes nos fijarían los precios desde una posición de auténtico monopolio. 
Y tampoco se puede ignorar, señor Comisario, que el cultivo de frutos secos apenas tiene alternativa por las características de los lugares donde se producen. 
No es de extrañar, por todas estas razones, la enorme preocupación del sector ante la posibilidad de que les sean retiradas las ayudas, ya que sin ellas, y esto debemos reconocerlo, el futuro de sus explotaciones, dada la competencia de los terceros países, corre peligro y las inversiones realizadas para la modernización de los sistemas de producción- que han llevado a cabo y de una forma muy importante- habrán resultado inútiles. 
Por todo ello, señor Comisario, también yo quiero pedirle, en nombre de los productores del sector, y muy en especial en nombre de los productores de Cataluña, la continuidad de las ayudas específicas a este sector en la dirección que se ha apuntado aquí y en la línea de la propuesta de resolución que espero va a recibir el apoyo de esta Asamblea. 
Unas ayudas, señor Comisario, que sólo representan el 0,18 por ciento del presupuesto total del FEOGA-Garantía y el 0,16 por ciento del presupuesto agrícola total y para las cuales, además, se ha dicho que hay margen financiero suficiente para llevarlas a cabo. 
Cualquier otro tipo de ayudas como las que usted ha citado, sobre todo las de desarrollo rural, es cierto que en otros sectores pueden ser positivas, pero en este caso y dada la especificidad del sector, resultan totalmente insuficientes para poder garantizar la competitividad y con ella la pervivencia de unas explotaciones cuyo interés la Comisión- usted, señor Comisario- no puede en absoluto ignorar. 
Señor Presidente, desearía simplemente, aquí también, llamar la atención sobre el hecho de que, en esta producción que conozco bien, la recuperación de la inversión es larga. 
Además, los productores han hecho esfuerzos tendentes a obtener una certificación relativa a la irrigación, relativa a la selección de los plantíos, relativa a esfuerzos muy concretos de organización de las producciones, y estos esfuerzos no servirían absolutamente para nada si las ayudas que se han venido concediendo hasta la fecha no fueran mantenidas al menos durante un tiempo suficiente como para conseguir la recuperación de la inversión. 
Por ejemplo, para el nogal, la recuperación de la inversión se produce aproximadamente a los 18 años y, por consiguiente, creo que la lógica y la coherencia económica y financiera, al igual que la coherencia política, implican que para estas producciones, la Comisión debe dar muestras de continuidad, de lógica y de sentido común. 
. (DE) Señor Presidente, sólo quiero referirme muy brevemente a los argumentos más importantes expuestos aquí. 
En primer lugar, quiero exponer con toda claridad que la Comisión se pronuncia decididamente en contra de las ayudas a la producción. 
Las ayudas que teníamos en el pasado eran también ayudas para la mejora de las estructuras y de la calidad pero no estaban pensadas como una ayuda permanente a la producción. 
Debo además añadir que una ayuda de este tipo relacionada exclusivamente con la producción violaría todas las normas de la OMC. 
Se ha alegado el argumento de que se trata de una inversión a largo plazo. 
Es cierto. 
Pero cualquier agricultor que haya realizado en este contexto una inversión, al comienzo, antes de realizarla, ha firmado un contrato por el que sabía exactamente por cuántos años obtenía una ayuda a las inversiones. 
Así pues, no se puede achacar, por así decirlo, un cierto cinismo a la Comisión porque ahora interrumpe una ayuda con la que el agricultor afectado no podía contar. 
Cualquier agricultor ha sabido exactamente por cuántos años recibía una ayuda. 
Tenemos que dejar muy claro este asunto. 
Les he dicho que existen nuevas posibilidades. 
Si se argumenta que esta producción es absolutamente necesaria para preservar los paisajes, el medio ambiente, en especial en estas zonas secas, entonces es exactamente el caso ideal para la aplicación de medidas medioambientales. 
Precisamente con esta finalidad hemos aumentado, entre otras cosas, los créditos para promover las medidas medioambientales en el marco del desarrollo rural. 
No pueden ser correctas ambas cosas. 
No se puede argumentar que se trata de una producción importante cuando es evidente que para las autoridades regionales no es lo suficientemente importante para conceder por ello una prioridad y también una ayuda. 
O una cosa u otra. 
Se ha dicho que todo esto es demasiado poco, que tiene que ponerse a disposición más dinero y se ha argumentado que se trata sólo de un cero coma algo de porcentaje del presupuesto total de la agricultura. 
Lo siento, pero para el Comisario solamente está disponible el 0,0 % del presupuesto, es decir, si desean aquí una ayuda deben decir al menos honestamente también a quién quieren coger el dinero. 
Pues el margen de actuación es igual a cero, no hay márgenes de actuación presupuestarios tal como se ha dicho aquí. 
He recibido, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, dos propuestas de resolución para cerrar el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas). 
Señor Presidente, intervengo por una cuestión de orden. 
Tengo entendido que la primera de todas las cuestiones de orden planteadas en el Parlamento elegido directamente en 1979 fue la del Reverendo Doctor Ian Paisley y el tema era que la bandera británica estaba puesta al revés. 
Veintiún años después, debo decirle que ayer por la mañana, en la explanada que hay delante del edificio de la Torre, donde se estaban reuniendo los motociclistas, había dieciséis banderas ondeando. 
Quince de ellas estaban en la posición correcta, pero la del Reino Unido estaba al revés. 
Poner la bandera británica ondeando de arriba abajo es una señal de socorro internacionalmente reconocida y ponerla así cuando no es señal de socorro es una grave afrenta a la bandera, al pueblo británico y a la nación británica. 
He mantenido una correspondencia con la Presidenta de nuestro Parlamento sobre este tema y me ha escrito garantizándome que este asunto se corregiría y que la bandera británica ondearía en la posición correcta. 
Le hago ahora a usted un llamamiento en primer lugar para que se asegure de que la bandera se coloque inmediatamente del modo correcto y también para que adopte medidas para garantizar que en el futuro esté siempre colocada correctamente. 
Le aseguro, Señoría, que se tomarán todas las medidas necesarias para devolver a su bandera todo su lustre. 
Señor Presidente, tengo noticias para el Sr. Helmer, que debieran animarle. 
Debe estar agradecido ya sólo de que veamos nuestra bandera del Reino Unido en el mástil. Me han informado de que es la bandera más popular para ser robada en este lugar. 
Señoría, le ruego que no vuelva a iniciar el debate y me trate con consideración, ya que yo mismo soy una especie en vías de desaparición en mi calidad de presidente de sesión del viernes por la mañana en Estrasburgo. 
Señor Presidente, quisiera volver a hacer referencia al fax que el Sr. diputado van Hulten ha puesto a nuestra disposición antes de la votación y que hace mención al asunto de si debemos seguir reuniéndonos los viernes. 
No sólo se trata de la asistencia a las sesiones plenarias sino también de que aquí también hay que cumplir con otras tareas. 
Ahora vamos a tener que realizar éstas en casa. 
Sin embargo para el trabajo en casa no se prevé ningún dinero. 
Sin embargo, dado que éste queda asegurado en el escrito de nuestro colega el Sr. van Hulten, el año próximo le reclamaré al Sr. van Hulten el dinero de las sesiones que falte. 
Insto a todos los colegas a que procedan de igual forma. 
¡Y que el Sr. van Hulten empiece a ahorrar! 
(Aplausos) 
Señor Presidente, la Asamblea, con toda su sabiduría, ha adoptado una decisión sobre los viernes. 
Quisiera sugerir que los gremios competentes garanticen que, a pesar de todo, el servicio de conductores continúe funcionando cuando no hay reuniones en viernes, ya que habrá muchos diputados que, en cualquier caso, quieran aprovechar al máximo el jueves, y los viernes tengan que acceder a sus medios de transporte de algún modo. 
Tomamos nota de su sugerencia. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera indicar una contradicción entre el Acta y las listas de los votos nominales. 
Ayer acaeció la votación sobre la resolución relativa a la Cumbre de Feira, y muchos colegas recordarán que, ante las risas de muchos, los diputados del partido de Haider votaron a favor de dos enmiendas muy críticas con Austria y, poco después, pidieron la palabra para decir que se habían equivocado y que deseaban se registrasen sus votos como votos en contra. 
Esta corrección, es decir, que habían votado en contra se ha reproducido correctamente en el Acta, sin embargo es evidente que debido a la intervención del cuartel general de su partido estos diputados no aparecen en la votación nominal correspondiente a la votación de la enmienda 4. 
Solicito, por tanto, que se corrijan las listas con las votaciones de tal modo que coincidan con los precedentes, tal y como los hemos conocido aquí. 
Por lo demás el Acta es absolutamente correcto. 
También habría que aclarar cuántas justificaciones a las justificaciones podemos nosotros, en tanto diputados, presentar. 
Tomamos nota de su declaración, Señora Berger. 
Señor Presidente, durante el debate sobre la política de seguridad y defensa común se realizó una votación nominal acerca de la enmienda nº 36. 
Sin embargo, el acta de ayer hace referencia a un apartado equivocado y, por tanto, el voto no refleja lo que realmente sucedió en esta Cámara. 
No he tenido oportunidad de mirar con detenimiento esta lista de votación, pero ya he detectado ese error. 
Quisiera atraer su atención al respecto. 
Le agradezco que haya llamado nuestra atención sobre ese punto. 
Vamos a verificarlo y, en caso necesario, rectificarlo en consecuencia. 
(El Acta queda aprobada) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Casaca no por no estar a favor de que se lleven a cabo controles de cómo se gasta el dinero de la Unión Europea, sino porque considero que ha llegado el momento de empezar a cambiar el régimen de ayudas a la agricultura. 
Todos nosotros hemos visto que existen demasiadas vías de agua, demasiadas pérdidas en el buque agrícola de la Unión Europea. 
Creo que si queremos ayudar a los productos agrícolas, a los agricultores en su actividad, debemos cambiar el sistema totalmente. 
Sugiero que en lugar de conceder a los agricultores ayudas financieras se les rebajen los costes fiscales y los costes de protección social y de pensiones relacionados con su actividad, costes que sean asumidos por los Estados y, en segundo lugar, por la Unión Europea. 
Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
Informe (A5-0147/2000) del Sr. Sousa Pinto, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo que completa el Reglamento (CEE) 302/93 por el que se crea un crea un Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT) (COM (1999) 430- C5-0304/1999- 1999/0187 (CNS)) 
Informe (A5-0157/2000) del Sr. Turco, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, s obre la propuesta de decisión del Consejo sobre la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Noruega relativo a la participación de Noruega en las actividades del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (COM (1999) 496- C5-0054/2000- 1999/0203 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, el Reglamento n? 302/93, cuya modificación es objeto de este informe, instituye y regula el funcionamiento del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías. 
Desde 1993 esa agencia ha contribuido decisivamente a un mejor conocimiento del fenómeno de la droga, en sus más diversos aspectos, en el espacio de la Unión Europea. 
Con la aproximación de la ampliación de la Unión, la Comisión consideró- y acertadamente- que correspondía al Observatorio un papel en los países candidatos en el marco de una estrategia de preadhesión. 
Así, se trata de preparar la integración de esos países en las actividades del Observatorio, en particular creando condiciones para el establecimiento de las relaciones estructurales con la red REITOX, que centraliza y trata estadísticamente los datos facilitados por los Estados miembros a ese respecto. 
En concreto, se pretende confiar directamente al Observatorio la ejecución de los proyectos financiados por el programa PHARE en la esfera de los sistemas de información sobre la droga. 
Hay que reconocer que el contenido de este informe, que pretende expresar la opinión del Parlamento Europeo, supera el alcance de la propuestas de la Comisión. 
La verdad es que, desde 1993, fecha de la creación del Observatorio, nunca ha habido ocasión de revisar su reglamento en función de una evaluación de su utilización de los instrumentos de que dispone y de la misión que se le ha atribuido. 
Tampoco ha habido nunca ocasión de introducir posibles ajustes. 
Entretanto, han surgido nuevos datos gracias a su experiencia de funcionamiento o al llamado "informe de evaluación independiente" divulgado en marzo de este año o también a la propia evolución de la Unión y de su acervo y de los imperativos que afronta. 
El informe ahora presentado parte del principio de que el Parlamento no puede pasar por alto esas realidades en la única ocasión que se le brinda para adoptar una posición. 
Así, si, por un lado, las enmiendas al reglamento propuestas por este informe superan la estricta medida de las enmiendas indispensables para la adaptación del Observatorio a las exigencias de la ampliación, esas propuestas parecen, por otro, absolutamente indispensables para que el Observatorio cumpla con su misión de forma satisfactoria, incluso en el marco actual de la Unión. 
Con ese fin, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores considera indispensable que se reconozca al Observatorio una función de evaluación de la acción de los Estados, así como de la Unión, en su planteamiento del fenómeno de la droga y las toxicomanías. 
No se trata de conferir a una agencia especializada facultades de evaluación política incompatibles con su naturaleza. 
Se trata- eso sí- de garantizar mejores y más idóneos instrumentos para la decisión política. 
Decisión política adoptada en otra sede y por quien tiene atribuciones para ello. 
Se trata también de facilitar a las opiniones públicas información rigurosa y objetiva que sirva para el esclarecimiento general en una esfera socialmente tan delicada. 
En realidad, el Observatorio no debe funcionar como un mero buzón postal al que los Estados envían datos descriptivos de su realidad nacional, no siempre en las mejores condiciones ni en el plazo debido. 
A los Estados compete prestar oportunamente la colaboración debida al Observatorio. 
A éste competerá reunir la información y darle el adecuado tratamiento estadístico gracias a la comparabilidad de los datos, pero también le compete hacer el análisis de los datos obtenidos a partir de la experiencia y la aptitud técnica de sus expertos. 
De esa forma, la experiencia de los diferentes Estados en la lucha contra la droga podrá ser mutuamente ventajosa y los políticos competentes dispondrán de un valioso instrumento de apoyo técnico de sus decisiones. 
En nuestra opinión, esa agencia europea no puede, en una palabra, permanecer infrautilizada. 
La complejidad de las cuestiones relacionadas con la droga y las toxicomanías reclaman, más que nunca, la valorización del Observatorio Europeo de la Droga y de su competente voz. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar a los dos ponentes por las contribuciones hechas y que representan un paso más en esta lucha nuestra contra el flagelo que es el problema de la droga. 
Para nosotros, la droga es, sin duda alguna, un mal contra el que se debe luchar, ya sea mediante la represión de su tráfico o en pro de un esfuerzo eficaz de prevención, tratamiento y reinserción. 
Como se pone de relieve en el informe en el que se hizo recientemente la evaluación del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, éste ha hecho una enorme contribución a la política europea sobre las drogas teniendo en cuenta que ha venido a colmar las lagunas que existían en el nivel de la información y del conocimiento. 
El mismo informe concluyó que el Observatorio llevó a cabo un número impresionante de actividades desde su inicio y que éstas han constituido un valor añadido para la lucha europea contra la droga. 
La simple existencia de esta Agencia ha contribuido a que los asuntos relacionados con el problema de las drogas permaneciese en el programa político y ha dado a la Unión Europea y a sus Estados miembros un mayor relieve público y crédito en el debate internacional sobre la droga. 
El trabajo llevado a cabo en el ámbito de las drogas sintéticas se ha distinguido por su eficacia y oportunidad. 
Hoy el consumo de estupefacientes no se limita a los viejos productos, sino que vemos con preocupación el surgimiento de nuevos mercados de productos sintéticos, de fabricación más fácil y más barata, que producen mayores beneficios a quienes se alimentan del tráfico y más consecuencias negativas para la salud de quienes los consumen. 
El Observatorio ejerce su actividad en la esfera de la información en los términos previstos en su reglamento. 
Esa información producida va destinada a ayudar a la Comunidad y a los Estados miembros para que tengan una visión general de la situación por lo que se refiere a la problemática de la droga, para que, en sus sectores de competencias respectivos, puedan adoptar medidas o iniciar acciones al respecto. 
Hemos de subrayar también el papel esencial que desempeña el Observatorio como instrumento de apoyo al proceso de adopción de decisiones. 
Pero en el mismo informe se señalaron problemas de funcionamiento y retrasos en la constitución de algunas de las estructuras esenciales para la actividad del Observatorio. 
Así, comprendemos, en nombre de la eficacia de este instrumento, que se defienda su valorización y perfeccionamiento, en vez de colaborar en la dispersión de actividades que puede menoscabar la consecución de sus objetivos fundamentales. 
Por esa razón, el PPE, si bien concuerda con lo esencial de los dos informes que hoy examinamos y que vamos a aprobar, no dejará de expresar en la votación especializada su desacuerdo con propuestas que, a nuestro entender, no van a contribuir a la consecución de los objetivos a que me he referido. 
La ampliación de la Unión Europea a nuevos países es un imperativo de la Unión, que dará entrada en nuestra Unión a Estados con tradiciones políticas muy diversas y en muchos casos constituciones y estructuras jóvenes y poco consolidadas. 
También para esos Estados y para cuantos de ellos luchan por poner fin a ese flagelo de la droga resulta imprescindible la acción del Observatorio. 
La estrategia de preadhesión a la Unión incluye la posibilidad de que los países candidatos pasen a ser miembros de ciertas agencias- como en el caso del Observatorio- aún antes de ser miembros efectivos de la Unión Europea. 
Aplaudimos la entrada de Noruega en el Observatorio, por su expresa voluntad, teniendo en cuenta principalmente las relaciones culturales, comerciales y sociales muy estrechas que históricamente vinculan a la Unión Europea y a Noruega. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Turco que recomienda que se acepte la propuesta de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega con vistas a la participación de éste en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías fue largamente debatida y por último aprobada por unanimidad por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Las enmiendas que, de acuerdo con el ponente, ha presentado la comisión y que figuran en la propuesta legislativa, tienden a aprovechar la ocasión de este acuerdo con Noruega para dar un nuevo impulso al trabajo del Observatorio. 
La comisión ha tenido en cuenta muy especialmente el informe del Observatorio sobre el trabajo de 1999 y sobre las dificultades encontradas en el mismo, así como los resultados aflorados de la Conferencia interinstitucional sobre la droga, celebrada en Bruselas al final del pasado mes de febrero. 
En estas distintas sedes se ha puesto de manifiesto que ciertos límites de la actividad desarrollada hasta ahora por el Observatorio que se reflejan negativamente en la actividad de la Unión en este terreno, dependen de la heterogeneidad de los datos recogidos en los distintos puntos focales nacionales con los que el Observatorio está conectado, de tal manera que es difícil recabar de tales datos informaciones útiles de cara a acciones de prevención, de reducción del daño y de lucha contra el tráfico ilegal. 
Las distintas enmiendas, incluso las referentes al Consejo de Administración del Observatorio, están orientadas a conseguir que este último se dote de sistemas de recogida de datos realmente capaces de interpretarlos a la vista de criterios unitarios que permitan dar indicaciones útiles sobre la eficacia de las distintas políticas nacionales en materia de droga. 
En efecto, a muchos miembros de la Comisión de Libertades les ha parecido que tanto los informes anuales del Observatorio como los que presenta y aprueba el mismo Parlamento no tienen demasiado en cuenta el análisis de los resultados conseguidos en los distintos países y con distintas políticas en la lucha contra la difusión de la droga. 
Es necesario que la Unión pueda decidir sus políticas y sus recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros a través de una evaluación no superficial, muy a menudo exclusivamente moralista, de las distintas estrategias puestas en marcha en los distintos países, sobre todo en lo que se refiere a la prevención, la reducción del daño, la seguridad de los consumidores ante la constante aparición de nuevas drogas sintéticas. 
Creemos que el acuerdo sobre la participación de Noruega en los trabajos del Observatorio que esperamos que sea el preludio de otras iniciativas de ampliación constituye una importante ocasión para relanzar la actividad de este instrumento técnico-científico que debe convertirse en una referencia cada vez más significativa para la consolidación de una política europea de lucha contra el tráfico ilegal y la difusión de drogas nocivas para la salud de los ciudadanos de nuestros Estados. 
Señor Presidente, después de haber celebrado a principios de semana un emotivo debate sobre el tabaco ahora ha llegado el momento de adoptar las medidas necesarias para lograr una ejecución más adecuada de la política antidroga en la Unión. 
La lucha contra la droga ha de recibir un trato absolutamente prioritario. 
La semana pasada me vi confrontado con el hecho de que en mi entorno directo uno de cada tres jóvenes controlados durante el fin de semana toma drogas. 
¡Me dejó atónito! 
Por tanto, es imprescindible que los responsables, independientemente del nivel de actuación, estén más atentos. 
El papel de la Unión Europea en todo esto consiste principalmente en llevar a cabo una armonización. 
A este fin deben desarrollarse sin más tardanza nuevas iniciativas. Iniciativas que se caractericen por un alto grado de dinamismo. 
No podemos contentarnos con medidas que sólo existan en papel. 
Con respecto al presente documento me resulta difícil aceptar que la Comisión sólo tenga que presentar cada tres años un informe sobre los logros del Observatorio así como sobre una eventual adaptación o ampliación de sus tareas. 
En mi opinión, se trata de un período demasiado largo. Es importante que se puedan introducir reajustes continuamente. 
Si queremos conseguir algo, hemos de dejar menos margen. 
La política en materia de drogas sólo puede surtir efecto si se confiere un papel esencial al Observatorio de la Droga y las Toxicomanías. 
De hecho, no basta con que el Observatorio sea un mero banco de datos, de ahí que me sume con mucho gusto a las palabras del ponente cuando sostiene que los legisladores comunitarios no pueden bajo ningún concepto restringir el cometido del Observatorio hasta el punto de convertirlo en un banco de datos desprovisto de toda dimensión crítica. 
Señor Presidente, Señorías, en un momento en el que expresiones tales como "aproximar la Unión Europea a los ciudadanos" o "buena administración" está en boca de todo el mundo, el examen del funcionamiento y la producción científica del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías es desconcertante, visto hasta qué grado los resultados se aproximan a la nulidad. 
A semejanza de esos múltiples observatorios creados para mejor ocultar nuestras divergencias, este Observatorio, en cinco años de existencia, no ha producido nada que justifique los millones de euros que se le atribuyen cada año. 
Cuando se comparan los importes que se le asignan con los medios que disponen los organismos nacionales, cabría esperar estudios exhaustivos que permitan, como lo especifica la definición de su misión en el artículo 2, proporcionar informaciones objetivas, fiables y comparables en el ámbito de las drogas y las toxicomanías. 
El Observatorio debería ser capaz de elaborar incluso definiciones e indicadores uniformes con miras a llevar a cabo una evaluación de las diferentes políticas de lucha contra la droga aplicadas en los Estados tanto en el plano sanitario y socioeconómico como en el del orden público. 
Por ejemplo, ¿cuándo se sabrá por fin cuáles han sido las consecuencias de la política prohibicionista de Francia o del reglamentarismo de los Países Bajos? 
La evaluación independiente de las actividades del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías, cuyas conclusiones fueron publicadas en marzo de 2000, es muy explícita en lo relativo al grave disfuncionamiento del Consejo de Administración y de la red REITOX cuyo cometido es recoger información sobre las drogas y las toxicomanías. 
Los informes que examinamos hoy tienen por objeto ampliar el Observatorio a Noruega y a los trece países candidatos. 
Sólo puede estarse de acuerdo sobre ese punto, sin embargo, ¿no sería mejora reformar antes este organismo con miras a que por fin sirva para algo? 
Acoger nuevos miembros, sin duda alguna, pero, ¿con qué perspectivas? 
¿Reproducir a una escala todavía mayor el fracaso de estos últimos años? 
¿Aumentar el volumen de los hermosos informes anuales que carecen de toda utilidad? 
Ya es hora de que la Unión Europea caiga en la cuenta de que, lejos de los espléndidos locales del Observatorio en Lisboa, miles de personas afrontan directamente las dificultades sanitarias y sociales que engendra la dependencia a las drogas. 
No se le pide resolver esos problemas: se le pide simplemente descifrarlos. 
Se han desplegado en Europa centenares de iniciativas de diversa índole tanto en el ámbito de las instituciones como de las asociaciones, ya sea con una perspectiva represiva o, por el contrario, de reducción de los riesgos. 
¿Qué espera el Observatorio para evaluar estos intentos? 
¿Cómo es posible que los Estados miembros se muestren tan reticentes a cooperar en esta evaluación? 
¿Debe deducirse de esta actitud el temor a resultados poco gloriosos desde el punto de vista político? 
Por tanto, me hago eco del ponente cuando defiende una reforma real del Observatorio de la droga y las toxicomanías, tanto en lo relativo a su funcionamiento como a la ampliación de sus competencias. 
Este es, por lo demás, un requisito previo necesario para acoger a nuevos miembros. 
Señor Presidente, estamos examinando dos propuestas de modificación parcial de los procedimientos y de los sistemas de trabajo del Observatorio de las Drogas de Lisboa, en particular dos propuestas relativas a las relaciones con los países candidatos y Noruega. 
Por lo tanto, se trata de una ocasión- de por sí los elementos en juego con estas propuestas no son revolucionarios para este Observatorio- para celebrar un debate sobre el papel y la utilidad del Observatorio desde el punto de vista de la labor que debería ser la nuestra, es decir, la de dar indicaciones políticas y evaluaciones, así como para tomar decisiones e iniciativas en materia de drogas, a pesar de que respecto a este punto los poderes de la Unión Europea son muy limitados. 
Me parece que no podemos sino abrir este tipo de debate sobre la base de la evaluación efectuada por un órgano independiente. 
Muchos de los oradores que han intervenido, en especial el ponente Sr. Turco, han subrayado que desde muchos puntos de vista- de la estrategia, de la operatividad, de la escasa capacidad de integrar el trabajo científico- este Observatorio ofrece a quien se encarga de tomar decisiones políticas una aportación absolutamente insuficiente. 
En este punto, sin embargo, me parece necesario que la Comisión asuma la responsabilidad de presentar cuanto antes a este Parlamento una propuesta de reforma, porque no podemos constatar cada año no digo la inutilidad, sino la escasa utilidad de este Observatorio de cara a las decisiones políticas y luego, cada año, año tras año, olvidar el discurso y aplazarlo al año siguiente. 
La Comisión debe presentar a este Parlamento una propuesta de reforma de los procedimientos que nos dicen que son burocráticos, engorrosos y, ante todo, que no saben evidenciar la función científica de este Observatorio. 
Otro punto importante. Cada año el Observatorio y la Comisión nos dicen que existe un problema de armonización de los datos, que los criterios de recogida de datos son diferentes. 
Se trata de un problema con el que hay que enfrentarse políticamente. 
La Comisión, en este punto, debe hacer una propuesta sobre cómo se puede armonizar la recogida de datos, de lo contrario, todo será inútil. 
De por sí el Observatorio no tiene esta facultad, pero debe dar a la Comisión las indicaciones para armonizar los datos y ésta debe presentar una propuesta- no sé si de directiva- una propuesta legislativa al respecto porque éste es un problema político. 
Al principio de los años noventa, en Italia se produjo un gran escándalo porque se hicieron públicos unos criterios del ministerio del Interior y del ministerio de Sanidad que ocultaban los verdaderos datos de las muertes por sobredosis: está claro que para los políticos y para el Gobierno es más cómodo decir que un joven ha muerto en la calle a consecuencia de un infarto que reconocer que ha fallecido por sobredosis y, por lo tanto, como consecuencia de las políticas aplicadas. 
Tenemos un documento oficial de la Dirección General XIV sobre el consumo de alcohol que nos dice que en Suecia las autoridades hablan de 2000 muertos al año por abuso de alcohol, cuando en realidad cada año los muertos son 6000-7000, pero esas cifras sirven para ocultar el fracaso de una política. 
Por eso el problema de los datos es un problema político que debe tratarse políticamente con unas propuestas de la Comisión sobre las cuales este Parlamento pueda ser llamado a tomar una decisión. 
Señor Presidente, tenemos delante de nosotros una sencilla propuesta de modificación de la Comisión Europea. 
Con ella se capacita al Observatorio para prestar asistencia a los países candidatos de la Europa Central y Oriental con vistas al desarrollo de sistemas de información sobre la droga. 
En el informe SOUSA PINTO se propone introducir una serie de enmiendas relativas al funcionamiento del Consejo de Administración y al sistema REITOX con motivo del reciente informe de evaluación del OEDT. 
Aun cuando dichas enmiendas rebasan claramente los límites del objeto del informe y cabe la pregunta de si este tipo de prácticas redunda en beneficio de las relaciones con la Comisión y el Consejo debo admitir que en este caso concreto siento cierta simpatía por la apuesta del ponente. 
No se puede dejar escapar semejante oportunidad. 
Desafortunadamente, en algunos puntos sus enmiendas van demasiado lejos. 
Me resulta difícil aceptar que Turquía sea añadida a la lista de países candidatos con derecho a recibir asistencia por parte del OEDT. 
Como Turquía al fin y al cabo se ha convertido en miembro candidato de la Unión puede sostenerse que es razonable ofrecerle esta posibilidad. 
Pero precisamente porque Turquía sufre problemas muy específicos de carácter político en el ámbito de la droga y porque la candidatura de ese país no deja de ser muy reciente el OEDT no lo tendrá nada fácil. 
Por último, me opongo a que la evaluación de los datos se transfiera explícitamente al OEDT. 
Según el informe, de no proceder a esta transferencia, el Observatorio quedaría reducido a un mero banco de datos desprovisto de toda dimensión crítica. 
Sin embargo, la evaluación de datos acaba convirtiéndose a menudo en una toma de posición política y ése precisamente no es el cometido ni la finalidad del OEDT. 
Al contrario, son los órganos políticos competentes los que han de tomar postura sobre la base de los datos objetivos del Observatorio con el fin de desarrollar una política adecuada. 
Además, habida cuenta de los problemas puestos de manifiesto en el informe de evaluación del OEDT y la ampliación de los cometidos del mismo a través del presente reglamento ya podemos estar muy contentos con tal de que logremos elaborar un banco de datos que funcione bien. 
Señor Presidente, como uno de los diputados más antiguos de la Asamblea, mi memoria alcanza precisamente al primer comité de investigación sobre las drogas en la Comunidad, al que tuve el honor de pertenecer. 
También tengo recuerdos de otras instituciones de la Comunidad. 
Hemos ido instaurando con fortuna a lo largo de los años varias instituciones semieuropeas en diferentes Estados miembros. 
Algunas han madurado y crecido y se han hecho bastante eficaces. 
Pero, las que no, se vuelven fláccidas, decadentes y totalmente inútiles- otra caro organismo gubernamental cuasi autónomo, que de hecho no obtiene grandes resultados. 
Es apropiado que estemos asesorando ahora al Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías. 
En el Parlamento todos tendemos con demasiada frecuencia, me temo, cuando no podemos hacer nada más concreto, a crear una nueva institución. 
Esto nos hace sentir bien, pero de hecho no cambia nada. 
Así que es apropiado que estemos mirando el trabajo de este observatorio de Lisboa en estos momentos. 
No debemos acabar con él mientras no estemos seguros de que no está siendo eficaz. 
Pero hemos de aceptar que ninguno de nuestros países va a presentar un enfoque armonizado para hacer frente a la tragedia de la creciente adicción a las drogas, así como los asesinatos, las muertes y todo aquello que rodea a este espantoso comercio. 
Aprovecho la ocasión para decir a mis estimados colegas de todos los partidos de los Países Bajos que sus políticas han tendido a convertirse en una especie de tarro de miel para el elemento delictivo de muchos de los países candidatos a la adhesión. 
Sólo en el último mes, cinco jóvenes traficantes irlandeses- y admito que lo que hacían no estaba bien- se trasladaron a los Países Bajos porque les resultaba más cómodo estar allí. 
Todos han sido horriblemente asesinados por personas procedentes de alguno de los países que están en proceso de adhesión a la Comunidad. 
Por ello es importante que los incluyamos en el trabajo de este observatorio. 
Es muy importante que miremos muy seriamente las políticas internas de Turquía, un estado candidato a la adhesión, con respecto al suministro de drogas y las actividades delictivas que lo rodean. 
El observatorio de Lisboa no puede trabajar eficazmente sin mantener unas relaciones muy estrechas con la agencia de Europol de La Haya. 
Quisiera dar las gracias a ambos ponentes. 
Han realizado un trabajo bueno y serio. 
Han formulado preguntas muy serias. 
Se planteó que tres años es un tiempo excesivo entre evaluaciones. 
Yo quisiera que tuviéramos otro debate como éste el año que viene para valorar realmente el grado de eficacia del observatorio y la eficacia con la que está empleando su muy considerable presupuesto para este trabajo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Turco y a mi colega el Sr. Sousa Pinto por sus importantes informes que muestran el trabajo esencial que están realizando las agencias por medio de sus investigaciones sobre cómo funcionan realmente las drogas, sus efectos y su repercusión en la sociedad; y que describen qué tipo de ayuda y qué tipo de mejoras pueden aportarse. 
Esto es especialmente importante y relevante cuando tratamos el tema de la ampliación en su conjunto. 
Un orador anterior habló con gran elocuencia sobre el mal de las drogas, y el Sr. Beysen se refirió a la votación sobre el tabaco realizada hace un par de días. 
Hay en este tema un componente de hipocresía, porque la mitad de la Asamblea votó en contra de la adopción de medidas más duras en cuanto a la publicidad del tabaco y- elijo mis palabras cuidadosamente- hay muchos diputados de la Asamblea que, en diferentes grados, son consumidores habituales de alcohol, que es una droga muy potente. 
No soy abstemio, ni tampoco deseo ser moralista acerca de esto, pero debemos ser realistas sobre la situación que existe hoy en día en Europa. 
Éste debe ser nuestro punto de partida. 
También debemos ser realistas sobre lo que queremos del Observatorio. 
Discrepo de la Sra. Boumediene-Thiery y del Sr. Cappato en algunos de sus comentarios sobre el centro y su funcionamiento actual. 
Para que el trabajo del Observatorio de Lisboa sea eficaz, los Estados miembros deben cooperar plenamente. 
Como acaba de decir la Sra. Banotti, se debe vincular a las agencias. 
El Observatorio de Lisboa tiene que contar con información fiable y precisa y poder hacer un seguimiento y vincular a todas las diversas agencias de tantos países como sea posible. 
El Sr. Blokland dijo que no debiéramos incluir a Turquía. 
Mirando todo el tema de las drogas y los problemas relativos a la ampliación de la Unión Europea, Turquía es parte intrínseca de las rutas de suministro de las drogas que llegan a Europa. 
Sé que las autoridades turcas están estudiando formas de mejorar la situación, y lo mismo están haciendo los países candidatos y los que quisieran ser países candidatos. 
En muchos casos no tienen establecidas las estructuras civiles ni otras organizaciones necesarias para hacer cumplir debidamente algunas de las normativas que quisiéramos y parte del seguimiento que debiera efectuarse. 
De modo que no podemos excluir a un país porque no nos guste demasiado: tenemos que abrir nuestras puertas a tantos países como podamos e impulsar el trabajo que se está haciendo. 
Por supuesto, lo que se está haciendo no es suficiente. 
Es necesario avanzar más. 
Pero si simplemente nos quedamos sentados y decimos que todo está bien o tan sólo decimos "no" a las drogas y que la gente no debe usarlas, no estamos aceptando la situación tal como es; no estamos dando las herramientas a las personas que desean mejorar la situación. 
Espero que haya otro debate, como ha dicho la Sra. Banotti- quizás dentro de un año- cuando realmente podamos empezar a precisar algunos de los avances que se están realizando. 
Mis felicitaciones para los Sres. Sousa Pinto y Turco. 
Señor Presidente, distinguido señor ponente, Señorías, las propuestas del PE para reformar el Observatorio de la droga se dirigen a modificar esencialmente la misión del original Observatorio. 
De este modo se va a abandonar el consenso existente hasta este momento. 
El observatorio debe ser transformado de una pura institución de recopilación de datos en una institución de lucha contra la droga. 
No puede ser correcto introducir la vía sueca por la puerta de atrás ya que esto significaría perseguir la meta, a escala europea, de una sociedad libre de drogas. 
Sin embargo esta sociedad libre de drogas jamás existirá. 
¿O también ha de prohibirse el consumo de cigarrillos y alcohol? 
A pesar de la aplicación reforzada de esta política restrictiva el número de muertes causadas por la droga no ha disminuido. 
El último año sólo en Alemania ascendieron a 1.800. 
La abstinencia como política para la droga no ha conducido a una menor dependencia ni a una menor criminalidad como tampoco a una menor prostitución ni a una reducción del llamado crimen organizado. Por tanto la política europea para la droga debe fundamentarse en nuevo principio. 
Este principio es el de la minimización de daños. La minimización de daños es pragmática y se orienta hacia la realidad, mientras que la abstinencia constituye un programa moral que no funciona. 
Pero, en lugar de buscar soluciones, el mandato del originalmente neutral centro de recopilación de información debe ser aun ahora ampliado a la persecución penal. 
Al mismo tiempo, el tema de la prevención sólo parece jugar en la Comisión un pequeño papel como cuestión menor de salud. 
Además, la Comisión se lo pone difícil a las ONG que luchan contra la droga. 
Por ejemplo, las actividades de prevención se ven obstaculizadas por el hecho de que la Comisión no proporciona sino con meses de retraso los dineros aprobados. 
¿El objetivo de la política europea contra la droga es reforzar la persecución penal y desmontar la prevención? 
En mi opinión este es el camino equivocado. 
Por ello voto en contra de esta propuesta de integrar la persecución penal en el observatorio para la droga y de este modo desarrollarse. 
Confío en que todos aquellos colegas a quienes les interese una política de drogas orientada hacia la persona hagan lo mismo. 
(GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, no hay límites geográficos, sociales o nacionales de restricción y de lucha contra la plaga de las drogas. 
Por consiguiente, ningún estudio sobre el fenómeno debe limitarse a los límites geográficos de los Estados miembros, ni tampoco incluir sólo a los países candidatos a la adhesión; sino que los datos en los que se base, deben referirse a cuantos más países sea posible para poder contribuir más eficazmente a prevenir y a luchar contra el problema. 
Debemos analizar con profundidad las causas y la forma con la que, cada vez más jóvenes, y cada vez a una edad más temprana, se refugian en el mundo del escape y de las drogas. 
La recogida, la documentación y la evaluación de datos de más países contribuirán a realizar un estudio más integrado y a buscar soluciones básicas, sólo si dicha recogida e intercambio de información se hace de forma que garantice un terreno de recogida de datos lo más amplio posible, y datos que sean comparables. 
Por ejemplo, hasta ahora en mi país, la parte principal de la información de la que disponemos se basa en los centros de tratamiento, y parece que no se ha recurrido a otros organismos que podrían contribuir a una configuración más completa y a una evaluación más integrada de la dimensión del problema. 
A los centros de tratamiento acuden los jóvenes que tienen posibilidad de acceder a ellos, ayudados por la familia, o por su entorno social más amplio. 
¿Pero, qué es lo que ocurre con una gran parte que no tiene dicha posibilidad, como los migrantes económicos? 
De acuerdo con los datos del Centro Griego de Tratamiento de las Personas Dependientes, el 97% de las personas que se refugian en él, son ciudadanos griegos. 
Pero según los datos estadísticos de las cárceles, la mayoría de los presos que consumen drogas son migrantes económicos que, a causa de la lengua, o por falta de información y por exclusión social, no han pasado por ningún centro. 
Por tanto, en los datos de recogida y de evaluación del Centro de Tratamiento, esta categoría de dependientes es casi inexistente. 
En mi opinión, cualquier dependiente debería tener la posibilidad de refugiarse en estos centros de desintoxicación, sin estar obligado a dar datos totalmente personales. 
Sabemos que el consumo de drogas lleva a la ilegalidad, no sólo porque el consumo, por si mismo, sea ilegal, sino también porque el coste elevado de estas substancias, que lo determinan los círculos económicos tremendos que las fomentan, conduce, con exactitud matemática a todos los consumidores, a la ilegalidad. 
Señor Presidente, como la inmensa mayoría de los colegas que me han precedido, no puedo más que observar que, en relación con estos dos informes, no podemos sino seguir dos líneas de reflexión. 
La primera es la de una valoración positiva que comparte la propuesta de la Comisión. 
En efecto, cuando se trata de temas relacionados, como en este caso, con las toxicomanías y el tráfico de drogas no existen límites y, por eso, plantearse objetivos que incluyan en las estrategias de represión o de prevención también a los países que actualmente no son miembros de la Unión pero que se encuentran en la etapa de preadhesión o a los países que participan en el programa PHARE o a Noruega es ciertamente una iniciativa aceptable y digna de apoyo, ya que nos ayuda a ampliar el radio de acción de nuestra estrategia frente y contra el fenómeno de la droga. 
Por otra parte, tanto el ponente como sus Señorías han subrayado que en esta ocasión se debe realizar un debate sobre cómo funciona el Observatorio, qué resultados ha dado en estos años y, a este propósito, hasta la fecha no podemos considerarnos satisfechos. 
Y no sólo nosotros no podemos considerarnos satisfechos, sino que existe una evaluación independiente que se acaba de mencionar y que justamente señala todos los límites y los déficits de esta acción. 
La colega anterior decía que con estas modificaciones pasamos de un Observatorio estadístico a un Observatorio para la lucha contra el fenómeno de la droga. 
Me gustaría que fuera así, pero no estoy tan convencido como ella; mejor dicho, temo que muchas de las propuestas y preocupaciones expresadas por los demás colegas van únicamente en la dirección de racionalizar los datos y de convertirlos en compatibles. 
He escuchado, no sin sorpresa, a la Sra. Ghilardotti hablar incluso de la seguridad de los consumidores. 
No quisiera que asimilásemos el Observatorio de las toxicomanías al Observatorio de la calidad y la seguridad de los alimentos. ¡Cuidado! 
Estamos hablando de un fenómeno gravísimo, deletéreo para el conjunto de nuestra sociedad y que destruye generaciones enteras y contra el que debemos luchar. 
Por eso, están bien los esfuerzos para convertir en compatibles los datos entre países y está bien que se reclame la efectiva difusión de dichos datos; sin embargo, si pensamos que podemos alcanzar estos objetivos, incluso de información, prescindiendo de la aportación que las personas, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de voluntariado y los centros de rehabilitación de toxicómanos ofrecen en los respectivos países, en contacto directo con estos fenómenos y con estas personas, creo que llevaremos a cabo una acción veleidosa. 
Es preciso implicarles y entonces quizás el papel de este Observatorio podrá llegar a ser- y deberemos sopesarlo- un papel realmente eficaz y productivo en la lucha contra este fenómeno. 
Señor Presidente, desgraciadamente el problema de las drogas va a tener ocupada a la comunidad internacional todavía muchos años. 
La fundación, hace siete años, del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías es un medio importante para la recogida de información comparable por parte de los Estados miembros. 
Con él, se consigue el seguimiento de este grave fenómeno y se determinan los ejes de la política multidimensional a nivel mundial y europeo. 
Este objetivo exige, entre otras cosas, dos condiciones principales: Para empezar, la evaluación fidedigna de las medidas tomadas y, basándonos en la efectividad, su aplicación no sólo en los Estados miembros, sino también en los países candidatos a la adhesión, en el resto de los países de Europa central y oriental y en todos los países terceros que cuenten con el margen legal apropiado por medio de los acuerdos relativos. 
Permítanme decirles que la lucha contra las drogas quizá sea el único caso donde se deba imponer la mundialización de las medidas y tenga sólo consecuencias positivas. 
Como segunda condición voy a mencionar la prestación de los medios económicos y administrativos indispensables al Observatorio de Lisboa, que faciliten el logro de sus ambiciosos y difíciles objetivos. 
El funcionamiento, hasta el momento, según el reciente informe de los especialistas, ha demostrado que no sólo es indispensable una simple conclusión del reglamento 302/93, como propone la Comisión, sino su modificación, como describe el Parlamento Europeo con sus enmiendas. 
Estas modificaciones están relacionadas sobre todo con el funcionamiento de la Junta directiva, con la prestación de ayuda técnica desde el Observatorio a los países mencionados anteriormente, así como con la asistencia del Observatorio en los procesos de evaluación a nivel nacional, europeo e internacional. 
Estoy segura de que así se garantizan mejores condiciones para el funcionamiento del Observatorio y se aumenta la posibilidad de tomar decisiones efectivas e integradas. 
Para terminar, quisiera dar mi enhorabuena a los dos ponentes por su excelente labor. 
Señor Presidente, cuando se habla de alguna empresa, es sensato hacer un balance de funcionamiento para que todo pueda mejorar sobre la base de la cultura de la calidad y la mejora continua. 
En este sentido no podemos sino alinearnos con aquellos que hablan de que el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías no ha cumplido satisfactoriamente su labor y, por lo tanto, nos sumamos a los informes críticos. 
Y también nos sumamos a las enmiendas y reformas que tienden a mejorar los datos en su objetividad, fiabilidad y comparabilidad, porque desde la calidad de los datos podremos mejorar las políticas en la materia. 
Querríamos, como Grupo, ir más allá de la propuesta para que se tengan en cuenta también los programas de reducción de daños y, por último, diré que éste es un tema, obviamente, con implicaciones sanitarias, sociales y humanas de tamaño europeo, por lo que se precisa una estrategia europea. 
Europa, queramos o no, no es solamente la Unión Europea y, en ese sentido, hay que apoyar también que se amplíe el radio de acción del contenido de la propuesta a países no integrantes de la Unión y a aquellos que hoy tienen el carácter de candidatos a la adhesión. 
Ya que se habla tanto de hipocresía en relación al debate sobre el tabaco y las drogas, ¿por qué no hablar de otras hipocresías también como, por ejemplo, de esos paraísos fiscales en los que se refugia el dinero de la droga? 
Señor Presidente, la evaluación del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías pone de manifiesto la necesidad de introducir importantes reajustes en el paquete de cometidos del mismo. 
Es necesario que el Observatorio funcione mejor, aparte de que ha de ser dirigido adecuadamente. 
Para que la lucha contra las drogas sea eficaz es preciso ampliar las competencias y fomentar una colaboración más intensa con los países candidatos. 
El ponente ha realizado un buen trabajo, por lo que le doy las gracias. 
Respaldo las enmiendas. 
Quisiera formular dos observaciones. 
La primera se refiere al acopio de los datos, que continúa siendo un punto débil. 
¿Cómo se controla la exactitud de los datos? 
¿Qué garantía tenemos de que los Estados miembros cooperan plenamente? 
Hace poco salió a la luz que por ejemplo en mi propio país el número de los denominados coffeeshops barajado por las autoridades judiciales estaba un 50% por debajo del número real. 
Me pregunto cómo es posible llevar a cabo una activa lucha contra la droga sobre la base de este tipo de datos. 
¿No ofrecería una solución a este problema- ya lo ha sugerido la Sra. Banotti- la colaboración con Europol? 
Hay un segundo punto, señor Presidente, sobre el que quisiera llamar su atención, a saber, las drogas sintéticas. 
Parecen inocentes, pero por eso mismo son mucho más peligrosas que cualquier otra droga. 
Mi país, Países Bajos, tiene el triste privilegio de ser el mayor productor y exportador de drogas. 
Observo que últimamente un número cada vez mayor de estas drogas de diseño proviene de Europa Oriental y Turquía. 
Por ello, pido que también en este ámbito se intensifique la colaboración con Europa Oriental, con los países candidatos, y que la lucha contra estas drogas llegue a ocupar un lugar prioritario en la política europea antidroga. 
Señor Presidente, una de nuestras tareas más importantes, como ciudadanos y como políticos, es la lucha contra la droga. 
Esto vale tanto para los ciudadanos que estamos aquí abajo en la Asamblea como para aquellos que están arriba en el palco. 
La droga produce criminalidad, miseria social y destruye muchas vidas. 
Por eso es provechoso que participen en este trabajo tanto los países candidatos como Noruega. 
Sin embargo, para emitir un juicio digno de crédito y poder contar con datos estadísticos confiables, hay que tener una estrategia para la recopilación de datos. 
En caso contrario, la cantidad de datos será insuficiente y no serán muy útiles. 
No obstante, la relevancia y utilidad de los datos no es sólo responsabilidad del Observatorio, sino que también de los respectivos países miembros. 
Actualmente, la responsabilidad de las medidas contra la droga es, en primer lugar, de los Estados miembros. 
Con todo, esto no debe impedir la formulación de tareas y estrategias para el trabajo de prevención, que, quizás, sea lo más importante en la lucha contra la droga. 
Además, como lo señaló uno de los oradores que me han precedido, la Unión y el Observatorio deberían tener un papel en el control de la producción interna de narcóticos. 
No podemos olvidar que una parte importante de la droga que circula actualmente y que se ofrece a los jóvenes es sintética, producida en la Unión. 
Debido a la libre circulación imperante, es un problema si la producción en algún sitio es mayor que la deseada. 
Quisiera decir que la definición de una sociedad libre de drogas es buena. 
Es un objetivo, una visión a futuro, igual que las otras visiones de la Unión en cuanto a la miseria social y otras cosas que queremos combatir. 
Me gustaría que se mantuviese esta actitud ofensiva. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo este excelente informe a los ponentes Sres. Sousa Pinto y Turco. 
La lucha contra la droga y el narcotráfico es importante. 
La razón de este informe es que se está complementando la reglamentación del Observatorio. 
Además, la meta es incorporar a los países candidatos en esta tarea. 
Permítanme comentar esto. 
¡Es importante que participen los países candidatos! 
Vengo de Suecia. 
Allí se ha creado en los últimos años una cooperación con los países bálticos y con Polonia para impedir el comercio con drogas y las toxicomanías. 
El comercio de los narcóticos es de carácter internacional. 
Por eso hay que cooperar internacionalmente para impedir que se extienda. 
Lo mismo vale para la cooperación con Noruega. 
Noruega forma parte del mercado interior. 
Noruega será miembro de Schengen. 
Los problemas derivados de las drogas son parecidos en Noruega y en Suecia. 
Por eso es importante que colaboremos y que recopilemos datos de estos países vecinos, además de informarnos sobre la forma en que ellos desarrollan sus políticas. 
El ponente se ocupa, además, del actual funcionamiento del Observatorio. 
Creo que hace una importante distinción. 
El Observatorio no se debe dedicar a la política, eso lo haremos en las asambleas políticas, en los Estados miembros, sobre todo en los Estados miembros tratándose de la política de drogas. 
Por el contrario, el Observatorio debe aportar las bases para las decisiones políticas. 
Hoy hay deficiencias en este punto, deficiencias en la recopilación de datos estadísticos. 
Los datos deben ser relevantes, confiables y susceptibles de ser comparados. 
Además, el Observatorio deberá hacer análisis y evaluar los objetivos que fijamos en las instancias políticas, de modo que podamos adecuar nuestras políticas. 
El Observatorio tiene que mejorar mucho en esta materia. 
Hay que hacer un análisis de las políticas que se aplican, ya que éstas son diferentes, por ejemplo, en los Países Bajos y en Suecia. 
Creo que es importante que analicemos cómo inciden esas diferencias, por ejemplo, en las toxicomanías entre los jóvenes. 
(NL) Señor Presidente, en nombre de la Comisión quisiera dar las gracias a los ponentes por su trabajo, al tiempo que deseo comunicarle que la Comisión se alegra de que defendamos los mismos objetivos. Aun cuando algunas de sus enmiendas rebasan los límites de nuestras sugerencias, especialmente en lo que a las propuestas de mejora del funcionamiento del Observatorio de la Droga y las Toxicomanías se refiere. 
La Comisión coincide con el Parlamento en que es necesario mejorar el funcionamiento del OEDT. 
Quisiera recordarles que fue la Comisión quien encargó la evaluación externa del OEDT. 
Obviamente, tendremos en cuenta las recomendaciones del Parlamento así como las decisiones del Consejo de Administración del Observatorio que se fundamentan en las conclusiones del informe de evaluación. 
Sin embargo, nuestras dos propuestas van mucho más allá. 
Con la primera pretendemos lograr un acuerdo con Noruega. 
A este respecto se ha llegado a un consenso político unánime y me alegro de que el acuerdo también cuente con el respaldo de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Reviste una enorme importancia política para los noruegos. Demuestra que tienen interés por hacerse una idea clara del fenómeno de la droga en el continente europeo. 
El acuerdo también es importante para la Unión ya que, como todos sabemos, el problema de la droga no tiene límites. 
Noruega recibió copia del informe de evaluación del OEDT y mediante la opinión positiva del Parlamento noruego ha afirmado que celebrará el acuerdo con mucho gusto. 
La Comisión opina que no debemos emitir una señal negativa a nuestros socios noruegos supeditando la celebración del acuerdo a una serie de condiciones relativas a la mejora del funcionamiento del Observatorio que sólo retrasarían la firma del acuerdo. 
Es por ello por lo que la Comisión no presentará una propuesta modificada con respecto a la mejora del funcionamiento del OEDT, aunque no ponga reparos de fondo a las enmiendas presentadas en el informe del Sr. Turco. 
Nuestra segunda propuesta tiene por objeto facilitar la participación de los países candidatos en el OEDT prestándoles asistencia con el fin de crear puntos focales nacionales y establecer vínculos con la red REITOX. 
De las 22 enmiendas contenidas en el informe SOUSA PINTO cinco se refieren directamente a este punto. 
Nos ha llamado la atención que el Parlamento desee mencionar explícitamente a Malta, Chipre y Turquía como países beneficiarios de esta asistencia técnica. 
Ahora bien, tenemos la intención, y creo que el Consejo comparte este propósito, de prestar dicha asistencia a todos los países candidatos, incluidos Malta, Chipre y Turquía. 
Adoptaremos la aclaración aquí propuesta citando por separado a Malta, Chipre y Turquía y la defenderemos en el Consejo. 
La Comisión no puede, por el contrario, aceptar la ampliación hacia terceros países que no son candidatos a la adhesión. No pretendemos que el OEDT se convierta en un centro mundial para asistencia técnica, sino que queremos capacitarlo para transferir los conocimientos adquiridos a los países candidatos con vistas a su futura participación. 
Coincidimos con el Parlamento en que la evaluación de la política antidroga de los Estados miembros desempeña un papel fundamental. 
Es un tema que, por otra parte, también se recoge en el plan de acción en materia de lucha contra la droga 2000-2004 que se estudiará durante el Consejo Europeo de Feira. 
Sin embargo, en nuestra opinión no incumbe al OEDT evaluar la política en materia de drogas de los Estados miembros. 
Se trata de una cuestión política y, por tanto, no debe confiarse al OEDT, que es más bien una agencia técnica, sino a las instituciones de la Unión. 
Sí corresponde al OEDT desarrollar instrumentos metodológicos destinados a evaluar la política nacional. 
En la actualidad ya está previsto que el Observatorio realice actividades semejantes tal y como demuestran, por ejemplo, las actividades recogidas en el programa de trabajo del año 2000. 
A este fin el presupuesto del OEDT ha sido incrementado en medio millón de euros. 
No nos parece el momento oportuno para incluir expresamente en una propuesta de modificación del Reglamento OEDT el desarrollo de un instrumento de evaluación metodológico fomentando una mayor visibilidad de este tipo de actividades. Vemos dos razones para ello. 
En primer lugar, no podemos olvidar que en este momento se están debatiendo el papel y los cometidos del Observatorio con motivo del informe de evaluación del Consejo de Administración del OEDT y, por tanto, la Comisión estima conveniente esperar las conclusiones del Consejo de Administración antes de presentar nuevas propuestas en este ámbito. 
En segundo término, existe el riesgo de que se abra un debate prolongado con el Consejo y no se adopte una decisión en lo que quede de año si ampliamos nuestra propuesta en ese sentido. 
Ello supondría que nos veríamos obligados a renunciar a un proyecto PHARE de dos millones de euros destinado a ofrecer asistencia técnica a los futuros Estados miembros de la Europa Oriental con vistas al desarrollo y al refuerzo de los puntos focales nacional a través del OEDT. 
Dichos fondos no pueden ser transferidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2000. 
Las demás enmiendas, que no están directamente relacionadas con nuestra propuesta, se basan principalmente en el informe de evaluación del OEDT y supondrían una profunda revisión del reglamento de base. 
Con arreglo a estas enmiendas los Estados miembros tendrían la obligación de facilitar los datos solicitados por el Observatorio, en tanto que hasta la fecha la colaboración siempre ha revestido carácter voluntario. 
También se modificaría el reparto de las tareas entre el Director y el Consejo de Administración así como la forma en que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto. 
En este último caso se trata de una cuestión horizontal que ha de regularse de modo idéntico para todos los órganos y con respecto a la cual la Comisión ha elaborado una propuesta que en este momento está siendo estudiada por el Consejo. 
Por último, dichas enmiendas sugieren que cada tres años se presente un informe de evaluación sobre el funcionamiento del OEDT. 
Las enmiendas presentadas por la Sra. Ilka Schröder se refieren todas al mismo tema. 
Todas ellas están destinadas a añadir a los cometidos del Observatorio la evaluación de la política en lo que a la disminución de los riesgos se refiere. 
Se trata de una terminología que se interpreta de diversas maneras y que, por tanto, no aparece en la estrategia que la Unión Europea tiene previsto desplegar en el ámbito de las drogas durante el período 2000-2004. 
Además, este tema no debe ser tratado por separado, sino como componente de un todo equilibrado del que asimismo forman parte la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las medidas sociales complementarias. 
Como ya he señalado, señor Presidente, la Comisión coincide con el Parlamento en que es necesario mejorar el funcionamiento del OEDT. 
Pero dado que éste no es el momento oportuno no presentaremos, como ya he dicho antes, una propuesta modificada. 
En su reunión de septiembre el Consejo de Administración del OEDT, en el que también está representado el Parlamento Europeo, adoptará una serie de decisiones basadas en un informe de evaluación, y estimamos conveniente esperar los resultados de la misma antes de proponer nuevas modificaciones del Reglamento OEDT, entre ellas las que se refieren a la evaluación. 
En dicha reunión del Consejo de Administración del OEDT la Comisión defenderá la necesidad de revisar el funcionamiento del OEDT y de aclarar sus objetivos y sus cometidos. 
Dependiendo de las medidas que adopte el Consejo de Administración la Comisión podría presentar una propuesta de modificación del Reglamento OEDT que se ajustara al deseo del Parlamento de evaluar periódicamente el funcionamiento del OEDT. 
En tal caso, tendremos muy en cuenta la opinión de su Parlamento a la hora de elaborar la propuesta. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Informe (A5-0147/2000) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0157/2000) 
Después de la votación sobre la propuesta de la Comisión. 
. (IT) Señor Presidente, intervengo sobre una cuestión de observancia del Reglamento y me refiero precisamente al artículo 69. 
He escuchado la intervención del Comisario, pero no he entendido si la Comisión acepta las enmiendas, en particular, no he comprendido si la adhesión de Noruega al Observatorio entrará en vigor después de la reforma de dicho Observatorio, esto es, si la Comisión tiene intención de que Noruega se adhiera de inmediato o si, en cambio, se propone esperar- como pretende hacer para la reforma del Observatorio- hasta septiembre cuando el Consejo de Administración dará sus indicaciones, al objeto de permitir a Noruega adherirse a algo que existe y no a algo que, hoy por hoy, según el informe de los observadores independientes, es inútil e inadecuado, cuesta un montón de dinero y no sirve para nada. 
. (NL) Señor Presidente, la Comisión se propone que Noruega entre a formar parte lo antes posible del Observatorio al que nos hemos referido esta mañana. 
Como ya he señalado con anterioridad, también en nombre de mi colega Vitorino, nosotros compartimos muchos de los sentimientos que esta mañana han sido formulados por algunos miembros de este Parlamento, pero en este momento no es oportuno poner sobre el tapete el funcionamiento del Observatorio mismo. 
El debate de esta mañana gira, al menos en opinión de la Comisión, en torno a la ampliación del centro con Noruega y, evidentemente también, con los países de la Europa Oriental. 
Señor Presidente, en lo que al informe sobre la adhesión de Noruega se refiere, me considero insatisfecho por lo que acaba de manifestar el señor Comisario, en el sentido de que también este Parlamento, ahora de manera unánime, está muy interesado en que Noruega se adhiera cuanto antes al Observatorio. 
A fecha de hoy, el problema estriba en que el Observatorio no puede aceptar la adhesión de Noruega. 
Efectivamente, de conformidad con el artículo 69, el ponente puede pedir, si el Parlamento lo decide, aplazar la votación y el asunto se considerará devuelto para nuevo examen a la comisión competente. 
Noto que nuestro coponente también pide el uso de la palabra. 
Les recuerdo que el artículo 69 dice que este procedimiento se realiza sin debate. 
Por tanto, le pido no volver a abrir el debate, pero le concedo el uso de la palabra en su calidad de coponente. 
Agradezco la indulgencia del Presidente para decir, en mi calidad de ponente, que el debate que aquí hemos celebrado esta mañana constituye la primera ocasión, desde 1993, fecha de la creación del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, de que ha dispuesto el Parlamento Europeo para pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la modificación de su Reglamento. 
Y considero que el Parlamento habría faltado gravemente a sus responsabilidades políticas más elementales, si no hubiera hecho una interpretación amplia de sus deberes y no hubiese presentado un conjunto de propuestas que constituye una reformulación profunda del funcionamiento del Observatorio, porque consideramos indispensable, necesario y útil el papel que el Observatorio de la Droga puede desempeñar en el futuro de la Unión Europea, aunque no con el presente informe, con el cual la Comisión parece estar de acuerdo en lo esencial. 
De conformidad con el Reglamento, someto a la Asamblea la petición para aplazar la votación presentada por el Sr. Turco. 
(El Parlamento rechaza la petición) (El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Diseños o modelos comunitarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0150/2000) del Sr. Ferri, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta modificada de reglamento (CE) del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (COM (1999) 310- C5-0129/1999- 1993/0463 (CNS) ). 
Señor Presidente, tras la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, hoy se somete a nuestra apreciación y decisión la propuesta de reglamento que, obviamente, se mueve en el marco de la Directiva, por lo tanto, con todas las luces y sombras que entraña la misma en un tema tan conflictivo y tan competitivo, en que están en juego muchos intereses. 
Tanto es así que la Directiva, al final, ha omitido una parte de este tema, la referida a los productos complejos para fines de reparación. 
Existe la famosa cláusula de reparación de las piezas de recambio: el mundo sumamente complejo y articulado de la industria del automóvil. 
La comisión ha trabajado muy atentamente- le doy las gracias a su presidenta muy en especial- aunque, al final, ha prevalecido una postura y una interpretación más bien conservadora y muy cauta, porque no se quiso hacer demasiada presión en el tema omitido al que me he referido. 
El reglamento, sin embargo, tiene su fuerza a la hora de definir la protección comunitaria de los productos, dibujos y modelos y los productos fabricados registrados y no registrados: la propuesta de utilizar la Oficina Única de Marcas a escala comunitaria también para los dibujos y modelos, por lo tanto, un derecho exclusivo de utilización protegido a escala comunitaria, salvo algunas excepciones. 
Obviamente, esto responde a la exigencia fundamental del mercado único y a una regulación unitaria también en materia de nulidad, renuncias y posibilidades de utilización, sobre todo con respecto a dos términos muy importantes, es decir, el de la novedad que está ligada a la divulgación y el de la individualidad que está ligada a la creatividad. 
Son dos aspectos de un mundo muy fascinante que, naturalmente, exige protección pero también agilidad. 
Por esto insisto especialmente en un paquete de enmiendas muy reducido que, en la acumulación de las protecciones entre la exclusividad comunitaria y el derecho de autor- me encomiendo al Parlamento Europeo para su evaluación moderna pero ante todo realista del mundo tan complejo de los dibujos y modelos- no consolide las situaciones de monopolio. 
Por lo tanto, decir que si pusiéramos, como prevé la enmienda 23- si fuera menester lo voy a especificar aún mejor, si cabe- un techo de 25 años a la protección de los modelos registrados, dicho techo ya sería muy abundante. 
Por otra parte, la Directiva no nos ofrece posibilidades de contraindicaciones. 
La Directiva dice que los Estados miembros deben permitir la acumulación de la exclusividad comunitaria y el derecho de autor. 
Hemos de recordar que en muchos Estados miembros el derecho de autor tiene una duración de 70 años. 
Por lo tanto, si a 25 le sumamos 70 acabaríamos bloqueando un producto medio que a menudo- y digamos también por su naturaleza, por la novedad y la originalidad- no puede durar durante mucho tiempo, más que la vida de un ser humano, motivo por el cual un techo de 25 años me parece razonable. 
Por lo tanto, me permito insistir para que se lleve a cabo al menos este tipo de atemperación de las exigencias y se ofrezca a la Europa comunitaria, al mercado único, un mundo tan importante, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, en que efectivamente la productividad de los dibujos, de los modelos, de la fantasía- que para los Estados europeos representa, sin duda, un impulso en materia también de empleo y de trabajo- se enmarca perfectamente en esta red de derechos y de libertades. 
Creo que esta propuesta de reglamento que propone un sistema unificado con una protección uniforme en todo el territorio de la Comunidad, pese a las limitaciones y a las restricciones que he querido subrayar por deferencia hacia los colegas, pueda representar una meta importante para nuestra manera de construir Europa. 
Señor Presidente, voy a empezar diciendo que la labor del ponente ha sido casi hercúlea, por no decir enormemente encomiable, y ha puesto de manifiesto ante todo la preocupación por la pequeña y mediana empresa, que es, en realidad, la destinataria de toda esta reforma. 
El ponente me ha acusado, con la amabilidad que le caracteriza, de haber defendido una postura más conservadora y cauta. 
Comparto sus preocupaciones. En particular, la preocupación que él ha expresado en su enmienda 13. 
Pero el problema es que aquí nos encontramos con un damero complejísimo de derechos que se entrecruzan de quince orígenes nacionales distintos y nuestra armonización no puede hacerse ni inmediata ni globalmente. 
Creo que las preocupaciones del ponente, Sr. Ferri, algunas de las cuales no he compartido personalmente, pero las he defendido como miembro del Grupo del PPE, verán la luz a lo largo de los próximos años y quiero decirle que estaremos todos apoyándole porque en muchas cosas de las que él ha defendido tiene toda la razón. 
Permítanme ahora entrar a hablar del Reglamento. 
Este Reglamento arranca con la Directiva de 1993 y ésa es la primera nota que me parece que hay que resaltar. 
Es hora de que este Reglamento vea la luz, no podemos demorarlo por más tiempo. 
Su tramitación se ha visto entorpecida, entre otras cosas, por una famosa sentencia del Tribunal de Justicia que obliga a cambiar el fundamento jurídico, y por las complejidades de la cláusula de reparación de las piezas de recambio de los productos complejos, a las que ha hecho alusión el ponente. 
Mi primera llamada de atención, por lo tanto, y creo que ahí reflejo no sólo la opinión del Grupo del PPE sino la opinión de esta Asamblea, es pedir a la Comisión que, sin demora, agilice al máximo la posibilidad de que el Consejo adopte este Reglamento, porque las enmiendas del Parlamento, sin perjuicio de las explicaciones que ha dado el ponente, son enmiendas que mejoran notablemente la calidad del texto- y permítanme que lo diga con enorme honra-. 
Muchas veces en este Parlamento, por razones de complejidad política, elaboramos textos oscuros o de una calidad criticable. 
Creo que estas enmiendas, en general, son enmiendas que mejoran notablemente el texto y que la Comisión adoptará sin ninguna dificultad. 
Por mencionar una que me parece importante- la enmienda 16 -, en ella se explica que en una serie de supuestos la causa de nulidad del diseño, obtenida sólo respecto de uno o varios Estados miembros, no puede producir la anulación del diseño sólo en esos Estados, pues podría producirse la situación paradójica de que un diseño comunitario pudiera ser nulo en catorce Estados y válido sólo en uno. 
Señor Presidente, no me voy a alargar, ya que es viernes. 
Creo que el mensaje es claro. 
Espero que la Comisión acepte el grueso de nuestras enmiendas y lo tramite rápidamente para que este Reglamento vea la luz cuanto antes. 
Señor Presidente, parece que el largo camino recorrido para conseguir en la Unión Europea una regulación uniforme relativa a la protección de los diseños, de los dibujos y modelos está ya llegando a su fin. 
La mayor parte del tiempo empleado en la tramitación de esta norma fue necesario para lograr la aprobación de la directiva sobre dibujos y modelos, tarea que ocupó la práctica totalidad de la legislatura anterior e incluso parte de la precedente. 
Obviamente, superados los problemas más graves al haberse obtenido un texto en la Directiva que puede ser calificado como de equilibrado, la tarea del Reglamento iba a resultar mucho más sencilla. 
Así ha sido. 
Ello nos permite hoy afirmar que la estrategia adoptada en su día por el Parlamento, consistente en tramitar en primer lugar la Directiva y posteriormente el Reglamento, resultó acertada. 
La intervención del Parlamento para obtener el compromiso de congelación en la elaboración de la norma, con una Directiva sometida al procedimiento de codecisión, resultó decisiva y, tal vez, ello no se hubiera obtenido si la tramitación hubiera sido la contraria, es decir, en primer lugar el Reglamento y en segundo lugar la Directiva. 
En ese caso, la función del Parlamento no hubiera sido decisiva y no se hubiera logrado ese equilibrio entre los intereses de los fabricantes de automóviles, por un lado, y de los fabricantes independientes de piezas de carrocería por otro, o entre los intereses de los consumidores y los de las compañías de seguros. 
Obtenido el acuerdo, que dista mucho de ser perfecto, pero que permitió el desbloqueo en una materia tan conflictiva, la tarea de elaborar el Reglamento y este informe sobre la propuesta de la Comisión ha resultado mucho más sencilla. 
Se trataba en definitiva de reflejar en el Reglamento los compromisos alcanzados en el texto de la Directiva. 
Si la Unión Europea dictaba normas para armonizar la legislación de los Estados miembros, era lógico que sus propias normas estuvieran en concordancia con lo establecido en las normas de armonización. 
Es cierto que la propuesta de la Comisión seguía la práctica literalidad del texto de la Directiva y por eso la hemos apoyado. 
Fieles a ese criterio, buena parte de las enmiendas que vamos a apoyar consisten precisamente en aumentar la literalidad y la coincidencia entre el texto de la Directiva y el del Reglamento. 
Y quiero precisamente felicitar en este punto al Sr. Ferri por su informe y, al mismo tiempo, agradecerle la flexibilidad de que ha hecho gala a lo largo de su tramitación. 
Es cierto que en su primer informe el ponente presentaba determinadas propuestas que, en su opinión, eran correctas pero que, en la opinión- yo creo que más fundada- de muchos Grupos de esta Asamblea, contradecía el compromiso de congelación sobre la cláusula de reparación. 
Sin embargo, haciendo gala de esa flexibilidad en la tramitación, el Sr. Ferri retiró sus propuestas y le felicito por ello. 
En este momento solamente existen dos puntos en los que la coincidencia con el ponente y mi Grupo no existe. 
El primero de ellos es el relativo a la definición del carácter singular del diseño, que incluye un extremo para hacerlo coincidir pretendidamente con el texto de los acuerdos TRIP. 
No es el momento de abrir un debate sobre el tema, pero no participamos de esta interpretación y, además, consideramos que la enmienda en cuestión incluye algunos elementos distorsionadores. 
El segundo elemento en el que no estamos de acuerdo es el relativo a los derechos de autor y votaremos en contra de las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Señor Presidente, mi colega del grupo PPE-DE, la Sra. Palacio Vallelersundi, afirma que el ponente, el Sr. Ferri, la ha acusado de ser conservadora. 
Tengo que decir a la Sra. Palacio Vallelersundi que ésta es una etiqueta que debemos aceptar con agrado y una insignia que debemos llevar con orgullo. 
Hoy hablo en representación de mis colegas conservadores británicos Lord Inglewood y el Sr. Harbour, que desgraciadamente no pueden estar en la Cámara. 
Quiero que conste en acta el apoyo de los conservadores británicos al informe del Sr. Ferri, que opinamos halla un compromiso aceptable entre los diferentes intereses en conflicto. 
Concretamente, creemos que es correcto que la directiva y el reglamento sé alineen para ofrecer un régimen lo más unificado posible para la protección del diseño industrial en la Unión en su conjunto. 
También quisiera hacer constar nuestro apoyo al informe de la Sra. Grossetête y destacar que, en nuestra opinión, es de extrema importancia que la legislación de la UE se ponga en práctica de forma coherente, adecuada y oportuna. 
. (NL) Señor Presidente, en opinión de la Comisión el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios constituye un expediente importante. 
Por eso mismo, la Comisión acoge con satisfacción el informe sumamente detallado y profundamente meditado del Sr. Ferri. 
Como ya anuncié durante el Consejo Asuntos Interiores del pasado 16 de marzo tengo previsto someter en breve a aprobación de la Comisión una nueva propuesta modificada del reglamento. 
En dicha propuesta modificada afrontaremos los problemas detectados desde que la Comisión presentara su propuesta en junio del año pasado. 
En este contexto las recomendaciones formuladas en el informe del Sr. Ferri son extremadamente útiles e importantes. 
Me alegro de poder comunicarles que la Comisión aprueba las recomendaciones de las enmiendas siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18 y 20. 
Sin embargo, algunas enmiendas, más en concreto las enmiendas 10, 11, 21, 22 y 23, no se ajustan plenamente a lo que se acordó con motivo de la Directiva sobre los dibujos y modelos comunitarios de 1998 y, por tanto, la Comisión desafortunadamente no puede aceptarlas. 
En ese contexto quisiera señalar que la Comisión está muy apegada al principio de que el reglamento no puede desviarse de los conceptos delimitados en la directiva. 
Además, quisiera detenerme brevemente en la cuestión de la protección de los modelos cuando se utilizan componentes de productos complejos para su reparación, a la que se refieren las enmiendas 6 y 12. 
Este asunto, que en el marco del procedimiento de conciliación de la directiva ha sido objeto de largas y complejas negociaciones, quedó reflejado en la directiva y en la aprobación del denominado compromiso de congelación de la cláusula de reparación. 
En este contexto y con arreglo al compromiso logrado en el momento de la aprobación de la directiva la Comisión prometió examinar el asunto más detenidamente y presentar una propuesta en el sentido de la directiva. 
A fin de no anticiparse a la solución que se adopte finalmente la propuesta de reglamento de la Comisión estipula que los componentes no serán protegidos en el ámbito del sistema comunitario mientras no se logre un acuerdo sobre una solución definitiva. 
La Comisión está abierta a la propuesta del Parlamento según la cual el texto del reglamento ha de ajustarse más al de la directiva y le puedo asegurar que la Comisión someterá a reflexión dicha sugerencia. 
Por lo demás, quisiera referirme a las enmiendas 15 y 19 sobre la falsificación. 
En lo que atañe a la enmienda 15 la Comisión coincide con el Parlamento en que es necesario garantizar el derecho a información. 
No obstante, la Comisión prefiere tratar este asunto en el marco de la lucha contra la falsificación y la piratería. 
A este respecto debo señalar que la Comisión plantea este tema en su Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marcas y la piratería en el mercado interior. 
Con respecto a la obligatoria asignación de propiedad de los productos infractores al titular del derecho sobre el modelo de que se trate, tal y como se propone en la enmienda 19, la Comisión opina que tal vez no sea una solución idónea en todos los casos y que en determinadas circunstancias incluso puede causar molestias al derechohabiente. 
Por eso mismo, y también porque la letra D del apartado 1 del artículo 93 del reglamento prevé la posibilidad de que, en caso necesario, el juez nacional adopte medidas semejantes, la Comisión no está de acuerdo con la enmienda propuesta. 
Por último quisiera dar las gracias a los miembros del Parlamento por el apoyo y la colaboración que han prestado en el marco de este importante reglamento. 
Espero y confío en que las empresas europeas se alegren de que pronto puedan disponer de un único procedimiento sencillo y barato para la protección de los modelos industriales en la Unión Europea. 
Todo lo contrario, es algo que necesitamos urgentemente. Me he abstenido porque lamento que la Oficina de Modelos entre a formar parte de la Oficina de Marcas sin que se aproveche esta oportunidad para elaborar un régimen lingüístico distinto. 
En la antigua propuesta de reglamento que data de 1993 se optó expresamente por el régimen lingüístico de la Oficina de Marcas. 
En la presente propuesta esta elección se hace implícitamente. Espero que los colegas de la Comisión de Industria se hayan dado cuenta de ello, así como todos los demás que han aceptado este aspecto del reglamento sin crítica alguna. 
Es evidente que la Oficina debe poder trabajar de forma eficiente y rentable. 
La aceleración de la toma de decisiones es un objetivo plenamente justificado. 
No hace falta traducir cada folio. 
Sin embargo, no está de más exigir que aparte de la solicitud de registro también se desarrollen en la lengua del ciudadano el procedimiento de conciliación y la correspondencia con la Oficina. 
Cuando se instaló la Oficina de Marcas se optó por un régimen lingüístico discriminatorio bajo el pretexto de que se trataba de una solución técnica. 
Ahora se repite la misma operación reprobable. 
¿Cuál es en estas circunstancias el significado de un artículo del Tratado que confiere al ciudadano el derecho a utilizar su lengua en los contactos con dicha institución? 
En mi opinión es una clara razón para protestar contra estas prácticas. 
Control de la aplicación del Derecho comunitario (1998) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0132/2000) de la Sra. Grossetête, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el decimosexto Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario- 1998 (COM (1999) 301- C5-0213/1999- 1999/2168 (COS) ). 
Señor Presidente, comparto con la ponente su inquietud por que un informe de estas características, que a nosotros nos parece tan importante por la exigencia de cumplimiento del Derecho comunitario, se debata un viernes y a última hora, ya que realmente las cifras que facilitó la ponente reflejan claramente que los Estados miembros no cumplen con el Derecho comunitario europeo y el informe va en la dirección de incluir propuestas para que los Estados miembros lo cumplan. 
Las cifras de que hay 1101 cartas de emplazamiento, 675 dictámenes motivados y 123 recursos presentados ante el Tribunal de Justicia demuestran claramente las dificultades para que se cumpla con el Derecho comunitario europeo. 
Me voy a referir, fundamentalmente, a la propuesta de la Comisión de Peticiones. 
Se cuenta con unas enmiendas firmadas por todos los grupos de la Comisión de Peticiones. 
Quisiera señalar a este respecto que, por aquellos duendes que ocurren a veces en esta casa, las conclusiones de la Comisión de Peticiones no estaban incluidas en el informe de la ponente. 
Sin embargo, es, en mi opinión, una de las comisiones más importantes de este Parlamento, porque tiene una relación directa y concreta con los ciudadanos europeos, particularmente para tratar temas como la preocupación por el medio ambiente. 
La ponente señala que más del 25 por ciento de las denuncias se refieren al medio ambiente, a la libre circulación, a los derechos sociales de los ciudadanos y al mercado. 
Creo que estos temas son fundamentales en la Constitución europea y, a la vista del aumento de las peticiones que llegan cada año, reflejan la preocupación de los ciudadanos por que el Derecho comunitario se cumpla. 
En ocasiones, y con relación a temas medioambientales- que yo trato más, porque estoy en la Comisión de Medio Ambiente -, las agrupaciones de ciudadanos, las asociaciones de vecinos y otras, están más preocupadas por que se cumpla el Derecho comunitario que las propias administraciones, como lo demuestra las denuncias que tratamos cada día en la Comisión de Peticiones. 
Por eso, solicito que se aprueben las dos enmiendas que proceden de la Comisión de Peticiones y que no son, ni más ni menos, sino el reflejo de la preocupación de esa Comisión de Peticiones con respecto a los procedimientos de atención a las quejas de los ciudadanos. 
Hay un retraso considerable entre la tramitación de queja del ciudadano, que a veces exige uno, dos o tres años, y la resolución por parte de la Comisión de Peticiones o de la Comisión Europea. 
Estas enmiendas piden fundamentalmente que se agilicen esos procesos porque, en caso contrario, la confianza de los ciudadanos en la efectividad de las instituciones europeas se verá gravemente afectada. 
Piden entre otras cosas también estas dos enmiendas que se armonice de alguna manera el Derecho administrativo europeo para que pueda aplicarse una igualdad de trato a todos los ciudadanos de la Unión. 
Se podría hablar mucho más, señor Presidente, del carácter y de la importancia de la Comisión de Peticiones, pero no tenemos más tiempo, por lo que solicito a los diputados que hoy quedamos aquí que aprueben esas enmiendas, que son la opinión de la Comisión de Peticiones. 
Señor Presidente, comparto la inquietud de la Sra. Grossetête: si queremos construir Europa, debemos construir la casa del Derecho, y ciertamente lo que no nos reconforta es la atención que estamos demostrando debatiendo un informe tan sumamente importante el viernes por la mañana. 
Un gran pensador de mi país sostiene que una sociedad es tal en el sentir popular sólo en la medida en que logra dotarse de normas respetadas por sus miembros. 
Sin duda, la Comunidad Europea antes y la Unión hoy constituye una figura institucional de notable calado histórico en la que nos hemos dotado de unas normas- los Estados miembros y los ciudadanos las están cumpliendo- pero de la aplicación y del examen de la aplicación de las normas del Derecho comunitario, este Pleno no solo no puede eludir su propio y legítimo cometido, sino que debe sacar nueva savia y nueva fuerza porque se ha hecho mucho, estamos haciendo mucho, pero pienso que queda mucho por hacer. 
Tenemos el deber de constatar que muchas son las lagunas en términos de homogeneidad en el sector del mercado interior, pero sobre todo muchas son las lagunas en términos de desarrollo del sistema jurídico europeo. 
Nos satisface comprobar que el nivel de transposición de las directivas comunitarias en los Estados miembros alcanza el 95%, pero esto no basta si la incorrecta aplicación del Derecho comunitario es el resultado de las malas prácticas de las administraciones más que de una falta de incorporación. 
Por lo tanto, a mi juicio, es necesario, como subraya la Comisión de Asuntos Jurídicos, una intervención eficaz ante las administraciones nacionales. 
Dicha necesidad se ve reforzada por el hecho de que con frecuencia los que están en contacto con la ley y la justicia demuestran un insuficiente conocimiento de las normas del Derecho comunitario. 
Por lo tanto, como pide el informe, es oportuno que los candidatos a la profesión forense y a la magistratura presten una atención especial a las normas que estamos construyendo. 
Presenté algunas enmiendas al excelente trabajo de la Sra. Grossetête en la Comisión de Asuntos Jurídicos, movido por la preocupación por que las tutelas jurídicas de los ciudadanos que representamos están escasamente reconocidas y homologadas en cada uno de los Estados. 
Los recursos a la Comisión y al Parlamento Europeo en este sentido no solo deberían hacernos reflexionar, sino que deberían preocuparnos. 
Otro elemento de preocupación es que en algunos Estados miembros los órganos jurisdiccionales casi no plantean cuestiones prejudiciales conforme al artículo 234 del Tratado y los representantes de la Comisión deberían encargar a sus servicios que estudien los motivos de ello. 
Asimismo no podemos subestimar las dificultades económicas y prácticas con las que los ciudadanos se enfrentan a la hora de acudir a los órganos jurisdiccionales comunitarios. 
Por esto me pregunto si no sería necesario adoptar sin demora una iniciativa legislativa para facilitar su acceso en términos económicos, quizás a través de la constitución de un fondo de ayuda. 
. (EL) Señor Presidente, el informe de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario es un texto muy importante porque pone al descubierto la situación real de la Unión Europea y quizás deberíamos dedicarle más sesiones y, por supuesto, no sólo la sesión del viernes. 
La ponente, Sra. Grossetête, en su excepcionalmente elaborado informe, realiza una serie de acertadas observaciones, que deberán ser el objeto de un estudio especial. 
Los dos informes plantean correctamente el tema de la aplicación del Derecho comunitario en tres dimensiones que son: la ausencia de transposición del Derecho comunitario, la no conformidad de los medios de transposición con el contenido del Derecho comunitario y el modo de aplicación. 
En cuanto a la ausencia de transposición, los retrasos siguen siendo significativos sobre todo en algunos ámbitos, entre los que quiero mencionar el ámbito social, al que veo, con gran pesar, que el informe de la Comisión dedica unas pocas líneas; y sin embargo, los temas relativos están conectados con la cohesión social. 
Las razones de la ausencia de transposición son muchas y deben estudiarse. 
Paralelamente, ya es hora de pensar distintos medios políticos para acortar los retrasos. 
Por ejemplo, podríamos pensar en fijar por países, en el nivel político más elevado, un órgano unitario que sea el responsable ante la Unión Europea de la transposición correcta y legítima del Derecho comunitario. 
Incluso podríamos decir que todos los países que asuman la Presidencia, deben declarar oportuna y públicamente el grado de conformidad del país con el Derecho comunitario y que no es comprensible que se tenga la responsabilidad política de la administración de las cuestiones políticas sin ser coherente con sus obligaciones. 
Quizás también fuera útil, antes de cada cumbre, hacer una comunicación pública sobre el grado de conformidad de cada país. 
En el pasado, las negligencias en la transposición del Derecho comunitario no tenían las consecuencias que tienen en un ámbito económico único en donde es impensable que no haya, al mismo tiempo, un orden social legítimo unitario. 
En cuanto a la forma de aplicación del Derecho comunitario, el tema está unido principalmente al sistema jurisdiccional, nacional y comunitario, y a los plazos de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo Europeo. 
Los dos problemas básicos conectados con el sistema jurisdiccional son, por una parte el recurso precontencioso, muchas veces injustificado, al Tribunal de Justicia Europeo, o el recurso mal preparado, tal como menciona la Sra. Alvarez; y por otra parte la omisión de recurso en temas cruciales. 
Y estas dos cosas, a pesar de su aparente diferencia, tienen una causa común, que es la insuficiente familiarización de los jueces nacionales con el derecho comunitario. 
Debemos emprender una amplia campaña en esta dirección. 
Tenemos que recomendar a los Estados miembros que formen gradualmente a todos los jueces, y que esto sea un requisito para que los jueces más antiguos asciendan en el escalafón, y para los nuevos, un requisito para entrar a formar parte del Cuerpo de Jueces. 
Los programas Grotius y Falcone han sido superados por los propios acontecimientos. 
Para terminar, quiero decir dos palabras sobre la mejora del nivel de aplicación del Derecho comunitario, en donde la Comisión de Peticiones debe desempeñar un papel importante. 
Esta comisión es un elemento básico en las relaciones del ciudadano europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión. 
La mejora de esta comisión es una condición básica para poner al descubierto las omisiones en la práctica en la aplicación del Derecho comunitario. 
Estoy a favor de las propuestas de la Sra. Alvarez que, realmente constituyen el principio en la formación de un Derecho administrativo comunitario europeo. 
Señor Presidente, en representación de mi Grupo tengo el placer de acoger favorablemente el informe de la Sra. Grossetête. 
Deseo destacar en particular una cláusula que ella mencionó en su propia intervención: el considerando E dice que "en vísperas de varias ampliaciones sucesivas, el comportamiento de los actuales Estados miembros de la Unión ha de ser ejemplar en la aplicación del Derecho comunitario". 
Y efectivamente debe serlo. 
Por desgracia, sabemos que no es así en todos los casos. 
Me he referido en más de una ocasión en este Hemiciclo, como lo han hecho otros, al caso escandaloso de los lectores de lengua extranjera en Italia que recibieron inicialmente una sentencia a su favor hace once años. La legislación italiana no se ha puesto aún en conformidad con la sentencia, para reconocer sus derechos. 
Se está poniendo a prueba nuestra voluntad de trabajar a favor del individuo, del ciudadano, velando por sus derechos con arreglo al Derecho comunitario. 
No hay derechos más importantes que aquéllos contra la discriminación y a favor de la libertad de circulación. 
Si no los reconocemos, estaremos defraudándonos a nosotros mismos frente a nuestras aspiraciones. 
Esta semana he recibido correspondencia inquietante procedente de distintas fuentes en Alemania, sugiriendo que se puede estar generando un problema similar con respecto a los profesores de lenguas extranjeras que trabajan de forma autónoma allí, donde las leyes se están aplicando retrospectivamente a conveniencia del Estado y con una aparente injusticia para los profesores. 
Me mantendré atento a este tema y es posible que tengamos que volver sobre él más adelante. 
Cito estos dos casos ejemplares simplemente para subrayar la importancia del informe de la Sra. Grossetête y darle las gracias personalmente por su intervención en el caso anterior, que estoy seguro lo hará progresar. 
Me disculpo por no poder quedarme hasta el final de este debate debido a exigencias de transporte entre aquí y Edimburgo, pero me complace haber tenido la oportunidad de participar hasta ahora. 
Señor Presidente, Señorías, este derecho comunitario que contribuimos a elaborar plantea serias dificultades de aplicación en nuestros Estados miembros. 
Los ciudadanos europeos han utilizado este último recurso para expresar su cólera e indignación de cara a los trastornos, incluso a la destrucción de su vida diaria, impuestos por los burócratas, con un objetivo que se nos escapa a veces y por desafios que no lo justifican. 
Cuando este informe debería ser la oportunidad, para los cargos electos que somos, de hacer un balance de los numerosos textos que votamos y de extraer las enseñanzas para el porvenir, nos limitamos a un enfoque de tipo control/sanción. 
Esta Europa restrictiva y reglamentada en exceso no es sin duda alguna la que desean nuestros respectivos ciudadanos. 
La manera en que este informe se aprueba es indignante. 
La ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior demuestra un profundo desprecio con respecto a la Comisión de Peticiones no considerando ni siguiera útil poner las conclusiones a votación. 
Ayer, el Pleno dio muestras del mismo desprecio ignorando la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el informe Maaten. 
Me temo que por contagio, la Comisión no conceda mucho más importancia al texto que nos disponemos a votar en un hemiciclo casi vacío. 
Más que enmiendas inútiles, a mi me gustaría obtener una respuesta a la siguiente pregunta. 
Las estadísticas del año 1998 muestran que las opiniones motivadas duplicaron su volumen, los casos de no conformidad o de aplicación incorrecta descubiertas de oficio aumentaron en más del 50 por ciento, las quejas el 18 por ciento y las intimaciones el 12 por ciento. 
En esta etapa, no es la prueba de un control eficaz, sino la demostración de la existencia de una excesiva abundancia de textos que, cuando se dejan a la apreciación de los jueces, amenazan a nuestras asambleas nacionales con condenas acompañadas de multas que expresan la voluntad popular de manera legítima y democrática. 
¿No piensan la Comisión y nuestra ponente que sería conveniente reducir el número de textos y sobre todo modificar los que, obviamente, plantean interrogantes políticas, jurídicas y prácticas esenciales que no aparecen con la misma evidencia o la misma agudeza en el momento de su elaboración, o prefieren continuar sancionando a nuestros Estados y convirtiendo a nuestros conciudadanos en verdaderas víctimas? 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Ponente, respecto del informe sobre el "Control de la aplicación del derecho Comunitario" quisiera hacer tres observaciones sobre la base de que la aplicación correcta del Derecho comunitario no constituye sólo una cuestión de evaluación contable de su transposición, sino también una evaluación de las medidas desde el punto de vista de su efectiva aplicación. 
En primer lugar, respecto de la comunidad jurídica y de valores: en mi opinión la comunidad jurídica y la comunidad de valores no están en contradicción, sino que se condicionan recíprocamente. 
Aquél que viola o quiebra el derecho también infringe los valores. 
Y aquél que infringe los valores puede ser juzgado y sentenciado sobre la base del derecho. 
Ustedes comprenderán que, en este sentido, desde el punto de vista austríaco afirme que los catorce Estados miembros de la Unión Europea han violado el Derecho comunitario, el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas respecto de Austria, han tergiversado el espíritu de los padres fundadores europeos y de esta suerte han dañado la comunidad de valores. 
Y por ello les insto a que reparen ese daño. 
En segundo lugar respecto de la Comisión como guardiana de los Tratados: en este marco la Comisión ha declarado el 1 de febrero del 2000 que va a continuar cumpliendo con sus obligaciones en tanto guardiana de los Tratados. 
Y frente a Austria ha declarado que, en este sentido, va a realizar un atento seguimiento de la situación, en estrecha colaboración con los gobiernos de los Estados miembros, mientras mantiene sus relaciones de trabajo con las autoridades austríacas. 
Me consta que la Comisión, en tanto guardiana de los Tratados, desde el 1 de febrero del 2000 ha seguido la situación atentamente y hasta el día de hoy no ha encontrado ningún motivo para la crítica, de modo que queda claro que en Austria no se infringe ni la comunidad de derecho ni la comunidad de valores. 
Mi tercera observación es la siguiente: ¡ayer cometí un error! 
Critiqué a mis colegas socialistas de Austria por su contradictorio comportamiento al votar y les imputé que al final de la resolución sobre Feira se habían abstenido en la votación. 
Esto es falso, votaron a favor. 
Esto no cambia en nada mi crítica a la doble moral de la socialdemocracia austríaca, que también ayer se hiciera evidente en su comportamiento al votar. 
Pero debía responder de este error. 
Tampoco se les iban a caer los anillos a los catorce si en Feira subsanasen y corrigiesen públicamente el error que contra derecho cometieran el 31 de enero del 2000 contra un Estado miembro. 
. Señor Presidente, quiero utilizar parte de mi tiempo de palabra para, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y en mi calidad de presidenta de la misma, salir al paso de determinadas afirmaciones sobre nuestra consideración de las opiniones de otras comisiones. 
Señor Presidente, le doy toda la razón a la ponente. 
Estas enmiendas, aunque muy interesantes, no tienen su lugar aquí. 
En primer lugar, todos tienen constancia de lo que yo he batallado por que haya un auténtico Derecho administrativo en todo este terreno. 
Pero éste es un informe que trata de otra cosa. 
Y lo mismo puede decirse con respecto a la otra enmienda de la Comisión de Peticiones, que habla de un acuerdo interinstitucional, que hace un llamamiento al Consejo y a la Comisión. 
Tendremos que votar estas enmiendas, pero en otro informe. 
Ahora, señor Presidente, déjeme que hable del informe de la Sra. Grossetête. 
Para decir lo que he apreciado su trabajo y su espíritu, sólo puedo mostrar que yo he presentado una sola enmienda, y ha sido en colaboración con ella. 
Y quienes me conocen saben que cuando a mí no me gusta un texto, sobre todo en una materia que me llena tanto, y a la que doy tanta importancia, no me freno en enmendar. 
Hay una cuestión que espero que la Sra. Grossetête mencione en la votación- y yo, lamentablemente, no estaré y lo digo ahora-. 
En el considerando G hay un error material. 
Debería decir que el control de la aplicación del Derecho comunitario corresponde, en primer lugar, a los tribunales. 
Por lo demás, me parece que éste es un informe redondo, rotundo e importantísimo. 
Mencionaré algunos apuntes sobre el informe de la Sra. Grossetête. 
En cuanto al ámbito, habrá que pensar en extenderlo no sólo al título IV, es decir, no sólo al desarrollo del artículo 65, sino eventualmente más allá y quizás establecer, para la construcción de esa Europa de los ciudadanos, un puente que los vincule con lo que les afecta y que es fronterizo con el Derecho comunitario, incluso con el Tratado de la Unión. 
Señor Comisario, queremos para el año que viene un informe más equilibrado y más completo. 
Como ha dicho la Sra. Grossetête, este informe es muy completo y muy equibrado en unos terrenos y no en otros. 
Y luego, el mensaje aquí es que aplicar el Derecho comunitario supone aplicarlo verdaderamente; que nuestra Comunidad es una comunidad de Derecho; que Europa será en Derecho o no será, y que tiene una gran importancia la vigilancia del Derecho comunitario. 
Por último, añadiré sólo un apunte muy rápido en cuanto a la importancia de los procedimientos de infracción. 
Quisiera llamar la atención, junto con otros oradores que me han precedido, sobre esta reforma que eventualmente se quiere hacer y sobre la que todos estamos de acuerdo. 
Hay que mejorar el funcionamiento de esos procedimientos de infracción, pero sin eliminar ni una mínima posibilidad de que los ciudadanos establezcan ese contacto directo con la Comisión que, a fin de cuentas, es lo que acerca. 
Estamos todos hablando del acercamiento de los ciudadanos a las instituciones. 
Ésa es una vía. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Grossetête por su informe. 
Estoy de acuerdo con ella: no hay nada más importante a lo que dedicar tiempo de debate en este Parlamento. 
Antes de la caída del Imperio Romano era costumbre sacar el decreto imperial, desenrollar el gran rollo de pergamino de púrpura y oro, leerlo, hacer que se copiase y distribuyese; y nadie le hacía el menor caso. 
No hay forma más segura de provocar la caída y la desintegración de esta Unión que hacer leyes que después los Estados miembros no se aseguran de hacer cumplir. 
Algo que no surgió en el debate es el mayor uso que se podría hacer de los procedimientos de esta Asamblea, en concreto del Turno de Preguntas, para atraer la atención de la Comisión e intercambiar puntos de vista con ella sobre los agravios que se producen en toda la Unión. 
Éstos cada vez se ponen más en conocimiento de los diputados del Parlamento. 
En los inicios yo vivía en una zona fronteriza en la que el derecho a la libre circulación de bienes y servicios no se respetaba y descubrí que podría hallar mucha satisfacción planteando las cuestiones directamente a la Comisión. 
En aquellos días el Parlamento no tenía el mismo poder ni prestigio que tiene en la actualidad. 
Así pues, en lugar de reducir el tiempo de trabajo en esta Cámara, debiéramos dedicar un poco más de tiempo a subrayar las omisiones de la Unión Europea a la hora de poner en práctica sus decisiones. 
Hay algunas áreas con las que la gente, en particular del mundo de los negocios, está muy familiarizada, por ejemplo el mercado único. 
Pero hay otras en las que existe gran confusión. 
La pasada semana asistí a una conferencia. Alguien señaló que son necesarios 100 millones de trabajadores inmigrantes en esta Unión durante los próximos 25 años si queremos mantener el crecimiento económico y responder a nuestras obligaciones sociales. 
Si esto ocurre, habrá mucho movimiento de personas. 
Si, desde el comienzo, la Unión Europea y los Estados miembros dejan claro que tales personas tienen los mismos derechos, que las condiciones bajo las que se les admite son condiciones comunes y que son libres de circular dentro de la Unión una vez hayan entrado, entonces los ciudadanos estarán a mitad de camino de aceptar la situación y podremos evitar muchas de las dificultades con los inmigrantes que ya están surgiendo. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. McCartin por establecer una comparación entre la Unión Europea y el Imperio Romano. 
Tal comparación lleva felizmente a la Comisión a ocupar el lugar del Senado, y eleva al Sr. Prodi a la posición de emperador romano. 
Señor Presidente, el informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario que se le presenta hoy es el décimosexto informe en este ámbito. 
Con él se accede a la solicitud que el Parlamento formuló en su resolución del 9 de febrero de 1983. 
En dicho informe la Comisión hace el balance anual del control de la aplicación del Derecho comunitario. 
Ello constituye una de sus tareas fundamentales. 
La Comisión se esfuerza continuamente por mejorar el ritmo y la eficacia así como la transparencia de sus métodos de trabajo en este terreno. 
El informe que la Sra. Grossetête, a quien deseo expresar mi gratitud, ha elaborado para la Comisión de Asuntos Jurídicos contiene numerosas conclusiones al respecto y aporta diversas recomendaciones. 
Con su permiso quisiera comentar algunos puntos importantes. 
En primer lugar quiero expresar en nombre de la Comisión mi aprecio por el hecho de que el Parlamento haya acogido tan favorablemente las reformas que acaban de implantarse en relación con la tramitación de las quejas presentadas por los ciudadanos. 
Además, la Comisión observa con satisfacción que en el informe presentado a usted se subraya explícitamente que sus servicios se empeñan en garantizar una mejor formación en Derecho comunitario de los juristas de los Estados miembros. 
Quisiera señalar que en el informe se insta a la Comisión a que se esfuerce aún más por aumentar la transparencia de la investigación acerca de los expedientes de infracción. 
Le puedo asegurar que proseguiremos e intensificaremos este esfuerzo dondequiera que fuera posible, es decir, respetando las disposiciones de los Tratados y, en determinados casos, las restricciones que de ahí se derivan, sobre todo en lo que a la confidencialidad se refiere. 
Por lo demás, creo poder afirmar que el creciente número de comunicados de prensa que ha publicado la Comisión, 334 en 1998, refiriéndose cada uno de ellos a más de un asunto, demuestra que la Comisión está dispuesta a garantizar una transparencia que va mucho más allá del natural e imprescindible deseo de información del demandante con respecto a la posterior tramitación de su queja. 
La publicación de un comunicado de prensa se ha convertido en un acto rutinario cuando la Comisión decide emitir una opinión motivada a un Estado miembro o cuando se propone recurrir al Tribunal de Justicia. 
Desde este punto de vista las recientes iniciativas de la Comisión en el ámbito de la información al ciudadano, como "Europa directo", también garantizan una mayor transparencia. 
En el trato con las partes demandantes los servicios de la Comisión prestan en todo momento especial atención al respeto de la confidencialidad. 
La confidencialidad de la identidad del demandante constituye siempre el punto de partida, a menos que éste pida explícitamente que se dé a conocer su nombre. 
En lo que se refiere a la tramitación de las quejas presentadas ante la Comisión quiero asegurarle una vez más que la Comisión no tiene ninguna intención de concederles menos importancia. 
Insisto en ello porque varios de los miembros de su Parlamento aquí presentes han llamado la atención sobre este punto. 
Del décimosexto informe se desprende claramente que estas quejas son imprescindibles para los servicios de la Comisión con vistas a la detección de infracciones. 
En este terreno la Comisión persigue una doble finalidad. 
En primer lugar, pretende abreviar el período de investigación en ocasiones aún excesivamente largo de los expedientes. 
En segundo término, se propone facilitar el acceso a la justicia nacional del ciudadano europeo, puesto que es la única forma de justicia susceptible de reparar el daño sufrido por los ciudadanos. 
Es en esta perspectiva donde las medidas que la Comisión ha comunicado recientemente al Parlamento en el marco del resumen de los avances obtenidos en el ámbito de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia adquieren su verdadero sentido. 
La Comisión se afana por reducir el número de infracciones en el origen de las mismas, razón por la cual mejora continuamente sus procedimientos en materia de control de la aplicación del Derecho comunitario. 
Hay diversos tipos de medidas que pueden contribuir a ese fin. 
En primer lugar es preciso mejorar el procedimiento relativo a las cuestiones prejudiciales previsto en el artículo 234 del Tratado CE. 
En este contexto la Comisión ya ha formulado propuestas concretas en el marco de su contribución a la Conferencia Intergubernamental. 
Con la modificación del artículo 234 del Tratado que acabo de citar se pretende lo siguiente. 
En primer lugar, se trata de responsabilizar al juez nacional puesto que es el juez que está llamado a aplicar el Derecho comunitario. 
En segundo término, se pretende instar a las instancias judiciales nacionales que no administran justicia en última instancia a que en caso de una referencia prejudicial expongan los motivos por los cuales ponen en duda la interpretación de la normativa comunitaria. 
En tercer lugar, se trata de obligar a cada instancia judicial nacional a recurrir al Tribunal de Justicia cuando ésta se propone no aplicar un texto legal comunitario por juzgarlo improcedente. 
Por lo demás, la Comisión aspira a una aplicación más eficaz de la normativa comunitaria en los Estados miembros mediante un control más sistemático de las medidas de transposición de las directivas comunitarias. 
Además, al mantener contactos más fluidos con las autoridades nacionales, la Comisión estará en mejores condiciones para detectar y detener las infracciones lo antes posible, en una fase temprana. 
Me quedan por hacer dos observaciones. 
Con respecto a la posibilidad de incluir en el informe la aplicación del segundo y del tercer pilar reitero que en el marco de estos pilares no disponemos de ningún instrumento comparable con los procedimientos de infracción definidos en el artículo 226 del Tratado CE. 
En lo que a los acuerdos internacionales se refiere conviene puntualizar que éstos caen en el ámbito de aplicación del informe anual cuando se plantea un problema de infracción. 
Por último, la Comisión se alegra de contar con el apoyo del Parlamento para la realización de este complejo cometido que es el control de la aplicación del Derecho comunitario. 
Ateniéndose siempre a los Tratados, la Comisión sopesará las posibilidades de mejora en el marco de un proceso continuo de análisis y perfeccionamiento de los procedimientos de infracción. 
Señor Presidente, lamento que la Sra. Palacio se haya marchado, pero yo tengo que intervenir en favor de las conclusiones de la Comisión de Peticiones. 
En mi intervención, por respeto a mis colegas, hablé de los duendes, pero los pobres duendes no tienen la culpa. 
La Sra. Palacio dejó bien claro que no había ninguna intención por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos de recoger las conclusiones de la Comisión de Peticiones. 
La prueba de que esas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad es que están firmadas por el presidente de la Comisión de Peticiones, otro miembro de la Comisión de Peticiones del Partido Popular Europeo, dos miembros del Grupo Socialista y yo misma como ponente de opinión. 
A mí me parece que en un informe sobre el cumplimiento del Derecho comunitario es imprescindible que figuren las conclusiones de la Comisión de Peticiones, puesto que esta comisión colabora y contribuye muchísimo a que los Estados miembros lleven a cabo la aplicación del Derecho comunitario. 
Por eso pido que se vote a favor de las enmiendas 2 y 3. 
Señor Presidente, no quisiera que hubiese un problema entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la Comisión de Peticiones. 
No obstante, lo esencial de lo que ha dicho la Comisión de Peticiones figura en el texto del informe que yo redacté. 
No estamos de acuerdo con sus enmiendas, la Sra. Palacio lo explicó, sencillamente porque no deben figurar allí. 
Si examina el informe en detalle, se dará cuenta de que se ha incluido lo esencial de sus conclusiones. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, mi Grupo se abstuvo en la votación del informe Grossetête porque en medio de las consideraciones generales muy aceptables sobre la aplicación del Derecho comunitario, la resolución votada contiene un apartado que no podemos aceptar. 
Se trata del apartado 11 que pide a la Comisión, cito: "que se muestre menos reticente a utilizar el procedimiento de multa coercitiva, previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 228 del TCE". 
Este artículo prevé para el Tribunal de Justicia la posibilidad de imponer multas coercitivas o multas de un importe a veces demasiado alto a un país miembro que, por una determinada razón, no aplica como el Tribunal lo desea el Derecho comunitario. 
Sin embargo, consideramos que el problema jurídico no es tan sencillo y que es exagerado imponer a los Estados miembros tales penalidades. 
Efectivamente, pueden existir contradicciones entre el Derecho comunitario y el derecho nacional que son totalmente legítimas: por ejemplo, una contradicción que surge a raíz de una votación por mayoría cualificada en el Consejo- y ustedes saben que esas votaciones se multiplican- o una contradicción que aparecería entre una Constitución nacional y el Derecho comunitario, o bien, una contradicción entre el Derecho comunitario y una ley deliberadamente votada por el pueblo de un país miembro. 
Estas contradicciones son muy graves, no están resueltas y esa es la razón por la que consideramos totalmente discutible la existencia de este artículo 228 introducido por el Tratado de Maastricht. 
Quisiera recordar en especial, que Francia podría recibir actualmente multas coercitivas muy altas en el caso de la ley de 1998, por ejemplo, sobre los períodos de caza que contradicen el Derecho comunitario, o en el caso del embargo sobre la carne de bovino británica, o incluso sobre el conflicto que está generándose, señor Presidente, sobre la patentabilidad de los genes humanos que autoriza una directiva europea que contradice a la ley francesa. 
Es por ello que no podemos de ninguna manera aceptar este informe. 
Es una cuestión de respeto a la soberanía nacional. 
Me congratulo por la aprobación en sesión plenaria en Estrasburgo de la propuesta de resolución contenida en el informe, establecido en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario en 1998 de la que soy ponente. 
El Parlamento Europeo envía de este modo una señal positiva al ciudadano europeo que tiene derecho a esperar un buen nivel de protección de la parte del Derecho comunitario. 
Nuestra Asamblea ha demostrado así su vigilancia ante las dificultades de aplicación que existen en varios Estados miembros y en numerosos ámbitos de actividad. 
Ha recordado la importancia del procedimiento de incumplimiento, que no debe ser objeto de una reforma de oportunidad de parte de la Comisión. 
Ha subrayado el lugar que ocupa la cuestión perjudicial en nuestro sistema europeo y la necesidad de intensificar en los Estados miembros la formación al Derecho comunitario. 
Si nadie piensa en negar la importancia de las peticiones, yo no deseo seguir las enmiendas presentadas por los miembros de la Comisión de Peticiones, y especialmente la solicitud de crear un "derecho administrativo europeo". 
Es preciso tener en cuenta el estado actual de la construcción europea y el principio de subsidiariedad. 
No obstante, subrayo que se ha previsto pedir a la Comisión que intensifique sus relaciones con las administraciones nacionales, cuando exista un problema, para resolverlo desde donde se genera. 
El conjunto de la resolución así aprobada va en el sentido de una mejor transparencia y de una mejor eficacia en favor del ciudadano europeo. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento a principios del próximo período de sesiones, si no hay objeciones. 
Declaro interrumpida la sesión del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.00 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 16 de junio de 2000. 
Elogio póstumo 
Pierre Pflimlin fue un auténtico hombre de Estado. 
Su carrera pública empezó tras la guerra y le llevó a las funciones de Presidente del Consejo, Jefe de Gobierno, donde, en 1958, cuando Francia atravesaba uno de los períodos más difíciles de su historia, facilitó la transición con el general de Gaulle. 
Participó activamente en la redacción de la Constitución de la Quinta República y se convirtió en ministro de Estado, cargo que ocupó hasta 1962. 
Pierre Pflimlin era uno de esos Europeos históricos que, desde el final de la guerra, como diputado, ministro y militante político, luchó siempre para construir una Europa fuerte y reunificada. 
Era Alsaciano y nativo de Estrasburgo, amigo y compañero de Robert Schuman, uno de los que más activamente promovían la reconciliación entre Francia y Alemania y un símbolo fuerte de la amistad franco-alemana. 
Como comentó al obispo de Estrasburgo, creía que esta reconciliación por la que tanto había trabajado, era un verdadero milagro. 
Sabía sin embargo que este milagro no era fruto del azar, sino más bien de una voluntad de compromiso que se construyó y apoyó sobre objetivos comunes e instituciones eficaces. 
Desde 1959, Pierre Pflimlin ocupó un escaño en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, de la que fue después presidente durante tres años, a partir de 1963. 
Por la misma época, fue miembro del Parlamento europeo y siguió siéndolo desde 1962 hasta 1967, antes de volver, con ocasión de la primera elección por sufragio universal, en 1979. 
Le eligieron primer vicepresidente en 1982 y presidió nuestra Asamblea desde 1984 hasta 1987. 
Durante su presidencia, el Parlamento europeo se impuso como una presencia ineludible, sobre todo en el ámbito presupuestario. 
Su fama creció tanto en Europa como en el extranjero, puesto que Pierre Pflimlin tuvo el privilegio de recibir en el Parlamento Europeo al Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, entre otros. 
Apoyándose en el proyecto de Tratado sobre la Unión Europea de Altiero Spinelli, promovió enérgicamente la reforma de los tratados gracias al Acta única europea, aunque denunció que no bastaba teniendo en cuenta los poderes insuficientes que se dieron al Parlamento Europeo. 
Gracias a su amistosa complicidad con el Presidente Jacques Delors, animará al Parlamento a aprovecharla al máximo preconizando encuentros tripartitas con el Consejo y la Comisión, una forma de conciliación antes de tiempo. 
Porque Pierre Pflimlin también era un hombre dialogante. 
La firmeza de sus opiniones no le impedía ser respetuoso con la opinión de sus adversarios políticos, y siempre hacía que el interés de Europa fuese prioritario frente a las consideraciones de orden ideológico. 
Estrasburgo, la ciudad de la que fue alcalde durante veinticuatro años, fue para él el símbolo de esta apertura, el símbolo visible de la reconciliación franco-alemana y un símbolo de confianza y de esperanza en el futuro de Europa. 
Así fue como se dedicó enérgica y sinceramente a dar un nuevo empuje a la ciudad y a otorgarle un rango de capital europea, creando las infraestructuras inmobiliarias y desarrollando una verdadera política de acogida. 
Pierre Pflimlin dejó el Parlamento Europeo en 1989, pero siguió siendo para muchos Europeos, y sobre todo para los jóvenes, una referencia de autoridad, una voz que provocaba entusiasmo, para recordar la finalidad política de la construcción europea. 
El Presidente Pflimlin nos impresionó hasta le final por el vigor y la claridad de su mensaje, que sigue estando de gran actualidad para nosotros. 
En vuestro nombre, reitero nuestro más sincero pésame a la familia de Pierre Pflimlin, y más especialmente a su hija, que asiste en este momento a nuestra sesión. 
Fue durante la presidencia de Pierre Pflimlin, en 1986, cuando se adoptaron la bandera y el himno como emblemas de la Unión Europea. 
De modo que si están de acuerdo, en memoria del Presidente Pflimlin, les ruego que acepten escuchar el himno europeo. 
(La Asamblea, en pie, escucha el himno europeo) 
Comunicación de la Presidenta 
Hace algunos días, queridos colegas, 58 inmigrantes clandestinos murieron trágicamente en un camión en la frontera británica. 
Ocurrió el 18 de junio pasado. 
Esta dramática desaparición de hombres y mujeres, que, como los dos jóvenes Guineanos muertos el verano pasado en el tren de aterrizaje de un avión europeo, fundaban todas sus esperanzas en Europa, sólo puede suscitarnos las emociones más intensas. 
Creo que todos nosotros nos hemos sentido indignados por este drama, y estoy convencida de que estamos todos de acuerdo en que la Unión Europea intensifique su lucha contra este esclavismo de nuestros tiempos. 
Tenemos que utilizar todos los medios para desmantelar esta filial de la muerte. 
La respuesta de la Unión Europea debe de ser inmediata, incluir una verdadera política común de la inmigración así como una nueva definición de las relaciones entre el Norte y el Sur, que requieren ante todo apoyar el desarrollo económico y permitir el acceso al saber. 
El Tratado de Ámsterdam entró en vigor hace un año, y el Consejo Europeo de Tampere tuvo lugar hace seis meses. 
Por lo tanto las bases jurídicas ya están disponibles, pero una verdadera voluntad política es necesaria. 
Ahora hay que pasar a la acción. 
Es la razón por la cual la presidencia del Consejo y la Comisión Europea tratarán de esta cuestión ante el Parlamento Europeo, a petición de ustedes, mañana por la tarde. 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, es para una cuestión de orden. 
Tengo aquí una información publicada en el periódico británico The Independent referente a un encuentro que parece haber tenido lugar entre usted y Su Majestad la Reina Isabel II. Según esta información, a la salida de la reunión usted informó a la prensa sobre las opiniones políticas de Su Majestad. 
Esto ha causado cierta preocupación y malestar en los círculos políticos en el Reino Unido, porque, como estoy seguro de que usted sabrá, el protocolo de tales encuentros indica que son de naturaleza privada y que no deben ser comentados. 
Me gustaría darle esta oportunidad de explicarnos cual entendió usted que era el protocolo de ese encuentro, y quizás también de aclarar lo que le dijo a la prensa después del mismo. 
Queridos colegas, puedo tranquilizarles totalmente, no he hecho ninguna conferencia de prensa al salir de mi visita a su majestad la Reina. 
Sin embargo, puedo decirle que el euro estuvo en el centro de todas mis conversaciones con las autoridades con las que me reuní y que todas manifestaron un gran interés por este tema. 
Estoy absolutamente dispuesta a contarles toda mi visita el Reino Unido, porque, desgraciadamente, hubo otros aspectos que en mi opinión la prensa británica no consideró, y sobre todo la visita que insistí en hacer a una granja británica para cumplir una promesa que hice. 
Y al respecto debo decirles que creo que el buey británico que probé estaba buenísimo. 
Señora Presidenta, lamentablemente, ayer por la tarde con ocasión de la final europea del partido de fútbol entre Francia e Italia, algunos minusválidos- el tema es sumamente serio, Señorías- en el momento en que entraban en el estadio de Rotterdam, fueron cacheados y sometidos a una serie de humillaciones por parte de los servicios de seguridad, una situación que luego provocó la intervención de algunos cámaras italianos que filmaron la manera en que fueron maltratados dichos minusválidos. 
Resultado final: un gran número de periodistas fue agredido y golpeado por la policía, como demuestran las imágenes transmitidas por todas las televisiones; algunos de ellos fueron detenidos sólo porque cumplían con su deber. 
Creo que la policía de Rotterdam no actuó cumpliendo órdenes superiores, antes bien estoy convencido de que el Gobierno neerlandés y los máximos responsables del orden público neerlandés no secundarán las iniciativas de la policía, aunque no cabe duda de que el trato deparado a algunos minusválidos europeos, ciudadanos italianos y, por lo tanto, europeos, y a algunos periodistas italianos que cumplían legalmente su deber de informar, debe ser censurado firmemente tanto por este Parlamento como por las Instituciones europeas. 
Señora Presidenta, me permito añadir otra denuncia sobre un asunto que usted ha seguido con gran atención, es decir, la condena de trece ciudadanos iraníes de religión judía, condenados a penas corporales hace unos días. 
Por suerte no fueron condenados a muerte quizás gracias también a las gestiones directas de este Parlamento que estuvo vigilante para que en Irán se celebrara un juicio justo. 
Al principio del tercer milenio los tribunales continúan imponiendo penas corporales a condenados al final de juicios más o menos regulares, cosa que no me parece digna de la democracia y de la civilización del tercer milenio. 
Creo que imponer latigazos a un condenado, sea cual sea el delito que haya cometido, es una pena brutal. 
Por esto vuelvo a invitar al Parlamento, al Consejo y a la Comisión a estar vigilantes con objeto de que esta minoría de judíos iraníes no tenga que sufrir otras vejaciones con ocasión del juicio de segundo grado, porque ya hay alguien que se regodea con la condena de ciudadanos judíos. 
Creo que el antisemitismo debe desaparecer de la historia de la Unión Europea y de la historia del mundo, porque son demasiados los dolores y los sufrimientos que ha padecido el pueblo judío. 
Gracias, señor Tajani. 
En lo que se refiere a la primera parte de su intervención, es evidente que se trata en efecto de un incidente realmente alarmante, y voy a ver cuales son los medios más apropiados para informar a las autoridades de los Países Bajos de su legítima protesta. 
En lo que se refiere a la segunda cuestión, con respecto a la condena de los Judíos de Irán, comparto totalmente su análisis de la situación. 
Convendría quizás que escribiese al Presidente de la República de Irán para pedir que se indultase a estos trece condenados. 
Pero sólo lo haré si el Tribunal de Apelación confirma la condena. 
Veo que están de acuerdo con esta propuesta. 
Se lo agradezco. 
Señora Presidenta, quiero en primer lugar darle las gracias porque, en esta fase previa, compruebo que cada vez que planteamos algún asunto usted lo tiene en cuenta y le da curso escrupulosamente. Por lo tanto, deseo agradecerle su trabajo. 
En cuanto a los incidentes de Rotterdam, desde luego me sumo a la denuncia aquí formulada por el Sr. Tajani: en efecto, fueron hechos graves que no creíamos posibles contra personas discapacitadas, así como contra la libertad de prensa de los periodistas que fueron detenidos sin motivo durante horas. 
A este respecto, anuncio nuestra propuesta, que vamos a explicar más adelante, de incluir un punto relacionado con estos incidentes en el debate de los problemas de urgencia que tratará los fenómenos de gamberrismo en el deporte. De este modo el Parlamento tendrá la posibilidad de expresarse ponderada y seriamente al respecto. 
A este fin, invito a sus Señorías a que apoyen este punto cuando votemos los problemas de urgencia, ya que así tendremos la posibilidad de que nuestro Parlamento se exprese tal como es nuestro deber. 
. Señora Presidenta, en vista de que se ha puesto en cuestión específicamente la política de los Países Bajos, he de manifestar mi protesta por el hecho de que se meta en un mismo saco las acciones contra los judíos y los castigos corporales y una inspección normal de la policía neerlandesa que, a petición de algunos espectadores inválidos italianos que presenciaban el encuentro, intentó expulsar a equipos de la televisión italiana. 
Como no tuvo éxito, la policía detuvo efectivamente a estas personas. 
Además, he de decir que el Primer Ministro de los Países Bajos y todos los demás presentes apreciaron de modo extraordinario el modo en que la policía neerlandesa, junto con la policía de los Estados miembros que estaban presentes, protegió el orden público. 
Pienso que esta calumnia es totalmente injustificada, por más que yo, al igual que muchos otros, hubiéramos concedido gustosos a Italia el triunfo. 
Señora Presidenta, al contrario que el primer orador yo quisiera pedirle que manifestase de manera muy clara e inequívoca su opinión y nuestra opinión sobre el siguiente punto: el viernes se ha presentado al Parlamento yugoslavo una ley, -denominada ley antiterrorista- que va dirigida, sobre todo, contra la juventud del país, la cual se está movilizando cada vez más contra Milosevic. 
Esta ley no ha sido aprobada todavía. 
Yo le pediría, señora Presidenta, y también, naturalmente, al Consejo y a la Comisión, que pusieran todo lo que esté de su parte para impedir que semejante ley sea aprobada. 
No sé si podremos influir sobre las autoridades y el Parlamento yugoslavos, pero la juventud de Yugoslavia debe saber que estamos de su parte. 
Señor Swoboda, tomo nota gustosa de su declaración y de su deseo. 
Señora Presidenta, yo no presencie el incidente que afectó a los minusválidos o personas con discapacidad que acudieron al estadio ayer, ni la presunta riña con los periodistas italianos. 
Sin embargo, estuve en Rotterdam durante todo el día de ayer, desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche y estuve en la final. 
Felicito a los aficionados franceses, italianos, holandeses y a todos los demás que viajaron a través de toda Europa para presenciar esa final. 
También quisiera transmitir mi felicitación a la policía holandesa por la forma en que se comporto, así como a los ciudadanos de Rótterdam. 
Fue una jornada estupenda la que se vivió en Rotterdam y fue uno de los mejores partidos de fútbol a los que jamás he asistido. 
Fue uno de los mejores ambientes que jamás haya experimentado en una final de la Copa. 
En cuanto al punto aludido por el Sr. Helmer, ¿Le preguntaría si quisiera sumarse a mi felicitación a Su Majestad la Reina Isabel II por apoyar el EURO? 
Yo también estuve en Rotterdam con el ánimo de total imparcialidad como requiere mi función de Presidenta del Parlamento Europeo y puedo confirmar que el ambiente era exactamente tal y como usted lo ha descrito. 
Dicho esto, vamos sin embargo a comprobar el incidente señalado por el Sr. Tajani y la Sra. Napoletano. 
Cuenten conmigo para hacerlo con el tacto necesario. 
Creo que hay que hacerlo, porque se trataba de minusválidos, lo que hace que el incidente sea aún más grave. 
Señora Presidenta, quisiera llamar su atención sobre las elecciones de ayer en México. 
Allí ha cambiado de manos el poder. 
En México ha sido elegido un nuevo Presidente, un nuevo Congreso y un nuevo Senado. 
La llamada revolución institucional, que ha durado setenta años, acaba de finalizar. 
Le rogaría que usted transmita nuestras felicitaciones al nuevo Presidente. 
Seguro que todos podemos alegrarnos de este cambio de poder, puesto que ninguna revolución puede durar setenta años. 
Señora Presidenta, creo que falta un comentario sobre el partido de fútbol entre Italia y Francia. 
La razón de que todo saliera tan bien fue la dirección sueca y danesa del encuentro por lo que pienso que debemos mostrar nuestro agradecimiento al árbitro y a los jueces de línea por el gran trabajo realizado. 
Gracias, señor Blak. 
Los árbitros, como de hecho los dos equipos, eran excelentes. 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día se procede el examen del proyecto definitivo de orden del día tal y como e estableció en la Conferencia de Presidentes, de conformidad con el artículo 110 del reglamento. 
Del jueves: Tratándose del jueves y del debate sobre los problemas de actualidad, urgentes y de la mayor importancia, tengo varias propuestas de modificación. 
En primer lugar, y en lo que se refiere al punto número 1, "Islas Fidji Salomon", el Grupo de los Socialistas Europeos pide que se elimine. 
Señora Presidenta, estimados colegas, hace tres meses se produjo un golpe de estado en las islas Fidji. 
En este golpe se tomaron rehenes y toda la prensa y todo el mundo político adoptaron una posición al respecto. 
Entretanto, todo ha pasado, ha habido negociaciones, los rehenes están libres y el golpe de estado hace tiempo que se acabó. 
Me pregunto qué tiene que decir todavía con urgencia el Parlamento Europeo. 
En mi opinión, esto vulnera el correspondiente artículo 50 y el anexo III de nuestro Reglamento. 
Por esta razón, solicitamos que se borre este punto de la lista de asuntos urgentes. 
Señora Presidenta, tampoco se trata aquí del contenido de una solicitud de resolución, sino de nuestro Reglamento. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad Común y Política de Defensa hemos intentado lograr- y hago un llamamiento a los colegas que han realizado este intento- que estas cuestiones tan importantes no sean tratadas en el marco de las cuestiones de urgencia, es decir, deseamos garantizar un tratamiento serio bien a través de la comisión, bien por la vía de una pregunta oral bien a través de una declaración del Consejo. 
Aquí se trata del Tibet. 
Sabemos cuán importante es esta cuestión. 
Yo elaboré personalmente en 1992 un informe sobre el Tibet. 
Este Parlamento aprobó casi por unanimidad la correspondiente propuesta de resolución. 
Ahora bien, el 15 de abril aprobamos por unanimidad aquí, en este Parlamento, una propuesta de resolución sobre el Tibet y ahora estamos repitiendo lo que dijimos el 15 de abril, quizá con esta o aquella cuestión de detalle. 
Creo que no contribuye nada a que este Parlamento sea tomado en serio que tratemos constantemente los mismos temas. 
Por esta razón solicitamos que se suprima este punto. 
Señora Presidenta, Tibet es un asunto que está en nuestra agenda año tras año y otra vez de nuevo, y desde ese punto de vista entiendo la puntualización que mi distinguido colega acaba de hacer. 
Hemos adoptado resoluciones sobre este tema una y otra vez. 
Se trata de un país ilegalmente ocupado por China y cuyo pueblo está siendo oprimido por ese régimen. 
Se trata de un asunto urgente porque en los últimos meses hemos podido ver como el gobierno chino tomaba una serie de medidas destinadas a desplazar población a la región del Tibet y a explotar los recursos naturales allí existentes. 
En un principio el Banco Mundial, Alemania, los Estados Unidos y el Reino Unido apoyaron tales medidas. 
Ahora que se ha comenzado a ejercer presión en contra, Alemania y los Estados Unidos han retirado su apoyo. 
El Banco Mundial está retirando su apoyo pero aún no lo ha admitido públicamente. 
Es urgente que ejerzamos presión sobre ellos para que retiren su apoyo a tales medidas de forma que este parlamento pueda defender al pueblo del Tibet, defender la democracia, defender el que se ponga fin a lo que es un acto ilegal según el Derecho Internacional. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
Todavía con respecto a los problemas de actualidad, para el punto "Derechos humanos", recibí, en lo que se refiere al subpunto "Hooligans", tres propuestas para sustituir este punto: una propuesta del Grupo de los Verdes, que quiere sustituir este punto por un nuevo subpunto llamado "Incidentes racistas en Alemania y asesinato de Alberto Adriano", una propuesta del Grupo de los Socialistas Europeos, que quiere sustituir este subpunto por un subpunto "Incidentes en el estadio de Rotterdam", y una propuesta del Grupo Liberal, que quiere sustituir este subpunto por un subpunto "Profanación del más antiguo cementerio judío de Praga". 
Vamos a examinar estas propuestas una tras otra. 
Señora Presidenta, pienso que, como se ha comprobado a menudo, con respecto a los problemas de urgencia, no se trata de estar más o menos de acuerdo entre nosotros en tratar un asunto u otro, sino que la cuestión estriba en cómo tratarlo y, a veces, algunos de nosotros consideran más oportuno que determinados debates o determinadas resoluciones se aborden en un contexto, digamos, más apropiado. 
En este caso, por el contrario, según los términos del Reglamento, nos encontramos precisamente en el ámbito de los problemas de urgencia, pues se trata de un incidente que ocurrió ayer y, por lo tanto, pienso que el Parlamento, al debatir los problemas de urgencia, recoja en cierto modo el sentido de lo que está previsto en el Reglamento, esto es, debatir asuntos de actualidad. 
En mi opinión, haciéndolo daremos curso al asunto que hemos debatido antes y respecto del cual usted misma, señora Presidenta, se ha erigido en portavoz de manera coherente; estamos reunidos y podemos hacerlo y vamos a demostrar también a todos esos países sobre los cuales con frecuencia no nos pronunciamos que no tenemos reticencias cuando surgen problemas que requieren profundizar asuntos como la discriminación de las personas minusválidas o las trabas al trabajo de los periodistas y que no somos reticentes a la hora de profundizar estos temas, incluso cuando afectan a nuestra Comunidad. 
Pienso que los colegas neerlandeses de todos los Grupos políticos no tendrán problema a la hora de ir hasta el fondo del asunto, también porque todos nosotros estamos convencidos de que no hubo ninguna voluntad política en lo sucedido, pero precisamente por esto hay que impedir estos hechos, y nosotros podemos hacerlo. 
. Señora Presidenta, me parece lógico, teniendo en cuenta lo que ha dicho usted acerca de informarse con discreción sobre el incidente, que no entremos en un debate para adoptar una resolución de urgencia sobre la base de rumores. 
Me parece obvio que debemos esperar los resultados de su carta. 
(El Parlamento rechaza la propuesta del Grupo de los Socialistas Europeos) 
Señora Presidenta, quiero hacer una propuesta y preguntar a sus Señorías- si quiere puede someterla a votación- si en esta resolución que se elaborará sobre el problema de los hooligans podremos tratar también los incidentes y los sucesos ocurridos en el estadio de Rotterdam. 
Pienso que es posible hacerlo y que, si tomamos una decisión en este sentido, se podrá otorgar mandato a los negociadores para que los tengan en cuenta. 
Creo que es razonable, de lo contrario, se trataría de una verdadera reticencia, cosa que yo no comprendería en absoluto. 
Señora Napoletano, no creo que deba someter a votación esta propuesta. 
Todo el mundo ha oído esta sugerencia. 
Cuando se redacten las resoluciones, todos podrán ver y recordar sus palabras. 
Y por último la tercera propuesta, del Grupo Liberal, que quiere sustituir el subpunto "Hooligans" por un nuevo subpunto llamado "Profanación del más antiguo cementerio judío de Praga". 
. Señora Presidenta, nuestro Grupo indudablemente considera más indicado que dediquemos nuestra atención a los asuntos de Praga y Checoslovaquia y no a los hooligans, porque durante la construcción de un aparcamiento subterráneo en Praga se han profanado los cimientos del viejo cementerio judío. 
Se han desenterrado las tumbas y se ha profanado el cementerio sin el menor signo de respeto. Pese a las promesas de la administración checa de encontrar un sitio alternativo para el aparcamiento subterráneo a fin de proteger por el momento el cementerio como monumento histórico y pese a las protestas de diferentes embajadas, los trabajos han continuado. 
Nuestro Grupo opina que es preciso decir claramente a los países candidatos a la adhesión, como la República Checa, que la Unión Europea insiste en que los derechos fundamentales como la libertad de culto y de creencias deben respetarse. 
Pienso que es un buen momento para que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el tema. 
(El Parlamento rechaza la propuesta del Grupo Liberal) 
Señora Presidenta, acabamos de decidir mantener en el Orden del Día la moción sobre el hooliganismo para ser debatida entre las cuestiones urgentes y de actualidad. 
Me gustaría hacer una petición particular al servicio de traducción así como a todos aquellos que intervengan en relación con esa moción: uno de los equipos de fútbol con los que se ha asociado cierto hooliganismo ha sido el equipo de Inglaterra. 
El Estado Miembro que tiene responsabilidad sobre esa cuestión es el Reino Unido. 
Pero es muy importante en esta materia hacer una distinción entre Gran Bretaña- como Estado que tiene la responsabilidad de conjunto- y una de sus partes, es decir Inglaterra. 
Esto es particularmente importante dada la intención manifiesta de la Asociación Escocesa de Fútbol de presentar su candidatura para organizar la Copa de Europa siguiente a la próxima. 
He recibido una petición del Grupo de los Socialistas Europeos para eliminar el subpunto Irak. 
Señora Presidenta, en efecto, el 7 de julio tendrá lugar una conferencia internacional sobre el asunto "Colombia" que reunirá a los países donantes en el marco del plan de ayuda a este país, que también se llama "plan Marshall". 
De momento, hay dos estrategias diferentes en lo que se refiere a esta ayuda: una estrategia de origen americano, que quiere reforzar la represión. 
La otra, una estrategia europea, quiere más bien intentar hacer cambios culturales, lo que resulta un método preventivo y sería, en nuestra opinión, una mejor solución y política alternativa. 
En todo caso, nos parece importante que, a falta de pocos días para esta conferencia, el Parlamento europeo de su opinión al respecto. 
Señora Presidenta, apreciados colegas, quema el sombrero, se dice en Austria. 
Pero, lamentablemente, no hay tiempo para este chiste. 
En Temelin se va a poner en marcha la central atómica antes de lo acordado y antes de lo esperado y la prueba de compatibilidad con el medio ambiente se va a hacer en algún momento después de que se introduzcan los elementos de fusión. 
En realidad, esto no tiene sentido. Esto se hace también contra la voluntad del ministro checo de Medio Ambiente, contra una gran parte de la población checa y contra una solicitud urgente de los ministros alemán y austríaco de Medio Ambiente de recibir también una información detallada sobre las medidas de seguridad. 
Naturalmente, Chequia tiene todavía tiempo de trasponer plenamente el acquis communautaire, pero cabe dudar de que Chequia tenga ahora deseos de comenzar ya ahora a asumir estos puntos centrales de la política europea relativos a los ciudadanos y ciudadanas y al medio ambiente. 
No les voy a describir la preocupación de la población de los territorios vecinos. 
Podría ser que todo suceda ya en la próxima semana. 
Creo que el Parlamento Europeo se debería pronunciar también al respecto. 
Mi corazón está un tanto dividido. 
Soy austríaca y solicito también, naturalmente, como una europea procedente de los territorios lindantes, que se proceda conjuntamente en este punto. 
Señora Presidenta, es para una cuestión de orden. 
Este absurdo debate demuestra que sería bienvenido un informe Provan sobre las urgencias, porque hace una hora que el señor Primer Ministro de Portugal está esperando a que acabemos. 
Yo no entiendo cómo un Grupo político de esta cámara puede formular dos propuestas para reemplazar un punto del orden del día. 
No sé en qué artículo del Reglamento se basa. 
Si me lo pudiera explicar, señora Presidenta, se lo agradecería mucho. 
Señora Presidenta, señoras y señores, ésta es ciertamente la razón por la que hemos querido retirar algunos puntos. 
Hemos querido tener menos. 
Pero voy a ser breve. 
Ustedes saben que hay un observatorio en Viena. 
Hace algún tiempo ha habido algunos conflictos entre el Gobierno y la directora de este observatorio y también con el representante austríaco. 
Ahora parece que los conflictos están calmándose y que están volviendo a surgir unas relaciones mejores. 
No obstante, creo que esta Asamblea debe hacer un llamamiento a todos los gobiernos, al austríaco y a los demás gobiernos para que velen por el buen funcionamiento de este observatorio y para que lo apoyen también en su trabajo. 
Esta es la razón por la que quisiéramos añadir este punto. 
Consejo Europeo / Presidencia portuguesa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate común sobre el informe del Consejo Europeo y la Declaración de la Comisión relativa a la reunión del Consejo Europeo de Feira así como la Declaración de la presidencia en ejercicio del Consejo relativa a la presidencia portuguesa. 
Señora Presidenta, Señorías, me resulta particularmente significativo, al comienzo de esta intervención, poder asociar al Gobierno portugués con el homenaje rendido al Presidente Pflimlin y manifestar también por nuestra parte las más sinceras condolencias a la familia y a su pueblo. 
En nombre del Gobierno portugués y ahora que ya no ejercemos la Presidencia del Consejo de la Unión, quisiera agradecer con toda claridad la excepcional cooperación que durante estos seis meses ha existido siempre entre el Parlamento y el Consejo, cooperación que se debió al gran empeño de esta institución. 
Y quiero subrayar la contribución esencial hecha desde el comienzo por el Parlamento para que pudiéramos iniciar a tiempo la Conferencia Intergubernamental y que se prolongó hasta el último momento, durante la última conciliación, la de la Directiva-marco sobre la política del agua, que puede concluir con éxito gracias a la comprensión de sus Señorías. 
Al final de estos seis meses, creo que podemos decir con sencillez que hemos cumplido nuestra misión. 
Hemos cumplido nuestra misión en nombre de un ideal europeo y partiendo de la visión que tenemos del mundo de hoy y de sus problemas, un mundo políticamente no estructurado y, por ello, incapacitado para garantizar plenamente la paz, la estabilidad, los derechos humanos y la democracia en su seno, un mundo que se ha universalizado en cuanto a la economía y al mercado, pero que aún no ha sido capaz de regular ese mercado y esa economía mundiales, y un mundo, por otro lado, en el que a veces tenemos la sensación de que nosotros, los europeos, en algunos sectores esenciales del desarrollo tecnológico y de la evolución económica, marcamos el paso y vamos un poco rezagados respecto de otras zonas aparentemente más dinámicas en los últimos años. 
A eso se deben los elementos de la estrategia de estos seis meses. 
En primer lugar, el trabajo para crear las condiciones con vistas a hacer de la Unión Europea el espacio económico más dinámico y competitivo, basado en el conocimiento, en los diez próximos años y a escala mundial y haciéndolo con altos niveles de empleo, crecimiento económico y cohesión social. 
Segundo elemento de la estrategia, el fortalecimiento de nuestra unión política europea: a partir de nuestros valores universalistas, el fortalecimiento del papel de Europa como vértice que debe ser- así lo deseamos- de una nueva arquitectura de las relaciones internacionales, más multipolar, equilibrada y justa. 
Y, por último, como tercer elemento, la valorización de los ciudadanos, del espacio de ciudadanía europeo, porque, a fin de cuentas, siempre tiene sentido elaborar y aplicar cualquier estrategia en función de las personas. 
Hablemos entonces del primer vector que he mencionado: hacer de la Unión Europea el espacio económico basado en el conocimiento más dinámico y competitivo del mundo del próximo decenio. 
Ése fue el motivo esencial de la realización de la Cumbre de Lisboa, cuyos objetivos tuve ocasión de presentar en esta misma Asamblea. 
Y creo poder decir que se alcanzaron totalmente esos objetivos. 
Se formuló una estrategia que, en nuestra opinión, crea las condiciones que hacen posible un crecimiento sostenido en Europa de al menos el 3% y la consecución de una tasa de empleo que en diez años debe llegar al 70%, base esencial de sostenimiento de nuestros propios sistemas de protección social y que se apoya en cuatro pilares esenciales: preparar a la Unión Europea para la economía del conocimiento mediante instrumentos de acción en el plano de la sociedad de la información, la ciencia y la tecnología, la formación y la educación; realizar las reformas económicas indispensables para la competitividad y la innovación, ya sea mediante la profundización del proceso de reformas económicas necesarias para crear un mercado interior enteramente integrado o mediante las nuevas políticas de innovación y de empresa; en tercer lugar, afirmar el pilar de cohesión social, basado en el empleo, basado en la reforma para garantizar la sostenibilidad de nuestros modelos de protección social y en la lucha contra la exclusión; y, por último, cuarto pilar, coordinar las políticas macroeconómicas para garantizar simultáneamente la estabilidad que hemos alcanzado y que ha servido de base para el euro, con baja inflación, bajos déficit públicos, pero también un ambiente macroeconómico más favorable al crecimiento, al empleo, a la innovación y al espíritu empresarial. 
Esos cuatro elementos de la estrategia ya han dado resultados concretos. 
Y, gracias a la excelente labor de cooperación llevada a cabo junto con la Comisión, el Consejo Europeo de Santa María de Feira tuvo ya sobre la mesa el plan de acción para la sociedad de la información, el primer conjunto de decisiones sobre el Espacio Europeo de Ciencia, ciertos aspectos decisivos en la afirmación de nuestra política para las empresas (la Carta de las Pequeñas Empresas) , el programa plurianual, todo un conjunto de otras medidas previstas para la reforma de los mercados, en particular de los mercados financieros, la iniciativa 2000 del Banco Europeo de Inversiones en pro de la innovación, el espíritu empresarial y la sociedad de la información, los informes del Grupo de Alto Nivel sobre la sostenibilidad de nuestra protección social o sobre la lucha contra la exclusión social, que ya han propiciado la creación de un comité de protección social y su puesta en marcha y, por último, la iniciativa de la Comisión en materia de lucha contra la exclusión. 
Eso quiere decir que la estrategia de Lisboa no fue un momento, se está materializando de forma acelerada, por lo que debemos subrayar el papel extraordinariamente importante que la Comisión desempeña en este momento. 
Porque, además de una estrategia, formulamos un método abierto de coordinación que, por su gran extensión, va desde las políticas de la sociedad de la información, la ciencia, la educación, la formación y la lucha contra la pobreza hasta la empresa, la innovación, las reformas económicas, sino también y simultáneamente la revisión de nuestros esquemas y sistemas de protección social, empleo y preocupaciones esenciales, como la cohesión. 
En todos esos sectores formulamos un método abierto de coordinación con la posibilidad del establecimiento, en el nivel europeo, de líneas directrices con indicadores de benchmarking que en este momento se están seleccionando, junto con iniciativas nacionales que se pueden comparar y coordinar y con la capacidad, por tanto, para hacer converger políticas económicas y sociales en el nivel de la Unión, en una forma abierta de coordinación que corresponde a una innovación fundamental en el funcionamiento de la Unión. 
Y, además, porque está apoyada en una fuerte voluntad de dirección política en el más alto nivel en cuanto a las reformas económicas y sociales. 
A eso se debe la decisión adoptada de que todas las primaveras se celebre un Consejo Europeo en el que, partiendo de un conjunto de indicadores de cambio estructural seleccionados por la Comisión y en un informe de la propia Comisión, el Consejo Europeo pueda fijar todos los años las grandes prioridades en materia de política económica y social y con ello manifestar el mando político indispensable para la labor de todas las demás formaciones del Consejo y de los más diversos comités. 
A eso se ha sumado durante estos seis meses la entrada de Grecia en el euro y la decisión adoptada en el Consejo Europeo de Feira sobre el plan de medidas fiscales. 
No se trata de una decisión final, es sólo el principio del fin, pero un principio del fin que esperábamos desde hacía doce años y que era incomprensible en una Europa capaz de dotarse de un Mercado Único, con una moneda única que abarca ya a la mayoría de sus miembros, pero hasta ahora totalmente incapaz de un mínimo entendimiento en materia fiscal, componente esencial de cualquier sistema político y económico. 
Una Europa capaz de competir con cohesión, pero también una Europa políticamente más fuerte y unida. 
A ese respecto quisiera subrayar los pasos extraordinariamente importantes que se han dado con vistas a dar crédito a nuestra Política Europea Común de Seguridad y Defensa. 
Ya están en funcionamiento los comités interinos políticos y de seguridad y el comité interino militar. 
Está en funciones el staff militar. 
Los trabajos preparatorios permitirán una conferencia de creación de fuerzas en octubre. 
Se han formulado normas de coordinación entre la Unión Europea y la OTAN y formas de consulta institucionalizadas con los seis países europeos de la Unión Europea que son miembros de la OTAN y con un grupo de los quince países, del que forman parte todos los candidatos al ingreso de la Unión. 
Esas reformas permiten materializar todas las decisiones adoptadas en Helsinki, acompañadas, además, de la creación del Comité de gestión civil de crisis, que ha iniciado sus funciones, y de una programación también en el nivel de la gestión civil de crisis, cuya creación deseamos para los efectivos policiales a disposición de la Unión con el objetivo de que dispongamos de cinco mil agentes en 2003 y podamos movilizar a mil de ellos en el plazo de un mes. 
De modo que la Política Europea de Seguridad y Defensa es un pilar del crédito de nuestra unión política, que, naturalmente, requiere la reforma institucional inscrita en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental. 
Durante estos seis meses, el objetivo de la Presidencia del Consejo ha sido el de trabajar intensamente para que se puedan concluir los trabajos de la Conferencia antes del final del año, dado que es un instrumento indispensable para hacer viable la primera ampliación. 
A ese respecto, nos hemos dedicado sobre todo a un informe profundizado sobre los puntos que procedían de Ámsterdam y hemos tenido ocasión de introducir también en el orden del día las cooperaciones reforzadas, que, por fin, lograron el consenso de los Quince, para lo cual hemos trabajado intensamente y que consideramos un elemento de la mayor importancia para permitir profundizar en la integración europea en el marco de una Europa ampliada, pero heterogénea. 
Y es evidente que, simultáneamente, hay un debate esencial sobre el futuro de Europa. 
El objetivo de la Presidencia ha sido el de consagrar los trabajos de la CIG a la garantía de su éxito para permitir la ampliación, pero, naturalmente, ninguno de nosotros puede permanecer indiferente ante ese debate, tanto quienes pueden considerar- y hablo aquí estrictamente en mi calidad de portugués- que hay que perfeccionar nuestro modelo institucional sin modificarlo profundamente como quienes lleguen a desear (y probablemente yo estaría en contra al máximo) una deriva intergubernamental de la Unión Europea... 
... como quienes consideren que es necesario dar un nuevo salto refundador y avanzar claramente por la vía de un federalismo europeo. 
Por nuestra parte, siempre estaremos abiertos a ese debate, pero quisiera tan sólo señalar a la atención de este Parlamento un aspecto esencial: es el de que no hay ningún sistema federal en el mundo que pueda ser estrictamente político. 
Ningún poder político federal puede dispensar la existencia de un fuerte presupuesto federal y fuertes competencias en el nivel federal. 
(Aplausos) 
Y, por eso, un debate vago y abstracto en el plano institucional, sin medir enteramente las consecuencias financieras y fiscales de ese modelo federal es, a nuestro juicio, un debate en el vacío. 
Por nuestra parte estamos enteramente disponibles para ese debate, pero en todos sus componentes, porque sólo así nos parece que tiene sentido. 
Pero lo que la Presidencia del Consejo ha procurado hacer ya en estos seis meses en materia institucional ha sido centrarse en la creación de las condiciones posibles para la ampliación. 
Y la labor relativa a la ampliación ha experimentado una gran aceleración durante estos seis meses. 
Ha sido posible concluir 78 dossiers de negociación con los candidatos e iniciar otros 52 y conviene subrayar que, para iniciar un dossier de negociación, es necesario concertar una posición al respecto entre los quince Estados miembros. 
En este momento están iniciados todos los dossiers de negociación, exceptuados los asuntos institucionales y los asuntos diversos con todos los países del Grupo de Luxemburgo. 
E, incluso en relación con los países del Grupo de Helsinki, hay ya un número muy importante de dossiers iniciados y otros concluidos. 
Quiero subrayar aquí el papel extraordinariamente dinámico e importante de la Comisión respecto del ritmo acelerado de esta negociación. 
Evidentemente, en esta visión que tenemos del mundo y en el que deseamos que Europa constituya el vértice de una nueva arquitectura de relaciones internacionales más equilibrada y justa es muy importante mantener una relación exterior de la Unión extraordinariamente viva y actuante. 
Eso es lo que hemos procurado en íntima vinculación con la Comisión- y quiero saludar la presencia aquí del Vicepresidente Christopher Patten -, eso es lo que hemos procurado realizar durante estos seis meses. 
Dos novedades absolutas: la Cumbre Euroafricana y la Cumbre en el más alto nivel con la India, la democracia más populosa del mundo, que pasa a tener relaciones regulares en el más alto nivel con la Unión Europea, todo el trabajo que ha permitido la conclusión de la negociación para la renovación del Convenio de Lomé y para los acuerdos con México y con Sudáfrica, el inicio de las negociaciones con MERCOSUR y una intensa acción en los frentes euromediterráneo y del Oriente Medio, en los frentes relacionados con los países de Asia y del Pacífico, en la relación transatlántica, en la relación con Rusia y con otros países de la Europa central y oriental y con la propia Asia central y en la aprobación de una estrategia común para el Mediterráneo y de un plan de acción para la dimensión nórdica de la Unión Europea, dos aspectos que, desde mi punto de vista, casan perfectamente porque están vinculados con el sur y el norte de la Unión Europea, lo que revela que nuestra orientación no es unilateral, no sigue dirección geográfica alguna, sino que se basa en una aspiración verdaderamente universalista. 
Y, naturalmente, que en medio de todo eso ha estado siempre una preocupación permanente: los Balcanes. 
Preocupación acentuada cuando, al comienzo de nuestros trabajos, teníamos, además de la magnitud de los problemas que afrontábamos, el amargo sabor de quien sentía que la propia comunidad internacional estaba "balcanizada" en la forma de encarar los Balcanes. 
Y quiero rendir aquí un homenaje a la excelente labor de cooperación del Alto Representante Javier Solana y del Vicepresidente de la Comisión Christopher Patten, que han permitido que la Unión Europea no estuviera balcanizada, sino que, al contrario, actuase de forma coordinada e integrada en los Balcanes durante este período y se consiguiera articular el Pacto de Estabilidad, que por fin logró la aportación de los fondos necesarios para poder apoyar a los países y llevar a cabo una actuación coherente en relación con todo un conjunto de situaciones que son extraordinariamente complejas y que por falta de tiempo no voy a describir aquí. 
Sabemos que tenemos por delante mucho trabajo por hacer. 
Sabemos que tenemos obstáculos enormes que afrontar, comenzando por la inexistencia de un Estado democrático en Serbia, problema fulcral que hace que cualquier estrategia para los Balcanes sea una estrategia de gran dificultad de materialización. 
Pero también sabemos que nosotros, la Unión Europea, no estamos balcanizados y estamos actuando ahora de forma integrada. 
Quiero también agradecer al Parlamento las gestiones realizadas para solucionar el problema del apoyo financiero a Montenegro, condición que nos parecía esencial para enviar un mensaje muy claro a todos los que apuestan por la democracia en esa zona. 
Citemos también la problemática del espacio de ciudadanía, ciudadanía en el desarrollo del tercer pilar, a raíz de la Cumbre de Tampere, en el nivel de la estrategia contra la droga, de la dimensión exterior del tercer pilar (y se trata en este caso de cuestiones de la mayor importancia, como, en particular, la de la inmigración, pilar fundamental del desarrollo de nuestra relación con el exterior y de nuestro propio análisis de nuestras sociedades en los próximos años) , pero permítanme que subraye la labor en curso sobre la Carta de Derechos Fundamentales, dado que dicha Carta representa un momento esencial de afirmación de la ciudadanía europea, una ciudadanía que quisiera que todos viéramos a la luz del "siglo de las luces". 
Es decir, de los valores de la racionalidad política contra todas las formas de populismo político, nacionalismo exacerbado, fundamentalismo religioso o manifestaciones de xenofobia o racismo. 
A esa luz tiene sentido el surgimiento de una ciudadanía europea, en esa línea tiene sentido afirmar el proyecto civilizacional europeo. 
Termino, señora Presidenta, deseando al Presidente Jacques Chirac, que mañana estará- supongo- en este Parlamento, así como al Gobierno francés, los mayores éxitos en la labor de dirección del Consejo durante los próximos seis meses y le ofrezco desde ahora mismo la mejor cooperación por parte del Gobierno portugués. 
(Aplausos) 
Cedo la palabra al Sr. Patten, en nombre de la Comisión. 
Señor Primer Ministro, como diputado que fue, ha de comprender que en un Parlamento debemos centrar nuestro debate en las cuestiones políticas. 
En relación con su discurso hay al menos dos cuestiones que quisiera abordar. 
En primer lugar, me sorprende que haya criticado lo que ha llamado "una deriva intergubernamental", porque, si algo ha sucedido durante los seis últimos meses de la Presidencia portuguesa, ha sido un fortalecimiento del Consejo en detrimento de la Comisión y del Parlamento, también manifestado, por lo demás, en sus palabras cuando, al describir la Cumbre del Empleo, ha dicho que "ha demostrado una fuerte voluntad de dirección política de la Unión" y ha manifestado que, efectivamente, la entiende como una dirección del Consejo en detrimento de las demás instituciones. 
Y, por eso, conviene, de hecho, confrontar las palabras y las intenciones con la realidad. 
Y, si pasamos a la cuestión más incómoda de los seis últimos meses, la que comprendo que no le agrade debatir aquí, la cuestión austríaca, en ella vemos hasta qué punto se ha producido la deriva intergubernamental en los últimos meses. 
Porque en la cuestión austríaca hay algo muy peligroso para el futuro de la Unión; por lo demás, el atolladero en que quedó en el Consejo de Feira muestra exactamente por qué motivo es peligrosa. 
En primer lugar, porque substituyó el principio de colegialidad en las decisiones de la Unión por el fortalecimiento del bilateralismo entre Gobiernos. 
Si hay alguien que nunca debería haber aparecido como portavoz de los Catorce era el Primer Ministro como Presidente de la Unión Europea. 
Nunca, en ninguna circunstancia, debería haber aparecido el Primer Ministro como portavoz, aun cuando considerara que Portugal debía adherirse a las sanciones. 
Al hacerlo, trasladó inevitablemente la cuestión de Austria al interior de la Unión Europea. 
Es evidente que, desde el punto de vista institucional, si no se resuelve rápidamente esa cuestión, va a enconar las relaciones internas de la Unión Europea. 
Y debo decirle que todos comprendemos que, para no perder la cara, ya está negociado un principio de resolución. 
Y es un indicio de franqueza esencialmente de los catorce países que adoptaron una iniciativa política y no saben cómo salir de ella. 
En la política contemporánea, la tendencia a entregar a expertos, a especialistas, a jueces, las decisiones políticas demuestra la fragilidad de los políticos. 
Las sanciones comenzaron con una medida política, tendría que haber habido el valor para ponerles fin por decisión de las mismas personas que las iniciaron, cosa que se debería haber hecho en Feira. 
En relación con la Conferencia Intergubernamental, dispongo, por desgracia, de muy poco tiempo, pero permítaseme decir que también hay tendencias peligrosas en curso. 
No estoy en contra de las cooperaciones reforzadas, pero debe quedar bien claro que las cooperaciones reforzadas corresponden a la esfera de las políticas sectoriales y no a la esfera institucional y política de la Unión. 
En caso contrario, tendremos con el tiempo dos Uniones Europeas- una de primera y otra de segunda- y eso acabará con lo que ha sido el motor de la Unión Europea y de la Comunidad Europea desde la segunda guerra mundial. 
Por eso, las cooperaciones reforzadas no deben servir para introducir una Europa de dos velocidades, sino permitir a quien quiera hacerlo avanzar más deprisa en el plano de las políticas sectoriales, pero no en el de las instituciones, so pena de que dividamos la Unión. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, ante todo deseo hacer mías las palabras que ha pronunciado nuestra Presidenta como elogio fúnebre por el Presidente Pfimlin, que aparte de ser un predecesor mío y un gran amigo, fue quien acogió a los diputados españoles y portugueses cuando llegamos a esta Cámara, precisamente porque habíamos construido en nuestros países una comunidad de valores que ahora estamos tratando de reforzar. 
Creo que esto es algo fundamental porque el señor Primer Ministro de Portugal, precisamente en estos meses, ha dado muestras de firmeza en relación con la defensa de esos valores comunes. 
El Primer Ministro Guterres ha hecho un cumplido al Parlamento cuando ha hablado de nuestras buenas relaciones en este semestre. 
Yo quiero devolverle ese cumplido porque, en mis años de experiencia en esta casa, no había visto nunca a un Primer Ministro que hubiera venido tres veces durante su Presidencia, y él lo ha hecho. 
Hay una cuestión de estilo en la que creo que la Presidencia portuguesa ha dado un paso importante. 
Y no se trata solamente de que haya venido, sino de que en dos cuestiones fundamentales para el Parlamento nos ha ayudado positivamente y ha mostrado su sensibilidad política. 
Me refiero al Estatuto de los Diputados, donde la Presidencia portuguesa ha continuado el trabajo iniciado por la Presidencia finlandesa, y al estatuto de los partidos políticos. 
Indudablemente el gran momento de la Presidencia portuguesa ha sido la Cumbre de Lisboa, y además me alegro de que lo haya señalado el Primer Ministro Guterres cuando ha hablado de la sociedad del conocimiento, porque ahí es donde creo que está la clave de la inversión de futuro de la Unión Europea. 
En relación con la cumbre de Lisboa yo querría señalar la importancia que da mi Grupo al triángulo formado por el empleo, la cohesión social y la competitividad, que es absolutamente clave para nosotros, y que forma parte ya no solamente de los planes de la Presidencia portuguesa sino también de nuestras políticas, y que ha sido reforzado en Feira. 
Querría subrayar la importancia que tiene el acuerdo que se ha producido en el terreno fiscal, porque la Unión Europea no puede avanzar en el terreno social si continuamos con un creciente divorcio entre las rentas de trabajo y las rentas de capital. 
Ahí no se puede alegar el secreto bancario. 
Para poder progresar de una manera seria y con justicia social, es muy importante que demos el paso de tratar conjuntamente todas estas rentas y diría más, creo que es un buen primer paso en relación con el proceso de globalización. 
Otro punto fundamental es el avance en la Conferencia Intergubernamental. 
La Presidencia portuguesa la ha iniciado, la ha llevado adelante hasta Feira, ha dado una respuesta positiva al planteamiento del Parlamento Europeo de ampliar la agenda, no solamente en relación con nuestras peticiones sino con los mismos compromisos del Consejo. 
Y quiero señalar en primer lugar, en relación con la Carta de Derechos Fundamentales, que, aunque todavía no se haya producido su inclusión, sí se ha dado un paso importante en esa dirección. 
Y hay algo más, y en esto no creo que el Presidente Guterres vaya a criticar a su Secretario de Estado: la semana pasada coincidimos en sendos artículos, el Secretario de Estado, a título personal, y yo mismo, diciendo que el método con el que se está haciendo la convención, es decir, una participación activa de parlamentarios europeos y nacionales, de representantes de los gobiernos y de la Comisión, es mucho mejor que las Conferencias Intergubernamentales a puerta cerrada. 
Espero que esa opinión personal del Sr. Seixas da Costa pueda ser refrendada por el Presidente del Consejo saliente, porque creo que sería muy positivo. 
En segundo lugar, en relación con ese debate sobre federalismo y constitución que afortunadamente ha sacado el tema europeo de su atonía, yo quiero señalar que no es un debate académico ni ex novo, que se tiene que hacer respetando y partiendo del equilibrio institucional actual. 
Estoy de acuerdo con el desafío que ha formulado el Presidente Guterres cuando ha dicho que hay que hablar de federalismo en todos los terrenos. 
De acuerdo. 
El problema es que tenemos federalismo monetario, pero no tenemos todavía federalismo económico, cuando hay que defender el euro y hay que defenderlo seriamente. 
Señora Presidenta, una última observación en relación con una decisión importante que ha tomado la Presidencia portuguesa en el terreno bilateral con trece gobiernos. 
Creo que la Presidencia portuguesa actuó con seriedad y con prudencia cuando planteó la decisión de los catorce. 
Tengo que decir que el Parlamento Europeo y la Comisión están en la misma línea desde el mes de febrero y no se puede acusar a la Presidencia portuguesa cuando defiende nuestra comunidad de valores ante una decisión de un partido político de asociar en su gobierno a otro partido cuya ideología y cuyo credo están absolutamente en las antípodas de nuestros valores comunes. 
Yo creo que la Presidencia portuguesa ha dado pruebas de paciencia, de perseverancia y de defensa de nuestros valores comunes. 
. Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en nombre del Grupo liberal me sumo al emotivo homenaje dedicado al Presidente Pflimlin y quiero también felicitar cordialmente a Portugal por su Presidencia. 
En los diferentes ámbitos de la integración europea, en los últimos seis meses ha realizado verdaderamente un trabajo muy digno de encomio. 
A este respecto me refiero a las actividades realizadas en el marco de la CIG. 
Para los liberales es de importancia fundamental que se produzcan más reformas institucionales antes de la ampliación de la Unión. 
Y en particular quiero subrayar que las votaciones con mayoría cualificada en el Consejo y el procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo deben ampliarse, si queremos conseguir una Unión Europea más eficiente, más democrática, más abierta y más grande. 
Además, los liberales se alegran de que se haya encontrado una solución en forma de un acuerdo sobre el intercambio de información para la fiscalidad de los ingresos procedentes de los ahorros. Esta medida puede ser un inicio de una mejor combinación fiscal dentro de la Unión. 
El mayor mérito quizá hayan sido las decisiones tomadas con respecto a una introducción más generalizada de la tecnología moderna, la promoción del comercio electrónico y la realización de una sociedad del conocimiento como medios de crear más empleo. 
Por ello, son bienvenidas las decisiones del Consejo de desarrollar un sistema de mejores prácticas para desarrollar la gestión pública. 
En lo que respecta a las relaciones exteriores, el Grupo liberal se ha dedicado a la preparación de una cumbre entre la Unión Europea y los países democráticos más desarrollados de los Balcanes occidentales. 
Quizá la política de la UE debe ser más transparente en cuanto al apoyo del proceso de estabilización en curso. 
Por último quiero hacer dos comentarios. 
Como belga, me alegro especialmente de los avances realizados en materia de seguridad de los alimentos y de la prometida constitución de una autoridad alimentaria central para finales de este año. 
Como miembro del Parlamento Europeo quiero hacer hincapié en el problema del estatuto único de los europarlamentarios. 
A mi juicio, durante la próxima Presidencia francesa puede y debe llegarse a un acuerdo sobre el tema. 
Señora Presidenta, mi Grupo reconoce también la cooperación de la Presidencia portuguesa con el Parlamento Europeo y le da las gracias por ello. 
Sin embargo, en lo que respecta a los resultados de la cumbre de Feira, somos esencialmente más escépticos. 
En las últimas semanas ha estallado entre los gobiernos de los Estados miembros una discusión sobre el futuro de Europa, incluso sobre un proceso constitucional. 
A pesar de todo, la preparación de la conferencia se configura en crasa oposición a esta competición entre visiones. 
Incluso parece que la evocación de perspectivas más amplias por parte de algunos ministros pretende ocultar en verdad la incapacidad del Consejo Europeo para resolver las tareas que él mismo se ha propuesto. 
Desde Maastricht el Consejo Europeo va aplazando los problemas, las tareas que se había impuesto y las reformas necesarias. 
Muchas de estas cosas quedaron ya sin resolver en Ámsterdam. 
Entretanto la confianza de las personas en la UE ha alcanzado una cota muy baja. 
En la Europa oriental está creciendo la irritación sobre la actitud titubeante de la UE. 
En parte, las verdaderas iniciativas- el Parlamento las ha señalado desde hace años en todas sus resoluciones- ni siquiera son discutidas en la preparación de la conferencia intergubernamental. 
La iniciativa más importante es quizá la constitución y desarrollo de una democracia europea, la eliminación del déficit democrático. 
En Feira no hemos visto ningún acuerdo acerca de la asunción de la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado, una de las máximas expectativas de las personas de Europa. 
Ni siquiera se ha hablado de un método nuevo para la conferencia intergubernamental que viene pidiendo una y otra vez este Parlamento. 
Creo que el Consejo Europeo tiene una plena ocasión de practicar el régimen dominante en lugar de una futura constitución, de reflexionar acerca del método altamente insuficiente de la actual conferencia intergubernamental. 
No se ha estructurado, no se ha puesto en marcha un proceso constitucional, apenas hay ideas concretas al respecto. 
El control parlamentario, el control judicial del segundo y del tercer pilar, queda sin responder al igual que el estatuto de los partidos europeos, etc. 
Tampoco se ha creado hasta ahora una perspectiva concreta para el segundo reto, la creación de una dimensión social de la integración europea. 
Creo que todo esto tiene graves consecuencias para la aceptación interna en la UE y también para las expectativas que nos plantean los países de la Europa oriental. 
Se dispone aún de algunos meses de tiempo, pero la velocidad, la seriedad y el calado de los trabajos han de aumentar de manera más sustancial que hasta ahora. 
Señora Presidenta, señor Primer Ministro, el Consejo de Feira no aportó novedades de gran importancia, fue repetitivo incluso respecto de algunas políticas fundamentales, sin que se modificaran las más gravosas. 
Y por eso mismo fue decepcionante. 
Como era previsible, los asuntos principales, de la ampliación a la CIG, pasando por la Carta de Derechos Fundamentales, pasaron en gran medida a la Cumbre de Niza. 
Ésa fue la razón, desde luego, por la que resultó necesario inventar un acuerdo de fijación de calendario de última hora en torno al plan de medidas fiscales, que, al final, se limita a lo inesencial, a remitir a otro acuerdo a algunos años de distancia y, además, aún subordinado a su dudosa aceptación por terceros países, los actuales paraísos fiscales precisamente. 
Así, no es de extrañar que este acuerdo virtual haya sido particularmente aplaudido por los que nunca desearon un mayor equilibrio entre las legislaciones de los capitales y del trabajo y que siempre se han opuesto a realizar acción alguna conjunta contra esos paraísos fiscales, la evasión y los fraudes fiscales o los traslados de empresas. 
Pero, en contrapartida, y en nombre de la conclusión del Mercado Interior y de la continuidad de la Cumbre extraordinaria de Lisboa, se vieron nuevas presiones con vistas a la aceleración de los procesos de liberalización y desreglamentación del mercado laboral. 
Y, al ser aprobadas las grandes orientaciones de las políticas económicas para 2000, se aceptó el fortalecimiento y la anticipación de limitaciones derivadas del Pacto de Estabilidad, lo que hace prever nuevos y mayores problemas, en particular en la esfera social. 
Así, se comprende la importante manifestación que el movimiento sindical promovió con ocasión del Consejo de Feira, que, por las varias decenas de millares de participantes con los que contó, se transformó indudablemente en uno de los factores más destacados de esa Cumbre. 
Pero en otra esfera existen también motivos de inquietud: me refiero a la revisión de los Tratados. 
Es cierto que se ha transferido casi todo a la Presidencia francesa, como también lo es que lo más importante en esa esfera ocurrió fuera del marco institucional normal, en cumbres bilaterales, en conferencias y declaraciones diversas. 
Pero, aun así, en esa esfera no puede pasar inadvertido que el Consejo de Feira no sólo inscribió en el orden del día, sino que, además, pasó a hablar de "cooperación reforzada" en singular. 
Si ya abrigamos profundas reservas en cuanto a las hasta ahora llamadas "cooperaciones reforzadas", teniendo en cuenta su profunda y ya indisimulable connotación con la creación de un núcleo duro, una vanguardia o un grupo pionero y, por tanto, con una Europa de varias velocidades encabezada por un directorio político, la adopción de esa nueva formulación, por ser sin duda mucho más reveladora de semejantes propósitos, refuerza esas dudas y suscita en nosotros la más profunda aprensión en cuanto al tipo de construcción europea por la que algunos apuestan fuerte. 
Y lo peor es que otros parecen ir distraídos... 
Una nota final de desaprobación merece también la tendencia clara a la militarización de la Unión Europea, evidenciada claramente por la creación de capacidades militares propias en clara asociación con la OTAN. 
Seguimos pensando que la OSCE sigue siendo el marco más adecuado para el desarrollo del sistema de seguridad para la Unión Europea. 
Como también pensamos que la prevención y el tratamiento civil de las crisis debe prevalecer sobre cualquier intención intervencionista. 
Señora Presidenta, señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quisiera empezar por un punto que en mi opinión, el Sr. Patten ha hecho bien en subrayar: la cuestión india. 
Quisiera felicitar de todo corazón a la Presidencia portuguesa por haber llevado a buen puerto esta iniciativa que creo que es muy importante aunque, una vez más y desgraciadamente, la prensa no la ha tenido en cuenta. 
Es importante, porque, como lo dijo el Sr. Patten, India es una democracia, la mayor del mundo, es un país en el corazón de Asia, en el corazón de un continente que, en los albores del nuevo milenio, me parece ser el gran peligro del nuevo siglo, mucho más que las cuestiones que se han tratado hoy, y me refiero a Austria. 
Tenemos que afrontar la cuestión de China. 
China está tan próxima a nosotros como lo estaban los regímenes totalitarios antes de la Segunda Guerra mundial. 
Y sin embargo hacemos como si no pasase nada, seguimos tratando con China de forma prioritaria. 
Tenemos que hacer uso de todo el poder del que disponemos para apoyar a India y para hacer comprender a China que los chinos son perfectamente merecedores de la democracia. 
En cuanto a la cuestión de la deriva intergubernamental, señor Guterres, creo que es evidente y que no sólo depende de la personalidad del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi. 
Creo que nuestro Parlamento también tiene una importante responsabilidad en el debilitamiento de este órgano central de la construcción europea, pero creo que el Consejo sigue acentuando esta deriva y que es urgente cambiar el rumbo y devolver la Comisión al centro de la construcción comunitaria. 
Creo que en materia de política extranjera, porque también ha hablado usted de la política de defensa, no progresamos en absoluto en dirección de una construcción comunitaria. 
Todo, absolutamente todo, es intergubernamental. 
No conseguimos entender cual es nuestra capacidad de intervención en lo que se refiere al alto representante de la política extranjera y de seguridad común. 
No podemos hacer preguntas al Sr. Solana. 
No sabemos de que asuntos se ocupa. 
No tenemos ninguna capacidad de intervención como Parlamento Europeo. 
No sabemos lo que ustedes, el Consejo, le han pedido que haga. 
Creo que, si las cosas no se han envenenado más aún, o si sigue habiendo alguna cortesía, si sigue existiendo cierta armonía aparente, sólo se debe a las dos personalidades que ocupan los puestos centrales en materia de política extranjera: el comisario Patten y el Sr. Solana. 
Creo que, en cualquier otra situación, el equilibrio entre las instituciones ya se habría roto. 
Mi opinión es que no podemos evitar, durante esta conferencia intergubernamental, empezar a concebir y a otorgarnos una agenda sobre una reforma de la Unión que prevea una comunitarización progresiva de la política extranjera y de seguridad común. 
Es imposible seguir agravando la deriva en el sentido opuesto. 
No podemos concebir una política extranjera sin que la Comisión, un vicepresidente de la Comisión, la gestione a medio plazo, del mismo modo que creo que sería peligroso olvidar, aunque algunos de mis colegas se vuelvan algo amnésicos al respecto en la plenaria, la cuestión de la representación de cada país en el seno de la Comisión. 
Creo que sería prematuro, y creo que Portugal no puede volverse insensible al respecto, decía que sería prematuro hoy tener un número de comisarios inferior al número de Estados miembros. 
Creo que el único medio que pueda permitirnos dar ese salto y desnacionalizar la Comisión consiste en elegir por sufragio universal al Presidente de la Comisión. 
Creo que los países que no son grandes, por llamarlos de algún modo, deberían estudiar esta propuesta. 
Espero que Portugal se preocupe de ello, pero sé que en otros países miembros, como Bélgica, Luxemburgo, y otros más, hablan de ello. Porque creo que es una cuestión urgente y que sería mucho más importante empezar a considerar la cuestión del check and balance entre nuestras instituciones antes que llegar a derivas que pueden parar y estancar cualquier progreso posterior cuando se habla de constitución o de carta de los derechos fundamentales, sin ni siquiera tener una base jurídica para esta carta. 
Señor Presidente, en la UE los asuntos aparecen en el orden del día tan a menudo que resulta difícil decir cuándo comienzan las diversas líneas de evolución. 
La primacía del derecho comunitario puede fecharse en las sentencias de 1962 y 1964. 
El derecho de veto del Compromiso de Luxemburgo imperó desde 1966 hasta 1986. 
El paso a las decisiones por mayoría puede ser situado en el nuevo Reglamento del Consejo de Ministros de julio de 1987 y en las disposiciones mayoritarias del Acta Única para el mercado interior. 
La posibilidad de establecer una cooperación reforzada fue introducida por el Tratado de Ámsterdam, no obstante para ello es preciso que exista consenso y esta posibilidad nunca ha sido utilizada, salvo en determinados ámbitos donde ha existido acuerdo para ello, como por ejemplo, en lo referido a la UEM y a la Cooperación Schengen. 
Con la Cumbre de Feira, los países comunitarios reconocieron por primera vez la posibilidad de poner en marcha una cooperación reforzada sin que todos los países estuvieran de acuerdo. 
Feira introdujo esta cuestión en el orden del día de la Conferencia Gubernamental. 
Aún es demasiado pronto para decir si se acabará con una cláusula general o si se tratará de una modificación mínima, no obstante, se ha producido la primera ruptura abandonándose con ello el principio de la igualdad entre países. 
A partir de ahora, Alemania y Francia pueden marcar el paso aunque Gran Bretaña y otros países euroescépticos deseen llevar la cooperación en otra dirección. 
Formalmente las modificaciones de los Tratados seguirán exigiendo unanimidad, sin embargo, realmente se podrá consolidar rápidamente la cooperación sin esperar a los últimos. 
Para aquellos que desean una mayor integración, existen motivos de sobra para felicitar a la Presidencia portuguesa, sin embargo, nosotros, que queremos más democracia e igualdad entre los países, no tenemos nada que celebrar de la Cumbre celebrada en Feira. 
Además, pienso que deben levantarse las sanciones contra Austria- mejor hoy que mañana. 
Señor Presidente, consternado por la persistente condena de Austria por 14 Estados miembros de la Unión Europea, soy de la opinión de que no hay que enjuiciar definitivamente la conferencia de Feira en sus efectos totales. 
Sin duda, encontrarán todavía concreción algunos aspectos de tan diligentes y ambiciosos trabajos. 
Ha sido, ciertamente, una conferencia provisional o preparatoria, sin resultados satisfactorios en cuestiones esenciales y, por lo tanto, ha sido también decepcionante y sobre todo, carente de espectacularidad, exceptuando un punto que no figuraba en el orden del día, en concreto, Austria, y que consecuentemente resultó un tanto ingrato para la Presidencia. 
Sin embargo, lo que realmente ha quedado grabado es el desaprovechamiento de la ocasión de establecer relaciones normales en el seno de la Comunidad. 
Contra la voluntad mayoritaria del Parlamento, la Presidencia no logró en Feira ni en los días subsiguientes hacer expedito el camino de vuelta a la normalidad. 
La persistente humillación de Austria siguió tolerándose, como mínimo. 
Esta mácula quedará inherente a Feira. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Presidente del Consejo se ha dado a sí mismo una palmada en la espalda con su declaración de que la Presidencia portuguesa del Consejo ha cumplido su tarea, ni más ni menos. 
Puede que esto sea cierto, señor Primer Ministro Guterres, en lo que se refiere a las tareas de rutina. 
Pero la imagen de la Presidencia portuguesa del Consejo no va a estar determinada por el cumplimiento de las tareas de rutina, sino por dos acontecimientos: en primer lugar por el hecho de que usted, como Presidente del Consejo, prestó su mano a las sanciones contra Austria, y en segundo lugar, por la total ausencia de avances en la conferencia intergubernamental. 
¿Por qué tiene importancia esto? 
El juicio de la posteridad sobre nosotros, como una generación de políticos europeos, no estará determinado por lo que usted ha enumerado como lista de éxitos, sino que estará determinado por el hecho de si hemos logrado cumplir la tarea histórica de nuestro tiempo en la Unión, en concreto, la ampliación hacia el este, la reunificación de Europa después de un siglo de guerras civiles europeas. 
Para crear las condiciones para esto hemos de reformarnos nosotros mismos en la conferencia intergubernamental y en esto no ha habido hasta ahora ningún avance. 
Esto hay que decirlo. 
Está fuera de duda que este asunto es difícil: los propios países aspirantes a la adhesión deben hacer su aportación y nosotros, naturalmente, hemos de convertirnos en ampliables y no podemos plantear la ampliación en un contexto de condiciones relacionado con la conferencia intergubernamental. 
Sería fatal, en definitiva, que nuestra deficiente capacidad de reforma se convirtiera en el criterio de la ampliación. 
Por esta razón hemos de poner más energía en conseguir avances en este punto. 
Que el Presidente francés, por ejemplo, haya hecho la propuesta de elaborar una constitución europea y fundamentar una división de las competencias constituye un gran avance pues la división de las competencias crearía confianza para más decisiones en el Consejo, una de los grandes prerrequisitos para la capacidad de acción. 
El ejemplo de Austria es malo porque ustedes están dibujando una imagen de la Unión Europea que se inmiscuye en los asuntos internos de un país. 
Los ciudadanos europeos no desean una Unión Europea semejante y los estados candidatos a la adhesión tampoco la desean. 
Lamentablemente, esto ha sucedido bajo su Presidencia. 
Señor Presidente, señor Comisario Christopher Patten, señor Primer Ministro de Portugal, nadie se sorprenderá de que una mi voz a los que aquí han felicitado mayoritariamente al Primer Ministro por su excelente dirección del Consejo de la Unión Europea durante estos seis meses. 
Y lo hago por diferentes razones, que ya tuve oportunidad de expresar aquí a lo largo de estos seis meses más, sobre todo porque esta Presidencia, en nuestra opinión, ha dejado tres marcas importantes. 
En primer lugar, una nueva postura política; en segundo lugar, la apuesta por la construcción de una Europa con conciencia social que responda concretamente a los problemas de los europeos; y en tercer lugar la afirmación de un diálogo diferente basado en los valores universales europeos que han sido afirmados y aplicados durante estos seis meses. 
En primer lugar, una nueva postura política en la relación con este Parlamento. 
Mi compañero Barón Crespo ya ha tenido oportunidad de expresarlo aquí. 
Pero quiero contribuir con un ejemplo más, nunca está de más: el número de asuntos que se iniciaron en la codecisión y que se concluyeron durante estos seis meses de la Presidencia portuguesa. 
Y, sobre todo, el respeto con que la Presidencia portuguesa siempre ha considerado este Parlamento y que contribuirá sin lugar a dudas a una nueva postura de otras presidencias en la relación con esta institución. 
En segundo lugar, en la afirmación de los valores de civilización y en el respeto de la dignidad humana. 
Y vuelvo a la cuestión de Austria, señor Primer Ministro, para preguntarle y preguntarme: ¿qué actitud tendrían muchos de los que hoy critican a la Presidencia portuguesa por haber tenido el valor y la determinación de denunciar lo que es una posición xenófoba y fundamentalista, si los Catorce y la propia Presidencia portuguesa se remitieran al silencio? 
Nosotros preferimos elogiarla por el valor, nosotros preferimos elogiar a la Presidencia portuguesa por la determinación, por la osadía; otros tal vez prefieran elogiarla por el silencio, tal vez por la cobardía. 
Y nosotros consideramos que esa declaración fue importante no sólo para el interior de la Unión Europea, sino también para el exterior. 
Y hubo quien lo comprendió, porque el propio Gobierno austríaco, en el momento en que anunció su programa, insistió bastante en las cuestiones de defensa de los derechos fundamentales y sobre todo en su afirmación del proyecto de la Unión Europea. 
Pero quisiera enfocar otras cuestiones políticas relacionadas con la segunda marca, esa Europa de conciencia social a la que he tenido oportunidad de referirme, que mereció los elogios de mucha gente, en particular del Secretario General de la Conferencia Europea de Sindicatos, que también se manifestó en Oporto, pero que supo bastante bien hacer la diferenciación de lo que esta Presidencia ha sabido imprimir, al volver a poner en debate cuestiones como el pleno empleo, el programa social, una sociedad fiel a los valores del modelo social europeo y basada en la sociedad del conocimiento y la información, puntos que están hoy en el centro del programa político de la Unión Europea y no volverán a ser relegados como asuntos de segunda, de tercera o sólo de competencia de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Y este debate no deja de ser también motivo de interrogación: ¿por qué motivo muchos de los que hace tres meses criticaron a este Consejo porque, en su opinión, no había habido conclusiones substantivas, hoy critican a la Presidencia por exceso de intergubernamentalismo precisamente en la base del éxito de esas mismas conclusiones? 
Tercera y última marca: la afirmación de una nueva postura de Europa en el mundo. 
El Primer Ministro ya ha tenido oportunidad de referirse a México, Sudáfrica, a la Cumbre con la India. 
Y también a la Cumbre que se celebró entre la Unión Europea y África: fue un momento importante, en nuestra opinión, en el viraje para una nueva relación que debe existir entre la Unión Europea y África. 
La Unión Europea no puede continuar mirando a África con hipocresía. 
Y esa cumbre constituyó un momento importante en ese paso de página. 
Señor Primer Ministro, esas tres marcas hacen que saque aquí una conclusión y afirmé aquí un deseo. 
La conclusión de que la ambición europea no es patrimonio de grandes países, que el deseo y el apego a la construcción y a la felicidad de lo que fue el proyecto enunciado por sus fundadores es también patrimonio de quienes, incluso en zonas periféricas, incluso más pequeños desde el punto de vista territorial, tienen una ambición, tienen el orgullo de ser portugueses y simultáneamente europeos. 
Y el deseo, señor primer Ministro, de esas razones que motiva hoy nuestro orgullo no se acaben, no se apaguen con la Presidencia portuguesa, que podamos proseguir, como Estado miembro, en la construcción de ese proyecto, en la afirmación de esos valores y de una cultura que nos es propia, que merece nuestro respeto y sobre todo que merece nuestro trabajo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo de Ministros, la Presidencia portuguesa del Consejo se ha esforzado, ha conducido una Presidencia del Consejo muy comprometida, ha buscado el contacto estrecho con el Parlamento y por esto quisiera dar también las gracias al Gobierno portugués. 
Ahora bien, la otra cara de la medalla es el balance de la conferencia cumbre de Feira y éste es, desde mi punto de vista, más que decepcionante como balance de los quince. 
Quisiera comentar muy brevemente tres puntos: En primer lugar: en las conclusiones de la Presidencia se habla de enormes avances en relación con la conferencia intergubernamental. 
Debo decir que esto me resulta difícilmente comprensible, pues cada cual sabe, ciertamente, que en realidad la conferencia intergubernamental no se ha movido. 
Entretanto se han convocado conferencias de ministros complementarias y hoy se lee en la prensa alemana que en los círculos gubernamentales franceses no se descarta un fracaso en Niza. 
En segundo lugar: muchas iniciativas ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, así como el Parlamento Europeo y las Parlamentos nacionales demandan por gran mayoría que se incluya la Carta de Derechos Fundamentales en los Tratados. 
Pero en Feira no se ha producido nada al respecto. 
No ha habido un asentimiento claro a la obligatoriedad jurídica de la Carta de Derechos Fundamentales y quiero dar la razón a mi colega, el Sr. Voggenhuber, del Grupo de los Verdes: así no se podrá combatir el euroescepticismo en nuestros países. 
Las ciudadanas y los ciudadanos no desean más documentos biensonantes. 
En tercer y último lugar: sólo en el punto 52 manifestaron los Jefes de Estado y de Gobierno su consternación por la trágica muerte de los 58 refugiados en Dover. 
Señor Presidente, estoy consternada por el hecho de que sobre este terrible suceso no se le haya ocurrido al Consejo otra cosa que recrudecer la lucha contra la denominada criminalidad de los transportistas. 
No se ha dedicado siquiera un pensamiento para reflexionar acerca de la política de aislamiento de la UE y las consecuencias, en parte mortales, para las personas que sufren necesidad. 
Sin embargo, justamente esto es urgentemente necesario, en mi opinión, para que tragedias, como la de Dover, no se repitan. 
Lo que necesitamos es, precisamente, una vuelta a los criterios internacionales del Derecho de refugiados y que rija sin limitaciones la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. 
E este punto, es preciso realizar cambios drásticos en la política para que, precisamente, no se favorezca a quienes ganan dinero con el comercio de seres humanos. 
. Señor Presidente, con dos cumbres, primero en Lisboa y después en Feira, Portugal ha conseguido que la Presidencia sea un éxito. 
Haciendo balance, debo decir que en los meses pasados se ha llevado a cabo una intensa reflexión. No obstante, todo este trabajo intelectual ha tenido pocos resultados concretos. 
En primer lugar quiero mencionar el aplazamiento de la decisión sobre la Carta de derechos fundamentales. Su situación debería haber quedado clara durante la Presidencia portuguesa. 
Pero no ha sido así. 
Al final acabará tomándose una decisión precipitada durante la Presidencia francesa. Con ello será imposible efectuar un adecuado control democrático. 
También la toma de decisiones en el terreno de la PESC muestra la falta de unanimidad de los Estados miembros. 
Es cierto que se han creado una serie de comités interinos y se ha determinado la frecuencia con la que se realizarán determinadas concertaciones con terceros países, pero el objetivo de toda esta operación hasta ahora ha quedado confuso. 
Esto no quedará claro hasta que en la conferencia de capacidades del próximo año los Estados miembros hagan saber en qué medida quieren contribuir realmente a este proyecto arriesgado. 
Curioso orden de sucesión. 
Por lo general va antes la reflexión sobre los objetivos y la necesidad de encontrar los medios necesarios para ponerlos en práctica. 
La ambigüedad de las intenciones europeas se manifiesta más claramente en el anexo 2 de las Conclusiones de la Presidencia sobre las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN. 
Por un lado se propugna la autonomía de la toma de decisiones comunitaria, y al mismo tiempo se valora extraordinariamente el espíritu de la cooperación UE-OTAN. 
En resumen, después de todos estos años Europa todavía no sabe lo que quiere. A mi juicio no tiene sentido seguir construyendo el futuro con todo tipo de instituciones interesantes. 
La Presidencia portuguesa una vez más ha demostrado que ya es hora de definir con más claridad las tareas y competencias de Europa y los Estados nacionales. 
Señor Presidente, indignado igualmente por la persistente condena apresurada de Austria por 14 Estados miembros, soy de la opinión de que a pesar de las muchas palabras de elogio sobre la Presidencia portuguesa el hecho absurdo de las sanciones que se han acordado conjuntamente, aunque sean bilaterales, contra Austria va a pasar como una mala broma a la historia de la UE y, por ende, también, lamentablemente, a la historia de la Presidencia portuguesa. 
Una comunidad que se considera una comunidad de valores no puede terminar en el Bodensee. 
Efectivamente, el trabajo de la Presidencia sólo se hará creíble si todos los valores que defiende la Comunidad son vinculantes para todos los Estados miembros de la UE y no son utilizados caprichosamente y a conveniencia para la propaganda política de determinados políticos contra un gobierno de un Estado miembro de la UE, democráticamente elegido. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría sumar mi voz a todas aquellas que anteriormente han rendido homenaje a la memoria del Presidente Pflimlin. 
Uno de sus legados más duraderos es el convencimiento de la necesidad de mantener la fuerza de las tres instituciones políticas de la UE y el respeto mutuo entre ellas. 
Quizás resulte inevitable al discutir el final de la Presidencia portuguesa que, tras los recientes discursos de Berlín, nuestra memoria se centre más sobre la segunda mitad de la Conferencia Intergubernamental que sobre la primera, pero llegados a este punto, me gustaría dejar constancia de mi agradecimiento a la Presidencia portuguesa por su asiduidad a la hora de consultar al Parlamento tanto aquí en el plenario como en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Los discursos en Berlín del Ministro de Asuntos Exteriores Fischer, visionario y polémico, del Presidente Chirac, polémico pero nada visionario, así como el del Primer Ministro Blair, ni visionario ni polémico, y que amenazan con eclipsar la memoria de la Presidencia portuguesa, plantean ciertas cuestiones que la Presidencia portuguesa aún nos puede ayudar a resolver. 
En primer lugar, tengo entendido que el Primer Ministro Jospin ha manifestado que preferiría que no se llegase a ningún acuerdo en Niza en Diciembre antes que una reforma institucional que no fuese satisfactoria. 
¿Podría la Presidencia portuguesa confirmarnos que se ha trabajado lo suficiente como para garantizar el que se pueda llegar a un acuerdo en Diciembre? 
En segundo lugar, en cuanto a la ampliación. ¿Podría confirmarnos que sigue existiendo la voluntad política en el seno del Consejo de que los países candidatos, esta Asamblea y el público europeo puedan esperar que se anuncien fechas indicativas para la primera ola de ampliaciones? 
Se trata de algo que a la Comisión y a muchos en esta Asamblea nos gustaría ver. 
Mi última pregunta se refiere a la cooperación reforzada e incluiría al Comisario Patten, si es que es capaz de demostrar que no ha impuesto un juramento de silencio. 
¿Cabe pensar que el Consejo sigue otorgando importancia al juego democrático entre las tres instituciones y que la cooperación reforzada no llevaría inevitablemente a un mayor poder de decisión de una institución, el Consejo, en detrimento del Parlamento y de la Comisión y por tanto del pueblo europeo? 
Señor Presidente, siendo uno de los dos representantes del Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental, le debo mi agradecimiento a la Presidencia saliente, la Presidencia portuguesa, por su trato extraordinariamente respetuoso y por las excepcionales condiciones de colaboración que nos ha brindado. 
Espero y deseo que la Presidencia francesa mantenga el mismo rumbo. 
La Unión Europea se encuentra en la más crítica encrucijada de su historia. 
La decisión de Helsinki de avanzar hacia la gran ampliación plantea una cuestión existencial en torno el entramado institucional que pueda permitir el funcionamiento de la Unión Europea de los 27 estados. 
Desde luego no el actual. 
Comparto plenamente las acertadas observaciones del Sr. Seguro sobre los muchos éxitos de la Presidencia portuguesa. 
En Feira, sin embargo, la agenda de la Conferencia Intergubernamental, excepto en el asunto de la cooperación reforzada, apenas se ha enriquecido; básicamente se nutre de los vestigios de Ámsterdam. 
Esta posición de los dirigentes europeos resulta, en mi opinión, preocupante, y ello por la siguiente razón: se supone que esta Conferencia Intergubernamental se celebra para configurar los presupuestos institucionales de la ampliación. 
¿No formaba parte, sin embargo, de estos presupuestos el afianzamiento de la credibilidad de la Unión Europea? 
¿Y cómo se puede afianzar esa credibilidad sin Carta de los Derechos Fundamentales, sin un tratamiento legal radical de los comportamientos antidemocráticos de los estados, sin política exterior común, sin política de defensa, sin constitucionalización de los Tratados? 
Este hecho, si no se registran progresos antes de Niza, pone en un gran dilema al Parlamento Europeo en lo que respecta a la ratificación de la ampliación. 
Quisiera hacer dos observaciones al respecto: primero, el poder, que los Tratados nos otorgan, de ratificar o rechazar la ampliación lo consideramos responsabilidad histórica y no fuerza para imponer puntos de vista; segundo, nuestra decisión de ratificar o rechazar la ampliación, para ser históricamente responsable, tendrá que depender de que consideremos los cambios institucionales suficientes para que la Unión Europea pueda acoger a diez u once nuevos estados miembros. 
En las vísperas de Feira, y esto, claro, nos es casual, comenzó un diálogo extrainstitucional protagonizado por los ministros de Exteriores de Alemania y Francia. 
Un diálogo extraordinariamente interesante, con nuevas ideas y que en su conjunto refuerza sin duda el proyecto europeo, independientemente de en qué pueda estar cada cual de acuerdo o en desacuerdo. 
Un diálogo que, sin embargo, subvierte la lógica sobre la que trabaja hoy la Conferencia Intergubernamental y que hasta hoy no ha dejado de ser fundamentalmente un diálogo sólo entre Francia y Alemania. 
¿Acaso este diálogo extrainstitucional condicionó las conclusiones de Feira? 
¿Por eso fueron tan breves las conclusiones en lo que se refiere a los asuntos institucionales? 
¿Acaso lo acontecido en Feira, en conexión con el diálogo franco-alemán, significa que la Conferencia Intergubernamental en curso está ya superada antes siquiera de culminarse sus trabajos? 
Espero que no sea así. 
Es sintomático que Feira se limitase a incluir en la agenda la cooperación reforzada. 
De este modo adquiere la consideración de asunto urgente y crucial. 
Entiendo al respecto que se trata de una problemática ineludible para afrontar el futuro de la Unión Europea, y considero justa la voluntad de superar el peligro de bloqueo representado por el veto actualmente en vigor; pero pienso también que es necesario proteger la unidad institucional de la Unión Europea. 
El Sr. Brok y yo lo hemos señalado repetidamente en la Conferencia Intergubernamental. 
Me hago, sin embargo, una pregunta: ¿Hemos dejado claro a los países candidatos que el debate sobre la cooperación reforzada, por el momento, les atañe fundamentalmente a ellos, y que por esa razón nos apresuramos a completar las regulaciones antes de que ingresen nuevos miembros en la Unión Europea? 
El diálogo franco-alemán es meridianamente claro en su sentido cardinal, que no es otro que la constatación de la necesidad de las dos velocidades europeas. 
Feira, finalmente, se erige en Cumbre histórica, no tanto, a mi entender, por las cuestiones institucionales allí tratadas, cuanto, principalmente, por las no tratadas. 
Señor Presidente, la mía es una valoración crítica. 
El futuro de Europa concierne dos grandes cuestiones: la democracia y el trabajo. 
Democracia: la Conferencia Intergubernamental no resolverá, creo, la cuestión del llamado déficit democrático y la llamada cooperación reforzada no es suficiente por sí sola. 
Más democracia implica garantizar a los cargos electos por el pueblo plenos poderes legislativos y de iniciativa. 
Más democracia supone asimismo la independencia de Europa de los Estados Unidos y, por lo tanto, autonomía con respecto de la OTAN. 
Más democracia significa control político de la economía y de sus instituciones, empezando por el Banco Central y no viceversa. 
Trabajo: el plan de acción e-Europa puede servir para preparar a los ciudadanos para convertirse en consumidores de webs y, desde luego, no para crear puestos de trabajo. 
El compromiso con el empleo se ha inclinado de manera miope a favor del mercado. 
Está en curso un auténtico y absurdo proceso ideológico para sustituir el Estado por el mercado y, para nosotros los comunistas está claro que la Unión debe cambiar profundamente de rumbo. 
Señor Presidente, mi intervención es un poco extemporánea, pero es que he tenido que ir a hacer una comprobación, porque me he quedado confuso, y no sé si ha sido un problema de interpretación simultánea: hace poco he oído al Sr. Nassauer, del PPE, criticar vigorosamente a la Presidencia portuguesa, y sólo a la Presidencia portuguesa, por las sanciones a Austria. 
Ahora bien, el día 13 de febrero votamos en el Parlamento Europeo una resolución que fue objeto de votación nominal y conviene señalar que el Sr. Nassauer está registrado como uno de los diputados que votaron a favor de esa resolución. 
Por tanto, debe haber un equívoco: o de la interpretación simultánea o del registro de la votación. 
Agradecería que la Mesa nos informara para que nos aclarásemos. 
Señor Ribeiro e Castro, se va a aclarar el asunto. 
Como sabe su Señoría, sólo puedo permitir intervenciones que se basen en el Reglamento y en una interpretación incorrecta de él. 
De modo que no puedo seguir permitiendo su intervención. 
Además, lo dicho está y será útil y eficaz. 
Señor Presidente, es imposible rendir cuentas en 240 segundos de la acción benéfica del presidente Guterres y de todo su equipo para nuestra Unión. 
Por lo tanto debo limitarme a realizar algunas reflexiones tan breves como incompletas. 
Con gran acierto, Portugal colocó el crecimiento y el empleo en el centro del debate europeo. 
Para aprovechar plenamente la ventaja del mercado interior, es preciso en nuestra opinión reforzar el polo económico de la Unión. 
No me refiero a un gobierno económico, ya que un término así puede resultar confuso. 
¿Quién, por cierto, quisiera que le gobernasen ministros de economía únicamente? 
Pero Europa necesita una coordinación más eficaz de las políticas económicas nacionales, e igualmente frente a una política monetaria que se ha vuelto única e independiente. 
Los socialistas no quieren una política de coordinación económica contra el Banco Central, pero sí deseamos un diálogo constructivo entre los responsables de la política monetaria y los responsables de la políticas económicas nacionales, aunque cada uno debiera evidentemente preservar su independencia de acción y de decisión. 
Esta coordinación necesaria quiere maximizar las ventajas colectivas de una acción de política económica común. 
Se trata de establecer, dentro del Consejo Ecofin, y sobre todo en el seno del Consejo del euro, algunas sencillas reglas que estipularían por ejemplo que todos los ministros de economía deberían de dar explicaciones a sus colegas sobre las grandes líneas de su proyecto presupuestario, o de una reforma fiscal, o de cualquier otra acción nacional que pudiese afectar a la Unión en su conjunto. 
Tal coordinación, que llamaría discrecional, de la políticas económicas nacionales, permitiría orientar progresivamente las acciones nacionales hacia objetivos definidos en común. 
El desarrollo del mercado interior también requiere nuevas reglas, para garantizar los derechos de los trabajadores en caso de fusión o de absorción de empresas, para evitar deslocalizaciones a causa del dumping fiscal o social, para garantizar los servicios públicos básicos a toda la población, y sobre todo a los más débiles. 
Otra gran prioridad, y Portugal así lo entendió, consiste en reforzar los derechos sociales de los Europeos. 
Una economía más abierta, más flexible, precisa también una nueva seguridad para los empleados. Por ejemplo, el derecho a la formación continua. 
Cualquier propuesta de una mayor movilidad, mayor capacidad de adaptación, requiere como imprescindible complemento, una cobertura social sin fisuras en todo el territorio de la Unión, por ejemplo, en materia de transferencia de los derechos de jubilación. 
Los socialistas esperan de la nueva Presidencia francesa que el proyecto de agenda social avance rápidamente y que su contenido sea sustancial. 
Portugal ha hecho que la e-Europa avance. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación se encuentran hoy rodeadas de un aura de todas las virtudes. 
Todo parece posible: una comunicación sin fronteras, un acceso democrático a la información, a los intercambios y a la comunicación. 
Pero el sueño se enfrenta rápidamente a las realidades sociológicas y económicas. 
El increíble progreso de Internet en nuestras sociedades no debe hacernos olvidar que la ruptura numérica existe, que las diferencias entre los info-ricos y los info-pobres crecen en los países desarrollados, y sobre todo en el tercer mundo. 
Señor Presidente, tendría aún muchas cosas que decir, pero desgraciadamente mi turno de palabra se acaba. 
240 segundos son realmente muy pocos. 
Sin embargo quisiera subrayar que Portugal, que todo el equipo del Presidente Guterres, se ha hecho digno de la Unión y que Francia puede demostrar hoy que incluso un gran país puede conseguir una buena presidencia. 
. Señor Presidente, desde 1989 intento desde este Parlamento contribuir a crear un entorno mejor para las pequeñas y medianas empresas. 
Los primeros años visité con diferentes organizaciones cada nueva Presidencia para solicitar explícitamente un programa del Consejo destinado a la pequeña y mediana empresa. 
Siempre obtuvimos bellas declaraciones de intenciones y pocos hechos. 
Ahora el Consejo, bajo la Presidencia portuguesa, ha propuesto una Carta de derechos. 
Y me alegro de ello, pero, señor Presidente del Consejo, quisiera que usted, en su última intervención como Presidente, me garantice lo siguiente. 
En primer lugar, que la aplicación de la Carta sea y siga siendo un asunto de la competencia del Consejo. 
La enseñanza y la educación son elementos de solidaridad, como ustedes del Consejo no se cansan de repetir al Parlamento. 
Los empresarios que empiezan su actividad a mi juicio nunca han sido objeto de competencia de las instituciones europeas. 
Un entorno general, y la menor legislación europea posible. 
Pero, por ejemplo, la incorporación del derecho europeo en el nacional, incluida la cascada legislativa que se forma la mayoría de las veces, sí es objeto de su interés. 
La comparación de buenas prácticas es buena, pero una Unión Europea que base toda su política en un principio de moda como el benchmarking adolece de raquitismo político. 
Tomemos como ejemplo los Estados Unidos. 
El aprendizaje durante toda la vida. Es responsabilidad de los Estados miembros. 
Y pobres de nosotros si no conseguimos ponerlo en marcha rápidamente, habida cuenta del desarrollo demográfico actual. 
El acceso en línea para las empresas. Hay que ocuparse de informatizar las empresas, también en aquella parte del mundo empresarial que todavía no dispone de ordenador. 
El mercado interior y el acceso a él, ésta es una verdadera oportunidad para Europa. 
Pero a nivel interno los Estados miembros deben velar por que se garantice un acceso suficientemente fácil a los procedimientos de reclamación. 
Señor Presidente del Consejo, a menudo son los propios Estados miembros los que toman medidas que obstaculizan el mercado. 
Un asunto lamentable. 
Ejemplo de ello son las dificultades que encuentran los contratistas cuando quieren trabajar al otro lado de la frontera. 
El Parlamento hará un seguimiento crítico del Consejo y de la aplicación de esta Carta. 
Nos atenemos a su palabra y queremos que los hechos acompañen a esas palabras. 
Por otra parte, quisiera transmitir mis mejores deseos a nuestro antiguo colega Cravinho, de quien he sabido que está muy enfermo. 
Señor Presidente, el día 28 de junio tuvo lugar la primera cumbre de la UE con la mayor democracia del mundo y con la segunda potencia comercial de Asia. 
La India- lo ha comentado el Comisario Patten- que suele ser infravalorada con demasiada frecuencia, ha conseguido, por fin, la atención que merece gracias a su dinámica económica y política. 
Por una vez no se ha perdido el tiempo intercambiando amabilidades. 
Se han podido firmar acuerdos concretos. 
Que se siga eliminando el proteccionismo, que podamos proseguir con la liberalización no es importante solamente para nosotros, para la UE, el socio comercial más importante de la India,. 
La respuesta al proceso de reforma han de ser unas claras inversiones adicionales por parte de Europa. 
A mediados de abril nuestra Delegación para la ASACR, de la cual soy vicepresidente, tuvo ocasión de convencerse muy bien de los avances que han experimentado ya las reestructuraciones económicas. 
En la nueva economía- por ejemplo en la tecnología de la información- somos también el socio más importante. 
Sin embargo, sólo sacaremos provecho de los técnicos y del personal especializado, tan bien formados, cuando se concluya, por fin, una idea de la Green Card, que no ha sido pensada todavía en su totalidad. 
Una Green Card limitada en el tiempo no va a funcionar, en absoluto. 
Necesitamos la cooperación entre empresas europeas e indias. 
Entonces podrán ser empleados los trabajadores y tener contratos que tengan validez en el mundo global. 
En la cumbre se trató de think tank, de contactos con las ONG, de nuevas redes. 
Tienen mucha importancia el respeto de los derechos humanos, el respeto de las minorías étnicas, el respeto de los adversarios ideológicos y la supresión del trabajo infantil. 
Esto no constituye una mentalidad típicamente occidental, debe constituir una conciencia democrática común. 
La lucha contra el desempleo y contra la exclusión necesita ser tan intensa como la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia y esto se ha acordado conjuntamente. 
Espero ahora que la reunión de los responsables políticos y económicos sea la primera página de un nuevo libro en el que se encuentren reflejados también los jóvenes procedentes de las universidades, de las escuelas y de los centros de producción. 
Por consiguiente, señor Presidente, fomentemos programas de intercambio para que se produzcan encuentros entre las personas, para que éstas piensen en común y puedan trabajar conjuntamente en el futuro. 
Señor Presidente, en mi breve alocución quisiera ratificar en primer lugar lo que ha dicho el colega Peijs, cuya preocupación por una política eficiente para las PYME comparto plenamente desde hace años. 
Por lo demás, quisiera centrarme en la denominada decisión sobre el paquete fiscal. 
Leo en las conclusiones que el Consejo Europeo ha dado su aprobación a un informe ECOFIN, a la declaración incluida en las actas del Consejo y al acuerdo de principio del propio paquete fiscal. 
Todo ello rebosa de buenas intenciones, pero echo en falta el contenido y estoy convencido de que se nos va a presentar un envoltorio vacío. 
Tengo la impresión de que cada pregunta importante ha quedado sin respuesta y, desgraciadamente, con ello Europa no gana credibilidad. 
Después de este Consejo Europeo los ciudadanos siguen sin saber realmente si hay o no un reglamento europeo para los ingresos sobre el ahorro, o si se da largas al asunto para inducir a renunciar a este expediente inconveniente. 
Es cierto que se ha acordado un calendario, pero se ve enormemente condicionado en cada fase. 
Los ciudadanos no saben si habrá o no una supresión del secreto bancario o si ha habido avances en la aplicación de otras medidas del paquete fiscal. 
Señor Presidente, precisamente porque sé que la Presidencia del Consejo ha realizado enormes esfuerzos para obtener resultados con el paquete fiscal, me gustaría que el Presidente del Consejo me contestara a dos preguntas. 
La primera, el calendario para la fiscalidad de los ingresos móviles ¿puede únicamente aplazarse o puede también adaptarse? 
La segunda pregunta, señor Presidente del Consejo, es la siguiente: ¿no está de acuerdo conmigo en que, mientras rija la regla de la unanimidad para la toma de decisiones en materia fiscal, será imposible hacer realidad el mercado interior en el ámbito de la fiscalidad? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, a la Presidencia portuguesa le habría deseado yo, de todo corazón y por convicción política, una Presidencia más fácil, una Presidencia sin las cargas que se derivaron de las sanciones bilaterales contra el Gobierno austríaco y, por ende, contra mi país. 
Yo habría deseado, sobre todo que ustedes no tuvieran que tomarse una sopa que, eventualmente, otros condimentaron. 
Cuanto más siga al fuego esta sopa, tanto más indigesta se hará, no sólo para mí país sino también para toda Europa. 
Es ineludible descubrir una cierta contradicción en el hecho de que estas medidas tenían una motivación absolutamente política y fueron adoptadas en el plano político, y que ahora haya que buscar una salida en un instrumento jurídico para abandonar este callejón sin salida, cosa que es absolutamente deseable en interés de todos. 
Justamente, por el hecho de que estas medidas carecían de todo fundamento jurídico, la Presidenta del Parlamento, Nicole Fontaine, con ocasión del comienzo de la conferencia de Feira aludió a que el 15 de junio el Parlamento Europeo había presentado al Consejo una resolución y una petición en el sentido de que se mejorasen las relaciones entre los 14 y Austria y se elaborase con todas las partes implicadas un procedimiento que constituyera una solución aceptable para todos. 
Parece que se ha encontrado este procedimiento en el encargo hecho al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual, a su vez, ha de nombrar tres sabios que han de elaborar un informe sobre Austria. 
A este respecto debo decir que es lamentable que en este punto no se haya fijado un calendario. Esto habría facilitado las cosas. 
Resulta muy lamentable que ya antes de que este grupo inicie su trabajo se hagan juicios apresurados acerca del futuro Presidente y se obstaculice el trabajo de este grupo, actuando como si ello fuera políticamente irrelevante. 
No puedo menos que esperar que se acepte la relevancia política del informe de esta institución jurídica y que en este punto se alcance un golden goal bajo la Presidencia francesa, es decir, la supresión inmediata de las sanciones contra mi país. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, los encuentros, cada vez más frecuentes, de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, se pueden sustraer cada vez menos al reproche de que atienden asuntos, que en realidad no tienen nada que ver con el plano europeo, y de que siguen dando de lado a las cosas que requieren ser abordadas. 
En Feira no se ha hablado acerca de una delimitación clara de competencias entre el plano europeo y el plano de los Estados miembros, no se ha hablado del levantamiento de las absurdas sanciones que se adoptaron contra Austria, ni tampoco se ha hablado de un compromiso realmente viable acerca de la fiscalidad de los intereses. 
Lo que se ha logrado aplaza por 10 años el problema. 
Por el contrario, se ha hablado de cosas que actualmente no pertenecen a la agenda europea. 
¿Con cuántos países vamos a iniciar negociaciones todavía? 
Hemos de desarrollar un procedimiento escalonado de cooperación entre la Unión Europea y los países de la Europa central, oriental y meridional que atienda a las necesidades de ambas partes incluso por debajo de la condición de miembros de pleno derecho. 
¿Qué pasa con el mantenimiento de los criterios de convergencia para la admisión de más países al euro? 
Una estabilidad duradera ha de ser demostrada por parte de todos los países que quieran ser miembros del euro, pero también por parte de aquellos que están participando ya del euro. 
Sólo así será posible superar la debilidad del euro. 
No tenemos por qué intensificar una cooperación en el marco del diálogo social, esto excede las atribuciones de la Unión Europea. 
No necesitamos ya más regulaciones centralistas en este ámbito, sino más competencia entre los sistemas sociales de cada Estado miembro si queremos dar realmente rienda suelta a las fuerzas de crecimiento en la UE. 
Únicamente hay que saludar los resultados en el ámbito de la política de seguridad y defensa. 
En este ámbito Europa precisa más acción, aquí necesitamos más Europa. 
Esto es lo que esperan con razón los ciudadanos y ciudadanas de la UE. 
Quiero dirigirles a ustedes un llamamiento urgente: terminen de una vez con las sanciones contra Austria. 
Para esto no tenemos necesidad alguna de un informe del Tribunal de Derechos Humanos- el control se hace diariamente a través de los medios de prensa- y concentren ustedes su trabajo en los planteamientos que sean auténticamente europeos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, colegas, se han alabado las conclusiones de la Cumbre de Feira. 
Se han alabado los progresos de la Conferencia Intergubernamental, pero, en realidad, no se vislumbran soluciones. 
La Cumbre reveló, una vez más, la importancia de una pronta ampliación. 
No obstante, los países candidatos exigen a la UE posiciones de negociación consolidadas. 
Tenemos que demostrar más energía en el proceso de integración europea, sin vacilaciones. 
No podemos poner a los países candidatos en salas de espera absurdas. 
Se necesita una nueva voluntad política que dé resultados más concretos que los de Feira. 
Al mismo tiempo, hay que mostrar decisión sobre cómo se deben resolver los problemas institucionales. 
Hablo de la ampliación al Este, de la mayoría calificada y del número de Comisarios y diputados. 
La UE debe funcionar eficazmente, aun después de la ampliación. 
Simultáneamente, los asuntos internos de la Unión no deben frenar el proceso de ampliación. 
Ambos procesos deben desarrollarse de forma paralela. 
La ampliación conlleva también la exigencia de una Carta de Derechos Fundamentales. 
No podemos olvidar que deberán regir las premisas de un estado de derecho; este asunto no es controvertido. 
Sin embargo, la Carta da una nueva perspectiva al desarrollo de la Unión. 
Tenemos que decidir qué queremos, ¿deseamos una UE en la que existan nuevas posibilidades, mayor competitividad, innovaciones, talento empresarial y muchas empresas pequeñas y medianas? 
¿O preferimos un creciente estado del bienestar, financiado con recursos públicos, y una moneda débil? 
Quizás debiera ampliarse el mandato, permitiendo a los redactores de la Carta que propusiesen la constitucionalidad de los tratados, puesto que todas las materias están tan profundamente relacionadas entre sí. 
Existe, sin lugar a dudas, una relación directa entre la parte introductoria de un nuevo tratado y su contenido. 
Un desarrollo paralelo podría dar origen a nuevas aperturas políticas y avances, ya que los distintos intereses serían dependientes entre sí. 
Para conseguir una ampliación paralela y un proceso de profundización, podría adoptarse una decisión sobre normas obligatorias para la parte jurídica, no para la parte que no es de principios. 
Los redactores podrían conocer así las condiciones de la Carta y considerarla como una introducción a la nueva construcción del tratado. 
Tendrían éxito tanto los que prefieren la ampliación como quienes dan prioridad a la profundización. 
Un desarrollo de esta naturaleza posibilitaría la pronta adhesión de nuevos miembros y, al mismo tiempo, crearía en la Unión buenas condiciones para un mejor funcionamiento durante un largo tiempo. 
Tenemos la responsabilidad histórica de superar los límites; no de intensificar los conflictos, como sucedió con Austria. 
Hay que reemplazar las acciones inmediatas por una cooperación profunda y a largo plazo. 
Creo que, de este modo, se podrían usar nuestros valores fundamentales, la parte no controvertida de la Carta, como una palanca para la ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores Ministros, Lisboa ha despertado muchas expectativas en el terreno social. 
Ya han presenciado ustedes los debates en el Parlamento, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y en los contactos que tenemos aquí con los sindicatos en la intersindical. 
Cada párrafo analizado en Lisboa debe ser el principio de una nueva página en la historia social. 
En lo que respecta a Feira, veo que de las veinticinco páginas y media que contienen las conclusiones de la Presidencia, sólo media página está dedicada a la protección social y la inclusión social. 
Esto no debería ser tan inusual, si no fuera porque incluso en esa media página no se dice nada nuevo. 
La misma observación es válida para la política de empleo y la agenda social europea. 
Por un lado se repiten una vez más dos prioridades establecidas en Lisboa: pensiones y pobreza. Por otro lado se repiten cuatro objetivos declarados en Lisboa: comité para la protección social, método de coordinación abierta, programa de inclusión social, participación de los interlocutores sociales y responsabilidad social de las empresas. 
Los párrafos que se le dedican son simplemente una repetición de los de Lisboa. No se ha añadido nada nuevo. 
Si en definitiva Feira tiene algún interés, desde el punto de vista social, será por la declaración referente a los impuestos sobre los ingresos del ahorro, eso sí, siempre que dé lugar finalmente a una directiva. 
Sólo entonces será no sólo evidente, sino realmente vinculante, el principio de Helsinki, a saber, que todos los ciudadanos residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deben pagar los impuestos debidos sobre todos los ingresos del ahorro. 
De esta manera se liberará dinero para sufragar la política social y la seguridad social no tendrá que buscar dinero a falta de ingresos por la existencia del fraude. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La Presidencia portuguesa no ha tenido un trabajo fácil. 
Ha habido muchos asuntos difíciles en la pasada primavera, pero Portugal ha demostrado que es un país que toma los asuntos europeos con gran seriedad. 
La Cumbre de Feira fue, de muchas maneras, una reunión intermedia con vistas a la Presidencia francesa. 
Desgraciadamente, una parte de los resultados de la Cumbre se vio ensombrecida por la tragedia de Dover, asunto cuyo tratamiento en el ámbito de la UE realmente apremia. 
El Grupo ELDR celebra los éxitos, por ejemplo, en materia fiscal y en el manejo civil de las crisis. 
También celebramos la confirmación de la pronta incorporación de Grecia a la Unión Económica y Monetaria. 
Nos satisfacen enormemente los documentos sobre la ampliación. 
Para nosotros, liberales, no hay tarea más importante que la unidad europea. 
Sin embargo, estamos desilusionados en relación con las reformas y con la Conferencia Intergubernamental. 
Nos hubiese gustado que se alcanzaran resultados más concretos. 
Los países todavía defienden sus posiciones particulares y el debate sobre el futuro de la UE no ha hecho más que empezar. 
Éste es un debate absolutamente necesario. 
Debe realizarse en todos los países, abiertamente y sin condiciones, y en él tienen que participar todos los ciudadanos, de todos los países miembros. 
Las reformas mínimas de Niza no son suficientes. 
Los ciudadanos esperan algo más. 
Esperan que la UE avance hacia una Europa abierta y democrática, que funcione eficazmente hasta con, quizás, 40 países miembros. 
Hay que discutir el tema de la constitución. 
La UE necesita una constitución que explique sus tareas de manera simple y comprensible y señale quiénes son los responsables de ellas. 
Se le ha entregado el testigo a Francia. 
Me preocupan las señales que vienen desde la Presidencia francesa. 
Aunque la UE, quizás, en algunos aspectos, necesita distintas velocidades, no queremos una Presidencia que vaya a diferentes velocidades. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, la Presidencia portuguesa del Consejo ha sido una presidencia activa. 
Como Parlamento tuvimos un interlocutor especialmente atento y cuidadoso. Eso nos causa satisfacción. 
Pero el Consejo es y sigue siendo para nosotros un interlocutor. 
En tanto que parlamentarios seguimos nuestra teniendo tarea que cumplir. 
De entre las instituciones europeas, el Consejo es el que menos proclive parece a oír el llamamiento a la democracia y la transparencia. 
El Consejo sigue claramente enconado con los Estados miembros, a los que se induce con gran esfuerzo a la cooperación. 
El Sr. Patten y algunos diputados ya se han referido al final inhumano de 58 inmigrantes chinos. 
Lo que se decidió en Tampere, lo que debe hacerse en materia de solicitantes de asilo, en materia de expatriados e inmigrantes, llega desesperantemente tarde. 
Y si llega, lo que llegue quizá sea muy poco. 
Las conversaciones sobre política exterior y de seguridad común demuestran una total exclusión del Parlamento. 
Es preciso invertir urgentemente la tendencia hacia una Europa más intergubernamental y menos federal. 
La cooperación entre Estados miembros no puede ser una solución para los problemas cuando la existencia de fronteras en esos Estados es precisamente parte del problema. 
En la ampliación eso nos sucederá de modo mucho más evidente. 
La solución sólo puede pasar por un federalismo democrático que reconozca los pueblos y las regiones y las minorías. 
Me gustaría comentar con Portugal las verdaderas experiencias detrás del telón, porque no me puedo imaginar que un país tan pequeño esté tan conforme con todo esto. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a todos sus Señorías las intervenciones que han hecho y pedir también al Vicepresidente que transmita a los diputados ausentes mis agradecimientos por las contribuciones que han hecho. 
Quisiera abordar algunas de las cuestiones fundamentales que han estado presentes en el debate. 
En primer lugar, el peligro de una deriva intergubernamental. 
Tengo un deseo particular de hablar de ese asunto, porque hace mucho tiempo que sostengo públicamente que se debería avanzar progresivamente hacia la meta de que haya un único pilar en toda la Unión. 
Y la Presidencia portuguesa ha dado pruebas de que no quiere una deriva intergubernamental. 
En primer lugar, en la propia Conferencia Intergubernamental ha procurado que el Parlamento Europeo participe mucho más de lo previsto en las decisiones de Helsinki y, en segundo lugar, en la estrategia de Lisboa se encomendaron a la Comisión un conjunto de tareas esenciales que indican su papel fundamental en todos los aspectos relacionados con el método de coordinación abierta de las políticas económicas y sociales de la Unión. 
Y también celebramos, antes de la Cumbre de Feira, un foro en el que estuvieron presentes el Parlamento, la Comisión y el Consejo, pero también los Estados miembros, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Consejo Económico y Social, el Comité de las Regiones y los interlocutores sociales. 
Por eso, estoy totalmente de acuerdo con todos los que consideran que lo característico de la Unión se debe preservar como Unión y reforzar como tal y que una deriva intergubernamental es muy indeseable. 
En segundo lugar, la Conferencia Intergubernamental. 
El papel de la Presidencia portuguesa no era el de concluir los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Era hacer lo que hemos hecho. 
Y lo que hemos hecho ha sido un informe en el que se detallaban con gran precisión todas las posiciones y todas las opciones posibles en relación con los asuntos que se desprenden de los llamados leftovers de Ámsterdam y al mismo tiempo procurar promover un consenso, que no existía en Helsinki, para garantizar la inclusión en el orden del día de la Conferencia de las cooperaciones reforzadas, que, a nuestro entender, están íntimamente vinculadas con las cuestiones relativas a la posibilidad de ampliación de la decisión por mayoría cualificada dentro del Consejo y, quizá también, la relación de estas últimas con los procesos de codecisión con el Parlamento Europeo, si bien, con la idea de que las cooperaciones reforzadas no son para subvertir la Unión, se deben realizar en el marco de la Unión y no deben tener la posibilidad de contener mecanismo alguno de arbitrariedad o exclusión. 
Lo que pueden ser es un instrumento esencial para fortalecer, conforme a las normas de la Unión, la integración en el marco de una Unión ampliada y más heterogénea. 
A continuación se pregunta: pero, ¿será posible concluir la CIG? 
La cuestión para mí está hoy muy clara. 
Considerando, como consideramos, la Conferencia Intergubernamental, el conjunto de las modificaciones necesarias para la ampliación, las opciones son hoy perfectamente evidentes para todos. 
Este informe se identifica de forma precisa. 
Si hubiera voluntad política, bastaría un mes para concluir la CIG. 
La cuestión es saber si hay o no la voluntad de compromiso indispensable, porque todos sabemos cuáles son los compromisos posibles: o queremos, en conjunto, realizar esos compromisos o no queremos y mi convicción es la de que habrá voluntad política y, por eso, será perfectamente posible concluir los trabajos durante la Presidencia francesa. 
En cuanto a la Carta de Derechos Fundamentales, estoy particularmente deseoso de hablar de esa cuestión, porque el Gobierno portugués siempre ha defendido la necesidad de una Carta de Derechos Fundamentales incluida en el Tratado. 
Como también es evidente que lo que procuramos hacer fue, sin que tuviéramos mandato siquiera para ello, incluir en Feira ese punto en el orden del día de los trabajos, pedir al Presidente de la Convención que preparara un informe sobre la marcha de los trabajos para el Consejo Europeo y el Consejo Europeo no podía adoptar una decisión sobre la integración en el orden del día de la CIG, dado que la propia Convención aún no había decidido, en su seno, si se trata o no de un asunto que deba tener contenido jurídico obligatorio. 
Pero lo que sí que decidió el Consejo de Feira fue que ese asunto quedaría pendiente para que, después de que la Convención se pronuncie claramente a ese respecto, se pueda incluir o no en el orden del día de la CIG la Carta de Derechos Fundamentales. 
Mi deseo, el deseo del Gobierno portugués, es el de que así sea, por considerarlo un instrumento fundamental de la Unión. 
En cuanto a la ampliación, se han hecho varias intervenciones en el sentido de que no se puede retrasar la ampliación. 
El testimonio que puedo dar a sus Señorías es el de que en estos seis meses no se ha retrasado. 
Ya he dicho antes que se concluyeron 72 dossiers de negociación en seis meses. 
E, incluso en relación con los países cuyas negociaciones comenzaron ya durante la Presidencia portuguesa del Consejo- es decir, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Malta- puedo decir lo siguiente: en relación con Letonia se iniciaron ocho capítulos y se concluyeron cinco; con Letonia se iniciaron ocho y se concluyeron cinco; con Eslovaquia, ocho y seis; con Rumania, cinco y cinco; con Bulgaria, cinco y cuatro; con Malta, ocho y siete. 
Lo que quiere decir que se ha trabajado a marchas forzadas, en una espléndida cooperación con la Comisión- y quiero subrayar aquí el papel del Comisario Günther Verheugen- con vistas a avanzar todo lo aprisa posible con los trabajos de la ampliación. 
La Cumbre de Lisboa formuló una estrategia. 
Hoy todos nosotros reconocemos que vamos a vivir en una sociedad de la información y una economía del conocimiento. 
Y la gran cuestión está en saber si será o no excluyente, si será o no para todos. 
Y lo que hay de fundamental en la visión europea de esa estrategia es que no debe serlo y la respuesta europea para lograrlo es lo que llamamos una sociedad educativa, que requiere esencialmente la educación y formación a lo largo de la vida, como se ha subrayado aquí hoy. 
Ahora bien, tres meses después de que se adoptara un enorme conjunto de decisiones, no correspondía a la Cumbre concluir el proceso. 
A pesar de eso, la Cumbre de Feira ya aprobó un conjunto de documentos fundamentales. 
Por ejemplo, se ha hablado aquí de pequeñas empresas, la Carta de las Pequeñas Empresas está aprobada. 
Se ha hablado de la sociedad de la información, el plan de acción de la sociedad de la información está aprobado. 
Se ha hablado mucho de lucha contra la pobreza, ya están sobre la mesa tres informes de la mayor importancia que permitirán adoptar decisiones a corto plazo, por parte de la Comisión, en la lucha contra la exclusión social, por parte del Grupo de Alto Nivel, ahora Comité de Protección Social, también en materia de exclusión social, y la sostenibilidad de las pensiones de jubilación, es decir, estoy sinceramente convencido de que vamos a trabajar muy rápidamente. 
Y, como ha dicho el Comisario Christopher Patten, la Comisión está preparando el conjunto de indicadores que estará listo en septiembre para permitir dar contenido y sustancia a las diversas coordinaciones de política que se formularon. 
En relación con el plan de medidas fiscales, no es casualidad que hubiera que esperar doce años hasta conseguir un acuerdo. 
Y, cuando se esperan doce años para un acuerdo, es porque el acuerdo no es fácil. 
Y un acuerdo que no es fácil no es un acuerdo perfecto. 
Pero es un compromiso esencial. 
Y estoy firmemente convencido de que la voluntad política que estuvo presente en ese compromiso va a estar presente en su materialización. 
Y, por eso, en relación con las preguntas que se han formulado, creo que se cumplirá el calendario. 
Y, en materia de unanimidad fiscal, el problema esencial es el de que, para que haya decisiones sin que se adopten por unanimidad, es preciso que haya unanimidad para que así sea. 
Y hasta ahora no se vislumbra que sea posible esa unanimidad en el marco de la Unión. 
Unas palabras más muy breves: primero, en relación con el incidente de Dover, un incidente que a todos nos escandalizó, pero el incidente de Dover nos obliga a reconocer la incapacidad de que Europa ha dado pruebas hasta hoy para comprender enteramente lo que es el fenómeno del envejecimiento de su población, la necesidad para la propia Europa de tener una política de inmigración y la capacidad de concertar esa política de inmigración con los países donde se encuentran quienes quieren venir a trabajar a Europa. 
Y al mismo tiempo garantizar, en el plano social, un conjunto de medidas que permitan su integración armoniosa en nuestras sociedades. 
Eso es lo que está en juego y en relación con eso debe trabajar, por lo demás, la Comisión hoy- según el mandato que se le ha encomendado- en esferas esenciales que llegarán- pensamos- a concretarse en decisiones muy importantes de la Unión a corto plazo. 
Y aquí entramos en el meollo de otra cuestión que va a ser muy importante en la vida de nuestras sociedades en los próximos decenios: la de la capacidad que tenemos para vivir con la diferencia, promover la tolerancia en nuestras sociedades y luchar contra las formas de xenofobia y racismo. 
Porque- seamos claros- la xenofobia y el racismo existen en todas nuestras sociedades, en todos nuestros países. 
Y existen como fenómeno social y sería dramático que hubiera fuerzas políticas y sobre todo fuerzas políticas con aspiración a gobernar que quisieran utilizar la xenofobia para ganar votos. 
Y quiero decir aquí con toda claridad... 
... que eso es contrario a los valores europeos. 
Y, si debemos aceptar, por razones que tienen que ver con la soberanía de los Estados, que esas fuerzas políticas puedan ocupar en los Estados lugares de gobierno, quiero decir con toda sinceridad que, para mí, una fuerza política que utiliza la xenofobia como instrumento para ganar votos y acceder al poder no pertenece a la misma familia de valores a la que yo pertenezco y, por eso, no tengo un problema de ganar o perder la cara en relación con lo que en mi nombre, en nombre de mi Gobierno y de los Gobiernos de otros catorce Estados miembros, hicimos cuando accedió al poder político en Austria un partido que, en nuestra opinión, no respetaba esos valores esenciales. 
Ahora bien, quiero decir también que, como Presidencia portuguesa de la Unión, hemos tenido un enorme interés, que, como saben sus Señorías, no siempre ha sido fácil, por garantizar la participación plena de Austria en todos los trabajos de la Unión y, más que eso, de garantizar la plena dignidad de los representantes de Austria, incluidos los miembros del Gobierno representantes del FPÖ en todos los órganos del Consejo. 
Y la Presidencia lo hizo por el convencimiento de que una cosa es el derecho de un Estado soberano como el mío a que su Gobierno tenga una opinión sobre el Gobierno de otro Estado soberano- y yo no abdico de ese derecho, como dirigente de un Estado soberano que soy- y otra cosa es el funcionamiento de una Unión y yo, en materia de Unión Europea, considero que nuestro deber es el de garantizar plenamente su funcionamiento. 
Naturalmente, que, en relación con las decisiones de catorce Estados miembros en el nivel de las relaciones de sus Gobiernos con el Gobierno austríaco, en este momento hay ya una fórmula de procedimiento que permitirá, en el momento idóneo, reevaluar esas decisiones, que, como he dicho, se adoptaron en el plano estrictamente bilateral y no afectaron- porque la Presidencia portuguesa no permitió que afectaran- al funcionamiento de la Unión. 
Como tampoco afectaron- porque la Presidencia portuguesa no lo permitió, a pesar de las diversas presiones recibidas en sentido contrario- a la presencia de Austria y la dignidad de los representantes de Austria en todas las actividades de la Unión que nos compitió presidir. 
. (EN) Señor Presidente, puedo contestar muy brevemente porque mi distinguido amigo el Sr. Beazley- y utilizo la expresión tanto en un sentido personal como parlamentario- me ha hecho una pregunta directa en un discurso que quizás hubiese sido mejor recibido en Berlín que en Paris o Londres. 
Su Señoría me ha preguntado como veía las relaciones entre las instituciones- entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Le puedo contestar de forma muy directa: respecto a mi propia área de competencia se trata de un asunto sobre el que recientemente he intervenido en una o dos ocasiones. 
Soy absolutamente tajante en cuanto a que no quisiera ver ningún incremento de las competencias de la Comisión en el área sobre la que tengo responsabilidad. 
Quisiera que gestionásemos esas competencias de forma más eficaz y quisiera que se nos permitiera ejercer esas competencias completamente para así poder desarrollar una política exterior y de seguridad común. 
En mi opinión no se trata de que busquemos arrogarnos mayores poderes, sino de que intentemos ejercitar los poderes que ya nos han sido conferidos por el Tratado. 
Deberíamos intentar ejercitar esos poderes de una forma aún más democráticamente controlable. 
Permítaseme darle a su Señoría una indicación de lo que quiero decir. 
Cada año tenemos que recurrir a la autoridad presupuestaria- al Parlamento y al Consejo- para fijar el nivel de nuestros compromisos en materia de relaciones exteriores, pero deberíamos establecer un dialogo mucho más abierto con la autoridad presupuestaria a propósito de la dirección que deberían de tomar todos esos compromisos de gasto. 
Debería haber un intercambio mucho más serio a propósito de nuestras prioridades políticas. 
Así, para contestar a su Señoría una vez más, me gustaría que gestionásemos mucho mejor de lo que ahora se nos encarga que hagamos. 
Quisiera que se nos permitiese empezar a trabajar así y quisiera que fuésemos tan responsables, de lo que hagamos, ante este Parlamento y ante el Consejo como fuese posible. 
Nuestras aspiraciones son tan simples y directas como esto y tienen la gran ventaja de reflejar lo que está escrito en los Tratados. 
Por último, me gustaría hacer un último cumplido a la dirección de la Presidencia portuguesa al finalizar su mandato. 
Ha sido, lo repito, un gran placer trabajar con el gobierno portugués, con sus ministros y con sus extraordinariamente trabajadores funcionaros. 
Hablo como persona que a lo largo de una vida política bastante larga, y espero que no completamente malgastada, ha trabajado bajo un cierto número de presidentes. No creo haber trabajado jamás bajo un presidente que fuese mejor, más competente, más firme y más cortés que el señor Primer Ministro de Portugal. 
Blanqueo de capitales 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A5-0175/2000) de M. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la directiva 91/308/CEE del Consejo del 10 de junio de 1991, relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales (COM (1999) 352- C5-0065/1999- 1999/0152 (COD) ). 
Señor Presidente, distinguidos colegas, creo que aquí tenemos un ejemplo realmente bueno de la cooperación entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
Para comenzar, quisiera decir un par de frases sobre la historia de esta propuesta de directiva. 
Desde 1991 existe ya en Europa una directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Sobre esta directiva, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, se apoya esencialmente la legislación nacional sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, una información que, por lo demás, quizá podría resultar nueva para muchos ciudadanos de nuestros países, pues allí se supone siempre que esto lo ha hecho el legislador propio. 
Este ha intervenido en la misma, pero el origen de la lucha contra el blanqueo de capitales está en la directiva de 1991. 
Tras una serie de informes que se nos pusieron sobre la mesa- entre ellos también uno por parte de la Comisión- el Parlamento Europeo realizó en diciembre de 1995 una audiencia sobre este tema. 
El resultado de la audiencia mostró que existían grandes deficiencias en la cooperación entre los Estados miembros pues el nivel de la lucha contra el blanqueo de capitales era extremadamente diferente. Hay estados, como Gran Bretaña o Alemania, que han ido mucho más allá del ámbito de la presente directiva. 
Otros, como Luxemburgo, han traspuesto sólo el mínimo y esto ha producido precisamente muchos problemas. 
El Parlamento instó ya entonces a la Comisión para que pusiera en marcha una nueva propuesta de una segunda directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Esto ha tenido lugar ahora. Damos gracias por esto a la Comisión y creo que éste es un buen ejemplo de cómo la Comisión reacciona ante las iniciativas que proceden del Parlamento y de cómo las asume. 
Por otro lado, también tengo que hacer una pequeña crítica. 
Creo que con su propuesta la Comisión ha hecho blanco un poco más allá del objetivo. 
Ha trasladado, por decirlo así, las reglas que rigen para los bancos y para los prestadores de servicios financieros, a otros sectores profesionales que son abarcados también por la segunda directiva sobre blanqueo de capitales y a los que se obliga a luchar contra el blanqueo de capitales. 
Pero las reglas que rigen para los bancos no son fáciles de trasladar a abogados, asesores fiscales y censores de cuentas pues, por ejemplo, para los abogados rige el deber específico del secreto profesional respecto de sus mandantes y una específica relación de fidelidad. 
Por consiguiente, nuestro problema ha sido el de corregir esto en el debate de la primera lectura. 
Hoy hemos creado una situación en la que se mantienen los principios del estado de Derecho, en el que los abogados siguen sujetos al secreto profesional cuando representan a sus mandantes ante los tribunales o los asesoran en un asunto jurídico. 
Únicamente cuando los abogados hagan lo mismo que los bancos, es decir, administrar patrimonios, administrar dinero, entonces es claro que para ellos han de regir las mismas reglas que existen para las entidades prestatarias de servicios financieros y creo que esto se ha logrado también a través de las enmiendas. 
Creo que hemos configurado con más cercanía a la práctica las obligaciones de identificación que se han establecido. 
No tiene sentido que un agente al iniciar una relación profesional con un cliente deba tener primero la prueba de su identidad. 
De esta forma se imposibilitaría esta actuación profesional. 
También esto se ha hecho más cercano a la práctica y más cercano a los ciudadanos a través de las enmiendas. 
En el ámbito de la lista de delitos subyacentes tenemos que criticar también que la Comisión Europea no haya definido el concepto de delincuencia organizada. 
Esto lo hemos subsanado a través de las enmiendas. 
En el ámbito del fraude en detrimento de la Unión Europea hemos reducido la lista de delitos subyacentes a los delitos realmente esenciales y no hemos recogido más delitos fútiles como habría sido el caso con arreglo a la propuesta de la Comisión. 
En este punto quisiera dar las gracias de corazón a la Presidencia finlandesa y a la Presidencia portuguesa por la buena cooperación, y estoy seguro de que en las futuras conversaciones también cooperaremos bien con la Presidencia francesa. 
En la presente directiva hemos intentado poner en práctica por vez primera el nuevo procedimiento del Tratado de Ámsterdam, que ofrece la posibilidad de cerrar la codecisión con una lectura. Lamentablemente esto no ha resultado. 
Pero esto no se ha debido al Parlamento. Se ha debido a las delegaciones particulares del grupo de trabajo del Consejo, que no traían de sus países ningún encargo definitivo, de suerte que el Consejo no nos pudo presentar ningún texto definitivo negociable. 
Por esta razón decidimos en la comisión antes de la pausa de verano ir de manera concreta ahora a las deliberaciones en primera lectura, seguir el procedimiento normal de la primera y de la segunda lectura y esperar a la posición común del Consejo. 
Esto, sin embargo, no nos debe impedir seguir buscando la cooperación con el Consejo en esta cuestión ya que la cumbre de Tampere ha asignado al tema de la lucha contra el blanqueo de capitales una altísima prioridad y esto muy acertadamente. 
Por consiguiente, todos hemos de esforzarnos por lograr de la manera más rápida y fluida posible una mejora de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa. 
Creo que también nosotros estamos haciendo esta noche aquí, en el debate plenario, una aportación a este respecto y creo y deseo que esto avance sin obstáculos de suerte que muy pronto tengamos en la Unión Europea una segunda directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales que luego, por favor, sea trasladada también sin obstáculos por los Estados miembros. 
, ponente de opinión de la Comisión de Control Presupuestario. 
(DE) Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión propone una modificación esencial de la directiva, encaminada a prevenir el blanqueo de capitales. 
Desde que se aprobara en 1991 la directiva se han producido algunos cambios en su entorno. 
En primer lugar, se han hecho experiencias con la directiva existente, en segundo lugar hay que tener en cuenta las modificaciones habidas en los Tratados. 
A medida que crece la conciencia de que el dinero es el objetivo principal y el motor de la delincuencia organizada es preciso adoptar también medidas que afecten a las ganancias de la delincuencia organizada. 
Las finanzas de Comunidad se han convertido también en víctimas de la delincuencia organizada, como lo ponen de manifiesto los informes de la Comisión, relativos a la lucha contra el fraude. 
Esto redunda en detrimento del presupuesto de las Comunidades Europeas. Los Estados miembros protegen sus finanzas con arreglo a sus leyes, pero las Comunidades no disponen de policía ni de autoridades judiciales para poner ante el juez a los que practican el fraude a fin de recobrar el dinero perdido e imponer penas. 
Por consiguiente, el presupuesto de las Comunidades debe ser protegido mediante directivas, reglamentos y demás medidas. 
El artículo 280 del Tratado CE reza claramente: La Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente articulo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros. 
Hay que ver la propuesta de la Comisión en directa interconexión con este artículo del Tratado. 
La delincuencia que perjudica al presupuesto de las Comunidades es también en la mayoría de los casos una delincuencia organizada. 
En esto tiene razón el ponente. 
Pero también se dan excepciones y además no se trata siempre de delincuencia que esté organizada internacionalmente, y en esto la Comisión de Control Presupuestario habría preferido seguir la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo somos conscientes de los problemas de delimitación y estamos dispuestos a seguir al ponente con sólo una alusión al artículo 280 del Tratado. 
En lo demás somos de la opinión de que en la directiva sobre el blanqueo de capitales se trata, en primer lugar, de la prevención y de la disuasión y, en segundo lugar, de la recogida de pruebas. 
Los Estados miembros deben disponer de un fundamento jurídico para sí mismos y también la Unión. 
Es preciso aprovechar todas las pruebas que sean apropiadas con el fin de castigar los fraudes y demás actividades contrarias a Derecho que vayan en detrimento del presupuesto de la UE. 
Proceder así concordaría seguramente con el sentido de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de octubre de 1999. 
Quiero dar las gracias al ponente, Sr. Lehne, por la cooperación que hemos practicado. 
Señor Presidente, el blanqueo de dinero negro premia las actividades del crimen organizado y de la corrupción política. 
Desde el punto de vista económico, refuerza de manera nociva la inestabilidad de la economía internacional, y ha contribuido en muchos casos de los que hemos tenido noticia hasta ahora a la distorsión de las políticas de ayuda y reconstrucción. 
Hemos presentado algunas enmiendas que tienden a generalizar y hacer más severas las disposiciones para la vigilancia de las sanciones. 
Sin embargo, señor Presidente, las actividades ilegales encuentran sin cesar nuevos ámbitos- el tráfico de emigrantes o el tráfico de órganos, por ejemplo- y nuevas formas de legalización. 
Hará falta mucho trabajo. 
Aunque la apoyamos, claro está, no creemos que sea suficiente esta revisión de la Directiva. 
Señor Presidente, la incontenible globalización hace inaplazable la necesidad de regulaciones políticas, la necesidad de coordinación, de armonización, de órganos supranacionales, en correspondencia con la escala y la magnitud de las prácticas ilegales. 
Voy a poner el ejemplo, señor Presidente, porque creo que se trata de algo de la máxima importancia, de las llamadas actividades extraterritoriales, las offshore, sobre las cuales recientemente la OCDE ha suministrado listas de países, y de enormes cantidades y procedimientos seguidos para el blanqueo. 
Creemos que la Unión tiene que ayudar a los países- cualesquiera que sean estos, cualquiera que sea su régimen- que encubren actividades ilegales a través de la legislación sobre las offshore. 
Tiene que conducirlos a la armonización. Tiene que conducirlos al respeto a reglas comunes como las que rigen- desgraciadamente insuficientes- en los países miembros de la Unión. 
Esto se puede hacer perfectamente sin transgresiones particularmente ilegales mediante los acuerdos comerciales u otros acuerdos de colaboración con estos países, en los que deben introducirse cláusulas y disposiciones que conduzcan a la deseada armonización. 
De lo contrario, señor Presidente, pensamos que estamos perdiendo el tiempo. 
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior.- (EN) Señor Presidente, llegué a esta opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Legales lleno de dudas. 
La extensión de la directiva a toda una nueva serie de negocios y profesiones, que se propone, parece, cuando nos enfrentamos a ella, peligrosa y gravosa a la vez: peligrosa porque podría constituir una amenaza para la privilegiada relación existente entre el abogado y su cliente, relación que es el eje del acceso a la justicia en una sociedad civil, y gravosa porque en teoría esta directiva sería aplicable ahora al joyero de su calle mayor. 
Sin embargo, una cosa es requerir a una empresa multinacional de auditoria que cumpla con este tipo de normativa, y otra muy distinta, exigirle a un apequeña empresa o a un negocio unipersonal que lo haga. 
En un primer momento me llamó la atención la indignación de mis colegas que decían que esta propuesta implicaba el que el Estado convirtiese a los abogados y otros profesionales en policías por delegación- pero conforme fui leyendo e investigando mi opinión fue cambiando. 
Tenemos que tener en cuenta, como ya se ha dicho por el ponente, que la propuesta que estamos estudiando se encuentra ante nosotros a petición nuestra, a petición del Parlamento, porque quisimos enfrentarnos al blanqueo de capitales, a ese crimen internacional que representa una amenaza considerable para el mercado único. 
Me han impresionado los resultados logrados en Inglaterra por la Unidad de Investigación Criminal que ha trabajado con los abogados al amparo de unas normas que pueden considerarse como muy exigentes, pero que respetan el secreto profesional. 
En Escocia, se fomenta el que los abogados vean en estas normas tan duras una autodefensa para los abogados que les protege de la acusación de estar implicados en delitos. 
Como Parlamento deberíamos atenernos a nuestro inicial deseo de combatir enérgicamente el blanqueo de capitales como una de las manifestaciones del crimen organizado y a mi me parece que quizás este problema vuelva a obsesionarnos. 
Es una lástima que no hayamos sido capaces de tratar este problema como lo que es, una cuestión de Derecho Penal, y, en lugar de ello, hayamos tenido que tratarlo dentro del estrecho corsé del contexto del mercado único. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, si mañana o pasado mañana aprobamos esta resolución, colocaremos con ello un pilar angular en la lucha contra la delincuencia organizada, pues, como Diemut Theato ha comentado, el motor de la delincuencia organizada es el dinero que procede del tráfico de drogas, de la trata de seres humanos, de todas las modalidades de esta criminalidad organizada. 
Este dinero, una vez blanqueado, es introducido en el circuito económico. 
Lo que surge allí es un gran peligro, el peligro para la economía a través de la distorsión de la competencia, el peligro del socavamiento de la sociedad, la amenaza de desestabilización incluso de un estado. 
Por esta razón es tan esencial que emprendamos aquí la lucha contra este blanqueo de capitales y que impidamos el blanqueo. 
Efectivamente, si logramos impedir el blanqueo de capitales, impediremos también con ello la delincuencia organizada. 
En consecuencia, apoyo que ahora se ponga sobre la mesa una nueva propuesta que amplía la primera directiva. 
La situación ha cambiado. 
La delincuencia organizada aprovecha nuevos sectores de negocio. 
El blanqueo de capitales utiliza otras vías diferentes a las seguidas hasta ahora. 
Por esta razón es extremadamente necesario que el Parlamento Europeo, que las Instituciones, la Comisión y el Consejo, adopten acuerdos en este punto, de manera que dispongamos de un nuevo instrumento eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Por consiguiente, nosotros, como Partido Popular Europeo, apoyamos que esta directiva amplíe los delitos subyacentes a todos los ámbitos de la delincuencia organizada de los que se obtienen precisamente estas ganancias y los amplíe a las profesiones y a las áreas profesionales que pueden ser objeto de mal uso o que pueden ser involucradas intencionadamente. 
Celebro de manera decidida que el ponente intente proponer una vía que haga realmente aplicable la directiva, la haga practicable y la convierta así en un auténtico instrumento de lucha contra la delincuencia organizada. 
Señor Presidente, por delincuencia organizada se entiende en la opinión pública delitos mortales frecuentemente espectaculares, como el asesinato del juez Falcone o el tráfico de drogas. 
Pero, en realidad, se trata de otra cosa. 
La delincuencia organizada es la delincuencia repetida, sistemática, que se practica utilizando estructuras industriales, por ejemplo, el robo sistemático de vehículos, la sustracción sistemática de tarjetas de crédito y cosas semejantes. 
Este tipo de criminalidad tiene dos consecuencias: en primer lugar, el daño es enorme pues no se mide tomando como criterio el delito aislado, sino la acumulación de delitos particulares. 
En segundo lugar, la cantidad de dinero obtenida mediante acciones delictivas es tan grande que no puede ser utilizada privadamente sin que se advierta. 
Yo suelo decir en las reuniones lo siguiente: la delincuencia organizada no puede, en absoluto, comer tanto, beber tanto y hacer cualesquiera otras cosas gastando el dinero sin que se note. 
Por esta razón se intenta disimular veladamente el dinero obtenido por medios delictivos como dinero adquirido presuntamente de manera legal. 
Esto se denomina blanqueo de capitales. 
De dinero sucio se hace dinero respetable. 
Quien impida esto o, al menos, lo dificulte notablemente golpeará a la delincuencia organizada en la médula, impedirá su crecimiento, dañará su capacidad de reproducción. 
Nuestro colega, el Sr. Lehne, se ha referido al hecho de que nosotros hemos tenido desde muy pronto una directiva sobre este tema, que armonizó los criterios en la Unión Europea. 
No obstante, esta nueva medida es necesaria para poder contemplar los más recientes desarrollos. 
Consideramos bueno que no sólo se amplíe la directiva a los bancos, sino también a otros sectores o profesiones que son susceptibles de ser mal usados para el blanqueo de capitales, y a este respecto me parece que se han podido solucionar satisfactoriamente los problemas que guardan relación con las profesiones liberales. 
También consideramos bueno que no sólo figuren como delitos subyacente el tráfico de drogas, sino todas las formas de la delincuencia organizada. 
Hemos atribuido una gran importancia a que se incluya a los comerciantes en piedras preciosas, a los comerciantes en artículos de lujo de un valor superior a los 50.000 euros así como también a los subasteros. 
Nos ha sorprendido un poco que la Comisión- aunque el problema está patente- no haya incluido desde el principio en la directiva el dinero electrónico. 
Al parecer, la agresiva inteligencia de funcionarios en el seno de la Comisión, que quiere presentar como positivo todo lo que tenga que ver con Internet, impide hasta las más discretos comentarios críticos acerca de que esta tecnología puede ser objeto de una utilización fraudulenta para otros fines. 
El Consejo nos ha decepcionado: hasta ahora no ha tomado decisión alguna, se comporta como un buey que tuviera que poner huevos. 
Por esta razón quiero decir al Consejo lo siguiente: decidan ustedes rápidamente. 
El blanqueo de capitales es demasiado serio como para poder confiarlo a los banales juegos de los atildados consejeros ministeriales nacionales. 
Señor Presidente, en los años pasados organizaciones delictivas de Europa y de fuera de Europa han creado redes enormes que operan a escala internacional y que logran grandes ganancias, por ejemplo, con la trata de mujeres o con el tráfico de drogas. 
Las sumas que se manejan ascienden a miles de millones. 
La lucha contra el blanqueo de capitales interesa también a Europa. 
El exitoso informe de mi colega, el Sr. Lehne, pretende mejorar la actual directiva sobre la obstaculización del blanqueo de capitales. 
Se pretende incluir en el esclarecimiento de los delitos de blanqueo de capitales a instituciones, como los bancos, o también a responsables particulares, como los notarios o los abogados. 
Sin embargo, es preciso evitar la aparición de nuevos escondrijos. 
El objetivo ha de ser el de desarrollar con la mayor rapidez posible un sistema de información de cobertura europea contra el blanqueo de capitales. 
Si no establecemos una red de cooperación destinada a la vigilancia y a la lucha, llegará un día en que no podremos abarcar con la vista las actividades de blanqueo de capitales. 
No hay que llegar a eso. 
Señor Presidente, después de nueve años ya era hora de que se pusiera al día la Directiva de 1991. 
Sin embargo, parece que la nueva directiva se centra casi exclusivamente en las tareas, los papeles y las responsabilidades de los profesionales liberales no valorando lo suficiente la aparición de tráficos ilícitos, tristemente ligados a fenómenos migratorios masivos, incontrolados e incontrolables, especialmente en los países balcánicos, que no solo afectan al sector estrictamente financiero, sino también al ámbito más ampliamente social en los Estados que ya forman parte de la Unión Europea. 
Por lo tanto, sería oportuno y necesario disponer cuanto antes de los resultados de los trabajos del grupo operativo en materia de blanqueo de capitales. 
La Comisión propone en la directiva la obligación de información, sin embargo, nos preocupa la gestión de la información, dado que quizás sería oportuna la institución de una authority o de un observatorio permanente, teniendo en cuenta la extraordinaria diversificación de las clases de blanqueo de dinero. 
Es limitativa la referencia a los bancos o a los marchantes o a los subastadores, ya que podríamos recordar no solo el off-shore, sino también las sociedades piramidales albanesas, así como las pequeñas actividades comerciales que sirven de tapadera de los tráficos ilícitos. 
Es evidente que hasta la fecha la prevención no ha sido suficiente: habrá que pensar entonces en recurrir al presupuesto para establecer sanciones. 
Por último, cabe advertir que también las operaciones de blanqueo de capitales se han de subsumir en la valoración del respeto de los derechos humanos, pues con frecuencia las actividades ilícitas se traducen en la venta de armas y de drogas, en el tráfico carnal de mujeres y de niños con fines pedófilos. 
Por lo tanto, en la valoración de la admisión de un Estado candidato a la ampliación se ha de tener en cuenta de manera sustancial la actividad ilícita del blanqueo de capitales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Principios estadounidenses de puerto seguro 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A5-0177/2000) de la Sra. Paciotti, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión de la Comisión relativa a la pertinencia de los niveles de protección establecidos en los principios estadounidenses de puerto seguro. 
. (IT) Señor Presidente, en la Unión Europea el derecho a la confidencialidad de los datos personales es un derecho fundamental, aunque también se protege el interés del mercado por la libre circulación de los datos. 
Para garantizar un equilibrio entre estas exigencias, la Directiva 46 de 1995 prevé una serie de normas que los Estados miembros deben transponer- y, de hecho, han transpuesto con leyes propias- y prevé la institución de una Autoridad independiente que garantice el respeto de esas normas según el principio de la autodeterminación informativa. Es decir, la persona titular de los datos debe poder elegir entre consentir o no consentir el tratamiento de datos, a quién prestar su consentimiento y para qué fin. 
Por lo tanto, para el interesado se prevé, además del recurso a la Autoridad garante, también el derecho a un recurso jurisdiccional en caso de violación de los derechos que le garantiza la ley. 
Para la transferencia de los datos a los terceros países, es necesario comprobar si dichos países garantizan un nivel de protección adecuada. 
Cuando esta protección no está garantizada es posible asimismo la transferencia de datos en virtud de cláusulas contractuales apropiadas. De hecho, en el Consejo de Europa se están estudiando cláusulas tipo para facilitar los acuerdos con los países que no garantizan una protección legislativa. 
La adecuación de la protección en el tercer país se evaluará por la Comisión Europea que obliga a los Estados miembros a armonizarse. 
Ahora bien, no se plantean problemas cuando el tercer país garantiza la protección de los datos con sus leyes. 
Es el caso, en estos días, de Suiza y de Hungría, países respecto a los que el Parlamento Europeo no tiene razón alguna de intervenir al no tener observaciones que formular. 
Distinto es el caso de los Estados Unidos de América, en que no existe una legislación general de protección de los datos en el sector privado. 
Por ello, durante las trabajosas negociaciones entre la Comisión y el Departamento de Comercio estadounidense, se trató de encontrar una solución que permitiese la transferencia de datos a esas empresas privadas que se sometiesen voluntariamente a un sistema de autorregulación llamado "puerto seguro". 
Recientemente, el 6 de junio, la Comisión Europea nos remitió los documentos relativos a las conclusiones alcanzadas que la Comisión considera que proporcionan una protección adecuada. 
El Comité compuesto por los representantes de los Estados miembros emitió su opinión favorable, sin embargo, el Comité compuesto por las Autoridades garantes de los Estados miembros formuló observaciones críticas. 
Algunas de las preocupaciones expresadas por el Comités de los garantes se pueden considerar superadas gracias a las posteriores precisiones facilitadas por la Comisión, por ejemplo, en lo que al ámbito de aplicación del sistema se refiere. 
No obstante, siguen abiertos algunos problemas, en particular una cuestión fundamental como es la del enforcement, es decir, la garantía del respeto de los compromisos que asumirán las empresas adheridas al safe harbour. 
En efecto, puesto que no hay una ley ni un contrato, no existen derechos de los particulares que se puedan hacer valer ante un juez. 
Hay formas de control del sistema safe harbour con posibilidades de sanciones, pero sólo para el caso de prácticas desleales o fraudulentas que la Comisión Federal de Comercio puede examinar discrecionalmente; existe asimismo la posibilidad de presentar una reclamación ante los organismos privados, de solución de las controversias, que serán elegidos por la empresa responsable del tratamiento de datos, sin embargo, en favor de la persona que estime que se han violado sus derechos no se contempla el derecho a recurrir. 
Se podrá considerar que el sistema safe harbour garantiza un nivel de protección adecuada, de conformidad con el artículo 25 de la Directiva, sólo si garantizará una posibilidad de protección eficaz del ciudadano europeo que viera lesionados sus derechos, esto es, si existe la posibilidad de conseguir la cancelación de los datos tratados ilegalmente y el resarcimiento de los daños sufridos a través de un recurso a un juez o a un árbitro o a un cualquier tercero independiente encargado de asegurar la indemnización del posible daño sufrido. 
Con la resolución se pide asimismo que se autorice la transferencia de datos sólo cuando el sistema será efectivamente operativo y de vigilar su aplicación con una monitorización adecuada. 
Con esto no se pretende que los Estados Unidos cambien su sistema, aunque son muchas y muy autorizadas las voces que se han alzado en ese país pidiendo la adopción de una legislación en esta materia, lo único que se pretende es que los ciudadanos europeos queden protegidos adecuadamente como exigen las organizaciones de consumidores europeos y como querrían para sí mismos también los propios consumidores americanos. 
Éste es el sentido de la resolución sometida a su examen que les pido que aprueben para que no se introduzca en esta materia tan delicada un modelo internacional que conceda menos garantías que otros Estados podrían exigir que se aplicase, pero sobre todo para que el Parlamento Europeo demuestre que es un solícito defensor de los derechos de los ciudadanos, unos derechos que les reconoce la legislación comunitaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde el respeto que le tengo a Sra. Paciotti tengo que empezar echándole en cara su ambigüedad. 
Vamos a ver, claramente, lo que usted propone no es un "yes, but", como ha estado defendiendo, sino un "no and less"; que el Parlamento lo sepa. 
"No and less", como usted muy bien ha dicho, si el sistema no está operativo antes de que se confirme el juicio de adecuación, si no se llevan a cabo esas modificaciones sobre indemnizaciones de daños morales o patrimoniales, si no se establece un derecho de cancelación y si no se establece un derecho personal de reclamación judicial. 
Pues bien, frente a esto yo defiendo, y espero que la Cámara en su mayoría así lo vote a través de las enmiendas presentadas por mi Grupo y por algún otro grupo, un "sí" bajo estrecha vigilancia, por realismo, por respeto del derecho, por respeto del equilibrio interinstitucional, pero, sobre todo, señor Presidente, por respeto a los ciudadanos, y en su beneficio. 
Le acuso a la postura contraria de falta de realismo. 
De falta de realismo ante una negociación que ha sido satisfactoria, habida cuenta del contexto, del adversario o de la parte contraria y del contexto legal sobre el que volveré. 
Hablo de un grave problema interinstitucional puesto que aquí el Parlamento no está en codecisión, no se enmienda, no tenemos esa capacidad. 
Lo que tenemos es un poder dado a la Comisión y unos Estados miembros que por unanimidad han respaldado esa postura. 
¿Qué pretendemos? 
Salvar nuestra responsabilidad como en la muy ambigua enmienda 6 se establece. 
Porque, Sra. Paciotti, es nuestra directiva, nosotros la votamos, nosotros establecimos no un criterio de equivalencia, sino un criterio de adecuación, y establecimos que la Comisión era responsable para valorar ese criterio de adecuación y se le establecía una comisión de los Estados miembros que, por unanimidad, han adoptado esta postura. 
Señora Paciotti, si queremos cambiar, cambiemos la directiva, pero no intentemos por este subterfugio, totalmente contrario a derecho, llegar a una situación que no beneficiará a los ciudadanos, porque si éstas fueran las únicas críticas que se hicieran, yo la apoyaría a usted, la apoyaría con este matíz, de reformar la directiva. 
Pero la apoyaría. 
Pero es que no es en beneficio de los ciudadanos. 
Usted dice que en estos momentos los datos se pueden mandar a través de contrato. 
No es realista, Sra. Paciotti, usted sabe que no es realista. 
En estos momentos los datos están circulando sin ninguna garantía. 
Y ahora hablemos del Safe Harbor. 
Decir que el Safe Harbor debe de estar operativo antes de dar nuestro juicio de adecuación significa hundirlo. 
Porque ninguna empresa se va a meter en lo que esto significa de inversión y de cambio, salvo que sepa que le va a garantizar la posibilidad de tener acceso a la libre circulación de los datos. 
Y he decirle que hay veinticinco años al menos de experiencia de este tipo de sistemas en Estados Unidos que avalan que esto puede funcionar y que va a funcionar. 
Y va a funcionar. 
En lo que respecta a recursos y daños. 
Usted, que es una magnífica jurista, sabe que una institución no se puede analizar aislada de su contexto; analícela, pues, dentro del sistema legal y jurisdiccional de los Estados Unidos y tendrá un análisis completamente distinto del que usted ha hecho. 
Porque la mayor parte, no digo todos, pero una gran parte de esos derechos tienen un recurso jurisdiccional, en última instancia, después de haber pasado por la denuncia al instituto gubernamental responsable. 
Y tampoco le prohíbe esto ir a la jurisdicción. 
Esto, en lo que respecta a daños económicos, porque la legislación americana no contempla los daños morales y no les podemos exigir que cambien su legislación. 
Por último, la cancelación. 
Eso es contrario a los principios establecidos por la OCDE en 1980. 
Espero que mañana la Cámara apoye esta postura que, como he dicho, es en definitiva la que interesa a los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Comisión por haber perseverado en las negociaciones con los EEUU durante los dos últimos años. 
La realidad es que los datos están viajando a través del Atlántico y que nosotros, y nuestros ciudadanos, no estamos protegidos en la actualidad. 
Así que, para nosotros, la pregunta debe ser: ¿Les otorgamos la protección que se nos propone o decidimos que no es suficiente? ¿Y si hacemos esto último, qué ocurrirá entonces? 
Con razón se han manifestado preocupaciones a propósito del acceso de los particulares al derecho de cancelación y a las indemnizaciones. 
Pero esto plantea el debate fundamental del choque de culturas jurídicas que ha estado en el centro de estas negociaciones. 
Evidentemente, como Parlamento elegido que somos, tenemos el deber de proteger a nuestros ciudadanos, pero me temo que la condicionalidad contenida en el párrafo 7º del informe de la Sra. Paciotti pone en peligro el conjunto del acuerdo, pues difícilmente podría tratarse de algo más esencial en el debate en torno a la adecuación o la equivalencia. 
Nos encontramos aquí en un contexto global y el comercio electrónico seguirá provocando choques entre sistemas jurídicos y estilos. 
Sin embargo no podemos pretender cambiar la forma en que los norteamericanos aplican su propia legislación o se relacionan con su sistema jurídico. 
Tienen su forma de hacer y nosotros tenemos la nuestra. 
Ellos llegarán a sus propias conclusiones sobre como cambiar su sistema. 
Sí, es cierto que lo están considerando; Sí, es cierto que ha habido varios informes anuales sobre protección de datos de particulares. 
Ya me gustaría a mi que hubiésemos hecho eso en nuestra Unión Europea. 
Insto a mis colegas a que en la votación de mañana otorguen a nuestros ciudadanos protección a partir de ahora. 
La condicionalidad significaría no tener ninguna protección ahora. 
Pero si manifestamos nuestras fuertes reservas y solicitamos una revisión clara, esto otorgará a nuestros ciudadanos protección desde ahora y significará un avance en un terreno tan difícil como este. 
Señor Presidente, queridos colegas, la Sra. Paciotti ha realizado un trabajo excelente, muy consecuente, preciso en sus reflexiones y equilibrado en sus conclusiones. 
Considera tanto la protección necesaria de las personas contra cualquier uso abusivo de la información que les atañe como la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo con los Estados-Unidos para no frenar el desarrollo del comercio. 
En el momento en que el desarrollo de una sociedad de la información gracias a las nuevas tecnologías aparece como una certeza, nos parece esencial poner en marcha desde hoy mismo las herramientas necesarias para proteger tanto al consumidor como al ciudadano de los abusos inherentes a las técnicas del marketing y de las técnicas innovadoras, muy ávidas de información precisa. 
Nuestra ponente ha subrayado, dentro del marco de un acuerdo con los Estados Unidos, hasta qué punto este país esta desprovisto de cualquier norma jurídicamente apremiante en materia de protección de datos personales. 
Las empresas americanas pueden pues utilizar todos los datos que deseen sin que el Estado federal tenga nada que objetar. 
Nos parece especialmente peligroso que la Comisión esté dispuesta ratificar un acuerdo que aporta muy pocas garantías al ciudadano. 
Los principios estadounidenses de puerto seguro que nos proponen las autoridades americanas no ofrecen ninguna protección. 
En efecto, se trata de una norma voluntaria que las mismas empresas aplicarían y aún así, sólo respecto a Europeos. 
Además, este texto no permite a los ciudadanos entablar acciones judiciales si sus derechos se ven burlados. 
En un momento en que, tras años de debate, el Consejo parece preparado a poner en marcha una verdadera instancia europea de control del uso de los datos personales, sería una verdadera pena soltar la presión con respecto a nuestras exigencias en la materia con respecto a terceros países en general y a los Estados Unidos en particular. 
Se trata de una condición sine qua non de una protección real de las libertades individuales de los ciudadanos. 
Para terminar, recordaré a la Comisión que la protección de los datos personales es parte íntegra... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, compartimos totalmente el informe de la Sra. Paciotti y respaldamos sus conclusiones. 
Con el acuerdo "puerto seguro" tendríamos una transferencia de datos a empresas, sociedades y corporaciones americanas sin ninguna posibilidad de recurso ante una autoridad independiente en el caso de uso inadecuado o ilícito y de este modo también dejaríamos sin efecto esas garantías mínimas que gozamos en la Unión. 
Durante la audiencia celebrada por la Comisión de Libertades Públicas, hemos atendido las preocupaciones de los representantes de los consumidores americanos acerca de la falta de adecuación del sistema de protección en su país y, al final, hemos tomado nota de la necesidad, expresada por el Presidente Clinton, de que los Estados Unidos adopten una legislación orgánica en materia de protección de datos de carácter personal. 
Al aprobar este informe, no solo manifestamos la voluntad política de alcanzar un acuerdo que contemple cláusulas de protección respetuosas de la legislación europea, sino que también animamos a una gran parte de la opinión pública de los Estados Unidos y de su Congreso a elaborar un sistema de leyes que protejan los datos personales. 
A falta de un sistema de este tipo y sin las modificaciones pedidas por el informe Paciotti, será mejor llamar "puerto inseguro" el acuerdo con los Estados Unidos. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Sra. Paciotti por el trabajo que ha realizado para este informe así como hacer extensivo mi agradecimiento al Comisario Bolkenstein que nos envió a menudo a sus funcionarios para asistirnos en los trabajos de la comisión que tengo el honor de presidir en relación con este informe. 
La protección de datos, que es esencial para la intimidad, plantea grandes problemas en una época dominada por las comunicaciones electrónicas. 
Si hemos de ser francos, habremos de admitir que, hasta ahora, ningún gobierno a encontrado una manera de ofrecer una protección adecuada a sus ciudadanos. 
Dentro de la Unión Europea el intentar regular ha través de la legislación ha resultado un método muy imperfecto. 
En los EEUU, el método de la autoregulación también ha planteado problemas muy serios como nos indica el informe del mes pasado de la Comisión federal de Comercio al Congreso. 
Los Demócratas Liberales hemos adoptado el punto de vista de que la propuesta de proyecto de acuerdo plantea muchas dudas, pero que en conjunto, y puesto que se trata del acuerdo que se nos ofrece, es mejor dotarse de una regulación que dejar que este importante comercio siga creciendo y permitir que reine la anarquía. 
En mi Grupo ha habido mucho debate en torno al impacto y a las implicaciones jurídicas de este informe. 
Entiendo que este informe dice "yes, but", pero- con razón- obliga a las empresas que participen en el "safe harbor" a que se comprometan a indemnizar en caso de que particulares sufran perjuicios a consecuencia del uso abusivo de datos que les conciernan. 
A mi personalmente me parece que ello es necesario para que exista confianza por parte de los consumidores, confianza que es algo voluble, pero otros, probablemente la mayoría de mi Grupo, apoyarían las enmiendas nº 1 y 2 que, les parece, despejan todas las dudas legales. 
Evidentemente, no podemos saber como reaccionarán los EEUU ante nuestras preocupaciones. 
Me guía el considerable interés económico de los EEUU por firmar este acuerdo, pero reconozco que a otros les guía una honda preocupación por la actual falta de protección así como un deseo de obtener, al menos, la protección limitada que ofrece este acuerdo. 
De cualquier forma, seguimos confiando en que los desarrollos legislativos al otro lado del Atlántico dejarán obsoleto el Safe Harbor y agradecemos a la Comisión el trabajo realizado para intentar llegar a lo que claramente les parece que es el mejor resultado de los posibles. 
. 
(NL) Le agradezco mucho, señor Presidente, que me haya concedido la palabra para hablar de este importante asunto. 
Dado el tiempo que hay disponible y el mucho trabajo que aun hay que completar esta tarde, me limitaré a algunos puntos principales. 
Sobre la base del presente proyecto de resolución, para mí no está claro si el Parlamento tiene intención de adoptar una decisión acerca de si la Comisión ha traspasado o no sus competencias. 
Por consiguiente pediría al Parlamento que fuera más claro en su resolución. 
Naturalmente, la Comisión opina que en su propuesta de decisión sobre los principios de puerto seguro, ha hecho un uso correcto de sus competencias y espero que el Parlamento también lo piense así. 
El Parlamento pondría a la Comisión en una posición extraordinariamente difícil en caso de que tomara una resolución poco clara o negativa. 
Añado a esto que el apoyo a la enmienda 1 evitaría tal inconveniente resultado. 
En la resolución que se presenta ahora, en el apartado 8 se señala que el libre comercio de datos no puede permitirse hasta que todos los componentes del sistema de puerto seguro sean operativos. 
Supongo que esto significa, por ejemplo, que los documentos de los Estados Unidos, que en estos momentos se encuentran en una fase de proyecto, deben ser publicados oficialmente antes de que se apruebe la decisión, y la Comisión está de acuerdo. 
No obstante, la Comisión no está de acuerdo con la sugerencia de que procedamos a un juicio de adecuación después de que el sistema de puerto seguro lleve un tiempo vigente. 
Hay una razón por la cual esto no puede ser. 
Las empresas americanas no podrían estar preparadas para efectuar las inversiones que son necesarias para cumplir los requisitos de puerto seguro, mientras no estén seguras de que esto se considere una protección adecuada. 
La cuestión de qué fue antes, el huevo o la gallina, no me parece aquí tan importante. 
Nuestra decisión es unilateral. 
Permítanme subrayar esto, también para la Sra. Paciotti, a quien además felicito cordialmente por todo el trabajo que ha llevado a cabo con este asunto. 
Repito, la cuestión del huevo o la gallina no es importante. 
La decisión es unilateral y si el sistema de puerto seguro no está en consonancia con los requisitos que han impuesto los Estados Unidos, podemos aplazar o retirar nuestra decisión. 
Espero que no tengamos que ir tan lejos, por el hecho de que podemos aspirar a una ejecución concienzuda en los Estados Unidos. 
En el apartado 7 del proyecto de resolución se señala que es preciso introducir determinadas modificaciones antes de que el Parlamento pueda aprobar que el sistema de puerto seguro ofrezca una protección adecuada. 
Dejando al margen la cuestión de si la introducción de estas condiciones es competencia del Parlamento, quisiera señalar en primer lugar que ninguno de estos puntos es nuevo para la Comisión. 
Por el contrario, hay mejoras que ya hemos intentado en nuestras conversaciones con los Estados Unidos. Pero el Gobierno de ese país las ha rechazado consistentemente. 
En sí misma, la negativa es una razón insuficiente para abandonarlas. 
Pero la pregunta clave es, ¿son estas modificaciones una condición sine qua non para llegar a un juicio de adecuación? 
La postura de la Comisión, y esto lo comparten todos los Estados miembros, es que ninguna de estas modificaciones, aunque deseable, es necesaria. 
Y quisiera pedir a los miembros de su Asamblea que no olviden que debemos comprobar si el puerto seguro goza de adecuada protección, y no si responde a todos los criterios de la directiva. 
La primera modificación que es preciso efectuar es el reconocimiento del derecho personal a presentar una reclamación ante un órgano público independiente si se infringen los principios de puerto seguro. 
Este es un punto que ha puesto de relieve con cierta insistencia la Sra. Paciotti. 
El sistema de puerto seguro, no obstante, vela ya por un tratamiento independiente de los litigios y esto se lleva a cabo en innumerables casos a través de organismos de solución de litigios de un sector particular. 
Por una serie de razones debemos estimular y no ir en contra de este tratamiento alternativo de los litigios, que a menudo es más amistoso que los procedimientos legales. 
El sistema de puerto seguro prevé también un órgano público. Un órgano no sólo autorregulador, sino autorregulador apoyado por la legislación. 
Y las dos instancias de mantenimiento del orden que se reconocen en la decisión son el Departamento de Comercio y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. 
Naturalmente, un particular puede tener motivos para dirigirse a un tribunal en los Estados Unidos. 
Pero el tratamiento alternativo de los litigios no tiene por qué ser un obstáculo para solicitar daños y perjuicios ante un juez. 
Imponer más requisitos entrañaría el peligro de que entremos en sistema equivalente a una directiva, mientras que solamente podemos exigir una protección adecuada. 
Los funcionarios encargados de la protección de datos en la Unión Europea incluso han dicho, en un dictamen que se cita detalladamente en su proyecto de resolución, que los sistemas de autorregulación en principio ofrecen una protección adecuada. 
La segunda modificación se refiere a obligar a las empresas participantes a ofrecer una indemnización por los daños que han causado a los afectados por la infracción de los principios. 
En numerosas circunstancias las empresas participantes deben ofrecer una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo, en virtud de sus obligaciones con arreglo a la legislación en los Estados Unidos. 
El puerto seguro no ofrece el mismo tipo de garantía global que la directiva, pero, una vez más, no tenemos derecho a exigir los mismos requisitos que la directiva. 
Y no pienso que esta deficiencia sea excesiva. 
Debemos considerar esta cuestión en su justa perspectiva. 
Incluso en la Unión Europea sólo hay una pequeña cantidad de casos que han llevado al reembolso de indemnizaciones por daños y perjuicios. 
La tercera modificación que quiere el Parlamento es el derecho a borrar datos si se han obtenido o elaborado de forma ilícita. 
En el puerto seguro, borrar datos es una sanción que todos los organismos de solución de litigios deben poder usar, pero es tarea de estos organismos decidir en qué circunstancias debe aplicarse la sanción. 
Los Estados Unidos argumentan que borrar datos según las orientaciones de la OCDE no es un requisito. 
Aunque las orientaciones de la OCDE son susceptibles de más de una interpretación, difícilmente se puede excluir plenamente la de los Estados Unidos. 
El Grupo de trabajo de funcionarios para la protección de datos no ha considerado que borrar datos sea esencial para una protección de datos adecuada. La Comisión tampoco considera esencial atenerse a esas modificaciones para poder considerar como adecuado el nivel de protección de puerto seguro. 
Para hacer de esas modificaciones condición necesaria para la aprobación del juicio de adecuación, probablemente antes habría que hacer hundir el puerto seguro que cumplir las mejoras exigidas. 
Me gustaría hacer gran hincapié en esta cuestión. 
Los Estados Unidos no quieren volver a los debates y también la Comisión opina que las conversaciones han concluido. 
Tanto los afectados de quienes se transmiten los datos como los agentes económicos necesitan el puerto seguro. 
Para las empresas a ambos lados del Océano Atlántico es obvio. 
El puerto seguro simplificará la transmisión de datos y garantizará mayor seguridad jurídica. 
Pero asimismo mejorará sustancialmente la protección de los afectados. 
Los datos fluyen ahora a los Estados Unidos y una gran parte de ellos se transmite sin protección, como acaba de subrayar la Sra. Palacio. 
El puerto seguro no solucionará de una vez todos los problemas y aumentará las normas de protección en los Estados Unidos en mucha mayor medida que cualquier otra solución y, mediante la simplificación de la transmisión de datos, hará menos interesante la posibilidad de eludir dicha protección. 
Por último me gustaría hacer un llamamiento a este Parlamento para que adopte una resolución clara que ponga en marcha el sistema de puerto seguro. 
En este asunto el Parlamento se encontrará bien acompañado. 
El Grupo de trabajo de los funcionarios para el tratamiento de datos elaboró el 16 de mayo un dictamen que seguramente habrán visto. 
Todos hubieran querido más mejoras en el sistema, pero los funcionarios tienen la idea de no rechazar una decisión de la Comisión en el contexto actual, porque de esta manera se puede poner a prueba el sistema en la práctica. 
Naturalmente hicieron hincapié en la necesidad de llevar a cabo una supervisión y prestar una atención muy concienzudas durante la aplicación de la decisión. 
Los Estados miembros, como se ha manifestado esta tarde, apoyaron el proyecto de decisión de la Comisión unánimemente cuando se pidió su opinión a finales de mayo. 
Algunos tenían las mismas preocupaciones que esta tarde han surgido en el proyecto de resolución del Parlamento. 
Pero todos estaban completamente de acuerdo en que había llegado el momento de dar una oportunidad al sistema. 
Por último, el Parlamento no debería ir solo en apoyo de la propuesta de la Comisión. 
Al expresar su preocupación y al animar a la Comisión a estar alerta, el Parlamento se une a los funcionarios de la protección de datos, pero poniendo obstáculos el Parlamento no mejorará el puerto seguro, sino que prolongará la situación existente, lo cual redunda en perjuicio de los afectados y de las empresas. 
El puerto seguro no es perfecto, pero las alternativas no son mejores. 
Permítanme dar las gracias una vez más a la ponente, Sra. Paciotti, a las comisiones que se han encargado del tema, a sus presidentes, a la Sra. Palacio y al Sr. Watson, por el trabajo constructivo que han realizado en este tema. 
Espero con confianza la votación del Parlamento sobre este asunto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Visados 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0179/2000) del Sr. Lehne relativo al establecimiento de la lista de terceros países cuyos nacionales tienen la obligación de ser titulares de visado para cruzar una frontera exterior y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. 
, ponente. 
(DE) Señor Presidente, señoras y señores, este reglamento tiene también su historia previa. 
Una historia previa que se remonta a lo largo de toda la última legislatura. 
Ustedes recordarán que tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht se pretendía implantar por vez primera en el seno de la Unión Europea una regulación única de los visados. 
Esto significaba que para las personas que viajaran a la Unión Europea desde terceros estados debían regir en principio las mismas obligaciones de visado frente a todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
La Comisión presentó ya entonces una propuesta que era muy buena en conjunto y que obtuvo el apoyo del Parlamento. 
Lamentablemente, el Consejo modificó después sustancialmente dicha propuesta y declaró, por decirlo así, como casi no vinculante todo lo que figuraba en esa lista de visados, diciendo que cada cual podía ir más allá de la misma y cargar también a otros estados con la obligación del visado o exonerarlos de la misma; lo único que había que hacer es notificar esto. 
El Parlamento Europeo mantuvo entonces la opinión de que no habíamos sido debidamente escuchados sobre el asunto y que, por lo demás, semejante resultado estaba también en contradicción con lo que realmente quería el Tratado de Maastricht. 
Entonces presentamos una querella. Ganamos esta querella ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
El correspondiente reglamento del Consejo fue declarado nulo y sin efecto. 
El resultado fue entonces que la Comisión nos hizo otra propuesta que era muy semejante a la primera propuesta, de la cual tomamos nota básicamente en sentido positivo en el Parlamento y que por la modificación de la situación jurídica- Maastricht se convirtió en Ámsterdam- hubo de desembocar en una nueva propuesta que ahora está aquí sobre la mesa y que hemos de discutir una vez más. 
El Parlamento sigue manteniendo la opinión de que la lista de visados contenida en el marco de este reglamento sobre visados debe ser cerrada, es decir, que no debe haber ninguna excepción que vaya más allá de la misma, por consiguiente, no debe haber listas negras, verdes, azules, amarillas, marrones, sino, por favor, sólo una lista y que ésta sea vinculante y nada más. 
Este es un aspecto muy decisivo de cara a que tengamos finalmente una única regulación de visados en la Unión Europea. 
Por lo demás, la Comisión se movió en lo que respecta a un punto importante que el Parlamento consideró sustancial ya entonces. 
En efecto, se trata de las obligaciones de visado para los países asociados que en este momento se encuentran ya en el proceso de ingreso, en concreto, Bulgaria y Rumania. 
El Parlamento ha mantenido siempre la opinión de que debe haber exención de visado para estos estados. 
Hemos llegado a esta conclusión teniendo en cuenta el hecho de que en estos estados se han dado grandes avances en la cuestión de la seguridad interna y en otros muchos aspectos. 
Entretanto la Comisión ha asumido también esto y propone admitir a Bulgaria y Rumania en la lista de los estados libres de visado. Consideramos esto como un avance. 
Evidentemente, estos países han logrado convencer también a la Comisión. 
No nos queda más que esperar a que el Consejo, una vez escuchado el Parlamento Europeo, decida exactamente lo mismo, en la medida de lo posible, y muestre también aquí avances importantes. 
Mi ruego sería que en el Consejo, a ser posible, se debata sin demora esta directiva. 
Permítanme dar una vez más las gracias al Pleno, pero también esta vez a la Conferencia de Presidentes, la cual, contra todos los planes iniciales, ha admitido este informe en el orden del día de hoy, con lo cual se produce también, precisamente, la posibilidad de concluir esto rápidamente y de emitir la señal correspondiente. 
Desde el Consejo se me han comunicado anticipadamente una serie de deseos acerca de enmiendas que habría que aceptar aquí. Así, por ejemplo, ha habido la propuesta de introducir una reciprocidad, por llamarla así. 
Muy sencillo: para los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros existen, en parte, en terceros estados, obligaciones de visado. 
En este caso, estos Estados miembros deberían tener la posibilidad de poder exigir también visados a los ciudadanos de estos terceros estados. 
Yo he rechazado esto. 
No porque no entienda las exigencias de estos Estados miembros, sino porque creo que con esto volvemos a romper el principio, y de esta manera vulneramos de nuevo las disposiciones del Tratado el cual prevé que haya una única lista de visados, una lista para los estados respecto de los cuales existe la obligación del visado, y otra para los que no existe ninguna obligación de visado. 
Por esta razón creo que no podemos hacer algo así. 
En Europa hemos ido tan lejos- menciono solamente el término de puesta en práctica del Acuerdo de Schengen, es decir, ausencia de control en un gran número de fronteras- que, sencillamente, no puede ser de otra manera. 
Necesitamos una única regulación en materia de visados y creo que la Comisión ha puesto sobre la mesa una buena propuesta. 
Nosotros, como Parlamento, la hemos debatido también en este sentido, tal como lo imagina, espero, la Comisión. 
Ahora le corresponde al Consejo. 
Tiene llegar enseguida a un resultado lo más constructivo y rápido posible. 
Señor Presidente, ante todo me gustaría felicitar al ponente, que ha presentado un informe conciso y bien elaborado que además nos complace apoyar. 
Me gustaría llamar la atención sobre uno o dos puntos del mismo. 
Espero que la mayoría de los Parlamentarios de esta casa estarán de acuerdo en que deberíamos de ir avanzando hacia una Europa sin visados, una Europa sin barreras, que se encuentre a gusto consigo misma y con el resto del mundo. 
Sé que aún nos enfrentamos a algunos obstáculos y que Europa y el mundo aún no están del todo preparados por ahora. 
Pero el ponente ha hablado de que no haya excepciones y me encanta apoyarle en lo referente a que tengamos una única lista. 
También quisiera llamar la atención sobre algunas enmiendas. 
La enmienda 2ª es importante. 
En ella se dice que es esencial que dispongamos de procedimientos tan sencillos como sea posible y que no supongan un gasto excesivo para los solicitantes. 
Muchos de nosotros en esta casa sabemos, como cualquier otra persona, que conseguir un visado puede resultar lento y costoso. 
Quisiéramos asegurarnos de que en Europa no ocurra esto, y para ello trabajaremos en la dirección opuesta. 
De forma similar la enmienda nº 6 alude a los jóvenes y a la promoción de su participación en programas de juventud a través de la supresión de la carga suplementaria de tener que obtener un visado. 
Esto es importante porque los jóvenes están entusiasmados con el ideal europeo y no queremos ponerles ningún obstáculo que les haga pensar que Europa no es acogedora y que no está avanzando en la dirección adecuada. 
Mi última observación se refiere a Rumania y a Bulgaria, en particular a Rumania, un país que conozco bien. 
Cada vez que voy allí tengo que pasar por todos los trámites para obtener un visado y los rumanos me dicen que mientras la Unión Europea siga exigiéndoles visados ellos nos los seguirán exigiendo a nosotros. 
Así que estamos dando un paso en la dirección acertada y me complace apoyar las enmiendas y el informe. 
Señor Presidente, con la introducción de una nueva política europea de visados se está tratando una cuestión importante y ahora estamos discutiendo aquí en la Asamblea el estado más reciente de esta política de visados. 
El Informe de nuestro colega, el Sr. Lehne, proporciona a este respecto impulsos importantes y apoyamos este informe. Pero, entretanto, esto se sabe también y, por consiguiente, no necesito dar una vez más las gracias, pues lo he hecho ya privadamente. 
Sobre lo que yo quiero hablar hoy, y lo he pensado tres veces pues soy de origen turco, es lo siguiente: cuando reflexionamos acerca de si deberíamos presentar enmiendas, no lo hicimos. 
Por otro lado, quisiera aprovechar hoy la oportunidad, puesto que otras veces nadie me escucha, para opinar sobre algo que no me gusta del todo. 
En mi opinión no puede ser que la Unión Europea ofrezca la adhesión a Turquía y que al mismo tiempo mantenga las limitaciones en la entrada de viajeros. 
Me asombra que no logremos dar un tratamiento distinto a la cuestión de Turquía precisamente en esta lista única. 
Conozco las razones pero, no obstante, quiero utilizar nuestro Parlamento como plataforma. 
En Europa residen unos 3 millones de personas de origen turco y, precisamente por esta razón, nuestro Comisario debería quizá reflexionar en el futuro acerca de cómo vamos a regular de manera razonable y humana esta problemática en los próximos años. 
. (EN) Señor Presidente, la propuesta de la Comisión que se está discutiendo ahora debe ser considerada en el contexto de la nueva arquitectura resultante de la entrada en vigor del tratado de Ámsterdam. 
Está arquitectura se apoya en dos piedras angulares, a saber la creación de un espacio zona de libertad, seguridad y justicia de acuerdo con del nuevo Título IV insertado en el Tratado de la Comunidad Europea, y en la integración del acquis de Schengen en el marco de la Unión, a lo que se añade el factor de la geometría variable que resulta de varios de los protocolos anexados al Tratado de Ámsterdam por diferentes Estados Miembros. 
La propuesta de la Comisión tiene su fundamento jurídico en el Tratado de Ámsterdam, y su contenido y su redacción tienen en cuenta las exigencias institucionales que acabo de mencionar. 
La Comisión ha examinado cuidadosamente el informe del Sr. Lehne, a quien felicito. 
En el pasado el Sr. Lehne ya había tenido oportunidad, como ponente, de demostrar su interés, su pericia y compromiso en esta materia que acaba de presentarnos. 
A la Comisión le complace que el informe aprobado por la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos apoye la propuesta de la Comisión en términos generales. 
Pero ello no es muy sorprendente pues, como ha indicado el propio Sr. Lehne, la propuesta cumple con una serie de requisitos planteados por el propio Parlamento Europeo en varias resoluciones. 
Por lo que se refiere a las enmiendas a esta propuesta, la Comisión aprecia muchísimo la contribución constructiva del Parlamento. 
Para aclarar nuestra posición diré que las enmiendas nº 3 y 4 pueden ser aceptadas, pues los cambios que hacen en la redacción evitan toda contradicción con otras disposiciones de la norma. 
También podemos aceptar las enmiendas 1ª y 5ª. 
Las enmiendas nº 7 y 8 son consecuencia de un deseo de clarificar la línea de demarcación entre la finalidad de la normativa y otros asuntos, algunos de los cuales se rigen por el acquis de Schengen, integrados dentro de la Comunidad. 
La Comisión es sensible al deseo de claridad que además tuvo en cuenta en su memoria explicativa. 
La Comisión opina, sin embargo, que el lugar adecuado para esa aclaración no es un artículo de la propia norma, y está dispuesta a preparar un nuevo preámbulo que se base en la esencia de estas enmiendas. 
En nuestra opinión la enmienda 2ª no puede ser aceptada pues se refiere a los requisitos para obtener un visado, que no están incluidos en el ámbito de esta norma y que tendrán que ser tratados en otro instrumento diferente. 
Por último, a la Comisión tampoco le es posible aceptar la enmienda nº 6. 
A pesar de toda la simpatía que se puede sentir hacia la idea de eximir a los jóvenes que participen en programas de juventud de la Unión Europea de la obligación de obtener un visado, la Comisión debe atenerse a su objetivo de máxima harmonización y evitar casos que creen supuestos de inaplicación de la norma o excepciones al requisito de visado. 
La Comisión está convencida de que para garantizar que la necesidad de obtener un visado no constituya un obstáculo para los jóvenes que quieran tomar parte en programas de la Unión Europea tendrán que hacerse esfuerzos al elaborar las normas sobre condiciones para el otorgamiento de visados, que serán tratadas en un instrumento diferente, y que no están cubiertas por esta disposición. 
En conclusión, me gustaría dar las gracias al parlamento, a la Comisión de Derechos y Libertades del Ciudadano, Justicia y Asuntos Internos, al ponente, Sr. Lehne, por su enfoque constructivo así como, especialmente, por haber examinado la propuesta de la Comisión sobre los visados tan rápidamente. 
La Comisión aprecia la rapidez del parlamento, y, en el terreno de los visados, esta ayudará a cumplir con los plazos fijados en el plan de acción adoptado en Viena y reproducido en el tablero de resultados trazado tras el Consejo Europeo de Tampere. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.45 horas.) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera hablar del acta de la sesión de ayer y de algo que no aparece en el mismo. 
Ayer por la tarde yo planteé dos cuestiones. 
Una se refería al éxito de la Eurocopa 2000. 
La segunda, a si el Sr. Helmer se sumaba a mi felicitación a Su Majestad la Reina Isabel II por dar la bienvenida a la introducción del euro en el Reino Unido. 
No los veo recogidos en el acta. 
¿Podría cambiar esto, por favor? 
Señor Presidente, fuimos un gran número de diputados los que no pudimos estar presente aquí ayer debidos a problemas con las conexiones aéreas. 
Puedo informarles de que 25 diputados e intérpretes escandinavos tardaron entre 10 y 20 horas en llegar hasta Estrasburgo. 
Espero que tramita esta información a nuestra Presidenta francesa y le diga que resulta casi insoportable y que es una carga eterna esta obligación de reunirnos aquí en Estrasburgo. 
Y me gustaría pedirle al Sr. Presidente que se ponga en contacto con Air France, la cual ahora se hace cargo de la compañía aérea que ayer canceló su vuelo a Estrasburgo. 
Me gustaría pedirle que solicite a Air France que mantenga la ruta y la cubra a tiempo, de tal forma que podamos evitar estos problemas interminables a raíz de nuestros encuentros. 
Lo mejor sería naturalmente que no tuviéramos que acudir a Estrasburgo, pero esto es un tema totalmente distinto, señor Presidente. 
Señor Haarder, tomo buena nota, por supuesto, de sus observaciones. 
Creo que, en la mayoría de sus expedientes, debe usted haber visto también que una investigación ha sido ordenada por el gobierno francés. Esta le pide precisamente que diga cuales son sus problemas para ir a Estrasburgo en avión. 
Sé que muchos colegas han tenido problemas, ayer, pero les advierto que cuando presido no soy francés, soy europeo. 
Señor Presidente, sigo hablando de este mismo tema: a muchos les ha sido imposible llegar aquí a tiempo a causa del tráfico aéreo. 
Personalmente, sí he llegado a tiempo, pero ni siquiera he encontrado la lista de firmas de asistencia, así que desearía que esto quedase asentado en el Acta de hoy. 
Señor Presidente, yo también me hallaba a bordo del vuelo de ayer del que se habla. 
Tardé doce horas en llegar a Estrasburgo. 
Además, tuve también problemas a la hora de conseguir plaza en un vuelo a Estrasburgo. 
Es totalmente inaceptable que un diputado deba emplear el tiempo que debiera emplear en su labor política o en reunirse con sus electores en su circunscripción no sólo especulando sobre cómo se las arreglará para llegar hasta su lugar de trabajo sino también tratando de descubrir cómo pasará la noche. 
Si uno no tiene tanta suerte como para que le toque la lotería y disfrute de una habitación de hotel fija, de vez en cuando también debe pensar dónde va a dormir y cómo se las va a arreglar para llegar hasta su hotel en la ciudad, etc. Tenemos que conseguir arreglar algunas cosas si se quiere que este Parlamento continúe con su labor. 
Me dirijo a usted como francés- aunque soy plenamente consciente de que su nacionalidad no desempeña ningún papel en su labor como Presidente- pues la Presidencia de la UE recae ahora en Francia y por lo que sé, a Francia le interesa que el Parlamento permanezca en Estrasburgo. 
Me gustaría pedir que el Sr. Presidente francés sea informado de las imposibles condiciones de trabajo a las que nos hallamos expuestos porque el Parlamento se reúne en Estrasburgo. 
Señor Presidente, sólo quiero decir que después de once años como diputado conozco la compañía área francesa por lo que elegí otra y llegué a tiempo. 
Señor Presidente, yo comprendo a nuestros colegas daneses en esta cuestión de las conexiones aéreas. 
El día de ayer fue totalmente catastrófico, pero a la vez les recuerdo que yo llevaba ya cinco horas viajando hacia Estrasburgo cuando empezaron los problemas de los daneses. 
Vengo desde una capital de un país europeo hasta Estrasburgo a través de otra capital de otro país europeo, haciendo uso de la ruta más corta posible. 
El viaje duró catorce horas desde la capital de mi país a Estrasburgo. 
Yo he votado en todas las votaciones del Parlamento a favor de Estrasburgo y también a favor del viernes. 
Pero esto no puede seguir así. 
Poco a poco me estoy inclinando hacia la opinión de que deberíamos reunirnos en Bruselas, a donde el viaje no dura catorce horas. 
Estimados colegas, sus observaciones están absolutamente justificadas. 
Estas serán transmitidas a los servicios competentes. 
Veo acumularse sobre mi mesa una lista de peticiones de toma de la palabra. 
Espero que no conciernan únicamente los problemas de los aviones hacia Estrasburgo, porque tenemos mucho trabajo esta mañana. 
Señor Presidente, esto no tiene nada que ver con aviones, aunque, si lo desean, puedo hablar de volar. 
Quisiera referirme en parte a una cuestión de orden y en parte al Acta de la sesión de ayer. 
Como recordarán, los primeros trece puntos del orden del día ocuparon la mayor parte de una hora. 
A continuación tuvimos el privilegio de la intervención del Primer Ministro de Portugal. 
En el momento en que el Primer Ministro intervenía, aproximadamente la mitad de la Cámara se levantó y se fue. 
Puede que esto se debiera a que tenían otras reuniones, o a lo que fuera, pero es una gran descortesía que la gente salga cuando el Primer Ministro está hablando. 
Le rogaría a su Señoría que pidiera a los Grupos políticos y al Parlamento que intentaran que cuando intervengan jefes de estado o primeros ministros en este Parlamento no haya otras reuniones que se celebren al mismo tiempo y que den a la gente la oportunidad de marcharse. 
Sus observaciones serán transmitidas a los responsables de los Grupos políticos y tendremos la oportunidad dentro de unos minutos de ver si la comunicación ha sido atendida. 
Señor Presidente, me gustaría referirme al procedimiento de admisión de los visitantes en Bruselas. 
Puedo decirle que en estos momentos, cuando tenemos visitantes en Bruselas, se les deja entrar y tienen que identificarse y a continuación en la recepción se quedan con su pasaporte. 
Le aseguro que me parece un procedimiento extraño. 
¿Por qué alguien que viene a visitarnos, uno de nuestros ciudadanos, tiene que entregar su pasaporte? 
Después se guarda en un depósito y cuando la persona en cuestión quiere marcharse del Parlamento, tiene que esperar un cuarto de hora hasta que se lo devuelven. 
Me gustaría preguntar cuál es la razón de este procedimiento. 
Con que la persona en cuestión se identifique es suficiente. No es necesario retener su pasaporte o el permiso de conducir. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que se mantenga el procedimiento de admisión tal como era antes: proceder a la identificación, hacer una tarjeta y dejar entrar a la gente. 
Estimado colega, lo más sencillo, para el problema que usted señala, es elevarlo directamente a la cuestura. 
Naturalmente, me aseguraré de que así sea. 
Señor Presidente, quisiera, aun brevemente, llamar la atención de la Cámara sobre los acontecimientos que tienen lugar en Chipre en estos momentos. 
Estamos asistiendo a un desplazamiento de los puestos turcos en la tierra de nadie que dificulta los movimientos de las fuerzas de Naciones Unidas, y que ha ocasionado además el aislamiento de un pueblo griego. 
Turquía es un país candidato a la adhesión y debería mostrar, a través de los turcochipriotas, una mejor disposición frente a los compromisos que asumió en Helsinki. 
Esta situación puede evolucionar peligrosamente y quisiera contar en esto con el apoyo de la Cámara, así como también, y muy particularmente, con el del Gobierno británico, que tiene responsabilidades especiales en Chipre. 
Sobre el mismo asunto precisamente: saben que nos encontramos a la espera la tercera ronda de conversaciones entre las dos comunidades. 
Pues bien, a pesar de que la parte grecochipriota no tiene intención de no asistir a la tercera ronda de conversaciones, la parte turcochipriota irrumpe en la tierra de nadie, y le crea de este modo problemas a la Organización de Naciones Unidas Yo le pediría al Parlamento Europeo que a través de su Presidenta le haga llegar la nota correspondiente al Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, y que le llame la atención también a Turquía, país que en su calidad de país candidato a la adhesión instiga- y si no las instiga las tolera- determinadas acciones de la parte turcochipriota. 
La trayectoria europea de Turquía no puede continuar con comportamientos semejantes; y éste es el mensaje que tiene que transmitir el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, también yo quiero hablar sobre el mismo tema para condenar la provocadora acción de las tropas de ocupación de Chipre. 
Está claro que Turquía se ha envalentonado animada por la política que la Unión Europea sigue en relación con ella, una política que en última instancia premia sus acciones provocadoras. 
Igualmente, las recientes declaraciones del Sr. Verheugen sobre el papel de las tropas chipriotas y el tratamiento del problema chipriota por el G7 envalentonan a Turquía, y la verdad es que deberíamos sentirnos muy preocupados por el futuro de Chipre bajo estas condiciones. 
Señor Presidente, quisiera sencillamente informar, en relación con este asunto, de que las tropas turcas han avanzado 300 metros más allá de la línea verde en las proximidades de la base inglesa que se encuentra en Chipre, y de que lo han hecho con las bendiciones de los ingleses. 
Es verdad lo que ha dicho el colega Sr. Alyssandrakis, es decir, que todo esto es el resultado del envalentonamiento de Denktash y del régimen turco a causa de una serie de hechos, como son las conclusiones de Helsinki, que sustancialmente reconocen la invasión y la ocupación del 38% de Chipre, puesto que afirman que no es condición previa la solución del problema chipriota para la adhesión de Chipre a la Unión Europea, la declaración del G7, que abandona el marco de las resoluciones de la ONU sobre la cuestión de Chipre- y en el G7 participan países de la Unión Europea -, así como también las declaraciones Verheugen, que en esencia vienen a reconocer la ocupación, la división de Chipre, desde el momento en que el Sr. Verheugen ha declarado que no hay ningún problema, y que ingresará en la Unión Europea la parte libre de Chipre. 
La pregunta, Sr. Presidente, es: ¿qué hace el Parlamento Europeo para que las tropas turcas se retiren inmediatamente de la franja de 300 metros de la que se han apoderado y a la que han extendido su ocupación? ; y, en definitiva, ¿qué hace el Parlamento Europeo para que Chipre pueda librarse de las tropas de ocupación? 
Señor Presidente, tomo la palabra sobre la cuestión de la situación en Chipre, puesto que pienso que no sólo deben ser nuestros colegas griegos quienes llamen la atención sobre el problema que existe desde 1974. 
Resulta inaceptable que un país que desea la adhesión y con el que se han llevado a cabo negociaciones sobre un estatuto previo a la adhesión pueda mantener cumpliéndose ahora 27 años ocupada un área como el 40% de Chipre. 
Me parece fundamental que el Parlamento manifieste su postura ante este problema y dejemos claro a Turquía que las agresiones continuas- en la situación actual se trata de una violación de la línea verde- llevarán a un parón inmediato de cualquier negociación con Turquía relativa a la adhesión de este país a esta Unión. 
Gracias, querido colega. 
Si me permite una observación, cuando uno es presidente de sesión, no puede evitar constatar que cada vez, en el momento de la aprobación del Acta, hay colegas que quieren hacer un debate político, y que cuando el debate político empieza, los colegas se marchan del hemiciclo. 
Creo que un día tendremos que plantearnos interrogantes acerca de la manera en la que llevamos los debates aquí, en este hemiciclo. 
(El Acta queda aprobada) 
Aprobación de la gestión 1998 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate común de: 
El informe (A4-0190/2000) de la Sra. Stauner, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el descargo debido a la Comisión de la Ejecución del Presupuesto General de la Unión Europea para el ejercicio 1998 (SEC (1999) 412- C5-0006/1999- 1999/2050 (DEC)) 
El informe (A5-0167/2000) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Control presupuestario, sobre la aprobación del descargo a la Comisión de la Gestión Financiera de los sextos, séptimos y octavos Fondos europeos de desarrollo para el ejercicio 1998 (COM (1999) 227- C5-0003/1999- 1999/2004 (DEC)) 
El informe (A5-0189/2000) de la Sra. Kuhne, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación del descargo de la ejecución del presupuesto general para el ejercicio 1998 (Sección I- Parlamento Europeo/Anexo Mediador) (SEC (1999) 414- C5-0008/1999- 1999/2051 (DEC) ). 
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo recomiendo que se conceda la aprobación de la gestión de la Comisión en lo referente al sexto, séptimo y octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1998. 
Se han hecho muchas conjeturas sobre la aprobación de dicha gestión. 
Yo quiero volver a reiterar con toda claridad que la Comisión de Control Presupuestario en ningún momento se la planteó como un pulso con la Comisión, ni tampoco la animó jamás el propósito de debilitarla. 
Siempre hemos reconocido que sólo se puede responsabilizar de manera condicionada a la actual Comisión por los errores del pasado. 
A fin de cuentas, la actual Comisión entró en funciones el verano de 1999 y ahora estamos considerando el ejercicio presupuestario de 1998. 
No obstante, por el otro lado, este procedimiento de aprobación de la gestión constituye un buen banco de pruebas para comprobar la voluntad de reforma de la Comisión y sus posibilidades de llevarla a cabo. 
También ofrece a la Comisión una oportunidad de demostrar ante la opinión pública que está dispuesta a actuar ante los casos de mala gestión e intentar remediarlos en un plazo adecuado. 
El aplazamiento propuesto en abril de este año y la petición de que se presentase un plan de acción respondían a este propósito. 
Esperábamos recibir una señal clara de un cambio en la dirección de una mayor responsabilidad y una mejor gestión, dada la gran importancia de la ayuda externa de la UE. 
Alrededor del 55% de la ayuda mundial al desarrollo procede de este ámbito. 
Ahora puedo valorar dicho plan de acción y debo decir que éste y la colaboración que hemos mantenido con la Comisión desde abril de este año han acelerado la puesta en marcha de las reformas ya iniciadas en la Comisión. 
En lo que respecta al Fondo de Desarrollo, la Comisión y de sus funcionarios han demostrado una gran voluntad de cooperación. Por esto hoy podemos recomendar sinceramente al Pleno la aprobación de la gestión, pues estamos convencidos de que se han extraído las debidas consecuencias de los errores cometidos en el pasado. 
Aun así, quiero resaltar una vez más, que la propuesta y la decisión de aplazar su concesión fueron acertadas. 
Entre tanto, también algunos Comisarios han reconocido públicamente que había habido grandes problemas en este ámbito. 
El 15 de mayo de este año, el comisario Nielson declaró, por ejemplo, al Financial Times que la maquinaria de la Comisión no se creó para conceder ayuda al desarrollo. 
Está concebida para elaborar directivas y reglamentos, y para facilitar las relaciones de la Unión, pero en el caso de la ayuda al desarrollo, no funciona. 
El 16 de mayo de este mismo año, el Comisario Patten informó al Pleno de que en aquel momento los créditos pendientes de pago superaban los 21.000 millones de euros. 
Es decir, que existe una enorme brecha entre los créditos y los compromisos de pago. 
Según manifestó, la Comisión desea transferir un mayor nivel de responsabilidades a las delegaciones en este ámbito, a fin de mejorar la gestión.. 
Yo quisiera resaltar de nuevo que, a mi modo de ver, el plan de acción aborda de manera acertada justamente este aspecto y abre la posibilidad de que el Parlamento y la Comisión podamos asumir conjuntamente una mayor responsabilidad en este ámbito y procurar mejorar la gestión. 
El Parlamento debe proponerse abordar de antemano con mayor responsabilidad las futuras deliberaciones presupuestarias, o sea, elaborar de antemano unas previsiones más adecuadas en estos sectores de gasto y dejar de considerar que su responsabilidad se limita a la aprobación del presupuesto y el posterior control de su ejecución. 
Tenemos que introducir un procedimiento de supervisión muy concreto en todos los sectores, que evite que vuelvan a repetirse problemas como los que se dieron en el ejercicio presupuestario de 1998. 
Estamos convencidos de que hemos creado una buena base para ello. 
Por esto, yo quiero insistir en que la Comisión de Control Presupuestario espera recibir en el futuro un informe semestral de la Comisión- tal como ya se nos ha prometido- y que esta colaboración más estrecha nos permita simplificar el procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio de 1999 y sin duda también la del 2000, sin vernos obligados a trabajar bajo la presión de un aplazamiento. 
No obstante, también quiero resaltar, en nombre de toda la Comisión de Control Presupuestario, que el presente aplazamiento ha significado un paso importante hacia una responsabilidad compartida en relación con el presupuesto y para dejar patente nuestra voluntad común de fortalecer las instituciones europeas y de dejar claro ante las y los contribuyentes que los fondos europeos se gastan de manera adecuada, que somos conscientes de nuestra responsabilidad al decidir los pagos y que ejercemos de manera responsable el control de la Comisión. 
Antes de acabar, no quiero dejar de reiterar con toda claridad que, tal como ya he manifestado al principio, las discusiones sobre el control presupuestario y sobre el presupuesto deben contribuir a fortalecer las instituciones europeas y no a su debilitamiento mutuo. 
Por esto, pienso que en el futuro la Comisión de Control Presupuestario debe concentrarse mucho más en las orientaciones fundamentales, sin dejarse absorber tanto por los detalles. 
Yo creo que podremos mantener una buena colaboración con la Comisión en este sentido. 
Señor Presidente, en el caso del Parlamento, en abril no nos limitamos a aplazar la aprobación de la gestión, como hicimos con la gestión de la Comisión, sino que además pedimos una serie de medidas concretas para hacer frente a las deficiencias constatadas, vinculadas en parte a unos plazos,. 
En consecuencia, con vistas al presente informe sólo faltaba que se cumpliese el apartado 33 de la resolución de abril, donde pedíamos más información. 
También quiero manifestar con toda claridad que, en mi calidad de ponente y en interés de la seriedad del procedimiento de aprobación de la gestión, rechazo que se utilicen los informes sobre la aprobación de la gestión como paracaídas para conseguir otras aspiraciones. 
Todavía falta medio año para Navidad. 
Por consiguiente, deberíamos concentrarnos en las condiciones que efectivamente se impusieron. 
Ambos textos- el del 13 de abril y el que ahora se presenta- se deben considerar conjuntamente como una aportación a la autorreforma del Parlamento. 
¿Cuáles eran las deficiencias fundamentales? 
En primer lugar, un porcentaje inaceptablemente alto de los llamados contratos directos o adjudicados por el procedimiento de "libre decisión", como decimos en alemán, lo cual constituye un riesgo para la cultura de gestión, pues nadie se molesta ya en comprobar si se podría conseguir un precio más favorable. 
En segundo lugar, un porcentaje inaceptablemente elevado de pérdidas en el contexto del inventario. 
Afortunadamente, no todas corresponden a robos, sino a objetos que no se han podido localizar debido a un sistema anticuado de elaboración del inventario. 
Se han dado los primeros pasos para introducir un sistema de inventario electrónico. 
También en este caso, vamos a volver a examinar cómo funciona este sistema en la práctica en el contexto de los futuros procedimientos de aprobación de la gestión. 
En tercer lugar, se aplicaron criterios de promoción jurídicamente insostenibles. 
La Mesa ha adoptado medidas que deberían permitir evitar que esto se repita en el futuro. 
También en este caso, habrá que verificar cómo se concreta el nuevo procedimiento en la práctica. 
Puedo confirmar, al igual que ya manifesté en abril, que el Secretario General del Parlamento ha facilitado toda la información solicitada. 
Por esto, igual que en abril, yo apoyo que se conceda la aprobación de la gestión. 
La Comisión de Control Presupuestario hizo suya esta posición por una gran mayoría. 
En el apartado 33 de la resolución del mes de abril sobre la aprobación de la gestión del Parlamento, ésta se vinculó al informe del Tribunal de Cuentas sobre el gasto de los Grupos, a pesar de que todo el mundo ya sabía que éstos son los únicos responsables de la gestión de sus finanzas. 
Es cierto que se trata de fondos públicos y, por lo tanto, también deben estar sujetos a la obligación de rendir cuentas. 
Por comprensible que sea la posición del Tribunal de Cuentas, que sólo colabora con el Parlamento como institución y por lo tanto no citó los nombres de los Grupos concretos en los que se habían constatado determinadas deficiencias, yo considero que debemos discutir esta cuestión con el Tribunal de Cuentas y buscar otra solución para el futuro. 
No quiero que, como miembro de mi Grupo, se me exijan responsabilidades por la gestión de las finanzas de otros Grupos y creo que los colegas de otros Grupos opinan exactamente lo mismo. 
Por esto, creo que tenemos que hablar con el Tribunal de Cuentas para que en adelante los informes se ajusten más a la realidad práctica. 
En este contexto, me sorprendió, sin embargo, comprobar que existen algunas irregularidades, irregularidades que no debemos permitir que los Grupos sigan ocultando bajo la alfombra, pues de lo contrario todos pareceremos cuervos que nunca le arrancan un ojo a otro cuervo. 
Desde luego, creo que llama la atención que algunos Grupos no hayan cumplido su promesa a la Mesa de hacer públicos los informes de auditoria independientes. 
Evidentemente no estaban obligados a ello, es cierto, pero se habían comprometido a hacerlo. 
Con mayor razón aún, me ha llamado la atención que un Grupo financie con sus fondos, y por lo tanto con fondos de la UE, una fundación constituida según el Derecho luxemburgués, que posee un patrimonio de 10,3 millones de euros en acciones. 
El Derecho luxemburgués no destaca por su transparencia. 
Yo creo que estamos autorizados a esperar que se abandonen estas prácticas. 
Lo más gracioso es que se trata del mismo Grupo que impulsó el aplazamiento de la aprobación de la gestión del Parlamento en aplicación del principio, bien conocido en Alemania, de la aclaración por el procedimiento más brutal posible. 
Estoy seguro de que sólo les movía el deseo de brindarnos a todos la oportunidad de concentrar la atención en estas cuestiones. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, hoy debatimos por segunda vez la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio de 1998. 
El 13 de abril, el Parlamento decidió por mayoría aplazar la aprobación de la gestión y pedir a la Comisión nuevos informes y aclaraciones. 
La Comisión ha respondido, como es natural, a los deseos del Parlamento y el 11 de mayo le hizo llegar, entre otras cosas, la siguiente documentación: un informe del interventor sobre las comunicaciones correctoras en el contexto del procedimiento de visado, un informe sobre las medidas que ha tomado a raíz de las recomendaciones de la Comisión de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario, un informe y una descripción general sobre la situación en lo que respecta a los contratos de científico asociado, y un informe sobre el número y los resultados de los expedientes disciplinarios instruidos desde 1998 en relación con los intereses financieros de la Comunidad. 
La Comisión ha comunicado que ya ha adoptado algunas medidas: ha establecido planes de acción de cumplimiento obligado con la colaboración de la OLAF, entre otros, y está empezando a dar los primeros pasos, también en lo que respecta a la gestión El Tribunal de Cuentas ya había otorgado a la Comisión una declaración de fiabilidad, aunque con reservas, en lo que se refiere a la gestión. 
La Comisión de Presupuestos y, en particular, la ponente, Sra. Rühle, no la consideraron, sin embargo, satisfactoria y pidieron y reclamaron que se adoptasen nuevas medidas para mejorar los resultados. 
Yo puedo afirmar sin reservas que el plan de acción que elaboramos, no sólo a instancias del Parlamento, sino también en auténtica colaboración con éste, permitirá mejorar la transparencia y la eficacia en la gestión de la ayuda exterior. 
Quiero agradecer la colaboración de todos aquellos que en este momento se ocupan de este tema y ratificar el compromiso de la Comisión de presentar semestralmente un informe sobre la aplicación del plan de acción. 
En su informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1998, el Tribunal de Cuentas otorgó a la Comisión una declaración de fiabilidad de la parte del presupuesto correspondiente a los ingresos, así como de la gestión de los créditos de compromiso, pero no en lo que respecta a la ejecución de los pagos con cargo al presupuesto, por considerar que el número de errores cometidos en la ejecución del presupuesto es excesivo. 
La Comisión y yo misma, en particular, en mi calidad de Comisaria de Presupuestos, compartimos plenamente esta opinión del Tribunal de Cuentas y del Parlamento. 
Por esto la Comisión ya ha adoptado y decidido una serie de medidas encaminadas a mejorar la ejecución del presupuesto y reducir y evitar los errores. 
Esto requiere, por un lado, medidas preventivas. 
Una de ellas- por citar sólo un ejemplo- es la reducción del número de convocatorias y procedimientos de concesión de ayudas en el marco de las políticas exteriores- ya sea en el contexto de los programas PHARE o MEDA, o de otros programas -, de los nada menos que 80 anteriores a 40. 
Para reducir el número de errores también es preciso mejorar los controles. 
Esta es la finalidad de una gran parte de la reforma administrativa de la Comisión. 
En el futuro, las administraciones concretas que intervengan específicamente en el desembolso de los fondos destinados a las políticas europeas dispondrán de más personal para las tareas de control y también podrán supervisar mejor los sistemas de control de los Estados miembros. 
La reducción de los errores requiere, además, sanciones eficaces, solicitudes de reembolso y los correspondientes procedimientos disciplinarios en el caso de infracciones deliberadas de las normas. 
Permítanme que vuelva a recordarles que mi colega Kinnock tiene previsto presentar un proyecto de reforma del procedimiento disciplinario antes de la pausa de verano. 
En el informe que ahora se debate se critica el control financiero actual porque en los controles previos no se ha denegado el visado de ninguna orden de pago. 
Esto no constituye, sin embargo, un indicador del buen o mal funcionamiento del control financiero. 
Yo quisiera recordar de nuevo que el Tribunal de Cuentas reconoció que los errores detectados no se podían haber constatado en el control previo y la Comisión concluye de ello que es preciso reforzar considerablemente los controles posteriores, también mediante la creación de un servicio de inspección autónomo. 
Entre las prioridades de la Comisión, además de mejorar la gestión financiera, evitar los errores, evitar los retrasos, por ejemplo, y mejorar la eficacia en el uso de unos recursos escasos, también figura explícitamente la lucha contra el fraude. 
Esto es aplicable al futuro y también al pasado. 
Voy a repetirlo: la Comisión no tiene nada que ocultar y, por consiguiente, voy a referirme también a los interrogantes que se han planteado aquí en relación con el caso Fléchard. 
El Tribunal de Cuentas ha vuelto a examinar la decisión que adoptaron los servicios de la Comisión en 1994, o sea, hace seis años. 
La Comisión insistió en que el informe y la respuesta de la Comisión, que también incluye una cronología de los hechos, no se mantuviesen en secreto ni se considerasen confidenciales, y ahora también se pueden obtener a través de Internet. 
En el debate entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión sigue habiendo, no obstante, discrepancias en cuanto a si la Comisión tenía el derecho y quizá incluso la obligación de aplicar el principio de la proporcionalidad al determinar la cuantía de las sanciones financieras. 
La actual Comisión sostiene que estaba autorizada a ello `Mientras que el Tribunal de Cuentas sostiene que sólo los tribunales pueden aplicar dicho principio de proporcionalidad, nosotros opinamos que se trata de un principio administrativo general Esa fue también la posición de la Comisión en aquel momento. 
En el contexto del caso Fléchard, permítanme que cite al Sr. Schmidhuber, entonces Comisario responsable de Presupuestos y Control Financiero, quien escribió lo siguiente: "En opinión del interventor, esto no excluye la posibilidad de intentar alcanzar una solución negociada que tenga en cuenta el principio de proporcionalidad." 
Por lo tanto, nuestras posiciones también coinciden en relación con esta cuestión y la Comisión ya expuso asimismo que habría sido deseable que en su momento se hubiese examinado con mayor detención por qué la mantequilla exportada no llegó a su punto de destino en Rusia, sino que se vendió en Polonia. 
No obstante, en lo que se refiere a la solicitud de reembolso debo recordar de nuevo que en aquel momento estaba pendiente una demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia irlandés y hubo una conciliación, una conciliación con valor legal ante el Tribunal Superior de Justicia irlandés. Evidentemente, esta medida también es vinculante para la actual Comisión. 
La Comisión debe respetar los principios y las normas de la legalidad vigente en el desarrollo de la lucha contra el fraude y en la investigación de los casos de años pasados. 
Esto se aplica también al tema de la información. 
Cuando en el contexto de un procedimiento de investigación que se está desarrollando a escala nacional, estatal, en un determinado momento se le pide a la OLAF que aporte información sobre la base del secreto del sumario, dicho fundamento jurídico tiene un carácter vinculante para la OLAF. 
Esto es aplicable tanto al Director de la OLAF como a la Comisión. 
En este contexto yo quisiera volver a recordar que la OLAF es autónoma en lo que respecta a las investigaciones y esta Asamblea insistió precisamente en que así fuese cuando se adoptó el correspondiente fundamento jurídico. 
Esto significa que la OLAF también goza de autonomía en lo que se refiere a la información y a su Director le corresponde la decidir, en el ejercicio de su plena responsabilidad en su ámbito de competencias, si la OLAF puede difundir una determinada información 
En cuanto a la pregunta de si se suscribieron otros contratos con la empresa Fléchard, ya informé a la comisión de que la Comisión puede confirmar que se suscribieron otros contratos en el marco del procedimiento de contratación pública. 
Y por lo que se refiere a si se cerraron contratos de exportación en el ámbito nacional o se desarrollaron actividades de exportación, debo indicarles que, en todo el sector agrícola, los datos sobre los pagos realizados a perceptores individuales sólo están disponibles en los Estados miembros. 
Esto se debe al hecho de que los organismos pagadores son los responsables de hacerlos efectivos. 
Un reglamento autoriza a la Comisión a solicitar el acceso a estos datos y le permite investigar los pagos realizados a cada perceptor. 
Sin embargo, debo recordar asimismo que el Reglamento nº 2390/1999 establece que la Comisión deberá garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos transmitidos por procedimientos electrónicos. 
Si la comisión competente lo decide, la Comisión está dispuesta a pedir una respuesta a los Estados miembros y la correspondiente autorización para comunicar los datos. 
Quiero recordar que dichos principios relativos a la difusión de la información también constan en el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión sobre la transmisión de información. 
Dicho acuerdo debería ofrecer un fundamento claro para las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, y por lo tanto también para el procedimiento en el marco de la aprobación de la gestión. 
Yo quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario que han colaborado intensamente no sólo en la elaboración del informe, sino también de las conclusiones, valoraciones, observaciones y sobre todo de las numerosas propuestas y peticiones de rectificaciones. 
La Comisión va a aplicar las medidas concretas del plan de acción presentado mediante la creación de un servicio independiente de auditoría y una transposición consecuente de la recomendación relativa a la auditoría. 
También va a llevar a cabo de manera consecuente la reforma del procedimiento disciplinario, la ampliación del personal y de la capacidad operativa de la OLAF, y la estrategia de lucha contra el fraude, mediante una normativa detallada y una rigurosa cooperación reforzada con los Estados miembros y con otros Estados, con el objetivo claro de restablecer la confianza de la población en la buena gestión de los fondos europeos, en colaboración con el Parlamento Europeo, en primer lugar, así como con las demás instituciones europeas. 
Señor Presidente, yo quisiera referirme a la intervención escandalosa- a mi modo de ver- del colega Kuhne, por lo que respecta a algunos de sus comentarios. 
Ha utilizado su intervención en su calidad de ponente del Parlamento Europeo para abrir una polémica. 
Puesto que no quisiera entrar en polémicas, me voy a abstener de recordarle al colega Kuhne que su partido europeo paga a varios colaboradores y colaboradoras a través de su Grupo. 
No quiero abundar en este tema, pero él hubiese debido mencionarlo. 
El motivo por el que he pedido la palabra es el siguiente: señor Presidente, yo le pido y le ruego que solicite a la Mesa del Parlamento Europeo que aclare si un ponente del Parlamento Europeo está autorizado a introducir una polémica personal en la presentación de su informe. 
A mí me parece una irresponsabilidad y si queremos mantener un cierto estilo común y acabar con las irregularidades que también se dan en nuestros Grupos, lo cual apoyo firmemente, para ello se requieren unos modales y un ambiente de cooperación y no un tono de polémica como el que ha empleado antes el colega Kuhne. 
Yo le ruego que solicite a la Mesa del Parlamento que examine esta cuestión. 
(Aplausos de la derecha) 
Comprendo su preocupación, señor Poettering, pero no quiero abrir una polémica y espero que sus propósitos no vayan a alimentar una. 
Señor Presidente, una cuestión de orden, quisiera señalar que fue el PPE el que insistió en que se examinara en este informe toda la cuestión de la financiación de los partidos políticos. 
Fueron el PPE y usted, Sr. Elles, los que insistieron. 
Respondemos a esa solicitud. 
Ustedes insistieron, nosotros respondemos. 
Señor Presidente, me gustaría hacer un par de observaciones en nombre de la Comisión de Cooperación y Desarrollo y después una observación en nombre del Grupo Socialista sobre el conjunto. 
En lo que respecta al presupuesto para el desarrollo, hemos mantenido una colaboración muy satisfactoria con el colega Rühle. 
En un principio la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Cooperación y Desarrollo mantenían bastantes diferencias de trabajo debido a los diferentes puntos de vista. 
En una fase posterior nos hemos puesto de acuerdo y juntamente con la Comisión hemos podido poner cierto orden en los asuntos por medio del plan de acción. 
En el trasfondo, naturalmente, hay una situación especialmente seria que no puede achacarse de modo simplista a una sola causa. 
La realidad es que tenemos un presupuesto para el fondo de desarrollo, y más en general en materia de desarrollo, donde faltan objetivos claros, donde hay insuficiente personal en determinados ámbitos en los que es preciso trabajar, donde a causa de las enormes desventajas y de toda una cultura del control hay más miedo y rúbricas que resultados reales, y hay una obligación de obtener resultados y de tomar medidas. 
Pienso que defendemos una revolución cultural que produzca un cambio radical. 
Fondos de los que pueda ejercerse consecuentemente un control o que tengan un funcionamiento eficaz. Así pues, esto exige delegación, responsabilidad, en resumen, un presupuesto eficiente y moderno unido a una visión moderna sobre cómo se ejerce la política presupuestaria en materia de desarrollo. 
Este es el modo en que veo yo el plan de acción. 
Este es el modo en que veo yo nuestra acción común. 
Lo veo como algo en común con la Comisión. 
También encuentro sumamente positivo que de verdad podamos cerrar un apartado de miedo y cultura de la rúbrica. 
Sé cuántos funcionarios muy motivados hay en la Comisión que ahora tienen una oportunidad de prestar su servicio realmente en el terreno en el que queremos llegar a un acuerdo, a saber, dar a las personas que viven en circunstancias difíciles- uno de cada cinco todavía no tiene acceso al agua potable o a la educación básica- mayores oportunidades para conseguir una vida decente. En Europa queremos desempeñar una papel esencial a través de la ayuda financiera. 
Bueno, esto exige de nosotros que realmente hagamos un cambio radical en los próximos meses. 
Ahora paso a la observación general. 
Con todos los debates que estamos celebrando hoy aquí vamos a aprobar la gestión de 1998. 
Para el Grupo Socialista esto es un movimiento más avanzado para cerrar el libro del miedo y esforzarnos por abrir el libro en el que asumimos una responsabilidad común como Comisión y Parlamento Europeo. 
Con respecto a la responsabilidad común son esenciales las reformas de Kinnock o las reformas internas generales. 
Porque si no conseguimos construir un nuevo sistema de control financiero y de Activity Based Budgeting, de presupuestación en función de las actividades, y si no conseguimos reasignar en suficiente medida personal hacia los ámbitos en los que necesitamos más personal, no haremos sino generar papel, mover más papel, efectuar más controles y en definitiva no alcanzaremos ningún resultado. 
Y sobre eso, finalmente, nos pedirá cuentas el ciudadano europeo, a ustedes como Comisión y a nosotros como Parlamento. 
Para mí sería sumamente valioso que en el próximo presupuesto 2001 pudiéramos establecer de verdad los objetivos adecuados en el nuevo camino hacia el año 2001. 
Deseo a la Comisión mucho éxito de antemano en esta empresa. 
Señor Presidente, voy a ceñirme a la aprobación general de la gestión 1998 de la Comisión, que ha adquirido, desde el principio de nuestro debate, un tono altamente político y de división. 
Creo que hemos asistido a varios asaltos de un combate de boxeo pero, al final, toda la comisión, incluida la ponente, han dicho que debería aprobarse la gestión. 
En lugar de atenerse al informe histérico y estruendoso elaborado por la ponente, que, a decir verdad, era poco original, no tenía ningún sentido de la dirección ni ninguna sugerencia sobre cómo avanzar de modo constructivo, la comisión decidió, allá por marzo, aplazar la aprobación de la gestión y establecer diecisiete condiciones claras que esperábamos que suscribiera la Comisión en el espacio de un par de meses. 
Estuvimos encantados de que la ponente viera el error de su postura y apoyara nuestro modo de pensar. 
Primer asalto para nosotros, la alianza anti-PPE. 
La ponente intentó, entonces, un rápido gancho de izquierda con una exposición de motivos dirigida a captar titulares. 
Perdió. 
Asalto dos para la alianza anti-PPE. 
La Comisión respondió de un modo constructivo a la mayoría de los puntos que habíamos establecido en marzo. 
El siguiente informe Stauner presentaba el mismo tono histérico que el primero, pero, en esta ocasión, ya estábamos preparados. 
Asalto tres para la alianza anti-PPE. 
Creímos que la pelea se había acabado, pero no, siguió con la siguiente exposición de motivos. 
Todavía nos queda por ver cómo acaba ese asalto pero tenemos confianza en el definitivo asalto del k.o. que estamos convencidos de que se producirá el jueves. 
La única cuestión de verdad pendiente es por qué aparece todavía su nombre en el informe. 
La verdad es que sabemos que a la Comisión le queda un largo camino que recorrer hasta hacer las cosas bien. 
El Tribunal de Cuentas acertó al no conceder su visto bueno al gasto de la Comisión de 1998, pero ahora estamos dispuestos a darle a la Comisión el beneficio de la duda. 
Creemos que éste es un intento sincero de reforma y la Comisión necesita un cierto tiempo para implantar los cambios necesarios. 
Estaremos pendientes de la situación y de que la Comisión cumple con las promesas que ha hecho. 
Por ejemplo, la promesa de reducir el número de errores es una promesa importante pero que no se hará realidad a no ser que contemos con el compromiso y los recursos que la acompañen. 
Señora Comisaria, ¿puede usted asegurarnos que, sobre todo, en las áreas de alto riesgo, agricultura, fondos estructurales e investigación, va a haber más controles, en lugar de menos como ocurriera en 1998? ¿vamos a asistir a un aumento significativo de los recursos destinados a auditoría en las DGs en cooperación con el servicio de auditoría interna? 
¿Puede facilitarnos estas cifras, por favor? 
Como usted sabe, señora Comisaria, la parte de sus respuestas que no nos satisfizo fue la relativa a las lecciones aprendidas de Fléchard. 
Sabemos por el Tribunal de Cuentas, a diferencia de la Sra. Stauner, que no se nos puede devolver el dinero. 
¿Puede usted, sin embargo, comprometerse a cooperar plenamente con nuestra comisión de investigación interna y facilitarnos la información que solicitamos? 
Por último, espero que en nuestra comisión seamos capaces de dejar de pelearnos los unos con los otros y pasemos a luchar contra el fraude. 
Señor Presiente, una cuestión de orden, quisiera simplemente preguntarle si es costumbre que cuando el portavoz de un Grupo político no se presenta a un debate se le deje intervenir después. 
A mí me parece que si un portavoz no se puede tomar la molestia de estar aquí durante todo el debate ni de estar aquí a tiempo para su propio turno de intervención, no se le debería permitir intervenir. 
Es discrecional para la Presidencia, estimado colega. 
Considero que el Sr. Pomés Ruiz tiene unas decenas de segundos de retraso. 
Es difícil a veces, con los ascensores, aquí, en Estrasburgo, llegar a tiempo. 
Por lo tanto, si no ve usted ningún inconveniente, le doy palabra a él ahora mismo. 
Señor Presidente, muchas gracias por su gentileza, y gracias también por la amabilidad y comprensión de mi colega. 
Quisiera comenzar, no por el informe más importante, sino contestando a unas alusiones del Sr. Kuhne que considero, de verdad, desafortunadas. 
En este momento, los Grupos políticos- usted lo sabe- no tienen una verdadera regulación. 
Y mi Grupo político, como prácticamente todos, está cumpliendo las regulaciones existentes. 
Su Grupo político tiene su forma de organizar sus finanzas, como la tiene el resto. 
Quince oficinas de este Parlamento están dedicadas al Partido Socialista Europeo, y un montón de funcionarios, pagados por el erario público, se dedican exclusivamente a tareas propias de un partido político. 
Otros Grupos políticos prefieren tener sus oficinas fuera del Parlamento, y tener sus propios funcionarios y adoptar fórmulas totalmente legales de financiación. 
Por tanto, en un momento en el que estamos reclamando un estatuto de los partidos- porque Europa necesita no sólo Grupos parlamentarios europeos, sino también partidos políticos europeos -, en un momento en el que reina una cierta armonía entre todos los grupos, considero desafortunadas las alusiones de su informe- como bien ha dicho el presidente de nuestro Grupo, el Sr. Poettering- a cosas raras. 
Señor Kuhne, usted sabe que no es así. 
Lo que hay es una ausencia de regulación. 
Mi Grupo político, como todos, va a cumplir las reglamentaciones y dar la información cuando sea oportuno darla. 
Pero, cuando ha habido libertad, cada grupo ha gestionado sus finanzas como lo ha considerado oportuno. 
Quiero resaltar el trabajo de mi colega Stauner en su importantísimo informe, pero me gustaría señalar, brevemente, que no estamos intentando debilitar a la nueva Comisión, en la que tantas esperanzas hemos depositado, así como en la persona de la Comisaria encargada del presupuesto y del control, la Sra. Schreyer. 
Estamos analizando un ejercicio de la pasada Comisión, y hemos pedido a la Comisión actual que sepa gestionar con diligencia asuntos que quedaron pendientes de la Comisión anterior. 
La prueba de que estamos fundamentalmente satisfechos de su labor es que vamos a proponer la aprobación, lógicamente con reparos, de las cuentas del ejercicio 1998. 
Creemos que la Comisión está aprovechando el tiempo. 
Lógicamente, al principio necesita más tiempo, pero esperemos que el resto de las decisiones las tome con más celeridad. 
Esperamos también que el Acuerdo interinstitucional que finalmente hemos alcanzado sirva para mejorar nuestras relaciones, para apoyarnos mutuamente y para construir Europa más rápidamente. 
Entendemos también que está inmersa en un proceso de reforma administrativa- en mi opinión y en la de otros diputados poco ambiciosa -: faltan decisiones, hay asuntos que no aborda en ella. 
Y no es su responsabilidad directa, pero ya conoce nuestra opinión de que se pierden muchos fondos por la actitud pasiva, por la desmotivación de los funcionarios, por la no asunción de responsabilidades, porque se está demasiado pendiente de controlar los errores o de facilitar la propia promoción. 
Para terminar, quiero decir que estamos de acuerdo con la aprobación de las cuentas a que se refieren los tres informes de los ponentes. 
Señor Presidente, creo que la Comisaria Schreyer en el primer año de su actuación ante el Parlamento ya ha señalado que este es un Parlamento al que hay que tener en cuenta. 
Puedo asegurarle que será así también en los próximos cuatro o cinco años. 
Sólo puedo decir que hasta ahora ha demostrado ser un contrincante válido en todos los debates. 
En lo que respecta al informe de la Sra. Stauner sobre la resolución que acompaña a la aprobación de la gestión: para el Grupo Liberal la esencia de la resolución es que hasta ahora no ha sido posible emitir una moción de confianza positiva. 
El porcentaje de errores todavía es demasiado alto y pienso que debemos atenernos claramente al punto que se menciona en la resolución: la Comisión debe aspirar a que en 2003 se produzca una moción de confianza positiva. 
Se necesitan previsiones de datos claras y sería conveniente que la Comisión lo dijera interna y externamente, porque tanto en las previsiones de datos como en las categorías del presupuesto queremos conseguir un porcentaje de errores muy bajo en la medida de lo posible. 
Otro punto importante. 
Estos días nos damos cuenta de que en todas partes en Europa, no sólo en la propia Comisión, los archivos desaparecen repentinamente. 
Hemos oído que la Comisión hacia finales de año instalará un sistema de archivos que hará posible que los errores que se han cometido en el pasado- pensando sobre todo en la exportación de mantequilla hacia la Unión Soviética- no vuelvan a suceder. 
En lo que respecta a la propia exportación de mantequilla, la Comisaria ya se ha referido a ello en su respuesta a la primera introducción. Hay una clara diferencia de opinión entre la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Y no sólo con el Tribunal de Cuentas Europeo; en el último informe del Comité de Sabios quedó claro que la Comisión no tenía competencias en materia de proporcionalidad, retroactividad y todo este tipo de asuntos que alega tener o, al menos, tener en cierta medida. 
Corresponde al Parlamento averiguarlo, y eso haremos específicamente. 
Esperamos una cooperación constructiva de la Comisión en este terreno. 
El Sr. Kuhne ya ha mencionado en su informe los puntos más importantes: una política de personal neutral sobre la base de méritos en el Parlamento, redacciones abiertas y una mejor gestión del inventario. 
En lo que respecta al informe de la Sra. Rühle, estamos plenamente de acuerdo con las observaciones que contiene, sobre todo lo referente a la necesidad de una mejor coordinación entre los Estados miembros y la Comisión Europea. 
Son los Estados miembros los que pagan el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Si los Estados miembros votan a favor de una determinada política que la Comisión propone en el Comité Europeo de Desarrollo, entonces es lógico que, si está a favor de dicha política, aplique la misma política con sus propios fondos bilaterales. 
Señor Presidente, Señorías, creo que la gestión de 1998 fue un ejercicio muy interesante, tanto en lo que respecta al presupuesto del Parlamento como al presupuesto de la Comisión. 
En abril hemos demostrado el poder de la sesión plenaria. 
En contra de la opinión de la Comisión de Control Presupuestario hemos rechazado la aprobación de la gestión del Parlamento, y hemos formulado cinco peticiones concretas al Secretario General de este Parlamento. Con ello hemos demostrado que podemos ser igualmente estrictos con nuestra propia institución que con otras instituciones, en concreto, la Comisión. 
Deseo dar las gracias personal y particularmente al Secretario General Priestley y a sus colaboradores por la forma clara y constante en la que se han ocupado de esta propuesta y en que nos han transmitido la información necesaria. 
Pienso que la gestión de 1998 fue un ejercicio muy interesante y también un ejercicio muy útil. Y que ahora podemos aprobar la gestión con toda tranquilidad y teniendo en cuenta también las observaciones que se recogen en las resoluciones Stauner, Kuhne y Rühle. 
Pero me sigue preocupando una cuestión, porque sobre nuestras cabezas pende una espada de Damocles. Y esta espada es el Acuerdo Marco entre la Comisión Europea y el Parlamento que mañana se presenta a votación. 
Invito a todos los colegas, también a los colegas que están siguiendo el debate en su sala, a que revisen expresamente el Acuerdo Marco y examinen de qué manera se están cortando las alas al Parlamento en la aprobación de la gestión. 
Lean por favor el apartado 17. 
El apartado 17 contraviene el Tratado de la Unión Europea, contraviene el artículo 276. 
Lean por favor el anexo 3. El anexo 3 corta las alas de los parlamentarios, corta las alas de los ponentes. 
Va en contra del statu quo del Parlamento, va en contra del statu quo también dentro de los propios de grupos y tendencias. Les pido que no aprueben este Acuerdo Marco mañana. 
Señor Presidente, cuando se habla de la aprobación de la gestión, la atmósfera del debate entre los Grupos grandes se ve enrarecida. 
Quiero apoyar a la Sra. Stauner, a pesar de que los socialdemócratas la critiquen. 
El origen de estas críticas puede que se encuentre en el hecho de que, durante el llamado caso Flechard, el Jefe de Gabinete de la Comisión presidida por el Sr. Delors era el actual Comisario Sr. Lamy. 
En ningún caso podemos aceptar que se pierdan ciertos documentos que arrojarían luz sobre el uso de los fondos. 
También quiero apoyar las consideraciones del ponente, Sr. Kuhne, que son criticadas, a su vez, por los representantes del Partido Popular Europeo. 
En mi opinión, todo ponente del Parlamento debe decir y escribir lo que piensa personalmente sobre el uso de los fondos del Parlamento. 
En estos casos, ningún interés de ningún Grupo debe representar un obstáculo. 
Nuestro Grupo comparte la conclusión de que esta vez se puede aprobar la gestión. 
Señor Presidente, el Grupo UEN no puede recomendar la concesión de la aprobación de las cuentas del ejercicio 1998 relativas al presupuesto general de la Unión ni tampoco al presupuesto del Parlamento, aunque aprobamos la gestión del Fondo Europeo para el Desarrollo. 
Es verdad que no son responsabilidad de esta Comisión los hechos acaecidos durante 1998, no obstante, pienso que ha habido falta de voluntad a la hora de depurar responsabilidades por los fallos del pasado. 
En lo que se refiere al presupuesto general, sólo quiero destacar dos casos graves, el caso Flichard y los problemas referidos a la ayuda humanitaria de la ECHO, asimismo quiero subrayar que toda la presupuestación ha estado marcada por la falta de precisión. 
Es lo que vemos normalmente reflejado en la existencia de partidas no utilizadas. 
Presupuestar no es sólo fijar ciertas cifras. 
Es también dimensionar su aparato productivo y de administración de tal forma que los objetivos fijados en el presupuesto puedan alcanzarse. 
El caso Flichard es, al igual que el caso ECHO, un ejemplo del trato irresponsable dado al dinero de los contribuyentes europeos. 
Esto no ha sucedido bajo esta Comisión, no obstante, en ambos casos, vemos en la Comisión falta de voluntad a la hora de exigir responsabilidades a los altos funcionarios. 
La Comisión sabe que hay acciones criminales tras estos casos. 
La Comisión sabe que desde ciertas fuerzas criminales se han lanzado amenazas anónimas contra nuestros colegas, la Sra. Stauner y el Sr. Blak, lo que debería llevar a la Comisión a reconocer que es preciso un esfuerzo mucho mayor para poner freno a las fuerzas internas responsables de la desaparición del dinero de los contribuyentes europeos en los bolsillos de círculos criminales. 
Ahora por lo visto tenemos a dos ponentes de la Comisión, la primera es la Comisaria Schreyer como ponente oficial y como ponente no oficial tenemos a la segunda, la Sra. Morgan y precisamente las palabras de la Sra. Morgan demuestran por qué este Parlamento no está en condiciones de hacer una limpieza de la administración más eficaz. 
En el Parlamento danés tenemos un dicho sobre la Comisión de Presupuestos. 
A la pregunta: "¿ Sabes qué es un gato ?", la respuesta es "Un gato, es un tigre que ha acudido a una reunión en la Comisión de Presupuestos". 
No es el caso en este Parlamento, aquí la Sra. Schreyer siempre puede acudir tranquilamente pues la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo no le tocará ni un pelo. 
En lo que a las cuentas del Parlamento para el ejercicio 1998 se refiere, debo señalar que existen los mismos problemas que en otras instancias de la Unión, es decir, una actitud demasiado permisiva con la forma en que se emplea el dinero. 
Sobre el edificio Spinelli quiero decir que el precio de adquisición fue demasiado elevado y que su adquisición se produjo de forma insólita y poco transparente. 
Señor Presidente, me gustaría añadir que ésta no es una crítica que yo dirija hacia el Sr. Secretario General, pues creo que no hay motivo para ello, sino una crítica hacia el propio sistema, pues no es lo suficientemente bueno. 
Señor Presidente, queridos colegas, quisiera antes de nada agradecer al Sr. Kuhne y a la Sra. Rühle sus informes, especialmente el informe del Sr. Kuhne, que encuentro equilibrado. 
Hemos tomado muy en serio el procedimiento de aprobación de la gestión y agradezco igualmente a la Administración y al Secretario General la colaboración que han prestado en este ejercicio. 
Creo que era necesario ver mas claro, profundizar en la materia y resolver ciertos problemas pendientes con un aplazamiento justificado, que permitirá al Parlamento aprobar la gestión a la administración y al Presidente del Parlamento Europeo con total conocimiento de causa. 
En efecto es a él a quién se dirige esta aprobación de la gestión, aunque sea la administración la que este en causa. 
Me alegro por la aprobación de la gestión concedida al Parlamento. 
Creo que hemos hecho un buen trabajo. 
Las finanzas de los Grupos serán también mas transparentes, mas adaptadas al ejercicio al que nos preparamos si queremos seguir por la senda de la financiación de los partidos políticos. 
Era útil hacerlo, ha sido hecho, rendido sea homenaje al Sr. Kuhne. 
Creo que su informe podrá ser votado ampliamente pasado mañana. 
No puedo decir lo mismo del informe de la Sra. Stauner. 
Creo que a fuerza de querer utilizar el papel del ponente con fines personales, se va por mal camino, se engaña al Parlamento y se engaña uno a sí mismo. 
Este ejercicio ha sido deplorable. 
Hasta el final habremos asistido a una desviación del procedimiento. 
Este informe ha sido votado con más de un 60% de enmiendas. 
Señor Presidente, es muy poco usual que un informe se vea tan alterado después de una votación en comisión. 
Es la prueba de que un ponente debe ser coherente con las opiniones de su comisión. 
Si no se hace intérprete de las opiniones expresadas por su comisión, habrá enmiendas que se opondrán a su informe. 
El papel de un ponente es el de ser el portavoz de una comisión parlamentaria. 
Creo que cuando 60% de las enmiendas son adoptadas, la situación se torna aberrante y traduce un malestar. 
No hay que empeñarse en el pequeño truco de la exposición de motivos. 
No se puede, como lo hace la Sra. Stauner, hacer pasar en la exposición de motivos lo que no ha sido aceptado por la mayoría en comisión. 
La cosa es de importancia. 
Este Parlamento no tiene ni mayoría ni minoría. 
Si una mayoría se despeja es normal que esta mayoría se muestre en todos los aspectos de un informe y que no se pueda jugar con las palabras o con los procedimientos. 
Por otra parte, ciertas imágenes que muestra la televisión provenientes de Alemania y que conciernen personajes muy célebres, me incitan a decir que primero debe uno barrer su puerta antes de echar sermones al Parlamento y a Europa. 
Hay que tener cuidado con no mezclar los asuntos privados con los asuntos públicos. 
Por todo ello concederemos la aprobación de la gestión. 
Apoyaremos este informe que evidentemente no gusta al ponente. 
Esté usted seguro, señor Presidente, del voto del Grupo TDI acerca del descargo, en todo caso del de la componente radical del Grupo que represento aquí. 
Señor Presidente, son buenos informes los que hoy tramitamos, sin embargo, no puedo votar de todas formas a favor de las cuentas mientras que no tengamos la certeza de que los que deben revisar las cuentas disponen de toda la información necesaria. 
El Defensor del Pueblo no tiene derecho a obtener toda la información, el Tribunal de Cuentas se ha quejado de que tampoco puede obtener todos los datos, en la Comisión de Control Presupuestario este asunto es un tema permanente del orden del día y nuestra presidenta, la Sra. Theato, ha lanzado duras críticas contra el nuevo borrador del Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión. 
El Acuerdo marco tampoco nos proporcionará los documentos que solicitamos. 
Rechacémoslo mañana. 
Mis experiencias personales con la Comisión son una larga lista de circunloquios cuando solicito información que debería estar disponible. 
Los que votan a favor no saben a cuántos comités y reuniones de comités dan su visto bueno. 
Tampoco saben si existen problemas de parcialidad para algunos de los participantes. 
Sí, normalmente no conocemos a todos, todos los que participan en la legislación y administración del día a día de los ahora 800.000 millones de euros que son utilizados. 
Tampoco sabemos cuánto se paga, por ejemplo, a Danisco. 
Mientras que la Comisión no facilite las informaciones que solicitan el Tribunal de Cuentas y los representantes elegidos por el pueblo, hay que contar con que mi Grupo votará en contra de la aprobación de las cuentas. 
Señor Presidente, los órganos europeos deben tener presente su responsabilidad y también su obligación de ofrecer a los ciudadanos europeos una gestión eficaz y no despilfarradora. 
Lamentablemente sigue ocurriendo todo lo contrario, como muestran algunos casos como los de la empresa Fléchard o de ECHO. 
La Comisión continúa negando al Parlamento el acceso a información sobre estas irregularidades. Esto es algo que no podemos aceptar de ningún modo y a la vista de lo cual no debe extrañarnos que los ciudadanos europeos sigan perdiendo la confianza en estos sistemas de gestión. 
Los diputados liberales no vamos a aprobar, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia el informe sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general. 
Queremos que esto sirva también como una clara indicación de nuestra postura a favor de que se establezcan sistemas de gestión eficaces y no despilfarradores en Europa. 
Señor Presidente, esto nos lleva a la conclusión de dos años trascendentales para la Unión Europea, que se iniciaron en 1996 con el rechazo de la gestión de 1996. 
Me gustaría felicitar a la Sra. Stauner por el valor que ha demostrado al conseguir que su informe- aunque gran parte del mismo no esté en su forma original- se presente en este Parlamento. 
Es necesario, en este debate, que pongamos en relación la aprobación de la gestión 1998 con la del acuerdo marco que vamos a votar mañana. 
Es de esperar que veamos signos de una Europa más democrática después de estos últimos meses. 
En primer lugar, el papel del Parlamento en la aprobación de la gestión ha demostrado ser de extrema importancia. 
El Consejo, con su ausencia de hoy, muestra su falta de interés en la forma en que nosotros, como Parlamento, hemos hecho uso de nuestras facultades para dar a luz a una Europa política. 
Sin el rechazo a la aprobación de 1996, no habría habido informe de Sabios, ni dimisión de la Comisión, ni verdadera urgencia para la reforma de la Comisión. 
Pero no todos nosotros en esta Asamblea hemos sido héroes. 
Nos hemos encontrado divididos entre países, dentro de los países y dentro de las delegaciones, a menudo con opiniones que se defendían con mucha firmeza. 
Fue la dirigente socialista, la Sra. Green, la que se llevó la palma al votar a favor de una moción de confianza en una moción de censura, que, de hecho, consiguió. 
La Señora Morgan recoge ahora este particular legado al pedir una despolitización del proceso de aprobación de la gestión. 
Así, un par de sus enmiendas de hoy, como la de suprimir los párrafos 47 y 48 del informe de aprobación de la gestión son enmiendas que parecen más nacidas de la Comisión que presentadas en beneficio del Parlamento. 
Y ahora, ¿hacia dónde? 
El seguimiento es necesario para mantener lo que hemos ganado como Parlamento. 
Tenemos que ayudar al Sr. Prodi en sus reformas de la Comisión. 
Y por último, y no por ello menos importante, nuestro papel esencial es lograr mayor exigencia de responsabilidad y más democracia y eso no supone el principio del fin sino el fin del principio de los derechos del Parlamento en las instituciones europeas. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, yo lamento el tono que se ha adoptado aquí, a pesar de que se está debatiendo sobre un trabajo muy exigente y detallado. 
Yo me niego a descender al nivel que algunos han escogido. 
En Parlamento aplazó en abril la concesión de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio presupuestario 1998, pero no lo hizo en modo alguno para provocar un pulso con la Comisión ni tampoco para preparar la denegación de la aprobación de la gestión. 
Era necesario aclarar aún algunas cuestiones, lo cual exigía tiempo y esfuerzo, y mi objetivo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Control Presupuestario siempre fue que el tema de la aprobación de la gestión quedase cerrado antes de la pausa de verano. 
Como indican los informes presentados, las semanas transcurridas desde entonces se han aprovechado para responder a algunos interrogantes- aunque no a todos -, lo cual nos permite recomendar ahora la concesión de las aprobaciones de la gestión aplazadas, no por unanimidad, pero sí con un resultado afirmativo. 
Yo acojo con clara satisfacción el propósito de la Comisión de hacer un esfuerzo para reducir los errores en la ejecución del presupuesto y procurar obtener pronto una declaración de fiabilidad más favorable. 
Reconozco que ha habido una cierta apertura en relación con los llamados antiguos casos de presunto fraude. 
Jamás hemos responsabilizado a la nueva Comisión por estos casos, pero queremos tener la seguridad de que se han extraído las consecuencias, a fin de evitar que puedan volver a aflorar algún día. 
En este contexto, yo le pregunto, señora Schreyer: ¿cuándo se van a presentar las propuestas legislativas con vistas a la creación de un marco legislativo y judicial amplio para la protección de los intereses financieros de la Unión? 
En enero acordamos, sobre la base de mi informe, que dichas propuestas se presentarían antes del 30 de junio. 
Hoy estamos a 4 de julio. 
En cuanto a la concesión de la aprobación de la gestión que ahora se propone, todas las partes implicadas deberían tener claro que no se trata de una declaración de no objeción. 
Es necesario que la institución manifieste en el futuro una mayor voluntad de cooperación y que ponga a disposición de la Comisión de Control Presupuestario puntualmente y sin subterfugios la información que ésta precisa para realizar su cometido. 
Si mejoramos la confianza, reducimos la burocracia y practicamos públicamente la democracia, lo digo pensando en algunos, yo creo que podremos volver a conceder puntualmente la aprobación de la gestión en abril de cada año. 
Señor Presidente, la nueva Comisión debe ser juzgada sobre la base de si ha tenido la valentía y la voluntad de reformar y limpiar a fondo en los antiguos casos. 
Conceder por nuestra parte la aprobación de la gestión para las cuentas del ejercicio 1998 supone en realidad una muestra de confianza. 
Damos a la Comisión una oportunidad para que demuestre su distanciamiento de la antigua Comisión. 
Y quiero aprovechar esta oportunidad para pedir una tregua en este Parlamento. 
Unamos todas las fuerzas que abogan por que la Comisión se transforme en una institución moderna, abierta y eficaz. 
El proyecto europeo sólo podrá tener éxito si mostramos tolerancia cero ante el fraude, el nepotismo y la corrupción. 
De lo contrario nunca tendremos a la población con nosotros. 
Trabajemos por encima de afiliaciones políticas y nacionales. 
Una crítica constructiva de la Comisión no debe perderse entre las rencillas parlamentarias internas. 
Cada vez es mayor el número de quienes piensan que hemos de olvidar los antiguos casos y concentrarnos en ver modificadas las grandes líneas, no obstante, en este punto no estoy de acuerdo. 
Tenemos que limpiar a fondo en los antiguos casos, de otra forma la situación nunca mejorará. 
Creo que no hemos recibido suficientes reconocimientos de culpa por parte de la Comisión cuando se trata de los antiguos casos. 
Esto es válido tanto para el caso Fléchard como para el caso ECHO y puedo garantizarle a la Comisión que los casos no están enterrados sólo porque concedamos la aprobación de la gestión para las cuentas del ejercicio 1998. 
No los olvidaremos hasta que hayan sido cerrados digna y correctamente. 
En cambio, estoy muy satisfecho con las nuevas iniciativas emprendidas por la Comisión para poner orden en la ayuda al desarrollo, lo que también hacía mucha falta. 
Tanto el Sr. Patten como el Sr. Nielson se han mostrado muy críticos con la administración de la ayuda al desarrollo. 
El Sr. Patten la ha calificado de embarazosa para la UE y la Comisión y la ha llamado la peor forma de gestión de ayuda al desarrollo, el Sr. Nielson se ha conformado con llamarla "a pizza-service without delivery". 
También estoy muy satisfecho con la puesta en marcha por parte del Sr. Nielson de un gran estudio de si las delegaciones cumplen con sus responsabilidades en los países de alto riesgo. 
Ha prometido incluso la apertura de expedientes disciplinarios en caso contrario y celebro la evolución que se ha producido, pero no creáis que me olvido de vosotros. 
Señor Presidente, permítame que le recuerde al Sr. Poettering y a sus amigos del Grupo PPE que, cuando el Tribunal de Cuentas emitió su informe sobre la financiación de los partidos políticos, fue a su Grupo al que se criticó mientras que el Grupo Socialista y el Liberal recibían el visto bueno. 
Esto se debe quizás al hecho de que el Grupo PPE-DE no sea un sólo Grupo, a que se permita a los conservadores británicos ir por su cuenta y llevar su propia contabilidad. 
Son ellos los que deben mejorar sus cuentas. 
A la Sra. Stauner ha habido que interrumpirla porque estaba hablando demasiado deprisa al principio de este debate. 
Esto es una metáfora elocuente del trabajo que realizó en la comisión. 
Ella iba por delante de la comisión sin que los demás nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando. 
Intentó condenar a la Comisión por que no compartía sus extravagantes opiniones sobre la gestión y el control financiero. 
Ni siquiera el Tribunal de Cuentas está de acuerdo con ella. 
La función de la Comisión de Control Presupuestario no es colgar a la Comisión y ponerla a secar mientras dure el mandato del Parlamento, sino garantizar que a los ciudadanos de Europa les sirve un ejecutivo que aplica sus prioridades políticas con eficacia y eficiencia. 
Afortunadamente, la mayor parte de la comisión compartía este punto de vista. 
Una de las desastrosas consecuencias de toda esta parálisis ha sido la propuesta que trataremos mañana de un acuerdo marco de relaciones entre el Parlamento y la Comisión. 
Este acuerdo limitará los derechos de los diputados individuales y de los ponentes a solicitar información a la Comisión. 
Se trata de una propuesta corta de miras y si no aplazamos el debate hasta septiembre, deberíamos votar en contra. 
Por último, me gustaría decir simplemente, ya que estamos a punto de escuchar al Sr. Chirac y a lo que tiene que decir sobre la Presidencia francesa, que espero que él escuche también lo que este Parlamento tiene que decir, y en particular, la opinión del Parlamento de que debería poder decidir por sí mismo dónde se reúne, cuándo desea reunirse sin que se lo impongan los gobiernos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, yo tuve que expresar en su momento mi reconocimiento cuando se planteó el tema de la EEB y el ponente inició su solitaria andadura. 
Tuvo que transcurrir mucho tiempo antes de que, no sólo se reconociera, sino que también se ejerciera la responsabilidad. 
Las condiciones y normas legislativas actuales son la prueba. 
Ahora debo y quiero expresar el mismo reconocimiento a nuestra ponente, Gabriele Stauner. 
Dando pruebas de su valor cívico y su aguzado sentido jurídico, se concentró en la situación objetiva, contribuyó a despejar los errores, nos concedió a todos- y cuando digo a todos, me refiero a todas las instituciones de la UE implicadas- un tiempo para reflexionar e hizo abrir por fin los ojos a los que todavía seguían estando ciegos. 
La disposición del personal cambió, se abrieron algunas puertas que al principio no se veían. 
Yo misma conduje muchas conversaciones en el ámbito de la investigación. 
Poco a poco fue amainando la tormenta. 
Primero nos tratábamos con cautela, pero con interés, luego los contactos comenzaron a ser constructivos. 
Deberíamos transmitir también este aspecto a los medios de comunicación y a la opinión pública, pues en definitiva viajamos todos en el mismo barco. 
Por esto, yo quiero expresar mi agradecimiento a todos nuestros interlocutores, en la Comisión, en el Tribunal de Cuentas o en el PE. 
Al principio tuve una decepción, pues algunas de mis enmiendas fueron rechazadas por diez votos sobre diez. 
No obstante, ahora el resultado se puede considerar favorable. 
Cada uno debe tener claro qué es lo más importante con vistas al futuro. 
Lo que está en juego es la credibilidad de la UE y en mi propio ámbito de la investigación, la pura necesidad de contemplar la investigación como un bien muy preciado y un importante valor añadido europeo, y tratarla en el futuro con el consiguiente cuidado, con objeto de que un día podamos conceder la aprobación de la gestión de la Comisión con el ánimo verdaderamente ligero. 
¡En cualquier caso, tardaremos en olvidar lo ocurrido! 
Señor Presidente, queridos colegas, señoras y señores representantes de la Comisión, los propósitos de algunos de mis colegas ya han contribuido ampliamente a expresar el descontento suscitado por el informe sobre el descargo. 
Me dirijo a ustedes en el mismo sentido. 
El primer informe de la Sra. Stauner sobre la aprobación de la gestión para 1998 había planteado muchos interrogantes y críticas. 
Críticas que se han traducido especialmente en la votación de una enmienda observando el desfase entre la resolución de compromiso y la exposición de motivos. 
Durante la redacción de su segundo informe parece que el ponente no ha tenido en cuenta el amplio sentimiento de insatisfacción de sus colegas. 
Una vez más, hay que denunciar el método utilizado por la Sra. Stauner. 
Ella no ha cesado nunca de reclamar siempre más información, yendo siempre más allá de las recomendaciones contenidas en la resolución adoptada el 13 de abril pasado. 
E incluso todavía hoy, sigue planteando preguntas a las cuales ya se han dado respuestas explícitas. 
Esta actitud ha conducido la mayoría de los diputados miembros de la Comisión de control presupuestario a enmendar radicalmente el proyecto de informe. 
Por esa razón el texto que vamos a votar durante este periodo de sesiones difiere del proyecto inicialmente redactado. 
Si este texto nos permite tener hoy una visión global de la ejecución por la Comisión del presupuesto de 1998, ha sido al precio de un combate político donde ha predominado un sentimiento de frustración. 
Sólo podemos lamentar la actitud, poco constructiva, del ponente, tanto en el seno de la comisión parlamentaria como con respecto a la Comisión Europea. 
Sólo podemos constatar las mismas derivas políticas que algunos de nosotros ya habíamos advertido durante el primer informe de descargo de 1998. 
Nuestro objetivo es trabajar en buena armonía con la Comisión en interés de nuestros conciudadanos y de la puesta en marcha de nuestras políticas y hacer del informe de descargo una verdadera evaluación de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea tanto cuantitativa como cualitativa. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar a los ponentes, y a la gente de Gales, porque no sabía que estuvieran tan preocupados por el bien de la Comisión como para elegir a alguien para que represente en el Parlamento los puntos de vista de la Comisión ¡en lugar de los suyos propios! 
También quisiera decir, para corregir algo que ha dicho antes la Sra. Morgan, que tengo mucha suerte en este debate, porque mi partido declaró en nuestro manifiesto- el cual contribuyó a que tantos de los que estamos en este lado saliéramos elegidos- que no aprobaríamos ninguna cuenta de la UE hasta que el proceso de reforma de la Comisión se hubiera aplicado con éxito. 
No puedo, por tanto, seguir los pasos de nuestra excelente ponente, que recomienda aprobar la gestión de la Comisión, por los motivos que ya he expuesto y porque mucha gente de fuera de este lugar se ha estado preguntando qué es lo que de verdad cambió entre 1996 y 1998. 
La mayoría de la gente cree que las cosas en la Comisión fueron a peor en lugar de a mejor en ese período. 
Sólo hace dos meses que formo parte de la Comisión de Control Presupuestario, y a mí las reuniones y los informes de los dos últimos meses probablemente me han suscitado más preguntas de las que han respondido. 
Para terminar, me gustaría plantear dos de esas preguntas. 
En primer lugar, ¿puede confirmar la Comisión si el Sr. Fléchard tiene alguna relación con el Sr. Delors y/o con miembros de su gabinete? 
En segundo lugar, ¿puede confirmar si alguno de los miembros de su gabinete o del gabinete del Sr. Kinnock se han dirigido a diputados para pedirles activamente el apoyo del Grupo Socialista, y, en particular, las enmiendas de la Sra. Morgan al informe Stauner? 
Si lo han hecho, ¿no constituiría esto un abuso de su cargo? 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a mi colega y buena amiga, la Sra. Stauner, por su informe. 
A veces parecemos olvidar que de lo que se trata es de la aprobación de la gestión de 1998. 
He leído atentamente el informe del Tribunal de Cuentas acerca de las cuentas correspondientes a ese año, en particular, en relación con la agricultura y los Fondos Estructurales. 
He llegado a la conclusión, con mi larga experiencia en el Parlamento y en asuntos europeos, de que las cosas han ido mejorando progresivamente y de que 1998 fue uno de los mejores que hemos tenido. 
Las dificultades que se dieron- un posible error del 4% en el sector de la agricultura y un poco más en el de los Fondos estructurales- no fueron resultado de que la Comisión no administrara esos fondos de manera eficiente, sino de un fallo- un fallo pequeño- a la hora de controlar a los Estados miembros y a los gobiernos europeos y de asegurarse de que los Estados miembros y sus administraciones habían realizado el trabajo del modo en que deberían haberlo hecho. 
Este es mi primer punto. 
El segundo se refiere a Fléchard. 
No creo que sea razonable informar a los europeos de que se produjo una pérdida de 14 millones de euros en el presupuesto europeo derivada de este caso. 
Decir esto es utilizar una especie de jerga contable que hace todo el asunto incomprensible para el ciudadano europeo de la calle. 
La verdad es que en el caso Fléchard, Fléchard era sospechoso de fraude, el gobierno irlandés le multó y castigó con 17 millones de euros. 
Fléchard llevó al gobierno irlandés a los tribunales y consiguió una orden que impedía al gobierno irlandés tomar los 17 millones de euros. 
En ese momento intervino la Comisión Europea y propuso un acuerdo. 
Lo peor que se puede decir sobre el acuerdo es que se basó en un fundamento jurídico que no estaba vigente en el momento en que se cometió el delito, pero que entró en vigor mientras el caso seguía abierto. 
A mí me parece que equiparar eso a una pérdida de 14 millones de euros es una enorme exageración. 
Por último, la lección que ha de aprenderse de esto es que, en el futuro, nosotros en el Parlamento tenemos que cooperar con la Comisión Europea para que los gobiernos nacionales no interfieran, como en el pasado, en las responsabilidades de ésta, y para que cuando la Comisión reprenda a los gobiernos nacionales pueda contar con nuestro apoyo. 
. (DE) Señor Presidente, yo quiero rechazar rotundamente el reproche del colega Dell ' Alba, según el cual yo me habría valido de mi papel de ponente para la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1999 para fines personales- para fines personales, repito- y, en mi calidad de alemana, o todos nosotros en nuestra calidad de alemanes, si he entendido bien la traducción, haríamos bien en barrer nuestra propia casa. 
Esto es más que una ofensa personal y estas salidas de tono verbales no son dignas de nuestro Parlamento. 
Yo le ruego que adopte las medidas que corresponda para que en adelante también el colega Dell ' Alba se atenga a los usos democráticos, aunque tengo que reconocer que es evidente que le resulta difícil. 
Declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo- Programa de actividades de la Presidencia francesa 
De conformidad con el orden se procede a la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo sobre el programa de actividades de la Presidencia francesa. 
Tengo el gran gusto de ceder de inmediato la palabra al señor Presidente Jacques Chirac. 
(Vivos aplausos) 
. (IT) Señora Presidenta del Parlamento Europeo, señor Presidente de la República Francesa, señoras y señores diputados, es para mí un enorme placer estar hoy ante ustedes, al principio de esta nueva Presidencia. 
Este paso de la llama es siempre un momento de gran emoción en la carrera hacia las metas de Europa y lo es todavía hoy, en este 2000. 
En efecto, en los primeros meses de este año, con los Consejos Europeos de Lisboa y de Feira, Europa ha dado grandes pasos en el camino del relanzamiento de la economía. 
Asimismo se ha avanzado en la dirección de una ampliación extraordinaria de la Unión- una ampliación que usted, señor Presidente, ha calificado de "proyecto bonito y necesario" -y de un reforzamiento de sus Instituciones antes de dicha ampliación. 
Señor Presidente, al saludar su próxima Presidencia, deseo comentar algunos de los puntos planteados en su discurso. 
Ante todo quiero expresar mi apoyo incondicional al compromiso de llevar adelante la agenda social europea. 
En el mes de febrero, al ilustrar los objetivos estratégicos de la Comisión para el período 2000-2005, anuncié que uno de los principales objetivos sería el de redefinir las prioridades económicas y sociales de Europa. 
Ni siquiera cinco meses después, encuentro extraordinariamente alentadores los progresos que hemos hecho en la realización de los aspectos económicos de esta prioridad. 
Los aspectos sociales del desarrollo de Europa son la otra cara de la moneda, en la que se concentrarán nuestros esfuerzos en el próximo semestre. 
En particular, la Presidencia deberá hacer frente a toda una serie de temas importantes respecto a los cuales la Comisión ya ha presentado sus propuestas. 
En efecto, hace pocos días, la Comisión ha adoptado una agenda de política social en la que se indica qué debe hacerse en los próximos dos o tres meses, al objeto de que las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y de Feira se traduzcan en acciones concretas. 
Desde mi punto de vista, este documento consigue un justo equilibrio entre las orientaciones políticas acordadas en Lisboa y en Feira, por una parte, y las obligaciones y los poderes que el Tratado nos atribuye, por otra. Por lo tanto, debería lograr el consenso de todos en el Consejo de Niza. 
En efecto, es importante que la Unión no genere desigualdades en nuestra sociedad, sobre todo ahora que existen las condiciones económicas apropiadas para reducir dichas desigualdades. 
La Comisión se muestra solidaria con la Presidencia en poner el acento en estos problemas. 
La directiva contra el racismo fue aprobada recientemente en tiempo récord- en sólo seis meses- y ahora esperamos que la Presidencia afronte de la misma manera los demás aspectos de este importantísimo paquete de medidas contra la discriminación. 
De hecho, cualquier programa contra la discriminación debe garantizar antes que nada la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y además debemos hacer todo lo posible para poner fin a esa abominable forma de esclavitud que es el tráfico de mujeres y de niños con fines de explotación sexual. 
Una forma de desigualdad todavía existente en la sociedad europea afecta a las oportunidades en el ámbito de la educación. 
En Lisboa se adoptó un plan de acción que ahora debe llevarse a la práctica, y yo sé que la Presidencia adoptará enérgicas medidas para conseguir que todos nuestros jóvenes adquieran las capacidades necesarias para insertarse en una economía basada en los conocimientos. 
Asimismo es nuestro deber desarrollar estos conocimientos impulsando, en el plano cualitativo y cuantitativo, la movilidad de los estudiantes, de los profesores y de los investigadores, como finalmente se propuso en Feira. 
Me satisface que se haya hecho referencia a este tema que es un tema de capital importancia y que aún no se ha examinado profundamente en todas sus consecuencias. 
Otra fuente de desigualdad es la trampa de la pobreza en que se encuentran demasiados ciudadanos europeo. 
En Lisboa el Consejo Europeo ratificó el compromiso de los Estados miembros de realizar un gran esfuerzo para erradicar la pobreza y un grupo de alto nivel en materia de protección social está colaborando con la Comisión para poner en marcha esta ambiciosa estrategia. 
Es un verdadero escándalo que en nuestras sociedades continúen existiendo bolsas de auténtica miseria. En el Consejo de Niza tendremos que centrarnos en encontrar un consenso de posturas en lo relativo a la exclusión social y, respecto a esta materia, la Comisión ya ha presentado propuestas. 
El Consejo Europeo de Feira hizo público asimismo su fuerte apoyo a las propuestas de la Comisión en el sector de la seguridad alimentaria y tuvo en cuenta el compromiso de los Estados miembros de avanzar en la institución de una Autoridad independiente para la seguridad alimentaria, en cuanto el Parlamento Europeo emita su opinión. 
Cuento con que dicha opinión podrá emitirse, a más tardar, en el primer período parcial de sesiones del mes de octubre. 
Una vez presentada nuestra propuesta, confío en que los proyectos para la creación de la autoridad avancen rápidamente bajo la Presidencia francesa. 
Es nuestro compromiso puntual con los ciudadanos que no están dispuestos a tolerar demoras en materia de seguridad alimentaria, aunque en este sentido debemos tener un planteamiento común para mantener nuestro mercado interior. 
Los problemas planteados recientemente nos han servido de lección y creo que ahora cada uno está preparado para asumir sus responsabilidades. 
La opinión pública europea está sumamente preocupada por los temas medioambientales y me sumo a la Presidencia francesa y a las palabras pronunciadas para convertir la protección y la mejora del medio ambiente en una de nuestras grandes prioridades. 
En noviembre, en la sexta sesión de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebrará en La Haya, se tendrán que tomar importantes decisiones a dicho propósito. 
Con ocasión de esta reunión- una de los más importantes, después de Kioto- la Unión deberá confirmar su papel de liderazgo: hemos de mantener los compromisos asumidos en Kioto y continuar a hacer presión sobre nuestros socios para que hagan lo mismo. 
El impacto de nuestras políticas de transportes y de energía en el medio ambiente y en particular el cambio climático será uno de los temas principales de los dos documentos que la Comisión se propone presentar al Consejo y al Parlamento en el próximo otoño. 
El primero será un Libro Verde sobre la política común de transportes y el segundo un documento estratégico sobre las distintas fuentes de energía y sobre la seguridad de los abastecimientos energéticos. 
Estos aspectos inquietan a los ciudadanos europeos que esperan de nosotros una intervención eficaz, especialmente en la situación actual. 
Los ciudadanos están extraordinariamente preocupados por los desastres provocados por la contaminación causada por el petróleo en sus costas y como usted decía, señor Presidente, si queremos evitar que se repitan estos desastres, el Consejo y el Parlamento Europeo deberán aprobar rápidamente un paquete de medidas relacionadas con la seguridad del mar, como hemos propuesto. 
Otro importante motivo de preocupación para los ciudadanos es el uso de los organismos modificados genéticamente y de la biotecnología. 
Debemos garantizar una protección adecuada de la salud humana y del medio ambiente y, al mismo tiempo, permitir a la sociedad que se beneficie de los progresos de la biotecnología moderna. 
Por lo tanto, hay que adoptar con urgencia la nueva legislación marco sobre la emisión deliberada de organismos modificados genéticamente. 
Esta serie de disposiciones refuerza y mejora la existente, y es importante encontrar una respuesta equilibrada que dé confianza a la opinión pública y al mercado. 
En consecuencia, tenemos un ambicioso programa conjunto para el próximo semestre y tengo la impresión de que todas las diferentes líneas de acción pueden reconducirse hacia una ferviente aspiración a una calidad de vida mejor. 
En toda Europa, en todos los ámbitos de la sociedad, los ciudadanos piden una calidad social mejor, una calidad ética mejor y una calidad medioambiental mejor, y nosotros debemos prestar atención a esta petición. 
Es por esto, en conclusión, que quiero subrayar la necesidad de establecer relaciones constructivas con nuestros nuevos vecinos. 
Uno de los principales retos que la Unión Europea deberá encarar es la necesidad de estabilizar nuestro continente, y el promoción de la estabilidad en las regiones de nuestras fronteras debe constituir claramente la parte central de esta estrategia. 
Por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo con la propuesta de organizar una cumbre política entre la Unión Europea y los países de los Balcanes más avanzados en el camino de la democracia. 
La Comisión ya ha comenzado a plantear las premisas con vistas a esta cumbre sobre los Balcanes y confiamos en actuar en estrecha colaboración con la Presidencia francesa de cara a los preparativos más específicos. 
Recientemente, tuve la ocasión de reflexionar sobre el continuum de interacción entre las Instituciones europeas que va adquiriendo una importancia cada vez mayor. 
Tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, nuestro sistema legislativo ha funcionado de forma cada vez más eficaz en el marco del nuevo procedimiento de codecisión. 
Dicho procedimiento se aplica a una serie muy amplia de actos legislativos, sin embargo, pese a esto, las ocasiones en que hemos tenido que recurrir a la conciliación se han espaciado. 
De una estadística reciente resulta que más de la mitad de las propuestas legislativas presentadas en el último año, o poco más, se aprobaron en segunda lectura y que para casi la quinta parte de las mismas fue suficiente una sola lectura. 
Esto significa que el proceso legislativo está madurando y se está convirtiendo en cada vez más consensual. 
Esta constatación es, a mi juicio, alentadora, dado que la Comisión ha recomendado a la Conferencia Intergubernamental la extensión del procedimiento de codecisión, así como de las votaciones por mayoría cualificada. 
De este modo, aumentará más aún, si cabe, la legitimación democrática del proceso legislativo europeo, esencial para la salud política de la Unión. 
Señor Presidente, me felicito de su compromiso de llevar a buen puerto las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental, es decir, la necesaria reforma de nuestra Instituciones. 
De hecho, dicho compromiso da una señal clara y positiva a nuestros socios negociadores de los países candidatos. 
En Biarritz y en Niza Europa necesitará toda su capacidad y un gran sentido de la responsabilidad por parte de todos. 
Todos nosotros sabemos lo esencial que es reforzar nuestras Instituciones y hacer que funcionen con más eficacia: ésta es la premisa fundamental de cara a la ampliación. 
Tendremos muchas otras ocasiones para abordar con más detenimiento esta cuestión. 
Hoy sólo quiero subrayar un punto quizás descontado que es el quid de lo que queremos conseguir en Niza y después de Niza: una Unión de 27 o 28 o más Estados precisará Instituciones más fuertes y no débiles; necesitamos un compromiso democrático más fuerte y no débil, un sistema jurídico más sólido y no elusivo. 
A este respecto, por lo tanto, sería ilusorio pensar en el "método Monnet" como algo que pertenece al pasado y que puede ser sustituido más eficazmente por soluciones ad hoc. 
El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia son nuestras Instituciones que proporcionan las garantías, el sistema de pesos y de contrapesos, sin el cual no se podrá construir nada duradero. 
Dado su carácter esencial, debemos trabajar para mejorarlos. 
Ésta es la tarea que todos nos hemos fijado para Niza. 
En definitiva, está claro que el próximo semestre será un semestre ajetreado y estoy convencido de que cuando Francia transmitirá la llama a Suecia habremos realizado progresos muy significativos en construir la Europa que nuestros conciudadanos quieren y esperan. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la República, la Presidencia francesa de la Unión europea se compromete en el momento en el que el debate sobre el sentido y el futuro de la construcción europea no deja de tomar importancia. 
No creo exagerar al hablar de crisis de confianza de un buen número de ciudadanos con las instituciones europeas, o por lo menos de malestar y de búsqueda de una nueva identidad europea. 
La idea europea atrae, la realidad de Europa deja perplejo o repele. 
Hay un problema. 
En este sentido, las consignas que emergen de las grandes reuniones del tipo de Seattle, Washington, Ginebra o Millau: "El mundo no es una mercancía", "las políticas reconocen su impotencia ante la mundialización", "somos nosotros quienes debemos decidir" son la expresión palpable de preocupaciones y exigencias mucho más extendidas que interpelan directamente a la Europa en construcción. 
Para poder pensar en empezar a responder estas expectativas, la Presidencia francesa debería, según mi Grupo, esforzarse en lanzar sólidas señales en tres direcciones, por lo demás íntimamente ligadas. 
En primer lugar, debería expresar la voluntad de instar a Europa a emanciparse del modelo neoliberal que estructura la mundialización actual; en segundo lugar, debería demostrar su determinación para favorecer el retorno de la voluntad política, de la elección política, de la responsabilidad política frente al poder de los mercados, de las megasociedades y de sus lobbys; en tercer lugar, debería alentar la participación efectiva de los actores sociales de nuestros diferentes países así como de movimientos de ciudadanos europeos nacientes en el proceso de elaboración de la política europea. 
¿Son los objetivos de la Presidencia francesa que usted acaba de presentar, señor Presidente de la República, capaces de entreabrir tales perspectivas? 
Sería somero y para ser sincero un poco desesperanzador el contestar simplemente "no", pero no sería sincero por mi parte el afirmar perentoriamente "sí", aunque yo no sea normando. 
De esta manera, la reforma de las instituciones es ciertamente indispensable, pero la cuestión clave de la participación ciudadana en el proceso de construcción europea no figura en el orden del día de la Conferencia intergubernamental. 
La agenda social constituye, en cuanto a ella se refiere, un magnífico desafío que por nuestra parte estamos resueltamente dispuestos a contribuir a aceptar. 
A este respecto, usted ha pronunciado unas palabras que son también las nuestras: el empleo, principal objetivo de las políticas de la Unión, la lucha contra todas las formas de exclusión, la formación a lo largo de toda la vida, la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. 
Queda ahora fijar los objetivos en números y unos plazos comprobables, prever los recursos financieros adecuados, concretar los derechos de intervención de los asalariados en la gestión de las empresas. 
Queda también, señor Presidente, precisar el tipo de actividades que nos proponemos reconquistar para todos y lo que entendemos por protección social adaptada a las exigencias de nuestro tiempo. 
Usted subraya que conformaremos nuestro modelo social europeo a partir de nuestra voluntad política. 
Hará falta, en efecto, voluntad política para acabar con la subordinación de la política social a la lógica del pacto de estabilidad y a las actuales funciones del Banco Central Europeo. 
Hará falta voluntad política para conseguir un acuerdo entre quince contra el dumping social y fiscal y para frenar la tendencia a liberalizar a toda costa los servicios públicos. 
Hará falta voluntad política para limitar el poder discrecional de la Comisión europea en materia de política de competencia. 
Es en efecto en cada uno de estos niveles, en mi opinión, y en otros muchos, en los que va hacer falta actuar para promover un modelo de desarrollo solidario y una Europa social. 
Usted ha insistido, con razón, en la Europa de los hombres y de las mujeres. 
Estamos de acuerdo con la idea de promover los intercambios, de acuerdo también con el proyecto de agencia europea de seguridad alimenticia, con la intensificación de la seguridad del transporte marítimo, con el acento puesto en la lucha por la protección de nuestro medioambiente, con la voluntad reafirmada de sustraer el deporte de los criterios mercantilistas; de acuerdo, finalmente, con la inclusión de los derechos económicos y sociales en la Carta de los derechos fundamentales la cual deseamos que pueda servir de punto de apoyo para futuros combates, y de referencia reconocida de una comunidad de valores a escala continental. 
No encontramos en todo ello sin embargo- aunque no es una sorpresa para nadie- algo que se parezca a una perspectiva de una Europa fortaleza. 
Deseamos una Europa cerrada a los traficantes, pero abierta a las personas. 
Igualmente, desaprobamos la militarización acelerada de la Unión que tiende a relegar a un segundo plano las iniciativas en política exterior propiamente dicha. 
Ahora bien, con el éxito de la ampliación, la manifestación clara de una voz distinta de la de la superpotencia americana en la escena internacional y en las instituciones decisivas constituye a nuestros ojos el principal objetivo como civilización ante el cual los europeos están hoy confrontados. 
Nos alegramos, en este contexto, de la perspectiva de la cumbre euromediterránea, esperando que se inscriba en este mismo sentido. 
Más generalmente, uno tras otro, los informes realizados por las organizaciones internacionales sobre el estado del mundo tocan a rebato: la inaceptable tragedia del sida en África, el desastroso balance hecho en Ginebra sobre la aplicación de los compromisos adoptados hace cinco años en Copenhague para reducir la pobreza, la permanencia del yugo de la deuda y, al mismo tiempo, la explosión financiera, lejos de la economía real, lejos de la vida de la gente. 
En todos estos campos, se espera a Europa, y es sobre este último punto sobre el que me gustaría, para concluir, interpelarle directamente, si usted lo permite, señor Presidente de la República. 
Hay una medida que, viniendo de su parte, constituiría con seguridad una de esas sólidas señales a las que he hecho referencia al principio de mi intervención, y que actuaría en las tres direcciones en las que la Presidencia es esperada a nuestros ojos: estoy hablando de una medida tipo tobin u otra, de imposición de los movimientos especulativos de capitales. 
Hay momentos, declaraba usted ante el Bundestag, en los que hay que saber arriesgar, salirse de la regla. 
La continuación de la gran aventura comunitaria tiene ese precio. 
Señor Presidente, hubo un tiempo, en el que usted mismo, señor Chirac, denunciaba el partido del extranjero. 
Que contraste entre el llamamiento de Cochin y el discurso en el Reichstag, en el cual usted ha reservado la primicia de sus reflexiones federalistas a un parlamento extranjero, ¡defendiendo la idea de una constitución europea! 
¿Es usted el que ha cambiado o son los nuevos tiempos? 
¿Hay que ser moderno para recibir el apoyo de unas cuantas publicaciones bien pensantes? 
¿O tal vez, como para el Tratado de Ámsterdam, las razones se limitan a la necesidad del momento? 
¿Era necesario- ya era muy poco gaulista en 1974- volverse centrista bajo Mitterrand, aunque los apoyos que usted ganaba a su izquierda se compensaban ampliamente por aquellos que perdía por la derecha? 
Usted apoyó el "sí" a Maastricht porque las elecciones presidenciales de 1995 se acercaban. 
Usted hubiese podido, de un manotazo, dejar la moneda única, supuestamente única, para el día del juicio final- pero usted prefirió degradar a Francia a un nivel mediocre, el de un Consejo general pero que no es el de un hombre de Estado. 
El Sr. Mitterrand habiendo obtenido su tratado, usted ha querido tener el suyo, en Ámsterdam. 
Habiéndose hecho insuficicente el tratado de Ámsterdam siendo insuficiente, usted busca un segundo tratado. 
En Niza, parece ser. 
En el fondo, usted se parece a un político de la tercera República, usted que constantemente, subestima las posibilidades de Francia y sobrevalora las de nuestros rivales. 
Usted no se ha dado cuenta de que en la era del átomo y de la electrónica, la eficacia no estaba ya en la cantidad y que, para que Francia conserve su rango, hay que continuar en el camino trazado por el general de Gaulle. 
(Diversos movimientos en la sala) Defender por todas partes- pero claro que ustedes son antigaulistas allí, ni que decir tiene- defender por todas partes el solo interés de Francia, estar lo menos posible obligado por compromisos internacionales, como Europa, la OTAN, la ONU, el G7- 8- 9, llevar a cabo guerras ajenas, no ratificar tratados antes de que otros lo hayan hecho. 
¿Cómo puede pretender usted que la Europa supranacional aumenta el peso de Francia cuando ésta tiene el 11% de los votos en los organismos europeos, porcentaje que ni siquiera se corresponde con su peso económico y mucho menos con su posición en la alta tecnología? 
Iniciar un aligeramiento de los procedimientos de cooperación reforzada, usted ha propuesto a nuestros socios un directorio a dos y ya no a tres. 
Espero que aquellos que están excluidos se opongan a esta tentativa, que- en realidad- sólo beneficia a Alemania. 
¿No es así, señor Cohn-Bendit? 
Debilitar a Francia permitiendo que decisiones importantes sean tomadas sin su aprobación, e incluso, por medio de estas cooperaciones reforzadas, los tratados europeos podrían ser eventualmente modificados contra ella... 
(La Presidenta retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, señor Presidente, Francia asume la Presidencia para los próximos seis meses de la Unión europea. 
Si parece indispensable y legítimo reformar las instituciones y darles un nuevo aliento, estando el sistema tan viciado y falto de democracia, conviene sin embargo no olvidar lo esencial: el bienestar, el respeto, el desarrollo de los pueblos que componen las naciones europeas. 
Pertenezco al grupo de la Europa de las democracias y de las diferencias. 
Este nombre constituye por si solo un programa cuyo objetivo prioritario es asegurar la mejor toma en consideración de las identidades y aspiraciones de cada país, de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Después de la crisis de la Comisión Santer- que hizo tambalearse a las instituciones- ¿Por qué diantres se ha enterrado el informe del Comité de expertos que ponía de relieve las graves disfunciones institucionales? 
Hay que aprender del pasado para preparar el futuro con el fin de evitar, otra vez, un fortalecimiento de los poderes de la Comisión, estructura tecnocrática que funciona sin transparencia y sin democracia. 
¿No se debería cuestionar la dimensión política que se ha atribuido? 
No podemos contentarnos con una Europa que adopte cada vez más textos deshumanizados y demasiado alejados de las necesidades de los pueblos, que son frecuentemente las víctimas en sus vidas cotidianas. 
Además de que, en muchos casos, la imprecisión de dichos textos hace que la última palabra recaiga en un Tribunal de Justicia que, por su poder de interpretación, se erija en un verdadero poder legislativo, pero sin ningún control político. 
Rechazamos tanto un gobierno de funcionarios como un gobierno de jueces. 
De esta manera, la CIG no debe ser el instrumento de una reforma que haga de la Europa de mañana un monstruo tecnocrático y cada vez más alejado de las preocupaciones legítimas de los pueblos y de la opinión de los parlamentos nacionales que los representan. 
No podemos aceptar que esta reforma otorgue a ciertos Estados el derecho y el poder para imponer textos que obliguen a aquellos que no lo deseen. 
La reforma de las instituciones que se nos ofrece oprime nuestras naciones, particularmente las más pequeñas. 
Se crean nuevos sistemas de funcionamiento y de votación que dan el poder y la hegemonía a aquellos que algunos llaman Estados pioneros. 
Es inaceptable. 
Hay que respetar las diferencias y dejarles expresarse porque ahí reside la verdadera riqueza de Europa. 
Mientras que la construcción europea debería buscar la coordinación de las políticas de los Estados miembro, el objetivo de integración nos lleva a una uniformización intolerable. 
Esta uniformización a marchas forzadas, germen de un modelo único, va en contra de aquello que nos esforzamos en defender cada día, a saber las diferencias. 
¿Cómo pretender que se defiende la aspiración de cada uno a vivir mejor cuando se cuestiona cada día un poco más nuestras culturas y tradiciones? 
Efectivamente, detrás de las discusiones institucionales, algunos temas son particularmente importantes, como el empleo, la sanidad, la seguridad alimenticia y la defensa de los productos regionales. 
Está también el debate sobre el desarrollo equilibrado de las regiones y el respeto de los usuarios, así como el futuro de los servicios públicos y de los monopolios estatales. 
En efecto, consideramos que el servicio público a la francesa, especialmente estructurante en términos de ordenación del territorio y de cohesión social como los servicios postales, ferroviarios, energéticos, etc... deben ser defendidos contra la opinión de la Comisión. 
¿Se es antieuropeo porque se hacen valer los intereses nacionales? 
¿Se es antieuropeo cuando se pide la modificación de directivas como las directivas de "Pájaros", "Hábitats", "Mercados al aire libre" o "Biotecnologías"? 
Existe en vísperas de la ampliación una reflexión que debe realizarse sobre el acervo comunitario, que algunos quisieran "inmutable" como principio, en detrimento de la democracia y de la subsidiariedad. 
Para concluir, esperamos, señor Presidente, que usted tenga la voluntad de devolver la palabra a los representantes electos y a los distintos pueblos con el fin de evitar una nueva fractura rural y territorial. 
Para que Francia hable con una sola voz el pueblo tiene que ser la cuerda vocal: los "bleus" han dado el ejemplo. 
La victoria es bella, señor Presidente, ¡pero el campeonato sólo fue posible gracias a la Europa de las naciones! 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, he escuchado con sumo interés a los representantes de los distintos Grupos, y me alegro de poder formular algunas reflexiones tras sus intervenciones. 
Me gustaría en primer lugar dar las gracias al Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, que ha descrito con gran claridad la situación al inicio de esta Presidencia francesa. 
Me llenan de satisfacción sus intenciones, anunciadas en nombre de la Comisión, que se aproximan en gran medida a las de la Presidencia francesa. 
Ayer ya tuvimos ocasión de constatar este hecho, ya que, como es costumbre, ayer se celebró una reunión de trabajo entre el Gobierno, el conjunto de los comisarios, el Presidente de la Comisión, el Primer Ministro y yo mismo, que nos permitió comprobar la sinergia existente en nuestras preocupaciones y nuestros objetivos. 
En particular, el Sr. Prodi habló de la codecisión, y se felicitó de que este procedimiento se perfeccione poco a poco y vaya ganando en densidad. 
Expresó su deseo de que la CIG fomente la extensión de la codecisión. 
Este es, como ustedes saben, el objetivo de la Presidencia, vinculado a la extensión del voto con mayoría cualificada. 
El Sr. presidente Poettering ha realizado una brillante y calurosa intervención, que le agradezco muy particularmente, y que me ha calado hondo; ha mencionado un cierto número de temas. 
La Presidencia puede ya, señor Presidente, darle una respuesta sobre la cuestión de una mayor transparencia por parte del Consejo. 
Se ha dicho en concreto que el Ministro francés de Asuntos Exteriores y el Ministro Delegado responsable de Asuntos Europeos comparecerían después de cada Consejo de "Asuntos Generales" para informar al Parlamento Europeo y mantener con él el diálogo que sea necesario. 
Es un paso en la dirección que usted ha sugerido, y espero que esto permita mejorar las relaciones entre nuestras dos grandes instituciones y también, naturalmente, aclarar la evolución de los asuntos que tratan. 
Compartimos también su deseo de contar con instituciones fuertes, tal y como usted ha subrayado. 
Lo dije ayer, en París, con ocasión de la reunión de la Comisión. 
Se lo he mencionado al Sr. Prodi. 
Es la condición necesaria para la eficacia de nuestra labor y también para la plena afirmación del papel de la Unión Europea en la escena internacional. 
Y añado, para responder a una inquietud formulada en su intervención, que suscribo totalmente la idea que usted ha avanzado, según la cual es necesario un marco institucional único, y en ningún caso marcos paralelos. 
Se da por descontado. 
Todo lo que pueda permitir dar un nuevo impulso a la construcción europea debe hacerse al mismo tiempo en el marco de las instituciones y dentro del respeto al acervo comunitario. 
Para la Presidencia francesa, todo esto es evidente. 
He tomado buena nota de su deseo de que el Tribunal de Justicia disponga de los medios que le son necesarios. 
El Sr. Presidente Barón Crespo, que, por lo visto, conoce las sutilezas de la lengua inglesa tan bien como las de la lengua francesa, se ha referido a un cierto número de temas que son el núcleo de la reflexión de la Presidencia. 
En cuanto al modelo social europeo, uno de los principales objetivos de la Presidencia francesa es alcanzar un acuerdo sobre la agenda social. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para materializar este objetivo. 
En relación con los servicios públicos, tema que por cierto ha sido mencionado por bastantes de oradores, siendo el último de ellos el Sr. Saint-Josse, me gustaría decir que la Presidencia francesa sigue muy de cerca este punto. 
Somos totalmente conscientes de la necesidad de modernizar y de adaptar los servicios públicos. 
Pero también sabemos que estamos ante un elemento esencial de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos en un país, y que esta igualdad de derechos y oportunidades no puede naturalmente satisfacerse con criterios de rentabilidad, o básicamente de rentabilidad, que conducirían, ineludiblemente, a privar a los que estuviesen en condiciones no rentables de los servicios que, por otra parte, se prestarían a los que se encontrasen principalmente en las grandes ciudades, en condiciones económicamente más favorables. 
(Aplausos) 
Evidentemente, no es esta la pretensión francesa. 
Durante largo tiempo, representé a una circunscripción de Francia extremadamente pobre y rural, y puedo decirles que considero y que siempre he considerado que tenía en cuanto a los principales servicios públicos, en cuanto a lo que es la vida en la nación, los mismos derechos- y por otra parte los mismos deberes, que se materializan en su fiscalidad- que cualquier barrio parisino. 
En consecuencia, estaremos muy pendientes de que no se confunda la necesaria modernización de los servicios públicos con la rentabilización de éstos, lo cual sería un grave error. 
(Aplausos) 
El Presidente Barón Crespo se ha referido a muchas otras cosas, en particular a las cooperaciones reforzadas, al desarrollo del modelo social y a la ampliación. 
También ha hablado de la Carta de Derechos. 
Es un tema al que, asimismo, concedemos gran importancia. 
Deseamos que la Convención, a la que su Asamblea está muy estrechamente vinculada, pueda darnos sus conclusiones rápidamente, es decir, si fuese posible antes de Biarritz, para que podamos hablar de ello ya en Biarritz. 
Esto significa también que esta carta debe abarcar todos los valores, todos los principios y los derechos sobre los que están basadas nuestras convicciones, nuestras sociedades, lo que implica no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos y sociales. 
(Aplausos) 
Francia tiene un enorme interés en que los derechos económicos y sociales estén claramente expresados en el seno de esta carta. 
Es además la principal reivindicación de la Confederación Europea de Sindicatos, reivindicación, a mi entender, legítima y justificada. 
Si queremos tener un modelo social europeo, es necesario que esté basado en principios claros, que deben ser enunciados. 
Y el mejor lugar para enunciarlos es la carta. 
El problema, aludido por varios oradores, de la inserción de la carta en el Tratado, es un problema que queda aún por discutir. 
Todavía ignoramos cuáles son las conclusiones de la Convención, vamos a ver lo que dicen sobre este punto. 
En la situación actual, las opiniones de los distintos socios son, diría yo, bastante contradictorias, y en todo caso no están expresadas con firmeza. 
Es necesario dejar pasar un plazo antes de opinar sobre este asunto. 
No estoy seguro de que podamos dejarlo resuelto en Niza. 
Si es posible, tanto mejor. 
En todo caso, Francia desea que podamos asistir en Niza a la culminación de la carta, con la amplitud y el objetivo que acabo de mencionar. 
El Sr. presidente Cox, al igual que el Sr. Poettering, ha recordado la importancia que concede a instituciones fuertes. 
Mi respuesta es la misma. 
Creo que es esencial tener instituciones fuertes, es decir, que dispongan de autoridad suficiente para asumir sus responsabilidades, pero también que no sean susceptibles de ser bloqueadas. 
Ahora bien, es evidente que hoy nos encontramos ante una situación en la que la perspectiva de la ampliación podría conducir al bloqueo, si no tomamos las medidas que se imponen para permitir a Europa superar la pesada carga que va a agravarse con la ampliación. 
Esta es, por otra parte, la razón por la que concedemos tanta importancia por un lado al problema de la ponderación de los votos, y por otro, al problema de las cooperaciones reforzadas. 
Estas últimas, repito, no tienen en modo alguno vocación de crear una Europa de los que estarían por delante y otra de los que no lo estarían, sino de otorgar simplemente la capacidad de impulso necesaria para el buen funcionamiento de Europa, y de permitir así a los que desean ir un poco más rápido en algunos campos hacerlo, lo cual forzosamente producirá un efecto de arrastre sobre los demás. 
Es un factor de arrastre muy importante, que participa de la fuerza de las instituciones. 
Señor presidente Cox, no tenga usted temor alguno en el asunto de la ampliación, mencionado por otros oradores y abordado de manera particularmente firme por el Presidente Prodi. 
Queremos por encima de todo culminar satisfactoriamente la reforma institucional, es decir, la CIG y el Tratado de Niza, que están relacionados, precisamente porque deseamos que la ampliación pueda realizarse lo más rápidamente posible. 
Ampliación lo más rápidamente posible no es sinónimo de decisión política, naturalmente. 
La ampliación no es una decisión política. 
Es una voluntad política compartida de estar en condiciones de aplicar las mismas reglas de juego en la Europa del mañana. 
Esto supone, como es natural, la voluntad de ampliación de la Unión Europea: está clara y nadie la pone seriamente en entredicho. 
Pero esto conlleva igualmente una voluntad por parte de los candidatos de realizar las reformas necesarias para poder integrarse en la Unión, sin lo cual la Unión se vería perturbada, y los Estados que entrasen sin haber acometido las reformas necesarias para adaptarse a las reglas del juego comunitario se enfrentarían a grandes dificultades sociales, económicas y políticas. 
(FR) En esta línea, estamos totalmente decididos, señor Presidente, a conseguir que las negociaciones iniciadas continúen y se profundicen con cada país candidato. 
Haremos nuestro trabajo en este campo lo más rápidamente y lo mejor posible, siguiendo la idea, repito, que recordó hace un rato el Presidente Prodi, de ampliar con la mayor celeridad. 
No hay que tener ninguna duda a este respecto. 
La vocación de la construcción europea, cuando ésta se deseó, fue la de instaurar, arraigar la paz después de tantas guerras inútiles y fratricidas. 
Instaurar la paz y consecuentemente, la democracia, ya que las dos van a la par. 
Esta paz, esta democracia no pueden instaurarse en un trozo de Europa, deben implantarse sobre el conjunto de Europa. 
Después, es posible discutir sobre las fronteras europeas, ese es otro problema, pero deben instaurarse en el conjunto de Europa. 
En consecuencia, la ampliación no es solamente una exigencia moral frente a los países candidatos, sino que forma parte también del interés fundamental de Europa si se quiere que, en el futuro, ésta exista y se base en los principios de la paz, la democracia, los derechos humanos y las libertades. 
(Aplausos) 
El Sr. Lannoye se ha referido en particular al problema de las cooperaciones reforzadas. 
Acabo de dar una respuesta sobre este tema. 
Ha descrito también la situación actual del mundo en unos términos que, debo confesar, me han conmovido, y que suscribo. 
Es verdad que estamos en un mundo dónde la brecha entre los ricos y los pobres crece. 
El informe del PNUD del año 1999, es decir, el informe presentado no este año, sino el año pasado, daba un ejemplo que, sin ser significativo, no deja sin embargo de sorprendernos, que las tres mayores fortunas privadas del mundo equivalen hoy a la totalidad del Producto Nacional Bruto de todos los PMA, los países menos avanzados, es decir, 600 millones de personas. 
Y vemos que este fenómeno se desarrolla, que la exclusión que de él se deriva se desarrolla, y es uno de los grandes peligros del mundo actual. 
Grandes debates, mencionados por el Sr. Lannoye, se están llevando a cabo sobre el tema de la mundialización. 
No voy, naturalmente, a entrar ahora en el meollo de estos debates, aunque Europa no pueda quedarse al margen y por consiguiente, la Presidencia, junto con la Comisión y el Parlamento, estén forzosamente vinculados a ellos. 
La mundialización es, de toda evidencia, ineluctable, ineludible, y es, esencialmente, el resultado de una evolución de la técnica y de las tecnologías. 
Tiene también un cierto número de ventajas, ya que facilita el comercio, y hoy en día el comercio es lo que crea más riqueza. 
Por consiguiente, presenta elementos muy positivos. 
Es absurdo ponerlos en duda. 
Sin embargo, supone también peligros, peligros importantes, especialmente en tres áreas. 
En primer lugar, está el peligro que acabamos de comentar, el de la exclusión de los que no pueden ir tan rápido como los demás. 
Es cierto en el ámbito de los ciudadanos de un mismo país, y observamos en la actualidad que, a pesar de un fuerte crecimiento y de un desempleo a la baja, la exclusión se agrava. 
Es cierto en el ámbito de las naciones, dónde vemos cómo los países ricos son cada vez más ricos y cómo los pobres son, por desgracia, cada vez más pobres, tal y como el Sr. Lannoye ha recordado anteriormente. 
(Aplausos) 
He aquí una pérdida de rumbo de la sociedad mundial que debemos seguir con mucha atención, y que, naturalmente, no podemos aceptar. 
El tema será por cierto tratado próximamente a nivel del G-7, del G-8, pero es un asunto que afecta a todo el mundo, y en especial a Europa. 
El segundo riesgo de la mundialización, del que también se ha hablado, es el de poner seriamente en cuestión el ecosistema mundial. 
Partiendo de la base de que se busca el máximo beneficio, lo que por otra parte comprendo, porque el beneficio es en sí mismo un factor de progreso, pero partiendo de la base de que se busca el máximo beneficio posible, sin límites serios, internacionalmente reconocidos e impuestos para evitar los excesos, podemos pensar que llega un momento en que los ataques contra la naturaleza son tales que esta última no consigue regenerarse. 
Esto no es evidente, pero el problema se plantea y por tanto hay que tomarlo en serio. 
(Aplausos) 
El ejemplo típico ha sido mencionado por varios oradores, es el de la Conferencia de La Haya sobre las emisiones de gas con efecto invernadero que se celebrará en otoño. 
Si, como es probable, e incluso altamente probable, las pruebas científicas permiten afirmar que estas emisiones suponen un gravísimo peligro para el equilibrio ecológico de nuestro planeta, y por tanto comprometen gravemente lo que le vamos a legar a nuestros descendientes, procede estudiar con la mayor de las atenciones el modo de controlarlas. 
Pero, en la situación actual, es cierto que la mundialización no nos lleva por esta vía, sino más bien por el camino contrario. 
El último inconveniente, el último riesgo de la mundialización, es todo lo relativo al crimen organizado. 
Con el desarrollo de la mundialización y de las nuevas tecnologías, con Internet, está claro que la ciber-criminalidad tiende a crecer considerablemente en todos los campos: drogas, terrorismo, crímenes de todo tipo. 
Por lo tanto, la mundialización tiene sus riesgos, ¿pero qué quiere decir esto? 
Significa que no debemos cuestionar la mundialización, porque se producirá pase lo que pase, que debemos aprovechar lo bueno que tiene, y que en ella podemos encontrar cosas buenas, pero que debemos controlarla, debemos humanizarla y, consiguientemente, debemos ser conscientes de los peligros que conlleva. 
Este es el mensaje firme que todas las grandes instituciones, y en particular la Unión Europea y las instituciones que la representan, deben lanzar al mundo en su conjunto. 
(Aplausos) 
Asimismo, esta respuesta va dirigida al Sr. Wurtz, que también ha hablado de estos problemas, al igual que de otros, naturalmente, y en particular de los que afectan a la Europa de los Hombres. 
Comparto, por descontado, su idea de que esta Europa debe en primer lugar y ante todo ser la de los ciudadanos. 
Debemos responder a las preocupaciones que son las de la vida cotidiana. 
Es un hecho que no lo hacemos suficientemente, aunque en mi opinión se han realizado desde hace algunos años progresos importantes en este campo. 
Los debates sociales que se mantienen en el seno de la Unión desde hace tres o cuatro años no habrían podido tener lugar hace siete u ocho años, o bien ocho o diez años. 
Ni siquiera se habría pensado en ello. 
Por tanto, hay a pesar de todo un avance. 
He dicho lo que pienso de la mundialización. 
No creo, señor Presidente, que la Europa-fortaleza sea una pretensión, ni tan siquiera una realidad. 
Europa es por definición abierta. 
La vocación de Europa es la de albergar en su seno un cierto número de valores, una cultura, una identidad que es, diría yo, la síntesis de las culturas y de las identidades de cada una de las naciones, y de ahí la importancia de mantener esta diversidad cultural y de conservar la capacidad de cada una de las naciones que forman Europa de preservar su cultura, su identidad, su lengua. 
A partir de aquí, la unión, siguiendo el viejo proverbio que dice que la unión hace la fuerza, es el único medio para conservar de cara al futuro estas culturas, estas identidades frente al mundo multipolar que se desarrolla hoy y que vemos por todas partes. 
Mañana, tendremos una China inmensa, una India inmensa, un Sudeste Asiático importante; tendremos una Sudamérica organizada, por no hablar de Norteamérica. 
Es evidente que si seguimos así, más o menos divididos, dejaremos de existir, desapareceremos pura y simplemente. 
Solo podremos existir permaneciendo unidos y siendo nosotros mismos, y en este contexto, no debemos ser una fortaleza, sino aunar, juntos, nuestras energías y nuestros esfuerzos. 
Finalmente, el Sr. Wurtz se ha referido a la famosa tasa Tobin. 
Me gustaría simplemente decirle que la reforma del sistema monetario internacional está en la orden del día, como él sabe, y es evidente que debemos luchar contra la inestabilidad de los mercados financieros. 
Es una evidencia y yo, por mi parte, estoy por supuesto totalmente involucrado en ella. 
Es uno de los temas que también trataremos en el G-7 de Okinawa. 
Siguiendo esta línea, reconozco gustosamente que hay que estudiar con detenimiento todas las modalidades, sean del tipo que sean, que puedan contribuir a este objetivo de estabilidad y simultáneamente de equidad, sea cual sea, pero naturalmente sin ideas preconcebidas y también sin ausencia de realismo. 
Desde hace largo tiempo, he estado siempre muy atento a las observaciones de Charles Pasqua, en el ámbito gastronómico, y también a las demás, y por tanto le he escuchado con sumo interés- lo cual él no duda -, incluso aunque no reconozca plenamente, en sus palabras y en su descripción, la Europa que construimos juntos. 
Manifiestamente, no la miramos con los mismos ojos 
(Risas y aplausos) 
y, en particular, ha pronunciado en numerosas ocasiones a lo largo de su discurso las palabras "federal" o "federación". 
Es una vieja polémica muy francesa que, por cierto, se basa en el hecho de que el sentido que le damos en francés a estas palabras es distinto del que le dan, a esos mismos términos, otros idiomas, y en concreto el alemán. 
Y esta interpretación da lugar a malentendidos, que han degenerado en polémicas, naturalmente. 
Ambos, Charles Pasqua y yo mismo, hemos servido en especial a un hombre por el que sentíamos un gran respeto. 
Él tenía la costumbre de decir, porque no le gustaban las polémicas inútiles: "federación, confederación, una federación, en el fondo, es una confederación que ha triunfado". 
(Risas) Esto, como es natural, tenía un lado ligeramente provocador, pero había un poco de sabiduría cantaliniana, es decir, de Auvernia, en el germen de esta afirmación. 
Le pido amigablemente a Charles Pasqua que reflexione sobre ello. 
(Risas y aplausos) 
El Sr. de Gaulle comprenderá probablemente que no comparta su visión de las cosas. 
A él también le he escuchado, pero me permito decirle que hay un único derecho que no le reconozco, es el de hablar en nombre del General de Gaulle. 
(Aplausos) 
Como el Sr. Saint­Josse ha intervenido en último lugar, y como ha abordado un cierto número de temas que ya han sido tratados, no retomaré más que uno o dos de los argumentos que ha puesto de relieve. 
En primer lugar, la diversidad cultural y la puesta en práctica del principio de subsidiariedad. 
Apoyo sin reservas la expresión de esta necesidad y su espíritu. 
Es cierto que somos ricos en diversidad cultural y que el principio de subsidiariedad es una necesidad imperiosa. 
Hay que tomar la decisión en el nivel de decisión correcto. 
No volvamos al pasado, o a algunos ejemplos que sería demasiado fácil desarrollar; para que el principio de subsidiariedad se aplique verdaderamente, hacen falta como es natural unas reglas del juego. 
Pienso en una decisión, tomada por la Comisión y más tarde cuestionada, principalmente en nombre de este principio de subsidiariedad que no estaba siendo respetado. 
Pero observo que, en origen, son los gobiernos los que han solicitado a la Comisión que tome esta decisión. 
(Aplausos) Hay por tanto aquí, si ustedes quieren, una ambigüedad, y cuanto más numerosos seamos, más necesario será aplicar estrictamente el principio de subsidiariedad, lo cual, desde luego, significa que deben existir unas reglas del juego que sean comunes y que eviten cualquier ambigüedad. 
Lo repito, lo dije en Berlín en un contexto distinto y desde otra perspectiva, será necesario que se sepa de forma concreta lo que hace cada uno, sin lo cual esto no funcionará, ya lo hemos visto con el ejemplo que acabo de mencionar. 
(Aplausos) Hay que estar preparado para decir claramente lo que hace Europa, lo que hacen cada una de las naciones que la integran y lo que hacen, en el seno de las naciones, un cierto número de niveles administrativos, que existen y que intervienen en la realidad política, humana, de estas naciones. 
Se me ocurren, por ejemplo, los Länder alemanes, pero naturalmente, se podrían citar muchos otros ejemplos. 
Señora Presidenta, Señoras, Señores, ha sido un gran placer aportar estos breves comentarios a las muy interesantes observaciones que he oído en boca de los representantes de su Asamblea, y les agradezco su acogida. 
(Vivos aplausos) 
Le agradezco al Presidente Jacques Chirac las muy sustanciales respuestas que ha tenido a bien aportar a los presidentes de Grupo político de nuestra Asamblea. 
Vamos a proseguir con nuestro debate. 
El Presidente debe abandonarnos, porque la familia del rehén secuestrado en Jolo, Sonia Wendling, ha querido mantener un encuentro con el Presidente Jacques Chirac, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, para ver cómo podrían todos estos pobres rehenes ser liberados lo antes posible. 
Estoy convencida, Sr. Hager, de que comparte usted la angustia de estas familias. 
Señor Presidenta, yo no comparto en absoluto su opinión y lamento profundamente que el Presidente en funciones del Consejo haya abandonado el hemiciclo justo antes de la intervención del representante del último Grupo de diputados, manifestando así su desinterés. 
Cada diputado puede decidir, según le dicte su imaginación, si se trata de un acto dirigido contra los diputados no inscritos o contra el primer representante austríaco que interviene en el debate. 
Yo mucho me temo que el Presidente en funciones del Consejo, que hoy se ha pronunciado en contra de la exclusión, acaba de incurrir con su actitud justamente en un acto de exclusión. 
Por consiguiente, renuncio a exponer mi opinión sobre el programa de la Presidencia francesa del Consejo, puesto que al parecer no interesa, y lamento que se haya transmitido una señal de este tipo al comienzo de la Presidencia. 
Dicho esto, puesto que soy optimista, yo confío en que la actual Presidencia del Consejo tome conciencia en el futuro de la neutralidad de su posición y en que finalmente también se restablezca la normalidad dentro de nuestro Grupo. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, mis queridos colegas, es para mí un honor, como presidenta de la delegación francesa del Grupo PPE-DE, tomar la palabra en esta jornada de presentación de las prioridades de la Presidencia francesa de la Unión. 
El Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, al pronunciar la semana pasada su discurso, reconocido por todos como histórico, en el Reichstag de Berlín, había abierto nuevas perspectivas para la Presidencia francesa y, espero, para las presidencias que le sucedan. 
En efecto, no solamente ha planteado las verdaderas cuestiones: ¿Porqué construir Europa? 
¿Con quién? 
¿Y cómo? , sino que también ha aportado respuestas determinantes para el futuro de una Unión llamada a una ampliación sin precedentes. 
A los que prefieren concentrarse únicamente en las reformas a corto plazo, ciertamente indispensables, que le esperan a la Presidencia francesa y que deben culminar en el futuro Tratado de Niza el próximo mes de diciembre, les contestaría que estas reformas capitales no triunfarán más que si se inspiran no solamente en la historia moderna de nuestro continente, sino también en una visión ambiciosa y realista de lo que debe ser la Europa del mañana, a saber: una Europa fuerte, democrática, libre, y que tenga peso frente al mundo. 
Todos sabemos que para aceptar los considerables retos a los que Europa se enfrenta hoy, necesitaremos saber definir claramente, en común, nuestro proyecto para Europa. 
Debemos estar agradecidos al Presidente en ejercicio del Consejo, por haber tenido a la vez el valor y la audacia de invitar a nuestros socios a la reflexión, y de sugerir sus líneas directrices. 
Nuestros conciudadanos esperan una Europa que tenga por fin la voluntad de revisar su funcionamiento, en el sentido de una mayor legibilidad, de una mayor transparencia y de una eficacia acrecentada. 
Las reformas de la Comisión y del Consejo deben responder a estos imperativos. 
Debemos conservar en la mente la idea de que, incluso si la tarea no es fácil, Francia y sus socios tienen la obligación de obtener unos resultados. 
Hay que alcanzar un acuerdo, y un buen acuerdo. 
Lejos de enredar las cosas, el debate de hoy nos aclara en el sentido de la acción a realizar en los meses y los años venideros, que resumiré como sigue: proximidad frente a los ciudadanos, frente a todos los ciudadanos sin excepción, estén cerca o lejos de los centros de decisión; modernización económica y Europa social; eficacia y presencia consolidada en el mundo. 
Tengo plena confianza en Jacques Chirac, Presidente en ejercicio del Consejo, y en su capacidad para aceptar, junto con nuestros socios de la Unión, estos retos históricos. 
Señor Presidente, recurro al Reglamento en virtud del artículo 120 del Reglamento, que por cierto figura expresamente en la página 25 de nuestro orden del día, para hoy. 
En él, está previsto que el Consejo tuviese un turno de palabra de 30 minutos. El Presidente Chirac ha hablado durante una hora y cuarto. 
Estaba previsto que los diputados pudieran expresarse. 
Sin embargo, la Presidenta no ha hecho callar a los que han interrumpido al Sr. de Gaulle. 
Por el contrario, ha cortado su intervención a los 3 minutos justos, mientras que había concedido un minuto más al resto de los oradores y, finalmente, no ha dejado hablar al orador de los no-inscritos. 
El orador de los no-inscritos tenía derecho a intervenir antes de la réplica del Presidente en ejercicio del Consejo. 
La Sra. Presidenta no ha cumplido con su deber de objetividad en la conducción de los debates de esta Asamblea. 
Señor Presidente, señor Ministro, estimados colegas, fijar un rumbo, más allá de la Presidencia francesa, es algo sobre lo que todos estamos de acuerdo, pero esto nos obliga a mencionar cuestiones que se plantearán independientemente de que la Conferencia Intergubernamental sea o no un éxito. 
Este rumbo no puede ser únicamente una construcción institucional, por la que los franceses tienen una especial predilección. 
Debe también responder a la pregunta: ¿Qué queremos hacer juntos? 
¿Estamos dispuestos a extraer todas las consecuencias del gran salto hacia delante iniciado por los antecesores del Presidente de la República Francesa? 
Pienso concretamente en la adopción del euro. 
Las preguntas que también debemos contestar son las que se plantean nuestros conciudadanos. 
Aspiran a que Europa funcione mejor. 
A partir de hoy, independientemente de las ventajas que existan por hablar de las visiones futuras, nos hace falta dar una respuesta a las aspiraciones de los hombres y mujeres que integran Europa. 
Para ello, será necesaria la movilización de todos los responsables del Ejecutivo francés, con el fin de desempeñar acertadamente esta presidencia. 
Creo que la acción iniciada por el Gobierno de Lionel Jospin, en Francia y en Europa, otorga al Presidente en ejercicio del Consejo todas las capacidades necesarias para cumplir este objetivo. 
En primer lugar, necesitamos cumplir esta agenda, lo cual supone celebrar con éxito la Conferencia Intergubernamental. 
Habrá que zanjar cuestiones políticas esenciales. 
Pero si queremos que la Unión tenga capacidad de decisión, hay primeramente y ante todo que avanzar en el terreno de la mayoría cualificada. 
Más allá, este Parlamento ha solicitado que las cooperaciones reforzadas sean incluidas en el orden del día de esta Conferencia Intergubernamental. 
Nos alegramos de que esto haya sido posible. 
Deseamos que se suprima el derecho de veto para pasar a las cooperaciones reforzadas, pero no queremos que, tras una mayor flexibilidad, se perfile un auge de lo intergubernamental. 
Y además, deseo decirle a la Presidencia francesa que puede contar con el apoyo de este Parlamento si prefiere no alcanzar un acuerdo en Niza antes que firmar un mal tratado. 
Más allá de la Conferencia Intergubernamental, esperamos también que se revisen los métodos de trabajo y la organización de las instituciones de la Unión. 
Pensamos, evidentemente, en la reforma en curso en el seno de la Comisión, pero también y quizás de forma prioritaria en el seno del Consejo. 
La Presidencia francesa se ha fijado como objetivo un crecimiento al servicio del empleo. 
Es un objetivo renovado, para el que pensamos que la profundización de los trabajos en el seno del euro 11, pronto del euro 12, es un objetivo esencial. 
Nos congratulamos de que el Presidente de la República Francesa se haya comprometido a favor de una visibilidad y de una autoridad mayores de esta instancia, que consideramos útil. 
En cuanto a la agenda social, nos alegramos también de que la perspectiva del pleno empleo sea a partir de ahora una perspectiva para el conjunto de la Unión Europea. 
Nos sentimos además satisfechos del compromiso del Gobierno de Lionel Jospin para conseguir la finalización de un cierto número de directivas esenciales. 
Pienso de entrada en la Directiva que trata la información y la consulta a los trabajadores, y pienso también en la que afecta al tiempo de trabajo de los empleados eventuales. 
El Presidente de la República se ha referido a la Europa de los Hombres y Mujeres, a la creciente atención que debemos dedicarle a las preocupaciones de nuestros conciudadanos. 
En este campo, la labor iniciada en el seno de la Convención, encaminada a elaborar una carta, es totalmente esencial. 
Los miembros de la Convención están dispuestos a proponer, en el Consejo Europeo de Biarritz, un texto completo que deberá incluir los derechos económicos y sociales. 
Pero el Consejo Europeo tendrá también que contar con que esta Asamblea pida, vuelva a pedir, que la perspectiva de la incorporación de la carta al tratado quede registrada. 
¿Para qué sirve reconocer derechos si no son justiciables? 
Siguiendo este enfoque de una Europa más ciudadana, no voy a retomar el conjunto del programa de la Presidencia Francesa. 
Sólo dos palabras. 
Una de ellas sobre la Directiva "Blanqueo de capitales" que, en mi opinión, responde a un avance que nuestros conciudadanos esperan. 
No entienden que, en este campo, seamos vacilantes. 
En el ámbito del reconocimiento mutuo de las sentencias, nos enfrentamos permanentemente a situaciones dónde la dualidad de nuestras jurisdicciones conduce a nuestros conciudadanos a graves dificultades personales. 
Necesitamos progresar. 
Señor Presidente, unas palabras más para concluir, y para decir hasta qué punto pensamos que la Presidencia Francesa debería también transformar el acervo del Tratado de Ámsterdam, en lo relativo a los servicios de interés general. 
Estos servicios de interés general son una contribución a la cohesión social y territorial de la Unión, tal y como lo hemos reflejado en el Tratado de Ámsterdam. A este respecto, el examen que tendremos que pasar es el de la Directiva postal. 
Estos servicios se inscriben también en la modernidad cuando se habla de Internet para todos. 
Esperamos que la Presidencia Francesa pueda proponernos una directiva-marco en este campo. 
Señor Presidente, el programa que acaba de presentarnos el Presidente de la República es a la par ambicioso y realista. 
Sin embargo, esperaba un compromiso más claro en el tema de los derechos fundamentales que figuran en la agenda de la Unión, por partida doble. 
En primer lugar, estos derechos deben tomar cuerpo en la futura Carta de los Derechos Humanos. 
A pesar de ello, el Presidente no ha mencionado en su intervención el examen de esta carta como uno de los puntos principales del Consejo Europeo de Biarritz. 
En su contestación a los primeros oradores, ha sugerido que se podría tratar en Biarritz una propuesta de carta, pero con un contenido que él sabe muy bien que haría prácticamente imposible su incorporación a los tratados con ocasión del Consejo Europeo de Niza. 
¿No se plantea Francia, patria de los derechos humanos desde hace dos siglos, un objetivo más ambicioso? 
Esto sería una gran decepción. 
En segundo lugar, los derechos fundamentales son ya, desde Ámsterdam, los pilares fundamentales de nuestra Unión, y deberían ser el punto de referencia permanente de la acción de los Estados miembros. 
La creación de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia es la empresa más ardua que nos espera, ¿y en especial por el hecho de que la unanimidad siga siendo la norma? 
He aquí un buen tema de reflexión para la cooperación reforzada, a la que el Presidente ha vuelto a hacer alusión recientemente. 
Con ocasión del asunto Haider, el Presidente fue el primero en recordar la obligatoriedad del artículo 6 del Tratado. 
Con su toma de posición, ha puesto el listón muy alto, no solo para el Gobierno austríaco, sino también, indirectamente, para todos los demás gobiernos. 
Las medidas que la Presidencia francesa ya ha anunciado, en el ámbito de la justicia y de los asuntos internos, parecen estar a la altura de este reto. 
Sin embargo, no son más que proyectos. 
Permítanme por tanto hacer a la Presidencia francesa la invitación que los griegos le hacían antaño al atleta más prometedor: hic rhodus, hic salta. 
Visiblemente, Europa es una sirena que incita a todo el mundo a la promiscuidad política. 
Tras haber escuchado los comentarios del Presidente Chirac, no sé en qué partido político terminará al final de su carrera. 
Pero la evolución es extraordinaria, y es cierto que hemos tardado veintiún años en convencer al Presidente Chirac de que Europa es distinta de lo que él creía cuando hablaba desde Cochin. 
Desearía decir que sigo convencido de que vamos a tener menos necesidad, y durante menos tiempo, de persuadir al primer Ministro, el Sr. Jospin, de que asuma por fin la causa comunitaria plenamente. 
Todavía no la defiende: ¡se pueden hacer comentarios de este tipo, sin que nos pongamos nerviosos! 
Quería simplemente decir que estoy convencido de que hoy en día no basta con repetir y repetir las cosas: hay muchas cosas que ha dicho el Presidente Chirac con las que estoy de acuerdo. 
¡Pretensión, pretensión, de acuerdo, pero habría que verla, esta pretensión! 
Por ejemplo, lo que lamento es que no haya retomado lo que dijo en Berlín: ¿cuál es la agenda para la Constitución? 
En Berlín, nos dijo: ampliación más Constitución, al mismo tiempo. 
Es decir, llegar a 2003-2004-2005 con una Constitución y con la ampliación. 
En segundo lugar, cuando se habla de Constitución, hay que tener cuidado y no ser demasiado ingenuo. 
¿Quién hace qué? 
Esto suena bien, pero es abstracto. 
Porque Europa, es una suma de competencias compartidas, y cada vez de más competencias compartidas: dicho de otro modo, la Constitución debería decirnos quién hace qué, cómo, conjuntamente. 
¡Este es el problema! 
Si fuera tan fácil hacer cirugía política, avanzaríamos más rápidamente. 
Y además, estoy a pesar de todo- Paul Lannoye lo ha dicho -, estoy triste cuando oigo hablar de política exterior, cuando oigo decir que se echa toda la carne en el asador por el armamento, la defensa, y no se dice una sola palabra sobre la prevención de los conflictos. 
El papel de Europa es el de inventar también otra política exterior que se base precisamente en la prevención de los conflictos, en el hecho de que cada vez necesitemos menos armas. 
No digo que no necesitemos armas. 
No soy ingenuo, pero no deseo que la imagen de la política exterior europea sea simplemente la de aviones muy potentes, la de soldados que tienen que ir a Bosnia, que tienen que ir a Kosovo, sino que también sea la capacidad de impedir que haya un conflicto en Bosnia, que haya un conflicto en Kosovo. 
En este sentido, digo que el Presidente Chirac va por el buen camino, y creo que el Primer Ministro, el Sr. Jospin, podrá rápidamente unirse a él siendo decididamente, más claramente pro-europeo. 
Señor Presidente, señor Ministro, las presidencias se van sucediendo, pero al escuchar al Sr. Chirac, se da uno cuenta de que los discursos y los deseos piadosos sobre la exclusión son siempre los mismos. 
Sin embargo, nos vemos obligados a constatar que el destino de los cincuenta millones de pobres o de los quince millones de parados permanece inmutable en Europa, sea cual sea la presidencia. 
Europa es un fracaso democrático, en el que el funcionamiento de las instituciones queda totalmente al margen de las preocupaciones y del control de los ciudadanos. 
Europa es una máquina de liberalizar, de desregular los servicios públicos, en perjuicio de las necesidades elementales de la población. 
Europa es una fortaleza que favorece el tráfico clandestino de nuevos esclavos, tal y como ha quedado reflejado en el drama de Douvres. 
Sin embargo, las manifestaciones de Seattle, Ginebra o Millau muestran que otra Europa, otra mundialización, son posibles. 
Para una Europa democrática, comencemos pues por romper la fortaleza de Schengen y aceptemos que todos los hombres y todas las mujeres sean tan libres de circular como los capitales, y regularicemos a los sin papeles. 
Para una Europa social, empecemos por prohibir todos los despidos de las empresas que obtienen beneficios. 
Finalmente, para una Europa de justicia y de solidaridad, empecemos por establecer, y no solo discutir, una tasa Tobyn cuyo importe permitiría asegurar un mínimo de supervivencia a los miles de millones de niños y de adultos totalmente desposeídos. 
Para el pueblo, estas exigencias están por encima del debate, ciertamente necesario, sobre la ponderación del voto o el derecho de veto. 
Desde esta perspectiva, estaremos más que pendientes de la iniciativa institucional, que será tomada como paso único hacia cooperaciones reforzadas que se sitúan clara y resueltamente en el marco comunitario. 
Pero voy a emplear mi turno de palabra para recordarle que esta Asamblea, señor Ministro, ha solicitado que la CIG conceda al Parlamento Europeo el derecho, por fin, a decidir sobre su sede. 
Se trata de un derecho fundamental, y, por cierto, trescientos colegas han expresado de forma muy clara su descontento frente a la obligación de desplazarse a Estrasburgo doce veces al año. 
Espero que la Presidencia francesa tenga debidamente en cuenta esta cuestión, muy importante para nosotros. 
Haber suprimido el viernes, señor Ministro, no es una casualidad. Refleja la saturación de muchos colegas de este Parlamento en cuanto a las dificultades que tienen para llegar a Estrasburgo, y para trabajar decentemente en estas condiciones 
Señor Presidente, ante la manipulación de la lista de oradores que ha tenido lugar hoy con miras a la exclusión de mi colega Hager, yo sólo quiero decirles una cosa: si en el partido de Francia contra Portugal, el árbitro austríaco Benko hubiese infringido todas las normas como ha hecho hoy la Sra. Presidenta, Francia no habría llegado jamás a jugar la final. 
Esta es la cara jocosa del asunto. 
La otra cara, menos graciosa, de este conflicto es que algunos centenares de diputados permanezcan sentados en silencio y acepten que esto ocurra. 
Señor Presidente, nos alegra escuchar al Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Jacques Chirac, en un momento en el que, lo sentimos claramente, la crisis europea es profunda, y queremos saber cuál es la situación. 
Desearía poner de relieve los tres elementos que, en mi opinión, integran la crisis europea hoy. 
El primero de ellos es una interrogación profunda de todos los actores institucionales que forman Europa; el segundo elemento, es una distancia y una grandísima incomprensión de los ciudadanos frente a los poderes europeos; y el tercer elemento, que es la clave de los dos primeros, es una pérdida de las perspectivas. 
Durante mucho tiempo, hemos sabido en Europa adónde íbamos, ya no lo sabemos. 
Este es el motivo de que muchos de nosotros hayamos acogido favorablemente el discurso que el Presidente de la República Francesa pronunció en el Reichstag, y en concreto la elección que hizo en esa ocasión al calificar la Constitución europea como la clave de todos los mecanismos de la evolución en el futuro. 
Hoy, ha optado por no retomar esa palabra. 
Muchos de los que están entre nosotros lo lamentan, porque la frase del Presidente, afirmando que las reflexiones hechas en el Reichstag se situaban por encima de la Presidencia francesa de la Unión, constituye para nosotros una perspectiva diferente. 
Por el contrario, nos da la impresión de que es precisamente en el núcleo de los seis meses de Presidencia francesa de la Unión dónde se sitúa la cuestión de las perspectivas, la cuestión de la arquitectura de Europa, la cuestión de la futura Constitución europea. 
No son secundarias o accesorias o a tratar más tarde, son a tratar prioritariamente y están en el centro de la discusión que vamos a mantener. 
Si no somos capaces de responder a la cuestión de las perspectivas, no podremos dar respuesta a las cuestiones técnicas que se plantean. 
Sería para nosotros una ocasión fallida. 
Lo digo con una sola frase: la labor sobre la Constitución y por consiguiente sobre las perspectivas europeas debe ser claramente puesta en marcha durante la Presidencia francesa. Debe ser iniciada en Niza. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Presidente del Estado francés nos ha presentado hoy un amplio programa para la Presidencia francesa y es absolutamente impensable que yo pueda examinar en cuatro minutos ni siquiera una parte de sus puntos. 
No obstante, permítanme que señale tres progresos que, a mi parecer, van a contribuir al éxito de la Presidencia francesa. 
El primero es la mayor visibilidad del grupo Euro-11 o Euro-12, en un futuro. 
Éste es el complemento político de nuestra moneda única y yo apoyo decididamente el deseo de la Presidencia francesa de dar mayor visibilidad a este complemento político del euro, sin dejar de preservar la plena independencia del Banco Central Europeo. 
Esto también contribuirá a la estabilidad de la moneda única gracias a la coordinación de las políticas presupuestarias y una mayor armonización de las políticas fiscales. 
Permítanme que añada, no obstante, una observación. 
El fortalecimiento del grupo Euro constituiría en cierto modo la aplicación práctica y uno de los ejemplos más importantes de una cooperación reforzada en el marco del Tratado. 
Hasta aquí, nada que objetar. 
Sin embargo, en ese caso yo le pediría a Francia que ese grupo asuma un papel realmente pionero y, en lo que respecta a la transposición de la Directiva sobre el mercado único, Francia no forma parte del grupo pionero, sino de la retaguardia. 
En efecto, quedan muchas tareas pendientes justamente en lo que se refiere a la transposición de la legislación común en Francia. 
Francia se sitúa, junto con Grecia, Portugal y Luxemburgo, en la retaguardia y no en la vanguardia en este aspecto. 
Sería muy de agradecer que esto cambiase. 
El segundo punto es la cooperación reforzada con vistas a la consolidación de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad y la defensa. 
Yo coincido decididamente con usted cuando afirma que la Unión Europea debe disponer de todos los medios y todos los instrumentos necesarios para poder desarrollar una auténtica Política Exterior y de Seguridad Común digna de tal nombre, y esto exige que también se refuerce la capacidad militar y se establezcan las estructuras políticas y militares que requiere una política exterior y de seguridad común. 
El tercer aspecto es, evidentemente, que los 15 se pongan de acuerdo en Niza sobre una reforma de las instituciones y del procedimiento de decisión en la Unión Europea. 
Permítame que haga dos observaciones de principio en este contexto. 
El objetivo del cual no debemos desviarnos ha de ser preservar la unidad de las instituciones. 
La Unión Europea no necesita nuevas instituciones sino unas instituciones que funcionen mejor y que sean capaces de adoptar decisiones con mayor eficacia que las actuales. 
Esta es la primera observación. 
La segunda es que, si bien desde el Parlamento Europeo hubiésemos deseado un orden del día más amplio, lo más importante es que se consigan progresos sustanciales en relación con los puntos que ahora figuran en el orden del día. 
Las futuras dimensiones de la Comisión son una cuestión importante, pero no constituyen el punto central. 
La nueva ponderación de los votos en el Consejo también es importante para establecer un nuevo equilibrio entre países grandes y pequeños, del Norte y del Sur, pobres y ricos, en el seno de la Unión, pero tampoco no es el aspecto decisivo. 
La cuestión central es la ampliación de las decisiones por mayoría. 
En este aspecto, si es cierto que existe una aproximación entre Alemania y Francia- lo cual acojo, naturalmente, con gran satisfacción -, yo desearía que Francia y Alemania actúen al unísono en relación con el tema de la ampliación del procedimiento de decisión por mayoría y ofrezcan un ejemplo de que no se va a seguir manteniendo la situación actual, en que sólo existen dos ámbitos sobre los que hayan logrado ponerse de acuerdo los Quince. 
Señor Presidente, el procedimiento de decisión por mayoría en el Consejo significa también el derecho de codecisión del Parlamento Europeo: la ampliación de las decisiones por mayoría y el reconocimiento del derecho de codecisión del Parlamento en relación con toda la legislación de la Unión Europea han de ir indisolublemente unidos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, el programa de la Presidencia francesa es interesante y de ningún modo anodino. 
En él se contienen muchos aspectos con los que se puede estar de acuerdo. 
Sin embargo, me pregunto si hablar de viviendas, sanidad y deportes se compadece con el principio de la subsidiariedad. 
¿Va a ocuparse la UE de este tipo de asuntos? 
La comunidad de valores es importante, pero hay opiniones divergentes en cuanto a la forma de conseguirla. 
A muchos nos ha decepcionado la declaración del Primer Ministro, Sr. Jospin, en que manifiesta que no habrá cambios en relación con el boicot de los catorce países a Austria durante la Presidencia francesa. 
Las intensas discusiones de las últimas semanas sobre el futuro de Europa han sido estimulantes, pero han despertado inquietud en los países candidatos. 
¿Cuál es realmente la postura de la UE? 
El Sr. Cox también se refirió a este tema. 
En los países candidatos, estas señales difusas dan lugar a la demagogia nacionalista que se empeña en impedir la adhesión. 
¿Fue casualidad que en Feira no se declarara que en el año 2002 estaremos preparados para la ampliación? 
¿Significa la línea de la Presidencia francesa respecto a una nueva Conferencia Intergubernamental en 2003 ó 2004 un respaldo a la propuesta del Canciller Schröder de una nueva conferencia sobre distribución del trabajo? 
En este caso, las señales también son difusas, cosa que inquieta a los países candidatos. 
Finalmente, quisiera señalar una actitud individual que me preocupa. 
¿Por qué rechazó Francia la adhesión de Eslovaquia a la OCDE aludiendo a una directiva comunitaria sobre temas de televisión? 
¿Fue correcta esta decisión individual, sin consultar la opinión de los otros países miembros? 
¿En qué se fundamentó? 
En los países candidatos también ha causado preocupación nuestra actitud respecto a sus legislaciones y a su legítimo interés por participar en la importante colaboración económica de la OCDE. 
Señor Presidente, señor Ministro, estimados colegas, las naves de la Presidencia francesa van muy cargadas y deseamos en concreto, con las respuestas del Sr. Chirac, que lleguen a buen puerto en Niza, dentro de seis meses. 
Niza, antigua colonia fenicia, se llamaba Nicaia, que significa victoria. 
Es precisamente una victoria lo que esperamos firmemente de la Presidencia francesa, tanto para los ciudadanos de la Unión como para los que van a incorporarse a ella. 
Hemos acogido con satisfacción la voluntad, la pretensión y la clarividencia, en particular en cuanto a las contradicciones de algunas de nuestras políticas europeas. 
El recalentamiento del planeta forma parte de ellas. 
Cae como una espada de Damocles no solamente sobre la Unión, sino sobre todo el planeta. 
Integrar este dato esencial en todas las políticas europeas, este es el reto político que debemos afrontar. 
No estoy convencida de que vayamos en esta dirección, ni siquiera con las más bellas palabras del mundo pronunciadas esta mañana. 
Señor Presidente, el desafío histórico de la Presidencia francesa, porque desde mi punto de vista hay un desafío histórico, es ante todo y sobre todo abrir por fin la vía para la construcción de la Europa de todos los europeos. 
Hemos invitado a las nuevas democracias del Este a unirse a nosotros tras abandonar su intento comunista, y hemos hecho bien, pero lo hemos hecho sabiendo perfectamente que no podríamos meter a la Gran Europa en las instituciones de la Pequeña Europa. 
Y a partir de este momento perdemos el tiempo, titubeamos en la reforma de estas instituciones. 
Diez años después de la caída del muro de Berlín, un año después de las decisiones de ampliación de Helsinki, la nueva Conferencia Intergubernamental bajo Presidencia francesa es para mí el pistoletazo de salida esperado por la Europa de todos los europeos, porque Europa no cambia únicamente de tamaño, sino que también cambia de naturaleza. 
Efectivamente, pensar en Europa al completo es obligarnos a definir lo que es Europa, lo que son sus fronteras- y esto plantea por cierto el problema de Turquía que, en mi opinión, debería más bien ser asociada que integrada -, cuáles son sus valores y cuál es su proyecto. 
Es también concebir Europa de otra manera, distinta de un Estado-nación agrandado, con un super-Gobierno, un super-Presidente, un super-Parlamento, una super-administración o también un super-impuesto. 
Desde mi punto de vista, es concebirla más como la construcción de un espacio de verdadero federalismo, protector de la diversidad de los pueblos y de las naciones, dotado de una Constitución clara, que delimite y limite los poderes de Europa, que aplique el principio de subsidiariedad, garantizando su estricto respeto. 
Hoy en día, la Presidencia francesa tiene una obligación de resultado. 
Y como dice el Presidente de la República: sin el éxito de la CIG, sería inútil pensar en las etapas posteriores. 
Revisar los mecanismos de decisión para evitar la parálisis, revisar el funcionamiento del Consejo, de la Comisión, todo esto está en el orden del día, y creo que los proyectos para mañana y para pasado mañana no deben ocultar la exigencia de hoy. 
El éxito de la CGI hoy será, efectivamente, la mejor base para el gran proyecto de la gran Europa del mañana. 
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia de la que se ha hecho cargo Francia es especialmente difícil. 
A la Presidencia portuguesa hay que reconocerle el mérito de haber realizado un gran trabajo, de haber conseguido resultados importantes e innovadores en la Cumbre de Lisboa que ahora esperan una rápida implementación por parte de los Estados miembros de la Unión. 
Sin embargo, los trabajos de la Conferencia Intergubernamental no avanzan. 
En consecuencia, es necesaria una voluntad política más fuerte, hace falta una inmediata elevación del nivel político de las negociaciones para la reforma de la Unión y, en este sentido, es importante que, tras las posiciones tomadas por el ministro Joshka Fischer, se haya reabierto el debate sobre la futura arquitectura de la Unión. 
Ahora bien, el primer compromiso debe ser el de definir en Niza algunos puntos prioritarios, a los que ha hecho referencia el Presidente Chirac en su introducción: la cooperación reforzada, el establecimiento del voto por mayoría como regla, la aprobación de una Carta de derechos que tenga fuertes contenidos y que sea incorporada a los Tratados, al objeto de representar un paso fundamental hacia la elaboración de una Constitución europea. 
Consideramos que estas decisiones son esenciales para la reforma de la Unión; sin ellas todo debate sobre su arquitectura sería académico y lo que está claro es que Europa, después de la moneda única y del Banco Central, precisa una nueva unidad política y- como se ha dicho- un nuevo impulso para el crecimiento económico y la cohesión social. 
Estos puntos han sido abordados también por el Presidente Prodi. 
Por esto, podemos asegurar, creo, a la Presidencia francesa el máximo empeño para que este semestre tenga éxito sabiendo que hay que superar serias discrepancias políticas entre los países, respecto a las cuales ya es hora de tomar posiciones claras. 
Consideramos que una línea discriminante es la que corre entre quien con la ampliación quiere un desleimiento político de la Unión y quien, por el contrario, considera que la ampliación exige una mayor integración política y plazos claros y definidos. 
Consideramos que la segunda discriminante afecta a la forma institucional de la Unión después de la ampliación y que, por lo tanto, hay que elegir entre un desarrollo de las componentes supranacionales, con el reforzamiento del papel de la Comisión y del Parlamento, y la acentuación de las características intergubernamentales. 
Queremos permitir a los países que lo deseen reforzar, en un contexto unitario, su cooperación en cierto número de sectores: la Unión Monetaria y Económica, todavía sin culminar; la seguridad interna; la defensa y la política exterior que configuran un núcleo abierto y dinámico de integración más avanzada. 
En materia de gobierno de la economía, respaldamos la creación de un euro 12, porque consideramos que, tras la introducción del euro, representa una necesidad también para el Banco Central. 
Consideramos esencial mantener las finalidades fundamentales del modelo social europeo- naturalmente adaptándolo a las exigencias de diferenciación establecidas por la nueva economía -, así como desarrollar, con formas nuevas respecto a las que regulan el mercado de trabajo, una flexibilidad que tenga sus propias reglas. 
Creemos en una mayor sinergia entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, pero estamos en contra de mezclas que pongan en duda el hecho fundamental de que el Parlamento Europeo es el órgano parlamentario de la supranacionalidad, elegido por sufragio universal directo. 
Para terminar quiero hacer una última consideración sobre el papel de la Unión Europea en las instituciones internacionales. 
El Presidente Chirac pronunció en el Bundestag un discurso fuertemente europeísta, empeñado en relanzar el desarrollo de la Unión Europea y en dotarla de una Constitución sometida al voto de los ciudadanos europeos. 
Se trata de unos propósitos que compartimos. 
El Presidente Chirac ha vuelto a proponer asimismo el apoyo francés a la solicitud de Alemania de constar como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas confirmando la voluntad de reforzar el eje franco-alemán en el ámbito de una visión exclusivamente intergubernamental de la futura arquitectura de la Unión Europea. 
Pensamos, y no sólo desde ahora, que es necesario revisar la composición del Consejo de Seguridad, sin embargo, privilegiamos la inclusión de las representaciones de los grandes continentes como África, América del Sur y Europa. 
En cuanto a Europa, dado que pensamos que en la misma se deben equilibrar el aspecto intergubernamental, el supranacional y el parlamentario, consideramos que es la Unión Europea como tal la que tiene que estar representada en el Consejo de Seguridad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señores Ministros, los estímulos, las propuestas, los proyectos ilustrados en estas semanas por Fischer, Bayrou, Monti, Védrine y luego por el Presidente Chirac en Berlín y las intervenciones de hoy del Presidente Chirac en este Pleno, demuestran que, a pesar de las dificultades y las diferencias, estamos participando en una nueva época de la construcción europea. 
Los deseados resultados positivos de la Conferencia Intergubernamental deberán llevarnos a la necesaria reforma de las Instituciones con vistas a la ampliación. 
En este contexto, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo deberán desempeñar cada uno un papel importante y fuerte, pero a la vez de activa colaboración. 
Quienes lo piden son los ciudadanos, los verdaderos protagonistas de la Europa de hoy, pero sobre todo de la de mañana, una Europa ampliada e integrada que pueda enfrentarse al reto de la globalización, y para la confrontación con los Estados Unidos y con la China de mañana no es suficiente el éxito conseguido con la implantación del euro. 
Tenemos que avanzar también en la Política Exterior y de Defensa Común, al objeto de otorgar fuerza política a nuestra moneda. Sin embargo, tenemos que avanzar en pos de la defensa de los valores en que se basa nuestra Unión y la Carta de derechos fundamentales deberá demostrarlo. 
Nosotros, europeístas convencidos que creemos en la economía social de mercado, tenemos la obligación de luchar contra la plaga del desempleo y, para alcanzar este resultado, Europa deberá promover las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo del comercio, de la agricultura, del turismo y de la artesanía, así como, en el ámbito de la subsidiariedad, la reducción de la presión fiscal. 
Sin embargo, como ha recalcado el Presidente Chirac, debemos formar a nuestros jóvenes, prepararlos para el reto de la globalización no solo desde el punto de vista profesional y cultural, formar a jóvenes convencidos de los valores y, por esto, la lucha contra la droga y el desarrollo de la función social del deporte podrán cumplir un papel muy importante. 
No obstante, señor Presidente, Señorías, los grandes resultados se construyen con el tiempo, como los mosaicos se forman colocando una tesela tras otra. 
Pero ¿estamos seguros de que esta Presidencia, precisamente por estar guiada por Francia, país fundador de esta Unión, alcanzará los objetivos que se ha propuesto? 
Recibirá el convencido respaldo político y parlamentario de la delegación de Forza Italia en el PPE-DE, con la certeza de que la Italia de hoy y de mañana desempeñara un papel principal en la construcción de la Europa en la que todos nosotros creemos firmemente. 
Señor Presidente, mi enhorabuena a la Presidencia francesa de la Unión Europea por su planteamiento ambicioso en todos los terrenos y por su propósito de no cerrar la Conferencia Intergubernamental con un acuerdo de mínimos, sino con resultados que hagan realmente posible la ampliación. 
Por razón de tiempo, me referiré sólo a tres puntos. 
En primer lugar, a las cooperaciones o integraciones reforzadas. 
Sólo serán útiles, señor Presidente, si cumplen estas cuatro condiciones: primera, aumentar la dimensión comunitaria y no la dimensión intergubernamental de la Unión; más integración, no más cooperación. 
Segunda, utilizar las instituciones existentes, no sustituirlas por nuevos organismos. 
Tercera, evitar la existencia de cooperaciones o integraciones de composición variable, pues eso sería una Europa a la carta, es decir, una Europa ingobernable. 
Y cuarta, evitar asimismo que se traduzcan en directorios o bloques cerrados que dividirían a la Unión. 
O sea, queremos una integración reforzada abierta a todos los miembros actuales y futuros de la Unión. 
El segundo punto al que quiero referirme es el funcionamiento del euro-12, funcionamiento que hay que mejorar, pero no reduciendo más del déficit democrático actual. 
Es necesario, por tanto, que la Comisión tenga verdaderas facultades de propuesta, y no sólo de recomendación, y que el Parlamento tenga una participación seria, empezando por la consulta pero llegando hasta la codecisión. 
Y como tercer punto, señor Presidente, yo también soy de los que creen indispensable una Constitución de la Unión. 
Y pregunto, ¿por qué no dar desde ahora un primer paso aprobando el tratado básico preparado en Florencia a iniciativa de la Comisión? 
No supone ningún cambio, pero a la vez supone algo importantísimo: que los ciudadanos puedan enterarse por fin de cuál es el sistema que les rige. 
Sería, al menos, un paso adelante en esa claridad que todos pedimos pero que nunca acabamos de ver, por lo menos en algo que no se puede olvidar, señor Presidente, la distribución de competencias en la Unión. 
Estamos dejándola para el día de mañana. 
¿No va a perjudicar eso el proceso de ratificación en algunos países? 
Dejo abierta la pregunta. 
Y termino. 
Muy bien a las ambiciones, pero queremos hechos. 
Esperamos verlos al final de la Presidencia francesa. 
Señor Presidente, ahora que nos encontramos en el impulso del Tratado de Niza y que hemos podido leer una serie de discursos muy valiosos del Sr. Joschka Fischer y del Presidente Chirac, quizá sea una idea innovadora que Alemania y Francia compartan durante un año la Presidencia de la Unión. 
Pero con una condición: han de velar por dar un impulso fundamental en el terreno de la cooperación europea que esté de acuerdo con las bellas declaraciones de las que hemos tomado nota. 
Esto no pretende ser tan sólo una propuesta amable, porque lo que quiero subrayar ante todo es que los franceses y alemanes no sólo deben desarrollar filosofías para el futuro, sino también solucionar los problemas institucionales de hoy y de mañana. 
En Niza, en cualquier caso, deben tomarse decisiones sobre el proceso decisorio. 
En lo que a nosotros respecta, toda la legislación europea que no vaya en contra de las constituciones de los Estados miembros debe decidirse con mayoría cualificada, junto con el procedimiento de codecisión del Parlamento. 
También deben tomarse decisiones sobre el procedimiento de votación y para ello debemos ser decididos en nuestra opinión sobre el porcentaje de población en los Estados miembros, al igual que en esta Asamblea. 
Es preciso tomar decisiones sobre la cantidad de comisarios- en lo que a nosotros respecta, uno por Estado miembro- y sobre la cantidad de europarlamentarios. 
Con respecto a esto último llevamos diciendo desde hace tiempo que 700 es un número suficiente. 
Es preciso tomar decisiones sobre el Tribunal de Justicia y sobre la Carta de Derechos Humanos. 
Por tanto, estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Gil Robles en que deben incluirse en el Tratado, así como sobre la cooperación reforzada. 
En cuanto a esto último, es imprescindible adoptar un planteamiento sobre la estructura de la Unión. 
En eso tenían razón el Sr. Joschka Fischer y el Presidente Chirac. 
No estoy en contra de una estructura federal para la Unión Europea. 
Debe denominarse confederación, como ha dicho hoy el Presidente Chirac. 
Ya es hora de que en Europa tengamos una constitución, ordenada de la manera en que se realizó recientemente en la universidad de Florencia. 
Ya es hora de que el Sr. Prodi tenga el poder y los derechos que en la práctica tendría un gobierno europeo. 
Ya es hora de que tengamos un sistema bicameral, no como sugiere el Sr. Joschka Fischer, con un Parlamento Europeo como éste y un segundo parlamento con representantes de los parlamentos de los Estados miembros. 
Mucho mejor sería constituir un Consejo de Ministros europeos del estilo de un Consejo federal. 
Me ha parecido bien que el Sr. Chirac también mencionara este término al responder a las preguntas. 
Sería la manera más natural de ayudar a constituir en Europa un sistema bicameral con un parlamento y un senado. 
Sería cuestión de hacer del Consejo Europeo un senado. 
Por último, en una constitución de este tipo es preciso describir con toda claridad y precisión lo que compete al nivel europeo y lo que compete al nivel nacional. 
En lo que a mí respecta, es mejor concentrar un poco todo el paquete europeo y es mejor que las competencias de los Estados miembros europeos aumenten un poco. 
Hace falta aclarar qué es europeo y qué es nacional. Hace falta que salgamos de la situación de la estructura intergubernamental y comunitaria difusa en la que ahora nos encontramos. 
Sería bueno que en Niza se fijaran tareas dirigidas a elaborar un proyecto similar de dos a tres años. 
Espero que las palabras de Joschka Fischer y también las del Sr. Chirac no queden en agua de borrajas, sino que se concreten por una vez. 
Me gustaría que respondieran a esto los dos dirigentes que se han quedado, también en este almuerzo. 
Señor Presidente, señor Ministro, la Presidencia francesa se ha comprometido a cumplir una agenda valiente, ambiciosa y brillante, a pesar de algunas dificultades que objetivamente estamos viviendo en este período. 
Lo que nos ha parecido importante del discurso del Presidente Chirac es el sentir común. 
Creemos que una Europa que construye su futuro con constancia, continuidad y responsabilidad es la mejor garantía para el proyecto de los padres fundadores, para que este proyecto se realice también gracias al trabajo de aquellos que en estos cincuenta años han trabajado en él y para que se realice sobre bases concretas y sólidas. 
Se me antoja justo separar la complejidad del problema institucional: es necesario terminar la Conferencia Intergubernamental sobre las tres cuestiones pendientes de Ámsterdam y la cooperación reforzada. 
Sólo esto puede lograr que aumente la profunda reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, una reflexión para conciliar el desarrollo económico de Europa con el reforzamiento del modelo social europeo, también a través de la lucha contra la exclusión social y las nuevas pobrezas, para acercar aún más, si cabe, Europa a los ciudadanos, para intensificar las negociaciones con vistas a la ampliación y para reforzar cada vez más el papel de la Unión Europea en el mundo. 
En este contexto, consideramos fundamental el reforzamiento de la Comisión Europa, órgano supranacional e independiente, expresión plena de la especificidad de la arquitectura institucional europea. 
La ampliación es la culminación de un proyecto político que nació hace cincuenta años con la reconciliación de los países de Europa occidental. 
Esta cita histórica no debe aplazarse sustituyendo el muro de Berlín por un nuevo muro, el de los intereses partidistas, de los egoísmos y de la burocracia. 
Sin embargo, como justamente ha recalcado la Presidencia francesa, la ampliación no debe debilitar a la Unión en su acción. 
La idea del Sr. Chirac sobre el futuro de la Unión Europea nos reconforta porque habla de una nueva etapa, tras la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, para temas como son el reforzamiento de la legitimidad democrática en las decisiones, la seguridad y la defensa, el reforzamiento de las especificidades de las Instituciones europeas, la clara definición de las competencias y el reforzamiento de la subsidiariedad, temas que no podremos eludir en un futuro inmediato. 
Ampliamente debatido y controvertido el tema de la cooperación reforzada, la que hace años se llamaba "Europa de dos velocidades" y que hoy algunos llaman "núcleo duro". 
Hay quien ve en ella una oportunidad y quien una amenaza, sin embargo, todos concuerdan en que esta forma no debe ser un instrumento de división, sino el punto de arranque para alcanzar juntos esas nuevas fronteras que el modelo europeo actual no permite alcanzar todavía, pero que deberá hacerlo en el futuro. 
Los amigos franceses han de saber que Italia, desde siempre a la vanguardia del proyecto europeo y que esperamos que conozca en breve un largo período de estabilidad política, estará cada vez más activamente comprometida, con acciones concretas, junto con los Estados que quieren reforzar realmente las bases de la Unión y alcanzar los más importantes y ambiciosos objetivos de cooperación. 
. (FR) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores diputados, no me extenderé demasiado, para no retrasar aún más la hora de la comida de los diputados que quedan presentes. 
Quiero primeramente expresarles el grandísimo placer que supone para mí estar aquí entre ustedes, y hablar en nombre del Gobierno francés, dado que ocupé un escaño en este Parlamento Europeo, que en aquella época no estaba en este maravilloso hemiciclo, entre 1994 y 1997. 
Me gustaría dar las gracias a los numerosos oradores que han vertido sus observaciones, todas ellas muy útiles, y en particular a los que han hablado en francés, a pesar de no ser su lengua materna. 
Quiero también poner de relieve más particularmente los ánimos dados al Gobierno por Pervenche Berès y Klaus Hänsch, y también la pretensión que algunos comparten, como el Sr. Watson, y además tranquilizar a Daniel Cohn-Bendit en cuanto a la visión que tiene este Gobierno y que puede quizás efectivamente haber contribuido a ciertas actitudes. 
Esta Presidencia se desarrolla en efecto sobre el trasfondo de un amplio movimiento, que es doble. 
Por una parte, estamos preparando la Europa ampliada, la Europa unida del mañana, y, efectivamente, tal y como ha dicho Alain Madelin, esto puede conllevar un cambio en su naturaleza, más allá incluso de una alteración de su dimensión. 
Y, por otro lado, debemos acercar esta Europa a sus conciudadanos y conseguir que responda mejor a sus aspiraciones. 
Se ve claramente que, en este gran debate, hay dos fases. 
Tenemos la fase del corto plazo, de esta Presidencia que se sitúa en un momento de transición y sin duda decisivo, y, por otra parte, tenemos la fase del más largo plazo, dónde, como sabemos perfectamente, se esbozarán perspectivas más amplias y dónde el futuro de Europa tomará realmente forma. 
Y hablo en esta ocasión de la Europa de los Treinta. 
Contrariamente a François Bayrou, no creo que sea justo, pertinente, oportuno, hoy, concentrar de alguna manera estas dos fases y reunirlas bajo la Presidencia francesa, porque en ese caso correríamos el riesgo de complicar el resultado de la CIG, o bien, por el contrario, de minimizar este resultado y conseguir que apareciera como un mero apéndice. 
Entonces, habremos puesto el pilar sobre el que podremos seguir edificando la construcción europea. 
¿Qué haremos en concreto en esta CIG? 
Nuestra postura es simple. 
Pensamos que hay que culminar con éxito la CIG, culminarla con éxito imperativamente, pero no a cualquier precio. 
Tenemos una obligación de medios, no una obligación de resultados. 
Y como ha dicho anteriormente Enrique Barón Crespo, deseamos en Niza un "nice treaty", es decir, un buen tratado, y no un tratado cualquiera. 
Es cierto, como ha resaltado Richard Corbett, que los puntos más importantes son en concreto la extensión del voto por mayoría cualificada, que viene en general acompañado de la co-decisión del Parlamento Europeo, y las cooperaciones reforzadas, justamente porque son un puente entre la primera y la segunda fase, entre el presente y el futuro, porque mejoran el funcionamiento de la Unión Europea y porque permiten concebir la Europa del mañana. 
Pero al mismo tiempo, para la Presidencia francesa, todo va unido. 
A partir de ahora, tras el Consejo Europeo de Feira, se plantean cuatro cuestiones, de lo cual nos alegramos, y debemos alcanzar un acuerdo sustancial en todos los temas, es decir, en cada una de las cuatro cuestiones, y no concentrarnos únicamente en una o en otra. 
Este es el motivo de que vayamos a cambiar nuestro método de trabajo. 
Tenemos la intención de aplicarnos a ello, sin ignorar su dificultad, y por supuesto dando las gracias a la Presidencia portuguesa, que ha abonado bien el terreno. 
Vamos a hacerlo con determinación, pasando especialmente a una fase más política, más ambiciosa quizás, de la negociación. 
Y para ello, efectivamente, Klaus Hänsch tiene razón, el reencuentro de la pareja franco-alemana, el retorno a sus raíces de la pretensión franco-alemana, serán extremadamente útiles. 
En cuanto a la carta, deseo rendir homenaje a la labor realizada por el Presidente Herzog y a esa fórmula tan original que es la convención, que une a parlamentarios nacionales con parlamentarios europeos, con representantes de los Estados miembros y, por supuesto, con un representante de la Comisión. 
Quiero asegurarle al Parlamento Europeo que es una de nuestras prioridades y que, efectivamente, esperamos que la convención sea capaz de encauzar su tarea de forma que podamos hablar de ello a fondo a partir del Consejo Europeo de Biarritz, con el deseo, como ha dicho el Presidente de la República, de llegar lo más lejos posible en su contenido. 
No desconozco el deseo del Parlamento Europeo, más o menos unánime, de que esta carta tenga un carácter apremiante. 
Ya veremos qué arbitraje tenemos que aplicar, pero la óptica de la Presidencia francesa es la de dar prioridad en esta materia a la sustancia, dando por sentado que de todos modos un texto, sea cual sea, será una fuente de inspiración para todas las instituciones de la Unión Europea. 
Más allá de estas cuestiones, se plantea la pregunta de la perspectiva constitucional para la Unión Europea. 
El primer problema que surge en esta perspectiva es el de la agenda. 
Creo que es difícil tomar una decisión en esta fase. 
Yo diría que lo importante es continuar con esta reflexión intentando definir mejor sus contornos, reflexionando sobre cuál es el método correcto para proseguir este intercambio de ideas, y pienso de nuevo, efectivamente, al igual que Richard Corbett, que debemos ser conscientes de que el término "constitución", aunque refleja claramente una voluntad de acelerar la construcción europea, una pretensión europea, este término constitucional suscita y suscitará a la fuerza un debate, porque puede dar lugar, o estar alimentado, nutrido, habitado, por contenidos quizás ligeramente diferentes. 
Varios parlamentarios europeos han propuesto empezar retomando la labor del Instituto de Florencia, interesante por lo que he visto, en todo caso en la fase preliminar, pero quiero decir que debe ser examinada con profundidad. 
La Comisión dará en breve su opinión sobre esta labor, creo que será la semana que viene, señor Presidente. 
Por su parte, los Estados miembros deberán también analizar este documento, que plantea necesariamente muchas cuestiones. 
Aporta elementos y, al mismo tiempo, sigue de todos modos planteándose la cuestión de saber si simplifica realmente la situación. 
Es un tema importante que no debemos tomar a la ligera, y la Presidencia francesa no lo tomará a la ligera. 
Para terminar, me contentaré con hacer dos observaciones sobre asuntos que han sido tratados por dos parlamentarios europeos, en concreto por la Sra. Isler­Béguin, que se ha referido a los problemas medioambientales. 
No debemos subestimar nuestro compromiso a favor de una actuación más firme de la Unión Europea en materia de medio ambiente, ni nuestra voluntad de dar continuidad a la Cumbre de Kyoto. 
También quiero decir que la Presidencia francesa asumirá plenamente durante este semestre la importancia de la dimensión medioambiental en todas sus políticas, coordinándose con la Presidencia sueca, que vendrá a continuación, para que siempre haya una continuidad. 
Finalmente, y termino, nadie se extrañará, en este lugar y por mi boca, de que diga algunas palabras sobre Estrasburgo, especialmente como respuesta al diputado dell ' Alba. 
En efecto, hemos tomado nota de la votación del Parlamento Europeo sobre la supresión de las mañanas de los viernes. 
Lo digo con total sinceridad, hemos tomado nota lamentándolo, y esperando también que no se trate de un intento de Estrasburgo para sacar ventaja, o del resurgimiento de la cuestión de la sede. 
Francia, lo digo categóricamente, -y aquí, vuelvo a ser por un segundo una delegación nacional importante en el Consejo- no podría aceptarlo. 
Creo que es absolutamente necesario renunciar a reabrir de forma permanente el debate sobre Estrasburgo. 
Desde este punto de vista, los Tratados, y en concreto el Tratado de Ámsterdam, se han pronunciado de manera absolutamente clara. 
Por el contrario, hay que centrarse en los aspectos prácticos, en los aspectos materiales. 
Soy muy consciente de las dificultades que efectivamente se plantean para ciertos diputados europeos, y las autoridades francesas, quiero dejarlo claro, están muy sensibilizadas sobre el tema. 
Nos preocupa mejorar el servicio aéreo. 
A través de la Presidencia, hemos enviado un cuestionario a los parlamentarios, para conocer sus necesidades concretas e individuales. 
Esperamos que muchos de ellos respondan. 
Pensamos también en poner en funcionamiento una plataforma transfronteriza que coordine los aeropuertos más cercanos y que permita un acceso más fácil a Estrasburgo, esta vez simultáneamente por vía aérea y por vía terrestre. 
He aquí, señoras y señores diputados, señor Presidente de la Comisión, las diversas reflexiones, ciertamente no exhaustivas, que me ha inspirado este debate, que me ha parecido de una muy alta calidad y muy alentador para nuestra Presidencia. 
Sabiendo que los dos tienen compromisos acuciantes, desearía expresar un agradecimiento especial al Sr. Moscovici y al Presidente Prodi por haber permanecido con nosotros hasta el final del debate. 
Muchas gracias. 
(La sesión, interrumpida a las 14.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Delegación de observadores de la UE en las elecciones en Zimbabwe 
Señorías, les ruego que disculpen y comprendan que comencemos con algunos minutos de retraso, pero se acaba de celebrar una importante conversación a tres bandas, en la que debía estar presente el representante del Consejo, el señor Ministro Moscovici, y le estábamos esperando. 
No va a tener la oportunidad de aclimatarse ya que, de conformidad con el orden del día, se va a proceder de inmediato a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la delegación de observadores de la UE en las elecciones en Zimbabwe. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señores Comisarios, damas y caballeros, disculpen en primer lugar mi retraso, que no se debe a ninguna alegría gastronómica, sino simplemente al hecho de que el Presidente de la República, Jacques Chirac, estaba entre nosotros. 
La Sra. Fontaine lo ha acompañado, lo cual ha retrasado varios minutos el necesario diálogo a tres bandas que manteníamos con el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi. 
Zimbabwe atraviesa una grave crisis económica, social y política. 
A pesar de algunas violaciones de los derechos humanos, justamente denunciados por la comunidad internacional, sigue siendo básicamente un Estado de Derecho, en especial gracias al dinamismo de su sociedad civil y a la independencia de su justicia. 
Desde hace tres años, un giro de la coyuntura exterior ha ido debilitando un tejido económico estructurado, pero al mismo tiempo envejecido. 
Más tarde, corrientes autoritarias y una débil gestión económica han empañado la imagen del país, minado la confianza del conjunto de los socios capitalistas, y alimentado la oposición popular. 
Este descontento salió a la luz con ocasión del referéndum constitucional de febrero, dónde el partido presidencial sufrió su primera derrota electoral desde la independencia, en 1980. 
Las elecciones legislativas representaban por tanto un gran reto para el poder. 
Para obstaculizar el avance de la oposición, éste asumió el riesgo de avivar las tensiones, a través de una campaña electoral dura, haciendo del desigual reparto de las tierras agrícolas el tema movilizador del mundo rural y de los veteranos de la Guerra de Liberación. 
En este contexto, el Jefe del Estado ha dejado que un amplio movimiento de ocupación de las propiedades se desarrolle, y ha establecido el marco jurídico de las futuras expropiaciones. 
Estas vicisitudes, que acabo de comentar, han provocado la muerte de 33 personas, han agravado la crisis económica y han falseado la lucha electoral, creando un riesgo real de inestabilidad en el África Austral. 
Para la Unión Europea, era sin embargo importante que las elecciones se celebraran y que sus resultados fueran creíbles y aceptables. 
Por eso buscó el acuerdo de las autoridades de Zimbabwe para enviar in situ, lo más cerca posible del origen del escrutinio, una importante misión de casi 200 observadores, manifestando de este modo su interés por la consolidación de la democracia en este país. 
Nadie puede cuestionar que esta presencia ha contribuido al apaciguamiento de las tensiones y a la restauración de un clima lo más propicio posible, en este delicado contexto, a la libre expresión del sufragio universal. 
Deseo aquí rendir homenaje al Sr. Pierre Schori, que ha dirigido esta misión, así como a la sobresaliente labor realizada por su equipo. 
Si nuestros observadores han constatado que el grado de violencia, de irregularidades e intimidaciones, en el periodo pre-electoral, no permitía calificar de libres y honestas a las quintas elecciones legislativas de la historia de Zimbabwe, han subrayado también la buena organización del propio escrutinio, la elevada participación- creo que era la más alta desde la obtención de la independencia- y la tranquilidad en la que ha podido desarrollarse. 
Por otra parte, las operaciones de escrutinio y de recuento de las papeletas no han dado lugar a polémica alguna. 
Por ello permítanme, en nombre de la Unión Europea, felicitar a la población de Zimbabwe que, al participar masivamente en esta consulta, ha demostrado su determinación a tomar las riendas de su destino de forma pacífica y democrática. 
Observo igualmente con gran satisfacción la aceptación global, de todas las partes implicadas, de los resultados de las elecciones. 
La entrada en el Parlamento de una fuerza de oposición significativa- de hecho, está muy cerca de la mayoría sobre el número de escaños que se sometían a votación- augura debates constructivos. 
Nadie duda de que con estas elecciones, Zimbabwe pasa una página de su joven historia. 
Es el motivo por el cual la Unión llama a todas las fuerzas políticas de este país a movilizarse y a sentar las bases del diálogo, para encaminar decididamente a Zimbabwe por la vía de la recuperación. 
Desea que el nuevo Gobierno tome, con el apoyo de la nueva representación nacional, medidas creíbles de reordenación de la economía, susceptibles de restaurar la confianza de los operadores locales y de los socios capitalistas. 
Desde hace veinte años, la Unión Europea se ha consolidado como el primer copartícipe del desarrollo de Zimbabwe, que es un país amigo y un país colaborador del Convenio de Lomé. 
Quiere continuar por esa senda, en el respeto reafirmado a los derechos humanos, a los principios democráticos y a la primacía de la ley. 
Deseosa de seguir interviniendo a favor de la población más afectada por la crisis, está dispuesta en particular a retomar su participación en la reforma agraria, a poco que ésta sea puesta en práctica de forma ordenada, transparente, racional, al servicio de la reducción de la pobreza. 
La Unión Europea quiere creer en el futuro de un Zimbabwe democrático y próspero, factor de estabilidad y de desarrollo harmonioso en el África Austral. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar permítanme decir que habría estado encantado en esta ocasión de intervenir después del Sr. Schori que, sin duda, ha realizado un trabajo sobresaliente- como ya ha dicho la Presidencia- en Zimbabwe. 
Creo que todos nosotros, que deseamos lo mejor para Zimbabwe, deseamos felicitarle a él y a todos aquellos que formaron parte del equipo de observadores de la UE. 
Todos ellos han realizado un trabajo magnífico. 
Está claro que se las han arreglado para cumplir con sus objetivos en circunstancias muy difíciles y que han ejecutado su mandato de un modo extremadamente eficaz. 
La movilización sobre el terreno de todo un equipo con experiencia en menos de cuatro semanas tras la decisión informal por los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea constituye un tributo a los enormes esfuerzos de todos los implicados. 
Esto, unido a la profesionalidad de la misión de observadores, les permitió superar numerosos obstáculos políticos. 
Hizo de la operación un punto de referencia para la observación de elecciones en países en crisis. 
Es reconocido ampliamente que la misión de la Unión Europea contribuyó a la reducción de los niveles de violencia, y yo creo que se reconoce también que ayudó a crear confianza entre la sociedad civil durante las elecciones. 
Una vez más permítanme que insista en que la reputación del Dr. Schori y el papel que él desempeñó fueron los factores claves, a nuestro juicio, para el éxito de la misión. 
Creo que la misión representó la voz más creíble de los observadores durante estos momentos críticos en Zimbabwe. 
Esto se reflejó en el amplio seguimiento por parte de la prensa, tanto nacional como internacional, durante todo el período. 
Y lo que es más, la misión de la Unión Europea, al ser con mucho la mayor misión de observadores desplegada en el país y al operar en todo el estado, contribuyó también de manera significativa a la coordinación general del seguimiento electoral en Zimbabwe. 
Ya hemos tenido una oportunidad de ir conociendo las principales líneas del informe, aunque estamos esperando la ocasión de estudiarlo con detalle. 
Sé que la primera parte del informe sigue el informe provisional realizado por el señor diputado, y es un relato de la violencia e intimidación que marcó tristemente las primeras etapas de la campaña electoral. 
Sabemos, por lo él nos ha dicho, que el informe analiza el proceso de votaciones y cómo se llevaron a cabo y creo- aunque no quisiera quitarle las palabras de la boca- que en gran medida las elecciones parecen, de hecho, haberse desarrollado de manera bastante satisfactoria. 
Por último, lo que es más importante, y es esto lo que estamos deseando oír de su Señoría, el informe se centra en las consecuencias para el futuro de Zimbabwe. 
Su Señoría tiene razón al recomendar que la Unión Europea siga muy de cerca en las próximas semanas y meses de lo que está ocurriendo en Zimbabwe y preste su asistencia y apoyo siempre que sea adecuado que lo hagamos. 
Indudablemente, suscribimos esto, y mi colega el Comisario Nielson y yo intensificaremos nuestros esfuerzos para fortalecer los canales de comunicación, tanto formales como informales, con el presidente Mugabe y con su gobierno, con el fin de facilitar la transición a una verdadera democracia multipartidista. 
Su Señoría ha hablado de lo importante que es que el gobierno persiga a implicados en violencia política o culpables de otras violaciones de los derechos humanos; también ha insistido en la importancia de que los tribunales se pronuncien sobre todas las impugnaciones de los resultados electorales. 
Es muy importante que el gobierno respete las decisiones de los tribunales. 
Estos dos puntos son de enorme importancia y afectan, desde luego, en su esencia a la credibilidad de todo el proceso democrático. 
Zimbabwe se encuentra sin duda en una encrucijada. 
El resultado de las elecciones legislativas podría suponer una importante transformación de la cultura política del país, la transición a un sistema multipartidista en el que el Parlamento sustituiría al politburó del partido gobernante Zanu PF como principal institución normativa. 
La estrategia electoral del Presidente Mugabe, basada en la reforma de la tierra y en el apoyo a los veteranos de guerra, no fue capaz de abordar la situación económica del país y esto se reflejó claramente en los votos que obtuvo su partido. 
El nuevo gobierno de Zimbabwe y todos los que desean que el país salga de sus graves dificultades actuales, ya sean las relativas a la situación económica, a la cuestión de la reforma de la tierra o al terrible azote del VIH, deben ahora enfrentarse a los retos de manera eficaz, colectiva y constructiva. 
Nosotros tenemos una considerable influencia como donante principal. 
Esta influencia debe usarse para animar al gobierno a adoptar medidas positivas para el restablecimiento del imperio de la ley y de un buen modo de gobernar como primer paso hacia una recuperación más general, y sé que éste es un punto sobre el que querrá hablarles a continuación mi colega, el Comisario Nielson. 
Pero, una vez más, quisiera transmitir mis felicitaciones personales a su Señoría por un trabajo muy difícil, realizado extremadamente bien. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
Como usted ya ha indicado, debido al carácter de la problemática, dos Comisarios van a exponer su posición al respecto. 
Por consiguiente, tengo el placer de anunciar también la declaración del señor Comisario Nielson. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría empezar sumándome a las felicitaciones a la misión de observación electoral de la Unión Europea. 
Han realizado un trabajo excelente en condiciones muy difíciles. 
El resultado de estas elecciones ofrece a la UE una nueva oportunidad de revisar nuestra cooperación con Zimbabwe. 
Según el informe de los jefes de misión existe margen para un desarrollo positivo de Zimbabwe en los campos político, económico y social. 
Las opciones para que la UE ayude a tal desarrollo no deberían descartarse, según nos dicen. 
Zanu-PF tendrá que desarrollar políticas nuevas y más apropiadas para dirigirse a la comunidad internacional en busca de financiación destinada a estabilizar la economía y recuperar el crecimiento, pero la legitimidad de Zanu-PF está en entredicho dado el grado de intimidación y de fraude electoral que le ayudaron a obtener la victoria y dado que, a pesar de las repercusiones de esos factores, el MDC obtuvo 58 escaños, casi tantos como Zanu que logró 61+1. 
El Movimiento para el Cambio Democrático no querrá compartir la responsabilidad de la crisis que atraviesa el país ni de las medidas dolorosas que van a ser necesarias para la recuperación económica. 
El octavo programa indicativo nacional FED de Zimbabwe por valor de 110 millones de Euros está orientado directamente a mitigar la pobreza. 
Las principales áreas de cooperación son la agricultura, la salud y la educación. 
El planteamiento de la Comisión hasta ahora ha sido mantener la ayuda dirigida a la protección de los servicios sociales básicos y al fortalecimiento de la sociedad civil incluso durante los períodos de crisis. 
Un total de 19 millones de Euros está a punto de liberarse para un programa de microproyectos que, en interés de las políticas consensuadas, se había retrasado hasta después de las elecciones. Ahora puede ya seguir adelante. 
La Comisión ha mantenido su apoyo a la reforma de la tierra a través de este programa de microproyectos, que se destina, de hecho, a la ayuda para paliar la pobreza en tierras adquiridas legalmente dentro de programas de reasentamiento. 
Sin embargo, en abril, la Comisión congeló los 2 millones de Euros de asistencia técnica y normativa para la reforma de la tierra. 
Hasta que la política de reforma de la tierra del gobierno fuera clarificada, no había mucho sentido en seguir con una discusión técnica y bastante teórica sobre los principios de la reforma de la tierra. 
Esperamos que esto cambie. 
La Comisión y otros donantes están dispuestos a apoyar el proceso, siempre que se desarrolle en el marco de la legalidad, la transparencia y los objetivos de alivio de la pobreza, de conformidad con los acuerdos de la conferencia sobre la tierra de los donantes de 1998. 
La Comisión está preparando un programa multisectorial para tratar la epidemia de VIH/SIDA, en Zimbabwe, que es en sí misma una crisis de desarrollo y una causa fundamental de la pobreza actual y futura. 
Este programa se va a financiar con los 33 millones de Euros del 2º tramo del 8º FED. 
Será necesaria una decisión sobre esto en los próximos meses dependiendo de la evolución de la situación en Zimbabwe. 
En cualquier caso, la Comisión Europea sigue apoyando los programas de alivio de la pobreza. 
Si el gobierno aprovecha la oportunidad que han brindado estas nuevas elecciones, el apoyo de la UE podría ser más sustancial en el futuro. 
Como han indicado los jefes de la misión de Harare, es prematuro extraer conclusiones sobre las elecciones y sus consecuencias. 
Estoy completamente de acuerdo con la opinión de que la cooperación para el desarrollo de Zimbabwe por parte de la UE dependerá de los avances reales en los campos de la democratización, el imperio de la ley, los derechos humanos y la reforma económica. 
Por último, quisiera subrayar que existe potencial para un aumento de la cooperación con Zimbabwe pero ello depende indudablemente de cómo evolucione allí la situación. 
Señor Presidente y Señores Comisarios, hablo en inglés no porque me desagraden los dos idiomas- francés y sueco- que tanto me gustan sino porque fue la lengua de trabajo de la misión. 
Muchas gracias por sus amables palabras. 
Es para mí un placer presentar por primera vez el informe definitivo de la Misión de Observación Electoral de la UE en Zimbabwe aquí en el Parlamento Europeo, una institución que me ha enseñado tanto y en la que he disfrutado tanto trabajando. 
"Estas no han sido unas elecciones perfectas", dijo el líder de la oposición Morgan Tsvangirai con su peculiar humor. 
De hecho, en opinión de nuestros 190 observadores electorales, con una experiencia media de siete misiones de observación, el período pre-electoral fue uno de los peores a los que habían asistido, mientras que los días de las elecciones, la elección, la votación y el escrutinio fueron de los mejores a los que habían asistido. 
¿Qué debería deducirse de esta imagen esquizofrénica, en la que, por un lado la intimidación de la violencia por motivos políticos se cobra más de 30 vidas, y amenaza, persigue, lesiona, viola y tortura a muchas otras personas más y, por el otro, los votantes, aun así, acuden a las urnas en un número sin precedentes y dan al partido de la oposición casi la mitad de los votos? 
Durante toda nuestra misión, me negué a utilizar la expresión "elecciones libres y justas", porque no es aplicable al caso. 
Es una expresión demasiado tajante en un proceso complejo como el que hemos presenciado en Zimbabwe. 
Nuestra misión había, por tanto, subrayado desde el inicio que no estábamos allí únicamente para el proceso electoral, sino que nuestro informe definitivo también prestaría una gran atención a la fase posterior a las elecciones. 
En esta fase, el papel y la responsabilidad del Presidente Mugabe, cuyo mandato dura otros dos años, es crucial. 
Yo lo señalé en una conversación que tuve con él y también en mis declaraciones públicas en Zimbabwe, diciendo que después de la revolución viene la construcción de la nación y después de las elecciones, la reconciliación. 
Nuestra esperanza era que, a pesar de la enorme campaña de intimidación y violencia en la que el partido gobernante Zanu-PF tuvo con mucho la mayor responsabilidad, el pueblo, ayudado por una importante presencia de observadores nacionales e internacionales, pudiera emitir sus votos en un entorno relativamente libre, justo y no violento. 
Por lo tanto, el período posterior a las elecciones sería esencial como también lo sería el papel del presidente y de los dirigentes del Zanu, que, esperábamos, contribuirían a un clima de reconciliación y calma. 
En cierta medida, nuestra estrategia demostró ser correcta. 
La gente votó, de hecho, en gran número. 
La violencia y la intimidación no parecieron asustarles ni alejarles de los colegios electorales. 
Muchos mostraron también abiertamente su simpatía por los partidos de la oposición. 
No es que nosotros fuéramos partidistas, nosotros teníamos nuestro código de conducta profesional y estrictamente neutral, pero queríamos que la gente sintiera que su voto era secreto, que en el día de las elecciones el Presidente y el campesino son iguales y que las elecciones democráticas son el poder del pueblo. 
Hubo mucha violencia y terror en el proceso pre-electoral y lo condenamos. 
Pero también me gustaría subrayar que hubo mucha más ausencia de violencia en forma de millones de personas que quisieron ejercer el derecho democrático al voto. 
El partido de la oposición, a pesar de impugnar los resultados en 20 circunscripciones, también ha aceptado el resultado de las elecciones. 
Creo que el pueblo de Zimbabwe, que pide a gritos la paz, la ley y el orden, el progreso y una vida decente, merece mucho más. 
Permítanme ahora que resuma nuestras conclusiones y recomendaciones en cuatro puntos: 
Es imperativo que el gobierno avance rápidamente hacia el restablecimiento del estado de derecho y que permita a los servicios de policía y fiscales actuar contra aquellos que han estado implicados en la violencia política u otras violaciones de los derechos humanos o que las han fomentado. 
Es necesaria una nueva organización electoral independiente por encima de los intereses partidistas y con unos recursos humanos y financieros suficientes para operar eficazmente. 
El gobierno debe permitir también a los tribunales que diriman cualquier impugnación de los resultados electorales en circunscripciones concretas y debe respetar las decisiones de esos tribunales. 
La Unión Europea debería esforzarse para que los observadores internacionales estén desplegados a tiempo en las elecciones presidenciales previstas para 2002. 
La Unión Europea debería realizar un esfuerzo especial durante las próximas semanas y meses para seguir de cerca los acontecimientos en Zimbabwe y prestar su asistencia y apoyo allí donde corresponda. 
Me complace escuchar que tanto la presidencia como la Comisión son también partidarios de esto. 
Con tal finalidad, nuestra unidad central electoral en Harare va a quedarse durante algún tiempo, al igual que los 25 observadores de la UE desplegados en el país. 
A eso hay que añadir nuestros catorce jefes de misión que estarán en alerta roja. 
Permítanme que aproveche esta oportunidad para rendir homenaje a la Unidad Electoral, a los observadores de la UE, incluidos nuestros amigos de Noruega y Kenya, integrados en nuestra misión, así como a los cinco diputados del Parlamento Europeo. 
La Comisión, desde luego, respondió de un modo rápido y encomiable a la decisión del Consejo y la cooperación y el diálogo continuo a lo largo del proceso ha sido de inestimable valor. 
Déjenme terminar diciendo que la misión de la UE fue de alto perfil, fue muy bien recibida entre la gente en general hasta un punto que sería la envidia de varios Estados miembros, incluyendo el mío, señor Patten. 
La misión también puede verse como un ejercicio eficaz de prevención de conflictos. 
Estuvo en el terreno rápidamente, en gran número, difundiendo la paz y la calma. Estuvo operativa inmediatamente, con una buena presencia nacional y con una estrategia sostenible también para la fase posterior al conflicto. 
Nuestra misión fue un acto de compromiso con la gente de África y con la gente en todo el mundo. 
Yo veo la misión de Zimbabwe como una consecuencia natural de nuestro apoyo a la lucha por la independencia africana y de nuestro deseo de construir una sólida cooperación con una Zimbabwe pacífica y democrática. 
Muchas gracias, señor Schori, también por haber representado tan bien, junto con sus cinco colegas, al Parlamento Europeo en Zimbabwe en unas circunstancias difíciles. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, desde febrero, el escenario político en Zimbabwe se caracteriza por las ocupaciones ilegales de granjas, el incumplimiento de las sentencias judiciales, el amedrentamiento y las acciones violentas contra los partidos de la oposición, sus candidatos y simpatizantes, y por lo menos el intento de obstaculizar la labor de los observadores electorales nacionales e internacionales. 
También sabemos quién es el principal responsable de estos actos de violencia: la dirección del partido gobernante, el ZANU-FP. 
Voy a hablar todavía más claro. 
Es el Presidente Mugabe quien, desoyendo los consejos de sus propios ministros, autoriza las ocupaciones de granjas, impide que se cumplan las sentencias judiciales y defiende el menosprecio de la ley y la justicia. 
Yo creo que es evidente que esto nos sitúa ante un dilema, el de que una persona que es una causa fundamental del problema también es quien debe asumir, al menos durante un cierto tiempo, la responsabilidad de una parte de la solución, sobre todo la responsabilidad en lo que respecta a la necesidad de una reconciliación nacional. 
Lo que pudimos ver en nuestra calidad de observadores y lo que nos comunicaron de primera mano es, en efecto, estremecedor. 
No sólo hubo candidatos de la oposición que en algunas zonas del país no pudieron pisar su circunscripción electoral porque temían por su seguridad y su vida, sino que amplios sectores de la población rural fueron sometidos a una campaña sistemática de terror en las aldeas o las granjas comerciales. 
Además, el Gobierno también aprovechó de manera descarada su monopolio de la televisión y la radio para difundir sus puntos de vista. 
Sólo la población urbana tenía acceso a los periódicos de la oposición. 
Unas elecciones realizadas bajo tales condiciones no se pueden considerar libres ni imparciales. 
Por esto, me parece particularmente lamentable que algunos observadores africanos hayan llegado, según parece, a la conclusión contraria. 
Con ello rinden un triste favor a la democracia, pero sobre todo a las gentes de África. 
Todos los que apostaron por sus derechos democráticos a pesar de las circunstancias desfavorables merecen, por consiguiente, nuestro respeto y reconocimiento, en particular los observadores nacionales y los muchos millares de agentes electorales que se ocuparon del desarrollo técnico de las elecciones con gran corrección y compromiso. 
Quiero resaltar especialmente la profesionalidad con que nuestro colega Pierre Schori dirigió nuestro equipo de observadores comprometidos- la delegación de observadores de la UE- destacados por el Consejo. 
Con integridad y precisión en el análisis llegó a una conclusión que compartimos plenamente en nuestra calidad de observadores del PE. 
La presencia de los observadores de la UE contribuyó a reducir apreciablemente el alcance de la violencia y el amedrentamiento. 
Todos merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento explícitos. 
Pierre Schori y su equipo rindieron un servicio a la democracia en Zimbabwe. 
Las cosas no pueden continuar como antes después de las elecciones. 
La tensión que, según parece, empieza a crecer de nuevo en las zonas rurales, entre otras cosas también por la ausencia de una intervención clarificadora del Presidente, constituye un motivo de preocupación. 
Desde las elecciones, ha habido nuevas ocupaciones de granjas. 
Se tiene noticia de actos aislados de violencia contra simpatizantes de la oposición. 
El arzobispo de Bulawayo recibió amenazas de muerte. 
Nosotros pedimos que se castigue a todos los culpables de acciones delictivas contra sus conciudadanos, que se ponga fin a las actuaciones ilegales en el contexto de la necesaria reforma agraria y que se respeten las sentencias judiciales sobre las ocupaciones de granjas. 
El objetivo de una reforma agraria ha de ser que sus beneficiarios sean las personas realmente necesitadas. 
Es importante que sigamos manteniendo el diálogo con el Gobierno, la oposición y las fuerzas sociales significativas, con objeto de que también Zimbabwe pueda contribuir en el futuro a la estabilidad en el África meridional. 
Las elecciones en Zimbabwe han supuesto simultáneamente una victoria y una derrota para Mugabe. 
La derrota consiste en que, por primera vez en su corta vida independiente, Zimbabwe dispone de un sistema político pluripartidista al que obviamente Mugabe se oponía. 
Aparte de tolerar, e incluso propiciar, como sabemos, un clima de intimidación y violencia, Mugabe ha cometido importantes errores de apreciación. 
Por un lado, ha minusvalorado la seriedad, disponiblidad y capacidad de la Unión Europea ante el caso Zimbabwe. 
Pero también ha confundido los factores presentes en su propio país. 
Me pregunto si ello se debe a la prepotencia de un antiguo, aunque entonces respetado "freedom fighter" africano, o a la ignorancia de la evolución sociológica y política en su propio país. 
Probablemente se trata de una combinación de ambos elementos. 
Mugabe ha incorporado a estas elecciones costumbres y métodos propios de una guerra de liberación, tratando en ocasiones al rival político como al ocupante colonialista que es preciso desterrar. 
Pero tampoco ha sabido apreciar que la emergencia de las clases medias constituye un elemento que electoralmente tenía que pesar por primera vez en unas elecciones de forma distinta. 
Esa relativa consolidación de un nuevo voto urbano, unida a la manipulación de la democracia formal y a la conculcación de derechos humanos no podía llevar si no a que los ciudadanos votaran masivamente contra él y así lo han hecho. 
El país y la población ganarán en su conjunto si el actual gobierno y la naciente oposición hacen gala de suficiente sabiduría política y sentido común para afrontar con generosidad y con cautela la transición de los antiguos hábitos políticos a otros nuevos. 
En este campo la oposición juega también su papel. 
Ahora bien, tras la denuncia y la condena, en las próximas semanas debemos estar atentos a todo signo de reconciliación verificable y a la asunción autocrítica de errores. 
Ello facilitará, señor Presidente y queridos colegas, el futuro de Zimbabwe, de su sociedad, y de la nueva cultura política nacida de estas elecciones. 
Y nosotros hemos de apoyar este futuro decididamente. 
Señor Presidente, el hecho de que la misión de observadores de la UE haya cosechado una gran aclamación internacional prueba el excelente trabajo que ha realizado el Sr. Schori al elevar el perfil de lo que estamos haciendo allí. 
Le rindo homenaje. 
No hay duda de que Zimbabwe ha sido un caso de "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". 
El Sr. Mugabe tiene mucho de qué responder. 
Si se puede decir que el resultado ha tenido un lado positivo, éste ha sido el que ahora ya no existe poder absoluto. 
Mucha de la violencia que se produjo antes de las elecciones puede relacionarse directamente con los dirigentes de Zanu-PF y con el propio Presidente Mugabe. 
A los llamados veteranos de la guerra- debían de ser muy jóvenes cuando tuvo lugar la guerra de independencia- se les ha pagado por permanecer en estas granjas. 
Éste es un grave problema cuyo origen se remonta a los dirigentes. 
También hubo problemas con el hecho de que los votos por correo, que se enviaron directamente al ejército en el Congo el jueves, volvieron milagrosamente el sábado, todos en su forma debida llegando a muchas circunscripciones marginales. 
Las amenazas de violencia contra los partidarios del MDC han continuado después de las elecciones. 
El Arzobispo de Bulawayo ha sido amenazado. 
Todo esto debe detenerse. 
De ninguna manera podemos apoyar a un régimen que prosigue con esta intimidación. 
El hecho de que el Presidente Mugabe desee ahogar la entrada de inversiones nacionalizando las tierras y amenazando con hacer lo mismo con las minas, no hará nada para resolver la situación económica de Zimbabwe. 
Lo que Zimbabwe necesita es la entrada de mucha más inversión de fuera del país. 
Esto no va a ocurrir con el régimen actual. 
Existe ahora una maravillosa oportunidad en Zimbabwe, con el ascenso del MDC, para que todas las razas trabajen conjuntamente. 
Hay grandes esperanzas para el futuro pero debemos mantener la presión sobre Zimbabwe y especialmente sobre el Sr. Mugabe. 
Deberíamos adoptar acciones directas contra los bienes que el Presidente Mugabe posee fuera de Zimbabwe. 
Debemos dirigir nuestras acciones directamente al hombre que ha creado los problemas. 
Señor Presidente, mi tiempo de palabra está demasiado limitado para describir en extensión el destino de un país que durante muchos años ha mostrado una situación esperanzadora, pero que en los últimos años se ha deslizado hacia una situación de gran subdesarrollo, aunque el pueblo de Zimbabwe es un pueblo con un buen nivel de formación. 
Probablemente ésta es una de las cosas que debemos achacar al gobierno de Mugabe en los años anteriores. 
La población sabe de qué se trata, pese al hecho de que la oposición no ha podido participar de modo normal en la propaganda electoral, por lo menos en lo que a los medios oficiales respecta. 
Conozco Zimbabwe bastante bien, lo he visitado en diversas ocasiones en los últimos años, pero estoy un poco sorprendido de la medida en que ha ido aumentado la intimidación antes de las elecciones y me temo que esto pueda durar también después de las elecciones. 
Así pues, considero que debemos intervenir en el marco de nuestra responsabilidad internacional y que debemos velar por que, al igual que teníamos una buena influencia antes de las elecciones, mantengamos esta influencia después de las elecciones. Manteniendo negociaciones duras pero concretas sobre las reformas que se quieren en Zimbabwe. 
En el campo también se ha instalado un régimen de miedo y esto no puede durar permanentemente, porque va en contra de la calidad de vida tanto de los blancos como de la población negra. 
Quiero subrayar esto porque los seres humanos se ven inducidos y abocados a unos acontecimientos sobre los que no pueden ejercer ninguna influencia. 
Espero que este diálogo pueda seguir celebrándose, tanto con el gobierno como con la oposición y con la sociedad civil. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no voy a repetir nada de cuanto ya se ha dicho, aunque sólo sea por la escasez de tiempo. 
Yo suscribo plenamente lo que han manifestado las oradoras que me ha precedido y la Sra. Maij-Weggen. 
Yo quisiera añadir, no obstante, a las merecidas expresiones de agradecimiento dirigidas al Sr. Schori, también otra dirigida a las embajadas de nuestros Estados miembros que nos ayudaron a obtener las acreditaciones, puesto que nos encontramos ante una situación bastante caótica. 
Fue también gracias a ellas que pudimos realizar nuestra labor allí. 
Al juzgar la situación en Zimbabwe es preciso resaltar un detalle: las ocupaciones de granjas no están relacionadas para nada con el problema de la tierra ni con la cuestión racial. 
Sólo respondían a un vil intento de mantenerse en el poder. 
Lo cual no deja de tener su lado trágico, pues el Presidente Mugabe y su partido en otro tiempo se destacaron por su actuación en relación con el tema de la tierra. 
El terror practicado por los llamados veteranos de guerra tiene al parecer su origen en la negligencia de la dirección política del país, que ha sumido a Zimbabwe en una profunda crisis. 
Las tierras están infrautilizadas, el turismo ha quedado paralizado, los inversores se han retraído, la falta de divisas y la crisis del petróleo contribuyen a agravar todavía más la situación. 
La producción de tabaco y el turismo eran las principales fuentes de ingresos y ambos se han visto seriamente afectados. 
Estos daños no se podrán reparar de un día para otro. 
En este contexto, es necesario el apoyo de la Unión Europea. 
Aun así, Zimbabwe ofrece unas condiciones favorables debido al nivel de formación comparativamente alto de la población, un sistema judicial incorruptible y unas infraestructuras relativamente buenas. 
Sin embargo, ya empiezan a llegar noticias de nuevas ocupaciones de granjas y ataques violentos. 
Es preciso hacerle comprender claramente al Presidente Mugabe que debe acabar con la violencia y el terror, que éstas no son la base adecuada para restablecer la paz en el país. 
La oposición política va a tener que demostrar su capacidad política. 
A pesar del terror, gracias a la presencia de observadores finalmente tuvo la posibilidad de expresar libremente su opinión el día de las elecciones. 
Como resultado, la oposición ha recibido un mandato que ahora debe cumplir. 
Por nuestra parte, debemos contribuir a restablecer de este modo los principios del Estado de Derecho. 
Señor Presidente, la presión política que ha precedido a las elecciones y la incitación abierta a la violencia por parte del Presidente Mugabe han dado lugar a que no podamos hablar ahora de elecciones libre y limpias, a pesar de que, en los mismos días de las elecciones, estábamos francamente convencidos de la manifiesta voluntad de celebrar unas elecciones sin fraude. 
Esto era un indicio de que el pueblo de Zimbabwe tiene un auténtico deseo de construir una sociedad de los ciudadanos democrática. 
Sin embargo, los acontecimientos de Zimbabwe nos obligan a reflexionar sobre la relación entre la democracia y los valores, y tal vez sea éste el foro para hacerlo, puesto que hablamos de la UE como de una comunidad de valores. 
Al mismo tiempo, reconocemos sin rodeos que la UE no puede pasearse por el mundo tutorando paternalmente a otros o dándoles consejos desde la tarima, pues de lo que se trata es del diálogo. 
Esto mismo demostró de forma admirable el observador encargado de la supervisión de las elecciones en nombre de la UE, el Sr. Pierre Schori. 
En Zimbabwe ha ocurrido algo que debería dar pie a que todo político piense en los medios para evitar los efectos depravantes del poder, también en nuestro propio ámbito. 
¿Cómo el ex-héroe del pueblo, el padre simbólico de la lucha revolucionaria, permite ahora el uso de la violencia con el único fin de afianzarse en el poder? 
¿Y qué le ha pasado al alma y a la moral de este hombre que tiene la desfachatez de declarar durante las elecciones que el Gobierno se mantendrá, sea cual sea el resultado de las elecciones? 
El filósofo y teólogo Niebuhr dijo en su época que "la noción de justicia del hombre hace posible la democracia, pero su inclinación hacia el sentido contrario hace que la democracia sea imprescindible". 
En otras palabras: la bondad del hombre posibilita la democracia, mientras que su maldad la hace indispensable. 
Para mí, ésta es una de las frases más realistas que se hayan expresado nunca sobre la democracia. 
En consecuencia, la democracia necesita de crítica autoincorporada para florecer, de disposición de autosometimiento a la crítica. 
En el campo de la educación, esto significa que estamos dispuestos, en nombre de la democracia, a alentar en la gente una conciencia de ciudadanía crítica. 
Esto presupone, a su vez, que exista transparencia en los órganos decisorios y en el acceso a la información. 
Solamente así podrá la democracia preservar su carácter rectificativo. 
En Zimbabwe también comprendí de forma palpable que no se puede hablar de derechos humanos sin antes reconocer la dignidad humana. 
Todo serán palabras al viento si no existe un contenido que esté entrelazado con la singular dignidad del individuo y su inviolabilidad. 
Quiero expresar, al mismo tiempo, mi profundo respeto por aquellas treinta y tantas víctimas de la violencia, las cuales encontraron la muerte al haber declarado su deseo de luchar por una sociedad libre de los ciudadanos. 
. (FR) Señor Presidente, Señores Comisarios, Señores Parlamentarios Europeos, estas elecciones marcan sin duda un momento importante para la vida política nacional de Zimbabwe. 
Son también un signo extremadamente positivo para la cooperación de la Unión con este país. 
A partir de ahora, muchas cosas deben pasar a ser posibles, en todo caso más fáciles entre nosotros. 
El informe de la misión encabezada por Pierre Schori, del cual subrayo de nuevo, junto con los Comisarios Patten y Nielsen, su gran rigor en el trabajo, nos permite disponer de un análisis totalmente claro e imparcial del desarrollo de las elecciones legislativas. 
La situación electoral era particularmente tensa, por no decir violenta. 
Estoy convencida de que la Unión ha hecho bien, muy bien, en enviar a esta misión, muy al principio, para aportar elementos de apaciguamiento a esta campaña. 
La aportación de esta misión es, a este respecto, como a muchos otros, absolutamente incontestable. 
Debe continuar con su labor in situ, tal y como desea Pierre Schori. 
La Presidencia del Consejo se felicita del buen desarrollo global de estas elecciones, incluso aunque, en algunos puntos, las condiciones de voto puedan producirnos una cierta perplejidad, y las conclusiones de la misión sobre este aspecto son totalmente esclarecedoras. 
En lo sucesivo, es hora de avanzar con Zimbabwe. 
La Presidencia del Consejo apoya plenamente el análisis de la Comisión sobre la necesidad de aportarle nuestra cooperación. 
Hay abiertos numerosos frentes que merecen nuestra implicación sin reservas: el refuerzo de la democracia, la disminución de la pobreza y la lucha contra el SIDA. 
Efectivamente, es indispensable que la ayuda europea se aplique directamente a las dificultades económicas y sociales que tiene el pueblo de Zimbabwe. 
Los fondos comunitarios deben ser ahora desbloqueados, como lo ha dicho el Comisario Nielsen. 
Por su parte, el Régimen de Zimbabwe debe también avanzar y confirmar sus compromisos sobre la reforma agraria, sobre el respeto a las decisiones judiciales, sobre la transparencia económica. 
Estoy convencida de que este proceso debe permitir al país estabilizarse y también implicarse democráticamente en la integración regional. 
Este es el motivo por el cual la Presidencia del Consejo, no lo duden ustedes, señoras y señores diputados, se implicará con la misma determinación que el Parlamento Europeo y que la Comisión. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el tráfico de seres humanos. 
En nombre del Consejo, hablará el señor Ministro Queyranne, que justo ahora llega puntualmente al hemiciclo. 
Señor Ministro, tiene la oportunidad de poder empezar de inmediato su intervención. 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señoras, Señores Diputados, el Consejo de Ministros se ha visto profundamente afectado por el asunto de Douvres y el fallecimiento de 58 súbditos chinos en circunstancias dramáticas. 
Este asunto refleja la intensificación de la presión migratoria sobre Europa Occidental, a la cual somos sensibles desde hace algún tiempo. 
El refuerzo acentuado de la solidaridad europea es una respuesta indispensable a una situación extremadamente preocupante para nuestro continente. 
En primer lugar, es necesario señalar con rotundidad que la existencia de redes organizadas, así como la proliferación del despreciable, pero por desgracia bien remunerado, oficio de pasador fronterizo, desempeñan un papel primordial en la inmigración clandestina, tanto en el incremento de los propios flujos como en las modalidades de entrada, de las que la tragedia de Douvres nos proporciona un ejemplo extremo. 
Sabemos que la mayor parte de la inmigración clandestina se introduce en la Europa del Oeste gracias a pasadores, en especial para las personas procedentes de destinos lejanos como China. 
Este punto debe ser subrayado, como respuesta a los que mantienen que el control de la inmigración es lo que genera a los ilegales. 
Por el contrario, la intensificación de la inmigración clandestina se deriva de la creciente actividad de las redes de entrada ilegal. 
Es evidente que esta actividad se ve favorecida por las deficiencias legislativas u operacionales de los Estados receptores, y por todo lo que permite a los ilegales entrar y permanecer en los territorios violando la ley. 
Pero aún hay más: tras los pasadores, se perfilan cada vez más las mafias. 
Los responsables policiales han identificado a una mafia rusa, que explota a personas de Sri Lanka y China; a una mafia turca que opera con kurdos, afghanos o iraníes. 
Sabemos también que ilegales de los Balcanes son captados por mafias albanesas. 
La concentración en Calais, punto de paso hacia Inglaterra, de un gran número de ilegales, -más de 10 000 han sido detectados desde agosto de 1999- ha demostrado el carácter particularmente activo de los pasadores: se ha detenido a 400 desde agosto de 1999. 
Por ello, es necesario que dejemos de engañarnos sobre el hecho de que la inmigración ilegal se ha convertido en objeto de un verdadero tráfico de seres humanos que, como tal, entra dentro de lo delictivo, incluso dentro de lo que es el gran crimen organizado. 
Más fácil, más rentable, menos arriesgado que ciertos otros tráficos, como el tráfico de drogas por ejemplo, el tráfico de ilegales pasa a ser un desafío capital para la actuación y para la cooperación policial y judicial. 
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual representa uno de los aspectos más odiosos de este tráfico. 
Con este nivel de organización, ya no se trata solamente de luchar contra la inmigración ilegal, sino, absolutamente, de luchar contra el crimen. 
Los verdaderos culpables son los organizadores de las entradas clandestinas, en cuyas manos los aspirantes a la inmigración no son más que marionetas de un espectáculo que puede llegar hasta la tragedia. 
Por tanto, antes que nada, hay que luchar contra estos pasadores. 
La inmigración ilegal o el tráfico de seres humanos es una nueva forma de esclavitud que nuestras sociedades democráticas no pueden tolerar. 
Sabemos lo que le cuesta, por ejemplo, a un súbdito chino, contratar los servicios de un pasador: del orden de entre 10 000 y 20 000 euros, y años de trabajo negro para pagar esta deuda, privado de todos los derechos, de toda protección, en condiciones a menudo espeluznantes y bajo amenaza permanente. 
La demagogia que consiste en reivindicar una reapertura masiva a la mano de obra inmigrante, o el derecho automático de estancia para todos los inmigrantes, no hace más que alimentar este sueño de Europa, y contribuye cada año a arrojar a centenares de miles de personas a las garras de las redes de inmigración ilegal. 
Por tanto, la Unión Europea no debe equivocarse, y no tiene intención de equivocarse, en su objetivo, dirigiendo la represión sobre los que organizan este tráfico de seres humanos, tráfico que por desgracia figura entre los más ruines y los más odiosos. 
El Consejo está decidido a hacer todo lo necesario para combatir este deleznable tráfico. 
La cooperación europea debe basarse en los medios de que disponen los Estados. 
Está claro que éstos han decidido tomar medidas para combatir eficazmente esta plaga. 
Francia dispone desde 1995 de una Oficina Central para la Represión de la Inmigración Clandestina y el Trabajo Ilegal, que ha incrementado fuertemente sus actuaciones de desmantelamiento de redes desde hace dos años. 
Así, este organismo ha conseguido destruir y detener anualmente a una quincena de redes. 
Frente a la realidad de la trata de seres humanos y al tráfico vinculado a la inmigración ilegal, la Presidencia francesa desea pues promover una solidaridad europea, basada en las conclusiones de la Cumbre de Tampere y en los siguientes principios: co-desarrollo, integración de los extranjeros, lucha contra la inmigración ilegal, política común para Asia. 
El primer punto se refiere pues a la toma en consideración de la situación de los países de origen. 
¿Cómo disuadir a las personas que quieren abandonar su país y venir a Europa sea como sea, y que ponen así a menudo su suerte en manos de redes esclavistas? 
El Consejo debe basar su actuación en las orientaciones adoptadas en Tampere, y cito: "La Unión Europea necesita una aproximación global de la inmigración, que aborde los aspectos políticos de los derechos humanos y las cuestiones de desarrollo en los países y las regiones de origen y de tránsito". 
Efectivamente, los movimientos migratorios se explican por numerosos factores: diferencial demográfico entre el Norte y el Sur, crecimiento constante de las desigualdades de renta y de riqueza entre los países más ricos y los más pobres, inestabilidad de ciertas situaciones políticas, imagen, a menudo falsa, que tienen los inmigrantes de su futuro en Europa. 
Sin embargo, la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos no son fatalidades. 
Pueden ser combatidos por medio de una intensa voluntad política. 
En un mundo profundamente atormentado, el control de los flujos a largo plazo pasa por una política a favor del co-desarrollo y por la estabilización de los países de origen de la inmigración. 
El co-desarrollo pretende precisamente vincular las políticas tendentes al desarrollo de estos países para permitir el control de los flujos migratorios. 
Francia se esforzará en dar un nuevo impulso a esta iniciativa del co-desarrollo, sacando partido de su experiencia en este campo. 
En particular, ya se ha firmado un acuerdo con Senegal y se están negociando otros con Malí y con Marruecos. 
Se han planteado dos preguntas: cómo favorecer la expansión de proyectos locales, básicamente con una ayuda para la formación y para la implantación de extranjeros deseosos de volver a sus países de origen para contribuir a su desarrollo económico, y cómo puede este desarrollo local favorecer el control de los flujos estabilizando a la población. 
La reflexión sobre estos dos temas permitirá enriquecer los futuros trabajos del grupo de alto nivel sobre el asilo y la inmigración, que se esfuerza actualmente en aplicar las medidas concretas de cinco planes de actuación, que afectan en particular a Marruecos y a Sri Lanka. 
La puesta en práctica de esta prioridad ha dado lugar a la organización de un seminario, el 6 y el 7 de julio en París, en el que participarán los expertos y varias personalidades con rango de Ministro. 
El objetivo es preparar el texto de orientación para los trabajos de la Unión Europea, sobre la base de algunas experiencias-piloto llevadas a cabo en países que han cooperado en este campo, y que cuentan con estructuras estatales estables, y en concreto pienso en Marruecos. 
La segunda gran prioridad de la Unión Europea, expresada en Tampere, es la integración de los extranjeros en situación legalizada. 
Este punto es importante para la lucha contra el tráfico de seres humanos, que se nutre de la marginalidad y de la exclusión de una parte de los extranjeros en la Unión Europea. 
La integración pasa por una decidida política a favor de la igualdad de los derechos económicos y sociales, y por una lucha igualmente resuelta contra cualquier forma de discriminación, sobre todo frente al empleo. 
La Presidencia francesa tiene previsto organizar en octubre un seminario sobre este tema, y su intención es la de presentar al Consejo un proyecto de texto relativo a la armonización de los documentos de residencia a largo plazo, que es un instrumento esencial de la integración. 
El acceso a la nacionalidad de los Estados miembros constituye también un aspecto fundamental de la integración de los extranjeros en Europa, pero sabemos que en este ámbito cada país conserva sus propias reglas. 
El tercer punto básico de Tampere es la lucha contra las redes que ya he mencionado anteriormente, contra el tráfico de seres humanos, y este tema se sitúa evidentemente en el centro de las preocupaciones de la Presidencia francesa. 
En efecto, el Consejo de Tampere puso de manifiesto esta prioridad, y cito: " El Consejo Europeo subraya que es necesario asegurar en todas las etapas una gestión más eficaz de los flujos migratorios. 
El Consejo está decidido a atacar de raíz la inmigración clandestina, luchando especialmente contra los que practican la trata de seres humanos. 
Pedimos que haya una cooperación más estrecha entre los servicios de control de las fronteras de los Estados miembros ". 
A raíz de los acontecimientos de Douvres, el Consejo Europeo de Feira ha lanzado un nuevo llamamiento a una rápida respuesta de la Unión Europea. 
Este Consejo, y cito, "ha condenado los actos criminales perpetrados por los que sacan provecho de la trata de seres humanos, y ha expresado la determinación de la Unión Europea a intensificar la cooperación para dar al traste con esta criminalidad transfronteriza que ha provocado tantas otras muertes en Europa". 
El Consejo ha hecho un llamamiento a la futura Presidencia francesa y a la Comisión para que las conclusiones de Tampere en este campo sean llevadas a la práctica con la máxima urgencia. 
La Presidencia francesa le ha propuesto de aquí en adelante cuatro iniciativas al Consejo. 
En primer lugar, un proyecto de directiva que establece sanciones para los transportistas que trasladen a pasajeros en situación irregular. 
Ampliando así las disposiciones contenidas en el Convenio de Aplicación de Schengen, este proyecto de texto pretenderá dotar a la Unión de un dispositivo común en materia de sanciones. 
Reafirma la obligación que tienen los transportistas de tomar todas las medidas necesarias para que las personas que trasladan vayan provistas de documentos de viaje y, llegado el caso, de los visados necesarios, así como la obligación de reconducir o de asumir el coste de la devolución de los extranjeros que no han sido admitidos por las razones ya citadas. 
Prevé además sanciones para los que hayan transportado pasajeros que no dispongan de los documentos o de los visados exigidos. 
El texto propuesto contempla una sanción mínima de 2000 euros. 
Un segundo proyecto-marco de decisión pretende reforzar la represión penal para la ayuda a la entrada o a la permanencia ilegales. 
De nuevo aquí, en la ampliación de las disposiciones del Convenio de Aplicación de Schengen, que incluyen la obligación para los Estados firmantes del Convenio de prever sanciones para los que cooperen en la entrada o la estancia ilegales, Francia ha presentado un proyecto-marco de decisión cuyo objetivo es tender a la armonización de las legislaciones nacionales en lo relativo a la definición de las infracciones. 
Es por tanto un texto importante hacia un endurecimiento de la represión del tráfico de seres humanos. 
Tercera iniciativa: la Presidencia francesa ha presentado también un proyecto de directiva sobre la cooperación en materia de expulsión. 
Su finalidad es la de facilitar la aplicación de una decisión de expulsión dictada por un Estado miembro frente a un extranjero en situación ilegal, cuando esta decisión es tomada por cualquier otro Estado que haya requerido al extranjero dentro de su territorio. 
Finalmente, en cuarto lugar, aumentar la solidaridad europea en materia de control de los flujos y de vigilancia en las fronteras exteriores es una de las prioridades del Consejo de Ministros. 
Francia ha presentado, como país que ocupa la Presidencia, nuevas propuestas en este ámbito, y en particular un plan de acción cuya discusión se va a iniciar en el seno de las instancias europeas. 
Es ante todo urgente reforzar la cooperación policial en materia de intercambio de información sobre los flujos de inmigración ilegal y sobre las redes. 
La centralización y la comprobación de estos datos, su análisis y su aprovechamiento deben incluirse en el marco del grupo de trabajo existente. 
Es particularmente importante, tal y como lo subrayan las conclusiones de Feira, desarrollar el papel de la Europol en la represión del tráfico de seres humanos. 
La Presidencia francesa tiene por tanto la intención de solicitar sin demora a la Europol que presente un balance de las actuaciones realizadas en este campo. 
El otro objetivo en materia de cooperación policial es reforzar el dispositivo de alerta rápida, que debe ser suficientemente eficaz como para permitir a los Estados miembros estar informados y reaccionar a tiempo frente a fenómenos vinculados a la inmigración ilegal. 
Este dispositivo pasa en particular por la designación de puntos de contacto entre los países miembros. 
Le encarga a la Presidencia del Consejo que promueva la concertación necesaria para la aplicación de las medidas adaptadas a la situación. 
El refuerzo de esta coordinación pasa también por la implantación de una red de agentes de enlace de los Estados miembros en los países de origen de la inmigración, con objeto de mejorar el conocimiento de las situaciones, el control de la inmigración en su origen, en especial a través de la inspección de la documentación de viaje en los aeropuertos en el momento del embarque. 
El conjunto de estos proyectos destinados a intensificar la lucha contra la inmigración ilegal será objeto de un seminario sobre las redes, que debe celebrarse en París el 20 y el 21 de julio, dentro de unos días por tanto. 
Este seminario reunirá a representantes de alto nivel de los Estados miembros, de los países de Europa Central y Oriental, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá y de Méjico. 
Intervendrán en este coloquio varios ministros de los Estados miembros, directores de diversos servicios y policías fronterizos de los Estados miembros. 
Quiero asimismo poner de relieve que uno de los puntos esenciales de Tampere es el principio de armonización del derecho de asilo de los Estados miembros. 
Es también una herramienta importante para la represión de la inmigración ilegal. 
Hemos constatado, efectivamente, que las solicitudes de asilo se incrementan de manera importante en la mayoría de los países de la Unión Europea. 
Este incremento refleja la proliferación de las entradas ilegales, ya que entre el 80% y el 90% de las solicitudes de asilo son rechazadas por los distintos países ante los que han sido presentadas. 
Las redes utilizan frecuentemente el derecho de asilo como un instrumento jurídico para favorecer la entrada y la estancia de ilegales. 
Toda la dificultad de nuestra labor reside por tanto en conciliar este derecho fundamental al asilo, reconocido por los convenios internacionales, con la lucha contra el fraude. 
De nuevo me referiré aquí a la Cumbre de Tampere, dónde el Consejo Europeo reafirmó la importancia que la Unión y los Estados miembros le conceden al absoluto respeto del derecho de asilo. 
Según las conclusiones de la Cumbre, este régimen debería incluir a corto plazo un método claro y operativo para determinar qué Estado es responsable del examen de una solicitud de asilo, normas comunes para un procedimiento de asilo justo y eficaz, y unas condiciones mínimas de acogida comunes para los solicitantes de asilo. 
En consecuencia, de entrada es esencial progresar en la labor destinada a mejorar el funcionamiento del Convenio de Dublín, en cuanto a la determinación del Estado responsable de examinar una solicitud de asilo. 
Francia sigue de cerca la labor en curso llevada a cabo por la Comisión. 
Se dará un paso adelante si se consigue que el Estado por el que ha entrado originariamente un extranjero en la Unión Europea, sea efectivamente el único responsable de examinar su solicitud de asilo. 
La próxima entrada en funcionamiento del sistema Eurodac, que permite centralizar las huellas de los solicitantes de asilo, debe contribuir a la lucha contra el fraude de las solicitudes múltiples. 
También hay que alcanzar rápidamente el objetivo de un procedimiento de asilo justo y eficaz en Europa. 
Así, es urgente armonizar las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo para limitar los flujos internos en el territorio de la Unión Europea, y por tanto ir hacia un reparto más equilibrado entre los Estados miembros. 
Este es el motivo por el cual la Presidencia francesa ha presentado un proyecto de texto de orientación, destinado a facilitar la labor de la Comisión y la elaboración del futuro estatuto de directiva. 
Deseamos alcanzar unas primeras conclusiones en el Consejo del próximo diciembre, para contribuir a la preparación del proyecto de directiva de la Comisión, previsto para el principio de 2001. 
El Consejo está por tanto dispuesto a combatir con todos los medios necesarios la trata de seres humanos, de conformidad con las conclusiones de Tampere y de Feira. 
Su análisis deduce que el tema de las vías y de los medios de entrada ilegal ya no es un asunto que se refiera exclusivamente a la problemática de la inmigración, sino una cuestión que afecta también a la lucha contra el crimen organizado. 
Es esta la perspectiva en la que debemos trabajar, y la Presidencia francesa desea movilizar todos los medios- nacionales, comunitarios, intergubernamentales- para materializarla. 
. (FR) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera subrayar que la Comisión comparte la emoción suscitada por la tragedia de Dover, como lo dijo el Presidente Prodi en el Consejo de Feira, y que yo mismo tuve la oportunidad de expresar en nombre de la Comisión. 
Consideramos que esos acontecimientos ilustran de una manera particularmente dramática la necesidad de una política común en el ámbito de la inmigración. 
Por lo tanto la Comisión acoge con satisfacción el hecho de que los jefes de Estado y de Gobierno hayan hecho un llamamiento desde Feira para acelerar ese proceso. 
Ella, por su parte, se compromete a contribuir firmemente a ese proceso al lado de la Presidencia francesa. 
La Comisión recuerda que el marco de esa política fue trazado por el Consejo Europeo de Tampere y que tanto del Tratado de Ámsterdam como el mismo Consejo Europeo fijaron unos plazos precisos para su aplicación. 
Para que tenga efectos duraderos, esa política debe enmarcarse en el enfoque global definido en Tampere, lo cual implica tanto una gestión más eficaz de los flujos migratorios como el desarrollo de una colaboración con los países de origen y de tránsito, el establecimiento de un régimen de asilo común y la garantía de un trato equitativo para los nacionales de países terceros que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros. 
El esfuerzo a realizar para controlar esas formas particularmente odiosas de criminalidad que son el tráfico y la explotación de seres humanos debe situarse en ese marco global. 
Son ellas las que originaron no solamente la tragedia de Dover, sino también todas esas tragedias anónimas que se producen cada día sin que nos enteremos de ellas porque la prensa no las reporta. 
Desgraciadamente, existen. 
La Comisión recuerda en particular que se fijó un plazo muy corto para la adopción por el Consejo de las disposiciones legislativas necesarias para poder incriminar y sancionar los comportamientos de los individuos que sacan provecho de las actividades de tráfico de seres humanos. 
Se fijo un plazo, que se extiende hasta finales de este año, para la adopción formal de los instrumentos legislativos que permitan castigar a los protagonistas de semejante tráfico. 
La Comisión confirma su voluntad de cooperar con el Consejo para que se respete escrupulosamente ese plazo. 
Toma nota de que la Presidencia francesa está a punto de presentar una primera iniciativa, una decisión marco tendente a reforzar la lucha contra la ayuda para la entrada y la estancia ilegales. 
Acogemos con satisfacción esa respuesta de la Presidencia francesa y examinaremos detenidamente su texto para ver en que medida puede cubrir los objetivos que la Comisión se ha fijado en el marco de una propuesta que ella misma había anunciado. 
En ese contexto, se debería prestar una atención particular a dos aspectos: la responsabilidad de los empleadores y las consecuencias del empleo de mano de obra clandestina. 
No se trata solamente de controlar los puntos de entrada a la Unión Europea sino también de controlar lo que pasa dentro de nuestros Estados miembros, sobre todo en lo que se refiere al mercado del trabajo clandestino. 
Por otra parte, el tráfico de seres humanos debe ser especialmente reprimido cuando se trata del tráfico de mujeres y de niños a fines de explotación sexual, que es un aspecto específico del tráfico de seres humanos en general. 
La Comisión recuerda que la protección de las víctimas y el respeto de sus derechos deben seguir siendo una preocupación constante de este ejercicio legislativo. 
Hay víctimas que pagan con su vida, pero otras que se convierten en esclavos. 
A ese respecto, la Comisión prevé presentar una propuesta relativa a la expedición de permisos de residencia de corta duración a las víctimas que aceptan cooperar con las autoridades policiales y judiciales en la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos. 
En efecto, el testimonio de las víctimas es fundamental para que las diligencias policiales y judiciales produzcan resultados efectivos. 
Ahora bien, para poder contar con el testimonio de las víctimas, es necesario garantizarles además un mínimo de seguridad personal. 
La Comisión invita también los Estados miembros a reforzar su cooperación en el marco de Europol, a fin de que ese organismo pueda utilizar plenamente todos sus recursos para la lucha contra la criminalidad organizada en ese campo. 
A ese respecto, subrayamos la importancia de la conferencia que la Presidencia francesa organizará del 20 al 21 de julio en Paris y de la que el ministro acaba de hablar. 
Cabe también desarrollar y reforzar el acervo de Schengen tal como ha sido integrado en el Tratado de Ámsterdam. 
A ese respecto, haría falta dar prioridad a la búsqueda de medios que permitan velar por la debida aplicación del derecho existente en el ámbito de la expedición de visados y del control de las fronteras exteriores mediante los mecanismos de vigilancia y de control disponibles a ese fin. 
Además haría falta averiguar los dispositivos existentes, introduciendo las debidas modificaciones legislativas al acervo de Schengen si fuese necesario. 
Convendría buscar todos los medios capaces de facilitar las cooperaciones administrativas, como el programa Odysseus: una tercera parte de sus proyectos seleccionados para el año 2000 contribuye ya a la lucha contra la inmigración clandestina. 
Por otra parte, la Comisión comparte el deseo de la Presidencia francesa de dar prioridad a la revisión y a la adaptación de los regímenes de responsabilidad de los transportistas. 
La Comisión toma nota de la iniciativa al respecto anunciada por la Presidencia. 
En nuestra opinión, esa iniciativa debería inscribirse en el desarrollo del acervo de Schengen y tratar de manera adecuada los diferentes medios que podrían ser utilizados en estrecha colaboración con los operadores puesto que sin esa cooperación, resultará difícil luchar eficazmente contra el tráfico de seres humanos. 
En el marco de la cooperación con los países y las regiones de origen y de tránsito en general, habría que acordar una atención muy particular tanto a la lucha contra la pobreza como al respeto de los derechos humanos. 
Por otra parte, se podrán iniciar acciones más específicas para el desarrollo de campañas de información sobre las posibilidades reales de inmigración legal y la prevención de todas las formas de tráfico o el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades de los países de origen y de tránsito de luchar efectivamente contra esa forma de criminalidad. 
Hará falta considerar la posibilidad de aumentar los créditos previstos a este fin en el anteproyecto de presupuesto para el año 2001. 
Además, se podrían prever formas de cooperación reforzada para los países candidatos a la adhesión, en particular en materia de formación y de equipos, así como de intercambio de informaciones sobre las redes. 
Pensamos que a ese fin es importante desarrollar lo antes posible los acuerdos de cooperación entre Europol y las fuerzas policiales de los países candidatos. 
La celebración y la puesta en práctica efectiva de acuerdos comunitarios de readmisión contribuirían también a hacer que sean menos atractivas las ofertas de los traficantes que pretenden garantizar a sus víctimas el acceso al territorio de destino. 
Hace falta por lo general abordar las políticas de repatriación de manera global, incluso la ayuda para el regreso voluntario, a fin de garantizar su coordinación y su eficacia dentro del respeto de los derechos de las personas implicadas 
Es imprescindible avanzar rápidamente hacia el establecimiento de un régimen de asilo europeo común, basado en el respeto absoluto del derecho de asilo y del principio de no expulsión, y cuyo objetivo sería proveer, mediante unos procedimientos equitativos, un estatuto adecuado a cualquier persona que necesite protección. 
Las propuestas ya sometidas por la Comisión que se refieren al Fondo Europeo para los Refugiados y a la protección temporal, así como el inicio del proceso de revisión del Convenio de Dublín, deberían ser rápidamente seguidas por otras iniciativas relativas a los procedimientos y a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo. 
La Comisión está evaluando el informe del Parlamento Europeo sobre su comunicación en materia de procedimiento común a fin de presentar, antes de finales de este año, una iniciativa legislativa sobre un procedimiento común de asilo en Europa. 
Asimismo, acogemos favorablemente la iniciativa francesa de someter un texto de orientación sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo. 
El proceso general tiende, como se dijo en Tampere, a lograr a medio plazo una definición común de la noción de refugiados y, complementariamente, de otras formas de protección subsidiaria. 
Cualquier solución duradera pasa, a juicio de la Comisión, por el establecimiento progresivo de una política de inmigración que, dentro de las perspectivas de desarrollo social, económico y demográfico de la Unión, garantice la admisión de inmigrantes en un marco ordenado y claro, así como su integración armoniosa en las comunidades receptoras. 
La Comisión está preparando para el otoño una comunicación al respecto, así como unas propuestas legislativas que, al ser la continuación de las propuestas relativas a la reagrupación familiar que están en examen en el Consejo, deberían de definir las condiciones y las modalidades de admisión especialmente con fines de trabajo y de estudio. 
Todos reconocemos la importancia de este debate e intercambiamos nuestras opiniones bajo el efecto de la emoción suscitada por la tragedia de Dover. 
Decir que la solución reside en la intensificación de las medidas represivas es una tentación fácil. 
Como ya lo han visto, yo tampoco renuncio a la idea de reforzarlas. 
Pero hace falta ante todo entender que el éxito de esa batalla a mediano plazo se deberá a la formulación, en el ámbito europeo, de una política de inmigración proactiva, basada en criterios claros, compartidos por todos los Estados miembros. 
Tiene que ser una política equilibrada tanto desde el punto de vista de la "integración de los emigrantes" como de la "lucha efectiva contra las redes de criminalidad organizada" que explotan las víctimas del tráfico de seres humanos. 
No debemos en ningún momento perder de vista que hace falta enfocar de manera equilibrada los dos aspectos de la política europea a ese respecto. 
Señor Presidente, es una tragedia que deban morir otras 58 víctimas antes de que el problema del tráfico de seres humanos se incluya verdaderamente en el orden del día de la política internacional. 
El drama de Dover nos ha abierto los ojos una vez más sobre las prácticas que no siempre pueden ocultarse de los traficantes de personas y sobre la impotencia, o más bien la falta de voluntad, de la Unión Europea de luchar contra esta forma vergonzosa de explotación. 
El tráfico de seres humanos ha crecido hasta convertirse en un negocio mayor que el tráfico de drogas, según escribía The Economist la semana pasada. 
La delincuencia organizada ha descubierto que este comercio no sólo produce más beneficios, sino que conlleva menos riesgos. 
Así pues, medio millón de personas se introducen ilegalmente cada año en la Unión Europea. 
Sólo en el puerto de Dover se capturan a diario cientos de ilegales. 
Con el tráfico de seres humanos también aumenta la explotación económica y sexual. 
Los traficantes piden sumas astronómicas para introducir ilegalmente en Occidente a sus clientes. A la llegada a menudo se les incautan los documentos, de manera que están totalmente sometidos a los sindicatos del crimen. 
Se viola sistemáticamente a las jóvenes durante el viaje y después se las introduce en la prostitución o en el circuito de trabajo ilegal. 
No es inhabitual el terror y la violencia ejercida contra las víctimas que no saldan sus deudas. 
Los traficantes de seres humanos funcionan de modo más profesional. Disponen de mejores infraestructuras, instalaciones de control y de comunicaciones que la policía o que los servicios jurídicos en los países de origen y de tránsito. 
La internacionalización de la delincuencia organizada está en acusado contraste con la falta de recursos de los Estados miembros para adoptar un enfoque coordinado para combatir el tráfico de seres humanos. 
Todo el mundo está de acuerdo con que el problema de los controles, la acogida y las capacidades de repatriación de los países aumenta y que es necesario un enfoque común. 
Pero, a pesar de las buenas intenciones en Europa, la cooperación sigue siendo enormemente limitada. 
En lo que respecta a la política y la justicia, no conseguimos superar los reflejos nacionalistas. 
De este vacío se beneficia la delincuencia organizada. Si la Unión Europea sigue ampliándose el problema no hará sino aumentar. 
Los nuevos países son muy vulnerables por su posición para el tráfico de seres humanos. 
Además, su política y servicios jurídicos son todavía más deficientes que en los Estados miembros actuales. 
En nuestra resolución, en cualquier caso, abogamos por la aplicación del principio de solidaridad, y presentamos una serie de propuestas concretas para proseguir la cooperación en la lucha contra el tráfico de seres humanos. 
Si en el futuro queremos evitar dramas como el de Dover, es preciso garantizar la construcción del tercer pilar, y hemos votado con esperanza después del discurso del Presidente Chirac y de la declaración del Ministro Queyranne. 
Señor Presidente, yo también quiero empezar esta intervención diciendo que mis sentimientos por la catástrofe de Dover son profundos. 
No son, desgraciadamente, una novedad. 
Vivo en una zona de Europa a la que llegan todos los días, todas las semanas, los cuerpos muertos de algunos emigrantes del norte y del sur de África que no aparecen en las noticias porque, afortunadamente, todavía no mueren de manera masiva, sino como en un goteo. 
Dicho esto, estoy segura, como decía el Comisario Vitorino, de que la Unión Europea necesita una política común que permita gestionar la entrada legal de inmigrantes- teniendo en cuenta nuestra situación económica, social y demográfica- de una forma razonable, evitando la arbitrariedad y, sobre todo, acudiendo a las vías legales de inmigración en vez de a los traficantes de seres humanos. 
Creo que tenemos la responsabilidad de establecer un marco legal que permita hacer esto. 
Tenemos también la responsabilidad- y quiero subrayarlo aquí- de aplicar las leyes que ya existen en toda la Unión Europea y que regulan nuestro mercado de trabajo. 
Es indecente que haya personas que importan mano de obra y la usan impunemente. 
Para eso, no hay que desarrollar nuevas leyes de inmigración, hay, simplemente, que utilizar las que ya tenemos para regular el mercado laboral y castigar a los empleadores de trabajadores clandestinos. 
Hace un año, en octubre, que se adoptaron los acuerdos de Tampere. 
Yo espero que la Comisión haga todo lo que ha dicho el señor Comisario y que el Consejo esté a la altura. 
Este Parlamento estará entonces de su lado. 
Señor Presidente, es triste afirmarlo, pero va a haber más casos como el de Dover. 
No hace mucho hablábamos aquí sobre el tráfico de seres humanos en el Estrecho de Gibraltar. 
También acaban de referirse a ello. 
Sobre este tema hemos mantenido un debate sobre un barco con kurdos que fue a la deriva en la costa sur de Italia. 
Una y otra vez se habla de pánico por parte de las autoridades. 
Ya es hora desde luego de que se ponga en práctica una política. 
Porque esa es la verdad: cada vez que ocurre algo se anuncia la adopción de una política, pero ahora tenemos que hacer algo, porque sabemos que el tráfico de seres humanos sigue llevándose a cabo. 
Así pues, ¿qué debemos hacer? 
El ministro Queyranne y el comisario Vitorino acaban de decirlo. 
Debemos abordar las causas, debemos elaborar una política de asilo y inmigración común, debemos luchar contra la delincuencia transfronteriza, y debemos crear finalmente una vigilancia de fronteras en las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Pero quiero referirme también a otra cosa. 
Los propios dirigentes gubernamentales que estaban aquí esta mañana, bajo la dirección del presidente Chirac, pueden aportar su granito de arena ahora mismo. 
En Niza pueden acabar con el derecho de veto de la política de justicia europea. Así, después en el Consejo de Ministros de Justicia se podrá adoptar legislación sobre inmigración europea, por mayoría reforzada, como lleva pidiendo desde hace años este Parlamento. 
En cuanto a la política contra la delincuencia, es preciso señalar que en la lucha contra el tráfico de seres humanos no debe funcionar sólo Europol. 
Es necesario llegar a la armonización de la sanción de esta delincuencia a nivel europeo. 
El tráfico de seres humanos es por excelencia delincuencia transfronteriza y esto impide el seguimiento penal, y por consiguiente en este terreno es necesaria la creación de un ministerio público europeo. 
Señor Presidente, ya hemos hablado demasiado. 
Ahora tenemos que pasar a la acción. 
Señor Presidente, deseo sumarme a aquellos que han hablado de la tragedia de Dover y de las pérdidas de jóvenes vidas que allí se produjeron, pero también quisiera añadir mi repulsa por la actitud de muchas personas: bueno, y qué esperas, si corres el riesgo tienes que saber que puedes morir. 
Es una actitud cruel y sentenciosa que ha aparecido en muchos medios de prensa y que no nos ayuda a encontrar una solución. 
Si los gobiernos pretenden seriamente combatir este tráfico, aquí tienen tres aspectos en los que pensar. 
¿Cómo pueden las personas entrar legalmente en los países de la Unión Europea, en especial aquellos que proceden de países terceros que sufren la pobreza o la opresión? 
Segundo, ¿cómo podemos ganarnos la confianza de quienes pudieran aportar pruebas contra las organizaciones de traficantes?. 
Apruebo lo que se ha dicho esta tarde a este respecto. 
En tercer lugar, ¿de qué manera contribuyen las actuales políticas de la Unión Europea y de sus Estados miembros a crear refugiados? 
No deberíamos concentrarnos tanto en políticas disuasorias en nuestras fronteras. 
Es necesario que nos fijemos en la manera en que estamos contribuyendo al incentivo de abandonar el país. 
Tenemos que examinar las consecuencias, por ejemplo, de nuestra política comercial, de sus normas y reglas y de con quién comerciamos, de la conducta de las empresas con sede en la Unión Europea y de sus operaciones en otros países como Nigeria, de la venta de armas por los Estados miembros a regímenes represores. 
Si de verdad estamos pensando en el co-desarrollo, eso sería un gran paso adelante al que yo doy la bienvenida. 
Creo que deberíamos analizar el modo en que nuestras políticas de mercado abierto y frontera cerrada están ayudando a las fuerzas del mercado en el aumento del tráfico humano. 
Señor Presidente, cincuenta y ocho emigrantes chinos, que llegaron a Dover con la esperanza de una vida mejor, han muerto en condiciones atroces, entre cajas de tomates. 
De hecho, es un crimen cotidiano en todas las fronteras de la Unión Europea. 
No nos olvidemos de Yagine y Fodé, esos dos jóvenes guineanos que querían ver Bruselas, el verano pasado. 
Desde el principio de este año, decenas de jóvenes procedentes del Magreb han muerto ahogados al intentar alcanzar las costas españolas. 
Catorce kurdos se asfixiaron en las bodegas de un ferry en llamas en Patras. 
Decenas de albaneses y de tunecinos perecen antes de llegar a Italia. 
El balance es espantoso. 
Debería de ser intolerable para una Unión Europea que se enorgullece de basarse en la defensa de los derechos del ser humano. 
Entonces, ¿cómo detenerlo? 
Esta es la cuestión que se plantea. 
El debate abierto por el drama de Dover se centró en el tráfico de seres humanos y en la represión de las mafias que organizan las redes clandestinas. 
La industria de los pasadores es efectivamente floreciente. 
Se conoce desde hace mucho tiempo la existencia de redes criminales, como las tríadas chinas que sacan grandes ganancias del transporte de personas desesperadas hacia supuestos paraísos. 
Hace falta por lo tanto sancionar severamente no solamente a las redes mafiosas, sino también a los que sacan provecho del trabajo ilegal. 
En efecto no hay redes de inmigración sin redes económicas. 
En Francia, hay chinos indocumentados que se ven obligados a trabajar durante varios años en talleres de confección para pagar su viaje. 
Esos esclavos modernos proveen una mano de obra barata a sectores enteros de la economía. 
Algunos empresarios organizan de esa manera una deslocalización dentro del territorio europeo. 
El dogma de la mundialización liberal favorece la libre circulación de las mercancías y de los capitales, pero tiende a oponerse a la de las personas. 
La emigración, motivada por la opresión política o la miseria, no hace sino reflejar los desequilibrios planetarios, el síntoma de un abismo Norte Sur que se ensancha cada vez más, y la incitación a emigrar es tanto más fuerte cuanto que las imágenes de la prosperidad occidental invaden las pantallas del tercer mundo. 
Ahora bien, la libre circulación que estableció Europa es un derecho fundamental, pero está reservado solamente a sus naturales. 
Los no comunitarios, por su parte, han visto sus desplazamientos obstaculizados por el dispositivo de Schengen y el espejismo de la inmigración cero. 
Todo eso no ha hecho sino alimentar las formas de inmigración ilegal. 
Una respuesta estrictamente represiva a la cuestión de la inmigración consolidaría sin duda alguna el dispositivo fortificado de Europa, pero dejaría de lado lo esencial, la unión de los esfuerzos y los repartos a escala mundial. 
Entonces, un seminario, señor Ministro, ¿porqué no? 
Pero sí a una política de inmigración común que no se limite al control de las fronteras y a los controles suspicaces de los emigrantes en el territorio europeo. 
Sí a una política de inmigración común basada en el principio de la libertad de circulación y el mejoramiento del derecho. 
(El presidente quita la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, la muerte atroz de cincuenta y ocho emigrantes clandestinos chinos, descubiertos por los aduaneros británicos en Dover, pone en evidencia, en primer lugar, la fuerza de las presiones migratorias que se ejercen sobre los países europeos. 
Porque al fin y al cabo, esas personas venían de China, o sea del otro extremo del mundo, de un país que no tiene nada que ver con Europa y al que no podemos en ningún caso servir de aliviadero para solucionar sus problemas de pobreza. 
En un caso tan esperpéntico, la primera respuesta posible, a nuestro nivel, es la lucha contra la inmigración ilegal, y en especial contra las organizaciones de tipo mafioso que organizan ese nuevo tráfico de seres humanos. 
Ahora bien, nos asustan un poco las palabras del comisario Vitorino que declaró, el 20 de junio pasado, respecto al drama de Dover, que todo eso demostraba, entre otras cosas, la necesidad "de una verdadera política de admisión y de integración que rompa definitivamente con el fantasma de la inmigración cero". 
Los que mencionan el fantasma de la inmigración cero lo hacen, con demasiado frecuencia, desgraciadamente, para intentar justificar de antemano una política laxista. 
No queremos caer en esa trampa. 
Al contrario pedimos en prioridad que se ponga fin a esa inmigración, no solamente mediante una política de cooperación al desarrollo y de lucha contra las mafias, sino también mediante la intensificación de los controles en las fronteras exteriores y el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, que fueron suprimidos de manera inconsciente por las decisiones europeas de estos últimos años. 
Es, desde luego, muy probable que no se restablezcan controles fijos en la forma tradicional. 
Habrá que orientarse más bien hacia una red más flexible, organizada en torno a comisarías comunes implantadas a proximidad de las fronteras. 
Pero en cualquier caso, harán falta controles, ya que sino nos dirigiremos hacia una desestructuración progresiva de nuestras sociedades que, a decir verdad, sería del agrado de los enemigos de Europa puesto que concuerda demasiado con los objetivos de la mundialización. 
Señor Presidente, en el puerto de Dover el control de los camiones que llegan o que están en tránsito no llega al 5% y la inspección de los camiones no alcanza siquiera ese 5%. 
Entonces, ¿qué debemos hacer? 
Obviamente, debemos endurecer los controles, reforzar la presencia policial y, en consecuencia, ¿multiplicar por veinte para tener garantías de control? 
Y las respuestas del Consejo son siempre las mismas, son siempre estas: EUROPOL, EURODAC, cooperación policial. 
Señor Ministro, en representación del Consejo, usted a dicho que son dos cosas diferentes: la política de inmigración es una cosa y la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal otra. 
Esto no puede ser verdad, no es verdad y me parece que también las intervenciones de este Parlamento le dicen que no es verdad. 
Este Parlamento está a punto de aprobar un texto de compromiso- espero que lo haga- un texto que establece la correlación directa que existe entre la restricción de la inmigración y los beneficios que la delincuencia organizada obtiene de este tráfico, porque éste se basa precisamente en el sistema de la prohibición: cuando no existe una política de integración de la inmigración legal, cuando se necesitan meses para obtener los permisos de trabajo, cuando los informes de las Naciones Unidas nos dicen, por el contrario, que nuestras sociedades, nuestros Estados en Europa necesitarán cientos de miles de inmigrados regulares cada año que, en cambio, no pueden entrar no solo en los sectores altamente cualificados de las nuevas tecnologías, sino tampoco en los sectores de la mano de obra, de los restaurantes y de los servicios, cuando nos hacemos ilusiones de prohibirlo y de reprimirlo todo, nos arrastra, en cambio, la marea de la inmigración ilegal, criminal porque, de hecho, está prohibida por estas legislaciones. 
Respecto a este aspecto, creo que este Parlamento podrá tener fuerza para expresar una posición contraria a lo que usted, señor Ministro, ha dicho en este Pleno. 
Hoy estamos aquí por los 58 muertos de Dover. 
Como mi compañera Anna Terrón, yo también soy de un país, España, en el que desgraciadamente somos testigos de centenares de muertos y desaparecidos en el Estrecho de Gibraltar y en las costas andaluzas. 
Hay brotes de violencia y xenofobia en cualquier punto de la Unión Europea y, mientras aquí hablamos de una nueva sociedad globalizada en lo económico y de una nueva sociedad de la información, no nos damos cuenta de que también se han globalizado el crimen organizado, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico de drogas. 
Es decir, estamos hablando de una nueva forma de criminalidad y de esclavitud del hombre que nos recuerda a la época preabolicionista de los Estados Unidos. 
A los chinos, a los marroquíes, a los rusos, a los sudamericanos, los traen, los extorsionan y los asesoran las mafias. 
Esto responde a unas importantísimas organizaciones internacionales y está pidiendo a gritos la cooperación internacional contra una de las violaciones más vergonzosas de los derechos humanos; cooperación internacional de las policías y de los jueces a nivel europeo con la policía y los jueces de los países donde se originan los movimientos migratorios, que también son responsables del problema. 
Y si no disponen de estructuras administrativas, judiciales o policiales, tendremos que colaborar con ellos para que las tengan. 
En esto pueden jugar un papel importante los planes de acción a los que ha hecho referencia el representante del Consejo y que espero podamos debatir en el Parlamento con más transparencia que hasta ahora. 
Tenemos que dejar ya las palabras- como también se ha dicho -, porque con palabras no se arregla el problema. 
Tenemos que dotar de los medios necesarios a Europol, para que trabaje con eficacia, a los planes de acción, para que se puedan llevar a efecto, al fondo de refugiados y a nuestras fronteras, para que realicen los controles correspondientes; porque, desgraciadamente, sin medios económicos no se puede lograr nada. 
Lo demás es palabrería y demagogia. 
Señor Presidente, la tragedia de Dover fue uno de los incidentes más espantosos que cualquiera de los que estamos aquí pueda recordar. 
Una tragedia para la gente afectada, una tragedia para sus familias y sus amigos, pero también una tragedia para Europa y para el ideal europeo. 
En tanto que Parlamento europeo, debemos hacer todo lo posible por impedir que se repita. 
El Sr. Cappato habló hace algunos momentos de los controles en Dover. 
Pero las autoridades de Zeebrugge sabían que el camión en cuestión era sospechoso. 
Nunca habían oído hablar de la empresa que figuraba en el lateral del camión y el conductor pagó el ferry en efectivo. 
Por ello, alertaron a las autoridades portuarias de Dover. 
Si hubieran inspeccionado el vehículo en Bélgica algunas de estas vidas se podrían, sin duda, haber salvado. 
Agradezco al ministro su declaración franca y sincera. 
Ha hablado de los verdaderos culpables, los organizadores. 
Y, desde luego, tiene razón en que debemos luchar contra el crimen organizado y el tráfico global, pero identificar a los culpables es sólo una parte de la batalla. 
Debemos hacer más para apoyar a los países de los que procedían estas personas y para mejorar allí las condiciones. 
¿Podemos nosotros aquí, en Estrasburgo, imaginar siquiera la miseria y la desesperación que llevó a esas personas chinas a pasar meses viajando clandestinamente por medio mundo? 
¿Y sus perspectivas? 
Probablemente trabajar en restaurantes chinos satisfaciendo el deseo de los occidentales por la comida china. 
Y para conseguir esto tuvieron una muerte trágica y desesperada porque como europeos no fuimos capaces de ofrecer procedimientos comunes y factibles de asilo e inmigración y eso debe quedar en todas nuestras conciencias. 
Señor Presidente, el drama humano y los hechos ya son conocidos. 
Como lo señaló muy bien la Sra. Boudjenah, ya eran conocidos antes del drama de Dover. 
La voluntad política se expresa para indicar que ya sería hora de pasar de manera muy clara al acto legislativo normativo que identifique, detenga y sancione. 
Ni siquiera se sitúan dentro de la línea definida en el Consejo de Tampere. 
Las conclusiones de Tampere se refieren claramente a una solicitud de presentación, por parte de la Comisión, de un informe sobre la aplicación de las conclusiones del Grupo de trabajo sobre asilo y migraciones para el Consejo Europeo de diciembre 2000. 
Eso significa que dentro de seis meses ya tendrían que presentar un informe sobre lo que se ha hecho. 
Ahora bien, al oír su discurso, tengo la impresión de haber asistido no a una sesión del Parlamento sino a un coloquio exquisito y distinguido. 
Desearía que la Comisión vaya más allá, que tenga el valor, por una vez, de presentar propuestas y que esté a la altura de lo que le pide el Consejo de Ministros. 
Señor Ministro, si la Presidencia francesa se contenta en la próxima cumbre con hacer un balance, sin verdadera voluntad de analizar el informe de la Comisión, de decirnos si la Comisión está respetando su contrato con relación a Eurodac, y si la Presidencia francesa no tiene la posibilidad de presentar el calendario concreto de los procedimientos legislativos a aplicar en el ámbito europeo, y a implementar en cada uno de los Estados miembros, sufriremos otro fracaso, un fracaso que conducirá al mismo tipo de debate que hoy, a raíz de nuevas muertes. 
Todo el mundo se quejará y Europa no habrá progresado. 
Lo que de verdad pido es que esta Comisión se muestre a la altura, y que, dentro de la línea expuesta por el Presidente Chirac y el ministro Queyranne, se le presione suficientemente, que el trabajo que se le pide sea suficientemente preciso para que las políticas, los ministros y el Consejo tengan por fin la posibilidad de tomar decisiones. 
Señor Presidente, veo que todo el mundo aquí siente un hondo pesar, porque ya son más de 2000 los muertos fallecidos en los últimos cinco años. 
Lo qué si veo es que la OSCE, la OIM, el Consejo de Europa, la Comisión y el Parlamento, todos tienen buenas propuestas. 
No hacemos más que hablar, no hacemos más que elaborar textos, producir textos y podemos estar muy deprimidos, ser muy pesimistas, pero ésta es la primera vez que a nivel mundial se habla y se hace algo con respecto a este problema. 
Por lo general siempre estoy bastante esperanzado, pero también soy muy realista en dos aspectos. 
Realista en el sentido de que la práctica es distinta de la teoría. 
Por ejemplo, cuando repatriamos personas, por ejemplo, ilegales de Alemania a Polonia, hay que saber que algunos polacos después de dos horas ya tienen un billete de tren, obtenido de su patrón ilegal, para volver, porque ahí está su trabajo, porque ahí tienen su empleo, porque tienen dinero que pueden ganar en su país. 
En segundo lugar, el papel de la víctima. 
Por favor, no olviden el papel de las víctimas. 
Esto quiere decir una acogida, un documento de que pueden circular libremente. 
Y los chinos pueden hablar. 
Yo puedo hablar de ello. 
Tenemos chicas chinas y en general las mujeres hablan más que los hombres, porque las mujeres tienen menos vergüenza que los hombres en esta materia, tengo la impresión. 
Conozco chicas chinas con la cara deformada por un cuchillo. 
Siempre, siempre visible. 
Cuando vuelven, repatriadas a su tierra de origen, vuelven con el corte marcado en el rostro. 
No pueden volver. 
Dense cuenta de que nosotros podemos repatriar voluntariamente, pero no creo en esa libertad. 
Pienso que es demasiado difícil para algunas personas. 
Están muy esperanzados y quieren volver, pero piensen por otro lado en el papel de las víctimas. 
En Gran Bretaña, por ejemplo, en Dover, en el Reino Unido en conjunto no hay casas de acogida para las víctimas del tráfico de seres humanos, y sí que hay una buena legislación en esta materia. 
Por tanto, Europa es responsable de su propia legislación, de aquello que se puede hacer y de aquello que podemos hacer. 
Estamos en una posición privilegiada. 
Piensen en los países de los Balcanes, Ucrania, Lituania, todos los países que no tienen dinero y no tienen medios porque las ONG se han involucrado en una lucha de poder desigual. 
Y después la política que hay que decidir. 
Los servicios políticos. 
Por favor, asignen medios. 
La policía lucha en una guerra desigual. 
Señor Presidente, hay muertos que pesan como losas sobre nuestros corazones y sobre nuestras conciencias, muertos que piden una política europea de acogida, de derechos y deberes para los inmigrantes, una política que sepa decir: aquí nadie es extranjero, nadie es ilegal. 
Desde el año 1993, son 2.063 las víctimas, hombres, mujeres y niños, muertos para poder vivir: nuevos condenados de la tierra, muertos asfixiados en contenedores, ahogados en nuestros mares, suicidas en los centros de detención; responsabilidad de traficantes, hoy convertidos en redes internacionales, que hace que la Unión ponga en marcha una serie de medidas y la cooperación entre países para acabar con estas mafias; responsabilidad de una política que responde a las necesidades de las poblaciones migrantes con el cierre de las fronteras; una política de emergencia y de seguridad que provoca temor a la invasión. 
Sin embargo, las inmigraciones desde regiones cercanas o lejanas forman parte integrante de la historia europea. 
Se acabará con el tráfico ilegal haciendo frente a las causas de la desigualdad entre países ricos y pobres y practicando una política de cooperación y de desarrollo que permita a cada uno vivir como ciudadanos del mundo. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio y al Comisario sus palabras y sumar mi voz a tantos otros que han expresado su conmoción y su horror por la trágica pérdida de vidas que se descubrió en Dover. 
La comisión que tengo el honor de presidir ha dejado clara repetidamente su opinión de que necesitamos una política de inmigración europea. 
Esta tragedia que afecta a los que están desesperados por alcanzar nuestras costas- y, no se trata, desde luego, de un incidente aislado- pone de relieve la falta de una política de inmigración. 
Sabemos que el número de personas que intentan llegar a nuestro continente no están, de hecho, aumentando con el tiempo. 
Lo que ocurre sencillamente es que al cerrarse las vías legales, el sector privado ha pasado a utilizar las vías ilegales. 
En la cumbre de Tampere del año pasado, la Comisión recibió el mandato de empezar a avanzar hacia una política común y entiendo por mi reunión de la semana pasada con el Sr. Chevenement, Presidente en ejercicio del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que la Presidencia francesa va a lanzar iniciativas para tratar a las personas afectadas y para hacer frente a los transportistas de estas víctimas. 
El Parlamento Europeo desea ser consultado sobre estas iniciativas. 
Pero esto no es suficiente. 
¿Cuánto tiempo tardarán los gobiernos en darse cuenta de que van desnudos en este asunto? 
¿Cuánto tiempo tardarán en darse cuenta de que los delincuentes van muy por delante de ellos, y en desarrollar los métodos de cooperación policial que pongan fin a este tráfico infame? 
Estoy incluso tentado de sugerir que podrían utilizar cosas como el sistema escalonado para empezar a combatir a estos traficantes, pero eso puede ser bastante provocador para la votación del próximo jueves. 
Lo cierto es que deberíamos estar orgullosos de haber creado una sociedad tan atractiva que haga que la gente desee venir aquí y unirse a nosotros, pero quizás deberíamos también estar algo avergonzados de que nuestra política de ayuda al desarrollo no haya tenido más éxito en la reducción de los factores que empujan a la emigración en algunos de los países de origen. 
Hasta que tengamos éxito- y reconozco la labor de los grupos de trabajo de alto nivel- en la reducción de estos factores de empuje, deberíamos tal vez abrir un poco nuestras puertas. 
Puede, incluso, ir en nuestro propio beneficio, al rejuvenecer nuestra envejecida población y enriquecer nuestra propia cultura. 
Me complace escuchar que Canadá está entre los países invitados al seminario de la Presidencia. 
Podría ser aconsejable seguir el ejemplo de Canadá. 
Allí, las propuestas del gobierno liberal son cerrar la puerta trasera de la inmigración ilegal pero abriendo, a la vez, la puerta principal de una política de inmigración legal. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, creo que este debate permitió comprobar la existencia de un amplio consenso sobre las orientaciones de la Cumbre de Tampere, y en particular el tríptico, cuyo primer elemento son las relaciones con los países de origen, acciones de cooperación al desarrollo que cabe reforzar puesto que la inmigración se nutre de los desequilibrios, del deseo de poblaciones, privadas de empleo y de perspectivas, de dirigirse hacia países más ricos. 
El segundo elemento es la integración de los extranjeros en situación irregular, y, desde ese punto de vista, no creo que exista una política de inmigración cero para Europa. 
Parece irrealista. 
Debemos permitir que los extranjeros que están en nuestros países, en condiciones jurídicas acordes con el derecho de nuestros países, vivan sin ser objeto de discriminación y sean integrados. 
Por fin, el tercer elemento: hace falta luchar contra la inmigración clandestina, contra la inmigración ilegal, y en particular contra las redes. 
Comparto la opinión de muchos de los que se han expresado hoy, entre los cuales el Sr. Capatto: esas redes pertenecen efectivamente a la criminalidad organizada. 
Por lo tanto, debemos enfrentar a esas organizaciones internacionales, unas mafias poderosas que, precisamente, aprovechan los vacíos legislativos, las dificultades de cooperación y la muy fuerte demanda procedente de los países implicados. 
En el marco de nuestra Presidencia, podemos enriquecer las propuestas de este debate. 
Pienso en particular en la propuesta del comisario Vitorino de acuerdos de readmisión con los países de origen, China por ejemplo, para que el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual sea objeto de una incriminación específica. 
Pienso también que debemos trabajar conjuntamente en medidas concretas, en su calendario de aplicación, que ustedes reclamaron, e incluso en lo relativo al reglamento de aplicación de Eurodac, que debería de hacerse efectivo de aquí a finales del año, puesto que el Sr. Pirker me interrogó al respecto. 
Debemos en particular aprovechar este semestre para aclarar las orientaciones, en especial sobre las políticas de inmigración de Europa a largo plazo. 
Hemos previsto un Consejo informal, un Consejo JAI, que se celebrará en Marsella a finales de este mes, y hemos incluido esta cuestión en el orden del día. 
Además, el Presidente de vuestra Comisión, el Sr. Watson, debería de participar en ese debate a finales de este mes. 
Quiero añadir que los parlamentarios están invitados a las diferentes conferencias que se organizarán en ese marco. 
Señor Presidente, estoy convencido, a raíz de este debate, que hay solamente dos direcciones posibles para luchar contra la inmigración clandestina, y en particular contra sus formas de explotación, que todo el mundo denunció a través del drama de Dover, pero también contra otros sucesos, como los que se producen en el estrecho de Gibraltar y en las costas de varios de nuestros países: en primer lugar, mediante la armonización de las legislaciones, y luego mediante la intensificación de la cooperación. 
La armonizacion de las legislaciones porque impediría que se aprovechen las diferencias existentes entre los países en materia de derecho de asilo y represión, y por consiguiente la libre circulación, para burlar la vigilancia europea; pero también la intensificación de la cooperación porque estamos frente a unas organizaciones poderosas a las que nos debemos oponer. 
En mi opinión, le incumbe a Europa, mediante el trabajo del Consejo, de la Comisión, que puede enriquecer esas reflexiones, y del Parlamento, afirmar así nuestra concepción de la inmigración, una concepción equilibrada, humana, y garantizar de esa manera los derechos humanos frente al aumento de esa criminalidad organizada y del tráfico de seres humanos. 
. (FR) Quisiera en primer lugar expresar la opinión de la Comisión con relación al programa de Tampere. 
Quiero subrayar que la Comisión ya presentó, a raíz de Tampere, una cantidad significativa de instrumentos legislativos, para que sean discutidos por el Consejo y adoptados dentro de los plazos previstos por el scoreboard. 
Se trata no sólo del instrumento del reglamento Eurodac, sino también de la propuesta de decisión sobre el Fondo Europeo para los Refugiados, de la directiva sobre la protección temporal, de la revisión del Convenio de Dublín, que determina el Estado responsable del examen de las solicitudes, pero también, y además, de los resultados de la consulta sobre la definición de las normas comunes de procedimiento en materia de asilo. 
Creo que se podría incluso añadir que la Comisión presentó, en lo que se refiere a la inmigración legal, una propuesta de directiva sobre la reagrupación familiar. 
Lo hemos hecho en los seis meses que siguieron Tampere y de conformidad con el calendario adoptado en el scoreboard que la Comisión presentó al Consejo. La Comisión no está atrasada y el debate es complejo, pero ya está en curso en el Parlamento y en el Consejo. 
Creo entender por lo tanto por qué el Sr. Ducarme se declara decepcionado. 
Todos estamos decepcionados, la realidad nos decepciona pero debo decir- y quiero subrayarlo- que la Comisión presentó las propuestas previstas dentro de los plazos previstos. 
Usted me dijo que existen contradicciones en mi discurso en cuanto al plazo de fin de año para que el Consejo Europeo de Niza evalúe la política de asilo y de inmigración. 
Sobre este punto, le sugiero que averigüe más detalladamente cuales son los plazos de los que estamos hablando. 
Se supone que en Niza se hará una primera evaluación del trabajo del Grupo de alto nivel sobre asilo e inmigración. 
No se trata de la evaluación de la política de asilo y de inmigración. 
Se trata de los planes de acción del Grupo de alto nivel sobre asilo e inmigración y debo decirle que la Comisión está hoy más optimista que hace tres meses porque llegó a un acuerdo con los Estados miembros sobre las medidas, dentro de la perspectiva de la cooperación al desarrollo, que le correspondería a la Comisión aplicar en el marco de varias políticas comunitarias (política de derechos humanos, política económica, política de ayuda al desarrollo) , y sobre las medidas que deben adoptar los Estados miembros, con los cinco países de los planes de acción. 
¡El plazo de diciembre del 2000 al que me referí es otra cosa! 
No se trata del Consejo de Niza, es un plazo que se fijo en Tampere para la aprobación de un instrumento legislativo que establezca definiciones comunes, incriminaciones comunes y sanciones comunes para el tráfico de seres humanos, y más específicamente para el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual. 
La Comisión puede tranquilizarle: tanto la Presidencia francesa- y el señor Ministro acaba de decir que la Presidencia francesa había presentado una propuesta de instrumento legislativo, de decisión marco, para la incriminación del tráfico y de la actividad de los pasadores- como la propia Comisión, están en condiciones de respetar ese plazo y de presentar una decisión marco para la incriminación del tráfico de seres humanos. 
Me parece, por lo tanto que estamos presentando iniciativas, y cuento con el apoyo tanto del Consejo como del Parlamento para que se puedan concluir esos procedimientos legislativos dentro de los plazos previstos. 
Quisiera solamente añadir dos observaciones complementarias. 
La primera está dirigida al Sr. Berthu, que desafortunadamente ya no está aquí, para aclarar que cuando hablé del fantasma de la inmigración cero, es porque, a veces, ese argumento se utiliza como instrumento retórico, y por lo demás, resultaría bastante interesante comprobar que algunos de los responsables que utilizan la inmigración cero como instrumento retórico son los principales responsables de las políticas laxistas en materia de inmigración en lo que se refiere a la integración de los inmigrantes en las sociedades que los acogen. 
Cuando se denuncia el fantasma, o la retórica, de la inmigración cero, es para decir que existe una alternativa, y esa alternativa es una política proactiva de inmigración, que pone al frente de las preocupaciones comunes la integración de los inmigrantes legales en las sociedades de acogida, y la aclaración de los criterios y de los principios de una política coordinada de inmigración a escala europea. 
La alternativa es ésta, y- lamento decirlo -, no comparto la idea de que tenga que ser el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores por medio de comisarías comunes, que no estarían situadas en la frontera, sino a treinta kilómetros de ella. 
Finalmente- y ésa será mi segunda observación- me alegro de que en este debate se haya logrado un consenso muy amplio sobre la prioridad que hay que dar a la lucha contra la criminalidad organizada, y formulo un voto: que ese consenso se mantenga también cuando, llegado el momento, con el impulso de la Presidencia francesa y el apoyo de la Comisión y dentro de los plazos fijados en Tampere, se sometan a este Parlamento los instrumentos necesarios para luchar contra el blanqueo de dinero. 
Porque la lucha se debe llevar contra el blanqueo de dinero, por medio de un instrumento eficaz contra la criminalidad organizada. 
Ya no se trata de retórica, sino de lucha en el terreno mismo donde se debe ganar la batalla. 
Muchas gracias, señor Comisario António Vitorino. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Aprobación de la gestión 1998 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre las aprobaciones de la gestión. 
Como deben recordar Sus Señorías, el debate conjunto de esta mañana sobre la cuestión de la aprobación de la gestión a la Comisión no fue dado por concluido, porque faltaba la intervención final de la Comisaria Schreyer, aquí presente en este momento. 
Por tanto, con mucho gusto concedo la palabra a la Sra. Schreyer, con lo que daremos por concluido el debate conjunto sobre la aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, le agradezco que me conceda de nuevo la palabra, pues la sesión se interrumpió justo en ese momento, con motivo de la llegada del señor Presidente Chirac, que se retrasó un poco, aunque la conexión aérea entre París y Estrasburgo finalmente funcionó. 
Quisiera responder a algunas de las preguntas que se formularon en el curso del debate. 
La primera se refería al tema de la reestructuración del control presupuestario y cómo se va a concretar ésta. 
Sobre esta cuestión, puedo reiterar, en nombre de la Comisión, que por un lado se va a establecer el servicio de auditoría interno, con una dirección independiente y autónoma; durante el período de transición también se va a seguir manteniendo, obviamente, el control previo centralizado, concretamente con un enfoque de "gestión de riesgos" (risk management) , es decir, previa evaluación de los riesgos en los diferentes sectores. 
La segunda se refería a las cuestiones vinculadas con la exigencia de reembolso y también, en concreto, una vez más al caso Fléchard. 
La Sra. Morgan me preguntó si la Comisión está dispuesta a seguir respondiendo a los interrogantes en relación con este tema. 
Evidentemente, lo está y, en realidad, señora presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, yo estoy segura de que también en este ámbito conseguiremos establecer un procedimiento para el intercambio de información que permita superar las diferencias y las discrepancias de opinión. 
Otro tema que se mencionó fue el relativo a la localización del acta de la reunión de 1994. 
Yo quiero reiterarle al diputado que me ha hecho la pregunta que la OLAF está llevando a cabo una nueva investigación, que todavía no está cerrada, para localizar el acta en cuestión. No obstante, la Comisión, por su parte- y yo creo que esto es importante -, ya ha extraído las consecuencias y ha decidido reformar todo el sistema de archivo. 
Señora Theato, usted me ha preguntado cuándo se va a presentar la propuesta de un marco jurídico amplio para la lucha contra el fraude, en concreto; no sólo para mejorar la gestión financiera, sino explícitamente para combatir el fraude. 
La Comisión adoptó la semana pasada un documento estratégico sobre un enfoque amplio para la lucha contra el fraude, que seguramente también vamos a poder debatir muy pronto en la Comisión de Control Presupuestario, con cuatro líneas principales, a saber: en primer lugar, una línea de acción, con la propuesta de una normativa exhaustiva sobre la lucha contra el fraude, incluida también su prevención; en segundo lugar, la ampliación y consolidación de la cooperación con los Estados miembros, los Estados candidatos a la adhesión y los terceros Estados; en tercer lugar, la cooperación interinstitucional para combatir y evitar los fraudes desde la administración; en cuarto lugar, una mejora de la dimensión de jurídicopenal, de las consecuencias desde el punto de vista penal. 
En este contexto, puedo anunciarles que, según todas las previsiones, la Comisión va a adoptar todavía dentro de este mes una propuesta con vistas a la Conferencia Intergubernamental, por la que se completarían los Tratados europeos con una cláusula que permita la creación de una fiscalía europea. 
Esto responde justamente a una petición de la Comisión de Control Presupuestario al Parlamento, a la Comisión y naturalmente también al Consejo. 
Sabemos que esta propuesta está siendo objeto de controversias en el Consejo y no está encontrando demasiado apoyo. 
A la vista de ello, se debe contemplar que, si no se acepta dicha propuesta, va a ser necesario plasmar el Convenio, que todavía no se ha ratificado, en otro marco normativo, más concretamente en una directiva. 
Yo quiero agradecerles una vez más, en nombre de la Comisión, el debate que hemos mantenido esta mañana y también su cooperación crítica y asegurarles de nuevo que la Comisión va a emprender, y en parte ya ha emprendido, los pasos necesarios para mejorar la gestión en la ejecución del presupuesto de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señora Comisaria Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
LIFE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0172/2000) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0221/2000- 1998/0336 (COD) ) relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE). 
Señor Presidente, Señorías, se dice que cada época, cada generación produce la imagen que elabora de sus relaciones con la naturaleza. 
La concepción de las relaciones con la naturaleza está cambiando radicalmente en nuestra época. 
En adelante, no se pueden subordinar al lucro, al egoísmo y a la explotación. 
Hoy las políticas, sean cuales fueren, deben reflejar esa nueva filosofía de las relaciones del hombre y de las sociedades con el medio ambiente. 
Por eso, la Unión Europea ha sido precursora en la formulación de legislación en la esfera de la protección del medio ambiente y ha sido también un copartícipe decisivo en las negociaciones y acuerdos internacionales que versan sobre la protección global de la Tierra. 
La transposición de las directivas europeas a las legislaciones nacionales ha desempeñado- y sigue desempeñando- un papel decisivo en todos los países, en particular en Portugal. 
El programa LIFE es sólo un instrumento financiero al servicio de las políticas de medio ambiente de la Unión Europea y de los países vecinos, de los países bálticos, del Mediterráneo y de los países de Oriente. 
Pero no es ése el único instrumento financiero que tiene repercusiones en las políticas medioambientales: sabemos que la política regional y la política agraria- ésta en buena parte nefasta- tiene enormes repercusiones en el medio ambiente, los suelos y las aguas europeos. 
La aprobación de LIFE reviste innegable importancia. 
Después de muchas vicisitudes y un período de parálisis de los proyectos financiados por este programa, por fin la Presidencia portuguesa y el Parlamento Europeo formalizaron un acuerdo sobre la asignación presupuestaria, en particular, de 640 mil millones de euros para el período 2000-2004. 
Así, LIFE-III estará en funcionamiento antes de este verano. 
El acuerdo a que se llegó tiene grandes méritos, que se deben repartir equitativamente entre la Presidencia portuguesa- que ilustró más de una vez sus relaciones constructivas y eficaces con el Parlamento Europeo y su capacidad de mediación- y la delegación del Parlamento Europeo y, en particular, la Sra. Lienemann. 
Tampoco quiero dejar de acoger con beneplácito el acuerdo a que la Presidencia portuguesa y el Parlamento Europeo llegaron sobre un instrumento tan fundamental para la política de la Unión Europea en materia de medio ambiente como la Directiva-marco sobre la política del agua. 
Señor Presidente, el programa europeo LIFE es la iniciativa fundamental de la Unión Europea para la integración de medidas medioambientales en el amplio marco de las políticas de la Unión Europea. 
La Unión, en tanto que entidad política, tiene una obligación moral y jurídica de garantizar que se protege y fomenta un medio ambiente limpio, de acuerdo con el Artículo 130 del Tratado de Maastricht. 
De hecho, entre 1992 y 1992, la iniciativa LIFE cofinanció casi 1600 proyectos con una contribución total de la Comunidad de aproximadamente 2.100 millones de euros. 
Me complace especialmente que el programa europeo LIFE haya fomentado el uso de tecnologías más limpias y que también haya apoyado financieramente a muchos programas de reciclado de residuos. 
Si nos fijamos en Irlanda, más del 90% de nuestros residuos van a parar a vertederos. 
Me gustaría dar la bienvenida a las iniciativas adoptadas por el gobierno irlandés, entre las que se incluye no enviar a los vertederos el 50% de todos los residuos domésticos, reducir hasta el 65% los residuos biodegradables que se llevan a los vertederos, desarrollar mayores servicios de recuperación de residuos y reducir las emisiones de metano hasta en un 80%. 
También doy la bienvenida al hecho de que los Estados miembros hayan aumentado en 27 millones de euros la asignación al nuevo programa LIFE para los próximos cinco años y que la partida presupuestaria total destinada al programa LIFE vaya a estar en torno a los 640 millones de euros. 
Felicitaciones a la ponente. 
Señor Presidente, la política de la Unión Europea en materia de medio ambiente me sigue asombrando. 
Los Fondos estructurales están supuestamente reservados a los países que cumplen con las directivas ambientales, lo cual es una medida discriminatoria por excelencia. En cambio se puede, legalmente, añadir grasas vegetales al chocolate, utilizar OGM, transportar petróleo y sus residuos más tóxicos en cualquier barcucho podrido, que tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, y finalmente contaminar impunemente el litoral Atlántico. 
Busquen el error. 
En cuanto al programa Life, al que fueron asignados 640 millones de euros, dista mucho de ser un modelo de transparencia, lo que lleva a cuestionarse sobre la buena utilización de los fondos públicos. 
En febrero, les propuse, en vano, que los fondos utilizados para la compra de terrenos se reserven para las estructuras públicas, ya que, en nuestra opinión, el dinero público no debe servir para constituir un patrimonio privado de bienes raíces, ni siquiera con el pretexto de la protección del medio ambiente. 
Es también la opinión de la Comisión, que, al clarificar los criterios de elegibilidad de los gastos, en el marco de los Fondos estructurales SEM 2000, especifica que: "la responsabilidad de la compra de terrenos compete a una institución pública o un organismo sujeto al derecho público". 
Quisiera saber por qué las reglas que rigen los Fondos estructurales no se aplican a los fondos de Life. 
Formulé además seis otras propuestas concretas, de fácil ejecución, para limitar los conflictos locales y justificar la buena utilización del dinero público. 
Lamento constatar que no fueron tomadas en cuenta, y que la utilización de los fondos Life sigue siendo igual de opaca: criterios de elegibilidad mal definidos, operaciones más o menos dudosas y no concertadas, balances no publicados, ausencia de política de evaluación, etc. Por lo tanto votaremos en contra de ese informe. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, el nuevo reglamento del instrumento financiero LIFE ha entrado en su fase final. 
Los debates y el procedimiento se han alargado mucho, pero en el caso de este programa, a pesar de las críticas que aquí se han expresado, se puede aplicar el dicho de que "lo bueno se hace esperar". 
La propuesta originaria de la Comisión databa de diciembre de 1998. 
A pesar de que el nuevo reglamento de LIFE ya se ha debatido en dos ocasiones aquí en el Pleno, yo quisiera resaltar su importancia como programa de apoyo a la protección del medio ambiente. 
No se trata, en efecto, de la única medida de apoyo a favor del medio ambiente con cargo al presupuesto de la UE, ni mucho menos. 
En este contexto, permítanme que les recuerde, en particular, las elevadas cantidades disponibles en el marco de los Fondos estructurales, que son aplicables a la protección del medio ambiente en su calidad de objetivo transversal, o sea, con carácter general. 
También quiero recordar los gastos destinados al fomento del desarrollo rural, los gastos en el ámbito de la investigación disponibles para investigaciones medioambientales, los gastos destinados a la protección de las selvas tropicales y los gastos de fomento de las energías renovables. 
El programa LIFE tiene, sin embargo, unos objetivos específicos. 
Financia la creación de la red Natura 2000- otra medida que ustedes también apoyan -, subvenciona la incorporación de las consideraciones medioambientales en la planificación sobre el uso de las tierras de cultivo y subvenciona proyectos medioambientales en las regiones del Mediterráneo y del Báltico. 
El programa abarca un período de varios años (2000-2004) y los fondos disponibles se incrementaron de 613 a 640 millones de euros en el procedimiento de conciliación. 
En las negociaciones en este marco también se debatió sobre los comités que asisten a la Comisión en la ejecución del programa y en este contexto yo quiero recordar, en nombre de la Comisión, que a nuestro modo de ver no se han aplicado debidamente las disposiciones de la correspondiente decisión del Consejo, motivo por el cual la Comisión presentó una declaración sobre este tema al final del procedimiento de conciliación. 
Aun así, en conjunto predominaron, afortunadamente, los puntos de acuerdo y yo quiero expresar, en nombre de la Comisión y en particular de mi colega, la Sra. Wallström, nuestro sincero agradecimiento a la Comisión de Medio Ambiente, a su presidenta, Sra. Jackson, y muy especialmente a la ponente. 
También quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar, en mi calidad de Comisaria de Presupuestos, que sería un placer para mí poder debatir y discutir con la Comisión de Medio Ambiente el tema del presupuesto de la UE y la protección del medio ambiente. 
Espero poder informarles también muy pronto sobre los primeros proyectos aprobados en el contexto del nuevo programa LIFE 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Presupuesto 2001 (procedimiento de concertación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0184/2000) del Sr. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto de 2001 con vistas al procedimiento de concertación antes de la primera lectura del Consejo. 
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, una vez debatidas y decididas en la primavera nuestras orientaciones para el Presupuesto 2000, ha llegado ahora el momento de elaborar y formular la posición que nos proponemos mantener en el procedimiento de conciliación. 
Éste se iniciará el jueves con un diálogo a tres bandas y a continuación se procederá a una conciliación a partir de los resultados de dicho diálogo a tres bandas en la tradicional reunión de las delegaciones, coincidiendo con la primera lectura en el Consejo. 
Esta reunión tendrá lugar el 20 de julio. 
El nuevo Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión del 6 de mayo del año pasado sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario revisó nuestro antiguo procedimiento ad hoc. 
El presente procedimiento de conciliación ha pasado a ser el núcleo de la cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 
Dicho procedimiento incluye ahora dos ámbitos temáticos. Por un lado, el que cubría nuestro antiguo procedimiento ad hoc, esto es, los gastos agrícolas, los gastos derivados de los acuerdos de pesca y los gastos de la Política Exterior y de Seguridad Común con cargo a nuestro presupuesto europeo general. 
Sin embargo, por el otro lado, también se deben considerar todos los demás gastos. 
Al menos habrá que hablar de ellos y a ser posible llegar a un acuerdo al respecto. 
El procedimiento de conciliación ofrece, por lo tanto, tal como señala el Acuerdo Interinstitucional, un espacio en el cual poder continuar las conversaciones sobre la evolución global de los gastos y las orientaciones principales del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio presupuestario a la vista del anteproyecto de presupuesto de la Comisión. Ahora nos encontramos precisamente en este punto. 
Disponemos del anteproyecto de presupuesto de la Comisión y en nuestra resolución ofrecemos algunas indicaciones al Consejo para su primera lectura del presupuesto. 
Estas indicaciones son claras y explícitas. 
Una de nuestras máximas prioridades ha sido, es y sigue siendo el apoyo al proceso de paz y estabilización de los Balcanes. 
El año pasado ya subvencionamos un programa plurianual con este fin, con objeto de que la financiación de este proceso no se tenga que seguir resolviendo sobre la marcha, sino que se asiente sobre una base sólida. 
Ya se incluyó una cláusula inicial con este objeto en el Acuerdo Interinstitucional, de común acuerdo con el Consejo y la Comisión. 
En diciembre pasado redactamos además, en nuestra segunda y última lectura, una declaración común, junto con el Consejo. 
La Comisión propone ahora una modificación de las Perspectivas Financieras, un programa plurianual para los Balcanes occidentales y un anteproyecto de presupuesto basado en dicha modificación de las Perspectivas Financieras. 
Acogemos con satisfacción esta iniciativa de la Comisión, ya que consideramos que la modificación de las Perspectivas Financieras es absolutamente necesaria para cumplir los compromisos adquiridos por la Unión Europea en los Balcanes. 
Sin embargo, no creemos que debamos financiar la ayuda a Kosovo y los Balcanes exclusivamente mediante una reordenación plurianual de nuestras prioridades en el ámbito de la política exterior e introduciendo recortes en la cooperación con los países en desarrollo y la ayuda para los más pobres entre los pobres. 
Cuando se aprobó la Agenda 2000 ya aceptamos una reducción del 22% en la categoría 4, si bien sólo con la condición de que los créditos necesarios para Kosovo y los Balcanes se financiasen con "dinero fresco". 
En consecuencia, esperamos que el Consejo se aproxime a nuestra posición en este sentido constructivo en las negociaciones y que sea posible alcanzar un acuerdo antes de la primera lectura en el Consejo. 
Permítanme que exponga sólo unas pocas observaciones sobre los sectores incluidos tradicionalmente en el procedimiento ad hoc. 
Nosotros opinamos que la rectificación de los límites máximos correspondientes a la rúbrica 1a, Agricultura, pueden esperar hasta que la Comisión nos remita su nota rectificativa. 
Nos congratulamos de que la Comisión haya consignado el montante total disponible para la rúbrica 1b de conformidad con las Perspectivas Financieras. 
Esperamos que también pueda utilizarlo en su totalidad. 
El año pasado, el Parlamento defendió enérgicamente la rúbrica 1b. 
No somos tan inconstantes como para aceptar que ésta se modifique este año. 
Sin embargo, nos interesa mucho que los créditos previstos para la rúbrica 1b se contemplen en forma de créditos disociados. 
Por lo que respecta a los acuerdos de pesca, esperamos que la Comisión presente unos importes actualizados realistas antes de la primera lectura en el Parlamento, tal como hizo en anteriores procedimientos ad hoc, a fin de que podamos tenerlos en cuenta en aquel momento. 
Nos satisface la creciente comunitarización de la Política Exterior y de Seguridad Común, lo cual también significa su traspaso del segundo al primer pilar. 
No obstante, queremos indicarle con toda firmeza al Consejo que esto no puede traducirse, obviamente, en un progresivo recorte de nuestras posibilidades de financiar las medidas tradicionales en el ámbito de la política exterior. 
En cualquier caso, lo que nos parece absolutamente inaceptable es el intento del Consejo de financiar a los enviados especiales con cargo a su presupuesto. 
Estaba previsto que el "acuerdo entre caballeros" se aplicase únicamente al gasto administrativo. 
Los gastos de los enviados especiales son de carácter operativo. 
Si esta decisión se adopta sin el acuerdo del Parlamento, lo consideraríamos como un incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional. 
Con esto acabo mi exposición sobre las recomendaciones dirigidas al Consejo. 
En la resolución que se va a votar mañana se incluyen algunas más. 
Esperamos que el Consejo haga suyas nuestras reflexiones y nuestras decisiones. 
Señor Presidente, nos encontramos en una fase del presupuesto de la que puede decirse que es la calma antes de la tormenta. 
Es el segundo proyecto presentado por la Comisión y cabe realizar una serie de observaciones desde el punto de vista del sector agrario. 
Para empezar, el presupuesto europeo se separa en sentido negativo de las otras partes del mundo porque hay menos fondos públicos disponibles que en otras partes del mundo. 
En segundo lugar, el presupuesto queda por detrás del límite que se ha fijado, y espero que el Consejo lo cumpla, de lo contrario el Parlamento presentará propuestas al respecto. 
También llaman la atención otros aspectos. 
Debemos intentar conseguir un empleo eficiente de los fondos presupuestarios. 
Por una parte prevemos una transferencia de puestos, también en este presupuesto, ante lo cual cabe plantear la pregunta, ¿está garantizada la estabilidad relativa o de toda la Unión Europea? 
¿Hay suficiente adhesión a los debates sociales dentro de la Unión Europea, también en el terreno de los consumidores, del medio ambiente, del bienestar de los animales? 
De este tipo de asuntos es competente la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, también respecto de las propuestas que puedan presentarse. 
Esto se aplica también a las cualidades de la política y en este sentido también debe examinarse explícitamente si la política en sentido financiero contribuye a poner en pie un ámbito de alto nivel de vida en Europa. 
¿Se le dedicará la necesaria atención, se invertirán los medios financieros necesarios? 
Del informe y el dictamen de la Comisión de Agricultura se desprende que estamos satisfechos del aplazamiento del debate sobre los trescientos millones para la reconstrucción de los Balcanes. 
El debate se ha aplazado hasta octubre, pero hay una declaración muy clara de la opinión de la Comisión de Agricultura al respecto. 
El segundo punto es que, en vista de que cada año hay dinero excedentario del presupuesto agrícola, es posible emplear este dinero eventualmente para el año siguiente, reservarlo pero no devolverlo. 
El tercer punto es que, en particular para la política del campo, debe emplearse el dinero de manera más efectiva y también debe ejercerse más presión en los Estados miembros o la Comisión para que adopten con más rapidez planes que puedan ponerse en práctica de modo adecuado. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar, quiero darle las gracias a la ponente, Sra. Haug, por su excelente informe y por haber acudido a escuchar los puntos de vista de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Nuestra comisión hizo dos enmiendas a este informe. 
Por razones de horario de las reuniones, estas enmiendas se presentan al Pleno a través de mi propio Grupo, y espero que puedan ser aprobadas. 
En la enmienda 19, se recuerda que los programas de los Fondos Estructurales, las redes de transportes transeuropeas y las demás partidas presupuestarias en materia de transportes deben contar con recursos efectivos suficientes para que los programas puedan ser llevados a cabo con eficacia ya desde el principio. 
Así nos podremos librar de la gran factura de la fase final de los programas, tal y como ocurrió en el ejercicio anterior. 
La enmienda 20 está relacionada con las medidas innovadoras. 
El montante de los fondos debe mantenerse en el nivel que contemplan las decisiones adoptadas en Berlín. 
Cabe recordar que el Acuerdo Interinstitucional incluye el compromiso de que la reducción de los fondos en doscientos millones de euros, que fue practicada el ejercicio pasado, tendría que ser compensada durante el presente ejercicio. 
Nuestra comisión no propone la transferencia de los fondos de la iniciativa URBAN al marco de las medidas innovadoras, sino que los recursos de compensación deben ser buscados en otro ámbito. 
La importancia de la innovación ha sido resaltada tanto en la Cumbre de Lisboa, como en la Cumbre de Feira. 
Así pues, la innovación debe ser apoyada de forma suficiente. 
La aplicación práctica de las medidas innovadoras en el ámbito de los Fondos Estructurales no ha podido ser puesta en marcha debido a que los preparativos de la Comisión han ido muy retrasados. 
Nuestra comisión respalda la línea del informe de la Sra. Haug, línea que apoya el empleo y resalta la importancia de las PYME. 
La Comisión y los Estados miembros también deberían simplificar y agilizar los procedimientos de gestión de los Fondos Estructurales. 
Hay que prestar más atención al rendimiento de los proyectos ya desde la fase de aprobación de los mismos. 
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Exteriores somos- como en general lo es este Parlamento- firmes partidarios de la política exterior y de seguridad común y también respaldamos estos enviados especiales que actualmente aparecen consignados en el presupuesto de la Comisión. 
El que de alguna forma me vea obligado a mencionar los enviados especiales obedece a la insistencia puesta por el Consejo para trasladar la financiación de los enviados especiales al presupuesto de administración del Consejo. 
Quizá suene muy razonable, sin embargo, el problema radica en que con ello se pierde el acceso y el control existentes en lo que respecta a los apuntes incluidos en el presupuesto de la Comisión y por ello estoy de acuerdo, como aparece en el informe de la Sra. Haug, en la necesidad de insistir en que estas partidas presupuestarias destinadas a enviados especiales permanezcan en el presupuesto de la Comisión, porque con ello seguimos garantizando el acceso y el control parlamentarios y garantizamos que el Parlamento sea oído, informado, etc. No obstante, en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos sido tan constructivos que también hemos pensado en cómo podría hallarse una solución intermedia en el caso de abrir negociaciones con el Consejo y ésta puede leerse en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el informe de la Sra. Haug. 
Puesto que si el Consejo quiere que por encima de todo estas aportaciones aparezcan en el presupuesto del Consejo, existe también la posibilidad de que el Consejo celebre a cambio un tipo de acuerdo interinstitucional con nosotros, este Parlamento, en el que el Consejo prometa facilitarnos el mismo acceso, información, control, etc. que hubiéramos tenido de haber seguido figurando las aportaciones en el presupuesto de la Comisión. 
Ésta, señor Presidente, es la constructiva opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores y también me gustaría añadir que naturalmente insistimos en que el Consejo- cada vez que apruebe algo nuevo relativo a la política exterior y de seguridad común- debe comunicárselo al Parlamento Europeo, tanto se trate de gastos como de iniciativas. 
. (DE) Señor Presidente, el anteproyecto de presupuesto de la Comisión ha contiene pocas sorpresas para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
En mi calidad de ponente de opinión de dicha comisión, voy a resaltar únicamente, en el contexto del procedimiento de conciliación, tres aspectos de interés para nuestra comisión. 
El primero es el relativo a la campaña de información de la última fase previa a la introducción de los billetes y monedas denominados en euros. 
Es preciso aprovechar intensamente el tiempo que queda, es decir, que se debe otorgar la máxima prioridad a la campaña de información sobre el euro, PRINCE 2001. 
Justamente en la fase previa a la introducción de los billetes en euros, así como de la paridad de los tipos de cambio entre el euro y el dólar, es preciso evitar la posible incertidumbre de loa ciudadanos ampliando los servicios de información. 
Un segundo aspecto importante, en opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, son las directrices de Lisboa. 
Además de prever créditos y recursos tecnológicos suficientes para las PYME, también es importante apoyar programas y acciones destinados a mejorar la autofinanciación y los mecanismos de financiación externa de los encargados de impulsar las políticas de empleo de la Unión. 
Esto incluye el desarrollo de los mercados de servicios financieros, el apoyo a los fondos de capital de riesgo y también una especial atención a las nuevas empresas creadas por mujeres, tal como ya solicitó la Comisión de Asuntos Económicos en las orientaciones para el procedimiento presupuestario. 
El tercer aspecto que quiero señalar está relacionado con el debate sobre el personal. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, si la Comisión quiere cumplir las obligaciones que le asignan los Tratados en materia de control de las fusiones, controles antimonopolistas y ayudas estatales, debería otorgar una alta prioridad a la competencia en el contexto de las reestructuraciones de personal en ese ámbito. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, permítame que pase a exponer directamente aquellos aspectos que más preocupan a nuestra comisión. 
Casi se diría que la Comisión parece haber olvidado que en Lisboa nos comprometimos a procurar restablecer el pleno empleo en Europa, tal como ha vuelto a resaltar hoy, por primera vez desde entonces, el Presidente Chirac. 
¿Cómo se explica si no que se haya suprimido sin más la línea presupuestaria destinada al compromiso local a favor del empleo? 
Esto ciertamente me ha indignado. 
Sobre todo porque en el mes de abril la Comisión todavía difundió una comunicación en la que resalta la importancia de la dimensión local para la estrategia europea a favor del empleo. 
Dicha línea presupuestaria respondía a una iniciativa de esta Asamblea. 
Queríamos destinar más dinero al empleo y queríamos reunir durante tres años experiencias de proyectos en ese ámbito, con objeto de establecer a continuación un fundamento jurídico. 
Por consiguiente, desde luego no vamos a aceptar de ningún modo dicha decisión de la Comisión simplemente porque por ahora se les han agotado las ideas sobre posibles medidas innovadoras subvencionables en el marco del Fondo Social Europeo. 
Esperamos fervientemente que el Consejo se decante en este caso a favor del Parlamento y que se mantenga efectivamente esta iniciativa a favor del empleo. 
También es igualmente inaceptable y absolutamente incomprensible que la Comisión reduzca considerablemente las líneas presupuestarias destinadas a los programas de acción contra la exclusión social y la discriminación, concretamente en un 32% y un 18%, a pesar de que continuamente reivindicamos la cohesión social de la Unión Europea y esta mañana mismo se ha vuelto a debatir extensamente sobre el paquete de medidas antidiscriminatorias. 
Yo creo que la Comisión ya tiene claro que no vamos aceptar de ningún modo esta reducción y también en este aspecto confiamos en el resultado de las conversaciones conjuntas. 
En cualquier caso, yo aún espero que el Consejo y la Comisión modifiquen su posición con respecto a estos puntos, y lo mismo digo en lo que se refiere a las organizaciones no gubernamentales y a la línea presupuestaria destinada a la protección de la salud en el lugar de trabajo. 
Señor Presidente, la Comisión de Pesca ha venido reclamando el fortalecimiento de la política pesquera común también en su vertiente internacional. 
Es necesario respaldar a nuestro sector pesquero, ayudarle a situarse en un plano de igualdad con gigantes de la talla de Estados Unidos, Rusia o Japón. 
Como ponente de la Comisión de Pesca quiero expresar mi satisfacción por el apoyo de la Comisión de Presupuestos a nuestras propuestas sobre las organizaciones y los acuerdos pesqueros internacionales. 
En primer lugar voy a referirme a nuestra contribución a las organizaciones internacionales. 
En un mundo cada vez más globalizado, la Unión tiene que incrementar su presencia en estas organizaciones que rigen la pesca en alta mar por razones de prestigio, de buena gestión de los recursos y, sobre todo, de defensa de los intereses de nuestra industria y de sus trabajadores. 
En segundo lugar, a los acuerdos internacionales. 
Este semestre, marcado por la Presidencia francesa del Consejo, será decisivo para llevar a buen puerto la negociación de los que han concluido, entre otros el Acuerdo de pesca con Marruecos. 
Todos contemplamos con inquietud el prolongado amarre- siete meses ya- de la flota comunitaria que faenaba en el caladero marroquí. 
Este acuerdo es, con mucho, el más importante de la Unión Europea en este ámbito y nuestra primera prioridad: quinientos barcos, miles de pescadores sin trabajo y muchas comarcas paralizadas económicamente dependen de su renovación. 
Quiero felicitar a la Sra. Haug por su trabajo, que no ha sido fácil, y congratularme porque se han respetado los importes previstos por la Comisión para la financiación de los acuerdos a negociar en 2000 y 2001, entre otros, el de Marruecos. 
Entre tanto, su informe, señora Haug, se convierte en una señal clara de apoyo del Parlamento Europeo a los negociadores comunitarios y a los miles de familias europeas que esperan con impaciencia la conclusión de las negociaciones. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias por la excelente cooperación con la Comisión de Presupuestos. 
En segundo lugar, la Comisión debería ampliar de manera sustancial la cooperación al desarrollo con respecto al año anterior, porque tenemos 45 millones de niños en África sin educación básica y un número cada vez mayor de pobres en el mundo, mientras que este continente es cada vez más rico. 
Pero somos realistas. 
Queremos limitarnos a recuperar el nivel del 2000 y por tanto contrarrestar los recortes que la Comisión ha planteado a favor de la financiación de Kosovo. 
Ni más ni menos. 
Somos conscientes del amplio apoyo que tenemos en este Parlamento. 
En tercer lugar, el aspecto de la modernización del presupuesto, que es esencial. 
Esta quincena hablábamos de la aprobación de la gestión de 1998. 
No sirve de mucho la manera en que está organizado en este momento. 
La Comisión quiere introducir un nuevo enfoque, donde están previstos los programas regionales con objetivos claros y sectores y donde los objetivos sectoriales también están integrados y las líneas presupuestarias tienen una distribución más clara, con lo cual estamos en posición de asignar personal allí donde deben tener lugar las actividades. 
Este es un presupuesto modernizado y al mismo tiempo nos da la imagen de lo que hemos podido ver hace un momento en el informe del Parlamento o que verdaderamente podemos obtener los resultados que pretendemos en el presupuesto. 
En el presupuesto también se ha clasificado el presupuesto EOF, aunque no lo examinamos desde el punto de vista jurídico, sino en sentido programático, por lo que el total, como objetivo verdadero y claro, deja ver la lucha contra la pobreza en los diferentes sectores. 
Esperamos verdaderamente que a través de este enfoque, un enfoque moderno del presupuesto, una parte de la imagen negativa de la que justamente se ha quejado el comisario Patten, puede convertirse en una imagen positiva de una Europa que está abierta a la lucha contra la pobreza en este mundo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el debate del presupuesto para 2001 va avanzando. 
Y poco a poco se va entendiendo lo esencial de las posiciones de la Comisión, en particular a partir de su anteproyecto de presupuesto. 
Próximamente, el Consejo se pronunciará. 
Creo que en este complejo proceso, el Parlamento, al tiempo que va consensuando en el nivel interno sus posiciones para que pueda defenderlas con la máxima fuerza, debe exigir total claridad de las propuestas de la Comisión, así como objetividad a la posición del Consejo, y entonces avanzar en conjunto con su propia posición. 
Estamos, pues, en una fase de aclaración en la que debemos adoptar la postura de esperar para ver. 
Parece por ahora excusado amenazar, exhibir la fuerza del Parlamento o anunciar la totalidad de nuestras posiciones. 
Todos saben, o todos sabrán, de la importancia del Parlamento Europeo en el proceso presupuestario y lo importante que es consensuar este proceso. 
Entretanto, es preciso saber más sobre algunas cuestiones esenciales. 
Por ejemplo: 
prestar atención a la ejecución del presupuesto de 2000, en particular en la rúbrica 1, "Agricultura", tanto en su parte 1-A como en la 1-B; 
evaluar las reducciones propuestas por la Comisión en varios sectores de las políticas internas- rúbrica 3- teniendo en cuenta en particular la justificación para esas reducciones y sus efectos en las políticas previstas; 
promover un profundo análisis de las propuestas de reforma de la Comisión, incluidas sus necesidades de personal y su política de externalización; 
determinar las prioridades del Consejo y de la Comisión en cuanto a la política exterior- rúbrica 4- y aclarar la relación compromisos-pagos en dicha rúbrica, examinando detenidamente las razones del preocupante retraso de la materialización de los compromisos y verificando la calidad del gasto realizado; 
conocer en su integridad lo que se propone en el nuevo programa a favor de los Balcanes occidentales, Serbia y Kosovo incluidos, en particular en cuanto a su financiación; 
saber cómo se piensa financiar la política común de seguridad y defensa. 
Como se ve tan sólo con estos ejemplos, lo que falta saber va mucho más allá del debate sobre la financiación de los Balcanes occidentales. 
Por lo demás, sería un error reducir en el Parlamento Europeo el debate del presupuesto para 2001 a esta cuestión. 
Dos reflexiones finales: tomando como referencia las dotaciones para pagos, éstas se cifraron en 2000 en 1,11 % del producto nacional bruto de los Estados miembros y para 2001 se propone un valor inferior, correspondiente a 1,0 %. 
¿Tiene sentido pretender profundizar en el proyecto europeo y simultáneamente ir reduciendo año tras año el peso relativo del presupuesto de la Unión Europea? 
Ya ahora, teniendo en cuenta también los datos antes citados, ¿tiene sentido debatir la cobertura financiera de nuevas prioridades y poner incluso en entredicho algunas de las anteriormente establecidas y simultáneamente devolver a los Estados miembros importantes cantidades no utilizadas? 
Felicito a la Sra. Haug por su trabajo. 
Señor Presidente, todo lo que tengo que decir va dirigido al Consejo y aunque no haya nadie en sus bancos estoy seguro de que los esforzados escribientes transmitirán la información a la Presidencia y a todas las delegaciones del Consejo. 
Se observa en el informe Haug que el Parlamento desea encontrar una solución. 
Buscamos, de hecho, un acuerdo con el Consejo sobre el modo de lograr un buen presupuesto para finales de este año. 
Dejemos eso claro. 
No buscamos la confrontación, lo que buscamos es una forma de cooperar. 
Pero no se engañen pensando que no estamos preparados para adoptar decisiones difíciles si fuera necesario. 
Es muy difícil llegar a un acuerdo cuando el Consejo hace caso omiso del Artículo 20 del Acuerdo Interinstitucional. 
Desde que la Comisión publicó el Anteproyecto de Presupuesto, tenían la obligación de analizar con nosotros la revisión de las Perspectivas Financieras propuestas por la Comisión. 
No lo han hecho. 
Por dos veces les hemos solicitado un diálogo a tres bandas y se nos ha denegado. 
Eso hace que sea muy difícil. 
Y esto va a estar en el primer plano de nuestras conversaciones en el marco del diálogo a tres bandas de esta semana y en la concertación del 20 de julio. 
Con independencia de lo que vote el Consejo el 20 de julio seguiremos llamando la atención sobre este punto en otoño en el momento de nuestra primera lectura. 
Ya desde el primer diálogo a tres bandas de este año con la Presidencia portuguesa era evidente para todos la necesidad de un acuerdo entre las tres instituciones sobre la financiación para los Balcanes occidentales. 
Estoy seguro de que el Parlamento ya tiene una posición. 
La posición del Consejo es inferior a la nuestra en unos 200 millones, lo que supone que no nos vamos a poner de acuerdo y, a no ser que logremos un acuerdo, vamos a encontrarnos con el problema de cómo financiar las necesidades de categoría 4. 
Ahora parece que pudiera haber alguna posibilidad de volver a destinar fondos del programa MEDA para ayudar a resolver nuestro problema. 
El Consejo, una institución que nos dice que lo que se acordó en Berlín estaba sólidamente fijado, creo que tiene ahora un poco de cara al trasladar grandes cantidades de dinero del programa MEDA que se acordó hace 12 meses y darnos, a continuación, lecciones sobre lo que puede y lo que no puede moverse. 
Dicho esto, estamos, desde luego, dispuestos a escuchar al Consejo, a oír sus sugerencias y yo espero con ansia nuestro diálogo a tres bandas de esta semana y la reunión de concertación del 20 de julio. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero darle las gracias a la ponente, Sra. Haug, por su buen informe. 
El informe que nos ocupa se refiere a la posición preliminar del Parlamento sobre las negociaciones para concertar los presupuestos. 
Tal y como el Sr. Wynn ha indicado, en realidad los problemas afectan fundamentalmente a la categoría cuatro: Acciones Externas y Reconstrucción de los Balcanes. 
La Comisión presentó la primavera pasada el llamado programa CARDS para la reconstrucción de los Balcanes Occidentales, cuyo importe global es de cinco mil quinientos millones de euros. 
El programa ya ha sido financiado con 1.900 millones de euros, y del dinero restante se financiarían 1.400 millones de euros mediante reasignaciones a la categoría 4 y 1.800 millones mediante la transferencia de fondos desde la categoría principal, la agricultura. 
La cantidad a reasignar representa alrededor del cinco por ciento de la cantidad total de las cuatro partidas de esta categoría, de manera que esta reasignación puede ser técnicamente posible en caso de existir la suficiente voluntad política. 
En cambio, la utilización de los fondos agrícolas para la reconstrucción de Kosovo no es justa, ya que todos los ciudadanos de la UE deben participar en esa tarea colectiva, y no sólo el sector de la población que se dedica a la agricultura. 
Además, es difícil estimar las necesidades futuras de la agricultura, dado que la reforma de la Agenda 2000 acaba de empezar y que las negociaciones de la OMC están en su fase inicial. 
La propuesta de la Comisión sobre el programa CARDS está bien definida y nuestro Grupo la apoya. 
Los Estados miembros de la EU deben asumir la responsabilidad de la reconstrucción de los Balcanes, puesto que muchos Estados miembros apoyaron con entusiasmo las acciones militares y muchos Estados también participaron en las mismas. 
Si los países europeos no ayudan sincera e intensamente a los habitantes de los Balcanes en sus trabajos de reconstrucción, el resultado será la aparición de un rencor y de una amargura que pueden durar durante generaciones. 
El emprendimiento de acciones militares es una medida extrema, cuyas consecuencias también deben ser asumidas. 
Cuando se aprobó el Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento, en el que se incluyeron las perspectivas financieras para el período 2000-2006, ya se preveía que la reconstrucción de Kosovo podría exigir "recursos frescos". 
Esto se pone de manifiesto en el punto 3 del informe de la Sra. Haug. 
Sin embargo, el Consejo ha comunicado que no acepta ninguna revisión de las perspectivas financieras, ni siquiera entre las diferentes categorías. 
El programa CARDS es tan amplio que es imposible conciliarlo en el marco de las actuales perspectivas financieras. 
Quedan dos alternativas: bien se financia sólo una parte del programa, o bien se hace una revisión de las perspectivas financieras. 
El Consejo tiene la responsabilidad de la reconstrucción de los Balcanes. 
Si únicamente promete dinero sin estar dispuesto a pagar, su credibilidad como agente internacional se desvanecerá. 
En tal caso, el Parlamento deberá mantenerse dentro del marco de las perspectivas financieras, cosa que significará un recorte importante del programa CARDS. 
Señor Presidente, la Sra. Haug es ponente en una nueva situación. 
Por primera vez desde el acuerdo de Berlín se tratará antes de la primera lectura en el Consejo la revisión eventual de las perspectivas financieras. 
Mi Grupo acoge esta medida con satisfacción. 
La iniciativa de la Comisión es necesaria para poder financiar el pacto de estabilidad para los Balcanes. 
También apoyamos el plan de que de momento se reserven fondos para Serbia en la era post Milosevic. 
Debido a la postura del Consejo en las difíciles negociaciones del año anterior, hay muy poca confianza en las declaraciones políticas sin la correspondiente base de apoyo financiero. 
Pero, pese a elogiar el plan de la Comisión a grandes rasgos, quizá mi Grupo llegara a otras conclusiones en lo que respecta a la dimensión y el reparto de los recortes propuestos en la rúbrica de política exterior. 
Ahora la sociedad civil, es decir, las actividades de las organizaciones no gubernamentales, realiza proyectos de derechos humanos, representa proporcionalmente la mayor parte de la financiación, y eso me parece un método funesto para la estabilidad a largo plazo. 
Mi Grupo espera que el Consejo esté dispuesto a comprometerse constructivamente y a tomar la decisión prometida de destinar medios suficientes a las nuevas prioridades, como el pacto de estabilidad, sin la política existente, que por razones materiales se ha situado en un nivel bajo con objeto de hacer recortes sustanciales. 
Hasta el momento no parece que vaya a ser así, y es de lamentar. 
La credibilidad de la UE queda, pues, en entredicho, y eso me parece una mala base para un futuro desarrollo de la política exterior y de seguridad común de la UE. 
Señor Presidente, las subastas del espectro radioeléctrico incrementan los ingresos de los Estados miembros de una forma nunca vista. 
Al mismo tiempo, la reconstrucción de Kosovo, tras una guerra ilegal, es financiada de forma injusta y desleal en detrimento de los demás países destinatarios de subvenciones. 
Nuestro Grupo apoya la posición adoptada anteriormente por el Parlamento, según la cual el Consejo ha de acceder a revisar las perspectivas financieras, especialmente en lo que concierne a la categoría 4. 
Si se libra la guerra y se lleva a cabo la reconstrucción, ello no debe hacerse a costa de las prioridades previamente establecidas en los presupuestos. 
Apoyamos también la posición de la comisión parlamentaria, según la cual los gastos en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común son gastos en concepto de acciones de la UE, los cuales deben seguir incluidos en el presupuesto de la Comisión. 
Esto despejará el campo para aprobar la gestión. 
La Política Exterior y de Seguridad Común también debe pasar a ser objeto de aprobación de su gestión. 
En cambio, no apoyamos la línea del Consejo y de la Comisión, según la cual el centro de gravedad político no será, en modo alguno, dirigido hacia la lucha contra el desempleo. 
Señor Presidente, Señora Ponente, queridos colegas, tuvimos una mañana institucional con el Presidente Jacques Chirac, tenemos una tarde presupuestaria y, en realidad, es lo mismo. 
En primer lugar, el presupuesto: 93 mil millones de euros en créditos de pago representan un aumento del 5 %, cuando los presupuestos nacionales deben someterse a un régimen de austeridad. 
Pero no cabe duda de que el presupuesto agrícola europeo sabe de austeridad. 
A pesar de un aparente aumento del 7%, los ingresos agrícolas disminuyen y ese aumento del 7% es ilusorio. 
Es simplemente el paso de una política de apoyo a los precios a una política de apoyo a los ingresos. 
Vemos que se siguen distrayendo 300 millones de euros de los fondos agrícolas para la reconstrucción del Kosovo, lo cual es un escándalo, ¡como si los Balcanes hicieran parte de la PAC! 
Se amputa la PAC en beneficio de la PESC. 
Y cabe notar que eso se hace sin modificar los Tratados. 
Estamos aquí en el marco de un procedimiento de concertación que no está previsto en los Tratados. 
Funcionamos en el marco de un acuerdo interinstitucional de mayo de 1999, no previsto en los Tratados. 
Durante los últimos veinticinco años, los gastos no obligatorios pasaron de un 5% a un 45% del total de los gastos presupuestarios, sin que se hayan modificado los Tratados. 
Se ha hecho una revolución institucional, en beneficio de nuestro Parlamento, sin CIG. 
¿Qué significa eso? 
Que las instituciones se adaptan espontáneamente, que la Comisión Europea y el Consejo podrían funcionar con veinte o veintiuno lo mismo que con quince y que las soluciones se hallarían de manera empírica. 
Por lo tanto si en la CIG de Niza se quiere condicionar la ampliación a la profundización, no es más que un pretexto para retrasar la llegada de los países del Este, y en estos días, Polonia ha manifestado su descontento. 
En efecto, se sabe que la llegada de los países del Este provocaría una revolución presupuestaria, con más impuestos. 
En otras palabras, la revolución que nos espera en los diez próximos años en materia europea no es una revolución institucional sino unearevolución presupuestaria y fiscal. 
Señor Presidente, Señorías, en lo que a mí respecta, el informe Haug es un buen informe, sobre todo cuando aborda el que, en mi opinión, es un punto fundamental, o sea, el recorte de la agricultura. 
Éste es, a mí entender, un elemento negativo por lo que se refiere precisamente al recorte de la categoría 1, porque considero que la agricultura es un elemento básico en nuestra economía, en la economía de la Unión Europea. 
Cuando hablamos de relanzamiento del desarrollo, cuando hablamos de empleo, la agricultura es, sin duda, un factor fundamental, no porque algunos de nosotros tengamos que formar un grupo de presión en favor de la agricultura, sino porque ciertamente ésta no puede verse afectada. 
Éste es un punto que hay que recalcar, aunque, al mismo tiempo, ¿qué se subraya en este informe? 
La dificultad de poder encontrar fondos para esta increíble y, seguramente, importante intervención que hay que llevar a cabo en Kosovo. 
Pues bien, mi pregunta es la siguiente: ¿se puede llevar a cabo la intervención en Kosovo sin sacar fondos de las demás líneas de crédito que tenemos en nuestro presupuesto? 
Esto- es mi respuesta- es posible, se puede hacer sin tener que recortar las demás líneas de crédito, sin intervenir en sectores que, desde mi punto de vista, son fundamentales para el desarrollo de nuestra economía en el marco de la Unión Europea y, sobre todo, se puede hacer dando seguridad en términos económicos a los distintos sectores porque si no lo hacemos, a buen seguro, debilitamos el mercado europeo y el mismo euro frente a lo que está al otro lado, o sea, el dólar y la NAFTA. 
Por ello, si declaramos que tenemos una política presupuestaria, que llevamos adelante, que debe centrarse y, desde mi punto de vista, basarse en el relanzamiento del desarrollo, en el crecimiento de cada uno de los países, llevar a cabo intervenciones como las de Kosovo sin saber mañana qué intervenciones realizar en términos financieros sobre las líneas de crédito del presupuesto, es seguramente algo negativo. 
Por otra parte, el hecho mismo de que el Consejo cree un precedente al querer incluir dentro de sus líneas a los enviados especiales y todas nuestras intervenciones específicas, puede ser un hecho grave, que no debe ocurrir y que se ha de recalcar en términos negativos. 
A mí juicio, si conseguimos invertir esta tendencia, sin duda, haremos algo importante para nuestra economía, para nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, el Presupuesto 2001 no se debe elaborar a expensas de la agricultura. 
En este sentido, yo acojo con satisfacción el resultado alcanzado en la Comisión de Presupuestos, en virtud del cual se rechaza la introducción de un seguro propio obligatorio destinado a compensar las oscilaciones de los precios del ganado porcino. 
No obstante, debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que siga empeorando la situación en lo que respecta a los ingresos y, por consiguiente, al nivel de vida de la población ocupada en la agricultura. 
Nuestros agricultores no sólo son quienes producen nuestros alimentos, sino que también conservan nuestro paisaje. 
Si cierran sus empresas porque su trabajo ha dejado de ser rentable, nuestro paisaje también se empobrecerá progresivamente. 
Las consecuencias nos afectan a todos. 
Por esto debemos pronunciarnos decididamente en contra de cualquier tipo de recorte presupuestario a expensas de la agricultura. 
En Europa no se puede aplicar el principio de financiar a los pobres a expensas de otros pobres. 
Señor Presidente, Señorías, mi felicitación a la ponente por su informe. 
También la felicito por sus esfuerzos para llegar a un consenso, tarea muy difícil. 
En su informe hay un hecho irrebatible: la categoría 4, aprobada en Berlín, puede llegar a ser insuficiente si seguimos añadiendo financiaciones de nuevos compromisos. 
Por otra parte, las cifras de ejecución en los programas exteriores de la Unión son muy pobres, unas veces por culpa de terceros Estados y otras, la mayor parte, por culpa de la Comisión. 
Lo cierto es que las ejecuciones presupuestarias están muy por debajo del esfuerzo que se ha hecho en estos años para introducir estos programas en el presupuesto. 
Además, está el problema de los Consejos Europeos. 
Cada seis meses tenemos nuevos compromisos que financiar porque el Consejo ha identificado nuevas prioridades sin consultar al Parlamento. 
Todo esto va produciendo a lo largo del tiempo un desplazamiento de la decisión sobre los gastos no obligatorios hacia el Consejo, decisión y desplazamiento que no estaban contemplados en el Acuerdo Interinstitucional. 
En definitiva, quiero decir que la posición de Terence Wynn me parece muy coherente. 
Es lógico, porque es también el presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Creo que- como él dice- debemos ir al diálogo tripartito con una posición muy abierta. 
Es evidente que nadie consigue dar una estimación fiable de lo que hace falta en Kosovo. 
Es verdad también que si hay que recortar los programas exteriores hay que hacerlo con un criterio de linealidad y que si no se hace así alguien está asumiendo una grave responsabilidad. 
Señorías, el Acuerdo Interinstitucional es algo que debe mantener esta Casa. 
Si alguien peca de irresponsabilidad, Señorías, no quisiera que fuéramos nosotros. 
Señor Presidente, se veía venir, pero no deja de producir un cierto desasosiego, mezclado con aburrimiento, ver que de nuevo la tramitación del presupuesto europeo sigue la senda conflictiva típica de estos últimos años. 
Casi constituye un calco del procedimiento del ejercicio 2000. 
De nuevo, la insuficiencia de lo aprobado en Berlín, en marzo de 1999, para la política exterior hace crujir las cuadernas del presupuesto comunitario. 
Y la cortedad de miras del Consejo dificulta cualquier solución lógica. 
Más que un ciclo presupuestario, Señorías, parece que tengamos una noria presupuestaria. 
Mal que bien, la Comisión ha cumplido su compromiso de proponer un plan plurianual para los Balcanes. 
Pero, sinceramente, comparto bastante la crítica del Consejo en el sentido de que las cifras no parecen excesivamente fundamentadas. 
Y, como decía nuestro ex colega Lord Tomlinson, nada hay más caro que una comida entre los Ministros de Asuntos Exteriores: siempre están dispuestos a comprometer dinero sin mirar de dónde lo sacan. 
Pues bien, yo, sinceramente, creo que la propuesta está hecha un poco fuera de lugar e incluso con el reloj parado. 
Nos están aún proponiendo unos cambios de fondos destinados a la agricultura hacia la política exterior que no son aceptados ni siquiera por el Reino Unido. 
Imagínense. 
Por ahí no podemos avanzar. 
Y en cuanto a Serbia, nos proponen más de dos millardos de euros para el período. 
Yo les quisiera recordar, Señorías, que para hacer caer a Pinochet la Comunidad Europea gastó diez millones de euros. 
Diez fue nuestra contribución a la campaña contra Pinochet en el referéndum. 
Nos gastamos 40 millones al año para las fuerzas democráticas en Serbia y piden doscientos y pico más. 
Yo seré el primero, Señorías, que, cuando caiga Milosevic, estaré dispuesto a una revisión de las perspectivas financieras. 
Pero, mientras, olvidémonos de los doscientos millones anuales de aquí al final del período. 
No forcemos más la máquina. 
Señorías, yo no sé si el Consejo es consciente de la situación real. 
Si descarta, como ha descartado, movilizar dinero de la categoría 1A, Agricultura, para llevarlo a la 4ª, y no acepta ningún aumento del techo de la categoría 4ª para la política exterior, y todo hay que hacerlo por redespliegue, simplemente estamos ante una no revisión de las perspectivas financieras. 
Estamos simplemente ante un caso de procedimiento presupuestario en materia de gastos no obligatorios y, por lo tanto, lo máximo con lo que podríamos encontrarnos es con que el Consejo no haya cumplido el artículo 20 del Acuerdo Interinstitucional. 
Señor Presidente, agradezco esta oportunidad de hacer algunos comentarios generales sobre el presupuesto de 2001. 
Con respecto al presupuesto de pesca, veo que se propone un aumento del 27% de la financiación destinada a acuerdos internacionales. 
Se trata de los acuerdos del sur con terceros países que permiten a los barcos de la UE pescar en las aguas de Marruecos, Mauritania, Argentina y otros lugares. 
Debo recordar a la Cámara que estos acuerdos le cuestan en la actualidad a los contribuyentes europeos 269 millones de euros al año y que benefician principalmente a las flotas pesqueras de España, Portugal y Francia. 
Estos acuerdos del sur se calculan siempre atendiendo a un criterio de dinero por pescado, mientras que, en cambio, en los acuerdos del norte se realizan con un criterio recíproco. 
Esta disparidad entre los Estados miembros del norte y del sur es evidente tanto en la PAC como en el presupuesto de la PPC. 
Por ejemplo, la Comisión ha anunciado recientemente el recorte arbitrario en las ayudas a la exportación, lo que le va a costar a la industria escocesa del whisky alrededor de 32 millones de euros anuales. 
Su explicación fue simplemente que la industria del whisky escocesa es rica y que, por tanto, no necesita subvención alguna. 
¿Por qué descubrimos, entonces, que tiene previsto aumentar las subvenciones a los productores vinícolas en un 64,5 % el próximo año, con lo que el presupuesto ascendería a más de 1.000 millones de euros? 
¿Por qué se le concede a la industria del aceite de oliva un aumento del 8.9 %, que hace que reciba casi 2.500 millones de euros para el año que viene, y, lo que es más chocante, ¿de qué modo puede justificarse que se les conceda a los productores de tabaco un aumento del 2,8 % haciendo que sus subvenciones alcancen los 1.000 millones de euros cuando sabemos que los productos del tabaco matan a medio millón de nuestros ciudadanos todos los años? 
Mientras tanto, el amenazado sector lácteo cuyos productores sufren en toda la UE van a recibir un aumento de fondos insignificante de sólo el 0,3 %. 
Hagamos que el presupuesto sea para todos los ciudadanos de la UE y no sólo para los Estados miembros de la UE del sur. 
Señor Presidente, Señorías, la finalidad del debate de hoy- tal como ha expuesto la ponente- es completar los preparativos para la primera lectura del Consejo del Presupuesto 2001, que tendrá lugar el 20 de julio, y concretar, sobre todo, los resultados en lo que se refiere a los gastos obligatorios, o sea, los gastos correspondientes a los mercados agrícolas, al sector pesquero, a los acuerdos de pesca, y a las propuestas en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
Es decir, que esta semana tenemos la posibilidad de marcar el camino con vistas al diálogo a tres bandas. 
Allí probablemente se debatirán en primer lugar los porcentajes generales de incremento del Presupuesto 2001 con respecto al del ejercicio 2000. 
La propuesta de la Comisión- permítanme que lo repita-prevé un incremento del 5% en los créditos de pago y del 3,9 % en los créditos de compromiso. 
No fue sencillo alcanzar este resultado, ya que hubo que acomodar las necesidades adicionales en el contexto del Pacto de Estabilidad y la Agenda 2000 prevé un incremento muy elevado en el ámbito de la política agrícola. 
En su primer examen previo en la Comisión de Presupuestos, el Consejo propuso incrementar sólo en un 3,5 % los créditos de pago y en un 2,8 % los créditos de compromiso. Evidentemente, dada la magnitud de la parte correspondiente a los gastos agrícolas, una reducción de ese alcance sólo es posible si también se introducen recortes en los gastos agrícolas con respecto a la propuesta de la Comisión. 
De hecho, me asombra constatar que la Comisión de Presupuestos del Consejo ya ha introducido reducciones más importantes en el ámbito agrícola que las que preveía la Comisión, concretamente de 500 millones de euros. 
Esto resulta asombroso a la vista de los debates públicos que se desarrollaron sobre la propuesta de la Comisión. No obstante, ahora falta saber, naturalmente, si ante tales previsiones de ahorro, existe la voluntad de aplicar el mismo criterio en otros sectores. 
Esto afecta a los interrogantes pendientes en lo que se refiere a las ayudas en el ámbito de la política exterior. 
En este contexto, el Consejo propone una reducción en los créditos de compromiso del orden de 400 millones de euros con respecto a la propuesta de la Comisión. 
La Comisión opina que esta propuesta denota una falta de perspectiva política, habida cuenta de las tareas pendientes en el ámbito de la política exterior. 
La Comisión acoge, ciertamente, con satisfacción el apoyo del Parlamento en lo que respecta a la política en los Balcanes y yo también quiero agradecerles sobre todo la consulta organizada desde el Parlamento, que a mi parecer permitió identificar algunos hecho esenciales. 
El Consejo dice que concede una gran prioridad a la política en los Balcanes, pero su propuesta de financiación es, sin embargo, insuficiente a mi modo de ver. 
La Comisión ha señalado que se reduce la ayuda para Bosnia, por ejemplo, y que las sumas previstas para Albania y Montenegro tampoco son precisamente copiosas, sino que a nuestro parecer sólo se cumple un compromiso. 
También tenemos que prever los créditos necesarios para financiar los compromisos todavía pendientes en Kosovo y que ahora, con la nueva Agencia de Reconstrucción, afortunadamente se podrán cumplir debidamente, de manera que podamos desarrollar una política eficaz allí, puesto que ésta dará justamente la medida de la política exterior común de la Unión Europea. 
Quisiera referirme brevemente al tema de los acuerdos de pesca. 
En 2001 nos encontraremos, de hecho, ante una situación particular en este ámbito, ya que se deben renegociar o prorrogar numerosos acuerdos y todavía no está claro cuándo van a quedar cerrados los nuevos acuerdos y cuáles serán las nuevas sumas acordadas. 
Esto puede inducir fácilmente a prever una dotación demasiado baja de esas partidas presupuestarias. 
No obstante, yo creo que también existe un respaldo a favor de la propuesta de la Comisión de que no se prevea una dotación excesivamente baja. 
La Comisión va a presentar en octubre sus nuevas estimaciones de los gastos necesarios y entonces se podrán hacer seguramente previsiones más exactas que ahora. 
En sus intervenciones, ustedes se han referido al hecho de que existen discrepancias muy serias justamente en lo que se refiere al tema de la modificación de las Perspectivas Financieras. 
En nombre de la Comisión, yo puedo repetir que, a nuestro parecer, las tareas en los Balcanes, que aún no era posible contemplar en la planificación financiera del año pasado, son tan importantes que justifican una adaptación de las previsiones. 
Yo les aseguro que el objetivo no es que se apruebe una modificación de las Perspectivas Financieras cada vez que surja una nueva necesidad, pero la Comisión lo considera justificado cuando se plantean nuevas tareas adicionales importantes. 
Quisiera insistir asimismo, en nombre de la Comisión, en otro punto relativo al ámbito de la política exterior. 
Nosotros propusimos que en el Presupuesto 2001 se consignasen 30 millones para el Fondo de Respuesta Rápida, cuya finalidad es la prevención no militar de las crisis. 
El Consejo propone que esta previsión se reduzca en 10 millones y que se incrementen, como contrapartida, en 10 millones las previsiones para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La Comisión opina que no deberíamos debilitar ya de entrada el instrumento del Fondo de Respuesta Rápida, de control no militar de las crisis. 
También quiero señalar lo siguiente con respecto al informe de la Sra. Haug: usted vuelve a recordar que la Comisión debe presentar las propuestas anunciadas, bajo la denominación común de la "externalización", con vistas a la administración de la política exterior. 
Yo quiero repetir que estamos trabajando muy intensamente en la búsqueda de una solución que permita concentrar en el futuro el ciclo de los proyectos en un solo organismo, sobre todo con objeto de poder reducir- esta es también una de mis principales aspiraciones- el tiempo que media entre las promesas en el ámbito de la política exterior y el momento en que realmente empieza a fluir el dinero. 
Yo quiero agradecer muy sinceramente el trabajo de la ponente y de la Comisión de Presupuestos y espero que también aprovechemos las próximas semanas para encontrar tal vez más puntos en común que diferencias, de manera que podamos comenzar con buen pie las negociaciones presupuestarias. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0532/00). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo, representado por el Sr. Moscovici, ministro de Asuntos Europeos, y al que muchos de ustedes conocen en su condición de antiguo diputado al Parlamento Europeo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0518/00): 
Asunto: Política Exterior y de Seguridad Común En vista del desarrollo inminente de una Política Exterior y de Seguridad Común en el Tratado, ¿qué disposiciones se propone adoptar la Presidencia para garantizar que se informe y se consulte debidamente al Parlamento en este ámbito? 
En especial, ¿cuándo estará dispuesto el Ministro de Defensa, Sr. Alain Richard, a comparecer ante el Parlamento durante un período parcial de sesiones? 
. (FR) El artículo 21 del Tratado de la Unión Europea estipula que la Presidencia debe consultar al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común y procurar que los puntos de vista del Parlamento Europeo sean debidamente tomados en cuenta. 
Pueden estar seguros de que la Presidencia francesa se atendrá escrupulosamente a esas disposiciones. Eso se aplicará en particular para los últimos desarrollos de la política exterior y de seguridad común, después del Consejo Europeo de Feira y con vistas al de Niza. 
Ustedes saben que la política exterior y de seguridad común es una de las principales obras pendientes y una de las prioridades de la Presidencia francesa, como lo declaró antes ustedes esta mañana el Presidente de la República, el Sr. Jacques Chirac. 
Como ya lo dio a conocer, el Sr. Alain Richard, ministro de Defensa, tiene previsto intervenir ante el Parlamento Europeo en unas fechas que aún quedan por fijar. 
Aclaro que Hubert Vedrine o yo mismo seremos interrogados cada mes por la Comisión de Asuntos Exteriores, en la tarde del martes después del cierre del Consejo de Asuntos Generales. 
Podremos, de esa manera, mantener al Parlamento Europeo informado sobre esos problemas de defensa. 
Gracias, señor Ministro, por su primera respuesta durante su Presidencia. 
Me complace especialmente el que podamos ver aquí al Sr. Richard. 
Es de extrema importancia que el crecimiento de nuestra política europea de seguridad y defensa cuente con un total respeto y apoyo público, y un examen parlamentario firme y creíble es, sin duda, el modo de avanzar. 
. (FR) Quiero solamente confirmar la total disponibilidad del Gobierno francés, y en particular del ministro de Defensa, para discutir muy libremente esos asuntos ante el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en la Cumbre de Feira de hace dos semanas se llegó al acuerdo de que la llamada flexibilidad será incluida en el orden del día de la CIG. 
Sin embargo, el Consejo Europeo no ha determinado con precisión de qué forma se piensa hacer posible que la flexibilidad afecte también al segundo pilar, o sea, a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Quiero preguntar cuándo el país que ostenta la Presidencia va a presentar su propio punto de vista sobre la forma de llevar a cabo la cláusula de flexibilidad de tal modo que afecte al segundo pilar. 
En el supuesto caso de que esto ocurra, ¿quedarán excluidos automáticamente los Estados miembros que no pertenecen a la OTAN de las decisiones adoptadas sobre una base de flexibilidad, a través de las cuales una parte de los Estados miembros probablemente avanzará con más rapidez hacia una defensa común? 
Me remito, en particular, a las declaraciones hechas la semana pasada por el Ministro de Defensa del país que ostenta la Presidencia, Sr. Alain Richard, en las que expresó su preocupación por el hecho de que también los países neutrales están empezando a participar de lleno en los proyectos de desarrollo del segundo pilar. 
. (FR) Usted sabe, Señora Diputada, que la cuestión de las relaciones entre los países miembros de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN ocupó gran parte de las discusiones en la Cumbre de Feira y que está en vías de encontrar una solución satisfactoria. 
En cuanto a la flexibilidad sobre el segundo pilar, deje quizás que la Presidencia se encargue de la Conferencia Intergubernamental, lo que hará a partir del Consejo de Asuntos Generales del próximo lunes 10 de julio. 
Así podremos ver cuales son las posiciones al respecto. 
Le recuerdo que la labor de la Presidencia consiste en llevar a cabo la CIG y no en afirmar las posiciones de tal o tal Estado miembro. 
Me complace mucho ver aquí al Presidente en ejercicio, antiguo diputado de este Parlamento. 
¿Propondrá, en el Tratado de Niza, o en las negociaciones que conduzcan al Tratado de Niza a finales de año, la codecisión entre el Parlamento y el Consejo en los asuntos de Política Exterior y de Seguridad Común? 
Ésta ha de ser la Cámara baja, según nos ha dicho el Presidente de la República esta mañana, y si queremos que la opinión pública esté con nosotros en las cuestiones de seguridad y defensa, necesitamos una posición adecuada. 
Por tanto, ¿está de acuerdo en que la codecisión sea el modo de proceder en este ámbito de la política? 
. (FR) Permita, Señor Diputado, que me atenga a mi respuesta anterior. 
Yo recuerdo a los señores diputados en general que debemos hacer preguntas, para eso es el turno, y que el Presidente en ejercicio del Consejo, conforme a su criterio, contesta a las preguntas. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0519/00): 
Asunto: Transporte de agua de Francia a España y gestión sostenible de recursos hídricos Francia tiene intención de promover el proyecto de un acueducto que transportaría las aguas del Ródano hasta Barcelona con la participación de la Société Lyonnaise. 
Las aguas servirían para fomentar la agricultura intensiva de regadío de Cataluña. 
Dicho proyecto es contrario a cualquier política de gestión sostenible de los recursos hídricos a nivel regional. 
¿Tiene el Consejo conocimiento de este proyecto? 
¿No considera el Consejo que semejante política se opone al principio de cautela y acción preventiva en el ámbito del medio ambiente del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (art. 174) dado que exime a los consumidores de toda responsabilidad respecto al agua transportada de otro lugar? 
¿Qué medidas pretende tomar el Consejo para que se desarrolle en la Unión una política de gestión sostenible de los recursos hídricos y para que los proyectos de transporte de agua a larga distancia no pongan en peligro el equilibrio ecológico de las regiones afectadas? 
. (FR) Existe efectivamente un proyecto, unos estudios relativos al transporte de las aguas del Ródano hacia Cataluña. 
Pero ese proyecto no compromete, por lo menos en esta fase, a las autoridades francesas, ni tampoco a las españolas. 
Por otra parte, existe una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el marco de una política comunitaria en el ámbito del agua. Acaba de ser adoptada en procedimiento de conciliación el 29 de junio del 2000. 
Cabe notar que el proyecto de esa directiva marco tiene como objetivo, entre otras cosas, la preservación, la protección y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente, así como la utilización prudente y racional de los recursos naturales. 
Fija los principios básicos de una política sostenible del agua en la Unión Europea y se basa en los principios del Tratado, en especial los de precaución, de acción preventiva y de reducción en la fuente de los daños al medio ambiente como prioridad, así como en el principio de quien contamina paga. 
Es preciso notar que ese proyecto debería de aplicarse tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas y tiene por objeto prevenir cualquier nueva degradación, fomentar una utilización duradera basada en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles y contribuir a atenuar los efectos de las inundaciones y de las sequías. 
El proyecto tiende a lograr el buen estado de todas las masas de agua por medio de une serie de medidas que deberán tomar los Estados miembros de acuerdo a un calendario determinado. 
Por lo tanto cualquier proyecto de transporte de agua a larga distancia tendrá que tomar en cuenta los objetivos antes mencionados. 
Por otra parte, cabe hacer notar que cualquier iniciativa de ese tipo debe obligatoriamente ser sometido a una evaluación a la vez socio-económica y medioambiental. 
Gracias por esa respuesta, señor Ministro. 
Sin embargo, ya que fue detallada, usted debe de disponer de datos adicionales, y el hecho de que haya hablado de estudios ya realizados me preocupa, porque que, efectivamente, hice esa pregunta puesto que algunos ciudadanos españoles y franceses nos han alertado acerca de esa cuestión, y nos han pedido información complementaria, porque ya ha sido discutida aquí, en el Parlamento Europeo, que la rechazó, precisamente en el marco de la directiva sobre el agua. 
Pero usted sabe que en todas las directivas hay excepciones, y ese transporte podría muy bien hacer parte de ellas. 
Quisiera por lo tanto que me confirmara que ese proyecto no será objeto de una excepción sin que se haya realizado un estudio de impacto y que los parlamentarios europeos hayan sido advertidos. 
. (FR) He situado claramente ese proyecto en un marco global y general, y he recordado también que, en su fase actual, no comprometía ni a las autoridades francesas ni a las autoridades españolas. 
Es evidente que en cuanto disponga de elementos adicionales, se los haré llegar al Sr. diputado. 
Por lo demás, recuerdo mi conclusión, a saber que hace falta garantizar, y confirmar, que cualquier iniciativa de ese tipo sea obligatoriamente objeto de una evaluación socio-económica y medioambiental. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, al tratar la Directiva marco sobre el agua, se expresaron y aparecieron temores en cuanto a que, más adelante, fuera posible en la UE el trasvase de aguas de un Estado miembro a otro en contra de la voluntad del país que originariamente tenía el control del agua. 
¿Considera el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo que sería posible la existencia de este escenario amenazador, y cree que sería necesario proteger a los Estados miembros contra el mismo? 
. (FR) A decir verdad, no tengo ningún elemento adicional que añadir a mis respuestas anteriores. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0525/00): 
Asunto: Radio digital ¿Está de acuerdo el Consejo en que un respaldo político a la radio digital, similar al concedido a la tecnología de la telefonía móvil y a la televisión digital, contribuiría a aumentar la confianza en el futuro de la radio? 
. (FR) Sólo puedo decir, en respuesta a la pregunta del Señor Diputado, que en ausencia de una iniciativa de la Comisión, que no debería de tardar, el Consejo aún no ha definido su posición en esa materia. 
El Parlamento Europeo celebró hace pocas semanas una audiencia con representantes del país del Sr. Ministro y de mi propio país. 
Los representantes de la industria de la radio dejaron allí muy claro que la radio digital es un sector de los medios de comunicación que no se está desarrollando con la rapidez y eficacia que podría hacerlo, y la sensación era que faltaba respaldo político. 
Me gustaría pensar que el Consejo, en caso de que recibiera una propuesta de la Comisión, apoyaría con énfasis la radio digital. 
También ha surgido el problema de que varios elementos del espectro de la radio digital se están asignando actualmente en Europa, a menudo con bastante libertad y sin coste alguno. 
Sin embargo, ese mismo espectro sería, desde luego, muy rentable si se utilizara para las comunicaciones telefónicas. 
Me pregunto si se nos puede garantizar que el Consejo de Ministros va a analizar esto detenidamente y va a asegurarse de que no supone una amenaza para el desarrollo de la radio digital en Europa. 
. (FR) Recuerdo que la Digital Audiobroadcasting, o sea la radiodifusión numérica, existe ya desde 1989 y que el principal problema aún no resuelto es que los receptores siguen siendo costosos. 
Una de las principales cuestiones que el Consejo, que tiene una actitud abierta al respecto, tendrá que examinar en tiempo oportuno, está relacionada con la definición de algunos principios tendentes a reforzar la legibilidad y la eficacia en ese campo de las comunicaciones electrónicas. 
La cuestión de la convergencia entre las telecomunicaciones, los medios de comunicación, y la tecnología de la información fue planteada a finales de 1999, durante una sesión del Consejo, y el 2 de mayo del 2000, en un debate público. 
En esa oportunidad, el Consejo insistió en los principios siguientes, a saber que la reglamentación deberá apoyarse en objetivos políticos claramente definidos, fomentar el crecimiento económico y la competitividad y velar por los objetivos de interés general. 
La reglamentación deberá también tender a la neutralidad tecnológica, y las normas relativas a los servicios de comunicación ser independientes, en la medida de lo posible, de la tecnología utilizada para suministrar esos servicios. 
El 2 de mayo del 2000, el Consejo subrayó que hacía falta asegurar un equilibrio entre la seguridad jurídica, garantizada principalmente por disposiciones de carácter imperativo, y la posibilidad de reaccionar rápidamente a la evolución tecnológica y a la del mercado, mediante medidas flexibles. 
Eso demuestra, repito, que el Consejo tiene una actitud abierta. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0531/00): 
Asunto: Acuerdo entre la UE y China en relación con la adhesión de ese país a la OMC ¿Tiene conocimiento el Consejo de que China ha ordenado a la televisión estatal, a la prensa escrita y a los propietarios de vallas publicitarias que no difundan los anuncios publicitarios de la marca Sprite en los que aparece la joven estrella del pop Sherry Chang Huei-mei, que cantó en la ceremonia de investidura del Presidente Chen Shui-bain? 
¿Tiene asimismo conocimiento el Consejo de que China ha advertido a Hong Kong y a las empresas de la República Popular de que no comercien con aquellas empresas taiwanesas a las que considera partidarias de la independencia? 
Teniendo en cuenta que la UE ha firmado recientemente un acuerdo con China en relación con la adhesión de ese país a la OMC, ¿cómo piensa responder el Consejo a la utilización de este tipo de chantaje político contrario a los principios del libre comercio? 
Señor Presidente, antes de nada, permítame felicitar al Sr. Moscovici por la victoria de su país en la Eurocopa 2000. 
Es muy bueno dar la bienvenida a un antiguo colega que ocupa ahora un alto cargo, pero déjeme que le recuerde, señor Moscovici, la frustración que experimentamos como parlamentarios cuando tratábamos de hacer preguntas al Consejo. 
Espero que la próxima vez que acuda a esta Cámara no responda con la misma sequedad con que ha contestado al Sr. Newton, si la Presidencia desea trabajar con el Parlamento. 
En cuanto a su contestación, no estoy de acuerdo con su contenido. 
Creo que la respuesta de la UE en Ginebra fue espantosa. 
Fue una cobardía llevada a lo más alto el que no apoyáramos la iniciativa de EE.UU. De haber adoptado una posición mucho más fuerte, no estaríamos sufriendo la arrogancia que vemos en China. 
Espero que, la próxima vez que este asunto vuelva a las Naciones Unidas, los Estados miembros antepongan los principios a los intereses comerciales. 
Este es un tema en el que, en la OMC, China utiliza el comercio como una herramienta de chantaje político, y deberíamos haber aprovechado las negociaciones UE/China de la OMC para influir del mismo modo. 
Me gustaría pedirle una garantía, en base a lo que usted ya ha dicho, de que en el futuro los Estados miembros adoptaran una posición firme en sus conversaciones con China respecto de la violación de los derechos humanos y no serán chantajeados por las amenazas económicas de China al respecto. 
. (FR) Señor diputado, le agradezco su estímulo personal y sus felicitaciones a raíz del éxito de Francia en la Euro 2000 el domingo pasado. 
Por lo demás, procuraré, durante este turno de preguntas, presentar el punto de vista del Consejo. 
Recuerdo que la Presidencia tiene mandato para hacerlo, en función de las posiciones que éste toma. 
. (FR) Estoy muy consciente, Señor Presidente, de que no hemos hecho muchos amigos durante esta Euro. 
La Unión Europea apoya la idea de que la intensificación del comercio internacional debería, con el tiempo, reemplazar la dependencia con relación a la ayuda exterior y que la integración comercial debería ser uno de los primeros componentes de una mayor integración, a más largo plazo, de los países de la Europa sudoriental en las estructuras euroatlánticas. 
El proceso de estabilización y de asociación es la piedra angular de la política de la Unión Europea que, como ustedes saben, tiende a ayudar a los países involucrados a reconstruir sus economías por medio de la restauración y del mejoramiento de sus infraestructuras y de la reorientación de sus antiguas economías de guerra y planificadas, hacia las condiciones del mercado. 
A raíz de las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa, previendo que los acuerdos de estabilización y de asociación con los países de los Balcanes occidentales deberían ser precedidos por una liberalización asimétrica de los intercambios, la Comisión debería de presentar en breve una propuesta concreta que extienda las preferencias comerciales existentes, suprimiendo los límites arancelarios que aún subsisten para ciertos productos industriales y mejorando el acceso de los productos agrícolas a los mercados. 
El Pacto de Estabilidad para Europa sudoriental está destinado por lo general a ayudar a los países de la región a promover la estabilidad y la prosperidad económica en toda la zona. 
Para alcanzar ese objetivo, se creó una mesa regional para Europa sudoriental así como una mesa de trabajo sobre la reconstrucción económica, que incluye las relaciones comerciales. 
La importancia de la liberalización y de la facilitación de los intercambios tanto entre países de la región como entre éstos y la Unión fue subrayada a la vez por los prestadores de ayuda y por los beneficiarios en la Conferencia Regional para la financiación del Pacto que se celebró en Bruselas a finales del mes de marzo de este año. 
En todos los ámbitos que abarca el Pacto de Estabilidad, y por lo tanto en los ámbitos económicos y comerciales, los compromisos recíprocos entre prestadores de ayuda y beneficiarios serán la clave de su éxito. 
El compromiso de los países de la región de emprender reformas y de crear un entorno propicio para realizar progresos económicos duraderos es la base misma del Pacto. 
Gracias por la respuesta; quiero, sin embargo, hacer las siguientes observaciones: antes de este turno de preguntas con usted, hemos debatido en el Parlamento el presupuesto para el ejercicio 2001, y de nuevo nos encontrábamos en un callejón sin salida con respecto a de dónde saldrán los fondos para la financiación del Pacto de Estabilidad. 
Y al hilo de ello, mi pregunta tenía precisamente este sentido. 
Dado que nos encontramos frente a economías que anteriormente funcionaban sobre la base de otra red de mercados y ventas, a través de intercambios, a causa del sistema económico que imperaba, la pregunta que en esencia he planteado es qué puede hacerse para que veamos por fin en los mercados de los países miembros de la Unión Europea, artículos producidos en esas regiones. 
Esta es la pregunta. 
Es decir, cuáles son las políticas que reforzarán la actividad productiva en estos territorios sin que la Unión Europea ponga dinero, puesto que, al fin y al cabo, se enfrenta a graves dificultades para encontrarlo; dificultades no ajenas a los problemas internos existentes. 
El problema radica sin duda en este punto. 
Y la pregunta se refiere precisamente a qué medidas puede adoptar la Unión Europea para contribuir a que se creen esas redes, que no existían anteriormente, y que puedan esas gentes vender sus productos. 
. (FR) Este es precisamente, señor diputado, el objeto del Pacto de Estabilidad y de los acuerdos de asociación que, tal como recuerdo, incluyen disposiciones en los ámbitos económicos y sociales, y efectivamente es nuestro deber aceptar aperturas asimétricas, una vez más, para tomar en cuenta los retrasos sufridos por esos países, pero le puedo asegurar que el porvenir de esa región es absolutamente prioritario para la Presidencia del Consejo y también para la Presidencia del Consejo Europeo: es en ese sentido que el Presidente de la República propuso una cumbre de los Balcanes occidentales, que debería de celebrarse durante nuestra Presidencia, quizás en Zagreb. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0539/00): 
Asunto: Levantamiento de sanciones contra el Iraq En 1991, las Naciones Unidas señalaban en su Resolución 687 que se levantarían las sanciones contra el Iraq si dicho país consentía en abandonar las armas de destrucción masiva de las que supuestamente disponía. 
Desde entonces, pese a las minuciosas investigaciones de miles de observadores, no se han encontrado tales armas ni se ha constatado posibilidad alguna de construirlas, y los informes oficiales son absolutamente tranquilizadores. 
No obstante, sigue vigente el embargo contra el Iraq, con resultados dramáticos para la población iraquí, de los que constituye un ejemplo significativo el enorme incremento de la mortalidad infantil: durante los diez últimos años han muerto 1,5 millones de niños por la falta de medicinas, alimentos, etc. 
El programa "oil for food" no puede servir de coartada para el crimen que continúa perpetrándose, pues sólo una pequeña parte del valor de las exportaciones que el Iraq está autorizado a realizar vuelve en forma de alimentos y medicinas, mientras que el resto se retiene para "indemnizaciones" o permanece congelado en bancos occidentales, sin que el Iraq pueda utilizarlo. 
¿Puede indicar el Consejo en qué medida estudia levantar el embargo, cuyas únicas víctimas son la población del Iraq y, sobre todo, los niños pequeños? 
. (FR) La Unión Europea aplica integralmente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluso las que se refieren a Irak. 
La Resolución 1284, adoptada el 17 de diciembre de 1999, tiende a la reanudación de las inspecciones de la ONU y, al mismo tiempo, al mejoramiento del programa llamado, "petróleo contra alimentos", y luego a la suspensión de las sanciones contra Irak. 
La Unión Europea invita al Gobierno de Irak a cooperar plenamente con la ONU y con sus órganos subsidiarios. 
El Consejo constata que desde finales de 1998, no se pudo realizar ningún control para verificar si Irak cumple efectivamente con las resoluciones, muy pertinentes, del Consejo de Seguridad, en particular la Resolución 687. 
Por consiguiente, el embargo decretado contra Irak sigue vigente. 
Es verdad, y estamos muy conscientes de ello, que la situación humanitaria generada en Irak por el embargo es grave e incluso preocupante, sobre todo para los niños iraquíes. 
El primer responsable de esa situación es el gobierno iraquí. 
Sin embargo, como lo hizo notar el panel de expertos presidido por el embajador Amorim en abril de 1999, la población iraquí no tendría que soportar tantas privaciones si no hubiesen sido prorrogadas las medidas tomadas por el Consejo de Seguridad en 1991. 
La comunidad internacional y el Gobierno iraquí deberían de hacer todo lo posible para que el pueblo iraquí se beneficie plenamente del programa "petróleo por alimentos". 
A ese respecto, el Consejo acoge favorablemente la creación de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas encargado de formular recomendaciones generales sobre la manera de aumentar la eficacia de las sanciones de la ONU, orientándolas mejor, entre otras cosas, y de evitar sufrimientos humanos inútiles. 
El Consejo tomó nota del hecho de que, en su Resolución 1302, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invitó al Secretario General de la ONU a nombrar expertos independientes para realizar un estudio detallado sobre la situación humanitaria en Irak. 
He planteado la pregunta porque existe una sensibilidad de Francia hacia esta cuestión. 
He escuchado la respuesta formal del Presidente en ejercicio; todos sabemos, sin embargo, que la situación en Iraq está relacionada con una política de arbitrariedad e imposición de los Estados Unidos. 
Ahí está, por ejemplo, la non-fly zone, que no ha sido legitimada por ningún Consejo de Seguridad de la ONU. 
De la misma manera que sabemos que el Sr. Engueo, el representante de Naciones Unidas, presentó un informe en 1997, después de 6900 visitas e inspecciones, en el que afirmaba que no hay sospecha de existencia de armas nucleares o químicas en Iraq. 
Por mi parte, quisiera preguntar a la Presidencia francesa si, tomando en consideración todo esto, si tomando en consideración que una gran parte de los ingresos que debería tener Iraq por el petróleo está hoy congelado, en un banco francés precisamente, en Nueva York, se propone tomar alguna iniciativa durante el término de su mandato al objeto de quebrar esta situación dictatorial que han impuesto los Estados Unidos, con el resultado de graves daños para el pueblo y los niños de Iraq. 
. (FR) Usted tiene razón al recalcar que quizás haya cierta sensibilidad de Francia frente a esa cuestión, pero en tal caso, no se la puede tachar de indiferencia hacia los sufrimientos del pueblo iraquí. 
Sabe probablemente que mi país es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y repito que desea efectivamente que se respecten integralmente esas resoluciones al mismo tiempo que se busquen todas las posibilidades de solución, empezando por la estricta aplicación de la Resolución "petróleo contra alimentos" 
Ese es el difícil camino que debemos tomar ahora. 
Señor Presidente, acepto la respuesta del Sr. Ministro pero me gustaría que garantizara a esta Cámara que tanto él como el Consejo no van a perder de vista en su consideración de este problema a los 604 ciudadanos de Kuwait que desaparecieron como consecuencia de la ocupación ilegal de Kuwait por Iraq y que van a seguir presionando a las autoridades iraquíes para que den una explicación de la suerte que han corrido estas personas. 
. (FR) Quiero solamente confirmarle que tenemos la intención de examinar ese problema en todas sus dimensiones. 
. (FR) En primer lugar, creo efectivamente- aunque esté debutando en este cargo- que existen reglas sobre este ejercicio tan particular, que requiere que las preguntas estén traducidas bajo la responsabilidad del Parlamento lo cual permite que el Consejo las conteste de una manera muy precisa. 
En segundo lugar, quiero confirmar simplemente que nadie avala el régimen del Sr. Saddam Hussein a través de esas resoluciones y no creo que se justifique el término de genocidio- que en este caso, si bien entendí, se refiere a todos los que adoptaron sanciones-. 
No es ni la posición de Francia ni la del Consejo. 
No ha lugar ahora a un debate sobre las relaciones entre el Consejo y el Parlamento en cuanto a las preguntas porque entonces quitaríamos tiempo a la contestación de las preguntas. 
Pero sí tengo que decir que hay 6 preguntas que por desgracia, aunque llegaron en su debida forma en algunas lenguas, y debido a un día festivo, creo, en Luxemburgo, no llegaron en todas las lenguas al Consejo. 
Y el Consejo ha decidido no contestarlas. 
En todo caso, este debate lo puede tener la Conferencia de Presidentes, que trata de estas relaciones y de los incidentes que pueda haber. 
Pregunta nº 7 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0542/00): 
Asunto: Estados miembros de la UE no alineados 
En la Cumbre de Feira se abordó la dimensión en materia de defensa de la UE, asunto que también se va a plantear en la Conferencia Intergubernamental. 
Algunos Estados miembros de la UE no pertenecen a la OTAN. 
¿Cuál es la posición del Consejo en relación con la situación de estos países en la futura cooperación en materia de defensa de la UE y van a respetar los Estados miembros alineados, de acuerdo con la posición de la Presidencia, el deseo de esos países de conservar su no alineamiento? 
. (FR) No hay problemas entre el Parlamento y la Comisión. 
Simplemente, es verdad que se nos ha explicado el ejercicio de una cierta manera y que la regla es efectivamente que dispongamos de las preguntas ya traducidas para poder contestarlas, ya que de no ser así nos entregamos a un ejercicio de improvisación que corre el riesgo de ser de mala calidad. 
Vuelvo a la pregunta formulada. 
El artículo 17 del Tratado de la Unión Europea establece que la política de la Unión, de acuerdo con dicho artículo, no afecta el carácter específico de la política de seguridad y de defensa de ciertos Estados miembros, incluso de los Estados miembros no alineados. 
Asimismo respeta las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para ciertos Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza en el marco de la OTAN y que es compatible con la política común de seguridad y defensa fijada en ese marco. 
Después de Ámsterdam, la Unión Europea inició un proceso que le permitiera tomar todas las medidas necesarias para actuar en el ámbito de la prevención de los conflictos y de la gestión de las crisis, definido en el Tratado de la Unión Europea, lo que se llama las misiones de Petersberg, sin perjuicio de las posiciones de los Estados miembros con respecto su adhesión o no-adhesión a la OTAN o a la UEO. 
Eso fue reafirmado en el informe de la Presidencia aprobado por el Consejo Europeo de Helsinki. 
Señor Ministro, el Consejo Europeo de Feira decidió incrementar la flexibilidad. 
Yo he interpretado este asunto de forma que la flexibilidad será adoptada también en las cuestiones del segundo pilar, en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
¿Es ésta también su interpretación? 
Al mismo tiempo, he seguido las ideas del Presidente de Francia en cuanto a que habría que llevar a cabo el desarrollo de la Unión Europea a diferentes velocidades y a que, probablemente, se debería contar con un núcleo duro y compacto a instancias de algunos países pioneros. 
¿Considera usted que este núcleo duro- tal es el nombre que usa para referirse al mismo el ex-Presidente de la Comisión, Sr. Jacques Delors- podría estar integrado por algún país que no esté alineado militarmente? 
Formulada de esa manera la pregunta es extremadamente compleja. 
Remite al conjunto de la CIG. Por lo tanto me propongo contestarla más detalladamente en un próximo intercambio. 
Quiero solamente subrayar que en Feira hemos manifestado efectivamente nuestro deseo de que el marco existente pueda también dar cabida a los países no alineados y a los países no miembros de la OTAN, y si lo que evoca es esa forma de flexibilidad, es muy probable que se lleve a cabo. 
Por lo demás, ya tendremos la oportunidad de hablar del modo en que evolucionaran la Europa de la defensa y las cooperaciones reforzadas en la materia. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0545/00): 
Asunto: Prioridades de la Presidencia francesa en materia de promoción de las mujeres ¿Qué medidas concretas planteará la Presidencia francesa como prioritarias para mejorar la situación de las mujeres europeas? 
. (FR) La Sra. Nicole Péry, mi colega, Secretaria de Estado encargada de los derechos de las mujeres, presentará, a partir de la semana próxima, el programa de la Presidencia francesa en ese ámbito ante la Comisión competente. 
Quiero solamente dar aquí algunas indicaciones generales. 
Diré que, bajo la Presidencia francesa, el Consejo deberá tratar cierto número de expedientes relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. 
En primer lugar, la Comisión acaba de dirigir al Consejo una comunicación titulada "Hacia una estrategia marco comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres", así como una propuesta de decisión del Consejo relativa a un programa de apoyo a la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la directiva 67/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere- y eso es decisivo- al empleo, la formación, la formación profesional y las condiciones de trabajo. 
La Presidencia francesa, se lo garantizo, ya programó la presentación de esos textos por la Comisión. 
En lo que se refiere a la propuesta de decisión relativa a un programa basado en el artículo 13 del Tratado, en la medida en que el programa debe empezar el 1 de enero de 2001, el objetivo de la Presidencia es que se adopte durante el Consejo "empleo-protección social" del próximo 28 de noviembre. 
Referente a la propuesta de directiva, la Presidencia francesa se esforzará por hacer que los trabajos progresen lo más posible. 
Aparte de esos textos legislativos, el Consejo procederá, como en los años anteriores, al examen de la aplicación por los Estados miembros del programa de acción de Pekín. 
Por otra parte, la Presidencia francesa organizará dos manifestaciones en ese ámbito: una conferencia ministerial en Paris, el 27 de octubre, dedicada a tres asuntos- las mujeres y la toma de decisiones, la conciliación de la vida familiar y laboral, el mainstreaming- y también en Paris, el 24 de noviembre, un coloquio sobre la igualdad profesional, que tratará de las discriminaciones en materia de contratación y de las dificultades del regreso al empleo. 
Puede por lo tanto estar segura de que la igualdad entre hombres y mujeres será objeto de una atención muy particular por parte de la Presidencia francesa. 
Señor Presidente, agradezco mucho al señor Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Moscovici, esta respuesta tan prometedora que, además, pone en práctica algo que nos ha dicho esta mañana el Sr. Chirac, Presidente de la República francesa, cuando afirmaba que la Presidencia francesa era ambiciosa y concreta. 
Usted lo ha demostrado con esta respuesta. 
El Sr. Chirac nos ha dicho también que uno de los aspectos más interesantes que debe tratar la Presidencia francesa es el de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. 
A este respecto, quisiera preguntarle cómo se evitará que este concepto necesario se malutilice para relegar más a la mujeres y también cuál será el papel que de los hombres para conciliar la vida familiar y laboral. 
. (FR) No tendré esa pretensión, puesto que el género masculino es muy diverso, y no es un género particular. 
No, creo que lo más razonable sería quizás discutirlo más a fondo con la Sra. Péry, y diré solamente que, desde un punto de vista filosófico, no es desde luego para desfavorecer a las mujeres o regresar a un modelo claramente tradicional que procuramos conciliar la vida familiar y laboral, sino al contrario para dirigirnos hacia lo que es nuestro objetivo común, o sea la igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres. 
Es importante que empleemos todos los medios para lograrlo, y la contribución de los hombres a la vida familiar hace sin duda alguna parte de ello. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0552/00): 
Asunto: Opinión del Consejo sobre el caso Pelinka en Austria El 1 de mayo de 1999, el catedrático Anton Pelinka hizo un comentario en el canal de televisión italiano RAI sobre unas declaraciones anteriores de Jörg Haider, del Partido de la Libertad, en relación con el nacionalsocialismo. 
El 11 de mayo de 2000, un tribunal de Viena (Landesgericht für Strafsachen) declaró culpable al Sr. Pelinka por haber difamado a Jörg Haider en esta aparición en televisión, y le impuso una multa de 60.000 chelines. 
El abogado de Haider fue Dieter Böhrndorfer, que en la actualidad es ministro de Justicia de Austria. 
¿No forma parte la declaración de Pelinka de lo que debe aceptarse en una democracia? 
La cuestión es si el tribunal austríaco no ha cometido una grave injerencia en la libertad de expresión en general y en la libertad académica en particular, ya que Austria es miembro del Consejo de Europa y de la UE, en cuyo Tratado se estipula, en el apartado 2 del artículo 6, que la Unión respetará, como principios generales, los principios fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
¿Qué opinión le merece al Consejo el que el ministro de Justicia de un Estado miembro haya dirigido de manera activa un proceso que claramente hizo caso omiso del Convenio y el Tratado mencionados? 
. (FR) Mi respuesta será muy breve. 
Se limitará a decir que el Consejo está, por supuesto, informado sobre esa situación particular, que sin duda no es fácil. 
Sin embargo, como usted lo entenderá, no le compete al Consejo comentar decisiones judiciales. Tampoco puede emitir opiniones sobre el funcionamiento de la institución judicial en uno de los Estados miembros. 
Señor Presidente, agradezco a la Presidencia francesa su concisa respuesta. Sin embargo, puesto que se trata de un caso muy grave, dudoso desde el punto de vista democrático, quisiera formular dos preguntas complementarias. 
Catorce países miembros piensan pedir a expertos del Consejo Europeo que estudien algunas cuestiones en Austria. 
Mi primera pregunta es si la Presidencia francesa opina que esta petición también debería comprender al caso Pelinka, cosa que sería razonable. 
Mi segunda pregunta se relaciona con los artículos 6 y 7 del Tratado, que se ocupan de los derechos fundamentales. 
Mi pregunta es si la Presidencia francesa opina que hay fundamento para estudiar este caso a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado. 
. (FR) Sobre ese punto, quiero solamente recordar que la Presidencia portuguesa, que actuó en una forma muy equilibrada, tuvo que tomar medidas hace algunos días, no en nombre del Consejo, sino en nombre de los Catorce, unas medidas a las cuales nos hemos suscrito, que aplicaremos a la vez para evaluar la situación austriaca y para mantener las sanciones. 
Nos atendremos a esas medidas, sin aumentarlas pero sin reducirlas, mientras no se presenten pruebas de una evaluación significativa a la vez de la situación y de la naturaleza política del FPÖ. 
Señor Presidente, Austria tiene leyes muy estrictas que prohiben el fascismo, el nacionalsocialismo y su reactivación, y en los últimos años se han dictado repetidamente sentencias. 
¿El señor Presidente del Consejo tiene noticia de que exista una legislación parecida o mejor en otros Estados? 
¿El Consejo se propone seguir ignorando la infracción de los Tratados europeos que suponen las sanciones contra Austria- éstas fueron adoptadas, en definitiva, por los 14 jefes de Gobierno -, sin adoptar una posición al respecto y permitiendo con ello que persista la infracción de los Tratados? 
¿El Consejo se va abstener de considerar también en el futuro las decisiones bilaterales? 
. (FR) Me parece que ya he contestado esa pregunta en cuanto al mantenimiento de las medidas y, al mismo tiempo, a la evaluación de la situación. 
Por lo demás, no estoy en capacidad de juzgar exactamente la situación judicial o jurídica en Austria. 
Pero sé que existen otros países que, a mi parecer, gozan de una situación política más envidiable. 
Y no me expreso así como Presidente en ejercicio del Consejo, sino como ministro de un gobierno. 
La segunda pregunta complementaria va a ser realizada por el Sr. Ford, y tengo que recordar que es el autor de la pregunta siguiente, número 10, que no va a ser contestada como tal pregunta nº 10, por ser una de las seis preguntas que no llegaron traducidas en todas las lenguas al Consejo. 
Señor Presidente, me gustaría expresar mi preocupación por que nadie de la Presidencia francesa pueda leer otra lengua europea que no sea el francés. 
También sobre la cuestión, ¿confirmará la Presidencia que con arreglo al Tratado son los Catorce- menos el país afectado- los que harían la recomendación de suspender a Austria como Estado miembro, en caso de que eso fuera necesario? 
No estoy diciendo que sea necesario, pero de serlo, ¿no podríamos esperar de la Presidencia una opinión sobre si este caso concreto supone para ella realmente una preocupación? 
¿No es justo y adecuado que la misma persona no sea juez, jurado y ejecutor y que la persona que haga la acusación no sea a la vez el ministro de Justicia? 
¿No se criticaría este tipo de situación en, digamos, Zimbabwe u otra parte del mundo, si se produjera allí? 
. (FR) (inaudible) sobre la capacidad de la Presidencia francesa de entender otros idiomas que el francés. 
No somos todos iletrados o analfabetos. 
Simplemente, existen reglas de transmisión que hacen que efectivamente, esas preguntas no han llegado hoy del Parlamento al Consejo. 
Espero muy sinceramente que las cosas se hayan arreglado para los próximos períodos de sesiones, con o sin traducción. 
Es un problema de ajuste a corto plazo. 
Por lo demás, como lo habrá entendido, la Presidencia francesa tiene la intención de conformarse a las medidas que los Catorce ya acordaron. 
Y al decir que son los Catorce, queda claro que no es precisamente un problema del Consejo, sino de los Catorce Estados miembros en relación con otro. 
Además, esas medidas tienen, lo repito, un carácter estrictamente bilateral y no afectan en nada el hecho de que Austria sea un país miembro de la Unión Europea que tiene acceso a todas sus instituciones, participa en todas sus instancias y que, durante nuestra Presidencia, será tratado como tal, o sea realmente como un país de gran importancia en la Unión Europea. 
Señor Presidente, he pedido al Presidente en ejercicio que respondiera a mi pregunta de si el Artículo 7 de los Tratados pide realmente a los Catorce que adopten medidas respecto de un país cuya trayectoria en materia de derechos humanos se pone en duda. 
Él parece dar a entender que esta cuestión corresponde a la Presidencia en ejercicio y no a catorce grupos de relaciones bilaterales. 
. (FR) Creo que existe una pequeña ambigüedad acerca de ese asunto. 
Nadie pretendió expulsar a Austria de la Unión Europea, y acabo de explicarlo hace un instante. 
Además, esas medidas fueron tomadas por catorce Estados miembros sobre una base política. 
Y seguimos actuando sobre una base política y, una vez más, respetando plenamente los derechos de Austria en la Unión Europea. 
Es una de las preguntas que no van a ser contestadas por el Consejo, debido a que no llegó en todas las lenguas en su debido momento al Consejo. 
El Parlamento reflexionará sobre este tema, pero hoy no vamos a discutir más sobre él, si ustedes están de acuerdo conmigo. 
Pregunta nº 11 formulada por Maj Britt Theorin (H-0554/00): 
Asunto: Tribunal Penal Internacional 
La Comisión Europea, y en particular la Comisaria de Ayuda al Desarrollo, tuvieron un papel importante en la creación del nuevo Tribunal Penal Internacional permanente en junio de 1998. 
La aprobación del Tratado de Roma, en que se basa el Tribunal Penal Internacional, fue un paso importante para romper con la tendencia de utilizar sistemáticamente las violaciones de mujeres como estrategia. 
Dicho Tratado es el primer acuerdo internacional que estipula que estas violaciones, la esclavitud sexual y los embarazos forzados pueden considerarse crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
Sin embargo, para que ello se haga realidad, el Tratado de Roma debe ser ratificado por 60 Estados. 
Aunque todos los Estados miembros lo han suscrito, lamentablemente sólo Italia lo ha ratificado. 
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo para garantizar que los Estados miembros de la UE también ratifiquen el Tratado? 
. (FR) Le ruego al Señor Diputado que, para le sea dada una respuesta precisa a esa pregunta, tenga a bien referirse a la pregunta oral H-0217/00, formulada por el Sr. Cushnahan durante la sesión de marzo, en la cual el Consejo indicaba que, desde que fueron adoptados en Roma el 17 de julio de 1998, insta a los Estados miembros a que ratifiquen los estatutos que sientan las bases del Tribunal Penal Internacional. 
Recordemos que, ya que esa ratificación es un principio jurídico, es de la competencia exclusiva de los Estados miembros, soberanos en la materia. 
Señor Presidente, es satisfactorio que en estos días Francia y Bélgica hayan ratificado el tratado sobre el Tribunal Penal Internacional, pero, a pesar de esto, me preocupa mucho la situación futura. 
Hace dos años que se firmó el tratado de la Conferencia de Roma y la creación de un Tribunal Penal Internacional permanente sólo ha sido ratificada por una quinta parte de los estados que deben hacerlo para que éste entre en vigor. 
A este paso, dudo que podamos cumplir con la fecha tope en diciembre. 
Creo que la UE debería estar a la vanguardia en la creación de un sistema judicial internacional y, cuando los sistemas judiciales nacionales no funcionan, la comunidad internacional debe estar dispuesta para actuar en contra de los delincuentes más peligrosos. 
Esto vale, especialmente, para los ataques contra mujeres y niñas y para las deficiencias que sabemos que han existido en la formación y funcionamiento de los tribunales de guerra en Ruanda y en Yugoslavia en la década pasada. 
Se necesita un amplio respaldo internacional para que el Tribunal Penal Internacional se convierta en realidad y trabaje eficazmente. 
Quisiera preguntar al Consejo si piensa tomar alguna iniciativa especial para fomentar la ratificación de países que están fuera de la Unión; 
Rusia y EE.UU. son importantes. 
. (FR) Repito una vez más que el Consejo considera que el resultado fructífero de la conferencia para la creación del Tribunal Penal Internacional fue una realización histórica que significa que se puede actuar para que el mundo sea a la vez más seguro y más justo. 
¿Cómo imaginar una toma de posición más firme al mismo tiempo? 
No podíamos violentar la soberanía de los Estados en materia de ratificación de los tratados. 
Quiero señalar que Francia, por ejemplo, también ratificó ese tratado al que apoya decididamente, y que hace pocos meses participé, al lado del Presidente de la República, en un viaje a La Haya donde visitamos el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 
Eso demuestra hasta que punto estamos comprometidos con ese asunto. 
Pero nuestra única arma es la incitación. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0556/00): 
Asunto: El comercio de diamantes como causa de conflictos en África Está demostrado que la violencia, sea en Sierra Leona o en los Grandes Lagos, está ligada a los monopolios de los yacimientos de minerales de la zona y a las luchas por el control de dichos monopolios. 
Considerando que algunos Estados miembros, como por ejemplo el Reino Unido, se están planteando ya un embargo sobre los diamantes en Sierra Leona ya que está ampliamente demostrado que el comercio de piedras preciosas está sirviendo y ha servido para financiar la guerrilla del RUF, 
¿Estudia el Consejo la posibilidad de impulsar una acción para una intervención del comercio de diamantes provenientes de Sierra Leona y de la zona de los Grandes Lagos como una medida para promover la paz en la zona? 
En caso de respuesta positiva, ¿podría el Consejo informar sobre qué actuaciones está realizando o proyectando para el futuro inmediato en este sentido? 
. (FR) El Consejo expresó en varias oportunidades su preocupación con relación al comercio ilícito de diamantes que aviva los conflictos en algunos países de África, particularmente en Angola, en República Democrática del Congo y en Sierra Leona. 
Hace poco, el 13 de junio pasado, el Consejo advirtió al gobierno del Liberia que si no actuaba de una manera responsable con respecto a Sierra Leona, especialmente en lo que a comercio ilícito de diamantes se refiere, la Unión Europea lo tendría en cuenta en su política, y en particular en el marco del Convenio de Lomé 
Aclaro sin embargo que el Consejo aún no ha discutido las iniciativas propuestas por el Reino Unido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni establecido contactos con los principales importadores de diamantes con vistas a impedir su comercio ilícito. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, realmente lamento su respuesta. 
Creo que el problema ligado al tráfico de diamantes, que se ha llevado y se está llevando muchas vidas humanas por delante, merece una atención mucho más firme y decidida por parte del Consejo. 
No se lo puedo reprochar evidentemente a usted, en la medida en que acaba de asumir la Presidencia, pero sí le pediría que adoptara decisiones mucho más enérgicas y más contundentes. 
La Unión Europea tiene el compromiso de promover la paz y la estabilidad no sólo en Europa, sino en el mundo. 
Y si no se controlan los diamantes es evidente que no se podrá promover la paz y la estabilidad en África. 
En el caso de Sierra Leona, Gran Bretaña había apoyado el embargo, y Francia, en cierta manera, también. 
Se podría promover, desde el Consejo, un embargo generalizado a todos los diamantes procedentes de África y, sobre todo, el control de los certificados. 
Sabemos que son medidas de difícil aplicación pero, en todo caso, cualquier avance en este sentido ahorraría vidas humanas y contribuiría a la pacificación de conflictos realmente dramáticos en el continente africano. 
. (FR) Si, me limité a presentar el estado de los trabajos del Consejo. 
Eso no significa, de ninguna manera, que no les prestaremos una atención muy particular y que no les informaremos con regularidad sobre ellos. 
No hice más que notificar la situación en la que estamos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la pregunta nº 13 es una de las seis preguntas que no serán contestadas hoy por el Consejo por problemas reglamentarios. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 14 decae. 
La pregunta nº 15 del Sr. Medina Ortega no recibirá respuesta porque su tema figura en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0565/00): 
Asunto: Violaciones del espacio aéreo chipriota por aviones de combate turcos Chipre, país que se adherirá a la UE en los años inmediatamente próximos, está siendo víctima continuamente de la agresividad turca. 
Además de la ocupación ininterrumpida del 37% de su territorio por el ejército turco durante 26 años, sufre casi a diario el cuestionamiento de su existencia como Estado independiente por parte de Turquía, país candidato a la adhesión a la UE. 
El último caso al respecto, denunciado ante el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Annan, han sido las violaciones en masa del espacio aéreo de Chipre y del F.I.R. de Nicosia por un total de 78 aviones de combate turcos los días 27 y 30 de abril así como 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19 y 26 de mayo de 2000. 
Las denuncias se llevaron a cabo del modo más oficial, mediante una carta enviada el día 5 de junio al Sr. Annan por el Representante Permanente de Chipre ante las Naciones Unidas, el embajador Sr. Zakchaiou. 
¿Cuál es la postura oficial del Consejo ante las violaciones de la soberanía nacional de un Estado independiente, miembro de las Naciones Unidas y candidato a la adhesión a la UE, y en qué medida es compatible la táctica seguida por Turquía con el comportamiento propio de un Estado europeo moderno? 
. (FR) El Señor diputado llamó la atención del Consejo sobre las violaciones del espacio aéreo de la República de Chipre por aviones militares turcos. 
El Consejo está muy apegado al principio de soberanía y por ese motivo no puede sino recordar su apego a la Resolución 353 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del 20 de julio de 1974, así como a la Resolución 3212 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 1 de noviembre de 1974, que pide a todos los Estados miembros que respeten la soberanía de la República de Chipre. 
El Consejo espera, desde luego, que cualquier candidato a la adhesión se ajuste a los valores europeos y establezca relaciones de buena vecindad con sus vecinos. 
En lo que respecta a Chipre, el proceso de arreglo se inició bajo el auspicio de las Naciones Unidas. 
El Consejo, que apoya los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, espera que Turquía contribuya, como las otras partes, al éxito de esas discusiones, a fin de llegar a una solución justa y duradera de la cuestión chipriota. 
. (FR) Yo entendí muy bien la pregunta. 
Quería solamente repetir mi respuesta subrayando que no se puede pretender que Turquía sea incitada desde todas partes a una actitud agresiva. 
Señor Ministro, comprendo su poca disposición a dar una respuesta clara y sin subterfugios a las preguntas relativas al impresentable comportamiento de Turquía en Chipre. 
La misma poca disposición a condenar sin ambages a Turquía mostraron, al fin y al cabo, sus antecesores, y la misma será también, me temo, la posición de quienes le sucedan, desde el momento en que se ha adoptado para con Turquía la formula de inspiración americana- y no sólo- de las dos varas diferentes de medir, y el ventajoso método del recurso a los pretextos, como han sido durante 26 años el supuesto atisbo de una perspectiva de solución del problema chipriota y la supuesta subsecuente necesidad de apaciguar al hombre de paja de Ankara, al Sr. Denktash. 
A pesar de todo esto, me arriesgaré a formular una pregunta más, en la esperanza de recibir esta vez una respuesta suya convincente. 
¿Está dispuesta y preparada la Presidencia francesa para superar el síndrome de Poncio Pilatos y dejarle claro y sin reservas a Turquía, en nombre de la Unión Europea, primero que Chipre se va a incorporar como miembro de pleno derecho a la Unión Europa, independientemente de que a causa de la intransigencia turca no se haya podido alcanzar antes una solución para el problema chipriota, y, segundo, que Turquía no pasará nunca de la condición de país simplemente candidato si sigue violando principios fundamentales del derecho internacional y de los ideales europeos? 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0569/00): 
Asunto: Milosevic Estos últimos días numerosos medios de comunicación han dado la noticia de que un Estado miembro de la Unión Europea está ejerciendo de mediador para encontrar una "salida" a la grave situación en que se encuentra Serbia. 
Según dichos medios, este Estado miembro está elaborando un plan, en colaboración con otros miembros de la comunidad internacional, que prevé proporcionar un exilio protegido al Sr. Milosevic y su familia, o sea, concederle la inmunidad respecto al Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, a cambio de que abandone el poder. 
¿No considera el Consejo que si un plan semejante llegara a materializarse constituiría un viraje radical de la política defendida hasta ahora por la Unión Europea en relación con las personas acusadas por el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia? 
Asimismo, ¿no opina el Consejo que un viraje de este tipo tendría consecuencias muy serias para la credibilidad del futuro Tribunal Penal Internacional? 
. - (FR) Las indiscreciones a las que se refiere el Señor Diputado, publicadas por una parte de la prensa internacional y que se refieren a discretas negociaciones entre ciertos gobiernos, para proporcionar un exilio protegido al Presidente Milosevic y a su familia, fueron oficialmente desmentidas por los portavoces de todos los gobiernos implicados. 
La política de la Unión Europea de apoyo total e incondicional al Tribunal Internacional para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, así como a cualquier acción emprendida para perseguir y someter a las personas inculpadas de esos crímenes a la justicia internacional, sigue siendo total y absolutamente la misma, se lo puedo asegurar. 
Señor Ministro, su respuesta me satisface plenamente y veo que tiene problemas de voz. 
La sesión se prolongó suficientemente. 
Se lo agradezco mucho. 
Le deseo un buen principio y una buena continuación en el ejercicio de su Presidencia, y que sea muy exitosa. 
Nosotros también le agradecemos al señor Ministro su presencia, y le deseamos que cure su catarro, naturalmente. 
Yo también lo estoy sufriendo. 
Estos catarros de verano hay que cuidarlos mucho. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 18, 21 y 24 serán contestadas por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.45, se reanuda a las 21.00 horas). 
Proyectos de presupuestos rectificativos y suplementarios (PRS) para el ejercicio 2000 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los dos informes siguientes: 
(A5-0183/2000) del Sr. Bourlanges, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/2000 sobre el presupuesto para el ejercicio 2000, 
(A5-0192/2000) del Sr. Virrankoski, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario 2/2000 sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000. 
Como el Sr. Bourlanges no se encuentra aún en la sala concedo primero la palabra al Sr. Virrankoski durante cinco minutos. 
. (FI) Señor Presidente, el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario número 2/2000 que ahora nos ocupa incluye las asignaciones de fondos para el Consejo y el Parlamento. 
El total del presupuesto del Consejo es de 6,635 millones de euros. 
Con esta cantidad se cubrirán las necesidades de la Política Exterior y de Seguridad Común, así como las de la política en materia de defensa. 
Se estima que se necesitarán 5,877 millones de euros para alquilar, reparar y amueblar el nuevo edificio. 
Este edificio está destinado al personal encargado de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
En él se instalará, entre otros órganos, el Estado Mayor Militar de la Unión Europea, que estará integrado por expertos militares trasladados desde todos los Estados miembros. 
En un principio estará formado por unos 45 miembros, pero seguramente su número aumentará más adelante hasta 60 ó incluso 90 miembros. 
Los gastos en concepto de sus salarios en la parte final del año ascienden a 758.000 euros. 
Según el antiguo pacto entre caballeros, ningún órgano- ni el Consejo, ni el Parlamento- ha injerido en los proyectos de presupuesto del otro. 
En lo que respecta al Parlamento, el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario incluye una partida de 15 millones de euros en concepto de abono adicional anticipado sobre las oficinas sitas en Bruselas. 
Esta medida reducirá los gastos en concepto de intereses anuales en 2,2 millones de euros en un plazo de diez años. 
Tras estas asignaciones, el margen restante de las perspectivas financieras es de 69,1 millones de euros. 
La Comisión de Presupuestos reasignó ya este año 38 millones de euros para la financiación de estas oficinas, las sitas en el edificio Spinelli, mediante la reasignación C6/2000, sin hacer uso de los fondos restantes. 
Puesto que la Presidencia, por su parte, también ha podido hacer reasignaciones con este fin, actualmente quedan disponibles un total de 58 millones de euros para efectuar pagos anticipados, por lo que se reducirán entre 8 ó 9 millones de euros los pagos anuales del Parlamento en un plazo de diez años, y esto representa un gran alivio. 
Es sensato que el Parlamento pague por adelantado los costes de sus oficinas. 
Así se ahorran pagos en concepto de intereses y, al mismo tiempo, se consigue generar márgenes presupuestarios de cara a los ejercicios futuros. 
Tendremos necesidad de estos márgenes cuando empiecen a crecer otros gastos del Parlamento en el transcurso de la ampliación hacia el Este. 
Según el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario número 2/2000, la parte de gastos correspondiente al Parlamento en el ámbito de la rúbrica 5, Gastos administrativos, se incrementa ahora hasta el 20,41 por ciento, que es algo mayor al 20 por ciento de techo que se fijó el propio Parlamento. 
Originalmente, la parte correspondiente a los gastos de gestión era inferior al 20 por ciento del total al elaborarse los presupuestos. 
Puesto que es muy probable que, entre otras partidas, no se haga uso de una gran parte de las asignaciones para gastos de los diputados previstas por el Reglamento del Parlamento- que ascienden a 60 millones de euros -, habida cuenta que ya hemos sobrepasado la mitad del ejercicio, estamos en condiciones de revisar este techo para la segunda mitad del ejercicio. 
Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el Parlamento ahorra recursos, ya que sus inversiones son de lo más razonable. 
El presupuesto del Consejo es interesante porque incluye, por primera vez, asignaciones para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
En el seno de Consejo se están creando las estructuras que permitan incorporar de forma más sólida la dimensión de la defensa en el marco de las actividades de la UE, procediendo de acuerdo con las conclusiones de la Cumbre de Helsinki. 
Este asunto será sumamente difícil para los pequeños países neutrales, como es el caso de Finlandia. 
Las huellas de la operación de gestión de la crisis de Kosovo dan miedo. 
¿Hasta dónde llega la legitimidad de las intervenciones militares por causas humanitarias y cuáles son sus límites? 
El mayor problema reside en la futura técnica de presupuestos. 
El artículo 28 del Tratado constitutivo de la CE es ambiguo, sobre todo en lo que se refiere a la política en materia militar, de seguridad y de defensa. 
Los gastos administrativos son parte de los presupuestos de la UE, pero es el Consejo quien impone su criterio en cuestión de gastos para acciones comunitarias. 
¿Cuál será, pues, el procedimiento futuro y qué porcentaje de estos gastos tratarán de ser transferidos a la categoría 4- Acciones Externas -, la cual está ya saturada? 
En las subsiguientes negociaciones habrá que clarificar mejor la clasificación de las partidas y adecuarlas más a los deseos del Parlamento. 
Antes de conceder la palabra al Sr. Bourlanges durante cinco minutos, quiero indicar que hoy tenemos aún ante nosotros un orden del día enormemente largo, por lo que mi ruego es que sus Señorías se atengan lo más posible a sus tiempos de intervención pues, de lo contrario, se hará medianoche. 
Y esto es malo para todos los participantes. 
Señor Presidente, trataré de seguir sus sabios consejos. 
El presupuesto rectificativo y suplementario que hoy nos ocupa no debería plantear problemas de envergadura. 
Por una sencilla razón, porque si permite- y es una innovación satisfactoria para este Parlamento- introducir un determinado número de elementos y opciones presupuestarias que le convienen y agradan, en lo esencial es un proyecto que resulta satisfactorio para el Consejo. 
Efectivamente, en el proyecto que hoy nos ocupa, el Consejo es el que sale ganando. Vencedor legítimo, no lo es en contra nuestra, es vencedor simplemente. 
Sale ganando porque este presupuesto tiene esencialmente como finalidad permitirle recuperar los saldos excedentes del presupuesto del ejercicio anterior, es decir 3.200 millones de euros. 
Muestra una menor contribución en lo relativo a la devolución británica y un rendimiento más importante de los recursos propios, especialmente de los derechos de aduanas. 
Deduciendo todo ello de sus cargas. 
Por tanto, el proyecto que hoy nos ocupa es bueno para el Consejo. No es, sin embargo, malo para el Parlamento. 
Primeramente, porque nos pusimos de acuerdo, en el seno del diálogo tripartita, entre todos, para que el presupuesto que hoy nos ocupa no se vea reducido sencillamente a la restitución de los saldos a los Estados miembros, sino que puedan añadirse los gastos y que sea un verdadero presupuesto rectificativo y suplementario. 
Es una victoria limitada, pero significativa, de este Parlamento. 
En segundo lugar, introducimos en este asunto un determinado número de opciones positivas. 
En primer lugar, introducimos, por un importe de un millón de ecus, una contribución especial para los medicamentos huérfanos. 
Ahora que existen los fundamentos jurídicos, podemos financiar estos medicamentos. 
Es una prioridad para la comisión competente, así como una prioridad para la Comisión de Presupuestos y una prioridad para este Parlamento. 
En segundo lugar, -la segunda aportación importante de este tema- introducimos un determinado número de medios suplementarios, por un importe de 11 millones de euros: 5 millones para el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, 6 millones para la misión interina de las Naciones Unidas en Kosovo, en calidad de administraciones civiles transitorias. 
También en ese ámbito se han creado los fundamentes jurídicos. 
Poseemos los medios, las necesidades existen, Kosovo así como Bosnia y Herzegovina son preocupaciones prioritarias, y estamos decididos a financiarlas. 
Pues bien, mediante una deducción, en términos de créditos de compromiso, sobre los créditos ECIP que ya no tienen razón de existir, que existen en calidad de créditos, pero que, a falta de un fundamento jurídico, no podrán emplearse. 
Por tanto, es un gasto garantizado por un sacrificio que no nos cuesta casi nada. 
Tercer elemento importante: la financiación de la ayuda especial a Montenegro. 
Recordarán que nos opusimos, unos y otros, a que esta ayuda sea financiada mediante una deducción a otros gastos exteriores, en particular sobre MEDA. 
Por tanto, decidimos financiarla recurriendo al margen, que es de 21 millones en esta rúbrica. 
Necesitamos 20 millones. 
La historia presupuestaria hace bien las cosas. 
Utilizamos casi la totalidad del margen y de este modo esta acción queda financiada, sin ninguna disminución, sin ninguna transferencia, a partir de otros créditos. 
Todo lo cual resulta sumamente satisfactorio. 
Ahora- y con esto termino- la gran interrogante que se plantea es saber si, desde el punto de vista del procedimiento, el Consejo va a hacernos caso. 
Efectivamente, tenemos una primera lectura del Consejo, esta es nuestra primera lectura y deseamos con vehemencia llegar a un resultado tomando como base nuestra primera lectura. 
Dicho de otro modo, deseamos que la segunda lectura del Consejo, que tendrá lugar el 20 de julio, recupere nuestra primera lectura, ya que en caso contrario, tendríamos que empezar una nueva vuelta. 
Yo creo que el Consejo- cuya ausencia lamento, por otra parte, esta noche- no se beneficia de una segunda lectura. 
Por otra parte, insisto en un punto muy particular: si tenemos una segunda lectura, los plazos, tal como se aplicarían estrictamente, nos obligarían a tener, para votar este PRS en segunda lectura, una sesión en agosto, lo que evidentemente queda excluido. 
La costumbre siempre ha sido, en este Parlamento y entre las instituciones, que el mes de agosto quede neutralizado en lo que atañe a los plazos. 
Estoy convencido de que el Consejo se apegará a esta regla. 
Ponernos de acuerdo tanto sobre el procedimiento como sobre el fondo redunda en beneficio del Consejo, en beneficio de nosotros y en beneficio de los aspectos que tenemos en común. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, aunque sólo estamos en julio la Unión Europea y el Parlamento Europeo están dando regalos a los Estados miembros pues estamos devolviendo 3.200 millones de euros del presupuesto suplementario al lugar de donde proceden. 
Pero por decirlo muy claramente: no tenemos que repartir ningún regalo sino que devolvemos el dinero al lugar de donde procede, a saber, a los Estados miembros y, a la postre, a los contribuyentes. 
Esto muestra que actuamos muy ordenadamente con los créditos y el colega ponente, mi amigo Jean-Louis Bourlanges, acaba de exponer las cosas muy claramente. 
Me permito felicitarle al igual que al colega Virrankoski por el presupuesto suplementario que afecta en especial al Parlamento y al Consejo. 
Nuestra gran tarea es la de actuar ahorrativamente con los créditos presupuestarios. 
Este ha sido un tema del que nos hemos ocupado esta mañana de un modo especial. 
Permítanme que realice una observación al Consejo. 
Espero que ahora, cuando se disponga por fin del edificio, el Sr. Solana pueda acabar por fin con sus actividades y con sus papeles estrictamente secretos. 
Tenemos realmente unas tareas más urgentes que la cuestión de cómo podemos mantener ocultos documentos ante visitantes no deseados. 
Por ello, he votado con entusiasmo a favor de esta transferencia de créditos para que se solucione por fin este problema técnico y no haya nada más que se cruce en el éxito de una política de seguridad y de defensa europea. 
En lo que se refiere al Parlamento, con nuestro presupuesto suplementario seguimos el camino de continuar reduciendo las cargas de los intereses. 
Esto nos concede márgenes de actuación dentro del margen que nosotros mismos nos hemos marcado en la Categoría 5 y la posibilidad de emplear los fondos de modo duradero y razonable para el trabajo parlamentario y no sólo para el pago de los intereses en el marco de la política inmobiliaria. 
Por ello, el Grupo del PPE puede dar naturalmente su apoyo a los dos informes de los Sres. Bourlanges y Virrankoski. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en principio no puedo añadir mucho a lo que se ha dicho aquí. 
Naturalmente, nosotros también vamos a dar nuestro apoyo a ambos informes. 
Me voy a referir fundamentalmente al presupuesto suplementario y rectificativo 1 que, tal como acaba de decir el Sr. Ferber, lo que hace es adelantar las Navidades a julio y, en concreto, para el Consejo. 
Es maravilloso para el Consejo que se le devuelvan 3.200 millones de euros y poder planificar con ellos. 
Nos alegraría mucho si se tomase nota de esto y si se discutiese exactamente con la misma intensidad y vehemencia cuando buscamos 200 millones para poder compensar el año próximo un presupuesto global y financiar una tarea que afecta muy intensamente a Europa. Me refiero a Kosovo o a la totalidad de los Balcanes. 
Estamos hablando ahora de 3.200 millones, es decir de una suma dieciséis veces superior, y esta suma se va a devolver justificadamente, no dudo en absoluto de ello. 
En otro lugar se tratará probablemente de nuevo de 200 millones. 
El año pasado tuvimos ese problema y este año nos encontraremos de nuevo ante un problema similar. 
Desde una perspectiva de la cantidad quizás sea algo más pero en el fondo no va a ser diferente y deberemos solucionar este problema. 
Mi ruego al Consejo es el siguiente: ténganlo en cuenta también para las próximas negociaciones. 
Naturalmente, sería bonito si este dinero que ahora devolvemos no tuviésemos que devolverlo totalmente, si pudiese existir un Agreement entre el Consejo y el Parlamento por el que retuviésemos una parte de esos créditos para casos imprevistos. 
Esto haría posible en el futuro un modo muy diferente de proceder entre nosotros. 
Reconozco que se trata de una propuesta excepcional pero deberíamos recapacitar sobre algo así como una reserva para casos imprevistos. 
Creo además que contribuiría a distender los debates sobre el presupuesto. 
Voy a referirme aún a dos partes del presupuesto suplementario. 
Una es la siguiente: gracias a la excelente propuesta de nuestro ponente Bourlanges hemos logrado poner a disposición de Montenegro 20 millones al aceptar la urgencia. 
No obstante, para obtener estos 20 millones tenemos que exprimir el margen realmente hasta la última gota. 
No procedemos según la expresión inglesa: Put your money where your mouth is, es decir, allí donde fuese necesario, sino que devolvemos y buscamos realmente las migajas para cumplir nuestras tareas. 
Me permito rogar al Consejo que en el futuro sea algo más precavido con sus anuncios y promesas si no dice al mismo tiempo en qué posiciones debemos realizar recortes. 
Ruego también al Consejo que no cree más problemas en el procedimiento actual- relativo al presupuesto suplementario- no dando su aprobación. 
Saludaríamos extraordinariamente para el próximo procedimiento presupuestario si el Consejo se mostrase aquí más complaciente y lo aprobase junto con nosotros. 
Sería una buena señal que podría influir en los próximos debates sobre el presupuesto. 
Mi ruego al Consejo es el siguiente: proceda de este modo y lo tendremos muy en cuenta si fuese así. 
Señor Presidente, el ponente ya ha explicado que el PRS solicita que se aprueben dos cantidades de dinero diferentes. 
Espero que en la determinación de esas cantidades se hayan tenido en cuenta los principios presupuestarios de prudencia y de economía. 
La decisión política de aprobar el edificio para el Sr. Solana y las 45 personas de personal militar ya había sido tomada por los quince Estados miembros en Helsinki. 
Me gustaría plantear tres cuestiones a este respecto. 
En primer lugar, no está claro porque se debe computar el personal militar entre los gastos administrativos. 
Encajarían más adecuadamente en el epígrafe relativo a los gastos operativos. 
En segundo lugar, entiendo que existe un acuerdo entre caballeros según el cual el Parlamento Europeo y el Consejo se comprometieron a no interferir el uno en el presupuesto del otro. 
Me parece que esto se ha llevado hasta sus límites. 
La interpretación de este acuerdo entre caballeros por parte del Consejo es ciertamente imaginativa. 
El acuerdo se aplica a los edificios y al personal del Consejo pero no necesariamente al personal militar destacado cuyos salarios son pagados por sus propios Estados miembros. 
Sin embargo sus gastos generales serían pagados por la UE en el futuro, sin que exista verdadero seguimiento y sin que institución alguna ejerza un papel de fiscalización contable. 
En tercer lugar, no estoy conforme con que se utilice un PRS como instrumento para esto porque estas necesidades extraordinarias ya fueron previstas antes de que concluyese el procedimiento presupuestario el año pasado y deberían haberse incorporado al presupuesto de este año. 
Cumpliendo con el espíritu del acuerdo entre caballeros, no haré ningún comentario respecto a la necesidad de que haya 45 militares en el edificio. 
Probablemente será tan seguro como Fort Knox. 
La cuestión que quiero señalar aquí es que el Consejo debería aplicar el mismo rigor presupuestario a sus gastos administrativos que espera de otras instituciones. 
Y me gustaría que en el futuro se diesen ciertas garantías de que esas cantidades se gastarán de la forma más eficiente y económica posible. 
En cuanto a la solicitud por parte del Parlamento de otros 15 millones suplementarios para un pago por adelantado adicional del nuevo edificio de Bruselas, aunque puede ser interpretado como un paso prudente que permitirá un ahorro considerable en el futuro, me preocupa la imagen que pueda dar. 
Creo que es esencial que el Parlamento introduzca la elaboración de presupuestos basados en las actividades como asunto de máxima urgencia. 
Efectivamente, omití presentar la cuarta enmienda que, al no implicar gastos, podía parecer menos importante, lo que sería falso. 
Simplemente, quería decir que entre las aportaciones del Parlamento Europeo está la creación, en B5-671N, de una línea "Dispositivo de reacción rápida" destinada efectivamente, en virtud de las disposiciones del acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria, gracias a una sencilla mención p.m., a permitir, en el momento de la aprobación del reglamento definitivo, dotar esta acción de los medios apropiados. 
Sentiría no haberlo señalado. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, estamos hablando ahora al comienzo del segundo semestre del año 2000 sobre las dos primeras enmiendas al presupuesto en curso. 
La primera enmienda se refiere al presupuesto de la Comisión y la segunda al del Consejo y el Parlamento. 
En el último caso se trata en ambas ocasiones de la política inmobiliaria. 
Mientras que los 15 millones adicionales aprobados por el Parlamento se deben utilizar para pagar antes de tiempo los edificios y ahorrar de este modo intereses, el gasto adicional del Consejo acarreará en el futuro otros gastos ya que se deben alquilar otros edificios en Bruselas, por ejemplo, para el sector de la política de seguridad. 
Como Comisaria de Presupuestos tengo, naturalmente, más simpatía por los gastos que en el futuro produzcan ahorros- lo digo como una pequeña puya dirigida al Consejo que no está ahora presente- pero, sin duda, el deseo del Consejo está justificado. 
Si se acuerdan nuevas tareas entonces hay que garantizar también el apoyo personal y administrativo necesario para ello. 
Sólo espero que el Consejo aplique este principio también a la Comisión y no mida aquí con dos varas diferentes. 
El presupuesto suplementario y rectificativo Nº 1 contiene importantes modificaciones en el lado del Debe- lo que ya se ha subrayado- y en el lado del Haber del presupuesto 2000: en el lado del Debe figura la devolución del excedente de 1999 por un importe de 3.200 millones de euros. 
A ello se vienen a sumar otras importantes rectificaciones con lo que ahora se han podido determinar definitivamente los importes para el año 2000. 
En el lado del Haber figuran las siguientes modificaciones: para el Repatriation Fund que se ha propuesto- el ponente acaba de mencionarlo de nuevo- destinado a la intervención no militar en casos de crisis se crean las condiciones previas técnico presupuestarias. 
Para el Alto Representante del UNMIK en Kosovo y en Bosnia se modifica la financiación y se ponen a disposición 11 millones de euros. 
Para Montenegro se va a poner una ayuda adicional de 20 millones de euros. 
Quiero felicitar a los ponentes y decir de nuevo al Sr. Bourlanges que la Comisión acepta todas las enmiendas propuestas por el Parlamento aunque como consecuencia de ello, por ejemplo en el caso de la financiación de Montenegro, el margen restante sea extremadamente exiguo. Pero esto significa que tenemos que administrar muy bien y esto es lo que también queremos. 
La Comisión se va a esforzar para que el Consejo no realice una segunda lectura. 
Esto significaría aplazar de hecho la decisión hasta septiembre. 
Quizás la reducción de los pagos sea un estímulo suficiente para el Consejo para llegar aquí a una decisión rápida tal como ha practicado el Parlamento, por lo que quiero expresarles de nuevo aquí mi agradecimiento. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Usted se incluye en la parte progresista de la Comisión que ha comprendido que durante una sesión nocturna existe una relación entre la extensión de las exposiciones y la popularidad del orador. Muchas gracias. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0180/2000) del Sr. Mombaur, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo (COM (1990) 198- KOM (1999) 164- KOM (1999) 612- KOM (2000) 297- C5-0163/2000- 2000/2097 (COS) ) sobre la situación de la liberalización de los mercados de la energía. 
Señor Presidente, el mercado de la electricidad y del gas es unas de las bases esenciales para la competitividad de Europa y la protección del medio ambiente. 
Hemos elaborado un informe que responde a cuatro documentos de la Comisión. En el fondo, se trata de hacer un mercado global de quince mercados parciales. 
Señor Presidente, como ponente de la comisión quiero llamar la atención sobre algunos puntos pero quizás me permita que interrumpa brevemente mi intervención pues la Sra. Vicepresidenta está en estos momentos entrando. 
Me permito repetir: nuestro informe lo que pretende en el fondo es responder a cuatro documentos de la Comisión y establecer un mercado global para la electricidad y el gas partiendo de quince mercados parciales. 
Para la comisión hay muchos puntos importantes. 
Los voy a mencionar. 
Primero: los derechos civiles de la Unión para la libertad de establecimiento y de prestación de servicios se han logrado hasta ahora sólo parcialmente. 
Recomendamos establecerlos de modo acelerado. 
Segundo: saludamos que se formen nuevas estructuras de oferentes. 
Ahora bien, instamos a la Comisión, en su calidad de autoridad responsable para asuntos relacionados con la competencia, para que, en coordinación con las autoridades nacionales responsables de los cárteles, preste mucha atención para que no se formen nuevos monopolios, el acceso a la red esté libre a nuevos oferentes, se formen bolsas y siga siendo posible el cambio de proveedor. 
Tercero: prestamos atención a la seguridad del suministro y somos de la opinión de que hay que prestar mucha atención para que los Estados miembros que lo deseen impongan llamadas obligaciones en interés general a todos aquellos que participan en la competencia. 
El Tratado contiene a este respecto unas normas adecuadas para la transparencia y la claridad pero concede también a todos los Estados miembros la posibilidad de hacerlo si así lo quieren. 
Queremos insistir en que esto siga así. 
Cuarto: los reguladores. 
La mayoría de los Estados miembros han establecido reguladores pero uno no. 
Comprobamos que en los Estados en los que se han creado reguladores, no sólo los grandes consumidores sino también los medianos y pequeños pueden participar mejor en el mercado y que las condiciones de uso de la red son más claras. 
Quizás se debería recapacitar sobre si el modelo del acceso negociado a la red es lo correcto, pues el gran consumidor lo tiene aquí más fácil mientras que el mediano lo tiene más difícil. Posiblemente se trate de un instrumento que obstaculice el mercado global de Europa. 
Quinto: la plaza central del mercado para los mercados son las redes. 
Así pues, debe existir un acceso libre y esto significa que las tarifas deben transmitir unas señales de mercado adecuadas sobre un acceso no discriminatorio al mercado para todos y determinar unas buenas tarifas transfronterizas- de lo que se trata ahora en el llamado proceso de Florencia- que hagan posible el comercio transfronterizo. 
Aquí se ha elaborado un modelo por el que los costes del comercio transfronterizo se pagan a unos fondos. 
Este dinero es pagado por los operadores nacionales de las redes a aquellos que realizan los tránsitos. 
Señora Comisaria, señora Vicepresidenta, quiero realizar dos constataciones al respecto. 
Primera: los costes que han presentado los operadores de las redes nos parecen fabulosos, sin justificación y como extraídos de la más pura fantasía. 
Hay que examinar muy a fondo si no se trata de un cálculo de costes totalmente erróneo. 
Segunda: los costes que se reflejen en las tarifas deben trasmitir en cualquier caso unos impulsos adecuados al mercado, es decir, cubrir todos los costes y alentar también a realizar inversiones. 
Se trata de un importante punto en este proceso. 
Sexto: las líneas transfronterizas no muestran aún en todos los lugares la capacidad necesaria. 
Esto debe averiguarse y, en su caso, subsanarse o asignarse de un modo conforme al mercado, quizás con ayuda de licitaciones. 
Quiero aún referirme a dos puntos. Esperamos de la Comisión un debate en la comisión sobre cómo se debe proceder con las importaciones de electricidad y de gas procedentes de los países de la Europa Central y Oriental, pues no queremos que se perjudique al propio mercado de la electricidad y del gas en Europa con otros estándares de seguridad o con unos medios competitivos erróneos. 
Ultimo punto: en el caso de la electricidad, los operadores de transferencia de las redes han formado una asociación con cuya ayuda ha sido posible llegar a resultados positivos en Florencia. 
Rogamos a la Comisión que actúe para que los operadores de transferencia de las redes de gas creen una asociación similar para que en el proceso paralelo de Madrid del ramo del gas se obtengan éxitos similares al de Florencia. 
La energía, y en particular la energía eléctrica, obviamente, constituye un elemento sumamente importante en la actividad económica y el bienestar social, con un volumen de negocios de unos 150.000 millones de euros anuales. 
Desde que se aprobó la primera directiva para su liberalización en el año 1996 y la segunda en 1998, se ha experimentado una significativa caída de los precios, especialmente en aquellos países en los que se han aplicado de manera más decidida. 
Coincido con la Comisión, y con el ponente, en la necesidad de una aceleración de la liberalización, para que la Comunidad pueda beneficiarse plenamente de un mercado dinámico y competitivo. 
Sin embargo, a pesar de que la normativa actual plantea los principios esenciales sobre las condiciones, las modalidades y el ritmo de la liberalización, hay algunos aspectos importantísimos que deben tratarse con medidas complementarias y soluciones específicas. 
Se trata de la gestión de la congestión, los aspectos transfronterizos y los estrangulamientos existentes en las redes europeas de transporte que impiden una distribución equitativa en cuanto a los beneficios de estas medidas, que pueden facilitar la existencia de un mercado único a nivel comunitario. 
Por otra parte, aún hoy, se practican precios discriminatorios de transmisión entre los Estados miembros y los monopolios que poseen las redes dificultando la real liberalización del sector. 
Pienso que estas prácticas, así como la posible sustitución de los conocidos monopolios nacionales por un oligopolio europeo, deben ser perseguidas de manera implacable por parte de los servicios de la competencia de la Comisión. 
Aunque este tema nos ocupa y daría para muchísimas reflexiones, desearía finalizar esta intervención apoyando el informe equilibrado del ponente y subrayando la necesidad de hacer reales, lo antes posible, las expectativas de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Mombaur, en su informe usted ha dado una visión ciertamente muy completa de las implicaciones de la liberalización de estos mercados. 
La energía no es, por supuesto, una mercancía o un servicio cualquiera. 
Es absolutamente básico y esencial y ha de ser tratada de forma diferente a las mercancías ordinarias. 
Las dos directivas fueron cuidadosamente calculadas para asegurarse de que no se produciría una enorme y repentina supresión de puestos de trabajo- se han perdido aproximadamente 250.000 empleos en este sector, y se perderán aún más- y en segundo lugar para permitir a aquellos Estados miembros que hubiesen realizado cuantiosas inversiones en, por ejemplo, energía nuclear, que pudiesen elaborar alguna planificación estratégica y no dejarles con demasiadas inversiones perdidas. 
Por ese motivo no se ha tratado de directivas que hubiese que transponer a toda velocidad. 
Sin embargo deberían haberse desarrollado dentro del plazo por cada Estado miembro y no lo han sido. 
Aquellos que se han retrasado estaban equivocados, particularmente aquellos que al mismo tiempo se aprovecharon de la apertura de los mercados en otros lugares y tenemos pruebas de que eso también se aplica a países de fuera de la Unión Europea. 
He dicho que la pérdida de puestos de trabajo ha sido muy considerable. 
También ha habido muchos cambios muy bruscos y muchas reestructuraciones y existen algunas pruebas de la constitución de nuevos monopolios, algo que ha de ser combatido. 
Se ha producido una disminución en el volumen de investigación y desarrollo y ello es vergonzoso. 
Existe una falta de armonización y el Sr. Mombaur tiene bastante razón al reclamar más armonización. 
Soy bastante escéptico en cuanto a permitir a los legisladores hacer esto a través del Foro de Florencia. 
La cuestión de las obligaciones de servicio público se menciona en varias ocasiones en el informe. 
El grupo socialista ha presentado una enmienda en la que pide una directiva marco que garantice que en sectores como el de la energía se protejan los servicios de interés general. 
Espero que esto sea aprobado. 
Aunque existen dificultades en las dos directivas en relación con la liberalización, esto forma parte de la construcción de Europa y unos precios más bajos benefician a la gente. 
Sin embargo existen implicaciones medioambientales que no se han tomado muy en serio. 
El Consejo de Lisboa pidió a la Comisión que estudiase la necesidad eventual de una aceleración. 
Sin embargo no estoy de acuerdo con que se sermonee a los Estados miembros y se les indique lo que tienen que hacer. 
Ellos deben decidir. 
Estoy muy ansioso porque se apoyen las energías renovables en un mercado liberalizado. 
Esto no es fácil de hacer y es algo en lo que el Parlamento está muy interesado. 
Estoy muy preocupado por la amenaza a la combinación de calor y energía contenida en la directiva sobre el gas. 
Esto tiene que ser corregido muy rápidamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, quisiera dar las gracias principalmente al ponente por la minuciosidad con la que ha realizado este informe. 
En el proceso de liberalización del mercado de la energía se diferencian dos aspectos claves. 
En primer lugar, no todos los Estados miembros efectúan las liberalizaciones al mismo ritmo. 
En segundo lugar, no todos los Estados miembros aplican el mismo calendario a las liberalizaciones. 
Además, cabe destacar que el modo de abrir los mercados energéticos depende en gran medida de la ubicación geográfica del Estado miembro. 
Por esta serie de motivos, resulta preciso adoptar una postura pragmática en vez de teórica. 
La postura pragmática también constituye el método para que la liberalización se efectúe de forma adaptada, ya que, desde nuestro punto de vista, la directiva se debe implantar de forma gradual y no de un modo acelerado. 
Con este trasfondo, resulta importante que la Comisión aprobara la enmienda presentada por nuestro Grupo y que obligará a los Estados miembros a crear organismos reguladores independientes con la facultad de impulsar una competencia leal. 
Esta misma enmienda también pretende promover los intereses de los consumidores en un mercado energético liberalizado garantizando un suministro universal. 
Por último, también quisiera destacar que nuestra propuesta encaminada a fijar un calendario detallado que establezca los plazos para alcanzar unos objetivos descritos con exactitud, resulta clave para lograr finalmente una liberalización gradual e íntegra del mercado de la energía. 
En caso de que esta propuesta también se adopte en la sesión plenaria, se levantará una barrera que detendrá la competencia desleal existente en la actualidad en el mercado de la electricidad y que se debe a la desigualdad con la que los Estados miembros están llevando a cabo el proceso liberalizador en este momento. 
Señor Presidente, los monopolios no son aceptables, ya sean estatales o de otro tipo, y tenemos que tener cuidado de no crear nuevos monopolios privados en el sector de la energía con el mercado único. 
Me gustaría también subrayar que el concepto de servicio público y del bien público tienen que ir unidos a la liberalización. 
Me refiero a las preocupaciones sociales y medioambientales que el Parlamento siempre ha apoyado pero que aún no han sido suficientemente desarrolladas en el sector de la energía en relación con el mercado único. 
Es particularmente lamentable que la liberalización haya avanzado unida a un impacto negativo sobre el ahorro de energía. 
Este es un tema respecto del que todos hablamos mucho pero en el que en la práctica estamos en regresión, estamos yendo hacia atrás en cuanto a ahorro de energía. 
Tenemos que cumplir con los compromisos de Kioto: existen tratados internacionales y obligaciones en ellos y ya es hora de que tomemos esto más en serio. 
Apruebo las propuestas de acceso a la red para las energías renovables. 
Las subvenciones a las formas tradicionales de energía han sido intensas y son, en parte, responsables de los escasos progresos realizados con las renovables. 
Sería muy lamentable que Japón, por ejemplo, nos adelantase en las nuevas tecnologías que hemos estado desarrollando y sobre las que hemos investigado durante muchos años. 
Esto es algo que debería preocuparnos ahora mismo. 
Si apoyásemos el acceso a la red de las energías renovables, no nos deberíamos encontrar en esa situación. 
La liberalización debería de aplicarse a todos los sectores energéticos, y en particular al sector de la energía nuclear en el que existen cuantiosas subvenciones en algunos Estados. 
Sin embargo la Comisión no se está enfrentando a esto de forma directa. Quizás tenga miedo. 
He discutido de este tema con el Comisario Monti. Se trata de un Comisario poderoso pero él tampoco desea enfrentarse directamente a algunos Estados miembros en este tema. 
Pero se trata de un terreno de juego llano, y lo que es justo es justo, el sector nuclear no puede ser subvencionado. 
Finalmente en cuanto al proceso de Florencia, tenemos que implicar al Parlamento y tenemos que introducir la democracia en el proceso. 
No podemos permitir que permanezca fuera del control parlamentario aunque esto haya podido ser útil en algunos casos. 
Señor Presidente, este informe también revela que la liberalización actual, el mercado libre y la competencia son vistos como los únicos principios para la solución de casi todos los problemas económicos y de otro tipo. 
No ignoro que se han producido algunas evoluciones muy positivas en la política energética europea. 
Sin duda, también han descendido los precios de la energía eléctrica. 
Pero se silencia vergonzosamente que otros precios energéticos han ascendido en parte de modo vertiginoso. 
Esta realidad no encaja sin duda en la euforia liberalizadora. 
Creo que en general no se tratan algunos problemas muy serios y evoluciones erróneas en la política energética de la UE. 
En primer lugar, falta un debate sobre la práctica usual y en absoluto liberal de subvencionar masivamente de los modos más diversos las fuentes de energía nucleares y fósiles. 
En segundo lugar, la directiva de la UE sobre el mercado interior de la electricidad debe ampliarse en una segunda directiva de la UE sobre alimentación de corriente que promueva una energía ecológica y descentralizada. 
En tercer lugar, se debe modificar a fondo la política de subvenciones de la UE y no promover la construcción de líneas de alta tensión para una energía centralizada sino el ahorro de energía, las energías renovables y una regionalización de la política energética. 
Cuarto: quiero advertir frente a la destrucción de las empresas energéticas municipales que se está llevando a cabo con la actual liberalización en toda la UE. 
No se trata solamente de aspectos económicos sino también de la fuerza democrática y de la capacidad de actuación social y general de los Municipios. 
No deben sacrificarse bajo ningún concepto en aras de la liberalización. 
Señor Presidente, me gustaría transmitir mis felicitaciones al ponente por su informe. 
Se trata de un trabajo muy equilibrado que abarca un amplio abanico de puntos de vista. 
Deberíamos señalar los progresos que se han realizado hasta ahora en la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas, particularmente en cuanto a la electricidad cuyo mercado se ha abierto en más del 60% por ahora, al tiempo que también recordamos que tenemos que seguir manteniendo la presión para obtener mayores avances. 
Es difícil sobreestimar la importancia que tiene este proceso para la competitividad de nuestras economías, en el sentido más amplio. 
Sé que a corto plazo puede resultar difícil demostrarlo pero estoy seguro de que a largo plazo este será un elemento esencial para hacer competitivas en el ancho mundo a nuestras economías. 
También creo que es muy importante para nosotros distinguir entre el proceso de incremento de la eficiencia del mercado que la liberalización implica y otros objetivos políticos que podríamos desear lograr, como la cuestión de la garantía del abastecimiento, o el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y es muy importante diferenciar ambas cosas y mantenerlas separadas. 
Tengo que decir que también lamento, como algunos colegas, que algunos países vayan bastante retrasados en la implementación de esas medidas y es una ironía que uno de esos países sea precisamente el que intenta acelerar el ritmo de la integración europea. 
"San Agustín, ¡hazme estar más liberalizado, pero no inmediatamente !" 
Me gustaría hacer ver que los temores manifestados por los pesimistas respecto a que la liberalización llevaría a cortes en la garantía de suministro han sido contradichos. 
El sector privado ha sido capaz de suministrar el servicio. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe de nuestro compañero Mombaur se refiere a los mercados de la energía y recomienda, todo el mundo lo ha entendido, una aceleración de su liberalización. 
A esta hora del día y a estas alturas del debate, pienso que no es deseable ni útil matizar demasiado mis palabras. 
Personalmente, cuando pienso en "energía", pienso en "seguridad del suministro a largo plazo", pienso en una "garantía de las misiones del servicio público", pienso en "contribución a un desarrollo durable y que respeta el medio ambiente". 
Y, si puedo, además, pensar "competitividad", no dejo de hacerlo, naturalmente, pero confieso que ese no es mi primer objetivo. 
Esta es la razón, Señorías, por la que no puedo identificarme con la mayor parte de las conclusiones del ponente, ni con la visión del señor Comisario Bolkestein ni con sus palabras recogidas por la revista "L ' Europe sans frontières". 
No, aquellos que no están a favor de una liberalización acelerada de los servicios públicos no son reliquias de museo. 
No, los defensores del servicio público no utilizan el argumento del miedo para defender sus valores. 
No, los partidarios de un servicio universal no son nacionalistas sentimentales y crispados, sino europeos. 
Señor ponente, contrariamente a usted, no tengo confianza ciega y absoluta en los mecanismos del mercado. 
Yo no antepongo la disminución de los precios a la seguridad. 
Yo defiendo el empleo contra viento y marea y, sobre todo, no olvido que el servicio público es a la vez un elemento de solidaridad, un elemento del modelo social europeo tan del gusto de su amigo, el Sr. Jacques Chirac, y sobre todo es una condición de la ordenación equilibrada del territorio cuyo fracaso o inexistencia resulta mucho más costosa que los ahorros que, por lo demás, usted pretende querer realizar 
Por tanto, me hubiera gustado encontrar, Señor ponente, que su informe tiene en cuenta las disposiciones de los tratados relativos a los servicios de interés general y propuestas de medidas destinadas a garantizar el acceso de todos los ciudadanos al servicio público de la energía. 
Ya que, me permito insistir, el servicio público de la energía es un factor de cohesión social, de lucha contra la exclusión, de desarrollo equilibrado de las regiones, de respeto del medio ambiente, de seguridad y, por último, una condición de la independencia nacional y europea. 
Señor ponente, ha trabajado mucho, no lo niego, y puedo incluso felicitarle, pero no puedo apoyar la ideología que sustentan sus propuestas. 
Espero todavía que se voten las enmiendas presentadas por el Sr. Harlem Desir y por otros compañeros que comparten mis preocupaciones, ya que si se queda como está, yo no podría, personalmente, apoyar su informe. 
También me gustaría sumarme a las felicitaciones al ponente por haber realizado un excelente trabajo y además, en los cincuenta y cinco segundos restantes, referirme a dos cuestiones a las que otros ya han aludido anteriormente. 
En primer lugar, la importancia de contar con autoridades reguladoras fuertes. 
Está claro, a la vista de la experiencia en los quince mercados que aún siguen separados, que unas entidades reguladoras fuertes contribuyen a facilitar el acceso al mercado de los más pequeños, protegen los intereses de los consumidores y obligan a los grandes monopolios de suministradores que de otra forma se sentirían libres de adoptar un ritmo más lento avanzar rápidamente hacia la liberalización. 
En segundo lugar, la importancia de contar con un calendario. 
Ha sido una pena que las conclusiones de Lisboa no exigiesen un calendario. 
La experiencia en otras áreas como la de las telecomunicaciones demuestran que los Estados miembros responden mejor a ese incentivo y espero que la Comisión elaborará un calendario específico para la liberalización en los próximos meses. 
Señor Presidente, el documento sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la situación de la liberalización de los mercados de la energía sólo tiene en cuenta dos elementos: la competencia y la intensificación del mercado único de la energía. 
Para justificar esta estrategia de liberalización total de los mercados de la electricidad y del gas, no duda en glorificar los supuestos efectos de la competencia, es decir, la disminución de los costes de producción, el aumento de las posibilidades en materia de empleo, no dudando en hablar incluso de impacto macroeconómico positivo sobre el mercado del empleo. 
¿A través de qué mecanismo, o más bien, de qué misterio? 
Efectivamente, las liberalizaciones llevadas a cabo o que se encuentran en curso jamás han creado empleo, al contrario. 
En algunos servicios públicos han contribuido a reducir la plantilla. 
Según los sindicatos de la CES, ya se han suprimido 300.000 puestos de trabajo y se encuentran amenazados otros 200.000. 
En todos lados, el estatuto de los trabajadores asalariados está haciéndose añicos. 
Discuto otra afirmación: la disminución del precio de la energía. 
¿Para quién y cómo? 
En realidad, el descenso de las tarifas con frecuencia sólo beneficia a los grandes consumidores industriales. 
Para los simples usuarios, el gas y la electricidad se han convertido en una mercancía que puede o no puede comprarse. 
¿Deberá el usuario pagar, pronto, como en Gran Bretaña, por anticipado su consumo de electricidad o bien privarse de ella cuando su tarjeta de pago esté agotada? 
La energía es un elemento de primera necesidad. 
Su acceso debe ser un derecho fundamental. 
A nuestro juicio, sólo un verdadero control público y democrático permitiría racionalizar la producción y el consumo de energía al mismo tiempo que se garantiza el respeto del medio ambiente y la distribución equitativa global. 
Sería un primer paso hacia un servicio público europeo que responda hoy a las necesidades de los usuarios y los asalariados. 
Sin embargo, esta preocupación parece estar muy lejos de este informe, y es la razón por la cual, yo no podría apoyarlo en el estado en que se encuentra. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar y expresar mi reconocimiento al ponente, Peter Mombaur, por este competente informe y si recordamos las intervenciones que han realizado aquí las y los colegas, entonces se puede decir realmente que la liberalización de los mercados de la energía se ha producido de un modo más rápido y eficaz de lo que habíamos esperado en el último período legislativo. 
Esto es lo primero. 
Estimado colega Caudron, no va a poder marcha atrás a esto y es bueno que así sea. 
En segundo lugar, se ha rebatido eficazmente a los escépticos de la liberalización de los mercados de la energía. 
Señora Valetta, los precios de la electricidad y del gas han descendido considerablemente gracias a la competencia, también para los consumidores. 
Usted pone siempre a las grandes empresas como las ganadoras y esto es totalmente falso, es una tontería. 
Se ha preservado la seguridad de abastecimiento de los consumidores y la economía y la competitividad de los puestos de trabajo han mejorado considerablemente y no empeorado. 
La competencia internacional ha mejorado. 
Aún queda por solucionar una serie de problemas. 
La apertura al mercado no ha avanzado aún suficientemente en algunos Estados. 
Creemos que la Presidencia francesa también podrá lograr en este aspecto más avances. 
En segundo lugar, la liberalización debe ser controlada por las autoridades antimonopolio y para ello tenemos una institución europea capaz de esta tarea y que trabaja ya con éxito pues, de lo contrario, se sustituiría un monopolio estatal por uno privado. 
El colega Monbaur acaba de llamar la atención al respecto. 
En tercer lugar, es necesaria una separación estricta de la producción de energía y de la administración de las redes. 
También creo que las remuneraciones y las condiciones de acceso se pueden solucionar mejor mediante una autoridad reguladora que por acuerdos voluntarios entre grandes asociaciones. 
En cuarto lugar, sobre todo en lo tocante a la igualdad de trato para las pequeñas y medianas empresas así como para las centrales térmicas municipales, la mejor solución es un acceso regulado a la red con unos precios determinados según el ejemplo existente en las telecomunicaciones. 
En el futuro, no sólo se deben controlar y autorizar mejor las fusiones sino también las ayudas estatales. 
El catedrático Monti lo ha anunciado. Lo considero en principio correcto pero creo que el plazo de cinco años es demasiado corto y que necesitamos una prórroga de hasta diez años para que la industria europea se pueda desarrollar plenamente e invertir con perspectivas de éxito en este importante mercado de futuro. 
Señor Presidente, durante este debate resulta evidente que para algunos liberalizar es un fin en sí mismo. 
No pienso que tal sea el caso. 
Debe haber un fin tras la liberalización y éste puede ser precios más bajos, seguridad en el suministro, mejor competitividad y un desarrollo tecnológico sostenible. 
Desde esta perspectiva hemos puesto en marcha en Dinamarca- inspirados de hecho por las directivas comunitarias- una liberalización total del sector eléctrico. 
Es una gran revolución que causa inquietud entre los trabajadores. 
Cuando uno habla con ellos sobre esta liberalización, responden: "Nos gusta que haya una liberalización, pero nos gustaría que fuera la misma para todos en Europa". 
Aquí radica precisamente el problema en este asunto. 
Hemos procedido a una liberalización por la que se rigen quince mercados diferentes, hemos liberalizado en quince países diferentes, y sin embargo, con ello no hemos logrado la liberalización total. 
Quizá haya que concluir que hemos procedido a liberalizar sólo por liberalizar. 
Los trabajadores de este sector niegan con la cabeza, y los consumidores de a pie no reciben las ganancias esperadas de la liberalización. 
De ahí que sea acertado proseguir con la liberalización en la que nos hallamos inmersos y poner en marcha una liberalización total. 
Es obvio que debemos liberalizar, pero esta liberalización debe producirse en igualdad de condiciones. 
Asimismo, también es importante recordar que la liberalización en marcha no debe ser un caso aislado. 
En el futuro trabajo de cara a la liberalización del mercado energético debemos asegurarnos de que toda la política energética quede involucrada. 
Existen una larga serie de condicionantes que deben tenerse en cuenta. 
Pienso en los consumidores, el medio ambiente, la competitividad, las energías renovables y los trabajadores. 
Hay muchos más temas en la agenda de los que debemos ocuparnos, no sólo de la liberalización total. 
Señor Presidente, doy las gracias a nuestro colega, Sr. Mombaur, por su excelente informe. 
La liberalización de los mercados de la energía es el único camino adecuado para garantizar los derechos del consumidor y dar credibilidad a la operatividad del mercado interior. 
La Comisión debe encargarse de que la apertura de los mercados de la energía se lleve a cabo de forma auténtica y respetando las reglas del juego limpio. 
Las diferentes supuestas trabas a la competencia, como son los obstáculos creados por los operadores de las redes de transmisión de los sistemas de producción, deben ser eliminadas sin dilación. 
También hay que meter en cintura a los "grandes jugadores en el sector de la energía". 
Francia, por ejemplo, cuyo sector energético es de los más progresistas, protege tozudamente sus propios mercados. 
¿Qué puede temer un país tan competitivo en una situación de libre competencia? 
La liberalización de los mercados de la energía implica también que la Comisión debe ser capaz de tratar los diferentes modos de energía en condiciones de igualdad. 
No puedo dejar de sorprenderme ante las declaraciones de la Comisaria encargada de la energía, Sra. de Palacio, según las cuales el agua que fluye libremente no sería clasificada como fuente de energía renovable. 
La Comisión debe reconsiderar su posición. 
La energía hidroeléctrica de los países nórdicos es una fuente de energía natural y ecológica que puede ser producida a precios muy competitivos por lo general, como es el caso hoy por hoy gracias a la gran abundancia de agua. 
La electricidad producida por las centrales hidroeléctricas puede competir actualmente incluso con la electricidad importada desde Europa Oriental y Rusia, de manera que, al menos en lo que se refiere a la energía exportada a los mercados de los países nórdicos, la electricidad proveniente del este no merece llevar la etiqueta calificadora de dumping. 
El proteccionismo practicado por los grandes jugadores en el sector energético de Europa central es la razón principal de las dificultades que encuentra la energía hidroeléctrica, producida a bajo precio, para abrirse paso en los mercados centroeuropeos. 
Los sistemas de certificados pueden garantizar que las posibilidades de elección de los consumidores estén en relación directa con los elementos que conforman el precio final de la electricidad. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar al ponente por su excelente informe. 
La liberalización de los mercados de la energía es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía. 
La mejora de la competitividad y el abaratamiento de los precios, también para el consumidor final, son un objetivo que se debe perseguir con gran atención. 
La apertura del mercado permite una reorganización a escala europea mediante normas comunes para todos los Estados. 
Espero que la Comisión presente propuestas completas para superar las trabas que se ponen al comercio intracomunitario, así como medidas ad hoc contra los Estados miembros que no aplican las directivas. 
Es importante acelerar el proceso de liberalización en los sectores de la energía eléctrica y del gas armonizando el marco de la política energética en los Estados miembros. 
Para apoyar el proceso de liberalización será necesario, como ya sucedió en otros sectores, prever un proceso de benchmarking con la publicación por parte de la Comisión de un informe semestral sobre los precios finales de la electricidad y del gas de la Unión Europea. 
De este modo, tendremos una evaluación directa de las repercusiones del proceso de liberalización de los mercados de la energía. 
Asimismo se deberán elaborar directrices para la armonización de los criterios de análisis de los precios y la elaboración de las informaciones recogidas, al objeto de garantizar la máxima atención a las comparaciones de las situaciones de los distintos Estados miembros. 
Al igual que el ponente, quiero subrayar que la competencia no impide imponer a los operadores obligaciones de servicio público en aras del interés general. 
Recuerdo asimismo que la liberalización no supone simplemente una privatización para seguir gestionando de hecho y como antes una empresa: la liberalización debe implicar apertura, intercambio y competitividad. 
No creo que la liberalización tenga un efecto negativo en el empleo, ya que la bajada del coste de la energía permitirá a las empresas desarrollarse ulteriormente y crear más puestos de trabajo que los que se pierden con la desaparición de los monopolios. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestro compañero Mombaur sobre la situación de la liberalización de los mercados de la energía, de la electricidad y del gas tiene el mérito de realizar una síntesis de las diferentes comunicaciones de la Comisión en este ámbito. 
No obstante, también recuerda algunas evidencias, de las que citaré dos. 
En primer lugar, la realización de un mercado interior en el sector de la energía está inscrita en los Tratados y debe llevarse a cabo. 
En segundo, este objetivo implica indiscutiblemente a la vez la apertura a la competencia, el proceso de liberalización y la separación en actividades distintas del transporte, la producción y la distribución de estas energías. 
En este inicio de la Presidencia francesa, es preciso constatar- y en mi calidad de diputado europeo francés no me alegra- que Francia tarda en transponer al derecho nacional un determinado número de directivas europeas. 
Es, según parece, el alumno menos aventajado de la clase. 
Así, la directiva europea sobre la electricidad ha sido transpuesta con retraso y en términos mínimos por mi país. 
Más generalmente, lamento, al igual que el ponente, que otros países sólo deseen llevar a cabo una liberalización mínima. 
Sin embargo, se ha dicho, y yo también quiero destacarlo, la liberalización total, tal como la han practicado otros países, en el ámbito de la electricidad, por ejemplo, ha tenido importantes efectos benéficos para el consumidor: entre el 25% y un tercio de disminución del precio en el Reino Unido, cerca del 35% de disminución del precio en Alemania, ¿es preciso recordarlo? 
Esta es la razón por la que creo que es necesario apoyar ahora a la Comisión en sus esfuerzos y, como lo propone el informe del Sr. Mombaur, obtener un calendario preciso y obligatorio para realizar la liberalización completa de los mercados de la energía para los países candidatos a la adhesión, naturalmente, pero ante todo y sobre todo para los países miembros. 
La ambición europea que muestra la nueva Presidencia de la Unión no puede satisfacerse con la defensa de situaciones adquiridas y superadas. 
Ciertamente, la consecución del mercado interior no puede resumir por sí sola a la Unión Europea. Sin embargo, no puede aplazarse indefinidamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Mombaur por su informe, por cuanto entiendo que además coincide en las grandes líneas con la posición de la Comisión. 
En segundo lugar, agradecer todas las intervenciones que ha habido, aunque no comparta todo lo dicho. 
En cualquier caso, quiero señalar que coincido con el Sr. Mombaur en que la apertura a la liberalización del sector eléctrico ha producido una bajada de precios, una mejora para los clientes, para los hogares y también para las grandes industrias, lo que ha supuesto creación de empleo, mejora de la competitividad de la industria europea, desarrollo y trabajo, aunque es cierto que ha habido alguna supresión de puestos de trabajo en el sector eléctrico industrial. 
Pero los beneficios son mucho más amplios que los problemas planteados. 
Hay que decir también que las cumbres de Lisboa y Feira han reiterado la necesidad de seguir adelante con las liberalizaciones. 
Es verdad que, frente a lo que ha planteado alguno, no hay un calendario. Ello no quiere decir que no haya la voluntad marcada de seguir adelante. 
En cualquier caso, los progresos hasta ahora- que son muy importantes- a mí me parecen insuficientes. 
Necesitamos crear no quince mercados liberalizados sino un mercado único europeo liberalizado. 
A partir de ahí, las asignaturas pendientes, como son el nivel de apertura del mercado, la disociación de los operadores de las redes de transmisión de los sistemas de producción, la garantía de un acceso no discriminatorio en la aplicación de precios. 
En este contexto, quiero agradecer el apoyo que da la resolución del Sr. Mombaur a la importancia que representa la separación entre productores y gestores de las redes de transmisión. 
Por otra parte, los esfuerzos del Foro de Florencia son inestimables y hay que seguir avanzando en ese camino. 
Si resultan insuficientes, serán complementados con iniciativas por parte de la Comisión. 
En ese sentido, la voluntad de buscar una tarificación que permita un incremento de los intercambios y un acceso claro a la red. 
Hay que decir también que el Foro de Florencia- en lo que se refiere a la electricidad- debe ser complementado con el Foro de Madrid en lo relativo al gas. 
Ambos representan un planteamiento original a nivel institucional pues en ellos participan los representantes del Parlamento. 
Hay un aspecto físico, la capacidad de interconexión, que es también necesario desarrollar y que hoy día supone limitaciones al desarrollo de ese mercado único, tanto en el sector eléctrico como en el sector del gas. 
Si hay que seguir avanzando en la liberalización, no podemos olvidarnos de un elemento clave: la función de servicio público de la electricidad- también del gas, aunque a otro nivel-. 
Eso quiere decir garantía de abastecimiento- como ha dicho alguna de sus Señorías- y un servicio adecuado para todos los ciudadanos. 
Este aspecto figura en las iniciativas que me propongo presentar a finales de este año al Consejo y al Parlamento para que estén listas en primavera, para el Consejo Europeo, en el sentido de impulsar más la liberalización en los terrenos que he señalado. 
Quiero decir, además, que el aspecto relativo a las normas de seguridad debe desarrollarse en los próximos tiempos y que voy a plantear al Parlamento y al Consejo un debate, no sobre el sector nuclear, ni sobre el sector del carbón o de las energías renovables, sino sobre las garantías de abastecimiento energético en la Unión de una manera global, donde contemplemos las distintas fuentes de energía, donde planteemos los problemas ligados a cada una de ellas, porque no hay nada gratis, todas tienen su coste, su pro y su contra. 
Necesitamos un debate sereno sobre el abanico de que disponemos, en lo que respecta a las fuentes y a las garantías de abastecimiento, desde la perspectiva de los compromisos de Kioto. 
Considero que el agua es una energía renovable, cómo no. 
La hidroeléctrica es una energía renovable. 
Lo que ocurre es que la gran hidroeléctrica no se computa a la hora de las subvenciones, que son temas distintos. 
Nosotros entendemos que hay que apoyar al máximo el desarrollo de energías renovables. 
Hay una tecnología europea importantísima, con una proyección industrial más allá de nuestras fronteras europeas, que hay que seguir apoyando. 
La Directiva excluye a la energía hidroeléctrica de la percepción de ayudas, lo cual no quiere decir que no sea renovable. 
Hay que seguir considerándola en el cómputo global de energías renovables. 
Señor Presidente, no tengo tiempo para extenderme más. 
Quisiera agradecer otra vez el magnífico informe del Sr. Mombaur y señalar que vamos a presentar propuestas para seguir avanzando en el terreno de la liberalización, que vamos a ocuparnos de los aspectos sociales del sector eléctrico y de los componentes de servicio público del sector. 
El balance es francamente positivo y hay que seguir avanzando conforme a lo que nos ha dicho el Consejo, tanto en la Cumbre de Lisboa como en la de Feira. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Desarrollo de los ferrocarriles comunitarios 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los dos informes siguientes: 
(A5-0173/2000) recomendación para segunda lectura del Sr. Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (5386/1/2000- C5-0178/2000- 1998/0265 (COD) ) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la modificación de la Directiva 91/440/EWG para el desarrollo de las empresas ferroviarias de la Comunidad; 
(A5-0171/2000) recomendación para segunda lectura del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre: 
I. la posición común del Consejo (5387/1/2000- C5-0176/2000- 1998/0266 (COD) ) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la modificación de la Directiva 95/18/EG sobre la concesión de autorizaciones a empresas ferroviarias; 
II. la posición común del Consejo (5388/1/2000- C5-0177/2000- 1998/0267 (COD) ) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la asignación de infraestructuras ferroviarias, el cobro de tasas por el uso de dichas infraestructuras y la certificación de seguridad. 
Antes de que dé la luz verde para los ferroviarios y como tenemos aquí un nuevo equipo, quiero realizar una breve observación. 
Tenemos aún ante nosotros un largo debate. 
Mi encarecido ruego es el siguiente: aténganse a los tiempos de intervención. 
Como dos jefazos de ferrocarriles que van a intervenir al principio disponen de unos tiempos de intervención interminables, tengo el sueño de que quizás incluso hablen algo más brevemente. 
Señor Presidente, señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Transportes propone al Pleno abrir por fin paulatinamente el mercado de los ferrocarriles, en concreto hasta el año 2010. 
Sólo con una apertura de este tipo se podrá lograr nuestro objetivo común de trasladar más mercancías de la carretera al ferrocarril y alcanzar de este modo de un modo duradero una movilidad factible en la Unión Europea. 
En primer lugar, quiero expresar a la Comisión, en especial a la Vicepresidenta, la Sra. Palacio, y a la Presidencia finlandesa del Consejo, mi encarecido agradecimiento por haber determinado ya en diciembre de 1999 unas posiciones comunes en el Consejo. 
Estamos muy agradecidos por ello. 
Sin embargo, en el procedimiento de codecisión vamos a defender como Parlamento la opinión de que las posiciones no van lo suficientemente lejos para asegurar a la larga el futuro de los ferrocarriles. 
El Consejo sólo quiere dar pequeños pasos. 
Nosotros somos de la opinión de que ocho años tras la culminación del mercado interior es ya hora de mandar al menos unas señales y decidir definitivamente que en el año 2010 al menos se pueda concluir la liberalización en el sector de los ferrocarriles. 
Esto apunta también en el sentido de la cumbre de Lisboa donde los Jefes de Estado y de Gobierno han insistido en que se impulse la liberalización del tráfico. 
¿Cuáles son nuestras enmiendas más importantes? 
Para lograr un uso efectivo de las redes de ferrocarriles coincidimos con el Consejo en abrir sólo para el transporte de mercancías transfronterizo una red especial transeuropea de ferrocarriles. 
Sin embargo, somos de la opinión de que cinco años son suficientes para mostrar a los ferrocarriles y sus empleados que no deben tener miedo ante la apertura de las redes. 
Creemos que el acceso para las empresas ferroviarias se debería extender al cabo de cinco años a la totalidad de la red de los quince Estados miembros tanto para el transporte de mercancías nacional como internacional y, a más tardar en el año 2010, así mismo al transporte internacional y nacional de personas. 
Con esta apertura paulatina y precavida tendríamos en el año 2010 realmente por fin una red común en la Unión europea. 
Para garantizar también que las empresas ferroviarias de todos los Estados miembros tengan un acceso efectivo a las redes parciales en otros Estados miembros, creemos que es necesario llevar a cabo una separación estricta y obligatoria entre la explotación de la correspondiente red y la aportación de la prestación de transporte por parte de la correspondiente sociedad ferroviaria nacional. 
La práctica de los 40 años pasados muestra que la no separación de la red y de la explotación conduce a que siempre la sociedad ferroviaria nacional se reserve para si las mejores posibilidades de empleo de la infraestructura en sus redes excluyendo de este modo a las demás sociedades ferroviarias del acceso efectivo y no discriminatorio. 
Para poder seguir aumentando el uso de las redes, somos de la opinión de que, aparte de las empresas ferroviarias, otras personas jurídicas, como los transportistas y expedidores deben tener el derecho a solicitar en toda la Comunidad el derecho a utilizar tramos y a obtenerlo. 
Esta apertura del círculo de solicitantes para el uso de tramos en los quince Estados miembros- a más tardar a partir del año 2005- hará justicia al papel de los transportistas y expedidores que están dispuestos por su parte a utilizar el ferrocarril. En segundo lugar, se trata de un paso más en la culminación del mercado interior en el sector de los ferrocarriles pues, de este modo, se suprime la posibilidad de uso en exclusiva por parte de los ferrocarriles. 
Otro elemento es la cuestión del pago por los tramos. 
Creemos que a medio y largo plazo estas cantidades deben cobrarse con el objetivo de cubrir gastos. 
Pues sólo si los usuarios- the user pays -, léase las empresas ferroviarias, soportan también efectivamente los costes por la explotación y mantenimiento de las redes, se podrán también financiar éstas. 
Finalmente, la Comisión de Transportes ha acordado con gran mayoría levantar las disposiciones de excepción para Irlanda, Grecia, Luxemburgo y Gran Bretaña, en lo que sea posible en Irlanda del Norte. 
Somos de la opinión de que no debe existir un derecho diferente en partes diferentes de la Unión y de que incluso en zonas geográficamente alejadas que, naturalmente, todos apreciamos especialmente, se deben aplicar los principios de la fidelidad y transparencia de precios así como del acceso abierto a las redes. 
Para finalizar, permítanme que indique de nuevo que mañana podemos marcar un hito en la votación en el Parlamento. 
Si recogemos la recomendación de la Comisión de transportes con gran mayoría tendremos la oportunidad real de llegar en el procedimiento de conciliación con el Consejo a compromisos que puedan ser aceptados por ambos y que, naturalmente, van más allá de las posiciones comunes pero que permiten dar unos pasos efectivos para la apertura del sector de los ferrocarriles, pues todos queremos intensificar su uso. 
Queremos llevar más mercancías de la carretera al ferrocarril, por lo que necesitamos un claro compromiso con el Consejo. 
Pero sólo llegaremos a él si como Parlamento mantenemos una actitud clara. 
Señor Presidente, estimada Comisaria, Señorías, uno podría pensar que los tres informes sobre los que hoy debatimos son informes técnicos. 
Pero desde que he informado hoy al respecto en mi Grupo político, he visto qué emociones pueden surgir aquí. 
Es positivo que ocurra esto pues en realidad se trata de un asunto de gran envergadura. Se trata de cómo en el futuro los ferrocarriles pueden ganar en peso, no en un sentido material, sino en importancia, pues lo que muchos olvidan cuando se oponen a las reformas es que en la situación en que se encuentran actualmente los ferrocarriles y se han encontrado también en los años pasados ocurre que se transporta cada vez menos. 
Siguen circulando trenes por Europa pero cada vez con menos mercancías en sus vagones y esta es una circunstancia que no podemos aceptar. 
Creo que coincidimos en queremos construir unos ferrocarriles europeos y la resolución del Consejo, el consenso logrado en el Consejo, es una especie de consenso de mínimos que no es suficiente aunque tengamos quizás opiniones diferentes en algunos asuntos o hasta cuánto más lejos debemos llegar en este aspecto que el Consejo. 
Naturalmente, también se deben corregir muchas negligencias del pasado pues hasta ahora solamente ha habido ferrocarriles nacionales. 
Pero hablamos de globalización. 
Las empresas privadas actúan hoy todas ellas a nivel transnacional pero sólo en el caso de los ferrocarriles aún no se ha difundido esta noticia. 
Se trata pues de liberalización y de apertura de los mercados y aquí existen, por supuesto, diversas ideas. 
Existe la idea de que el mercado es una mano invisible, casi un principio divino que debe dirigir y gobernar todo y también hay otros que piensan que solamente debemos abrir el mercado con gran precaución y sólo en lo que es necesario. 
Nuestra posición es la siguiente: existe una vía intermedia en la que se tiene que definir claramente cómo queremos realizar la apertura del mercado, si bien concediendo a las empresas ferroviarias la posibilidad de adaptarse paso a paso a las nuevas condiciones. 
La competencia es para nosotros un instrumento para elevar las prestaciones. Es decir, hay que llevar más transportes al ferrocarril, en especial mediante el transporte de mercancías allí donde más duele, para que las prestaciones de los ferroviarios no disminuyan continuamente. 
Se debe así pues iniciar un proceso escalonado pero con unos pasos más claros y rápidos de los que prevé el Consejo. 
En primer lugar, la gran mayoría somos de la opinión de que en todos los países debe existir una autoridad de control de la competencia, en cierto modo, un regulador. 
De este modo, todas las empresas ferroviarias, todos los interesados, los transportistas o quien sea dispondrían de una instancia en cada país a la que podrían dirigirse si se produjesen violaciones de la transparencia en la competencia. 
Por ello tampoco pueden existir regulaciones de excepción. 
Queremos construir un ente ferroviario europeo y no uno para un país y otro para otro país. 
Por ello, se deben suprimir estas regulaciones de excepción. 
Esto no significa que todo en absoluto se deba prescribir hasta en cada mínimo detalle pero los espacios libres que abramos deben existir para todos los países y no para unos más y otros menos. 
En segundo lugar, somos de diferente opinión en lo que se refiere a la separación obligatoria de las infraestructuras. 
Creemos que debería ser posible actuar de un modo competitivamente neutral también con empresas integradas si, naturalmente, se separan el balance y determinadas condiciones previas. 
Mi o nuestra propuesta consiste en que la Comisión presente un informe al cabo de algunos años e informe al Parlamento sobre si se han producido o no contradicciones con los principios básicos de la libre competencia, de su transparencia, y entonces podríamos adoptar otra decisión. 
Somos de la opinión de que la liberalización debe afectar sobre todo al transporte de mercancías, a las transnacionales y finalmente también a las nacionales. 
Respecto al transporte de personas creemos que es importante y que al menos en el momento actual es suficiente con determinar que también debe abrirse al mercado el transporte transfronterizo de personas. 
Si entre Stuttgart y Munich debe liberalizarse el transporte de personas es una cuestión que incumbe al Gobierno federal alemán o al Gobierno del estado federado de Baviera pero no pertenece necesariamente al nivel europeo. 
Aquí creemos que se debería conceder a los Estados miembros un margen de actuación para adoptar una decisión. 
Una cuestión importante es la del sistema de precios. 
¿Qué precios deben asignarse a qué capacidades? 
Aquí existen dos principios básicos. 
Uno dice: sólo los costes marginales, sólo los costes que surgen cuando aquí parte un tren adicional. 
De lo contrario, no ocurrirá que se transporten más mercancías por ferrocarril y este es precisamente un problema en algunos ferrocarriles, también los ferrocarriles alemanes, por mencionar un ejemplo. Pues, en la situación actual, el principio de los costes globales hace que muchos no hagan uso de las ofertas de estos ferrocarriles porque son sencillamente demasiado caras. 
Por ello, aquí debe producirse también sólo una transición paulatina y un paralelismo entre el ferrocarril y la carretera. 
Quiero mencionar aún un último punto: siempre se pregunta críticamente qué es lo que va a pasar ahora con el servicio público y si se va a ver sacrificado. 
¿Va a existir más principio de mercado o va a imperar por el contrario el principio de la economía privada? 
Con este objetivo hemos introducido de nuevo una disposición que ya estaba prevista en relación con las prestaciones de servicio público pues hasta ahora la Comisión no ha presentado aún por desgracia ninguna propuesta general sobre cómo deben tratarse los servicios públicos. 
En el futuro es posible que un país pueda decir: en determinadas regiones, en determinados tiempos, los servicios públicos deben tener preferencia. 
Aquí se puede pues establecer muy bien una posición de preferencia. 
Creo que mañana adoptaremos una decisión que sin duda hará que se ponga en marcha un procedimiento de conciliación. 
Esto no representa tampoco ningún problema especial. 
Nosotros, los dos ponentes y todos los Grupos políticos de esta Asamblea estamos dispuestos a aceptar un compromiso. 
Sin embargo, el Consejo también debe moverse. 
Nosotros nos hemos movido y si también lo hace el Consejo se podrá llegar a un compromiso. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a todas las colaboradoras y colaboradores no sólo de mi Grupo político sino también de los demás por el mucho trabajo que han invertido. Naturalmente, también a la Comisión. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, quisiera ante todo felicitar públicamente a los dos ponentes, al Sr. Jarzembowski, que recibió el testigo de nuestro antiguo colega el Sr. Pavlos Sarlis, que en su calidad de diputado al Parlamento Europeo había asumido la ponencia en la primera lectura, y al Sr. Swoboda, por sus informes. 
Deseo decir que ambos nos han explicado muy bien los aspectos más técnicos de los informes. 
Como Presidente de la Comisión de Transportes quisiera detenerme en dos conclusiones que considero que hemos de extraer de este debate. 
La primera conclusión se refiere a la liberalización de los ferrocarriles. 
Es algo que llevamos años escuchando, de la misma manera que llevamos años escuchando muchas cosas sobre el mercado único en la Unión Europea. 
Ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos, tanto en un asunto como en el otro. 
Tenemos que comprender que el mercado único no puede existir plenamente si no se produce una plena liberalización de los transportes, y pienso que la liberalización de los transportes contribuirá decisivamente en esta dirección. Contribuirá también decisivamente a la revitalización de ese medio de transporte cada vez más deteriorado que se llama ferrocarril. 
El segundo mensaje atañe al Consejo. 
El Consejo debe tomar seriamente en consideración las opiniones del Parlamento. 
No ignoro, desde luego, el compromiso alcanzado en Helsinki con ayuda de la Sra. De Palacio. 
El compromiso es bien recibido, pero no es suficiente; tenemos que avanzar más y en esta dirección deben ser tomadas en consideración las opiniones del Parlamento. 
Es un error que el Consejo entienda que el debate terminó el pasado diciembre en Helsinki, cuando se alcanzó el compromiso en el ámbito del Consejo. 
El Parlamento está aquí, tiene sus puntos de vista, los defiende con toda claridad y los defenderá también mañana, como todos creemos, en una votación que reproducirá lo que ya se puso de manifiesto en nuestra comisión, en la sesión en la que se aprobaron por amplia mayoría los informes. 
Señor Presidente, para los ferrocarriles el status quo no constituye una alternativa. 
Han de cambiar o morir. 
Los ferrocarriles en Europa están en fase terminal, particularmente en el sector del transporte de mercancías. Toda nueva mercancía viaja por carretera en Europa, no en tren. 
Esto tiene que cambiar, y creo que cambiará. 
Esa es la razón por la que apoyo en términos generales la postura del Consejo que supone un paso adelante pequeño pero importante en pos de la liberalización de los ferrocarriles. 
La alternativa a este pequeño paso es no dar ninguno en absoluto. 
Por eso esta noche, y a mi pesar no puedo estar de acuerdo con la táctica sugerida por el Sr. Jarzembowski porque es una receta que no nos llevaría a ninguna parte en absoluto, y ello muy rápidamente. 
Tenemos que tener en cuenta las diferencias nacionales y, por supuesto, las preocupaciones sociales y relativas al empleo. 
En términos generales la posición del Consejo ha conseguido el equilibrio adecuado entre las cuestiones del cobro, las licencias, el acceso y la separación. Se ha conseguido un equilibrio adecuado entre ambos extremos y yo recomendaría que esa "tercera vía" -utilizando la terminología del Sr. Swoboda- se aplicase a los ferrocarriles en Europa. 
Los eurodiputados laboristas tienen dos preocupaciones particulares que me consta que son compartidas por algunos otros colegas: una es la cuestión de las excepciones. 
Pensamos que Grecia, Irlanda e Irlanda del Norte deberían beneficiarse de una derogación parcial de cinco años de duración por sus muy particulares circunstancias geográficas y geopolíticas. 
En segundo lugar, esperamos que la supresión del artículo 12, promovida por los liberales en el seno de la comisión, y que podría privar a los ciudadanos y a los consumidores de los beneficios de la red así como impedir el acceso de las personas con discapacidad, no se verifique y que aquél sea reintroducido en el texto. 
El premio para nosotros esta noche es que por primera vez en la historia podemos lograr la liberalización de la red internacional de transporte de mercancías. 
Se trata de un objetivo alcanzable. No desperdiciemos la oportunidad. 
Señor Presidente, creo que los ponentes han realizado una labor excelente y que los resultados de su trabajo, que hemos presentado bajo su supervisión ante la Comisión de Transporte, constituyen un conjunto coherente con un objetivo claro. 
El Sr. Swoboda acaba de mencionarlo: un sector ferroviario dinámico en el marco de un mercado interno con capacidad para servir a toda la Unión. 
Asimismo, constituye una señal clara dirigida al Consejo de que el Parlamento desea llegar más lejos que la Comisión. 
No estoy de acuerdo con el Sr. Watts. 
Opino que debemos ir más allá de lo expresado por el Consejo en su postura común. 
En este momento, debemos fijar el escenario en el que se desarrolle la liberalización íntegra a medio y largo plazo y éste es el primer paso. El paso que propone el Consejo es el primer paso. 
También debemos dar los siguientes pasos, liberalizar la totalidad del transporte de mercancías en el 2005 y, posteriormente, en el 2010, para lo que aún quedan diez años, dar el mismo paso para la liberalización del transporte de pasajeros a escala nacional e internacional. 
Existen algunos aspectos de gran importancia en este sentido y, espero que mañana podamos contar con apoyos suficientes para dichos puntos de vista. 
En primer lugar, se encuentra la separación entre infraestructura y prestación de servicios. 
Se trata de algo esencial. 
Nadie puede ser juez y parte a la vez. 
En segundo lugar, ¿quién puede solicitar acceso? 
No sólo las compañías ferroviarias; otros también deben poder hacerlo. 
No veo ningún motivo, señor Swoboda, para posponerlo hasta el 2010. 
Creo que debemos ser capaces de hacerlo en el 2005. 
Y luego está el artículo 12. 
Creo que no necesitamos el artículo 12 y que debemos imponer condiciones europeas a una licencia europea. 
No por restar importancia a los consumidores, a los derechos sociales de los trabajadores ferroviarios, ni tampoco a la seguridad. 
Ésta resulta primordial. 
La causa es que los ferrocarriles europeos deben contar con un reglamento europeo sin reglamentos nacionales adicionales, ya que esta circunstancia permitiría a los Estados miembros llevar a cabo actuaciones innecesarias en un mercado europeo. 
Si seguimos este camino, las compañías ferroviarias se verán obligadas a pensar, en primer lugar, en sus clientes y en sus pasajeros en lugar de en sí mismas. 
Quisiera añadir brevemente un comentario de carácter técnico. 
Los servicios han declarado inadmisibles la enmienda 23. Me opongo a ello en virtud del artículo 80, punto 2 b) y del artículo 80, punto 3 de nuestro Reglamento. 
Desearía que los servicios lo reconsideren, ya que mi enmienda se encuentra unida a la enmienda 24 referida al artículo 12 que sí ha sido admitida. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debo confesar que en el seno de mi Grupo, dos tesis se enfrentan respecto a estos temas de los ferrocarriles comunitarios. 
Si todos somos unánimes en desarrollar por fin y verdaderamente el transporte por ferrocarril, si deseamos unánimemente hacer todo lo necesario para iniciar la transferencia de la carretera al ferrocarril, unos piensan que se logrará a través de la liberalización total, y con toda rapidez, mientras que otros, de los que formo parte, piensan que es preciso tomar un número máximo de garantías antes de la liberalización, en especial del transporte de viajeros. 
Por mi parte, considera que la situación actual de las redes ferroviarias de los distintos Estados miembros no permiten la apertura a la competencia. 
Deberán modernizarse considerablemente para ofrecer condiciones idénticas a la competencia. 
Ya que, para llegar a una competencia verdadera y equitativa, es preciso establecer las condiciones de esta competencia. 
Estas condiciones no son adquiridas y nos es preciso evitar toda desviación. 
Cabe dar tiempo, especialmente a las empresas públicas, para que modernicen su red antes de abrir a la competencia. 
En relación con las garantías, ya sea en materia de armonización de las condiciones de trabajo o las reglas indispensables de seguridad, tampoco están adquiridas. 
La catástrofe de Gran Bretaña persiste todavía en nuestras memorias y continúa interpelándonos sobre las exigencias de seguridad en materia de transporte por ferrocarril. 
El compromiso del 10 de diciembre del Consejo "Transportes" ya representó un paso adelante. 
Establezcamos, pues, la red de transporte ferroviario. 
No se trata de pasar por alto las etapas en lo relativo al transporte de viajeros. 
Se trata, ante todo de establecer una red ferroviaria que ofrezca realmente las posibilidades a los ciudadanos de desplazarse sin contaminar. 
Señor Presidente, el transporte ferroviario es efectivamente muy importante para la movilidad de los ciudadanos, el desarrollo de los intercambios en Europa, así como para el medio ambiente y la ordenación del territorio. 
El Parlamento Europeo ya ha abierto la puerta a la liberalización del transporte internacional de mercancías, en primera lectura, con el acceso de candidatos autorizados en el sector ferroviario. 
Este paquete de infraestructuras ferroviarias fue objeto de un compromiso del Consejo, en diciembre. 
El Consejo propone que la selección de candidatos autorizados se deje a juicio de los Estados miembros, que la apertura de las redes de transporte de mercancías se realice en una red específica, denominada Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías y, por último, que la separación en distintas entidades sólo se lleve a cabo progresivamente. 
Sin sentirme satisfecha por ello, compruebo que esta posición del Consejo tiene en cuenta la diversidad de las situaciones y da a cada Estado la posibilidad de determinar sus opciones, de responder, por ejemplo, a los compromisos concluidos en procedimiento de cooperación. 
Sin embargo, con esta segunda lectura, nos enfrentamos a una demagogia ultraliberal. 
Las enmiendas presentadas avalan una desorganización total del sistema ferroviario. 
La subsidiariedad se acaba en cinco años para los candidatos autorizados. 
Es la separación sin transición y la apertura total del transporte de mercancías internacional y nacional; y en 2010, la apertura del transporte de las personas. 
Hace un momento, hablábamos de electricidad. 
El jueves, vamos a hablar de cielo único. 
En todo el sector público, nos enfrentamos al mismo credo: hay que liberalizar, ¡es mágico! 
Considero que la factura, para los transportes ferroviarios en todo caso, corre el riesgo de ser demasiado elevada. Las empresas ferroviarias se verán así limitadas a un papel de prestatarias de servicios. 
Esta situación creará un competencia desleal. Mientras que los proveedores de servicios beneficiarán de la mayor parte del margen comercial y podrán elegir los sectores más rentables, las empresas ferroviarias, por el contrario, deberán soportar los costes elevados del material y las cargas de la plantilla. 
Contrariamente al argumento esgrimido de un aumento de la circulación, este sistema corre el riesgo de aislar a los sectores rentables y provocar una selección desastrosa. 
En nombre del mismo dogma, el único objetivo es obtener resultados en el marco de la liberalización. 
No se escucha a los usuarios ni a los asalariados de estos sectores. 
No se ha llevado a cabo seriamente ningún estudio previo. 
Por lo demás, me parece que ya es preciso tomar el tiempo de medir las repercusiones de la puesta en práctica de las decisiones del Consejo. 
Asimismo, sería interesante comparar, en relación con los corredores de transporte de mercancías, entre los del sector privado y los del sector en cooperación. 
Las propuestas de esta segunda lectura, si son aprobadas, serán consideradas como una verdadera provocación por todos los protagonistas que participan en este sector. 
Yo no puedo apoyarlas, tampoco puedo apoyar las enmiendas del Grupo del Partido Socialista Europeo que admiten como una necesidad una apertura suplementaria en la vía de la liberalización. 
Señor Presidente, entiendo que el ideal contenido en este informe consiste en completar un mercado interior del sector ferroviario, con lo que se permitiría que el transporte de mercancías en tren compitiese con éxito con el transporte de mercancías por carretera. Esto es necesario para la supervivencia a largo plazo del sector de los ferrocarriles en Europa y todos los Estados miembros estarían de acuerdo con ese objetivo. 
Nuestra tarea consiste en alcanzar un acuerdo sobre como conseguir mejor ese objetivo, teniendo en cuenta las dificultades que implica para algunos Estados miembros. 
Hablo de mi propio país, Irlanda. 
Tanto la República como el Irlanda del Norte pretenden continuar con la derogación acordada en 1999, por razones geográficas y geopolíticas. 
Se trata de un pequeño país aislado del continente europeo. 
No se puede acceder a el por ferrocarril desde ningún otro punto de la Unión Europea. 
He sido testigo directo de las bombas que continuamente afectan a las líneas de ferrocarriles entre el norte y el sur desde hace 30 años a consecuencia de los "disturbios". 
Por fin ahora existe una oportunidad para que se desarrollen y prosperen. 
La aplicación en estos momentos de este paquete liberalizador de los ferrocarriles implicará el establecimiento de una compleja estructura administrativa sin poder beneficiarse de los beneficios posteriores de los que otros estados Miembros se beneficiarían. 
Estoy convencido de que el gobierno irlandés habrá dado su acuerdo al principio general de separación entre las infraestructuras y los operadores y de que ha prometido que proseguirá con la reestructuración de los ferrocarriles irlandeses para cumplir con ese objetivo. 
Solicito que la derogación actual sea mantenida para dar tiempo a que se realicen esos cambios y recordando que si algún operador ferroviario de la UE desease entrar en el mercado irlandés del ferrocarril, la derogación cesaría de inmediato. 
Finalmente, y aunque apoye esa derogación, espero personalmente que ello no entorpecerá la muy necesaria mejora y ampliación del sistema ferroviario irlandés. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la situación de los transportes en Europa se resume a algunas cifras edificantes. 
De 1990 a 1997, el transporte de mercancías aumentó un 21% mientras que, al mismo tiempo, el transporte ferroviario de mercancías ha descendido un 7%. 
Al mismo tiempo, el transporte de pasajeros ha aumentado un 15% y el sector ferroviario solamente el 3%. 
Para el transporte de mercancías, así como para los viajeros, la construcción europea ha sido un formidable factor de movilidad, pero el principal beneficiario ha sido la carretera, sobre todo, aunque no es la única razón, porque carece de fronteras desde principios de la década de los años 1990. 
Por tanto, los ferrocarriles europeos deben abrirse con toda urgencia y sin temor. 
Su porvenir depende en gran medida de ellos. Depende también de nuestra capacidad para darles todas sus oportunidades. 
Corresponde a los trabajadores del sector ferroviario aceptar el desafío de la apertura de las redes internacionales a los trenes de todos los países de la Unión. 
Este es el sentido en el que interviene la decisión de los Ministros de Transporte de los Quince en diciembre de 1999, en favor de una red transeuropea de transporte de mercancías que represente el 94% del tráfico ferroviario internacional. 
Es normal que nuestras legislaciones ferroviarias se adapten a las nuevas condiciones que suponen las reglas de acceso, los principios arancelarios así como modalidades de control homogéneas y coherentes en el seno de la Unión. 
A este respecto, el informe Swoboda traduce un esfuerzo loable de adaptación a la diversidad de situaciones nacionales. 
En cambio, es inaceptable y, por lo demás, contradictorio con la primera lectura del Parlamento, que se aproveche esta segunda lectura, como nos lo propone el informe Jarzembowski, para decretar la puesta en competencia y la privatización generalizada de todas las redes, incluidas las locales y nacionales, ya que es producto de un dogma, de una creencia no comprobada en la superioridad de un modelo de mercado que muestra claramente sus límites en el Reino Unido. 
Decía hace un momento que el porvenir del sector ferroviario depende también de nosotros. 
Quisiera decir que la vía dogmática en la que estamos encaminando este expediente es peligrosa para su consecución. 
Todos aquí saben bien que la construcción de la Europa del ferrocarril no puede reducirse a un debate teológico sobre los méritos comparados de la apertura controlada y de la privatización salvaje. 
El sector ferroviario, al que sólo se dedica en Europa el 25% de las inversiones en infraestructuras de transporte, en relación con el 65% a la carretera, requiere sobre todo inversiones fuertes, dedicadas a la interoperabilidad, a la reducción de los tapones de estragulamiento, a la extensión de las redes, al transporte combinado, etc. El Reino Unido nos muestra a este respecto hasta qué punto la privatización puede constituir una regresión. 
Es por ello que consideramos que nuestros trabajos no deben correr el riesgo de hipotecar el frágil equilibrio de la posición común del Consejo. 
Señor Presidente, la proporción de mercancías transportadas en tren dentro de la UE casi se ha reducido en un 50% en los últimos treinta años. 
Es vital que invirtamos el proceso si queremos tener una política de transportes verdaderamente sostenible 
Felicito a los señores Swoboda y Jarzembowski por sus excelentes informes que, si son adoptados, supondrán una contribución considerable al desarrollo de los ferrocarriles. 
Sin embargo, comparto parte de la preocupación del Sr. Watts a propósito de la enmienda 1 relativa a las licencias de operadores ferroviarios y a la supresión del nuevo artículo 12 que reemplaza al anterior. 
En todo proceso liberalizador es muy importante asegurarse de que se mantiene determinados estándares, por ejemplo aquellos que se refieren a la seguridad tanto de los trabajadores como de los consumidores. 
Al mismo tiempo tenemos que evitar que se alcen barreras artificiales en el camino de la apertura de los mercados. 
Alcanzar ambos objetivos requiere encontrar un equilibrio adecuado. 
Me pregunto si la enmienda nº 1 cumple con su pretendida finalidad jurídica o sí tendrá pudiera tener los efectos que teme el Sr. Watts. 
Me parece que podría enviar mensajes equivocados. 
En cambio apoyo las enmiendas nums. 23 y 24 que, consideradas conjuntamente, deberían conseguir que la consecución del segundo objetivo no se hiciera a expensas del primero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, podría dar mi acuerdo a la europeización del transporte por ferrocarril prevista en las Directivas en debate y, por consiguiente, la liberalización del sector ferroviario. 
Lo mismo puedo decir respecto de la separación jurídica y empresarial entre la explotación de los servicios de transporte y la gestión de la infraestructura ferroviaria. 
Pero, para hacerlo, tendría que contar con garantías sobre ciertas cuestiones fundamentales, que constituyen la piedra de toque de la bondad y la eficiencia de la trascendental medida político-económica derivada de estas directivas. 
Todos sabemos que muchos países europeos no se incorporaron en el momento necesario a la revolución industrial del siglo XIX precisamente por la falta de enlaces ferroviarios adecuados. 
Algunos están aún hoy esperando la modernización de su ferrocarril y, más concretamente, esperan el acceso a la red europea de alta velocidad. 
La liberalización del sector no puede constituir en caso alguno un obstáculo a ese enlace. 
Las redes ferroviarias deben, por tanto, seguir prestando un servicio público en todos los territorios, en particular los de carácter periférico. 
Por otro lado, la liberalización no puede entrañar el cierre de líneas necesarias y el desempleo o provocar un deterioro en cuanto a seguridad y calidad del servicio. 
Experiencias recientes nos dan motivos para temer esos resultados, que necesariamente deben evitarse. 
Por eso, abrigamos graves reservas en cuanto al apoyo a estas directivas. 
Señor Presidente, el ponente para el desarrollo de los ferrocarriles parte de que los ferrocarriles, por el momento, han perdido, en gran medida, la lucha competitiva contra el tráfico rodado y aéreo pero que, sin embargo, resulta esencial mantener y reforzar los ferrocarriles. 
En este sentido, muestro mi total acuerdo con él. 
Sin embargo, es lo único en lo que podemos coincidir. 
Creo que el Sr. Jarzembowski se equivoca. 
Lo que desea lograr exige un método completamente distinto y el que propone sólo nos llevará a un retroceso aún mayor. 
Sus propuestas se integran en las tendencias aplicadas a finales del siglo XX. 
En todos los ámbitos, observamos un ataque neoliberal contra los servicios públicos, las empresas colectivas y los trabajadores organizados. 
Este ataque va dirigido principalmente contra los servicios de correos, los ferrocarriles y el sector energético, empresas capaces de demostrar que podemos organizar nuestra economía de forma más democrática, ecológica y menos centrada en la obtención de beneficios. 
Lamentablemente, las comunidades que todos hemos elegido democráticamente han descuidado, como sus propietarios, estas empresas, a las que han tratado como empresas privadas. 
El ponente considera que los ferrocarriles son un molesto monopolio estatal con impertinentes y exigentes sindicatos. 
Desea acabar con este monopolio lo antes posible y del modo más radical. 
En vez de centrar su atención en una mejor colaboración entre las compañías ferroviarias existentes y en el fortalecimiento del poder de decisión democrático en estas empresas de modo que se puedan aprovechar mejor las ventajas del transporte ferroviario a escala europea y se eviten mejor los inconvenientes, pone todas sus esperanzas en la competencia y en la liberalización. 
En su opinión, se debería aplicar a los ferrocarriles el modelo organizativo con el que el transporte rodado y aéreo ha ganado, en gran medida, la batalla frente al tren. 
A estas alturas, disponemos de cierta experiencia en lo que respecta a la liberalización según el modelo inglés y el aplicado en los Países Bajos. 
El modelo inglés ha dividido la compañía ferroviaria nacional en empresas regionales que se encuentran parcialmente en manos de consorcios extranjeros. 
En determinadas regiones, han mantenido un carácter de monopolio. 
En la actualidad, se invierte menos en la renovación que en otros países. 
Los trenes son más cortos y se encuentran sobre-explotados mientras que la seguridad del tráfico ferroviario se ha visto reducida. 
Según el modelo de los Países Bajos, los diversos competidores pueden obtener concesiones en aquellas líneas en las que compitan con la compañía ferroviaria existente que se creó en 1939 con la fusión de varias compañías ferroviarias privadas antiguas que funcionaban de forma ineficiente. 
Tras una guerra propagandística por parte de la nueva empresa contra la existente, la primera ha sido absorbida por una empresa francesa de aguas y más tarde ha dejado de circular. 
Se conoce que sólo resulta rentable explotar aquellas líneas sobre las que se tiene el monopolio y este hecho hace que las propuestas del señor Jarzembowski resulten imposibles de llevar a la práctica. 
Señor Presidente, hace diez años, mi compañero, el Sr. Cornelissen, se encontraba inmerso en exactamente el mismo debate. 
Si leyera hoy su discurso, nadie lo notaría. 
El tren está parado y el inmovilismo implica el retroceso. 
¿Quién se va a subir en un tren para ir hacia atrás? 
Como consecuencia del mercado interior y del comercio electrónico, los flujos de tráfico y de mercancías aumentarán un 70%. Por este motivo, necesitamos todas las opciones de transporte pensables: desde la navegación interior al transporte aéreo pasando por el tren. 
Todas ellas just in time y limpias. 
Hasta el momento, los ferrocarriles no han contribuido. 
En términos porcentuales, el tren ha perdido una cuota de transporte significativa y resulta difícil detectar algún tipo de evolución en los ferrocarriles europeos. 
El tren demuestra que la Unión Europea tiene razón cuando afirma que un aumento de la competencia sirve para mantenerse despierto y alerta. 
A causa de la ausencia de competencia y del comportamiento excesivamente proteccionista por parte de los Estados miembros, el tren se ha visto relegado, en este siglo, a un puesto secundario. 
Sin embargo, a partir de ahora, los ferrocarriles deben eliminar los obstáculos que se imponían al transporte transfronterizo de mercancías a través del uso de la infraestructura mutua. Deben lograr que su material dure más, ya que en este aspecto se encuentran muy por debajo del transporte por carretera. 
Ambos elementos no deben encontrarse en las mismas manos. Se debe otorgar la máxima prioridad a la seguridad y las propias empresas de transporte no están en condiciones de garantizarla. 
Un segundo aspecto importante consiste en la apertura de la infraestructura ferroviaria, es decir, la liberalización del mercado, lo que es algo muy distinto a privatizar. 
Resulta clave para poder revitalizar el transporte de mercancías y atraer, de este modo, nuevos operadores que aporten nuevos puntos de vista y una nueva cultura de gestión. 
La liberalización a la que se refiere la posición común constituye un buen comienzo, aunque resulta insuficiente. 
La apertura definitiva de las redes ferroviarias supone la única oportunidad para las compañías ferroviarias y para sus trabajadores. En cualquier caso, debe producirse una liberalización mutua. 
Nadie tiene porqué permitir el acceso a la infraestructura a un competidor que no pueda o quiera proporcionar el mismo acceso a su propia infraestructura. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no cabe duda alguna de la necesidad de la revitalización de los ferrocarriles europeos a la que aspira el paquete legislativo que debatimos. 
El colapso de la infraestructura viaria, que se muestra cada día que pasa más amenazante para la seguridad en los transportes, y para el medio ambiente, hace imprescindible el reforzamiento del ferrocarril. 
Está claro que las posiciones comunes al respecto que fueron aprobados por el Consejo impulsan la deseada revitalización, con un tratamiento justo y transparente de las empresas ferroviarias, con el establecimiento de un marco razonable para la distribución de la capacidad de las infraestructuras y las cargas por su uso, así como con la separación entre la gestión de las infraestructuras ferroviarias y la prestación de los servicios ferroviarios, aunque, lógicamente, haya que perfilar las modalidades, el grado, y la velocidad de aplicación de esta separación. 
Sin duda, hemos tomado el rumbo correcto. 
Sin duda también, sin embargo, son comprensibles los problemas a los que se enfrentan ciertos Estados miembros para la adopción inmediata o casi inmediata, en toda su extensión, de las nuevas medidas propuestas. 
Por una parte, la absoluta falta de homogeneidad de las redes de los diferentes países, y principalmente las particularidades geográficas de determinados países miembros, o de algunas de sus regiones, hacen muy difícil un cambio rápido en el sistema; por otra parte, una aplicación de alguna manera precipitada del cambio en estos países no redundaría en un beneficio sustancial ni para los países ni para la Comunidad. 
Creemos que un punto de vista dogmático e inflexible encierra bastantes peligros y es además sería injusto, porque sabemos muy bien que no rige esa severidad en todos los ámbitos. 
Algunas veces, lo más eficaz es el aforismo aparentemente contradictorio, el conocido oxímoron óðåýäå âñáäÝùò ("apresúrate sin prisas") de los antiguos griegos. 
Finalmente, no puedo dejar de felicitar sinceramente a nuestros dos ponentes por sus concienzudos trabajos y de pedirles comprensión para con las particularidades, cuando son objetivamente constatables. 
Es el caso, en esta ocasión, de mi país, Grecia, el cual, sin embargo, ha demostrado que avanza a pasos agigantados, pero cuando es realmente necesario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, nuestras rutas transeuropeas, nuestras carreteras y autovías se colapsan a diario con millones de camiones, autobuses y automóviles, lo cual provoca importantes pérdidas de tiempo, consumos energéticos dilapidantes y una importante agresión medioambiental, entre otras cosas. 
Por todo ello, el Grupo Verdes/Alianza Libre Europea siempre defiende el ferrocarril como medio alternativo- ahora desaprovechado- menos despilfarrador de recursos, más limpio y más respetuoso con el entorno natural. 
Por lo tanto, a la hora de modificar y desarrollar las directrices comunitarias liberalizadoras del sector ferroviario, queremos defender no sólo que no se penalice al ferrocarril frente a los demás medios de transporte, sino que se discrimine positivamente al mismo para poder recuperar el retraso que hemos venido provocando en sus inversiones. 
Y en cuanto a los cánones por utilización de las infraestructuras que finalmente pagarán los usuarios, planteamos que a corto y medio plazo sólo se repercutan los costes marginales generados por el puro tráfico de trenes y no los de recuperación de la inversión y mantenimiento, que deberían cubrirse con los presupuestos estatales, como en el caso de las carreteras y autovías. 
Solamente así lograremos hacer del ferrocarril un medio competitivo, utilizado de forma masiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, cuando se recibe mucho correo de personas que uno no conoce, esto puede tener dos causas. 
O uno es muy famoso o es que el asunto es muy importante para los que escriben las cartas. 
Los diputados al Parlamento Europeo no son muy famosos. 
Por ello, es el asunto el que les ha debido impulsar a escribirnos. 
Hace unos días todos hemos recibido muchas cartas, documentos y propuestas de conversación, casi todas ellas provenientes de representantes de los ferrocarriles nacionales. 
Todos advierten al unísono frente a la separación obligatoria entre el servicio y la infraestructura tal como se exige en las propuestas del ponente Georg Jarzembowski. 
El Sr. Swoboda también se ha referido a este tema. 
Su argumento consistía en que, aunque hay que liberalizar, sin embargo hay que hacerlo en pequeños pasos. 
Georg Jarzembowski ha argumentado que nuestros sistemas actuales, con unos titulares nacionales casi monopolistas, no han conducido a un uso óptimo de los sistemas. 
¿Quién puede dudar de esto?. 
Las cifras hablan por sí mismas. 
Nuestros ferrocarriles no son actualmente lo que necesitamos urgentemente en Europa, a saber, un sistema eficiente que además sea aceptado. 
Todo los ejemplos que existen en campos afines confirma la certeza del argumento. 
Con pequeños pasos no podemos seguir avanzando. 
Esto lo ha mostrado el sector de las telecomunicaciones, lo muestra el sector de la electricidad y otros muchos campos más. 
Esto lo esperamos también de los ferrocarriles. 
Se encuentran en primer lugar al servicio de sus usuarios y, en consecuencia, al servicio de un sistema de transporte europeo más eficiente y que funcione mejor. 
Esto es lo que queremos, lo necesitamos y por ello vamos a votar también a favor de ello. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el paquete sobre los ferrocarriles sobre los que hoy se debate aquí apunta en su totalidad hacia una rápida liberalización de los ferrocarriles europeos. 
Como ustedes saben, los del PPE lo exigimos en todos los campos que son necesarios para la culminación del mercado interior o allí donde se trata de introducir una sana competencia en lugar de una economía monopolística heredada. 
Solo mediante una amplia liberalización será posible realizar los necesarios avances tanto en lo que se refiere a la capacidad cualitativa y cuantitativa de los ferrocarriles como también en lo tocante a la necesaria vinculación con otros medios de transporte. 
Por ello, los proyectos de la Comisión para desarrollar las empresas ferroviarias y para otorgar autorizaciones a las mismas y para asignar las capacidades de los trayectos apuntan en la dirección correcta. 
Solo puedo apoyar a mi colega Georg Jarzembowski en sus esfuerzos por lograr un paquete ferroviario en sí coherente y le expreso mis felicitaciones por su trabajo y su excelente informe. 
Para mí es importante que en el caso de las inversiones destinadas a la red se tengan muy en cuenta la disociación entre servicio e infraestructura y que se compensen. 
Pero la liberalización solamente logrará aceptación si aporta unas ventajas reales y el consumidor no tiene por qué temer por su seguridad. 
Bajo este aspecto, en la autorización de las empresas ferroviarias, debemos insistir en estas condiciones estrictas. 
En lo que se refiere a la asignación de capacidades de trayectos, se debe garantizar la posibilidad de un acceso no discriminatorio. 
No ignoro que la regulación flexible en el acceso a la red en el sector de la energía ha ocasionado determinados problemas. 
Desde mi punto de vista, es similar el enfoque de economía de mercado y éste es también aplicable a los ferrocarriles. 
No debemos solamente hablar de una Europa común sino que debemos tener el valor suficiente para hacer algo. 
Señor Presidente, señores colegas aún despiertos, quiero dar las gracias al Sr. Jarzembowski y al Sr. Swoboda por sus claros informes, a través de los cuales se intenta, por fin, reactivar los ferrocarriles mediante la apertura del sector a la competencia. 
Hablar de los ferrocarriles está hoy de moda en día, es algo políticamente correcto. 
Incluso parece que el Parlamento fuese frecuentemente una Asamblea en la que se permite una sola verdad. 
Nos precipitamos todos en la misma dirección, cual manada de borregos, para hacernos creer los unos a los otros que los ferrocarriles solucionarán los problemas del transporte europeo. 
El reconocimiento de la realidad es difícil para nosotros los políticos. 
Yo no es que tenga nada en contra de los ferrocarriles, al contrario, disfruto enormemente bebiendo cerveza en el vagón-restaurante y admirando los fugaces paisajes. 
Para que seamos capaces de tomar decisiones razonables, tenemos que aclararnos a nosotros mismos la importancia real del ferrocarril y el grado de utilización de los diferentes medios de transporte. 
Los transportes terrestres aventajan en mucho al resto. 
Medido en millares de kilómetros, la fracción de los transportes por ferrocarril ha descendido por debajo del quince por ciento, aunque este parámetro nos da, por lo demás, una imagen demasiado optimista de la situación. 
Desde el punto de vista económico, no da exactamente igual si se trata de transportar cincuenta ordenadores a mil kilómetros de distancia o de transportar cien toneladas de arena a diez kilómetros. 
En ambos casos cuentan los millares de kilómetros estadísticos. 
Tampoco es igual transportar toneladas de materias primas textiles, que transportar una abultada carga de corbatas de seda- a propósito, yo mismo me compré una de ese montón-. 
Por ello, hay que hacer las comparaciones en función del valor de la carga, y si lo calculamos así, el porcentaje de los ferrocarriles queda- sorpresa, sorpresa- en sólo un tres por ciento. 
No soy ningún talento matemático, pero percibo la dramática diferencia a favor del transporte por carretera, que representa más del 95 por ciento. 
La diferencia es la de una hormiga con un elefante, pero esto no debe extrañarnos, ya que la capacidad de transporte, la flexibilidad y el servicio a domicilio de los transportes terrestres son cualidades que es imposible superar. 
Actualmente, el verdadero papel de los ferrocarriles en la economía europea es, lamentablemente, marginal, a pesar de que son generosamente subvencionados con el dinero de los contribuyentes. 
Pero, precisamente por esta razón, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para reactivar el ferrocarril y apoyar la apertura gradual del sector a la competencia. 
Esperamos la aportación constructiva de Francia para que los relojes de todas las estaciones de ferrocarril europeas marquen la hora del nuevo milenio. 
. Señor Presidente, antes de entrar en los detalles sobre las distintas cuestiones relacionadas con el paquete de infraestructuras ferroviarias, quiero felicitar muy sinceramente a los dos ponentes, al Sr. Swoboda y al Sr. Jarzembowski, por la magnífica labor que han realizado. 
Me alegro de que el Parlamento mantenga firmemente sus convicciones en este ámbito, especialmente en lo que se refiere a la plena realización de un mercado del transporte ferroviario. 
Porque de lo que estamos hablando, Señorías, es de conseguir, sencillamente, no que haya quince ferrocarriles nacionales yuxtapuestos, sino de llevar a cabo una integración a través de una red común compartida a lo largo y ancho de nuestra geografía europea que permita, precisamente, el mejor funcionamiento del ferrocarril. 
Y, Señorías, ya lo han dicho los dos ponentes, y también el Sr. Rack cuando hacía referencia a la cantidad de cartas que había recibido de distintos electores, aunque esta discusión tiene unos componentes muy técnicos, en última instancia, tiene un gran componente político. 
Y, en ese sentido, levanta pasiones, como ha sido señalado y como acabamos de oír hace un momento. 
Yo les quiero decir que lo que sí está claro, para la mayoría de nosotros, es que las cosas no pueden seguir como están: con unos sistemas públicos cerrados, nacionales, metidos en sus fronteras, que nos están llevando a que el ferrocarril, día tras día, pierda cuota de mercado en el transporte de mercancías y también en el de personas, excepción hecha de una forma de ferrocarril muy concreta que son los ferrocarriles de alta velocidad o los trenes de cercanías. 
En ese sentido, hay que proponer soluciones que permitan mejorar la calidad del servicio, porque de eso se trata, para los consumidores, para los usuarios. 
Y nosotros entendemos que precisamente si hacemos, para empezar, que pueda circular de una manera razonable un tren desde Hamburgo hasta Lisboa, lo primero que tenemos que hacer es que ese tren pueda pertenecer a una compañía alemana, a una compañía francesa, a una compañía española, a una compañía portuguesa, etc. Luego serán públicas o privadas, nadie entra en esa cuestión, pero es obvio que, si hacemos una integración de la red, automáticamente tenemos una apertura del mercado. 
Con que, dejémonos de dogmatismos, que alguno he oído esta noche aquí. 
Señorías, a los dos ponentes quiero decirles que sus enmiendas me gustan mucho. 
Dicho todo lo cual, muchas de ellas no las voy a poder aceptar, aunque me encantaría poder hacerlo. 
Y les voy a decir por qué. 
Porque soy de aquellas personas que consideran que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que es mejor dar un paso adelante que quedarse bloqueado. 
Aceptar las enmiendas, tanto del Sr. Jarzembowski como del Sr. Swoboda, que en su gran mayoría corresponden mucho más a la propuesta inicial de la Comisión y a lo que yo pienso globalmente, supondría romper un compromiso difícilmente construido en el Consejo, como saben muy bien sus Señorías, después de largas discusiones, después de mucho tiempo de embarrancamiento, de paralización de este tema, y a altas horas de la madrugada. 
En ese sentido, quiero decirles que hay un margen, porque no es que se deje de lado al Parlamento, el Parlamento tiene que participar en la elaboración de estas directivas, pero que con el Consejo existe un compromiso de base que yo, desde luego, no puedo romper y tienen que entenderlo. 
Porque sería contraproducente con lo que sus Señorías pretenden y con lo que yo también pretendo, que es dar un impulso a la mejora del ferrocarril. 
Les quiero decir que estoy dispuesta a presentar el año que viene un paso suplementario, una iniciativa distinta, que podrá ser aceptada, rechazada, tanto por el Consejo como por el Parlamento, en su momento, y modificada en sus distintos ámbitos y que contemple también algunos aspectos, al menos en cuanto al transporte de personas, o, eventualmente, al transporte de mercancías en el ámbito interno de los distintos países, pero separada del paquete actual, donde hay un compromiso de base- insisto- con el Consejo. 
Y antes de volver a reiterar el agradecimiento a los dos ponentes por un trabajo que sé que ha sido muy complejo- lo conozco a fondo -, pero que creo que ha sido muy importante, y antes de referirme una por una a todas las enmiendas, les pediría una cierta flexibilidad a los ponentes y al Parlamento en su conjunto para que, al final, podamos encontrar una conciliación- pues me temo que vamos a tener que ir a la conciliación, tal y como van las cosas- que permita sacar adelante este paquete, clave para el futuro del ferrocarril. 
Ya entrando concretamente en cada uno de los informes, voy a referirme, después de estas cuestiones generales y quizá para aclarar y no alargar más este debate que, en cuanto a las enmiendas referidas a la Directiva por la que se modifica la 91/440/CEE, cuyo ponente es el Sr. Jarzembowski, podríamos aceptar las enmiendas 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21 y 24. 
Por el contrario, debo rechazar, aunque- insisto- con muchas de ellas estoy plenamente de acuerdo, pero no puedo aceptarlas, la 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 y 27. 
En lo que respecta a las 6, 8, 9 y 11, las que plantean la separación entre el gestor de infraestructuras y el prestatario de servicios, clarifican enormemente el texto. 
Considero importante, además, la supresión del apartado 4 del artículo 6, que creo que podría ser una fuente de malentendidos y, por lo tanto, apoyo especialmente la enmienda nº 8 y las correcciones de redacción correspondientes. 
Entrando en las directivas para las que es ponente el Sr. Swoboda, en lo que se refiere a la 95/18/CE, no podemos aceptar la enmienda nº 1, ya que el artículo 12 sirve para recordar que, además de la legislación europea, existen reglas nacionales que deben ser respetadas- hay un componente de regulación nacional que no desaparece en absoluto con esta reglamentación- y, sin embargo, sí que podemos aceptar la nº 24. 
En cuanto a la Directiva 95/19/CE, hay cuestiones clave como, por ejemplo- y a ello se han referido el Sr. Swoboda y el Sr. Ortuondo -, la cuestión de la tarificación sobre los costes marginales o sobre los costes totales, en un caso planteándolo como un período transitorio, en otro, como un elemento clave. 
Yo quiero decir que, al margen de lo que pudieran ser las propuestas que a lo mejor me hubieran gustado más, la Comisión acepta las enmiendas 4, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19 y 20; pero no podemos apoyar las enmiendas 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 21, 22 y 23. 
Señor Presidente, de nuevo quiero agradecer el trabajo de los dos ponentes y decirles que lo que lo que les pido es flexibilidad, tanto a ellos como al Parlamento para que, al final, consigamos un resultado, que además debe ser completado con la otra directiva, la de interoperabilidad de los propios sistemas, con lo cual daremos un gran paso adelante. 
Quizá no sea todo lo que queremos algunos, incluso irá un poco más allá de lo que otros desearían, pero que estoy segura de que la realidad nos dará la razón. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Reconocimiento de las calificaciones profesionales 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, el presente informe trata una materia muy complicada. 
Una de las enmiendas se refiere a considerandos que en el fondo y, dicho de un modo muy sencillo, son un asunto de importancia general para esta Asamblea- ya que fue aprobado por una amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Me refiero al hecho de que la gente que busca información jurídica en la Unión Europea no dispone de textos jurídicos suficientes en un tiempo aceptable, lo que es también aplicable al público especializado o a las personas con formación jurídica o que ejercen funciones de asesoramiento jurídico. 
Por ello, en una de las enmiendas se insta en especial a la Comisión para que ponga a tiempo a disposición textos en la forma adecuada que expongan el estado jurídico correspondiente en el momento exacto. 
En cierto modo, se trata aquí de un ceterum censeo, lo que debería ser en sí objeto de debates de esta Asamblea en todas las directivas. 
En segundo lugar, se trata de un tema que en cierto modo se debería colocar antes del paréntesis. 
Para los farmacéuticos italianos se exige una regulación especial. 
Sin embargo, al contrario que en la posición común, la Comisión de Asuntos Jurídicos propone que esta regulación especial vaya vinculada a una fecha de prescripción. 
Cualquier persona que haya comenzado una carrera antes de octubre de 1.990 debe estar protegida por esta directiva. 
Pero se debe esperar que la carrera se concluya en un tiempo aceptable. 
Independientemente de estas regulaciones generales, tenemos además enmiendas relativas a las directivas sobre los médicos. 
Los médicos son un tema muy sensible y la salud de las personas es un tema también muy sensible. 
Si yo tengo un accidente de coche puedo calcular los daños y arreglarlo. 
En mi práctica de abogado yo no conozco a nadie que haya recibido una indemnización por unos daños corporales y que no dijese que estaría dispuesto a devolver este dinero si en contrapartida recuperase de nuevo la salud. 
Por ello, este tema precisa de una atención especial. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos concede importancia a lo siguiente: en primer lugar, los médicos especializados deben tener también presente la medicina general en el marco de su formación específica. 
El diagnóstico diferencial sigue modificándose, por lo que la formación de médicos especializados debe tener también en cuenta la medicina general. 
Segundo: estamos a favor por amplia mayoría de que la formación de los médicos especializados se eleve de al menos dos años hasta un mínimo de tres, para hacer de este modo justicia a una amplia tendencia existente dentro de la Unión Europea. 
Ha llegado el momento de mejorar en este aspecto. 
Tercero: la Comisión de Asuntos Jurídicos está a favor de que se dé una mayor importancia al perfeccionamiento profesional. 
Sabemos y reconocemos que este tema no era aún muy actual en la primera lectura. 
Hay especificaciones del reglamento que configuran esto de un modo especialmente problemático. 
Una de las excepciones consiste en que entre la primera y la segunda lectura haya tenido lugar una nueva elección del Parlamento. 
Este es aquí el caso que nos ocupa. 
Por ello, la Comisión de Asuntos Jurídicos introduce la idea del perfeccionamiento profesional como uno de los elementos básicos en esta Asamblea, como uno de los elementos fundamentales de la Unión Europea. 
Creemos que no debemos hablar solamente en charlas festivas sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida sino que debe ser algo estándar y que el paciente debe poder también esperar que los médicos se perfeccionen. 
Por ello, la Asamblea va a apoyar mañana con amplia mayoría las enmiendas 1 hasta la 11 de la comisión. 
Me quiero referir aún a un último punto. 
Se han presentado dos enmiendas más relativas a los arquitectos irlandeses. 
El grupo del PPE, mi Grupo político, va a retirar su enmienda. 
Del mismo modo, recomiendo rechazar la enmienda del grupo UEN que apunta en la misma dirección. 
Si introducimos aquí regulaciones, entonces con toda seguridad ocurrirá que otros que están aún menos justificados formularán un deseo del mismo tipo. 
El mercado único es uno de los grandes logros de la Comunidad Europea. 
El haber convertido los distintos y fragmentados mercados de los Estados miembros en un único mercado Europeo constituye un cambio extraordinario y revolucionario. 
Aunque es cierto que el proceso aún no se ha completado, es ya irrevocable. 
Los mecanismos necesarios para producir este cambio son complejos, como puede verse a través del examen, incluso muy superficial, del programa de Lord Cockfield en 1992, uno de los programas más revolucionarios, y sin embargo menos excitantes a primera vista, del mundo de la posguerra. 
Dentro de ese marco resulta claro que existe una elección entre instrumentos para crear el mercado único que podría describirse como la elección entre la armonización y el reconocimiento mutuo. 
De estos, la armonización resulta más atractiva para el político que quiere que se le vea haciendo algo, una de las plagas del mundo contemporáneo. 
En mi opinión los sistemas basados en el reconocimiento mutuo son más atractivos. 
Después de todo son más sutiles y sofisticados. 
La imposición irreflexiva de la armonización ha causado a la empresa política de la construcción europea un daño político del que nunca se habla y si el mercado único se hubiese basado más en el mutuo reconocimiento y menos en la armonización el estado político de Europa sería mucho menos febril de lo que es actualmente. 
Una de las grandes dificultades de establecer una red de mutuo reconocimiento es la complejidad de los procedimientos necesarios para ponerlo en marcha y para asegurar una compatibilidad y una adecuación duraderas de la red de mutuo reconocimiento. 
Esto requiere un seguimiento continuado y una muy necesaria revisión de las series de directivas que son objeto de debate esta tarde. 
Como ha señalado, en su excelente informe, el ponente, Sr. Wieland, está directiva se refiere esencialmente a los procedimientos en la medida en que se refieren al reconocimiento de títulos. 
Finalmente, y si se me permite concluir con una observación particular, como eurodiputado del Reino Unido, nos felicitamos particularmente por la extensión de dos a tres años, para los médicos, de la duración mínima de la especialización en práctica de la medicina generalista. 
En segundo lugar, aprobamos la estipulación según la cual los Estados miembros tendrán que examinar las calificaciones ya reconocidas por otro Estado miembro y que hayan sido obtenidas en un tercer país. 
Por último, y de modo más general, me gustaría reiterar la conclusión general del ponente, a saber que esta es una normativa demasiado difícil y complicada para todo aquél que no sea experto o abogado y que han de hacerse todo tipo de esfuerzos para simplificar la ley y hacerla más asequible para que el mercado único pueda ser entendido por todos nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quien se tome en serio a Europa deberá preocuparse también por el futuro de los jóvenes en la Unión Europea. 
Aquí se incluye en especial que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades e inclinaciones en cualquier país de la Unión o en cualquier lugar de su elección, con total independencia de su origen y de sus lugares de aprendizaje. 
Quien haya aprendido algo en un extremo de la Unión debería poder también ejercer su profesión en el centro, en otro país o en el otro extremo de la Unión. 
El Parlamento Europeo se toma este aspecto del futuro de los jóvenes muy en serio. 
Por ello, nos ocupamos continuamente del reconocimiento de los títulos profesionales equiparables en todos los países miembros. 
No queremos que los obstáculos burocráticos se conviertan en un impedimento para los derechos cívicos de la libertad de circulación y de establecimiento. 
Pero al mismo tiempo queremos garantizar unos elevados estándares en la formación. 
Esto es una garantía de progreso y radica en interés de todas las ciudadanas y ciudadanos. 
Gracias al buen trabajo realizado por el ponente, el colega Wieland, en la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido fácil marcar algunos importantes acentos en la directiva que se nos ha presentado hoy. 
Espero que el Pleno comparta esta opinión y la apoye con gran mayoría. 
El Grupo de los Socialistas Europeos va a apoyar en cualquier caso todas, subrayo lo de todas, las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Para mí personalmente y para mi Grupo político es muy importante que se subraye la necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Esto nos garantiza precisamente que los médicos, sobre los que se trata fundamentalmente en esta directiva, mantengan en el futuro un nivel elevado en su cualificación profesional. 
Todos los Grupos políticos han coincidido también en que las titulaciones profesionales adquiridas en los diversos países miembros tienen que ser equiparables. 
Esto es para los pacientes y para todas las ciudadanas y ciudadanos al menos de la misma importancia que para los mismos médicos. 
Ya solamente por ello, es importante que el Consejo se adhiera a la posición del Parlamento Europeo y no se refugie en el procedimiento de conciliación. 
En la conciliación solamente podrá ganar tiempo pero en ningún caso reconocimiento. 
Muchas gracias por su atención. 
Señor Presidente, mi tarea también consiste en acoger positivamente, en nombre de mi Grupo, las enmiendas 1 y 11 así como el espíritu con el que fueron defendidas por mi amigo el Sr. Wieland. 
Se trata de puntos importantes aunque no sean controvertidos entre nosotros. 
Apoyamos en particular la extensión a tres años de la especialización para los médicos generalistas, así como la enmienda inicialmente promovida por la Sra. Gebhart sobre formación a lo largo de toda la vida para los médicos de medicina general. 
Esto es extraordinariamente importante. 
Los colegios de médicos nos han estado insistiendo al respecto y yo estoy completamente de acuerdo con ellos. 
También es importante como cuestión puramente lingüística el asegurarse de que gleichwertig se traduzca como "equivalente" y las palabras equivalentes en los demás idiomas europeos. 
Concluyo insistiendo en que nada es tan importante como el que las leyes de la Unión Europea sean comprensibles para sus ciudadanos. A falta de eso nuestra Comunidad y nuestra Unión adolecerían de la falta de claridad en los objetivos necearía para que fuesen no sólo meramente aceptables sino aceptadas por los ciudadanos. 
Por ello todo proyecto de consolidación de la legislación que tienda a hacerla más fácilmente comprensible por el ciudadano y que haga sus fines más claros par él o ella, es un proyecto al que deberíamos dar el mayor de los apoyos. 
Me complace apoyar este informe. Una vez más felicito a mi amigo, el Sr. Wieland, por el talante con el que lo defendió. 
Señor Presidente, tras años de confusión, es necesario echar luz sobre el sistema de reconocimiento de las calificaciones profesionales y de los títulos, al objeto de permitir a los ciudadanos europeos enfrentarse con una legislación clara, transparente y sobre todo accesible para todos. 
Claro que se trata de una empresa más bien difícil también porque nos encontramos ante 14 directivas, cada una modificada una y otra vez. 
Además, en muchas ocasiones los incumplimientos y los retrasos de los Estados miembros se han justificado con la complejidad de la normativa europea o con la dificultad de acceder a las informaciones a nivel europeo. 
Una situación que, come decía el ponente, es difícil incluso para los juristas. 
Al final, sin embargo, los únicos que pagan las consecuencias de esta situación son los ciudadanos, especialmente los jóvenes que a lo mejor han gastado energías y tiempo con la seguridad de obtener unos resultados y unos reconocimientos oficiales y que se han sentido traicionados por las instituciones. 
La situación es mucho más grave si se tienen en cuenta las tasas de desempleo en toda Europa. 
Yo pertenezco a la Comisión de Cultura que, una vez más, no ha sido convocada para hablar de un tema que no sólo afecta a aspectos jurídicos, sino que también debería ser motivo de consenso en otros aspectos. 
La complejidad que existe en Europa en el reconocimiento de las calificaciones da lugar a documentos como éste, que, a pesar del esfuerzo del Parlamento y de la propia Comisión, es un auténtico "collage". 
Este documento es un "collage" porque trata de remediar situaciones de hecho injustas. 
Aquellos que tienen más poder, como el "lobby" de médicos, que se ha mostrado muy activo, consigue que se les solucione su situación. 
Otras muchas personas, sin embargo, han viajado, han adquirido títulos académicos, se han formado profesionalmente y siguen sin que se les reconozcan sus títulos y sin ningún derecho. 
Yo creo, y en eso siento llevar la contraria al Sr. Wieland, a pesar de lo bien que ha trabajado, que éste es un problema muy sencillo si se mira desde el derecho romano y su concepto de derecho de los individuos. 
Todo individuo tiene derecho a que se reconozca aquello que ha estudiado. 
Y estamos ahora continuamente hablando de movilidad, damos becas para tener movilidad, pero luego no reconocemos lo que se estudia con esas becas. 
Estamos hablando de una Europa de la investigación y de una Europa del conocimiento y no les reconocemos, por puro miedo y por puros intereses, nada de lo que hacen fuera de su país. 
Por tanto, yo desde aquí quisiera pedir que esta directiva fuera puesta en cuestión para ampliar el reconocimiento que se hace de la titulación de los médicos a otras muchas titulaciones, porque me parece un acto de auténtica injusticia que no sea así impidiendo con ello que un país transvase a otro aquello que sabe. 
El resultado es que hay mucho conocimiento que queda cautivo en determinados espacios, en determinadas universidades, en determinadas empresas. 
Si se ampliara el reconocimiento de titulaciones, Europa podría hablar ya con pleno derecho de un transvase de conocimientos y de una auténtica innovación. 
Por tanto, como representante de la Comisión de Cultura en este caso, pido que se extienda este reconocimiento y que se abra el camino a mayores convalidaciones. 
Señor Presidente, Señorías, saludo de modo general cualquier medida y cualquier directiva que se ocupe de la mejora del reconocimiento recíproco de las calificaciones profesionales y de los diplomas universitarios. 
Todas y todos los colegas que al igual que yo viven en regiones fronterizas saben de los problemas que se plantean para nuestras ciudadanas y ciudadanos que quieren trabajar o establecerse en un Estado miembro vecino. 
En el tratado de la UE se regula unívocamente la libre circulación de personas y la libertad de establecimiento en la UE. 
Pero los problemas se esconden en los detalles. 
Ahora vemos que hay que regular todos los sectores profesionales. 
Pero esto no lo entienden las personas. 
¿Es esta la Europa de los ciudadanos?. 
¿Es este el mercado común?. 
Estas son las cuestiones. 
Ya solamente la cifra de directivas existentes- en el tema actual se trata "solamente" de catorce- muestran las dificultades existentes. 
Tenemos que reducir y armonizar el gigantesco entramado administrativo también dentro de los Estados miembros. 
Por ello, es muy de saludar la propuesta de la Comisión de simplificar el procedimiento. 
Las estructuras profesionales, los métodos de formación y las condiciones previas para la misma existentes dentro de la UE son muy diferentes. 
Tenemos que encontrar equiparaciones para la formación y las carreras universitarias. 
Sin duda, a la larga sería de gran ayuda una formación unitaria y unos contenidos de formación unitarios. 
Debemos trabajar en este sentido. 
Pero hasta entonces los Estados miembros deberán recapacitar sobre cómo y dónde es necesario realizar perfeccionamientos y mejoras y en qué forma deben exigirse también exámenes adicionales. 
Debe valorarse muy positivamente la limitación temporal que prevé la Comisión. Dice que en el plazo de tres meses tiene que decidirse si se realiza un reconocimiento. 
También hay que simplificar los procedimientos de reconocimiento de diplomas adquiridos en terceros países. 
Debemos abrirnos dentro de la UE para que las ciudadanas y ciudadanos tengan la posibilidad de aplicar sus aptitudes en todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, simplemente, esta noche quiero saludar la iniciativa que trata de simplificar y esclarecer las directivas relativas al reconocimiento de los diplomas y calificaciones profesionales. 
Por tanto, quiero felicitar al ponente, Sr. Wieland, y decir que estoy de acuerdo con las declaraciones de Evelyne Gebhardt. 
Efectivamente, como diputado de una región fronteriza, muy a menudo me interpelan estudiantes que se enfrentan a un sistema establecido en 1989 y 1992. 
Y yo diría sin exagerar que es un asunto urgente. 
Los mecanismos actuales son opacos. 
Demasiados estudiantes chocan con un muro cuando se dirigen a las administraciones de los Estados miembros para obtener la convalidación de su formación. 
Con demasiada frecuencia, se enfrentan a rechazos injustificados que los colocan en situaciones intolerables. 
En el plano de los principios, es una violación de la libre circulación. 
En el plano humano, es con frecuencia una catástrofe para los estudiantes que han tratado de mejorar sus calificaciones y que no encuentran una ocupación que corresponda a ellas. 
Asimismo, se plantea el coste del procedimiento de reconocimiento. 
Por tanto, estoy personalmente muy satisfecho la que por fin se tomen las medidas que permitan traducir en hechos los principios de la libre circulación. 
Concretamente, la propuesta de directiva contiene disposiciones interesantes en términos de clarificación. 
Así, se prevé que el Estado miembro de acogida tenga en consideración la experiencia adquirida por el interesado después de la obtención del diploma y que ya no puedan exigirse sistemáticamente medidas de compensación. 
Sin duda alguna, hubiera podido irse más lejos. 
No cabe duda de que deberá irse más lejos en relación con otras ocupaciones, con un Consejo, espero, mañana, menos tímido. 
Entonces, sin ninguna duda, volverá a hablarse del tema, pero, desde esta noche, creo que podemos felicitarnos de la etapa que estamos superando. 
. 
(NL) Señor Presidente, quisiera empezar expresando mi agradecimiento a los miembros de la asamblea por el interés mostrado en la propuesta y por la labor realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y, en concreto, por el ponente, el Sr. Wieland. 
Existe una serie de enmiendas propuestas por el Parlamento que pretenden mejorar el texto de la postura común adoptada por el Consejo en determinados aspectos mediante la clarificación de ciertos puntos que, de lo contrario, podrían llevar a diversas interpretaciones. Éste es el caso de las enmiendas 4, 5, 6 y 11, las cuales agradece la Comisión. 
Asimismo, la Comisión toma nota de las peticiones reflejadas en las enmiendas 1 y 2 en relación con la creación de una codificación de la directiva sobre "homologación de títulos" y la investigación de nuevo del problema de la homologación de los títulos obtenidos en terceros países. 
La Comisión no se opone en principio a estas peticiones, aunque recuerda que dichas peticiones no forman parte del preámbulo de la directiva, principalmente debido a que no guardan relación alguna con el contenido y la directiva. 
Su aprobación supondría una contravención de las normas legislativas y del acuerdo interinstitucional existente en este sentido. 
En lo que respecta a la formación médica, objeto de las enmiendas 3 y 7, 8, 9 y 10, la Comisión opina, al igual que el Parlamento, que se trata de un asunto de gran importancia que precisa una mayor atención, aunque, por otra parte, las enmiendas contienen únicamente algunas propuestas aisladas que deberán someterse a un análisis más general antes de poder estudiarse y aprobarse. 
La legislación comunitaria no puede modificarse sin un auténtico análisis general acerca del papel de los médicos de familia, el papel del especialista y la correspondiente importancia de la formación básica, de la formación especializada y de la formación continuada. 
Por este motivo, la Comisión considera que aún es excesivamente pronto para adoptar las enmiendas 3, 7, 8, 9 y 10. 
Además, estas enmiendas retrasarían considerablemente la adopción de la propuesta, lo que no sólo sería lamentable, sino que resultaría incoherente con respecto a las numerosas ventajas que ofrece esta propuesta de directiva. 
Las enmiendas 12 y 13 en realidad no suponen una novedad. 
Se trata de una enmienda que se adoptó en la primera lectura y que se presenta de nuevo, su objetivo es normalizar la situación de determinados arquitectos irlandeses. 
El Consejo y la Comisión ya han explicado el motivo por el que no resulta posible adoptar esta enmienda, debido principalmente a que se trata únicamente de una situación puramente interna. 
Hasta aquí mi respuesta. 
Le agradezco la oportunidad que me ha concedido para poder tratar aquí este asunto. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
. (EL) Señor Presidente, veo en el acta erróneamente reflejado el intercambio de preguntas y respuestas con el ministro Sr. Moscovici durante el turno de preguntas. 
Dicen el acta, en la página 14, al menos en griego: "Pregunta no 16 formulada por Ioannis Marinos :" Violaciones del espacio aéreo chipriota por aviones de combate turcos. " 
El Sr. Moscovici contesta a la pregunta, así como a la pregunta complementaria formulada por el Sr. Marinos y a continuación interviene también el Sr. Æacharakis ";. 
Quisiera, señor Presidente, señalar lo siguiente: mientras que por la mañana, el Presidente de la República Francesa, Sr. Chirac, con su presencia personal aquí, y con el contenido de su discurso, nos produjo la impresión de que bajo la Presidencia francesa la colaboración entre el Parlamento Europeo y la potencia que ejerce la presidencia será más estrecha y sistemática, por la tarde el primero de entre los ministros de la Presidencia que asistía al Parlamento y colaboraba con nosotros, el ex eurodiputado Sr. Mosocovici hizo exactamente lo contrario. 
Para empezar, fue brusco, y sus respuestas, prácticamente a todos los colegas, diría, eran más que lacónicas, o pretendía que ya nos había respondido; sin embargo, a la pregunta escrita que yo le había dirigido, realmente respondió. 
Pero le planteé a continuación una segunda pregunta que surgió del debate que mantuvimos por la mañana sobre la irrupción de las tropas turcas de ocupación en una nueva franja del territorio de Chipre. 
El Sr. Moscovici, en lugar de responder sobre el asunto que yo planteaba, dijo: "Ya le he respondido". 
A continuación intervino el Sr. Æacharakis, el cual le dirigió dos preguntas y el Sr. Moscovici ni se levantó siquiera de su sitio ni respondió en absoluto. 
Quería preguntar, en primer lugar, si se le permite a quienquiera, ministro o comisario, que asiste al turno de preguntas negarse a responder, y más aún con gesto absolutamente despreciativo, y si es de recibo la respuesta «ya le he respondido» , cuando de hecho no ha habido respuesta alguna. 
Lo mismo ocurrió también con otros colegas que si están ahora presentes pueden corroborarlo. 
Quisiera una respuesta sobre esta cuestión, y también, claro, que se corrijan las actas. 
Señor Marinos, nos damos por enterados de su opinión. La haremos constar en el Acta. 
Es cierto que algunas veces el desarrollo del turno de preguntas merece una evaluación. 
Estudiaremos este punto. 
Quisiera yo también pedir que se corrijan las actas, porque en su estado actual no reflejan lo ocurrido durante la sesión. 
Quisiera que constara en acta que le dirigí dos preguntas al Sr. Moscovici y que éste no respondió. 
Por supuesto, después de lo que ya ha referido el colega Sr. Marinos, y más allá del talante despreciativo adoptado por el Sr. Moscovici, el cual no honró la tradicional cortesía francesa, y precisamente en una sesión del Parlamento celebrada en territorio francés, la impresión que a mí me queda y lo que concluyo de su silencio, y que bueno sería que mereciera la atención del Gobierno griego, es que el Gobierno francés, en su fuero interno, se propone oponerse a la adhesión de Chipre a la Unión Europea e impulsar, por el contrario, la adhesión de Turquía, por mucho que ésta viole los derechos humanos y los principios fundamentales del derecho internacional. 
Señor Zacharakis, no celebraremos aquí el debate político sobre esto. 
El Sr. Moscovici intervino ayer y veremos si se refleja correctamente en el acta. 
Señor Presidente, deseo plantear, una vez más, la cuestión que ya planteé el lunes y, de nuevo, ayer con respecto a los comentarios que hizo el Sr. Helmer en esta Asamblea. 
Permítame decir que me sorprende que a pesar de haber pedido ya en dos ocasiones al Sr. Helmer que comente sobre la cuestión de que la Reina del Reino Unido apoya el euro, no lo haya hecho aún. 
Permítame decir a esta Asamblea que entiendo que ésta debe ser la primera vez que el Sr. Helmer se ha quedado sin palabras. 
(El Acta queda aprobada). 
Señor Presidente, según nuestras informaciones ayer la Sra. Stauner retiró en la comisión competente el explanatory statement. A pesar de ello, hoy se ha distribuido. 
Señor Presidente, solamente quiero rogarle que averigüe si este statement de la Sra. ponente fue retirado o no. Pues si así fuese no se debería distribuir ya como documento oficial. 
Preguntaremos a los servicios cuáles son los hechos exactamente. 
De conformidad con el reglamento, ayer por la tarde retiré esta exposición de motivos. 
Rogué a los servicios que redactasen la correspondiente carta en la Secretaría de la Comisión de Control Presupuestario. 
Pero esto no fue posible debido al horario de trabajo por la tarde. 
Supongo que ahora cuando vaya a mi oficina la encontraré y podré firmarla para que se pueda proseguir del modo correspondiente. 
Señor Presidente, quería plantear una cuestión que debería ser motivo de gran preocupación para este Parlamento y, en particular, para los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión de Control Presupuestario. 
En mi país se esta produciendo un grave incumplimiento de la legislación comunitaria y del Estatuto del Banco Europeo de Inversiones. 
Los Estados miembros no están autorizados, en virtud de la legislación comunitaria, a proponer ni a nombrar directamente a sus nacionales al Consejo de Gobernadores para la función de Vicepresidente del BEI, y hacerlo es un incumplimiento flagrante del Estatuto del Banco Europeo de Inversiones. 
Las nominaciones y los nombramientos es una tarea reservada exclusivamente al Consejo de Directores del Banco, que es un organismo totalmente independiente. 
La situación en Irlanda es bastante contraria a este principio. 
El Gobierno irlandés, en contravención de la ley, ha designado a una persona que no sólo no tiene ninguna experiencia en asuntos económicos y financieros, sino que además es un juez deshonroso del tribunal supremo, que se ha visto obligado a dimitir antes de que el parlamento irlandés lo acusara de delinquir en el ejercicio de sus funciones. 
El caso está ahora en manos de los tribunales irlandeses. 
Es un asunto de la máxima importancia para este Parlamento, que siente preocupación porque la Unión Europea proporciona Fondos de garantía al BEI. 
El Parlamento debe tomar nota de esto, porque si permitimos que los Estados miembros infrinjan la legislación de esta manera, las consecuencias serán graves para toda la Unión Europea. 
Quisiera preguntar al Presidente si podría dar instrucciones a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a la Comisión de Control Presupuestario para que estudien este caso, porque debe ser abordado sin pérdida de tiempo. 
Podría sentar un pésimo precedente de cara al futuro para otros Estados miembros y para los nombramientos a este organismo. 
Señora MecKenna, efectivamente, me parece bien que usted, si así lo desea, plantee el asunto en la Comisión correspondiente. 
Señor Presidente, quiero someter un asunto a la atención del Parlamento. 
También ayer los incendios desatados en Italia destruyeron cientos de miles de hectáreas de bosque y pusieron en peligro los alrededores de Roma, así como la vida de ciudadanos europeos: lo mismo sucedió hace unos días en Francia, en las fronteras con Italia. 
Con frecuencia, estos incendios dolosos que ponen en peligro y destruyen cientos y cientos de hectáreas de bosque, se desatan durante el verano en los países de la Europa mediterránea produciendo daños en la economía y poniendo en peligro la economía turística. 
Creo que es indispensable una intervención del Parlamento, así como una intervención fuerte de la Comisión y del Consejo, habida cuenta de que también en el Consejo de Feira se habló de la hipótesis de crear un Servicio europeo de protección civil. 
Es un riesgo importante que afecta al patrimonio forestal y medioambiental de toda la Unión Europea, pero sobre todo producirá grandes perjuicios económicos de cara al relanzamiento del empleo en el sector del turismo en todos los países mediterráneos. 
Señor Tajani, efectivamente, son cosas que, desafortunadamente, se repiten una y otra vez, es algo que constituye una preocupación permanente para el Parlamento y son asuntos especialmente lamentables. 
Informe anual del BCE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Radwan (A5-0169/2000) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe anual de 1999 del Banco Central Europeo (C5-0195/2000- 2000/2118 (COS) ). 
. (EN) Señor Presidente, han transcurrido un año y medio desde el nacimiento del euro y desde que el BCE asumió la responsabilidad de dirigir la política monetaria. 
Durante este período, el eurosistema, es decir, los 11 bancos centrales nacionales y el BCE, han debido demostrar su capacidad para aplicar el marco conceptual que había sido meticulosamente preparado durante los años precedentes. 
Asimismo, ha debido demostrar su capacidad de alcanzar los objetivos que le confiere el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
Al volver la vista atrás, vemos que hemos afrontado estos retos desde una perspectiva política y, a la vez, operativa. 
Por consiguiente, es para mí un gran placer presentar hoy el Segundo informe anual del BCE. 
En él se da cuenta de las actividades del eurosistema durante 1999 y comienzos del presente año. 
Considero que la presentación de hoy es una demostración importante de la transparencia del BCE con respecto al Parlamento Europeo, que viene a completar los intercambios de opiniones celebrados en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, en los que he tomado parte cada tres meses. 
Además de este diálogo regular, otros miembros del Comité Ejecutivo del BCE han asistido a reuniones de la comisión en diferentes ocasiones para presentar un informe redactado bajo la responsabilidad del BCE y participar en los intercambios de opiniones sobre temas diversos. 
Habida cuenta de la gran variedad de asuntos que abarca el Informe anual, será obviamente imposible abordar todos ellos en nuestra reunión de hoy. 
Por ello, me centraré en algunos de los temas más pertinentes, que también han sido planteados en la resolución redactada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento. 
Al repasar el primer año de existencia de la moneda única, quisiera comenzar informando de que hemos realizado el principal objetivo del BCE, es decir, el mantenimiento de la estabilidad de precios. 
De hecho, con un aumento de los precios al consumo en la zona euro de apenas el 1,1 % en 1999, la inflación se ha mantenido a uno de los niveles más bajos de los últimos 50 años. 
Conforme a su mandato, el BCE se mantiene vigilante respecto a los riesgos para la estabilidad de precios, como demuestran sus decisiones en política monetaria encaminadas a cortar de raíz las presiones inflacionistas antes de que se materialicen, en vez de reaccionar cuando la estabilidad de precios ya está amenazada. 
El eurosistema seguirá persiguiendo esta estrategia progresista para mantener un clima de precios estables, que además es propicio para un crecimiento económico sostenible y para la creación de puestos de trabajo en la zona euro. 
Comparto el análisis de la propuesta de resolución del Parlamento en el sentido de que los gobiernos deberían aprovechar el clima económico favorable para redoblar los esfuerzos encaminados a la consolidación de los presupuestos y la reducción de la deuda pública, y para ir más allá de los objetivos establecidos en los programas de estabilidad. 
Al mismo tiempo, debería perseguir con ahínco reformas estructurales del producto del trabajo y los mercados de capitales. 
Una aplicación amplia de esta agenda política contribuirá a frenar las presiones inflacionistas, ayudando así al BCE a cumplir su misión. 
En su propuesta de resolución, el Parlamento también aborda brevemente las posibles consecuencias de una "nueva economía". 
Por ello, quisiera referirme a la posible aparición de una nueva economía en la zona euro. 
Para comenzar, permítanme observar que existen diferentes definiciones de la nueva economía. 
En mi opinión, la más útil es la que define la nueva economía como un fenómeno que incrementa la tasa de crecimiento de la productividad durante un largo período de tiempo. 
Existen pruebas, aunque no exentas de controversia, que apuntan al surgimiento de una nueva economía en los Estados Unidos. 
En cambio, por el momento resulta difícil encontrar pruebas claras de una nueva economía en la zona euro. 
Ni que decir tiene que existe la necesidad de seguir atentos a la evolución y hacer hincapié en la identificación, lo antes posible, de nuevas tendencias económicas y posibles grietas estructurales en las relaciones económicas tradicionales. 
En cualquier caso, es importante destacar que para la zona euro, una mayor flexibilidad de los mercados es un requisito para poder materializar los posibles beneficios de las nuevas tecnologías en la forma de un crecimiento de la productividad sustancialmente más alto. 
Reconocemos que una característica crucial del posible surgimiento de una nueva economía es un aumento de la incertidumbre, en particular, en lo que respecta a la evolución del potencial de producción y la fiabilidad de los indicadores que se derivan de ella, como las previsiones de interrupción de la producción. 
En este sentido, el marco de la política monetaria de los sistemas euro está bien dotado para hacer frente a estas incertidumbres. 
Proporciona la flexibilidad necesaria para corregir las alteraciones de la estructura económica encaminadas al mantenimiento de la estabilidad de precios a medio plazo. 
Al depender de dos pilares, la estrategia del BCE reconoce explícitamente la incertidumbre respecto a la estructura de la economía y la transmisión de la política monetaria dentro de la economía. 
En el contexto de estas conversaciones, algunos observadores han instado al BCE a que mantenga bajos los tipos de interés con vistas a la nueva economía. 
En respuesta, permítanme destacar la siguiente observación: la nueva economía es, principalmente, un asunto que concierne al sector de suministros. 
Una política monetaria inadecuadamente permisiva no mejoraría las condiciones para el surgimiento de una nueva economía. 
Por el contrario, si se pone en peligro el mantenimiento de la estabilidad de precios, dicha política podría poner en serio peligro la actual capacidad del BCE. Debilitaría con ello la confianza, aumentaría las primas por riesgo de los tipos de interés y dañaría las perspectivas de crecimiento económico y de creación de empleo. 
Precisamente por este motivo, el BCE, conforme a su mandato, continuará manteniendo la estabilidad de precios en la zona euro. 
Esta medida garantiza la plena contribución de la política monetaria al bienestar económico general, al tiempo que proporciona también un clima en el que pueda florecer la nueva economía, en caso de que surja. 
A continuación, quisiera pasar a otro tema que ha sido objeto de frecuentes debates en el marco de nuestro diálogo regular, a saber, el tema de la transparencia. 
Ya he hecho referencia al diálogo regular entre el Parlamento Europeo y el BCE, cuya transcripción se publica en las páginas web de nuestras instituciones. 
Asimismo, en las ruedas de prensa celebradas tras la primera reunión mensual del Comité Ejecutivo, presento la evaluación que hace el BCE del clima económico que respalda nuestras decisiones en materia de política monetaria. 
El Parlamento tendrá conocimiento de la amplia variedad de publicaciones del BCE, en particular, de nuestro boletín mensual y de las numerosas notas de prensa que emitimos, así como de los discursos pronunciados por miembros del Comité Ejecutivo del BCE. 
Dichas intervenciones también están, por regla general, a disposición del público en la página web del BCE. 
Esta amplia variedad de herramientas de comunicación, en las que se presentan los argumentos a favor y en contra de cualquier decisión, es similar, en su esencia, a las actas resumidas. 
Asimismo, conviene tener presente que a través de las ruedas de prensa regulares y la rápida publicación de las transcripciones de las preguntas y respuestas en la página web del BCE, poco después de las reuniones puede disponerse de información detallada sobre las deliberaciones del Comité Ejecutivo. 
De este modo evitamos los retrasos de la publicación inherentes a todos los formalismos del acta oficial. 
Siempre tomamos nuestras decisiones desde una perspectiva que abarca a toda la zona euro. 
Es fundamental para dirigir una política monetaria realmente única. 
En este orden de cosas, hemos estudiado la posibilidad de que el BCE publique informes sobre la evolución económica en cada uno de los Estados miembros de la zona euro, como sugiere la propuesta de resolución. 
Francamente, no queremos difuminar el enfoque del BCE sobre toda la zona euro. 
La resolución pide asimismo que el BCE publique previsiones macroeconómicas. 
Permítanme asegurarles que los preparativos para esta publicación avanzan a buen ritmo. 
Sigo previendo que la publicación de las previsiones comiencen hacia finales de 2000, de acuerdo con la declaración que hice el pasado septiembre en la sesión plenaria del Parlamento Europeo sobre el próximo informe anual del BCE. 
Las previsiones son tan sólo uno de los factores que intervienen en la toma de decisiones del Comité Ejecutivo. 
La publicación de las previsiones por parte del BCE no debería considerarse una panacea para superar todos los retos de comunicación a los que se enfrenta el BCE, como nueva institución, en el arduo entorno multilingüe y multinacional. 
Las propias previsiones tienen deficiencias importantes. 
Por ejemplo, están rodeadas de un halo de incertidumbre y pueden quedar desfasadas rápidamente si se producen alteraciones en el entorno exterior. 
Por consiguiente, como se explica en la estrategia de la política monetaria del BCE, no es posible tomar decisiones en dicho ámbito únicamente sobre la base de una previsión de la inflación central. 
El factor relevante para la toma de decisiones políticas progresistas es un análisis exhaustivo de la situación monetaria y macroeconómica, así como de las fluctuaciones económicas que afectan a la economía de la zona euro. 
El BCE siempre ha hecho hincapié en la sinceridad a la hora de enfocar la comunicación. 
Siguiendo esta tónica, soy de la opinión de que debemos publicar las previsiones de manera que reflejen fielmente su papel limitado en la toma de decisiones políticas y sus incertidumbres intrínsecas. 
Cualquier otro enfoque no sería transparente y, por consiguiente, podría inducir a engaño. 
Paso a continuación a un tema afín, a saber, la publicación de los modelos económico y econométrico del BCE. 
Quisiera dejar claro que el BCE no depende de un único modelo econométrico, sino que utiliza una amplia variedad de modelos. 
Los resultados obtenidos de los modelos son analizados desde una perspectiva crítica, para lo que recurrimos a la opinión de expertos. 
Los responsables políticos utilizan análisis realizados con modelos desarrollados por el personal del BCE, en ocasiones con la participación del personal de los bancos centrales nacionales, como uno de los factores que afectan sus evaluaciones y decisiones políticas. 
El BCE ha creado una serie de documentos de trabajo en los que la opinión pública y expertos profesionales externos pueden revisar y analizar la investigación técnico-económica elaborada, entre otros, bajo la responsabilidad del personal del BCE. 
Los autores son los responsables del contenido de sus respectivos documentos, por lo que éstos no representan necesariamente la opinión del BCE ni del eurosistema. 
A través de éste y otros canales existe un diálogo profesional y un intercambio de opiniones entre el personal del BCE y numerosos expertos externos muy beneficioso para ambas partes. 
Ya se han publicado siete modelos econométricos en la serie de documentos de trabajo del BCE. 
Por ejemplo, en septiembre de 1999 se publicó un estudio econométrico de la demanda de 3M en la zona euro, dirigido por personal del BCE. 
Otros modelos aparecerán en un futuro próximo. 
El personal del BCE publicará dentro de esta serie de documentos de trabajo, probablemente a finales del presente año o comienzos del próximo, el modelo utilizado en el BCE para toda la zona, que representa el comportamiento global de la economía en la zona euro. 
Quisiera pasar a continuación a la contribución que ha hecho el SEBC, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, al mantenimiento de la estabilidad financiera y la supervisión cautelar. 
En este sentido, quisiera hacer referencia al Comité de Supervisión Bancaria, que está fomentando la cooperación entre el BCE, los bancos centrales nacionales y las autoridades de supervisión de los 15 Estados miembros. 
El punto central de la actividad del Comité de Supervisión Bancaria es el análisis de avances estructurales y el seguimiento de posibles fluctuaciones en el sector bancario. 
El Comité de Supervisión Bancaria proporciona además el foro para el intercambio de información relevante entre el eurosistema y las autoridades de supervisión. 
Por último, este comité puede actuar también como un foro para la cooperación en materia de supervisión que no está relacionada con las funciones del eurosistema. 
La necesidad de cooperación multilateral entre los supervisores bancarios ha ido en aumento desde el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria por dos motivos. 
En primer lugar, la UEM ha introducido una separación geográfica sin precedentes entre la zona de jurisdicción de la política monetaria y la de supervisión cautelar. 
En segundo lugar, la introducción del propio euro ha fomentado una mayor integración del sector bancario y financiero. 
En este orden de cosas, percibo el Comité de Supervisión Bancaria como el principal foro en el que puede mejorarse la cooperación multilateral entre los supervisores bancarios. 
En lo que respecta al sistema transfronterizo de pago al por menor, que el Parlamento Europeo ha planteado en varias ocasiones, les recuerdo que en septiembre de 1999, el BCE publicó un informe titulado Improving Retail Cross-border Payment Systems- the Eurosystem's View (Mejora de los sistemas transfronterizos de pago al por menor- la opinión del eurosistema). 
El informe hace un llamamiento al sector bancario para que proporcione servicios sustancialmente mejores antes de 2002. 
Desde la publicación de dicho informe, el sector bancario ha suscrito los objetivos del eurosistema en principio. 
Ha comenzado a cooperar estrechamente con el eurosistema para identificar los impedimentos de orden práctico para el logro de estos objetivos y para poder investigar y, en su caso, aprobar soluciones eficaces. 
Comparto plenamente la preocupación del Parlamento Europeo de que, a los ojos de los clientes, el progreso ha sido escaso. 
No obstante, existen indicios muy fuertes de que los bancos están realizando esfuerzos considerables para preparar el terreno con vistas a una gestión más eficaz de las transferencias de créditos transfronterizas. 
En particular, se está avanzando en ámbitos tales como la normalización y simplificación de los requisitos de información sobre la balanza de pagos. 
El BCE elaborará otro informe de actividades antes del próximo otoño en el que actualizará su análisis. 
El eurosistema preferiría mantener su actual posición de cooperación, pero, en caso necesario, aumentará la presión sobre el sector bancario. 
No obstante, sería poco realista esperar que el nivel de servicio para pagos transfronterizos alcance aquél de los pagos nacionales en todos los sentidos antes de 2002. 
Hago hincapié, una vez más, en que la introducción del euro ha marcado realmente un hito en el actual proceso de integración europea. 
El BCE, como guardián de la moneda única, seguirá adelante con su política monetaria orientada hacia la estabilidad con el fin de cumplir su mandato y poder presentar los resultados políticos que, con razón, esperan los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señor Presidente Duisenberg, estimadas y estimados colegas, el presente informe del BCE para el año 1999 se trata tanto de un primer informe del Banco Central para todo un año así como también de un primer informe desde la introducción del euro. 
Nos encontramos en una fase en la que el euro ya ha sido introducido. 
Se ha llamado ya la atención sobre esto pero el ciudadano recibirá los billetes de banco solamente a partir del 1 de enero del 2002. 
Pero sobre este tema se ocupará extensamente luego mi colega Karas. 
Lo importante es que nos ganemos la confianza de los ciudadanos hasta que tenga lugar esta introducción. 
La tasa de subida de los precios en el último año ha sido algo superior al 1 % y, en consecuencia, está claramente por debajo de las previsiones del BCE del 2%, lo que es una buena condición previa lograr dicha confianza. 
Quiero saludar por ello al BCE y a usted, señor Duisenberg. 
Gracias a su política de estabilidad, los países de la zona del euro muestran un nivel mínimo histórico en la tasa de inflación. 
Condición previa para una política de éxito del BCE es su independencia política. 
Esto no significa que no exista una obligación de rendir cuentas sino que presupone un elevado nivel de información y transparencia. 
Quiero mencionar aquí como algo positivo los informes regulares del Banco Central Europeo a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo así como las publicaciones mencionadas por usted en Internet. 
Pero una joven institución como el BCE no solo debe ganarse la confianza de los mercados financieros sino también la de los ciudadanos. 
Por ello, he saludado mucho que usted se haya dirigido en mayo de este año a los ciudadanos. 
Los ciudadanos tienen una gran cantidad de información sobre el euro. Pero creo que dichas informaciones no siempre son suficientemente claras e informativas. 
Por ello, debemos hacer algo en contra. La política debe exponerse de modo comprensible. 
Esto contribuirá a ganar la confianza de las personas en el euro. 
Una tasa de inflación reducida es al mismo tiempo una política a favor de las personas económicamente débiles en nuestra sociedad. 
Por ello, es importante que el BCE dirija sus decisiones a objetivos primarios. 
Por ejemplo, no se puede aceptar una tasa de inflación superior al 3.3 % para lograr mejor objetivos secundarios como el del crecimiento económico o la política de empleo. 
Precisamente las personas más débiles son las que sufren más bajo la inflación latente y esto es desde mi punto de vista asocial. 
Las tareas para el crecimiento económico y el empleo radican en primer lugar en los Estados miembros. 
Precisamente aquí es donde se encuentra una parte de la debilidad exterior del euro. 
Las reformas, como la flexibilización de los mercados, la transformación de los sistemas de Seguridad Social o la liberalización de los mercados financieros, deben impulsarse con mayor energía para lograr que el espacio del euro sea más atractivo como emplazamiento financiero y de inversiones. 
No son suficientes los meros anuncios como los realizados en la cumbre de Lisboa y que tienen el objetivo de convertirse en el número uno de la economía mundial. 
Los mismos Estados miembros tienen que actuar aquí. 
Por ello, se debe lograr y hacer realidad lo más rápidamente posible el objetivo de un endeudamiento menor y de unos presupuestos más compensados. 
También es importante que el Banco Central Europeo no deje totalmente de lado el valor exterior. 
Por un lado existe el peligro de unos precios superiores, de una inflación importada que, naturalmente, actualmente se ve fortalecida también por unos precios superiores del crudo. 
Por otro, y aquí llego de nuevo al tema "información y ciudadanos", el valor exterior es para muchas personas un indicio de la estabilidad del euro. 
Debemos prestar atención para que este valor exterior por sí solo no sea causa de que desaparezca la confianza en el euro. 
Saludo por ello la última corrección de intereses, es decir, la elevación en 50 puntos básicos, como un paso hacia una política monetaria orientada a medio plazo para generar confianza y tranquilizar a los mercados financieros y a los ciudadanos. 
Otro indicio para los ciudadanos de que el euro es algo positivo sería una clara reducción de las tasas en los pagos transfronterizos a los que usted acaba de referirse. Por ello, considero importante que los bancos actúen con una considerable mayor ambición y rapidez. 
La mera remisión de los bancos a la estandarización de los sistemas no es suficiente al respecto. 
La introducción del euro no se ha realizado de la noche a la mañana ni ha sido sorprendente. 
Yo mismo provengo del campo del procesamiento de datos y de las telecomunicaciones. 
Sé que cuando un tema se encuentra en el primer punto del orden del día y se trabaja con la correspondiente premura, entonces se puede realizar también con mayor rapidez. 
Le ruego por ello que el Banco Central Europeo actúe con dicha premura para lograr que nuestros bancos se esfuercen más en este campo. 
Para finalizar, me voy a referir a la próxima ampliación de la Unión hacia el Este. 
Pero antes quiero aclarar que para mí no se trata de una modificación del Tratado, lo que se ha debatido con gran vehemencia en varias ocasiones. 
Por el contrario, de lo que se trata es de observar con atención el próximo proceso. 
Nadie pone en duda de que existe un proceso en tres fases, desde la adhesión a la UE a la participación en los mecanismos de cambio hasta la condición de pleno miembro. 
Pero además es necesario un nivel mínimo de convergencia económica para compensar la situación de competencia entre los candidatos a la adhesión y los actuales miembros del euro. 
Es importante que se respeten los criterios pero que también se tenga en cuenta el margen de actuación en el respeto de dichos criterios. 
No puede ser que decisiones que hemos adoptado en alguna ocasión nos vinculen en el proceso actual y futuro durante cinco o diez años. 
Debemos conservar en este proceso estas posibilidades de interpretación. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas y al personal de la Secretaría de la comisión por el apoyo recibido en este informe. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Duisenberg por un año lleno de éxitos en la dirección de la política monetaria del euro. 
Es evidente que lo que importa es la estabilidad de los precios dentro de la zona euro, y que el valor exterior del euro tiene una importancia mucho menor. 
De hecho, para comenzar, ésta fue una de las razones para la creación del euro: se creó precisamente para proteger la economía europea de la volatilidad de las divisas a la que acaba de referirse el Sr. Goebbels. 
También me complace especialmente que el Sr. Duisenberg haya reiterado su promesa de publicar las previsiones y los modelos econométricos, y comprendo perfectamente sus advertencias. 
Espero que cuando publique el modelo macroeconométrico, lo haga de manera que resulte fácilmente accesible y pueda ser utilizado por investigadores externos, quizá en soporte de CD-ROM. 
No obstante, en conexión con la opinión del Parlamento del pasado año, quisiera instar al Sr. Duisenberg a que reconsidere un marco formal para la publicación de las actas resumidas. 
Como ha dicho, buena parte del debate que tiene lugar en el Comité Ejecutivo se filtra al exterior en la forma de conversaciones en el boletín mensual, pero eso no es lo mismo que un informe regular con el marco formal en el que se debate. 
Esta medida contribuiría a asegurar las expectativas en el mercado, y cumpliría asimismo con el importante mandato del BCE de rendir cuentas. 
También es claramente crucial que el BCE sólo contemple la zona euro en su conjunto en términos de su objetivo en materia de inflación y estabilidad de los precios. 
Es fundamental señalar que existen tendencias de crecimiento diferentes dentro de los distintos componentes nacionales de la economía de la zona euro, y que esto implica tasas de crecimiento de salarios diferentes con el paso del tiempo. 
Por ello es importante que exista un debate general de las posibles tasas de crecimiento sostenible de los salarios que existen en cada uno de los componentes de la economía de la zona euro, y por qué ello contribuirá realmente a mantener baja la inflación junto con un descenso de la tasa de desempleo. 
Éstas son las observaciones principales que quería hacer. 
También me gustaría mucho respaldar las observaciones del Sr. Goebbels sobre la importancia de la ampliación, a saber, que no deberíamos tener dos normas; una para nosotros y otra para ellos. 
Espero realmente que sigamos aplicando los criterios del Tratado, ni más ni menos. 
Señor presidente, el informe del Banco Central Europeo sometido a debate se refiere al año 1999, su primer año de funcionamiento tras el inicio de la tercera fase de la UEM. 
Por esta razón precisamente, el enfoque crítico del Parlamento Europeo sobre la trayectoria del Banco Central Europeo debería ser más severo y más exigente. 
El Parlamento Europeo es el único órgano institucional de la Comunidad que tiene competencias para ejercer, aun a posteriori, cierto control sobre el Banco Central Europeo y su política. 
Desde este punto de vista, el informe de la Comisión de Política Económica y Monetaria está por debajo de las aspiraciones de los ciudadanos europeos, pues apoya plenamente la política del Sistema Europeo de Bancos Centrales y, en muchos casos, se muestra más papista que el Papa, al exigir una política aún más liberal. 
Y no deja de constituir una provocación a la sensibilidad de los ciudadanos el argumento de que la posición internacional del euro y su debilidad ante el dólar se deben al retraso en la aplicación de los cambios estructurales exigidos, en detrimento del mercado de trabajo, productos y servicios; al retraso en las obras de demolición del sector público de la economía; y al retraso en la desarticulación de las relaciones laborales y en el expolio de los derechos laborales, sociales y seguridad social de los trabajadores. 
En pos de la célebre estabilidad monetaria, que considera su única responsabilidad, la política del Banco Central Europeo ha tenido rasgos contradictorios, pues- apuntando siempre hacia el mismo objetivo, a saber, el control de las presiones inflacionarias- se ha movido, como un péndulo, de uno a otro extremo, con sucesivas subidas y bajadas de los tipos de interés, que, en esencia, han tenido consecuencias marcadamente negativas para el crecimiento de la productividad y del empleo. 
Los trabajadores que pagan las consecuencias de una política liberal marcadamente negativa no tienen ninguna confianza en esta política, no comparten ni el optimismo del Banco Central Europeo, ni el apoyo a su política por parte del Parlamento Europeo, del resto de los órganos de la Unión Europea, y de los gobiernos de los países miembros. 
La famosa nueva economía no va a satisfacer de ninguna manera los intereses de los trabajadores. 
Desde esta perspectiva, somos contrarios tanto a la política del Banco, como a su apoyo por parte del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Banco Central Europeo, señor Comisario Solbes, en nombre de los radicales italianos del Grupo Técnico de Diputados Independientes, considero que el objetivo que se ha fijado el Banco Central Europeo- que es el objetivo implícito en el Tratado y en la mejor doctrina económica, esto es, la contención de la inflación- se ha alcanzado objetivamente. Esto no puede ser sino un motivo de aplauso a la actividad del propio Banco Central. 
Sin embargo, este resultado no puede en absoluto hacer olvidar las muchas sombras que se ciernen sobre el mismo. 
El primer problema que hay que plantear es el de la fiscalidad: la marcha positiva de las relaciones entre el déficit y el Producto Interior Bruto que en pocos años se ha situado por debajo del 2% en la zona euro, esconde el hecho de que en muchos países este resultado en muchos casos se debe únicamente a una coyuntura favorable de los tipos de interés y a un nivel de imposición fiscal que ha aumentado en lugar de disminuir. 
Las reducciones estructurales y duraderas del gasto público cumplen todavía un papel secundario y además, en muchos países, el presupuesto público continúa estando alrededor de un 50%, un nivel demasiado alto para ser manejado sin riesgos de nuevos rebasamientos en los déficit en caso de crisis o de shock. 
En particular, creo que es preciso plantear con urgencia- y en esto las Cumbres del Banco Central podrían y deberían contribuir con más fuerza que la que ponen actualmente- el problema de la deuda sumergida derivado de los sistemas públicos de pensiones en muchos países, especial y no solamente en Italia. 
La generosidad demagógica de estos sistemas tiene un coste elevado que muy pronto alguien deberá pagar y que muy pronto hará sentir sus efectos en la estabilidad del euro. 
Existe el problema de la transparencia de las decisiones del Banco Central Europeo: algo se ha hecho, sin embargo, creo que aún no se ha hecho lo suficiente; en este sentido, me remito a las palabras del Sr. Huhne que comparto totalmente. 
El Presidente Sr. Duisenberg ha afirmado- y estoy de acuerdo con sus afirmaciones- que el problema de la nueva economía en Europa y de la productividad del trabajo en Europa no es, no puede ser y no debe convertirse en un problema de tipos de interés. 
Se trata de un problema de reformas estructurales y ha de afrontarse como tal. 
Existe un problema de privatización y de liberalización en muchos sectores. 
Hay países como Francia- por lo tanto, países importantes- que han dado un frenazo respecto a estos temas: liberalizaciones y privatizaciones ante todo y no sólo en el sector de las telecomunicaciones. 
Existe el problema de la flexibilidad del mercado de trabajo. 
Mandel, uno de los padres del euro, hace unos meses manifestó en lo que respecta a Europa que los Gobiernos imponen al mercado demasiadas rigideces. 
Las contrataciones y los despidos han de liberalizarse por el simple hecho de que el control del despido no hace más que inhibir la posibilidad de nuevos empleos. 
En lugar de pedir a la política del Banco Central, a la política de los tipos de interés que resuelvan algunos problemas de la economía europea, sería mejor que la política europea resolviera los problemas que puede resolver enseguida como son la reestructuración y la flexibilidad en la economía y en el mercado de trabajo. 
Y termino agradeciendo al Sr. Radwan el excelente trabajo realizado con este informe que se puede suscribir en su mayor parte. 
Señor Presidente, señor Duisenberg, señor Solbes, comparto la satisfacción del Sr. Radwan que en su informe ha puesto de manifiesto lo importante que es el objetivo del mantenimiento de la estabilidad de precios que el Banco Central Europeo ha conseguido volviendo a llevar el porcentaje de inflación a niveles mínimos en la zona euro. 
Comparto asimismo la satisfacción del ponente al constatar que el Banco Central Europeo ha cumplido el compromiso de publicar regularmente los datos sobre las variables financieras en su poder y las previsiones económicas, así como los modelos econométricos utilizados para conferir una base teórica a la política monetaria implementada. 
Es importante que se afirme el principio de transparencia y es bueno que el Banco Central Europeo fije estándares en materia de comunicación que pueden ser un excelente punto de referencia para la actividad de los bancos centrales de cada uno de los Estados. 
Sin embargo, debemos estar atentos a no dar una interpretación demasiado extensiva al principio expresado en el artículo 105 del Tratado, ya que el artículo 108 reza: "En el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan el presente Tratado y los Estatutos del SBEC, ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones y organismos comunitarios ,... ni de ningún otro órgano." 
Ciertamente la política monetaria es un resorte capaz de determinar, en lo bueno y en lo malo, las actuaciones económicas de un Estado, pero precisamente por esto no hay que atribuir al Banco Central Europeo responsabilidades que no puede tener, ni a la luz de los que establece el Tratado ni a la luz de los fundamentos de política económica. 
La poco brillante evolución de las variables macroeconómicas en algunos Estados de la zona euro se ha relacionado de forma demasiado fácil pero incorrecta con la creación de la moneda única: los desequilibrios y la coyuntura negativa en algunos Estados no se deben achacar ni al euro ni menos aún a la política monetaria del Banco Central, sino a la falta de una unívoca política económica en Eurolandia y de reformas estructurales en el ámbito de los distintos sistemas nacionales. 
Estimado señor Presidente, estimado señor Presidente, estimado señor Comisario y estimados compañeros, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Radwan por su estupendo informe. 
El informe anual de actividades del BCE trata en sus páginas 60 y 61 la situación en Dinamarca durante 1999. 
En él se señala que la corona danesa en 1999 fue estable y marginalmente más fuerte que el cambio central del ERM 2. 
Este situación desgraciadamente ha cambiado, puesto que en los últimos meses la corona danesa ha estado sometida a diversas presiones. 
La especulación contra la corona danesa se produce en primer lugar porque las encuestas danesas apuntan la posibilidad de una respuesta negativa al próximo referéndum del 28 de septiembre. 
Si en este referéndum esta posibilidad se convierte en un no- y estoy muy en desacuerdo con mi colega francés que acaba de hablar y quien por lo que pude entender, espera un no -, es de prever que la especulación contra la corona sea mayor y entonces Dinamarca necesite para la defensa de la corona de la ayuda del BCE que aparece prevista en el acuerdo del ERM 2. 
Por ello, señor Duisenberg, quiero pedirle que especifique qué límites habrá para el acuerdo danés del ERM 2 y que conteste a las siguientes preguntas. 
En primer lugar: ¿Qué condiciones debe cumplir Dinamarca antes de que el BCE compre coronas para respaldar la moneda? 
En segundo lugar: ¿Cuántas divisas empleará el BCE en una situación concreta en la compra de coronas danesas con el fin de defender la corona danesa? 
En tercer lugar: ¿Durante cuánto tiempo estará el BCE en condiciones de sostener la corona? 
Y finalmente, en cuarto lugar: ¿Puede decirnos si el acuerdo del ERM 2 tiene una duración ilimitada? 
Señor Presidente, señor Duisenberg, no hay ninguna duda de que usted y el Banco Central Europeo practican una política monetaria muy competente y plena de éxito. 
Sin embargo, las preocupaciones de las personas por la reducida cotización del euro deben tomarse mucho más en serio ya que es uno de los puntos de partida de tendencias inflacionistas y de intereses más elevados. 
Pero los puntos de crítica en sí y más importantes radican en otros campos. 
En el informe se saluda la mejora de la política de información del BCE. 
Por el contrario, las informaciones realmente necesarias, la publicación de los protocolos de las sesiones, se niegan amparándose en la independencia del BCE. 
Sin embargo, el BCE no es de propiedad privada. Debe dar explicaciones a sus propietarias y propietarios que a la postre son las ciudadanas y ciudadanos de la Unión. 
Es una de las instituciones más poderosas de la Unión Europea y no se puede seguir admitiendo que la política y la democracia capitulen totalmente ante ella. 
Hay un segundo problema que me intranquiliza. 
¿Sí, por qué no? 
Hay un segundo problema que me intranquiliza. 
Señor Radwan, la vinculación de la política monetaria y financiera a la estabilidad de los precios se refleja en el apartado 9 de su informe con una formulación que se desenmascara por sí misma cuando se dice que la evolución de los sistemas de mercado laboral y de Seguridad Social debería apoyar a la política de estabilidad del BCE en lugar de cambiar de orientación ante los problemas dramáticos existentes en estos campos. 
Finalmente, quiero al menos esbozar una tercera pregunta. 
No se dice ni una sola palabra sobre la actuación especulativa internacional sin parangón histórico de los mercados financieros. 
De aquí se deduce ya a medio plazo, en mi opinión, una tendencia inflacionista que actualmente es ya causa de una redistribución totalmente inaceptable de ingresos derivados de una economía real y de empleados asalariados hacia unos ingresos especulativos. 
Espero que con usted se mantenga también por fin seriamente el necesario debate sobre esta evolución y sobre los instrumentos para su modificación, al igual que el impuesto Tobin. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Duisenberg, Señorías, el informe Radwan es para mí de especial importancia porque no se le puede ver por separado del siguiente punto del orden del día relativo a la campaña de información sobre el euro. 
Me alegra que once de mis doce enmiendas hayan sido aceptadas en la comisión. 
En estas enmiendas para mí se trata primordialmente de tres cuestiones. 
Primera, del fortalecimiento de la independencia del Banco Central Europeo. 
Esta independencia significa para mí también la libertad de realizar orientaciones, libertad que está justificada porque el BCE está obligado a cumplir un claro mandato, a saber, el mantenimiento de la estabilidad de precios. 
Segunda, el requerimiento al Banco Central Europeo por parte del Parlamento de proseguir el curso de política de estabilidad para prevenir los riesgos crecientes de inflación. 
Tercera: mandar la señal a todos los candidatos que la adhesión a la Unión Económica y Monetaria no depende de concesiones políticas sino del cumplimiento de los criterios de convergencia. 
El informe es importante también para la campaña de información- lo que ya se ha dicho -, ya que el exceso de importancia que se ha dado en los medios al valor exterior del euro tiene repercusiones psicológicas sobre la confianza de los ciudadanos en esta moneda común. Y es también importante porque expone nítidamente los éxitos demostrables de la Unión Económica y Monetaria. 
La información sobre las adaptaciones técnicas no debe quedar subordinada a la relativa a los objetivos políticos y a los éxitos obtenidos. 
Por ello, digo de modo concluyente que el euro- y el informe lo demuestra- es un proyecto de crecimiento y empleo, de un mercado interior con éxito y de fortalecimiento de la identidad europea. 
El euro es un proyecto de estabilidad de precios y de tasas de inflación reducidas, de aumento de la competitividad y de unas finanzas estatales saneadas para que por fin se acabe en todos los lugares con la venta político presupuestaria de nuestro futuro. 
Señor Presidente, el primer informe anual del Banco Europeo debe brindarnos la ocasión de agradecer a la administración del Banco Central Europeo sus esfuerzos, y de felicitarla por su exitosa gestión en lo que respecta a la introducción del euro. 
No era fácil su obra. 
Estas personas han trabajado muy duro por nuestros objetivos comunes y debemos reconocérselo, independientemente de que podamos estar en desacuerdo con aspectos importantes de la política monetaria que han aplicado durante un año. 
Entre los puntos de desacuerdo- puntos que el informe del ponente ni analiza ni menciona- no se encuentra, por lo que a mí respecta, la censura que se ha escuchado a causa de la caída de la paridad del euro. 
El ponente, muy correctamente, recuerda en este punto que la fluctuación de las monedas antecesoras del euro era notablemente superior a la que ha podido experimentar hasta ahora el euro; de manera, que en este aspecto no hemos empeorado en absoluto. 
El ponente atribuye la caída de la paridad a la falta de dinamismo de la economía europea. 
En esto muy posiblemente tenga razón. 
Su observación, sin embargo, sugiere una cuestión: en qué medida la política monetaria que se aplica desde hace un año es la más adecuada para restituirle a nuestra economía el dinamismo que todos pensamos que debe alcanzar. 
Al contrario que el ponente, que suscribe completamente la argumentación del Banco Central, muchos de nosotros pensamos que la política monetaria ha sido dogmática, excesivamente conservadora y proclive al recurso tremendista a la amenaza de la inflación. 
Todo esto se podría perdonar, porque el conservadurismo, y tal vez cierto dogmatismo, son inherentes a la condición de administrador de un banco central. 
Pero el Banco Central no tiene derecho a presentar al público la lucha contra la inflación, que es, por supuesto, obligación suya por el Tratado, cuando la definición de la inflación la da él mismo a su libre albedrío. 
No puede el Banco decirnos: «Yo soy quien contiene la inflación, e inflación es lo que yo digo que es, según mi propia consideración, consideración, claro, subjetiva y arbitraria, sin conexión alguna con las otras magnitudes de la coyuntura económica y, especialmente, sin conexión con el apoyo al empleo, que también es una obligación del Banco Central Europeo.» 
Esta posición ante la política económica roza los límites de lo peligroso, especialmente hoy. 
La recuperación económica en Europa ha absorbido todo el potencial productivo disponible y para mantener su ritmo necesita nuevas inversiones. 
¿El reciente aumento de los tipos de interés, con el pretexto tremendista de la amenaza de la inflación, es, acaso, la política más adecuada para fomentar las inversiones? 
El objetivo de inflación entre 0% y 2%, ¿se puede compaginar con la necesaria extensión de la economía de las inversiones, o tal vez tendremos que ir pensando, en el marco de los eurodoce, en una revisión política del objetivo de inflación, de suerte que el Banco tenga, sí, independencia para proponerse objetivos, pero que éstos, sin embargo, le sean marcados con responsabilidad política de los gobiernos europeos? 
Señor Presidente, la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al aprobar el informe Radwan ha dejado pasar de largo una buena ocasión para llamar la atención sobre los motivos de la debilidad del euro, de la que no se puede hacer responsable al Banco Central Europeo. 
El burdo sinsentido que se ha contado aquí demuestra lo importante que es la independencia del Banco Central Europeo. 
La constatación de que la debilidad del euro es también una consecuencia de la gigantesca burocracia existente en "Eurolandia" -tal como formulan reconocidos expertos- que tiene una orientación socialista y que limita la libertad de las personas, ha sido rechazada por motivos evidentemente ideológicos por una mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El mismo destino han sufrido las enmiendas que indican que el espacio del euro está realmente sobrecargado de impuestos que penalizan a los empresarios. 
Las rígidas estructuras, la lenta liberalización en importantes sectores económicos y las preocupantes diferencias de las tasas de inflación en los diversos Estados miembros del euro son el motivo de que en muchos Estados miembros la mejora de las finanzas públicas no se deba a un recorte duradero de los gastos públicos y de las reformas estructurales sino a un reducido nivel de intereses y al endurecimiento de la imposición fiscal, lo que representa una amenaza para el pacto de estabilidad. 
También habría sido positivo que este Parlamento hubiese tenido el valor de reconocer precisamente en este informe que la actual debilidad de la moneda europea se debe sobre todo a que la economía no es lo suficientemente flexible. Sin embargo, estoy satisfecho de que al menos se hayan expresado objeciones frente a determinadas decisiones actuales de los países europeos, por ejemplo, relacionadas con el horario de trabajo, decisiones que inmovilizan al mercado laboral en vez de flexibilizarlo contribuyendo del mismo modo a la debilidad del euro. 
Lo digo aunque no le guste al colega Brie, el jefe ideólogo de los antiguos comunistas alemanes, cuyo partido arruinó a todo un Estado y que habría sido mejor que se hubiese callado aquí. 
Esta es una llamada clara a los electores en el espacio del euro para que manden por fin a paseo a los numerosos gobiernos verdi-rojos si... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, tras escuchar a las Sras. Berès y Bordes estoy cada vez más preocupada por el hecho de que se hagan realidad las bellas palabras de Lisboa. 
En el frente de los comunistas y de los socialistas no parece existir ninguna comprensión hacia la preocupación expresada por la Sra. Lulling y por el Grupo PPE en cuanto a la forma de materializar la competitividad y la dinamicidad europeas. 
Yo desearía que Francia y los diputados al Parlamento franceses fuesen tan activos en la realización del plan de acción relativo a los servicios financieros, por ejemplo, como lo fueron en el fomento de la agenda social. 
El Presidente Chirac destacó ayer maravillosamente que es necesario encontrar el equilibrio idóneo entre estos dos objetivos, y espero que escuchen ustedes a su Presidente. 
Señor Presidente del Banco Central, recuerdo perfectamente el debate del año pasado sobre el informe anual correspondiente a 1998. 
Entonces resalté el deseo del Parlamento de ver en el futuro un Banco Central Europeo fuerte e independiente que hubiese consolidado su posición y que se hubiera ganado la confianza de los mercados. 
El informe anual que ahora nos ocupa demuestra que también se ha avanzado claramente en esta dirección durante el último año. 
Doy la bienvenida al compromiso contraído por el BCE de publicar periódicamente las previsiones económicas y los detalles de sus modelos econométricos relacionados con la economía de la zona del euro. 
Sin embargo, hay que seguir incrementando la transparencia. 
Señor Duisenberg, el hecho de que haya varios modelos econométricos no impide que todos puedan ser publicados y puestos también en conocimiento del Parlamento. 
Es importante que estos modelos, a través de los cuales se intenta determinar también la política monetaria de la nueva economía en un marco nuevo de la economía global, sean publicados con transparencia para facilitar el debate de economistas y políticos. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Riis-Jørgensen en que el BCE debería aclarar su política intervencionista. 
Esta mañana se han presentado en el canal de noticias CNN los resultados de unos estudios sobre la política intervencionista de diferentes Bancos Centrales, y el BCE era calificado de banco extremadamente intervencionista. 
¿Podría usted comentar esto en su turno de respuestas? 
Señor Presidente, el informe Radwan ha abordado con sinceridad muchos de los temas relativos al funcionamiento del Banco Central, temas que abarcan desde la supervisión bancaria prudencial y los costes de las transferencias monetarias internacionales, por un lado, hasta los requisitos de convergencia para los países candidatos y el papel de este Parlamento en la provisión del marco para la transparencia del BCE, por otro. 
Saludo los llamamientos que se han hecho en favor de una mayor transparencia, que considero que es la mejor defensa del Banco contra los que piden una enmienda del Tratado para reducir su independencia operativa, y el Sr. Duisenberg se ha comprometido a publicar los modelos econométricos, por lo que debe ser felicitado. 
Quisiera instarle también a que publique las actas y el sentido de los votos en el Comité Ejecutivo, requisito fundamental para ganarse la confianza de los mercados, especialmente en el caso de una institución tan joven. 
El informe saluda el hecho de que el BCE no interprete su responsabilidad respecto a la apolítica de estabilidad de manera unilateral, sino que, además de la inflación, vigile también las tendencias deflacionistas. 
Esto también es importante. 
Todos valoramos la estabilidad económica y de precios, y el nuevo paradigma en los Estados Unidos nos infunde la esperanza de que dicha estabilidad, incluido un presupuesto equilibrado durante el ciclo económico, irá de la mano con el crecimiento y la reducción constante del desempleo. 
No obstante, el informe no examina la falta de confianza en el euro por parte del mercado ni las enormes salidas de capital de Europa durante el pasado año. 
Creo que ello se debe a la falta de fe en la capacidad de los países centrales de la zona euro para determinar y presentar reformas estructurales fundamentales bajo sus actuales gobiernos, a lo que Otmar Issing, principal economista del Banco, se ha referido como las graves rigideces estructurales de los mercados de trabajo y de los sistemas de jubilación de Europa. 
Por último, como diputado británico, no me parece justo que los países candidatos sean sometidos a una aplicación más estricta de los criterios de convergencia de Maastricht para incorporarse en la UEM que los actuales países miembros y, como diputado de un país que no participa en el euro, insto a la Comisión a que estudie el modelo europeo flexible que hemos adoptado los Conservadores británicos, de manera que permita a dichos países su exclusión de la UEM en el futuro, si así lo desean, tras su incorporación. 
Creo que ha conseguido el principal objetivo del Banco Central Europeo: mantener la estabilidad de precios. 
Y le diré más, si necesita, si cree oportuno volver a subir los tipos de interés, si el objetivo de la estabilidad de precios, el objetivo de la inflación está en peligro, que no le tiemble el pulso, vuelva a subir los tipos de interés. 
Pero quiero añadir algo, no es en esto en lo que el Banco Central Europeo ha demostrado y ha alcanzado el mayor crédito, es en el debate sobre el valor exterior del euro donde el Banco Central Europeo se ha mantenido firme, ha aguantado y ha resistido ataques y presiones desde diversos frentes. 
La verdadera razón del valor exterior de nuestra moneda no es, bajo ningún punto de vista, la política del Banco Central Europeo, es la actitud y la resistencia de determinados gobiernos- como, por ejemplo, el que se ha citado varias veces hoy aquí de las 35 horas -, ideológicamente alérgicos a las reformas económicas que necesita la Unión Europea para seguir el camino que se marcó en la Cumbre de Lisboa. 
Quiero felicitarle también por el cambio del método de subasta ya que el nuevo sistema de tipo variable permite un control más directo del agregado monetario por el mejor conocimiento de la curva de la demanda del mercado y, además, permite enviar señales ciertas a los mercados sobre la política monetaria. 
Por todo ello, señor Presidente del Banco Central Europeo, quiero felicitarle y mostrarle mi apoyo. 
Señor Presidente, en muchos aspectos, ha sido un año bastante nefasto para el euro. 
Mi opinión es bastante más pesimista que la del orador anterior. 
Hemos visto caer en picado el valor exterior del euro. 
Resulta interesante examinar por qué se ha producido dicha caída. 
Son muchos los motivos que hoy se han explorado, pero un motivo de peso es que los mercados no creen en una moneda sin un país. 
No creen en una moneda que no está respaldada por una institución política o por un gobierno. 
Esto ilustra perfectamente la conexión inherente que existe entre la Unión Económica y Monetaria y la unión política. 
La una deriva casi inevitablemente de la otra. 
Es una de las muchas razones por las que el Reino Unido debería permanecer fuera del euro. 
Pero lo que es fundamental, es que las personas de toda Europa celebren un debate sobre el futuro, un debate sobre la unión política. 
Con demasiada frecuencia, en el pasado, se les ha dicho que los cambios en Europa son técnicos. 
En particular, la idea de que el avance hacia el euro fuera meramente una elección económica es, francamente, mentira. 
Cada vez que el Sr. Blair y el Sr. Brown afirman que la entrada o no del Reino Unido es una cuestión de economía, están engañando a la sociedad británica o se están haciendo demasiadas ilusiones acerca del futuro de Europa. 
No es más que justo que en Dinamarca estemos asistiendo a un debate sobre la unión política en estos momentos, mientras los daneses deciden si se unen al euro o no. 
Es lo que están decidiendo y es la decisión a la que se enfrenta el Reino Unido. 
Confío en que ambos países digan 'no' a la unión política y, por consiguiente, digan también 'no' a la unión económica. 
Ya va siendo hora de que la Unión Europea deje de intervenir y de destinar el dinero de los contribuyentes a una de las partes de debates políticos de este tipo. 
Es inadmisible, en mi opinión, que se utilice el dinero de los contribuyentes- para fondos públicos- para fomentar el euro en los países que están fuera, porque están llevando a cabo un proceso político muy importante. 
La utilización de fondos gubernamentales en una de las partes del debate sería una injerencia en este proceso democrático. 
Confío en que hoy a mediodía votemos conforme a eso en el informe Karas. 
Señor Presidente, la introducción de la moneda única en Europa no podía ser nunca una tarea sencilla, pero con 11 países de la Unión y una población de 300 millones, apoyo plenamente la moneda única. 
Se ha discutido mucho en los últimos meses acerca de la fortaleza o de la falta de fortaleza de la moneda y me gustaría formular una pregunta muy sencilla a los detractores de la UEM. 
Si la moneda única no funciona, ¿por qué hay tantos países que intentan unirse a la nueva estructura? 
Acojo con satisfacción la decisión de Grecia de participar plenamente en la moneda única. 
En los países escandinavos crece el apoyo a la moneda única. 
Naturalmente esperamos con impaciencia conocer la decisión de la población danesa. 
A más largo plazo, los países de la Europa Central y Oriental que aspiran a integrarse en la Unión Europea querrán participar en el sistema de la moneda única europea. 
El 1 de enero de 2002, que no está tan lejos, es la fecha clave para la puesta en circulación de billetes y monedas en euros en los territorios de todos los países participantes en el UEM. 
Las empresas y las tiendas deben dirigir sus preparativos hacia esa fecha para garantizar que la transición se produce sin sobresaltos. 
Desde una perspectiva irlandesa, creo que nuestro plan para el cambio de divisa avanza a buen ritmo. 
Afortunadamente, podremos aprovechar nuestra experiencia del cambio de moneda de 1972, cuando abandonamos la Esterlina. 
Queremos asegurarnos de que los errores que se cometieron entonces no vuelven a repetirse. 
. (EN) Señor Presidente, he recibido tantas felicitaciones y tantos cumplidos que me gustaría, sencillamente, expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por la acogida que le ha dispensado a nuestro Informe anual, y he podido comprobar que este debate expresa un gran apoyo a la continuación de las políticas que hemos seguido hasta ahora. 
Hay algunos puntos sobre los que me gustaría comentar. 
Las preguntas que han formulado la Sra. Randzio-Plath, el Sr. Katiforis y el Sr. Goebbels se resumen todas ellas en saber si el BCE tiene una tasa de crecimiento demasiado alta, lo que provoca una subida de los tipos de interés. 
La Sra. Berès ha formulado una pregunta muy precisa sobre la que me gustaría decir lo siguiente. No entiendo el pesimismo que impregna este aspecto del debate. 
En los últimos veinticinco años, la tasa media de crecimiento del PIB real en la zona euro ha sido de entre el 2 y el 2,5 % anual. 
Este año y el año próximo, el crecimiento en la zona euro será mayor, incluso considerablemente mayor, a saber del 3% anual, y esperamos que la inflación se sitúe en torno al 2%. 
Debido a la volatilidad de los precios del petróleo, podría superar incluso el 2% en algunos meses, pero la media será del 2%. 
No faltarán los riesgos de que la inflación suba más, pero lo que hagamos al respecto dependerá de cómo evoluciona la situación. 
En respuesta a la pregunta de la Sra. Randzio-Plath de si el BCE está en contra de tasas de crecimiento por encima del 3%, mi respuesta inequívoca es que ciertamente no estamos en contra de una tasa de crecimiento del 3%, que es la que ahora esperamos. 
Estaríamos en contra de que crezca la inflación, pero eso aún no se ve venir, aunque, como digo, los riesgos serán al alza. 
Estamos entrando ahora en el mejor período que ha conocido Europa desde hace mucho tiempo, yo diría décadas. 
El desempleo bajará durante los próximos dos años. 
No demasiado, lo reconozco- no hay nada que pueda hacer la política monetaria para acelerar el proceso -, pero el empleo está descendiendo gradualmente y seguirá haciéndolo. 
Si, como todos esperamos y deseamos, Grecia se une a la UEM el próximo 1 de enero, Dinamarca será el único miembro del MTC. 
Se ha formulado la pregunta de qué hará el BCE si esta situación crea problemas a Dinamarca. 
El BCE no escatimará esfuerzos para mantener a Dinamarca en el MTC y no se ha fijado ningún plazo para poner fin al mecanismo de tipos de cambio, por tanto, se mantendrá por un período indefinido de tiempo. 
Hasta ahora, Dinamarca ha cosechado un notable éxito como miembro del MTC con márgenes de tipos de cambio más bajos que los que se permite el MTC, y espero que siga igual, aunque me gustaría pensar que Dinamarca decidirá unirse a la UEM. 
Pero puedo asegurar a la Sra. Riis-Jørgensen que la cooperación entre el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Danés es ejemplar. 
Ya he hecho alusión en mi presentación a la cuestión de la transparencia y al acta que se pide en la propuesta de resolución. 
La introducción a la rueda de prensa mensual es relativa al debate que acaba de celebrarse en el Comité Ejecutivo. 
La declaración es preparada cuidadosamente por todo el Comité Ejecutivo; no es una declaración que se haga sin pensar. 
Una semana más tarde, toda la declaración se presenta una vez más de una manera más definitiva. 
El editorial en el boletín mensual ofrece toda la información que puede encontrarse en el acta resumida de la reunión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a partir de las 11.30 horas. 
Realización de la UEM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-170/2000) del Sr. Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de comunicación en las últimas fases de realización de la Unión Económica y Monetaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, estimados colaboradores, dentro de 500 días se introducirán los billetes y monedas del euro. 
Esta es la fase final de la primera transformación monetaria de tal magnitud en la historia de nuestro continente. 
Todos los ciudadanos de la Unión Económica y Monetaria, todas las ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, de los países candidatos a la adhesión y más allá todavía, se ven afectados directa o indirectamente. 
Cualquier consumidor, ciudadano o turista en nuestro continente y la totalidad de la economía mundial debe aprender a conocer el nuevo dinero, a utilizar la nueva escala de valores y a manejarlo. 
Tanto las grandes como las pequeñas empresas tienen que adaptar su contabilidad y sus sistemas de procesamientos de datos a la nueva moneda y realizar unos amplios trabajos preparativos. 
Hemos hablado mucho sobre las ventajas del euro y de la Unión Económica y Monetaria. 
Pero independientemente de ello, tenemos aún que hacer mucho. 
Las encuestas nos muestran que el euro es empleado muy poco tanto por las empresas como por las personas particulares y que la consciencia sobre el euro está aún muy poco desarrollada. 
El 30% de las empresas aún no ve la necesidad de unos preparativos a tiempo y, en parte, incluso creen que podrán finalizar estas transformaciones a partir del 2002. 
Son raros los ciudadanos que posean una cuenta en euros y apenas se realizan operaciones financieras en esta moneda. 
Es inmensa la necesidad de información y de medidas creadoras de consciencia que sean algo más que una información técnica para realizar el cambio. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no se ha dedicado solamente a comentar el informe de la Comisión. 
Saludamos las prioridades y medidas propuestas. 
Hemos realizado el intento de concretizar el informe, de profundizarlo y de complementarlo allí donde hemos considerado necesario. 
Si tenemos en cuenta que se van a gastar unos 80 millones de euros para esta campaña de información entre el año 1999 y el 2.002, a los que se van a sumar además otros 80 millones de euros del BCE, entonces es absolutamente decisivo que coordinemos del modo más exacto, incluyendo a todas las instituciones afectadas, asociaciones y Estados, que marquemos unas claras prioridades e impulsemos una unificación de los key messages, que llevemos a cabo un control paralelo- para lo que propongo el grupo de trabajo interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento -, que apliquemos los compromisos políticos también en los Tratados con los estados miembros y que llevemos a la práctica un elevado nivel de profesionalidad en la ejecución. 
En el último minuto y medio que me queda, permítanme que diga algo sobre los aspectos centrales. 
Más de la mitad de las PYMES no tiene todavía ningún plan de acción para la transformación. 
Las PYMES tienen que ocuparse lo antes posible de su transformación técnica y recapacitar también sobre las repercusiones estratégicas de un mercado caracterizado por la transparencia de precios y una superior competencia. 
Por ello, las PYMES son el aspecto central para el otoño del 2000. 
En segundo lugar, la amplia opinión pública que abarca a todos los grupos objetivo y más allá. 
En este aspecto, hay que proporcionar seguridad a los ciudadanos. La administración pública debe desempeñar un papel ejemplar, como el que realizan las ONG y las fundaciones políticas respecto a la información y mediación. 
En tercer lugar, las escuelas, los alumnos y los jóvenes. 
Proponemos de un modo muy concreto no sólo cambiar lo más rápidamente posible todos los libros escolares sino también llevar a la práctica todas las competiciones de pintura, dibujo, redacción y oratoria sobre un tema muy sensible y que es un tema de identificación para Europa "yo y el euro". 
Tercer campo: en los bancos tienen lugar los días de ahorro mundial que se celebran en toda Europa. Debemos introducir los días de ahorro del euro para distribuir más cartillas de ahorros en euros antes de la fase de transformación. 
También debemos vincular más intensamente a los mandatarios públicos. Esto significa no solo los diputados al Parlamento Europeo sino todos los mandatarios públicos desde los municipios hasta el nivel europeo. 
Aparte de la dotación de personal en los departamentos de las Direcciones Generales, la coordinación es el campo más importante para enviar nuestro claro mensaje en un amplio proceso de comunicación con los ciudadanos. Para ello se deben poner a disposición unos créditos financieros suficientes y marcarse unos plazos de tiempo también suficientes, por lo que proponemos prorrogar la campaña hasta el 2002. 
De este modo, la historia de éxitos del euro no finalizará sino que proseguirá más reforzada con el apoyo de los ciudadanos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos sabemos que la necesidad de información de las ciudadanas y ciudadanos europeos sigue siendo muy elevada a pesar de que ya tenemos la Unión Monetaria y la introducción de los billetes y monedas de banco en euros no va tardar ya demasiado. 
Apenas faltan 75 semanas. 
La Comisión de Presupuestos, al igual que todas y todos los colegas, está muy de acuerdo con los objetivos mencionados en la comunicación de la Comisión para la estrategia de comunicación en las últimas fases de la culminación de la Unión Económica y Monetaria. 
También somos de la opinión de que debería existir un estímulo y ayuda para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas empresas, para que puedan llevar a cabo los trabajos necesarios de adaptación al euro. 
Igualmente correcto e importante es la intensificación de la preparación de todas las ciudadanas y ciudadanos y de todas las consumidoras y consumidores. 
Todos tenemos que adaptarnos en nuestra vida cotidiana al euro. 
No es tarea de la Comisión del Presupuesto valorar detalladamente la comunicación de la Comisión. 
Nos hemos limitado a los aspectos presupuestarios. 
Indicamos de nuevo que en el acuerdo interinstitucional hemos determinado que la política de información es una acción autónoma que no precisa de un fundamento jurídico especial. 
Quiero recordárselo de nuevo al Consejo por un motivo muy concreto. 
Quiero recordar muy expresamente que PRINCE fue establecido por el Parlamento en el marco del procedimiento presupuestario 1996 con el claro objetivo de financiar campañas de información sobre las cuestiones centrales para la Unión Europea. Y esto además de modo interinstitucional, porque tanto entonces como hoy éramos y somos del convencimiento de que el dinero puesto a disposición de este modo se gasta del modo más efectivo. 
Por ello, subrayamos de nuevo que la decisión sobre la división de los créditos y las directrices ejecutivas, inclusive la decisión sobre las medidas comunes, se debe adoptar sobre la base de la opinión que emita el grupo de trabajo interinstitucional. 
Este grupo de trabajo se destinó expresamente a las aclaraciones presupuestarias y esto debe seguir siendo así, con lo que me dirijo muy expresamente a la Comisión. 
Por ello, vamos a introducir de nuevo la correspondiente aclaración sobre las líneas presupuestarias B3-300 y B3-306 que la Comisión ha "olvidado" sin duda introducir en su proyecto presupuestario para el 2001. 
Expreso mi agradecimiento al ponente y a la comisión competente para el fondo por haber recogido en las conclusiones nuestras aclaraciones al respecto. 
Señor Presidente, la información sobre el euro está dirigida a los ciudadanos y su propósito es satisfacer las necesidades de conocimiento de los ciudadanos. 
La difusión de la información debe ocurrir en colaboración con los Estados miembros, pero lo más importante, en mi opinión, es que las Organizaciones no-gubernamentales desempeñen un papel central en las tareas informativas. 
Debemos llegar lo antes posible al ciudadano de a pie, conseguir informar con claridad. 
La llamada estrategia de información en dos fases, en cuyo marco los grupos afines aportan la información a sus propios miembros, ha resultado ser la mejor de todas, y debe ser aprovechada también en esta campaña informativa. 
Les tengo miedo a las campañas informativas que son organizadas desde la Comisión. 
Éstas son, por lo general, muy de escaparate, realizadas sin reparar en gastos. 
Es de desear que el hecho de que esta campaña informativa se realice con el apoyo y a través de las Organizaciones no-gubernamentales impida que se vuelva a repetir ese escenario. 
La entrada en vigor del euro implica también muchas cuestiones de índole práctica desde el punto de vista de los ciudadanos; particularmente, debemos encargarnos de que los precios no se cierren al alza a la hora del cambio de divisa. 
Las asociaciones de consumidores tienen aquí una ingente e importante tarea, y también las asociaciones de mujeres deben ser tomadas en cuenta, porque las mujeres necesitan información en este campo. 
Es sumamente importante que las transferencias y pagos transfronterizos se lleven a cabo conforme a los principios del mercado interior. 
Me alegro de que el Presidente del BCE, Sr. Duisenberg, haya prestado atención también a este aspecto, y él prometió que el BCE elaborará un informe sobre este tema. 
Deseo verdaderamente que estos asuntos prácticos, que son incómodos para los consumidores, sean resueltos antes de la entrada en vigor del euro. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al colega Karas por su excelente informe pero al mismo tiempo decir que no podemos estar satisfechos con la política e información practicada por la Comisión Europea actualmente. 
Tenemos que recordar que el programa de información sobre el euro es por voluntad del presupuesto también un programa común de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. 
En el último periodo legislativo existía un gremio de dirección que estaba dirigido por el colega Anastassopoulos y que determinó los rasgos básicos de la política de información de este campo. 
En su día tuvo mucho éxito. 
Logramos que los diputados europeos participasen plenamente en esta campaña de información en primera línea también a través de las fundaciones políticas. 
Esto falta en el nuevo periodo legislativo. 
Este gremio formado por la Comisaria competente y los presidentes de las comisiones correspondientes no se ha convocado todavía. 
Algunos de los asuntos del último periodo legislativo no se han solucionado aún actualmente. 
Tengo que plantear muy claramente la siguiente pregunta: ¿Cómo debe seguir entonces esto?. 
Por este motivo, insto para que se convoque lo antes posible a este gremio. 
El segundo punto al que quiero referirme muy brevemente es relativo a una observación relacionada con el contenido de la campaña de información. 
Si se comparan los precios, por un lado en la Europa de los once, es decir, en Euroland, y por otro lado en los países que se han quedado fuera de la Europa de los once, inclusive Gran Bretaña, pero en especial con claridad en Suiza y en Noruega, entonces se constata que el nivel de precios existente en Euroland y, de un modo general, también en los llamados países ricos, es inferior que en los demás países. 
Esto hace que la moneda europea ya actualmente promueva una mayor competencia en este campo y esta competencia hace a su vez que se ofrezcan a los ciudadanos bienes y servicios en unas condiciones más favorables. 
Se debería elaborar un estudio al respecto, tal como se exige también en el informe del colega Karas. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político quiero felicitar al ponente y decir que apoyamos el informe y que nosotros también saludamos el espíritu positivo de la comunicación de la Comisión Europea. 
Ya es hora de que la estrategia de comunicación sea más eficiente y que mejore en el nuevo periodo legislativo la cooperación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros. 
La población europea no sólo se siente mal preparada para el euro sino que también desde un punto de vista objetivo y subjetivo está mal preparada para el euro. 
Este largo periodo de transición no ha logrado que se prepare de un modo más intensivo y cuidadoso la introducción del euro sino que, por el contrario, ha conducido a más desinformación y a un aplazamiento de los preparativos. Algunos piensan que este aplazamiento debe llegar incluso hasta junio del 2002. 
Lamentablemente, parece que esto no sólo ocurre entre la población sino también entre las empresas. 
Aunque el 80% de las empresas dicen que se están preparando para el euro y su introducción sin embargo objetivamente a lo sumo son el 25% las que se están preparando concretamente. 
Esto lo confirma el hecho de que solamente un 1% de las cuentas bancarias dentro de la Unión Europea han realizado los cambios para la nueva moneda. 
Debemos pues temer realmente que si no trabajamos ahora activamente se produzca el temido big bang que no desea ningún gobierno. 
Pero los mismos gobiernos tienen que hacer al respecto una aportación previa y comprometerse más intensamente. 
Me parece que no se puede asignar al nivel europeo la totalidad de la responsabilidad. 
A la postre, son los Estados miembros de la UE, también en el sentido de la subsidiariedad, los que tienen la obligación de información y formación política. 
Tenemos que exigir realmente a los Estados miembros de la Unión Europea que inviertan dinero, tiempo y personal para que el euro tenga éxito. 
Lamentablemente, las administraciones públicas no han desempeñado hasta hoy el papel de adelantado que deberían desempeñar. 
Para mí también es importante- aspecto este sobre el que ha llamado la atención con razón el ponente- que se movilicen las escuelas, las profesoras y profesores así como los institutos docentes con el objetivo de preparar para el euro. 
El euro debe convertirse en un contenido docente en todos los lugares. 
No es suficiente con que existan en las escuelas de Europa algunos proyectos Sócrates sobre el euro que, si bien tienen éxito, sin embargo son extremadamente modestos. 
No, esta es realmente una tarea que debe solucionarse en todos los lugares. 
Me parecería maravilloso si, por un lado, las escuelas, la juventud de Europa, saludasen el euro como una Europa cercana y se aprovechase del modo correspondiente la propia preparación para comunicarse con los demás. 
Esto lo podría hacer también la generación de más edad que en su mayor parte muestra una actitud escéptica frente al euro. 
¿Por qué las personas de edad en la Unión no deben poder utilizar su experiencia, sus conocimientos y también el tiempo del que disponen para coadyuvar al éxito del euro? 
En este aspecto, quizás podríamos llegar a una especie de nuevo tratado generacional que contribuya al éxito del proyecto del euro. 
La Comisión debe cooperar aún más estrechamente con nosotros e intensificar su compromiso. 
Pero no olvidemos que los créditos para la campaña de información son extremadamente reducidos y que deben distribuirse entre los Estados miembros. 
Ninguna empresa que quiera introducir un producto importante se fiaría de estos créditos tan reducidos para que el producto tuviese éxito. 
El sello de calidad euro, las primeras positivas experiencias con la Unión Monetaria que han protegido realmente a Europa frente a las inclemencias monetarias de los últimos tiempos son un argumento. 
Pero también hay que lograr que la información se convierta en formación, pues a la postre hay que aprender una sensación totalmente nueva de precios, cálculos y valoraciones. 
No nos dejemos engañar por la fácil transición que tuvo lugar el 1-1- 1999. 
No nos dejemos engañar tampoco por el casi deslizamiento automático al nuevo milenio. 
Para el euro hay que prepararse también psicológicamente. 
Esto lo debemos hacer todos juntos, a todos los niveles de la Unión Europea. 
En primer lugar quisiera manifestar que nuestro Grupo, al igual que lo hizo en comisión, apoya el informe Karas. 
Creemos que es un muy buen informe y que hace una contribución muy positiva a un tema de importancia fundamental en el proceso de incorporación del euro a la ciudadanía. 
Es evidente que el euro ya no es únicamente un tema macroeconómico y financiero, es un tema que llegará a cada ciudadano europeo, es un signo de identidad europea y, por lo tanto, tiene la máxima importancia en el proceso de la construcción europea. 
En este sentido, es importantísimo que se haga una campaña- y una campaña bien hecha- para que en el año 2002 el euro tenga el grado de confianza y aceptación que todos deseamos. 
Además, como se ha dicho, hay un gran retraso en cuanto al número de países y empresas preparados para utilizarlo y en cuanto al nivel de conocimiento por los ciudadanos. 
En este ámbito, querría, muy sucintamente, destacar tres dimensiones. 
La primera es la descentralización: es muy importante la participación de las autoridades regionales y locales, muchas de ellas con competencias importantísimas y mejor preparadas que los propios Estados miembros para llegar al ciudadano. 
Este es un aspecto que deberían tener en cuenta el Banco Central Europeo y la Comisión. 
Me gustaría conocer la opinión del Comisario Solbes con respecto a la participación a estos niveles, como también ha pedido el Sr. von Wogau. 
Se debe velar por que estas administraciones jueguen un papel destacado, como les corresponde, porque son las mejor preparadas para llegar a los ciudadanos. 
En segundo lugar, esta descentralización también se debe hacer a nivel empresarial y sectorial y no limitarse a las centrales de las organizaciones empresariales o sindicales. 
Y en tercer lugar, les recomiendo que lean las conclusiones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que introducen la dimensión cultural, que es importantísima también para el éxito de esta campaña de información. 
Señor Presidente, saludo esta oportunidad de ofrecer una opinión desde el exterior, desde Escocia, que por el momento forma parte del Reino Unido, donde nuestra dieta de información sobre el euro está dominada por el enfoque bastante poco entusiasta y poco convincente del Gobierno Laborista y por una retórica anti-euro casi histérica de los Conservadores. 
Por el contrario, mi partido- el Partido Nacionalista Escocés- reafirmó recientemente nuestra posición de apoyo, en principio, a la entrada en el euro y no tememos fomentar dicha opinión. 
Los comerciantes de Escocia, desde los procesadores de pescado hasta los agricultores, desde los fabricantes hasta el sector del turismo, se ven obligados a competir con una mano atada a la espalda. 
El Sr. Karas reconoce un alto nivel de apoyo al euro, pero también algunas deficiencias en la provisión de información dentro de la zona euro. Quisiera apoyar sus ideas de que se busque solución a ese problema. 
Pero acojo con satisfacción, en particular, el hecho de que esta estrategia vaya dirigida también a los Estados miembros que aún no participan en la Unión Monetaria, puesto que, naturalmente, nos veremos afectados tanto si nos integramos como si nos quedamos fuera. 
Hago un llamamiento a los Gobiernos del Reino Unido y de Escocia para que participen plenamente en dicha campaña. 
Señor Presidente, hay tres países que están fuera de la UEM. 
En esos países se realizarán plebiscitos antes de que los gobiernos decidan la implantación del euro. 
Dos de esos países, el Reino Unido y Dinamarca, han tenido el buen criterio de no participar en la campaña del euro. 
Han dicho que no, señalando que el debate aún no ha concluido y que se esperan los resultados del futuro plebiscito. 
Por el contrario, el tercer país que está fuera de la UEM, Suecia, ha decidido participar en la campaña, a pesar de que ésta se realizará antes del plebiscito y antes de que se haya decidido la implantación del euro en el país. 
Esto implica que la campaña del euro no será una campaña de información, sino que una suerte de campaña para convencer y una introducción a la lucha entre los partidarios y los detractores del euro con vistas al plebiscito. 
Es difícil imaginarse que la campaña del euro divulgue información contraria el euro, puesto que su objetivo es fortalecer la confianza en esta moneda y en la reforma para instaurarla. 
Esto significa que la campaña estará al servicio de los objetivos políticos del gobierno sueco, esto es, convencer al pueblo para que vote "sí" en el plebiscito. 
La campaña del euro, financiada en un 50 por ciento con recursos comunitarios, tendrá lugar en todos los estratos de la sociedad, incluso en los colegios, donde no se acostumbra a promover campañas políticas unilaterales, que es de lo que se trata en este caso. 
Opino que sería vergonzoso si el gobierno sueco utilizase la campaña del euro de este modo. 
Para la UE sería comprometedor y embarazoso si la campaña se realizase de esta manera. 
Por eso quiero pedir a la Comisión que anule el acuerdo sobre la campaña sueca o lo modifique, de modo que ésta se realice después de que el pueblo sueco haya expresado su voluntad en las urnas. 
También quiero pedir a mis colegas aquí en la Asamblea que mañana respalden las enmiendas 7 y 12, puesto que ellas proponen que no se deberán realizar campañas en países que no han decidido si participarán en la UEM. 
Señor Presidente, me gustaría continuar allí donde se quedó el anterior orador. 
Celebro que formalmente no haya habido dinero procedente de la campaña involucrado en la propaganda del debate danés. 
Este informe es uno de los documentos más interesantes que haya leído en mucho tiempo. 
Podría formar parte de un manual para demócratas o quizá mejor ser utilizado como modelo en manipulación antidemocrática. 
Leo aquí que el euro es un "factor fundamental del proceso de integración europeo y de fomento de la identidad europea". 
También queda reflejada la falta de un respaldo abrumador tanto en la zona euro como en los países situados alrededor de esta zona por lo que se exhorta a la Comisión, tal como queda expresado muy claramente en el dictamen de la Comisión de Cultura, "a que a la hora de lanzar la campaña de publicidad e información tenga en cuenta que hay amplios sectores de la población que siguen mostrándose escépticos ante la moneda única". 
O dicho de otro modo: El objetivo es, como figura en el propio informe, "reaccionar con los medios de comunicación adecuados a las particularidades nacionales y culturales de la opinión pública europea". 
En resumen: manipulación. 
La verdad es que en este programa se han empleado más de cien millones de euros para influir sobre las poblaciones europeas. 
Lo que quiere decir que la Comisión emplea el dinero de los contribuyentes europeos en manipular a la población. 
A mi modo de ver, esto es justamente lo contrario de lo que nos proponemos conseguir con este proyecto. 
La democracia presupone una decisión popular, no una manipulación por parte de los aparatos. 
Digo esto porque el 28 de septiembre celebraremos, como es bien sabido, un referéndum en Dinamarca sobre la participación en el euro y es obvio que es el debate popular el que sirve de punto de partida. 
No queremos ser manipulados. 
Una manipulación tan claramente descrita no se había visto desde la caída de los regímenes totalitarios hace años. 
Es un informe muy desconsolador. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por este informe realmente muy informativo. 
Hay que mencionar como algo positivo que las pequeñas y medianas empresas han sido seleccionadas como un grupo objetivo muy importante ya que en este grupo podrían surgir considerables problemas durante la fase de transformación. 
Pero además tenemos que apoyar cualquier iniciativa y exigir también a la Comisión que ponga sin demora en marcha medidas contra las excesivas tasas bancarias para las transacciones monetarias intracomunitarias. 
Tenemos que demostrar a los ciudadanos europeos que gracias al euro se pueden reducir en su beneficio los costes administrativos. 
No debemos solamente hablar e informar sobre el euro sino que los datos que proporcionamos a los ciudadanos deben convencerles de que mediante el euro también se producen ventajas que pueden notar claramente. 
Las exageradas tasas bancarias existentes actualmente son exactamente la señal contraria. 
Señor Presidente, para la mayoría de los europeos, la era del euro sólo comenzará cuando cada uno deba pagar con monedas y billetes de euros. 
Por respeto a todos nuestros ciudadanos europeos es importante que no se subestime el interés político del cambio y que el cambio se desarrolle de manera impecable. 
Para ello, en primer lugar, es necesario que se organice bien la gestión práctica del cambio. 
En cuanto a esto es buena cosa que, después de mucho insistir por parte de esta Asamblea, se haya permitido el frontloading. 
Además es necesario que la gente tenga confianza en todo el proceso. 
El primer requisito para ello es la información. 
Los planes de la Comisión, que incitan a enfocarla según colectivos e implicando los cuadros organizados de nivel intermedio, reciben nuestro apoyo. 
Porque una buena información debe ir en sintonía con la situación específica de los implicados, y las personas y empresas confían mucho más en sus propias asociaciones y organizaciones que en las instituciones públicas. 
Pero únicamente si conseguimos también reducir los costes de los pagos transfronterizos y los costes de cambio en la zona del euro, habrá suficiente confianza por parte de las personas y de las empresas, y esa confianza es crucial. 
Es una condición para motivar a las personas a realizar los esfuerzos necesarios, esfuerzos necesarios para adaptarse a la nueva situación. 
No debemos hacer creer a la gente que esto no vaya a costar esfuerzos. Costará trabajo. 
Todo el mundo deberá adaptarse, todo el mundo tendrá que esforzarse. 
Si podemos ayudarles y guiarles directamente en la dirección correcta, habremos hecho bien nuestro trabajo informativo. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Karas ha sido aprobado con amplia mayoría de la comisión económica. Con razón; es un buen informe. 
Señor Presidente, después del lanzamiento del euro en enero de 1999, el interés de los ciudadanos europeos por la nueva moneda europea, lejos de haberse intensificado, parece haber ido diluyéndose, como si el larguísimo período de tres años de inexistencia de billetes y monedas metálicas lo volviera algo virtual. 
A pesar de que venimos repitiendo sucesivamente que, desde enero de 1999, el euro es la moneda oficial de los once países de la Unión Europea- lo será también de Grecia y, en su momento, de Dinamarca a partir del principio del próximo año- y que las monedas nacionales son sólo múltiplos o submúltiplos del euro, la verdad es que la mayoría de los europeos no cree que escudos, pesetas, francos o marcos no sean aún la moneda oficial, porque son la que tienen en las manos. 
Que las cuentas bancarias del agua, la electricidad, el teléfono o el supermercado también vayan expresadas en euros es, a mi juicio, un ejercicio matemático de utilidad menor. 
Ahora bien, sólo falta un año y medio para que desaparezcan nuestros billetes y monedas metálicas nacionales y ya es más que hora de que conozcamos perfectamente la nueva moneda, interioricemos su valor, conozcamos sus consecuencias para nuestra vida y para la evolución de nuestras economías y sociedades. 
En mi perspectiva, las campañas de información del euro deben partir exactamente de esos dos vectores: el primero, relativo al valor, forma y modo de utilización del euro como moneda; el segundo, relativo a la capacidad y eficiencia resultantes de su utilización en la estabilidad monetaria de la Unión Europea, en el ritmo de desarrollo alcanzado- el mayor de los últimos decenios -, en el control de la inflación y la creación de empleo. 
Pero, para que esas campañas alcancen los resultados deseados, es fundamental que se coordinen las acciones. 
No puede haber una campaña del Banco Central Europeo, otra de la Comisión o del Parlamento y otras tantas más de los Estados miembros interesados. 
Es esencial una coordinación eficaz de los medios disponibles a fin de que se llegue a los grupos destinatarios y tengamos la certeza de que no se cometen errores, como los ya habidos, por ejemplo, en documentos simplemente difundidos en las escuelas portuguesas por la Comisión. 
Las escuelas son centros neurálgicos de información y multiplicación de sus efectos, que se deben utilizar lo más correcta, sencilla y eficazmente posible. 
La palabra decisiva de esas campañas debe ser, por tanto, la de coordinación de medidas, participación, medios humanos, técnicos y financieros. 
Ahora bien, lo que parece haber hasta ahora es un mutuo desconocimiento de lo que hace cada cual, que urge superar lo más rápidamente posible. 
El 2001 debía ser el año en que el euro aparecería con un papel preponderante sobre las monedas nacionales en la fijación de los precios, la contabilidad de las empresas y su utilización transfronteriza. 
Es necesario acabar con el escándalo de los costos transfronterizos dentro de la zona del euro, que no entrañan riesgos para el sistema bancario. 
El pago de un porcentaje sobre la utilización de tarjetas de crédito, débito o transferencias bancarias es una de las causas del descrédito del euro ante los ciudadanos europeos, al que sólo una actuación de la Comisión prohibiendo los auténticos cárteles establecidos podría poner coto y contribuir a restablecer la confianza. 
Eso es lo que esperan los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo parlamentario le comunico que nos extraña el hecho que tengamos delante de nosotros una resolución especialmente larga y a veces incluso extremadamente complicada sobre un asunto muy sencillo. 
El que el Parlamento Europeo se complique tanto en esta materia se debe sobre todo al hecho de que en esta resolución se está confundiendo información publica con propaganda oficial. 
En un debate anterior sobre la estrategia de información a seguir ya he tenido que manifestar mis críticas sobre los deseos extremadamente curiosos de algunos de mis colegas diputados. 
Desafortunadamente, tampoco esta vez puedo quedarme callado. 
Quien convierta el euro en un vehículo para vender la llamada "Idea Europea" comete un muy grave error de pensamiento. 
Es extraordinariamente lamentable que este garrafal error de pensamiento político es detectado por esta Asamblea en mucho menor medida que los errores de cálculo de los bancos comerciales en las transacciones de cambio de monedas. 
El que lo comprenda, que me lo explique. 
Señor Presidente, lo que me preocupa sobre el informe Karas es si realmente se nos está pidiendo que respaldemos una campaña de información sobre las repercusiones de orden práctico de la introducción del euro o una campaña de propaganda a favor del euro. 
Ciertamente nadie puede negar la necesidad de información. 
Es cierto que algunos periódicos británicos declaran que ya conocemos todos los datos, pero el reciente anuncio de la fusión de las bolsas de Francfort y Londres ha dejado en entredicho a muchos editores de prensa británicos respecto al simple tema de qué moneda se utilizaría para la denominación de la divisa. 
Más de dos tercios de las empresas británicas desconocen las consecuencias prácticas de la introducción del euro, incluso para los países que están fuera de la zona euro. 
Si existen fondos disponibles para las numerosas jornadas y conferencias que las asociaciones sindicales del Reino Unido, de abogados y contables están celebrando, entonces, permítanme declarar en calidad de abogado británico mi interés en garantizar que obtenemos la parte que nos corresponde. 
Pero hay motivos para creer que esta campaña va mucho más allá de la provisión de información de orden práctico. 
Después de todo, el Banco Central Europeo está celebrando su propia campaña de información, ¿y por qué deberíamos entonces duplicar el esfuerzo? 
Puede que encontremos la respuesta en el tono evangélico del informe del Sr. Karas y en su sorprendente declaración de que la campaña de información sobre el euro debe ayudar a perpetuar la exitosa trayectoria del euro. 
Ciertamente le deseo suerte al euro. 
La inestabilidad monetaria es mala para todos, tanto si estamos dentro o fuera de la zona euro. 
Pero, personalmente, no acierto a reconocer este éxito histórico durante los últimos seis meses ni la sorprendente sugerencia de que el euro ha demostrado ser un factor estabilizador ante las crisis monetarias internacionales. 
Tanto dentro como fuera de la zona euro, el lema debería ser: información "sí", pero propaganda, "no". 
VOTACIONES 
. (EN) Si se produjera algún cambio respecto de la contribución o distribución presentadas en la propuesta de decisión del Consejo, el Consejo y el Parlamento volverán a ser consultados. 
Por lo tanto, mi respuesta es "sí". 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)) 
Propuesta de decisión del Consejo (COM (2000) 242- C5-0324/2000- 2000/0099 (CNS) ) sobre la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y la República de Chipre por el que se establece la cooperación en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas dentro del marco del tercer programa plurianual en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión Europea (1997-2000) 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en este asunto el Consejo ha presentado una propuesta que aunque hemos apoyado, sin embargo tiene un defecto grave. 
Según el artículo 14 de esta propuesta- lo que se debatió también en la comisión competente- la documentación debe estar disponible en los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea pero no en el segundo idioma oficial de la República de Chipre, en turco. 
Exigimos que este contrato se traduzca también al turco, idioma oficial de la República de Chipre y no solamente al finlandés, sueco, danés, alemán, etc, sino también en turco. 
En el futuro, el Consejo debe tener esto en cuenta en tales negociaciones si quiere obtener nuestro voto afirmativo en un procedimiento simplificado. 
. (FI) Señora Presidenta, mi respuesta es que este tipo de tratados deben ser siempre traducidos a las lenguas comunitarias. 
Y así se ha hecho también en este caso. 
Yo también tengo en mi poder una versión más larga de la declaración, si es que así lo desea la Sra. Presidenta. 
Señora Presidenta, solamente quería preguntar al comisario Liikanen lo siguiente: ¿se va a tratar a Chipre exactamente igual que a los demás candidatos a la adhesión 
Señora Presidenta, el Acuerdo marco contiene algunos avances, no obstante, también encierra riesgos de retrocesos directos en lo que se refiere al acceso de los diputados a la información procedente de la Comisión. 
Mi Grupo político y el intergrupo SOS-Democracia recomiendan por ello aplazar la votación y dar al Acuerdo una tramitación adecuada en todas las comisiones, especialmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Judiciales y en la Comisión de Control Presupuestario. 
Estamos de acuerdo en la crítica lanzada por la Sra. Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, relativa a que el acuerdo choca directamente con el artículo 276 del Tratado que nos asegura el acceso a la información dentro del proceso de aprobación de las cuentas. 
Ahora la Comisión tiene la oportunidad de decidir qué entregará para que sea controlado. 
Es el mismo procedimiento que se produce con el Defensor del Pueblo. 
El Acuerdo marco también choca con nuestro propio Reglamento. 
En el artículo 64 se exige explícitamente igualdad de derechos entre el Consejo y el Parlamento en el proceso legislativo cuando la Comisión remita documentos. 
Ahora sólo serán el Presidente del Parlamento y los Presidentes de las Comisiones quienes tendrán derecho a ver diversos tipos de documentos no públicos. 
Los ponentes no pueden exigirlos y menos los diputados. 
Como diputados, debemos tener derecho legal a poder recibir documentos cuando éstos hayan sido entregados a otros miembros de la Comisión. 
En esto estuvieron todos los Presidentes de grupo de acuerdo cuando comenzamos la negociación con la Comisión. 
Ahora se propone un compromiso donde los que deben ser controlados pueden decidir que quieren que se les controle. 
El compromiso no responde a las promesas del Sr. Prodi. 
Por ello voy a pedir que rechacemos la propuesta hoy y se mejore de forma que podamos votar a favor de una edición mejorada la próxima vez. 
El Sr. Bonde solicita por tanto un aplazamiento de la votación. 
Señora Presidenta, mi Grupo apoya la solicitud de aplazamiento de la votación presentada por el Sr. Bonde, aunque no se puede negar que este Acuerdo contiene algunas mejoras de gran mérito en el marco de los derechos del Parlamento, por ejemplo, en lo que se refiere a la participación del Parlamento en las negociaciones de tratados internacionales y en la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, no podemos aceptar la forma en que el Consejo ha injerido en las relaciones mutuas entre el Parlamento y la Comisión una vez ya acabadas las negociaciones. 
Y es que el Consejo exigió, presionó y, a decir verdad, chantajeó a la Comisión para que ésta suprimiese un texto de este Acuerdo marco, cuyo contenido hubiese implicado que los Estados miembros, las Instituciones y las Organizaciones Internacionales se viesen obligados, en virtud de este mismo Acuerdo, a explicar por qué no quieren entregar ciertas informaciones confidenciales. 
En nuestra opinión, esto es algo totalmente inadmisible. 
Señora Presidenta, tengo razones para sospechar que esto es una consecuencia directa de la Cumbre de Feira. 
El Consejo Europeo de Feira decidió que la OTAN proporcionaría información secreta para llevar a cabo planes militares comunes, y da la impresión de que existe un claro intento de excluir tanto a la Comisión, como al Parlamento, de la política común en materia de seguridad y de defensa, de manera que necesitamos una aclaración sincera por parte del Consejo explicando las razones de este hecho. 
Además, señora Presidenta, deben mejorarse las posibilidades de los ponentes para recibir informaciones confidenciales, y es posible que el aplazamiento de la votación también confiera mayor peso a este aspecto. 
Así pues, nosotros no apoyamos este texto tal y como ha quedado tras los arreglos de última hora, y lo más prudente es que nos concedamos una prórroga. 
Señora Presidenta, más tarde tendré ocasión de intervenir en nombre de mi Grupo. 
Me referiré a algunas de las cosas que preocupan a mi Grupo, así como a algunas críticas respecto a este proyecto, pero básicamente, habida cuenta de todo el trabajo realizado, el importante avance conseguido y la perspectiva de que, en mi opinión, es poco probable que podamos mejorar considerablemente el documento a través de un aplazamiento, quisiera recomendar a la Asamblea que vote a favor de seguir adelante con nuestras negociaciones y con la aprobación o el rechazo del documento, porque tenemos esa elección, y debemos oír el debate al respecto. 
En cualquier caso, ahora es el momento de aprovechar nuestra oportunidad e intentar poner fin a este dilatado asunto, nuestra oportunidad de avanzar y mejorar nuestras relaciones interinstitucionales con un talante positivo. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento de la votación) 
La Presidenta.- De conformidad con lo planteado, cada grupo va a pronunciarse ahora brevemente, dos minutos, para dar a conocer su posición 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, este acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea es un gran progreso en las relaciones de nuestras dos instituciones. 
Nuestro Grupo político ha exigido este acuerdo marco trabajando muy intensamente para ello. 
Las relaciones entre la Comisión y el Parlamento Europeo se colocan sobre una base sólida y clara y nuestro objetivo común es ayudar a construir la obra europea. 
La Comisión es el órgano ejecutivo, nosotros somos junto con el Consejo el legislativo y con este acuerdo marco se crean unos instrumentos con los que el Parlamento Europeo puede llevar a cabo mejor su potestad de control parlamentaria. 
Es totalmente evidente que los futuros reglamentos que se conviertan en derecho comunitario en la Unión Europea no se ven afectados por este acuerdo marco. 
Como legisladores, somos libres naturalmente de ponerlos en marcha. 
Este acuerdo marco se basa en los principios del parlamentarismo, la democracia y la transparencia. 
La Comisión ha recogido de nuevo las concesiones que hizo al Parlamento Europeo en septiembre del último año antes de su elección, los llamados cinco puntos, de una forma jurídicamente vinculante. 
Estas regulaciones se refieren a los tres anexos sobre el procedimiento legislativo, a la inclusión e información del Parlamento Europeo en cuestiones de convenios así como en cuestiones de ampliación y, finalmente, también a la puesta a disposición de informaciones confidenciales. 
Sin duda, no todos los deseos se ven cumplidos, tampoco los nuestros, pues no se puede lograr siempre todo. 
Pero si consideramos en su globalidad este acuerdo, representa un progreso y quiero felicitar a todos los participantes, a la Presidenta del Parlamento, a la Vicepresidenta Loyola de Palacio, al Presidente de la Comisión Prodi, y también a los Presidentes de los Grupos políticos, quienes se han ocupado con gran dedicación de este asunto. 
El grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos va a votar en bloque en favor de este convenio. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quisiera expresar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, nuestro criterio favorable a la aprobación de este Acuerdo marco, a partir de los principios debatidos esta misma semana- ayer, precisamente -, cuando planteábamos que la construcción europea la estamos haciendo entre todos y fundamentalmente, en lo que a nosotros respecta, con la Comisión, basándonos en los criterios de democracia, de transparencia y de responsabilidad. 
Esto es lo que justifica que se haya dado al código de conducta- cuya negociación me tocó iniciar en 1990, cuando el Parlamento era mucho más débil, que continuó el Presidente Hänsch y que se ha concluido bajo su presidencia- una dimensión mayor, pues la correlación de fuerzas ha cambiado. 
El Parlamento es más poderoso y, por lo tanto, tiene que ser más responsable. 
La negociación ha sido muy larga. 
Estaba previsto que el Acuerdo marco concluyera en diciembre del año pasado. 
Ha habido un "tira y afloja" muy intenso con la Comisión, lo cual nos llevó a encargar a dos presidentes de comisión del Parlamento, a los que quiero agradecer su trabajo, el Sr. Napolitano, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y la Sra. Theato, de la Comisión de Control Presupuestario, que avanzaran en la negociación, especialmente en relación con el Anexo tercero. A usted, señora Presidenta, le ha tocado concluir. 
Creo que cabe agradecerle, en primer lugar a usted, señora Presidenta, a los presidentes de comisión mencionados, al Presidente Prodi y a la Vicepresidenta, Sra. De Palacio, que tengamos hoy este código de conducta. 
Ahora lo que nos toca a nosotros es adaptar nuestra reglamentación interna a esta nueva realidad. 
Querría concluir haciendo una última observación al Consejo, que no ha tomado parte en esta negociación: quizás sería interesante que el Consejo también estuviera en condiciones y dispuesto a adoptar una norma de buena conducta con el Parlamento en el terreno presupuestario y en el terreno político. 
Señora Presidenta, creo que el documento que hoy tenemos ante nosotros tiene una gran importancia. 
He tomado medidas para intentar informarme respecto a la equivalencia que existe entre los gobiernos y entre los parlamentos nacionales. 
Excepcionalmente, puede que en un Estado de los 15 se concedan más cosas mediante la transparencia con su parlamento que en los demás Estados. 
Pero en la amplia mayoría de los casos, no existe ningún equivalente que se aproxime, y ése es un elemento importante de este documento. 
En segundo lugar, en esta Asamblea celebramos el año pasado un debate importante que se centró, entre otras cosas, en la cuestión de que los Comisarios deben asumir su responsabilidad a nivel individual y personal por el desempeño de su alto cargo. 
En este documento, hay cláusulas importantes que interpretan las relaciones mutuas entre nuestras instituciones que también constituyen un avance significativo. 
Existen dos críticas respecto a las que mis colegas y mi Grupo me han pedido que pida hoy una aclaración. 
El artículo 1.4 del Anexo 3 estipula qué personas u organismos de esta Asamblea pueden solicitar a la Comisión acceso a documentos confidenciales. 
Muchos de mis colegas están disgustados porque no se ha hecho una referencia explícita a los derechos de los ponentes. 
Hemos hecho avanzar el documento todo lo que hemos podido con la Comisión, pero quisiera decir que, si hoy le damos nuestro voto favorable, la Comisión deberá ordenar inmediatamente a nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales que se ocupe de la cuestión de definir el Reglamento de esta Asamblea de manera que facilite a los ponentes presentar solicitudes bien de sus presidentes o de los otros organismos aludidos en este documento. 
Si incluimos esto, muchos de mis colegas que aún tienen reservas votarán a favor. 
Un último comentario: esta Asamblea ha comenzado ya a trabajar en la cuestión de la transparencia y la reglamentación sobre el acceso a los documentos. 
Muchos de mis colegas me han dicho- sin prever el resultado de dichos trabajos- que en caso de que en última instancia necesitemos revisar nuestro marco a la luz de cualquier nueva tendencia que pudiera surgir en dicha reglamentación, el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, debería declarar oficialmente, antes de la votación, que la Comisión estará abierta a la idea de revisar el documento a la luz de cualquier política sobre transparencia que pueda desarrollarse. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, y a su Vicepresidenta, Sra. Loyola de Palacio, por haber emprendido realmente una colaboración más estrecha en muchos aspectos con el Parlamento Europeo. 
Este espíritu de colaboración se ve reflejado, por ejemplo, por los puntos de este Acuerdo marco relativos al derecho del Parlamento a participar en las negociaciones de tratados internacionales, no solamente siendo consultado sobre los resultados de las negociaciones, sino asistiendo a todas las fases de las mismas. 
Consideramos que esto es un verdadero paso hacia delante, al igual que el hecho de que la Comisión prometa, dentro de sus posibilidades, mantener informado al Parlamento sobre el curso de la Conferencia Intergubernamental. 
Esto también refleja este nuevo espíritu que estamos creando en nuestra relación con la Comisión, y es sumamente importante que exista un acuerdo mutuo entre la Comisión y el Parlamento. 
Pero, lamentablemente, señora Presidenta, el Consejo no ha mirado con buenos ojos este proceso en que se han estrechado estas relaciones. 
Mi Grupo está muy preocupado por el desarrollo que está teniendo lugar en el Consejo. 
Nosotros esperamos y exigimos que el Consejo dé una explicación pública y sincera sobre si tiene la intención de respetar en adelante las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, o sobre si piensa seguir injiriendo en las mismas. 
Pues parece que el Consejo tiene tendencia al secretismo en lo que se refiere especialmente a la política en materia de seguridad y de defensa, y da la impresión de que no es solamente el Parlamento Europeo- y en consecuencia los ciudadanos- quien sufrirá este intento de guardar secreto, el cual ha hecho presencia con la exigencia de modificar el texto tras las negociaciones de este Acuerdo, sino que también la Comisión lo padecerá de la misma manera. 
Tenemos que apoyar una Comisión fuerte, debemos apoyar que la Comisión siga siendo una pieza sólida en el desarrollo de las dimensiones de seguridad y defensa, puesto que actualmente ningún ámbito ha de quedar al margen de las exigencias de transparencia, tampoco la política en materia de seguridad y defensa. 
Señora. Presidenta, mi Grupo político va a votar mayoritariamente a favor del presente acuerdo marco, si bien quiero decir muy claramente que no estamos satisfechos con todos los puntos del mismo. 
Pero creemos que sobre la base de este acuerdo se puede fortalecer la relación de confianza entre la Comisión y el Parlamento. 
Pueden estar seguros de que si esta Asamblea aprueba el convenio marco, los diputados de mi Grupo político prestarán mucha atención para que realmente se respete. 
Quiero realizar dos observaciones críticas adhiriéndome aquí a los colegas de mi Grupo político. 
Primera: La cuestión de la claridad y transparencia en lo tocante al modo de proceder con documentos e informaciones es para mi Grupo político extraordinariamente importante. 
Suponemos que se observará estrictamente el acuerdo determinado en el punto 13, por el que los miembros de esta Asamblea como única institución democráticamente legitimada son los primeros a los que se les debe poner a disposición estas informaciones, además todas las informaciones, pues solo así podremos ejercitar nuestro mandato de un modo como esperan de nosotros las ciudadanas y ciudadanos. 
Espero por ello que el punto 18, que prevé la regulación de excepción al punto 13, no se tenga que aplicar de ningún modo. 
Segundo: queremos dirigir una observación al Consejo. 
Hemos escuchado con gran sorpresa la intervención del Consejo. 
Creo que aquí se ha interferido realmente de un modo muy dudoso en un acuerdo logrado entre la Comisión y el Parlamento y además precisamente por una institución que ha sido criticada con toda razón por reunirse tras puertas cerradas. 
Si además se remite en este contexto a la política de defensa y de seguridad y al mismo tiempo se sabe que Europa está preparando fuerzas armadas para intervenciones militares en zonas de crisis, entonces esto no nos permite esperar realmente nada bueno. 
Una última observación: ayer todos hemos escuchado aquí en esta Asamblea al Presidente Chirac. Nos ha prometido que en el futuro va a cambiar el modo de trabajo del Consejo. 
Vamos a prestar mucha atención a lo que ocurre en el curso de la presidencia francesa del Consejo, si el Consejo va a trabajar en el futuro realmente de un modo más transparente y democrático. 
Señora Presidenta, conviene que reflexionemos un momento sobre cómo ha llegado hoy hasta nosotros este acuerdo interinstitucional para ser debatido. 
Es muy importante que todas las instituciones de la UE funcionen eficaz y eficientemente y que los 370 millones de ciudadanos de la Unión Europea apoyen y tengan confianza en los procedimientos legislativos internos de la Unión. 
Uno de los órganos legislativos clave es la Comisión Europea, que tiene la competencia de iniciar la promulgación de directivas y reglamentos. 
El Consejo Europeo representa los intereses de los quince gobiernos de la Unión y su poder legislativo es muy fuerte. 
El Parlamento es un organismo legislativo elegido democráticamente, cuyo poder primordial es la supervisión de las instituciones principales. 
Si queremos que la Unión Europea funcione con mayor eficacia, es muy importante que las relaciones entre la Comisión y el Parlamento estén bien definidas, y éste es el motivo por el que estamos implantando el Acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento. 
Las negociaciones sobre este Acuerdo marco han sido tortuosas. 
Puede que no sea un documento perfecto, pero ciertamente representa un paso adelante. 
Es más exigente que el acuerdo por el que se han regido las relaciones entre ambas instituciones durante los últimos cinco años. 
Quisiera pasar a continuación a algunas de las disposiciones clave del acuerdo. 
Ambas instituciones acordarán ahora ampliar el diálogo constructivo y la cooperación política para mejorar el flujo de información y consultar e informar al Parlamento sobre la reforma administrativa en el seno de la Comisión. 
También hay acuerdo, aunque no muy amplio, sobre el procedimiento legislativo en la UE, los acuerdos internacionales y las negociaciones sobre la ampliación y se han establecido procedimientos para la transferencia de documentos e información confidenciales de la Comisión. 
Cabría reconocer que gran parte de este Acuerdo marco sólo aclara las disposiciones ya existentes en el marco de los actuales Tratados de la UE. 
Por ejemplo, sé que la Comisión tiene el deber de mantener informado al Parlamento sobre las negociaciones de ampliación con el fin de que éste pueda expresar sus opiniones a tiempo a través de los procedimientos parlamentarios pertinentes. 
Es de justicia, habida cuenta de que el Parlamento Europeo debe aprobar el derecho de cualquier Estado a acceder a la Unión en calidad de nuevo miembro de pleno derecho. 
El Parlamento tiene además la última palabra respecto a si deben aprobarse o no los acuerdos internacionales, como se aprueban las conversaciones de la OMC. 
No se puede esperar del Parlamento que adopte decisiones importantes sobre dichas cuestiones a menos que se le haya proporcionado a los diputados la información necesaria y adecuada para su consideración. 
Es el motivo por el que la Comisión debe poner en marcha procedimientos abiertos para la transferencia de información actualizada sobre toda la gama de reglamentaciones, directivas y acuerdos internacionales que la Unión negocie y ponga en vigor. 
Por último, me complace que exista siempre la necesidad de aclarar los procedimientos para la transferencia de información confidencial. 
Señora Presidenta, al intervenir en nombre de los radicales italianos, quiero subrayar que este Acuerdo marco constituye un importante punto de equilibrio en las relaciones entre nuestras dos Instituciones. 
Ha sido un compromiso difícil y los dardos de última hora del Consejo que trataban de minar su solidez, demuestran lo sumamente ambicioso que es este acuerdo que instaura una relación de cooperación entre la Comisión y el Parlamento, así como de control por parte de nuestra Institución en aras de las prerrogativas del Parlamento, mientras la Comisión acepta una serie de compromisos sin por ello renunciar a su papel de guardiana de los Tratados y de titular del poder de iniciativa. 
Estoy convencido de que se ha alcanzado este punto de equilibrio y creo que, a diferencia de los colegas que lo han criticado- éste era el mejor acuerdo al que podíamos llegar también en términos de transmisión de documentos, y siento que probablemente ciertas intemperancias de algunos colegas han hecho que no se pudiese ir más allá en cuanto al sistema que regulará la transmisión de documentos. Sin embargo, pienso que éste es un avance importante y es con esto deseo que saludamos la aprobación de este Acuerdo marco y su firma dentro de pocos minutos. 
Señora Presidenta, mi Grupo vota en contra del Acuerdo marco. 
Estamos seguros de que una tramitación adecuada en las comisiones y una nueva negociación con el propio Sr. Prodi darán un mejor resultado a favor del cual entonces sí podremos votar. 
No queremos impedirle a la Comisión que pueda negociar en total confianza. 
Para toda autoridad es importante tener una fase interna en la que se debatan todas las ideas, en la que todas las propuestas se pongan sobre la mesa sin que haya necesidad de darlas a conocer. 
La Comisión también debe tener derecho a disponer de borradores confidenciales sobre la mesa en toda la fase preparatoria. 
Nuestra exigencia de acceso a los documentos comienza a partir del momento en el que la Comisión envíe el documento fuera de su sede, o si éstos se filtran, lo que sucede no pocas veces. 
Cuando una propuesta está fuera de la Comisión, la Comisión no debe poder negarnos verla. 
Debe haber igualdad para todos, y esto no sucederá con el Acuerdo marco. 
Hay especialmente dos situaciones humillantes que nos gustaría evitar. 
En el proceso legislativo nos reunimos, como todos sabemos, en las comisiones y tramitamos los borradores de propuestas legislativas. 
Detrás de nosotros y a nuestro lado se encuentran las personas de las representaciones permanentes, estudiantes y pasantes con los borradores confidenciales marcados con la etiqueta de "restrained", mientras que nosotros, los diputados, no podemos disponer de ellos. 
Los cabilderos, que se sientan detrás, también disponen de ellos, mientras que nosotros, diputados elegidos por el pueblo, no podemos disponer de ellos. 
También a menudo pasa que en el periódico leemos sobre una propuesta de la Comisión filtrada. 
Se nos pide que la comentemos, pero no podemos tenerla. 
Es una situación humillante que resulta totalmente inaceptable. 
El Sr. Prodi prometió al tomar posesión acabar con esta situación. 
Debemos tener derecho legal a poder recibir los documentos cuando éstos estén fuera de los muros de la Comisión. 
Y debemos gozar de este derecho legal como diputados individuales y como ponentes y no arrodillándonos ante el presidente. 
También podría llegar un presidente ante el que a uno no le gustara ponerse de rodillas. 
. (IT) Señora Presidenta del Parlamento, Señorías, hemos avanzado mucho desde que el pasado mes de septiembre les declaré mi compromiso directo y personal en favor de una relación fuerte y transparente entre nuestras Instituciones. 
Se han realizado muchos progresos desde que acordamos trabajar conjuntamente para construir un nuevo Acuerdo interinstitucional. 
Hemos actuado con gran empeño para llegar a un acuerdo válido y fuerte, y deseo expresar mi profundo aprecio por la manera constructiva con que se han llevado las negociaciones por parte de usted, señora Presidenta, con el apoyo de la Conferencia de Presidentes y de la Sra. De Palacio, por parte de la Comisión. 
Considero que el Acuerdo marco que hoy tenemos delante ofrece un enfoque práctico y equilibrado a las relaciones entre nuestras Instituciones. 
En el mismo se contemplan numerosos aspectos que ustedes, miembros del Parlamento, consideran importantes como la presencia de representantes de la Comisión en sus reuniones, la cuestión vital del intercambio de información y la necesaria implicación del Parlamento en las negociaciones comerciales y para la ampliación. 
Asimismo queda claro y evidente el concepto de cooperación leal entre las Instituciones, sin que el equilibrio entre ellas se altere mínimamente. 
El mismo se basa en las normas actualmente en vigor como, por ejemplo, el acceso a los documentos. 
Antes bien quiero recordar y subrayar, precisamente para aclarar el que hoy es mi espíritu, que toda futura modificación de dichas normas se recogerá debidamente en nuestros acuerdos. 
Señora Presidenta, el Acuerdo ha sido recomendado a las Instituciones respectivas y esta mañana el Colegio nos ha autorizado, a la Sra. De Palacio y a mí, a adoptarlo y a firmarlo por cuenta de la Comisión. 
Si esta mañana la votación será positiva, podremos proceder juntos a la firma y entrar de este modo en una nueva fase de nuestras relaciones. 
Como recalqué ayer, tenemos ante nosotros muchas citas importantes y es indispensable lograr que nuestras respectivas Instituciones se concentren en temas, hoy por hoy, cruciales para el futuro de Europa. 
Con este Acuerdo reforzamos el papel de cada una de las Instituciones en la construcción europea y, sobre todo, reforzamos la eficacia de nuestra acción común 
(Aplausos 
(El Parlamento aprueba el acuerdo marco) 
(La Presidenta del Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión proceden a la firma del acuerdo marco) (Aplausos) 
Propuesta de decisión (B5-0594/2000) de la Conferencia de Presidentes, sobre la decisión de la Conferencia de Presidentes de no proponer la constitución de una comisión temporal de investigación sobre el sistema de interceptación ECHELON 
Por ello, siento una gran preocupación de que estas dos investigaciones, que podrían seguir adelante como resultado de las votaciones que hoy celebraremos aquí, ocasionen confusión, dificultades e, incluso, puedan predisponer la posición del Parlamento Europeo. 
Señor Lannoye, no podemos iniciar ahora un debate. 
Creo que es importante también hacer una distinción muy clara... 
Todo el mundo conoce muy bien, en esta Asamblea, la diferencia entre una comisión de investigación y una comisión temporal. 
Señora Presidenta, propongo que sometamos este asunto a votación. 
La comisión que tengo el honor de presidir ha examinado el informe STOA. 
Conocemos perfectamente cuál es la posición al respecto de los diferentes diputados, y la Conferencia de Presidentes nos ha presentado, muy acertadamente, algunas propuestas. 
Existen enmiendas claras en nuestro orden del día que tratan sobre este punto. 
El acuerdo Unión Europea- Chipre prevé que los gastos ocasionados por la participación de las empresas chipriotas en el programa serán cubiertos completamente por la República de Chipre. 
Sin embargo, en el caso de los países centroeuropeos candidatos a la adhesión los gastos correspondientes son cubiertos por fondos comunitarios. 
Aunque la cantidad prevista por el acuerdo no es elevada, la cuestión no es cuantitativa, sino de fondo. 
Además, también en otros programas en los que participa Chipre, los gastos son cubiertos por el propio país. 
Quisiera señalar que el coste global de la adaptación de Chipre a los patrones comunitarios se calcula entre 500 y 900 millones de libras chipriotas, esto es, entre 1.000 y 1.800 millones de euros; y, sin embargo, la financiación que la República de Chipre recibe de la Unión Europea es insignificante. 
El Consejo de Ministros, y especialmente la Presidencia francesa deben reaccionar, particularmente hacia Turquía, cuyas tropas ocupan prácticamente la mitad del territorio de la República de Chipre. 
Además, he votado a favor porque entre las víctimas más frecuentes hay personas mayores y pensionistas- como siempre víctimas preferidas por los estafadores- y porque confío en que cuando se volverá a hablar de este tema tomaremos por fin la decisión de reconocer que cuando un ciudadano es víctima de un delito el Estado, aunque indirectamente, es responsable del mismo, como sucede cuando se juega al fútbol. 
Poco antes de venir aquí, descubrí que mi gata que se llama Lulú tenía en la boca un pajarito. 
Conseguí distraerla con el pienso para gatos habitual, por el que tanto nos interesamos, y cogí el pajarito y lo llevé a casa, donde fue curado cuidadosamente. 
En consecuencia, estoy a favor de esto, pero quisiera que los Verdes, que destacan sobre todo en este terreno, se interesaran también por los pobres diablos ancianos y pensionistas que no tienen para comer y que todos ellos se pasaran- me refiero a los Verdes- al Partido de los Pensionistas. 
Señor Presidente, en el transporte de personas y mercancías existen tres importantes factores de competencia: el precio, la fiabilidad y la rapidez. 
Tal vez los ferrocarriles no hayan dado la talla porque de momento han perdido en buena parte la lucha comercial contra el tráfico por carretera y el transporte aéreo. 
Los ferrocarriles franceses se encuentran en un momento de gran expansión con un creciente empleo haciendo precisamente lo contrario de lo que propone el Sr. Jarzembowski en su informe. 
El auténtico problema es que la política ha desatendido durante muchos años a los ferrocarriles. Primero, porque se pensaba que los ferrocarriles eran una herencia del siglo XIX condenada a desaparecer, que de todos modos no llegaría al siglo XXI. 
Todas las nuevas inversiones fueron enfocadas en una tupida red de autopistas y en aeropuertos cada vez más grandes. 
Sólo cuando empezaban a notarse los efectos en el medio ambiente volvió la atención sobre el tráfico ferroviario. 
Pero para entonces ya había avanzado la idea de que para la economía la libertad era más importante que el poder de decisión democrático de la política. 
La política ya no quería ese poder sobre las empresas públicas y, por tanto, tampoco quería ser ya el órgano de control en nombre del consumidor ni el vigilante del empleo. 
Las empresas públicas empezaron a funcionar, cada vez más, como empresas privadas, donde el crecimiento, los beneficios y el valor de mercado son considerados más importantes que las consecuencias sociales de sus actuaciones. 
El cuidado del transporte público y el medio ambiente ha de ser una tarea de todos nosotros, es decir, de nuestra Administración elegida democráticamente. 
La cuestión de si para ello es conveniente separar la infraestructura de la explotación por las empresas ferroviarias es un asunto a juzgar por los gobiernos nacionales o regionales y no es una tarea de la Unión Europea. 
Y menos aún debe ocuparse la Unión Europea de la privatización forzosa de las empresas de transportes urbanos y regionales, como parece ser que va a ocurrir pronto. 
Estas consideraciones son motivos suficiente para mi Grupo parlamentario para rechazar de lleno las propuestas del Sr. Jarzembowski y pronunciar aquí mis esperanzas de que jamás sean traducidas en realidad. 
Señor Presidente, he votado con mucho gusto a favor del excelente informe del Sr. Jarzembowski, ya que no hay nada que afecte más a Europa que los ferrocarriles y el acercamiento de los ciudadanos de Europa entre sí. 
No veo la hora de que por fin, también gracias a esta resolución, se pueda llegar aquí a Estrasburgo por ferrocarril, desde cualquier parte que se viaje para acudir al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, una liberalización completa conduciría a un aumento de la competencia en el sector de los ferrocarriles y a elevar la competitividad de los ferrocarriles frente a la carretera. 
No hay que hablar sobre proyectos relativos a la ampliación de la red europea de ferrocarriles cuando aún no se ha realizado la liberalización completa. 
Proyectos como el del túnel de base del Brenner solamente pueden ser competitivos si el transporte de mercancías se puede ofrecer a un precio capaz de competir. 
Existe la oportunidad de mandar una clara señal hacia un transporte liberalizado de los ferrocarriles mediante la aprobación de esta directiva. 
Por ello, he rechazado la solución elegida en el apartado 4 del artículo 6 de la posición común. 
Por ello, no puedo dar mi voto afirmativo a la recomendación para segunda lectura, tal como ha sido presentada por una mayoría de nuestra Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
En mi pequeño país Luxemburgo una separación de este tipo de nuestra sociedad ferroviaria sería inadecuada y hasta absurda por muchas buenas razones, no siendo la última de ellas la que se refiere a la seguridad, la calidad del transporte y también a las condiciones de trabajo de los ferroviarios. 
Podemos avanzar mucho más con la posición común del Consejo ya que tiene mejor en cuenta las características específicas geopolíticas y geográficas de determinados Estados miembros pero sin poner por ello en peligro la unidad del mercado interior. 
En el artículo 6 de la directiva se obliga de hecho a los Estados miembros a establecer instancias independientes para salvaguardar las inclusiones previstas. 
Por los motivos mencionados, no he podido dar mi voto favorable a estas enmiendas esenciales a la posición común del Consejo. 
Creo que el compromiso negociado el 28 de marzo de 2000 en el Consejo de Ministros es mejor y mucho más realista. 
El Reino Unido inventó el ferrocarril, lo desarrolló y fue el primer país en privatizarlo. 
En mi calidad de miembro del sindicato británico Rail Maritime and Transport Union, mi opinión está guiada por el hecho de que hemos sabido encontrar el término medio en el desarrollo ferroviario. 
Deberíamos haber reconocido aquí que los sistemas de ferrocarriles europeos son todos diferentes y su diversidad merece las excepciones propuestas. 
Deberíamos haber hecho mayor hincapié en la introducción de reguladores del ferrocarril como los que ahora existen en el Reino Unido y menos en la ideología de la separación física de la infraestructura y los servicios operativos. 
Y debemos estar absolutamente seguros de que tenemos sistemas de regulación que entrañen obligaciones y ventajas de la red para los pasajeros. 
Nadie debería haber pasado por alto estos temas en la votación que hemos celebrado hoy. 
Señor Presidente, todo el mundo está de acuerdo con que se necesita un cambio en los ferrocarriles. 
Deberán trabajar dentro de una red europea a gran escala en lugar de dentro de las fronteras de los Estados miembros individuales. 
Largas demoras y esperas en los transbordos en las fronteras y la supresión de las conexiones de tránsito internacionales como las que existían antes constituyen una fuente de irritaciones. 
Todo el mundo vería con alegría el fin de los procedimientos ineficaces, conservadores y burocráticos que tantas irritaciones provocan entre los usuarios y que espantan a mercancías y viajeros que recurren a otros formas de transporte. 
Entonces, aquellas personas que desean ver suplantadas las compañías ferroviarias existentes por otras nuevas, deseosas de ofrecer precios más baratos mediante unas peores condiciones laborales y una menor atención para el medio ambiente, habrían tenido menos oportunidades. 
El Sr. Swoboda dice con razón que ahora tenemos que recuperar un retraso de muchos años en cuanto a inversiones en capacidad, infraestructuras y tecnología. 
Mantiene la posibilidad de ofrecer compensaciones financieras por parte de las administraciones para poner a salvo la utilización de los ferrocarriles para el transporte público y no excluye tampoco un papel de las empresas públicas en el futuro. 
Sin embargo, por otro lado, su planteamiento de que en este ramo de actividades deben instaurarse la libertad para todos en la misma medida, le hacen prisionero de opiniones liberales. 
Esto lo vemos reflejado en sus ideas de que debe perseguirse la total rentabilidad en lugar de partir del sobrecoste de cada tren adicional. 
Una consecuencia no pretendida por él puede ser que los pasajeros y las mercancías sean desviados a otras compañías capaces de competir con unos precios inferiores debido a este principio. 
Precios inferiores para el usuario, pero caros para la sociedad en conjunto por su menor atención para el empleo y para el medio ambiente. 
Asimismo, el Sr. Swoboda anula las reglas de excepción para las islas y Estados miembros que no tienen comunicaciones ferroviarias transfronterizas, tal y como se formularon en la posición común del Consejo. 
El motivo es que en su visión todo el mundo debe sentir las mismas consecuencias de la liberalización. 
En nuestra opinión, con ello no mejora la posición del Consejo. 
No estoy del todo de acuerdo con el orador que me ha precedido, pues considero que la liberalización de los servicios públicos beneficia a los ciudadanos, especialmente porque en la resolución Swoboda se prevé un adecuado servicio de transportes de interés público, con compensación del Estado. 
. (IT) Valoramos positivamente el proceso de liberalización en curso en el sector, dado que estamos convencidos de que la creación de un gran mercado europeo representa una importante ocasión de crecimiento y de mejora. 
La posición común del Consejo se puede compartir porque representa el equilibrio que marca una nueva etapa en la apertura del mercado ferroviario, a la espera de disposiciones que garanticen una equilibrada competencia intramodal e intermodal. 
La actividad ferroviaria es el resultado de un acoplamiento permanente y técnicamente fuerte de las actividades realizadas por distintos actores- gestores de infraestructuras, compañías ferroviarias, gestores de estaciones, etcétera- que tienen muchas funciones. 
Si la eficacia económica lo impone dichos actores pueden, alternativamente, cumplir un papel de gestores de infraestructuras y de compañía ferroviaria. 
Al respecto, nada indica que la separación total mejore el sistema en términos de apertura, de eficacia y de seguridad. 
La existencia de compañías que garanticen contemporáneamente funciones de gestión de infraestructuras y de compañía ferroviaria no se opone a esta apertura en la medida en que un regulador independiente arbitra y controla procedimientos transparentes y no discriminatorios. 
Y además, en general, la compañía integrada está en mejor disposición de desarrollar nuevas tecnologías que conciernen al mismo tiempo al gestor de infraestructuras y a la compañía ferroviaria. 
Una compañía ferroviaria orientada en sus decisiones hacia un optimum técnico y económico se encuentra en disposición de realizar las innovaciones necesarias y de asumir las responsabilidades del riesgo de inversión. 
El sistema ferroviario es un sistema técnicamente diversificado que, en todo caso, sea cual sea la solución organizativa elegida, necesita una fuerte coordinación. 
No cabe duda de que la seguridad está mejor garantizada cuando la gestión del sistema ferroviario se encarga a una compañía integrada, dado que: 
la compañía tiene el control del conjunto de los elementos del sistema y de sus interacciones; 
se beneficia de un regreso de experiencias más completo y más rápido en cuanto a las incidencias del sistema; 
El respeto de los principios de equidad y de transparencia en la atribución de las capacidades o en la tarificación es esencial, pero no se da por descontado que el sistema de separación sea adecuado a garantizar lo mejor posible el respeto de estos principios. 
En efecto, un escenario de compañías integradas, una autoridad ferroviaria, como se prevé en la posición común aprobada en marzo, puede asegurar perfectamente el control de un acceso a la red no discriminatorio y un coste justo de los tramos. 
El Paquete de infraestructuras ferroviarias aprobado por el Consejo de Transportes el pasado diciembre fue el resultado de arduas negociaciones. 
La posición común representa un delicado equilibrio que apoya los principios de liberalización del sector, al tiempo que toma debidamente en consideración las particularidades de los distintos Estados miembros. 
Parte de esta posición común incluye una excepción compleja con respecto a Irlanda, Irlanda del Norte y Grecia, así como consideraciones especiales para Luxemburgo. 
En el caso de Grecia y ambas partes de la isla de Irlanda, existen evidentes obstáculos geográficos para poder participar plenamente en el mercado interior del sector ferroviario. 
En estas circunstancias, la plena aplicación del Paquete ferroviario supondría una carga considerable para las administraciones de estos Estados miembros, sin obtener a cambio ninguna de las ventajas para los consumidores que el Paquete debería aportar. 
Las enmiendas que he presentado a los informes del Sr. Jarzembowski y del Sr. Swoboda van encaminadas a restablecer el equilibrio establecido en la posición común. 
Quisiera señalar también que la excepción de Irlanda, Irlanda del Norte, Grecia y Luxemburgo sólo cubre aquellos elementos del paquete en los que la aplicación carecería de una finalidad real y práctica. 
Por otra parte, esta excepción incluye cláusulas de salvaguarda que podrían dar lugar a la cancelación de toda la excepción, en caso de que apareciera un nuevo participante en los mercados ferroviarios de Irlanda o Grecia. 
En resumen, colegas, en mi calidad de miembro de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, reconozco la conveniencia de desarrollar un mercado interior para la provisión de servicios ferroviarios y sus posibles ventajas para el consumidor. 
La concesión de una excepción a las redes ferroviarias aisladas geográficamente de Irlanda, Irlanda del Norte y Grecia no debilita en modo alguno este principio. 
Por otro lado, la retirada de esta excepción impondría cargas administrativas y costes innecesarios en dichos Estados miembros sin aportar a cambio ningún beneficio visible a ninguna de las partes interesadas. 
. (EN) Deseo hacer constar mi seria preocupación por la decisión del Parlamento Europeo de intentar eliminar la excepción irlandesa (que incluye a Irlanda del Norte y Grecia) de todas las consecuencias de esta directiva. 
La posición del Parlamento Europeo está basada en la opinión equivocada de que es posible adoptar el enfoque de "tamaño único para todos" respecto a los ferrocarriles de Europa. 
. (SV) El actual desarrollo de los transportes en Europa es, a largo plazo, insostenible. 
El tráfico de mercancías por carreteras provoca problemas de congestión, ruidos y emisión de sustancias nocivas para el medio ambiente. 
Sin embargo, el actual sistema de ferrocarriles europeo, con quince sistemas diferentes, imposibilita la competencia en condiciones de igualdad entre el transporte por ferrocarril y el que se hace por carreteras. 
Los diputados socialdemócratas suecos Pierre Schori, Anneli Hulthén, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm y Ewa Hedkvist Petersen quieren hacer hincapié en la siguiente postura respecto a la propuesta de recomendación para segunda lectura de los Sres. Jarzembowski y Swoboda: 
Una de las medidas más importantes para paliar las desventajas que afectan a la competitividad de los ferrocarriles consiste en distinguir entre empresas de mantenimiento de infraestructuras y empresas de transportes. 
Esta diferenciación debería hacerse tan pronto como sea posible, ya que es una condición para que las empresas de tráfico puedan competir entre sí en igualdad de condiciones, tal como ocurre con otras formas de transporte. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Wieland porque las calificaciones profesionales han de ser mejoradas en la Unión Europea. 
Justamente en esta resolución se aumenta de 2 a 3 años la duración mínima de la formación necesaria para otorgar el título de doctor en medicina general y estoy de acuerdo con esto. 
Sin embargo, mi voto favorable expresa también un deseo, en el sentido de que si es bueno contar con médicos que tratan bien, también es bueno contar en la Unión Europea con ciudadanos enfermos que puedan curarse. 
Lamentablemente, las personas indigentes, las personas mayores y muchísimos pensionistas disponen de muy escasos medios para vivir y comen una sola vez al día: no tienen dinero para curarse. 
Por lo tanto, deseo y confío en que- mi voto favorable así lo pide- también los ciudadanos sin recursos puedan disponer de asistencia médica. 
. (EN) Deseo hacer constar mi satisfacción porque las actuales directivas por las que se rigen las calificaciones de los arquitectos permitirán a los arquitectos que actualmente no están inscritos en Irlanda inscribirse como tales. 
Una Administración que oculta datos ante sus ciudadanos no es fiable y una Administración que ni tan siquiera toma en serio a los parlamentarios no ha llegado ni siquiera a la fase de la democracia. 
Afortunadamente, en algunos Estados miembros, entre ellos en Holanda, llevamos muchos años acostumbrados a algo mejor. 
Señor Presidente, me he pronunciado en contra del acuerdo marco y también he votado en contra ya que lo considero una afrenta no sólo contra los diputados libremente elegidos sino también contra las ciudadanas y ciudadanos. 
No puedo comprender porqué se nos concede un derecho de dos clases, porqué no se tiene ninguna confianza en los simples diputados ni tampoco en los ponentes y que no puedan ver informaciones confidenciales. 
Habría deseado que se hubiese considerado que todos los diputados son iguales y que nadie tiene más o menos derechos. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra del Acuerdo marco puesto que en su forma actual éste no satisface las condiciones para una corriente informativa abierta y transparente entre el Parlamento y la Comisión. 
Según el Acuerdo marco, sólo son el Presidente del Parlamento, el Presidente de la Comisión de Control Presupuestario y la Conferencia de Presidentes quienes pueden solicitar informaciones a la Comisión. 
A los ponentes y otros diputados "normales" se les niega así el acceso a estas informaciones. 
Políticamente es inaceptable que el Presidente de la comisión pueda decidir qué informaciones puede transmitir. 
Desde el punto de vista práctico, esto prolongará el proceso de aprobación de la gestión. 
Según el Acuerdo marco, el Parlamento y la Comisión deben negociar qué documentos serán entregados. 
No es lógico pensar, sin embargo, que la Comisión (que debe ser controlada) ayude a decidir qué informaciones deben ser entregadas. 
Las disposiciones que tratan de los documentos confidenciales, son además muy pesadas y la Comisión puede abusar de ellas para evitar la entrega de informaciones. 
Esperamos que se logre negociar un mejor acuerdo en lo referido a la entrega de informaciones dentro del proceso de aprobación de la gestión. 
(SV) El Parlamento tiene la responsabilidad de aprobar las cuentas y de controlar el uso de los recursos de la Unión por parte de la Comisión. 
Conforme a la forma en que está redactado el acuerdo marco, especialmente el anexo 3, la Comisión tiene la última palabra cada vez que se polemice sobre la entrega de documentos al Parlamento. 
Es absolutamente inaceptable que quien debe ser controlado decida qué información pondrá a disposición del controlador. 
Opinamos que este acuerdo viola el artículo 276 del Tratado que estipula claramente que el Parlamento debe tener acceso a toda la información que necesite. 
Este acuerdo se ocupa también de otros aspectos de la colaboración con la Comisión, pero también en esos aspectos hay retrocesos en relación con los compromisos contraídos. 
En cuanto a la información sobre acuerdos internacionales, se hizo un avance antes de que los gobiernos de los Estados miembros interviniesen y empeorasen el texto. 
(SV) El 8 de junio de 2000 aprobó el Consejo de Presidentes del Parlamento el Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión. 
La votación tendrá lugar en la sesión de julio, pero los diputados no tendremos posibilidad de tratarlo o de presentar enmiendas. 
Sin que haya existido estudio ni debate en los Grupos, los Presidentes de Grupos han aprobado este Acuerdo marco que traspasa a la Comisión el derecho a decidir qué documentos pone a disposición del Parlamento. 
Esto implica que los representantes populares no tienen acceso real al proceso legislativo, sino que quedan a la zaga, a un lado. 
Los Presidentes de Grupos pidieron unánimemente a la Comisión que permitiese a los diputados el acceso a los documentos que se proporcionan en otros casos. 
Sin embargo, el 8 de junio aceptaron que el Sr. Prodi no cumpliera todas las promesas que hizo cuando juró el cargo. 
Como diputados, debemos tener derecho a que se nos proporcione información completa. 
No cabe duda de que la Comisión, como órgano ejecutivo, tiene pleno derecho a estudiar diferentes posturas y a hacer borradores en documentos internos de trabajo, sin que sea obligatoria su entrega. 
Por el contrario, es indudable que en el mismo momento en que un documento sale de la Comisión, el Parlamento debe tener derecho a conocerlo. 
Los practicantes en el Consejo de Ministros o en las oficinas de representación de los países miembros tienen acceso a documentos que los diputados no podemos consultar, ni siquiera los Presidentes de las Comisiones, los Presidentes de los Grupos y los ponentes. 
Puesto que el Acuerdo marco conlleva mejoras en algunos aspectos, comparado con las prácticas actuales, no debe rechazársele en su totalidad. 
Sin embargo, por lo menos debe contener las promesas que el Sr. Prodi hizo en nombre de la Comisión. 
La política de puertas cerradas es inaceptable, tanto para la opinión pública como para los representantes populares y para los periodistas. 
El acuerdo marco indudablemente ofrece unos impulsos interesantes para una mayor transparencia en las relaciones entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
El hecho de que la solicitud de conocer documentos confidenciales haya de cursarse a través de los Presidentes de las Comisiones o del Presidente del Parlamento Europeo es, para mí, inaceptable. 
Por tanto, en esta votación me he abstenido. 
. (EL) De acuerdo con la audiencia de la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, los Estados Unidos de América y el Reino Unido han convertido el sistema Echelon en un sistema mundial de espionaje de las telecomunicaciones del que han sido víctimas incluso los países de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo debería haber constituido toda una comisión de investigación, como se hizo en el caso de las vacas locas, con excelentes resultados, de acuerdo con el artículo 151 del Reglamento. 
La constitución de una simple comisión temporal, de acuerdo con el artículo 150, me temo que no le permitirá al Parlamento proyectar luz sobre el asunto Echelon, y supone, además, una concesión del Parlamento a las presiones de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña. 
. (DE) Voto a favor de la creación de una auténtica comisión de investigación para que investigue la violación de los derechos fundamentales cometida por el sistema de espionaje Echelon. 
No obstante, voto en contra de la creación de una comisión no permanente pues se trata de una píldora tranquilizadora ya que dicha comisión no tiene el poder de realizar investigaciones y esta píldora no la quiero tragar. 
Si se crease esta comisión no permanente, el Parlamento Europeo sería como un tigre de papel en los esfuerzos por aclarar las actividades de "Echelon". 
La actitud reservada de los grandes Grupos políticos del PE ante la investigación de Echelon revela que no existe ningún interés en poner en el orden del día las actividades de los servicios secretos. 
La opinión pública europea se preguntaría justificadamente qué es lo que hacen los servicios secretos nacionales y los llamados "protectores del Estado". 
Pero esto sería muy importante ya que no solamente se escuchan los secretos comerciales sino también la esfera privada o las actividades políticas de las personas en la UE. 
El grupo verde, y también los regionalistas, han votado a favor de este informe porque constituye un medio de lucha contra las prácticas de blanqueo. 
La lucha contra el blanqueo es la forma por excelencia de combatir el crimen organizado. 
La directiva de 1991 se limitaba a la investigación de las prácticas de blanqueo en relación con el dinero relacionado con la droga. 
Esperemos que las propuestas formuladas por el ponente abran la posibilidad de emprender una lucha enérgica contra el crimen organizado como la trata de personas y el contrabando de personas, pero también contra el fraude y la corrupción en el comercio del arte. 
Es importante que sea obligatorio el intercambio de información y opinamos, además, que es importante que se imponga a los Estados miembros y a los países candidatos un conjunto estándar de medidas de lucha, asegurándonos de esta forma de unas medidas mínimas. 
He votado a favor del informe del Sr. Lehne, que ha mejorado la iniciativa original que amplía el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el blanqueo de capitales. 
Con esta ampliación, se pretende multiplicar las medidas adoptadas con vistas a luchar contra las posibilidades de blanqueo de capitales fuera del sector financiero tradicional. 
Esta directiva versaba sobre varios sectores financieros, como los bancos, las aseguradoras, etc., y se deberá ampliar a otras actividades y profesiones de carácter no financiero, pero que son extraordinariamente vulnerables contra el blanqueo de capitales. 
En los casos de los abogados y notarios, deberán existir salvaguardias claras, en particular en lo relativo a la salvaguardia del derecho de confidencialidad; es que, aunque sea consciente del efecto devastador del blanqueo de capitales y otros actos de corrupción, hay que salvaguardar el derecho de los ciudadanos al acceso al asesoramiento y la asistencia jurídicos. 
Por otro lado, se pretende también hacer la ampliación de la lista de delitos tipificados: además de los ingresos procedentes del tráfico de droga, hay que incluir también las actividades relacionadas con la delincuencia organizada (se impone la necesidad de encontrar una definición uniforme del concepto de delincuencia organizada, no sólo en el nivel europeo, sino también en el internacional). 
Las medidas adoptadas con vistas a la aprobación de tipificaciones, incriminaciones y sanciones comunes- por lo que se refiere a la aproximación legislativa en materia penal- deberán afectar prioritariamente a sectores de particular importancia, como el del blanqueo de capitales. 
Dado el grado cada vez mayor de complejidad, muchos grupos organizados de delincuentes, pueden utilizar las lagunas jurídicas y las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros aprovechando las anomalías de los diversos sistemas. 
. (EN) Para comenzar, quisiera hacer constar mi agradecimiento y estima al ponente Sr. Lehne por el modo en que ha tratado este difícil informe. 
Estoy seguro de que todos deseamos que se adopten las medidas necesarias para atajar las recaudaciones del crimen transfronterizo y del blanqueo de dinero. 
Esta directiva facilitará algo más el establecimiento de relaciones, la cooperación y los intercambios de información, y además ampliará el alcance y el ámbito de los delitos. 
En Irlanda, donde ya existe legislación, la Ley de justicia penal de 1994 está siendo actualizada en estos momentos para que tenga en cuenta algunas de las propuestas contenidas en esta directiva. 
Aunque he votado a favor del informe, debo confesar que hay dos aspectos en la directiva que me producen una cierta inquietud. 
Ya disponemos de numerosas agencias a nivel nacional, que son muy eficientes y que están en condiciones de ocuparse de la amplia mayoría de los casos; y también el Tribunal de Cuentas, la OLAF y otros departamentos que se ocupan de estos asuntos a nivel europeo. 
En segundo lugar, creo que los nuevos requisitos respecto a las revelaciones de los abogados pondrían en serio peligro el precedente tan arraigado de confidencialidad entre el abogado y su cliente. 
No debemos interferir en los derechos de las personas a una defensa justa, a un juicio justo ni perjudicar la doctrina de la presunta inocencia. 
Es positivo que haya interés por profundizar en la lucha contra el blanqueo de capitales, no sólo en cuanto a la delincuencia asociada con el tráfico de estupefacientes, como hacía la directiva anterior, sino también al blanqueo de capitales vinculado con la delincuencia organizada y una gama más vasta de delitos tipificados (fraude, corrupción y otras actividades ilegales que perjudiquen los intereses financieros de la Comunidad). 
Así, el ponente de la propuesta de informe del PE señala caminos ligeramente diferentes de la propuesta de directiva, pero, en lo fundamental, la apoya. 
Por el contrario, es más difícil discernir si un abogado estará obligado a informar si ha obtenido información importante en relación con una consulta jurídica. 
En ella se usan indistintamente los términos abogado, licenciado en derecho independiente y licenciado en derecho. 
Es positivo el hecho de que en la lista de exenciones se haya incluido a Bulgaria y Rumanía, países que por otra parte han asumido obligaciones concretas en relación con la custodia de sus fronteras exteriores. 
En mi calidad de presidente del Comité Conjunto Interparlamentario Parlamento Europeo- Bulgaria, quiero invitar al Consejo a adoptar y aplicar esta posición. 
El Consejo de Ministros y la Comisión deberán dirigirse a las autoridades de los Estados Unidos, las cuales insisten en exigir visado a los ciudadanos griegos. 
Si- como debe ser- los ciudadanos estadounidenses tienen libre acceso a todo el territorio de la Unión Europea, lo mismo debe regir a la inversa, sobre la base de la reciprocidad; las intolerables discriminaciones de que son objeto los ciudadanos griegos no pueden seguir en vigor. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Lehne relativo a la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales tienen la obligación de ser titulares de visado para cruzar una frontera exterior y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esta obligación. 
Observamos que la Comisión en su propuesta considera que esta propuesta no se ve afectada por la reserva danesa a pesar de que en este caso se trate de una lista positiva, que en nuestra opinión sí se vería afectada. 
(SV) La estricta política de visados de la UE constituye una barrera para las personas que quieren ingresar en Europa. 
El endurecimiento de la obligación de visado de los últimos años ha conducido, inevitablemente, al aumento del contrabando de personas y de la denominada inmigración ilegal hacia los países comunitarios. 
Las personas que mediante el contrabando o de otras maneras han ingresado en el territorio de la Unión Europea han sufrido, a menudo, grandes tragedias en el camino. 
Una vez adentro, carecen totalmente de derechos y de protección social. 
La lista de países cuyos ciudadanos necesitan visado para ingresar en la UE contiene más de 130 nombres. 
Los países a los que no se les exige visado son menos de 50. 
Esta práctica, es decir, que los visados sean la regla en lugar de ser la excepción, no es digna de una Europa democrática. 
La norma general debe ser que las personas tengan derecho a ingresar libremente en el territorio de la Unión y no todo lo contrario. 
Europa debe cambiar su actitud hacia la inmigración. 
Dentro de algunos años, la escasez de mano de obra en la UE será apremiante. 
Por eso es importante que reconozcamos y demos la bienvenida a las personas que buscan un futuro mejor en los países de la Unión. 
Una política de visados más generosa es también una condición para humanizar la política de refugio e inmigración. 
Asimismo, me alegro del incremento en 1,5 millones de euros de las asignaciones destinadas a las organizaciones juveniles. 
Sin embargo, quiero explicar en particular por qué apoyé las enmiendas presentadas por los Sres. Virrankoski y Mulder. 
Yo me baso en que hay seguir aplicando el rigor presupuestario y en que hay que respetar los marcos financieros existentes. 
En cuanto a la financiación de los Balcanes Occidentales, hay que tomar en cuenta las necesidades reales de las diferentes regiones, la situación política reinante y las posibles ayudas financieras procedentes de otros ámbitos. 
Por consiguiente, no apoyo la revisión de los marcos financieros en lo que concierne a los fondos destinados a acciones externas. 
La reconstrucción de los Balcanes occidentales es una de las prioridades de nuestra agenda política. 
Estamos de acuerdo con la intención del informe Haug de que el problema de financiación no puede resolverse únicamente mediante la redistribución de las actuales prioridades de la Unión en política exterior. 
Hay que encontrar los fondos en otra parte, pero esto no crea necesariamente la necesidad de "dinero fresco" de los Estados miembros. 
Habida cuenta de que se dispondrá de un excedente importante en el presupuesto para agricultura, la reducción del límite máximo en la línea presupuestaria 1a en favor de un incremento del presupuesto para política exterior sería una solución razonable. 
En efecto, consideramos que se debe hacer que las nuevas prioridades correspondan a nuevos recursos financieros. 
Con ese propósito, rechazamos preliminarmente y, ante todo, las perspectivas de "cortes" en la política de cooperación, como se desprende del anteproyecto de la Comisión. 
Y así también los que se proponen en las esferas del empleo y del medio ambiente. 
Como también rechazamos el "corte" de 300 millones de euros en la agricultura. 
Por eso, concordamos con algunas propuestas de la ponente. 
Pero, a pesar de las mejoras que propone, quedan muy acá de lo indispensable. 
Además de que algunas de las que se le introdujeron en la votación final limitaron y modificaron hasta su alcance. 
Por no hablar de sus orientaciones en materia de política de defensa. 
Como dije en otra ocasión, entre los perjudicados están, sin duda, las personas mayores y los pensionistas. 
No obstante, quisiera que- y con mi voto favorable quiero subrayarlo -, además de prestar atención a la protección de los datos personales, se hiciera algo para conocer nuestros datos personales. 
En Italia, por ejemplo, los trabajadores siguen sin saber a cuánto ascenderá su pensión, cuánto dinero han pagado a los organismos que gestionan las pensiones y, por lo tanto, desconocen algunos de sus datos personales. 
En consecuencia, espero que con este voto en el futuro no solo se protejan nuestros datos personales, sino que se haga todo lo posible para que cada uno de nosotros, además del nombre, apellidos y fecha de nacimiento, sepa a cuánto ascenderá su futura pensión. 
No es seguro que la nueva propuesta de compromiso sea tan buena como ésta. 
He votado en contra de la propuesta de la comisión junto con otros diputados de mi Grupo. 
Todos lamentamos mucho que tengamos que esperar hasta que este acuerdo entre en vigor. 
Por limitaciones de tiempo en la sesión no he podido hacer la intervención que tenía preparada. 
Comparto la aprensión de la ponente en relación con que esta propuesta no proporciona a los ciudadanos europeos el nivel más adecuado de protección en lo relativo a la transferencia y tramitación de sus datos personales, en particular si tenemos en cuenta la protección que les garantiza la Directiva europea sobre la protección de datos. 
Ahora bien, todos nosotros sabemos que en este momento ya existe de hecho una circulación de datos, pero que no está en modo alguno reglamentada. 
Luego, si, por un lado, el safe harbour no es la solución ideal para el problema, servirá para imponer determinado número de normas y actuar como forma de previsión de abusos. 
Los trabajos se desarrollaron intentando conciliar dos posiciones diferentes, nuestra posición basada en la ley (en que existen límites legales para la obtención y la utilización de datos personales, cuyo respeto está garantizado por las autoridades públicas) y la preferencia americana por la autorreglamentación. 
El acuerdo obtenido es un paso limitado en sus garantías, pero positivo en lo que puede brindar en materia de seguridad para el futuro. 
De modo que la postura que resulta del informe Paciotti con las propuestas presentadas por la Sra. Ana Palacio merecen nuestro apoyo. 
- (DE) Apoyo el informe Paciotti sobre el acuerdo relativo a los "puertos seguros" aunque los problemas de protección de datos trasatlánticos no se solucionan con el mismo, pues: 
la venta de datos de clientes a terceros es aún posible hacerla con algunos trucos también en el marco de los "puertos seguros" sin que la clienta tenga que dar su asentimiento. 
¿Se las puede demandar? 
Queda sin aclarar hasta qué punto las personas en la UE pueden hacer uso realmente de sus derechos determinados en el "Acuerdo de puertos seguros"; ya que el fuero competente para las empresas de los EE.UU se encuentra en su país lo que hace que se encuentren en una situación mucho más ventajosa que las personas individuales en Europa. 
Sin embargo, doy mi voto afirmativo ya que actualmente no existe en absoluto ninguna regulación sobre cómo se pueden garantizar los estándares de protección de datos en la UE en el intercambio de datos con otros continentes. 
La aplicación de las innovaciones tecnológicas, y mucho más las del impresionante y veloz desarrollo de la sociedad de la información, originarán profundas transformaciones en el devenir social. 
Más allá de las enormes posibilidades que se abren, los acechantes peligros de abusos requieren nuestra atención y nos obligan a ser especialmente cuidadosos en lo que se refiere a la prioridad del factor humano y al respeto a los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos. 
Las propuestas y las políticas que conciernen al comercio electrónico y las medidas que se impulsan para fomentarlo se caracterizan por una concepción marcadamente unidimensional del beneficio y la competitividad. 
El modelo social propuesto que impregna los textos y las propuestas de la UE se sustenta- y sustenta a su vez- firmemente en la más violenta competencia y en la progresión geométrica de los beneficios. 
Esta concepción no constituye ninguna garantía sino una evidente amenaza para el futuro de la sociedad y del ser humano: incertidumbre, inseguridad, ruptura con sus propias necesidades, degradación de los ciudadanos y de los trabajadores, que no modelarán ya su propio medio, sino que serán modelados por éste, de suerte que sirvan del modo mejor, más rápido y más barato, a quienes lo determinan. 
El marco de protección existente y las convencionales y consabidas cláusulas propuestas son a todas luces insuficientes, inseguras e ineficaces. 
Ante la cruel competencia y el imperio del beneficio, no se concibe, no cabe, la invocación a las buenas intenciones. 
El turno de explicaciones de voto queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A-170/2000) del Sr. Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de comunicación en las últimas fases de realización de la Unión Económica y Monetaria. 
En este momento, entre la población no se ha producido todavía el llamado 'reflejo del euro'. 
Aún no es tarde, pero entre todos hemos de tomar conciencia de que el año 2001 va a ser crucial para que toda la población europea nos acompañe en esta mega-operación. 
En primer lugar, y no voy a entrar en detalles, porque ya se ha explicado exhaustivamente en la sesión de esta mañana, la campaña debe prestar más atención a la concienciación de los jóvenes e implicar la enseñanza en la información. 
Un segundo punto de atención, por supuesto, es que una campaña de información debe dirigirse a colectivos específicos, como son los más débiles de nuestra sociedad. 
Ya saben ustedes que hay dos tipos de personas que están todo el día ocupadas con el dinero: son los muy ricos que tienen mucho y son los que tienen muy poco dinero y que están calculando continuamente para llegar a fin de mes. 
Pues, para ellos, el euro tendrá un impacto muy grande y debemos de tener una atención específica. 
Por esta razón he defendido muy concretamente la constitución de puntos de aviso a nivel local en todas las comunidades locales para que los ciudadanos puedan denunciar de una forma sencilla y accesible cualquier hecho de subidas injustificadas de precios. 
También he pedido que la Comisión elabore unas propuestas al respecto y presente mejores prácticas a los Estados miembros. 
Señor Presidente, al no estar acostumbrado a hablar durante dos minutos, estoy algo preocupado por si no consigo emplear todo el tiempo de que dispongo, pero trataré de esforzarme al máximo. 
Señor Comisario Solbes, con respecto a este tema, deseo expresar mi aprobación, pues creo que la introducción del euro es uno de los hechos más sobresalientes e importantes del resultado de la adhesión a la Unión Europea de nuestros quince Estados. Por lo tanto, preparar a la población a la novedad efectiva y concreta del uso del euro es seguramente positivo. 
Debo dar las gracias al Sr. Karas por haber acogido mi solicitud de eliminar de la resolución originaria una indicación según la cual los jóvenes y los niños deben ser bien instruidos para que, a su vez, puedan enseñar a sus abuelos. 
No diré a cuanto corresponde, por lo que obligaré a todos los ciudadanos a averiguar cuánto son 500 euros. 
Lástima que el Gobierno no aceptará esta propuesta, pero al menos se enseñará a los ciudadanos italianos pensionistas el valor del euro. 
Señor Presidente, como muchos colegas y yo venimos sosteniendo desde hace algún tiempo, el proyecto de unión monetaria es muy peligroso. 
Políticamente, tiene la clara intención de debilitar el Estado nación, y por lo tanto es una amenaza para la democracia en Europa. 
En cada periódico que abro hay artículos sobre el euro. 
Los bancos y las empresas de contabilidad están organizando jornadas e informando a los clientes. 
Aquí no se trata de información, se trata de propaganda. 
No confío en que la Comisión proporcione información objetiva. 
Me pareció especialmente horrible la idea de la Sra. Randzio-Plath de que deberíamos involucrar a los niños en edades escolares como si fueran tropas de asalto de este ataque propagandístico del euro. 
Ahora bien, si los 12 países del euro desean emprender una campaña de propaganda, eso no es asunto mío. 
Pero en tres países, Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña, aún no se ha tomado la decisión del euro. 
Sería indignante utilizar el dinero de los contribuyentes para influir sobre la decisión de los electores. 
En Gran Bretaña, el 70% de la población está en contra de unirse al euro. 
En primer lugar, díganos hoy, por favor, que no se llevará a cabo una campaña de este tipo en Gran Bretaña, Dinamarca ni Suecia. 
En segundo lugar, asegúrenos, por favor, que la parte de financiación que se habría destinado a dichos países será devuelta a los correspondientes erarios públicos para que la ciudadanía pueda ver con claridad y transparencia que su dinero no ha sido derrochado en objetivos que no cuentan con su apoyo. 
Mejor aún, cancele todo el proyecto y coloque todos los fondos en una cuenta especial para ayudar a sufragar los enormes gastos que se producirán cuando al final sea desmantelado el euro. 
Primero, la comunicación forma parte de una operación muy compleja, que es la puesta en marcha del euro, en forma de monedas y billetes, el 1 de enero del 2002. 
Segundo, en la aplicación de este proceso de introducción de monedas y billetes juega un papel fundamental el principio de subsidiariedad. 
Eso quiere decir que los Estados miembros, a través de sus gobiernos y bancos centrales, son fundamentales en todo el proceso y también en la operación de comunicación. 
La preocupación fundamental en este momento es determinar a qué nivel de preparación se encuentran los Estados miembros, las empresas y los ciudadanos. 
De acuerdo con los últimos datos disponibles, los del mes de septiembre, aproximadamente el 88% de las pequeñas y medianas empresas aseguran que están preparadas para el euro o, por lo menos, son conscientes de la necesidad de prepararse en este momento. 
Sin embargo, esta cifra sería engañosa si no diera dos cifras, o hiciera dos comentarios, adicionales. 
Primero, de ese 88% sólo el 22% ha llevado ya a cabo los planes necesarios para la introducción del euro. 
Y en cuanto a las demás, existe cierta contradicción entre esta posición, teóricamente tan favorable de las empresas, y la falta de utilización del euro en operaciones normales en el momento actual. 
Dicho en otros términos, tenemos la sensación de que las empresas ven la operación con relativo optimismo, pensando que va a ser más fácil de lo que puede resultar. 
Esta es la razón por la que creemos que hay que prestar especial atención a las empresas durante este período, así como a los ciudadanos. 
Sobre los distintos puntos mencionados durante el debate me gustaría hacer algunos comentarios. 
Sin embargo, hay algunos puntos que merecerían algún comentario adicional. 
Primero ¿qué actuación debemos llevar a cabo en los países "pre-in" o en países terceros? 
Los países que no son miembros de la Unión Monetaria en estos momentos tienen derecho, como los demás países miembros, a tener campañas de comunicación. 
Evidentemente, así se hará, siempre y cuando sea el deseo de esos países. 
Dos de ellos, en este momento, Dinamarca y el Reino Unido, no han mostrado interés por poner en marcha estas campañas de comunicación. 
En sus recomendaciones figuran no pocas de las acciones que, en nuestra opinión, hay que solicitar a los Estados miembros y, en ese sentido, haremos una comunicación a los diferentes países para que las tomen en consideración. 
Me gustaría destacar aspectos mencionados tan interesantes como el prestar especial atención a la formación, a las escuelas, a las mujeres, a sectores específicos, como el sector turístico, o la iniciativa enormemente interesante de la distribución de cuadros de precios, o las obligaciones iniciales o adicionales por parte de las administraciones públicas. 
Comunicaremos al sector bancario sus propuestas sobre la posibilidad de utilizar una parte de los "saving days" para información, y seguiremos adelante con todo lo relativo al problema de las cargas del tipo de cambio. 
En cuanto a la posibilidad de disponer de más recursos o de alargar el proceso de comunicación, tal como plantea el informe Karas, la Comisión es favorable a ambas opciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A-5-0149/2000) del Sr. Arvidsson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1999) 577- C5-0276/1999- 1999/0238 (COD) ) por la que se modifica por vigésimo segunda vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (ftalatos) y por la que se modifica la Directiva 88/378/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes. 
Cuando nos ocupamos de asuntos que conciernen a la salud de los niños pequeños nos interesamos, generalmente, de manera enérgica, sincera y con entusiasmo. 
Según los expertos de la Organización Mundial de la Salud, no se puede demostrar que los ftalatos sean carcinógenos. 
Por el contrario, la OMS opina que estas sustancias pueden producir trastornos hormonales y en la reproducción, especialmente en los niños pequeños que sufren gran exposición a ellas. 
Tal como se ha hecho con otras sustancias tóxicas, se han recomendado científicamente valores máximos de exposición a los ftalatos, habiéndose calculado los niveles de riesgo. 
En este juicio de carácter científico se manifiesta inquietud por la salud de los niños pequeños. 
Se trata de niños que se encuentran en su primera dentición, cuando a menudo muerden y succionan diferentes objetos. 
Quisiera alertar al Parlamento para que no se deje influir y adopte decisiones que excedan los fundamentos científicos. 
Por esta razón, el etiquetado de juguetes es difícil y costoso de realizar en la práctica. 
Los comerciantes y sus organizaciones me han explicado que los empleados de las tiendas carecen de tiempo y de conocimientos para contestar todas las preguntas que podrían formular los clientes. 
La introducción de este sistema de advertencias en juguetes destinados a niños mayores podría transformarse en una eficaz prohibición. 
El Comité Científico ha destacado dos ftalatos que están presentes en los juguetes y que pueden ser peligrosos para la salud de los niños pequeños. 
Una decisión de prohibición limitada que se fundamentase en esto no sería el resultado de la aplicación del principio de la cautela, sino que de una práctica administrativa referida a sustancias químicas tóxicas. 
Sería necesario realizar nuevos estudios para determinar riesgos cuando los ftalatos no intervengan en la fabricación de juguetes, siendo suficiente en ese caso, como se ha propuesto, la revisión de esta directiva dentro de dos años. 
En esta breve presentación del informe he querido subrayar que la decisión debe asentarse en fundamentos científicos y tiene que circunscribirse al grupo de riesgo mencionado, es decir, a los niños pequeños; además, el etiquetado es muy complicado. 
Permítanme anticiparme y manifestar que los políticos deben escuchar las valoraciones y conclusiones científicas, pero no intentar formular propias. 
Al igual que el ponente, comparto las inquietudes de los diputados que son miembros de mi comisión. 
En nuestra calidad de políticos elegidos, está claro que no podemos permitirnos jugar con la salud de los niños. 
Debemos garantizar que la salud de los niños no está expuesta a riesgos innecesarios e inadmisibles y reconocer la preocupación del público por este asunto. 
Por el bien del mercado único, debemos alcanzar las normas comunes más estrictas posibles respecto a la seguridad de los productos. 
Este debate se ha visto empañado, lamentablemente, por la confusión y la incertidumbre alimentadas por los comentarios que han hecho en el Parlamento los miembros del Comité Científico, que dudaban de la necesidad de imponer una prohibición de los ftalatos y cuestionaban que éstos representaran riesgos graves o inmediatos para la salud que justificaran la prohibición. 
Como políticos, necesitamos un asesoramiento claro de los comités científicos, si queremos emitir opiniones racionales, tomar las medidas de gestión de riesgo necesarias y elaborar una buena legislación. 
Debemos formalizar y aceptar la prohibición permanente que ahora propone la Comisión y necesitamos advertencias sanitarias y etiquetados estrictos para informar a los consumidores sobre los riesgos. 
Debemos responder al público de la legislación que elaboramos en el Parlamento y no podemos permitirnos ser complacientes respecto a los riesgos para la salud de los niños. 
Señor Presidente, la discusión sobre la nocividad de los ftalatos, los plastificantes de los materiales sintéticos, lleva arrastrándose desde hace ya tiempo. 
Hoy, este Parlamento ha de pronunciarse sobre la conveniencia de imponer una prohibición total sobre estas sustancias. 
Doy por supuesto que nadie de nuestro Grupo parlamentario discutirá que los ftalatos tengan gran número de aplicaciones útiles, como las envolturas de los cables y, también, en los instrumentos médicos. 
El punto delicado es, sin embargo, que los ftalatos se emplean igualmente para ablandar los juguetes para los niños pequeños, y que muchos de estos juguetes, aunque no estén hechos para ello, se llevan a la boca. 
Después de publicarse, ya en 1998, una serie de noticias sobre los efectos nocivos sobre la salud de los niños, la Comisión Europea propuso, o al menos intentó proponer, una prohibición de la utilización de determinados ftalatos. 
Las intensivas consultas con la industria para que ésta se autoimpusiera una prohibición, una autorregulación del uso de estas sustancias, no tuvieron éxito. 
Opino, y lo digo en nombre de mi Grupo, que es a todas luces una oportunidad perdida. 
En reacción a la iniciativa de la Comisión terminamos en un fuego cruzado de estudios contradictorios. Las organizaciones de consumidores apuntaban al daño potencial y la industria intentaba demostrar que no era para tanto. 
Ahora, nuestro cometido es evaluar las propuestas. 
Yo no sé cuan dañinos serán esos ftalatos, pero si no lo sé, según el principio de precaución al menos debo dejar de permitir algunos de ellos, por que creo, además, que eso es lo que pide el mercado interior. 
Esto significa que espero que la asamblea plenaria elija la seguridad, de acuerdo con el principio de precaución, pero también que los estudios deben seguir avanzando y que deberán sacar en claro, además, cuales son las alternativas para estos plastificantes. 
Señor Presidente, Señorías, la presente propuesta de directiva es para mí el intento insuficiente de tener en cuenta la opinión del comité científico para excluir el peligro derivado de los seis ftalatos en los juguetes para niños menores de tres años. 
En mi opinión, solamente se ha aplicado lo ineludible y la propuesta no hace justicia al principio de prevención que precisamente debería aplicarse muy estrictamente para los niños pequeños. 
Entienden las formas y materiales del juguete precisamente metiéndoselo en la boca y esto tiene que hacerse sin que peligre la salud del niño. 
Esto solamente se puede lograr mediante una prohibición de todos los ftalatos en los juguetes. 
Además, para el grupo de edad de niños de entre tres y seis años necesitamos un Labeling. 
Por un lado, porque hay niños que juegan con juguetes que han sido producidos para niños de mayor edad y, por otro lado, porque en este grupo de edad hay también niños que se meten los juguetes en la boca. 
Las presentes enmiendas que exigen una revisión en dos años, la evaluación de nuevos métodos de ensayo y estudios científicos sobre los peligros derivados del PVC son de ayuda para lograr a largo plazo el nivel más elevado posible de protección de la salud para todos nosotros y no solo para los niños pequeños. 
Para finalizar, depende de nosotros si nos decidimos a favor del principio de prevención y un elevado nivel de protección o si nos escondemos tras informes científicos que jamás nos podrán exonerar de adoptar las necesarias decisiones políticas. 
La problemática de los ftalatos en los juguetes para niños goza de un gran interés público y la campaña dirigida, sobre todo, por Greenpeace ha tenido un extraordinario éxito. 
Naturalmente es así, y tiene que ser así, porque los niños son indefensos y tienen derecho a protección. 
Sabemos de las pruebas con animales- ya de por sí un asunto muy desagradable- que los ftalatos han resultado ser nocivos y, por tanto, cabe suponer que también lo sean para los seres humanos. 
Pero no sabemos cuán nocivos, no sabemos con qué dosificación, no sabemos en qué aplicaciones, ni tampoco sabemos si existen alternativos, cuán nocivos pueden ser éstos y en qué formas. 
No hay prueba válida, así que ¿en qué basamos nuestra política? 
Así que, si de nosotros depende, ha de ser válida para todos los juguetes, y no sólo para aquellos hechos especialmente para morder. 
¿Cómo cree que está la situación de los métodos de comprobación y qué es lo que opina de una nueva revisión de la regulación en el momento en que dispongamos de ellos? 
Estamos a favor de prohibir los seis ftalatos probados, pero no es el momento de prohibir también todos los demás ftalatos y plastificantes que, es cierto, también pudieran tener efectos nocivos. 
Por último, y con esto concluyo, ¿hasta dónde queremos llegar con el principio de precaución? 
En cuanto a nosotros, no puede significar que rechacemos cualquier cosa de la que no sepamos exactamente lo que es. 
Los productos ablandantes en los juguetes de los niños ponen en peligro gravemente la salud de los niños e incluso son cancerígenos. 
A pesar de estos datos alarmantes, la Comisión solamente se ha atrevido a dar un pequeño pasito. 
Estos ftalatos son totalmente innecesarios. 
Muchos fabricantes de juguetes han renunciado a ellos desde hace mucho tiempo. 
Por ello, no comprendo en absoluto toda esta campaña lanzada por la totalidad del lobby de la industria química. 
Por favor, ¿qué es la prueba?. 
Me parece realmente cínico. 
El principio de prevención dice que tenemos la tarea de proteger de antemano. 
Precisamente los niños son el grupo de población más sensible que no puede representar por sí mismo sus intereses. 
Creo que tenemos la urgentísima tarea de excluir realmente todos los peligros. 
Tenemos que apoyarlos y como Parlamento Europeo no debemos actuar en ningún caso como freno sino que debemos ser la locomotora de estas iniciativas para prohibir por fin los productos ablandantes en todos los juguetes. 
Para finalizar, permítanme que diga aún unas últimas palabras: Tengo también la esperanza de que esta primera prohibición de un producto químico en un producto que utilizan los consumidores tenga un efecto de señal para que quizás recapacitemos y nos atrevamos por fin a abandonar el PVC, esta peligrosa tecnología. 
Hay señales inequívocas que nos advierten de los riesgos de los ftalatos. 
Se han realizado experimentos con animales que demuestran que estas sustancias producen daños en el hígado, en los riñones y en los testículos. 
Con estos antecedentes, sería totalmente absurdo que se permitieran esas sustancias en los juguetes que los niños suelen llevarse a la boca. 
Esas substancias son un componente importante de los juguetes y pueden alcanzar porcentajes bastante altos. 
Es evidente que los ftalatos salen a la superficie y que los niños los ingieren. 
Tampoco resulta razonable creer que los textos de advertencia puedan surtir algún efecto en los niños pequeños. 
Es obvio que los niños de dos o tres años no entienden los textos de advertencia. 
Cuando tienen el juguete en sus manos es, digamos, demasiado tarde. 
En consecuencia, la propuesta de la Comisión también resulta totalmente insuficiente. 
Sería muy lamentable. 
El ponente de este informe es un conservador sueco. 
Es un hecho conocido que los PVC pueden representar un riesgo para la salud cuando se utilizan en juguetes para niños pequeños. 
La propuesta de enmienda de la directiva original sobre este asunto prohibirá la comercialización de juguetes y artículos que contengan PVC para niños menores de tres años que puedan llevárselos a la boca. 
Acojo con satisfacción que en el futuro se impongan las advertencias sanitarias a la fabricación de estos productos. 
Cada vez que el Parlamento Europeo ha debatido sobre esta cuestión, han surgido dudas cada vez mayores respecto a la seguridad de estos juguetes producidos a base de PVC. 
Otro problema es, evidentemente, el hecho de que buena parte de la evidencia científica sobre estos temas es contradictoria. 
Señor Presidente, el mes pasado celebramos un debate sobre el tabaco. 
Los riesgos para la sanidad pública del uso del tabaco han sido probados clara y científicamente. 
Aunque ni tan siquiera se haya sopesado en serio una prohibición del tabaco, una amplia mayoría de la Comisión de Medio Ambiente sí aprobó la prohibición de los ftalatos (plastificantes) en los juguetes. 
Aunque después de 40 años de utilización no se conozcan casos de efectos nocivos sobre la salud, surgió la sospecha de que estos plastificantes son dañinos. 
Según el principio de precaución, esta posible nocividad debe revestirse de una base científica. 
En las investigaciones se han realizado pruebas con animales, al igual que se hacen también con otras sustancias sospechosas. 
Estas pruebas resultan en una denominada "ingestión diaria aceptable" para animales. 
Para los seres humanos se introduce un margen de seguridad adicional de un factor 100. 
Haciendo pruebas con los juguetes puede saberse si se supera o no esa "ingestión diaria aceptable" para el ser humano. 
Es decir, un método que parta de un riesgo aceptable, respetando un amplio margen de seguridad. 
Con una extensa campaña, protagonizada por Greenpeace, han sabido convencer a muchos políticos de que debe establecerse inmediatamente una prohibición. 
Tengo la impresión de que se está llevando muy lejos esta cuestión para que esta prohibición más tarde pueda ser utilizada como arma en contra de otras sustancias. 
También estas últimas razones indican que una prohibición de los ftalatos va en contra de un correcto empleo del principio de precaución. 
Estamos hablando de riesgos para la salud de los niños. 
Pero no podemos olvidar que estamos hablando también, con una razonable certeza, de los efectos nocivos de seis ftalatos, y también, con un margen de incertidumbre, del resto de sustancias pertenecientes a este grupo. 
Prohibir la totalidad de los mismos, curándose en salud, puede no ser una buena decisión ya que puede suponer abandonar una línea de investigación que se está siguiendo ahora para optar por sustitutos cuyos efectos nocivos desconocemos en mucha mayor medida. 
En este sentido, valga un ejemplo: hace cuatro años, ante la opinión de que los implantes a base de silicona podían ser cancerígenos, varios países adoptaron para su fabricación una sustancia alternativa a base de aceite de soja. 
Hace unos días el Reino Unido ha prohibido estos implantes y retira gratuitamente los existentes al haberse descubierto que éstos sí son cancerígenos. 
La prohibición de una serie de ftalatos identificados ha sido cautelar. 
¿Tenemos la confianza de que este arma poderosa y, a veces, necesaria, como es la prohibición de un producto, ha sido utilizada correctamente? 
También necesitamos información sobre cuándo estarán abiertos a ensayos equivalentes los productos de sustitución que pueda introducir el sector. 
No es bueno prohibir algo si existen dudas acerca de los productos de sustitución. 
Sobre el tema del etiquetado, lamento tener que comprobar que hay enmiendas que van en contra del mismo. 
Personalmente, creo que el etiquetado es necesario, en todo caso para los niños de hasta seis años, aunque no faltará quien sostenga que ello conduce a otro tipo de prohibición de facto. 
Básicamente, el número de objetos de plástico que podrían ser llevados a la boca y tragados no deja de crecer. 
Señor Presidente, el planteamiento de la Comisión respecto a todo este asunto es completamente inadecuado. 
Lo cierto es que ha aceptado una prohibición de la sustancia que nos ocupa para objetos determinados, por ejemplo, los chupadores. 
Todos sabemos que los niños menores de tres años se llevan los juguetes a la boca. 
Los niños menores de tres años no saben leer e incluso los niños menores de seis años tampoco saben leer y, si supieran, ¿acaso están capacitados para tomar decisiones al respecto? 
Lo que aquí está ocurriendo es que la Comisión, entre otros, está cediendo a las presiones del sector. 
Cuando hablamos del principio de cautela, el Sr. Blokland se equivoca. 
Deberíamos buscar materiales y sustancias para los juguetes de los niños sobre los que no exista la menor duda respecto a la seguridad. 
Al prohibir algunos de los objetos, la Comisión reconoce que estas sustancias son peligrosas. 
No es aceptable hacer la vista gorda a las otras sustancias debido a las presiones del sector. 
Señor Presidente, ya es hora de que entre en vigor una prohibición total del uso de ftalatos en todos los juguetes destinados a niños menores de tres años, tal como ya sucede en Dinamarca. 
Es absolutamente inaceptable que podamos llegar a la situación de vernos obligados a rebajar el nivel de seguridad para nuestros hijos. 
Sé que la Comisión ha estado muy ocupada, pero ¿es posible que nunca se tenga tiempo para velar por los propios hijos? 
Si uno se tomara la molestia, rápidamente se daría cuenta, como ya se ha dicho varias veces, de que los niños chupan todo lo que llega a sus manos y no sólo lo que se ha contado con que llegue a su boca. 
En Dinamarca se han llevado a cabo estudios que muestran cómo los jóvenes presentan una calidad del esperma que es un 40% más pobre que la de los hombres de cincuenta años. 
Ya no será algo natural que uno pueda tener hijos y las sospechan se acumulan sobre todo en torno a los ftalatos. 
Sólo han pasado cuatro meses desde el envío por parte de la Comisión de una Comunicación de apenas treinta páginas sobre el principio de cautela. 
¿No sería obvio ahora poner en práctica las bellas palabras sobre la protección del medio ambiente y la salud y hacer uso del principio en un ámbito sobre el que aún sabemos muy poco? 
Si no se va a aplicar el principio de cautela ante uno de los grupos de consumidores más vulnerables- nuestros hijos -, resulta muy difícil imaginarse cuándo deberá entonces emplearse. 
Me gustaría saber por qué la Comisión sólo quiere la prohibición de los seis ftalatos examinados en lugar de la de todos. 
Respaldo el informe del Sr. Arvidsson, el cual frente a la criticable propuesta de la Comisión se toma en serio la salud de nuestros hijos. 
Pienso que debería irse aún más lejos con una prohibición sin limitación de edad, no obstante, espero al menos que la enmienda 20 sea aprobada. 
No sé si Jacques Chirac conocía en detalle este informe pero nos ha mandado una clara señal para la votación de mañana. 
En los juguetes de plástico no sólo hay que prohibir seis ftalatos sino todos los ftalatos. 
El comité científico para la toxicidad expresó determinadas objeciones en lo tocante a la mayoría de los ftalatos utilizados y en lo tocante a otro expresó incluso serias objeciones. 
Si nos tomamos nuestro trabajo aunque sea sólo con un poco de seriedad, entonces debemos aplicar el principio de prevención y prohibir todos los ftalatos y productos ablandantes. 
Varios de entre los quince estados miembros- somos quince y no catorce, estimado Sr. Presidente- han aplicado este principio europeo de prevención, entre otros, también mi país Austria. 
Sólo puedo recomendárselo realmente a los demás Estados. 
Permítanme que haga una segunda observación. 
Cuando se trataba de la salud de nuestro niños no hemos exigido pruebas científicas. 
Señor Presidente, algunos oradores han manifestado hoy en esta Asamblea, de manera algo crítica, que esta discusión está dominada por los "sentimientos". 
¡Es preferible que la discusión esté dominada por los sentimientos que por la industria! 
En nuestra vida privada, en nuestros hogares, tomamos medidas de precaución para proteger a nuestros hijos. 
Instalamos cerraduras de seguridad en las puertas, afianzamos las cocinas, etcétera, ya que sabemos que hay peligros para nuestros hijos. 
Creo que en esta Asamblea tenemos que comportarnos de la misma manera. 
No son los niños quienes tienen que demostrar que los juguetes son peligrosos, sino que son los fabricantes quienes deben demostrar lo contrario. 
Éste es un principio que debe estar presente en todas las formas de protección a los consumidores, pero, especialmente, tratándose de la protección a menores. 
Muchos oradores han dicho que saben que esas substancias pueden ser peligrosas para la salud. 
¡Debe aplicarse el principio de la cautela! 
Espero que más naciones y países también se den cuenta de que esto es necesario. 
Me puedo imaginar una situación en una guardería infantil o en el preescolar, en que los profesores traten de tener en cuenta qué niños tienen más o menos de tres años y qué cosas se pueden meter a la boca, en conformidad con todas las pruebas que la Comisión ha realizado. 
Es posible que la Comisión también presente una directiva especial que indique cómo debe proceder el personal de las guarderías y otros adultos cuando tienen más de un niño que atender. 
Lo único razonable es la prohibición respecto a los juguetes para niños de menos de tres años. 
Nuestra meta debe ser reducir en nosotros mismos y en nuestros niños la exposición a la acción de productos químicos tóxicos. 
Por lo tanto, es un riesgo innecesario permitir la presencia de sustancias químicas en los juguetes para los más pequeños y más vulnerables de la sociedad. 
Señor Presidente, felicito a mi amigo y colega Sr. Arvidsson por intentar dar sentido a esta propuesta de directiva. 
Naturalmente que cuando existe algún riesgo para los niños pequeños, es acertado adoptar medidas para eliminar dicho riesgo. 
La respuesta es nadie. 
La respuesta es el Sr. Suresh Rastogi, un investigador danés que utilizó los ftalatos que casualmente tenía en su laboratorio. 
El CCTEMA se reunió y tomó una decisión el 25 de noviembre. 
El 22 de noviembre, tres días antes, la Comisión impuso una prohibición temporal, y debemos preguntar a la Comisión por qué. 
La prohibición sólo está justificada en virtud de la directiva sobre la seguridad de productos en general si existe "riesgo inmediato y grave". 
Lanzar la voz de alarma, como el pastorcito mentiroso, perjudica la credibilidad del principio de cautela. 
Pido a la Comisión que responda a estas preguntas hoy y que mantenga a sus alarmistas internos bajo control. 
A la Comisión por haber presentado a pesar de las críticas un borrador en este ámbito y al Sr. Arvidsson porque pienso que con su informe adquirimos marcos responsables para el empleo de los ftalatos en los juguetes. 
Los ftalatos son un grupo de sustancias químicas sobre las que existen todos los motivos posibles para estar en guardia, no sólo en lo referido a los juguetes, sino también de forma más general. 
Sabemos de la existencia de sospechas sobre su riesgo cancerígeno y conocemos las sospechas sobre el riesgo de desórdenes hormonales. 
De ahí que respalde la prohibición de todos los ftalatos en los juguetes destinados a los niños más pequeños. 
Si no debemos emplear en este caso el principio de cautela, me resulta difícil ver dónde debiera encontrar aplicación este principio. 
Hay algunos que han argumentado que una prohibición del uso de ftalatos en los juguetes afectaría a la industria del plástico y al empleo en el sector negativamente. 
También oímos algo semejante en la Comisión de Medio Ambiente. 
Si se aceptara este argumento, se impediría cualquier intervención encaminada a combatir el empleo de productos químicos peligrosos, no sólo en los juguetes, sino también en los alimentos y en otros productos. 
Preferiría personalmente que la prohibición que ahora elaboramos también fuera a incluir los juguetes destinados a los niños con edades comprendidas entre los tres y los seis años. 
Ésta sería la situación ideal, no obstante estoy dispuesta a votar a favor de la propuesta de compromiso actual, es decir, que aparezca una advertencia en la etiqueta para los juguetes destinados a este grupo como un primer paso. 
Ésta me parece que sería una política sanitaria racional. 
Como han dicho otros colegas, esta propuesta es verdaderamente extraña. 
Es una pésima propuesta y espero que el Sr. Liikanen, cuando intervenga, se muestre dispuesto a suspenderla. 
No creo que deba ser retirada, creo que debe ser suspendida. 
Me preocupa el precedente que puede sentar esta propuesta. 
El principio de cautela está descrito de manera muy coherente en un documento reciente de la Comisión. 
Existe el peligro evidente de que se aplique de un modo demasiado general, porque pone en entredicho el planteamiento de la Unión Europea. 
Por ejemplo, mil personas- entre las que, sin duda, se encuentran niños pequeños- mueren cada año en Inglaterra y Gales a consecuencia de una caída por las escaleras. 
Espero que este dato no lleve a la Unión Europea a introducir legislación que nos obligue a todos a vivir en casas de una sola planta. 
Esta propuesta sugiere que, en cuestiones emotivas, la Comisión está dispuesta a actuar sobre la base de dicha emoción, sin la evaluación coherente del riesgo que se impone en este caso, como hacemos, por ejemplo, con los riesgos en los productos alimenticios. 
Debe existir, incluso en el principio de cautela, una relación sustancial entre la evaluación del riesgo y la acción adoptada por la Unión Europea. 
En este caso no me parece satisfactorio, como ha dicho el Sr. Bowis, que la Comisión haga caso omiso del consejo de sus propios asesores. 
Carecemos asimismo de los límites de las migraciones, y esto ha sido mencionado. 
Este hecho podría haber permitido a la Comisión presentar una propuesta con la que todos pudiéramos estar de acuerdo. 
Por consiguiente, lo que tenemos es una propuesta completamente insatisfactoria. 
Se han identificado seis ftalatos y un sistema de advertencias que no tiene ningún sentido. 
La Comisión de Medio Ambiente ha adoptado la medida lógica que la Comisión ha eludido. 
El único problema de todo esto es que la acción es completamente desproporcionada en relación con el riesgo, y sienta un pésimo precedente para acciones futuras de la Unión Europea en relación con los productos químicos que utilizamos. 
Señor Presidente, el asunto que nos ocupa afecta a los niños y es, por tanto, de carácter muy emocional. 
Además, los datos documentales de que disponemos son tales que, debido a la existencia de razones muy justificadas, se pueden extraer dos conclusiones completamente contradictorias, que son válidas a la vez. 
Desde el punto de vista de la toma de decisiones, la situación presenta tal cariz, que es necesario estudiar con tranquilidad el asunto. 
En el Parlamento ha surgido el deseo de prohibir incluso un total de casi 350 ftalatos, frente a los seis propuestos por la Comisión. 
Es verdad que no disponemos de tests dignos de confianza sobre las migraciones de ftalatos. 
El principio de precaución es un instrumento muy importante de la legislación en materia de medio ambiente. 
Sin embargo, conviene usarlo sólo cuando las estimaciones científicas den pie a suponer que existe una posibilidad real de riesgo. 
Se trata, pues, de que existan pruebas científicas de la existencia del riesgo y de que reaccionemos ante el mismo, y no de la existencia de un miedo nacido en torno al tema en cuestión. 
Si el que esté de centinela pide socorro con demasiada frecuencia, nadie le volverá a creer a la hora de la verdad. 
Para defender la aplicación del principio de precaución tampoco basta con aducir, por ejemplo, que algunos Estados miembros han adoptado medidas legislativas en la materia que nos ocupa. 
La aspiración del Parlamento a garantizar la seguridad de los niños es muy digna de apoyo en una Unión que suele concentrarse en valores insensibles. 
Existe el peligro de que sea esto lo que ocurra en relación con los ftalatos. 
¿Qué tipo de consecuencias indirectas podrá tener esto, por ejemplo, sobre la seguridad alimentaria? 
Tan importante como adoptar la decisión de hoy sobre la prohibición de los ftalatos, será que lo hagamos de tal manera que custodiemos el principio de precaución también de cara a las necesidades futuras. 
Señor Presidente, esta propuesta de la Comisión tiene como objetivo establecer la prohibición a largo plazo del uso de los ftalatos en juguetes como medida de emergencia. 
Sin embargo, esta medida de emergencia ya se aplica en varios países y es renovada cada tres meses. 
Una de las premisas para la aplicación del principio de precaución debe ser la proporcionalidad, que parece que no se da en este caso. 
De hecho, el DEHP, el ftalato considerado hasta ahora el más peligroso para la salud humana, ha sido declarado por la asociación internacional de investigación sobre el cáncer no clasificable como cancerígeno para el hombre. 
Además, hay que tener en cuenta que para establecer la toxicidad de cualquier producto hay que definir las dosis y el tiempo de exposición al mismo. 
No basta con que un producto sea intrínsecamente tóxico, hasta el agua puede ser letal si se ingiere en cantidad tan enorme como para ahogarse. 
Y algo tan tóxico como la eparina, un raticida, resulta ser un efectivo anticoagulante que ha salvado muchas vidas. 
Y virus y bacterias, en dosis mínimas, se convierten en vacunas. 
Señor Presidente, felicito a nuestro colega, al Sr. Arvidsson, por su excelente trabajo. 
El debate sobre los ftalatos dará su fruto sólo si los argumentos se basan en pruebas científicas, y no en actitudes populistas. 
Son necesarios más estudios en orden a aclarar exhaustivamente las consecuencias a largo plazo sobre la salud humana de los diferentes ftalatos. 
Me alegraría mucho de que pudiésemos prohibir el tabaco, considerado peligroso por todos nosotros. 
Cuando se trata de la edad más delicada de todas, de niños menores de 3 años, la precaución es realmente necesaria. 
Las advertencias etiquetadas en los juguetes no son suficientes para garantizar la seguridad. 
Todo el mundo es consciente de que los niños se meten en la boca inmediatamente todo lo que está a su alcance, incluido el sucio barro. 
Yo apoyo, en cambio, la realización de ensayos para determinar los límites de las migraciones y que éstas sean legisladas en su momento, en vez de una prohibición a largo plazo como la que se propone. 
Resulta especialmente descarado que, de los seis ftalatos designados para su prohibición, cinco ni siquiera se utilicen para juguetes de niños y sólo dos despiertan sospechas a raíz de unas pruebas realizadas en ratas que no han sido repetidas. 
A mí también me preocupa el bienestar de los niños pequeños, pero en base a la razón y la ciencia, no a la emoción. 
Todo este asunto contrasta notablemente con mi solicitud de que se impongan restricciones al uso de teléfonos móviles por parte de niños pequeños, que dirigí en una pregunta formal a la Comisión bajo el mismo principio de cautela. 
Mi solicitud, naturalmente, fue rechazada aunque la Comisión admitió que no existe evidencia fundada de que el uso de teléfonos móviles por los niños sea seguro, y existen datos que apuntan a daños cerebrales en adultos en casos de utilización prolongada de teléfonos móviles. 
Un reciente informe del Gobierno británico ha recomendado restricciones en la utilización de teléfonos móviles por parte de los niños, debido a que un cerebro que se está desarrollando es más sensible a la radiación electromagnética. 
Debemos aceptar el hecho de que aquí en Occidente, los tumores cerebrales han aumentado de manera espectacular en un 100% durante los últimos diez años por motivos que se desconocen por completo. 
La Comisión puede introducir una prohibición con carácter de urgencia cuando existe un peligro claro e inmediato, pero en el caso de los ftalatos, dicho peligro no existe. 
Estos materiales se han utilizado ampliamente en todo el mundo durante cuarenta años y, sin embargo, no existen pruebas de ningún tipo de que jamás hayan causado ningún daño a nadie. 
Se ha realizado una prueba en ratas en la que grandes cantidades de ftalatos parecen haber ocasionado problemas, pero los investigadores no han sido capaces de repetir la prueba. 
Estamos tratando aquí de poco más que histeria de los medios de comunicación e ignorancia. 
Han muerto más personas en el coche de Teddy Kennedy que a consecuencia de los ftalatos. 
Comparemos y contratemos nuestra posición respecto a los ftalatos con nuestra posición respecto al tabaco. 
Los ftalatos no han causado nunca ningún daño a nadie, y sin embargo los estamos prohibiendo. 
No, no lo prohibimos. 
Lo subvencionamos con millones de euros. 
Al intentar defender una posición insostenible, la Comisión ha querido descaradamente acallar a sus propios asesores científicos. 
Ha expurgado sus informes, les ha presionado para que cambien sus posiciones. 
Las sinceridad y la transparencia han sido sacrificadas a aras de la conveniencia. 
Otros colegas y yo enviamos hace dos meses un escrito al Presidente Prodi sobre esta cuestión. 
Ni las prohibiciones temporales ni la prohibición permanente están justificadas por la evidencia. 
Los ensayos sobre las migraciones de ftalatos están actualmente en fase de desarrollo y, probablemente, los resultados estarán disponibles dentro de algunos meses. 
Para que el principio de cautela tenga sentido, sólo debería invocarse cuando exista un riesgo claro y demostrable. 
Si seguimos invocándolo cuando no existe en absoluto ni el menor riesgo real, conseguiremos que tanto el principio de cautela como nosotros resultemos ridículos. 
Una fue la decisión de establecer su prohibición temporal y con carácter de urgencia, renovable cada tres meses. 
Y la segunda, la decisión de la Comisión de presentar una directiva para limitar la comercialización y el uso de los ftalatos en la fabricación de juguetes de PVC blando. 
El primero es la prohibición del uso de seis ftalatos en juguetes destinados a niños pequeños para ser llevados a la boca. 
La prohibición está basada en la opinión del Comité Científico de que los juguetes que contienen determinados ftalatos representan un riesgo para la salud de los niños cuando permanecen en la boca durante mucho tiempo. 
La propuesta prevé no sólo la protección de la salud de los niños, sino que además contempla el tema de mercado único. 
En estos momentos, el mercado único está fragmentado porque más de la mitad de los Estados miembros aplican prohibiciones a nivel nacional que van más allá que la prohibición con carácter de urgencia de la Comisión según la Directiva relativa a la seguridad general de los productos. 
La directiva propuesta unificaría las normas de los Estados miembros. 
He observado en el debate de hoy que los diputados al Parlamento están divididos respecto a la propuesta de la Comisión. 
Algunos la consideran demasiado estricta, mientras que otros consideran que no es en absoluto lo suficientemente protectora. 
Introduce una prohibición de los productos que podrían representar los mayores riesgos, es decir, para los juguetes destinados a ser llevados a la boca, y una medida menos estricta- el etiquetado- para los productos que no están destinados a ser llevados a la boca, pero en los que no puede excluirse esa posibilidad. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas del Parlamento que ampliarían el alcance de la prohibición propuesta para incluir a plastificantes distintos de los seis ftalatos mencionados o abarcar otros juguetes aparte de aquellos destinados a ser llevados a la boca. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas que ampliarían el alcance de la directiva, de manera que ésta incluya los juguetes destinados a niños mayores. 
Pensamos que las diferentes propuestas no pueden justificarse sobre la base de los riesgos definidos en las opiniones del Comité Científico ni mediante la aplicación del principio cautelar. 
Asimismo, la Comisión no puede aceptar en estos momentos las enmiendas que introducirían límites sobre las migraciones, aunque la Comisión sí acepta las enmiendas que prevén una revisión de los mismos una vez que se hayan aprobado los métodos de ensayo. 
La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas que prohibirían el uso de aromatizantes en juguetes para niños menores de tres años que contengan alguno de los seis ftalatos. También puede aceptar las enmiendas que impulsarían la revisión de la directiva y ampliaría el alcance de dicha revisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Si el Sr. Papayannakis quiere expresar una opinión personal, debería tener la libertad de hacerlo. 
Lo que no puede hacer es confundir ambas cosas. 
. (EL) Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el presidente de nuestra comisión. 
En las dos últimas líneas he expresado mi punto de vista personal, con todo mi pesar, para no volver a tomar la palabra como orador. 
Por lo demás, quiero asegurar a nuestro presidente que respeto escrupulosamente los procedimientos, tal vez más que muchos otros colegas, tanto en éste como en otros asuntos. 
Señor Presidente, esta legislación sobre el etiquetado de la carne de vacuno tiene dos aspectos bien diferenciados. 
Lo que se pretende no es contribuir con los consumidores xenófobos que desean rechazar todo lo que es extranjero; aunque no hay nada de malo con el deseo de apoyar a los ganaderos del propio país que se enfrentan a presiones económicas sin precedentes. 
Algunos países, como Francia, siguen la política de sacrificar cabañas enteras, la cual puede que tranquilice a los consumidores, a pesar de su falta de fundamento científico y el riesgo de que no se denuncien todos los casos que existen. 
El Reino Unido, por otro lado, que tiene un nivel más alto de incidencia de EEB en estos momentos, elimina todos los animales mayores de 30 meses de la cadena alimenticia, y adopta además muchas otras medidas. 
Podríamos discutir durante todo el día sobre qué carne de vacuno es la más segura, pero lo cierto es que una vez que se ha implantado el etiquetado, el consumidor podrá decidir por sí mismo. 
No existe ninguna justificación para el mantenimiento de la prohibición ilegal francesa de carne de vacuno británica si ésta está etiquetada claramente. 
A continuación comentaré sobre las enmiendas. 
La inclusión de categorías es innecesaria, costosa y podría confundir a los consumidores. 
La lista de categorías supone costes para los agricultores y los carniceros y, al mismo tiempo, proporcionaría a los consumidores información irrelevante y engañosa. 
También podría devaluar algunas categorías como los toros jóvenes, ya que los supermercados racionalizan las categorías que almacenan. 
No estoy seguro de que a los agricultores austríacos les gustaría que eso sucediera. 
Sin esta enmienda, esta sugerencia, que podría ser engañosa, fomentaría la importación de animales vivos, con las evidentes consecuencias sobre la protección de los animales. 
Estamos trabajando en esta legislación con un calendario muy ajustado; su entrada en vigor está prevista para el 1 de septiembre. 
Por consiguiente, sería irresponsable por parte del Parlamento adoptar enmiendas que podrían no ser aceptadas por el Consejo. No hay tiempo para la conciliación. 
No suscribo el argumento de que el Parlamento deba renunciar a su derecho constitucional de mejorar esta propuesta, porque otros no hayan iniciado el procedimiento legislativo a tiempo. 
Tenemos ahora una nueva Presidencia francesa- no sé si hay alguien aquí que la represente -, pero recomiendo al Consejo las enmiendas que han sido aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente por una amplia mayoría. 
Permítame solicita a través de usted, señor Presidente, que el Consejo o, en su defecto, el Comisario haga una declaración al Parlamento. 
Señor Presidente, la presente propuesta tiene una larga historia. 
Puedo comprender por qué el ponente y el Sr. Papayannakis están cansados de que siga la controversia. 
La comisión siempre ha mantenido una prioridad clara y ha insistido en ella ante el Consejo y ante la Comisión: a saber, disponer de la ruta de rastreabilidad más clara y mejor definida posible para la carne picada, así como para otras formas de carne de vacuno, en aras de la seguridad. 
Por todo esto, creímos que el asunto había quedado zanjado. 
De hecho, como ha dicho el Sr. Papayannakis, la Comisión ha hecho contraconcesiones. 
Ya hemos hecho concesiones, incluido el aplazamiento durante un mes entero de la aplicación de la segunda fase de esta propuesta. Y lo hemos hecho con buena voluntad. 
No estamos dispuestos a hacer eso. 
Queremos rastreabilidad, queremos seguimiento, queremos esta propuesta y la queremos ya. 
Queremos que dicha rastreabilidad se alcance por la ruta mejor y más económica, y las enmiendas 3 y 5 apuntan precisamente a eso. 
Las distintas enmiendas sobre la carne picada añaden seguimiento y rastreabilidad tal y como proponemos nosotros. 
La conciliación, señor Papayannakis, no requiere mucho tiempo. 
Señor Presidente, no es necesario que repita lo que han dicho los colegas Goodwill y Whitehead sobre la considerable coincidencia alcanzada en la Comisión de Medio Ambiente. 
Hay sólo una posibilidad de recuperar la confianza de los consumidores: garantizar la calidad de los productos. 
Si la UE fuese un mundo ideal, tendríamos una autoridad con competencia en materia de alimentos que hubiera ejercido control y se hubiera encargado de que todos cumplieran las reglas. 
En ese caso, la calidad de la carne, en mayor grado que hoy, hubiese sido la misma en toda la Unión y hubiese tenido, por lo menos, una calidad acorde con el estándar comunitario en todos los sitios. 
Si además hubiésemos podido controlar que todos cumplen las normas relativas al transporte de animales, se hubiesen evitado los riesgos de maltrato. 
Además, hay que tener un sistema que indique el lugar de procedencia del animal, el lugar de nacimiento, dónde ha sido criado y dónde se le ha sacrificado. 
De ese modo se da al consumidor información sobre las condiciones de vida del animal y si ha sido expuesto a largos transportes. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo parlamentario de los verdes y regionalistas estamos sumamente contentos con la posición común del Consejo. 
En nuestra opinión es un gran paso adelante. Es una victoria de hecho de este Parlamento. 
Sin embargo, Señorías, debo apuntar a la diferencia entre la rastreabilidad, por un lado, y la confianza del consumidor, por otro. 
La rastreabilidad, a mi entender, es un dato técnico que puede introducirse y realizarse incluso mediante unos números ilegibles o imposibles de interpretar por parte del consumidor o mediante códigos de barras. 
El punto clave es que la rastreabilidad ha de ser eficaz y eficiente, no sólo para proteger al consumidor, sino también para proteger toda la cadena de la industria de la carne. 
Porque la rastreabilidad nos permite delimitar inmediatamente el problema tan pronto se produzca una crisis o un escándalo en cualquier lugar. 
Así evitaremos llevar a la ruina toda la industria cárnica únicamente por un solo acto criminal o por un solo descuido. 
En mi opinión, podemos potenciar la confianza en un producto, proporcionando al consumidor información fiable, y sobre todo comprensible, sobre la calidad del producto que desea comprar. 
A mi me parece que la indicación de la categoría de un animal, siempre que se haga de una forma comprensible, puede efectivamente aumentar la confianza del consumidor. 
Por lo tanto, lamento que una amplia mayoría de la Comisión de Medio Ambiente haya rechazado este elemento y que finalmente hayan anulado la categoría. 
En la primera lectura, mi Grupo se esforzó para que también se indicara la raza y la región de origen del animal. 
El que en la primera lectura no consiguiéramos nuestras pretensiones sobre la raza y la región, opino que es lamentable. 
Sin embargo, quisiera hacer un llamamiento a la industria cárnica para que en este expediente no adopte una postura a la defensiva, sino una postura proactiva. 
Creo que podría aportarles mucho y que contribuiría al incremento de sus cifras de ventas. 
Señor Presidente, las normas sobre el sistema de etiquetado libre contempladas en el reglamento CE del año 1999 expiran el 31 de agosto. 
Para no dejar un vacío jurídico se debería aceptar el presente reglamento del Consejo. 
El acuerdo de los Ministros de Agricultura de la UE sobre un sistema de etiquetado europeo para la carne de vacuno no es nada grandioso. 
El contenido de todas las medidas autorizadas se adapta de tal modo que la prueba del origen de la carne se considera como garantía para aplicar el procedimiento de control medio ambiental e imponer sanciones en caso necesario. 
La regulación comunitaria para el etiquetado apunta correctamente en el sentido de mejorar la transparencia de las condiciones de producción y comercialización de la carne de vacuno y, en especial, de la seguridad del origen. 
No se puede excluir que los costes de los productos sean superiores ya que se van a traspasar al consumidor los costes derivados de la aplicación de las normas. 
De este modo no se mejora de modo definitivo el riesgo imprevisible derivado de la calidad de los alimentos ya que las informaciones proporcionadas no están destinadas fundamentalmente a los consumidores. 
Los 16 años transcurridos desde que apareció por primera vez la enfermedad de las vacas locas han mostrado el gran valor que conceden los consumidores a la confianza en la producción. 
La medida más eficaz consiste en fortalecer la producción en la región de origen. Esto es más defendible desde un punto de vista ecológico y económico. 
Señor Presidente, ayer oímos al Sr. Chirac presentar los objetivos de la Presidencia francesa. 
En su conclusión dijo "Europa será dinámica si conseguimos que la amen aquellos a los que sirve". 
Ésa es la retórica generalizada que ocupa las altas esferas, pero los pormenores del debate de hoy ocupan las bajas esferas. 
Es precisamente este tipo de interferencia minuciosa y molesta la que distrae a aquellos a los sirve Europa. 
Si existe algo ideado expresamente para restar popularidad a Europa, eso es su determinación de controlar hasta el último rincón de nuestras vidas. 
Estoy seguro de que todos hemos recibido cartas diciendo que estas normativas son impracticables, engorrosas, costosas y demasiado complejas. 
Haré una predicción. 
Cuando por fin se adopte esta legislación, oiremos palabras de encomio de autobombo. 
Todos los que han participado se dirán a sí mismos que han realizado grandes esfuerzos. 
El Sr. Chirac se sentirá defraudado. 
Se ha alegado como argumento- lo hemos escuchado- que no se puede exigir demasiado de los consumidores. 
Así pues, se intenta justificar la negación de información por la supuesta estupidez de los consumidores. 
Creo que este enfoque es erróneo y que debemos partir del concepto del consumidor interesado. 
Tenemos que proporcionar al consumidor la información de dónde proviene la carne, darle seguridad y tomarnos en serio la protección de los consumidores. 
Tampoco la Comisión nos puede decir exactamente cómo van a ser estas disposiciones ejecutivas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, me permito recordarles que desde 1997 estamos hablando sobre el etiquetado de la carne de vacuno. 
Hemos luchado juntos hombro con hombro con la Comisión contra el Consejo. 
Puede ser que hoy ocurra exactamente igual. 
El otro es la información a los consumidores y el derecho de las consumidoras y consumidores a elegir. 
Deseo el etiquetado de los productos cárnicos en general y no solamente de los productos de la carne de vacuno. 
Puedo comprender al Sr. Papayannakis, nuestro oponente, cuando dice: nosotros, este Parlamento, hemos insistido para que esta ley entre en vigor. 
Nosotros, este Parlamento hemos adelantado la fecha en la que debe entrar en vigor. 
También es algo nuevo para nosotros la categoría de los animales que se han introducido. 
Yo incluso habría estado dispuesto a decir que bueno, que de acuerdo. 
Dirijo mi mirada algo más críticamente al banco de la Comisión- por lo demás mi mirada durante los últimos años ha sido mucho más amable -, pero ahora en este contexto se ha convertido en algo más crítica. 
Me habría gustado saber que categorías pretenden introducir, entonces quizás habría estado dispuesto a decir que estoy de acuerdo. 
Pero no voy a entrar en un juego del todo por el todo diciendo que apoyo las categorías para que luego, en alguna ocasión dentro de medio año a través de la comitología, me entere de la existencia de unas categorías sobre las que solamente puedo sacudir la cabeza. 
El Sr. Whitehead ha dicho que esto se hace muy rápidamente. 
No es necesario ningún comité de conciliación; el Consejo y la Comisión aprueban las enmiendas del Parlamento y ya está. 
Señor Presidente, señor Comisario, en una intervención anterior ante esta Asamblea señalé que en la regulación propuesta existe un conflicto entre el deseo de garantizar la rastreabilidad por motivos de salud pública y el de proporcionar información de utilidad al consumidor. 
Agradezco las recientes garantías del Comisario Byrne de que la nueva Agencia alimentaria europea estudiará la mejor forma de proporcionar dicha información. 
Imponer la inclusión obligatoria de la categoría de animal en la etiqueta no se justifica por motivos de salud pública, ni tampoco es evidente por qué el consumidor debería disponer necesariamente de dicha información. 
La enmienda de la Comisión de Medio Ambiente deja claro que la información podría proporcionarse con arreglo a un sistema voluntario, si existe la demanda. 
Asimismo, si fuera necesario aplicar el sistema de etiquetado con respecto a la categoría, como ha sugerido la Comisión con anterioridad, la medida podría encarecer entre un 8 y un 10% los costes de producción. 
En mi país, esto supondría entre 45 y 55 libras, o lo que es lo mismo, entre 70 y 90 euros, por animal sin obtener ningún beneficio a cambio y, como ya ha dicho el Sr. Goodwill, el sistema podría ocasionar una reducción del precio de mercado de algunas categorías de ganado, en particular, de los toros jóvenes. 
Espero realmente que el Parlamento siga el ejemplo de la Comisión de Medio Ambiente y elimine la categoría del plan obligatorio, y espero también que la Comisión y el Consejo accedan a no imponer esta carga adicional innecesaria sobre los productores y consumidores por igual. 
En anteriores debates en esta Asamblea, he apoyado el principio de que se establezca una serie de normas claras para proporcionar en el etiquetado información adecuada sobre la carne de vacuno y los productos a base de carne de vacuno. 
Sigo creyendo que nuestro sector de producción de carne de vacuno, al igual que el consumidor, no podrán por menos que beneficiarse de la confianza del cliente que puede proporcionar un sistema coherente de etiquetado obligatorio. 
Naturalmente, debemos disponer de información clara que nos permita la plena rastreabilidad desde la granja hasta nuestro plato. 
No existe ninguna duda ni controversia al respecto, pero la controversia ha surgido con la propuesta de que debe incluirse la categoría del animal. 
A la hora de determinar el valor de la información de la etiqueta, creo que su relevancia respecto a la seguridad alimentaria debe ser nuestra mayor prioridad. 
En lo que respecta al país o al Estado miembro de origen, quisiera pedir al Comisario Fischler que explique si, además de la información obligatoria de la que aquí estamos hablando, ¿podría facilitarse información llamativa sobre la zona de origen, como Escocia o las islas Orkney, por ejemplo, de manera voluntaria? 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, probablemente, entre los muchos efectos negativos, la enfermedad de las vacas locas ha provocado un efecto positivo: haber obligado a la Unión Europea y a los Estados miembros a dotarse de normas más atentas y puntuales aptas para garantizar la seguridad alimentaria y a proteger a los productores honestos en un sector tan estratégicamente importante como el bovino. 
La experiencia nos ha enseñado que es indispensable promover todas las iniciativas aptas para consolidar una relación de confianza estable entre los consumidores y los productores y los que comercializan productos alimenticios en general. 
O sea, debemos impedir que la parte sana de nuestra agricultura sea estrangulada por la burocracia que con frecuencia provoca daños más graves que cualquier enfermedad. 
Y termino recordando que de nada sirve dotarse de normas severas si no se garantiza un sistema eficaz de controles que premie a los productores honestos y castigue a los que con su comportamiento incorrecto ponen en peligro el destino de un sector tan sumamente importante para la economía europea. 
Cada vez que el reglamento puede perder su validez se requiere al Parlamento para que actúe con rapidez, pues de lo contrario, podría surgir un vacío jurídico. 
Ha habido dos fechas, diciembre de 1999 y la fecha actual con remisión al 31 de agosto del 2000. 
Y como la recomendación presente no garantiza esto, no solamente es nuestro derecho sino también nuestra obligación como diputados al Parlamento Europeo acordar enmiendas. 
Me alegraría si el Comisario hiciese algunas observaciones al respecto. 
Lo que propone la Comisión acarreará que en un breve plazo nos tengamos que ocupar de nuevo de esta regulación. 
En 1998, poco después de la crisis de la EEB, el Consejo reaccionó quizás algo precipitadamente pero ahora comienza de nuevo la fase dilatoria. 
No puedo quitarme de encima la impresión de que la fecha del 2003- que se pensó en diciembre de 1.998- está revoloteando de nuevo en las cabezas de la Comisión. 
Creo que si acepta nuestras enmiendas logrará que esta directiva entre en vigor a partir del 1 de septiembre. Pero no lo logrará si incluye en esta directiva la categoría de los animales, sobre lo que hemos hablado hoy ya en varias ocasiones. 
Esto no tiene nada que ver con información del ciudadano sino solamente con la calidad. Esto no pertenece a esta directiva. 
Me habría gustado apoyar sin más comentarios la posición común. 
Sin embargo, un asunto sobre el que ya se ha hablado en repetidas ocasiones me crea grandes dificultades. 
Pertenece al marco del etiquetado obligatorio y no tiene allí nada que buscar. Me refiero a la categoría de los animales. 
La categoría de los animales no contribuye realmente en nada al objetivo del reglamento de poder seguir el origen de la carne. 
En su reunión de mediados de julio, el Consejo tiene la tarea de extraer la categoría de los animales para no poner en peligro la entrada en vigor del Reglamento el 1 de septiembre de este año. 
Lamentablemente no puedo apoyarla. 
En mi opinión, esta enmienda es demasiado poco precisa. 
Esto no es en el sentido del consumidor y estoy a favor de rechazar las enmiendas número 4 y 6. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Consejo ha aprobado la mayoría de las enmiendas hechas por el Parlamento Europeo sobre las indicaciones del etiquetado de la carne de vacuno. 
A través de este Reglamento se hace posible la identificación del origen de la carne, que, además, ocurre en un plazo razonable. 
Tras la ampliación de la UE, este sistema es imprescindible desde el punto de vista de los consumidores y de los productores. 
En honor a la verdad, hay que decir que no podíamos permitirnos el lujo de esperar más la adopción de este sistema. 
Depende ahora de los Estados miembros poner en práctica el etiquetado de la forma deseada. 
También espero que las asociaciones de consumidores ejerzan una presión efectiva para que se lleve a cabo la ejecución práctica de las regulaciones. 
Señor Presidente, la introducción del etiquetado de la carne de vacuno comunitaria es un paso adelante por la vía de la rastreabilidad y, en el actual clima, un requisito imprescindible para la protección de los consumidores y de la salud pública. 
Como he dicho anteriormente en numerosas ocasiones ante esta Asamblea, lamentablemente, los agricultores son víctimas inocentes de unas circunstancias que escapan a su control. 
Provengo de un país que exporta más del 90% de toda su producción de carne de vacuno, y la calidad y la satisfacción de los consumidores han sido siempre prioritarias. 
Por otra parte, el etiquetado debe ser coherente. 
El consumidor debe poder ver de un vistazo el certificado de origen, que es la garantía de la seguridad del producto. 
Señor Presidente, esto ha ido más rápido de lo que se pensaba. 
La EEB y, posteriormente, la crisis de las dioxinas, han llamado la atención sobre la seguridad de nuestra alimentación. 
Porque los intereses implicados en la seguridad y garantía y, con ello, en la confianza en nuestros productos primarios son grandes. 
La propuesta de la Comisión en el marco del etiquetado de la carne bovina sigue la línea de la reglamentación provisional de 1997. 
El objetivo es establecer unas reglamentaciones fiables y transparentes de identificación y registro para bovinos y de etiquetación de la carne bovina. 
Con ello debe potenciarse la confianza del consumidor en la calidad de la carne bovina, así como la estabilidad del mercado. 
La carne debe permanecer rastreable tanto en la fase de la producción como en la de venta. 
Un punto importante del PE, adoptado por el Consejo en su posición común, afecta al adelanto de la fecha de entrada en vigor de la reglamentación del etiquetado. 
La etiqueta ha de contener información sobre el lugar de origen del animal, donde nació, se crió y fue matado. 
Otra cosa nueva es que ahora también el Consejo opina que debe indicarse la categoría del animal, o de los animales, de donde proceda la carne. 
Hacer obligatorio esto, visto desde el punto del consumidor en algunos países puede ser muy normal, lo reconozco. 
No defiendo una mención obligatoria, sino una voluntaria, y estoy convencida de que el carnicero puede cumplir de una manera muy sencilla con todas las disposiciones de la propuesta poniendo, por ejemplo, un tablón a la entrada de su tienda. 
Entretanto, con esta directiva se garantizará no solo la rastreabilidad de la carne destinada a nuestro consumo, sino también la disponibilidad de una información esencial y comprensible para el consumidor final. 
El etiquetado obligatorio que deberá figurar en los envases proporcionará a los consumidores los elementos necesarios para una elección informada. Por lo tanto, pocos datos pero claros y eficaces si se quiere servir al consumidor y no complicarle la vida. 
Por este motivo, amén de por la gran dificultad que parece encontrar la determinación de categorías homogéneas, he de apoyar las enmiendas que ha vuelto a presentar la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario, la protección de la salud pública es el objetivo de uno de los ámbitos legislativos más importantes de la actualidad. 
A ello debe contribuir este Reglamento y por ello el seguimiento de la vaca hasta ser convertida en carne de vaca debe hacerse lo más eficaz posible y también ser obligatorio. 
Al mismo tiempo, los consumidores europeos tienen derecho a ser informados claramente y de manera fácilmente comprensible de tal forma que conozcan de dónde procede la carne que comen. 
Estoy seguro de que el Consejo y el Parlamento podrán llegar a un buen compromiso sobre la carne picada, puesto que el Parlamento aprueba las enmiendas 4 y 6 que garantizan a los consumidores saber de dónde procede la carne picada y cuándo ha sido elaborada. 
Me gustaría pedir a todos mis compañeros que voten a favor de la enmienda 6 que hemos presentado el Sr. Olsson y yo mismo con la vista puesta en hacer obligatorio el etiquetado relativo a la fecha de fabricación de la carne picada. 
Señor Presidente, señor Comisario, lo importante no son las formas. 
Todos conocemos esta expresión, pero aquí lo que cuentan son las formas, la etiqueta. 
El etiquetado de la carne de vacuno representa una importante etapa para recuperar la confianza de los consumidores. 
Constato que tras unos largos debates previos, no se han registrado aún todos los animales en los bancos de datos de los países miembros de la UE. 
De este modo, se sustituye por fin el sistema voluntario. 
Además, en este debate se trata de las categorías siguientes: ¿compro hoy una vaca lechera, compro una vaca normal, compro una novilla?. 
Para todos nosotros se trata de la salud del pueblo y de la protección de los consumidores. 
A partir del 1-9-2000 el etiquetado y a partir del 1-1-2002 el etiquetado muy amplio. 
Las cadenas de suministros en los Estados miembros son muy diferentes. 
Sin embargo, no creo que el ganado destinado al matadero realice unas grandes excursiones turísticas. 
Sin embargo, estas estrictas normas deben ser aplicables también a las exportaciones procedentes de terceros Estados. 
Para finalizar, permítame que diga lo siguiente: en una ocasión aprendí que en los planes de alimentación de los deportistas de alta competición debe contenerse carne. 
La salud y el rendimiento se ven influenciados considerablemente por lo que nuestros deportistas comen. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Papayannakis que ahora nos ocupa representa un instrumento importante para mejorar la protección del consumidor y para aumentar la confianza en los alimentos europeos. 
El conocimiento de las categorías de los animales- novilla, vaca, buey, toro, becerro y ternera- no le aporta al consumidor ningún dato esencial, ya que las diferencias internas de una categoría pueden ser mayores que las diferencias entre categorías distintas. 
En todo caso, la obligación de indicar las categorías incrementaría los costes de elaboración de la carne fresca incluso en varios tantos por ciento, incremento que naturalmente recaería sobre el consumidor. 
En este asunto coinciden las posturas de los productores de carne de vacuno, de la industria transformadora de la carne, de los comerciantes al pormenor y de las asociaciones de consumidores. 
Así que ahora la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor también ha acabado adoptando esa misma posición. 
La indicación de las categorías no debe ser obligatoria, pero a nivel nacional es posible adoptar la indicación de las mismas facultativamente, tal y como se ha deseado, por ejemplo, en Francia. 
Las indicaciones de identificación del origen de la carne representan otra cuestión problemática relacionada con este informe. 
Se propone que el sistema de identificación sea adoptado en dos fases, y en la primera de ellas se indicarían únicamente los datos de registro del matadero. 
Por ejemplo, en el sistema nacional de etiquetado de Finlandia ya se incluye también el lugar de nacimiento y de crianza. 
Así pues, sería deseable que, en virtud de la aplicación del Reglamento en vigor sobre la materia, el sector bovino pueda adoptar de forma flexible los contenidos del etiquetado establecido en la segunda fase. 
El asunto que estamos tratando parte de la protección del consumidor y, especialmente, de la crisis de la enfermedad EEB sufrida por Europa. 
En lo tocante al aseguramiento del origen se han logrado hasta ahora grandes progresos gracias a la transparencia, lo que ha tenido otros efectos positivos. 
Hay muchos programas regionales, por ejemplo, en mi región de origen, Renania Palatinado, que muestran que esto es factible desempeñando al respecto una especie de papel de pionero. 
No podemos debilitar este éxito dando pasos hacia atrás al atrasar el plazo del etiquetado. 
Para los consumidores son especialmente importantes las denominaciones de origen. 
Nuestros agricultores han realizado unas aportaciones muy claras y positivas para el etiquetado. 
En Alemania hemos avanzado bastante con el etiquetado de la carne de vacuno. 
En este contexto, pregunto al Sr. Comisario: ¿hasta dónde han llegado en este contexto los demás países miembros?. 
¿Quién de los consumidores sabe, por ejemplo, qué es una novilla? Y a quien le interese, ¿para qué es esto importante?. 
Las propuestas relativas a la categoría no han sido expuestas aún con claridad por la Comisión, pero creo que la Comisión debe andar por un camino sencillo y comprensible. 
Señor Presidente, suscribo plenamente y doy por sentado lo que se ha dicho hasta ahora en relación con la identificación y la rastreabilidad de la carne de vacuno y de todos los productos elaborados a base de carne de vacuno. 
Ayer, la Comisión de Medio Ambiente aprobó, por 37 votos a favor y 13 en contra, las cinco enmiendas que hoy tenemos ante nosotros- una votación clara y decisiva de colegas pertenecientes a todos los diferentes grupos representados en esta Asamblea. 
Me gustaría referirme, en particular, al tema de la categoría, que supongo que realmente significa volver a la posición de la primera lectura sobre este tema. 
Estaba tan indignada porque hasta ayer, la Comisión no nos informó sobre qué se incluiría exactamente en 'categoría'. 
Nos están pidiendo convincentemente que aceptemos el equivalente bovino del gato por liebre. 
¿Qué nos dice eso acerca de la injerencia política desde el más alto nivel de Francia? 
¿Qué dice eso acerca de la producción de carne de vacuno francesa y el proteccionismo? 
¿Qué nos está diciendo sobre el problema de la carne de vacuno anglo-francés? 
Si los franceses quieren etiquetar la carne de vacuno, pueden hacerlo de forma facultativa. 
En estos momentos, sólo etiquetan el 50% de su carne de vacuno, y sin embargo quieren insistir en el etiquetado obligatorio por categoría para todos nosotros. 
A no ser que se llegue a un acuerdo, a un consenso, en el comité de gestión del próximo día 14. 
Desde luego, el número de registro del matadero poco o nada aporta a la información que demandan. 
Además, este es un Reglamento de mínimos obligatorios y siempre cabe la posibilidad de un etiquetado facultativo voluntario. 
Señor Presidente, quisiera centrarme también en este asunto del etiquetado por categoría de animal. 
La propuesta original pedía un etiquetado como novillo, vaquilla o toro joven, lo que supondría una discriminación por razón de sexo. 
Pero, recientemente, me sorprendió que la Comisión- como acaba de decir la Sra. Doyle- informara de que no había decidido por fin cuál sería la terminología exacta. 
Es un modo muy chapucero, poco profesional e inaceptable de tratar a esta Asamblea. 
Es más burocracia y más trámites- que es probablemente el motivo por el que el Gobierno de mi país, el Reino Unido, lo ha apoyado. 
Pero no beneficia a los consumidores ni al sector y, sobre todo, no beneficia en nada a los pequeños mataderos, que se llevarían la parte más difícil a la hora de llevarlo a la práctica. 
Si hay países que quieren incluirlo de manera voluntaria, es asunto de suyo. 
Por último, pido a la Comisión y al Consejo que tomen nota de que acogemos con satisfacción el principio del etiquetado de la carne de vacuno por país de origen, y hacemos un llamamiento a la Presidencia francesa para que dé ejemplo prometiendo de inmediato que acepta que se etiquete toda la carne de vacuno de todos los países de la UE, y dejemos que sea el consumidor quien decida. 
Si logramos eso, habremos dado un paso de gigante en la tarea de disipar los temores de los consumidores. 
Se pueden introducir controles que serán tan burocráticos que, sencillamente, no funcionarán, por tanto, debemos centrarnos en lo que es viable. 
Establecer categorías de carne de vacuno como novillo, buey o vaquilla no contribuirá en nada a disipar los temores del consumidor. 
Esto es llevar la estupidez al extremo, y le pido que reflexione y que tenga en cuenta las opiniones de la comisión y la opinión de este Parlamento sobre este punto en particular. 
Entre otras cosas, se ha trabajado mucho para construir una precisa sensibilidad del consumidor. 
Por ello, estamos elaborando una legislación en la que el consumidor tiene derecho a saber qué compra, a qué precio, con principios de transparencia, claridad e información. 
Por lo tanto, ha sido excelente el trabajo realizado en cuanto a la rastreabilidad de todos los datos de los países de origen, el país de nacimiento del animal y, sobre todo, donde se alimenta. 
Antes bien quisiéramos que este criterio de rastreabilidad abarcara también la carne picada que se está convirtiendo en un producto de amplio consumo. 
Señor Comisario, este debate continuará hasta que hayamos terminado el procedimiento de conciliación. 
Colegas, reconozco que existen dificultades. 
Deberían abordar al Sr. Fischler individualmente, si desean hablar con él. 
¿Señora Jackson, desea intervenir por una cuestión de orden? 
Sencillamente quiero señalar que el Comisario no debería dar la impresión de que no hay lugar para la conciliación sobre este tema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la propuesta de reglamento relativa a la patente comunitaria. 
. (EN) Señor Presidente, estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me brinda de informar al Parlamento sobre la decisión que la Comisión ha tomado esta mañana relativa a la propuesta de reglamento para la creación de una patente comunitaria. 
Esto se ajusta a la petición del Consejo Europeo de Lisboa, que solicitó la creación de dicha patente comunitaria a más tardar en 2001. 
El Parlamento ha apoyado de manera explícita esta iniciativa en sus aportaciones al amplio procedimiento de consulta que lanzó la Comisión a través de su Libro Verde sobre la innovación en Europa en 1997. 
Necesitamos una patente comunitaria que estimule la innovación; un factor decisivo para el crecimiento, la competitividad y la creación de puestos de trabajo en Europa. 
Nuestra propuesta cumple este objetivo ambicioso porque va encaminada a la creación de dicha patente precisamente. 
La patente comunitaria coexistirá con los sistemas actuales y los completará y ofrecerá una alternativa más atractiva para las empresas, ya sean grandes o pequeñas, que operan en el mercado interior. 
Nuestra propuesta mejora ampliamente el actual sistema de patentes europeas por el que se rigen los procedimientos normativos que dan lugar a la concesión de patentes europeas, y este enfoque exige que la Comunidad suscriba el Convenio sobre la patente europea. 
En virtud del reglamento comunitario sobre patentes, las patentes que conceda la Oficina Europea de Patentes de Munich se convertirán en patentes comunitarias. 
Tal y como propone la Comisión, la patente comunitaria tendrá las siguientes características: un carácter unitario, validez en todo el territorio comunitario y estará sujeta a un único reglamento. 
De este modo se reducirá la incertidumbre derivada de que existan quince legislaciones nacionales diferentes y, naturalmente, serán muchas más después de la ampliación. 
La creación de dicha jurisdicción centralizada exige una modificación del Tratado de la CE. 
No debemos dejarla pasar y me gustaría poder contar con el firme apoyo de los diputados a este Parlamento para garantizar que la CIG incluye este asunto con todo rigor. 
Los anteriores intentos de crear una patente comunitaria, en particular, a través del Convenio de Luxemburgo de 1989, fracasaron por la falta de ambición respecto a los dos temas principales: en primer lugar, el coste y, en segundo lugar, el litigio. 
Debemos convencer a los Estados miembros de la necesidad de modificar el Tratado para crear una jurisdicción centralizada para el litigio sobre patentes comunitarias. 
Al analizar nuestra propuesta, convendría también prever las consecuencias que tendrá la ampliación sobre los costes y el litigio al respecto. 
Si tenemos la más mínima ambición en este ámbito, debemos sencillamente proporcionar a nuestra industria, a nuestros expertos en investigación y desarrollo la patente moderna que necesitan. 
Me alegra mucho saber que la Comisión ha decidido limitar el número de lenguas de trabajo en el caso de la patente comunitaria. 
Actualmente, los costes de traducción representan el principal problema a la hora de intentar reducir los costes y de acelerar los trámites. 
Acojo con gran satisfacción la propuesta y espero que la CIG esté dispuesta a realizar las modificaciones necesarias de los Tratados. 
Pero me gustaría hacer una pregunta concreta relativa a los trámites de la Oficina Europea de Patentes. 
Tengo la impresión de que los trámites propiamente dichos seguirán siendo más o menos los mismos con el nuevo sistema. 
En dichos países, la patente se concede cuando un experto ha dado su opinión. 
Es además una de las causas del encarecimiento del procedimiento en Europa, y también de que sea más lento que el de sus competidores. 
Como él ha dicho, probablemente, es el proyecto más ambicioso de mercado interior que en este momento tenemos entre manos y me complace decirlo en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y como ponente de la cuestión. 
Ambicioso, señor Comisario, porque, además de lo que usted ha dicho, hay una razón fundamental, basada en los principios del mercado interior, que aboga por tener una patente comunitaria. 
Si queremos que nuestro mercado interior sea realmente el mercado doméstico para las empresas y para los consumidores, no tiene ningún sentido esa fragmentación, por razón de las fronteras, que padecen en estos momentos las patentes. 
Dicho esto, es un proyecto tan ambicioso como difícil, porque, como usted ha mencionado, requiere cambiar el Tratado y las Constituciones de, al menos, cuatro o seis Estados miembros. 
Por lo tanto, señor Comisario, hago votos con usted por una excelente cooperación, que la vamos a necesitar, y por capacidad de negociación para llevar a buen puerto este proyecto. 
. (EN) Señor Presidente, muchas gracias por brindarme la oportunidad de responder a las observaciones que acaban de hacer los diputados. 
Permítame comenzar expresando mi agradecimiento a la Sra. Palacio Vallelersundi por el amplio apoyo que ha dado a la decisión de la Comisión de fomentar la patente comunitaria. 
En lo que respecta a la Sra. Kauppi, permítame decir que el motivo por el que la Oficina Europea de Patentes de Munich utiliza no sólo uno, sino varios expertos, obedece a su deseo de garantizar que la calidad de la patente que concede la Oficina Europea de Patentes es de la máxima calidad. 
Por tanto, en este caso, me temo que deberemos continuar poniendo la seguridad y la calidad por encima de consideraciones meramente financieras. 
El Presidente de Francia, Sr. Jacques Chirac, ha dirigido un escrito al Presidente Prodi sobre esta cuestión. 
Permítanme insistir en que, en mi opinión, no existe ninguna contradicción entre los dos primeros apartados de dicho artículo, cuyo texto, creo, descansa ampliamente en las sugerencias realizadas por este Parlamento. 
En este caso, el invento surge del aislamiento de un gen en particular de su entorno natural o a través de su producción por un procedimiento técnico. 
Naturalmente, para que un invento pueda ser patentado deberá asimismo cumplir los criterios de novedad, inventiva y aplicabilidad industrial. 
Con respecto a este último requisito, la aplicabilidad industrial, la directiva deja perfectamente claro que la aplicación industrial del gen debe especificarse en la solicitud de patente. 
En nuestra página web hemos publicado una nota en la que se explica la posición de la Comisión sobre esta cuestión. 
Ni que decir tiene que la Comisión responderá al escrito del Presidente Chirac y adoptará una posición sobre estos temas que plantea el Presidente. 
Nuestra propuesta relativa a una patente comunitaria, que es el tema del debate de esta tarde, no afecta al régimen actual, que se rige por la Directiva de 1998. 
Está previsto que dicha directiva comience a aplicarse a finales de este mes y, además, será vinculante para la Oficina Europea de Patentes. 
Señor Presidente, señor Comisario, es importante que usted haya mencionado la coexistencia de las patentes nacionales, europeas y comunitarias. 
Sin embargo, tengo dudas sobre el grado de descentralización del régimen de investigación en relación con las patentes comunitarias. 
Se aludió expresamente a esto en la respuesta del Parlamento en el Libro Verde que usted mencionó. 
También es satisfactorio que se vaya a conseguir seguridad jurídica. 
No obstante, creo que se podría haber logrado de otra manera, esto es, haciendo un suplemento, sin crear una patente comunitaria. 
Un asunto que debemos decidir en el Parlamento, y que definitivamente va a ser algo que afectará a la diversidad lingüística europea, es, además, si queremos garantizar la igualdad de condiciones entre las pequeñas y medianas empresas que trabajan en toda la Unión. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción la declaración del Comisario Bolkenstein. 
El término "centralización" es poco afortunado en este contexto, porque sugiere un centro único de la que ya es una comunidad policéntrica. 
Por último, deduzco que se propone que el software pueda ser patentado. 
Nos parece que el modo adecuado de proteger el software es el derecho de autor y que la introducción de patentes en este ámbito no serviría de mucho e iría en contra del buen principio jurídico. 
Acojo con satisfacción el hecho de que esta medida se convertirá en un gran acicate para la innovación, el desarrollo y la competitividad de la industria europea en el futuro, si consigue superar la CIG y llegar hasta los estatutos. 
En el sector de la biotecnología existe aún esta zona gris. 
¿Existe alguna libertad de acción o es ésta la posición absolutamente firme e inamovible de la Comisión, como decía usted en su anterior respuesta? 
. (EN) Permítanme explicar que la propuesta de la Comisión, si el Parlamento y el Consejo la aceptan, no eliminará ninguna de las posibilidades que existen actualmente. 
Por lo tanto, si se acepta la propuesta de la Comisión, habrá tres modos de obtener patentes. 
La segunda posibilidad que seguirá existiendo es la patente europea que concederá la Oficina Europea de Patentes. 
La patente europea es una cesta de patentes nacionales, así, un inventor puede solicitar una patente, por ejemplo, para el Benelux, Francia y Alemania, para cinco de los quince países. 
La Comisión no tiene intención de eliminar ninguna de las alternativas que existen en estos momentos. 
No podemos tener ambas cosas. 
En otras palabras, si queremos una patente comunitaria, concedida en un único lugar, a saber en Munich, que de entrada tiene validez en toda la Comunidad, necesitamos una jurisdicción central que se encargue de resolver los litigios relacionados con las patentes. 
No estamos hablando aquí de ningún centro geográfico- aunque debo admitir que no sé si Luxemburgo se encuentra en el centro de la Unión Europea o no. 
No hay duda de que con la ampliación de la Unión Europea, el centro geográfico de la Unión se desplazará hacia el Este. 
Hemos elegido el lugar en el que tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas como sede del tribunal comunitario para la propiedad intelectual. 
Permítanme que vuelva a la Sra. Thors para decirle que en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, la propuesta de la Comisión no elimina la opción de que las pequeñas y medianas empresas sean partícipes de los inventos publicados por la Oficina Europea de Patentes. 
El 75% de las patentes son entregadas en inglés, y el idioma actual en el mundo de la propiedad intelectual, en el mundo de las patentes, es el inglés. 
La pregunta que se plantea es: ¿tiene la Comisión capacidad de acción en este sentido? 
Estamos estudiando esto, hemos recibido la carta del Presidente de la República Francesa, responderemos a dicha carta, evidentemente, y ya existe una nota disponible en nuestra página web y no escatimaremos esfuerzos para marcar el rumbo más coherente posible. 
Señor Presidente, quiero precisar algo la pregunta de la Sra. Kauppi en lo tocante a la estrategia de la actividad inventiva. 
Una gran actividad inventiva tiene la ventaja de que se puede defender bien ante los tribunales porque naturalmente las demandas de nulidad representan un problema enorme. 
Creo que esto es de enorme importancia como instrumento de política económica. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también le quiero felicitar por la presentación de este proyecto. 
En interés de la competitividad de la Unión Europea, todos esperamos que esta historia interminable de la patente comunitaria tenga por fin un final feliz. 
Por ello, ha sido acertado- en lo que le apoyo expresamente- no sobrecargar demasiado este proyecto con cuestiones muy sensibles como, por ejemplo, la de la protección de las patentes para los productos de biotecnología. 
También quiero rogar a los colegas que no planteen cuestiones básicas relativas a las regulaciones de los idiomas. Aquí se trata de un campo especial que está sometido a unas condiciones especiales. 
Respecto al fuero competente Sr. Comisario usted acaba de decir de paso que naturalmente este fuero competente sería Luxemburgo. 
Posiblemente sería mucho más razonable que el emplazamiento fuese en la Oficina Europea de Patentes en Munich ya que allí se encuentran todos los dictámenes periciales y esto facilitaría la cooperación. 
Me he enterado que finalmente hay problemas, en las cabezas de algunos comisarios y de otras personas, en cuanto al régimen lingüístico propuesto. 
En segundo lugar, la decisión de convertir la oficina de München en una oficina de la UE. 
Se requiere la aprobación unánime de los quince gobiernos. 
¿Es esto un problema? 
En tercer lugar, la posición del Parlamento Europeo. 
¿Significa esto que el Parlamento Europeo, que se ha esforzado más que nadie por una oficina de patentes europea, no será implicado y no será informado con tiempo y frecuencia sobre el estado de las cosas? 
En primer lugar, sobre la cuestión de los límites, el único límite que conozco es el de la calidad, y debemos continuar proporcionando patentes que satisfagan los criterios confirmados de calidad. 
Respecto a la competitividad, permítanme decir que es una de las principales consideraciones que han llevado a la Comisión a participar en todo este ejercicio. 
Las empresas y la comunidad de investigación quieren una patente única que puedan obtener a través de un solo trámite para toda la Comunidad y que además sea económica. 
Es también la razón por la que el Convenio de Luxemburgo nunca llegó a ser operativo. 
La causa es que la construcción de la patente comunitaria consiste en que la Oficina Europa de Patentes concede una patente para toda la Comunidad y, por consiguiente, mantendremos intacto todo el procedimiento actual, hasta la concesión de la patente. 
Existe un Convenio sobre la patente europea, que han suscrito 15 Estados miembros, pero que también lo han suscrito otros Estados, por tanto, la Comisión no puede decirle a la Oficina Europea de Patentes cuáles deben ser sus disposiciones en materia lingüística. 
Seguirá utilizándose como se viene haciendo y, por consiguiente, el Parlamento desempeñará su papel habitual en el estudio de los mandatos y los objetivos de la Comisión, cuando se decida plenamente sobre estos temas el próximo otoño. 
Una vez más, las dos otras posibilidades continuarán existiendo, por tanto, seguirá existiendo una patente nacional polaca y seguirá existiendo una patente europea que, en caso de que el solicitante lo desee, puede incluir a Polonia. 
Muchas gracias Sr. Bolkestein por sus contestaciones. 
Damos por finalizada la comunicación de la Comisión y el debate consiguiente. 
Asunto: Delincuencia en el ámbito de las tecnologías de la información ("ciberdelincuencia") Se prosiguen los trabajos en materia de la lucha contra la delincuencia vinculada a las tecnologías de la información (Consejo de Europa, reunión del G7 en Lyon). 
Por otra parte, la Comisión ha adoptado recientemente iniciativas en este ámbito y actualmente prevé nuevos métodos y medidas a escala comunitaria para luchar contra la delincuencia. 
Más concretamente, la Comisión está negociando un proyecto con los Estados miembros sin haber informado de ello al Parlamento. 
Entre las medidas que se prevén se incluye la obligación de los proveedores de servicios de reunir y registrar los datos relativos al tráfico y trasmitirlos a las autoridades que lo soliciten. 
¿Es consciente la Comisión de los enormes riesgos que tal medida implica para la protección de datos personales y de datos comerciales sensibles, y de que además dicha medida facilitaría el espionaje económico e industrial? 
¿Es consciente la Comisión de que una medida de este tipo podría provocar la pérdida de confianza en Internet por parte de los usuarios? 
. (EN) Señor Presidente, señora Cederschiöld, Señorías, en diciembre de 1999, la Comisión inició una ronda de consultas informales con representantes de las autoridades judiciales competentes, así como con aquéllas responsables de la protección de datos personales de los Estados miembros y con representantes de la industria europea, en su mayoría, proveedores de servicios a través de Internet y operadores de telecomunicaciones, con vistas a la elaboración de una comunicación, anunciada en su programa de trabajo anual, sobre las posibles opciones de la Unión Europea para emprender acciones adicionales contra la delincuencia vinculada a las tecnologías de la información. 
Por un lado, las autoridades responsables de la protección de la intimidad consideran que el medio más eficaz para reducir riesgos inadmisibles contra la intimidad, al tiempo que reconocen la necesidad de una aplicación eficaz de la legislación, es que los datos relativos al tráfico, en principio, no se mantengan únicamente con fines legales. 
Debemos ayudar al sector en la lucha contra delitos como la piratería informática y el fraude informático, pero no debemos imponerle medidas que sean excesivamente onerosas. 
Asimismo, el sector deberá desempeñar un papel clave en su contribución, facultativa, al proceso de creación de una sociedad de la información más segura. 
El proyecto de Plan de acción e-Europa, elaborado por la Comisión y adoptado muy recientemente en la Cumbre de Santa Maria da Feira del Consejo Europeo, incluye el establecimiento de un enfoque coordinado y coherente ante la "ciberdelincuencia" antes de finales de 2002 al objeto de garantizar una mayor cooperación en estos asuntos clave. 
Quiero agradecer esta simpática respuesta que, sin embargo, no abarcó todas mis preguntas. 
Todos quieren combatir la "ciberdelincuencia". 
Es importante que se frene a la delincuencia y no a la nueva economía. 
Para que el e-comercio funcione adecuadamente habrá que crear confianza en su desarrollo. 
Entonces no se puede trabajar en secreto. 
Por el contrario, es importante que se analicen las consecuencias de las propuestas. 
En Feira se menciona justamente la confianza de los consumidores como un factor esencial para el desarrollo del comercio electrónico. 
. (EN) Comparto la opinión de su Señoría en el sentido de que no podemos llevar a cabo este ejercicio en secreto. 
La Comisión no tiene intención de realizar nada en secreto, en general, y más particularmente, en este ámbito. 
Por el contrario, estamos intentando fomentar una consulta amplia sobre este tema tan espinoso. 
Debemos seguir con las conversaciones que se están llevando a cabo en varios foros internacionales, por ejemplo, el convenio especial que el Consejo de Europa está preparando sobre la "ciberdelincuencia" y las conversaciones en el marco de la OCDE. 
Asimismo, debemos seguir muy de cerca la evolución de las enmiendas legislativas que están introduciendo varios Estados miembros, que tratan sobre una cuestión tan delicada como la conservación de datos relativos al tráfico con fines judiciales. 
Como he dicho a la Sra. Cederschiöld, el plan de acción e-iniciativa también incluirá una lista de las acciones encaminadas a reforzar la seguridad de los usuarios de Internet, así como la cuestión específica del comercio electrónico. 
Según el calendario establecido en la Cumbre de Santa Maria Da Feira, estas acciones se llevarán a cabo durante los próximos meses y obtendremos los estudios de evaluación a los que su Señoría hace referencia en su pregunta. 
Me ha impresionado la respuesta tan equilibrada del Comisario a esta pregunta, pero no encaja demasiado bien con la propuesta del Gobierno del Reino Unido de que los servicios secretos- MI5 y MI6- vigilen todo el tráfico en Internet. 
El Gobierno tiene previsto exigir la entrega de los códigos cifrados y penalizar a aquellos que no lo hagan, aunque los códigos se hayan perdido y no puedan ser encontrados. 
¿Considera la Comisión que esta propuesta, primero, es coherente con los derechos civiles, según fueron enunciados para la Comunidad, y, segundo, beneficia el desarrollo del uso de Internet en la Unión Europea, como todos sostienen retóricamente, incluido, en particular, el Primer Ministro británico? 
. (EN) Comparto su opinión de que la cuestión de establecer una estrategia de codificación a nivel europeo es un instrumento clave para mejorar la seguridad en el uso de Internet. 
Lo que hacemos en la Comisión es coordinar los esfuerzos a nivel europeo para garantizar el cumplimiento de la legislación. 
Nuestro enfoque consiste en garantizar unos niveles mínimos comunes de cumplimiento de la legislación a nivel europeo, lo que no impide a los Estados miembros introducir una legislación más estricta o nacional. 
No obstante, un factor importante a la hora de adoptar normas comunes a nivel europeo sería un estudio comparativo de las legislaciones nacionales. 
No puedo ofrecerle una idea general en estos momentos, porque en varios Estados miembros, como el Reino Unido, la legislación se encuentra aún en fase de elaboración y aún no ha sido adoptada del todo por los parlamentos nacionales. 
Algunos Estados miembros de la UE no pertenecen a la OTAN. 
¿Cuál es la posición de la Comisión en relación con la situación de estos países en la futura cooperación en materia de defensa de la UE? 
. (EN) La Unión Europea ha realizado avances notables durante el pasado año en su misión de dar forma a la política europea de seguridad y defensa. 
Desde Colonia, pasando por Helsinki, hasta Feira, hemos pasado de una visión ambiciosa a objetivos concretos, primero militares, y ahora también civiles de primer orden, así como al establecimiento de estructuras específicas nuevas. 
Es aún demasiado pronto para saber si será necesaria una nueva modificación del Tratado en este ámbito. 
El informe que presentó la Presidencia en Feira indicaba que las conclusiones de Colonia y Helsinki podrían ser aplicadas sin que para ello fuera necesario enmendar el Tratado, a menos que haya que modificar los poderes de toma de decisiones del Consejo o deban enmendarse las disposiciones del Tratado relativas a la UEO. 
La Presidencia ha sugerido que el tema de la revisión de las disposiciones sobre la política europea de seguridad y defensa recogidas en el Tratado debería estar abierto a un nuevo examen, según lo establecido, antes del Consejo Europeo de Niza. 
Respecto a la pregunta concreta sobre la posición de los Estados miembros de la UE que no pertenecen a la OTAN en una futura cooperación en materia de defensa, es un tema del que deberán ocuparse ante todo los Estados miembros interesados. 
Lo que está claro es que el objetivo militar principal acordado en el Consejo Europeo de Helsinki exigirá un esfuerzo concertado y coordinado por parte de todos los Estados miembros. 
En cuanto a la forma de las contribuciones militares de cada país, éstas serán discutidas en la conferencia solemne que se celebrará en otoño bajo la Presidencia francesa. 
Una vez más, el modo en que los Estados pertenecientes a la OTAN ven su papel y cuál debería ser su contribución a la dimensión en materia de defensa de la Unión Europea deberán decirlo, como es natural, los propios Estados miembros. 
El objetivo declarado de la Unión Europea es estar preparada para apoyar la acción en el marco de las misiones de Petersberg. 
Todos los Estados miembros así lo han acordado y están dispuestos a contribuir a este fin. 
La excelente trayectoria de los países neutrales europeos en el ámbito del mantenimiento de la paz y las operaciones de gestión de crisis ha pasado a un primer plano en el nuevo contexto de la seguridad europea. 
Los cuatro Estados miembros que no son también miembros de la OTAN están contribuyendo activa y constructivamente al desarrollo de la PESC, en general, y de la política europea de seguridad y defensa, en particular. 
Señor Presidente, señor Comisario, le agradezco a usted su exhaustiva respuesta. 
Quisiera puntualizar aún los principios que se adoptaron en el Consejo Europeo de Feira. 
Allí se decidió aplicar el concepto de flexibilidad a la Conferencia Intergubernamental. 
Y le pregunto: ¿Interpreta usted que este concepto ha pasado a afectar también a los asuntos del segundo pilar? 
. (EN) Como he dicho, no creo que sea necesaria ninguna modificación del Tratado. 
Lo que será transferido serán las misiones de Petersberg únicamente, junto con los mecanismos institucionales y administrativos de que dispone la Unión Europea. 
Existen varias posibilidades sobre lo que ocurrirá a la cláusula de defensa colectiva, pero esta cuestión no entra entre mis competencias. 
Asunto: Tribunal Penal Internacional La Comisión Europea, y en particular la Comisaria de Ayuda al Desarrollo, tuvieron un papel importante en la creación del nuevo Tribunal Penal Internacional permanente en junio de 1998. 
La aprobación del Tratado de Roma, en que se basa el Tribunal Penal Internacional, fue un paso importante para romper con la tendencia de utilizar sistemáticamente las violaciones de mujeres como estrategia. 
Dicho Tratado es el primer acuerdo internacional que estipula que estas violaciones, la esclavitud sexual y los embarazos forzados pueden considerarse crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
Sin embargo, para que ello se haga realidad el Tratado de Roma debe ser ratificado por 60 Estados. 
Aunque todos los Estados miembros lo han suscrito, lamentablemente sólo Italia lo ha ratificado. 
¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para garantizar que los Estados miembros de la UE también ratifiquen el Tratado? 
. (EN) La Comisión tiene conocimiento de que dos Estados miembros, Italia y Francia, han ratificado hasta ahora el Convenio sobre el Tribunal Penal Internacional. 
Otros Estados miembros presentarán en breve la legislación a sus respectivos parlamentos. 
La Comisión apoya las iniciativas de las ONG encaminadas a fomentar la creación del Tribunal Penal Internacional. 
En 1999 se destinaron 1,5 millones de euros aproximadamente a iniciativas de este tipo, conforme a los comentarios presupuestarios para la partida B7706 del Capítulo B77. 
Señor Presidente, obviamente es muy satisfactorio que muchos países comunitarios vayan a ratificar este Tratado. 
Hace dos años que se aprobó y sólo tiene que ratificarlo una quinta parte de los 60 países para que entre en vigor. 
Sin embargo, es extraordinariamente importante que así sea, ya que el Tratado de la Conferencia de Roma es el primer acuerdo internacional en el que se dispone que las violaciones y los embarazos forzados pueden considerarse crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
Por tanto, mi pregunta al Comisario es: ¿Tiene usted también planes para intentar convencer a países importantes como EE.UU., Rusia y Japón para que firmen el acuerdo de la Conferencia de Roma? 
. (EN) En primer lugar, respaldo por completo lo que ha dicho su Señoría sobre la importancia de la inclusión de delitos de violencia sexual en el estatuto como crímenes contra la humanidad cuando, como ha sido el caso, son cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil. 
Lo que hemos presenciado en ese contexto y en otras actividades criminales es, naturalmente, la razón más poderosa para que sigamos adelante con la ratificación del convenio por parte del mayor número posible de países. 
Ciertamente hemos insistido en la importancia de la ratificación ante los Estados Unidos. 
Como su Señoría sabrá, no aceptamos la posición estadounidense respecto del Tribunal Penal Internacional. 
Seguimos defendiendo nuestro caso ante dicho país y lo defenderemos ante Rusia y Japón, así como ante otros países. 
Es un asunto que surge con bastante regularidad en nuestros contactos bilaterales, y yo me encargaría de que así se hiciera si éste no fuera el caso. 
Creemos que ésta puede ser una institución de la máxima importancia, en particular, habida cuenta de las cosas tan atroces que han sucedido durante los últimos años. 
Cuanto antes pueda juzgar el tribunal, mejor será para todos. 
Señor Presidente, ¿considera la Comisión que es posible que la Comunidad Europea se adhiera al Tratado de Roma sobre los Derechos del Hombre? 
En tal caso, ¿cuál sería la relación entre el Tribunal de Justicia de la CE y el Tribunal Penal Internacional? 
Lo que nos interesa en estos momentos, y es aquí, sobre todo, donde entra la Comisión, es alentar a nuestros Estados miembros a que lo ratifiquen y alentar a algunos de nuestros interlocutores y colegas de la comunidad internacional a que también lo hagan. 
Éste debe ser nuestro objetivo para garantizar que las disposiciones que obtuvieron un apoyo tan amplio en Roma den lugar realmente a la creación de un tribunal que pueda comenzar cuanto antes a ejercer sus funciones. 
. La Comisión es plenamente consciente de la problemática medioambiental en los corredores alpinos, pero señala que debe actuarse de forma equilibrada para tener en cuenta los distintos intereses en juego en este tipo de circunstancias. 
Si hablamos del ferrocarril, la Comisión- sus Señorías lo saben- apoya las medidas adoptadas por los Estados para desarrollar y ejecutar el proyecto de ferrocarril del Brennero. 
La línea de ferrocarril de alta velocidad del Brennero ha sido incluida en la lista de proyectos comunitarios de máxima prioridad y ha recibido ya una importante financiación comunitaria a través de las redes transeuropeas. 
Por lo que respecta a la carretera, hay que subrayar que un incremento del tráfico por carretera no implica en absoluto, automáticamente, más contaminación. 
El resultado de esta comunicación influirá en las futuras acciones previstas que, según las orientaciones iniciales, comprenderán un paquete coherente de medidas complementarias para reducir el efecto del tráfico en áreas sensibles: normas técnicas para mejorar los requisitos medioambientales y de seguridad, instrumentos de tarificación para ajustar las tasas relacionadas con el transporte al coste real del transporte en todas sus modalidades, aumento de la eficacia del transporte, especialmente optimizando la intermodalidad, y refuerzo de la competitividad del transporte ferroviario. 
Señor Presidente, quiero intervenir para agradecer a la Sra. Comisaria las aclaraciones que nos ha facilitado y la disponibilidad que nos ha mostrado en reiteradas ocasiones en este Pleno con respecto a tener en cuenta el problema del impacto ambiental en la región alpina que tanto por la altitud como por la estrechez de la zona es especialmente sensible. 
Hemos propuesto un proyecto de soluciones nuevas que han sido planteadas recientemente a la Sra. Comisaria, En lo que a estos nuevos proyectos y a todo el concepto de transportes de la Unión Europea se refiere, creo que podría ser una solución piloto. 
Espero que la disponibilidad mostrada hasta ahora la mantenga toda la Comisión y que los propósitos de la Sra. Comisaria logren una mayoría plena también en la Comisión Europea. 
. Señor Presidente, sencillamente quisiera agradecer la intervención del Sr. diputado y decir que, por supuesto, vamos a seguir adelante con el proyecto del Brennero aunque, dadas sus dificultades técnicas, no es un proyecto que se pueda realizar de un día para otro. 
Pero espero que, antes de concluir el período fijado para los 14 proyectos de Essen, uno de ellos, el del Brennero, esté ya en marcha. 
Señor Presidente, todos sabemos que en el Brenner impera una atmósfera de crisis y creo que es urgentemente necesario debatir de nuevo sobre los proyectos de ampliación así como sobre los precios ya que la situación se tiene sencillamente que controlar. 
Pero, una zona tan compleja y tan accidentada geográficamente reclama unos proyectos, en los que estamos trabajando, que requieren un tiempo de maduración. 
Eso no quiere decir en absoluto que los hayamos abandonado, al contrario: seguimos con la idea de sacarlos adelante con el apoyo de la Comisión y con el apoyo de los países interesados. 
Preguntas dirigidas al Sr. Nielson 
Asunto: Utilización por Turquía de los fondos comunitarios El diario turco Hürriyet afirmaba en su edición del pasado 22 de enero que una parte de los fondos concedidos por la Unión Europea para ayudar a las víctimas del seísmo ocurrido el año pasado se ha utilizado para comprar 35 automóviles de un valor de 500.000 millones de liras turcas, con el fin de facilitar sus desplazamientos a los diputados del Parlamento turco. 
¿Puede indicar la Comisión cuál es la cantidad total concedida por la Unión Europea a Turquía tras el devastador seísmo ocurrido el pasado año, de qué modo se ha asegurado el uso correcto de los fondos comunitarios y cuál es la postura de la Comisión en lo referente a la denuncia del citado diario turco, de gran circulación? 
En concreto, ¿se propone la Comisión solicitar la devolución de los fondos en cuestión, utilizados con un propósito distinto de la donación, en flagrante violación de las disposiciones comunitarias, para satisfacer necesidades consumistas de los diputados turcos, y no para ayudar a las víctimas del trágico seísmo? 
La Oficina de representación de la Comisión en Ankara ha recibido confirmación por escrito de que la procedencia de los fondos que han sido objeto del artículo en cuestión no guarda ninguna relación con la Unión Europea ni ninguna otra fuente exterior. 
Asimismo, la oficina de ECHO en Estambul nos ha confirmado que la Fundación del Parlamento Turco es una organización privada, que ha sido establecida y es financiada por los diputados a nivel individual. 
La utilización que se da a los fondos es decisión del Consejo del Parlamento, previa votación de los miembros. 
Los antecedentes del artículo aparecido en dicho diario eran que el Presidente del parlamento adoptó la decisión unilateral de destinar fondos a la zona afectada por el seísmo. 
Los fondos en cuestión pertenecen en realidad a la Fundación del Parlamento Turco y su financiación corre a cargo de los miembros del parlamento turco. 
Por consiguiente, no tenemos nada en absoluto que ver en este asunto y por lo tanto no puedo prometer ningún tipo de acción de seguimiento. 
Le doy sinceramente las gracias al Sr. Comisario, por la fundamentada respuesta que ha dado a mi pregunta y por sus tranquilizadoras garantías de que no se han utilizado los fondos concedidos por la Unión Europea para comprar automóviles para uso y disfrute de ciertos diputados turcos. 
Lo que me molesta es el hecho de que el diario Hürriet, que es, si no me equivoco, el periódico turco de mayor circulación, no haya recibido desmentido alguno por parte del gobierno turco, cuando, como todos sabemos, en Turquía la libertad de prensa se enfrenta a muchos problemas. 
Los periodistas que eventualmente se deslizan con este tipo de noticias, no sólo son amonestados con una buena reprimenda, sino que son incluso enviados a la cárcel; a veces, son incluso asesinados. 
Pero yo quiero creer que la respuesta dada por el Sr. Comisario, fundamentada en la escrupulosa investigación realizada por las autoridades competentes de la Unión Europea en Turquía, refleja fielmente la realidad de los hechos. 
Ruego a los Sres. diputados que se ciñan a hacer nuevas preguntas o preguntas complementarias. 
Comprendo la importancia de sus valoraciones, pero es necesario que nos atengamos a lo dispuesto. 
. (EN) La pregunta es si la Comisión coordina con los Estados miembros de la UE y otras instituciones internacionales sus actividades en lo que respecta al problema de la cría industrial de animales, y la respuesta es sí. 
Los miembros del Comité directivo son Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, el Reino Unido, los Estados Unidos, Costa Rica, la AELC, el Banco Mundial, la FAO, Senegal, India, China y Kenia. 
Los objetivos de la iniciativa son la protección y la mejora de los recursos naturales relativos a la producción ganadera, al tiempo que se intenta paliar la pobreza. 
Anteriores trabajos bajo esta iniciativa identificaron las consecuencias en todo el mundo de la creciente presión sobre el pastoreo y los sistemas de agricultura mixta, y los peligros de pasar a sistemas industriales de producción. 
El problema es que es muy grande y probablemente irá en aumento, pero participamos activamente en los mejores esfuerzos internacionales para hacer algo significativo. 
Me pregunto, sin embargo, señor Comisario, si estaría dispuesto a decir si está de acuerdo o no en que la explotación agrícola intensiva no es probablemente el mejor modo de avanzar ni para el Norte ni para el Sur, si tenemos en cuenta que la población mundial alcanzará la cifra de 10.000 millones a finales de este siglo. 
Si todos aspiraran a consumir una dieta como la estadounidense, necesitaríamos cuatro planetas del tamaño de la Tierra para producir los 9.000 millones de toneladas de cereales adicionales que hacen falta. 
Y, en particular, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la FAO, cuando afirma que la tendencia hacia una mayor intensificación de la demanda de producción es inevitable? 
Me parece que es una declaración muy preocupante porque proviene de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y me gustaría mucho saber, señor Comisario, si está de acuerdo o no en que dicha intensificación es inevitable o si cree que existen otras alternativas y que todos nosotros deberíamos fomentar y perseguir dichas iniciativas. 
. (EN) El problema es que, a medida que grupos de personas, incluso en países muy pobres, alcanzan un mejor nivel de vida, su dieta cambia. 
Es una pauta muy clara y también crece la demanda de más proteínas. 
Estas estadísticas, la extrapolación, por llamarla así, debería ser tomada muy en serio. 
Por un lado, se han hecho muchos pronósticos sobre dónde nos encontraríamos hoy, que ciertamente no se están cumpliendo. 
Asimismo, un protocolo anexo al Tratado de Ámsterdam es relativo a la protección y el bienestar de los animales, y estas políticas e ideas son tenidas en cuenta, naturalmente, en la ayuda comunitaria al desarrollo en el sector ganadero. 
Estamos utilizando y nos tomamos muy en serio los análisis ambientales de las consecuencias de estas actividades allí donde apoyamos la agricultura. 
Señor Presidente, ¿cómo se definen exactamente, en opinión de la Comisión, y cito la pregunta, los 'sistemas de cría industriales'? 
¿No sería poco razonable disuadir a los países en vías de desarrollo de que adopten sistemas modernos, eficientes, económicos y no crueles de cría de animales? 
No obstante, la dimensión en materia de pobreza en lo que estamos intentando apoyar y fomentar significa que lo que estamos apoyando es una producción a pequeña escala más intensa. 
Por motivos ajenos a su voluntad, gran parte de su equipo y muchas de sus pertenencias fueron objeto de pillaje durante su trabajo en este proyecto. 
Anteriormente, se enviaron detalles completos de este caso al gabinete del Sr. Nielson. 
¿Piensa compensar la Comisión al Sr. Howard por las pérdidas sufridas? 
Afortunadamente, fueron evacuadas sanas y salvas. 
El Sr. Howard había sido contratado por una asociación de asesores. 
El empleador del Sr. Howard es quien debe plantearse el pago de una compensación económica que pudiera ser posible o estar prevista en las condiciones del contrato. 
El pago de una compensación por la pérdida de pertenencias personales con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo no está justificado en una situación de fuerza mayor. 
La Comisión no contrató directamente al Sr. Howard como miembro de su plantilla, sino que éste trabajaba para una empresa. 
Lamento el retraso con el que hemos proporcionado a su Señoría la información solicitada. 
La respuesta que he dado hoy será confirmada en breve por escrito. 
He esperado esta respuesta desde el 2 de febrero y sencillamente no puedo entender por qué ha tardado tanto la Comisión en ofrecer esta negativa. 
. (EN) Mi reacción a su pregunta es que tampoco yo lo puedo entender, pero en el momento en que fui informado sobre este asunto, nos ocupamos de este caso. 
Asunto: Ayuda humanitaria para la población chechena ¿Cuál ha sido el volumen de la ayuda humanitaria concedida hasta ahora por la Comisión a la población civil chechena, incluidos los desplazados que se encuentran en los países vecinos? , ¿A través de qué medios se ha prestado esta ayuda? ¿Cuál es la planificación para el resto del año? 
. (EN) Desde el inicio del actual conflicto, la Comisión Europea, a través de su Oficina de ayuda humanitaria, ha destinado un total de 12,6 millones de euros en ayuda humanitaria a las víctimas de esta situación de emergencia que aún continúa. 
Si la evolución de la situación lo requiere, estos fondos adicionales podrán ser movilizados. 
Últimamente, las operaciones se han centrado cada vez más en la propia Chechenia. 
Lamentablemente, aún no es posible realizar labores de ayuda humanitaria en algunas zonas de Chechenia fuertemente afectadas, porque la falta de seguridad las hace inaccesibles. 
Al la hora de planificar la asistencia en un futuro debe tenerse en cuenta la volatilidad de la situación sobre el terreno. 
Para facilitar la programación, ECHO realizó en mayo una misión de valoración técnica en Chechenia. 
A la espera de una evolución positiva del entorno de trabajo general, una de las principales prioridades será un nuevo incremento de la operaciones en el interior de la propia Chechenia. 
Señor Comisario, muchas gracias por esta respuesta tan precisa. 
Quiero plantear una pregunta adicional: ¿qué ha pasado con los créditos que ya se han gastado? ¿qué proporción ha ido a parar directamente a los chechenos afectados y qué proporción se ha entregado a través de instituciones, autoridades y asociaciones rusas?. 
Hemos podido hacerlo de un modo que nos satisface bastante. 
Por consiguiente, estamos bastante satisfechos. 
Preguntas dirigidas al Sr. Barnier 
Asunto: Principio de adicionalidad El 12 de abril de 2000 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el principio de adicionalidad como instrumento fundamental en la aplicación de los Fondos estructurales. 
Como comprenderá, mi pregunta, en la medida en que se basaba en la convicción moral de que muchos Estados- y, muy concretamente, estoy seguro, el Estado español- no cumplen el principio de adicionalidad, contenía un componente retórico destinado a motivar su respuesta. 
El problema puede ser también que aun cuando un Estado cumple formalmente las normas, los Fondos estructurales no tienen toda la repercusión que deberían tener. 
Por consiguiente, me parece un poco extraño que pasemos tanto tiempo intentando elaborar mapas estructurales perfectamente correctos sabiendo a ciencia cierta que según el principio de adicionalidad nada garantiza realmente que el Estado miembro incremente el gasto en la región en cuestión. 
Eso me parece un fallo radical en el concepto de adicionalidad y que debe ser corregido. 
¿Cómo puede garantizar la Comisión la protección del patrimonio de la biodiversidad y de la red Natura 2000 y evitar que se vean amenazados? 
¿Qué Estados miembros han planteado dificultades a la hora de aplicar lo solicitado por la Comisión? 
¿Qué poderes utilizará la Comisión para garantizar que la ejecución de los nuevos programas no constituya una amenaza para la biodiversidad? 
Me siento fundamentalmente satisfecho por la respuesta porque quería saber cuáles eran estos Estados miembros y no por curiosidad, sino para hacerme una idea de cuál era la entidad del incumplimiento al señalar las zonas de biodiversidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, tengo delante el programa de desarrollo 2000-2006 que le fue enviado a usted por el Ministerio de Economía el otoño pasado. 
Esto significa que podríamos haber tenido un PNB superior en 1,6 billones de dracmas al que realmente tuvimos durante el período 1994-1999. 
Lo ha reconocido el propio gobierno, y usted también, entre líneas, creo que ha reconocido que hay problemas con la administración pública en Grecia. 
¿Qué va a ocurrir con el outsourcing, es decir, con los colaboradores externos que necesitamos? 
¿Habrá incentivos y sanciones de ahora en adelante, de suerte que quienes gestionan el marco comunitario de apoyo lo apliquen correctamente? 
Muchas gracias Sr. Barnier por su cooperación. 
Las preguntas 38, 39 y 40 se contestarán por escrito. 
Vamos a comenzar, con retraso, los últimos 20 minutos de preguntas a la Comisaria Sra. Wallström. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 41 decae. 
Asunto: Trabajos de rescate de terreno en la Bahía de Dublín Se están llevando a cabo trabajos de rescate de terreno en la Bahía de Dublín, en una zona para la que se solicitó la declaración de Zona de Protección Especial (ZPE) el pasado mes de julio, de conformidad con la Directiva relativa a las aves silvestres. 
Los límites de esta extensa ZPE fueron modificados, tras las protestas de la Dublin Port Company (Compañía del Puerto de Dublín) al Dúchas (Servicio del Patrimonio) , para que la compañía pudiese cegar 52 acres de la Bahía de Dublín con objeto de ampliar el puerto, principalmente por motivos económicos. 
La designación final y la presentación a la Comisión de la ZPE modificada tuvo lugar el pasado mes de febrero. 
Ante esta información, ¿emprenderá la Comisión acciones legales contra el Gobierno irlandés por alterar los límites de la ZPE y le instará a que vuelva a designar toda la ZPE tal y como se anunció en julio de 1999? 
¿Tiene la intención de retirar la financiación comunitaria de dicho proyecto y de prohibir cualquier trabajo que perjudique gravemente a la ZPE? 
¿Considera adecuado el procedimiento de consulta de la opinión pública en este caso y conforme con la Directiva relativa a la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente? 
. (EN) A raíz de varias quejas, la Comisión tiene conocimiento de la controversia en torno a este proyecto de rescate de terreno para el puerto de Dublín. 
La Comisión conoce, en particular, las preocupaciones por la exclusión de 20 hectáreas aproximadamente de la ampliación de 1999 de la Zona de Protección Especial de Sandymount Strand y el estuario del Tolka en la Bahía de Dublín, que fue designada de conformidad con la Directiva relativa a las aves silvestres. 
Aunque estaba incluida en la propuesta de ampliación de la ZPE de 1999, la zona en cuestión quedó excluida cuando por fin se aprobó la ampliación a finales de 1999. 
A modo de información: la propuesta de ampliación de 1999 fue la respuesta a la solicitud que la Comisión presentó a las autoridades irlandeses para que ampliara la ZPE. 
La Comisión estaba especialmente interesada en garantizar que la importante inversión comunitaria en el tratamiento de las aguas negras de Dublín se realizara dentro del marco jurídico previsto en el estatuto de ZPE. 
El plazo legal para completar las ZPE irlandesas expiró en 1981, y la Comisión ha mostrado su preocupación durante algún tiempo por el hecho de que la red de ZPE irlandesa permaneciera incompleta. 
Se hizo referencia a la Bahía de Dublín como zona parcialmente designada importante para las aves silvestres. 
La Comisión no tiene conocimiento de que se tenga intención de utilizar los fondos comunitarios en relación con el proyecto de rescate de terreno para el puerto. 
Puedo entender que usted no quiera hacer comentarios hasta que haya investigado las quejas, pero quisiera instarle a que presione al Gobierno irlandés. 
Durante décadas, el Gobierno ha hecho caso omiso de sus obligaciones conforme a las directivas comunitarias. 
En este caso, ha hecho básicamente lo que ha querido. 
Ha cambiado los límites cada vez que le ha venido en gana. 
El procedimiento de consulta de la opinión pública es, en mi opinión y en la opinión de muchos lugareños de la Comunidad, total y completamente inadecuado. 
No es más que otro ejemplo del modo en que se está comportando el Gobierno irlandés en relación con sus obligaciones conforme a las directivas comunitarias. 
Quisiera preguntarle, señora Comisaria, si piensa presionar mucho más al Gobierno irlandés y explorar todas las posibilidades. 
Acojo con satisfacción la reciente decisión sobre la sanción a Grecia y me gustaría que se hiciera lo propio con el Gobierno irlandés, si continúa incumpliendo las directivas. 
Lamentablemente, serán los contribuyentes los que paguen las sanciones, pero es necesario presionar de verdad al Gobierno en esta fase, porque se ha salido con la suya durante demasiado tiempo. 
Primera, la ampliación de 1999 de la ZPE de Sandymount Strand y el estuario del Tolka abarca claramente la mayoría de las zonas importantes no incluidas en la ZPE original. 
En segundo lugar, aunque la Comisión ha tratado hasta ahora la Bahía de Dublín como todavía designada parcialmente sobre la base de pruebas de que pueden haberse omitido las zonas entre la marea alta y la marea baja según los requisitos, deberá estudiar cualquier prueba que Irlanda pueda aportar en el sentido de que la designación del lugar ha sido suficiente. 
Ni que decir tiene que no escatimaremos esfuerzos para ayudar a los irlandeses o para presionarles para que respeten los reglamentos y las normativas relativas a este asunto. 
Estoy segura de que deberemos seguir adelante con el procedimiento judicial contra Irlanda. 
Asunto: Gestión de residuos tóxicos Según denuncias formuladas por organizaciones de protección ambiental en Grecia, se observa un soterramiento incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos. 
De las 264.571 toneladas de residuos peligrosos producidas en 1999, sólo un 0,12 % se envió al extranjero para su incineración. 
No hay control en lo que concierne a la eliminación de los residuos producidos por las plantas de reciclaje de los acumuladores de plomo. 
Condensadores de la compañía eléctrica estatal griega que contenían importantes cantidades de clofeno se han abandonado en Aspropirgos. 
En el Ática sólo funciona una estufa incineradora de residuos hospitalarios con una capacidad diaria de 0,5 toneladas, cuando se producen 20 toneladas de residuos semejantes al día. 
En cuanto a los PCB, Grecia no cuenta con instalaciones para su tratamiento y se desconoce la suerte que corren. 
¿Cuántos informes ha transmitido Grecia a la Comisión hasta la fecha, de acuerdo con la Directiva citada, y cuál es su contenido? 
La Comisión dispone de muy poca información sobre la gestión de residuos en Grecia. 
Grecia no informó sobre la aplicación de la legislación en materia de gestión de residuos entre 1989 y 1997. 
Según hemos podido saber, los residuos peligrosos son almacenados temporalmente o exportados para su eliminación definitiva en otros países. 
Antes de finales de septiembre de 2001, Grecia deberá presentar un primer informe, de conformidad con la Directiva 94/67, sobre la incineración de residuos peligrosos para el período 1998 hasta 2000. 
La pregunta, sin embargo, sigue en pie. 
¿No hay ningún modo de ver adónde han ido a parar esas enormes cantidades de residuos? 
Segundo, desde el momento en que hemos constatado todas estas infracciones, ¿se propone avanzar hacia la remisión al Tribunal, el cual- desgraciadamente para mi país- nos ha dado recientemente un ejemplo con la condena de Grecia por otra infracción más antigua? 
. (EN) Le recuerdo la acción que ha emprendido la Comisión para corregir la no transposición de la legislación comunitaria sobre residuos por parte de Grecia, así como su incumplimiento. 
Quisiera decir en primer lugar que había depositado una pregunta escrita similar a la formulada por el colega M. Papayannakis. 
Segundo, quiero decirle que, a juzgar por lo que nos ha dicho, sinceramente, como ciudadano griego, me siento aterrorizado. 
Nos ha venido usted a decir que no sabemos, que no sabe tampoco el gobierno griego, que no sabe nadie qué ha sido de más de la mitad de los residuos tóxicos. 
Me gustaría plantearle dos preguntas. 
¿Considera satisfactorio simplemente recurrir al Tribunal, sabiendo que éste puede resolver dentro de tres o cuatro años? 
Entretanto, ¿qué ocurre con la salud pública de los ciudadanos griegos? 
¿En que áreas concretas de la legislación comunitaria hay problemas? 
Porque, por ejemplo, sé que hay problemas con la gestión de los nitratos. 
. (EN) Señor Presidente, tenemos motivos para estar preocupados porque sabemos que existen problemas en algunos Estados miembros con el tráfico y la eliminación ilegales de residuos peligrosos. 
Naturalmente, deberíamos preguntar al Gobierno griego, y quizá también a las autoridades locales, cuál ha sido su actuación en este asunto. 
En lo que respecta a la Comisión, podemos seguir adelante con los procedimientos legales y judiciales, según lo establecido para la Comisión, pero creo que lo más eficaz en casos como éste es un debate abierto en el Parlamento Europeo. 
Asunto: Contaminación del suelo Antiguos terrenos industriales que se encuentran muy contaminados nos causan en la actualidad graves problemas. El suelo contaminado supone multitud de perjuicios. 
¿Tiene la Comisión algún plan que permita hacer frente a esta situación? 
¿Está dispuesta la Comisión a presentar una estrategia en esta materia? 
Este tipo de medidas ya constituye una parte de las licencias de explotación. 
Esta directiva tiene que entrar plenamente en vigor antes de noviembre de 2007. 
Otro instrumento que puede ayudar a prevenir la contaminación del suelo es la directiva sobre responsabilidad medioambiental en la que estamos trabajando. 
Cuando se trata de contaminación histórica, algunos Estados miembros han desarrollado instrumentos financieros especiales; impuestos o fondos de diversa índole. 
No cabe duda de que este tipo de saneamiento cuesta, o va a costar, mucho dinero a los Estados miembros. 
En el ámbito comunitario, los Fondos Europeos Regionales de Desarrollo pueden contribuir con ciertas ayudas. 
También puedo agregar que soy consciente de los problemas que esto significa en los países candidatos. 
Sin embargo, de momento, la Comisión no tiene una estrategia de saneamiento, global o europea. 
Este tipo de contaminación no traspasa las fronteras. 
Además, el problema no es principalmente de carácter administrativo, sino financiero. 
Sería posible decir que esta contaminación puede extenderse más allá de los límites de un país, ya que sabemos que el agua transporta los elementos contaminantes, especialmente las sustancias químicas y los metales pesados. 
Creo que se necesitaría una estrategia común en esta materia. 
Esto es lo que realmente persigo con mi pregunta. 
Entonces la pregunta es si la Comisión está dispuesta a apoyar la investigación, la creación de nuevos proyectos y el desarrollo en los respectivos países miembros a fin de resolver estos enormes problemas. 
. (SV) Es obvio que es importante que cada país haga un inventario de los suelos industriales contaminados y de las formas más adecuadas de resolver los problemas. 
Como he dicho, esto es una gran preocupación para nosotros, incluso en lo económico, ya que, a menudo, muchos países candidatos aluden a esto como un problema enorme. 
Para sanear de la mejor manera posible, hay que ver de qué clase de contaminación se trata y cómo son las condiciones locales. 
Hasta este momento, esta materia no tiene la más alta prioridad, pero, obviamente, creo que es importante que en los países miembros existan inventarios y planes bien hechos y, además, por qué no, también investigación y desarrollo para alcanzar los mejores métodos de saneamiento de los suelos industriales contaminados. 
Señor Presidente, la señora Comisaria ha respondido en parte a una pregunta que me preocupaba, pero, no obstante, me permitiría hacer una pregunta complementaria. 
Este mismo problema afecta a antiguos vertederos que han sido habilitados para construir viviendas. 
La Comisión tiene seguramente datos sobre la extensión de este problema en los Estados miembros. 
Es evidente que este problema debe ser resuelto en el ámbito nacional, regional o local. 
Sin embargo, si los Estados miembros lo quisieran, no nos opondríamos a asumir esta tarea. 
Por ejemplo ahora, en relación con el seguimiento del accidente en Baia Mare, tratamos de identificar los hot spots y los lugares peligrosos, en los que realmente necesitamos mantener los ojos muy abiertos para que no se produzcan nuevos accidentes. 
En cuanto al trabajo de saneamiento, creo que hay que aplicar el principio de la cercanía. 
Estas dos explosiones, acaecidas sólo unos pocos días después de la dramática explosión que se produjo cerca de Ámsterdam, sin olvidar las repetidas explosiones que se han producido en España, nos recuerdan el peligro de estas fábricas situadas en zonas habitadas. 
La fabricación de productos pirotécnicos es ahora más peligrosa a causa de la sustitución de los antiguos métodos artesanales por métodos industriales, lo que significa, al mismo tiempo, una acumulación más importante de materias explosivas y una reactividad mayor. 
Asimismo, los obliga a crear sistemas de gestión de la seguridad y planes de emergencia, y a demostrarlos a las autoridades públicas responsables de la inspección mediante la presentación de un informe sobre la seguridad. 
Asimismo, la directiva Seveso II comprende la nueva disposición en la que se reconoce que las políticas de clasificación de suelo de los Estados miembros deben tener en cuenta las repercusiones del riesgo de accidentes importantes. 
Los Estados miembros están obligados a perseguir el objetivo de la directiva, es decir, la prevención de accidentes importantes y la limitación de sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. 
Esto deberá hacerse a través de controles de la construcción de nuevos establecimientos, las reformas de los establecimientos ya existentes y nuevos proyectos, tales como las conexiones de transporte, lugares frecuentados por el público y zonas habitadas próximas a establecimientos existentes. 
A largo plazo, las políticas de utilización del suelo deberán garantizar el mantenimiento de distancias prudenciales entre los establecimientos peligrosos y las zonas habitadas. 
Los Estados miembros deberán garantizar también que todas las autoridades competentes y las autoridades de urbanismo responsables de la toma de decisiones crean procedimientos de consulta adecuados. 
Cabe considerar la inclusión de esta disposición como un gran paso adelante en el proceso de atenuar accidentes importantes. 
La revisión de la directiva Seveso II ya está en marcha. Tras una investigación exhaustiva de los accidentes ocurridos, la Comisión hará un análisis de los límites asignados a las sustancias pirotécnicas en el marco de la revisión. 
Este proceso se llevará a cabo en estrecha cooperación con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas. 
El transporte de materiales explosivos está contemplado en la Directiva 94/55 sobre el transporte por carretera de productos peligrosos. 
Esta directiva da carácter obligatorio a las disposiciones de los Anexos A y B del Acuerdo europeo relativo al transporte internacional por carretera de productos peligrosos entre los Estados miembros o en el interior de los mismos. 
. (EN) Sí, naturalmente, señor Presidente, nosotros también estamos sumamente preocupados por lo que ha ocurrido y por eso estamos examinando la directiva Seveso II para determinar si es necesario completarla con nuevas normas que cubran establecimientos como las instalaciones que se han visto afectadas en los recientes accidentes. 
Examinaremos este extremo tan pronto como hayamos analizado toda la información sobre estos accidentes. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 46 a 78 se contestarán por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 20.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas). 
El sistema de cogestión y auditorías ambientales no es precisamente un tema de máxima popularidad entre las cuestiones ambientales y, sin embargo, es un fantástico instrumento para avanzar en el terreno de la integración de las actividades económicas y de la preservación del medio ambiente. 
Sin embargo, la comisión aprobó también algunas enmiendas contrarias a la opinión de la ponente, con respecto a las cuales he seguido manteniendo una posición negativa. 
Después de esto, creo que coincidirán conmigo en que, aún estando absolutamente a favor del desarrollo y el progreso de la Directiva relativa al control integrado de la contaminación (IPPC) , éste no es el momento ni el EMAS el instrumento adecuado para exigir la adopción de las mejores tecnologías disponibles a las empresas que deseen adherirse al sistema. 
De hecho, las grandes instalaciones, como lo estipula la mencionada Directiva IPPC, seguirán estando obligadas a inscribirse en el registro EMAS, ya que deberán respetar la legislación ambiental vigente- enmienda 12 -, que incluye lógicamente el respeto de la Directiva IPPC en los casos en los que afecte a las empresas. 
Hay otras dos enmiendas sobre las que quiero hacer un comentario: la enmienda 19, para la que he pedido un voto por separado hasta el párrafo que dice "estructuras públicas y contratos públicos", dejando hasta aquí el texto de la Comisión. 
Creo que la Comisión está preparando- y en ese sentido agradecería un comentario por parte de la Sra. Wallström- una propuesta sobre la inclusión del criterio medioambiental como requisito objetivo a la hora de optar a la contratación pública, y por ello creo que es conveniente esperar a la aprobación de dicha propuesta. 
En cuanto a la enmienda 22, relativa a la incorporación de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, en un plazo de cuatro años, al sistema EMAS, he efectuado una consulta por escrito a la Comisión a la que me gustaría pudiera contestar la Sra. Comisaria. 
Por último, la enmienda 25 se refiere a la armonización del EMAS con la norma ISO, aspecto muy importante para la difusión de ambas herramientas, de cuyo acuerdo de armonización realmente nos alegramos. 
Señor Presidente, hasta la fecha nuestras experiencias con el sistema comunitario de auditoría medioambiental han sido muy diferentes. 
En Alemania y Austria han participado numerosas empresas en tanto que en los demás Estados miembros el número de empresas participantes fue muy reducido. 
La actual revisión nos debe permitir, por tanto, aumentar el atractivo del sistema de auditoría medioambiental. 
Es importante que se incorporen las empresas del sector servicios y que se anime a las pequeñas y medianas empresas. 
Creo, no obstante, que todo ello no es suficiente. Es asimismo imprescindible que se reduzcan los trámites burocráticos y que se creen posibilidades para proyectar los resultados obtenidos hacia fuera. 
Las conversaciones con las empresas han demostrado que el EMAS surte efecto hacia dentro. La plantilla de personal contribuye mucho más a la protección del medio ambiente, pero es preciso mejorar la eficacia en el exterior. 
Propugnan exigencias vinculantes que ponen el listón demasiado alto. De este modo, sólo conseguiremos que las empresas abandonen el sistema y con eso no ganamos nada. 
Si tenemos deseos en el ámbito de la protección del medio ambiente yo seré el primero en apoyarlos, pero para ello necesitamos directivas y reglamentos. Estos deseos no caben en un sistema con carácter voluntario como es el EMAS. 
Otro punto que me parece fundamental para implantar un sistema de auditoría medioambiental viable es la periodicidad de las evaluaciones. 
Se propone que la validación se renueve cada año. En mi opinión, el plazo propuesto es demasiado breve. 
Las empresas necesitan tres cuartas partes del año para preparar un informe sobre el comportamiento medioambiental. No podrán cumplir con su deber si la evaluación debe realizarse anualmente. 
Por eso, propongo un plazo de dos o tres años en la espera de que den su visto bueno a mi propuesta. 
En este sentido quisiera respaldar plenamente las enmiendas correspondientes que propugnan la aplicación de la mejor tecnología disponible. Solicito asimismo su apoyo para la enmienda 12 que impone el respeto por la normativa medioambiental existente. 
Obviamente, soy consciente de que es preciso crear incentivos para fomentar la participación en el sistema que nos ocupa. 
Acepto la propuesta de la ponente- lo hemos acordado hoy- de presentar mañana una enmienda oral a fin de dejar claro que estamos asimismo de acuerdo con el compromiso acerca de la implicación de los trabajadores y sus representantes, es decir, con la idea de concentrarlo todo en la empresa. 
En mi opinión, ello no sólo supondrá un paso importante para la transposición del EMAS desde el punto de vista democrático-político, sino también desde la perspectiva de la gestión. 
¡Como finalizo mi intervención antes de tiempo supongo que el Presidente estará encantado conmigo! 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, el EMAS parte de una intención excelente: incitar a las empresas a ser más respetuosas con el medio ambiente. 
Siete años después de su creación, el EMAS ha tenido éxito sólo en algunos países. 
Se trata de una reglamentación que impone enormes limitaciones a las empresas que aceptan voluntariamente jugar el juego. 
Hacia ellas deben dirigirse en primer lugar nuestras prioridades, lo que explica la importancia de los incentivos de que hablaba hace un instante nuestro ponente. 
Por otra parte, pero con la misma idea, algunas enmiendas corren el riesgo de pecar- podríamos decir- por exceso de ambición. 
Me refiero a las enmiendas 5, 10 y 17, relativas a la mejor tecnología disponible, la MTD. 
En cambio, estamos dispuestos a apoyar, en pro de la transacción, las enmiendas 43, 44 y 45, que vinculan esas mejores tecnologías disponibles desde el punto de vista del medio ambiente a- y cito- "condiciones económica y técnicamente viables para las empresas". 
Por último, se plantea la cuestión de la participación de los representantes de los trabajadores, que, naturalmente, deseamos y que la posición común autoriza perfectamente. 
En cambio, rechazamos las enmiendas 41 y 50, porque medidas más coercitivas a ese respecto podrían también desalentar a buen número de empresas candidatas. 
Señor Presidente, varios oradores han mencionado esta noche el tema de la mejor tecnología disponible. 
Si somos sinceros sobre el hecho de querer animar a las empresas a mejorar la política de medio ambiente y los resultados medioambientales, entonces es necesario que se fomente la mejor tecnología disponible. Para mí no tiene ningún sentido el ser reticente ante esto. 
Si la mejor tecnología disponible está ahí, entonces hay que animar a las empresas a utilizarla. De otro modo nunca vamos a hacer progresos. 
En lo que a los argumentos contra la mejor tecnología disponible se refiere, no se sostienen ante un examen a fondo. 
Insto a la Comisión, igualmente, a que lo acepte. 
Si somos serios en cuanto a intentar animar a las empresas a ir en la buena dirección, tenemos que fomentar entonces la mejor tecnología disponible. 
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, quisiera empezar agradeciendo a la ponente Sra. García-Orcoyen Tormo su trabajo sobre la propuesta de la Comisión en torno a EMAS. 
Antes de ocuparme de las enmiendas, quisiera destacar tres asuntos esenciales, esto es, la mejor tecnología disponible, las relaciones entre la participación en EMAS y el cumplimiento de la legislación medioambiental y la periodicidad de las auditorías medioambientales. 
Las modificaciones propuestas por el Parlamento en torno a la mejor tecnología disponible implica que todas las organizaciones que participen en EMAS estarían obligadas a aplicar la mejor tecnología disponible. 
La Comisión está de acuerdo con el principio de que todas las organizaciones registradas en EMAS intenten aplicar los métodos más adecuados en sus actividades y que trabajen con la mayor eficacia en materias de tecnología, material y organización. 
Ahora que EMAS se abre para todos los sectores económicos, la exigencia de emplear la mejor tecnología disponible significaría, en la práctica, que muchos sectores quedarían al margen. 
Una exigencia de esta naturaleza sería también un escollo para las industrias pequeñas y medianas. 
Si se pretende eludir esta excepción a través de EMAS, que es un sistema voluntario, posiblemente significaría que esas empresas se abstendrían de participar en EMAS. 
Estamos de acuerdo en que es importante que las organizaciones cumplan con las normas medioambientales que les afectan. 
Se podría decir que el respeto a la legislación medioambiental es una exigencia mínima. 
El objetivo de EMAS es ayudar a las organizaciones a trabajar mejor y a sobrepasar este mínimo. 
El objetivo no es dotar a las autoridades de control de pruebas irrefutables de que las organizaciones registradas en EMAS cumplen con las leyes en todas las situaciones. 
Si el Parlamento Europeo mantiene las enmiendas que propugnan que se garantice el cumplimiento de la legislación medioambiental, se corre el riesgo de que se modifique el papel de EMAS. 
En ese caso, EMAS sería un sustituto de los controles medioambientales que realizan las autoridades pertinentes en los Estados miembros. 
Estoy convencida de que ésta no es la intención del Parlamento. 
¿Con qué frecuencia se aprobarán los informes de gestión medioambiental? 
Éstos son el resultado visible y público de la aplicación de EMAS en una organización. 
Por eso deben corresponder a lo que se espera de ellos. 
La mejor manera de crear confianza en torno a los resultados de estos informes es la realización de controles imparciales y periódicos. 
Quiero hacer hincapié en que la postura común es flexible en este punto. 
Ahora permítanme ocuparme de las enmiendas en particular. 
La Comisión ha estudiado minuciosamente las 50 enmiendas que se han presentado y aprueba 11 de ellas. 
La credibilidad y el poder de atracción de EMAS sobre las empresas son dos aspectos esenciales para su funcionamiento. 
Por eso, la Comisión aprueba con satisfacción las enmiendas 1, 2 y 19, tercera parte. 
La Comisión también es consciente de otro asunto, esto es, del desarrollo temprano de EMAS en los países candidatos. 
Por esta razón, la Comisión aprueba en principio la enmienda 3, con la condición de que se aclare su redacción. 
La Comisión también aprueba con satisfacción en principio la enmienda 4, puesto que contribuirá a interesar más a los trabajadores, cosa que ya se ha tomado en cuenta en la revisión de EMAS. 
Sin embargo, habrá que cambiar la redacción para impedir que se impongan nuevas exigencias a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas. 
Parece que existe una intranquilidad generalizada respecto a las empresas pequeñas y medianas, que también tiene su expresión en EMAS. 
Por esta razón, la Comisión aprueba en principio la enmienda 16, siempre que se amplíe para que comprenda toda clase de información y no sólo los datos obtenidos por ordenador. 
La Comisión ve con satisfacción que el Parlamento Europeo apuesta por incorporarse a EMAS e insta a las demás instituciones europeas a hacer lo mismo. 
No obstante, el campo de aplicación de EMAS es más amplio que los recursos físicos, cosa que demuestra claramente la enmienda 22, a la que la Comisión da su aprobación en principio. 
La Comisión aprueba la enmienda 25, que contribuirá activamente a aclarar las exigencias que impone EMAS. 
La Comisión da su aprobación a las enmiendas 30, primera y tercera parte, 32 y segunda parte de la 33. 
En cuanto a las demás enmiendas, me referiré brevemente a los motivos que ha tenido la Comisión para no aprobarlas. 
Un aspecto importante de la propuesta es la ampliación del campo de aplicación de EMAS a todos los sectores de la industria y el comercio. 
Por este motivo, no podemos aprobar las enmiendas que sólo se refieren al sector industrial. 
Se trata de las enmiendas 5, 6, 10, 17, 43, 44 y 45, que implican que las organizaciones deben aplicar la mejor técnica disponible. 
Las ventajas medioambientales de EMAS en comparación con ISO14001 son un aspecto fundamental de la propuesta. 
Por este motivo, la Comisión no aprueba las enmiendas 13, 30 segunda parte, 36, 38 y 46. 
Ellas dificultarían la transparencia y control de los datos sobre cualidades medioambientales mediante la imposición de intervalos más largos entre los controles de los informes de gestión. 
La Comisión tampoco puede dar su aprobación a las propuestas 39 y 40, puesto que el logotipo de EMAS tiene que ser un distintivo para las organizaciones, al mismo tiempo que no debe inducir a error. 
La enmienda 19, primera parte, no puede aprobarse en tanto esté vigente la directiva sobre contrataciones públicas en su forma actual. 
La Comisión proporciona con gusto información a petición del Parlamento Europeo, pero no aprueba las enmiendas 18 y 20 puesto que carece de recursos para su cumplimiento. 
Finalmente, en relación con la enmienda 24 que se ocupa de los procedimientos de comité, la Comisión no la aprueba, debido a que se han hecho modificaciones jurídicas en esos procedimientos que implican la concesión de facultades legislativas. 
Permítame que, excepcionalmente, le recuerde las instrucciones. La próxima vez tal vez pudiera atenerse un poco mejor al horario establecido. 
Su colega, la Sra. Reding, habla hoy en último lugar. 
Seguramente estará enojada conmigo si debe permanecer aquí hasta la una de la madrugada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
En lo que nosotros respecta, también felicitamos a la ponente. 
Ha tenido un éxito extraordinario con la mayor parte de sus enmiendas y con las enmiendas que aceptadas por la Comisión y el Parlamento en primera lectura. 
La cuestión que queda por resolver es si todavía queremos ir más allá de lo que se ha aceptado en la posición común. 
En el debate sobre esta directiva ha salido a relucir una cuestión que, en realidad, también podría haber surgido al tratar otros aspectos medioambientales, pero opino que es importante presentarla aquí. Y ésa es la pregunta que siempre nos debemos formular en tanto instituciones europeas: realmente, ¿por qué nos ocupamos de esto? 
¿Por qué un problema que en verdad resulta ser un problema de nivel muy local- se trata en realidad de uno de los problemas que discutimos ahora- debe decidirse en Bruselas o Estrasburgo y no se puede dejar en manos de los Gobiernos nacionales? 
A fin de cuentas, hemos llegado al convencimiento de que en este caso resulta necesario que, en tanto Unión Europea, nos ocupemos de este asunto a base de una cierta igualdad ante la ley, de otorgar la misma protección a los mismos ciudadanos. 
No obstante, puedo imaginarme que también existen otros argumentos para decir que resulta importante para nosotros, en tanto Unión, ocuparnos de ello. 
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, en primer lugar quiero agradecer a la ponente y a la comisión su excelente trabajo. 
El informe Breyer contribuyó poderosamente a hacer aún mejor la propuesta de la Comisión en la primera lectura, que tuvo lugar en diciembre del año pasado. 
La aprobación de esta directiva implica que la Unión se pone a la vanguardia internacional en materia de valores límite para el benceno y el monóxido de carbono. 
Quiero comenzar informando acerca de la opinión de la Comisión respecto a las enmiendas 2 y 3. 
Ellas se ocupan de la información a la opinión pública, un tema de extraordinaria importancia. 
Como ustedes probablemente saben, la Comisión aprobó esta semana una directiva que va a mejorar el acceso a la información medioambiental. 
La primera parte de la enmienda 3 señala que los Estados miembros deben realizar esfuerzos especiales para informar a quienes afecten las excepciones a los plazos para respetar los valores límite para el benceno. 
Habría que modificar sustancialmente la redacción de la primera parte de la enmienda 3 para que la Comisión pudiese aprobarla. 
La segunda parte de la enmienda 3 contiene la exigencia de libre acceso a la documentación de los Estados miembros sobre la elección de sitios para la obtención de pruebas. 
A pesar de que en conformidad con la Convención de Århus los Estados miembros ya tienen esta obligación, la Comisión respalda esta enmienda. 
Me referiré a las enmiendas 1 y 4, ambas concernientes a la revisión de la directiva por parte de la Comisión el año 2004. 
La revisión va a formar parte del primer informe sobre el nuevo programa integrado para el aire puro, que está preparando la Comisión. 
Ya en la postura común se señala que el objetivo de la revisión es estudiar los últimos resultados y, si es necesario, mejorar aún más la protección. 
Puesto que la contaminación del aire en el interior de las viviendas puede producir considerables problemas de salud, la Comisión lo tomará en consideración cuando haga la revisión. 
Por estas razones, la Comisión puede aprobar en principio la enmienda 1, pero hay que cambiar su redacción. 
El punto más controvertido en las negociaciones con el Consejo fue el de los valores límite para el benceno y los plazos para alcanzarlos. 
A la luz de los resultados de una reciente investigación sobre el benceno, los Estados miembros del Sur, principalmente, opinaron que era improbable que se pudiese alcanzar el valor límite de 5 g/m3 antes del año 2010. 
Con todo, el artículo 3.2 de la postura común dispone que, concurriendo ciertos requisitos, solamente cabe una prórroga del plazo, por cinco años. 
Además, en ese período, no se puede sobrepasar una concentración de 10 g/m3. 
Esta armonía fue posible exclusivamente gracias al añadido hecho al artículo 7.3, en el que se dice expresamente que la Comisión puede proponer nuevos plazos de acuerdo a los resultados de la revisión del año 2004. 
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, esta cláusula no limita ni afecta al derecho a tomar iniciativas de la Comisión, pero puede considerársele como una parte importante del acuerdo final en el Consejo. 
Por este motivo, la Comisión no da su aprobación a la enmienda 4. 
Muchas gracias, señora Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0164/2000) , de la Sra. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros. 
Los miembros de la comisión se mostraron de acuerdo conmigo en que una recomendación es un instrumento demasiado débil para este caso. 
No hay forma de que la Comisión pueda volver a los Estados miembros y decirles que no se han atenido a la recomendación, porque una recomendación simplemente dice que pueden hacer algo; no dice que deban hacer algo. 
Intenté honestamente dentro de la Comisión de Medio Ambiente que los miembros aceptaran una recomendación y no una directiva. 
No podemos entender que la Comisión esté dispuesta a proponer sólo el mínimo posible. 
Pero es interesante observar que el asunto se inició de hecho hace trece años y que está relacionado con una directiva que se remonta a mucho antes. 
Hay en estos momentos otros nueve asuntos de medio ambiente que han vuelto al Tribunal de Justicia porque los Estados miembros han hecho caso omiso de las sentencias anteriores. 
Nos hace falta el tipo de directiva que quisiera la Comisión de Medio Ambiente. 
Espero que la Comisión Europea tenga la valentía, y quiero decir valentía, de aceptar la enmiendas del Parlamento Europeo. 
Espero que la Comisión Europea tenga la valentía de ir al proceso de conciliación al lado del Parlamento y en contra, porque será en contra, del Consejo. 
Creo que algunos miembros del Consejo están bastante vacilantes en la dirección de una directiva y no de una recomendación. 
La minúsculas concesiones que ha ofrecido hasta ahora el Consejo, recogidas en el preámbulo de la presente propuesta, sencillamente no son suficientes. 
Señor Presidente, los que sobrevivimos al proceso de conciliación de la directiva marco sobre el agua debemos estar encantados de tener ante nosotros un tema que bien definido y fácilmente compresible. 
La pregunta, evidentemente, es por qué no lo hemos tenido antes ante nosotros. 
¿Por qué los predecesores de la Comisaria no presentaron propuestas antes de ahora y por qué las propuestas ahora presentadas son tan tristemente flojas? 
Hay también una pregunta para los Estados miembros: ¿cómo se explica que hayan estado firmando legislación medioambiental si en realidad no tienen los medios para comprobar adecuadamente que se ha llevado a cabo no tienen intención de garantizar que se haga cumplir como es debido? 
La segunda cuestión es el claro conflicto que existe aquí entre el Parlamento y el Consejo. 
Cualquier estudiante que desee comprender el procedimiento de conciliación o de codecisión tiene aquí un bonito y claro estudio de caso. 
Disponemos de poderes de codecisión, pero con la amenaza del Consejo de que, si no nos acomodamos, abandonarán entonces toda la legislación. 
Bueno, pues que lo hagan, como ha dicho la Sra. Jackson. 
El mensaje de la Presidencia francesa es que queremos progresos tangibles. 
Hay posibilidades de compromiso, presumiblemente sobre la fecha de ejecución. 
Todas las instituciones de la Unión Europea quieren que las leyes se hagan cumplir debidamente. 
Es hora de que dotemos a estos buenos pero bastante vaporosos sentimientos de verdadero sentido y acción. 
Señor Presidente, quiero antes de nada dar las gracias a la ponente, Sra. Jackson, y a la Comisión de Medio Ambiente por su trabajo sobre las inspecciones de medio ambiente. 
La mala aplicación de las normas de medio ambiente no tiene nada que ver con la falta de dichas normas y directivas. 
¡Quizá no sea tan mala idea contar con esas personas uniformadas de azul con estrellas doradas que comprueben lo que está pasando! 
Algunos Estados miembros disponen ya de organismos de inspección o agencias bien desarrollados, y las directrices servirán para que los administren de acuerdo con unas normas comunes sin tener necesariamente que cambiar demasiado sus sistemas. 
Para los Estados miembros que disponen de tales organismos, la recomendación servirá para darles, en primer lugar, la posibilidad de que reciban financiación comunitaria los que cumplan los requisitos a fin de desarrollar su estructura y capacidad. 
Una directiva podría significar que algunos Estados miembros tuvieran grandes dificultades en cumplirla en su totalidad desde su entrada en vigor, y la Comisión no consideró que esto fuera práctica o psicológicamente deseable. 
Estoy convencida de que el método de la "zanahoria" conseguirá mejores resultados que el del "palo" en el estado actual de desarrollo de las inspecciones nacionales. 
Ya hemos hecho algunos progresos en la materia con el programa de intercambio de inspectores de IMPEL, y demás trabajos que ha hecho IMPEL acerca de las inspecciones, el control de su frecuencia, etc. 
En la propuesta se dispone que los Estados miembros informen sobre el funcionamiento, y yo me tomaré en ello un interés personal. 
Si se descubre que los Estados miembros no la aplican en la práctica, no nos asustará presentar una propuesta de directiva. 
La actitud dentro del Consejo de los Estados miembros, incluso de los que cuentan con inspecciones bien desarrolladas, fue unánimemente a favor de legislación no vinculante en estos momentos. 
En dicho caso habremos fallado a aquellos Estados miembros que más asistencia y orientación necesitan, y la consecuencia será que no cambiará el statu quo y que la aplicación en dichos Estados miembros no mejorará. 
Por estas razones la Comisión no puede aceptar ninguna de las enmiendes propuestas relacionadas con cambiar la propuesta de una recomendación a una directiva. 
Muchas gracias, señora Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0152/2000) , de la Sra. Redondo Jiménez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre 
I. la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo ((COM (1999) 379- C5-0076/1999- 1999/0159 (COD) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica, 
II. la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo ((COM (1999) 379- C5-077/1999- 1999/0160 (COD) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2158/92 relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. 
El Tribunal dictó sentencia en los asuntos conjuntos 164 y 165 de 1997 por la que anula ambos Reglamentos y que el Consejo habría debido establecer en base al artículo 130 S del antiguo Tratado, o sea el 175 actual, como única base jurídica, pero, asimismo, el Tribunal suspendió los efectos de la anulación hasta que el Consejo aprobara, en un plazo razonable, nuevos reglamentos con el mismo fin. 
La Comisión Europea y los Estados miembros se comprometieron a nivel internacional en las Conferencias ministeriales sobre la protección de los bosques de Helsinki, en 1993, y de Estrasburgo, en 1990, a realizar una vigilancia permanente de los daños sufridos por los bosques. 
En ella se pide que la Comisión esté asistida por un comité forestal permanente, como lo está en otras muchas áreas; que presente un análisis sobre la aplicación de este Reglamento en sus aspectos ecológicos, económicos y sociales, así como una relación coste-beneficio; se incluye una modificación relativa al bosque mediterráneo como ecosistema específico de los países del sur y por la importancia que tiene en la lucha contra la desertificación y la erosión. 
Con respecto a la dotación financiera, tengo una duda razonable: en el anterior período de estos reglamentos, para la lucha contra la contaminación, la Comisión proponía 40 millones de euros, para los cinco años, y para la prevención de incendios, 70. 
Por lo tanto, nuestra propuesta sería incrementar dicha dotación hasta 44 y 77 millones para contaminación e incendios respectivamente. 
Aquí nos encontramos con una propuesta de la Comisión de Presupuestos. 
La Comisión de Presupuestos vuelve a reincidir presentando enmiendas en las que no quiere que aparezca ningún tipo de notificación en cuanto a dotación. 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señora Redondo, lo siento, pero ha llegado el Sr. Cunha. 
Señor Cunha, la Sra. Redondo estuvo a punto de arrebatarle su tiempo de uso de la palabra. 
Señor Presidente, la importancia del bosque en la Unión Europea queda patente en el 36% del territorio que ocupa o en los 2,2 millones de puestos de trabajo que crea. 
En diversas zonas de la Unión Europea el bosque es muchas veces la única opción económica substitutiva, en vista de la pobreza de los suelos o la exigüidad de otros recursos naturales. 
Y resulta manifiesto que su importancia dista de limitarse al aspecto económico: tiene otras innumerables dimensiones de interés social y medioambiental, como la protección de los suelos, la lucha contra la erosión, la preservación de recursos acuíferos, la biodiversidad, la regularidad climática, etc. A pesar de todo eso, el bosque ha sido como un "hijo bastardo" de las políticas comunitarias. 
Y sólo al cabo de muchos años, en 1998, con el empeño del Parlamento Europeo, consiguió la Unión Europea aprobar por fin una estrategia para la preservación y el desarrollo de los bosques. 
Aun así, dada su inequívoca interrelación con la agricultura y sus repercusiones territoriales, resulta inexplicable que la Comisión haya sido más ambiciosa en sus propuestas y el Consejo haya sido históricamente tan corto de vista. 
A pesar de que la aprobación de la estrategia forestal de la Unión Europea es un progreso en el plano de las ideas, no ha tenido una expresión práctica. 
Por lo que se refiere en particular al aspecto que mucho preocupa a mi país- el del reglamento contra los incendios -, es de lamentar que en el período 1992-1996 la Unión Europea se beneficiara de un importe anual de 14 millones de euros y que esa suma anual pase ahora a 10 millones de euros, es decir, un 40% menos. 
La Sra. Redondo presenta, con el título general de protección de los bosques, un informe sobre dos propuestas de reglamento. 
Una se refiere a la contaminación atmosférica que afecta a los bosques, y la otra a la prevención de los incendios. 
Yo quiero decirle a la Sra. Redondo que la delegación de los socialistas españoles va a apoyar sus enmiendas. 
Las vamos a apoyar porque compartimos todos los argumentos que la Sra. Redondo ha expuesto, y por otros argumentos que no le ha dado tiempo a exponer. 
Los reglamentos de base son de 1986 y 1992, y ahora la dotación presupuestaria es menor, cuando, desde la adhesión de los países nórdicos a la Unión Europea, la masa arbórea es superior. 
Pero es que, además, la contaminación atmosférica ha empeorado como consecuencia de las lluvias ácidas, de las mayores concentraciones de productos peligrosos en la atmósfera. 
Señor Presidente, señor Comisario, vivo en los bosques nórdicos, que constituyen una parte de la enorme superficie forestal de Europa. 
En los países nórdicos no tenemos los mismos problemas que en la región mediterránea. 
Por tanto, no es correcto hablar de bosques europeos. 
Sin embargo, este informe trata de las amenazas a nuestros bosques. 
El mayor peligro para los bosques ubicados en el norte y en el centro es la contaminación transportada por el aire. 
Desgraciadamente, no podemos combatirla mediante la política forestal, pero sí por medio de las políticas de medio ambiente, de tráfico y agrícola, es decir, con una política medioambiental de carácter general. 
Los incendios no son un problema para los bosques nórdicos, todo lo contrario. 
Incendiamos intencionadamente los bosques por motivos ecológicos. 
En los bosques nórdicos hay muchas especies vegetales cuyas semillas están cubiertas de cera. 
Los incendios las calientan y las hacen germinar. 
Opino que hay que apoyar a los países sureños en su lucha contra los incendios forestales, pero que no hay que generalizar en este contexto hablando de bosques europeos. 
Señor Presidente, resulta extremamente alentador que se preste cada vez más atención al bosque y al estado de salud del bosque. 
Creo, sin embargo, que no basta con que en el futuro destinemos muchos fondos- muchos en comparación con antes, pero aún demasiado pocos en relación con las verdaderas necesidades- a este ámbito de acción. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, los bosques desempeñan un papel esencial en la preservación de los equilibrios ecológicos y representan un recurso renovable, aunque a largo plazo. 
Además de eso, representan también una inversión imaginaria, mitológica y simbólica que no conviene olvidar. 
Aunque en el territorio de la Unión Europea se registra alguna recuperación de los espacios dedicados al bosque, todos los años millares y millares de hectáreas son víctimas de la acidificación. 
Inmensas superficies forestales arden año tras año en Europa, devastando como media anual cerca del 1% de la superficie forestal total. 
La biodiversidad también resulta afectada, la situación de varias especies vegetales es incluso preocupante. 
Por eso, la utilidad de estos dos reglamentos es indiscutible, pese a que las dotaciones comunitarias que entrañan son bastante modestas. 
Particularmente importante para el sur de Europa es sin duda- ya se ha dicho aquí- un reglamento que determina un marco de acción destinado a la prevención de los incendios forestales y a la reducción de las superficies incendiadas. 
Por eso, resulta inestimable. 
La parte más meridional de la Europa mediterránea está amenazada por un proceso de desertización física, en el sentido literal de la palabra. 
El fenómeno climático que originó el desierto del Sáhara no se detiene en el mar Mediterráneo y se proyecta, en particular, en las penínsulas Ibérica, Itálica y Balcánica. 
Esta cuestión de los bosques no sólo afecta a los países del Sur, cuyos territorios resultan afectados, del mismo modo que la defensa del bosque nórdico no es, naturalmente, asunto de interés exclusivo de los países nórdicos. 
Los países del Sur necesitan urgentemente que haya una política de defensa del bosque, más que cualquier otra parte del territorio europeo. 
Y quiero aquí felicitar a la ponente por el trabajo hecho y acompañarla en sus propuestas y en sus objetivos. 
Señor Presidente, el contenido del Reglamento que nos ocupa está basado en la situación que existía a finales de la década de 1980, y a partir de entonces las circunstancias han cambiado mucho hasta nuestros días. 
Esta evolución debe ser tomada en cuenta a la hora de renovar los métodos de seguimiento de la situación de los bosques de la Unión. 
El Reglamento relativo a los bosques comunitarios debe ser reformado, pero el Parlamento no debe contraer compromisos financieros durante el ejercicio 2001, hasta que, a finales del mismo, expire el Reglamento en vigor. 
En esta situación, no es razonable la propuesta de incrementar la financiación en decenas de millones de euros para año y medio escaso. 
No basta con aducir que la superficie forestal de la Unión ha aumentado tras la última ampliación. 
Por ejemplo, en Finlandia y en Suecia hace mucho tiempo que hemos logrado crear una situación en la que el bosque se tala al mismo ritmo que crece. 
En estos momentos, contamos con varias propuestas legislativas en trámite a nivel de la Unión que tienen incidencia real en el estado de los bosques, entre otras, la posición común sobre la directiva de escapes contaminantes y la propuesta de directiva sobre las grandes instalaciones de incineración. 
Se lo agradecemos y tomamos nota de ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0186/2000) , de la Sra. Hieronymi, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre 
I. la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo ((COM (1999) 658- C5-0059/2000- 1999/0275 (COD) ) relativa a la ejecución de un programa de formación para los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales (MEDIA- Formación) (2001-2005), 
Señor Presidente, estimados colegas, estimada Comisaria, antes que nada quisiera dar las gracias a la Sra. Ruth Hieronymi por su maravillosa colaboración. 
Cada uno ha cumplido sus compromisos para intentar lograr un mayor perfeccionamiento de este programa ya muy bueno de por sí. 
Hablo en nombre de la Comisión de Libertades, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y quisiera centrarme en dos cuestiones. 
¡No un cambio, sino una ampliación! 
¿Por qué opino o, mejor dicho, opinamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos que estos asuntos están relacionados? 
A mi parecer, todo entra a formar parte de la globalización; el arte y la cultura también obedecen a esta misma ley. 
Necesitamos asimismo un política cultural europea porque los Estados nacionales ya no son capaces de arreglárselas por sí solos. 
Señora Comisaria, creo que en el fondo el Parlamento hace un favor a la Comisión al reclamar más dinero para garantizar una política cultural por parte de Europa y es por eso por lo que solicitamos la citada ampliación del fundamento jurídico. 
Para mayor claridad quisiera puntualizar que no queremos subvencionar la industria, sino que pretendemos que las películas europeas se vean más en Europa. 
En primer lugar, hemos de conquistar el espacio europeo en su totalidad para luego poder trabajar de forma eficaz. 
Creo que, ciñéndome a estas dos cuestiones, no necesito dos minutos enteros. 
Queremos más dinero y queremos que se amplíe el fundamento jurídico. 
Estimados colegas, señor Presidente, desde el punto de vista del contenido me sumo a todos los elogios pronunciados hasta ahora y así llego al quid de la cuestión. 
Se inicia la tercera ronda de ayudas al cine europeo y continúan siendo imprescindibles, puesto que, indiscutiblemente, la industria audiovisual europea está en crisis desde hace tiempo. 
No obstante, por regla general, las inversiones no se amortizan hasta que se haya alcanzado un número de un millón de espectadores. 
Solamente una quinta parte de la producción europea sale de su país de origen y, para colmo, el 90% de estas películas se exhibe únicamente en los países europeos vecinos. 
Durante y después de la producción falta en la mayoría de los casos un adecuado presupuesto de promoción y marketing. 
La diversidad cultural y el multilingüismo también son prioridades magníficas, pero en más de una ocasión suponen un serio obstáculo para una amplia distribución. 
Conquistar el mercado cinematográfico estadounidense es sin duda un sueño bonito, ¡pero quedémonos mejor en casa! 
No podemos dejar de reforzar los mercados nacionales y, en segundo lugar, debemos abrir mejor el mercado europeo. 
¡Si aparte de esto logramos algo más, tanto mejor! 
En la actualidad se ha llegado a la conclusión de que limitar los costes de producción es un factor de freno para las películas que pueden acogerse a las ayudas. 
Se trata de la posibilidad de disponer de capital de riesgo. 
Las empresas y bancos europeos invierten importantes cantidades de dinero en la industria de programas audiovisuales, pero prefieren hacerlo en la industria estadounidense, no en la europea. 
Ante esta situación se decidió crear ya en 1995 un fondo europeo de garantía en el marco del Libro Verde de las opciones estratégicas para reforzar la industria de programas en el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea. 
Sin embargo, el Consejo se opuso radicalmente a dicha propuesta- desafortunadamente sobre todo por parte alemana- sin aportar otra solución. 
Pues bien, con este informe se intenta volver a poner sobre el tapete este instrumento financiero como medida complementaria. 
Como Alemania tiene un nuevo Gobierno que ya no está obligado a salvar las apariencias como consecuencia del anterior rechazo ahora tal vez haya buena voluntad. 
Sobre todo los canales públicos desempeñan un papel clave. 
Disponen de un gran número de recursos humanos y materiales, lo que suele ser necesario para conseguir una producción taquillera. 
Señor Presidente, el grupo liberal piensa que MEDIA Plus es un programa fundamental y especialmente positivo que puede contribuir a fortalecer la diversidad cultural y lingüística de la UE. 
Ha de llevarse a cabo un esfuerzo especial en favor de la industria cinematográfica europea, lo cual apoya el grupo liberal. 
Es tarea del Parlamento Europeo y de la UE establecer los marcos y las condiciones adecuadas para una política cultural semejante, pero un uso exorbitante del dinero de los contribuyentes en política cultural no es ciertamente nuestro terreno. 
En consecuencia, la propuesta de la Comisión relativa a un marco presupuestario global de 400 millones de euros para un período de cinco años nos parece tanto realista como adecuada. 
De la misma forma, mañana votaremos con cierta reservas a favor de las propuestas relativas a la creación de un fondo de garantía europeo y la ampliación de las posibilidades financieras mediante la colaboración con el Banco Europeo de Inversiones. 
Los programas de comunicación anteriormente han sido administrados por la Comisión en colaboración con la Comisión de Medios de Comunicación como comisión asesora. 
La ponente desea modificar el estatuto de la Comisión de Medios de Comunicación de asesor a con competencias, pero nunca se nos ha dado una buena explicación para ello. 
Temo que la administración del Programa MEDIA Plus se vea todavía un poco más entorpecida por esta modificación y de ahí también las reservas con las que votaremos a favor mañana. 
A pesar de todas estas reservas creo que nos hallamos frente a un programa muy bueno con el que poder fortalecer la industria cinematográfica europea y debo mostrar mi gran agradecimiento hacia la ponente, la Sra. Hieronymi, por el impresionante trabajo que ha realizado. 
La buena noticia es, por supuesto, el excelente trabajo de la Sra. Hieronymi y la más que excelente colaboración mantenida, que ha dado lugar a su adopción por unanimidad en la comisión en que este informe ha sido tramitado. 
Desde luego, apoyamos plenamente lo que la ponente ha dicho respecto de la necesidad de una base jurídica. 
Lamentablemente, debo comunicarles la mala noticia, y ésta tiene menos que ver con este plan de medios que con toda la política de medios que propone la Unión Europea. 
Podemos preguntarnos cuál es realmente la ambición de Europa. 
Escucho con interés la crítica del colega Andreasen respecto del aspecto presupuestario implicado en esta cuestión, pero leo en la prensa que Europa emplea 1.000 millones de euros por año en fomentar y ayudar a los cultivadores de tabaco. 
Por otra parte, no se ha discutido mucho, acertadamente, respecto de las enormes sumas que Europa destina a la agricultura. 
No obstante, me pregunto cómo resulta tan difícil lograr una política europea, una política industrial, que pueda dar réplica a Hollywood. 
Creo que frente a Hollywood tan sólo se necesita un verdadero oponente. 
Desgraciadamente, vemos que incluso el germen de esta idea no figura en el programa. 
Aquí se habla de ámbitos tan importantes como la distribución o la preparación de la producción; pero cuando se trata de la producción, faltan las palabras. 
. (IT) Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar a la Sra. Hyeronymi por el excelente trabajo realizado en el seno de la Comisión de Cultura, así como resaltar la extraordinaria sintonía y la excelente sinergia entre las comisiones, tanto es así que- y esto lo corrobora- los informes sobre el fondo y para opinión se han aprobado por unanimidad. 
Desde el punto de vista estructural, ha parecido necesaria una mayor inversión en el sector audiovisual para crear nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes desempleados europeos y para evitar la fuga de cerebros de la Unión Europea hacia países no en europeos, en particular los Estados Unidos en los que una mayor inversión garantiza no solo mejores condiciones de trabajo, sino también mayores oportunidades de empleo. 
Los puntos en los que se ha trabajado: hemos considerado necesario reorganizar el sistema de acceso al programa reduciendo de tres a dos el número de socios; se ha estimado necesario garantizar que los programas de formación establecidos en esta propuesta comprendieran medidas de apoyo adecuadas a las necesidades de desarrollo, de contenidos innovadores para la producción de formatos audiovisuales diferentes de las obras de ficción y los documentales; se ha entendido importante modificar el fundamento jurídico utilizando la codecisión para la parte relativa a la ayuda al desarrollo, la distribución y la producción, ya que otorga al Parlamento una mayor influencia en lo relativo a la ejecución del programa y a su objetivo, es decir, la promoción de la cultura europea. 
Señor Presidente, Señorías, en una Europa económica y monetaria, podría haber sido una ventaja que el programa MEDIA/MEDIA Plus tenga por fundamento jurídico el artículo 157 (industria) del Tratado. 
El sector audiovisual habría estado, más que evidentemente, en el centro de la política europea y de nuestra labor. 
Ahora bien, al leer el expediente preliminar de este período parcial de sesiones, redactado por la Dirección de Prensa del Parlamento, veo que el programa MEDIA Plus no forma parte de los puntos fuertes de esta semana. 
Y me ha sorprendido, la verdad, el poco interés suscitado por uno de los más importantes informes de la Comisión de Cultura de este año o- mejor dicho- no me ha sorprendido, en realidad. 
Eso tiene que cambiar. 
No se trata sólo de la industria audiovisual. 
Deseo, junto con otros diputados- que así lo han dicho también -, que el artículo 151, relativo a la cultura, sea también un apoyo jurídico de ese programa audiovisual. 
La industria no lo es todo en la creación audiovisual. 
De creación se trata precisamente y el objetivo de este programa es el de hacer efectiva y concreta la diversidad cultural. 
La diversidad cultural no es un lema, sino una necesidad, tanto cultural como económica. 
Es urgente que las obras audiovisuales circulen por todos los países de Europa. 
Se debe intensificar la ayuda a las salas que difunden películas europeas no nacionales. 
Subrayar la importancia cultural de este programa no es, naturalmente, una forma de soslayar su importancia económica. 
Parece que de aquí a 2005 el sector audiovisual va a crear más de 300.000 puestos de trabajo, sumamente especializados. 
¿Podemos preocuparnos tan poco de un mercado destinado a crecer tan rápidamente? 
Sin embargo, ni la necesidad cultural ni el objetivo económico parecen contar para la ejecución de este programa, con objetivos, por otra parte, ambiciosos. 
Como siempre que se trata de cultura, el presupuesto es mínimo y ni siquiera hablo de que siempre se examinan aquí después de las 22 horas nuestros informes, cuando versan sobre la cultura. 
Se me dirá que el presupuesto ha aumentado respecto de los dos programas anteriores, MEDIA 1 y MEDIA 2. No lo creo. 
250 millones para doce países y 310 para dieciséis países no son menos que los 400 millones propuestos hoy para unos treinta países. 
Conque, ¿por qué un presupuesto irrisorio y sin aumento real para un programa que puede combinar ese doble objetivo, tan necesario para Europa: el de una identidad, una cultura propia y diversificada y el de un desarrollo económico dinámico? 
En la época de lo digital, que nos promete, como se suele decir, una revolución en el desarrollo de los contenidos y en la circulación de las imágenes, cuando el programa MEDIA Plus dedica un lugar a proyectos experimentales, como la transposición digital de nuestro patrimonio audiovisual, ¿es serio tomarse tan poco en serio el programa MEDIA Plus? 
Señor Presidente, los programas MEDIA están concebidos para reforzar la industria europea y los contenidos audiovisuales con medidas de apoyo financiero a sectores específicos como, por ejemplo, el desarrollo, la fase de elaboración de los proyectos, la distribución y comercialización de las obras audiovisuales, la promoción con el objetivo de fomentar el acceso a los mercados europeos e internacionales de las obras y de los programas europeos, así como a la formación orientada a mejorar las preparación profesional. 
Es importante la aprobación de los programas MEDIA Plus y Formación; es importante el papel autónomo del sector de la promoción; es importante el notable papel de la distribución para una cada vez más amplia circulación de las obras; es importante acentuar lo más posible la complementariedad entre MEDIA Plus y MEDIA-Formación. 
La Comisión debería tener en cuenta la contribución que el Parlamento está dando aceptando las enmiendas tanto para la parte formación, en que hay codecisión, como para la parte desarrollo, distribución y promoción, con la consulta simple del Parlamento, en que se concentra la dotación presupuestaria más considerable 
Las enmiendas son fruto de la muy inteligente labor de la ponente, Sra. Hyeronymi, con la que, en mi calidad de presidente, he de congratularme y recordar que ha recibido el respaldo unánime de la Comisión de Cultura y de las Comisiones que han emitido su opinión. 
La Comisión, a través de las agencias de prensa, ya ha anunciado que está en contra de esta enmienda. 
Lo lamento: no estamos satisfechos por la respuesta y habríamos preferido escuchar la posición del Comisario durante este debate y no a través de sus declaraciones a la prensa. 
Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Hieronymi por el trabajo que ha dedicado a este informe. 
Es importante destacar para comenzar que no se trata precisamente de un viejo tema de cualquier tipo. 
Es un tema que resulta muy querido no sólo a los miembros de esta comisión y de la Asamblea sino también a los componentes del sector en toda la Unión. 
Pero al someterlo a la Asamblea debemos plantearnos dos preguntas muy importantes. En primer lugar, ¿por qué necesitamos este programa? 
En segundo lugar, ¿qué valor añadido nos va a aportar? 
La segunda razón es que, en esta época cada vez más homogeneizada de contenidos audiovisuales mundiales, tenemos que entrar en el área de la libertad de palabra, la libertad de expresión y la libertad de diversidad. 
Mi propio grupo está muy comprometido con el presupuesto que se ha perfilado en el informe. 
Estamos también muy comprometidos con la diversificación y con la búsqueda de diferentes fuentes de financiación que convengan a nuestra nueva época de espíritu empresarial. 
Sea como fuere, ¡nosotros no nos sumamos a esta acusación! 
Al contrario, le estamos agradecidos por el intenso trabajo que está llevando a cabo en los temas relacionados con la política cultural. 
Tenemos voluntad política de que este programa se inicie en el plazo previsto. 
Sin embargo, como representantes del pueblo directamente elegidos tenemos derecho a la codecisión en materia de política cultural, tanto desde el punto de vista jurídico como moral. 
Estimada señora Comisaria, queremos celebrar urgentemente un diálogo constructivo y concreto con usted y con el Consejo. 
Señor Presidente, quisiera decir que me congratulo por el documento MEDIA Plus. 
La Sra. Hieronymi, además, ha estado muy abierta a todas las sugerencias, y me parece que, respecto a otros programas, tiene una novedad que también aporta la Comisión, que es el apoyo a la comercialización y a la distribución. 
Además, la postproducción es el terreno en el que están trabajando las nuevas tecnologías. 
Y si nosotros no apoyamos la postproducción, el montaje, la formación de montaje y el establecimiento de estudios en los que se pueda doblar, montar y hacer las bandas sonoras, en los que se pueda hacer una buena postproducción, nuestro cine se quedará atrás. 
Y en la conciliación tendríamos que hablar ya, de una vez, de la industria de la cultura. 
Señor presidente, señora Comisaria, Señorías, el desarrollo tecnológico de la última década ha ocasionado una verdadera revolución en el sector. 
Habría hecho el arte accesible a todos, habría contribuido a una comprensión más profunda entre pueblos con una trayectoria civilizatoria diferente. 
En el capitalismo, sin embargo, en lugar de esto, tanto en el sector audiovisual como en otros sectores, las consecuencias benéficas para el ser humano del progreso tecnológico quedan constreñidas por las fuerzas que controlan esta sociedad. 
Es decir, por el beneficio monopolístico que se multiplica, no a través de la mejora de la calidad de la creación cultural, sino a través del control de los mercados, a través de la publicidad engañosa, de la manipulación ideológica, que crean determinados modelos de consumo, incluso en el ámbito de la cultura. 
El problema, queridos colegas, no es sólo si en Europa dominan las películas de producción norteamericana o europea, sino, principalmente, el contenido y la calidad de las películas que vemos nosotros y nuestros hijos. 
La Unión Europea se enfrenta a la cultura, en general, y a los medios audiovisuales, en particular, como a una mercancía, como a un ámbito más de actividad empresarial del capital, como a un ámbito más de competencia, en el que prevalecerán, no aquellos que tengan algo nuevo que ofrecer, algo de superior calidad, sino aquellos que cuenten con el mejor bagaje para aprovechar en su propio beneficio los mecanismos del mercado. 
Este enfoque es evidente en la propuesta sobre los programas MEDIA Plus y MEDIA-Formación ya desde el primer párrafo de la introducción, desde el primer artículo de la propuesta de resolución que aspira a permitir a los profesionales del ramo beneficiarse plenamente de la dimensión europea e internacional del mercado. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por el trabajo que ha realizado. 
Hay algunas cosas que no puede hacer el sector público y algunas cosas que no puede hacer el mercado. 
Desde luego el sector público no puede hacer buenas películas. 
Y no creo que pueda hacer un gran trabajo juzgando lo que es una buena película. 
Del mismo modo, el mercado no tiene suficientes recursos ni suficiente capacidad para garantizar que tengamos gente suficientemente preparada y formada. 
Ésta es desde luego un área que se propone en el informe y es una responsabilidad de nivel europeo. 
Debo rendir homenaje a organizaciones como, en Gran Bretaña, la Escuela Nacional de Cine de Beaconsfield, que necesita de ayuda para hacer su trabajo. 
Me agradó ver que en el informe hay algunas referencias a la radio digital, aunque no suficientes. 
No debiéramos olvidar el sector de la radio dentro del audiovisual. 
Finalmente, es muy fácil escribir un largo discurso. Es mucho más difícil pronunciar una breve. 
Es fácil gastar un gran presupuesto, pero difícil gastar uno pequeño. 
Confiamos en que la Comisión gaste el dinero de que dispone de forma efectiva y eficaz. 
Señor Presidente, la última palabra no la tengo yo, la tiene la Comisaria. 
Quisiera sumarme a las palabras de gratitud hacia la ponente y solamente quiero subrayar una vez más que también me he enterado por quienes tienen práctica en ello de que el programa anterior ha sido todo un éxito. 
Es importante destacarlo una y otra vez. 
En este contexto los MEDIA Desks y las Antenas MEDIA son de una enorme utilidad. 
Por una parte hablamos de cultura y de tradiciones europeas culturales comunes en el terreno de los medios audiovisuales. 
Por otra parte- ya lo han señalado los oradores anteriores- estamos ante un bien económico cuyo éxito se mide a través de su rendimiento. 
A mi modo de ver, dinero y cuotas no bastan para vencer a Hollywood, necesitamos calidad. 
Hemos de proseguir esta buena evolución y, desde este punto de vista, el incremento del presupuesto que se solicita en el informe de la Sra. Hieronymi resulta sumamente útil. 
Para finalizar quisiera destacar que gran parte de las raíces de la cultura europea se encuentran en la Europa Central y Oriental. 
Por tanto, el incremento presupuestario debe contribuir a una mayor participación de estos países en los programas. 
Tal vez aún no se haya dicho la última palabra sobre el incremento presupuestario. Es un tema que seguramente dará que hablar en los próximos años. 
Pero, en fin, la cultura se practica con frecuencia tarde por la noche: así, pues, no estamos tan fuera de las costumbres. 
Sobre todo quisiera sumarme a todos cuantos han puesto de relieve la contribución de la ponente, Ruth Hieronymi. 
Es costumbre felicitar al ponente: es la tradición. 
Sin embargo, creo que esta vez se puede decir que la Sra. Hieronymi ha hecho un trabajo más que excepcional. 
Agradecemos el talento de negociadora de la ponente y su compromiso personal. 
Señor Presidente, como usted sabe, la Comisión atribuye un gran interés a la opinión expresada por el Parlamento Europeo, en particular con vistas a la reunión del Consejo de Ministros de Cultura, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de julio, porque habré de comunicar a los ministros las opiniones del Parlamento Europeo. 
No esperen de mí que me lance a pronunciar un discurso sobre la importancia del cine europeo. 
Cuarenta y ocho de ellas versan sobre la propuesta de decisión relativa a la formación profesional y 68 sobre los componentes "desarrollo, distribución y promoción". 
Hay numerosas propuestas concretas para la ejecución del programa y, tras la lectura de esas enmiendas, se desprenden varias preocupaciones del Parlamento y debo decir a sus Señorías que la Comisión las comparte en gran medida, como, por lo demás, comparto la mayoría de las opciones expresadas esta noche, aquí, en el hemiciclo. 
Primera consideración, la importancia reconocida del sector de los contenidos audiovisuales en la economía y en la sociedad europeas de hoy y de mañana y la necesidad de tener en cuenta las nuevas posibilidades ofrecidas, en particular por las nuevas tecnologías, por lo digital. 
Como han observado sus Señorías con toda razón, no tenemos bastantes fondos para invertir en la producción. 
En efecto, me he puesto en contacto con el Presidente del Banco Europeo de Inversiones: nos hemos puesto de acuerdo en que, para desarrollar la industria de contenidos en Europa, hay que desarrollar la aportación de capital de riesgo y, por tanto, crear instrumentos que contribuyan a la inversión en los contenidos audiovisuales. 
A ese respecto mis funcionarios y los del Banco Europeo de Inversiones están negociando para crear, conforme al espíritu E-Europe, propugnado en Lisboa y confirmado en Feira, semejante fondo de inversión. 
Cuando esté bien encarrilado, acudirá, naturalmente, a este Parlamento, señor Presidente, para informar a sus Señorías. 
Estoy de acuerdo también en que la política comunitaria en materia audiovisual debe tener un horizonte amplio, pero desarrollarse y complementarse en sinergia con las políticas nacionales y regionales en esa esfera. 
Esos mecanismos deben ir encaminados a lograr la superación de los obstáculos de los mercados nacionales y aprovechar plenamente un espacio de difusión ampliado. 
Así, pues, es esencial que la ejecución de MEDIA Plus se apoye en un dictamen pericial profesional y que los mecanismos de apoyo estén al alcance del mayor número de empresas en todos los países y en todas las regiones que componen nuestra Comunidad. 
Y esa ejecución debe encontrar, señor Perry, un equilibrio adecuado entre la consideración de las necesidades de los profesionales y la necesidad de una transparencia y un control estricto de los gastos públicos respetando en particular de la reglamentación financiera. 
En tercer y último lugar, compruebo con gusto que el Parlamento comparte las opiniones de la Comisión en cuanto a los sectores destinatarios del programa, como también el deseo de que se desarrollen sinergias transnacionales- creo que en eso estriba el futuro de la industria de los contenidos en Europa, en las coproducciones -, sinergias transnacionales, por tanto, entre los sectores de la producción y la distribución y eso será nuevo, con vistas a una industria más competitiva. 
Conque, ¿cuál es, Señorías, la posición de la Comisión respecto de las enmiendas que se nos proponen? 
En primer lugar, en cuanto al componente de formación profesional, estoy en condiciones de aceptar totalmente, o en sustancia, 37 de las 48 enmiendas presentadas hoy. 
Señor Presidente, tiene usted a su disposición la lista de las enmiendas. 
En realidad, las únicas enmiendas sobre las que abrigo reservas se refieren, naturalmente, al presupuesto. 
Créanme, Señorías, que me molesta estar aquí delante y decir que no puedo aceptar la suma que proponen. 
Personalmente, si no hablara como Comisaria, consideraría que el importe que propone el Parlamento es demasiado bajo para los objetivos que queremos alcanzar. 
Por desgracia, tenemos una Autoridad Presupuestaria limitadora, y, por desgracia también, tenemos nuestros Gobiernos, que quieren mucho menos aún de lo que la Autoridad Presupuestaria me autoriza a querer. 
Conque, como ven sus Señorías, me veo obligada a decirles que las propuestas que hacen, y que no son exageradas, señora ponente, no pueden ser respaldadas por la Comisión. 
Otro problema: la exclusión de las esferas de formación por apoyar con el programa de la formación en materia de gestión económica, financiera y comercial: enmiendas 113 y 114. 
Miren, Señorías, si queremos formar a profesionales desde una óptica de eficacia, es esencial formarlos, incluido el nivel europeo, para que aprehendan las dimensiones europea e internacional del mercado en sus esferas de actividad. 
Así, pues, se apoyará esa gestión económica, financiera y comercial desde una perspectiva europea. 
Cuarto punto: la inclusión de la formación para las profesiones técnicas del sector audiovisual, enmienda 18, y de la radio, enmienda 33. 
Esas formaciones están bien desarrolladas en el nivel nacional y no requieren, como tales, una dimensión europea como las demás formaciones propuestas. 
En cambio, soy partidaria de hacer extensivas las acciones de formación MEDIA a los profesionales de la radio, lo que puede constituir una transacción entre las enmiendas 33 y 34. 
Por último, hay dos enmiendas de carácter declarativo sobre el fomento de las medidas fiscales, enmienda 4, y sobre la propiedad intelectual, enmienda 9. 
Aunque esas enmiendas sean legítimas como principio, superan la motivación de la decisión. 
Paso, señor Presidente, al segundo componente de la propuesta de directiva: "Desarrollo, distribución y promoción". 
Señor Presidente, tiene usted la lista de dichas enmiendas a su disposición. 
Debo expresar reservas, necesariamente, sobre once de las enmiendas presentadas. 
Cuatro de ellas, las enmiendas 53, 65, 69 y 93, son de carácter declarativo y quedan fuera del marco de la decisión. 
Su inclusión, aunque legítima como principio, no está justificada en el texto de la propuesta de decisión. 
Mis reservas se refieren, en particular, a las siguientes enmiendas, cosa que no asombrará a sus Señorías: se trata de las enmiendas 44 y 54 relativas al fundamento jurídico. 
El Parlamento desea añadir al fundamento jurídico propuesto por la Comisión, el apartado 3 del artículo 157, otro fundamento jurídico, el artículo "Cultura". 
Señorías, los comprendo, pero, como en el caso de MEDIA 2, considero que el artículo 157, relativo a la industria, constituye el fundamento jurídico apropiado para esa decisión, habida cuenta de su objeto, su objetivo y su contenido. 
Lo he dicho en mi discurso: hacer una política industrial en materia de asuntos audiovisuales no quiere decir olvidar la diversidad cultural, porque el objetivo de esa industria cultural es precisamente la realización, en el terreno, de la diversidad cultural. 
Pero la elección, como fundamento jurídico, del artículo relativo a la industria es conforme a una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, que dispone que- y cito- "en el marco del sistema de competencia de la Comunidad, la elección del fundamento jurídico de un acto debe basarse en los elementos objetivos susceptibles de controles jurisdiccionales y entre esos elementos figuran, en particular, el objetivo y el contenido del acto". 
MEDIA Plus es un programa destinado a reforzar la competitividad de la industria del sector audiovisual, pero me ha interesado que un considerando, el considerando 11, subrayara, de ser necesario, la dimensión cultural de ese sector audiovisual, conforme al apartado 4 del artículo 151 del Tratado. 
Tomo nota de las preocupaciones de sus Señorías y espero de verdad que la próxima revisión del Tratado ofrezca un nuevo marco y medidas que permitan la participación plena del Parlamento Europeo en las decisiones relativas a la política audiovisual. 
Respecto de la enmienda 103 sobre la radio, habida cuenta de las limitaciones financieras, no se puede hacer extensivo MEDIA Plus a otros sectores, pero a propósito del componente relativo a la formación ya he hecho una concesión para incluir la radio en el programa. 
Respecto de las enmiendas 115 y 116, lenguas regionales y minoritarias, como saben sus Señorías, la Comisión está muy interesada en el respeto y el fomento de la diversidad lingüística y cultural. 
La enmienda 115 crearía un subprograma en el programa y no creo que haya que llegar tan lejos. 
Pero la enmienda 116 no hace otra cosa, en realidad, que recoger y precisar las medidas que ya figuran prácticamente en todo el programa. 
Conque, si le parece bien al Parlamento, si así lo decide, yo no me opondré a esta enmienda. 
Señor Presidente, Señorías, aparte de esos pocos puntos de desacuerdo, que son mínimos, deseo expresar mi satisfacción, por la cooperación y los numerosos puntos de acuerdo entre la Comisión y el Parlamento. 
Las enmiendas propuestas hoy, de gran calidad, permitirán mejorar los textos que establecen el programa MEDIA. 
Muchas gracias, señora Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, unos de los objetivos más importantes de la Unión Europea es fomentar la movilidad del mercado de trabajo, y ésta solamente puede verse favorecida por una educación cualitativamente alta. 
De ahí que resulte muy importante que se desarrollen instrumentos no sólo para mejorar la enseñanza, sino, sobre todo, para lograr que la enseñanza se adecue a las exigencias de los tiempos modernos. 
La evaluación de la calidad y, especialmente la autoevaluación de las escuelas, constituye un elemento clave en el desarrollo de una enseñanza de calidad. 
De ahí que, en general, esté muy satisfecha con la recomendación de la Comisión en su redacción actual. 
Sin embargo, también tengo algunas observaciones respecto de la misma y se las he mencionado en mi informe. 
Considero especialmente importante que se incite a los Estados miembros a desarrollar buenos métodos para las evaluaciones en la enseñanza, en las que la autoevaluación complemente la evaluación externa. 
Así mismo, considero importante que intercambien entre sí buenos ejemplos y experiencias, y que todos los implicados en el colegio se vean efectivamente involucrados en la autoevaluación, también padres y alumnos. 
Además, es importante fomentar la colaboración entre las escuelas y las diversas instancias, también a nivel local y regional. 
El encargo que se ha efectuado a la Comisión consiste en realizar un inventario de los buenos métodos existentes a fin de crear una base de datos que pueda ser utilizada de forma interactiva, proceder a una planificación de las actividades e informar regularmente al Parlamento al incluir esta materia en la agenda. 
He utilizado con agrado muchas de las ideas de mis colegas y, también, de muchas instituciones de ese sector con las que he hablado. 
Me parece, por tanto, que la voluntad para convertir en éxito este proyecto está presente en todas partes y el estímulo de la Unión Europea cae, con toda seguridad, en terreno fértil. 
Estamos cerca, pero primero, quiero que quede clara la línea de nuestro Parlamento para, después, poder llegar a un acuerdo con el Consejo. 
Por último, hemos alcanzado un acuerdo general en la comisión en cuanto a gran parte de las enmiendas. 
Les agradezco a todos su actitud constructiva. Les pido ahora su apoyo para poner en práctica esos acuerdos. 
Les aconsejo que no respalden las enmiendas introducidas por el PSE. 
El vínculo entre educación y mercado de trabajo es importante. 
No debemos formar gente para el desempleo, y la educación debe anticiparse a éste. 
Esto también debe figurar en el informe. 
Será entonces, cuando debamos reflexionar sobre una posible ampliación. 
Señor Presidente, era tarde cuando pronuncié mi último discurso, y es aún más tarde ahora, así que procuraré ser si cabe más breve. 
Pero la educación es importante y debemos asegurarnos de que reciba la atención que merece. 
Con frecuencia la educación atrae buenas palabras. 
Todos sabemos que la Unión Europea tiene competencias muy reducidas en materia de educación, pero hay algunas cosas en las que puede aportar un valor añadido. La evaluación de la calidad es una de ellas. 
Lo que estaban mirando eran sus resultados del examen de baccalauréat. 
Puesto que las escuelas están preparando a los jóvenes para una educación en el mercado interior de Europa, debemos asegurarnos de que las escuelas de toda Europa estén todas haciendo su trabajo para preparar a los jóvenes para el mercado único en el que van a trabajar. 
En algunas partes de la Unión- y estoy más que dispuesto a mencionar el Reino Unido- no estamos haciendo las cosas tan bien como pudiéramos. 
Estoy perfectamente dispuesto a creer que 15 cabezas, o 15 conjuntos de datos de toda la unión, nos ayudarán a conseguir una mejor calidad en las escuelas. 
Por ello lamento mucho que los grandes esfuerzos que hizo la ponente para conseguir el pleno acuerdo no se vieran realmente recompensados. 
Por ello no nos sorprenda demasiado que este Parlamento respalde a la ponente e intente presionar al Consejo para que actúe según las buenas palabras que tan dispuesto está a pronunciar. 
Toda modificación del sistema educativo pone en entredicho la ideología de la sociedad y su evolución económica. 
La calidad de la educación es un imperativo para nuestra sociedad, pero la educación no debe llegar a ser el imperativo de agentes sociales deseosos de imponer aspiraciones personales. 
Si se debe hacer una reforma a fondo del sistema educativo, se debe hacerla con todos los copartícipes en el sistema y sobre todo no caer en la parálisis. 
Debe poder evolucionar al mismo tiempo que la sociedad, pues los sistemas educativos padecen las consecuencias de una falta de arraigo en la vida. 
Por eso, no debemos olvidar que el desarrollo pleno del ser humano es un objetivo esencial de la educación. 
No debemos querer responder a todo precio a un mercado en constante evolución. 
Debemos permitir, al contrario, a los jóvenes adquirir los instrumentos del saber que les permitan afrontar su futuro. 
Se les debe proponer una enseñanza idónea. 
Ningún niño carece de talento. 
Todos los sistemas producen el fracaso que les corresponde. 
Los criterios para identificar el fracaso son esencialmente subjetivos. 
Se triunfa en función de una norma preestablecida. 
¿Cuál es esa norma? 
Todo alumno con dificultades es un joven cuyo futuro personal está comprometido. 
Todo niño fracasado expresa un malestar, en la institución escolar, y también en la sociedad. 
El joven que no es reconocido en su persona, en sus vivencias y en su saber es un ser negado. 
La lucha contra el fracaso escolar, es decir, contra el fracaso en la sociedad, es y debe ser una preocupación importante para todo dirigente político. 
Así, pues, ya es hora de considerar al joven una persona en evolución, que quiere formarse y no ser formado. 
No hay remedio milagroso, sino que hay combates por reñir. 
La mancomunación de todas las energías de todos cuantos así lo creen es necesaria para esta lucha. 
Señor Presidente, estimados colegas, ya nos estamos acercando a la medianoche y no quiero alargar este debate sin que haya necesidad de ello. 
Me sumo a las palabras de la Sra. Roure y del Sr. Perry y, obviamente, respaldo la postura que la Sra. Sanders-ten Holte adopta en su informe. 
Me limitaré a comentar uno o dos puntos, volviendo sobre Feira y Lisboa. 
En realidad, el presente informe se enmarca en la línea trazada por los jefes de Estado y Gobierno en Lisboa y Feira. 
Necesariamente tenemos que sentar las bases para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Por eso mismo, las propuestas formuladas aquí merecen mi apoyo. 
Probablemente nos ayuden a cumplir mejor con este deber. 
Tan sólo quisiera referirme brevemente a un punto que yo misma he presentado como enmienda. 
No hace falta que volvamos a inventar la rueda una y otra vez. 
Quien pretenda limitarse a una sola lectura en el marco de los posibles acuerdos institucionales ha de pagar algo a cambio. 
No funciona par ordre de mufti de los miembros del COREPER, sin que ellos digan nada. Basta con que digan: "Aceptamos las juiciosas propuestas del Parlamento". 
Si los miembros del COREPER opinan que pueden aceptar nuestras enmiendas estamos dispuestos a tramitar esta cuestión con celeridad en otoño- no corre prisa-. No podemos consentir que nos den gato por liebre. 
Una de las habilidades básicas que debemos desarrollar hoy en día consiste en preparar a la juventud para que sepa afrontar con éxito los rápidos cambios propios de la sociedad actual. 
Éste es el camino por el que hemos de avanzar. 
Muchas gracias, señora Reding, sobre todo porque podemos irnos a casa antes de la medianoche. 
¡Señoras y señores, gracias por haberse quedado hasta el final! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el lunes planteé una cuestión de orden acerca de los comentarios que la Presidenta Nicole Fontaine parece haber formulado a la prensa británica en relación con su reciente visita a su Majestad la Reina Isabel II. Un diputado laborista británico de este Parlamento, el Sr. Miller, repitió lo que al parecer había dicho la Reina no solamente una sino tres veces: el lunes, el martes y el miércoles. 
El diputado quería implicar a la Reina en una controversia política y servirse de su nombre para marcar algunos tantos políticos con poco esfuerzo. 
Señor Presidente, es posible que la Presidenta Fontaine no esté al corriente de las reglas de protocolo británicas que se siguen en esos casos, pero el Sr. Miller no puede escudarse tras esa disculpa. 
Sabe perfectamente bien que nuestra Jefa de Estado no tiene carácter político y que durante casi 50 años ha procurado escrupulosamente no verse envuelta en cuestiones políticas controvertidas. 
Sabe perfectamente que la Reina no puede venir a este Parlamento para poner las cosas en claro. 
El comportamiento del Sr. Miller es una verdadera vergüenza y un verdadero escándalo. 
Señor Presidente, estoy orgulloso de ser británico pero hoy me avergüenzo de compartir mi nacionalidad con esa persona. 
¿Es que no tiene vergüenza? 
¿Es que no tiene respeto? 
¿Es que carece por completo de decencia y de honra? 
Señor Presidente, bueno, la verdad es que no sé qué responder a semejante ataque. 
Cuando me referí a esa cuestión el lunes y el martes y el miércoles, pedí al Sr. Helmer que me comunicara sus comentarios sobre el euro. 
Hasta ahora no he recibido ningún comentario. 
Diré también que cuando la Sra. Fontaine habló con Su Majestad la Reina y evidentemente le hizo algunas preguntas, la Reina, en su respuesta, estaba representando a su gobierno, que es un Gobierno laborista. 
Es posible que esto no le agrade al Sr. Helmer, pero lamento decirle que así son las cosas. 
Quisiera decir también que sí, soy escocés; sí, soy británico, pero, Sr. Helmer, soy europeo también y me enorgullezco de ello. 
Señor Presidente, quisiera, mediante esta cuestión de orden, intervenir en calidad de Presidente de la Delegación para América Central y México. 
Como es sabido, señor Presidente, el domingo pasado hubo elecciones. 
Y ayer la delegación que yo presido se reunió y tuvo oportunidad de debatir un informe de nuestros colegas que fueron a México a asistir a esas elecciones, como observadores en representación de este Parlamento. 
Quisiera, señor Presidente, decirle que al final se aprobó una declaración con tres puntos: el reconocimiento y el aplauso por la forma digna y cívica con que nuestros amigos mexicanos se comportaron en ese acto electoral; segundo, el beneplácito ante la elección del Sr. Vicente Fox y el deseo de que las relaciones entre la Unión Europea y México prosigan en el marco del acuerdo global aprobado y ratificado el pasado mes de marzo; y, tercero, la felicitación al Presidente Zedillo por que fuera posible que las instituciones de México tuviesen esa evolución hacia la democracia. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que la Presidenta de este Parlamento envíe a las autoridades mexicanas esta resolución nuestra, cuyo texto completo le va a llegar hoy. 
Muchas gracias, señor Seguro. 
Informaré a la Presidenta Sra. Fontaine de esta solicitud. 
Señor Presidente, señoras y señoras, quiero expresar mi enfado por una cuestión relativa a las actas. Los textos aceptados forman también parte de las mismas. 
Ayer puse de manifiesto el hecho de que en la votación de la Directiva sobre la lucha contra el lavado de dinero ha de corregirse la versión inglesa del artículo 6, apartado 3, en relación con la enmienda 26, dado que la traducción inglesa es incorrecta. 
En la versión inglesa, en la mitad del segundo apartado se hace referencia únicamente a la representación ante los Tribunales, pero no al asesoramiento legal, tal como ocurre en la versión alemana. 
Esta es una cuestión de todo punto decisiva en dicha directiva y, habida cuenta de que el grupo de trabajo del Consejo utiliza la versión inglesa como texto de referencia, es fundamental que se proceda a corregir dicho texto. 
Ya he reprochado alguna vez a los servicios de traducción errores de este tipo en el marco de la comisión. 
En aquella ocasión, en la comisión se renunció a una enmienda porque el texto alemán era el original (la lengua del ponente). 
¡Así lo advertí ayer- no ha sido eliminado- y lo vuelvo a advertir por tercera vez! 
Creo que los servicios lingüísticos de esta Casa deberían proceder de forma más diligente es cuestiones de tanta importancia, y considero inaceptable que a pesar de las críticas que manifesté ayer, el tenor de las actas siga siendo hoy incorrecto. 
¡Pido que se examine a fondo esta cuestión, se disipen las dudas en este punto, que reviste una importancia capital en la citada directiva, y que se corrija la versión inglesa! 
Señor Presidente, ayer recibimos un escrito en papel amarillo del Vicepresidente de Los Verdes en el que venían pegadas unas nueces. 
En este escrito se señalaba que debe apoyarse la exportación de productos de Vanuatu, uno de los países en vías de desarrollo del Pacífico. 
A mi juicio, esta exigencia es correcta y conveniente, Yo también la apoyaré con mucho gusto. 
Pero lo que me ha dejado perplejo es que el Vicepresidente afirma expresamente en este escrito que la importación de dichas nueces a la Unión Europea es ilegal. 
Por ello pido al Sr. Vicepresidente que aclare cómo se ha producido esta importación ilegal de nueces, ¡ya que él mismo nos las ha enviado! 
Ello constituye una contradicción en sí, y por ello le pido que la aclare. 
(Risas y aplausos) 
(El Acta queda aprobada) 
Bienvenida 
Comisión de Peticiones- Defensor del Pueblo Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0162/2000 del Sr. Lambert, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión a lo largo del año parlamentario 1999-2000; 
A5-0181/2000 de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual de actividad del Defensor del Pueblo Europeo para el año 1999. 
. (EN) Señor Presidente, me congratulo de tener la oportunidad de dirigirme al Parlamento Europeo para exponer los resultados de mi labor como Defensor del Pueblo Europeo durante 1999. 
El Informe Anual para 1999 abarca el último año del primer mandato del Defensor del Pueblo Europeo. 
El año pasado la oficina del Defensor del Pueblo recibió 1.577 nuevas reclamaciones en comparación con 1.372 en 1998, lo que representa un aumento de aproximadamente un 15%. 
El número de investigaciones incoadas aumentó de 171 en 1998 a 206 en 1999, lo que supone un aumento de más del 20%. 
Además de que cada vez es más conocido, el Defensor del Pueblo Europeo está recibiendo también una proporción mayor de reclamaciones graves que requieren investigación a fondo. 
Quizá les interese saber que la misma tendencia ha continuado en el año en curso. 
Durante los seis primeros meses de este año, el número de investigaciones nuevas aumentó en un 32% con relación al mismo período de 1999. 
Las investigaciones son el aspecto de la labor del Defensor del Pueblo Europeo que más recursos requiere. 
Por lo tanto ese incremento del número de investigaciones entraña un verdadero reto, pues hay que mantener la calidad de nuestro trabajo y al mismo tiempo tenemos que cumplir el objetivo prefijado que consiste en liquidar la mayor parte de las investigaciones dentro de un plazo de un año. 
Espero que el Parlamento Europeo apoye al Defensor del Pueblo Europeo en la obtención de los recursos necesarios para desempeñar con eficacia su cometido. 
En 1999 seguimos recibiendo una proporción bastante elevada de reclamaciones, más del 70%, que no eran de la competencia del Defensor del Pueblo Europeo. 
La proporción de reclamaciones que no eran de nuestra competencia incluso aumentó ligeramente, probablemente porque recibimos un número creciente de reclamaciones por correo electrónico. 
Aceptamos con placer que se presenten las reclamaciones por correo electrónico; muchas de ellas contienen denuncias de mala administración bien presentadas. 
Sin embargo, en conjunto ha aumentado el número de reclamaciones hechas por correo electrónico que están dirigidas contra las autoridades de los Estados miembros. 
Durante la campaña del año pasado para la elección de un Defensor del Pueblo Europeo, algunas críticas formuladas sugerían que el mandato del Defensor del Pueblo debía ampliarse para que incluyera a las reclamaciones hechas contra Estados miembros en casos en los que se trataba de una norma legislativa de la Unión Europea. 
No estoy seguro de que los autores se daban cuenta de que eso significaría que el Defensor del Pueblo Europeo llevaría a cabo tareas que en la actualidad incumben a la Comisión Europea como guardiana del Tratado, y al Parlamento Europeo como foro democrático al que los ciudadanos pueden dirigir sus peticiones. 
Estudiamos cuidadosamente todas las reclamaciones que recibimos, especialmente si tienen que ver con derechos basados en la legislación de la Unión Europea. 
En 1999 conseguimos asesorar a los demandantes, o trasladamos la reclamación a un órgano competente, en prácticamente la mitad de los casos. 
De estos casos trasladamos 71 al Parlamento Europeo para que se ocupara de ellos en concepto de peticiones y comunicamos a otros 142 demandantes que tenían derecho a presentar una petición al Parlamento Europeo. 
En muchos casos, de las reclamaciones contra autoridades nacionales, regionales o locales se pudo ocupar eficazmente un Defensor del Pueblo de los Estados miembros de que se trataba. 
En cada Estado miembro debería haber un órgano no judicial que pueda ayudar a los ciudadanos europeos en los conflictos con la administración de Estados miembros en relación con sus derechos en virtud de la legislación de la Unión Europea. 
Creo en la subsidiariedad y sigo convencido de que la forma más efectiva de conseguir ese resultado consiste en desarrollar una red de cooperación con esos defensores del pueblo mediante la actuación de órganos análogos como, por ejemplo, los comités de peticiones. 
Junto con el defensor del pueblo francés, Sr. Stasi, organizamos un seminario para defensores del pueblo nacionales y órganos similares. 
En París, en septiembre de 1999, el Sr. Perry, primer vicepresidente de la Comisión de Peticiones, representó al Parlamento Europeo. 
Se proyecta organizar otro seminario en Bruselas bajo la presidencia belga del Consejo en el año 2001, en cooperación con la Comisión y con los defensores del pueblo federales y regionales de Bélgica. 
Los defensores del pueblo regionales y órganos similares fueron invitados a una reunión en Florencia el año pasado, a la cual también asistió el Sr. Gemelli, Presidente de la Comisión de Peticiones. 
El próximo año se invitará también a Bruselas a los defensores del pueblo regionales y órganos similares. 
Los defensores del pueblo y órganos similares de los Estados miembros han dado pruebas de una actitud positiva respecto de la cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo. 
Creo firmemente que la cooperación con ellos en igualdad de condiciones dará los mejores resultados para los ciudadanos europeos. 
Al principio se manifestaron muchas dudas acerca de la posibilidad de que el Defensor del Pueblo Europeo tuviera facultades suficientes para conseguir algo en favor de los ciudadanos. 
Esas dudas estaban injustificadas porque los órganos y las instituciones de la Comunidad han respondido adecuadamente a la labor del Defensor del Pueblo. 
Desde el principio esas instituciones y esos órganos han sabido resolver la reclamación a satisfacción del demandante en más de 180 casos. 
Por ejemplo, han contestado a cartas que no habían recibido contestación, han hecho pagos que estaban pendientes, y han cambiado radicalmente decisiones anteriores que eran desfavorables. 
Esto da muestras de un espíritu de sensibilidad y flexibilidad superior al de las administraciones nacionales que conozco por experiencia. 
El año pasado se resolvieron 62 de esos casos, lo que redujo la posibilidad de obtener una solución amistosa en los casos de que se ocupaba el Defensor del Pueblo. 
Sin embargo, en 1999 conseguimos una solución amistosa en un caso en el que la Comisión y el Consejo acordaron que se abonara al demandante la cantidad que se le debía por su labor como coordinador regional de la Unión Europea para vigilar las elecciones en Palestina. 
Si la institución o el órgano de que se trate no subsana el caso de mala administración, el último recurso del Defensor del Pueblo consiste en preparar una recomendación, seguida en caso necesario por un informe especial para el Parlamento Europeo. 
Hace cinco años eran numerosos los que decían que las instituciones y los órganos comunitarios no prestaban gran atención al Parlamento Europeo. 
Es posible que tuvieran razón entonces en lo que decían, pero la situación ha cambiado claramente desde el Tratado de Ámsterdam y desde el final de la Comisión Santer. 
En 1999 formulamos 10 proyectos de recomendación. 
En siete casos la institución de que se trataba aceptó el proyecto de recomendación. 
En dos casos el Defensor del Pueblo preparó un informe especial para el Parlamento Europeo. 
Sigue pendiente un caso porque Europol necesita más tiempo para cumplir el proyecto de recomendación de que aprobara cierto grado de acceso público a los documentos. 
Me parece que las actividades del Defensor del Pueblo Europeo han alcanzado el nivel que cabía esperar de un órgano que es nuevo y que consta de 25 personas que trabajan en un entorno jurídico relativamente complicado. 
Estamos consiguiendo resultados para los ciudadanos europeos, y eso es lo que cuenta más que nada. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar gracias a todas las instituciones y todos los órganos comunitarios por un año más de cooperación constructiva. 
Me gustaría dirigirme en particular a la Comisión y a su Comisaria encargada de estas cuestiones, la Sra. Loyola de Palacio, y darle gracias por haber continuado el compromiso de su predecesor de tener una actitud honrada y constructiva respecto de la cooperación con el Defensor del Pueblo. 
Quisiera también expresar mi calurosa satisfacción por la actitud de ayuda y cooperación respecto de la Secretaría del Defensor del Pueblo que han tenido la Comisión de Peticiones y especialmente su vicepresidente, el Sr. Gemelli, y dar gracias también a la ponente para opinión de la Comisión de Peticiones, Sra. Thors, por la importancia de la labor realizada para preparar su extenso informe. 
Les quedo muy agradecido por su atención. 
. (EN) Señor Presidente, el informe que presento esta mañana es en realidad un informe doble que refleja la labor de la comisión parlamentaria propiamente dicha y la labor de la oficina de la Sra. Banotti, mediadora del Parlamento para los secuestros de niños en el plano transnacional. 
Quisiera también manifestar mi satisfacción personal por la labor del Sr. Söderman, nuestro Defensor del Pueblo. 
También quisiera dar las gracias a la secretaría de la comisión parlamentaria por su amplia ayuda y por el desglose estadístico que ha preparado y que, he de confesar, no soy yo quien lo ha hecho. 
Ruego a los diputados que no están familiarizados con la labor de la Comisión de Peticiones que lean esos informes. 
Quizá les ayude a prestar un servicio al pueblo que representan. 
También quisiera señalar a su atención el espacio Web mencionado, que se ha instalado en virtud de la iniciativa europea Direct, que puede facilitar informaciones útiles y quizá incluso evitar la necesidad de presentar una petición o que puede confirmar su utilidad como medio de información apropiado. 
La necesidad de ese tipo de información es cada vez mayor, a medida que la gente se da más cuenta de la importancia y pertinencia de la Unión Europea. 
La finalidad de la Comisión de Peticiones propiamente dicha es brindar un servicio bueno y eficaz a las personas de la Unión Europea y a la sociedad civil en general. 
Cualquier persona, ciudadano, residente o grupo puede presentar una petición al Parlamento si estima que el derecho comunitario o sus principios no se están aplicando debidamente en cualquier nivel. 
El año pasado recibimos 958 peticiones de las que 492 fueron consideradas admisibles. 
Mencionaré solamente dos de ellas para demostrar la gama de tópicos y la eficacia potencial del mecanismo. 
Un demandante británico consiguió que las autoridades francesas reconocieran sus años de experiencia docente, lo que probablemente influyó en su remuneración y en sus perspectivas de ascenso. 
También hubo una petición de un ciudadano español, cuya labor para una asociación ecológica se tradujo en la presentación de una denuncia de infracción contra las autoridades españolas en relación con la Directiva Habitats, causa frecuente de reclamaciones- la Directiva, no las autoridades- que suelen tener efectos duraderos en el país. 
Ésos son los casos que proporcionan valiosas informaciones al Parlamento Europeo y a las demás instituciones sobre la forma en que trabaja nuestra legislación para beneficio del individuo y de la sociedad, o con otro resultado diferente, según sea el caso. 
No podríamos desempeñar eficazmente nuestro cometido en esa comisión parlamentaria sin el apoyo de numerosos funcionarios de la Comisión que investigan casos e incoan actuaciones judiciales cuando es necesario. 
Quiero dar las gracias a todos. 
Sabemos que podríamos proporcionar un servicio más rápido y eficaz si los Estados miembros pudieran responder de la misma manera a nuestras peticiones de información y de explicaciones. 
En un caso del que nos estamos ocupando hemos tardado 14 meses en recibir la respuesta a una carta, y eso no es poco corriente. 
Por eso estamos recomendando que el Consejo o una representación permanente apropiada también debería estar representado en nuestras reuniones para que puedan hacerse una idea mejor de los problemas con que se enfrentan los ciudadanos y puedan responder a ellos con efectividad. 
Si el Consejo estuviera aquí, señalaría a su atención los puntos 8 y 10 del informe. 
La finalidad de la comisión parlamentaria es mejorar la calidad general de nuestros mecanismos de información. 
Algunas de nuestras ideas están mencionadas en el informe. 
Otras aparecerán en otro informe del Sr. Perry y la Sra. Keßler que se examinará en septiembre. 
Proponemos, como propusimos el año pasado, el establecimiento de una base de datos para que los demandantes y los diputados puedan seguir la aplicación de los informes y comprobar en qué consisten los problemas. 
Confiamos en que las autoridades competentes lo tengan en cuenta este año y adopten medidas en relación con la propuesta. 
Hay una serie de cuestiones relativas a nuestras relaciones con otras comisiones parlamentarias. 
Les pedimos que recurran a la Comisión de Peticiones más a menudo para expresar su opinión sobre esferas determinadas que suscitan preocupación. 
Nos gustaría participar en la preparación de informes conjuntos sobre esferas de interés particular como el medio ambiente, la seguridad social, la protección de los consumidores, etc. También quisiéramos aprovechar la experiencia adquirida por los miembros de nuestra comisión parlamentaria en su labor en otras comisiones del Parlamento para instituir un sistema de ponentes o algo parecido para el examen de cuestiones concretas. 
También desearíamos establecer vínculos con comisiones de peticiones de otros Estados miembros, a fin de intercambiar conocimientos y buenas ideas. 
En la comisión parlamentaria estimamos que las peticiones ofrecen un instrumento valioso de promoción de la democracia en una institución considerada a menudo como algo remoto y anónimo. 
Necesitamos dar a ese mecanismo el valor que le corresponde y aprovechar la experiencia de las personas que representamos, como se indica en las peticiones que nos hacen para mejorar nuestra labor en general. 
Recomiendo este informe al Parlamento. 
. (SV) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, el criterio de la ponente y de la comisión acerca del informe del Defensor del Pueblo del año 1999- un año caracterizado por crisis en las instituciones comunitarias y por una gran desconfianza en la administración- es que los ciudadanos sólo entenderán que se justifica la integración europea si se les conceden derechos que les permitan participar activamente en el diálogo político con las instituciones. 
Sin embargo, el diálogo político no será un diálogo verdadero si los ciudadanos carecen del derecho a la información y de acceso a los documentos y si sus opiniones no se toman en cuenta ni se tratan con seriedad. 
¿Qué tiene que ver esto con las tareas del Defensor del Pueblo? 
Según el Tratado, la misión del Defensor del Pueblo consiste en examinar los casos de irregularidades administrativas en las instituciones y órganos comunitarios. 
A instancias del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo definió en su informe del año 1997 el concepto de "irregularidades administrativas". 
Ellas se producen cuando un órgano público no actúa en conformidad con una regla o principio obligatorio. 
Durante el anterior mandato del Defensor del Pueblo, las instituciones acordaron aplicar esta definición, constituyendo, actualmente y en el futuro, la base sobre la que se asientan sus actividades. 
La comisión hace hincapié en el informe en que esta definición consensuada de "irregularidades administrativas" también implica el derecho a examinar cómo las instituciones interpretan el derecho comunitario. 
Independientemente de la forma jurídica que se dé a la Carta de Derechos Fundamentales, ésta será una expresión de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros que, de conformidad con el artículo 6 del Tratado, deben ser respetadas por las instituciones y los órganos comunitarios. 
Así, la comisión comprueba que el Defensor del Pueblo debe tener un papel importante en la aplicación de la futura Carta de Derechos Fundamentales. 
La comisión también ha expresado su decidido apoyo a una Carta de Derechos Fundamentales que contenga normas que reconozcan el derecho de los ciudadanos a gozar de una buena administración en el ámbito de la Unión. 
"Buena administración" es lo contrario de "irregularidades administrativas". 
En este derecho a una buena administración, tanto en lo que concierne a la Carta de Derechos Fundamentales como al reglamento para una administración eficiente que han reclamado el Parlamento y el Defensor del Pueblo, debe incluirse, por lo menos, lo siguiente: derecho a ser escuchado, derecho a conocer los documentos, derecho a obtener respuestas rápidas por parte de la administración y a que éstas sean fundadas. 
Todos estos aspectos han sido esenciales en el trabajo del Defensor del Pueblo. 
Estos derechos son una condición para ejercer una ciudadanía activa, supuesto necesario para que la UE recupere la confianza de los ciudadanos. 
Estos derechos transforman la ciudadanía pasiva en activa. 
Una buena administración puede constituir la base de una ciudadanía activa, en tanto que las irregularidades administrativas pueden acabar con ella. 
¿Cuáles son las quejas más comunes que se le formulan al Defensor del Pueblo? 
Información incompleta o desvirtuada, retrasos innecesarios, discriminación, deficiencias en el derecho a la defensa. 
Los ciudadanos quieren una administración eficiente. 
Quieren ser ciudadanos activos. 
Éstas son las conclusiones que se pueden sacar de las cada vez más numerosas quejas que se le formulan al Defensor del Pueblo. 
El Defensor del Pueblo se ha dado a conocer por su labor en favor de una mayor apertura. 
Merece un elogio por este trabajo. 
Un estudio que realizó por iniciativa propia hace algunos años, ha posibilitado que la mayoría de las instituciones y órganos comunitarios cuenten hoy con normas para el acceso de los ciudadanos a los documentos. 
Ha realizado un trabajo incansable en pro de una verdadera apertura y para que el secreto informático y la protección a las personas no se usen como barreras para la transparencia. 
Paso a paso, el Defensor del Pueblo ha desarrollado su trabajo a favor de una mejor administración y se ha ganado la confianza de los ciudadanos. 
También es importante la cooperación con sus homólogos nacionales y, en el futuro, con los órganos correspondientes de los países candidatos. 
Estamos frente a un sólido trabajo que el Parlamento debe apoyar. 
Hay que hacerlo poniendo a disposición del Defensor del Pueblo recursos suficientes para que pueda efectuar los difíciles estudios que implica su cometido. 
En el futuro también habrá que seguir velando por su independencia. 
Agradezco su ayuda al Defensor del Pueblo, a su personal y a la secretaría de la comisión, que sabemos que trabajan en difíciles condiciones. 
Señor Presidente, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es un órgano colegial particular. 
A ella llegan las quejas de los ciudadanos que, como han señalado acertadamente las dos oradoras que me han precedido, consideran que sus derechos como ciudadanos de la Unión han sido vulnerados. 
En mi condición de ponente de opinión sobre el derecho de residencia, quiero formular algunas observaciones sobre los problemas específicos de este sector. 
La libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales alcanzadas gracias a la integración europea. 
Desde el Tratado de Maastricht existe un derecho general de residencia si se cumplen las condiciones de contar con suficientes medios de subsistencia y seguro de enfermedad. 
Sólo podrá restringirse la libre circulación o el derecho de residencia por razones de orden público, de seguridad y de salud. 
La experiencia de la Comisión de Peticiones muestra que el derecho de libre circulación tropieza en la práctica con una gran cantidad de problemas como consecuencia de: a) el retraso de los Estados miembros en la adaptación de su Derecho interno a la normativa comunitaria; b) los problemas en el reconocimiento de diplomas y títulos para el ejercicio de diversas profesiones, c) la falta de armonización de la normativa en materia de seguridad social, por ejemplo, en los complicados formularios de reembolso de gastos médicos. 
De un análisis de los procedimientos por incumplimiento de los Tratados tramitados en el período 1996-1999 se desprende que en 97 casos existía una conexión directa entre la petición y los procedimientos por incumplimiento de los Tratados sustanciados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
Es de lamentar que el Consejo de Ministros ignore en muchas ocasiones las comunicaciones que le remite la Comisión de Peticiones sobre graves infracciones del Derecho comunitario cometidas por las autoridades de los Estados miembros. 
El Consejo debería prestar en un futuro la atención debida a los derechos de los ciudadanos de la Unión. 
Señor Presidente, el derecho de petición y de queja no es un hallazgo reciente. 
Ya hace 2000 años los peticionarios podían plantear sus quejas ante el emperador romano. 
No obstante, este derecho ha vivido siempre bajo la amenaza de ser modificado, restringido o eliminado. 
Los peticionarios de entonces se han convertido en los ciudadanos europeos mayores de edad. 
Ninguna administración o institución es infalible. 
Muchas peticiones ponen de manifiesto el desequilibrio entre las normas jurídicas y la integración europea. 
De este modo, las peticiones se constituyen en el barómetro de las relaciones entre los ciudadanos y el legislador, y las peticiones son de muy diversos tipos. 
El hacinamiento de la población en una zona industrial nos ocupa del mismo modo que la prohibición de implantes de silicona o la aplicación de un impuesto de circulación de vehículos pesados. 
Paso ahora a hablar del Defensor del Pueblo. 
Mi Grupo Parlamentario felicita al Defensor del Pueblo por el trabajo realizado en 1999. 
El mérito del Sr. Södermann ha residido y reside en esforzarse sobre todo por conseguir una mayor transparencia y claridad de las administraciones europeas. 
Dado que la mayor parte de las quejas que recibe el Defensor del Pueblo afectan a la Unión Europea y traen causa de la falta de transparencia, debe trabajarse en este sentido. 
Cabe incluir garantizar el acceso a los documentos no sólo a los ciudadanos europeos, sino también al Defensor. 
La aplicación de las nuevas tecnologías en la oficina no puede ser una razón que impida lograr la transparencia. 
Las respuestas inteligibles y bien fundadas fomentan la confianza de los ciudadanos, lo contrario causa desconfianza y trae consigo un mayor número de quejas que estudiar y que generan costes adicionales. 
Ha de acogerse con particular satisfacción la iniciativa del Defensor sobre la elaboración de un código de buenas prácticas administrativas. 
El ciudadano tiene un derecho fundamental a contar con una administración abierta, orientada a la prestación de un buen servicio y responsable, una administración que, al fin y al cabo, él paga con sus impuestos. 
A mi juicio, la independencia del Defensor desempeña un papel particularmente importante, en la medida en que representa un ejemplo para la introducción de la figura del Defensor del Pueblo en los países candidatos a la adhesión y en el Estado Federado del que procedo, Turingia. 
Señor Presidente, señor Comisario, los liberales, y yo personalmente, estamos orgullosos de la valentía, energía y determinación de nuestro Defensor del Pueblo. 
Es extraordinariamente importante que sea una persona íntegra, que se atreva a defender la apertura y la transparencia y a combatir la cultura de tapujos, secretos y, a veces, desgraciadamente, fraudes y corrupción, que se encuentra en algunas instituciones europeas. 
Quienes trabajamos aquí, los políticos, y los ciudadanos a quienes representamos, respaldamos sólo una administración abierta y pública. 
La línea que sigue el Defensor del Pueblo tiene el apoyo de los ciudadanos en todos los Estados miembros. 
Es un hecho irrefutable que muchos informes internacionales demuestran la clara relación existente entre un alto grado de apertura y transparencia en la administración y un bajo grado de corrupción. 
Lo contrario también es verdad: una administración cerrada e impenetrable tiende a alimentar un mayor grado de corrupción. 
Evidentemente, esto también es cierto en las instituciones europeas. 
Por eso es tan importante que el Defensor del Pueblo sea independiente, que actúe sin influencias ni intereses que intenten presionarlo. 
El creciente número de quejas presentadas al Defensor del Pueblo, que realmente actúa en favor de los ciudadanos, demuestra su utilidad. 
El único reproche que se le puede hacer es que, desgraciadamente, aún es bastante desconocido en muchos países miembros y que muchos ciudadanos ignoran su existencia. 
Quisiera que en el futuro nos concentrásemos en este punto. 
En resumen, el Defensor del Pueblo tiene una función muy importante que cumplir. 
Quiero felicitarle por el trabajo que ha realizado durante el año y desearle éxito en el futuro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, quizás quepa recordar que hace sólo año y medio discutíamos en esta Asamblea sobre si la Comisión de Peticiones era en realidad necesaria. 
Me alegro mucho de poder comprobar que la Comisión de Peticiones haya vuelto a demostrar que es necesaria, sobre todo en esta fase en la que queremos consolidar la posición de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Deseo de verdad que, durante el próximo año, la Comisión de Peticiones consiga desarrollar una buena colaboración con las demás comisiones parlamentarias. 
Creo que podríamos redactar conjuntamente informes sobre los temas polémicos de mayor importancia. 
En cuanto al Defensor del Pueblo, también ha consolidado realmente su posición y su independencia. 
El número creciente de reclamaciones presentadas es una prueba de que los ciudadanos han descubierto a este órgano, y nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, hemos podido aconsejar a los ciudadanos que se dirijan a dicho órgano para que sus problemas puedan encontrar solución. 
En el futuro, la publicidad de los documentos será una cuestión que nos dará mucho trabajo, y en esta labor hemos recibido ya valiosos consejos de parte del Defensor del Pueblo. 
Señor Presidente, en un minuto se pueden decir muy pocas cosas, por lo que voy a aprovechar para sintetizar. 
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Lambert, porque en el debate recogió todas nuestras propuestas. 
Por eso ni siquiera hay enmiendas. 
En segundo lugar, quiero decir que a estas alturas nadie duda de que la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo contribuyen de forma enormemente importante al cumplimiento del Derecho comunitario. Lo estamos viendo todos los días en la Comisión de Peticiones. 
Por lo tanto, yo, como la Sra. Hautala, estoy muy contenta de que la Comisión de Peticiones haya sobrevivido a los intentos de hacerla desaparecer, ya que, además de exigir el cumplimiento del Derecho comunitario, es la comisión que más cerca está de los ciudadanos. Es la comisión que más visibles hace las instituciones a los ciudadanos. 
Probablemente, el mayor problema es el de los largos procesos que sigue la denuncia que presenta un ciudadano. 
Un ciudadano tiene que estudiar el Derecho comunitario para presentar la petición y después ve como, mes tras mes, se retrasa la respuesta. 
Las peticiones más importantes tratan sobre asuntos sociales y medio ambiente, que son los temas que más preocupan. 
En ocasiones, señor Presidente- y termino -, cuando se denuncia la expulsión de un ciudadano o el destrozo de una zona natural, la respuesta llega cuando el asunto ya no tiene remedio. 
Por lo tanto, la agilización de los procesos es una cuestión importante, que la Sra. Lambert ha recogido. 
Señor Presidente, los diputados italianos adscritos a la Lista Bonino van a apoyar ambos informes y aprecian y respaldan la labor del Defensor del Pueblo Europeo. 
Sin embargo, quisiéramos formular al Defensor del Pueblo una pregunta precisa y puntual en orden a que todavía no es posible presentar denuncias utilizando la firma electrónica. 
Se trata de un problema que, en nuestra opinión, afecta a todas las Instituciones también por lo que hace referencia al trabajo en el Parlamento, pero en particular, precisamente porque el Defensor del Pueblo tiene mucho interés en que se preste la máxima atención a su labor, pensamos que la firma electrónica, por lo que respecta al Defensor del Pueblo, puede ser el primer paso para introducir el uso de este instrumento en las Instituciones. 
Sólo quiero extrapolar un aspecto importante que ha sido infravalorado. 
El 77% de las denuncias admitidas a trámite concierne a la Comisión. 
El Defensor del Pueblo nos decía que este año la Comisión no ha realizado progresos en el terreno de la transparencia que es un medio eficaz contra el fraude y la corrupción. 
En particular, el Presidente Prodi, el 7 de diciembre de 1999, se comprometió a encontrar y a proponer soluciones jurídicas y organizativas para conceder a los candidatos a los concursos internos y externos de la Comisión la posibilidad de acceder a sus pruebas de examen. 
Desearíamos saber del Defensor del Pueblo, al igual que nos ha recordado que EUROPOL necesita tiempo, si ya es operativo el compromiso adquirido el 7 de diciembre de 1999 por el Presidente Prodi de permitir el acceso a las pruebas el 1 de julio de 2000. 
Señor Presidente, estimados colegas, del Informe anual del Defensor del Pueblo puedo deducir que la causa principal de las quejas de los ciudadanos- como ya hemos oído- es la falta de suficiente transparencia. 
Pero no todas las partes parecen ser conscientes de este problema. 
La Comisión ha presentado una propuesta de reglamento sobre el acceso público a la documentación que usted, señor Södermann, ha criticado acertadamente por no ser lo suficientemente amplia. 
Ya pudimos leer algo a este respecto. 
De la declaración de la comisión asesora de expertos independientes puede inferirse el espíritu que anima a esta propuesta. 
De conformidad con el segundo informe de los expertos- cito literalmente -: "... la Comisión, al igual que todas las instituciones políticas, necesita tiempo para pensar cómo formular una política antes de hacerla pública, porque la política que se lleva a cabo delante de los ojos del público es a menudo una mala política ". 
Para mí, en cuanto representante de esa opinión pública europea, este acceso a las cuestiones de transparencia y de política es, en general, inaceptable. 
¡Por tanto, corroboro expresamente, señor Södermann, su acertada crítica! 
Señor Presidente, quisiera añadir mis felicitaciones y mi agradecimiento al Defensor del Pueblo por el informe que ha presentado este año y también a la Sra. Thors y a la Sra. Lambert por sus informes para el Parlamento. 
Todos esos informes, en particular el del Defensor del Pueblo, son prueba del carácter sumamente fiable y serio de la labor realizada. 
Es evidente que los ciudadanos europeos necesitan tener a alguien a quien dirigirse si tienen problemas con la administración, y sé que en el Sr. Södermann tenemos un Defensor del Pueblo en quien podemos confiar. 
Ésa fue mi impresión desde el principio cuando asistí al seminario de París. 
Es muy satisfactorio ver el respeto que sienten por el Defensor del Pueblo Europeo sus colegas, los defensores de los pueblos de los diferentes países. 
En este lado de la sala estamos convencidos de que el Defensor del Pueblo debe tener todas las facultades que necesita para desempeñar su cometido. 
Por lo que se refiere al acceso a los documentos, nos parece que la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales es importante, pero no hay que interpretar lo que acabo de decir en el sentido de que tengamos dudas acerca del principio de que el Defensor del Pueblo tiene que tener acceso a los documentos. 
En eso tiene todo nuestro apoyo. 
Es sorprendente que el año pasado la Comisión de Peticiones se encontrara en una situación delicada y el informe de la Sra. Lambert muestra la excelente labor que ha efectuado dicha Comisión. 
Con nuestro Presidente, el Sr. Gemelli, estamos buscando ahora la manera de conseguir que la Comisión de Peticiones sea más eficaz y más eficiente en la labor que realiza en nombre de los ciudadanos. 
Una de las cosas importantes que presentaremos al Parlamento es un código de buena conducta administrativa. 
Es importante que los ciudadanos y los funcionarios de las instituciones sepan lo que es una conducta razonable, para que todos tengan una referencia en que basarse. 
Quisiera dar gracias también a la Comisión por el apoyo que ha prestado a la Comisión de Peticiones. 
Ese apoyo ha sido excelente y muy eficaz durante el año, y espero que bajo la Presidencia francesa obtengamos el mismo apoyo del Consejo, aunque desgraciadamente no hayamos podido contar con ese apoyo en el pasado. 
Señor Presidente, ante todo, mi felicitación a las dos ponentes por sus interesantes observaciones. 
Con la cada vez más decidida extensión a una nueva esfera de actividades, que cubre ya un amplio espectro de los intereses del conjunto los ciudadanos, La Unión Europea se convierte en un Leviatán contemporáneo, con las inevitables arbitrariedades inherentes a todo aparato administrativo, que desde ciertos puntos de vista tienden a ser más peligrosas que las que son propias de las administraciones nacionales. 
Y esto porque los mecanismos de control no han seguido el desarrollo de las actividades. 
Tres son los caminos para interponer barreras a los peligros que comporta el extendido mecanismo administrativo de la Unión Europea. 
Uno es una más directa y frecuente implicación del Parlamento Europeo en el control de las diversas actividades de los órganos de la Unión Europea. 
En relación con esto hay que dar continuidad a las propuestas de la ponente Sra. Thors de que la Comisión incluya en su informe anual sobre derecho comunitario una sección dedicada al estudio de las peticiones y reclamaciones; así como a la propuesta de adopción de un nuevo acuerdo interinstitucional que facilite una rápida tramitación de las reclamaciones. 
Ampliando el sentido de estas propuestas, diría que el Parlamento Europeo debe dedicar más tiempo en el futuro a estos asuntos, asuntos que son tan importantes para su revalorización como el derecho a reivindicar la codecisión con el Consejo. 
En general, es hora de que contemplemos el ejercicio del control parlamentario sobre nuevas bases. 
El segundo es la institución de una Carta Europea de Derechos Fundamentales con carácter vinculante, que consolide de derechos que brindarán posibilidades directas a los ciudadanos europeos, no sólo derechos formales, de procedimiento, sino también derechos sustanciales, llenos de contenido, que protejan razonablemente sus intereses y se conviertan en derechos de indemnización en caso de atentado contra tales intereses. 
La vislumbrada perspectiva de elaboración de una Carta con el mero carácter de declaración de intenciones asestaría un duro golpe a la credibilidad de la Unión Europea. Una Unión Europea que en las palabras- demasiadas palabras- considera la transparencia de los órganos objetivo fundamental de su política, y la aproximación al ciudadano europeo, elemento necesario para su realización, y, en la práctica, sin embargo, evita reconocer el mecanismo elemental necesario para la consecución de tales objetivos. 
Y tercero es reforzar y mejorar del papel del Defensor del Pueblo, principalmente facilitándole el acceso a todos los documentos necesarios para llevar a cabo con eficacia las investigaciones. 
Al mismo tiempo, el rico material incluido en su informe deberá constituir objeto de estudio concienzudo y punto de partida para las necesarias reformas del funcionamiento de los órganos comunitarios. 
Le deseo ánimo y continuidad a la labor del Defensor del Pueblo. 
. (IT) Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Defensor del Pueblo Europeo, Sr. Söderman, a los dos ponentes, Sr. Lambert y Sra. Thors, y a todos los colegas de la Comisión de Peticiones y a la Secretaría. 
Nuestra premisa se basa en el convencimiento de que las Instituciones son un instrumento al servicio de los ciudadanos y, por la tanto, la presunta violación del derecho del ciudadano plantea una crisis de confianza en las Instituciones. 
Creo que hoy tenemos necesidad de establecer un contexto jurídico global, armónico y funcional y, en consecuencia, también tenemos necesidad de crear instrumentos jurisdiccionales: la Carta de derechos fundamentales, la formación de un corpus juris que siente un Derecho penal y un Derecho administrativo, los procedimientos de acuerdo de cara al reconocimiento mutuo de las sentencias de los Estados miembros, EUROPOL y los acuerdos sectoriales, la constitución de la UCLAF como instrumento de constatación de las violaciones del Derecho, la probable creación de la institución de un Fiscal Europeo que debería ser el órgano competente para investigar del Tribunal de Justicia, la distinción entre el ejercicio de la potestad de investigar y de la potestad de juzgar, la distinción de las características de las responsabilidades penales, civiles y administrativas: cosas todas ellas, instrumentos, que hacen avanzar a la Unión Europea. 
En este sentido, el Acuerdo marco de ayer es una piedra angular. 
Por último, quisiéramos pedir algo más, esto es, que la Comisión de Peticiones pueda dar, como Parlamento, la auténtica interpretación de algunas de sus decisiones en codecisión, así como la modificación de los Tratados, en el sentido de racionalizar todo el sistema jurídico y jurisdiccional y los instrumentos actuales. 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, señora Comisaria, distinguidos colegas, quiero felicitar a las ponentes por su excelente, esmerado y exhaustivo trabajo. 
El Defensor del Pueblo vela y resuelve las contradicciones entre el poder y la administración del mismo a sus destinatarios, y el año pasado hubo casi dos mil casos de éstos. 
Voy a exponer siete principios. 
Mientras mayor es una alianza, tanto mayor es la necesidad de transparencia. 
Cuanto más reciente y compleja sea, tanto mejor deberá ser la transparencia necesaria. 
Mientras más atributos tenga de sociedad de la información, tanto más transparente tendrá que ser, y mientras más civilizada, tanto más abierta a informar. 
Cuanto más pluricultural sea, tanto más transparente, y mientras más democrática, tanto más abierta. 
Estamos acostumbrados a que todos los aparatos y todas las cosas dispongan de instrucciones de uso, incluso las batidoras de cocina. 
Los principios creados meritoriamente por el Defensor del Pueblo para regir la buena gestión son las instrucciones de uso con que cuentan los ciudadanos frente a la euroburocracia. 
¡Y no faltaría más: estas instrucciones de uso sí que son necesarias! 
No hay democracia si no hay buena gestión y, por lo tanto, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión debería verdaderamente incluir los principios de la buena gestión. 
Señalo todavía un asunto importante: la publicación de documentos y los principios que la rigen en la sociedad de la información deben actualizarse en su nivel correspondiente mediante las nuevas tecnologías; en otras palabras, las reclamaciones han de poder presentarse vía Internet y, a su vez, las decisiones que sienten precedente, así como los documentos relacionados con las mismas, deben estar disponibles en tiempo real. 
Mi propuesta es que necesitamos una ramificación del Defensor del Pueblo en Internet. 
¡Gracias por su trabajo! 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Peticiones, deseo felicitar especialmente a mi colega, la Sra. Lambert, por su excelente informe, y doy las gracias a la Comisión Europea por su valiosa ayuda en la tramitación de las reclamaciones que recibimos. 
El derecho de petición es un derecho del que gozan los ciudadanos europeos y las personas que residen en la Unión, y que les permite acogerse a los derechos que les reconocen los Tratados. 
Ahora bien, pocos ciudadanos son conscientes de la posibilidad de presentar una reclamación. 
Los expedientes que tramitamos revelan, además, un desconocimiento de los derechos que se desprenden de la ciudadanía europea. 
Lamentablemente, eso se traduce por el hecho de que el 50% de las reclamaciones se consideran no admisibles a trámite. 
Las reclamaciones admisibles hacen referencia, en particular, a problemas relacionados con la libertad de circulación, de establecimiento, con las prestaciones de servicios, las prestaciones sociales, el reconocimiento de títulos y de calificaciones y con la fiscalidad. 
Además, cada vez más se nos presentan reclamaciones colectivas referidas a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y con la ampliación de las competencias de la Unión es factible que el número de reclamaciones y de ámbitos tratados aumente. 
Con el fin de responder a las expectativas de los ciudadanos, es necesario que exista una buena cohesión entre la Comisión de Peticiones, las instituciones europeas y las administraciones nacionales. 
También es necesario que las demás comisiones parlamentarias tomen más en cuenta el trabajo de nuestra comisión. 
Resulta perjudicial para la buena tramitación de las reclamaciones que el Consejo esté permanentemente ausente de las reuniones de nuestra comisión. 
En efecto, las administraciones nacionales son las primeras en aplicar el Derecho comunitario, y es indispensable que trabajen en conexión con las instituciones europeas y sobre todo con el Parlamento y la Comisión. 
Las respuestas de las administraciones nacionales tardan demasiado, a veces incluso varios años. 
Tenemos plenamente conciencia de la amplitud de la tarea y de las dificultades que deben ser superadas. 
En primer lugar, es innegable que existe una falta de conocimiento de esta comisión, a pesar de que su trabajo es indispensable para afianzar los vínculos entre ciudadanos y Unión Europea. 
Además, es preciso reforzar las estructuras y los medios de la misma para mejorar su eficacia, y es deseable que exista una relación más estrecha con las comisiones de peticiones de los Parlamentos nacionales. 
Finalmente, uno de los puntos importantes del programa de la Presidencia francesa es una Europa más próxima a sus ciudadanos. 
El trabajo de nuestra comisión se inscribe en este marco y nos corresponde concretar esta expectativa. 
Señor Presidente, me alegra que el Sr. Södermann esté aquí con nosotros esta mañana y quisiera felicitar a la Sras. Lambert y Thors por sus informes. 
La realidad en nuestra sociedad es que, si los gobiernos y las administraciones se salieran con la suya, nunca nombrarían comisiones de peticiones ni defensores del pueblo. 
Por su propia naturaleza tienden a obrar en secreto. 
Si están en el lugar que ocupan es únicamente porque los ciudadanos y sus representantes públicos piden que estén y les defiendan cuando están en el poder. 
Por consiguiente, es importante que sigamos pidiendo que la Secretaría del Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento cuenten con recursos adecuados. 
Una forma de neutralizar la eficacia de la Secretaría del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones consiste en negarles los recursos que necesitan. 
Es una vergüenza que en el Parlamento la Comisión de Peticiones, que es el contacto individual y directo más importante que el ciudadano tiene con esta institución y con las demás instituciones de la Unión Europea, reciba el trato que se le da. 
Carece de servicios de secretaría adecuados, y recibe un trato abominable en lo que se refiere a las traducciones, que figuran al final de la lista. 
Sencillamente, se la considera como si no fuera suficientemente buena. 
Si estuvieran aquí me gustaría instar a la Comisión y al Consejo- una y otro ignoran a la Comisión de Peticiones, como también ignoran al Parlamento- para que asignaran los recursos que fueran necesarios para que esos órganos pudieran desempeñar su cometido. 
La Comisión de Peticiones en particular es un mecanismo importante de acceso para el pueblo de Europa. 
Es importante que velemos por que pueda realizar su labor con efectividad. 
Las dos cuestiones más importantes que se plantean en el seno de la Comisión de Peticiones son el reconocimiento de las calificaciones de una persona para trabajar en otros Estados miembros y las repercusiones medioambientales del desarrollo de la construcción. 
En particular, a la gente le inquieta que a los estudios sobre las repercusiones medioambientales, que son necesarios en virtud de la legislación de la Unión Europea, se les considere como si valiesen menos que el papel en que están escritos. 
O bien nadie se ocupa de ellos, o bien los estudios no se ocupan de los verdaderos problemas. 
Señor Presidente, quiero felicitar personalmente al Sr. Jacob Söderman por su excelente trabajo, que le valió la reelección el 27 de octubre del año pasado. 
Al mismo tiempo, quisiera elogiar su modélico informe anual, exhaustivo y de fácil lectura. 
Se deduce del informe que la mayoría de las investigaciones han tenido como objeto a la Comisión, más concretamente, el 77 por ciento de ellas. 
Ciertamente se hace hincapié en que esto obedece principalmente a que la Comisión es la institución que adopta la mayoría de las decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. 
De la lectura de las quejas particulares se deduce, sin embargo, que la apertura es insuficiente. 
Las quejas más comunes se refieren a deficiencias en la información. 
La apertura es importante para que los ciudadanos tengan mejores posibilidades de influir en el funcionamiento de la UE y para reprimir las tendencias a la corrupción, el fraude y los engaños. 
Quisiera destacar que en este informe se hace hincapié en que todas las instituciones y órganos comunitarios deberán formular un código de conducta para una administración eficiente. 
Sin embargo, tal como se señala en el informe anual del Defensor del Pueblo, existe el riesgo de que el contenido de estos códigos sean muy diferentes en las distintas organizaciones y órganos. 
Como han señalado otros oradores, no podemos subestimar la información sobre las actividades del Defensor del Pueblo. 
Quisiera terminar con algunas preguntas. ¿Qué consecuencias tiene la Carta de Derechos Fundamentales para el trabajo del Defensor del Pueblo? 
¿Existen recursos necesarios para realizar un buen trabajo? 
¿Cuáles son las principales causas de las deficiencias de las instituciones en relación con los ciudadanos? 
¿Falta voluntad, son insuficientes los recursos o existe una burocracia absurda que impide y atrasa la correcta tramitación de los asuntos? 
Señor Presidente, atendiendo a lo dicho por el Defensor del Pueblo y al informe de la Sra. Thors, podemos concluir que la institución del Defensor del Pueblo ha consolidado su posición. 
La comisión parlamentaria expresa su reconocimiento al Sr. Jacob Söderman por el trabajo que ha realizado; también los ciudadanos han descubierto al Defensor del Pueblo. 
Las bases fundamentales del trabajo del Defensor del Pueblo son la independencia y la transparencia. 
Del mismo modo, a ojos de la opinión pública, también está justificado recalcar la importancia de una buena gestión para los ciudadanos y para la legitimidad de la UE. 
Es un acierto que la comisión parlamentaria apoye al Defensor del Pueblo en sus esfuerzos por crear una reglamentación para conseguir una buena gestión. 
El principio de la buena gestión también se va incluir en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que está en elaboración. 
El informe pone de relieve que sólo alrededor del treinta por ciento de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo entran dentro de sus competencias. 
Por ello, debemos seguir estrechando la cooperación entre el Defensor del Pueblo de la Unión y los Defensores del Pueblo nacionales y regionales. 
. Señor Presidente, Señorías, es para mí una satisfacción participar hoy en este debate, junto con el Sr. Söderman, Defensor del Pueblo, cuya labor al servicio de los ciudadanos de la Unión es francamente importante y, desde la Comisión, la apreciamos de una manera muy positiva. 
Quiero decir que entendemos desde la Comisión que el ciudadano siempre debe estar en el centro de nuestras preocupaciones. Porque es el ciudadano el destinatario último de todas nuestras actividades y la justificación de nuestra razón de ser. 
En este sentido, tanto la Comisión de Peticiones, como el Defensor del Pueblo desempeñan una labor clave, en distintos niveles, con distintos efectos, pero esencial para la mejora del funcionamiento de las instituciones. 
La Comisión de Peticiones se ocupa de las preocupaciones concretas de los ciudadanos y, en este sentido, como señala la Sra. Lambert- a quien felicito sinceramente por su informe­, las peticiones presentadas al Parlamento ilustran los problemas de los ciudadanos frente a las administraciones europeas y también muchas veces nacionales, poniendo al mismo tiempo de relieve las lagunas legislativas que existen tanto a nivel europeo como nacional. 
El Defensor del Pueblo, por su parte, como indica la Sra. Thors- a quien también quiero felicitar sinceramente por su informe -, se encarga de reclamaciones contra las instituciones y órganos de la Unión en relación con las deficiencias de sus administraciones. 
Nos incita a mejorar la gestión y la calidad de los servicios señalándonos los puntos débiles, los puntos que necesitan una mejora, una mayor atención. 
Pero es que los primeros que queremos una administración más eficaz y más transparente, somos precisamente los responsables de esta administración, y en ese sentido, bienvenidas sean las críticas a nuestros defectos. 
Sólo conociendo los defectos se les puede hacer frente. 
De ahí, insisto, la importancia que damos, para el buen funcionamiento de las instituciones, a la labor que realizan, tanto el Defensor del Pueblo como la Comisión de Peticiones. 
Quisiera abordar, en relación con el informe de la Sra. Lambert, dos asuntos concretos. 
Uno, en cuanto a la cooperación entre instituciones, indispensable para mejorar precisamente el funcionamiento de la Comisión de Peticiones y su capacidad de acción. 
En este sentido, quiero manifestar mi satisfacción porque el informe subraya el papel constructivo de la Comisión en el examen de las peticiones y porque lo considera globalmente satisfactorio. 
Nos da una especie de aprobado, y se lo agradezco, pero intentaremos mejorar. 
Esto no es nada más que un acicate para un mayor esfuerzo, un mejor trabajo y una mayor colaboración. 
En segundo lugar, propone una revisión de los procedimientos de examen de la Comisión de Peticiones. 
Pues bien, quiero decirle que me parece una magnífica idea la de reagrupar el examen de las peticiones por temas, confiar a ponentes especializados la tarea de examinar esas peticiones con un mayor detenimiento, y, eventualmente, sacar conclusiones que permitan corregir deficiencias, tomar decisiones para solucionar posibles lagunas en los textos legislativos, o contrarrestar efectos no deseados de dichos textos. 
Asimismo, la Comisión está dispuesta a considerar una revisión del acuerdo interinstitucional sobre la tramitación de peticiones que modifique el actualmente en vigor, de 1989, con el Parlamento y el Consejo, sobre todo en algo que me parece clave, y que ha sido señalado por alguno de los intervinientes, como es el problema de los plazos de contestación. 
Es verdad que, a veces, tardamos mucho tiempo en contestar. 
No siempre es culpa de la Comisión, hay veces en que dependemos de las respuestas de las administraciones nacionales, pero es cierto que ahí tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar y para poder contribuir de manera más satisfactoria todavía a la labor de esta comisión. 
Quiero subrayar en ese sentido la importancia de la colaboración con otras administraciones, colaboración que queremos mejorar al máximo. 
La Comisión está abierta al diálogo, tanto con el Parlamento, como con el propio Consejo para poder mejorar los plazos de las respuestas y acrecentar la transparencia y la comunicación con el Parlamento y la Comisión de Peticiones. 
Respecto al informe Thors, les voy a decir que coincidimos en la necesidad de consolidar la independencia del Defensor del Pueblo como institución y de apoyar su labor a favor de la transparencia y de la apertura. 
Evidentemente, consideramos que el principio de motivación de las decisiones que afectan a los ciudadanos es esencial e intentamos aplicarlo de manera sistemática. 
También quiero decir que aceptamos la definición según la cual mala administración es cuando un organismo público no actúa conforme a una regla o principio que le vincule. 
Sin embargo, quiero decir que, como muy bien ha señalado el Sr. Söderman, el Defensor del Pueblo es un órgano no judicial, y en ese sentido, en ningún caso puede sustituir a los órganos judiciales. 
Sus tareas son distintas a las de los tribunales de justicia. 
Creo que es importantísimo, en las relaciones que se tejen entre Comisión, Defensor del Pueblo y demás instituciones y órganos, respetar sistemáticamente el equilibrio institucional recogido en los Tratados. 
En ese sentido es cierto que la realidad, cada día más importante, de la institución del Defensor del Pueblo, que es una institución más joven en algunos aspectos que otras del entramado institucional europeo, reclama cierto tiempo de maduración para que los ciudadanos la conozcan. 
El Defensor del Pueblo, en su informe, ha señalado que se han incrementado de manera importante las quejas y las investigaciones y pesquisas desarrolladas durante este último año, y eso sencillamente corresponde a un mejor conocimiento de la institución por parte de los ciudadanos. 
Se precisa también un tiempo de maduración en las relaciones del Defensor del Pueblo con las otras instituciones para establecer los equilibrios deseables y solucionar las tensiones lógicas que pueda haber hasta que las cosas se vayan rodando. 
Pero tengo que decir que hasta ahora la colaboración que existe entre la Comisión y la institución del Defensor del Pueblo, y desde luego, la persona que lo representa, el Sr. Söderman, ha sido magnífica. 
Quiero, Señorías, muy brevemente, señalar que estas instituciones son buenas porque cualquier actuación de una administración puede en un momento dado adolecer de falta de transparencia, de falta de eficacia, de vulneración de derechos básicos, o incluso de corrupción. 
Pero quiero decirles a sus Señorías que, en ningún caso, podemos presentar la administración comunitaria como especialmente cargada de estos defectos. 
Si se la compara con otras administraciones, creo que aguanta muy bien la comparación y que incluso saca una buena nota en estos ámbitos. 
Señorías, por último, quiero reiterar mi felicitación al Defensor del Pueblo, al Sr. Söderman, por la labor que está llevando a cabo, por el incremento importante de sus actuaciones y de su trabajo, por su colaboración, a veces crítica, pero ésa es su labor y su función, y nosotros, desde la Comisión, así lo entendemos. 
La redacción de un código de conducta aplicable a las relaciones de los funcionarios comunitarios con los ciudadanos es una prioridad, y en ese sentido, está trabajando el Sr. Kinnock y la Comisión en general. 
En cuanto a las modificaciones del Estatuto del Defensor del Pueblo, es la comisión parlamentaria competente la que tiene que, en su momento, emitir un dictamen, de conformidad con el artículo 195 del Tratado, y cuando el Parlamento tome la iniciativa, analizaremos todas las cuestiones pertinentes. 
Señorías, deseo reiterar mi felicitación a las dos ponentes, y desde luego mi felicitación y agradecimiento por la magnífica labor que, desde su independencia y desde el rigor de su trabajo, está realizando el Sr. Söderman. 
Muchas gracias, señor Söderman. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
En el orden el día figura el informe (A5-0141/2000) del Sr. Atkins, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativo a la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la creación del cielo único europeo (COM (1999) 614- C5-0085/2000- 2000/2053 (COS) ). 
Señor Presidente, nos hemos reunido en un momento en que la congestión en nuestro firmamento no ha sido nunca mayor. 
Según las estadísticas, la posibilidad de que haya un retraso de 15 minutos ha aumentado del 12,7 % en 1991 al 30,3 % en 1999 y sigue aumentando. 
No solamente nos preocupan los efectos que la congestión puede tener en términos de inconveniencia y sus repercusiones para la estabilidad económica de nuestra Unión, también nos preocupa en primer lugar y sobre todo las amenazas para la seguridad que puede originar. 
Es un hecho que padecemos una escasez de controladores del tráfico aéreo. 
Es un hecho que ha habido falta de inversiones en los sistemas de control del tráfico aéreo. 
La demanda de posibilidades de transporte por vía aérea aumenta casi a diario como consecuencia de los billetes baratos, el deseo de la gente de ir al extranjero a pasar las fiestas o en viaje de negocios, o incluso de tomar unos cuantos días de vacaciones en cuanto se les presenta la ocasión; todo eso ha agravado la situación. 
La presión sigue aumentando y tenemos la obligación de felicitar a los que trabajan en el sistema y de darles gracias por lo que han hecho. 
Desgraciadamente- y hay que reconocer que eso no es solamente culpa suya- no pueden atender a la situación tan bien como quisieran: muy recientemente hemos tenido una experiencia de lo que acabo de decir, como resultado de los retrasos provocados por la huelga en Francia. 
Todo esto ha tenido un efecto perjudicial para la movilidad de nuestros ciudadanos, y ha repercutido en los costos económicos y financieros y sociales de nuestras empresas y en la amplia gama de personas afectadas una u otra vez por lo que está sucediendo. 
Quisiera felicitar a la Comisaria Palacio por haber tomado la iniciativa de presentar esta cuestión a nuestra comisión parlamentaria de la forma que lo hizo, y con la energía y entusiasmo de que ha dado pruebas, inicialmente al establecer el grupo de alto nivel, así como por el liderazgo que ha asumido en el trato de este problema. 
Lo que ha producido la Comisión es una importante contribución a la lucha contra el problema de la saturación del espacio aéreo. 
El Consejo de Ministros de Transporte tiene que adoptar una decisión política a este respecto. 
No podemos aplazarla durante más tiempo. 
Hay que ocuparse de ella ahora. 
Necesitamos un cielo único sobre un mercado único, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que los Estados individuales tienen su propia opinión acerca de la forma de ocuparse de estas cuestiones sobre todo teniendo en cuenta que influyen en el nivel de vida de la fuerza de trabajo y que hay que pensar también en la utilización del espacio aéreo nacional para fines militares. 
El espacio aéreo militar y el abuso que de él se hace en algunos países es algo de lo que tenemos que ocuparnos no solamente por lo que se refiere al espacio que ocupan las aeronaves militares, sino también con ocasión del abuso de los corredores aéreos civiles por aeronaves militares que no se atienen a los procedimientos de la aviación civil. 
Ésta es también una esfera de la que hay que ocuparse. 
En ese informe he sugerido- y la comisión parlamentaria ha aceptado en amplios términos- que Eurocontrol sea un órgano regulador con más facultades, que pueda imponer sanciones más efectivas y que reconozca el derecho de apelación a los que se vean afectados por la cuestión. 
Por las mismas razones, pensamos que la prestación de servicios de tráfico aéreo debe estar abierta a la liberalización, a reserva de que cada país individual decida lo que sea apropiado para él. 
Como los diputados saben seguramente, en el Reino Unido nos hemos ocupado de esta cuestión y hemos introducido un principio de privatización. 
Eso quizás sea adecuado para nosotros, pero puede ser inadecuado para otros. 
Son los Estados-nación individuales quienes deciden, pero tienen que tomar una decisión y ocuparse de este problema de la división entre la regulación de su espacio aéreo, por una parte, y, por otra, la disposición sobre la gestión de servicios aéreos que pueden ofrecer otros países u otras organizaciones. 
Estimamos que debe haber criterios objetivos e independientes sobre la forma de administrar el sistema, con incentivos para los que lo administren bien y sanciones para los que no alcancen los niveles apetecidos. 
Estimamos que debe indemnizarse a los pasajeros por los retrasos injustos y que sus derechos en esos casos deben ser claros y bien conocidos. 
Por encima de todo deseamos que la Comisaria Palacio, con nuestro apoyo, insista ante el Consejo de Ministros y todos los asociados con esta cuestión para que se adopten decisiones urgentes. 
Si hay una crítica general que la industria podría formular respecto del informe, es que quizás no vaya demasiado lejos ni demasiado deprisa. 
Esta situación no puede durar más. 
Señor Presidente, si usted me lo permite, desearía transmitirles muy brevemente algunas observaciones que me sugiere este informe. 
Parece evidente que la organización del control aéreo en el espacio aéreo europeo debe ser totalmente revisada. 
En tal sentido, la iniciativa de la Comisión es meritoria. 
Está bien que deba revisarse, que deba replantearse totalmente, pero pienso que hay que desconfiar de algunos prejuicios que encontramos a capricho en los informes, las comunicaciones y las intervenciones sobre esta cuestión. 
También parece evidente que la fragmentación política del espacio aéreo europeo ya no corresponde a las necesidades técnicas y del mercado. 
Me ha sorprendido mucho saber que en la Europa actual siguen siendo fundamentalmente las fronteras políticas las que predominan en materia de organización del control aéreo. 
Debe crearse un espacio europeo del control aéreo. 
Ahora bien, ¿dicho espacio debe estar totalmente unificado? , ¿y según qué criterios? 
Me formulo muchos interrogantes sobre las conclusiones del informe. 
Me parece evidente que la fragmentación del control aéreo comporta algunas ventajas. 
En efecto, el control aéreo supone una estructuración reticular del territorio y los límites de seguridad técnica, pero también los límites humanos implican que cada controlador, cada puesto de control, pueda tener un territorio limitado y pueda cubrir un número limitado de vuelos. 
En este sentido, debe conservarse la organización reticular del territorio europeo y, en cierto modo, enriquecerse. 
Por lo tanto, soy favorable a que se multipliquen los centros de control, puesto que ello implica no ya la unificación de todo el control, sino la unificación del sistema jurídico y la unificación tecnológica. En efecto, este informe, así como su tramitación, han puesto de relieve la ausencia de voluntad europea... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, estimada señora Vicepresidenta, queridos colegas, en primer lugar quiero agradecer sinceramente a mi colega Robert Atkins el magnífico informe que ha elaborado. 
Ha centrado su esfuerzo no sólo en comentar lo propuesto por la Comisión, sino en revelar sus líneas directrices. 
Estimo correcta la gran línea de separación trazada entre las funciones reguladora y operativa. 
En los puntos 4 y 5 abordamos de nuevo la cuestión de que nosotros, en cuanto Parlamento, hemos acordado dos veces que la función reguladora debe transferirse a la Unión Europea. 
Con ello paso a comentar la intervención del anterior orador. 
Por supuesto que debe ponerse de manifiesto que en el ámbito operativo se cuente posiblemente con varias o muchas sociedades de servicios, pero la función reguladora debe reservarse o transferirse a la Unión Europea. 
Esto no constituye ningún problema. 
Actualmente la Unión Europea está integrada por quince Estados y otros doce han solicitado la adhesión. 
Si ahora se actúa con arreglo al régimen de la EWR- es decir, primero se establecen las normas comunes y después se pregunta a los países que deseen adherirse -, entonces podrá integrarse a dichos estados. 
Por ello considero correcto el planteamiento según el cual, en la actual situación, la Comisión Europea debería unificar en Eurocontrol los intereses de los Estados miembros en el ámbito de la función reguladora. 
En la cuestión de la función reguladora no necesitamos la poliglotía, sino la unanimidad. 
Pido a la Comisaria con toda vehemencia que presente de nuevo al grupo de trabajo la propuesta sobre la que el Parlamento va a deliberar hoy y que siga velando por que este grupo de trabajo aporte buenos resultados prácticos. 
Sentimos una gran consideración por la Vicepresidenta, pues es ella quien ha creado este grupo compuesto por expertos civiles y militares y los trabajos avanzan apreciablemente. 
Algún que otro país opone una cierta resistencia. 
Deseamos a la Vicepresidenta mucha suerte y éxito para que así podamos presentar en octubre un magnífico programa. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera, en nombre del Partido de los Socialistas Europeos, decir a la Comisaria que nos agrada la iniciativa que ha adoptado. 
Compartimos sus objetivos, y compartimos sus finalidades. 
Ahora bien, quizás lamentemos la falta de integración con otras iniciativas que la Comisaria está desarrollando, como se desprende con claridad de su comunicación. 
También tomamos nota de la falta de voluntad política que existe dentro de la Comisión y del Consejo, aunque no está de más recordar que esta iniciativa comenzó en el Consejo en junio del año pasado cuando pidió a la Comisaria que presentara esta comunicación. 
Incluso en marzo del presente año el Consejo de Lisboa procuró adelantar más la cuestión, y creo que todos nosotros apoyamos sus esfuerzos en ese sentido. 
El Partido de los Socialistas Europeos apoya también e incluso acoge con satisfacción la posición, cuidadosamente sopesada, del ponente. 
Es un caso de subsidiariedad en acción: europea cuando sea preciso, nacional cuando sea posible. 
Quisiera darle personalmente gracias por haber tenido en cuenta muchas de nuestras inquietudes, y no solamente en la esfera de la seguridad, que veo por su informe que es para él la prioridad fundamental. 
Los problemas principales para el PSE incluyen el hecho de que lamentablemente no se haya analizado la verdadera causa de los retrasos del tráfico aéreo. La capacidad de los aeropuertos en materia de pistas, la planificación de las compañías aéreas, la conducta de los pasajeros, la infraestructura de los aeropuertos, así como la escasez de controladores que ya ha mencionado el ponente. 
Otra de nuestras preocupaciones es el principio fundamental, que apoyamos y que hay que elaborar más, o sea la divergencia de los servicios aéreos respecto de las normas aplicables. 
Esto tiene que ser uno de los pilares básicos de nuestro nuevo enfoque. 
También hay que reformar, reacondicionar y poner de nuevo en marcha a Eurocontrol. 
El tercer principio que apoyamos es la liberalización, pero no la privatización; y el cuarto y último principio es que queremos que todas estas propuestas se desarrollen en conjunción con la Autoridad europea de seguridad aérea que se ha propuesto. 
De hecho, por encima de todo, la seguridad tiene que ser nuestro principio rector, y estoy seguro de que lo será en los meses venideros. 
Entre 1986 y 1996 el tráfico aéreo en Europa se ha duplicado. 
Se duplicará de nuevo en los diez próximos años. 
Tenemos que ocuparnos urgentemente de esta cuestión, con rapidez pero con coherencia. 
Lo que nos gustaría que hoy nos facilitara la Comisaria es un calendario claro de lo que piensa hacer en los próximos meses y de la velocidad con que piensa hacerlo. 
Todos sabemos que este verano habrá personas esperando en las salas de los aeropuertos y preguntando el motivo de que su vuelo se haya retrasado, no unos minutos sino unas horas. 
Esperemos que la Comisaria pueda indicarnos hoy lo que falta para que cesen esos retrasos. 
Espero con interés sus comentarios, particularmente los que pongan en conocimiento de este Parlamento las conclusiones alcanzadas la semana pasada por el Consejo que recibió el informe provisional del grupo de alto nivel. 
Insto a mis colegas a que respalden la propuesta del ponente e insto a la Comisaria a que nos indique un plazo muy claro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que Sir Robert Atkins ha elaborado un buen informe. Ha dejado clara la dirección que debemos seguir, ya que nos encontramos en la absurda situación de tener un mercado único para la aviación, pero además de eso, existe un espacio aéreo dividido de forma incoherente. 
El resultado se traduce en las consecuencias ya descritas por algunas de sus Señorías. 
Si queremos un cielo único debemos, por supuesto, realizar inversiones. 
Es evidente, por tanto, que hay que poner dinero sobre la mesa. Eso significa también, y creo que es el punto más difícil, que deben adoptarse con mucha prontitud decisiones políticas. 
Realmente, éstas sólo pueden ir en una dirección. Debemos abordar esta cuestión desde una perspectiva europea. 
Todos estamos de acuerdo en que los Estados miembros deben decidir de una vez qué van a hacer. 
Así mismo, los servicios nacionales deben saber que su tiempo se ha terminado, que debemos contar, por tanto, con una prestación europea del servicio, no nacional, ya que ahí reside la raíz del mal, si así puede decirse. 
La prestación del servicio debe figurar, por supuesto, en primer lugar, ya que la dirección del tráfico aéreo no es un negocio en sí misma, se trata de la prestación de un servicio a una compañía aérea, a sus clientes. 
A veces se olvida eso, y se piensa en un círculo pequeño limitado. 
Si hablamos de una prestación de servicios en un mercado único, eso implica, naturalmente, que debe ponerse fin a los monopolios, que debemos contar con una legislación europea clara, pero además, que no deben existir monopolios en la prestación de servicios Todos estamos de acuerdo en ello y espero, por tanto, que podamos avanzar rápidamente. 
Un punto importante, y el Sr. Watts ya lo ha señalado, es la seguridad. 
En ese ámbito no se puede hacer ninguna concesión. 
Lo más importante es, señora Comisaria, y creo que por su parte no existe ningún problema al respecto, que cuando el Grupo de Alto Nivel dé a conocer sus conclusiones en octubre, nos presente sus propuestas cuanto antes; que, a continuación, todos presionemos al Consejo de Ministros; que los Estados miembros adopten las decisiones que tienen que adoptar; y que éstas vayan en la dirección que ya hemos indicado algunas veces en el Parlamento Europeo y que ahora, de nuevo, figuran en el informe de Sir Robert Atkins. 
Señor Presidente, el informe se ocupa del problema del creciente tráfico aéreo. 
Centraré mis observaciones en un solo aspecto de este informe o, para ser más específico, en una importante omisión. 
Se han formulado muchas propuestas pero, para mí, el problema de este informe es su tesis principal de que la congestión se puede resolver sencillamente con la liberalización del sistema de control y gestión del tráfico aéreo. 
Lo que hacen las opciones es poner de relieve aspectos fijos técnicos, sin ocuparse de las tendencias subyacentes. 
Es evidente que un cielo único europeo aumentaría la eficiencia con la que se utiliza el espacio aéreo de Europa. 
La mejora de la gestión del tráfico aéreo permitiría disponer de más espacio. 
La restricción del uso del espacio aéreo militar también representaría una importante mejora, pero ninguno de esos aspectos fijos técnicos van a tener consecuencias duraderas si no nos ocupamos del problema subyacente, que es el insostenible crecimiento del tráfico aéreo. 
Al no vincular el problema de la congestión con la reducción del tráfico aéreo el informe pasa por alto una estrategia vital. 
Es como si nos esforzáramos por ir colocando cubos bajo el grifo para evitar una inundación, en vez de examinar la posibilidad de, por lo menos, cerrar un poco el grifo para que salga menos agua. 
Fijémonos en los hechos. 
El reciente informe de la Comisión ha dicho ya que el crecimiento del sector aéreo es insostenible, que se prevé que ese crecimiento se duplique en los 15 próximos años, y que se precisa un cambio radical. 
Eso causa importantes problemas de congestión pero también provoca importantes problemas medioambientales: no solamente el ruido y la contaminación para las personas que viven alrededor de los aeropuertos, sino también las consecuencias para el clima mundial. 
El transporte aéreo es ya la fuente mundial de más rápido crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y puede representar hasta un 15% para el año 2050. 
Desgraciadamente este informe no establece el vínculo vital entre la congestión y la reducción del tráfico aéreo, y por consiguiente pasa al margen de una oportunidad vital de encontrar una solución duradera para esos problemas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, pienso que existe una ambigüedad con respecto a la expresión "cielo único europeo", porque, a pesar de todo, el control aéreo constituye actualmente un ámbito de actividad europeo. 
Con Eurocontrol existe un control europeo del espacio aéreo, y existe un organismo, el Central Flow Management Unit, con base en Bruselas. 
Se trata de organismos imperfectos, ciertamente, pero existen. 
Por lo tanto, hay que mejorar la situación, ya que para todos resulta evidente que los retrasos se han acentuado y que, al aumentar el tráfico, éstos serán cada vez más importantes. 
Está comprobado que las causas de los retrasos son múltiples, pero, en definitiva, creo que se trata de una ofensiva para presentar el control aéreo como único responsable de éstos. 
Pienso que también sería atinado examinar más a fondo los problemas relacionados con los tipos de aviones, los tipos de tráfico, con las escalas y las rotaciones, y, naturalmente, los problemas que subsisten en relación con la defensa. 
Tengo la impresión de que nos lanzamos a una huida hacia delante con soluciones aparentemente evidentes, pero que no toman en consideración la especificidad del control aéreo. 
El Sr. Zimeray lo decía hace un momento: sí, el trayecto de un avión está fragmentado en espacios, y cuanto más denso es el tráfico, existen más divisiones en espacios. 
¿Por qué? 
Porque la división en espacios constituye la capacidad humana para controlar, para gestionar cierto número aviones. 
Pensar, pues, que podrían haber demasiados centros de controles es, en mi opinión, una necedad. 
¿Por qué no decimos, entonces, que hay demasiados aviones? 
Que yo sepa, tampoco hay puntos de bloqueo del control aéreo específicos de las zonas fronterizas. 
La gran propuesta que se nos somete para mejorar el tráfico consiste en separar las funciones de regulación y de control. 
Pero, ¿qué interés tiene esta medida? 
Estaría de acuerdo en reflexionar sobre la necesidad de realizar unas divisiones más pertinentes. 
Pero no es eso lo que se nos propone. 
La separación de las funciones desembocaría en una liberalización del suministro de los servicios del tráfico aéreo, en la creación, como lo dice el informe Atkins, de un mercado interior liberalizado. 
El control aéreo no es una compañía aérea, no es un sector mercantil. 
No olvidemos que su función más importante es garantizar la seguridad. 
Ahora bien, pienso que el hecho de someter los organismos de control o de certificación de los aparatos a la presión de los mercados es contrario a la seguridad. 
Es necesario, pues, defender la capacidad de inversión en nuevas herramientas tecnológicas, en la formación. 
En Francia- y no pretendo convertirla en modelo- existe una dirección general que organiza el conjunto del sector, y estos últimos años se han realizado inversiones, se han contratado controladores. 
El sistema es eficiente. 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, el presente informe parte de una observación evidente, muy sentida, por lo demás, por nosotros, diputados europeos, como frecuentes usuarios del transporte por avión: la de que los cielos están cada vez más congestionados a consecuencia de la demanda cada vez mayor de ese medio de transporte. 
A esa sobrecarga de aviones corresponde inevitablemente una agravación de los retrasos en el tráfico aéreo, que acarrean perjuicios a los pasajeros, a las empresas, a los negocios y al turismo. 
Como ponente, considero que los transportes aéreos deben abordarse como un sistema coherente de operadores, aeropuertos y servicios de control de tráfico aéreo, cuyos componentes son directamente interdependientes y que sólo un análisis de su conjunto podría resolver los problemas de capacidad del espacio aéreo. 
Por eso, acogemos con beneplácito la creación del Grupo de Alto Nivel compuesto por representantes civiles y militares y presidido por la Comisaria Loyola de Palacio, que se ha dedicado a estudiar esa cuestión de los retrasos de los aviones con vistas a la reducción al mínimo de los problemas que causan y que deberá presentar oportunamente un informe al Consejo. 
Por nuestra parte, esperamos que ese informe final se centre en la elaboración de propuestas viables y soluciones concretas, realistas y eficaces para la resolución del problema de los retrasos del tráfico aéreo en Europa y abandone propuestas polémicas que poco o nada contribuyen a ese objetivo, como en el caso de la defensa de la libre competencia entre prestadores de servicios de gestión del tráfico aéreo. 
En efecto, no vislumbramos qué relación puede haber entre esa supuesta liberalización y la cuestión de los retrasos que urge resolver. 
Por otro lado, consideramos que las soluciones que se propongan deben respetar la soberanía nacional de los Estados miembros, limitando la centralización de la actividad reguladora a las materias estrictamente necesarias, así como salvaguardar los requisitos particulares vinculados con la defensa y las necesidades militares concretas de cada cual y observar los compromisos contraídos por todos en las organizaciones internacionales. 
Eso no significa que no incumba a los países la obligación de flexibilizar lo más posible el tránsito de aviones en el espacio aéreo superior y buscar fórmulas de articulación más eficaces con las necesidades operativas de carácter militar. 
También el programa de gestión aérea europea, cuya finalidad es lograr a escala europea una completa coordinación e integración de los sistemas ATM, debe seguir profundizándose en el ámbito de EUROCONTROL, ya que el problema no radica tanto en la división del espacio aéreo, que puede ser hasta justificable desde el punto de vista de la adecuación del número de aviones y de rutas a cargo de cada controlador, sino en la armonización técnica de los sistemas ATM. 
Señor Presidente, el informe es excelente: aborda un tema realmente delicado y, diría, extraordinariamente técnico, aunque el problema es esencialmente político. 
He oído hablar de un excesivo número de aviones, de un excesivo numero de aviones a cargo de un único controlador aéreo, etcétera; sin embargo, basta mirar el país más desarrollado aeronáuticamente, es decir, los Estados Unidos en los que estos problemas se afrontan y, aunque no se han resuelto del todo, han encontrado soluciones adecuadas. 
Existe sobre todo un hecho fundamental: en los Estados Unidos rige un sistema único de control del tráfico aéreo; en Europa los sistemas de control siguen siendo quince, al menos en la Unión Europea. Debemos considerar, además, que en medio está Suiza, debemos tener en cuenta a los países limítrofes, y éstas son las dificultades que tenemos. 
Por ello, es justo hacer votos por un sistema único de control del tráfico aéreo, por lo menos para toda la Unión Europea incluyendo, obviamente, también a las regiones técnicas, la Confederación Helvética. 
Éste es el punto fundamental y esto permitirá resolver muchos problemas, junto con el desarrollo de la técnica y, al respecto, pienso en los sistemas TCAS, GPS y GNNS que, obviamente, favorecen una mayor fluidez del tráfico aéreo. 
Y quiero terminar con algunas perplejidades frente al principio de subsidiariedad: se trata de un principio fundamental pero no siempre fácil. 
Las normas que regulan el transporte aéreo, el tráfico aéreo son tal vez las normas más internacionales que existen, junto con las de navegación marítima y, en consecuencia, luego es difícil entrar en detalles. 
Y por último: veo que el informe se centra sobre todo en las grandes compañías aéreas. 
No debemos olvidar que existen otros usuarios del espacio aéreo: los aerotaxis, las compañías privadas, así como los usuarios privados de las avionetas de los aeroclubes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la conquista de una pequeña parte del mercado del transporte entraña dificultad. Ello se debe especialmente a la existencia de una fuerte competencia, de una gran presión, de relaciones de cooperación mundiales y de considerables condicionantes externos que influyen en el precio de coste. 
Ésa es la situación en que se encuentra el sector aéreo. 
De ahí que debamos reflexionar sobre el futuro del sector. 
En mi opinión no debemos aceptar el crecimiento ilimitado como un hecho. 
Tal vez, determinados flujos de transporte sólo puedan tener lugar por vía aérea. 
Sin embargo, eso no sucede con la mayor parte. 
Hacía ahí debemos dirigir nuestra política. 
Esto requiere, sin embargo, un gran esfuerzo e inversiones orientadas y enfocadas hacia alternativas. 
Todavía no hemos avanzado tanto, el desarrollo de las redes transeuropeas presenta resultados variables. 
Ahora hace falta buscar soluciones alternativas a corto plazo. 
Me parece que lo más importante es la óptima utilización del espacio existente, tanto del espacio aéreo como de los aparatos. 
Eso requiere, tal como ha señalado el ponente, tanto medidas relativas al personal como de organización. 
La creación de un cielo único europeo dará suficiente margen por el momento para reflexionar sobre la adopción de medidas estructurales para luchar contra el crecimiento irrefrenable del transporte aéreo desde la situación actual. 
Eso es lo que debemos hacer si queremos convertir en realidad la pretensión de contar con una política de transporte duradera. 
No sólo hay que dar facilidades, sino también limitar cuando resulte necesario. 
Sin embargo, el ponente da, por el momento, un buen primer impulso. 
No nos apoyemos en el pasado, sigamos reflexionando sobre el futuro del sector del transporte y, en particular, de la aviación. 
El informe del Sr. Atkins aborda un asunto que tal vez sea el más importante de entre los que tienen que manejar tanto la Sra. De Palacio como nosotros mismos, el Parlamento Europeo, durante los próximos cuatro o cinco años; y debo, de entrada, felicitar al Sr. Atkins por su enfoque en el informe en cuestión. 
Y dicho esto; el problema adquiere, evidentemente enormes dimensiones. 
Los retrasos en el conjunto de los vuelos han pasado del 12,7 %, en 1991, al 30%, en 1999. 
En 2010 el número de vuelos se habrá duplicado. 
Consecuencias de todo esto: tiempo perdido, daños económicos, colapso, y, por consiguiente, peligros para la seguridad. 
Eurocontrol se ha revelado un mecanismo insuficiente para la gestión del tráfico aéreo. 
En este marco es absolutamente necesario que la Vicepresidenta Sra. De Palacio avance decididamente, como ha hecho hasta ahora, hacia el establecimiento de un verdadero cielo único europeo. 
Los países miembros, por su parte, deberán superar alguna vez su quizá justificada preocupación por la gestión de sus espacios aéreos, y contemplar las necesidades que se crearán, los años venideros, más allá de sus fronteras y más allá de las circunstancias actuales. 
Debemos avanzar inmediatamente, regular los interminables detalles técnicos, como, por ejemplo, los que se derivan de las relaciones entre las aviaciones civil y militar. 
Entretanto, sin embargo, los pasajeros deberán ser indemnizados por los retrasos de las compañías aéreas, y deberán, por supuesto, ser informados acerca de sus derechos. 
Concluyo mi intervención recordando la posición del Parlamento Europeo cuando votamos el informe para la Conferencia Intergubernamental: que las competencias de regulación del tráfico aéreo en Europa, en nuestros países, deben pasar a la Unión Europea. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Atkins su informe y también su voluntad de cooperar y trabajar no solamente con mi Grupo sino con otros grupos para tramitar este documento. 
No hay duda de que los retrasos en el control del tráfico aéreo constituyen un problema. 
Una visita a cualquiera de los principales aeropuertos en estos momentos del año lo demuestra con toda claridad. 
He oído decir que el retraso medio es de unos 20 minutos. 
Lo único que puedo decir sobre la base de mi experiencia es que la situación de Manchester debe de ser muy mala porque todavía no he conseguido volar con Sabena de Bruselas a Manchester sin que el retraso rebase con mucho los 20 minutos. 
Me parece que puedo decir que el horario de vuelos no es ya más que una simple indicación, no un objetivo definitivo, cuando uno planifica sus viajes. 
Se trata de un problema evidente del que tenemos que ocuparnos. 
El informe tiene que considerar todos los problemas que implica el tráfico aéreo y adoptar un enfoque doble como propone la Comisión. 
Ahora bien, no todos los retrasos se deben a los controles del tráfico aéreo. 
Hoy en día para las compañías aéreas no hay mejor disculpa que la de decir a los pasajeros que el retraso se debe al control del tráfico aéreo. 
Lo pueden hacer con toda impunidad porque ninguno de los controladores del tráfico aéreo del aeropuerto podrá decir que no es verdad. 
La verdad es que buena parte de los retrasos están provocados por la falta de eficiencia de algunas de las compañías aéreas. 
Pasajeros que se extravían. 
Nunca dejará de sorprenderme el número de pasajeros que se extravían en los aeropuertos. 
Pero, ¿qué pueden estar haciendo esas personas? 
Invariablemente causan tantos retrasos como el propio tráfico aéreo. 
La cuestión de Eurocontrol es importante. 
Respaldamos el compromiso alcanzado en el punto 8 acerca de Eurocontrol. 
También convenimos en que es necesario que los militares cedan una parte de su espacio aéreo. 
Me interesa en particular la enmienda 24. 
He de suponer necesariamente que el grupo TDI tiene que... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente por su extraordinario informe. 
La experiencia del lunes pasado confirma que se trata de un informe importantísimo. 
Muchos diputados al Parlamento se vieron obligados a viajar incluso quince horas para llegar hasta aquí, a Estrasburgo. 
Hubo vuelos cancelados y muchos otros tuvieron grandes retrasos. 
La situación es realmente inadmisible: el espacio aéreo sufre una grave congestión, los vuelos se retrasan habitualmente y los derechos de los pasajeros son prácticamente inexistentes. 
El informe presenta medidas bien orientadas que deben ser llevadas a cabo sin dilación. 
Sin embargo, no creo que sean suficientes, puesto que se espera que el tráfico aéreo se doble en los próximos diez años. 
Los vuelos cortos deben desplazarse hacia el ferrocarril para que los vuelos más largos puedan disponer del suficiente espacio aéreo, dado que apenas existen alternativas para los vuelos de larga distancia. 
Los informes dirigidos a mejorar la competitividad del transporte por ferrocarril son muy importantes también desde este punto de vista. 
El impuesto ecológico para el tráfico aéreo que está en proyecto debe ponderarse de tal modo que no grave desmesuradamente los vuelos de larga distancia y que incentive el reemplazo de los vuelos cortos por el ferrocarril. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con la globalización hemos descubierto con agrado que, sobre todo, los aviones nos acercan a cualquier rincón del mundo partiendo de nuestra ciudad, y nos ha gustado tanto que ya no podemos vivir sin volar. 
Pero, al igual que en su momento descubrimos la congestión de las ciudades por los automóviles, ahora es el espacio aéreo el que se colapsa con demasiada asiduidad, sufrimos retrasos habitualmente, se pierden nuestras maletas y hemos padecido todo tipo de huelgas de celo y de sindical oportunidad. 
Los usuarios consumidores pensamos que se han de establecer y defender nuestros derechos y gestionar mejor las compañías aéreas, los aeropuertos, los horarios de los vuelos y el control de la navegación. 
Pero también pensamos muchas veces que debemos compartir más la soberanía aérea entre todos los europeos y que hay una gran parte del espacio aéreo reservado al que no se le saca el provecho social que los tiempos demandan. 
Por ello, además de reformar Eurocontrol, aumentar el numero de frecuencias de radioenlace e implementar las mejores y nuevas tecnologías en el seguimiento para que quepan más pasillos aéreos y más aviones, en los actuales tiempos de normalidad se hace necesario que la aviación comercial civil pueda utilizar los espacios reservados, sobre todo en sus cotas o altitudes más elevadas, las cuales, habitualmente, no tienen demasiado uso militar. 
Los ciudadanos lo demandan, y creo que es posible encontrar una solución perfectamente válida para todos compartiendo, insisto, soberanía y el espacio reservado utilizado por la aviación militar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados señoras y caballeros, al igual que el ponente y el anterior orador, estimo absolutamente necesario adoptar medidas apropiadas para corregir el creciente retraso que registra el tráfico aéreo europeo y, en última instancia, eliminarlo. 
El debate en el seno de la comisión y de hoy en el Pleno gira constantemente en torno al cómo y a los mejores medios y métodos para aplicar una nueva gestión en el tráfico aéreo. 
Sir Atkins, valoro extraordinariamente su conocimiento de la materia, y la mayoría de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sostiene que este objetivo puede alcanzarse fundamentalmente mediante la aplicación de medidas liberalizadoras. 
Es indudable que la liberalización eleva el número de operadores, pero no resuelve determinados problemas e incluso crea otros nuevos. 
Primero: en tanto los Estados miembros antepongan sus legítimos intereses nacionales a los europeos en la coordinación y utilización del espacio aéreo europeo, no se producirán cambios fundamentales. 
Segundo: Ello es también un motivo de la escasa eficacia de Eurocontrol. 
No importa si se separan los organismos de regulación y de vigilancia, si usted liberaliza o privatiza: mientras que no exista la voluntad política de aceptar que el espacio aéreo europeo sólo puede regularse a escala europea, no servirá de nada elaborar otros diez informes. 
Tercero: El uso civil del espacio aéreo debe gozar de prioridad. 
En una Europa unida y en paz no existe razón lógica alguna que justifique que una gran parte del espacio aéreo quede reservada a usos militares. 
Cuarto: ¿No cree también usted que si hacemos un fetiche de la liberalización, la posibilidad de que se reduzca la oferta en las rutas menos rentables es muy grande, que no puede haber una competencia leal si no establecemos niveles de seguridad vinculantes, unitarios y sociales? 
Quinto: ¡No necesitamos que la Comisión ejerza influencia alguna en los Gobiernos nacionales en caso de conflictos laborales, como se exige en el punto nº 14 del informe, sino un diálogo social efectivo entre todos los actores del tráfico aéreo! 
Señor Presidente, el informe del Sr. Atkins menciona una serie de problemas reales, planteados por la evolución del sistema aéreo en Europa. 
El problema de la seguridad, en primer lugar. 
Los conflictos laborales, que en ocasiones perturban el tráfico, retienen como rehenes, sin previo aviso serio, a miles de usuarios. 
Los retrasos, cada vez más frecuentes e insoportables, no se deben solamente, como ya se ha señalado, a la sobrecarga del espacio aéreo, sino también a la pretensión de las compañías, por razones de rentabilidad, de que sus aviones efectúen rotaciones con plazos excesivamente breves, poco razonables y, en definitiva, inviables. 
El informe, sin embargo, no menciona un factor fundamental: el de los derechos de tráfico. 
Hoy es extremadamente difícil para una compañía europea que efectuara el trayecto, por ejemplo, París, Houston, San Francisco, recoger pasajeros en California, porque jurídicamente se considera como cabotaje. 
Mientras que una compañía norteamericana que efectúa el trayecto Nueva York, Madrid, París, puede embarcar pasajeros en España, para desembarcarlos en Europa. 
Es en el marco de la negociación internacional de derechos de tráfico donde esta noción de espacio aéreo europeo... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, podemos comprobar que el transporte aéreo es progresivamente accesible a un mayor número de nuestros conciudadanos. 
Naturalmente, esta democratización es bienvenida, pero plantea cuestiones importantes con miras al futuro: aumento del tráfico, congestión en los aeropuertos, sobrecarga del espacio aéreo y no respeto del medio ambiente, sobre todo desde el punto de vista del ruido ambiental. 
La voluntad de crear un tráfico aéreo óptimo en Europa se basa en una buena intención, pero, ¿por qué la Comisión debe poner en entredicho las políticas aéreas de los Estados miembros y sus acuerdos bilaterales por medio de un espacio aéreo único? 
Naturalmente, suscribo, por una parte, el objetivo de racionalización de los movimientos de aviones y, por otra, el objetivo de lograr una mayor fluidez del tráfico, y ello respetando plenamente la protección de los consumidores y la seguridad de los usuarios. 
Desearía creer a la Sra. De Palacio cuando asegura que no existe, cito, "ninguna referencia a la organización de licitaciones para los servicios de control aéreo o a su privatización en los trabajos de la Comisión". 
Entonces, ¿las diferentes agitaciones sociales del personal afectado no tendrían ningún fundamento? 
La Comisión reclama una verdadera autoridad de gestión del tráfico aéreo, una autoridad reglamentariamente importante. 
Digo no, no a una reforma completa de Eurocontrol, no a una nueva estructura reglamentaria- en definitiva, su funcionamiento actual organiza con eficacia, y en particular en materia de seguridad, un tráfico equilibrado, respetando los sistemas nacionales, a los que cada Estado debe tener derecho -, no a una representación por parte de la Comisión de los Estados miembros frente a los Estados exteriores, anulando en la práctica cualquier poder de decisión política en materia de transporte aéreo. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, tanto la comunicación de la Comisión como el informe del ponente, que es magnífico, están en la línea del pasado Consejo Europeo de Lisboa, en el que se pedían a la Comisión una serie de propuestas concretas, a la mayor brevedad posible. 
Ahora es el Consejo el que deberá tomar las decisiones políticas necesarias y urgentes que permitan complementar el mercado único de la aviación con un sistema único de control del tráfico aéreo. 
El crecimiento de la demanda se sitúa en estos momentos entre un 5% y un 7% anual y parece probable que se mantenga en la misma línea en los próximos años, lo que hace aún más difícil el trabajo de unos sistemas europeos de gestión del tráfico aéreo que han demostrado ser incapaces de hacer frente a tal desarrollo y a los que se debe más del 50% de los retrasos, aunque es verdad que existen otras causas, como las limitaciones propias de los aeropuertos y una programación de los vuelos que no tiene en cuenta las limitaciones de infraestructuras. 
Otra causa que hace ineficaz el actual sistema es la diferente organización del sistema civil y del militar, así como los diferentes estándares de material técnico en tierra. 
El espacio aéreo debe ser accesible en las mismas condiciones para la aviación general, comercial y militar, lo cual no significa que no se dé prioridad, e incluso exclusividad de acceso, a los militares en caso de crisis. 
Ahora bien, el sólo hecho de que pueda producirse una crisis no justifica que algunos Estados miembros mantengan las normas imperantes durante la guerra fría. 
Resulta necesario que los controladores civiles y militares en los centros de control trabajen en estrecha cooperación. 
Está clara la necesidad de conseguir una cooperación más eficaz entre las diferentes utilizaciones del espacio, y me parece que dicha cooperación o planteamiento común deberá buscarse a nivel europeo. 
Felicito al ponente y a la Vicepresidenta de la Comisión por los puntos en común que comparten en un tema tan importante y tan sensible para la vida diaria de nuestros ciudadanos. 
El informe del Sr. Atkins es un informe detallado y equilibrado, que presenta una posición actual y correcta de nuestro Parlamento. 
Por último, señora Vicepresidenta, sepa que estamos al tanto de sus esfuerzos y que la apoyaremos en la línea por usted emprendida. 
Señor Presidente, expreso mis mayores reservas sobre el informe Atkins porque está marcado por unos intereses comerciales que avanzan ocultos detrás de las mejores intenciones del mundo. 
En realidad, las compañías aéreas desean la liberalización total del control aéreo no tanto por razones de seguridad, de interoperabilidad o de reducción de los retrasos, sino para poder acceder a un mercado de servicios de control que permitiría a las más poderosas de ellas pagarse períodos horarios caros pero seguros y dejar a las demás compañías y a la aviación privada el peso de los retrasos. 
Aplicado al cielo único, este tipo de liberalización nos acarrearía un espacio aéreo de varias velocidades. 
Para mí no tiene otra explicación la acusación arbitraria que se lanza en este informe a los servicios de control civil. 
Todos sabemos que los servicios de control sólo son responsables del 30% de los retrasos, lo que merece ser combatido, pero dichos retrasos se deben sobre todo a las obligaciones militares. 
Es un problema político que depende ante todo de las políticas que se aplican. 
Todos sabemos que el considerable aumento del tráfico aéreo es la principal causa tendencial de sobrecarga y de saturación del espacio aéreo. 
Todos sabemos que sería necesario aumentar el número de pistas y de plataformas para tener alguna posibilidad de lograr una pausa, una simple pausa, respecto de la actual saturación. 
Finalmente, en mi país, las compañías aéreas han optado por crear puentes aéreos desde cada ciudad del interior de Francia, compuestos por una docena de aviones de capacidad reducida, que aterrizan todas las mañanas de 6.30 horas a 8.30 horas sólo en la plataforma parisina. 
¿Es culpa del control aéreo si dicho control se niega a que aterricen todos en París? 
Estas son las causas fundamentales de los retrasos aéreos. 
Naturalmente, es preciso crear el cielo único a través de la reforma de Eurocontrol y de unos servicios de control armonizados a escala europea. 
Pero personalmente me cuesta imaginar que unos servicios de seguridad colectiva dependan sólo de la obtención de beneficios y que estén controlados por accionistas. 
Y me cuesta imaginar que el cielo único europeo sea mañana un espacio aéreo desigual respecto de las compañías aéreas. 
Señora Comisaria, espero que la Comisión, cuando prepare la futura directiva sobre el cielo único, sepa abordar esta cuestión con mayor imparcialidad, globalidad y serenidad. 
Señor Presidente, apoyo la protesta de los controladores aéreos contra el proyecto de la Comisión Europea, el cual, detrás del eslogan atrayente de "cielo único europeo", abrirá la vía a la privatización del control aéreo. 
El informe Atkins despeja el camino a grupos privados que codician el control aéreo, que, con el aumento del tráfico, puede dar beneficios. 
Este informe menciona los retrasos, que son cada vez más frecuentes. 
Pero, ¿de qué manera el hecho de someter el control aéreo a las exigencias de los intereses privados podría acabar con los retrasos? 
Son precisamente los intereses de las compañías aéreas los que las conducen a efectuar opciones que acarrean dichos retrasos. 
En beneficio de los usuarios y de su seguridad, así como en beneficio de los trabajadores de este sector, el sector aéreo debe seguir siendo un servicio público, con el cometido exclusivo de garantizar el buen desarrollo del tráfico aéreo. 
La competencia, la búsqueda del beneficio, en un ámbito tan sensible como el del control aéreo, conducirán inevitablemente a la catástrofe. 
Si bien es necesario acabar con los particularismos nacionales en materia de gestión del tráfico aéreo, y si bien es legítimo unificar el espacio aéreo europeo, ello debe efectuarse rechazando cualquier idea de privatización, de competencia, de búsqueda de rentabilidad, y nosotros votaremos en contra de este informe. 
Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente a mi colega Sir Robert Atkins, del Partido Conservador Británico, por su excelentísimo informe sobre el cielo único europeo. 
Esto prueba sin lugar a dudas que la ambición suprema de la Unión Europea es que haya una sola nación con su bandera nacional única, su himno nacional único, su espacio jurídico único, sus fronteras nacionales únicas; ahora los ciudadanos de Europa podrán respirar pronto aire único europeo. 
Sin embargo, después del fracaso de la política única agrícola, la denominada PAC, la política única del mar, denominada la PCP, no nos queda ahora sino esperar a que fracase también la política del cielo único. 
Y para acabar, en vista del número de huelgas que se registran en el control del tráfico aéreo, supongo que también podemos prepararnos ahora para la huelga única europea. 
Pero, Sir Robert, ha propinado usted una verdadera bofetada al movimiento euroescéptico en el Reino Unido, y le felicito. 
Señor Presidente, es evidente que hay que ocuparse urgentemente de los retrasos del tráfico aéreo, pero tampoco está de más tener en cuenta que el 33% de los retrasos aéreos registrados entre enero y junio de 1999 se debieron en su mayor parte a reducciones temporales de capacidad vinculadas, sobre todo, con la crisis de Kosovo. 
El verdadero problema estriba en los sectores que sobrevuelan zonas al norte y al sur y que incluyen a Suiza, Francia, Italia, España, partes de Alemania y el espacio aéreo sobre Maastricht, que son responsables del 44% de los retrasos en la gestión del tráfico aéreo y del 30% de los embotellamientos. 
En un momento dado, Grecia estaba afectada por ese problema, pero los excelentes resultados obtenidos por los griegos indican que se puede mejorar la situación si los gobiernos nacionales actúan con firmeza y cooperan realmente entre sí. 
Con demasiada frecuencia se echa la culpa de todo y en especial de la situación actual a Eurocontrol, pero en donde recae realmente la culpa es en la inacción de los gobiernos nacionales en los sectores que he mencionado. 
Está clarísimo que el Consejo de Ministros de Transporte tiene que adoptar medidas inmediatas para conseguir que las decisiones sobre control del tráfico aéreo las apliquen todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
No hay que olvidar que Eurocontrol es la única institución paneuropea en la esfera de la gestión del tráfico aéreo y que merece nuestro apoyo. 
Por último, se ha planteado una cuestión- la crítica escasez de mano de obra, o los 1.000 controladores del tráfico aéreo que se necesitan en toda Europa- de la que los gobiernos nacionales tienen que ocuparse urgentemente. 
Ya con esto se podrá mejorar mucho el control del tráfico. 
Además, tanto los aeropuertos como las compañías aéreas tienen que analizar detalladamente sus prácticas, pues demasiado a menudo son responsables también del elevado porcentaje de retrasos que se registran. 
Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias al ponente Sr. Atkins por su enérgica actuación; a la Comisión, por haber dado prioridad a este asunto y a la Comisaria Sra. De Palacio, por haberse atrevido a pasar de las palabras a los hechos. 
Esto ha significado que el asunto relacionado con el sistema de control común esté más cerca que nunca de una solución. 
Evidentemente, aún queda mucho por hacer. 
Hay que convencer todavía a algunos países, pero, justamente por eso, es tan importante que el Parlamento Europeo dé hoy todo su apoyo a la Comisión para que continúe su trabajo. 
Nos encontramos sumidos en otro verano caótico para la aviación comercial. 
El tráfico aéreo se duplicará en los próximos diez años. 
Esto exige que se adopten decisiones políticas. 
En caso contrario, corremos el riesgo de que las aglomeraciones en el espacio aéreo no sólo causen retrasos de 15, 30 o 60 minutos, algo que probablemente podríamos aceptar. Corremos el riesgo también de que la seguridad se vea afectada. 
Esto no lo podemos aceptar. 
En esta perspectiva hay que ver el informe Atkins y el trabajo de la Comisión. 
La UE ha dedicado mucho tiempo y energía para eliminar las fronteras y crear el mercado interno. 
Sin embargo, cada persona que viaja a diez mil metros de altura, y estamos allí con bastante frecuencia, puede ver que hay límites por doquier. 
En el informe se propone un calendario particularmente riguroso. 
Comparto ese anhelo. 
Esmerémonos para que el verano de 2000 sea el último en que reine el desorden en los cielos de Europa. 
La Comisión, con el respaldo del informe Atkins, puede lograrlo. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, estimados señoras y señores, no hay informe más actual que el que ahora nos ocupa. 
Justo a tiempo, antes de la pausa de verano, dado que todo el mundo se va de vacaciones y cada vez más gente utiliza el avión, el Parlamento trata hoy las cuestiones relativas al tráfico aéreo. Un tema fastidioso, como todos sabemos. 
Todos los pasajeros así lo sienten. 
Son los retrasos de a veces muchas horas, retrasos que todos sufrimos. Es ya una imagen cotidiana en los aeropuertos la de los pasajeros aburridos, enfadados e incluso agresivos llenando las salas de espera. 
Como diputados nos toca vivir esta situación, y en las vacaciones también a amplias capas de la población. 
Quiero recordar aquí otro aspecto de la cuestión. 
No sólo se trata de que los que viajen por motivos profesionales tengan problemas para poder cumplir con su agenda de compromisos, sino que también se producen costes adicionales por el consumo de queroseno y perjuicios al medio ambiente cuando los aviones no pueden aterrizar puntualmente. 
Por ello, acojo con satisfacción que la Comisión haya presentado un informe sobre este importante tema y que haya creado el high level group, que se ocupa de los problemas y de la consecución de un espacio aéreo único europeo. 
Espero que en otoño contemos a su debido tiempo con los resultados definitivos del estudio para así poder adoptar medidas concretas de forma conjunta con la Comisión. 
La cuestión de la seguridad es la preocupación fundamental de todos los pasajeros, y sobre todo de los usuarios habituales. 
En ningún caso pueden ponerse en peligro los niveles de seguridad. Por ello, los espacios aéreos deben ser controlados y protegidos de una forma óptima. 
Eurocontrol debe satisfacer estas exigencias de seguridad, pero también nosotros debemos crear las condiciones marco necesarias a tal efecto. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar sinceramente al Sr. Atkins por el esfuerzo y el trabajo serio y riguroso que ha realizado a lo largo de estos meses y que, como muy bien ha dicho el ponente de la Comisión de Industria, el Sr. Zimeray, pone de manifiesto la situación de fragmentación del espacio aéreo tanto por lo que respecta a las fronteras administrativas, que existen, como a las fragmentaciones tecnológicas, debidas a los distintos sistemas que se aplican en los distintos países. 
A partir de ahí, Señorías, tenemos que partir de un hecho que señala el informe: el incremento del tráfico aéreo, el incremento de los retrasos; desde luego, nadie mejor que sus Señorías para dar fe de esa situación. 
Es verdad, hay que dejarlo muy claro, que no todos los retrasos se deben a la gestión del tráfico aéreo; casi la mitad de los retrasos se deben a las compañías aéreas, a los aeropuertos y, también, a veces, a las condiciones climatológicas. 
Pero es verdad que hay un 50%, o quizá un poquito más, de retrasos que se deben a problemas de gestión del tráfico aéreo. 
Y quiero dejar también muy claro que eso no quiere decir que sea culpa de los controladores. 
No es un problema de la práctica de unas personas que llevan a cabo un trabajo de una gran tensión, enormemente difícil, enormemente complejo, y que hacen todo lo posible para garantizar el máximo nivel de seguridad, que es el principal problema: garantizar el máximo nivel de seguridad. 
Los controladores, a veces, tienen que realizar su trabajo con sobrecarga de vuelos, con escasez de efectivos humanos, lo que les obliga a trabajar más horas de las que debieran, y también con unos métodos, unas tecnologías, unos apoyos tecnológicos, que no están suficientemente desarrollados. 
No es un problema de las personas- lo quiero dejar muy claro -, de los controladores, que- insisto- hacen un magnífico trabajo. 
Tengo que decirles que realmente impresiona verles al pie del cañón porque tienen la responsabilidad de todas las vidas, de todas las personas que están en un momento dado en un avión. 
En mi opinión- como señala la iniciativa "Cielo único", lo que falla es el sistema de gestión, que nos enfrenta a una situación fragmentada, parcelada por barreras administrativas, por fronteras administrativas- en una Unión que ha sido capaz de poner en común tantas cosas- y por las divisiones artificiales entre cielo de uso militar y cielo de uso civil que se mantienen en muchos países, cuando hace tiempo que hemos superado la guerra fría, y que, además, no corresponden a las necesidades reales de la defensa de los países. 
Porque, Señorías, la mayor parte de los vuelos de defensa se realizan en las zonas bajas del espacio aéreo, no en las altas. 
Y además esas zonas del espacio aéreo sólo se utilizan unas pocas horas al día, no todos los días y muchas de ellas sólo unas pocas veces al año. 
Y de lo que se trata, Señorías, es de poner en común la zona superior del espacio aéreo, de gestionarla en común- como decía hace un momento un interviniente -, olvidándonos de las fronteras en esa zona superior del espacio aéreo; dejando de hablar de espacio aéreo británico, español, francés o sueco, hablando sencillamente de espacio aéreo europeo en esa zona alta, y dejando por debajo de los 29.500 pies, de los 31.000 pies, habrá que especificar en qué zonas, la gestión nacional por cuanto ahí se plantean otro tipo de problemas y el uso militar está más claro. 
En cualquier caso, hay que plantear de forma flexible el uso civil y militar del espacio aéreo, mejorar la eficacia en la gestión y proporcionar a los controladores aéreos, que ahora trabajan a veces en situaciones francamente complicadas, un entorno más fácil que les permita hacer mejor su trabajo. 
Señorías, me han hablado de calendarios. 
En principio, el Grupo de Alto Nivel, a quien voy a transmitir las conclusiones del Parlamento en su próxima reunión del día 14, terminará sus trabajos para el mes de octubre. 
Por lo tanto, las propuestas concretas que luego se deriven se presentarán a lo largo de los meses siguientes y esperamos que para el próximo Consejo Europeo de primavera, bajo Presidencia sueca, las propuestas concretas ya estén en marcha. 
Éstos son los calendarios. 
En ningún caso la iniciativa "Cielo único" supone suprimir Eurocontrol. 
Al contrario, Eurocontrol es absolutamente imprescindible; es una pieza imprescindible que hay que reforzar, complementar, ya que dentro de la Unión Europea se puede ir más allá que en el ámbito y en el seno de Eurocontrol. 
A partir de ahí, Señorías, hay que hablar de un regulador europeo común fuerte y hay que olvidar, porque, desde luego, en ningún caso va a estar en la comunicación ni en las propuestas de la Comisión, la polémica- en mi opinión, artificial- entre privatización o no privatización. 
No entramos en esas cuestiones. 
No es ése el objetivo de esta iniciativa. 
Lo podrá hacer algún país en el ámbito de sus competencias, pero, desde luego, al margen de esta iniciativa de "Cielo único". 
Por el contrario, esta iniciativa permitirá garantizar un regulador europeo público fuerte. 
De eso se trata y de esa puesta en común y de ese uso flexible. 
Señorías, agradeciéndoles a todos su trabajo, muy especialmente al ponente, Sr. Atkins, quiero decirles que espero que entre todos consigamos mejorar la gestión del tráfico aéreo en uno de los aspectos, que no es el único, que afecta a los retrasos. 
También estamos trabajando para resolver el problema de los slots y otro tipo de problemas, pero cada cosa en su sitio y en su momento. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0155/2000) de la Sra. Damião, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión sobre la propuesta de Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 
Señor Presidente, considero que el instrumento legislativo que examinamos hoy en el informe de evaluación que nos envió la Comisión hizo su recorrido en lo relativo a los derechos contractuales y a los sistemas de seguridad social. 
Y lo está, porque se acaba de revisar el convenio de la OIT que data de 1952 y hay esperanzas de que la mayoría de los países del Mundo lleguen a mejorar substancialmente su protección de la maternidad. 
Así, pues, se esperaba, con seguridad, que la Unión siguiera siendo, en esa materia como en otras, socialmente más avanzada. 
Así, no todo está superado, porque en materia de organización del trabajo la directiva tuvo una transposición deficiente y la materialización de la directiva fue aún más deficiente. 
No se respetan en la generalidad de los países las tres fases de organización del puesto de trabajo, es decir, cambio de puesto de trabajo en los puestos con riesgo, cambio de la trabajadora y sólo después de una baja por enfermedad, que reduce los rendimientos de la trabajadora y también sus perspectivas de carrera. 
A título de ejemplo, diré que en algunos países no hay el mismo respeto por un período mínimo de recuperación de la madre, que, según los especialistas, es de 45 días para un parto normal en un puesto de trabajo normal. 
Por tanto, hay países que de algún modo no cumplen esas normas con el pretexto de garantizar a las mujeres una opción. 
Pensamos que se debe garantizar a las mujeres la opción de gozar de una buena licencia de maternidad, compartirla con el padre, pero se debe evaluar y garantizar la licencia relativa al riesgo para su propia salud. 
Por otro lado, la evaluación de los riesgos no está articulada en esta directiva con las otras, en particular con la directiva-marco sobre la evaluación de riesgos e información a los trabajadores. 
No está articulada y hace recaer sobre el empleo de las mujeres un anatema injusto de que los costos de los riesgos para la maternidad se aplican exclusivamente a las jóvenes en edad fértil. 
La verdad es que están subvalorados y no deben recaer sobre el empleador ni constituir una obligación del empleador sólo cuando el médico de la mujer lo informa de su estado. 
En primer lugar, porque es tarde: los riesgos de radiaciones, ambientes químicos y posturas deficientes ya se han arrostrado y tienen sus consecuencias nefastas en la salud de la mujer y del feto en las primeras semanas precisamente. 
En segundo lugar, porque no resguardan la salud genésica de hombres y mujeres y la infertilidad tiene hoy una dimensión apreciable en la Unión, más del 11% de los hogares europeos tienen esos problemas, resultantes de los estilos de vida causados por la organización económica que tenemos y también por el hecho de que ésta no resguarda contra esos peligros; puedo poner el ejemplo de las temperaturas extremas que causan infertilidad femenina y masculina. 
Sería bueno que la Unión, que hoy tiene realmente condiciones, elaborara y aplicase legislación en ese sentido. 
En cuanto a licencia, sabemos de los costos para la actividad económica que entraña proponer una ampliación de la licencia. 
Y sabemos que dichos costos son muchísimo más elevados para el empleo de la mujer. 
Pero también sabemos que los técnicos de salud recomiendan cinco meses, como mínimo, para que el niño esté protegido del mundo exterior y sobre todo creciendo en un ambiente psicoafectivo favorable, que le dé el equilibrio necesario para crecer con esa seguridad, porque necesita a los padres. 
Por eso, se debe ampliar dicha licencia y los dos progenitores deben beneficiarse de un parto saludable. 
Quisiera decir también que la directiva debe tener en cuenta también la economía marginal y los contratos laborales atípicos. 
Y, por último, la Comisión va a decirnos- espero- lo que se propone hacer a ese respecto, dado que hoy ya tiene un fundamento jurídico ampliado, tiene el artículo 13, además del antiguo artículo 118, por lo que seguramente puede corresponder a otros aspectos que aborda el informe. 
Señor Presidente, estimados colegas, la Sra. Damião ha elaborado un informe muy bueno y ha incorporado acertadamente al mismo mi opinión en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
La mejora de la seguridad y de la protección de la salud en el trabajo de las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia tiene para todos una importancia particular, tanto para la protección de la madre como para la del niño no nacido. 
Este es un asunto que afecta a toda la sociedad y debe tratarse con suma delicadeza. 
El informe de la Comisión sobre la directiva de 1992 se ocupa únicamente de la trasposición técnica de la misma y no de la modificación parcial de las condiciones del puesto de trabajo ni del cambio experimentado por el papel de la mujer en la sociedad. 
El número de madres solteras o separadas que educan solas a sus hijos ha aumentado, y las mujeres buscan en una medida creciente la independencia económica. 
La Comisión debe presentar una propuesta de modificación de la directiva en la que se tengan en cuenta todos estos cambios, y además hacerlo lo más rápido posible, en este año. 
La necesidad de mejorara la normativa es manifiesta. Esta afirmación vale para las medidas preventivas de protección de la salud en el trabajo de la madre y del niño no nacido. 
Aquí han de evitarse los riesgos. 
Las actividades que ponen en peligro la salud deben ser prohibidas sin excepción alguna. 
Deben regularse los períodos de lactancia y debe ser igualmente posible amamantar al lactante. 
El período de recuperación tras el parto debe durar al menos ocho semanas. 
Debe regularse con claridad la ayuda económica, tanto para el período de permiso de maternidad como para el posterior al parto. 
Las cuestiones relativas a la reincorporación al puesto de trabajo requieren una mayor claridad. 
Todas estas necesarias disposiciones no deben causar ningún perjuicio ni reducir las oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo. 
Señor Presidente, estimados colegas, la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, sobre cuya ejecución debatimos hoy, es una de las más importantes en el ámbito de la protección técnica y de la salud de los trabajadores y trabajadoras. 
Recuerdo muy bien cómo se produjo su adopción y los problemas entonces discutidos. 
Ha de valorarse positivamente que, no obstante la discusión sobre la base jurídica para su adopción, se reconociera la importancia de las trabajadoras en el mercado único y que se diera un primer paso en el establecimiento de niveles mínimos para la protección de las trabajadoras embarazadas y de las madres jóvenes. 
El presente informe de la Comisión sigue poniendo de manifiesto deficiencias en la ejecución de la directiva y debe por tanto fortalecer nuestro empeño en hacer realidad jurídica y fácticamente la protección de la mujer en una importante fase de su vida. 
Efectivamente, es muy triste para una sociedad tener que comprobar que justamente este sector requiera una mayor atención por nuestra parte. 
Por ello, me sumo a las voces que exigen una revisión de la directiva lo más pronto posible. No obstante, no lo conseguiremos hasta finales del año 2000. 
Algunas de las exigencias que deben figurar en una propuesta de modificación de la directiva aparecen recogidas en las presentes enmiendas, enmiendas que, en consecuencia, nosotros, el Grupo del PPE-DE, podemos aceptar en parte. 
Estas son, principalmente, la exigencia de una estricta prohibición del despido durante los períodos del embarazo y de maternidad; la garantía de que se reincorpore a las mujeres al mismo puesto de trabajo o a uno similar una vez finalizados dichos períodos, y que las infracciones de esta exigencia sean efectivamente sancionadas. 
Todo lo que no sea la adopción de dichas medidas supone para las mujeres que quieren compatibilizar la actividad laboral y la maternidad un castigo o una desventaja injustificada en su vida profesional y privada 
Así vista, la protección efectiva de las trabajadoras embarazadas y de las madres jóvenes es una de las más importantes aportaciones a una política familiar activa. 
Con respecto a la ampliación de la Comunidad hacia el Este y la protección en dichos países, quiero señalar que el mercado único no puede incidir negativamente en la posición de las mujeres embarazadas y de las madres jóvenes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero agradecer a la señora ponente el trabajo exhaustivo, serio y sin reticencias realizado con este informe. 
Abordamos un tema muy sensible que guarda una estrecha relación con los problemas que se plantean periódicamente: el envejecimiento de la población, el desarrollo demográfico, la baja tasa de natalidad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la maternidad, el valor social de la maternidad que no puede seguir siendo sólo un problema exclusivo de la mujer, sino que debe encontrar protección y apoyo en la sociedad. 
La Directiva de 1992, cuya aplicación en los Estados miembros hoy evaluamos, tiene como objetivo establecer las medidas mínimas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
El informe de evaluación de la Comisión demuestra que la directiva ha sido útil, ha ofrecido algunas ventajas en los Estados miembros en algunos aspectos del problema, tales como los permisos por motivos de salud y de seguridad, etcétera. 
Sin embargo, aparte de estas consideraciones de carácter general, compartimos el juicio crítico de la ponente sobre el informe de la Comisión. 
Se trata de un informe presentado con retraso respecto a los plazos establecidos y que se detiene casi exclusivamente en los aspectos de su transposición desde el punto de vista jurídico y técnico. 
De hecho, faltan estadísticas y datos concretos sobre los aspectos vitales de la directiva como la verificación de la evaluación de los riesgos en los centros de trabajo para las trabajadoras embarazadas, la frecuencia de los accidentes y de las enfermedades profesionales; no hay informaciones satisfactorias sobre la coordinación de la adaptación reglamentaria de las inspecciones de especialistas, de las sanciones aplicadas, de las investigaciones científicas orientadas a reconocer, prevenir, eliminar e indemnizar los riesgos profesionales. 
Ha faltado- nos parece- un control serio por parte de la Comisión; ha faltado una coordinación entre la Dirección de Salud y Seguridad " y la Dirección de Igualdad de Oportunidades y se ha puesto de manifiesto la ambigüedad que, desde este punto de vista, presenta la propia directiva. 
El retraso que ha sufrido el informe de evaluación- recuerdo que precisamente por los bajos estándares mínimos previstos se logró el consenso de Italia sólo a cambio del compromiso de una rápida verificación- tenía que haber implicado la presentación por parte de la Comisión de una propuesta de revisión de la directiva, especialmente en lo relativo a algunos aspectos a los que ha hecho referencia la ponente: la duración de la baja por maternidad, la ampliación de la baja por maternidad en situaciones de riesgo, una definición más precisa del concepto de indemnización adecuada, la prohibición del despido durante el embarazo y la excedencia por maternidad con sanciones eficaces, la prohibición de cualquier discriminación en orden a la carrera profesional y a la mejora de las condiciones de trabajo, la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad de la mujer y del feto, sin perjuicio del derecho al trabajo y a la carrera profesional, favorecer la lactancia con medidas diversificadas. 
Aun teniendo en cuenta todas las compatibilidades necesarias, en la revisión de la directiva, lo que debería inspirar a la Comisión y a los Estados miembros es el principio de no discriminación y el reconocimiento de la maternidad y de la paternidad como derechos fundamentales, esenciales para el equilibrio de la sociedad. 
Señor Presidente, es importante que las mujeres dispongan de buenos y seguros marcos durante el embarazo y el parto, de modo que la madre y el hijo tengan un buen comienzo y es importante que el embarazo y el parto no empeoren las posibilidades de las mujeres en el mercado laboral. 
Tenemos una directiva de 1992 que establece los derechos mínimos para el permiso de maternidad y los requisitos relativos a las contrapartidas económicas para las mujeres cuando estén fuera del mercado laboral debido a su maternidad. 
Ahora la Comisión ha examinado la implantación por parte de los países miembros de esta directiva y en su informe la Sra. Damião señala muy acertadamente que el informe de la Comisión sólo contiene un balance técnico y basado en hechos de la implantación de la directiva y no valora si la directiva proporciona realmente mejores condiciones a las mujeres embarazadas o a las mujeres que acaban de dar a luz. 
De ahí que ella piense que el informe de la Comisión no sea base suficiente para proceder a una revisión de la directiva. 
En esto estoy muy de acuerdo con la ponente. 
Por ello también me opongo a que solicitemos una revisión ahora de la directiva. 
Pienso que no debemos exigir una propuesta de nueva directiva que incluya el derecho a excedencias más largas y la exigencia de un permiso obligatorio más largo y que fije más detalladamente los requisitos relativos a las contrapartidas económicas y con ello no tome suficientemente en cuenta las diferencias existentes entre los sistemas sociales de los países miembros. 
Las normas actuales incluyen una gran flexibilidad y la mayoría de los países garantizan a las mujeres mejores condiciones de las que exigen las normas comunitarias. 
Cabe preguntarse si unas nuevas normas significarían mucho en la práctica. 
En cualquier caso, el permiso de maternidad y la ayuda económica son una prioridad a la que debe atender cada país. 
En cambio, pienso que sería una buena idea disponer de una mejor perspectiva sobre cómo están las cosas en la práctica en los diversos países y que así pudieran los gobiernos aprender de las buenas y las malas experiencias de cada uno e inspirarse mutuamente. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión debe presentar una propuesta de directiva a finales de 2000 sobre medidas aplicables a la trabajadora embarazada, que haya dado a luz recientemente y en período de lactancia. 
La evaluación de las medidas existentes lleva ya un retraso de cuatro años y no se adecua a las exigencias establecidas en su momento por el Parlamento Europeo. 
Esta evaluación tenía como objetivo conducir a una modificación. 
El Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea desea que se amplíe esa protección. 
En el informe se mencionan, sobre todo, los aspectos institucionales. 
Consideramos que debe añadirse el derecho de la trabajadora a ocupar la misma función o una función equivalente una vez que se reincorpora tras su permiso por maternidad. 
Se ha solicitado una ampliación de los derechos de la mujer embarazada y en período de lactancia. 
En la práctica, resulta frecuente que las mujeres sean discriminadas durante este período a pesar de sus derechos teóricos. 
De ahí que solicitemos la inversión de la carga de la prueba. 
El empresario deberá demostrar que el despido o el cambio no son consecuencia de su embarazo. 
Por último, quisiéramos pedir a la Comisión que explicara por qué los Estados miembros no adoptaron una posición común durante la última reunión de la OIT ¿Cómo es posible que el Reino Unido se abstuviera en la votación final, algo que, dado el procedimiento, se traduce en un voto en contra? 
Por último quiero agradecer a la Sra. Damião el trabajo que ha realizado. 
Señor Presidente, en el momento en que Europa hace hincapié, con la reunión de Pekín + 5 en Nueva York, en su papel de pionera respecto a la aplicación del principio de igualdad de hombres y mujeres, resulta también importante garantizar su libertad. 
Esta libertad supone un derecho de protección específico de las mujeres, derecho vinculado a su cuerpo, sobre todo con la maternidad y más concretamente con el embarazo. 
Nos felicitamos, pues, del excelente informe de la Sra. Damião, que subraya la urgencia de revisar la directiva de 1992. 
Su petición de prohibición formal de despidos durante el embarazo es fundamental, y me detendré únicamente en este punto. 
Me parece peligroso dejar al empresario un margen de maniobra en la materia, que siempre sabrá utilizar en provecho propio. 
Hoy, con la revisión del Convenio nº 103, la OIT nivela hacia abajo la protección de la mujer embarazada, al aceptar algunos despidos que supuestamente no guardan relación con el embarazo. 
Con el informe de la Sra. Damião y la revisión de la directiva, Europa debe ser una referencia política en el ámbito de los derechos de las mujeres del mundo entero. 
Señor Presidente, Señorías, empiezo felicitando a nuestra colega Elisa Damião por el magnífico trabajo que ha hecho en este informe, al que contribuimos con gusto en comisión no sólo apoyándolo totalmente, sino también introduciendo algunas enmiendas que se acogieron en la versión final. 
Vemos la aprobación de este informe como un momento importante al final de esta sesión legislativa por cuatro razones fundamentales: 
primero, consideramos inaceptable que la mujer resulte socialmente perjudicada o discriminada por la gravidez y la maternidad; 
segundo, porque es necesario que nos dediquemos de forma más vigorosa a los problemas de los riesgos para la salud maternoinfantil que se desprenden de las condiciones del ejercicio del trabajo; 
tercero, porque en la sociedad moderna es cada vez más importante, para quienes, como nosotros, se preocupan por la realidad de las personas, el asunto de la conciliación entre la vida personal y profesional, entre familia y trabajo, y ésa es precisamente una de las materias fundamentales en las que se debe hacer dicha conciliación de forma responsable; 
cuarto, porque las políticas de maternidad deben ser coherentes con las políticas de familia y natalidad de forma general y, sobre todo, en un momento en que la crisis del envejecimiento de la población europea reclama cada vez más la atención de los Estados miembros para ese asunto. 
Vamos a examinar también aquí algunas enmiendas. 
Nuestra posición se inspira en el equilibrio que se ha conseguido- nos parece- en el informe. 
Y, por tanto, no las apoyaremos todas, porque consideramos que el equilibrio conseguido en el informe es mejor que algunas medidas propuestas en las enmiendas. 
Apoyaremos las enmiendas propuestas por nuestros colegas conservadores británicos, por nuestro colega el Sr. Bushill-Matthews, en las que se señala la cuestión de las pequeñas y medianas empresas, dignas de atención- nos parece- en la reglamentación, ya sea en el nivel comunitario o en el nacional. 
Pero, como contrapartida, nos gustaría que los conservadores británicos apoyaran el informe, porque quiero subrayar que, si bien es verdad que algunas conclusiones de la Presidencia portuguesa lo señalan, en el texto final de la Cumbre de Feira, en el párrafo 36, se destaca la importancia de la responsabilidad social de las empresas. 
Y eso, para nosotros, demócratas cristianos y conservadores portugueses, es un asunto muy importante: creemos que las empresas tienen también una responsabilidad social que se debe desarrollar. 
Me falta añadir que queremos algunas votaciones separadas para mejorar el informe en el que nos imaginamos que entraron algunas impertinencias. 
No consideramos la gravidez un recurso social y hay también otro punto en relación con el cual quisiéramos que se celebrara una votación separada para mejorar el informe. 
Por último, hago un llamamiento a todos los demócratas cristianos para que apoyen este informe de mi colega socialista. 
Señor Presidente, quisiera desde ahora mismo manifestar mi desagrado ante la inoperancia demostrada por la Comisión por no haber adoptado hasta este momento actitud alguna con vistas a la revisión, evaluación y notificación de la Directiva 92/85 sobre la protección de la maternidad. 
A pesar de todo, aun destacando los perjuicios para la mujer madre resultantes de esta omisión, no hay mal que por bien no venga y este informe, brillantemente elaborado por nuestra colega Elisa Damião, lo demuestra, al permitir que el Parlamento Europeo vaya ahora más lejos. 
Este informe aclara conceptos, armoniza normas en el nivel comunitario, crea responsabilidades repartidas, tiene en cuenta nuevos riesgos de la actual organización del trabajo, busca incentivos al aumento demográfico en una Europa envejecida y considera la gravidez un estado natural de la madre que se debe respetar y proteger. 
Consigna expresamente los derechos de las trabajadoras independientes y del teletrabajo y destaca las preocupaciones mayores que se deben tener con los casos de monoparentalidad, situaciones cada vez con mayor relevancia en el panorama europeo. 
El objetivo de la ampliación de las licencias de maternidad para veinte semanas es ambicioso y técnicamente recomendado y se debe ponerlo en práctica progresivamente, por lo que debemos prepararnos económicamente para ello repartiendo responsabilidades de forma solidaria por los Estados, entidades patronales y trabajadores. 
También es esencial que para la prosecución de los fines propuestos se incentive un mayor diálogo, interrelación y articulación entre los técnicos de salud y los de higiene y seguridad en el trabajo a fin de conseguir un mejor ambiente de trabajo para el estado de la mujer grávida. 
Por lo que se refiere a los países candidatos a la adhesión, la Comunidad Europea debe esforzarse por lograr su solidaridad para que haya lo más rápidamente posible una sensibilización con vistas a la adopción de las medidas propugnadas en este informe, pues en ese caso las resistencias podrían ser mayores y de difícil superación. 
Por último, pretendo alertar respecto del punto 9 de este informe, pues las medidas que protegen a las mujeres en la maternidad, como las licencias por parto muy largas, pueden tener efectos perversos, ya que los empleadores empiezan a tener desventajas al emplear a mujeres y pasan a preferir a hombres. 
Así, pues, la Comisión debe poner en práctica un sistema de detección de fraudes y aplicación de sanciones severas a las empresas en casos de ese tipo de discriminación. 
Señor Presidente, aprobar una directiva no significa necesariamente que la realidad se vuelva como deseamos que sea. 
Aquí tenemos un buen ejemplo. 
Según la evaluación de la Comisión, la situación con respecto a la seguridad y la salud de las embarazadas tiene un aspecto estupendo, sin embargo, esto es cierto sólo sobre el papel, pues ¿lo es también es la realidad? 
No estoy tan segura de eso. 
El ritmo del mercado laboral es más acelerado que nunca, se exige una alta eficacia, las mujeres deben trabajar como si no estuvieran embarazadas aunque estén embarazadas. 
Crea estrés y no es saludable ni para la embarazada ni para el feto. 
Lo sabemos porque lo muestran los estudios. 
El Parlamento Europeo como legislador y nosotros como representantes del pueblo tenemos derecho a saber si la legislación que aprobamos funciona también de hecho. 
Creo que aquí tenemos un ejemplo de cómo la Comisión se preocupa demasiado poco de este tema. 
De ahí la necesidad de que la respuesta de este Parlamento a la Comisión sea que el trabajo realizado no es lo suficientemente bueno. 
Hemos de saber si la legislación funciona. 
Los análisis puramente jurídicos de la Comisión muestran ya desde ahora que hace falta una mayor protección. 
Creo que hace más falta descubrir cuál es una protección adecuada y que debe haber normas más rigurosas contra el despido durante el embarazo. 
La Comisión debe volver de nuevo al tablero de dibujo y presentar las necesarias propuestas. 
El modelo social europeo se distingue por brindarnos una alto nivel de protección. 
Éste debe ser un ámbito- y digo esto dirigiéndome al grupo liberal que ha adoptado una postura diferente- donde la UE debe ejercer una gran influencia. 
No debe dejarse en manos de cada país miembro. 
La participación de las mujeres en el mercado laboral es una condición previa para que podamos alcanzar los ambiciosos objetivos que nos hemos marcado con respecto al empleo y la modernización del modelo social europeo. 
Por ello son esenciales una modernización y un esfuerzo en este ámbito, no puede dejarse en manos de los países miembros, debe hacerse cargo Europa en común. 
Señor Presidente, actualmente muchas mujeres sufren discriminación en sus centros de trabajo. 
Sabemos que muchas de ellas pierden sus puestos de trabajo cuando están embarazadas. 
Esto es totalmente inaceptable. 
El informe Damião contiene muchas propuestas interesantes, pero nosotros, liberales suecos, ponemos objeciones, por razones de principios, algunos puntos del informe. 
Quiero decir al orador que me precedió que aquí en el Parlamento nos deberíamos preguntar a menudo: ¿a qué se debe dedicar el Parlamento realmente? 
¿Hasta dónde debemos ocuparnos de los detalles? 
Creemos en el principio de la subsidiariedad, es decir, que las decisiones deben tomarse tan cerca como sea posible de aquellos a quienes afectarán. 
La política social es uno de los sectores en los que la UE debe tener competencia limitada, exceptuando la libre circulación de los individuos en la Unión. 
Los Estados miembros deben tener plena responsabilidad y derecho a decidir sobre los sistemas de protección social. 
Las licencias e indemnizaciones por maternidad son ejemplos de asuntos que no son de carácter internacional. 
No creemos en una detallada legislación social común en Europa. 
Sin embargo, esto no es obstáculo para que los Estados miembros cooperen e intercambien ideas en materia social. 
En el informe Damião se reúnen las justas pretensiones de seguridad de las trabajadoras de toda Europa, las demandas de mayor circulación y de un mercado interior que funcione mejor y la reivindicación de un poder de decisión nacional sobre los detalles del sistema de política social. 
En este contexto, el informe está desequilibrado. 
Mi pregunta final es: ¿por qué decide el Parlamento Europeo que todas las mujeres de Europa deben tener derecho a ocho semanas de licencia cuando han dado a luz? 
Yo conozco a muchas mujeres que han vuelto a sus puestos de trabajo antes: ¡tiene que haber libertad de elección! 
Señor Presidente, es justa la critica que la Sra. Elisa Damião, autora de este informe, hace a la Comisión por el retraso en el proceso de revisión de la actual directiva. 
Es positivo que el informe lamente que la Comisión no haya cumplido el calendario establecido por la directiva y que no se haya hecho la evaluación de la eficacia de su puesta en práctica, insistiendo en la necesidad de una propuesta de su revisión urgente, para lo que indica la conclusión de varias medidas, que en lo esencial apoyamos y con las que concordamos. 
Por lo demás, durante el debate en las comisiones parlamentarias, presentamos diversas propuestas encaminadas a garantizar el derecho vinculante a pausas en el trabajo para el amamantamiento, de no discriminación de las mujeres grávidas, puérperas o lactantes en el trabajo, en particular desde el punto de vista salarial, de avance en la carrera, de empleo, señalando en particular la situación de las trabajadoras con contratos temporales o atípicos. 
De forma general, las propuestas fueron aceptadas con excepción de la que se refería al pago del subsidio durante la suspensión de la actividad y de la licencia de maternidad, que debe corresponder al 100% del salario anterior y tenerse en cuenta a efectos de la adquisición del derecho a pensión. 
Espero que el Parlamento apruebe esta propuesta. 
Señor Presidente, si el propósito de la Comisión respecto a este tema era mejorar eficazmente la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas o que acaban de dar a luz, podemos decir que la misma no ha logrado su objetivo. 
En efecto, las lagunas de su informe son dos: el retraso y la limitación. 
El informe se tenía que haber elaborado en 1997, sin embargo, aunque tardío, debía remediar al menos la poco clara formulación de algunos artículos de la Directiva, así como definir los numerosos y indeterminados conceptos que han dado lugar a múltiples interpretaciones, por no hablar, de entre los datos útiles de que adolece, de los resultados de los cuestionarios remitidos a los Estados miembros, así como de los resultados de la coordinación legislativa y de las actividades llevadas a cabo por el Centro Europeo de Normalización. 
Ya en el año 1992, el Parlamento Europeo consideraba necesaria la revisión de esa Directiva, por lo cual hoy, habida cuenta de la necesidad de una economía social de mercado, se comparten los objetivos del informe de la Sra. Damião: enlazar las políticas para la maternidad con la política de la familia y eliminar las indeterminaciones mejorando concreta y cuantitativamente los derechos de las trabajadoras embarazadas y que acaban de dar a luz. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, la incorporación de la mujer al mercado laboral hace que, en algún momento, su vida laboral coincida con un embarazo, lo que, a veces, la obliga a tomar permisos suplementarios para no poner en riesgo su salud ni la del niño no nacido. 
El embarazo es un estado natural en la mujer que la sociedad debe respetar, amparar y proteger. 
La sociedad debe cuidar especialmente a la mujer trabajadora facilitándole su permanencia en el puesto de trabajo. 
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo es una realidad sin vuelta atrás y no se debe poner a las mujeres en la situación de tener que elegir entre tener hijos o mantener su puesto de trabajo por las complicaciones que un embarazo podrían ocasionarles. 
El envejecimiento de la población, unido a la baja tasa de natalidad en la Unión Europea, hace que éste sea un asunto de enorme importancia para todos los agentes sociales. 
Tan importante como la protección a la embarazada es facilitar la lactancia materna, que es beneficiosa tanto para la salud de la madre como para la del niño. 
Proteger la maternidad y la lactancia materna no puede considerarse una desigualdad de trato entre hombres y mujeres, ya que la maternidad es exclusiva de las mujeres y es a la mujer a la que se debe proteger, con independencia de que parte del permiso parental puedan disfrutarlo los hombres. 
Los Estados miembros deben asumir los posibles efectos negativos de esta directiva facilitando a los empresarios el contrato de mujeres jóvenes, eximiéndoles de los costes sociales durante el permiso parental. 
La directiva debe incluir un permiso mínimo de 20 semanas, con un período obligatorio de al menos ocho semanas después del parto. 
Debe garantizarse un salario mínimo del 80% sin pérdida de los derechos de pensión. 
La prohibición del despido durante el embarazo debe cumplirse estrictamente. 
El embarazo no debe ser en ningún caso una causa de discriminación de la mujer. 
La Comisión de la Mujer, de manera unánime, en su opinión, denuncia el retraso en el que ha incurrido la Comisión, más grave aún si se tiene en cuenta que va desde 1992 hasta el 2000, que es la etapa en que se producen los mayores cambios en el acceso de la mujer al trabajo. 
Además, creemos que esta deficiencia en la normativa puede estar alentando un fenómeno muy grave, que se está dando entre los jóvenes, de deserción de la maternidad. 
Pedimos a la Comisión que, antes de que termine el año 2000, presente una modificación de la Directiva 92/85/CEE y que esa directiva sea aplicable a toda trabajadora embarazada, en todos los ámbitos y ocupaciones, sin excepciones ni condiciones. 
La nueva normativa tiene que ser clara y avanzada. 
Tiene que contemplar las nuevas situaciones laborales y también la nueva situación familiar de las familias monoparentales. 
La trabajadora embarazada debe poder disponer de una protección adecuada, específica para su estado, pero ello no debe suponer ni discriminación ni reducción de sus oportunidades laborales, sino todo lo contrario. 
Hemos de ser capaces de poner los medios adecuados para que la lactancia sea compatible con el trabajo. 
Sí, señor Presidente, hoy en día, en la Europa de hoy, no cabe el divorcio entre las mujeres y los empleos, y muchísimo menos el divorcio entre las mujeres y la maternidad. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión, que he leído cuidadosamente, dice que en términos generales la Directiva 92/85/CEE se ha aplicado satisfactoriamente en los Estados miembros, lo que se refleja en el escaso número de reclamaciones acerca de los derechos de las trabajadoras embarazadas que ha recibido la Comisión. 
La ponente ha dejado de lado todo eso, diciendo que no tiene importancia y que la Directiva original pecaba por exceso de modestia. 
En primer lugar, su informe procura armonizar la política social en toda la Unión Europea en vez de dejar las cuestiones de detalle a los Estados miembros, cuestión que ha planteado con gran firmeza el Sr. Olle Schmidt al principio de este debate. 
En segundo lugar, quiere mejorar los términos y las condiciones de empleo de las trabajadoras embarazadas y de las nuevas madres mediante un aumento de la licencia por maternidad y de los niveles especificados de remuneración mínima. 
Ninguna de esas dos cuestiones son realmente cuestiones relativas a la salud y a la seguridad. 
La ponente está proponiendo soluciones que no corresponden a ningún problema de salud y de seguridad. 
En nuestra calidad de miembros del Partido Conservador Británico confirmamos nuestra preocupación por la salud y la seguridad de todos los trabajadores, especialmente los de grupos vulnerables. 
Confirmamos nuestra voluntad de que haya subsidiariedad en lo que se refiere a los términos y las condiciones de empleo. Ahora bien, también confirmamos que nos esforzamos por conseguir que haya más puestos de trabajo para las mujeres en vez de crear nuevas dificultades para su empleo. 
Por eso instamos al Parlamento a que rechace el informe. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Damião por haber desarrollado en su informe exigencias tan brillantes. 
Sin embargo, la Comisión ha evitado tratar cuestiones fundamentales en su informe de valoración que ha presentado con casi cuatro años de retraso. 
Desde 1992 los Estados miembros han dejado pasar años importantes para introducir mejoras en beneficio de millones de madres y para prepararse ante las cambiantes condiciones marco en la época de la sociedad de la información. 
La excesiva cantidad de recovecos de la directiva y la falta de regulación de la inversión de la carga de la prueba, así como la inexistencia de una normativa en materia de ayudas económicas, ponen de manifiesto la necesidad de acometer una reforma en profundidad. 
Para los patronos las prestaciones sociales constituyen un coste que intentan eludir en la medida de lo posible. 
Para muchas mujeres esto significa, evidentemente, que han de decidir entre el trabajo y los niños. 
Su deseo de obtener independencia económica no puede quedar constreñido a la alternativa entre la carrera profesional y la maternidad. 
La posibilidad de elegir constituye un derecho fundamental, tanto para las mujeres como para los hombres, y la compatibilidad de la familia y de la profesión es una exigencia fundamental de la socialdemocracia. 
El embarazo no es ninguna enfermedad, y debe ponerse fin al hecho de que las trabajadoras deban renunciar a sus ingresos durante el embarazo y que la capacidad potencial de tener un hijo incida negativa en el conjunto de las mujeres en el mercado de trabajo. 
Para ello debe modificarse el Derecho comunitario. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se colocará al frente de la Unión Europea para luchar por el aumento del permiso por maternidad hasta las veinte semanas y restringir al máximo las disposiciones excepcionales como, por ejemplo, en la hostelería. 
Los embarazos de riesgo y los partos múltiples requieren una ayuda especial, y la salud de las futuras madres debe preocupar a las sociedades del siglo XXI. 
Espero que preocupe igualmente a los colegas que no paran de hablar. 
Debemos hablar con una sola voz para aplicar el Convenio nº 103 de la OIT, y la ayuda que se preste a las PYME debe regularse en otro lugar, por ejemplo en el Tratado y no en la presente directiva. 
Señor Presidente, el presente texto es importante en la medida en que esta legislación tiene consecuencias insoslayables para el bienestar de las mujeres y también de los niños, es decir, el futuro de nuestra sociedad. 
Puede sorprendernos, en este sentido, que la Comisión haya esperado tanto tiempo para presentarnos su informe de evaluación sobre la aplicación de esta directiva, así como propuestas de mejora de las condiciones de aplicación del permiso de maternidad. 
Creo que, en esta propuesta de revisión de la directiva que pedimos a la Comisión que presente rápidamente, es esencial proteger la realidad de tres principios fundamentales para la mujer y para su completo desarrollo: la prohibición del despido de la mujer embarazada o con permiso de maternidad, el derecho a un permiso mínimo obligatorio y la remuneración de dicho permiso, que se computará a efectos de pensión. 
Creo, además, que esta nueva directiva debería contener mejoras sustanciales: concretamente, la posibilidad de que todas las mujeres gocen de un permiso de maternidad de veinte semanas- sin estar obligadas a pedirlo en su integridad, pero con la obligación para el empresario de proponerlo- y por un período mínimo obligatorio de ocho semanas inmediatamente después del parto, con el fin de favorecer el desarrollo del vínculo entre la madre y su hijo o hija. 
En cuanto a las situaciones de embarazos de riesgo y la llegada al hogar de niños minusválidos, es evidente que habrá que establecer propuestas específicas, a fin de ampliar, teniendo en cuenta los casos concretos, el período del permiso de maternidad. 
En relación con la definición de la prestación, la cifra que debe tomarse en consideración debe alcanzar, como mínimo, el 80% del salario anterior, y debe servir para la adquisición de derechos de pensión. 
Finalmente, es de desear que dicho texto refuerce correlativamente la prohibición formal del despido durante el embarazo y el permiso de maternidad. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por el trabajo realizado para proteger a la mujer en un momento especial de su vida como el embarazo y la maternidad. 
Cierto que representa un avance no solo en favor de la mujer en general, sino que protege el derecho de la familia y defiende sus valores fundamentales. 
El Partido Popular Europeo siempre ha estimado que el concepto de familia, considerada como núcleo fundamental de la sociedad, es la base de la construcción europea y los valores cristianos en que se inspira imponen su respeto. 
Además, en este momento en que Europa presenta problemas demográficos, es necesario que las Instituciones den una fuerte señal para tranquilizar a las mujeres trabajadoras que deben gozar de la serenidad suficiente y de las garantías necesarias para elegir ser madres. 
Es por esto que es necesario poder disponer de un período adecuado de exención laboral antes del parto y más aún después cuando hay un niño que amamantar, criar y educar. 
Los devengos, por lo tanto, no deben sufrir recortes especiales y menos aún las pensiones. 
Añado que, en este caso, hay que proteger a las trabajadoras autónomas a través de una prestación económica, cuya cobertura debe ir a cargo de los fondos sectoriales nacionales provenientes de las cotizaciones. 
Por último, me muestro conforme con respaldar la prohibición del despido de la mujer durante este período y concuerdo en que los costes derivados de las indemnizaciones destinadas a una trabajadora en baja maternal no graven directamente sobre la empresa privada donde trabaja, sino que deben ser asumidos íntegramente por el instituto público, al objeto de evitar penalizaciones de la mujer en el mercado laboral y trato discriminatorio. 
Señoras y señores diputados les pido un silencio, no religioso, pero sí un silencio parlamentario, para poder escuchar con atención a la Sra. Comisaria De Palacio. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Damião por el magnífico informe que ha elaborado, a pesar de que contiene una serie de críticas respecto a la actuación de la Comisión. 
Críticas que tengo que aceptar, porque son ciertas, se basan en hechos reales. 
Pero tengo que dar una justificación y una explicación. 
Para elaborar su texto, la Comisión ha tenido que contar con la documentación remitida desde los distintos Estados y, lamentablemente, esa documentación no ha sido remitida con toda la celeridad y toda la agilidad que hubiera deseado la Comisión. 
Eso es lo que explica el retraso en la presentación. 
Obviamente, la Comisión comparte plenamente el interés del Parlamento por la mejora de la protección de las trabajadoras embarazadas y de las que acaban de dar a luz. 
La legislación comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas todavía no ofrecen un marco suficiente aunque, indudablemente, son elementos clave para seguir avanzando en este aspecto esencial de garantizar los derechos a las trabajadoras en caso de embarazo. 
La Directiva 92/85 se adoptó antes del Tratado de Ámsterdam. 
Nosotros entendemos que precisamente ahora, después del Tratado, podremos ir todavía más allá y dar unos pasos adelante. 
Eso es lo que nos proponemos y por ello vamos a preparar un informe complementario sobre la puesta en práctica de esta Directiva, informe que presentaremos en el año 2002. 
Como saben muy bien sus Señorías, la Comisión aprobó la semana pasada su nueva agenda social para el período 2000-2005 y es en ese marco donde esperamos dar una solución adecuada, no sólo a este problema concreto sino también a toda una serie de cuestiones más. 
Quiero centrar su atención y la de sus Señorías en un asunto espinoso. 
El Parlamento tiene una reputación muy buena entre la prensa puesto que ya lleva veinte años proporcionando un comunicado de prensa destinado a la prensa escrita dos veces al día. 
Ése sistema se ha modificado. He visto cómo ha funcionado esta semana. 
El comunicado de prensa sobre el elogio fúnebre al antiguo Presidente Pfimlin se presentó tan sólo a las 23.22 horas del lunes por la tarde. 
El informe sobre la Cumbre de Feira se envió el martes por la mañana. 
El informe sobre la sesión del martes por la mañana de aprobación de la gestión se envió a las 21.12 horas de la tarde. 
El informe sobre Zimbabue del martes por la tarde, se envió a las 22.55 horas de la tarde. 
El informe sobre el Banco Central Europeo del miércoles por la mañana se envió a las 20.00 horas de ese mismo día. 
Esto implica que la prensa escrita no puede transmitir ninguna noticia ante esta forma de emitir comunicados de prensa. 
En ese momento, las redacciones ya están cerradas y se facilitan noticias viejas a los periodistas. 
Quisiera rogarle, señor Presidente, que volvamos al antiguo sistema y que nos ocupemos de que los Ecos de la sesión, los comunicados de prensa diarios, no sólo se hagan públicos a tiempo, sino que también se dé un resumen completo, descentralizado según cada lengua. 
Quisiera pedir a la Mesa que reflexione seriamente sobre ello y que volvamos a la decisión adoptada anteriormente. 
Señoría, informaré a nuestros servicios de sus observaciones con el fin de que podamos realizar nuestro trabajo lo mejor posible. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Lamento retrasar al Parlamento en momentos en que sé que hay muchas votaciones pendientes. 
Acabo de descubrir en mi agenda que la votación sobre mi propio informe será la última. 
No se me ha consultado sobre el particular. 
La verdad es que ya he indicado que sería mejor votar sobre mi informe lo antes posible porque- como soy uno de los que participan en las cuestiones relativas a la aviación, estoy más al corriente que muchos de lo que sucede- no hay más que un vuelo para regresar a mi país, y por lo tanto estoy entre la espada y la pared. 
Estoy a merced del Parlamento y me pregunto si no sería posible que votemos antes sobre el informe Atkins, y no después. 
Tomo nota de su solicitud. 
Señor Presidente, si accede a la petición del colega, le propongo que establezca el orden de las votaciones como se concluyó ayer. 
¡Eso ya sería otra cosa! 
Señor Mombaur, yo no he aceptado la solicitud del Sr. Atkins, simplemente he tomado nota de la misma. 
Existe un orden de votación establecido y no voy a cambiarlo. Siento que algunos de estos informes se voten esta tarde y no esta mañana. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, excelentísima Comisión, estimados colegas, quiero agradecer sinceramente no sólo a la Comisión, sino también a todos los colaboradores, a todos los colegas de la Comisión de Agricultura que hayamos podido alcanzar juntos este compromiso. 
Les pido que aprueben hoy el presente informe, pues, de otro modo, los días 16 y 17 de julio el Consejo podría adoptar una resolución sin la opinión del Parlamento, dado que, de conformidad con una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, no podríamos prestar nuestra leal colaboración. 
Por ello, pido que aprobemos hoy el presente informe. 
¡Muchas gracias de nuevo por su cooperación! 
Señora Comisaria, ¿desea contestar a la pregunta de su Señoría? 
Señor Presidente, queridos colegas, lamento tener que manifestarme sobre el informe del colega Kuhne, pero se trata de un asunto muy grave. 
En el presente informe, que, como todos sabemos, trata de la aprobación por el Parlamento de la gestión en la ejecución del presupuesto general para el ejercicio 1998, figura el punto 18, y en éste hay un guión nº 6. 
Este guión nº 6 versa sobre nuestro Grupo parlamentario. 
Los presidentes de los Grupos parlamentarios acordaron- y todos los presidentes lo confirmarán- que en este informe no se abordarían casos concretos de los diversos Grupos, sino que todos juntos nos esforzaríamos en superar los problemas que surgieran en el futuro. 
Sin embargo, después de comprobar que lo anterior constaba en el informe, presenté en nombre de mi Grupo una enmienda de transacción; hace algunos días me comentaron que esta transacción sería aprobada por el ponente. 
Con posterioridad, renunciamos a presentar una enmienda que versa sobre los problemas del Grupo Socialista. 
Y ahora me entero de que el Grupo Socialista no apoyará nuestra enmienda 10, que lleva mi nombre. 
Declaro aquí con toda claridad, y con gran enfado y pesar, que se ha renunciado al acuerdo de los Presidentes de Grupos. 
¡Se ha renunciado al juego limpio! 
Declaro también que nuestro Grupo se siente engañado, no sólo yo personalmente, sino todo el Grupo. 
Si el Grupo Socialista no aprueba la enmienda de transacción- eso es asunto suyo -, yo anuncio que la decisión que el Grupo Socialista va adoptar hoy es una decisión muy grave. 
Señor Poettering, como usted sabe, las explicaciones de voto se formulan después de las votaciones. 
A pesar de que el tema es sumamente delicado, ahora no podemos abrir un debate. 
Sí, señor Presidente, yo constato que la ley no es igual para todos porque yo quise hacer una intervención en la misma línea, en el Pleno anterior, sobre la resolución sobre Feira, no me concedieron autorización para hacerla, y la hice en su momento, al final. 
Recuerdo que hubo una bronca generalizada, en aquellos bancos, para que se respetara el Reglamento. 
Hoy no ha sido así. 
Lo que quiero señalar en nombre de mi Grupo es que es absolutamente inadmisible, primero, que se cite un acuerdo que no existe, segundo que se amenace a mi Grupo. 
No tiene sentido condicionar el voto de los demás. 
Acepto que uno pueda defender sus posiciones, lo que no es de recibo es que en este acto, antes de la votación, se amenace a mi Grupo en relación con un tema que ha sido votado por la Comisión de Control Presupuestario, con los votos, también, de los diputados de esos bancos. 
Y además, y concluyo señor Presidente, diciendo que no hay ninguna mención nominal de ningún grupo en el informe Kuhne. 
Le recomiendo al Sr. Poettering que lea atentamente el informe. 
Después de la enmienda 49 
. (DE) La Comisión no puede aceptar la enmienda 4. 
Sí acepta, en principio, las enmiendas 5 y 6, y en su totalidad las enmiendas 2 y 3. 
Las enmiendas 5 y 6 no están. 
Aquí hay sólo cuatro enmiendas. 
Señor Presidente, respeto su decisión. 
¡Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que votar actos legislativos- y el próximo informe tiene carácter legislativo­ en julio un jueves por la tarde es algo más que una ligereza! 
Señora Roth-Behrendt, le informo que no queda solo un informe de carácter legislativo, sino cuatro. 
En consecuencia, si lo que se quería era tratarlos todos del mismo modo, teníamos que haber votado hasta mucho más tarde de las 14.00 horas, cosa que no podemos hacer. 
Además, normalmente se vota cuando hay un Pleno que está dispuesto a hacerlo y no cuando hay una situación de indisponibilidad. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Señor Presidente, en vista de los resultados de la votación sobre el informe Papayannakis quisiera pedir a la Comisión que convocara un comité de conciliación la semana próxima para que podamos resolver esta cuestión antes del 1 de septiembre, fecha en que finaliza el plazo. 
Le ruego que se lo comunique a la Comisaria porque veo que no está escuchando lo que digo. 
Informe (A5-0124/2000) 
. (EL) Hay serias reservas sobre la propuesta de reglamento ÅÊ 1251/1999 relativo al lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras. 
Y ello porque la distribución de las cuotas entre los países miembros no es equilibrada. 
Países como Grecia, con un extenso sector agrario y con un elevado porcentaje de ocupación en actividades agrarias, tienen a su disposición cuotas que se sitúan en los límites más bajo tanto por lo que respecta al lino como por lo que respecta al cáñamo. 
Aprovechando la ocasión, debemos hacer hincapié en la necesidad de una campaña de información, y formación, en los países miembros, para erradicar la ignorancia y la demagogia relativas a la fibra de cáñamo; ignorancia y demagogia que en casos como el de Grecia han llegado al cierre por la policía de establecimientos que vendían tejidos de cáñamo y a la destrucción de pequeñas empresas. 
Informe Stauner (A5-0182/2000) 
Señor Presidente, tanto los pensionistas como las personas mayores están a favor de las novedades, aunque alguien podría pensar lo contrario y, por lo tanto, cualquier ocasión en la que, al tomar decisiones en relación con los Fondos estructurales, se incorporan reglas para que haya iniciativas innovadoras, no puede sino contar con mi apoyo en mi calidad de representante del Partido de los Pensionistas. 
En esta ocasión- y lo hago con mucho gusto- después de decir que, obviamente, he votado a favor, deseo que en el futuro, entre los proyectos que hay que financiar como las iniciativas innovadoras, se incluyan también proyectos dirigidos no solo a mejorar la actividad laboral en sentido estricto, sino también todo lo que afecta a los pensionistas que en el período de no actividad laboral, período que, en sentido lato, es una continuación de la actividad laboral, disfrutan de las cotizaciones pagadas mientras trabajaban. 
Informe Virrankoski (A5-0192/2000) 
Señor Presidente, intervengo simplemente para decir que los diputados radicales italianos se han abstenido en la votación sobre el informe Virrankoski, ya que el Consejo ha querido retener para sí, para el presupuesto del Consejo, también los gastos derivados de las misiones que expertos militares u otros se verían obligados a llevar a cabo en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Puesto que nuestro Parlamento ha estado siempre muy vigilante para que los gastos relativos a la Política Exterior y de Seguridad Común formen parte integrante del presupuesto de la Unión y, por lo tanto, correspondan al presupuesto de la Comisión, estamos preocupados por el trasvase que podría ocasionar el informe Virrankoski, o sea, por la tendencia de asignar cada vez más al presupuesto del Consejo gastos de funcionamiento, gastos operativos en lo referente a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Por esto, nos hemos abstenido en la votación sobre el informe Virrankoski. 
Hemos votado en contra de que se asignen más fondos a los asesores militares porque estimamos que una policía de paz requiere expertos en materia de paz y no en la resolución de conflictos no violentos. 
Informe Stauner (A5-0190/2000) 
. (DA) Los miembros del Grupo UEN hemos votado en contra en la votación del 6 de julio sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998. 
La razón para ello es que la actual Comisión, que se ha comprometido a llevar a cabo una reforma a fondo de la administración, no muestra la suficiente voluntad para sacar adelante esta reforma. 
Los numerosos casos de desgana, retrasos y negativas a la hora de entregar documentos a la Comisión de Control Presupuestario y el hecho inaudito de que informes y documentos fundamentales desaparezcan de los archivos donde se guardan desagraciadamente muestran que sigue manteniéndose una administración propia de los tiempos del absolutismo. 
Es evidente que la opacidad tiene por objeto proteger a los miembros y funcionarios de la Comisión de las sanciones que se emplean en cualquier administración nacional democrática y sin las cuales la administración de la Unión Europea nunca llegará a funcionar. 
Durante el debate del informe mencioné dos de los casos que permanecen abiertos, sin embargo, sólo son meros síntomas aislados de una enfermedad. 
La Comisión todavía- un año después de su toma de posesión- no ha presentado ninguna propuesta para llevar a cabo una modificación radical de las disposiciones del Reglamento de funcionarios que garantizan una protección legal de la incompetencia y la falta de integridad y que resultan completamente absurdas en una administración que pretende ser democrática. 
La tramitación de este informe en la Comisión de Control Presupuestario ha mostrado asimismo que algunos miembros del Parlamento están más involucrados en proteger a la Comisión de los ciudadanos que pagan el presupuesto de la UE que en defender el derecho de esos mismos ciudadanos a que su dinero sea administrado de manera íntegra y eficaz. 
Se ha ejercido una presión inaceptable sobre varios ponentes y los círculos turbios que tienen interés por impedir el esclarecimiento de los casos graves de fraude y corrupción en la administración de la Comisión, no se han abstenido de efectuar amenazas físicas. 
La mayoría de los miembros del Parlamento ha votado hoy a favor de conceder la aprobación de la gestión. 
Creo que muchos de estos miembros no están satisfechos con la administración económica de la Comisión, sin embargo, hemos llegado a una situación en la que la mayoría prefiere cerrar los ojos a arriesgarse a que sus ciudadanos y electores tengan pleno conocimiento de las escandalosas circunstancias que se hacen sentir año tras año. 
Estoy convencido de que la mayoría de los miembros a la larga llegará a arrepentirse de su condescendencia. 
La concesión de la aprobación de la gestión de la Comisión Europea no resulta, ni mucho menos, algo seguro. 
Las irregularidades financieras fueron tan numerosas en años anteriores que la aprobación de la gestión tuvo que ser negada, y esto provocó la dimisión de la Comisión Santer. 
Esta vez se refiere al año presupuestario 1998, y su planteamiento resulta muy problemático. La responsabilidad atañe totalmente a la anterior Comisión, pero discutimos sobre ella con la Comisión Prodi. 
Ésta se ha estrenado con una mejor gestión e investigación del fraude del pasado. 
Esta primavera, el Parlamento pidió justificadamente que se dieran explicaciones más amplias y se lograran mejoras. 
Éstas se han prometido en relación con una parte importante; no obstante, un porcentaje de faltas serias del 5% es todavía tremendamente elevado. 
El informe de la reunión de la Comisión, en la que se redujo considerablemente la multa en el asunto Flèchard, sólo puede calificarse de vergonzoso. 
La Comisión de Control Presupuestario ha sido criticada al tener que elegir entre efectuar una condena dura o conceder el beneficio de la duda. 
Resulta embarazoso referirse al estado de la cuestión conforme a la información de la ponente, y daña la reputación de la comisión. 
Frente a la consideración final de no conceder la aprobación de la gestión, hemos decidido aplicar el beneficio de la duda a la actual Comisión Europea respecto del año 1998. 
Sin embargo, esta institución debe darse cuenta de que ello no sienta un precedente de cara a la aprobación de la gestión de 1999. 
Ella es en parte responsable de la misma y, además, ha tenido mientras tanto la oportunidad de poner las cosas en orden. 
La Sra. Redondo me ha pedido la palabra para una cuestión de procedimiento. 
Señor Presidente, querría pedirle que la votación sobre el informe relativo a la protección de los bosques fuera retrasada a la próxima sesión porque hoy, por razones inexcusables, tengo que salir de este Parlamento a las 5 de la tarde. 
Señora Redondo, hay varios informes de carácter legislativo que no han podido ser tramitados durante el turno de votaciones porque no había tiempo y que en consecuencia, se someterán a votación esta tarde en el momento en que acabe el debate de actualidad. 
Como usted sabe, hay determinadas decisiones que las toma la Conferencia de Presidentes. 
Normalmente, cuando empezamos a votar a mediodía lo hacemos durante una hora. 
Hoy hemos comenzado a las 12.15 horas y hemos acabado hacia las 13.30 horas. 
El tiempo para votar algunas resoluciones, tales como el Consejo Europeo de Feira, Zimbabue y el tráfico de seres humanos era un tiempo relativamente breve. 
La votación sobre los proyectos legislativos es bastante larga. 
En todo caso, no es un tema que hay que abordar ahora. 
Tendremos en cuenta su observación y la transmitiremos a la Conferencia de Presidentes, al objeto de que en el orden de las votaciones, tal como hemos votado, todos los exámenes en segunda lectura- que son un elemento que atañe a nuestra capacidad de Asamblea legislativa- se voten también en el orden de los proyectos que corresponden a nuestro poder de colegislación. 
Esta fue una decisión así adoptada. 
Nosotros nos opusimos a ella; la mayoría de los miembros de esta Casa ­ si lo hubieran sabido­, los ponentes ­la Sra. Redondo Jiménez o el Sr. Arvidsson y otros­ también se habrían opuesto con toda seguridad. 
Si procedemos de este modo, se nos exigirá un cierto grado de flexibilidad. 
Señora Roth-Behrendt, usted sabe que se puede conseguir un aplazamiento del debate tanto al principio de la sesión, por la mañana, como al principio del turno de votaciones. 
Por lo tanto, esta tarde, al comienzo de las votaciones, habrá un diputado o un ponente que pedirá votar en septiembre. 
No tengo ninguna objeción respecto a esta solicitud. 
Señor Presidente, tiene toda la razón, éste es el procedimiento correcto, pero si proyectamos actuar así y es seguro que, por ejemplo, el Sr. Swoboda o yo u otros se oponen, sería justo informar al ponente de esta posibilidad. 
En todo caso, el Presidente de turno será informado de esta solicitud y concederá la palabra al diputado que la tramitará en ese momento. 
Informe Rühle (A5-0167/2000) 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Rühle. 
En primer lugar considero que hay un error en el importe, porque se habla de presupuesto, en 1998, de 10.940.000 millones de euros- esto al menos en la versión italiana- cosa que, a primera vista, me parece algo demasiado. Creo que hay un error de al menos tres ceros. 
Cerrado este paréntesis, quiero subrayar que, entre los demás aspectos que, como ha recalcado el ponente en su informe no funcionan- por lo que hubiera sido lógico concluir solicitando una votación en contra del propio documento- sería oportuno que en el futuro se asignara al menos una parte de estos fondos a las organizaciones de voluntarios, muchos de los cuales son personas mayores y pensionistas que están dispuestos a ir por el mundo para ayudar al desarrollo de los países que lo necesitan. 
. 
(FR) Con mucha razón, en su sesión del 13 de abril de 2000, el Parlamento Europeo decidía aplazar la decisión de conceder la aprobación a la gestión de la Comisión Europea en la ejecución del presupuesto del ejercicio 1998. 
Esta decisión era legítima en la medida en que los ciudadanos de nuestras naciones tienen derecho a pedir cuentas sobre la manera en que se gasta el dinero de la Unión Europea, su dinero. 
Nuestro Grupo ha decidido apoyar plenamente todas las medidas necesarias para luchar enérgicamente contra el fraude y la malversación. 
En efecto, las irregularidades que se han constatado, tanto las que refiere el informe de la Sra. Stauner a propósito de la gestión financiera de la Comisión, como las que pone de manifiesto el informe de la Sra. Rühle con respecto a los diferentes fondos europeos de desarrollo, no pueden dejarnos indiferentes y perjudican la imagen y la credibilidad de la Comunidad, en conjunto. 
Por lo tanto, Señorías, debemos sacar todas las consecuencias tanto desde el punto de vista de la sanción de los responsables, como de la aplicación de procedimientos mucho más transparentes. 
Tras las votaciones que han tenido lugar en la Comisión de Control Presupuestario, creemos que los informes de las Sras. Rühle y Stauner van en este sentido. 
El informe de la Sra. Rühle sobre los diferentes FED define claramente, en lo sucesivo, las responsabilidades que debe asumir la Comisión; exige mayor claridad en cuanto al conjunto de las futuras ayudas que distribuye la Comunidad en beneficio de los países en vías de desarrollo. 
La preocupación por una mayor moralización de la política de ayudas y por la eficacia de su utilización es un principio claramente formulado, y nuestro Grupo se felicita por ello. 
Sin embargo, en modo alguno puede aceptarse que, con el pretexto de lograr un mejor control, y a fin de conseguir una utilización más satisfactoria y más racional de los fondos europeos- y pienso, en particular, en los países de África, del Caribe y del Pacífico -, nuestra iniciativa sea una excusa para organizar el proceso infundado de cierto país de la Unión- a fin de cuentas, uno de los principales contribuidores netos; me refiero a Francia -, mediante una caza de brujas que apuntaría, según se dice, a algunos altos funcionarios de una misma nacionalidad. 
Una mayor transparencia es también nuestra principal preocupación en relación con las finanzas de los Grupos políticos en el seno de nuestra Asamblea; los ciudadanos de Europa no entenderían, por otra parte, que tuviéramos un discurso diferente. 
Por lo tanto, debemos tomar nota de las respuestas que nos proporciona nuestra institución, tras las observaciones del Tribunal de Cuentas, y fomentar de inmediato reformas pertinentes, de conformidad con el reglamento financiero y con el principio de transparencia. 
Para concluir, diré- y en nuestra opinión esto está claro- que es conveniente no confundir entre el procedimiento de aprobación de la gestión financiera, que representa una apreciación global sobre la gestión de la Comisión Europea, tal como establece el Tratado, y el tratamiento de varios asuntos puntuales, cuya gravedad es evidente, y que también presentan un carácter puntual y un importe poco importante respecto al total del presupuesto. 
¡Hay que ser razonables! 
De igual modo, el hecho de tomar nota de las precisiones suplementarias que en primavera habíamos pedido a la Comisión, en el marco del informe Stauner, para nuestro Grupo no significa en modo alguno que nuestra institución se haya vuelto amnésica respecto a la persecución de prácticas inaceptables, en detrimento del dinero de nuestros conciudadanos. 
Nuestro Grupo saluda los meritorios esfuerzos realizados por los ponentes, las Sras. Stauner y Rühle y el Sr. Kuhne; no obstante, conviene seguir atentos y observar qué actitud tendrá la Comisión Europea a la vista de los compromisos que ha asumido. 
Por lo tanto, nuestro Grupo cree necesario, por ahora, abstenerse. 
Informe Kuhne (A5-0189/2000) 
. 
(FR) Fue necesario conocer el escándalo de la vaca loca para que se tomara conciencia de la necesidad de mejorar la rastreabilidad y el etiquetado de los productos alimenticios. 
Europa ha tardado mucho en reaccionar y se ha retrasado considerablemente en materia de carne de vacuno. 
Hoy, sobre la base de un acuerdo unánime en el seno del Consejo, tenemos por fin la oportunidad de demostrar cierta determinación. 
En efecto, la posición común que se nos somete recoge muchas enmiendas que nuestro Parlamento aprobó en primera lectura. 
Con respecto a las menciones obligatorias, a la indicación del origen, a las fechas de aplicación, a la carne picada y al sistema facultativo, creo que el Parlamento puede estar satisfecho: el Consejo nos ha escuchado. 
Por eso he apoyado sin vacilar esta posición común, tal cual ha sido presentada, y no he votado a favor de ninguna enmienda. 
El debate se ha centrado en algunos puntos específicos y, en particular, en la indicación en la etiqueta de la categoría del animal. 
Algunos colegas nos han explicado, con absoluta buena fe, que esta mención no contribuye en nada a mejorar la rastreabilidad de la carne de vacuno. 
Tienen razón. 
Pero tras la sucesión de los escándalos alimentarios, que nuestro Parlamento siempre ha denunciado con firmeza, ¿cómo podríamos hoy no tener en cuenta el gran papel que desempeña el consumidor? 
La mención expresa de la categoría responde a una demanda. 
Ésta contribuye a restablecer la confianza de los consumidores. 
Hay que distinguir dos tipos de información: 
la información que permite mejorar la rastreabilidad, pero que no está directamente destinada a informar al consumidor final. 
Por ser demasiado específica, ésta sólo es formalmente legible por los profesionales. 
Cumple una función sanitaria. 
Los controles podrán efectuarse sobre la base de estas menciones. 
Hablamos entonces de la aplicación del sistema de identificación y de la rastreabilidad; 
el segundo tipo de información está destinado directamente al ciudadano, como ustedes y yo, que cada día compra su carne. 
Quiere estar seguro de que el producto que va a consumir es sano: el sistema de rastreabilidad y de identificación permitirá garantizar la seguridad y la calidad de la carne de vacuno. 
Pero el ciudadano desea igualmente saber de qué clase de carne se trata. 
Este tipo de mención en e la etiqueta se dirige directamente al consumidor final y le informa de una manera inteligible. 
Es un error decir que ésta es inútil. 
Por el contrario, este etiquetado es tan importante como la aplicación de garantías sanitarias. 
Europa desea devolver la confianza a sus consumidores, que miran con mal ojo la carne de vacuno desde el escándalo de la vaca loca. 
Las consecuencias son importantes para el conjunto de este sector agroalimentario, que esta crisis ha afectado de lleno. 
Estos dos tipos de información no son excluyentes, sino que son complementarios y contribuyen, cada uno a su nivel, a restablecer la confianza de los consumidores europeos. 
La confianza de nuestros consumidores no se decreta, se gana. 
Informe Garcia-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000) 
Es un objetivo normativo apropiado de la Unión Europea el velar por que las empresas desarrollen sus actividades en un entorno ecológicamente racional. 
El EMAS, o sea el Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, ofreció a las empresas de la Unión Europea la oportunidad de obtener un certificado de que estaban aplicando prácticas medioambientales racionales en el desarrollo de sus operaciones. 
Lo que estamos discutiendo aquí hoy es la revisión del reglamento original de 1993 que instituyó el Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 
Los criterios para incluir a una empresa en el registro de EMAS son rigurosísimos. 
Lo esencial es que se anuncien públicamente los resultados conseguidos por cada organismo normativo nacional dentro de cada Estado miembro de la Unión Europea. 
Cada organismo normativo nacional lleva a cabo un examen amplio y completo de todas las actividades que puedan afectar al medio ambiente, desarrolladas por una empresa que solicite que se la incluya en el Sistema EMAS. 
En virtud del nuevo reglamento que estamos discutiendo ahora, se facilitará el acceso a las pequeñas y medianas empresas que pidan que se les incluya en el Sistema EMAS. 
La mayor parte de las empresas que han procurado conseguir que se les incluya en el Sistema EMAS eran grandes empresas industriales. 
No hay que olvidar que el Sistema EMAS es la versión europea de la norma internacional conocida como ISO14001. 
Fundamentalmente, esta norma internacional de la Organización Internacional de Normalización (ISO) es el equivalente de la norma ISO9000 para las empresas europeas, con la debida adaptación para tener en cuenta las cuestiones medioambientales. 
La política adecuada de la Unión Europea consiste en velar por que todas las empresas de Europa respeten el medio ambiente y velar por que se sigan las prácticas necesarias para garantizar que sus operaciones no perjudiquen de forma alguna al medio ambiente. 
Por eso apoyo sin reservas las propuestas encaminadas a conseguir que se facilite el acceso de las pequeñas y medianas empresas que vayan a ingresar en el Sistema EMAS. 
Este Sistema tiene que dar pruebas de mayor flexibilidad, independientemente de lo rigurosas que sean las normas que hay que cumplir, a fin de conseguir que todos los sectores y todas las empresas de la Unión Europea tengan la oportunidad de lograr que se certifiquen sus actividades en el marco del Sistema EMAS. 
Apoyo sin reservas este programa y recomiendo este informe. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe que establece los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. 
Evidentemente, lo apoyo porque si existen víctimas, entre las primeras se cuentan las personas mayores y los pensionistas que con frecuencia tienen los pulmones algo maltrechos. 
Aparte de esto, quiero reiterar mi solicitud de que en el futuro no nos preocupemos sólo por lo que respiran los ciudadanos, sino también por lo que respiran los trabajadores que están en contacto, por ejemplo, con el benceno y el monóxido de carbono. 
Sería oportuno que nos interesáramos por ellos para que sus horarios de trabajo se reduzcan respecto a los de los demás trabajadores, a fin de que puedan disfrutar de la media de vida de todos los ciudadanos. 
Creo que la Unión Europea debería interesarse por cómo y cuánto trabajan los ciudadanos que respiran esas sustancias dañinas que justamente nos preocupamos que no respiren los peatones. 
Los trabajadores deben protegerse aún más, si cabe. 
Señor Presidente, he votado a favor y felicito a la ponente, Sra. Jackson, que tanto ha insistido en convertir en directiva está recomendación sobre la organización concreta de las inspecciones medioambientales. 
Es inútil que este Parlamento apruebe cientos y cientos de directivas, de reglamentaciones sumamente importantes y útiles, si luego no se realizan controles eficaces, concretos y suficientes para que dichas reglamentaciones se apliquen realmente y para que exista un beneficio concreto para todos los ciudadanos de la Unión Europea, en especial- como acabo de decir- cuando se trata de salud medioambiental como en este caso y cuando el incumplimiento de las normas perjudica sobre todo a las personas mayores y a los pensionistas. 
. (EN) La principal finalidad de esta recomendación es fortalecer la legislación medioambiental comunitaria en los Estados miembros y contribuir a que dicha legislación se aplique y se respete. 
Este proyecto de recomendación fija criterios mínimos que han de aplicarse en la organización, realización, seguimiento y publicación de los resultados de las inspecciones medioambientales. 
El proyecto de recomendación dispone que haya inspecciones medioambientales de todas las empresas industriales y de otro tipo en las que la liberación y emisión de productos en el medio ambiente están sujetas a autorizaciones particulares o a la obtención de una licencia. 
Así sucederá sin duda alguna con todas las empresas que reciban licencias para el control de la contaminación bajo los auspicios de los organismos de protección medioambiental. 
Según el texto de la recomendación, las inspecciones medioambientales incluirán lo siguiente: visitas del emplazamiento; verificación de la vigilancia llevada a cabo por los operadores de las instalaciones controladas; verificación de las instalaciones, el equipo y lo adecuado de la gestión medioambiental en el lugar de que se trate, así como de los registros mantenidos por los operadores. 
En particular se prevén dos tipos de inspecciones: inspecciones corrientes, llevadas a cabo como parte de un programa de inspecciones previstas, e inspecciones especiales, como actividades de seguimiento de las reclamaciones presentadas en relación con la expedición y la renovación o modificación de diversos tipos de licencia. 
Los Estados miembros tendrán que preparar de antemano planes para las actividades de inspección medioambiental que abarquen la totalidad de sus respectivos territorios y las instalaciones que se hallen en ellos. 
Esos planes se pondrán en conocimiento del público en las amplias y extensas campañas de información que prevé la propuesta. 
Con arreglo a este proyecto de recomendación, en cada plan se debe definir la zona geográfica que abarca, se debe fijar un período de tiempo definido, se deben incluir disposiciones específicas para su revisión, se deben identificar los emplazamientos o tipos específicos de instalaciones que se van a inspeccionar, se deben prescribir los programas para las inspecciones medioambientales corrientes, se deben prever y destacar los procedimientos para las inspecciones medioambientales especiales, y se debe disponer la coordinación entre las diferentes autoridades inspectoras. 
Quisiera felicitar a la ponente, Caroline Jackson, por su informe. 
En él pide que esta propuesta se traduzca en una directiva que se aplique de manera uniforme en toda la Unión Europea. 
La ponente estima que únicamente una directiva puede obligar a los Estados miembros a introducir estos sistemas de inspección. 
En mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento Europeo, estimo que es necesario que los Estados miembros establezcan inspecciones medioambientales armonizadas. 
Ésta es una cuestión respecto de la cual el Consejo de la Unión Europea tiene que escuchar al Parlamento Europeo. 
No hay que olvidar que el Parlamento Europeo tiene la facultad de codecisión en cuestiones medioambientales como resultado de la aplicación de las disposiciones del Tratado de Ámsterdam. 
La Unión Europea tiene también competencia en cuestiones medioambientales en virtud del artículo 130 del Tratado de Maastricht. 
Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2000 en Santa Maria da Feira 
. (EL) Cuatro observaciones importantes pueden hacerse con respecto a la Presidencia portuguesa y a la Cumbre final de Santa Maria da Feira: 
Primero: La Unión Europea ha dado un nuevo paso peligroso hacia la militarización, con el impulso dado a la organización de la fuerza militar y policial de la Unión Europea y el desarrollo de un marco atlántico de referencia. 
Por el contrario, ha habido déficit de iniciativas positivas a favor de la paz, como pone de manifiesto el estancamiento de la empantanada situación en Yugoslavia. 
Segundo: El curso de las cosas en la Conferencia Intergubernamental apunta más hacia la "Europa de dos velocidades" que hacia la democratización. Esto queda patente por la constante referencia a la "cooperación reforzada" y por las diferentes propuestas orientadas a la disminución del peso de los países pequeños tanto en el Consejo como en la Comisión. 
Tercero: La Unión Europea, a causa, principalmente, de la presión ejercida por el reino Unido, no ha alcanzado un acuerdo concreto, ni un calendario vinculante, sobre información fiscal, con el resultado de que los paraísos fiscales siguen libres, «en el seno de la Unión». 
Cuarto: La Cumbre de Lisboa, a mediados del período de la Presidencia portuguesa, dejó nuevos indicios del abandono del modelo europeo de estado del bienestar y del giro hacia el modelo americano. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de la resolución relativa a las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo celebrado en Feira los días 19 y 20 de junio de 2000. 
Lo hemos hecho porque nos gustaría reconocer la labor de una buena presidencia que ha dispuesto un orden del día para Europa bueno y progresista tal y como queda también reflejado en el párrafo de la resolución relativo al seguimiento de la cumbre de Lisboa. 
Nuestra explicación de voto conjunta no puede ser interpretada como un respaldo por nuestra parte al deseo de un orden del día ampliado para la Conferencia Gubernamental y a la inclusión de la Carta de derechos fundamentales con vinculaciones jurídicas en el Tratado y a este respeto remite a las explicaciones de voto que dimos con respecto tanto a la Cumbre de Helsinki, la convocatoria de la Conferencia Gubernamental, la posición del Parlamento Europeo con respecto a la Conferencia Gubernamental como a los preparativos de la Cumbre de Feira. 
. 
(FR) No he podido votar a favor de la resolución de compromiso porque el apartado sobre la imposición es demasiado pobre y contiene un juicio falso sobre lo que realmente se decidió en Feira. 
Hubiera sido mejor que este Parlamento constatara- con satisfacción, naturalmente- la determinación de los jefes de Estado y de Gobierno de lograr un acuerdo integral sobre el conjunto del paquete fiscal (impuestos sobre los rendimientos del ahorro, fiscalidad de las empresas, intereses y tasas) a más tardar a finales de 2002. 
Habría sido preciso confirmar la necesidad de proteger la competitividad de los mercados financieros europeos mediante la adopción simultánea de medidas equivalentes en los principales países terceros y de medidas similares en los territorios dependientes o asociados. 
También habría sido preciso pedir que se sometieran los informes que la Comisión deberá presentar regularmente sobre la aplicación de los sistemas de intercambio de informaciones y de retención en la fuente en materia de fiscalidad del ahorro, así como el informe que servirá para decidir la adopción y la aplicación de la directiva. 
Señalo que no fue así. 
Sé que las opiniones sobre el compromiso fiscal arrancado en Feira están muy divididas. Las mismas se reflejan en toda la prensa europea. 
No puedo dejar de citar algunos títulos: "Compromiso dilatorio sobre la fiscalidad del ahorro", "Dudas sobre el compromiso fiscal de Feira", "Acuerdo de fachada y divergencias persistentes", "Acuerdo cojo", "Retención en la fuente, coexistencia, ¿nada de nada? o, en alemán ," Schotte Brown stärkt Finansplatz London. 
London setzt sich im EU-Steuerstreit durch "," Schweizer Banken sehen keinen Handlungsbedarf "," Bevor das Bankgeheimnis fällt, müssen alle Finanzplätze mitmachen ". 
La constatación del Basler Zeitung del 24 de junio pasado también es elocuente: "Eher wird das Matterhorn abgebrochen, als dass die Stimmbürgerschaft der Schweiz das Bankpersonal von der Schweigepflicht entbindet und den Finanzminister in Bern zum Steuereintreiber Brüssels macht". 
En este contexto, el título de L´ Echo del 24 de junio, que constata con razón que "sin garantías suficientes, Luxemburgo bloqueará la directiva sobre la fiscalidad" y que "las plazas competidoras también tendrán que aplicar el intercambio de informaciones", refleja lo que realmente se decidió en Feira. 
El hecho de que nuestra resolución lamenta el calendario de Feira ilustra la ignorancia o la utopía de los redactores de este pasaje, a quienes desearía recordar lo que el Primer Ministro luxemburgués precisó al respecto en Feira, a saber: que en materia de fiscalidad del ahorro "existen aún unas cincuenta cuestiones técnicas que el Consejo nunca ha discutido". 
En este contexto, reprochar al calendario el hecho de no reflejar la urgencia del problema constituye un irrealismo irresponsable. 
. 
(FR) El último Presidente del Consejo pronunció una expresión sorprendente cuando nos presentó, el lunes por la noche, el balance de la Presidencia portuguesa. 
" No hay que dejar, declaró el Primer Ministro, Antonio Guterres, dejar que se instale una tendencia intergubernamental. 
Es preciso que el debate sobre la Europa federal, que acaba de reactivarse, sea conducido en su globalidad ". 
¿No resulta paradójico ver al representante de los gobiernos de los Estados miembros denunciar el riesgo de "tendencia intergubernamental" de la Unión Europea? 
La paradoja es tanto más fuerte por cuanto lo que hoy se manifiesta a la vista de todos- o de casi todos -, es, por el contrario, el callejón sin salida al que conducen indefectiblemente las fórmulas federales, y concretamente la última, la de las cooperaciones reforzadas. 
Para intentar resolver la insalvable contradicción entre federalismo y ampliación, la fórmula milagro de las cooperaciones reforzadas fue utilizada como argumento durante toda la Presidencia portuguesa. 
Incluso fue presentada aquí mismo, el martes, por el Presidente Chirac, como una especie de solución universal, con una "vanguardia" de "países pioneros", que trazan el camino de todos. 
Notemos, de paso, a propósito de vanguardia, la reaparición en el marco del federalismo europeo de expresiones que en otros tiempos tuvieron un gran éxito en otros contextos ideológicos. 
El hecho de utilizar como argumento, de manera lírico-ideológica, una fórmula de este tipo disimula los peligros reales que contiene la generalización del principio de la mayoría cualificada y, por lo tanto, la eliminación de la regla de la unanimidad. 
No sólo los Estados miembros, pequeños y medianos, denuncian enérgicamente, y con razón, las cooperaciones reforzadas como algo que atenta contra su dignidad, sino que la soberanía es un principio que garantiza la igualdad y el respeto de cada uno. 
Pero dentro mismo de las cooperaciones reforzadas se aprecia que la aplicación del principio de la mayoría en lugar del de la unanimidad, puede crear tensiones insostenibles al conferir un monopolio de hecho de las decisiones a un solo país dominante. 
De tal manera que el principio de la mayoría cualificada, si es aplicable a 35, también lo es a 2 ó a 3. 
La "solución milagro" resulta ser, de hecho, una doble fuente de tensiones, que pueden afectar profundamente a la cooperación europea. 
Por eso, en lugar de las cooperaciones reforzadas, que constituirían necesariamente un factor de tensiones peligrosas, nosotros proponemos cooperaciones diferenciadas, concluidas entre Estados soberanos, libres de suscribir los acuerdos que deseen y en los ámbitos que deseen, siempre que no lesionen los intereses fundamentales de sus socios. 
. 
(FR) Los diputados de Lucha Obrera comparten la indignación expresada por la propuesta de la GUE, que nosotros hemos votado positivamente, ante la muerte de 58 inmigrantes de Douvres, y de tantos otros, que han intentado atravesar las fronteras exteriores o interiores de la Unión Europea. 
Para acabar con una situación en la que la miseria obliga a marchar a miles de seres humanos hacia regiones en las cuales esperan vivir mejor, habría que acabar a su vez con un sistema social que, para polarizar riquezas insólitas en unas pocas manos, impone la pobreza a la mayoría del planeta. 
Evidentemente, no es una votación del Parlamento lo que conducirá a este trastrocamiento, a pesar de ser una necesidad vital para la humanidad. 
Resulta indignante que, incluso en los ámbitos en que las instituciones actuales, nacionales y europeas, podrían hacer algo, no lo hagan. 
El drama de Douvres se ha producido entre dos países de Europa. 
Las alambradas de púas que se están instalando alrededor de la Unión Europea se mantienen incluso en el interior para los ciudadanos de los países terceros. 
Y estas barreras pueden matar. 
No basta con denunciar a los delincuentes que se enriquecen dedicándose al tráfico de seres humanos. 
Es necesario garantizar a los inmigrantes unos derechos que deberían ser los de cualquier ser humano. 
Es necesario garantizar la libre circulación de las personas. 
Es necesario acabar con las políticas de inmigración que convierten a los inmigrantes en personas de segunda categoría privadas de derechos, si no en clandestinos, en carne de policía. 
Deseamos protestar enérgicamente contra la política del Gobierno francés que se complace en su papel de Presidente de la Unión Europea, pero que se niega a regularizar a 65.000 trabajadores inmigrantes, que se han convertido en "sin papeles" a causa de leyes inicuas. 
Y exigimos su regularización inmediata. 
El drama ocurrido en el puerto de Dover, en el que murieron 58 migrantes, como aquel en que resultaron víctimas dos niños guineanos en el tren de aterrizaje de un avión de Sabena meses atrás, constituye una señal terriblemente evidenciadora de las insuficientes y erradas políticas de cooperación y desarrollo que se vienen aplicando y de las inadecuadas políticas de inmigración y asilo que están poniendo en práctica la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Esos hechos- que son aún una requisitoria contra los nefastos efectos de la mundialización en curso- subrayan la urgencia de poner en pie orientaciones y medios capaces de disminuir el foso que separa a los países en desarrollo y los industrializados y la profunda necesidad de materializar medidas legislativas nacionales y comunitarias audaces y tolerantes en la esfera de las migraciones, orientadas en particular a mejorar las condiciones de acogida de los inmigrantes, para su integración y para el reconocimiento pleno de sus derechos cívicos, económicos, sociales y culturales. 
Con esa intención presentamos una propuesta de resolución. 
Y, precisamente porque se aparta de él, no subscribimos y rechazamos la propuesta de compromiso, ya que adolece del negativo presupuesto de la construcción de una "Europa fortaleza" y orientada como va a la "resolución" de los problemas migratorios por una vía marcadamente policial. 
Señor Presidente, efectuaré mi explicación de voto por escrito. 
No obstante, desearía solicitar una cuestión de orden. 
Antes, cuando uno estaba presente en la votación y efectuaba una explicación de voto por escrito, luego podía marcharse porque el Presidente hacía referencia a las explicaciones de voto escritas que tenía en su poder sobre los informes correspondientes. 
Ahora, hay que esperar. 
¡Ayer, esperé 40 minutos para decir que efectuaba mi explicación de voto por escrito! 
Es tiempo perdido. 
Ya es bastante inhumano lo que hacemos: ¡votamos de 12.00 a 13.30 horas, y luego nos quedamos hasta las 16.00 horas para decir que efectuamos una explicación de voto por escrito! 
Los servicios me han transmitido que había que estar en el hemiciclo. 
Quizá usted lo habría aceptado... pero, ¿no es posible clarificar esta cuestión? 
Admito que aquellos que no participan en la votación sobre un informe o una resolución no puedan efectuar una explicación por escrito, pero los diputados que han participado en la votación, que entregan su explicación por escrito, ¿por qué deben quedarse media hora más? 
¿No puede usted clarificar esta cuestión? 
Señora Lulling, ¿con quién se debe enfadar? 
Con sus colegas que formulan las explicaciones de voto. 
Si todos aquellos que están aquí las presentaran por escrito, usted habría podido formular la suya un poco antes. 
Así y todo, sus colegas tienen derecho a formular las explicaciones de voto sobre todos los informes que votamos. 
Señor Presidente, quiero comentar los puntos 2 y 3, en los que se sostiene que la Conferencia Intergubernamental es un asunto clave en relación con la ampliación. 
No es así. 
El punto clave es la forma cómo se desarrollan las negociaciones con los países candidatos y qué resultados se obtienen. 
Hoy no existe una fecha tope y los países candidatos estiman que la posición de la UE es muy difusa. 
También quiero comentar el punto 10, cuyo contenido, en mi opinión, implica un lamentable giro hacia la militarización de la Unión Europea. 
Esto lo digo también como representante de una nación no alineada. 
Finalmente quisiera comentar el punto 11, en el que se habla de un "paso adelante en la necesaria armonización fiscal en Europa". 
¿Qué significa esta afirmación? 
En este contexto, citaré textualmente la constitución sueca: "la ancestral forma en que el pueblo sueco se impone tributos". 
(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Tiene la palabra el Sr. Maaten para una cuestión de procedimiento. 
Señora Presidenta, quiero hacer uso de la palabra al inicio del debate de actualidad porque creo éste es el momento adecuado para hacerlo, si tengo en cuenta el artículo 46 del Reglamento. 
En el orden del día figura a continuación una resolución sobre la EURO 2000 y los vándalos en el deporte. 
Aunque ciertamente estamos a favor de discutir este asunto, hay elementos que en este momento están siendo investigados por las autoridades judiciales de los Países Bajos. 
Creemos, por tanto, que resulta precipitado juzgar ahora ya esa investigación judicial. 
Quisiera proponer por ello, conforme al artículo 146, que el debate sobre esta resolución se retrase hasta la sesión de septiembre. 
Veo, además, que, de acuerdo con ese artículo, semejante petición debe verse inmediatamente seguida de una votación. 
Señoría, en primer lugar, el artículo que menciona se refiere a un Grupo político o a 32 diputados. 
En segundo lugar, dicho artículo no se aplica directamente al debate de actualidad, ya que el propio principio de nuestro debate de actualidad consiste en deliberar al inicio del período parcial de sesiones para establecer el marco del mismo. 
No es lo mismo que una devolución a comisión. 
Por consiguiente, bien se acepta el debate, o bien se rechaza. 
Si se acepta, debemos agotar el procedimiento, y el debate debe celebrarse. 
Señora Presidenta, le rogaría que transmita a la Sra. Fontaine, para que ésta haga lo preceptivo ante las instituciones pertinentes, la gran preocupación que existe en la bahía de Algeciras por la presencia, desde hace más de dos meses, de un submarino nuclear del Reino Unido, el HM Tireless, averiado, parece ser que con un gravísimo problema en el sistema de refrigeración. 
Al parecer, según las últimas noticias, pretenden repararlo allí mismo. 
Los habitantes de la zona se oponen totalmente, mediante una resolución conjunta de todos los Grupos políticos aprobada hoy mismo, a que esta reparación se lleve a cabo allí. 
Pedimos desde este foro urgentemente al Gobierno del Reino Unido que remolque inmediatamente este chisme fuera de la bahía y que lo repare en Inglaterra, donde suponemos que al menos tendrán instalaciones adaptadas para ello. 
Señoría, transmitiré su intervención a la Sra. Fontaine, quien, estoy segura, tomará buena nota de ello. 
Señora Presidenta, algunos grupos apoyan la solicitud del Sr. Maaten. 
Él ha hablado en nombre del Grupo ELDR y me sumo a su petición, en nombre del Grupo EDD. 
Le ruego, por tanto, procedamos a la votación conforme a lo establecido en el Reglamento. 
No, señor Blokland, el Reglamento no establece que se pueda someter a votación el aplazamiento de un debate de actualidad. 
El caso de los debates de actualidad es muy particular. 
El debate fue sometido a votación el lunes, y la Asamblea, que es soberana, estableció el marco del mismo. 
A partir del momento en que se trata de un debate de urgencia, no puede ser aplazado. 
Evidentemente, los argumentos que usted y el Sr. Maaten han expresado podrán ser tenidos en cuenta durante el debate, pero no someto a votación el aplazamiento de este debate. 
Señora Presidenta, usted lo explica de una determinada manera, pero he vuelto a leer el texto y no figura nada que excluya los debates de urgencia. 
La eliminación de cada tema que el Pleno incluye el lunes en el orden del día, puede decidirse, a continuación, durante el transcurso de la semana, tras una consideración más detallada cuando surjan nuevos argumentos. 
Aquí han aparecido nuevos argumentos. En ese espacio de tiempo, hemos sabido que la justicia neerlandesa está actuando. 
Por tanto, me parece claro que cuando el lunes tomamos la decisión de hablar aquí sobre esta cuestión, desconocíamos esto. 
Contamos con nueva información. Debemos tenerla en cuenta. 
Por tanto, creo que su lectura del Reglamento no se adecua a la letra del mismo. 
Creo, señor Blokland, que mi interpretación corresponde a la letra y al espíritu de nuestro Reglamento, que expresa claramente que nuestra Asamblea establece el orden del día- ya que se trata de la fijación del orden del día- al comienzo del período parcial de sesiones; esto fue lo que se hizo. 
Independientemente de ello, si existen elementos nuevos, puede usted transmitirlos durante el debate, lo que aclarará el voto de nuestros colegas. 
Pero mantengo esta interpretación, que se basa a la vez en el principio del orden del día y en el de los debates de actualidad. 
Señora Presidenta, solamente para adherirme a lo que ha dicho el compañero del Partido Andalucista, de Andalucía, y sugerir, como lugar de reparación del submarino atómico británico, los jardines del Palacio de Buckingham adonde pueden llevar el citado "bicho". 
Señorías, se han presentado los argumentos sobre la solicitud de aplazamiento. 
Mantengo mi posición, y les propongo ahora pasar directamente al debate, que nuestros colegas esperan, sobre las islas Fidji y Salomón. 
Islas Fidji y Salomón 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0607/2000 del Sr. Speroni, en nombre del Grupo TDI, sobre las islas Fidji; 
B5-0616/2000 de la Sra. Ludford, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en las islas Fidji y en las islas Salomón; 
B5-0620/2000 de los Sres. Corrie y Johan Van Hecke, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en las islas Fidji y en las islas Salomón; 
B5-0629/2000 del Sr. Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en las islas Fidji y en las islas Salomón; 
B5-0636/2000 del Sr. Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en las islas Fidji; 
B5-0640/2000 del Sr. Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en las islas Salomón; 
B5-0644/2000 de los Sres. Van den Berg y Kinnock, en nombre del Grupo PSE, sobre las islas Fidji y Salomón. 
Señora Presidenta, lo que está sucediendo en las islas Fidji demuestra una vez más que las patéticas ilusiones de quien cree en la sociedad multiétnica y multirracial no tienen una confirmación en la realidad. 
En efecto, vemos que en estas islas el conflicto entre la etnia originaria y la etnia inmigrada ha estallado, a decir verdad, de forma no muy cruenta pero, en todo caso, inesperada. 
Está sucediendo lo mismo en las cercanas Islas Salomón, está sucediendo lo mismo en muchas partes del mundo. Baste pensar en lo que ocurrió en la región de los Grandes Lagos africanos, en lo que ocurrió en la isla de Timor, en lo que está ocurriendo en las Molucas que demuestra que la convivencia entre comunidades con tradiciones, cultura e historia completamente diferentes, más allá de los propósitos de quien desea la globalización total también desde este punto de vista, en realidad no es posible. 
Por eso, en mi opinión, hay que apuntar sobre todo a la protección de las etnias indígenas para evitar que los habitantes originarios de Fidji acaben como los indios sudamericanos, acaben como las poblaciones originarias de América Central y de América del Norte, y hacer todo lo posible para que su cultura se preserve mediante un control de la inmigración salvaje, porque lo que sucede allí no suceda, como por desgracia ya sucedió en los Balcanes, también en nuestra Europa. 
Señora Presidenta, en el Parlamento nos preocupamos mucho y con razón por las zonas en las que las tensiones étnicas propician el conflicto y las tentativas de derrocar la democracia y el imperio de la ley. 
En las Islas Fiji y en las Islas Salomón el gobierno democrático y la ley y el orden han quedado perjudicados. 
En Fiji el objetivo tiene que consistir en restaurar el gobierno legítimo erigido sobre la base de la constitución multirracial de 1997, que obtuvo la aprobación de los dos grupos étnicos: los indofijianos y los fijianos indígenas. 
Tiene que cesar la violencia contra bienes y personas, y hay que liberar a los rehenes. 
La administración civil provisional establecida en Fiji no cumple los criterios constitucionales o democráticos. 
Por consiguiente, instamos a la Comisión a que ponga resueltamente en marcha los procedimientos encaminados a suspender la cooperación para el desarrollo con Fiji. 
Los habitantes de Fiji se sienten oprimidos y esperan que la Unión Europea, que consideran como el faro de la democracia y de la igualdad racial, vaya en su ayuda. 
Hemos de advertir también a las islas Salomón que quizá haya que suspender la ayuda que se les presta, a fin de restaurar la democracia, la paz y la estabilidad en el país. 
Señora Presidenta, me referiré principalmente a las Islas Salomón pero antes quisiera decir unas breves palabras acerca de Fiji. 
Mi vicepresidente de la Asamblea Paritaria ACP-UE es uno de los rehenes y le agradecería sobremanera que enviara una carta para reconfortar a su familia. 
La delegación ACP-UE fue a las Islas Salomón para estudiar las tensiones étnicas. 
Después de las primeras conversaciones se llegó a la conclusión de que era inminente un golpe de Estado. 
¿Por qué lo hubo? 
Cuando llegamos nos encontramos ante una situación de vacío completo. 
No había diálogo entre las partes en conflicto. 
El Parlamento no funcionaba. 
No había ley ni orden, pues los que hacían de policías durante el día eran militantes malaitas por la noche, y abrieron las puertas de sus arsenales a los malaitas el día del golpe de Estado por la mañana. 
El 99,9 % de Guadalcanal está en poder del grupo de las FMI y solamente la ciudad de Honiara está en manos de los malaitas. 
La situación es insostenible. 
El conflicto étnico se centra en la expulsión de Guadalcanal de 40.000 malaitas para que regresen a su propia isla, en la que las condiciones son terribles, sin ninguna compensación. 
Como los malaitas eran los que trabajaban, Guadalcanal se halla actualmente en un punto muerto tanto en sus zona rurales como en sus zonas urbanas. 
La presencia de la Sra. Kinnock y la mía propia mejoró algo la situación. 
Conseguimos entablar un diálogo. 
Conseguimos que se retirase la demanda para que dimitiese el Primer Ministro en un plazo de 48 horas. 
Les aconsejamos que volvieran a convocar al Parlamento y que sostuvieran un debate sobre la situación, y eso es lo que ha sucedido. 
Sorprendentemente el dirigente de la oposición es ahora el Primer Ministro. 
Todo esto sucedió porque les indicamos que la Unión Europea podría retirar su ayuda si el golpe de Estado se llevaba a cabo con las armas en la mano. 
Nuestra ayuda representa el 25% de su PIB. 
Lo malo es que el país está en bancarrota y que el nuevo Primer Ministro tropezará con las mismas dificultades que el antiguo. 
Tiene que conseguir que la estructura parlamentaria sea más activa, tiene que esforzarse por conseguir una tregua y a continuación tiene que entablar conversaciones sobre indemnización con ayuda exterior. 
La ayuda exterior será necesaria también para restablecer la ley y el orden. 
Para acabar me gustaría dar gracias al personal de la oficina de la delegación, que tanto nos ayudó. 
Señora Presidenta, Señorías, es cierto que el Pacífico evoca siempre imágenes paradisíacas: playas, cocoteros, sol. 
Hoy la realidad es mucho más triste. 
Los dos golpes de Estado ocurridos estos últimos tiempos en Fidji revelan, de hecho, la existencia de Estados inestables y divididos por la pobreza. 
Lo increíble en este asunto es, además de la pasividad de nuestras instituciones, que se dé siempre el pretexto de la existencia de tensiones interétnicas para explicar dichos conflictos. 
Ahora bien, es fácil darse cuenta de que estas no son las verdaderas causas. 
En las islas Salomón, la inmensa mayoría de la población es melanesa y cristiana. 
En las Fidji, cerca de la mitad de la población es de origen indio, pero dicho origen se remonta al siglo pasado. 
Y a pesar de estas diferencias, en las Fidji todos se sienten en su casa. 
Creo que existen otras causas, además de estos conflictos étnicos. 
Se niega, por ejemplo, el papel que desempeñan aquellos que se aprovechan de dichos conflictos: multinacionales y políticos locales. 
En cuanto a las primeras, los períodos de inestabilidad significan menos exigencias en materia social, fiscal, medioambiental, porque el Estado se debilita y los conflictos favorecen la industria del armamento, ya que hay que armar a los Grupos políticos. 
Para los políticos, la práctica consistente en enfrentar a unos contra otros, como lo hace, por ejemplo, la derecha en nuestro país, permite que se cree un espacio político o que se mantenga el poder constituido. 
Esta práctica sólo es posible porque la población es pobre y porque sufre una falta de conocimiento de los demás. 
En este caso, los dos conflictos han permitido a algunos salir adelante o hacerse con un poder que no podían conseguir por las urnas. 
En las Fidji, el golpe de Estado ha sido fomentado por un hombre de negocios en quiebra que ha especulado con sus remotos orígenes autóctonos para legitimar su acción. 
En cuanto al nuevo Primer Ministro, también procede de la esfera de los negocios. 
En las Salomón un simulacro de votación del Parlamento ha llevado al poder a un nuevo Primer Ministro, elegido con el apoyo de los fusiles. 
Estos dos ejemplos justifican muy bien nuestra visión del conflicto. 
La resolución común resulta, sin embargo, demasiado moralizadora y pide, en realidad, volver a la situación anterior. 
Como ocurre a menudo, no habla de las verdaderas causas de estos conflictos: la pobreza y el papel subyacente e interesado de actores económicos y políticos. 
Desde este punto de vista, si queremos ser realmente eficaces, es necesario prevenir nuevos conflictos, y para ello hay que ayudar realmente al desarrollo de la educación, de la economía local y de la democracia local. 
Es así como se podrán quizá cambiar las cosas. 
Señora Presidenta, centraré mis comentarios en la cuestión de Fiji. 
Hace varios días vinieron a este Parlamento algunos indios de Fiji que representaban a esa comunidad étnica y a la diáspora india y estaban inquietos por los actuales conflictos. 
Nos expresaron su profunda preocupación por la situación en Fiji, por su carácter simbólico y por la forma en que podía afectar a las comunidades indias en otras partes del mundo. 
Lo que les preocupaba realmente no era precisamente la comunidad étnica india, sino Fiji. 
Fiji promulgó una constitución multirracial en 1997. 
La finalidad de la Constitución era resolver los problemas étnicos de las islas, incluida la cuestión de las tierras, y esa Constitución fue aprobada unánimemente por un Parlamento en el que predominaban los nacionales de étnica fiji después de lo cual obtuvo la aprobación del Gran Consejo de Jefes. 
Era un modelo de Constitución para una sociedad multirracial y para una isla próspera. 
Es evidente que la ilegalidad y la violencia han perjudicado gravemente a la Constitución, pero es preciso que encontremos sobre todo las causas del conflicto. 
Este Parlamento tiene que conseguir que en los países a los que prestamos ayuda podamos vigilar la situación de la ley y del orden y la de los intereses de las minorías étnicas que se hallan en peligro. 
Las inquietudes expresadas están muy justificadas. 
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de suspender la ayuda si estimamos que está sucediendo en Fiji algo que no tendría que suceder. 
Glenys Kinnock y yo, junto con otros colegas que se han reunido también con la comunidad étnica india, queremos ayudarles a encontrar una solución a este conflicto. 
. (DE) Señora Presidenta, señoras y señores, la Comisión observa con creciente preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Fidji desde el 18 de mayo. 
Realmente, desanima ver cómo se ven amenazados todos los logros alcanzados en una década. 
Teníamos una constitución que no estaba basada en el racismo. Ahora ha sido derogada. 
Teníamos un gobierno elegido democráticamente. Ha sido derribado y sustituido por un gobierno de civiles nombrado por militares. 
Fidji ha sufrido ya un enorme perjuicio económico. Fidji corre el riesgo de perder la confianza de los inversores. 
Desde un punto de vista político, Fidji, que quería prestar llena de orgullo su nombre al nuevo acuerdo de colaboración, para un período de veinte años, celebrado entre los Estados ACP y la UE, corre el peligro de sufrir un considerable empeoramiento de sus relaciones con la comunidad internacional de Estados. 
Incluso corre el peligro de ser excluida de la Commonwealth. 
La Comisión está preparando en la actualidad una propuesta dirigida al Consejo sobre la aplicación del artículo 366a del Convenio de Lomé, porque, a su juicio, en Fidji ya no se garantizan los principios rectores de dicho Convenio (democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos). 
Quiero recordar que en la citada disposición se prevé en primer lugar la celebración de consultas entre las partes. 
La adopción de medidas ulteriores o de sanciones se examinará en una segunda fase, sobre la base de los resultados de las consultas y de su valoración. 
Por ello, es ahora demasiado pronto para considerar la adopción de nuevas medidas o sanciones. 
Toda respuesta deberá estar bien pensada y orientada. 
Debemos evitar los efectos producidos por la prohibición de comerciar con Fidji exigida por los sindicatos australianos y neozelandeses, a saber, el despido de más de 4.000 trabajadores de la industria textil y turística. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
TÍBET 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0608/2000, del Sr. Pannella, entre otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la necesidad de detener la colonización china y de aprobar un nuevo estatuto para el Tíbet; 
B5-0610/2000, de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre del Grupo ELDR, sobre la urgente necesidad de negociaciones chino-tibetanas con vistas a la aprobación de un nuevo estatuto para el Tíbet; 
B5-0617/2000, de la Sra. Muscardini y el Sr. Collins, en nombre del Grupo UEN, sobre el Tíbet; 
B5-0621/2000, de los Sres. Thomas Mann y Bowis, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el proyecto de reducción de la pobreza en China occidental y el futuro del Tíbet; 
B5-0641/2000, del Sr. Messner y la Sra. Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la urgente necesidad de negociaciones chino-tibetanas con vistas a la aprobación de un nuevo estatuto para el Tíbet; 
B5-0645/2000, de los Sres. Sakellariou y Veltroni, en nombre del Grupo PSE, sobre el Tíbet. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, pienso que nos disponemos a votar un texto importante sobre el Tíbet y que hoy tenemos la posibilidad de dar un salto cualitativo en esta batalla fundamental. 
Es una batalla de derecho, y de Derecho internacional. 
El Tíbet está ocupado, el Tíbet fue invadido por el Ejército chino en 1949 y, desde entonces, está ocupado y colonizado por los chinos. 
Pienso que debemos votar todos a favor, naturalmente, de esta resolución, pero creo también que debemos votar a favor de la enmienda presentada por el Sr. Thomas Mann, por el Grupo liberal y por el Grupo de los Verdes, enmienda que pide a nuestros gobiernos que consideren la posibilidad de reconocer el Gobierno tibetano en el exilio si, dentro de un plazo de tres años, las autoridades chinas y el Gobierno tibetano en el exilio no concluyen, por fin, un acuerdo sobre una autonomía sustancial del Tíbet. 
Ya no podemos dejar únicamente a la buena, y, en este caso, a la muy mala voluntad de las autoridades de Pekín la plena discrecionalidad de no hacer frente a este problema. 
Debemos obligarles, debemos reafirmar, mediante la acción política de nuestro Parlamento, nuestra voluntad de que, finalmente, se resuelva esta cuestión que se mantiene desde hace 50 años. 
Desearía lanzar un llamamiento particular a los amigos de la izquierda, a los amigos socialistas, a los amigos comunistas: ¡no sigan midiendo con distinto rasero! 
Todos recordamos las grandes batallas por la descolonización de África, la liberación de Argelia, de Viet Nam, con los resultados que vemos hoy: este último país sigue dominado por un sistema dictatorial. 
En el Tíbet existe hoy una lucha no violenta por la democracia. 
No hay ninguna razón para no hacer en un país lo que en aquellos años muchos de nosotros hicimos en otros. 
Hoy es preciso que la cuestión del Tíbet se convierta en una cuestión de derecho, de afirmación de la no violencia por la comunidad internacional. 
China es un gran país que tiene derecho a la democracia. 
Esto es evidente, pero esta no es una razón para seguir sacrificando el derecho de los tibetanos de vivir en el marco de su propia cultura, con plena autonomía en todos los ámbitos que deben dirigir los pueblos. 
Por lo tanto, pido muy sinceramente a los amigos socialistas y a los amigos comunistas que voten a favor de esta resolución y de esta enmienda, que procuren que nuestro Parlamento esté al menos una vez a la vanguardia de esta batalla de la libertad, de la democracia y de la no violencia. 
No obstante, no sé si es un día tan afortunado para él, ya que la contribución más importante de la Unión Europea al mundo consiste, al fin y al cabo, en tomar partido por el respeto de los derechos humanos y de la democracia, y éstos todavía se pisotean en el Tíbet. 
En ese contexto, quiero plantear las siguientes cuestiones. 
En primer lugar, cómo es posible que todavía no exista un diálogo real a nivel oficial entre el Gobierno chino y el Gobierno tibetano en el exilio. 
Toda una serie de llamados contactos indirectos no han conducido a nada. 
El principio de la no violencia debe ser respaldado desde el Parlamento Europeo de forma más estricta, y para ello sirve esta resolución. 
En segundo lugar, cómo es posible que una institución con tanto prestigio como el Banco Mundial esté a punto de financiar un programa que incluye, así, sin más una mera colonización del Tíbet. 
Esto debe evitarse y para ello sirve esta resolución. 
En tercer lugar, cómo es posible que también la Unión Europea permita que prevalezcan sus intereses comerciales en sus relaciones con China. 
No es admisible que solamente prestemos atención al pueblo tibetano cuando nos parece oportuno. 
En resumidas cuentas, señora Presidenta, ocupémonos de que se logre un diálogo real conforme a los cinco puntos del plan de paz del Dalai Lama; entonces, será un happy day para todo el pueblo tibetano. 
Señor Presidente, señor Comisario Verheugen, señoras y señores, el Banco Mundial adoptará mañana una decisión de graves consecuencias para el Tíbet. 
Se pretende aliviar la pobreza en el oeste de China con ayuda internacional, y quién no estaría dispuesto a ayudar a los que poco pueden hacer por sí mismos. 
Pero en el marco de este proyecto deben trasladarse forzosamente 58.000 personas al Tibet, es decir, en una cantidad que puede propiciar que los tibetanos se conviertan poco a poco en una minoría en su propio país, ¡y ello tras una aniquilación durante décadas de su cultura, sus monasterios, tras la persecución y riesgo de sus vidas! 
Los miembros de nuestro intergroup Tibet y muchos otros diputados al Parlamento Europeo se dirigieron hace catorce días al presidente del Banco Mundial en Washington para advertirle de que no incumpla sus propios principios de protección a los pueblos en peligro. 
Hemos dirigido escritos a los Parlamentos nacionales, a los Ministerios de Economía y Finanzas europeos, estadounidense y de otros continentes, y naturalmente también al Comisario Patten. 
Hemos rogado encarecidamente a los miembros del Consejo de Dirección del Banco Mundial a, en primer lugar, estudiar en profundidad el informe de los expertos. Estos ponen de manifiesto serias dudas acerca de que la reubicación de estas personas como consecuencia de un plan hidrográfico sea adecuada desde un punto de vista medioambiental o socialmente soportable. 
Si se emplean fondos públicos, deben hacerse igualmente públicas las razones de su empleo. 
Fortalecida por su futura adhesión a la OMC, China cobra una conciencia cada vez mayor de su condición de futura potencia mundial, como pude comprobar recientemente yo mismo en Pekín. 
Ello supone a la vez la obligación de actuar de forma más responsable que hasta ahora y de, por ejemplo, llevar a la práctica el concepto one China- many systems. 
Debe garantizarse definitivamente la autonomía concedida al Tïbet. Ello comprende la libertad religiosa, la libertad de opinión y las peculiaridades culturales y sociales. 
Las conversaciones bilaterales deben mantenerse con responsables autorizados. Para ello el Dalai Lama se halla siempre a disposición. 
El Dalai, premio Nobel de la paz y personalidad política de talla mundial, celebra hoy- mi colega ya lo ha señalado- su 65º cumpleaños y es desde hace justamente cincuenta años el líder de los tibetanos. 
Su plan de paz de cinco puntos sigue en vigor, un plan que pone de manifiesto su profunda fe en los medios pacíficos. 
Ya va siendo hora de que se establezca un diálogo constructivo sobre esta base. 
En nombre del Grupo del PPE y del intergroup Tíbet invito a todos los miembros del Parlamento Europeo para que apoyen nuestra resolución. 
Sólo una protesta a escala mundial previa a la decisión del Banco Mundial, es decir, mañana, podrá impedir una evolución indeseada de los acontecimientos. 
¡Tashi delek! 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, estamos a punto de votar por decimotercera vez una resolución sobre el Tíbet, y si analizamos los resultados de las anteriores, debemos decir que son sumamente limitados. 
Me dirijo por ello al Comisario. Quisiera que la Unión Europea y sus tres poderosas instituciones se dirigieran con una sola voz a la opinión pública mundial, a las autoridades chinas y al Banco Mundial, en particular. 
Sus Señorías ya lo han expuesto. Debemos poner fin a esa colonización interna, a la brutal exterminación de la cultura del pueblo tibetano. 
Eso sólo puede lograrse si el Banco Mundial deja de financiar precisamente lo contrario, es decir, el asentamiento de chinos en el Tíbet con vistas a la destrucción de la cultura originaria. 
No podemos dedicar el dinero del contribuyente a eso. 
Espero que usted también colaborará para que logremos desempeñar un papel crucial, tal como sus Señorías también han pedido en la enmienda; un papel central que establezca que si en tres años no se produce un cambio, llegaremos finalmente a reconocer de forma provisional el anterior Gobierno del Tíbet en vez de seguir pataleando. 
Señora Presidenta, el Grupo Socialista apoya con todas sus fuerzas la moción contra esta resolución, cuya urgencia queda demostrada de manera determinante por el hecho de que el Banco Mundial está a punto de tomar la decisión a la que ya se ha hecho referencia, es decir, financiar el programa contra la pobreza en China occidental puede conducir a legitimar por parte del Gobierno chino un traslado masivo de personas de etnia china a Tíbet, con el riesgo, mejor dicho, con el propósito explícito de reducir a los tibetanos a una minoría, cuya desaparición, desde el punto de vista de la tradición cultural, lingüística y religiosa, luego será casi algo natural. 
Consideramos sumamente importante que el Parlamento se pronuncie contra esta decisión del Banco Mundial; recalcamos que los Gobiernos deben hacer todo lo posible, a través de todos los medios- también los económicos de que disponemos ya que China quiere ingresar en la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera- para que China respete la autonomía del Tíbet y para que se reabran cuanto antes las negociaciones entre el Gobierno chino y el Dalai Lama, encaminadas a establecer un nuevo estatuto para el Tíbet, como figura en el primer punto de nuestras conclusiones en esta resolución. 
Estas negociaciones deberían basarse- como se ha recordado- en los cinco puntos del programa del Dalai Lama que, en todo caso, respaldamos y que felicitamos por su cumpleaños. 
Señora Presidenta, estos últimos años hemos estado celebrando el cincuentenario del final de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de las Naciones Unidas, de la creación de la Organización Mundial de la Salud, del retorno de los países bálticos a la independencia y su salida del Imperio Soviético, pero, desgraciadamente, tenemos que conmemorar el cincuentenario de la ocupación ilegal del Tíbet por China: cincuenta años de supresión y opresión del pueblo tibetano por el régimen chino. 
No debemos permitir nunca que eso se convierta en un hecho consumado y eso explica la presentación de la enmienda de la resolución encaminada a ejercer presión sobre China, resolución que apoyo firmemente. 
Eso explica también la resolución que pide al Banco Mundial que retire su apoyo de esa operación que denominamos proyecto nuestro y que representa el desplazamiento de unos 60.000 chinos y su asentamiento en una zona poblada actualmente por 4.000 tibetanos que viven gracias a su ganado, así como la explotación de los recursos naturales del Tíbet. 
Esas dos acciones son inmorales, esas dos acciones están en contra del derecho internacional, esas dos acciones exigen que este Parlamento y esta Unión defiendan al Tíbet y a su pueblo. 
Señor Presidente, para comenzar, debo decir que hoy hablo en nombre de la izquierda verde nórdica. 
Opinamos que los tibetanos deben tener la autonomía por la que luchan. 
También nos preocupa el desinterés de China por participar en un diálogo. 
Quisiera dirigirme al señor Comisario para decirle que espero que la Comisión tenga muy buenos contactos con los representantes del Banco Mundial. Mañana se adoptarán decisiones. 
Por tanto, tenemos muy poco tiempo para influir sobre el Banco Mundial, que es a quien se dirige en primer lugar esta resolución. 
Suele ser muy difícil influir en las decisiones del Banco Mundial. 
Por eso me gustaría que se explicara si es posible que este Parlamento pueda hacerlo o si, durante la noche, debemos intentar hablar con los representantes de nuestros gobiernos. 
El Consejo no está presente aquí de manera muy desbordante. 
Señora Presidenta, he podido comprobar personalmente la situación en el Tíbet, una situación mucho más grave, humillante y penosa que la que se puede expresar en este Pleno, así como en cualquier otro foro. 
En estos últimos cuarenta años, los chinos han negado con la fuerza la libertad a los tibetanos, han anulado la identidad de este pueblo y, lo que es peor, han pisoteado los derechos humanos y ante todo la dignidad de las personas. 
Por esto, es necesario que un Parlamento tan sensible a los derechos humanos y a la lucha contra la xenofobia y el racismo pretenda de China la negociación de un nuevo estatuto precisamente para el pleno reconocimiento de los derechos de los tibetanos que garantice realmente la plena autonomía a este pueblo. 
Sin embargo, quiero ser clara hasta el fondo, también con el riesgo de parecer a lo mejor polémica. 
Hay que cuidarse de las hipocresías. En efecto, es inútil suscribir, como hoy estamos haciendo, una resolución común llena de buenos principios, bellas palabras y también llena de indignación y luego dejar que las máximas autoridades chinas, tal vez por motivos económicos y comerciales, sean recibidas con los más altos honores por nuestros ministros o por los alcaldes de las distintas capitales europeas, como ocurrirá, por ejemplo, mañana en Roma, donde el Sr. Rutelli que, además de alcalde, es eurodiputado, recibirá al Primer Ministro chino o, en cualquier caso, a una delegación. 
Creo que si continuamos sacrificando los principios y los derechos en aras de la economía, será muy difícil, más allá de las declaraciones de principio que se pueden hacer en los plenos parlamentarios, llegar a una auténtica solución para el pueblo tibetano. 
Señora Presidenta, la Comisión comparte con el Parlamento su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en el Tïbet. 
Nuestra preocupación se refiere en particular al respeto por las autoridades chinas de la identidad cultural, lingüística y religiosa de la región autónoma del Tíbet. 
Hemos abordado este asunto repetidas veces en el marco de las conversaciones bilaterales con China sobre el asunto "derechos humanos". 
En particular, la Unión Europea ha instado a China a retomar el diálogo con el Dalai Lama lo más rápidamente posible. 
A nuestro juicio, el sostenimiento de un diálogo directo entre el Dalai Lama y las autoridades chinas es el único modo realista de alcanzar una solución duradera y pacífica a la cuestión del Tíbet. 
En lo relativo a la cooperación, la Unión Europea sostiene que el apoyo a los proyectos de ayuda al Tíbet ha de prestarse en interés de la población tibetana, siempre que el grupo étnico tibetano se beneficie directamente de estos proyectos y goce de prioridad en la gestión de los mismos. 
Así se hizo en el pasado con respecto a la garantía prestada a este respecto por las autoridades chinas. 
En lo que respecta al proyecto del Banco Mundial, puedo comunicarles que la Comisión no participa en el mismo. 
Por ello, no creo que podamos ejercer una influencia importante en el último minuto. 
Si puede ejercerse algún tipo de influencia, será a través de los Estados miembros. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0611/2000 de la Sra. Ludford, en nombre del Grupo ELDR, sobre el secuestro de niños en el norte de Uganda; 
B5-0622/2000 del Sr. Mauro, entre otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el secuestro de niños por la ALR; 
B5-0630/2000 de los Sres. Sylla y Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Uganda; 
B5-0637/2000 de las Sras. Maes y Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el secuestro de niños en el norte de Uganda; 
B5-0646/2000 del Sr. Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre el secuestro de niños en Uganda; 
Situación en las Molucas 
B5-0609/2000 del Sr. Belder, en nombre del Grupo ELDR, sobre las Molucas; 
B5-0612/2000 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR, sobre las Molucas; 
B5-0623/2000 de la Sra. Maij-Weggen, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre las Molucas; 
B5-0643/2000 de las Sras. McKenna y Langendijk, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre las Molucas; 
B5-0647/2000 del Sr. Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre las Molucas; 
Pena de muerte en los Estados Unidos 
B5-0613/2000 de la Sra. Malmström, los Sres. Haarder y Watson, en nombre del Grupo ELDR, sobre la pena de muerte en los Estados Unidos y el caso del ciudadano italoamericano Derek Rocco Barnabei; 
B5-0619/2000 del Sr. Dupuis, entre otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la próxima ejecución de Derek Rocco Barnabei en Virginia, USA; 
B5-0624/2000 del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, entre otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la pena de muerte en los Estados Unidos; 
B5-0631/2000 del Sr. Cossutta, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la pena de muerte en USA y el caso del Sr. Derek Rocco Barnabei; 
B5-0638/2000 de la Sra. Maes, entre otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la pena de muerte; 
B5-0648/2000 del Sr. Veltroni y la Sra. Díez González, en nombre del Grupo PSE, sobre la pena de muerte en los Estados Unidos y, en particular, el caso de Rocco Barnabei; 
Hooligans 
B5-0625/2000 del Sr. Van Hecke, entre otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el "hooliganismo" durante el Euro 2000; 
B5-0632/2000 de los Sres. Papayannakis, Sylla y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el "hooliganismo" durante el Euro 2000; 
B5-0649/2000 de los Sres. Desama y van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre el "hooliganismo" durante el Euro 200; 
Iraq 
B5-0614/2000 del Sr. Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Iraq; 
B5-0618/2000 de la Sra. Muscardini y el Sr. Andrews, en nombre del Grupo UEN, sobre el Iraq; 
B5-626/2000 del Sr. Khanbhai, entre otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el Iraq; 
B5-633/2000 de la Sra. Morgantini, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Iraq; 
B5-0639/2000 de la Sra. McKenna, entre otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el embargo de las Naciones Unidas en el Iraq; 
B5-0650/2000 del Sr. Sakellariou, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en el Iraq. 
Señora Presidenta, señor Comisario, se pueden decir muchas sobre este asunto. 
En primer lugar, espero que el Parlamento y la Comisión asuman un papel activo cuando se trate este tema en el Consejo de Seguridad a finales de mes, en relación con el plan de acción contra la participación de menores en los conflictos armados. 
En segundo lugar, hoy podemos comprobar con satisfacción que se intenta alcanzar una solución común para otro conflicto en que hay niños-soldados. 
Es la denominada resolución de los diamantes, adoptada en el Consejo de Seguridad. 
En tercer lugar, vemos que se ha avanzado algo en el tema de los niños-soldados. 
Contamos con el Protocolo Adicional Voluntario sobre los niños-soldados y las actividades en África. 
Quiero solicitar a la Asamblea que respalde esta resolución. 
También deseo que la UE trate este asunto en el Consejo de Seguridad a finales de mes, en relación con el seguimiento del debate general sobre la participación de menores en conflictos armados. 
Señora Presidenta, la situación en la región del norte de Uganda y del sur de Sudán refleja en cierto modo el drama de los niños soldados. 
Esta intervención, al igual que la resolución que se ha presentado, tiene como objetivo instar al Parlamento y a las Instituciones europeas a que adopten iniciativas más estables que trasciendan la urgencia del momento. 
En esta región, el conflicto armado es una constante que se repite en estos últimos treinta años; la sociedad civil ha sido totalmente aniquilada y, a lo largo de más de doce años, distintos grupos rebeldes han llevado a cabo masacres entre las poblaciones del norte de Uganda. 
Sus víctimas preferidas han sido los niños y los jóvenes por ser más vulnerables e influenciables. 
Hasta la fecha, casi el 60% de los soldados del Lord's Resistance Army son niños de menos de dieciséis años. 
La estrategia es la de manipularlos y obligarlos brutalmente, al objeto de que a su vez puedan matar y torturar a otros. 
Las jóvenes son entregadas a los rebeldes como esposas, sin embargo, lo que hay que destacar es que la actitud del LRA no ha cambiado en absoluto, ni siquiera después de los acuerdos de Nairobi entre Uganda y Sudán del pasado mes de diciembre. 
Hace unos días, tuve ocasión de hablar con una de las chicas que pudo escapar de los campos de refugiados del sur de Sudán y que confirmó que el LRA no tiene ninguna intención de cambiar su postura. 
Esto lo demuestra también el hecho de que hoy en Uganda se han celebrado los funerales por John Baptista Ochaia, representante del presidente del distrito de Kitgum, fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en una emboscada del LRA. 
Por lo tanto, es inaceptable que haya una actitud de complicidad de las autoridades europeas y de muchas entidades comerciales europeas en esta situación, sin querer de un modo u otro romper el círculo que está robando el destino de una generación. 
Señora Presidenta, Señorías, las guerras siempre son crueles, y las guerras civiles, aún más horribles. 
Sin embargo, se ha traspasado un límite suplementario en la barbarie y la vileza al utilizar niños para luchar, para matar o para morir. 
Así, las LRA, la resistencia armada, no duda en secuestrar a niños de siete años, tratarlos con extrema crueldad para instruirlos para pelear y aterrorizar a los campesinos. 
Tampoco duda en explotar sexualmente a mujeres y adolescentes. 
Estos niños, cuando sobreviven, quedan marcados para toda la vida. 
Hace falta tiempo, paciencia, amor, para devolverles la esperanza. 
Por eso es necesario aumentar la ayuda y el apoyo al UNICEF, que ha creado un programa de acción para permitir que los niños vuelvan a vivir una vida normal. 
El Sudán debe dejar de apoyar a la LRA. 
Se trata, en este caso, de una complicidad que también lo convierte en culpable. 
Y el Parlamento debe intervenir ante el Gobierno ugandés para que encuentre una solución pacífica a este conflicto del norte de Uganda, que en quince años ha provocado 100.000 muertos. 
Toda la población y todos los niños lo están esperando. 
Señora Presidenta, me resulta muy satisfactorio que se haya redactado esta resolución. 
Espero que la Comisión y los países miembros se interesen realmente en este asunto. 
Hace algunas semanas se mostró en la televisión sueca un documental sobre el sur de Sudán. En él se decía que los inversores internacionales y las empresas petroleras, incluida una empresa de Suecia, mi país, son protegidos por tropas que utilizan niños-soldados. 
Esas denuncias han sido corroboradas por Amnistía Internacional, que ha demostrado que ciertos ingresos derivados del petróleo se destinan a financiar la guerra civil en esa región. 
Allí hay niños-soldados ugandeses, que son obligados a participar en los combates. 
Tenemos que presionar a las empresas petroleras internacionales y a los inversores. 
Como señala el punto 8 de la resolución, hay que instar enérgicamente a esas empresas para que pongan fin a sus actividades en Sudán hasta que se encuentre una solución pacífica al conflicto. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera manifestar mi reconocimiento al colega Van Hecke y sus esposa, Els De Temmerman, por su dedicación para que todo lo relacionado con el tema de los niños soldados de Uganda del Norte consiga gran publicidad en Europa. 
Está claro que, a pesar del acuerdo de Nairobi de 1999, no se ha conseguido que éste sea aplicado de forma suficiente. 
Ante esto, se cuestiona la influencia de la Unión Europea y nuestra disposición conjunta en tanto Estados miembros para actuar en una gestión común. 
Concretamente, quisiera preguntar al Comisario Verheugen si respalda el punto que figura muy claramente en esta resolución: la paralización y abandono inmediato de las inversiones en petróleo y oleoductos en Sudán. 
El hecho de que presionemos para lograr la pacificación e intentemos que exista un control en el norte de esa región, puede permitir que se den pasos concretos a fin de establecer una política exterior en la que se den la mano tanto la parte dedicada a la ayuda como la relativa a los aspectos exteriores y comerciales. 
Semejante acción es urgente. 
En este momento vemos que estas cifras y ejemplos tan sólo aumentan y, al mismo tiempo, vemos que ejercemos poco poder cuando realmente tenemos más poder en esa zona que el ejercido hasta ahora. 
Paso a continuación al punto más amplio de las Naciones Unidas. 
El protocolo fue aceptado por la Asamblea General en mayo. 
En julio, se va a celebrar un debate en el Consejo de Seguridad. 
Por supuesto, abogar de forma común, en tanto Estados miembros, por que sólo se pueda ser soldado una vez cumplidos los 18 años y no antes, por una firma rápida y una acción coordinada efectiva de los distinto países a favor de la educación y reinserción de los niños soldados constituiría un bonito ejemplo de una Europa que no solamente se manifiesta hacia dentro, sino también hacia fuera. 
Financieramente, hacemos mucho al respecto en varios países. Tenemos una buena imagen. 
Sería bonito que actuáramos con una sola cara y una sola voz. Quisiera que el Comisario Verheugen dijera si ve grandes posibilidades de lograr un éxito en julio. 
Señora Presidenta, en enero estaba en Uganda cuando quedaron en libertad algunas de las muchachas secuestradas que el ARL había adscrito al ejército. 
Muchas de esas muchachas ignoraban dónde estaban sus familias pues hacía muchos años que habían perdido el contacto con su hogar. 
Como resultado del abuso sexual y de las violaciones eran ya madres, lo cual les alejaba aún más de las comunidades de las que tan brutalmente habían sido separadas. 
Por muchas resoluciones que redactemos cuidadosamente, mientras en la comunidad no nos enfrentemos resueltamente con las cuestiones relativas a los niños de nuestra propia comunidad, no podremos hablar con voz firme y resuelta para manifestar nuestra inquietud por todo lo ocurrido. 
Muchas de nuestras políticas afectan a los derechos y a los intereses de los niños pero esta semana el Comisario Prodi dijo que estimaba que no era necesario que una dependencia se ocupara específicamente de los derechos de los niños dentro de la Comunidad. 
Esto debilitará nuestra voz si intentamos plantear la cuestión el año próximo en el contexto de la Cumbre Especial de las Naciones Unidas en favor de la Infancia, en la cual la cuestión de los niños soldados será un tema de importancia. 
Situación en las Molucas 
Señora Presidenta, las Molucas requieren hoy de nuevo nuestra atención. 
Tras un periodo relativamente tranquilo, la reciente llegada de algunos miles de guerreros Jihad, que pretenden la islamización de las Islas Molucas, ha provocado una nueva escalada. 
La larga coexistencia pacífica entre musulmanes y cristianos parece haber llegado definitivamente a su fin. 
No quiero dejar de mencionar la actitud valiente del Presidente Wahid. La semana pasada incluso se atrevió a criticar la postura de los parlamentarios. 
En lo que dependa del Presidente indonesio, podemos esperar un futuro pacífico en las Molucas. 
Las fuerzas negativas todavía presentes en el aparato administrativo, tanto ejército y policía como Administración, desestabilizan en gran medida la situación. 
El desmantelamiento de los elementos fundamentalistas de cualquier grupo religioso requieren todavía muchos esfuerzos. 
Quisiera hacer un par de recomendaciones concretas al Gobierno indonesio. 
En primer lugar, debe luchar contra el abastecimiento de guerreros y armas mediante controles fronterizos estrictos. 
Además, merece ser considerada una posible actuación de tropas internacionales de intervención. 
Las fuertes contradicciones dentro del propio ejército y de la policía parecen evitar una solución autónoma indonesia para poner fin a los conflictos. 
Por último, quisiera pedir atención para las víctimas de estos conflictos, los ciudadanos corrientes. 
No sólo debemos ocuparnos de señalar a los culpables de este conflicto, sino, sobre todo, debemos prestar una ayuda adecuada a los ciudadanos obligados a huir. 
Un corredor humanitario es indispensable. 
Respaldamos plenamente el llamamiento hecho a la Comisión y a los Estados miembros a fin de se preste una ayuda generosa. 
La ausencia de intereses políticos y económicos en la región no puede determinar la cuantía de nuestra ayuda. Se trata de mitigar la necesidad real que existe en las Islas Molucas. 
Señora Presidenta, ¿se repite la historia en Indonesia? 
Los enfrentamientos sangrientos entre musulmanes y cristianos amenazan la seguridad de las Molucas. 
Miles de personas han muerto o han huido, y también se ve amenazado el reciente y frágil proceso de democratización iniciado de forma tan ambiciosa por el Presidente Wahid. 
Hace tan sólo unos meses ocurrió lo mismo en Timor Oriental. 
He visto, en tanto diputado del PE, cuán dolorosas pueden ser las consecuencias durante una visita de la delegación de observadores a la zona. 
Debemos ser conscientes de que la violencia en las Molucas supone un peligro para la estabilidad de la región. 
Por ello, resulta muy importante que la comunidad internacional conceda inmediatamente apoyo financiero y económico para ayudar a resolver los problemas de Indonesia. 
La comunidad internacional tiene, además, el deber de vigilar continua y minuciosamente, y colaborar cuanto pueda con el Gobierno para terminar con esta tragedia humana. 
Señora Presidenta, en tanto ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores para Indonesia, sí he vacilado respecto de la presentación de esta resolución, ya que en la segunda mitad de este año, con toda seguridad, celebraremos un gran debate respecto de las relaciones entre la Unión Europea e Indonesia. 
La situación en las Molucas es, sin embargo, tan seria que, en realidad, sí es necesario tratar este tema con urgencia. 
Tras algunos meses de tranquilidad en esa zona, la violencia ha vuelto a estallar, y de nuevo han muerto decenas de personas y otra vez han huido miles de personas. 
El drama del barco repleto de refugiados que hacía el trayecto Doema-Halmahera parece haber costado la vida a incluso quinientas personas. 
Ayer mismo, dos barrios fueron incendiados en Ambon por los guerrilleros de Jihad. 
Ya ha habido más de tres mil muertos y más de cien mil refugiados en la zona. 
Esto es un desastre y muchas familias molucas que residen en los Países Bajos están terriblemente intranquilas o de luto. 
Señor Presidenta, a pesar de este drama, creo que debemos apoyar al Presidente Wahid y a la Vicepresidenta Soekarnopoetri. No ellos, sino las fuerzas opositoras a este Gobierno parecen hacer peligrar la situación en las Molucas. 
Las milicias Jihad parecen estar financiadas y armadas por estos grupos y, a veces, apoyadas también por fuerzas militares regionales que, en realidad, deberían proteger a la población. 
Consideramos que el Gobierno indonesio debería esforzarse más por proteger a los habitantes de las Molucas. Así mismo, opinamos que los observadores internacionales, periodistas y voluntarios deben poder acceder a la zona a fin de ayudar a los ciudadanos malucos. 
Consideramos, además, que la UE debe adoptar una postura clara, como la de los Estados Unidos, y que la UE debe ampliar su ayuda a las víctimas. 
Señora Presidenta, los colegas del Grupo de los Verdes han presentado algunas enmiendas que, tal vez, tengan una buena intención, pero que, en mi opinión, son contraproductivas, ya que, quizá, hagan el juego a las fuerzas opositoras al Gobierno actual y que contribuyan a las provocaciones que se dan en las Molucas. 
Quiero eliminar, por tanto, el artículo 7 a) de la enmienda y pido a los colegas de los restantes grupos que así lo hagan. 
No obstante, lo más importante es una actuación más dinámica por parte de la Unión. 
Eso solicita la resolución y quisiera que la Comisión Europea me diera una respuesta positiva. 
Señora Presidenta, Señorías, cada vez está más claro que la violencia en las Molucas no es una lucha caótica y espontánea entre la población local, entre los musulmanes y los cristianos. Es una lucha brutal por el poder y una clara lucha orquestada entre facciones del ejército, entre el Gobierno y sus opositores, todo ello a costa de la población local. 
Por una parte está Laskar Jihad, un grupo de musulmanes fanáticos respaldado por algunas facciones del ejército. Por otra, las tropas especiales de la policía, que apoyan a los cristianos. 
En otras palabras, el aparato de seguridad que debería garantizar la estabilidad, está dividido entre las dos partes. 
El mensaje que el Parlamento Europeo, en lo que a mí respecta, debería transmitir al Presidente Wahid, y en este sentido espero tranquilizar a la colega Maij-Weggen, es que, por una parte, debemos continuar siendo críticos respecto del avance y ritmo de las reformas, sobre el estado de los derechos humanos y sobre la forma en que el Gobierno protege a los ciudadanos de las Molucas. 
Por otra parte, el mensaje también debería transmitir que le apoyamos en su lucha contra estas facciones del ejército que intentan socavar de alguna forma esas reformas democráticas, en su lucha contra personas como Amien Rais, el Presidente del Congreso del Pueblo, quien se ha referido a los jóvenes seguidores de Laskar Jihad como el corazón de la nación. 
Merece nuestro apoyo en ese sentido, pero también quiero que continuemos siendo críticos respecto de los asuntos que todavía no funcionan en Indonesia. 
Señora Presidenta, desde el Grupo socialista quisiera apoyar lo que ha dicho la Sra. Maij-Weggen. 
En este momento resulta esencial respaldar al Gobierno Wahid. 
Este apoyo implica también sin más, y creo que es una actitud comprensible por parte de la Comisión Europea y del Consejo, buscar muy explícitamente medios que respalden a ese Gobierno en sus esfuerzos por lograr la pacificación e intervenir activamente, y en eso consiste nuestro llamamiento. 
También somos muy críticos respecto de lo que sucede allí. Estamos, así mismo, muy preocupados por la comunidad maluca que vive en los Países Bajos, por sus sentimientos y su inquietud. 
Hacemos un llamamiento para que se apoye a Wahid, ya que en el momento en que se ofrezcan observadores internacionales u otros medios sin que él lo pida, existirá una intervención y se socavará todo el proceso. 
En ese sentido, manifiesto claramente la misma actitud que el PPE y quisiera abogar decididamente en este Pleno por un planteamiento conforme al cual mostremos una gran preocupación, gran disposición a respaldar la dirección de Wahid y, a partir de ahí, establezcamos exigencias, pero todo partiendo de Wahid, ya que ésta es la carta que debemos jugar en este momento. 
Señora Presidenta, considero que tiene mucha razón nuestra colega Maij-Weggen cuando califica la situación de catastrófica. 
De hecho, es una situación complicada, con muchos muertos. 
Y que debe merecernos la siguiente reflexión: ¿por qué comunidades que vivían en relativa coexistencia evolucionan súbitamente hacia ese nivel de tensión y amenazas? 
Considero que detrás de esas acciones hay fuerzas que se mueven y es muy significativa la semejanza entre cierto tipo de actuación que hoy vemos en las Molucas y la que ayer vimos en Timor Oriental. 
De hecho, tras esos movimientos hay fuerzas que quieren sabotear los esfuerzos de democratización del Presidente Wahid que debemos comprender y contrarrestar. 
Desde ese punto de vista, creo que son muy oportunas las referencias hechas en la resolución de transacción presentada y que cuenta con nuestro apoyo total. 
Pena de muerte en los Estados Unidos 
Señora Presidenta, en la resolución sobre la pena de muerte que hemos consensuado con los demás Grupos, pedimos al Gobernador del Estado de Virginia que conmute la pena a un condenado a muerte. 
En la lista de los destinatarios a los que va dirigida nuestra resolución se ha omitido por error el nombre del Gobernador del Estado de Virginia. Le ruego que disponga que al final de nuestra resolución se añada el nombre del Gobernador del Estado de Virginia, a quien va dirigida nuestra petición. 
Sí, Señoría, tiene usted razón. 
En el cuerpo de la resolución se hacía referencia a dicho Estado. 
Por lo tanto, es conveniente, en el plano técnico, transmitirla al Gobernador de Virginia; por lo tanto, se someterá a votación incluyéndose dicha modificación. 
Señora Presidenta, todos podemos suscribir lo que se dice en esta resolución. 
Sabemos que la Comisión Pro Derechos Humanos de la ONU pidió una moratoria en abril del año pasado. 
Este año se repitió esa demanda. 
También pedían a los estados que aún aplican la pena de muerte que disminuyan progresivamente el número de delitos castigados con esa pena. 
Hay cifras inquietantes sobre el número de personas que están esperando ser ejecutadas en EE.UU. Según los datos que poseo, se trataría de 3.670 personas. 
En la resolución se señala la inseguridad jurídica que rodea este caso. 
Sería aconsejable pedir que se revisasen todos los casos de personas condenadas a muerte y que se estudiase, por ejemplo, si han tenido un juicio justo. 
Por eso se necesita una moratoria en todos los casos, incluso en aquellos que no se mencionan en la resolución. 
Comprobamos con satisfacción que el tema de la pena de muerte en EE.UU. ha alcanzado mayor relevancia política. 
Aprecio también el trabajo que realizan las organizaciones pro derechos humanos para promover este asunto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Sra. Thors lo ha dicho: en nuestra Asamblea existe unanimidad para apoyar esta resolución. 
Debemos interrogarnos asimismo sobre la acción de la Unión Europea y sobre su capacidad para continuar, en el plano de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, esta iniciativa en favor de la moratoria internacional. 
Conocemos la dificultad- debida en buena parte al carácter barroco de estas últimas- con que se topan nuestras instituciones, en particular en materia de política exterior, ámbito situado bajo la responsabilidad de un comisario, de un Alto Representante y de quince ministros de Asuntos Exteriores. 
Para no repetir el fracaso del año pasado en las Naciones Unidas, es urgente que coordinemos la acción de la Unión Europea. 
En este sentido, he presentado una enmienda para pedir que esta política en el seno de las Naciones Unidas en favor de la institución de una moratoria universal sea coordinada por el Alto Representante para la política exterior y de seguridad común. 
Pido, pues, a sus Señorías que apoyen estas enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, en este Pleno estamos pidiendo al Gobernador del Estado de Virginia que conmute la pena a un condenado a muerte probablemente inocente, Derek Rocco Barnabei. 
Mientras debatimos nuestra resolución, en un corredor de la muerte del mismo Estado están esterilizando las agujas para la inyección letal con que se matará, dentro de algunas horas, a Michael Clagget, culpable probablemente de numerosos homicidios cometidos hace años. 
No sé cuántas resoluciones hemos aprobado en las últimas dos legislaturas con la vana intención de poner fin a la pena de muerte en los Estados Unidos y en otros lugares. Cierto que muchas otras ejecuciones se sucederán a un ritmo cada vez mayor antes de agosto en Virginia y en otros Estados, en primer lugar en Texas, cuyo Gobernador- casi ciertamente el futuro Presidente de los Estados Unidos- detenta un récord absoluto, el de haber ejecutado a 132 seres humanos en los últimos cinco años. 
No sé si George W. Bush hace alarde de este récord, pero sé- porque me lo escribió él mismo en una carta fechada el 22 de marzo- que está seguro de que cumple con serenidad las funciones de una justicia ecuánime y sin errores. 
En la resolución objeto de examen de este Parlamento hemos tomado nota del nuevo debate en curso en los Estados Unidos: quizás no sobre la abolición de la pena capital, sino sobre una moratoria que implique su gestión más segura pero no menos despiadada. 
Quizás obramos bien, sin embargo, temo que todos nuestros intentos- como, por otra parte, ha escrito recientemente el diario estadounidense Herald Tribune- están destinados a seguir siendo flatus vocis, letra muerta, y entonces, Señorías, ha llegado el momento quizá no de los boicots y de las sanciones que aborrecemos, sino, por ejemplo, de promover el turismo europeo sólo en esa docena de Estados de América que no practican la pena de muerte. 
El riesgo de retorsiones es grave, gravísimo: si renunciamos a Donald Duck y a Disneyworld en Florida, tendremos el boicot americano a la Gioconda en el Louvre. 
Es un riesgo que tenemos que correr, en un último intento de poner fin a una institución tan bárbara, tan infamante para la familia del ser humano. 
Señor Presidente, no hay que olvidar que los Estados Unidos son el país que durante más tiempo ha disfrutado de una declaración de derechos inalterable y regida por el imperio de la ley. 
Por eso es una verdadera ironía que los Estados Unidos sean uno de los pocos países del mundo desarrollado que todavía conserva y practica la pena de muerte. 
Hoy nos encontramos ante un caso concreto, el de Derek Rockwell Barnabei: cada ser humano es un individuo por derecho propio y debe ser tratado como tal. 
Pedimos hoy que se respete su vida, pero Derek Rockwell Barnabei es también el símbolo de una práctica que consideramos inaceptable y que sabemos que sigue en uso en muchos lugares de los Estados Unidos. 
Siento gran afecto por los Estados Unidos y por muchos aspectos de su modo de vida. 
He visitado frecuentemente la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y otras facultades de derecho de los Estados Unidos. 
Es un país que admiro muchísimo, y realmente me entristece ver que Texas y su Gobernador recurren tan frecuentemente a la pena de muerte y además presumen de ello en las campañas presidenciales. 
Señor Presidente, la urgencia de nuestra resolución está motivada por el caso de Derek Rocco Bernabei. 
En este caso específico, existen dudas fundadas, también en la opinión pública americana, de que ha habido un error judicial. 
Es obvio que cuando se trata de pena de muerte, el error judicial es especialmente grave. No hay que olvidar que se han reconocido errores judiciales en casos similares y que, no casualmente, se trataba de personas que no habían podido permitirse contratar a costosos abogados. 
Creo que también las facultades de derecho de los Estados Unidos funcionan bien porque los abogados están muy bien pagados por los que tienen dinero para permitírselos. 
En consecuencia, pedimos la suspensión de esta sentencia, pedimos que la Presidencia del Parlamento- a la vista del documento firmado en estos días por un gran número de diputados- escriba directamente a las Autoridades competentes para llamar de forma especialmente urgente la atención sobre este tema y para que asimismo se ponga fin a la pena de muerte en los Estados Unidos, hacia los cuales nuestra admiración es muy grande en muchos aspectos. Por esto, es mucho más escandaloso verlos mantener este bárbaro ritual. 
Gamberrismo en el deporte 
Señor Presidente, demasiadas tragedias en los estadios y fuera de ellos: fenómenos que son señales de un desequilibrio y de un malestar social individual, de una cultura de la fuerza en que se pierde la razón y prevalece la violencia. 
La resolución del Parlamento reitera sus preocupaciones por la extensión del fenómeno de los hooligans y pide medidas de prevención con las que estoy conforme. 
Sin embargo, precisamente en esta situación, es indispensable que, en su difícil labor, tampoco las fuerzas del orden pierdan la razón. 
Quiero manifestar mi disconformidad con los comportamientos de las fuerzas del orden neerlandeses contra un equipo de periodistas italianos que filmaba los sufrimientos de un grupo de minusválidos llevados en brazos hacia las explanadas porque no había suficientes asientos a su disposición. 
A los periodistas se le dificultó su tarea, fueron pegados, tirados al suelo y detenidos. 
En el reportaje transmitido esta mañana aquí en el Parlamento, hemos podido ver imágenes que disipan las dudas acerca de las verdaderas intenciones de impedir la libertad de prensa; hay diferentes interpretaciones del incidente y por esto pedimos que las autoridades neerlandeses realicen una investigación para establecer las responsabilidades y queremos que incidentes como éste no vuelvan a repetirse nunca más. 
Señor Presidente, el título de esta parte no es el vandalismo en el deporte sino la EURO 2000, y eso me parece bonito. 
Toda Europa ha tenido éxito al organizar una gran fiesta futbolística, en la que las autoridades belgas y neerlandesas han sido las primeras en propiciarla, y un gran número de seguidores europeos han participado. 
Todos teníamos mucho miedo por la violencia, las desgracias y los follones. 
En la práctica, se ha convertido en una fiesta a gran escala y, como muy bien se dice en la resolución, felicitamos a las autoridades neerlandesas y belgas. 
Ahora bien, hay un grupo pequeño de vándalos que existe ya desde hace tiempo y que pretende claramente aguar este tipo de fiestas. Sólo han tenido un éxito muy limitado, pero todavía lo mantienen respecto de algunas cuestiones. 
Eso cuesta mucho dinero, es una desgracia y también apoyamos esta resolución. La iniciativa de los Ministros belga y neerlandés de Asuntos Exteriores a fin de examinar la posibilidad de imponer una prohibición de viajar a este tipo de vándalos cuando haya un acontecimiento con riesgo. 
Llegamos a la tercera cuestión: el incidente italiano. 
Lo que considero importante es, y hablo como un neerlandés a quien, por supuesto, le hubiera gustado ser campeón de Europa y que felicita sinceramente a los franceses, que me hubiera agradado ver, y también lo digo en tanto neerlandés, que cuando suceden cosas, y algunas de sus Señorías sacan la idea a través de las imágenes de que algo ha ido mal, a) nosotros no lo aplicamos a toda la EURO 2000 y b) tampoco hacemos como si la fiesta se hubiera arruinado por ello. 
No obstante, hay que reconocer que ha sucedido algo y que queremos que los hechos se pongan sobre la mesa. 
Por tanto, soy partidario de que las autoridades neerlandesas realicen una buena investigación. 
Afortunadamente, el Primer Ministro Kok la ha prometido, y basándome en los hechos quiero dar mi parecer final. 
Quiero expresar sin más toda mi simpatía y consternación a nuestros colegas italianos. 
Es obvio, pero también quiero esperar ese juicio conforme a los hechos. 
Señor Presidente, empezaré por declarar mi interés personal en esta cuestión, pues he sido árbitro de fútbol de primera clase durante 18 años y estoy afiliado a la Asociación de Fútbol inglesa, y a continuación felicitaré a Francia por haber ganado de forma tan fantástica el Campeonato de Europa 2000 y a Alemania, aunque de mala gana, por haberse hecho con la Copa del Mundo en el año 2006. 
Quisiera también estar seguro de que este Parlamento condenará muy firmemente a todos los gamberros o "hooligans", sea cual fuere su país de origen y sean cuales fueren sus antecedentes o su situación. 
He oído que el Sr. Van Hecke decía que se había repatriado a hinchas ingleses en aviones C130. 
En realidad ha sido una verdadera vergüenza que la policía belga haya exagerado de tal manera su actuación echando de los bares a seguidores corrientes y decentes, amantes del fútbol, tratándolos como si fueran esa escoria del fútbol que son los gamberros de ese deporte. 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿qué mensaje enviaron las autoridades futbolísticas hace unos cuantos meses, antes del Campeonato de Europa 2000? 
A dos seguidores de Leeds les asesinaron en un partido de la Copa UEFA contra Galatasaray que se jugaba en Estambul, y sin embargo no se tomó medida alguna contra Galatasaray; no se les expulsó de la Copa UEFA. 
En Dinamarca, cuando el Galatasaray jugó contra el Arsenal, se detuvo a cierto número de seguidores del Arsenal pero no por "gamberrismo". 
No olvidemos tampoco la inacción del Gobierno británico, que prefirió no imponer sanciones especiales e impedir el viaje para asistir a los partidos del Campeonato de Europa 2000, aún a sabiendas de que había gente que podía crear dificultades. 
Todos esos factores hicieron que mucha gente pensara: " Este Campeonato de Europa 2000 nos lo ponen en bandeja. 
¿Se nos permite que vayamos? 
Pues vamos allá, a ver si podemos celebrarlo con una buena pelea ", en vez de presenciar el excelente festival de fútbol que hubiera podido ser. 
Este Parlamento y otras entidades del exterior deberían dar marcha atrás, pues ahora tenemos tiempo para analizar con ánimo razonable las medidas que cabe adoptar con realismo contra los gamberros o "hooligans" futbolísticos, y compararlas con el derecho de la gente a viajar libremente por nuestro continente. 
Señor Presidente, quiero hacer notar que esta resolución lleva el título "Euro 2000" y no "Hooligans", como figura en el panel. Asimismo quiero decir que, como diputados y políticos, tenemos una gran responsabilidad respecto de los fenómenos deportivos, en particular el futbolístico: la de recordar en todo momento que se trata de un juego. 
Por lo tanto, debemos estar preocupados cuando sobre este juego se cargan tanto intereses económicos como emociones excesivas que la política no debe fomentar en absoluto. 
Creo que a nuestros jóvenes, también a los más forofos, a los que invierten más, sentimentalmente, en estos acontecimientos, debemos recordarles en todo momento que se trata de un juego y cuando el juego es bonito, como lo fue en estos Europeos, creo que es el gran éxito de todos nosotros. 
También entiendo por qué para las autoridades que deben organizar estos acontecimientos, se trata de acontecimientos especialmente complejos. 
Por esto creo que nos debemos felicitar de la organización. 
Sin embargo, en este contexto positivo, recordamos el incidente del estadio de Rotterdam, también porque ocurrió en unas circunstancias muy especiales que atañen a la posibilidad de acceso de las personas minusválidas a estos acontecimientos que debería desarrollarse con serenidad y hospitalidad. 
Asimismo nos ha sorprendido la brutalidad de la policía contra los periodistas que señalaban un problema muy serio en cuanto a la posibilidad de acceso y de actuación de las personas discapacitadas. 
Repito que, en nuestra opinión, no existe un clima creado por las autoridades; sin embargo, se ha tratado de una grave actuación de las fuerzas del orden, por lo que invito a los colegas a que no conviertan esto en un asunto nacional, porque pienso que el contenido de la resolución de compromiso se puede compartir y votar por parte de todos. 
Gracias Señorías. 
Dado que varios de ustedes han reiterado las alusiones al título del punto del orden del día, para que no pierdan ustedes más tiempo en un error, lo perderé yo con una clarificación. 
El punto del orden del día tal como ha sido aprobado por el Pleno es "Hooligans". 
El título de la resolución puede ser el que ustedes están mencionando, efectivamente, pero en el orden del día figura como "Hooligans", dentro del apartado "Derechos humanos". 
Aprovecho para insistir, para las actas, de que en castellano "hooligans" es un anglicismo para gamberros especializados, normalmente británicos. 
Señor Presidente, Señorías, la resolución de compromiso que vamos a votar dentro de poco, se me antoja muy equilibrada. 
En particular, el incidente de Rotterdam no afecta al juicio sobre los derechos humanos y sobre la calidad de la democracia en Holanda que considero uno de los países más libres del mundo, pero sigue siendo un feo incidente tanto por la indecorosa actuación de cara a unas personas discapacitadas como por la violencia contra los periodistas que no hacían más que cumplir su deber. 
Poco importa que estos sean italianos o no. 
La Unión Europea, a través de su máxima expresión democrática que es el Parlamento, estigmatiza un incidente ocurrido en su interior. 
Este me parece el espíritu más adecuado. 
Todo lo que atañe a los aspectos nacionales será objeto, en su caso, de acciones de los respectivos Gobiernos y no nos compete. 
Por otra parte, la Unión Europea, sobre todo con sus resoluciones de urgencia, no evita manifestar posiciones rigurosas respecto a algunos países o algunos incidentes ocurridos en cualquier lugar del planeta, en los que no se respetan los derechos humanos. 
¿Qué credibilidad tendría la misma en su acción si no fuera capaz de reconocer incidentes como éste también en su territorio? 
Señor Presidente, en cuanto al campeonato mismo, seré breve: Francia es un buen campeón europeo y el miedo a que se fuera masivamente de las manos, no se ha confirmado, en cualquier caso, a pesar de que algunos incidentes mencionados por el Sr. Van Hecke sean muy lamentables, especialmente en lo que a los seguidores ingleses respecta. 
Al concluir la final, y esto amenaza con recrudecer el debate, pero desgraciadamente no puede ser de otro modo, ocurrieron, en mi opinión, una serie de asuntos intolerables y con ello me refiero al muy rudo trato dado a los periodistas. 
Los crispados policías o asistentes fueron claramente demasiado lejos, en mi opinión. 
No obstante existe todavía mucha incertidumbre respecto de lo sucedido y del motivo que lo suscitó ¿Qué ocurrió exactamente con los seguidores italianos minusválidos? 
¿Se sabía que acudirían tantos? 
Digo esto como visitante habitual del Kuip y sé que en él hay sitio para los seguidores minusválidos, aunque no para un número ilimitado ¿No querían estos seguidores ser filmados o no debían serlo? 
Ese tipo de preguntas deben investigarse y así lo ha prometido el Gobierno neerlandés. 
Hasta ese momento, hasta que haya un resultado, quisiera evitar todo juicio. 
Mi Grupo votará en contra, por tanto, de toda parte de la resolución en la que ya figure semejante juicio. 
Quiero hacer un llamamiento urgente a los colegas italianos así como a la prensa de ese país, pero principalmente a los colegas italianos, a fin de que no realicen todo tipo de comparaciones con el drama de Heizel. 
Es absolutamente falso. 
Al hacerlo suscitan dudas sobre cuestiones serias que deben ser investigadas. 
Quisiera decir que ha sucedido algo, se está investigando, pero, por favor, no exageremos el problema. 
Señor Presidente, le doy las gracias por haber recordado que el nombre del punto del orden del día que examinamos es el "hooliganismo". 
Hace dos meses planteaba al Parlamento la necesidad de actuar contra los excesos que cometerían los gamberros durante Euro 2000. 
Las medidas adoptadas por las autoridades belgas han permitido atenuar los actos de violencia claramente racistas, xenófobos y homófobos de estos gamberros. 
Es, pues, necesario reflexionar urgentemente sobre los medios que deben aplicarse para neutralizar a los autores de estos actos violentos, a menudo manipulados por movimientos de extrema derecha. 
Los gamberros pueden aún desplazarse con toda impunidad en el seno de los países de la Unión. 
Deben aplicarse sanciones inmediatas en los países en los que son culpables de delitos. 
Debe prohibirse el acceso a los estadios durante los grandes encuentros deportivos a aquellos que están identificados y fichados por haber cometido agresiones. 
A los clubes de seguidores y a los clubes de fútbol se les debe hacer asumir mayores responsabilidades, porque hay que reconocer que, por el momento, atizan el fuego. 
La ministra de Juventud y Deportes de Francia, la Sra. Marie-Georges Buffet, ha llevado a cabo esta acción en el sentido de responsabilizar a dichos clubes, acción que ha dado sus frutos. 
Por lo tanto, creo que el Parlamento puede desempeñar un papel de impulsor frente a los Estados miembros y a la UEFA para que dichas medidas se apliquen de inmediato, ya que la tarjeta roja debe aplicarse en el campo de juego, pero también a los gamberros, dentro y fuera de los estadios. 
Señor Presidente, Señorías, todas las formas de violencia deben, por supuesto, ser condenadas enérgicamente, también la intolerable manifestación del vandalismo en el fútbol durante la EURO 2000. 
Sin embargo, no hay quién me quite la idea de que los incidentes reprobables se han sacado fuera de toda proporción, tanto por una parte de la prensa como por una parte de la clase política. 
De ahí que no se haya podido subrayar suficientemente lo buena que ha sido la organización de la EURO 2000, una organización que dejará un recuerdo inolvidable en muchos millones de personas. 
En tanto representante de uno de los países organizadores, quisiera felicitar a todos los que han participado en la organización y el mantenimiento del orden. 
El éxito de la EURO 2000 ha puesto de manifiesto que los países pequeños son capaces de hacer frente a los grandes compromisos. 
El éxito de la EURO 2000 no puede verse ensombrecido por el comportamiento salvaje de una minoría. 
Todos los Estados miembros deben adoptar, tras consultas, medidas adecuadas. 
La EURO 2000 no sólo ha sido una grandiosa fiesta futbolística, ha sido también una fiesta de hermanamiento y solidaridad entre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal votó el lunes en contra de la inclusión de este punto en el orden del día y, al echar ahora un vistazo a la resolución, creo que teníamos razón. 
Por supuesto, resulta muy agradable repartir felicitaciones en una resolución pero no me parece que ésa sea la tarea del Parlamento. 
La cuestión del vandalismo en el deporte no es urgente, ya que se manifiesta desde hace ya años, aunque, por otra parte, sí es algo que debe ser estudiado por este Parlamento, pero no con urgencia. 
Y ahora el asunto de lo acontecido en Rotterdam. 
Por supuesto, es necesaria una investigación puesto que las acusaciones son muy graves. 
Cuando un equipo de televisión ha estado detenido durante una noche, hay que analizarlo seriamente y debe haber buenas razones para ello. 
El Ministerio Fiscal neerlandés se está ocupando de ello y, por tanto, es sumamente prematuro que el Parlamento emita un juicio al respecto. 
En mi opinión, no estamos en absoluto en disposición de hacerlo. 
Un juicio político, cuando el Ministerio Fiscal está investigando, queda, en lo que a mí respecta, fuera de todo lugar. 
Creo, asímismo, que las enmiendas relacionadas con este asunto deben ser eliminadas. 
Por supuesto, podemos retomar la cuestión cuando resulte que realmente ha sucedido algo que tenga que ver con una violación de los derechos humanos, pero creo que emitir ahora semejante juicio es ir demasiado lejos. 
Señor Presidente, desearía ante todo dirigirme a nuestro colega, el Sr. Heaton-Harris, quien, hace ahora alrededor de un mes, pensó que debía prohibir la manifestación deportiva en Charleroi, alegando que se cometía una terrible equivocación. 
Yo le diría, deportivamente, a quien fue árbitro, que hice bien en abuchearle. 
En segundo lugar, creo que debemos interesarnos por el fondo del expediente: pienso, efectivamente, que si pudiésemos lograr, como la resolución lo indica, una mayor cooperación entre los diferentes Estados miembros cuando tiene lugar una manifestación como esta, existiría un avance. 
Si en el futuro consiguiéramos que los gamberros reincidentes no pudiesen asistir a otros encuentros y si, finalmente, como el Sr. Fodé Sylla lo ha indicado hace un momento, tuviésemos la posibilidad de efectuar un seguimiento sobre esta cuestión, a fin de iniciar una pedagogía diferente respecto al comportamiento en los estadios, prevalecería el deporte por encima de la preocupación política. 
Finalizo, señor Presidente, esperando que mis palabras, como usted lo había pedido, hayan sido de dimensiones humanas. 
Iraq 
Señor Presidente, las Naciones Unidas han quedado castradas por dos miembros del Consejo de Seguridad en la cuestión de las sanciones impuestas al Iraq. 
Kofi Annan es una persona buena y honrada. 
Ahora bien, debería dimitir porque sabe que el mundo se opone firmemente al exagerado rigor de esas sanciones. 
La Unión Europea debería manifestarse en contra de las sanciones, que equivalen a un genocidio virtual. 
La presunta finalidad de las sanciones es desembarazarse de Sadam Hussein. 
Han pasado 10 años, y Sadam Hussein sigue donde estaba. 
En realidad, la verdadera finalidad de las sanciones es controlar el petróleo y brindar un terreno de entrenamiento a los pilotos de los Estados Unidos y del Reino Unido, para que de esa manera contribuyan a la supervivencia de las estructuras militares e industriales en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. 
En mi reciente visita al Iraq vi a niños que morían de infecciones respiratorias, de diarrea, de leucemia, de gastroenteritis y de malnutrición. 
No nos olvidemos de que el Iraq es el segundo país del mundo por orden de importancia de sus reservas de petróleo. 
En los quirófanos se pueden ver tuberías de aguas residuales que gotean, y un equipo totalmente anticuado. 
Estamos presenciando la lenta asfixia de una nación maravillosa y de una población maravillosa. 
Siento gran amistad por el Islam y me parece que esta Unión Europea y este Parlamento Europeo deberían cesar de satanizar a los árabes y de satanizar al Islam. 
Señor Presidente, habíamos presentado originariamente un texto sobre la misma cuestión y con el mismo tenor, pero este texto es mucho más matizado que el de la llamada resolución conjunta. 
Hubiera preferido discutir un texto que fuera algo más matizado. 
Como éste no aparece, hemos retirado nuestra firma. 
Creemos que el texto originario que presentamos, resultaba mucho mejor en tanto base para la discusión. 
Sra. Maes, quizá no nos entendemos bien, pero si ustedes han retirado su firma de la resolución común, o no la han firmado, el texto continúa vivo y será sometido a votación aplicando las reglas establecidas. 
Entonces, ¿también va a ser repartido? 
Noto que muchísimos colegas no han visto ese texto. 
No teníamos conocimiento de que hubiera el menor problema de distribución, pero si usted lo dice, lo comprobaremos y pondremos el texto en distribución. 
Señor Presidente, Iraq estuvo en guerra con Irán desde 1980 hasta 1989. 
Durante ese período los Estados Unidos de América y la Unión Europea prestaron apoyo al Iraq porque se estimaba que Irán constituía la verdadera amenaza para el Oriente Medio. 
El Iraq invadió Kuwait el 2 de agosto de 1990. 
Eso estaba mal hecho y era inaceptable. 
Las Naciones Unidas respondieron aprobando la resolución 661, que imponía sanciones a Iraq. 
La acción de las Naciones Unidas estaba justificada. 
Los Estados Unidos de América y Gran Bretaña impusieron en abril de 1991 una zona en la que no se podía volar. 
En 1994 Iraq reconoció la integridad territorial de Kuwait. 
De 1991 a 1997 los inspectores de las Naciones Unidas- la Comisión Especial de las Naciones Unidas- inspeccionaron sistemática y ampliamente, destruyeron y verificaron la capacidad del Iraq de producir armas de destrucción masiva. 
El representante de las Naciones Unidas comunicó a las Naciones Unidas en 1997 que la labor de la Comisión Especial había abarcado prácticamente todo lo que se podía abarcar en el Iraq. 
En 1998 el Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que el Iraq no tenía ya capacidad nuclear. 
El programa de petróleo a cambio de alimentos que comenzó en 1996 ha resultado excesivamente burocrático e incompetente, y ha dado lugar a prolongadas demoras para la adquisición de abastecimiento alimentario y medicinas esenciales. 
De los 28.000 millones de dólares que representaban los ingresos en concepto de exportación de petróleo durante tres años, solamente 7.000 millones se han utilizado para costear importaciones y 11.000 millones siguen congelados en un banco de Nueva York. 
Si la finalidad de las sanciones era destruir la capacidad militar de Iraq, entonces hay que reconocer que lo han logrado. 
Si las sanciones tenían por finalidad desalojar a Sadam Hussein, hay que reconocer que todavía no han conseguido su objetivo después de diez años. 
Ahora bien, los diez años que llevan durando las sanciones han causado enormes sufrimientos y miseria para los 22 millones de habitantes de Iraq. 
Una elevada mortalidad infantil, una disminución de la esperanza de vida, un incremento de la incidencia de cáncer y de las enfermedades tratables, siguen devastando la estructura social de un país que gozaba antes de un alto nivel de vida. 
El embargo intelectual ha privado a los médicos, a los profesores y a otros profesionales de los adelanto de la ciencia y la tecnología. 
Creo que la Unión Europea tiene que reconsiderar su posición para ayudar a los que son víctimas de enormes privaciones en la actualidad. 
Seis Estados de la Unión Europea- Alemania, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal- están representados diplomáticamente en Iraq. 
Sus diplomáticos comparten la opinión de la Oficina de las Naciones Unidas en Iraq, de la OMS, de la Cruz Roja, y de otras organizaciones no gubernamentales de que la Unión Europea, gracias a su diplomacia, puede tener éxito. 
Nuestros parlamentarios y funcionarios de la Comisión deben ir en misiones de determinación de hechos al Iraq y reunirse con diputados del Parlamento iraquí. 
Ese diálogo ayudará a establecer la realidad actual y a determinar la forma de salir del presente atolladero, a fin de que se puedan levantar las sanciones en el caso de los proveedores de material no militar. 
Espero que este Parlamento vote a favor de esta resolución. 
Señor Presidente, si alguien necesita alguna prueba de que hay algo muy equivocado en la continuidad de las sanciones contra el Iraq, basta con que se fije en el número de dimisiones de personas de alto nivel en las Naciones Unidas. 
También puede escuchar lo que ha dicho Mary Robinson, que ha condenado con firmeza lo que está sucediendo con las sanciones. 
Lo que está sucediendo es que se está hostigando a víctimas inocentes, a mujeres y niños que carecen de todo poder, y se las está castigando sin ningún tipo de control. 
Se trata de una guerra silenciosa y continua contra el pueblo de Iraq, que suscita poco interés, y me alegra sobremanera que algunos diputados de este Parlamento hayan visitado Iraq para ver lo que sucede. 
Eso es importantísimo. 
Los bombardeos ilegales efectuados por los Estados Unidos y Gran Bretaña, que no estaban autorizados por ninguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se han hecho sin mandato alguno y son verdaderamente escandalosos: no se puede permitir que continúen. 
Que podamos permitir que semejantes bombardeos ilegales prosigan es algo totalmente increíble. 
La infraestructura de Iraq ha quedado completamente dislocada. 
Una vez más, las víctimas son personas inocentes que no tienen poder alguno. 
Quisiera felicitar desde aquí a algunas organizaciones de nuestras comunidades que están haciendo o procurando hacer algo para mentalizar a la opinión pública y creo que procede mencionar a los que violan las sanciones, que son como voces en el desierto. Me parece que están desempeñando un importante papel y me gustaría decirles que tienen todo mi apoyo. 
No hemos de olvidar tampoco que en cualquier tipo de medidas que se adopten en el futuro en contra de Iraq debemos hacer valer nuestra posición en favor de la mejora de los derechos humanos y la democracia, y debemos tener en cuenta también la protección de los kurdos del norte y de los chiítas del sur a fin de que puedan recibir cierto grado de autonomía. 
No podemos perder eso de vista tampoco. 
Señor Presidente, el 15 de abril del presente año se aprobó una resolución tras un intenso debate con el Consejo y la Comisión al que la mayor parte de esta Casa prestó su apoyo. 
En dicha resolución instamos a la Comisión a hacer todo lo posible por preservar la vida y la salud del pueblo iraquí y poner fin a su sufrimiento. 
Asimismo, exigimos que se levante el embargo de alimentos y medicamentos, pues no afecta a Sadam Hussein, sino al pueblo iraquí. 
Nuestras exigencias también comprendían la interrupción inmediata de los bombardeos que EE.UU. y el Reino Unido están llevando a cabo sin el correspondiente mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, porque tampoco afectan y castigan a los criminales, sino a las víctimas. 
Naturalmente, hemos reafirmado y puesto de relieve en la parte inicial de dicha resolución la obligación que atañe al Gobierno iraquí de aceptar y fomentar los controles de las Naciones Unidas relativos a la destrucción del armamento estratégico, así como de contribuir a aclarar el paradero de las personas desaparecidas en Kuwait. 
Con el debate de hoy y la nueva enmienda nos proponemos alcanzar tres nuevos objetivos. 
En primer lugar, queremos completar nuestro llamamiento instando en este mismo sentido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar: queremos proponer que nuestro Parlamento asuma la iniciativa y lleve a cabo una fact finding misión en el territorio. 
En tercer lugar, queremos asegurarnos de que las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja velarán porque en Irak por que sean los más pobres y débiles quienes se beneficien del actual programa "Petróleo por Alimentos". 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Andrews quiero decir esta tarde que me considero como un amigo del mundo árabe e islámico. 
Esta resolución sólo se puede apoyar si consideramos que su parte fundamental está formada por el considerando A y el párrafo 1. 
Decimos en ellos que toda disminución del rigor de las sanciones tiene que depender de que Iraq respete las resoluciones de las Naciones Unidas. 
En particular tenemos que pedir a Iraq que coopere con el Comité Internacional de la Cruz Roja en la búsqueda de los 604 ciudadanos de Kuwait que desaparecieron como resultado de la ocupación ilegal de Kuwait por los iraquíes. 
Si la Unión Europea efectúa una visita al Iraq, tiene que incluir en ella una visita a las familias de Kuwait que, diez años después, siguen esperando a que se les diga lo que les sucedió a sus amados familiares. 
Cualquier posición de la Unión Europea que sea más débil no sólo no ayudará al pueblo del Iraq sino que le condenará a la tiranía perpetua. 
Señor Presidente, seré muy breve, sólo un minuto, para un tema tan grave. 
Digo grave porque se trata ni más ni menos de la supervivencia de un pueblo, y de lo que hay que denominar, como lo hizo no hace mucho un ministro francés de Defensa, el Sr. Chevènement, como una incursión violenta contra una nación que pretendía escapar al nuevo orden internacional. 
Dicha incursión augura un futuro nada halagüeño. 
Este nuevo orden internacional, expresión del Sr. Bush para encubrir los intereses de las multinacionales y, en este caso, de los grandes petroleros norteamericanos, es para nosotros cada vez más intolerable. 
En este sentido, nos sorprende el silencio de los medios humanitarios frente a la situación de los iraquíes que sufren y que mueren- ya han muerto más de un millón- por nuestra causa. 
Qué contraste y qué hipocresía entre el humanitarismo y este holocausto del que, colectivamente, todos somos actores, y ello por pura cobardía frente a la potencia norteamericana, ese gran imperio, al cual, en ningún tema, este Parlamento, en particular, y Europa, en general, son capaces de oponerse, como ayer lo demostró nuevamente nuestra votación sobre Echelon. 
Lo más grave, y será mi conclusión, ya que habría evidentemente muchas cosas que decir, es que, por una vez, un país del Sur lograba desarrollarse, y que los países del Norte, en fila detrás de Washington, no pararon hasta destruirlo. 
Esto es infinitamente peligroso y preocupante para el siglo que se abre. 
Señor Presidente, ¿quién no se solidariza con el pueblo de Iraq? , que ha sido sometido a una dura prueba. 
Quisiera partir de que ése es el motivo que guía a los promotores de esta resolución conjunta. 
La materialización política de su intención constituye, no obstante, una oportunidad perdida. 
Peor todavía, resulta francamente desastrosa para la parte kurda liberada de la antigua Mesopotamia. 
Permítanme ser concreto. 
Muy en contra de lo que establecen los considerandos B y C, la moderna personificación de Nabucodonosor, Sadam Husein, ha destrozado esa antigua civilización, a la que tanto admira. 
Piensen en la primera y segundas Guerras del Golfo y añadan los cinco años siguientes, el período 1991-1996, en el que Bagdad se negó categóricamente a colaborar en el programa alimentos a cambio de petróleo, algo que supuso una prolongación absolutamente innecesaria del sufrimiento humano. 
Actualmente, el régimen iraquí puede exportar petróleo de forma ilimitada, incluso, para la compra de bienes humanitarios. 
En resumidas cuentas, ¿qué impide a Sadam Husein aliviar la necesidad de sus compatriotas? 
¿Qué sucedería, además, con el 13% reservado a los kurdos si se levantaran las sanciones inesperadamente? 
Me parece extraño el uso del curioso término "embargo intelectual" en el considerando D. En efecto, la inteligencia iraquí, sufre ya desde hace decenios bajo el embargo intelectual del partido de Sadam, el Baath. 
De hecho el tirano del Tigris tan sólo está interesado en un tipo de científicos; el que desarrolla armas de eliminación masiva. 
Precisamente, esta obsesión de Sadam Husein pone de relieve la ingenuidad muy arriesgada del párrafo 3 de la resolución conjunta, ya que la desaparición de la no fly zone del norte de Iraq, es decir, de la garantía internacional para los kurdos frente al enemigo mortal Sadam, obligaría previsiblemente a huir de nuevo a millones de kurdos. 
Al fin y al cabo, ellos saben demasiado bien en qué consisten realmente las promesas de Sadam. 
Los promotores de la resolución no pueden aspirar a que se materialice esa pesadilla. De ahí mi convencido voto en contra. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión voy a responder a cinco cuestiones. 
Por ello quisiera decir, de forma general, respecto de las cuestiones relacionadas con los Derechos humanos, que, inmutablemente, la política exterior de la Comisión siempre tiene como objetivo contribuir a evitar conflictos, contribuir a evitar violaciones de los Derechos humanos y fomentar la democracia y los Derechos humanos. 
En los lugares donde nos encontramos ante conflictos violentos o violaciones de los Derechos humanos hacemos uso, con decisión, de todas nuestras posibilidades, ya sea mediante el diálogo, a través de medidas diplomáticas o a través de nuestra cooperación económica o nuestra ayuda a esos países, para ejercer una influencia positiva en la solución de los conflictos y en el fomento de la democracia y de los Derechos humanos. 
Esto es especialmente válido para los conflictos mencionados hoy aquí- Uganda, Sudán e Indonesia. 
Respecto de la pena de muerte en los EE.UU. solo quisiera decir que, lamentablemente, nada ha cambiado. 
La posición de la Unión Europea permanece igual. 
La imposición de la pena de muerte es, conforme a nuestro código de valores europeo, un acto bárbaro absolutamente injustificable. 
Por ello no vamos a cesar en nuestro empeño de alcanzar la proscripción en todo el mundo de la pena de muerte. 
Hay que saludar el debate que ahora se ha entablado en los EE.UU. Este muestra claramente que uno de los argumentos esenciales de nuestro rechazo hacia la pena de muerte también está surtiendo efecto en los Estados Unidos, en concreto, que la imposición de la pena de muerte no es digna de un Estado de derecho ya que una sentencia errónea no puede ser corregida. 
Ya hemos comprobado que ha habido muchas sentencias que han conducido a la ejecución de hombres inocentes. 
Respecto de Irak quisiera decir que la Comisión es de la opinión de que la responsabilidad sobre las terribles circunstancias que vive ese país son única y exclusivamente imputables a Sadam Hussein y su régimen. 
La situación podría cambiar de la noche a la mañana si el régimen estuviera dispuesto a cumplir en toda su extensión las obligaciones, las exigencias de la Comunidad Internacional, exigencias cuyo cumplimiento había prometido parcialmente. 
Lamentablemente, nada ha hecho cambiar que el régimen iraquí tenga que ser visto como un régimen que puede trastornar la paz y la estabilidad no sólo de la región sino la paz mundial, y por este motivo el levantamiento de las sanciones solo puede ser alcanzado mediante el pleno cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, lo cual es bien sabido por el régimen iraquí. 
La Unión Europea se esfuerza, con las posibilidades que tiene, en dar buena cuenta de las consecuencias humanitarias de esta política y ayudar allí donde la ayuda se hace posible. 
Quisiera decir algo más sobre el tema que hoy se trata por primera vez, en concreto respecto del asunto de los hooligans y el fútbol. 
La Comisión saluda la importancia que el Parlamento concede a la lucha contra el hooliganismo en los partidos de fútbol, lo que se ha evidenciado en las diversas propuestas de resolución. 
Desde hace varios años la Comisión y los Estados miembros se esfuerzan en conseguir una cooperación reforzada en este ámbito. Esto ha conducido a numerosas medidas acordadas unánimemente. 
Por ejemplo, existen normas comunes para la seguridad en los estadios, normas comunes para la localización de seguidores, el envío de funcionarios de la policía para cooperar con la policía del país anfitrión, y existe un intercambio de información. 
Un instrumento importante lo constituye el manual aprobado por el Consejo en junio de 1999 sobre la cooperación de las autoridades policiales y las medidas para la prevención de la violencia en los partidos de selecciones nacionales. 
El manual contiene pautas concretas de actuación para la policía que fueron empleadas por primera vez con ocasión de la Eurocopa 2000 que ha tenido lugar en Holanda y Bélgica. 
La evaluación de la Eurocopa 2000 propiciará una base muy útil para posibles mejoras en la lucha contra el hooliganismo. 
La evaluación científica es llevada a cabo por un proyecto belga-holandés cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa de cooperación de las autoridades policiales y aduaneras. 
La evaluación de la acción policial durante la Eurocopa 2000 puede ser utilizada en el futuro en eventos similares. 
Esto es especialmente para Alemania a quien han concedido hoy la organización del Campeonato mundial del año 2006. 
La Comisión va a aguardar a los resultados de este proyecto antes de presentar propuestas para la mejora de las medidas actuales. 
No obstante, hoy podemos reconocer que, a escala europea, hemos de acordar la prohibición de viajar a partidos de fútbol a hooligans que hayan sido condenados y que constituyan un potencial riesgo, y que hemos de encontrar una vía para luchar eficazmente contra los alborotos en los eventos deportivos para que- tal y como ha dicho un diputado de esta Asamblea- el fútbol siga siendo verdaderamente un espectáculo. 
En este sentido quisiera recordar que Holanda y Bélgica tienen la intención, en el marco de la cooperación en Asuntos de Justicia e Interior, de presentar propuestas para adoptar más medidas para luchar contra el hooliganismo en los partidos de fútbol. 
No obstante estos trabajos aun se encuentran en una fase muy temprana. 
Con posterioridad a la evaluación de la Eurocopa 2000 se producirán contactos concretos entre la Comisión y estos dos países. 
Señor Presidente, he de decir que me sorprende y me escandaliza la respuesta de la Comisión acerca de la cuestión de Iraq y el tono poco serio con que la ha tratado. 
Me limitaré a repetir al Comisario y a la Comisión lo que dijo Oscar Wilde: En nuestros tratos con la vida, el destino no cierra nunca su agenda. 
Iraq merece mejor respuesta que la de la Comisión. 
Lo que ha sucedido me deja escandalizado. 
Me limitaré a indicar que la respuesta de la Comisión no me satisface en absoluto. 
Si va usted a ser equitativo, señor Presidente, habrá de indicar que la respuesta de la Comisión me satisface por completo. 
Perfecto, ha sido un turno a favor y otro en contra. 
Le agradecemos al señor Comisario que no desee intervenir. 
Seamos breves y continuemos todos adelante. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Venezuela 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0615/2000 de los diputados Di Pietro y Sánchez García, en nombre del Grupo ELDR, sobre Venezuela; 
B5-0627/2000 del Sr. Salafranca Sánchez Neyra y otros, en nombre del Grupo PPEBDE, sobre la reconstrucción y la rehabilitación de las regiones afectadas por las inundaciones catastróficas en Venezuela, en diciembre de 1999; 
B5-0634/2000 del Sr. Wurtz y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Venezuela; 
B5-0642/2000 de los diputados Frassoni y Knörr-Borràs, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la reconstrucción de las regiones afectadas en diciembre 1999 por las inundaciones en Venezuela; 
B5-0652/2000 de los diputados Linkohr y Menéndez del Valle, en nombre del Grupo PSE, sobre la reconstrucción de las regiones afectadas en diciembre 1999 por las inundaciones en Venezuela; 
Señor Presidente, Señorías, tenemos hoy la oportunidad de demostrar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que conoció en diciembre del pasado año las consecuencias de un desastre natural que afectó al litoral de los Estados de Vargas y Miranda y causó la muerte de 50.000 personas. 
Por ello, insistimos en la importancia que supone aprobar esta resolución que, en definitiva, es la consecuencia lógica del informe de la comisión especial que viajó a Venezuela para conocer sobre el terreno la realidad del desastre natural, así como el reflejo de la coherencia de los compromisos políticos de la Unión Europea. 
Con ello espero que sea posible financiar de manera significativa el programa de recuperación de las zonas afectadas y que se diseñe siguiendo los esquemas de este tipo de acción. 
Asimismo, sería conveniente que se tuviesen en cuenta, a efectos de coordinación, los programas de ayudas financieras de los Estados miembros y de las regiones comunitarias. 
Señor Presidente, como acaba de recordar el Sr. Sánchez García, esta resolución se inserta en el ámbito de la decisión tomada por la Conferencia de Presidentes de enviar una misión ad hoc a Venezuela para evaluar las trágicas consecuencias de las inundaciones del mes de diciembre en ese país. 
Este dossier de Venezuela es grave y urgente. 
Es grave porque se calcula las pérdidas no han sido suficientemente cuantificadas todavía- que en esa tragedia perdieron la vida más de 30.000 personas. 
Y es urgente, señor Presidente, porque la misión del Parlamento Europeo se realizó en el mes de febrero y hasta el día de la fecha no hemos sido capaces de alcanzar unas conclusiones definitivas. 
Creo que este Parlamento está ya en el límite de su credibilidad. 
Aprovecho la presencia de la Comisión para preguntar al Sr. Comisario cómo ha cumplido la Comisión el mandato que recibió de este Parlamento en la resolución aprobada en el mes de enero de evaluar la respuesta comunitaria a la tragedia sufrida por Venezuela. 
Espero que la Comisión sea capaz de movilizar los recursos humanos necesarios para atender las prioridades que señala este Parlamento y estoy seguro de que si la Comisión, como ha propuesto en su anteproyecto de presupuesto para el año 2001, va a ser capaz de gastarse 815 millones de euros en los Balcanes será también capaz de gastarse por lo menos 50 millones de euros en Venezuela. 
Este asunto, señor Presidente, plantea un problema que va más allá de la resolución sobre Venezuela. 
Y el problema consiste en preservar la capacidad de respuesta del Parlamento a este tipo de situaciones. 
Señor Presidente, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos: ¿queremos un Parlamento de verdad o queremos un Parlamento de cartón-piedra? 
¿Queremos un Parlamento que asuma plenamente sus responsabilidades o queremos un Parlamento que se dedique a avalar las prioridades de otras instituciones? 
¿Queremos un Parlamento que cumpla con sus responsabilidades o queremos un Parlamento que se dedique a firmar el cheque de los compromisos que asuman otras instituciones? 
Éste es el debate en el presupuesto del año 2001 y éste fue el debate en el presupuesto del año 2000. 
Lo que quiero decir, simplemente, señor Presidente, es que cuando hay voluntad siempre hay un camino y que esta resolución supone el compromiso decidido de este Parlamento de manifestar su voluntad de ayudar y de mostrar su solidaridad, la solidaridad de la Unión Europea, con la sociedad y con el pueblo de Venezuela. 
Y estoy convencido, señor Presidente, de que, basándonos en esa voluntad, seremos capaces de encontrar en un presupuesto, que está dotado con 100.000 millones de euros este año y que estará dotado con cifras parecidas en años siguientes, un camino para subvenir a las necesidades de las víctimas de esta tragedia. 
Señor Presidente, las tres cuestiones que Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica quiere expresar sobre la ayuda que la Unión Europea puede y debe dar a Venezuela con motivo de la terrible catástrofe de sus inundaciones son: primero, volcarse económica y técnicamente en la solución de las consecuencias sufridas y no rebajar esa ayuda, como pretende la Comisión, para hacer frente a la financiación de otra catástrofe, esta vez artificial, provocada por nosotros en Kosovo y en Yugoslavia, en los Balcanes. 
En segundo lugar, ratificar y aplicar las condiciones y decisiones de la Cumbre de Kioto para rebajar la emisión de contaminantes a la atmósfera que producen el efecto invernadero y, por lo tanto, el cambio climático y sus consecuencias adversas. 
Y en tercer lugar, mostrar la solidaridad de la Unión Europea con Venezuela, y en general con América Latina, para que de esta forma se puedan ir contrarrestando los efectos negativos del peso de la gran bota del norte del continente sobre el resto. 
Señor Presidente, sobre esta resolución que habla de solidaridad con el pueblo venezolano, quiero manifestar nuestro completo acuerdo con algunas ideas. 
En primer lugar, una petición de que el socorro debe llegar efectivamente a las personas y colectivos más necesitados. 
No nos oponemos, como Grupo, lógicamente, a que se hable, como se habla, de PYME e industrias en general, pero parece excesivo este celo en hablar de estos colectivos mientras no se hable de otros más necesitados. 
Sobre todo- como ha señalado el Sr. Salafranca -, es preciso que no se resienta la eficacia de las medidas de ayuda por la falta de recursos humanos. 
En segundo lugar, denunciar que no se haya aceptado algo tan elemental para nuestro Grupo como que se incorpore a las poblaciones afectadas a la hora de diseñar y aplicar medidas de ayuda, para no encontrarnos después con que se hacen cosas que no se necesitan o que no se desean. 
En último lugar, last but not least, es precisa una reflexión sobre nuestra manera de producir y sobre nuestra manera de consumir los recursos naturales, porque esto está en la base de las catástrofes, para que no tengamos que lamentarlas cíclicamente. 
Señor Presidente, no quiero decir que el hecho de que en esta Asamblea haya una sensibilidad particular hacia la región latinoamericana impida que apoyemos también los esfuerzos que está haciendo la Comisión con respecto a la Europa Central y Oriental y a la reconstrucción de los Balcanes. 
Lo que nos preocupa en este momento es el abandono de esa zona que empezamos a percibir durante el último año con la nueva Comisión. 
Parece como si, de repente, América Latina hubiera desaparecido del mapa de las preocupaciones de la Comisión. 
Desde luego, hemos tenido una buena experiencia con la aportación de la Unión Europea a la región centroamericana después de la catástrofe del Mitch, y también observamos una buena reacción inicial de la Comisión, que se precipitó a asignar 400.000 euros para la ayuda de emergencia humanitaria a Venezuela cuando se produjo la catástrofe que han mencionado los oradores anteriores. 
En este momento sabemos que la Comisión tiene la posibilidad, los medios, los recursos para proporcionar una ayuda de mayor importancia. 
Este tipo de catástrofes, por desgracia, se está produciendo con alguna frecuencia y me da la impresión de que en la región latinoamericana se aprovechan bien las ayudas comunitarias. 
Contamos con instrumentos, con medios, con buenas representaciones y contamos, además, con presencia europea en estas zonas. 
Hay que recordar, por ejemplo, que la Unión Europea es el principal inversionista extranjero en Venezuela y que tenemos muchos lazos culturales y sociales con esos países. 
Por tanto, espero que la Comisión vea con la mejor voluntad las peticiones que hace este Parlamento para que, con los recursos disponibles, y con los que se puedan movilizar en un plazo breve, se atiendan esas peticiones y se elabore un plan que no se limite a la ayuda humanitaria esencial, sino que ayude a ese país, que está haciendo un gran esfuerzo, a reconstruirse en beneficio suyo y, probablemente también, en beneficio nuestro, porque el desarrollo de América Latina al continente que más beneficia probablemente es al europeo. 
Señor Presidente, ya han transcurrido más de seis meses de las trágicas inundaciones en Venezuela. 
Como miembro de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo, tuve la oportunidad de presenciar los terribles efectos de la que se considera la mayor catástrofe natural ocurrida en América Latina. 
Si no se ve, no se cree. 
Por impresionantes que hayan sido las fotografías y las imágenes televisivas divulgadas en los medios de comunicación, sólo daban una pálida idea de la verdadera dimensión del desastre. 
También tuvimos oportunidad de comprobar la inestimable acción de solidaridad de las ONG para con las poblaciones afectadas por las inundaciones. 
Esa ayuda humanitaria de emergencia prestada por las ONG no habría existido sin el apoyo financiero de la Comisión. 
Por eso, alabo a todos los que la hicieron posible. 
Pero la prioridad ahora tiene que ser la reconstrucción de toda la zona afectada, así como el estímulo de la reforma económica. 
En el marco de una nueva ordenación del territorio, es preciso reconstruir viviendas, toda clase de infraestructuras e incentivar a los pequeños y medianos empresarios, que lo han visto todo destruido, para que vuelvan a empezar, muchos de ellos, desde cero. 
Tengo conciencia de que la tarea de reconstrucción es colosal. 
Tal vez por eso ha tardado. 
Se han dejado expeditas sólo algunas carreteras, se ha regularizado en alguna medida el abastecimiento de agua y electricidad y poco más. 
Y las personas afectadas se van desesperando con el retraso. 
Entre otras cosas, porque millares de ellas siguen dependientes de la ayuda alimentaria para sobrevivir. 
Es imperioso volver a crear los millares de empleos perdidos con las avenidas. 
El Gobierno venezolano necesita un gran apoyo para promover esa labor ciclópea. 
La Comisión, respecto de la tarea de reconstrucción, que es inaplazable, debe actuar de la misma forma solidaria como lo hizo con ocasión de la prestación de ayuda humanitaria de emergencia o a semejanza de la actuación que tuvo para con los países afectados por el huracán Mitch. 
Por eso, instamos a la Comisión a que haga un importante esfuerzo financiero en los cinco próximos años. 
Además de un elemental deber de solidaridad, los lazos históricos que nos unen a Venezuela y la estabilidad de la democracia en ese país lo exigen. 
, - (DE) En primer lugar quisiera resaltar que, al contrario de la suposición aquí expresada, la Comisión tiene en muy alta consideración la importancia política de Hispanoamérica y precisamente en tiempos recientes ha emprendido una serie de iniciativas que subrayan la especial importancia política que Hispanoamérica reviste para Europa. 
En segundo lugar quisiera señalar que también en el caso de la catástrofe de Venezuela merece la pena preguntarse sobre las causas y los efectos y también por las correspondientes responsabilidades. 
Así y con todo, la Unión siempre ha proporcionado una extensa ayuda y esto seguirá siendo así en el futuro. 
El contenido de esta ayuda gira en torno a dos cuestiones. 
En primer lugar se trata del apoyo para la reconstrucción en el Estado Federal de Vargas, en este momento es posible observar con mayor claridad cuales son las necesidades existentes. Ciertamente esto no era así al principio. 
No obstante entiendo que surja la impaciencia cuando algunas cosas van tan lentamente. 
Sin embargo no ha llegado propuesta alguna de proyectos por parte del Gobierno venezolano. 
Esto no lo digo con tono crítico. Probablemente también resulte difícil para el Gobierno venezolano decidir con rapidez el orden de las prioridades. 
En vista de ello, hemos tenido que enviar a Venezuela una Comisión de Expertos para determinar por nuestros medios cuáles son las prioridades. El resultado está ante nosotros. 
Dentro de algunos días se remitirá al Consejo la correspondiente comunicación acerca de cuáles son las medidas a emprender y con cuanto dinero se dispone para apoyarlas. 
El segundo elemento- a mi entender aun más importante que la ayuda de reconstrucción- lo constituye la ayuda para evitar catástrofes, es decir, queremos contribuir a que se establezcan e introduzcan programas que se ocupen de la gestión de los riesgos naturales en los estados federales de Falcón Miranda y de Jaraquí. 
La prevención de las catástrofes- esta lección la tenemos que aprender por lo ocurrido en esta catástrofe en Venezuela- es especialmente susceptible de ser mejorada. Creo que la mejor manera de ayudar a esta gente a largo plazo es que nos concentremos en este asunto. 
En cuanto a lo que se refiere a la dotación de recursos para estas medidas, se trata de una cuestión compleja, por cuanto ya constituye un problema para la Comisión ver cómo constantemente está expuesta a los deseos del Parlamento y del Consejo respecto de lo que tiene que hacer y dónde debe prestar ayuda y, sin embargo, nadie dice de dónde debe obtener el dinero. 
Como ustedes saben nosotros no podemos emitir dinero sin más. 
Encontraremos una vía para también financiar estas medidas, presentaremos unas propuestas realistas, propuestas que, por lo demás, tendrán en cuenta la aportación propia que el país pueda hacer en consideración al aumento de los ingresos derivados de la exportación de petróleo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5­0628/2000 del Sr. Van Velzen, en nombre del Grupo PPEBDE, sobre la polémica sobre el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia; 
B5­0635/2000 del Sr. Wurtz y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la dimisión del Sr. Pelinka, representante austríaco en el Consejo de Administración del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia; 
B5­0651/2000 del Sr. Ford y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la dimisión del Sr. Pelinka, representante austríaco en el seno del Consejo de Administración del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia; 
Señor Presidente, comparto la opinión del Sr. Watson, el Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, quien ha expresado en una entrevista que la moción urgente planteada por el Sr. Swoboda en una exposición de motivos, representa un camino equivocado y que él esperaba un proceder algo más maduro. 
Comparto esta opinión porque el Sr. Swoboda, en una exposición de motivos realizada ante esta Asamblea, se refiere a antiguos conflictos entre el Gobierno austríaco y la directora de este Observatorio del racismo. Se trata del período en el que Viktor Klima, miembro del SPÖ, se encontraba al frente del Gobierno de Austria y éste estaba dominado por el SPÖ. 
Esto resulta delicado cuando lo hace un socialista austriaco, pero desde luego no es urgente. 
Apoyo lo expresado por el Sr. Watson por cuanto el Sr. Swoboda también reconoce que con el actual gobierno de nuevo han surgido unas mejores relaciones con este observatorio. 
Esto debería satisfacerle, al igual que a mí y a muchos otros. 
Esto tampoco constituye motivo de urgencia, y aun menos constituye motivo de urgencia si les cito a ustedes lo que dice la directora del observatorio en una entrevista autorizada por ella. 
Alaba expresamente la nueva política de extranjería de Austria y le concede al gobierno el hecho de que no ha habido una iniciativa hostil para con los extranjeros y que por contra se han realizado numerosos avances. 
Muchos avances, ha dicho, que no fueron posibles bajo el gobierno rojinegro y dice, desde luego, que en su trabajo no se ve en absoluto obstaculizada. 
Por lo tanto ¿a qué viene todo esto, señor Swoboda? 
Evidentemente, como socialista austríaco lo único que quiere usted es erigir aquí una plataforma desde la cual polemizar en contra de Austria. ¡Esto es vergonzoso para un austríaco y de todo punto criticable! 
Señor Presidente, lo lamento por los traductores si he hablado demasiado deprisa hace un momento. 
Desearía referirme a la dimisión del Sr. Pelinka, del Consejo de administración del Observatorio de Viena. 
Creo que lo que le ha ocurrido al Sr. Pelinka, universitario famoso, respetado por la comunidad científica, es revelador de la verdadera naturaleza de la coalición que gobierna en Austria. 
La extrema derecha, sobre todo cuando está en el poder, es experta en el arte de sacar de sus casillas a los miembros de la oposición. 
Y lo que ha ocurrido en el caso del Sr. Pelinka no es ni una coincidencia ni una casualidad. 
Se empezó por desacreditarlo, se le persiguió a través de una sentencia inicua, pronunciada por una justicia a las órdenes del FPÖ, puesto que el actual ministro de Justicia del FPÖ era el abogado de Jörg Haider cuando éste presentó una demanda judicial contra el Sr. Pelinka por difamación. 
A continuación, una campaña pública de presión contra sus miembros hizo insoportable el trabajo del Observatorio. 
Creo que Haider expresa- y es preciso reconocerlo- su desprecio frente a las sanciones que la Unión Europea le impone actualmente, ya que en el momento en que la Presidencia portuguesa toma la iniciativa de proponer la nominación de tres sabios, éste decide responder exigiendo un referendo sobre el levantamiento de las sanciones, referendo completamente demagógico, populista y antieuropeo. 
Se trata asimismo de un desafío que Jörg Haider lanza al conjunto de la Comunidad. 
Nos recuerda que el Observatorio es una creación de la Unión Europea y que nuestra Presidencia estaba presente en su inauguración, hace tres meses. 
Esta es la prueba, para aquellos que aún dudaban, de que no hay que negociar con la extrema derecha, puesto que cada victoria que obtiene, por pequeña que sea, la refuerza y le da una apariencia de normalidad. 
No es porque la Unión Europea suavice su posición respecto a Austria por lo que Haider y sus amigos se pondrían milagrosamente a defender los derechos humanos y renegarían de su ideología. 
Como respuesta, debemos dar nuestro total apoyo al Sr. Pelinka. 
Debemos asimismo ayudar al Observatorio en el plano humano, político y financiero; finalmente, los Estados miembros deben seguir aislando al gobierno austríaco, y, sin dejar de apoyar al pueblo austríaco, deben aislar la coalición, que es inaceptable e inicua. 
Señor Presidente, tuve el honor de representar al Parlamento Europeo en el comité de gestión del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia y uno de mis colegas en el comité era el Profesor Dr. Anton Pelinka, que representaba al Gobierno austríaco. 
El Profesor Pelinka desempeñó un importante papel en nuestras deliberaciones, aconsejando moderación cuando los demás querían ir demasiado rápido y demasiado lejos, no dejándose llevar por conceptos estereotipados baratos respecto de las personas que estábamos investigando, e imponiendo la realidad con preferencia a la fantasía. 
En el fondo resultó un amigo decepcionante para los que queríamos ir más lejos y con mayor rapidez. 
Por eso me sorprendió desagradablemente que el Profesor Pelinka estuviera siendo objeto de victimización oficial, en primer lugar cuando el abogado del Sr. Haider actuó como fiscal y juez en el caso de presunta difamación contra el Sr. Haider, a quien el Profesor Pelinka responsabilizó por haber hecho políticamente aceptables posiciones y declaraciones nacionalsocialistas. 
En segundo lugar, cuando fue cesado en su cargo de vicepresidente del comité de gestión del Observatorio Europeo tras el acoso administrativo llevado a cabo por sectores del actual Gobierno austríaco. 
Esta propuesta de resolución encomienda a nuestra Comisión de Libertades Civiles, como el Sr. Watson pidió el lunes, que siga de cerca la evolución de la situación. 
Quizá no debía sorprendernos lo que ha sucedido. 
El Sr. Haider dijo en 1992 hablando del Profesor Pelinka, una vez que el Profesor hubiera puesto de relieve el pasado nacionalsocialista de Hans Steinecker, precursor del Partido de la Libertad: " El momento es propicio para los que falsifican la historia e insultan a Austria. 
Pelinka tiene malas relaciones con Carintia y su costumbre de propagar falsedades continuamente es inaceptable ". 
En marzo de este año el Partido de la Libertad dijo: " Una vez más, los periódicos tenían razón. 
Ahora (Haider) nos está amenazando ". 
Pero Haider no está amenazando a nadie. 
Lo que hace es perfectamente normal. 
Si le doy de comer a un perro y el perro me muerde, no volveré a darle de comer porque corro el riesgo de que vuelva a morderme. 
El grupo de sabios va a tener una tarea considerable y difícil durante los seis próximos meses. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera rechazar en lo fundamental la observación realizada por el Sr. Sylla en el sentido de que en nuestro país, la República Austriaca tenemos una justicia politizada. 
En segundo lugar quisiera decir que hay muchas urgencias que merecen ser tratadas en esta Asamblea. 
La urgencia sobre el Observatorio Europeo del Racismo, con sede en Viena, tal y como ha sido lanzada por el Sr. Swoboda, no merece ninguna consulta urgente. Ya que el motivo es ciertamente una circunstancia personal del profesor Pelinka. 
Su dimisión del Consejo de administración del Observatorio fue voluntaria. 
La verdadera causa es que se negó a cumplir una condición evidente que incumbe a todo ciudadano austríaco, en concreto rendir cuentas sobre su actividad cuando para llevar a cabo ésta es pagado por la República de Austria. 
Lo que esto tenga que ver con el Parlamento Europeo queda en el aire. 
Por esta razón es comprensible que no votemos favorablemente el considerando A de esta propuesta de resolución y no nos sea posible compartir la preocupación por este caso. 
Además, hay que decir que el compromiso del actual Canciller Federal y entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Wolfgang Schüssel, no constituye la última razón por la que el Observatorio del Racismo tenga su sede en Viena y nos sintamos orgullosos de ser los anfitriones de una institución de esta suerte, que vigila atentamente frente a la xenofobia y el racismo en todos los países europeos, ya que del informe del observatorio se desprende que ningún país es inmune a estas tendencias. 
Por lo demás Austria tiene la normativa más rigurosa contra el neonazismo y contra las actividades nazis. 
En este punto quizá convenga señalar que un triste caso, el caso Omufuma, fue un caso del que se debió responsabilizar a un ministro del interior socialista. 
Evidentemente, el Sr. Swoboda debía ser consciente de lo penoso de su propuesta ya que de lo contrario no hubiese visto la luz esta propuesta de resolución, sensiblemente rebajada y en sí misma razonable, que todos nosotros podemos apoyar. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, no tengo la intención de entrar en polémicas baratas, especialmente en la suscitada por el Sr. Pirker, sino mantener el debate a un determinado nivel y ceñirme a los hechos. 
Es un hecho que el Observatorio del Racismo y la Xenofobia ha tenido, ciertamente, durante las primeras semanas muchas dificultades, dificultades que tenían un origen político, y también que especialmente el Sr. Pirker insultó hasta lo grotesco a la directora, a la cual hoy presenta como testigo de lo bien que marchan las cosas. 
Es un hecho- y esto también lo he expresado en mi primera intervención de hoy, las señoras y señores que hoy hablan tan grandilocuentemente no estaban presentes el lunes -, que, gracias a Dios, las cosas han mejorado, porque la Sra. Winkler, la Directora del Observatorio, se ha esforzado, y también el nuevo representante del Gobierno austríaco se ha esforzado por llevar de nuevo las cosas por la senda razonable. 
Sin embargo también es un hecho que la situación sigue siendo precaria, y en este sentido también afirmo, al igual que la Sra. Pirker, que lamentablemente no sólo el Gobierno austríaco sino también algunos otros gobiernos, por lo menos, no conceden suficiente apoyo al Observatorio. 
Surge perfectamente la urgencia de instar a todos los gobiernos- tal y como propongo- a apoyar al Observatorio. 
Pero también es un hecho que lamentablemente el anunciado referéndum en Austria, contra el que hasta hace pocos días se han pronunciado representantes del Partido Popular Europeo y, en especial, del Austríaco, que se sientan en esta Asamblea, puede recrudecer peligrosamente la situación y el ambiente en Austria ya que en este caso se suscitan emociones antieuropeas, lo que a buen seguro no va a facilitar el trabajo de este Observatorio. 
Por ello me gustaría desde aquí manifestar mi opinión y apelar al gobierno, a los responsables de este gobierno a que se distancien de este referéndum para no generar más odio, para no generar de nuevo un sentimiento antieuropeo que, ciertamente, no puede gustar mucho a un partido como el Partido Popular Austríaco que siempre ha sido un partido proeuropeo. 
A esta atmósfera le doy decididamente la espalda y confío en que esta Asamblea haga lo mismo. 
Señor Presidente, les comunico sin dilación que el Grupo ELDR se ha negado a firmar la resolución común por una razón muy simple: consideramos que es demasiado apasionada, que no tiene el rigor necesario y que no ofrece la posibilidad de una elección más política y más equilibrada en nombre del Parlamento. 
No la votaremos positivamente porque es demasiado débil. 
Pensamos que el problema vinculado con la dimisión del Sr. Pelinka es lo suficientemente importante para no ser tratado por una resolución que da cabida a la pasión, pero que nada quiere decir al respecto y que resulta muy suave. 
Permítanme una observación dirigida al Grupo GUE y al Grupo PSE. 
No entiendo su acuerdo sobre el texto tal y como se ha presentado, en relación con el texto inicial que ellos mismos habían presentado. 
Por consiguiente, nosotros deseamos, en el seno del Grupo liberal, y es el deseo del Sr. Watson, que su comisión pueda tratar el expediente y que sepamos de manera perfectamente clara si el Gobierno austríaco ha infringido el artículo 10 del Tratado, es decir: si no ha cumplido sus obligaciones con respecto al Observatorio. 
Si no ha cumplido sus obligaciones, corresponde al Parlamento actuar en consecuencia frente a la Comisión y frente al Consejo. 
Lo importante es saberlo hoy, y hoy no lo sabemos. 
Señor Presidente, mi grupo también apoya la propuesta del Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores de tratar con mucha cautela este asunto en esta comisión. 
No obstante, votaremos a favor de esta resolución porque, al contrario que los primeros proyectos, ofrece una reacción proporcionada y responsable a la exposición de la Directora del Observatorio ante la Comisión de Asuntos Interiores. 
Esta resolución también ha sido negociada y aprobada con la participación del PPE. 
La indisponibilidad de los diputados del Partido Popular austríaco a votar favorablemente esta resolución me sorprende sobremanera, por cuanto en definitiva ésta representa la primera inquietud y una primera petición al Gobierno austríaco, y en su lugar nos dan una prueba del proceder del Gobierno Federal austríaco con los que critican al gobierno. 
El Sr. Pirker ha leído las declaraciones de la Directora del Observatorio y silencia las inquietantes declaraciones sobre las difamaciones proferidas en el Parlamento hacia el Observatorio, declaraciones sobre vejaciones sistemáticas, sobre la ausencia de normas de seguridad, sobre la ausencia de apoyo, que ella misma ha realizado en la comisión, donde ha sido atacada con la mayor de las durezas por él mismo. 
Lamento que los diputados del PPA también hayan dado aquí prueba de cómo tratan a aquéllos que son críticos con el gobierno en su propio país, donde se les intenta presentar como traidores a la patria. 
Si han escuchado las declaraciones del Sr. Pirker en el sentido de que los críticos van en contra de Austria, entonces ello supone un loable intento de construir un conflicto entre la defensa de los derechos humanos y el patriotismo. 
¡Esto constituye una actitud infame! 
Señor Presidente, distinguidos colegas, hemos entablado un debate sobre una propuesta de resolución que adolece de sustancia. 
No se puede localizar exactamente donde están las cuestiones que se reclaman, es decir, estamos discutiendo sobre unas circunstancias que no se conocen con exactitud. 
¿Quién conoce realmente la carta de dimisión del Sr. Pelinka? 
¿Quién conoce los verdaderos motivos de su dimisión? 
Lo que se sabe en Austria de la dimisión del Sr. Pelinka es el hecho de que desde diversas facciones se ofrecen distintas versiones. 
Lo que yo sé es el hecho de que hay un proceso judicial pendiente entre el Sr. Pelinka y el Sr. Haider. 
En ningún caso incumbe a la política o a cualquier parlamento criticar un proceso aun no concluido por un tribunal independiente. 
En todos los Estados de derecho se prevén instrumentos jurídicos conformes con la constitución. 
Una política que no respeta la independencia de la justicia no respeta en última instancia el principio de la separación de poderes y lesiona de este modo un principio fundamental de la democracia. 
El racismo y la xenofobia constituyen un problema grave y merecedor de la mayor seriedad en toda la Unión. 
Allí donde surjan han de ser combatidos por todos los medios. 
Lo que yo espero del Observatorio es una recogida objetiva de la realidad y una observación comparada que permita a la política reaccionar. 
Lo que no espero del Observatorio es que se inmiscuya en cuestiones políticas ordinarias y que desempeñe su mandato a través de un prisma ideológico. Ya que tras los conceptos del racismo y la xenofobia hay personas y su destino que no se prestan al abuso para montar un show político. 
Lo que rechazo es el hecho de que esta propuesta de resolución indiferente también provenga de aquellos diputados austríacos que presuntamente están por el bien de Austria. 
El debate sobre los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia queda cerrado. 
Se procede ahora a la votación 
Antes de la votación sobre los niños soldados en Uganda: 
Señor Presidente, hemos consensuado una propuesta común de resolución en la que han colaborado cinco Grupos. 
Una vez que el documento estaba terminado un sexto Grupo se ha añadido a la propuesta. 
Creo que va en contra del Reglamento que un grupo se adhiera a la propuesta sin consultar a los demás Grupos. 
Mi Grupo contempla esto como una infracción de nuestro Reglamento y le ruego, señor Presidente, que haga las indagaciones oportunas. 
Teniendo en cuenta el hecho de que hemos colaborado en esta propuesta de resolución, a pesar de todo, vamos a votar a favor de la propuesta, y le ruego haga lo necesario para que el sexto Grupo sea eliminado de esta propuesta. 
Señor Presidente, aquí se trata del mismo caso que he resaltado al principio. 
Insisto en que haga las oportunas indagaciones ya precismanete en este periodo de sesiones un colega nuestro quiso adherirse a una propuesta de resolución de otros grupos y tuvo que adjuntar la aprobación escrita del resto de grupos. 
No se pueden empelar dos procedimientos distintos en la misma semana. 
Por ello le ruego que compruebe esto y que nos comunique el resultado de esas comprobaciones. 
Por lo dem {as apoyamos esta propuesta porqu hemos colaborado en su elaboración. 
Comprendo muy bien lo que está diciendo. 
Nos vamos a ocupar de esta cuestión pero en la actualidad no parece haber ninguna regla sobre el particular. 
Señor Presidente, como dice usted, el Sr. Sakellariou, al principio del período parcial de sesiones, nos ha gratificado con cuatro solicitudes de modificación del orden del día, que han sido rechazadas, y ahora quiere terminar su período parcial de sesiones con otra solicitud que, como usted ya lo ha dicho, no puede ser admitida a trámite. 
Podemos seguir así, pero perderemos tiempo. 
El Presidente ya ha respondido. 
Creo que tiene toda la razón. 
No quiero que siga el debate. 
Nos vamos a ocupar de esta cuestión. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, solamente para dejar constancia de la enorme tristeza con la que acabamos de recibir la noticia de un terrible accidente ocurrido en las carreteras españolas, al embestir un camión a un autobús de escolares catalanes, con un balance provisional de 20 muertos y 30 heridos, entre los cuales hay heridos gravísimos. 
Señor Presidente, como ponente del asunto precedente, tengo la misión de aclarar, en nombre de los diputados del Grupo PPE-DE, que nos abstuvimos en la votación de la resolución, puesto que se ha aprobado la enmienda 6 al artículo 2 de la directiva. 
Entregaremos una explicación de voto por escrito. 
Informe (A5-0152/2000) del Sr. Redondo Jiménez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre 
la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) No. 3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (COM (1999) 379- C5-0076/1999- 1999/0159 (COD)) 
la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) No. 2158/86 relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios (COM (1999) 379- C5-0077/1999- 1999/0160 (COD)) 
(El Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus- Desarrollo, Distribución y Promoción) (2001-2005) (COM (1999) 658- C5-0119/2000- 1999/0276 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Informe (A5-0185/2000) de la Sra. Sanders-ten Holte en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar (COM (1999) 709- C5-0053/2000- 2000/0022 (COD)) 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
A raíz de las deliberaciones de anoche con el Consejo me preocupaba la cuestión de saber si este informe se parecía lo suficiente a la propuesta original para que pudiéramos recurrir al procedimiento de primera lectura. 
No hay duda de que diversas enmiendas requieren aclaraciones. 
Si votamos sobre ellas, ¿se alejará el texto del informe aún más de lo que este Parlamento puede someter a votación? 
Se trata de las enmiendas 4, 5, 6, 18, 21, 33, 36, 40, 42 y 46, algunas de las cuales implican directamente cuestiones normativas respecto de escuelas individuales en los Estados miembros. 
Me gustaría que me dijeran si es legal que votemos ahora sobre la cuestión. 
Todas las enmiendas han sido verificadas y aprobadas por los servicios, así que votaremos sobre ellas ahora. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0180/2000) del Sr. Mombaur en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el estado de la liberalización de los mercados de la energía (COM (1999) 198- COM (1999) 164- COM (1999) 612- COM (2000) 297- C5-0163/2000- 2000/2097 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0169/2000) del Sr. Radwan, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe Anual del Banco Central Europeo relativo a 1999 (C5-0195/2000- 2000/2118 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0170/2000) del Sr. Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de comunicación y las últimas fases de realización de la UEM (COM (2000) 57- C5-0104/2000- 2000/2019 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0162/2000) del Sr. Lambert, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 1999-2000 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0181/2000) de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 1999 (C5-0303/2000) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0141/2000) del Sr. Atkins, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo- "La creación del cielo único europeo" (COM (1999) 614- C5-0085/2000- 2000/2053 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0155/2000) de la Sra. Damião, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 92/85/CEE del Consejo de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (COM (1999) 100- C5-0158/1999- 1999/2151 (COS) ) -Ponente para opinión del "Procedimiento Hughes": Emilia Franziska Müller, Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El Presidente.- Con esto acaba la votación. 
Señor Presidente, intervengo solamente para precisar la información que he transmitido a esta Asamblea hace unos momentos. 
Efectivamente, el accidente ocurrido en España es gravísimo. 
El número de niños muertos asciende a 27 y sus familias, a las que queremos transmitir nuestra condolencia, son de Cerdanyola del Vallés y de Viladecans, en Barcelona. 
Me ocuparé de que la Presidencia se entere de lo que acaba usted de decir y de que haga lo que usted ha sugerido. 
no conozco la gravedad del suceso, pero si han fallecido niños, yo propondría a la Asamblea que guardásemos un minuto de silencio. 
Es preciso que obtengamos más informaciones acerca de la magnitud de la tragedia. 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Redondo Jiménez (A5-0152/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Redondo que regula las acciones de la Unión Europea en el caso de incendios y de contaminación atmosférica. 
Sin lugar a dudas se trata de una propuesta positiva. 
He votado a favor, sin embargo, me gustaría que en el futuro, a la hora de aplicar esta propuesta, se tuviese en cuenta que cerca de los bosques viven muchas personas mayores y pensionistas que a veces son las únicas que quedan en el campo y en las zonas aisladas, en la que con frecuencia se producen los incendios. 
Por lo tanto, sería conveniente, mejor dicho, oportuno emplear a estas personas en la lucha contra los incendios. 
En este informe están previstas enmiendas a los actuales reglamentos sobre la protección de los bosques de la Comunidad contra la contaminación atmosférica y contra incendios. 
Para Portugal son particularmente importantes las enmiendas relativas al reglamento que se refiere a la lucha contra los incendios forestales. 
De hecho, es necesario prestar cada vez mayor atención al bosque mediterráneo, muy afectado por incendios forestales, lo que exige, por tanto, la asignación de elevados medios financieros para hacer su repoblación y adoptar las medidas necesarias de prevención contra incendios. 
Para Portugal, donde los incendios han destruido importantes zonas forestales, es fundamental aumentar las sumas para complementar las inversiones nacionales, incluidas la construcción de infraestructuras y la adquisición de equipos para actividades por realizar en materia de prevención de incendios, ya sea por los municipios o por asociaciones de propietarios privados u órganos de gestión de baldíos. 
Por eso, resulta de la mayor importancia el refuerzo de las sumas comunitarias que la ponente propone por un importe de 77 millones de euros en vez de los 50 millones de la propuesta de la Comisión. 
También conviene que se cree un sistema comunitario de información sobre incendios forestales que permita un mayor conocimiento de la situación actual a fin de posibilitar una lucha más eficaz contra los incendios forestales y sus causas. 
. 
(FR) Me expresaré en nombre propio sobre el informe relativo a la protección de los bosques. 
Sé que la Comisión de Agricultura nos dice que nos equivocamos de debate al defender un aumento del presupuesto en el marco de estos informes. 
Por mi parte, considero que tenemos la responsabilidad política de enviar señales políticas enérgicas a la Comisión, al Consejo y a los ciudadanos. 
En diciembre de 1999, una parte de la Unión se ha visto afectada por terribles temporales que han devastado gran parte de los bosques del sur y del este de Francia y provocado la desesperación de los damnificados, en particular de los pequeños propietarios. 
Sé también que no se desnuda a un santo para vestir a otro. 
Al votar por las propuestas del ponente, he querido contribuir a la creación de una verdadera política forestal de la Unión, ya que, a pesar del presupuesto colosal de la PAC, se siguen olvidando los bosques, que forman parte de la agricultura. 
. 
(FR) De lo que aquí se trata es de dos reglamentos del Consejo por los que se crea una vigilancia sistemática de los ecosistemas forestales, única en el mundo. 
El Reglamento nº 3582/86 se refiere a la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica y el Reglamento nº 2158/92 fijó un marco para la lucha contra los incendios forestales. 
El ponente propone aumentar las sumas asignadas a estos dos programas, mientras que la propuesta de la Comisión intenta reducirlas de manera brutal. 
La iniciativa del ponente es la pertinente. 
Resulta lógico, en efecto, tomar en consideración el hecho de que desde 1998, fecha de la última ampliación, prácticamente se ha duplicado la superficie arbolada de la Comunidad, y responder a las exigencias de la estrategia forestal de la Unión Europea. 
Naturalmente, en el Tratado no existe un fundamento jurídico que permita llevar a cabo una política forestal común. 
No se trata de utilizar este informe para volver a lanzar el debate, sino únicamente de recordar que la estrategia forestal de la Unión se basa en la subsidiariedad. 
En otros términos, para que se proponga una acción, ésta debe presentar un valor añadido con respecto a la acción nacional. 
La cuestión consiste en saber si existe valor añadido. 
Ahora bien, la subsidiariedad actúa en favor de una acción comunitaria en este contexto específico. 
Es cierto que los desafíos no se plantean en los mismos términos en todos los bosques de los Quince. 
Así, a los países nórdicos- que han proporcionado el grueso de los bosques en la ampliación de 1998- les afecta sobre todo la contaminación atmosférica, el "estrés" de las tensiones climáticas y la acidificación del suelo, mientras que los Estados del sur padecen los efectos de la desertificación, de la sequía y de los incendios. 
Pero estas diferencias no deben poner en entredicho la necesidad de gestionar una vigilancia de este tipo en el plano comunitario, en el momento en que, en conjunto, se reconoce la interdependencia de los factores de "estrés" que actúan en los ecosistemas forestales. 
Por otro lado, el aumento de la dotación financiera llega en el momento oportuno. 
En efecto, tras los tremendos temporales del pasado mes de diciembre, peligros de incendios amenazan nuestros macizos forestales, donde, además, en muchos casos ya se han verificado. 
Ahora bien, la prevención de catástrofes de este tipo supone una mejora de la seguridad contra los incendios. 
Cuando la Comisión pregona, en su comunicación de 2 de febrero de 2000, que se debe recurrir al principio de cautela en todas las direcciones, y puesto que existe un programa de acción comunitario en favor de la protección civil, creado por decisión del Consejo de 9 de diciembre de 1999, que sólo espera ser utilizado, no es oportuno reducir financieramente el Reglamento nº 2158/92. 
En relación con la lucha contra la contaminación atmosférica, ésta adquiere una nueva dimensión a la luz de las orientaciones que la Comisión se ha fijado en materia de cambio climático, de biodiversidad y de gestión sostenible. 
La vigilancia de los ecosistemas promete ser multidisciplinaria Si bien la contaminación atmosférica ha perdido su candente actualidad frente a estas nuevas prioridades, la misma se integra con total coherencia en el marco de los desafíos a escala planetaria. 
El fondo del problema es, no obstante, político. 
A menudo se han manifestado dudas, por los países miembros, sobre la importancia de los bosques, ¡cuando la industria forestal emplea a 2,2 millones de personas en Europa y los bosques cubren el 36% de la superficie de la Unión! 
En este caso es el diablo el que se muerde la cola: los citados reglamentos necesitan un apoyo político. 
Pero para ello, las redes deben ser capaces de detectar los cambios e incluso los riesgos. 
Ahora bien, ¡es necesario un apoyo financiero adecuado para demostrar científicamente la existencia de dichos riesgos! 
Mientras esperamos la prórroga de estos programas más allá de 2001, nuestra responsabilidad política consiste en apoyarlos financieramente, ya que se supone que los datos recogidos sirven de apoyo técnico para tomar decisiones políticas en ámbitos en los que se aplica la regla: "si no hay un balance, no hay acción". 
. (EL) La importancia de los bosques para la conservación de equilibrios ecológicos fundamentales del ecosistema, de la propia vida, es enorme. 
Desgraciadamente la protección y la atención que se les concede no son las que corresponden a esa importancia. 
Las auténticas catástrofes que han asolado los bosques estos últimos años, y la insuficiencia de las respuestas articuladas, hacen que el equilibrio ecológico y la salud, la seguridad, y muchos valores sociales y culturales vinculados indisolublemente a la riqueza forestal, corran serio peligro. 
Durante los últimos años las regiones montañosas- forestales, y muy especialmente las del Mediterráneo, han sufrido seriamente la desforestación, los incendios, la desertificación, el abandono, la explotación abusiva, la insuficiente repoblación. El resultado no es otro que la pérdida de decenas de miles de hectáreas de valiosísimas extensiones de bosques. 
Les remito al dramático problema de Grecia, que es el primer país en superficie quemada por incendio en toda Europa. 
Sólo el 10% de las superficies que se destruyen en Grecia son reforestadas. 
El 90% restante o bien se abandona, o bien, en su mayor parte, es usurpado y urbanizado ilegalmente por intereses económicos (por ejemplo, empresas turísticas; generalmente bajo la protección del gobierno de turno) que aprovechan los incendios- o que incluso, tal vez, son responsables de su provocación -, así como el irresuelto problema de los títulos de propiedad, la falta de un catastro forestal y de un registro de la propiedad forestal pública, al objeto de multiplicar sus beneficios. 
En el ámbito comunitario encontramos, es verdad, gran diversidad de bosques (nórdico, templado, mediterráneo y tropical) , y gran diversidad de problemas y peculiaridades. 
La política forestal de la UE hasta hoy, con sus iniciativas fragmentarias, ocasionales, inconsecuentes y sin continuidad, y con las escasísimas partidas que ha destinado, no ha conseguido afrontar de manera mínimamente satisfactoria estos problemas. 
Pues bien, llega ahora la Comisión con la propuesta de reducir aún más las menguadas partidas dedicadas a proteger los bosques del fuego y de la contaminación atmosférica. 
¡Y la argumentación de las reducciones propuestas es la escasa absorción de los fondos destinados durante el período anterior! 
Los problemas, sin embargo, no se han resuelto. 
Todo lo contrario; se han agudizado. 
Esta política no es simplemente hipócrita; es cómplice e incendiaria. 
Nosotros insistimos. 
Llamamos al Parlamento Europeo a recordar sus reiteradas resoluciones y posiciones sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y de lucha contra los incendios, de protección y aprovechamiento de la riqueza forestal en todas las regiones de la Unión. 
Creemos que los fondos presupuestarios comunitarios dedicados a los bosques han sido y siguen siendo particularmente insuficientes y pedimos que se eleven a la altura de las necesidades reales y de la importancia de los bosques. 
Es imprescindible, en colaboración con las autoridades nacionales y regionales, con las entidades competentes, asumir las iniciativas oportunas para trazar una política forestal eficaz y para desarrollar una acción inmediata y coordinada que se proponga el renacimiento y la reforestación de las zonas forestales destruidas, con respeto a las condiciones bioclimáticas y ecológicas de cada región, y, sobre la base de los conocimientos y métodos científicos actuales. Se impone, repetimos, que la UE y los gobiernos destinen las partidas correspondientes para la creación de las infraestructuras necesarias y la contratación del personal adecuado, que, si juzgamos por Grecia, es hoy absolutamente insuficiente. 
De este modo contribuiremos a la protección, desarrollo, recuperación ecológica y aprovechamiento productivo de los bosques de nuestros países. 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre el informe Arvidsson sobre la prohibición del uso de los ftalatos. 
Me he abstenido como todo el Grupo del Partido Popular Europeo, pero la mía ha sido una abstención con recelos; con recelos porque antes de acudir al Pleno para la votación me he preguntado: dado que prohibimos el uso de una sustancia, los ftalatos, no en todas partes ni siempre en nuestro territorio, sino sólo cuando los ftalatos se utilizan en los juguetes para niños, ¿qué les pasará a las empresas que producen ftalatos? 
¿Acaso utilizarán estos ftalatos para otros fines? 
¿Acaso para objetos que pueden utilizar las personas mayores y los pensionistas? 
¿O acaso para otros usos? 
Esto me preocuparía mucho. 
No quiero seguir, señor Presidente, porque no estamos a puerta cerrada, por lo tanto, prefiero detenerme aquí. 
. 
(SV) , El Grupo PPE-DE formula la siguiente explicación de voto en el caso que se aprobase la enmienda 6 al articulo 2 de la directiva. 
Los diputados del Grupo PPE-DE optan por abstenerse en la votación de la resolución, puesto que la enmienda 6 al artículo 2 de la directiva ha sido aprobada. 
Fundamento: los juguetes para niños de 3 a 6 años y los productos para el cuidado infantil fabricados total o parcialmente con plástico PVC blando contienen ftalatos y su etiquetado- incluido el de sus envases- es muy complejo, ya que, indirectamente, puede transformarse en una ampliación de la prohibición. 
El contenido de la norma sobre etiquetado sobrepasa así el fundamento científico de la directiva. 
. 
(FR) El expediente sobre la seguridad de los juguetes me interesa muy particularmente. 
Yo fui ponente sobre este asunto en 1992, y sigo con la mayor atención las evoluciones legislativas en esta materia. 
Con respecto a los ftalatos, sustancias químicas destinadas a sustituir a los PVC, siempre he defendido medidas voluntaristas con miras a proteger, como es debido, a este grupo de consumidores particularmente vulnerables que constituyen los niños. 
Experiencias en animales han demostrado la toxicidad y el carácter cancerígeno de determinados ftalatos. 
Estas sustancias pueden, en efecto, provocar afecciones hepáticas, renales y testiculares en los niños que se introducen en la boca o muerden tetinas, sonajeros o mordedores 
Esta enumeración de riesgos ha suscitado la preocupación legítima de los padres, lo que hubiese debido conducir a la adopción de medidas enérgicas, capaces de responder a las exigencias del principio de cautela. 
Ahora bien, lo menos que puede decirse es que la reacción de la Comisión, si bien ha sido relativamente rápida (pedido de informe al comité científico, estudios sobre toxicidad, ecotoxicidad y efecto en el medio ambiente, decisión de prohibición urgente y propuesta de modificación de las directivas del caso) , no ha sido demasiado enérgica frente a los desafíos y los objetivos de garantía de un alto nivel de protección de los consumidores y de protección de la salud humana. 
¿Qué nos ha propuesto la Comisión Europea? 
Ha propuesto prohibir los juguetes destinados a ser introducidos en la boca por los niños menores de tres años, que contengan uno de los seis ftalatos en cuestión; introducir un aviso en los juguetes que pueden ser introducidos en la boca por niños menores de tres años y que contengan uno de los seis ftalatos en cuestión; y revisar la directiva dentro de cuatro años. 
¡Naturalmente, esto es totalmente insuficiente! 
Es ridículo establecer una prohibición sólo para los juguetes u objetos de puericultura destinados a ser introducidos en la boca. 
En efecto, todos los padres lo saben, los niños de corta edad se introducen todo en la boca. 
Por lo tanto, es necesario prohibir los juguetes y objetos que pueden ser total o parcialmente introducidos en la boca y que contienen ftalatos. 
La falta de informaciones científicas fiables sobre la migración de dichas sustancias químicas en el organismo debe llevarnos a aplicar el principio de cautela. 
Deseo asimismo subrayar que tendremos que estar particularmente vigilantes respecto a las sustancias que se utilizarán para sustituir los ftalatos. 
Por otro lado, es indispensable generalizar el etiquetado de los juguetes y objetos de puericultura que contengan ftalatos, y que puedan ser introducidos en la boca. 
Para evitar incitar a los niños a morder o a introducirse en la boca sus juguetes, deberá añadirse una disposición que establezca la prohibición de añadir sustancias aromatizantes. 
Es necesario prever la revisión de la directiva para actualizarla en función de los avances de los conocimientos científicos. 
Estoy convencido de que en el estado actual de nuestras informaciones, debemos demostrar la mayor prudencia. 
He apoyado las enmiendas presentadas por los miembros socialistas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Concluiré recordando que, con respecto al expediente sobre la seguridad de los juguetes, las normas en materia de etiquetado CE son demasiado ambiguas, y deberían ser clarificadas. 
. 
(FI) Los efectos nocivos de los ftalatos para la salud humana no han podido ser demostrados científicamente. 
Por ejemplo, según el estudio realizado por la U.S. Consumer Product Safety Commission en los Estados Unidos, son contados los niños, si es que hay alguno, con riesgo de exponerse a los efectos nocivos de estos productos químicos, ya que las cantidades de ftalatos contenidas en los juguetes no alcanzan el nivel en que podrían ser perjudiciales. 
Puesto que las cantidades de ftalatos que eventualmente puedan transmitirse del juguete al niño son tan ínfimas, el grupo de investigadores en cuestión no aconseja la prohibición de los ftalatos. 
Personalmente, no apoyo "la exageración precipitada de las precauciones", ni tampoco una prohibición que vaya demasiado lejos, si no se cuenta con el aval de las evidencias científicas. 
Los efectos tóxicos súbitos de los ftalatos son pequeños, y tampoco irritan las mucosas o la piel. 
Aunque en la década de 1980 se comprobase que los ftalatos administrados en grandes cantidades producían tumores en el hígado a ratas y ratones, no obstante, las autoridades competentes de Europa y de los Estados Unidos no han confirmado que los ftalatos sean sustancias cancerígenas para el hombre. 
Además, rehuyo la idea de que los ftalatos sean sustituidos por sustancias sobre cuyos efectos no hay ningún estudio científico. 
Con todo, apoyo que se sigan investigando aquellos ftalatos sobre cuyos efectos no podamos estar seguros. 
Sin embargo, este problema no es muy grave a efectos prácticos, ya que la industria del juguete europea, en su mayor parte, ha dejado de utilizar los ftalatos. 
Informe Hieronymi (A5-0186/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe MEDIA, sin embargo, creo que siendo las personas mayores y los pensionistas los que más ven nuestras televisiones y que, por lo tanto, están muy interesados por estas ayudas de la Unión Europea, sería conveniente que pudieran ver una televisión europea, unos programas europeos que se transmitan en una televisión europea. 
Creo que se lograría mantener más aún la cultura de nuestras naciones, conocida en Europa, en lugar de importar sólo obras audiovisuales de otros Estados como, ante todo, los Estados Unidos. 
Por lo tanto, espero que en la aplicación de este documento se tenga en cuenta mi propuesta. 
. 
(SV) Los cristianodemócratas suecos tienen objeciones de principios, fundamentadas en la forma en que los Tratados de Maastricht y de Ámsterdam conciben el principio de subsidiariedad, a que se empleen recursos comunitarios para desarrollar y comercializar lo que se denomina cine europeo y estudios de cinematografía. 
Esos medios económicos son más necesarios para la reconstrucción de Kosovo, una acción de ayuda europea para el desarrollo que aún no ha sido resuelta presupuestariamente, después de un año de conflictos presupuestarios en el seno de la Unión. 
La idea de contrarrestar la supremacía norteamericana en el campo de la cultura y de la cinematografía es comprensible y digna de elogio. 
Sin embargo, esta labor la deben realizar la industria cinematográfica y los países miembros. 
La Unión Europea, por el contrario, tiene que hacer un esfuerzo serio para deshacerse de las tareas que se apartan de sus objetivos esenciales. 
Señor Presidente, quisiera que pidiera a los colegas que explicaran su voto por escrito cuando tenemos a continuación debates de informes, o, al menos, que se queden hasta el final cuando, en uso de su derecho, explican el voto verbalmente. 
Para cualquiera de nosotros, la explicación por escrito es cuestión de respeto a la Cámara en momentos como éste. 
Tomamos nota de su observación, señor Mastorakis. 
Informe Sanders-ten Holte (A5-0185/2000) 
. 
(FR) Nos hemos abstenido sobre este proyecto, aun cuando estamos convencidas de que una política de intercambios y de cooperación entre los diferentes países en el ámbito de la enseñanza contribuiría a mejorar la calidad de ésta, favoreciendo la mezcla de culturas y los intercambios entre los pueblos que viven en Europa. 
Pero esta orientación no constituirá un factor de progreso si no se basara en una política de educación de los diferentes Estados, tendente a dotar de mayores medios la enseñanza pública, accesible a todos. 
Ahora bien, en los textos no se hace hincapié en esta prioridad y, en particular, no se aplica en ningún país de la Unión Europea. 
Nos preocupa el hecho de que diferentes formulaciones traduzcan una concepción limitativa y utilitaria de una cooperación cuyos objetivos estarían impuestos por las necesidades del mercado y las iniciativas de empresas u organismos privados, que buscan una mano de obra que pretenden formar y capacitar en función de sus necesidades. 
Ahora bien, el hecho de introducir las leyes del mercado en la educación, significa limitar la calidad a una minoría y deteriorarla para la mayoría. 
Por eso hemos votado a favor de las enmiendas que advierten contra un papel demasiado prominente del mercado en la educación. 
Sabido es que la definición de calidad de la enseñanza es una cuestión política muy compleja, dado que depende, en particular, de los objetivos establecidos, de los medios para alcanzarlos y de las condiciones que caracterizan su realización. 
Así, la cooperación en el nivel europeo sobre evaluación de la calidad y sobre indicadores de calidad no debe servir para producir modelos de evaluación, dado que es esencial mantener la diversidad de métodos y planteamientos, teniendo en cuenta los diferentes marcos nacionales, la situación histórica, social, cultural y política de cada país. 
Así, pues, la cooperación posible basada en el intercambio de experiencias en torno a la evaluación de la calidad de las enseñanzas básica y secundaria debe tener en cuenta que se trata de un sector particularmente delicado, que debe respetar íntegramente la responsabilidad de los Estados miembros en materia de contenido de la enseñanza y de la organización de los sistemas de educación y formación, así como su diversidad cultural y lingüística. 
Informe Mombaur (A5-0180/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor también porque en un considerando se dice que la competencia no impide a los Estados imponer obligaciones de servicio público en beneficio del interés general. 
Quisiera confiar en que, en aplicación de este considerando, se estableciera que, en lo relativo a los suministros de gas para uso doméstico, se tenga en cuenta que muchas personas carecen de rentas- entre ellas los pensionistas que no tienen lo suficiente para vivir- por lo cual se debería imponer una franquicia para utilizar una determinada cantidad de gas o de energía de otro tipo, suministrada gratuitamente. 
. 
(FR) En el fondo, como en cada una de sus formulaciones, este informe es un panegírico de la competencia y de la economía de mercado. 
La preocupación exclusiva de su autor es, con la excusa de una unificación de los mercados de energía en Europa, dejar el conjunto de este sector en manos de intereses privados. 
O, más exactamente, al separar la producción de la electricidad y la gestión de la red de distribución, el autor consiente a los Estados que se ocupen de todo aquello que requiere fuertes inversiones y produce pocos beneficios, con la condición de que dejen en manos del sector privado lo que produce muchos beneficios. 
La unificación de la producción y de la distribución de energía a escala de la Unión Europea, la planificación y la racionalización de una y otra, podrían constituir un progreso, pero con la condición de que el conjunto siga siendo un servicio público exclusivamente preocupado por satisfacer las necesidades, y no por optimizar los beneficios privados. 
El análisis del autor del informe es exactamente lo contrario. 
Si el "proceso de liberación" que preconiza se aplicara, ello representaría un retroceso. 
Por consiguiente, hemos votado en contra de dicho informe. 
. 
(FR) Como nuevo diputado de este Parlamento, ¡estoy impresionado! 
Yo no participé en la anterior legislatura, que contempló el gran baratillo de la noción de servicio público "a la francesa". 
Me refiero a un baratillo a semejanza de lo que se hizo en los sectores del transporte, del servicio de correos o incluso de las telecomunicaciones. 
Al proponerse establecer un balance de la transposición de las directivas de diciembre de 1996 relativa la electricidad y de junio de 1998 relativa al gas, el informe Mombaur traiciona claramente la filosofía ultraliberal de la Comisión, que pide, con la excusa de la realización del mercado interior de la energía para el mayor provecho de los consumidores, la apertura total de dichos mercados a la plena competencia. 
El proceso es inflexible: la Comisión propone una directiva minimalista, alegando el hecho de que la liberalización sólo puede ser provechosa en un contexto de desreglamentación; luego los partidarios del "siempre más Europa" transponen la directiva y van más lejos (¡a principios de año, el 65% del mercado europeo estaba liberalizado, cuando la directiva sólo exigía el 30%! ), y, finalmente, ¡la Comisión, en una segunda fase, "regulariza" de manera mucho más vinculante una situación de hecho! 
¡Esto es inaceptable sobre todo teniendo en cuenta que los problemas persisten! 
¿Por qué realizar un mercado único de la energía, cuando la electricidad y el gas no son comparables (desde el punto de vista de la producción/distribución, de la evolución del mercado, de la noción de servicio público)? 
¿Cómo puede pedirse a un prestador de servicios que garantice una continuidad y una equidad propia del servicio público, cuando no resulta económicamente rentable? 
Paralelamente, ¿cómo puede pedirse a los antiguos monopolios que asuman hoy una competencia plena, cuando deben seguir amortizando fuertes inversiones, que son producto de opciones políticas de ayer? 
¿Cómo pueden pedirse precios siempre más bajos en nombre de una sacrosanta competencia, sin volver a poner en entredicho las actuales exigencias en materia de seguridad nuclear? 
¿Cómo puede sustituirse la noción nacional de servicio público por la noción comunitaria de misión de interés general, que es mucho más restrictiva? 
Podría seguir llenando páginas. 
Deben saber que han hecho falta décadas de tradición republicana para permitir la construcción progresiva de nuestros servicios públicos; ¡sólo cuatro años de período de transposición bastarán para aniquilarlos! 
Por consiguiente, no hemos podido votar a favor de este informe, que expresa la voluntad de la omnipotente Comisión de ir siempre más lejos y siempre más deprisa en el camino de la liberalización. 
Naturalmente, el liberalismo puede ser algo deseable, pero de manera progresiva, dosificado y sin excluir definitivamente el intervencionismo público, ¡a menos que suframos mañana las consecuencias financieras de esta renuncia! 
En el seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Europea de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de este año, que decidió la aceleración de la liberalización en sectores como el gas, la electricidad, los servicios postales y los transportes, la Comisaria Europea de Energía presentó un conjunto de medidas encaminadas a acelerar la liberalización en el sector de la electricidad, incluida la aplicación de mecanismos de concertación para superar posibles estrangulamientos en la liberalización y negociar con terceros países el acceso al mercado comunitario. 
Como es sabido, en el Consejo Europeo de Santa Maria de Feira, se pidió a la Comisión que presentara "un informe, hasta marzo de 2001, sobre la evolución de los mercados de la energía, conforme a la estrategia de Lisboa" a fin de evaluar los avances logrados en la liberalización del mercado de la electricidad en la Cumbre de Estocolmo, en marzo de 2001. 
Así, con el apoyo de los diversos Gobiernos y durante la Presidencia portuguesa, se fortalecieron varios mecanismos de presión encaminados a acelerar el proceso que ya estaba en curso con la directiva sobre la electricidad de diciembre de 1996, que establecía la apertura progresiva del mercado hasta 2003, mientras que la directiva de 1998, relativa al gas natural, establece la última fase de apertura de ese sector en 2008, lo que tiene graves consecuencias para Portugal, en particular la EDP, sus trabajadores y los consumidores portugueses. 
De esa forma, se sitúan en segundo plano los problemas del empleo de los trabajadores de las empresas del sector y los intereses de cada uno de los Estados miembros, incluida la defensa de un servicio público de calidad que sirva a los intereses de los consumidores, lo que nos inspira una completa oposición. 
. (EL) El objetivo del informe en cuestión es justificar la liberalización de la energía, principalmente la energía eléctrica, pero también la procedente del gas natural. 
Sustancialmente viene a privar al Estado de este sector productivo de importancia estratégica, y pone toda su actividad en manos del capital privado para que éste pueda multiplicar sus beneficios. 
El papel del Estado queda reducido al de simple árbitro de los intereses de los monopolios y al de vigilante de las directrices fijadas por la UE, en detrimento de la economía del país y de los intereses del pueblo. 
La filosofía del informe no se mueve en absoluto en la dirección del servicio a los intereses populares, a los intereses del ciudadano corriente; tampoco en la dirección del desarrollo de cada uno de los países; la filosofía que inspira el informe no es otra que servir a los intereses de los grandes monopolios. 
En el intento de embellecer la liberalización de la energía, se deslizan bastantes inexactitudes en el informe. 
Por ejemplo, no es cierto que en Gran Bretaña la competencia haya bajado los precios y aumentado los puestos de trabajo. 
En los cuatro o cinco años posteriores a la privatización de la energía eléctrica se registró una gran subida de precios, se redujo el personal, y se abandonó el trazado de planes nacionales a medio y largo plazo de desarrollo de la energía eléctrica. 
En otro punto, el propio informe reconoce la reducción de puestos de trabajo, pero considera que se producirá un aumento de puestos en sectores no productivos: bolsa, publicidad, financieras, etcétera. 
Un estudio realizado en la Empresa Pública de Electricidad, en Grecia, revela que la liberalización de la energía eléctrica reducirá su plantilla de 32.000 a 20.000 personas, al tiempo que se eliminarán muchos servicios útiles para la Empresa Pública de Electricidad y para la economía del país, como el fomento de nuevas tecnologías, estudios de centrales, etcétera. 
La privatización y la liberalización conducirán a la subida de precios, especialmente importante para los consumidores de las pequeñas islas del Egeo, que pagan el kilovatio-hora a un precio muy inferior a su coste real. 
Es igualmente inadmisible que una empresa pública sea obligada, en nombre de la supuesta competencia, a poner en manos de particulares una red de transporte y distribución de enorme valor. 
Si la UE buscara, como dice buscar, una competencia sana, debería obligar a los particulares a crear sus propias redes y unidades de producción para competir con las empresas públicas, en lugar de obligar a las empresas públicas a "ofrecer" su red a los competidores. 
De este modo pretenden simplemente facilitar la transmisión de riqueza al gran capital. 
Por las mismas razones se busca la separación de los sectores, para que no puedan las empresas públicas funcionar con el objetivo de optimizar los resultados de sus actividades integradas, y ser así competitivas. 
La producción de energía no es un simple producto de consumo. 
El sector de la energía es especialmente importante para el desarrollo económico de un país, vital para su defensa. 
En consecuencia, la liberalización de los mercados energéticos pone en peligro no sólo la seguridad de un país, sino también el futuro de su desarrollo. 
Este peligro se dibuja claramente, desde el momento en que, tal y como se señala en el informe, " las empresas públicas de energía tienen que funcionar en un mercado europeo, en una Europa sin fronteras. 
Estas empresas no tienen ya un carácter claramente nacional; sus accionistas, tampoco ". 
Por estas razones los eurodiputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica votamos en contra del informe del Sr. P. M. Mombaur. 
. (DA) Es un motivo de alegría ver que los esfuerzos por crear un sector energético liberalizado parecen finalmente dar fruto. 
La mayoría de países está inmersa en la puesta en marcha de una amplia reestructuración del mercado. 
Algunos países ya han puesto en marcha la plena liberalización y me alegra especialmente que Dinamarca esté en el grupo de cabeza. 
Dinamarca debe aprovechar esta posición favorable y terminar la liberalización tal y como ya ha sucedido, por ejemplo, en Suecia. 
Por ello es lamentable que el gobierno danés aparentemente no tenga planes para dar por ahora el último paso hacia la plena liberalización. 
El excelente informe del Sr. Mombauer toca acertadamente varios puntos. 
Especialmente debe destacarse la importancia de que ahora ya se tenga en cuenta la situación de los países solicitantes. 
La liberalización del mercado energético de los países del Este exigirá medidas especiales, y ha de prestarse una atención especial al medio ambiente. 
También es importante llamar la atención sobre la necesidad de que toda la producción eléctrica sea transparente y de que la ayuda especial para ello no ha de constituir de ninguna forma una distorsión de la competencia. 
Informe Radwan (A5-0169/2000) 
Señor Presidente, el informe anual del Banco Central Europeo relativo a 1999 no es muy prolijo sobre la importante pregunta que se formulan todos los observadores: ¿por qué el euro, que se pronosticaba como una moneda fuerte, resulta ser finalmente una moneda débil? 
De las casi doscientas páginas de que consta el informe, el Banco dedica una página a esta cuestión, con un pequeño gráfico, donde sólo se comprueba el debilitamiento del euro. 
En cuanto a las explicaciones, la única que se da es la diferencia de salud económica y estructural entre Europa y los Estados Unidos. 
Esto es verdad, pero no es suficiente. 
Habría que decir, primero, que Europa no es un país, con un pueblo, un Estado, un gobierno económico, y que, por consiguiente, el euro se considera como una moneda más frágil que las monedas nacionales. 
Además, el euro, al principio, se lanzó a un nivel demasiado elevado, precisamente porque se evaluó basándose en el precio de las verdaderas monedas nacionales, cuando el euro no posee las cualidades intrínsecas de éstas. 
¿De qué manera los responsables europeos quieren luchar contra esta depreciación? 
Primero, indirectamente, por medio de políticas favorables al crecimiento, y no podemos menos que aprobar esta categoría de acciones. 
Pero, al mismo tiempo, vemos que el Banco Central sube los tipos de interés; oficialmente lo hace para luchar contra la inflación... que no existe, pero, en realidad, lo hace para mantener la paridad del euro. 
Se trata de un arma de doble filo, puesto que si se utiliza en un mal momento del ciclo, puede debilitar el crecimiento, que, por otro lado, se intenta reactivar. 
Otra solución dudosa: la huida hacia delante a través del fortalecimiento del euro onza, que debería conducir a un gobierno económico de Europa. 
Esto no cambiará mucho la situación a corto plazo. 
Para atacar el fondo del problema, sería necesario quitar la autonomía a las naciones de Europa, pero esto es, evidentemente, imposible. 
En todo caso, paralelamente se crea un bloqueo del sistema. 
Como lo expliqué en un reciente coloquio en la Asamblea Nacional francesa, la Carta de derechos fundamentales servirá también para atar aún más a los pueblos con respecto al Derecho comunitario y, por lo tanto, a la moneda única. 
Esta aventura contribuye a conducirnos a la pérdida de nuestras libertades. 
Señor Presidente, ésa no es una explicación de voto, es reanudar el debate. 
Todavía no sé qué ha votado el Sr. Berthu, no es que me interese, pero ésa no es una explicación de voto, tan sólo es reiniciar el debate. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Radwan, a pesar de que en el apartado 9 de la página 8, se pide que se aceleren las reformas estructurales de los sistemas de previsión social, con una formulación que, por así decirlo, me plantea algunas dudas. 
¿Acaso se trata de la habitual solicitud que con frecuencia esconde detrás de estas palabras la solicitud de reducir las prestaciones de jubilación a los ciudadanos para reducir los gastos en los presupuestos de los Gobiernos nacionales? 
Por ello, si fuera esta la intención del informe quisiera subrayar que, por el contrario, se debería considerar como una racionalización para evitar despilfarros en los pagos de prestaciones de seguridad social que, si fueran administradas mejor, evitarían tener que reducir continuamente las prestaciones recortando las pensiones a las personas mayores en toda Europa. 
El informe en examen hace la apología de las políticas monetaristas del Banco Central Europeo (BCE) , en particular de la estabilidad de precios, olvidando que, actualmente, no se vive un momento de continua bajada de los tipos de interés, sino, al contrario, una fase de subidas en aumento, con repercusiones muy graves en las rentas de las familias de menores recursos que recurren al crédito bancario para adquirir su casa, como sucede en Portugal. 
Para el ponente, que se congratula de la actuación del BCE, lo fundamental es la observancia estricta de los criterios de convergencia nominal del Pacto de Estabilidad, incluidos los países candidatos a la adhesión, y las políticas conexas, en particular la moderación salarial, la flexibilización del mercado laboral y de los sistemas de seguridad social y la aceleración de la liberalización de los sectores de servicios y capitales. 
Llega incluso al colmo de criticar a los países de la zona del euro que han reducido la jornada laboral, ya que, a su entender, esa actitud contribuye a "volver el mercado laboral más rígido en vez de flexibilizarlo". 
De esa forma, el ponente se sitúa en la posición de defensa del más refinado neoliberalismo capitalista, lo que sólo puede merecer nuestra más vehemente protesta mediante el voto en contra. 
Informe Karas (A5-0170/2000) 
Señor Presidente, se trata del informe del Parlamento Europeo sobre la estrategia de comunicación en la última fase de realización de la unión monetaria. Para que la Sra. Peijs lo entienda bien, he votado en contra. 
Dicho informe refleja la preocupación de muchos responsables frente al desinterés más o menos generalizado del público respecto a la aplicación del euro. 
Sin embargo, sólo estamos a un año de un plazo de capital importancia: la retirada de las monedas nacionales y la puesta en circulación física de las monedas y billetes emitidos en euros. 
Hasta ahora, naturalmente, la partida ha resultado relativamente fácil para el euro, ya que la primera fase atañía sobre todo a los técnicos, banqueros, inversores y usuarios de bolsas de valores, quienes ya estaban advertidos y, además, convencidos de antemano. 
En estas condiciones, la facilidad de la implantación del euro en dicha fase no causa ninguna sorpresa. 
Pero en lo sucesivo, se jugará una partida mucho más difícil: la cita con los ciudadanos, quienes, por lo general, aún no han entendido bien los esfuerzos que se le iban a pedir, y que se encontrará cogido por las decisiones que ya se han tomado. 
Para colmar esta laguna, el Parlamento Europeo pide que se intensifique la política de comunicación y, para ello, que se aumenten los créditos en aproximadamente un 30%, hasta la cifra de 38 millones de euros anuales. 
Para quitar los complejos a los responsables que puedan tener dudas, el Parlamento Europeo añade, con cierta ingenuidad, cito la resolución aprobada, que: "de conformidad con la letra a) del artículo 37 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999, la política de información es una acción autónoma que no requiere fundamento jurídico". 
¡Para qué privarse! 
Señalo de paso que siempre hemos criticado la posibilidad, por parte de la Comisión, de comprometer gastos sin fundamento jurídico, y hemos criticado este Acuerdo institucional que el Consejo tuvo la debilidad de aceptar, en contradicción con los principios habituales que corresponden a una buena gestión de los fondos públicos. 
Señor Presidente, cumpliré las expectativas de la Sra. Peijs abreviando mi intervención y limitándome a decir que he votado a favor de este informe con la esperanza de que el 31 de diciembre de 2001 se entregue a todos los pensionistas una calculadora que convierta su moneda en euros. 
Señor Presidente, soy uno de los diputados que ha presentado la enmienda 7, en la que se pide a la Comisión que se limite la campaña del euro a los países que actualmente participan en la UEM. 
Esto implica que Suecia, Dinamarca y el Reino Unido deberían mantenerse al margen, ya que la corona y la libra son todavía las monedas vigentes en esos países. 
Es razonable pedir que la UE no realice campañas financiadas con recursos de los contribuyentes en torno a materias delicadas de política interna en los países miembros. 
En último término, se trata de tolerancia mutua y respeto por los procesos democráticos de los pueblos. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Karas sobre la estrategia de comunicación para la puesta en marcha de la UEM. 
La introducción de las nuevas monedas y billetes comunes tendrá gran trascendencia práctica para ciudadanos y empresas. 
No sólo porque las monedas y los billetes sean nuevos, sino también porque uno deberá acostumbrarse a los "nuevos precios" cuando se conviertan a la moneda común. 
El dinero es algo en lo que se debe confiar. 
De ahí la importancia de que haya la información necesaria- y ésta naturalmente será mayor de la que conocemos cuando los países hoy introducen nuevos diseños en billetes y monedas. 
En nuestra explicación de voto hemos hecho hincapié en que las actividades de información las lleven a cabo en cada país los Estados miembros y en que se establezcan acuerdos particulares con cada país al respecto. 
Estamos de acuerdo en que es verdad que el gobierno danés no ha contraído un acuerdo semejante. 
Esperamos que también Dinamarca contraiga un acuerdo semejante una vez que el pueblo danés haya dicho sí a la moneda común en el referéndum a celebrar el 28 de septiembre de 2000. 
Partiendo del principio de que la moneda europea común constituye un factor esencial e identificador del proceso de identificación europea, pero reconociendo que cada ciudadano comunitario, como los ciudadanos residentes, ya sea en países que no participan en la unión monetaria o en los países candidatos, resultarán considerablemente afectados por la introducción de los billetes y monedas metálicas de euros, el ponente, en el seguimiento de la propuesta de la Comisión, apoya una campaña de información encaminada a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el euro y garantizar una introducción sin dificultades a partir del 1 de enero de 2002. 
Respecto de la banca, el ponente propone que la Comisión intensifique sus acciones con vistas a "impedir las elevadas comisiones bancarias para las transferencias financieras transfronterizas y los elevados costos de conversión a euros". 
Ahora bien, a lo largo del informe se confunde en varias ocasiones información técnica necesaria para facilitar la adaptación de los ciudadanos y las empresas, sobre todo las PYME, a la nueva moda con campañas de propaganda sobre la Unión Económica y Monetaria, lo que no podemos por menos de apoyar. 
Por ejemplo, el ponente menciona el caso de las mujeres como grupo destinatario al que conceder preferencia en una campaña por mediación de organizaciones y revistas femeninas, dado que son las mujeres las que abrigan aún grandes reservas respecto de la introducción del euro. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, no ha sido nunca partidario de una introducción precipitada de una moneda común para los países de la Unión Europea. 
El euro nos impide regular la economía mediante la actuación sobre los tipos de interés y los tipos de cambio. 
Además, la llamada estabilidad del euro se logra economizando mucho los ingresos de los que no trabajan y las previsiones para la enseñanza, la asistencia sanitaria, la vivienda y el transporte público. 
Opino, por tanto, que el euro solamente resulta útil a las personas que se dedican a los negocios, a los que van mucho de vacaciones y a los diputados del Parlamento Europeo, pero no a la gran mayoría de la gente. 
La confianza que en cierta medida existía en el euro se ha debilitado considerablemente ahora que su valor ha disminuido respecto de la corona danesa, la corona sueca, la libra esterlina y el tipo de cambio de muchos países que no pertenecen a la Unión. 
Puedo figurarme que los partidarios del euro necesitan ahora una campaña de propaganda. 
El informe Karas está, sobre todo, dirigido a que el gran público adquiera más confianza en el euro, recurriendo, entre otros, a las asociaciones deportivas y a la enseñanza. 
Otra parte del mismo pretende evitar las prácticas de los estafadores y de los que aumentan los precios, que se benefician de la introducción del euro. 
Estoy totalmente de acuerdo con esa parte, aunque no puedo respaldar la propuesta en su totalidad. 
Rechazo en bloque el informe Karas. 
Si bien el objetivo de familiarizar a los europeos con su futura moneda es perfectamente legítimo, ya que se decidió renunciar (en unas condiciones que desapruebo) a las monedas nacionales, rechazo enérgicamente la propaganda que este texto articula en favor de lo que el Sr. Karas denomina "un factor fundamental del proceso de integración europeo y de fomento de la identidad europea". 
Dicho texto posee, al menos, el mérito de sacar a la luz la enorme mentira a la que los partidarios de una Europa federal recurrieron cuando en 1992 pidieron a los franceses que ratificaran el Tratado de Maastricht: en aquel momento la moneda única se presentaba como un instrumento meramente técnico dirigido a lograr un mejor funcionamiento de la economía frente al dólar y al yen, y también como una operación perfectamente neutra en materia de soberanía nacional. 
¡Qué lejos estábamos del factor fundamental del proceso de integración! 
Este texto constituirá, sin ninguna duda, un arma fundamental para todos aquellos que, en el Reino Unido, en Suecia y en Dinamarca luchan para proteger sus soberanías nacionales: el euro, aun cuando en dichos países sus partidarios hoy lo niegan, es el arma de una Europa federal que la aplastante mayoría de sus poblaciones rechaza. 
Cuando mis colegas desaprueban, pues, la enmienda presentada por William Abitbol, que pide simplemente que se exponga claramente dicho objetivo integracionista en los programas de comunicación de la Comisión, contribuyen a una operación de propaganda falsa, que sus electores, sin duda, censurarán. 
La resolución del informe Karas pretende que las mujeres, por razones que dicho informe no explica, no participan en el entusiasmo general que tendría que haber acompañado a la aplicación del euro. 
Nos encontramos aquí con el tono desagradable de los propagandistas revolucionarios de todas las épocas, que ven en cada hogar una confabulación reaccionaria de las mujeres y de los curas para rechazar un futuro prometedor. 
Creo que a nadie se le ha ocurrido que quizá, a causa de su experiencia en materia de economía diaria, las mujeres son más que renuentes al paso del euro. 
Esto es despreciable y revela la dictadura del pensamiento único, que consiste en tachar a los detractores, a las detractoras o a los "renuentes" con respecto al euro de ignorantes, de analfabetos, de subdesarrollados. 
¡A esto es a lo que conduce la obcecación federalista! 
Informe Lambert (A5-0162/2000) 
. 
(FR) Los informes anuales del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones forman parte de las tradiciones de esta casa. 
A su vez, el Parlamento responde a los balances de estos dos órganos con dos informes anuales similares. 
No obstante, existe una novedad: el informe Thors, basándose concretamente en los trabajos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a petición del Sr. Söderman, pretende otorgar al Defensor del Pueblo un derecho de acceso general a todos los documentos cuya consulta es necesaria para la tramitación de las reclamaciones y quejas. 
Nosotros nos oponemos a esta propuesta, no porque rechacemos cualquier tipo de control sobre la administración, sino porque estos poderes van más allá de las competencias de un Defensor del Pueblo, para coincidir con las de un juez. 
Es evidente, y no seremos nosotros quienes diremos lo contrario, que la delirante administración comunitaria y los perjuicios que genera no pueden sino crear en nuestros conciudadanos una creciente insatisfacción, y dar lugar, por lo tanto, a un número cada vez mayor de recursos. 
La multiplicación de las competencias, la diversificación de los ámbitos de intervención, la bulimia legislativa de la Comisión y de nuestra Asamblea no solucionarán este fenómeno. 
Pero no es el Defensor del Pueblo ni sus escasos colaboradores quienes podrán responder correctamente a estos desafíos. 
Incumbe a nuestra responsabilidad política acabar con las propias fuentes de estos litigios, prefiriendo la calidad de nuestro trabajo a un activismo textual que justificaría nuestra existencia, respetando verdaderamente el principio de subsidiariedad, que evitará que la Unión se pronuncie sobre cuestiones que no le atañen, ejerciendo nosotros mismos, en su caso, las competencias que poseemos en materia de control de los órganos comunitarios. 
Hemos visto muchas veces como nuestra Asamblea se refugiaba detrás de los comités de expertos, porque se negaba a asumir sus propias responsabilidades políticas. 
Si bien hay que dejar en manos del Defensor del Pueblo el control de los problemas de intendencia administrativa, debemos aprender, por nuestra parte, a controlar, tanto en la fase previa como posterior, la loca maquinaria comunitaria lanzada a una huida hacia delante mortal. 
Los excesos que se deben combatir son a menudo el fruto de la propia naturaleza de la actual construcción europea, y, por lo tanto, hay que arrancarlos de raíz. 
Informe Atkins (A5-0162/2000) 
Señor Presidente, no diga usted a la Sra. Peijs que no le ayudo. 
En efecto, he votado a favor del informe Atkins porque para los pensionistas, a los que les queda poco tiempo de vida, la puntualidad a la hora de llegar a su destino cuando toman un avión es muy importante, al tener poco tiempo a disposición. 
. 
(FR) Este período parcial de sesiones es rico en informes relativos a los transportes. 
Por desgracia, debo constatar que dicho sector sólo se considera desde un punto de vista liberal. 
El informe del Sr. Atkins, sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa al cielo único, se inscribe en esta lógica de liberación vertiginosa, lo que, además, la semana pasada ha provocado la huelga de controladores aéreos franceses, quienes expresaron de esta manera su preocupación frente a una concepción meramente comercial de su profesión. 
Comprendo su acción, no así el Sr. Atkins, que en su informe "pide a la Comisión que inste a los gobiernos de los Estados miembros, que actualmente toleran que los conflictos laborales nacionales perturben el tráfico aéreo, a que aborden urgentemente esta cuestión". 
¡Es ridículo! 
Nadie niega la realidad de la degradación de la situación del tráfico aéreo. 
Efectivamente, los corredores aéreos y los aeropuertos están saturados, los retrasos son moneda corriente ya que un avión de cada tres no llega a la hora prevista, a todo ello se añade una secuela de ruidos ambientales y de perjuicios al medio ambiente. 
Deseo, pues, saludar la voluntad de la Sra. De Palacio- la comisaria que está a cargo del expediente sobre los transportes- en el sentido de abordar resueltamente el problema, a fin de conseguir rápidamente la creación de un cielo único europeo. 
Sin embargo, estoy en total desacuerdo con los medios que nos propone para ello, del mismo modo que desapruebo las propuestas del informe. 
Se trata, en efecto, de abrir a la competencia los centros de control aéreo, disociando las autoridades de regulación y los operadores. 
La función de control podría ejercerse en el seno de sociedades separadas, cuyo capital se abriría a las compañías aéreas o a socios privados. 
Esta liberalización conduciría a debilitar la seguridad en los transportes aéreos, lo que, naturalmente, es inaceptable y contradice el Tratado CE, para el cual la mejora de la seguridad de los transportes constituye uno de los principales objetivos de la Política Común de Transportes. 
Ciertamente, Francia resulta un caso aislado en Europa, donde el control aéreo, en la mayoría de los países, está gestionado por agencias tuteladas por el Estado, pero abiertas a los capitales privados. 
Francia desea mantener dichas actividades en el marco del servicio público. 
Es necesario aplicar en este caso el principio de subsidiariedad y dejar en manos de cada Estado miembro la organización del control aéreo. 
Se trata de una exigencia, sobre todo si se tiene en cuenta que el problema de los retrasos no atañe al control aéreo, ¡que sólo es responsable del 25% de los mismos! 
En conclusión, apoyo las propuestas tendentes a fortalecer el papel de Eurocontrol, la agencia paneuropea responsable de la gestión del espacio aéreo de los Estados europeos, miembros o no de la UE, en tanto que autoridad reglamentaria. 
El informe subestima, sin razón, el potencial de dicha agencia; por tanto, yo he votado en contra de un informe totalmente inaceptable. 
. 
(FR) He votado en contra del informe del Sr. Atkins, ya que su desfase respecto a la realidad es total y porque se inscribe en una visión ideológica apriorística, sin preocuparse principalmente por responder a las necesidades reales de nuestros conciudadanos y de los usuarios del transporte aéreo. 
Naturalmente, no se trata de negar la necesidad de mejorar la situación de la regulación y del control aéreo en Europa, dentro del espíritu del cielo único europeo. 
Es evidente que los aviones que atraviesan nuestros cielos no pueden estar sujetos a tratos incoherentes, no coordinados, complicados, en su travesía. 
Si bien con Eurocontrol se han realizado progresos, ya es hora de superar una nueva etapa y de mejorar el dispositivo, con una exigencia prioritaria de capital importancia: la seguridad, la regulación y el control aéreo no deben depender de la ley de la competencia, sino del concepto de servicio de interés general. 
Además, los Estados Unidos nunca han liberalizado su control aéreo, puesto que está gestionado por una agencia estatal. 
¡Eso lo dice todo! 
Ahora bien, el informe Atkins apunta a este objetivo de abrir a la competencia un servicio ¡que difícilmente podría ser fuente de beneficios privados y que encontraría sus criterios de rendimiento en los beneficios generados! 
Por otro lado, el pretexto para acelerar esta liberalización se basa en los retrasos de los aviones. 
En efecto, es conveniente solucionar este problema, pero para ser eficaces, hay que analizar las razones efectivas de dichos retrasos, así como las soluciones reales. 
Notemos, ante todo, que este año han habido cambios positivos, ya que en Francia los retrasos han disminuido- y de manera sustancial-. 
Eso demuestra que conviene tener en cuenta tanto las carencias coyunturales (uso del espacio aéreo por los militares en el conflicto de Kosovo, cambio del sistema de control, etcétera) como estructurales. 
También debe valorarse todo aquello que guarda relación con las compañías aéreas o la estrechez del espacio civil europeo, habida cuenta del número de vuelos. 
A fin de cuentas, la responsabilidad del control aéreo en estos retrasos no es enorme, y la mejora del sistema supone, en todo caso, una mejor organización de la coordinación de los diferentes sistemas de control en los Estados miembros, consolidando a Eurocontrol en esta función. 
Estas deberían ser las prioridades y las líneas maestras del cielo único europeo. 
Desgraciadamente, la Comisión no parece seguir esta línea, y el informe Atkins es aún peor. 
El sector aéreo ha estado desde siempre organizado de forma particularmente liberal. 
El motivo es que las Administraciones compiten entre sí en cuanto a la creación de cada vez más aeropuertos que son cada vez más grandes y que, exceptuando los aeropuertos, no es necesaria una infraestructura comparable, ni en el ferrocarril ni en las autopistas. 
En este sector siempre ha sido posible que distintas compañías compitan entre sí en la misma ruta. 
Así mismo, los precios de los billetes de avión muestran esa libertad. 
Se ha perdido toda relación entre la distancia recorrida y el precio del vuelo. 
Allí donde se quieren más pasajeros, se bajan los precios; allí donde se considera que ya hay pasajeros más que suficientes, el precio es alto. 
Ya no queda mucho por liberalizar en este sector. 
No obstante, hay personas que esperan que una mayor liberalización sea el remedio de todos los males. 
Daría lugar a billetes más baratos, a una mayor oferta de vuelos y a la desaparición de los retrasos. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea considera que este planteamiento es muy simplista. 
Se limita a dos tipos de intereses. 
Por una parte, el de las compañías aéreas; por otra, el del consumidor que sólo está interesado en que cada vez haya más vuelos y éstos sean cada vez más baratos. 
Consideramos que otros asuntos, tales como la seguridad de los pasajeros, la subsistencia y la situación laboral del personal, la protección del medio ambiente y la protección del ferrocarril frente al dumping de precios y otras formas de competencia desleal son más importantes. 
Tiene poco sentido echar la culpa al personal de todo lo que molesta a los pasajeros, personal que se ve a menudo obligado a ir a la huelga para autoprotegerse. 
Eurocontrol, que se ha encargado de algunas tareas estatales transfronterizas, tampoco es culpable. 
La seguridad no puede subordinarse a las ganancias de las empresas que quieren hacerse con el mercado de Eurocontrol. 
El problema radica mucho más en el crecimiento desmedido de la aviación y la competencia en materia de precios, que ha tenido lugar a costa del ferrocarril en el caso de las distancias largas. 
Ese problema no se soluciona con las propuestas actuales. 
Partiendo de esta visión crítica, hemos presentado once enmiendas. 
Ahora que ha resultado que la mayoría del Parlamento no respalda nuestro planteamiento, no hemos podido votar a favor de la última versión del informe Atkins. 
El presente informe, aun partiendo de algunas situaciones reales- como el aumento del tráfico aéreo o los retrasos que se producen en diferentes rutas- y de algunas premisas correctas- en particular, la necesidad de garantizar y fortalecer la seguridad en el transporte aéreo -, escamotea las causas profundas de semejantes situaciones, indisociables de las sucesivas liberalizaciones en el nivel de las compañías de transporte aéreo y de la competencia desenfrenada de ella resultante y, en particular, saca conclusiones precipitadas y erradas, por estar marcadamente orientadas a la liberalización del espacio aéreo y a su control futuro por las principales compañías de transporte aéreo. 
Si bien es cierto que se impone la necesidad de una cooperación efectiva y son indispensables medidas técnicas y disciplinadoras en esa esfera, no compartimos semejantes orientaciones, aún más radicalmente liberalizadoras que las propuestas por la Comisión. 
Una vez aplicadas, acentuarían las dificultades en la esfera de la seguridad y propiciarían mayores problemas sociales, además de que suscitarían cuestiones en el ámbito de la soberanía de cada Estado sobre su espacio aéreo, tanto más relevantes en la medida en que es compartido por las respectivas aviaciones militares. 
. 
(FR) El 26 de junio de 2000, los controladores franceses estaban en huelga para protestar contra los proyectos de liberalización del control aéreo de la Unión Europea: deseo manifestar mi solidaridad con dicha huelga y con las reivindicaciones de los sindicatos del control aéreo. 
Las respuestas a la saturación del espacio aéreo europeo suponen una huida hacia delante debido a la multiplicación de los aeropuertos y de las pistas, a la degradación de las condiciones de trabajo de los asalariados del sector y al aumento de los daños medioambientales. 
Nosotros nos pronunciamos, por el contrario, en favor de un desarrollo armonizado del transporte a escala europea, capaz de dar prioridad a la satisfacción de las necesidades sociales reales y de optar, por ejemplo, por el transporte ferroviario para cubrir las necesidades de la mayoría, sobre todo con respecto a las distancias inferiores a 500 kilómetros. 
El hecho de liberalizar el control aéreo no resolverá el problema de los retrasos, puesto que éstos sólo son imputables a los controles en un 20-30%. 
Es sabido que los militares acaparan hoy- por ejemplo, en Francia- el 80% del espacio aéreo. 
¿Por qué esto no se cuestiona? 
La Comisión toma como pretexto los retrasos para orientarse hacia una separación entre una agencia europea de regulación y la creación de un mercado interior privatizado en cuanto al abastecimiento de los servicios de tráfico aéreo. 
Estas medidas, tomadas bajo la presión del lobbyng de las compañías aéreas, no podrán aplicarse sino en detrimento de la seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que las propias compañías podrán presentarse como candidatas para prestar estos servicios. 
Por estas razones he votado en contra de este informe. 
Informe Damião (A5-0141/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Damião, ya que también he votado a favor de la enmienda que prevé el 100% de la prestación por maternidad. 
La maternidad no es una enfermedad. 
Esta mañana en los periódicos italianos se dice que se deducirán de los impuestos los gastos para el cuidado de los perros y de los gatos. 
Entonces, si hay dinero para los perros y los gatos, también debe haberlo para las mujeres que dan a luz que no están enfermas, pero que son personas que tienen derecho a toda la prestación. 
Señor Presidente, este informe sobre medidas para mejorar la seguridad y salubridad de los centros de trabajo para las trabajadoras embarazadas, las que recientemente han dado a luz o las que amamantan a sus hijos es muy loable y constituye un paso en la dirección correcta. En especial, el punto 11 contiene buenas propuestas. 
Al mismo tiempo, quiero llamar la atención sobre la tendencia a ocuparnos en el Parlamento Europeo de temas de política social y de legislación social, cosa que, en mi opinión, corresponde a los países miembros. 
Esto es un aspecto muy importante de la identidad cultural y social que crea cada pueblo y cada país. 
Este asunto es uno de los más importantes que se debate en las campañas electorales en Suecia y en otros países. 
¡Dejemos que siga siendo un asunto de carácter nacional! 
Señor Presidente, las madres embarazadas y los hijos que van a tener, las madres que recientemente han dado a luz y las madres lactantes necesitan durante ese importantísimo período toda la ayuda que se les pueda facilitar, y eso reviste importancia no solamente para la madre y el hijo sino también para la sociedad, si tenemos en cuenta la baja natalidad y el envejecimiento de la población en la Europa de nuestros días. 
Es evidente que las empresas tienen responsabilidades sociales, pero me parece que los gobiernos deberían dar el ejemplo, especialmente en los países como el mío en los que el papel de la madre y de la familia está protegido por la Constitución. 
Desgraciadamente no parece que suceda lo mismo en Irlanda por lo que se refiere a la licencia de maternidad con paga, las facilidades dadas a las madres para el amamantamiento de sus hijos, y su exoneración de los turnos de trabajo nocturnos. 
He mencionado esos ejemplos para poner de relieve el hecho de que la mera aprobación de una directiva no significa que la directiva vaya a aplicarse. 
Ya es hora de que dejemos de hacer promesas de labios para fuera a las madres trabajadoras, a sus hijos y a sus familias en nuestra Comunidad Europea. 
. 
(FR) En este informe hemos votado positivamente los apartados que apuntan a la protección de las mujeres trabajadoras tanto desde el punto de vista de su salud y de su salario, como desde el punto de vista de la salud del niño. 
No obstante, es deplorable que el informe ni siquiera proponga tomar como modelo, en todos los ámbitos, las ventajas y los derechos de los países en que éstos son más favorables a las mujeres embarazadas que trabajan. 
Por otro lado, no deseamos que nuestro voto en favor de la protección específica, durante su embarazo, de las mujeres que trabajan por la noche pueda ser interpretado como el reconocimiento de la legitimidad del trabajo nocturno de las mujeres. 
Nosotros deseamos, por el contrario, reafirmar nuestra oposición al trabajo nocturno cuando no es socialmente útil, no sólo respecto a las mujeres, sino también a los hombres. 
La prohibición del trabajo nocturno de las mujeres era un logro del movimiento obrero en Francia. 
Revisarlo constituye un retroceso social. 
Invocar la igualdad de hombres y mujeres añade la hipocresía. 
Una hipocresía destinada a ocultar el hecho de que el legislador tiene más en cuenta el hecho de garantizar a los empresarios la utilización ventajosa de sus equipos que velar por la salud y la seguridad de sus asalariados. 
. (EN) Me he abstenido de votar sobre la enmienda 2 presentada en nombre del Sr. Bushill-Matthews en la que se pedía que se reconocieran las necesidades especiales de las PYME al aplicar la legislación en materia de salud y seguridad. 
Comparto sin reservas sus aspiraciones pero la enmienda es superflua porque el apartado 2 del artículo 137 del Tratado declara inequívocamente que las directivas promulgadas en la esfera social, incluidas las relativas a la salud y seguridad, evitarán la imposición de limitaciones financieras y legales que puedan retrasar la creación y el desarrollo de PYME. 
Estimo, por lo tanto, que los sentimientos que se expresan en la enmienda se han tomado ya en consideración y que es innecesario repetirlos en el informe. 
. (EL) Una vez más nos encontramos ante una avalancha de buenas intenciones, que incluso cuando se traducen en redacción de propuestas positivas están condenadas a quedarse en papel mojado, puesto que no se aborda la esencia del problema y no se toca la dirección política de fondo que lo crea. 
La propuesta del Parlamento Europeo incluye muchas propuestas positivas, que, sin embargo, quedan anuladas por su propia incapacidad de abordar en conjunto el problema de las negativas transformaciones registradas en el trabajo y en las relaciones laborales. 
Desde el momento que no se toca el eje central de reorganización de las relaciones laborales, constricción y abolición de derechos y conquistas fundamentales de los trabajadores, cuando el marco de las condiciones laborales- flexibilización del tiempo de trabajo y de las condiciones de trabajo, empleo temporal y parcial, recortes en la protección y seguridad social -, el marco que se está configurando es absolutamente negativo y constrictivo para la aplicación de cualquier política de protección de las mujeres trabajadoras durante, antes, y después del embarazo. 
Quisiéramos que se prestara particular importancia y se subrayaran los peligros referidos a la terminante prohibición de los despidos, especialmente bajo el actual estado de cosas caracterizado por la progresiva generalización de los contratos atípicos, a la exclusión indirecta de la contratación de mujeres embarazadas, a la necesidad no sólo de conservar y consolidar, sino de aumentar el permiso de maternidad, a la presencia de una definición más clara del salario durante el permiso de maternidad, a la observancia de controles más estrictos sobre el trabajo nocturno de mujeres embarazadas o que se encuentren en período de lactancia. 
Además de reforzar el marco legal de protección concerniente a la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas, completando vacíos, concretando imprecisiones- «caballo de Troya» -sobre incumplimientos e infracciones; hay que enfrentarse a la falta de voluntad política de los gobiernos de los países miembros para aplicar realmente la directiva, falta de voluntad que se comprueba fácilmente si se examina la posición de los mecanismos de control de los países miembros durante el período anterior. 
Característico el ejemplo de Grecia y los controles insuficientes, en cuanto a la obligación patronal de valoración escrita completa del riesgo profesional en los lugares de trabajo, en el marco de la cual debe incluirse el análisis específico de los riesgos para las mujeres embarazadas o que se encuentren en período de lactancia. 
La realidad demuestra que cuando la empleabilidad y la «adaptabilidad» se erigen en directriz de las prioridades comunitarias en temas de empleo, desaparece de hecho toda idea de protección, y quedan abolidas en la práctica numerosas regulaciones parciales. 
El problema es la dirección que se marca, el tipo de política de empleo que se ejerce. 
Y, desgraciadamente, la UE, como puede constatarse, insiste en seguir adelante con una drástica limitación de los subsidios y de la seguridad social, modifica, a peor, disposiciones relativas a los despidos, vacía de contenido o deja sin aplicación otras disposiciones protectoras relativas a las condiciones laborales. 
No podemos hacernos ilusiones ni sobre la naturaleza de la política de empleo, ni, en general, sobre la política social de la UE, ni sobre los intereses de que ésta es expresión. 
Por esta razón, y aunque compartimos la positiva posición del Parlamento Europeo en el asunto de la protección de las mujeres embarazadas o que se encuentren en período de lactancia, creemos que no se trata sino de una declaración más de ideas y buenas intenciones. 
Por ello, llamamos a las trabajadoras y a los trabajadores a continuar sus luchas sociales por un cambio de conjunto de la política que se ejerce, por el impulso de una política diferente, que sitúe al ser humano, sus necesidades y su dignidad en el centro de sus intereses. 
Luchas cuyo primer y principal objetivo es la materialización del principio del pleno empleo; pleno y permanente; con derechos plenos y garantizados para todos. 
Sólo un marco así puede garantizar los derechos de un colectivo de trabajadores tan sensible como el de las mujeres embarazadas; los derechos y el respeto a la vida, que no constituye una materia prima para obtener de ella beneficio, y que no está sometida a las leyes de los costes, de la competencia y de la inclemencia del mercado. 
. 
(FR) Somos favorables a todas las modificaciones de la directiva tendente a mejorar la protección de las asalariadas embarazadas, antes, durante y después de su permiso de maternidad. 
La resolución propone paliar las carencias de la actual directiva y armonizar las legislaciones europeas para ajustarlas a aquellas que garantizan un mayor número de derechos. 
Nosotros suscribimos estas propuestas en nombre de la garantía del derecho de las asalariadas a la salud. 
Y ello sobre todo porque los proyectos de modificación del Convenio de la OIT sobre la protección de la maternidad (Convenio nº 103) dejan entrever numerosos retrocesos, tales como la exclusión de algunas mujeres del beneficio del permiso de maternidad, la duración mínima de dicho permiso y la posibilidad de despedir a una mujer durante su permiso. 
Es necesario establecer un marco europeo riguroso para proteger a las mujeres embarazadas contra cualquier tipo de discriminación durante la contratación, con respecto a sus condiciones de trabajo, al acceso y duración del permiso de maternidad: 20 semanas, de las cuales ocho deben tomarse obligatoriamente después del parto. 
Las mujeres deben estar protegidas contra cualquier despido abusivo y debe garantizarse su salario anterior. 
Finalmente, es necesario prohibir el trabajo nocturno para las mujeres y los hombres en los sectores en los que no es indispensable, antes que buscar adaptarlo a las mujeres embarazadas. 
Desarrollo del transporte marítimo de corta distancia 
De conformidad con el orden del día, pasamos al informe Peijs (A5-0139/2000) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa: una alternativa dinámica en una cadena de transporte sostenible- Segundo informe bienal de aplicación. 
Tiene la palabra la Sra. Peijs, ponente. 
Señor Presidente, La Comisión presentó en 1995 la comunicación sobre el desarrollo del cabotaje conforme a la estrategia que se formuló en el Libro Blanco sobre la Política Común de Transporte. 
Ahora examinamos el segundo informe anual sobre los avances realizados en este ámbito. 
No obstante, después de cinco años está claro que el cabotaje todavía es solamente una bonita promesa que no se ha cumplido, a pesar del respaldo oral del Consejo de Transportes de 8 de diciembre de 1999, que consideró prioritario el transporte marítimo de corta distancia. 
Se trata de que el transporte aumentará un 70% en los próximos diez años. 
Es imposible responder a este problema creciente únicamente con el transporte por carretera. 
El cabotaje tampoco compite con el transporte por carretera, el ferrocarril o el transporte por aguas interiores; es una de las modalidades de la cadena de transporte. 
Todos estamos interesados en que la irritación de los núcleos urbanos ante el tráfico de camiones en tránsito se mantenga tan baja como sea posible. 
El transporte debe, así mismo, ser lo más limpio posible, y también el cabotaje cumple unos requisito altos en ese sentido. 
La rapidez no es, tal vez, la cualidad principal de este transporte. Sí la seguridad. 
Las prohibiciones de conducir los fines de semana y los embotellamientos asolan el transporte por carretera. 
En muchos casos, el cabotaje puede ofrecer una solución a estos problemas si se utiliza como complemento de otras formas de transporte. 
Por otra parte, no pretendo asegurar aquí que el cabotaje constituye la solución de todos los problemas. 
Ya solucionamos mucho si hacemos un trabajo serio a fin de utilizar todas las modalidades de transporte tan bien como sea posible y las relacionamos de la mejor forma posible. 
No obstante, para ello deben cumplirse algunos requisitos. 
La Comisión apunta insistentemente en su comunicación a las propias empresas. 
Puede ser, pero como ponente quiero equilibrar el asunto. 
Hay puntos muy claros en los que sobre todo las Administraciones, nacionales, locales y regionales, pueden tener peso a la hora de impulsar el cabotaje. 
La Comisión Europea ha estudiado el asunto en su comunicación. 
El Parlamento y su ponente han analizado críticamente los planes de la Comisión, y han intentado adoptar este informe tras dialogar con todos los partidos implicados, tal como corresponde a un Parlamento. 
Se ha pedido a las empresas que propongan cuestiones prácticas que obstaculizan, en su opinión, el desarrollo del cabotaje. 
Estamos esperando todavía ese informe. 
Quiero subrayar algunas cuestiones. 
Una vez más, el transporte marítimo de corta distancia sólo puede llegar a tener éxito en Europa si se contempla como una parte integrada de la cadena de transporte. 
Es imprescindible unirlo con el interior mediante el ferrocarril, las aguas interiores y la carretera. 
Debe haber, por tanto, una integración con las otras modalidades de transporte, y eso exige unas condiciones en cuanto a las infraestructuras. 
El cabotaje resulta también extraordinariamente adecuado para el transporte especializado. 
Estoy pensando en los coches. 
La innovación en la construcción de barcos especializados resulta aquí de interés decisivo y puede impulsar nuestra construcción naval. 
Así mismo, resulta importante la imagen del sector. Ésta debe pulirse. 
El sector padece un exceso de burocracia. 
Los procedimientos son eternos. 
No obstante, poco a poco hay que señalar muchos puntos positivos en el sector. 
Ahí deben asumir las empresas sus responsabilidad. Por ejemplo, mediante la creación de centros regionales de promoción y comercialización, pero el mercado por sí solo no basta. 
Los Estados miembros deben eliminar los obstáculos. 
Estoy pensando, por ejemplo, en los monopolios del transporte por carretera, con todas las consecuencias que ello conlleva para los precios con los que el cabotaje debe conectar el short sea port de Bilbao. 
Por todas partes, encontramos procedimientos burocráticos superfluos y un sinfín de documentos que deben figurar junto a la mercancía. Esto perjudica al cabotaje en comparación con otras modalidades de transporte. 
El Parlamento pide flexibilidad para el sector, de forma que pueda adquirir una mejor posición en cuanto al precio. 
Pensamos, por ejemplo en la liberalización de los servicios de practicaje de los puertos cuando se compruebe que el capitán tiene mucha experiencia. 
Por otra parte, en la fe de erratas figura un error particularmente molesto. 
Se habla de la experiencia de los prácticos. En ellos debe estar el capitán, ya que, en caso contrario, es una completa tontería. 
En este momento, el mercado está todavía fragmentado. 
De ahí que el Parlamento indique en su informe la necesidad de un planteamiento one stop shop al ofrecer servicios de transporte logístico a los usuarios finales. 
Éstos deben abarcar todas las modalidades de transporte y, así, eliminar la fragmentación de la prestación de servicios actual. 
Así mismo, abogo en mi informe por la adopción de medidas de estímulo por parte de la Comisión. 
Hace falta un acicate para favorecer el transporte marítimo de corta distancia. 
Teniendo en cuenta los enlaces europeos, ruego que se realicen proyectos de inversión, sobre todo, en la zona del Mediterráneo y en los puertos del Mar Adriático. 
El cabotaje necesita objetivos. 
Se pueden tener formidables terminales short sea en Rotterdam, pero deben conducir a alguna parte. 
Se necesita masa crítica para la creación de nuevas líneas, y puede tardarse un año o dos antes de que se pueda contar con ésta. 
La Unión Europea deberá ayudar a través de créditos blandos del Banco Europeo de Inversiones a superar esa dificultad. 
Además, echamos en falta datos y estadísticas sobre los que las empresas puedan basar sus inversiones. 
Nadie sabe qué, cómo y adónde transportamos y en qué cantidades. 
Creo que las estadísticas sobre qué y adónde transportamos es uno de los asuntos urgentes a fin de poder seguir una política de transporte, ante el gran crecimiento que experimentará este sector en los próximos años. 
Señor Presidente, en nombre de mis compañeros Ripoll y Pérez Álvarez, que han trabajado en este informe- pero que han tenido que ausentarse -, quiero felicitar a la ponente, Sra. Peijs, por el magnífico informe que ha hecho, sobre todo porque aborda un problema importante desde un punto de vista muy real y muy práctico. 
Quiero decir, además, que lamento ahora mismo dos cosas: una, no poder conocer la opinión de nuestro amigo Fatuzzo sobre cómo influye el transporte marítimo de corta distancia en los intereses de los pensionista europeos, y, en segundo lugar, que haya tan pocos colegas diputados porque, pensando en los intereses egoístas de esta Asamblea, es probable que algún día lamenten no haberse enterado del tema del transporte marítimo de corta distancia, porque quizás tengamos que utilizarlo cualquier día de estos para poder venir o salir de Estrasburgo. 
Entrando en el fondo de la cuestión, hay que decirle a la Sra. Peijs que hemos seguido con gran interés los desarrollos y acciones que en los últimos años, especialmente a raíz de la constitución del foro de las industrias marítimas, se han llevado a cabo en la Unión Europea con vistas a la promoción del transporte marítimo de corta distancia como alternativa al transporte terrestre. 
Tanto el informe de la Comisión como el informe de la ponente ponen en evidencia diferentes ventajas comparativas entre ambos tipos de transporte, de las cuales destacaría en cuanto al transporte marítimo, la menor saturación de las infraestructuras, el menor coste de las mismas, su menor consumo energético, y por ello una menor emisión de contaminantes a la atmósfera, y la mejora de las comunicaciones con las regiones periféricas de la Unión Europea. 
Consideramos- y creo que en esto coincidimos todos- que la transferencia de cargas del modo terrestre al marítimo debería ser asumida como un objetivo prioritario de las políticas de transporte de la Unión Europea. 
Quisiera resaltar el hecho de que en los dos últimos años se ha producido una serie de actuaciones que han tenido efectos positivos para el transporte marítimo de corta distancia. 
Ello ha hecho posible que, como señala el informe de la Comisión, entre 1990 y 1997, la actividad del transporte marítimo intracomunitario creciese un 23%. 
Sin embargo, se trata de un crecimiento objetivamente modesto- de sólo el 3% anual acumulado- y comparativamente menor al experimentado en el mismo período por el modo terrestre, es decir, un 26%. 
Consecuentemente, en lugar de aproximarse estas posiciones relativas entre el transporte marítimo y la carretera, el diferencial entre ambas ha seguido aumentando. 
Todo indica, por tanto, que no sólo se precisan medidas cuantitativas más enérgicas sino que, probablemente, hace falta un enfoque cualitativamente diferente. 
El informe de la Sra. Peijs nos parece muy equilibrado, pero nos gustaría llamar la atención sobre uno de los objetivos clave para la promoción del transporte marítimo de corta distancia: la reducción simultánea del tiempo y del coste directo de las operaciones portuarias de los buques que realizan este tipo de servicios. 
En muchos casos los servicios portuarios- tanto al buque como a las mercancías- se prestan sin competencia efectiva o con competencia muy limitada y ello lleva a que se produzcan con frecuencia abusos de posición dominante, como imposición de servicios obligatorios que no se necesitan y ni siquiera se utilizan, por ejemplo, el practicaje, el remolque, el amarre o la manipulación portuaria, así como el pago de tarifas muy elevadas. 
Lo cierto es que, salvo muy contadas excepciones, los servicios marítimos transoceánicos no tienen que hacer frente a la competencia de la carretera y, en la mayor parte de los casos, el transporte aéreo tampoco supone una competencia práctica para los mismos. 
Por todo ello, pensamos que, si se pretende promocionar el transporte marítimo de corta distancia de forma realista y efectiva, es imprescindible reconducir la actual forma de prestación de los servicios portuarios, mejorando su eficiencia y reduciendo sus costes. 
Y también hay que tener en cuenta lo que esto supone para la economía de las zonas en las que hay industria de construcción naval. 
Esto supone una revitalización de toda la zona, como saben muy bien quienes viven en aquellas ciudades, en aquellas regiones en las que la industria naval es un elemento muy activo de la economía local. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, se me ha planteado la siguiente pregunta: ¿por qué abogamos con esta intensidad a escala europea a favor del transporte marítimo de corta distancia? 
La respuesta es ésta: tenemos una visión. 
A bordo de grandes buques, respetuosos con el medio ambiente, se van a transportar grandes cantidades de mercancías al rededor de nuestro continente. 
Las mercancías serán descargadas en el lugar que esté más próximo por vía terrestre a su destino final. 
El transporte de carretera se aliviaría por cuanto se añadiría un nuevo eslabón a la cadena de transporte intermodal. 
De esta realidad nos encontramos a millas de distancia, a pesar de que, como muestra el informe, se hayan hecho algunas cosas en los últimos dos años. 
El excelente informe de la Sra. Peijs expone los actuales obstáculos y las estrategias presentes en la realización de nuestras visiones. 
En el seno de la comisión ha existido un amplio acuerdo. 
¿Qué es lo que podemos hacer por el transporte marítimo de corta distancia? 
Sólo quiero mencionar lo siguiente: en el campo técnico, la introducción de una ingeniería de motores más respetuosa con el medio ambiente y unas terminales específicas para el transbordo express. 
En el ámbito de la organización, sobre todo en el transporte transfronterizo, títulos de transporte unitarios, procedimientos administrativos simplificados y menores servicios de prácticos allí dónde ello nos sea absolutamente necesario. 
¿Qué es lo que podemos hacer por el transporte marítimo de corta distancia en tanto eslabón de la cadena intermodal? 
En primer lugar mejorar los puntos de conexión con los otros transportistas con instalaciones modernas- en particular con la navegación interior -, uniformizar los contenedores, favorecer los servicios logísticos de transporte para toda la cadena de transporte y muchas otras cosas que están contenidas en el informe. 
Creo que todas estas reflexiones también deberíamos hacerlas dentro de la perspectiva de nuestras estrategias de preadhesión. 
Entretanto tienen lugar mesas redondas. 
El intercambio de la best practice parece razonable, tal y como se dice en el informe. 
Esto es acertado porque si no ¿por qué apoyamos desde hace algún tiempo un centro de referencia para el transporte intermodal? sería razonable aumentar la investigación y, sobre todo, crear proyectos demostrativos en el campo intermodal. 
Globalmente el informe aporta un paquete de indicaciones muy razonables. 
Confío en que en el próximo informe se seguimiento dentro de dos años se diga que nuestra visión está un poco más cerca, nuestra visión sobre un exitoso sistema intermodal de transporte europeo. 
Señor Presidente, en el excelente informe de la Sra. Peijs hay tres aspectos que quisiera destacar e ilustrar a título de ejemplo. 
Sé que se refieren a mi propia circunscripción, pero también sé que representan la situación en muchas regiones análogas. 
En primer lugar, la intermodalidad y la necesidad de optimizar los vínculos de infraestructura con el interior del país. 
Esta semana hemos votado a favor de medidas ecológicamente racionales encaminadas a estimular un mayor uso del transporte de carga por vía férrea. 
En ese contexto es indispensable que haya un buen acceso ferroviario a los puertos. 
Sin embargo, tenemos que aceptar que hay situaciones en las que son las carreteras las que proporcionan el acceso necesario al interior del país. 
Citaré el caso de la A75 en el mapa de Redes transeuropeas, que va de Gretna a Stranraer, por la importancia que tiene para el transporte marítimo con destino a Irlanda del Norte o procedente del país. 
En segundo lugar, el grado en que las regiones e islas periféricas dependen del mar para sus contactos con sus vecinos. 
A menudo consideramos al mar como algo que separa a las comunidades. 
Mejor sería que lo considerásemos como una autovía que las comunica. 
Mi Grupo, en consecuencia, apoya las enmiendas 1 y 4. 
Permítanme añadir, de todos modos, que para la sostenibilidad medioambiental deberíamos ocuparnos de la misma manera de las conexiones entre penínsulas. 
Al oeste de Escocia el itinerario Gourock-Dunoon es 20 veces más largo por carretera que por mar, y el de Tarbert-Portavadie es también 25 veces más largo. 
En tercer lugar, es esencial que sigamos reconociendo la importancia vital de muchas rutas marítimas de corta distancia. 
No me estoy refiriendo a la necesidad de mantener las obligaciones de prestar servicio público en ese contexto. 
También hemos de encontrar otras formas permisibles de reducir el costo del transporte a comunidades e islas periféricas. 
Sus economías son invariablemente frágiles y no es justo que los agricultores de la Isla de Lewis tengan que pagar el doble por el heno que los agricultores que viven cerca de Inverness. 
Espero que la Comisión tenga muy en cuenta estos aspectos cuando elabore una normativa para esa zona. 
Señor Presidente, mi Grupo acoge con satisfacción el informe Peijs así como la posición de la Comisión a la que corresponde. 
Es evidente que el transporte marítimo de corta distancia es racionalmente ecológico y tiene un costo asequible, y también es cierto que representa un apoyo para el desarrollo económico de las regiones marítimas; por lo tanto, en Escocia instamos a la Comisión a que haga lo que tiene que hacer para la próxima liberalización del transporte marítimo en el oeste de Escocia. 
Como acaba de indicar la Sra. Attwooll, no solamente tenemos medios de transporte para ir a las islas sino que también disponemos de importantes comunicaciones marítimas a través de lo que en mi país denominamos "sea lochs" y los geólogos denominan fiordos; en vez de recorrer 150 kilómetros por una estrecha carretera y a través de un puerto de montaña, basta con tomar un barco que le lleve a uno a la otra orilla. 
Si tuviéramos que interpretar racionalmente el reglamento sobre cabotaje marítimo, diría lo siguiente: es evidente que desde el punto de vista funcional esas penínsulas equivalen a islas, y que las obligaciones de prestar servicio público se les aplican también. 
En tal caso sería absolutamente legítimo que el Estado prestase apoyo a esos servicios. 
De forma análoga, uno podría efectuar un análisis holístico del grupo de rutas situadas al oeste de Escocia, en vez de desintegrarlas, y mandar a paseo a los empresarios privados que luchan por hacerse con las escasas carreteras rentables, con lo que dificultan aún más el mantenimiento de las rutas que no son rentables durante todo el año. 
Quisiéramos que se siguiera un método holístico de ese tipo en toda Europa, quisiéramos que la Comisión obrara con más imaginación. 
Hace seis semanas hice una pregunta a la Comisión para ver si trataría a las penínsulas de la misma manera que a las islas. 
Antes de eso la Comisión había dicho ya que conocía a fondo la parte occidental de Escocia. 
Todavía no ha contestado a mi pregunta, y la pido que responda con toda urgencia. 
Señor Presidente, señora Ponente, distinguidas señoras y señores, la comunicación de la Comisión relativa al desarrollo en Europa del transporte marítimo de corta distancia, y el excelente informe de nuestra colega Peijs basado en la misma, proporciona una imagen real del desarrollo durante los dos últimos años en Europa de este medio de transporte respetuoso con el medio ambiente. 
En especial, a través del desarrollo y el fomento del transporte de corta distancia, se ha dado un importante paso hacia el desarrollo de un sistema de transporte intermodal para la Unión Europea y para los territorios adyacentes. 
Eficiencia, ahorro de costes, respeto al medio ambiente y sostenibilidad hacen destacar a este medio de transporte sobre el transporte por carretera y pueden suponer una considerable alternativa para las regiones costeras. 
No obstante, para materializar de forma óptima las fortalezas específicas correspondientes hay que mejorar la coordinación entre los diferentes modos de transporte. 
Por ello son necesarias toda una serie de medidas de fomento tanto europeas, nacionales y regionales, del sector público y del sector privado, para desarrollar los puertos y adecuarlos a las oportunas necesidades, ya que éstos constituyen el punto neurálgico de la cadena de transporte. 
Desde este punto de vista, es necesario que los elementos técnicos y de organización secundarios, como las formalidades administrativas y los documentos, los procedimientos aduaneros y de carga, sean adecuados de tal modo que permitan un cambio de medio de transporte y un desplazamiento de un país a otro rápido y sin fricciones. 
La establecimiento de estímulos especiales para el desarrollo de tecnologías innovadores, de terminales de despacho propias del transporte de corta distancia y la integración de los puertos en la estrategia de desarrollo de las regiones costeras pueden constituir otros elementos de apoyo. 
Esto es esencial para fortalecer la cohesión económica y social y la conexión entre el centro y las regiones periféricas en el seno de la Unión. 
La creciente cooperación económica entre la UE y sus países vecinos, el consecuente aumento de la demanda de transporte pueden materializarse eficientemente mediante la integración del transporte marítimo de corta distancia en la cadena logística de la distribución de puerta a puerta. 
Señor Presidente, en nombre del colega Rijk van Dam, quiero decir lo siguiente. 
La política de transporte exige elecciones. 
Un política de transporte duradera exige todavía más, o, en cualquier caso, otras elecciones. 
La orientación que defendemos en esta Casa consiste en organizar los flujos de bienes y personas de forma que se produzcan tan pocos efectos secundarios negativos como sea posible. 
La forma de transporte de que hablamos aquí, short sea shipping, cabotaje, tiene fama de ser una forma de transporte que en más de un sentido supone una solución ante las consecuencias negativas, especialmente la falta de espacio y los daños medioambientales, a los que nos enfrenta el sector del transporte. 
Sin embargo, tal como muy bien señala la Sra. Peijs, el sector no utiliza actualmente todas las posibilidades. 
Quiero hacer hincapié en algunas cuestiones. 
A menudo oímos que el cabotaje, y el transporte por agua en general, es una modalidad ecológica en cuanto a las emisiones por unidad transportada. 
Esto es relativamente cierto. 
No obstante, la evolución de este aspecto en otros sectores, especialmente en el transporte por carretera, debilita esa afirmación. 
Dada la evolución en el sector del transporte por carretera por las nuevas normas europeas de emisión para los combustibles, considero que es necesario fomentar una mejora de las prestaciones medioambientales del cabotaje mediante la adopción de una directiva relativa a las emisiones límite permitidas a los motores de los barcos. 
Además, opino, contrariamente a algunos colegas, que el cabotaje no sólo complementa las formas existentes de transporte, sino que también debería servir como alternativa para los flujos de transporte intracomunitarios. 
Dada la problemática respecto del reparto, de la reducción de los ecopuntos en Austria, sería muy bien acogida una ruta alternativa norte-sur, y viceversa. 
En cualquier caso, una parte de ésta puede realizarse a través del cabotaje. 
La tercera cuestión se refiere a la situación en los puertos. 
Si el cabotaje también quiere ser competitivo en cuanto a la rapidez, es necesario que se adopten medidas respecto de los trámites aduaneros y las actividades de carga y descarga. 
La ponente lo señala muy acertadamente. 
Si el sector mejora y se moderniza, es necesario que las posibilidades se den a conocer. 
En algunos países, entre ellos los Países Bajos, se han creado centros de información con ese objetivo, y con éxito. 
Se encomienda, así mismo, que las Administraciones nacionales y regionales colaboren también de esa forma al florecimiento de este sector. 
En resumidas cuentas, el informe de la Sra. Peijs es muy completo. Mis sinceras felicitaciones. 
Cuando los implicados asuman sus responsabilidades, no puede sino llegarse a la misma conclusión que llegamos hace algunos años en los Países Bajos y que allí todos conocen: "¡ El transporte por agua, el mejor medio !" 
Señor Presidente, a los visitantes extranjeros la travesía marítima hasta las islas escocesas les sabe a romance y lo cierto es que la belleza no deja de emocionar a los nativos y a los visitantes. 
Ahora bien, para los que viven allí y tienen que ganarse la vida allí, los servicios de transporte insular son un medio de vida esencial y una costosa dificultad que hay que superar para su bienestar económico y social. 
Los costos con que se enfrentan no son únicamente el billete, aunque a veces pueda ser difícil encontrarlo, sino también la inconveniencia de reservar de antemano, de tener que hacer cola, de adaptarse a nuevos horarios de travesía poco frecuentes y variables, así como los riesgos de demora y de anulación debidos al tiempo o a una avería mecánica o a las huelgas que de cuando en cuando paralizan a las islas. 
En las islas escocesas se siente gran preocupación actualmente por la posibilidad de que la política de competencia de la Unión Europea, que exige que todos esos servicios sean objeto de licitación, reduzca la prestación de esos servicios a un nivel inferior incluso al actual e incremente el costo de la vida y de las actividades comerciales. 
Tenemos que convencer a los que viven y trabajan en esas islas vulnerables y en esas penínsulas remotas de que no tienen nada que temer si se introduce un grado de competencia en el proceso de adjudicación de esos contratos. 
Pido a la Comisión que haga todo lo que pueda por tranquilizar a los habitantes de las islas escocesas, a los órganos rectores escoceses que en estos momentos se enfrentan con la situación y al Parlamento escocés, que vigila atentamente para ver si el proceso funciona como es debido; ese proceso no sólo no perjudica sino que mejora los servicios de transporte en las islas escocesas. 
Quizá por conducto del Comisario Verheugen pueda transmitir una invitación a su colega la Sra. de Palacio, Comisaria encargada de los transportes, para que me acompañe en un viaje romántico a las islas escocesas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, vivo en un país con muchísimos kilómetros de costa y con muchas islas; y vivo, precisamente, en una isla; de manera, que puedo conocer de primera mano el valor del transporte marítimo de corta distancia. 
Por supuesto, un sector fundamental es también el del transporte de pasajeros; sin embargo, el informe que debatimos- referido a la comunicación correspondiente de la Comisión- se concentra en el transporte de mercancías. 
Merece la pena señalar que, a pesar del aumento del volumen de este tipo de transporte durante los últimos años, el transporte por carretera ha crecido aún más; esto significa que habrá que conceder especial atención al transporte marítimo, más respetuoso con el medio ambiente. 
La imagen actual al cliente le sigue resultando casi repelente, puesto que le causa la impresión de un medio obsoleto, lento y complicado. 
Obstáculos añadidos al desarrollo de este medio de transporte lo constituyen los procedimientos administrativos, que son susceptibles de mejora; y también los retrasos, las deficientes infraestructuras, y las tasas, poco transparentes, en ciertos puertos; así como los gastos de atraque, que se podrían evitar. 
No obstante, la imagen de este tipo de transporte puede mejorar hasta convertirse en una alternativa viable para cargas que puedan ser transportadas de maneras diferentes. 
Me refiero, claro, a los lugares que no son cautivos, en cualquier caso, del transporte marítimo, como lo son las islas, las cuales requieren siempre un cuidado especial. 
El papel que puede desempeñar el sector privado es fundamental, pero hay aspectos del funcionamiento del mercado que exigen la intervención de las administraciones públicas- regional, nacional y europea -, e incluso contribución económica, al objeto de que los ciudadanos de las islas no se sientan europeos de segunda categoría. 
El desarrollo de la navegación costera tiene repercusión inmediata en el desarrollo social y económico de nuestras regiones, y, por ende, en la cohesión de la Unión Europea. 
Sin duda, con este espíritu ha examinado la materia nuestra ponente, y lo ha hecho con gran seriedad, por lo que, dada mi condición de isleño, me considero obligado a expresarle particularmente mi agradecimiento. 
Gracias igualmente al Comisario Sr. Verheugen, que veo que se ha puesto los auriculares; también por la atención con que ha seguido anteriormente las explicaciones de voto de los colegas. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en un momento en el que estamos intentando corregir disparidades regionales resulta muy oportuno el informe de la Sra. Peijs, que trata del asunto de los transportes marítimos de corta distancia y pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas para promover este tipo de transporte. 
Como siempre, me permito recordar que la política regional y estructural de la Unión constituye, en su conjunto, una respuesta a las desventajas específicas a las que se enfrentan algunas regiones europeas, como las llamadas ultraperiféricas. 
La Comisión presentó el pasado mes de marzo un informe en el que se diseña una estrategia orientada al desarrollo sostenible de las mismas y que comporta varios aspectos principales, entre los que destacan las relaciones de dichas regiones con su entorno geográfico, que, en cierta medida, condicionan buena parte de su desarrollo. 
Por ello, entendemos que el informe de la Sra. Peijs es pertinente, sobre todo si se refuerza con la enmienda que he presentado respecto a la inclusión del transporte por mar entre puertos situados en territorios de las regiones ultraperiféricas y de los países de su entorno geográfico. 
Así se podría corregir el error en que incurrió la Comisión cuando elaboró el Informe bianual sobre el desarrollo de esta clase de transporte por manejar una definición incompleta del transporte marítimo de corta distancia. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, los transportes marítimos de corta distancia son los más económicos, eficientes y apropiados para las zonas periféricas. 
Doy las gracias a la Sra. Peijs por su interesante y excelente informe. 
En mi país, casi todo el volumen de transporte marítimo es de cortas distancias, con que, en este sentido, es algo muy importante para nosotros. 
También estamos en una situación excepcional debido a que sólo tenemos conexión terrestre con el resto de la UE a través del norte, de manera que los transportes marítimos son sumamente importantes. 
Y para colmo, el ancho de vía de nuestros ferrocarriles es distinto al del resto de la Unión Europea. 
Sin embargo, lo más peculiar de todo es que, en mi país, el tráfico marítimo se detendría siempre en invierno si no se tomaran medidas al respecto, pues el mar se congela. 
Esto dio lugar a que nos viésemos obligados a construir una flota especial con capacidad de romper el hielo. 
Se trata de barcos potentes: la energía utilizada por un barco viene a responder a la utilizada por una ciudad. 
Por consiguiente- como tenemos este obstáculo para el desplazamiento -, nosotros deseamos que sea posible apoyar esta tarea de romper hielos, ya que nos es imposible eliminar este obstáculo que el Creador ha dispuesto. 
También es de lamentar que no sean puestas suficientemente de relieve las repercusiones sociales y laborales que tiene este modo de transporte. 
La utilización de mano de obra barata en estas circunstancias es un riesgo temerario, sobre todo en el norte y más aún en el hielo. 
¿Cómo podrá desenvolverse alguien acostumbrado a ir en pantalón corto, sin ningún tipo de capacitación profesional, a treinta grados bajo cero en una capa de hielo de tres metros de espesor? 
Esto es un problema. 
El personal del sector aéreo está siempre bien cualificado, pero no se puede decir lo mismo de esa mano de obra barata que está empleada en los barcos. 
Espero que la Comisión intervenga en este asunto. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Peijs por su afortunado informe. 
En el transporte europeo existen muchos problemas y muchos obstáculos: las carreteras y el espacio aéreo están congestionados y la competitividad del ferrocarril es baja. 
Esta semana se han presentado aquí, en el Parlamento, muchos informes importantes relacionados con el transporte, orientados todos ellos a acabar con las congestiones y a reducir las trabas para el transporte. 
El excelente informe de la Sra. Peijs intenta aprovechar las posibilidades del transporte marítimo de corta distancia. 
Representa un importante implemento a los informes relativos a los ferrocarriles y al tráfico aéreo. 
Necesitamos realmente cadenas logísticas operativas y competitivas en cuyo marco se combinen el tráfico por carretera, el transporte por ferrocarril, el transporte marítimo de corta distancia y también las tecnologías informáticas actuales. 
Para los países periféricos de ultramar, entre los que se incluye también Finlandia, el transporte marítimo de corta distancia es condición vital manifiesta, tal y como el Sr. Paasilinna acaba de acreditar. 
Quiero hacer hincapié en la idoneidad y accesibilidad de los puertos y de los servicios portuarios. 
Los puertos han de ser integrados en las redes de amplitud europea como parte de la infraestructura de los transportes. 
La realización de las medidas propuestas en este informe requiere una buena colaboración entre la Unión, los Estados miembros, los entes locales y también las empresas, así como un esfuerzo real por fomentar el transporte marítimo de corta distancia. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar a la ponente por su excelente informe. 
Es evidente que ha pasado mucho tiempo preparándolo y poniendo de relieve toda una serie de problemas. 
Cada región tiene sus propios problemas particulares. 
Hemos de reconocer que llevará tiempo conseguir nuestro objetivo decisivo, pero no hay duda de que el transporte marítimo de corta distancia es algo que merece que procuremos mejorarlo con más ahínco que hasta ahora. 
No hay duda de que es lógico enviar más carga por barco que por carretera. 
El transporte por barco es más ecológicamente racional, más aceptable desde cualquier punto de vista que se le mire, pero hemos de esforzarnos por conseguir que las diversas posibilidades estén bien sopesadas. 
Eso es lo que la ponente ha procurado lograr. 
Uno de los mayores problemas será siempre el factor costo. 
Para ser competitivos los puertos tienen que ser más eficientes y para ello necesitarán sin duda alguna más apoyo. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Attwooll en lo que ha dicho acerca de la A75. 
Ha reconocido que en Irlanda del Norte exportamos mercancías a través de la onerosísima faja de agua que se extiende entre Irlanda del Norte y Escocia. 
Ahí están nuestros principales puntos de salida para todo lo que producimos. 
Desde Escocia siguen con rumbo a Inglaterra. 
No hay duda de que puede haber una forma más eficiente y ecológicamente satisfactoria de transportar nuestras mercancías, pero no hay ninguna que sea más barata. 
Para que nuestras industrias o nuestra agricultura sobrevivan es preciso que sean efectivas en función del costo. 
Tenemos un excelente servicio de transbordadores entre Ballycastle y el sur de Escocia pero recientemente ha tenido que dejar de funcionar por falta de apoyo y por exceso de burocracia. 
Señor Presidente, señora Ponente, desearía ante todo felicitar a la ponente por la calidad de su informe. 
Todos los colegas que han intervenido lo han dicho y, al igual que usted, han lamentado que el transporte marítimo de corta distancia tenga una mala imagen pública debido a su lentitud o a su ineficacia, cuando representa una respuesta a la congestión del tráfico, al coste elevado de las infraestructuras y al coste medioambiental. 
Además, en los últimos años este tipo de transporte ha tenido un éxito indiscutible, aun cuando sea todavía insuficiente y poco conocido. 
Sin embargo, presenta, como se ha dicho, muchas ventajas desde el punto de vista de los costes, de la energía, de la eficacia, de la cohesión regional, del medio ambiente, e incluso del transporte intermodal, ya que es un medio ideal para la creación de este tipo de transporte. 
Por lo tanto, deben tomarse rápidamente medidas para reforzar la eficacia de las operaciones portuarias y reducir el tiempo de espera en los puertos. 
Personalmente, insisto en el hecho de que el poder público debe desempeñar su papel tanto en el plano regional, como en el plano nacional y europeo. 
Sin embargo, hay dos puntos de su informe que me plantean problemas. 
Existe, primero, la propuesta tendente a establecer una lista de puertos especialmente adaptados para el transporte marítimo de corta distancia. 
Esta lista no me parece necesaria, ya que supone el riesgo de penalizar los puertos que hoy no están totalmente adaptados, pero que se transformarán en el futuro. 
Por otro lado, se sugiere que se reagrupe en un único punto la oferta de servicios logísticos de transporte a los usuarios. 
Estoy en favor de un sistema de información, pero personalmente desapruebo que un gran puerto, que de por sí se encuentra en una posición de fuerza, centralice la totalidad de los servicios. 
Finalmente, hubiese deseado, como miembro de la Comisión de Industria, que se dijera claramente que el transporte marítimo de corta distancia no debe ser considerado como una alternativa, sino que se necesitaría una estrategia intermodal que estableciera una complementariedad entre los modos de transporte. 
En este marco y dentro de este espíritu, los Estados miembros deberían armonizar su reglamentación, en particular respecto al transporte terrestre, que a menudo provoca, desde el punto de vista de las distorsiones, rupturas de continuidad. 
Es importante, si se desea lograr un sistema intermodal, disponer de un conjunto de medios de transporte y de normas, si no comunes, sí perfectamente armonizadas. 
. (EN) Señor Presidente, permítame que felicite a la Sra. Peijs por su excelente informe y por el trabajo que le ha consagrado. 
El informe indica que el transporte marítimo de corta distancia es una cuestión que suscita el más amplio acuerdo entre ustedes, los Estados miembros y la Comisión, y el acuerdo no se detiene ahí. 
No conozco a nadie ni a ninguna organización que no desee que el transporte marítimo de corta distancia se desarrolle más. 
En el pasado hemos tratado siempre de restar importancia al transporte marítimo de corta distancia; ésa ha sido nuestra culpa. 
Mencionábamos las posibilidades que tenía y, con ello, decíamos implícitamente que no estaba consiguiendo todo lo que podía lograr. 
Pero lo cierto es que funciona bien. 
No ha recibido mucha publicidad pero la verdad es que el transporte marítimo de corta distancia era la única forma de transporte que, en el decenio de 1990, podía mantenerse más o menos a la altura del transporte por carretera. 
Tenemos que reconocer los méritos de la industria del transporte marítimo de corta distancia. 
Ahora bien, todo es susceptible de mejora. 
La industria del transporte es la primera en reconocerlo. 
Permítanme que mencione unos cuantos ejemplos fundamentales del informe de la Sra. Peijs. 
Necesitamos un enfoque amplio para hacer de esta cuestión un concepto legítimo de transporte puerta a puerta. 
Tiene que quedar perfectamente integrado en la cadena de transporte y estar a disposición del público en los almacenes de gran surtido. 
Hay algunas deficiencias que obstaculizan el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia. 
Los servicios de la Comisión están procurando identificar esas deficiencias y encontrar sus posibles soluciones, junto con los nuevos Estados miembros y la industria. 
Una de las deficiencias que ya se han identificado es la diversidad de documentos que se precisan. 
Para que haya más uniformidad, la Comisión tiene la intención de presentar una propuesta antes de que finalice el presente año, encaminada a armonizar determinados documentos que los buques necesitan para arribar y zarpar. 
La eficiencia de los puertos reviste importancia capital para el transporte marítimo de corta distancia, y la Comisión tiene la intención de presentar también antes de final de año un grupo de medidas encaminadas a mejorar esa eficiencia mediante la liberalización. 
Además, hay que cambiar la imagen anticuada del transporte marítimo de corta distancia. 
Eso se ha mencionado ya en el debate y me alegro mucho de que haya sido citado. 
Las oficinas nacionales de promoción del transporte marítimo de corta distancia deben desempeñar un cometido esencial en la aplicación de esa política. 
Ya hay algunas oficinas de promoción y la Comisión estimula la apertura de nuevas oficinas a fin de crear una red europea de promoción. 
En el debate se ha planteado la cuestión de las subvenciones comunitarias, y me gustaría responder ahora a esa cuestión. 
La principal fuente de subvenciones comunitarias para el transporte marítimo de corta distancia ha sido en el pasado el Programa PACT, que es una Acción piloto para el transporte combinado. 
El año pasado aproximadamente el 40% del presupuesto del Programa PACT se destinó a favorecer el transporte combinado de corta distancia; la cantidad correspondiente ascendía a 2,3 millones de euros. 
Esta cantidad será aún mayor en el año 2000. 
Aumentaremos la aportación hasta en un 50%. 
La Dirección General responsable de esta cuestión se esfuerza porque prosiga la tendencia, a fin de conseguir que el transporte marítimo de corta distancia siga recibiendo una parte adecuada del presupuesto del Programa PACT. 
En la próxima revisión del Programa PACT ese principio puede incluso quedar incorporado en el texto legal. 
El Sr. Purvis me ha pedido que transmita una invitación a mi colega la Comisaria de Palacio. 
No hay duda de que lo haré, y la Sra. Palacio podrá disfrutar de un viaje romántico a Escocia. 
Aún sería más romántico si el Sr. Purvis me invitara a que la acompañase yo. 
Sra. Peijs, gracias por sus esfuerzos. 
Gracias por conseguir que todos nos desplacemos en la misma dirección. 
Trabajemos todos unidos, y verán ustedes cómo la Comisión hace todo lo que puede. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi decepción: hace más de seis semanas presenté una pregunta por escrito a la Comisión y la he vuelto a plantear en el debate, sin que la Comisión haya acusado recibo y, menos aún, la haya contestado. 
Muchas gracias, señor MacCormick. 
La votación se celebrará mañana viernes a las 9 de la mañana. 
Diálogo civil 
De conformidad con el orden del día, pasamos a la pregunta oral a la Comisión (B5-0533/2000) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la futura financiación del diálogo civil. 
Tiene la palabra el Sr. Pronk. 
Señor Presidente, no espero que tan tarde tengamos todavía tanto tiempo. 
Es una pena que este debate tan importante en sí mismo deba cerrarse ahora. 
Creo que tal vez, si puedo aprovechar la oportunidad, sería comprensible que en el futuro, por ejemplo, no votemos los martes y celebremos una ronda extraordinaria el martes por la tarde, de forma que no acumulemos retrasos durante la semana. 
Quizá pueda someterlo de nuevo a consideración de la Mesa. 
Por supuesto, eso no tiene tanto que ver con estas preguntas. 
No tengo mucho que comentar. 
En primer lugar, es indiscutible que las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel extraordinariamente importante, tanto en los Estados miembros como en la Unión Europea y fuera de ésta. 
Todos estamos de acuerdo al respecto, lo ha dicho el Consejo, la Comisión lo ha señalado a menudo y este Parlamento lo ha indicado frecuentemente. 
También el artículo 136 del Tratado europeo, si se une a las declaraciones 23 y 38, subraya que debe haber colaboración con, especialmente, las Wohlfahrtsverbände y, por supuesto, ésas son también las organizaciones no gubernamentales. 
El Parlamento Europeo lo ha puesto siempre en práctica y, así, creó hace ya tiempo, bastante tiempo, una línea, B3 4101, para hacer posible la financiación de las organizaciones no gubernamentales. 
El problema es que como consecuencia de las distintas definiciones acordadas con el Consejo y los fallos del Tribunal de Justicia, se ha puesto fin a esa línea al cabo de unos tres años. 
La Comisión Europea ya lleva tres años informada de que eso sucedería. 
Ése no es el problema. 
El problema es que no se hace casi nada. 
Por una parte, vemos que hay mucho interés; por otra parte, vemos, en realidad, relativamente pocas acciones concretas, al margen del documento adoptado por la Comisión y sobre el cual preguntamos en particular. 
El gran interrogante es cómo podemos convertir en realidad esas bonitas ideas que todos hemos manifestado. A menudo surgen, no lo digo en nombre de la Comisión sino en el mío propio, verdaderos problemas burocráticos. 
Puede que se deba a que están implicadas varias Direcciones Generales de la Comisión. 
Las ONGs no están enmarcadas en una única Dirección General. 
Puede ser que se busque una especie de perspectiva general y que, al mismo tiempo, se quiera tener un planteamiento específico, pero, en cualquier caso, lleva demasiado tiempo, ya que las líneas presupuestarias se agotan. 
Ése es también el motivo por el que esta tarde, la hora no es muy adecuada, pedimos a la Comisión que preste atención a esta problemática. 
En concreto, pedimos rapidez. No se trata de la intención de la Comisión, sino de la rapidez con que puede actuarse. 
En caso contrario, corremos el riesgo de que el encargo central que nos da el Tratado europeo en sus declaraciones, y también el que ha expresado el Consejo Europeo de Feira, no puedan ponerse en práctica, ya que las ONGs, ése es el único problema, son extraordinariamente sensibles, al menos la mayoría, respecto de las interrupciones en los pagos que se les realizan. 
Son mucho más sensible al respecto que otras organizaciones y, ciertamente, más que los Estados miembros. 
Eso significa que si uno espera mucho, el paciente se muere. 
Ésa es la gran preocupación que existe en nuestra comisión. 
Ése es el motivo por el que formulamos estas preguntas y por el que esperamos que la Comisión aborde este problema con celeridad, dentro de las posibilidades que ofrece el tratado y en el clima general de buena voluntad que ha mostrado el Consejo de Feira, que el Parlamento Europeo ha visto y que la Comisión Europea ha exhibido. 
Señor Presidente, la Comisión ha producido cerca de cuarenta comentarios respecto del documento de discusión "Intensificación de la cooperación partenarial" entre la Comisión y las organizaciones no gubernamentales. 
Estos comentarios han sido publicados en su página web y en el servidor Europa. 
Actualmente, diversos grupos de trabajo de las direcciones que tienen más contacto con las ONG se ocupan, sobre la base de estos comentarios, en seguir desarrollando las reflexiones del documento de discusión. 
Estos grupos de trabajo dedican actualmente su atención al problema de la subvención de los gastos administrativos y a las medidas para mejorar las consultas a las ONG. 
Este último punto debe acometerse de tal modo que se establezcan unas directrices para las prácticas de consulta solventes, tal y como ya se prevé en la medida 4 del Libro Blanco para la Reforma de la Comisión. 
La sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C 106 / 96 así como el acuerdo Interinstitucional de 13 de octubre de 1998 sobre las bases jurídicas han cambiado las condiciones de la financiación de ONGs con fines sociales. 
Por lo demás las nuevas reglas sobre la liquidación financiera deben ser respetadas con la mayor precisión en todos los programas y líneas presupuestarias. 
En este contexto, las organizaciones financiadas hasta ahora sólo obtendrán más recursos financieros en el futuro si cumplen las condiciones contenidas en las decisiones sobre determinados programas de acción, que constituirán la base jurídica de la correspondiente línea presupuestaria. 
De ahí que ambos programas, a expensas de su aprobación, podrían ser cofinanciados a partir del año 2001 por el Consejo así como por el Consejo y el Parlamento. 
Como se indica en las propuestas de la Comisión las reglas del hilo conductor y los procedimientos para las subvenciones deberán limitarse a los gastos corrientes. 
De este modo disfrutarían de apoyo un limitado número de redes de ONGs y plataformas a escala europea con experiencia en la lucha contra la discriminación y la exclusión social, ya que ambos programas a los que he hecho referencia se ocupan de la discriminación y de la exclusión. 
Los criterios de decisión sobre qué organizaciones deben ser protegidas deberán ser establecidos en el acuerdo con la correspondiente comisión del programa. 
La Comisión aprobará entonces, con planes de trabajo y financieros detallados, las subvenciones anuales. 
El hilo conductor que entró en vigor en 1999 para la administración de las ayudas financieras fue saludado por las ONGs como un paso hacia delante. 
Las condiciones allí establecidas deberán ser incorporadas a su debido tiempo en el reglamento presupuestario y en sus disposiciones de ejecución. 
La Comisión es muy consciente de la importancia que tiene el fomento del diálogo con los ciudadanos, y tiene en alta consideración la cooperación con las organizaciones no gubernamentales, sobre todo en el campo social. 
En los últimos años, gracias a la institución de diversas redes europeas y de la plataforma europea de las ONGs sociales, se han financiado numerosos proyectos sociales de ONGs. 
Los dos programas propuestos por la Comisión- lucha contra la discriminación y la exclusión social- deberían cubrir en lo esencial los gastos administrativos de las ONGs activas a escala europea en el campo social. 
La Comisión también opina que hay que otorgarle una gran importancia a la sociedad civil de la Unión Europea. 
De hecho existen diversos campos- sociedad, medio ambiente, formación, desarrollo, agricultura, etc. en los que existen algunas acciones que han contribuido a la formación de una estrecha relación partenarial, como se ha destacado en el documento de trabajo sobre la Comisión y las ONGs, aprobado el 18 de enero del 2000. 
La mayor participación de los ciudadanos y las nuevas formas de partenariado con la sociedad civil se encuentran entre las más relevantes prioridades de la Comisión. 
Esto ha sido expresamente destacado en el documento de la Comisión "Objetivos estratégicos 2000-2005". 
En consonancia con estas prioridades el Presidente y varios miembros de la Comisión han expresado en numerosas ocasiones la importancia que conceden al diálogo con los ciudadanos. 
Las directrices antes indicadas para las prácticas de consulta deben constituir un primer paso en esta dirección. 
El Presidente de la Comisión tiene la intención de tratar el diálogo con los ciudadanos en el marco del Libro blanco "Fortalecimiento de la Democracia en Europa". 
Este Libro blanco se hará público antes de que comience el año próximo. 
En lo que respecta al próximo Tratado, como ustedes saben, la Comisión ya ha presentado su posición respecto del catálogo de asuntos de la conferencia gubernamental que está en marcha. 
No se mencionó el diálogo con los ciudadanos porque el objetivo principal de esta conferencia gubernamental reside en preparar los órganos de la Comunidad para la ampliación. 
El Sr. Pronk ha señalado en su intervención que el problema no reside tanto en la estrategia, ni en los objetivos, sino más bien en el ritmo. 
Quisiera apoyar esto expresamente y asegurarles que vamos a hacer todo lo posible incrementar el ritmo. 
Sin embargo, si me lo permiten quisiera expresarles mi experiencia personal tras nueve meses en la Comisión: es muy difícil acelerar algo en la Comisión porque no existe otra organización internacional que tenga trabajar entre tantas reglas, procedimientos y trámites tan diversos y parcialmente contradictorios como la Comisión Europea. 
Por tanto quien quiera que algo vaya más rápido quizá también debiera contribuir a simplificar los procedimientos. 
Creo que la respuesta del Comisario es alentadora en sí misma. 
Opino que, en efecto, debemos hacer todo lo posible desde esta institución a fin de no obstaculizar los procedimientos. 
Sí debo observar que hemos hecho todo lo posible desde el Parlamento con todas las opciones que teníamos, especialmente las financieras, para mantener en pie todas las líneas presupuestarias que permitían que las ONGs continuaran siendo financiadas. 
Solamente dejan de funcionar en un determinado momento y, por tanto, la rapidez tiene gran importancia. 
Una última cuestión en relación con la respuesta oficial del Comisario respecto de la Conferencia Intergubernamental. No se trata tanto del contenido del tratado actual o de las declaraciones actuales, realmente su intención sólo es, seguramente, modificarlas; que sea posible contar con una base jurídica, de forma que un programa pueda basarse en ellas. 
Ése es realmente el problema, y quisiera preguntar al Comisario si es posible que la Comisión le preste atención. 
Lo que pedimos no es un nuevo tratado, sino atención. 
Por último, como, por supuesto, desde la perspectiva de la ampliación tenemos mucho que ver con el desarrollo de las ONGs en los nuevos Estados miembros, creemos que se debe conceder una prioridad extraordinariamente alta a esta cuestión. 
Señor Presidente, intervengo en nombre del Grupo Socialista para apoyar lo manifestado por el Sr. Pronk, en nombre de toda la comisión. 
En cuanto a las respuestas del Comisario, he de decir que no me han satisfecho del todo, en el sentido de que conocemos los documentos a los que se ha hecho referencia, sin embargo, como decía el Sr. Pronk, hace falta inmediatez y quizás algo más de decisión a la hora de concretar. 
Sabemos que desde hace años existe un diálogo. 
Nosotros, como Parlamento, hemos desempeñado un papel fundamental en el mismo, sin embargo, ahora, es necesario pasar de los diálogos y de las declaraciones a los hechos concretos. 
Creo que la comisión debe moverse en la dirección de proponer soluciones concretas, ya que, de lo contrario, no es posible resolver este problema. 
También encuentro cierta contradicción y tengo cierta preocupación que no es sólo mía, sino que creo que coincide con la de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, porque me parece que las actitudes de la Comisión son algo contradictorias entre sí. 
El papel de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de construcción democrática de la Unión y el papel que, desde el punto de vista económico y social, desempeñan en Europa, todo el sector de la economía social, del tercer sector, ya se reconoce no solo en los documentos, sino en la realidad concreta como un sector fundamental e importante si tenemos en cuenta que alrededor de 9 millones de trabajadores trabajan en este sector. 
Pues bien, la Comisión, en sus últimas decisiones- me refiero a la Dirección General de Industria- considera que ésta es una prioridad negativa- ahora que han inventado las prioridades positivas y negativas- y ha suprimido la unidad operativa "economía social". 
Creo que esto es sumamente grave y no nos hace confiar en que las declaraciones que aquí se reiteran y que hemos escuchado con frecuencia, luego se traduzcan en actos concretos en la dirección contraria. 
La plataforma de las organizaciones no gubernamentales, el instrumento con el cual la Comisión y el Parlamento han mantenido un diálogo, todo este mundo siente que le han tomado el pelo, y creo que también nosotros los diputados sentimos lo mismo cuando las declaraciones van en una determinada dirección y, luego, las decisiones concretas en otra 
La falta de un interlocutor, también desde el punto de vista del funcionariado, convertirá en más difícil la solución de estos problemas, en lugar de hacerlos más fáciles. 
Entonces si queremos afrontarlos realmente en sentido positivo, acelerar los procedimientos y dar respuestas positivas no solo a las organizaciones no gubernamentales, sino a los ciudadanos europeos, creo que sería necesario replantear toda una serie de decisiones y, sobre todo, reconsiderar una serie de decisiones. 
Señor Presidente, en los últimos años se ha dado a la UE cada vez más competencia en materia social, pero la Unión no ha tenido suficiente dinero para resolver todos los problemas sociales. 
No se producirán cambios rápidos, en tanto los países miembros opinen que los asuntos sociales son de su competencia. 
Sabemos que los recursos existentes han sido presupuestados estrictamente y que es complicado traspasar fondos entre los presupuestos. 
Mientras los estados mantengan este criterio, será difícil satisfacer nuevas necesidades. 
Por estos motivos, creo que resulta particularmente importante para quienes trabajamos en las instituciones comunitarias que, en materia social en Europa, apostemos en mayor medida por las organizaciones populares de voluntariado. Es evidente que hay necesidades de carácter social que reclaman soluciones que traspasen las fronteras. 
Por eso hay un espacio para las organizaciones de voluntariado. Pero sería lamentable, y quizás es así como lo entienden los países miembros, que esas organizaciones de voluntarios llegasen a estar fuertemente vinculadas a la UE, política y económicamente, más de lo que ya están. 
Su valor radica justamente en que son voluntarias y de los ciudadanos, con capacidad para ver los problemas sociales desde una perspectiva distinta a la de las autoridades y, de este modo, pueden convertirse en un complemento, una alternativa, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento. 
A pesar de que no hay muchas personas que me escuchan, hay sólo alrededor de seis diputados en la Asamblea, quiero aprovechar para hacer una proposición. 
Propongo que la Comisión intente crear un fondo destinado a incorporar a las organizaciones de voluntarios al trabajo en el campo social. 
Propongo que la Comisión se dirija al Consejo y a los países miembros para recabar su contribución a un fondo de estas características. 
Debe ser un fondo que constituya una institución independiente, cuyo directorio esté compuesto por gente de las organizaciones sociales y por investigadores y expertos en la materia. 
Podríamos imaginarnos que una organización de este tipo estaría libre de problemas burocráticos. 
El control económico debería ser realizado por auditores profesionales. 
Creo que si una tarea de esta naturaleza se realiza con cierta fineza diplomática, los Estados miembros reaccionarían positivamente frente a la propuesta. 
También creo que todas las partes- los socialmente desfavorecidos, las organizaciones de voluntariado, los Estados miembros y las instituciones de la UE- obtendrían gran provecho de una institución de estas características. 
Señor Presidente, debemos dar las gracias a Bartho Pronk y al presidente de nuestra comisión por intervenir sobre este diálogo civil y sobre las relaciones de la Comisión con las ONG, ya que, finalmente, el informe y la contribución me parecen totalmente administrativas y alejadas de las realidades concretas. 
Y cuando usted ha respondido a Bartho Pronk, señor Comisario, he tenido exactamente esta misma impresión. 
Usted nos ha dicho: "la Comisión está para hacer frente a los gastos de funcionamiento de las ONG". 
Ahora bien, nosotros, diputados, lo que deseamos es procurar que todas las ONG puedan ser apoyadas y financiadas sobre la base de algunos proyectos concretos. 
En efecto, hoy son las grandes ONG las que tienen capacidad para responder a determinadas licitaciones: Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, etcétera, por citar unas pocas, pero es la primera observación que deseaba hacer. 
Ustedes conocen las dificultades que tienen determinadas pequeñas ONG para poder presentarse a muchas licitaciones. 
Ahora bien, éstas realizan un trabajo de relaciones, de competencias, tan importante como el de las grandes ONG, porque algunas de ellas no tienen, precisamente, la lógica administrativa que tienen algunas grandes ONG. 
En segundo lugar, nosotros también desearíamos poder satisfacer a las ONG, a fin de intervenir en la fase previa al drama. 
Cito un solo ejemplo: la protección de la infancia. 
Durante cuatro años, algunos diputados luchamos para que se apoyara financieramente a algunas asociaciones que trabajaban contra los malos tratos. 
No se nos escuchó. 
Fue necesario el caso Dutroux para que obtuviéramos una línea presupuestaria, que dio lugar a dos programas: Daphné y STOP. 
Lamentablemente, hoy sólo queda uno, el programa Daphné. 
Puedo decirles que, como especialistas en cuestiones relacionadas con niños pequeños, muchas ONG desearían poder responder a algunas licitaciones. 
Finalmente, creo que sería de desear que se simplificaran los procedimientos y que en este sentido- no sé si es necesario que sea un fondo- la Comisión, al menos en un primer momento, pudiese poner a disposición de las ONG un servicio que les permita informarse sobre el trabajo realizado por otros, y en su caso tener acceso a una red telemática para después postular a las licitaciones, a propuestas de la Comisión. 
Señor Comisario, Señorías, esto es lo que deseaba decir. 
Avanzaremos en el sector social, ya que sabemos que debemos progresar en el plano de una cooperación en dicho sector. 
Necesitaremos tiempo. 
Por eso, habida cuenta que las cuestiones sociales forman parte sobre todo de las tareas de las ONG, debemos avanzar en la cuestión del diálogo civil. 
Señor Presidente, la Sra. Lambert y la Sra. Ghilardotti tienen razón. 
Las organizaciones no gubernamentales sociales de Europa están desempeñando un cometido de importancia capital en nuestra labor. 
El que haya analizado las medidas del artículo 13 contra la discriminación se dará cuenta de lo que digo. 
Desde la crisis presupuestaria de 1998 en la que se congelaron los fondos destinados a la labor de las organizaciones no gubernamentales en detrimento de algunos de los grupos más vulnerables de Europa y del mundo en desarrollo, se han hecho grandes progresos. 
La Presidencia portuguesa ha tomado nuevas iniciativas y ha invitado a la plataforma de ayuda europea a la cumbre oficiosa de ministros de asuntos sociales en Lisboa, y la Presidencia francesa va a proseguir la labor iniciada. 
Esos tipos de iniciativas se reconocen en las conclusiones de la Cumbre de Lisboa. 
Pero no basta con hablar, y dos años después de la crisis presupuestaria de 1998 continúan las dificultades. 
Ha habido dos años de consultas con organizaciones no gubernamentales y todo lo que la Comisión ha podido presentar es un documento de debate y dos grupos de trabajo internos que apenas se reúnen. 
Entre tanto las organizaciones no gubernamentales, y he de decir que he trabajado en esa esfera, se ven atenazadas por normas burocráticas que se introdujeron a fin de promover la rendición de cuentas y la transparencia pero que han acabado creando más burocracia. 
Las dificultades con que tropiezan las organizaciones no gubernamentales han sido agravadas aún más por este Parlamento, que ha establecido reglas difíciles de cumplir sobre requisitos de cofinanciación que fijan plazos muy rigurosos. 
El único renglón presupuestario que teníamos- el B3-4101- ha quedado suprimido en aras de las economías y la Comisión no ha conseguido formular una propuesta de base jurídica para el diálogo civil a fin de sugerir, sea un reglamento del Consejo, sea un artículo de Tratado. 
Para colmo, a las organizaciones no gubernamentales de ámbito social les ha dicho la Comisión que tendrán que financiarse con nuestros nuevos renglones presupuestarios para la discriminación y la exclusión social. 
¿Cómo es posible que se financien con cargo a esos renglones presupuestarios cuando los fondos para esos programas han quedado reducidos más allá de lo razonable? 
Diversas organizaciones no gubernamentales de considerable valor social se enfrentan con graves crisis como consecuencia de la inacción de la Comisión y del Consejo. 
He visto que una organización no gubernamental que había hecho una solicitud en relación con proyectos tuvo que presentar 80 páginas de estados presupuestarios, y se necesitan tantos documentos de apoyo que una sola solicitud de una organización no gubernamental pesaba más de 12 kilos. 
Señor Presidente, esta situación tiene que cambiar. 
Las organizaciones no gubernamentales revisten una importancia capital para nuestra labor y tenemos que prestarles apoyo. 
Quisiera agradecerles a todos los diputados que han participado en este debate sus sugerencias, también aquellas que han sido muy críticas. 
Me voy a encargar de trasladarlas e introducirlas en el debate de la Comisión. 
Me permito dar dos breves respuestas. 
En primer lugar en lo que concierne a las bases jurídicas y la financiación. No debemos olvidar que es característico de una organización no gubernamental que no sea dependiente de la financiación de entidades públicas. 
En caso contrario no debería llamarse organización no gubernamental, sino gubernamental. 
Por lo tanto no alcanzo a comprender el llamamiento tantas veces proferido a que la financiación de las organizaciones no gubernamentales debe estar completamente garantizada por los gobiernos o por la Comisión. 
Solo puede haber un apoyo y una colaboración en proyectos. 
Dicho sea esto de forma básica. 
También se ha mencionado varias veces el asunto de las organizaciones no gubernamentales y la ampliación. 
Quisiera dar respuesta a esto porque incumbe directamente a mis competencias. 
Hace tiempo que se han materializado todas las sugerencias que he escuchado en este debate. 
Colaboramos intensamente con las ayudas de preadhesión con las organizaciones no gubernamentales de los países candidatos, y la estrategia de comunicación, cuyo marco administrativo y financiero ya está establecido, está dirigido también de forma especial a las organizaciones no gubernamentales de los países candidatos, ya que precisamente se trata de involucrar completamente a la sociedad civil en este importante proceso político. 
De todo lo demás daré cuenta fielmente a la Comisión, la cual, tal como he entendido, mantiene más bien una actitud básica de carácter crítico en este debate. 
A este respecto no ocultaré nada y les aseguro que, en cualquier caso, yo mismo trabajaré mucho para que se simplifiquen los procedimientos y se aceleren las decisiones. 
Muchas gracias, Señorías. 
(Se levanta la sesión a las 21.08 horas) 
Señorías, en primer lugar, debo informarles de que ha sido imposible disponer en este momento de todas las versiones lingüísticas del Acta. 
Por lo tanto, la aprobación del Acta de la sesión de ayer se aplaza hasta que se disponga de todas ellas. 
El motivo del retraso es que tenemos más de 200 páginas de votaciones nominales, que han costado la módica cifra de 4 millones de francos belgas al presupuesto del Parlamento. 
Por lo tanto, en este momento estamos haciendo las ediciones que faltan. 
Espero que todos los Grupos tengan presente lo que cuestan al presupuesto de la institución las solicitudes de votaciones nominales. 
Por tanto, cuando dispongamos de las versiones que faltan procederemos a la aprobación del Acta. 
Señor Presidente, una cuestión de orden, me gustaría llamar la atención de la Cámara sobre un incidente muy grave que tuvo lugar ayer en mi circunscripción de Sunderland, Inglaterra. 
La policía y funcionarios de normas de comercio hicieron una redada en las instalaciones de un mayorista de frutas y vegetales y confiscaron los aparatos de pesado que utilizaba para dispensar sus productos en las unidades tradicionales británicas de libras y onzas. 
Al parecer, esto supone ahora una infracción de una directiva de la UE, aunque existen dudas jurídicas al respecto. 
Espero que el Presidente se sume a mi condena de esta reacción extremadamente severa y se dirija por escrito a mi elector ofreciéndole el pleno apoyo de la Cámara en su lucha contra este disparate. 
Si los diputados se preguntan por qué la UE es tan impopular en el Reino Unido, es por incidentes como éste. 
Señor Callanan, me deja enormemente preocupado ese gravísimo atentado a las tradiciones británicas y será debidamente considerado. 
Pero, en todo caso, no era- creo yo- una cuestión de orden. 
Señor Presidente, sólo quería intervenir para una cuestión de orden, y aunque no se ha sometido aún a aprobación, quizá se pueda corregir ya, y es que en el excelente informe de nuestro colega, el Sr. Karas, quise votar ayer a favor del apartado 5 que es especialmente bueno. 
Le ruego que se corrija esto. 
Se toma nota. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que imparta instrucciones al servicio de seguridad para que compruebe qué ha sucedido. 
Esta mañana, cuando llegué a mi despacho, la puerta estaba abierta aunque estoy muy segura de que anoche la cerré, y mi ordenador estaba encendido, si bien estoy totalmente segura de que de que anoche lo apagué. 
Creo que, en cualquier caso, es preciso comprobar qué ha sucedido esta noche. 
Señora Gebhardt, es una preocupación que comparto porque hace dos días que me está sucediendo exactamente lo mismo. 
Por lo tanto, vamos a pasar un aviso a nuestros servicios de seguridad. 
Señor Presidente, respeto el hecho de que aún no pueda consolidar las actas pero, aun así, deseo hablar acerca de un punto que se trató ayer. 
Al inicio del debate sobre temas de actualidad, hemos tratado la aplicación del artículo 146 del Reglamento, es decir, lo que se refiere a la suspensión de un debate. 
El Presidente no lo consideró en el momento de aplicación al debate sobre temas de actualidad. 
Me pregunto cómo es posible que un artículo del Reglamento no sea de aplicación a una situación sin que se mencione en el Reglamento. 
En este caso, quedó aparentemente sin efecto el artículo 146. 
Por este motivo, deseo preguntar si la Comisión de Reglamentos o el Presidente nos puede aclarar cuándo resulta de aplicación el artículo 146. Los hechos acaecidos ayer no han hecho más que crear confusión. 
Señor Maaten, el apartado 6 del artículo 50 prevé que no se aplicarán los artículos 143, 144 y 146 a estas resoluciones. 
Lo que quiere decir que el presidente de la sesión aplicó estrictamente el Reglamento. 
Señor Presidente, sobre la cuestión que ha planteado el Sr. Callanan hace unos momentos, sugiero que en lugar de plantearle la cuestión a su Señoría debería planteársela a la Reina del Reino Unido ya que últimamente parece tener opiniones sobre la mayoría de los asuntos europeos. 
Tomo nota de esta peculiar cuestión de orden. 
Quiera comunicarles que, como ustedes saben, ayer se produjo un luctuoso accidente en el que perdieron la vida 2 conductores y 25 adolescentes en las carreteras española, cerca de Soria. 
La Presidenta ha decidido enviar nuestro pésame a las familias y a las autoridades respectivas. 
Por lo tanto, creo que con ello damos satisfacción en alguna medida a las solicitudes que se habían formulado durante el debate de ayer. 
Señor Presidente, por supuesto, los diputados catalanes presentes en el hemiciclo- como usted mismo, el Sr. Gasòliba y yo- estamos particularmente afectados por esta tragedia. 
Y con independencia del acierto de la Sra. Presidenta, que ha enviado su condolencia a las familias de las víctimas, quizá, señor Presidente, no sería ocioso que en esta comunicación de la presidencia se instase una vez más a todas las autoridades responsables de transporte de la Unión Europea a extremar la aplicación de la legislación y la vigilancia de las condiciones de seguridad en el transporte, tanto de escolares como de jubilados, que muchas veces han sido víctimas de estas tragedias. 
Así se hará. 
Señor Presidente, ha dicho su Señoría que las votaciones nominales le cuestan al presupuesto del Parlamento 4 millones. 
¿Podría pedirle al Comité sobre Normas de Procedimiento que estudiara la siguiente cuestión: todos nosotros respetamos los principios de poderes con responsabilidad y de subsidiariedad, así que cada vez que un Grupo solicite una votación nominal, ¿podría deducírsele una cantidad del presupuesto que le asigna el Parlamento? 
Señor Newton Dunn, es una idea que debo confesarle que no es original. 
No es la primera vez que se discute. 
Creo que puede tener una mejor solución en el ámbito de la reforma de los métodos de trabajo que está examinando en estos momentos la Mesa y la Conferencia de Presidentes. 
Hay unos documentos de un grupo de trabajo presidido por el Vicepresidente Provan, que tratan de estos asuntos y que han sido ya transmitidos a los Grupos para su discusión. 
El documento de trabajo nº 4 aborda precisamente la mecánica misma del Pleno y creo que sería ése el ámbito oportuno para ese tipo de reflexiones y de mejoras de nuestros métodos de trabajo. 
Señor Presidente, tengo la siguiente cuestión: acabamos de recibir la versión escrita de los textos aprobados. 
Hemos recibido el extenso documento con las numerosas votaciones nominales, pero falta el acta de intervenciones del debate de ayer sobre cuestiones de urgencia. 
Ciertamente, las cuestiones de urgencia se aplazan no sin razón al jueves, pero sigue existiendo la necesidad de que las cuestiones urgentes puedan ser tratadas también con urgencia. 
Hemos tenido muchas intervenciones. 
Quiero llamar la atención sobre el tema del Tibet con ocasión del 65 aniversario del nacimiento del Dalai Lama, celebrado ayer. 
La gente está ávida de saber que se produjo una gran clima de comunidad aquí, en el Parlamento Europeo, cómo tuvo lugar y qué se dijo. 
Ya he visto que la sesión del jueves sobre el tema de la urgencia nos dio sólo una posibilidad del documento, en la medida que en la semana siguiente, en concreto el miércoles de esa semana, recibimos este documento sobre nuestras intervenciones. 
De ahí mi pregunta: ¿Cuándo vamos a recibir el acta de estas importantes intervenciones orales? 
Señor Mann, al menos esta semana, el Acta literal ha estado disponible físicamente a partir de las 10 de la mañana del día siguiente para todos los diputados. 
Me sorprendería que hoy no estuviéramos en condiciones de hacer lo mismo. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, aunque veamos positiva la perspectiva del desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa, así como también la del transporte fluvial, Armonia Bordes, Chantal Cauquil y yo mismo hemos optado no obstante por abstenernos sobre este proyecto. 
Efectivamente, este informe indica que las numerosas y costosas inversiones, necesarias para la creación de las infraestructuras, serán financiadas con dinero público, mientras que su explotación se regirá básicamente por los imperativos de rentabilidad y de competitividad de las empresas privadas que, según este proyecto, serían sus primeros usuarios. 
. -. (FR) El transporte marítimo de corta distancia forma parte, como sabemos, del sistema de transporte europeo. 
A fin de cuentas, como lo subrayan el informe de la Comisión y el informe de la Comisión Regional y de Transportes, el transporte marítimo de corta distancia tiene mala imagen de marca en términos de coste, de lentitud y de ineficacia. 
Sin embargo, esta imagen ya no se corresponde con la realidad, y esta modalidad de transporte está en situación de aportar soluciones a los problemas globales que castigan a Europa en este campo. 
Me refiero a los problemas de congestión del tráfico, al elevado coste de las infraestructuras y al coste medioambiental. 
Por otra parte, se han hecho progresos en estos últimos años, y se ha verificado un crecimiento real del transporte marítimo de corta distancia: entre 1990 y 1997, + 17% en toneladas transportadas y + 23% en toneladas por kilómetro. 
Aunque se trata de un éxito indiscutible, todavía no está a la altura del potencial y de las ventajas que ofrece esta modalidad de transporte: ventajas en términos de coste: es la modalidad de transporte más económica; ventajas en términos de consumo de energía en toneladas/kilómetro; ventajas en términos de eficacia: es la modalidad de transporte más eficaz, desde el punto de vista de la inversión con respecto a la capacidad de transporte; ventajas en términos de cohesión regional: es la modalidad más adaptada al servicio de comunicación de las regiones periféricas europeas; ventajas en cuanto al medio ambiente: es una modalidad de transporte menos contaminante que el transporte terrestre; ventajas en cuanto a la intermodalidad: es un medio ideal para la aplicación del transporte intermodal. 
Por tanto, deben tomarse medidas rápidamente con vistas a fomentar su desarrollo. 
Se trata fundamentalmente de desarrollar programas de inversión común. 
Una de las prioridades debe ser la de reforzar la eficacia de las operaciones portuarias y reducir el tiempo de espera en los puertos. 
Insisto en el hecho de que los poderes públicos deben jugar un importante papel tanto a nivel regional, como nacional y europeo. 
Sin embargo, veo problemas en dos de los puntos del informe de mi colega. 
Se trata de la propuesta que pretende establecer una lista de los puertos especialmente adaptados al transporte marítimo de corta distancia. 
Hacer una lista de este tipo no me parece necesario, y supone el peligro de penalizar a los puertos que todavía no están plenamente adaptados, pero que están llevando a cabo transformaciones para este fin. 
Por otra parte, se sugiere agrupar en un solo punto la oferta de los servicios logísticos de transporte dirigida a los usuarios finales. 
Aunque comparto la idea de que hay que encontrar el modo de crear un sistema de información, me niego a que un puerto grande que ya ocupa una posición de fuerza en el mercado centralice este servicio. 
Finalmente, me hubiera gustado encontrar en este informe la propuesta presentada por la Comisión de Industria, según la cual el transporte marítimo de corta distancia no debe ser considerado como una alternativa al transporte por carretera, ni como un sistema que le hace la competencia. 
La Comisión Europea debería en este caso fijar una estrategia intermodal que establezca una complementariedad entre las modalidades de transporte. 
En este marco, y siguiendo esta idea, los Estados miembros deberían armonizar las reglamentaciones existentes, para evitar que supongan un obstáculo a la continuidad entre el transporte marítimo de corta distancia y el transporte terrestre, especialmente en el ámbito del peso total circulante. 
Lo que se nos propone hoy significa por tanto un paso adelante en la dirección correcta en el ámbito del transporte marítimo de corta distancia. 
Queda, después de todo, un largo camino por recorrer. 
Lucha contra las infracciones graves contra el medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0178/2000) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo para combatir los delitos graves contra el medio ambiente (5343/2000- C5-0078/2000- 2000/0801 (CNS)) 
. (IT) Señor Presidente, la Decisión marco presentada por el Consejo no hace más que recalcar el Convenio del Consejo de Europa de 1998 sobre la represión de los delitos contra el medio ambiente, un Convenio que hasta este momento no ha sido ratificado por ningún Estado miembro del Consejo de Europa. 
La presente propuesta de decisión marco no pretende sino acelerar los plazos, al menos para los quince Estados miembros. 
En casi todos los Estados tenemos una legislación para proteger el medio ambiente basada casi enteramente en sanciones económicas muy bajas y esto empuja a los devastadores del medio ambiente a maximizar los beneficios tratando de no utilizar todas las modernas técnicas para proteger el medio ambiente. 
Así, en estos últimos años, hemos tenido enormes desastres como el del Erika que era una cafetera del mar utilizada para el transporte de crudo, o la contaminación del Danubio con el cianuro de la mina rumana. 
Y esto porque a estas grandes compañías se les garantiza una impunidad cuyo fin es la maximización de los beneficios. 
Esta Decisión marco permite a los Estados europeos en primer lugar subir las penas con el objeto de que este delito- el delito contra el medio ambiente- se convierta en antieconómico. 
En efecto, mientras que el delito contra el medio ambiente sea pagado por la colectividad y no por los particulares, no tendremos ninguna esperanza de protección del medio ambiente. 
Otro sector en que esta Decisión marco interviene es el de empujar a los Estados europeos a adoptar penas o, en todo caso, un sistema de punibilidad para las personas jurídicas. 
Pocos Estados europeos prevén la responsabilidad de las personas jurídicas en sus Derechos penales, sin embargo, otros se están moviendo en este sentido. 
También Italia, en la revisión del nuevo código penal, tiene intención de incluir la punibilidad de las personas jurídicas, también porque hoy los delitos graves contra el medio ambiente no los cometen las personas físicas, sino las grandes multinacionales que, precisamente por no invertir en la prevención, causan inmensos desastres. 
Creo que los Estados europeos deberían, dentro de muy poco tiempo, acceder a una regulación bastante común y, en cualquier caso, elevar las penas y conseguir que la comunidad no tenga que pagar estos delitos. 
Otro aspecto importante es la cooperación que con esta Decisión marco se establece entre los Estados: una red de información que permite un rápido intercambio de información, un tratado que impone considerar los delitos contra el medio ambiente como delitos que autoricen la extradición, que permitan, por ejemplo, el embargo de bienes y de beneficios y que, en todo caso, conviertan estos delitos en antieconómicos. 
Sólo quiero recordar que en la comisión este informe se aprobó casi por unanimidad, con una sola abstención, y que han contribuido a mejorar este informe todos los Grupos políticos, del PPE al PSE y los Verdes. 
Éste, por lo tanto, es un informe que expresa el punto de vista de la Comisión de Libertades en su totalidad y expresa el punto de vista, lo esperamos, también del Parlamento Europeo, que debe hacer todo lo posible para que los Estados europeos se doten por fin de una legislación eficaz para proteger el medio ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, quisiera comenzar subrayando el excelente trabajo hecho por nuestro colega Di Lello Finuoli en este informe y que, como él mismo ha tenido ocasión de decir, mereció, por lo demás, el apoyo casi unánime de la Comisión de Libertades y de Derechos de los Ciudadanos. 
Y quisiera también elogiar esta iniciativa de Dinamarca que tiene por objeto la aprobación de una decisión-marco en materia de lucha contra los delitos graves que afectan el medio ambiente. 
Todos tenemos conciencia de la amplitud cada vez mayor y los frecuentes efectos transfronterizos de ese tipo de delitos. 
Tampoco puedo dejar de recordar uno de los últimos sondeos del Eurobarómetro, según el cual el medio ambiente es, junto con la seguridad, la salud y el desempleo, una de las grandes preocupaciones más sentidas por los ciudadanos de nuestra Unión Europea. 
Se nos impone, así, la responsabilidad de dar respuesta a dichas preocupaciones, una respuesta que pueda garantizar la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, procurando elevar su calidad de vida. 
La verdad nos impone la obligación de reconocer que la Unión Europea ha logrado avances importantes en la esfera del medio ambiente en los cinco últimos años. 
Hoy, incluso desde el punto de vista de los Tratados, ya está consignada la realización de un desarrollo equilibrado y sostenido. 
Y, según las conclusiones de Tampere, la delincuencia medioambiental es uno de los sectores expresamente mencionados en los que se deben centrar las medidas por adoptar con vistas a acordar definiciones, imputaciones y sanciones comunes entre las legislaciones penales nacionales. 
Así, urge la necesidad de una acción común de los Estados miembros para instituir una protección penal del medio ambiente. 
Estamos ante un problema común de los Estados miembros, cuyas consecuencias cada vez rebasan más las fronteras de los Estados, en particular las del Estado en el que se cometen los delitos. 
Eso impone la necesidad de que se adopten medidas concertadas de protección del medio ambiente en el ámbito del derecho penal que sean comunes al territorio europeo. 
Mediante normas de derecho penal o sanciones severas- y quisiera subrayar el adjetivo "severas", proporcionales a la infracción y que tengan un efecto disuasor eficaz. 
Por otro lado, como también ha dicho ya la Sra. Schörling, debería existir también una acción global preventiva en la que los Estados miembros deben garantizar que las empresas cuyas actividades entrañen un mayor riesgo para el medio ambiente y que puedan tener efectos negativos en el nivel de la salud pública estén bien informadas sobre las consecuencias medioambientales y adopten medidas de seguridad y las precauciones adecuadas en el ámbito de su actividad. 
Así, resulta necesario fortalecer y articular entre los Estados miembros los medios de lucha contra los crímenes graves que afectan el medio ambiente. 
Para concluir, quisiera hacer un llamamiento a los Estados miembros que aún no hayan firmado el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección del medio ambiente, de 1998, para que adopten, con arreglo a su derecho nacional, las medidas necesarias para la firma de dicho Convenio lo antes posible. 
Señor Presidente, la armonización del Derecho penal de los países miembros para la lucha contra el delito medioambiental es un componente muy serio de la política para la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia; y es también el complemento necesario a una política medioambiental eficaz. 
Por ello me gustaría felicitar al Gobierno de Dinamarca por la iniciativa asumida, así como a los colegas Sr. Di Lello y Sra. Schörling, que con sus informes amplían el campo de acción de la iniciativa y la hacen más concreta. 
Porque es un hecho que la iniciativa de Dinamarca, a pesar de su correcta orientación, presenta bastantes puntos débiles en comparación, por ejemplo, con el Convenio del Consejo de Europa de 1998. 
Y esto por que se concentra sobre todo en el derecho penal y no incluye cuestiones de prevención, salud, protección del patrimonio cultural, etcétera. 
Con todo, a pesar de los posibles puntos débiles y de las contradicciones, la iniciativa es positiva, porque impulsa la creación de un marco de legislación que permitirá el desarrollo de acciones comunes, coordinadas a través de un Europol reforzada, principalmente para el tratamiento del delito medioambiental transfronterizo. 
Introduce también un compromiso de mínimos para las sanciones penales que se impongan, sobre todo para los casos en que el medio ambiente es sacrificado en el altar del beneficio. 
Con este enfoque estoy plenamente de acuerdo, porque es algo sabido que hay una gran desproporción entre las penas que se contemplan para los delitos contra el medio ambiente y las consecuencias de estos delitos para el conjunto de la sociedad. 
Con todo, constatamos que la iniciativa de Dinamarca no ha examinado detenidamente las legislaciones de los estados miembros y, dado que existen serias divergencias, no sería extraño que se registraran problemas en la aplicación de la propuesta. 
Estoy de acuerdo, en todo caso, con la mención a la responsabilidad de las personas jurídicas, puesto que, por definición, y por su naturaleza, la mayoría de los delitos contra el medio ambiente son perpetrados por compañías e industrias. 
Encuentro igualmente necesaria la mención a los países de la Europa central y oriental, pues entiendo que cualquier propuesta debe tomar en consideración la perspectiva de la ampliación. 
Asimismo, entiendo que debo acentuar la necesidad de educación y formación del personal que será responsable de la investigación y persecución de los delitos contra el medio ambiente; el relieve que deben adquirir las medidas preventivas; y la necesidad de ratificación del Convenio del Consejo de Europa de 1998 por todos los países miembros, porque hasta ahora ninguno lo ha ratificado. 
Quisiera también subrayar que los estados miembros tendrán que comprometerse a una colaboración sustantiva en un asunto de tan gran importancia. 
Señor Presidente, estimados colegas, esta materia es muy complicada, pero extraordinariamente importante. 
Es la continuación lógica del Tratado de Ámsterdam y del Consejo de Ministros de Tampere. 
Es un clásico tema en el que se necesita cooperación. 
Al estudiar el texto danés, el informe Di Lello y la opinión de la Sra. Schörling, ambos excelentes, vemos, sin embargo, que es un asunto en extremo complejo. 
Hay que coordinar el acuerdo sobre asistencia recientemente tratado en la Asamblea y las normas sobre blanqueo de dinero. 
No estoy segura de que este instrumento esté listo en todas sus partes, pero me alegra que se intente evitar hacer un doble trabajo con el Consejo Europeo. 
Podemos comprobar que hay tres partes en la iniciativa danesa, además de la exigencia de ratificación de la convención del Consejo Europeo. 
Es importante que se contemplen reglas de derecho penal, así podremos prevenir. 
Creo que las reglas de confiscación son más importantes que las condenas largas o las multas elevadas. 
La experiencia demuestra que de hecho se consigue mucho a través de unas normas de confiscación rigurosas. 
Hay una antigua sentencia que dice "el delito no debe ser rentable". 
Hay que colaborar estrechamente, cosa que la Sra. Schörling también indicó, en torno a las normas de responsabilidad medioambiental que se dictarán y a las que alude el artículo 2 a. 
Celebro que la Sra. Schörling en su informe trate el tema de los animales, cosa que no me sorprende. 
Creo que aquí en el Parlamento tenemos que decir, de forma clara y sin rodeos, que éste será un instrumento con el cual detendremos los vergonzosos transportes de animales. 
Estamos bastante sorprendidos, por ejemplo, de que la Comisión no se haya preocupado de la aplicación de las reglas existentes. 
¿Por qué es tan pasiva la Comisión en su papel de velar por el cumplimiento del Tratado en el tema de los transportes de animales; mucho más pasiva que en otros asuntos? 
En las enmiendas 16 y 19 se han introducido cosas interesantes que no existen en la legislación penal de muchos países. 
Es un procedimiento que induce al engaño por parte de las autoridades locales o nacionales, al tiempo que ellos mismos han sido engañados. 
Creo que esto es algo que habrá que estudiar en el futuro. 
Para mí, esto es una clara ilustración de la situación en Baia Mare y de la investigación que allí se realiza para esclarecer responsabilidades. 
¿Quién ha inducido a engaño a quién? 
Estas materias son muy complejas, muy interesantes y muy importantes. 
Me satisface también que se mencione a las naves y que exista la disposición para una aplicación extraterritorial. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que si optamos por una aplicación extraterritorial, habrá que usar también un cierto grado de coerción para combatir los delitos que estamos discutiendo. 
Señor Presidente, creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en que las leyes actuales son excesivamente lenitivas y en que es importante que se establezca algún tipo de disposición para hacer posible la responsabilidad penal en estos casos. 
En la presente situación, no existe incentivo alguno ni para que las empresas mejoren su conducta, ni para que se hagan responsables de que no se producen negligencias. 
Esto tiene, a su vez, repercusiones en otras empresas. 
A la hora de emprender acciones legales, corresponde a los propios ciudadanos individuales el asumirlas y eso puede ser extremadamente difícil y costoso. 
Por supuesto la gente puede enfrentarse a grandes empresas que disponen de un poder y unos recursos enormes, pero esto hace que en muchas ocasiones les resulte muy difícil seguir con estos casos hasta el final y hacer que las empresas paguen el precio. 
Estamos ante verdaderos delincuentes que por negligencia o mediante actos deliberados están destruyendo el medio ambiente, afectando a la salud humana, afectando a nuestra flora y a nuestra fauna y causando, de muchas otras formas, daños a largo plazo, todo ello en su búsqueda de beneficios. 
Las empresas que se dedican al transporte por tierra y mar, por ejemplo, no tienen, en muchos casos, absolutamente ningún sentido de la responsabilidad y es esencial que se establezca algún tipo de sanciones para obligarlas a actuar de modo responsable. 
Los gobiernos deberían facilitar más información y aclarar al público la dimensión y los efectos de los delitos medioambientales porque muchos sectores de nuestra sociedad no son conscientes de esto. 
Por ejemplo, en relación con el agua, el suelo, nuestra salud, la flora y la fauna y el clima, es de extrema importancia que se facilite una adecuada información. 
Además, no se trata sólo de las empresas. 
A veces son las autoridades nacionales las que de hecho están incumpliendo la ley y comportándose de un modo totalmente negligente. 
No tengo que irme más allá de mi propio país para ver que en muchos casos las propias autoridades locales y otras son responsables de los daños medioambientales. 
Y, cuando se trata de hacer valer la ley con respecto a empresas que operan en la zona, también son negligentes. 
Parece que el beneficio va por delante de los intereses del público y del medio ambiente. 
No se debería permitir que esto continúe y a las propias autoridades que no apliquen la ley se les debería exigir responsabilidad por los daños que ello origine. 
El que sea deliberadamente o por negligencia, al final difiere muy poco porque el daño está hecho. 
En muchos casos, las compañías utilizan el argumento de la negligencia en lugar de decir que fue deliberado, pero, de hecho, la negligencia de este modo es deliberada. 
Estas empresas conocen las consecuencias y debería exigírseles que reparen completamente el daño que han causado y que asuman en su totalidad el coste siempre que sea posible. 
El otro punto que me gustaría destacar es que existen compañías, como British Nuclear Fuels, que no tienen absolutamente ningún sentido de responsabilidad pública ni de conciencia medioambiental. 
Llevan contaminando desde hace tanto, tanto tiempo todas nuestras costas, ensuciando el mar de Irlanda y poniendo en un grave riesgo a la población de Irlanda, y, de hecho, de la costa oeste del Reino Unido. 
No hay más que mirar a lo que ocurrió en Chernobyl que se debió una vez más a una actitud negligente. 
¿Cuánto tiempo se va a tardar en rectificar? 
Estas situaciones ya no pueden seguir permitiéndose en un mundo en el que deberíamos ser plenamente conscientes de los problemas medioambientales que estamos causando. 
Disponemos de la tecnología, del conocimiento y de los recursos para asegurarnos de que estas cosas no ocurran. 
El Erika es otro ejemplo de negligencia. 
Me gustaría asimismo manifestar mi apoyo a la última oradora que ha hablado del transporte de animales. 
Es una explotación deliberada y un mal trato de animales que debería también tenerse en cuenta. 
En el ámbito internacional hemos asistido a muchos desastres en el pasado, baste como ejemplo Bhopal. 
La reducción de costes y el ahorro de dinero provocó el mayor desastre medioambiental de la historia. 
A esa empresa todavía no se le ha exigido legalmente y de forma apropiada su responsabilidad. 
Se la llevó ante los tribunales en India. 
El presidente de la empresa debía ser arrestado y se dictó una orden de detención contra él. 
Se fugó a Estados Unidos dónde ha decidido quedarse y no ha regresado a hacer frente a las consecuencias de sus actos, a pesar de las órdenes de Interpol. 
Y luego están las cuestiones de los bosques y de la pesca. 
Los procedimientos ilícitos de muchas actividades pesqueras deberían tenerse en cuenta porque constituyen también un delito medioambiental que tiene consecuencias a largo plazo. 
Ya es hora de que todos asumamos nuestras responsabilidades porque no sólo tenemos que pensar en nosotros y en nuestro medioambiente, sino también en las generaciones futuras. 
La única forma de hacerlo es que los daños medioambientales se consideren uno de los delitos más graves en nuestra sociedad. 
Señor Presidente, resulta fácil apoyar el análisis que se ha hecho en este informe. 
Las consecuencias de las infracciones contra el medio ambiente se dejan sentir en zonas de varios países. 
La exportación e importación de este tipo de delitos no conoce las fronteras exteriores de la UE. 
Frecuentemente, estos delitos son cometidos por personas jurídicas. 
Y, frecuentemente, estos delitos persiguen fines lucrativos. 
El autor de los mismos cosecha las ganancias, mientras que los costes que se originan deben ser pagados por los demás. 
Usted analizó este tema correctamente: el medio ambiente debe ser concebido en su sentido más amplio como fuente de salud humana, como biodiversidad y como herencia artística y cultural. 
Es fácil apoyar esta línea encaminada a mejorar la prevención de los delitos contra el medio ambiente. 
Hay que conseguir que este tipo de infracciones dejen de ser rentables, las sanciones no deben ser únicamente de tipo económico y hemos de prevenir estos delitos con antelación. 
Una forma de prevenir la delincuencia medioambiental es mantener informada a la opinión pública. 
¿Por qué no empezar con la publicidad y exigiendo publicidad sobre el hecho de que el Gobierno de Bélgica vierte las aguas residuales sin purificar al río de la ciudad de Bruselas? 
Señor Presidente, en nombre de los diputados radicales italianos del Grupo Técnico de Diputados Independientes, quiero manifestar que no cabe duda de que el informe Di Lello contribuye a mejorar la iniciativa de Dinamarca, y por esto debemos felicitar al señor ponente. 
Sin embargo, más que repetir lo que ya se ha dicho de positivo, me parece importante subrayar algunos límites de la iniciativa de Dinamarca, precisamente para ayudarnos a actuar mejor de cara al futuro. 
Una cosa importante ya la ha dicho la Sra. Karamanou: en realidad, el Consejo no nos dice cuál es el estado actual de las legislaciones de los Estados miembros. 
Pues bien, tengo un pensamiento que será incluso un pensamiento de excesiva prudencia, pero tengo una gran desconfianza en quien dice: elevemos las penas, elevemos las sanciones, sin decirnos cuáles son las penas y cuáles son las sanciones. 
Creo que habría sido más serio, por parte de Dinamarca y del Consejo, darnos un marco de las sanciones, al objeto de ir a ver cuáles son realmente las carencias graves que hay que paliar y los límites más graves de la situación europea. 
Seguramente la parte de las sanciones es una parte importante, y seguramente hay que convertir en coherente el marco jurídico europeo; sin embargo, no es la única cuestión en materia de respeto al medio ambiente y de catástrofes medioambientales: sería importante intervenir con una visión más global sobre la cuestión. 
Sabemos que, por ejemplo, en la Unión Europea las emisiones contaminantes están disminuyendo y lo están por unas razones estructurales del funcionamiento y de la economía. 
Cierto que hay que intervenir también con el marco penal allí donde se cometen verdaderos delitos, sin embargo, es importante que el marco penal se coordine con coherencia con el resto de la legislación, con las sanciones administrativas, con los sistemas de regulación de la economía para dar coherencia al marco global. 
En efecto, con frecuencia las sanciones administrativas que repercuten en los costes efectivos de las empresas son sanciones que tienen un efecto preventivo más fuerte que el que puede causar la sanción penal: el responsable de una sociedad y de una empresa difícilmente piensa en el riesgo de ser detenido o de incurrir en sanciones penales cuando se produce una tragedia, mientras que, en cambio, es mejor que se le obligue diariamente a dar cuentas de los mayores costes que los procedimientos contaminantes comportan. 
Dicho esto, si, como muchos diputados afirman, el Convenio del Consejo de Europa es más completo y más coherente, a lo mejor en estos casos tendríamos que preguntarnos cómo la Unión Europea podría tener en cuenta directamente los textos del Consejo de Europa para dar mayor homogeneidad a la legislación, no solo en el marco de la propia Unión. 
Quisiera decir una última cosa con respecto a la delicada cuestión de la relación entre el Estado y la contaminación. 
Hablamos de particulares y de empresas, mientras que a menudo son precisamente las empresas del Estado o es el propio Estado el corresponsable de gravísimas catástrofes medioambientales. 
Éste es un problema que hay que considerar, pero se me antoja que la iniciativa de Dinamarca y del Consejo no lo hace bastante directamente. 
Y termino renovando mis felicitaciones al ponente, Sr. Di Lello Finuoli. 
Señor Presidente, en todas las resoluciones y leyes conviene ver primero lo que ya tenemos solucionado y lo que adicionalmente deseemos y podamos hacer. 
En el Consejo de Europa, como ya se mencionó en otras intervenciones, se llegó a un acuerdo en 1998 en el ámbito de la lucha contra los delitos medioambientales internacionales. 
Sin embargo, la mayoría de los Estados Miembros aún deben firmar y ratificar dicho "Convenio sobre Medio Ambiente del Consejo de Europa". 
La propuesta de Dinamarca supone, de hecho, la adopción de amplias medidas para combatir los delitos medioambientales en el ámbito de la UE. 
En la resolución marco adoptada por el Consejo de Ministros, tan sólo se ha mantenido el punto referido la tipificación delictiva y se han extraído las restantes ideas aportadas por Dinamarca. 
De este modo, se ha anulado el valor añadido de dicha resolución marco debido a que la penalización ya se había incluido en la resolución del Consejo de Europa. 
Y lo que es más; la resolución marco vincula a un número menor de países que el Tratado del Consejo de Europa. 
Por lo tanto, lo mejor sería que los diversos Estados Miembros firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa. 
Obviamente, animo a que se profundice en el ámbito de la UE siguiendo el ejemplo de la propuesta danesa. 
Mi pregunta al Consejo de Ministros es si está dispuesto a ello. 
Sin embargo, al Parlamento Europeo se le plantea un problema ya que, ¿se debe emitir un dictamen acerca de la propuesta danesa o acerca de la propuesta modificada por el Consejo de Ministros? 
En vistas de que sólo disponemos de la propuesta danesa, la adoptaremos como base, aunque nos preguntamos hasta qué punto resulta útil, ya que si el Consejo mantiene la propuesta limitada, opino que deberíamos abstenernos por completo de adoptar una resolución marco de la UE. 
En cuanto a la propuesta danesa, en primer lugar, quisiera destacar que se debe considerar esta resolución marco como un complemento a las medidas nacionales destinadas a combatir los delitos medioambientales. 
Este complemento debe constar de un marco jurídico para la adopción de medidas de carácter internacional, tales como la coordinación, el intercambio de información, la notificación de delitos, registros centralizados y la persecución penal de la delincuencia medioambiental internacional. 
Para arrojar luz sobre lo que se incluye y lo que no se incluye en la resolución marco, resulta necesario disponer de una definición adecuada de la delincuencia medioambiental. 
En principio, me muestro de acuerdo con lo formulado por Dinamarca. 
Sin embargo, me pregunto si se debe incluir en la definición el comercio ilegal de especies vegetales y animales amenazadas. 
Incluso existiendo una definición adecuada, resultará difícil su aplicación práctica. 
¿Se puede hablar de delito medioambiental en el desastre del Erika? 
¿Y qué se puede decir de la contaminación con cianuro en Rumania? 
Evidentemente, se produjeron amplios daños medioambientales pero, ¿los demás criterios son igualmente de aplicación? 
Resulta clave que no se pueda eludir las responsabilidades que se deriven de los hechos. 
Sería conveniente debatir esta cuestión en el marco del Libro Blanco sobre Responsabilidades Medioambientales. 
Gran parte de las enmiendas de la Comisión sobre Libertades Públicas se refieren a modificaciones del texto, que no resultan igual de imprescindibles en todos los casos. 
Opino que sería mejor facilitar un apoyo unánime a la propuesta efectuada por Dinamarca al Consejo, en lugar de proponer una serie de pequeñas modificaciones en aspectos secundarios. 
Por el contrario, las ideas que sí resulten complementarias, como las referidas a la obtención de información acerca de las consecuencias de la delincuencia medioambiental y las sentencias judiciales, contarán con mi apoyo. 
Señor Presidente, evidentemente, siento curiosidad por conocer la opinión de la Comisión Europea. 
¿Nos podrá aclarar el Comisario Schreyer este procedimiento ciertamente insólito en el que nos hemos visto inmersos? 
Señor Presidente, la mayoría de las veces que mi colega irlandesa la Sra. McKenna habla en esta Cámara nosotros no estamos de acuerdo, pero en un asunto como éste lo que tenemos en común es mucho más que lo que nos separa. 
Reconozco, indudablemente, que los mayores desastres ecológicos se producen como consecuencia de una irresponsabilidad o de las acciones de aquellos a los que les mueve únicamente el deseo de obtener beneficios, sin importarles las consecuencias. 
Lamentablemente, estos desastres afectan a muchos países a la vez. 
Sabemos demasiado bien que los grandes desastres medioambientales no respetan frontera internacional alguna. 
En los últimos tiempos hemos experimentado los problemas derivados de la contaminación del Danubio con cianuro procedente de las minas rumanas, la rotura del petrolero Erika frente a las costas atlánticas francesas y, desde un punto de vista irlandés, los continuos problemas causados por Sellafield. 
Y, por supuesto, en un pasado no tan lejano, está Chernobyl, cuyo recuerdo aún nos atormenta. 
Hechos como éste seguirán produciéndose a no ser que establezcamos el principio de "el que contamina, paga" en el sentido más amplio de la palabra. 
Las multinacionales sólo cambiarán su comportamiento cuando se les obligue a pagar grandes cantidades por sus fechorías. 
Seguirán causando daños al medio ambiente mientras la recompensa supere con mucho el castigo. 
Su actitud se basa simplemente en la idea de que aplicar una estricta protección medioambiental perjudica su actividad de negocios o aumenta sus gastos financieros significativamente. 
Además, cualquier pequeña sanción que se les obligue a pagar es insignificante cuando se la compara con los enormes beneficios que obtienen. 
Yo, por tanto, doy la bienvenida a esta iniciativa que reconoce la naturaleza internacional de los daños medioambientales. Constata la necesidad de fuertes sanciones punitivas. 
En concreto, la consideración como delito del daño medioambiental hará llegar un claro aviso a los responsables del mismo. 
Si se aplicaran las propuestas danesas, los que mandan a navegar en nuestros mares a buques inseguros se lo pensarían dos veces. 
A otros, como los directivos de Sellafield, que ocultan información deliberadamente y que están implicados en malas prácticas, se les exigiría responsabilidades por sus hechos. 
Y los presidentes y directores de las multinacionales que toman las decisiones importantes mostrando una total indiferencia por las consecuencias se enfrentarían a la posibilidad no sólo de ver cómo, quizás en algunos casos, cerraban sus empresas a causa de las elevadas sanciones y de la confiscación de activos y demás, sino que se enfrentarían ellos mismos a un posible encarcelamiento. 
Creo que debemos ir en esta dirección, pero también me gustaría expresar una idea más. 
Las propuestas y las acciones en este campo no deberían limitarse solamente al territorio de la Unión Europea. 
Tenemos la responsabilidad de asegurar que las empresas multinacionales no pueden transportar sus residuos y su conducta al mundo en desarrollo debido a las restricciones que podemos imponerles dentro de la Unión Europea. 
Debemos asimismo imponer normas mínimas a las empresas europeas que operan en el mundo en desarrollo y buscar la cooperación internacional para contar con unas normas y unas sanciones estrictas que se apliquen en todo el mundo. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar al Gobierno de Dinamarca por haber tomado la iniciativa de proponer la decisión marco del Consejo que ahora discutimos y que aspira a dotarnos de instrumentos más eficaces para combatir los delitos graves contra el medio ambiente. 
Nuestra felicitación va también dirigida al ponente, Sr. Di Lello Finuoli, que en toda la tramitación de esta iniciativa ha actuado con gran lucidez y firmeza en cuanto a los principios y valores que compartimos, pero también con prudencia y flexibilidad, lo que le ha llevado a asumir numerosas enmiendas que aportaban diversos matices. 
Con ello, llegamos a una propuesta final que estimamos razonable y a la vez ambiciosa. 
Nos alegramos de que con esta decisión marco la Unión Europea esté apoyando el convenio sobre la protección del medio ambiente por el derecho penal que se aprobó en el Consejo de Europa en 1998 y que por el momento no ha encontrado el número necesario de ratificaciones para entrar en vigor. 
En la Unión sólo nueve Estados miembros lo han firmado, pero ni uno solo lo ha ratificado hasta la fecha, lo que no deja de ser bastante escandaloso. 
Mi compañera y compatriota Carmen Cerdeira ha aportado ideas y enmiendas que ahora quedan recogidas en el texto que vamos a votar. 
Señalo mi coincidencia con el mismo y quiero destacar cuatro aspectos, en los que me parece que hemos conseguido mejorar la propuesta inicial en el trámite parlamentario. 
El primero es que aquí se reconoce que un país podrá actuar contra los delincuentes cuando el delito contra el medio ambiente se haya cometido en su propio territorio, pero también cuando se haya cometido en otro país, si es que sus consecuencias afectan al primero. 
El segundo es que esa misma posibilidad de actuación se amplía y afectará no sólo a los delitos cometidos sino también a las tentativas que por una u otra razón no llegaran a producir efectos, pero que hubieran podido producirlos. 
Un tercer dato es que se aplica, como responsables, a las personas jurídicas, al ser éstas, mucho más que las personas físicas, quienes cometen la inmensa mayoría de los delitos graves contra el medio ambiente. 
El cuarto elemento que quiero destacar es que las sanciones económicas y de otro tipo que se impongan para tales delitos deberán ser siempre de cuantía muy superior al beneficio que tales conductas produzcan a sus autores. 
Se acabará así con una realidad que hace que, en muchos casos, a éstos les resulte no sólo barato sino sencillamente rentable cometer un crimen. 
Nos encontramos ante un buen documento, cuyo efecto esperamos que sea eficaz. 
Hacia ello debe dirigirse también nuestro compromiso. 
Señor Presidente, en primer lugar me sumo a la felicitación por el trabajo realizado por el ponente, Sr. Di Lello Finuoli. 
Acojo con satisfacción esta iniciativa del Gobierno danés, que se basa en el nuevo procedimiento reconocido en el Tratado de Ámsterdam, para tratar un tema como es el de asegurar una mejor y mayor protección al medio ambiente a nivel de la Unión Europea, protección que evidentemente no ha de tener fronteras en el seno de la Unión. 
Mi colega la Sra. Thors ya ha expresado la posición favorable, tanto al informe como a las enmiendas presentadas por las respectivas comisiones, y por ello me centraré en tres puntos. 
Yo durante algún tiempo me he encargado de intentar que la Comisión dé un tratamiento adecuado a los bosques europeos y he visto las dificultades que había, dada la diversidad de tratamiento que requiere un asunto que tiene una dimensión medioambiental bien clara. 
La primera dificultad que veo para aplicar realmente esta propuesta es tipificar los delitos medioambientales teniendo en cuenta la diversidad que encierra el propio ámbito de la Unión. 
El segundo tema es el de la necesidad de que haya una consideración de la dimensión internacional del delito. 
Hemos visto la dificultad de encontrar a los responsables últimos de muchos atentados medioambientales de gran dimensión, pero además el juego de las responsabilidades jurídicas de las entidades que, en último término, pueden aparecer como responsables, realmente hace muy difícil que haya un tratamiento penal real de estos atentados. 
Creo que ésta será una misión importantísima para la Comisión. 
Hay que evitar que haya difuminación de las responsabilidades penales. 
En tercer lugar, señor Presidente, únicamente decir que es preciso comunitarizar el ámbito de interior y de justicia en la Unión Europea y esta propuesta así lo demuestra. 
Señor Presidente, ayer debatimos y votamos un informe de la Comisión de Peticiones. 
En dicha comisión se han atendido este año mil quejas de los ciudadanos. 
De esas mil quejas, el 40% guardan relación con la vulneración del Derecho comunitario sobre el medio ambiente. 
Viendo esas quejas, apreciamos la necesidad de la propuesta que estamos examinando, propuesta del Consejo a petición del Reino de Dinamarca, y de aprobar este informe del Sr. Di Lello Finuoli y de la Sra. Schörling, de la Comisión de Medio Ambiente. 
En primer lugar, la petición de que no sólo se firme el Convenio sobre Medio Ambiente del Consejo de Europa, sino también de que se ratifique. 
Ningún Estado ha ratificado dicho Convenio hasta hoy, y no es contradictorio con aprobar este informe aquí. 
Se recoge perfectamente en el informe la definición de los parámetros que son útiles para definir el delito: La conducta reiterada de la vulneración del Derecho comunitario, la gravedad del daño y, a veces, el anteponer los beneficios económicos por encima de cualquier otra consideración. 
Y a nosotros nos parece que con frecuencia hay una premeditación clara. 
Desde luego, señor Presidente, la hay, la hay incluso en algunos delitos medioambientales que parecen accidentales. 
Yo recuerdo bien el tema de Doñana en España o el tema del Danubio. 
Estaba claro que una balsa con tanta cantidad de productos peligrosos, cerca de un parque natural como Doñana, podía causar un accidente en cualquier momento. 
En segundo lugar, señor Presidente, considero imprescindibles las sanciones. 
Yo no tengo ninguna duda. 
Hay otros colegas aquí que pusieron en duda la necesidad de las sanciones. 
Yo no, e incluso creo que el principio de "quien contamina, paga" es un principio parcial. 
A veces, hay quien prefiere contaminar y pagar una pequeña cantidad, cantidad mucho menor que los beneficios que le produce cometer el delito. 
Por lo tanto, las sanciones son imprescindibles, deben ser disuasorias y tienen que ser proporcionales al daño que se causa a la calidad de vida de los ciudadanos. 
En tercer lugar, hay que rehabilitar el medio natural. 
Señor Presidente, no es de recibo que, en el caso de Doñana, sean los medios públicos quienes están recuperando una zona mientras que la empresa que causó el gran daño haya puesto sólo una mínima parte. 
Por eso es imprescindible la rehabilitación del medio dañado. 
También la responsabilidad de las personas jurídicas. 
Sólo en el Reino Unido, Finlandia y Dinamarca existen normas que permiten apelar a la responsabilidad de las personas jurídicas. 
Y para terminar, señor Presidente, quiero referirme a la cooperación entre los Estados, que es imprescindible. 
Los miembros de la Comisión de Peticiones somos conscientes de la terrible frustración de aquellos ciudadanos que se molestan en denunciar los delitos contra el medio ambiente y que ven que no somos capaces en Europa de acudir en su ayuda para mejorar el medio natural en que viven e impedir esos delitos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidos colegas, doy las gracias al Reino de Dinamarca por esta buena iniciativa, y gracias también al ponente por el buen trabajo realizado. 
La verdad es que, como las multas son pequeñas, los delitos contra el medio ambiente son rentables. 
Pero hay que recordar que esta rama de la delincuencia también afecta a las personas, tanto en sus lugares de trabajo como fuera de ellos. 
Esta decisión marco impediría que estos delitos sean rentables. 
Sin embargo, creo que las grandes empresas multinacionales son un gran problema, y es verdaderamente necesaria la cooperación entre las autoridades en este ámbito, cooperación que también es necesaria para que estas regulaciones entren en vigor antes de la ampliación. 
Los delitos más graves contra el medio ambiente son cometidos por empresas, y para algunas de ellas estos delitos forman parte de su actividad comercial. 
Algunas cometen este tipo de delitos reiteradamente. 
Deberíamos concentrarnos precisamente en las actividades delictivas contra el medio ambiente cometidas de forma reiterada y premeditada. 
Y espero que la Comisión cree un registro público para este tipo de empresas, visto que esto se ha convertido en parte de sus actividades comerciales, con el fin de que los consumidores y los ciudadanos en general puedan influir en la situación a través de la opinión pública. 
Soy de un país en el que se pueden entablar acciones judiciales contra las personas jurídicas, lo cual ha surtido efecto y ha hecho las veces de medida preventiva en nuestro país. 
Es evidente que el director de una empresa adopta una actitud mucho más seria frente al medio ambiente, puesto que es posible que, debido a su encarcelamiento, se vea desplazado del cargo del que ha abusado actuando de forma delictiva. 
Así pues, creo que cuando estas sanciones entren en vigor, se avanzará en este asunto tanto en la Unión, como en otros ámbitos. 
Señor Presidente, tal como han hecho otros oradores, quisiera felicitar al Gobierno danés por esta iniciativa. 
Demuestra que, en materias medioambientales, en el Consejo se puede actuar de forma ofensiva y moderna. 
Como es sabido, las conductas equivocadas, intencionadas y conscientes, de empresas e individuos en asuntos medioambientales amenazan no sólo a la naturaleza sino también la vida de las personas. 
Estoy convencida de que si en mi país se dice Teckomatorp, todos saben, o al menos la mayoría sabe, de qué se habla, aunque sea un delito contra el medio ambiente que se cometió hace más de veinte años. 
Era una empresa incapaz de hacerse cargo de sus residuos tóxicos y que optó por enterrarlos, poniendo en peligro a toda una región. 
Desgraciadamente, Teckomatorp no es el único ejemplo. Muchos diputados han dado testimonios aquí en el Parlamento de hechos semejantes, sin olvidar la situación- similar a la de las películas del "oeste americano" -que reina en nuestros mares. 
Obviamente, debemos conceder a los delitos contra el medio ambiente la misma gravedad que a otras conductas criminales. 
Por eso se necesitan definiciones comunes para este tipo de delitos. 
He estado de acuerdo con los responsables de la Comisión de Medio Ambiente, la Sra. Schörling, en que para combatir los delitos contra el medio ambiente se necesita una legislación eficaz en materia de responsabilidad medioambiental. 
La mejor manera de evitar la comisión de nuevos delitos contra el medio ambiente es la adopción de medidas preventivas. 
Para la buena y eficaz investigación de estos delitos se precisa también que la policía y los jueces tengan conocimientos específicos sobre esta materia. 
De otro modo, se corre el riesgo de que esos delitos no sean correctamente investigados. 
Si esos delitos no son investigados con celeridad, pueden quedar retrasados o simplemente olvidados. 
Quiero emplear estos últimos segundos para dirigir un reto a la Comisión en relación con un asunto al que aludieron, entre otros, la Sra. Thors y la Sra. McKenna, esto es, al transporte de animales que diariamente se realiza en la Unión y que, quizás, es el más flagrante de los delitos contra el medio ambiente. 
Me gustaría que la Comisaria tomase esto con seriedad e hiciese algo para remediar la actual situación. 
Creo, sinceramente, que todos los ciudadanos de la Unión nos apoyan a la hora de hacer algo para mejorar los horribles transportes de animales. 
Señor Presidente, distinguidos señores diputados, permítanme que acerca del último requerimiento de ustedes diga que acepto muy gustosa el llamamiento de ustedes en esta dirección. 
Desde el punto de vista de la Comisión, la iniciativa del Reino de Dinamarca en pro de una decisión marco del Consejo consta esencialmente de dos partes. 
La primera parte apunta a que toda violación culposa y grave del Derecho medioambiental en todo el ámbito de la Comunidad lleve tras sí penas eficaces y disuasorias. 
Representa un criterio mínimo respecto del conjunto de las penas. 
Esta parte, que esencialmente responde a las normas de un convenio aprobado por el Consejo de Europa en noviembre de 1998, constituye el propósito principal de la iniciativa. 
Lamentablemente, hasta ahora dicho acuerdo no ha sido ratificado por ningún Estado miembro- esto ha sido destacado también aquí varias veces- de manera que comprendo la iniciativa de Dinamarca de tratar ahora nuevamente este tema en el marco de las competencias de la Comunidad. 
La segunda parte, por el contrario, contiene regulaciones encaminadas a la mejora de la cooperación y del intercambio de información entre las autoridades de la persecución criminal y los tribunales de los Estados miembros. 
Muchas cosas aconsejan que tales cuestiones de la asistencia jurídica y de la mejora de la cooperación en el ámbito judicial se traten en un planteamiento amplio que no se limite solamente al Derecho sobre medio ambiente. 
En consecuencia, un grupo de trabajo del Consejo se está ocupando en la actualidad sólo de la primera parte- a esto se ha referido también un orador- por consiguiente, del Derecho Penal material. 
La mejora de la cooperación en materia de Derecho Penal está siendo ya objeto de varias iniciativas y propuestas, las cuales no se limitan al Derecho Penal sobre medio ambiente. 
Un objetivo esencial del Tratado de Amsterdam y una función general de las Comunidades es la de desarrollar las asistencia jurídica mutua, el intercambio mutuo de información y el resto de la cooperación entre los tribunales y los ministerios públicos de los Estados miembros con el fin de crear un auténtico espacio de libertad, de seguridad y de Derecho. 
A este propósito lo que necesitamos son regulaciones muy claras, de fácil comprensión y manejo, a las que pueda recurrir rápidamente cualquier aplicador individual del Derecho. 
Para lograr este objetivo e impedir cualquier fragmentación del Derecho, las reglas de la asistencia jurídica deberían tener, en opinión de la Comisión, una validez lo más general posible. 
Las disposiciones específicas, como, por ejemplo, las del Derecho sobre medio ambiente, sólo deberían producirse a titulo excepcional en casos necesarios. 
En este sentido, en 1998 se instituyó una acción conjunta, la Red Judicial Europea, que ha iniciado su trabajo y que despliega numerosas actividades encaminadas a facilitar la asistencia jurídica y el intercambio. 
Naturalmente, en opinión de la Comisión, esto se ha de seguir desarrollando. 
Junto a los convenios existentes en el Derecho Internacional sobre la asistencia jurídica y el reconocimiento mutuo de sentencias están previstas en este ámbito otras acciones de la Comunidad. 
La Comisión considera muy elogiable la primera parte de la iniciativa de Dinamarca. 
Efectivamente, hasta ahora el medio ambiente no está protegido en modo alguno penalmente como bien jurídico en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, un delito grave contra el Derecho medioambiental no es necesariamente punible en todos los Estados miembros. 
Naturalmente, esto constituye en parte, francamente, un estímulo para los delitos medioambientales transfronterizos. 
El déficit de realización que, en conjunto, tenemos en la protección del medio ambiente no puede superarse, naturalmente, sólo mediante medidas penales, pero también aquí esta decisión marco aportaría seguramente nuevos impulsos. 
El la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ha abordado la cuestión de si el actual Derecho comunitario del primer pilar no contiene ya obligaciones suficientes de los Estados miembros. 
A esto hay que decir que aunque los instrumentos del primer pilar prevén con frecuencia sanciones, éstas no tienen por qué ser necesariamente de naturaleza penal. 
En el marco del primer pilar se deja en principio en manos de los Estados miembros considerar si son suficientes las sanciones jurídico-administrativas o si han de recurrir a la espada afilada del Derecho Penal. 
Quiero referirme a un punto que, desde el punto de vista de la Comisión, aparece todavía como problemático y que ha sido mencionado también aquí en numerosas intervenciones, en concreto, la cuestión de la punibilidad de las personas jurídicas. 
La iniciativa danesa prevé que a las personas jurídicas se les puede hacer responsables desde el punto de vista del Derecho Penal en el caso de delitos graves contra el medio ambiente. 
Sin embargo, en opinión de la Comisión, es preciso tener en cuenta los actuales ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, en cuanto que la sanción de las personas jurídicas está excluida generalmente. 
Preceptos semejantes del Derecho comunitario prevén solamente que contra personas jurídicas cabe acudir a sanciones, que luego puedan ser de naturaleza absolutamente jurídico-administrativa y- algo que se ha dicho una y otra vez acertadamente- que el daño material causado se castigue con sanciones financieras. 
Esto se contiene también en los mismos. 
Respecto del planteamiento de las sanciones financieras quisiera aludir una vez más a la importancia del Libro Verde sobre responsabilidad medioambiental que la Comisión ha editado hace algunos meses en el que se trata de que se incluyan también, de una vez por todas, los daños ecológicos ocasionados. 
En interés de las posibilidades de realización de la iniciativa sería aconsejable proceder también en este caso de tal manera que se hable de una responsabilidad de las personas jurídicas sin utilizar la expresión "desde el punto de vista del Derecho Penal". 
Pero, con independencia de esto, las personas responsables de delitos graves contra el medio ambiente deben someterse, evidentemente, al Derecho Penal. 
Esto ha sido también objeto de un claro consenso en este interesantísimo debate. 
Para terminar, permítanme que en nombre de la Comisión diga lo siguiente: lamentablemente, una y otra vez tenemos que iniciar procedimientos de violación de los Tratados en materia de Derecho medioambiental contra los Estados miembros y un gran número de procedimientos de violación de los Tratados precisamente en este sector se halla pendiente. 
Esto suscita luego, lamentablemente, la imagen de que muchos Estados miembros no toman tan en serio el ámbito de la protección del medio ambiente y del Derecho sobre medio ambiente. 
Sobre este trasfondo, en opinión de la Comisión, es muy notable y significativa la iniciativa danesa. 
Muchas gracias, señora Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) Explicaciones de voto 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados compañeros, hemos aprobado este informe con entusiasmo, ya que opinamos que los delitos medioambientales aún se subestiman y que las consecuencias no suelen conocerse, por lo que, a menudo, resulta difícil establecer las responsabilidades. 
El escándalo de las dioxinas en Bélgica comienza con el vertido ilegal de varios litros de aceites residuales tóxicos que acabaron en los piensos para el ganado. 
Los delitos medioambientales a veces no llegan a conocerse y, en numerosas ocasiones, se detectan cuando ya es demasiado tarde. 
Los funcionarios encargados del control del medio ambiente suelen levantar actas que la justicia se limita a sobreseer. 
Además, para numerosos Estados Miembros, la lucha contra los delitos medioambientales y su persecución no constituyen una prioridad. 
La cooperación en ámbito judicial en Europa sigue siendo insuficiente en cualquier caso. Esta es una de las conclusiones a las que llega este informe. 
Constatamos que Europol aún no dispone de ningún tipo de competencia para actuar. 
Asimismo, observamos que la mayoría de los Estados Miembros aún deben ratificar el convenio de 1998 del Consejo de Europa. 
También detectamos que en muchos países aún no se castigan con severidad los delitos medioambientales. 
Si se desea prevenir y combatir los delitos medioambientales de forma efectiva en Europa, los Estados Miembros deberán empezar a actuar en consecuencia y solicitar los medios necesarios para los objetivos que se desean conseguir. 
Señor Presidente, esta vez voy a intervenir no solo como representante del Partido de los Pensionistas, sino también como ex marino profesional, porque las dos resoluciones que hemos debatido esta mañana afectan al mar: la primera, el transporte marítimo de corta distancia, y la segunda, el medio ambiente, y el mar con frecuencia es la víctima de delitos contra el medio ambiente. 
Esta mañana, me ha llamado una pensionista desde Liguria y me ha dicho: " Hace mucho calor. 
Quería bañarme pero tuve que volver enseguida porque el mar estaba muy contaminado y lleno de alquitrán. 
Pero ¿qué haces para nosotros que somos ligures, genoveses y que sí tenemos mar, pero lo tenemos contaminado? " 
"No te preocupes" -le contesté- " hoy es viernes 7 de julio. 
Generalmente debatimos temas de pesca y esta vez del mar. " 
Pues bien, del mismo modo que he votado a favor de la resolución para que haya puertos para el transporte marítimo de corta distancia- espero que en Génova, Imperia, Savona, Tolón y Marsella- también he votado a favor de esta resolución sobre la limpieza de las aguas marinas, tan importantes también para los pensionistas y para aquellos que viven en la costa. 
Señor Presidente, he venido a esta Cámara a votar contra este informe como protesta ante los comentarios inexactos y engañosos de la Sra. McKenna en relación con la dirección de la planta de reprocesamiento nuclear de Sellafield en el Reino Unido. 
Veo que la Sra. McKenna estaba tan convencida del asunto que no se ha molestado en asistir a la votación. 
No me queda sino esperar que el resto del debate y el informe sean más exactos que la Sra. McKenna. 
Vamos a proceder a la aprobación del Acta de la sesión de ayer. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, ayer presenté una explicación de voto por escrito sobre la trata de seres humanos, y no ha sido mencionada en el Acta. 
Se corregirá debidamente, señora Laguiller. 
Señora Lulling, estamos aprobando el Acta. 
La Presidencia ha tomado nota de su rectificación al Acta literal, y el entusiasmo de la Asamblea ante sus palabras será debidamente incorporado al Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 10.40 horas) 
Declaro reanudada la sesión del Parlamento Europeo, que se interrumpió el viernes 7 de julio de 2000. 
Declaración de la Presidenta 
Señorías, una vez más, tengo el triste deber de abrir nuestra sesión plenaria con la violencia que se ha intensificado dramáticamente en el País Vasco español durante este verano. 
Siete nuevas víctimas han sido asesinadas por una organización cuya estrategia está ya muy clara: tratar de vencer a la democracia por el terror. 
Permítanme citar a estas víctimas: José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular de Málaga, cuya viuda e hija nos visitarán mañana por la mañana a las 9; 
Juan María Jáuregui, ex-gobernador Civil de Guipúzcoa; 
Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús Encinas, guardias civiles de Sallent de Gállego; 
En cada una de estas funestas ocasiones, he testimoniado nuestra solidaridad con las víctimas. 
He expresado nuestra condena a estas bárbaras prácticas incalificables. 
Así mismo, he prestado mi apoyo a las autoridades españolas. 
En el día de hoy, este Parlamento en su totalidad, unánimemente, más allá de las diferencias de nuestras sensibilidades políticas, honra su memoria afirmando en voz alta y con firmeza que el terrorismo constituye la negación misma de la democracia. 
Rechazando el derecho a la vida, mata la libertad. 
La violencia no solamente es condenable, sino que también es ineficaz, pues aísla, excluye a los que la practican. 
Les propongo un minuto de silencio como homenaje último a las víctimas, como testimonio de apoyo a su familia y a sus allegados así como a todas las mujeres y a todos los hombres demócratas de España, y especialmente del País Vasco español que, a pesar de este clima de terror, continúan creyendo en el diálogo político, en los valores fundamentales de las sociedades civilizadas y en la victoria final de la democracia. 
Les invito a guardar este minuto de silencio. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Señora Presidenta, desgraciadamente no puedo estar de acuerdo con lo que usted ha dicho. 
La única verdad es toda la verdad. 
Una parte de la realidad no basta por sí misma. 
Toda la verdad es la única verdad real. 
Esto es mucho más que una cita metafísica de Hegel. 
Nosotros en Euskal Herritarrok también lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y compartimos con todos los ciudadanos vascos el sentimiento de conmoción de nuestro pueblo en este momento. 
Bertrand Russell denunció la obscenidad de humillar deliberadamente a una nación, de volver loca a la gente para hacer necesaria una camisa de fuerza. 
Ésta es de hecho la estrategia del Gobierno español para el País Vasco. 
La acción de ETA es una expresión justificada de la lucha por el reconocimiento de algo bastante elemental. 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señor Gorostiaga Atxalandabaso, teniendo en cuenta las circunstancias, a título personal, y saliéndome quizás de mi papel de Presidenta, le diré que encuentro su intervención muy indecente. 
(Vivos aplausos) 
Elogio póstumo 
Especialmente a aquellas Señorías que estuvieron en la anterior Asamblea, quisiera informarles con mucha tristeza del fallecimiento, este verano, de Vassilis Ephremidis y de Staffan Burenstam Linder. 
Muchos de ustedes guardan un gran recuerdo de su presencia entre nosotros, una presencia especialmente dinámica, y me he permitido, en nombre de ustedes naturalmente, enviar nuestro más sentido pésame a sus familias. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
En una carta que le envié el 1 de septiembre hacía alusión a diversas aseveraciones de la prensa británica sobre un diputado de esta Cámara, el Sr. Hannan, y sobre el hecho de que supuestamente hubiera recaudado más de 100.000 libras esterlinas para la campaña a favor del "no" en el referéndum danés sobre el euro. 
¿Podría su señoría iniciar una investigación sobre este asunto para probar que el Sr. Hannan no utilizó las instalaciones del Parlamento ni el personal al que tiene derecho en tanto que diputado de esta Cámara para recaudar ese dinero? 
¿Podría asimismo asegurarse de que el Sr. Hannan hace constar la situación en su declaración de intereses financieros con anterioridad al referéndum de Dinamarca para que los ciudadanos de ese país puedan ver de dónde procedía el dinero? 
Señor Murphy, tomo nota de su declaración. 
He recibido efectivamente su escrito y lo he transmitido a los cuestores, quienes van a ver si corresponde dar curso a esto. 
Señora Presidenta, quisiera pedirle que invitara a los colegas a que cuando hagan una declaración de ese tipo se aseguren de que el diputado en cuestión ha sido informado de tal declaración. 
Es muy descortés efectuar esa clase de declaraciones, abiertamente en la Cámara, cuando el diputado afectado no está presente. 
Señor McMillan-Scott, mi problema es que yo nunca conozco el tema que van a tratar sus Señorías en su intervención. 
En principio, esto debería ser una moción de procedimiento. 
Señora Presidenta, desearía plantear una cuestión de orden acerca del reciente conflicto laboral en los puertos franceses del Canal, que causó, una vez más, importantes trastornos a los ciudadanos de la UE que viajaban legítimamente entre el Reino Unido y otros Estados miembros. 
¿Sabe la Asamblea que el Reglamento de la fresa permite procedimientos expeditivos para que los propietarios de mercancías que sufran retrasos a causa de este tipo de acciones reciban una compensación, pero que no concede los mismos derechos de compensación a los turistas y a los demás viajeros? 
¿Son conscientes sus señorías de la indignación que sienten estos ciudadanos de la Unión a los que parece molestárseles periódicamente con estas acciones salvajes que se producen ahora por sexto verano consecutivo en los puertos del Canal? 
¿Podría usted, Señora Presidenta, encargarse de plantear al Presidente en ejercicio y a la Comisión qué medidas pueden adoptarse para hacer que esto no vuelva a ocurrir en el futuro endureciendo el reglamento, que creo que es el Nº 2679/98? 
Gracias, Señoría, con mucho gusto tomo nota de esta intervención. 
Señora Presidenta, lamento tomar la palabra para una cuestión que no es una moción de orden, pero me parece conveniente relatar lo que nos ocurrió hoy a algunos intérpretes, funcionarios y diputados. 
Todos los que estamos aquí sabemos lo que cuesta llegar a Estrasburgo. 
A mí, por ejemplo, tres vuelos- a partir de las 7 y media de la mañana- desde Asturias hasta Estrasburgo. 
Pero no es aceptable que si se retrasa el vuelo Madrid-París- llegamos a París a la 1 y veinte y el avión hacia Estrasburgo salía a la 1 y media- nos dejen en tierra. 
Algunos intérpretes tenían un trabajo a las 4 y media, trabajo que ya no pudieron realizar y algunos diputados, como el Sr. Medina, salieron ayer por la tarde de las Islas Canarias para poder llegar aquí a las 5 de la tarde. 
Si llegamos con una hora de retraso, es lógico que no se nos espere. 
Pero no puede ser que lleguemos a París con 10 minutos de retraso y nadie se moleste en decirle al vuelo siguiente que nos espere. 
No es posible que siga ocurriendo esto, señora Presidenta, porque algunos tenemos graves dificultades para llegar aquí, en concreto quienes venimos de regiones alejadas. 
Yo le rogaría que hablara con "Air France". 
0 Señoría, como usted sabe, soy totalmente consciente de todas estas dificultades. 
Créame que no ceso de repetirlo a las autoridades competentes, tanto gubernamentales como aeroportuarias. 
Usted recibió una encuesta. 
Quiero dar las gracias a los casi 300 colegas que han hecho llegar sus respuestas, que van a permitirnos, como se dice, poner las cartas sobre la mesa y, de verdad, de todo corazón espero obtener resultados concretos. 
En realidad, esto es lo que necesitamos y no una nueva comisión u otra cosa. 
Necesitamos resultados que mejoren las condiciones de acceso de sus Señorías a Estrasburgo y lucharé con ustedes, créanme, para conseguirlas. 
Señora Presidenta, en el anterior periodo parcial de sesiones de Estrasburgo trasladé a la Presidencia la preocupación tan enorme que existe en la Bahía de Algeciras y en el Campo de Gibraltar por la presencia de un submarino nuclear inglés con una grave avería en el sistema de refrigeración de su reactor nuclear. 
Todavía no he recibido contestación al respecto. 
Los andaluces, señora Presidenta, estamos orgullosos de recibir en nuestras aguas a este buque averiado, pero estamos muy preocupados por el empecinamiento del Reino Unido de arreglar la avería allí mismo. 
Es de todos conocido, por documentos de la propia "Royal Navy", que este puerto no está suficientemente preparado para reparar este tipo de averías. 
Solicitamos de usted, pues, amparo para que proteja de posibles riesgos a una parte de la población de la Unión Europea. 
En ese sentido, le pedimos que haga las oportunas gestiones para que dicho submarino sea remolcado y reparado allí donde existan las garantías necesarias y se evite de ese modo la alarma social que está creando. 
Señor Bautista Ojeda, quisiera subrayar que el jueves próximo, en el debate sobre cuestioines urgentes, habrá un debate sobre la seguridad de los submarinos nucleares. 
La Conferencia de Presidentes ha expresado justamente su deseo, después del trágico accidente del Kursk, de que se amplíe esta cuestión. 
En ese momento podrá usted lanzar este mensaje. 
Señora Presidenta, quiero recordar que este Pleno se ha pronunciado sobre el tema de la pena de muerte en muchas ocasiones y que ha respaldado la idea de una moratoria ante las Naciones Unidas. También se ha manifestado sobre casos específicos y sobre éste en concreto, o sea, sobre la anunciada ejecución de Rocco Derek Barnabei, lo hizo en el pasado mes de julio. 
Dado que dicha ejecución está prevista para dentro de diez días, el 14 de septiembre, considero importante que, en nombre de nuestro Pleno, y por la sensibilidad que le caracteriza, usted, señora Presidenta, escriba al Gobernador del Estado de Virginia para que se suspenda la ejecución. 
Lo haré con mucho gusto, señora Napoletano. 
Hemos intervenido, en efecto, en varias ocasiones y aunque no hayamos obtenido resultados, creo que hay que continuar incansablemente haciendo este tipo de intervenciones, y lo haré con toda el alma. 
Señora Presidenta, nuestros colegas ya lo han dicho, hay efectivamente un problema de comunicación aérea con Estrasburgo. 
Sin embargo, quisiera recordar a nuestros colegas que son fanáticos de la libre competencia, que desde que hemos privatizado las líneas aéreas ya no es posible subvencionarlas e incluir en los destinos de servicio público la ciudad de Estrasburgo, de forma que numerosas licitaciones han resultado infructuosas ya que ninguna compañía aérea ha aceptado ofrecer vuelos considerados no rentables. 
Señora Presidenta, no voy a entrar en modo alguno en este debate, pero quisiera llamar su atención y la de sus Señorías sobre otro asunto que afecta también a nuestra ciudad, como es la situación sumamente sensible y preocupante de un grupo de zíngaros húngaros llegados a Estrasburgo el 24 de julio pasado, debido a persecuciones y discriminaciones racistas en su país y que solicitan acogerse al asilo político, no solamente en nuestro país, sino también en otros países de la Unión Europea. 
No voy a detallar esta situación pero en el fondo del problema, ésta nos afecta muy directamente puesto que, por una parte, saca a la luz un caso muy concreto y muy preciso tocante a las dificultades de aplicación de los criterios de Copenhague, que debe encontrar soluciones rápidamente y, por otra parte, el respeto al Tratado por parte de ciertos países candidatos a entrar en la Unión. 
Por otro lado, esto nos obliga a reafirmar que el respeto a las minorías y a los derechos humanos debe valorarse y medirse con el mismo rasero que el respeto a los criterios económicos. 
Por tanto, señora Presidenta, desearía- y creo que usted comparte plenamente esta opinión- que, de conformidad con las opiniones expresadas por nuestra Asamblea sobre estas cuestiones, la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Hungría en este caso concreto, pueda, a petición suya y de forma urgente, encargarse de este asunto. 
El grupo de 46 personas que están aquí, señora Presidenta, los zíngaros de Zamoli, tienen realmente puestas todas sus esperanzas en la capacidad de nuestra Asamblea en avanzar en estos asuntos. 
Gracias, Señora Gillig. 
Escribiré esta misma noche a la Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta para que pueda examinar la situación. 
Señora Presidenta, el Sr Murphy habló de la inoportuna intromisión del Sr. Hannan en la lucha electoral danesa. 
Para nosotros los daneses no supone un problema que los conservadores no tengan nada que hacer en Inglaterra y hagan el tonto en Dinamarca. 
Sólo nos sonreímos y decimos: " Sabe Dios por qué no se ocupan únicamente de sus propios asuntos allí en Inglaterra. 
Pero nosotros sí que debemos ocuparnos de nuestros asuntos en Dinamarca ". 
Señora Presidenta, puesto que el Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta está reunido, quisiera responder inmediatamente a mi colega diciendo que, efectivamente, esta semana tenemos una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta; me voy a poner en contacto inmediatamente con el embajador, que nos visitará este jueves, para que nos dé respuesta a estas cuestiones en la sesión del jueves y con mucho gusto invito a nuestro colega a participar en nuestros trabajos este jueves por la mañana. 
Gracias, Señor Desama, usted se nos ha adelantado y, por tanto, ya no necesito escribirle. 
Lo digo porque llevo media hora intentanto hablar sobre el Acta de la sesión del viernes 7 de julio de este año. 
El viernes 7 de julio presenté, en nombre del grupo ELDR, una enmienda al informe de la Sra. Peijs, que afortunadamente fue aceptada. 
Pero la enmienda no está traducida correctamente al español pues, cuando se habla de regiones periféricas, quise referirme y me referí de hecho a regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Señor García, haremos una corrección en este sentido y le ruego me disculpe. 
Pensábamos que usted no deseaba intervenir sobre el Acta. 
Señora Presidenta, puesto que un colega ha mencionado el nombre de Gibraltar, quisiera recordarle a esta Cámara que el domingo 10 de septiembre es el día nacional de Gibraltar y que algunos de nosotros estaremos allí. 
Pero me sorprende que la Cámara no esté hoy debatiendo sobre Birmania. 
Ayer los ministros de los 15 impusieron sanciones a Birmania; se ha producido un asedio a la líder electa de Birmania, Aung San Suu Kyi, y un brote de violencia en torno a su casa. 
Esta mañana ha sido agredido el embajador británico y el Parlamento Europeo debería adoptar medidas enérgicas respecto de Birmania, al igual que lo están haciendo los ministros. 
Lord Bethell, yo misma he hecho una declaración sobre este asunto porque estamos muy preocupados por la situación de gran inseguridad en la que se encuentra la que recibió el premio Sajarov del Parlamento Europeo y seguimos muy, muy de cerca esta situación. 
Además, está en el orden del día de las urgencias del jueves, es decir de pasado mañana. 
Señora Presidenta, desearía referirme también a la cuestión de orden que se ha planteado sobre el submarino nuclear en Gibraltar. 
Le pediría a su señoría y a los demás miembros de esta Cámara que tuvieran en cuenta, al considerar esta cuestión y cuando la misma se someta a debate que aunque Gibraltar sea parte de la Unión Europea, los residentes de Gibraltar no cuentan con una representación directa en este Parlamento. 
Pediría a esta Cámara que estudiara urgentemente la exclusión de estos ciudadanos y que asegurara su representación en este Parlamento para que puedan plantear ellos mismos sus preocupaciones en esta Cámara. 
Señor Perry, en el momento del debate sus Señorías expondrán cuanto deseen expresar. 
Tienen libertad de expresión. 
Señora Presidenta, probablemente a algún colega le extrañe oír la realidad de los hechos, consistente en que Gibraltar es una colonia británica. 
Es muy raro que dentro de la Unión Europea haya colonias en el año 2000, pero así es, señora Presidenta. 
Señora Presidenta, me temo que tengo que plantear de nuevo este tema. 
En su carta del 14 de julio me parece que esta Asamblea está poniendo por los suelos la salud de sus diputados. 
Para mí fue una gran sorpresa recibir esa carta, donde se decía que se iban a colocar ceniceros a la salida de la Asamblea, junto a carteles de no fumar, porque usted hasta ahora siempre ha sido servicial cuando se trataba de esta cuestión de fumar en este edificio. 
Me parece increíble que existan normas de este Parlamento en las que se establece que hay zonas en las que está prohibido fumar pero que no dispongamos de un paso seguro para entrar en esta Cámara. 
Me acaban de diagnosticar una grave trombosis y las medicinas que estoy tomando agravan mi asma. 
Pido un itinerario seguro desde mi despacho a esta sesión plenaria, no sólo para mí sino para otros diputados que sufren de otros problemas respiratorios. 
Espero que esto se lleve a cabo inmediatamente porque si no mi salud y la de otras personas van a resentirse. 
Espero que considere esto una cuestión urgente y que retire todos los ceniceros de todas las zonas de no fumadores como algo que cae por su propio peso. 
Señora Lynne, le agradezco su intervención. 
He observado que varios cuestores la han aplaudido vigorosamente y, por ello, no tengo la menor duda de que van a preparar la reglamentación yendo en el sentido que usted dice. 
Respondiendo a lo que me ha dicho, las normas ya están vigentes. 
Se han elaborado normas del Parlamento Europeo y nosotros no estamos cumpliéndolas. 
La Sra. Banotti va a responderle. 
Pero si el Reglamento está así, debe aplicarse y así lo será. 
Señora Presidenta, me temo que he de decir algo que podría enfadar a algunos diputados, pero los ujieres del exterior tienen miedo- y utilizo la palabra intencionadamente- de pedir a algunos diputados que dejen de fumar por el mal trato que reciben cuando intentan hacerlo. 
No hace falta decir que estoy totalmente en contra de fumar como antigua enfermera que ya va para vieja. 
Me he dirigido personalmente tanto a diputados como a visitantes para pedirles que apagaran sus cigarrillos. 
Los propios ujieres han hecho todo lo posible por ser diplomáticos, pero están sometidos, y utilizo la palabra intencionadamente, al mal trato de algunos fumadores cuando les piden que dejen de fumar a las puertas de la Cámara. 
Quizás los diputados deberían saber que ésta no es una forma muy agradable de comportarse con el personal del Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi respeto por quienes no fuman y afirmar que debe haber, en efecto, itinerarios que les permitan transitar por el Parlamento Europeo sin verse afectados. 
Pero también quisiera expresar mi respeto por quienes fuman y reivindicar su derecho a fumar. 
Para mi salud física y mental, es importante fumar. 
Y debo decir que, si no hubiera ceniceros, no quedaría más remedio que crear situaciones desagradables. 
Debe haber ceniceros, como también debe haber una separación de espacios a fin de que los que fuman puedan fumar y los que no fuman puedan sentirse a gusto. 
Señoría, lo que hace falta es un respeto mutuo de los no fumadores para con los fumadores y de los fumadores para con los no fumadores. 
Vamos a volver a tratar todo esto tranquilamente con los cuestores para poder establecer unas zonas en las que las Señorías que deseen fumar, y que verdaderamente sientan necesidad de hacerlo, puedan hacerlo normalmente, pero respetando a los que son molestados, incluso intoxicados físicamente por el humo. 
Señora Presidenta, existe una regla de oro: si se denuncian comportamientos arbitrarios se dice el nombre de quién tiene el comportamiento arbitrario, cuando lo ha tenido. 
Estos "plañidos" contra la mala educación de categorías enteras- los fumadores, los no fumadores, los rojos, los blancos- son vergonzosos. 
Considero que si un diputado europeo es invitado por un ujier a apagar su cigarrillo, tiene el deber de reconocer amablemente al ujier que está cumpliendo con su deber y darle las gracias por ello. 
Por lo tanto, no se trata de algo baladí. 
La Sra. Banotti que ha denunciado estos comportamientos, ha de decir cuándo, quién y por culpa de quién se han producido, porque seré el primero en pedir que se adopte alguna medida en defensa de esos ujieres y de esos funcionarios que cumplen con su deber. 
Dicho esto, es evidente que si luego las medidas de orden general son estúpidas e intransigentes, entonces es indudable que es muy difícil defenderlas. 
Por ejemplo, en el límite entre una zona de fumadores y una zona de no fumadores quizás sería oportuno colocar un cenicero para evitar que las colillas quemen el suelo, pero ésta es una cuestión de sentido común. 
Para concluir, señora Presidenta, también sería de sentido común acabar con los plañidos y comportarnos como Parlamento. 
Lo mismo que en el caso de los aviones y de la sede de Estrasburgo están aquí "gimiendo" como plebeyos y no comportándose como representantes de un Parlamento soberano. 
Señor Pannella, le tranquilizo enseguida, los cuestores están llenos de sensatez, créame. 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, el ponente, Sr. Valdivielso, acaba de informar a nuestro Grupo de que no se han traducido aún todas las enmiendas. 
Ignoro cuándo estarán traducidas, pero si esto sucediera mañana, entonces, de conformidad con nuestro orden del día, habría que celebrar una votación sobre las mismas mañana a mediodía. 
Esto no es procedente pues en los Grupos debemos debatir sobre ellas. 
Por consiguiente, ésta es nuestra petición: si los Grupos disponen todavía de tiempo suficiente para la deliberación, la votación podría tener lugar también al final de la semana. 
Pero si ésta no puede garantizarse, entonces, puede tener lugar en la minisesión de Bruselas. 
Pero, en cualquier caso, insistimos o pedimos, tal como hemos decidido, que el debate tenga lugar ahora mismo. A fin de cuentas, nuestro apreciado Comisario se encuentra también aquí. 
Al principio habíamos oído que no se podía votar sobre el informe Valdivielso porque no estaba aquí el Comisario Patten. 
Ahora resulta que está el Comisario Patten aquí y me parece que cualquier problema técnico que haya habido, y soy consciente de esa posibilidad, puede resolverse, por parte de los servicios, en un plazo no superior a 2 o 3 horas. 
Yo pediría, por lo tanto, que se incluya la votación sobre el Reglamento MEDA en este período parcial de sesiones y si, efectivamente, los servicios tienen necesidad de un día más para resolver los problemas técnicos, que se aplace la votación un día. 
Pero me parece que los Grupos hemos debatido suficientemente de esto, hace demasiado tiempo ya que lo tenemos sobre la mesa y creo que no hay ningún inconveniente para que sea votado en este período parcial de sesiones y en presencia, como habíamos pedido tantas veces, del Sr. Comisario Patten, a quien agradezco que esté aquí. 
Me confirman que al día de hoy las enmiendas no están listas porque algunas de ellas deben dilucidarse. 
Estarán listas mañana por la mañana en todas las lenguas. 
Por lo tanto, no podemos votar mañana a mediodía porque sus Señorías no habrán tenido tiempo de ver estas enmiendas. 
Si la Asamblea estuviera de acuerdo se aplazaría la votación al miércoles, lo cual me parecería razonable y conforme también con nuestro Reglamento que requiere que sus Señorías tengan los textos en su lengua. 
Veo que el Sr. Poettering está de acuerdo. 
Por tanto, si los textos están listos mañana por la mañana, votaremos el miércoles. 
Martes: 
Señora Presidenta, lamento tener que tomar la palabra ahora sobre el punto siguiente: hemos escuchado con gran estupor una declaración de un miembro de la Comisión acerca de la cuestión de la ampliación de la Unión Europea, en concreto, una declaración del Comisario, Sr. Verheugen. 
El Sr. Comisario Verheugen ha hecho depender la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central, o así lo recomienda, de la celebración de un referéndum al respecto en un país miembro de la Unión Europea, en concreto, en la República Federal de Alemania. 
En mi condición de alemán no me compete ahora, en absoluto, tratar la situación constitucional en Alemania- no estoy hablando aquí como alemán sino como Presidente de Grupo- pero en los países de la Europa central se ha producido la mala impresión de que se establecerían nuevas condiciones para la ampliación. 
Hemos de oponernos decididamente a esta impresión 
Por consiguiente, esta declaración del Sr. Comisario Verheugen- ignoro si ha sido hecha con toda intención y estrategia o ha sido hecha solamente de manera irreflexiva- no es solamente incomprensible, sino también nociva. 
Mi Grupo solicita- he escuchado también algo parecido en otros Grupos- que la Comisión emita una opinión al respecto. 
Un momento apropiado para manifestarse sobre este punto sería mañana temprano en el marco de la declaración del Consejo y de la Comisión sobre las prioridades de la Unión en el marco de los ámbitos de la política exterior. 
Si la Comisión considera que mañana es demasiado pronto, pues la Comisión se reúne aquí normalmente en la mañana del miércoles, y si prefiere emitir más tarde una declaración, entonces el momento oportuno sería el miércoles a las 17 horas en que se producirán otras declaraciones de la Comisión. 
Pero pido a la Comisión que corrobore que nuestra posición acerca de la ampliación de la Unión Europea es la que hemos sostenido siempre, es decir, que a partir del año 2003 queremos tener como Unión Europea capacidad de ampliación y que estos principios se mantendrán aquí. 
Si el Sr. Comisario suscita la impresión de que esto ya no es así, lo consideraré irresponsable y la Comisión, como órgano colegiado, deberá rectificar esto. 
Tengo varias peticiones para intervenir sobre este asunto y es muy comprensible. 
Pero veo que el Comisario Patten me solicita la palabra y, si a ustedes les parece bien, voy a dársela enseguida, antes de conceder la palabra a las otras Señorías, porque seguramente nos va a hacer algunas aclaraciones. 
Señora Presidenta, le agradezco mucho al Comisario su declaración. 
En cierta medida aborda la cuestión y en cierta medida no lo hace. 
Creo que es muy importante que conste públicamente que deberíamos tener una declaración en los términos más claros por parte de la Comisión en bloque en el sentido de que sigue actuando como el motor esencial europeo de la ampliación. 
Aplaudo la opinión expresada por el Comisario de que todos compartimos la tarea de convencer de este reto histórico, pero deploro el hecho de que alguien de la importancia del Comisario Verheugen diga, al menos según diversos periódicos de hoy, que los Estados miembros no deberían dejar que la Comisión haga sola el trabajo sucio. 
Estas palabras no son apropiadas para las sensibilidades y las sutilezas que requiere este debate histórico y suponen una forma de hablar a la ligera que crea una perspectiva espantosa, no sólo en las mentes y los corazones de los que apoyan la ampliación, sino sobre todo en los estados candidatos y en sus capitales. 
Por esa razón la cuestión es de una importancia política excepcional esta semana. 
Es importante entender que el papel de un Comisario, el Comisario Verheugen en este caso, es hablar por Europa. 
Está claro que es un político alemán pero el Gobierno alemán está facultado para hablar por Alemania y, está en condiciones de hacerlo. 
Creo que es un total acierto que el Sr. Poettering exija que esta cuestión se trate aquí esta semana e instaría a la Comisión a que diera las garantías necesarias, no sólo porque yo esté de acuerdo con los sentimientos del Comisario Patten, sino porque el mundo en general desea que se le reafirme de que no existen disfunciones en el corazón de Europa sobre la cuestión de la ampliación. 
Señora Presidenta, en nuestro Grupo ya se ha debatido intesamente esta postura del Comisario Verheugen y hemos llegado a la conclusión de que lo que más se echa en falta ahora en las negociaciones sobre la ampliación es la transparencia. 
Esta transparencia es necesaria de cara a los ciudadanos y también de cara al Parlamento. 
Tengo la impresión de que la propuesta de nuestro colega Poettering rendiría un buen servicio a nuestro objetivo de construir ahora un poco esa transparencia, pues el Comisario Patten tiene toda la razón cuando dice que la ampliación no debe ser un asunto que concierna sólo a la élite. 
Es perfectamente comprensible que el Comisario Verheugen se sienta algo exasperado por el hecho de que, en representación del Consejo y de los diferentes Estados miembros, se hagan giras por estos países candidatos prometiendo que tal y tal año podrán ser acogidos con seguridad como miembros de nuestro club. 
Tal vez nosotros debamos también hablar un poco sobre cuáles son los respectivos papeles de la Comisión, del Consejo y del Parlamento en las negociaciones que se están llevando a cabo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, nuestro colega, el Sr. Poettering, ha hablado aquí como Presidente de Grupo y no como alemán. 
Yo hablo aquí como alemán y como vicepresidente en ejercicio de mi Grupo. 
El Sr. Comisario Patten ha expuesto ya la opinión de la Comisión sobre las manifestaciones del Sr. Verheugen. 
En realidad, ésta me bastaría como posición de la Comisión. 
Mi Grupo ha sido siempre de la opinión de que no sólo la Comisión, como unidad, sino también cualquier Comisario como persona individual, debe rendir cuentas a este Parlamento y, por cierto, con independencia de su nacionalidad y de su posible pertenencia a un partido político. 
Por esta razón, celebramos que el Sr. Verheugen tenga en esta semana la posibilidad de explicar y también, llegado el caso, de corregir aquí ante el Parlamento Europeo sus manifestaciones. 
Señora Presidenta, me pronuncio a favor de la propuesta del Sr. Poettering. 
Debo decir que, por lo que respecta a mi Grupo, no estamos sólo para "vender" la ampliación u otros grandes proyectos a la opinión pública sino para hacer participar estrechamente a nuestros conciudadanos en todas las grandes etapas de la construcción europea, incluso por medio de referéndums. 
Sin embargo, nos oponemos totalmente a la idea de servirnos del referéndum como una amenaza de la que algunos "pescadores en aguas turbulentas" podrían hacer un mal uso y utilizar el miedo y especialmente el rechazo a la apertura a los demás. 
Por consiguiente, para asegurar el éxito de la ampliación ante nuestras respectivas opiniones públicas y ante los ciudadanos de los países de Europa central y oriental, estoy a favor de que se disipe cualquier malentendido y de que el Comisario Verheugen pueda explicarse claramente ante este Parlamento. 
Sería conveniente que el Comisario Verheugen pudiera venir a expresarse ante este Parlamento. 
No vamos a iniciar un debate sobre este asunto y voy a proponérselo. 
Creo que el momento más oportuno sería el martes, cuando se produzca la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la prioridad de la Unión en materia de acciones exteriores. 
El Comisario Verheugen no estaba previsto para ese momento, no tenía que venir. 
El Comisario Patten y yo misma vamos a insistir para que esté disponible y venga a expresarse ante nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, naturalmente hay que celebrar que el Sr. Verheugen realice esta declaración. 
Puesto que se trata de un tema muy significativo, sería aún mejor, naturalmente, que esto lo hiciera el Presidente de la Comisión. 
Pero no vamos a insistir en esto. 
Sin embargo, insistimos en que la declaración que emita, finalmente, el Sr. Verheugen, sea inequívocamente una declaración de toda la Comisión y que de esta manera queden removidos todos los malentendidos. 
Por consiguiente, no se trata de una declaración personal privada del Sr. Verheugen, sino de una aclaración de toda la Comisión, como órgano colegiado. 
Me permito hacer hincapié, por si fuera necesario, en la sesión solemne, mañana por la mañana, a las 11,30 horas, con la visita conjunta del Sr. Avraham Burg, Presidente de la Knesset, y del Sr. Abou Ala, Presidente del Consejo Legislativo Palestino. 
No es necesario que insista sobre la importancia de esta visita conjunta, y si insisto, como ustedes bien se imaginan, es porque me gustaría mucho que estos bancos estuvieran tan concurridos como fuera posible. 
Cuento, por tanto, con la presencia de todos y de todas ustedes. 
Miércoles: 
A propósito de la declaración sobre la clonación humana, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que no se cierre este debate con la presentación de una propuesta de resolución. 
¿Quién desea tomar la palabra para apoyar esta solicitud? 
Señora Presidenta, mi Grupo considera que el tema de la biotecnología- porque no estamos hablando sólo acerca de la clonación- es una cuestión que preocupa no sólo a varios Gobiernos de los Estados miembros, sino también, y de una manera importante, a nuestras opiniones públicas. 
Y ello es así no sólo por los adelantos que se están produciendo en este terreno, sino también por las consecuencias científicas, industriales, éticas y religiosas que el tema comporta. 
Ya señalamos en su momento en la Conferencia de Presidentes, y lo hemos dicho ante la opinión pública, que creemos que éste es un debate que no se puede cerrar con una resolución de urgencia. 
Creemos que necesita un trabajo meditado y serio, y prueba de ello es la elaboración de la directiva que sobre el tema de la biotecnología se está realizando desde hace mucho tiempo, y que se intentó, por segunda vez, acabar en la anterior legislatura, elaboración que no se ha terminado porque todavía sigue planteando ciertos problemas. 
Entendemos que hay que proceder a que el trabajo solicitado por el Parlamento al Comité de Ética- que asesora a la Comisión y al Parlamento- se acelere y pensamos, además, que una cuestión tan importante como ésta, que implica a varias comisiones de este Parlamento y que causa una enorme preocupación en muchos aspectos- los embriones congelados, la patentabilidad de células que pueden ser multiplicadas a efectos de trasplantes, etc... -requiere una comisión temporal. 
Por lo tanto, nosotros hemos aceptado que se haga esa declaración. 
Pero entendemos que no es procedente en este momento someter a votación una resolución, hecha sobre la marcha, que puede crear problemas y división. 
Señora Presidenta, quisiera apoyar la propuesta de Enrique Barón Crespo atendiendo a las razones que tan elocuentemente ha expresado. 
Señora Presidenta, mi Grupo piensa, por el contrario, que la votación de una resolución es importante. 
En primer lugar, no es la primera vez que el Parlamento se pronuncia sobre el tema de la clonación humana. 
Desde Dolly, en varias ocasiones, hemos votado algunas resoluciones. 
Si hay una actitud unilateral en este caso concreto, es por parte del Gobierno británico que ha anunciado, sin ninguna consulta y sin ninguna concertación previas, una toma de posición a favor de la clonación terapéutica. 
Pensamos, por tanto, que una reacción del Parlamento Europeo que no cierra la puerta al debate es útil. 
Cuando digo que no hay que cerrar la puerta, está claro que una comisión temporal no debe rechazarse a priori. 
No me pronuncio a este respecto. 
Pero creo que es bueno que el Parlamento se exprese de modo distinto a un debate sin conclusión. 
Señor Lannoye, le confirmo que la Conferencia de Presidentes ha acordado la constitución de una comisión especial sobre todos estos asuntos. 
Señora Presidenta, antes de la votación quisiera decir algo relativo al Reglamento. Me refiero al artículo 118 del Reglamento. 
En el mismo se trata de que todos los miembros de esta Asamblea tienen acceso a todos los documentos que sean necesarios. 
En relación con la votación, que probablemente se celebrará el jueves, quisiera afirmar sustantivamente sobre este tema lo que ha afirmado el Sr. Lannoye. 
Hay decisiones del Parlamento en las que nos hemos pronunciado de manera muy decidida acerca de la clonación. 
Esto ha sido cierto también respecto de la clonación terapéutica. 
Ahora se está haciendo como si lo que propone el Gobierno británico fuera algo totalmente nuevo. 
En realidad, ya hemos discutido esto y el Parlamento ha estado siempre en contra. 
Las votaciones han sido siempre controvertidas. 
Los que ahora quieren evitar el debate y una decisión fueron siempre partidarios de una postura liberal. 
Pero el Parlamento adoptó siempre mayoritariamente decisiones severas. 
No sería consecuente que ahora, porque el tema es actual, no mantuviéramos nuestras decisiones del pasado. 
Señora Presidenta, justifico esta propuesta por el hecho de que el tema de Irán ha sido tratado frecuentemente de un tiempo a esta parte. 
La situación es muy delicada y allí suceden muchas cosas, pero esto ha sido ya discutido. 
Nosotros desearíamos fervientemente que se incluyera en el orden del día el punto relativo a la central nuclear de Temelin, ya que en muchos Estados miembros, sobre todo en Austria, situada en las proximidades de esta central nuclear, el ambiente está muy enrarecido. 
Con esta propuesta, quisiera hacer posible la inclusión en el orden día de la declaración Temelin. 
Si lo que usted solicita es apoyo, por mi parte, porque atañe a una evolución muy positiva en Macedonia, yo presto con gusto mi apoyo a esta propuesta del PPE, la cual puede ser consolidada por medio de una rápida aprobación por el Parlamento. 
Creo que éste es un asunto muy importante. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) La Presidenta. 
Se aprueba el orden de los trabajos así modificado. 
MEDA 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
Informe (A5-0204/2000) del Sr. Valdivielso de Cué- MEDA, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de reglamento al Consejo modificando el reglamento (CE) 1488/96 relativo a medidas de acompañamiento financieras y técnicas (MEDA) para la reforma de las estructuras económicas y sociales en el marco del partenariado euromediterráneo (COM (1999) 494- C5-0023/2000-1999/0214 (CNS) ); 
Informe (A5-0205/2000) del Sr. Piétrasanta- MEDA (Informe anual 1998) en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el informe de la Comisión: Puesta en marcha del programa MEDA- Informe anual 1998 (COM (1999) 291- C5-0117/1999- 1999/2120 (COS)) 
Señor Presidente, diversas circunstancias podrían haber justificado el aplazamiento de este informe para cuando estuviera todo dispuesto, incluidas las enmiendas. 
Pero, en cualquier caso, creo que por nuestra parte, como diputados, tenemos que llevar el trabajo adelante para que en ningún momento el informe MEDA se vea retrasado, con el consiguiente perjuicio que ello puede suponer para los países concernidos. 
Después de hacer estas salvedades, paso a realizar una síntesis del programa MEDA. 
A continuación les daré mi opinión acerca de la propuesta de reglamento, así como del informe en su conjunto. 
Como es sabido, el programa MEDA se enmarca dentro del partenariado euromediterráneo que fue fundado tras la declaración de Barcelona en noviembre de 1995. En dicha reunión participaron los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. 
Se trata de una iniciativa que engloba a 27 países en ambas riberas del Mediterráneo. 
Por una parte, los 15 Estados de la Unión y, por otra, Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y los Territorios Palestinos. 
En cuanto a Libia, por razones obvias, tan sólo disfruta del status de observador. 
Nuestro principal objetivo en esta cooperación es forjar lazos, especialmente en las numerosas áreas de interés común que compartimos con nuestros vecinos del Mediterráneo. 
Con este fin, se han invertido en el pasado quinquenio alrededor de 3.500 millones de euros, repartidos en dos grandes fórmulas de cooperación: la bilateral y la regional. 
Concretamente, esta ayuda económica y financiera debe posibilitar la consecución de una zona de libre cambio en el año 2010, para lo cual se han puesto en marcha proyectos de asistencia, tanto a las reformas macroeconómicas como a reformas sectoriales y ajustes estructurales. 
Se debe recordar que la relación de la renta per capita entre la Unión Europea y los países MEDA es de 1 a 10, es decir, realmente importante. 
Por tanto, a mi juicio, es lógico que el desarrollo económico sostenible para la zona constituya nuestra principal meta. 
A este respecto, debo añadir que la balanza comercial entre ambos bloques es positiva para la Unión Europea en 21.000 millones de euros. 
Por otra parte, también se contemplan medidas para facilitar la inversión privada en estos 12 países que, en 1994, ascendía a 3.500 millones de euros, especialmente mediante la adecuación de la legislación y de la administración, así como mediante encuentros entre empresas pertenecientes a los países MEDA y a la Unión Europea. 
También parece oportuno recordar que nos encontramos ante una zona del globo especialmente conflictiva desde el punto de vista bélico. 
No vale la pena enumerar las diferentes guerras protagonizadas por muchos de los países que disfrutan de este partenariado. 
El progama MEDA busca allanar el camino hacia una paz definitiva y duradera en esa parte del mundo a través, entre otras cosas, de la estabilidad económica. 
Se trata de una población que ronda los 230 millones de seres humanos y que, con el ritmo de crecimiento actual, en 10 o 12 años tendrá 300 millones. 
Es de destacar la diversidad de religiones y hábitos de todos estos países. 
Este es uno de los pilares sobre los que trabaja a fondo la Unión Europea. 
También, como es sabido, MEDA contempla un programa de acción a corto y medio plazo para el medio ambiente, tratando de invertir la tendencia a la degradación del entorno que se da en la zona. 
Pasando ya a un análisis de la propuesta de la Comisión, resultado en parte de las críticas recibidas en la ejecución de este programa, me parece insuficiente el conjunto de la propuesta. 
Dicha institución define principalmente tres iniciativas para conseguir una mayor efectividad: por un lado, una dinamización del proceso de toma de decisiones, centrando la actividad del "Comité MED" en la planificación estratégica y la programación. 
Los planes de financiación nacionales y regionales se adoptarán anualmente sobre la base de programas indicativos. 
También plantea un incremento de las capacidades de programación y puesta en marcha, para lo cual es imprescindible una mayor dotación de recursos humanos. 
Por último, la Comisión pretende acometer una reducción de los procedimientos para conseguir una implementación más efectiva a fin de incrementar el porcentaje de la ejecución de los programas. 
Concretamente, se pretende desarrollar unos procedimientos armonizados comunes a todos los programas de asistencia. 
Finalmente, quiero decir que creo que es importante este informe porque todo lo que sea ayudar a los países que están al sur de nosotros nos ayuda a nosotros mismos. 
. (FR) Señor Presidente, MEDA constituye la ejecución concreta, el instrumento de nuestra política euromediterránea, definida a partir de la Conferencia de Barcelona en noviembre de 1995, a la que siguieron varios foros, especialmente los de Malta, Nápoles y Stuttgart. 
Presentamos aquí el primer informe de actividad, titulado Informe anual 1998, pero que en realidad analiza todo el primer período de puesta en marcha 1996-1999 y prepara el establecimiento de las acciones del segundo período 2000-2006, cuyo reglamento ha sido propuesto por nuestro colega el Sr. Valdivielso de Cué. 
Dado que este informe está sujeto al procedimiento Hughes, hemos incluido en él la totalidad de las propuestas adoptadas por unanimidad no solamente por nuestra Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, competente para el fondo, sino también las de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y las de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo 
Contexto: se han destinado alrededor de 4.000 millones de euros en los cuatro últimos años, a los que hay que añadir los correspondientes créditos del BEI. 
Los acuerdos de Barcelona firmados por 27 países, los de la Unión Europea más los 12 países de la orilla sur del Mediterráneo: Argelia, Autoridad Palestina, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía. 
Los objetivos previstos se materializan en una parte política y de seguridad, una parte económica y financiera y una parte social, cultural y humana. 
Situación: se trata de un programa joven que ha tenido dificultades para ejecutarse y que ha padecido diversas disfunciones detectadas por el Tribunal de Cuentas Europeo y la Comisión de Control Presupuestario. 
Críticas especialmente a las asociaciones de subcontratación como el RTM. 
En resumidas cuentas, una puesta en marcha semiparalizada y, a pesar de un compromiso cercano al 100% de los créditos, al día de hoy solamente ha sido pagado el 26% y ello con muchas dificultades sobre una duración media de cuatro años. 
Hemos presentado de forma detallada los pormenores en nuestro informe para sintetizar las conclusiones. 
Concluimos. 
En primer lugar, es necesario simplificar el reglamento con el fin de permitir la aceleración del proceso en aras a una mayor transparencia, poniendo en ello los medios necesarios para la instrucción del dosier por la Comisión y para el control por el Consejo. 
Y, sobre todo, el Parlamento Europeo debe participar en el proceso y ser informado con más regularidad principalmente por medio del foro euromediterráneo. 
Sería conveniente acelerar la firma de los acuerdos de asociación que, al día de hoy, sólo se han suscrito con 7 países. 
Esto se refiere principalmente a Líbano, Argelia, Siria, etc. 
En segundo lugar, la elección de proyectos debe realizarse más democráticamente con una participación más importante de la sociedad civil, de las ONG, que constantemente han manifestado este deseo y especialmente en el coloquio organizado el 29 de junio pasado en Bruselas titulado "Por un MEDA duradero". 
En tercer lugar, prestar una atención continuada al respeto de los derechos humanos, puesto que esta cooperación pretende progresos no solamente en materia económica, sino fundamentalmente en materia de democracia, libertad, paz, desaparición de desigualdades y desarrollo duradero. 
Para ello, solicitamos que cada año se presente al Parlamento un informe sobre el respeto a los derechos humanos por los países firmantes o candidatos con el fin de tenerlo en cuenta en la elección de los proyectos. 
En cuarto lugar, estimamos que los créditos destinados a la cooperación regional, el 10%, es insuficiente en comparación con el 90% destinado a la cooperación bilateral. 
Por lo tanto, hay que comentar el volumen destinado a las acciones regionales que, lo reconocemos, son más difíciles de negociar y de poner en marcha pero que responden a un objetivo de eficacia, principalmente para mejorar las relaciones sur-sur y sobre todo para asegurar una acción más importante de cooperación descentralizada en la que todos estamos muy interesados. 
En quinto lugar, en relación con las seis prioridades del partenariado: medio ambiente, política hidráulica, industria, energía, transporte y sociedad de la información, consideramos necesaria una reactivación de los programas, demasiado descuidados hasta ahora, SMAP adoptado en Helsinki en 1997 sobre el medio ambiente. 
Habría que destinar al menos 10 millones de euros anuales al agua. 
Se debería hacer una inversión para la promoción de las energías renovables, para ayudar a la Pymes, para transportes. 
Debemos apoyar los planes de desarrollo continuado de cada país. 
Consideramos, por tanto, como una necesidad imperiosa poner en marcha las propuestas de reglamento hechas por el Sr. Valdivielso de Cué, en particular las relativas a la simplificación de procedimientos para una mayor transparencia, eficacia y rapidez en los pagos y las relativas al aumento de personal dentro de la Comisión para un mejor dominio del programa que no debe quedarse como pariente pobre en comparación con los de cooperación con los países asiáticos o ACP. 
Tengo que agradecer aquí no solamente las numerosas participaciones, principalmente de los países concernidos, de las ONG que me han permitido optimizar este informe, sino también a nuestro Comisario Europeo, Sr. Patten, que tiene una visión clara de la situación y cuyos servicios de relaciones exteriores deberían aportar mejoras de ahora en adelante a esta acción mediterránea. 
Gracias también a sus colaboradores, en especial al Sr. Patrick Laurent. 
Debo manifestar igualmente el interés que nos demuestra el Comisario Busquin, el cual reactiva la cooperación mediterránea en los ámbitos de la investigación, especialmente en la cumbre informal de Capri, el 29 de septiembre próximo. 
Gracias igualmente a todos nuestros colegas parlamentarios, en particular a las Sras. Terrón y McNally y al Sr. Sami Naïr que trabajan en ese dosier. 
La puesta en marcha de nuestras propuestas es fundamental para la indispensable reactivación del proceso euromediterráneo que sobre todo no debe penalizarse con respecto a los créditos 2000-2006 a causa de los problemas surgidos en su juventud y que debe ser la punta de lanza de nuestra política, de la que se hablará en la Conferencia de Marsella en noviembre próximo. 
Deseamos mucho éxito a la Presidencia francesa, la cual me consta que es muy conciliadora y que está decidida a llevar a buen término sus objetivos. 
. (FR) Señor Presidente, yo también quisiera agradecer y felicitar al Sr. Valdivielso de Cué por su excelente trabajo. 
Su informe recoge en grandes líneas los puntos en los que estoy muy interesado, así como aquéllos en los que los socialistas están muy interesados. 
Quisiera también dar las gracias al Sr. Piétrasanta, que acaba de resumir muy oportunamente y de forma clara a la vez el contenido de este informe y los puntos que quisiéramos que reforzara y que él menciona. 
Los puntos que no figuraban en la propuesta de la Comisión y que han sido recogidos por el Sr. Valdivielso de Cué son importantes. 
El Sr. Valdivielso de Cué recoge, en primer lugar, y le felicito por ello, una idea fundamental, como es la necesidad de comprometerse realmente con el Mediterráneo concediendo a esta región ayudas comparables a las concedidas a los países del Este. 
Los países de la zona Sur tienen la impresión, con razón o sin ella, de estar un poco dejados de lado, aun cuando a todos les consta que el Mediterráneo es una de las zonas de fractura más importantes que existen actualmente a escala mundial. 
Segunda idea recogida: la inversión de medios financieros a la altura de los retos. 
Hace igualmente referencia al acercamiento global definido en Barcelona (y no únicamente, como piensa la Comisión, a la dimensión de ajuste estructural) , al reforzamiento de la cooperación regional y en especial de las relaciones Sur-Sur, a la importancia de la cooperación descentralizada (contrariamente a lo que desea la Comisión que, aparentemente, quisiera suprimirla) , al mantenimiento del apoyo a los microproyectos, es decir a las ONG y a las asociaciones civiles, y a la necesidad de financiar las iniciativas en materia de cooperación industrial, en especial a las Pymes. 
El Sr. Valdivielso de Cué ha hecho un excelente trabajo sobre todos estos puntos. 
Sin embargo, me parece que una cuestión fundamental, la de la inmigración, no es tenida en cuenta suficientemente por este proyecto de reglamento. 
En su propuesta, la Comisión contempla la cuestión de las migraciones desde un ángulo estrictamente negativo. 
Hace una asociación muy grave, y lo digo midiendo mis palabras, al colocar en el mismo plano y en el mismo párrafo, por una parte la lucha, en mi opinión legítima y necesaria, contra la inmigración ilegal y por la repatriación y, por otra parte, la lucha contra el tráfico de drogas y la criminalidad internacional. 
Esta actitud, inadmisible, es un insulto para los millones de trabajadores emigrantes que contribuyen a la riqueza de Europa. 
Tal como le solicité al Sr. Valdivielso de Cué, se ha introducido una distinción, pero esto no es suficiente. 
Creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre una verdadera política de circulación entre las dos orillas del Mediterráneo. 
Europa, me parece, debe establecer hoy una política de codesarrollo ligada a los flujos migratorios, que debería articularse, señor Presidente, sobre algunas propuestas simples, tales como la elaboración de políticas de ayuda a proyectos de los emigrantes, la elaboración de instrumentos que permitan canalizar su ahorro, la acogida de estudiantes en formación y la acogida de jóvenes en prácticas. 
Votar a favor de esta enmienda que he presentado, me parece, por tanto, que viene a dar la posibilidad a los emigrantes legalmente instalados en Europa de ser reconocidos como actores del desarrollo en su país de origen. 
Para terminar, permítame, citar al Sr. Prodi, según el cual "La emigración debe convertirse en un factor de desarrollo". 
Es en este sentido en el que ha trabajado el Sr. Valdivielso, y es en ese sentido en el que desearía que fuéramos más lejos. 
Señor Presidente, acogemos de muy buen grado estos dos positivos informes y felicitamos a los ponentes y apoyamos plenamente la vital importancia del programa MEDA. 
A este respecto es extremadamente importante que la financiación se aplique de modo adecuado. 
Instaría a la Asamblea a apoyar las dos enmiendas al informe Piétrasanta presentadas en nombre de este Grupo. 
Como miembro de la delegación parlamentaria a los países del Mashreq y a los estados del Golfo, tengo interés en que los acuerdos de asociación con estos países se ratifiquen con la mayor rapidez posible; el proceso de ratificación del acuerdo jordano, en concreto, avanza muy lentamente. 
Nuestra enmienda insta a los parlamentos de los Estados miembros que todavía no han ratificado el acuerdo a agilizar este proceso. 
Nuestra otra enmienda se refiere a una cierta hipocresía en nuestro planteamiento sobre la creación de una plena zona de libre comercio en el área mediterránea. 
Como ha señalado el Sr. Valdivielso en su intervención, la UE presenta un gran superávit con esta zona. 
Sí, pedimos una zona de libre comercio pero cuando se trata de aquellos productos que esos países podrían exportar más fácilmente a Europa- esto es, productos agroalimentarios- mantenemos las restricciones al comercio. 
Es comprensible que nuestros amigos en estos países pongan en duda nuestra sinceridad. 
Admito que el libre acceso a Europa de los productos mediterráneos supone un problema para los productores de nuestros Estados miembros del sur, pero seguramente este problema podría compensarse al menos en alguna medida en la PAC. 
Por tanto, nuestra segunda enmienda pide la aceleración del avance hacia el libre comercio para todos los productos incluyendo los agroalimentarios. 
Agradecería que la Comisión ofreciera una previsión sobre el calendario probable para lograr una plena zona de libre comercio en el Mediterráneo y sobre cómo pretende llevarlo a la práctica. 
Instaría a mis colegas a que apoyasen estas enmiendas junto con los dos excelentes informes objeto de consideración. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo también quisiera felicitar a los ponentes, Sr. Valdivielso y Sr. Piétrasanta, y decir que hago mías las palabras del Sr. Piétrasanta y del Sr. Naïr. 
Es evidente la profunda sima que divide al mundo mediterráneo. 
La Unión Europea reaccionó ante ello con la Conferencia de Barcelona. 
Deberíamos estar ya trabajando a velocidad de crucero para lograr los objetivos establecidos allí y no es éste el caso. 
Muchos son los motivos que se han dado para ello. 
Los programas MEDA han estado rodeados siempre, y lo siguen estando, de demasiado ruido. 
Un ruido sobre el que es perfectamente inútil volver. 
Prefiero mirar adelante. 
La Comisión nos ha propuesto un nuevo Reglamento MEDA y nos pide en él procedimientos más ágiles para la toma de decisiones. Estamos absolutamente de acuerdo en ello. 
Mi Grupo y el Parlamento- si seguimos el voto de la comisión correspondiente- propone dar más confianza a la Comisión para que pueda decidir sobre proyectos de menos de 5 millones de euros y pedimos, además, que acompañe a la Comisión un Comité consultivo del Consejo. 
Efectivamente, el Consejo y el Parlamento no pueden exigir a la Comisión cosas para las que no la habilitan. 
Para esto tiene usted nuestro apoyo, señor Comisario. 
Lo tiene también, y así lo expresan las enmiendas que presentamos, para resolver los problemas de personal y de capacidad de gestión que pueda usted tener. 
Y me permito recordar, señor Comisario, que en los acuerdos de Barcelona se habla de un espacio de libre cambio y de cooperación económica, se habla también de seguridad y se habla mucho de dimensión cultural y humana. 
Yo creo, señor Comisario, que para desarrollar estos tres pilares en igualdad de condiciones debemos seguir contando con la sociedad del Mediterráneo y que, lejos de cerrar la cooperación descentralizada y los pequeños proyectos, hay que hacerlos eficazmente y hay que hacerlos incorporando a todos sus actores: empresarios, sindicatos, ciudades, O.N.G., inmigrantes- como decía el Sr. Naïr -, profesionales, etc... 
Quiero creer que compartimos el objetivo de reducir el abismo que hay entre los- dos por lo menos- mundos mediterráneos. 
Para ello, señor Comisario, pedimos, y mi Grupo será coherente con esta petición en el debate presupuestario, la restitución en el Reglamento de las cantidades asignadas al MEDA, en el sentido de que éstas se mantengan por lo menos iguales en términos reales a las asignadas en el período anterior. 
Si los problemas en el Mediterráneo son graves, y llevamos mucho retraso en la aplicación de las decisiones de Barcelona que pretendían hacerles frente, no podemos aceptar una reducción de las inversiones. 
Señor Presidente, me es grato anunciar el voto favorable a los informes de nuestros colegas Valdivielso y Piétrasanta por parte del Grupo Liberal, en el cual no he de esconder que hay ciertas reservas con respecto a las propuestas presupuestarias de futuro a causa de las dificultades que ha habido hasta ahora en emplear los fondos previstos para el programa MEDA. 
Pero esta cuestión nos llevaría a una discusión sobre el presupuesto que no es el principal tema de este debate, porque el tema principal de este debate es político y el tema es el hecho de que el Mediterráneo constituye uno de los elementos esenciales para asegurar la paz y la estabilidad y el progreso de la propia Unión Europea. 
La eliminación de las tensiones, el fomentar un desarrollo equilibrado en los países terceros del Mediterráneo revierte en la propia seguridad, prosperidad y expectativas de la Unión Europea. 
Por lo tanto, la política mediterránea ha de ser un pilar fundamental de la acción exterior de la Unión en beneficio de la propia Unión Europea. 
Yo entiendo que, además, hemos de considerar que hay como mínimo, oficialmente, tres países mediterráneos candidatos a la adhesión, y que, respecto de los conflictos a los que ha hecho mención el Sr. Valdivielso, ha habido una contribución importantísima en los últimos años, por parte de la Unión Europea, para solventarlos. 
Estamos muy cerca de lograr acuerdos de paz para solventarlos definitivamente y ello, obviamente, exige una contribución económica importante para la que MEDA es el principal instrumento financiero. 
Y los diferentes aspectos que se mencionan en ambos informes deben ser tenidos en cuenta porque son una magnífica contribución a ello. 
Señor Presidente, el desequilibrio que se pone de manifiesto en el informe del Sr. Piétrasanta sobre la débil participación de los actores descentralizados y de las ONG indica que es realmente difícil para la sociedad civil valerse de este instrumento de desarrollo y apropiárselo. 
Este informe denuncia igualmente un desequilibrio político de fondo entre las medidas de ajuste estructural y de librecambio y las demás dimensiones (sociales, culturales y democráticas) del partenariado. 
Estos desequilibrios patentes se acumulan y nos alejan de los objetivos de paz, de democracia y de desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Barcelona. 
El ejemplo de Túnez, primer acuerdo de asociación, primer consumidor de créditos, es edificante. 
Los socios internacionales, de forma cada vez más visible, se complacen en calificar de estables y rentables a países que tienen una represión severa y una corrupción generalizada y en los que reina una inestabilidad social creciente. 
Conviene preguntarse si la marcha forzada hacia el liberalismo económico, bajo la apariencia de librecambio, no es un factor de agravamiento de esta degradación. 
La democracia y el respeto a los derechos humanos no deben quedar como principios enunciados formalmente que se ignoran en la práctica. 
Este respeto, ¿es compatible, por ejemplo, con la repatriación de los residentes ilegales cuando es el logro incluso... 
(El Presidente retira la palabra al orador.) 
Señor Presidente, el programa Meda es un instrumento esencial que permitirá instaurar progresivamente una verdadera zona de prosperidad compartida, como proclamaba la declaración de Barcelona. 
Las dificultades ligadas a su puesta en marcha, la impaciencia e incluso las decepciones que ha suscitado en nuestros socios del Sur deberían, sin embargo, invitarnos a preguntarnos más sobre el estado del partenariado euromediterráneo en su conjunto. 
Los países del Sur del Mediterráneo necesitan de la ayuda de Europa, de una ayuda solidaria que contribuya al desarrollo de su sociedad y a la disminución de las disparidades entre las dos orillas poniendo término a las relaciones de dominio económico que prevalecen actualmente y cuyo sistema de deuda es quizás el más evidente y el más injusto. 
¿Qué es lo que ocurre con Meda?. 
Dotado con más de 3.000 millones de euros en créditos comprometidos para 1995-1999, Meda I ha dado lugar a un compromiso real de poco más de 2.000 millones de euros durante los cuatro primeros años y al pago efectivo de 553 millones de euros, es decir un pago que apenas representa la cuarta parte de los créditos comprometidos. 
¡Qué desfase entre la ayuda prometida y la ayuda concedida!. 
Es verdad que este desfase se debe principalmente al hecho de que, como nos lo ha dicho a menudo el Sr. Patten, la Comisión carece de medios humanos para asumir la totalidad de tareas que se le encomiendan. 
No seré la última en reclamar más medios humanos si esto puede permitir a la Unión Europea asumir sus responsabilidades. 
Las propuestas de la Comisión van además en el sentido de una simplificación y de una aceleración de los procedimientos del nuevo reglamento, aunque retirar de golpe a los Estados su capacidad de controlar los proyectos no sería necesariamente la mejor de las soluciones para ir hacia una mayor transparencia. 
Sería conveniente conceder más créditos a proyectos de pequeña cuantía. 
Me ocurre demasiado a menudo que me encuentro con personas entregadas al movimiento asociativo local que están desengañadas de los procedimientos a seguir para obtener subvenciones. 
El partenariado euromediterráneo sólo se construirá realmente por y para sus ciudadanos, deseosos de hacer progresar ellos mismos un partenariado beneficioso para la población. 
El programa Meda plantea además otras cuestiones fundamentales en cuanto a la política euromediterránea en general. 
En primer lugar, la cooperación se concreta esencialmente en los aspectos económico y financiero, marginando los aspectos social y cultural. 
Después, ha llegado el momento de tener más en cuenta las crecientes contestaciones al librecambismo a ultranza. 
Las repercusiones sociales de la zona de librecambio, suscitan grandes inquietudes, que no pueden ignorarse. 
Los recursos presupuestarios procedentes de tasas de aduana corren el riesgo de ser peligrosamente amputados de los presupuestos sociales de los países del Sur. 
El crecimiento de la competencia podría roer el tejido industrial de estos países, compuesto en alguno de ellos por pequeñas y medianas empresas frágiles. 
Más que medidas llamadas de «acompañamiento» , los sistemas económicos del Sur necesitan un verdadero apoyo tecnológico. 
Además, la ayuda debería tener como misión no solamente el adaptar las empresas a criterios de rentabilidad, sino también el responder a las necesidades de la población en materia de empleo. 
Si el desarrollo del sector privado está fuertemente sostenido por Meda, el sector público, por ejemplo, está, como tal, bastante olvidado, aún cuando responde a verdaderas necesidades. 
Para terminar, quisiera insistir sobre dos elementos que figuran en los informes, que yo apoyo: favorecer realmente la participación... 
(El Presidente retira la palabra al orador.) 
Señor Presidente, en agradecimiento por el trabajo intelectual de ambos ponentes así como de los ponentes de opinión deseo recalcar que también la UE debe establecer prioridades políticas. 
Dicho de forma concreta: la laboriosa mega-operación de ampliación de la Unión no permite "tour de force" equilibrado alguno con respecto a la cooperación con el Mediterráneo europeo. 
Con ello no se pretende en absoluto afirmar que la política de la Unión respecto del Mediterráneo no se pueda mejorar dentro del marco expuesto. 
Una evaluación del programa MEDA I y la formulación del programa MEDA II indican de forma clara esta necesidad. 
En particular, a este programa le falta cohesión y ejecución. 
Hasta la fecha, por ejemplo, sólo se ha llevado a cabo algo más de la cuarta parte del pago de los créditos de compromiso. 
Para solucionar los fallos mencionados se propone con razón una racionalización de la programación y de la ejecución. 
El lento transcurso de la ejecución no se debe, en cualquier caso, a empantanamiento en los comités. Éstos son responsables de un retraso de, como mucho, cinco meses. 
No, el retraso se debe principalmente al desarrollo de los acontecimientos en la Comisión. Una mayor libertad financiera de la Comisión no es, por tanto, lógica como solución recomendable. 
La transparencia y el control son puntos dignos de atención que también redundarán en beneficio de la calidad de los proyectos MEDA. 
Y esa calidad necesaria varía, hasta la fecha de hoy, según los proyectos. 
Como se desprende de las conclusiones del Consejo Europeo de Feira (19 y 20 de junio de 2000) , la política de la UE sobre el Mediterráneo se basa en "la cooperación". 
En dicho documento se dice: "Esta cooperación necesita el apoyo activo de ambas partes". Una cooperación bajo el signo del desarrollo de una buena vecindad, el aumento de la prosperidad o, en su caso, la eliminación de la pobreza y, por supuesto- y no en último lugar -, la estimulación de un gobierno adecuado y el estado de Derecho. 
Espero que estos informes y este debate contribuyan a la consecución de estos altos fines. 
Señor Presidente, debo insistir a mi vez en la importancia para Europa de sus relaciones con los países del Sur y, en particular, con los de la cuenca mediterránea. 
Soy, en efecto, de los que piensan que la ampliación de la Unión hacia el Este nos lleva a subestimar el Sur y el carácter vital, para nuestro futuro, de nuestras relaciones con estos países. 
Trabajamos en ello desde hace casi diez años, y desde hace cinco años tenemos a nuestra disposición el importante programa MEDA. 
La ejecución de este programa no ha sido ideal- es lo mínimo que se puede decir- y es por ello por lo que me adhiero a los objetivos- y los apruebo- de la reforma de la Comisión; es por lo que apoyo también las demandas de nuestros colegas Valdivielso y Piétrasanta sobre el reequilibrio, sobre la cooperación regional, sobre la cooperación descentralizada, sobre el apoyo a los proyectos llamados de "pequeña dimensión" y a los proyectos con sociedades civiles. 
No obstante, -hay que decirlo claramente y pregonarlo también claramente -, los objetivos financieros deben estar a la altura de nuestros discursos y no sería cuestión de aceptar un bajada de los créditos en relación con el período anterior, y ello cualesquiera que sean los argumentos y las argucias utilizados. 
Finalmente, más allá del programa MEDA, no hay que olvidar la urgencia del problema de la cancelación de las deudas de los países pobres, la necesidad de acelerar la puesta en marcha de los acuerdos bilaterales y la necesidad de promover nuevos acuerdos multilaterales. 
En conclusión, es necesario, por tanto, mejorar los sistemas de puesta en marcha, pero sobre todo, hay que trabajar para que las propuestas que han sido hechas, las tomas de posición en nuestros debates y los votos emitidos mañana no sean entendidos y vividos por nuestros socios mediterráneos como otras tantas señales negativas. 
El riesgo existe y es serio. 
Si queremos existir políticamente en la región, en la solución de conflictos, en la previsión de riesgos, hay que hacer más y hacerlo mejor en el futuro de lo que lo hemos hecho en un pasado reciente. 
Señor Presidente, a la hora de entablar las relaciones con el Mediterráneo, Europa no puede dejar de tener en debida cuenta esta zona geográfica del mundo. 
La explosión económica del Extremo Oriente asiático ha vuelto a cuestionarlo todo incluyendo de pleno derecho el Mare Nostrum en el juego comercial y convirtiendo este mar en una vía privilegiada. 
Las relaciones comerciales y culturales deben ser relaciones de carácter privilegiado y, por lo tanto, razones de orden económico imponen esta elección. No sólo hace falta poner en marcha un proceso de cooperación, sino también fomentar el desarrollo de los países que están atrasados respecto de los occidentales. 
Por lo tanto, es necesaria la instauración de un diálogo político y comercial, así como la cooperación de carácter cultural y financiero. 
Éstas son cosas importantes para el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los países de esta zona geográfica del mundo. 
El mar Mediterráneo es el banco de pruebas de la capacidad de la Unión Europea de actuar más allá de los límites del continente. 
Es sabido que la gran Europa, anhelada por muchos, no se logrará sin la implicación política y económica de esta importante y fundamental zona de la Unión. 
Señor Presidente, ahora que mis colegas han expresado todos sus deseos, creo que debemos decidir con urgencia la modificación de la organización del desarrollo de los programas MEDA. 
Y es que no sólo es necesaria la transparencia y la racionalización, sino también la eficacia. Ello requiere un diálogo permanente con las regiones más atrasadas. 
Esas regiones deben poder crecer a partir de sus propias posibilidades. Por ello son de una importancia tan grande las oficinas de ayuda en el lugar mismo para llevar a cabo ese diálogo con las universidades, las ONG y las autoridades locales. 
Mejor que las costosas oficinas de asistencia, pero también mejor que la política de división y dominio de los Gobiernos que a menudo dan prioridad a intereses políticos propios, mientras que nosotros vemos los programas MEDA como un instrumento para conseguir la paz y la democratización, y no sólo para la prosperidad económica. 
Señor Presidente, al tratar sobre el futuro del programa MEDA, sería importante que tuviésemos en cuenta el equilibrio global de la Unión Europea. 
Es obvio que la tarea principal del programa euromediterráneo, MEDA, es ser un programa que vele por los intereses de toda la UE. 
Del mismo modo, habría que reconocer que la cohesión entre las zonas del centro y norte de Europa con sus regiones vecinas también tendría que ser fortalecida mediante soluciones globalizantes similares al programa MEDA. 
Las nuevas inicativas que sirvan de apoyo a la política de cohesión, como es el caso de la dimensión nórdica de la Unión que se erigió brillantemente durante la Presidencia finlandesa, deben ser consideradas también como proyectos importantes para toda la Unión, especialmente con vistas a afrontar los retos de la ampliación. 
Es algo positivo constatar que, tras un largo forcejeo, se han reservado fondos en los presupuestos del próximo ejercicio para la dimensión nórdica. 
Éste es un buen punto de partida. 
Sin embargo, es necesaria una financiación adicional importante para garantizar el futuro de los programas de cooperación, sobre todo de aquéllos que intensifican la colaboración regional entre zonas vecinas pequeñas. 
Lamentablemente, no se han cumplido los objetivos fijados para el programa MEDA en este último período de financiación. 
El empleo de los fondos ha sido problemático por diversas razones, y la supervisión para prevenir el fraude también ha resultado ser deficiente. 
El Parlamento Europeo debería, pues, emplearse a fondo para conseguir que se acabe con esa situación de utilización incompleta de los recursos, que ha durado años, y para hacer más eficaz el control interno de los programas. 
Esto no podrá garantizarse ampliando únicamente el tejido administrativo. 
Debemos ser capaces de estrechar la cooperación entre la Comisión y las instancias de los Estados miembros encargadas de llevar a cabo los programas, sirviéndonos también de otros medios, por ejemplo, a través de una cooperación sin fisuras entre el Banco Europeo de Inversiones y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF. 
Señor Presidente, distiguidas señoras y señores, tengo dos cosas que decir: la primera es que deseo dar las gracias a los dos ponentes por sus informes, tan merecedores de ser leídos; en segundo lugar quisiera decir a la Comisión lo siguiente: manténganse duros, permanezcan duros frente al Consejo. 
Efectivamente, el auténtico problema es que el Consejo, que los Estados miembros, deliberan constantemente en un asunto que han de solucionar con arreglo al Tratado. 
Imaginemos que los americanos hubieran ejecutado después de la guerra la ayuda del Plan Marshall de tal manera que en cada subprograma hubieran preguntado a los estados miembros de los EE.UU. si, por ejemplo, deberían financiar o no en la parte sudoccidental de Baviera un programa de reforestación. 
Seguramente el desembolso de la ayuda del Plan Marshall habría durado hasta finales del siglo pasado. 
No les deseo esto a ustedes. 
Señor Patten, manténgase firme. 
El Parlamento debería ayudarle a usted en esto. 
El Consejo o los Estados miembros tienen un derecho de deliberación, pero no tienen el derecho de codecisión. 
Probablemente, ésta va a ser también la cuestión decisiva para la Comisión, cuando la historia la juzgue. 
Pero a ustedes se les va a medir también en la cuestión de la ampliación hacia el este por el hecho de si ustedes crean un espacio de maniobra en cuestiones de la política exterior. 
Ahora no estamos exigiendo que la Comisión negocie, por ejemplo, con las potencias atómicas Gran Bretaña o Francia. 
Pero en lo que respecta al presupuesto, al auténtico presupuesto de la Unión Europea, ustedes son el ejecutivo. 
Ustedes lo deberían ejecutar y defender también. 
En esto deberían tener también como aliado al Parlamento. 
Señor Presidente, como persona que vive en el Mediterráneo, bajo el sol mediterráneo y disfrutando de la tradición y de la cultura mediterráneas, quisiera hacer una defensa de los países de su entorno. 
El programa MEDA, que falló en gran parte en su primera etapa, quizá no entendió que la situación de los países mediterráneos, tal y como se está llevando la política europea, es sumamente difícil. 
Los países mediterráneos se encuentran en una situación, en muchos casos, de un desarrollo todavía menor que otros países, y se encuentran con la amenaza de un mercado único agrícola que no pueden soportar. 
Y me remito, al respecto, al espléndido artículo del Sr. Riccardi de hace dos o tres meses, en el que hablaba precisamente de que, por razones de escala, los países mediterráneos no tienen atractivo para las inversiones. 
Es sumamente difícil en esos países el cambio del sistema agrario y, sin embargo, tienen que compartir sus productos con otros países del norte de África, del mare nostrum, que es de todos al mismo tiempo. 
Y de estos países proviene el mayor impacto migratorio. 
Por tanto, hemos de hacer una política justa, y en este sentido el programa MEDA puede ser una iniciación aunque creo que, en muchos casos, está enfocado con criterios de los países del norte. 
En primer lugar, no es posible hacer un proyecto sin que destaquemos las grandes debilidades de estos países como, por ejemplo, la falta de agua y la desertificación. 
¿Qué políticas europeas hay contra la desertificación? 
Ninguna clara. 
En segundo lugar, en cultura se está dando más importancia a los intermediarios que a los propios beneficiarios y productores de la cultura. 
Y lo mismo pasa en otros muchos proyectos industriales. 
Son numerosas las ONG que han surgido, formando redes que no sé a quién pueden beneficiar, cuando realmente lo que tiene que hacer la Europa del sur es despertar. 
Por eso, apoyo desde aquí un proceso de industrialización basado en la innovación- no tenemos que acudir a la vieja industria, sino a la de innovación -, de apoyar los proyectos de innovación tecnológica y de formación. 
Y en ese sentido, creo que es un error acudir a los grandes proyectos. 
Con ellos haremos ricos a unos pocos, pero lo que necesita la Europa del Mediterráneo es despertar, salir del ensimismamiento, aprovechar los recursos humanos. 
Y eso sólo se hará si nosotros apoyamos múltiples iniciativas que, juntas, creen la conciencia, la masa crítica y el sistema básico para que, a partir de ahí, surjan muchísimas más iniciativas y empresas pequeñas y de todo tipo. 
Unas triunfarán, otras se quedarán en el camino, pero si no hacemos una política de múltiples iniciativas de muchos tipos, dejando a la sociedad que se exprese y acuda a sus recursos, no conseguiremos nada. 
Señor Presidente, señor Comisario, los dos informes que nos ocupan, especialmente el presentado por el Sr. Valdivielso, abordan con gran atención el que es un problema para Europa. 
Ya se ha recordado que el Mediterráneo es uno de los puntos geográficos fundamentales para la estabilidad y la seguridad de nuestro continente. 
Sin embargo, también hay otro tema que atañe y subyace a muchos pasajes del informe del Sr. Valdivielso: se está creando una preocupante divergencia entre la prioridad absoluta otorgada a la ampliación y el desarrollo de las relaciones con los países del Mediterráneo. 
En efecto, el Mediterráneo es una zona que aún presenta bolsas de pobreza objetiva y en que el nivel y la calidad de vida necesitan una fuerte presencia del momento europeo. 
Todo lo que podemos hacer para el desarrollo del sector privado ayudando al contexto en que operan las pequeñas y medianas empresas y para modernizar las infraestructuras, así como para favorecer la promoción de las inversiones, de la cooperación industrial y de los intercambios comerciales será bien recibido, ya que hasta ahora no se ha apoyado el tejido económico y productivo de los países socios y la cooperación industrial ha sido un factor totalmente marginal por la falta de programas de ayuda directa y de iniciativas conjuntas entre las empresas europeas y los países socios. 
Por ello, hacen falta una mayor simplificación administrativa, un enfoque más estratégico y una rápida ejecución que pueden convertirse en un instrumento realmente favorable para las pequeñas y medianas empresas y no para las sociedades de asesoría y los intermediarios financieros. 
Y termino con un apunte acerca del sector agrícola. 
No cabe duda de que la creación de una zona de libre cambio en el Mediterráneo es un objetivo que debe perseguirse, sin embargo, antes hay que examinar atentamente la situación de la agricultura mediterránea y de los agricultores del Mediterráneo y poner remedio, a través de la política agrícola común, a una caída sumamente peligrosa de los niveles de renta de nuestros agricultores, precisamente en la zona más pobre de nuestra Europa. 
. (EN) Me complace enormemente poder comentar estos dos importantes informes sobre uno de los programas más significativos del que somos responsables. 
Sin duda va a suponer una importante prueba política para la Comisión y para el conjunto de nuestra cooperación el intentar garantizar que tenemos más éxito en estos programas en el futuro que el que hemos tenido hasta ahora. 
Creo que el Sr. Linkohr ha planteado algunos puntos totalmente pertinentes y apasionantes. 
Volveremos a eso cuando tengamos la oportunidad de discutir la carta que la Comisión va a dirigir a la autoridad presupuestaria, como carta de rectificación del Presupuesto de 2001, la cual irá directamente al centro del verdadero problema de recursos al que nos enfrentamos y que tantas dificultades políticas nos crea. 
Permítanme primero que comente el informe del Sr. Valdivielso antes de analizar el informe del Sr. Piétrasanta. 
Naturalmente, acojo de buen grado el hecho- aunque no creo que su intervención fuera tan entusiasta- de que el informe del Sr. Valdivielso apoye en general los esfuerzos de la Comisión para reformar el Reglamento MEDA, aunque existan algunas críticas. 
El informe del Sr. Piétrasanta también acoge favorablemente el informe del programa MEDA de 1998. 
Quiero resaltar que la revisión del Reglamento MEDA es un elemento clave en el amplio esfuerzo que estamos haciendo para ser capaces de hacer llegar la ayuda eficazmente y para perfeccionar nuestros procedimientos a menudo excesivamente onerosos. 
El objetivo de la Comisión al revisar el reglamento MEDA es perfeccionar el proceso de toma de decisiones para que podamos hacer llegar la asistencia con rapidez, en línea con las prioridades políticas de la Unión Europea en el Mediterráneo. 
La Comisión propone reducir las excesivas medidas de inspección de los proyectos individuales en el Comité de Gestión introduciendo programas estratégicos mediante la adopción anual de planes de financiación nacionales y de un plan de financiación regional y simplificando la adopción de decisiones. 
La simplificación que hemos solicitado pondría a los procedimientos de programación MEDA en línea con los otros instrumentos financieros de los programas de relaciones exteriores de la UE. 
No tiene sentido tratar de modo diferente a MEDA. 
Debo subrayar que la Comisión no puede esperar que mejore la ejecución del programa si sigue paralizada por procedimientos engorrosos. 
La aprobación del nuevo reglamento permitirá a la Unión prestar un verdadero apoyo a los países Mediterráneos en sus procesos de reforma estructural. 
El crecimiento económico de estos países es de vital importancia para su estabilización política y social. 
También debería señalar que el firme compromiso de los propios socios mediterráneos con la reforma económica facilitaría en gran medida la aplicación del programa y daría lugar a un aumento significativo de su ritmo de desembolso. 
Resulta difícil gastar el dinero con la rapidez y el acierto que desearíamos cuando ni siquiera hemos concertado los Acuerdos de Asociación, o justificar una situación en la que negociamos con éxito un Acuerdo de Asociación y después no podemos conseguir que nuestro socio lo firme. 
Todos nosotros tenemos que movernos más rápidamente si queremos que el programa tenga un mayor éxito. 
Estamos de acuerdo con el grueso de las enmiendas del Parlamento, en particular con aquellas que fortalecen el carácter estratégico de MEDA. En esa línea, podemos suscribir plenamente las enmiendas núms. 
2, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 30, 33, 37 y 41 y podemos aceptar parcialmente las Enmiendas núms. 4, 5, 6, 10, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 35, 38 y 40 con algunas ligeras modificaciones verbales. 
Eso me va ahorrar un poco de trabajo si hago las votaciones más tarde durante la semana. 
Sin embargo, no podemos apoyar la enmienda nº 25, que propone un examen individual de las propuestas de financiación por parte del Comité MED. 
Creemos que esto es contrario al espíritu de nuestra propuesta global sobre revisión del Reglamento MEDA, porque queremos perfeccionar y simplificar los procedimientos. 
No podemos aceptar la enmienda nº 13, que pretendería incluir una cantidad financiera de referencia para el período 2000 a 2006 en el reglamento puesto que esto prejuzgaría claramente los resultados del procedimiento presupuestario tal y como se acordó en el contexto del Acuerdo Interinstitucional. 
No podemos aceptar la enmienda nº 21 que pretende la retirada de apoyo presupuestario directo ni la Enmienda Nº 27 sobre la cooperación industrial directa y he de señalar que la nueva política de empresa de la Comisión se centra en la mejora del entorno empresarial más que en herramientas directas de cooperación. 
Además, la Comisión en este momento carece de los recursos necesarios para una cooperación industrial adecuada. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda nº 35 ni parte de la enmienda nº 40 sobre la expansión de la cooperación descentralizada en tanto en cuanto no contemos con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la tarea de un modo eficaz y responsable, aunque se buscarán formas de cooperación descentralizada siempre que sea posible dentro de los programas de cooperación regional existentes. 
Permítanme ahora que comente brevemente el informe del Sr. Piétrasanta. 
Le felicito a él y al otro ponente, el Sr. Valdivielso, por el compromiso y la dedicación que han demostrado. 
La mayoría de las opiniones expresadas en el informe del Sr. Piétrasanta y en las enmiendas están totalmente en línea con los esfuerzos de la Comisión por reformar el Programa MEDA y con nuestro objetivo global de perfeccionar los procedimientos y acelerar la entrega de ayuda. 
Apoyamos la petición relativa a la simplificación de los procedimientos de gestión de MEDA y el fortalecimiento de su enfoque integrado y estratégico. 
El llamamiento del informe a favor de un aumento del personal de la Comisión asignado a la gestión del programa MEDA lo apoyamos completamente. 
Un personal suficiente para realizar el trabajo es uno de los principios clave detrás de los esfuerzos de la Comisión por reformar sus servicios de asistencia exterior. 
El aumento se intentará, por supuesto, dentro de las prioridades globales en cuanto a personal de la Comisión y destaco también la solicitud que recoge el informe de elaboración de un informe anual sobre derechos humanos en el Mediterráneo. 
Creemos que esto es algo que el Consejo y la Comisión deben analizar conjuntamente. 
Apoyamos las propuestas a favor de una cooperación sur-sur reforzada y de más programas que respalden a las pequeñas y medianas empresas. 
Estamos tomando medidas sobre la gestión del agua pero, lamento decir, que no estamos en condiciones de apoyar las propuestas de microproyectos porque, de nuevo, carecemos del personal que los gestione adecuadamente. 
Son proyectos cuya gestión requiere una gran cantidad de recursos. 
Quedará claro, por lo que he dicho, que nuestras ideas van mucho en la misma línea. 
Nuestros programas en el Mediterráneo están en el centro de mi agenda, junto con un nuevo impulso del proceso de Barcelona. 
Permítanme dos últimos comentarios. 
En primer lugar, espero, la Comisión acordará esta semana una comunicación de la Comisión sobre la revitalización del proceso de Barcelona, la cual nos gustaría después discutir, desde luego, con este Parlamento. 
Nuestra financiación de los programas en el Mediterráneo entre ahora y 2006 es probablemente la mayor de todos nuestros programas, y representa más del 20% de nuestros esfuerzos externos. 
Mi preocupación es que hagamos llegar esa asistencia de forma más eficaz y rápida. 
Ya le he expresado antes al Parlamento mi sorpresa al descubrir que si continuáramos con el ritmo de desembolso actual nos llevaría casi nueve años superar el retraso de nuestras actuales obligaciones en el Mediterráneo. 
Esto no puede tolerarse de ningún modo. 
Eso no se le puede explicar a la gente a la que se le intenta ayudar y es muy difícil justificárselo a los contribuyentes europeos. 
Nuestros programas en lugar de aumentar la reputación de la Unión Europea en los países mediterráneos y en todo el mundo, dañan nuestra reputación a pesar de que estamos utilizando el dinero de los contribuyentes para hacer el bien. 
Por tanto, la reforma de programas como el MEDA va directamente al corazón de lo que estamos intentando hacer en la Comisión. 
La otra cosa que quisiera decir es la siguiente: en la reunión informal que mantuvimos en Evian durante el fin de semana pasamos más de tres horas hablando de la asistencia exterior y de la eficacia con la que hacemos las cosas en tanto que Unión. 
Quisiera elogiar a la Presidencia francesa por dar a esta cuestión la prioridad que le ha dado. 
La Comisión planteó el tema en mayo cuando expuse nuestro presupuesto para relaciones exteriores al Consejo de Asuntos Generales, la primera vez que el Consejo de Asuntos Generales discutía el presupuesto para relaciones exteriores, y cuando presentamos nuestra propuestas de reforma, por lo tanto creo que la cuestión tiene ahora la prioridad política que merece. 
Pero se nos pondrá a prueba por lo que hagamos con MEDA y lo que hagamos en los Balcanes y por la forma en que estos programas funcionan en realidad sobre el terreno. 
No puedo seguir volviendo a este Parlamento y diciendo que tenemos terribles problemas. 
El Parlamento, la Comisión y el Consejo tienen que ser capaces de demostrar que estamos cambiando las cosas. 
Espero que con la comprensión del Parlamento seamos capaces de garantizar durante los próximos años que nuestros programas externos son tan eficaces y rápidos como todos queremos que sean. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12 horas. 
Diplomacia común para la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0210/2000) del Sr. Galeote Quecedo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre diplomacia común para la UE (2000/2006 (INI) ). 
Señor Presidente, creo que todos podemos coincidir en que en el año 2000, obviamente, la Comunidad disfruta ya de numerosas y fundamentales competencias en el ámbito exterior. 
La reforma de Maastricht responde a la aspiración, tantas veces expresada en esta Asamblea, de que Europa hable con una sola voz en el escenario internacional. 
Con la PESC, la actividad exterior de la Unión cobra una nueva dimensión, rebasando definitivamente el ámbito económico para participar de manera activa en la política exterior. 
Con todo, es reiterativo el lamento en la Unión Europea- lo estamos viviendo estos días- de no estar a la altura de las exigencias en materia de acción exterior. 
Dicho esto, quiero empezar advirtiendo que el objeto de este informe no es solicitar una nueva ampliación de las competencias de la Unión en materia exterior. 
Quienes así lo pretenden disponen de otros debates, en el ámbito de la reforma institucional, para dar cauce a sus aspiraciones. 
Nos proponemos ni más ni menos que se articulen medidas que permitan racionalizar y perfeccionar el modo en que se ejerce esta ingente actividad exterior por parte de las instituciones comunitarias. 
Primero, en mejorar la formación de los funcionarios comunitarios destinados a ocuparse del ejercicio de la actividad exterior. 
Los numerosos funcionarios que en la Comisión se ocupan de las relaciones exteriores, asumiendo competencias de trascendencia fundamental, son especialistas técnicos pero, por lo general, carecen a priori de la formación diplomática necesaria para el desempeño de sus funciones. 
Por eso creemos necesario crear una Escuela diplomática comunitaria que dote a los funcionarios de la Comisión, destinados a la actividad exterior, de una formación propiamente diplomática e internacional. 
Con el mismo propósito, creemos necesario ofrecer la posibilidad de vincular los cuerpos diplomáticos nacionales, cuya experiencia y larga tradición son de gran valía, a nuestra acción exterior, por lo que proponemos articular un sistema de pasarelas entre los servicios exteriores nacionales y el comunitario. 
En segundo término, se trata de clarificar y desarrollar el status jurídico de las actuales delegaciones exteriores de la Comisión, su papel y su relación con las distintas instituciones comunitarias. 
Las delegaciones de la Comisión han conocido una espectacular expansión cuantitativa y cualitativa a lo largo de los últimos años. 
Sin embargo, funcionan de manera desigual y su relación con la otras instituciones es imprecisa al no estar reglada. 
Por eso proponemos la transformación de las delegaciones de la Comisión en delegaciones de la Comunidad, de manera que se estrechen sus relaciones con el Consejo, a través del Alto Representante de la PESC, y con el Parlamento Europeo y sus miembros, garantizándose así una mayor eficacia y control político de su actividad. 
En tercer y último término, pretendemos mejorar la coordinación entre las delegaciones y los servicios exteriores de los Estados miembros. 
Es preciso fomentar esa coordinación evitando confusión y falta de coherencia, amén de otras deficiencias, como ha podido constatarse en el Consejo oficioso de asuntos generales de Evian de este pasado fin de semana. 
Para ello proponemos distintos mecanismos y, entre otros, prevemos la posibilidad de agrupar las misiones de los Estados miembros que lo decidan con las delegaciones actuales de la Comisión allí donde se estimara conveniente. Ello, además, supondría una fuerte reducción de costes. 
Señorías, señor Presidente, ninguna de las propuestas anunciadas supone reformas institucionales, ni menos aún cesión de soberanía de los Estados miembros. 
Con ellas nos proponemos simplemente un ejercicio más eficaz de las competencias que ya han sido atribuidas. 
No se trata aquí de confrontar modelos distintos de europeísmo sino, simplemente, de ser más eficaces. 
Por eso, el ponente no puede prestar su apoyo a aquellas enmiendas que supondrían modificaciones estructurales profundas en la arquitectura institucional de la Unión. 
Agradezco muy particularmente las demás aportaciones que, en comisión y con la votación mañana en plenario, enriquecen muy notablemente la propuesta inicial. 
A los distintos Grupos les pido su voto favorable y a la Comisión Europea que se haga eco del sentir de esta Asamblea. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar de corazón al señor Galeote, ponente, por su muy importante y también interesante informe, el cual, además, llega en un muy buen momento. 
Si echamos un vistazo a la evolución de las tareas de la Comisión Europea, y sobre todo y en general, a las de la Unión Europea, veremos que guardan relación con el nuevo fenómeno de los estados candidatos, el viejo fenómeno de la existencia de socios comerciales y de regiones en vías de desarrollo y del aún no tan nuevo fenómeno de Bosnia y la ex-Yugoslavia. Estos son terrenos en los que la Unión Europea y la Comisión Europea, especialmente, también tienen muchas tareas. 
Muchas de las críticas contra la eficacia europea tienen que ver con la manera cómo se organizan esas tareas. 
Las comisiones que hemos enviado allí parecen subrayar la llamada a la descentralización que también a menudo se escucha en otras partes de la Unión Europea. Descentralización para hacer la toma de decisiones más eficaz y para que todo aquello que no necesite per se llegar a Bruselas se pueda decidir en el sitio. 
Naturalmente eso tiene efecto inmediato sobre la manera en que esas comisiones europeas son evaluadas. 
En particular, se debe ampliar el mandato de las comisiones europeas y ello significa, por tanto, que hace falta también más personal para estas misiones. 
En el pasado han existido penosas contraposiciones entre las posibilidades de las misiones europeas y, por ejemplo, las de los Estados Unidos. Ello se ha manifestado en el número de personas disponibles en el lugar debido a la Unión Europea. 
Se podría propiciar una mayor visibilidad de la Unión Europea llevando a cabo los planes del señor Galeote. 
Debemos conseguir verdaderas embajadas de la UE que de alguna forma se puedan medir con las embajadas de los Estados Unidos, y, desde luego, en aquellas áreas donde precisamente la Unión Europea tiene la mayor responsabilidad. 
Por tanto, no podemos conformarnos con diplomáticos que no funcionan bien en el sitio. 
Creo que una de las tareas del comisario es, también, la de observar quién funciona bien y quién no funciona bien. 
Creo que el contacto entre los diplomáticos europeos que se encuentran allí y el Parlamento Europeo es buen asunto. 
Naturalmente ello se debe llevar a cabo bajo la supervisión del comisario responsable de estas tareas. 
Este contacto con los diplomáticos, que son designados como enviados especiales por el Parlamento Europeo, es algo que, naturalmente, también quisiéramos recomendar encarecidamente. 
En la medida en que el informe del señor Galeote pueda conducir a que se hable con una sola voz, lo suscribimos de corazón. 
Señor Presidente, nos encontramos, con este informe de iniciativa del Parlamento Europeo, ante un asunto de la mayor importancia, no sólo en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, sino también en el marco de la propia profundización de la Unión Europea. 
En el ámbito de la PESC ya están en curso avances notables, en particular en el nivel de la cooperación en el ámbito de la defensa. 
Se está constituyendo una fuerza militar común. 
Sería extraño- por no decir peligroso- que la Unión Europea no procurara al mismo tiempo perfeccionar sus instrumentos diplomáticos comunes. 
Nada justificaría semejante desfase, aunque tengamos en cuenta el factor del interés nacional de cada uno de los Estados miembros y el carácter casi exclusivamente económico que marcó la historia institucional comunitaria entre el Tratado de Roma y el Tratado de Maastricht. 
En efecto, la diplomacia a comienzos del siglo XXI se presenta marcada por grandes acontecimientos y procesos que la transforman en una actividad mucho más amplia que en el pasado. 
De entre ellos, quisiera destacar la mundialización de la economía internacional y de los mercados financieros. 
Sin exagerar demasiado, podríamos decir concretamente que la actividad diplomática se integra cada vez más en la esfera económica y que, a su vez, la defensa de los intereses económicos no puede prescindir de la actividad diplomática. 
Y, como también es sabido, esa realidad se proyecta sobre un fondo de replanteamiento de los protagonismos en la escena de la política internacional. 
Pero los objetivos que confieren al mercado un suplemento de alma o de ideal, en particular la lucha por un proyecto que pueda conciliar las metas del desarrollo económico y las del desarrollo político y social, no se pueden alcanzar sin una profunda cooperación entre los Estados miembros en todos los niveles y, en concreto, en el diplomático. 
¿Qué mejor instrumento para promover objetivos de paz y concertación de intereses que la diplomacia? 
La Unión Europea debe dotarse, como recomienda este informe, de más y mejores elementos de diplomacia común. 
Es evidente que, entre otros obstáculos, la organización por pilares y la inexistencia de una personalidad jurídica de la Unión Europea dificultan la realización de ese objetivo y obligan a algunas acrobacias en las propuestas de este informe. 
Con todo, podemos, sin grandes costos económicos y organizativos, contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos diplomáticos existentes en la Unión en beneficio de todos. 
La riqueza y la diversidad de la experiencia diplomática de los diversos países europeos está también mundialmente reconocida. 
Sería un error suponer que cualquiera de las propuestas de este informe podra perjudicar a procesos en curso en el plano de la PESC en general o en la esfera de la diplomacia en particular. 
El espíritu de este informe, tal como lo entendemos y como resultó de los diversos debates a lo largo de los meses, va encaminado a integrar todas las experiencias válidas y procesos en curso hacia un objetivo común, que es principalmente el de la creación de un verdadero servicio diplomático europeo común. 
Para terminar, quisiera decir que, aunque se puedan hacer algunas observaciones críticas en relación con ciertos aspectos del informe, recomiendo, sin duda, su aprobación, con la esperanza de que las propuestas formuladas reciban la acogida debida. 
Señor Presidente, desde el Grupo Liberal hacemos hincapié en que la cuestión a tratar no es la creación de un único cuerpo diplomático que sustituya a los servicios exteriores de los Estados miembros. 
Hablamos de mejorar la calidad del servicio exterior del que ya goza la Comunidad y de mejorar la cooperación entre éste y los servicios exteriores existentes en los Estados miembros. 
No cabe duda de que es necesaria una mejor formación en la mayoría de los países miembros y sobre todo en los países candidatos que pronto necesitarán una plantilla considerable de personas bien preparadas. 
Desde el Grupo Liberal queremos insistir en que estamos hablando de un reciclaje y no de una formación de base. 
Es decir, que se está hablando de ofertas de formación dirigidas a personas que ya estuvieran en el servicio o en vías de lograr un puesto en el servicio, y hacemos hincapié en que las ofertas de formación estén abiertas a participantes procedentes de los servicios exteriores nacionales de modo que exista una interacción entre los diplomáticos comunitarios y los diplomáticos de los países nacionales. 
De ahí que hayamos presentado varias enmiendas que esperamos que el Parlamento acepte. 
Puede discutirse la necesidad de una nueva institución provista de edificio, administración y de una gran controversia en torno al lugar que habría de ocupar. 
Preferiremos respaldar actividades antes que respaldar unos ladrillos, no obstante, apoyamos gustosamente el propósito de esta propuesta y esperamos que las ideas del Sr. Galeote sean tenidas en consideración cuidadosamente en los países miembros, en la Comisión y en el Consejo. 
Señor Presidente, lamentablemente, y debido a la moderación y al tecnicismo de las propuestas en él contenidas, para la mayoría de mi Grupo el informe del Sr. Galeote contradice el excelente título que se le ha dado, o sea, la diplomacia común de la Unión Europea. 
En particular, considero un error excluir, como hace el Sr. Galeote, que la perspectiva política de su informe sea la creación progresiva de una diplomacia común en cuanto expresión de una política común. 
Esto implica cerrar los ojos ante la realidad de un coro cacofónico e incoherente de los Estados europeos y de sus cerca de 14.000 diplomáticos frente a los 3.500 diplomáticos americanos. 
Implica añadir simplemente a quince cuerpos diplomáticos otro, más o menos competente, compuesto por funcionarios de la Unión Europea o a lo mejor, como sucede en la actualidad en el equipo del Comisario Sr. Patten, compuesto por diplomáticos nacionales procedentes quizás de algunos Estados más que de otros. 
Entre otras cosas, creo que el debate que se ha celebrado sobre las declaraciones del Comisario Sr. Verheugen demuestra muy claramente que las acciones exteriores de la Unión no pueden desarrollarse en una situación marcada por la falta de cohesión y por la frustración causada por la confusión de poderes y de responsabilidades. 
Usted, señor Comisario Patten, ha intervenido sobre este tema y su colega Sr. Verheugen hará lo mismo, y después cada uno de los Estados miembros dirá y hará lo que le parezca. 
Esto significa que el mensaje para los ciudadanos europeos no puede ser contradictorio. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoyará las enmiendas 5 y 6 del Sr. Dupuis que, por el contrario, introducen la perspectiva política de una diplomacia común, así como la propuesta de empezar a crear embajadas de la Unión Europea en esos países en que no están representados todos los Estados miembros de la Unión. 
Confiamos en que también lo hagan los demás. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, apoya globalmente el informe del Sr. Galeote, aunque también es verdad que algunos componentes del Grupo discrepan de aspectos importantes como luego tendremos ocasión de comprobar. 
Nos parece que el Sr. Galeote ha hecho un trabajo profundo, serio y ambicioso, aunque también prudente, en relación con las perspectivas que existen. 
El esfuerzo conjunto en comisión por parte de los diversos Grupos políticos demuestra que la diplomacia común es una preocupación sentida por todos. 
Efectivamente, nuestra experiencia, extraída de las visitas en diferentes partes del mundo, demuestra cuatro cosas preocupantes: 
Primero: la escasa e insuficiente coordinación de los Estados miembros en relación a cuestiones que se deberían abordar conjuntamente en tanto en cuanto se defienden intereses de la Unión Europea, y la poca cooperación que existe con las delegaciones de la Unión Europea. 
Incluso, a veces, no se aprovecha la rica experiencia de la diplomacia que posee Europa o muchas veces también se producen enfrentamientos preocupantes entre estas distintas diplomacias. 
Segundo: la existencia ocasionalmente de contradicciones en las intervenciones de los diversos países en cuestiones que afectan a los intereses de la Unión Europea. 
Tercero: la insuficiente coordinación en la defensa de los puntos de vista, intereses y responsabilidades de la Unión Europea en instancias internacionales de índole política, económica, cultural, etc., como pueden ser la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la OMS, etc. 
Cuarto: también hemos comprobado que hay debilidad de la presencia de la Unión Europea en relación con su importancia económica y también en relación con la importante presencia de los Estados Unidos. 
Por ello pensamos que es importante llevar adelante la propuesta que se presenta en el informe y, además, tener una acción más cohesionada, una incidencia mayor y avanzar en esa dirección. 
De ahí la conveniencia de la propuesta de crear una Escuela diplomática comunitaria y también la importancia, que aparece en el informe del Sr. Galeote, de que el Parlamento Europeo desempeñe un papel importante como depositario de la soberanía y de la voluntad de la ciudadanía europea para poder darle contenido a esa diplomacia comunitaria, y también darle contenido a esa perspectiva de construir una Unión Europea que sea un factor de paz, de respeto a la legalidad internacional y un factor de solidaridad en el mundo. 
Por ello, nuestro Grupo, globalmente, como he dicho al principio, va a apoyar el informe del Sr. Galeote. 
Señor Presidente, señoras y señores delegados de los países miembros, el interés del informe Galeote es doble: el primero es que esta Asamblea revela en él sin complejos sus verdaderos objetivos y el segundo es que nadie le presta la menor atención. 
¿De qué se trata entonces? 
Se trata nada menos que de dotar a la Unión Europea, reducida por otra parte a la Comisión, de los últimos atributos de Estado soberano que le faltaban todavía, es decir un servicio diplomático y su condición de tal, personalidad jurídica. 
Pues, en definitiva, seamos un poco lógicos. 
Si esta escuela debe servir para algo, debe ser para crear un cuerpo diplomático común, según un proceso que sólo es demasiado nítido, según se ha esbozado en el informe Galeote. 
Si los que apoyan este informe alcanzan sus fines, la "desmembración" de las naciones llegará así a su fin lógico, retomando una vez más la vieja técnica de Monnet, Schuman y Delors que consiste en crear un órgano esperando que éste termine por crear su función y su contenido. 
Pero, por último, se omiten tantas condiciones previas que se tiene la impresión de que se ríe un poco de la gente. 
Se crea, en efecto, un instrumento diplomático sin preocuparse de la primera condición previa, una diplomacia común, que a su vez supone otra condición previa, como es que se definan primero los intereses comunes a los Estados miembros, y que esta condición previa supone a su vez otra, que consiste en definir una relación común de Europa con el resto del mundo. 
Ahora bien, no será que entre las tres principales potencias- Alemania, Gran Bretaña y Francia- no se puede, no se ve sobre qué puntos podrían apoyarse estos intereses comunes y esta diplomacia, ni frente al Oeste en las relaciones con los Estados Unidos y tratándose del papel de la OTAN, sobre el que no estamos en absoluto de acuerdo y tampoco dispuestos a estarlo, ni frente al Este- aquí se plantea la espinosa cuestión de Rusia y de nuestras relaciones con el conjunto de países de Centroeuropa- ni frente al Sur y quizá todavía menos frente al Sur, especialmente en el marco de la política mediterránea. 
Se trata, por tanto, de una estafa, la peor de todas, es decir una estafa intelectual. 
Al menos que se tenga asumido que la diplomacia de la principal potencia- la potencia central- se imponga a todos de facto, lo que en efecto vendría a solucionar el problema. 
Muy recientemente, nuestros amigos polacos, en una conferencia en la ONU "Mujeres 2000", han podido descubrir toda la flexibilidad de la diplomacia común viéndose conminados a alinearse en la posición defendida por la Unión, so pena de ver retrasado el proceso de adhesión de su país. 
Apostemos por que la experiencia de nuestros amigos de Europa central en materia de resistencia al totalitarismo pueda sernos útil algún día, totalitarismo, por otra parte, cuya nueva ilustración nos ha sido dada estos días en el inadmisible motivo de querella que se busca contra uno de nuestros colegas, el Sr. Daniel Hannan. 
Pues no nos equivoquemos, a través de una representación común ante las Naciones Unidas, es a la sede permanente, de la que ciertos Estados miembros disponen, a la que se combate y también a la idea de que en este mundo pueda haber voces disidentes, como la que Francia intenta muy a menudo, frente a los Estados Unidos, hacer oír. 
En el fondo Europa sólo puede hablar con una sola voz para no decir nada. 
La prueba está ahí una vez más, y la prueba está también en que esta Europa no niega simplemente las naciones a través de las naciones; es ella misma la que niega y la que aniquila. 
Señor Presidente, Señor Comisario, no voy a sorprender al ponente, nuestro amigo y colega el Sr. Galeote Quecedo, diciéndole que estoy muy decepcionado por este informe. 
Creo que es un informe tímido, pero que ya suscita la iras de algunos. 
Pienso que valía más ir al fondo de la cuestión. 
Lamento que esto no se haya hecho. 
Pienso que la cuestión de la diplomacia no es solamente una cuestión de formación de diplomáticos y de estatuto de las delegaciones, sino que reviste un carácter fundamental y que existe un gran tabú en nuestro Parlamento, que no queremos nunca afrontar, como es que tenemos quince diplomacias nacionales, que se han reforzado a lo largo de los años de integración acaparando poco a poco las competencias de todos los ministerios nacionales y que se han convertido en verdaderos poderes, el poder principal que bloquea la posible reforma de los asuntos exteriores, de la diplomacia, porque sería su poder el que finalmente estaría en juego. 
No les costaba nada delegar y elevar a nivel europeo el poder de los demás ministerios, pero cuando se trata del suyo, la cuestión es diferente. 
La Sra. Frassoni ha hablado de lo ridículo de una situación en la que tenemos 14.000 diplomáticos frente a 3.000 diplomáticos americanos, con una relación coste/calidad que es la que sabemos. 
Creo que hay que afrontar la cuestión de la diplomacia, la cuestión de la política de asuntos exteriores, de la misma forma que se hecho con la integración económica y monetaria, estableciendo un recorrido progresivo de comunitarización de la política exterior, de la diplomacia. 
Lamentablemente, esto no se encuentra en el informe. 
Lamentablemente sólo proponemos pequeñas cosas que van a superponer una nueva planta a los edificios ya existentes, y pienso que corremos el peligro de encontrarnos ante órganos todavía más incapaces de tomar rápidamente decisiones justas. 
Estas son las verdaderas cuestiones. 
Estoy bastante decepcionado de que no se hable en este informe de ello y un poco extrañado de que el PPE adopte esta postura cuando mañana, en otro informe sobre las prioridades políticas de la Unión, adoptará sin duda una posición más avanzada con respecto a la comunitarización de la política exterior. 
Por consiguiente, invito por última vez a nuestro ponente y amigo, el Sr. Galeote Quecedo, a que incluya quizás algunas de las enmiendas que se han presentado, y a que trate de que se inicie un proceso, que se haga un llamamiento a la Comisión y que por una vez nuestro Parlamento no esté del lado del Consejo y de la Comisión, como ocurre lamentablemente desde hace diez años. 
Señor Presidente, en mi opinión las ilusiones marcan la pauta de este informe. 
Sólo de forma incidental el ponente da muestras de algún sentido de la realidad. Ése es, de forma evidente, el caso del considerando O. En él, niega que aspire a "un solo servicio diplomático" en lugar de los "servicios en el extranjero de los Estados miembros". 
Todo el documento respira asimismo la opinión, dígase tranquilamente el fervoroso deseo de un servicio diplomático comunitario para la Unión. 
El ponente racionaliza su intención inmediatamente al comienzo de su informe. En él se dice que las actuaciones en el exterior de la Comunidad "desde los años 50 han ido ganando significado de forma continuada". 
Con la vacilante intervención diplomática de la Unión en los Balcanes en la década que acaba de terminar del pasado siglo aún fresca en la memoria, esta rigurosa aseveración me suena altamente inverosímil. 
Otro importante argumento del señor Galeote Quecedo es "una falta de coordinación" de la política exterior de los Estados miembros de la Unión Europea, en su opinión esencial para la "visibilidad y eficacia" de la PESC. 
¿De veras se tratará tan sólo de un problema de coordinación? 
¡Como si los diferentes intereses nacionales de los Estados miembros pertenecieran para siempre al pasado! 
Lo que es cierto es todo lo contrario. 
Justo la falta de eficacia y de visibilidad de la PESC constatada por el ponente proviene precisamente de esos intereses divergentes de los Estados miembros. 
La tirantez entre sueño y realidad en el informe se manifiesta igualmente en la propuesta de crear una escuela de diplomacia. 
¡Cuán real es pedir "apoyo presupuestario" para este proyecto, cuando las actuales delegaciones de la UE ya se ven confrontadas con graves deficiencias de personal debido a falta de dinero! Esta información la proporciona el mismo señor Galeote Quecedo en su comentario. 
Señor Presidente, la pregunta me quema en la boca: ¿en qué medida comparten los Estados miembros realmente estas ideas del ponente? 
Dar dinero comunitario no es a fin de cuentas un arte. 
Esa típica costumbre europea no elimina de ninguna manera la enormemente útil demanda de necesidad y efectividad. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por la realización de este informe. 
Informe que, como ha señalado la Sra. Carrillo, es el primer informe de propia iniciativa que este Parlamento aprueba en el ámbito de la política exterior en esta legislatura. 
Es curioso oír las intervenciones de algunos colegas que dicen que les parece muy tímido el informe, y a otros que les parece que va a acabar con el último reducto de la soberanía de los Estados miembros. 
Yo creo que este informe se sitúa en la buena dirección. 
Yo creo que se limita a seguir el método comunitario con un sentido pragmático y que pone claramente de manifiesto que la diplomacia común es uno de los aspectos fundamentales de la visibilidad de la acción exterior de la Unión Europea. 
Yo no sé si podemos decir hoy que la Unión Europea es la primera potencia económica, la primera potencia industrial o la primera potencia financiera del planeta. 
Lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que la Unión Europea es hoy el primer donante de ayuda al desarrollo, y eso hace que los delegados de la Comisión Europea tengan un papel muy relevante a la hora de representar a las instituciones comunitarias, y en concreto a la Comisión. 
Esto significa que su peso específico es en muchos casos, habida cuenta de las cantidades importantes que tienen que repartir, superior al papel de los embajadores y de los Estados miembros. 
Por ello, señor Presidente, es evidente que todo aquello que redunde en mejorar la preparación y el conocimiento de los funcionarios de la Comisión será un elemento útil para la acción exterior de la Unión Europea. 
El ponente ha explicado las principales iniciativas de su informe: la creación de una Escuela diplomática común, la realización de unos trámites de audiencia de los delegados de la Comisión en países terceros- iniciativa que el Sr. Patten ha aceptado en términos generales y que yo celebro que pueda haber sido recogida en este informe -, y también la realización de un informe anual sobre la actividad de los delegados de la Unión Europea. 
Yo espero, señor Presidente, que estas iniciativas contribuyan de forma eficaz a tener una política exterior más visible y más coherente de la acción de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señorías, debatimos hoy el excelente informe del Sr. Galeote Quecedo, que cuenta con un amplísimo consenso. 
Es evidente que la necesidad de apoyo de la actividad exterior de la Unión exige mecanismos, preparación y capacidad. 
Es, sin embargo, igualmente evidente que todo esto por sí solo no basta. 
Se necesitan políticas. 
Desde este punto de vista, el informe del Sr. Galeote Quecedo se mueve en los límites de la racionalización tanto de los procedimientos como del marco de determinadas políticas. 
Nos preguntamos con frecuencia qué fue antes, el huevo o la gallina. 
Un dilema semejante se cierne hoy sobre el debate. 
Debemos tener claro, sin embargo, que en la vida no hay vacíos. 
Y en este sentido, actitudes quejumbrosas o pusilánimes no resuelven los problemas en política. 
Así pues, dado el estado de cosas, el marco en el que inserta el informe Galeote Quecedo establece, en todo caso, las condiciones para la racionalización de los mecanismos y para la perspectiva de una acción diplomática común. 
Se mueve, en este sentido, entre los límites del racionalismo tecnocrático y la política. 
Sin embargo, nosotros los ciudadanos europeos, que reivindicamos un futuro mejor para los pueblos de Europa y para el conjunto del mundo, debemos comprender que en estos asuntos estamos obligados a una intervención que transcienda ciertos límites. 
Debemos avanzar decididamente, debemos movernos en la lógica de un equilibrio dinámico positivo y no de un equilibrio estático que no conduce a ninguna parte. 
La verdad es que, en relación con esto, se han observado enormes vacíos en la PESC; todos lo hemos reconocido y todos hemos comprendido qué es lo que hace falta para que algo, se mire como se mire, tan necesario para el desarrollo político de Europa tome cuerpo. 
En esta dirección, la iniciativa del Parlamento Europeo define a través del informe un marco de posibilidades, acciones y racionalización. 
Al fin y al cabo, si aquí dentro, aunque no lo creo, hay alguien que piense que Europa no tiene futuro, puede expresarlo de un modo diferente. 
Creo, sin embargo, que los pueblos de Europa, la gran mayoría de los partidos y tendencias, conciben una Europa con perspectivas, una Europa de la paz, una Europa de la cooperación, una Europa de la cohesión social, una Europa del desarrollo. 
Y una Europa así no puede dar un paso si no cuenta, en la perspectiva temporal, con una política exterior y de seguridad común, y, por supuesto, con los mecanismos correspondientes. 
En estas circunstancias, y por pequeña que sea, la piedra que hoy pone el Parlamento Europeo en esta obra constituye un serio punto de partida, y estoy convencido de que inaugura una nueva dinámica, que abre, a su vez, mejores perspectivas. 
Quisiera hablar en nombre de los no federalistas de nuestro Grupo que sienten que realmente Europa se está centralizando demasiado y que cada vez se están quitando más poderes a la gente en los niveles local y nacional, por lo general sin ningún control democrático adecuado. 
Se oyen aquí esta noche muchas palabras que no son sinceras. 
Por un lado, la gente dice que no estamos hablando ni aspiramos a un cuerpo diplomático único, pero está bastante claro que el objetivo de todo este proyecto es tener embajadas de la UE en el extranjero y suprimir las nacionales. 
No estoy siendo nacionalista ni diciendo que quiero la embajada irlandesa, pero existe un cierto grado de peligro en esto especialmente porque está ligado la política exterior y de seguridad común, que no va en beneficio del mundo en desarrollo ni de los pueblos que han sido perseguidos y explotados por Estados miembros de esta Unión. 
Basta con mirar, por ejemplo, al número de embajadas británicas en el extranjero. 
Gran Bretaña cuenta con el doble de embajadas que Francia o Alemania. 
Dispone de un enorme cuerpo diplomático que refleja su pasado colonial. 
Yo tengo grandes reservas sobre la idea de una embajada común europea, dado que en el pasado las personas que huían de la persecución en diversos países pudieron entrar en algunas embajadas y solicitar asilo y lograr protección. 
¿Qué ocurre si se tiene una única presencia diplomática europea en el extranjero? 
Suprimimos las embajadas nacionales. 
¿Qué ocurriría entonces si alguien que huya de la persecución solicitara asilo o ayuda de la Embajada de la UE y para los intereses de la UE no fuera adecuado darle su apoyo? 
Creo que hay graves peligros en lo que estamos haciendo. 
Es interesante oír a algunas personas hablar hoy de la necesidad de un perfil más alto y de embajadas de la UE que compitan con EE.UU. Todo esto tiene que ver con la competición. 
Tiene que ver con competir con otras superpotencias. 
No apruebo la idea de que Europa tenga que crear otra superpotencia. 
Hacerlo desestabilizaría la comunidad global. 
En lugar de eso, lo que deberíamos buscar más cooperación y menos competición. 
La idea de competir con EE.UU. es completamente inaceptable. 
Si se examina el propio informe, está dirigido a facilitar la política exterior y de seguridad común. 
No todos los Verdes y miembros de la ALE de nuestro Grupo- los no federalistas- apoyarían las enmiendas del Sr. Dupuis, porque creemos que van en la misma dirección y tenemos grandes reservas al respecto. 
Señor Presidente, la Unión Europea carece de toda personalidad jurídica, de toda entidad política internacional, y, sin embargo, con el informe y propuesta que debatimos se postula la creación de mecanismos que sólo a aquellas entidades corresponden. 
La propuesta de creación de un cuerpo diplomático comunitario y de una escuela diplomática no viene a llenar un vacío de la legislación comunitaria. 
Viene sustancialmente, y a modo, precisamente, de propuesta del Parlamento Europeo, que se supone que representa a los pueblos, a arrebatar a los países miembros, en perjuicio de sus pueblos, la posibilidad de ejercer una política exterior independiente diferente a las opciones de los círculos dominantes de la Unión Europea. 
Viene sustancialmente a suprimir la representación diplomática de los pueblos, de los estados, para sustituirla por una representación diplomática orientada por el Directorio de la Unión Europea. 
La propuesta viene a sustraer de la competencia de los gobiernos nacionales, lejos de toda posibilidad de control democrático, y de los parlamentos nacionales, en clara oposición a las constituciones, el conjunto de los asuntos de política exterior. 
El Partido Comunista de Grecia, como es sabido, está en contra de profundizar en la construcción de la Unión Europea, en contra de la PESC, en contra de los superpoderes del señor PESC, el célebre Solana. 
Estamos en contra de las medidas que impulsan la transformación de los gobiernos nacionales en gobiernos civiles sin responsabilidad alguna. 
Por ello votamos en contra de la propuesta. 
Aparentemente, el informe del Sr. Galeote parece muy razonable, pero cuando se examina más atentamente, la imagen es bastante distinta. 
Si se llevaran a cabo las propuestas, habríamos puesto otra piedra básica en la construcción de un Estado europeo. 
Existen muchos detalles en el informe que son particularmente controvertidos, entre ellos la idea de embajadas de la Unión Europea y la sugerencia de que la Unión Europea debería tener "representación coordinada en organismos internacionales como las Naciones Unidas". 
Esto implicaría que el Reino Unido y Francia dejaran sus asientos en el Consejo de Seguridad y se lo cedieran a un representante de la UE. 
Me asusta la retórica contra Estados Unidos que hemos escuchado a diversos oradores y las reacciones airadas de otros diputados. 
No es el momento de animar a la Comisión a que se embarque en otra ambiciosa ampliación de su papel. 
Los programas de ayuda exterior de la Comisión suponen este año casi 10 mil millones de euros y la misión prioritaria de las delegaciones de la Comunidad es administrar estos programas de un modo adecuado y eficaz. 
El Sr. Patten acaba de hacer referencia a esto. 
En su comunicación sobre la reforma de la ayuda exterior, el Sr. Patten reconocía, y cito literalmente, que "graves carencias de personal han tenido una repercusión negativa directa sobre la rapidez y la calidad de la distribución de la ayuda de la CE". 
Afirmaba que hay una necesidad urgente de centrar las actividades más importantes en las tareas clave y que las necesidades de nuevo personal se concentrarán en la ejecución de los proyectos y programas, en particular dentro de las delegaciones. 
La conclusión clara es que la función más importante de las delegaciones es la administración de la ayuda exterior y no intentar llevar a cabo funciones diplomáticas adicionales. 
Lo que necesitamos en las delegaciones es personal de gestión. 
Esto no se reconoce en el informe Galeote. 
Sí, la Comisión necesita contratar un tipo diferente de personal. 
Sí, necesita darles una mejor formación de especialistas, pero no para un recién inventado servicio diplomático, sino para que los programas de ayuda exterior funcionen correctamente. 
Presidente, la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores en Evian en realidad se anticipó ya un poco a las muy buenas propuestas recogidas en el informe del señor Galeote. 
Entiendo que allí se decidió que las embajadas de la UE en terceros países y las embajadas de los Estados miembros deben colaborar mejor, que deben ajustar mutuamente sus programas de desarrollo y que se debe actuar de forma mucho más conjunta. 
¡Bien! , eso ya lo hemos solicitado innumerables veces y, por tanto, es magnífico que el señor Galeote haga una propuesta que se acerca mucho a lo anterior. 
Presidente, la semana pasada estuve en Indonesia en una misión de información, y lo único que puedo decir es que la delegación de la UE me guió y acompañó allí de forma excelente. 
Cuando hago viajes al extranjero, siempre solicito que se organice una reunión a la que asistan todos los embajadores de la UE; de los 15 países por tanto. 
Eso mismo he hecho en esta ocasión y, efectivamente, se organizó tal reunión. 
En ella se expuso la queja de que la política de Europa de los Estados miembros en conjunto no es perceptible suficientemente y que en Indonesia se sabe qué hace Japón allí, se sabe qué hacen los Estados Unidos allí pero que no se sabe suficientemente qué hacen los 15 Estados miembros de la Unión Europea allí. 
A mi pregunta de ¿cómo coordinan ustedes su trabajo? ¿cómo se ajustan entre ustedes? , la respuesta es: no lo hacemos. 
Y entonces da la impresión incluso de que se tiene mucho miedo de llegar a cualquier tipo de coordinación y ajuste. 
Por eso me parece tan importante que se haya tomado esa decisión en Evian y que se proponga la creación de una escuela de diplomacia. 
También los diplomáticos nacionales debieran seguir cursos en una escuela semejante de modo que sepan cómo deben actuar de forma conjunta en un marco europeo. 
Es urgentemenente necesario. 
No es cuestión de querer hacerlo mejor que los estados Unidos o, por ejemplo, Japón, sino de hacer ver mucho mejor el rostro europeo en países fuera de Europa. 
De modo que yo presto todo mi apoyo al informe del señor Galeote y espero realmente que las propuestas de Evian se lleven a cabo. 
Señor Presidente, durante ciento cincuenta años las misiones y las tareas de solidaridad han fomentado el compromiso y los conocimientos internacionales de amplios sectores de población en mi país. 
Es importante que los países miembros mantengan y desarrollen la posibilidad de hacer escuchar la voz y el compromiso de sus pueblos a través de sus gobiernos y embajadas. 
Las embajadas constituyen una de las expresiones esenciales de la soberanía nacional. 
Por ejemplo, la historia nos muestra los esfuerzos de Noruega, en la lucha por independizarse de Suecia, para conseguir su propia diplomacia. 
Las embajadas nacionales son también importantes órganos de servicios para los ciudadanos, cuando éstos se encuentran en el extranjero. 
En las embajadas de sus países pueden ser atendidos en su lengua. 
Asimismo, las embajadas constituyen fuentes imprescindibles de información y centros de análisis para los gobiernos de los diferentes países. 
Aunque el trabajo del Sr. Galeote Quecedo es excelente, hay algunos puntos que despiertan mi escepticismo: el punto B, sobre la formación de un servicio diplomático profesional y permanente, y el punto P, que se refiere a la creación de embajadas de la Unión Europea en el futuro. 
Señor Galeote Quecedo y señor Comisario Patten, ¿qué significa exactamente esto? 
Punto 1- creación de una academia diplomática europea. 
¿En qué idioma se van a impartir las clases, en español, en inglés, en francés o en todos los idiomas de los Estados miembros? 
Punto 12- opino que se obliga a las embajadas de los Estados miembros a expresar sus opiniones de manera coordinada. 
¿Es que no se han dado cuenta de que esto ya es así, en el marco de la política exterior y de seguridad común? 
Finalmente se habla de asegurar una representación coordinada en la UE y en otros órganos internacionales. 
Suecia y otras naciones tienen un historial impecable en Naciones Unidas. 
Sigamos en esa línea. 
Señor Presidente, he tomado ahora la palabra espontáneamente, tan espontáneamente como es posible en este Parlamento, porque un colega de mi Grupo no puede estar presente aquí. 
Pero tomo la palabra como alguien que hasta el pasado abril ha pertenecido como funcionario completamente normal al servicio diplomático alemán, y cabría pensar quizá que este funcionario seguramente será relativamente escéptico frente a un planteamiento semejante, pues éste tiende más bien a recortar la competencia de los colegas nacionales. 
No estoy escéptico y quisiera felicitar cordialmente por su informe a nuestro colega, el Sr. Galeote. 
Sin embargo, estoy un tanto maravillado ante los extraños escenarios que algunos de los colegas han diseñado aquí. 
¿De qué se trata, en realidad? 
Esto lo ha aclarado también por entero el Sr. Galeote: se trata de que en el marco del ámbito de competencia- en la medida que la Unión Europea está representada en terceros países- estemos representados en los mismos de una manera mejor y más profesional, se trata de que nuestra gente que nosotros enviemos a los mismos pueda actuar allí en condiciones óptimas en el marco de su competencia. 
No quiero aleccionar a nadie, pero si imagino que, por ejemplo, un antiguo funcionario nacional de un Ministerio de Agricultura de un Estado miembro ingresa en un determinado momento a la Comisión y desarrolla en el seno de la misma un trabajo de gran relevancia y recibe más tarde el encargo de dirigir quizá una oficina exterior o una representación de la Comisión en el extranjero, pienso que todavía puede sacar provecho absolutamente de lo que hayan aprendido los colegas nacionales en una escuela diplomática. 
Y creo que luego podrá hacer mucho mejor aún su trabajo. 
Sin embargo, a este respecto quisiera decir también que estas competencias crecen también, naturalmente, en simultaneidad con las competencias a nivel europeo. 
En este sentido son legítimos, sin duda, el temor de nuestro colega, el Sr. Coûteaux, por un lado, y también, por otro lado, la esperanza de nuestro colega, el Sr. Dupuis. 
En la medida que se amplíen las funciones aumentará también la competencia de estas representaciones, pero entonces lo habremos decidido así todos de manera conjunta. 
En este sentido es bueno que adoptemos ya ahora los preparativos pertinentes. 
Creo que es un informe muy bueno el que ha elaborado nuestro colega, el Sr. Galeote. 
. (EN) Señor Presidente, acojo de muy buen grado el interés que el Parlamento ha mostrado en el servicio exterior, y, en particular, el informe del Sr. Galeote. 
Le aseguro al Parlamento que estudiaremos con mucha atención sus recomendaciones. 
Quisiera elogiar especialmente al Sr. Galeote Quecedo. 
Merece un considerable respeto por la forma muy profesional e imparcial con la que ha realizado su trabajo. 
Puedo afirmar sin ninguna reserva que la Comisión ha sacado provecho al informe y que éste va a dejar una impronta permanente en el modo de dirigir nuestro servicio exterior en el futuro. 
Es un tema por el que nos hemos tomado un gran interés. 
Hoy mismo me he ausentado de una reunión especial de virtualmente todos nuestros jefes de delegación en Bruselas para estar aquí en este debate. 
Cuando me disculpaba por tener que marcharme antes del final tuve ocasión de informarles del gran interés que tiene el Parlamento en estos asuntos. 
El hecho de que hayamos convocado a Bruselas a todos nuestros jefes de delegación en este momento indica nuestra determinación de impulsar el servicio externo y de dotarle de la estructura de carrera y del liderato que merece y necesita. 
Sus señorías habrán visto la comunicación sobre el desarrollo del servicio exterior que fue adoptada por la Comisión el 18 de julio. 
En ella se recomienda continuar equilibrando el personal de las delegaciones entre funcionarios y agentes locales y seguir con la regionalización de nuestra representación de tal modo que queden libres inmediatamente hasta 32 puestos oficiales para ser reasignados a delegaciones que necesitan refuerzos. 
La comunicación actualiza la lista de prioridades de apertura de nuevas delegaciones y oficinas. 
Sin embargo, aunque algunas de estas prioridades son urgentes, nuestra primera preocupación debe ser utilizar los recursos disponibles para reforzar algunas de nuestras delegaciones existentes. 
La comunicación describe también las medidas que vamos a adoptar para transferir facultades de Bruselas a las delegaciones sobre el terreno, lo que en la jerga se conoce como "desconcentración". 
Esto va muy ligado a nuestros esfuerzos por reformar los programas de asistencia exterior. 
La comunicación deja claro que lo que propone es sólo un primer paso. 
Tenemos intención de seguir adelante y de garantizar el mejor uso de los recursos de que disponemos basándonos en una evaluación de la carga de trabajo de cada delegación. 
Quisiera dejar este punto muy claro porque es el telón de fondo del informe del Sr. Galeote Quecedo. 
Si logramos que se aprueben nuestras propuestas de reforma y si las apoya la autoridad presupuestaria, en el SCR y en el Bureau d ' assistance technique considerados conjuntamente, habrá menos personal gestionando nuestros programas externos, aunque en el SCR será más numeroso que el actual. 
Pero tendremos menos gente en Bruselas y más gente sobre el terreno. 
Ese es el equilibrio que deberíamos establecer: que se realice más trabajo sobre el terreno en nuestras delegaciones. 
Vamos a elaborar una comunicación sobre los servicios externos como continuación de la anterior en la primera mitad del próximo año. 
Permítanme que hable específicamente del informe del Sr. Galeote Quecedo. 
Hace recomendaciones sobre tres aspectos principales: la formación de los funcionarios asignados a las relaciones exteriores, el status jurídico de las delegaciones y la coordinación con los Estados miembros. 
Varios de los puntos planteados en la resolución, por ejemplo, los relativos a regionalización y a la evaluación de nuestra red de representaciones en el exterior, ya se recogen en nuestra propia comunicación. 
El informe resalta el papel de la Comisión y de sus delegaciones en las actividades exteriores de la Comisión y es, sin duda, esencial que el servicio externo de la Comisión sea capaz de seguir haciendo una adecuada contribución. 
El primer paso debe ser desarrollar la formación de los funcionarios de la Comisión encargados de las relaciones exteriores. 
Me complace que el informe haga tanto hincapié en ese aspecto. 
Ya hemos logrado algunos avances positivos pero es necesario que sigamos progresando y con mucha rapidez, sobre todo teniendo en cuenta la desconcentración de la que he hablado. 
Deberíamos intentar, como sugiere el informe, aprovechar las cualidades y la experiencia de las instituciones de formación que existen en los Estados miembros. 
Ya estamos en contacto con algunas de ellas y procuraremos profundizar esas relaciones. 
Si es o no el momento ahora de establecer una escuela diplomática europea es algo que tendremos que analizar muy atentamente junto con el Parlamento, el Consejo y otros. 
Nosotros desde luego vamos a estudiar detenidamente esa propuesta que subraya la importancia de la formación- formación en idiomas, formación en gestión y todos los demás tipos de formación que son esenciales para que nuestros programas y nuestras representaciones en el exterior sean más eficaces. 
En cuanto al status jurídico de las delegaciones, debo decir que aunque las delegaciones son formalmente delegaciones de la Comisión, tienen instrucciones claras de prestar toda la asistencia posible a todas las instituciones de la Unión Europea así como a los Estados miembros. 
No estoy convencido de que sea necesario formalizar este estado de cosas puesto que ya existe. 
No quisiera complicar más los procedimientos pero también sobre esta cuestión estoy abierto. 
A nuestras delegaciones les hemos dejado absolutamente claro que deben considerarse a sí mismas como que trabajan para el Alto Representante y para las otras instituciones de la Unión Europea, tanto en lo relativo a la responsabilidad bajo la que están como en cuestiones de logística. 
Sobre las relaciones con los Estados miembros, me sumo plenamente a la propuesta a favor de una mayor cooperación. 
Ésta es ya nuestra política y las conversaciones de este fin de semana en Evian se centraron mucho en cuál es la mejor forma de lograrlo en la práctica. 
En nuestra comunicación de 1998 sobre el servicio exterior dejamos claro que todo Estado miembro que deseara contar con una presencia en un tercer país sin mantener una embajada podía utilizar las delegaciones de la Comisión. 
Esto ya ha ocurrido en dos ocasiones: con Alemania en Sierra Leone y con Austria en Burundi. 
Ya existe un considerable grado de cooperación entre las embajadas de los Estados miembros y las delegaciones de la Comisión. 
Existen reuniones periódicas a todos los niveles. Se elaboran informes conjuntos tanto a solicitud de las sedes centrales como por iniciativa de los jefes de misión. 
La Comisión apoya también y, cuando corresponde, procura participar en proyectos de ubicación conjunta en los que más de un Estado miembro y/o la Comisión acuerdan ocupar instalaciones conjuntamente. 
Contamos con un programa de comisión de servicios de los funcionarios y diplomáticos de los Estados miembros en nuestras delegaciones. 
En este momento diez de ellos están en nuestras delegaciones, y va a haber algunos más próximamente. 
La limitación en el desarrollo de este programa no responde a una falta de voluntad de nuestra parte- quiero dejar eso claro- sino, en alguna medida, a una falta de recursos y también a una cierta reticencia por parte de los Estados miembros a responder a nuestra invitación de destinar temporalmente a diplomáticos a las delegaciones. 
Quiero subrayar la importancia de la coordinación. 
Tenemos que cooperar mejor sin vernos en una situación en la que todo lo que hacemos se cuestione no sólo en Bruselas sino también en otros países. 
Todo este debate sobre la coordinación y sobre el futuro del servicio exterior tiene lugar con el telón de fondo de un tratado que habla de una política exterior y de seguridad común, no de una única política exterior y de seguridad en una Unión de quince Estados miembros, cada uno de ellos con su propio ministro de asuntos exteriores. 
Tengo la firme sospecha de que seguiremos teniendo quince ministros de asuntos exteriores en la Unión Europea en el futuro previsible. 
Pero lo que tenemos que hacer es lograr que la coordinación y la cooperación sean más eficaces, tengan más sentido y sean más profesionales. 
Un último ruego. 
Al dar la bienvenida a este informe y al prometer una cooperación activa para seguir sus recomendaciones, debo subrayar que si el servicio externo va a desempeñar el papel que el Parlamento desea para él debe contar con los recursos necesarios; esto es, no sólo recursos para enviar a los funcionarios a terceros países sino también para que estén debidamente formados, para que estén equipados con la tecnología de la información que necesiten y para que tengan medios seguros de comunicación. 
Y una última cuestión, pero no por ello, en absoluto, de índole menor: es muy importante que se les proporcione la protección física adecuada en un mundo que es, a menudo, muy peligroso. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Instrumento financiero " EC Investment Partners 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0202/2000) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1999) 726- C5-0062/2000- 2000/00324 (COD) relativo a la aplicación del instrumento financiero "EC Investment Partners" destinado a los países de América Latina, de Asia y del Mediterráneo y a Sudáfrica. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es para mí un gran honor presentar, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, este informe sobre la liquidación de uno de los proyectos que quizás ha funcionado mejor o que ha sido más positivamente valorado en el ámbito de la cooperación Norte-Sur: el proyecto ECIP (European Community Investment Partners) que, según todo el mundo, ha funcionado bien, a pesar de haber sufrido, como muchos otros proyectos, los retrasos que se han acumulado en el ámbito de las relaciones exteriores, unos retrasos que todos nosotros conocemos y de los cuales recientemente el Comisario Sr. Patten ha hecho un análisis muy preciso. 
En este caso, contamos con casi 600 proyectos que fueron aprobados en tiempo hábil y que deben ser financiados con fondos del ECIP. 
En consecuencia, la Comisión nos ha propuesto- con un retraso que estigmatizamos en nuestro informe, un retraso debido, sin duda, a todo lo ocurrido en el año 1999- aprobar una prórroga no tanto del instrumento como tal, sino de las oficinas de asistencia técnica, de los medios indispensables para gestionar lo que queda pendiente del ECIP- 590 proyectos- y nos propone hacerlo en dos años. 
Señor Comisario, he de decir que la Comisión de Desarrollo y Cooperación se ha encontrado ante las opiniones de las demás comisiones encargadas de esta materia por el Parlamento: la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario. 
Como habrá comprobado, esas dos comisiones planteaban inconvenientes, barreras más estrechas a la Comisión: le pedían que acabara el trabajo seis meses antes y que nos presentara informes de evolución de la cuestión en plazos más cortos. 
Nosotros, como Comisión de Desarrollo y Cooperación, captamos el mensaje de la Comisión, la solicitud de ayudar al proyecto ECIP- que, repito, junto con otros proyectos ha contribuido a la creación y al crecimiento de miles de pequeñas y medianas empresas en los países del Tercer Mundo y ha permitido realmente una visibilidad de la Unión Europea y una capacidad de penetración en un ámbito nuevo y, por lo tanto, importante para la Comisión- y, por lo tanto, hemos considerado no seguir la opinión más restrictiva de las demás comisiones y no formular enmiendas a la solicitud principal de la Comisión, esto es, conceder dos años de tiempo a la misma para poder gestionar lo mejor posible las conclusiones de este importante instrumento de cooperación económica y para cumplir dichos contratos que se firmaron antes del 31 de diciembre de 1999. 
Al mismo tiempo, sin embargo, señor Comisario, hemos formulado una solicitud; hemos pedido que se comunique al Parlamento, en tiempo hábil para poder reflexionar juntos, qué se proponen hacer con el futuro de este instrumento. 
Hemos visto que este instrumento es eficaz, ha respondido a necesidades reales y ha movilizado recursos que superan con creces la financiación que comporta el presupuesto comunitario. 
En consecuencia, les pedimos que aprueben nuestra enmienda a fin de que el procedimiento de codecisión se tramite rápidamente y se pueda, a ser posible en una sola lectura, poner fin al procedimiento, al objeto de ofrecerles enseguida los instrumentos para actuar; les pedimos- yo diría que no es mucho pedir- que nos digan antes de finales de año qué intenciones tienen. 
Conocemos las divergencias de opinión, los posibles conflictos de competencia entre relaciones exteriores y desarrollo y, por consiguiente, entre las competencias de cada una de las Dirección Generales y quizás también de cada uno de los Comisarios, pero también sabemos que en la reestructuración la responsabilidad de las relaciones exteriores es reexaminada con gran atención por usted en particular, señor Comisario, y por todo el Colegio. 
Por lo tanto, no hemos marcado un camino a seguir ni hemos dicho: el ECIP debe seguir siendo un instrumento autónomo, el ECIP debe y puede ser integrado en un instrumento más amplio. 
Hemos pedido simplemente que esto nos llegue como respuesta a la confianza depositada en la Comisión al permitir esta bonificación de dos años. Esto es lo que pedimos y le pido, señor Comisario, que conteste si acepta las enmiendas que hemos presentado. 
Señor Presidente, la Comisión de Control Presupuestario apoya claramente las metas del programa EC Investment Partners. 
No obstante queremos criticar la ejecución. 
En primer lugar, hay que decir que en la actualidad la Comisión se está moviendo en un espacio no jurídico, puesto que la propuesta de prosecución del programa ya ha sido prorrogada dos veces, no se ha presentado sino a finales de enero, es decir, un mes después de haber expirado y no podrá ser aprobada antes de finales de otoño. 
Damos nuestra conformidad a la propuesta legislativa, como medida de puenteo hasta finales del 2001, pues no ignoramos que según las cifras que se han dado a conocer participarán 34.000 empresas en calidad de socios y con el mismo propósito se crearán 1.300 joint ventures y 42.000 puestos de trabajo. 
No obstante la investigación de la empresa Deloitt& Touche muestra una serie de graves deficiencias que es preciso subsanar. 
Así, por ejemplo, la capacidad de contacto con las empresas y usuarios se ha hecho cada vez más burocratizada y dificultosa, lo cual ha conducido a un atasco en los pagos y a una creciente insatisfacción de las instituciones financieras y de las empresas por el aplazamiento de los acuerdos y contratos. 
Deficiencias en la gestión y un insuficiente ajuste entre la unidad ECIP y el SCR han afectado también el prestigio de la Comisión, así como el trato desigual de los institutos financieros. 
Así, por ejemplo, el banco estatal de desarrollo de Dinamarca tiene el 38% de los recursos, sin embargo el de España solamente el 23%. 
Junto con otros puntos de crítica, nuestra opinión contiene también, además de tres enmiendas, unas cuestiones que la Comisión debería tener en cuenta en su decisión acerca de la continuación de ECIP más allá del 2001 o de una inclusión en un único instrumento financiero, tal como ha dicho ya el Sr. Dell`Alba. 
Señor Presidente, como persona deseosa de ayudar a los países a crear empleos y transferir tecnología, tengo que decir que el programa ECIP es extremadamente bueno y que en principio ese era el objetivo. 
Pero como ha mencionado mi colega y amiga la Sr. Theato, está lleno de gusanos. 
Es como si el proyecto fuera una maravillosa caja de bombones con un bonito envoltorio, pero absolutamente plagada de gusanos en el interior. 
El motivo es sencillo. 
Si se observa la Línea de Crédito 1, concede hasta 100.000 euros simplemente por identificar una potencial sociedad mixta. 
Por tanto, claramente, cuando se observan las Líneas de Crédito 2, 3, 4 y 1b, se percibe pronto que el trabajo no lo realizo un banquero, sino quizás un burócrata que no sabía nada sobre financiación y préstamos a proyectos que podrían ser viables. 
En pocas palabras, yo diría que, si tal instrumento se va a inventar y diseñar, deberían hacerlo banqueros y empresarios, personas que saben de lo que hablan, no burócratas sentados en la Comisión Europea. 
Por consiguiente, cuanto antes se liquide este proyecto y la Unión Europea se ahorre un dinero que se está desperdiciando, mejor. 
Estoy profundamente convencido de que estos proyectos de inversión deberían diseñarse muy cuidadosamente con aportaciones de las empresas y de los banqueros para que se cree el mayor número posible de empleos allí donde sean necesarios y para que haya una amplia cobertura así como transparencia y responsabilidad públicas. 
Cuando formaba parte de la Comisión de Control Presupuestario y conocí a la gente que gestionaba este proyecto, no me impresionaron en absoluto los conocimientos que tenían de cómo dirigir una empresa de este tipo, y yo procedo de un entorno industrial y financiero. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe que ha presentado el Sr. Dell ' Alba se refiere a la liquidación de uno de los mayores instrumentos financieros de ayuda de la Comunidad Europea al ámbito privado. 
El Grupo Socialista apoya todas la medidas de cooperación que, como ésta, fomentan la dinamización de las empresas, y de las economías en general, a través de la iniciativa privada. 
Concretamente, ECIP, cuyos proyectos ahora se cierran, ha sido particularmente exitoso como ya se ha dicho anteriormente. 
Según la evaluación externa a la que ha sido sometido, ha tenido efectos importantes como multiplicador, con la creación de puestos de trabajo y de empresas conjuntas. 
Esperamos ahora, señor Comisario, que el futuro programa que lo sustituya añada a estos efectos positivos una mejor gestión. 
Sin embargo, tenemos que decir que celebramos los éxitos de este programa, pero que los miembros socialistas de la Comisión de Desarrollo nos planteamos la necesidad de que cualquier instrumento de ayuda, incluidos los de ámbito privado, tengan como objetivo elemental la reducción de la pobreza de las poblaciones, objetivo al que en última instancia se dirigen estos instrumentos. 
La creación de riqueza y la generación de empleo a través de empresas financiadas con fondos comunitarios tiene que revertir en dichas poblaciones. 
La aplicación de estos instrumentos tiene que tener en consideración la consecución de estándares laborales, sociales y medioambientales o, de lo contrario, podemos decir que estos instrumentos no ayudan al desarrollo sino que vienen a ser subvenciones a particulares. 
No siempre podemos decir que en las evaluaciones ha habido un control de la calidad de las ayudas a través del ECIP. 
Por ejemplo, cuando con fondos de ECIP un banco se instala en uno de los países beneficiarios, ¿cómo podemos asegurar que estos fondos se canalizan para atraer inversiones y no sólo para subvencionar la presencia del banco en este país? 
Se trata, como ha dicho el ponente, de enmarcar la ayuda comunitaria en una estrategia amplia que incluya al sector privado, al que no hace referencia la Comisión en su plan de reforma de la política de ayuda, a pesar de que la atracción de fondos privados es una necesidad para el desarrollo de muchos países. 
En este sentido, queremos volver a repetir la pregunta que ha hecho el Sr. Dell ' Alba a la Comisión acerca de sus previsiones en relación con la extensión de este instrumento a países del África subsahariana, cuya necesidad de fondos es también imperiosa. 
Esperamos, en definitiva, que esta experiencia del ECIP, que ha sido muy importante para América Latina, sirva para mejorar el programa que lo sustituya, cuyo papel no hemos visto que esté claro en el plan de reforma de la Comisión. 
La coordinación en el seno de la Comisión es imprescindible para mejorar la eficacia de la ayuda y, para ello, hace falta que los distintos instrumentos se pongan al servicio de un objetivo amplio y de una estrategia global. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías. Para los que hemos seguido de cerca la evolución y el desarrollo del instrumento ECIP a lo largo de su corta pero intensa historia, nos parece que la mejor manera de resumir el informe del Sr. Dell ' Alba consiste en resaltar el mensaje que contienen las enmiendas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, ya que recomiendan la continuidad de este instrumento financiero por haber sido el mejor vehículo para establecer y reforzar el tejido empresarial europeo en aquellos países afectados y, en consecuencia, para crear empleo. 
Ahora que acaba de entrar en vigor el acuerdo de libre comercio, concertación política y cooperación entre la Unión Europea y México, resulta pertinente recordar la conveniencia de seguir con este tipo de instrumentos financieros que, en algunos casos, como el de México precisamente, ha sido utilizado de manera intensa y positiva, y se perfila como el idóneo para estrechar los lazos comerciales entre bloques singulares como la Unión Europea y los países implicados. 
De no ser así, la Unión Europea dejaría de ser coherente con su compromiso de cooperación y desarrollo, no sólo en el caso de los países de América Latina, sino también de los de Asia, Mediterráneo y Sudáfrica. 
En definitiva, apoyamos claramente el informe del ponente, Sr. Dell ' Alba, a quien felicitamos por su claridad de ideas al abordar la necesidad de continuar en el futuro con la aplicación de los ECIP, en mi opinión como instrumento único, y que esperamos se orienten, después de más de diez años de experiencia positiva, a flexibilizar y agilizar las trabas administrativas a la hora de su tramitación para permitir una actuación más eficiente. 
Y eso exige, en mi opinión, un reforzamiento de los recursos humanos de las oficinas de la Comisión en los países afectados. 
Señor Presidente, el estudio del programa de desarrollo ECIP nos hace una bonita caricatura de las disfunciones de la Comisión Europea. 
Mientras que este programa va más bien en el buen sentido, -es decir una transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo- la Comisión, quizá involuntariamente, le ha puesto freno. 
El programa existe desde hace doce años y la Comisión ha esperado su vencimiento para preguntarse si iba a prorrogarlo. 
Al igual que con otros programas, no se ha preguntado por las consecuencias del posible cese de este programa, por la continuidad de las acciones llevadas a cabo y por la situación de las empresas socias y los empleos. 
Parece ser que el año pasado, los 90 millones de euros presupuestados para este programa ni siquiera fueron utilizados, por falta de medios humanos para estudiar los dosieres apilados en un despacho de Bruselas. 
Del mismo modo, los procedimientos administrativos se han incrementado de año en año, mientras que el personal encargado del programa no veía incrementarse su número de empleados. 
Al mismo tiempo, los socios no estaban informados de la posible suspensión del programa. 
Por último, los criterios de reparto de los fondos entre los diferentes polos del programa, especialmente los derechos sociales de los trabajadores, se han quedado de una imprecisión a toda prueba. 
A la vista de lo que antecede, solicitamos a la Presidencia que, en una primera fase, estudie los medios para evaluar rápidamente el programa y, en una segunda fase, para prorrogarlo favoreciendo al mismo tiempo su transparencia y manteniendo su presupuesto. 
Señor Presidente, votaré en contra del informe Dell ' Alba, y más concretamente en contra de los programas ECIP y MEDA, los cuales se destinan esencialmente a financiar subvenciones y préstamos a empresas privadas que invierten en América Latina, en Asia, en el Mediterráneo y en África del Sur. 
Me revelo contra el hecho de que el dinero público pueda servir- bajo cualquiera que sea la forma- para producir un beneficio privado. 
El proyecto que se supone orientado en primer lugar a las Pymes, en realidad, a menudo se aplica a filiales de grandes empresas multinacionales, como bancos, que participan en la operación y obtienen beneficios. 
El objetivo político declarado de estos programas consiste en favorecer la apertura de los mercados de estos países a los capitales llegados de Europa. 
En el pasado, estos países pobres fueron despojados y explotados por los capitales de las grandes potencias europeas en competencia. 
Único cambio: los programas preconizan ya una acción coordinada para estos capitales. 
No hay más inversiones destinadas al desarrollo de los países pobres que en el pasado; están supeditados a los capitales europeos. 
No se destinan a hacer menos dura la vida de las clases trabajadoras, sino a explotar allí una mano de obra barata para enriquecer a los empresarios y accionista de aquí. 
Desde este momento, rechazo estos programas en su conjunto pues, a pesar de algunas frases hipócritas sobre la lucha contra la pobreza, todos ellos tratan de ofrecer al imperialismo de las grandes potencias europeas instrumentos suplementarios de penetración y de dominación de los países pobres. 
Señor Presidente, celebramos un debate sobre una cuestión relativamente modesta por su montante presupuestario, ambiciosa por sus objetivos, relativamente alentador por sus resultados, ineficiente por lo engorroso de los procedimientos de gestión, contradictoria a veces y, en definitiva, manifiestamente mejorable de cara al futuro. 
Debo expresar mi satisfacción por la franqueza y la transparencia con que la comisión analiza los resultados obtenidos. 
No oculta nada, y felicito al ponente, Sr. Dell ' Alba, porque en un procedimiento de codecisión ha renunciado a la demagogia y a la crítica fácil en favor de la profesionalidad con que ha abordado la redacción de su informe. 
Es de esperar que, en un procedimiento de codecisión, la Comisión sea sensible a la posición del Parlamento para poder iniciar la ya urgente reforma de este importante instrumento financiero. 
Un instrumento para el desarrollo del sector privado en los países en vías de desarrollo que coincide con la filosofía y con la letra que inspiran la nueva posición de la Unión Europea en su política de cooperación. 
Ya hemos hablado mucho de ello en relación con los ACP y no es distinto el criterio que debe mantenerse en relación con países de América Latina y el sur del Mediterráneo. 
Los resultados obtenidos hasta hoy son alentadores. 
Se han creado más de 1.300 nuevas empresas que han generado 42.000 puestos de trabajo y se han movilizado recursos por valor de 3.500 millones de euros. 
Han quedado por el camino algunas esperanzas y ciertas expectativas. 
Encontramos contradictorio que digamos que la lucha contra la pobreza es nuestra prioridad y, sin embargo, carezcamos de información y de indicadores para conocer en qué medida los sectores más empobrecidos son los que se han beneficiado de la ayuda. 
Es urgente, por último, una reforma de los actuales cinco engorrosos procedimientos de los que ninguno sirve, pues todos son manifiestamente mejorables, señor Comisario. 
. (EN) Permítanme que agradezca muy sinceramente al Sr. Dell ' Alba y a la Comisión de Desarrollo y Cooperación su excelente trabajo sobre la propuesta de la Comisión acerca del futuro del instrumento financiero "EC Investment Partners". 
Permítanme comenzar haciendo un poco de historia. 
El instrumento ECIP funcionó con éxito durante 12 años, desde 1988 a 1999. 
En ese período se aprobaron más de 2.500 acciones por un valor total de más de 290 millones de euros, con 1.400 sociedades mixtas y 4.300 millones de euros en inversión. 
Desde 1991, la Comisión envía al Parlamento y al Consejo informes anuales sobre la ejecución y los resultados del ECIP, el último de los cuales versaba sobre las operaciones de 1999. 
El Parlamento recibió también la evaluación independiente llevada a cabo en diciembre de 1999, pero, como sabrán sus señorías, a partir de 1997, ECIP empezó a tener problemas. 
La falta del personal suficiente para garantizar la buena gestión de un número de acciones cada vez mayor dio lugar a retrasos en la ejecución del programa, que, a su vez, causaron un creciente descontento entre sus beneficiarios. 
Estas dificultades se agravaron con la introducción de procedimientos financieros más estrictos necesarios para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por la Comisión. 
Es un caso típico de los problemas a los que nos enfrentamos, es decir, recursos insuficientes para realizar el trabajo, a lo que se añaden unos procedimientos y normas demasiado restrictivos. 
La Comisión decidió no prorrogar el instrumento más allá del 31 de diciembre de 1999, -fue una decisión dolorosa, pero, estoy seguro de que fue la correcta- y reconsiderar el instrumento con el fin de elaborar un programa con un nuevo diseño. 
Esto permitirá una mejor coordinación con otros instrumentos de la Unión Europea y hará posible la mejora de los procedimientos financieros y de gestión a la luz de las nuevas orientaciones de la Comisión sobre política de desarrollo y gestión de la ayuda exterior. 
El informe del Sr. Dell ' Alba contiene sugerencias enormemente útiles a este respecto. 
La aprobación del reglamento propuesto hará posible la continuidad de la adecuada gestión de los proyectos ECIP existentes así como un cierre y liquidación apropiados de los mismos cuando lleguen a su conclusión. 
En cuanto a las enmiendas propuestas, la Comisión está de acuerdo con las enmiendas núms. 1 y 2, que se corresponden con nuestros puntos de vista sobre la necesidad de reconsiderar, mejorar y volver a diseñar los actuales instrumentos financieros de apoyo a la inversión privada. 
En cuanto a la enmienda nº 3, la Comisión está de acuerdo con el principio subyacente pero no está en condiciones de proporcionar las propuestas legislativas solicitadas por el Parlamento para finales de este año. 
En la actualidad estamos inmersos en una revisión general de todos nuestros instrumentos financieros existentes. 
Hemos de ser francos. 
Necesitamos más tiempo para presentar un programa debidamente pensado y revisado en sus fundamentos. 
Por tanto, la Comisión propone evaluar todas las opciones para junio del próximo año y hacer, a continuación, propuestas. 
Su señoría ha sido generoso, cortés y comprensivo. 
Merece, por ello, mi garantía de que pretendemos respetar el calendario que he indicado, y espero que acepte nuestra firme decisión de presentar nuestras propuestas en ese plazo de buena fe. 
Desearía que pudiéramos actuar con mayor rapidez, pero para realizar el trabajo adecuadamente necesitamos un poco más de tiempo. 
Permítanme que agradezca al Parlamento Europeo el apoyo que la Cámara ha brindado al reglamento sobre ECIP propuesto. 
Va a permitir a la Comisión finalizar este programa de un modo responsable y lanzar iniciativas renovadas y mejoradas para la promoción del sector privado en los países en desarrollo. 
Estoy seguro de que tendré otras ocasiones de explicarles a algunas de sus señorías por qué yo no equiparo esto con el imperialismo del siglo XIX. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Actividades humanitarias de la Comunidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0191/2000) del Sr. Imbeni, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 468- C5-0044/2000- 2000/2016 (COS) ): Evaluación y futuro de las actividades humanitarias de la Comunidad (artículo 20 del Reglamento (CE) 1257/1996). 
. (IT) Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a todos los diputados de los distintos Grupos parlamentarios por su sustancial aportación a los trabajos preparatorios de este informe con vistas a expresar la posición del Parlamento con respecto a la comunicación de la Comisión sobre las actividades de ECHO, sobre las ayudas de emergencia y sobre las actuaciones humanitarias. 
El hecho de que la Comisión de Desarrollo haya votado por unanimidad este informe se debe a una colaboración muy fructífera que, espero, vuelva a manifestarse mañana en el Pleno en la votación final. 
Supone hablar de guerra, de catástrofes y de las heridas que se infieren al sistema ecológico mundial. Significa hablar de la continuación de conflictos étnicos dramáticos, de guerras civiles y militares; significa hablar de iniquidad de fondo de la relación Norte-Sur y del sufrimiento, en particular, de las poblaciones más débiles, de los niños, de las mujeres, de las personas mayores. 
Si somos serios, debemos decir que las previsiones para los próximos años no son previsiones de mejora respecto a esta situación. 
Me refiero tan sólo a algunas crónicas de los periódicos de los últimos meses: el Polo Norte que ha dado señales de liquefacción allí donde nadie se lo imaginaba o el envenenamiento de las aguas en Bangladesh que pone en peligro la seguridad, la higiene y la salud de 25 millones de personas; o también la situación de sequía que sufren muchas regiones de África. 
Por lo tanto, hay que ser serios y realistas, hay que programar también con miras al futuro, aún más que en el pasado, la actividad de prevención ante las catástrofes y hacer frente a las consecuencias de las tragedias provocadas, con frecuencia y casi siempre, por el ser humano. 
A escala internacional, esta programación precisa una coordinación mejor entre la Unión Europea y todas las demás realidades implicadas en la ayuda humanitaria y, dentro de la Unión Europea, necesita una acción de coordinación mejor entre la Comisión y los instrumentos de que disponen los Estados miembros para evitar que haya- como ha ocurrido a menudo, como dice el documento de la Comisión y como nos han confirmado las evaluaciones- duplicidades, repeticiones y, en consecuencia, también un derroche de energías y de recursos. 
En este contexto, considero inaceptable- y mi informe y la posición del Parlamento son claros al respecto- que ECHO se reduzca a ser un donante para las actuaciones de emergencia, y punto. 
Creo que es necesario actuar con una perspectiva más amplia: mientras tanto, ECHO y la actuación de la Unión Europea deben tener como objetivo una acción de prevención mayor y, luego, en segundo lugar, combinar la actuación de emergencia y de primera necesidad con la intervención encaminada a restablecer condiciones mínimas de vida, allí donde se han producido catástrofes y guerras, promoviendo la presencia de la ayuda humanitaria también en una etapa posterior a la actuación de emergencia. 
Hay que tener en cuenta que, quizás, estamos hablando de cifras limitadas si hablamos de presupuestos más generales; sin embargo, estamos hablando de 2.500 millones de euros para los últimos cuatro años de los cuales la Comisión Europea ha destinado el 56% a organizaciones no gubernamentales, el 25% a las agencias de las Naciones Unidas, el 11% a la Cruz Roja y, por último, a otras actuaciones directas de ECHO o de las agencias especializadas de los Estados miembros. 
Considero que el análisis realizado por la Comisión nos obliga a actuar para facilitar un mayor fortalecimiento de ECHO y para evitar que prevalezcan algunas posiciones presentes en el seno del Consejo, que está dividido en estos puntos. 
En el seno del Consejo, alguien sostiene que deberíamos reducir la actuación de ECHO; sin embargo, yo pienso exactamente lo contrario. 
Y una última observación, señor Presidente: ECHO no puede ser considerado por alguna agencia internacional u organización no gubernamental como un servicio de cajero automático, a través del cual se toma el dinero sin decir a los beneficiarios de dónde procede. 
Es necesario informar a la opinión pública europea y a los beneficiarios sobre esta extraordinaria intervención de ECHO. 
Por esto hemos propuesto que- espero que el Comisario Patten, que en este momento no me está escuchando, tome en cuenta seriamente esta propuesta- se lleve a cabo una campaña de información dirigida a las opiniones públicas de nuestros Estados, al objeto de que se sepa cómo se gasta nuestro dinero, nuestros recursos, y que dicha campaña no se financie con los fondos de ECHO, sino con unos fondos ad hoc. 
Señor Presidente, el ponente, nuestro colega Imbeni, ha realizado un trabajo excelente. 
No es necesario repetir nada. 
Quisiera problematizar y completar dos cuestiones. 
La primera tiene que ver con los principios. 
La acción humanitaria debe tener lugar con independencia de las causas de las respectivas catástrofes y con independencia de cualesquiera objetivos políticos. 
Su progresiva politización en los últimos años constituye un fenómeno inaceptable y, en último término, también inhumano. 
Pero, al mismo tiempo, es preciso decir que en el creciente número de catástrofes no se trata solamente de fenómenos naturales en los que no se puede influir. 
Esto no puede decirse, sin más, de las guerras en las que, por ejemplo, ha de prestarse ayuda humanitaria a través de ECHO. 
Cada vez más catástrofes naturales tienen que ver con el hecho de que cada vez explotamos con más intensidad la ecosfera y la biosfera globales. 
El grupo interestatal para los cambios climáticos, IPCC, de las Naciones Unidas, ha informado, por ejemplo, que ya cabe constatar una influencia clara del hombre sobre el clima global. 
Por consiguiente, en mi opinión, nuestros conceptos de la gestión de crisis deberían cobrar también una dimensión político-social y deberían ser integrados en la política de desarrollo y, por ejemplo, en la estrategia político-económica. 
En caso contrario, corregiremos repetidas veces sólo las consecuencias de nuestra propia política y, sobre todo, las personas de los países del sur sufrirán las catástrofes causadas por nosotros. 
El segundo problema está directamente interrelacionado con esto y, ciertamente, es de índole muy práctica. 
Quiero hacer un llamamiento a la Comisión para que vincule más estrechamente en el plano conceptual, organizativo y operativo la ayuda humanitaria con la política de desarrollo, incluso aunque no se hubiera solucionado ya el problema, tan amplio que acabamos de mencionar. 
Sobre esto existen ya planteamientos por parte de la Comisión que, sin embargo, en mi opinión, deberían ser fuertemente reforzados y desburocratizados. 
En este sentido es ejemplar, en mi opinión, el concepto de la ayuda asistencial orientada al desarrollo que intenta poner en práctica la Sociedad para la Cooperación Técnica. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi admiración y mi especial reconocimiento a nuestro colega, el Sr. Imbeni, como autor de este informe. 
Constituye un informe excelente que señala también los puntos de crítica más esenciales y expone planteamientos encaminados a garantizar en el futuro un trabajo significativo de ECHO. 
Ahora bien, desde 1992 tenemos esta Oficina para la ayuda humanitaria en la UE y los dos informes de análisis que le sirven de base, incluso al informe de la Comisión, contienen ante todo un gran elogio para ECHO en lo que respecta a la actividad desarrollada hasta ahora, pero, por otro lado señalan también algunas graves deficiencias. 
Aunque cabe considerar de manera muy positiva la valoración de este trabajo de ECHO en lo que respecta a su eficacia, en comparación con los costes, la que se ha denominado zona gris se sitúa en la época que sigue inmediatamente a los acontecimientos que desencadenaron la ayuda. 
Esta no puede analizarse mediante criterios exactos ni proporciona las claves ni las instrucciones precisas para las futuras tareas de ECHO. 
Por consiguiente, en mi opinión, es preciso intensificar prioritariamente la ayuda y la planificación en caso de catástrofes. 
A este propósito es preciso afirmar que el instrumento actual, DIPECHO, como planteamiento regional, representa un posible planteamiento de solución. 
No obstante, hay que lamentar, al mismo tiempo, la ausencia de instrumentos alternativos, suficientemente flexibles, en el seno de la Comisión. 
La Comisión debe presentar una estrategia clara relativa al papel que ha de desempeñar la ayuda humanitaria que ha de prestar ECHO en el marco de la política exterior y de desarrollo. 
ECHO, en cuanto equipo de planificación, no dispone de la dotación de personal que se requiere para esta tarea. 
De esta manera, el volumen de personal se sitúa por debajo del nivel que es usual en los otros servicios de la Comisión y, sobre todo, por debajo de la dotación de las administraciones nacionales, las cuales, como es sabido, invierten notablemente menos en la prevención de las crisis. 
Por consiguiente, en este punto es preciso- pongan atención- cuatriplicar, al menos, la partida actual de 7,5 millones de euros para poder desarrollar un trabajo eficaz. 
Es especialmente lamentable- y a esto se acaba de referir también nuestro colega, el Sr. Imbeni- que ante la opinión pública no se muestren suficientemente como una ayuda de la Unión Europea el diseño y la realización de los proyectos a través de socios, de los cuales un 56% son organizaciones no gubernamentales. 
En este punto existe, en mi opinión, una enorme necesidad de acción en el futuro. 
La opinión pública debe ser informada, pero, por favor, no con recursos que estén directamente destinados a ECHO. 
En este punto deberíamos seguir buscando las partidas positivas y demandar la información a la opinión pública a partir de otros recursos. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar al compañero Renzo Imbeni porque creo que ha elaborado un informe espléndido y que, ya cuando lo debatimos en comisión, estábamos totalmente de acuerdo con las propuestas que nos hacía. 
El Grupo Socialista considera que la política de ayuda debe ser el buque insignia de las actividades exteriores de la Unión Europea en la medida en que refleja las ideas que deben inspirar la construcción de la Unión Europea, es decir, la solidaridad y la cohesión a nivel global. 
En estos tiempos de reforma de la Comisión, en los que se cuestionan muchas de las políticas y procedimientos comunitarios, la ayuda humanitaria ha sido evaluada positivamente por distintas instancias y, desde luego, a nivel político, por parte del Parlamento. 
Es verdad que la ayuda humanitaria ha tenido muchísimas críticas. 
Pero nosotros, que hemos visto y evaluado lo que ha hecho ECHO, creemos que su labor ha sido muy positiva. 
Sirva por lo tanto este informe para ratificar el principio de la ayuda humanitaria como un derecho de los pueblos sumidos en catástrofes y una obligación de la comunidad internacional, de la que es protagonista, cuantitativa y cualitativamente, la Unión Europea. 
No obstante, y con vistas al futuro, es preciso hacer algunos avances. 
En primer lugar, la superación de la llamada "zona gris" que ya se ha citado anteriormente aquí, es decir, el interregno entre el fin de la ayuda de emergencia y el inicio de las acciones de rehabilitación y desarrollo. 
Mientras siga esta "zona gris" en que nadie se hace administrativamente responsable, habrá poblaciones desasistidas sin más razón que la falta de coordinación interna en el seno de la Comisión. 
Lo hemos visto en el caso de Mozambique y en otras catástrofes. 
Ha llegado la ayuda humanitaria, pero no ha continuado durante dicho interregno, para la rehabilitación y la cooperación al desarrollo. 
La coordinación dentro de la Comisión y la complementariedad con los Estados miembros y otros donantes son factores fundamentales de la eficacia que persigue la reforma. 
En segundo lugar, es urgente el aumento de personal dedicado a las actividades de ayuda humanitaria. 
La importancia de la labor de ECHO no es proporcional con el número de su personal. 
En tercer lugar- y esto está estrechamente relacionado con el punto anterior -, el presupuesto para ayuda humanitaria tiene que aumentar proporcionalmente a la importancia política y a los objetivos reales que pretendamos alcanzar y que se pueden calcular en lo más importante: en vidas humanas. 
En este sentido, las propuestas presupuestarias de la Comisión y del Consejo están muy lejos de lo que entendemos que son las necesidades humanitarias. 
Por último, la descentralización y la fluidez de las relaciones con los agentes de la ayuda humanitaria, fundamentalmente con las ONG, debe intentar mejorarse cada día más. 
Se ha citado antes aquí un instrumento, DIPECHO, que es la preparación operativa en situaciones de catástrofe. 
Creemos que es fundamental que, cuando llegue una catástrofe humanitaria, natural o producida por el hombre, haya instrumentos ya preparados. 
Y en ese sentido insistimos en la importancia de DIPECHO. 
El Grupo Socialista apoya los principios que rigen la ayuda humanitaria y el futuro de la misma en los términos que he citado anteriormente. 
No creemos que ésta deba convertirse en una política testimonial, sino en una bandera, junto con la cooperación al desarrollo, de la proyección exterior de la Unión Europea. 
El compañero Renzo Imbeni ha dicho antes- no sé si el Comisario, que estaba hablando en ese momento, ha oído lo que él ha dicho, pero me parece muy importante- que debe hacerse una campaña de sensibilización sobre lo que significa la ayuda humanitaria, sobre lo que significa para nosotros, la Unión Europea, esta ayuda humanitaria, y ha dicho también que los gastos de esa campaña no deben realizarse con el dinero destinado a la ayuda humanitaria. 
Creo que ese punto, objeto de una enmienda que se ha presentado en la tarde de hoy, es importante y merece nuestro apoyo. 
¿Qué es más importante que la ayuda humanitaria de urgencia? 
Salvar muchas vidas humanas mediante una actuación rápida y eficaz, poner a disposición de forma inmediata el dinero y encargarse de que éste sea empleado de forma adecuada, sin consideraciones políticas, sin papeleo burocrático. 
Naturalmente ahí se encuentra una de las importantes tareas de la Unión Europea. 
Aún más, ésta puede y debe desempeñar en este asunto un papel principal, vista su plusvalía respecto de los estados individualmente. 
ECHO debe convertirse en la plataforma coordinadora central para todos los Estados miembros. Para ello se la debe equipar de tal manera que pueda funcionar de forma óptima, porque se trata de la vida o la muerte; por ello sólo lo mejor de lo mejor es suficiente. 
Esto significa un aumento y mejora de la capacidad personal, la descentralización de competencias, la formulación de metas mensurables y la ejecución de un control sistemático sobre los resultados y continuar aprendiendo de los errores cometidos, y, sobre todo, también una mejor coordinación con los otros servicios de la Comisión y de los Estados miembros. 
Para movilizar el apoyo público necesario para la ayuda de urgencia es bueno dar a conocer qué hace Europa y por qué. 
Mayor apertura significa además un estímulo extra para cumplir con las mayores exigencias. 
La ayuda de urgencia, la recuperación y el desarrollo están relacionados entre sí como la semilla, el tallo y las hojas de una planta; cada uno resulta de forma natural del otro. 
Y para la semilla, ECHO significa que no tiene por qué abordar ella sola la recuperación en su totalidad, sino adoptar todos los preparativos necesarios para ella. 
Para las fases de recuperación y desarrollo, la Comisión debe elevar a un nivel aceptable su propio personal y disminuir radicalmente los procedimientos con toda velocidad. 
Esto ya se ha dicho esta jornada repetidas veces. 
Sólo entonces podrá Europa hacer de la necesidad virtud. 
Señor Presidente, en cualquier parte del mundo la ayuda humanitaria gana a la ayuda al desarrollo. 
Incluso aquí, la DG de Relaciones Exteriores poco a poco se hace cargo de los asuntos que dependían de la DG de Desarrollo, viniendo a paliar la ayuda humanitaria los fracasos de la política exterior. 
Ahora bien, no se trata solamente de ayudar, sino más bien de reequilibrar la utilización de los recursos naturales entre todos los habitantes del planeta. 
Lamentablemente, la ayuda humanitaria no puede jugar este papel y no debe ser sólo el garante de una política liberal que asesina también a la población de los países a los que se ayuda. 
El desarrollo sostenible está casi ausente de la política humanitaria de la Unión Europea, hay poca preparación para las catástrofes naturales y ninguna prevención de conflictos. 
Una formación regular sobre problemas sísmicos o inundaciones así como sobre la no violencia sería bien recibida en numerosas regiones del mundo. 
En su lugar, la Unión Europea reacciona siempre demasiado tarde, cuando la catástrofe se ha producido. 
Esta falta de planificación se encuentra también en los programas de ayuda sanitaria y nutricional; el asunto de los tipos está igualmente olvidado. 
Falta normalmente un lazo de unión entre política humanitaria y desarrollo. Sin embargo es esencial. 
Para nosotros no se trata exactamente de paliar lo estrictamente necesario, sino de prevenir los efectos de estas catástrofes y, en primer lugar, su efecto amplificador, la pobreza. 
Deseamos que se creen puestos transversales para conectar ECHO y la DG de Desarrollo. 
Así, éstos podrían gestionar la colaboración con los demás organismos mundiales encargados de la ayuda humanitaria, comenzando por los de los Estados miembros, pues su coordinación es sumamente deficiente. 
Nos parece igualmente importante que los gastos de funcionamiento y de evaluación no sobrepasen el 20% del presupuesto de ECHO. 
Es necesario también que los pagos sean más rápidos. 
Venezuela espera desde el pasado diciembre las ayudas prometidas. 
Aunque globalmente estemos satisfechos de la política humanitaria de la Unión Europea y aprobemos globalmente el informe del Sr. Imbeni, ésta debería inscribirse más ampliamente en un marco de desarrollo duradero. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones al Sr. Imbeni por este excelente informe. 
Como él, yo también creo que ECHO ha sido y puede seguir siendo un magnífico instrumento de actuación en las crisis humanitarias del planeta, actuación que debe ser cada vez más visible y constituir cada vez más uno de los distintivos de la acción de la Unión Europea. 
Lo fue- permítanme recordarlo- años atrás, cuando el Colegio tenía un Comisario ad hoc para ECHO. 
Por lo tanto, considero que este nuevo examen que trata de mejorar su imagen, es justo y necesario y es en gran parte el objetivo del excelente informe Imbeni, al que he presentado dos enmiendas estrictamente técnicas que se refieren en particular al problema de la visibilidad. 
Es preciso reforzar, potenciar y, me atrevo a decir, dotar de fondos independientes esta capacidad de la Unión Europea de marcar la acción de ECHO que, por ejemplo, nadie sabe que contribuye en más del 50% al presupuesto del Alto Comisionado para los Refugiados. 
En consecuencia, espero que la Comisión preste gran atención a las sugerencias del Parlamento y que tenga diligentemente en cuenta el informe Imbeni en la próxima revisión, al objeto de que ECHO sea cada vez más útil y eficaz en sus acciones en favor de las zonas y de los pueblos más desfavorecidos. 
Tenga la seguridad, Comisario Patten, que se trata de un informe que para el Parlamento tiene la máxima importancia. 
En la Comisión de Desarrollo hemos dedicado mucho tiempo a las políticas de ayuda humanitaria y sabe usted que en esta cuestión, en general, tendrá siempre nuestro respaldo. 
En primer lugar, hoy debo rendir homenaje de gratitud a los funcionarios de ECHO y al personal de las ONG que, en condiciones de extrema precariedad, cuando todo falla sobre el terreno, son los primeros, los más abnegados, y con frecuencia los únicos en prestar la indispensable ayuda humanitaria. 
Debo recordar hoy que en Rwanda, en Kosovo, en Mozambique, en Centroamérica, el sacrificio, a veces de su vida, de nuestros cooperantes, ha escrito alguna de las más hemosas páginas de la Unión Europea. 
En el escaso tiempo que tengo para esta intervención debo añadir que coincido con el informe Imbeni y que, especialmente, quiero destacar las siguientes cuestiones. 
Es preciso, como se ha dicho, clarificar el denominado dilema de la "zona gris", es preciso aclarar los procedimientos y, a veces, el fundamento jurídico y la responsabilidad de cada uno, para hacer más eficiente la gestión de ECHO. 
Ya he aludido al problema de los recursos humanos, así como al problema de la visibilidad, siendo necesario aclarar los objetivos. 
En algunos casos, por ejemplo en Cuba- usted lo sabe, señor Comisario- bajo la vitola de ayuda humanitaria se ejecutan programas que no son tal cosa, sino simplemente una forma de cooperación encubierta por razones, a veces, de "solidaridad ideológica" con el régimen de Castro. 
Es necesario de cara al futuro mejorar la gestión, incrementar la cooperación con nuestros socios, perfeccionar la complementariedad con las acciones llevadas a cabo por los esfuerzos de los Estados miembros y, en definitiva, enmarcar las actuaciones de ayuda humanitaria de la Unión Europea en la estrategia global de nuestras políticas de cooperación. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría empezar diciendo que apruebo sin reservas el informe altamente constructivo del Sr. Imbeni. 
Es un trabajo excelente y tanto mi colega, el Comisario Nielson, como yo estamos encantados con los argumentos que recoge. 
Estamos encantados por la gran acogida que ha recibido la comunicación de la Comisión sobre su valoración y sus planes futuros de actividades humanitarias de la Comunidad. 
Muchas felicitaciones a su señoría. 
La ayuda humanitaria, como ya han dicho varios diputados, es una faceta tremendamente importante de la identidad exterior de la Unión Europea. 
Soy el primero en reconocer que tenemos mucho que hacer para mejorar nuestro rendimiento. 
Pero también es importante que reconozcamos el enorme bien que hace nuestra ayuda, día a día, a menudo en circunstancias extremadamente difíciles, a menudo en situaciones también muy difíciles en el otro lado del mundo. 
A pesar de los fallos- y tenemos la responsabilidad intentar corregirlos- permítanme que rinda homenaje a lo que se ha conseguido y a lo que se está consiguiendo con la ayuda de la Unión Europea y con el apoyo generoso de los contribuyentes europeos. 
Somos los que más asistencia humanitaria aportan en el mundo y es importante que de vez en cuando lo recordemos. 
Agradecemos mucho el apoyo del Parlamento a las reformas que pretendemos. 
Gran parte de la estrategia nos propone sus señorías concuerda, va de la mano, con lo que ya nosotros queríamos hacer. 
Quisiera resaltar que a pesar de que a todos nos gustaría hacer mucho más, tenemos que centrar nuestra acción, dados los muy limitados recursos de que disponemos, en hacer bien lo que ya estamos haciendo. 
En este sentido la Comisión ha decidido centrar las intervenciones de ECHO sobre la base de una definición del término "humanitaria" que es, a mi juicio, generosa y flexible pero no infinitamente elástica. 
Nosotros creemos que sería equivocado sobrecargar a ECHO con un número de tareas cada vez mayor simplemente por razones de facilidad administrativa. 
Tanto el Comisario Nielson como yo queremos ayudar a los países y a las personas en las situaciones de emergencia. 
Pero también quisiéramos ayudarles a salir de las situaciones de emergencia para que puedan valerse por sí mismos lo más rápidamente posible. 
Esto lo lograremos mediante estrategias por país que aúnen los distintos tipos de ayuda, de emergencia, al desarrollo, etcétera, lo más rápidamente posible. 
Ése es, en mi opinión, el mejor tipo de asistencia y el uso más adecuado del dinero de nuestros contribuyentes. 
Permítanme añadir que no pretendemos hacer de ECHO un departamento operativo que se encargue de la ayuda desde la planificación de contingencias hasta la distribución en el terreno. 
No es ahí, ni nunca lo ha sido, donde residen los puntos fuertes de ECHO. 
Un enfoque de este tipo sería ineficaz y menoscabaría las muchas ventajas del enfoque de cooperación de ECHO que le permite, como se ha dicho, poner los fondos rápidamente a disposición de aquéllos que más los necesitan. 
El enfoque de cooperación permite también una verdadera implicación de la sociedad civil al inicio de las operaciones de ayuda, algo cuyo valor ha quedado demostrado una y otra vez. 
Vamos a seguir eligiendo socios basándonos en su eficacia y en los socios disponibles para la tarea en cuestión y teniendo en cuenta, por supuesto, sus distintas ventajas comparativas y los papeles que pueden desempeñar. 
El sector de las ONGs es un canal extremadamente importante pero las Naciones Unidas y la Cruz Roja son también socios valiosos. 
Gracias a este enfoque mixto de la cooperación cuando sea necesario, seremos capaces de enviar mensajes específicos a los diferentes foros políticos. 
El Sr. Imbeni se ha referido a la importante cuestión de la visibilidad. 
Eso es importante. 
Queremos que los votantes y los contribuyentes europeos sepan lo que se está haciendo con su dinero y en su nombre. 
Hemos previsto una encuesta del Eurobarómetro para medir los niveles de conocimiento de ECHO en los Estados miembros y, sobre la base de esa encuesta, que, por supuesto, nos gustaría analizar junto a su señoría y los demás diputados, podremos desarrollar formas adecuadas de aumentar el conocimiento al que se refería su señoría. 
La ayuda humanitaria que ofrecemos seguirá rigiéndose por los principios de imparcialidad y no-discriminación establecidos en nuestro reglamento y aceptados por la comunidad humanitaria en todo el mundo. 
Constituye un elemento de nuestra entidad exterior el demostrar que Europa puede actuar en todo el mundo con una sola voz y que puede cambiar las cosas sobre el terreno. 
En tanto que la mayor fuente de financiación de la ayuda humanitaria del mundo, como he dicho antes, la Unión Europea tiene la responsabilidad no sólo de ser la mayor en cuanto a cantidad sino en cuanto a resultados. 
Ese es nuestro objetivo claro y ambicioso. 
Me gustaría finalizar con una sola reflexión. 
Yo no soy completamente nuevo en el debate sobre estas cuestiones. 
Hace diez años fui ministro de desarrollo en el país que mejor conozco, como se suele decir, y era el responsable, entre otras cosas, de la asistencia humanitaria. 
Lo que más me ha deprimido de la escena internacional a lo largo de los años es que, en la práctica, nuestra capacidad para hacer llegar la ayuda humanitaria rápidamente en las circunstancias más difíciles ha aumentado mucho más que nuestra capacidad para prevenir que esa misma asistencia humanitaria tenga que ser necesaria. 
Eso plantea importantes cuestiones políticas y medioambientales sobre temas como el de la intervención humanitaria que van a dominar gran parte de la agenda de la política exterior en los próximos años. 
Pero, entretanto, debemos hacer más eficaz nuestra ayuda humanitaria. 
El informe de su señoría contribuirá de manera significativa a este fin. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
(Se suspende la sesión a las 21.15 horas) 
Bienvenida 
Señorías, permítanme que dé la bienvenida esta mañana a un grupo de concejales del Ayuntamiento de Málaga, presentes en la tribuna de invitados. 
Entre ellos se encuentran la esposa y la hija de José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular en Málaga, asesinado por ETA el pasado 15 de julio. 
Señoras, quisiera decirles que su presencia en el día de hoy aquí, entre nosotros, es una demostración de valentía frente a la terrible prueba que han vivido, más dramática en la medida en que ustedes mismas fueron testigos de este asesinato odioso. 
Debo manifestarles, con toda sinceridad, nuestra simpatía más cordial. 
Saben que en el día de ayer este Parlamento rindió un homenaje a las víctimas del terrorismo en España y guardamos un minuto de silencio en su memoria. 
Quisiera decirles que cuentan ustedes con el apoyo total del Parlamento Europeo en esta lucha para que el terrorismo en España llegue a su fin. 
Señora Presidenta, una vez más tenemos que lamentar que en Europa todavía hay algunos que asesinan a otros por pensar de distinta forma, que incendian las casas de sus adversarios políticos. 
Hay algunos que obligan a que muchos tengan que emigrar para preservar su vida y la de sus familias. 
Frente a eso, en un Estado de derecho, los demócratas sólo podemos unirnos para defender nuestro régimen de libertades frente a la tiranía del terror y confiar en la acción de la justicia. 
Lo más difícil, queridos colegas, señora Presidenta, es explicarles a las viudas, a los niños que quedan huérfanos, por qué se ha ido el ser querido. 
Para vosotras, Elvira, María José, sólo nos queda ofreceros nuestra solidaridad. 
Señora Presidenta, una vez más, en sus palabras de ayer y de hoy, ha estado usted a la altura de su función representativa y de su calidad humana, y yo se lo agradezco en nombre del Grupo Socialista. 
Efectivamente, acabamos de dedicar nuestro aplauso emocionado a una de las víctimas, José María Martín Carpena, a quien le han quitado la vida por el único delito de vivir y de trabajar en un país pacífico y democrático. 
A la emoción que todo o casi todo ser humano siente y a la indignación que todo demócrata siente añado yo, en este caso, una emoción muy especial. 
Durante dieciséis años he tenido el honor de ser alcalde de la misma ciudad a la que Martín Carpena dedicó su vida y de presidir el mismo Ayuntamiento en el que trabajó Martín Carpena. 
Conozco muy bien la grandeza del trabajo de todo concejal. 
A la modestia de la compensación humana, política y económica que recibe se añade la generosidad del tiempo y la dedicación de una vida a los intereses generales. 
Y así se había ganado el cariño de todos los malagueños Martín Carpena. 
Señora Presidenta, como usted sabe, como ayer pudimos comprobar, hay grupos en el País Vasco que apoyan el terrorismo. 
Con una retórica nazi, plantean para territorios, hoy españoles y franceses, objetivos étnicos y políticos que dejan atrás a la Albania de los años 60 y hacen campañas en países de la Unión Europea. 
Yo recuerdo a los señores diputados que si los totalitarismos terroristas de los años 20 y 30 en Europa se hubieran desarrollado en el seno de una unión política basada en la democracia y en los derechos humanos, no hubieran sido posibles. 
Yo recuerdo, por tanto, que cuando todas las instituciones sociales y mediáticas de Europa reaccionen con la valentía de este Parlamento y cuando las quince opiniones públicas sientan lo mismo ante los atentados de ETA, el terrorismo estará próximo a su fin. 
Así que, señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista, mi más emocionado homenaje a la memoria de Martín Carpena y mi afecto, también, a los familiares y compañeros del concejal asesinado. 
Señora Presidenta, la presencia del grupo de concejales de Málaga y, en particular, la presencia de la viuda de Martín Carpena es uno de los elementos que nos puede devolver la esperanza que ETA quiere ahogar, quiere matar. 
Creo que su presencia, sin duda, es uno de los elementos que nos permite creer que el pueblo vasco puede recuperar su capacidad de diálogo y puede recuperar la paz. 
Es difícil evidentemente- aunque repetimos palabras y este Parlamento hoy y ayer ha adoptado su posición- que las palabras sigan teniendo valor. 
Es importante que lo sigan teniendo. 
Es importante que su presencia en nuestras palabras tenga la firmeza suficiente para estar a la altura de su coraje y que nuestra posición y nuestras palabras compartan su dolor. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Reformistas quiere manifestar su esperanza de que la paz pueda volver al pueblo vasco. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea quiero también rendir homenaje de admiración y de agradecimiento a la memoria del concejal Martín Carpena, a sus familiares, su hija, su esposa, a sus amigos y, a través de ellos, a todas las familias de esas personas que en cumplimiento de su deber han perdido la vida ante la agresión terrorista. 
Quisiera decirles a estos familiares y amigos del concejal Martín Carpena que el sacrificio del concejal no ha sido inútil, que ellos están en primera línea con coraje, con valentía, en defensa de la democracia, no solamente en el País Vasco y en España, sino también en Europa. 
Es necesario defender democráticamente las primeras trincheras de la democracia. 
Hay que tener en cuenta el extraordinario valor que se necesita para, en nombre del pueblo, como elegidos del pueblo, estar defendiendo todos los días, rodeados de peligros, de coacciones y de amenazas, los valores democráticos. 
No son sólo concejales, también han muerto asesinados servidores de las fuerzas de seguridad, de la democracia, representantes sociales, de sindicatos, de empresarios, pero tiene una especial perversidad matar, acorralar o perseguir a los que gozan de la confianza del pueblo. 
No se puede dar mayor contradicción. 
Por eso hoy nos reafirmamos todos los Grupos políticos, sin fronteras entre nosotros, en la defensa de la democracia y en agradecer a estos amigos y familiares de personas como Martín Carpena el testimonio que nos dan. 
Nos va a comprometer en el futuro en la lucha por la democracia y la libertad. 
Estén seguros de que el sacrificio de Martín Carpena no ha sido inútil. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo parlamentario de los Verdes y de la Alianza Libre Europea me gustaría sumarme a sus palabras expresando nuestro pésame y admiración, pero sobre todo nuestra condolencia con la familia de Martín Carpena. 
Cualquier atentado en Europa contra inocentes es un atentado contra Europa misma, contra nuestros valores democráticos, contra la convicción de que se pueden encontrar los cambios necesarios por medios pacíficos y tolerantes para que la gente viva mejor en nuestros sistemas. 
Por lo tanto, espero que colaboremos en todos los países con mayor fuerza aún que antes para encontrar estas vías de la paz y del diálogo y que nadie intente sacar provecho político de los atentados. 
Señora, familia, amigos, gente de Málaga y gente de tantos otros lugares donde ha habido ya más de mil víctimas mortales, compartimos sus sentimientos y ante todo queremos que se ponga fin al terror. 
Por eso no queremos que haya polarización sino que los que se esfuerzan por los cambios pacíficos se encuentren en la mesa de las negociaciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio. 
Como saben todos ustedes, se trata de un debate que tiene hoy un carácter bastante excepcional ya que irá seguido directamente por las alocuciones del Presidente del Knesset y del Presidente del Consejo Legislativo palestino, que se encuentran aquí en Estrasburgo, y van a acceder en unos instantes a estas tribunas. 
Los saludaré cuando lleguen y, como saben ustedes, a las 11.30 horas vendrán a manifestarse en la sesión oficialmente. 
. 
(FR) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores diputados, quisiera, en primer lugar, después de usted, señora Presidenta, y después de los oradores de cada Grupo, sumarme a la simpatía y a la emoción del Consejo, en su condena del terrorismo. 
Se trata de un tema que abordamos en nuestra reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores el sábado y el domingo en Evian. 
A los habitantes de Málaga, a la viuda del señor Carpena, deseo asegurarles que la Unión Europea tiene la intención de actuar contra esa lacra del terrorismo, que amenaza de forma real a nuestras democracias. 
Nos encontramos, efectivamente, en vísperas de plazos decisivos para los pueblos de la región con la posibilidad verdadera, por primera vez, de ver que concluye medio siglo de conflictos israelo-palestinos, pero también con el riesgo, si esta esperanza se desvaneciera, de ver resurgir de nuevo la violencia. 
El hecho de que los presidentes del Knesset, Sr. Abraham Burg, y del Consejo Legislativo palestino, Sr. Ahmed Qurie, hayan aceptado venir juntos para intervenir en el día de hoy ante el Parlamento Europeo, en respuesta a su invitación, señora Presidenta, ilustra la voluntad de paz y de diálogo que anima a las dos partes. Igualmente, veo en esta actuación sin precedentes, que yo sepa, un signo de reconocimiento a los esfuerzos realizados por la Unión Europea para favorecer la emergencia de la paz, reconocimiento que se acompaña también de unas enormes expectativas con respecto a Europa. 
Me esforzaré ahora por comunicarles el análisis que hacemos de los últimos progresos de la situación en la región y perspectivas del proceso de paz. 
El acuerdo de Charm-el-Cheikh, firmado el 4 de septiembre de 1999, inauguró una nueva fase del proceso de paz que rompía un largo período de inmovilismo, incluso de retroceso. 
Definió las modalidades de aplicación de las cláusulas del acuerdo de Wye River, hasta entonces inaplicadas. 
Diría en primer lugar que el acuerdo de Charm-el-Cheikh ha podido aplicarse en sus principales disposiciones, aunque a menudo con retraso con respecto al calendario fijado. La segunda redistribución concluyó así el 24 de marzo de 2000, es decir, algo más de dos meses después del plazo previsto. 
Varios cientos de prisioneros han podido ser liberados, pero el balance aún no es totalmente satisfactorio. Otras disposiciones han sido aplicadas, aunque de forma imperfecta. 
Únicamente, se ha abierto de forma efectiva uno de los dos corredores previstos entre Gaza y Cisjordania. Las actividades de colonización y expropiación de tierras en Cisjordania han continuado, violando el acuerdo de Charm-el-Cheikh que prohibía cualquier medida unilateral destinada a modificar la situación sobre el terreno. 
Estas dificultades, que se combinan con una situación económica y social deprimida, han contribuido ampliamente al mantenimiento de una fuerte tensión en los territorios que, en muchas ocasiones, ha degenerado en violentos incidentes. 
El alejamiento de las posiciones iniciales de las partes ha podido dar la sensación de que era aún demasiado pronto para esperar compromisos, y fue esta situación la que provocó la reciente cumbre de Camp David que, si bien no permitió llegar al acuerdo deseado, abrió nuevas perspectivas sobre la totalidad de las cuestiones del estatuto final y en este sentido no podemos considerarlo como un fracaso. 
Este resultado, inesperado hace apenas unos meses, no hubiera sido posible, sin duda, sin el compromiso personal del Presidente Clinton y de la Sra. Albright. 
Los progresos conseguidos deben mucho a su determinación de hacer que converjan los puntos de vista y de hacer que progresen las negociaciones. 
Por supuesto, se deben también, y principalmente, a la valentía política, al sentido de la responsabilidad y al compromiso en favor de la paz que han mostrado el Presidente de la Autoridad palestina y el Primer Ministro israelí. 
Por primera vez, en efecto, debatieron sin tabúes sobre todas las cuestiones que dependen del estatuto permanente, no dudando, ni uno ni otro, en avanzar, en flexibilizar las posiciones de principio presentadas hasta entonces como inamovibles. 
Es cierto que los debates no han llegado a una conclusión, lo sabemos, y ninguno de los avances realizados debería, naturalmente, a falta de un acuerdo global, considerarse como definitivo en aplicación de la regla diplomática que dice que no hay acuerdo sobre nada hasta tanto no haya acuerdo sobre todo. 
Si bien la paz en Oriente Medio está ahora a la vista, no está sin embargo lograda. 
Los progresos realizados en Camp David deberán consolidarse y son necesarios avances de última hora, en especial sobre la cuestión de Jerusalén, de los refugiados, y sobre todo de los lugares santos. 
No dudamos de que es posible una solución que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones de cada parte y del resto del mundo, y esto incluye los lugares santos. 
Por tanto hay una oportunidad histórica. 
Nos encontramos en una coyuntura especialmente favorable. 
El Primer Ministro israelí, que fue elegido con un programa de paz, desea un acuerdo, y tiene tanto interés en conseguirlo como el Presidente Arafat, que sigue fiel a la decisión que adoptó de comprometerse en el proceso de Oslo. 
Por su parte, el Presidente Clinton está más decidido que nunca a poner sobre la mesa toda su influencia y la de su país para favorecer, antes de la conclusión de su mandato- por tanto de aquí a final de año- una conclusión positiva a las negociaciones. 
Esta ventana de oportunidad, bastante excepcional, podría sin embargo- hemos de tener cuidado- cerrarse muy pronto. 
Las elecciones americanas se aproximan, al igual que el reinicio del curso parlamentario israelí, y sabemos que pueden ser delicados. 
En cuanto al plazo del 13 de septiembre, fijado por el acuerdo de Charm-el-Cheikh para la conclusión de las negociaciones sobre el estatuto final, no podrá posponerse indefinidamente sin que se produzcan progresos tangibles y perspectivas de una próxima conclusión en las negociaciones. 
Esta ocasión excepcional no debe por tanto ocultarse. 
Para que se concrete la esperanza suscitada por Camp David, es importante en primer lugar que las partes sigan movilizadas y que continúen dando prueba del mismo compromiso y de la misma voluntad que han demostrado hasta el momento. 
Sus dirigentes han de asumir decisiones difíciles para ellos, y valientes. 
En ese contexto, ha de hacerse todo lo posible para incitar a las partes a perseverar sin descanso en la actuación que iniciaron con vistas a la conclusión de un acuerdo global y definitivo. 
En este contexto, la Unión Europea está dispuesta a implicarse plenamente para garantizar el éxito de los esfuerzos realizados. 
Su función, que ésta considera que realiza de forma activa y útil, se conjuga en varios registros: estímulo a ambas partes, contribución a la búsqueda de soluciones, apoyo a la aplicación de los acuerdos. 
Mediante el diálogo político, estrecho y regular que mantiene con la totalidad de las partes de la región, la Unión no deja nunca de recordar la legalidad internacional, la preocupación por ver que se aplican las resoluciones de las Naciones Unidas y los principios fundamentales que guían el proceso de paz así como su voluntad de alentar a las partes a progresar en la vía de la paz. 
Señora Presidenta, ha podido constatar con ocasión del viaje que realizó a Oriente Próximo a principios de este año, hasta qué punto las posiciones europeas son oídas y esperadas, escrutadas, diseccionadas, juzgadas, unas veces como demasiado tímidas, otras al contrario, demasiado atrevidas o inoportunas pero, en general, constructivas y equilibradas. 
Ha podido constatar también hasta qué punto las expectativas con respecto a Europa siguen siendo importantes. 
Fue esta preocupación de reafirmar el papel de Europa y de responder a las expectativas de las partes la que presidió la designación de un enviado especial de la Unión Europea desde 1996. 
El embajador Moratinos- a quien saludo y que asume esta función desde hace cuatro años- ha conseguido poner rostro a Europa en Oriente Próximo desarrollando contactos diarios con la totalidad de los dirigentes de la región. 
Esta función de apoyo, de coadyuvante y de intermediario, complementaria de la de Estados Unidos, se duplica en una contribución a la reflexión colectiva para imaginar nuevas soluciones, romper algunos tabúes o proponer compromisos. 
La declaración de Berlín de 1999, al igual que la de Venecia de 1980, traducen una destacable unidad de puntos de vista de los socios europeos y constituyen textos de referencia que han contribuido- estoy seguro- a abrir la vía a compromisos históricos entre israelíes y palestinos. 
Europa, finalmente, ha desarrollado una política de cooperación con todos los países de Oriente Próximo orientada a crear las condiciones para un desarrollo económico y social armonioso reforzando la integración regional, que es la condición para el anclaje duradero de la paz. 
Sabemos que se garantiza así cerca de la mitad de los compromisos financieros de la ayuda internacional al territorio palestino desde 1993. 
Naturalmente, sigue disponible, e insisto en este punto, para contribuir llegado el momento a la plena aplicación de los acuerdos concluidos. 
Aún es demasiado pronto para mencionar lo que podría ser un acuerdo sobre el estatuto permanente de los territorios palestinos que corresponderá definir, en todo caso, sólo a las partes mediante la negociación, único método admisible. 
Las conversaciones de Camp David dan sin embargo una primera idea de lo que podrían ser los contornos de un futuro acuerdo. 
Deseo decir que, en este contexto, el advenimiento de un Estado palestino es a nuestro juicio inevitable, a condición de que sea viable, pacífico y democrático. 
En ello va el derecho imprescriptible de los palestinos a la autodeterminación, y tengo la convicción de que constituye por otra parte la mejor garantía de seguridad para Israel. 
Este derecho a disponer de un Estado y, por consiguiente, a proclamarlo, no debería ser objeto de ningún veto. 
Sin embargo, como la Unión Europea ya ha señalado, su preferencia se orientaría claramente a la creación de un Estado palestino al término de un proceso de negociaciones concluido con éxito. 
Sin embargo, ésta no hace de ello- ustedes lo saben- una condición. 
Su posición sobre esta cuestión sigue siendo la expresada en la declaración de Berlín de marzo de 1999. 
Pero todos los esfuerzos mencionados en la fase actual comenzando por supuesto por los de las partes, han de tender a la conclusión de un acuerdo que está- repito- al alcance de la mano. 
Como han podido observar, los palestinos se preguntan hoy sobre la oportunidad, las condiciones y, ante todo, sobre el momento de la proclamación de su Estado con respecto a las evoluciones en curso. 
Los intercambios de puntos de vista entre los ministros de asuntos exteriores de los Quince, en la reciente reunión informal de Evian que mencioné hace unos momentos, han confirmado la validez del planteamiento europeo seguido hasta el momento en apoyo al proceso de paz. 
La urgencia que existe de abrir una brecha decisiva en el apartado israelo-palestino no debe sin embargo desviarnos de los demás apartados del proceso de paz, ya que éste forma un todo coherente. 
Requiere una solución global y duradera. 
Es indispensable un acuerdo israelo-palestino. 
Es vital, pero por sí mismo no puede garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Medio. 
Igualmente, ya es el momento, como ha señalado hace poco el Presidente de la República francesa, de que se retomen los hilos del debate entre Siria e Israel, sin que el statu quo esté en el interés de ninguno de los dos países. 
Por tanto se debería hacer todo para favorecer en la medida de lo posible la conclusión de un acuerdo entre Israel y Siria, así como entre Israel y Líbano. 
En este sentido, si bien en este momento la situación parece tener contrastes, existen sin embargo perspectivas. 
La retirada israelí del sur de Líbano el pasado 24 de mayo ha puesto fin a 22 años de ocupación y, por ende, ha creado lo que yo llamaría un "nuevo reparto de cartas". 
Esta retirada, certificada por el Secretario General de las Naciones Unidas ya el 16 de junio, constituye un elemento positivo por más de una razón. 
Ha señalado en primer lugar la aplicación, tardía sin duda pero sin embargo íntegra e incondicional, de la resolución 425 del Consejo de Seguridad. 
Ha representado por tanto en esta medida un avance incuestionable. 
Se ha desarrollado, además, en unas condiciones menos desfavorables de lo que podía esperarse y no se ha visto acompañada- algo muy importante- por el recrudecimiento de la violencia que podría temerse. 
Es preciso señalar aquí el sentido de la responsabilidad del que han dado prueba todas las partes. 
Hasta el momento, han podido superarse las dificultades y han podido aplicarse las disposiciones de la resolución 425. 
La cuestión de los asentamientos israelíes a lo largo de la línea azul ha podido solucionarse así tras dos años de dificultades. 
El Consejo de Seguridad adoptó, el 27 de julio, la resolución 1310 que prorroga el mandato de la FINUL por un nuevo periodo de seis meses. 
El Gobierno libanés concedió, el 5 de agosto, su acuerdo al despliegue de fuerzas en la antigua zona ocupada, y desde entonces la FINUL ha establecido una serie de puestos fijos en esta zona y ha tomado posiciones igualmente a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. 
Paralelamente, el Gobierno libanés procedió el 9 de agosto al despliegue, en la antigua zona ocupada, de una fuerza mixta de 1000 hombres, 500 militares y 500 policías, que tienen como misión mantener el orden público en el interior del territorio libanés, con exclusión sin embargo de cualquier misión de vigilancia de la frontera cuando era ésa su responsabilidad. 
El despliegue de la FINUL y el envío por parte del Gobierno libanés de una fuerza mixta de seguridad al sur constituyen a nuestro juicio hechos positivos. 
Pero la situación en la frontera con Israel sigue siendo frágil. 
De cuando en cuando se producen algunos incidentes relativamente menores a lo largo de la línea azul. 
En el interés de todas las partes está evitar cualquier incidente susceptible de provocar una escalada. 
Es importante en este sentido que el Gobierno libanés asuma todas sus responsabilidades con el fin de crear las condiciones necesarias para el pleno ejercicio del mandato por parte de la FINUL. 
La estabilización de la situación en el sur del Líbano pasa también por la recuperación de esta región que, sabemos, ha sufrido mucho por la ocupación y la guerra, así como por su reintegración en el espacio económico y social de Líbano. 
La Unión Europea está, naturalmente, dispuesta a tomar parte en la reconstrucción del sur del Líbano en el momento en que se produzcan las condiciones sobre el terreno. 
Desea manifestar de manera muy concreta su ayuda a este país con ocasión de la Conferencia de Donantes para la reconstrucción del sur del Líbano prevista para el otoño bajo nuestra presidencia. 
La retirada de Israel del sur del Líbano y el restablecimiento progresivo de la soberanía libanesa en la zona van también por el buen camino. 
Por otra parte, los cambios en curso en la región dejan entrever la posibilidad, tal como esperamos, de una evolución progresiva de las relaciones entre Siria y Líbano; la situación, en este caso también, no es menos frágil; sólo un acuerdo entre Israel y Siria, en aplicación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad y del principio de intercambio de paz por territorios podrá- estamos convencidos- instaurar en la región una paz justa y duradera. 
Sin duda, el contexto puede no parecer muy favorable- reconozcámoslo- para un reinicio de las negociaciones entre Siria e Israel, al menos a corto plazo. 
Las posiciones de las dos partes, que conocemos, siguen siendo en este sentido irreconciliables, aunque las diferencias parecen menos profundas que en muchos otros aspectos del conflicto israelo-palestino. 
Por otra parte, las agendas internas de los dirigentes israelíes y sirios parecen en lo inmediato acaparadas por otros desafíos políticos. 
Sin embargo, la decisión estratégica de la paz sigue por ambas partes y se ha visto reafirmada recientemente al más alto nivel. 
El Presidente Bashar Al Assad señaló con ocasión de su discurso de investidura, el 7 de julio, su diligencia por concluir un acuerdo con Israel, recordando que todo era negociable salvo la línea del 4 de junio de 1967. 
Ehud Barak, por su parte, ha invitado a Siria a concluir lo que él ha llamado la "paz de los valientes" -fórmula que para nosotros tiene sentido-. 
Sólo podemos esperar que en los próximos meses puedan retomarse los hilos de la negociación. 
La evolución reciente en la región, y concluyo, no sólo está vinculada a la del proceso de paz, aunque éste juegue un papel central. 
La integración regional, aunque aún muy insuficiente, progresa lenta pero regularmente. 
Se incluye especialmente en el marco más amplio del proceso euromediterráneo de Barcelona, que traduce la preocupación de la Unión Europea por desarrollar una estrategia global para esta región tan cercana y tan íntimamente vinculada a nosotros. 
Se está creando una zona de libre cambio con la Unión, que incluye a todos los países de Oriente Medio y que debería- estamos convencidos- favorecer la apertura y la modernización de las economías así como su inserción en la economía mundial. 
Se han firmado ya acuerdos de asociación con Jordania, con Israel y con la Autoridad Palestina. 
Próximamente debería firmarse un acuerdo con Egipto. 
Hay negociaciones en curso con Líbano así como con Siria. 
Nadie duda de que el proceso euromediterráneo, en su dimensión política, con el proyecto de carta de paz y de estabilidad, estabilidad económica pero también social y humana, contribuirá a construir el Oriente Medio del momento posterior a la paz, el que todos deseamos, ya que no existe alternativa al proceso de paz comprometido actualmente en una fase que esperamos y creemos decisiva. 
Europa, al igual que el resto de la comunidad internacional, en particular de Estados Unidos- y termino con esto, señora Presidenta- desea hacer todo lo posible para facilitar las decisiones que corresponden a los actores principales, israelíes y palestinos, responsables ante sus pueblos y ante la historia, con el fin de favorecer la emergencia de esta paz largo tiempo esperada, largo tiempo deseada y ahora al alcance de la mano. 
Es para mí un gran honor saludar en la tribuna de invitados la presencia del Sr. Abraham Burg, Presidente del Knesset, y del Sr. Abu Ala, Presidente del Consejo Legislativo palestino. 
Señores Presidentes, su asistencia conjunta a nuestros trabajos y la alocución que dirigirán en unos instantes son un gesto altamente simbólico. 
Estoy convencida de que el debate que va a seguir nos dará la medida de los sentimientos de amistad que este Parlamento mantiene con respecto a sus pueblos respectivos y al enorme interés que mantenemos en el establecimiento de una paz justa y duradera en nuestra región. 
. Señora Presidenta, antes que nada quisiera asociar a la Comisión de todo corazón con las emotivas palabras que pronunció usted ayer acerca del terrorismo y acerca del valor de todos los que han sido sus mártires en nombre de la democracia, así como con las palabras pronunciadas esta mañana por diputados de este Parlamento. 
Quisiera decir también que es un honor poder hablar de la cuestión de un acuerdo de paz en el Oriente Medio en presencia de algunos de los que tienen en sus manos la posibilidad de dar vida a tan histórico acontecimiento. 
Huelga decir que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el Presidente en ejercicio. 
No tengo la intención de repetir todo lo que ha explicado pero sí me gustaría formular una o dos reflexiones personales acerca de algunas de las observaciones del Presidente en ejercicio y añadir un par de cosas, principalmente de carácter económico. 
La cumbre de Camp David, aunque no culminó en un acuerdo final, permitió conseguir progresos enormes, como ha dicho el Presidente en ejercicio. 
Estoy seguro de que todos queremos rendir homenaje a la diplomación hábil y persistente del Presidente Clinton y de la Secretaria de Estado, Madeline Albright. 
Las conversaciones de Camp David contribuyeron a aproximar los puntos de vista de las partes en el conflicto. 
Ayudaron a abordar e incluso a eliminar algunos tabúes, por ejemplo acerca de los aspectos históricos sumamente dificultosos relativos al estatuto de Jerusalén. 
Habiendo llegado hasta ese punto, no hay duda de que sería una verdadera tragedia que no se aprovechase ahora la oportunidad, más fuerte que nunca, de alcanzar la paz. 
Estamos dispuestos, como ha indicado el Presidente en ejercicio, a ayudar a que la situación progrese con todos los medios de que disponemos y estamos dispuestos a hacer lo que podamos para conseguir un acuerdo. 
Es un verdadero placer ver entre nosotros a nuestro propio representante, que tanto ha hecho para conseguir que se deje sentir la presencia de la Unión Europea en esa región. 
Como el tiempo sigue incansablemente su marcha, es inevitable que cada vez se hable más acerca de la condición estatal de Palestina. 
La Declaración formulada por el Consejo Europeo de Berlín sigue siendo la posición de la Unión Europea. 
El Presidente Arafat ha recibido el sensato consejo de aplazar la declaración sobre la independencia del Estado palestino que pensaba hacer el 13 de septiembre. 
Quisiera repetir lo que se dijo en marzo pasado en la Declaración del Consejo Europeo de Berlín: la Unión Europea está persuadida de que la creación de un Estado palestino democrático, viable y pacíficamente soberano, sobre la base de los acuerdos vigentes y por negociación, sería la mejor garantía para la seguridad de Israel y su aceptación como asociado en igualdad de condiciones en la región. 
Ésa es nuestra posición. 
Por lo que se refiere a Siria, todo el mundo reconoce que el Presidente Bashar al-Assad necesita consolidar su posición. 
Ahora bien, también en este caso las discrepancias con Israel son pequeñas y creemos que se pueden superar. 
Seguiremos haciendo todo lo que podamos por conseguirlo. 
En Siria tenemos un papel esencial que desempeñar: promoción activa de la modernización y reforma económica en interés de Siria y en interés de la estabilidad regional. 
Este año tuve oportunidad de visitar Siria: la visita fue demasiado breve pero sumamente efectiva, y en ella pudimos progresar considerablemente en nuestro diálogo sobre cuestiones económicas y sobre la asistencia que podemos proporcionar. 
Estamos preparados para atender nuevas peticiones de Siria para que prestemos asistencia en el proceso de reforma. 
También estamos preparados para apoyar el fortalecimiento del Estado de derecho, las cuestiones de derechos humanos y el pluralismo político. 
En cuanto a la región meridional del Líbano, la Unión tiene mucho que hacer allí y no solamente en el marco de la asociación euromediterránea. 
La Unión Europea ayudará a reconstruir Líbano meridional tan pronto como las condiciones puestas por la Comisión lo permitan. 
El Gobierno libanés tiene que mantener el orden en la región meridional y, además, tiene que traducir sus solicitudes generales de ayuda en propuestas concretas y viables. 
Tan pronto como se cumplan esas condiciones seguiremos adelante con nuestras estrategias y, como muchos diputados saben, hemos enviado ya una misión de evaluación a la zona para que determine exactamente lo que podemos hacer sobre el terreno tan pronto como sea posible. 
El Parlamento no se sorprenderá si le digo que tenemos la intención de colaborar en esferas como, por ejemplo, la limpieza de minas, en la que tenemos muchísima experiencia, zonas que son de importancia capital para el restablecimiento de la vida económica normal y de condiciones sociales decentes en el Líbano meridional. 
Al mismo tiempo que nos preparamos para desempeñar un posible papel en la ejecución de un acuerdo de paz, estamos ocupándonos también de la situación que se plantearía después de dicho acuerdo. 
Cuando los conflictos son algo del pasado, es importante reconocer que un acuerdo de paz transforma las perspectivas de todo el mundo. 
Un crecimiento económico sostenido y una estabilidad económica son factores esenciales para la paz regional y para la consolidación de dicha paz en los años venideros. 
Es más probable que la gente apoye la paz si se da cuenta de que sus condiciones de vida están mejorando. 
Ahora bien, en la actualidad el crecimiento económico se ha estancado y el desempleo alcanza proporciones desmoralizadoras, más del 15 al 20% en general. 
Se acentúan las discrepancias dentro de la región y, como se dijo ayer en el debate que tuvimos sobre las MEDA, entre la región y la Unión Europea. 
Además, el mercado laboral regional va a encontrarse bajo una fuerte presión debido al elevado crecimiento de la población derivado de la grata incorporación de un número mayor de mujeres al mercado laboral y de la futura integración de refugiados palestinos en las economías de la región. 
La prosperidad regional, por lo tanto, requiere que se deplieguen considerables esfuerzos por promover el crecimiento económico. 
Las inversiones privadas desempeñarán un papel central en esa esfera, pero las inversiones públicas seguirán siendo importantes, especialmente por lo que se refiere a la transición económica, incluidas la armonización, la liberalización interna y la cooperación regional, la estabilización y las infraestructuras regionales. 
He mencionado ya el interesante debate que sostuvimos ayer por la tarde acerca de las MEDA y acerca de nuestros esfuerzos por acelerar y simplificar la reglamentación a fin de que podamos prestar nuestra asistencia a la región con mucha más rapidez. 
Es importante que recordemos la escala de esa asistencia. 
La Unión Europea en su conjunto, la Comisión, los Estados miembros y el BEI, financian aproximadamente el 50% de toda la asistencia económica que recibe la región. 
De ese 50%, aproximadamente la mitad proviene de la Comisión y del BEI, o sea que aproximadamente el 25% corre por cuenta nuestra. 
Durante los últimos años nuestra asistencia a la región ha representado un promedio de unos 800 millones de euros, y de esos 800 millones sufragados por la Comisión y el BEI, aproximadamente 450 millones de euros provienen de la Comisión y el resto provienen del BEI. 
Esto representa una considerable inversión en el bienestar y la prosperidad futura de la región, pero a pesar de ello estoy procurando conseguir que los recursos disponibles se desembolsen con mayor efectividad y rapidez. 
Dije ayer que la Comisión va a a deliberar sobre el particular esta semana, y espero que no se me acuse de presumir de su sensatez colectiva si digo que esta semana podremos dar a conocer nuestras propuestas. 
Estamos examinando una comunicación de la Comisión acerca de la revitalización del proceso de Barcelona, cuya enorme importancia es reconocida por todo el mundo. 
En ese documento haremos hincapié en la importancia capital de que haya una mayor cooperación regional y más comercio y cooperación entre los países del Sur y no solamente entre Europa y los países del Sur. 
Espero que el documento y su aplicación ayuden a consolidar las cuestiones políticas en la región. 
Permítanme que repita que ésta es evidentemente una oportunidad histórica de lograr una paz que aportaría prosperidad y estabilidad a nuestros vecinos del Sur. 
Estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que podamos, tanto política como económicamente. 
Estamos dispuestos a ayudarles a conseguir la paz y a edificar sobre los cimientos que un acuerdo de paz representará. 
Señora Presidenta, desde la creación del Estado de Israel, seguramente nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo de paz duradero y estable en Oriente Medio. 
Pero, probablemente, nunca las diferencias entre las partes han sido tan profundas. 
La retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, la disposición mostrada por el nuevo presidente sirio y los indudables avances producidos en Camp David, como se ha recordado aquí esta mañana, parece que nos ofrecen un panorama en el que casi podemos tocar la paz con la punta de los dedos. 
Pero los escollos siguen ahí, recordándonos que estamos tan cerca de aprovechar una oportunidad histórica como de los negros nubarrones que bajarían sobre la región si las negociaciones fracasaran. 
¿Qué hacemos nosotros desde la Unión Europea? 
Desde luego prestamos nuestros buenos oficios a través del enviado especial de la Unión Europea, el embajador Moratinos, a quien saludo. 
Somos, indudablemente, una garantía en el futuro desarrollo económico del área, consecuencia indudable de un acuerdo de paz, a través de nuestra cooperación e inversión, como acertadamente nos ha recordado el Comisario Patten. 
Ofrecemos nuestro ánimo a las partes enfrentadas para que insistan con coraje en las negociaciones, desoyendo las voces más pesimistas, cuando no amenazadoras, que a veces provienen de sus propios países. 
El resumen de los hechos, la información que nos han aportado el Consejo y la Comisión esta mañana y sus buenos deseos son de agradecer. 
Pero cabe preguntarse si eso se corresponde con la responsabilidad y con las aspiraciones de la Unión Europea en el plano internacional. 
Actuar con una sola voz, pretender un protagonismo no sólo en el ámbito económico sino también, seguramente, en el político exige algo más de nosotros. 
No hay apoyo mayor que el que mi Grupo ofrece a los Gobiernos que están impulsando el proceso de paz, muy en particular el de los Estados Unidos. 
Ningún otro Grupo se autoexige un nivel de prudencia superior al nuestro en los críticos momentos que estamos viviendo. 
Desde esa posición podemos proponer que el próximo año, cuando celebremos el décimo aniversario de la Conferencia que dio origen al proceso de paz, la Unión Europea vuelva a reunir, en una segunda edición del encuentro de Madrid, a los máximos dirigentes que participaron en dicha Conferencia. 
Mientras tanto, nos queda reafirmar el pleno compromiso de la Unión Europea con el proceso de paz y nuestra disposición a asumir en la región nuestras responsabilidades históricas, económicas y también políticas. 
Señora Presidenta, quiero ante todo saludar y dar la bienvenida, en nombre de mi Grupo, al presidente del Knesset, Avram Burg, y al presidente del Consejo Nacional Palestino, Sr. Abu Ala, presentes en la tribuna, que harán intervenciones que escucharemos con suma atención. 
La presencia de ambas destacadas personalidades significa que el proceso de paz no es sólo un proceso entre gobiernos. 
Lo es entre pueblos y entre parlamentos, que son la representación democrática de estos pueblos. 
Les pediría a ambos presidentes que llevaran a sus pueblos un mensaje: han venido aquí y han visto cómo los representantes de pueblos que han sido enemigos seculares y se han hecho la guerra durante siglos, pueden trabajar conjuntamente y en paz, y pueden compartir valores. 
Creo que ese es el mensaje fundamental que podemos dar. 
También quiero señalar que, además del esfuerzo que se está haciendo, de negociación entre los gobiernos y que debemos apoyar, por parte de mi familia política de la Internacional Socialista, también estamos tratando de apoyar y de impulsar este proceso en la medida en que los líderes israelíes y palestinos pertenecen a nuestra familia y nos sentimos profundamente comprometidos. 
Compartimos el análisis exhaustivo de la situación que ha hecho el presidente del Consejo y solamente quisiera reiterar como mensaje también, de cara a nuestros amigos en el Próximo Oriente, nuestro compromiso con el proceso de paz y con el desarrollo que ha tenido desde los acuerdos de Sharm-el-Sheikh, que dieron lugar al último debate de fondo en el Parlamento Europeo. 
Nos aproximamos a una fecha límite. 
Los europeos conocemos la importancia de las fechas límite y cómo hay que poner toda la carne en el asador en el momento en que se aproximan, pero pensamos que lo importante en este momento es que las partes perseveren. 
Saludamos los esfuerzos del Presidente Clinton y de la Secretaria de Estado, Sra. Albright. 
Nos consideramos comprometidos en este proceso, y saludo aquí la presencia de ese peregrino incansable de la paz que es el Embajador Moratinos. 
Sobre todo, creo que hay que señalar la importancia de lo que está en juego en este momento porque, hasta ahora, no se había entrado a negociar a fondo la situación de los refugiados palestinos desde el año 1948, la continuación de los asentamientos israelíes y la fijación de unas fronteras definitivas. 
Esos son los temas, temas muy importantes y muy espinosos, que hay que abordar. 
Además de otro, que es importante, el estatuto definitivo de Jerusalén, que requiere un compromiso. 
No es solamente un problema político, es un problema cultural, histórico y religioso. 
Por lo tanto, no cabe una solución basada en reivindicaciones exclusivas. 
Como han dicho algunos expertos, en temas de religión no se puede mediar, pero lo que sí es cierto es que si estamos hablando de las religiones del Libro, que predican el amor a Dios y al prójimo, tiene que ser posible encontrar una solución entre personas. 
Para los Santos Lugares no caben soluciones que se basen sólo en los derechos soberanos y es importante tener muy en cuenta las distintas fórmulas internacionales: pienso en la mediación de algunos países árabes, profundamente implicados, que pueden ayudar. 
Por último, Señora Presidenta, creo que, desde el punto de vista de la acción de la Unión Europea, hay que tratar de reforzar el proceso euromediterráneo, sacar a Siria de su aislamiento, reforzar el proceso en toda la región y, sobre todo, llevar a Oriente Medio ese mensaje que es que la Unión Europea, como unión entre enemigos seculares, desea participar a fondo en la elaboración de un futuro común en paz en el Oriente Medio. 
Señora Presidenta, Señorías, por falta de tiempo me limitaré a centrar mi intervención en las relaciones entre Israel y los palestinos. 
Estamos todos profundamente desolados por el fracaso de las negociaciones de Camp David. 
Tal vez no fuera todavía el momento de llegar a un acuerdo por lo que no se ha podido superar, o al menos no de forma suficiente, el abismo que separa ambas partes. 
No obstante, tenemos la esperanza de que se llegue a un nuevo punto de partida para retomar el hilo del proceso de paz después de un periodo de introspección y de reflexión y que se inicie de esta forma una nueva fase. 
Se trata ahora de retomar las negociaciones lo más rápidamente posible. Naturalmente, la comunidad internacional debe ayudar junto con los estados árabes y la comunidad musulmana. 
En lo que respecta a la Unión Europea esperamos que desempeñe un papel más activo hablando con una sola voz, y quiero decir un papel político más activo para que de esta manera contribuya al proceso de paz. Se lo debe a las partes implicadas y a la comunidad internacional. 
Es evidente que las partes, mientras tanto, deben abstenerse de cualquier actuación unilateral que pueda perjudicar las futuras negociaciones y que no se debe tolerar ningún acto de violencia. 
Las negociaciones deben continuar por medio de un diálogo abierto, directo y sincero ¡y Europa tiene que contribuir sustancialmente! 
Señora Presidenta, he estado en Jerusalén como miembro provisional de la delegación del Parlamento para las relaciones con Israel. 
Me he entrevistado tanto con sensatos representantes del gobierno israelí como con una cantidad de diputados fanáticos e intransigentes del Knesset, que sostienen que Israel posee todos los derechos y los palestinos ninguno. 
Por este motivo fue provechoso que el representante del Consejo aseverase que la UE respalda todas las resoluciones en vigor de Naciones Unidas. 
¿Qué implican estas resoluciones? 
Pues que en ellas se dice que en la región deben existir tanto un estado israelí como uno palestino y que todo Jerusalén debe considerarse como un territorio internacional, que todos los refugiados palestinos tienen derecho a volver a sus hogares y que Israel debe abandonar los territorios que ha ocupado. 
Se puede comprobar, en consecuencia, que Israel tiene razón en un aspecto, esto es, que se cree un estado judío. 
Hoy no hay nadie que lo cuestione, pero en todos los importantes problemas que se discuten en las negociaciones de paz, esto es, Jerusalén, los refugiados y el territorio, los palestinos tienen el derecho internacional de su parte. 
Al mismo tiempo, todos entienden que las decisiones de Naciones Unidas no pueden aplicarse directamente con medios pacíficos. 
Israel se opone. 
Los palestinos están dispuestos a negociar. 
Los palestinos no exigen la parte oeste de Jerusalén. 
Los palestinos entienden que Israel no puede acoger a 5 ó 6 millones de refugiados. 
Los palestinos están dispuestos a hacer concesiones territoriales. 
De hecho las hacen, cosa que es loable y necesaria, pero éstas no pueden ser de tal magnitud que causen una revuelta en sus propias filas. 
Por eso es importante que la UE se mantenga firme en su decisión de Berlín, en el sentido de reconocer un estado palestino sin condiciones y en el momento en que los palestinos estimen necesario crearlo, puesto que tienen derecho a hacerlo. 
Señora Presidenta, Israel tiene detrás de sí el poder militar y a EE.UU. Los palestinos tienen el derecho internacional. 
Démosles también el apoyo incondicional de la UE, tan vigoroso como el que EE.UU. otorga a Israel. 
Dejemos que la UE sea mentora del estado palestino, del estado democrático palestino. 
Esto también mejoraría la reputación de la UE en el mundo. 
Señora Presidenta, mi Grupo solicitó la organización de un gran debate sobre la situación en Oriente Medio en este periodo parcial de sesiones. 
Igualmente, sugirió la invitación conjunta de dirigentes israelíes y palestinos de alto nivel al Parlamento Europeo. 
Nos alegramos por tanto de las iniciativas adoptadas en este sentido y saludo muy afectuosamente a los presidentes de las dos Asambleas que nos honran con su presencia. 
En este periodo que todos consideramos decisivo, ¿qué mensaje útil podemos lanzar nosotros, los europeos, en el día de hoy? 
Coincido ampliamente en este sentido con lo que ha dicho el señor Presidente del Consejo. 
El primero de estos mensajes a mi juicio tiene relación con esta cuestión central de todo el proceso en curso, el Estado palestino. 
Creo que es el momento de reafirmar con toda claridad la vigencia de la declaración sin ambigüedades adoptada por el Consejo Europeo de Berlín en marzo de 1999 y por la cual los Quince se declararon dispuestos a reconocer un Estado palestino. 
El reconocimiento por parte de Europa de este derecho inalienable, ¿ha llevado a los palestinos a proclamar su Estado sin otra consideración? 
Al contrario, ha favorecido la decisión soberana y responsable de la dirección palestina de posponer el plazo, y estoy convencido de que aún está dispuesta a retrasarlo algunas semanas para dar una oportunidad a la negociación si, de aquí al 13 septiembre, tiene la sensación de que se dirige hacia un acuerdo de paz global. 
Que la Unión Europea reafirme por tanto su posición de Berlín con toda claridad y facilitará, en mi opinión, un gesto por parte de los palestinos. 
El segundo mensaje de Europa debería consistir a mi juicio, en el mismo espíritu, en recordar las bases de principio a partir de las cuales la negociación puede y debe desarrollarse, que son las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular las que se refieren a la retirada israelí de todos los territorios ocupados, incluido Jerusalén este, o bien al derecho de retorno o a la indemnización de los refugiados. 
Una llamada así no cerraría en ningún modo la puerta a los necesarios compromisos. 
Dejaría, por el contrario, a los palestinos soberanos la responsabilidad de buscar con los negociadores israelíes soberanos fórmulas jurídicas originales aceptables por ambas partes, a partir de estos datos de principio reconocidos por toda la comunidad internacional. 
El tercer mensaje de Europa se refiere, creo, a la garantía de que el futuro acuerdo global se aplicará hasta sus últimas consecuencias, al contrario desafortunadamente de lo que ha sucedido con todos los acuerdos parciales que se han producido desde Oslo. 
Los Estados Unidos por sí solos no pueden aportar esta garantía. 
Nadie conoce hoy las intenciones de sus próximos dirigentes. 
La Unión Europea constituye por tanto un garante insustituible, junto con Estados Unidos y Egipto, que representa al mundo árabe, para un seguimiento fiel y riguroso de los compromisos adoptados. 
Éste es el triple deseo que expresa mi Grupo de ver que así Yerushalaim es la esperanza de lo que significa en hebreo: la paz llegará. 
Señora Presidenta, muchísimas gracias por organizar este importantísimo debate en este momento preciso. 
También quisiera acoger calurosamente en nuestro Parlamento al Presidente del Knesset, Sr. Avram Burg, y al Presidente del Consejo Legislativo Palestino, Sr. Ahmed Qurie. 
Señora Presidenta, como a otros muchos, a mí también me defraudó el hecho de que las recientes conversaciones de paz sobre el Oriente Medio en Camp David no culminaran con un acuerdo de paz entre los palestinos y el Gobierno israelí. 
Hemos de reconocer sin ambages que los palestinos y el Gobierno israelí están negociando ahora sobre cuestiones de importancia fundamental, entre ellas el estatuto de Jerusalén, las fronteras del Estado palestino, el futuro de los asentamientos judíos y el derecho de regreso para los refugiados palestinos. 
Espero muy sinceramente que las conversaciones de paz sobre el Oriente Medio se reanuden pronto. 
Exhorto a los interesados principales a que se esfuercen de buena fe por lograr un arreglo negociado sobre la base de los acuerdos vigentes. 
Las negociaciones sobre un arreglo permanente se reanudaron en septiembre de 1999. 
No cabe duda de que llevará mucho tiempo abrirse paso a través de cuestiones políticas que son sumamente difíciles y delicadas. 
Los Jefes de Estado de la Unión Europea han afirmado en muchas ocasiones que hay que proteger siempre la seguridad de los pueblos israelí y palestino, tanto colectiva como individualmente. 
Soy partidario del principio de cambiar tierra por paz y del derecho continuo e incondicional de los palestinos a la libre determinación. 
Estimo que la mejor forma de abordar esta última cuestión es la negociación. 
Insto al Gobierno israelí y a los dirigentes palestinos a que adopten las medidas necesarias para restablecer la confianza mutua, a que acepten la necesidad de hacer concesiones y a que se concentren en el objetivo supremo, que es la consecución de una estabilidad y una paz duraderas en la región. 
Las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos no son la única cuestión que es objeto de debate en el caso del Oriente Medio. 
Es importante que las negociaciones entre Israel y Siria se reanuden rápidamente y que también se tenga debidamente en cuenta el aspecto libanés del proceso de paz del Oriente Medio. 
A este último respecto he de decir que me satisface el hecho de que, desde que las fuerzas israelíes se fueron del Líbano meridional, la región ha sido muy pacífica. 
Se han registrado progresos pacíficos a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano desde que el Gobierno libanés restableció su autoridad en la región, y creo que todos tenemos que acoger con alivio el hecho de que el Líbano meridional se halla actualmente en paz. 
Desde un punto de vista general, es evidente que va a llevar tiempo el conseguir que haya paz en el Oriente Medio. 
El primer paso en el actual proceso de paz se dio cuando Israel y Egipto concertaron el Tratado de Paz de Camp David en 1979. 
Pasaron otros 12 años antes de que un proceso amplio de paz se iniciara con la Conferencia de Madrid, en la cual quedó arraigado el principio de "tierra por paz". 
No podemos pasar por alto el hecho de que los protagonistas principales de esta dificilísima ecuación política se están ocupando ahora de las cuestiones más fastidiosas y más dificultosas que hay que resolver para que un acuerdo de paz permanente pueda instituirse en el Oriente Medio. 
Señora Presidenta, Señorías, estamos asistiendo a una farsa que se parece mucho a la del velo de Penélope, de homérica memoria. 
En efecto, cada vez que se llega a la determinación de las condiciones de autonomía, invocadas y reconocidas por el Estado palestino, de improviso se interponen novedades políticas y geopolíticas que impiden encontrar por fin una solución a este viejo problema. 
En efecto, sucede que, mientras el Presidente Arafat construye fatigosamente un tejido tan útil como valioso para el pueblo palestino y para los equilibrios en Próximo Oriente, alguien por la noche se obstina en destruir el trabajo realizado. 
Así es que hoy todos reconocen de palabra la sabiduría del Presidente Arafat que, a pesar de las continuas provocaciones sufridas por los palestinos, continúa dando señales de estar dispuesto al diálogo, ora ciñéndose a lo dispuesto en todos los tratados, ora aplazando la fecha de la proclamación de independencia de su Estado, superando con fuerza los problemas internos que estas decisiones le crean en su Estado. 
No ocurre lo mismo, en cambio, en otras partes: me refiero a Israel, en que a veces las tentaciones reaccionarias y conservadoras desplazan continuamente el eje político interno e inducen a Europa y a los Estados Unidos a hacer enormes esfuerzos diplomáticos para aplazar de vez en vez la ejecución de los tratados. 
No creo estar diciendo una herejía si pienso que todo esto se debe también y en parte al próximo calendario electoral americano que no ha ni puede impedir al mundo encontrar sus equilibrios. 
Ahora por fin Europa puede desempeñar un papel decisivo en la cuestión que desde hace muchos años opone a los derechos palestinos los intereses de los israelíes y de los muchos lobbies que no tienen ningún interés en que se resuelva la vieja cuestión palestina. 
Por lo tanto, Europa ha de intervenir con mayor determinación y dar los pasos oportunos para evitar que los demasiados aplazamientos, los titubeos creados a propósito, las pérdidas de tiempo voluntarias, provoquen peligrosas aceleraciones de posiciones extremistas que- créanme, señora Presidenta, Señorías- no beneficiarán ni la cuestión de Próximo Oriente ni a Europa ni tampoco al mundo entero. 
Los palestinos no piden toda Jerusalén, piden una parte simbólica de una capital que afirme en los hechos y no sólo en las palabras los derechos de un pueblo a tener una patria. 
Saludo a los representantes de las partes implicadas que se encuentran aquí y que dentro de breves minutos voy a escuchar con la máxima atención. 
Confío en que la posición de nuestro Parlamento sea fuerte y propulsora, además de ser de gran y buen auspicio para la paz en Próximo Oriente. 
Señora Presidenta, las fracasadas negociaciones sobre la paz en Oriente Medio de Camp David dejan, al menos a mí, unos sentimientos muy contradictorios. 
La presión ejercida desde fuera a las partes sobre una fecha límite no ha surtido ningún efecto inmediato. 
Me pregunto qué utilidad tiene esta "olla exprés diplomática" para la fase decisiva del proceso de paz en Oriente Medio. 
Se trata de un proceso de paz complicado que tiene que solucionar definitivamente el conflicto tan largo y complejo entre los israelís y palestinos por una parte, y los árabes por otra. 
Las opiniones públicas, invisibles pero claramente palpables, estaban presentes en Camp David tanto en el campo israelí como en el palestino. 
Precisamente también por este factor sustancial los terceros, llamándose pacificador como el presidente Clinton o patrocinador del proceso de paz como la Unión Europea, han de guardarse de ejercer demasiada presión en forma de unos plazos demasiado rígidos. 
¿No está ahí el papel de la UE de insistir a todas las partes implicadas para que mantengan el mayor tiempo posible las denominadas "windows of opportunity"? 
Mis sentimientos contradictorios sobre el fracaso de Camp David se deben sin embargo a la actitud carente de compromiso del Presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, y la reacción entusiasmada de su gente ante ello. Fue recibido como el "Saladino palestino" en la franja de Gaza con banderas y pancartas. 
Por aclamación popular Arafat se ha quedado con este dudoso título en lugar de Sadam Hussein. 
Justamente este homenaje después de Camp David 2000 dejó perplejo al reconocido defensor israelí de la paz, el conocido escritor Amos Oz. 
El autor expresó su depresivo estado de ánimo en una conmovedora columna de periódico este verano: " Estoy en mi salón delante del televisor y veo el gran recibimiento que preparan a Yasser Arafat. 
Y eso sólo porque ha dicho "no" a una paz con Israel. 
Lo veo en silencio y lleno de asombro y se me ocurre que el Saladino real prometió solemnemente que jamás firmaría un pacto con los impíos. Antes los mataría y los arrojaría al mar. 
Veo a Arafat en su traje verde grisáceo. 
Un Arafat, vestido como Che Guevara, a quien saludan como a un Saladino: mi corazón se rompe ". 
A continuación, el autor toca un tema crucial en las negociaciones de la paz entre israelíes y palestinos: "el derecho al regreso". 
A principios de esta semana Arafat repitió esta exigencia política palestina en el marco de una reunión de la Liga Arabe en el Cairo: "No aceptaremos ningún acuerdo sin que se reconozcan todos nuestros derechos que nos otorgan las resoluciones internacionales". 
O sea, incluyendo la resolución 194 de la ONU, que recoge el derecho al regreso de los refugiados palestinos. 
Señora Presidenta, Señorías, también quisiera presentarles el punto de vista de Amos Oz sobre esta dolorosa hipoteca histórica. 
En su opinión este "derecho al regreso" no es más que "un eufemismo árabe" para la liquidación de Israel. 
Oz añade al mismo tiempo que desea de todo corazón a los palestinos "el derecho a una Palestina libre e independiente", pero sin que esto vaya en detrimento de la existencia de un estado judío. 
Espero que esta posición haga reflexionar a los políticos occidentales. 
Con lo dicho anteriormente no tengo ninguna intención de minimizar el sufrimiento del pueblo palestino. 
Les deseo de todo corazón una vida en paz y libertad. No obstante, esa paz y libertad no se consiguen si van en detrimento de la seguridad de otros pueblos. 
Señora Presidenta, como representante de un partido político cristiano no estoy aquí como un defensor acérrimo de los intereses del estado de Israel. Eso hay que dejarlo y, por cierto, se lo podemos dejar con toda tranquilidad en manos de los líderes y ciudadanos de Israel. 
Basándome en la Biblia, la palabra de Dios, considero a los judíos como su pueblo elegido, que tienen el deber divino de ser "la luz para otros pueblos". 
Sólo por medio de la obediencia religiosa a este deber se puede realizar un acuerdo entre Israel y los palestinos, con el fundamento de la justicia de Dios. 
Señora Presidenta, Europa tiene una responsabilidad histórica especial hacia el proceso de paz en Oriente Medio. 
Esto implica que procedamos de forma sensible, sin actitudes magistrales y sin acusaciones unilaterales. 
Precisamente el hecho de que, como reacción a las últimas negociaciones de paz, el ministro de Asuntos Exteriores haya dimitido debe servir para recordarnos que, sobre todo en Israel, que es la democracia estable de la región, cada paso debe ser corroborado por los políticos y por la mayoría del pueblo israelí. 
Sin embargo, nos ha de hacer reflexionar el hecho de que, a pesar de los bonitos discursos, las decisivas negociaciones para la paz en Oriente Medio tengan lugar en los EE.UU. y no en Europa. 
Es posible que los responsables políticos de la UE aun no hayan encontrado el camino adecuado para poder actuar en este conflicto como mediadores verdaderamente neutrales y productivos. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, no es la primera vez que en esta Asamblea constatamos que la situación en Oriente Medio es crítica. 
Es crítica para Oriente Medio, claro está, pero lo es también para la Unión Europea; pues, con todos los importantes asuntos implicados en el proceso de paz, constituye al mismo tiempo un nuevo reto para la política exterior común europea. 
Y esto significa que la Unión Europea debe desempeñar un papel más activo, más sistemático y más intenso en todo lo que ocurre en la zona y, por supuesto, en el proceso de paz. 
Hay precedentes. 
No olvidemos que la importantísima resolución 242 de Naciones Unidas, se debió a una iniciativa principalmente europea. 
De manera que, partiendo de algo muy importante que ha dicho el Sr. Patten- que no basta la paz, que es importante contemplar el futuro, la situación que se configurará tras la firma del tratado de paz -, considero que la Unión Europea debe replantearse su presencia y su compromiso en la región. 
En este sentido, creo que, paralelamente a la labor del enviado especial, ha llegado el momento de que la Unión Europea cree un grupo de trabajo, formado por representantes de la Comisión, del Consejo, y, por qué no, del Parlamento Europeo- hoy contamos, precisamente, con dos distinguidos representantes parlamentarios de la región-. Un grupo de trabajo que elabore detalladamente las propuestas y las posiciones sobre los asuntos concretos que afectan hoy al proceso de paz, pero también sobre todos los asuntos que debamos tomar en consideración en la perspectiva de la nueva época que se inaugurará con la firma del tratado de paz. 
Señor Presidente, permítame también a mí saludar al Sr. Burg, presidente del Knesset, y al Sr. Abu Ala, presidente del Consejo Nacional Palestino. 
Creo que con el debate, comenzando con la declaración del Consejo hecha por el ministro Sr. Moscovici, y seguida por la del Comisario Patten y por la mayor parte de las intervenciones, queda demostrado que por nuestra parte existe una coincidencia de opiniones acerca de la delicadísima transición desde Camp David. 
Estoy convencida de que todos nosotros consideramos importante esa transición o, en cualquier caso, un desarrollo de la situación y que la situación no es comprometida, a pesar de que nos damos cuenta de que si en este momento no se procede a un desarrollo es fuerte el peligro de que en ambas partes puedan prevalecer algunas tendencias extremistas presentes en ambos lados. 
Considero que el análisis más global de la situación en la región- en efecto, se ha hablado de la retirada de Israel del Líbano y de la situación del sur del Líbano, de la evolución en Siria- merece nuestro acuerdo. Estimo que este debate demuestra nuestra unidad de opinión, del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, y que Europa ya ha desempañado un papel. 
Se puede discutir si ha estado a la altura, pero seguramente han sido eficaces el papel del embajador Moratinos en la región, así como las resoluciones del Consejo. 
Debo reconocer al Comisario Patten que su presencia en la zona y también en Siria- hemos podido ir a Siria después de su misión- ha sido y ha marcado un hito en el desarrollo de la situación siria. 
Creo que todo esto nos anima, habida cuenta también del empeño que la Administración Clinton continua poniendo en esta empresa. 
Sin embargo, estimo que hoy debemos preguntarnos qué contribución podemos ofrecer, sin pretender dar lecciones a nadie y respetando a los dos interlocutores y sus posiciones. 
Para terminar, me permito sugerir que quizás la clave de la dimensión regional de la cooperación puede ser útil para anticipar, ya desde ahora, el compromiso europeo, antes de que concluya el proceso de paz. 
Señor Presidente, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, que ha tenido lugar esta semana, ¿será la cumbre de la última oportunidad? 
Una más, diría yo para la paz en Oriente Medio. 
Seis semanas después del fracaso de Camp David, Bill Clinton vuelve a encontrarse con Ehud Barak y Yasser Arafat mañana, en Nueva York, después de un mes de negociaciones intensivas, y menos mediáticas sin duda. 
Por consiguiente, no se ha perdido la esperanza de salvar el proceso de paz, aunque para ello haya de salirse del calendario anunciado y por tanto evitar a cualquier precio alguna provocación unilateral que arruinaría estos meses de esfuerzos. 
Cada cual hace la lectura que quiere del resultado de Camp David y de las responsabilidades de unos y otros. 
Nunca, en cualquier caso, se llegó tan lejos en el debate. 
El foso sigue siendo profundo, pero algunos tabúes históricos han caído. 
Eso no ha sido suficiente. 
Es necesario hoy más que nunca que los corazones acepten lo que los cerebros saben y dictan desde hace tiempo. 
La paz tiene ese precio. 
Apoyarse ambas partes en símbolos es apegarse a mitos. 
En cuanto a Europa, que desea apoyar un proceso y no tomar partido, aspira a ser más, mucho más, que el banquero de la región. 
Nuestro deber histórico y moral, nuestra voluntad, es ser con mucha rapidez, desde mañana mismo, un socio político total, y la presencia conjunta aquí de Abraham Burg, Presidente del Knesset, y de Ahmed Qurie, Presidente del Consejo Legislativo palestino, a quienes saludo, sólo puede ser en este sentido un excelente augurio. 
Me sumo sin reservas a lo que han declarado el Presidente en ejercicio y el Comisario Patten, aunque no acabo de comprender por qué han pasado por alto en sus intervenciones las condiciones en que se encuentra actualmente el pueblo del Iraq. 
Los motivos de esta situación son la continua dictadura de Saddam Hussein y su opresión de los ciudadanos del Iraq, y la continuación de la imposición de sanciones de la máxima severidad. 
En mi opinión la guerra se debió al deseo de controlar la producción de petróleo y tuvo poco o no tuvo nada que ver con Kuwait. 
Por lo que se refiere a las armas de destrucción en masa, estoy de acuerdo en que alguien como Saddam Hussein no debe tenerlas a su disposición, pero hay otros en la región que tampoco deberían disponer de ellas. 
Basta con mirar al Oriente Medio, y con más razón aún al resto del mundo, para descubrir que nos hallamos ante un arsenal de armas de destrucción en masa, suministradas en su mayor parte por el mundo desarrollado, incluida la Unión Europea. 
El mercado de armamentos es ahora tan competitivo que algunos de los déspotas más horrendos compran las armas de destrucción en masa a precios de saldo. 
Para el Oriente Medio es una lección: no conviene nacionalizar la industria petrolífera. 
Cabe preguntarse dónde obtuvo Saddam Hussein las armas antes de la Guerra del Golfo y dónde se supone que sigue obteniéndolas ahora. 
Sugiero que estudiemos la posibilidad de mandar a un enviado político de la Unión Europea al Iraq para ver si puede apañar algún tipo de paz entre las Naciones Unidas y el Iraq, porque las sanciones son un verdadero genocidio. 
Sr. Moscovici, Comisario Patten, quisiera sumarme también a las palabras de bienvenida dirigidas a nuestros distinguidos invitados, el Sr. Ahmed Qurie y el Sr. Avram Burg. 
Es comprensible que los palestinos estimaran que el derecho estaba de su lado cuando anunciaron que iban a declarar la independencia del Estado palestino el 13 de septiembre. 
Los palestinos estiman que las negociaciones de Oslo y las diversas deliberaciones de Camp David habían conferido legitimidad a dicha decisión. 
Sin embargo, hay que reconocer que, aunque las negociaciones hayan progresado hasta el punto de que la declaración de la existencia del nuevo Estado no suscita controversias, el futuro de Jerusalén acabaría siempre por reiniciar una nueva controversia. 
Jerusalén es la cuestión fundamental y hay que abordarla desde un nuevo punto de vista. 
Es un problema singular que requiere una respuesta singular. 
No hay que considerar a Jerusalén como una ciudad árabe o una ciudad judía, una ciudad cristiana o una ciudad musulmana. 
Sólo se podrá progresar en la cuestión de Jerusalén si se conviene en que es una ciudad genuinamente internacional que todas las tradiciones pueden reclamar con razón. 
La gobernabilidad de esa ciudad histórica no puede adolecer de ningún espíritu nacionalista ni sectario, en la mejor acepción de la palabra, y esa gobernabilidad tiene que brindar a todos igualdad de acceso y de derecho. 
De igual modo que nos alegramos cuando desapareció el muro de Berlín en Europa, no queremos ver otros muros análogos erigidos en Jerusalén. 
Pueblos de los más remotos lugares de nuestro planeta tienen una afinidad con Jerusalén, y en las actuales negociaciones hay que reconocer y apreciar eso, y no pasarlo por alto 
Con estas breves palabras quisiera desear todo el éxito posible a las negociaciones, si tienen lugar, y confiar sinceramente en que sienten los cimientos de una paz permanente en el Oriente Medio. 
Señor Presidente, con respecto a Oriente Medio y al proceso de paz israelo-palestino, siempre he sido aquí de los que han dicho que corresponde a los pueblos de esa región y a sus dirigentes definir las condiciones para su coexistencia pacífica, del mismo modo que corresponde hacer, por ambas partes, los esfuerzos necesarios y los sacrificios indispensables. 
Como europeo interesado en el equilibrio euromediterráneo, si bien, al igual que muchos, he lamentado el escaso peso político de la Unión Europea en el proceso, me he negado siempre también, desde este Parlamento, a jugar a lo que yo llamaría los donantes de lecciones. 
En el día de hoy, a escasas fechas de un acuerdo de paz o de una crisis máxima que pueda desembocar en un estallido dramático de violencia, necesitamos, para dar todas las oportunidades a la paz, ayudar a aquellos que por ambas partes asumen riesgos colectivos y personales máximos. 
Por ello, manifiesto mi acuerdo total con la posición expresada por Pierre Moscovici y digo hoy que no haremos avanzar a la paz tomando partido en el debate y en las negociaciones difíciles en curso. 
Para mí, por tanto, en el poco tiempo que nos queda, nuestro mensaje a los israelíes y a los palestinos ha de ser sencillo y claro. 
Se sustenta en tres puntos: queremos un acuerdo de paz en Oriente Medio, apoyaremos y aseguraremos ese acuerdo de paz y, una vez firmado, ayudaremos a su aplicación con todos los medios, incluidos los financieros, pero no solamente financieros. 
Como conclusión, sabemos bien que la paz es siempre un acto difícil. 
Europa, tan desgarrada a lo largo de su historia, lo sabe mejor que nadie. 
Borrar las divisiones, erradicar el terrorismo, es también más fácil de decir que de hacer, y lo sabemos, con los Balcanes, con la división de Nicosia y con las bombas en el País Vasco. 
Y sin embargo no hay otra solución más que la paz, y los negociadores israelo-palestinos lo saben bien. 
Por tanto simplemente hay que decirles ánimo, construid la paz, nosotros estamos y estaremos siempre con vosotros. 
Señor Presidente, saludo al Presidente del Knesset- que conocí en mi reciente viaje a Israel- y a los representantes del Consejo Nacional Palestino. 
Todos nosotros albergamos un sentimiento de profundo disgusto por lo que ha sido un parcial fracaso de la negociación de Camp David que, de todos modos, agradecemos al Presidente Clinton y a la Sra. Albright, que prodigaron todo su esfuerzo y su inteligencia en la misma. 
Así y todo, consideramos que- y aquí coincidimos con el informe- este acuerdo de paz en vías de prosecución ha conseguido una posibilidad más respecto al pasado, esto es, que existan espacios transitables. 
Estimamos que todo lo que se puede y se podrá hacer debe hacerse y perseguirse también desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades: el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación, sin lesionar los derechos del Estado de Israel. 
Señor Presidente, hay una cuestión suplementaria sobre la cual todos nosotros deberíamos reflexionar y que atañe a la ciudad de Jerusalén que es uno de los nudos más espinosos de la cuestión. 
Deberíamos tratar de proteger el carácter religioso, cultural y universal de esta ciudad santa que justamente no debe ser objeto de regateos ni de zarandeos por ninguna de las partes. 
Alguien la ha propuesto como capital de los dos Estados. 
¡Ojalá! 
Deseo añadir asimismo una consideración de carácter personal y político: Europa debe hacer un esfuerzo más, un paso más para conseguir desempeñar un papel político y no sólo económico. 
No podemos pensar únicamente en las cuestiones económicas, en las hídricas, en el agua, en la soberanía del lago Tiberíades, etcétera. 
Hemos de pensar también en nuestra responsabilidad política ante la historia: no sólo existe la responsabilidad de los jefes de Estado de Israel y de Palestina, también la Unión Europea tiene su responsabilidad. 
Esta Europa debe convertirse en un sujeto político negociando también esta paz y haciendo todo lo posible para que reine la paz en el Mediterráneo. 
Señor Presidente, me sumo a la admonición de la Sra. Sbarbati: en este momento, hace falta más valor, es preciso que las Instituciones europeas muestren más valor. 
Hoy, la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, tiene el difícil y fundamental cometido de impedir cualquier tipo de marcha atrás de las partes y de sopesar la posibilidad de encontrar una salida a los problemas de los palestinos y de los israelíes. 
En este sentido, considero que hay que respaldar la propuesta del Sr. Galeote de volver a proponer una nueva edición de la Conferencia de Madrid. 
Recalco su importancia con una observación de carácter histórico: en la Declaración de Venecia de 1980, propuesta por los ministros Genscher y Colombo, la Comunidad fue la primera que estableció la necesidad de una solución negociada al problema palestino. 
Era la época en que Arafat era considerado todavía un terrorista, no disponía de visado para viajar a Estados Unidos para acudir a la sede de las Naciones Unidas y no existía ningún consenso general sobre las estrategias diplomáticas que se debían adoptar. 
Finalmente, tras su visita a Roma en el año 1982, con ocasión de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria, se desbloqueó la situación y Arafat no solo consiguió el visado, sino que Estados Unidos- sobre la base de la preparación hecha en Oslo- desempeñó un activo papel en la cuestión palestina. 
Hoy nadie niega que la actividad de Estados Unidos es indispensable, sin embargo, considero que, del mismo modo que Estados Unidos, también la Unión Europea tiene un papel que desempeñar y que no debe olvidar el pasado. Y esto no para reivindicar derechos de progenitura, sino para reivindicar su papel que es indispensable y, como decía el ministro Sr. Moscovici, complementario del de Estados Unidos en la búsqueda de una solución al problema, una solución que ciertamente se hará esperar. 
Concluyo con una observación acerca del llamado estatuto internacional de Jerusalén. 
Un estatuto internacional no implica una administración internacional de la ciudad, sino simplemente que, en nuestra calidad de comunidad internacional, debemos hacernos cargo de esta iniciativa, al objeto de que el instrumento del estatuto- prescindiendo de quién ejerza la soberanía territorial en Jerusalén- nos obligue a todos a garantizar un control internacional, gracias al cual a todo creyente- cristiano, judío y musulmán- se le garantice el acceso a los Santos Lugares. 
Señor Presidente, árabes y palestinos han cometido tremendos errores e injusticias históricas, pero bien han pagado por ellas. 
Hace tiempo que la intransigencia en la negociación no se puede imputar principalmente a los palestinos, que han llegado a ceder incluso en el campo supuestamente neutral de los conceptos. 
Dadas las connotaciones culturales y religiosas de Jerusalén para el mundo islámico, pienso que la renuncia palestina a todos los derechos sobre esta ciudad- Jerusalén Este- podría implicar no ya una revuelta de amplios sectores de la población palestina contra sus propios dirigentes, sino también la movilización musulmana internacional contra éstos. 
Medios de opinión y círculos políticos advierten estos días que los palestinos podrían desperdiciar la oportunidad histórica de tener como interlocutor a un primer ministro como Ehud Barak, que se ha atrevido a poner sobre la mesa, sin tapujos, la cuestión de Jerusalén. 
Sin embargo, no es menos cierto, en mi opinión, que Barak y la racionalidad política y social en Israel podrían perder como interlocutor privilegiado a un líder como el Presidente Arafat si no se satisfacen las mínimas condiciones necesarias. 
Desde mi punto de vista es necesario ya adoptar una fórmula que permita esa racionalidad y creo que la Unión Europea está en situación de contribuir a la misma. 
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(FR) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los diferentes oradores por su intervención, y saludar también a Abraham Burg y a Ahmed Qurie, con quienes he tenido ocasión de reunirme en Israel y en Palestina. 
Han centrado ustedes, unos y otros, sus intervenciones en el proceso de paz y en las negociaciones, que sin duda son el factor clave para el avance en esta región de Oriente Próximo. 
Repito nuestro punto de vista: Camp David ha creado una dinámica nueva. 
Está claro que los semáforos rojos en este momento han volado en pedazos. 
Efectivamente, nos encontramos con una ocasión histórica, una oportunidad sin precedentes, porque la coyuntura actual, esta conjunción de circunstancias resulta excepcional. 
Tengo la convicción de que cada una de las partes está decidida a hacer todo lo posible para conseguirlo- y el mediador americano, que se emplea a fondo, tiene todo el interés en un acuerdo-. 
Así pues, lo repito, se presenta una ocasión histórica para poner término a este conflicto que dura ya tanto tiempo. 
Dicho esto, a oportunidad histórica riesgo histórico. 
Está claro que no hay logros, que son absolutamente necesarios esfuerzos suplementarios de imaginación, de valentía. 
Está claro también que el tiempo está contado. 
El Presidente Mubarak se encontraba en París el fin de semana pasado y creo que utilizó una excelente fórmula que resume bien la situación: "La paz, ahora o nunca". 
En este contexto, ¿cuál puede ser el papel de la Unión Europea? 
Muchos oradores han saludado el papel de la Unión Europea y, al mismo tiempo, en sus intervenciones he creído en ocasiones percibir algunos reproches porque ésta no sea aún activa, lo que es, por cierto, cualquier cosa menos lógico. 
Siempre se puede desear una Europa más activa. 
Yo mismo la deseo. 
El deseo de la Presidencia francesa es tener una Europa muy activa. 
Es nuestra perspectiva histórica y es la forma como entendemos que ha de conducirse la misión que hoy tenemos encomendada. 
Pero, al mismo tiempo, no se puede rescribir la historia. 
Tampoco ir contra la voluntad de los propios actores. 
En este sentido, observo que las partes vienen a vernos, solicitan nuestro apoyo, nuestros consejos, nuestra intervención, y nuestra participación, que no es únicamente, y no principalmente, financiera. 
Y ello, claro, porque consideran que nosotros jugamos un papel útil y, al mismo tiempo, sé también hasta qué punto a veces pueden mostrarnos los límites de nuestro papel. 
Por consiguiente estamos entre estas dos partes. 
¿Cuál es ese papel? 
Ya he dicho que se ejerce en tres niveles. 
La Unión Europea interviene en apoyo a las negociaciones. 
Está en contacto con las partes, por medio del señor Moratinos. 
Está también impulsando constantemente la negociación. 
Recuerda los principios del derecho internacional, que son una regla para todos, pero especialmente la regla de los europeos. 
Segundo papel, la Unión Europea contribuye a la reflexión sobre temas vinculados a estas negociaciones. 
Pero aún es necesario- vuelvo a insistir una vez más- que las partes lo deseen y nos lo soliciten, y asistimos a veces, en ese caso, a juegos de rol que conocemos bien. 
Y, en tercer lugar, ayudamos a la aplicación de los acuerdos concluidos en cada ocasión que se necesita. 
Creo que efectivamente, debemos reflexionar a partir de ahora sobre el Oriente Próximo que nacerá de la paz, esa paz que deseamos y que creemos posible para mañana. 
El carácter duradero de esta paz dependerá también de la forma como sepamos reforzar los vínculos entre los países de la región y desarrollar sus lazos con nosotros. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea en ese contexto? 
Está toda su capacidad de acción, que ha recordado el Comisario Patten. 
Está también el proceso de Barcelona, que nos ofrece un marco especialmente adaptado, a condición de que explotemos todas sus potencialidades. 
Es este proceso de Barcelona- y termino- el que la Presidencia desea señalar y comprometer desde la próxima reunión de Barcelona IV. 
He oído aquí una llamada a la celebración de una cumbre. 
Lo que está previsto hoy es la celebración de una reunión ministerial. 
Pero esperamos sinceramente que la evolución del proceso de paz haga posible la celebración de una reunión no sólo a nivel de ministros, sino de jefes de Estado y de Gobierno que consagraría en cierto modo el advenimiento de una nueva era en Oriente Próximo. 
A ello va a dedicar sus esfuerzos en las semanas y los meses venideros la Presidencia, con la Comisión y sé que con el apoyo del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
Prioridades de la Unión en materia de acciones exteriores 
De conformidad con el orden del día procedemos al examen de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las prioridades de la Unión Europea en materia de acciones exteriores. 
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(FR) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, la Unión Europea, y nuestro debate acaba de ser una buena ilustración, tiene la vocación de ser un actor en su totalidad, influyente y respetado, en la vida política internacional. 
Nuestros valores democráticos, nuestra voluntad común de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo, nuestra historia, nos conducen a ello. 
El peso económico de la Comunidad, su papel primordial en favor del desarrollo y los vínculos privilegiados establecidos con muchos países, o grupos de países, no se lo permiten. 
Finalmente, la inestabilidad de un mundo en rápida evolución, a las mismas puertas de la Unión, en ocasiones nos incita enormemente. 
Por ello, continuando con el esfuerzo iniciado hace varios años, la Presidencia francesa del Consejo europeo desea contribuir promoviendo la presencia de la Unión en el mundo. 
Me propongo exponerles brevemente los cuatro grandes objetivos que nos hemos fijado. 
En primer lugar, por supuesto, hacer que avance el proceso de ampliación de la Unión, el gran trabajo que nos espera para los próximos años, en segundo lugar, promover el desarrollo de una política europea de seguridad y de defensa, que debe contribuir a hacer de la Unión un actor de primera importancia en la vida internacional. 
Deseamos también favorecer el desarrollo de cooperaciones estratégicas con nuestros vecinos y con los grandes grupos regionales que han de permitir que la Unión contribuya a la emergencia de un mundo multipolar, elemento esencial a largo plazo para la estabilidad de las relaciones internacionales. 
Finalmente, cuarto objetivo, la mejora de la eficacia de los instrumentos de la Unión Europea, sobre la base de un debate que los ministros de asuntos exteriores, a propuesta de la Comisión y en presencia del Sr. Patten, acaban de mantener en la reunión informal que tuvo lugar en Evian los días 2 y 3 de septiembre, por tanto sábado y domingo. 
El primer objetivo de la Presidencia francesa es dar un nuevo impulso a las negociaciones de adhesión. 
La perspectiva de la ampliación es efectivamente la cuestión esencial que se nos plantea a nosotros los europeos, el gran desafío que nos espera en los próximos años. 
De ahí la insistencia de la Presidencia francesa en cuanto a la necesidad de sacar adelante la CIG y de concluir un buen tratado en Niza, a nice treaty in Nice, con el fin de no retrasar la ampliación y poder recibir a los primeros países candidatos en una Unión dotada de instituciones más eficaces. 
Haré ahora un breve paréntesis para señalar cuál es hoy nuestra actitud, un poco preocupada, y nuestra sensación de que ya es hora de pasar de la exposición de posiciones algo estáticas a una verdadera negociación para llegar a compromisos, sin los cuales la negociación se dificultará anudándose y desanudándose. 
Retomo las negociaciones de adhesión para decir que iremos tan lejos como sea posible en la dirección, con los seis de Luxemburgo por supuesto, países con los cuáles pensamos avanzar en las negociaciones sobre los capítulos más difíciles del acervo. 
También con los seis de Helsinki, países con los cuáles deseamos mantener el ritmo de las negociaciones y abrir, por supuesto, teniendo en cuenta el grado de preparación de cada cual, una serie de nuevos capítulos, 42 en total, que van de 4 a 9 según los países. 
En total, nuestro objetivo, fijado en estrecha concertación con la Comisión, con el Comisario Verheugen, es llegar en Niza a una visión de conjunto del estado de las negociaciones, con el fin de orientar eficazmente los trabajos de las presidencias siguientes y señalizar el camino que conduzca a la conclusión de estas negociaciones. 
Los diferentes informes en fase de examen en nuestras comisiones y el debate sobre la ampliación previsto para octubre ayudarán aún más a nuestro análisis. 
Por ello los principales plazos de nuestra Presidencia serán los siguientes: 
Con cada uno de los doce candidatos tendrá lugar una sesión ministerial de negociación, bien el 21 de noviembre para algunos de ellos, o bien el 5 de diciembre, precedida en otoño por dos reuniones a nivel de embajadores. 
Por lo que respecta a los Quince, organizaremos en el Consejo "Asuntos Generales" del 20 de noviembre un debate de orientación política sobre la base del informe conjunto y de los informes de progreso para cada uno de los países candidatos, que la Comisión ha de remitir al consejo a principios del mes de noviembre. 
Se tratará en esta ocasión de identificar, con vistas al Consejo europeo de Niza, las principales dificultades a resolver, capítulo por capítulo, país por país, y reflexionar de acuerdo con esta base sobre la continuación del proceso de adhesión. 
Debo recordar finalmente que reuniremos en dos ocasiones a la Conferencia Europea, el 23 de noviembre en Sochaux, a nivel de ministros de Asuntos europeos de los Quince y de los ministros de los países candidatos, y el 7 de diciembre en Niza, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, en la apertura de la cumbre de Biarritz. 
Deseamos por tanto, y ustedes pueden constatarlo, dar un impulso fuerte al proceso de ampliación. 
La Unión, efectivamente, señaló en Helsinki que estaría dispuesta a recibir los primeros miembros el 1 de enero de 2003, una vez concluidos los procedimientos de ratificación de lo que esperamos sea el futuro Tratado de Niza, pero, como han señalado los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Feira, los países implicados no solamente han de recoger el acervo comunitario, sino sobre todo ser capaces de ponerlo en práctica y aplicarlo verdaderamente. 
Ahí tenemos naturalmente una tarea muy pesada y que sabemos difícil para los países candidatos, en la cual la Comunidad asume ya su parte apoyando los esfuerzos de cada uno. 
Estos esfuerzos son fundamentales para conducir de forma seria y controlada el proceso de ampliación iniciado, y para permitir también la adhesión tan rápida como sea posible de los países más avanzados. 
En lo que respecta a Turquía, deseo decir algunas palabras, el reconocimiento en Helsinki de su candidatura ha marcado una etapa importante, a la cual mi país, Francia, fue favorable. 
La Presidencia iniciará los trabajos en el seno del Consejo con vistas a la adopción de la cooperación para la adhesión con este país y proseguirá el ejercicio del examen analítico del acervo. 
Velará también por el respeto de los compromisos asumidos por la Unión en materia de asistencia financiera con vistas a instaurar un marco único que agrupe todos los instrumentos de ayuda a este país. 
Se dedicará en particular a facilitar la adopción del reglamento relativo al desarrollo económico y social de Turquía. 
Pero es evidente que las negociaciones de adhesión no serán ni siquiera previsibles en tanto que Turquía no respete los criterios, principalmente democráticos, de Copenhague, mientras que cualquier progreso en este sentido favorecerá naturalmente la adopción de las medidas que acabo de recordar. 
Esperamos con interés la aprobación por esta Asamblea de los informes del Sr. Morillon sobre estas importantes cuestiones. 
El segundo objetivo de la Presidencia francesa es proseguir el desarrollo de la política europea de seguridad y de defensa común poniendo en práctica las decisiones adoptadas en Helsinki y en Feira. 
La Unión dispone ya de los instrumentos necesarios para realizar una política exterior común. 
Faltaba uno, fundamental, para asegurar la credibilidad de su compromiso, la capacidad de movilizar medios militares suficientes para permitirle decidir y actuar de forma autónoma, en el marco de las misiones llamadas "de Petersberg". 
Nuestro objetivo, como nos han mostrado las crisis de Bosnia, o más recientemente de Kosovo, es aportar una respuesta global a unas crisis cuyas dimensiones son actualmente numerosas y extraordinariamente complejas, crisis étnicas, sin duda, pero también sociológicas, administrativas, judiciales, de seguridad y finalmente militares. 
Todas estas dimensiones están presentes. 
Es ésta la especificidad de la respuesta europea con respecto a otros instrumentos existentes, ser capaz de globalidad y de responder a todas estas dimensiones. 
Es decir, que la Presidencia francesa desea tomar parte en una construcción extremadamente ambiciosa, que llevará necesariamente varios años. 
Para ello desea mantener el ritmo de los trabajos con el fin de facilitar que los compromisos asumidos en Feira se mantengan en el Consejo europeo de Niza, y la agenda está especialmente cargada. 
Repito los tres temas principales: en lo que respecta a las capacidades, la Conferencia de compromiso que organizaremos el 20 de noviembre próximo será ocasión para los Estados miembros de precisar su contribución nacional en la realización del objetivo global definido en Helsinki; en lo que respecta a las instituciones político-militares permanentes, corresponde a nuestra Presidencia preparar el paso, en cuanto sea posible, a la fase definitiva y operativa que permita a la Unión gestionar una crisis en todas sus dimensiones. 
Finalmente hemos de aplicar las decisiones de Feira, con respecto a las relaciones con la OTAN y con los países terceros para la gestión militar de las crisis y la prosecución de los trabajos comprometidos en el refuerzo de los instrumentos civiles de gestión de las crisis. 
La tercera prioridad de la Presidencia francesa será desarrollar las cooperaciones estratégicas de la Unión con sus vecinos y con los grandes grupos regionales. 
La prioridad, dentro de esta prioridad, es estrechar las relaciones con los vecinos de la Unión y muy especialmente con los Balcanes cuya situación sabemos que sigue siendo preocupante. 
Con el fin de señalar la importancia que la Unión concede al desarrollo de las relaciones con una región de los Balcanes- que nosotros deseamos pacífica y democrática- Francia ha propuesto a sus socios la celebración, el próximo 24 de noviembre, en Croacia, de una cumbre con los países de la ex Yugoslavia que, en diversos estadios, son los más avanzados en su evolución democrática. 
Se tratará de acompañar las evoluciones positivas registradas recientemente en varios de esos países y de recordar, a la República Federal de Yugoslavia, que tendrá también la puerta abierta cuando se una al movimiento, y para ser más precisos aún, cuando se reúnan las condiciones para que ella pueda unirse al movimiento. 
El desarrollo de la cooperación estratégica con Rusia y con Ucrania es otra prioridad de la Presidencia francesa que acogerá, en París, dentro de diez días, la Cumbre Unión Europea/Ucrania y el 30 de octubre la Cumbre Unión Europea/Rusia. 
El marco de la acción de la Presidencia francesa de la Unión con respecto a Rusia está fijado por las conclusiones aprobadas por el Consejo europeo en Feira que ofreció apoyar los esfuerzos realizados por el Presidente Putin y por el nuevo Gobierno ruso para modernizar y reformar su país. 
Al mismo tiempo, la Presidencia continuará, por supuesto, concediendo la mayor atención a la cuestión de Chechenia. 
El Consejo ha recordado una vez más en julio que sólo una solución política permitirá una conclusión duradera de este conflicto. 
Finalmente, a pesar de las incertidumbres que pesan sobre la evolución del proceso de paz en Oriente Próximo- y acabamos de debatir sobre ello- el desarrollo de nuestras relaciones euromediterráneas está en el centro de las preocupaciones de la Presidencia francesa. 
Nuestro objetivo es proceder en Marsella, y en la reunión ministerial de 16 de noviembre y, si las circunstancias lo permiten, en la Cumbre que podrá organizarse el 17, a un balance general del proceso de Barcelona y a una evaluación de la cooperación realizada en el marco del programa MEDA con el fin de definir orientaciones para dar un nuevo impulso a la cooperación euromediterránea. 
La Presidencia cuenta, por otra parte, con llevar a buen término los trabajos relativos a la carta de paz y estabilidad. 
En esta reunión, con respecto al proceso de paz, la Unión ha de asumir un papel de máxima importancia para dar su apoyo a las partes y a los acuerdos que concluyan. 
La Presidencia desea, finalmente, aplicar la estrategia común sobre el Mediterráneo adoptada en Feira y hacer que se adopte el nuevo reglamento MEDA. 
Por lo que respecta a los acuerdos de asociación, ésta espera- repito de nuevo- conseguir la firma del acuerdo con Egipto y progresos sustanciales en las negociaciones con Líbano, Siria y Argelia. 
Por encima de su entorno inmediato, la Presidencia francesa velará por desarrollar el diálogo político con los grandes grupos regionales. 
Estoy pensando en Asia. 
En Asia, la prioridad es reiniciar el diálogo político euroasiático y reforzar la cooperación económica y financiera en el marco de la ASEAN. 
Habrá una cumbre en Seúl, los días 20 y 21 de octubre, y pretendemos también relanzar el diálogo UE/ASEAN. 
Dos cumbres importantes con los países clave de la región marcarán también la Presidencia francesa. 
La del 19 de julio con Japón ya fue ocasión para retomar el proceso de revisión de la declaración de 1991 y de preparar el plan de acciones que podría ser aprobado en la Cumbre de 2001. 
La otra con China tendrá lugar en Pekín el 23 de octubre. 
Con África, la Presidencia organizará la primera reunión de seguimiento de la Cumbre de El Cairo. 
Ésta trabajará también en el desarrollo del diálogo con las organizaciones sub-regionales de conformidad con las disposiciones del Convenio de Cotonou. 
Organizará la cuarta reunión ministerial UE/SADC en Gaboron, los días 29 y 30 de noviembre así como una reunión ministerial UE/CDEAO en Abuja, el próximo 16 de octubre. 
Con respecto al diálogo trasatlántico, se dará prioridad a tres temas de política exterior: los Balcanes, Rusia y el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Éste marco será igualmente aprovechado con ocasión de las Cumbres de los días 18 y 19 de diciembre próximo, con, respectivamente, Estados Unidos y Canadá para informar a nuestros importantes socios del desarrollo reciente de la política exterior europea de seguridad y de defensa. 
El diálogo con América latina se proseguirá en el marco de las reuniones regulares con los grupos regionales que tendrán lugar la próxima semana al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Francia ha propuesto también a sus socios que reflexionen sobre el futuro de las relaciones con Cuba. 
Finalmente, la Presidencia francesa intentará que Europa pueda desempeñar su función de manera coherente y solidaria para que pueda iniciarse un nuevo ciclo de negociación- que nosotros deseamos global y equilibrado- en el marco de la Organización Mundial de Comercio. 
A más largo plazo- y ésta es la cuarta prioridad de la Presidencia francesa- la Presidencia ha comprometido con ocasión de la reunión informal de Evian, en presencia del Sr. Patten, una vez más, una reflexión sobre la mejora de la eficacia de los instrumentos de la Unión. 
La Unión- ya lo he dicho- dispone de muchos instrumentos que le permiten ejercer una influencia en la evolución de las relaciones internacionales. 
Así, su presencia diplomática en el mundo, la de los Quince, pero también la de la Comisión, no tiene parangón, tanto en términos de personas como de cobertura geográfica. 
Igualmente, la Unión constituye ahora un grupo activo y coherente en las Naciones Unidas donde sus puntos de vista se ven representados en cada foro. 
Finalmente, sus medios financieros, nuestros medios financieros, son considerables. 
Sin embargo, todo el mundo conoce las debilidades de la acción exterior de la Unión: falta de visibilidad, coordinación en ocasiones insuficiente, flexibilidad que deja que desear, influencia demasiado limitada en las instituciones internacionales principalmente en la de Bretton Woods. 
Se ha realizado ya un esfuerzo para resolver las deficiencias con la adopción de las primeras estrategias comunes. 
Pero ocurre que el impacto y la credibilidad de la acción europea siguen siendo insuficientes con respecto a los medios aplicados. 
A instancias de Hubert Védrine se ha iniciado una reflexión por parte del ministro de Asuntos Exteriores de los Quince, en la última reunión informal de Evian, sobre la base de los excelentes trabajos presentados por el señor Patten, en nombre de la Comisión y por el Secretario General del Consejo al representante para la PESC, Javier Solana, también presente en Evian. 
Se han considerado varias direcciones en los trabajos. 
Es preciso en primer lugar reforzar la coordinación entre los diferentes actores de la Unión Europea. Sobre el terreno, en los países terceros, mediante una mayor descentralización en la gestión de los programas comunitarios y mediante una mejor coordinación de la acción de la Comunidad con la de sus Estados miembros. 
A nivel central, mediante la reafirmación del papel de coordinación del Consejo "Asuntos Generales" con el fin de incrementar la coherencia de la acción exterior en todos sus aspectos. 
Estoy pensando en el diálogo político, en la cooperación financiera, en la concesión comercial. 
Es preciso, posteriormente, sacar mejor partido del esfuerzo global de la Unión e incrementar su eficacia. 
Ello supone en primer lugar establecer la medida de ese esfuerzo global con respecto al exterior y, con este fin, disponer de instrumentos de síntesis que integren todas las dimensiones de la ayuda exterior. 
Es también necesario mejorar la gestión de la ayuda comunitaria mejorando la programación y la ejecución de los instrumentos comunitarios habida cuenta de la constatación que ha hecho la Comisión, y que es compartida por los Estados miembros, de la separación inaceptable entre los compromisos y los desembolsos de créditos comunitarios y de las críticas crecientes- legítimas por otra parte- avanzadas por los Estados terceros contra la lentitud y pesadez de los procesos. 
Finalmente, y termino con esto, señor Presidente, los socios: Consejo y Comisión están convencidos de la oportunidad de asegurar un mejor seguimiento de la aplicación de la ayuda comunitaria y de su eficacia, principalmente en el marco del Consejo "asuntos generales", que debe jugar un papel aún más importante en la dirección de la acción exterior de la Unión. 
Señalo en este sentido que los ministros volverán sobre ello en la sesión del Consejo 18 de septiembre con el fin de definir, con la Comisión y con el Secretario General o su representante, el marco y modalidades de este seguimiento. 
Éstas son, señor Presidente, señoras y señores diputados, las prioridades de la Presidencia francesa en materia de acciones exteriores. 
Deseamos cooperar en este ámbito al igual que en muchos otros y al mismo tiempo con la Comisión que juega en este caso un papel de máximo impulso, como siempre, así como con el Parlamento Europeo. 
. Agradezco sobremanera esta oportunidad de tomar la palabra ante el Parlamento Europeo apenas un par de días después de la reunión oficiosa de ministros de asuntos exteriores en Evian, en la cual se discutió a fondo acerca de la eficacia y la eficiencia de las actividades exteriores de la Unión Europea y sus consecuencias presupuestarias, primera vez, que yo sepa, que ha tenido lugar una deliberación de ese tipo. 
Quisiera felicitar sin reservas a la Presidencia francesa por la prioridad que ha dado a esta cuestión de enorme importancia práctica. 
Me referiré a la propuesta de resolución, y no solamente porque sospecho que en ella se hallan los pilares de las deliberaciones sobre la PESC que en los próximos años tendrán lugar entre las instituciones de la Unión. 
Justo antes de la interrupción estival, como algunos diputados habrán podido leer en los periódicos, examinamos en la Comisión las demandas, limitaciones y prioridades de las relaciones exteriores de la Unión Europea, nuestra comprensión de lo que debería ser el papel exterior de la Comisión y algunos de los problemas con que tropezábamos para ejecutarlo. 
Es evidente que ese tipo de debates tenía que comenzar con el Tratado. 
Uno de los cinco objetivos de la Unión Europea, según se especifica en el artículo 2 del Tratado, es que debe afirmar su identidad en el plano internacional. 
Ese objetivo refleja diversas cosas. 
En primer lugar, refleja los intereses políticos de la Unión Europea, incluido el papel cada vez más importante en la esfera de la seguridad, al que el Presidente en ejercicio se refirió en sus interesantes observaciones. 
Refleja nuestros intereses económicos, nuestro comercio y la dimensión exterior del mercado único, incluida nuestra política agrícola; el euro está también encuadrado en esta esfera. 
Refleja nuestras responsabilidades en materia de asistencia exterior, que han crecido a un ritmo exponencial en los últimos años. 
La Unión Europea y sus Estados miembros proporcionan actualmente el 55% de la asistencia internacional total y dos tercios de la ayuda general no reembolsable. 
Refleja nuestros intereses defensivos exteriores, cuestiones como el tráfico de drogas, cuestiones como la seguridad nuclear, las preocupaciones medioambientales y la migración, y por último, sin que ello quiera decir que sea menos importante, la cuestión de nuestras relaciones con nuestros próximos vecinos, incluido todo el proceso de ampliación, que en mi opinión es la cuestión más importante y más excitante con que se enfrenta esta generación de políticos europeos. 
No está de más recordar que hace menos de 20 años las relaciones con Grecia, España y Portugal eran asuntos exteriores para lo que entonces era la Comunidad Europea. 
Nuestra principal tarea en materia de relaciones exteriores de la Unión Europea es, sin duda alguna, la proyección de estabilidad tanto en nuestra proximidad inmediata como más allá. 
Una vecindad más estable y un mundo más estable garantizan una Unión Europea más estable. 
Las aptitudes que la Unión Europea ha aplicado a su propio desarrollo son aptitudes que brindan un ejemplo y un modelo en todo el mundo. 
Tenemos que ser más creativos para aprovechar nuestra experiencia y utilizarla más allá de nuestras tierras. 
Al examinar de qué forma la Comisión Europea puede concentrarse en esa tarea, quisiera dejar bien sentado cuáles son los límites de nuestro papel. 
La política exterior es y seguirá siendo fundamentalmente una cuestión de la incumbencia de los gobiernos nacionales, o sea de los Estados miembros. 
Hoy día hay 15 ministros de asuntos exteriores en la Unión Europea y en el futuro previsible habrá 15 más, pero es igualmente importante que los Estados miembros se hagan cargo de lo que ustedes en el Parlamento Europeo y los que trabajan en la PESC han comprendido desde hace ya mucho tiempo: que el mero intergubernamentalismo puede ser una receta de debilidad y de mediocridad, una receta para una política exterior europea basada en el mínimo común denominador. 
Por eso la Unión decidió ir más allá de la cooperación política, y por eso el Tratado de Amsterdam creó el nuevo cargo de Alto Representante para la PESC y por eso hay un importante papel para la Comisión y para el Parlamento Europeo en los esfuerzos por dotar de mayor efectividad a la Política Exterior y de Seguridad Común, y hago hincapié en que digo "común" y no "única". 
Las nuevas estructuras, los nuevos procedimientos y los nuevos instrumentos de la PESC reconocen la necesidad de aprovechar la fortaleza de la Comunidad Europea y de ponerla al servicio de la política exterior europea. 
Sería absurdo divorciar a la política exterior europea de las instituciones que han recibido la responsabilidad por la mayor parte de los instrumentos necesarios para llevarla a cabo, para el comercio exterior, para la asistencia exterior, para muchos de los aspectos exteriores de la justicia y de los asuntos de interior, etc. Por eso la Comisión participa plenamente en el proceso decisorio del Consejo, por eso tenemos un derecho de iniciativa compartido- no un derecho de iniciativa único, sino un derecho de iniciativa compartido- en esas cuestiones. 
Es necesario que haya una asociación sensible y delicada en la esfera exterior entre las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento Europeo, y sus Estados miembros. 
Tenemos que participar todos en un esfuerzo común por cerciorarnos de que el grupo comercial más grande del mundo también deja sentir su presencia en la esfera política. 
Tenemos una verdadera contribución que aportar y no debemos temer su aportación. 
Otra cuestión en la que he de hacer hincapié es que la Comisión no está procurando obtener nuevos poderes ni un nuevo papel, pero sí que queremos estar en condiciones de ejercer con mayor eficacia los poderes que ya poseemos en virtud del Tratado. 
Simpatizo plenamente con el deseo del Parlamento Europeo de hacer exactamente lo mismo. 
Estoy resuelto a que la Comisión aporte una contribución coherente al programa de trabajo en materia de relaciones exteriores. 
Quizá más que en ninguna otra esfera, en la esfera de los asuntos exteriores es muy fácil formular declaraciones grandilocuentes acerca de Cuestiones Fundamentales como la paz en el Oriente Medio, una relación estable y productiva con Rusia, o el desarrollo internacional. 
Ahora bien, si esa actitud ha de transformarse de aspiración en realidad, entonces hemos de dar la palabra al peso colectivo de la Unión Europea. 
¿Qué significa eso en la práctica para la Comisión? 
En primer lugar, significa una mejor coordinación entre Comisarios y Directores Generales, que fomente la costumbre de trabajar de consuno. 
Me parece que estamos empezando a mejorar la situación. 
Presido el grupo de Comisarios RELEX, que se reúne periódicamente a título oficial u oficioso. 
Estamos procurando redactar un solo programa de trabajo para examinar las repercusiones de lo que estamos haciendo en las esferas de responsabilidad de los demás Comisarios. 
Me parece que puedo decir sin exageración que hasta ahora hemos tenido éxito y que tenemos la intención de seguir teniéndolo. 
Hemos conseguido evitar las escaramuzas que, según me han dicho, destruían de cuando en cuando la armonía de las anteriores Comisiones. 
En segundo lugar, estamos buscando el camino de una relación de trabajo nueva y más productiva con el Consejo y espero que también con el Parlamento Europeo. 
Todo eso se confirmó este fin de semana en la reunión ministerial de Evian. 
Aparte de cuestiones detalladas de política exterior que tenemos en nuestro programa de trabajo, como la situación en el Oriente Medio, estábamos buscando la forma de determinar nuestras prioridades generales anuales en materia de relaciones exteriores y la forma de distribuir el presupuesto. 
Como ya he dicho, cuando tomé la palabra ante el Consejo para presentar el presupuesto y nuestras prioridades en mayo, ésa fue la primera vez que semejante cosa había sucedido. 
También este año, además de la mencionada presentación ante los ministros de asuntos exteriores, creo que ofrecí al Parlamento Europeo exactamente la misma presentación sincera de nuestro presupuesto de relaciones exteriores. 
En el pasado las obligaciones se transferían sencillamente de un ejercicio presupuestario al siguiente, sin casi esforzarse por integrar los elementos en un todo coherente. 
Ahora estamos tratando de crear un sistema más racional en el que todos podamos sostener un debate político adecuado, en una fase más temprana del proceso, sobre lo que deberían ser nuestras prioridades. 
Esto es importante en el Consejo y es importante en el Parlamento, porque uno y otro son las autoridades presupuestarias. 
No podemos gastar más de lo que ustedes nos permiten que gastemos, pero en ese caso tampoco deben pedirnos ustedes que hagamos más de lo que es posible, ni deben criticarnos cuando tenemos que formular un juicio acerca de las prioridades. 
Sin embargo, me parece que nos hallamos en una situación mucho mejor para formular esos juicios si contamos con la orientación política del Consejo y del Parlamento. 
En tercer lugar, estoy trabajando con Javier Solana para crear estructuras coherentes y la debida división de responsabilidades entre la Comisión y el Alto Representante para la PESC. 
La relación institucional entre la Comisión y el Alto Representante se halla en plena evolución, igual que el papel exacto del Parlamento Europeo respecto de la PESC. 
Ahora bien, el año pasado conseguimos desarrollar una asociación fuerte y perceptible, y me parece que podemos decir sinceramente que, sean cuales fueren las dificuldades, estamos comenzando a percibir una diferencia, por ejemplo en el caso de los Balcanes, en los que el reto a la credibilidad de la política exterior europea sigue siendo formidable 
En cuarto lugar estoy esforzándome por atender nuevas demandas dirigidas a la Comisión en relación con el nuevo programa de trabajo en materia de seguridad. 
Hemos establecido una nueva dependencia de gestión de crisis para ayudar a integrar la contribución de la Comisión en esa esfera, pero quisiera también adaptar nuestras estructuras para que podamos tener más influencia en aspectos de las relaciones exteriores en los que la diplomacia bilateral tradicional ha sido menos eficaz y en los que la Comisión posee una experiencia particular que podría aprovechar con mayor eficacia. 
Un ejemplo es la prevención de conflictos, que puede involucrar cuestiones que no forman parte del programa de trabajo diplomático corriente. 
Otros ejemplos son el cambio climático, la lucha contra el tráfico de estupefacientes, el control de otras industrias de efectos letales, la creación de nuevas estructuras civiles con inclusión de medios de difusión independientes, etc. Ésos son los tipos de cuestiones en los que me gustaría que la Comisión contribuyera con su experiencia y sus recursos. 
En las deliberaciones que sostuvimos en las reuniones de ministros de asuntos exteriores del G-8 me asombró el grado en que el programa de trabajo de la política exterior y de seguridad está cambiando e integrando cuestiones totalmente diferentes respecto de las cuales la Comunidad posee una competencia prácticamente única, por ejemplo en la esfera medioambiental. 
Ayer examinamos el excelente informe del Sr. Galeote sobre nuestros servicios exteriores y la importancia de realzar en el mundo la efectividad de lo que está haciendo la Unión Europea. 
Hubo un intenso debate acerca de una mejor coordinación, una coordinación mejor entre Estados miembros y todas las instituciones de la Unión Europea, que sé que constituye una importante prioridad para la Presidencia francesa, actitud que comparto sin reservas. 
Me parece que en los últimos meses hemos hablado mucho más abiertamente acerca de esas cuestiones que en cualquier otro momento anterior, pero ahora tenemos que pasar de la retórica a la práctica y tenemos que desempeñar nuestras responsabilidades. 
Señor Presidente, Señorías, en la Unión Europea se han depositado muchas esperanzas para afrontar los desafíos existentes, sobre todo, en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
En los últimos años se han realizado avances considerables, justamente también con las resoluciones de Colonia y Helsinki y con el desarrollo de una política de defensa europea. 
Hemos de tener presente- y el Sr. Patten así lo ha expresado- que nosotros aportamos una gran parte de la ayuda exterior mundial. 
Pero, ¿estamos realmente bien situados para afrontar esos retos? 
¿Son las estructuras existentes realmente las adecuadas? 
¿Es verdad que estamos haciendo posible que gente excelente como el Sr. Patten o el Sr. Solana actúen en el exterior o les estamos empujando, con estructuras equivocadas, cada vez más hacia una competencia interna? 
Es un hecho que el Consejo quiere actuar como el Ejecutivo en la política exterior, de seguridad y de defensa, pero ¿cómo va a llevarse esto a cabo de forma coordinada con veintisiete ministros de asuntos exteriores si se entiende éste como un poder ejecutivo colectivo? 
¡Todo esto aboca a una situación que, en última instancia, es insostenible! 
Es cierto que la Unión Europea ha comunitarizado de forma general la ayuda exterior y la política comercial pero, lamentablemente, no tenemos la oportunidad de impulsar esta política comunitaria a través de la institución prevista para las mismas, porque ello aboca a una situación conflictiva con los ministros de Asuntos Exteriores, que, efectivamente, no están dispuestos a ceder un ápice de sus competencias. 
Siempre que nombran representantes especiales, en última instancia sustraen algo de las competencias de los órganos comunitarios, de la Comisión, sin que resulte de ello una verdadera coordinación. 
Kosovo es un ejemplo de ello: ¡un caos absoluto! 
Aportamos la mayor parte del dinero pero en realidad no se acaba de solucionar nada, a pesar de los ingentes esfuerzos de todos los implicados, porque las estructuras no son las adecuadas. 
¡Este es precisamente el problema del que nos quejamos cada vez con más frecuencia! 
Deberíamos procurar- el Sr. Patten ha encontrado con la ejecución de la ayuda internacional la correspondiente referencia- fortalecer la capacidad de negociación de nuestros órganos comunitarios, procurar que se trabaje mejor y más efectivamente. 
Pero, al mismo tiempo, las estructuras han de ser compatibles, en caso contrario no vamos a poder seguir avanzando. 
Naturalmente, esto también quiere decir- algo que ya expresó el Parlamento antes de Amsterdam- que la doble construcción del Alto Representante/Comisario de Asuntos Exteriores no puede funcionar. 
Después de un año ya tenemos las primeras experiencias en este sentido. 
Hubiera resultado mucho mejor disponer de un vicepresidente de la Comisión para Asuntos Exteriores que tuviese un vínculo especial de legitimación con el Consejo. 
Debemos diseñar las estructuras conforme a las expectativas que recaen en esta Unión Europea, pero no según la concepción tradicional de los ministerios de Asuntos Exteriores de nuestros Estados miembros, que no están dispuestos, de hecho, a desprenderse de sus responsabilidades. 
En este sentido, la nueva Troika debe ser mejor aprovechada. 
También debe resolverse la cuestión del control parlamentario. 
Para el ámbito de la gestión de crisis civiles, la política comercial y todos esos asuntos, según el Tratado, el Parlamento Europeo es competente- y esto es inequívoco. 
Para la financiación y el control de los ejércitos y las ordenes de intervención son competentes los parlamentos nacionales, y esto también está claramente regulado, únicamente hemos de llevarlo a cabo de forma razonable, con la debida coordinación. 
Pero también aquí deben establecerse claramente los controles, ya que no puede ser que las políticas exterior, de seguridad y de defensa europeas impliquen menos transparencia y democracia. 
Por esta razón, señor Presidente del Consejo, en los próximos días también debemos trabajar juntos para que se garantice y se asegure que ciertos documentos conservan su necesaria condición de secretos. 
Por otro lado también debe garantizarse en lo posible la transparencia y el control, del mismo modo en que, en comparación, están presentes en los gobiernos y parlamentos nacionales. 
Creo que para ello encontraremos el oportuno punto de partida. 
Constato un espíritu muy positivo por parte de la Presidencia francesa del Consejo repecto de esta cuestión. 
¡Por esta razón, en los próximos días, deberíamos ponernos a trabajar en ello! 
A continuación se suspende la sesión. 
Señor Presidente, como sabe usted estoy presidiendo actualmente la delegación parlamentaria para los Estados Unidos de América y me gustaría plantear una cuestión de orden con arreglo al reglamento del Parlamento acerca de las delegaciones parlamentarias. 
Me he enterado de que un grupo de parlamentarios del Grupo PPE visitaron los Estados Unidos de América en julio. 
Normalmente debería considerar esto como una cuestión puramente privada, que no es de mi incumbencia. 
Ahora bien, en el programa relacionado con la visita se describe al grupo como delegación y en particular al Sr. Goodwill, diputado del Parlamento Europeo, se le describe como jefe de la delegación. 
Esto coloca en un contexto totalmente diferente toda la cuestión de dicha visita. 
En junio fue a los Estados Unidos de América una delegación oficial parlamentaria que yo presidía, y es lógico que haya confusión si otro grupo de diputados del Parlamento Europeo llegan a los Estados Unidos de América tres semanas después, grupo que se podía considerar que era también una delegación del Parlamento Europeo. 
Se me ha dicho que los comentarios de esos parlamentarios eran propios de las filas más desenfrenadas del Grupo PPE y que se caracterizaban por su contenido antieuropeo. 
Señora Read, ya he entendido. 
La Presidencia toma nota de su observación, vamos a corregir el error y le informaremos de la decisión adoptada. 
Señor Goodwill, creo que sus palabras siguen la misma orientación que las de la Sra. Read. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. Quisiera comunicar al Parlamento que el Grupo de diputados del Reino Unido, Suecia y Alemania que fueron a los Estados Unidos de América no deseaban en absoluto que se les describiese como delegación. 
Estábamos visitando los Estados Unidos de América sencillamente como grupo organizado con miembros de nuestros propios grupos nacionales. 
No representábamos al Grupo PPE, ni queríamos en absoluto usurpar el papel de la delegación oficial. 
Niego lo que se ha dicho acerca de que las opiniones expresadas durante la visita fueran particularmente extremadas. 
Representábamos la opinión de nuestros partidos nacionales, así como las opiniones expresadas en el Parlamento Europeo. 
Señora Read, lo lamento inmensamente, pero no voy a concederle el uso de la palabra, porque llevamos retraso. 
Todos saben ya cuál es el problema. 
La Mesa y el Parlamento se han comprometido ya a resolver ese asunto y no voy a concederle más el uso de la palabra. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, le comunico mi voto favorable al informe del Sr. Dell ' Alba, un voto que voy a explicar aquí teniendo en cuenta las preocupaciones de los pensionistas por los gastos. 
Al disponer de poco dinero, están muy atentos a cómo gastarlo. 
Lamentablemente, en el presente informe Dell ' Alba no se han tenido en cuenta las sugerencias de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, que expresaba duras críticas sobre este informe que propone completar los gastos previstos por un reglamento anterior sobre las ayudas a algunas actividades de la Unión Europea en América Latina, en Asia, en el Mediterráneo y en Sudáfrica. 
En mi opinión, se debía haber hecho mucho más y esto debía considerarse como una verdadera señal de alarma para las actividades de la Comisión. 
Informe Pietrasanta (A5-0205/2000). 
Señor Presidente, no podía dejar de explicar mi voto favorable al informe sobre el programa MEDA, puesto que este verano he estado de vacaciones primero en España y después en Túnez. 
En este último país se me acercó un pensionista tunecino que no sé cómo sabía que represento a los pensionistas en el Parlamento Europeo, y me preguntó: " Sé que existe un programa de ayuda para Túnez, como para todos los países mediterráneos, sin embargo, ¿a mí que soy pensionista en Túnez, qué beneficio me ha reportado? 
¿Qué hacen por nosotros? " 
He leído todo el informe del Sr. Piétrasanta y he comprobado que, lamentablemente, no se contemplan determinadas acciones. 
En realidad, entre las distintas iniciativas previstas en este programa MEDA- que confío en que se financie con medios muy superiores a los 3.475 millones de euros que se invirtieron de 1995 a 1999- espero que se tomen medidas para controlar dónde van a parar las financiaciones de la Unión Europea y que también una parte muy importante de las mismas llegue a manos de las poblaciones, incluidas las personas mayores, de los países de África ribereños del Mediterráneo. 
..- (FR) El programa MEDA representa el principal elemento de cooperación financiera en el marco de la cooperación euromediterránea instaurado en 1995. 
Pero los procedimientos son demasiado complejos, no muy transparentes, los datos de ejecución de los proyectos demasiado largos... 
Es urgente una reforma ya que estas dificultades arrojan el descrédito sobre la totalidad del proceso y han sido entendidas como signos negativos por los pueblos del Mediterráneo que habían acogido sin embargo el proceso de Barcelona con cierto entusiasmo. 
El texto de la Comisión es bueno porque se incluye en una lógica de simplificación del reglamento actual. 
Pero esperamos más si queremos dar a nuestra política mediterránea un nuevo impulso: asociar más a las poblaciones apoyando la cooperación descentralizada, integrar más el aspecto cultural y humano, abrir la zona de libre cambio a los productos agrícolas, seguir y apoyar las libertades fundamentales. 
Me adhiero totalmente a la propuesta del ponente para que anualmente se redacte un informe sobre el respeto de los derechos humanos en los países mediterráneos. 
ES- Informe Galeote Quecedo (A5-0210/2000). 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la diplomacia común para la Unión Europea. 
Debo decir que mi hija que cuando en su día vio el permiso de conducción europeo me dijo muy contenta: "¡ Entonces Europa avanza !", ahora me ha preguntado: "¿ Cuándo vamos a tener la embajada de Europa en los países en que vamos a hacer turismo ?" 
Pues bien, yo consideraba que el informe de la Comisión era más decidido, más convencido, que crearía por fin una única embajada europea, en lugar de quince embajadas nacionales en los quince Estados miembros y en los demás Estados en todo el mundo. 
Lamentablemente, esto no ha sido así, sin embargo, espero que lo sea en la próxima comunicación de la Comisión. 
. (DA) Los cinco diputados al Parlamento Europeo del Partido Liberal respaldamos los esfuerzos de este informe por dotar de un mejor entrenamiento diplomático a los funcionarios comunitarios que trabajan en las delegaciones de la Comisión. 
Hemos presentado- y logrado aprobar- una enmienda que subraya que sólo se habla de reciclaje y que los cursos deben estar abiertos a diplomáticos procedentes de los servicios exteriores de los países nacionales. 
No obstante, el Partido Liberal no apoya en cambio la idea de crear una nueva institución bajo la forma de una Escuela Diplomática de la CE ni tampoco desea que las actuales delegaciones se transformen en embajadas de la UE. 
De ahí que el Partido Liberal haya votado hoy a favor del informe en su conjunto pero se haya abstenido en la votación de los puntos anteriormente mencionados. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado a favor y saludamos la iniciativa referida a la mejora de los servicios exteriores comunes de la Comunidad. 
Además, respaldamos la iniciativa encaminada a aumentar la preparación de los funcionarios comunitarios ocupados en actividades externas. 
Somos contrarios, sin embargo, a la creación de una Escuela Diplomática para la formación del personal. 
Esto sólo podría llevarse a cabo, por ejemplo, como reciclaje o "on the job training". 
También nos provoca reparos que las delegaciones de la Comisión se transformen en verdaderas embajadas. 
El resultado de tal cosa sería una imagen confusa de cuáles son las tareas que resuelven las embajadas nacionales. 
. 
(SV) Nos hemos abstenido, ya que los objetivos del informe no son claros. 
Por una parte, contiene muchas propuestas para mejorar las actividades de las actuales oficinas de la UE en el extranjero. 
Además, se señala en el punto O que el objetivo no es la creación de un servicio diplomático común para la UE que reemplazaría los servicios exteriores de los países miembros. 
Por otra parte, todo el texto rezuma el anhelo de alcanzar paulatinamente precisamente esa meta, esto es, crear verdaderas embajadas comunitarias como parte del proceso de transformación de la UE en un superestado. 
Esta impresión se ve fortalecida poderosamente por los puntos P, 13 y 15, en los que se alude precisamente a las embajadas comunitarias, a la representación coordinada de la UE, por ejemplo, en Naciones Unidas y a que los Estados miembros que lo deseen podrán dejar que sus embajadas se fusionen con las representaciones de la UE. 
Estamos a favor de mejoras prácticas de la actividad exterior, pero nos oponemos totalmente a que la UE actúe en el mundo como un superestado, especialmente si lo hace de forma subrepticia, no podemos sino abstenernos de votar. 
. (DA) Como algunas de las pocas democracias de este mundo, sobre nuestros países descansa una responsabilidad especial. 
Al igual que los EE.UU. hemos de estar en posición de adoptar iniciativas independientes e intervenir en aquellas partes del mundo donde haga falta defender los derechos humanos y propagar los valores democráticos. 
En un principio, tales intervenciones deben llevarse a cabo con la ayuda de medios de presión económicos, no obstante y según las circunstancias, la intervención militar puede ser necesaria. 
Para que la UE pueda valorar la energía imprescindible para la realización de estas tareas es condición imprescindible que haya una estrecha colaboración en la UE tanto en el plano económico como en el político, incluida una colaboración más estrecha entre los servicios exteriores. 
En la actualidad, los informes de las delegaciones de la Comisión son demasiado diferentes debido a las posturas divergentes de los Estados miembros. 
Una presencia más activa de la UE en la escena política requiere una política exterior mejor coordinada, en la que los países comunitarios se comprometan a unir fuerzas y hablar con una sola voz. 
. (FR) El informe del señor Galeote presenta la particularidad de señalar con mucha claridad su objetivo y su lógica reales, la creación de un servicio diplomático comunitario único, pretendiendo formalmente lo contrario. 
Todo el dispositivo propuesto contradice efectivamente el considerando O, según el cual éste no tiene por objeto sustituir los servicios diplomáticos nacionales por un servicio europeo único. 
Saludo la sinceridad y la coherencia de las enmiendas del Sr. Dupuis, que al menos tienen el mérito de poner las cosas en claro. 
Los sutiles equilibrios internos del PPE explican probablemente el carácter barroco de la construcción que se nos ha sometido. 
Estas cautelas y contrasentidos, aparentemente bastante irrisorios, se sitúan de hecho en la línea recta del método Monnet-Delors, del que el Sr. Galeote no hace más que proponernos una nueva declinación, a propósito en este caso de la diplomacia. 
Es el método que pretende que el órgano crea la función, que el continente segrega el contenido, que lo técnico suscita lo político. 
Pero nosotros poseemos la rejilla de la lectura y sabemos decodificar. 
Cuando el Sr. Galeote propone poner en marcha una escuela de formación para moldear super-diplomáticos comunitarios y reciclar a los diplomáticos nacionales, para dotar a la Unión Europea de la personalidad jurídica internacional y realizar la "coordinación" de las representaciones, principalmente ante la ONU, nosotros sabemos que es preciso leer en realidad fusión de embajadas, creación de un cuerpo diplomático comunitario único y comunitarización de las sedes permanentes francesa y británica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Y, por supuesto, como siempre, la cuestión del objeto, el contenido, la única que vale, se omite. 
¿Por qué se crea este nuevo órgano? 
En todo caso, ¿a qué política exterior serviría este servicio diplomático comunitario? 
Este planteamiento es típicamente marxista. 
Se espera el "salto cualitativo brusco" que cambiará, se confía, a partir de un cierto umbral, lo cuantitativo en cualitativo. 
Se considera que el instrumento común produce la conciencia común, la voluntad común, la responsabilidad común. 
Este culto de lo cuantitativo culmina en la comparación grotesca entre el número de diplomáticos americanos y de "europeos", obteniéndose éste último por la suma del número de diplomáticos profesionales que ejercen en los servicios exteriores de nuestros diferentes Estados. 
¿Es necesario recordar que los Estados Unidos son una única y misma nación y que los Estados miembros de la Unión Europea tienen cada uno vínculos privilegiados en el mundo, experiencias y afinidades diferentes y en ocasiones divergentes, que constituyen la riqueza de la diplomacia europea? 
La complementariedad de dichas experiencias puede ponerse al servicio de un objetivo común, claramente definido, que sirva de este modo realmente a los intereses europeos. 
Con la diplomacia única que se nos propone son precisamente estas bazas las que van a perder valor. 
En realidad, se erosionan las voluntades nacionales que constituyen sin embargo el motor diplomático de Europa, y nos sorprendemos al mismo tiempo de que a la multiplicación de los instrumentos y de las declaraciones no se corresponda más que la falta de contenido y el desinterés generalizado. 
El único punto positivo de este informe podría ser su voluntad de racionalizar la organización y mejorar la profesionalidad de las delegaciones de la Comisión en los países terceros. 
La experiencia demuestra que éstas no se muestran siempre a la altura de su verdadera tarea, que es la ejecución y control sobre el terreno de los programas y acuerdos comunitarios. 
Parece que esta misión haya pasado a un segundo plano en las preocupaciones de los representantes de la Comisión, demasiado ocupados en obtener oficialmente un título usurpado de embajador, para velar con rigor por la buena ejecución de los programas cuya aplicación se les ha confiado. 
Aparte de este último punto, se comprenderá sin embargo que no hayamos votado a favor de las demás propuestas, totalmente surrealistas, de este informe de propia iniciativa. 
Se constata en la actualidad el absurdo y la debilidad intrínsecas de una moneda única que no sostiene ninguna soberanía. 
Y quisiéramos ver cómo funciona, o más bien, cómo no funciona, una diplomacia única pensada de la misma forma, al revés. 
. 
(SV) Doy la bienvenida a la iniciativa de mejorar la formación de los funcionarios comunitarios que trabajan en Asuntos Exteriores, pero no puedo respaldar la creación de un cuerpo diplomático comunitario. 
Los Estados miembros son responsables de la diplomacia exterior y, en mi opinión, la transformación de las delegaciones de la Comisión en delegaciones comunitarias, como entes jurídicos, podría producir conflictos de intereses con las delegaciones diplomáticas nacionales de los Estados miembros. 
Por este motivo no puedo votar a favor del informe Galeote Quecedo. 
Informe Imbeni (A5-0191-2000) 
Señor Presidente, también he votado a favor sobre el informe del Sr. Imbeni, dado que, sin duda, es muy importante lo que la Unión Europea lleva a cabo en el momento en que organiza actividades humanitarias donde se producen desastres o existen situaciones de posguerra. 
Los pensionistas que tengo el placer y el honor de representar, están entre los que en estas ocasiones se prestan de más buena gana a ir a ofrecer su ayuda y su actividad en favor de los más desfavorecidos que sufren un desastre. 
Sin embargo, ¿qué ha sacado Europa de esta iniciativa que, entre otras cosas, sólo en 1999 ha supuesto un gasto de 813 millones de euros? 
Por otra parte, yo pediría a la Comisión que aumentara dicho gasto, porque es muy importante que Europa esté presente en el mundo y que materialice la visibilidad de su presencia a través de un logotipo y dando una mayor publicidad a esta importante actividad. 
Señor Presidente, un único ejemplo, extraído de la exposición de motivos, muestra el carácter irrisorio del informe sobre las actividades humanitarias de la Comunidad Europea. 
El informe menciona la falta de instrumentos operativos, en particular de helicópteros, para explicar la insuficiencia de la ayuda internacional en general, y la de las instituciones europeas en particular, ante las inundaciones que se produjeron en Mozambique, mientras que- ¿quién no lo recuerda? -, no faltaron helicópteros, ni aviones, ni equipos de transporte de todo tipo, ni siquiera medios de destrucción para intervenir en Yugoslavia o en Irak. 
La única conclusión que se impone es que las grandes potencias, que son capaces de movilizar medios considerables para imponer su hegemonía al resto del mundo, no están dispuestas a hacer el mínimo esfuerzo en este sentido para salvar vidas humanas. 
En estas condiciones, las declaraciones tranquilizadoras de las instituciones europeas sobre la ayuda humanitaria son de una hipocresía indecente y nosotros no tenemos la intención de avalarlas, por ello nos hemos abstenido en esta cuestión. 
. (FR) Debo saludar en primer lugar la calidad del informe presentado por nuestro colega Imbeni. 
En efecto, su informe se inscribe en la dirección correcta de nuestra institución que siempre se ha manifestado vigorosamente en los países más desfavorecidos, con dictámenes, resoluciones, o también por medio de acciones concretas a favor de la mejora y del desarrollo de la ayuda humanitaria. 
Efectivamente, desde principios de los años 1990 y la creación de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) , Europa se ha impuesto como el mayor donante en el mundo. 
Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos legítimos en atención a los vínculos históricos que unen a algunos países europeos y a algunos países en vías de desarrollo, es obligado constatar que la pobreza progresa a escala mundial. 
Actualmente, la mitad de la población vive con menos de dos dólares diarios. 
¡Es intolerable! 
El dinero desbloqueado, ¿se ha malgastado? 
No lo creo. 
Sin las ayudas de urgencia realizadas por ECHO para hacer frente a las catástrofes naturales o a las crisis graves que azotan regularmente a los más vulnerables en nuestro planeta, no me atrevo a imaginar la situación a la que deberíamos hacer frente en la actualidad. 
Falta un esfuerzo de racionalización de la ayuda humanitaria. 
En este sentido, me felicito porque esta Asamblea reclame más coherencia y coordinación en las ayudas, así como un refuerzo de la colaboración entre los diferentes socios como la Comisión, los Estados miembros, las asociaciones o también las Naciones Unidas. 
Además, por encima de la ayuda humanitaria estricta necesitamos trabajar por una mejor prevención de los conflictos, ya que el 25% del territorio africano sigue "gangrenado" por la guerra. 
Finalmente, si bien el problema del desarrollo es pluridimensional y la Unión Europea no es el único remedio, hemos de continuar e intensificar nuestra acción con el fin de sentar las bases para un desarrollo mundial duradero y participar en la erradicación de la pobreza. 
Ésta es en todo caso la idea que ha inspirado el trabajo de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Por ello he votado a favor del informe presentado en el día de hoy por nuestro colega. 
Señor Presidente, quisiera protestar de la forma más enérgica, en nombre propio y en el nombre de mis colegas para que así conste en el Acta, en contra del artículo que la Sra. Presidenta ha publicado en el Diario de Estrasburgo de hoy. 
En el mismo afirma que, en su opinión, si los 14 Estados miembros de la UE no hubiesen puesto en práctica las sanciones contra Austria, se hubiesen producido disturbios en ese país. 
Rechazo esto de la forma más enérgica. 
Con ello, la Sra. Presidenta no sólo es injusta con el pueblo austríaco sino que abusa de su cargo y le inflinge a esta Asamblea, una institución de la UE, un daño sin medida. 
Vicepresidente, gracias por concederme la palabra. 
Con su venia plantearé de nuevo la cuestión de orden que había intentado formular esta mañana, justo antes de las votaciones. 
Volveré a leer lo que quería decir. 
Actualmente soy Presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los Estados Unidos de América y quisiera plantear una cuestión de orden, con arreglo al reglamento del Parlamento, acerca de las delegaciones parlamentarias. 
Me he enterado de que un grupo de diputados del Grupo PPE fueron en julio a los Estados Unidos de América. 
Normalmente consideraría la visita como una cuestión privada, pero en el programa de la visita, que está a su disposición, se describe al grupo como delegación y en particular al Sr. Robert Goodwill, diputado del Parlamento Europeo, como jefe de la delegación. 
Evidentemente esto coloca a la visita en un contexto totalmente diferente. 
Una delegación oficial del Parlamento, que yo encabezaba, visitó en junio los Estados Unidos de América. 
Creo que podrá admitir usted que puede muy bien plantearse una situación confusa cuando otro grupo de diputados del Parlamento Europeo llega a los Estados Unidos de América tres semanas después y, desde todos los puntos de vista, parece ser una segunda delegación del Parlamento Europeo. 
Sé que sus informes adolecían de un fuerte tono antieuropeo, lo que, evidentemente, es de la incumbencia del PPE, pero me parece que, cuando lo que pasa por ser una visita oficial del Parlamento Europeo es origen de observaciones dañosas y despreciativas acerca de la Unión Europea, la cuestión merece que se la plantee aquí. 
Le agradeceré que, como cuestión urgente, investigue si se han infringido las normas de este Parlamento. 
También podría averiguar usted si los diputados en cuestión habían recibido o no invitación oficial formulada por órganos pertinentes en los Estados Unidos de América y si tienen intención de declarar su visita en sus respectivos registros de intereses. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en el punto 2 del Acta verá usted que al final, después de que el Parlamento guardase un minuto de silencio en memoria de los que perdieron la vida, el Acta dice que el Sr. Gorostiaga Atxalandabaso tomó la palabra. 
No se hace mención alguna de lo que dije, pero si se fija usted en el Acta literal verá que hay un error importantísimo que puede ser mal interpretado. 
Me estaba refiriendo al derecho a existir como vasco. 
Comprenderá usted que la diferencia es realmente considerable. 
Quisiera que se corrigiese. 
Voy a preguntar en quién recae la responsabilidad de lo sucedido porque, si uno lee los periódicos españoles de hoy, verá que todos creen que dije lo que dice el Acta. 
Al menos en ese caso la cuestión se basa en una referencia; en cambio, algunos medios de difusión españoles, han puesto a Nietzsche donde yo citaba a Hegel, y eso no es una coincidencia en absoluto. 
Tengo la impresión de que se está tratando de hacerme decir cosas que yo no he dicho. 
Por eso protesto. 
Quisiera que se corrigiese lo que dice el Acta. 
No basta con decir que tomé la palabra. 
Hay que hacer constar el fondo de lo que dije ayer. 
Señor Gorostiaga, si usted tiene la sensación de que sus palabras no se han reflejado correctamente en el Acta entonces acaba usted de aprovechar el momento oportuno para hacer su observación. 
Esto también quedará reflejado en el Acta Literal. 
Investigaremos naturalmente cómo se ha producido esto. 
He tomado nota de ello. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden del día 
Como saben ustedes, el Parlamento ha decidido esta mañana incluir una comunicación del Sr. Verheugen sobre la ampliación en el orden del día de mañana a las 17 horas. 
El Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, ha expresado su deseo de hacer también una declaración sobre este tema. 
Como el Sr. Prodi ha de salir sin falta de Estrasburgo mañana por la tarde a las 17 horas, les propongo que se cambie la comunicación de la Comisión a las 16 horas. 
Los debates continuarán por lo tanto después de la comunicación de la Comisión hasta el turno de preguntas a la Comisión que empieza a las 17.30 horas. 
¿Hay alguna objeción? 
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, y también saludo expresamente que el propio Sr. Presidente Prodi vaya a expresar su opinión. 
Únicamente quisiera solicitar- y los portavoces de grupo aquí presentes están de acuerdo con lo que seguidamente voy a decir- que mañana también se permita brevemente que los portavoces de grupo expresen claramente su opinión. Hasta ahora esto no se ha previsto. 
Pero solicito que así se haga, de suerte que nosotros también podamos dar a conocer con claridad nuestra postura. 
No es necesario que se prevean largas intervenciones, pero a los portavoces de grupo se les debe otorgar esa oportunidad. 
Consecuentemente, solicito que así se disponga. 
Señor Poettering, el Parlamento es soberano. 
Por lo tanto, si usted expresa ese deseo y si tengo la sensación de que los otros y sobre todo sus colegas están de acuerdo con ello entonces no hay ningún inconveniente, lo cual significa que también los Presidentes de los Grupos parlamentarios tomarán la palabra. 
¿No hay ninguna objeción? 
Entonces esto queda decidido así. 
Prioridades de la Unión en materia de acciones exteriores (continuación) 
De conformidad con el orden del día se procede a la continuación del debate sobre las comunicaciones del Consejo y de la Comisión sobre la prioridades de la Unión en materia de acciones exteriores. 
Para continuar con el debate de esta mañana quiero decir que desde el Grupo parlamentario socialista sentimos la necesidad de reconocer que se ha producido un cambio enorme en la posición de Europa en el mundo después de la caída del muro de Berlín con respecto a lo que llamábamos con un término clásico la política exterior, que antes llevaban mayoritariamente los estados nacionales que, por supuesto, siguen desempeñando un papel grande. 
También hemos visto que nuestros gobiernos muchas veces operaban de forma contraproducente hacia fuera. 
Ahora estamos en una posición en la que vemos que estos gobiernos están dando pasos paulatinos y que la Unión Europea está diseñando una política exterior cada vez más común. 
Tratándose de acciones exteriores, que equivalen para nosotros al concepto de "política exterior", me parece que el Sr. Patten lo ha expresado muy claramente, y se entiende bastante más que la diplomacia exterior clásica tal como la conocíamos y toca temas como la seguridad, que abarca un concepto mucho más amplio de la seguridad, el medio ambiente, la prevención de conflictos, el comercio, las relaciones en muchos terrenos que incluyen la ayuda al desarrollo y, naturalmente, los medios clásicos de la política exterior. 
Esto nos lleva a una política exterior de la Unión Europea con otras pautas y nos lleva a la integración con el Comisario para las Relaciones Exteriores, míster PESC, el Sr. Solana, y con el Consejo que tienen cada uno un papel específico que desempeñar. 
Lástima que hoy no haya ninguna intervención por parte del Sr. Solana. 
Quisiéramos resaltar que en las prioridades hay tres partes, por así decirlo, que deberíamos equilibrar al mismo tiempo: una parte está alrededor de nosotros, los vecinos, la ampliación, la Europa Oriental; está la parte estratégica en el territorio MEDA, el segundo campo que abarca las relaciones tradicionales en la OTAN, el G7 y los otros vínculos que tenemos para cooperar con los Estados Unidos y los otros socios tradicionales; y la tercera parte es la que se pierde tan fácilmente de vista, pero que consideramos esencial: Europa como guardiana de valores en el mundo, "a global player in a global village". 
En esta cuestión es fundamental que se considere la lucha contra la pobreza como una pauta central en nuestra política y no como algo supeditado a la política exterior. 
Señorías Patten, Nielson y todos los otros, incluyendo al Comisario para las relaciones exteriores, ahí podríamos encontrar un nuevo valor y una nueva calidad y efectividad, junto con este Parlamento. 
Nos entristece mucho que el apartado 4 y el papel de nuestro Parlamento y las tareas que se nos asignan se hayan marginado tanto. 
Tenemos todavía demasiadas veces la sensación de que el Consejo sigue su propia línea y esa ya no es la manera de realizar una política exterior moderna de mayor envergadura. 
Esperamos por lo tanto que se escuche nuestra señal para una nueva política, o sea respetando el presupuesto, y que en la nueva política tenga cabida un Parlamento Europeo activo y fuerte que pueda opinar y que sea tomado en serio. 
Agradeceríamos que el Consejo y la Comisión se expresaran positivamente acerca de este punto de la nueva política. 
Señor Presidente, me alegra mucho la determinación de que dieron prueba ayer la Presidencia francesa y la Comisión al hacer hincapié en la ampliación como prioridad esencial para la acción exterior de la Unión. 
Espero que cuando nos ocupemos de la cuestión mañana en el Parlamento el incidente Verheugen haya servido sencillamente como indicación oportuna de que tenemos que exponer nuestras intenciones con toda claridad y evitar todo mensaje confuso cuando tratemos de esta prioridad estratégica. 
Por lo que se refiere a la cuestión de que nos ocupamos, me gustaría comentar un aspecto al que se refirió hoy el Comisario al tratar de los esfuerzos encaminados a dar mayor eficacia a la política exterior, así como a manifestar mi satisfacción y mi apoyo respecto de su opinión acerca de la indivisibilidad de la política exterior de la Unión. 
Si nos fijamos en el proceso de Barcelona, en el proceso de paz del Oriente Medio, en nuestras relaciones con los Balcanes occidentales, en nuestras relaciones con Rusia, veremos claramente que tenemos que abarcar una amplia esfera normativa y que contamos con muchos y muy diversos instrumentos. 
Es evidente que el éxito de una política exterior no puede basarse únicamente en un pilar. 
Aunque la realización de la política exterior- y, en particular, la dimensión de seguridad y defensa de la política exterior- es esencialmente de la incumbencia del gobierno, no es menos evidente que no puede ser de la incumbencia exclusiva del gobierno debido al carácter de la esfera normativa y a los instrumentos disponibles. 
La Comisión tiene razón cuando reclama su derecho de asociación con arreglo al Tratado y, en consecuencia, este Parlamento tiene razón cuando reclama su derecho al escrutinio y la rendición de cuentas. 
Otro punto general al que me gustaría referirme es el de la eficiencia de la política. 
También en este caso la nueva Comisión- y, en particular, el Comisario Patten- merecen que les felicitemos, en primer lugar por revelarnos lo horrible que ha llegado a ser gran parte de la política. 
Permítanme que recuerde uno de los resultados de esas indagaciones: en los cinco últimos años el retraso medio en el desembolso de fondos consignados ha aumentado de tres años a cuatro años y medio. 
En el caso de algunos programas la acumulación de obligaciones pendientes equivale a más de ocho años y medio de pagos. 
Esto, sea quien fuere quien lo analice, es una verdadera farsa. 
Hay que decir en honor de la objetividad que la antigua Comisión dirigida por Jacques Santer fue al mismo tiempo víctima y autora de este proceso. 
Esa acumulación es prueba de la inefectividad e ineficacia del sistema durante años y años. 
Nos satisface que se haya resuelto revisar urgentemente este proceso. 
En nombre del Grupo Liberal y Democrático quisiera subrayar particularmente nuestra indignación por el uso de un código de secreto en vez del código de transparencia que normalmente favorece el Consejo. 
La capa del secreto no es la forma de legitimar la evolución de la política comunitaria. 
Mi Grupo lamenta el hecho de que ese código de secreto se haya insinuado de nuevo durante la interrupción estival de la labor del Parlamento, sin consultar de forma alguna al Parlamento y recurriendo a un procedimiento escrito. 
Eso equivale a una forma de conspiración intergubernamental contra el derecho de los ciudadanos a saber lo que pasa. 
Espero que el Consejo nos diga hoy qué papel está preparado a conceder a este Parlamento en el marco del escrutinio y la rendición de cuentas, que pueden ser de carácter intergubernamental pero que no pueden descansar en un solo pilar. 
Señor Presidente, cuando la Unión Europea vaya autoasignándose nuevas competencias, cabe esperar que la transparencia de las acciones y el control parlamentario vayan ampliándose al mismo ritmo. 
En estos momentos, tras la Cumbre de Helsinki, da la impresión de que la identidad en materia de seguridad y defensa europeas se desarrolla con mucha intensidad y rapidez. 
Sin embargo, parece que el Consejo ha recurrido cada vez más al método intergubernamental en la realización de estos trabajos, incluso hasta tal punto que ha amenazado con dejar al margen a la Comisión, cosa que, a mi juicio, es completamente inaudita. 
La Comisión debe desempeñar un papel importante en este proceso. 
Tal y como acaba de expresar nuestro colega el Sr. Cox, también yo repruebo que durante el período de las vacaciones de verano el Consejo haya establecido limitaciones muy severas en cuanto al derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos que tratan cuestiones de seguridad y de defensa. 
Nadie afirma, desde luego, que la confidencialidad, o incluso el secreto, no sean necesarios en ocasiones, por ejemplo, cuando se trate de cuestiones operacionales de la política en materia de defensa. 
Pero ahora nos parece que la decisión del Consejo dará lugar a que el desarrollo del conjunto de la política en materia de seguridad y defensa, como ámbito político propiamente dicho, quede excluido de los mecanismos de control. 
Es decir, que ya no será posible supeditar este ámbito al control. 
Los ciudadanos ya no podrán seguir el desarrollo de la política en materia de seguridad y defensa, y los Parlamentos nacionales tampoco podrán ejerecer este control. 
En este Parlamento se ha hablado sobre esta situación, y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en cuyos trabajos participo, está examinando si es procedente que el Parlamento demande al Consejo ante el Tribunal de Justicia por esta decisión, la cual atenta claramente contra los derechos del Parlamento y restringe los derechos ya adquiridos por los ciudadanos en cuanto al acceso a los documentos. 
Yo también exijo que el Presidente en ejercicio del Consejo se pronuncie claramente al respecto, y estaría muy agradecida si la Comisión también se prestase a comentar esta situación. 
Señor Presidente, voy a ser extraordinariamente breve, ya que tan sólo quisiera abordar un aspecto muy particular relacionado con las acciones exteriores de la Unión Europea, cuestión que, a mi entender, es particular, pero que debe merecer la mayor atención y que nos preocupa sobremanera. 
Me refiero a una tendencia evidente a la desvalorización cada vez mayor, en atención y en medios, de la cooperación con los países en vías de desarrollo. 
Naturalmente, tengo presente que hay otros objetivos y, naturalmente, que deben merecer la debida consideración. 
Pero creo que, por las esperanzas infundidas, por los cometidos que competen a la Unión Europea, incluso por los nuevos problemas que los países en vías de desarrollo afrontan, la consideración de esas importantes zonas del mundo debe estar muy presente en nuestra acción. 
Y, en particular, quisiera subrayar un aspecto: necesitamos, en ese marco, tener estrategias propias y autónomas que afirmen a la Unión Europea en esa esfera. 
Esta preocupación se desprende, en particular, de las sucesivas reducciones presupuestarias en el marco de la cooperación que, en cierto modo, ilustran y avalan esos temores que acabo de mencionar, a los que hay que poner término- creo yo- de una vez por todas. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, señorías, quisiera en primer lugar hacerle una pequeña observación al Sr. Patten. 
El documento que nos disponemos a votar deplora la deriva intergubernamental que caracteriza la construcción de nuestra política exterior y de seguridad común, algo que es en cierto modo contradictorio con las palabras que pronunció esta mañana el Comisario, según las cuales la política de Asuntos Exteriores seguiría siendo competencia de los Estados miembros. 
Creo por tanto que sería necesario quizá considerar la cuestión de forma más flexible. 
En política nunca empleamos el término "jamás". 
Creo que el Parlamento es bastante timorato en esta cuestión, pero la intervención del Sr. Brok ha demostrado que algunos, en este Parlamento, seguían considerando una comunitarización de la política exterior como posible y absolutamente necesaria. 
Quisiera plantear rápidamente dos preguntas al Presidente en ejercicio. 
Leo con interés que acaba de adoptarse una iniciativa franco-alemana de agrupación de los consulados. 
¿Podría la Presidencia en ejercicio concebir una comunitarización rápida de la política de asuntos exteriores y considerar, en especial, que se pudiera confiar a una embajada de la Unión la misión de representar a todos los Estados miembros de la Unión en los 50 países en los que no está presente ningún Estado miembro de la Unión? 
Segunda pregunta. 
He observado con interés, señor Presidente en ejercicio, su falta de entusiasmo evidente por lo que respecta a la Cumbre Unión Europea/China; me alegro. 
¿Significa esto que la política llamada de diálogo crítico con China es definitivamente enterrada y que estaría usted dispuesto, como Presidente en ejercicio, a abordar, en su próxima reunión con los chinos, la cuestión del reconocimiento del Gobierno tibetano en el exilio si no se produce ningún acuerdo relativo al nuevo estatuto del Tibet en un plazo razonable? 
Señor Presidente, yo creo que es importante no perder de vista los objetivos que se han perseguido con este debate, y que, en mi opinión son, dos: 
En primer lugar, garantizar una acción exterior de la Unión Europea más eficaz, más coherente y más visible. 
Porque, ¿de qué nos sirve tener más de 40.000 funcionarios en más de 1.500 representaciones diplomáticas entre la Comisión y los Estados miembros- el doble de las que tienen los Estados Unidos- si realmente nuestra acción no es lo suficientemente eficaz, lo suficientemente coherente y lo suficientemente visible? 
Yo creo que el Sr. Patten lo ha expresado muy bien en su intervención, en la que ha demostrado, por lo menos, que ha leído la propuesta de resolución común que hemos negociado en el Parlamento. 
En segundo lugar, tomar nota de que los tiempos en los que el Parlamento Europeo se limitaba a firmar el cheque de las prioridades que establecían otras instituciones comunitarias ha pasado definitivamente a la historia. 
En la crisis de los Balcanes han quedado perfectamente patentes las insuficiencias de la Unión Europea. 
En este momento, en los Estados Unidos hay un gran debate sobre el gasto militar, debate que tendremos que afrontar pronto en Europa, y no sólo desde la perspectiva del gasto sino desde la perspectiva de la estructura de ese gasto. 
La incompatibilidad y la heterogeneidad de las inversiones de los Estados miembros en este ámbito- los reflejos nacionales- hacen que este debate sea lo suficientemente difícil como para que tomemos en consideración otros problemas añadidos, como son las querellas interinstitucionales. 
Este Parlamento hubiese preferido claramente que la figura del Alto Representante estuviese en las instancias de la Comisión. 
Ha sido en el Consejo, y lo tenemos que aceptar, como tenemos que aceptar también que la Comisión debe desempeñar un papel. 
Tiene razón el Sr. Patten cuando dice que hay que clarificar y resolver una serie de tensiones entre lo intergubernamental y entre lo comunitario. 
Esta disputa entre las instituciones tiene que resolverse, y el Parlamento Europeo no se limitará a servir la mesa, sino que también quiere estar en la cocina. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, mis compañeros franceses del Grupo del PSE y yo mismo seguimos con mucho interés, evidentemente, las acciones exteriores de la Unión. 
De forma general, debo recordar que somos favorables a una fuerte presencia de la Unión Europea en la escena internacional. 
Ello implica en primer lugar una voluntad firme y constante del propio Consejo. 
Ha hablado usted de extrema ambición, señor ministro, y me alegro por ello. 
Pero también esto implica posibilidades reales de acción en las manos de la Comisión. 
Éste es el deseo del señor Comisario y espero que tenga, en este momento y en el futuro, los medios políticos, administrativos y financieros para poner en práctica sus intereses con el fin de que nuestra PESC sea efectiva y verdaderamente eficaz. 
Sin embargo, en esta breve intervención, quisiera sobre todo hacer hincapié en la ampliación. 
Una reciente entrevista concedida a un diario alemán ha sembrado cierta confusión. 
Para nosotros, las cosas están claras. 
No se trata de ralentizar el proceso de ampliación mediante la formulación de nuevas exigencias o diferentes medios dilatorios. 
Al contrario hemos de hacer todo lo posible para que avance como usted acaba de reafirmar, señor ministro, lo que no excluye evidentemente ni el rigor ni la vigilancia, una ampliación hecha a toda prisa sería, naturalmente, un grave error. 
Dicho esto, somos conscientes de los problemas planteados por nuestras opiniones públicas, tanto en el seno de los Quince Estados miembros como en los países candidatos. 
Estas opiniones públicas están muy mal informadas y corren el riesgo de oscilar entre un entusiasmo irracional, un sentimiento de desilusión y una actitud hostil. 
Queda por hacer, indudablemente, un enorme trabajo para que el largo y difícil proceso de ampliación pueda apoyarse en voluntades populares sólidas, lúcidas y perseverantes. 
Señor Presidente, la política exterior de la Unión Europea sólo puede tener éxito si cumple tres criterios esenciales: claridad, credibilidad y transparencia. 
Señor Patten, no vamos a dejar de reclamar esto, a pesar de que usted crea que la partida de ping-pong debiera terminarse de una vez. 
En mi opinión acaba de empezar, y sólo puede acabar cuando se presente una solución constructiva. 
En caso contario se volverá a producir un conflicto de competencias entre las instituciones. 
Creo que su discurso de París supuso un importante discurso a este respecto. 
Por fín se va a discutir públicamente como se debe representar una política exterior verdaderamente nítida. 
El Parlamento Europeo desempeña un importante papel en ello. 
Usted mismo ha dicho que la credibilidad- el segundo punto- sólo es posible si se recurre a todas las posibilidades de que dispone la Unión Europea, es decir, si se involucra a los tres pilares, y precisamente también al primero, con sus posibilidades económicas y financieras, en una política de prevención de conflictos, y también si la UE exporta estabilidad, utilizando adecuadamente sus instrumentos económicos y cooperando realmente por medios políticos. 
Porque sabemos que la seguridad debe contemplarse, fundamentalmente, de forma global. 
La seguridad medioambiental, la seguridad del individuo y de los derechos humanos no pueden asegurarse únicamente con un solo pilar. 
En este sentido una política de prevención de conflictos no se reduce a la creación de una fuerza policial sino que requiere la intervención de los tres pilares. 
Respecto del último punto, la transparencia, nuestro Grupo ya ha afirmado claramente en el día de hoy que no aceptamos y que tampoco aceptaremos en el futuro que el acceso a estos documentos sea restringido. 
Este Parlamento apuesta por la transparencia y va a seguir exigiéndola tanto del Consejo como de la Comisión. 
A este respecto la discusión aun no ha terminado. 
Señor Presidente, he seguido con mucho interés lo que el Presidente del Consejo ha dicho sobre las cuatro prioridades que la Presidencia del Consejo tiene para el futuro de los Asuntos Exteriores y la Defensa. Dos de ellas tratan también de la resolución, a saber la elección de los instrumentos para su ejecución y el desarrollo de una política exterior de seguridad y de defensa común. 
El Comisario Patten, vicepresidente de la Comisión, le ha contestado a su manera y ha observado que la Unión Europea tiene realmente una extraordinaria capacidad de iniciativa. 
La mayor parte de toda la ayuda es financiada por nuestra Unión Europea y dos tercios de la ayuda a fondo perdido proviene también de la UE. 
Estamos inmersos en el proceso de ampliación, dijo, y después mencionó el fomento de la estabilidad. 
En ese momento empecé a dudar un poco y cuando después también mencionó la afirmación de la identidad de la Unión Europea en el plano internacional, pensé que me encantaría compartir ese objetivo pero de una manera que encaje con las responsabilidades europeas que hemos de asumir. 
Sólo podemos llegar a expresar esta identidad mediante una política realmente europea. 
Las responsabilidades europeas no se pueden repartir entre quince o treinta o más Estados miembros. 
Eso no quiere decir que no queden Ministros de Asuntos Exteriores en los Estados miembros, por supuesto seguirán existiendo, como los de Economía o, sin duda, los de Educación. 
Pero si se trata de responsabilidades europeas, entonces habrá que abordarlas de verdad con una visión europea, basada en los valores europeos que todos compartimos aquí en esta cámara de representación popular. 
No se trata aquí de un simple reparto burocrático de poderes entre las instituciones ni de un Parlamento deseoso de tener más poder ni nada por el estilo. 
Se trata de una solución práctica: ¿cómo vamos a superar los problemas con los que nos hemos topado? 
Me refiero a la política que no pudimos realizar en Bosnia para evitar la catástrofe y que le costó la vida a cientos de miles de personas. 
¡Ese es el tema! 
¿Cómo podemos evitar esto? 
Entonces, nosotros como Parlamento decimos: por medio de una política europea, de lo contrario no conseguiremos nada. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Presidencia francesa y al Comisario Patten por sus excelentes intervenciones de esta mañana. 
Las prioridades a que hicieron referencia merecen todo nuestro apoyo. 
El tiempo no me permite más que un par de comentarios. 
Optaré por concentrarme en las deficiencias de la cooperación para el desarrollo en la Unión. 
El Comisario Patten merece un elogio por la franqueza con la que describe y ha descrito el problema. 
Mi experiencia, cuando como responsable de los Programas de Desarrollo de Naciones Unidas busqué la colaboración con la Unión en el ámbito nacional para coordinar y aunar fuerzas en diferentes campos, es que, en general, ésta no funciona, debido tanto a que casi todas las decisiones debían adoptarse en Bruselas como a la escasez de personal competente en los campos específicos. 
Ambos aspectos dificultaron y retrasaron la cooperación con la UE. 
La ONU tiene problemas de burocracia y lentitud, soy el primero en reconocerlo, pero en materia de desarrollo y cooperación para el desarrollo la UE estaba, al menos hace algunos años, por detrás de Naciones Unidas. 
Mi conclusión, en primer lugar, es que la Comisión tiene que llevar a cabo una descentralización muy profunda de la facultad de decisión, en favor del nivel nacional. 
"Bruselas" debe deshacerse de una gran parte del control, en todos los niveles administrativos. 
En segundo lugar, es importante que la Comisión esté dotada de personal con suficiente idoneidad para realizar las actividades sobre las que se adoptan decisiones. 
Me consta que su política, Comisario Patten, tiene actualmente esta orientación. 
Sólo quisiera subrayar que corre prisa. 
Si no se realizan mejoras rápidas, temo que paulatinamente desaparezca el respaldo de la Comisión a la cooperación para el desarrollo. 
Sería una lástima, ya que la cooperación multilateral sólida tiene muchas ventajas y la Unión necesita un instrumento de esta especie para alcanzar un papel protagonista en la escena internacional. 
Señor Presidente, en mi opinión, la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo ha sido algo parcial y genérica, mientras que la del Comisario Patten la he encontrado realista y atenta a las distintas problemáticas. 
En consecuencia, es preciso detenerse en los diferentes problemas. 
El primero: mañana comienza en la ONU una importante sesión en la que participarán 159 jefes de Estado. 
¿En qué calidad asiste la Unión Europea? 
¿A qué nivel? 
Creo que sería realmente importante conseguir concretar un máximo nivel y darle voz a esta asistencia. 
Cuando se habla de prioridades también cabe hablar de política económica, mientras que todas nuestras políticas económicas se repliegan en el interior de Europa. 
De la misma manera, es importante no abandonar la política de desarrollo, porque crea estabilidad y paz y debe dirigirse no solo a los países en desarrollo, sino también a Rusia y China. 
Considero que no se puede pretender de nosotros elegir entre los Balcanes y los países en desarrollo. 
Es necesario que los Estados miembros se hagan cargo de estas problemáticas. 
La esperanza de una constitucionalización de la Unión Europea, al efecto de alcanzar una ciudadanía institucional en los organismos internacionales, la creación de una diplomacia europea según el informe Galeote, la preocupación cultural a la que tenemos que prestar atención para evitar nuevos colonialismos, el apoyo y la valorización de los procesos democráticos implementados en algunos países como Irán, la regulación de la relación con las organizaciones no gubernamentales- que podrían ser el brazo operativo de la Unión Europea- podrían ser opciones a adoptar para una incisiva iniciativa política en favor de los países en desarrollo a fin de afirmar el liderazgo de civilización de que se precia Europa, como búsqueda de una solidaridad para desarrollar la calidad de vida y para testimoniar el respeto a la dignidad humana celebrándola en cada rincón del mundo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha mencionado esta mañana el informe que este Parlamento me ha pedido que le presente sobre el proceso de adhesión de Turquía. 
Creo que puedo anunciar hoy lo más esencial de las conclusiones. 
Este Parlamento saluda, con la Comisión, los esfuerzos realizados por Turquía en la definición de un programa de evolución de su arsenal jurídico para satisfacer mejor las exigencias de la Unión Europea en materia de respeto de los derechos humanos en especial. 
Comprendemos al mismo tiempo la impresión suscitada en el seno de los diferentes partidos políticos y en la opinión pública por la toma de conciencia de la importancia de las reformas que este país deberá aprobar antes de su entrada en la Unión. 
Estamos interesados en que nuestros socios sepan que la Unión Europea no tiene en ningún modo la intención de inmiscuirse en sus asuntos internos, pero que ella les propone un contrato cuyos términos son redefinidos actualmente con ocasión de la cooperación para la adhesión así como en el seno del Convenio sobre la Carta de derechos fundamentales, contrato que deberán aceptar o rechazar. 
Creo, en este sentido, que debemos tener la valentía de decir al pueblo turco que existen en el día de hoy al menos dos condiciones previas a su adhesión a Europa: por una parte, el respeto de la necesidad de identidad, manifestado a través de Europa por nuestros conciudadanos y de forma más clara en la medida en que ellos tienen el más firme deseo de preservar sus raíces frente a los inevitables progresos de la globalización. 
Europa, consciente de que su diversidad es su riqueza, está dispuesta a reconocer esta necesidad de identidad. 
Por ello insiste en los derechos, pero también en los deberes, de las minorías. 
En ese espíritu, la Unión se propone ayudar a Turquía a encontrar una solución al problema kurdo. 
Por otra parte, convendrá aportar, en el plazo más breve posible, una solución al problema de Chipre en la medida en que nadie en Europa comprendería que la isla siguiera dividida con un muro parecido al de Berlín, al de Beirut y al de Sarajevo (por no citar más que estos ejemplos) , felizmente derrumbados desde hace tiempo. 
Señor Presidente, nuestro debate de hoy revela la continua dificultad que anida en lo más profundo del enfoque de la Unión Europea en materia de política exterior. 
¿Se tiene la intención de dar a un grupo más amplio de naciones europeas una voz más fuerte en la escena mundial y de mejorar la coordinación y la eficacia de sus políticas respecto de toda una serie de cuestiones? 
Si es así, se puede contar con mi apoyo. 
¿O se tiene la ambición de encaminarnos hacia la creación de un Estado europeo, con su propia política exterior y de seguridad respaldada por su propio servicio diplomático y por su propio ejército? 
Éste es un concepto que rechazo sin reservas. 
En todo caso, es un concepto que no cuenta con el favor del pueblo británico ni, me parece, de muchos de los ciudadanos del resto de Europa. 
La verdad es que nunca se les ha preguntado nada sobre el particular. 
El Sr. Patten ha reiterado hoy su opinión de que seguirá habiendo ministros de asuntos exteriores durante un futuro indefinido, pero eso no representa más que la mitad del problema. 
¿Cuál será el contenido de la labor de esos ministros dentro de diez años si la Unión Europea sigue su actual curso? 
Al fin y al cabo, una vez que la UEM haya quedado totalmente establecida seguirá habiendo ministros de finanzas en los países de Eurolandia. 
Ahora bien, ¿qué grado de responsabilidad recaerá en ellos? 
Es evidente que muchos de los diputados abogan abiertamente por un solo ministro de asuntos exteriores para Europa y el informe Galeote Quecedo, que votamos hoy con sus propuestas en favor de un servicio diplomático permanente de la Comunidad, me temo que sea un paso en esa dirección. 
También me inquieta la insistencia con que muchos desean definir la política exterior de la Unión Europea en función de su diferencia respecto de las políticas de los Estados Unidos, a veces con deliberada hostilidad hacia las posiciones de los Estados Unidos. 
Me parece que una de las prioridades de la Unión Europea tiene que ser romper con esos pinitos antagonistas y, en lugar de ellos, esforzarse principalmente por contribuir a la solidaridad occidental. 
El mejor foro para tratar de las cuestiones de política de seguridad es la OTAN y no la Unión Europea, y el peligro que corremos es que la política europea de seguridad y defensa común, con la importancia que confiere a una capacidad autónoma, acabe por socavar la alianza que tan útil nos ha resultado en momentos de mayor peligro. 
Señor Presidente, algunos colegas hemos formulado conjuntamente algunas preguntas concretas al Presidente en ejercicio y al Comisario Patten. 
Sé que el debate está especialmente mal organizado, en la medida en que se ha cortado en dos pero, ¿no sería posible tener las respuestas al menos por escrito? 
Lo último no me parece en absoluto descartado y confío en que el Comisario y también el Ministro estén dispuestos a contestar por escrito al Parlamento. 
Siento tener que decirle que hoy no queda tiempo para la continuación del debate con respuestas. 
Para terminar con estas declaraciones les comunico que se han recibido seis propuestas de resolución de acuerdo con el apartado 2 del artículo 37, del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas. 
Ejercicio 2001 
De conformidad con el orden del día se procede a la presentación por parte del Consejo de la propuesta del presupuesto general para el ejercicio 2001. 
Por otra parte, agradezco la asistencia del Comisario Patten a esta sesión. 
. (FR) Señoras y señores diputados, tengo el honor de presentarles en el día de hoy, en nombre de la Presidencia del Consejo, el proyecto de presupuesto de las Comunidades Europeas, tal como quedó fijado por el Consejo el pasado 20 de julio. 
Como saben ustedes, fue mi colega Florence Parly quien presidió dicho Consejo, pero desafortunadamente no puede estar presente en el día de hoy y les pido que tengan a bien disculparla. 
Ante todo, deseo señalar el excelente trabajo realizado por la Presidencia portuguesa antes de la aprobación por el Consejo, en primera lectura, del proyecto de presupuesto 2001. 
Quisiera señalar también el excelente clima en el que se inició este procedimiento presupuestario. 
Efectivamente, este año las disposiciones del nuevo acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 han intervenido plenamente. 
El procedimiento del diálogo a tres bandas que reunió al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, cuya primera sesión tuvo lugar el pasado 6 de julio aquí mismo, en Estrasburgo, demostró su utilidad mediante una mejor comprensión de nuestras posiciones y prioridades respectivas. 
La reunión entre dos concertaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que tuvo lugar el 20 de julio, fue- creo- muy positiva. 
Permitió principalmente encontrar numerosos puntos de acuerdo entre instituciones y progresar ampliamente en las posibles fuentes de desacuerdo. 
Deseo que prosigan los trabajos presupuestarios en el mismo espíritu, con el fin de que se llegue a un presupuesto de las Comunidades Europeas para el ejercicio 2001 que nos dé los medios para responder a las prioridades y a los desafíos que esperan a la Unión Europea en el futuro más inmediato. 
Quisiera en primer lugar señalar las grandes líneas directrices que han guiado la actuación del Consejo fijando este proyecto de presupuesto antes de volver más en detalle- aunque sin embargo no demasiado extensamente- sobre esas diferentes rúbricas. 
En primer lugar, el Consejo ha velado para que las diferentes acciones de la Unión Europea, principalmente aquellas que dependen del ámbito de las relaciones exteriores- de las que acabamos de hablar de forma segmentada hace unos instantes- tras la identificación de prioridades claras y necesidades reales, sean financiadas de la forma apropiada. 
En este sentido ha tenido en cuenta, en lo que respecta a los créditos de compromiso, la evaluación de las posibilidades de ejecución de los créditos. 
El Consejo ha dedicado igualmente una atención especial a la evolución de los créditos de pago fijando su aumento con relación a 2000 en un tipo máximo de 3,5 %, que tiene principalmente en cuenta la capacidad de ejecución y del ritmo probable de los pagos comprometidos por los restos a liquidar. 
Esta evolución, que es muy superior a la que se permiten los Estados miembros con cargo a sus presupuestos nacionales así como a los niveles de inflación previstos para 2001 señala la voluntad del Consejo de asegurar una financiación satisfactoria para todas las políticas de la Unión Europea. 
Finalmente, este proyecto de presupuesto se incluye decididamente en el marco del acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario. 
El Consejo ha considerado en especial que era absolutamente esencial respetar- insisto en ello- cada uno de los topes anuales de gastos fijados por las perspectivas financieras tal como éstas quedaron suscritas hace un año por nuestras tres instituciones: el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Sobre estas bases, el proyecto presupuesto para el ejercicio 2001, fijado por el Consejo el pasado 20 de julio, prevé un importe de créditos de compromiso de 95,9 millardos de euros, que representan un aumento de un 2,7 % con respecto al presupuesto 2000 y un importe de créditos de pago de 92,5 millardos de euros, que representan un aumento de un 3,5 % con respecto al presupuesto 2000. 
Se ha concedido una importancia muy relevante al incremento en potencia de los créditos de asistencia a los Balcanes occidentales, prioridad confirmada en muchas ocasiones y que yo reafirmo aquí, sin reconocerme en las palabras que mencionaron hace unos instantes la idea "de un caos". 
Existen debilidades pero no caos. 
Hay trabajo que hacer, y hay un trabajo que se está haciendo. 
El Consejo ha deseado traducir esta prioridad a cifras con un apartado en aumento de un 30% con relación al de 2000. 
Los 614 millones de euros retenidos por el Consejo permitirán financiar todas las necesidades previsibles. 
Debo añadir- y ello tiene su importancia, por supuesto, en nuestros debates- que esta suma significativa se ha podido liberar sin recurrir a una revisión de las perspectivas financieras teniendo por objeto un refuerzo de la rúbrica 4, tal como había propuesto la Comisión. 
El Consejo se ha asegurado la financiación de la totalidad de las demás prioridades políticas de la Unión Europea. 
Sin entrar en una descripción exhaustiva del proyecto de presupuesto del Consejo, que es objeto por otra parte de una exposición de motivos detallada que les ha reunido, quisiera presentarles ahora de forma algo más precisa, es decir, por categoría de gastos, lo que el Consejo ha aprobado en su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2001. 
Por lo que respecta en primer lugar a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras relativas a los gastos agrícolas, el proyecto de presupuesto prevé un aumento de los créditos de compromiso de un 6,3 % con respecto a 2000 con el fin de financiar la reforma de la PAC, que decidió el Consejo europeo en Berlín, en marzo de 1999. 
Sin embargo para la subrúbrica 1 de las perspectivas financieras que cubre los gastos de mercado de la política agrícola común, el Consejo ha aprobado sumas globalmente inferiores en unos 330 millones de euros a las propuestas por la Comisión en su anteproyecto. 
Observo cada año una ejecución deficiente de esos créditos. Así, el Consejo ha considerado que podía proceder a una disminución objetivada de algunas líneas presupuestarias tradicionalmente infrautilizadas. 
Al hacerlo, manifiesta también una voluntad de hacer esfuerzos especiales para conseguir importantes ahorros en los gastos obligatorios y no solamente en los gastos no obligatorios. 
Los ahorros conseguidos, con respecto al anteproyecto de presupuesto de la Comisión, no impiden al Consejo prever, por otra parte un aumento, que responde a las preocupaciones de este Parlamento, de dos líneas presupuestarias relativas a la distribución de leche a los niños en las escuelas, y sé que he sido desde hace más de un año objeto de correspondencia abundante, y la promoción de la calidad de los productos. 
Para los gastos vinculados al desarrollo rural, el Consejo- habida cuenta de los retrasos acumulados en la aprobación y ejecución de los planes nacionales de desarrollo rural- consideró que podría liberarse un margen de 225 millones de euros, bajo el tope de la subrúbrica 1 b de las perspectivas financieras. 
La evolución de estos créditos señala sin embargo un aumento de un 4,6 % con respecto a 2000, progresión que traduce la prioridad concedida por el Consejo a los créditos asignados a lo que constituye un segundo pilar de la PAC. 
Así, el proyecto de presupuesto fijado por el Consejo hace que aparezcan márgenes disponibles bajo los topes de las subrúbricas 1 a y 1 b de las perspectivas financieras. 
Debo señalar sin embargo que el Consejo, por supuesto, está dispuesto a retomar el examen de los gastos agrícolas este otoño en función del contenido de la nota rectificativa que ha de presentar la Comisión y a reconsiderar la evolución de los gastos de mercado y de desarrollo rural. 
Por lo que respecta a las acciones estructurales, que son objeto de la rúbrica 2 de las perspectivas financieras, el Consejo ha presupuestado la totalidad de esta rúbrica en créditos de compromiso de conformidad con las conclusiones del Consejo europeo de Berlín de marzo de 1999 y ha aplazado globalmente además créditos de pago inscritos en 2000. 
Pero ha querido incrementar las dotaciones del fondo de cohesión en unos 360 millones de euros con respecto a lo que preveía el anteproyecto de la Comisión para tener en cuenta las previsiones de ejecución de esos créditos en los Estados miembros. 
Sobre la rúbrica 3 de las perspectivas financieras relativas a la financiación de las políticas internas, el Consejo se ha dedicado ante todo a asegurar la financiación apropiada de los programas plurianuales respetando, en todo caso, la programación decidida en común con el Parlamento. 
Por ello ha aceptado las sumas solicitadas por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto para el programa marco de investigación y desarrollo así como para las redes transeuropeas. 
Ha hecho lo mismo en lo que respecta a los créditos solicitados para la mejora del medio ambiente financiero de las PYMEs y el comienzo del programa LIFE 3. 
A propósito de LIFE 3, el Consejo considera que la suma aprobada asegura convenientemente el comienzo del programa en buenas condiciones. 
En lo que respecta a la prórroga de la iniciativa "Empleo", decidida por este Parlamento para reforzar la dinámica sobre el empleo iniciada por el Consejo europeo de Amsterdam, la reunión de concertación entre el Parlamento Europeo y el Consejo que se produjo el 20 de julio ha mostrado que este tema constituía una prioridad de nuestras dos instituciones para el presupuesto del ejercicio 2001 principalmente en la prolongación de las conclusiones del Consejo europeo de Feira. 
Sin embargo, el Consejo espera la evaluación de la precedente iniciativa que debería transmitir la Comisión, con vistas a llegar a un acuerdo con este Parlamento sobre su financiación en el marco de un acuerdo global en el curso de la segunda lectura. 
Por otra parte, ha liberado un margen de precaución de 208 millones de euros superior al que figura en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión, al ser el objetivo disponer de márgenes de maniobra suficientes por encima de un margen necesario bajo el tope de la rúbrica 3 para hacer frente a nuevas prioridades compartidas por el Consejo y por el Parlamento, tales como la iniciativa "Empleo" a la que acabo de referirme. 
Abordaré ahora la financiación de las acciones exteriores de la Unión Europea objeto de la rúbrica 4 de las perspectivas financieras. 
No debo recordar, después de nuestro debate de hace unos instantes, el carácter altamente prioritario que el Consejo concede a la asistencia a los Balcanes occidentales para los cuales les indiqué anteriormente que el proyecto de presupuesto preveía un aumento de un 30% con respecto 2000. 
Los 614 millones de euros aprobados por el Consejo permitirán financiar todas las necesidades previsibles. 
El Consejo se basa, para hacerlo, en los únicos trabajos de evaluación de las necesidades existentes hasta el día de hoy, que están reunidos en el informe 1999 del Banco Mundial sobre la construcción de Kosovo. 
En una preocupación por el pragmatismo, el Consejo prorroga, sin incrementarlos, los créditos destinados a Serbia en la medida en que ésta no es aún elegible para la ayuda comunitaria fuera de una ayuda a la democracia y a la sociedad civil incluida en este apartado. 
De manera general, el Consejo desea en efecto la realización de una intervención eficaz y creíble en la región, basada en un análisis de las necesidades. 
La adaptación de los niveles y de las modalidades de ayuda a la naturaleza de esas necesidades es el reparto de los esfuerzos entre la totalidad de los donantes bilaterales y multilaterales. 
En lo que respecta a los demás capítulos presupuestarios, el Consejo, manteniendo las dotaciones significativas, no ha aprobado la totalidad de los créditos solicitados por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto para un número limitado de líneas presupuestarias, pienso principalmente en el programa TACIS, en la financiación de la KEDO, en los acuerdos internacionales de pesca, en los dispositivos de acción rápida y en el programa MEDA. 
Por el contrario, se ha acomodado al anteproyecto de la Comisión para la gran mayoría de los demás programas de cooperación. 
Debo señalar sin embargo que, en lo que respecta al programa MEDA, el proyecto de presupuesto prevé una suma de 701 millones de euros que es superior a la media anual de las dotaciones presupuestarias del periodo 1995-1999. 
La reducción de 150 millones de euros operada por el Consejo con respecto a las demandas de la Comisión, tiene en cuenta la cantidad de compromisos que quedan por liquidar en este programa que representa varios años de ejecución. 
Aprovecho esta ocasión para recordar la voluntad del Consejo de contribuir a la mejora de la gestión del programa, cuestión indispensable en nuestra opinión para el incremento de nuestros esfuerzos. 
A pesar de esta reducción motivada por la necesidad de acabar con los restos a liquidar, el programa MEDA sigue siendo naturalmente muy importante para el Consejo. 
La Presidencia francesa tiene como objetivo llegar próximamente a la adopción del nuevo reglamento plurianual para MEDA y estará especialmente a la escucha del Parlamento Europeo sobre este tema. 
Quisiera reafirmar también el interés del Consejo por el proceso de adhesión para Chipre y Malta. 
Felicito de paso al señor Morillon por las conclusiones que nos ha presentado de su informe. Esperamos leerlo con interés, incluso con impaciencia. 
Todo esto ha llevado a seguir a la Comisión agrupando los créditos solicitados en un título "estrategia pre-adhesión". 
No hemos dado curso sin embargo a la propuesta de la Comisión de revisión de las perspectivas financieras, que transfiere este crédito a la rúbrica 7, y las hemos mantenido en la rúbrica 4. 
Finalmente debo señalar aquí mi satisfacción por el hecho de que se haya podido llegar a un acuerdo en la reunión de concertación entre el Parlamento Europeo y el Consejo del pasado 20 de julio sobre el importe de los créditos a incluir para la PESC así como sobre la transferencia de gastos administrativos de los representantes especiales de la PESC en el presupuesto del Consejo, de conformidad con el acuerdo institucional de 1999. 
Este acuerdo ha dado lugar a la redacción de dos declaraciones comunes, de las cuales una precisa que los importes incluidos en el presupuesto del Consejo con cargo a los gastos administrativos de la PESC deberían establecerse habida cuenta de su incidencia sobre la situación general de la rúbrica 5 y el otro compromete al Consejo a velar para que la estimación de los costes administrativos considerados por cada nueva decisión en el ámbito de la PESC se transmita en tiempo útil a la otra rama de la autoridad presupuestaria. 
Como pueden constatar, el Consejo se ha esforzado por tanto en dotar de forma apropiada las diferentes prioridades en el ámbito de las acciones exteriores de la Unión Europea y, al hacerlo, ha liberado un margen de 184 millones de euros bajo el tope de la rúbrica 4 de las perspectivas financieras. 
Al establecer su proyecto de presupuesto para los gastos administrativos cubiertos por la rúbrica 5 de las perspectivas financieras, el Consejo ha tenido como preocupación satisfacer los gastos corrientes, tomando en consideración las necesidades excepcionales de las instituciones, principalmente en materia de efectivos, para la Oficina de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Justicia. 
Con respecto al presupuesto de la Comisión, el Consejo no había adoptado la decisión en julio, a la espera de la nota rectificativa de la Comisión que acaba de presentarse, y por tanto el propio Consejo va a examinar esta propuesta y extraer las enseñanzas de los trabajos de reorganización iniciados bajo la égida de Neil Kinnock. 
El Consejo está dispuesto a hacer todo lo necesario para examinar esta nota rectificativa de forma que su incidencia pueda tomarse en consideración a partir de la primera lectura del Parlamento Europeo. 
Existe con este fin un margen de 113 millones de euros bajo el tope de la rúbrica 5 de las perspectivas financieras. 
Terminaré esta visión de conjunto de diferentes categorías de gastos por los gastos relativos a las ayudas de pre-adhesión. 
El Consejo ha aprobado para éstas, en créditos de compromiso, el importe solicitado por la Comisión. 
Para los créditos de pago, el Consejo ha ajustado, mediante una bajada de 300 millones de euros, el importe solicitado por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto. 
De acuerdo con la lógica que ha prevalecido en las demás rúbricas, el Consejo ha tenido muy en cuenta la fuerte deficiencia en la ejecución de estos créditos en 2000. 
A pesar de esta reducción con respecto al anteproyecto de la Comisión, los créditos de pago de pre-adhesión registran un fuerte aumento de un 10,8 % con respecto a 2000, lo que traduce, también en ese caso, la importancia concedida a esos gastos absolutamente fundamentales para preparar correctamente este objetivo político máximo que es la ampliación, prioridad compartida por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Aprovecho, por supuesto, la ocasión para decir aquí que estoy seguro de que la entrevista entre el Sr. Verheugen y el Parlamento Europeo, mañana, permitirá solventar algunos malentendidos. 
Conozco bien a Günter Verheugen, sé hasta qué punto tiene interés en la ampliación y cómo trabaja porque ésta salga adelante. 
Antes de concluir, quisiera aprovechar la ocasión para felicitarme por el acuerdo conseguido en la reunión de concertación entre el Parlamento Europeo y el Consejo del pasado 20 de julio, sobre una declaración relativa a la programación financiera. 
En los términos de esta declaración común, corresponderá a la Comisión evaluar mejor las consecuencias financieras de cada una de sus nuevas propuestas, principalmente para las rúbricas 3 y 4 de las perspectivas financieras. 
Estoy seguro de que se trata en ese caso de un elemento fundamental para dar más luz a las decisiones de la autoridad presupuestaria. 
En todo caso va indiscutiblemente en el sentido de una mejor previsión presupuestaria y debería ser de una gran utilidad en el curso de los procedimientos presupuestarios venideros. 
Al final de esta visión de conjunto, tan breve como ha sido posible, creo que el proyecto de presupuesto que se les ha transmitido ofrece un compromiso equilibrado que permite la financiación de las prioridades de la Unión en el respeto absolutamente fundamental de las perspectivas financieras de Berlín, que sabemos todos que su definición no fue- es lo menos que se puede decir- sencilla. 
El acuerdo institucional de 1999 instauró, en el curso del procedimiento presupuestario, concertaciones entre instituciones de las que deberíamos todos extraer los beneficios ya desde este año. 
En este sentido, me felicito por los progresos que han podido realizarse antes incluso de la aprobación del proyecto de presupuesto en primera lectura por el Consejo para acercar los puntos de vista entre instituciones. 
Creo que el proyecto que acabo de presentarles extrae muchas lecciones de esas concertaciones. 
En todo caso formulo el deseo de que les permita iniciar sus trabajos presupuestarios sobre unas bases y contribuya al establecimiento de un presupuesto para 2001 que respete las prioridades de cada una de nuestras instituciones, es decir, que satisfaga nuestra tarea común, cumplir con nuestras responsabilidades con respecto a Europa y a sus pueblos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, distinguidos diputados, dos importantes normas de política presupuestaria están a punto de ser aprobadas, se trata, por un lado, del reglamento sobre la disciplina presupuestaria en el sector agrícola y, por otro, del reglamento sobre sobre los recursos propios, es decir, sobre la financiación del presupuesto. 
En nombre de la Comisión puedo decir que ésta está sumamente satisfecha con el resultado del debate y que celebramos que estos dos complejos temas vayan a ser aprobados en breve. 
Por el contrario, la Comisión no está satisfecha con el resultado de las deliberaciones del Consejo respecto del presupuesto del año 2001. 
En este sentido también debo contradecir las apreciaciones del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo. 
En su primera lectura el Consejo se ha centrado, sobre todo, en el recorte de partidas presupuestarias en los recursos de pagos situadas a lo largo de todo el presupuesto. 
El resultado es el proyecto presupuestario más bajo de los últimos diez años si se relaciona el presupuesto con el producto bruto de la Comunidad. 
En varias ocasiones he tenido la oportunidad de exponer en esta Alta Asamblea que para la Comisión la disciplina presupuestaria constituye una directriz esencial, sin embargo, la postura del Consejo, es decir, recortar los recursos para cubrir los pagos, independientemente del importe de los compromisos contraidos en el pasado y que aun han de ser satisfechos, no nos parece que constituya una sólida política presupuestaria. 
Con el proyecto presupuestario del Consejo ocurriría lo siguiente: los retrasos en los pagos, es decir, los retrasos en los compromisos contraidos que aun no han sido pagados, seguirían creciendo. 
Sin embargo, la Comisión desea conseguir, con el apoyo del Parlamento, justo lo contario, es decir, reducir los retrasos. 
Creo que, precisamente en una coyuntura económica de la Unión Europea en la que afortunadamente podemos esgrimir altas tasas de crecimiento, los retrasos deberían ser reducidos y no aumentados. 
En el campo de la política agrícola, el Consejo, en comparación con el proyecto de la Comisión, ha reducido las partidas de gasto en más de medio millardo de euros. 
Esto resulta sorprendente teniendo en cuenta la severa crítica que algunos de los Estados miembros grandes profirieron en contra de la Comisión porque propusimos que se pusieran a disposición 300 millones de euros provinientes de la política agrícola para cubrir los necesarios gastos realizados en los Balcanes. 
Evidentemente el Consejo parece haber encontrado un margen mayor para los recortes en el gasto agrícola, sin embargo, no está dispuesto a liberar los recursos para los Balcanes siguiendo las nuevas prioridades en materia de política exterior. 
Al igual que el año pasado ha habido una fuerte discusión acerca de cuánta ayuda debía ponerse a disposición de los Balcanes, y me permito recordarles que en el debate sobre el presupuesto 2000 el Consejo sostuvo la tesis de que, en cualquier caso, los recursos para Kosovo no podrían hacerse efectivos. 
Sin embargo los recursos para Kosovo ya están efectivamente comprometidos. 
La Agencia para la Reconstrucción de Kosovo está trabajando con mucho éxito y esto es algo que, ciertamente, todos debiéramos apoyar. 
Quisiera tratar brevemente el caso de Serbia, que usted también ha mencionado en su intervención. 
El hecho de que en el proyecto presupuestario no se prevean recursos para Serbia, o bien sólo se haga en un contexto muy general, es en mi opinión una señal equivocada. 
Nos encontramos en una situación en la que estamos en competencia política con el dictador Milosevic y hemos de persuadir claramente a la población de que la Unión Europea está dispuesta a otorgar ayuda. 
Y sigo con esto: hasta finales del 2001 debríamos proveer para los Balcanes occidentales 800 millones de euros más que los que actualmente disponemos. 
Probablemente una parte de los mismos aun puede ser adicionalmente provista durante este año. 
En esto también espero su colaboración. 
Quisiera decir algunas palabras más sobre la política exterior: el Consejo Presupuestario ha recortado en 150 millones de euros los recursos disponibles para el programa mediterráneo- a esto también se ha referido usted. 
La concreción de este recorte no supondría únicamente una medida presupuestaria sino que constituiría un cambio en la política exterior de ese área, una desviación respecto del Proceso de Barcelona. 
La Comisión estima que esto es inacepatble. 
Es el momento de hablar del gasto administrativo, del gasto en personal: me permito recordarles que la Comsión, en su anteproyecto presupuestario, no solicitó nuevos puestos, con la excepción de los destinados a OLAF, la Oficina europea para la lucha contra el fraude. 
Acabamos de presentar el texto rectificativo con dos puntos principales, en primer lugar una demanda de 400 puestos para la Comisión a partir del año 2001 y, en segundo lugar, las medidas de política presupuestaria para que en el futuro en la mayoría de los servicios se pueda renunciar a la ayuda técnica, tal y como han solicitado de la Comisión el Parlamento Europeo y, en especial, la Comisión de presupuestos. 
Respecto de la solicitud de puestos quisiera decir brevemente lo siguiente: a comienzos de este año, a partir de una propuesta mía, la Comisión estableció un grupo de trabajo bajo la dirección del Presidente de la Comisión que sometió a todos los servicios a un análisis de tareas y que emprendió una evaluación crítica de la situación en materia de personal. 
Hemos sondeado dónde puede ralizarse un reajuste de personal en el seno de los servicios y qué posibilidades existen para realizar un reajuste de personal entre servicios diferentes, con el fin de mejorar la dotación de recursos para las áreas esenciales y las prioridades políticas y para averiguar los lugares para los que hemos de solicitar más puestos. 
El resultado está ante ustedes. 
Según las apreciaciones de la Comisión para la realización de las actividades esenciales y las prioridades políticas se requieren 1254 nuevos puestos. 
Una parte importante de estos 1254 nuevos puestos puede obtenerse mediante reajustes, de modo que solicitamos 717 nuevos puestos- 400 en el año 2001 y 317 en el año 2002- en especial para reforzar las áreas de política de ayuda exterior, los ámbitos de las políticas de Sanidad, Protección del Consumidor y del Medio Ambiente, así como las de Justicia e Interior. 
Además, proponemos una disposición única de jubilación anticipada para 600 puestos, que desde el punto de vista presupuestario se dote de forma neutral, con la que consecuentemente también se reduciría sensiblemente la demanda de puestos. 
Como solución transitoria solicitamos de la autoridad presupuestaria- precisamente para las políticas de ayuda exterior- y hasta que se consiga una nueva estructura administrativa, que se posibilite que los recursos disponibles hasta ahora para las oficinas de ayuda técnica también puedan aprovecharse para la contratación de personal laboral para la Comisión. 
Así mismo, también queremos aumentar los recursos para las delegaciones, que en el futuro deben tener una mayor involucración en la gestión de las ayudas al exterior. 
La Comisión ha aprendido de los errores del pasado, lo que, llanamente dicho, significa que podemos afirmar que la Comisión no puede hacer milagros, la Comisión no puede ponerse otro objetivo que no sea realizar un buen trabajo, y para cumplir adecuadamente con sus tareas necesitamos los recursos pertinentes, también los recursos humanos pertinentes. 
Para terminar permítanme decir que, de nuevo, a todos aquellos que participamos en los debates presupuestarios nos aguardan de nuevo tiempos difíciles. 
Para estos tiempos deseo a todos la energía y la paciencia necesaria para que, entre todos, llegemos a una conclusión positiva de estos debates presupuestarios. 
Muchas gracias, Señora Comisaria. 
Sin duda nos harán falta mucha energía y paciencia. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio por sus observaciones iniciales y especialmente por sus comentarios acerca de la buena relación de trabajo que ha habido entre el Parlamento y el Consejo. 
Creo que cabe decir que la relación ha sido abierta y franca y que nos hemos esforzado por llegar a un acuerdo siempre que hemos podido. 
Doy gracias a la Presidencia francesa y al personal de la representación permanente de Francia en Bruselas. 
Cuando teníamos los procedimientos ad hoc, nos ocupamos de cuestiones como la ración extra de leche para los escolares, lo que representaba 18 millones de un presupuesto de 94.000 millones de euros. 
En cuestiones de poca importancia como ésa es en las que llegábamos a un acuerdo. 
Había consenso sobre la nueva iniciativa en materia de empleo con que todos contábamos y había asuntos como el Acuerdo de Pesca de los que podíamos hablar con gran objetividad. 
Ése es el aspecto positivo. 
Ahora bien, también había un aspecto negativo, incluso en nuestra buena relación de trabajo. 
El aspecto negativo comienza con las cosas que mencioné antes de que tuviéramos el procedimiento de conciliación, durante dicho procedimiento y ahora, una vez que el Consejo ha votado y producido su proyecto de presupuesto. 
Nos defrauda la actitud del Consejo y su falta de voluntad de examinar la revisión de la Perspectiva Financiera. 
Por lo que a nosotros se refiere, el Acuerdo Interinstitucional y el artículo 20 estipulan que, una vez que la Comisión ha formulado la propuesta, nuestras dos instituciones tienen la obligación de examinar dicha propuesta. 
Pero se nos dijo en términos categóricos que no había forma de examinarla. 
Repetiré lo que dije en el procedimiento de conciliación. 
La actitud del Consejo es que "el infierno se congelará antes de que examinemos una revisión de la Perspectiva Financiera con el Parlamento". 
Reiteraré también otra cosa que dije: el Parlamento no tiene un papel de relleno en este proceso, tiene un papel válido que desempeñar. 
Habiendo dicho lo que antecede daremos ahora por sentado que no habrá examen debido a lo que ha producido el Consejo y también porque, por nuestra parte, queremos obrar con sensatez respecto de todo este proceso aunque quizá no haya examen. 
De todos modos tendremos opciones y decisiones que adoptar en las próximas semanas. 
La decepción más grave nos la produjo la categoría 4 y especialmente el caso de los Balcanes occidentales. 
El Parlamento ha enviado una delegación especial a Kosovo para determinar sus necesidades. 
Hemos hablado con los principales agentes y organismos. 
Hemos tenido una reunión y la cifra a la que hemos llegado como resultado- lo digo con reservas, porque supongo que se trata de la misma cifra que obtendremos al final- según todos los colegas con los que he hablado es la misma cifra que tiene la Comisión. 
Olvidemos la cifra de 5.500 millones de euros, pues no estamos tratando de ella, estamos tratando del año que viene. 
Sin embargo el Consejo presenta una cifra de 614 millones de euros y si leemos el memorando explicativo del Consejo ésa es la cifra que resulta de las estimaciones de las instituciones financieras internacionales. 
No deja de ser curioso que hayamos consultado a las mismas instituciones financieras internacionales y hayamos obtenido una cifra diferente. 
La realidad es lo que uno pueda conjeturar. 
No se trata de ser objetivo en lo que se refiere a los Balcanes occidentales, sino de conseguir que los elementos de la conjetura encajen lo mejor posible. 
Me gustaría que el Consejo tuviera la franqueza necesaria para decir: opinamos que los Balcanes occidentales se están convirtiendo en un pozo sin fondo en el que desaparece una cantidad excesiva de fondos nuestros. 
Quisiera que el Consejo tuviera la franqueza necesaria para decir: me parece que hay que enviar menos dinero porque lo que enviamos no está sirviendo para gran cosa. 
Nos hallamos en una situación en la que los ministros de asuntos exteriores dicen una cosa y los ministros de finanzas dicen otra, y eso no ayuda a nadie. 
El Consejo tiene que obrar de forma coherente respecto de esta cuestión. 
El Consejo dice también que quiere reducir los pagos, cosa que es comprensible. 
La posición ideal para el Consejo sería no tener que hacer ningún pago, pero lo malo es que hay obligaciones que cumplir. 
Lo que nos preocupa es lo que va a suceder con los retrasos. 
Un día u otro habrá que pagarlos. 
Afortunadamente nuestra ponente, la Sra. Haug va a evaluar cada partida para hacerse una idea de las necesidades, pero nos hallamos en una situación en la que, aunque uno quiera reducir los pagos, lo cierto es que el Fondo de Cohesión ha aumentado y tampoco en este caso el memorando explicativo nos dice porqué. 
No es necesario que nos lo diga porque ya sabemos porqué: es un caso típico de regateo en el Consejo como los que caracterizan a los tratantes de ganado en las ferias. 
En esos casos por lo general uno acaba por comprar un caballo. 
Demasiado a menudo el Consejo quería comprar un caballo y acaba comprando un asno, y ésta es otra ocasión en la que vamos a acabar habiendo comprado un asno porque las decisiones que hemos adoptado no se basaban en apreciaciones objetivas sino en los regateos del Consejo. 
En cuanto a la categoría 3, hay algunas propuestas raras y maravillosas, de las cuales he mencionado muchas durante el proceso de conciliación, pero una de ellas aparece de nuevo en ese maravilloso documento, en el renglón B3/309 del memorando explicativo. 
Esto me obliga a hacer una pregunta porque estoy algo despistado. 
Ese texto dice que la cantidad asignada se aumentará en 1.250.000 euros con destino a los Juegos Olimpicos Mundiales Especiales de 2003. 
Estamos hablando del presupuesto para 2001, pero en este caso se habla de los Juegos Olimpicos Mundiales Especiales de 2003. 
Los juegos para personas con discapacidades se organizan un mes después de la Olimpiada corriente, lo que significa que tendrán lugar en Atenas en algún momento de octubre o noviembre de 2004. 
Por tanto, ¿qué son los Juegos Olimpicos Mundiales Especiales de 2003 y por qué tratamos de ellos en el presupuesto para 2001? 
¿Es otro ejemplo de regateo? 
No permita Dios que lo sea, pero muy bien puede ser un ejemplo más de esas situaciones. 
Mientras esperamos que nos llegue la carta modificativa de la Comisión acerca de sus necesidades de dotación de personal, observamos que el Consejo ha reducido los gastos administrativos de la Comisión en 25 millones de euros. 
Esto se añade a los 14 millones de euros que anunció la Comisión después de publicarse el anteproyecto de presupuesto. 
O sea que ahora hay una reducción de 39 millones de euros. 
Yo suponía que el Consejo iba a esperar hasta que hubiéramos recibido la carta modificativa antes de efectuar cambios de importancia. 
Al fin y al cabo tenemos un papel conjunto en esta cuestión. 
La carta modificativa es un documento de peso. 
Empezamos a examinarla ayer en la Comisión de Presupuestos, seguiremos examinándola hoy a las cinco y media de la tarde, y el examen continuará. 
Se trata de un buen documento, de eso no cabe la menor duda, pero hay una serie de preguntas que requieren respuesta; por ejemplo, la cuestión del plan de jubilación anticipada, y no solamente por lo que se refiere concretamente a la Comisión, ya que las propuestas que se formulan pueden muy bien tener repercusiones para otras instituciones. 
Ésa es la razón, Sr. Presidente en ejercicio, de que necesitemos que nos informe lo antes posible acerca de la actitud del Consejo. 
No dudo ni un instante de que usted estudiará cuidadosamente esta cuestión, como ha dicho que iba a hacer, pero es que necesitamos saber hasta qué punto coincide el Consejo con las propuestas de la Comisión, especialmente cuando se trata del plan de jubilación anticipada. 
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con mucho de lo que propone la Comisión, pero a fin de cuentas el Consejo tiene que presentar la legislación para el plan de jubilación anticipada. 
O sea que nuestras dos instituciones tienen que reunirse para discutir a fondo esta cuestión. 
Lamentaría que la reunión degenerase en una partida de ping-pong entre las dos. 
Tenemos que llegar a un acuerdo sobre una evaluación veraz de las necesidades de la Comisión. 
Si queremos que la Comisión haga lo que siempre le estamos pidiendo que haga, entonces por lo menos en las tres instituciones tenemos que saber con claridad qué es lo que le pedimos que haga y qué dotación de personal necesita. 
En cuanto a lo que suceda después, en el Parlamento tenemos que adoptar algunas decisiones graves, y no solamente sobre la carta modificativa y especialmente sobre la categoría IV. Si aceptamos lo que se propone en el proyecto de presupuesto o incluso en el anteproyecto de presupuesto, diversas esferas favoritas del Parlamento, entre ellas las organizaciones no gubernamentales, Asia, América Latina y otras, quedarán afectadas. 
Por eso nuestras comisiones, que actualmente se hallan en fase de votación, presentarán sus propuestas en cuanto puedan hacerlo y nosotros adoptaremos las decisiones necesarias al final de este mes. 
El ruego que hago a la Comisión es que nos dé pronto alguna indicación de lo que va a proponer en relación con el procedimiento Notenboom. 
Eso nos ayudaría muchísimo. 
Lo que implica el procedimiento Notenboom es algo que podría ayudarnos sobremanera el año próximo. 
Si podemos concentrar este año las actividades en las esferas que nos interesan y continuar las actividades el año que viene, o si podemos por lo menos utilizar lo que queda de este año, cosa que aligeraría la carga de trabajo para el año próximo, entonces se facilitaría la solución de buena parte de nuestros problemas. 
Estoy seguro de que nuestras instituciones pueden llegar a un acuerdo según las premisas que acabo de esbozar, y así podríamos tener un presupuesto decente al final del presente año. 
. 
(DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, estimados colegas, soy el ponente de las llamadas secciones extraordinarias. 
Se trata más bien de una materia que resulta árida después de la debatida propuesta del Presidente de nuestra Comisión de Presupuestos. 
Me consta que los pequeños presupuestos no son muy estimulantes en lo que afecta a los asuntos políticos, pero sí resultan interesantes al interrogarnos sobre la forma de proveer las capacidades de organización y personal, con el fin de que se pueda garantizar la capacidad de trabajo de las instituciones de la Unión Europea. 
Al respecto quisiera hacer un par de observaciones a la primera lectura del Consejo, que ya presenté en la Comisión de Presupuestos en la forma de un documento de trabajo. 
Quisiera empezar por el Tribunal de Justicia europeo. 
Aquí el Consejo ha reconocido la difícil situación del Tribunal de Justicia respecto del atraso en las traducciones y ha propuesto 47 nuevos puestos. 
Sin embargo, al mismo tiempo, se ha aumentado el recorte total del 2,5 % al 5,1 % de suerte que estos puestos recién creados no pueden ser cubiertos. 
En mi opinión esto es una contradicción que aun está por resolver. 
Para ello, en mi calidad de ponente, voy a presentar las oportunas propuestas. 
La situación ha empeorado aun más al reducirse los recursos con los que contabamos para la traducción independiente, los cuales eran muy necesarios para sacar adelante el trabajo atrasado. 
Por lo tanto, en este caso el reconocimiento no se ha visto reflejado en cifras concretas del presupuesto. 
Ich habe mir die Beförderungssysteme aller Institutionen sehr genau angeschaut, und ich konnte dabei feststellen, dass mittlerweile auch der Gerichtshof ein Beförderungsmodell etabliert hat, das auf dem nachweislichen Verdienst beruht. 
Dieser Übergang zu einem neuen System beim Gerichtshof wird eine große Zahl von Höhereinstufungen nötig machen, die wir sicherlich nicht in einem Jahr vornehmen können. 
Wir müssen sie aber in den nächsten Jahren angehen. 
Auch diese Frage hat der Rat bei seiner ersten Lesung nicht berücksichtigt. 
Quisiera hablar ahora del Tribunal de Cuentas europeo. En este caso sólo hay una cuestión abierta. 
Se refiere a la financiación de la nueva construcción del Tribunal de Cuentas en Luxemburgo. 
El Consejo, incomprensiblemente desde mi punto de vista, ha reducido los fondos para el año 2001 de 7 a 5 millones de euros. 
En las conversaciones que he mantenido en el Tribunal de Cuentas se me ha asegurado que los el total de los costes necesarios, que ascienden a 25 millones de euros a preciso de 1998, no va a ser superado. 
Por ello, creo que para los contribuyentes europeos es más beneficioso realizar los pagos en el momento en el que se presentan las correspondientes facturas. 
Voy a proponer a la Comisión de Presupuestos que que retomemos la propuesta del Tribunal de Cuentas europeo. 
Quisiera hablar ahora del Comité Económico y Social. 
Mi directriz para el procedimiento presupuestario 2001 puede expresarse en buen alemán moderno de la siguiente forma: value for money. 
Desde luego que esto también vale para el Comité Económico y Social. 
La forma de trabajar del CES y su anclaje público son más que cuestionables. 
Por esta razón, mis propuestas apuntarán a aumentar la productividad del Comité Económico y Social. 
La política de promoción del CES necesita una especial evaluación. 
Confío en que nosotros, en tanto autoridad presupuestaria, seamos capaces de desarrollar conceptos para que también podamos prestar el necesario apoyo a los esfuerzos del CES en este ámbito. 
También deberíamos reflexionar sobre la secretaría del Comité Económico y Social. 
Actualmente los conocimientos técnicos del CES se nutren de expertos externos. 
Me pregunto, sin embargo, si este es el sentido y el propósito del trabajo de una institución de estas características. 
También podemos hablar acerca de esto. 
Lo mismo vale para el Comité de las Regiones. 
También en este caso, bajo el lema value for money, mi propósito es impulsar, a través de diferentes medidas, la productividad del comité. 
Quisiera comentar un interesante detalle. 
El Comité ha solicitado un aumento de los recursos destinados a cubrir los gastos de desplazamiento y estancia de los representantes regionales de los países candidatos para que asistan como observadores a las sesiones plenarias. 
Hemos puesto en la reserva parte de ese dinero correspondiente al ejercicio 2000. 
Hasta la fecha no hemos recibido ninguna moción para liberar esos recursos. 
Sin embargo, al mismo tiempo, el Comité de las Regiones ha hecho saber que necesita más recursos para el año 2001. 
Quiero recomendar que estos recursos también se pongan en la reserva ya que, aparentemente, las asignaciones de dinero no son siempre tan urgentes como se presentan en los debates presupuestarios. 
Respecto de la cuestión del Defensor del pueblo sólo tengo una pequeña observación que hacer. 
No hay mucho más que añadir. 
El Consejo ha hecho suyas las diferentes peticiones. 
Apoyamos esto. 
No voy a hacer más propuestas al respecto. 
En resumen: en tanto parte de la autoridad presupuestaria tenemos, en general, una actitud muy ahorradora con el dinero de los contribuyentes europeos. 
Esto también ha de valer necesariamente para el presupuesto de la administración. 
En el 2001 también tenemos la posibilidad de crear espacios que esperamos poder utilizar en el momento en que en el ámbito administrativo surja la cuestión de la ampliación. 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, como última interviniente respecto de este punto del Orden del día seguramente no me resta más que exponer algunas cuestiones y repetir otras, que ya han sido mencionadas. 
Pero a todos ustedes les consta que sólo se aprende repitiendo las cosas. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Consejo por su constructiva colaboración, que ha existido durante todo el año tanto en las reuniones tripartitas como en las negociaciones de concertación. 
Justamente, no sólo he de dar las gracias a la actual Presidencia del Consejo, sino también a la anterior, a la portuguesa, por haber conseguido crear una verdadera atmósfera amistosa, presente a la hora de resolver diferencias interpretativas. 
Por ello también voy a empezar por lo más satisfactorio: en comparación con el presupuesto de este año, tanto la Comisión como el Consejo han reducido de forma global- si bien sólo temporalmente- la dotación de las partidas presupuestarias para el empleo en 144 millones de euros. 
Pero el Parlamento ya ha expresado claramente en sus directrices que, para nosotros, la cuestión del fomento del empleo es esencial y que la lucha contra el desempleo en Europa constituye una prioridad fundamental entre las políticas internas. 
Esta férrea voluntad, nuestra meta, volvimos a hacerla patente en nuestra resolución de julio. 
En el Consejo siempre no hemos topado con una actitud dialogante, tanto en la Presidencia portuguesa como en la francesa actual. 
De esta suerte, en el procedimiento de concertación, el Consejo no sólo ha mostrado su predisposición a apoyar nuestra iniciativa para crear empleo, con los instrumentos adecuados, para las pequeñas y medianas empresas sino que, admás, también hemos acordado que, a lo largo del procedimiento presupuestario consensuaremos una cantidad, siguiendo el artículo 33 del Acuerdo interinstitucional, que queremos introducir para la consecución de nuestro objetivo. 
Hasta aquí, todo está bien. 
Pero entonces, ¿dónde están los puntos problemáticos? 
¿Cuáles son las diferencias con el Consejo? 
Teniendo en cuenta el limitado tiempoi del aquí disponemos, permítanme ciatr solo dos. En primer lugar está la forma y el modo en que el Consejo quiere financiar las políticas sobre las que, básicamente, existe unanimidad. 
Tal y como nosotros, en tanto Parlamento, ya expusimos con claridad el año pasado, consideramos que es necesario llevar a cabo una revisión de la categoría 4, con el fin de garantizar sólidamente la necesaria ayuda para la reconstrucción de los Balcanes. 
El Consejo rechaza de plano esta revisión de las previsiones financieras. 
Es evidente que prefiere vivir al día. 
¡No hay revisión! 
Este es el título. 
Y esto lo ha convertido en su principio ya que, de lo contario, no se puede entender por qué se ha negado tan tenazmente a introducir los recursos para los países candidatos Chipre y Malta en el capítulo 7 correspondiente a la estrategia de adhesión. 
Sin embargo no quiere una revisión, incluso si ésta no se vincula a una modificación financiera. 
Como Parlamento nos encontramos pues ante una extremadamente difícil decisión para la categoría 4. 
El segundo punto problemático de importancia es la propensión del Consejo a concentarse inmutable y únicamente, en sus lecturas del presupuesto, en el campo de los pagos. 
La Sra. Comisaria también ha señalado esta circunstancia. 
No sé si ésta es nuestra perspectiva institucional o si existe un elemento personal, pero el caso es que ambos hemos concentrado nuestras críticas en esto. 
El objetivo declarado del Consejo consistía en un aumento de los gastos para el año 2001 cifrado solamente en un 3,5 % en comparación con las cantidades del presupuesto actual. 
El resultado es un proyecto de presupuesto en el que la relación entre las obligaciones y los pagos ya no es saludable. 
Ciertamente, si se hace un estudio más detenido se puede observar que no se proveen sumas adecuadas para cubrir las obligaciones previstas para el 2001. 
Si se toma la categoría 2, ñlaas obligaciones se cubre solamente en un 2,1 %. 
En las categorías 3, 4 y 7 la situación es mejor, pero tampoco es buena. 
En muchas líneas presupuestarias del proyecto los pagos ni siquiera llegan a cubrir un cuarto de las obligaciones. 
En algunas líneas no se prevé absolutamente ningún pago para obligaciones del año 2001. 
Esto no tiene mucho que ver con una gestión presupuestaria seria. 
No es necesario que vuelva a destacar que en el acuerdo interinstitucional, que por lo demás aprobamos conjuntamente hace un año y tres meses, se regula explícitamente en varios lugares que se debe procurar un desarrollo ordenado de los gastos de la Unión Europea, que deben estar en estrecha relación con el desarrollo de las obligaciones. 
Incluso se expresa que se debe garantizar una estricta relación entre los recursos destinados a las obligaciones y los recursos para los pagos. 
El Consejo descuida completamente esta estrecha proporción. 
Su objetivo es la reducción de los gastos. 
Argumenta que en última instancia los Estados miembros también tienen que cuadrar sus presupuestos nacionales. 
Esto es deseable y está muy bien. Pero no puede conducir a que nuestro presupuesto común europeo quede descuadrado. 
SIDA 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el sida. 
. (EN) La Comisión estuvo representada en la 13ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) del 7 al 14 de julio. 
El tema de la Conferencia, que era "Rompiendo el silencio", proporcionó un marco de acción que ayudó a fortalecer las campañas nacionales e internacionales de lucha contra el VIH/SIDA. 
La conferencia acogió con satisfacción los progresos científicos realizados en la lucha contra el SIDA, especialmente las noticias acerca de las primeras pruebas de eficacia de una vacuna y la confirmación de que la transmisión del VIH de la madre al hijo se podía evitar en muchos casos mediante la utilización eficaz de medicamentos retrovirales de entrada. 
También se acogió con satisfacción la información acerca de los numerosos programas en pequeña escala de uso de preservativos y de educación sobre relaciones sexuales sin riesgo, que han demostrado su utilidad para contener la difusión del VIH/SIDA. 
Estimo que la conferencia podría haber prestado más atención a las lecciones derivadas de los éxitos obtenidos en el mejoramiento y la ampliación de esas estrategias de prevención, porque la información y la prevención son, en realidad, las formas más importantes de luchar contra el SIDA. 
La prevención es de importancia capital para el éxito de una respuesta nacional, internacional y mundial a largo plazo al SIDA. 
Al mismo tiempo una gama completa de actividades de atención médica, desde el tratamiento básico de infecciones ocasionales hasta la terapia retroviral de entrada para las infecciones con VIH, es algo que no se puede negar ya a la inmensa mayoría de los millones de personas infectadas con el virus. 
La Comisión celebra las nuevas iniciativas que se están adoptando contra el VIH/SIDA en algunos países a fin de producir medicamentos específicos más baratos y quisiera ofrecer su apoyo para ayudar a esos países a prestar asistencia técnica a otros países en desarrollo a fin de que puedan continuar esas iniciativas. 
Las posibilidades existentes se examinarán más a fondo con los países interesados. 
Reconocemos que la producción de medicamentos específicos podría mejorar mucho el acceso a la atención médica y al tratamiento del VIH/SIDA. 
Las estadísticas de la epidemia son escalofriantes y siguen empeorando. 
Por ejemplo, uno de cada cuatro habitantes de Zimbabwe morirá de VIH/SIDA, y la cifra incluye un habitante de cada tres en la capital, Harare. 
Más de un millón de niños han perdido ya a sus padres como consecuencia del VIH/SIDA en Zimbabwe, casi el 10% de la población. 
Más de la mitad de las mujeres embarazadas de algunas zonas de Botswana están infectadas con el VIH, y la tercera parte de ellas transmiten el VIH durante el parto a sus hijos recién nacidos. 
La conferencia ofreció nuevas e interesantes oportunidades y asociaciones que permitirán que las personas que son vulnerables a la infección con el VIH obtengan acceso a tecnologías y procedimientos que hagan más asequible la atención médica a los que padecen de VIH/SIDA, así como la inversión en nuevas tecnologías y productos para la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA. 
Esas oportunidades hay que explotarlas inmediatamente, y la Comisión tiene la intención de desempeñar el papel que le corresponde. 
En consecuencia, está examinando enfoques innovadores con sus asociados de los países en desarrollo así como con otros donantes. 
Podemos y tenemos que hacer todo lo que podamos acerca del VIH/SIDA. 
Podemos y tenemos también que hacer todo lo que podamos para luchar contra otras enfermedades letales importantes que afectan a los pobres. 
La malaria y la tuberculosis, que se cobran más de un millón de vidas al año, tienen que ocupar un lugar más importante en nuestro programa de trabajo encaminado a reducir la pobreza y la mala salud. 
En algunas reuniones de alto nivel se ha abordado este año la posibilidad de desarrollar una acción acelerada en relación con las tres enfermedades transmisibles principales: VIH/SIDA, malaria y tuberculosis. 
La Comisión presentará en breve una comunicación al Consejo y al Parlamento esbozando propuestas de acción acelerada para mejorar el acceso a medidas y productos de eficacia demostrada a fin de desarrollar sistemas y estructuras activas y efectivas en materia de medicamentos y para aumentar las inversiones en la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos prioritarios. 
La comunicación destaca especialmente el valor de poner preservativos, mosquiteros y otros procedimientos de prevención al alcance de las personas más pobres y más vulnerables con mayor rapidez y en una escala suficientemente amplia. 
La Unión Europea representó el 55% de la ayuda mundial al desarrollo en los sectores sociales en 1997 y ha aumentado el apoyo que presta a los programas de atención médica, SIDA y población del 1% de nuestra asistencia total en 1986 a más del 8% en la actualidad, en comparación con un promedio del 5,5 % entre los países de la OCDE. 
Por lo tanto, cabe decir que estamos concentrando más y más nuestras actividades en esta esfera. 
Entre 1990 y 1998 se asignaron recursos totales por valor de 3.400 millones de euros para la salud, el SIDA y la población; ninguno de esos recursos se ofreció en concepto de préstamo. 
Esto contrasta claramente con el reciente ofrecimiento de los Estados Unidos a África meridional. 
La Comisión está celebrando consultas de amplio contenido sobre opciones para una acción nacional e internacional acelerada y para desarrollar enfoques innovadores en la lucha contra las mencionadas enfermedades. 
El 28 de septiembre, en colaboración con la OMS y el Programa de las Naciones Unidas contra el SIDA, va a organizar y acoger una mesa redonda internacional. 
La reunión examinará la forma de que un enfoque amplio en el plano nacional e internacional pueda abordar el caso de esas tres enfermedades y la forma de que podamos conseguir algo nuevo a ese respecto. 
Señora Presidenta, doy las gracias al Presidente del Consejo y también al Comisario Nielson por las declaraciones hechas hoy sobre el gran problema del SIDA, especialmente en Africa. 
Cuando el problema del SIDA se manifestó a principios de los años ochenta en toda su envergadura, se iniciaron muchas políticas en el mundo occidental para frenar el avance de la enfermedad y ofrecer un buen tratamiento a las personas que habían contraído esta enfermedad. 
También se prestó mucha atención a la prevención y por eso en la mayoría de los países occidentales esta enfermedad no ha podido convertirse en la pandemia que se había previsto en los años ochenta. 
Cualquier víctima mortal del SIDA, también en Europa, es una de más, pero gracias a Dios no se producen tantas como se temía hace veinte años y la supervivencia es mucho mayor ahora. 
¡Cuán distinta es la situación en muchos países del Tercer Mundo y sobre todo en Africa! Allí el drama humano es mucho mayor de lo que uno podría haberse imaginado. 
De los 18 millones de víctimas mortales que ha habido a escala mundial, la mayor parte de ellas vivía en la Africa subsahariana, donde la expectativa de vida ha bajado ya por debajo de los 50 años y bajará a los 45 años. 
Hay ya millones de niños africanos que tienen que vivir sin sus padres, millones de familias se desintegran, millones de niños y ancianos han de vivir sin el apoyo y el cuidado de una generación intermedia que disminuye cada vez más. Y esto es sólo el drama humano. 
A continuación surgirá el drama socio-económicio. 
El desarrollo económico encuentra cada vez más dificultades, las inversiones no se producen porque falta gente que pueda ser empleada, las escuelas pierden a sus profesores, los hospitales ya no pueden hacer frente a los problemas. 
La conclusión es que gran parte del desarrollo que se ha conseguido en los últimos 25, 30 años se ha perdido por el drama del SIDA y eso es algo que a nosotros, como principal donante de Africa, nos debe alarmar también. 
¿Qué puede hacer Europa, qué puede hacer la Comisión, qué puede hacer la Unión Europea para ayudar a Africa? 
Me parece que no es útil intentar copiar la política europea y aplicarla en Africa. 
La situación en muchos países africanos no se presta a la aplicación de soluciones europeas. 
Es mejor que tomemos como punto de partida unos ejemplos positivos, como los de Uganda y Senegal, donde se ha conseguido estabilizar en cierta medida la propagación de la enfermedad. 
Y nos parece que todo esto debe estar basado en tres ideas claves que son la información, la prevención y unos tratamientos y cuidados asumibles para los familiares. 
La información y la prevención son esenciales y a este respecto el uso de preservativos es extraordinariamente importante. 
En lo que respecta al tratamiento creo que es importante que la industria farmacéutica encuentre variantes baratas de la medicación que sirve en cierta medida en nuestros países occidentales, también en cuanto a la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo. 
Y en cuanto al cuidado de los familiares quisiera pedirles que se preste atención a los muchos huérfanos que hay ya. 
Como último punto, la Comisión ha anunciado que presentará una comunicación para solucionar los problemas, pero yo tengo la sensación de que hasta ahora hemos hecho demasiado poco y de que la unidad que tiene la responsabilidad sobre este tema es demasiado pequeña. 
Por lo tanto, espero de verdad que la comunicación que el Comisario Nielson nos ha prometido nos ofrezca una nueva perspectiva para atajar este problema con más personas en la Comisión Europea, con una mayor coordinación a nivel europeo y sobre todo con más medios porque eso es necesario para sacar a Africa de la miseria. 
Señora Presidenta, no voy a repetir lo que, con razón, ya se ha expresado, y con unas intenciones muy loables. 
Más bien, trataré de referirme a los hechos. 
Creo que hoy los hechos son simples. 
Los hechos consisten en el acceso a la atención médica y en el tratamiento de los enfermos. 
Ahora bien, el propio ONUSIDA ha reconocido la ineficacia del programa anunciado por los laboratorios farmacéuticos, que, en realidad, sólo buscaban recuperar su imagen y que hoy dan marcha atrás, ahora que se trata de negociar realmente una reducción del precio de la atención médica. 
El problema ya no radica en la donación de los fármacos, lo cual está necesariamente limitado en el tiempo y subordinado a los intereses puntuales de los laboratorios, sino en la adecuación del precio de la atención médica al poder adquisitivo en los países en vías de desarrollo. 
La Unión Europea debe incitar a las multinacionales farmacéuticas a que concedan licencias voluntarias, ya que se trata del primer paso hacia un acceso a la atención médica por las poblaciones desfavorecidas. 
Si las mismas no se concedieran, la Unión Europea debería obligar a que se respetaran los acuerdos en caso de urgencia médica y exigir la concesión de licencias obligatorias, que permitirían por fin solventar el problema del precio de la atención médica. 
Creo que la agonía de todo un continente está por encima de los intereses particulares. 
Señora Presidenta, creo que, como lo decía nuestra colega, la Sra. Carlotti, la conferencia de Durban ha tenido el mérito de clarificar el hecho de que no se lucha contra el sida de la misma manera en Europa que en África. 
El sida es revelador de todas las carencias económicas y sociales de los países en vías de desarrollo y se añade al problema general de la miseria. 
La prevención, pues, no puede lograrse si no se acompaña del acceso a la atención médica. 
Por lo tanto, es necesario- y suscribo en este punto lo dicho por el orador anterior- que las firmas farmacéuticas, que poseen el monopolio de la fabricación y de la comercialización de las triterapias e incluso del AZT, vendan dichos fármacos a precio de coste. 
Este debate entre nosotros no sería necesario si la triterapia costara un dólar. 
Y, como lo preconiza el director del ONUSIDA, debemos multiplicar por diez el importe que se invierte actualmente si queremos, como mínimo, iniciar una verdadera política de prevención y de protección asistencial. 
Por otro lado, los fármacos no se distribuyen como si fueran sacos de arroz. 
Se necesitan médicos, ambulatorios, estructuras sociales complementarias. 
Y, por imposición del FMI, los países pobres reducen los créditos públicos, y en particular los de educación y sanidad. 
La Unión Europea debe contribuir a la supresión inmediata de la deuda de los países africanos, que se eleva a quince millardos anuales, a fin de que estos recursos se empleen para la creación de infraestructuras sanitarias y de nuevos programas sociales. 
Finalmente, la puesta a punto de una vacuna debe ser prioritario en el ámbito de la investigación. 
Señora Presidenta, intervengo en nombre de los diputados de la Lista Bonino. 
Tomo nota de lo declarado por el representante del Consejo, es decir, que Francia destinará una parte de la deuda de los países africanos a la lucha contra el sida. 
Se trata de una iniciativa importante que esperamos que secunden todos los Estados de la Unión, y no sólo ellos. 
Confiamos en que también la Unión Europea aporte su contribución al efecto de que se invierta más, si cabe, en la lucha contra el sida en África, continente en que se registra el 95% de las muertes de los infectados por el VIH. 
Es verdad que actualmente se gastan 300 millones de dólares anuales en ÁFRICA, pero, al tiempo, no lo es menos que África tiene 15 millardos de dólares de deuda frente a los países industrializados. 
Por último, deseo llamar la atención sobre el gran silencio existente y que ha de denunciarse. Me refiero a las campañas de desinformación por motivos religiosos contra el uso de preservativos. 
Se invita a no usar preservativos en nombre de la vida y se generan personas destinadas a una muerte segura. 
Señora Presidenta, como miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, expreso mi más honda preocupación por el cuadro, cuando menos, alarmante aflorado de la XIII Conferencia sobre el sida, celebrada en Durban (Sudáfrica) , así como por el futuro de los países en desarrollo y en particular de los países africanos. 
Esta nueva resolución se añade a las presentadas el año pasado en Lusaka (Zambia). Lamentablemente, sin embargo, comprobamos que la situación es trágica y que, hoy por hoy, no ha mejorado en absoluto, sino que está asumiendo enormes proporciones si se piensa en que cada minuto mueren a consecuencia del sida cinco personas en África. 
Los expertos enumeran una serie de datos dramáticos: por ejemplo, el significativo descenso demográfico, la dramática reducción de la esperanza de vida en África que descenderá por debajo de los 45 años en 2015; en la región subsahariana se alcanzará incluso el 10% de la población afectada por esta enfermedad. 
En consecuencia, considero que es necesaria una iniciativa ad hoc por parte de la Comisión y de los Estados miembros de la Unión Europea recordando la gran responsabilidad de la Unión Europea para con los países en desarrollo. 
Más aún, yo diría que es preciso vincular la condonación de la deuda exterior de los países pobres a la lucha contra esta epidemia y, en este contexto, respaldamos la petición del programa específico Debt for AIDS, contenido en la resolución. 
La Cumbre Unión Europea-África sobre las modalidades de condonación de la deuda celebrada en El Cairo y la Conferencia de Durban están estrechamente relacionadas. 
El fuerte impacto que el sida tiene en el crecimiento económico y la estrecha relación entre la lucha contra la pobreza y la lucha contra el sida impone una más estrecha y fructífera cooperación y coordinación entre la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, con la implicación de la sociedad civil de esos países, de la Iglesia local y de las organizaciones no gubernamentales. 
Señora Presidenta, aunque se han dado importantes pasos en el ámbito de la ciencia para combatir al SIDA, la epidemia continúa flagelando, con crueldad creciente, a los países pobres; el resultado es que cada día es más difícil hacer frente a las muchas y serias consecuencias de la enfermedad. 
Es verdad que las iniciativas preventivas y terapéuticas de los últimos años han conducido a una importante mejora de la supervivencia de los enfermos en los países desarrollados; no puede decirse lo mismo, sin embargo, de los países pobres. 
La propagación de la enfermedad ha superado los peores augurios, principalmente en los países de Africa y, tal y como se ha mencionado, cada minuto cinco personas mueren a causa de la enfermedad, que adquiere dimensiones de amenaza para la salud pública. 
Todos los días nacen en esos países niños infectados por el virus a causa de la absoluta falta de programas dirigidos a las posibles madres. 
Por otra parte, el coste del tratamiento es tan alto, que son muy pocos los enfermos que se benefician de ese derecho elemental. 
En este marco, considero de la máxima importancia la propuesta de reducción del precio de los medicamentos para personas afectadas por el SIDA en esos países, y quisiera animar a la Comisión y al Consejo a que apoyen esta iniciativa presionando a las compañías farmacéuticas. 
Se deberán hacer también esfuerzos coordinados para poner en marcha programas integrados de formación, prevención, tratamiento y protección en los países en desarrollo, al menos hasta alcanzar el uso seguro de la vacuna que todos deseamos. 
Hasta entonces, los factores más importantes para el control de la epidemia, para hacer frente a la enfermedad, son, principalmente, la prevención y el tratamiento; y estas son las prestaciones que todos los ciudadanos deben recibir independientemente del país en que vivan. 
Señora Presidenta, en este debate se ha hecho hincapié en la prevention, en las medidas preventivas. 
Como es sabido, hay un viejo refrán que dice en inglés: prevention is better than cure. 
Después de cerca de quince años de experiencia en relación con esta epidemia- he trabajado activamente tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el de Cruz Roja- puedo comprobar, sin embargo, que no le hemos hecho mucho caso al refrán. 
Hace diez años ya se conocía la gravedad que alcanzaría esta epidemia en algunos países en desarrollo, pero tanto en esos países como la comunidad internacional hicieron muy poco. 
Se podrían discutir las causas por las que esta epidemia azota con más fuerza a los países pobres, haciendo una comparación con los países situados en esta parte del mundo. 
Obviamente que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las deficiencias en la información y la educación, tiene que ver con los hábitos sexuales, tiene que ver específicamente con la insuficiente educación de las niñas para rechazar insinuaciones sexuales y, evidentemente, también tiene que ver con la escasez de recursos de los servicios hospitalarios. 
Celebro que tanto el Comisario Nielson como la Presidencia francesa asignen una alta prioridad a los trabajos para combatir la epidemia de VIH. 
No obstante, no basta con el dinero, también hay que dotar a la Comisión de personal competente, de modo que no sean sólo algunos funcionarios quienes impulsen estos asuntos. 
Además, es importante lograr nuevas formas de colaboración con la industria farmacéutica, con el objeto de contar no sólo con vacunas sino que también con medicamentos. 
Esto vale tanto para el VIH como para el paludismo. 
En esta materia debemos pensar con creatividad. 
Finalmente, tal como señaló el Comisario Nielson, cuando hablamos de asociación es importante buscar aquello que ha funcionado bien y apoyarlo. 
Hay muchos programas que están pidiendo dinero a gritos y en los que las subvenciones de la UE podrían ser beneficiosas. 
Hablamos mucho de África. 
Me temo que algunas regiones de Asia van a encontrarse, dentro de 5 ó 10 años, en una situación similar, en una situación muy grave. 
Celebro la conferencia del Comisario Nielson del 28 de septiembre de 2000 y espero que ella nos lleve a un crash programme para afrontar estos problemas aún más enérgicamente en el futuro. 
Como conclusión de esta declaración, he recibido siete propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Antes de cerrar este debate, voy a pedir a la Sra. Presidenta del Consejo que tenga a bien responder o, en todo caso, concluir el debate. 
. (FR) Gracias, señora Presidenta, por otorgarme brevemente la palabra para transmitirle mi emoción por haber escuchado las palabras claves que hoy han resonado en esta Asamblea y que demuestran que la conciencia colectiva nos une para comprobar que el sida es realmente revelador de la situación de pobreza y de injusticia que reina en nuestro planeta. 
Nosotros, europeos, tenemos la obligación moral de movilizarnos, y por lo que puede inferirse de las diferentes intervenciones, estamos listos para hacerlo. 
Agradecemos vivamente a la Comisión por su comunicación, que esperamos con impaciencia y que nos permitirá unir nuestras energías y poner en común nuestra voluntad de actuar. 
En efecto, hoy ya está superada la etapa de la reflexión. 
Debemos actuar de inmediato, puesto que es urgente, y la Presidencia francesa estará totalmente disponible para concretar esta voluntad de actuar en el plano europeo. 
Con el fin de responder a este inmenso desafío que tenemos ante nosotros, necesitamos unir, movilizar, a todos nuestros socios, como lo he dicho en mi exposición preliminar, que ha tenido un eco absolutamente positivo en esta Asamblea. 
Puedo decirles que la presencia, en la tribuna de Durban, de la Directora General de la OMS, del representante de la Comisión Europea y de la presidencia Salud, ha hecho nacer una inmensa esperanza. 
No tenemos derecho a truncarla, y yo estaré junto a ustedes. 
Estaremos juntos para aceptar este desafío. 
Debemos denunciar las campañas de desinformación, luchar contra el oscurantismo, pero no debemos abandonar ningún campo de acción. 
Creo que debemos ser siempre conscientes de que hemos de proseguir con los ejes de información y de formación, de prevención, de acceso a la atención médica, de tratamiento y de investigación, sobre todo en materia de vacunas y de fármacos. 
. (EN) Lo único que quiero es darles gracias por esas intervenciones. 
Sabemos muy bien con qué enorme reto nos enfrentamos. 
La prevención da resultado, pero lleva mucho tiempo. 
El caso de Uganda es un buen ejemplo de lo que acabo de decir. 
En nuestra calidad de donantes, eso significa que tenemos que demostrar que somos donantes con nervio y aguante. 
Tenemos que estar en condiciones de continuar nuestros esfuerzos y de prestar apoyo a las estrategias apropiadas. 
El Sr. Mantovani ha dicho que deberíamos condonar la deuda y utilizar el dinero para luchar contra el SIDA. 
Ahora bien, si perdonamos la deuda, habremos gastado ya el dinero. 
Lo que sugiere usted es que lo utilicemos dos veces. 
Eso sería un buen enfoque innovador, pero no me parece que sea muy fácil. 
En realidad, por eso mencioné que el ofrecimiento que han hecho los Estados Unidos consiste en proporcionar a título de préstamo 1.000 millones de dólares para comprar medicamentos a compañías de los Estados Unidos. 
En mi opinión ése no es el enfoque adecuado, porque en realidad agravará el doble problema del SIDA y de la deuda que se manifiesta en los países africanos. 
Por eso insistí en que Europa está proporcionando fondos que no agravan la deuda de nuestros países asociados. 
Por último, permítanme que les prevenga contra el sueño de que la nueva medicina pueda abrirse paso rápidamente. 
Nosotros le estamos prestando nuestro apoyo. 
Estamos procurando resquebrajar el código de derechos protectores de las compañías, pero créanme que no es cosa fácil. 
Entre tanto, la escala de los gastos involucrados nos obliga a hacer hincapié en la prevención más bien que en el tratamiento. 
El tratamiento sigue siendo demasiado oneroso. 
Doy las gracias a la Sra. Presidenta y a la Sra. Comisaria por su comprensión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Creación de un Observatorio para los intercambios industriales 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la creación de un Observatorio para los intercambios industriales. 
Voy a conceder la palabra a la Sra. Péry, en nombre del Consejo, quien ya conoce este hemiciclo, puesto que durante mucho tiempo fue vicepresidenta de nuestra Asamblea. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, permítanme manifestarles mi satisfacción por expresarme en este hemiciclo, cuya acústica descubro, ya que intervengo por primera vez. 
Debo, antes, presentarles las excusas de Martine Aubry, quien lamenta vivamente no estar presente. 
Desearía dar las gracias a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y al Grupo parlamentario del PSE por el proyecto de resolución que será discutido, así como al ponente, el Sr. Hughes. 
Deseo fervientemente que nuestros debates permitan un avance del expediente sobre la creación de un dispositivo europeo de observación de los intercambios industriales, expediente al que la Presidencia francesa presta una atención muy especial. 
Como usted observará, señora Comisaria, me he referido a un dispositivo europeo sin precisar, voluntariamente, la denominación, ya que lo importante es el principio. 
Antes de hablar propiamente del dispositivo, pienso que sería útil reconstruir brevemente el contexto en el cual nació esta propuesta. 
Recuerden ustedes el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo de los días 21 y 22 de noviembre de 1997, que encargó a un grupo de expertos de alto nivel el análisis de los intercambios industriales en la Unión Europea y el examen de los medios de anticipar y de gestionar dichos cambios, así como sus efectos en los planos económico y social. 
Recordaré brevemente el cierre de la planta de Renault Vilvorde, que aún tenemos presente en nuestras mentes. 
Todos conocemos, en nuestros países, la radicalización de determinados conflictos sociales, lo que refleja una desesperanza- insisto en este término- y una incomprensión frente a los desafíos de la globalización. 
En el informe final, remitido a la Comisión Europea, dicho grupo de expertos realiza un balance y formula recomendaciones. 
Entre éstas figura la interesante propuesta, hecha a la Comisión, de crear un Observatorio europeo para los intercambios industriales. 
Dicho observatorio debía ser un instrumento de ayuda para identificar y analizar los cambios, a fin de anticipar las consecuencias y de garantizar una gestión positiva de estas evoluciones. 
La acogida de la mencionada recomendación no supuso observaciones de principio, ya que el observatorio era entendido como una herramienta de ayuda a las reestructuraciones. 
El debate se entabló cuando se trató de trabajar sobre su creación. 
Hubo debates entre los interlocutores sociales y creo que también en la Comisión. 
Ahora me dicen que las posturas de unos y de otros se han aproximado mucho, tanto sobre los cometidos como sobre la estructuración del observatorio, y pienso que se trata de un elemento de capital importancia. 
Sobre la base de esta constatación, y con la ayuda de ustedes, señoras y señores diputados, conviene crear las condiciones para una creación rápida del Observatorio europeo para los intercambios industriales. 
En Europa, la aceleración del proceso de fusiones-adquisiciones no acaba de suscitar reflexiones en cuanto a la dimensión social y jurídica de los problemas planteados. 
La emergencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la organización de las relaciones entre los grandes ordenantes- pienso en los sectores de la aeronáutica y del automóvil- y los subcontratistas está generando una nueva organización del trabajo, que puede modificar profundamente el tejido industrial y favorecer la aparición de nuevos sistemas territoriales que rebasen los marcos nacionales. 
A la vista de la evolución del empleo, se requieren nuevos enfoques para sacar adelante una verdadera gestión preventiva. 
Pero estos enfoques también son necesarios para desarrollar la formación profesional tanto en el plano de la adaptación a una profesión como en el plano de la formación a lo largo de toda la vida, lo cual debe convertirse en un derecho para todos. 
Deseo vivamente, como el proyecto de resolución lo subraya, que éste sea inscrito en la futura Carta de los derechos fundamentales de la Unión. 
La naturaleza y la importancia del diálogo social que acompaña a estas transformaciones corren parejas con las dimensiones de las reestructuraciones o de las evoluciones tecnológicas. 
El dispositivo europeo de observación de los intercambios industriales puede responder a esta problemática si sus cometidos y su estructuración se definen en tal sentido. 
Dicho dispositivo debería identificar y reunir informaciones relativas a las evoluciones tanto en el plano económico y tecnológico como en el del mercado del trabajo. 
Debería asimismo identificar y difundir soluciones prácticas positivas aplicadas a los diferentes niveles y favorecer los intercambios de experiencia en materia de evolución y de adaptación a los cambios. 
Estos cometidos deberían responder a las necesidades de las instituciones europeas, a las necesidades de los interlocutores sociales a todos los niveles, a las necesidades de las instituciones nacionales y territoriales y a las necesidades de las empresas. 
Queda por tratar la cuestión de la organización de esta función de observación. 
Es útil y necesario recordar que dicho dispositivo debe ser una herramienta y no un lugar de decisiones políticas o de negociaciones sociales y que está a disposición de los públicos que he citado antes. 
Su organización debe permitirle responder a sus cometidos, lo que implica, en nuestra opinión, una estructura ágil y flexible. 
En cuanto a la logística, podría apoyarse en instituciones europeas existentes. 
En nuestra opinión, es evidente que los interlocutores sociales europeos y la Comisión deben participar en la gestión mediante formas adecuadas. 
Un consejo científico podría a la vez dar orientaciones generales y garantizar la calidad de los trabajos realizados. 
La elaboración de una propuesta tendente a aproximar este dispositivo europeo de observación a la Fundación para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, de Dublín, serían positivas y contarían con nuestro apoyo. 
En efecto, la experiencia de esta institución, su campo de cobertura, los resultados de sus trabajos, así como su gestión tripartita, representan un sólido apoyo para el lanzamiento de dicho observatorio. 
Para la Presidencia francesa, esta propuesta de implantación debería facilitar la creación inmediata del citado dispositivo. 
Francia hará todo lo posible para que este lanzamiento pueda realizarse antes del término de la Presidencia. 
Señora Presidenta, no he olvidado el valor del tiempo en esta institución; por lo tanto, he tratado de respetar mi tiempo de uso de la palabra. 
. (EN) En 1997 el cierre de una fábrica de Renault que estaba cerca de Bruselas y empleaba a 3.200 personas atrajo la atención pública sobre las consecuencias negativas de los intercambios industriales. 
Después de ello y en respuesta al Consejo Europeo, la Comisión invitó a un grupo de expertos de alto nivel para que informase sobre las implicaciones económicas y sociales de los intercambios industriales y para que formulase recomendaciones acerca de la forma de evitar consecuencias como las que tuvo el cierre de la fábrica Renault. 
En su informe el grupo de alto nivel recomendó que se crease un observatorio. 
Su informe ha recibido el respaldo del Consejo. 
Es cierto que en la mayoría de los Estados miembros existen mecanismos y estructuras para anticipar los efectos de los intercambios, pero en el plano europeo no hay ningún observatorio ni mecanismo que apoye a los sectores normativos y a los asociados sociales en su respuesta. 
Estoy convencida de que es necesario proporcionar a los sectores normativos y a los asociados sociales de la Unión Europea un instrumento que les permita adoptar un enfoque orientado al futuro cuando se discutan los intercambios industriales en el plano europeo, con miras a gestionarlos mediante una acción positiva y preventiva. 
Hemos discutido ya esta cuestión tres veces en el Parlamento. 
Creemos realmente que se necesita con urgencia una nueva estructura, un observatorio o como quieran ustedes llamarlo. 
La Comisión ha propuesto ya en el programa de trabajo social presentado el 28 de junio de 2000 que se invite a la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, de Dublín- que es una estructura que ya existe -, a que instituya un mecanismo de información acerca de los intercambios. 
¿Cuál es el papel de ese mecanismo? 
Ese mecanismo de información debería coadyuvar al diálogo social entre empleadores y empleados y podría prestar apoyo a las autoridades públicas facilitándoles datos y análisis informativos de la información existente sobre los intercambios industriales. 
Todos convenimos en que tiene que ser una estructura ligera y efectiva en función del costo, y en que hay que establecerla lo antes posible. 
Los asociados sociales indicaron su interés en ese mecanismo en el foro del 15 de julio y se comprometieron a ultimar sus puntos de vista y a presentar sus ideas acerca de la posible estructura para el mecanismo. 
Es evidente que tendremos en cuenta su opinión antes de formular nuestra propuesta final. 
La última cuestión a la que me referiré es que la anticipación de los intercambios y la respuesta que se les dé tienen que ser multidimensionales. 
La coordinación en todas las esferas de política ha recibido una importancia capital en las deliberaciones de la Comisión sobre el particular. 
Lo que podemos decir es que velaremos por que la Dirección General encargada de las cuestiones del empleo colabore con otras Direcciones Generales, en particular las relacionadas con el mercado interior, la educación, la cultura y las empresas, a fin de presentar un enfoque integrado para ese mecanismo. 
Estimamos que los resultados de la labor de ese mecanismo estarán disponibles para apoyar las decisiones de las instituciones de la UE y de los asociados de la UE, y que todo esto se puede llevar a cabo de forma flexible en el marco del Tratado Europeo. 
También yo quiero celebrar el regreso de Nicole Péry al Parlamento y quizá debiera decir, Nicole, que la echamos de menos, en particular cuando tenemos que negociar votaciones sumamente difíciles. 
Quizá convendría que regresara usted periódicamente. 
Quisiera decir que la resolución transaccional presentada por mi Grupo y otros ha quedado reducida a lo más esencial para que quede absolutamente claro qué es lo que pedimos, pero aún así y todo parece haber una enorme cantidad de confusión acerca de lo que pedimos exactamente y por lo tanto quisiera especificar dos cosas que no pedimos. 
En primer lugar, no pedimos que se cree un nuevo instituto o una nueva organización onerosa. 
Las tareas que queremos confiar a un centro de supervisión se pueden llevar a cabo en la Fundación de Dublín o en el Centro Común de Investigación de Sevilla, o en los dos órganos, con muy pocos gastos adicionales. 
En segundo lugar, no estamos esforzándonos por interrumpir las fusiones, las transferencias, la reestructuración o la propia mundialización. 
Eso sería una noción absurda, pero queremos que haya un enfoque socialmente responsable y de anticipación a esas posibilidades. 
Queremos que se establezca un centro de coordinación para la observación de los cambios industriales como contribución a un enfoque más proactivo de la gestión de los cambios industriales a plazo mediano y a largo plazo en términos de sus repercusiones dentro de la Unión Europea, y me gustaría señalar a la atención del Sr. Chichester el hecho de que las industrias de servicios también son industrias y de que hay cambios industriales en todas partes. 
Se trataría de un centro que reuniría información e información confidencial proveniente de todos los posibles asociados e interlocutores, las propias empresas, instituciones de enseñanza superior y de enseñanza complementaria, servicios de empleo públicos y privados, asociados sociales de todos los agentes pertinentes, y de nuevo me gustaría decir al Sr. Chichester que no estamos diciendo que los gobiernos deban esforzarse por predecir el intercambio. 
Queremos trabajar con todos los asociados, incluidas las propias empresas, a fin de procurar adivinar la dirección del intercambio. 
La tarea de ese centro sería encauzar las informaciones pertinentes sobre los intercambios previstos a los sectores decisorios de todos los niveles, a fin de mejorar nuestra capacidad general de preparar los cambios normativos necesarios para aprovechar las oportunidades que brinde la dirección de los intercambios que se prevean. 
Ésta no es una idea que haya nacido por generación espontánea. 
Como han dicho tanto el ministro como el Comisario, estas ideas provienen del Grupo de Alto Nivel Gyllenhammar y fueron formuladas después de que Renault cerrase la fábrica de Vilvoorde. 
La recomendación de crear un observatorio es una observación que, de hecho, figura en diversas resoluciones del PPE de los últimos meses y por lo tanto me sorprende que ese sector presente aquí esta semana una resolución hostil. 
La resolución del Grupo Liberal y del PPE dice que dicho centro trataría de ingerirse en los mercados y en las decisiones comerciales. 
Eso no es así, en absoluto. 
Nadie habla de ingerirse en las decisiones comerciales, sino de cerciorarse de que aprovechamos al máximo las posibilidades de que todos seamos ganadores en vez de limitarnos a ser las víctimas pasivas de los intercambios. 
Pero, ¿quién sabe, Sr. Chichester? Quizá también el mundo del comercio pueda beneficiarse de las informaciones mejoradas que ese centro podría proporcionar. 
Para acabar quisiera decir lo siguiente: la resolución del PPE y de los Liberales es prácticamente inexacta. 
Hoy hemos oído decir aquí a la Presidencia del Consejo y a la Comisión que siguen ocupándose activamente de la idea. 
La resolución, por lo tanto, es inexacta en cuanto a los hechos. 
Está fuera de lugar y espero que, aunque sea en el último minuto, reconozcan ustedes dónde están las buenas ideas, retiren su resolución y apoyen la nuestra. 
Pero es posible que yo sea un optimista sin remedio. 
Señor Presidente, el debate es extraordinariamente interesante, pero vemos en la pantalla que el Turno de Preguntas empezará a las 6.10. 
El retraso no importa; me pregunto, sin embargo, si puede usted garantizarnos una hora y media para el Turno de Preguntas, porque corremos el peligro de que no haya tiempo para muchas de las preguntas que deberían debatirse. 
A propósito, con gran alegría, quisiera dar también yo la bienvenida aquí a la representante de la Presidencia del Consejo. 
Lamento enormemente la situación, tanto como usted, porque heredo el problema. 
Pero la verdad es que sólo le puedo garantizar que podemos estar una hora. 
Yo trasladaré este problema- como probablemente ustedes también- a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa del Parlamento, porque puede ocurrir una vez de manera excepcional, pero cuando ocurre más veces hay que atajar el problema y darle solución. 
Señor Presidente, Señorías, Señora Comisaria y Señora Péry, en la Cumbre de Lisboa se acordó que los quince Estados miembros iban a desarrollar una estrategia para una transición fluida hacia una nueva economía y ello en interés de nuestros ciudadanos y de la industria y el comercio. 
El Grupo parlamentario liberal está completamente en contra de la creación de una nueva institución administrativa que refuerce todavía más la burocracia europea. 
Un Observatorio europeo para los cambios industriales va en contra del principio liberal de que los gobiernos no deben entrometerse en las decisiones comerciales. 
"Do not pick the winners and let the winners pick." 
Esa fue también la conclusión de la Cumbre de Lisboa. Por lo tanto, con gran asombro me he puesto al corriente de que apenas tres meses más tarde tanto la Sra. Péry, en nombre de la Presidencia, como la Sra. Diamantopoulou, en nombre de la Comisión, defienden ahora un punto de vista completamente distinto. 
Me sorprende mucho porque pensaba que nuestros socios eran de fiar. 
Es curioso que los líderes europeos, también los de la familia socialdemócrata, adopten los principios liberales y la nueva economía y que el ala izquierda en esta Cámara recaiga otra vez en viejas ideologías. 
El fantasma de la sociedad moldeable ronda de nuevo por Europa. Por lo tanto, para nuestro Grupo parlamentario no fue posible llegar a un compromiso con el Grupo Socialista sobre la resolución presentada. 
Señorías, Europa va bien y la economía europea también. 
La bondades del mercado interior y sobre todo la introducción del euro han aumentado el empleo enormemente. 
Sin embargo, algunos Estados miembros no se atreven a tomar las medidas necesarias, aprovechando menos el crecimiento económico. 
Para ello un nuevo Observatorio no es una buena terapia. 
No es la primera vez que este Parlamento debate sobre la influencia política en la gestión empresarial y la política de las empresas. 
Siempre se ponen los mismos argumentos sobre el tapete pero ahora espero que haya sido la última vez. 
Señor Presidente, la Unión Europea se enfrenta a unos cambios drásticos de nuestra economía, a la globalización, a la nueva economía, a la ampliación de las nuevas tecnologías y además a muchos factores demográficos. 
Estas evoluciones tienen unas consecuencias enormes para el empleo, las relaciones entre ricos y pobres, la exclusión social y el medio ambiente. 
Hay todo tipo de fricciones en el mercado laboral, hemos de adaptar nuestro sistema de enseñanza y finalmente también tiene consecuencias para algunas empresas porque se cierran algunas cuando, a su vez, se crean otras. 
Sin embargo, en un momento determinado luchamos contra el paro y unos años más tarde se contratan empleados de terceros países para solucionar los problemas en el mercado laboral del sector de asistencia o del sector de las TIC, por mencionar unos ejemplos extraños. 
Lo que constatamos es que se emplea una política ad hoc, una política que llega demasiado tarde, y en cierto sentido Lisboa, con su "dotcom-approach", es un ejemplo de ello. 
Esto se debería hacer con más consistencia. 
En segundo lugar necesitamos implicación, implicación en los apoyos y esa es la implicación social que hemos de elaborar. 
Por lo tanto, somos de la opinión que, para poder anticiparnos a esta evolución industrial y desarrollo de sectores, hay que seguir el consejo del grupo de alto nivel de crear un centro de coordinación como observatorio de estos cambios, no una nueva institución pesada, sino que se integre en una existente. 
Con este tipo de cambio industrial se hace absolutamente necesaria la implicación total de los interlocutores sociales, los ciudadanos y los políticos tanto a nivel local como a nivel regional y nacional. 
La clave para el éxito es saber gestionar este cambio y visto desde esta perspectiva, la Comisión y el Consejo deberían esforzarse para que se puedan tratar temas como el derecho a la información, la revisión de la ley sobre los comités de empresa y el papel de los empleados y los ciudadanos en fusiones y cierres de empresas, con sus graves consecuencias sociales. Esto también nos parece esencial para la gestión del cambio industrial. 
Nosotros no nos opondremos a la creación de un Observatorio para los cambios industriales. 
La unanimidad con que la derecha se opone al mismo confirma que rechaza la menor transparencia respecto a las consecuencias, desastrosas para la sociedad, de los cierres de fábricas y de los despidos, que se tiene el descaro de presentárnoslos como inevitables para hacer frente a las mutaciones. 
Pero dicho observatorio sólo podría ser un instrumento estadístico, que, en esta sociedad de clases, ni siquiera será objetivo. 
Un observatorio no sustituye la voluntad política de impedir que las grandes empresas despidan personal para aumentar los beneficios. 
En tal caso, el hecho de recurrir a la cohesión social, significa pedir a los trabajadores despedidos por una empresa que cierra y a los parados víctimas de reestructuraciones que soporten pacientemente su suerte. 
La mayoría de las fusiones o reestructuraciones constituyen operaciones financieras que si siquiera están motivadas por cambios industriales. 
Y siempre se hacen pagar las consecuencias a los trabajadores, nunca a los accionistas. 
Por eso digo a los trabajadores que pueden y deben defenderse, en particular imponiendo la prohibición de los despidos a todas las empresas que generan beneficios. 
Los beneficios acumulados deben servir para financiar la repartición del trabajo entre todos, sin disminuir los salarios, sin precariedad y sin flexibilidad. 
He recibido 7 propuestas de resolución para cerrar la presente declaración, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Mi Grupo parlamentario hubiera preferido que no hubiéramos terminado con resoluciones este, de por si interesante, debate. 
Esto lo digo en respuesta a las observaciones del Sr. Hughes. 
En efecto, me parece que el Consejo ha puesto hoy nuevos elementos sobre el tapete. 
Si se ha seguido la discusión, entonces se ve que se ha producido un cierto cambio en el Consejo. 
Asimismo, la declaración de la Comisión fue muy clara y creo que todos deberíamos volver a estudiarla con mucho detalle. 
Eso sería probablemente lo mejor. 
En segundo lugar, hemos de evitar, y en eso coincido plenamente con mi vecino el Sr. Chichester, llegar a una burocracia exagerada. 
Es un punto importante. 
Por otra parte, tuve que pensar de nuevo en la historia del Titanic. Se hundió porque en esa época no había un sistema de observación de icebergs. 
Este se creó inmediatamente después del hundimiento del Titanic. 
Hemos visto en los últimos años, también en el terreno de los cambios industriales, algunos casos de los que se puede decir que con ciertos conocimientos previos hubiéramos tenido mejores resultados de los que tenemos ahora. 
Personalmente soy de la opinión de que podemos avanzar un poco más en esa dirección con la condición de que esto no lleve a una burocracia galopante, sobre todo en el país anfitrión donde estamos ahora. 
Nos enfrentamos continuamente a todo tipo de sucesos, bloqueos etc., y creo que sería de mucha utilidad que se diera más información objetiva sobre los cambios que se producen para que se eviten los errores que se puedan cometer, como los del Titanic. 
Señor Presidente, Titanic me pareció una película bonita pero no me gusta que se vuelva a poner cada dos por tres. 
Señor Presidente, permítame comenzar por una cita: " Las fusiones espontáneas, realizadas por el único hecho de la existencia de un poder capitalista dominante, poseen un efecto devastador para la cohesión social de la Unión. 
Las mujeres y hombres que un buen día descubren que el propietario de su empresa ha cambiado y que están a merced de sus opciones económicas estratégicas, con todo lo que ello supone de dramático y de inhumano para ellos, para sus familias y para sus regiones, no pueden comprender que eso sea la Unión Europea. 
De todas las propuestas de la Presidencia, la que pretende crear un Observatorio para los cambios industriales es la que presenta el mayor interés. 
Estimo que este observatorio, desde el momento en que sería independiente, en que estaría dotado de medios de estudio adecuados, en que sus trabajos serían divulgados y proporcionarían la base de debates democráticos, podría contribuir eficazmente a desarrollar la cooperación intergubernamental que, en este ámbito social, sigue siendo preeminente ". 
Esta cita no responde a una postura de extrema izquierda irresponsable o caprichosa. 
Acabo de citar, en efecto, a nuestra Presidenta, la Sra. Fontaine, quien efectuó estas declaraciones en la cumbre de Lisboa, en nombre de todos nosotros. 
Ahora bien, cuando hoy oigo aquí a algunos responsables de la derecha crispada, yo me pregunto si esos honorables diputados del grupo del que procede la Sra. Fontaine desean efectivamente dedicarse a desmentir lo que nuestra Presidenta dijo en Lisboa frente a los jefes de Estado y de gobierno. 
Naturalmente, nuestros colegas Chichester y Plooij nos dicen, respectivamente: "Déjenlo en manos de los mercados" y "pick up the winners". 
Nosotros conocemos demasiado bien esta canción que dice que, a fin de cuentas, se privatizan los beneficios y se socializan, se reparten, las pérdidas. 
Mi amigo Steven Hughes ha explicado que los socialistas y los otros dos Grupos políticos que han presentado una propuesta común no desean un monstruo burocrático. 
Nosotros no queremos una nueva institución, una nueva agencia, sino, como lo ha dicho la representante de la Presidencia, la Sra. Péry, un dispositivo ágil, una estructura ágil, capaz de coordinar los trabajos existentes. 
En efecto, la Comisión dispone de mucha documentación, Eurostat posee estadísticas muy interesante para proporcionar sobre la evolución industrial en Europa y fuera de Europa. 
Están los gobiernos nacionales y los institutos de investigación. 
No hay que duplicar el trabajo existente, sino coordinar y efectuar, al menos cada seis meses, un informe para ser discutido en el seno del Consejo y en el seno del Parlamento Europeo. 
No queremos asistir como espectadores a los cambios industriales y sociales en curso. 
Deseamos preparar el futuro, lo que no significa librarse a una acción defensiva o a un proteccionismo inútil, sino acompañar el cambio. 
Nosotros estamos a favor de las nuevas tecnologías, estamos a favor de la nueva economía, pero también queremos ayudar a los sectores antiguos a adaptarse. 
Nosotros perseguimos una política voluntarista, queremos anticipar el cambio, ya que el futuro, y sobre todo el futuro económico, es algo que debe construirse. 
Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, Señorías, desearía situar este debate en su contexto. 
En efecto, como auvernesa, les recordaré que hace aproximadamente un año, en esta Asamblea, se discutía sobre la crisis de Michelin. 
La planta de la Michelin anunciaba despidos masivos en las fábricas de Europa y al mismo tiempo beneficios nunca obtenidos antes en la Bolsa. 
En ese momento, en esta misma Asamblea, nos habíamos comprometido colectivamente a revisar los reglamentos europeos en materia de fusión de empresas. 
Recuerdo a la Comisión que sería bueno revisar la Directiva 94/CE y el Reglamento 4064/89, para reforzar la información y la consulta de los trabajadores antes que se produzcan los grandes cambios, los cuales suponen despidos por razones de reestructuración o de fusión. 
Un año después, como primer paso concreto, se nos propone un Observatorio para los cambios industriales. 
De acuerdo; pero debe estar realmente al servicio de la causa de los asalariados. 
Para eso, dos condiciones parecen ser indispensables: permitir a la Comisión que evalúe la aplicación de la directiva sobre los despidos colectivos y los cierres de sociedades, y elaborar propuestas para que se apliquen sanciones eficaces en caso de que no se respeten los reglamentos. 
Los interlocutores sociales deben estar asociados a esta iniciativa a través de los recursos presupuestarios asignados por las instituciones europeas. 
Señora ministra, es una satisfacción para mí volver a encontrarla en este recinto. 
La nueva economía y la globalización generan una aceleración de los cambios industriales, y nuestro Parlamento ha examinado en varias ocasiones esta cuestión, puesto que instauró- yo mismo era el ponente en aquel momento- algunos procedimientos, el comité de empresa europeo, y realizó trabajos sobre la información y la consulta de los trabajadores, cuya aplicación estamos esperando, señora Comisaria, ya que, como usted sabe, este expediente es muy importante para nosotros. 
También creamos procedimientos, como la participación de los asalariados en el capital, en los beneficios y en los resultados de la empresa; todos ellos, procedimientos indispensables en el momento de las reestructuraciones y de los cambios industriales. 
Naturalmente, queda mucho por hacer en este ámbito, pero creo que si es necesario mejorar este tipo de procedimiento- como lo han manifestado mis colegas, y no supone ninguna crispación decirlo- hoy disponemos de organismos en el seno de Europa, como la Fundación de Dublín, la Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo, de Bilbao, con la que nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales colabora, los cuales están en condiciones de evaluar eficazmente las consecuencias de dichos cambios industriales. No hay que olvidar a los interlocutores sociales, quienes también poseen, en el plano europeo y en el plano social, un papel indispensable que desempeñar con respecto a los cambios industriales. 
Concretamente, deseo, pues, que los organismos existentes contribuyan para que estos cambios industriales sean cada vez más transparentes y que, señora Comisaria, los textos que esperamos sobre la información y la consulta de los trabajadores, así como la sociedad europea, sean un día sometidos a nuestra Asamblea. 
Señor Presidente, señora Péry, señora Diamantopoulou, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Péry por la claridad con la que ha ilustrado la propuesta del Consejo que comparto plenamente. 
Como se ha recordado, el Parlamento Europeo ha debatido en múltiples ocasiones y por amplia mayoría, con ocasión de crisis, reestructuraciones y reconversiones productivas, la necesidad de que las Instituciones Europeas y los agentes del diálogo social intervengan a tiempo para encontrar todas las soluciones posibles y aptas para prevenir los graves conflictos sociales que podrían ser evitados, la desindustrialización de territorios enteros y la generación de graves procesos de exclusión social. 
La carencia que lamentaba el Parlamento Europeo era la falta de informaciones capaces de permitir el examen inmediato de dichos procesos y, en general, los cambios que se producían en las estructuras productivas y laborales de las empresas antes de que dicho examen se viera radicalmente perjudicado por la adopción sin previo aviso de decisiones inamovibles. 
Considero que la creación de un Observatorio- o sea, de un centro de coordinación de todas las informaciones útiles para la previsión de los procesos de reestructuración y de reconversión- puede prestar un servicio muy valioso a las Instituciones comunitarias y al propio diálogo social a escala europea. 
Porque se trata de esto: de una actividad de servicio y no de una nueva institución; de una actividad de servicio capaz de contribuir a la cualificación y a la inmediatez de una intervención que compete exclusivamente a las Instituciones de la Unión. 
Por esta razón, apelo a la coherencia de todos aquellos diputados que votaron las resoluciones sobre los procesos de reestructuración, a partir del caso Verwoord, y en particular de aquellos diputados que votaron una resolución sobre el caso Michelin en que se preveía expresamente la creación de un Observatorio para los cambios industriales. 
Señor Presidente, gracias a un instrumento como éste, no solo será posible disponer de una información preventiva de los trabajadores afectados y del examen de las posibilidades de evitar o reducir despidos- de acuerdo con lo previsto en la directiva comunitaria de 24 de junio de 1992- sino también de promover a escala local y comunitaria esos contactos capaces de sopesar la existencia o no de soluciones alternativas a las presentadas por las empresas que se podrían aplicar con el concurso de una actividad pública y, en todo caso, la adopción de iniciativas para la recolocación de los trabajadores cuyos puestos de trabajo corren peligro, y sobre todo de las que afectan a la recualificación o a la reconversión profesional de los trabajadores. 
Sólo así se podrá alejar el peligro de que los procesos de reestructuración o las fusiones entre grandes empresas se conviertan para muchos trabajadores y para algunos territorios en dramáticos procesos de degradación y de exclusión, en perjuicio sobre todo de la mano de obra más joven. 
A falta de dicha instrumentación y de dichos exámenes preventivos, el Parlamento está destinado a seguir siendo la sede de denuncias extemporáneas y estériles. 
Señor Presidente, el Sr. Hughes dice que no quiere que se establezca una nueva agencia pero su resolución pide claramente que la haya, y negarlo no es más que hacer juegos de palabras. 
Dice que no quiere que haya interferencia con la industria, y sin embargo la Sra. Diamantopoulou habla de medidas preventivas. 
Es evidente que la Sra. Diamantopoulou estima que los intercambios son mala cosa. 
Preferiría que siguiéramos manteniendo a las industrias que no son rentables a base de sistemas de ayuda, cuando lo que deberíamos hacer es liberar los recursos de fuerza de trabajo y de capital para que puedan utilizarse en empresas nuevas y viables. 
Si queremos sobrevivir y prosperar en el siglo XXI tenemos que recibir con agrado y gestionar el cambio. 
No tenemos que vigilar para evitarlo. 
Por eso me ha descorazonado sobremanera el oír que se proponía la creación de un observatorio. 
Se diría que nos quieren obligar a tener cada día un "quango" diferente. 
A los que no saben lo que es "quango", les diré que se trata de una palabra inglesa recientemente acuñada que abrevia la expresión "quasi non-governmental organisation", o sea, dicho con otras palabras, una nueva muestra de burocracia, más dinero gastado, más puestos de trabajo para los muchachos, más padrinazgo para sus jefes. 
¿Y para qué todo eso? 
Pues para producir informes voluminosos que se traducirán en 11 idiomas y que nadie leerá. 
Parece como si en la Unión Europea sólo tuviésemos dos respuestas para todos los problemas, reales o imaginados: o creamos un nuevo reglamento sin preocuparnos de si los reglamentos vigentes funcionan debidamente, o creamos un observatorio. 
A continuación nos quedamos tranquilos y contentos de haber podido resolver el problema. 
Pero no hemos resuelto el problema. 
Lo único que hemos hecho es aplazarlo. 
Hemos desperdiciado tiempo y dinero y hemos suscitado expectativas que no se verán materializadas. 
Como en el caso de tantas otras iniciativas de la Unión Europea- y estoy pensando sobre todo en la propuesta en favor de crear un organismo de normas alimentarias- este observatorio no hará más que duplicar la labor de otras organizaciones, de innumerables empresas contables y compañías de investigación privadas, de institutos académicos y universitarios, de sindicatos y de cámaras de comercio, y de gobiernos nacionales y locales. 
Quisiera preguntar dos cosas a mis colegas: en primer lugar, ¿necesitamos para algo ese observatorio? 
Creo que no, pero si lo necesitamos, ¿no sería mucho más rápido, más barato y más eficaz en función del costo encargar a una de nuestras grandes empresas de gestión europeas que se encargaran de la labor? 
. (FR) Señoras y señores diputados, sólo dos frases. 
He escuchando el debate que se ha instaurado en este hemiciclo. 
Deseo decir que todos aquellos y todas aquellas que apoyan la idea de un Observatorio europeo están de acuerdo en su cometido y en su forma. 
Cometido de información, cometido de intercambio, y en cuanto a la forma, a la estructura, una estructura flexible, ágil, eficaz, apoyada en una estructura existente. 
Veo, pues, que diputados, Comisión, Presidencia, se aproximan; por eso soy muy optimista sobre la realización de este dispositivo de observación. 
.. (EN) Señor Presidente, seré breve porque sé que tenemos poco tiempo. 
El debate ha sido muy interesante y ha tenido dos dimensiones: la primera ha sido la política, y la segunda es la técnica. 
El debate político suscitó la cuestión de si deberíamos intervenir en la nueva economía o no, y me limitaré a formular una sola observación política: la nueva economía no es un fenómeno natural, es un fenómeno político. 
Por eso necesitamos mecanismos e instituciones, no para detener los cambios sino para gestionarlos y para evitar que tengan consecuencias sociales negativas. 
En cuanto a la segunda dimensión, que es la dimensión técnica, coincido con el Grupo PPE en que no necesitamos una nueva estructura y coincido con todos los demás que han dicho que necesitamos un mecanismo ligero y flexible. 
Por eso no proponemos una nueva institución o una nueva estructura. 
Proponemos que se coopere con el Instituto de Dublín y que se tengan en cuenta todos los demás recursos (los recursos de la Comisión y de otras instituciones europeas como EUROSTAT y el Observatorio Europeo del Empleo, así como las evaluaciones y otros estudios que poseemos) ; todos estos datos se tendrán en cuenta y el mecanismo mencionado apoyará el diálogo social entre asociados, empleadores y el público, y asistirá a los sectores normativos en la gestión de dichos intercambios. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles, a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0535/2000). Examinamos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Ya saben ustedes que tenemos una gran escasez de tiempo. 
Según el Reglamento, para las preguntas complementarias- que no son obligatorias- se dispone de 1 minuto, pero también hay una recomendación del Pleno del Parlamento de que se utilicen 30 segundos. 
Yo no voy a fijar 30 segundos, pero les ruego que hagan sólo las preguntas que sean inexcusables. 
Tengo que señalar que las preguntas 1, 3 y 4 ya estuvieron inscritas en la lista de preguntas para el turno de julio pero no pudieron obtener respuesta del Consejo porque no hubo suficiente tiempo para traducirlas con antelación a todas las lenguas y por ello se vuelven a presentar al inicio de esta Sesión. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 1 y 2 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0626/00): 
Asunto: Explotación inhumana y violación flagrante de los derechos del niño en los EE.UU. Según un informe de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch titulado "Campos de lágrimas: la explotación de los niños en la agricultura de los EE.UU.", cientos de miles de niños, fundamentalmente de origen latinoamericano, trabajan en el campo estadounidense en condiciones peligrosas y extenuativas. 
Los niños, de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, trabajan por término medio durante 12 a 14 horas diarias en las explotaciones agrícolas, están expuestos a insecticidas de particular toxicidad que provocan dolores de cabeza, irritaciones de la piel, vómitos y- a largo plazo- cáncer y daños en el cerebro, y están obligados a cargar con herramientas muy pesadas y frecuentemente peligrosas. 
En el informe se subraya además que los niños perciben una remuneración mucho menor que el jornal mínimo; algunos de ellos no ganan más de 2 dólares a la hora. 
¿Condena el Consejo situaciones semejantes, que vulneran de modo brutal la Declaración de los Derechos del Niño, demuestran la hipocresía que caracteriza a los EE.UU. cuando aducen la vulneración de dicha Declaración como pretexto para no conceder ventajas comerciales y refuerzan la competencia desleal de sus productos agrícolas? 
¿Piensa plantear esta cuestión a las autoridades estadounidenses en el marco del diálogo con los EE.UU.? 
Pregunta nº 2 formulada por (H-643/00): 
Asunto: Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a los niños Qué medidas piensa tomar el Consejo para garantizar que la UE aporte una contribución positiva y constructiva a la sesión especial de la Asamblea General de la Naciones Unidas dedicada a los niños, que se celebrará en septiembre de 2001 y en la que todos los Estados revisarán los compromisos y objetivos establecidos hace diez años en la cumbre mundial sobre los niños? 
Considera el Consejo importante que el enfoque de los Estados miembros, la Comisión y el Consejo sobre esta cumbre sea coherente? 
. (FR) Permítame, señor Presidente, que responda simultáneamente a las preguntas formuladas por el Sr. Theonas y la Sra. Kinnock, respectivamente, porque ambas se refieren a la necesidad de lograr, a la larga, la abolición del trabajo infantil. 
Con respecto a la pregunta formulada por el Sr. Theonas, conviene subrayar que la Unión Europea evalúa la importancia que reviste la abolición de la explotación de los niños, que priva a estos últimos de sus derechos a una infancia normal, a recibir una educación y a no estar sometidos a trabajos forzados. 
La Unión Europea apoya activamente, en este ámbito, la acción de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido con el nombre de UNICEF, y se felicita de la adopción de la Convención de la OIT sobre la prohibición y la eliminación inmediata de las formas más perjudiciales del trabajo infantil, ratificada por los Estados Unidos el 2 de diciembre de 1999, y procurará que dicha convención contribuya efectivamente a la eliminación de las formas más intolerables del trabajo infantil. 
La Unión Europea lamenta que los Estados Unidos aún no hayan ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 
Durante los contactos bilaterales, nuestros representantes han pedido a los Estados Unidos que procedieran a dicha ratificación. 
La convención, ratificada por los Estados miembros, reviste una importancia capital para la Unión Europea, que se ha comprometido activamente en el actual proceso de preparación de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, que tendrá lugar en septiembre de 2001. 
Con esta ocasión, se efectuará un balance sobre los progresos realizados en el ámbito de los derechos del niño en los últimos diez años. 
En el marco de su diálogo político con los Estados, la Unión Europea menciona a menudo las cuestiones relativas a los derechos humanos, y el Consejo toma nota del caso planteado por su Señoría. 
Con respecto a la pregunta formulada por la Sra. Kinnock, el Consejo comparte plenamente su punto de vista según el cual es necesario garantizar una buena preparación de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al seguimiento de la Cumbre mundial sobre la infancia, que tendrá lugar en septiembre de 2001. 
La Unión Europea ha comenzado a preparar activamente este acontecimiento. 
Ésta lo ha inscrito entre sus prioridades, con vistas a la 55ª sesión de la Asamblea General de la ONU. 
Si bien el éxito de dicho acontecimiento depende en gran medida del compromiso de la comunidad internacional, en conjunto, el Consejo es consciente del hecho de que la Unión Europea podría y debería ejercer un cometido de primordial importancia en este proceso preparatorio, cometido que, además, ha sido alentado con ocasión de los contactos informales realizados con los representantes del UNICEF. 
Además, el Consejo presta una constante atención a los derechos del niño en todos los organismos en los que se tratan cuestiones relativas a los derechos humanos. 
Así, ha incluido la preparación de la sesión extraordinaria en el orden del día de su grupo competente en materia de derechos humanos y se propone destinar a esta cuestión un apartado específico del informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos. 
Finalmente, la Presidencia francesa ha propuesto a sus socios la organización de un día europeo de los derechos del niño, que podría celebrarse- lo digo con reservas, ya que aún no está decidido oficialmente- el 20 de noviembre de 2000. 
Último punto: el Consejo fomenta la firma de los dos protocolos facultativos de la convención relativa a los derechos del niño, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y dispuso para su firma el 25 de mayo de 2000, y esperamos que muchos países la firmen con ocasión de la Cumbre del Milenio, que se abre mañana, y apliquen estos dos protocolos facultativos. 
Señor Presidente, quisiera realmente dar las gracias al Sr. Moscovici por la calidad y el contenido de su respuesta y por el hecho de que la Unión Europea considere necesaria la ratificación los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. 
Quisiera simplemente señalar, a modo de pregunta complementaria, que la ratificación es muy importante, pero muchas veces insuficiente. 
Porque, si no me equivoco, los Estados Unidos han ratificado la nueva Convención de la Organización Internacional del Trabajo para la protección de los derechos del niño, y, sin embargo, dicho convenio no se aplica en los Estados Unidos. 
Y el punto en el que creo que haría falta que el Sr. Ministro nos dijera algo más es si la Unión Europea, si, en el terreno de la práctica, el Consejo piensa exigir a los Estados Unidos, en el marco de las relaciones bilaterales, la aplicación de cuanto prevén la Convención de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. 
. (FR) Es verdad que lo importante es la aplicación, pero es difícil aplicar una convención que no ha sido ratificada. 
Por eso queremos iniciar con los Estados Unidos un diálogo político mucho más enérgico sobre esta cuestión y pedir la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados Unidos. 
Celebraremos asimismo consultas informales para tratar de convencerlos de la necesidad no sólo de ratificar dicha convención, sino de que deben comprometerse a aplicarla. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0627/00): 
Asunto: Participación de interlocutores sociales En diversos Estados miembros no hay un verdadero diálogo ni una cooperación eficaz entre organismos públicos e interlocutores sociales en las cuestiones relativas al empleo y, en general, en lo que concierne al esfuerzo de modernización del modelo social europeo. 
En las conclusiones del Consejo Europeo de Santa Maria da Feira se hace referencia a la necesidad de que los interlocutores sociales desempeñen un papel de mayor importancia. 
¿Cómo concibe el Consejo el refuerzo del papel de los interlocutores sociales? 
¿Cómo piensa controlar de modo más eficaz su participación? 
. (FR) El Consejo ha acordado siempre una gran importancia al diálogo social. 
Sin embargo, no le corresponde- y es fácil de entender- preconizar un modelo determinado de diálogo social en el plano nacional, ya que ello compete exclusivamente a cada Estado miembro. 
Con respecto al diálogo social europeo, no obstante, los interlocutores sociales europeos ya están muy implicados en dos dimensiones de la acción comunitaria; en primer lugar, la coordinación de las políticas económicas y, en segundo lugar, la continuación de la aplicación de la estrategia europea para el empleo. 
En relación con esta última dimensión, los interlocutores sociales participan con el Consejo y la Comisión en los trabajos del Comité permanente para el empleo, con miras a facilitar la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros, armonizándolas con los objetivos comunitarios. 
Nuestros interlocutores sociales están asimismo asociados a los trabajos del Comité para el empleo; la consulta de los interlocutores sociales en dicho marco es, en esta ocasión, de naturaleza informal. 
En el contexto de los esfuerzos tendentes a reforzar la estrategia europea para el empleo, se pedirá a los interlocutores sociales, incluso en el plano nacional, que desempeñen, con ocasión de la revisión de las líneas directrices para el empleo en 2001, un papel más importante respecto a la definición, la aplicación y la evaluación de las líneas directrices que caen dentro de su competencia. 
Se dará prioridad, en particular, a la modernización de la organización del trabajo, a la formación permanente y al aumento de la tasa de empleo, en especial respecto a las mujeres. 
Por otro lado, debe señalarse que corresponde a la Comisión, de conformidad con el artículo 138 del Tratado, consultar a los interlocutores sociales sobre la orientación de una acción comunitaria antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social. 
A título de ejemplo, la Comisión ha consultado recientemente a los interlocutores sociales respecto a la orientación de una acción comunitaria sobre la modernización y la mejora de las relaciones de trabajo. 
En cuanto a la modernización del modelo social europeo, los interlocutores sociales serán asociados a los trabajos del nuevo Comité para la protección social, del mismo modo que ya habían sido asociados a los trabajos del antiguo Comité para el empleo y el mercado de trabajo y a los de su sucesor, el Comité para el empleo. 
Los Quince deberán adoptar, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, una agenda social europea en el Consejo Europeo de Niza, en diciembre de 2000. 
Se trata de una prioridad importante de la Presidencia francesa. 
Dicha agenda utiliza como documento de trabajo una comunicación de la Comisión adoptada en el seno del colegio el pasado 28 de junio. 
La misma será objeto de contribuciones, de consultas, durante la Presidencia francesa, y es evidente que los interlocutores sociales serán estrechamente asociados a la elaboración de dicha agenda social. 
Señor Presidente, le doy las gracias al Sr. Ministro por cuanto nos ha dicho y, por supuesto, comparto- es un hecho- que la importancia y el valor de los interlocutores sociales en la configuración de un nuevo modelo es mucho mayor de lo que cualquiera pueda imaginar. 
Lo que me gustaría, sin embargo, preguntar es lo siguiente: cuando se mantiene un diálogo trilateral entre las dos partes de la interlocución social y el gobierno nacional, ¿en qué medida puede el gobierno nacional ignorar lo que los interlocutores sociales acuerdan entre sí y proponen en común? 
¿En qué medida, por otra parte, pueden comprometer al gobierno, en qué medida deberán comprometer a cualquier gobierno nacional, las propuestas concretas decididas en común por los interlocutores sociales, que son quienes conocen mejor que nadie los problemas de la sociedad, las raíces del paro, y los problemas que deben ser resueltos para poder hacer frente al desempleo? 
. (FR) Señor diputado, se podría pensar, efectivamente, en un carácter más vinculante en la materia, pero la vía elegida en la Unión Europea no ha sido esa. 
Como usted sabe, se trata del carácter subsidiario de los problemas sociales, por una parte, y, por otra, de la elección de un método que denominamos: método abierto de coordinación y de concertación. 
Estamos logrando unir los problemas de coordinación económica, los grandes objetivos de política económica, los problemas de coordinación en materia social, las líneas directrices para el empleo y las diferentes modalidades, los diferentes organismos que trabajan en ello. 
Creo que debemos continuar con este planteamiento, porque sabemos que Europa es múltiple. 
No debe ocuparse de todo. 
No puede ocuparse de todo. 
Al mismo tiempo, es necesario reforzar permanentemente la intervención de los interlocutores sociales. 
Señor Presidente, la interlocución social debería ser una relación de futuro. 
En primer lugar debería transponerse aquello que ambas partes desean, y para ello el diálogo constituye un requisito esencial e importante. 
¿En este contexto cúal es su opinión acerca de las actividades del actual Comité Económico y Social, y qué estima usted debe ser modificado en el mismo para que, en el futuro, este Comité pueda ser más intensamente involucrado en los trabajos? 
. (FR) El Consejo no tiene respuesta, en la fase actual, para esta pregunta. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0697/00): 
Asunto: Profesor A. Pelinka y Austria ¿Tiene conocimiento el Consejo del caso del Profesor Anton Pelinka cuyo trabajo en el Observatorio Europeo ha sido deliberadamente obstaculizado y saboteado por el Gobierno austríaco y, como consecuencia de ello, se ha visto obligado a dimitir de su puesto de vicepresidente y miembro del Comité de gestión del Observatorio? 
¿No considera el Consejo que se trata de un caso evidente de interferencia política del tipo de los que muchos se temían tras la llegada al Gobierno del Partido Liberal de Austria? 
¿No considera el Consejo que este caso justifica la imposición de sanciones y el mantenimiento de las sanciones ya impuestas? 
. (FR) El Consejo tiene conocimiento de la dimisión del profesor Pelinka de su puesto de vicepresidente del Observatorio Europeo para los fenómenos racistas y xenófobos el 31 de mayo pasado. 
Sin embargo, las medidas adoptadas por 14 Estados miembros el 31 de enero, que serán revisadas o, en todo caso, que deberán volver a examinarse a la luz del informe de los sabios, tienen un carácter estrictamente bilateral. 
En tal sentido, éstas no ponen en entredicho a las instituciones de la Unión y, por consiguiente, el Consejo no está autorizado para pronunciarse sobre el mantenimiento, en su caso, de las mismas. 
Como usted sabe, el 12 de julio el Presidente del Tribunal Europeo de Derechos humanos designó tres expertos para comprobar concretamente si el Gobierno austríaco había o no transgredido los valores europeos comunes desde su entrada en funciones, el 4 de febrero, y también para estudiar la naturaleza política, ciertamente particular, del FPÖ. 
Evidentemente, los Estados miembros estudiarán con el mayor interés el informe de dichos expertos cuando éste sea publicado, lo cual, según mis informaciones, no tardará en producirse. 
Señor Presidente, he tenido el honor de ser miembro del Comité Consultivo sobre el Racismo y la Xenofobia, del Consejo de Ministros, junto con el Profesor Pelinka. 
El Profesor Pelinka es una persona muy apreciada y en ocasiones tan excesivamente meticulosa que procuraba evitar que nos excediéramos en nuestras recomendaciones y que actuaba como un freno para algunos de nosotros que con su entusiasmo querían superar todas las barreras. 
No sé si el Consejo sabe que el Comite de gestión del Observatorio Europeo de Viena ha aprobado una resolución en la que lamenta la dimisión del Profesor Pelinka y los hechos que han originado dicha dimisión. ¿Está dispuesto el Consejo a señalar a la atención de los Tres Sabios el mencionado incidente y a pedirles que lo incluyan en su informe porque, sin duda alguna, puede ser un buen ejemplo de la forma en que el actual gobierno de Austria subestima nuestros valores europeos comunes? 
(FR) Señor diputado, como miembro del Gobierno francés tengo mi opinión, a título personal, sobre esta cuestión, e imagino que, en parte, la conocerá. 
En cualquier caso, en Austria es conocida. 
Pero aquí me expreso en nombre del Consejo, y le repito que las medidas fueron adoptadas bilateralmente y no en el marco de la Unión. 
Con respecto al informe de los sabios- que, por definición, les incumbe a ellos- no dudo que en el trabajo a fondo que habrán realizado sobre Austria, tras efectuar cierto número de consultas, tomarán en cuenta, así lo espero, las diferentes situaciones. 
En cualquier caso, ese es el mandato que se les ha confiado. 
He escuchado con gran interés la respuesta de la Presidencia francesa. 
El caso Pelinka es un asunto jurídico muy importante que, puede decirse, constituye una intervención directa en la libertad de expresión, puesto que se usa todo el aparato judicial para silenciar la crítica política. 
Ahora el Presidente del Consejo ha declarado que no puede pronunciarse "como Consejo de Ministros", pero quizás pueda hacerlo en su calidad de miembro del gobierno francés. 
¿No se considera esto grave y no debiera incluirse en las conclusiones que se extraen del informe de los hombres sabios? 
. (FR) Creo que la postura del Gobierno francés e incluso la de las autoridades francesas respecto a este caso se conocen desde el principio. 
Fuimos de los primeros en reclamar medidas bilaterales. 
Pero, lo repito, aquí me expreso en nombre de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y las medidas no se inscriben en el marco de las instituciones europeas, sino que se trata de medidas bilaterales tomadas por 14 Estados miembros en contra de un decimoquinto país. 
Esto es lo que quería decir, señor diputado, y repito también en este caso que, por definición, si se quiere que un informe de los sabios sea prudente, hay que dejarlos trabajar serenamente, sin tratar de influir al respecto. 
Confío en esas personalidades importantes en el ámbito político y jurídico, entre las que figura, ocupando un lugar destacado, el ex Presidente finlandés Ahtisaari, quien ha demostrado, por su experiencia, que sabía analizar situaciones complejas. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0597/00): 
Asunto: Solicitud de una valoración documentada de la escolarización de los niños y jóvenes en los países candidatos a ingresar en la UE Dada la crisis económica y los profundos cambios estructurales que han tenido lugar en la mayoría de los países candidatos a la ampliación, desearía saber si todos los niños y jóvenes de estos países están escolarizados, hasta qué edad está implantada la enseñanza obligatoria en estos países y si puede garantizarse en alguna medida que todos los futuros ciudadanos europeos estarán escolarizados. 
. (FR) El Consejo dispone de las últimas estadísticas proporcionadas por Eurostat, que tengo en mis manos, y estoy dispuesto a entregárselas a su Señoría. 
Estos datos se refieren al año escolar 1997-1998, ya antiguo, y muestran que en 11 países candidatos a la adhesión, la duración de la escolaridad obligatoria es de nueve o diez años, es decir: hasta la edad de 15 ó 16 años, según los casos. 
Por lo tanto, se puede estimar en alrededor del 90% el porcentaje de los jóvenes de 16 años y en el 60% el de los jóvenes de 18 años que deben ser escolarizados. 
Aún no se disponen de estadísticas fiables para Chipre y Malta, y la colaboración de Eurostat con Turquía en el ámbito de las estadísticas sobre educación aún no se ha iniciado, pero es comprensible que no sea fácil hacerlo en materia retroactiva. 
Para obtener una mayor información, su Señoría puede también consultar una colección intitulada Les chiffres-clés de l´éducation en Europe, realizada por Eurídice en colaboración con Eurostat, y publicada por la Comisión en alemán, en inglés y en francés. 
Voy a hacer algo de publicidad, diciendo que la edición 1999-2000 ya está disponible. 
Finalmente, con respecto a la escolarización de todos los ciudadanos europeos, hay que señalar que corresponde a cada Estado miembro y a cada país candidato a la adhesión asegurarse de que se logrará dicho objetivo. 
Repito que pongo a disposición de la Sra. Gutiérrez Cortines, las estadísticas de que dispongo en este momento. 
En efecto, he consultado las estadísticas y he consultado la información que da la Fundación Europea para la Educación, y me sorprenden las delicias, la novela rosa que cuentan sobre la situación en los países del Este. 
Las noticias que tenemos, a título particular, coinciden en que, de la misma manera que ha caído el sistema, se ha declarado una gran crisis, hay problemas en muchísimos sitios; en las zonas rurales, muchísimos profesores prácticamente no están cobrando, y no creo que con la crisis de cambio estructural que sufre el resto del sistema se haya conseguido mantener la educación en la situación tan beatífica y maravillosa que reflejan las estadísticas. 
Me preocupa, por tanto, que no haya alguna manera de sondear y de buscar. 
Porque está claro que, más allá de la subsidiariedad, podríamos decir incluso de la legitimidad formal, hay una legitimidad moral, nuestro compromiso para que en el medio rural, en la Europa nueva, en los nuevos países que van a adherirse, no quede ni un niño sin acceso a la educación y que no disfrute, como lo merece, el derecho a la educación. 
. (FR) Yo me basaba en lo que disponía, es decir; en las estadísticas. 
No quiero hacer un juicio cualitativo, lo que sería, naturalmente, arriesgado. 
Repito a su Señoría que pongo a su disposición un cuadro que demuestra, efectivamente, que lo que he dicho oculta algunas disparidades. 
Es evidente que existe una media, pero también existen casos más o menos favorables que revelan sin ninguna duda situaciones in situ que son totalmente desiguales. 
Le entregaré este cuadro sintético, si así lo desea, Señoría. 
Señor Presidente, a propósito de la pregunta de la Sra. Gutiérrez Cortines, quisiera plantear un asunto sobre los estudios universitarios en los países candidatos a la adhesión; un asunto que afecta, sin embargo, no a jóvenes de esos países, sino a jóvenes de países de la Unión Europea, Grecia, por ejemplo, un gran número de los cuales cursa estudios en universidades de los países candidatos a la adhesión. 
Y mi pregunta al Sr. Presidente en ejercicio es si hay alguna idea, alguna perspectiva, algún plan, en el sentido de que la directiva sobre el reconocimiento recíproco de los títulos de la enseñanza universitaria, que rige para los quince, rija también para los países candidatos a ingresar en la UE. 
¿Cuándo ocurrirá esto? 
¿Cuando culmine el proceso de adhesión? ¿Podría ser antes, de manera que se pudieran ir resolviendo los problemas existentes? 
Comprendo que el Sr. Presidente en ejercicio tal vez no tenga la respuesta en este momento; si la tiene, o cuando la tenga, me gustaría que nos lo hiciera saber. 
. (FR) Puedo dar una primera respuesta en el sentido de que uno de los objetivos de la Presidencia francesa, como quizá usted sepa, consiste en lo que denominamos: espacio europeo de la búsqueda de conocimientos. 
Trabajamos en ello con Jacques Lang, con el cometido de suprimir todos los obstáculos a la movilidad de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores, lo que también supone, naturalmente, una armonización del reconocimiento de los títulos. 
Esto es lo que deseamos hacer por la Unión Europea. 
Considero que, para nosotros mismos, el hecho de fijarnos un objetivo de cinco años sería una verdadera consecución. 
Pero, por lo demás, resulta complicado lograr una armonización con países que aún no son miembros de la Unión Europea. 
Aunque es posible imaginar que si ello se convierte en la ley de la Unión Europea, entonces también será la ley de la Unión en cuyo marco los países candidatos desean y van a adherirse. 
El problema de saber si se trata de un enfoque similar al del mercado interior o al del espacio de Schengen puede plantearse posteriormente. 
Pero aún tenemos, en efecto, algunos años para reflexionar. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0605/00): 
Asunto: Directivas de negociación del capítulo agrícola del Acuerdo de Libre Cambio con el Magreb La Comisión ha presentado su propuesta de Directivas de negociación de Acuerdo de Libre Cambio con Marruecos, Túnez e Israel en el Grupo "Magreb" del Consejo. 
Dicha propuesta comprende todas las medidas de liberalización teóricamente posibles: desde el incremento de contingentes a la reducción de aranceles pasando por distintas fórmulas de gestionar los precios de entrada. 
¿Puede informar el Consejo del alcance y contenido de ese mandato? 
Señor Presidente, me tranquiliza que el Consejo también tenga en cuenta en esta negociación la sensibilidad de determinadas regiones y determinados productos, sobre todo, en el sector agrícola. 
En este momento hay sectores agrícolas en la cuenca mediterránea, y también en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad, que podrían resultar amenazados como consecuencia de las propuestas de concesiones muy generosas por parte de la Comisión. 
Simplemente querría insistir, y animar al Consejo a seguir en esta línea de mantener la máxima vigilancia para que dichos sectores no queden dañados de manera fundamental por concesiones demasiado generosas. 
Por lo tanto, no puedo sino aprobar esta intervención complementaria, que no reviste carácter de pregunta. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0610/00): 
Asunto: Asociación Unión Europea-Turquía Durante la aprobación del Reglamento (CE) 764/2000, relativo a la realización de acciones encaminadas a profundizar la unión aduanera UE-Turquía, a propuesta de la Comisión, se incorporaron en esencia las enmiendas del Parlamento referentes a la democratización, el respeto de los derechos humanos y los derechos de las minorías en Turquía. 
A raíz de lo anterior, surge la inquietud de si la "asociación", que- según diversas informaciones- se prevé debatir en el Consejo a finales de año, insistirá en los términos y requisitos políticos establecidos en la Cumbre de Helsinki. 
¿Se propone quizás el Consejo adoptar la propuesta de reglamento relativo a las acciones encaminadas a lograr el desarrollo económico y social de Turquía (COM (2000) 169) junto con la asociación? 
¿Puede confirmar que los requisitos políticos de Helsinki se describirán con claridad en la asociación y que los mecanismos de control (screening) de cualquier avance hacia la democratización de Turquía funcionarán como en el caso de los restantes países candidatos? 
. (FR) Tras la adopción, el pasado 10 de abril, del reglamento destinado a favorecer la profundización de la unión aduanera entre la Unión y Turquía, el Consejo adoptó el pasado 13 de junio su posición común sobre la propuesta de reglamento financiero relativa al desarrollo de acciones tendentes al desarrollo económico y social de Turquía. 
Esta posición común fue transmitida al Parlamento Europeo, para segunda lectura, en el período parcial de sesiones de julio de 2000. 
El Consejo espera con interés el dictamen de éste. 
Como sabe su Señoría, el Consejo Europeo de Helsinki reconoció, en diciembre de 1999, la candidatura de Turquía en igualdad de derechos y obligaciones en relación con los demás candidatos y decidió la aplicación de una estrategia de preadhesión para dicho país. 
En Feira, los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron a la Comisión que presentara lo antes posible propuestas referentes al marco financiero único de ayuda a Turquía y la asociación para la adhesión. 
El colegio de comisarios, como su Señoría sabe, aprobó a finales de julio una propuesta de reglamento del Consejo relativa a la instauración de la asociación para la adhesión de Turquía, y sobre la base de dicho reglamento la Comisión someterá posteriormente al Consejo su propuesta de asociación, y recogerá, según el modelo adoptado para los demás candidatos, las prioridades y objetivos a corto y a medio plazo para la preparación de la adhesión. 
La Comisión presentará a continuación su propuesta relativa a la creación de un marco financiero único. 
Es evidente que durante la elaboración de dicha asociación, el Consejo velará, en particular, por el respeto de los criterios políticos de adhesión, sobre todo en los ámbitos de los derechos humanos, del Estado de derecho, del sistema judicial. 
Asimismo, se ocupará del seguimiento y del control de la adecuación de la legislación turca tanto en este como en los demás ámbitos, a fin de que dichos criterios se garanticen de la misma manera que con respecto a los demás países candidatos. 
En este sentido, hay que señalar que se ha iniciado en el seno del Consejo de asociación UE-Turquía la preparación del examen de la legislación turca en todos los ámbitos del acervo comunitario. 
Además, el Consejo Europeo de Feira pidió a la Comisión que informara al Consejo sobre los trabajos iniciados en tal sentido. 
Le agradezco al Sr. Ministro la respuesta, aunque he de señalar que mi pregunta planteaba la cuestión de si los requisitos de Helsinki se contemplarán en la relación de asociación, y ha evitado responder sobre este asunto. 
Y por ello me gustaría volver sobre la cuestión y concretar y actualizar la pregunta. 
Los quince, y en primer lugar la Presidencia han recibido una carta del Sr. Gem, que pide, hace algunos días, que en el acuerdo de asociación que se está preparando entre Turquía y la Unión Europea no se haga mención alguna a los artículos cuatro y nueve de Helsinki, uno de los cuales se refiere a las relaciones greco-turcas- relaciones fronterizas, como dice -, y el otro, al asunto de los avances en la cuestión de Chipre. 
Quisiera, pues, dirigir una nueva pregunta al Sr. Ministro y replantear la cuestión a la que ha evitado responder: ¿Se hará mención clara a los requisitos de Helsinki sobre la cuestión de Chipre y las relaciones greco-turcas, o, por el contrario, serán aceptadas las propuestas del Sr. Gem? 
¿Qué respuesta da el Consejo al Sr. Gem? 
. (FR) No tengo la respuesta precisa para esta cuestión. 
Lo que sí recuerdo es el Consejo Europeo de Helsinki, puesto que yo participaba en dicha discusión en aquel momento, al haber tenido la ocasión de realizar una pequeña misión diplomática en Turquía y en Grecia, y las conclusiones de Helsinki son las que se imponen a nosotros y a todos. 
Es nuestra regla común. 
Hemos negociado sobre esta base. 
Señor Ministro, nueve meses después de la proclamación de Turquía como país candidato en Helsinki, e independientemente de mi opinión contraria a la adhesión de Turquía, ¿creen ustedes que hay algún progreso en el ámbito de la democratización, cosa que se planteaba como condición para el ingreso, o constatan la realidad que habíamos previsto entonces, es decir, que la resolución de Helsinki envalentonaría al régimen turco, que seguiría ejerciendo su inhumana política? 
De hecho no constatamos- y pueden verlo- progreso alguno en la democratización de la constitución y del código penal, y sí constatamos prohibición de partidos- como el comunista -, insostenible situación en las cárceles, trato inhumano a los presos políticos, creación de las celdas F- que consisten en el más duro e inhumano aislamiento -, humillación de los abogados que defienden a los presos políticos, nuevos bombardeos de pueblos kurdos de Iraq, nuevos apaleamientos, detenciones en Diyarbakir, Estambul y otros lugares, con ocasión de los actos del primero de septiembre, día internacional de la paz. 
Igualmente, la ocupación del 38% de Chipre no sólo continúa tras la salvaje invasión del 74- en contra de las repetidas resoluciones de la ONU, que Turquía desprecia del modo más provocador -, sino que el Sr. Ecevit declara que el problema de Chipre quedó resuelto en 1974, y se niega a cumplir las resoluciones y a pagar... 
(El orador es interrumpido por el Presidente) 
. (FR) No comparto lo que parece ser el fundamento de su pregunta, es decir, la oposición a la candidatura turca. 
Dicha candidatura turca, por otro lado, ha sido posible gracias a un acercamiento entre Grecia y Turquía, del que me felicito, y que- así espero- continuará bajo la hábil dirección de dos jefes de la diplomacia, el Sr. Papandreu y el Sr. Gem, ambos amigos míos. 
Dicho esto, lo repito, dicha candidatura turca ha sido aceptada en igualdad de derechos y de deberes. 
Para que Turquía pueda adherirse a la Unión Europea, será necesario que se adhiera a sus valores y, por lo tanto, que realice los esfuerzos necesarios. 
Al mismo tiempo, debemos acoger sus esfuerzos de manera positiva. 
Nueve meses es, indudablemente, un lapso de tiempo importante para la gestación de un ser humano, pero para la gestación de un candidato es muy corto. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0614/00): 
Asunto: Subvenciones agrícolas en los Estados Unidos ¿Ha tenido en cuenta el Consejo los recientes e importantes aumentos en las subvenciones del Gobierno de los Estados Unidos a sus agricultores, que ya representan más de 160.000 euros por agricultor? 
¿Constituyen estas subvenciones una violación de los acuerdos de la OMC? 
¿Piensa el Consejo proponer alguna acción al respecto? 
. (FR) Los Estados Unidos no han notificado aún a la OMC las medidas a las que se refiere su Señoría, y que podrían ser examinadas en virtud del artículo 18 del acuerdo sobre el sector agrícola en el marco de la OMC. 
Por otro lado, conviene recordar que las subvenciones agrícolas forman parte de las cuestiones tratadas en las negociaciones iniciadas en junio de 2000 en el marco de la OMC. 
Durante estas negociaciones, que se basan en los principios enunciados en el artículo 20 del acuerdo sobre el sector agrícola, se establece asimismo que se examine la aplicación de los compromisos de reducción asumidos en los acuerdos de Marrakech, en 1994. 
La Comisión informa regularmente a los organismos competentes del Consejo sobre el progreso de dichas negociaciones, así como de las demás actividades emprendidas en el ámbito de los organismos agrícolas de la OMC, y si la Comisión lo considera útil someterá al Consejo el asunto de la conformidad de la política de subvención de los Estados Unidos a los compromisos suscritos en la ronda de Uruguay y de las posibles medidas que deben adoptarse en tal sentido. 
Quisiera suscitar ante el Presidente en ejercicio la cuestión del cambio en la política americana desde que en la Unión Europea cambiamos radicalmente la orientación del apoyo que prestábamos a la agricultura, tras la última ronda de negociaciones del GATT. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha duplicado holgadamente la cuantía de los subsidios que abona a cada agricultor. 
Al mismo tiempo la Unión Europea, en aplicación de sus políticas que nos impusieron el grupo de liquidación y los Estados Unidos, ha reducido su participación en los mercados mundiales en el sector de los productos lácteos, el sector de los cereales y el sector de la carne. 
Estimo que el Gobierno americano, al duplicar el nivel de la ayuda que presta directamente a sus agricultores, ha cogido a contrapié a la Unión Europea y que la política que nos ha llevado a reducir nuestra participación en los mercados mundiales es una política anticuada y requiere revisión. 
. (FR) No entraré en los pormenores, pero nos basamos, efectivamente, en este género de consideraciones para rechazar las agresiones que se han podido cometer en contra de la política agrícola común y de nuestro propio sistema, y por eso es por lo que también la Unión Europea ha adoptado, con respecto a la OMC, un mandato de negociación global tendente a proteger el modelo social y el modelo agrícola, por no mencionar el modelo cultural europeo. 
Tenga la seguridad de que dicho mandato sigue siendo, para nosotros, la base de negociaciones posteriores. 
. (FR) Es cierto que la ampliación de la votación por mayoría cualificada a sectores de actividad de la Unión Europea que en este momento requieren la unanimidad, constituye, precisamente, uno de los principales desafíos de la Conferencia Intergubernamental, actualmente en curso. 
Se trata de un desafío democrático esencial. 
En una democracia, se decide por mayoría, y no por unanimidad. 
En este contexto, el artículo 151 constituye una de las disposiciones que podrían estar comprendidas en la regla de la mayoría cualificada. 
La Sra. Zorba estará de acuerdo conmigo en que es aún demasiado pronto para indicar en qué sentido evolucionarán los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, aun cuando me parezca posible- lo digo con prudencia- que se logre rápidamente un consenso sobre el artículo 151, ya que no se puede disentir en todo. 
Con respecto a la manera en que se ha aplicado el apartado 4 del artículo 151 del Tratado, responderé simplemente que el respeto y la promoción de la diversidad de las culturas europeas son la parte central de todo el edificio comunitario. 
Señor Ministro, quienes son conscientes de la gran necesidad de una política cultural en la Unión Europea son conscientes también de que la Conferencia Intergubernamental- y estoy de acuerdo con usted- es la gran ocasión para cambiar la unanimidad. 
Claro está que la Conferencia Intergubernamental no es un proceso extraño y sin relación alguna con el Consejo. 
No cabe duda de que toma en consideración todos los puntos de vista y todas las necesidades. 
No funciona en el vacío. 
Mi pregunta, pues, es si el Consejo comparte el criterio de cambiar la unanimidad y si lo impulsa en la Conferencia Intergubernamental. 
Cuanto más avanzan las políticas económicas, más necesario se hace el estudio de las consecuencias culturales de esas políticas, y, por consiguiente, el desarrollo de una política cultural de cohesión. 
Este sentido tenía mi pregunta, y creo que no deberíamos sentarnos tranquilamente a esperar, porque tal vez entonces sea demasiado tarde. 
No estoy muy segura de que el acuerdo vaya a ser fácil. 
. (FR) El Consejo como tal, por definición, no es miembro de la Conferencia Intergubernamental. 
Le pido que confíe en la Presidencia francesa del Consejo y del Consejo Europeo para hacer progresar esta causa de la extensión de la votación por mayoría cualificada. 
Dejo de lado un segundo mi papel, para decirle que deseamos que la mayoría cualificada se convierta en la regla y que la unanimidad sea la excepción, mientras que lo que hoy predomina es más bien la situación inversa. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0617/00): 
Asunto: Coste de la ampliación y agricultura mediterránea A la vista de las previsiones y las últimas propuestas legislativas sobre agricultura mediterránea que afectan a producciones tales como algodón, arroz, frutas y hortalizas, tomates, frutos de cáscara y aceite de oliva, entre otras, con grave impacto negativo sobre el empleo y el progreso social de estas zonas pobres de Europa, y teniendo en cuenta los planes presupuestarios con vistas a la ampliación de la UE, quisiera preguntar al Consejo: ¿cómo evitará que, de hecho, sea la agricultura mediterránea la que acabe pagando el coste de la próxima ampliación? 
(FR) Entiendo las preocupaciones en las que se basa la pregunta de su Señoría. Sin embargo, creo que en su pregunta existen reflexiones de diferente naturaleza. 
Repito brevemente su afirmación preliminar: puesto que las reformas en curso de las organizaciones comunes de mercados se refieren a producciones mayoritariamente mediterráneas, tienen por objetivo permitir la adaptación a la competencia extraeuropea- generalmente muy dura- de dichos mercados y estabilizar estas producciones en el seno de la Unión. 
Lo que se busca es, pues, mantener el empleo en las zonas que, en general, ofrecen escasas posibilidades de reconversión en otros cultivos. 
Dentro de este espíritu, el Consejo se pronunciará, en su momento, sobre propuestas legislativas elaboradas por la Comisión. 
Los ministros de Agricultura de la Unión, que hoy finalizan una reunión iniciada el sábado en Biarritz, en el marco de sus reuniones semestrales informales, acaban de señalar, por otro lado, su voluntad de orientar de una manera más clara que antes las políticas agrícolas, con el objetivo de aumentar la calidad y la diversidad de los productos. 
Su Señoría menciona en una segunda parte de su pregunta, el efecto presupuestario de la ampliación de la Unión, que carece, desde mi punto de vista, de vínculos directos con la adopción de las reformas de las OCM a las que acabo de referirme. 
El efecto presupuestario de la ampliación ha sido objeto de sustanciosas discusiones con ocasión del Consejo Europeo de Berlín, en marzo de 1999, en el que se establecieron las perspectivas financieras para el período 2000-2006. 
Las perspectivas financieras indican, para cada año del período, para cada rúbrica, importes de gastos en créditos de compromiso, y dichos créditos de compromiso establecidos en concepto de las diferentes rúbricas de las perspectivas financieras no son fungibles. 
Por consiguiente, los gastos relativos a la ampliación no pueden financiarse a expensas de los gastos agrícolas inscritos en la rúbrica 1 de las perspectivas financieras. 
Por eso no creo que la agricultura mediterránea pueda cubrir los gastos de la futura ampliación, en el marco de las perspectivas financieras 2000-2006. 
Naturalmente, debemos encontrar, llegado el momento, en cualquier caso en 2005 a más tardar, un nuevo acuerdo institucional relativo a las próximas perspectivas financieras; pero este plazo, como usted comprenderá, está demasiado lejos para que podamos, razonablemente, abordarlo hoy. 
Con el fin de evitar el impacto negativo de la ampliación en el Mediterráneo, ¿estaría dispuesto a formular algún tipo de recomendación en este sentido? 
Realmente, con sus hechos y sus propuestas, el Comisario de Agricultura Fischler ha hecho que este impacto antimediterráneo de la ampliación sea una realidad. 
Son un hecho los temores al respecto en toda el área mediterránea. 
Puesto que veo que el Consejo está firme en su voluntad política, y para evitar- como usted dice- que pueda producirse algo de este tipo, no con las intenciones sino con los hechos, quisiera preguntarle si la Presidencia francesa, antes de que concluya, estaría dispuesta a formular, en la manera que estime oportuna, algún tipo de recomendación que disipe esos temores, es decir, que de ninguna manera el coste de la ampliación será pagado por las producciones mediterráneas. 
. (FR) No voy a improvisar aquí recomendaciones particulares sobre esta cuestión. 
Lo único que puedo asegurarle, señora, es que, para nosotros, las perspectivas financieras, negociadas con dificultades en Berlín, constituyen un marco que nos será extremadamente difícil de cambiar. 
No deseamos hacerlo. 
Así pues, repito, volveremos a hablar en 2005. 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0619/00): 
Asunto: Ataque a la minoría griega en la localidad de Dervidsana en Albania Los ciudadanos griegos de Dervidsana, una localidad situada en Albania, pasaron la noche del 3 a 4 de julio de 2000 en refugios, después de soportar un ataque con misiles anticarro proveniente de la localidad vecina de Lazarati. 
Las fuerzas de policía que se desplazaron al lugar no detuvieron a nadie. 
Este ataque a la minoría griega no es el primero que se produce. 
La semana anterior, el Consejo de Europa había enviado una recomendación al Gobierno albanés, exhortándolo a adoptar medidas para garantizar la protección de las minorías residentes en Albania. 
Teniendo en cuenta, además, la adopción, por parte del Consejo, los días 13 y 14 de junio de 2000, del plan de acción en favor de Albania, ¿puede indicar el Consejo qué acciones políticas piensa emprender y qué medidas inmediatas piensa tomar para reforzar la seguridad de la región y garantizar la integridad física así como los derechos fundamentales de las minorías? 
. (FR) El Consejo ha tenido conocimiento del incidente armado que se produjo durante la noche del 3 al 4 de julio de 2000 desde la localidad de Lazarati contra Dervitsani, en el que se utilizaron armas automáticas y explosivos. 
Según las informaciones de que dispone el Consejo, los disparos provenían de un reducido grupo de personas que, al parecer, se proponían impedir a la policía albanesa que procediera a efectuar arrestos en su localidad. 
Aun cuando la minoría griega no era el objetivo de dicho ataque, este incidente ha contribuido, no obstante, a crear un clima de inseguridad en la región. 
La Unión Europea apoya los esfuerzos del Gobierno albanés tendentes a reestructurar y modernizar las fuerzas de policía, a fin de reforzar la seguridad de los ciudadanos albaneses y de la región. 
El elemento multinacional de consejo en materia de policía para Albania, establecido bajo la autoridad del Consejo de la UEO y desplegado en Albania desde 1997, ha ampliado y desarrollado el campo de su misión, tras la adopción, en marzo de 1998, de una acción común relativa a la contribución de la Unión Europea para el restablecimiento de una fuerza de policía viable en Albania. 
Tras la adopción del programa de acción para Albania y la región limítrofe, el Consejo está actualmente examinando las medidas propuestas, a fin de identificar aquellas medidas que podrán aplicarse rápidamente. 
El programa de acción está esencialmente destinado a las cuestiones vinculadas a los problemas de migración y de asilo. 
No obstante, entre las medidas propuestas figuran también proyectos en el ámbito de los derechos humanos y de la protección de las minorías. 
La Unión Europea, por otro lado, está actuando en estos sectores. 
Al ser un país que puede acogerse a un acuerdo de asociación y de estabilización, le aseguro que la Unión Europea sigue de cerca los resultados de Albania en materia de respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, así como en materia de orden público y del Estado de derecho. 
Le doy las gracias al representante del Consejo por su respuesta. 
No obstante, con mi pregunta quería señalar una vez más los grandes problemas existentes en los países balcánicos, problemas relacionados con las carencias económicas y sociales, y, sobre todo, con el hecho de que no funcionen las instituciones democráticas. 
La agresión sufrida por la minoría griega es uno de los muchos incidentes provocados a diario en Albania. 
Por ello, mi pregunta, señor representante del Consejo, es en qué medida están ustedes dispuestos a ofrecer verdadero apoyo a Albania, al objeto de que funcione el estado de derecho. 
Y no hemos visto que esto se contemple en el plan de acción para Albania decidido por el Consejo. 
En el plan de acción se centran ustedes mucho más en la contención de la emigración, en cómo enviar a los emigrantes de vuelta a Albania- que, por supuesto, no es un país seguro -, que en cómo podemos brindarle a este país los medios para desarrollarse. 
Y es que creo que hemos prometido muchas cosas a los Balcanes y que no estamos ahora dispuestos a cumplir lo prometido. 
Quiero respuestas a esto, señor representante del Consejo. 
. (FR) Comparto su opinión, Señoría, sobre el hecho de que los incidentes referidos parecen responder, a priori, al problema general de seguridad y de orden público en Albania más que a una acción hostil dirigida contra la minoría griega. 
Se trata, en este caso, de un problema general, y hay que abordarlo, pues, como tal. 
El plan de acción en favor de Albania, al que usted se refiere, es un plan de acción dirigido a Albania y a la región limítrofe del grupo de trabajo de alto nivel "Asilo e emigración", aprobado por el Consejo de Asuntos Generales el pasado 13 y 14 de junio. 
El mismo tiene por objeto, efectivamente, definir y coordinar los medios de la Unión Europea, con miras a responder a los problemas de asilo y de emigración en Albania y en los países vecinos; por lo tanto, no está dirigido a promover los derechos de una minoría, en particular. 
No obstante, entre las acciones propuestas figuran proyectos o programas tendentes a fortalecer la democracia, el respeto de los derechos humanos y de las minorías, en general. 
Los grupos de trabajo del Consejo están actualmente examinando las diferentes medidas propuestas, a fin de identificar aquellas medidas que podrían aplicarse en breve plazo. 
El Consejo Europeo de diciembre, en Niza, espera un informe provisional al respecto. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0622/00): 
Asunto: Reducción de la ayuda de Tacis a Rusia La Unión Europea ha castigado a Rusia por sus acciones militares en Chechenia reduciendo las ayudas que recibía del programa Tacis. 
En el Consejo Europeo de Feira se decidió suavizar las sanciones. 
¿En qué condiciones opina el Consejo que podrían concederse ayudas de Tacis a Rusia en este y en el próximo año? 
. (FR) Tras el Consejo Europeo de Feira, el Consejo de Asuntos Generales del pasado 10 de julio pidió a la Comisión que reactivara la preparación de un programa TACIS indicativo, en favor de Rusia, para los años 2000/2003 y que a su vez preparara una propuesta para un programa de acción TACIS centrado en el año 2000. 
Se prevé para el próximo 17 de octubre el examen de dichas propuestas por el comité de gestión competente. 
El objetivo prioritario de este programa consistirá en apoyar la construcción de un Estado de derecho en Rusia, capaz de responder a las exigencias democráticas de una economía moderna y que beneficie al conjunto de la sociedad rusa. 
Se prestará una atención particular al apoyo de las reformas institucionales y económicas, a las acciones emprendidas en materia de democratización y de fortalecimiento de la sociedad civil, así como a la protección y al desarrollo de medios de comunicación independientes. 
Por otra parte, el Consejo ha acordado adoptar, a la vista de la evolución de la situación en Rusia, nuevas decisiones en cuanto a la orientación de la cooperación con Rusia y la utilización de los instrumentos disponibles. 
Agradezco la respuesta del Presidente del Consejo. 
Quisiera formular una pregunta complementaria. ¿Qué condiciones se ponen para la materialización de esta ayuda? 
¿Opina el Consejo que la situación actual en Chechenia hace razonable otorgar esta ayuda a Rusia? 
. (FR) Sí, en el año 2000, sólo se han comprometido hasta ahora 34 millones de euros tras el reajuste del programa de Helsinki. 
Se asignará una segunda partida para apoyar el proceso de reforma, que las autoridades rusas han reactivado con el fin de instaurar un verdadero Estado de derecho, lo que elevará los créditos TACIS asignados a Rusia en 2000 a 92 millones de euros como máximo. 
La dotación desbloqueada en el 2001- es la única respuesta que puedo darle- dependerá, a su vez, de las decisiones posteriores que tomará el Consejo, a la vista de la evolución de la situación en Rusia. 
Dicha situación se evaluará de acuerdo con los criterios relativos a los progresos realizados en materia de reformas institucionales, a la democratización, al fortalecimiento de la sociedad civil, así como a la protección de los derechos humanos en todo el territorio ruso. 
El examen de la situación en Chechenia, pues, forma parte, sin ninguna duda, de los criterios de evaluación. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0624/00): 
Asunto: Incidentes en la lonja de Matosinhos Durante la noche del pasado día 22 de junio, entre la noche y el amanecer del día siguiente, varios grupos de personas- según diversas fuentes se trataba presuntamente de marineros de cerco de bajura de Poboa de Varsím y Matosinhos- reventaron en la lonja de Matosinhos, de forma violenta y con objetos contundentes, las puertas de cuatro camiones españoles cargados de sardinas delante de las instalaciones de la empresa Docapesca S.A. Acto seguido, retiraron el pescado de los camiones, lo rociaron con gasóleo o productos similares con objeto de dañarlo irreversiblemente, y profirieron amenazas. 
Independientemente y además de los daños producidos a las cuatro empresas- una de ellas ha cifrado sus daños en 9.000.000 de pesetas en lo relativo al pescado y en unas 300.000 pesetas los daños materiales en los vehículos -, existen aquí conductas que nunca tendrían que haberse producido (recordemos que en 1998 hubo un precedente, aunque entonces la mercancía era jurel). 
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo para que no se vuelvan a producir actuaciones como éstas, contrarias a toda ley pero muy especialmente al espíritu y a los principios que impulsaron la Unión Europea? 
¿Tiene prevista el Consejo alguna fórmula de compensación o indemnización de los perjuicios, tan injusta como voluntariamente producidos? 
. (FR) Señor Presidente, el Consejo lamenta profundamente los incidentes que se produjeron en la lonja de Matosinhos durante la noche del pasado día 22 de junio, así como las pérdidas acarreadas a las víctimas de este acto de violencia. 
Sin embargo, importa subrayar, en este sentido, que incumbe a los Estados miembros garantizar el respeto de las normas de la política pesquera común y de la libre circulación de las mercancías, así como adoptar las medidas apropiadas en sus legislaciones nacionales, ya que dichas infracciones deben ser sancionadas por las disposiciones de derecho penal y de derecho civil del Estado miembro de que se trate. 
A este efecto, le recuerdo que el Consejo aprobó el 7 de diciembre de 1998 el Reglamento CE nº 2679/98 relativo al funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros, el cual establece mecanismos de intervención de la Comisión tendentes a obtener de los Estados miembros, únicos responsables del mantenimiento del orden público, la rápida corrección de los obstáculos graves a la libre circulación causados por acciones llevadas a cabo por particulares. 
Señor Presidente, quisiera decir, en primer lugar, que las relaciones entre Galicia y el norte de Portugal han sido siempre extraordinarias, porque el río Miño no marcaba una frontera, no separaba, sino que unía. 
Pero acontecimientos desgraciados como los que ocurrieron ese 22 de junio, debidos a unos pocos, no deben generalizarse. 
Por ello es importante adoptar medidas que impidan, en todo caso, su multiplicación y que la sanción adoptada por quienes corresponda sea ejemplar. 
Por eso, los de la otra orilla- europeos todos- queríamos saber cómo se trata este asunto y si se han adoptado decisiones ejemplares para que estos hechos no se repitan en el futuro. 
. (FR) Reitero mi respuesta: el mantenimiento del orden público, al igual que la aplicación, en su caso, de sanciones penales, caen a la vez dentro de la competencia de las fuerzas de policía y de las del orden jurídico del Estado miembro de que se trate. 
Citaré el extracto del reglamento que establece que cuando la Comisión considera que en un Estado miembro se ha producido un obstáculo grave en el sentido que señala el reglamento, ésta notifica al Estado miembro de que se trate las razones que la han llevado a esta conclusión, y pide al Estado miembro que tome todas las medidas necesarias y proporcionadas para suprimir dicho obstáculo. 
Por consiguiente, creo- y no lo digo para escabullirme- que sería mejor que su Señoría dirigiera su pregunta a la Comisión, que dispone de las herramientas necesarias para darle una respuesta fiable. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en Finlandia también han tenido lugar gravísimos ataques contra un sector productivo: la cría de animales peleteros. 
En la Unión Europea se ha salvaguardado celosamente el principio de la libertad de práctica de actividades comerciales. 
Ahora, sin embargo, un Estado miembro, Gran Bretaña, acaba de prohibir en su territorio la cría de animales peleteros. 
¿Considera usted que este hecho podría tener consecuencias negativas en el mercado interior de artículos de piel? 
Le ruego que me conteste a esto en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, y no como representante del Gobierno de Francia, habida cuenta de que el Gobierno francés ya ha expuesto su postura sobre este punto en el Consejo de Agricultura. 
. (FR) Respondo en nombre del Consejo y no en nombre del Gobierno francés. 
La situación que usted menciona puede tener ciertas similitudes con la anterior, pero no resulta del mismo reglamento, el cual se refiere a los problemas pesqueros. 
Por consiguiente, creo que no estaría fuera de lugar pedirle que tenga a bien formular su pregunta, como es habitual, por escrito, y el Consejo la responderá de buen grado. 
Yo no puedo improvisar una respuesta sobre una cuestión tan compleja. 
A favor del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, tengo que decir que el Reglamento de este turno de preguntas así lo contempla: las preguntas complementarias deben estar muy vinculadas. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0625/00): 
Asunto: Reuniones públicas del Consejo Una de las tres orientaciones de la Presidencia francesa es acercar Europa a sus ciudadanos. 
La consecuencia lógica debería ser que el trabajo del Consejo pase a ser más transparente. 
¿Cuántas reuniones totalmente públicas va a celebrar el Consejo a lo largo de la Presidencia francesa, es decir entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2000? 
. (FR) Para la Presidencia francesa es muy importante que los trabajos del Consejo sean accesibles a los ciudadanos europeos y que sus decisiones legislativas se adopten de manera transparente. 
Los debates públicos constituyen, por otra parte, una práctica establecida. De ello se deduce una evolución a largo plazo de la Unión Europea hacia una mayor apertura respecto de la sociedad civil. 
El artículo 8 del reglamento interior del Consejo establece, además, la organización de debates públicos. 
Una de las principales prioridades de la Presidencia francesa, pues, ha sido establecer una lista de debates públicos que cubran un amplio abanico de temas, que el Coreper aprobó el 5 de julio de 2000. 
En julio, ya se celebraron dos debates: el 10 de julio de 2000 en el Consejo de Asuntos generales- se trataba de la presentación del programa de la Presidencia- y el 17 de julio en el Consejo Ecofin- también sobre el programa de la Presidencia-. 
El 28 de setiembre de 2000 en el Consejo de Mercado interior y consumidores, sobre los servicios de interés general- tendré el honor de presidir dicho Consejo -; el 2 de octubre de 2000, en Luxemburgo, en el Consejo de Transportes, sobre la seguridad marítima; el 10 de octubre de 2000 sobre la protección contra el ruido en el marco del Consejo de Medio ambiente; el 17 de octubre de 2000, siempre en Luxemburgo: información, consulta de los trabajadores sobre el empleo, en el marco del Consejo de Empleo y política social. El 9 de noviembre de 2000 habrá un debate público sobre los jóvenes y Europa, en el marco del Consejo de Educación y juventud. 
Llamo la atención de sus Señorías sobre el hecho de que ya se ha decidido realizar un esfuerzo sustancial de información con respecto al público sobre los debates organizados en el Consejo. 
En efecto, se han despachado por vía postal más de 3000 relaciones detalladas sobre los debates públicos. 
Además, cualquier persona interesada podrá acceder fácilmente a las redes Internet que cubren este tema. 
Por otro lado, las cadenas de televisión tienen la posibilidad de difundir dichos debates, parcial o totalmente, a través del canal "Europa por satélite". 
Finalmente, la Presidencia francesa se esfuerza por poner a disposición del público en su sitio Internet la mayor cantidad posible de informaciones sobre todos los trabajos del Consejo, así como fichas temáticas sobre los principales expedientes que están en fase de discusión. 
Agradezco al Consejo su exhaustiva respuesta. 
Lo normal en una democracia es que las nuevas leyes se tramiten abiertamente en un parlamento y que los debates sean públicos. 
El Consejo de Ministros se encuentra en la extraña situación de que solamente algunos de sus debates son públicos. 
Entonces existe un riesgo evidente de que las sesiones en las que se tratan asuntos polémicos se desarrollen a puerta cerrada. 
Pregunto, por eso, si la Presidencia francesa, impulsada por sus grandes propósitos, va a realizar sesiones públicas completas del Consejo de Ministros, esto es, de comienzo a final, incluidos todos los debates y todas las decisiones, sin cerrar las puertas durante parte de las sesiones. 
. (FR) Creo haber demostrado que, por el contrario, la voluntad de la Presidencia francesa es abrir al máximo los debates públicos, y considero que se trata de un programa absolutamente sólido. 
Desearía simplemente recordar a su Señoría la naturaleza de las diferentes instituciones de la Unión. 
Es cierto que el Consejo tiene la función de colegislador con el Parlamento Europeo, lo que no va en el sentido de la separación estricta entre el ejecutivo y el legislativo, como ocurre en una democracia parlamentaria en el marco de un Estado. 
Sin embargo, al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que el Consejo Europeo no es sólo un órgano legislativo: es ejecutivo, de manera compartida con la Comisión, y que celebra toda una serie de debates que no guardan relación alguna con el ámbito legislativo. 
Por consiguiente, como ocurre en un gobierno- ya que se trata, a pesar de todo, de la dimensión intergubernamental -, los debates se celebran a menudo a puerta cerrada. 
Yo tengo la suerte de formar parte del gabinete del gobierno de mi país. 
En el Elíseo, el Consejo de Ministros no está abierto a la prensa, no se filma. 
Creo que eso está bien, porque es un marco en el cual se toman decisiones que, a continuación, se transmiten de manera totalmente abierta a los ciudadanos. 
En nombre de esta concepción de la separación de poderes se organizan debates cerrados o abiertos. 
Pienso más bien que, francamente, honra al Consejo el hecho de haber abierto algunos de estos debates, lo que va en contra de lo que decía hace un momento sobre el funcionamiento de un gobierno. 
Hay que tener muy en cuenta esta realidad híbrida del Consejo. 
Muchas gracias, señor Moscovici, por su dedicación esta tarde al Parlamento. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 15 a 40 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.15, se reanuda a las 21.00 horas). 
Desarrollo económico y social de Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A5-0206/2000) del Sr. Morillon, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las acciones encaminadas a lograr el desarrollo económico y social de Turquía (7492/1/2000 REV- C5-0325/2000- 1998/0300 (COD) ). 
Señor Presidente, la posición común del Consejo, cuyo objeto acaba usted de recordar, viene para segunda lectura de nuestro Parlamento no por cuestiones de fondo, sino por cuestiones de forma. 
Podría parecer insignificante, pero en modo alguno lo es. 
En efecto, en relación con el fondo, nuestro Parlamento dio su acuerdo para dedicar, en el curso de los próximos cinco años, 135 millones de euros en beneficio de acciones destinadas a compensar los sacrificios a los que está dispuesta Turquía para participar en una unión aduanera con la Unión Europea, y a este respecto no hay ninguna divergencia con el Consejo. 
En lo que se refiere a la forma, quisimos precisar un determinado número de ámbitos cuyas acciones correspondientes debían aceptarse prioritariamente, y el Consejo no quiso aceptar tres de nuestras propuestas relativas al enunciado de un principio de precaución sobre el desarrollo de la energía nuclear, en especial en las zonas expuestas a terremotos. 
La protección y la identidad cultural de las minorías y la ayuda a las iniciativas en favor de la abolición de la pena de muerte y, por último, quizás sobre todo, el desarrollo de todo tipo de cooperación destinada a resolver el problema kurdo. 
A mi juicio, estas cuestiones de forma no son desdeñables en un debate que precede al que tendrá lugar en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el próximo mes de octubre, sobre la adhesión, y para el que presentaré un informe en noviembre sobre el progreso de los trabajos y la evolución de las mentalidades en el interior de la Unión y en Turquía. 
Después de que, en Helsinki, se abrió de nuevo la puerta a esta adhesión, nadie puede decir si el camino así abierto llegará a su fin, ni cuánto tiempo se precisará para recorrerlo. 
Creo poder decir que existe un consenso muy amplio para reconocer a Turquía una posición privilegiada por razones geográficas, históricas, económicas y políticas, pero esta posición privilegiada puede y debe percibirse tanto en el propio interior de la Unión como en una estrecha cooperación con ella. 
Pienso que esta opción pertenece democráticamente tanto a los ciudadanos de la Unión, a los que aquí representamos, como a los propios ciudadanos turcos. 
Comprendí que probablemente esta era su opinión, señor Comisario Verheugen, y creo poder asegurarle en este ámbito el apoyo de una fuerte mayoría de mis compañeros. 
La decisión de adhesión de Turquía revestirá una gran importancia para el porvenir de la Unión y de Turquía como para que pueda concluirse en el sigilo, o incluso en el secreto, de los gabinetes. 
Se precisarán largos debates, tanto aquí como en los parlamentos nacionales, y esta es la razón por la que todo el mundo está de acuerdo en reconocer que el camino será largo y difícil. 
Me convencí de ello, en mi calidad de ponente para la ampliación, no sólo por la riqueza y la pasión de los debates ya iniciados en nuestro Parlamento, sino por la observación de las reacciones registradas en la propia Turquía, tanto en los medios dirigentes como en el seno de la sociedad civil. 
Comentaré en detalle estas reacciones contrastadas en la presentación de mi informe. 
Hoy me contentaré con sacar la conclusión esencial. 
Los ciudadanos turcos se dan cuenta que su entrada en la Unión requerirá no solamente una revisión sin dolor de su arsenal jurídico y el abandono parcial de una soberanía a la que siguen apegados, sino también un cambio radical de sus costumbres y de su mentalidad, a la que no parecen preparados. 
Por esta razón, nuestro Parlamento propuso la creación de un foro euroturco que reúna en una reflexión profunda a los representantes cualificados de la comunidad turca y a los diputados europeos que reciban dicho mandato. 
Yo renovaré esta propuesta en mi informe y creo poder decir que el Gobierno turco no es hostil a ella, antes al contrario, según parece. 
Señor Presidente, Señorías, al iniciar este largo camino, consciente de estas realidades, creo que ha llegado la hora de abandonar toda hipocresía y no seguir disimulando los obstáculos existentes, a cuya cabeza se sitúa el problema kurdo. 
El día de hoy, no se les ocurriría a los franceses negar que existe un problema corso, incluso si los ciudadanos franceses y sus dirigentes están divididos en cuanto a las soluciones que requiere. 
Existe un problema kurdo en Turquía. 
El Consejo no debe prohibir al Parlamento Europeo proponer su contribución a su solución. 
Si el texto de este reglamento viene de nuevo en segunda lectura, no se debe a una cuestión de mera forma, se debe a que nuestro Parlamento rechaza esta forma de ejercicio político. 
Señor Presidente, comparto sin reservas la indicación del Sr. Morillon de abandonar la hipocresía con la que a veces, bien por razones políticas o bien por razones de otro tipo, se hace frente a determinados problemas que, sin embargo, son reales. 
Porque creo que no hay duda de que los temas que abordan las tres enmiendas rechazadas por el Consejo, existen; así como que es probable que dicha postura del Consejo indique, por lo menos, una intención hipócrita de dejar estos problemas de lado o de valorar en poco su importancia. 
Y sin embargo, estas enmiendas que reflejan puntos de vista estables del Parlamento Europeo, son de un peso especial y hace bien el Sr. ponente en insistir en que las aprobemos si las autoridades turcas garantizan seguridad en la construcción de centrales nucleares en regiones sísmicas, si tenemos la referencia expresa a la pena de muerte y la clara mención de la obligación de Turquía de reconocer y proteger la identidad cultural de las minorías, en el marco de su obligación más general de respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos y de proyectar el indudable problema kurdo y la necesidad de resolverlo, pero sin bombardear a los civiles, por supuesto, como el último bombardeo turco que tuvo lugar el 18 de agosto en Kentakor. 
Quiero tener la esperanza de que la insistencia de nuestro Parlamento en aprobar unos puntos determinados ayude a los turcos a darse cuenta de que- como correctamente observa el Sr. Morillon- aunque muestren estar faltos de interés en comprender que el camino para aproximarse a Europa no es sólo una calle de único sentido en que los miembros de la Unión Europea hagan gala de su buena intención y comprensión ante dichas particularidades de Turquía, sino que las autoridades turcas y la sociedad turca deben tener la misma buena intención de adaptarse a las normas de lo justo y de la ética que rigen la Unión Europea y que están en vigor para todos los países candidatos a la adhesión, sin excepción; y que, desgraciadamente sigue infringiendo Turquía; no sólo en cuanto al problema kurdo y al déficit democrático, sino también en otros muchos casos como son, por ejemplo, el problema de Chipre y las relaciones turco- griegas. 
Un cambio global y palpable del comportamiento y de la mentalidad de Turquía animará, de alguna manera, a cuantos quisieron acelerar, con un espíritu superoptimista, el camino hacia Europa de Turquía y ayudará a acortar el escabroso y largo camino- cito de nuevo al Sr. Morillon- para admitir a Turquía en la familia europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar quisiera manifestar mi más sincera gratitud hacia el colega Morillon por su excelente trabajo y la perseverancia con la que ha logrado imponer las peticiones y principales enmiendas. 
Le presto mi apoyo en nombre de mi Grupo político, y creo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Consejo. 
A través del presente instrumento pretendemos fomentar el desarrollo económico y social de Turquía. 
Como es natural, esperamos que paralelamente a dicho proceso- o quizá ocasionado por él- salga reforzado el desarrollo político de Turquía hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos, especialmente de cara a la propia población kurda, y la abolición de la pena de muerte. 
Pese a todo- me veo obligado a reiterarlo una y otra vez, lo digo también en Turquía -, no estamos nada satisfechos con los avances logrados en el ámbito del desarrollo político. 
Obviamente, podríamos lavarnos las manos aduciendo que ése no es nuestro problema y, de hecho, el problema radica principalmente en la misma Turquía, ya que no da muestras de buena disposición ni se decide a crear instituciones políticas que hagan claramente visibles los progresos obtenidos en esta materia. 
Hace poco Turquía eligió a un nuevo Jefe del Estado: un juez, un juez muy prestigioso que contaba con el apoyo del Gobierno. 
Pues bien, ¿cuál es una de las primeras cosas que hace ese Gobierno? 
Durante el verano envía al Presidente un a modo de decreto de emergencia mediante el cual pretende restringir determinados derechos de las personas que trabajan en la administración pública. 
Luego le asombra que el Presidente, en su calidad de antiguo juez supremo, rechace las disposiciones enviadas alegando que corresponde al Parlamento estudiarlas, algo que en una democracia no es sino un hecho absolutamente evidente. 
Al igual que otros muchos miembros de este Parlamento siento poca simpatía hacia los islamistas, sobre todo cuando vienen aquí a representar esa postura fundamentalista tan propia de aquellas regiones, que también se ha tratado hoy en el debate celebrado entre los presidentes de los parlamentos israelí y palestino. 
Ahora bien, ¡es una cuestión que requiere una solución legal! 
No se puede permitir bajo ningún concepto que un decreto de emergencia dé luz verde para destituir a todos los islamistas de su cargo, como pretende el Gobierno. 
¿Constituye realmente un problema? 
¡En ese caso, habrá que someterlo al Parlamento! 
Pasemos ahora al problema de los kurdos. 
Ya ha sido mencionado. Es otro ámbito en el que no se ha avanzado ni un solo paso. 
Siguen alternándose los indicios positivos y negativos. 
A quienes se dan cuenta de que se trata de un asunto crucial les falta valentía. 
Se ha aludido al problema corso. 
Yo diría al respecto que Francia también debe armarse de valor para afrontar este reto después de tantos años. 
Me gustaría que Turquía mostrara solamente una mínima parte de ese valor para zanjar la cuestión kurda. 
Y no nos olvidemos de los problemas que sufren otras minorías. 
Se ha hablado de la pena de muerte. 
¡Cuántas veces no se habrá expresado la convicción de que debe ser abolida y cuánto tiempo se está tardando en adoptar las medidas oportunas! 
Es esto, el que Turquía no acabe de dar ese paso, lo que no puede sino decepcionar profundamente a todo miembro de este Parlamento- yo me considero uno de ellos- que desea que Turquía entre a formar parte de la Unión Europea. 
Ello no obstante, creo que debemos seguir cumpliendo nuestras promesas. 
Pueden cumplirse y, de hecho, están cumpliéndose, incluso las que tienen que ver con el fomento del desarrollo económico y social. 
Esperamos con impaciencia que Turquía impulse el desarrollo político por iniciativa propia. 
Señor Presidente, nuestras relaciones con Turquía deben fomentar la democracia, la estabilidad y la consecuencia. 
El camino para ello pasa, entre otros aspectos, por el desarrollo social y económico y el camino hacia el desarrollo social y económico pasa, entre otros aspectos, por las inversiones extranjeras. 
El paquete financiero de la Unión será un motor para nuevas inversiones en Turquía y con ello promoverá y consolidará asimismo la democracia y los derechos humanos. 
Hemos visto funcionar una estrategia semejante en antiguas dictaduras de la Europa meridional, lo veremos funcionar en Europa Central y Oriental y también debería poder funcionar en Turquía. 
El Parlamento debe respaldar esta estrategia al mismo tiempo que debemos insistir en que los criterios de Copenhague- en lo referido a democracia y derechos humanos- se cumplan antes de que pueda comenzar a hablarse de negociaciones para la adhesión. 
Por último quiero subrayar la necesidad de reconstruir los miles de pueblos kurdos que han sido arrasados. 
Debe ser una de las prioridades explícitas de nuestra política para Turquía y hemos de insistir para que también el gobierno turco la convierta en una de sus prioridades al igual que hemos de insistir en que los derechos de las minorías curdas sean respetados tal y como son respetados los derechos de las minorías en los países de la Unión y en el resto de países solicitantes. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político quisiera dar las gracias al ponente por su recomendación para la segunda lectura. 
Es buen conocedor de la situación turca. 
Está al tanto de los problemas del país y de su gente. 
No es ningún secreto que, en nuestra opinión, no puede existir una Turquía democrática en el sentido que nosotros atribuimos a este término hasta que no se solucionen los problemas económicos y sociales. 
También es sabido que Turquía no podrá vencer dichas dificultades por sí sola, sin contar con nuestra ayuda. 
Desde esta perspectiva, las peticiones recogidas en las enmiendas del ponente- alude a la protección de las minorías, reclama con razón la abolición de la pena de muerte y exige una solución para el problema kurdo- no pueden considerarse bajo ningún concepto como requisitos que dificulten nuestra ayuda. Todo lo contrario, se trata de valiosas propuestas que pretenden facilitar la realización de las imprescindibles reformas democráticas. 
Al fin y al cabo, Turquía saldrá ganando el día en que estas reformas se implanten. 
¡En ese sentido apoyamos la recomendación del ponente agradeciéndole de nuevo su trabajo! 
Señor Presidente, acaban de cumplirse nueve meses, o mejor dicho, ya han pasado nueve meses desde la decisión tomada en Helsinki de proclamar a Turquía país candidato a la adhesión. 
Ya entonces nosotros habíamos avisado de que esa decisión no sólo no iba a ayudar, como muchos pretendían, a la democratización, la mejora de las condiciones de vida de los pueblos de Turquía, sino que además animaría al régimen a intensificar aún más su represión. 
Nueve meses después, vemos con gran pesar que teníamos razón; la verdad es que preferiríamos habernos equivocado. 
Hoy, la propuesta del Consejo viene a liberar 135 millones de euros para el desarrollo económico y social de Turquía. 
Mucho nos tememos que una parte significativa de estos millones se va a utilizar en reforzar el mecanismo de represión a pesar de los controles que se puedan realizar. 
Permítanme darles algunos datos. 
Como ya sabemos todos, aún con todas las eventuales promesas, la Constitución sigue siendo profundamente antidemocrática, el código penal lo mismo, en las cárceles de Turquía en este momento están recluidos 15.000 presos políticos en condiciones infrahumanas, que se están modernizando con la intensificación de la incomunicación, algo que está causando reacciones tremendas en Turquía, hasta en el Colegio de Abogados de Estambul, el cual denuncia estas medidas en un informe especial. Recientemente se han efectuado arrestos con motivo de las manifestaciones del 1 de septiembre, día mundial de la paz. 
Chipre sigue ocupada. 
Etzevit, el Presidente del Gobierno de Turquía, está diciendo, en el momento en que nosotros estamos liberando este dinero, que el problema de Chipre se resolvió en 1974, es decir con el bárbaro ataque y la continuidad de la ocupación, ignorando las decisiones de las Naciones Unidas. 
Y también quiero decir que lo mismo dice el Sr. Tzem en relación con las relaciones greco- turcas. 
Y que no presuman algunos y que no se enorgullezcan, porque estas relaciones greco- turcas sólo llevan a continuas concesiones del gobierno griego que, al final, van a ser fuentes de mayores tensiones. 
Así que ustedes quieren utilizar este dinero como cebo para introducirse aún más en la economía de Turquía, para saquear aún más la riqueza del pueblo turco. 
Nosotros no les vamos a decir désenlo o no se lo den, simplemente queremos señalar bajo qué condiciones y por qué razón se da este dinero. 
Señor Presidente, estimados colegas, estoy completamente de acuerdo con el excelente trabajo de mi colega, el Sr. Morillon, tal y como lo ha expuesto, y también tal como lo ha completado el Sr. Swoboda. 
No voy a repetir, pues, argumentos que acepto en su conjunto. 
Sin embargo quiero hacer algunas observaciones. 
La singularidad de las relaciones Unión Europea- Turquía, tal como la hemos vivido durante muchos años, en su punto de partida y en su núcleo, se debe al problema político que se llama Turquía. 
De esta manera, en Helsinki, hace nueve o diez meses, se puso en marcha un procedimiento de tal naturaleza que tenía en perspectiva, básicamente, resolver el problema político que se llama Turquía. 
En este sentido, como está aquí el Sr. Comisario Verheugen, cuya competencia es la ampliación, y dado que hay unas dudas en cuanto al texto que va a conformar la asociación entre la Unión Europea y Turquía; estoy seguro de que apoyará que en el texto de los tratados, y no el los preámbulos, entre todo lo incluido en Helsinki y relacionado con los derechos humanos, con la cuestión de Chipre, con el mar Egeo, con las crisis. 
Miren ustedes, Turquía es un caso extraño. 
Transmite crisis a todo su entorno. 
Nosotros, que vivimos en la región, queremos que de una vez por todas acaben las crisis. 
Y transmite crisis por la estructura de su sistema político. 
Recientemente hemos sido testigos de las manifestaciones de los turcochipriotas en Chipre, quienes, por fin, han abierto la boca y ya denuncian a Turquía como potencia de la ocupación. 
Ayer mismo escuche en la BBC a un líder de un partido turcochipriota, -de turcochipriotas no colonos- que se ha quedado la mitad en Chipre y decían: "Turcos, dejadnos entrar de una vez en la Unión Europea, si vosotros también queréis entrar, dejadnos hacerlo a nosotros primero". 
En este sentido, como en esta asociación se está jugando el carácter de Europa, están en juego sus perspectivas, sus principios, estoy seguro de que el Comisario, Sr. Verheugen, nos va a asegurar que la Comisión, en calidad de guardiana de dichos principios, va a vincular el proceso de adhesión de Turquía a estos principios. 
Y creo que esta es la cuestión más importante, esta puesta en marcha y este camino. 
Porque, Sr. Verheugen, no creo que todos nosotros podamos admitir que, por un lado, votemos parlamentos, gobiernos, y por otro, que todavía exista el orden establecido militar estatal que define condiciones políticas por nuestra cuenta. 
Desde este punto de vista, la propuesta Morillon es una visión animosa. 
Nosotros, como griegos, queremos a Turquía en la Unión Europea, queremos una Turquía democrática, porque dicha Turquía constituirá el punto de partida de la no existencia, ya, de crisis en la región más amplia, de crisis que hemos sufrido durante muchos años y que hemos vivido negativamente. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar mi gratitud hacia el ponente, el Sr. Morillon, por su detallado informe. 
Me alegra asimismo que el Parlamento haya respondido con gran celeridad a la posición común aprobada por el Consejo, y sobre todo me alegra que el Parlamento pueda suscribir en gran parte ese punto de vista propuesto por la Comisión. 
El informe insiste en la necesidad de completar la propuesta de reglamento en tres puntos. 
Puedo notificarles que la Comisión comparte la opinión del Parlamento al respecto. 
Por tanto, la Comisión examinará las enmiendas correspondientes del Parlamento y comunicará su punto de vista lo antes posible al Consejo emplazándole a que concluya el procedimiento legislativo. 
La presente propuesta de reglamento reviste una importancia especial puesto que, junto con las medidas a favor de Turquía adaptadas en el marco del programa MEDA y el reglamento promulgado por el Consejo en el pasado mes de abril, constituye el último de los tres pilares de la ayuda financiera a Turquía. 
Todos estos recursos financieros están destinados a fomentar la consecución de la estrategia de preparación para la adhesión de Turquía. 
Más en particular, esta estrategia tiene por objeto ayudar a Turquía a que reúna las condiciones necesarias para acceder a las negociaciones. 
El país no estará preparado para ello mientras no se implanten las reformas políticas, económicas y sociales básicas. 
Gracias a la sustancial mejora que han experimentado las relaciones entre la Unión y Turquía a raíz del Consejo de Helsinki se puede hablar abiertamente de todos los temas, sin escatimar críticas. 
Sin duda, ello se debe en gran parte al impulso que ha recibido el diálogo político a todos los niveles como consecuencia del nuevo clima surgido con posterioridad a Helsinki. 
Debo decir que estamos obligados a mantener conversaciones abiertas y críticas, en las que también se traten temas dolorosos, en las que también se aborden cuestiones sensibles, si queremos andar hasta el final el camino que se despliega ante nosotros. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para reiterar una vez más nuestra esperanza de que Turquía se comprometa firmemente a llevar a cabo el proceso de reforma ya iniciado. 
Hace unas semanas Turquía firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. 
Creo poder afirmar que este hecho guarda relación con la decisión que adoptamos el año pasado y que, por tanto, puede considerarse un éxito. 
Aplaudo esta adhesión, ya que constituye un paso importante en la buena dirección, pero no por ello dejo de subrayar que ahora se trata de someter los pactos al Parlamento turco para su pronta ratificación y de llevar a la práctica las obligaciones que de ellos se derivan. 
Durante mi última visita a Turquía el pasado mes de julio me informaron minuciosamente acerca del informe sobre las reformas necesarias para el cumplimiento de los criterios de Copenhague. El texto fue elaborado por una comisión interministerial que lo ha presentado al Gobierno para su aprobación. 
Recoge una serie de propuestas de reforma destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos. 
Ahora es fundamental que el Gobierno turco lleve a la práctica las medidas de reforma propuestas en el marco de un programa legislativo coherente. 
Es algo que he puesto de manifiesto en las conversaciones que mantuve en Turquía. 
Como bien saben, el Consejo Europeo de Helsinki ratificó que el cumplimiento de los criterios políticos de adhesión constituyen una conditio sine que non para la intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Este punto servirá de hilo conductor en la elaboración de la asociación para la adhesión que presentará la Comisión este otoño, tal y como le ha pedido el Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Veltroni (A5-0209/2000) -Política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones- Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital (COM (1999) 657- C5-0144/2000- 2000/2087 (COS)) 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, considero que el documento sobre la política audiovisual de la Comunidad en la era digital, presentado por la Comisión, es importante porque, en cierta medida, esta innovación tecnológica afecta directamente al futuro cultural e incluso a cuestiones delicadas como el pluralismo y la calidad de la democracia de nuestro continente. 
Con lo digital y la convergencia de los medios de comunicación todo va a cambiar: la forma de conocer, de comunicar, de trabajar, de producir y de saber. 
Existen riesgos- como ocurre siempre cuando irrumpe la innovación- sin embargo, el paso a lo digital conlleva inmensas oportunidades de pluralismo y ofrece al sistema enormes posibilidades productivas. 
No es casualidad que, hace unos días, el primer ministro inglés Tony Blair haya propuesto, revolucionando las perspectivas de la gestión tradicional del espectro electromagnético, subastar las frecuencias también para la televisión digital, al objeto de acelerar el desarrollo tecnológico. 
Y tampoco es casualidad que el mismo Blair haya propuesto la difusión gratuita del set top box, prefigurándose una doble ventaja: por un lado, para la economía y, por otro, para el pluralismo informativo y cultural de su país. 
Las tecnologías van cambiando y, en consecuencia, cambian las perspectivas y, por ende, también los enfoques jurídicos. 
Por esto, es necesario que la Comunidad sepa ir al compás y que se emplee a fondo para que lo digital pueda ser, como puede serlo, una oportunidad para la cultura, para el pluralismo, para la diversidad cultural y lingüística, así como para la economía y para la innovación tecnológica y la investigación en nuestro continente. 
Consideramos que estos objetivos pueden conseguirse gracias a los instrumentos que ya se han definido en el texto de la Comisión. 
Sin embargo, el debate que se ha desarrollado en el seno del Parlamento, que ha tenido en cuenta distintos puntos de vista y que se ha esforzado, como hicimos en la Comisión de Cultura, en hallar un punto de convergencia unitario, tanto es así que el informe fue aprobado por unanimidad, propone algunas integraciones, limitadas pero importantes. 
En primer lugar: la necesidad de una rápida revisión de los instrumentos jurídicos que regulan el sector, en particular la Directiva "Televisión sin fronteras", respecto a la que desde hace tiempo se ha planteado la necesidad de una revisión. 
En segundo lugar: a fin de evitar el riesgo de una dependencia de nuestra industria cultural por la existencia de una ampliación, una multiplicación de los canales, se prevé la posibilidad de inversiones productivas en el sector audiovisual. 
La financiación de los medios de comunicación es indispensable, pero pienso que también hay que prever, tal como ha ocurrido en otros países, inversiones de las propias emisoras de radiotelevisión, al objeto de reservar una parte de sus ingresos para la producción de obras, un modelo que considero útil e importante porque estimula y favorece la industria. 
En tercer lugar, con un control de las concentraciones mediáticas, eventualmente sobre la base de una disciplina específica a escala europea para proteger el pluralismo, retomando la idea de una directiva sobre los medios de comunicación y de un organismo europeo que controle la aplicación de las normas en este delicado sector. Y además, con una política que, en la era de la convergencia, proteja un servicio universal también para el acceso a los contenidos, entendido como no discriminación y como asequibilidad del acceso a los servicios. 
Con el reconocimiento del papel del servicio público de radiotelevisión, por su importancia en el sistema digitalizado, no cabe duda de que el mismo deberá repensarse y examinarse a la luz de los cambios tecnológicos, aunque tiene que desempeñar también una función de garantía de servicios de calidad a un gran público que seguirá utilizando durante mucho tiempo el televisor doméstico y la recepción vía éter para su información cotidiana. Por lo tanto, con un reconocimiento estratégico del papel de la televisión digital terrestre, cuya multiplicación no puede sino considerarse, también en este caso, como una oportunidad. 
Por último, el informe se propone una integración para garantizar una atención especial a la protección de las diversidades culturales, a las negociaciones internacionales y a la necesidad de reforzar la industria audiovisual europea, al objeto de que pueda ser competitiva en el mercado global. 
Por lo tanto, es éste el espíritu del informe y el intento que el mismo hace de moverse dentro del esquema propuesto por el informe de la Comisión. 
El Grupo Técnico de Diputados Independientes ha presentado enmiendas inspiradas en otra visión, en otra legítima inspiración cultural y política. 
Considero que su aprobación tendría el efecto de remover las razones sobre las cuales hemos alcanzado una convergencia en comisión. Esas razones que no llevan a sostener que, en el caso de ser aprobado, el informe podría constituir un positivo complemento del informe de la Comisión. 
. (IT) Señor Presidente, intervengo en sustitución del Sr. Tajani, en mi calidad de miembro de la misma delegación y de la misma comisión, la de Asuntos Jurídicos. 
Señor Presidente, Señorías, al aplaudir en su conjunto los contenidos de la iniciativa de la Comisión, no pasa inadvertida la importancia de la regulación de la política audiovisual en la era de la alta tecnología en que hoy vivimos y viviremos cada vez más en un próximo futuro. 
La complejidad de la materia y el poco tiempo de que dispongo sólo me permiten recapitular algunos puntos que considero esenciales y que espero que serán tenidos en debida cuenta por la Comisión. 
La libre circulación de la información y la libertad de expresión son y serán siempre la salvaguardia de los derechos y de las libertades. 
La confianza de los ciudadanos en el servicio audiovisual ha de garantizarse a través del respeto a los principios de protección de la dignidad humana y de los menores. 
En la materia en cuestión, en continua y rápida evolución, sirven reglas precisas pero no rígidas para que no se conviertan rápidamente en obsoletas. 
Las tecnologías y los contenidos no pueden tener la misma normativa: la tecnología debe ser neutral y los contenidos deben ser regulados. 
Las financiaciones han de seguir los principios de proporcionalidad y de transparencia y no influir en el mercado y la competencia. 
En la actividad comercial vinculada al servicio público, diferenciando costes y beneficios, quedará patente la compensación por el servicio prestado. De esta manera se evitarán las mistificadas ayudas estatales y se conseguirá que también las empresas privadas puedan prestar un servicio público. 
No tiene que existir ninguna restricción nacional en la transposición, por lo que se conseguirá una verdadera armonización europea tanto hoy como en la futura ampliación. 
Al introducir en el marco normativo los códigos de autorregulación, se lograrán transparencia, responsabilidad y la misma dignidad entre las empresas públicas y comerciales. 
Parece evidente que, en el ámbito de las nuevas tecnologías, se debe evitar que las ayudas estatales a las emisoras de servicio público se utilicen para fines comerciales alterando el principio de competitividad con los particulares, en lugar de garantizar el cumplimiento de unas precisas obligaciones de programación. 
Por último, es necesario garantizar la multiplicidad y el pluralismo de la oferta y ofrecer a todos los operadores la posibilidad de desempeñar una función de innovación y de impulso, liberalizando con esto el acceso a la financiación pública. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias al Sr. Veltroni. 
Como ponente ha realizado un excelente trabajo, al tiempo que ha dado muestras de un gran espíritu de colaboración. 
Se lo agradezco de todo corazón. Quisiera manifestar asimismo mi gratitud hacia la Comisión por haber sentado unas magníficas bases para las deliberaciones de la comisión parlamentaria y del Parlamento. 
El sector audiovisual se halla ante la difícil tarea de tener que desarrollar dos puntos esenciales. 
De un lado, debe impulsar la creación de puestos de trabajo orientados al futuro. De otro, desempeña un papel fundamental en la conservación de la diversidad cultural y la defensa de la libertad de expresión en Europa. 
Por eso, es importante que en todo momento tengamos presentes estas dos perspectivas. 
En primer lugar, es imprescindible que el contenido y la transmisión se regulen por normativas independientes. 
Necesitamos una técnica susceptible de responder con gran celeridad y alta flexibilidad a la revolución tecnológica. 
Basta con mencionar la palabra clave "Internet". 
Por otra parte, no pretendemos únicamente garantizar a los ciudadanos un acceso universal a todas las redes. También necesitamos garantías en el ámbito de la protección de menores y la dignidad humana; hacen falta normativas jurídicas que defiendan estos valores inalienables, independientemente del modo de transmisión. 
El segundo ejemplo se refiere al nivel de decisión. 
La cuestión tecnológica requiere una creciente cooperación entre los Estados miembros y a nivel europeo. 
Sin embargo, consideramos que los asuntos relacionados con el contenido, a saber, la protección de la diversidad cultural y la libertad de expresión, son de la competencia de los Estados miembros y, por tanto, deben estar en sus manos. 
El tercer punto concierne a la televisión y la radiodifusión en Europa. 
Tanto la radiodifusión pública como la privada necesitan de un contexto normativo claro para que puedan desarrollarse y llegar a ser competitivas. 
Por ello, suscribimos plenamente el Protocolo del Tratado de Amsterdam sobre la radiodifusión pública que atribuye a los Estados miembros la facultad de decidir las funciones y la financiación de la misma. 
Al mismo tiempo, suscribimos plenamente la necesidad de fomentar y promocionar los canales de televisión privados en Europa con objeto de que puedan hacer frente a la competencia a escala mundial. 
Si queremos preservar los contenidos culturales europeos es imprescindible que este requisito se cumpla, también en el marco de la tecnología del futuro. 
Muchas gracias, señor Veltroni, por ofrecernos un informe tan valioso. 
Es una aclaración muy oportuna de la situación en que se encuentra el Parlamento en temas del sector digital y audiovisual de cara a la próxima revisión de la televisión sin fronteras. 
No obstante, quiero limitar mis observaciones esta noche a la radiodifusión pública en la era digital porque existen aspectos muy importantes sobre el acceso público del que debemos ocuparnos a la hora de definir los principios para la transición de nuestros medios de comunicación al desarrollo de la radiodifusión digital. 
En todo caso, la definición de los valores y principios subyacentes a la radiodifusión pública nos presenta algunas dificultades, ya que los Estados miembros, las corporaciones y las emisoras de difusión tienen todos ellos ideas diferentes de lo que constituye la radiodifusión pública. 
No obstante, ello no debería impedirnos que la definamos en la era digital, porque estos principios son muy importantes para todos nosotros y, del mismo modo que se ha desarrollado la infraestructura, también se hará con el contenido. 
Todos hemos podido oír que estamos entrando en una sociedad basada en el conocimiento, y si éste es el caso, el conocimiento se convierte, de alguna manera, en el poder que distingue a los que no pueden hacer nada y a los poderosos, a los pobres en información y a los ricos en información. 
Superar esta división, en mi opinión, debería ser uno de los puntos clave en los que debemos hacer hincapié en el presente informe. 
Existe una serie de razones por las que esto es importante para nosotros desde la perspectiva del contenido europeo. 
En primer lugar, si vivimos en una sociedad basada en el conocimiento, debemos crecer en lo que respecta a nuestras aptitudes creativas y basadas en el conocimiento. 
En segundo lugar, somos una sociedad democrática, y la política digital en el sector audiovisual puede conectar a nuestros ciudadanos locales con nuestros ciudadanos en los centros de poder. 
En términos de riqueza cultural y diversidad, es importante que tengamos centros individuales de excelencia cultural y que estemos unidos en calidad de continente europeo. 
Y, por último, debemos garantizar que el paso de la televisión analógica a la televisión digital despierta el interés de todos nuestros ciudadanos: deberíamos esforzarnos para alcanzar este objetivo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos ante una evolución irrefrenable. 
Cada vez que uno abre el periódico o enciende la radio o la televisión le bombardean con las últimas novedades en el ámbito de la tecnología de la información o la digitalización. 
La evolución va deprisa, muy deprisa. Por eso mismo, mi Grupo aplaude la comunicación de la Comisión así como el concienzudo informe del Sr. Veltroni en el que se presta atención a todos los aspectos de estas nuevas tendencias. 
El ponente tiene toda la razón al sostener que el sector audiovisual no sólo reviste una especial importancia para el empleo sino también para la libertad de expresión, la democracia y la diversidad cultural en Europa. 
En opinión del Grupo Liberal esto no significa, sin embargo, que corresponda a Europa regularlo todo. 
Ello es imposible, aparte de ser indeseable. 
Se trata de un sector con un alto grado de autoconciencia que puede valerse por sí mismo sin problema alguno. 
De ahí que los liberales estimen que no hace falta conceder una subvención adicional además del programa Media Plus para el cine europeo. 
Complementariedad y colaboración con el mundo empresarial y medidas fiscales, ésas son las palabras clave de una política más eficaz que tiene por objeto ampliar los recursos financieros y mejorar el marketing y la distribución. 
Es por eso por lo que solicitamos la votación por partes en el caso del considerando N. Tampoco somos partidarios de introducir cuotas. 
Son los propios canales de televisión los que han de determinar qué programas reúnen las condiciones para ser emitidos, rigiéndose por la calidad. 
Es una decisión que no incumbe a Europa, estamos en contra de toda protección artificial. 
La industria europea está perfectamente en condiciones de realizar producciones interesantes de gran valor susceptibles de atraer a un numeroso público. 
Ya lo he señalado antes, lo único que tenemos que hacer es mejorar el marketing y la distribución. 
Por último, concedemos una gran importancia a la libertad del usuario, especialmente en lo que a los padres se refiere. Tienen el derecho y la responsabilidad de decidir por sí mismos qué es lo que conviene a sus hijos. 
Por eso, no queremos saber nada de censuras complejas o filtrado de programas. 
Trazar fronteras es a menudo una labor extremadamente dudosa. 
Nos oponemos, por tanto, a todo marco jurídico que pretenda regular esta cuestión desde arriba. 
Mi Grupo votará en consecuencia. 
Señor Presidente, antes que nada debo disculpar a mi colega, la Sra. Echerer. Se ha ido a casa porque no se encontraba bien. 
Si rebaso mi propio tiempo de uso de la palabra, me gustaría aprovechar también el suyo. 
Obviamente, no puedo sino dar las gracias al Sr. Veltroni por su excelente trabajo, un trabajo que, además, llega en el momento oportuno, como ya se ha dicho. 
Europa ha adoptado siempre una postura más bien progresista en materia de telecomunicaciones en lo que a la creación de un mercado único europeo se refiere y, de hecho, esta actitud no ha dado malos resultados. 
Ahora bien, me parece que va siendo hora de que prestemos la debida atención a los contenidos puesto que es un terreno en el que Europa desgraciadamente lleva cierto retraso. 
Es sin duda muy positivo que se pretenda crear una red global que cumpla con los requisitos de la convergencia y permita que la información llegue a través de un teléfono móvil, un ordenador o un televisor, pero también habría que preguntarse cuál es la información que se difunde. Es más, sobre todo tenemos que evitar que nos inunden los productos americanos, y ahora pienso también en las ventajas que tiene esta precaución para nuestra propia industria audiovisual. 
Es cierto que nuestro cine europeo- ya lo he subrayado en otras ocasiones- lleva un gigantesco retraso y no nos podemos permitir, aún menos si nos fijamos en el pasado del cine europeo, no nos podemos permitir que ello continué así en el futuro. 
No soy partidario de que se establezcan cuotas. 
Soy partidario de que se cree un fondo europeo de inversiones para que los productores de cine creativos con los que contamos en Europa por fin puedan hacer frente a la competencia americana de una manera que se ajuste plenamente a las condiciones del mercado libre. 
No, no se trata de una normativa, se trata simplemente de que los productores creativos tengan la posibilidad de ponerse a trabajar en Europa. Es la única forma de poner fin a la fuga de talento, inteligencia y capital, porque la última tendencia consiste en cambiar Europa por Hollywood. 
Es por eso por lo que quiero preguntar a la Comisaria si no considera que ha llegado el momento de elaborar una nueva directiva para el cine, si no considera que deberíamos reunirnos todos- porque ésta es una de las características de la Comisión de Cultura de la que formo parte- para meditar sobre la mejor manera de sacar a flote el cine europeo. 
Vuelvo a insistir, con esto no pretendo hablar en favor de la reglamentación. Solamente invito a examinar cómo se hace una película, y es algo que no tiene ningún secreto. 
No se puede hacer cine sin la ayuda de grandes capitales y éstos son los que faltan en Europa. 
Creo que aquí se presenta una oportunidad única para el Banco Europeo de Inversiones. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al ponente por haber conseguido sintetizar un trabajo tan rico en propuestas. 
En primer lugar, comparto la necesidad de que la política y las leyes deben tener la capacidad, yo diría casi la obligación, de adaptarse a la velocidad de los avances tecnológicos. 
En el caso específico del sector audiovisual, disponer de instrumentos jurídicos claros y ante todo inmediatos supone para las Instituciones poder gobernar estos mismos cambios: poder proteger lo mejor posible al público y a los usuarios; poner los límites necesarios para proteger a los menores; establecer nuevas reglas para proteger el derecho de autor; anticipar, en términos de regulación, algunos fenómenos como el hecho de que, en un futuro próximo, el comercio electrónico utilizará también el medio de la televisión. 
Además, debemos tener el orgullo y no el temor de considerar todo el sector audiovisual en la era digital como un gran instrumento de libertad, de información y de circulación de ideas. 
Existe un enorme patrimonio cultural y comunicativo europeo que hay que valorizar lo mejor posible y para ello se necesitan, sin duda, más fondos, así como ocasiones de debate como, por ejemplo, el Foro propuesto por el ponente: una ocasión de debate para construir una futura política audiovisual capaz de aprovechar las infinitas oportunidades que ofrece la tecnología más actual y para poderlas combinar con el objetivo de conseguir productos de mayor calidad. 
En consecuencia, el objetivo que queremos alcanzar es una política audiovisual más participativa, interactiva, para dar voz a las especificidades y a las diversidades, y las que tenemos son muchísimas en el patrimonio de la gran identidad europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Veltroni, en nombre de los radicales italianos, no puedo compartir la opinión positiva acerca del informe que estamos debatiendo sobre la comunicación de la Comisión relativa a las directrices de la política audiovisual de la Comunidad Europea en la era digital. 
No la comparto porque la comunicación vuelve a presentar el viejo cliché europeo en lo que a la televisión y al cine se refiere: intervención pública directa a través de las empresas públicas, asistencialismo, negación de la naturaleza del mercado que el sector audiovisual ha asumido cada vez más. 
Todo ello adaptado- por así decirlo- a la nueva era digital de la convergencia multimedia y a la extraordinaria difusión de Internet. 
Es decir, se continúa pensando que las empresas del sector audiovisual europeo son incapaces de crecer y caminar por sí mismas y que los usuarios son incapaces de reconocer, en la enorme oferta multimedia, cuáles son los productos mejores y los más adecuados para ellos, como si el pasado de asistencialismo y paternalismo no hubiese provocado la difícil situación en que hoy se encuentra el sector. 
Una valiente apertura del mercado y una retirada del Estado beneficiaría a todos, empresas y usuarios, que serían más libres de elegir. 
Paso ahora a algunos puntos específicos del informe objeto de examen. 
En la regulación se habla de una separación entre infraestructuras y contenido y para los contenidos se vuelven a proponer las reglas a las que estamos acostumbrados. 
Pero ¿esto qué significa? 
Se lo pregunto al Sr. Veltroni. 
¿Acaso se pretende, por ejemplo, ampliar el ámbito de la ley de prensa, con los relativos convenios y la necesidad de inscribirse en el colegio de periodistas, a las publicaciones on line? 
En mi opinión, sería un grave error. 
¿O ampliar el ámbito de la sofocante normativa en vigor para las televisiones a todos los demás programas difundidos a través de la Red? 
Esto sería un grave error y una ilusión que volverían a pagar las empresas y los ciudadanos europeos. 
La Red ha estallado gracias a la incapacidad de los Estados de contenerla en una maraña de prohibiciones y reglamentos. 
Es bueno que haya sido así y, desde mi punto de vista, es bueno que continúe siendo así. 
En cuanto a la propiedad intelectual y al derecho de autor- otro punto abordado en el informe- considero inútil y deletéreo para el desarrollo positivo de Internet reforzar, como se pide, la directiva relativa al copyright. 
Tuvimos el caso Napster y el caso de New Tell. 
Consideramos que hay que llegar a una revisión crítica del derecho de autor y del copyright en una dirección que convierta en más ágil y transparente la difusión del conocimiento, así como de los productos, y sobre esto las empresas, las grandes empresas, saben que tendrán que llegar a un acuerdo con la Red. 
En lo que respecta al cine, se pide una financiación adicional para el cine europeo. 
El Sr. Veltroni sabe que en Italia existe una vieja disputa entre liberales, Sturzo, Ernesto Rossi y quien quiere seguir subvencionando el cine. 
Estimamos que el hecho de que los ciudadanos sean libres de decidir el éxito o el fracaso de una obra cinematográfica es el criterio mejor y más eficaz para que se desarrolle el sector cinematográfico. 
A través de una enmienda pedimos una evaluación costes-beneficios sobre lo que se ha hecho hasta ahora. 
Para terminar, con respecto a la privatización de las televisiones, pedimos una revisión del Protocolo de Amsterdam al que aquí, por el contrario, se hace referencia como un dato de hecho. 
El Financial Times ha planteado el problema de la privatización de la joya de la televisión pública, la BBC. 
Las televisiones públicas se tienen que privatizar, si no se pedirá un canon cada vez más elevado para nuevas inversiones. 
Si se quiere mantener un servicio público, se ha de subastar el canon de radiotelevisión entre todos los operadores: lograremos programas más eficaces y un ahorro para los contribuyentes. 
Ante la continuidad de un sistema de incentivos de ayuda que no ha funcionado ni funcionará, pido que se consideren las enmiendas que hemos propuesto y que pueden hacer cambiar el planteamiento de este informe. 
Señor Presidente, creo que el trabajo realizado por la Comisión y también por el ponente, Sr. Veltroni, tiene muchos aspectos importantes. 
Desde luego, está claro que se ha hecho un esfuerzo grande por introducir nuevos temas y dar nuevos pasos en la política audiovisual de Europa. 
Sin embargo, mi opinión es que en ciertos puntos todavía tenemos mucho que hacer, tanto en la Comisión como en el Parlamento. 
Llevamos mucho retraso frente a los grandes cambios que se producen en el sector audiovisual, y especialmente como consecuencia de la digitalización. 
Si no actuamos, seremos como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra. 
Estoy segura de que no es eso lo que queremos. 
Todos sabemos que la digitalización empezó hace unos cinco años y, por lo tanto, son más que oportunos estos trabajos sobre política audiovisual. 
Hay cinco puntos que deseo subrayar porque creo que, tarde o temprano, tendrán que ser revisados: 
El primero es la definición de servicio público. Esto es importante si queremos tener un servicio público en Europa en un entorno francamente competitivo- y lo estamos viendo por la audiencia que tienen los servicios de propiedad pública- y también por el bien del servicio privado audiovisual. 
Quedan muchos temas por resolver: uno de ellos es la separación de los requisitos que se establecen para ambos. 
El segundo punto, que me parece fundamental, es la revisión de la directiva sobre la televisión sin fronteras. 
En esto, estamos como el avestruz que antes decía. 
En tercer lugar, debe definirse de alguna manera- y creo que este documento no lo contempla suficientemente- qué pasa con los servicios interactivos en televisión, qué pasa con Internet en televisión. 
El cuarto punto se refiere a la transferencia que se produce de la televisión analógica a la digital y sus consecuencias para los usuarios en la utilización o en la adquisición de nuevos terminales. 
Y, por último, la implicación de las leyes de competencia y de concentración. 
La política audiovisual debería abordar estos puntos y también profundizar en el área de la competencia. 
Señor Presidente, el extraordinario informe del Sr. Veltroni ha gozado del firme apoyo de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y también parece ser que ocurrirá otro tanto en este Pleno. 
El paso a la era digital supone una verdadera transformación de los medios de comunicación. 
El desarrollo tecnológico le ofrece al consumidor cada vez más posibilidades para servirse de los productos audiovisuales en lo que se refiere a factores de tiempo, lugar, contenidos y equipos. 
Al mismo tiempo, esto supone una fragmentación de los medios de comunicación, así como la aparición de más presiones en dirección a la concentración y a la cormecialidad. 
Desde el punto de vista de la competitividad y del empleo europeos, sin olvidar la cultura, el sector audiovisual ocupa una posición clave. 
La iniciativa de la Comisión en este asunto es muy positiva, del mismo modo que el hecho de que haya quedado claro el reparto de funciones entre las Dirección General de Cultura y la Dirección General de la Sociedad de la Información. 
En medio de esta transformación tecnológica es absolutamente necesario tener presente la importancia social y cultural de los medios de comunicación. 
No es una cuestión solamente de equipos o de beneficios económicos. 
No debemos menospreciar la igualdad frente a la información. 
Por ello, quiero insistir en la importacia de garantizar el funcionamiento de los servicios audiovisuales públicos también en el futuro. 
En este contexto, debemos respetar el Protocolo Anexo al Tratado de Amsterdam, según la cual los Estados miembros toman las decisiones respecto a los medios de financiar los servicios públicos. 
También debemos encargarnos de garantizar el derecho de los ciudadanos a tener acceso en su propia lengua a la información y a los servicios culturales. 
Como indicó un hostoriador europeo, en la Europa del futuro, la lengua es la patria. 
La televisión y el cine suscitan más interés que la radio debido a su naturaleza de instrumentos sin fronteras. 
Sin embargo, no deberíamos subestimar la importancia de la radio, especialmente en las regiones con comunidades lingüísticas reducidas. 
Para que la radio se suba al tren del desarrollo en la era digital, es importante que la radio sea apoyada con el paso a la utilización de las normas de la Radiodifusión Digital Sonora, RDS. 
Señora Comisaria, estimados colegas y amigos, hablamos de la directiva sobre televisión sin fronteras. 
Asimismo, sabemos que el paso a la televisión digital conlleva el riesgo de que se nos dé una televisión con límites. 
No se podrá ver la BBC en Irlanda. 
Tal vez no sea posible ver con la misma facilidad la televisión sueca en Finlandia. 
Hasta ahora ha sido posible sobrepasar las fronteras. 
Es difícil comprar tarjetas digitales para la televisión de pago existente. 
Pido a la señora Comisaria que acoja la solicitud de revisión de este asunto- formulada unánimemente por el Parlamento en relación con la tramitación de la directiva técnica sobre televisión digital- que está vinculado estrechamente con el desacuerdo en las organizaciones de derechos de autor sobre unas condiciones razonables para la venta de los derechos de televisión. 
De este modo, insto a la Comisaria para que se ocupe de este tema. 
Al mismo tiempo quisiera subrayar muchos aspectos manifestados por la Sra. Iivari en torno a las lenguas regionales y minoritarias. 
Quienes estamos interesados en la definición nacional de public service tenemos que ser cuidadosos. 
Por ejemplo, debemos cuidar que los aspectos de competencia no afecten de manera inadecuada el derecho nacional para decidir qué public service queremos ofrecer. 
De hecho, en la UE todas las lenguas no son iguales en esta materia. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, estimados colegas, desde su aparición los medios audiovisuales han constituido un factor poderoso de intervención ideológica. 
En la era digital, su control adquiere importancia estratégica a la hora de formar conciencias y modos de vida puesto que quien lo controle, va a determinar qué clase de información van a transmitir. 
Para el Partido Comunista de Grecia este control debe ser del estado. 
No porque nos engañemos pensando que en los países capitalistas los gobiernos vayan a permitir la información plena y fundamental, sino porque así se podrá tener el mayor control social posible. 
Por el contrario, la Comisión da al estado el papel de pariente pobre y a las leyes de mercado, el papel de regulador básico. 
La política antimonopolista, en apariencia, aspira a crear oligopolios, que van a hacer el mismo daño a la objetividad de la información; pero que garantizarán beneficios importantes y también una manipulación ideológica más segura, en la que algunos monopolios europeos controlan el flujo de información, a costa del más mínimo concepto de libertad y de democracia. 
Estimados colegas, para nosotros, el problema no es si van a controlar la información los monopolios europeos o los americanos. 
El problema real es que los pueblos deben desarrollar su resistencia e imponer su derecho a la información plena. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, la tecnología digital cambia nuestra vida. 
Es un cambio que no se puede evitar. 
Por tanto, debemos aprovecharlo, dotándole de un marco normativo adecuado. 
Quisiera añadir algunas observaciones a las palabras de los oradores anteriores. 
Aparte de una incompleta visión de conjunto, el Seminario de Lisboa sobre la televisión digital que se celebró bajo la Presidencia portuguesa del Consejo desafortunadamente no ha aportado gran cosa al respecto. 
Por eso, pido que se lleve a cabo una iniciativa Digital Europe en la que se formulen propuestas claras para la introducción armonizada de la televisión digital y la digitalización de los contenidos. 
No basta con fijar plazos bajo el lema: "En 2010 toda Europa debe estar digitalizada". 
En segundo término, es preciso que la autorregulación por sectores tenga una oportunidad razonable. Pensemos por ejemplo en el código de conducta para servicios de valor añadido en el ámbito de la telecomunicación en Austria. 
Está claro que el legislador no debe regularlo todo. 
En tercer lugar, cabe destacar que la política audiovisual se refiere tanto a la infraestructura como a los contenidos. 
Sabemos que con respecto a éstos nos hemos quedado muy por debajo de EEUU a pesar de la normativa de las cuotas. 
Para no pasar desapercibido es preciso ofrecer contenidos fascinantes que atraigan a un gran número de espectadores. 
Por tanto, debemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para ayudar a los proveedores de contenidos europeos. Tenemos que facilitar su trabajo en vez de dificultarlo. 
En cuarto lugar, debemos mantener el enfoque de la urgente regulación de los contenidos y la infraestructura. 
Las propuestas de mi país relativas a la autoridad en materia de medios audiovisuales KOMMAUSTRIA van por buen camino. Están en consonancia con las ocho propuestas de directiva de la UE sobre la sociedad de la información. 
¡Hemos de mantener el ritmo, no podemos perder más tiempo! 
Señor Presidente, el documento presentado por la Comisión en relación con su política en el sector audiovisual en la era digital recoge, entre otras cosas, dos ideas que considero básicas. 
En primer lugar, se debe garantizar el futuro del doble sistema de televisión pública y privada, y es fundamental que los operadores públicos europeos puedan utilizar plenamente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. 
En segundo lugar, la diversidad cultural y lingüística constituye un objetivo fundamental de la política comunitaria en el sector audiovisual. 
En este sentido, quiero proponer que la Comisión, en sus acciones y ayudas, dé la prioridad a la discriminación positiva de los sectores audiovisuales de las culturas y lenguas regionales y minoritarias de la Unión Europea. 
Una buena forma de favorecer la diversidad es apoyar más especialmente las realidades más débiles. 
Y, en la misma línea, propongo que el ordenamiento comunitario y las decisiones de la propia Comisión favorezcan que las emisiones de todos los acontecimientos de masas- actos, espectáculos, deportes, etc.- se consideren de interés general y puedan seguirse en todas las lenguas de la Unión Europea, incluidas las regionales. 
Solamente así lograremos hacer de Europa una verdadera unidad en la diversidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, una simple ojeada a la televisión alemana por cable, en la que en este momento ya están dando tumbos unos 30 canales, basta para llegar a la conclusión de que multiplicidad no es sinónimo de diversidad. 
Ante la necesidad de competir con los proveedores comerciales es fácil que se ceda a las preferencias de las masas en perjuicio de los intereses menos lucrativos. 
Por eso mismo, es fundamental que la estrategia audiovisual vaya acompañada de medidas que protejan la libertad de opinión y el pluralismo, dos valores que hoy día sientan las bases para la formación democrática de opiniones. Al mismo tiempo debemos garantizar que la oferta audiovisual pública pueda desarrollarse en igualdad de condiciones en el mercado audiovisual del futuro. 
El informe Veltroni aporta importantes propuestas al respecto. 
Sin embargo, no todo puede regularse por vía jurídica. 
Por ello, quisiera introducir un punto que aún no ha sido mencionado, a saber, la adquisición de conocimientos en materia de medios audiovisuales. 
Es necesario aprender a valorar la oferta del mundo multimedia para separar el grano de la paja, para llevar a cabo una selección de calidad y para agudizar la capacidad de apreciación. 
La adquisición de este tipo de conocimientos debe constituir parte integrante de la política audiovisual de la Comunidad. 
En este sentido la comunicación de la Comisión requiere una continuación. 
Señor Presidente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Cultura, quiero reconocer al Sr. Veltroni que el suyo ha sido un trabajo muy importante. 
Me alegro porque, honestamente, jamás pensé que una propuesta tan importante y tan fundamental lograría el consenso unánime de la comisión. 
La digitalización permitirá a los ciudadanos el acceso a una considerable cantidad de contenidos tanto nuevos como innovadores y por esta razón, no puedo sino compartir plenamente la idea del Sr. Veltroni de que todo esto influye en la democracia, en la organización de Europa y de los Estados y en la calidad de la comunicación que ofrecemos a los ciudadanos. 
Por esta razón, considero que el período de transición del sistema analógico al digital deberá brindar la oportunidad para fidelizar al usuario por medio de una oferta de programas innovadora y no de una mera réplica de lo que está ahora mismo disponible vía éter. 
Tiene razón el Sr. O ' Toole cuando dice que el llamado simulcast no permitirá fidelizar a un sector de usuarios importante, por lo que considera que un período de experimentación de nuevos productos audiovisuales en los canales disponibles para la transmisión digital, eventualmente sólo en algunas partes del territorio, hará que los operadores y los usuarios alcancen el mismo objetivo. 
La Comisión tiene razón cuando dice que el sistema de financiación adoptado por los Estados miembros debe respetar el principio de proporcionalidad y no puede influenciar ni las condiciones del mercado ni la competencia en la Comunidad en modo que resulte contrario al interés colectivo. 
En la política audiovisual, los dos principios fundamentales que se han de aplicar a la hora de elaborar las disposiciones para la financiación son la proporcionalidad y la transparencia. 
El segundo principio implica que los Estados miembros definan con claridad la función de servicio público, que se garantice la transparencia financiera y que, cuando los operadores del servicio público ejerzan actividades puramente comerciales, se lleven dos contabilidades distintas. 
Creo que esta distinción ha llevado a la Comisión a presentar en este momento lo mejor que podía ofrecer para una política, en los Estados y en Europa, digna del cambio de tecnologías que conduce a un desarrollo global del sistema. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0199/2000) del Sr. Heaton-Harris, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre el informe de la Comisión: "Encuesta sobre la situación socioeconómica de los estudiantes Erasmus" (COM (2000) 4- C5-0146/2000- 2000/2089 (COS)) 
. (EN) Señor Presidente, no es habitual que un político de mi calibre intervenga ante una audiencia tan concurrida y numerosa. 
Quisiera dar las gracias a todos los intérpretes por haberse quedado. 
Tengo entendido que mi intervención se filtró de antemano al resto de los diputados, y de ahí su desaparición en masa. 
Estoy seguro de que a muchos de los intérpretes les habría gustado seguir un curso de Erasmus cuando aprendían sus idiomas y estudiaban en la universidad. 
En mi calidad de Conservador británico, a menudo encuentro fallos- y es muy fácil encontrarlos- en muchos de los programas organizados y financiados por la Comisión Europea y por la Unión Europea. 
No obstante, tengo debilidad por Erasmus porque resulta muy difícil encontrar fallos en este programa en particular. 
Éste es un estudio fascinante, realizado en 1998. 
Fue fantástico que tantos estudiantes se molestaran en rellenar un formulario y devolverlo a la Comisión. 
El único problema, supongo, fue que los resultados del estudio se publicaron cuando ya habíamos adoptado una decisión sobre el programa Sócrates II, del que Erasmus forma parte. 
Podríamos haber sacado información muy valiosa del presente estudio sobre las circunstancias socioeconómicas de los estudiantes que participaban en los cursos Erasmus en aquel momento. 
Existe una serie de hechos y cifras interesantes. 
Les podría aburrir con ellos, pero todos están contenidos en la exposición de motivos del informe y en el propio informe de la Comisión. 
Aunque hay un puñado de ellos por los que siento un enorme interés. 
Es cierto que de las personas que participaron en un curso Erasmus en 1998 y se molestaron en rellenar el cuestionario, el 98% encontró que el programa era sumamente positivo o, cuando menos, muy positivo. 
El 91% estaba loco de contento con lo que le había sucedido durante el curso. 
Es una pena que el 57% de los mismos experimentara penurias económicas debido a su curso Erasmus en particular. 
Habida cuenta de que los centros asignados que imparten cursos Erasmus sólo utilizan la mitad de los fondos asignados, (la otra mitad queda disponible al final de cada año) , cabe preguntarse si no podría haberse hecho una mejor distribución de los fondos dentro del propio programa Erasmus. 
Cuando presenté por primera vez mi informe, propuse algunas ideas controvertidas sólo para ver si alguien se molestaba en leer lo que estaba ocurriendo. 
Afortunadamente, dos o tres diputados (así como la Comisión) las leyeron. 
Algunos hicieron observaciones sobre pequeños puntos que tuve que retirar posteriormente. 
Pero hay una cuestión que sigue ahí en el punto 4 de mi informe, y en la que me gustaría hacer hincapié. 
Es la parte que condena toda discriminación interna ejercida en los Estados miembros. 
Si alguien tuviera dificultades para participar en un curso de educación superior en Austria, por ejemplo, por pertenecer a una raza determinada, se habría producido un gran alboroto en este Parlamento. 
Pero eso es precisamente lo que está ocurriendo en mi país en estos momentos, con estudiantes ingleses que quieren estudiar en Escocia y que son penalizados financieramente por parte del Ejecutivo escocés. 
Por ello quería realmente conservar eso en mi informe. 
Lo introduje a hurtadillas y ha permanecido bastante oculto hasta ahora y me gustaría revelarlo a las escasas personas que esta noche se encuentran presentes en la Asamblea. 
Espero con interés conocer el sentido de la votación de mis nuevos colegas Laboristas sobre este asunto en particular. 
Creo que ya es demasiado tarde para solicitar una votación por partes. 
También he presentado un par de enmiendas. 
Una contribuye con un poco de puntuación, un poco de gramática al pasaje concreto del punto 4, la segunda lo hace al punto 6. 
Durante su fase en comisión, al presente informe se le añadió parte de una frase que decía: "considera que los resultados del estudio deberían conducir a un replanteamiento de las políticas universitarias nacionales". 
No creo que competa a este informe ni a este lugar ni a la Comisión solicitar semejante cosa. 
Por ello he presentado una enmienda para que se elimine eso. 
Una tercera enmienda que he presentado cambia únicamente una palabra en la versión inglesa, a saber: "regrets" (lamenta) por "notes" (observa). 
Ha sido un auténtico placer trabajar con la Comisión y con todas las personas que me han ayudado. 
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a aquellos que me han ayudado en la elaboración de este informe, especialmente mi investigador Nicky Smith, que se ha leído cada una de las estadísticas. 
Nos hemos puesto en contacto con todas las universidades y todos los vicerrectores del Reino Unido y con muchos otros de toda Europa para pedirles que nos envíen sus comentarios sobre este informe. 
Yo lo recomiendo a la Asamblea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, es verdad que ya es muy tarde y que queda poca gente, pero, estimados colegas, ello no debería sorprenderles. 
Es algo que, gracias a Dios, no ocurre únicamente en los debates sobre cuestiones culturales y educativas, sino también en otros muchos campos. 
En mi opinión- ya se ha dicho- no cabe duda de que se trata de un trabajo de gran calidad. 
Usted mismo ha comentado brevemente su informe y sus enmiendas. 
Yo soy austríaca y sé por experiencia que en Austria se puede acceder sin problema alguno a todos los estudios y universidades. 
Quiero dejar claro que tampoco tenemos un problema étnico. 
En ello ciertamente no vamos por detrás de Inglaterra, o mejor dicho, Gran Bretaña. 
Con respecto al programa Erasmus, que constituye parte integrante del programa Sócrates, quisiera subrayar la necesidad- es manifiesto que no basta con elaborar un programa, sino que también hacen falta evaluaciones- de analizar la eficacia de las ofertas y llevar a cabo una valoración de los recursos a fin de adquirir nuevos conocimientos y, sobre todo, remediar los defectos. 
Ya se ha señalado que, desafortunadamente, estos datos han llegado tarde y no han podido ser tenidos en cuenta en el programa Sócrates II. A mi modo de ver, deberíamos haber procedido a una actualización, puesto que, al fin y al cabo, el 40% del presupuesto de Sócrates se destina al programa Erasmus, es decir, a los estudiantes de la enseñanza superior europea. 
El objetivo era y sigue siendo que el 10% de los estudiantes pueda cursar parte de sus estudios en otro Estado miembro. 
Desgraciadamente, en el primer año se alcanzó solamente un 1%. 
La tasa de participación global ha subido. 
En este momento estamos cerca del 50%. 
El informe ha demostrado que esta situación se debe a razones estructurales y culturales, sin perder de vista la importancia de los factores económicos. 
Hasta la fecha no se ha conseguido promover la participación de los grupos socioeconómicamente más débiles, un fenómeno al que también apunta el programa Sócrates. 
Los principales participantes de este programa son, por el contrario, los estudiantes cuyos padres poseen un alto nivel de formación y, por consiguiente, unas rentas más elevadas. 
El 57% de los estudiantes Erasmus experimentan serios problemas para financiar su estancia en el extranjero. 
Por todo ello, estimo necesario que se fomente la coordinación entre becas Erasmus, países y universidades para introducir una reforma y lanzar una campaña informativa con objeto de dilucidar y averiguar el porqué de la escasa tasa de participación. 
De lo que se trata es de preservar la igualdad de oportunidades en todos los países. 
Merece la pena luchar por ello. 
¡Creo que para todos nosotros es muy importante que se concedan las mismas oportunidades a todos los jóvenes! 
Ante todo, quisiera felicitar al ponente, para quien éste es su primer informe, y que ha logrado de entrada suscitar la unanimidad. Me parece un comienzo sumamente prometedor, pero no cabe duda de que la materia se presta a la unanimidad. 
En efecto, no pienso que haya, en el número impresionante de los programas europeos a disposición de nuestros ciudadanos, uno tan conocido y tan apreciado del público, y no solamente de los estudiantes. Recientemente, una abuela me detuvo en la calle para agradecerme lo que hacía por sus nietos que viajaban gracias a una beca Erasmus. 
Como ven ustedes, estos programas suscitan la unanimidad en toda la población y, naturalmente, siempre pueden mejorarse. 
Este año, 110.000 estudiantes se benefician de la atención especial que prestamos a todos los aspectos de su estancia Erasmus y al buen funcionamiento de esta área del programa SÓCRATES, y agradecemos al Parlamento que nos apoye en esta acción. 
Se afirma a menudo que sólo los hijos de familias con bastantes recursos pueden viajar, ya que los demás no pueden vivir con esta modesta beca. 
No obstante, si consultamos nuestras estadísticas, de 5 estudiantes Erasmus, 4 han sido los primeros de su familia en estudiar en el extranjero, lo que ilustra, a pesar de todo, la función que desempeña este programa en las posibilidades de movilidad que se brindan en Europa a nuevos medios sociales. Por tanto, no es verdad que sólo los hijos de estratos favorecidos puedan beneficiarse de las becas Erasmus. 
Sin embargo, incluso si estos últimos tienen más facilidades para vivir porque además de la beca reciben una ayuda complementaria de sus padres, parecería, por lo demás, que esas dificultades financieras sean la única crítica que se hace. 
Señorías, hubiera deseado, con ustedes, en el momento de la negociación con el Consejo sobre la dotación presupuestaria del programa SÓCRATES, que el importe de los créditos concedidos se hubiera fijado a un nivel más elevado de lo que se hizo, ya que, sencillamente, estoy limitada en mis posibilidades de aumentar las becas Erasmus como yo desearía hacerlo. 
Pues bien, simplemente que las Agencias Nacionales que administran la movilidad de los estudiantes de manera descentralizada tienen entre sus funciones tener en consideración la situación nacional y adaptar en consecuencia la política de concesión de becas. 
Pedí a los ministros de Educación que hicieran lo necesario, cada uno en su país, para acordar complementos y ventajas a los estudiantes Erasmus con vistas a brindar también a los que no tienen la suerte de tener un papá condescendiente o una abuela generosa, la posibilidad de viajar. 
Asimismo, pido a cada uno de ustedes que intervengan ante el Ministro de Educación de su país para que haga lo que esté a su alcance para remediar esta dificultad financiera. 
Pedí a los ministros que hicieran lo necesario para que se concediera a los estudiantes más desfavorecidos una beca más importante. 
Sugerí a las autoridades regionales que hicieran esfuerzos para ayudar a sus estudiantes. 
Pedí a los rectores de las universidades que previeran recursos financieros en el marco de sus universidades para permitir a los estudiantes con pocos ingresos beneficiarse a pesar de todo de becas, si lo deseaban y si son aptos para ello. 
Pienso que en el futuro, deberé solicitar una vez más la ayuda de todas las instancias nacionales y regionales en este sentido. 
Por lo demás, abordaré este tema dentro de un instante, ya que la Presidencia francesa tiene la voluntad de desarrollar un verdadero plan de acción destinado a favorecer la movilidad y, conjuntamente con el Ministro, Sr. Jacques Lang, acabamos de fijar una reunión específica de los ministros de Educación sobre este tema de la movilidad. 
En esta ocasión, no hablaremos solamente de lo que quisiéramos hacer, de lo que deberíamos hacer en el futuro, sino que citaremos como modelos los ejemplos encontrados en algunos países. 
No necesariamente a escala nacional. 
Citaré uno al azar. 
En una región de Alemania, un ministro regional de la Educación creó, en colaboración con las cajas de ahorros, un plan de ahorro de "movilidad" para que padres, amigos, familiares, en lugar de comprar una profusión de juguetes a los niños, inviertan en ese plan que el joven tendrá a su disposición cuando alcance la edad de partir al extranjero para estudiar. 
Como ven ustedes, hay buenas ideas, todo tipo de buenas ideas. 
Espero que la discusión sobre la "movilidad", deseada por la Presidencia francesa desbloquee la situación y que se haga un llamamiento a todas las buenas voluntades tanto a escala privada como a escala regional, europea y nacional para que el gran éxito de Erasmus concierna a un número cada vez mayor de estudiantes. 
Este es el precio que hay que pagar para construir Europa, porque los estudiantes que han conocido, en el marco de Erasmus, un país diferente, que se han hecho amigos en un país diferente al suyo, en otra universidad, son los verdaderos europeos que harán la política europea de mañana. 
El que haya un número cada vez mayor de estudiantes Erasmus satisfechos redunda en el interés de toda nuestra sociedad en su conjunto. 
Trabajemos, pues, juntos para que en el futuro haya un gran número de ellos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Acuerdos de pesca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
(A5-0194/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea relativo a la pesca en alta mar frente a la costa guineana para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001. (COM (2000) 304- C5-0315/2000- 2000/0154 (CNS)) 
(A5-0188/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas de Mauricio durante el período comprendido entre el 3 de diciembre de 1999 y el 2 de diciembre de 2002 (COM (2000) 229- C5-0253/2000- 2000/0094 (CNS)) 
. Señor Presidente, dos nuevos protocolos pesqueros internacionales entre la Unión Europea y terceros países reclaman hoy nuestra atención: Guinea e Isla Mauricio, el océano Atlántico y el océano Índico. 
Dos acuerdos distintos por su localización geográfica, su dimensión, sus posibilidades pesqueras y sus compensaciones financieras, pero, a la postre, dos importantes acuerdos que se suman a la ya importante red de acuerdos internacionales de pesca entre la Unión Europea y terceros Estados, pilar fundamental de la política pesquera común, pues es fundamental la cobertura de nuestras necesidades de aprovisionamiento, tanto para el consumidor europeo como para nuestra industria, y fundamental es también el hecho de poder hacerlo con nuestra propia flota. 
Los acuerdos de pesca con terceros países cubren así un objetivo crucial de la política pesquera común, al que hay que añadir su contribución al empleo, en la mayoría de los casos, además, en regiones europeas muy dependientes de esta actividad. 
Balanza comercial, por tanto, empleo y mantenimiento de la competitividad de una importante flota pesquera europea propia. 
Por ello, esta misma tarde, nuestra comisión ha aprobado en su opinión sobre el presupuesto del año que viene, de 2001, el proyecto que nos había presentado nuestra Vicepresidenta, Sra. Miguélez, de aumentar en 7 millones de euros la línea B7-8000 (Acuerdos internacionales de pesca) , restableciendo así los importes del anteproyecto de presupuesto presentado en su momento por la Comisión Europea. 
Marruecos, Mauritania, Groenlandia, son grandes retos de negociación para la Comisión Europea, que todos esperamos concluyan pronto con éxito. 
De momento, nos felicitamos hoy por los acuerdos con Guinea y con Mauricio, que vienen a cubrir importantes necesidades de distintas flotas, de distintos Estados de la Unión Europea en el Atlántico y en el Índico. 
Llama la atención, en ambos casos, el constante y preocupante aumento de los pagos de los armadores mientras que, curiosamente, estas previsiones no se contemplan en otros acuerdos, como es el caso notorio del acuerdo con Groenlandia. 
Por ejemplo, en el caso de Mauricio, aumentan los cánones por licencias que han de pagar los armadores en 5 euros por tonelada de pescado, es decir, que pasan de 20 a 25 euros, y también aumenta el equivalente en capturas por buque. 
La contribución de la Unión Europea se reduce en un 29%, con cargo a los armadores que, en caso de explotación completa de las posibilidades pesqueras, contribuirían con un 23,5 % del coste total. 
En el anterior protocolo era del 7%, es decir, se pasaría del 7% al 23,5 % del coste total a cargo de los propios armadores. 
Queremos destacar también, en este contexto, los desajustes en el reparto interno de estas posibilidades pesqueras, efectuado por la propia Comisión Europea entre los Estados miembros, como sucedió en el caso de los cefalópodos en el acuerdo con Guinea. 
Ambos acuerdos otorgan importante apoyo a las autoridades locales para la conservación de sus propios recursos pesqueros y abogan, además, por los acuerdos entre Estados frente a los acuerdos privados- lo cual es de gran importancia en acuerdos como el de Marruecos, que estamos intentando negociar- así como la contribución de la Unión Europea al establecimiento de modernos sistemas de control, lo que contribuye a la posición conservacionista de la Unión Europea en todos los mares del planeta, en coherencia con su postura interna en sus propias aguas comunitarias. 
Por otra parte, existe una importante relación directa entre la compensación financiera y los objetivos y acciones de cooperación suscritos. 
En el caso del acuerdo con Mauricio, se trata de un 50%, frente al 30% del acuerdo anterior. 
Se echa de menos, como en tantas ocasiones, mayor documentación para contrastar cifras y datos entre protocolos, aunque en este caso haya que agradecer a la Comisión Europea la inclusión del acta de las negociaciones, en el caso de Guinea, lo que permite conocer más datos y, en definitiva, disponer de mayor transparencia, que es bienvenida y que el Parlamento Europeo agradece. 
La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha votado favorablemente estos acuerdos, como ya viene siendo habitual, al considerar que ambos son altamente beneficiosos para las partes, esto es, la Unión Europea y terceros Estados. 
El Grupo Liberal ha presentado ahora al Pleno una enmienda de similar contenido a cada uno de los informes para que- a juicio del ponente- la política pesquera común deje de ser común y se separe de la misma el importante pilar de la política exterior, para que sólo paguen el acuerdo negociado por la Comisión Europea, y por lo tanto, en nombre de los quince Estados de la Unión Europea, los beneficiarios directos del mismo. 
El ponente está en contra de esta enmienda, pues si sólo los que se beneficiasen directamente de las políticas comunitarias pagasen por ellas, simplemente estaríamos rompiendo el mercado interior y estaríamos deshaciendo la propia Unión Europea. 
Estamos, pues, a favor de ambos acuerdos de pesca, que esperamos puedan continuar en el futuro, y estamos ansiosos, señor Comisario, de poder debatir pronto en nuestra Comisión de Pesca y decir lo mismo que estamos diciendo ahora, sobre el importantísimo acuerdo de pesca con Marruecos. 
No ceje usted en su empeño- me consta que está trabajando duramente, por la conversación que hemos podido mantener esta misma tarde- y le animo a impulsar también esa importante negociación. 
Señor Presidente, señor Comisario, en líneas generales apoyo los nuevos protocolos de los acuerdos de pesca con Mauricio y Guinea. 
La Comisión y el ponente han realizado un buen trabajo. 
Ahora bien, las consecuencias que tienen los acuerdos de pesca para el presupuesto de la UE no son precisamente inapreciables. 
Va siendo hora de que se consulte al Parlamento a su debido tiempo para que podamos sacar las conclusiones oportunas. Comienza a haber cierta inquietud. 
Déjenme que se lo explique. 
No se trata únicamente de formular una respuesta a la pregunta "cuánto pescado por cuánto dinero", sino que también se trata de garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros, de conformidad con el principio de precaución. 
Queremos ayudar a Mauricio y Guinea a desarrollar un sistema de gestión pesquera adecuada, al tiempo que tenemos previsto destinar recursos financieros a la formación y la investigación. 
Así se determina, por ejemplo, que en el caso de Mauricio el 50% de la contribución financiera total se empleará en este tipo de acciones. 
Personalmente, soy partidaria de compaginar la preocupación por el sector pesquero con medidas que fomenten el desarrollo. 
La pesca se presta perfectamente a ello. 
No obstante, en la Comisión de Pesca se nos ha planteado una y otra vez la pregunta de si el precio que la Unión Europea paga por sus derechos de pesca a Estados terceros no es excesivo. 
Existe el peligro de que algún día la Unión Europea se convierta en objeto de burlas y abusos de alcance internacional por causa de su generosidad. 
Es más, ¿hasta qué punto dependen los Estados terceros hoy día de los recursos de la UE? 
El número de acuerdo bilaterales es cada vez mayor porque los armadores u otras partes ofrecen más dinero que la UE. 
Si resultase que esta práctica, que se regula a través del propio mercado, es la habitual, ¿no sería aconsejable que la UE se retirara progresivamente de los acuerdos actuales y destinara la ayuda financiera a otros fines? 
Obviamente, ello debería hacerse en consonancia con la política europea común de pesca. 
Aplaudo los acuerdos que tenemos delante. 
¡Sólo advierto que no podemos estar ciegos y que ciertamente no podemos extender un cheque en blanco! 
Señor Presidente, el Grupo Socialista apoya las propuestas de Reglamento del Consejo sobre los acuerdos de pesca de la Comunidad Europea con Mauricio y con la República de Guinea. 
Ambos acuerdos se inscriben en una política general de la Comunidad Europea basada en nuestra presencia en el resto del mundo. 
El sector pesquero forma parte de la economía comunitaria y, para que la flota comunitaria pueda faenar, pueda desarrollar su actividad, necesita que la Comunidad celebre acuerdos con países terceros y con organizaciones internacionales, para que nuestros pescadores cuenten con posibilidades de pesca. 
Ambos acuerdos se suceden regularmente. 
En el caso de Guinea, tenemos un acuerdo desde el año 1983 y en el caso de Mauricio, desde el año 1989. 
No caben dudas sobre la rentabilidad de estos acuerdos para la Unión Europea, como lo demuestra el estudio que la propia Comisión encargó sobre la relación coste-beneficio. 
Tampoco se puede dudar de los efectos benéficos para las otras partes contratantes, en este caso, Mauricio y la República de Guinea. 
Ambos países obtienen valiosos recursos para su desarrollo, a cambio de las posibilidades de pesca que ceden a nuestra flota. 
Son acuerdos que benefician a ambas partes y que se han ido modificando con el paso del tiempo, adaptándose a las exigencias de explotación sostenible del recurso y de acciones de apoyo a los esfuerzos de las autoridades del país tercero para desarrollar su propio sector pesquero. 
Los Protocolos que renuevan periódicamente los acuerdos se han ido ajustando a la realidad, a las cantidades de pesca realmente capturadas y al estado de los recursos en esos caladeros. 
Pese a reducirse la cantidad de capturas en el acuerdo con Guinea, la compensación económica que recibirá el país africano se mantendrá, ya que el nuevo Protocolo aumenta la cuantía de los cánones y de las licencias que deberán pagar los armadores comunitarios. 
Por tanto, el contraste con otros acuerdos- quisiera subrayar, por ejemplo, el acuerdo con Groenlandia en el que los armadores no contribuyen al coste del mismo- resulta todavía más flagrante. 
En el caso de Mauricio, también disminuye el volumen de capturas autorizadas y se especifica el número de navíos autorizados a pescar. 
La aprobación por parte del Parlamento Europeo de estos dos acuerdos pesqueros supone una señal política de nuestro respaldo a la celebración y a la renovación de otros acuerdos que presentan para nuestro sector una importancia mucho mayor, por el número de barcos y de pescadores que de ellos dependen. 
Me refiero, especialmente, al acuerdo con Marruecos. 
Setecientos barcos son muchos barcos para estar amarrados, y 8.000 pescadores sin faenar son muchos pescadores sin actividad desde hace 10 meses, sin que de los contactos celebrados hasta ahora entre la Comisión y el Gobierno marroquí se desprendan fundadas esperanzas. 
Que cada cual asuma su responsabilidad y cumpla con su obligación. 
Esta institución lo ha hecho, al aprobar hoy su Comisión de Pesca, en una reunión extraordinaria, las cantidades propuestas por la Comisión Europea en el capítulo B7-800 relativo a acuerdos pesqueros con terceros países. 
A la Comisión Europea le corresponde ahora negociar con argumentos de peso para lograr un acuerdo razonable con Marruecos. 
Aún estamos esperándolo. 
Señor Presidente, en primer lugar mi agradecimiento al presidente de la Comisión de Pesca, Sr. Varela, por un trabajo especialmente bueno en lo que respecta a este informe. 
En principio, desde el Grupo Liberal apoyamos que la UE celebre acuerdos pesqueros con terceros países, no obstante, me gustaría señalar también nuestro deseo desde el Grupo Liberal- y es por ello que hemos presentado algunas enmiendas- de que los pescadores o los armadores contribuyan en mayor medida a la financiación de los acuerdos pesqueros. 
En realidad, es lógico que contribuyan a financiar los acuerdos de los que ellos son los que más se benefician. 
Los acuerdos pesqueros tienen una grandísima trascendencia para ciertas regiones, donde además del empleo en el propio sector pesquero hay una serie de industrias relacionadas que completa o parcialmente dependen de la pesca. 
Mediante los acuerdos pesqueros la UE puede continuar sus actividades pesqueras e intercambiar derechos pesqueros con terceros países. 
El efecto de las flotas comunitarias sobre los recursos pesqueros- en lo que a política estructural y a la situación financiera se refieren- debe ser analizado mucho más en profundidad de lo que sucede actualmente. 
Me gustaría concluir haciendo un llamamiento a la Comisión para que proporcione a la Comisión de Pesca un informe de las consecuencias positivas y negativas que tienen para los terceros países los acuerdos pesqueros de la UE. 
Señor Presidente, el pasado mes de octubre intervine aquí en contra del acuerdo de pesca entre la UE y Angola. 
El motivo que me llevó a ello era sencillo. 
Todas las pruebas apuntan a que los acuerdos entre la UE y los países del Tercer Mundo han resultado desastrosos para la conservación. 
Además perjudican gravemente a las poblaciones indígenas. 
Esta vez tenemos propuestas en favor del acuerdo con Guinea y Mauricio, que tendrán efectos similares. 
En cierto modo, en las actuales propuestas se reconoce este extremo. 
Se piden controles más estrictos. 
Deben proveerse buques de inspección y debe prestarse mayor atención a las necesidades de los pescadores locales. 
Pero no basta con eso. 
No existe ninguna garantía de que dichos acuerdos serán supervisados debidamente. 
La vigilancia de la actividad pesquera en aguas comunitarias es deplorablemente inadecuada y, por consiguiente, es difícil creer que las cosas vayan a cambiar en climas extranjeros. 
Asimismo, los pescadores británicos, desde el sudoeste de Inglaterra hasta el norte de Escocia, siguen padeciendo muchas penalidades debido a la política pesquera común. 
Los pescadores están descartando miles de toneladas de pescado vendible y al hacerlo se están arruinando, y mientras continúa esta catástrofe económica y en materia de conservación, la UE está proponiendo destinar más de 7 millones de euros para permitir el acceso a las aguas a pescadores griegos, españoles e italianos. 
Eso es ridículo desde cualquier punto de vista. 
No sólo votaré en contra de estas propuestas, sino que instaré a mi Gobierno a que se oponga a las mismas. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción estas propuestas de la Comisión sobre estos dos acuerdos de pesca y me refiero en particular al acuerdo con Guinea. 
Comienzo destacando y apoyando las innovaciones introducidas en el presente acuerdo al consagrar el 50% del apoyo total de la Unión Europea a acciones específicas encaminadas al desarrollo sostenido del sector. 
Y, además de la novedad de este acuerdo, subrayo también la innovación de una prima adicional de 370.000 euros, en caso de que la República de Guinea llegue a poner en práctica un conjunto de acciones destinadas a la reducción del esfuerzo global de pesca. 
Por tratarse de un país con una producción anual disponible de 250.000 toneladas de pescado y por tener su flota artesanal sólo capacidad para pescar 50.000, es evidente que se trata de un acuerdo de conveniencia mutua sin conflictividad alguna y que, además, permite la obtención de financiaciones excepcionales para el desarrollo del sector pesquero de Guinea. 
Con esto se demuestra que, además del interés que presentan para la Unión Europea los acuerdos de pesca, se los puede utilizar como instrumentos de desarrollo para esos países. 
Y, como portugués, no puedo dejar de lamentar en este marco que la Comisión y el Consejo estén tan atrasados en las negociaciones del acuerdo con Marruecos. 
Como también lamento las dificultades que se están poniendo a que otros Estados miembros tengan acceso a las pesquerías de Groenlandia, cuyo acuerdo se ha utilizado tan escasamente y que debería renovarse en breve. 
Pero es necesario imponer también a otros países que pescan en las aguas de esos países en desarrollo y no sólo a los Estados de la Unión Europea las exigencias de fiscalización y control, así como los programas encaminados al control del esfuerzo de reducción de la pesca. 
En ese sentido pido a la Unión Europea que durante las negociaciones haga un esfuerzo suplementario para que resulte aplicable esa norma a todos y no sólo a nosotros. 
Señor Presidente, desafortunadamente, en ocasiones demasiado numerosas ha sucedido que los buques descalificados en el marco del saneamiento de la flota pesquera europea fueron trasladados a la costa africana, donde podían seguir utilizándose ilimitadamente. Esta práctica no sólo constituye una amenaza para los recursos pesqueros, sino que también hace peligrar los ingresos y el abastecimiento de víveres de las personas que viven en la región afectada. 
Por todo ello, es fundamental que estos acuerdos de pesca, aparte de defender los intereses de los pescadores europeos, velen por el bien de la población local. 
Es a todas luces alentador que en ambos acuerdos el 50% de la contribución financiera se destine al desarrollo del sector pesquero local. 
A este respecto es necesario llevar a cabo una evaluación del uso que se ha dado a este dinero antes de proceder a la renovación del protocolo. 
Por regla general, los acuerdos privados entre armadores europeos y el Gobierno de Guinea no conciben esta forma de ayuda al sector pesquero local y debido a la falta de control contribuyen a una explotación excesiva y desconsiderada de los bancos de peces. 
Es realmente preocupante la reciente tendencia de los pequeños arrastreros franceses a firmar contratos al margen del acuerdo de pesca. 
Dichos arrastreros pescarán en la zona costera, donde constituyen una amenaza directa para los pescadores locales. 
Todos los buques de los Estados miembros han de respetar una zona económica exclusiva de 12 millas. 
Por otra parte, me parece obvio que ha de aumentar la participación de los armadores en los gastos de los acuerdos de pesca ya que no corresponde al contribuyente subvencionar la explotación de los recursos pesqueros. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Comisión y a nuestro ponente por haber alcanzado este acuerdo. 
En el presente acuerdo se presta más atención a los países en vías de desarrollo, en este caso Guinea y Mauricio, que antes, lo cual es sin duda un punto positivo. 
En realidad, ello significa que estos acuerdos deberían caer en el ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión con el Parlamento. 
Tal vez se consiga el año próximo, después de la CIG. 
Adopto una actitud crítica con respecto a algunas otrascuestiones. 
Me parece un buen acuerdo. 
Está claro que reviste una importancia especial para los Estados miembros del sur, puesto que en países como España y Portugal los acuerdos de pesca meridionales representan 13.000 puestos de trabajo directos. 
Además, dan lugar a un volumen de negocios nada despreciable del orden de 485 millones de euros. 
Evidentemente, a este respecto un acuerdo como el de Groenlandia no tiene ni punto de comparación. 
Todo ello significa que los recursos previstos para este fin se destinan principalmente a aquellos países. 
Y hasta cierto punto se entiende. 
Dichos países siempre han tenido acuerdos, pero no estaría mal que el sector empresarial aumentase su participación en los mismos. 
Lo digo porque me parece que no sólo debe haber un equilibrio entre países en desarrollo y países pesqueros. 
También es importante que los recursos financieros se repartan de forma equilibrada entre las diferentes zonas pesqueras. 
En este contexto quiero destacar que algunos países nórdicos, entre ellos mi país, experimentan serios problemas como consecuencia de los recortes introducidos en el programa de orientación plurianual. 
Nuestro colega británico ya nos ha informado acerca de los problemas que sufre la pesca en su país. 
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de examinar minuciosamente, en el marco de la política pesquera, cuáles son los intereses y en qué se emplea el dinero, también en el caso de este acuerdo. 
No me entiendan mal, considero fundamental que los pescadores españoles, los pescadores del sur de Europa, puedan disponer de este acuerdo, eso para empezar, pero también me parece fundamental que en una política regional haya cabida para la reestructuración de la pesca en las zonas costeras del norte, buenos acuerdos con los países nórdicos y soluciones regionales específicas dignas de este nombre. 
Señor Presidente, creo que para la Comisión es cómodo seguir desoyendo las peticiones del Consejo y de este Parlamento- las primeras ya claramente expresadas en el Consejo de Ministros de octubre de 1997- y demorar los trabajos sobre las directrices para la negociación de los acuerdos de pesca. 
El protocolo con Guinea Conakry es un buen ejemplo. 
Ya contábamos con que aumentaría la cuota de pago correspondiente a los armadores, pero creo que resulta intolerable que, en los grupos de trabajo del Consejo, la Comisión se permita calificar dicha subida de ligera cuando supone un sacrificio cada vez mayor para la flota y cuando, repito, en los acuerdos del norte los armadores no pagan ni un céntimo. 
Además, la Comisión se ha permitido el lujo de saltarse a la torera el principio de estabilidad relativa sustrayendo graciosamente a una flota comunitaria derechos de pesca adquiridos en virtud de dicho principio. 
O el principio de estabilidad relativa es sagrado o no lo es, pero no puede ser intocable en aguas comunitarias y todo lo contrario en los acuerdos de pesca del sur. 
La Comisión dice que le ha quitado a España las posibilidades de pesca de cefalópodos porque no las aprovechó del todo en el protocolo anterior, y las otorga a países que nunca habían pescado allí. 
Muy bien, siempre he defendido el aprovechamiento total de las posibilidades de pesca otorgadas, pero en todas las aguas, no sólo en los acuerdos del sur. 
Insisto, en los acuerdos del norte están totalmente desaprovechadas y no hay manera de que flotas muy interesadas puedan pescar. 
Que se explique de una vez por todas. 
Por otra parte, ¿qué hace suponer a la Comisión que al no haber agotado las posibilidades de pesca en el protocolo anterior tampoco lo hará en éste, cuando hace nueve meses que tiene amarrada la flota para la pesca de cefalópodos que faenaba en Marruecos, sin visos de solución? 
Señor Presidente, todo esto es revelador del caos mental y material de nuestras autoridades pesqueras comunitarias, que sólo se resolverá cuando las directrices a las que me refería en un principio queden establecidas de manera clara y consensuada. 
Permítanme, en primer lugar, saludar el informe y felicitar al ponente por su labor en relación con la presentación de este informe. 
No hay duda de que los acuerdos de pesca están siendo examinados mucho más detenidamente de cara a determinar lo que consiguen y lo que aportan, no sólo para la población de la Unión Europea, sino también, y en primer lugar, para los países con los que se celebran dichos contratos. 
El ponente se ha referido reiterada y acertadamente al acuerdo con Marruecos. 
Este acuerdo está ocasionando una enorme preocupación a las personas más directamente afectadas y a aquellos que, en cierto modo, podrían beneficiarse y, ciertamente, ha despertado una gran inquietud en la Comisión de Pesca. 
Quiero preguntarle al Comisario sin rodeos y de manera muy directa si Marruecos está chantajeando a la Comisión y al Parlamento y a la Unión Europea porque no están dispuestos a ceder. 
Quizá pueda ofrecernos una respuesta cuando comente sobre el debate más adelante. 
No podemos pasar por alto la preocupación que despiertan los acuerdos de pesca. 
Son caros y los importes que se barajan son considerables. 
En el futuro debemos tener más en cuenta los fondos en cuestión, y no podemos fingir lo contrario. 
Sí, los acuerdos han sido aceptables en el pasado, pero necesitamos un nuevo enfoque y una nueva visión de futuro. 
A largo plazo, la Comisión deberá cooperar con el Parlamento, porque el Parlamento está interesado en determinar cuál es la mejor forma de alcanzar estos acuerdos. 
Al analizar lo que tenemos ante nosotros, debo decirle, señor Comisario, que la situación actual no puede continuar. 
Apoyo la propuesta presentada y apoyaré la propuesta que surja, pero quiero hacer hincapié en que este principio no puede continuar para siempre y el apoyo no se puede dar por descontado en el futuro, como ha venido ocurriendo en el pasado. 
. (DE) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señoras y señores, antes que nada quisiera manifestar mi más sincera gratitud hacia el ponente, el Sr. Varela Suanzes-Carpegna, por los dos informes que nos ha presentado hoy y que están siendo tratados en el marco de este debate sobre los nuevos protocolos concluidos en el marco de los acuerdos de pesca que la Comunidad Europea ha celebrado con la República de Mauricio y la República de Guinea. 
Por lo que al acuerdo con Mauricio se refiere me complace escuchar que ustedes respaldan los nuevos elementos técnicos así como las demás modificaciones introducidas en el protocolo anterior, por ejemplo la distribución del coste, la mayor dotación financiera para programas científicos, el seguimiento y el control y la financiación consecutiva. 
El acuerdo con Mauricio es un típico acuerdo atunero con ciertas posibilidades para los buques de pesca con línea. Desempeña una función de primer orden en la red comunitaria de acuerdos de pesca de atún tejida en el Océano Índico. 
Este nuevo protocolo es el cuarto desde que en 1990 entró en vigor el acuerdo marco. 
La renovación del protocolo por tres años abre posibilidades de pesca para 83 atuneros. Además, a través del presente protocolo el acuerdo refleja por primera vez las orientaciones del Consejo de Pesca de octubre de 1997, a saber el aumento de las medidas encaminadas a fomentar el desarrollo del sector pesquero y la redistribución del coste entre la Comunidad y los armadores. 
Una de las principales características del protocolo es que debido al bajo nivel de capturas declaradas durante los tres años de vigencia del protocolo anterior, el tonelaje de referencia se ha reducido de 7.500 a 5.500 toneladas, lo que implica asimismo una reducción- del 29%- de la compensación financiera. 
Puedo comunicarles igualmente que el 50%, es decir, la mitad de la compensación financiera, se destinará a medidas específicas que fomenten el desarrollo del sector pesquero local. 
Se financiarán medidas en los ámbitos de la ciencia y la técnica, incluidas iniciativas en materia de seguimiento y control. 
En este contexto quisiera subrayar que con miras a mejorar las condiciones de seguimiento de estas medidas las autoridades de Mauricio están obligadas a presentar un minucioso informe anual y la Comisión se reserva el derecho de revisar los pagos a la luz de la aplicación efectiva de las diferentes acciones. 
El canon de las licencias para los armadores se ha incrementado sustancialmente, pasando de 20 a 25 euros por tonelada. 
En el marco general del presente protocolo se produce una importante redistribución del coste entre la Comunidad y los armadores, ya que de ahora en adelante éstos se harán cargo del 23,5 % del coste total frente al 7% del protocolo anterior. Ello se corresponde con la Decisión del Consejo de 1997 relativa a los acuerdos con países terceros, que impone una distribución equilibrada del coste. 
Además, se introducen mejoras técnicas en lo que respecta a la declaración de capturas, la liquidación de las tasas pagaderas y el procedimiento de apresamiento. 
Según tengo entendido, también acogen con satisfacción los elementos técnicos que hemos incorporado al acuerdo con Guinea, especialmente el hecho de que se pretende preservar el desarrollo de los recursos marítimos a través de la concesión de una prima especial. 
El acuerdo marco con la República de Guinea también existe desde hace mucho tiempo, desde 1983 para ser preciso. 
Reviste igualmente una especial importancia para la Unión Europea puesto que abre posibilidades de pesca para arrastreros y atuneros. 
Además, durante las épocas de descanso biológico ofrece en cierto modo otra opción a los pescadores en el marco de los acuerdos celebrados con diversos Estados vecinos, especialmente con Senegal, Mauritania y Marruecos. Hasta cierto punto incluso aporta una alternativa a las aguas marroquíes. 
Por tanto, es para mí un placer poder comunicarles que el protocolo concluido con la República de Guinea contiene importantes novedades, sobre todo en el ámbito de la promoción del principio de precaución y la explotación sostenible de los recursos. 
Quisiera mencionar expresamente que se introduce una prima con idea de ayudar a las autoridades de Guinea a mejorar la situación de los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva de Guinea. 
La prima solamente se desembolsará si Guinea demuestra haber reducido el esfuerzo global de pesca y haber aplicado las medidas acordadas destinadas a intensificar el seguimiento y el control. 
Se trata de prestar apoyo a Guinea para que pueda concluir más acuerdos de pesca bilaterales con otros Estados en lugar de celebrar acuerdos privados que en muchos casos socavan los esfuerzos por elaborar un sistema de gestión pesquera sostenible. 
Por lo demás, se ha incrementado la contrapartida financiera que se destinará a medidas específicas orientadas a promocionar los trabajos de investigación científicos y técnicos, apoyar las estructuras de seguimiento y supervisión de las actividades pesqueras, financiar las acciones de formación y perfeccionamiento en el ámbito de la pesca artesanal y fomentar la participación de Guinea en las labores de las organizaciones internacionales. Representa el 46% de la contribución financiera total. 
Por último, el protocolo prevé una estrecha colaboración entre ambas partes a la hora de evaluar la aplicación de las medidas. 
Para facilitar el seguimiento de las mismas Guinea está obligada a presentar un detallado informe anual y la Comunidad se reserva el derecho de revisar los pagos a la luz de la aplicación efectiva de las diferentes acciones. 
Con respecto a sus enmiendas quisiera dejar claro que la Comisión puede aceptar las dos primeras propuestas. 
Sin embargo, debe rechazar la enmienda 3 puesto que no concuerda con la teoría vigente en materia de protocolos concluidos en el marco de los acuerdos de pesca y afecta a la competencia negociadora de la Comisión. 
Dado que el protocolo constituye un anexo del acuerdo marco no hace falta conceder un nuevo mandato que permita entablar las negociaciones para renovarlo regularmente. 
Pues es obvio que la Comisión en su calidad de negociadora vigila que las directrices marcadas por el Consejo se respeten. 
La Comisión se ve asimismo obligada a rechazar la cuarta enmienda, ya que atenta contra el espíritu de la Decisión del Consejo de 1997, que impone una distribución del coste entre los propietarios de los buques y la Comunidad. 
¡Muchas gracias por su atención! 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Se ha agotado el debate del orden del día, al igual que nosotros, me parece. 
Señorías, sólo me queda desearles buenas noches. 
(Se levanta la sesión a las 23. 25 horas) 
Doy las gracias al Sr. Presidente del Consejo Legislativo Palestino 
por esta intervención clave, y concedo ahora la palabra al Sr. Presidente del Knesset. 
Señor Avraham Burg, tiene usted la palabra. 
. (EL) Señor Presidente, quiero mencionar algo en mi opinión importante: para venir ayer a Estrasburgo tomé el vuelo número 165, Átenas- Fráncfort, de Ïlympic. 
Cuando el avión de Olympic aterrizó en Fráncfort fue rodeado por policías alemanes. 
Ninguno de ellos hablaba ninguna lengua que no fuera el alemán, y no podíamos salir del avión si no mostrábamos a los policías alemanes nuestros pasaportes. 
Recuerdo que tanto Grecia como Alemania y Francia son países que pertenecen al espacio Schengen. 
Lo malo es que este caso no constituye una excepción; a juzgar por la información que he recibido, es algo que ocurre sistemáticamente en el aeropuerto de Fráncfort con los aviones procedentes de Grecia. 
Y yo, miembro del Parlamento Europeo, donde hemos votado tantas veces a propósito de Schengen, considero una ofensa y un desprecio para con nuestra labor el hecho de que las autoridades alemanas violen sistemáticamente la legislación sobre la libre circulación de las personas. 
Y, como quiera que es algo que afecta a los desplazamientos de los miembros del Parlamento Europeo, quisiera que la Presidencia del Parlamento emprendiera las iniciativas pertinentes, al objeto de que podamos venir a Estrasburgo como personas que pertenecen a la Unión Europea y a Schengen. 
Señor Alavanos, pienso que como mínimo la Sra. Presidenta transmitirá el contenido de su intervención a las autoridades alemanas y a la administración aeroportuaria de Frankfort para que- no sé cuáles pueden ser los motivos de la práctica actual- nos faciliten al menos una explicación o, alternativamente, se ponga fin a esta práctica que, coincido con usted, no tiene mucho que ver con las normas de Schengen. 
Señor Presidente, el lunes, en mi ausencia y sin notificación previa, el Sr. Murphy, dirigente del Grupo Socialista británico, hizo unas afirmaciones sobre mi participación en la campaña danesa del euro en favor del "no". 
Tuvo la precaución de no acusarme de nada, pero a pesar de ello ha logrado dar la impresión de que, en cierto modo, estoy bajo sospecha. 
Quisiera hacer constar que mi participación en el referéndum danés ha estado completamente desvinculada de mi trabajo en esta Asamblea y que nunca he infringido ninguna norma parlamentaria. 
A diferencia de la campaña danesa en favor del "sí", la campaña en favor del "no" no puede depender de los fondos de los contribuyentes ni de las subvenciones de la Unión Europea. 
Es vergonzoso que el Sr. Murphy haya intentado dar la impresión de que estoy siendo investigado, a pesar de que no ha presentado ninguna prueba y ni siquiera ha hecho acusaciones contra mí. 
No es justo que los diputados sean sometidos a este tipo de insinuaciones sin fundamento. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que insista en que el Sr. Murphy me acuse directamente o se disculpe. 
Señor Hannan, evidentemente, el Sr. Murphy es libre de decidir cómo y si va a responder. 
Señor Presidente, con frecuencia nos quejamos de la actitud del Consejo para con nosotros. 
Quiero destacar un hecho de signo radicalmente distinto que ocurrió ayer durante el debate sobre las prioridades políticas en materia de política exterior. 
Escuchamos sendas declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario que fueron seguidas de un debate. Al cierre de éste, por la rigidez cuando menos total de la Presidencia, el Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario Patten no pudieron contestar a las muchas preguntas que se formularon en un debate bastante intenso. 
Pues bien, no entiendo a este Parlamento que se queja de la actitud del Consejo. 
Ayer el Presidente en ejercicio del Consejo estuvo aquí de las 9.00 a las 19.000 horas, cuando los diputados presentes no eran especialmente numerosos- y, de hecho, impedimos que tanto el Consejo como la Comisión contestaran a unas preguntas sumamente importantes que habían sido formuladas por los diputados. 
Lo ocurrido no lo encuentro muy correcto, es más: roza el límite de la buena educación. 
Señor Dupuis, no creo que se haya tratado de una actitud rígida del Presidente de la sesión, sino de un qui pro quo, de un malentendido entre el Presidente de la sesión y los representantes del Consejo y de la Comisión. 
Señor Presidente, estoy bastante sorprendido ante las palabras de nuestro colega inglés, Sr. Hannan, pues en los medios de comunicación daneses se ha presentado como diputado al Parlamento Europeo. 
Si hubiera aparecido a título particular, habría pasado sin más dentro de la campaña danesa. 
En resumen, creo que el Sr. Hannan debería quedarse en su casa en Inglaterra ocupándose de sus propios asuntos y dejarnos a nosotros resolver nuestros asuntos en Dinamarca. 
No necesitamos a este tipo de gente que hace el idiota en Dinamarca. 
Señor Presidente, no quiero demorar la marcha de los trabajos de la Asamblea, pero me parece que el Sr. Hannan protesta demasiado. 
Hice una solicitud muy sencilla el lunes. 
El Presidente accedió a mi solicitud y remitió la cuestión a los Cuestores. 
Pero mientras el Sr. Hannan se encuentra presente en la Asamblea esta mañana, quizá podría ofrecernos garantías de que hará una nueva anotación en su declaración de intereses financieros para indicar la procedencia de los fondos. 
La población danesa tiene derecho a conocer antes del referéndum del 28 de septiembre de dónde proceden los fondos para la campaña en favor del "no". 
Bien, no podemos continuar el debate ni tampoco convertir este Pleno en un apéndice del debate que precede al referendo danés. 
Ya hemos comprendido cuál es el fondo de la cuestión. 
Cada uno se comportará como considere más oportuno. 
Derecho a la reagrupación familiar 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0201/2000) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (1999) 638- C50077/2000- 1999/0258 (CNS) ) sobre el derecho a la reagrupación familiar. 
Señor Presidente, para comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Klamt, que era la ponente original designada por la comisión, que tengo el honor de presidir, para el examen de este asunto. 
La Sra. Klamt realizó unos esfuerzos muy considerables sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar. 
Merece que se le reconozca el mérito por la labor que hemos realizado. Deseo felicitarla por ello. 
He heredado esta cornucopia en particular en mi calidad de presidente de la comisión, porque la Sra. Klamt sintió al final de las votaciones en comisión que no podía seguir apoyando el texto tal y como había quedado y, por ello, soy yo el que hoy lo presenta a la Asamblea. 
Quisiera elogiar a la Comisión Europea porque se trata de un informe sumamente bien argumentado y bien presentado, redactado en un tiempo récord, teniendo en cuenta la relativa falta de medios de los departamentos involucrados y las peticiones establecidas en el Consejo Europeo de Tampere el pasado año. 
La Comisión ha presentado un excelente proyecto de directiva que permitirá a los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro de la Unión residir en un Estado miembro distinto, como debe ser, si queremos establecer una auténtica zona de libertad, seguridad y justicia. 
La Comisión ha dicho, muy acertadamente en mi opinión, que el objetivo de inmigración cero al que se hizo referencia en el pasado debate comunitario nunca fue realista y ha intentado, en cambio, presentar propuestas realistas para la protección de los derechos de los nacionales de terceros países de conformidad con los numerosos tratados internacionales que han suscrito los Estados miembros, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios internacionales de 1966 sobre los derechos civiles y políticos y sobre los derechos económicos y sociales. 
Ha habido un reconocimiento muy claro de la importancia de la inmigración legal. También se ha reconocido la importancia de la familia como unidad, y la importancia de lograr la integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros de la UE constituye toda la base de estas propuestas. 
En mi comisión hemos tenido en cuenta una serie de ámbitos polémicos, sin olvidar la cuestión del derecho a traer a los ascendientes a la unidad familiar. 
La propuesta de la Comisión reconoce de manera muy clara la diferencia de trato legal que reciben los ascendientes y los descendientes. 
Es evidente que en el contexto del marco jurídico internacional debe hacerse mención del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Este convenio exige a los Estados que garanticen que el niño no es separado de sus padres. 
No existe ningún convenio similar que trate sobre los ascendientes, pero no hay ninguna duda de que si queremos hacer honor a nuestros ideales humanitarios, deberemos proporcionar la oportunidad a los nacionales de terceros países de incorporar a la unidad familiar a los descendientes que dependan de ellos. 
Esta cuestión ha sido objeto de debate en comisión. Me complace comprobar que se ha presentado una serie de enmiendas al informe final; en particular, las enmiendas 18 hasta 23, que proponen un compromiso sobre este particular. 
Permítanme presentar brevemente algunas de las enmiendas que incluye el informe de la comisión. 
La enmienda 3 analiza la necesidad de datos y reconoce que para poder hacer una evaluación eficaz de la situación en los Estados miembros, la Comisión necesitará más información de aquellos. 
La enmienda 5 trata sobre los ascendientes. Ésta ha sido superada ahora en cierto modo por las enmiendas de compromiso 18 hasta 23. 
La enmienda 6 reconoce los problemas claramente reales a los que se enfrentan actualmente las administraciones de los Estados miembros por la carga de trabajo creada por las solicitudes de reagrupación familiar. 
La enmienda 9 contempla el derecho de los Estados miembros a introducir disposiciones más favorables que las establecidas en las directivas e insiste en que estas nuevas normas no deberán reducir los actuales niveles de protección. 
La enmienda 11 trata sobre las causas por las que un Estado miembro puede denegar la entrada de un miembro de la familia, a saber, por razones de orden público, seguridad interior y salud pública. 
Nuestra enmienda intenta insistir en que cualquier Estado miembro que desea denegar la entrada por dichos motivos debe proporcionar una justificación detallada. 
No deseo comentar las 66 enmiendas presentadas a mi informe, aunque quisiera decir que se trata de un ámbito muy complicado. 
El Parlamento dispone de relativamente poco tiempo para examinarlo e inevitablemente en comisión no se han alcanzado todos los compromisos necesarios para llegar a un resultado favorable. 
Por consiguiente, quisiera instar a sus Señorías a que estudien detenidamente las enmiendas que han sido presentadas en el Pleno con vistas a lograr los compromisos que nos permitan avanzar de una manera eficaz y humanitaria. 
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos mi tarea, en comparación con la de las y los colegas de la comisión competente para el fondo, ha sido relativamente fácil y deseo felicitar a todas y todos los colegas de dicha comisión por el resultado, aunque tengamos que debatir ahora aquí en el Pleno sobre algunas enmiendas de compromiso. 
La tarea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha sido en este contexto sencilla porque desde una perspectiva jurídica el proyecto de directiva presentado apenas plantea problemas y el margen de configuración política no es tampoco demasiado grande. 
También quiero alabar expresamente la calidad logística del proyecto de directiva, lo que no se puede decir de todos los proyectos de directiva. 
Con el nuevo artículo 63 del Tratado de la UE es ahora tarea de la Comunidad regular la cuestión de la reunificación familiar y la Comunidad tiene que adoptar estas medidas en concordancia con las normas de derecho internacional, en especial, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los otros instrumentos de derecho internacional que han sido mencionados ya por el presidente de nuestra comisión. 
El derecho al respeto a la vida familiar es un derecho humano universal. 
No se puede dividir ni se puede reservar exclusivamente a los ciudadanos de la Unión. 
Especialmente en unos tiempos en los que estamos elaborando una Carta Europea de los Derechos Fundamentales, esto sería un enfoque muy problemático. 
Si se quiere regular en el ámbito comunitario el sector de la reagrupación familiar, entonces se deberán cerrar algunas lagunas incomprensibles y, en parte, absurdas que existen en la situación jurídica actual. 
Esto es en especial aplicable al derecho de los mismos ciudadanos de la Unión a vivir junto con sus familiares procedentes de un tercer Estado en el Estado en que residen y no poder solamente formar una familia con ellos si hacen uso de la libertad de circulación estableciéndose en otro Estado de la Unión Europea. 
Por ello, desde un punto de vista jurídico solamente se puede saludar esta directiva y es de esperar que no se modifique en el Parlamento y sobre todo en el Consejo la esencia del proyecto originario de la Comisión. 
Señor Presidente, en principio todos están de acuerdo en que unas fronteras interiores abiertas obligan a una política de inmigración y de asilo armonizada en toda Europa. 
La Comisión ha presentado un primer proyecto de iniciativa de ley en este campo que afecta al derecho de la reunificación familiar. 
Lamentablemente, ha olvidado insertar este proyecto de directiva en un concepto global. 
¿De qué sirve saber qué familiares tienen el derecho de entrar y permanecer en la UE si no se sabe qué grupos de inmigrantes y que motivos de inmigración deben regularse y de qué modo? 
Además, debemos votar sobre una iniciativa de ley para la que faltan los fundamentos más elementales. 
No disponemos de una evaluación común de la evolución demográfica ni sabemos qué repercusiones va a tener esta iniciativa de ley sobre cada uno de los Estados miembros. 
La ausencia de una estrategia global y de bases estadísticas no son desgraciadamente los únicos puntos de crítica. 
La Comisión mezcla la inmigración por motivos económicos con el asilo. 
Soy de la opinión de que la reagrupación familiar para los asilados y refugiados necesita una regulación diferente a la destinada a los inmigrantes. 
A alguien que es expulsado de su patria se le deben aplicar unas normas diferentes a las que se aplican a quien emigra por razones económicas. 
Es necesario realizar una clara diferenciación entre asilados y refugiados, por un lado, e inmigración, es decir, economic migration, por otro. 
Esto permitiría regulaciones que hiciesen justicia a las personas y a su situación. 
Una gran parte de mis enmiendas apunta a esa distinción. 
Otro problema del presente proyecto de directiva es la ampliación del concepto de familia. 
Se quiere conceder también el derecho a reagrupación familiar a los abuelos, a los hijos mayores de edad y a las parejas no casadas. 
Aquí se muestra el dilema: falta un concepto global para el campo de la inmigración. 
La reagrupación familiar es actualmente la única posibilidad legal de inmigrar. 
Las normas previstas para la reagrupación familiar son de una amplísima interpretación, lo que abre las puertas a abusos incontrolados. 
Plantéense solamente la siguiente pregunta: ¿quién decide y en base a qué criterios sobre si se alega engañosamente una relación de pareja con la finalidad de inmigrar? 
Por ello, en todas mis enmiendas exijo que se dé preferencia al núcleo de la familia. 
Otro error sustancial consiste en que la propuesta de la Comisión no prevé en absoluto medidas para la integración. 
No se puede ir a buscar personas a un país extranjero sin crear las condiciones previas para una convivencia pacífica y amistosa entre extranjeros y nacionales. 
Para finalizar, hay que constatar que con una directiva como la presente nos cerramos el camino para debatir de un modo objetivo y eficaz sobre la totalidad del campo de la inmigración. 
Si las ciudadanas y ciudadanos tienen la sensación de que son arrollados por una oleada de inmigración reaccionan con rechazo. 
Si creamos unas normas transparentes y comprensibles aumentará la aceptación para integrar a extranjeros. 
Con unas soluciones razonables y razonadas podremos controlar problemas como el de la xenofobia o el del envejecimiento en la Unión Europea. 
Pero este proyecto de directiva es un enfoque pésimo para lograrlo. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, lamento las palabras de la Sra. Klamt. 
Yo quería empezar felicitando a la Comisión y al Comisario Vitorino por esta propuesta que me parece muy completa, bien trabajada y oportuna casi un año después de la cumbre de Tampere. 
Se trata de dilucidar hoy, en este Parlamento, si queremos que los inmigrantes y los refugiados que residen legalmente entre nosotros lo hagan con sus familias, con la puerta abierta a una vida normal y a una integración plena en nuestra sociedad o si vamos a seguir alimentando el mito de que entre nosotros hay conciudadanos que lo son de modo provisional y cuyo destino final es volver a las hipotéticas casas de donde salieron. 
Me parece que el tema es lo suficientemente importante como para que se haga un esfuerzo de consenso. 
Todos los Grupos estuvimos de acuerdo en comisión, menos el PPE. 
Me gustaría que hoy diésemos el mensaje a la gente que vive entre nosotros de que puede hacerlo con su derecho reconocido a vivir en familia. 
Mi Grupo, Señor Presidente, tiene esta intención, aunque también quisiera pedir, en nombre de mi Grupo, que la Comisión piense dos veces un aspecto incluido en la actual Directiva. 
Hemos aplicado estas normas que hoy debatimos también a las personas que están bajo protección subsidiaria. 
Desafortunadamente, en la Unión Europea no hay criterios homogéneos, no hay una política armonizada de asilo. Por lo tanto, hay situaciones muy diferentes en muchos países, y en este pequeño punto sí estaría de acuerdo con la Sra. Klamt. 
No se trata de que estas personas sean rechazadas- tienen el derecho a vivir en familia- sino de que la Comisión pensara en ello dos veces y que fuesen objeto de una futura directiva que incluiría a las personas bajo protección temporal y subsidiaria, en espera de la futura armonización de las políticas de asilo en la Unión. 
Por lo demás, felicito a la Comisión y espero que obtenga un buen y nutrido apoyo en esta Asamblea. 
Señor Presidente, el Grupo ELDR respalda el presente informe como componente básico en la construcción del ámbito de libertad, seguridad y justicia y en seguimiento de la cumbre de Tampere que, acertadamente, dio prioridad al establecimiento de los derechos de libre circulación para los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE. 
Es una injusticia a la que hay que poner remedio. 
Al igual que la Sra. Terrón i Cusí, me sorprende la postura del Grupo PPE, que normalmente hace mucho hincapié en los valores de la familia y, sin embargo, hoy está debilitando a la familia al oponerse a la reagrupación que contribuirá a la integración social de dichos emigrantes que residen legalmente. 
Eso nos parece perverso. 
Retomando algunos puntos específicos del informe, en primer lugar, sobre la inclusión de los beneficiarios de la protección subsidiaria. 
Esperaremos hasta oír al Sr. Vitorino, pero se rumorea que la Comisión aceptará enmiendas para excluir a dichos beneficiarios. 
El Grupo ELDR lo lamentaría porque pensamos que, al igual que en el caso de los refugiados, debería incluirse a los beneficiarios de la protección subsidiaria. 
Son residentes de larga duración, no son análogos a los beneficiarios de la protección temporal. 
Estaremos atentos al debate porque nuestro mayor deseo es conseguir que se apruebe la parte fundamental de esta propuesta. 
Respecto a los ascendientes, consideramos que la enmienda 20 es superflua porque en el artículo 9 de la propuesta se contempla el derecho general de todos los solicitantes a solicitar una evaluación no discriminatoria de los medios de vida. 
No obstante, estamos dispuestos a examinar este extremo si ello contribuye a salvar el informe. 
Es importante que exista claridad absoluta en lo que respecta a las parejas de hecho. 
La propuesta no obligará a los Estados miembros a reconocer legalmente a las parejas de hecho, pero si lo hacen, deberán tratar a las parejas de hecho como si fueran esposos. 
Ha habido mucha información errónea al respecto, suscitada en parte por los Conservadores del Reino Unido; en la prensa sensacionalista han aparecido titulares sobre complots vergonzosos de la UE para obligar al Reino Unido a aceptar a los amantes gay de los refugiados. 
Esta actitud provoca prejuicios homofóbicos, lo cual deploro. 
La Comisión y el Comisario Vitorino han realizado un trabajo muy bueno por lo que quiero expresarles aquí mis felicitaciones en nombre de mi Grupo político. 
En su reunión especial de Tampere, el Consejo Europeo subrayó que la Unión Europea tenía que garantizar un trato justo de los pertenecientes a terceros Estados y la Comisión aplica ahora esta resolución. 
Esta directiva es en sí concluyente y debería aplicarse lo antes posible. 
Lamentablemente, había y sigue habiendo aún reservas frente a la inclusión en esta directiva de los refugiados con una protección temporal así como frente al reconocimiento de las relaciones del mismo sexo como base para la reagrupación familiar. 
Este enfrentamiento muestra de nuevo que la política de integración y de migración sigue siendo aún lamentablemente un tema delicado en la Unión Europea. 
Se juega aquí de mucho. 
Se quiere lograr que los familiares de terceros Estados que viven separados puedan reunirse. 
Se trata pues de un objetivo que todos deberíamos apoyar precisamente cuando se trata de niños y estos niños- tanto si son de refugiados o inmigrantes- deben tener también una perspectiva en la Unión Europea. 
En el debate político se está creando por el contrario un ambiente opuesto a esta directiva. 
Espero que la mayoría de nuestra Asamblea apoye la directiva en la forma presentada por las Comisión. 
Sé que mis colegas socialistas esperan una declaración del Sr. Vitorino con la esperanza de que bajo la presión de ciertos ministros de Asuntos Interiores de la UE se sacrifique a los refugiados en esta directiva. 
Lamento esta decisión y el hecho de que en esta Asamblea parece que los ministros del interior tienen más que decir que los diputados que deberían actuar siguiendo sus consciencias. 
Por este motivo, apelo de nuevo para apoyar esta directiva de la Comisión y mandar por fin una señal para una política de integración moderna, humana y adecuada a los tiempos. 
Espero que los socialistas no lleguen a este deal con los conservadores. 
Señor Presidente, sin que sirva de precedente, desearía felicitar a la Comisión por el trabajo serio y equilibrado llevado a cabo porque, demasiado a menudo, cuando abordamos las cuestiones relacionadas con la inmigración, las pasiones, los desbordamientos, las segundas intenciones politicas nos impiden reflexionar con objetividad y progresar. 
Tratando en profundidad la cuestión del derecho a vivir en familia, definiendo las condiciones precisas de su aplicación, el texto permite llevar a cabo un verdadero debate. 
Lejos de levantar recelos apriorísticos, como se hace a menudo con aquellos que desean vivir junto a su familia e hijos, el texto reconoce, por el contrario, la legitimidad de ese derecho como tal aunque efectivamente fuera preciso hoy que este derecho pudiese también ser válido para los homosexuales, sin menospreciar ninguna categoría como acaba de decir mi colega en lo que concierne a los demandantes de asilo. 
El texto pone de manifiesto también que existen hoy muchos tipos de familia en nuestras sociedades, especialmente ciertas formas de concubinato, y que por lo tanto no hay lugar a la discriminación de los inmigrantes que hicieran lo mismo. 
El texto contribuye así a dar un verdadero sentido a la palabra "integración". 
Esta propuesta de directiva de armonización de las legislaciones de los Estados miembros tendrá como ventaja dar una protección y una estabilidad jurídica a los inmigrantes y sobre todo evitarles estar sometidos a las fluctuaciones politicas nacionales. 
Quisiera por lo tanto que los próximos trabajos de la Comisión y del Parlamento se inspiren en este ejemplo. 
Quizás así podremos hablar mucho más de igualdad de derechos y de la aportación, a menudo positiva, de la inmigración, ocupándonos de las cuestiones esenciales para la integración y la lucha contra el paro, la precariedad, las violencias y discriminaciones de las que los inmigrantes pueden ser víctimas. 
La inmigración no es un problema. 
En cambio, tendríamos que decidirnos a hablar de los verdaderos problemas que son los desequilibrios entre el Norte y el Sur que empujan a menudo a los hombres y mujeres a huir de la miseria. 
Tendríamos igualmente que reconocer que los flujos de inmigrantes hacia los países de la Unión siguen siendo más o menos constantes desde hace dos décadas. 
Dicho de otro modo, cuando los estados han puesto en pie leyes restrictivas no han hecho disminuir el número global de entradas, sencillamente han hecho disminuir el número de inmigrantes legales y aumentado y fabricado ilegales. 
Este proyecto de directiva, apoyándose en dichos valores tendrá no sólo consecuencias positivas para los inmigrantes y sus familias sino también una verdadera fuerza simbólica para la acogida y la integración. 
Desearía sinceramente que, para los trabajos que sigan a este, podamos observar la misma línea directriz. 
Señor Presidente, estimados colegas, el texto que nos ha sido propuesto, como por otra parte el conjunto de la política de inmigración que siguen las instituciones europeas, da muestras de un derrotero preocupante. 
Desde luego había razones para temer que una cierta forma de capitalismo importase, de algún modo, trabajadores, separándolos de su familia de origen con todos los riesgos de desarraigo que ello podía implicar, pero hoy en día hemos ido mucho más allá en esta situación. 
Lo que no eran nada más que contratos provisionales de trabajo- y eso en los mejores casos- tiende a convertirse en una implantación definitiva. 
Lo que era definitivo para una persona tiende a convertirse en definitivo para todos aquellos que puedan rodearle. 
La familia cercana primero, pero también la familia lejana y esa familia lejana, sabemos bien que es numerosa teniendo en cuenta las estructuras sociales de los países de origen, países en los que por otra parte el estado civil sólo existe en una forma bastante rudimentaria. 
Y después de la familia lejana, los hermanos, los primos, los sobrinos, los padres, los abuelos, se pasa a la familia polígama. 
De la familia polígama- puesto que por qué privilegiar simplemente los lazos familiares- se pasa al concubinato y a menudo, como acaba de proponer el anterior orador, el Sr. Sylla, se pasará a la simple asociación homosexual. 
Todo ello da una idea de los riesgos considerables de deriva de esta política. 
Vamos a llegar a lo que, por otra parte, tenemos ante nuestros ojos. 
Es una verdadera inmigración de población, suicida, organizada por los Estados miembros y que también organizan las instituciones europeas. 
A todas luces, es el suicidio de Europa. 
La única solución digna de ese nombre consiste en organizar la reagrupación familiar, pero organizándola desde el país de origen y con el apoyo de la política de cooperación en la cual esos medios deberían ser utilizados. 
Señor Presidente, aún consternado por la permanente condena previa de Austria por parte de los otros 14 Estados miembros, quiero decir sobre el presente informe que lamento el modo con que se ha tratado en la comisión competente para el fondo, un modo que ha hecho que la Sra. Ponente- un acontecimiento más bien poco usual- no pudiese identificarse al final con el resultado y haya retirado su nombre. 
No se han tratado objetivamente y por motivos políticos e ideológicos se han barrido sencillamente enmiendas muy justificadas de la Sra. ponente, quien las ha expuesto y justificado hoy de nuevo así como también otros miembros de la Comisión. 
En la valoración de este injusto asunto me remito, entre otras, a la resolución de la Conferencia de Gobernadores Civiles de Austria del 17 de mayo del 2000, quienes han rechazado de modo unánime por encima de fronteras partidistas el proyecto de directiva en esta forma. 
Lamento el modo de proceder en la comisión porque creo que utilizar el método de la imposición a la fuerza precisamente en un sector tan sensible daña más que beneficia. 
Señor Presidente, señor Comisario, el documento que se nos ha presentado, al igual que el informe, nos pretende dar gato por liebre. 
Daríamos con entusiasmo nuestro voto afirmativo a la reagrupación familiar pues es algo profundamente humano y además es el núcleo de un elemento integrador, pero aquí se trata de una cosa muy diferente. 
Lo que aquí se pretende es abrir un debate político social sobre hasta qué punto se puede ampliar el círculo de los autorizados a la reagrupación más allá del núcleo familiar. 
Presenta la propuesta de las parejas no casadas, cuyos padres y niños deben poder venir y según la propuesta le basta incluso declaraciones de testigos en el país de origen para probar una relación de pareja, sea del tipo que sea. 
Esto significa para los niños o padres que vengan derechos como para los ciudadanos de la Unión en el campo de la formación, laboral y social. 
Los traficantes de personas, los falsificadores de documentos le estarán agradecidos por apoyar esta propuesta y la población- de esto puede estar seguro- reaccionará con indignación. 
Introduce además la propuesta relativa a varios matrimonios, es decir, se acepta a la primera mujer con niños y parientes en orden ascendiente pero también dice en este documento que naturalmente es posible traer a la siguiente esposa y su descendencia si así lo exige el bienestar de los niños. 
La cuestión que se deriva de ello es la siguiente: ¿hasta dónde se deben abrir las puertas de par en par a la inmigración incontrolada? 
Para nosotros esta no es una propuesta aceptable. 
Falta el concepto global, faltan bases estadísticas, falta una diferenciación y además va más allá del Tratado de Amsterdam que exige que se tenga en cuenta la capacidad de integración de los Estados. 
Solamente daremos nuestro voto afirmativo al presente documento si se siguen nuestras enmiendas y nuestra línea política. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, tras los recientes acontecimientos de Dover donde 29 inmigrantes clandestinos chinos han perecido asfixiados, el drama de la inmigración ilegal y los medios para afrontala se han convertido en un problema de primera importancia del cual la Unión Europea debe ocuparse hoy imperativamente. 
Esta problemática nos invita especialmente a trabajar en un tema particularmente sensible, como es la elaboración y la armonización de una política europea de inmigración que constituirá una de las cuestiones más importantes del siglo XXI. 
En este sentido, la propuesta de directiva de la Comisión Europea que nos ha sido sometida, relativa al establecimiento de un derecho a la reagrupación familiar es plenamente pertinente y quiero agradecer y felicitar especialmente a la Comisión que bajo los auspicios del Comisario Vitorino ha elaborado este texto. 
El derecho a la reagrupación familiar es un elemento esencial en la realización de una vida familiar normal, es por otra parte lo que dispone desde hace mucho tiempo el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según la cual toda persona tiene derecho al respeto de su vida familiar. 
Pero también es una cuestión especialmente sensible, teniendo en cuenta la diferencia entre las legislaciones de los diferentes Estados, porque puede chocar con las nociones de soberanía, y aquí está, precisamente, el desafío que se ha lanzado al Parlamento europeo para conseguir ir más allá de estas divergencias. 
El proyecto de directiva sobre el cual se nos solicita hoy nuestra opinión constituye, desde mi punto de vista, un texto de primera importancia, que debe recibir el apoyo firme y definitivo del Parlamento Europeo, en la medida en que este texto ofrece verdaderas perspectivas para una inmigración legal, de la cual les recuerdo que la inmigración familiar constituye la mayoría. 
Lo hemos dicho, esta directiva representa el primer ejemplo de esta construcción en la línea del Tratado de Ámsterdam y del Consejo Europeo de Tampere, de ahí su importancia. 
Quiero recordar igualmente que el mundo moderno presenta muchas ventajas, pero que existen importantes riesgos de exclusión de ciertas categorías de población, entre las cuales figuran los extranjeros, y que mi deber como demócrata europeo es estar especialmente atento. 
La directiva propuesta por la Comisión permite, en condiciones plenamente satisfactorias, pero con garantías necesarias- con todas las garantías necesarias- dar un gran paso. 
Nunca se ha contemplado, por ejemplo, autorizar los reagrupamientos polígamos tal y como acabo de oír. 
Eso es totalmente inexacto. 
Recordémoslo, se trata del primer texto que se ha producido en el proceso de comunitarización del pilar de "Justicia y Asuntos Interiores" al hilo del Tratado de Ámsterdam y del Consejo de Tampere de noviembre pasado. 
Recordémoslo también, sólo se trata de establecer un derecho a la reagrupación familiar y de acabar son esa concepción de la reagrupación familiar que hace de esta un privilegio. 
La apuesta es hermosa y acorde con la construcción de la Europa de los ciudadanos que deseamos para seguir construyendo Europa. 
Nos toca, queridos colegas, aprovechar de esta oportunidad para conseguirlo. 
Señor Presidente, creo efectivamente que este proyecto de directiva es un paso adelante. 
Dicho esto, el procedimiento de reagrupación familiar está todavía sometido a condiciones restrictivas. 
Creo que se debería insistir sobre el hecho de que, a pesar de todo, son el paro y la precariedad los que deberían estar prohibidos y no el derecho de un inmigrante o de una inmigrante a vivir con los suyos cuando no puede demostrar que dispone de suficientes recursos o de una vivienda adecuada. 
Mientras la sociedad evoluciona lentamente para los nacionales, pero evoluciona a pesar de todo, cf. la votación del PACS en Francia, para los inmigrantes el concepto de la familia sigue siendo rígido. 
Las legislaciones en vigor prevén suprimir el derecho de residencia en caso de ruptura de la vida en común, prohibiendo el hecho al divorcio y, como se ha dicho antes, las parejas de homosexuales siguen sin estar reconocidas. 
Bajo el pretexto de luchar contra la poligamia se condena a las segundas esposas o concubinas y a sus hijos a la clandestinidad y a una dependencia mayor. 
Por lo, tanto hay que liberar la reagrupación familiar de los arcaísmos que todavía existen y que son el resultado de un control excesivo de la inmigración. 
Pero para concluir, diré que felizmente el informe del Sr. Watson constituye un auténtico progreso, despues del trabajo llevado a cabo en comisión sobre el informe inicial de la Sra. Klamt. 
Debo decir que cuando escucho los discursos racistas, reaccionarios e inadmisibles del Sr. Gollnisch tengo ganas de votar a favor de este informe. Es una cuestión de dignidad. 
Señor Presidente, Señorías, al contrario de una opinión ampliamente difundida y también del debate que tiene lugar aquí esta mañana, en esta directiva no se trata de realizar una definición vinculante del concepto de familia para toda la Unión Europea. 
Por el contrario, se trata de determinar exactamente quién debe estar autorizado a la reagrupación familiar en función de relaciones de parentesco en caso de inmigración. 
Nadie pone en duda que las familias tienen el derecho a vivir juntas. 
Pero de lo que se trata es de dónde se traza el límite de la familia. 
Yo tengo por ejemplo una mujer y dos hijos y estos tienen también hijos; y tengo hermanos, tíos y tías. 
Si cuento a todas las personas con las que convivo estrechamente son 25. 
Estimado Sr. Comisario Vitorino, si yo solicitase asilo por ejemplo en Portugal no podría reclamar poder vivir allí con 25 familiares. 
Tiene que haber pues un límite razonable. 
Este es el problema decisivo de esta directiva. 
También hay que diferenciar si alguien se encuentra en la Unión Europea por un tiempo determinado o de modo permanente. 
Tengo que decir claramente que esta propuesta de directiva amplía la reagrupación familiar mucho más allá de lo que hasta ahora es usual en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es una señal adicional para inmigrar que va a tener naturalmente unas considerables repercusiones. 
Y estas repercusiones son muy diferentes para los Estados que tienen una elevada tasa de inmigración, como p. ej., Austria, Alemania o los Estados del Benelux, que para Estados como Portugal, Finlandia u otros que no tienen tanto que ver con la inmigración. 
Como ello va unido a una dramática ampliación de la reagrupación familiar, uno de los motivos de mayor peso, no podemos dar nuestro voto favorable a esta directiva. 
Por ello, señor Comisario, con todo el respeto por su trabajo, aliento la esperanza de que su propuesta no logre en el Consejo la necesaria unanimidad. 
Señor Presidente, quisiera ante todo felicitar calurosamente a la Comisión Europea y especialmente al Comisario Vitorino por una propuesta legislativa extraordinariamente positiva, que regula la cuestión del reagrupamiento familiar. 
Por fin algo se mueve en Europa después de décadas de carencia absoluta de política migratoria europea, y, sobre todo, después de tantos años de negativa de los ciudadanos europeos a reconocer a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea los derechos humanos fundamentales. 
El reconocimiento del derecho a la vida familiar constituye uno de los presupuestos fundamentales para la incorporación de los refugiados y los emigrantes a la vida social del país en que residen. 
Desgraciadamente, en este Parlamento son precisamente aquellos que enaltecen y ensalzan a la familia como valor supremo los que la sabotean, y eso es justamente lo que ocurre ahora con esta propuesta de directiva sobre el reagrupamiento de las familias de los refugiados y los emigrantes. 
El fariseísmo y la hipocresía son las características principales de esta ala del Parlamento y lo hemos vivido repetidamente. 
Quisiera, no obstante, decir que soy consciente de las vacilaciones de muchos gobiernos, el mío incluido, a propósito de esta directiva. 
Es verdad que países como Alemania, a los que han acudido millones de refugiados y emigrantes, asumirán una carga muy pesada. 
Al mismo tiempo, sin embargo, quisiera recordar y subrayar la enorme contribución de los inmigrantes al desarrollo económico de nuestros países, a través del trabajo y a través de los impuestos. 
Las cargas sociales a las que se refieren los censores de la propuesta pueden reducirse si los refugiados y sus familiares tienen derecho al trabajo, tal y como prevé la propuesta de la Comisión. 
Finalmente, quisiera, señor Presidente, que quedara claro que esta directiva define muy pocas condiciones y los gobiernos mantienen el derecho a establecer las condiciones más adecuadas para el reagrupamiento de las familias. 
Señor Presidente y Señorías, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam ésta es la primera vez que el Parlamento Europeo es consultado sobre una propuesta de directiva de la Comisión al Consejo en materia de migración legal de personas oriundas de terceros países. 
Por eso, es una señal de las profundas modificaciones institucionales que se introdujeron con el Tratado y consideradas prioritarias en el orden del día político europeo por los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Tampere. 
La Comisión consideró que mediante una propuesta de regrupamiento familiar era como debíamos iniciar esta andadura, este esfuerzo considerable de construcción de una política europea común de inmigración. 
Y quisiera comenzar diciendo por qué hemos elegido ese tema: para responder a una observación crítica de la Sra. Klamt, a la que yo, independientemente de las divergencias de opinión, quisiera felicitar por la labor que ha llevado a cabo como primera ponente de este asunto. 
Creo que el reagrupamiento familiar es un concepto profundamente coherente con las obligaciones que todos los Estados miembros contrajeron en el plano del derecho internacional desde hace varios decenios. 
Desde la referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos a los Pactos Internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas de 1966, al propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, en todos esos instrumentos de derecho internacional se consagra la protección de la familia como un elemento esencial de la garantía de la paz social. 
Creo que nadie puede negar que la reunificación familiar es también un instrumento importante de integración de los inmigrantes de terceros países en las sociedades de acogida. 
Eso mismo ha sido reconocido sucesivamente por los órganos de la Unión Europea. 
Es decir, que desde 1993 el Consejo ha dedicado constante atención a la cuestión del reagrupamiento familiar. 
Y hay que reconocer que, en términos cuantitativos, esa cuestión del reagrupamiento familiar es pertinente, porque representa hoy una de las principales causas de inmigración para los países europeos. 
No es la directiva la que crea esa corriente migratoria, lo que la directiva pretende es regular una realidad que está en el terreno. 
Por eso, quien no quiera comprender que esta directiva va encaminada a formular normas jurídicas para abordar una situación que ya está en el terreno y quiera responsabilizar a la Comisión de estar inventando una nueva dinámica migratoria comete una injusticia en el análisis de la realidad a que nos dirigimos. 
Por eso, la Comisión pensó que el reagrupamiento familiar merecía un trato prioritario en relación con otras formas de inmigración legal. 
No se trata de decidir sobre la entrada y la residencia para fines económicos ni de la inmigración de trabajadores ni de la inmigración de estudiantes. 
Se trata, a nuestro entender, de reglamentar una forma de admisión diferente que responde a valores- en particular, de protección de la familia- y a un objetivo político estratégico, el fomento de la integración de los ciudadanos de terceros países, que ya viven legalmente en la Unión, en las sociedades de acogida. 
Partimos de un principio, que es discutible, pero mientras no se demuestre lo contrario, creo que es demostrable. 
Es que el regrupamiento familiar es un factor que fomenta la estabilidad personal del emigrado, ya que la vida en familia constituye siempre un instrumento importante de apoyo a la integración en los países de acogida. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno en Tampere subrayaron, por lo demás, de forma unánime la necesidad de garantizar un trato equitativo a los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros de la Unión. 
Y subrayaron también que es necesario aplicar paralelamente una política más dinámica de integración y que esa política debería tener la ambición de ofrecer a los ciudadanos de terceros países derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión. 
Ésos son, Señorías, los valores y los compromisos políticos sobre los cuales preparó la Comisión su propuesta. 
Y quisiera subrayar que la Comisión propuso una iniciativa en la que el reagrupamiento familiar está concebido como un derecho. 
Pero no es un derecho absoluto de los ciudadanos de terceros países que residan en los países de la Unión y de forma legal. 
Es, al contrario, un derecho sujeto a condiciones, ya sean de índole procesal o condiciones materiales en cuanto a la formulación del estatuto de los miembros de la familia en el país en el que sean admitidos y en cuanto a los derechos de que disfrutan. 
Y yo estoy dispuesto a examinar esta propuesta en todas sus consecuencias. 
Entre otras cosas porque la Presidencia francesa consideró, por lo demás, que este asunto es fundamental durante su semestre. 
Y nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a introducir lo más rápidamente posible una propuesta modificada para que podamos alcanzar un resultado positivo durante la Presidencia francesa. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los diputados que han participado en el debate. 
Ha sido un debate, aquí como en la Comisión, vivo, a veces apasionado incluso, porque versa sobre un asunto delicado, en el que hay, naturalmente, una gran fuerza de proyección de las realidades nacionales. 
Es difícil encontrar un punto común en el nivel europeo. 
Pero este debate tiene sobre todo una característica fundamental. 
Es que ya no es un debate sobre declaraciones de intenciones, es un debate sobre normas, normas jurídicas vinculantes, que se deberán aplicar. 
Por eso, es natural que sea un debate vivo, apasionado incluso, y un debate en el que haya divergencias. 
La Comisión va a conceder la mayor importancia al dictamen de sus Señorías. 
Y quisiera felicitar al Sr. Watson por el trabajo que ha hecho al presentar un informe en las difíciles circunstancias en que se ha celebrado este debate. 
Y quisiera exponer ante sus Señorías cuál es la posición de la Comisión sobre las cuestiones políticas más difíciles de esta directiva. 
En primer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación de la propuesta, la Comisión considera que los refugiados deben estar incluidos en su ámbito de aplicación, porque no sería comprensible, desde el punto de vista político, que se reconociese a los inmigrantes económicos un derecho al reagrupamiento familiar que no reconocemos a los refugiados reconocidos conforme a la Convención de Ginebra. 
Pero reconozco que es necesario excluir a los beneficiarios de la protección temporal o de la subsidiaria. 
No se trata de una modificación de la cuestión de principio. 
Estoy convencido de que cierto tipo de beneficiarios de la protección temporal o subsidiaria también deberán tener derecho al reagrupamiento familiar. 
Pero reconozco que la ausencia de armonización del concepto en el nivel europeo y sobre todo la intención de la Comisión de presentar al Parlamento y al Consejo una directiva sobre protección temporal y subsidiaria el próximo año permitirá tratar el derecho al reagrupamiento familiar en esa directiva muy próximamente. 
Por eso admitimos que se modificara la propuesta en el sentido de excluir a los beneficiarios de la protección temporal o subsidiaria. 
En cuanto a las cuestiones relativas al concepto de familia: quisiera decir con toda claridad que la Comisión, en esta propuesta, no se injiere en la definición del concepto de familia. 
Esta propuesta recoge íntegramente la competencia que cada Estado miembro tiene para definir lo que es la familia. 
Y la cuestión, por ejemplo, de las uniones de hecho. 
Esta propuesta no dice que todos los Estados miembros estarán obligados a reconocer la unión de hecho y a admitir a los miembros de una unión de hecho en todas las circunstancias. 
Lo que decimos es sólo esto: que en aquellos países en los que las uniones de hecho, en su derecho interno y para sus ciudadanos, estén equiparadas al matrimonio, en esos países, se deben reconocer también esas uniones de hecho para el reagrupamiento familiar de los ciudadanos de terceros países. 
Y, por eso, quisiera decir claramente que en esta propuesta no hay indicación alguna de que se deba favorecer el reagrupamiento de familias poligámicas. 
Disculpen: ? el texto es claro! ? No es posible promover la llegada de una segunda esposa! 
Y se hace sólo una excepción en el caso de los hijos de un segundo matrimonio, si los intereses del niño así lo aconsejaran. 
Pero, ¿? cómo tratar a los hijos de un segundo matrimonio de forma diferente a los hijos de un primer matrimonio o a los hijos de una unión de hecho? 
No soy un subvertidor de valores morales, pero considero que debemos poner por encima de todo los intereses de los niños. 
Por último, señor Presidente, la Comisión está dispuesta a aceptar un conjunto de otras enmiendas y modificaciones referentes a los derechos de los miembros de la familia, a las condiciones y aclaración de las condiciones para el reagrupamiento familiar, la situación en que el reagrupante puede adquirir un estatuto autónomo y en cuanto a las normas de procedimiento. 
Quisiera concluir diciendo que, naturalmente, ésta es una operación que origina un debate. 
El debate con el Consejo no va a ser fácil, como no lo fue el debate con el Parlamento Europeo. 
Respeto la opinión de todos sus Señorías. 
Me gustaría que el dictamen del Parlamento Europeo tuviera un apoyo lo más amplio posible. 
Y espero que- independientemente de nuestras diferencias de opinión, que son naturales, podríamos decir que son útiles, que son esenciales para la democracia- sea posible que, una vez aprobada esta directiva, todos podamos aunar esfuerzos para resolver esta cuestión esencial que tenemos sobre la mesa- cómo formular un régimen jurídico claro y transparente que garantice la integración de los inmigrantes legales en los países de acogida -, porque esa integración es la clave para el éxito de una política común de inmigración a escala europea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Medidas especiales para el desplazamiento y residencia de ciudadanos de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-207/200) de la Sra. Boumediene-Thiery, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96 (derecho de residencia) y sobre la comunicación de la Comisión relativa a las medidas especiales en materia de desplazamiento y de residencia de los ciudadanos de la Unión, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (Directiva 64/221/CEE) (COM (1999) 127, COM (1999) 372- C5-0177/1999, C5-0178/1999- 1999/257 (COS)) 
. - (FR) Señor Presidente, estimados colegas, quisiera en primer lugar dar las gracias a todos aquellos que han contribuido con sus reflexiones a alimentar el debate. 
Antes de entrar en la exposición de mi informe, quisiera empezar por una pregunta que no cesa de acuciarme. 
Esta última constituye en mi opinión el corazón de la problemática de mi informe y determinará la orientación de nuestra votación. 
Esta pregunta es: ¿Qué significa realmente la ciudadanía europea? 
¿Se trata de una sencilla expresión dirigida a vender Europa o queremos realmente poner un contenido bajo ese vocablo? 
Hoy la ciudadanía sigue siendo un concepto vacío de contenido para la mayoría de los habitantes de Europa. 
Si queremos hacer de Europa algo distinto de una zona de librecambio, tendremos que afanarnos para que aquella supere su estatus de mero concepto y cobre arraigo en la vida cotidiana de los residentes de Europa. 
Quisiera, por cierto, plantear el debate en dicha perspectiva. 
Las directivas examinadas atañen a los nacionales comunitarios, pero deben hacerse algunas adaptaciones en favor de los nacionales de terceros países. 
Mediante este informe se trata de hacer balance de la realidad de la libre circulación y residencia de las personas en la Unión. 
Desde el punto de vista de los Tratados, me situo en la doble perspectiva del artículo 14, relativo a libre circulación de las personas, y de los artículos 17 y 18, relativos a la ciudadanía europea. 
Sin embargo, aunque los países miembros han llevado a cabo enormes progresos para la libre circulación de las mercancías, de los servicios y de los capitales, esta claro que seguimos estando muy lejos de ello respecto de las personas. 
Un breve repaso histórico y el contenido de las directivas: originariamente la ibre circulación estaba reservada a las personas que ejercían una actividad económica. 
En junio de 1990 el Consejo adoptó tres propuestas de directivas de la Comisión para extender ese derecho a todos los nacionales de los Estados miembros, aunque no ejerciesen una actividad económica. 
Recordaré únicamente las grandes orientaciones de estas directivas. 
Para los jubilados y demás inactivos, el derecho de residencia esta abierto para aquellos que dispongan de un seguro médico y de medios económicos suficientes. 
Para los estudiantes las condiciones son la matriculación en un institución reconocida y el disfrute de un seguro médico. 
En ambos casos los cónyuges y los hijos a su cargo pueden acompañar al titular y eventualmente trabajar. 
La trasposición de las directivas ha sido doblemente problemática. 
Por otro lado, prácticamente la totalidad de los Estados ha adoptado una mala trasposición de estas directivas. 
Por cierto, la Comisión ha tenido que iniciar catorce procedimientos de infracción. 
La Comisión apunta que: "Algunos ciudadanos de la Unión se han visto, por culpa de una trasposición defectuosa de las directivas, privados de algunos de sus derechos o se han visto enfrentado a dificultades administrativas injustificadas." 
Hagamos una evaluación completa de la situación. 
Este derecho a la libre circulación y residencia, confirmado en el Tratado de Maastrich, ha sido violado por consideraciones económicas. 
La noción de recursos suficientes es interpretada de forma abusiva por las administraciones. 
¿Qué ingresos hay que tomar en cuenta para valorar los recursos? 
¿Qué justificantes? 
Cómo reflejar una situación financiera que varía y que depende a veces de la ayuda aportada por el cónyuge. 
A causa de procedimientos de reconocimiento largos y difíciles, a menudo es necesario hacer una suscripción de un segundo seguro médico en el país de acogida. 
Cuando no se corresponde con los cánones del trabajo asalariado es difícil obtener un derecho de residencia, y en consecuencia a la inestabilidad de la situación profesional se añade la precariedad del título de residencia. 
En cuanto a las medidas especiales justificadas por razones de orden público, la Comisión da cuenta de numerosas interpretaciones abusivas, tales como la condena penal que justifica un extrañamiento sistemático y la expulsión. 
Por último, los procedimientos administrativos son demasiado largos- más de seis meses- y siguen siendo costosos cuando se impone una renovación frecuente: a menudo una vigencia de dos años en lugar de 5 normalmente. 
Para paliar esos problemas, presento aquí las principales medidas preconizadas. 
Nuestra primera propuesta es solicitar a la Comisión que prepare una directiva-marco que adoptaría una posición partiendo del derecho fundamental de circular y de residir libremente a fin de organizarlo, en lugar de partir de una perspectiva por categorías que necesariamente genera ambigüedades. 
Después siempre será posible introducir todo un arsenal de medidas específicas para ayudar a los ciudadanos en función de su propia situación. 
Esta refundición de las directivas existentes debe disociar de toda consideración económica el derecho fundamental de circular y de residir. 
Estas medidas deben ser concomitantes con una auténtica simplificación de los trámites administrativos y con la gratuidad de los documentos. 
Una medida transitoria en la puesta en pie de estos dispositivos puede ser la introducción de un permiso de residencia de un año para todos los demandantes. 
Es indispensable la armonización de los sistemas de protección social y de jubilación. 
Por último, tratándose de medidas especiales justificadas por razones de orden público, no podemos más que hacer un llamamiento a los Estados, a fin de que restrinjan su interpretación y pongan término a la doble pena y protejan de la expulsión a ciertos grupos. 
Permítanme, para terminar, algunas precisiones. 
Los derechos deben estar vinculados a la persona y desplazarse con ella. 
Los ciudadanos de terceros países que viven y trabajan legalmente en un Estado miembro deben beneficiarse de los mismos derechos que los ciudadanos europeos. 
Es una pena, por cierto, que el Consejo no dé ninguna continuidad a esta propuesta de ciudadanía y de residencia. 
En conclusión, espero haberles convencido de apoyar una perspectiva resueltamente ciudadana de la libertad de circulación y de residencia que constituye una apuesta fundamental para la creación de una conciencia europea. 
En el momento en el cual el porvenir de Europa es noticia y en el cual estamos examinanado una futura carta de los derechos fundamentales, debemos apoyar todo proyecto de espacio de libertad, de justicia y de igualdad donde todos los residentes, mercancías, capitales y servicios circulen libremente en la Unión. 
Quizás haya llegado el momento de que los hombres adquieran los mismos derechos que los productos que consumen. 
. (EN) Deseo felicitar a la ponente. 
Estamos tratando aquí sobre la revisión, que ya debería haberse realizado hace mucho tiempo, de varias directivas sobre el derecho de residencia de personas no activas económicamente. 
Mi punto de partida, al igual que el de la ponente, es que deberíamos dotar de auténtico significado la ciudadanía de la Unión. 
La realidad sigue aún muy lejos de lo estipulado en el Tratado de que todo ciudadano tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 
Quiero referirme a la experiencia de varios estudiantes de idiomas procedentes de otros Estados miembros en mi circunscripción. 
Todos ellos han recibido una carta tipo de nuestra oficina local de la Seguridad Social en la que se les pide que acudan a una entrevista de dos horas a la que deberán llevar el mayor número posible de una lista no exhaustiva de aproximadamente veinte documentos tales como pasaporte, extractos bancarios o recibos del hogar para "establecer su identidad". 
Cuando solicité más detalles al respecto, me dijeron que no era una cuestión que afectara a la UE, porque la misma carta sería enviada a los residentes británicos. 
No puedo imaginarme en qué circunstancias. 
Y que el tiempo previsto de dos horas, lo que resulta aún más ridículo, había sido pensado para evitarles que les pusieran una multa de estacionamiento en el aparcamiento local. 
No me gustaría que ningún ciudadano fuera tratado del mismo modo que dichos estudiantes. 
La historia de las directivas que tratan sobre los derechos de residencia de las personas no activas económicamente es muy triste: no aplicación, procedimientos por infracción y todo un mosaico de trámites diferentes y pesados. 
Un saco de patatas puede circular por Europa con mayor facilidad que un ciudadano. 
Si queremos apelar a nuestros ciudadanos y si queremos que el derecho fundamental de la libre circulación sea una realidad, hace falta sencillamente una tipificación rápida de este ámbito del Derecho comunitario, algo que ya debería haberse hecho hace mucho tiempo. 
Entonces y sólo entonces se hará realidad la declaración del Tratado sobre la ciudadanía de la Unión y dejará de ser mera palabrería. 
Señor Presidente, en la UE se habla mucho de los derechos humanos, pero, en la práctica, a menudo se confunden los derechos de los ciudadanos con el dinero. 
El que tiene un empleo y puede vivir de él está protegido por las leyes, pero existen grandes grupos que carecen de trabajo y, en consecuencia, de derechos. 
Puede tratarse de estudiantes, que deben demostrar que realmente estudian, o de pensionistas, que tienen que demostrar que reciben una pensión o tienen un patrimonio a la hora de desplazarse. 
También pueden ser ciudadanos de terceros países, y especialmente sus parientes, que no pueden acompañar al que ha conseguido un trabajo al otro lado de la frontera. 
Esto significa que todavía se discrimina a los económicamente débiles. 
En el informe se proponen importantes mejoras para esos grupos que, en la práctica, son más numerosos que lo que pudiera creerse. 
Esas personas tendrán más facilidades para desplazarse y mejor derecho a residir en otros países. 
En este contexto, también quisiera mencionar que el derecho a la libre circulación en el mercado laboral y el derecho de residencia no son la misma cosa. 
Actualmente hay muchos trabajadores que realizan trabajos en otros países miembros, con contratos de trabajo temporales, y que carecen del derecho a residencia. 
Para aquellos que no tienen un ingreso seguro u otra forma de patrimonio, el derecho de residencia es prácticamente inexistente. 
La libre circulación de los trabajadores está garantizada por las normas del mercado interior. 
Sin embargo, para la mayoría de las personas es más importante que se garantice su derecho a la residencia, incluido el derecho a seguir residiendo en el mismo sitio cuando ya no les sea posible trabajar para su sustento. 
Aquí se necesitaría una profunda reforma y sería provechoso que ésta se realizase ahora, cuando las economías de los países miembros parecen ir mejor que antes. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Boumediene-Thiery trata sobre problemas a los que se refiere la Comisión en su informe sobre la situación existente en la aplicación de las normas sobre el derecho de residencia. 
Sin embargo, la Sra. Boumediene-Thiery desea en este contexto que el ámbito de aplicación del derecho de residencia se amplíe a nacionales de terceros Estados. 
Se ha solicitado a la Comisión de Peticiones que emita una opinión ya que se trata de una instancia especial que se ocupa directamente de los problemas de nuestros ciudadanos. 
Lamentablemente, aún surgen con demasiada frecuencia obstáculos a los derechos de la ciudadanía de la Unión; por lo que lo apoyo expresamente. 
En primer lugar, las normas jurídicas comunitarias sobre el derecho de residencia se aplican con titubeos. 
Sobre todo, las instancias subordinadas de los Estados miembros no conocen en la mayoría de los casos las correspondientes regulaciones. 
En segundo lugar, surgen gigantescas limitaciones y problemas en el reconocimiento de diplomas. 
¿De qué me sirve un derecho de residencia si no poseo el derecho a ejercer en el país de residencia la profesión que he aprendido? 
En tercer lugar, surgen problemas debidos a la no adaptación de las normas a la libertad de circulación de las personas o las normas de seguridad social al cambiante mercado laboral. 
No puede ser que no se me devuelvan los costes por prestaciones médicas en el extranjero solamente porque no tenga el formulario adecuado. 
Señor Presidente, tenemos normas sobre el derecho de residencia de ciudadanos de la Unión en otros Estados miembros pero que aún no se aplican totalmente. 
Continuamente se presentan casos en los que se hace imposible a un ciudadano de la Unión la residencia en otro Estado miembro. 
Instemos pues a los Estados miembros de la Unión para que apliquen sin demora las normas comunitarias existentes además antes de que empecemos a pensar en ampliar tales derechos a terceros Estados. 
Señor Presidente, en caso de que no se aceptaran las enmiendas que presentamos al informe de la Sra. Boumediene, mi Grupo parlamentario votará en contra por razones que, entiendo, son de fondo. 
Las directivas que hoy estamos debatiendo se refieren a la libre circulación y a la residencia de estudiantes y personas que han cesado su actividad profesional o no activas que, además, son beneficiarias de pensiones de invalidez, vejez o subsidio- todos ellos ciudadanos comunitarios -, además de las excepciones previstas en otra directiva sobre la expulsión por razones de orden público, seguridad o salud pública. 
El problema es que la Sra. Boumediene amplía a los ciudadanos de terceros países el ámbito de aplicación de estas directivas. 
Por ejemplo, el apartado 20 de la resolución extiende la reagrupación familiar a familiares no comunitarios, ascendientes o descendientes, que no están a cargo del residente, lo que ampliaría la admisión sin límites. 
Asimismo, la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios, que en el caso de los ciudadanos comunitarios no plantearía muchos problemas dada la diversidad de la legislación, sí los plantearía en el caso de los ciudadanos de terceros países porque acarrearía auténticas dificultades para acreditar la convivencia estable. 
Ello daría lugar a los llamados matrimonios blancos o de conveniencia, con el consiguiente fraude. 
Por otra parte, entiendo que toda la casuística que hace referencia a los trabajadores migrantes está fuera del contexto de este debate, no tanto por el fondo sino porque no procede en el estudio de estas directivas. 
Es necesario- como dice la Comisión- mejorar el nivel de información para que los ciudadanos europeos conozcan con claridad meridiana cuáles son sus derechos para moverse libremente en el mercado interior, y ello, con normas claras, concisas y concretas, y utilizando las nuevas tecnologías de comunicación, como Internet, la televisión, o los medios de información locales y regionales. 
No me parece buen procedimiento, señor Comisario, la sugerencia de que las respuestas a las preguntas parlamentarias lleguen a los distintos ciudadanos a través de las comunicaciones que se estimen oportunas. 
Me parece un procedimiento poco práctico, entre otras cosas porque ni los parlamentarios, a veces, leen esas respuestas. 
Es necesario también eliminar el papeleo absurdo para justificar la condición y la cuantía de la pensión. 
Creo que una tarjeta de identidad del pensionista o el recurso a la informática deberían suplir las acreditaciones engorrosas. 
Y lo mismo se aplicaría a los estudiantes. 
Para facilitar su movilidad hay que evitarles costes innecesarios y hacer compatible su residencia con sus períodos de estudio o aprendizaje. 
Finalmente, quiero también destacar que no tiene sentido, como se hace en el apartado 6 de la resolución, vincular el orden público al espacio Schengen en una propuesta dirigida a los ciudadanos de la Unión Europea, a los que no se aplica el acervo de Schengen sino las directivas comunitarias, en particular las relativas al orden público. 
Entiendo que se hace necesario, para poner al día esta legislación, refundir los textos mediante un nuevo reglamento y simplificar los obstáculos a la libre circulación y a la residencia de los ciudadanos comunitarios. 
Señor Presidente, afortunadamente, el Derecho comunitario ha experimentado un cambio durante los últimos 30 años; hemos pasado de la libre circulación de las personas como tema puramente económico- el desplazamiento funcional- a considerarlo un derecho personal. 
Esto ha dado lugar a mucha retórica sobre la Europa de los ciudadanos, pero a pocos cambios en la mentalidad o las administraciones de los Estados miembros, como ha señalado la Sra. Wallis. 
Al decir esto, no estoy pasando por alto los beneficios económicos de la libre circulación. 
El informe de la Sra. Boumediene-Thiery señala- y la felicito por la calidad del mismo- que al facilitar la circulación se fomenta el dinamismo y la competitividad económica. 
¿Por qué, entonces, ignora el Derecho este principio? 
Pero lo esencial para los Liberales es si los Estados miembros creen en la idea de la ciudadanía europea y la respetan, no sólo permitiendo la circulación a los ciudadanos de un Estado miembro y a sus familiares, sino también reconociendo esos mismos derechos, en la medida posible, a los nacionales de terceros países que residen legalmente y a sus familias- algo que lamentablemente no está contemplado en el informe de la Comisión. 
Resulta muy enervante cuando el Consejo de Ministros y los distintos gobiernos se retuercen las manos ante la baja participación en las elecciones europeas, lanzan campañas con globos y bolsas de plástico sobre la Europa de los ciudadanos e intentan ganarse el voto de la ciudadanía en las campañas precias a las elecciones, pero se aferran a los trámites con múltiples obstáculos cuando esos ciudadanos tienen el descaro de hacer valer su derecho legal europeo a circular libremente. 
En cualquier caso, estas normas son demasiado complicadas. 
Necesitamos una revisión completa para agilizar y dotar de total transparencia el ejercicio de la libre circulación. 
Eso no es pedir demasiado. 
Como decía la Sra. Wallis, debería ser igual de fácil para las personas cruzar fronteras como lo es para artilugios o patatas. 
Señor Presidente, como ya han indicado los oradores que han hablado antes que yo, el derecho a la libre circulación, a pesar de que se considera uno de los aspectos más importantes del derecho fundamental de la ciudadanía europea, es un derecho que con frecuencia encuentra muchas limitaciones y de ello da fe el gran número de peticiones al Parlamento Europeo relacionadas con este asunto. 
Quiero detenerme ante todo en un aspecto en el que insiste el informe, esto es, la necesidad de luchar contra todas las interpretaciones injustas y excesivamente restrictivas del concepto de orden público de algunos Estados miembros. 
Por ejemplo, una persona que reside en un país desde su infancia o, en todo caso, durante años y, en consecuencia, tiene vínculos culturales, sociales y familiares consolidados en ese país, no debería ser expulsada si no es culpable de un delito considerado realmente grave por la legislación penal del país de residencia. 
Lamentablemente, con frecuencia ocurre lo contrario. 
Otro punto en el cual quiero detenerme se refiere a los miembros de algunas familias reales como, por ejemplo, la italiana, los cuales, pese a no constituir una amenaza para la seguridad nacional, no pueden gozar plenamente de su legítimo derecho a la libre circulación. 
Considero que ha llegado el momento de enfrentarse seriamente a estos problemas, así como de salvar los obstáculos a la libre circulación, ya que- como se decía- en Europa las mercancías o las patatas quizás pueden circular más fácilmente que los ciudadanos. 
La libertad de desplazamiento y de residencia es un derecho consagrado en los Tratados europeos y garantizado a todos los ciudadanos y sólo debería ser denegado en casos excepcionales cuando exista un peligro real para la seguridad pública. 
Por consiguiente, resulta tanto más extraordinario que 50 años después de la firma del Convenio sobre los Derechos Humanos, que irónicamente fue suscrito en Roma, y un año después de que el Tratado de Amsterdam confirmara dichos derechos, a una familia europea que ha estado involucrada durante mil años en la historia del continente se le nieguen los derechos fundamentales a los que se ha referido mi colega. 
El informe Watson exige estos derechos a la reagrupación familiar y el informe Boumediene-Thiery a la libre circulación y residencia, incluso para nacionales de terceros países e incluso también para delincuentes condenados. 
Esta familia, como se ha dicho, es la antigua casa real de Saboya de Italia y también se están cometiendo violaciones menores contra las casas reales de Austria y Grecia por parte de sus respectivos gobiernos. 
El artículo 13 de transición de la Constitución italiana, absurdamente denominado "de transición", pero que sigue en vigor al cabo de 53 años, no es sólo una violación de los Tratados Europeos, sino que además discrimina por razón de sexo en el sentido de que es aplicable únicamente a los descendientes reales varones, con independencia del número de generaciones que los separen del monarca constitucional Rey Víctor Manuel, considerado culpable de haber firmado leyes fascistas inaceptables en tiempo de guerra. 
Irónicamente, los descendientes de Mussolini no sólo están autorizados a residir en Italia, sino que uno de ellos ocupa un escaño en el Parlamento italiano. 
Este artículo es vergonzoso y obsoleto y todos los diputados al Parlamento, incluso aquéllos con sentimientos antimonárquicos, deberían unirse a mi llamamiento al Gobierno italiano para que permita a una familia europea inocente regresar a su tierra natal, donde no representa ninguna amenaza imaginable para la seguridad pública ni para la estabilidad de la República Italiana. 
Sólo podemos pedir más derechos para los ciudadanos europeos si se respetan los derechos de todos, con independencia de su origen y sin discriminación. 
Este asunto va mucho más allá de familias individuales y va derecho al corazón del respeto de la Unión por sus propias leyes y tratados. 
O tenemos una Unión Europea basada en el Derecho o no. 
Por consiguiente, recomiendo a esta Asamblea mi enmienda 14. 
Permítanme felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery por su informe sobre las medidas especiales para ciudadanos de la Unión en materia de desplazamiento y de residencia, medidas que se justifican por motivos de orden público, seguridad o salud pública. 
Es un informe excelente. 
Lamentablemente, lo único que puedo hacer en dos minutos es hablar sobre algunos de sus defectos. 
En primer lugar, la Comisión ha omitido el tema de los entre 12 y 14 millones de nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión que actualmente sufren discriminación y que, salvo en los Estados insulares de la Unión, pueden desplazarse libremente de hecho, aunque no pueden hacerlo legalmente, lo que, naturalmente, da lugar a situaciones de explotación y de utilización ilegal. 
Con todo el debido respeto por la ponente, debo decir que existen también otros ámbitos problemáticos de los que no se ha ocupado en su informe, uno de los cuales es el tema del vandalismo relacionado con el fútbol. 
Generalmente, estoy a favor de la libre circulación, pero creo que deben existir limitaciones. 
Normalmente no creo que deba denegarse el libre desplazamiento a personas que no han sido condenadas por ningún delito, pero existe un problema que se ha pasado por alto a nivel comunitario. 
Convendría recurrir a Europol para impedir la libre circulación de personas que han sido condenadas por delitos relacionados con el fútbol para garantizar que no vuelvan a ocasionar los mismos problemas que en la anterior Copa del Mundo y en los campeonatos europeos. 
También creo que convendría invocar las disposiciones para impedir, por motivos de seguridad, que se desplacen libremente los neonazis alemanes que viajan a Dinamarca para producir material propagandístico en el que se niega el Holocausto, con la clara intención de volverlo a importar a Alemania, país en el que está práctica es ilegal. 
Espero que el Gobierno danés haga uso de las disposiciones en este caso. 
Asimismo, debemos garantizar que no se abusa del sistema. 
Naturalmente espero que no se restrinja de ningún modo el libre desplazamiento de personas que tienen la desgracia de ser seropositivas por motivos de salud pública. 
Estoy de acuerdo, en principio, con el Sr. Tannock. 
Naturalmente, las familias reales de Europa deberían poder desplazarse libremente. 
No obstante, discrepo con sus prioridades. 
Cuando pasamos por alto los derechos de entre 12 y 14 millones de residentes legales, los derechos de dos familias resultan comparativamente insignificantes. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi concordancia con todos cuantos han subrayado que el asunto que estamos examinando tiene que ver con lo esencial de la ciudadanía europea. 
Podríamos decir que este derecho contribuye a una expresión práctica y concreta del concepto de ciudadanía europea, en que el gran imperativo que afrontamos en este momento es el de hacer de este derecho legalmente reconocido una realidad práctica aplicada en la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Concuerdo también con quienes han subrayado que la transposición de estas directivas se ha hecho de forma mucho más lenta o incluso incorrecta, en algunos casos. 
Por otro lado, tendremos también que afrontar las dificultades suscitadas por la aplicación de la directiva relativa a las medidas especiales en materia de traslado y residencia de ciudadanos de la Unión, justificadas por razones de carácter público, seguridad pública o salud pública, en que deberán existir directrices de orientación no sólo para los Estados miembros, que hasta el momento han hecho una interpretación bastante diversa de las disposiciones de la directiva, sino también para los ciudadanos en relación con los derechos que se les confieren. 
Los Estados miembros pueden imponer restricciones al derecho de libre circulación de los ciudadanos comunitarios, en particular en materia de entrada en su territorio y expulsión de él, así como de la expedición o renovación de autorización de residencia, siempre que esté justificada por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. 
Pero en una Unión Europea basada en el Estado de derecho, en el respeto de los derechos humanos y, en particular, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en breve, en una Carta de Derechos Fundamentales, no pueden abusar de esas prerrogativas. 
Y en ese sentido es en el que esas medidas de excepción a la libre circulación fueron objeto de una interpretación restrictiva. 
Por último, señor Presidente, quisiera convenir con mi colega Hernández Mollar, cuando ha manifestado el apoyo a la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior en el sentido de que se intente integrar los diversos textos en un sólo reglamento directamente aplicable, que sería un primer documento relativo a la ciudadanía europea y que daría toda la información necesaria no sólo a los ciudadanos respecto de sus derechos de ciudadanía, sino también a los servicios administrativos de cada uno de los Estados miembros encargados de aplicar la legislación vigente. 
Señor Presidente, señor Comisario, como ya ha indicado el Sr. Hernández Mollar- a quien le agradezco el entusiasmo con que ha acogido la enmienda 15 que he presentado- considero que este informe se ha de rechazar en caso de que no se aceptaran las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Suscribo la enmienda 14 del Sr. Tannock que respalda la libre circulación de los herederos de las monarquías italiana y griega y apoya a la monarquía. 
Con la enmienda 15 apoyo personalmente a los pensionistas porque esta propuesta al mismo tiempo que facilita la circulación de los ciudadanos no comunitarios en Europa, mantiene las dificultades de circulación en el territorio europeo de sus ciudadanos, en particular de los discapacitados. 
Al salir del aeropuerto de Bregado Orio al Serio para viajar a Estrasburgo, me encontré con un pensionista muy mayor- 80 años- que me manifestó su deseo de ir a París, donde le acogería su hija, pero que no podía hacerlo, so pena la pérdida de la pensión social italiana, su único medio de vida. 
Otra persona, totalmente inválida, dijo que quería ir a Londres, pero que no podía hacerlo porque, de lo contrario, perdería su pensión. 
Por último, otra persona, discapacitada- incluso en silla de ruedas- dijo que quería ir a vivir con su hermano, pero que si lo hacía perdía el subsidio para el acompañante. 
En consecuencia, nuestro objetivo debe ser la libre circulación de los ciudadanos discapacitados y de los pensionistas en Europa. 
Estimado colega Fatuzzo, me ha hecho recapacitar mucho sobre adónde voy a viajar en mi vejez. 
Tiene la palabra el Comisario Vitorino. 
. - (FR) Señor Presidente, en nombre de la Comisión, quisiera en primer lugar felicitar a la Sra. Boumeediene-Thiery y todos los que han participado en este debate. 
Efectivamente creo que para la Comisión, la instauración de la ciudadanía europea ha creado un entorno jurídico y político nuevo y por nuestra parte tenemos la intención de extraer todas las consecuencias prácticas tanto en el campo legislativo como en el campo de la acción administrativa cotidiana. 
La Comisión cuenta mucho con el apoyo del Parlamento Europeo en este momento. 
En lo que concierne a la propuesta de resolución que acaban ustedes de presentar, quisiera únicamente abordar dos o tres cuestiones que han sido dirigidas directamente a la Comisión. 
Las tres directivas sobre el derecho de residencia de los inactivos ha permitido, estoy seguro, a miles de ciudadanos de la Unión beneficiarse de ese derecho sin tener problemas particulares. 
Sin embargo, subsisten casos de mala aplicación de las directivas. 
Ahora bien, puedo asegurarles que la Comisión interviene siempre- e intenta hacerlo con rigor en cualquier circunstancia -, aunque su intervención no es siempre visible y en el caso de que no se haya podido obtener ningún acuerdo, no duda en enviar dictámenes motivados a los estados concernidos. 
Las quejas de los ciudadanos que obtienen una respuesta administrativa satisfactoria por medio de procedimientos extra-judiciales se cuentan por centenares. 
Sin embargo, la acción de la Comisión se aplica también a la legislación de los Estados miembros. 
En mi opinión, se podrían citar varios casos en los que esta intervención ha desembocado en una modificación de la legislación de los Estados miembros e incluso, a veces, en el examen por el Tribunal de Justicia de cuestiones para las cuales ha dado soluciones positivas. 
Tampoco faltan los ejemplos en el ámbito de la utilización abusiva, por parte de los Estados miembros, de la noción de orden público, sobre todo en lo que respecta a su propio territorio, en los que concierne a personas con nacionalidad de otros Estados miembros. 
Puedo segurarles, sin embargo, que ahora el número de casos es limitado y que frente a tales casos la Comisión Europea no deja nunca de adoptar las medidas que se imponen conforme al derecho comunitario. 
No obstante, no se puede pretender que la aplicación estricta del derecho comunitario baste para eliminar los obstáculos para la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, teniendo en cuenta el gran número de obstáculos que subsisten a causa de las lagunas que existen a nivel del derecho comunitario, que ya han sido identificadas en el segundo informe de la Comisión sobre la ciudadanía europea y en el informe del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de personas presidido por la Sra. Veil y presentado a la Comisión en 1997. 
Por otra parte, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que hemos debatido esta mañana la directiva sobre la reagrupación familiar y que las conclusiones de Tampere prevén la obligación para la Comisión de presentar una propuesta sobre el reconocimiento de las condiciones de entrada, de admisión, de residencia así como sobre el debate del estatuto jurídico de los nacionales de terceros países residentes legales en la Unión. 
Trabajamos actualmente en ese sentido. 
Por todas esas razones la Comisión comparte la opinión, que ha sido expresada por varios miembros del Parlamento, sobre la necesidad de una refundición global de los textos existentes en el marco de un solo instrumento jurídico que organice y garantice el ejercicio sin trabas de la libre circulación y de la residencia. 
Esta refundición que, por otra parte, está inscrita en el programa de acción de la Comisión para este año 2000, está ya en curso de preparación. 
Ésta parte de la idea de que el disfrute de los derechos de circulación y de residencia debe disociarse de la antigua referencia a la situación económica de los beneficiarios, para estar vinculada de ahora en adelante a un concepto y a un estatuto derivado directamente de la importancia de la ciudadanía europea. 
La unicidad del estatuto de ciudadano de la Unión sólo puede llevar a la necesidad de un régimen general único de circulación y de residencia, que responda a la exigencia del contenido de la ciudadanía de la Unión conforme a las aspiraciones políticas de la Unión. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
De conformidad con el orden del día sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0196/2000) de la Sra. Schörling, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la posición común del Consejo (C5-0180/2000- 1996/0304 (COD) ) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
. 
(SV) Señor Presidente, me alegra mucho que se me haya confiado la ponencia para la segunda lectura de la directiva SEA que, en mi opinión, constituye un importante paso hacia una nueva actitud en la política medioambiental. 
Doy las gracias por su excelente trabajo a los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, de la Comisión y, especialmente, a la Presidencia portuguesa. 
Esta propuesta de directiva se ocupa de las evaluaciones medioambientales, en inglés SEA, que, en pocas palabras, implican un proceso sistemático para identificar, analizar y evaluar las consecuencias y probables efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
Esto deberá hacerse en la fase de planificación, tan temprano como sea posible, para poder buscar soluciones alternativas antes de seguir adelante en el proceso de decisión. 
Se redactará un informe medioambiental que estará a disposición de las autoridades responsables del medio ambiente, de la opinión pública y de las organizaciones medioambientales, a quienes se dará un plazo razonable para que emitan sus juicios sobre el informe. 
Esta directiva es muy importante para el conjunto de la política medioambiental comunitaria, ya que se contará con un instrumento que facilitará el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Tratado y en otros acuerdos acerca del desarrollo sostenible y de la aplicación del principio de la cautela. 
Una política medioambiental moderna debería evitar la aparición de daños ecológicos y minimizar sus efectos. 
Actualmente, a menudo se intenta identificar y repara los daños cuando éstos ya se han producido. 
Tenemos que acostumbrarnos a evitar y disminuir los efectos negativos de los planes y programas en el medio ambiente, desde la etapa de planificación. 
La directiva SEA constituye un paso muy importante hacia esa nueva actitud. 
Desgraciadamente, en esta directiva no se incluye al sector político, a pesar de que la Comisión lo incluyó en su propuesta original de 1991 y de que todos los expertos en la materia estiman que es obvio que forme parte de una SEA, de una evaluación medioambiental estratégica. 
No ha sido posible conseguirlo en el Consejo, pero la Comisión de Medio Ambiente ha creído oportuno incluir al sector político en la revisión que se hará dentro de cinco años. 
Esto se menciona en las enmiendas 2 y 21. 
Un argumento decisivo que se hizo valer cuando la Comisión finalmente presentó esta propuesta en 1996 fue que las evaluaciones hechas en la fase de preparación llegan muy tarde en el proceso de toma de decisión. 
Éste es uno de los puntos esenciales de la directiva, es decir, que hay que acelerar en el proceso de toma de decisiones. 
El Parlamento Europeo manifestó muchas objeciones en la primera lectura, se dijo que era una propuesta que iba en la dirección adecuada pero que era muy insuficiente en muchos aspectos. 
El Parlamento presentó 29 enmiendas, de las cuales 15 se encuentran, en mayor o menor medida, en la posición común. 
Para que una SEA llegue a ser un instrumento útil, la directiva debe ser suficientemente amplia y el informe medioambiental tiene que ser, obviamente, de gran calidad. 
El Consejo ha empeorado el texto de la postura común en muchos aspectos, especialmente en lo concerniente a la amplitud de la directiva y a la definición de las materias que ésta comprende. 
La Comisión también expresó su enérgica crítica a la postura común, ya que ésta es muy limitada en comparación con el texto original. 
La Comisión de Medio Ambiente ha intentado restablecer el equilibrio, entre otras cosas, mediante las enmiendas 6 y 7, que abarcan un marco más amplio, ya que no se circunscriben solamente a los planes y programas contenidos en el Proyecto EIA, o MKV en sueco. 
No permiten que se exceptúen categorías enteras de planes y programas. 
Tampoco podemos aceptar que queden exceptuados de las evaluaciones SEA los planes de financiación y todo el sector de la defensa. 
De esto se ocupa la enmienda 10 que señala que también los Fondos estructurales deben someterse a la SEA la próxima vez. 
Otras enmiendas que mejoran la directiva se refieren a una mayor apertura y transparencia y a la necesidad de colaboración con países ajenos a la Unión. 
Me sorprende mucho la enmienda 26 del Sr. Nassauer y de otros 29 diputados para rechazar la postura común. 
En la tramitación en la comisión no se aludió siquiera a esta posibilidad. 
Está claro que tienen el perfecto derecho a proponerlo, pero, ¿opinan realmente que la política de medio ambiente de la UE es un postizo que carece de obligatoriedad? 
¿Va a ignorar el Parlamento Europeo el texto del Tratado, los acuerdos de Cardiff, el quinto programa medioambiental, etcétera? 
Sinceramente, opino que la propuesta no es seria. 
Las enmiendas 11 y 13 también me preocupan un poco. 
Especialmente en la 11 se dice que los países miembros definirán el nivel de aplicación de la SEA si los planes y programas forman parte de un sistema jerarquizado. 
Así se pone en entredicho la esencia misma de la SEA y espero que esas enmiendas no prosperen. 
Señor Presidente, ésta es una medida pequeña, pero importante, para ampliar la responsabilidad de los Estados miembros en lo relativo a la realización de evaluaciones ambientales estratégicas en el marco de los programas, así como de los planes reales en los que la aplicación tendría o podría tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. 
Todos los Estados miembros han votado a favor de la posición común, pero algunos han hecho saber que no estarían dispuestos a ir mucho más allá de eso. 
Nuestro deber es aclarar y presentar enmiendas responsables y, en nombre del Grupo PPE-DE, felicito a la ponente, Sra. Schörling, por la labor que ha realizado y las consultas que ha dirigido a nuestro Grupo. 
No obstante, rechazaremos algunas de sus enmiendas, a saber, aquellas que intentan ampliar el ámbito de aplicación del sistema a todos los planes financieros, la defensa nacional y los casos de emergencia civil, a la consulta más allá de lo que es razonable y a las políticas generales a las que ha hecho referencia, que se convierten más en una lista de deseos que en propuestas firmes. 
No obstante, estamos de acuerdo en que no tiene sentido excluir los proyectos financiados en su totalidad o en parte por la Unión Europea, especialmente los Fondos estructurales, y ciertamente estamos de acuerdo en la conveniencia de hablar con los Estados vecinos que no pertenecen a la Unión Europea. 
Estamos de acuerdo en que debería existir un nivel adecuado de notificación, no sólo sobre los peligros para el medio ambiente detectados por la evaluación, sino también sobre las medidas que se proponen adoptar para mitigar o eliminar dichos riesgos. 
Naturalmente deberemos estudiar la enmienda 26, presentada en nombre de algunos de nuestros colegas alemanes, que rechaza la posición común. 
Comprendo las preocupaciones de los colegas de Alemania y de algunas zonas de Italia, que son el resultado del modo en que algunos gobiernos y gobiernos regionales han decidido aplicar dichas evaluaciones. 
Dichos gobiernos están perjudicando la reputación de las evaluaciones medioambientales y de Europa como consecuencia de lo que no son más que sus propios excesos, y deben estudiar detenidamente sus políticas nacionales. 
Pero ésta es una medida subsidiaria que deja los detalles a los Estados miembros. No se trata del largo brazo de Europa que amplía el control hasta llegar a temas de planificación local. 
No obstante, sí garantiza que, especialmente en nuestras fronteras respectivas, nuestra planificación tenga en cuenta la calidad del medio ambiente dentro y más allá de nuestras fronteras a la hora de aprobar acuerdos marco de planificación. 
Creemos que eso es bueno y, por consiguiente, mi Grupo PPE-DE no apoyará la enmienda 26 y votará a favor de la posición común. 
También votaremos a favor de las enmiendas que hemos respaldado en comisión y a favor de una enmienda aclaratoria que ha sido presentado después, pero nos opondremos a las enmiendas que creemos que van demasiado lejos en términos de lo que es deseable, práctico y aceptable. 
Señor Presidente, la directiva que estamos a punto de votar representa un importante paso adelante. 
La obligatoriedad del estudio de evaluación ambiental de los planes territoriales en una fase muy precoz permite, de hecho, integrar totalmente las problemáticas medioambientales a partir de la elaboración de los planes y de los programas de gestión territorial. 
Por fin la Unión ha comprendido que no hay que limitarse a curar a posteriori los daños producidos por una planificación miope, sino que estos se han de prevenir desde el principio. 
Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente han aportado significativas mejoras a la posición común del Consejo. 
En primer lugar, se ha afirmado que para ejercer una influencia eficaz en las costumbres nacionales, el ámbito de aplicación de la directiva debe ser lo más amplio posible. 
En este contexto, considero que los planes y proyectos financiados por los Fondos estructurales deben incluirse totalmente en el ámbito de aplicación de la directiva, dado que en la práctica, sobre todo en las regiones atrasadas, representan la totalidad de los programas realizados. 
En segundo lugar, se ha restablecido el principio de consulta y de información del público y de las organizaciones implicadas durante todo el proceso de evaluación, de acuerdo con el Convenio de Aarhus. 
En consecuencia, y globalmente, considero que se trata de un buen texto. 
Comprendo las preocupaciones de los diputados procedentes de Estados cuyo modelo estatal es de tipo federal, que temen una sobrecarga de trabajo para las autoridades locales. Sin embargo, estimo que las modificaciones aportadas, en particular con las enmiendas 19, 29 y 31, son suficientes para evitar la yuxtaposición de las dos directivas y para garantizar, por el contrario, el respeto al medio ambiente. 
Señor Presidente, todos los días nos encontramos con manifestaciones del cambio medioambiental. 
El domingo pasado escuché en un programa de radio que la parte central de Suecia debería prepararse para recibir un 50 por ciento más de lluvia en los próximos años. 
De una u otra manera los temas medioambientales están siempre presentes en la opinión pública y deberían también estarlo en el trabajo político. 
Por eso quiero felicitar a la Sra. Schörling por este excelente informe que destaca la importancia de considerar los aspectos medioambientales desde las fases iniciales. 
En principio, la preocupación por los asuntos medioambientales debería empapar todas las actividades, especialmente, quizás, las económicas. 
Es obvio que en relación con los planes de construcción, etcétera, es importante que, tal como se propone en este informe, se tomen en consideración los aspectos medioambientales con la mayor antelación posible, para evitar errores y mayores costes y para encontrar rápidamente el camino adecuado. 
Opino que es muy importante y provechoso que la Sra. Schörling diga que hay que ampliar el ámbito de la directiva. 
Es importante que las evaluaciones medioambientales comprendan a las actividades económicas. 
Es evidente que la UE, que destina una gran parte de su presupuesto a la agricultura y a la política regional, a los Fondos estructurales, evalúe estos sectores desde el punto de vista medioambiental. 
No podemos hacerlo inmediatamente, pero sí en cuanto se inicien nuevos planes. 
Es inadmisible que la UE actualmente subvencione actividades en estos sectores que, en otros contextos, son combatidas por atentar contra el medio ambiente. 
Tenemos que intentar crear un sistema en el que pensemos ecológicamente desde el comienzo, aun tratándose de asuntos económicos. 
Este tema es muy amplio e importante. 
Intuyo que gran parte de esta Asamblea no está de acuerdo conmigo, pero mi Grupo y yo respaldamos plenamente a la Sra. Schörling. 
Señor Presidente, voy a referirme brevemente a cuatro temas que fueron muy debatidos en la Comisión de Medio Ambiente. 
Nosotros estamos básicamente a favor de la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y su ponente. 
Respecto a la inclusión de algunos de los sectores en la directiva, en particular la industria extractiva y la de defensa, nos parece que no pueden quedar al margen. Naturalmente, con la precaución que sea necesaria. 
También deseo hacer hincapié en la inclusión de la gestión de los recursos hídricos. 
Muy pronto en España se presentará un plan ambicioso del Gobierno, el Plan Hidrológico Nacional, que tendrá un impacto indudable en los lugares donde se ponga en práctica. 
Nos parece imprescindible que se hagan estos estudios de evaluación. 
También es muy importante para nosotros el papel del público, la transparencia. 
Hay una Directiva sobre el derecho a la información, la nº 313, que ha sido incumplida reiteradamente por los Estados y las autoridades locales y regionales. 
Asimismo, debe incluirse la calidad de los estudios y el tema de la salud entre los sectores afectados significativos. 
Una buena calidad medioambiental y una buena salud están relacionadas íntimamente. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de hacer una breve contribución a este debate y, al hacerla, reconocer el papel positivo del Parlamento en la elaboración del plan de medidas de protección medioambiental, lo más estrictas posibles. 
La gestión medioambiental incluye, naturalmente, el factor de los costes, pero también el de los beneficios económicos, que aunque no son fácilmente cuantificables, existen no obstante. 
La directiva presentada, que exige una evaluación ambiental antes de la adopción de un plan regional o comarcal, tiene sentido desde el punto de vista medioambiental y económico. 
En el pasado hemos asistido, con demasiada frecuencia, al fracaso de planes de desarrollo muy costosos debido a consideraciones medioambientales que no habían sido tenidas en cuenta en la fase inicial de planificación. 
Por último, quisiera hacer un llamamiento a los profesionales de la planificación para que utilicen su sentido común y tengan en cuenta las opiniones de los representantes públicos y de los grupos comunitarios. 
El enfoque clásico, como los que hemos visto con demasiada frecuencia, no siempre ha servido para cumplir las exigencias de los ciudadanos en este importante ámbito. 
La planificación no puede convertirse en dominio único de los que tienen un título universitario. 
Los diputados elegidos deben preocuparse más y mostrar mayor interés en la elaboración de las políticas de desarrollo que, a fin de cuentas, afectarán a los ciudadanos de la Unión. 
Señor Presidente, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento para que las administraciones evalúen si las propuestas políticas, los planes y los programas se ajustan al concepto de desarrollo sostenible. 
De este modo logramos que el medio ambiente se integre mejor en la economía, considerando asimismo las decisiones de carácter macroeconómico que deben preceder a una evaluación de impacto medioambiental. 
Por este motivo resulta importante que las administraciones públicas sean conscientes de la utilidad de evitar al máximo que se produzcan daños medioambientales. 
Asimismo resulta clave que fijemos con claridad para qué planes resulta necesaria la evaluación de impacto ambiental y para cuáles no. 
El Consejo se ha ocupado de este aspecto de forma intensiva. 
La presentación de propuestas política, incluyendo la evaluación de impacto ambiental, a las administraciones públicas resulta positiva. 
En tal caso, las administraciones públicas podrán decidir que un plan, programa o propuesta política se paralice y se detenga a tiempo o que se sustituya por una alternativa más respetuosa con el medio ambiente. 
Por otra parte, existe el grave riesgo de que se deba efectuar una evaluación de impacto medioambiental para un número excesivo de planes y programas. 
Si se investigan exhaustivamente planes y programas que apenas presentan impactos ambientales, derrocharemos nuestras energías. 
Y lo que es peor; este instrumento perderá así su validez como tal. 
Por ello, la inclusión de todos los planes financieros, tal y como propone la Comisión de Medio Ambiente, es excesiva en este sentido. 
Señor Presidente, la mejor forma de integrar las cuestiones medioambientales en todos los ámbitos de la política es incluir los puntos de vista ecológicos lo antes posible en los primeros pasos de la planificación. 
De este modo eludiremos los problemas que tenemos hoy por hoy a la hora de concertar el aprovechamiento del suelo, las actividades comerciales y las expectativas de los ciudadanos. 
Existen parámetros estratégicos de evaluación del impacto medioambiental tanto para la planificación física del suelo, como para programas relacionados, por ejemplo, con la agricultura, el transporte, el turismo y la energía. 
Con el fin de estar en condiciones de concertar entre sí todas estas importantes cuestiones y para ser capaces de proceder aplicando criterios de sostenibilidad desde los puntos de vista ecológico y social, son necesarios planes que contemplen el futuro a largo plazo de una manera adecuada, tanto en cuanto puedan servir como verdaderas referencias para otros tipos de medidas. 
En este sentido, debemos dar las gracias al ponente de este informe por su excelente trabajo. 
Es muy natural que todos los programas, planes y medidas de los Fondos Estructurales sean tomados en cuenta a la hora de revisar este asunto. 
También es importante que se proceda de la forma adecuada en los diferentes ámbitos, no de modo demasiado complejo y burocrático, sino de manera que siempre sean tenidas en cuenta todas las novedades de las que se vaya teniendo noticia. 
En este sentido, quizás hayan aparecido temores exagerados en cuanto a la existencia de duplicaciones en las acciones; no obstante, deseo que, tras este debate, estos aspectos del informe queden concretados de la mejor forma posible. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, este es un nuevo instrumento de conformidad con el artículo 6 del Tratado de Amsterdam relativo a la integración de las políticas de medio ambiente en otros campos. 
Es aún una tierna plantita y todos queremos que crezca con un éxito. 
También quiero que sea un éxito entre las ciudadanas y ciudadanos y por ello a veces me planteo las preguntas que aquellos también se plantean. 
Si veo la propuesta del Consejo estoy seguro de que un ciudadano se planteará la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser que se examine algo después de que la Unión Europea ha extraído los planes y proyectos que son financiados por la misma Unión Europea? 
¡Esto no puede ser! 
Y yo comparto esta opinión. 
Se tiene que ampliar el ámbito de aplicación a campos que son financiados por la Unión Europea. 
En segundo lugar, el ciudadano precisamente en la República Federal de Alemania quizás se preguntará porqué en el ámbito del país, en el ámbito federal y en el ámbito provincial y municipal se examina prolongándose en consecuencia los procedimientos. 
Creo que esto no es defendible. 
Lo importante es el fondo y no que se examine de nuevo lo mismo en todos los niveles. 
Por ello, debemos decir claramente que hay que evitar la duplicación de trabajos por lo que apoyo expresamente la enmienda 31 de Guido Sacconi. 
El ciudadano quizás se plantee también una tercera pregunta: ¿porqué no ocurre nada después de que se ha examinado y quizás se han mostrado determinadas consecuencias? 
Tenemos que mostrar claramente que la regulación es también vinculante. 
No puede ser que se lleve a cabo un examen y que el resultado se archive desapareciendo en los cajones. 
Necesitamos un compromiso vinculante en el sentido de que se van a aplicar también los resultados que se obtengan. 
Por ello, apoyo expresamente las enmiendas nº 17 y 18 para que podamos imponer algo más de vinculatoriedad a la aplicación de medidas de protección del medio ambiente tras el examen. 
En este sentido deseo mucho éxito al informe de la Sra. Schörling. 
. Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la ponente por su posición constructiva, abierta al diálogo con todas las partes interesadas- incluidos los servicios de la Comisión -, que espero permita que al final consigamos todos un resultado positivo sobre esta directiva. 
Quiero, además, resaltar la calidad del informe que estamos debatiendo hoy y quiero hablar de los que, en mi opinión, son los problemas más importantes que se han planteado al hilo de las distintas enmiendas presentadas y de las intervenciones de los distintos parlamentarios, a los cuales agradezco sinceramente sus explicaciones y sus puntos de vista. 
En primer lugar yo señalaría, entre las cuestiones clave, aquellas enmiendas que suponen ampliar el ámbito de aplicación de la futura directiva. 
La posición común distingue claramente entre los planes para los cuales la evaluación ambiental estratégica es obligatoria y aquellos para los cuales es necesario hacer una selección, un cribado. 
La Comisión se inclina por este planteamiento, a condición de que la posición común se mejore, porque entendemos que, de otro modo, sería insuficiente. 
En primer lugar, debe haber un equilibrio entre los planes para los que esta evaluación ambiental estratégica es obligatoria y aquellos para los cuales, sin embargo, hay que hacer una selección. 
En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la directiva tiene que ser, en cualquier caso, lo suficientemente amplio e incluir sistemáticamente aquellos planes que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. 
De ahí que la Comisión apoye con entusiasmo algunas de las enmiendas del Parlamento que amplían el ámbito de aplicación de esta directiva y lo hacen de una manera equilibrada, como por ejemplo la enmienda nº 5 en sus partes segunda y quinta, a la que, además de la ponente, han hecho referencia varios oradores, como por ejemplo la Sra. González, y en la que se propone incluir también las actividades extractivas, y la enmienda nº 6. 
Sin embargo, entendemos que algunas enmiendas van demasiado lejos y reclaman la evaluación ambiental estratégica para planes que, muy probablemente, no tendrán un impacto significativo en el medio ambiente. 
Por ejemplo, la enmienda nº 5, en su parte cuarta, haría obligatorias estas evaluaciones para todos los planes de los sectores enunciados en la directiva; la enmienda nº 10, en su parte tercera, supondría una carga innecesaria para los Estados miembros. 
Algunas enmiendas limitan aún más el ámbito de aplicación y, realmente, contradicen lo que acabo de señalar. 
Algunas enmiendas reducirían el ámbito de aplicación, como la nº 3, que limita el ámbito de aplicación a los planes financiados por la UE, o las enmiendas nº 11 y 31, que permiten a los Estados elegir el nivel o niveles de planificación con que se realizarán estos estudios ambientales estratégicos. 
De esta forma, quedaría excluido un gran número de planes con impacto en el medio ambiente. 
Ahora bien, si el Parlamento adoptara estas enmiendas junto con las que incluyen en el ámbito de aplicación los planes que no tienen un impacto significativo, me parece que, al final, obtendríamos un texto internamente incoherente. 
Estas enmiendas parecen estar inspiradas por el temor a duplicar la evaluación. 
Temor que, en mi opinión, no está lo suficientemente justificado. 
La planificación suele realizarse a diversos niveles y cada uno tiene su propia especificidad. 
La realización de evaluaciones a diversos niveles de planificación no es una duplicación de la evaluación, especialmente con las salvaguardias ya incluidas en los artículos 4, 5 y 10 de la posición común que, precisamente, pretenden evitar esas duplicaciones a las que, por ejemplo, se refería el Sr. Lange. 
En tercer lugar, señalaría las enmiendas que establecen los procedimientos de cribado y la definición del alcance de la evaluación- las nº 7, 8 y 13 -, los procedimientos de planificación y programación del cribado y de definición del alcance de la evaluación y requieren que se realice un cribado caso por caso, con la participación del público en todos los casos. 
Creo que el objetivo del cribado y de la definición del alcance de la evaluación es determinar de forma rápida y eficaz qué planes y qué problemas ambientales son los más pertinentes. 
Establecer la mejor forma de tratar estos temas requerirá experiencia práctica. 
Por lo tanto, entendemos que es demasiado pronto para establecer que todas las circunstancias justifican un cribado y un alcance amplio. 
De ahí que, al incorporar en su legislación nacional las disposiciones sobre el cribado y la definición del alcance, entendemos que los Estados miembros pueden ir más allá que los requisitos de la directiva y, en ese sentido, no aceptaremos estas enmiendas. 
Tampoco aceptaremos la enmienda que supone el rechazo de la posición común- la enmienda nº 26- que contradice otros planteamientos. 
No creo que sea necesario señalar que esta directiva sobre la evaluación ambiental estratégica es un instrumento clave para la integración del medio ambiente en las políticas y para fomentar el desarrollo duradero en la Unión Europea. 
Entiendo que el rechazo de la posición común significaría un golpe grave contra estos principios que están en el corazón de los Tratados y deben inspirar todas nuestras políticas. 
Entiendo que a algunos de ustedes puede parecerles insuficiente, pero hay que saber que, a veces, lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno. 
Yo entiendo que hay que buscar algo aceptable que suponga un paso adelante, en lugar de llegar a una situación de bloqueo. 
Señor Presidente, tras examinar cuidadosamente todas las enmiendas, yo diría que la Comisión puede aceptar las enmiendas nº 1, 5 (en sus partes segunda y quinta) , 6, 12, 28 (en su parte primera) y 29. Que las enmiendas nº 9 (en la parte que se refiere al requisito de justificar que la evaluación ambiental estratégica no es necesaria) , 10 (en sus partes primera y segunda) , 15, 17, 18, 20, 23, 24 y 25 son aceptables en principio, pero con cierta reelaboración de su enunciado. 
Sin embargo, la Comisión no puede, en ningún caso, aceptar las enmiendas nº 2, 3, 4, 5 (en sus partes primera, tercera y cuarta) , 7, 8, 9 (en la parte sobre el requisito de justificar la necesidad de una evaluación ambiental estratégica) , 10 (en su parte tercera) , 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28 (en su parte segunda) , 30 y 31. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0213/2000) del Sr. Bouwman, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación sobre el proyecto aprobado por dicho Comité de Conciliación de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0348/2000- 1998/0249 (COD) ) sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga. 
. (NL) Señor Presidente, Señora Comisaria, estimados asistentes, estamos debatiendo una directiva, de las cuales surgirán más este año, cuyo objetivo es la lucha contra la contaminación marítima. 
Obviamente, me remito a las directivas Erika que se tratarán más adelante. 
Quizás, la presidencia francesa pudiera empezar esta temporada de una forma magnífica si consigue que el Parlamento adopte esta directiva, concretamente lo referido a la conciliación entre el Consejo y el Parlamento. 
Por este motivo, quiero expresar mi gratitud a los representantes del Consejo, a la presidencia portuguesa que también participó y, en la última fase, también a la presidencia francesa, a la Comisión y a los colaboradores y compañeros del comité de conciliación. 
El eje de la propuesta consiste obviamente, tal y como debatimos con anterioridad, en que los barcos tienen la obligación de identificarse y entregar sus residuos. 
Los puertos tienen la obligación de establecer un plan de tratamiento de residuos y garantizar la existencia instalaciones de tratamiento de residuos o de organizaciones que realicen esta labor. Todo ello sirve para prevenir que el gran problema existente, o sea, la contaminación marítima, se agrave aún más. 
Un estudio reciente llevado a cabo por KIMO Coast Watch indica que sigue creciendo la montaña de residuos en playas, que el mar sigue contaminándose, que existen tecnologías avanzadas que permiten introducir los lodos urbanos en el agua marítima, etcétera. 
Si nos fijamos en las instalaciones de tratamiento de residuos existentes en determinados puertos, se detecta una disminución de las entregas de residuos en lugar de un aumento. 
Oficialmente, los residuos se deben entregar conforme a las convenciones de Marpol y otras convenciones, aunque en la práctica esto no ocurre así. 
Este es el motivo por el que la Comisión ha acertado presentando una directiva que ha sido recientemente objeto de conciliación. 
Quizás debamos explicar en este sentido cuál ha sido el resultado de la negociación, ya que, al fin y al cabo, nosotros hemos participado en la iniciativa, lo que deberemos analizar de forma conjunta para que después podamos decidir en este Parlamento si la aprobamos o la rechazamos. 
El elemento clave fue, en definitiva, la financiación, lo cual no deja de ser importante. 
Tiene su importancia ya que esperamos que la implantación de un sistema de financiación, con independencia de las obligaciones existentes, fomente la entrega de residuos por parte de los barcos. 
Por este motivo hemos mantenido un prolongado debate con el Consejo y hemos contado con la valiosa ayuda de la Comisión para lograr que de alguna manera se integraran estímulos económicos en la directiva. 
El Parlamento había optado por un 90% que de alguna forma se recaudaría a través de las tasas portuarias. 
Durante la negociación celebrada en el seno del comité, se introdujeron matizaciones en el debate aunque finalmente se decidió aceptar la propuesta. 
El Consejo decidió no incluir la palabra "significativo" ni mencionar ningún porcentaje. 
Sin embargo, al final resulta importante tratar este tema, teniendo en cuenta la cláusula de revisión que se había debatido en una fase anterior. 
¿Por qué resulta importante este porcentaje? 
Por la sencilla razón de que sin mantenemos el principio de que el que contamina paga, los barcos pueden pagar en puerto u optar simplemente por verter los residuos en el mar. 
Se puede decir que este principio no resulta efectivo en este caso. Por este motivo lo hemos desestimado y opinamos que la recogida se debe producir tal y como se indica en este momento. 
El porcentaje del 30% sobre el que se ha alcanzado un acuerdo, tal y como se interpreta al menos en la declaración de la Comisión, puede contar con nuestra aprobación, teniendo en cuenta la cláusula de revisión que también se ha aprobado y habiéndose acordado que, transcurridos tres años de la entrada en vigor de la directiva, se efectuará una nueva evaluación y se analizará si se ha producido un aumento en las entregas de residuos o si la situación da lugar a una posible ampliación del porcentaje o revisión del sistema. 
Nos podemos mostrar de acuerda con esta postura. 
Quizás debamos indicar que hemos sido capaces de alcanzar un consenso acerca del 25% de inspecciones que pretendíamos y en lo que respecta a una disposición referida a los retrasos que puedan producirse en la entrega de residuos, en lo que prevalecerá principalmente la legislación nacional. 
Se han contemplado algunas excepciones para embarcaciones pequeñas, basadas sobre todo en el número de pasajeros en lugar de la eslora: doce. 
Esto significa que no tienen obligación de presentar una declaración aunque obviamente sí deben entregar los residuos. 
Los puertos pequeños van a tener que realizar un esfuerzo considerable en el futuro inmediato para cumplir lo dispuesto en esta directiva. 
Por último se puede decir que, en lo que respecta a los barcos de vela tradicionales para los que, en principio, propusimos que quedaran exentos mediante la elaboración de una lista específica, hemos acordado aprobar la inclusión de la convención de Marpol en relación con las aguas residuales. 
De nuevo quiero expresar mi agradecimiento a todos y, en especial, a mis colegas. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimados colegas, el Grupo del PPE apoya con una reserva si bien con alegría el resultado, pues a la postre la nueva directiva supone un avance para la protección de los mares y para unas condiciones marco justas entre los puertos en la Unión. 
La importancia de la directiva radica en primer lugar y preferentemente en que todos los Estados miembros se comprometen a garantizar por fin en todos los puertos en los que sea necesario la construcción en el plazo de dos años de instalaciones portuarias receptoras de desechos. 
Además, se obliga a los capitanes a hacer uso de tales instalaciones. 
Espero que en base a estas dos obligaciones se reduzca el vertido ilegal de desechos en los mares y mejore la protección ambiental de los mares y también la competencia entre los puertos. 
Creo que el procedimiento de conciliación ha tenido al final éxito pues hemos logrado que los barcos, con independencia del uso real que hagan de la instalación, tengan que realizar una aportación esencial a los costes. 
Como Parlamento habríamos preferido que se hubiese aceptado nuestra exigencia de que "esencial" supone al menos el 90% pues de este modo no existiría ya ningún estímulo financiero para seguir vertiendo sencillamente los desechos al mar. 
Pues, en cualquier caso se pagarían los costes, es decir, se podrían utilizar también las instalaciones. 
Pero el Consejo no ha logrado ponerse de acuerdo sobre esta regulación consecuente no special fee: de ahí nuestra reserva frente a esta regulación. 
Esperamos que si los vertidos continúan haciéndose al mar, la Comisión proponga una enmienda cuando se realice la revisión en tres años. 
Sin embargo, señora Vicepresidenta, estamos satisfechos de que con su declaración- que a la postre es esencial -, se haya establecido por así decirlo al menos un 30% de coincidencia de opinión entre el Consejo y el Parlamento y esperamos que el Consejo trate también su declaración del modo correspondiente. 
En segundo lugar, tal como ha expuesto ya mi colega, hemos logrado otros dos éxitos en el sentido de la protección de los mares y de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Pues, en primer lugar, hemos establecido que el 25% de todos los buques mercantes sean controlados realmente en lo que se refiere a una eliminación adecuada de los desechos; MARPOL está muy bien, pero no si sólo se encuentra en la estantería de libros. 
Sólo si se controla realmente si se ha realizado la eliminación se protegerán los mares. 
También hemos sometido a presión a los Estados miembros para que cumplan realmente su obligación de construir las instalaciones portuarias receptoras de desechos: hemos logrado que los Estados miembros tengan que indemnizar para el caso de que los barcos tengan que permanecer innecesariamente en los puertos sólo porque no existen instalaciones receptoras de desechos o porque sean insuficientes. 
Por tanto, los barcos tendrán que pagar pero también estarán protegidos. 
Señor Presidente, para finalizar quiero felicitar en nombre de mi Grupo político al presidente de la comisión, el Sr. Hatzidakis, y al ponente, el Sr. Bouwman, por el modo en que han llevado las negociaciones. 
Muchas gracias, señor Jarzembowski, me habría sorprendido que el Sr. Piecyk no hubiese querido intervenir ahora durante tres minutos. 
Señor Presidente, y a mí me habría sorprendido que usted no hubiese seguido dirigiendo esta sesión. 
Se trata de un buen día para los mares en Europa y también para usted personalmente, señor Presidente, pues sé que es un apasionado submarinista. 
Si puede bucear en Europa en aguas aún más limpias nos alegramos todos juntos. 
Pero se trata en primer lugar de los mares. 
Creo que nos podemos felicitar recíprocamente. 
Podemos felicitar al ponente, Theo Bouwman y también a la delegación pues hemos logrado mejorar una directiva o una posición común del Consejo en aspectos esenciales. 
Se había aguado y creo que el Parlamento ha logrado que se establezcan unas normas claras, además para todos. 
Primero: se ha dicho que todos los puertos deben disponer de instalaciones para desechos y residuos de carga. 
Segundo: todos los barcos tienen que pagar, además independientemente del uso real que hagan. 
Este es realmente el nuevo principio que se ha introducido aquí. 
No se trata de sumas pequeñas sino importantes. 
Está claro que con un 30% no se puede estar satisfecho al 100%. 
Está totalmente claro. 
Sin embargo, con el 30% se ha introducido y establecido el principio "sistema libre de tasas especiales". 
Sin duda, puede aún mejorarse pero nadie puede eludir este principio. 
Tercero: todos tienen que controlar al menos el 25% de los barcos. 
En este sentido, creo que debemos instar a los Estados miembros para que vayan más allá del 25%. 
Debemos animarles a una competencia para controlar más. 
Hemos constatado con tanta frecuencia en los buques que se encuentran en los puertos- p. ej., en el caso del "Erika" u otros barcos- que el control es una de las cuestiones decisivas. 
Si no se llevan a cabo, todas las demás regulaciones no sirven de nada. 
El sentido de estas directivas es que la eliminación delictiva de residuos en alta mar ya no merezca tanto la pena como era el caso en tiempos anteriores. 
También creo que la contaminación de los mares no se debe seguir considerando como un delito menor. 
Los mares de Europa van a estar más limpios beneficiándose de ello la flora y la fauna así como la pesca. 
Esta directiva beneficia también en gran medida al turismo, pues sin unas playas limpias apenas se puede mantener el turismo. 
Por ello, se trata de un buen día para los mares de Europa y también para usted, señor Presidente. 
Señor Presidente, señora comisaria, colegas, desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el Parlamento Europeo goza de capacidad de co-decisión en temas de transporte, entre otros asuntos. 
De este modo, las diferencias de criterio entre el Consejo y el Parlamento que se producen con regularidad ya no se deben solucionar unilateralmente. 
Este procedimiento ha demostrado que no se trata de un planteamiento teórico. 
Las condiciones para el vertido de residuos por parte de las embarcaciones en los puertos comunitarios se han sometido a un intenso debate. 
El Parlamento ya manifestó en el pasado que no se podía obviar una serie de elementos. 
Afortunadamente, el Consejo ha admitido mayoritariamente la conveniencia de estos aspectos, en algunos casos tras ejercer cierta presión. 
Sin embargo, hasta el último momento se han mantenido las diferencias en torno a un punto: las contribuciones propias de las embarcaciones a los gastos de recogida de residuos. 
El Parlamento Europeo mantenía el criterio de que el usuario debía correr con la mayor parte de los gastos que ocasionaba. 
En este sentido debía existir la posibilidad de aplicar tarifas diferenciadas para no fomentar los vertidos ilegales en ningún caso. La conclusión fue un porcentaje de aportación propia muy superior al 50%. 
Si observo el resultado de la negociación, el porcentaje acordado no se parece en nada al planteado. Lamento esta circunstancia. 
Sin embargo, opino que el mero hecho de citar un porcentaje constituye un paso en la dirección adecuada. 
Por este motivo aprobaré este informe, aunque no de forma categórica. En este sentido quisiera agradecer el gran esfuerzo realizado por el ponente en esta labor. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, es tal vez la primera vez que hablando en este Parlamento no tengo que expresar ninguna inquietud o preocupación a propósito del objeto de debate, porque estoy plenamente de acuerdo con el resultado de la conciliación y quisiera felicitar tanto al Sr. Bouwman, y a los demás colegas que han participado en la comisión de conciliación, como a la Sra. de Palacio y sus servicios, porque todos juntos hemos trabajado y hemos obtenido este positivo resultado para los ciudadanos de Europa. 
Pienso que el resultado de nuestro trabajo se pone en última instancia al servicio de la calidad de nuestros mares, al servicio del turismo, al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. 
Es un paso adelante. 
Pienso que defendemos así el medio ambiente más eficazmente de lo que lo hacíamos hasta ahora; sin que, naturalmente, yo excluya que pueda hacerse mejor. 
Pero aquí estamos; si comprobamos que el sistema no funciona tan eficazmente como creíamos que podía funcionar, podemos revisarlo. 
Quisiera decir, dada la oportunidad, ya que estamos ante una conciliación, que como presidente de la comisión habría deseado evitar en la medida de lo posible estos procedimientos. 
Para ello, sin embargo, es necesaria la colaboración del Consejo, que deberá abandonar la tradición de secretismo y hablar más abiertamente y colaborar mejor con el Parlamento, de suerte que avancen más rápidamente tanto el trabajo de la Comisión como el nuestro, especialmente en el ámbito de mi comisión, en el que hay muchos asuntos que afectan directamente a los ciudadanos. 
Espero que con la Presidencia francesa esta tradición cambie. 
Nosotros, en cualquier caso, estamos dispuestos a una colaboración más estrecha y a propiciar un progreso más rápido de todos nuestros trabajos, los del Consejo, los de la Comisión y los del Parlamento. 
Señor Presidente, señorías, como nuevo diputado que soy, he sido designado por primera vez miembro de la comisión de conciliación y debo confesar que he quedado satisfecho por este procedimiento, al ver a los representantes de las instituciones principales de la Unión Europea buscar el justo equilibrio, es decir combinar lo deseable y lo factible, tomando en consideración las condiciones y posibilidades reales, que no son, claro está, las mismas en todos los puertos de Europa. 
Especialmente en el capital asunto de las tasas, lo significativo es que se ha acordado, con excepciones razonables, una contribución de los buques- utilicen o no las instalaciones- a los costes de gestión de los residuos en un porcentaje que evitará que muchos puertos y buques puedan encontrarse en situaciones difíciles. 
Es evidente que de este modo se reduce sustancialmente el incentivo de verter residuos en alta mar y se le brinda a cada puerto la posibilidad de mantener una política de tarifas. 
No olvidemos, por ejemplo, que los puertos europeos del Mediterráneo tienen enfrente como competidores los puertos norteafricanos, circunstancia que no se da en los puertos del Báltico o del Mar del Norte. 
Por otra parte, se asegura la posibilidad de modificar el sistema de cobertura de los costes si durante los primeros años de aplicación se considera necesario. 
Lo esencial es que con la aprobación del plan común debatido entrará en vigor la directiva que protegerá nuestros mares y nuestras costas de la contaminación que causan los buques, y, además, mejoraremos la imagen de la Unión Europea como modelo por su política medioambiental, como ejemplo para todo el resto del mundo, con el sentido siempre de la medida. 
Señor Presidente, después de una lucha de muchos años vamos a tomar la decisión definitiva sobre las instalaciones receptoras que permitirán, entre otras cosas, reunir los residuos de petróleo en los puertos, en lugar de arrojarlos al mar. 
Al mismo tiempo resulta inquietante que hasta el final hubiese quienes se opusiesen a esta sensata medida. 
Esto lo demuestra el hecho de que se solicitase una tercera lectura, que se formase un comité de conciliación y que el Consejo de Ministros no demostrase gran interés en esta materia. 
Con esto digo también que lo que hemos conseguido hoy es un pacto. 
En la propuesta original los derechos portuarios cubrían casi todos los costes, de acuerdo al sistema existente en el mar Báltico. 
Esto significa que había una motivación para que los barcos dejasen sus residuos de petróleo en el puerto en lugar de arrojarlos al mar. 
Ahora, tan sólo una parte de los costes será cubierta de esta manera, mientras que una gran parte de ellos será un coste añadido para los navieros. 
En mi opinión, todavía falta ver los efectos de esta iniciativa. 
Creo que es muy importante que estemos preparados para seguir su desarrollo y para adoptar nuevas medidas si fuese necesario. 
Por eso serán muy interesantes la evaluación y el control de las naves del Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Bouwman, por los esfuerzos que ha dedicado durante tanto tiempo a las negociaciones de esta propuesta tan satisfactoria que- como han dicho todos los colegas que han intervenido hasta ahora- reducirá de manera drástica el volumen de desechos contaminantes que se arrojan ilegalmente en los mares que rodean Europa. 
Hagamos un alto y reflexionemos sobre la magnitud del problema. 
El Sr. Bouwman se ha referido, muy acertadamente, al Erika. Fue realmente una tragedia de enormes proporciones, con consecuencias importantes y quizá perdurables, pero el volumen de los vertidos intencionados de los buques petroleros a lo largo de nuestras costas hace palidecer la cantidad de crudo que derramó el Erika. 
Ése es precisamente el problema que esta propuesta en particular intenta atajar. 
Estoy encantado de que, al garantizar que los Estados miembros proporcionarán instalaciones adecuadas en todos sus puertos, sus buques y patrones estarán obligados a utilizarlos, que el sistema de tasas sea justo y equilibrado y, sobre todo, que el 25% de los buques sean inspeccionados para garantizar que se cumplen dichos requisitos. 
Acojo con especial satisfacción la revisión en un plazo de tres años, porque mi única preocupación es que los Estados miembros apliquen esta legislación que ahora han suscrito. 
Como de sobras sabrá el Sr. Jarzembowski, en varios Estados miembros, el Estado rector del puerto no inspeccionará el 25% de los buques. 
Si no han podido hacerlo hasta ahora, ¿cómo podemos saber que lo harán en el futuro? 
Éste es el reto al que deberemos enfrentarnos: garantizar que cumplen este acuerdo tan valioso que, ojalá, respaldaremos esta semana. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar a nuestra colega, Theo Bouwman, por el resultado, largo tiempo incierto, de este texto. 
Creo que es, en primer lugar, una gran fecha marítima. 
Algunos de nuestros colegas lo han señalado, constituye un acto preliminar para el paquete marítimo Erika, y en muchos aspectos propone solucionar un problema que es todavía más grave, es decir esos actos de piratería ecológica que se denominan "desgasificaciones" y que vierten en nuestras costas hidrocarburos y muchos residuos. 
También es una victoria del Parlamento sobre las reticencias del Consejo, por qué no decirlo, en la imposición de un sistema de tarificaciones que deriva del sentido común. 
El principio de que quien contamina paga no funciona para el caso, porque el que contamina no puede ser identificado. 
Por lo tanto, si queremos regular esta cuestión habrá que ir hacia un sistema de exacciones universal, obligatorio, ligado al acto del tratamiento de los residuos. 
Yo soy de los que, como parlamentario francés, he obrado incluso en contra de la sensibilidad de su gobierno en este expediente o en contra de sus reservas, para que este expediente tuviese éxito. 
Pero hace falta que ese compromiso no sea una escapatoria, que sea puesto en marcha y que es controle estrictamente su aplicación a nivel de los Estados miembros. 
A este respecto, quisiera expresarles la posición de un francés que ha obrado a pesar de las reticencias de su gobierno. Está claro que ese texto favorece hoy a los grandes puertos y desfavorece a los pequeños que no están equipados. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por este buen resultado. 
No es algo que acostumbre a hacer aquí en el Parlamento, pero, cuando hay motivos, expreso mis agradecimientos a los ponentes y a las demás personas que han trabajado en los informes. 
Como señalo mi colega el Sr. Stenmarck, conocemos este sistema a raíz de la cooperación báltica. 
Desde marzo de 1988 la Recomendación del Mar Báltico presupone la existencia de un sistema similar a éste. 
Sin embargo, quisiera decir que ciertas partes del acuerdo son decepcionantes desde la perspectiva báltica. 
También quisiera referirme a la ley aprobada en Finlandia en la que se dice que el monto de las tasas no debe depender de la cantidad de residuos que se depositen en los puertos. 
Desde el 1 de junio tenemos en Finlandia un sistema de tasas de esta naturaleza para los depósitos de residuos de petróleo. 
En este aspecto, el acuerdo nos ha decepcionado. 
En los últimos días nos han llegado informaciones que indican que, en relación con la eutrofia de las aguas, los vertidos intencionados o fortuitos de los buques constituyen la mayor fuente de contaminación en el mar Báltico. 
Estamos acostumbrados a que el principio de que quien ensucia paga no funciona tratándose del petróleo, pero hay problemas en cuanto a los elementos que afectan la eutrofia de las aguas. 
Somos conscientes de que las organizaciones portuarias europeas han presionado, ya que constantemente se han opuesto a esta propuesta. 
Por eso, a pesar de ello, el resultado es bueno. 
No obstante, el seguimiento que se haga será de extraordinaria importancia. 
La Comisaria ha reconocido su gran interés por los mares y por el medio ambiente. 
Es importante que el seguimiento sea realizado con seriedad para que se adopten medidas complementarias en caso de ser éstas necesarias. 
Éste es un primer paso, pero me doy cuenta de que es importante que las normas que rigen en el mar Báltico sean más duras, ya que éste es, quizás, el mar interior más delicado de Europa. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Bouwman, resultante de un largo procedimiento, se ha puesto de mayor actualidad en Francia como consecuencia del naufragio, sobrevenido entretanto, del petrolero Erika, durante el cual el ministro de medio ambiente competente no estimó necesario interrumpir sus vacaciones. 
Este informe participa positivamente en la prevención de la contaminación ya que trata de las instalaciones de desgasificación. 
Las desgasificaciones están menos mediatizadas que los naufragios, pero no por ello dejan de representar la mayor parte de las contaminaciones. 
Hay que reconocer, sin embargo, que una legislación comunitaria no sería necesaria si los Estados miembros de la Unión, que en su totalidad son partícipes de la Convención internacional para la prevención de la contaminación de los navíos, llamada Marpol, hubiesen adoptado las disposiciones necesarias. 
Tampoco es suficiente con acusar a los armadores o a los capitanes poco escrupulosos- ciertamente los hay- se debe tener en cuenta el hecho de que los vaciados portuarios son a menudo imposibles por la falta de las instalaciones necesarias y que asimismo el problema del almacenamiento es muy difícil de resolver, problema que plantea a su vez el del tratamiento de los residuos. 
Nos cuesta creer, por otra parte, que en una época en la que las instalaciones agrícolas son vigiladas por satélite, sea tan difícil atrapar a un barco desgasificando en pleno mar. 
Votaremos, no obstante, a favor de este informe porque parece ir en el sentido de una mejor prevención de la contaminación y que, queriendo ser general, deja a los Estados miembros cierto margen en la elección de los medios de aplicación. 
. Señor Presidente, señoras y señores diputados, para mí es una satisfacción participar hoy en el debate sobre la aprobación de la directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga. 
En primer lugar, como ya han hecho los anteriores oradores, quiero felicitar al ponente, Sr. Bouwman, por la magnífica labor realizada. Durante este tiempo, ha sido capaz de combinar firmeza, flexibilidad e inteligencia para obtener un resultado aceptable para todas las instituciones y que sirva para mejorar la limpieza de nuestros mares. 
Debo decir, por ejemplo, que este mismo verano una de las noticias en el país que mejor conozco, España, era que las costas del sur se veían afectadas por la contaminación producida por la limpieza de fondos de unos petroleros en aguas internacionales. 
Este es uno de los 100.000 casos que a lo largo del año se producen en las costas europeas. 
De lo que se trata es de ver cómo podemos, si no acabar totalmente- porque creo que para ello habrá que plantearse lo que es el Derecho del Mar que, en gran medida, arranca de lo que eran los mares en los siglos XVII y XVIII cuando nada tenían que ver con la situación actual -, sí paliar o limitar al máximo, donde tengamos la capacidad, estos efectos perniciosos para nuestros mares. 
Creo que hemos llegado a un punto que supone un gran avance y que mejorará sensiblemente el medio ambiente marino frente a la contaminación deliberada de algunos buques- porque no todos hacen este tipo de prácticas- en nuestras costas. 
Esta directiva cuenta en su versión actual con el apoyo de todo el mundo. 
Con el apoyo de los armadores porque les permitirá disponer de instalaciones para sus residuos, que en algunos puertos europeos ya existen pero lamentablemente no en todos, muy especialmente en los pequeños puertos, donde habrá que llevar a cabo una importante inversión por parte de los Estados miembros. 
Con el apoyo de los puertos, porque les permitirá evitar que sus inversiones en instalaciones de este tipo supongan una desventaja competitiva, como lamentablemente ha sido el caso algunas veces, pues hay puertos que hacían esfuerzos importantes y otros no. 
Con el apoyo de los sectores más sensibilizados por el problema de los residuos y la lucha por un desarrollo duradero. 
Creo que toda la Asamblea aquí presente y también los representantes del Consejo y de la Comisión nos podemos contar entre ellos, no sólo los ecologistas sino todas las personas preocupadas por este tipo de problemas. 
Entendemos que cuestiones como la planificación de la gestión de residuos, las obligaciones de entrega de los buques, la notificación previa, los controles- 25% de los controles- una tarificación que incentive la utilización de las instalaciones portuarias para limpiar los fondos de los buques, contribuirán necesariamente a reducir la contaminación marina. 
Y desde luego, cuenta con el apoyo de las tres instituciones, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, porque sabemos que supondrá algo positivo para nuestros ciudadanos. 
Hubiera sido lamentable que no hubiéramos sido capaces de obtener este acuerdo, deseado y esperado por todos. 
Quiero agradecer al Consejo su flexibilidad, su voluntad constructiva, y al Parlamento también, muy especialmente a su ponente, el trabajo realizado a lo largo de este tiempo y en la conciliación. 
La Comisión ha adquirido unos compromisos que han facilitado este acuerdo, que suponen especificar que "significativo" quiere decir que al menos un 30% de los costes de la limpieza de fondos portuarios debe estar cubierto de una manera general, se utilicen o no esas instalaciones portuarias. 
Y si a lo largo de los próximos tres años, vemos que en los Estados miembros las acciones no son suficientes y no se obtienen los resultados deseados, la Comisión se reserva la posibilidad de presentar una nueva directiva que establezca claramente el porcentaje mínimo que debe ser asumido por las tasas generales o por una tasa obligatoria de limpieza en los distintos puertos europeos. 
Es responsabilidad de la Comisión, también, verificar que ese control del 25%, otra pieza clave en esta directiva, será efectuado por los Estados miembros. 
Insisto, de nuevo, en mi agradecimiento a la Asamblea por mantenerse firme en la necesidad de un mecanismo reforzado de revisión del sistema de tasas, que indudablemente nos permitirá seguir adelante y hacer un estudio pormenorizado del desarrollo del sistema actual que hemos puesto en marcha y de las consecuencias para el medio ambiente. 
Señor Presidente, se ha dicho ya que, a lo largo de los debates, hemos padecido el impacto de la tragedia del Erika, pero la limpieza de fondos supone más de un Erika al año en las costas europeas. 
Por lo tanto, hoy damos un gran paso adelante. 
Eso no quita para que sigamos adelante en cuestiones relacionadas con los petroleros y la seguridad en el tráfico de materiales contaminantes, como el petróleo o sus derivados, cuestiones que esperamos que próximamente no sólo avancen en esta Asamblea y en el Consejo, sino también que se completen mediante iniciativas suplementarias que, según lo anunciado por la Comisión, se presentarán en fecha próxima. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión se interrumpe a las 11.55 horas y se reanuda a las 12.00 horas) 
Señora Presidenta, permítame abusar de su buena voluntad y de la buena voluntad del Parlamento durante un momento para dar la bienvenida a una delegación de Kazajstán que se encuentra en la tribuna oficial. 
Hoy y mañana estarán en el Parlamento para sensibilizarnos sobre el programa de pruebas nucleares del antiguo imperio soviético, que ha tenido un impacto no sólo grave, sino de enormes proporciones en su país. 
Entre los años 1949 y 1990 se han realizado 607 explosiones nucleares en la atmósfera. Estas explosiones han devastado por completo una parte de su país, y espero que el Parlamento les brinde una audición comprensiva en el seminario que celebrarán aquí esta tarde. 
Se enfrentan a enormes dificultades para llamar la atención del mundo sobre este antiguo problema soviético. 
Asimismo trataremos sobre los problemas del submarino que se hundió recientemente, otra parte del legado nuclear que nos ha dejado la Unión Soviética. 
Gracias Sr. Provan, saludo con mucho gusto a esta delegación. 
VOTACIONES 
Una colega desea intervenir en contra. 
Señora Presidenta, no puedo comprender qué es lo que quiere el PPE. 
Entiendo que la posición de algunos diputados es contraria a la directiva que vamos a votar, pero la votación en la Comisión de Libertades Públicas fue de clara mayoría a favor de esta directiva. 
Esta mañana hemos tenido un debate muy fructífero con el Comisario y yo creo que, casi un año después de la cumbre de Tampere, no aprobar la primera propuesta de directiva de armonización en materia de justicia e interior en el campo de la inmigración que nos presenta la Comisión resultaría inexplicable y no hay ninguna razón para ello. 
Entiendo que hay diputados cuya posición es completamente contraria al derecho de los inmigrantes a vivir en familia, pero no es la posición mayoritaria de esta Asamblea, tal como quedó reflejado en la Comisión de Libertades Públicas. 
Por tanto, pido que se siga adelante con la votación de esta propuesta de la Comisión. 
Gracias, Señora Terrón i Cusí. 
Propongo a nuestro ponente, si así lo desea, que se exprese. 
. 
(EN) Señora Presidenta, me opongo a la devolución a comisión. 
Hago constar que nadie del grupo del Sr. Gollnisch planteó en ningún momento en comisión ninguna pregunta sobre la definición de reagrupación ni de la familia ni del control. 
Este asunto ha sido debatido plenamente en comisión y ha sido debatido aquí en el Pleno esta mañana. 
No veo ningún motivo por el que no debamos proceder a la votación. 
Le debo una disculpa, señora Presidenta, porque sospecho que no tiene delante la opinión del ponente sobre todas las distintas enmiendas. 
Si es así, estaré encantado en explicar a la Asamblea, antes de la votación, cuál es mi posición con respecto a las enmiendas presentadas en comisión. 
Pero en lo que respecta a las enmiendas presentadas en el Pleno, debido a que han sido objeto de un debate de última hora, las dejaré todas ellas al buen criterio de la Asamblea. 
Gracias, Señor Watson. 
Está muy claro. 
(El Parlamento rechaza la solucitud de devolución a la comisión) 
Antes de la votación sobre la propuesta de la Comisión. 
Señora Presidenta, perdone que interrumpa pero quiero plantear una pregunta al Sr. Vitorino antes de pasar a la votación final. 
Usted ha dicho esta mañana que va a apoyar la enmienda nº 19 cuando se vote aquí sobre la misma. 
Solamente quiero tener la confirmación de que va a recoger realmente esta enmienda nº 19. 
Señora Presidenta, quisiera preguntar al Sr. Comisario si podría darnos a conocer, antes de la votación final sobre la resolución legislativa, cuáles son las enmiendas que aceptará de entre aquéllas aprobadas esta mañana por el Parlamento. 
Señora Presidenta, antes de la votación querría dirigirme a usted y solicitar que, visto que un Grupo político que no participó en las negociaciones para el texto de transacción ha firmado dicho texto, diera las instrucciones oportunas al servicio correspondiente de la administración para que esta corruptela no se vuelva a producir. 
Hay que admitir el derecho de todos los grupos a expresarse en el Pleno, pero el texto, en principio, es de los grupos que lo han negociado. 
Si alguno se quiere sumar a él se requiere el acuerdo de todos los grupos que han elaborado el texto de transacción. 
Señora Presidenta, el procedimiento de compromiso es un procedimiento ad hoc que no forma parte de las reglas de nuestro Parlamento. 
Sin embargo, una vez que un texto ha sido presentado, corresponde secundarlo a todos los parlamentarios que lo deseenº. 
En consecuencia, creo que la objeción planteada por el presidente Barón Crespo no se sostiene. 
Señora Presidenta, los diputados y los grupos tienen la posibilidad de expresarse en el Pleno, pero la propuesta es de los que la han realizado y no debe ser objeto de una apropiación indebida, que puede originar confusión sobre un tema tan importante y sobre posibles alianzas no deseadas con la extrema derecha. 
Señor Barón Crespo, como usted sabe, no existe un artículo del reglamento que precise este detalle, pero es costumbre que aquellos que han presentado el texto acepten la firma. 
Es la costumbre que siempre ha estado en vigor en nuestro Parlamento. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común1 sobre las prioridades de la Unión en materia de acciones exteriores 
(El Parlamento adopta la resolución) 2 
Propuesta de resolución común3 sobre la creación de un Observatorio de mutaciones industriales 
Antes del comienzo de la votación 
Señora Presidenta, me gustaría preguntar a los colegas del Grupo PPE y liberal si pretenden mantener su propuesta de resolución. 
Ésta contiene efectivamente contrasentidos flagrantes y tiene una guerra de retraso. 
La discusión que mantuvimos ayer por la noche ha puesto de manifiesto que tanto la Comisión como el Consejo apoyan la creación de un Observatorio de mutaciones industriales. 
De hecho, usted, señora Presidenta, lo pidió en nuestro nombre a todos en el Consejo Eropeo de Lisboa. 
No podemos votar una resolución en la cual los Grupos dicen que ni el Consejo, ni la Comisión aprueban la idea de la creación de un Observatorio europeo de las mutaciones industriales. 
Es un flagrante contrasentido y creo que en buena lógica, los dos Grupos deberían retirar su propuesta de resolución. 
No veo indicios en ese sentido. 
Sí, Señora Plooij-van Gorsel, tiene la palabra. 
Señora Presidenta, los acontecimientos que se han producido en torno al informe Bowman demuestran lo poco clara que resulta la toma de decisiones en Europa y los complejos compromisos a los que lleva. 
El Parlamento se encontraba dividido entre partidarios de dos soluciones diferentes. 
Finalmente, se logró una mayoría a favor de una de dichas soluciones, una mayoría a la que también pertenecía el grupo de Izquierda Unida Europea. 
En un contexto administrativo normal, el dictamen del Parlamento sería la conclusión definitiva pero no así en la Unión Europea. 
Aquí se deben producir una conciliación. 
El procedimiento de conciliación entre el Consejo y el Parlamento ha desembocado en un compromiso bastante insignificante si no se tiene en cuenta la declaración de la Comisión. En dicha declaración se indica cómo explica la Comisión la palabra "sustancial" del artículo 8, apartado 1. 
Sustancial parece referirse en este caso al 30%, aunque no pueda indicarse así en el texto. 
Desde el principio, la lucha se planteó entre el 90% que reclamaba la mayoría y el 0% de la minoría. Esto nos ha llevado a un porcentaje que se encuentra más cercano al 0 que al 30 y que, además, no puede citarse abiertamente. 
Todos estamos en este momento de acuerdo en que los residuos y los resto de carga de los barcos no deben acabar en el mar, aunque existen grandes diferencias en torno al modo en que se debe producir la recogida de los residuos de los barcos y, especialmente, en torno al modo en que se debe financiar esta labor. 
En la zona del Mar del Norte y del Mar Báltico, se prefería que la financiación procediera de una tasa general para todos los barcos que evitara que se produjera una ventaja económica por no entregar los residuos en los lugares designados a tal efecto de forma oficial. 
Por el contrario, alrededor del Mediterráneo se prefería que se pagara en función de la cantidad de residuos recogidos. 
En lugar de desarrollar ambos sistemas por separado y comparar las consecuencias medioambientales de ambos, se trata de llegar de forma forzada a una solución unitaria. 
De este modo se perjudica el modelo nórdico. 
Sería mejor si se estableciera una regulación por mar en lugar de una para toda la Unión. 
Sin la Unión Europea, hubiera resultado más sencillo establecer una regulación entre grupos independientes de países en función del mar. 
En este caso, la existencia de la Unión Europea no ha resultado productiva a la hora de hallar una solución común que tenga efectos transfronterizos. 
Sin embargo, mi Grupo ha votado a favor porque considera que esta normativa es mejor que nada. 
Espero que dentro de algunos años se produzca una revisión que permita lograr los objetivos iniciales establecidos en el informe Bouwman. 
Señora Presidenta, a los pensionistas y a las personas mayores les gusta que el mar esté limpio y, por lo tanto, como representante de los Pensionistas en este Parlamento, he votado a favor de la directiva orientada a convertir el mar en más limpio, especialmente cerca de los puertos. 
Todavía guardo en la memoria lo que me sucedía cuando siendo joven me bañaba en el mar en Génova, mi ciudad natal, y a menudo volvía a la playa lleno de alquitrán como el personaje de tebeos, Calimero, que siempre está todo negro y justamente se queja de ello. 
Con esta directiva por fin se organiza la recogida de residuos de los barcos cuando atracan en los puertos, y esto es algo positivo. 
He votado a favor, aunque habría sido mejor regular lo que sucede en los puertos del Mediterráneo de los demás países. 
A través del programa MEDA, por ejemplo, se dan muchas ayudas a los países de la cuenca del Mediterráneo: también a ellos se les debería pedir que organizaran la recogida de residuos en sus puertos. 
. (FR) He tenido ya la ocasión de manifestarme durante el período de sesión plenaria de marzo sobre este asunto que, en esa fecha, estaba muy candente ya que el debate sobre la seguridad marítima tras el naufragio del Erika era de lo más agitado. 
Hoy, si bien las discusiones se llevan de manera más serena, no son por ello menos importantes. 
En efecto, los ciudadanos europeos están profundamente preocupados por la contaminación de los mares y de las costas de los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo se ha hecho eco de esta legítima preocupación y ha enmendado la directiva que proponía la Comisión Europea sobre la gestión de los residuos de los barcos para concienciar a los Estados miembros. 
De esta manera, sugirió como alternativa el principio de quien contamina paga, principio del cual sólo podemos constatar su ineficacia, la instauración de un sistema de pago de un canon para todos los barcos cada vez que pasen por puerto, hagan uso o no de las instalaciones de almacenamiento de residuos. 
Este canon serviría para financiar en un 90% tales instalaciones. 
Este sistema incitaría a los barcos a descargar sus residuos en los puertos y no a desgasificar en pleno mar. 
Era evidente que el Consejo no iba a aceptar tal propuesta. 
Las discusiones han continuado consecuentemente en el seno del Comité de conciliación. 
El acuerdo al que llegaron los negociadores del Parlamento europeo y el Consejo es el siguiente: todos los barcos que hagan escala en un puerto comunitario ahn de contribuir de manera significativa (la Comisión, en una declaración aneja, considera que esto representa al menos un 30% de los costes) , se haga uso o no de las instalaciones. 
La parte de los costes que, llegado el caso, no esté cubierta por el canon, sería sufragada sobre la base de los tipos y de las cantidades de los residuos de explotación efectivamente depositados por el navío. 
Además, en los tres años siguientes a la implantación de la directiva la Comisión someterá un informe de evaluación del impacto de la diversidad de recaudación de los costes sobre el medio marino. 
A la luz de esta evaluación, someterá, en caso necesario, una propuesta de enmienda de la presente directiva, introduciendo un sistema que prevea el pago por parte de todos los barcos que hagan escala en un puerto comunitario, utilicen o no las instalaciones de recepción, de un porcentaje apropiado que cubra al menos un tercio de los costes de las instalaciones portuarias de recepción. 
Estoy satisfecho del compromiso al que hemos llegado. 
Esta directiva constituye un paso significativo en el establecimiento de una estrategia más eficaz para la protección de los espacios marinos. 
. - (FR) Estamos hoy aquí en la última etapa de la elaboración de esta propuesta de directiva, y, aunque el resultado de la conciliación no me satisface completamente, no puedo sino aprobar este compromiso que, hay que reconocerlo, honra al Parlamento Europeo, su dominio y madurez con respecto al procedimiento legislativo de la Unión Europea. 
Efectivamente, consciente de lo intempestivo de las salvajes desgasificaciones en el mar, o incluso del inadmisible comportamiento de ciertas tripulaciones que se aprovechan de un trágico accidente para descargar sus residuos adicionales con total impunidad, agravando así la contaminación marina, la Comisión Europea propone concentrar su actuación sobre las instalaciones de los puertos europeos. 
Se debe equipar todos los puertos de instalaciones susceptibles de atender los residuos de los barcos y al mismo tiempo, hacer soportar a todo barco que haga escala en uno de esos puertos los gastos de recepción y de tratamiento de residuos (en un 90% para el Parlamento pero, finalmente, tras el compromiso con el Consejo, en al menos un 30%) , utilice o no utilice las instalaciones. 
Se trata aquí de un primer paso en el reconocimiento del principio del "que contamina paga". 
Paso- cuán necesario- pero todavía insuficiente. No nos engañemos. 
Si tenemos verdadero interés en limpiar los océanos, y en preservar el equilibrio natural para las futuras generaciones, deberemos pensar en medidas más radicales, particularmente en el nivel de financiación de estas instalaciones y en la necesidad de evitar distorsiones de la competencia entre puertos. En una palabra, deberemos pensar en un verdadero servicio público de tratamiento de los residuos. 
Por el momento, no puedo sino recomendar a nuestro Parlamento la aprobación los resultados de esta conciliación. 
Señora Presidenta, he votado a favor. 
Cuando este verano viajé a Turquía como turista para visitar la ciudad descubierta por Schliemann, la mítica Troya de la Ilíada, se me acercó un viejo pensionista turco que me había reconocido y que acompañándome durante la visita a las ruinas de Troya me preguntó: " ¿Por qué, al debatir la directiva Morillon, no se han aceptado las enmiendas en que se instaba a Turquía a no construir centrales nucleares o por lo menos a hacer todo lo posible para que no contaminen, a resolver el problema de los kurdos, a abrogar la pena de muerte? 
¿Por qué no se incluyeron claramente estos puntos en el texto? " 
Esto es lo que, en parte, reprocho al texto que hemos votado. 
Señora Presidenta, no he votado a favor, pues considero que las ayudas no están vinculadas adecuadamente ni a un verdadero cambio del Estado turco, ni a una verdadera protección de los derechos humanos, ni tampoco a una verdadera protección de las minorías. 
Cierto que hay que ayudar a los países que necesitan ayuda, pero, por otro lado, es oportuno pedirles previamente que respeten lo que he mencionado. 
. (EL) El Parlamento Europeo debe insistir en las tres enmiendas: 
por la exclusión de la energía nuclear de las zonas de Turquía más expuestas a terremotos, en relación con el sistema productivo; 
por la protección de la identidad cultural y la abolición de la pena de muerte; 
por la contribución a la solución del problema kurdo. 
Por ello he votado a favor de estas enmiendas. 
Creo, sin embargo, que el Parlamento Europeo debería haber insistido en su posición sobre las enmiendas de la primera lectura, Artículo 5 (criterios para la integración de Turquía) , Artículo 15 (suspensión de la colaboración con Turquía en casos de obstáculos en asuntos de democracia, estado de derecho, derechos humanos, protección de minorías) , Artículo 35 (Informe anual sobre observancia del derecho internacional y protección de los principios democráticos, del estado de derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales). 
Desgraciadamente, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo se ha sometido a las presiones del Consejo, que promueve en sus relaciones con el régimen de Turquía una realpolitik, sin principios, que priva a los ciudadanos turcos del impulso democrático que podría alentar la Unión Europea. 
. - (FR) La integración de Turquía en la Unión Europea, evidentemente, interesa en grado máximo al gran capital europeo, del cual, las instituciones europeas, el Parlamento incluido, ejercen de portavoces. 
El Parlamento Europeo podría al menos aprovechar el deseo mutuo del gobierno turco de entrar en la Unión Europea para exigir medidas tan básicas como la abolición de la pena de muerte, las libertades democráticas o el cese de la represión del pueblo kurdo. 
Pero, incluso en estos campos, el informe utiliza fórmulas tan edulcoradas que ya no significan nada, con la preocupación explícita de no "herir ningún tipo de sensibilidad". 
La sensibilidad que sobre todo no hay que herir, es la del estado mayor turco que bombardea, arrasa y tortura la región de población kurda. 
Y, mientras el ponente del Parlamento se esfuerza en buscar la manera de mencionar los derechos humanos sin incomodar a los militares a los cuales les molesta, un consorcio franco-germano-belga que se dispone, como viene de revelarlo la prensa, a entregar a Turquía una fábrica de municiones. 
Esto muestra infinitamente mejor la verdadera naturaleza de las relaciones entre el gran capital europeo y la dictadura turca que todas las nimiedades sobre las que nos piden que nos pronunciemos. 
por escrito. - (FR) El Parlamento Europeo llega a altas cotas de hipocresía en este período de sesiones. 
Ustedes van a aprobar, en el plazo de 24 horas, un paquete financiero de varias decenas de millones de euros para Turquía y condenar a esa misma Turquía por haber bombardeado, violando el espacio aéreo de otro país, ¡Las poblaciones kurdas del norte de Irak! 
Y cuando digo condenar, exagero mucho el alcance no sólo del texto sino también de sus intenciones. 
Nos preguntamos dónde está el respeto a los derechos humanos, que ustedes usan para todo, y que debe condicionar toda ayuda o cooperación de la Unión europea. 
En este caso, parece que haya caído en el olvido y que su conciencia sea de geometría variable. 
Sería hora de acomodar sus actos con sus palabras. 
Sería un cambio para ustedes y, sobre todo, daría más coherencia y autoridad a las políticas europeas. 
Informe Schörling (A5-0196/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor de este informe que introduce la evaluación ambiental estratégica, es decir, una atención especial a los problemas del medio ambiente en el momento en que se construyen grandes obras, porque considero positivo todo lo que va dirigido a la belleza de la naturaleza, la belleza de los paisajes, etcétera. 
Esto es importante también para los pensionistas. 
Respecto a las grandes obras que los Estados deciden realizar, se debería dejar que el Estado afectado tomara la decisión, sin regular demasiado la materia, de evaluar si la gran obra es o no es correcta desde el punto de vista del respeto a la naturaleza. 
Y esto porque las grandes obras deben realizarse rápidamente y los pensionistas ya entrados en años no tienen tiempo de esperar demasiado. 
Hace casi cinco años que este texto ronda por el laberinto de los procedimientos. 
Si no hemos apoyado la enmienda encaminada a rechazar la directiva, no ha sido, evidentemente, para recompensar a quienes en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento han trabajado durante años en este texto. 
No estamos aquí para legitimar los deseos, con frecuencia extravagantes, de la tecnocracia bruselense de legislar sobre todo y cualquier cosa. 
Si hemos rechazado esta enmienda, ha sido porque las empresas necesitan un marco claro para actuar. 
Así, pues, su rémora es el ámbito de aplicación, es decir, la propia formulación de los "planes y programas". 
La parte obligatoria del ámbito de aplicación versa sobre los planes y programas que enmarcan autorizaciones de proyectos en los sectores de la agricultura, el bosque, la pesca, la energía, la industria, los transportes, la gestión de los desechos, la gestión del agua, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio y el urbanismo. 
Convengo en que la protección del medio ambiente y su consideración es una necesidad e incluso una obligación, pero nuestros Estados, en nombre de la subsidiariedad, ya no están en condiciones de garantizarlo, por lo que no vamos a apoyar las enmiendas encaminadas a ampliar el ámbito de aplicación, que debe quedar limitado exclusivamente a los planes y programas susceptibles de tener incidencias significativas. 
Qué cansino resulta observar que por todos lados se intenta siempre de forma sesgada conceder más competencias a la Unión en detrimento de los Estados. 
En este caso, el ponente, con el pretexto de una preocupación medioambiental, quiere ocuparse de todas las políticas de los Estados. 
No hay que poner en entredicho el interés de una consideración del medio ambiente en la evaluación de las políticas, pero resulta inconcebible aplicarles el mismo procedimiento y sobre todo por imposición de la Unión Europea. 
Tenemos confianza en nuestros Estados y defendemos la posición común; la coartada del "medio ambiente", que no es otra cosa que un instrumento de la confiscación de la Unión en todas las esferas, aquí denominadas "políticas". 
Conocemos perfectamente las competencias de la Unión al respecto y conocemos su arsenal: utilizar el medio ambiente para poder infiltrarse por doquier, ? pasando de nuestras conducciones de agua a la dirección de nuestras políticas nacionales! 
Nos oponemos. 
Francia ha precisado claramente, como varias otras delegaciones, que no deseaba que se ampliara el ámbito de aplicación a las políticas nacionales. 
Informe Valdivielso de Cué (A5-0204/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe del Sr. Valdivielso de Cué sobre el nuevo reglamento del programa MEDA. 
Estoy totalmente a favor- y no sólo porque estoy aquí en representación de Italia- de todas las iniciativas que unen entre sí a todos los países del Mediterráneo; es más: confío en que se aumente la dotación financiera del reglamento MEDA. 
Dentro de mis posibilidades, he constituido una confederación de partidos de los pensionistas de los Estados del Mediterráneo para recalcar la importancia del Mediterráneo para Europa y para los países limítrofes con Europa, ya que también los países de África y de Oriente ribereños del Mediterráneo limitan con Europa. 
Por esto he votado a favor. 
. (EL) La política de la UE para los países mediterráneos tiene como objetivo no el desarrollo de estos países, sino el aumento de la influencia del capital europeo. 
El programa financiero MEDA está al servicio de dichos objetivos. 
La creación de una Zona euromediterránea de libre cambio no tiene otro fin que facilitar la penetración de los productos industriales en los mercados de estos países, y al mismo tiempo entregar las riquezas de los países mediterráneos a la voracidad del capital europeo. 
La invocación al fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos no es sino el acostumbrado pretexto de la UE para intervenir en los asuntos internos de otros países. 
Loa ajustes estructurales que se refuerzan a través del MEDA se proponen principalmente imponer a estos países las llamadas leyes del mercado, el dominio de los económicamente más fuertes. 
El resultado final será que estos países se hundan aún más en el subdesarrollo y se conviertan en satélites de la UE, dados los desiguales acuerdos de asociación. 
El Partido Comunista de Grecia es partidario de la cooperación entre los pueblos en condiciones de igualdad y sin intervención de unos países en los asuntos internos de otros. 
Subraya particularmente la responsabilidad de los países capitalistas desarrollados en la situación actual de los países subdesarrollados, que es el resultado de la rapiña de la que hasta hoy han sido y siguen siendo objeto. 
Esto constituye un motivo más de obligación de los países desarrollados; obligación de ayudar a los países subdesarrollados a desarrollar su base productiva y elevar el nivel de vida de sus habitantes. 
Dado que tanto el anterior programa MEDA como las enmiendas que se proponen están muy lejos de estas consideraciones, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia votamos en contra del informe del Sr. Valdivielso de Cué. 
Europa se va a ampliar al Este. Está escrito en su Agenda 2000. 
Pero Europa tiene una frontera líquida al Sur y eso está escrito en su geografía. 
Por allí, al sur de Italia y al sur de España, le llegan barcos y balsas. 
Van cargados y abarrotados de albaneses, turcos, musulmanes, hombres, mujeres y niños de todos los países del contorno del Mediterráneo. 
Es una oleada: el rompiente. 
Va a aumentar de año en año y Europa va a verse sumergida, aun cuando en El Ejido, en 1999, y en algunos otros escasos puntos, se produzca la reacción de la tierra de los sedentarios contra la oleada de los nómadas. 
Por no desear el roll back y no lograr realizar el containment, los dirigentes europeos intentan fijar, lógicamente, a los nómadas antes de su partida. 
Y en eso consiste todo el programa de sentido común de MEDA. 
Esa política mediterránea de Europa, esbozada en la Cumbre europea de Cannes en junio de 1995, instaurada por la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995, con el nombre de colaboración euromediterránea y aplicada mediante el Reglamento MEDA, de 23 de julio de 1996, descansa sobre varios proyectos de inversiones regionales y nacionales. 
Es poco: 3.300 millones de euros de 1995 a 1999, desde Marruecos hasta Gaza y Cisjordania, aunque añadiendo los 3.600 millones de préstamo del BEI, obtenemos un esfuerzo financiero superior a los 4.400 millones de euros del Banco Mundial. 
Es poco, no sólo porque, en realidad, esos 3.600 millones de compromiso de créditos se reducen, en realidad, a un pago colectivo limitado a 648 millones de euros, sino también porque esa operación no es la idónea para la amplitud del problema. 
Cierto es que está bien haber pasado de ayudas bilaterales a un planteamiento global, multilateral. 
Cierto es que MEDA II, para el período 2000-2006, aumenta los créditos en no menos del 47,1 % para pasar a un plan financiero de 8.500 millones de euros. 
Los labradores europeos se contentarían con un aumento dos veces, tres veces, menos importante. 
Pero una política mediterránea no es eso. 
No consiste en programas y más funcionarios en Bruselas para gestionarlos. 
Una política mediterránea a la altura del desafío demográfico, medioambiental, climático, islámico y cultural es una gran visión estratégica que fije, integre, estabilice y ordene el Mediterráneo en torno a instituciones originales e intergubernamentales con grandes sectores comunes por explorar: agua, medio ambiente, migraciones, desforestaciones, etc. 
En esas condiciones, y con un método e instituciones integradas como una Alta Secretaría del Mediterráneo, se podrá hablar de presupuesto, ya que habrá proyectos estratégicos y no una diversidad de proyectos técnicos dispersos. 
Pero hay que actuar aprisa, muy aprisa, antes de que a la Europa colonizada sólo le quede por compartir una decadencia de pueblos desculturalizados. 
- (DE) La cooperación entre la UE y los Estados ribereños del Mediterráneo contiene una serie de elementos positivos. 
Se debería desarrollar y profundizar. 
El informe sobre la reforma del programa MEDA apunta sin embargo en muchos aspectos en la dirección errónea. 
La Unión Europea está obsesionada en concluir Convenios de librecomercio con los países del sur del Mediterráneo que, paradójicamente, sólo liberalizan unilateralmente. 
Tales convenios repercuten de un modo especialmente negativo sobre los desfavorecidos económicamente, lo que han demostrado ya los Convenios de librecomercio existentes. 
El informe reconoce que este peligro existe en relación con los convenios de librecomercio. 
¿Porqué si no se prescriben "medidas de apoyo" con las que mitigar las repercusiones negativas del librecomercio? 
Si se reconocen los peligros de la estrategia pero a pesar de ello se sigue aplicando, los elementos sociales, ecológicos y culturales componentes del programa tendrán siempre un carácter de reparación y de limitación de daños aunque deberían ser el principio rector de tales convenios. 
Para ser dignos además de obtener ayudas, los países MEDA tienen que cumplir con los requerimientos institucionales de Bretton-Woods (por ejemplo, el FMI). 
Precisamente sus programas son conocidos por sus estrategias asociales basadas exclusivamente en una mera liberalización. 
En la cooperación UE/Mediterráneo de lo que tiene que tratarse es de reducir los desequilibrios entre las regiones al norte y al sur del Mediterráneo, mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la comprensión entre ellas en las diversas regiones. 
Pero si se hace del librecomercio el principio rector, entonces estos objetivos se convierten en una mera fachada y los beneficiarios son unos pocos ricos. 
Además protesto en contra de que la cooperación Europa/Mediterráneo se manipule como un instrumento para impedir la migración desde allí a la UE. 
No sólo en los tratados con los Estados del Mediterráneo sino en cualquier acuerdo con uno o varios países, la Unión Europea introduce desde hace ya algún tiempo como un claro objetivo la "lucha contra la emigración ilegal" y el "retorno" de refugiados "ilegales". 
Cada nuevo convenio representa un cerco adicional en el recinto amurallado de la UE. 
Este informe es también un ejemplo de la política europea de distanciamiento frente a los emigrantes y refugiados. 
Los países de la zona sur del Mediterráneo se declaran como antesalas del recinto amurallado que es Europa. 
Se les quiere hacer responsables de que las "personas no deseadas" no accedan a la UE. 
Me pregunto cómo la UE quiere apostar frente a los Estados del área del Mediterráneo por el respeto de los derechos humanos y por la libertad del individuo si ella misma no respeta los derechos a de las y los emigrantes, los declara ilegales y los quiere mantener alejados de Europa a cualquier precio- incluso de la muerte. 
Este informe garantiza más bien la libertad de las mercancías, de los servicios y del capital. 
Pisotea de nuevo la libertad y los derechos de las personas. 
Por ello, voto en contra a pesar de que contiene algunos elementos positivos. 
He votado a favor del informe del Sr. Valdivielso de Cué, pues la colaboración euromediterránea necesita apoyarse en un programa MEDA en funcionamiento y que rinda. 
Como representante de una ciudad abierta al Mediterráneo, deseo que durante el período 2000-2006 se concedan a la colaboración euromediterránea medios comparables a los concedidos a los países de la Europa central y oriental. 
En la ejecución del programa MEDA, las medidas de simplificación propuestas por la Comisión Europea, y reforzadas por este informe, son saludables. 
Si observamos la ejecución de los créditos del primer programa MEDA, ? cómo justificar que sólo se haya abonado efectivamente una cuarta parte de los créditos y con una duración media de cuatro años? 
Semejantes problemas menoscaban nuestro crédito internacional y devuelven a los contribuyentes europeos una sensación deplorable de la utilización de los fondos públicos por las instituciones comunitarias. 
Semejante balance no puede satisfacernos. 
Así, pues, no podemos por menos de apoyar las modificaciones propuestas por la Comisón Europea. 
La ayuda a los países mediterráneos debe ser eficaz y rápida, conforme a las prioridades políticas de la Unión Europea. 
El informe del Sr. Valdivielso de Cué, al proponer una descentralización de la administración y de la gestión de los proyectos, al proponer una reorientación del Comité MED y al insistir en el fortalecimiento de la cooperación entre la Unión y sus Estados miembros, contribuye a la mejora de MEDA. 
El fortalecimiento de la participación del Parlamento Europeo en el proceso de adopción de decisiones MEDA es otro aspecto que me parece decisivo. 
Por lo demás, deploro que sobre una modificación tan importante como la modificación del Reglamento MEDA el Parlamento sólo pueda pronunciarse mediante el procedimiento de consulta. 
Con las modificaciones que proponemos en este informe, el programa MEDA dispondrá de procedimientos de ejecución simplificados, descentralizados y transparentes. 
Ahora deseo que este programa disponga en el presupuesto comunitario de medios financieros que estén a la altura de las ambiciones políticas que abrigamos para la zona euromediterránea. 
La Comisión Europea se ha comprometido a fortalecer el personal encargado de MEDA, para que lleguen a tener medios humanos similares a los de los otros grandes programas que son PHARE y TACIS. 
El Parlamento Europeo deberá velar en el examen del presupuesto para 2001 por que dicho compromiso se haga realidad. 
Por lo que se refiere a los créditos asignados al programa MEDA, deseo que el plan financiero refleje la voluntad política manifestada, por el Consejo y por el Parlamento de conceder prioridad en nuestras acciones exteriores a la colaboración euromediterránea. 
La modificación del Reglamento MEDA con vistas a fortalecer el proceso de decisión y simplificar el procedimiento de ejecución de los proyectos es una etapa importante de la colaboración euromediterréanea. 
Voy a estar atenta para que la votación del presupuesto MEDA sea otra etapa que confirme la importancia que concedemos a la colaboración euromediterránea. 
Informes Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194 y A5-0188/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Varela Suanzes-Carpegna sobre el acuerdo de pesca con Guinea, a pesar de que los langostinos y los atunes no acogerán favorablemente este informe que regula su captura. 
Expresé al Sr. Fernández Martín mi opinión cuando nos ocupamos de las islas Canarias y él justamente me dijo: "Sí, pero los langostinos no votan y además yo soy pescador". 
Señora Presidenta, este informe presenta unas carencias, ya que, por un lado, da dinero al Estado de Guinea para facilitar la reproducción de peces y reducir la cantidad de capturas y, por otro, para mandar los buques de pesca de la Unión Europea a pescar los langostinos y los atunes en esos mares. 
Ahora bien, creo que ésta es una forma de colonialismo que se debería eliminar. 
Señora Presidenta, en cuanto al segundo informe Varela Suanzes-Carpegna sobre el acuerdo de pesca con las islas Mauricio, sí he votado a favor, no obstante, debo subrayar que lo he hecho a duras penas. 
¿Por qué? 
Porque la Comisión de Desarrollo ha presentado una enmienda en la que pedía que se controlasen los salarios de los pescadores, y yo añado, también sus pensiones. 
Lamentablemente, esta enmienda no ha sido aceptada. 
Ahora, con este texto, vamos a celebrar un acuerdo comercial, damos dinero de la Unión, pero no pedimos controlar los contratos de los pescadores. 
Esto, en mi opinión, es negativo. 
Informe Watson (A5-0201/2000) 
Señora Presidenta, quisiera explicar los votos en nombre del Grupo ELDR. 
Nuestro principal objetivo era conseguir la aprobación de este importante informe, que es el primero sobre la comunitarización de las leyes de inmigración en la Comunidad Europea y también para hacer justicia a los nacionales de terceros países. 
Por consiguiente, hemos demostrado solidaridad con otros grupos y diputados afines. 
Hemos apoyado las enmiendas del Grupo Socialista a favor de la exclusión de los beneficiarios de la protección subsidiaria a la luz del ruego del Sr. Comisario de presentar una propuesta que los abarque a todos, así como a los beneficiarios de la protección temporal. 
Hubiéramos preferido que los beneficiarios de la protección subsidiaria continuaran estando incluidos por cuestión de principio, porque son residentes legales de larga duración, pero hemos decidido contribuir a la aprobación del informe. 
Asimismo, nos hemos abstenido en las cuestiones relativas a los ascendientes porque, en la medida de lo posible, deseamos que desaparezcan las objeciones con el fin de garantizar una clara mayoría al informe, y reconocemos que la inclusión de estos familiares plantea problemas especiales para algunos diputados. 
No obstante, en nuestro Grupo ha habido algunos a los que les habría gustado que adoptáramos una posición más generosa. 
La Sra. Malmström y la Sra. van der Laan me han pedido expresamente que mencione sus nombres en este contexto. 
Mi Grupo ha votado deliberadamente a favor de incluir a las parejas de hecho si el Estado miembro en cuestión reconoce legalmente este tipo de vínculos, como creo que es el caso en tres de ellos. 
Consideramos que es de justicia no interferir en las decisiones nacionales sobre el reconocimiento legal de estas parejas de hecho. 
Señora Presidenta, he votado contra el informe Watson, como todo el Partido Popular Europeo, no solo porque no se han aceptado las enmiendas presentadas por el Grupo al que tengo el gusto de pertenecer, sino también porque los pensionistas están cansados de ver el territorio de la Unión Europea cada vez más lleno de ciudadanos no comunitarios que carecen de medios de vida. 
En este texto se prevé que puedan entrar y reagruparse con sus familias- cosa de por sí excelente y con la que estoy de acuerdo- también los familiares de inmigrados que viven en un determinado Estado de la Unión Europea con una renta igual a la pensión mínima de la seguridad social únicamente. 
Pero la pensión mínima de la seguridad social es ya es de por sí una pensión muy baja para una persona. 
¿Cómo conseguirá dar de comer a todos sus familiares el inmigrado que tiene esta renta tan baja? 
El informe Watson relativo a la propuesta de directiva sobre el reagrupamiento familiar, aunque desmesuradamente laxista, acaba de ser aprobado por el Parlamento Europeo por una amplia mayoría de 323 votos contra 212. 
Ese voto muestra hasta qué punto los diputados europeos y la Comisión, autora de la propuesta inicial, están incumpliendo su misión principal, que no es la de satisfacer al mundo entero, sino la de proteger a los pueblos de Europa. 
Este voto confirma también lo que siempre hemos dicho sobre la comunitarización de la política de inmigración por el Tratado de Amsterdam, aplicada en este caso particular al reagrupamiento familiar conforme al artículo 63-3 del Tratado de la Unión Europea: no se utiliza la transferencia de los poderes de decisión del nivel nacional al nivel europeo para fortalecer las naciones, como algunos han afirmado para engañar a los electores, sino, al contrario, para demoler mejor sus defensas. 
La propuesta de directiva sobre el reagrupamiento de familiar, tal como ha quedado aprobada por el informe Watson, proclama en el nivel europeo un derecho al reagrupamiento familiar que, jurídicamente, no existe aún en ese nivel y que, en nuestra opinión, no debería existir como derecho. 
En efecto, el Estado de acogida no obliga al inmigrado a venir. 
Es una decisión que el propio inmigrante adopta y, si es acogido, no tiene que reivindicar como tal el derecho de hacer venir a otras personas. 
Por lo demás, observamos que la exposición de motivos de la propuesta de directiva se refiere virtuosamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Pactos Internacionales de 1966 que "reconocen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que tiene derecho a la protección y a la asistencia de la sociedad y de los Estados". 
Ahora bien, al mismo tiempo la supuesta Convención que está elaborando una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está rechazando con obstinación la adopción de ese mismo principio. 
De ello se desprende que el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad es válido cuando sirve para justificar el reagrupamiento familiar, pero deja de serlo cuando podría servir para apoyar a las familias europeas. 
La propuesta de directiva aprobada por el informe Watson no se contenta con proclamar ese derecho inexistente. 
Atribuye la calidad de "reagrupante" no sólo a los inmigrados legales, sino también a las personas que se benefician del estatuto de refugiado. 
Por otra parte, los beneficiarios del regrupamiento familiar no son simplemente el cónyuge y los hijos menores del reagrupante, sino también la "pareja no casada que tenga una relación duradera con el reagrupante", lo que incluye a las parejas homosexuales, cuando la legislación del Estado miembro las asimile a las parejas casadas. 
La directiva añade también los hijos mayores que "no puedan subvenir objetivamente a sus necesidades", así como los ascendientes del reagrupante, del cónyuge o incluso de la pareja no casada. 
Como se ve, se abren las compuertas al máximo y el objetivo es el de favorecer en masa una inmigración de repoblación que cambiará el carácter de las sociedades europeas. 
Las clases políticas nacionales no habrían podido votar a favor de semejante texto, pues están más vigiladas por sus pueblos. 
Por eso, han transferido esa competencia a Bruselas, encargada de hacer el trabajo sucio en su lugar y a obscuras. 
Ésa es la verdadera función de la Europa de hoy. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo saludamos la iniciativa relativa a unas normas comunitarias para la reagrupación familiar, aún habiendo votado en contra de puntos concretos como, por ejemplo, la norma de un año. 
En consecuencia y remitiéndonos a la reserva danesa en el ámbito jurídico los socialdemócratas daneses nos hemos abstenido en la votación de la propuesta definitiva. 
. 
(DA) Los miembros del Partido Liberal lamentamos que debido a la reserva danesa el gobierno danés no haya podido trabajar para influir en la directiva y sea el único país que no disponga de derecho de veto, al igual que lamentamos que el gobierno quiera imponer no como otros países más exigencias en lo relativo al propio sostenimiento, vivienda, etcétera, a los inmigrantes en Dinamarca que desean el reagrupamiento familiar. 
La propuesta de la propuesta de directiva del derecho a reagrupamiento familiar tras un año no representaría ningún problema si Dinamarca al igual que otros países formulara las mismas exigencias que aparecen recogidas formalmente en la propuesta de directiva. 
En tal caso no sería tarea de los ayuntamientos procurar vivienda y sostener a las personas en cuestión tal como sucede hoy en día. 
No obstante y tal como están las cosas, la norma de un año no puede ser puesta en práctica en Dinamarca sin graves problemas. 
Por ello nos abstenemos en la votación del informe, lo que lamentamos, pues nos gustaría disfrutar de una política común, especial en materia de asilo. 
Después de los avances decididos en el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999 en materia de Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y en el momento en que examinamos la Carta de Derechos Fundamentales, el informe que debatimos hoy me parece de la mayor importancia. 
Se trata de la problemática del regrupamiento familiar. 
De momento, ese derecho está reconocido sólo por instrumentos jurídicos internacionales, en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950. 
En el nivel nacional, las situaciones son muy heteróclitas. 
Ahora bien, el reagrupamiento familiar permite proteger la unidad familiar y facilita la integración de los ciudadanos de terceros países en los Estados miembros. 
Así, pues, era indispensable inscribir el derecho al regrupamiento familiar en la legislatura comunitaria. 
Así, pues, la propuesta de la Comisión Europea va encaminada a establecer un derecho al reagrupamiento familiar para los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro mediante ciertas condiciones, materiales y de procedimiento. 
Acojo con satisfacción la labor de mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas, que han luchado contra la visión extremadamente restrictiva y conservadora del primer ponente nombrado. 
Han conseguido un texto que se acerca a la propuesta básica de la Comisión Europea, que, a mi juicio, era en conjunto satisfactoria. 
Así, disfrutarán del derecho al regrupamiento familiar las personas que pertenezcan a una de estas categorías: 
ser ciudadano de un tercer país en situación regular en el territorio de un Estado miembro y poseer un permiso de residencia válido durante al menos un año; 
ser refugiado, independientemente del período de validez del permiso de residencia, o ser un ciudadano de la Unión que no ejerza su derecho de libre circulación de las personas. 
Las personas que podrán aspirar al reagrupamiento familiar son: 
el cónyuge o la pareja no casada del reagrupante (incluida la pareja del mismo sexo) ; conviene observar que la disposición sobre la pareja no casada se aplica únicamente en los Estados miembros en que la situación de las parejas no casadas se asimila a la de las parejas casadas; 
los hijos de la pareja, casada o no, nacidos en el matrimonio o fuera de él o de un matrimonio anterior; 
también quedan cubiertos los hijos de uno solo de los cónyuges o de los miembros de la pareja, a condición de que estos últimos tengan su custodia y los tengan efectivamente a su cargo; 
los ascendientes, cuando estén a cargo del reagrupante, así como los hijos mayores dependientes. 
Intervengo en nombre de mis 28 colegas del Partido Laborista británico y en el mío propio. 
Hemos votado gustosos a favor de este informe y lo hemos apoyado a pesar de que, por varias razones, el Gobierno del Reino Unido ha ejercido su derecho de exclusión en el caso de esta iniciativa. 
Como sabrán los diputados, el Gobierno del Reino Unido tomó parte en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. 
Existen, sin embargo, varios puntos y cuestiones de orden práctico relativos a la soberanía que el Reino Unido se toma muy en serio y por lo que no es adecuado o posible la inclusión del Reino Unido en esta ocasión. 
Sin embargo, no por ello es menor el compromiso de nuestro Gobierno respecto a los principios del informe y a los valores intrínsecos del mismo. 
De hecho, el Gobierno ha declarado su intención de que el Reino Unido no debe permanecer alejado de la línea que siguen sus socios europeos en este importante ámbito de la política de inmigración. 
Por consiguiente, los diputados laboristas al Parlamento Europeo hemos votado a favor del presente informe y mantenemos nuestro apoyo a los principios de la reagrupación de la familia. 
- (DE) Luxemburgo es el país de la Unión Europea con la mayor proporción de extranjeros en la población: el 37%. 
La mayoría de los mismos- el 87%- proviene de países de la UE. 
Pero desde hace ya algún tiempo aumenta la proporción de inmigrantes de terceros países con mayor rapidez que la proporción de ciudadanos de la UE de los otros 14 Estados miembros. 
Para nuestro mercado laboral dependemos de los inmigrantes si bien los mayores cuellos de botella en nuestro mercado laboral se solucionan mediante trabajadores transfronterizos procedentes de Francia, Bélgica y Alemania. 
Casi una tercera parte de los trabajadores, más de 80.000, son trabajadores transfronterizos. 
Más de la mitad de la población activa no posee la ciudadanía luxemburguesa. 
Estas cifras ilustran el interés que tiene mi país en una política de inmigración razonable y, por supuesto, en el aspecto más importante de la reagrupación familiar. 
Es tarea de la Comisión, en especial tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, proponer medidas sobre la entrada y residencia de ciudadanos pertenecientes a terceros Estados, sobre todo con el loable objetivo de lograr una aproximación de las normas jurídicas nacionales relativas a las condiciones de autorización y de residencia para los pertenecientes a terceros Estados. 
En su propuesta de directiva relativa al derecho de reagrupación familiar, la Comisión observa con razón que la presencia de miembros de la familia permite una vida familiar normal y, de este modo, una mayor estabilidad y un mejor enraizamiento de las personas en el país de acogida. 
Apreciamos que la declaración general de los derechos humanos y de otros convenios internacionales reconozcan a la familia como el núcleo natural de la sociedad que debe ser protegido y atendido. 
Por este motivo y aunque diversos convenios internacionales no contemplen ningún derecho a la reagrupación familiar, saludo en principio la propuesta de la Comisión para disponer de un instrumento jurídico comunitario en el campo de la reagrupación familiar. 
Sin embargo, no queremos ni el caos absoluto ni crear nuevas posibilidades para las bandas traficantes de personas. 
Sobre todo tenemos que garantizar que las normas al respecto tengan en cuenta la capacidad de acogida de los diversos Estados miembros. 
Este no sería el caso si aprobásemos en la forma actual el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
La ponente ha hecho bien en retirar su nombre del informe aprobado en la comisión con 25 frente a 13 votos. 
Una directiva en la forma como la que propone ahora la mayoría de la comisión competente para el fondo es sencillamente inejecutable, peligrosa y contraproducente. 
Sólo las enmiendas de mi Grupo político y de la antigua ponente, la Sra. Klamt, me habrían movido a dar mi voto afirmativo a este informe. 
Reagrupación familiar, sí. 
¿Pero cómo se define la familia? 
¿Cuántos cónyuges en caso de haber varios, cuántos hijos, parejas, allegados en el sentido más amplio de la palabra, cónyuges aparentes, puede poder reagrupar una única persona perteneciente a un tercer Estado con una residencia conforme a derecho, 10, 20, 100, según la tradición y la religión? 
Sin duda que las consideraciones humanitarias deben desempeñar un papel. 
Pero la totalidad debe ser comprensible y controlable. 
Sobre todo, lo que hay que lograr es que, debido a una directiva europea, no se coloque a algunos países miembros en una situación que ya no puedan gobernar. 
Por supuesto, aquellos países miembros que tengan unas regulaciones más generosas pueden conservarlas. 
En esta declaración lo que he pretendido es advertir frente a exageraciones con unas consecuencias imprevisibles sin cuestionar por ello el principio de la unidad de la familia. 
Por el contrario. 
. 
(SV) El informe se ocupa fundamentalmente de dos grupos diferentes: los ciudadanos de terceros países y los refugiados, y del derecho a la reagrupación familiar en los países de la UE. 
Nosotros, cristianodemócratas suecos, opinamos que estos grupos deben tratarse separadamente. 
El derecho de los refugiados a la reagrupación familiar debe tratarse de manera igualitaria, pero en una directiva especial. 
La familia es la piedra angular de nuestra sociedad y, por ese motivo, debemos velar por el derecho a la vida familiar. 
Ante todo, hay que velar por el derecho de los niños a reunirse con sus padres, pero, en ciertos casos, (por ejemplo cuando existen graves motivos de salud) el derecho a la reagrupación debe comprender a los ascendientes y a los hijos mayores de edad. 
También es razonable que después de un divorcio o un fallecimiento los miembros de la familia obtengan un derecho autónomo de residencia en el país de acogida, además del derecho a trabajar y estudiar en ese país. 
Con estas salvedades y demandas, damos nuestro apoyo al informe. 
- (DE) A pesar de la limitación que significa para los refugiados según el Convenio de Ginebra para los Refugiados, voto a favor de este informe. 
Para la mayoría de los homosexuales y los refugiados que se encuentran bajo una protección temporal o subsidiaria, la propuesta de la Comisión no aporta ningún avance. 
Pero precisamente desde la perspectiva alemana, representa una mejora de la situación para aquellos refugiados que según el criterio de los familiares pueden hacer posible a otras personas una migración legal. 
Y también voto a favor por lo siguiente: si entretanto en Alemania se levantan casi a diario las banderas contra el extremismo de derechas, es precisamente el Ministro alemán del Interior Schilly quien se pronuncia en contra de esta regulación amistosa con la migración. 
Teme que "cifras de seis dígitos" de emigrantes vengan a Alemania si la directiva entra en vigor. 
De este modo actúa como abanderado verbal de aquellos que quieren expulsar con violencia de la RFA a masa de personas "de seis dígitos" -vivos o muertos. 
Con ello, el compromiso contra el extremismo de derechas no es solamente una máscara aparente sino que se transforma en lo contrario. 
Señora Presidenta, ? no se podría hacer como antes? ? Citar a todos cuantos quieran dar sus explicaciones de voto por escrito para que puedan marcharse? 
Ésta es una situación insoportable. 
Hay que pasarse media hora aquí esperando después de las votaciones para decir que se hace la explicación de voto por escrito. 
Antes teníamos otro sistema que estaba, la verdad, mejor organizado. 
No se enfade, señora Lulling. 
Resulta muy difícil, verdad, dejarse la voz para anunciar el nombre de los diputados que quieren dar una explicación de voto por escrito. 
Nuestros servicios comprueban si están presentes y registramos todas las solicitudes por escrito sin tener que anunciarlas. 
Una vez hecha la comprobación de que el diputado se encuentra efectivamente en la sala al comienzo de las explicaciones de voto, sólo solicito las explicaciones orales. 
Por consiguiente, queda usted liberada. 
Llevo sentado aquí casi media hora esperando a que me llamen, porque según me han informado los servicios del Parlamento, debo estar presente para que mi explicación de voto por escrito sea aceptada. 
No entiendo este problema. 
¿Por qué no pueden nuestros servicios ofrecernos una explicación llana y simple? 
He indicado que quería realizar mi explicación de voto por escrito y me han dicho que debía estar presente para la votación, en primer lugar, y que tendría que esperar hasta que me llamaran para indicar que quiero hacerlo por escrito. 
¿Por qué he de malgastar media hora aquí? 
No, me dicen que se trata de un malentendido. 
Lo que le han dicho a su Señoría ha sido que debía estar presente durante la votación. 
Eso es lo que siempre me había parecido, pero no esperar a todas las explicaciones de voto. 
Señora Presidenta, me dijeron expresamente que debía estar presente para indicar que quería realizar mi explicación de voto por escrito. 
Cuando no estuve presente en una ocasión anterior, me amonestaron por no haber estado aquí. 
No se puede prolongar este debate, pero prometo a su Señoría que vamos a aclararlo en la Mesa, en primer lugar para que todos los presidentes de sesiones de votación apliquen las mismas normas para las explicaciones. 
Personalmente, creo que lo más correcto es comprobar efectivamente la presencia de los diputados en la votación para que puedan marcharse, si hacen su explicación por escrito, y que no se retengan las explicaciones por escrito de diputados que no hayan participado en la votación. 
Creo que es la norma adecuada, pero antes quiero poder examinarlo con los demás vicepresidentes, que presiden, como yo, las sesiones de votación. 
Gracias por su comprensión. 
Creación de un Observatorio de las mutaciones industriales 
Deseo manifestar mi apoyo a la elaboración de una nueva misión encomendada a una de las agencias de la Unión Europea que irá encaminada a analizar y sobre todo a anticipar los cambios industriales. 
Constituye un mensaje político sólido que demuestra perfectamente la voluntad de reaccionar ante dichos cambios, resultado de diversas conmociones, engendradas en particular por la evolución económica y financiera, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la competencia internacional, la mundialización de los intercambios. 
En la Cumbre de Luxemburgo de noviembre de 1997 se tomó conciencia de la importancia de un mejor estudio de esos fenómenos para no tener que volver a sufrirlos y para contrarrestar sus consecuencias negativas. 
Esa reflexión propició la reunión de un grupo de expertos más conocido con el nombre de Gyllenhammar, al que se encargó analizar las consecuencias económicas y sociales de las mutaciones industriales. 
Las conclusiones de dicho grupo sugerían al Consejo Europeo de Cardiff, en diciembre de 1998, la creación de un Observatorio de las mutaciones industriales, propuesta que por fin debatimos hoy, ? y que se concretará- espero- en un futuro muy próximo! 
En efecto, estos últimos años se han caracterizado por la multiplicación de los traslados de empresas, las reestructuraciones, las fusiones, que han modificado considerablemente el paisaje industrial europeo y han tenido repercusiones graves en el empleo y la cohesión económica y social. 
Los Estados miembros mal preparados para esos cambios los han sufrido con demasiada frecuencia intentando, de bueno o mal grado, recoger los platos rotos ante la mirada a veces reprobadora de la Comisión Europea, ? que no ha vacilado en condenar a más de uno de ellos por delito de ayuda estatal! 
Las primeras víctimas de esos cambios no previstos son, naturalmente, los asalariados, que, pese al regreso del crecimiento y la mejora de la situación económica general, siguen viviendo en un clima de inseguridad. 
Efectivamente, como se ha visto recientemente, las empresas despiden incluso cuando obtienen beneficios, pues hay que reestructurar, fusionar, ? sin pensar, naturalmente, en cumplir con las obligaciones impuestas en materia de información y comunicación a los trabajadores! 
Aprovecho para hacer un llamamiento al Consejo, ? que mantiene bloqueada la propuesta de directiva relativa a la información y la consulta de los trabajadores! 
Dicho brevemente, se deberá utilizar ese observatorio como instrumento de previsión de los cambios industriales. 
Así, se podrán adoptar las medidas necesarias para preparar mejor a los asalariados, ? en particular proponiéndoles formación encaminada a su reciclaje en sectores de actividad con futuro! ? Apoyo la propuesta que figura en la resolución encaminada a introducir el derecho a la formación a lo largo de toda la vida en la Carta de Derechos Fundamentales! 
Naturalmente, se deberán difundir ampliamente los análisis del Centro. 
. (EN) Lamento la decisión de los Grupos PPE, ELDR y UEN de votar en contra de la resolución del PSE relativa a la creación de un Observatorio europeo de los cambios industriales. 
Dicho centro serviría para crear un enfoque más positivo y constructivo a medio y largo plazo de los cambios industriales y beneficiaría a todos los afectados- Comisión, Parlamento Europeo, interlocutores sociales, gobierno y autoridades municipales. 
Dicho centro podría ser incorporado en un organismo o una fundación ya establecidos mediante una ampliación de sus competencias actuales, tal y como se propone en la resolución del PSE. 
Es incomprensible que algunos diputados irlandeses hayan votado en contra de la propuesta, habida cuenta de que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo con sede en Dublín sería idónea para realizar esta labor. 
Las enormes mutaciones industriales de los últimos años, que han sido consecuencia de la mundialización en aumento, de las nuevas tecnologías y de las transformaciones sociales, no sólo han originado crecimiento económico y nuevos sectores de producción, sino también un número cada vez mayor de concentraciones, cierres y traslados de empresas que se han concretado en la pérdida de mercados locales, desempleo, degradación de los sistemas de protección social y laboral, mayor exclusión social y enorme sufrimiento humano. 
Pero reviste la mayor importancia que se cree un Observatorio Europeo de las mutaciones industriales con el objetivo de estimular un planteamiento más activo y responsable del desarrollo industrial, con la participación de los interlocutores sociales, con vistas a contribuir a evitar las consecuencias más gravosas de las mutaciones industriales. 
Pero igualmente urgente es que la Comisión acelere la revisión de la Directiva 94/95/CE relativa a la institución de un Comité de Empresa Europeo y del Reglamento (CEE) n? 4064/89, a fin de garantizar una mayor participación de las organizaciones de trabajadores antes de las decisiones de concentración y transferencia de empresas y una mayor garantía de la protección y la defensa de los derechos de los trabajadores. 
Prioridad en materia de acciones exteriores (B5-0685/2000) 
. (EL) Votamos en contra de la resolución común sobre las prioridades de la acción exterior de la UE porque consideramos que se pretende, precisamente a propuesta del Parlamento Europeo, sustraer definitivamente a los países miembros toda posibilidad de ejercer una política exterior y de defensa independiente, y su incorporación a la Política Exterior y de Defensa Común que se está configurando, y que ya ha dado muestras de su orientación con intervenciones políticas y militares en asuntos internos de terceros países, al servicio de los intereses imperialistas de la UE, en contra de toda noción de derecho internacional, y en perjuicio de los pueblos de la UE y de otros países. 
Así ocurrió recientemente en el caso de Kosovo y, más en general, de Yugoslavia. 
La militarización de la UE, la carrera armamentística, la armonización del material de guerra y de la industria militar, la imposición de la voluntad del más fuerte en la selva de la «globalización» y del mercado libre, se oponen frontalmente a los sueños de los pueblos, a sus luchas por la paz, por la solución pacífica y política de las diferencias, por el imperio del derecho internacional. 
Salta a la vista que la esta política se aviene perfectamente a las recientes decisiones del Consejo que prohiben todo acceso a documentos relativos a la política de defensa y seguridad. 
La línea general es que los pueblos de los países miembros de la Unión permanezcan lejos de los centros de decisión y no puedan intervenir en la marcha de las cosas; es decir, levantar barreras y obstáculos al movimiento popular, a los parlamentos nacionales y al parlamento europeo para impedir que puedan ejercer cualquier control democrático. 
Nos preocupa especialmente el hecho de que la Comisión Europea, violando sustancialmente incluso sus propios Tratados, intente hoy por procedimientos indirectos sortear sus enfrentamientos internos. 
Se propone con ritmos aun más intensos apoyar los intereses del gran capital europeo, conquistar nuevos mercados, apoyar al euro también militarmente. 
El Nuevo Orden, para el afianzamiento de su dominio, presenta nuevas exigencias a los pueblos y a los países menos desarrollados. 
En la práctica se impulsa una política que sirve fielmente al gran capital y se alinea con los EE.UU., se somete a sus dictados e impulsa el Nuevo Orden en perjuicio de los pueblos. 
Así se entiende mejor que a la Comisión Europea no le molesten la cruel invasión y la ocupación continuada del 38% de Chipre ni los bombardeos turcos en Iraq. 
La cuestión, en nuestra opinión, no es sólo, ni sobre todo, si- ni cómo- las acciones comunes se financiarán o no por el presupuesto comunitario, sino poner fin a esta política desastrosa para los intereses de los pueblos y para la paz. 
La cuestión no es si el Sr. Solana, o el Sr. PESC de turno, hará declaraciones una vez al año en el Parlamento Europeo, sino cómo tomarán los pueblos de Europa su propio destino en sus manos y podrán intervenir eficazmente para imponer la paz, la fraternización y la cooperación internacional basada en el beneficio mutuo. 
La resolución común se limita a esos dos asuntos de importancia secundaria, para extraer una conclusión arbitraria que es además especialmente peligrosa, la conclusión de que el «sistema intergubernamental» en el que se basa la política exterior de la UE es la causa del fracaso de la política exterior común y que su éxito depende de su comunitarización. 
De este modo desorienta a los pueblos y los deja a merced de las opciones, fuera ya de todo control, del gran capital. 
Por todas las razones mencionadas, creemos que resolución «común» en cuestión pone de manifiesto del modo más dramático la urgencia de que los pueblos organicen la resistencia común a esta política criminal y su correspondiente contraofensiva, la urgencia de que tomen la iniciativa de los movimientos. 
Informe Veltroni (A5-209/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Veltroni también y sobre todo porque, como representante del Partido de los Pensionistas en el Parlamento Europeo, sé que los pensionistas y las personas mayores pasan mucho de su tiempo mirando la televisión. 
Sin embargo, me hubiera gustado que en este informe se hablara por fin de la creación de un programa de televisión europeo. 
Los ciudadanos de Europa tienen derecho de ver que Europa existe, y esto lo podemos hacer- incluso fácilmente- con unos programas de televisión europeos. 
Asimismo, sería oportuno que se regulasen las televisiones de los Estados miembros de la Unión Europea a fin de que todas las formas de participación política gozaran de libertad de expresión en los distintos Estados, cosa que hasta la fecha, lamentablemente, no siempre es así. 
Señora Presidenta, he votado en contra porque esta política mantiene en su interior graves elementos de estatalismo y de asistencialismo. 
No existe una verdadera apertura a la competencia y, sobre todo, se siguen previendo créditos en favor de una industria- la cinematográfica- sin mirar los resultados. 
Por lo tanto, se continuará dando dinero a directores que producen películas que dan asco, que nadie va a ver pero que, en cualquier caso, están pagadas por quien se niega incluso a mirar la publicidad que se hace de las mismas. 
. (EL) El informe Veltroni de la Comisión de Cultura mejora, sin duda, la comunicación de la Comisión Europea sobre los «principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital». 
Los puntos importantes de la intervención del Parlamento Europeo son: 
1) La competitividad internacional de la industria europea, especialmente frente a los EE.UU., debe ser compatible con garantizar el pluralismo y la diversidad cultural. 
2) El aumento de la eficacia de las medidas incluidas en la directiva 89/552/ÅC sobre la " televisión sin fronteras» en relación con la promoción de trabajos europeos. 
3) La promoción de la diversidad lingüística. 
4) La protección de los menores con nuevos métodos de control de los programas. 
5) La creación de un forum europeo para la colaboración en asuntos de transparencia y el desarrollo de estrategias para hacer frente a las concentraciones del mercado. 
6) El apoyo al sector público audiovisual con posibilidades de emisión a escala mundial. 
7) El impulso de un mercado interior del cine con la elaboración de una nueva directiva. 
Voto a favor del informe Veltroni, dado que mejora significativamente la comunicación de la Comisión, no sin ciertas reservas, sin embargo. 
Las reservas se refieren, por una parte, a una concepción de la competencia que puede llegar a justificar las grandes concentraciones y los grandes grupos en el sector audiovisual, en nombre de la necesidad de ser más fuertes que los norteamericanos, y facilitar así la extensión del fenómeno Berlusconi; y, por otra, a la falta de mecanismos de materialización y de medios de control que posibiliten que los objetivos políticos del Parlamento Europeo no se queden una vez más en deseos, como ocurre habitualmente con las sucesivas enmiendas de la directiva sobre la «televisión sin fronteras». 
Acojo con satisfacción este informe relativo a la comunicación de la Comisión, cuyo objeto es el de formular los principios y las directrices de la política audiovisual de la Comunidad para adaptarla a la era digital. 
En efecto, semejante adaptación es indispensable, en vista del desarrollo reciente de las tecnologías digitales. 
Sólo se podrá hacer con la condición de respetar los principios vigentes en esa esfera. 
protección del pluralismo 
Para esa misión, insisto de nuevo en que, como dispone el protocolo anejo al Tratado de Amsterdam, la radiodifusión de ese servicio público desempeña un papel fundamental en la salvaguardia del pluralismo y de la diversidad cultural y lingüística. 
posibilidad de orientar las intervenciones a fin de prestar apoyo estratégico a los servicios de interés general 
Hay que garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios audiovisuales con criterios tales como la universalidad, costos asequibles y no discriminación. 
protección máxima de toda persona que produzca obras audiovisuales y, por tanto, posibilidad de proteger mejor los derechos de propiedad intelectual, el derecho de autor y derechos patrimoniales conexos 
La eficacia de la protección de los derechos de autor resulta comprometida en el marco digital. 
Sin embargo, el respeto de la propiedad intelectual es un fundamento de la vitalidad del sector audiovisual y cinematográfico. 
Por eso, resulta capital adoptar rápidamente la propuesta de directiva sobre el derecho de autor y derechos conexos en la sociedad de la información para proteger la creación y garantizar el acceso a las obras y su circulación. 
una mayor protección de los usuarios que gozan de diversas garantías en función de los servicios de que disfrutan 
Apruebo la idea de fortalecer la experimentación de los dispositivos de filtrado de programa y de otros métodos de control parental con vistas a proteger a los menores. 
Concluiré insistiendo en la indispensable revisión de la Directiva sobre la televisión sin fronteras (Directiva 89/552/CEE). 
Hay que fortalecer las disposiciones relativas a la circulación de las obras europeas y a la producción independiente para volverlas más eficaces. 
También se debe inscribir en esa legislación la obligación por parte de los teledifusores privados y públicos de reservar una parte de sus ingresos anuales netos a las inversiones en la producción y la adquisición de programas audiovisuales europeos, incluidas las películas, las obras destinadas a los menores y las realizadas por productores independientes. 
Informe Heaton-Harris (A5-0199/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Heaton-Harris sobre la circulación de los estudiantes universitarios en el ámbito de la Unión Europea. 
Se ha hecho una encuesta que, sin embargo, ha puesto de manifiesto un aspecto que considero muy negativo: exactamente la mitad de los estudiantes universitarios que tendrían derecho a utilizar el programa ERASMUS, no lo ha utilizado. 
Por lo tanto, seguramente hay algo que no funciona. 
Quiero subrayar, no obstante, que mi voto favorable implica un deseo, o sea, que en un futuro haya un programa en Europa no solo para que circulen los jóvenes estudiantes en las universidades, sino también las personas mayores que están matriculados en las universidades de la tercera edad y que serían felices de poder realizar intercambios con sus coetáneos de los demás Estados de la Unión Europea, coetáneos naturalmente de sesenta, setenta y ochenta años o incluso más. 
Me satisface poder expresarme hoy sobre este informe que es consecuencia de una petición del Parlamento Europeo en el marco de las negociaciones sobre la revisión del presupuesto de la primera fase de Sócrates, en 1998. 
Esta encuesta socioeconómica realizada durante los últimos meses del año 1998 se basa en las respuestas enviadas por casi 10.000 estudiantes que participaron en acciones de movilidad durante el año 1997-1998. 
El programa Erasmus, lanzado en 1987 en el marco del programa Sócrates, de cuyo presupuesto total absorbe el 40%, va encaminado a fomentar la movilidad de los estudiantes desarrollando la dimensión europea de la educación y permitiendo a los jóvenes hacer una parte de sus estudios en otro Estado miembro. 
El programa Sócrates entró en su segunda fase con la decisión de 24 de enero de 2000. 
Por lo demás, es una lástima que se haya publicado este informe tarde, después de la aprobación oficial del programa Sócrates II, por lo que no se han podido tener en cuenta sus conclusiones. 
Todo el mundo coincide en congratularse de esta iniciativa gracias a la cual, todos los años, 90.000 estudiantes aprovechan la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. 
Más de 9 de cada 10 se han declarado muy satisfechos de su estancia en el extranjero, tanto desde el punto de vista educativo como desde el sociocultural. 
Sin embargo, hay que reconocer que la tasa de participación sigue siendo escasa, si tenemos en cuenta que este programa abarca 18 Estados miembros. 
Eso es lo que se desprende de la encuesta de la Comisión: el 1% solamente de los estudiantes participaron en las acciones de movilidad con cargo a Erasmus en 1998. 
Así, pues, falta mucho por hacer para alcanzar el objetivo de 10% perseguido por el programa. 
Hay que intentar encontrar las razones que explican esa escasa tasa de participación. 
La encuesta nos ofrece elementos de respuesta. 
Así, más del 57% de los estudiantes acogidos a Erasmus padecen problemas financieros. 
Y, sin embargo, la mayor parte de los jóvenes que viajan proceden de medios privilegiados. 
Por lo demás, se trata de una discriminación inadmisible contra la que hay que luchar prestando ayuda particular a las categorías socieconómicas desfavorecidas. 
Como representante de una región fronteriza, me reúno con frecuencia con jóvenes titulados y desamparados, pues no se les reconocen los estudios que han seguido en otro Estado miembro. 
Así, pues, concluiré lanzando un llamamiento a la Presidencia francesa para que integre todos esos elementos en la reflexión que ha iniciado mediante el grupo Vision sobre la movilidad transnacional en la esfera de la educación, reflexión que deberá propiciar la presentación en la Cumbre de Niza de un plan de acción encaminado a luchar contra los obstáculos a esa movilidad. 
Nos congratulamos de la aprobación de este informe al que hemos contribuido con diversas propuestas. 
Ahora esperamos que la Comisión y los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que el programa ERASMUS resulte más asequible para los estudiantes de grupos económicamente más desfavorecidos, en particular mediante la optimación de la coordinación entre subvenciones nacionales de la enseñanza superior y las becas ERASMUS con vistas a fomentar la justicia social en el acceso al programa y a su plena utilización. 
No se puede seguir admitiendo que la tasa global de participación en el programa apenas haya superado el 50% y que, aun así, cerca del 57% de los estudiantes ERASMUS hayan tenido problemas financieros preocupantes. 
Como se afirma en el informe, es lamentable que el programa ERASMUS haya beneficiado esencialmente a los estudiantes de capas sociales cuyos padres disponen de elevado nivel de formación, con relativa capacidad económica u originarios de países en los que la ayuda pública concedida a los estudiantes es más elevada o ambas cosas a la vez. 
A eso se debe la necesidad de medidas que concreten su objetivo inicial de permitir que el 10% de la totalidad de los estudiantes de la Comunidad puedan realizar parte de su curso de licenciatura en otros Estados miembros y no sólo el 1%, como sucedió en el período 1997-98, y volverlo asequible para los estudiantes de grupos económicamente desfavorecidos. 
Informe Boumedienne-Thiery (A5-0207/2000) 
Señora Presidenta, "in cauda venenum", decían los latinos, es decir, "al final el veneno". 
En este informe, sobre el cual he votado en contra y con razón, se ha rechazado una enmienda que presenté y a través de la que se pedía que las personas discapacitadas, las personas ciegas, las personas sordas, las personas afectas de graves enfermedades o muy mayores que por estos motivos reciben de los Estados miembros un subsidio, no sean tratadas con arreglo al reglamento actual de la Unión Europea, en virtud del cual si se desplazan a un Estado de la Unión distinto del suyo, pierden su pensión. 
En la práctica, un discapacitado no se puede desplazar en la Unión Europea- de Italia a Gran Bretaña, de Francia a Alemania, etcétera- porque si lo hace y cambia de residencia, pierde todas las pensiones que le permiten vivir. 
¿Cuándo pondremos fin a esta injusticia? 
Consideramos que todos los trabajadores inmigrados que viven y trabajan en cualquier país de la Unión Europea deben tener los mismos derechos y las mismas libertades, en particular la de circular, que los ciudadanos de la Unión Europea. 
Pese a los límites del informe al respecto y sin compartir todas sus formulaciones, hemos votado a favor, pues las medidas que propugna representan un avance respecto de la deplorable situación actual de los trabajadores inmigrados y de los trabajadores migrantes naturales de la Unión Europea. 
Y la saña racista de la extrema derecha contra este informe nos anima a seguir en esta dirección. 
Desde 1957, el Tratado por el que se instituye la Comunidad Económica Europea establecía disposiciones destinadas a garantizar la libre circulación de los trabajadores en el territorio de la Comunidad. 
Diferentes instrumentos comunitarios permitieron hacer realidad ese derecho. 
En 1990, dos directivas (90/364/CEE y 90/365/CEE) extendieron el derecho de residencia gracias a la formulación de principios generales y normas para los trabajadores que han cesado en su actividad. 
En una tercera directiva (93/96/CE) , aprobada en 1993, figuran disposiciones específicas sobre los estudiantes. 
Desde 1993 y el Tratado de Maastricht, todo ciudadano de un Estado miembro puede circular y residir libremente en la Unión Europea (artículo 14 del Tratado CE) , pues ese derecho es inherente a la ciudadanía europea (artículo 18). 
El informe que hoy examinamos va encaminado a establecer un informe sobre la aplicación de las directivas sobre el derecho de residencia de los estudiantes, jubilados y otras personas inactivas, así como a estudiar las medidas especiales relativas al desplazamiento y la estancia de los ciudadanos de la Unión justificadas por razones de orden público, seguridad pública y salud pública (Directiva 64/221/CEE). 
Por lo que se refiere al primer componente, hay que reconocer que, si bien a veces la trasposición de las directivas mencionadas en los ordenamientos jurídicos nacionales ha sido laboriosa, perduran numerosos obstáculos que habrá que derribar adoptando una panoplia de medidas específicas. 
Por citar un problema que conozco bien, el de los estudiantes, me parece indispensable que, si desean proseguir estudios en otro Estado miembro, se los informe mejor de sus derechos. 
También habría que solucionar el problema del reconocimiento de los títulos, que resulta crucial en el caso de ciertas profesiones. 
Por lo que se refiere al segundo componente, existen numerosas dificultades para la aplicación de la Directiva 64/221/CEE. 
El Tratado permite a los Estados miembros imponer limitaciones en materia de libre circulación de las personas por razones de orden público, seguridad pública y salud pública. 
Ahora bien, la Comisión observa que los Estados interpretan esos conceptos de forma totalmente distinta, con frecuencia lata. 
Insiste en que hay que aplicarlas de conformidad con el principio de proporcionalidad y motivarlas por una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. 
En cualquier caso, esos conceptos deben ser conformes al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
Para remediar esas dificultades, la aprobación de una directiva-marco que organice y garantice el ejercicio fundamental de la libertad de desplazamiento y de residencia parece necesaria. 
Lo hará posible una reforma global de los textos vigentes, lo que tendría la virtud de acabar con las desigualdades de trato existentes actualmente en los diferentes Estados miembros. 
Sólo con esa condición se permitirá al ciudadano de los Estados miembros tomar conciencia y hacer realidad ese concepto que sigue siendo para muchos una concha vacía: el de la ciudadanía europea. 
La aprobación del informe que la ponente ha presentado en el Parlamento es positiva, pero no se puede decir lo mismo de la generalidad de las propuestas de enmienda que se han planteado en el Pleno. 
El principio de libre circulación de personas, incluido hace cincuenta años en el Tratado de Roma, tropieza aún con muchas dificultades en su aplicación práctica. 
Como se dice en el informe, la aplicación de las directivas sobre el derecho de residencia de los estudiantes y de los jubilados (90/364, 90/365, 93/96) es claramente insatisfactoria y lo mismo ha sucedido con la de los trabajadores migrantes. 
Los trabajadores que desempeñan empleos "atípicos", con jornada parcial, de corta duración o de otra índole, afrontan dificultades de residencia en el país de acogida. 
Por otro lado, como destaca la ponente, existen actualmente millones de ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea y que con frecuencia se ven privados de los derechos de libre circulación y de establecimiento. 
Por eso, es fundamental que los Estados miembros y la Comisión adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes y mejorar su situación. 
También en cuanto a los estudiantes y jubilados es fundamental aligerar los procesos burocráticos y facilitar la libre circulación, los traslados y la permanencia de esos ciudadanos de la Unión Europea en uno cualquiera de los Estados miembros. 
- (DE) No tengo nada en contra de que nos esforcemos por solucionar los problemas aún existentes relativos a la residencia de ciudadanos de la Unión que se pueden mover y establecerse libremente en la totalidad del territorio de la Unión Europea, en especial cuando se trata de jubilados y estudiantes. 
Pero no puedo apoyar este informe pues ofrecería la ocasión de que todos los pertenecientes a terceros Estados que se encuentran legalmente en un Estado miembro puedan exigir la libertad de circulación y de establecimiento en toda la Unión. 
Hay millones de tales personas pertenecientes a terceros Estados y es sencillamente inaceptable imponer a otros Estados miembros las consecuencias de la libertad de circulación de millones de personas sin tener en cuenta su capacidad de acogida. 
Algunos tienen objeciones cuando se trata de la inclusión de Malta en la Unión Europea. 
Lo que se exige en el informe Boumediene en lo tocante a la libertad de circulación para ciudadanos de terceros países sería mucho más grave que si concediésemos inmediatamente a los ciudadanos de los países candidatos de la Europa central y oriental la libertad de circulación y de establecimiento, sin período transitorio, en lo que no piensa ninguna persona razonable. 
Si queremos azuzar realmente la xenofobia en la Comunidad, entonces el mejor medio sería el de seguir las propuestas exageradas y poco ponderadas del informe Boumediene que, gracias a Dios, solamente ha sido aprobado en la comisión con 23 votos favorables y 15 en contra. 
Es ya realmente inaceptable para los demás Estados miembros que el Gobierno federal alemán conceda a algunos millones de ciudadanos de terceros países que viven en su territorio la ciudadanía alemana junto a la suya propia. 
De un plumazo crea unos cuantos millones de nuevos ciudadanos de la Unión con derecho a libertad de circulación y establecimiento e incluso con derecho electoral en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, mientras que al mismo tiempo su compañero, el Comisario Verheugen, exige un referéndum sobre la ampliación hacia el Este. 
¿Dónde se queda nuestro derecho a referéndum cuando la República Federal de Alemania sin consultar a los otros Estados miembros nos regala unos cuantos millones de nuevos ciudadanos de la Unión como consecuencia de su resolución por separado? 
No podemos aceptar las consecuencias de una quizás bien pensada generosidad pero que sobre todo será aprovechada fraudulentamente por bandas dedicadas al tráfico de personas. 
Decimos sí a una política razonable de migración que podamos soportar. 
Pero decimos no al caos tal como está ya programado por adelantado en el informe Boumediene. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en la aprobación del Acta dice que yo dije que se habían tergiversado mis palabras voluntariamente. 
Yo no dije eso. 
Era sólo una posibilidad, no una afirmación. 
Esto es importante. 
Yo no diría que la transcripción fuera mala intencionadamente en mi caso; no era más que una posibilidad. 
En el Acta parece como si yo estuviera haciendo una acusación. 
No me atrevería a afirmar eso, porque no tengo ninguna prueba. 
Es tan sólo una posibilidad. 
Tomamos nota de su observación y, por supuesto, como usted sabe, lo que da fe de lo que se ha dicho es el Acta literal. 
Por lo tanto, ahí quedará claro si usted dijo una cosa u otra. 
Señor Presidente, en realidad, intentaba modificar el Acta literal porque el Acta sólo dice que intervine, y nada más. 
En lo que respecta al Acta literal, hago hincapié en el hecho de que era una expresión que yo no había utilizado. 
Ése era el problema. 
Usted puede dirigirse por escrito a los servicios del Parlamento para que corrijan sus palabras. 
Al parecer, dichos servicios entendieron algo distinto. 
Pero usted tiene derecho a corregir sus palabras. 
Señor Presidente, algunos colegas estaban gritando por lo que resultaba muy difícil oír lo que yo estaba diciendo. 
Ahora no hay ningún problema. Antes, algunos colegas españoles estaban gritando y resultaba muy difícil oír. 
Por eso no puedo decir... 
Señor Gorostiaga Atxalandabaso, el Pleno no aprueba las actas literales de las sesiones. 
Aprobamos el Acta. 
Por tanto, si tiene algún problema... 
(El Presidente es interrumpido) Por favor, respete a la Presidencia. 
Tomamos nota de sus observaciones sobre el Acta. 
Usted puede dirigirse por escrito a los servicios del Parlamento para que corrijan las actas literales. 
Eso es todo. 
(El Acta queda aprobada) 
Fusiones en el sector de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre fusiones en el sector de las telecomunicaciones. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, les agradezco la oportunidad de abordar con ustedes este importante e interesante tema tanto aquí en el Pleno como en las frecuentes ocasiones que tengo de hablar a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
La liberalización del mercado comunitario de las telecomunicaciones culminó en 1998 con la total liberalización de los servicios y de las infraestructuras en la mayor parte de los Estados de la Unión Europea. 
La misma ha contribuido de manera significativa a la aceleración de la tasa de crecimiento de nuestras economías, a la reducción- hasta el 35% -de las tarifas, a la entrada de muchos nuevos operadores y a la continua introducción de servicios innovadores. 
Obviamente, esto ha reportado considerables beneficios a los consumidores, así como a los trabajadores. 
La expansión de los sectores de las telecomunicaciones y de Internet genera numerosos puestos de trabajo tanto en esos sectores como en otros que pueden beneficiarse de incrementos de eficacia. 
En el curso de los últimos cinco años, se han creado más de 500.000 puestos de trabajo sólo en el sector de la telefonía móvil. 
En julio de 2000, la Comisión propuso un nuevo paquete para las comunicaciones electrónicas que da especial relieve a la necesidad de promover el acceso de alta velocidad a Internet- conteniendo sus costes- y de poner a punto un marco normativo no excesivamente gravoso para los operadores del sector. 
Sin embargo, el cometido de la Comisión es garantizar asimismo que se mantengan los beneficios derivados de la competencia y que en un futuro no haya obstáculos para la innovación. 
Las posibilidades de actuación de la Comisión en el ámbito de la política de competencia están claramente definidas, por un lado, por los artículos 81 y 82 del Tratado y, por otro, por el reglamento sobre las concentraciones. 
Voy a pasar ahora a las concentraciones que son objeto directo de la pregunta. 
En los últimos años, se ha registrado un número creciente de concentraciones en el sector de las telecomunicaciones y esta tendencia parece destinada a continuar. 
Actualmente, comprobamos que en el mercado europeo el acento se está desplazando de las operaciones dirigidas a la consolidación a las operaciones dirigidas a la convergencia, según queda demostrado por las alianzas recientemente examinadas por la Comisión como, por ejemplo, la alianza entre Vodaphone y Vivendi, o en curso de examen, como la alianza entre America On Line y Time Warner. 
Los rápidos avances tecnológicos han impulsado asimismo la cooperación entre distintos sectores y la convergencia. 
La globalización ha obligado a numerosas sociedades a intentar ampliar su envergadura para tratar de ser competitivas en los mercados mundiales: es el caso del grupo de telefonía móvil Vodaphone; de la reciente adquisición de Global One y de Orange por parte de France Telecom; de la combinación en la empresa Concert de la actividad internacional de AT& T y BT; de la propuesta de adquisición por parte de Deutsche Telekom de Voice Stream en Estados Unidos. 
Todos estos son cambios positivos desde el punto de vista de la competencia y marcan la apertura de los mercados, incrementan la eficacia de las empresas y dan lugar, entre otras, a la creación de un verdadero mercado único en Europa. 
No obstante, en el sector de las telecomunicaciones, la Comisión debe garantizar que las operaciones en cuestión no perjudiquen a los beneficios obtenidos gracias a la liberalización y no pongan límites al flujo de la innovación, por ejemplo, a través de la conquista del control de un nuevo mercado. 
A este propósito, señor Presidente, quisiera explicar muy brevemente estos dos riesgos y las acciones que la Comisión emprende para conjurarlos. 
Pongo el ejemplo del problema del mantenimiento de la liberalización en los mercados nacionales. 
Una de las primeras decisiones que tomó la actual Comisión en materia de concentraciones fue la autorización, sometida a condiciones, de la concentración de la empresa sueca Thelia y de la noruega Telenord, en el pasado otoño. 
La operación fue posteriormente abandonada por los interesados, pero en todo caso ha puesto de manifiesto, gracias a las condiciones puestas por la Comisión, el intento de proteger la liberalización de los mercados nacionales de las concentraciones de los carriers dominantes. 
No hay tiempo para examinar en detalle las condiciones puestas por la Comisión que, de todos modos, se hicieron públicas. 
Quiero referirme asimismo al otro riesgo importante contra el que debemos luchar, o sea, impedir la conquista del control de la innovación y de los nuevos mercados mediante las concentraciones. 
Cito dos ejemplos muy significativos: el primero se refiere a Worldcom y Sprint. 
El 28 de junio de este año, la Comisión prohibió la concentración de dos empresas estadounidenses, Worldcom y Sprint. 
La combinación de las amplias redes de Internet con la amplia clientela de Worldcom y Sprint habría determinado la creación de una empresa cuya envergadura, respecto a los competidores, hubiera permitido a la nueva entidad dictar las condiciones para el acceso a sus redes Internet y a sus clientes, en perjuicio de los consumidores y con obstáculos para la innovación. 
Desgraciadamente, a fin de respetar el tiempo de que dispongo, aun lamentándolo mucho no puedo facilitar detalles. 
El otro ejemplo de acción orientada a conjurar el riesgo de la conquista del control de la innovación es el relativo a las decisiones Vodaphone-Mannesmann y, posteriormente, Vodaphone-Vivendi-Canal Plus. 
La Comisión tuvo que evaluar los efectos de las concentraciones en los mercados emergentes, y autorizó ambos casos en la primera fase, después de que las partes propusieran asumir un número limitado de obligaciones. 
Además de resolver las clásicas situaciones determinadas por la combinación de las cuotas de mercado, las obligaciones están orientadas a mantener la competencia en los nuevos mercados emergentes. 
La operación Vodaphone-Mannesmann planteaba problemas sin solución de continuidad en el mercado emergente de los servicios paneuropeos de telefonía móvil, destinados a las multinacionales. 
Para eliminar estos problemas en materia de competencia, Vodaphone propuso conceder un acceso no discriminatorio a su red integrada y permitir a los competidores ofrecer servicios similares durante el período en que estaban ocupándose de desarrollar sus redes. 
Sea como sea, y con vistas a garantizar que los competidores no se limitarían a apoyarse a la empresa resultante de la concentración renunciando a desarrollar sus servicios independientemente, la Comisión limitó la duración del compromiso a un período de tres años. 
Poco tiempo después, la Comisión tuvo que examinar el caso Vis-à-vis, empresa común constituida por Vodaphone y Attach, Vivendi y Canal Plus para la creación de un portal de acceso a Internet. 
Vis-à-vis creará un portal de acceso múltiple a Internet para toda Europa, gracias al cual a los clientes de las sociedades participantes se les ofrecerá la posibilidad de elegir entre una gama de servicios web accesible a través del ordenador personal de los clientes, los teléfonos móviles y los receptores de televisión set top box. El estudio de la Comisión reveló que la empresa común plantearía problemas en los mercados emergentes nacionales de los portales de acceso a Internet a través de la televisión y en los mercados emergentes nacionales y paneuropeos de los portales de acceso a Internet a través de los teléfonos móviles. 
Pera eliminar estos problemas, las partes se comprometieron a garantizar que los clientes de las sociedades participantes en la empresa común podrían elegir otros portales y no tendrían necesariamente que acceder a Internet a través del portal de una de dichas sociedades. Este compromiso integró el propuesto en el caso anterior Vodaphone-Mannesmann, al que me he referido. 
Señor Presidente, como ha quedado patente a través de los ejemplos de los casos que acabo de ilustrar muy brevemente, la normativa comunitaria en materia de competencia cumple una función fundamental de cara a garantizar que los beneficios de la liberalización y de la innovación se transfieren a los ciudadanos europeos. 
El papel de la normativa comunitaria sobre el control de las concentraciones es garantizar que no se creen o refuercen posiciones dominantes que ralentizarían el progreso tecnológico y económico, así como conseguir que los consumidores de la Unión Europea puedan beneficiarse de dicho progreso. 
Como hemos comprobado a través de la experiencia de estos primeros años de liberalización y de atento control en favor de la competencia, también los trabajadores obtienen una ventaja, como resulta de la cifra que acabo de indicar a título de ejemplo. 
Señor Presidente, en nombre del grupo y de todos mis colegas, quisiera dar la bienvenida al Sr. Monti que hoy acude a la Asamblea para un debate muy oportuno sobre el régimen regulador de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta que ahora pasamos al importante estudio del paquete de telecomunicaciones. 
Quiero referirme brevemente a algunas de las cuestiones cruciales que ha planteado. 
Resulta evidente para todos nosotros que el mundo de las comunicaciones electrónicas nos está presentando un cambio de la reglamentación, pero no hay duda de que para usted, señor Comisario, y para la autoridad de la competencia, representa desafíos sin precedentes, habida cuenta de la rapidez con la que avanza la tecnología. 
Muchos de los conceptos relacionados con la cuota de mercado también están cambiando rápidamente. 
En el ámbito de las telecomunicaciones, está claro que la cuota de mercado puede cambiar de manos mucho más rápidamente que en algunas de las principales industrias que han sido reglamentadas en el pasado. 
Me ha alegrado mucho oír que su enfoque es intentar evitar que controles demasiado estrictos frenen la innovación. 
Esto es sumamente importante. 
Quisiera que nos garantizara que desarrollará la capacidad de expertos para lo que sin ninguna duda será una carga de trabajo creciente para analizar futuras fusiones. 
Hemos podido saber por el informe del Grupo de pares que le concederán 92 puestos adicionales. 
Será interesante oír cómo prevé usted la ampliación de sus servicios en este sentido. 
La segunda cuestión que plantearemos en nuestro estudio del paquete de telecomunicaciones es que en este mundo, que avanza tan rápidamente, existe la preocupación en el sector y entre los inversores de que no debe permitirse que unos objetivos demasiado rígidos en términos de límites de cuotas de mercado para la investigación- y estos pueden ser demasiado altos o bajos en muchos casos- le impidan tener en cuenta ámbitos en los que está en juego una auténtica cuestión de competencia. 
¿Podría, quizá, tratar sobre estos puntos cuando responda a nuestro debate más adelante? 
Señor Presidente, permítame comenzar mi intervención presentando mis felicitaciones al Comisario Monti y a sus funcionarios por el modo tan escrupuloso y profesional en el que están estudiando la fusión propuesta de MCI Worldcom y Sprint. 
Quisiera expresarle mi agradecimiento, a él y a sus funcionarios, en particular, por sus esfuerzos para reunirse con los sindicatos de toda la Unión Europea e incluso de los Estados Unidos de América, que han tenido la oportunidad de exponer sus opiniones. 
Sin duda, una de las consecuencias de las fusiones y las absorciones son sus repercusiones sobre el empleo, y sé que el Comisario, dentro de los límites que marca el Tratado, es sensible a esto. 
También hay que subrayar que existen razones tecnológicas especiales por las que una concentración de propiedad, el posible abuso de posición dominante, es tan grave. 
En la mayoría de los otros sectores, dicha concentración o posible abuso podría ser temporal, pero en este ámbito, si una compañía logra asegurarse una posición tan fuerte, es prácticamente seguro que la mantendrá si no para siempre, al menos durante mucho tiempo. 
En su presentación, señor Comisario, se ha referido al peligro de que una empresa consiga el control de estos mercados. 
Es un auténtico dilema para el Parlamento y la Comisión. 
Reconocemos que las fusiones y las absorciones son prácticamente inevitables y, en muchos casos, deseables, pero también somos conscientes de los peligros potenciales y reales. 
El Parlamento es coherente con su opinión de que no queremos poner ningún obstáculo en la vía de la competitividad y la innovación. Acogemos con satisfacción la posición que usted ha adoptado respecto a este tema en particular. 
Otra pequeña observación: buena parte de esta competencia es entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
Sé que usted es perfectamente consciente de la importancia que tiene para Europa ir a la cabeza en estos dos importantes ámbitos de la telefonía móvil de tercera generación y la televisión digital, y espero que continúe con sus esfuerzos para mantener dicho liderazgo, que tiene una importancia tan decisiva para los puestos de trabajo, el empleo y la prosperidad en la Unión Europea. 
Quisiera retomar el tema al que acaba de hacer referencia la oradora anterior, a saber, los aspectos transatlánticos de la liberalización de las telecomunicaciones y, en particular, los apartados 6 y 7 de la propuesta de resolución, que hacen referencia a la lamentable iniciativa del Senador Hollings de limitar la transferencia de licencias a las empresas de telecomunicaciones en las que el Estado tenga una participación superior al 25%. 
Esto parece un bandazo irónico hacia una posición proteccionista, precisamente cuando aquí en Europa y en este Parlamento nos disponemos a embarcarnos en un debate sobre la última serie de medidas que, en mi opinión, convertirán el mercado de las telecomunicaciones en la Unión Europea en el más liberalizado y el más abierto del mundo, superando ampliamente muchos, si no la totalidad, de los compromisos que hemos asumido en el marco del GATT y de la OMC. 
Es una situación desequilibrada si no técnica, cuando menos políticamente, que merece la atención de esta Asamblea. 
A pesar de que siento cierta simpatía filosófica por el Senador Hollings y sus colegas que consideran que las empresas estatales tienen ciertas ventajas ocultas y, a veces, explícitas sobre sus competidores privados, el modo en que el Congreso de los Estados Unidos está intentando enfocar este asunto es contrario al espíritu y a la letra de los compromisos multilaterales estadounidenses. 
Quisiera pedir a los compañeros diputados que, a la hora de estudiar la última serie de medidas en el sector de las telecomunicaciones en las próximas semanas, no permitan que esta medida se pase por alto o quede sin respuesta. 
Señor Presidente, señor Comisario, recuerdo cómo a mediados del año pasado, cuando se anunció la fusión entre las empresas estadounidenses Time Warner y America Online, hubo voces que calificaron aquello como el inicio anticipado del tercer milenio en lo que se refiere a los aspectos culturales y tecnológicos. 
En aquel entonces, se hicieron comparaciones. 
En los Estados Unidos, el 40 % de los hogares tenía acceso a esa gran red de redes que se llama Internet, mientras que en la Unión Europea apenas se llegaba al 20 %, y sólo rebasaban este nivel unos pocos Estados de la Unión, más avanzados en el desarrollo de las tecnologías. 
Yo creo que hay que avanzar y profundizar precisamente en esto: en no tener sociedades de dos tipos, no tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos tecnológicamente avanzados y ciudadanos tecnológicamente retrasados. 
Hay que lograr que todos los ciudadanos puedan acceder a esta nueva sociedad de la información. 
Pero, al mismo tiempo que profundizamos en la concentración de empresas y en hacer progresar el mercado europeo, debemos tener en cuenta los peligros que la inseguridad está produciendo en las telecomunicaciones. 
Yo recuerdo ahora mismo el asunto Echelon, que tiene mucho que ver con este tipo de cuestiones. 
En Europa, en esta Unión Europea, tenemos que cuidar de que haya seguridad, porque forma parte de los derechos humanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, saludamos que la Comisión y el US-Department of Justice hayan prohibido la proyectada fusión de MCI Worldcom y Sprint y tomamos nota también con alegría de que las autoridades de los EE.UU no quieran autorizar el "deal" de AOL y Time Warner. 
Internet tiene que seguir siendo un medio de comunicación para todos. 
Por ello, hay que impedir que los gigantes de las telecomunicaciones y de los medios puedan establecer una posición dominante. 
El derecho de competencia es para ello un instrumento eficaz. 
Las fusiones tienen también repercusiones sobre el empleo y la cohesión social. 
Las telecomunicaciones y los medios no son unos ramos sacudidos por la crisis sino un sector en expansión. 
Esto hace objetivamente más fácil incluir también los aspectos sociales y de empleo en las decisiones sobre las fusiones. 
En los EE.UU la Federal Communication Commission ha negociado desde mediados de los años noventa en varias decisiones sobre fusiones unos autocompromisos de las empresas para elevar la cifra de empleados, mejorar la calidad del servicio y representar mejor los intereses públicos. 
Por ello, no comprendemos porqué precisamente en la Europa de los Estados sociales se reduce al mero derecho de competencia. 
Exigimos que la UE incluya cláusulas sociales vinculantes para la autorización de fusiones. 
Aparte de un examen jurídico sobre la competencia necesitamos otros criterios en las decisiones sobre las fusiones, por ejemplo, primero: las empresas deben comprometerse vinculantemente a la conservación o ampliación del nivel de empleo. 
Segundo: deben mejorar la calidad del servicio para amplias capas de consumidores. 
Tercero: tienen que aplicar estrictamente los mecanismos del diálogo social europeo y las disposiciones de la directiva sobre la información y consulta de los trabajadores también en la fase transitoria hacia la nueva empresa fusionada. 
Cuarto: la fusión debe aportar una utilidad adicional para promover los intereses públicos. 
Esto afecta a puntos como al aseguramiento de un servicio universal global y moderno así como a los requerimientos que debe cumplir la protección de los datos y de las personas. 
Sólo así podremos asegurar que la política de competencia fortalezca el modelo social europeo en la new economy. 
Señor Presidente, para comenzar, quisiera decir que acojo con satisfacción la publicación de las nuevas directivas y reglamentos sobre telecomunicaciones realizada por la Comisión el 12 de julio. 
Esta publicación forma parte del actual programa marco para mejorar la calidad de los servicios de las telecomunicaciones en Europa. 
Es acertado que el Parlamento y la Comisión se mantengan firmes en su deseo de que la Unión mejore su red de telecomunicaciones. 
Es justo afirmar que los Estados Unidos van posiblemente tres años por delante de la Unión en lo que respecta a la utilización de Internet. 
Con la ayuda de las nuevas directivas que se están poniendo en vigor en el sector de las telecomunicaciones, la Unión Europea alcanzará a los Estados Unidos antes de lo previsto. 
Esta tendencia se ajusta asimismo a las conclusiones del reciente Consejo Europeo celebrado en Portugal. 
Los dirigentes de la UE han apuntado a la necesidad de mejorar nuestros servicios globales en el sector de las telecomunicaciones. 
Respaldo la recomendación de que todas las escuelas de Europa tengan acceso a Internet. 
Desde una perspectiva irlandesa, me complace, en particular, que este programa esté avanzando a un ritmo tan rápido. 
Se ha hablado mucho, en los medios de comunicación nacionales e internacionales, de las subastas de las licencias de telefonía móvil de tercera generación en Europa. 
Ciertamente, las subastas de estas licencias en Alemania y Gran Bretaña han aportado grandes sumas de dinero a los respectivos tesoros públicos, pero ¿quién pagará al final estos teléfonos? 
Creo firmemente que serán los consumidores, una vez más, los que se verán obligados a soportar los altos costes de estas licencias. 
Señor Comisario, no envidio su función en general y menos aún en un sector como el de las telecomunicaciones, muy nuevo y con dinámicas imprevisibles que convierten en especialmente difíciles las decisiones en materia de competencia y de concentración que, si se examinan con los criterios tradicionales, no siempre responden a los intereses de las empresas de un sector como el de las telecomunicaciones que en Europa debe avanzar para contar con empresas más competitivas, y a veces tampoco de los consumidores. El caso Microsoft demuestra que, cuando se consideraba que la misma había alcanzado el máximo de su posición dominante, sin ninguna clase de intervención por parte del Departamento de Justicia americano, otro software como Linux estaba minando su posición de monopolio. 
Me habría gustado hablar del caso Vodaphone-Mannesmann, con las repercusiones algo problemáticas en el siguiente caso France Telecom, Orange; quería expresar mi temor de que exista el intento o el instinto por parte de las autoridades comunitarias, y seguramente por parte del Parlamento, de decretar una regulación redundante en este sector. 
Hoy el Parlamento- y ruego al Sr. Comisario que tome nota de ello- ha votado con muy pocas discrepancias, entre las cuales se encuentra la nuestra, un documento en que se invita a la Comisión a promover la creación de un órgano para impedir concentraciones de mercado que comprometan el pluralismo. 
Se trataba de una resolución sobre la multimedialidad, pero las telecomunicaciones y la multimedialidad son un único mercado y creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de intervenir en los procesos de concentración y de reestructuración de este sector. 
Por el bien del... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, doy las gracias a la Comisión por haber impedido con firmeza la fusión de las empresas WorldCom y Sprint, decisión que fue muy acertada. 
Este tipo de casos ha venido aumentando muchísimo últimamente. 
El número de fusiones se ha quintuplicado durante los últimos diez años y se llevan a cabo del orden de trescientas al año. 
El Sr. Harbour se refirió a la toma en consideración del paquete relativo al sector de las telecomunicaciones. 
Ello es muestra del vertiginoso desarrollo de este sector. 
Se requiere mucho dominio del tema por nuestra parte. 
El sector de las telecomunicaciones es peculiar. 
No se trata de fabricar ruedas de carreta, sino que estamos ante un sector muy excepcional, ya que, hoy por hoy, la información es el instrumento más importante de la producción. 
Además, este sector conlleva de por sí, como bien sabemos por el caso Echelon y por otros similares, la posibilidad intrínseca de control, o sea, la posibilidad de controlar a las personas, cosa que también se ha convertido en una importante actividad comercial. 
Otro rasgo implicado es su carácter global, que sobrepasa las fronteras de los Estados y de las culturas. 
En cierto sentido, Estos rasgoso sentido, las empresas del sector quedan al margen de todo control y de toda regulación. 
Por el contrario, estas empresas sí pueden crear dependencias a través de esos rasgos, puesto que una parte de esta actividad comercial tiene lugar en el cerebro de las personas. 
Se trata de la conquista de un nuevo territorio muy importante, y por eso pediría que la Comisión sea muy escrupulosa en lo que respecta a estas fusiones. 
Señor Comisario, al mismo tiempo que aquí intentamos liberalizar desregulando, las empresas tienen una tendencia a "rerregular", esto es, a concertar entre sí los mercados desentendiéndose del control democrático y de los sistemas de regulación. 
Como indicó el Sr. Clegg, también existen problemas, en efecto, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, como es el caso de las limitaciones relativas a la fusión de Deutsche Telekom, asunto en el que es necesario intervenir. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, mi colega Clegg, ya ha expresado en nombre del Grupo Liberal, su apoyo en líneas generales a las propuestas de la Comisión, y su preocupación por algunos aspectos específicos en relación con los Estados Unidos, tal como ahora se acaban de mencionar. 
Yo desearía destacar la preocupación por un aspecto que consta en la propuesta de resolución original del Grupo Liberal, que se refiere en su primer apartado a la necesidad de rechazar cualquier interferencia política en la política de competencia de la Comisión. 
Aplicada al tema que aquí nos ocupa, el sector de las telecomunicaciones, es una preocupación fundada por los casos que han ocurrido en España, hace unos meses, respecto a la fusión de Telefónica con una empresa holandesa, en Portugal y en otros sectores en Francia. 
Nos preocupa que aún haya interferencias de los Gobiernos en la actuación de empresas que lo que buscan es tener una dimensión y una competencia adecuadas a nivel europeo. 
Por esto, apoyamos las propuestas de la Comisión y llamamos la atención sobre este aspecto. 
Permítanme, en nombre de todos nosotros, dar hoy la bienvenida al Comisario al Parlamento. 
Todos reconocemos la importancia de nuestra tarea en el departamento de competencia de la Comisión. 
Quizá, la tarea más importante de la Comisión es mantener la libre competencia y conseguir que el mercado funcione en toda la Unión Europea. 
En el contexto de las telecomunicaciones, es de vital importancia garantizar que los consumidores obtienen todos los beneficios que el libre mercado puede ofrecerles, en particular, el acceso a bajo coste a Internet. 
El modo de proporcionar este acceso a bajo coste a Internet, que es de importancia fundamental para la creación de una e-economía europea para la población de Europa, es a través de la liberalización y la libre competencia. 
En el pasado solíamos regular el sector de las telecomunicaciones a través de normas nacionales, pero éstas desaparecerán en el futuro porque estamos avanzando hacia unas normas globales de regulación, a saber, las que dicta el mercado. 
El mercado es el regulador más eficaz; proporciona la mejor protección a los consumidores y poder que todos los grupos consultivos de la Comisión. 
En el futuro querremos dar más trabajo al departamento de competencias que estudia las fusiones, porque cabe esperar que el papel que desempeñará el mercado en el sector de las telecomunicaciones será mayor que en estos momentos. 
Queremos que se ponga fin a las ventajas que han heredado algunos antiguos monopolios estatales. 
Espero que la Comisión aplique las leyes de competencia y fusiones con todo rigor, pero deberá asegurarse siempre de que estudia todas las fusiones por sus propios méritos. 
Una fusión no tiene por que ser necesariamente injusta para el mercado o distorsionadora de la competencia, únicamente por el hecho de que pueda crear un gran interlocutor o una gran empresa. 
Debemos recordar que Europa necesitará probablemente grandes empresas si queremos aprovechar los beneficios de la revolución de Internet. 
Señor Presidente, quiero seguir el hilo de lo expuesto por Mary Read, concretamente en el punto en el que se ha referido a las repercusiones sobre los puestos de trabajo y el empleo. 
No es cierto que las trabajadoras y trabajadores en nuestras regiones y distritos electorales estén esperando cada vez con mayor entusiasmo la liberalización de sectores antes protegidos. 
Lo contrario ocurre con frecuencia. 
En el campo de la empresas de los transportes públicos de cercanías tendremos que responder en las próximas semanas y meses a una gran cantidad de preguntas de los empleados. 
Nosotros, los representantes del pueblo, tenemos que responder de ello, no la Comisión quien a lo sumo habla con los gerentes de las asociaciones. 
No es cierto que en la liberalización sin límites y en la apertura del mercado radiquen todos los bienes. 
Pero la apertura del mercado en las telecomunicaciones es un ejemplo de que tal apertura puede aportar ventajas a las y a los consumidores gracias a un descenso de los precios y a nuevos servicios. 
Ha impulsado un desarrollo tecnológico rapidísimo, lo que, a la postre, ha traído como consecuencia que se registre un crecimiento de puestos de trabajo y en grandes ámbitos incluso unos puestos de trabajo de alta calidad. 
La globalización de nuestras economías ha proporcionado importantes impulsos a la apertura de los mercados de las telecomunicaciones en Europa y, por ende, ha favorecido el desarrollo en el ámbito internacional. 
Que se necesitan ciertas magnitudes empresariales para poder actuar como global player es algo evidente. 
Pero esto no debe conducir naturalmente a que surjan nuevos monopolios en mercados y mercados parciales. 
Lo que necesitamos es una política de competencia consecuente sobre las empresas para impedir el surgimiento de un poder de mercado unilateral en el nuevo complejo global de los multimedia y telecomunicaciones. 
Por ello, se debe apoyar a la Comisión en su decisión en los asuntos World Com y Sprint. 
También esperamos que proceda de un modo similarmente consecuente ahora en los casos Time Warner y AOL. 
Pero, sobre todo, es importante que en sus esfuerzos por modernizar el derecho de competencia en especial en el campo del reglamento sobre el control de fusiones tome esto como motivo para proceder de modo muy consecuente en sus esfuerzos de reforma. 
Esperamos que esto no contribuya a que debido a algo así quizás se vea perjudicada la política de competencia. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, Sr. Monti, estimados oyentes, el hecho de que las empresas del sector de las telecomunicaciones, cuyos operadores se ven precisamente ahora forzados a realizar inversiones millonarias y a emprender grandes proyectos en infraestructuras, intenten buscar socios en el marco del libre mercado, respetando las reglas de éste, no es otra cosa que el funcionamiento natural de los mercados. 
Los intereses globales de la sociedad se verán beneficiados de la creación en Europa de un entorno que confiera a las empresas, o sea, al sector privado, la capacidad de encargarse de la realización de los proyectos para crear las infraestructuras que son imprescindibles para esta sociedad de la información. 
Puesto que, además, estas mismas empresas contratan nueva mano de obra, tal y como hemos oído hoy en su exposición, señor Monti, e impulsan así el crecimiento económico europeo, no llego a comprender los temores que pueblan esa otra parte de este Hemiciclo con respecto a que estas fusiones, que repercuten cabalmente en beneficio de toda la sociedad, acaben teniendo consencuecias negativas en el empleo de Europa. 
Los políticos y las autoridades reguladoras, trust-buster, como, por ejemplo, el Sr. Monti, no deben intervenir en el desarrollo actual de los mercados, salvo que se den circunstancias que lleven a pensar a la Comisión, de modo bien fundamentado, que alguna fusión determinada puede causar competencia desleal y perjudicar así los intereses de los consumidores. 
Señor Rapkay, puede usted estar seguro de que nadie en esta sala desea monopolios en los mercados, ni tampoco oligopolios. 
Esto es algo que hay que circunscribir sólo a ciertos casos concretos, es decir, que se necesita coherencia en este aspecto. 
Por otra parte, la Comisión debe mostrarse activa a la hora de velar por que se cumpla el libre acceso al mercado en todos los sectores, tal y como se señala en el punto 3 de la propuesta de resolución conjunta del Parlamento. 
El seguimiento debe concentrarse en la competencia global, en cuyo marco han surgido problemas últimamente, al menos en lo que respecta al contrato entre Voice Estream y Deutsche Telekom. 
Desearía que usted, señor Monti, comente el plan del Congreso de EEUU, completamente contrario a las normas de la OMC, que prohibiría la transferencia de licencias a las firmas que sean propiedad de empresas extranjeras. 
. (IT) Señor Presidente, deseo agradecer a los diputados que han intervenido la atención que prestan a estos temas, el aprecio que han generosamente mostrado por la actividad de la Comisión y su apoyo. 
Les pido disculpas por si tendré que ser muy, muy conciso en mis respuestas. 
Harbour, usted ha identificado una cuestión decisiva, a saber, la de impedir que las tendencias del mercado perturben el desarrollo de la innovación. 
De hecho, es una de nuestras principales preocupaciones. 
Ha hecho referencia al resultado del informe del grupo de pares de la Comisión. 
Estoy encantado de que el grupo de pares haya comprendido tan claramente las necesidades de la política de competencia. 
Estamos comenzando a concebir ideas sobre cómo desplegar recursos adicionales dentro de la Dirección General de Competencia, pero antes debemos asegurarnos de que contamos con respaldo de la Autoridad presupuestaria. 
La Sra. Read, entre otros, ha apoyado la decisión que adoptamos a finales de junio respecto a la fusión MCI Wellcome-Sprint. 
Dicha decisión estuvo basada en un gran número de consideraciones, incluidas algunas aportaciones de las organizaciones sindicales, aunque ello no nos ha llevado de ningún modo a apartarnos de las normativas. 
La Sra. Read y otros diputados se han referido a algunos sectores en los que Europa va a la cabeza, por ejemplo, la telefonía móvil de tercera generación y la televisión digital. 
Un modo especialmente eficaz de mantener el liderazgo es conseguir el funcionamiento eficaz del mercado. 
Por ello insistimos tanto en la aplicación estricta de la política de competencia, a la luz de la situación del mercado en Europa, con independencia de la nacionalidad de las empresas. 
Cuando las empresas establecen o consolidan una posición dominante sin proponer los remedios necesarios, no tenemos otra alternativa que bloquear la fusión, y lo hemos hecho recientemente en un caso en el que participaban dos empresas europeas, Volvo y Scania que, en realidad, están establecidas en el mismo Estado miembro. 
Habríamos hecho lo mismo en otro caso en el que una empresa era europea (Pechiney) y la otra estadounidense-canadiense (Alcan) , pero la fusión se canceló. 
Asimismo, hemos tomado una medida similar en el reciente caso de MCI Wellcome-Sprint, en el que ambas empresas eran estadounidenses. 
Hemos establecido una cooperación excelente con nuestros homólogos estadounidenses del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio. 
A propósito de los Estados Unidos, varios diputados han llamado la atención sobre los riesgos que representa la propuesta de ley Hollings. 
Se trata tan sólo de una propuesta y espero que no se convierta en ley, aunque eso depende de los homólogos estadounidenses de sus Señorías. 
No obstante, si se aprobara dicha ley, la consideraría un indicio alarmante de proteccionismo. 
Sería lamentable si la liberalización, que ha dado tantos saltos de gigante en los Estados Unidos, Europa y otros países durante estos últimos años, comenzara a retroceder en los Estados Unidos. 
Además, el proyecto de ley es, en nuestra opinión, claramente incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos con respecto a la OMC y otros acuerdos fundamentales en el ámbito de las telecomunicaciones, y la Comisión, a través de mi colega Pascal Lamy, así se lo ha hecho saber con toda claridad a nuestros homólogos norteamericanos. 
La Comisión también se opone firmemente a este tipo de legislación en nuestros Estados miembros. 
Para disipar los temores del Sr. Gasòliba i Böhm, diré que sólo la Comisión tiene competencia para estudiar las fusiones a escala comunitaria. 
Cuando un Estado miembro interviene injustamente, la Comisión está dispuesta a desafiar dicha intervención, tal y como demostró el año pasado en el caso de una decisión dirigida al Gobierno portugués. 
El Sr. Ortuondo Larrea, el Sr. Markov y el Sr. Rapkay se han referido al importante caso de AOL-Time Warner. 
Comprenderán que ahora no pueda decir gran cosa. 
El plazo para la publicación de la decisión de la Comisión expira el 24 de octubre. 
La audición sobre esta fusión se celebrará hoy y mañana en Bruselas. 
Expresamos nuestra preocupación el 22 de agosto, fecha en que comunicamos a las partes nuestra declaración de objeciones. 
En estos momentos no puedo añadir nada más. 
El Sr. Gallagher y otra de sus Señorías se han referido al sistema de concesión de licencias de telefonía móvil de tercera generación. 
Las subastas incrementarán el número de operadores de telefonía móvil en la Unión. 
Más interlocutores significa más competencia, por lo que no podemos por menos que acoger con satisfacción el resultado de las subastas desde el punto de vista de la competencia. 
Evidentemente, nos aseguraremos de que los consorcios que se creen no den lugar a prácticas concertadas porque la condición de miembro de pleno derecho variará de un país a otro. 
Se ha señalado que las cantidades abonadas a los gobiernos de la UE para obtener las licencias son demasiado elevadas y que los operadores se verán obligados a recuperar su inversión inicial, lo que provocará una subida de los precios para los consumidores y, quizá, limitará el desarrollo de los nuevos servicios avanzados de telefonía móvil. 
Pero éste no es un asunto que concierna a la ley de la competencia como tal, aunque el intento de introducir restricciones a la competencia para facilitar la recuperación del coste sería sancionado por la ley de la competencia. 
No obstante, con independencia del sistema que se utilice- subastas, concursos de belleza o lo que sea- puede ser necesario un escrutinio de las normas precisas del concurso de belleza o de la subasta para garantizar, por ejemplo, que los titulares no son favorecidos y que la no discriminación, la transparencia y la proporcionalidad están garantizadas. 
Por tanto, aunque los Estados miembros tienen libertad para elegir entre un concurso de belleza, un sistema de subasta o una combinación de ambas modalidades, deberán respetar la ley de la competencia y la legislación específica del sector de las telecomunicaciones sobre la concesión de licencias, así como las normas relativas a las ayudas estatales. 
En este contexto, cabría mencionar que la DG de Competencia está estudiando actualmente una queja contra los Países Bajos, en colaboración con la DG de la Sociedad de la Información. 
Asimismo, estamos analizando una queja contra Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania y, por último, también estamos investigando la subasta de UMTS en relación con las normas sobre las ayudas estatales. 
O sea que intentamos mantenernos alerta, tal y como nos instan todos ustedes. 
(IT) El Sr. Della Vedova teme que haya un intento de cargar demasiado con obligaciones reglamentarias el desarrollo de este sector tan prometedor para la economía europea. 
Les puedo asegurar que la Comisión, desde el punto de vista reglamentario, trata de mantener las obligaciones al mínimo y precisamente por esto, considera importante que exista un pleno papel para la política de la competencia. 
En cuanto al pluralismo, al que ha hecho referencia el Sr. Della Vedova, puedo sólo recordar que, en el orden actualmente existente en Europa, los Estados miembros pueden adoptar medidas para proteger el pluralismo. 
Esto se reconoce en el reglamento sobre las concentraciones como una de las razones legítimas para las intervenciones de los Estados miembros, siempre que naturalmente obedezca coherentemente a la defensa del pluralismo. 
(EN) Tomo nota de que la Sra. Villiers nos insta a que apliquemos la ley de competencia con todo rigor. 
Espero que estemos a la altura de sus expectativas en el futuro, sin ninguna predisposición por razones de tamaño. 
Debemos examinar las situaciones caso por caso. 
El tamaño puede crear problemas a veces. 
Incluso los operadores más pequeños pueden crear problemas de competencia y en ese caso debemos intervenir. 
Por último, varios diputados- la Sra. Read, el Sr. Markov, la Sra. Ainardi, el Sr. Rapkay- han reconocido y han hecho hincapié en las repercusiones beneficiosas que tiene el desarrollo de este sector sobre el empleo, aunque también han expresado cierta preocupación por el impacto social de las fusiones. 
Debo ser muy breve a estas alturas. 
Esto plantea dos problemas. 
Respecto al efecto general sobre el empleo, creo firmemente que si se mantiene la competencia, el empleo tiende a mejorar. 
Éste ha sido claramente el caso en el sector de las telecomunicaciones. 
A pesar de que los interesados hayan podido despedir a algunos trabajadores, la liberalización ha traído consigo un gran número de nuevos candidatos que están creando nuevos puestos de trabajo. 
La Comisión está muy interesada en la protección de los derechos de los trabajadores. 
Todo el despliegue de instrumentos políticos de la Comisión y la evaluación de las concentraciones se limita puramente a los aspectos que abarca la ley de la competencia. 
No obstante, la Comisión acoge con satisfacción la participación de los representantes de los trabajadores en el proceso de control de las fusiones. 
Los representantes tienen derecho a ser escuchados en todas las fases del procedimiento. 
Sé por experiencia que sus opiniones constituyen una valiosa aportación para mis servicios. 
Cada vez estoy más convencido de que la competencia rigurosa es un componente clave de una economía social de mercado, ya sea en los sectores tradicionales o en los nuevos sectores y- hago hincapié en ambos adjetivos- economía social y de mercado. 
Muchas gracias, señor Monti, por su detallada respuesta. 
He recibido 4 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, para cerrar la presente declaración. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves. 
Clonación humana 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la clonación humana. 
Señor Presidente, Señorías, los avances científicos recientes en la esfera de la ciencia de la vida ofrecen perspectivas de aplicación muy importantes, pero plantean cuestiones de carácter ético que afectan a una mayoría de nuestros conciudadanos. 
Cada vez resulta más importante prever tales cuestiones éticas a fin de integrarlas en un diálogo más amplio entre la ciencia y la sociedad. 
En su comunicación de enero de 2000, la Comisión puso de relieve que un verdadero espacio europeo de investigación sólo puede realizarse, si fomentamos también un espacio europeo de valores éticos compartidos en Europa. 
Para ello, la Comisión se propone adoptar iniciativas tales como el fortalecimiento de los vínculos entre los comités de ética en Europa y el intercambio de procedimientos idóneos en materia de evaluación ética de los proyectos de investigación. 
La clonación terapéutica, o, más concretamente, la utilización para fines terapéuticos de células embrionarias originarias obtenidas mediante las técnicas de clonación, es un ejemplo de las cuestiones éticas planteadas por los rápidos avances científicos en las ciencias de la vida. 
Esa técnica de clonación terapéutica presenta una sensibilidad muy particular por razones evidentes de carácter cultural, religioso o ético. 
El informe del grupo de expertos británico, publicado el 16 de agosto, reconoce el gran interés de las investigaciones sobre las células embrionarias humanas originarias y su aplicación terapéutica. 
Este informe propugna la autorización de investigación en esa esfera y, en particular, el recurso a embriones concebidos mediante clonación, según la tecnología de substitución de núcleo, al tiempo que recomienda una reglamentación jurídica y ética clara. 
La publicación de este informe ha suscitado gran número de tomas de posición en toda Europa y ha permitido iniciar un verdadero debate en el nivel europeo, allende los círculos científicos interesados. 
Como anunció el Presidente Prodi recientemente en un comunicado de prensa, la Comisión, lejos de guardar silencio, desea que continúe un debate ilustrado en estrecha asociación con el Parlamento Europeo. 
El respeto de la identidad nacional de los Estados miembros movió a que en el Tratado de la Unión Europea se concedieran prerrogativas a los Estados para legislar en materia ética. 
De hecho, existe una gran diversidad de legislaciones o lagunas legislativas que reflejan una gama de sensibilidades muy diferentes en los países de la Unión. 
No obstante, la acción comunitaria en la esfera de la investigación biotecnológica se apoya cada vez más en los principios éticos fundamentales más rigurosos, en el respeto de las sensibilidades nacionales. 
Así ocurre con la legislación comunitaria sobre la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, que se basa expresamente en el respeto de los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la integridad del hombre y reafirma el principio según el cual el cuerpo humano, en todas las fases de su constitución o su desarrollo, incluidas las células germinales, así como el simple descubrimiento de uno de esos elementos o uno de esos productos, incluida la secuencia parcial de un gen humano, no es patentable. 
Esta legislación excluye de la patentabilidad la clonación humana reproductiva y la comercialización de embriones o elementos del cuerpo humano. 
Al tiempo que reglamenta las condiciones en las que una invención basada en la materia biológica puede disfrutar de una protección por patente, la directiva no tiene por objeto fijar las condiciones en las que se puede hacer la propia investigación. 
Por lo que se refiere a la investigación, la Comisión Europea apoya la esfera biomédica desde hace muchos años. 
El quinto programa-marco, aprobado conforme al procedimiento de codecisión, respeta los principios éticos fundamentales y se basa en el dictamen emitido por el grupo europeo de ética antes de la aprobación del programa-marco. 
Así quedan excluidas de forma perfectamente explícita las investigaciones relativas a las técnicas de clonación para fines reproductivos o terapéuticos. 
Asimismo la clonación animal queda limitada a finalidades justificadas en el plano ético, siempre y cuando se lleven a cabo las operaciones sin provocar sufrimientos inútiles. 
El programa-marco, que desempeña también un papel de previsión, apoya actualmente los estudios de bioética relativos a los riesgos y los beneficios potenciales de las tecnologías de clonación. 
Además, se están aplicando métodos complementarios a la clonación terapéutica encaminados a crear nuevas técnicas de terapia celular, en particular mediante los importantísimos trabajos que utilizan células originarias adultas. 
En esas investigaciones se respetan los principios éticos fundamentales y las normas nacionales aplicables. 
Deseo subrayar que en la evaluación de las propuestas se tienen en cuenta sistemáticamente los aspectos éticos y, en el caso de las propuestas que afectan a cuestiones éticas más delicadas, se hace un examen ético a fondo. 
La Comisión espera con gran interés el dictamen sobre la utilización de las células humanas originarias que emitirá el grupo europeo de ética en noviembre de este año. 
Dicho grupo supo demostrar su independencia y su gran competencia para abordar cuestiones a un tiempo muy delicadas y muy técnicas. 
Ese dictamen, como los anteriores, será, naturalmente, muy importante para la reglamentación de la política comunitaria de investigación. 
De forma más general, el grupo de expertos de alto nivel sobre las ciencias de la vida, creado recientemente a iniciativa mía, debe ayudarnos a entablar un verdadero diálogo entre el mundo de la investigación y la sociedad en la esfera de las ciencias de la vida. 
El foro de debate que organizará dicho grupo los próximos días 6 y 7 de noviembre en Bruselas y al que invito, naturalmente, a todos los diputados a esta Asamblea interesados, representa una etapa importante en el establecimiento de dicho diálogo. 
Así, aunque no se propone legislar ni armonizar en la esfera de la ética, la Comisión quiere contribuir al debate, con respeto de la diversidad de nuestras culturas y nuestras sensibilidades de Europa. 
Ése es también uno de los objetivos del espacio europeo de investigación que se está creando. 
A las 17 horas, es decir, justo después del debate sobre la ampliación. 
Declaraciones del Sr. Verheugen sobre la ampliación 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación sobre la declaración formulada por el Sr. Verheugen respecto de la ampliación. 
Saludo al Presidente Romano Prodi a su llegada y le agradezco su presencia. 
Señalo a la atención de sus Señorías que el Presidente Prodi va a tener que dejarnos a las 16.35 horas para trasladarse a Nueva York a la reunión del Milenio. 
No obstante, le agradecemos que haya tenido a bien estar presente en este debate y sin más demora le concedo el uso de la palabra.. 
. (IT) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, he querido hacer personalmente una declaración a este Pleno para aclarar, junto con el Comisario Verheugen, el significado político de su entrevista del 2 de septiembre al diario Süddeutsche Zeitung, así como el significado político de sus posteriores declaraciones a la prensa. 
Dentro de unos instantes el Comisario Verheugen les explicará exactamente la letra y el espíritu de lo que manifestó. 
Por lo que a mí respecta, quiero reafirmar solemnemente ante ustedes, miembros del Parlamento, el compromiso sin condiciones de mi Comisión para sacar adelante la formidable empresa de la ampliación. 
En muchas ocasiones he recalcado que la ampliación es la tarea más importante que esta Comisión se ha impuesto comprometiéndose a emprenderla en la dirección correcta. 
Esta nueva página de la historia de la Unión se debe escribir lo antes posible, de acuerdo con los objetivos fijados por el Consejo Europeo y por la propia Comisión e ilustrados en muchas ocasiones a este Pleno. 
Como ustedes saben muy bien, se trata de una operación extraordinariamente compleja desde el punto de vista político y con su constante apoyo la Comisión está llevando adelante el proceso negociador de forma transparente y objetiva cumpliendo con rigor las reglas del mandato recibido. 
Las democracias de los países que ingresarán en la Unión están haciendo un gran esfuerzo que nos arriesgamos a infravalorar continuamente. 
Sin embargo, nosotros debemos corresponder a este esfuerzo con una gran generosidad política. 
Dicha generosidad debe expresarse de muchas maneras. 
El primer acto de generosidad que no puedo dejar de reafirmar una vez más es que la Unión debe estar lista para admitir a los nuevos miembros desde el 1 de enero de 2003. 
En consecuencia, la principal tarea que le espera a la Unión para poner orden en nuestra casa es acordar en Niza, al final de este año, una reforma institucional de gran calidad para evitar que nuestro sistema se deslíe. 
Existe asimismo otro aspecto de la generosidad política que es nuestro deber demostrar y es que todos nosotros debemos esforzarnos en conseguir el consenso más amplio posible entre los ciudadanos en favor del proceso de ampliación. 
Por mí parte, temo que la opinión pública aún no está suficientemente convencida del mismo. 
La búsqueda de un respaldo democrático para esta empresa de alcance histórico demuestra nuestra voluntad de acelerar dicho proceso y da fe de nuestro deseo de reforzarlo. 
Obviamente, establecer cuáles son las maneras y los instrumentos adecuados para asegurarse de este apoyo en los Estados miembros o en los países es una cuestión que les corresponde a ellos decidir. 
En particular, los procedimientos nacionales de ratificación de la ampliación son asuntos de orden nacional. 
Ciertamente no es intención ni de la Comisión, ni del Comisario Verheugen, interferir en este debate. 
Sin embargo, y éste es otro discurso, cada uno de nosotros debe contribuir a explicar a nuestros conciudadanos cuál es la apuesta en juego. 
Siempre he advertido por parte del Parlamento, ante el que comparezco, un compromiso total de hacer precisamente esto: explicar y volver a explicar a nuestros conciudadanos que la ampliación no es una amenaza, sino una ocasión histórica desde todos los puntos de vista, en primer lugar para la paz en nuestro continente. 
El sincero compromiso de todos los Comisarios de llevar adelante las políticas del Colegio es una vitola de mi Presidencia y este Pleno sabe que, en caso necesario, no me faltan los medios adecuados para garantizar su respeto. 
En el caso específico, estoy absolutamente convencido de que Günter Verheugen comparte de todo la política de la Comisión, una política que este Pleno ha aprobado en muchas ocasiones. 
Por lo tanto, confío plenamente en su capacidad de llevar a término rápida y positivamente las negociaciones sobre la ampliación. 
Señora Presidenta, doy las gracias al Presidente de la Comisión y al Comisario Verheugen por haber accedido a mantener este debate con nosotros. 
Ésta es para nosotros una excelente oportunidad para entablar un debate serio y sincero sobre la ampliación, y también podemos hacer juntos una reflexión en cuanto al modo de integrar a los ciudadanos en este debate. 
Nada más importante que esto. 
Puedo comprender que en la Comisión puedan estar algo molestos por la actitud que el Consejo adopta en ocasiones en el tema de la ampliación. 
El Consejo no ha sido capaz de presentar planes concretos para la ampliación, y en este aspecto está obligado a cerrar filas entre sus miembros. 
Tampoco es nada útil el hecho de que los dirigentes de los Estados miembros viajen a los países candidatos haciéndoles promesas inconsistentes sobre que muy pronto podrán ser acogidos como miembros. 
Esto no es una forma seria de trabajar por la ampliación. 
Es evidente que podemos recuperar la confianza de los ciudadanos, pero ello requiere, ante todo, que haya más transparencia en todo el proceso de negociaciones. 
El Parlamento también debe participar en esos debates, y ahora tenemos una buena ocasión de demostrar que nosotros discutimos este asunto con regularidad también en el Parlamento Europeo. 
¿Y qué hay con respecto a la idea de que se organicen referenda sobre los resultados de las negociaciones de la ampliación? 
Quizás no sea el momento adecuado de pensar en esto, puesto que sería realmente necesario contarle a la gente que han transcurrido ya ocho años desde que los actuales países aspirantes fueron invitados a adherirse a la Unión Europea. 
Ya han transcurrido nada menos que ocho años, pero es de esperar que nos atrevamos a explicarles a los ciudadanos que este proceso está ya muy avanzado y que es irreversible. 
El reférendum es un buen medio para hacer participar a los ciudadanos en la toma de decisiones. 
Quiero darle las gracias al Comisario Verheugen por haberse atrevido a pronunciar esta palabra. 
Creo que incluso Alemania debería considerar la posibilidad de enterrar su miedo histórico en cuanto a que los referéndums suelen ser peligrosos. 
Consideremos los trabajos en torno a la Carta de los Derechos Fundamentales. 
En este momento se está elaborando la Carta de los Derechos Fundamenteles, pero ¿se ha incluido en la misma tan sólo algún derecho real sobre la participación de los ciudadanos? 
¿Por qué no hemos empezado a debatir el tema de los referenda de alcance europeo o incluso del derecho de iniciativa de los ciudadanos, el cual es automático, por ejemplo, para los ciudadanos de Suiza? 
Puedo comprender que los suizos no deseen adherirse a la Unión antes de que les sean garantizados estos derechos fundamentales como futuros ciudadanos de la Unión Europea. 
Ésta es la tarea que podemos emprender conjuntamente para lograr de forma real una Europa de los ciudadanos. 
También es el mejor modo de disipar vanos temores, ya que los ciudadanos deberán ponerse al día, deberán discutir, deberán, en fin, informarse. 
Así pues, los derechos directos de los ciudadanos son imprescindibles en términos generales, pero en este caso concreto es muy posible que no exista aún la posiibilidad de votar sobre la ampliación. 
Señora Presidenta, el Presidente Prodi ha declarado: "La opinión pública no está suficientemente convencida", y algunos diputados han repetido esta frase. 
Quizás sea éste el verdadero problema: la opinión pública no está suficientemente convencida porque Europa se ocupa demasiado de temas específicos que afectan a los Estados nacionales y no se ocupa demasiado de los grandes problemas: el desempleo, la inmigración, los derechos humanos, la renegociación de las reglas financieras mundiales, la euforia financiera, las relaciones con Estados Unidos, la capacidad de Europa de contar con una economía fuerte y con un peso específico propios. 
Los ciudadanos europeos tienen miedo, debemos darnos cuenta de ello. 
Por consiguiente, si se quiere que la ampliación sea el bien final de los ciudadanos miembros actuales y de los que llegarán a serlo, debemos comenzar a implicar a los ciudadanos en los procesos políticos e institucionales y, en consecuencia, Presidente Prodi, no sin condiciones, como usted ha dicho en su declaración, ya que sí existe una condición y es que la ampliación se convierta en un verdadero beneficio para los ciudadanos que, hoy por hoy, son miembros de la Unión y para aquellos que esperamos que se conviertan en miembros de nuestra Unión Europea cuando antes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, ciertamente no serán los radicales italianos los que efectuarán una crítica sobre la enunciada propuesta de organizar un referendo para un tema muy importante. 
Cierto que también esto ha sido un paso en falso que ha puesto en dificultades a la Comisión y a todos nosotros como Unión Europea: en dificultades frente a las legítimas aspiraciones de los pueblos de Europa del Este que, tras cincuenta años de dictadura comunista, con nuestra complicidad, ya tienen derecho, creo, a formar parte de la Unión Europea. 
En consecuencia, me dirijo a sus Señorías y les pido un examen de conciencia; se lo pido a la Comisión y también al Parlamento: ¿Cómo nos estamos preparando para asistir a las Cumbres de Biarritz y de Niza que tienen unos puntos tan importantes en el orden del día y respecto a los cuales no se está haciendo nada? 
Nada en lo que respecta a las reformas institucionales, ni tampoco en lo referente a ese compromiso que asumimos haces años de que la ampliación a los países de Europa del Sur fuera un éxito: pienso en los paquetes Delors I y Delors II. Y además queremos llevar a cabo la ampliación sin gastar una lira más que la que figura en el presupuesto, ya de por sí insuficiente para los Quince. 
Estos son problemas graves y su entrevista, señor Comisario, ha sembrado el desconcierto. 
Espero que con estas declaraciones se reemprenda el camino, aunque los verdaderos problemas continúan estando sobre la mesa: ¿Cuáles son las reformas, los medios financieros para lograr realmente la ampliación a la Europa del Este? 
Señora Presidenta, había entendido que el Sr. Verheugen ofrecería una explicación exhaustiva de la entrevista que concedió a Süddeutsche Zeitung. 
Una de las cuestiones importantes que planteó fue que creía, en su opinión, que debería haberse realizado un referéndum en Alemania sobre la introducción del euro. 
Pues bien, aún no es demasiado tarde. 
¿Sigue pensando que debería consultarse a la opinión pública alemana sobre el euro y cuál cree él que sería el resultado? 
Gracias, señor Comisario Verheugen. 
Si no hay otras intervenciones, este debate queda cerrado, reanudamos el debate sobre la clonación humana. 
Expreso mi agradecimiento al Comisario Verheugen y saludo a su regreso al Comisario Busquin. 
Clonación humana (continuación) 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que a toda persona animada por la fe en el ser humano, desde el primer momento de su existencia, hay que garantizarle el respeto sin condiciones y moralmente debido al ser humano en su totalidad. 
Por lo tanto, es preciso decir con fuerza y claridad un enérgico no a las experimentaciones que implican la destrucción de embriones humanos: el embrión es ya un sujeto humano, con una identidad muy determinada, y cualquier intervención que no sea en favor del mismo embrión se convierte en un acto que va en contra del derecho a la vida. 
Es necesario que este Parlamento reafirme lo que ha dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos años y también en el pasado mes de mayo. 
Es inmoral utilizar embriones humanos con fines de investigación, precisamente con esos fines a los que el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha asegurado la asignación de una financiación pública y que han sido autorizados por el Gobierno británico de Tony Blair. 
Lamentablemente, parece que los intereses comerciales fomentan investigaciones que, a través de atajos, van más allá de toda consideración acerca de la protección de la vida humana que consideramos como tal desde la concepción. 
El cuerpo humano no pertenece al dominio del tener, sino al del ser, del ser persona viviente y, en consecuencia, no se puede reducir a una máquina hecha de piezas y de engranajes, de tejidos y de funciones. 
Lo que se quiere realizar es casi una imagen de saqueo de la vida, es lo contrario de la ética del amor al ser humano, a su cuerpo, también en ese primer estadio del ser vivo, de estar en el mundo, en el mundo humano, con ese cuerpo que es. 
Tanto es así que aquellos que toman el embrión humano y lo vacían, extrayéndole la masa celular interna y la vida, se las ingenian para decir que dentro no hay nadie, ya que si hubiera alguien sería digno de amor o, en un mundo sin amor, tendría derecho al menos al respeto a su dignidad humana, de lo contrario, el mundo sería violencia, brutalidad y cinismo. 
Señorías, oponerse a las investigaciones destructivas sobre los embriones no solo supone seguir un principio religioso, sino también un principio de civilización: la prohibición absoluta de erigirse en dueño de otro ser humano que debería enraizarse fuertemente en nuestra civilización. 
No se puede admitir que el ser humano tenga un poder tan amplio sobre otro ser humano. 
Sin embargo, no por esto estamos en contra de la investigación, todo lo contrario. 
Son posibles investigaciones alternativas: por ejemplo, las investigaciones sobre células estaminales presentes en los adultos y sobre las que se extraen del cordón umbilical, inmediatamente después del nacimiento. 
Además, las investigaciones sobre las células adultas existen y son prometedoras. 
Muchos investigadores están trabajando en la alternativa a la clonación y están a punto de crear importantes grupos de investigación nacional orientada a este ámbito específico. 
Por último, se propone la creación de una comisión temporal que debata estos temas. 
Queremos la profundización de los nuevos problemas planteados por las ciencias de la vida, a condición de que quede claro que las posiciones adoptadas por el Parlamento no pueden ser puestas en tela de juicio nuevamente. 
La Comisión deberá partir de ellas para ayudarnos a dar indicaciones fundadas. 
Señor Presidente, el proyecto de Carta de Derechos Fundamentales dice en su artículo 1- y cito -: "La dignidad de la persona debe ser respetada y protegida". 
En su artículo 3, dice que en el caso de la medicina y la biología se deben respetar los siguientes principios- y vuelvo a citar -: "prohibición de procedimientos eugénicos, en particular los encaminados a la selección de las personas; prohibición de hacer del cuerpo humano o de sus partes una fuente de beneficios; prohibición de la clonación reproductiva de los seres humanos". 
Semejantes declaraciones solemnes no son necesariamente suficientes. 
Los avances de la ciencia son asombrosos. 
La investigación científica progresa a veces a una velocidad difícil de aprehender para el común de los mortales e incluso para el poder político. 
Ese ritmo de progresión de la tecnociencia, por tanto, de la unión de la ciencia y la tecnología, suscita interrogaciones éticas, cargadas de consecuencias. 
Eso es aplicable sobre todo al nuevo control de los mecanismos de la vida. 
A ese respecto, la propuesta del Gobierno británico de presentar al Parlamento de Westminster una legislación encaminada a autorizar ciertas investigaciones científicas sobre la clonación terapéutica, incluso sobre el embrión humano, ha suscitado toda clase de reacciones y comentarios positivos y negativos. 
Ciertos Grupos políticos de este Parlamento proponen la votación de una resolución "urgente". 
Los socialistas opinan que semejantes cuestiones son de una importancia demasiado decisiva para el futuro de la medicina, la biología y la sociedad humana y que esa importancia merece por parte de nuestro Parlamento un trabajo más profundo que una resolución concluida aprisa y corriendo. 
No estamos aquí en "OK Coral". 
No se trata de ser los primeros en desenvainar. 
Lo debates de esta mañana sobre el Observatorio de las mutaciones industriales han mostrado que este Parlamento es capaz de votar sobre todo y su contrario en cuestión de minutos. 
Los socialistas lamentan esa clase de votación, que se parece más a la ruleta rusa que a una labor parlamentaria seria. 
Queremos un debate sereno sobre un problema decisivo, sobre las posibilidades brindadas por el genio genético y sobre las fronteras que no se deben franquear en esa esfera. 
Ese conjunto de cuestiones incumbe a varias comisiones permanentes de nuestro Parlamento. 
Se trata, en realidad, de un problema de carácter manifiestamente horizontal, que merece ser tratado por una comisión temporal especial, encargada de convocar a expertos y organizar "hearings" contradictorios a fin de preparar serenamente un debate objetivo, no sesgado de antemano por prejuicios enquistados. 
Termino, señor Presidente, pidiéndole, pidiendo a todos, que hagamos un trabajo serio. 
Estamos dispuestos a retirar nuestra resolución, si los demás Grupos lo hacen también e intentar hacer algo valioso juntos. 
Acojo con satisfacción la declaración del Comisario y, en particular, su carácter comedido y considerado. 
La resolución que ha presentado el ELDR comparte esa misma opinión. 
No queremos una reacción precipitada y poco meditada respecto a los acontecimientos que han tenido lugar en mi país y el anuncio que ha hecho el Gobierno británico. 
Son asuntos muy serios y reflejan la enorme preocupación de los ciudadanos, por lo que debemos analizar el anuncio del Reino Unido en todo su contexto y reconocer el principio de subsidiaridad al que ha hecho referencia el Sr. Comisario. 
Es sólo una propuesta, no una decisión, y es la continuación de un informe muy cuidadoso y ponderado del jefe del grupo de expertos médicos sobre la clonación. 
El tema ha estado en estudio durante dos años- demasiado tiempo, afirman algunos comentaristas, si lo comparamos con las vidas de personas que padecen cáncer, la enfermedad de Parkinson o la insuficiencia de órganos a los que se les podría ayudar con esta investigación. 
El grupo de expertos se ha limitado a proponer una ampliación de las actuales normas en vigor en el Reino Unido respecto a la utilización de embriones con fines científicos. 
Subrayo que es una ampliación de las normas y los controles en vigor en este ámbito tan, tan delicado. 
Debemos respetar la existencia de una auténtica y profunda preocupación de la sociedad por ambas partes respecto a este argumento y eso es precisamente lo que nos proponemos con nuestra resolución. 
El Gobierno británico ha reconocido este extremo en su propuesta porque lo someterá a un referéndum, posiblemente, este mismo año. 
A pesar de que no pertenece a mi partido, creo que el Gobierno británico ha sido comedido y considerado en su respuesta. 
Pido a este Parlamento que sea comedido y considerado a la hora de tratar sobre este importante asunto. 
Señor Presidente, de nuevo afrontamos un debate ético fundamental ante la evolución de la biotecnología aplicada a lo humano. 
Dos concepciones se oponen, una que rechaza una instrumentalización del ser humano y, más en particular, del embrión y se inquieta ante las posibles desviaciones para la sociedad de la trivialización de ciertas técnicas como la clonación. 
La otra, que considera que el derecho de las personas afectadas por enfermedades graves y hasta ahora incurables a poder beneficiarse de las posibilidades de la investigación médica se impone a cualquier otra consideración, sea cual fuere. 
El Gobierno británico, a falta de concertación internacional previa- e insisto a ese respecto- ha optado, al parecer, por la segunda actitud, al pronunciarse por la clonación terapéutica. 
La hipótesis en que se basa esa decisión es la de que la clonación terapéutica, es decir, la clonación de células embrionarias indiferenciadas a partir de embriones humanos disponibles para la investigación y para la producción es una vía prometedora. 
Aunque sea una hipótesis fundada, no por ello deja esa opción de dar al embrión humano el estatuto de stock de células para uso médico y entraña la producción de embriones para fines de investigación, primero, y seguramente para fines de producción, después. 
En mi opinión, es importante hacer dos observaciones en esta fase. 
En primer lugar, he de recordar el Convenio del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, aprobado en Oviedo en abril de 1997. 
Seguramente peca de imprecisión respecto de algunos aspectos, pero es muy claro en su artículo 18, que dice: "La constitución de embriones humanos para fines de investigación está prohibida". 
Había un consenso en Europa sobre ese aspecto hasta fecha reciente. 
La toma de posición del Gobierno del Reino Unido acaba de romper dicho consenso. 
Segunda observación: según numerosos especialistas- y el Sr. Busquin, Comisario de Investigación, lo ha mencionado antes- son posibles otras vías para responder a la esperanza legítima de quienes sufren enfermedades graves de origen genético. 
En particular, vías que no requieren la producción de embriones por clonación, sino que utilizan células adultas.? Por qué entonces, ante esa hipótesis, practicar una huida hacia adelante ética y socialmente discutible? 
En conclusión, creo, Señorías, que los conocimientos adquiridos en terapia genética pueden ser prometedores para la Humanidad, pero que también entrañan riesgos y desviaciones extremos. 
Así, pues, necesitamos una reglamentación legal rigurosa y balizas jurídicas claras. 
A ese respecto, resulta esencial mantener- hablo aquí de mantener- una prohibición de la clonación humana y no establecerla. 
Incumbe a nuestro Parlamento reafirmarlo, pero no con precipitación, sino simplemente manteniendo la coherencia respecto de las posiciones anteriores. 
Señor Presidente, hace doscientos años el doctor Cabanis, filósofo de la Ilustración, propuso que se corrigiera con audacia la obra de la naturaleza, pues, después de habernos ocupado tan curiosamente de los medios de volver hermosas y mejores las razas de los animales, resulta extraordinariamente vergonzoso no ocuparse de la raza humana, como si fuera más esencial tener bueyes grandes y fuertes que hombres vigorosos y sanos, melocotones muy perfumados que ciudadanos cuerdos y buenos. 
Hoy el sueño del Sr. Cabanis está a punto de hacerse realidad. 
Ahora bien, ese sueño tiene un nombre: eugenismo. 
Esa pesadilla adopta varias faces, a cuál más monstruosa, ya se trate, por ejemplo, de los diagnósticos prenatales, que sirven para eliminar los embriones afectados por la trisomia 21 para no tener que molestarse en erradicar la enfermedad misma, o de la multiplicación de embriones supernumerarios que se amontonan en los congeladores, o, por último, de la clonación de los seres humanos. 
Ahora bien, esos embriones son seres humanos, cuya vida es sagrada. 
Son hombres. 
Tenemos el deber de respetar su dignidad.? De qué sirven nuestras grandilocuentes declaraciones sobre los derechos humanos, si acabamos pisoteando la dignidad humana, y en el secreto de nuestros laboratorios? 
La clonación de los seres humanos constituiría- no cabe la menor duda- el nacimiento de una nueva forma de esclavitud, en la que las probetas ocuparían el lugar de las cadenas y los laboratorios el de los barcos negreros. 
Naturalmente, las almas puras nos reprocharán que deneguemos a la investigación científica los medios para avanzar y- peor aún- para curar las enfermedades. 
No acepto esa forma de terrorismo intelectual. 
Por lo demás, casi me inclino a pensar que para todas esas personas la investigación no es sino un pretexto para experimentos de aprendices de brujos. 
Como esposa de médico, tengo mucho interés por el desarrollo de la investigación. 
A ese respecto, seguramente sería más pertinente pedir a los científicos que intensifiquen sus investigaciones sobre la posibilidad de obtener células originarias diferenciables para fines terapéuticos, en particular a partir de órganos adultos. 
Frente a quienes sólo piensan en apoderarse del misterio de la vida, tenemos derecho a defender la dignidad de todo ser humano prohibiendo sin ambigüedad la clonación de los seres humanos. 
Señor Presidente, Señorías, pienso que en su intervención el Sr. Fiori ha aclarado las cosas: ha afirmado claramente que aquí se trata de identificar los principios religiosos- los suyos- con los principios de civilización. 
En lo que a mí respecta, considero en cambio que lo que las instituciones deben afirmar es el principio de la laicidad, es decir, reiterar que lo que a algunos les puede parecer moralmente inaceptable, no por esto se debe considerar jurídicamente impracticable. 
Por lo tanto, se trata de reafirmar la diferencia entre la norma jurídica y los principios religiosos. 
Si faltamos a este principio, pienso que la deriva no tendrá fin. 
Señor Presidente, Señorías, volviendo al asunto que nos ocupa, nos damos cuenta de que lo nuevo- incluso lo nuevo esperanzador, en términos de tratamiento de las enfermedades de millones y millones de personas- provoca la reacción normal, tradicional y de siempre de la prohibición, de la cruzada, del grito "que vienen los bárbaros !", sin preguntarse siquiera si luego esta prohibición funciona o funcionaría, o si somos capaces de hacerla respetar o de monitorizarla. 
Es la misma actitud que se tiene respecto a los fenómenos sociales normales desde hace mucho tiempo, que se trate, por ejemplo, del aborto, de la inmigración o incluso de las drogas. 
Se prohibe y después se acaba por lavarse las manos. 
Creo en cambio que la responsabilidad de la política- quizás más difícil, más compleja- es gobernar determinados fenómenos, poner unos límites, evitar el Lejano Oeste. 
Esto es lo que las instituciones están llamadas a hacer, independientemente de la conciencia religiosa de cada uno de nosotros, para quien la tiene. 
Por esto, nosotros, radicales de la Lista Bonino, consideramos que podemos apoyar, con alguna dificultad, el compromiso del Grupo Liberal. 
Queremos tratar de reducir el divorcio entre ciencia y política, entre cultura y política, queremos tratar de gobernar laicamente lo nuevo con el pragmatismo de la experimentación, de las aproximaciones posteriores, sin lanzarnos, inmediatamente y como siempre, en campañas prohibicionistas que ya sabemos que son ineficaces. 
Lo que se está haciendo ahora es simplemente relanzar, exactamente como en el caso del aborto ilegal, el turismo médico de millones de personas que irán a curarse ilegalmente en otra parte. 
Mi afirmación es extraordinariamente grave y me preocupa mucho, pero tengan cuidado: el camino del prohibicionismo, desde el punto de vista científico y de los fenómenos sociales, no ha funcionado nunca. 
En mi opinión, tenemos la responsabilidad de plantear o de tratar de asumir el riesgo de plantear los límites de aproximaciones posteriores, sin intentar imponer nuestros principios éticos- para quien los tiene- en cuanto principios de civilización. 
La verdadera civilización de las instituciones es la de la laicidad, de la experimentación y del contraste de pareceres. 
Señor Presidente, deseo disculparme por mi ausencia de antes: había avisado a los servicios de la sesión de ese impedimento momentáneo. 
Señor Presidente, mi Grupo desaprueba la decisión adoptada por el Gobierno británico sobre la clonación de células humanas, que no tiene en cuenta, a nuestro juicio, ni la legislación europea al respecto ni el dictamen que el Comité de Ética de la Unión Europea está elaborando respecto de las consecuencias de la investigación sobre la clonación. 
Nos pronunciamos a favor de la prohibición de cualquier investigación sobre la clonación humana y nos alzamos contra cualquier explotación comercial de las invenciones biotecnológicas que afectan a la clonación. 
Admitidas esas posiciones de principio general, acaba de iniciarse simplemente el debate sobre la actitud que se debe adoptar respecto de la investigación biotecnológica para calibrar las consecuencias éticas de éstas, pero sin por ello arriesgarse a frenar los trabajos que pueden mejorar la salud humana. 
En virtud de la extrema delicadeza de esas cuestiones de civilización, mi Grupo no deseaba resoluciones negociadas con precipitación. 
En cambio, nos hemos pronunciado de entrada a favor de la constitución de una comisión temporal sobre la clonación y la investigación biotecnológica a fin de proceder a las audiciones necesarias para adoptar, llegado el momento, una decisión con pleno conocimiento de causa. 
Ésa es la razón por la que mi Grupo no ha firmado ninguna de las resoluciones de transacción que se nos presentan hoy. 
En esa fase, cada uno de nosotros se pronunciará en conciencia a partir de los principios que acabo de recordar. 
Señor Presidente, en enero de 1998 mantuvimos un debato acerca del Protocolo del Consejo de Europa en el que se prohibe la clonación de personas. 
En ese momento expresé mi temor de que países como el Reino Unido o los Países Bajos, que se negaron entonces a suscribir el protocolo, quizás no desearán que se estableciera una prohibición tan categórica. 
Este hecho se produjo tan solo hace dos años. 
En este momento, el gobierno británico pretende permitir la clonación terapéutica de embriones para la investigación. 
No puedo sino tener la impresión de que cada vez se da un paso más. 
En un principio estaba prohibido y ahora se puede clonar con criterios terapéuticos pero sin fines reproductivos. Como si esta circunstancia lo explicara y lo justificara. 
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la clonación terapéutica y la clonación reproductivo de embriones humanos? 
¿Y que se debe hacer si en el futuro se producen presiones para que los hallazgos de la investigación se plasmen en aplicaciones farmacéuticas? ¿O para pasar a la clonación reproductiva? 
Considero que cada nueva vida humana constituye un regalo de Dios. 
Todas las formas de vida humana merecen ser tratadas con respeto. 
Es la única manera de preservar la dignidad humana. 
El tratamiento de embriones humanos como objetos de consumo, con la supuesta justificación del argumento de la investigación, es algo que me repugna. Especialmente porque existen otros modos de obtener células madre. 
¿Por qué se opta por esta vía a pesar de todas las reservas éticas existentes en todo el mundo? 
Hago un llamamiento urgente al gobierno británico para que reconsidere su decisión con graves consecuencias y solicito al parlamento británico que no apoye esta propuesta. 
Señor Presidente, el hombre orgulloso quiere hacer de Dios. 
Se niega a reconocer que no es más que una criatura. 
Quiere ser el creador. 
El tema que hoy nos ocupa es la lucha entre la creación y los descubrimientos del hombre. 
Actualmente hay científicos tan arrogantes que ya han comenzado a patentar sus descubrimientos, como si hubieran dado con su propia creación. 
El Dr. William Hesseltine, director general de Human Gene Sciences Inc., ya ha patentado 100 genes humanos y su empresa ha presentado solicitudes para patentar 8.000 más. 
Los científicos sostienen que con la clonación humana sólo se intenta fomentar la salud. 
Yo sostengo hoy que con la clonación humana se busca el enriquecimiento de algunos científicos y de sus empresas. 
Algunos científicos han sacado la locura del fascismo de Hitler del campo de batalla y están dispuestos a validarla en el laboratorio. 
El Parlamento debe rechazar esto y, como miembro del Parlamento británico, votaré en contra de la propuesta en mi Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como Grupo del PPE estamos estremecidos por los planes del Gobierno británico para el clonado de embriones humanos. 
Hasta ahora, todos los responsables en la Unión Europea estaban de acuerdo en que en ningún caso se debe aceptar el clonado de seres humanos. 
El Consejo, inclusive el Gobierno británico, aprobó unánimemente en el quinto programa marco de investigación una formulación que excluye el clonado, inclusive el llamado clonado terapéutico. 
En la directiva sobre la patente de invenciones biotecnológicas, el Parlamento y el Consejo aprobaron un texto que prevé una exclusión global del clonado del ser humano, ya que esta técnica atenta contra las buenas costumbres y el orden público. 
Señor Comisario, en algunas publicaciones aparecidas en la prensa de los últimos días y también en su intervención ha habido algunos puntos poco claros relativos al quinto programa marco de investigación y sobre todo a la directiva de patentes. 
Se ha despertado la sensación de que sólo se excluye el clonado reproductivo. 
Esto es falso. 
He trabajado en ambos textos y ambas directivas excluyen tanto el clonado terapéutico como el reproductivo. 
Señor Comisario, examine los documentos con gran atención y lo compruébelo pues, de lo contrario, tendrá problemas con el Parlamento Europeo. 
Y no creo que lo desee. 
Ahora, este acuerdo general entre los Estados de la Unión Europea y las instituciones es denunciado por el Gobierno de un Estado miembro. 
Como Parlamento debemos resistirnos a la rotura de este tabú. 
También es importante que no sólo expresemos nuestra opinión sino que además la expresión de nuestra opinión tenga consecuencias. 
Por ello, como Grupo del PPE hemos solicitado que se incluya en la Carta de los Derechos Fundamentales una prohibición estricta del clonado de la persona humana en cualquier fase de desarrollo. 
Finalmente, insto a la Comisión para que se aplique estrictamente la exigencia del quinto programa marco de investigación consistente en no apoyar cualquier forma de clonado de la persona humana. 
Esto significa también evitar las subvenciones transversales dentro de las instituciones de investigación en Gran Bretaña. 
La vía más segura de lograrlo es que la Unión Europea ya no promueva en absoluto a las instituciones que practican la clonación humana. 
Señor Presidente, se debería escuchar al Comisario. Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas. 
No existe ninguna duda de que la biotecnología y la tecnología genética desempeñan hoy un importante papel y que van a seguir ganando importancia en la investigación con todas sus aplicaciones. 
Nadie pone tampoco en duda esto. 
¿Pero puede quedar al margen de toda duda también la actuación en este difícil campo tan lleno de esperanzas y miedos? 
Me temo que no. 
La mejor prueba de este no la estamos proporcionando hoy con este debate. 
Reaccionamos con un rápido disparo parlamentario ante un proyecto de ley de un Estado miembro de la Unión Europea que hace unos pocos días ha generado alarma en la opinión pública. 
¿Cómo es esta reacción? 
Una sola mirada a los presentes proyectos de resolución muestra que en las prisas el Parlamento Europeo no puede hacer mucho más que repetir su posición ya expuesta en varias ocasiones sobre los sectores críticos de la investigación y aplicación de la biotecnología. 
Esto está bien pero no es suficiente. 
Tenemos que convertir la biotecnología, sobre todo la bioética, en un tema central del Parlamento Europeo. 
No estoy solo con esta exigencia. 
Mi Grupo político está detrás de mí. 
Las ciudadanas y ciudadanos exigen de nosotros en este campo un compromiso más previsor. 
No debemos seguir yendo a la zaga de los acontecimientos. 
No debemos seguir comentando con la lengua fuera por el cansancio desarrollos ya muy avanzados. 
El Parlamento Europeo tiene que marcar pautas para que la biotecnología se convierta en una bendición de la humanidad y no se dirija contra ella desbordando límites éticos. 
Por ello, deberíamos acordar con gran mayoría la comisión propuesta que proporcione la base para una legislación previsora. 
Debemos ser conscientes de que a la biotecnología va unida probablemente la mayor revolución en la medicina y en la técnica. 
Y esta revolución no debe ir acompañada por una legislación descuidada. 
Tenemos que proporcionar al Consejo los mejores expertos y lograr una legislación coherente en los Estados de la Unión Europea. 
En especial, son tan importantes las cuestiones de la ética y de la protección de la dignidad humana que no podemos dejarlas al albedrío de una legislación nacional fragmentaria y posiblemente incluso contradictoria. 
Tenemos que ocuparnos urgentemente de todas las cuestiones éticas en la medicina, en la técnica y en las ciencias. 
Por ello, la necesaria comisión del Parlamento Europeo debe iniciar lo más rápidamente posible su trabajo. 
Nuestra votación será el pistoletazo de salida para ello. 
Presidente, colegas, la biotecnología es en este momento una de las tecnologías más prometedoras con la capacidad de revolucionar la medicina. 
La limitación de las técnicas de clonación en Europa tan sólo supondrá que la investigación proseguirá en otros lugares, como los Estados Unidos o, en el peor de los casos, en países con normas éticas menos estrictas que las aplicadas en la Unión Europea. 
Los expertos, las actividades de investigación y los puestos de trabajo se desplazarán al extranjero. 
Además, los productos resultantes acabarán por comercializarse en la Unión Europea. 
En realidad, colegas, ¿cuál es la clave? 
¿Quiénes somos nosotros para negar a las personas el derecho a la curación? 
¿No resulta excesivamente sencillo prohibir una prometedora tecnología potencial basándose en criterios éticos? 
¿No tienen todas las personas derecho a la salud y al bienestar? 
¿Quién se atreve a establecer consideraciones éticas? 
Les puede decir que, al igual que el grupo liberal, apoyo totalmente esta resolución. 
Señor Presidente, nos encontramos ante la terrible situación de que en un Estado miembro de la UE se permite la clonación terapéutica, lo que siempre hemos criticado. 
Las ciudadanas y ciudadanos en la Unión Europea esperan la posición del Parlamento Europeo. 
Si se esconde esto dándoles solamente un tranquilizante, creando un club de debates interminables o una comisión no permanente, me parece irresponsable. 
Respecto a esta decisión que se deberá adoptar en los próximos meses- incluso en las próximas semanas- tenemos que adoptar hoy y ahora una posición y más adelante también sobre los temas que se van a plantear en el futuro. 
Pero no debemos intentar escondernos detrás de comisiones sin emitir nosotros una opinión para intentar tranquilizar a la población. 
Creo que es muy importante lo que está pasando ahora. 
Quien acepte el clonado terapéutico abre la caja de Pandora y la pesadilla del hombre clonado, del hombre a medida se aproxima. 
La diferenciación arbitraria entre clonado reproductivo y no reproductivo en un truco semántico. 
Igualmente problemática es la denominación de clonado terapéutico pues no se puede hablar de una terapia. 
La clonación, incluso la terapéutica, abre las puertas para que se vea a la persona sólo como material biológico. 
Es irresponsable, premeditado- repito lo de premeditado- generar vida para emplearla como material de investigación. 
Esto está en contradicción con los derechos humanos. 
Es también un atentado a la dignidad humana producir embriones como almacén de piezas de repuesto. 
Por ello, el Parlamento debe hacer uso de sus posibilidades de actuación. 
Señor Comisario de Investigación, espero de usted hoy una declaración unívoca sobre cómo piensa proceder cuando un Estado miembro desprecia las resoluciones del Parlamento y del Consejo. 
Necesitamos una señal clara y creo que sería una prueba de pobreza política si por fidelidad a Blair echásemos por la borda todo tipo de objeciones éticas. 
Señor Presidente, señor Comisario, no cabe duda de que se debe prohibir claramente la clonación humana encaminada exclusivamente a reproducir una persona similar a otra con el único fin de mejorarla. 
Ésa ha sido siempre la posición de nuestro Parlamento y creo que está bien reafirmarlo. 
Pero de lo que hoy se trata es de la utilización de la técnica de la clonación para fines terapéuticos y tiene numerosas consecuencias. 
Son consecuencias de carácter médico. 
Hay que hacer la distinción entre la clonación terapéutica y clonación reproductiva, que deben estar absolutamente diferenciadas. 
La terapia celular representa hoy una inmensa esperanza para numerosos pacientes que padecen enfermedades genéticas o degenerativas, como Alzheimer, Parkinson y cánceres. 
Las consecuencias son éticas y filosóficas.? Cuál es el estatuto del embrión? 
Para responder a esa pregunta, podemos volver a los numerosos debates que hemos celebrado sobre el aborto o sobre la fecundación in vitro.? Cuál es el estatuto de los embriones supernumerarios, resultantes de las fecundaciones in vitro y condenados a la destrucción? ? No podrían devolver la vida? 
Las consecuencias son económicas y sociales. 
Se trata de un debate de sociedad.? Cuáles son los puntos de vista americano y japonés sobre esas cuestiones? 
Europa debe adoptar una oposición desde una óptica mundial y tener en cuenta las posibilidades de investigación que representa la clonación terapéutica. 
Sus Señorías lo han reclamado y nosotros estamos de acuerdo. 
Tal vez convenga formular con prioridad lo que está prohibido hacer y reglamentar rigurosamente la práctica aceptable. 
Son indispensables las cautelas. De un país a otro y según las culturas, se las conciba de forma diferente. 
Por eso, la acción de la Unión Europea en esa esfera debe guirase sólo por los grandes principios fundamentales. 
Esos principios existen. 
Son los del respeto de la persona, la vida y la libertad, pero también del progreso al servicio de todos. 
Señor Presidente, es una lástima que ninguno de los colegas británicos que apoyan la actitud del Gobierno haya pedido la palabra. 
Habría sido interesante escuchar también sus argumentos pues me puedo imaginar que ellos también se han pensado algo al respecto. 
En Gran Bretaña está permitida desde 1990 la investigación en los embriones hasta el día 14 de gestación. 
Creo que es una consecuencia lógica si a ese paso ahora sigue otro. 
¿Porqué se comporta Gran Bretaña de un modo diferente al continente? 
Es una pregunta interesante. 
La diferencia existe por lo visto al margen de los Gobiernos. 
Antes había un Gobierno conservador y ahora uno laborista y no ha cambiado nada. 
¿Porqué es la opinión pública en Gran Bretaña diferente a la del otro lado del canal? 
Esta es, por ejemplo, una cuestión que sería muy oportuno debatir en esta ronda pues tenemos el privilegio de tener representantes de toda la Unión Europea. 
Esta era mi primera observación. 
La segunda observación es que me ha gustado mucho lo que ha dicho la Sra. Bonino. 
Coincido mucho con ella. 
También estaría a favor de que nos dejemos guiar por nuestros principios de laicismo. 
El Estado no es religioso. 
El Estado tiene que respetar la religión. 
Yo también respeto que alguien sea católico, evangélico, judío o lo que sea. 
Pero también exijo que se respete mi opinión. 
Pero esto sólo se puede hacer en el marco del laicismo. 
La pretensión de infalibilidad ha dañado a Europa ya muchísimo. 
Deberíamos intentar evitarlo. 
Nadie tiene un privilegio sobre la ética. 
También los que tiene otra opinión son éticos. 
Por lo demás, siempre hemos visto cómo las prohibiciones son eludidas en la práctica. Todo el mundo puede poner ejemplos al respecto. 
Por ello, estoy plenamente convencido- independientemente de lo que decidamos- de que en una sociedad abierta al mundo, en la investigación que se practica desde diferentes perspectivas los conocimientos buscarán su propio camino. 
Al final, no podremos evitar proceder con estos conocimientos con responsabilidad intentando delimitarlos. 
Francis Wurtz, se puede exigir una prohibición de todo tipo de investigación, pero es extraordinariamente inocente creer que esa prohibición se va a respetar. 
Al final, no podrá evitar mostrar límites. 
Este caso es para mí similar a otros muchos. 
Me repele la idea de que se manipule, ensaye, etc. con embriones. 
Existen sin duda límites. 
Pero la experiencia práctica me muestra que al final no podemos hacer mucho más que establecer unos límites. 
No tenemos necesidad de actuar por el momento. 
Tenemos tiempo. 
Debemos recapacitar muy exactamente cómo nos debemos comportar en este asunto. 
Para ello tenemos comisiones y a veces también es útil leer un buen libro. 
Uno de los valores europeos importantes que todos nosotros, ya seamos laicos o religiosos, estamos dispuestos a compartir es que todo experimento con el ser humano sólo debe realizarse en beneficio propio exclusivo y directo. 
No podemos experimentar con seres humanos en ninguna de sus fases de desarrollo y desde luego no podemos producir embriones al por mayor para experimentos. 
La siguiente fase será la explotación comercial, cuya posibilidad ya contempla nuestra propia directiva sobre la patente de seres vivos. 
Las autoridades del Reino Unido sostienen que a pesar de las dudas de carácter ético, la clonación de embriones humanos es necesaria porque es el único medio de ayudar a las personas que padecen una serie de enfermedades. 
Muchos científicos rechazan este argumento y recomiendan seguir investigando con células madre de adultos para obtener los mismos resultados en la lucha contra las enfermedades. 
¿No podemos unirnos todos y encontrar el modo de abordar la investigación con células madre sin experimentar directamente en seres humanos? 
Espero que la Asamblea reconozca que se trata de uno de los valores sobre los que se ha construido Europa. 
Éste es un tema emotivo, entre otras cosas, porque lleva por título "Clonación humana". 
Pero mi objetivo aquí es pedir que hagamos una reflexión serena y que tengamos en cuenta los hechos y las repercusiones que dicha investigación tendrá para la raza humana, para nuestra salud y bienestar, para el futuro de la ciencia y el sector sanitario de Europa, y también para algo que de ningún modo es menos importante, nuestra tranquilidad de conciencia. 
Por consiguiente, pasemos a aclarar algunos hechos. 
Un hecho: la clonación de seres humanos con fines de reproducción está prohibida en el Reino Unido. 
No existe ninguna intención de cambiar eso y la industria del Reino Unido no tiene ninguna intención de realizar la clonación de seres humanos con fines de reproducción ni ahora ni en un futuro. 
El uso de células madre embrionarias con fines científicos es la respuesta a corto plazo a la necesidad de la ciencia de descubrir el modo de reprogramar las células de adultos. 
Un hecho: la investigación con células madre está estrechamente regulada, en virtud de una ley estricta del Parlamento, por la muy respetada y rigurosa Human Fertilization and Embryology Authority. 
Quizá sería bueno que otros Estados miembros contaran con un organismo similar. 
Un hecho: recientemente se han producido avances interesantes en la investigación con células madre de adultos, pero aún prevalecen desventajas importantes en comparación con las características tan singulares de las células madre embrionarias. 
La meta de la investigación con células madre embriorarias es encontrar el modo de superar dichas desventajas utilizando células madre de adultos. 
Llegamos, por consiguiente, al dilema básico. 
¿Es un embrión de un máximo de 14 días un ser humano con todos los derechos de una persona viva o de un feto? 
Justa o injustamente, las legislaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos permiten este tipo de investigación desde hace diez años y son muchos los frutos que se han obtenido. 
Y tras realizar una consulta a escala mundial durante muchos meses, el informe Donaldson recomienda la ampliación de esta investigación con fines terapéuticos. 
La decisión deben tomarla ustedes, colegas. 
Deben ser sinceros con sus conciencias y sus creencias, pero también deben tener en cuenta el futuro bienestar de su prójimo. 
Cuidar al prójimo es también un precepto cristiano. 
Su prójimo puede padecer enfermedades como las de Alzheimer, Parkinson o diabetes. 
Señor Presidente, este asunto es grave y difícil. 
Lo ha provocado la decisión británica. 
Hay que decir también que las legislaciones nacionales al respecto divergen en gran medida, con lo que, al abrir la vía a procedimientos incontrolados, pero en función de esos procedimientos, como decía Françoise Grossetête antes, podemos preguntarnos qué valor tiene para ciertos países la realidad del principio del respeto de la vida humana desde la fase embrionaria, recordado en el artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la constitución de embriones para fines de utilizaciones humanas. 
Frente a las graves enfermedades hoy incurables, ? tenemos derecho a dejar de proseguir investigaciones que, según se nos dice, son portadoras de esperanza? 
Preguntas, todas ellas, cargadas de consecuencias, porque lo que está en juego es el sentido de la vida. 
Ésa es la razón por la que debe haber un diálogo- en primer lugar en nuestras instancias europeas- y lamento, señor Comisario, que el Presidente Prodi diera el lunes la primicia de sus intervenciones a la prensa antes de comunicársela a nuestro Parlamento Europeo. 
Tomo nota de que sus palabras al respecto fueron muy prudentes y muy medidas. 
En segundo lugar, creo que, para que haya ese debate, nuestro Parlamento debería crear una comisión parlamentaria especial que, en un primer momento, podría adoptar muy rápidamente la iniciativa de oír a los expertos de todas las orientaciones de Europa y allende el Atlántico. 
Pero este debate debe producirse también en la opinión pública. 
Por esa razón, propongo que se organicen jornadas europeas de bioética y que por fin un dispositivo permita reglamentar los procedimientos en esa esfera en el momento en que creamos inútilmente ciertos observatorios. 
Propongo que se cree una agencia europea de la medicina de la reproducción y las biotecnologías. 
Señor Presidente, me permito responder, porque había una pregunta concreta del Sr. Liese en el debate. 
Se refería al quinto programa-marco. 
A ese respecto está muy claro- el Sr. Liese ha de saberlo sin lugar a dudas- que en el marco del quinto programa-marco está claramente indicado, pues es objeto de un procedimiento de codecisión, que quedan excluidas de forma perfectamente explícita las investigaciones sobre técnicas de clonación para fines reproductivos y terapéuticos. 
Por consiguiente, en el programa-marco está claro que de momento está totalmente excluido. 
Quería simplemente precisar este punto, señor Liese, ya que había usted formulado esa pregunta. 
En cambio, por lo que se refiere al debate, como he dicho en mi introducción, la Comisión desea participar en un debate con el Parlamento sobre estas cuestiones, que son, como hemos visto, muy complejas y muy interesantes. 
He recibido ocho propuestas de resolución sobre la base del apartado 2 del artículo 37 de nuestro Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0535/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0613/00): 
Asunto: Cooperación con redes de asesoramiento en materia de estupefacientes Desde 1998 se ha ido deteriorando claramente la cooperación entre la Comisión y las redes patrocinadas por dicha institución, como lo demuestra el hecho de que, con frecuencia, los contratos entre ambas partes sólo se concluyen varios meses después del inicio de los proyectos financiados. 
No obstante, la Comisión insiste en que los proyectos también se inicien cuando sólo se disponga de una notificación provisional por escrito. 
En ocasiones, los pagos a cuenta que ha de abonar la Comisión se retrasan varios años. 
Todas las redes se ven afectadas por una burocracia cada vez mayor y, sobre todo, por los reembolsos pendientes de pago por parte de la Comisión, circunstancias que restringen en gran medida el trabajo de estas redes. 
Algunas asociaciones han tenido incluso que cerrar a causa de los retrasos en los pagos de la Comisión. 
¿Por qué a lo largo de los últimos años la Comisión no ha conseguido proporcionar a las redes que patrocina contratos y pagos a cuenta con rapidez y a medida que se va realizando el proyecto correspondiente? 
. (EN) La Comisión comparte la preocupación de su Señoría por los problemas relativos a los contratos y pagos con respecto a las redes de asesoramiento en materia de estupefacientes subvencionadas por el programa de acción comunitario para la prevención de la drogodependencia. 
Estos problemas obedecen a diversas causas. 
En primer lugar, está claro que ha habido un problema de recursos humanos en la Dirección de Salud Pública en Luxemburgo, que se ocupa de este trabajo. 
En una palabra, la incorporación de personal ha sido insuficiente para ocuparse de los complejos procedimientos y, a menudo, los beneficiarios con escasa experiencia proponen un número excesivo de proyectos pequeños. 
Esta situación se vio agravada el verano pasado cuando se adoptó una decisión, a la luz del informe del Comité de expertos independientes, de poner fin al contrato con la oficina de asistencia técnica que colaboraba en la aplicación de este programa. 
En segundo lugar, un elevado número de pequeños proyectos se aplican en el marco del programa de lucha contra las drogas, lo que supone una carga adicional a los ya limitados recursos humanos de que dispone la Comisión. 
Durante los últimos cinco años, el volumen medio de los proyectos en términos de cofinanciación concedida por la Comisión ha sido de 180.000 euros. 
En tercer lugar, la experiencia demuestra que los participantes de la red desconocían los procedimientos de contratación y pagos de la Comisión. 
En muchos casos, por consiguiente, la Comisión se ha visto obligada a solicitar reiteradamente a las redes de asesoramiento en materia de estupefacientes la documentación que faltaba y que era necesaria para ultimar los contratos o efectuar los pagos. 
En cuarto lugar, a la luz de la experiencia con las subvenciones con cargo al presupuesto comunitario y a las críticas del Tribunal de Cuentas, es posible que se hayan endurecido los controles de la documentación en la que se detallan los costes del contrato, lo que ha repercutido en los plazos de pago. 
Estoy adoptando una serie de medidas para responder a estos problemas. 
La propuesta de la Comisión para la creación de un nuevo marco y una nueva estrategia en el ámbito de la salud pública pone de relieve la necesidad de establecer objetivos más claros y una gestión más eficaz que tengan una mayor repercusión sobre las prioridades clave. 
Por consiguiente, en el futuro se cofinanciarán menos proyectos, pero éstos serán mayores, y se hará una utilización más eficaz de los recursos humanos necesarios para gestionar la aplicación del programa. 
Como ha hecho hincapié reiteradamente la Autoridad presupuestaria, debemos compaginar los recursos y las prioridades de manera más realista en el futuro. 
Asimismo, como usted sabe, a raíz de la reciente revisión de la Comisión en lo relativo a sus necesidades de personal, hemos presentado a la Autoridad presupuestaria una solicitud para la creación de puestos adicionales, incluido un importante aumento de puestos para la DG de Salud y Protección de los Consumidores. 
Si la Autoridad presupuestaria da su conformidad, varios de estos puestos podrían ser asignados a atajar el tipo de problemas sobre los que estamos tratando hoy. 
La falta de experiencia de los contratistas en lo relativo a los requisitos de control financiero seguirá necesitando un asesoramiento importante y demás intervenciones de unos recursos humanos ya de por sí limitados. 
La Dirección de Salud Pública se propone realizar una campaña de información para divulgar con mayor claridad entre los contratistas los procedimientos y los requisitos de la Comisión. 
Sobre el tema de los trámites, los departamentos afectados están revisando en estos momentos sus requisitos en materia de documentación con el fin de simplificar y acelerar los procedimientos de pago sin descuidar las medidas necesarias de control financiero. 
La situación está mejorando como resultado de las medidas ya adoptadas y espero que mejore aún más, de manera que los contratos puedan celebrarse con mayor celeridad y se realicen los pagos dentro del plazo de 60 días establecido por la Comisión. 
Si desea hacer una observación concreta, podría proporcionarme la información pertinente por escrito y ciertamente la estudiaré con mi personal. 
Señor Comisario, me alegra escuchar que se van a adoptar determinadas medidas. 
Sin embargo, dudo que la Comisión cuando descubre problemas con los socios que participan en determinados proyectos, busque los problemas al menos al 50% entre dichos socios. 
Tengo informaciones por las que también pequeños socios de proyectos saben de modo muy competente la exactitud con que transcurren los contratos y qué es exactamente lo que tienen que presentar. 
Se me ha descrito un caso por el que se presentaron tres veces los mismos anexos y la Comisión ha afirmado que no ha recibido tales anexos. 
Por ello, abogo porque existan unas directrices muy claras determinadas de antemano sobre la presentación de solicitudes. 
Conozco estos problemas no sólo en el campo de las drogas sino también por otros muchos interlocutores que trabajan junto con la Comisión y persiguen una cofinanciación. 
No sólo se tarda mucho en el campo de las drogas, es muy complicado y creo que no radica solamente en la incompetencia de los pequeños socios de proyecto sino también en que las condiciones previas no han sido formuladas claramente por la Comisión. 
Otra pregunta era además si se quiere recortar realmente a las pequeñas organizaciones en la Unión Europea cuando se trata de apoyar también en las regiones proyectos de drogas con enfoques muy diferentes, especialmente en este campo pero también de modo general. 
Creo que no puede tratarse solamente de proporcionar a las grandes organizaciones una posibilidad para que ocurra aquí algo sino que el objetivo debe seguir siendo promover diferentes estructuras de organización. 
Lo considero un enfoque muy erróneo. 
. (EN) En relación con la primera cuestión que ha planteado, no estoy sugiriendo que el problema radique exclusivamente, como usted dice, en la falta de competencia de los participantes en el proyecto. 
Lo que estoy diciendo es que ésa es la causa de algunos de los problemas que han surgido. 
Es algo que me preocupa y que estoy intentando corregir asegurándome de que existen directrices claras, como usted sugiere, por lo que usted y yo estamos completamente de acuerdo sobre ese punto. 
Con respecto al volumen de los proyectos, desde 1996 se ha seleccionado un total de 149 proyectos por valor de más de 25 millones de euros, cuyo importe medio es de 180.000 euros por proyecto. 
En el marco de la nueva estrategia en materia de salud, reduciremos el número de proyectos e incrementaremos el valor y las repercusiones de los mismos para, de esta manera, hacer una utilización más eficaz de nuestros limitados recursos. 
No siempre puede deducirse que los proyectos más pequeños sean mejores que los mayores, pero si los recursos humanos se aplican con eficacia, ello repercutirá favorablemente sobre los proyectos en cuestión. 
Pregunta nº 42 formulada por (H-0629/00): 
Asunto: Dictamen científico sobre los ftalatos ¿Piensa la Comisión publicar ahora la declaración acordada el 25 de noviembre de 1999 por el CSTEE (Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente) que contiene la opinión de dicho comité sobre la interpretación errónea que la Comisión dio al dictamen científico sobre la cuestión de los ftalatos y a la que se hace referencia en el acta de la reunión del Comité director científico del 10 de diciembre de 1999? 
¿Piensa divulgar el nombre del responsable del incumplimiento de la práctica aceptada de publicar todas las actas, informes y declaraciones de los comités científicos, así como el del responsable del retraso, hasta abril de 2000, de la publicación del acta principal de la reunión del CSTEE del 25 de noviembre de 1999? 
. (EN) Gracias por brindarme la oportunidad de aclarar el tema que es objeto de su pregunta. 
Como se hace referencia en el acta de la reunión plenaria del Comité director científico del 10 de diciembre de 1999, el presidente del Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente informó al Comité director científico, en su reunión plenaria de 25 de noviembre de 1999, sobre la intención del CSTEE de adjuntar una declaración al acta de la reunión, aclarando la interpretación de su opinión sobre la utilización de los ftalatos en juguetes. 
El acta de la reunión en cuestión debería haberse adoptado, como es habitual, en la siguiente reunión plenaria del CSTEE que se celebró el 4 de febrero de 2000. 
No obstante, en dicha reunión plenaria varios miembros del comité consideraron que el acta era, en general, demasiado larga y pidió a la secretaría que lo adoptara al formato que adoptan otros comités científicos. 
A raíz de esta solicitud, el comité decidió aplazar la aprobación del acta hasta el siguiente pleno, en el que se presentaría el proyecto de acta en una versión más resumida. 
Esta decisión retrasó, inevitablemente, el proceso de adopción hasta la siguiente reunión plenaria que se celebró el 11 de abril de 2000. 
Una vez aprobada el acta, su contenido fue publicado inmediatamente en Internet; de hecho en el transcurso de esa misma semana, como es práctica habitual de la Comisión. 
Por consiguiente, no se ha producido ningún fallo en la publicación del acta. 
Agradezco al Comisario su respuesta, aunque debo decir que cinco meses es mucho tiempo para esperar el acta. 
Lo que ahora digo no es en absoluto ninguna reflexión sobre el propio Comisario, pero espero que reconozca conmigo que la ciencia debe notificar nuestras decisiones sobre el riesgo y cómo gestionarlo. 
En este caso, la actuación de la ciencia ha sido menos que aceptable. 
No ha sido validada por una revisión por pares, etcétera. 
Por eso, cuando se sometió al Comité científico y a las opiniones de su presidente, fue significativo que- en sus propias palabras- su consejo fue que no se justificaba la prohibición. 
La prohibición de otros ftalatos no tenía nada que ver con los juguetes para niños ni con los chupadores. 
Este ejercicio ha desacreditado en cierta medida el principio de cautela. 
Dicho principio sólo es válido cuando las decisiones son científicamente irreprochables. 
No ha sido una experiencia satisfactoria y espero que la Comisión reconozca que tanto la Comisión como el Parlamento deben aprender mucho de esta experiencia. 
. (EN) Estoy totalmente de acuerdo con su Señoría cuando afirma que la ciencia debe notificar nuestras decisiones y eso es lo que ha ocurrido en este caso. 
El comité pertinente elaboró su informe, tal y como está obligado a hacer en su ámbito de responsabilidades, que es, naturalmente, evaluación del riesgo. 
Dicha información fue transmitida a la Comisión, habida cuenta de que es una de las instituciones de la UE responsables de la gestión del riesgo. 
La Comisión adoptó la opinión teniendo en cuenta la opinión, contenida en los documentos presentados por el comité correspondiente, de que los ftalatos o juguetes diseñados para ser llevados a la boca presentaban un riesgo inmediato y significativo para los niños menores de tres años. 
La Comisión realizó una clara evaluación de este asunto. 
Presenté propuestas con carácter de urgencia a la Comisión, tal y como tengo derecho a hacer de conformidad con la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, y mis colegas acordaron que ésta era la medida adecuada que debía tomarse en estas circunstancias. 
Mi colega, el Comisario Liikanen, ha adoptado un enfoque a más largo plazo respecto a todo este asunto de los ftalatos y plastificantes en juguetes, etcétera. 
Deseo decir, una vez más, que estoy de acuerdo en que la ciencia debe informar de nuestras decisiones, y eso, en mi opinión, es lo que se ha hecho en este caso. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 43 decae. 
Pregunta nº 44 formulada por (H-0688/00): 
Asunto: Necesidades en materia de agua en Oriente Medio Las crecientes necesidades en materia de agua que registra Oriente Medio constituyen un elemento clave de las perspectivas de cooperación y entendimiento entre los pueblos de la región. 
Tras una interrupción de tres años, el comité directivo del Grupo de trabajo multilateral sobre recursos hídricos para Oriente Medio (MWGMR) reanudó su actividad en 1999, estableciendo varios programas de ahorro y explotación de los recursos hídricos en la región, financiados también por la Unión Europea. 
En la reciente reunión del Consejo de Asociación UE-Israel, se examinó, entre otros, el problema del agua en Oriente Medio, manifestando Israel su intención de aumentar la financiación de programas en este ámbito. 
¿Qué política piensa seguir la Comisión al respecto, con objeto de favorecer la cooperación entre los pueblos de la región y evitar los conflictos que se pudieran generar ante las necesidades en materia de agua? 
. (EN) El agua será un tema crucial para Oriente Medio durante las próximas décadas. 
La región cuenta con la reserva de agua per cápita más baja del mundo y sigue descendiendo. 
El agua es, en realidad, uno de los principales temas del proceso de paz de Oriente Medio, no sólo en las negociaciones entre Israel y los palestinos, sino también entre Israel y Siria. 
La política de la Comisión se centra en las distintas dimensiones del problema del agua en Oriente Medio; las garantías, así como en los aspectos económicos, ambientales y sociales. 
Para que exista una paz duradera en la región hacen falta acuerdos justos y amplios entre Israel y sus países vecinos en materia de agua, acuerdos que necesitan el respaldo de una cooperación regional eficaz. 
La Comisión es un participante activo y uno de los principales donantes del Grupo de trabajo multilateral sobre recursos hídricos del proceso de paz en Oriente Medio. 
Como contribución concreta, en 1999 destinamos otros 4 millones de euros para la terminación de los bancos de datos regionales sobre los recursos hídricos. 
Asimismo fomentamos el concepto de una estructura de cooperación regional. 
El grupo especial del Consejo sobre recursos hídricos en Oriente Medio se ha reunido con los comisarios del agua israelíes, jordanos y palestinos y participa activamente en la coordinación de la política de agua de la UE. 
El objetivo de la política de la Comisión es ayudar a la región a lograr una gestión sostenible de los escasos recursos hídricos, en combinación con la asistencia para explorar nuevos recursos. 
La gestión y el nivel de consumo actuales de agua en Oriente Medio son insostenibles. 
Las estimaciones apuntan a que en toda la región mediterránea, la agricultura absorbe más de las dos terceras partes del consumo total nacional, aunque sólo representa una tercera parte del PIB y de la fuerza laboral. 
Esta discrepancia es aún más acusada en Oriente Medio. 
Por ello, la asistencia a la reforma de las políticas internas en materia de agua en los países de Oriente Medio es una prioridad. 
De hecho, la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores euromediterránea, celebrada en Stuttgart en 1999, decidió que el agua sería una prioridad de la asociación. 
El primer resultado fue el plan de acción por valor de 40 millones de euros, aprobado por la Conferencia de ministros euromediterránea en octubre de 1999 en Turín, sobre la gestión local del agua, que proporcionará una nueva oportunidad de cooperación en este sector. 
En breve se publicará una convocatoria de propuestas. 
Le agradezco al Sr. Comisario su respuesta. 
Mi pregunta, más allá de la constatación de la seriedad del problema y de su influencia en el proceso de paz de Oriente Medio, se centraba también en la consideración de la falta de recursos hídricos como un serio problema político. 
Todo el mundo habla de crisis eminentes a causa del agua. 
Algo hay que hacer. 
Le pregunto al Comisario qué iniciativas, de las que resulten reglas de derecho internacional para la gestión de los recursos hídricos, van a emprenderse, al objeto de erradicar cualquier foco de confrontación política local o regional presagio de crisis y de un peculiar imperialismo. 
La propia respuesta, que se refiere al asunto Israel- Siria, conduce un poco más lejos, al Tigris y al Eufrates, a Turquía, a Siria y a otras partes. 
Creo que deben establecerse reglas de derecho internacional para la gestión de los recursos hídricos, que contemplen términos precisos para todos los países afectados, para todos los países por los que pasan ríos que atraviesan más de un país. 
Lo mismo debe regir para los lagos rodeados por más de un país. 
. (EN) La Comisión está apoyando proyectos hidrológicos de crucial importancia en la Autoridad Palestina y Jordania a través del programa MEDA. 
El ejemplo más reciente es la ayuda comunitaria por valor de 5 millones de euros en subvenciones para la gestión del proyecto del programa de mejora del sector del agua de la región metropolitana de Aman, además de la concesión de un importante crédito del Banco Europeo de Inversiones. 
Aparte de la ayuda que concedemos al grupo multilateral de trabajo para el agua, puedo mencionar el programa de acción euromediterráneo trienal para un sistema de información sobre el agua. 
La Comisión Europea ha contribuido a su ejecución con 1,2 millones de euros. 
La conferencia euromediterránea sobre la gestión del agua, celebrada en Marsella los días 25 y 26 de noviembre de 1996, fue organizada por iniciativa de la Comisión Europea y del Gobierno francés, con la ayuda de la ciudad de Marsella. 
La Oficina Internacional para el Agua asumió la secretaría. 
Por tanto, la Comisión está participando constantemente en este proyecto, lo hace desde hace algún tiempo y continuará haciéndolo. 
. (EN) Estoy de acuerdo en que es motivo de preocupación que las normas sobre el transporte de animales no se respeten lo suficiente en algunas zonas. 
Aunque los Estados miembros son responsables de la aplicación día a día de la legislación comunitaria, la Oficina Alimentaria y Veterinaria de mi Dirección General realiza controles específicos y misiones de inspección para comprobar que los Estados miembros aplican la legislación comunitaria de manera eficaz y uniforme. 
Estos controles han revelado algunas deficiencias en el cumplimiento de la legislación comunitaria por parte de algunos Estados miembros, lo que ha dado lugar a la apertura de procedimientos por infracción, en virtud del artículo 226 del Tratado, contra algunos Estados miembros, y otros están siendo examinados. 
En breve presentaré un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación en los Estados miembros de la legislación comunitaria en materia de protección de los animales durante el pasado trimestre del presente año. 
El informe demostrará que los Estados miembros tienen actualmente dificultades para aplicar plenamente la legislación comunitaria. 
En la conclusión del informe, me propongo presentar propuestas para mejorar el transporte de animales, corregir las dificultades a las que he hecho referencia, garantizar la inspección por parte de la Oficina Alimentaria y Veterinaria y aplicar procedimientos por infracción en caso necesario. 
Debería realizarse, lo antes posible, una evaluación de varios aspectos básicos de la directiva sobre una base científica, en particular, de los datos relativos a los tiempos de viaje, el estrés relacionado con las operaciones de carga y descarga y con las densidades de carga. 
En este marco, también merecen ser examinadas medidas para fomentar el sacrificio de animales en las proximidades de sus lugares de cría. 
Para terminar, les garantizo que la protección de los animales es una de las prioridades del programa de la Comisión. 
Espero con interés proseguir este debate cuando presente el informe sobre el transporte en las próximas semanas. 
Señor Presidente, señor Comisario, le doy las gracias por su respuesta, pero quisiera señalar brevemente que ahora que la UE se está ampliando hacia el este siguiendo un calendario muy rápido, y puesto que desde los países del Báltico, por ejemplo, se han transportado caballos al territorio de la UE- estos viajes han llegado a durar hasta cien horas -, creo que es muy extraño que exijamos al mismo tiempo a los países aspirantes que cumplan estrictamente todas las directrices y toda la normativa. 
Sin embargo, en nuestro propio territorio permitimos infracciones que son- tal y como hemos visto en los medios de comunicación- completamente inhumanas, considerando que se trata de la civilizada Europa Occidental. 
Quisiera recalcar este hecho y pregunto: ¿cuál es el calendario que tomaremos ahora como referencia real, teniendo en cuenta que debemos poner en orden nuestros propios asuntos antes de la adhesión de los nuevos Estados miembros? 
Aunque no puedo indicarle un calendario concreto, sí le garantizo que ya se han abierto procedimientos por infracción y otros casos están siendo analizados actualmente. 
La situación se encuentra bajo revisión constante, he mantenido varias conversaciones con el director general de mi Dirección General, que es un experto en transporte, y estoy haciendo uso de sus conocimientos. 
Usted ha llamado la atención también sobre nuestras relaciones con los países aspirantes. 
La Comisión cree que el modo más eficaz de lograr una mejora generalizada de las normas de protección de los animales es intentar alcanzar un consenso a nivel internacional. 
El transporte de larga distancia de caballos ha sido discutido con los jefes de los servicios veterinarios de los países de la Europa Central y Oriental que actualmente negocian su adhesión a la Unión. 
En abril se aprobó un protocolo de medidas para mejorar la protección de los caballos y asnos que son transportados a través de largas distancias. 
Los primeros resultados de la aplicación del protocolo serán discutidos en una reunión especial con todas las partes interesadas de los países candidatos a finales de septiembre de este año. 
Por tanto, puedo asegurarles que este tema es una de las prioridades de mi servicio y lo vigilaremos de cerca y lo perseguiremos activamente. 
Señor Presidente, sería interesante saber si la Comisión también prevé llevar a cabo investigaciones en este campo según el modelo de la best practice. 
¿Tiene también previsto proporcionar estímulos para que el transporte de animales sea soportable por los animales? 
. (EN) Estoy satisfecho con el asesoramiento que recibo de mis servicios y con el resto de información que se me facilita, en lo que respecta a la adopción de todas las medidas necesarias. 
Sobre esta base, estamos enmendando la directiva para mejorar la protección de los animales durante el transporte, introduciendo, en particular, medidas adicionales para la protección de los caballos, con descargas obligatorias y períodos de descanso establecidos, para el envío comercial de caballos que pasan por la inspección de los puestos fronterizos de la Unión. 
Quisiera realizar una pregunta relacionada a cerca de la prohibición de los terriers de Staffordshire en Alemania, en virtud de la ley sobre perros peligrosos. 
Muchos de mis electores del Reino Unido me escriben para protestar contra esta ley alemana que prohibe ciertas razas de perros que no parecen presentar ninguna amenaza para la seguridad pública. 
Habida cuenta del proyecto de crear un pasaporte para animales de compañía a nivel europeo y el consiguiente derecho de éstos a desplazarse libremente dentro de la Unión Europea, ¿tiene la Comisión competencia legal para intervenir y proteger a los animales y, en particular, a estos animales de compañía en Alemania, con los que se procederá a una matanza innecesaria e, incluso, posiblemente a la extinción de una excelente raza de perros británicos? 
Señor Comisario, conforme al Reglamento, la pregunta no es complementaria. 
Podríamos invitar al Sr. Tannock a formular esa pregunta para la próxima sesión, pero si usted desea contestarla, puede hacerlo. 
. (EN) Como muestra de cortesía con su Señoría, quisiera decir que si me hubiera avisado sobre esta pregunta, probablemente estaría en mejores condiciones de ofrecerle una respuesta amplia. 
Soy el Comisario responsable de la protección de animales. 
Tenemos competencia para tratar sobre temas relativos a la protección de animales. 
Cuando estos temas son llevados a mi atención y están contemplados en la directiva correspondiente, podemos adoptar medidas. 
La única sugerencia práctica que puedo hacerle es que, si lo desea, me escriba y me dé detalles concretos del asunto que usted ha planteado, y me encargaré de que mis servicios lo examinen y se ocupen del asunto. 
Señor Tannock, puede expresar su opinión por escrito de forma bilateral o lo puede hacer en público con arreglo al Reglamento, y tendrá la contestación del Comisario. 
Muchas gracias, señor Byrne, por su cooperación esta tarde con el Parlamento. 
Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino 
Pregunta nº 46 formulada por (H-0600/00): 
Asunto: Comunicación sobre los derechos del niño En noviembre de 1999, la Comisión emitió una declaración ante el Parlamento con ocasión del décimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y anunció que publicaría una Comunicación sobre los derechos del niño. ¿Puede indicar la Comisión al Parlamento una fecha precisa para la publicación de dicha comunicación? 
Teniendo en cuenta que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre los niños se celebrará en septiembre del 2000, ¿qué planes tiene la Comisión para coordinar las aportaciones de la UE y los Estados miembros a dicha Sesión Especial? 
¿Está dispuesta la Comisión a reconocer que, con vistas a la Sesión Especial, la anunciada Comunicación sobre los derechos del niño posee la mayor importancia? 
. (EN) Quisiera remitir a su Señoría a la carta, con fecha de 20 de junio, del Presidente Prodi que ella y otros colegas suyos recibieron en relación con este mismo tema. 
En su carta, el Presidente dejó perfectamente claro el compromiso de la Comisión con todas las medidas de protección de los derechos de los niños y mencionó una serie de ámbitos, tanto externos como internos, en los que la Comisión trabaja en estos asuntos tan importantes. 
No obstante, el Presidente ha intentado situar la acción de la Comisión en estos ámbitos, al igual que en otros, dentro del contexto de la revisión de los Tratados. 
Ha reconocido que la competencia para emprender acciones relativas a los niños sigue siendo, principalmente, de los Estados miembros, habida cuenta de la falta de un fundamento jurídico claro en el Tratado para que la Comunidad proteja los derechos de los niños en términos que vayan más allá del marco actual. 
En el marco actual, la Comisión Europea ya ha emprendido un número considerable de iniciativas para proteger los derechos de los niños, como en los programas Daphne y Stop, que son de mi competencia. 
La Comisión también está acometiendo medidas en el ámbito social y educativo con vistas a mejorar la situación de los niños. 
Se pueden encontrar pruebas adicionales de la importancia que atribuimos a este tema en el hecho de que ha sido la Comisión la que ha emprendido la iniciativa de incluir un artículo específico sobre los derechos de los niños en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El proyecto de artículo relativo a la protección de los niños incluye los principios más importantes del Convenio de Nueva York, como el derecho a dicha protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y consideración. 
Seguiremos insistiendo para que en la Carta se establezca la prohibición del trabajo infantil. 
El Presidente también expresaba en su carta la opinión de que podría ser de utilidad que la Comisión analizara si todos los Estados miembros cumplen el contenido del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 
Aunque todos los Estados miembros han ratificado el convenio, su aplicación varía ampliamente y las opiniones de los Estados miembros sobre el mejor modo de proteger los derechos de los niños difieren considerablemente entre sí. 
Estoy convencido de que dicho examen podría representar una contribución útil a la participación de la Unión en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre de 2001. 
La Comisión cree que sus acciones actuales en favor de los niños, su defensa activa de una inclusión adecuada en la Carta de los Derechos Fundamentales y su apoyo a esta idea de realizar un examen como el descrito demuestran su compromiso con este importante tema. 
Como usted sabe, soy una gran admiradora suya y estoy segura de que se ha sentido tan incómodo al repetir su respuesta hoy, como me he sentido yo al oírla. 
Conozco su compromiso personal, pero en realidad no me ha dado ninguna indicación clara de lo que la Comisión se propone hacer en la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará dentro de un par de semanas. 
Tras haber escuchado el alcance de los planes que tiene la Comisión en relación con la protección de los animales, sólo puedo desear que tenga planes similares en relación con el bienestar de los niños. 
Reconociendo los límites jurídicos que delimitan sus esfuerzos, ¿podría darme alguna indicación, por ejemplo, de que alguien de la Comisión asistirá a esta conferencia de las Naciones Unidas en septiembre? 
Le han propuesto que la Comisión haga una contribución a la Conferencia y, en su caso, en qué contexto? 
. (EN) Responderé con mucho gusto. 
En realidad, ambos estamos hablando de lo mismo, que es la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, que se celebrará en septiembre de 2001, el año próximo. 
Puesto que estamos hablando de eso, mi planteamiento es que deberíamos realizar un estudio para analizar el grado de aplicación, en los Estados miembros, del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. 
Este estudio debería quedar terminado a tiempo para que sirva como base de la participación de la Unión en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año próximo. 
Estoy seguro de que podremos contar con el apoyo de la próxima Presidencia sueca durante los primeros seis meses del año próximo. 
Suecia ya ha declarado que dará prioridad absoluta a los derechos de los niños. 
Por tanto, creo que he explicado qué tipo de acción nos proponemos adoptar y cuándo nos disponemos a adoptarla. 
Señor Presidente, ¿está el Sr. Comisario de acuerdo conmigo en que parece estar produciéndose un nuevo y creciente abuso de los niños, que entra entre las competencias de la Unión Europea? 
Hay niños que están siendo utilizados por sus madres, procedentes de la Europa Central y Oriental, en las calles de nuestras ciudades para pedir limosna. 
La mayoría de ellos llegan a la Unión como refugiados. 
Deberían recibir asistencia, en cuyo caso la mendicidad no se justifica porque deberían recibir ayuda social del Estado. 
Es algo que, quizá, debería añadirse a la lista de abusos del niño que, como Comunidad, deberíamos analizar con mucho cuidado. 
. (EN) Comparto la preocupación de su Señoría en el sentido de que pedir limosna es una actividad en la que los niños son obligados, a veces por su propia familia, a actuar en contra de su dignidad. 
Como usted sabe, la responsabilidad de proteger la dignidad de los niños es, en primer lugar, competencia de los Estados miembros. 
No obstante, estamos lanzando un debate en estos momentos sobre una iniciativa legislativa específica para definir la lista de delitos contra los niños. 
Estudiaré sus sugerencias con un talante abierto. 
Pregunta nº 47 formulada por (H-0606/00): 
Asunto: Exención de la obligación de llevar pasaporte en el espacio Schengen ¿Cómo considera la Comisión que ha funcionado la exención de la obligación de llevar pasaporte, en el marco del Acuerdo de Schengen, durante la Copa de Europa de fútbol, a la luz de las detenciones masivas que han tenido lugar en Bruselas y Charleroi? 
En primer lugar, hay que observar- creo yo- que gran número de personas implicadas en los incidentes habidos en Bruselas y Charleroi son originarias de un Estado miembro de la Unión, el Reino Unido, que no forma parte del espacio de Schengen. 
Así, pues, se trata de personas que, en sus desplazamientos con vistas a asistir a partidos de fútbol en el marco del Campeonato de Europa 2000, fueron sometidas a los controles que se aplican a las personas en las fronteras exteriores del espacio de Schengen. 
Conviene recordar también que los Gobiernos belga y neerlandés recurrieron, durante todo el Campeonato de Europa 2000, a una cláusula de salvaguardia establecida en el apartado 2 del artículo 2 del Convenio de Schengen, que dispone que, cuando estén amenazados el orden público o la seguridad nacional- y, en mi opinión, el temor suscitado por los casos de vandalismo responde sin duda a ese criterio -, un Estado miembro puede decidir que, durante un período limitado, se apliquen controles fronterizos nacionales, adaptados a la situación, incluso en las fronteras interiores del espacio de Schengen. 
Los Gobiernos belga y neerlandés siguieron el procedimiento de consulta previa impuesto por el Acuerdo de Schengen. 
Se reintrodujeron temporalmente los controles previstos en las fronteras interiores, pero no se aplicaron de forma sistemática. 
Se trataba de controles específicos, en particular basados en informaciones facilitadas por los Estados miembros, en el marco de la cooperación policial, y relativos a hinchas que podían constituir una amenaza para el orden público. 
La aplicación de los controles en las fronteras exteriores y temporalmente en las fronteras interiores del espacio de Schengen no equivale a cerrar una frontera o a rechazar sistemáticamente a personas que deseen entrar en el territorio con vistas a asistir a un partido de fútbol. 
En efecto, conforme al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los ciudadanos de la Unión tienen el derecho fundamental de circular libremente por el territorio de los Estados miembros, pero se pueden imponer restricciones por razones de orden público, en casos individuales únicamente, a saber, cuando la persona de que se trate constituya una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. 
Por eso, afirmo que una restricción colectiva no está autorizada por el derecho comunitario. 
No basta con tener la nacionalidad de un Estado miembro determinado y desear asistir a un partido de fútbol para poder ser rechazado en la frontera. 
Por eso, creo que ya está en curso una evaluación de las medidas de cooperación entre las autoridades de los Estados miembros interesados y esa operación conjunta va encaminada a obtener las enseñanzas que se desprenden del Campeonato de Europa 2000 para ver cómo se podría mejorar en el futuro la cooperación legislativa y policial en materia de lucha contra el vandalismo. 
Agradezco al Comisario Victorino su respuesta. 
En Bruselas, en el Estadio Rey Balduino, aupé cuanto pude a Portugal pero al final ganó Francia, en un partido en el que realmente puede decirse que Francia tenía el mejor equipo. 
No obstante, apoyé con todas mis energías a Portugal. 
Como he dicho, agradezco la respuesta, pero quisiera formular una pregunta complementaria. 
Muchas personas opinan que es odioso que en Europa se produzcan casos de gamberrismo, desórdenes callejeros, lenguaje agresivo y violencia, fenómenos éstos que, por ejemplo en EE.UU., son desconocidos en relación con los espectáculos deportivos. 
Sabemos que el Reino Unido no forma parte del Acuerdo de Schengen, pero, quizás, ese día no esté muy lejano. 
¿Opina usted que las medidas adoptadas son suficientes y qué se ha aprendido para el futuro? 
La próxima vez, tal vez, Portugal llegue a disputar la final. 
Creo que no hay una relación directa, ni indirecta, entre la derrota de Portugal y el vandalismo. 
Era la verdad del juego, pero a veces no hay suerte. 
De todos modos, sí, efectivamente Portugal es el país que va a organizar el Campeonato de Europa 2004 y por eso la Comisión ha apoyado, en el marco del Campeonato de Europa 2000, varias iniciativas concretas de cooperación policial para experimentar nuevos métodos de cooperación y extraer las enseñanzas que de ellos se desprenden. 
Estamos haciendo la evaluación de esas medidas. 
En cuanto esté disponible el informe, será objeto de una reflexión y se adoptarán medidas legislativas en el nivel europeo. 
Pues ése es el objetivo: adoptar medidas legislativas en el nivel europeo, que puedan apoyar esa cooperación policial en la lucha contra el vandalismo. 
De momento, espero el informe. 
En cuanto esté listo, se hará público, claro está, y se podrá iniciar el debate sobre las iniciativas. 
Tengo una pregunta complementaria sobre el Acuerdo de Schengen y la exención de la obligación de llevar pasaporte en el espacio Schengen. 
Como seguramente sabe el Comisario, los países nórdicos se incorporarán al Acuerdo Schengen en marzo del próximo año. 
Se ha dicho que los ciudadanos suecos que viajen dentro del espacio Schengen deberán seguir llevando sus pasaportes después de esa fecha. 
Los documentos de identidad suecos no señalan la nacionalidad, cosa que exige el Acuerdo Schengen. 
La Unión sin pasaportes que se ha prometido será para los ciudadanos suecos una Unión con obligación de llevar pasaporte. 
Mi pregunta es si el Comisario puede confirmar que las normas del Acuerdo de Schengen exigen que los ciudadanos suecos tengan que llevar sus pasaportes cuando viajen dentro del espacio Schengen, después de su incorporación a este Acuerdo. 
¿Qué opina usted de esto? 
Quisiera decir, Señoría, que esta cuestión se plantea desde otra perspectiva, que es la de crear modalidades comunes de documentos de viaje: ya sean pasaportes o tarjetas de identidad. 
La existencia de esas modalidades comunes está prevista en el Tratado y la Comisión tiene en avanzado estado de elaboración una propuesta encaminada a la aprobación de modalidades comunes para los instrumentos citados. 
No puedo darle un calendario fijo, es decir, que no puedo garantizarle que se habrán aprobado dichos documentos antes de la fecha prevista para la integración de la Unión de Pasaportes Nórdicos en la libre circulación de Schengen. 
Lo que puedo garantizarle es que estamos trabajando activamente en la formulación de modelos uniformes de documentos que resuelvan problemas como el que su Señoría acaba de indicar. 
La pregunta nº 48 se contestará por escrito. 
Pregunta nº 49 formulada por (H-0692/00): 
Asunto: Academia europea de policía ¿En qué fase de planificación se encuentra la academia europea de policía, en lo que atañe a la conexión virtual de las instalaciones existentes y la creación de una academia concreta en un lugar determinado? 
. (EN) El Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 pidió que se estableciera una academia europea de policía para la formación de los mandos responsables de hacer cumplir la ley, que debería comenzar como una red de los actuales institutos nacionales de formación. 
Hasta ahora se han hecho progresos considerables. 
La Presidencia portuguesa presentó al Consejo una propuesta de reglamento a final de junio de 2000. 
La Presidencia francesa se ha fijado el objetivo de añadir una decisión del Consejo, que deberá ser aprobada antes de que finalice el presente año. 
Ello permitiría cumplir el plazo para la creación de una academia europea de policía antes de 2001, como se menciona en la lista de cometidos de la Comisión en materia de justicia y asuntos interiores. 
Varios Estados miembros están a favor de la creación de una academia europea de policía como una red permanente de institutos nacionales de formación. 
Otros Estados miembros consideran la actual propuesta de la Presidencia a favor de una red como una fase temporal en la vía hacia una institución con una sede permanente. 
La Comisión ha insistido desde un comienzo en que la academia europea de policía se convertirá en una institución permanente tras haber funcionado como una red durante un período inicial, de acuerdo con la decisión de Tampere, lo que ha dado lugar al proyecto de reglamento que ahora incluye el siguiente enfoque. 
A partir de enero de 2001, la academia europea de policía se creará como una red de institutos nacionales de formación, lo que prácticamente es una academia. 
Funcionará de este modo durante tres años. 
Tras dicho período, se adoptará una decisión sobre cómo debe seguir adelante la academia europea de policía. 
No obstante, la Comisión sigue defendiendo la posición de que el proyecto de reglamento debería incluir la obligación inequívoca de que la academia europea de policía se convierta en una institución permanente tras haber funcionado durante algunos años como una red. 
Señor Presidente, expreso mi agradecimiento al Comisario por su precisa respuesta y su gran dedicación en este asunto. 
Entretanto he sido nombrado ponente para el tema y trabajaremos sin duda estrechamente para impulsarlo. 
Pero mi pregunta es la siguiente: ¿sigue proyectando la Comisión elaborar un estudio sobre la factibilidad de una academia real? 
Pues sabe que el Parlamento Europeo ha exigido una academia real y no virtual. 
¿Proyecta elaborar un estudio sobre las posibilidades de realización? 
Puede contar sin duda con nuestro pleno apoyo. 
. (EN) Existe un primer estudio de viabilidad realizado por la Secretaría General del Consejo, que ha servido de base para la actual propuesta de resolución del Consejo. 
Pero nos proponemos fomentar nuestra propia iniciativa en este ámbito, para asegurarnos de que dispondremos de toda la información necesaria para dar el siguiente paso tan pronto como sea posible. 
Es urgente dar ese segundo paso para poder convertir la academia europea de policía en una institución permanente. 
La Comisión no desechará esa idea. 
Muchas gracias, señor Vitorino, por las respuestas de esta tarde. 
La pregunta nº 50 se contestará por escrito. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou 
Pregunta nº 51 formulada por (H-0647/00): 
Se han de definir y hacer realidad unos objetivos sociopolíticos comunes con objeto de garantizar así que los ciudadanos europeos sean copartícipes del proceso de creciente integración y de la próxima ampliación. 
Por ello, ¿podría informarme la Comisión de si tiene la intención de armonizar en mayor medida los regímenes de seguridad social, todavía tan diferentes, así como de armonizar las cualificaciones profesionales en todos los ámbitos? 
¿Hay razones fundadas para suponer que las hasta ahora escasas atribuciones de la UE en materia social y laboral serán mayores en el futuro? 
. (EL) Señor Presidente, las dos preguntas fundamentales son si va a avanzar la armonización de la política social y si van a ampliarse las competencias de la Comisión en materia de política social. 
Empezaré con la resolución del Consejo de Lisboa, en la que se hace clara referencia a la necesidad de combinar las políticas de competitividad y las políticas de cohesión social, a la necesidad de modernización del modelo social, a la necesidad de invertir en las personas y a la lucha contra la exclusión social. 
La Comisión, claro, de acuerdo con los Tratados, no tiene margen de iniciativa política en materia de política social. 
Pero tenemos que decir que después de Lisboa hay acuerdo en el Consejo, una resolución unánime del Consejo favorable a la colaboración en el ámbito de la política social y a la extensión del método de la colaboración abierta a asuntos como la exclusión social o la protección social. 
Tengo que decir que en la agenda propuesta en julio, en torno a la cual hubo una especial colaboración con el Parlamento y la ponente de la Comisión de Asuntos Sociales, Sra. Van Lancker, se describen con precisión las medidas y las acciones en materia de política social en el marco del Tratado, pero se declara también expresamente que no se va a buscar la armonización de las políticas sociales. 
Se considera que es algo imposible. 
No obstante, nuestros propósitos pueden tomar cuerpo a través de instrumentos como el diálogo social, los Fondos Estructurales, especialmente el Fondo Social Europeo, que cuenta con un elevado presupuesto, el mainstreaming, el análisis político, la investigación y, finalmente, la legislación. 
En julio de 1999 la Comisión presentó una nueva comunicación titulada «Estrategia coordinada para la modernización de la protección social». 
En ella se contemplan dos líneas fundamentales. 
Una es la lucha contra la exclusión social, y la otra, la futura colaboración en materia de protección social y de sistemas de pensiones. 
En relación con ambos objetivos, entre las prioridades de la Comisión se encuentran: la adopción y aplicación de indicadores sociales, que se hacen necesarios para valorar las políticas; la definición de objetivos en relación con la pobreza y la cultura, algo que será objeto de debate durante la Presidencia francesa; y el acuerdo en torno a ejes relativos a la viabilidad de las pensiones. 
Señora Comisaria, muchas gracias por estas aclaraciones. 
Permítame que formule como pregunta adicional algo que me interesa especialmente: ¿hasta qué punto piensa la Comisión trabajar en el futuro de un modo especial para que los sistemas de seguridad social, las cualificaciones profesionales y las competencias sociales queden sometidas en general a una armonización? 
La enumeración de la situación actual ha sido altamente interesante así como la evolución, que se muestra más positiva a lo que ha sido en el pasado. 
Sin embargo, creo que debemos convencer a la población de la Unión Europea de que la libertad de establecimiento no es una palabra vacía que a la postre es válida al 100% para los turistas sino que la libertad de establecimiento es una realidad y no una palabra vacía para las personas que trabajan y que han trabajado, primero en lo que a los sistemas de seguridad social se refiere y luego a los sistemas de pensiones. 
Creo que a este respecto debemos intentar uniendo todas nuestras fuerzas convencer al Consejo para llevar a cabo una política más abierta, avanzada y orientada al futuro. 
. (EL) Señor Presidente, no estoy en desacuerdo con el enfoque general de su señoría, quiero, sin embargo, recordar el margen de movimiento de estas políticas a escala europea, ya que se trata de políticas nacionales; segundo, hay que tener presente que, según nuestros estudios, hay tantas diferencias en la estructura y en la organización de los sistemas de pensiones y de los sistemas de seguridad social, que es imposible hablar de armonizarlos; tercero, por lo que se refiere a los derechos de los trabajadores en sus desplazamientos entre país y país, ya existen dos reglamentos. 
El Consejo de Ministros de Trabajo mantuvo en julio un profundo debate sobre el cambio de reglamento relativo a los trabajadores que viven en un país y trabajan en otro, pero tengo que señalar que, mientras existan tantas diferencias en los sistemas, las dificultades para la armonización que su señoría propone serán prácticamente insuperables. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la armonización de los regímenes de la seguridad social implicaría también la homgeneización de su financiación, o sea, de los sistemas fiscales a efectos prácticos, no solamente en sus aspectos técnicos, sino también en lo que se refiere a las bases impositivas. 
Todos sabemos que aún no se ha llegado a una unanimidad política en este terreno, y que seguramente tampoco será lograda a corto plazo. 
Por ello, creo que también cabe aquí practicar la política del avance gradual a pequeños pasos, y preguntaría sobre el estado de una parte pequeña de esta política gradual, a saber, sobre la fase en que se encuentra la directiva relativa al mercado común de los planes de jubilaciones complementarias. 
Estaba previsto que los trámites de esta directiva pasaran desde la Comisión al Parlamento Europeo ya en julio, y ahora hemos escuchado que esto ocurrirá probablemente en septiembre. 
También es posible que esta directiva no llegue a abordarse durante la Presidencia francesa. 
. (EL) Señor Presidente, quisiera decir que esta directiva, que se está redactando en colaboración con otras direcciones y con otros Comisarios, como Mercado Interior y Competencia, está avanzando y podría en una próxima sesión ofrecerles un texto más completo. 
Ahora estamos en la fase de debate. 
Pregunta nº 52 formulada por (H-0649/00): 
Asunto: Organizaciones no gubernamentales sociales europeas Cada vez se reconoce más la función de las ONG sociales europeas como un nexo importante entre los ciudadanos de Europa y la Comisión, el Parlamento y el Consejo en ámbitos como la política social, el comercio, el desarrollo y el medio ambiente. 
¿Qué planes tiene la Comisión para proponer un fundamento jurídico para el diálogo civil entre las instituciones de la UE y la sociedad civil organizada? 
. (EL) Esta claro que en la preparación del Libro Blanco sobre la nueva forma de gobierno de Europa, titulado «Ampliación de la democracia en Europa» , uno de los asuntos fundamentales es el papel de la sociedad civil en las nuevas formas de funcionamiento de la democracia en Europa y en todos los países miembros. 
El nivel de colaboración y las modalidades de colaboración de la Comisión con las organizaciones no gubernamentales preocupan e interesan especialmente a todas las carteras, cuyos programas en muchos casos se materializan a través de las organizaciones no gubernamentales; organizaciones que, a mi parecer, tienen singular relevancia en el ámbito de los asuntos sociales. 
Como saben, estamos manteniendo un diálogo basado en el documento de trabajo «La Comisión y las organizaciones no gubernamentales- Hacia una colaboración más estrecha» elaborado por la Comisión. 
El objetivo, con este diálogo, es perfilar nuevas propuestas sobre importantes asuntos de naturaleza tanto política como procedimental· importantes asuntos de naturaleza política, como la representatividad de las organizaciones, y de naturaleza procedimental, como su financiación y funcionamiento. 
En el marco de este diálogo me reuní el 30 de marzo de 2000 con los miembros de la plataforma de las organizaciones no gubernamentales europeas, y se produjo un diálogo sobre dos clases de asuntos. 
La primera clase, las propuestas que presentaron- valiosísimas para la agenda social -, y la segunda, asuntos relacionados con la representatividad y la organización de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito social a escala europea, los problemas económicos a los que se enfrentan y las especiales dificultades de procedimiento que encuentran para su financiación, la calidad y el nivel de exigencia de los servicios que ofrecen las organizaciones no gubernamentales. 
Que duda cabe de que en este diálogo la contribución de las propias organizaciones es extraordinariamente importante. 
Recientemente, en junio, se celebró una reunión del grupo interservicios de la Secretaría General con las plataformas de las organizaciones no gubernamentales europeas de ámbito social y de desarrollo, y creo que este diálogo culminará muy pronto, y la Comisión estará en condiciones, tras la valoración de la colaboración mantenida hasta ahora, y tras la valoración del marco institucional en el que funcionan las organizaciones no gubernamentales, de avanzar en una nueva propuesta global que consolide su papel institucional y sus posibilidades de funcionamiento. 
Gracias, señora Comisaria, y ciertamente estoy de acuerdo, en particular, con la esencia de la primera parte de su respuesta. 
Acojo con satisfacción el hecho de que las ONG sean financiadas a través de programas de acción de lucha contra la exclusión y la discriminación. 
Pero tengo una pregunta concreta: ¿por qué sólo se financian ocho o nueve ONG, según la información de que dispongo, a través de estas dos partidas presupuestarias? 
En segundo lugar, algunas ONG piensan que se les está denegando, injustamente, el acceso a la financiación principal. 
Según la información de que dispongo, se están viendo obligadas a financiar proyectos mientras hay 18 ONG de medio ambiente, por ejemplo, que reciben fondos de la Comisión para cubrir sus gastos de funcionamiento. 
Se me ocurre que cuando han transcurrido dos años desde la congelación del presupuesto de 1998, va siendo hora de que la Comisión responda a lo que son necesidades muy claras de financiación central de las ONG sociales europeas para cubrir sus costes de funcionamiento. 
. (EN) Como usted sabe, en lo que respecta, en particular, a los temas sociales y a las ONG, existen algunas normas relativas a su tamaño, representación y resultados. 
Sabemos que en el ámbito social las ONG son muy numerosas y es muy difícil para la DG de la Comisión saber con cuáles de ellas puede cooperar. 
A veces existe cierta confusión a nivel nacional. 
Por ello hemos decidido establecer unos criterios y alcanzar un acuerdo con las ONG sobre los criterios por los que debemos guiarnos para seleccionar a las ONG con las que podemos trabajar. 
Por este motivo debemos solucionar el problema del nivel de representación y el tema de la red que debe establecerse a nivel europeo. 
. (EL) De acuerdo con los datos del Eurostat, la tasa de desempleo en Grecia en 1998 era el 10,7 %, mientras que el término medio en Europa durante el mismo período era 9,9 %. 
De momento, para 1999 el Eurostat no dispone de datos sobre Grecia y las estimaciones para 1999 eran del 10,4 %. 
Así pues, está claro que carecemos de los correspondientes datos estadísticos que incluyan la fluctuación del desempleo, lo que hace difícil la evaluación de las políticas y las medidas que se aplican en el marco del nuevo plan de acción para el empleo, así como de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno griego, fundamentadas en dicho plan de acción para el empleo y que se mueven en la dirección adecuada. 
Hay compromisos importantes que afectan en primer lugar a la organización y la adaptación de los servicios y usos estadísticos de Grecia a los de los países europeos y los del Eurostat, puesto que es obvio que sin base estadística es difícil avanzar en políticas específicas. 
En segundo lugar, está el compromiso de reestructurar los servicios públicos, los servicios de empleo y los servicios estadísticos, y dicha reestructuración deberá haber culminado antes de que acabe el año 2001. 
La Comisión no dispone de datos sobre el número de desempleados que han encontrado trabajo en Grecia a través de los diferentes programas de empleo; por ello precisamente hay un compromiso, en colaboración con la Comisión, para la evaluación continua de los programas de formación, de manera que se pueda hacer un seguimiento preciso de las personas que pasan por procesos de formación. 
Quiero decir que la formulación de su pregunta coincide con la comunicación de las recomendaciones a todos los países, y las que fundamentalmente atañen a Grecia son la remodelación de las estadísticas, los índices, los estudios y los servicios de empleo, el examen pormenorizado de los desincentivos fiscales y otros desincentivos provenientes de las subvenciones comunitarias para la entrada en el mercado de trabajo, la promoción de la formación permanente y la participación de los interlocutores sociales en este proceso, el reforzamiento de la empresarialidad y la simplificación de los trámites para la creación de nuevas empresas, y el fomento de la colaboración entre los interlocutores sociales para modernizar la organización de las relaciones laborales, con garantías tanto de flexibilidad como de seguridad. 
Manejo aproximadamente los mismos datos estadísticos que usted; y, además, tengo en las manos en este momento el último boletín del Eurostat, el del cinco de septiembre. 
Los números son prácticamente los mismos. 
Lo que realmente quisiera poner de relieve es lo siguiente: desde hace muchos años, señora Comisaria, desde mucho antes de que usted asumiera su responsabilidad actual, intento saber, aun mediante una estimación aproximativa, cuántas personas han encontrado trabajo a través de los planes de acción para el empleo, y todavía no lo he conseguido. 
¿Qué perspectiva hay de que alguna vez lo sepamos, aunque sólo sea con respecto a un plan si es que no puede ser en general? 
Segundo, ha dicho que tendremos resultados hacia finales de 2001. 
Yo, en todo caso, hoy por hoy, considero de todo punto inadmisible mantener cualquier debate con estos datos; datos disponibles para todos los países; con todos sus números, por meses, en conjunto, por categorías; sólo la columna de Grecia está vacía. 
Me pregunto qué podemos debatir. 
Perdone usted que se lo diga así, pero he llegado al límite de mi paciencia. 
. (EL) Grecia atraviesa un período de transición que, a mi parecer, corresponde a la primera fase de las políticas que se referían a su incorporación a la unión económica y monetaria. 
Es evidente que en determinados ámbitos, que han sido señalados, presenta deficiencias en comparación con los demás países. 
Estoy de acuerdo con usted en que especialmente la cuestión de los datos estadísticos es de extraordinaria importancia, no sólo para la evaluación, sino para la aplicación de políticas. 
El compromiso adquirido a través del plan de acción para el empleo es claro, las recomendaciones se refieren concretamente a este asunto, las directivas, las líneas básicas de política de empleo para el año 2000 lo plantean como prioridad, es uno de los asuntos en los que el gobierno griego se ha comprometido. 
Espero que el año que viene por estas fechas nos encontremos en mejor situación. 
Señora Comisaria, personalmente me resulta usted simpática, pero debo decir que el gobierno griego, especialmente en asuntos de empleo, no me resulta nada simpático; lo ponen de manifiesto los propios resultados. 
Y lo pone de manifiesto lo que usted acaba de decirnos. 
¿Cómo se puede hacer política de empleo cuando no se conoce la tasa de empleo, cuando no se sabe cuántas personas han encontrado empleo gracias a los programas de formación? 
Quiero centrarme en algo, preguntarle a usted algo concreto, para no alargar el debate. 
En el ámbito específico de la formación, ¿qué cree usted que debe cambiar y qué le propone al gobierno griego que cambie durante el período 2000-2006 en relación con el período anterior, en el que todos, aunque no dispongamos de estadísticas exactas, tenemos la impresión de que las cosas no fueron bien? 
Y es que los pocos datos de que disponemos muestran que las cosas no dejan de empeorar. 
¿Qué cambiará, pues, durante el período 2000-2006? 
. (EL) Antes de empezar, señalaré que cada país ha tenido, por razones históricas y políticas, un diferente punto de partida, y que en los próximos cinco años, en el marco del tercer MCA, se les brinda a todos los países una gran oportunidad de aprovechar del mejor modo estrategias y recursos. 
Por lo que respecta concretamente al ámbito de la formación, al que se ha referido, en Grecia, como sabe, viene funcionando el EKEPIS (Centro Nacional de Acreditación) , fruto también del acuerdo con la Comisión, y que es un centro de acreditación con resultados muy satisfactorios y con evaluaciones positivas, que en el nuevo período completará los procedimientos de acreditación. 
Es decir acreditará también a formadores y programas, cosa que hasta ahora no ocurría 
Segundo, habrá que relacionar la orientación de la formación con la estrategia del país en el ámbito de los servicios y de la sociedad de la información, es decir relacionar los contenidos de la formación con la estrategia del país. 
Tercero, deberá completarse la creación de centros de fomento del empleo. 
Hasta hoy se han abierto veinticuatro. 
Deberán crearse por lo menos cien, de acuerdo con el plan a escala nacional que se ha elaborado. 
Estos centros deberán distanciarse de la clásica prestación de servicios a los parados y avanzar hacia los modelos que hoy ya tenemos en la Unión Europea, que son modelos caracterizados por la atención personalizada a las personas desempleadas. 
Y, claro está, deberá aplicarse el plan de la tarjeta electrónica de empleo, de manera que sea posible el seguimiento. 
El plan de acción para el empleo en el año 2000 incluye estos compromisos. 
Existe la financiación para que estos programas avancen, y mi estimación es que durante el período 2000-2006 en el ámbito de la formación deberán centrarse en los puntos concretos que he mencionado. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 54 decae. 
Las preguntas núms. 55, 56 y 57 se contestarán por escrito. 
Preguntas dirigidas al Sr. Fischler 
Pregunta nº 58 formulada por (H-0602/00): 
Asunto: Retraso en el reconocimiento del "Certificado de especificidad alimentaria" En 1994, tras un largo trabajo de elaboración, investigación y debate en el sector italiano, se elaboró un dossier sobre la miel virgen integral, en virtud del Reglamento 2082/1992/CE. 
Dicho dossier, acompañado de una solicitud de "Certificado de especificidad alimentaria", lo había preparado la "Associazione per il miele vergine integrale", quien lo presentó a la Comisión el 8 de septiembre de 1995, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente italiano. 
Para recibir el dictamen positivo de la Comisión, obtenido gracias a una serie de intervenciones del Gobierno italiano y, en particular, del Ministro De Castro, fue necesario esperar hasta agosto de 1999. 
Desde entonces, la asociación promotora no ha recibido noticias. 
Considerando que ya han pasado 11 meses desde el dictamen favorable y que el reglamento en cuestión establece plazos definidos para la concesión del certificado, ¿puede hacer saber la Comisión qué problemas obstaculizan la expedición del certificado y cómo piensa resolverlos? 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, la solicitud de inscripción como miele vergine inegrale, de la que aquí se trata, no se encuentra lamentablemente en concordancia con los requisitos de las normas legales en vigor en la Comunidad. 
En especial, la utilización de esta denominación está en contradicción con la directiva actual 409 del año 1974. 
Por ello, no se ha podido aprobar hasta ahora la solicitud italiana para la protección mediante el etiquetado de determinadas características de alimentos en el sentido del Reglamento 2082. 
Pero como sabe, existe una propuesta para modificar esta directiva. 
Tan pronto como el Consejo y el Parlamento hayan modificado la directiva y sea lícita una denominación de este tipo se podrá llevar también por fin el examen de la solicitud para la miel mencionada a una conclusión con éxito. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su puntualidad; sin embargo, debo manifestar que no estoy satisfecho. 
Me consta que hace once meses la Comisión emitió un dictamen favorable, como figura en mi pregunta. 
Soy consciente de que, entretanto, se ha vuelto a definir la posición común sobre la directiva y que el Parlamento está a la espera de debatirla. 
No obstante, se me antoja que la referencia al Reglamento nº 2082/92 puede prescindir de esta directiva, que la directiva y el reglamento pueden ser considerados canales separados. 
Por lo tanto, pido una aclaración al respecto porque, de lo contrario, no podré llevar a los apicultores italianos una buena noticia. 
. (DE) Señor Presidente, señor diputado, esto es muy fácil de explicar. 
No podemos introducir ninguna protección de origen para un producto si una denominación de protección de este tipo está en contradicción con una norma comunitaria. 
Por ello, es una condición previa que primero entre en vigor esa norma comunitaria modificada pues así ya no existirá esa contradicción. 
Entonces no tendremos tampoco ningún problema para declarar la protección deseada por el Gobierno italiano o la región afectada. 
Pregunta nº 59 formulada por (H-0609/00): 
Asunto: Financiación de Coillte por la Unión Europea De acuerdo con una resolución de agosto de 1999 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Coillte ha recibido ilegalmente de la Unión Europea primas por perdidas de ingresos forestales con cargo a la financiación prevista en el Reglamento 2080/92, por un valor de 6,5 millones de libras desde 1993 a 1999. 
El Tribunal de Justicia resolvió que Coillte, empresa semiestatal encargada del desarrollo forestal, es una "entidad pública" y no está facultada para recibir estos pagos. 
A la luz de esta sentencia, ¿piensa la Comisión que Coillte no esta facultada para recibir nuevos pagos por valor de 30,5 millones de libras con cargo a la próxima ronda de financiación del Reglamento 2080/92? 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, la pregunta de la Sra. diputada apunta a saber si la empresa Coillte está autorizada a recibir de créditos del Fondo Agrario, departamento Garantía, ayudas cofinanciadas para compensar pérdidas de ingresos en medidas de reforestación en el sentido del Reglamento 2080 del año 1992. 
Quiero aclarar que no existe ninguna sentencia del Tribunal de Justicia sobre esta pregunta específica. 
Sin embargo, es cierto que la Comisión clasifica a esta empresa Coillte como una empresa estatal porque dicha empresa se encuentra en propiedad del Estado irlandés. 
En consecuencia no existe derecho a percibir ayudas para compensar pérdidas de ingresos. 
Según la letra 2 del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento sobre Reforestación estas ayudas están reservadas a los agricultores y otras personas físicas o jurídicas de derecho privado. 
Por ello, la Comisión prevé rechazar la cofinanciación de las ayudas pagadas de modo retroactivo desde el 1 de agosto de 1996. 
Para los años 1997 y 1998 se trata de un importe total de unos 4,8 millones de euros. 
Esta rectificación financiera fue impugnada por las autoridades irlandesas en el llamado procedimiento de conciliación. 
La instancia de conciliación está actualmente aún trabajando y no ha finalizado aún esta cuestión. 
La Comisión defiende en este procedimiento la opinión de que las autoridades irlandesas hasta ahora no han presentado ninguna prueba para que se pueda clasificar a Coillte como empresa privada. 
La Comisión no puede confirmar la suma de 6,5 millones de libras mencionada por la Sra. diputada ni la suma de 30,5 millones, que se refiere por lo visto a pagos futuros. 
Sin embargo, la Comisión va a aplicar a todas las solicitudes futuras la misma posición que ha defendido hasta ahora. 
Me complace enormemente oír la respuesta de la Comisión, porque la financiación que recibe Coillte fue decisión del Estado, fue el Estado el que estableció Coillte. 
Es una empresa semiestatal que se encarga del desarrollo forestal. 
En realidad ha utilizado los fondos que recibió de estos pagos de intereses por los terrenos que adquiría. 
Un aspecto que también resulta interesante es que el presidente, Ray MacSharry, antiguo Comisario europeo de Agricultura, sigue negándose a reconocer el hecho de que Coillte es una entidad pública y que no tiene derecho a recibir dichos pagos. 
En una reunión celebrada recientemente con Coillte, me dijeron que el Gobierno iba a desafiar esta decisión. 
Creo que desafiarla sería un auténtico despilfarro del dinero de los contribuyentes porque creo que está muy claro para cualquiera con un mínimo de sentido común que la empresa no tiene derecho a recibir esos fondos. 
Lo que es realmente devastador es que han impedido que recibieran los fondos de la despoblación rural las personas que debían recibirlos para compensarles por las pérdidas de ingresos, y me gustaría que la Comisión garantizara que Coillte no recibirá más fondos, porque, desde un inicio, no tenía derecho a recibirlos, y que deberá devolver los fondos recibidos. 
La empresa afirma ahora que es el Estado el que deberá devolverlos, algo que tampoco es aceptable. 
Señor Presidente, no puedo añadir nada más. 
Esta es exactamente la posición de la Comisión que ha expuesto aquí la Sra. diputada. 
Queda fuera de toda duda que un Estado como Estado y en el presente caso, como propietario al 100% de una empresa, no es un perceptor de rentas, por lo que tampoco puede tener pérdidas de las mismas. 
Por ello, está claro que estas sumas deben devolverse y que esta empresa tampoco puede percibir nuevos fondos. 
Además, en lo que al procedimiento de conciliación se refiere puedo decirle que dicho procedimiento no es equiparable a un procedimiento de conciliación judicial sino que sólo representa la opinión de una institución que ha sido creada por la Comunidad. 
Sin embargo, las conclusiones no son vinculantes para la Comisión, tal como se ha dicho ya aquí en varias ocasiones en el Parlamento. 
Por otro lado, las partes pueden acudir naturalmente si así lo desean al Tribunal Europeo de Justicia pero no es competencia nuestra decidir al respecto. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 60 decae. 
Pregunta nº 61 formulada por (H-0618/00): 
Asunto: Coste de la ampliación y agricultura mediterránea A la vista de las previsiones y las últimas propuestas legislativas sobre agricultura mediterránea que afectan a producciones tales como algodón, arroz, frutas y hortalizas, tomates, frutos de cáscara y aceite de oliva, entre otras, con grave impacto negativo sobre el empleo y el progreso social de estas zonas pobres de Europa, y teniendo en cuenta los planes presupuestarios con vistas a la ampliación de la UE, quisiera preguntar a la Comisión: ¿cómo evitará que, de hecho, sea la agricultura mediterránea la que acabe pagando el coste de la próxima ampliación? 
. (DE) Señor Presidente, quiero decirle que considero importante esta pregunta porque ofrece la ocasión de realizar una aclaración. 
Pues aquí se establece una relación entre el modo cómo se trata a los Estados y productos del sur y la ampliación. 
Señora diputada, le puedo asegurar realmente que las reformas proyectadas en los sectores mencionados en su pregunta no tienen realmente nada que ver con la ampliación. 
El calendario que aquí se ha previsto se deduce de las obligaciones adquiridas por la Comisión una vez que el Consejo ha aprobado los correspondientes reglamentos. 
Se deduce también de la necesidad de que tenemos que garantizar plenamente la eficacia de los instrumentos de la Política Agrícola Común teniendo en cuenta la evolución del mercado. 
Las propuestas de reforma de la Comisión están orientadas a la postre a la realización del modelo agrícola europeo en estos sectores. 
Se trata de garantizar la sostenibilidad en sus tres dimensiones. 
Queremos poner en consonancia entre si los objetivos económicos, sociales y de medio ambiente en estos campos. 
Naturalmente, el empleo y el desarrollo social en especial en las zonas rurales del Mediterráneo desempeñan aquí un papel muy importante. 
Como usted sabe, como tras la Agenda 2000 la Política Agrícola Común se basa en dos pilares y la ejecución de los nuevos planes de desarrollo para las áreas rurales, en especial en los territorios del objetivo I, realizan una aportación sensible al logro de tales objetivos, creo que está claro qué consecuencias se derivan de ello. 
En las previsiones financieras sobre las que se ha puesto de acuerdo el Consejo Europeo el último año en Berlín existe una separación estricta entre los compromisos para los 15 Estados miembros y entre los créditos adicionales previstos para los países candidatos. 
Por ello, actualmente no existe en absoluto la posibilidad de que créditos que están destinados a la UE de los 15 se dediquen a gastos para futuros miembros, es decir, para los países candidatos. 
De ahí que la preocupación que se ha expresado al respecto no esté realmente justificada desde mi punto de vista. 
Señor Comisario, tal vez podría contestarme con más claridad a la siguiente pregunta, importantísima para la ampliación: 
La legislación comunitaria aplicable a los Estados candidatos a partir de la adhesión, que adquieren los Estados candidatos desde ese momento- el denominado acervo comunitario- ¿incluye, a su juicio, conceptualmente las ayudas y apoyos financieros de la PAC? 
. (DE) Señor Presidente, señora diputada, supongo que cuando habla de ayudas se refiere en primera línea a los pagos directos tal como están previstos en los reglamentos de mercado y sobre los que existe un gran debate en el marco de la ampliación. 
En principio, usted tiene razón. 
A la larga, es aplicable a todos los Estados miembros el mismo acquis communautaire. 
Por ello, solamente puede haber una Política Agrícola Común y no dos diferentes. 
Pero usted sabe muy bien- y así ha sido en cada caso de ampliación, con España, Portugal y otros Estados- que en el Tratado de adhesión, que representa un derecho primario, existen normas transitorias en las que se contienen también excepciones sobre el acquis communautaire. 
Este es el sentido de las regulaciones transitorias. 
Por ello, la pregunta de desde cuándo los nuevos Estados miembros que se adhieran vayan a percibir los plenos pagos directos tal como se prevé en las organizaciones comunes de mercado, sólo se podrá responder una vez concluidas las negociaciones de ampliación. 
Pues esta cuestión es exactamente el objeto de las negociaciones de ampliación. 
Pregunta nº 62 formulada por (H-0633/00): 
Asunto: Ayudas al tabaco En la Unión Europea, el cultivo del tabaco recibe todos los años ayudas por valor de varios millones de euros, mientras que simultáneamente cada año mueren más de medio millón de ciudadanos de la UE víctimas de enfermedades provocadas por el consumo de tabaco. 
Las ayudas que se destinan al cultivo del tabaco deberían redistribuirse de forma que puedan servir de incentivo para que los agricultores cambien el cultivo de tabaco por otros cultivos más sanos. 
¿Cómo prevé la Comisión modificar en el futuro la base para la asignación de ayudas estructurales para poner fin al extendido cultivo del tabaco en la UE? 
¿Qué calendario considera la Comisión adecuado para llevar a cabo las modificaciones pertinentes? 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, la pregunta de la Sra. diputada no es desde mi punto de vista precisamente nueva. 
Recuerdo a esta Asamblea que la Comisión presentó ya en 1996 al Parlamento y al Consejo un informe sobre la organización común de mercado para el tabaco en crudo. 
En ese informe se llamaba la atención sobre el hecho de que este sector contribuye decisivamente al mantenimiento de la capacidad de supervivencia de algunas regiones de la Comunidad en parte muy desfavorecidas y en las que apenas existen alternativas. 
En vista del análisis realizado entonces sobre las consecuencias sociales y económicas de una supresión de la ayuda comunitaria al cultivo del tabaco, se rechazó esa posibilidad. 
Pero también se rechazó porque se aportó la prueba de que el fomento de los cultivos prácticamente no tiene ninguna repercusión sobre el consumo de tabaco y, en consecuencia, sobre el riesgo para la salud en la Comunidad. 
Posteriormente, en el año 1998 se reformó a fondo el sector del tabaco. 
Los puntos centrales de la reforma son: primero: la mejora de la calidad, en especial el cambio a variedades bajas en alquitrán y en nicotina. 
Segundo: la intensificación de la investigación a financiar con fondos comunitarios para el tabaco. 
Se han duplicado los créditos. 
Entre las tareas preferentes de esta investigación se incluye que se analicen en especial las posibilidades de un cambio del cultivo de tabaco a otras actividades. 
Tercero: en el sector del cambio a otros cultivos, la reforma prevé también un mecanismo por el que se compran cuotas a los agricultores que están dispuestos a dejar la producción. 
De este modo, se ofrece por así decirlo dinero a estos agricultores para facilitar el cambio a otros productos. 
Estas disposiciones que están previstas en la organización común de mercado para el tabaco pueden ser complementadas en el marco de las medidas de ayuda para el desarrollo rural. 
Finalmente, quiero decir aún que la Comisión va a evaluar naturalmente las medidas adoptadas en el marco de la reforma. 
Presentaremos al Parlamento Europeo hasta el 1 de abril del 2002 un informe sobre el funcionamiento de la organización común de mercado modificada. 
Señor Presidente, señor Comisario, agradezco estas respuestas. 
De lo que se trata es de transferir estas subvenciones a otros productos. 
Ya he hecho estos comentarios en diferentes ocasiones porque, en todo caso, se trata de un asunto que tanto desequilibra a la humanidad, como es el tabaco, el cual provoca tantas muertes. 
En cuanto a los estudios que usted ha mencionado, quisiera saber en qué análisis objetivos se basan, pues estoy preocupada tanto por la salud de todos nosotros, como por el sustento de los cultivadores de tabaco. 
Deberíamos ser capaces de modificar la actividad productiva de estos agricultores y mantenerla en niveles tales que les permitan cultivar otros productos más inofensivos para todos nosotros. 
. (DE) Señor Presidente, señora diputada, lamento que al principio no se haya traducido. 
Por decirlo muy brevemente: por supuesto, le enviaré el análisis que se realizó en su día. 
También se analizaron las repercusiones sociales y sobre los ingresos. 
Pondré gustosamente a su disposición la documentación solicitada por usted. 
¿Tiene conocimiento el Sr. Comisario de la investigación que lleva a cabo el Instituto escocés de investigación de cultivos en Invergowrie, cerca de Dundee, que demuestra que las plantas de tabaco pueden ser modificadas genéticamente para que acepten la implantación de un agente multiplicador del potencial de las vacunas contra el cáncer? 
Resulta realmente irónico. 
¿No sería deseable dar una nueva orientación a la industria europea del cultivo de tabaco hacia fines benignos y seguir fomentando este tipo de investigación? 
. (DE) Señor Presidente, señor diputado, tengo que decirle muy abiertamente que no he sido informado sobre estos resultados de investigación pero quizás porque han sido realizados en primera línea por consideraciones sanitarias por lo que caen dentro del ámbito de competencias de nuestro Comisario de Salud. 
Sin embargo, me voy a informar al respecto. 
Pero independientemente de si estos resultados son positivos o menos positivos, creo que debemos convencer a los fumadores para que estén dispuestos a comprar cigarrillos que cumplan estas condiciones. 
No se trata de un problema de los productores de tabaco pues éstos producirán aquel tabaco que exija el mercado. 
Quizás lo mejor sea seguir lo que yo practico desde hace 15 años, es decir, no fumar en absoluto: entonces el problema será sólo mínimo. 
Señor Presidente, la prevención de la salud tiene para todos nosotros en esta Asamblea una gran prioridad. 
Sabemos que el cultivo del tabaco tiene diversas prioridades en los Estados miembros. 
Por ello, a pesar de que nunca he sido fumadora, pregunto a la Comisión lo siguiente: ¿piensa la Comisión que si se suspendiese totalmente hoy el cultivo del tabaco en la Unión Europea- tal como algunos exigen -, sin embargo se fumaría porque vendrían importaciones de tabaco a la UE? 
. (DE) Señora diputada, si se observan los balances comerciales en el sector del tabaco, se comprueba que ya actualmente una gran parte sobre todo del tabaco que se emplea para la producción de cigarrillos es importada. 
La diferencia es solamente que con ayuda de la organización común de mercado intentamos en cierto modo producir nosotros mismos una parte de lo que ya se consume para no tener que importar todo. 
De este modo, concedemos a diversas familias una oportunidad de obtener un ingreso con este cultivo. 
Estoy profundamente convencido de que el problema sanitario que sin duda existe en relación con el consumo de tabaco solamente se podrá controlar llamando la atención sobre las consecuencias sanitarias del consumo de tabaco. 
Sólo entonces, cuando estemos en situación de convencer a los consumidores, se reducirá el consumo de tabaco. 
Es una ilusión creer que esta cuestión se puede controlar desde el lado de la oferta. 
Desde un punto de vista económico, sólo se puede lograr desde el lado de la demanda. 
Muchas gracias, señor Fischler, por sus respuestas. 
Las preguntas 63 a 109 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.25, se reanuda a las 21.00 horas) 
Política de aguas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0214/00) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto del Comité de Conciliación sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-347/2000- 1997/0067 (COD) ) por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas. 
. (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, estimados colegas, creo que, al realizar esta directiva marco sobre la política de aguas, nuestro trabajo común ha sido útil. 
Hemos hecho un trabajo útil, una obra conjunta de compromiso, pero un compromiso que conlleva un importante nivel de exigencia que creo que permitirá un salto cualitativo y cuantitativo en la gestión del agua. 
A largo plazo, es preciso que nuestros conciudadanos europeos dispongan de los beneficios que aportan unas aguas de calidad en todas partes, ya se trate de aguas superficiales o de aguas subterráneas. 
Este compromiso ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo, a la relación de fuerza que el Parlamento europeo ha sabido crear y gracias a la movilización de todos los grupos, y en particular de los ponentes alternativos que me acompañaron, así como gracias al Sr. Provan, el presidente de nuestra delegación, en esta difícil conciliación. 
Quisiera también expresar mi agradecimiento a los otros actores que son, naturalmente, la Comisión, que ha debido desempeñar un papel de intermediario, de innovador técnico, y que ha sabido hacerlo con gran rigor y sobrada eficacia, a la Sra. Comisaria, así como el conjunto de los servicios de la Comisión. 
También quiero agradecer al Consejo, y especialmente a la presidencia portuguesa y a su secretario de Estado, el Sr. Pedro Silva Perreira, el haber permitido este acuerdo. Y sobre todo porque, en los países del sur de Europa, los esfuerzos que requiere esta directiva son más difíciles de llevar a cabo que en otros países de la Comunidad, cuyo acceso al agua resulta más sencillo. 
¿En qué aspectos los progresos han sido significativos? 
Primer aspecto: el carácter de la directiva tiene un valor legislativo extremadamente vinculante. 
Segundo aspecto: el establecimiento de la cuestión que juzgábamos primordial en el Parlamento, es decir, la eliminación y la suspensión absoluta de todos los vertidos de sustancias peligrosas prioritarias. 
Saben ustedes que nuestra Asamblea deseaba que nuestra directiva fuese compatible con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios internacionales, y especialmente el OSPAR, como recuerda la directiva. 
El mecanismo puesto en marcha permite, progresivamente y cada 4 años, dictar una lista de las sustancias prioritarias, es decir de las sustancias prioritarias de las que habrá que reducir la cantidad, y de las sustancias prioritarias peligrosas, que sencilla y simplemente habrá que eliminar. 
En tercer lugar, quedaba la cuestión sensible e importante de las aguas subterráneas. 
Nos enfrentábamos a la dificultad de definir rigurosamente lo que llamaríamos el buen estado de las aguas subterráneas. 
Para que este buen estado se precise, se contempló la posibilidad de promulgar una directiva "derivada", es decir, que sería una ramificación de la directiva marco. 
El Parlamento tenía el ligero temor de que esta nueva directiva pudiese aplazar las exigencias de lucha contra la contaminación y las medidas inmediatas para prevenir la contaminación de las aguas. 
Por este motivo insistimos y conseguimos que se inscribiese, en primer lugar, y en caso de que los diputados europeos no aprobasen la directiva, que los Estados miembros dicten reglas que permitan garantizar el buen estado de las capas de agua subterráneas. 
Si los Estados miembros no lo hacen- es una especie de espada de Damocles- si se alcanza un nivel del 75% de las normas aplicables para el buen estado de las aguas subterráneas en materia de contaminación, los Estados miembros deben invertir la tendencia. 
En general, la directiva considera la voluntad del Parlamento para que las acciones de los Estados miembros permitan invertir la curva del aumento de contaminación que se observa en las capas de agua subterráneas. 
Por lo tanto verán, estimados colegas, que hemos llegado a un dispositivo que permite progresar de forma muy significativa, y no sólo en lo que se refiere a los grandes principios, sino también en una eficacia completa de las decisiones tomadas. 
En primer lugar en lo relativo al conjunto de las directivas "derivadas", que van a ser una ramificación de la directiva marco. 
Vamos a ser actores en la codecisión sobre la lista de las sustancias prioritarias y de las sustancias prioritarias peligrosas. 
Un primer informe ya se está examinando en comisión, y ya se ha nombrado un ponente. 
La segunda gran movilización de nuestra Asamblea será el contenido de la directiva marco sobre las aguas subterráneas. 
En suma, hemos recorrido, creo, el camino decisivo. 
Seguiremos con nuestra movilización colectiva, pero me parece que, en los albores del siglo XXI, y con esta directiva marco, Europa comienza una nueva era, donde la protección de este recurso fundamental que es el agua se convierte en una de las prioridades de las acciones públicas y de la intervención del conjunto de los actores, ya sean agricultores, industriales o usuarios. 
En cualquier caso, tal es la intención de nuestra directiva y estoy convencida de que la Comisión y los Estados miembros se asegurarán de que así se haga. 
Señor Presidente, los resultados del procedimiento de conciliación relativo a la directiva marco sobre la política de aguas representan la culminación de diez años de duro pero fructífero trabajo para el Parlamento Europeo. Con ellos iniciamos, sin embargo, a la vez otra serie de nuevas tareas igualmente importantes. 
Desde finales de los años ochenta, estaban pendientes una serie de propuestas de la Comisión con vistas a la revisión de las directivas existentes, que el desarrollo técnico y científico hacía necesarias. 
La Comisión de Medio Ambiente constató en la primera lectura una falta de cohesión entre las mismas, tanto en lo que respecta a los contenidos como en cuanto a los conceptos. 
En junio de 1995, la Comisión de Medio Ambiente celebró, a instancias de nuestro Grupo, una consulta con expertos sobre la política de la Unión Europea en materia de protección de las aguas. 
Las declaraciones de los expertos confirmaron nuestras preocupaciones. 
El Consejo y la Comisión respondieron a nuestra petición de un marco legislativo comunitario amplio y completo en el ámbito de la protección de las aguas. 
Así se concibió y nació la idea de la actual directiva marco sobre la política de aguas. 
La Comisión presentó sus propuestas en febrero de 1996 por medio de una comunicación. 
El colega Florenz, de nuestro Grupo político, expuso en un informe muy detallado los objetivos del Parlamento Europeo y las deficiencias existentes. 
La propuesta de la Comisión de diciembre de 1996, elaborada con muchas prisas, se completó luego en 1997 en dos etapas, como fruto de las discrepancias entre la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión. 
En febrero de 1998, la Comisión presentó finalmente su propuesta oficial definitiva. 
El Parlamento y la Comisión Europea fueron aproximando progresivamente sus posiciones gracias a esta estrecha colaboración, que también se mantuvo luego a lo largo de las intensas consultas celebradas en el curso de la primera y la segunda lecturas del Parlamento Europeo y en el marco del procedimiento de conciliación. 
Quiero manifestar mi agradecimiento por esta colaboración a las comisarias competentes, Sras. Bjerregaard y Wallström, y muy especialmente también a los funcionarios de la Comisión que intervinieron en el proceso. 
Desde el punto de vista del Parlamento, el presente resultado constituye un gran éxito, que hubiese sido impensable hace apenas dos años. 
Éste incluye la supresión de la anterior dispersión de la legislación de la UE en el ámbito de la protección de las aguas, la coherencia de las directivas relativas a la política de aguas a escala de la UE, la obligatoriedad de las medidas, de conformidad con el artículo 4, la reducción de los plazos para el cumplimiento de los objetivos de la directiva, disposiciones satisfactorias en relación con los costes, también en el caso de Irlanda, la introducción de un enfoque combinado, que define unos valores límite de emisión y unos objetivos cualitativos de reducción de la presencia de sustancias contaminantes, apreciables mejoras con respecto a la posición común en cuanto a las exigencias en materia de protección de las aguas y, finalmente, la incorporación del objetivo y la definición del Convenio OSPAR sin un plazo prefijado. 
Yo quisiera volver a resaltar ahora un punto especialmente importante para nosotros, a saber, que si bien deseamos la armonización de la legislación comunitaria con los convenios internacionales en lo que respecta a los contenidos, esto no ha de suponer la incorporación automática al Derecho comunitario, con carácter jurídicamente vinculante, del contenido de dichos convenios internacionales. 
Por último, cabe citar la garantía de la futura aplicación del procedimiento de codecisión. 
Es un resultado muy satisfactorio, pero no podemos dormirnos en los laureles. 
Ahora habrá que proceder a la transposición de la directiva marco sobre la política de aguas. 
También quiero expresar, obviamente, mi especial gratitud a la Presidencia portuguesa y, por último, particularmente también a la ponente, Sra. Lienemann. 
Nuestro éxito común sólo fue posible gracias a su inmensa dedicación y a la gran cantidad de tiempo y energía que invirtió en su trabajo. 
Fue una colaboración muy satisfactoria para mí y quiero expresarle personalmente mi especial agradecimiento, señora Lienemann, así como también a nuestros colaboradores de los servicios del Parlamento. 
Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias de forma especial a la ponente de este informe, Sra. Lienemann, porque todos hemos visto cómo se ha entregado a este trabajo. 
Además, los puntos de vista del Parlamento han tenido cabida de forma bastante aceptable, especialmente la importante cuestión que sitúa en el horizonte un marco que prohíba, por fin, el vertido de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas. 
Yo creo que debería estar más claro que el agua que cuando se tiene conocimiento de que una sustancia es peligrosa, ésta no debe ser vertida en las aguas subterráneas bajo ningún concepto, ya que el agua es para las personas, entre otras cosas, una importante fuente de salud. 
Hay que lamentar, desde luego, que los períodos de transición para que esto se lleve a cabo sean excesivamente largos. 
En general, hay que decir que hemos avanzado en ciertos sectores en la Unión Europea. 
En muchas regiones, las municipalidades y la industria han cumplido relativamente bien sus funciones correspondientes. 
Los sectores agrícola y forestal siguen siendo un problema debido a la falta de control de sus vertidos. 
Desde el punto de vista de los consumidores, es naturalmente importante el modo de gestionar el consumo, para lo cual el pago de derechos y los impuestos son primordiales. 
Por ello, me cuesta algún trabajo comprender que se pueda incluso llegar a pensar que el agua es un artículo de consumo que se debe costear con el dinero de todos los contribuyentes, pues sólo a través del pago de derechos se conseguirá orientar el consumo en una dirección verdaderamente acertada. 
Presidente, comisario, colegas, hace casi diez años, durante la Cumbre de Edimburgo, Kohl y Major se decían lo siguiente: no necesitamos una política de aguas europea. Si los españoles quieren contaminar sus aguas, que lo hagan. 
Pero los tiempos han cambiado. 
En 1996, la Comisión propuso la directiva ecológica de aguas. Sin embargo, este documento sólo constaba de cinco páginas. 
Ahora disponemos de un amplio documento legislativo: 60 páginas y 90 páginas de anexos gracias a la colaboración por encima de las ideas partidistas, especialmente entre los diversos grupos del Parlamento Europeo, y quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Lienemann y también a Chris Davies del Grupo liberal y a la Sra. Schleicher de los democristianos. 
Los Verdes consideran que este documento es válido en un 80%. 
La política de precios del agua es lo que no resulta acertado. 
Sí se ha acertado en el hecho de que disponemos de una nuevo criterio para las sustancias químicas. 
Ya no se prohiben las sustancias químicas por el riesgo que suponen para la salud humana, sino, en virtud del nuevo criterio, porque se trata de sustancias que no deben hallarse en el agua. 
Creo que podemos sentirnos orgullosos. 
Señor Presidente, la conciliación ha sido difícil. 
La explicación es que es un tema muy vasto y técnicamente complejo. 
También cabe señalar que las posiciones del Parlamento y del Consejo de Ministros estaban muy distantes cuando se inició la conciliación. 
Que, aún así, el resultado haya sido tan bueno, depende en gran medida del trabajo incansable y entusiasta de la ponente Sra. Lienemann, que agradecemos. 
Evidentemente la directiva pudo haber sido aún mejor y más severa, por ejemplo, en materia de plazos. 
Simultáneamente, es evidente que en las negociaciones el Parlamento Europeo ha avanzado y el Consejo ha tenido que retroceder. 
La prueba más fehaciente es que las normas son obligatorias, cosa exigida por el Parlamento. 
En algunos aspectos, la directiva constituye un marco con un contenido aún difuso. 
Esto se nota especialmente en la eliminación de las sustancias peligrosas. 
Se seguirá trabajando en esta materia en la directiva anexa. 
La forma de aplicación y control de la directiva será decisiva para su funcionamiento. 
En suma, se han sentado las bases para una política de aguas coherente y para mejorar la calidad del agua a largo plazo. 
Por eso votaremos a favor de la propuesta. 
Señor Presidente, queridos colegas, en primer lugar quiero decir que hago esta intervención en nombre de mi compañera Cristina García Orcoyen, a quien le ha sido imposible asistir a esta sesión. 
La aprobación mañana de esta directiva marco supondrá un gran paso adelante en el camino de la cohesión y de la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de cantidad y calidad de sus aguas. 
En esta última etapa del largo proceso parlamentario seguido por esta directiva, en especial durante la conciliación, el Parlamento Europeo ha sabido defender sus argumentos frente al Consejo sin fisuras. 
La excelente coordinación de la ponente y la voluntad de entendimiento que han demostrado todos los Grupos políticos han hecho posible un texto final reforzado en aspectos básicos como la vinculación jurídica de los objetivos, sin dejar de tener en cuenta las diferentes problemáticas de los Estados miembros. 
Asimismo, hay que felicitar al Consejo por haber sabido ser flexible ante los puntos críticos planteados por el Parlamento, y a la Comisión por su eficaz labor de mediación. 
A partir de mañana se abre una nueva etapa, no menos importante, de desarrollo de la directiva en la que el Parlamento Europeo debe continuar participando muy activamente mediante el seguimiento y el control del cumplimiento de objetivos y plazos y la elaboración de informes o actos legislativos derivados de la misma. 
Ello requerirá reforzar uno de los puntos más débiles que se han puesto de manifiesto durante su elaboración: la absoluta necesidad de contar con mayores y mejores medios de asesoramiento técnico para temas que, como éste, requieren conocimientos muy específicos y en los que un pequeño error de cálculo puede tener efectos prácticos de gran coste social y económico. 
Para terminar, me gustaría resaltar lo que hace de esta directiva una verdadera herramienta para el desarrollo sostenible: el equilibrio conseguido en la consideración del agua como recurso económico de alto valor y como elemento esencial de conservación de los ecosistemas de Europa. 
Economía y ecología, binomio tantas veces denostado, pueden tener un importante punto de encuentro en el desarrollo de esta directiva. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la directiva marco sobre la política de aguas incorpora muchos enfoques positivos con vistas a una protección integrada e integral de las aguas. 
Los objetivos establecidos siguen siendo, sin embargo, débiles, poco claros y para un futuro distante. 
No podemos esperar treinta años hasta que el Tribunal de Justicia Europeo decida si los objetivos en el ámbito de la protección del medio ambiente son jurídicamente vinculantes o no. 
Los Estados miembros deben mejorar rápidamente la calidad de nuestras aguas, con el fin de alcanzar dichos objetivos en un plazo de quince años. 
El Parlamento se ha plegado lamentablemente a los intereses de la agricultura industrial en el caso de la protección de las aguas subterráneas y le ha concedido el derecho a seguir contaminándolas como hasta ahora. 
En adelante también les corresponderá a los Estados miembros evitar suavizar las normas vigentes. 
Esto nos dará asimismo una medida del éxito de la directiva marco sobre la política de aguas. 
Ceder de nuevo ante la agricultura industrial conduciría a la destrucción definitiva de nuestros principales recursos de agua potable. 
A pesar de todo, nos congratulamos por el importante progreso conseguido por los Verdes en lo que respecta a las emisiones de sustancias peligrosas, que ahora habrá que identificar en la lista de sustancias prioritarias. 
En este contexto, tenemos que procurar cumplir efectivamente también los objetivos de la OSPAR y evitar un riesgo incalculable para el medio ambiente y para la salud. 
Señor Presidente, la esperada directiva marco sobre la política de aguas se guía por el justo principio de que los ciudadanos de la Comunidad Europea tienen derecho al consumo cotidiano de agua potable. 
Esto exige la adopción de medidas legislativas que lo garanticen. 
Debemos acoger con satisfacción la adopción de una legislación comunitaria única, sencilla y coherente de protección de las aguas superficiales y subterráneas. 
Otras directivas importantes, como las relativas a la protección de la alimentación humana, la eliminación de las aguas residuales a escala municipal, la protección de la vegetación y los nitratos se están revisando y redefiniendo sobre la base de criterios ecológicos y también de su origen. 
La definición de las tareas es, por lo tanto, muy amplia. 
En mi calidad de agricultora, yo apoyo una participación más estrecha de los representantes de los intereses profesionales y que se consideren seriamente sus sugerencias críticas. 
Los sectores agrícola, forestal y pesquero, y particularmente el sector hortícola, deberían participar en el proceso de decisión, con el fin de conseguir la necesaria combinación de compromiso voluntario y regulación estatal. 
La reducción de las emisiones hasta un nivel nulo difícilmente se podrá alcanzar únicamente por ley. 
La transposición de la directiva supone un auténtico reto para los Estados miembros de la Comunidad Europea. 
Yo coincido con la ponente: ¡sólo unidos podremos conseguirlo! 
Señor Presidente, señora Comisaria, la sesión nocturna en la que el Parlamento, el Consejo y la Comisión alcanzaron un acuerdo sobre una política de aguas común para todos los Estados miembros fue turbulenta. 
La mayor victoria del Parlamento es la obligatoriedad de la directiva. 
En efecto, debemos recordar que algunos Estados miembros se defendieron vehementemente hasta el último momento contra la obligación de tener que gestionar en el futuro sus aguas de manera más prudente y respetuosa con el medio ambiente. 
Los diputados al Parlamento Europeo coincidieron, sin embargo, muy claramente, sin distinciones de partidos- y esto fue magnífico -, en su rechazo de una posición común que no fuese jurídicamente vinculante. 
Otra victoria importante de los parlamentarios fue la protección de las aguas subterráneas. 
Los vertidos de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas deberán concluir totalmente en un plazo de veinte años a partir de la fecha de publicación de la directiva. 
¿Podremos conseguirlo? 
Todavía se tiene que elaborar una lista de dichas sustancias peligrosas, que figurará en un anexo a la directiva. 
No se me escapa que esto, sin duda, va a suscitar aún apasionados debates. 
No obstante, yo creo que nadie discute ya el gran objetivo de la protección de las aguas subterráneas de Europa y su preservación para nuestros descendientes. 
Hemos asistido a un proceso de reorientación de los planteamientos, ¡un gran triunfo para la política y una gran victoria a favor de nuestros hijos! 
Me alegro de que haya llegado a buen puerto el procedimiento de conciliación relativo al importante informe que trata de numerosas cuestiones técnicas relativas a la política del agua. Y sé que este buen resultado se debe al tesón, a la competencia y al dinamismo de nuestra ponente, la Sra. Lienemann. 
En efecto, a lo largo de los próximos veinticinco años, avanzaremos en este ámbito más en lo relativo a la protección, la buena gestión, y la renovación del recurso que en el descubrimiento y la explotación de nuevos yacimientos. 
Insisto en la importancia de una gestión íntegra del agua sobre la base de dos puntos: 
en primer lugar, deseo que se sigan haciendo estudios sobre la instauración, en los distintos países y en la Unión, de una gestión mediante un sistema federador "aguas y medios", 
en segundo lugar, es preciso comprobar que se aplican las propuestas de la directiva y fomentarlas, no sólo a escala de la Unión europea, sino también en lo relativo a las ayudas que ofrecemos para los proyectos "aguas" a terceros países cuyo impacto se sitúa en un ecosistema hidrográfico con influencia en los países de la Unión, así como con aquellos que participan en los acuerdos MEDA, por ejemplo, que hay que tener en cuenta en los proyectos MAP, e incluso otros, como la cuenca alta del Nilo o Suiza. 
Señor Presidente, la transacción lograda sobre el texto de la nueva directiva-marco en la esfera de la política del agua es globalmente positiva, aunque contiene aspectos concretos, polémicos y críticos que, sin embargo, aún se pueden atenuar cuando se elaboren los diversos estudios, planes de acción y proyectos de reglamentación previstos en el texto ahora aprobado. 
Es positivo que se hayan integrado los requisitos de gestión del agua en un sistema único, la gestión de cuenca hidrográfica, que se basa más en zonas geográficas e hidrológicas que en fronteras administrativas y nacionales, cuestión particularmente importante para Portugal, que comparte sus ríos principales con la vecina España. 
Igualmente positiva es la afirmación de que el agua no es un bien objeto de comercialización como los demás, lo que, naturalmente, exige medidas especiales para proteger un bien que es público, pero salvaguardando siempre los intereses de la población, en particular el abastecimiento doméstico y la actividad agrícola, sobre todo de las pequeñas explotaciones y de la agricultura familiar. 
Es cierto que en el texto final se dice que los Estados miembros podrán atender los efectos sociales y económicos, así como las condiciones geográficas y climáticas de la región afectada, lo que permite una adaptación a las diferentes situaciones de los Estados miembros mediante derogaciones previstas, que, sin embargo, podrían resultar insuficientes para los casos de la agricultura del Sur, en particular para Portugal. 
Estaremos atentos sin embargo a su aplicación práctica en los próximos años. 
-Señor Presidente, ésta es una directiva marco con unos objetivos ambiciosos en cuanto a la protección y la mejora de la calidad de las aguas, que tiene en cuenta el principio de que "quien contamina paga". 
No tendremos el panorama completo hasta que las pertinentes directivas de desarrollo vayan entrando en vigor a lo largo de los próximos años. 
Para el año 2010 las políticas de precios del agua habrán de proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios utilicen los recursos hídricos eficientemente. 
El nuevo apartado 4 del artículo 9 permitirá la continuación de la práctica establecida en Irlanda de no cobrar al sector doméstico por el acceso al agua. 
Sólo se puede gobernar con el consentimiento del pueblo y para el año 2010 es muy posible que el cobro del coste del agua para uso doméstico resulte aceptable para el electorado irlandés. 
Por el momento se trata de una cuestión con una fuerte carga política. 
Agradezco a mis colegas su comprensión, particularmente a la Sra. Schleicher, quien presentó nuestra posición dando muestras de comprensión a lo largo de todas las fases, especialmente durante la de conciliación. 
El principio de subsidiariedad en relación con las políticas de precios del agua se protege celosamente en Irlanda, pero la opinión pública probablemente haya cambiado para el año 2010. 
Si para entonces no hemos conseguido cobrar el coste del agua de uso particular o doméstico, tendremos que dar explicaciones a la Comisión respecto a nuestro proceder. 
En Irlanda está extendiéndose la idea de que el agua potable es un recurso escaso, y de que deben pagarse todos los servicios, y en particular el coste del suministro de agua a todos los hogares. 
Actualmente el Presupuesto nacional o, lo que es lo mismo, el contribuyente, está pagándolo y, sin embargo, muchos no se benefician de ello. 
En Irlanda, muchos tienen que pagar para instalar su propia bomba y han de pagar el gasto de electricidad. 
Muchos participan en sistemas colectivos de utilización del agua que no utilizan el suministro público de agua y tienen que pagar un alto precio cada año por el privilegio de que se distribuya a sus casas un agua de calidad más bien dudosa. 
Así que estamos hablando de una cuestión de equidad, así como de cambio de la opinión pública, pero aprobamos que la decisión sobre la cuestión y la determinación de influir en la opinión pública se dejen en manos del Gobierno irlandés 
. Señor Presidente, creo que hoy asistimos a un acto importante. 
Estamos llegando por fin al final de un largo camino en el que ha habido una larga batalla, unas largas discusiones, pero al final, unos acuerdos positivos y posiciones constructivas por parte de las tres instituciones, Consejo, Parlamento y Comisión, lo que ha permitido este acuerdo. 
Como en todo acuerdo, unos pensarán que es poco, otros que hay demasiado, pero hay un punto medio, un equilibrio aceptable para los distintos intereses y puntos de vista de los que han trabajado durante todo este tiempo. 
Además han hecho un trabajo serio sobre una materia enormemente compleja. 
En nombre de mi colega, la Sra. Wallström, quiero agradecer las palabras de felicitación de la Sra. Lienemann que, como ponente para todos estos trabajos, ha tenido un papel protagonista y ha desarrollado una enorme tarea, con el tesón y la tenacidad de sus principios que, combinados con dosis de realismo, permiten llegar a este acuerdo. 
Como ella misma señala, y no es un asunto menor, en una cuestión como el agua se ve la diversidad de Europa, con características radicalmente distintas entre países. 
En algunos de ellos, enormes extensiones están por debajo de los 400 milímetros al año, es decir, zonas semiáridas, mientras que en otros la media supera ampliamente los 2.500 o los 3.000 milímetros. 
El enfoque de esta directiva, en la que el agua se contempla como un todo, un flujo total, sin distinción entre aguas superficiales y subterráneas, que ha sido el error cometido durante mucho tiempo, es el enfoque adecuado y supone un paso adelante. 
El esfuerzo por mantener lo más limpios posible, o lo menos contaminados posible, nuestros acuíferos en la Unión Europea es un esfuerzo clave si queremos garantizar un desarrollo equilibrado, un desarrollo duradero y una Europa habitable para las futuras generaciones. 
Al respecto, tengo que decir que, hace un momento, uno de los señores diputados hacía referencia a conversaciones entre dos líderes europeos. 
Bueno, hay quien a lo mejor todavía puede contaminar sus acuíferos, pero es que hay quien los tiene contaminados desde hace tiempo, por ejemplo con enormes granjas de cerdos. 
No quiero entrar en más detalles, pero hay veces en que conviene mirar la propia casa antes de empezar a criticar la casa ajena. 
Señor Presidente, quisiera señalar que lo que es clave en esta directiva es el seguimiento y la continuación que se le darán. 
Un seguimiento y una continuación que, a partir de la flexibilidad y el planteamiento realista que rezuman en todos sus artículos, indudablemente nos han de permitir garantizar la limpieza de nuestras aguas. 
Esto es algo absolutamente esencial porque, en definitiva, si no hay agua limpia no hay vida. 
Señor Presidente, yo quisiera preguntarle a la Comisión qué va a ocurrir con la directiva de 1991 sobre la calidad ecológica de las aguas, que la Comisión Europea todavía no ha retirado oficialmente hasta la fecha. 
También quisiera hacer una petición, que se dirige tanto a la Presidenta del Parlamento como al Consejo y a la Comisión: los textos todavía presentan algunas deficiencias en cuanto a los términos técnicos empleados en las diferentes lenguas. 
Yo les ruego que revisen este aspecto, ya que en cada país se emplean términos muy específicos. 
Los traductores no pueden resolver este problema debido a que se trata de un texto muy especializado. 
Sería una lástima que el texto de la norma no incorporase la terminología correcta. 
Yo les pido que revisen este aspecto. 
Sólo en la versión alemana, he encontrado más de veinte puntos que requieren una revisión. 
Con mucho gusto, se los remitiré para que los comprueben. 
. Señor Presidente, en cuanto a la directiva sobre la calidad ecológica de las aguas, a la que creo se refiere su Señoría, la presente directiva marco incorpora todos los elementos esenciales de la propuesta sobre calidad ecológica de las aguas y tengo entendido que aquella ya ha sido retirada. 
Si así no fuera, se retirará en el futuro inmediato. 
En cuanto al problema de traducción, el que señala su Señoría es un elemento muy importante porque, efectivamente, los términos son muy técnicos en este terreno y es decisivo disponer de una traducción adecuada. 
Sencillamente, comunicaré estas observaciones a los servicios competentes y a los servicios de traducción en especial para que, si procede, hagan una revisión más detallada de los términos concretos y de las definiciones contenidas en la directiva. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0212/2000) del Sr. Florenz, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto del Comité de Conciliación sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-258/2000- 1997/0194 (COD) ) relativa a los vehículos al final de su vida útil. 
. (DE) Señor Presidente, antes de empezar, quiero aprovecha la oportunidad para agradecer la esforzada e intensa colaboración de mis colegas. 
En efecto, la tarea no siempre ha sido sencilla; por lo demás, nunca resulta demasiado fácil trabajar conmigo. 
Yo les estoy, no obstante, muy agradecido por haber conseguido superar todas esas dificultades. 
Las instituciones europeas adoptaron hace algunos años la decisión acertada de ocuparse del transporte privado. 
Empezamos por los automóviles y los carburantes y ahora nos toca decidir qué vamos a hacer con los 9 millones de automóviles que se desguazan cada año. 
Esta tarde también hablaremos de los neumáticos y seguro que algún día tendremos que debatir sobre el futuro diseño de las vías de circulación, ya que resultan demasiado ruidosas. 
Yo creo que a la vista de los 9 millones de vehículos que se retiran cada año de la circulación y los aproximadamente 45 millones de litros de aceite de desecho era preciso empezar a hacer algo al respecto. 
La Comisión presentó una propuesta excesivamente dirigista, a mi parecer, y con unos enfoques en materia de política ambiental que a mi modo de ver ya están superados. No obstante, esto afortunadamente se ha resuelto en el curso de las tres lecturas y hoy disponemos de una propuesta que apunta en la dirección adecuada. 
En este contexto, les ruego que tengan en cuenta que un 80% del total de las cargas ambientales derivadas de la movilidad proceden de la circulación de los vehículos, un 19% están asociadas a su fabricación y sólo un 1% corresponden a su desecho. 
Por consiguiente, también tenemos que establecer las debidas prioridades. Por esto yo creo que la definición de unos límites de emisiones y unas normas de calidad de los carburantes fue un primer paso acertado y ahora nos toca completar la tarea preguntándonos cómo podemos resolver el problema de los coches viejos. 
Hemos introducido unas cuotas rigurosas, sin las cuales sería imposible hacer nada. 
Sin embargo, el Parlamento hubiese debido tener el valor de adoptar una decisión realmente valiente a favor de un automóvil verdaderamente nuevo, un automóvil que en el futuro ya no pese 1.500 kg, sino sólo unos 1.000 kg, lo cual comparado con su rendimiento total de 300.000 kg nos da la medida de las auténticas ventajas medioambientales que ofrece dicho automóvil. 
Lamentablemente, la propuesta de la Comisión nos indujo a aceptar las antiguas cuotas, que de hecho fomentan la fabricación de automóviles de chapa, en vez de los modernos vehículos versátiles de material sintético, mucho más ligeros. 
No obstante, este automóvil de material sintético, de plástico, de fibra de vidrio o lo que sea, no es reciclable; ya no se puede reciclar. 
En efecto, hablando en serio, ¿qué se puede reciclar de un airbag, por ejemplo? 
Éste es un instrumento con una función protectora y no de reciclado. 
Por esto hubiese sido conveniente dar un paso valiente a favor de una cuota extraordinaria para los automóviles verdaderamente ligeros. 
Por desgracia no lo hemos hecho y yo lo lamento extraordinariamente. 
Una preocupación general y también un punto de verdadera discrepancia en esta Asamblea fue el tema de los costes. 
La Comisión se apresuró a declarar que el productor debería asumir todos los costes en el futuro. 
De entrada, parece una excelente idea. 
Sin embargo, a la larga acabaría afectando al consumidor, ya que anularía la competencia. 
Y este es el aspecto general de esta directiva que yo critico. 
En efecto, ahora hacemos recaer claramente los costes sobre el productor, pero en adelante éste ya no tendrá competidores y será quien decida cuánto cuesta el reciclado de los vehículos, y justamente esto perjudica al consumidor. 
Es preciso ampliar el mercado en este ámbito, no reducirlo. 
Se trata de una decisión equivocada, que yo lamento mucho, pues va a tener secuelas. 
Ya lo estamos viendo en el caso de los ordenadores; la directiva está sobre la mesa. 
Luego seguirán las segadoras de césped, a continuación las motocicletas, luego los muebles y yo me pregunto a quién le vamos a devolver algún día las viejas vías de circulación, cuando resulten demasiado ruidosas, y quién deberá pagar los costes. 
La asignación de los costes no es, por lo tanto, una cuestión tan sencilla como parece. 
Yo hubiese preferido ciertamente otra alternativa, pero acepto la decisión de la mayoría. 
Las prohibiciones de ciertos metales son adecuadas, pues los resultados científicos nos obligarán a la larga a prohibirlos. 
Se han contemplado algunas excepciones, que la Comisión deberá revisar dentro de tres años; en efecto, sobre ésta recae la responsabilidad última de adoptar, junto con el comité científico consultivo, las decisiones pertinentes en un plazo de tres años. 
Yo creo que así lo hará. 
En conjunto, más allá de la cuestión de los costes, yo creo que la presente directiva constituye un buen resultado y un paso adelante. 
Quiero manifestar mi agradecimiento a la Comisión, al Consejo y una vez más también a los colegas. 
¡Ha sido un placer trabajar con ustedes! 
Señor Presidente, yo puedo darle a mi vez las gracias al señor Karl-Heinz Florenz. 
También yo considero que la delegación parlamentaria hizo un gran esfuerzo durante la conciliación y consiguió un resultado muy bueno. 
A mi parecer, éste incluye dos aspectos especialmente importantes. Por una parte, conseguimos dejar claro que, la retirada de la circulación de los automóviles que hayan alcanzado el final de su vida útil se deberá realizar debidamente en toda la Unión Europea a partir de finales del año próximo. 
Esto significa que se debe acabar el desguace ilegal de automóviles o su abandono en los bosques o las presiones para exportar por uno u otro medio los coches viejos a la Europa oriental. 
No, éstos se tendrán que desguazar debidamente en empresas autorizadas en el lugar donde se encuentren. 
A mi modo de ver, éste es un gran logro fundamental de la directiva. 
El segundo aspecto importante- y no voy a mencionar ahora la cuestión de los costes y la competencia, en torno a la cual mantuvimos algunos enfrentamientos y luego, finalmente, resolvimos los problemas de manera muy razonable y alcanzamos un compromiso aceptable para todas las partes- es, a mi parecer, que la directiva establece que los nuevos vehículos deberán demostrar su "reciclabilidad" en las pruebas de homologación. 
En la directiva se pide a la Comisión que modifique la directiva sobre la homologación con el fin de que los nuevos automóviles que se fabriquen en el futuro sean fácilmente reciclables. 
¡Este es el aspecto decisivo! 
Con ello nos alejaremos de la tecnología finalista y estaremos obligados a considerar siempre qué vamos a hacer con los residuos. 
No, es preciso que contemplar de antemano, en el momento de su fabricación, la necesidad de reciclar los automóviles y eliminar los desechos, igual que sucede con otros productos. 
Este es justamente el camino adecuado y por esto yo me felicito de que hayamos orientado la directiva en esa dirección. 
Señor Presidente, el compromiso alcanzado constituye un gran éxito para la protección del medio ambiente y del consumidor. 
Ha sido la primera vez que se debate la responsabilidad del productor en el ámbito de los residuos y debemos felicitarnos de que este planteamiento esté arraigando rápidamente. 
El compromiso alcanzado en relación con los metales pesados constituye asimismo un paso de gigante hacia una política de gestión ecológica de los flujos de materiales. 
Este resultado excelente, también desde el punto de vista de los Verdes, contribuirá a mi parecer a impulsar la innovación en el sector del automóvil en el sentido de unos vehículos más reciclables. 
El compromiso también representa, sin embargo, una bofetada para nuestro Canciller federal y para la industria automovilística alemana, sobre todo para Volkswagen que, lamentablemente, intentó obstaculizar la adopción de esta directiva sobre los automóviles. 
Yo espero asimismo que el ponente, Sr. Florenz, extraiga las debidas consecuencias del debate y haga también un sincero esfuerzo a favor del consumidor en el caso de la directiva sobre los residuos electrónicos, en la que interviene nuevamente el tema de la responsabilidad del productor, y que no nos dejemos presionar por intereses industriales particulares. 
Señor Presidente, en nuestro Grupo estamos satisfechos con los resultados de la conciliación, aun cuando hubiésemos deseado llegar un poco más lejos. 
Siempre nuestro objetivo ha sido conseguir, tan pronto como sea posible, un sistema amplio para recuperar los vehículos al final de su vida útil, con altas exigencias de reciclaje y en el que se prohiban las sustancias peligrosas. 
También hemos abogado por la plena responsabilidad de los fabricantes, de manera que sean ellos quienes asuman las responsabilidades económicas de la recuperación. 
Cuando se haya adoptado esta decisión, habremos alcanzado una buena parte de nuestras metas. 
Lo extraño del proceso de conciliación es que el Parlamento, desgraciadamente, haya frenado el desarrollo encaminado hacia una mayor responsabilidad de los fabricantes, en lugar de acelerarlo. 
Resulta bastante inquietante el cambio de papel del Parlamento; ya no actúa como impulsor, sino que ha dejado ese papel a la otra parte. 
Señor Presidente, como decían el ponente y el Sr. Lange, esta conclusión positiva del proceso legislativo es útil no solo por lo que la directiva establece, sino también porque se abre un proceso y se plantea la perspectiva de una adaptación gradual de todo el proceso de producción en un sector fundamental como el del automóvil, así como de una revisión desde el proyecto de los vehículos a la selección de nuevos materiales y componentes para hacer posible un reciclaje efectivo. 
No solo se concilia el punto de vista de la producción con el de la protección del medio ambiente, sino que se abre- repito, en un sector tan importante- un camino, el que en su día se definió reconversión ecológica de la economía. 
Cierto es que este resultado se alcanzó sólo al final de una negociación compleja con los fabricantes de vehículos, que finalmente aceptaron asumir la responsabilidad financiera de su desguace a partir del año 2007. 
Por último, considero importante destacar otro aspecto de carácter exquisitamente político-institucional. 
Seamos sinceros: todos somos conscientes de que pusimos en marcha el procedimiento de conciliación con posiciones muy encontradas- incluso con cierta dosis de tensión interinstitucional entre el Parlamento y el Consejo- y con muchas diversidades nacionales, en términos tanto de experiencias como de intereses. 
Sin embargo, gracias al esfuerzo y al sentido de la responsabilidad de todos los actores, hemos alcanzado el consenso en un frente muy caliente e importante, añadiendo así un ladrillo a la construcción europea: en estos tiempos, este resultado no es poco de cara al debate más general en curso. 
Señor Presidente, comisaria, en lo que respecta a las chatarras de automóviles, hemos alcanzado un compromiso positivo. 
Por primera vez se establece la responsabilidad de los fabricantes de forma clara en la legislación europea. 
En 1994, en la directiva de embalaje, se estableció la responsabilidad compartida entre las administraciones y los fabricantes. 
La realidad ha demostrado que este principio no resulta efectivo. 
Pero ahora hablamos de la responsabilidad de los fabricantes en las chatarras de los vehículos. 
Es un planteamiento positivo porque los fabricantes tendrán interés en producir sus vehículos de forma que se puedan reciclar mejor. 
Lamentablemente, el texto afirma que el fabricante se responsabilizará de la totalidad o de una parte considerable. 
Esto significa que se generarán sistemas nacionales divergentes, lo que resulta negativo debido ya que implica la ausencia de un mercado interno. 
En la directiva sobre residuos electrónicos y eléctricos se debe regular mejor este aspecto. 
Debemos avanzar hacia la responsabilidad individual de los fabricantes. 
Mi propio país, los Países Bajos, aún tiene mucho que aprender. 
. Señor Presidente, es cierto, y así lo he señalado, que el procedimiento legislativo ha sido largo y difícil. 
Cabe recordar que la propuesta inicial de la Comisión se presentó en julio de 1997. 
Durante este prolongado procedimiento y a pesar de la complejidad de la legislación, se ha podido resolver una serie de problemas gracias a los colegisladores y, una vez más, a la voluntad de acuerdo entre las tres instituciones. 
Por lo tanto, me felicito por el acuerdo sobre un texto común, alcanzado el 23 de mayo pasado en el Comité de Conciliación. 
Quiero manifestar mi especial agradecimiento al ponente, Sr. Florenz, y a los miembros del citado comité. 
Estoy convencida de que el texto común representa un buen equilibrio entre la necesidad de garantizar un alto nivel de protección ambiental y los intereses legítimos de los distintos actores. 
Sin embargo, quisiera hacer hincapié en tres declaraciones que la Comisión realizará cuando se adopte la directiva. 
Las tres tienen por objeto unas aclaraciones que, desde el punto de vista de la Comisión, resultan indispensables. 
En primer lugar, la disposición prevista en el apartado 1 del artículo 5 no obliga a los Estados miembros a establecer sistemas de recogida distintos con requisitos de financiación especiales, sino que les permite utilizar los sistemas existentes de recogida de residuos. 
En segundo lugar, por lo que respecta al apartado 3 del artículo 5, corresponde a los Estados miembros decidir qué productores, concesionarios y recogedores deben registrarse con arreglo a la directiva marco sobre residuos o en un nuevo registro creado específicamente. 
En tercer lugar, quiero aclarar que el apartado 1 del artículo 7 no establece requisitos, condiciones ni criterios adicionales en relación con las inspecciones técnicas de los vehículos. 
En términos generales, el presente texto constituye un paso importante hacia una producción y un consumo duraderos, un modelo para próximas iniciativas comunitarias en el ámbito de los flujos de residuos específicos como, por ejemplo, la directiva sobre residuos electrónicos y eléctricos, a la que se ha hecho referencia. 
Felicito de nuevo a todos los oradores y muy especialmente al ponente, Sr. Florenz, por el trabajo realizado. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Transporte aéreo y medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0187/2000) de la Sra. Lucas, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (1999) 640- C5-0086/2000- 2000/2054 (COS) ): Transporte aéreo y medio ambiente: retos del desarrollo sostenible. 
. Señor Presidente, me gustaría empezar felicitando a la Comisión por una comunicación muy oportuna y de gran alcance que reconoce explícitamente el creciente impacto medioambiental del transporte aéreo y admite claramente que ese aumento es insostenible. 
Antes de pasar a las propuestas contenidas en mi informe, sería útil que recordásemos algunas de las cuestiones clave de este debate. 
En esencia el problema puede ser expresado de forma muy sencilla: la aviación está creciendo a un ritmo insostenible. 
Se trata de una grave amenaza para el medio ambiente pero es que, además, en realidad estamos subvencionando ese sector, lo cual empeora mucho la situación. 
En cuanto al crecimiento de la aviación, se prevé que el tráfico aéreo casi se multiplique por dos en los próximos 15 años. 
Cuando uno piensa en lo que eso significa en cuanto a congestión e impacto medioambiental, ello aparece claramente como una situación de pesadilla. 
Un caso que conozco bien es el del Reino Unido, cuyas previsiones gubernamentales respecto al tráfico aéreo, que fueron publicadas en junio de este año, muestran que el número total de pasajeros que transitan por los aeropuertos del Reino Unido habrá pasado de 160 millones en 1998 a 400 millones en poco más de 20 años. 
Este incremento de 240 millones equivale a cuatro nuevos aeropuertos del tamaño del de Heathrow en Londres, u ocho nuevos aeropuertos del tamaño del londinense de Gatwick. 
Obviamente, las consecuencias medioambientales de semejante expansión serían totalmente inaceptables y esas proyecciones sólo sirven para demostrar lo absurdo de asumir la posibilidad de un crecimiento exponencial continuado. 
¿Cuál es el impacto medioambiental de ese crecimiento? 
En cuanto al ruido, sabemos que, por lo que respecta a la población en general al nivel del suelo, los cambios que fueron introducidos en los aviones para que resultasen más silenciosos están, de hecho, a punto de ser anulados por la creciente frecuencia de los sobrevuelos. 
En cuanto a las emisiones, de todas las fuentes de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, el transporte aéreo es la que más rápidamente aumenta en el mundo. 
Puede que hoy esto sólo represente en torno a un 3% del total de las emisiones, pero se calcula que hacia el 2050 podría representar hasta un 15% del total de las emisiones o incluso más. 
Ante semejante letanía de problemas medioambientales, a los que se suman unas previsiones de crecimiento claramente insostenible, se podría pensar que deberían haberse tomado algunas medidas para desincentivar el crecimiento exponencial del sector. 
Pues, ¡En absoluto! 
Al contrario, las políticas generales en materia de aviación están fomentando, en realidad, el crecimiento ilimitado del sector. 
La aviación se subvenciona de forma masiva. 
Al contrario que los vehículos de motor o los trenes, las compañías aéreas no pagan tasas sobre el carburante que consumen y, de hecho, se ha calculado que el sector de la aviación comercial en Europa recibe, cada año, en torno a treinta mil millones de ª en subvenciones. 
Mencionaré brevemente algunos puntos clave de mi informe: en cuanto al ruido, de hecho las normas actuales para los aviones nuevos están en vigor desde 1977 y, por lo tanto, se necesitan urgentemente unas normas más exigentes. 
Recomiendo que para el año 2003, la Unión Europea utilice las directrices de la propia Organización Mundial de la Salud relativas a contaminación acústica para elaborar nuevas directrices para los sobrevuelos diurnos y nocturnos. 
En cuanto a las emisiones, un objetivo perfectamente alcanzable para los países desarrollados sería haber reducido para el año 2012 en un 5%, respecto a los niveles de 1992, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pues ese es el primer período presupuestario contemplado en el Protocolo de Kioto. 
Constituiría un primer paso para invertir la actual exención de toda responsabilidad de la aviación internacional. 
En cuanto a las subvenciones, el informe deja bien claro que, en principio, apoyamos la imposición sobre el combustible de aviación a escala internacional, pero reconocemos que existen dificultades políticas para ello por causa de la necesidad de llegar a acuerdos internacionales en la OACI. 
En razón de esas dificultades políticas, proponemos en su lugar una tasa medioambiental basada en el principio de "quien contamina paga". 
De hecho, semejante tasa constituiría un instrumento mucho más sutil, pues podría ser calculada de manera que reflejase tanto la cantidad de carburante utilizada como, teniendo en cuenta la eficiencia del motor del avión, la cantidad de elementos contaminantes emitidos. 
Verdaderamente las dificultades políticas de introducir tal medida desaparecerían, pues está entre las competencias de la Unión Europea el establecer una exacción sobre todos los vuelos que partan de aeropuertos de la Unión. 
Una consideración final pero muy importante. Ustedes oirán a las compañías aéreas declarar que todo esto está muy bien pero que debería ser establecido por la OACI, el organismo internacional. 
El hecho de que se trate de una institución internacional implica que se mueve a un ritmo muy lento, y lo que la comunicación de la Comisión propone- y yo apoyo en mi informe- es el principio de que algunas de las regiones más industrializadas, como la Unión Europea, deberían ser capaces de actuar de forma más rápida para la elaboración de normas más exigentes que las de otras regiones, por ejemplo las de los países en vías de desarrollo. 
Esto no significa el fin de la OACI. 
Lo que hace es introducir un poco de flexibilidad en la OACI, lo cual es perfectamente coherente con lo que ocurre en otras organizaciones internacionales. Otros hacen exactamente lo mismo. 
La reacción de las compañías aéreas consiste en preguntar por qué les atacamos. 
En realidad lo que ocurre es claramente lo contrario. 
Las líneas aéreas han conseguido evitar el tener que pagar por sus rutas durante más de 50 años. 
Por otra parte, otros diputados se precipitan a declarar que las medidas que propongo tendrán efectos devastadores sobre el sector de la aviación en Europa. 
Eso es absurdo. 
Una tasa medioambiental con los parámetros que he descrito no tendría efectos negativos sobre la competencia porque se exigiría a todas las líneas aéreas que utilizasen aeropuertos de la Unión Europea, con independencia de su origen. 
Pretenden que tendría efectos perjudiciales para la economía europea, y ello también es absurdo. 
El sector de la aviación sostiene un cierto número de empleos pero, de cualquier modo, no debería olvidarse que el hacer tributar a la aviación a través de una tasa creará miles de puestos de trabajo en otros sectores. 
Por ello, recomiendo la aprobación de este informe. 
. Señor Presidente, me gustaría empezar diciendo que a todos los miembros de esta casa nos preocupa profundamente el medio ambiente a pesar de que el ponente y los verdes intenten convencerle de lo contrario. 
Sin embargo, las consideraciones medioambientales deben ser tenidas en cuenta junto a las necesidades de la industria aeronáutica de forma que se garantice su éxito en el futuro. 
Me ha decepcionado el informe de la Comisión, y ello, en gran parte, por ser tan negativo respecto a la aviación. 
Desgraciadamente el informe elaborado por el ponente profundiza en esa línea. 
Me gustaría ayudar a sus distinguidas señorías poniendo en su conocimiento los datos siguientes: El transporte aéreo genera 25 millones de puestos de trabajo directos en el mundo. 
Sólo en el Reino Unido sostienen casi 500.000 empleos. 
El Reino Unido transporta mercancías a la exportación por valor de treinta y cinco mil millones de Libras, manteniendo un acceso a los mercados globales que no tiene rival y contribuyendo a la hacienda con alrededor de tres mil millones de Libras cada año. 
Si esto se multiplica por el número de estados de la Unión Europea uno puede ver y entender hasta que punto es importante esta industria para nuestras economías. 
En cuanto al impacto medioambiental, la aviación utiliza menos del 8% de los terrenos que necesitan los ferrocarriles y menos del 1% de lo que se requiere para el transporte por carretera. 
En la práctica, dejando de lado el transporte marítimo, la aviación es la única forma de transporte internacional que actualmente transporta un tercio de todas las mercancías en el mundo. 
Durante los últimos 15 años las emisiones de CO2 se han reducido en un 70% y las de hidrocarburos no quemados en un 85%. 
La aviación sólo es responsable del 2,5 % de las emisiones de CO2. 
Es posible tomar medidas a corto plazo, como por ejemplo abordar el problema del 44% de retrasos causados por la gestión del control del tráfico aéreo, así como el de los cuellos de botella que se forman sobre Francia, Italia, España y partes de Alemania. 
Los gobiernos nacionales tienen que actuar ahora mismo. 
También deberían atajar el problema de la planificación del suelo alrededor de los aeropuertos existentes y asumir responsabilidades por las decisiones que tomaron en el pasado. 
Sugerir que la solución es un impuesto sobre el keroseno, que está exento de impuestos a nivel internacional cuando su destino es la industria de la aviación, o el cobro del IVA por la compra de billetes o de aviones, es, francamente, incorrecto. 
La industria ya paga por todos sus costes de infraestructura, y parte de esos ingresos se destina a mejoras medioambientales. 
Esta industria no se está subvencionando. 
Por ultimo, si se aprobase la propuesta de la Sra. Lucas, ello podría diezmar la industria de la aviación: afectaría a la aviación comercial, al turismo, a los negocios y a la industria aeronáutica. 
A sus simpatizantes les encantaría suprimir los vuelos baratos. 
En resumidas cuentas, ello haría poco competitiva a Europa y daría a los transportistas americanos o de terceros países una ventaja injusta. 
Espero que en el futuro las propuestas de la Comisión sean elaboradas de forma más cuidadosa. 
De otra forma, podría ocurrir que el viajar a o desde Bruselas o Estrasburgo o incluso de vacaciones, que para el caso es lo mismo, con un transportista europeo deje de ser posible para sus miembros. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la ponente, la Sra. Lucas. Mi Grupo no ha presentado ninguna enmienda en relación con este debate plenario. 
De ello se deduce que nos identificamos en gran medida con la línea que refleja el informe. También quisiera distanciarme en parte de las observaciones de la Sra. Foster, que parece afirmar que las propuestas de la Comisión o las propuestas que se incluyen en el informe supondrían una catástrofe para la aviación. 
No creo que se deba tratar de obstaculizar una política medioambiental positiva con este tipo de amenazas. 
La comunicación de la Comisión en torno a la aviación y el medio ambiente constituye un primer paso hacia una mejor normativa europea. 
Ésta resulta necesaria si se considera el crecimiento del tráfico aéreo y el consiguiente aumento de la contaminación medioambiental provocada por los aviones. 
Por lo tanto, apoyamos las líneas maestras de las propuestas de la Comisión. 
El Grupo del PSE suscribe de todo corazón la necesidad de establecer normas de cara a la industria aeronáutica europea y obligarla a participar en los gastos que se derivan de la contaminación medioambiental ocasionada por la aviación. 
Al igual que ha afirmado la Sra. Lucas, no deseamos que la aviación goce de una posición privilegiada. 
Sin embargo, hoy sólo nos estamos ocupando de establecer un marco. 
¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la normativa europea? 
A partir de ahí esperaremos con impaciencia las propuestas que surjan en relación con la normativa y la legislación. En ese momento se tratarán los detalles y las normas concretas. 
¿Cuáles son los puntos de partida del Grupo del PSE? 
En cualquier caso, consideramos que el rápido crecimiento del tráfico aéreo obliga a crear, por ejemplo, más y mejores alternativas ferroviarias para las distancias cortas. 
Creo que el cambio de una forma de transporte a otra más respetuosa con el medio ambiente resulta clave. 
Nosotros consideramos que la capacidad de crecimiento del tráfico aéreo no es ilimitada. 
En segundo lugar, deseamos que se establezcan normas europeas que regulen el ruido. En beneficio de los ciudadanos y también para evitar la competencia entre determinados aeropuertos. 
Opinamos que el ruido nocturno debe recibir una atención especial y, al igual que la Sra. Lucas, consideramos que se deben primar las normas de la Organización Mundial de la Salud a la hora de definir normas y regulaciones más detalladas. 
Esperamos que la Comisión Europea presente propuestas ambiciosas. 
El tercer punto se refiere, obviamente, a las emisiones contaminantes. 
Consideramos que también se debe tratar este asunto. 
Por este motivo apoyamos en principio un impuesto sobre el queroseno. 
También se plantean dudas acerca de la viabilidad de esas ideas y propuestas. 
Tal y como indica el informe, deseamos que se produzca un debate internacional y que se lleve a cabo un estudio pormenorizado. 
Debido a que el resultado de dicho estudio es incierto, nos declaramos partidarios de la postura inicial que se recoge en el apartado 20 del informe en forma de una tasa medioambiental europea. 
En última instancia se trata de que demos cumplimiento a los acuerdos de Kioto, y la aviación también debe contribuir sustancialmente a ello. 
Preferimos que se alcancen acuerdos positivos a escala mundial aunque, en caso de que éstos no se produzcan, no queremos excluir la posibilidad de disponer de una política europea. 
Creo que se trata de otro elemento importante del informe. Consideramos que se ha plasmado de forma adecuada. 
Esperamos que este debate internacional dé sus frutos. 
De no ser así, creemos que dentro de varios años deberíamos ser capaces de hablar de normas europeas. 
Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su informe. 
Es cierto que la aviación crece con rapidez. 
Coincido con la Sra. Foster en señalar que la aviación representa un sector importante de la economía que presta servicios insustituibles en determinados aspectos. 
Sin embargo, también es cierto que un sector de este tipo presenta una serie de efectos negativos sobre el medio ambiente: -ruido, contaminación ambiental- y que debemos animar al sector para que actúe en consecuencia lo antes posible y de forma más activa que en la actualidad. 
Tanto la comunicación de la Comisión como el informe de la Sra. Lucas apuntan hacia el lugar en el que esto se puede y se debe producir. 
Existen algunos aspectos que quisiera destacar. 
Al igual que ha afirmado el Sr. Wiersma, está claro que, en la medida de lo posible, se deben tratar las diversas formas de transportes, por carretera, tren, etcétera, y también a la aviación del mismo modo. 
Éste no es el caso en la actualidad. 
Existen motivos concretos para ello, pero debemos hacer algo al respecto. 
Lo que está claro, en mi opinión, es que para hacer frente a dichos problemas- impuesto sobre el queroseno, ruido, normas, etcétera- debemos primar, en este momento y en cualquier caso, un enfoque global. 
La adopción de un enfoque regional resulta precipitada en este momento y me congratula que la ponente haya revisado algunos puntos de su texto original para reflejar esta opinión. 
Considero que nosotros, como Unión Europea, no debemos adoptar medidas unilaterales, si me permiten llamarlas así. 
En este momento se están produciendo negociaciones importantes en las cuales, señora Comisaria, esperamos que se produzcan resultados positivos. 
Creo que se trata de un aspecto importante. 
Otro aspecto importante es que se debe combatir el ruido con un paquete de medidas. 
De ahí la enmienda que presento para que se especifiquen dichas medidas. 
Asimismo, he presentado una enmienda con el fin de desarrollar un método común de medición, de forma que, tal y como apuntaba el Sr. Wiersma, podamos limitar la competencia entre los distintos aeropuertos. 
Resulta clave que la competencia entre los aeropuertos no perjudique a las personas que viven en las inmediaciones ni al medio ambiente. 
Considero que se trata de un aspecto importante y que, por ello, necesitamos normas europeas que nos permitan evitar la competencia entre los distintos aeropuertos. 
-Señor Presidente, actualmente el Reino Unido tiene aranceles sobre combustibles que son espectacularmente más elevados que los practicados en otras regiones de la Unión Europea. 
Uno de los efectos de esto es que perjudica mucho a las regiones periféricas del país. 
Distorsiona de forma desproporcionada la competencia, afectando a las empresas de ámbito local de las regiones periféricas que compiten con las grandes multinacionales del Reino Unido. 
Se trata de una importante advertencia sobre como los impuestos sobre los carburantes pueden distorsionar la economía local. 
No creo que el medio ambiente aporte razones de peso para tratar de desplazar a toda la población del Reino Unido hacia el fondo de su extremo sur este. 
Dicho esto, resulta evidentemente absurdo eximir a la aviación del deber de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de frenar la reducción de la capa de ozono, y también sería una cosa positiva el velar por la equidad de la imposición a lo largo y ancho de la Unión Europea, como ha hecho la Sra. Lucas, en lugar de incrementar notablemente los diferenciales entre diferentes regiones. 
Tengo muchas reservas respecto a como funcionará todo esto en la práctica, pero apruebo el principio introducido por la Sra. Lucas. 
Gracias, Señor Presidente. La lucha contra la contaminación sonora y las emisiones de gases es un combate justo que seguimos apoyando, ya que los objetivos que prosigue son el bienestar de las poblaciones y la calidad del medioambiente. 
Sin embargo, la reducción de estas emisiones sonoras o de gases debe estar limitada a una loable búsqueda de soluciones técnicas que sean provechosas para todos. 
No debe ser un pretexto para otros objetivos de tipo fiscal o de ampliación de las competencias de la Comisión. 
Esta debería más bien limitarse a cumplir correctamente sus funciones, que ya son lo bastante amplias. 
No podemos, en tales circunstancias, aceptar que se instaure esta ecotasa. 
Este primer paso hacia un impuesto europeo sólo tendrá incidencia sobre los usuarios, una vez más, sin alcanzar ninguno de los objetivos que prosigue el presente informe. 
Nuestras poblaciones ya soportan una importante carga fiscal, y, en un momento en que los Estados quieren desfiscalizar, un impuesto europeo podría dejar a nuestras empresas en una situación difícil con respecto a sus competidores, y especialmente con respecto a los americanos y otros más, lo que acarrearía consecuencias nefastas para el empleo. 
No podemos aceptarla. 
Además, exigimos que se respete la subsidiariedad fiscal en beneficio de los Estados. 
Europa, en vez de hinchar artificialmente sus presupuestos con ayuda de este impuesto, debería utilizar mejor el presupuesto de que dispone, respetando al mismo tiempo la libertad de todos. 
Las dependencias políticas de los Estados tienen relación sobre todo con su libertad fiscal. 
La ecotasa no soluciona nada. 
Es una medida puramente ideológica, sin efectos directos sobre el medioambiente. 
Preferiríamos una medida racional, respetuosa de los intereses de cada uno y que beneficiase el desarrollo económico respetando al máximo el medioambiente. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo apoya la iniciativa de la Comisión Europea y de su Vicepresidenta competente en este ámbito, Sra. Palacio, con el fin de conciliar también en el ámbito del transporte aéreo los intereses de los ciudadanos y las empresas en materia de movilidad con los intereses en lo que respecta a la minimización de los daños medioambientales. 
La decisión de nuestra comisión también se orienta en este sentido y, para ser sincero, tendría que añadir que tuvimos que reescribir de cabo a cabo el informe de la Sra. Lucas, que partía de unas premisas completamente irreales. 
No obstante, finalmente logramos alcanzar un acuerdo mayoritario. 
El verano nos ha mostrado una vez más la importancia del transporte aéreo para el traslado de los ciudadanos a sus lugares de vacaciones. 
Justamente para las familias con niños, el avión es el medio de transporte más rápido para trasladarse hasta una isla soleada y el más saludable para sus nervios. 
A la vez también es el fundamento que permite la creación de empresas y puestos de trabajo en algunas zonas de la Unión Europea. 
Los viajes de negocios y el transporte aéreo de mercancías en los tramos internacionales son asimismo imprescindibles para el comercio y la economía. 
Por el otro lado, el transporte aéreo tiene, obviamente, repercusiones negativas para el medio ambiente debido a las emisiones de gases de escape y de ruido. 
Tenemos que procurar reducir estos perjuicios medioambientales, si bien es preciso distinguir en este contexto entre las amenazas para la salud en los aeropuertos y las que afectan al bienestar de las personas. 
Si adoptásemos las disposiciones de la OMS, mucho me temo que no podríamos continuar trabajando aquí esta noche, pues al cabo de diez horas en este hemiciclo las condiciones difícilmente se ajustan a las disposiciones de la OMS. 
No nos obliguen, por lo tanto, a abandonar la sala. 
El Grupo del Partido Popular Europeo solicita en cualquier caso que se reduzcan claramente las normas sobre emisiones acústicas- las cuales sería más razonable que se adoptasen en el marco de la OACI, dado el carácter mundial del transporte aéreo- y que, tras un breve período de transición, se impida el acceso a los aeropuertos europeos de los aviones con altos niveles de emisiones acústicas. 
Esperamos- y estamos luchando para conseguirlo- que los Estados miembros otorguen un mandato claro a la Comisión. 
No obstante, señor Presidente, si no se consiguiesen resultados en el ámbito de la OACI, tendríamos que actuar de manera unilateral, pues en Europa la densidad de población es muy alta y no basarnos en las distancias de América o África. 
Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos de los ruidos innecesarios. 
Señor Presidente, sabemos que las emisiones contaminantes del transporte representan uno de los mayores problemas medioambientales y han resultado ser también uno de los más difíciles de eliminar. 
Ello es debido a que la circulación y el transporte crecen a un ritmo más rápido que la misma economía. 
En este sentido, los problemas del transporte aéreo son aún más grandes, dado que hay que encontrar soluciones a nivel global. 
Por otro lado, también hemos escuchado que el Protocolo de Kioto no incluye las emisiones producidas por el tráfico aéreo. 
Asimismo, la directiva marco sobre las emisiones contaminantes que está en trámite tampoco trata los problemas del transporte aéreo. 
Puesto que nos encontramos en esta situación, debemos dirigir esfuerzos mucho mayores al trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de la OACI y del Comité de Protección del Medio Ambiente que está elaborando las normas medioambientales internacionales. 
Sólo que se trata de un proceso lamentablemente lento; no obstante, debemos ser capaces de crear unas competencias de negociación y unos objetivos lo suficientemente ambiciosos, que nos permitan avanzar. 
En mi opinión, no tendría nada de descabellado la idea de que los países desarrollados, industrializados, por ejemplo la Unión Europea, dieran ejemplo en este terreno. 
Lo importante es desarrollar la tecnología de los motores, ya que no es previsible que disminuya el transporte. 
Hay que hacer uso de diferentes normativas, de impuestos ecológicos, de distintas tarifas y también recurrir a medidas administrativas, por ejemplo, a la regulación de los horarios de salidas y llegadas, así como tener en cuenta que, paralalelamente al transporte aéreo, existe el ferrocarril, que debe ser desarrollado en las regiones donde las largas distancias no sean un obstáculo. 
Señor Presidente, quiero hacer hincapié en el objetivo puesto de relieve en este informe de utilizar medios de transporte alternativos y eficaces para suplir los vuelos cortos. 
Por ejemplo, los trenes de alta velocidad, y en algunos casos también el tráfico marítimo de trayectos cortos, ofrecen una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que los vuelos cortos. 
Esto es algo indispensable tanto por la congestión de los aeropuertos, como por razones de índole ecológica. 
La sustitución de los vuelos cortos por otros medios de transporte alternativos despeja el campo a los vuelos largos, para los cuales no existen alternativas. 
El Parlamento debatió antes de las vacaciones de verano varios informes, cuyo objetivo era mejorar la competitividad del transporte marítimo y ferroviario. 
Además de una mejora de la competitividad del transporte marítimo y ferroviario, son necesarias otras medidas. 
Una posibilidad es la adopción del impuesto ecológico previsto para el transporte aéreo. 
Este impuesto deberá ser aplicado de tal manera que afecte menos a los imprescindibles vuelos largos que a los vuelos cortos, para los cuales existen alternativas con menos impacto medioambiental. 
Señor Presidente, señora comisaria, colegas, este informe es el tercero de una serie que analiza la situación de la aviación. 
Si los anteriores se referían en mayor medida a la liberalización y a las opciones de crecimiento de la aviación, este informe se centra en la cruz de la moneda. 
Y en mi opinión, con razón. Tal y como indiqué en el debate del informe Atkins, las medidas que se preparan en la actualidad en relación con la aviación no son más que soluciones transitorias. 
No cabe esperar que de aquí salga una solución permanente pata los problemas de congestión y los trastorno que supone, entre otros para el medio ambiente. 
Este informe va más allá del futuro inmediato. Por ello deseo felicitar a mi colega, la Sra. Lucas. 
La inclusión de condiciones mínimas para el desarrollo del tráfico aéreo, tanto desde el punto de vista espacial como medioambiental, no es un capricho. 
Sin embargo, requiere disponer de conocimientos y alternativas suficientes. 
En este momento aún debemos avanzar considerablemente en ambos aspectos. 
Pero esta circunstancia no debe evitar que dibujemos las líneas maestras para el futuro y que también insistamos en ellas en el plano internacional. 
Este informe constituye una iniciativa positiva en este sentido, especialmente de cara a la Comisión. 
A pesar de nuestra actitud positiva con respecto a este informe, existen determinados elementos que, en mi opinión, no deberían formar parte de este tipo de informes. Me refiero a las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes y los regionalistas. 
Resultan muy simpáticas pero es mejor que los Estados miembros se ocupen de esas cuestiones. 
Señor Presidente, este Parlamento no podría funcionar si no existiera la aviación. 
A algunos no les importaría. 
Sin embargo, necesitamos dedicar toda nuestra atención para compensar los efectos del rápido crecimiento del sector sobre el medio ambiente. 
Quisiera destacar una serie de aspectos. 
En mi opinión, la Unión Europea debe otorgar su apoyo al proceso de OACI. 
Constituye el único foro internacional en el que se pueden debatir normas más estrictas para el ruido producido por los aviones. 
No obstante, se pide cautela. 
La proposición de nuevas normas tiene importantes consecuencias para toda la industria aeronáutica europea. 
Una norma mucho más estricta implicaría concretamente que de la actual flota europea, compuesta por 3300 aviones, se debieran sustituir 1067. 
Una eliminación tan rápida y forzada imposibilitaría en la práctica la sustitución por nuevos aviones debido, entre otros factores, a la escasa capacidad productiva de nuevos aviones. 
Nosotros sólo disponemos de dos fabricantes. 
Resulta fácil adivinar las consecuencias para el transporte aéreo europeo. 
El transporte aéreo europeo debería dejar parte del mercado a la competencia y dudo que esto resulte positivo para nuestra seguridad. 
Además, se produciría una reducción sustancial de puestos de trabajo, con todos los problemas que ello implica. 
Los precios de los billetes se incrementarían. 
Soy consciente de que hay personas que saldrían ganando pero hay que considerar que para las personas que realizan trayectos cortos en avión y que todos quisiéramos ver en el tren, a diferencia de lo que uno de mis colegas acaba de afirmar, aún no existen alternativas reales. 
Los Estados miembros, y concretamente mi país, los Países Bajos, se están mostrando excesivamente lentos a la hora de construir líneas de alta velocidad que constituyan una alternativa real para las distancias cortas. 
Se debe ejercer una presión considerable sobre los fabricantes aeronáuticos con el fin de que los aviones sean más ecológicos y menos ruidosos. 
Por este motivo no se pueden posponer las nuevas normas eternamente. 
Lo intentaremos en el ámbito internacional pero nuestra paciencia no es ilimitada. 
Por último, el desarrollo de aeropuertos que se preocupen del ruido. 
Considero que las mediciones se deben efectuar de forma objetiva y que no se debe partir exclusivamente de las quejas de las personas que viven en los alrededores. 
Se debe establecer una norma internacional, aunque se deben excluir determinados aeropuertos que no producen ninguna molestia a las personas que viven en sus inmediaciones con el fin de no obstaculizar su desarrollo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo creo que todos estamos convencidos de que tenemos la obligación, tenemos el deber de proteger el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible con una política medioambiental que, tras el Tratado de Amsterdam, ha visto reforzada su importancia. 
Estoy de acuerdo con la Comisión en elaborar normas sobre el ruido más severas y también en el establecimiento de disposiciones transitorias para satisfacer las necesidades de las regiones que se enfrentan a los problemas de contaminación acústica. 
Consideramos también fundamental que en la 33ª asamblea de la OACI, en el otoño del 2001, se participe unidos y se hable con una sola voz porque, sin duda, la unión hace la fuerza y en temas tan importantes como el endurecimiento de las normas contra el ruido es muy necesaria. 
También sería importante solicitar a la Comisión que presente propuestas para introducir incentivos económicos encaminados a conseguir una reducción de los efectos negativos para el medio ambiente. 
Desde luego, en lo que no estamos de acuerdo es en el establecimiento unilateral de impuestos sobre el queroseno, porque una decisión unilateral, sin el respaldo de la OACI, tendría un impacto mínimo en el medio ambiente, crearía problemas de índole legal, sería dañina para la competitividad de las compañías aéreas europeas y, por consiguiente, para los usuarios que verían aumentadas sus tarifas. 
También sería fundamental que, antes de tomar medida alguna con respecto a la adopción de impuestos sobre la industria de la aviación, se realizase un estudio sobre los costes y beneficios que tendrían tales medidas. 
Para finalizar, me gustaría resaltar la importancia que tendría para la disminución de los factores contaminantes una gestión eficiente de la industria aérea, poniendo el énfasis en la mejora de la gestión de los aeropuertos y apostando claramente por la creación de un cielo único europeo, con lo cual también contribuiríamos, sin duda, a reducir la contaminación del medio ambiente. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, felicito a la Sra. Lucas por su informe. 
Me refiero a la versión original de su informe. 
Ella tiene razón al destacar que, en la medida que el transporte aéreo sigue creciendo con rapidez, se hace absolutamente necesario adoptar medidas que palien sus efectos secundarios. 
Estaremos fomentando el desarrollo sostenible si reducimos las emisiones contaminantes y disminuimos los niveles de ruido. 
Este informe fue respaldado por todos los miembros de nuestra comisión parlamentaria. Sin embargo, las enmiendas introducidas en el informe son contraproducentes; es como si arrojásemos al niño con el agua de la bañera. 
El informe original era una continuación lógica de la legislación anterior de la UE, pero si las enmiendas son aprobadas, habrá grandes pérdidas económicas para aquellas empresas europeas que decidieron hacer sus inversiones de conformidad con las regulaciones de la UE. 
Se necesita un largo período de tiempo para que surtan efecto, por ejemplo, las inversiones en la teconología de reducción del ruido. 
Desde que se toma la decisión de inversión hasta que se realiza el trabajo pueden transcurrir hasta dos años. 
Sin embargo, ahora nos encontramos con que los sensacionales aviones que acaban de ser transformados conforme al capítulo 3 deberían ser desguazados dentro de cuatro años. 
Los ciudadanos y las empresas de la Comunidad deberían poder confiar en la legislación, ya que si cambiamos continuamente de sitio los travesaños de la portería, los planes a largo plazo serán echados por tierra. 
Los costes que esto provoca debilitan la competitividad de las compañías aéreas comunitarias frente a las empresas de fuera de la UE y, al mismo tiempo, dificultan de por sí la introducción de tecnologías respetuosas del medioambiente en el sector aeronáutico de la UE. 
¿Dónde se encuentra el realismo económico, si se exige, en nombre de la protección medioambiental, que se introduzcan nuevas tecnologías para sustituir aviones que funcionan y que se encuentran en buen estado? 
Este proceder tiene, por el contrario, efectos negativos sobre el medio ambiente, ya que es necesario fabricar los materiales y construir los aviones antes de que haya finalizado el período rentable de vida útil de la flota que está en servicio. 
Asimismo, el desguace de aviones en buen estado tiene un impacto medioambiental adicional. 
La elaboración de unas nuevas disposiciones detalladas sobre el ruido de los aviones es una labor que debe llevarse a cabo a nivel mundial y bajo la dirección de la OACI, y de esta manera el diseño de proyectos y la planificación comunitaria a largo plazo desempeñarían una función clave. 
Para terminar, quiero recordar que el aumento del impuesto sobre carburantes en el sector aeronaútico traería consigo nuevos gastos para los habitantes de los países de poca y dispersa población. 
Para ir lejos, hay que hacer un largo viaje. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo felicitar a la Sra. Lucas por el informe que constituye hoy la base de nuestro debate. 
Como todos sabemos, las consecuencias medioambientales del transporte aéreo constituyen últimamente un tema de máximo interés. 
A nivel local, los debates en torno al desarrollo de los aeropuertos están cada vez más determinados por consideraciones medioambientales que se refieren a la limitación de ruidos y a la mejora de la calidad del aire en las cercanías de los aeropuertos. 
Muchos ciudadanos que viven en estas zonas piensan que sería posible hacer mucho más para mejorar su situación y eso es lo que exigen. 
Además, la incidencia a largo plazo de los gases procedentes del transporte aéreo en el cambio climático es hoy, indudablemente, motivo de preocupación en el mundo, lo mismo que la incidencia de otro tipo de emisiones. 
Por todo ello, es necesario atender el problema del transporte aéreo desde el punto de vista medioambiental y ello de una manera global y coherente, es decir, que también hay que tener en cuenta los aspectos relacionados con la actividad del transporte aéreo. 
Hay que intentar conciliar intereses que no siempre son fáciles de conciliar porque, indudablemente, en torno al transporte aéreo existen intereses económicos que se caracterizan por altos costes de inversión que reclaman un largo período de vida útil para su amortización. 
Por ejemplo, un avión exige un período de vida mucho más prolongado que otro tipo de inversión para tener una amortización adecuada. 
Para ello, es necesario un entorno operativo estable, sin vaivenes o modificaciones que cambien las reglas del juego y puedan tener consecuencias económicas desastrosas para el funcionamiento de las empresas aeronáuticas. 
Un sector de gran crecimiento, basado en tecnologías costosísimas, repercute de forma inmediata en el empleo de sectores conexos, como los de la investigación y de la industria, y también el turístico. 
En mi opinión, intentar salvaguardar el medio ambiente sencillamente frenando el crecimiento del sector aeronáutico y de la industria aérea no es una opción válida que podamos plantearnos. 
Pero qué duda cabe que los ciudadanos, no sólo aquellos que están en las cercanías y que padecen de manera más directa cierto tipo de contaminaciones, como la acústica o incluso la de las emisiones, sino también los ciudadanos en general, que quieren una calidad de vida y un desarrollo duradero en el tiempo, tienen derecho a exigirnos acciones y movimientos que garanticen esa manera de crecer que debe ser el modelo europeo. 
En su comunicación sobre transporte aéreo y medio ambiente, la Comisión sostiene que la industria de la aviación debe redoblar sus esfuerzos para mejorar la calidad medioambiental de los nuevos aviones que se construyen. 
Si el ritmo actual de crecimiento se mantiene, no se producirán las mejoras necesarias que permitan compensar el impacto ambiental que, previsiblemente, supone el crecimiento del tráfico aéreo. 
Yo sé que esta afirmación no es bien recibida en muchos segmentos del sector pero, indudablemente, a medio y largo plazo no hay más remedio que buscar una alternativa si no queremos que el transporte aéreo se convierta en una víctima de su propio éxito. 
Pero la Comisión también es consciente de que el sector del transporte aéreo tiene toda la razón cuando dice que antes de llevar a la práctica medidas de carácter medioambiental es necesario hacer un estudio serio y profundo de las repercusiones económicas y sociales que van a tener esas medidas. 
Me da la impresión de que, hoy en día, los más preocupados por el medio ambiente aceptan poco a poco, pero cada vez más, el hecho de que al desarrollar una determinada política de tipo medioambiental, es necesario tener en cuenta el equilibrio entre el coste y la eficacia de las medidas propuestas. 
El informe que tenemos ante nosotros contempla esos aspectos esenciales y tiene en cuenta tanto la necesidad de reforzar la protección medioambiental más allá de los esfuerzos rutinarios como el factor del análisis de rentabilidad. 
Y quiero agradecer a la Sra. Lucas el esfuerzo de flexibilidad realizado ya que, a través de sus enmiendas, queda de manifiesto que no es exactamente lo que a ella le gustaría como informe, pero busca un compromiso que permita la aprobación del Parlamento. 
Por ejemplo, lo que dice del queroseno me parece una manera razonable de plantear este problema, que indudablemente no se puede resolver en el ámbito europeo, sino de manera global en el ámbito de la aviación mundial y de la OACI. 
Porque es ahí, Señorías, en el ámbito de la aviación, la industria en la que la globalización se manifiesta más que en cualquier otra, donde hay que resolver estas cuestiones. 
Quisiera agradecer el respaldo que en el informe la ponente da a la Comisión, y decir que nos hallamos en una fase difícil del debate sobre nuevas normas relativas al ruido y sobre una reglamentación que elimine de forma progresiva los aviones más ruidosos, en el ámbito de la OACI. 
En numerosas ocasiones, hemos hecho constar nuestra preferencia por una solución de carácter internacional a estos problemas, y la Comisión ha podido comprobar con satisfacción la evolución positiva de la postura de los Estados Unidos en relación con el proceso de normalización que está teniendo lugar en la OACI. 
Tengo que decir que la reglamentación sobre los llamados "hushkits", respecto de los aviones más ruidosos, adoptada en su día por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, se basaba precisamente en que los Estados Unidos habían adoptado de manera unilateral medidas al margen de la OACI. 
No cabe duda de que es en la OACI donde hay que desarrollar ese trabajo. 
Vamos a llevar a cabo la coordinación de las actuaciones de los distintos Estados miembros en el ámbito del CAEP, puesto que son los Estados miembros los titulares en el marco de la OACI, y espero que el Parlamento dé su respaldo a iniciativas como el cielo único, al que ha hecho referencia el Sr. Ojeda que, desde luego, también tendrá consecuencias para el ahorro de queroseno, si es que se puede poner en marcha, y la mejora de los sistemas de atribución y de gestión en general de los "slots". 
Señor Presidente, de nuevo agradezco el esfuerzo hecho por todos para intentar obtener un texto realista, flexible y aceptable para las distintas partes. 
Esperamos el voto del Parlamento, que desde luego la Comisión tendrá muy en cuenta. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Neumáticos de los vehículos de motor y de sus 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0218/00) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (5347/2/2000- C5-0220/2000- 1997/0348 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del Consejo sobre los neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de su montaje (Ponente: Sr. De Roo). 
. (NL) Señor Presidente, comisaria, colegas, el ruido de los neumáticos. 
El ruido constituye un problema medioambiental y sanitario subestimado. 
Un tercio de los ciudadanos europeos los padece y se queja de ello. 
Hace diez años tan sólo era una cuarta parte de los ciudadanos. 
El problema del ruido aumenta por lo tanto, especialmente el ruido del tráfico rodado y aéreo. 
En la primera lectura, el Parlamento Europeo no reaccionó ante las propuestas blandas de las Comisión Europea, lo que resulta injustificable. 
Por ejemplo, en la propuesta de la Comisión Europea no se contemplaba ninguna cláusula de revisión. 
En todas las propuestas medioambientales de la Comisión Europea se incluye una cláusula de revisión. 
No es el caso de esta propuesta. No resulta sorprendente ya que has sido redactada por la DG de Industria. 
Esta cuestión medioambiental ha sido erróneamente tratada en el Consejo por parte de los Ministros de Economía y Mercado Interior. 
El debate se debía haber producido en el seno del consejo de ministros de medio ambiente. 
El comité de medio ambiente ha propuesto 4 enmiendas con 32 votos a favor y 10 en contra. Para los turismos normales proponemos que el límite se reduzca 2 decibelios. 
El instituto independiente alemán de certificación TÜV ha probado incontables neumáticos existentes. 
Todos cumplían los débiles límites acústicos propuestos por el Consejo. 
Se puede bajar 2 decibelio sin poner en peligro la seguridad. 
Este extremo ha sido confirmado por los expertos del instituto sueco de carreteras y tráfico. El comité de medio ambiente también propone bajar 2 decibelios para furgonetas y camiones. 
Las furgonetas y los camiones producen más ruido que los turismos. 
Por este motivo también resulta importante avanzar en este aspecto y espero que algunos colegas del grupo de los democristianos pueda hacer el esfuerzo de votar a favor de esta medida. 
El sector de los neumáticos dispondrá hasta octubre de 2005 para cumplir los límites acústicos más estrictos. 
Considero que se trata de un plazo más que suficiente. 
Obviamente, no es la única medida necesaria para reducir el ruido provocado por el tráfico rodado. 
El asfalto silencioso, tal y como lo denominan nuestros amigo flamencos, o ZOAB, asfalto muy abierto, tal y como lo designamos en los Países Bajos, supone una reducción de 20 decibelios con respecto a una carretera pavimentada con adoquines. 
Ya no existen adoquines en nuestras autopistas pero se puede lograr una reducción de entre 3 y 5 decibelios si se emplea asfalto silencioso en todas partes. En la directiva sobre ruidos trataremos de nuevo estos problemas acústicos. 
La utilización de asfalto silencioso y una reducción de los neumáticos podría suponer una disminución de 6 decibelios. 
No parece mucho pero hay que tener en cuenta que los decibelios se establecen a partir de una tabla logarítmica. 
Esto significa que se puede lograr una reducción de más de la mitad del ruido sin que se circule menos. 
Los automóviles presentan un gran número de problemas medioambientales. 
El Parlamento Europeo introdujo hace más de 10 años la primera generación de catalizadores y, hace 2 años, la segunda generación de catalizadores en el informe Langen/Hautala sobre el programa de aceite para uso automovilístico. 
La contaminación ambiental provocada por los automóviles y camiones se reducirá de este modo entre un 70% y un 90% entre 2005 y 2007. 
Con el informe Florenz también hemos regulado adecuadamente el reciclaje de vehículos antiguos. 
Aún quedan dos grandes problemas medioambientales que deben tratarse en el ámbito europeo. 
En primer lugar esta el ruido, al que ya me he referido de forma suficiente, y en segundo lugar está el problema de CO2, el efecto invernadero. 
En lo que respecta al CO2, el comité de medio ambiente propone que la Comisión Europea presente una proposición de ley para reducir la resistencia a la rodadura de los neumáticos en un 5%. 
Esto significa que se reduciría el consumo de combustible en un 5% y que las emisiones de CO2 también reducirían en un 5%. 
Espero una respuesta positiva por parte de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, personalmente me resulta bastante indiferente en qué Dirección General se discuta la presente directiva. 
No soy jurista y no puedo valorar esta cuestión. 
Lo que está claro es que hasta ahora no se había prestado suficiente atención a esta exigencia medioambiental. 
La industria automovilística y la industria de los neumáticos han indicado justamente estos tres últimos días, aquí en el Parlamento, que podrían introducir sin mayores problemas algún tipo de modificaciones en los neumáticos. 
En este momento, la principal preocupación de mi Grupo político no es tanto si el valor límite se fija en 3, 4 o 1 decibelios, sino sobre todo que quede clara nuestra voluntad de ejercer una presión positiva que induzca a la industria actuar, que le haga comprender que tiene que hacer un mayor esfuerzo en este ámbito. 
La industria de los carburantes, la industria automovilística y la del reciclado ya han hecho posibles muchos progresos en el ámbito del transporte privado. 
La industria de los neumáticos se ha abstenido en gran parte de actuar. 
Ahora queremos recuperar este retraso. 
Más adelante, sin duda también tendremos que hablar algún día sobre el pavimento de las vías de circulación europeas. 
Yo creo que de lo que aquí se trata es de ejercer una presión positiva. 
Dicho esto, quiero adelantarme a las críticas de algunos colegas, que en un alarde de ingenio señalan que este Florenz quisiera reducir el valor límite en 2 decibelios, pero como contrapartida acepta que la distancia de frenado se incremente 10 metros. 
¡Evidentemente queremos mantener las normas! 
Esperamos innovaciones, esperamos que la industria de los neumáticos contrate a jóvenes ingenieros e ingenieras y que por fin empiece a responder a las justas exigencias de los ciudadanos que no quieren estar expuestas a niveles tan altos de ruido en sus zonas residenciales. 
Esta es la tarea que nos hemos propuesto y yo confío en que la Comisión se mostrará dispuesta a colaborar. 
Es un objetivo posible y dentro de uno o dos años podremos constatar que la industria está en condiciones de cumplir nuestros objetivos para 2005. 
Si no fuese así, yo seré el primero que estaré dispuesto a reconocer la necesidad de establecer un marco un poco más amplio. 
Pero es preciso ejercer una presión y esto es lo que intentaremos conseguir estos días. 
Señor Presidente, señor Comisario, es un hecho sabido que no es usted exactamente enemigo del automóvil y que también le gusta conducir. 
Si ese es el caso, desde luego sería bueno que nuestro coche emitiese un 40% menos de ruido y su consumo de carburante se viera reducido al mismo tiempo en un 5%, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2, todo ello gracias únicamente a unos nuevos neumáticos. 
Esta es la dirección en la que deberíamos avanzar. 
Actualmente, ya existen neumáticos que permiten conseguir valores muy inferiores a los que establece la posición común, tanto en lo que respecta a las emisiones acústicas, como en cuanto a la resistencia de rodadura, que es el factor que determina el consumo y el nivel de emisiones de CO2. 
Incluso hay neumáticos modélicos, tan silenciosos y que reducen tanto el consumo, que en la República Federal de Alemania exhiben un ángel azul, un distintivo ecológico. 
Dichos neumáticos no son, sin embargo, particularmente inseguros. 
¡Al contrario! 
Algunos neumáticos de Michelin y Dunlop tienen una distancia de frenado aún más corta y siguen siendo silenciosos y con un bajo nivel de consumo. 
A la vista de lo cual, yo me pregunto cómo se explica que este Parlamento no tenga el valor de exigir que para el 2005 todos los neumáticos y en particular los de los camiones cumplan las condiciones que el nivel actual de la técnica ya permite. 
Por esto, yo les pido encarecidamente que aprueben la enmienda 1, en la que se pide que se establezca un valor límite para la resistencia de rodadura, además de contemplar las emisiones acústicas, y sobre todo también la enmienda 2 que propone unos neumáticos más silenciosos. 
Les pido que tengan en cuenta, estimadas y estimados colegas, que las negociaciones todavía no han concluido. 
Vamos a negociar con el Consejo en el Comité de Conciliación y ya veremos qué conseguimos. 
Pero necesitamos disponer de un margen de maniobra. 
-Señor Presidente, antes de abordar el tema del ruido causado por los neumáticos, permítaseme hacer una observación de orden mucho más general a la Comisión. 
Sus servicios están impulsando demasiada legislación y con la legislación la calidad suele ser inversamente proporcional a la cantidad. 
Estamos hablando de hacer menos pero de hacerlo mejor y de hecho, estamos haciendo más y más, y haciéndolo peor. 
Bien, en cuanto al tema de los neumáticos, nunca pude imaginar cuando entré en esta casa que acabaría defendiendo la postura de la Comisión, y sin embargo he de decir que la Comisión ha hecho sus deberes. 
Ha consultado con el sector industrial y nos presenta una propuesta que establece objetivos que constituyen un desafío pero que son alcanzables, y con los que se protege el medio ambiente a la vez que se tienen en cuenta los intereses de los usuarios y de los fabricantes de neumáticos. 
Algunos de nuestros colegas están intentando sabotear este trabajo tan cuidadoso exigiendo reducciones, en los niveles de decibelios, arbitrarias y mal calculadas. 
En algunos casos las cifras serían alcanzables, en otros no. 
Pero olvidan que los cambios en las especificaciones para la fabricación de neumáticos no sólo afectan al ruido, sino al agarre, a la seguridad, al ahorro de carburante, al coste y a la duración. 
¡Podrían acabar teniendo neumáticos más silenciosos pero que serían caros, se desgastarían rápidamente y que no evitarían que los coches patinasen, se saliesen de la carretera y se estrellasen contra los árboles! 
Morirán más automovilistas si se aprueban las enmiendas del Sr. De Roo. 
Los electores a los que represento no nos lo agradecerían. 
Estamos siendo demasiado reglamentistas. 
Nuestro trabajo consiste en elaborar un marco legislativo amplio a favor del interés general. 
En lugar de eso intentamos gestionar los detalles de programas de desarrollo industrial de gran complejidad técnica, que es una tarea para la que no tenemos ni el tiempo ni los conocimientos necesarios. 
Pido a mis colegas que rechacen la enmienda y apoyen la propuesta de la Comisión. 
. Señor Presidente, apruebo esta propuesta. 
Hace tiempo que era necesaria. Ciertamente las enmiendas hechas a la misma por el Sr. de Roo y el Sr. Lange avanzan en la buena dirección. 
Desde la primera publicación de esta directiva allá por el año 1997 los fabricantes se han esforzado en cumplir las normas fijadas por la Comisión. 
Comprendo el deseo del Sr. de Roo de llevar las normas aún más lejos. 
En primer lugar, las normas sobre los neumáticos no son el único problema. 
El tipo de superficie de rodadura de las carreteras es igual de importante y en determinadas circunstancias como en los puntos negros de contaminación acústica en las áreas urbanas más importante que intentar modificar los estándares de los neumáticos. 
En muchos casos cambiar el firme de la carretera es una solución mejor que modificar las normas sobre neumáticos. 
En un Segundo lugar- y en mi opinión se trata de algo de importancia capital- está la necesidad de sopesar el problema del ruido de los neumáticos y la seguridad de los mismos. 
Mientras que esta noche estamos intentando adoptar nuevas normas para reducir el ruido causado por los neumáticos, no estamos haciendo ningún progreso en absoluto para mejorar los estándares de agarre o adherencia de los neumáticos a la carretera. 
A pesar de que hace ya bastante tiempo el Reino Unido puso sobre la mesa algunas propuestas buenas y serias, hasta ahora ninguna ha sido aprobada ni siquiera considerada seriamente. 
Nuestra incapacidad para llegar a un acuerdo sobre los estándares de seguridad de los neumáticos genera un nivel de incertidumbre sobre esta cuestión que resulta inaceptable. 
Por esa razón estoy particularmente preocupado por los efectos potenciales de las enmiendas Nos 3 y 4 y por su impacto sobre la seguridad de los neumáticos, especialmente en el caso de vehículos como los camiones y los autobuses. 
En estas circunstancias me veo obligado a decir que personalmente no puedo apoyar las enmiendas Nos 3 y 4 del Sr. de Roo. 
Al Sr. de Roo le diría que son prematuras y pido a la Comisión que las rechace. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. de Roo por su trabajo. 
La reducción de todo tipo de ruidos es algo muy importante para la salud y para el bienestar de las personas. 
Por ello, mi actitud es muy positiva ante la posición común del Consejo sobre el ruido procedente de los neumáticos. 
No intervengo aquí de ninguna manera como portavoz de la industria del neumático, pero como he seguido muy de cerca el sector en cuestión, quiero, sin embargo, expresar mi preocupación por las consecuencias de las enmiendas. 
La industria del neumático es un sector de gran competencia a nivel mundial, en cuyo seno se llevan a cabo investigaciones a fondo y, debido al carácter propio de la tecnología del neumático, se avanza a pasos pequeños, pero seguros. 
Sin embargo, la situación se volverá insostenible si intentamos hacer cambios demasiado rápidos, como parece ser el caso en esta ocasión. 
Si avanzamos demasiado rápido, este sector industrial se verá en grandes dificultades técnicas y sufrirá un aumento innecesario de los costes, lo cual repercutirá en los precios de los productos. 
El consumidor es siempre el que paga. 
La existencia de períodos de transición lo suficientemente largos permitiría a las empresas tomar en cuenta los nuevos requisitos ya en la fase de desarrollo técnico de los neumáticos. 
Proceder de otro modo supondría un derroche de recursos, ya que los trabajos de diseño de un nuevo modelo de neumático duran, por término medio, tres o cuatro años. 
El asunto se complica aún más debido a que los neumáticos constituyen un todo en el que cada una de sus características deben supeditarse al equilibrio. 
No se trata en absoluto de un objeto simplemente negro y circular, como piensan los profanos. 
La mejora de una propiedad del neumático tiene efectos negativos en las demás características, así que el diseño de un neumático es realmente la optimación de todas las soluciones combinadas. 
Por ejemplo, un neumático ancho se adhiere bien al asfalto, pero es muy susceptible de patinar en piso mojado. 
En cambio, en la nieve rueda mejor un neumático muy estrecho. 
Si se mejoran las características acústicas del neumático, lo que más se reduce es su capacidad de adhesión en pisos mojados. 
Antes que nada, quiero que mis prójimos circulen usando neumáticos seguros. 
Desearía que la industria del neumático y los legisladores de la UE se pusieran de acuerdo y elaboraran un calendario realista para el cumplimiento de los excelentes objetivos presentados en este informe. 
. (FR) Señor Presidente, esta propuesta de directiva quiere limitar el ruido producido por los neumáticos en la carretera, sin sacrificar por ello la adherencia y por lo tanto la seguridad en el comportamiento en carretera y el frenado. 
Al preparar la propuesta, la Comisión hizo intervenir varios organismos independientes de los fabricantes que han trabajado durante mucho tiempo con los expertos de los Estados miembros para alcanzar el nivel adecuado de rigor expresado en decibelios para las distintas clases de neumáticos para los coches, furgonetas y camiones. 
Gracias a esta amplia consulta previa de los expertos, los Estados miembros aprobaron por unanimidad, en posición común, el nivel de rigor elegido en la propuesta. 
El mismo Parlamento europeo quedó satisfecho con el nivel de severidad de la propuesta y no interpuso enmiendas. 
Es preciso recordar previamente que la calidad del revestimiento de la calzada es, en amplia medida (hasta 6 decibelios) , responsable del ruido causado por el contacto con los neumáticos. 
También conviene recordar que la Comisión prosigue su acción, lanzada hace dos años ya, de la lucha contra las distintas fuentes de ruido, que abarcan el conjunto de los sectores de actividad de la Unión. 
Ahora, en una segunda lectura, se han interpuesto 4 enmiendas. 
Las enmiendas 2, 3 y 4 proponen que se reduzca en 2 decibelios el valor de los umbrales. 
Si se aplicase ahora una medida de este tipo, más del 70% de los neumáticos que se venden hoy en día no pasarían las pruebas. 
Los fabricantes deberían pues modificar con urgencia la estructura de los neumáticos y la dureza de la goma, lo que tendría efectos nocivos sobre la adherencia. 
Hasta que las exigencias de adherencia no se apliquen, estas tres enmiendas no son pues aceptables. 
Esta correlación entre ruido y circulación, entre adherencia del neumático y consumo de carburante, está justamente en el centro de la preocupación expresada en la enmienda nº1. 
Esta preocupación es actualmente objeto de una investigación de consenso en un grupo de trabajo de la Comisión Económica para la Europa de las Naciones unidas, un grupo de trabajo que los servicios de la Comisión europea siguen de cerca. 
Este tema también es objeto de discusión en el marco del Transatlantic Business Dialogue para crear una norma mundial Global Type Standard GTS 2000. 
La Comisión europea sigue estos trabajos con la intención de transponer los resultados en la directiva 92/23/CEE, con el fin de determinar el equilibrio adecuado entre seguridad, ruido y resistencia al rodamiento. 
Sin embargo, el calendario que se propone es desgraciadamente demasiado estricto. 
Hay que considerar el problema en toda su complejidad así como el amplio abanico de los productos que abarca. 
Por este motivo, el artículo 3, tal y como está redactado en la posición común, estipula que las exigencias sobre la adherencia y la resistencia al rodamiento se integrarán junto con las exigencias relativas al ruido, en el calendario ampliado de 24 y 36 meses respectivamente, después de que entre en vigor la presente directiva. 
La enmienda nº 1, que propone legislar de nuevo y en dos ocasiones en un plazo de un año después de la entrada en vigor de la presente directiva no es aceptable. 
A causa de la complejidad de los métodos para medir la adherencia en suelos secos y mojados y en la resistencia al rodamiento, y a causa del amplio abanico de productos, los resultados de los trabajos de los expertos no estarán disponibles antes de 2002. 
La Comisión podrá entonces aportar enmiendas a la presente directiva para integrar la adherencia en suelo seco y mojado y la resistencia al rodamiento para todas las clases de neumáticos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0168/2000) del Sr. Bakopoulos, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1999) 620- C5-0312/1999- 1999/0269 (COD) ) por la que se modifica por decimonovena vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos). 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que estamos debatiendo hoy se refiere a la limitación de la comercialización y el uso de colorantes azoicos utilizados en los tintes para artículos textiles y de cuero. 
La razón de esta limitación es la firme sospecha de que estas substancias son cancerígenas. 
En el anexo de la directiva se incluye una lista de artículos textiles y de cuero para los que está prohibido utilizar estas substancias sospechosas. 
Muchos de los Estados miembros ya han introducido en sus legislaciones las prohibiciones pertinentes, y la mayoría de las empresas instaladas en la Unión Europea pertenecen precisamente a esta categoría. 
Es sin embargo indispensable una directiva que armonice el mercado interior, justamente para evitar las regulaciones unilaterales. 
Finalmente, como es natural, esta directiva incluye un método de análisis para detectar la presencia de colorantes azoicos cuyo uso está prohibido. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aceptado el principio en el que se basa esta directiva. 
Así pues, las enmiendas unánimemente aprobadas intentan mejorarla. 
Voy a referirme sólo a dos de ellas. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor opina que la lista de artículos para los que se va a prohibir el uso de colorantes azoicos, que está incluida en el anexo de la directiva, no debe ser indicativa. 
Debe ser cerrada, completa, explícita y nominal. 
Así evitaremos arbitrariedades en la interpretación de la directiva y, consecuentemente, importantes disparidades en su aplicación, cosa que sería contraria al principio del mercado único, para cuya protección se introduce esta directiva. 
Esta es la esencia de la enmienda 3. 
El segundo caso que deseo referir es la enmienda 2, que introduce el considerando 7 bis, con la que se excluyen de la presente directiva las alfombras orientales hechas a mano. 
La excepción se basa en que como estas alfombras están hechas a mano, es imposible efectuar controles al azar. 
Sin embargo, el control de cada alfombra por separado dañaría de forma importante el producto, especialmente en aquellos casos en que- y no son pocos- nos encontramos ante verdaderas obras de arte. 
Con todo, se recomienda que los importadores establezcan un marchamo de calidad. 
Las Sras. Roth-Behrent y Müller han presentado en el plazo establecido la enmienda 6, volviendo a formular el considerando anterior 7bis y proponen una fecha para que las alfombras orientales dejen de constituir una excepción de esta directiva. 
Y como tal sugieren el 1 de enero del año 2006. 
Considero que es correcta esta propuesta y propongo que se apruebe. 
Finalmente, la Sra. Ferrer, también a tiempo, ha presentado la enmienda 7, con la que propone añadir en la lista de las 21 sustancias azoicas del Apéndice una más, aparte de las dos previstas en la enmienda 4. 
Sin embargo, la substancia que propone la Sra. Ferrer ya está incluida en el Anexo. 
Evidentemente, se trata de un descuido y por eso no propongo que se apruebe. 
Señor Presidente, señor Comisario, este es un pequeño y humilde informe, una modificación de directiva que, sin embargo, creo que es un ejemplo importante y significativo de cómo en Europa la política de mentalización y la política declarativa ha conseguido grandes éxitos, y muchas veces la norma viene después de que la propia sociedad se haya puesto en orden. 
El que prácticamente todos los fabricantes y los productores de todos los países hayan suprimido los productos que ahora se pretenden prohibir, indica que estamos llegando a muchos ámbitos de madurez en los que lo ideal sería no tener que hacer normativas y no encontrarnos con situaciones como ésta. 
Por eso quiero recalcar, y que conste en acta, que hay que trabajar bajo esta fórmula a ser posible en una sociedad madura y en una industria madura. 
La exclusión de las alfombras orientales me parece espléndida, porque creo que es bueno que la flexibilidad en beneficio del arte y de la estética entre en el espíritu de una maquinaria legislativa que muchas veces olvida lo pequeño y el detalle. 
Por otra parte, que yo sepa, las personas no comen alfombras y, por tanto, ese grado de riesgo se podría evitar. 
Repito que creo que es algo positivo que trabajemos para progresar, que la sociedad nos preceda y que nosotros lo único que hagamos sea ratificar lo que ya ha sido reconocido. 
Señor Presidente, yo quisiera hacer una pequeña aclaración con respecto a la intervención del ponente. 
Las enmiendas al presente informe las presenté yo. 
Sólo deseo aclararlo puesto que antes ha citado a la Sra. Roth-Behrendt. 
Los colorantes azoicos liberan aminas aromáticas con efectos carcinógenos cuando permanecen en contacto con la piel o la cavidad bucal humanas. 
Por este motivo, algunos Estados miembros han adoptado disposiciones provisionales con el fin de proteger a los consumidores y la Comisión presentó la iniciativa que hoy se debate, por la que los colorantes azoicos quedarían prohibidos en adelante en toda la Unión Europea y en las importaciones de terceros países. 
La propuesta de la Comisión presenta, no obstante, algunas lagunas desde el punto de vista de la seguridad, que yo creo que es necesario cubrir. 
Este es el objetivo de mis dos enmiendas, adoptadas por una gran mayoría en nuestra comisión. 
Su principal finalidad es añadir a la lista de sustancias prohibidas otras dos aminas, clasificadas entre tanto como carcinógenas. 
Además, la descripción general del campo de aplicación prevista es demasiado poco vinculante. 
Nosotros pedimos que se introduzca una relación exhaustiva, bien definida, con el fin de mejorar la claridad de la norma y la seguridad jurídica. 
El desarrollo voluntario de un marchamo de calidad y el período transitorio hasta el 1.1.2006 han permitido tomar en consideración los problemas particulares del sector de las alfombras orientales e incluir a la vez a medio plazo a las alfombras orientales anudadas a mano en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Asimismo, prevemos la posibilidad de opción entre dos métodos que toman en consideración los diferentes requisitos exigidos a los materiales, en tanto no concluya la validación de los nuevos métodos de prueba. 
Las enmiendas que ahora se presentan y que fueron adoptadas por una gran mayoría en nuestra comisión subsanan en conjunto una serie de imprecisiones y aspectos no vinculantes de la directiva. 
Con su incorporación responderá a los requisitos que es preciso exigirle, dados los riesgos reales para la salud. 
. Señor Presidente, me gustaría agradecer a los diputados su interés por esta materia, y agradecer especialmente al ponente, Sr. Bakopoulos, su constructivo trabajo. 
Como se acaba de decir, determinados colorantes azoicos utilizados en los textiles y en los cueros presentan riesgos de cáncer para los consumidores y los trabajadores. 
Siguiendo el dictamen del Comité Científico sobre Toxicidad, Eco toxicidad y Medio Ambiente, que confirmaba estos riesgos, la Comisión propuso en diciembre del año pasado una directiva que restringe la comercialización y el uso de determinados colorantes azoicos que podrían presentar riesgo de cáncer si entrasen en contacto con la piel. 
La propuesta de directiva de la Comisión introduciría una prohibición de determinados colorantes azoicos en artículos de cuero o textiles que entran en contacto con la piel. 
Los colorantes afectados son xilidinos susceptibles de liberar cualquiera de los 21 aminos cancerígenos enumerados en la directiva propuesta. 
Además, los artículos textiles o de cuero teñidos utilizando esos mismos xilidinos no podrán ser comercializados. 
En la directiva que se propone se especifican los métodos de análisis que habrán de utilizarse para comprobar si se cumplen las normas. 
La propuesta no sólo se ocupa de la protección de la salud de los consumidores y de los trabajadores. También afecta a una cuestión de mercado interior. 
Actualmente el mercado interior está fragmentado, pues algunos Estados miembros ya están aplicando prohibiciones nacionales. 
La directiva propuesta armonizaría las normas de los diferentes Estados miembros. 
Tengo que subrayar que la propuesta se basa en los resultados de estudios independientes sobre los riesgos planteados por los colorantes azoicos así como sobre los costes, beneficios y efectos de las restricciones propuestas sobre el comercio. 
También tiene en cuenta la opinión del muy competente Comité Científico sobre Riesgos. 
Creo que se trata de una medida proporcionada. 
La Comisión no puede aceptar aquellas enmiendas parlamentarias que ampliarían esta prohibición reemplazando la lista de ejemplos de categorías de productos afectadas que se propone, por una lista exhaustiva que afectaría a otros artículos además de los fabricados con textiles o cuero y en la que se que incluirían otras amidas. 
Me estoy refiriendo a las enmiendas Nos 3, 4 y 7 de la Comisión de Medio Ambiente. 
La Comisión opina que esto no podría justificarse dado el conocimiento actual sobre los riesgos. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas que introducirían un segundo método de análisis para comprobar si se cumplen las normas. 
Esto se refiere a la enmienda No 5 de la Comisión de Medio Ambiente. 
Esto haría más difícil a los suministradores, especialmente en el Tercer Mundo, el demostrar que cumplen con la normativa, pues el método propuesto por la Comisión es el más generalmente aceptado y el más utilizado. 
Sin embargo, la Comisión aceptaría que, cuando esté disponible, se introduzca un método de análisis estandarizado y más fiable. 
La Comisión puede aceptar en principio una exclusión de la lista de ejemplos de categorías de productos afectados por la directiva propuesta de las alfombras orientales hechas a mano dado que el riesgo presentado por tales alfombras probablemente sea escaso. 
Sin embargo la Comisión no puede aceptar que la exención sólo sea temporal. 
Resumiendo nuestro punto de vista, podemos aceptar la enmienda 1ª de la Comisión de Medio Ambiente. Tenemos que rechazar las seis enmiendas, concretamente las Nos 2,3, 4,5, 6 y 7 de la Comisión de Medio Ambiente. 
No obstante la Comisión podría apoyar, en principio, parte de la enmienda 3ª. 
Quisiéramos proseguir el dialogo con el Parlamento. Estoy convencido de que podemos alcanzar una solución constructiva. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Trabajo no declarado 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0220/2000) de la Sra. Glase, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión (COM (1998) 219- C4-0566/1998- 1998/2082 (COD) ) sobre el trabajo no declarado. 
Señor Presidente, el presente informe expone la posición del Parlamento con respecto a una comunicación de la Comisión sobre la problemática del trabajo no declarado, también designado como trabajo sumergido. 
Este problema se aborda desde el ámbito europeo porque no afecta a un único país, sino a todos los Estados miembros. 
El problema de fondo es que el trabajo no declarado supone importantes pérdidas que afectan a la política económica y social de los Estados miembros. 
Los seguros de enfermedad, los sistemas de pensiones y el fisco sufren pérdidas globales por valor de miles de millones cada año por esta causa. 
Los trabajadores no están asegurados y carecen de cualquier tipo de protección. 
La idea de un moderno tráfico de esclavos con fatales consecuencias para los afectados se impone con toda claridad en este contexto. 
Quienes obtienen un servicio sobre la base del trabajo sumergido no tienen derecho a exigir una garantía ni ningún otro de los derechos habituales en el ámbito mercantil. 
Los implicados creen obtener una ventaja, pero sin embargo sólo se perjudican y a la vez también a la comunidad. 
Naturalmente y por definición, el alcance del trabajo no declarado resulta difícil de evaluar en todos los países. 
De los estudios y estimaciones a largo plazo se desprende una cifra global de unos 28 millones de trabajadores no declarados. 
El volumen del trabajo sumergido representa ya el 15% del Producto Interior Bruto de la UE. 
El sector en su conjunto registra un crecimiento tres veces superior al de la economía oficial. 
En la presente comunicación, la Comisión ha encontrado dificultades para analizar el trabajo sumergido y proponer las medidas necesarias para combatirlo. 
El Parlamento ha examinado larga e intensamente esta problemática y ha identificado una serie de causas, con efectos múltiples y recíprocos. 
Casi todos los estudios señalan la excesiva carga fiscal y de las cotizaciones sociales como causa. 
Nuestra comisión enumera, sin embargo, otras causas, como por ejemplo la pobreza, falta de rigor en la adjudicación de contratos públicos, precios de dumping en el ámbito de la subcontratación, la rigidez de las normas laborales y unas prácticas administrativas inadecuadas, así como un claro relajamiento de la percepción del trabajo sumergido como una actividad ilegal y una infracción. 
En nuestra comisión se perfilaron, no obstante, diferentes posiciones a la hora de extraer las consecuencias, que tienen su origen una evaluación muy distinta de las causas. 
Aun así, yo creo que nos une el mismo objetivo y sólo discrepamos en cuanto al camino para alcanzarlo. 
Las conclusiones adoptadas en la última sesión de la comisión incluyen la petición de que se realice un balance exacto- en la medida de lo posible- de los sectores y los grupos de personas más afectados, la participación de los agentes sociales en el desarrollo de medidas activas contra el trabajo no declarado, la atención a este tema en los programas nacionales de empleo, y la aplicación de controles y sanciones en los casos detectados de trabajo no declarado. 
Una mayoría de la comisión considera, sin embargo, decisiva la reducción de los impuestos y cotizaciones sociales como medida preventiva, así como una reducción de los tipos del IVA para servicios de gran intensidad de mano de obra, que la Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2000 ya permite y que ya se practica en nueve países. 
También es esencial encontrar soluciones en algunos aspectos hasta ahora insatisfactorios, como por ejemplo en el contexto de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y en relación con el trabajo doméstico remunerado, realizado principalmente por mujeres. 
El problema es complejo y se debe abordar también desde diversos ángulos. 
La comisión insta, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros individuales a que hagan suyas las propuestas del Parlamento en el ámbito de su competencia, pero sobre todo con firme determinación, y que comiencen a actuar. 
Yo espero que también podremos dar pruebas de un gran respaldo a favor del informe y de la determinación efectiva del Parlamento. 
Quiero manifestar mi agradecimiento a todas y todos los colegas por la buena colaboración mantenida, y muy especialmente a la ponente "en la sombra", Karin Jöns, por su permanente voluntad de diálogo. 
Antes acabar, señor Presidente, permítame que señale un error de imprenta. 
En el punto 25 de las conclusiones, la comisión solicitaba claramente el derecho a interponer una acción colectiva. 
Esto se debe revisar en el último texto presentado. 
De este modo quedará correctamente reflejada la voluntad de la comisión, tal como se expresó en la votación. 
Muchas gracias por su atención. 
. Señor presidente, este es un informe de gran utilidad sobre un asunto muy importante. 
Hay algunas partes que no me gustan, como por ejemplo el párrafo 13 que propugna la armonización fiscal. 
Me propongo presentar una enmienda a este párrafo porque, como ya sabrá el ponente, se trata de un tema al que los Conservadores del Reino Unido conceden mucha importancia. 
Pero el sentido general del informe es muy bueno. 
Hoy ha salido a la luz otro informe que fue un informe anual de la Comisión y al que se refiere el Financial Times de hoy bajo el maravilloso titulo "Bruselas exige una reforma laboral". 
Voy a citar brevemente el artículo: "En su evaluación de los países, la Comisión le dirá a Francia que, como Alemania, debería reducir la presión fiscal sobre el empleo y reducir la" carga administrativa de las empresas ". 
Ciertamente todo lo que promueva la flexibilidad laboral liberando a las empresas y reduciendo la carga burocrática de las mismas debe de ser bueno para las economías de esos países así como para el empleo. 
Pero es que también se refiere al problema del trabajo no declarado. 
Cuanto más altos sean los impuestos, más burocracia habrá y mayor será el incentivo para no declarar el trabajo. 
Me gustaría hacer una sugerencia más. 
Los países que tienen mayores cuotas de trabajo no declarado probablemente sean los que estén registrando tasas de desempleo más elevadas, y por lo tanto atrayendo las mayores cantidades de fondos regionales compensatorios. 
Esto es un fenómeno perverso y, en nuestro interés, deberíamos abordar el problema. 
Reducir los impuestos y la burocracia constituirá un punto de partida estupendo. 
Insto a los Estados miembros a que sigan el consejo de la Comisión y a que tengan en cuenta el informe Glase. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la necesidad de actuar frente al problema del trabajo sumergido es evidente en todos los Estados miembros, toda vez que los resultados conseguidos hasta ahora en la lucha contra el mismo todavía no son óptimos. 
Por esto, yo acojo con particular satisfacción la comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado, que abre el debate a escala europea. 
Esto enlaza con una de las peticiones fundamentales del en verdad excelente informe de la Sra. Glase. 
Tenemos que incorporar sin restricciones la lucha contra el trabajo sumergido a la estrategia de empleo europea. 
Ante un problema tan complejo, es necesario que el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la aplicación de las mejores prácticas de conformidad con el lema de eficacia ya probada de nuestra estrategia de empleo. 
Tenemos que ocuparnos intensamente del tema del trabajo sumergido, con el fin de poder abordar de manera eficaz sus diversas causas. 
Yo quiero alertarles contra cualquier simplificación. 
En nombre del Grupo socialista, quisiera rebatir ahora mismo tres de ellas. 
La primera es la reiterada afirmación de que la causa primordial del trabajo no declarado son los niveles excesivamente altos de los impuestos y las cotizaciones sociales. 
¡La cosa no es tan sencilla! , estimadas y estimados colegas del campo conservador. 
Consideremos, por ejemplo, los casos de Austria e Italia. 
Los impuestos son claramente más altos en Austria que en Italia. 
Aun así, el trabajo sumergido abunda mucho más en Italia. 
El alto nivel de los impuestos y las cotizaciones sociales es, por lo tanto, sólo una causa más entre muchas otras. 
O consideremos el caso de Escandinavia. 
Los impuestos y las cotizaciones sociales son bastante más altos allí. 
En cambio, el trabajo sumergido es relativamente escaso. 
Lo cual sin duda indica que su frecuencia también guarda alguna relación con su aceptación social, o sea, con la cohesión social de una sociedad. 
El trabajo no declarado no puede seguir estando considerado como un delito de guante blanco. 
En segundo lugar, yo quisiera rebatir el argumento según el cual la flexibilización del mercado de trabajo reduce el trabajo sumergido. 
Este instrumento supuestamente milagroso no funciona. 
Así lo demostró ya la era Thatcher en Gran Bretaña. 
El trabajo no declarado se incrementó durante ese período a pesar de que los gastos sociales se redujeron. 
Es decir, que la flexibilización en realidad sólo resulta eficaz cuando es posible mantener unos niveles relativamente altos de protección social.. 
En tercer lugar, el trabajo sumergido no es ante todo producto de la inmigración ilegal procedente de terceros países. 
Al contrario, el trabajo no declarado lo realizan mayoritariamente nuestros propios ciudadanos y ciudadanas. 
Tal como señala el informe de la colega Glase, necesitamos una combinación razonable de políticas nacionales y de ámbito europeo. 
La Unión Europea también debe contar para ello con la actuación solidaria de los poderes públicos, con el fin de evitar la adjudicación de contratos a empresas cuya oferta de precios se basa visiblemente en el trabajo no declarado. 
Estimadas y estimados colegas, también pedimos igualmente el derecho a interponer acciones colectivas, que facilitaría sobre todo las denuncias de los sindicatos contra las empresas de las cuales se sospeche que no declaran a su personal o sólo declaran una parte del mismo. 
Señor Presidente, aprovecho la ocasión para agradecer a la Sra. Glase su informe, cuyo contenido es muy eficaz. 
Se trata de un informe extraordinariamente complejo que en comisión definí prudente en algunos aspectos: prudente por motivos de necesidad, si se considera que la política de empleo atañe a los Estados miembros y, por lo tanto, no permite una competencia efectiva y objetiva del Parlamento Europeo y, por ende, de Europa. 
Por lo tanto, nos encontramos ante una dificultad objetiva en absoluto insignificante que tenemos que superar. 
Como acaba de decir la colega del Partido de los Socialistas Europeos, hoy se trata de poner a punto una nueva estrategia en la óptica compleja de todo el problema del trabajo y del empleo; una estrategia que invite a los Estados miembros a que, en primer lugar, hagan públicas sus realidades en lo que al trabajo y al trabajo no declarado se refiere. 
Hasta la fecha no disponemos de fichas pormenorizadas de todos los Estados miembros. Es decir, no sabemos cuál es la envergadura del problema en todos los Estados miembros, ni tampoco en aquellos Estados que ambicionan entrar en la Unión Europea. 
El problema es complejo: tenemos la incidencia de un porcentaje que crece todos los años y aumenta respecto al crecimiento del producto interior bruto, tenemos una incidencia del 15%, extraordinariamente significativa como media en los Estados de la Unión Europea, y este dato nos debe hacer reflexionar. 
En cualquier caso, por definición, el trabajo negro, el trabajo no declarado supone para todos un abuso contra aquellos que necesitan trabajar, también desde el punto de vista de la detracción fiscal que debe garantizar la solidaridad. 
En consecuencia, se trata de un delito contra la sociedad del cual nos tenemos que hacer cargo, como legisladores, en los términos que inciden en nuestra competencia directa en la materia. 
Así y todo, considero que en el informe hay indicaciones activas, por ejemplo, procedimientos activos que se pueden poner en práctica para luchar contra esta lacra del trabajo negro o no declarado. 
He presentado algunas enmiendas que ya fueron aceptadas por la ponente, por lo que no voy a abundar en ellas. 
Durante el tiempo que me queda, sólo deseo dedicar algunas palabras a una enmienda que para mí es muy importante y que pienso que ha tenido alguna dificultad a la hora de ser considerada objetivamente: se trata de la enmienda que se refiere al trabajo infantil no declarado, que voy a explicar muy sintéticamente. 
Se afirma que en Europa no existe el trabajo infantil, que quizás existe- como se ha dicho- en Italia y en los países del Sur. 
No es así. 
El trabajo de menores existe en cualquier parte y por todas partes: entre los inmigrados y los no comunitarios, entre todos esos jóvenes que salen de la formación antes de cumplir la mayoría de edad, que son explotados, están mal pagados, carecen de formación y que representan un serio problema de explotación y de trabajo no declarado porque no tienen una cualificación que pueda ser reconocida y retribuida adecuadamente. 
Por último, el trabajo no declarado afecta incluso a los menores de quince años. 
Por consiguiente, no finjamos que el problema no existe en Europa, porque sí que existe, y creo que el Parlamento puede pronunciarse con voz decidida también sobre esto para confirmar la madurez social, democrática y política de este Pleno. 
Señor Presidente, hay muchas clases de trabajo negro. 
Puede llegar a ser muy difícil fijar el límite entre el trabajo blanco y el negro. 
A veces, la culpa la tienen quienes eligen el trabajo negro para eludir impuestos. 
Los casos graves de trabajo no declarado se producen cuando éste está organizado. 
A menudo comprende a muchos trabajadores y se explica porque hay patronos que organizan y distribuyen estos trabajos para bajar sus costes de mano de obra y disminuir sus propios impuestos. 
Ésta es la esencia del problema. 
En muchos sitios el trabajo no declarado es un fenómeno bien conocido, tanto por la población local como por las autoridades. 
La explicación por la que en algunos casos no se interviene contra esta forma de trabajo hay que buscarla en la alta tasa de desempleo y en que la gente pobre carece de opciones frente a los patronos negros. 
También existe un argumento fiscal que tiene importancia para la Sra. Glase. 
Esto ya ha sido discutido. 
La Sra. Jöns señaló con justa razón que el trabajo negro casi no existe, en cualquier caso no de forma organizada, en los países y regiones en que la presión fiscal es bastante alta, o incluso muy alta, en que el mercado laboral está bien organizado y en que los trabajadores tienen sindicatos fuertes. 
Si la Sra. Glase y su Grupo pretenden rebajar los impuestos para hacer menos atractivo el trabajo no declarado, significaría también que se legalizarían los cálculos económicos de quienes organizan esta clase de trabajo, convirtiéndose en regla general. 
Sería como aumentar la velocidad máxima en las carreteras para disminuir el número de conductores que no la respetan o como legalizar el comercio con drogas para disminuir su comercio ilegal. 
Quedé muy impresionado al leer el informe original de la ponente, en el que se proponía obligar a los trabajadores de todos los centros de trabajo europeo a llevar tarjetas electrónicas para que pudiesen estar continuamente bajo el control de las autoridades. 
En mi opinión, los patronos son quienes organizan la producción y emplean a los trabajadores. 
Si se va a obligar a alguien a llevar tarjetas electrónicas, debería ser precisamente a los patronos, que tienen la responsabilidad del trabajo. 
Mi Grupo y yo opinamos que la lucha contra el desempleo y la pobreza es la mejor manera, realmente la única, de combatir desde sus fundamentos el trabajo no declarado, al menos cuando se trata de trabajo negro organizado. 
Mejorar los sueldos es un antídoto más eficaz que rebajar los impuestos o dar otros beneficios a los patronos irresponsables. 
Señor Presidente, creo que debemos comenzar felicitándonos no sólo por la calidad del trabajo de la Sra. Glase sino también porque este tema haya llegado ante este Parlamento. 
Estamos en una Europa cada vez más próxima de sus ciudadanos y, por lo tanto, no puede dejar de preocuparse por el empleo, porque el empleo es un bien que, junto con la salud, preocupa principalmente a los ciudadanos y, me atrevo a decir, sobre todo a aquellos que no lo tienen, porque lo han perdido o porque quizá nunca lo tuvieron. 
Aquí viene la reflexión ¿Tienen realmente un empleo adecuado quienes se ocupan en la economía sumergida, el trabajo negro o, según la denominación más comúnmente aceptada, el trabajo no declarado? 
No me parece éste el momento adecuado para enumerar los perjuicios del trabajo no declarado para las arcas públicas y para quienes lo realizan, por su propia situación de inseguridad, así como para los demás empleadores, competidores o no, y para la sociedad en general. 
En cuanto a las causas económicas del trabajo no declarado, los mayores ingresos de los trabajadores, las posibilidades ciertas de ahorrarse impuestos y cuotas de seguridad social o la reducción de costes de la empresa, no son ajenos a su aparición y a un crecimiento significativamente más rápido que el de la economía legal u oficial. 
Refiriéndome brevemente a los sectores o grupos en los que el trabajo no declarado puede tener mayores posibilidades de expansión, es preciso incluir las situaciones de pluriempleo que se complementan con ingresos obtenidos de ese trabajo al margen de la legalidad; el trabajo de personas inactivas en situaciones de mayor flexibilidad temporal y el caso de los parados que buscan un ingreso complementario rechazando, quizá, una oferta de trabajo. 
También debe considerarse la situación de la inmigración ilegal que no puede realizar otros trabajos. 
Al lado de estas situaciones fácilmente visibles, también se dan supuestos importantes en los casos de la descentralización productiva, de la externalización o de la subcontratación que, en forma menos directa y menos visible, pueden conllevar supuestos de trabajo no declarado. 
Una situación que debe prevenirse y que quiero poner sobre el tapete es la de las nuevas fórmulas de trabajo por Internet, el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial, que pueden ser fácil campo para la irrupción del trabajo no declarado. 
Es necesario prevenir, Señor Presidente, porque la apuesta europea ha de ser por un trabajo de calidad, estable y seguro, y el trabajo no declarado no es ni estable ni seguro y, por supuesto, tampoco es solidario. 
Señor Presidente, debemos aplaudir la decisión de la Comisión de abordar el problema del trabajo no declarado, y yo también debo felicitar a la Sra. Ponente puesto que, en un tema tan complejo, ha podido aclarar algunos puntos. 
Precisamente por lo crucial del problema quisiera hacer dos observaciones. 
Realmente, no es un tema cualquiera de importancia relativa, sino un tema básico, ligado a la efectividad de las políticas complementarias en el sector fiscal, en el de seguros y en el laboral. 
Con la rápida extensión del trabajo no declarado en los países industriales, este fenómeno ha dejado de ser una singularidad de los países del tercer mundo para los que, hace algunas décadas, la Organización Internacional de Trabajo creó el término "trabajo no declarado" que no debe asociarse con el trabajo ilegal. 
Se trata de un error y ruego que la Comisión lo tenga en cuenta. 
Así pues, en realidad, estamos siendo testigos de la creación de dos sistemas productivos y de dos modelos sociales. 
Uno, en el que los productores actúan analizando las responsabilidades y el coste que se deriva del sistema y otro, en el que actúan a costa de los primeros y del conjunto de la sociedad. 
Debemos entender que en el futuro, cualquier logro de las iniciativas europeas en el sector laboral, de seguros y fiscal pasa por las soluciones que se den a este tema. 
Así pues, el problema atañe por igual a los empleadores, a los trabajadores y al resto de la sociedad. 
En segundo lugar, considero un punto débil en la forma de solucionar el problema la referencia general al trabajo no declarado o a algunas categorías generales, cuando todos sabemos que el trabajo no declarado no se afronta como un fenómeno uniforme, sino con una política diferenciada, por sectores y subsectores, según las personas que lo promocionan y en consonancia con la patología de cada caso. 
Las distintas categorías que lo originan como son los migrantes, las minorías, los niños, las mujeres, los pluriempleados, no se pueden tratar de la misma manera. 
También existe un trabajo no declarado que prospera y algunos casos que, sólo en parte, son trabajo no declarado. 
También está el tema del trabajo por cuenta propia ficticio y de algunas nuevas formas de empleo. 
Por todo esto debemos encontrar soluciones innovadoras, al que no bastan las prohibiciones. 
Señor Presidente, la buena noticia es que en Europa no se está acabando el trabajo. 
La mala es que se trabaja, pero cada vez con mayor frecuencia este trabajo no se declara. 
El trabajo no declarado no es un delito de guante blanco. 
Tenemos que rechazar a los que se presentan como héroes en las peñas de amigos y se vanaglorian de engañar al Estado. 
En Alemania, por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo debido a la contratación ilegal supone 240 millones de marcos alemanes en impuestos y cotizaciones a la seguridad social no percibidos por cada diez mil empleos. 
En su excelente y equilibrado informe, Anne Glase cifra el volumen de trabajo no sumergido en la UE en un 10-20% del PIB. 
Los trabajadores no declarados no se encuentran únicamente entre los parados o entre los inmigrantes ilegales, explotados por quienes se aprovechan del desempleo. 
También se encuentran entre los trabajadores a tiempo parcial, que realizan un trabajo adicional por la tarde o por la noche en sus ordenadores, y también entre los trabajadores autónomos que además realizan trabajos no declarados. 
Esto afecta a las pequeñas y medianas empresas que cumplen la ley y se enfrentan con la competencia del trabajo ilegal. 
En estas condiciones no es posible la consolidación de los puestos de trabajo ni la creación de otros nuevos. 
¿Qué se puede hacer? 
En primer lugar, se deben sancionar los abusos, con la imposición de multas a quienes realicen trabajos no declarados y a quienes contraten a trabajadores no declarados. 
Quienes subcontraten trabajadores sin permiso de trabajo deben quedar excluidos de la contratación pública. 
Además, también deben saber que se exponen a una pena de prisión. 
En segundo lugar, es necesario un control exhaustivo por parte de las autoridades, también a escala transfronteriza. 
Las autoridades policiales deben colaborar con las inspecciones del trabajo, las administraciones tributarias y los departamentos de extranjería, preferiblemente en grupos de trabajo específicos. 
En tercer lugar, se deben reducir los incentivos que favorecen los abusos. 
Se deben reducir claramente los impuestos y cotizaciones sociales que pagan las empresas. 
Se debe rebajar el tipo del IVA para servicios de gran intensidad de mano de obra 
En cuarto lugar, es importante desarrollar más campañas de sensibilización, con objeto de persuadir a todos los grupos relevantes de la necesidad de luchar contra el trabajo no declarado. 
Éste causa enormes perjuicios económicos y sociales. 
¡El trabajo ilegal es antisocial! 
. Me gustaría dar las gracias a la Sra. Glase por su excelente informe. 
La Comisión abrió el debate en la primavera de 1998 con su Comunicación sobre el trabajo no declarado. 
Nos alegra poder decir que esto ha fomentado el debate tanto con las instituciones europeas como en los Estados miembros. 
Ha llegado el momento de recoger los frutos de ese debate. 
Por ello me alegro particularmente por la iniciativa del parlamento de retomar este asunto ahora. 
La Comunicación de la Comisión se centraba sobre la estrategia política para atajar este importante problema. 
Subrayó la necesidad de un enfoque integral para combatir el trabajo no declarado, que incluyese tanto medidas preventivas como sanciones. 
Esto contemplaba las dos dimensiones del trabajo no declarado que puede verse, por una parte, como un caso en que los individuos se aprovechan del sistema a la vez que socavan la solidaridad o como un tema de mayor flexibilidad del mercado de trabajo y de lentitud a la hora de adaptarse a la legislación vigente. 
Me alegra constatar que el Parlamento está de acuerdo con el análisis de la Comisión. 
El Parlamento también parece compartir la visión de que la acción principal debe tomarse al nivel de los Estados miembros. 
En realidad son la situación del mercado laboral en su conjunto, más la combinación de impuestos y seguridad social así como la aceptación social, los que determinan el nivel de trabajo no declarado. 
Por esa razón, en el ámbito de la Comunidad las acciones que pueden emprenderse son mínimas y deben de dirigirse claramente hacia aquellos sectores en los que la Comunidad puede tener algún impacto. 
La Comisión está igualmente convencida de que el trabajo no declarado debería ser tratado dentro del marco del proceso de Luxemburgo. 
Creemos que el trabajo no declarado debería ser tenido en cuenta seriamente en los planes nacionales de acción por el empleo. 
Estamos trabajando con los Estados miembros para asegurarnos que sea así. Agradecemos el apoyo del Parlamento en esta labor. 
Sin embargo, la Comisión puede tener una influencia en el desarrollo de una metodología para describir y medir la proporción de trabajo no declarado así como para evaluar su impacto sobre la economía y la solidaridad social. 
Esto lo hicimos con la Comunicación de 1998 y seguiremos haciéndolo. 
Efectivamente la Comisión está llevando a cabo actualmente un estudio sobre diferentes medidas usadas para combatir el trabajo no declarado en Estados miembros seleccionados para así identificar buenas políticas combinadas. 
Los resultados de ese estudio serán presentados en una conferencia a finales de año. 
Sin embargo, el disponer de un seguimiento anual y poder informar sobre este problema sería técnicamente muy complejo y no añadiría demasiado. 
No debemos olvidar que el trabajo no declarado es un fenómeno profundamente arraigado. 
Los cambios llevan tiempo. 
Para mantener este tema en la agenda y asegurar que se comuniquen los progresos realizados sugerimos que se informe sobre ello cada tres años. 
La Comisión está de acuerdo con el análisis del Parlamento según el cual las mujeres, aunque no constituyan la mayoría de los trabajadores no declarados, sí suelen encontrarse en situaciones de mayor inseguridad y explotación. 
Dentro de sus posibilidades la Comisión seguirá supervisando la situación e informando sobre ello dentro del marco de los informes actualmente previstos sobre el principio de la igualdad de trato. 
Esto es muy importante cuando se trata de la necesidad de mantener el ritmo en la introducción y el refuerzo de políticas de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Señor Presidente, por una cuestión de orden: las preguntas al Consejo ya no se responden dentro de los plazos previstos. 
A pesar de haberlo reclamado en dos ocasiones, el Consejo sigue sin responder a las preguntas del Parlamento Europeo. 
Yo le ruego que intervenga para garantizar que el Consejo también respete sus obligaciones en esta materia. 
Gracias, señor Rübig. 
Se dará el curso debido a su petición y a su observación. 
Señor Presidente, para una cuestión de orden. 
Respecto de las preguntas formuladas antes a la Comisión y al Consejo, usted sabe que, ante el choque petrolero que afecta a Francia, como a toda Europa, el Gobierno francés adoptó ayer varias medidas que trastornan en gran medida las condiciones de la competencia y de la lucha contra el efecto de invernadero y que tienen, por tanto, consecuencias europeas muy graves. 
La Sra. Loyola de Palacio ha hecho esta mañana una intervención extraordinariamente interesante sobre esta crisis europea en la prensa francesa.? Sería posible que ella misma o el Comisario de la competencia o los dos intervinieran durante este período parcial de sesiones para decir cómo piensa reaccionar la Comisión ante el choque petrolero y cómo piensan la Comisión y el Consejo impedir el desencadenamiento de un dumping fiscal en Europa y prepararla para afrontar ese choque petrolero? 
Desde luego, señor diputado, el punto que usted ha suscitado es de gran actualidad y urgencia, pero el orden del día está ya establecido y, por tanto, veo bastante difícil que pueda dársele satisfacción, aunque la Presidencia hará todo lo posible por atender su ruego. 
Señor Presidente, la pregunta de su Señoría tiene su importancia. 
El Presidente ha dicho con toda claridad que no será posible organizar un debate esta mañana. 
Voy a decir a la Sra. de Palacio y al Sr. Monti que el Parlamento quisiera oírlos y determinaremos, junto con la Presidencia, en qué momento hacerlo. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su disponibilidad. 
Deporte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
la declaración del Consejo sobre la lucha contra el dopaje y función social del deporte; 
la declaración de la Comisión sobre los traspasos de los jugadores de fútbol; 
el informe (A5-0203/2000) de la Sra. Zabell, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Plan de apoyo comunitario a la lucha contra el dopaje en el deporte (COM (1999) 643- C5-0087/2000- 2000/2056 (COS) )); 
el informe (A5-0208/2000) del Sr. Mennea, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de la Comisión al Consejo Europeo: Con la perspectiva de la salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y del mantenimiento de la función social del deporte en el marco comunitario- Informe de Helsinki sobre el deporte (COM (1999) 644- C5-0088/2000- 2000/2055 (COS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera agradecerles que hayan dedicado esta mañana al deporte. 
Dentro de ocho días, se inaugurarán los Juegos Olímpicos en Sydney, en los que se reunirán atletas de todo el planeta. 
El resultado no está escrito ni previsto; todo es incierto. 
Así es el deporte. 
Los campeones que se disponen a hacer soñar a sus Señorías tienen sus propios itinerarios. 
Muchos de ellos bordean el deporte profesional, pero, como saben sus Señorías, todos comparten al menos dos cosas: su selección es el resultado de años de esfuerzo, de entrenamientos minuciosos. 
En torno a ellos se han movilizado voluntarios, educadores, medios públicos y privados. 
Pero sobre todo comenzaron su práctica deportiva en un club asociativo o en una escuela. 
Por tanto, para defender el deporte hay que defender, al mismo tiempo y en la misma medida los clubes locales de aficionados y el deporte de alto nivel en sus dimensiones de aficionados o de profesionales. 
El deporte de alto nivel hace soñar, contribuye al desarrollo de un deporte de masas con una función social educativa. 
El deporte de alto nivel, aficionado o profesional, es hoy objeto de atención en los medios de comunicación de todo el planeta. 
Cada vez más hombres y mujeres practican un deporte, independientemente de su edad y su situación. 
El deporte ha adquirido un dimensión social. 
Así, pues, a nadie extraña que esa actividad humana resulte pervertida por actos de violencia o racismo o que suscite apetitos financieros. 
Lejos de mi intención demonizar la economía en el deporte. 
El deporte necesita medios, que no pueden ser sólo públicos. 
La cuestión no estriba en delimitar un deporte puro, sin dinero, y un deporte pervertido, que se beneficie del dinero. 
No, la verdadera cuestión es otra; se expresa del modo siguiente: ? tendrá el movimiento deportivo los medios para preservar la ética del deporte controlando el dinero de que se beneficia el deporte, impidiendo que dicho dinero dicte su ley al deporte? 
Seamos lúcidos: no se trata de un problema que vaya a plantearse dentro de veinte años, se plantea hoy. 
? Qué deporte queremos para el siglo XXI? 
Hay dos opciones posibles: o bien, a partir de la comprobación de esas desviaciones, consideramos que el deporte depende ya exclusivamente del mercado y los deportistas de su valor de mercado- y en ese caso, hay que aplicarle las normas de la competencia, añadir la desreglamentación a las locuras actuales, aceptar, en nombre de la libre circulación, que se venda, se compre a jóvenes de 18 a 20 años- o bien, a partir de lo que fue el desarrollo del deporte moderno en Europa, con sus valores humanos, sus estructuras asociativas, decidimos, en el marco actual, con los imperativos económicos y sociales, volver a brindar al movimiento deportivo los medios jurídicos e institucionales para proteger las prácticas deportivas en su diversidad dentro de las federaciones. 
Esta última opción, que es la de la Presidencia francesa, no significa un statu quo, sino que supone, al contrario, propuestas innovadoras del movimiento deportivo- y me congratulo de que así sea en relación con los traspasos- y de los Estados para luchar contra las desviaciones que experimenta el deporte y desarrollar las prácticas y proteger las estructuras asociativas en la cohesión de cada uno de los deportes. 
Señorías, el Parlamento Europeo ya ha trabajado enormemente sobre esa opción y en el nivel del Consejo estamos empezando a avanzar. 
En junio de 1997, los ministros de Deportes se reunieron en el Estadio de Francia y después en Alemania, en Finlandia y en Portugal. 
No olvidemos el anexo al Tratado de Amsterdam, las conclusiones del Consejo de Viena y el informe de Helsinki sobre el deporte el pasado mes de diciembre. 
Después en Feira, en Portugal, con ocasión del Consejo de junio de 2000, se formuló un llamamiento claro para que en adelante se tuvieran en cuenta las características específicas del deporte en la aplicación de las políticas comunitarias. 
La Presidencia francesa desea que logremos delimitar concretamente las especificidades deportivas y lo que entraña su reconocimiento. 
Así, conviene reconocer, muy precisamente, que el deporte remite en primer lugar a la práctica cotidiana de millones de hombres, mujeres, jóvenes, al compromiso de centenares de millares de voluntarios, que es un instrumento insubstituible de educación no estructurada, de inserción, de acceso a la ciudadanía, que el deporte, constituye, por tanto y ante todo, un medio de expansión, de encuentros con respeto de los demás. 
El deporte constituye un todo. 
Necesitamos la cohesión federal. 
Me congratulo de que el informe preparado por el Sr. Mennea y aprobado por la Comisión así lo subraye. 
En nombre de ese planteamiento, mis colegas de los Quince y yo hemos trabajado en estrecha colaboración con la Comisaria Viviane Reding. 
Después de dos reuniones de los grupos de trabajo creados por la Presidencia portuguesa, la celebración de una reunión de la Troika y numerosísimos contactos bilaterales con mis colegas de los Quince, los que voy a exponer a continuación son algunos de los objetivos que nos parecen más ampliamente compartidos en el Consejo. 
La primera cuestión se refiere a la protección de los jóvenes deportistas menores. 
Hay que lograr acabar con las transacciones comerciales con deportistas menores. 
Habría que adoptar medidas concretas para proteger la salud de los jóvenes atletas, en particular para prevenir el recurso a los productos dopantes y garantizar su escolarización y su formación profesional. 
Para ello, en el orden del día del Consejo de Ministros de Juventud, que se reunirá el 9 de noviembre, se ha incluido la cuestión de la protección de los jóvenes deportistas. 
Abrigo muchas esperanzas de que, respecto de la Directiva de 1994 relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, despejemos la perspectiva con recomendaciones precisas a ese respecto. 
En segundo lugar, deseo también que se establezcan disposiciones con vistas a preservar las políticas de formación de clubes deportivos. 
Las federaciones deportivas y los Estados, si lo desean, deben poder adoptar medidas idóneas para la protección de los clubes formadores. 
Se debe poder establecer cláusulas tales como la obligación del primer contrato profesional con el club fundador, en su momento compensadas con una indemnización proporcional al costo de la formación. 
Al mismo tiempo, las instancias deportivas internacionales tienen la obligación de adoptar medidas de control de gestión de los clubes a fin de evitar desviaciones, en particular en materia de traspasos. 
En tercer lugar, de forma general, me parece urgente reconocer el papel fundamental y excepcional de las federaciones. 
Creo que es necesario reconocer a las federaciones deportivas un papel fundamental en la organización de las competiciones deportivas, en el establecimiento de las reglas deportivas y en la entrega de los títulos. 
No se trata, en mi opinión, de conceder derechos a las federaciones sin contrapartida. 
Así, pues, pienso en que, al mismo tiempo que se les reconocen derechos exclusivos, se deben establecer con precisión los deberes y las responsabilidades de las federaciones deportivas en su misión de interés general, en el marco de la redistribución. 
El reconocimiento de las especificidades deportivas es un ámbito muy vasto. 
Es urgente que al final se logren en él avances importantes. 
Creo que se ha iniciado una carrera contra el reloj. 
Francia ha decidido hacer de ello una prioridad de su Presidencia. 
Tengo muchas esperanzas puestas en la contribución de este Parlamento. 
Por lo demás, entiendo el llamamiento de sus Señorías en pro de la inclusión de un artículo en el Tratado como la manifestación de su deseo de que se tengan suficientemente en cuenta esas preocupaciones. 
Paso ahora a la lucha contra el dopaje, asunto absolutamente prioritario. 
Por lo demás, veo que el Parlamento Europeo, en sus informes o sus resoluciones, comparte esa preocupación. 
Se trata, como saben sus Señorías, de una lucha larga y difícil. 
Por eso, se debe llevar a cabo sin tregua, en nombre de la salud pública y la preservación de la ética deportiva. 
Casos recientes muestran que no hemos llegado al final de nuestra tarea al respecto. 
Aun así, rechazo la posición fatalista- todos dopados- encaminada a hacernos renunciar a cualquier acción. 
Necesitamos la movilización del movimiento deportivo, pero también la del Estado, de la Unión Europea. 
La Agencia Mundial Antidopaje debe su existencia a la voluntad de la Unión Europea. 
El COI ha fijado objetivos de lucha contra el dopaje durante los Juegos Olímpicos de Sydney. 
Aun así, como saben sus Señorías, un debate recorre los Estados miembros de la Unión Europea sobre la oportunidad de una participación directa de la Unión Europea en las instancias de la Agencia Mundial Antidopaje y, como corolario, en su financiación. 
Me gustaría insistir en particular en este aspecto, puesto que de los intercambios con la Comisión Europea se desprende que ésta sólo se internará por la vía de la participación de la Unión Europea, como tal, si recibe una señal política expresiva y unánime. 
Por mi parte, creo que los fundamentos jurídicos de semejante participación existen. 
En efecto, el dopaje es un asunto de salud pública. 
Basta con ver la progresión del consumo de productos dopantes en los jóvenes deportistas aficionados. 
Es también un asunto relacionado con la lucha contra los tráficos y, por tanto, con la cooperación policial y aduanera. 
Por último, la lucha contra el dopaje tiene relación con el desarrollo de la investigación. 
Así, pues, como propone el informe preparado por la Sra. Zabell y aprobado por la comisión parlamentaria, el objetivo por perseguir será el de que la Unión Europea logre hablar con una sola voz, de forma ofensiva, para garantizar la eficacia de la Agencia. 
En espera de la resolución de los aspectos jurídicos relativos a la participación de la Unión Europea en la Agencia, mis colegas de la Troika y yo acabamos de crear un comité de enlace que será muy útil. 
Se trata también de hacer evolucionar el estatuto de la Agencia para que disponga de los medios con los que actuar en todos los países. 
La opinión pública, los deportistas y todos los que se interesan por la competición, esperan esas decisiones. 
Está en juego el crédito de la lucha contra el dopaje. 
Señorías, el deporte europeo se encuentra en un momento decisivo. 
Deseo que siga inspirándonos sueños, como también deseo que siga ofreciendo a los jóvenes el marco educativo y de inserción que necesitan. 
Que siga siendo para nuestros niños, en una palabra, una escuela de la vida. 
Pero hay que tomar en serio los apetitos que suscita y que lo amenazan. 
Estoy convencida de que las posiciones claras que sus Señorías se disponen a adoptar mediante la aprobación de los dos informes serán muy beneficiosas en este debate. 
Quiero expresar mi agradecimiento a sus Señorías y decirles lo mucho que deseo que podamos seguir trabajando juntos. 
Señor Presidente, el Parlamento me ha pedido que haga una declaración sobre el sistema de los traspasos y sobre todo el pánico que recorre el mundo del deporte y del que se hace eco la prensa. 
Resulta evidente que he tomado buena nota de las declaraciones de la Sra. Buffet. 
Por lo demás, le agradezco de todo corazón el trabajo que con tanta dedicación hace la Presidencia francesa en pro del deporte y la solidaridad de que da muestras con la Comisión y el Parlamento. 
Espero de todo corazón que la Presidencia francesa se salde con un resultado muy positivo para el deporte en el nivel europeo. 
Señor Presidente, al final del debate contestaré, si me lo permite, al informe sobre el dopaje y sobre la dimensión del deporte. 
Así, pues, ahora sólo voy a hacer una declaración sobre el problema de los traspasos. 
El criterio adoptado por la Comisión respecto del deporte figura expuesto en su informe de Helsinki. 
Queremos que el deporte tenga una función social. 
Este informe pide al movimiento deportivo, a los Estados miembros y a la Unión Europea que hagan converger sus medidas para permitir al deporte, en su nuevo marco económico, seguir desempeñando un papel de instrumento de educación y de integración a partir de los valores del juego limpio, la igualdad de oportunidades y la valorización del mérito. 
Ni que decir tiene que las disposiciones de la legislación comunitaria y, en particular, los principios de no discriminación y libre circulación de las personas, así como las normas de la competencia, son aplicables al deporte. 
También es evidente que- como subraya la declaración aneja al Tratado de Amsterdam- la Comunidad Europea reconoce el alcance social del deporte y la importancia del diálogo con el movimiento deportivo. 
Con esa óptica, Señorías, y bajo la dirección directa de mi colega Mario Monti, la Comisión está examinando varios asuntos de competencia relativos al deporte. 
La Comisión reconoce que el movimiento deportivo es libre para determinar las reglas del juego necesarias para su buen funcionamiento. 
La Comisión reconoce la especificidad del deporte, en el sentido de que necesita cierto grado de igualdad en el plano de la competencia entre los jugadores y los clubes para garantizar la incertidumbre de los resultados, lo que constituye la esencia misma del deporte, como acaba de subrayarlo la Ministra. 
La Comisión tan sólo instruye los asuntos que revisten una dimensión comunitaria y económica. 
En cuanto al asunto actual de las normas sobre traspasos de la FIFA, deseo recordar que ya en 1998, a raíz de la presentación de ciertas quejas, la Comisión puso en entredicho la compatibilidad de las normas sobre traspasos de la FIFA con las de la competencia y le dirigió una lista de quejas. 
La Comisión considera que las normas de la FIFA obstaculizan los traspasos de forma abusiva. 
Así es en particular cuando dichas normas establecen las condiciones de un traspaso al final del contrato de un jugador, incluso cuando ha expirado, conforme a la legislación nacional en materia de empleo y a las cláusulas del contrato, y se ha determinado y pagado la indemnización financiera prevista por dicha legislación. 
Al contrario de lo que afirman ciertos artículos de prensa, en modo alguno tiene la Comisión la intención de abolir pura y simplemente el sistema de traspasos ni de crear una situación que permitiría a los jugadores poner fin a su contrato por una cabezonada. 
La Comisión, como custodia de los Tratados que es, desea que la FIFA aplique un sistema de traspasos que respete tanto los principios del derecho comunitario como los de la especificidad del deporte. 
Ahora bien, el sistema actual no responde a ninguna de esas exigencias. 
Obstaculiza la competencia entre los clubes y la libre circulación de los jugadores y no ha impedido el exceso de comercialización del deporte, el aumento de la fisura abierta entre los clubes ricos y los que disponen de medios financieros limitados y tampoco ha impedido que los jugadores- y, en particular, los más jóvenes- lleguen a ser objeto de especulación. 
Durante muchos años, Señorías, la Comisión ha esperado "con paciencia" a que la FIFA presentara fórmulas de substitución del sistema actual que nos habrían permitido encontrar juntos una solución satisfactoria y equitativa para todos. 
Mario Monti y yo hemos mantenido contactos con el mundo del fútbol. 
Hemos indicado que, conforme a la legislación nacional en materia de empleo, una forma u otra de compensación está justificada cuando un jugador rompe su contrato con un club para incorporarse a otro. 
Hemos subrayado que, para no falsear el desarrollo de los campeonatos, la Comisión está dispuesta, evidentemente, a aceptar normas que limiten los traspasos a períodos determinados y sobre todo hemos afirmado que había que alentar las medidas de formación de los jóvenes para que se pueda aceptar, naturalmente, la compensación financiera- que refleja los gastos hechos por un club para formar a los jóvenes -, salvo si engendra, naturalmente, una situación de dependencia abusiva de los jóvenes jugadores respecto de los clubes. 
Hasta hace unos días llevábamos años sin recibir respuesta alguna. 
Es evidente que la Comisión no puede esperar indefinidamente y ésa es la razón por la que Mario Monti y yo hemos declarado con toda claridad estos últimos meses que la FIFA debe proponer otras soluciones o, si no, aceptar- cosa que nadie desearía- el riesgo de que se adopte una resolución en la que se apruebe una prohibición. 
Mario Monti y yo nos congratulamos de saber que esta vez nuestro llamamiento parece haber sido escuchado. 
La semana pasada, la FIFA reconoció que sus normas en materia de traspasos no se ajustan a la legislación comunitaria y anunció su intención de instaurar otro sistema. 
Como no se han concluido todos los detalles de dicho sistema, no puedo comentarlos en el estado actual de cosas. 
Pero hemos recibido un primer esbozo de propuestas. 
Esta tarde, voy a reunirme con los dirigentes de la UEFA y una delegación de las ligas nacionales. 
También ellos harán propuestas. 
Los servicios de Mario Monti están listos para examinarlas con la mayor brevedad y con la ayuda de mis servicios y de los de Anna Diamantopoulou. 
Así, pues, nuestras puertas están siempre abiertas para la celebración de cualquier debate, cualquier negociación, que permita alcanzar un consenso. 
Permítaseme concluir insistiendo en el compromiso de la Comisión a favor del modelo europeo del deporte y de sus valores. 
El Parlamento Europeo ha afirmado en varias ocasiones- cosa que le agradezco de todo corazón- que comparte este compromiso. 
Creo que lo reafirmará al aprobar su informe que versa sobre el informe de Helsinki. 
La Presidencia francesa- ya lo he dicho al comienzo de mi intervención- ha manifestado el mismo interés por el deporte y sus valores, en nombre del Consejo, por lo demás. 
Así, pues, si no me equivoco, estamos todos en la misma longitud de onda. 
La Comunidad actúa en pro del deporte y de la belleza del juego, por lo que estoy convencida de que, si todos ponen de su parte, pronto habrá a la vista una solución satisfactoria por el bien del deporte, del fútbol y de Europa. 
. 
Señor Presidente, el dopaje no es un problema nuevo, ni siquiera ha empezado en este siglo sino que viene del siglo pasado. 
De hecho, en 1896 se produjo la primera muerte por dopaje, cuando un ciclista ingirió estupefacientes. 
Las primeras medidas contra el dopaje, sin embargo, se empezaron a tomar después de los juegos olímpicos de Helsinki en 1952; pero fue en el "Tour" de 1998 cuando se desbordó el vaso y se empezó a luchar seriamente contra el problema. 
De hecho, ya hemos oído esta mañana que es una prioridad de la Presidencia francesa, del Consejo y también de la Comisión. 
Tenemos que analizar por qué existe y por qué ha aumentado tanto el dopaje en los últimos años. 
Por un lado, cabe citar la sobrecomercialización que está sufriendo el deporte, así como la saturación de los calendarios deportivos y una mayor exigencia tanto física como mental para los deportistas. 
Y es que antes, el lema del deporte era el de Pierre de Coubertin, "lo importante es participar". 
Ahora, sin embargo, parece ser que el primero gana, el segundo pierde y los demás simplemente participan. 
Por otro lado, no debemos olvidar que últimamente se hacen cada vez más análisis, muchos de ellos fuera de competición, y esto también hace que, lógicamente, se descubran más casos de dopaje. 
Sin embargo, es muy importante distinguir entre dos tipos de dopaje: por un lado, existe el intencionado o planificado, es decir, un equipo planifica qué sustancias debe tomar el deportista y cuándo, para mejorar su rendimiento físico. 
Lógicamente, es más habitual en los deportes con mayores recursos económicos. 
Por otro lado, existe el dopaje accidental, que muchas veces ni siquiera mejora el rendimiento físico del deportista. 
Suele ser más habitual en deportes con pocos recursos por lo que, muchas veces, la opinión pública ni siquiera se entera de lo sucedido. 
Obviamente, hay que luchar contra los dos, aunque cada uno debe enfocarse de una manera muy distinta. 
Luchar contra el dopaje intencionado o planificado es mucho más difícil. 
La cooperación policial juega un papel muy importante, porque no tenemos que olvidar que el tráfico de sustancias dopantes mueve 1.000 millones de euros al año. 
Es importante también escuchar al deportista a la hora de elaborar los calendarios deportivos o de planificar una competición o una prueba: a veces, le exigimos más de lo que el cuerpo puede dar sin tener que recurrir a ayudas externas. 
Sobre todo, hay que luchar contra el dopaje globalmente. 
No es un problema aislado de un Estado miembro y, por lo tanto, la presencia de la Unión Europea en la Agencia Mundial Antidopaje es totalmente imprescindible. 
Luchar contra el dopaje accidental es mucho más fácil. 
Principalmente, se debe a la falta de información de los deportistas y por eso el informe propone que las cajas de los productos farmacéuticos lleven un indicador que conste de cinco aros olímpicos y un semáforo. 
Así, al comprar un medicamento, los deportistas podrán ver claramente la luz roja del semáforo que indica el riesgo de dar positivo en un control, o la luz verde que indica que no corren ningún riesgo, o la luz naranja indicando que pueden correr un riesgo y que deberían llamar a su médico o a algún especialista para que les aconseje. 
Esto es muy importante, porque ahora tenemos quince Estados miembros con quince listas de sustancias prohibidas, y en cada país puede cambiar el nombre comercial del mismo medicamento. 
A ese respecto, se solicita la intervención de la Agencia Europea de los Medicamentos. 
Sin embargo, aunque los tipos de dopaje son distintos, los deportistas reciben el mismo trato y, desde el momento en que el resultado es positivo se les considera culpables, sin derecho a demostrar su inocencia y sin valorar si ha habido o no intencionalidad en este dopaje, como ocurre en los demás hechos de la vida. 
Hacemos también un llamamiento a la Comisión Europea para solicitar que el Quinto Programa Marco investigue sobre las sustancias dopantes y su impacto en la salud de los deportistas, sobre los métodos de detección y los límites naturales de las hormonas que puede llegar a producir el cuerpo humano. 
En cuanto a los laboratorios, es muy importante que cumplan unas normas ISO respecto a la uniformidad para la recogida y el análisis de muestras y también que haya protección y confidencialidad, tanto en la recogida como en la tramitación del expediente, para preservar el derecho al honor y a la intimidad de los deportistas. 
Por último, me referiré a las sanciones. 
Cuando haya intervenido otra persona además del deportista, como puede ser un club, una asociación, una federación, un médico, un entrenador, etc., éste debe estar sujeto también a una sanción, exactamente igual que el deportista, porque no olvidemos que la vida activa más corta siempre será la del deportista. 
. (IT) Señor Presidente, por lo que respecta al deporte, la Unión Europea deberá actuar para que el mismo desempeñe su justo papel, se le preste la debida atención y se regule con normas claras y concretas. 
El sistema deportivo al que debe aspirar Europa debe lograr convertir en efectivo el derecho de todos los ciudadanos al deporte tratando de mantener su función social y sus valores tradicionales teniendo en cuenta, no obstante, la evolución económica y jurídica de la actividad deportiva. 
Por esta razón, la Declaración sobre el deporte aneja al Tratado de Amsterdam, ya no es suficiente para garantizar la consecución de los objetivos fijados. 
El deporte necesita una nueva definición, pues debe ser considerado una actividad inseparable de la educación y de la formación de los jóvenes, del tiempo libre y de la recuperación social de los marginados y de los minusválidos. 
En definitiva, el deporte debe constituir un elemento esencial para promover la educación y la integración de todas las clases sociales. 
Asimismo debe ser capaz de adaptarse al nuevo marco comercial en el ámbito del cual debe desarrollarse sin perder su autonomía. 
Con el fin de que la Unión Europea pueda ser útil para el cambio y la evolución del mundo del deporte son necesarias algunas innovaciones. 
La Comisión ha reiterado en muchas ocasiones que no puede garantizar la estructura piramidal en que actualmente están organizadas las asociaciones deportivas y la función social del deporte. 
Por lo tanto, es indispensable un fundamento jurídico, ya que sin él se corre el peligro de frustrar los objetivos alcanzados hasta ahora. 
Europa debe ser más contundente en la lucha contra el dopaje, un fenómeno que por desgracia va en aumento y que no sólo afecta al mundo del deporte: la difusión de esta lacra ha generado el incremento de actividades ilícitas muy rentables de las que se han beneficiado muchas organizaciones delictivas, y hay que reconocer que la lucha contra el dopaje, encomendada sólo a las asociaciones deportivas, ha sido un fracaso total. 
Europa, por lo tanto, debería examinar la posibilidad de promulgar una normativa penal comunitaria válida para todos los Estados miembros y tendría que tomar en consideración la creación de una Agencia Europea Antidopaje independiente y transparente. 
Asimismo, todas las actividades económicas relacionadas con el deporte han de someterse a las disposiciones del Tratado. 
La actividad que las asociaciones deportivas ejercen en régimen de monopolio ha planteado numerosos problemas y, en consecuencia, debe someterse a un cuidadoso control y, a ser posible, debe reducirse. 
Hay que animar el asociacionismo en el deporte, siempre y cuando se proponga objetivos de solidaridad en favor de las actividades deportivas más desfavorecidas y de las personas menos favorecidas en términos de condiciones sociales, especialmente de los discapacitados. 
Es preciso mejorar el papel que desempeñan el deporte y la enseñanza de la educación física en los programas de las escuelas. 
Asimismo, los Estados miembros deben proteger y considerar adecuadamente la actividad laboral y el estatuto de los deportistas. Creo que es un deber de la Unión Europea ayudar para incorporar al mundo del trabajo a aquellos atletas que, una vez concluida la actividad deportiva, no han pensado en su futuro. 
Asimismo, Europa debe pedir un reconocimiento a escala europea de las cualificaciones profesionales de los deportistas y que se promueva su formación profesional. 
Es preciso luchar decidida y fuertemente contra el comercio de jóvenes deportistas pidiendo que se retrase al máximo el paso y la afiliación de los jóvenes al profesionalismo. 
Asimismo hay que conseguir que los estatutos de las federaciones deportivas nacionales e internacionales prevean funciones y contengan normas claras y concretas. 
Es preciso luchar contra la violencia que se produce con ocasión del desarrollo de acontecimientos deportivos y garantizar la protección de los propios ciudadanos. 
Hay que eliminar asimismo la relación deportiva por tiempo indefinido vigente en muchas federaciones deportivas, puesto que la misma viola los principios más elementales de las constituciones de los Estados miembros. 
Por último, sin un fundamento jurídico para la palabra "deporte", Europa no logrará hacer mucho en este terreno y, en consecuencia, deberá considerar la posibilidad de asumir cierta autonomía en este sector, no para quitársela a otros organismos, sino para dar una contribución indispensable a la salvaguardia de los valores y de las funciones del deporte. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior le preocupa ante todo que en la futura política de la Unión Europea se sigan respetando las disposiciones de los Tratados, tal como las concretó la sentencia del caso Bosman. 
Por consiguiente, agradecemos que la comisión competente haga suyas en al informe nuestras peticiones en este sentido. 
También apoyamos sin reservas la posición de la Comisión Europea en relación con este tema. 
Las normas en materia de competencia y la libertad de los trabajadores así lo exigen, tal como ya ha expuesto con acierto la Sra. Reding. 
Por esto yo lamento particularmente la escasa capacidad de aprendizaje y de diálogo que han demostrado en los últimos días los titulares de algunos cargos en las federaciones de fútbol y otras federaciones deportivas. 
Al menos, cuando uno lee las declaraciones de estos últimos días, no puede evitar pensar que confirman el prejuicio según el cual las verdaderas cualidades de algunos futbolistas residen en sus piernas más que en su cerebro. 
Cuando se pide que intervengan los Jefes de Gobierno y que éstos le den prácticamente la vuelta al Derecho europeo, yo sólo puedo replicar que esto es otra prueba de su aparente desconocimiento de la situación jurídica. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno no tienen absolutamente ninguna competencia en la materia. 
La responsable de velar por el cumplimiento de los Tratados es la Comisión Europea y ésta cumple exactamente las tareas que debe cumplir. 
Permítanme que reitere explícitamente mi apoyo sin reservas a la posición la Comisión en relación con este tema. 
Señor Presidente, diez días antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, el fantasma del dopaje se cierne sobre Sidney. 
El Comité Olímpico Internacional se está burlando de nosotros, creo, y nos habla de unos Juegos Olímpicos "limpios", cuando sabemos que, hace un mes, han robado del hospital de Sidney mil inyecciones de eritropoyetina¸ y que todos y cada uno de los laureados olímpicos afirman, ya abiertamente, que los test antidopaje se pueden realizar para todas las substancias prohibidas, pero que el Comité Olímpico Internacional no los lleva a cabo, porque acaba cediendo a las presiones de los grandes intereses económicos. 
La ministra, Sra. Bouffet, que hoy nos ha hablado tan sabiamente, declaró el día 4 de agosto al "Le Monde": "Lo que principalmente hace falta en la lucha contra el dopaje es una voluntad política firme." 
Y, señor Presidente, por lo que parece, es muy difícil ejercer esta voluntad política bajo la presión de la comercialización, y también bajo la presión de la equivocada y superficial divisa: Más rápido, más alto, más fuerte ". 
Es aún más difícil ejercer esta voluntad política cuando la oferta de las substancias prohibidas pide algo más, pide más, con un volumen de ventas que, como hemos oído, es de mil millones de euros, volumen mucho mayor, muchísimo mayor si tenemos en cuenta también el dopaje suave, que continuamente se extiende por los gimnasios, por los institutos de belleza y ya no sé ni por dónde más. 
Debemos desempeñar nuestro papel político, lo más rápido posible; debemos homogeneizar las listas de las substancias peligrosas, equiparar los métodos para analizar las nuevas substancias que la industria crea constantemente; debemos homogeneizar las sanciones, la búsqueda de los responsables y la aplicación de las sanciones. 
Y, por supuesto, la Unión Europea debe participar más activamente en la Agencia Mundial Antidopaje, precisamente con todo lo que nos ha dicho la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo, con lo que estoy de acuerdo. 
Para terminar quisiera decir, señor Presidente, que esta Agencia Mundial Antidopaje en Sidney, hoy en día es simplemente un observador. 
Bueno, pues observando no hacemos nada en la lucha contra el dopaje. 
Señor Presidente, el deporte es popular. 
La EURO 2000 acaba de finalizar. Los Juegos Olímpicos van a comenzar y, sobre todo, cada vez hay más gente que hace deporte en su tiempo libre. 
Es sano. 
Une a las personas, personas de todo tipo, clase, edad y raza. 
Por supuesto, esto resulta extraordinariamente importante en una sociedad altamente individualizada como en la que vivimos. 
Al mismo tiempo, ya se ha dicho, también muchas veces encontramos aspectos negativos: la violencia que rodea los campos de deporte; el recurso al dopaje; el aumento del empleo de sustancias reforzantes, también aumenta su uso en el deporte aficionado; y la gran presión a que se ven sometidos los deportistas como consecuencia de los importantes intereses económicos en juego. 
De ahí que celebremos francamente que la Comisión Europea haya tenido la iniciativa de acentuar la función social del deporte y de examinar cómo puede conciliarse su dimensión económica con su función educativa y con sus restantes funciones. 
El PPE respalda sinceramente este objetivo y ha presentado enmiendas encaminadas a reforzar esta tendencia. 
Propuestas dirigidas a ofrecer un mayor apoyo a las organizaciones deportivas a fin de que inviertan en las personas, en el espíritu deportivo, y dirigidas a mejorar el marco jurídico del deporte. Ahora mismo, tan sólo contamos con la declaración que figura en el Tratado de Amsterdam. 
En cuanto a algunos de los problemas concretos del deporte, quiero decir lo siguiente. 
La cuestión de los traspasos. 
Desde la sentencia Bosman, los clubes pequeños, especialmente, se enfrentan a graves problemas, la Comisaria ya lo ha señalado, en particular en los países más pequeños, como los Países Bajos, de donde soy. 
No cuentan con suficiente respaldo y compensaciones ante las a menudo importantes inversiones efectuadas en entrenamiento y formación. 
Esperamos que la Comisión, en colaboración con las organizaciones deportivas, presente también propuestas a corto plazo para solucionar esta cuestión. 
Así mismo, asociaciones deportivas como la UEFA y la FIFA ya han efectuado propuestas en este sentido. 
Debemos lograr un acuerdo internacional en cuanto a qué se considera dopaje y debemos conseguir que la Agencia Mundial Antidopaje lo respalde. 
Sería positivo que los productos farmacéuticos contaran con un logo "doping-safe" y una indicación; así mismo, sería bueno seguir una mejor política activa en materia de prevención. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, el Grupo Socialista había solicitado que la Comisión hiciera una declaración sobre el tema de actualidad de los traspasos en el fútbol y que se añadiera a este debate conjunto. 
Saludo la declaración que ha hecho la Sra. Comisaria, que cuenta con nuestro apoyo. 
Le recomiendo que, en el futuro, venga al Parlamento antes de que se multipliquen las filtraciones de la administración de la Comisión, lo que ha obligado a la Sra. Comisaria a salir con brío y con valentía ante la prensa a decir verdades como puños. 
Pero sería mejor que vinieran antes al Parlamento y que contaran con nuestro apoyo. 
El tema de los traspasos quizá sintetice de manera ejemplar la situación del deporte en este momento. 
Hay dos informes, el informe Zabell y el informe Mennea, elaborados por laureados olímpicos. 
En vísperas de Sidney, quiero recordar que la primera y quizá la mejor aportación que hizo Europa, la Grecia antigua, a la paz fue precisamente la de los Juegos Olímpicos. 
Hablan del deporte como un derecho de los ciudadanos, con una función social y cultural. 
En los traspasos hay un componente que se justifica en función de la contribución a la formación y a la preparación de los deportistas. 
Esto tiene sentido y hay que regularlo, y hay que apoyar a la juventud y a los pequeños clubes para que puedan promocionarse. 
Otra dimensión que es la del big business, la de un negocio que en muchos países se está convirtiendo en el segundo sector de la economía. 
Estamos ante una especulación desaforada, insostenible a largo plazo. 
Un club importante de mi ciudad natal ha hecho el mayor traspaso de la historia del fútbol europeo- 70 millones de euros-. 
El interesado ha dicho que eso era absurdo y el presidente del club ha dicho que está en una situación económica gravísima. 
Si aplicáramos las leyes de la economía, tendríamos que actuar de otra manera. 
Por lo tanto, creo que la Comisión debe actuar. 
Ha conseguido que la FIFA empiece a entrar en razón. 
Mi Grupo y yo mismo le manifestamos nuestro apoyo y sostenemos que se ha de continuar una acción que verdaderamente exprese y garantice ese derecho de los europeos. 
En los Estados Unidos en los años 40, en virtud de la legislación anti-trust, se aplicaron a Hollywood medidas como las que propone la Comisión. 
Pero Hollywood no se hundió, al contrario. 
Hoy tenemos un problema económico importante para hacer frente a la pujanza de la industria cinematográfica americana. 
Acojo con satisfacción el hecho de que el informe Zabell intente abordar el problema del dopaje intencionado y que parta de la presunción de inocencia tomando como base la Carta de los Derechos Humanos. 
Lamentablemente, la Asociación Internacional de Atletismo no presumió que los atletas del Reino Unido- Linford Christie, Dougie Walker y Gary Cadogan- fueran inocentes. 
A pesar de las pruebas, basadas en la investigación de la Universidad de Aberdeen, de que la nandrolona puede producirse a través de la combinación de complementos dietéticos junto con un entrenamiento enérgico, a ocho días de las Olimpiadas, Mark Richardson sigue esperando en la villa olímpica sin saber si podrá participar o no. 
Linford Christie ha hecho campaña a lo largo de toda su carrera en contra del dopaje en el deporte. 
Él no haría nada ahora que pudiera poner en peligro su carrera. 
Estos casos demuestran la necesidad de que la Agencia Mundial Antidopaje armonice el procedimiento disciplinario para proteger los derechos de los atletas y que, al mismo tiempo, castigue prontamente a aquellos que toman drogas a sabiendas y son culpables de dopaje. 
Señor Presidente, yo quisiera insistir en primer lugar en lo que ya ha manifestado el Sr. Mennea y preguntar a continuación si cuando hablamos de la importancia social del deporte nos referimos al antiguo "pan y circo" -o "deporte y circo" -o a la prevención en materia de salud y al deporte como transmisor de valores. 
Nunca se ha aclarado cómo debemos interpretar dicha importancia social en la práctica. 
Desde un punto de vista general, yo debo decir que el deporte de elite, del que en general se está hablando aquí, no es necesariamente una actividad sana, como tampoco lo es el deporte en condiciones extremas, que yo practico o he practicado. 
Sólo los dioses del Olimpo saben si el deporte de elite es sano. 
¡Nosotros lo ignoramos! 
Veamos ahora los hechos. 
Las redes mundiales de comunicaciones han incrementado progresivamente el apetito de estrellas, sensaciones y récords en nuestra sociedad de consumo. 
Los funcionarios e intermediarios han convertido el "deporte y circo" en una industria del espectáculo comercial, que actualmente ya es una de las mayores del mundo, y la comercialización obviamente continúa avanzando. 
Y el dopaje sistemático en aras de dicha comercialización sigue haciendo girar la rueda. 
Estos son los hechos y será imposible modificarlos a menos que mejoremos la transparencia, a menos que creemos una agencia antidopaje independiente a la que todos tengan acceso y cuya actuación sea comprensible para todos. 
Gracias, señor Presidente. El dopaje revela en nuestras sociedades la inversión de los valores, en la que el fin justifica los medios. 
Es ante todo un fraude, un fraude a uno mismo y a los demás. 
Por eso hay que instaurar un vasto programa de educación para devolver el honor a los verdaderos valores del deporte: "deporte, escuela de vida", "deporte, ejemplo para los más jóvenes". 
El deporte debe brindar en todos los niveles, incluido el más alto, la oportunidad de enseñar las virtudes del esfuerzo, del riesgo, del espíritu de equipo y del respeto de los demás. 
La Comisión ha hecho bien en recordar que una de las primeras causas de la extensión del dopaje radica en los intereses comerciales, ya vinculados al deporte. 
Por eso, habría que incluir más intensamente en nuestra reflexión la posibilidad de sancionar más severamente a los diferentes agentes económicos que incitan a cometer el dopaje y se aprovechan de él. 
Por último, si el deporte ha llegado a ocupar un lugar importante en nuestras sociedades, tal vez sea porque ha llegado a ser el único medio para que una nación muestre su grandeza. 
Tal vez deberían las naciones encontrar otro medio de anunciar al mundo su grandeza y su orgullo y no impedir que se piense en ese momento en las monedas nacionales, que son un atributo esencial de la soberanía y la grandeza de un país. 
Hoy, cuando el euro, la moneda de los eurobeatos, se desploma, es urgente que todas las naciones puedan conservar una moneda nacional, igual que conservan unos equipos deportivos nacionales de los que tanto se enorgullecen, sin dopaje. 
Éste es un debate importante y quiero respaldar las ideas contenidas en ambos informes, en particular, aquéllas de la Sra. Zabell sobre dopaje, y también las observaciones de la Sra. Lynne sobre la presunción de inocencia, porque eso es importante. 
Actualmente, todos reconocemos que el deporte es un gran negocio. 
Este extremo queda especialmente claro en el caso del fútbol, con sus enormes sumas por los traspasos, unos salarios a menudo ridículamente elevados y las transacciones en bolsa, pero no es sólo el fútbol. 
Otros deportes también manejan enormes sumas de dinero. 
Fórmula 1 es un buen ejemplo. 
En el Reino Unido se permitió donar incluso un millón de libras al partido Laborista. 
El deporte maneja mucho dinero y no puede pretender quedar exento de las reglas del mercado libre. 
No obstante, discrepo con el llamamiento que hacen los informes en favor de incluir una cláusula sobre el deporte en el Tratado. 
Jacques Santer tenía toda la razón cuando dijo que Europa debía hacer menos, pero hacerlo mejor. 
Intentemos, por lo tanto, funcionar dentro de nuestros medios. 
Intentemos funcionar dentro de los poderes que ya tenemos. 
Lo que hace falta en lo relativo a las primas de traspaso es una buena dosis de pragmatismo y sentido común. 
Respaldo las observaciones que ha hecho la Sra. Comisaria esta mañana. 
Confío plenamente en su capacidad y su actitud y le deseo mucha suerte en las próximas negociaciones. 
No obstante, quisiera decir que no hay ninguna prisa. 
La FIFA ha sido muy lenta en su actuación y debe ser criticada por ello, pero la Sra. Comisaria debe también estar dispuesta a escuchar a los clubes pequeños, a las organizaciones de jugadores y a los espectadores. 
Esforcémonos por conseguir una buena solución que podamos defender, en vez de una solución esta misma tarde o esta semana o este mes. 
Es algo que debemos arreglar de manera que la población de Europa lo entienda. 
Europa necesita amigos, no enemigos. 
Debemos evitar que los espectadores del fútbol se sumen a aquellos que no entienden qué es lo que se pretende con Europa. 
Presente una buena solución y recibirá el respaldo de esta Asamblea y el respaldo de los aficionados al fútbol de toda Europa. 
Señor Presidente, yo también agradezco al Sr. Mennea y a la Sra. Zabell que hayan puesto de relieve el papel crucial que actualmente juega el deporte en todas nuestras vidas. 
Para comenzar, debo decir que la importancia del deporte como industria es bien conocida, pero sería un error y una gran pérdida para nuestra sociedad que el deporte se convirtiera en otra industria más. 
Todos vivimos más años y el deporte ocupa una parte importante de nuestro tiempo. 
El deporte existe no sólo para revitalizar nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes y nuestras almas, y debemos reconocer la importancia de este hecho en la legislación europea. 
Por ello apoyo el llamamiento en favor de un fundamento jurídico que equipare nuestras competencias a las de aquéllas de la todopoderosa Organización Internacional de Deportes. 
Los europeos comparten la pasión de ver y participar en el fútbol, desde Newcastle, pasando por Dortmund, hasta Barcelona, pero es importante animar a la población local para que se una a sus clubes. 
Por ello quisiera decir que los equipos más constantes deberían formarse a partir de cero y no ser adquiridos sencillamente. 
El sistema necesita una maquinaría bien engrasada compuesta de clubes de muy diversos tipos y niveles de profesionalidad, y debemos aprovechar esta oportunidad para reformar el sistema. 
Apoyo, por consiguiente, las declaraciones de la Comisión y la acción de la Sra. Comisaria en lo que respecta a este asunto. 
El deporte tiene un enorme potencial. 
Ha demostrado que favorece el entendimiento y combate el racismo. 
Debemos realizar mayores esfuerzos en el ámbito del deporte para unir a nuestras comunidades. 
El deporte ha demostrado que tiene la capacidad de alentar a los atletas discapacitados hasta ganar. 
Demostremos que compartimos su orgullo y organicemos juntos acontecimientos para ellos y para las personas con un cuerpo sano. 
La violencia en el campo de juego ha sido el lado oscuro del deporte. 
Esforcémonos para garantizar que el deporte queda exento de violencia. 
El dopaje, para terminar, es un síntoma de la comercialización excesiva del deporte. 
Ahora que nuestros equipos se disponen a partir rumbo a Sidney se encuentran bajo más presión que nunca. 
Debemos crear servicios que luchen contra el dopaje a nivel internacional, porque, como hemos visto, una acusación falsa puede arruinar la carrera o ensombrecer una carrera ejemplar, como la de Linford Christie. 
Por consiguiente, apoyamos estos informes y esperamos que proporcionen la base para que sigamos avanzando hasta la siguiente fase del deporte europeo, el espíritu comunitario necesario para crear la industria y el potencial del deporte en Europa. 
Señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar al ponente, el Sr. Mennea, por este informe, que es muy importante. 
El deporte tiene un gran valor social para nuestra sociedad, esto es sabido. 
El deporte profesional también tiene ese valor y, además, un gran significado social. 
He presentado una enmienda al informe del Sr. Mennea, con su permiso, claro está, a fin de establecer un posible sistema alternativo de traspasos. 
Considero que la prestación en el campo, es decir, el rendimiento del trabajo, ya no guarda relación con su valor y las sumas que la rodean. 
Por este motivo, creo que ésta es simplemente una actividad económica que debería separarse. 
Quisiera preguntarle si tiene una respuesta a esta cuestión. 
En segundo lugar, he pedido, en nombre de un gran número de colegas, que se aplace la decisión definitiva sobre la reforma del sistema de traspasos, usted ha realizado algunas observaciones al respecto hace un instante, ya que la UEFA junto con un gran número de federaciones nacionales de fútbol, va a organizar una audiencia durante el próximo período de sesiones de octubre, y le ruego a usted y a su colega Monti que estén presentes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, ningún deportista se dopa si no tiene un interés económico. 
Es indudable que el "doping" está cambiando el deporte y que el deporte cambiará por el "doping", lo que nos llevará a un auténtico circo romano si no hacemos nada por impedirlo. 
La asociación de enormes y desmesurados intereses económicos, mediáticos y de esponsorización alrededor del deportista presiona de tal manera y la intensidad del deporte es de tal magnitud, que para mantener su nivel competitivo y el ritmo impuesto por los calendarios el deportista tiende a usar sustancias prohibidas. 
Sin la limitación de la duración de las competiciones y sin una posición de obligado descanso, erradicar el dopaje será una tarea muy difícil. 
Pero, no debemos olvidar que el deportista también es un ser humano que puede enfermar y lesionarse y que precisará por ello de unos medicamentos y de un aporte suplementario contra el estrés a que somete su cuerpo, por lo que los "falsos positivos" están a la orden del día y marcan para siempre al deportista. 
Lo que se necesita es unificar criterios, una única lista de sustancias prohibidas, homogeneizar los controles, alertas en los medicamentos y más investigación. 
Señorías, tenemos que reinventar el deporte, porque el que tenemos ahora lucha por la gloria, pero también por el dinero y la esponsorización. 
Para que no desaparezca, hay que volver a un deporte con sus valores tradicionales, el que compite por una sola recompensa: una medalla. 
Señor Presidente, vivimos una época en la que la Unión Europea se encamina hacia la federalización. 
Podemos decir que el deporte se adelantó, que puso las estructuras mucho antes de que pudiéramos hacerlo nosotros en el ámbito político, económico o en cualquier otro. 
¿Por qué? 
Porque teníamos la herencia de la Grecia antigua de Olimpia, porque hubo profetas como de Coubertin y porque el deporte es un terreno de encuentro pacífico de los pueblos. 
Europa estaba en guerra y al mismo tiempo había estructuras y normas comunes sobre el deporte. 
Hoy en día vivimos la siguiente paradoja: Vamos a una nueva revisión del Tratado, aumentamos las normas comunes y los principios comunes y las estructuras y las obras que tenemos y, sin embargo, vemos que las estructuras del deporte se están derrumbando. 
¿Por qué? 
Porque priman los grandes intereses económicos, porque hay grandes financieros, porque existen los grandes centros de poder detrás de los medios de información y porque, en mi opinión, la intervención de la Unión Europea es insuficiente e incorrecta. 
Hasta ahora, como la Unión Europea interviene en los problemas del deporte sólo desde el punto de vista de la competencia, básicamente ha reforzado esta tendencia y esta moda. 
Creo que nos encontramos en un punto crucial. 
Es muy positivo tener ahora la Presidencia francesa y a la Sra. Presidenta Bouffet, quien creo que ha entendido y ha desempeñado un papel primordial en la unificación, el desarrollo y el refuerzo de las estructuras del deporte. 
Creo que también la intervención de la Sra. Reding, en nombre de la Comisión, para modificar el papel de intervención de la Comisión es positiva. 
En este sentido, creo que podemos evitar lo que está sucediendo en la federación de baloncesto y lo que estamos viendo que va a suceder dentro de poco en todos los sectores y creo que podremos salvar la unidad y la relación del deporte con la sociedad. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar a los ponentes por la labor realizada que, entre otras cosas, es ampliamente aceptable. 
Creo que estamos todos de acuerdo con la importancia y la función del deporte que, tanto a nivel profesional como amateur, tanto como práctica deportiva que como espectáculo, representa un instrumento educativo y de integración social excepcional. 
Cierto que el deporte es también un fenómeno económico de gran importancia y, en cuanto tal, debe seguir y cumplir algunas normas de mercado, come se indica en la conocida sentencia Bosman. 
Sin embargo, como se ha recordado también esta mañana, el deporte debe mantener su especificidad que es ante todo social y cultural. 
Precisamente para evitar que el deporte se reduzca a un mero negocio, debemos pedir con fuerza que la próxima Conferencia Intergubernamental de Niza incluya en el artículo 151 del Tratado una importante referencia al reconocimiento institucional del deporte. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el orden del día de hoy incluye tres temas estrechamente interrelacionados. 
El problema es que los medios de comunicación van a prestar poca atención a los Informes Mennea y Zabell, y su interés se va a centrar sobre todo justamente en lo que ha anunciado la señora Comisaria. 
Yo creo que es una lástima. 
En estos momentos se presta mucha mayor atención a la niña de los ojos de los alemanes, el fútbol, que al tema que en realidad estamos tratando hoy aquí. 
No tengo reparos en alinearme plenamente con los dos Comisarios responsables de la transposición de la sentencia del caso Bosman. 
Si la FIFA hubiese hecho lo que debía, la Comisión no se habría visto obligada a actuar. 
Yo espero que la FIFA así lo comprenda y que finalmente presenten propuestas que la Comisión pueda hacer suyas, siempre que contradigan la sentencia del caso Bosman. 
En resumen, yo creo que cada uno debe cumplir su tarea. 
En lo que respecta a los informes, yo quisiera señalar que, frente a los deportes millonarios, es preciso resaltar justamente la importancia social y educativa de la práctica amplia del deporte. 
Corremos el riesgo de que todo el deporte caiga atropellado algún día bajo las ruedas de las normas de la competencia. 
Por esto, el Informe Mennea pide con razón que el artículo 151 incluya una referencia al deporte en el marco de la cultura. 
Yo ya lo pedí en mi informe de 1996. 
Luego, en Amsterdam, esto se plasmó en una declaración. 
Ésta es, sin embargo, insuficiente, se mire como se mire. 
Por este motivo yo apoyo que finalmente se incorpore este punto. 
Aquel informe también pedía que la Comisión declarase un Año del Deporte. 
Un año consagrado al deporte generaría muchos estímulos. 
Yo le pediría a la nueva Comisaria que retome la propuesta. 
Me alegra mucho que la Sra. Zabell haya ampliado el enfoque del informe sobre el dopaje, así como su mayor hincapié en el abuso de los jóvenes deportistas y las posibilidades de luchar conjuntamente contra el dopaje que impulsa. 
Yo felicito a la Comisión por su decisión de apoyar finalmente en serio la Agencia Antidopaje y por su voluntad de impulsar realmente, en nombre de los Quince, la armonización de la lucha contra el dopaje. 
¡Yo les deseo mucha suerte! 
Señor Presidente, muy oportunamente, justo cuando van a inaugurarse los Juegos Olímpicos de Sydney, el tema del deporte se está debatiendo, como es natural, desde los más diversos sectores y grupos sociales. 
Los informes que ahora se presentan ofrecen una buena base para el debate. 
Es inevitable que nos preguntemos en qué ha quedado en realidad la imagen ideal del deporte, tal como todavía se promociona. 
El deporte cumple una función social y de cohesión muy significativa en los discursos de compromiso y el "juego limpio" se presenta como un modelo para el trato con los demás, ya sea en el trabajo profesional, en la política, etc. 
Ambos informes muestran, sin embargo, de manera muy clara que el deporte se ha convertido actualmente en un enorme poder económico absolutamente despiadado, cuyo instrumento son las y los deportistas. 
Se les programa para que ofrezcan un gran rendimiento en unos días y semanas determinados- con intervalos cada vez más breves- y están obligados a funcionar. 
Para evitar las flaquezas humanas no siempre previsibles y conseguir un funcionamiento perfecto, se recurre a sustancias dopantes, cuyo uso cada vez resulta más difícil detectar. 
Los jóvenes deportistas de ambos sexos se causan con ello un daño, perjudican su salud, su desarrollo personal y en último término también la imagen modélica del deporte. 
Los y las deportistas de elite son un modelo de referencia para millares de jóvenes y, por lo tanto, ejercen una enorme influencia sobre la práctica popular del deporte, que sigue siendo, en mi opinión, el sector del deporte que más apoyo merece. 
El juego limpio y la comunicación social todavía se pueden observar fácilmente en este ámbito. 
No obstante, los malos ejemplos, como el vandalismo, los casos de dopaje, contratos millonarios y pleitos, también lo corrompen. 
Es preciso crear fundamentos jurídicos que permitan frenar estas tendencias negativas. 
Yo me felicito de que la Agencia Mundial Antidopaje haya empezado a actuar y de que ésta exista para luchar contra el problema mundial del dopaje. 
Es preciso intervenir contra el vandalismo y el racismo en el deporte, a fin de proteger a los deportistas y aficionados de una horda salvaje de vándalos y racistas. 
Los deportistas de elite, por su parte, también pueden contribuir en mayor medida que hasta ahora a este objetivo y resaltarlo más claramente, distanciándose de esos supuestos admiradores. 
Nuestra tarea ha de ser asignar un nuevo lugar al deporte en una sociedad que ha cambiado y que dispone de nuevas posibilidades técnicas y médicas modernas, preservando a la vez sus valores. 
Yo creo que un Año del Deporte permitiría trabajar estos problemas y contribuiría de manera significativa a ese fin. 
Señor Presidente, al felicitar a nuestros colegas Zabell y Mennea por su informe, cuyas propuestas apruebo en muy gran medida, voy a limitarme a formular dos observaciones. 
La primera: quisiera insistir en la necesidad de una participación comunitaria en la Agencia Mundial Antidopaje para permitir a la Unión Europea contribuir vigorosamente y de forma coherente a la lucha contra el dopaje. 
En segundo lugar, hoy como ayer, soy partidario de la inscripción de un fundamento jurídico propio del deporte en el Tratado. 
Pienso en una cláusula de compatibilidad como la de la cultura o del medio ambiente, que permita tener en cuenta, de forma apropiada- y subrayo: de forma apropiada- la especificidad del deporte en la política comunitaria o en las políticas comunitarias. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el motivo por el que la Comisión ha presentado su propuesta es poner fin al hecho de que los jugadores sean considerados mercancías, que sean comprados por los clubes porque pueden jugar bien al fútbol y, sobre todo, porque pueden ser vendidos por mucho más dinero a un nuevo club; y en lo que a mí respecta, cuenta con todo mi apoyo. 
Por supuesto, eso suscita problemas, especialmente a corto plazo, para los clubes más pequeños de los países más pequeños, como sucede en el caso de los Países Bajos. 
Sin embargo, el mantenimiento del sistema actual no resuelve nada. 
Una solución más estructural consistiría en repartir mejor los millones recaudados a través de los medios de comunicación. 
Espero sinceramente que los clubes más grandes se den cuenta finalmente de que tampoco tienen futuro si los clubes pequeños desaparecen. 
En cuanto al sistema de traspasos diré lo siguiente. 
Respaldo la propuesta de la Comisión, pero realmente espero que permita que se incluya en sus propuestas una compensación en concepto de costes de formación, tal como por ejemplo acaban de proponer la FIFA, la asociación mundial de fútbol, y la FIFPRO, la organización de los jugadores, en relación con los jugadores de entre 18 y 24 años. 
Espero de todo corazón que la UEFA, la asociación europea de fútbol, se sume a esta petición y no siga siendo el último defensor de un sistema que ha dado lugar a semejantes excesos absurdos. 
Señor Presidente, el deporte como la cultura, la educación y la salud, está bajo el régimen de comercialización avanzada y de sumisión a las llamadas leyes del mercado. 
El baile de miles de millones alrededor de las mayores manifestaciones deportivas, los beneficios tremendos del capital han sustituido al ideal deportivo. 
La educación sobre la salud, el deporte como una práctica diaria; el deporte popular están en decadencia. 
Mientras los que ganan vean que la empresa llamada "deporte" va bien, el dopaje se intensificará aún más, aumentarán la cantidad disponible para la adquisición de deportistas, que ya es un forma de trata de personas en el capitalismo moderno, aumentará el problema de la violencia en los estadios, la corrupción y también los problemas raciales. 
A pesar de que la Comisión reconoce que una de las causas principales del aumento del dopaje es la excesiva comercialización, no hace nada por poner remedio. 
Además, ¿de qué otra forma podría actuar si toda la estructura de la Unión Europea se basa en el principio de que "todo se puede comprar y todo se puede vender"? 
Se limita a tomar medidas a medias. Investigaciones, ética con referencias superficiales a los controles. 
Si de verdad quisieran enfrentarse al dopaje, ya lo habrían hecho. 
Pero esto no le conviene al Comité Olímpico Internacional, ni a las federaciones internacionales ni a los patrocinadores que invierten en el deporte, ni tampoco a la industria farmacéutica. 
A pesar de determinados puntos positivos de los dos informes, al final el informe Zabell considera que la industria farmacéutica se preocupa por la salud de los deportistas, y el informe Mennea propone a los Estados miembros que aprueben legislaciones con medidas prácticas que favorezcan las inversiones privadas. 
Si no se da un golpe a la comercialización, si no se ponen obstáculos a la especulación del gran capital, si no se toman medidas para realizar controles verdaderos y eficaces, nada será distinto en el ámbito del deporte. 
No esperamos nada así de la Unión Europea; pero nos esforzamos por desarrollar un movimiento popular que luche para que el deporte actual vuelva al principio "mens sana in corpore sano." 
Señor Presidente, la comercialización excesiva del deporte ha dado lugar a una clara explotación de muchos atletas jóvenes. 
Los casos probados de dopaje en las competiciones deportivas han debilitado la reputación de muchos deportes a los ojos del público. 
Por fin, el Comité Olímpico Internacional ha hecho frente a sus obligaciones de luchar contra el extendido uso de drogas en el deporte. 
Durante los juegos de Sidney se realizarán nada menos que 2.500 pruebas antidopaje. 
Saludo el anuncio del COI de que se impondrán fuertes sanciones a los deportistas que hayan consumido sustancias dopantes en Sidney este mes y en el futuro. 
Debería coordinarse a nivel mundial el modo de poner fin al dopaje en el deporte. 
La Unión debe continuar trabajando a través de la Agencia Mundial Antidopaje para garantizar la aplicación de directrices uniformes y estructuradas en todas las actividades deportivas. 
Para terminar, deberíamos recordar que el Tratado de Amsterdam hace hincapié en el significado social del deporte, pero la Unión Europea no tiene competencia en virtud del Tratado para emprender acción en el ámbito del deporte. 
Es un tema que debería ser abordado en las próximas negociaciones sobre la reforma de las políticas e iniciativas de la Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el debate y los informes apuntan, a mi parecer, en la dirección adecuada. 
700 000 asociaciones deportivas son otros tantos pilares de la sociedad civil europea. 
La Presidencia del Consejo ha definido el deporte como una escuela para la vida. 
El deporte es parte del trabajo con los jóvenes, de la política educativa, de la organización del tiempo libre, de la política sanitaria, de la comunicación entre los pueblos, de la industria de la información, de la evolución de la economía y de la competencia. 
Una parte, insisto. 
La reducción del deporte al factor económico y de la competencia niega su importancia para el conjunto de la sociedad. 
En este sentido, es preciso señalar que el Derecho comunitario se ha aplicado hasta ahora de manera muy indiscriminada al deporte, dado que lo considera primordialmente como una actividad económica. 
En consecuencia, no se han tenido suficientemente en cuenta las características particulares del deporte y sus 700 000 asociaciones, ni las numerosas personas que trabajan de manera desinteresada en este ámbito, por ejemplo en el contexto del trabajo social con niños y jóvenes o del entrenamiento infantil y juvenil. 
Sin una buena labor entre los niños y jóvenes, sin un tejido asociativo que funcione en Europa, no podremos hacer realidad nuestras aspiraciones a una práctica amplia del deporte. 
Doris Pack ya ha señalado en varias ocasiones la consiguiente necesidad de un enraizamiento en los Tratados y promovió la incorporación de este aspecto en el Tratado de Amsterdam. 
En las conclusiones de la Cumbre de Feira también se señaló la importancia del deporte. 
La culminación lógica y deseable de este proceso sería, por lo tanto, dotar al deporte de un fundamento legal en el marco del Tratado. 
No queremos inmiscuirnos las competencias de los Estados miembros. 
El deporte está incluido en el principio de subsidiariedad. 
Sólo deseamos que la Comisión y el Derecho europeo también contemplen toda la significación social global del deporte y que esto tal vez permita asignarle también una línea presupuestaria propia y que las ayudas no se tengan que canalizar exclusivamente por la vía de los proyectos piloto. 
Señor Presidente, Señorías, como reconoce todo el mundo, el deporte representa un medio de expansión individual y un momento preferente de reuniones con los demás. 
Pero, ¿? se ven, se reconocen, las diferentes finalidades de la práctica deportiva? 
Para algunos, puede tratarse de un encuentro físico. 
Para otros, forma parte de la educación del individuo y para otros más es un espectáculo o bien la búsqueda de los mejores resultados a toda costa. 
Todos reconocemos que el deporte es un instrumento extraordinario de cohesión de los pueblos y de acceso a la ciudadanía. 
Aun así, sabemos también que el deporte puede ir acompañado a veces de violencias inauditas, de la expresión de un racismo abominable o de un inaceptable nacionalismo exacerbado. 
Y por todas esas razones no podemos aceptar que se considere el deporte sólo en su dimensión económica. 
La vida asociativa y los voluntarios forman parte enteramente del mundo deportivo y gracias a ellos vive el deporte en nuestros países y el deporte de masas puede tener un futuro. 
No se pueden evaluar todos los actos humanos todas las veces con una calculadora. 
Es un método muy peligroso para las relaciones humanas como para que guardemos silencio al respecto. 
Cuando no hay dinero que ganar, ni obligación de obtener resultados financieros, puede haber simplemente el deseo de compartir momentos preferentes y es cierto que corresponde al deporte un lugar en esos momentos, un lugar preferente. 
Esa búsqueda de vínculos en una sociedad cada vez más mercantil lleva en germen una resistencia a la mercantilización del mundo y de las relaciones humanas. 
No podemos aceptar esas desviaciones hacia la búsqueda de beneficios financieros en detrimento de la expansión humana. 
La protección de los jóvenes deportistas es una prioridad de la Presidencia francesa. 
Es nuestra prioridad y debemos pedir la prohibición de las transacciones comerciales que les afectan. 
Naturalmente, debemos proponernos absolutamente la inclusión del deporte en el Tratado. 
Si no es a corto plazo, al menos a medio plazo. 
Se trata, desde luego, de un imperativo que debemos afrontar en pro de las generaciones que nos seguirán. 
Señor Presidente, Señorías, ambos ponentes saben por experiencia de qué hablan, y eso queda muy patente en sus excelentes informes. 
Más concretamente, respecto del informe de mi amigo, el Sr. Mennea, quiero hacer hincapié en algunas enmiendas, que afortunadamente se han recogido en el proyecto de resolución, en relación con tres cuestiones. 
Una: la importancia del deporte, también en el plano espiritual, de cara al aprendizaje de una serie de valores sociales. 
Dos: la importancia de las actividades deportivas gratuitas en cuanto al trabajo con las minorías y el aumento del respaldo que estas actividades merecen, también a nivel europeo. 
Tres: una advertencia respecto de las grandes diferencias que pueden existir entre, por una parte, el deporte de alta competición y las asociaciones deportivas más pequeñas; y por otra, el deporte profesional y el deporte aficionado. 
Al fin y al cabo, en ambos casos no puede existir el uno sin el otro. 
En cuanto a la cuestión de si debe haber una competencia europea en materia deportiva, la respuesta es, en lo que a mí respecta, un sí claro. 
El partido no se ha decidido, por tanto, con este informe, al contrario. 
El papel y el impacto del deporte han aumentado mucho en la sociedad, y todos los acontecimientos deportivos se hallan en tal proceso de evolución que, en lo que al debate social se refiere, apenas nos encontramos en la fase eliminatoria. 
En tanto Parlamento Europeo, debemos ocuparnos de no ser espectadores de este debate, sino participar de forma activa en el terreno de juego a fin de poder decidir más y de forma más enérgica sobre el desarrollo del mismo. 
Señor Presidente, Señorías, tres vías de acción. 
Sobre todo y ante todo hay que luchar con firmeza contra el dopaje. 
La adhesión financiera y política de todos los países de la Unión Europea a la Agencia Mundial Antidopaje es una condición necesaria, pero no suficiente. 
Es necesario sobre todo que los Estados se doten de auténticas estructuras de lucha antidopaje. 
Francia ha trazado el camino y siento curiosidad por saber cómo ve el Presidente del Consejo la interacción entre la Agencia y las acciones nacionales. 
También hay que luchar contra las desviaciones del sistema de traspaso, en particular el comercio de jóvenes profesionales. 
Por último, hay que fortalecer a los auténticos protagonistas en el deporte: las federaciones y el deporte en la escuela. 
Apoyo las medidas encaminadas a reconocer el papel fundamental de las federaciones y protegerlas contra las ofensivas de los grandes grupos financieros y de medios de comunicación. 
Los jóvenes deben ser el objetivo fundamental de la rehabilitación del deporte. 
Apoyo el llamamiento del ponente Sr. Mennea de fortalecer el estatuto del deporte en la escuela y también su llamamiento para que se inscriba la especificidad del deporte en los Tratados; si no, tendremos demasiado en cuenta el aspecto relativo a la libre competencia del deporte. 
? Estará la Humanidad regresando hacia una decadencia romana? ? Estará volviéndose el deporte de competición un combate de gladiadores reñido esta vez por hombres-robot provistos de las últimas bazas de la biotecnologías y las cibertecnologías y financiados por intereses político-financieros? 
La política y las instancias deportivas deben asumir su responsabilidad al respecto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, intervengo hoy en relación con los informes Zabell y Mennea en mi doble calidad de diputado europeo y presidente de un club de baloncesto profesional que participa en las grandes competiciones europeas. 
En primer lugar, deseo felicitar a los dos ponentes y agradecerles su excelente trabajo y deseo también subrayar la acción de nuestra colega Doris Pack, que ha permitido la negociación de un protocolo sobre el deporte anejo al Tratado de Amsterdam. 
El dopaje es un flagelo del que el deporte debe protegerse. 
Pone en tela de juicio el juego limpio y la veracidad de la competición y representa un peligro para los deportistas que se entregan a él. 
Personalmente, me escandaliza la facilidad con la que los jóvenes deportistas pueden aprovisionarse, sin control alguno, mediante Internet o en ciertos países miembros de la Unión Europea. 
La Sra. Buffet ha abordado esa cuestión en Francia y la felicito por ello. 
No obstante, sólo se puede luchar contra ese flagelo en el nivel europeo y mundial, por lo que aliento a la Unión a trabajar con la Agencia Mundial. 
La Unión Europea debe también aceptar el imperativo de la modernización del deporte. 
La Comisión Europea pone en entredicho el sistema de traspasos entre clubes al considerar que son contrarios a la libre circulación de los deportistas. 
Pero elude totalmente la distorsión de la competencia entre Estados miembros, la disparidad social y fiscal de los deportistas profesionales, que favorece la evasión de los mejores deportistas hacia ciertos países y en Francia lo sabemos perfectamente, ya que 20 de los 22 jugadores del Campeonato de Europa fueron a jugar a otros países de la Unión. 
Esos métodos son propios de un dumping social y fiscal, pero la Comisión, tan estricta en materia de principios, no lucha contra ellos. 
Los deportistas profesionales son también presa de numerosos agentes que disponen de la exclusividad para las negociaciones de su contrato de trabajo. 
Los agentes no sólo reciben honorarios de los jugadores, sino también de los clubes, a los que sacan comisiones, y yo, por mi condición, lo sé perfectamente. 
Dichos agentes ceden sus deportistas a los mejores postores- como vulgares mercancías- después de haber hecho subir las pujas. 
La supresión de los traspasos incitará a los agentes a rescindir los contratos de trabajo de los deportistas en varias ocasiones durante el año para recibir comisiones nuevas en cada nueva intervención. 
La Unión Europea debe regular el sistema de los agentes o incluso suprimirlo. 
Termino añadiendo que el deporte debe entrar en el ámbito de aplicación del Tratado de la Comunidad Europea. 
Así, pues, lanzo un llamamiento a todos nuestros gobernantes y en particular al Gobierno francés, que dirige la labor de la Unión Europea para que la Conferencia Intergubernamental, que concluirá en diciembre en Niza, confiera una competencia compartida a la Unión Europea al respecto y permita la participación del Parlamento en su aplicación mediante el procedimiento de codecisión. 
Señor Presidente, el deporte se ha convertido en un brillante espectáculo internacional. 
Apasiona a grupos enormes de gente y mueve tremendas cantidades de dinero. 
Miles de finlandeses viajan a Hungría para ver cómo pilota Mika Häkkinen, el recepcionista de un hotel vietnamita pregunta cómo se pronuncia correctamente el nombre de Jari Litmanen. 
Sin embargo, no debe olvidarse la importancia del deporte y del ejercicio físico, tanto en la sociedad como a nivel individual, bajo la presión de la profesionalidad y la comercialidad. 
El deporte tiene una gran importancia a nivel educativo y de salud. 
Las actividades de las asociaciones deportivas reúnen a muchas personas dedicadas al sacrificado trabajo voluntario. 
Paralelamente a los factores positivos, debemos recordar la cara desagradable de la moneda: el "doping", la violencia en los acontecimientos deportivos y los elementos negativos relacionados con el traspaso de jugadores. 
Para luchar contra todo ello, se necesitan acciones comunes de la Unión y una base jurídica para el deporte. 
A la hora de configurar una política deportiva para la UE, debemos tener en cuenta las diferentes estructuras del deporte. 
Así pues, debemos garantizar que se siga oyendo la voz de las organizaciones no-gubernamentales del deporte también tras la Conferencia sobre el Deporte celebrada el año 1999 en Olimpia. 
Por último, quiero llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la aplicación del principio de igualdad de sexos en el ámbito del deporte y de la educación física. 
La Conferencia de la red European Woman and Sport, celebrada en Helsinki el pasado mes de junio, emitió una serie de recomendaciones que espero sean tenidas en cuenta tanto a nivel nacional, como a nivel de la Unión. 
Quiero dar las gracias a los ponentes de este informe por su esmerado trabajo y también quiero expresarles mi más sincero agradecimiento a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo y a la Sra. Comisaria por las excelentes intervenciones que han tenido al principio de esta sesión. 
Señor Presidente, no se puede poner en tela de juicio la importancia del deporte como factor de gran influencia tanto en la salud, como a nivel económico, social y cultural. 
No deja de ser incomprensible que no exista una base jurídica para el deporte en la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo debe obligar literalmente a la Comisión y al Consejo a mirarse en el espejo. 
La posición del deporte debe determinarse con nitidez en la próxima Conferencia Intergubernamental, con el fin de que las asociaciones deportivas puedan participar en la toma de decisiones relativas al deporte. 
Teniendo en cuenta que en el deporte de élite se mueven enormes cantidades de dinero, las reglas comunes del juego deben ser establecidas en el marco de un sistema que atienda a las necesidades de los pilares básicos, de los deportistas y de los organizadores de los acontecimientos deportivos. 
Los intereses de los deportistas integrados en equipos deben ser garantizandos respetando el principio de la libre circulación de la mano de obra, sin olvidar las bonificaciones que les son debidas a los equipos y asociaciones que hayan servido de cantera a los deportistas. 
En cuanto a la cuestión de la retransmisión por televisión de los acontecimientos deportivos de más interés, hay que encontrar un equilibrio entre las facultades de decisión sobre los intereses económicos que les corresponden a los organizadores y el llamado principio de servicio público. 
Al hablar del dopaje, como también en cualquier otro aspecto del debate sobre el deporte, debemos establecer una clara diferencia entre el deporte como medio para mantenerse en forma y el deporte de élite. 
Los problemas éticos del deporte profesional están en conocimiento de todo el mundo. 
El uso del "doping" entre los aficionados al deporte, el cual está muy extendido, y prueba de ello es, por ejemplo, el tráfico generalizado de sustancias prohibidas en los gimnasios, ha pasado casi desapercibido. 
Este problema es comparable al de la droga, sobre todo al consumo de drogas sintéticas, de manera que, ya sólo por razones de salud pública, la UE también debe aportar su grano de arena para eliminiar este problema. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Lamento lo que acaba de ocurrir pero- como usted ha podido comprobar- es muy difícil llevar a cabo una intervención cuando los colegas están en el Pleno para votar. 
Lo lamento, no obstante, muchos le han escuchado con atención. 
Alguien incluso me iba haciendo señas para que recurriera a una especialidad olímpica- el lanzamiento de martillo- para callar la algarabía que armaban algunos colegas. 
Lamentablemente, dispongo de un solo martillo: hubiera necesitado ochenta o cien para lanzarlos contra los que no prestaban atención a su intervención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, ayer, en el Timor occidental, es decir, en la parte indonesia de la isla de Timor, fueron violentamente apaleados y muertos por lo menos tres funcionarios de las Naciones Unidas pertenecientes al Departamento de Asistencia a los Refugiados. 
Ante ese acto indigno, que, según algunos relatos de testigos, contó con la complicidad o la pasividad de las autoridades militares de Indonesia, este Parlamento Europeo tiene el deber de repudiar ese acto inhumano. 
En segundo lugar, ese acto se produce en el mismo día en que la mayor parte de los Jefes de Estado o de Gobierno se encuentran en Nueva York en la Cumbre del Milenio organizada precisamente por las Naciones Unidas, lo que demuestra la debilidad de la organización y de sus instrumentos para defender a hombres y mujeres que, lejos de sus países, sólo luchaban por la defensa de los derechos humanos y por los derechos de los refugiados. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que expresara ante las Naciones Unidas nuestra solidaridad. 
Y ante las autoridades de Indonesia la indignación de los diputados al Parlamento Europeo, insistiendo en la exigencia de que se respete a quien tiene un único objetivo: defender la paz, los derechos humanos y la dignidad de los timorenses, ya sean de Indonesia o de Timor Lorosae. 
Estoy seguro de que la Presidenta estará dispuesta a transmitir sus opiniones a las autoridades pertinentes de la manera que usted ha indicado. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en las Naciones Unidas guardaron un minuto de silencio en honor de los miembros de la misión humanitaria fallecidos y creo que sería adecuado que esta Asamblea hiciera lo propio. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Señor Presidente, quisiera adherirme a la intervención de mi colega António José Seguro y señalar a la atención de la Comisión este asunto. 
Repetidas veces, a lo largo de este año, he señalado el carácter posiblemente prematuro de la nueva política de la Unión Europea respecto de Indonesia, dado que resultan particularmente claros los factores de incertidumbre. 
Y, por desgracia, a lo largo de las últimas semanas, ha resultado evidente. 
He formulado diversas preguntas a este respecto a la Comisión y la gravedad de esos incidentes de ayer, asociados a otros factores como la infiltración de milicias en Timor Oriental, significan claramente que aún hay cierta peligrosidad. 
La Unión Europea, en particular por mediación de la Comisión, debe manifestarlo de nuevo y de forma particularmente vigorosa al Gobierno indonesio. 
Comprendemos la dificultad de la situación en Indonesia, pero es indispensable exigir a su Gobierno que ejerza la autoridad en su territorio. 
Sólo podemos tener una actitud diferente respecto de ese país cuando esté efectivamente garantizada la democracia en Indonesia y la libre determinación y la paz en Timor Oriental. 
Señor Presidente, yo también quisiera adherirme a las palabras que ya han pronunciado aquí diputados portugueses sobre la situación en Timor y solicitar a la Comisión, al Consejo y a la Presidencia del Parlamento que desplieguen todos los esfuerzos posibles para obligar a Indonesia a respetar las resoluciones aprobadas y los compromisos que subscribió en defensa del pueblo de Timor Oriental y de los refugiados en el Timor occidental. 
Quisiera también agradecer a este Parlamento las posiciones que ha adoptado en defensa del pueblo de Timor Oriental. 
Señor Presidente, muy rara vez intervengo por una cuestión de orden y, sobre todo ahora, cuando debemos dar paso a unas votaciones muy importantes, y sólo lo hago por lo que considero una cuestión de la máxima importancia. 
Su predecesor en la Presidencia acaba de disculparse ante la Sra. Comisaria Reding y creo que toda la Asamblea deseará respaldar dichas disculpas. 
Esta semana hemos demostrado aquí en el Parlamento que cuando queremos llamar al orden a la Comisión, podemos hacerlo y que la Comisión responde de la manera adecuada. 
Pero cuando una Comisaria está realizando una intervención de la máxima importancia, que demuestra la cantidad de trabajo y esfuerzos que ha dedicado a un tema que puede despertar tanto interés entre la población a la que representamos como cualquier otro, se produce un caos total y un alboroto en el Hemiciclo. 
No acepto lo que ha dicho su predecesor, de que era difícil llamar al orden a la Asamblea, eso puede hacerse siempre y debería hacerse hecho. 
Quiero solicitar que, en nombre del Parlamento, presentemos por escrito nuestras excusas a la Sra. Comisaria Reding y espero que una experiencia como ésta no vuelva a repetirse. 
Sé que Viviane Reding es una mujer muy curtida como parlamentaria y, ahora, como Comisaria, y estoy seguro de que podrá superarlo, pero acepto la observación. 
Es perfectamente adecuado que le presentemos nuestras disculpas por escrito. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, la práctica habitual hubiera sido que yo encabezara el debate anoche, pero, lamentablemente, eso no fue posible por un problema de horarios. 
Quisiera recomendar a la Asamblea este resultado de la conciliación. 
Probablemente fueron la conciliación y la directiva marco más difíciles de cuantas ha tenido que ocuparse esta Asamblea. 
El modo en que la Sra. Lienemann ha dirigido todo este asunto, incluyendo a todos los Grupos políticos hasta el final, ha sido realmente digno de admiración. 
Le doy mi más efusiva enhorabuena por el modo en que lo ha hecho. 
Ahora tenemos ante nosotros una directiva jurídicamente vinculante, de la que el Parlamento puede sentirse muy orgulloso. 
No era esa la situación en el caso de la directiva original. 
Ahora tenemos una directiva jurídicamente ejecutable, lo que significa que el medio ambiente de la Comunidad tiene realmente la oportunidad de mejorar durante los próximos veinte años. 
Mi única queja, y éste es el motivo de mi intervención, es que durante el procedimiento de conciliación las organizaciones no gubernamentales intentaron influir sobre el Parlamento más allá de los parámetros que el Parlamento ya había aprobado en su segunda lectura. 
A menudo, dichas organizaciones recibían los documentos antes que los miembros del Comité de Conciliación. Eso no es admisible. 
En la conciliación, en la que debemos afianzar la confianza entre el Consejo de Ministros y el Parlamento, necesitamos confidencialidad. 
Es algo de lo que deberemos ocuparnos muy seriamente en el futuro. 
Felicito a la Presidencia portuguesa por el modo en que ha dirigido la conciliación, pero espero que el Parlamento pueda mejorar esta situación interna de cara al futuro. 
(Aplausos) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0212/2000) del Sr. Florenz, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil (C5-0258/2000- 1997/0194 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0218/00) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del Consejo sobre los neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de su montaje (5347/2/2000- C5-0220/2000- 1997/0348 (COD) ) (Ponente: Sr. de Roo) 
Señor Presidente, como mi colega el Sr. Liikanen explicó anoche durante el debate, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 1, 2, 3 y 4. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0168/2000) del Sr. Bakopoulos, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por decimonovena vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos) (COM (1999) 620- C5-0312/1999- 1999/0269 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común sobre la Conferencia Internacional sobre el sida, celebrada en Durban (Sudáfrica) 
(El Parlamento aprueba la resolución) Propuesta de resolución común sobre fusiones en el sector de las telecomunicaciones 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos 
(El Parlamento rechaza la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0702/2000) presentada por los diputados siguientes: 
Gebhardt y McNally, en nombre del Grupo PSE, 
De Clercq, Wallis y Plooij-van Gorsel, en nombre del Grupo ELDR, 
Bonino, Cappato, Turco, Dell ' Alba, Della Vedova, Dupuis y Pannella 
(El Parlamento rechaza la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0187/2000) de la Sra. Lucas, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Transporte aéreo y medio ambiente: retos del desarrollo sostenible" (COM (1999) 640- C5-0086/2000- 2000 / 2054 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0203/2000) de la Sra. Zabell, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el Plan de apoyo comunitario a la lucha contra el dopaje en el deporte (COM (1999) 643- C5-0087/2000- 2000/2056 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0208/2000) del Sr. Mennea, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de la Comisión al Consejo Europeo con la perspectiva de la salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y del mantenimiento de la función social del deporte en el marco comunitario- Informe de Helsinki sobre el deporte (COM (1999) 644- C5-0088/2000- 2000/2055 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Explicaciones de voto- Informe Lienemann (A5-0214/2000) 
En este informe figuran algunos elementos positivos, en particular la afirmación del carácter vinculante de las medidas previstas para proteger la calidad del agua. 
Pero, al conceder plazos, en particular un plazo de veinte años, para la prohibición de los vertidos de substancias peligrosas, el informe aniquila su propia resolución. 
Ese plazo equivale a 20 años de autorización a las empresas para que viertan sus substancias tóxicas. 
Además, no se dispone claramente que corresponde a las empresas contaminantes pagar los daños que hayan causado. 
En cuanto a la fijación de tarifas del agua, la única decisión orientada en pro de los intereses de la población, sería la prohibición de cualquier beneficio privado sobre el suministro y la distribución del agua. 
Pero de eso ni siquiera se habla en este informe, que, al poner en la picota a Irlanda por su financiación pública del agua, prefiere, al contrario, acentuar el carácter mercantil de esa substancia vital. 
En consecuencia, nos hemos abstenido. 
. (EN) Aunque apoyo el informe, deseo manifestar algunas reservas respecto al mismo. 
La exención de Irlanda en el caso de la recuperación de los costes del agua para uso doméstico no es tan firme como yo habría deseado. 
Las disposiciones clave- apartado 4 del artículo 9- afirman que un Estado miembro "no incumplirá esta Directiva" si la decisión de no exigir el pago del agua para uso doméstico sobre la base de "prácticas establecidas no compromete los fines y la realización de los objetivos de la presente Directiva". 
De este apartado se deduce que la decisión de no imponer la recuperación de los costes del agua iría en contra de la Directiva si ello puede relacionarse con el incumplimiento de las nuevas normas por parte del Gobierno irlandés. 
Habida cuenta de los fallos cometidos hasta ahora por el Gobierno irlandés, no tengo ninguna confianza de que pueda cumplir las normas establecidas. 
. (EN) Apoyo el acuerdo de conciliación que han alcanzado el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la directiva marco en el ámbito de la política de aguas. 
Esta Directiva proporciona el marco para consolidar la legislación ya existente a nivel nacional y europeo relativa a la seguridad de las aguas de superficie y subterráneas. 
Los principales elementos de esta Directiva garantizan la protección de las aguas superficiales y de baño, el control de los vertidos en cuencas fluviales y aguas subterráneas ahora y en el futuro. 
El Consejo, que representa a los quince gobiernos de la UE, en un comienzo no incluía ninguna disposición relativa a la eliminación de sustancias peligrosas en esta nueva directiva sobre el agua. 
Apoyo este acuerdo de conciliación que garantiza que la eliminación de sustancias peligrosas estará incluida en la directiva y corregirá ese desequilibrio. 
Desde una perspectiva irlandesa, damos por descontado que la eliminación de sustancias peligrosas incluye también la prohibición de realizar vertidos de sustancias radiactivas. 
Desde el inicio sabíamos que el precio del agua sería un aspecto delicado de esta directiva. 
Esta directiva hace un llamamiento a los Estados miembros para que tengan en cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios del agua, incluidos los costes ambientales y de mantenimiento de los recursos, según el principio de que quien contamina paga. 
Los Estados miembros deberán garantizar antes de 2010 que las políticas de tarificación del agua constituyen un incentivo adecuado para que los usuarios hagan un uso eficaz de los recursos. 
Los Estados miembros podrán, excepcionalmente, acogerse a la exclusión de la obligación de recuperar los costes si está basada en una práctica nacional establecida. 
La política de tarificación del agua es también un tema de fiscalidad. 
En virtud de los Tratados de la UE en vigor, estas modificaciones fiscales necesitan el apoyo unánime de todos los gobiernos de la UE. 
Es justo y acertado que este asunto de la fiscalidad se deje en el ámbito de los Estados miembros, que deben tener la última palabra en lo que respecta a las políticas fiscales a nivel local o nacional que deseen aplicar. 
Como resultado de la aplicación de esta directiva, mejorarán sustancialmente los niveles de seguridad de la calidad del agua en Europa. 
. (DE) La comunicación de la Comisión Europea sobre "Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos" tiene por objeto concretar y armonizar los objetivos económicos de la directiva marco comunitaria sobre la política de aguas. 
El control del cumplimiento del principio de recuperación de los costes mediante una supervisión de los precios, tal como propone la Comisión Europea apunta hacia aquellos países de la UE que todavía subvencionan en gran medida a su sector de servicios relacionados con el agua. 
En Alemania, en cambio, el principio de recuperación de los costes ya se cumple, al igual que el control de los abusos a través de la autoridad responsable de la competencia y la supervisión municipal. 
A la vista de ello, la directiva marco sobre la política de aguas y la propuesta de la Comisión sobre la tarificación del agua no se deben aprovechar para crear nuevas instancias administrativas de control en Alemania. 
La recuperación de los costes medioambientales y de utilización de recursos asociados al consumo de agua también tiene como objetivo los Estados de la UE que todavía consumen y contaminan en exceso sus recursos hídricos y, por lo tanto, no apunta a Alemania, donde ya se han realizado unos esfuerzos extraordinarios. 
En consecuencia, los requisitos de la directiva marco en este aspecto no pueden servir de ningún modo de excusa para introducir en Alemania un impuesto general sobre el agua o sobre el vertido de aguas residuales. 
Dado el carácter no vinculante de los objetivos económicos de la directiva sobre la política de aguas y de la comunicación de la Comisión, cabe el temor de que éstas sólo se apliquen con considerable reticencia- si llegan a aplicarse- en los "países meta". 
Si Alemania, en su papel de "niña modelo", sigue una orientación excepcional, como ya ha ocurrido con la transposición de otras directivas, con ello contribuiría a acentuar todavía más las distorsiones de la competencia entre las economías nacionales en el sector del agua dentro de la UE, en contra del objetivo de la directiva, que es establecer un marco común para la gestión del agua en Europa. 
Alemania tiene que aprender a transponer las disposiciones europeas de conformidad con el objetivo de las directivas y no como se desearía en los distintos Estados federales. 
En el caso de la directiva marco sobre la política de aguas volverá a haber alguna escapada nacional en solitario. 
Por fin se ha aprobado la directiva marco sobre el agua, de lo que no puedo por menos de congratularme. 
Desde 1997, el Parlamento Europeo pide que se ponga fin a la fragmentación que caracteriza la legislación sobre el agua en Europa. 
Al cabo de casi cuatro años, por fin ha llegado a término esa labor de racionalización. 
La conciliación entre nuestra Asamblea y el Consejo de Ministros, última etapa del procedimiento legislativo, ha permitido alcanzar una transacción que considero equilibrada y satisfactoria. 
Los debates han sido difíciles, pero me alegro de que al final el Consejo haya aprobado la decisión de conferir carácter vinculante a los objetivos principales de esa nueva reglamentación. 
Nuestro Parlamento no habría podido apoyar un texto puramente declarativo. 
El Grupo del PPE-DE siempre ha defendido una posición ambiciosa y realista. 
A mi juicio, era esencial que ese nuevo texto marco garantizara, para el futuro y en pro de las generaciones futuras, una mejora de la calidad de las aguas europeas. 
La gestión del agua en Europa estará en adelante basada en la cuenca hidrográfica. 
Esa entidad, que rebasa el marco administrativo de los Estados miembros, tiene en cuenta las realidades hidrológicas del territorio europeo. 
El objetivo establecido es la eliminación progresiva de los vertidos de substancias peligrosas: a los 20 años, a más tardar, después de que se hayan descubierto. 
Constituye una transacción realista entre, por una parte, la posición inicial de la Sra. Lienemann, partidaria de un nivel cero de vertidos en el agua y, por otra, la del Consejo, que se oponía a cualquier objetivo vinculante. 
Próximamente se someterá al Parlamento Europeo una lista de las llamadas substancias "prioritarias". 
Esa etapa será esencial y deseo que nuestro Parlamento siga la misma línea que hoy. 
Conforme al principio de que quien contamina paga, los Estados miembros deberán integrar los costes medioambientales en el precio del agua, lo que constituye un avance real. 
El agua es un recurso natural frágil cuya importancia es inestimable. 
Lo que está en juego es tanto la salud pública y el abastecimiento a largo plazo de agua potable como la diversidad biológica y la preservación de los paisajes. 
Por todas estas razones he votado a favor de este texto. 
Sin embargo, lamento que no se haya podido mantener el artículo consagrado a la posibilidad brindada a los Estados miembros de hacer trasvases de agua, tal como lo aprobamos en segunda lectura. 
Ese tipo de proyecto responde al principio de cohesión y solidaridad regionales que siempre hemos defendido. Con ese fin, debe contar con el apoyo amplio de la Unión Europea, en el marco del fomento de las redes transeuropeas y de la política regional. 
Todas las propuestas orientadas hacia una mejora del medio ambiente en Europa son dignas de beneplácito. 
Intentar reunir en una directiva marco las políticas dispersas que se refieren al agua representa una gran dificultad. 
El compromiso vinculante subscrito por la Unión Europea, por mediación de sus Estados miembros, de suprimir de aquí a 20 años los vertidos de productos peligrosos en el agua es un avance indudable, aun cuando, en el caso de ciertos productos químicos, basten tres años. 
Si bien podemos congratularnos del establecimiento de planes de gestión del agua por cuenca hidrográfica, conviene mantener la vigilancia en la aplicación de esas políticas y pienso, en particular, en el proyecto de trasvase de aguas del Ródano a España. 
En ese caso concreto, se deberán tener en cuenta en primer lugar la gestión del agua y las economías de agua que se puedan hacer, antes de proponer proyectos gigantescos de trasvase de una cuenca hidrográfica a otra. 
La Unión Europea debe también reflexionar en este momento sobre el precio del agua. 
No puede ser aceptable que sociedades multinacionales sean las únicas en fijar el precio del agua, con el pretexto de que prestan un servicio técnico de gestión del agua. 
Esta directiva va bien orientada, pero necesitará normas más precisas para reducir las contaminaciones del agua en origen. 
Informe Florenz (A5-0212/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de esta decisión definitiva del Comité de Conciliación sobre la directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil. 
Lo he hecho porque no solo los pensionistas y las personas mayores se sienten cercanos, como destino, a lo que les ocurre a los vehículos, sino sobre todo porque es muy correcto y muy justo que, por fin, con la iniciativa de Europa se solucione el problema de dónde llevar los vehículos cuando dejan de funcionar. 
Sin embargo, sugiero que se mejore aún más nuestra decisión previendo el pago de un depósito cuando se compra un vehículo nuevo y su restitución cuando se devuelve el vehículo viejo. 
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(SV) Los conservadores votamos excepcionalmente en contra de los asuntos de conciliación. 
Sin embargo, no respaldamos el acuerdo a que se ha llegado en el grupo de conciliación sobre recuperación de vehículos al final de su vida útil. 
Este acuerdo contiene medidas retroactivas y no podemos dar nuestro apoyo a textos legales que cambian las reglas del juego a posteriori. 
Una legislación retroactiva no es neutral desde el punto de vista de la competencia e inaceptable jurídicamente. 
Ya he tenido oportunidad de expresarme en varias ocasiones sobre este expediente complejo en el que están en juego intereses económicos no desdeñables, pero también y sobre todo la protección del medio ambiente. 
La propuesta de directiva relativa a los vehículos retirados de la circulación y presentada en 1997 va encaminada a prevenir la creación de desechos procedentes de vehículos y a fomentar la reutilización, el reciclaje y la valorización de los vehículos y de sus componentes a fin de reducir las cantidades de desechos procedentes de los vehículos retirados de la circulación y desguazados o incinerados sin recuperación de energía. 
La estrategia de la Comisión Europea se basa en medidas tales como el aumento del porcentaje de componentes reciclables, la disponibilidad de un número suficiente de centros de recogida para vehículos usados, la consecución de un conjunto de objetivos en materia de reutilización y la valorización de los vehículos usados, un control de la utilización de ciertos metales pesados en la fase de fabricación de los vehículos y la garantía de que los costos de la eliminación de los vehículos usados no incumbirán al último propietario. 
Las negociaciones se empantanaron en relación con ciertos aspectos. 
Las dificultades cristalizaron en la responsabilidad de los productores y la eliminación de los metales pesados. 
Después de varias horas de conciliación, los negociadores lograron un acuerdo. 
Sobre la responsabilidad de los productores, la directiva disponía que la entrega del vehículo usado debía poder hacerse sin gasto alguno para el último propietario y que correspondía al productor hacerse cargo de una parte importante de los gastos de tratamiento de los antiguos vehículos. 
La transacción lograda establece que, en el caso de los vehículos nuevos, es decir, puestos en el mercado a partir del 1 de julio de 2002, la responsabilidad del productor entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2002. 
Respecto del parque automovilístico existente, es decir, los vehículos puestos en el mercado antes del 1 de julio de 2002, se aplazará la responsabilidad del productor hasta el período 2006-2007. 
Además, el texto de la directiva precisa que los Estados miembros tienen la posibilidad de aplicar las disposiciones correspondientes antes de las fechas fijadas. 
Por lo que se refiere a los metales pesados, el Consejo y el Parlamento han acordado que todos los vehículos comercializados a partir del 1 de julio de 2003 no deberían contener ya metales pesados, tales como el cadmio, el plomo y el cromo hexavalente. 
Las dos delegaciones se pusieron de acuerdo sobre las derogaciones recogidas en el anexo II de la directiva. 
Por otra parte, me congratulo de que la petición del Parlamento Europeo relativa a la exclusión de los vehículos de colección del ámbito de aplicación de la directiva haya recibido una acogida positiva. 
La transacción resultante del procedimiento de conciliación, última fase legislativa, es el resultado de una negociación laboriosa entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. 
Lejos de ser satisfactoria, constituye, a mi juicio, un primer paso que, en ciertos aspectos, va, no obstante, bien orientada. 
Si bien hay que felicitarse de los objetivos cifrados y fijados (el 85% del peso de los vehículos producidos después de 1980 deberán ser reciclados, reutilizados o valorizados de aquí a 2006 y el 95% de aquí a 2015) , lamento la hipocresía de ciertas disposiciones propugnadas por el PSE y apoyadas por los gobiernos socialistas y socialdemócratas. 
En efecto, el Consejo de Ministros se ha mantenido inflexible sobre el carácter gratuito, para el propietario, de la recogida de su vehículo retirado de la circulación. 
Esa disposición es demagógica. Parte, cierto es, de una buena intención para con los consumidores, pero es totalmente irrealista. 
En efecto, la directiva establece que el costo del tratamiento recaerá íntegramente sobre los productores. 
Estos últimos no tendrán más remedio que repercutir al menos una parte de sus costos en la compra de los vehículos nuevos. 
Así, lejos de fomentar la compra de vehículos de nueva generación menos contaminantes, esa medida es una prima disimulada para quienes poseen los coche antiguos más contaminantes. 
Al final el Consejo de Ministros se ha adherido a la voluntad de los diputados europeos, que pedían desde la primera lectura que los vehículos de época quedaran expresamente excluidos del ámbito de aplicación de esta directiva. 
En efecto, la enmienda que he presentado y defendido va recogida íntegramente en el texto final. 
Más en general, esta directiva carece de ambición. 
Por ejemplo, pasa por alto totalmente el problema de los coches abandonados que desfiguran los paisajes. 
Pese al principio de que el que contamina paga, sus costos de retirada siguen recayendo sobre todos los contribuyentes. 
Es lamentable que ni esta directiva ni la relativa a los vertederos de desechos hayan abordado ese problema, pese a que tiene consecuencias desastrosas en el medio ambiente de gran parte de Europa. 
Informe De Roo (A5-0218/2000) 
Señor Presidente, después de esta directiva, los neumáticos serán más silenciosos: los coches, los camiones, los trenes de carretera circularán por las carreteras y las autopistas de manera más silenciosa. 
Muy bien, porque los pensionistas se alegran de que el ruido no les moleste demasiado. 
Sin embargo, señor Presidente, hace cuatro semanas, cerca de la Gare du Nord, en Bruselas, crucé la calle e inmediatamente sentí un estremecimiento porque era de noche, había un silencio total y vi pasar detrás de mí un tranvía en el silencio más absoluto. 
Gracias a Dios, no me pasó nada porque Dios quiso que yo estuviese aquí con mis explicaciones de voto. 
Pero ¿estamos seguros de que lo mejor para todos nosotros es que los neumáticos hagan menos ruido? 
No podemos por menos de felicitar y apoyar a nuestro colega el Sr. de Roo en su propósito de incluir las molestias sonoras en el marco de la defensa del medio ambiente. 
En efecto, la intensificación del tráfico por carretera no se limita sólo, por desgracia, a las contaminaciones, aún no resueltas pese a su carácter planetario, que emanan de los vehículos al final de su vida y de su reciclaje ni a sus perjuicios y nocividad para el aire que respiramos ni siquiera al calentamiento consiguiente y consecutivo del clima a escala mundial. 
El tráfico por carretera produce también molestias sonoras considerables e incesantes, que millones de personas cuyas casas están contiguas a las carreteras y autopistas y cualquier peatón deben soportar cotidianamente. 
Así, pues, las propuestas del Sr. de Roo van encaminadas a poner de relieve una forma de contaminación generalmente oculta, razón por la cual lo apoyamos plenamente. 
Pero no debemos olvidar que nuestras reivindicaciones deben versar más en general sobre el problema de las molestias causadas por el automóvil, por su papel cada vez más destacado en las sociedades desarrolladas y en nuestras ciudades y presionamos a la Comisión para que se formulen políticas de reconversión de los transportes por carretera y su substitución por los ferrocarriles y los transportes colectivos. 
El tranvía en Estrasburgo constituye un ejemplo patente de ello. 
El empleo del coche para el transporte de personas y mercancías ha sido tan obvio durante tanto tiempo que no hemos pensado suficientemente en las consecuencias que conlleva para muchas personas y para el entorno medioambiental. 
Solamente contaban las ventajas económicas y las facilidades para el conductor; las desventajas no se veían. 
Las emisiones de gases y la inseguridad vial se aceptaban como normales, al igual que el ruido ocasionado por los coches. 
Afortunadamente, esto está cambiando en los últimos años. 
En muchas ciudades, las bicicletas y el ferrocarril logran más espacio y se limita la libertad de los coches. 
No se solucionan con ello los problemas que ocasionan los coches y los camiones. 
El número de automóviles continúa aumentando, al igual que el transporte por carretera. 
Esto da lugar a un aumento de la contaminación acústica. 
Visto desde los intereses de la industria del automóvil, es lógico que las críticas se trasladen a otros sectores. Se remiten al responsable de las infraestructuras, en términos generales la Administración, para que aumente la seguridad y disminuya la contaminación medioambiental. 
En tanto logre tener éxito con ello, la propia industria no necesita colaborar en la disminución de la contaminación que ocasionan sus vehículos y, por tanto, tampoco debe soportar ningún coste. 
Considera que se debe luchar contra la contaminación acústica mediante "un asfalto muy abierto", un pavimento, que, sin embargo, puede helarse inesperadamente en caso de heladas. 
Se trata ahora de elegir entre los intereses de la industria del automóvil y de la industria de los neumáticos para coches, por una parte, y el bienestar de las personas y el medio ambiente, por otra. 
Vemos todavía con demasiada frecuencia que tienen preferencia los intereses a corto plazo de los poderosos grupos industriales, mientras que, cada vez más, la mayoría de nuestros electores exige otra cosa en la toma de decisiones políticas. 
La protección de la calidad de vida frente al hecho de lograr un dinero a corto plazo va cobrando más importancia. 
Así mismo, esta contradicción ha quedado patente una vez más en el debate sobre los neumáticos. 
Como muy bien ha señalado el Sr. De Roo, la regulación que propone la Comisión supone una mejora insuficiente y resulta técnicamente posible disminuir la contaminación en algunos decibelios. 
Solamente se requiere voluntad política para regularlo de forma suficiente, controlar la aplicación de la regulación y no permitir márgenes superiores innecesarios. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea siempre ha apoyado al Sr. De Roo en ese punto. 
Lamentamos que sus razonables y obvias propuestas no logren la aceptación general que merecen. 
El hombre se mueve y hace mover las cosas. 
El movimiento provoca ruido. 
Nuestra fantástica época del desplazamiento, al que debemos, por lo demás, nuestra sensación de libertad, es ruidosa. 
Así, pues, la libertad hace ruido. 
Los Estados y la industria procuran luchar contra esa contaminación acústica que puede engendrar enfermedades. 
La industria aprueba la voluntad del legislador de hacer que el transporte, el desplazamiento de hombres y mercancías, piedra angular de la libre circulación, sea más seguro y menos contaminante. 
Conocemos los avances logrados en el firme de la carretera, en la resistencia al desgaste y la reducción del consumo de carburante, pero las inversiones en investigación e innovación no permiten aún, por razones técnicas válidas, conciliar todas las exigencias del ponente. 
Se evalúa el rendimiento global mediante un conjunto de criterios, con frecuencia opuestos, que los técnicos de la fabricación de neumáticos conocen. 
Sin embargo, no hemos querido apoyar al ponente, porque las modificaciones propuestas redundan en detrimento de la seguridad, de nuestra seguridad, en detrimento de la duración de la vida de los neumáticos y de su adherencia. 
Denunciamos esas enmiendas, que provocarían lo que podríamos llamar un sinsentido industrial. 
En este caso la Unión complica de nuevo los detalles. 
Por lo demás, no puedo por menos de asombrarme de las esferas en las que la Comisión se mete y se las arregla para legislar. 
Si bien el ruido en todas sus formas es una plaga en el centro de nuestras ciudades, en los alrededores de nuestros aeropuertos, de nuestras carreteras, ¡no por ello deja de ser preferible la seguridad en las carreteras! 
Por otra parte, ¿? qué es lo que nos irrita más en nuestra vida cotidiana? ? El sordo ruido de la resistencia del neumático en la carretera o las bruscas aceleraciones de los vehículos y el zumbido de las motocicletas de motores desenfrenados? 
Habría que hacer más bien investigaciones a fondo sobre el ruido y el peligro de las cubiertas recicladas. 
No perdamos el sentido de las prioridades y lo que podríamos llamar la eficacia legislativa. 
Informe Bakopoulos (A5-0168/2000) 
Señor Presidente, también he votado a favor del informe Bakopoulos porque es justo ser pruedentes a la hora de comercializar productos que pueden ser nocivos para todos nosotros. 
Sin embargo, ¿no estamos exagerando con estas directivas? 
¿No estamos empleando demasiado a este Parlamento para debatir temas tan técnicos, tan técnicamente importantes? 
¿No sería mejor que con una única directiva autorizáramos a la Comisión para que decidiera qué nuevas sustancias nocivas se comercializan evitando de este modo ocupar una gran parte de nuestro tiempo en repetir los procedimientos para impedir la comercialización de nuevos productos? 
Sida: 
Hemos votado a favor de la resolución común sobre el sida, pues si tuviera efecto, cosa que está por ver, representaría un avance. 
Sin embargo, no compartimos todas sus formulaciones, en particular, la de poner en tela de juicio sólo a los gobiernos africanos o tradiciones culturales y religiosas que obstaculizan la aplicación eficaz de las medidas contra la enfermedad, cierto es, pero se trata, de todos modos, de una forma de disimular la responsabilidad de todo un sistema de salud, dominado por monopolios farmacéuticos y por la carrera para obtener beneficios. 
Pues, si en África, como en muchos países pobres, se muere de paludismo, bilharziosis, tuberculosis o simplemente sarampión, no es por los obstáculos religiosos, sino porque esos enfermos no pueden costearse medicamentos ni atención de salud. 
Telecomunicaciones: 
Hemos votado contra la resolución común relativa a las fusiones en el sector de las telecomunicaciones. En efecto, en esa resolución, que considera que ese sector, como todos los demás, debe ser entregado a "una economía de mercado abierto, caracterizada por la libre circulación", se ha suprimido cualquier idea de servicio público. 
Por otra parte, la mención imprecisa de una "garantía en cuanto al crecimiento y al empleo" no protegerá precisamente a los trabajadores contra los despidos previsibles con ocasión de futuras fusiones. 
No se establece ese mínimo carácter vinculante para impedir a las empresas despedir con el pretexto de la reestructuración, cuando en realidad se trata de aumentar sus beneficios. 
Además, es evidente que no tenemos la intención de asociarnos a la oda a "la eficacia de la competencia", que figura en esta resolución. 
Señor Presidente, la mayoría del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha votado a favor de esta resolución. 
En el debate de ayer en esta Asamblea sobre la clonación pude escuchar a quienes la defendían, de manera más o menos explícita, en relación con tratamientos médicos, ya que esta forma de clonación sería totalmente diferente de aquella que tiene como objeto la reproducción. 
Desgraciadamente, existen tendencias a este tipo de debates semánticos o estratégicos, que podrían llevarnos a defender la moralidad de la clonación de los seres humanos. 
Quienes no quieren permitir la clonación en ninguna de sus formas serían entonces inmorales, en la medida que permiten que seres humanos sufran enfermedades que podrían curarse si se diese luz verde a estas nuevas técnicas, por ejemplo la enfermedad de Parkinson. 
Esta afirmación, que en mi opinión debería ser eliminada, es totalmente absurda. 
Investigadores de todo el mundo han dicho que tanto la enfermedad de Parkinson como otras enfermedades graves pueden curarse con otros métodos. 
También escuchamos a Emma Bonino decir que los políticos debemos asumir riesgos, pero nosotros, el Grupo Verts/ALE, opinamos que nuestra responsabilidad ineludible como representantes del pueblo es identificar los riesgos y ser cautelosos. 
En este contexto, quisiera preguntar al Grupo PSE por qué no ha instado a Tony Blair a retirar esta propuesta en su totalidad y se han conformado solamente con un comité biotécnico. 
Tenemos que velar por el principio de la cautela, en este caso más que en cualquier otro. 
Tenemos que formularnos la pregunta más importante de todas: ¿con qué objeto vamos a clonar a los seres humanos? 
Creo que tenemos que entender que hay una carrera en el campo de la genética que nos hace correr grave riesgo de que se sobrepasen los límites de forma espantosa. 
Los avances son muy rápidos. 
No podemos conformarnos con este debate; debemos continuarlo y acelerarlo, además de velar por el principio de la cautela. 
Señor Presidente, soy uno de los 237 diputados europeos que ha votado a favor de la resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos y Demócratas Europeos) sobre la clonación. 
La ciencia siempre ha tenido dos caras: desde siempre, lo que se descubre puede ser utilizado para beneficiarnos o para perjudicarnos. La rueda puede moverse más rápidamente o para matar a alguien; el revolver sirve para defenderse o para matar; la energía atómica sirve para que estemos mejor o para crear bombas atómicas. 
En este caso de la investigación sobre la clonación, me pregunto: ¿Acaso ya se ha tomado la decisión de hacer algo contra la humanidad, en lugar de esperar que la investigación neutral logre algún resultado científico y luego se decida cómo usarlo? 
Habría sido mejor que la decisión la hubiese tomado Europa y no un único jefe de Gobierno. 
Señor Presidente, en el debate relativo a la clonación de personas con fines terapéuticos, partimos de la idea de que es necesario ser muy prudentes respecto de la aplicación de esta nueva técnica. 
La clonación comercial e industrial o la clonación con el fin de crear personas con unas características determinadas es, con razón, inaceptable para todos. 
Sin embargo, encontramos hoy aquí dos posturas irreconciliables. 
Dentro del Grupo GUE/NGL se ha abandonado la disciplina de voto a fin de que cada miembro vote en conciencia. 
La división entre la opinión de los democristianos y los verdes, por una parte, y la de los socialdemócratas y los liberales, por otra, se debe, en mi opinión, a que los primeros hacen hincapié en la responsabilidad penal de los médicos y, los segundos, en la necesidad de un estudio más profundo de las consecuencias. 
Prefiero el segundo concepto. 
Debe encontrarse una solución para las personas que necesitan un corazón, un riñón o un hígado, al igual que para los pacientes de Parkinson. 
También se trata de una cuestión ética. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, tiene muchas reservas en cuanto a la clonación y la manipulación genética. Partiendo de esto, he podido respaldar la opción de los socialdemócratas y liberales, y no la opción totalmente negativa de los democristianos y verdes. 
Por otra parte, dentro de unos años resultará posible crear órganos a partir del propio tronco cerebral que no serán rechazados por el cuerpo del receptor. 
Prefiero este método al desarrollado en Gran Bretaña, que emplea la técnica de reproducción. 
Señor Presidente, voté a favor, en todas sus partes, de la resolución del Grupo PPE-DE, junto con los Grupos Verts/ALE, EDD y UEN. Me gusta esta resolución. 
No obstante, me preocupa la estrecha mayoría con la que se aprobó: 237 votos a favor, 230 en contra y 43 abstenciones. 
Con anterioridad, en la respuesta a la consulta sobre la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea, aprobada casi unánimemente en este Parlamento, he mencionado que la dignidad humana es única, inalienable e idéntica para todos. 
Es importante que asumamos las consecuencias del concepto de humanidad que ha reinado en nuestra Europa por más de mil años. 
La civilización, la humanidad, demuestra su naturaleza en la forma de tratar a las vidas indefensas. 
Tenemos que decir no a la clonación de seres humanos. 
Los humanos somos sujetos, no simples objetos. 
Señor Presidente, yo creo que la señal que hemos conseguido transmitir con la presente resolución, al declarar que engendrar embriones con el objetivo deliberado de destinarlos a fines de investigación no es admisible, constituye un gran éxito desde el punto de vista de los derechos humanos. 
Con la presente resolución hemos dejado claro, a mi parecer, que no se puede convertir la vida humana en un bien de consumo. 
No obstante, a la vez me preocupa la escasa mayoría que ha obtenido la resolución. 
Yo espero que haya sido únicamente un reflejo de las maniobras tácticas del Grupo socialista. 
Debo decir que me parece que se ha actuado de una manera vergonzosa. 
En efecto, se pide la creación de una comisión temporal, pero no se dice que Tony Blair deba posponer su decisión hasta que dicha comisión haya alcanzado una conclusión. 
Esto revela el carácter contradictorio de la resolución. 
También me parece más que vergonzoso que por fidelidad a Blair se echen por la borda todos los escrúpulos. 
Quisiera volver a resaltar que siempre hemos afirmado que se trata de lo que se designa como una clonación terapéutica. 
Tenemos la alternativa de conseguir el mismo fin mediante células madre adultas. 
Aun así, yo espero que la Comisión tenga el valor de transponer lo que pedimos en la resolución, a saber, que no se concedan ningún tipo de ayudas a las instituciones que realizan investigaciones directas o indirectas en este ámbito. 
Señor Presidente, mi Grupo ha discutido esta mañana sobre cuál debe ser nuestra postura en relación al apartado 5 de la propuesta de resolución sobre la clonación, en el cual se constata que no se puede hacer diferencia entre la clonación cuyo objeto es la reproducción y los demás tipos de clonación. 
Este tema es controvertido y su interpretación depende mucho del punto de vista que se adopte. 
Hay dos puntos de vista, entre los que realmente no existe ninguna diferencia. 
En primer lugar, técnicamente, es decir, en cuanto a la forma de llevarse a cabo, se trata del mismo tipo de fenómeno. 
En segundo lugar, desde un enfoque filosófico: si esta intervención es considerada desde el punto de vista del feto, tampoco hay diferencia. 
En cualquier caso, el feto se usa como un instrumento, como un utensilio, y no como un ser valioso por sí mismo. 
Existe una conmovedora unanimidad al considerar anti-ética la clonación reproductiva. 
Mi gran preocupación concierne a los argumentos que usamos para rechazarla. 
Y expongo esto como persona que tiene un título académico en Filosofía. 
¿Serán nuestros argumentos de tal índole que luego se pueda renunciar a ellos alegando que, en realidad y técnicamente hablando, ya practicamos la clonación? 
¿Qué importancia tiene al fin y al cabo, cuando el hecho es el mismo? 
He votado hoy en contra de la enmienda 5 por la única razón de que, en mi opinión, ésta carecía de argumentación. 
Sin embargo, pienso que esta distinción no está bien fundamentada desde el punto de vista de los procedimientos técnicos, ni tampoco desde el punto de vista del feto. 
Por todo ello, semejante distinción no debe ser aceptada sin antes mantener un debate verdaderamente profundo sobre el tema. 
Mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea no ha firmado ninguna de las dos propuestas de resolución. 
No estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo porque tras su rechazo total de la clonación humana, subyace su conocida postura contra el aborto. 
Por otra parte, no nos satisface tampoco la postura del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos porque no toma posición frente al Gobierno británico, que ha abierto camino a la clonación con fines médicos, dando así luz verde a la administración americana para avanzar en acciones de esta naturaleza, tal como exigía la industria biotecnológica. 
Creemos que, sin perder tiempo, lo que podemos hacer hoy en un tema tan complicado y difícil, es crear una comisión temporal del Parlamento Europeo sobre Bioética, con vistas a que nos proporcione elementos para un debate objetivo y en profundidad sobre el problema de la investigación médica, basado en el embrión que ha resultado de la clonación humana. 
La clonación terapéutica equivale a crear un embrión por clonación para destruirlo a continuación a fin de obtener células destinadas a la investigación médica y, posteriormente tal vez, para la curación de ciertas enfermedades incurables. 
Así, pues, no se puede decir que la intención sea mala. 
Pero el método es muy discutible, al menos por dos razones: en primer lugar, se crea una vida (ya sea utilizando un embrión supernumerario, que estaba originalmente destinado a hacer nacer un nuevo ser humano, o utilizando un embrión clonado) y después se la destruye para salvar otra. 
¿Tenemos derecho a crear, así, una categoría de subseres manipulables a voluntad? 
Creo que no, evidentemente. 
En segundo lugar, si todo el mundo conviene en condenar la clonación de los seres humanos en general, algunos quisieran introducir una distinción entre la "clonación reproductiva" (encaminada a reproducir la totalidad de un ser) , que estaría prohibida, y la "clonación terapéutica", que se podría autorizar bajo vigilancia, dentro de ciertos límites, y a condición de que no se comercialice. 
Pero esa distinción es artificial, ya que se basa en la intención de la clonación, mientras que el acto mismo es idéntico en los dos casos; la clonación terapéutica descansa también, por su parte, en una reproducción de embriones por clonación. 
Toda clonación es por definición reproductiva. 
La clonación de embriones para fines de investigación o incluso la simple utilización, para esos fines, de embriones supernumerarios, nos haría rebasar un límite invisible allende el cual estaría autorizado instrumentalizar la vida humana. 
Entraríamos en otra sociedad, contraria a nuestros valores. 
Una solución para salir de ese dilema sería la de acelerar la investigación sobre la posibilidad de obtener esas células originarias a partir de órganos adultos y diferenciables para fines terapéuticos, como pide la resolución presentada por nuestros colegas Elisabeth Montfort y Nicole Thomas-Mauro. 
Esa operación sería aceptable, por ser asimilable a una donación de órganos. 
Semejante perspectiva nos permite vislumbrar que nuestras interrogantes actuales tal vez estén ligadas sólo a una fase transitoria de la investigación. 
Así lo esperamos, en todo caso. 
Por desgracia, el grupo de trabajo, autobautizado "Convención", que prepara una primera redacción de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, está siguiendo una orientación errada a ese respecto. 
El artículo 3 del proyecto, en su estado actual, se limita a prohibir "la clonación reproductiva de los seres humanos", es decir, que cae totalmente en la falsa distinción que denunciamos. 
Yo he presentado una enmienda a ese respecto, junto con algunos diputados, pero, aunque la formulación de nuestra propuesta es muy moderada, no se ha aceptado hasta este momento. 
Como quiera que se considere esa Carta desde cualquier punto de vista, no se logra, la verdad, verle calidad alguna. 
En todas las épocas, la Humanidad ha tenido que evaluar cómo orientar los desarrollos científicos de conformidad con sus opciones éticas y sociales. 
Lo que está en juego es tanto más delicado cuando de lo que se trata es de lo humano y de los fundamentos genéticos. 
Por eso, la prudencia debe ser extrema, aunque sin caer en el obscurantismo. 
En el estado actual de conocimientos y del debate ético, y en vista de la inaceptable autorización concedida por el Gobierno británico a la clonación humana, lo primero que hay que conseguir es una moratoria total y absoluta de todas las experimentaciones en materia de clonación humana. 
Lo segundo es formular una directriz clara, que garantice la dignidad humana, tras haber estudiado el dictamen del Consejo Europeo de Ética. 
En el estado actual de los textos, ninguna resolución presentada por los Grupos me convence. 
El Grupo socialista no es suficientemente exigente para la interrupción inmediata de cualquier clonación humana. 
El Grupo PPE parece zanjar definitivamente debates delicados como la distinción entre clonación reproductiva y clonación de otra índole. 
Ahora bien, el análisis del Comité Europeo de Ética sería, en mi opinión, útil para aclarar los arbitrajes. 
La urgencia habría exigido una actitud eficaz 
la moratoria inmediata y absoluta 
una reflexión a fondo y un debate amplio sobre el fondo antes de que la directiva establezca una norma consagrada. 
No es eso lo que se somete a votación hoy. 
Así, pues, voy a abstenerme sobre esos proyectos de resolución. 
- (DE) Yo me he abstenido en la votación de la resolución del PPE y los Verdes/ALE sobre la clonación humana. 
Me parece positivo que se adopte alguna medida en contra de la decisión del Parlamento británico. 
En la resolución se hace hincapié en que el Parlamento Europeo se mantiene firme en su decisión de prohibir la clonación (y, por consiguiente, también rechaza cualquier tipo de apoyo financiero a la investigación en este ámbito). 
No obstante, los apartados 6 y 8, en particular, me parecen muy arriesgados. En ellos se aceptan, en efecto, como válidas las promesas terapéuticas de la biotecnología, a pesar de que la evaluación de los resultados es hasta ahora ambivalente en el mejor de los casos. 
El Parlamento Europeo se adentra en un terreno resbaladizo con la petición de nuevas investigaciones sobre terapias genéticas y otros métodos de ingeniería genética, sin mencionar para nada los riesgos y los ensayos fallidos, ni hacer una valoración política de los mismos que cuestione las promesas positivas sin matices. 
La reciente decisión de los Gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos de permitir la clonación de embriones humanos, que se utilizarán en el futuro como "depósitos de tejidos de repuesto" y de órganos vitales, despierta tremendos interrogantes y problemas. 
Han tomado esta decisión aunque muchas cuestiones médicas, éticas y sociales cruciales siguen sin contestar. 
Nadie puede dudar de que los rápidos cambios en el ámbito de la genética y de la biología molecular abren nuevos caminos para la ciencia, reducen la distancia entre lo imposible y lo factible, dando esperanzas de curación de algunas dolencias y enfermedades que azotan a la humanidad. 
Pero también, y precisamente porque las posibilidades de las ciencias biomédicas son incalculables y pueden penetrar en los detalles de la vida y de la evolución humanas y transformar fácilmente los sueños en pesadillas, se plantea urgentemente la grave cuestión que debe preocupar no sólo a la comunidad científica, sino también al conjunto de la sociedad en todos los niveles. ¿Por qué razones y a manos de quién va a llegar esta nueva "arma"· científica tan potente? 
Bajo el régimen del capitalismo más extremo y cruel y de la implacable economía de mercado, los límites entre los fines científicos y la locura lucrativa de las multinacionales y los monopolios farmacéuticos son dudosos y difíciles de discernir. 
Es un crimen que cuestiones que afectan a la propia existencia humana, como la vida y la muerte, sean objeto de comercialización más allá de cualquier control social y político. 
Si reflexionamos sobre los grandes intereses económicos que se ocultan tras este intento vemos que, aun con interrogantes cruciales pendientes y cuestiones de importancia capital sin resolver, los rapidísimos ritmos con los que se promociona este tema engendran peligros incalculables. 
El proyecto en marcha "de clonación terapéutica" abre los "odres de Eolo", puesto que nadie puede garantizar el uso limitado o concreto de la clonación. 
La clonación de embriones puede llegar a ser un "caballo de Troya" para la reanimación del intento de clonación o... el deterioro de personas, con consecuencias imprevisibles y quizá dramáticas para la especie humana, y debe evitarse. 
El mayor peligro consiste, no en la fuerza de la ciencia, sino en su equivocada e incontrolada explotación y aplicación. 
Cuando, además, sus coordenadas se localizan en las leyes del beneficio y de sus oscuros intereses, debemos ser especialmente cuidadosos y estar continuamente alerta. 
Informe Lucas (A5-0187/2000) 
Señor Presidente, hoy es la segunda vez que hablamos de un informe que facilita el sueño de todos, en particular de las personas mayores. 
¿Acaso se puede estar en contra de este informe que se preocupa por reducir el ruido de los aviones que llegan y salen de los aeropuertos cerca de los que viven muchas personas que tanto por la noche como durante el día no deja de molestarles? 
Sin embargo, me permito hacer una propuesta acerca de este tema, esto es, que en un futuro se trate de construir muchos pequeños aeropuertos en zonas aisladas y deshabitadas, en lugar de pocos y grandísimos aeropuertos en las capitales de los Estados. 
En el momento en que Francia ha entrado en un conflicto con los principales consumidores de gasóleo (camioneros, labradores, empresas de ambulancias) , que podría extenderse como una mancha de aceite por toda Europa con la súbita alza de los precios de los carburantes, en el momento en que se han iniciado en Lyon las negociaciones para aplicar el protocolo de Kyoto, las propuestas que se deben aprobar en La Haya en gran número para luchar contra las emisiones de gas con efecto de invernadero, advertimos que el camino por recorrer en todos los niveles para hacer que los modos de transporte contaminantes y que degradan el medio ambiente cedan el paso a transportes ecológicamente duraderos y que contribuyan de verdad a la lucha contra las emisiones de gases con efecto de invernadero. 
En ese sentido, el informe de la Sra. Lucas toma nota de las medidas positivas que contribuirán a la reducción de los perjuicios en los transportes aéreos, en particular con la retirada progresiva de los aviones más ruidosos. 
En cambio, plantea problemas concretos y políticos, a saber, las desventajas de las políticas de transporte aéreo y sus repercusiones negativas en el medio ambiente. 
Europa tropieza con las medidas de reducción de los gases con efecto de invernadero excluyendo los transportes aéreos, grandes productores de CO2, del protocolo de Kyoto y de los planes de reducción de contaminantes. 
Fiscalidad del queroseno, cánones medioambientales, tipo cero de IVA para los billetes de avión, son- todos ellos- aspectos que se deben tener presentes para establecer una competencia equitativa entre los diferentes modos de transporte. 
. (DE) Mi Grupo político acaba de votar positivamente el Informe Lucas, atendiendo a las siguientes consideraciones: el calentamiento masivo de la atmósfera terrestre asociado a las emisiones de CO2 y otros gases nocivos que volvió a pronosticar hace poco el Fondo Mundial para la Naturaleza exige sin demora la respuesta de una política orientada racionalmente y una economía que no persiga exclusivamente la obtención de beneficios a corto plazo. 
El transporte aéreo, cuya contribución a las emisiones se estima en un 15%, es, obviamente, sólo uno de los responsables de la contaminación atmosférica y no el más importante, ni mucho menos. 
Sin embargo, a la vista de los pronósticos que prevén una duplicación del tráfico aéreo para 2015 sólo en el interior de la UE, es casi obligado que el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo adopten conjuntamente medidas para limitar los efectos ambientalmente nocivos del transporte aéreo. 
Éstas deben abarcar todo el abanico de efectos perjudiciales, o sea, las emisiones, el ruido, los errores en la gestión del espacio aéreo y en la planificación del territorio, etc., e integrar de manera equilibrada los intereses de económicos de las compañías aéreas. 
Nosotros apoyamos que se establezcan unos valores límite rígidos para las emisiones y la contaminación acústica, así como la iniciativa de la UE con vistas al 33º periodo de sesiones de la OACI que se solicita. 
Por esto también apoyamos que la UE adopte medidas restrictivas por su cuenta en el caso de que en las sesiones de la OACI no se obtengan resultados o éstos sean insatisfactorios. 
Dichas medidas pueden y deben inducir a la industria del transporte aéreo a desarrollar nuevas soluciones técnicas, más eficientes, menos contaminantes y más silenciosas. 
El siglo XX ha supuesto un fantástico avance tecnológico, especialmente en el ámbito del tráfico y de otro tipo de transporte para las largas distancias. 
De ahí que se hayan creado dos vacas sagradas: el coche y el avión. 
Los que esperan una ventaja material de ello, están dispuestos a supeditar todo a su libertad para usar esos medios de transporte. Olvidan las consecuencias negativas que conllevan para el resto de las personas y para el medio ambiente. 
La aviación y los aeropuertos se han convertido, mientras tanto, en un sector privilegiado. 
Se ven en gran parte exonerados de impuestos y reglas medioambientales. De ahí que puedan ofrecer sus servicios de forma proporcionalmente barata, aunque los precios de los trayectos en los que existe un seudomonopolio son altos. 
Solamente de esta forma, ha resultado posible para la aviación ganar al ferrocarril en una lucha desleal por la competencia; este último medio de transporte ha perdido gran parte de su transporte internacional de personas en favor de otros medios de transporte a larga distancia, especialmente el avión. 
Por ello, los ferrocarriles transfronterizos dependen cada vez más de los planes de privatización y de las grandes inversiones en la red de alta velocidad. 
Así mismo, estas medidas tienen a su vez algunas consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente, que no se habrían presentado sin la competencia del tráfico aéreo. 
Ya es hora de que la aviación cumpla los requisitos medioambientales habituales, requisitos que han sido fijados para todos los restantes sectores a fin de proteger a las personas y el medio ambiente frente al ruido, la emisión de sustancias perjudiciales y la posibilidad de accidentes. 
Si esto convierte a las compañías aéreas en menos rentables y frena el fabuloso crecimiento del transporte aéreo, no es un problema, sino antes que nada, una necesidad. 
La Sra. Lucas ha dado algunos pasos modestos en la dirección correcta, a los que se suma gustosamente mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, en el que se lucha por ello. 
. 
(SV) Nos hemos abstenido en la votación final del informe Lucas. 
Compartimos la mayor parte de los criterios que se contienen en él sobre la necesidad de endurecer la política para combatir los efectos negativos del transporte aéreo en el medio ambiente, pero no respaldamos los puntos 20 y 23 del texto. 
En ellos se crea el derecho de la UE para establecer impuestos en este campo y se propone una estandarización de las legislaciones nacionales en materia de planificación de suelos. 
Nos oponemos enérgicamente a esas propuestas. 
Consideramos indispensable y urgente tomar medidas inmediatas y radicales para proteger el medio ambiente de las consecuencias negativas causadas por el uso en continuo aumento del transporte aéreo. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión, se enfrenta al problema en base a la competencia y a los beneficios de la industria aeronáutica y de las compañías aéreas. 
De esta manera no cubre, como debería, temas de prioridad absoluta, y es muy general y muy poco clara acerca de los límites permitidos de producción de gases que contribuyen a la creación del efecto invernadero, y al establecimiento de, por lo menos, nuevas normas y disposiciones que deben aplicarse a nivel local y regional y fomentarse a nivel mundial. 
Sigue siendo poco clara y sus propuestas insuficientes en relación con la reducción de los niveles permitidos de ruido, principalmente en las regiones de los aeropuertos durante el día y especialmente por la noche. 
Una serie de cuestiones como la utilización del suelo alrededor de los aeropuertos, la mejora del tráfico aéreo, etc., continúan básicamente sin resolver y sin embargo son factores importantes a la hora de paliar los efectos negativos que los transportes aéreos causan en el medio ambiente. 
La propuesta de la Comisión es de carácter fundamentalmente rentable. 
En lugar de obligar a las compañías aeronáuticas a desarrollar la investigación y la aplicación de tecnologías nuevas y mas respetuosas con el medio ambiente, fomenta medidas para aumentar las rentas introduciendo nuevos impuestos en las compras de aviones, o cambiando el tipo de IVA para las compañías aéreas, o fiscalizando el queroseno, que pueden repercutir fácilmente en el consumidor final. 
Cualquier intento de reducir el número y las horas de vuelo aumentando el precio de los billetes, combinado con los continuos intentos de reducir el coste de mano de obra y menoscabar las normas de seguridad, son medidas para mantener, si no aumentar, los beneficios de la industria aeronáutica y no medidas para reducir las consecuencias negativas de los transportes aéreos en el medio ambiente. 
Es característica la ausencia de referencia alguna a la liberalización del mercado del transporte aéreo, la cual multiplica sus efectos en el medio ambiente por lo limitado del control de los aviones, por su antigüedad, por el mantenimiento insuficiente etc., factores que no tienen consecuencias sólo en el medio ambiente, sino en la propia seguridad de los vuelos y de los pasajeros. 
Informe Zabell (A5-0203/2000) 
Señor Presidente, este informe se refiere a la lucha contra el dopaje en el deporte. 
Lamentablemente, las autoridades deportivas internacionales no han sabido frenar ni combatir esta gravísima lacra. 
El dopaje en el deporte es como un cura que peca, es como un músico que desafina. 
No es posible que en el deporte que de por sí implica lealtad y competición, haya atletas que ganan porque se dopan. 
Por esto he votado esta propuesta, dado que no se defiende lo suficiente un verdadero cambio en la lucha contra el dopaje. 
Se debería crear una Agencia Europea Antidopaje y no esperar que una agencia mundial haga los que no consigue hacer cada Estado. 
¿Cómo se puede poner de acuerdo a tantos Estados? 
Señor Presidente, quiero puntualizar que, con relación al informe Zabell, sólo he votado a favor de las enmiendas que piden un fundamento jurídico, mientras que he votado en contra del conjunto del informe. 
En efecto, los datos actuales demuestran que la política emprendida por la Agencia Mundial Antidopaje es una política desastrosa que Europa no debía secundar, ya que es una política hecha por otros y de la que no debemos tener ninguna responsabilidad. 
Es una lástima que Europa no lo haya entendido y que hoy y en los próximos años tenga que llevar a cabo una lucha muy dura a la que habrá que hacer frente con medios mucho más incisivos, más fuertes y más duros. 
Sobre la base de mi experiencia, he intentado que mis colegas lo entendieran. 
Lamento que muchos de ellos no hayan entendido del todo lo que he tratado de hacerles comprender en todos estos días. 
El ejercicio físico es bueno para las personas. 
Jugar es inherente al ser humano. 
Favorece la salud y hace sentirse bien. 
Desgraciadamente, la deportividad lleva ya decenios sometida a presión. 
Una ambición fuerte y unilateral, y la intervención de intereses comerciales cada vez mayores son los principales motivos que echan a perder el juego. 
Debemos plantearnos el dopaje en el ejercicio físico desde esta perspectiva. 
Estoy convencido de que no es un fenómeno aislado, sino que cabe enmarcarlo dentro del fenómeno de desarrollo económico del sector del ocio. 
Debido a ello, también ha aumentado la diferencia entre el deporte aficionado y profesional. 
La Comisión habla muy bien del deporte en su informe de Helsinki. 
Así mismo, encuentro frases en la resolución que encomian su función social, integradora y confraternizadora. 
Lamentablemente, los grandes acontecimientos deportivos evidencian muchas muestras de lo contrario. 
No en vano, los Juegos Olímpicos de Atlanta fueron calificados de Guerra Olímpica por el chef de mission neerlandés André Bolhuis. Seguramente los denominó así por los miles de agentes de policía desplazados y la atmósfera hostil que el público americano y sus medios de comunicación crearon frente a los aficionados al deporte procedentes de otros países. 
Si queremos luchar contra estas manifestaciones que también se dan en los acontecimientos deportivos internacionales celebrados en nuestros países, debemos devolver el espíritu deportivo al ejercicio físico. 
La ambición y los intereses comerciales deben reducirse drásticamente. 
Esto crea, así mismo, un clima mucho mejor para luchar con la mayor firmeza posible contra el dopaje. 
El Tratado no atribuye competencias directas en materia de deporte a las instituciones de la Unión Europea. 
La contribución de la Comunidad a la lucha contra el dopaje debe ser, por tanto, limitada. 
El sector deportivo está totalmente organizado según sus propias reglas, y las federaciones nacionales y asociaciones siguen desempeñando un importante papel en ello. 
Por ello, no estoy de acuerdo con que se modifique el artículo 151 del Tratado de la UE a fin de incluir el deporte. 
Insistir en una política comunitaria del deporte no se adecua en absoluto con el principio de subsidiariedad. 
A pesar de que cabe señalar los aspectos positivos en la resolución que acabamos de votar, no puedo respaldarla debido, especialmente, a los motivos institucionales mencionados. 
Estoy muy satisfecho de que hayamos podido celebrar un debate en esta Asamblea sobre este grave problema de la salud pública que constituye el dopaje en el deporte. 
Deseo felicitar a la Comisión Europea por el Plan de Acción que nos ha propuesto, así como a la ponente y a la Sra. Buffet, Presidenta en ejercicio del Consejo. 
A tenor de la Carta Olímpica, el deporte debe encarnar "un espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio". 
El dopaje en el deporte es exactamente lo opuesto de ese ideal. 
Sin embargo, la utilización de productos dopantes está muy extendida entre los deportistas profesionales, pero también entre los aficionados. 
Ese flagelo, cuya amplitud resulta difícil de calibrar, es un fenómeno complejo que amenaza gravemente la integridad física y psicológica de los deportistas. 
Es también un fraude que atenta contra la ética deportiva. 
Esta observación debe incitarnos a fortalecer la acción de la Unión Europea para luchar contra ese fenómeno. 
Así, pues, deseo la inclusión en los Tratados de un fundamento jurídico que permita una acción comunitaria en la esfera del deporte. 
Sé que esa cuestión suscita muchas discusiones, que permitirán, por lo demás, alimentar el debate en el Foro Europeo del Deporte, los próximos días 26 y 27 de octubre en Lille. Yo participaré, naturalmente, para dar a conocer mi punto de vista. 
Por lo demás, apruebo la petición a la Comisión de que analice las causas del dopaje en las diferentes disciplinas deportivas, aun cuando sepamos que una de las primeras causas de la propagación del dopaje radica en los intereses comerciales que el deporte lleva ya aparejados. 
En el marco del quinto programa-marco de investigación, la Unión Europea deberá intensificar las investigaciones sobre las substancias dopantes y los métodos de detección y las repercusiones de la utilización de substancias dopantes en la salud. 
También me parece primordial lanzar campañas de información sobre los riesgos que entrañan los productos dopantes. 
Esas campañas deberían ir dirigidas prioritariamente a los jóvenes y deberían colaborar en ellas atletas de notoriedad reconocida. 
Como la lucha contra el dopaje se debe hacer en el nivel internacional, la creación de una Agencia Mundial Antidopaje (AMA) constituye sin lugar a dudas un avance esencial. 
Dicha Agencia, creada en 1999, funciona actualmente con modalidades transitorias cuyas transparencia e independencia dejan que desear. 
La Presidencia francesa se ha comprometido a mejorar su funcionamiento, ¡cosa de la que me congratulo! 
¡? Devolvamos al deporte su verdadero valor! 
Se debe considerar el deporte ante todo una actividad educativa y social que fomente el espíritu de equipo, solidaridad y lealtad, ? y contribuya a luchar contra el racismo y la xenofobia! 
. 
(SV) Votamos en contra de las justificaciones I, J y K y nos abstenemos en relación con el punto 2. 
Esas tres justificaciones y este punto instan a la Comisión, de diferentes maneras, a integrar la política de deportes en el Tratado. 
La política de deportes es una política que se caracteriza por su contexto cultural y, por esa razón, no debe incluirse en el Tratado. 
La política de deportes es un campo en el que es evidente que la Comisión no debe tener competencia. 
A nuestro juicio, esta política debe incorporarse al principio de subsidiariedad y debe estar en el nivel de decisión nacional o en otro más bajo. 
Nos abstenemos en la votación final. 
(IT) Quiero subrayar la razón fundamental por la que, en el ámbito de los propósitos comunes del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, he votado a favor del informe Zabell y que no es otra que la prioridad que se da a la prevención. 
Es justo apostar ante todo por la prevención. 
En la escuela y en la sociedad hay que desmitificar el mito de que se puede ser "guapos, potentes e hipercativos" sin esfuerzo. 
Es preciso enseñar a los jóvenes que no existen atajos, aparte de los terriblemente dañinos, para alcanzar el éxito y realizar sus proyectos. 
En este sentido iba el proyecto piloto, aprobado por el Parlamento Europeo en el presupuesto del año 2000, de una gran campaña contra el dopaje. 
¿Qué ha sido de este proyecto? 
Hasta ahora no se ha cumplido ninguno de los plazos previstos. 
La lista de las candidaturas para el proyecto debía seleccionarse precisamente ahora, en septiembre. 
En consecuencia, deberíamos comenzar a dar coherencia a nuestros intentos, de lo contrario, nos ejercitaremos en bonitas elucubraciones teóricas, absolutamente efímeras fuera de este Pleno. 
Informe Mennea (A5-0208/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Mennea sobre el deporte por los innumerables elementos positivos que el mismo contiene y, en particular, porque recalca lo importante que es seguir organizando competiciones deportivas para los discapacitados. 
Espero que, tras esta propuesta, se faciliten también las competiciones deportivas de las personas mayores. 
Si los deportistas se dividieran por edades, como sucede con las categorías de peso en los combates de boxeo, podríamos organizar competiciones deportivas para personas de más de treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta años. 
Seguramente el Sr. Mennea volvería a ser un atleta olímpico cuando se volvieran a organizar competiciones en función de la edad. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados que han votado a favor de mi informe. 
Pienso que hoy Europa ha dado un paso adelante en el acercamiento al mundo del deporte. 
Queda aún mucho por hacer, puesto que el deporte evoluciona continuamente y Europa no se puede eximir de seguir esta evolución. 
Espero que en un próximo futuro se complete el trabajo que ha comenzado hoy, aquí en el Parlamento. 
Quiero precisar que algunos de los temas que propuse no han sido aprobados como, por ejemplo, el estatuto de los deportistas, la relación deportiva, etcétera. 
Confío que en un próximo futuro Europa llegue a madurar desde este punto de vista y que tome más en cuenta los puntos que no se han abordado. 
Zbigniew Brzezinski, el consejero del Presidente Carter, expuso, en una cumbre de Davos, la necesidad de utilizar los deportes, los grandes espectáculos y la sociedad de la diversión para que sirviera de válvula de descompresión a los millones de excluidos que el librecambismo salvaje produce todos los años en la economía de mercado generalizada. 
Se acuñó incluso una palabra para designar esa nueva versión del "pan y circo". 
Se trata de la palabra "tittytainment", que combina el término coloquial americano para "senos" y la palabra "pasatiempo". 
Se aprendió la lección y, de hecho, el deporte como espectáculo, industria y sedante planetario de las masas desprovistas, ha explotado. 
Se multiplican las copas del mundo, las copas de Europa, los grandes premios, los juegos de Helsinki, Sydney, Olimpia, el fútbol, el tenis, las carreras, los autos, los caballos. 
Se hace todo eso en nombre de la función social del deporte, que hace almas sanas en cuerpos sanos, hasta el punto de que el Tratado de Amsterdam lleva una declaración aneja sobre el deporte en la que se subraya su "papel de fermento de la identidad y vínculo de unión entre los hombres". 
Por lo demás, todo el mundo sabe que, gracias al deporte y a los Juegos Olímpicos, la guerra del Peloponeso nunca se produjo, que Atenas y Esparta se adoraban, que el circo creaba la unión sabida entre los gladiadores y que del estadio de Heysel, con sus muertos, a los vándalos británicos de la copa de Europa de fútbol, en Copenhague o en otros sitios, pasando por el gendarme francés Nivel, machacado por hinchas alemanes, por no hablar de los "turistas" turcos, del PSG francés y de los demás, resulta manifiesto que el deporte aumenta la sociabilidad, la tolerancia, la colaboración y todas las demás cualidades que se desarrollan en los extrarradios y las ciudades francesas desde la copa del mundo de fútbol hasta las fogatas de coches ardiendo. 
Por lo demás, el deporte de alto nivel no provocó decenas de violaciones y agresiones sexuales en la villa olímpica de Atlanta y la campeona francesa de tenis, Nathalie Tauziat, que denunció en un libro la especial atmósfera "afectuosa" entre bastidores de las pistas de tenis, ha sido eliminada de la selección francesa en Sydney en nombre, evidentemente, del espíritu de equipo y de los importantes valores sociales que desarrolla el deporte, según el ponente Klaus-Heiner Lehne, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Una vez aplicados la miel y esos buenos sentimientos en las heridas de la hiel de la realidad, nuestro ponente ve claramente que el deporte no es un fenómeno cultural, sino un instrumento político y estratégico al servicio de la esclavización del ciudadano, que debe olvidar la privación de sus poderes cívicos con un amaestramiento televisivo con impulsos arcaicos. 
Sociedades de capitales, clubes deportivos-fábrica, del Manchester United al Milan AC, por no hablar de los circuitos americanos de baloncesto o de golf, el dopaje, la industria de los anabolizantes y otras hormonas que abandonaron la Alemania de Pankov y la Unión Soviética para trasladarse a todo el planeta Adidas, Nike y otros patrocinadores que quieren resultados, traspasos, en masas de dólares que ya ni siquiera sabemos calibrar, decretos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre ellos el célebre decreto Bosman de 1995, criticado por todos, pero que garantiza la libre circulación de los sementales, de las potrancas y de la mercancía deportiva, la comercialización en masa, los supuestos derechos de retransmisión y la colusión del deporte y los negocios, constituyen la realidad del planeta deportivo industrializado que en nuestros países compete al derecho comunitario. 
De ese universo manipulado es del que hay que proteger el deporte de base, ese deporte aficionado practicado en millares de clubes, con medios limitados y que viven exclusivamente de la entrega, la competencia y la generosidad de una multitud de voluntarios. 
A él deben ir destinados los medios públicos, en lugar de invertirlos en pro de los falsos dioses de los estadios mundializados. 
El turno de explicación de votos queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.36 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, quisiera expresarle mi preocupación por que algunas cuestiones puedan entenderse incorrectamente. 
Hemos solicitado examinar la central nuclear de Temelín en el debate de urgencia, ya que se trata de un asunto de máxima actualidad, pero quisiera pedirle que celebremos cuanto antes el debate sobre Irán. 
Sigue siendo necesario ante las reiteradas violaciones de derechos humanos, me refiero a la ejecución de la pena de muerte mediante lapidación, me refiero también a las interferencias en las emisiones de las televisiones internacionales. 
Hemos votado a favor de Temelín, pero consideramos que el debate sobre Irán es igual de importante. 
Señora Maes, la cuestión del Irán está prevista en el debate sobre los derechos humanos, como también la de la central nuclear de Temelin. 
Por consiguiente, su Señoría no debe tener ya motivo de preocupación. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
Accidentes de submarinos nucleares 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0704/2000 del Sr. Sakellariou y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los submarinos nucleares; 
B5-0707/2000 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre el naufragio del submarino Kursk y el peligro de contaminación nuclear en la antigua Unión Soviética; 
B5-0709/2000 de la Sra. Thors y del Sr. Väyrynen, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el naufragio del submarino Kursk y el peligro de contaminación nuclear en la antigua Unión Soviética; 
B5-0717/2000 del Sr. Posselt y la Sra. Oostlander, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el naufragio del submarino nuclear Kursk. 
B5-0725/2000 de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el peligro de los submarinos nucleares; 
B5-0736/2000 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre los incidentes con submarinos nucleares; 
B5-0738/2000 del Sr. Sjöstedt y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el naufragio de submarinos nucleares. 
Señor Presidente, al igual que los promotores de la resolución conjunta, acompaño en el sentimiento a los familiares de la tripulación del accidentado submarino atómico Kursk. 
Que reciban consuelo y la fuerza de Dios, quien únicamente conoce su profundo dolor y está dispuesto a aliviar su aflicción. 
La terrible catástrofe humanitaria del Kursk ha enfrentado al pueblo ruso y también ha vuelto a enfrentarnos a nosotros con las peligrosas consecuencias que conllevan los accidentes de las maquinarias y naves propulsadas por energía nuclear, y con el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad en ese campo. 
A este proceso de concienciación contribuyen sustancialmente, y sobre todo, y quiero subrayarlo, los directamente implicados: los ciudadanos rusos y las organizaciones sociales con sentimientos de responsabilidad. 
Sus nombres no son un secreto. 
No sólo merecen nuestro respeto, sino también todo el respaldo posible de Europa. 
Con cuánta irresponsabilidad actúan, sin embargo, las autoridades rusas, especialmente en el aparato militar del país, en materia de energía atómica. Y ello desde hace mucho tiempo. 
La contaminación radiactiva del pueblo Moesljoemovo con plutonio, préstese atención, desde 1949 en el sur del Ural, ofrece una muestra penosa de esta actitud. 
Antes, las madres desarrollaban leucemia a los cincuenta años, según una residente. 
Lo mismo les sucedía a sus hijas, aunque ya la padecían a los veinte años; y ahora sus nietos ya sufren este mal mortal desde los dos años. 
Con toda la razón, la resolución conjunta hace hincapié en los no pocos riegos nucleares que proceden de decenas de submarinos atómicos arrinconados de la flota del norte de Rusia. 
A este gran riesgo potencial para las personas y el medio ambiente, añado otro para la ciudad de Moermansk y su entorno directo: el barco de carga Lepse. 
Este barco sirve desde principios de los años sesenta como almacén de residuos radiactivos procedentes de los rompehielos impulsados por energía nuclear. 
El mal estado en que se encuentra el Lepse exigiría que la carga radiactiva se trasladara a tierra en contenedores especiales para que, así, haya seguridad. 
Esta idea tiene ya años ¿Por qué no se ha hecho nada hasta el momento? 
La respuesta es simple: por la postura irresponsable e intransigente de la autoridad civil con el ente que financia el proyecto, la Unión Europea, respecto de dos puntos esenciales: la firma del acuerdo por el que Rusia asuma la responsabilidad civil de las actividades, y la importación libre de impuestos de los aparatos para realizar las operaciones. 
Una asombrosa ilustración de la actitud oficial rusa ante cuestiones urgentes de seguridad nuclear. 
También resulta sorprendente el escándalo nuclear de 1995 en Moscú. 
En ese momento, el director del instituto científico pensó que los reactores atómicos del tipo de Chernóbil constituía un plan "genial" para aumentar enormemente el presupuesto de su institución: calentar las viviendas cercanas mediante el reactor del instituto dedicado a la investigación. 
El vecindario se dio cuenta a tiempo. El plan fue desechado y el reactor incluso se cerró ¿Qué sucedió con el director Jevgeni Adamov? 
Hoy es el Ministro ruso de Energía Atómica. 
Sueña con otro proyecto rentable, un proyecto multimillonario: Rusia como centro de recolección y transformación de residuos nucleares procedentes del extranjero. 
Europa está advertida. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el Grupo Liberal está profundamente afectado por la reciente catástrofe del submarino Kursk y comparte el luto de los parientes de los fallecidos y del pueblo ruso. 
Además, nos preocupa mucho la bomba de efecto retardado que constituye la energía nuclear y el desastre ecológico que amenaza con ocasionar el Kursk en el Mar de Barents, y también otros barcos naufragados que todavía se encuentran ahí. 
Así mismo, resulta vital que Rusia forme parte de las organizaciones internacionales para la seguridad nuclear. 
Pido, por tanto, al Comisario que presione a Rusia de manera que ese país asuma su responsabilidad e investigue si los submarinos nucleares todavía en servicio se adecuan a criterios de seguridad más estrictos. 
Existen expertos internacionales suficientes para ayudar a Rusia a realizar un inventario de los problemas y desmantelar los residuos nucleares existentes en los submarinos del Mar de Barents. 
Desde luego, Rusia debe actuar con total transparencia y facilitando la colaboración. 
Rusia también es financieramente responsable ¿Puede decirme la Comisión o el Comisario de qué forma puede la Unión Europea asistir a Rusia en el desmantelamiento de los barcos hundidos y, así, eliminar el peligro de radiación nuclear para nuestros ciudadanos de la UE? 
Señor Presidente, acompañamos con el sentimiento a los 118 marinos y sus familias, y para ellos son nuestras oraciones. 
Ellos son acreedores de nuestra solidaridad. 
No obstante, tampoco podemos olvidar que la catástrofe del Kursk suscita una enorme preocupación, concretamente con respecto a la situación en Rusia. 
Debemos tener claro que el Presidente Putin ha ocultado, junto con las autoridades rusas, muchas de las circunstancias que han rodeado el accidente. 
Se han ocultado, falseado o encubierto algunos hechos. 
Sin embargo, en una entrevista también dijo algo que es cierto, a saber, que el accidente del Kursk es sintomático de la situación en toda Rusia. 
Tenemos que enfrentarnos por fin a esta situación. 
Tenemos que contemplar la realidad tal como es. 
Ésta no sólo incluye la seguridad nuclear y la flota de submarinos nucleares, sino toda una gama de armamento de tecnología avanzada, que no está sujetos a ningún tipo de controles ni medidas de seguridad adecuados. 
Por esto es esencial que entre todos empecemos a actuar para introducir por fin algo de transparencia en Rusia. 
Gracias al Sr. Nikitin y a los medios de comunicación independientes, que ahora están expuestos a una represión aún mayor, por lo menos pudimos tener noticia del accidente al cabo de cuatro días. 
Gracias a la ayuda internacional se pudo evitar al menos lo peor y ojalá también se logre encontrar una solución. 
Por consiguiente, nuestra ayuda no sólo es necesaria, sino que también representa un compromiso público. 
Se requiere un compromiso público y una oferta de cooperación, que no se limite sólo a los cheques, sino que también incluya el desarrollo del Estado de Derecho, de la constitucionalidad y de unos medios de comunicación libres en Rusia. 
Lo más importante es consolidar y apoyar a todas las fuerzas democráticas, todos los medios de comunicación independientes, la administración, la justicia y los políticos jóvenes, sobre todo en los municipios, a fin de que Rusia llegue a ser un socio con el que podamos convivir sin riesgo en Eurasia. 
No voy a entrar ahora en otros temas como el de Chechenia y muchos más. 
Sólo el caso del Kursk ya resulta sintomático del alcance de las repercusiones ecológicas y políticas directas para nuestra Europa de las catástrofes ocurridas en Rusia. 
Por esto, por nuestro propio interés, debemos promover la progresiva evolución de Rusia hacia un Estado democrático de Derecho. 
En estos momentos, bajo el mandato del Presidente Putin, se observa más bien un retroceso, que merece toda nuestra atención. 
Por todo ello, tenemos una gran responsabilidad en este contexto. 
Señor Presidente, como ya han manifestado los colegas, el accidente del Kursk nos indica que diez años después del fin de la guerra fría aún se siguen anteponiendo los fines militares a las vidas humanas. 
También yo quiero expresar desde aquí mis más sentidas condolencias a las familias que han sido sus víctimas y que han perdido a sus padres e hijos. 
Sabemos que no se puede excluir la posibilidad de que este accidente afecte a un mayor número de personas. 
Sobre el fondo marino late- como todo el mundo sabe- la amenaza de dos reactores nucleares. 
Nadie sabe, no obstante, cuál es el alcance de esta amenaza ni los riesgos latentes que entraña para la salud. 
Por consiguiente, a mi parecer sólo es posible extraer una consecuencia de este accidente: tenemos que reconocer por fin que una vez concluida la guerra fría seguimos incrementando y renovando el armamento, tanto en el Este como en el Oeste, y que esto es sumamente peligroso y causa muertes humanas, y por lo tanto es preciso que se acabe 
Frente a este accidente sólo existe una respuesta posible y ésta es: ¡desarme ya! 
El desarme sólo funcionará si se lleva a cabo de manera equitativa tanto en el Este como en el Oeste. 
Lo cual también significa que es preciso llevarlo a cabo conjuntamente, en cooperación, y que no se aparte a las personas, como Alexander Nikitin, que participan en esta tarea y nos ayudan a prevenir los riesgos derivados de la guerra fría y el rearme que todavía amenazan a las personas. 
Yo ruego a la Comisión que advierta al Gobierno ruso con palabras claras que no vamos a aceptar que se sigan ratificando las sentencias contra Nikitin y se inicien nuevos procedimientos judiciales contra él. 
Señor Presidente, nuestro Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica comparte totalmente tanto las consideraciones como las propuestas en relación con los accidentes de submarinos nucleares, triste herencia de la guerra fría. 
Y para señalar que no todo está en un lado, tengo que referirme obligatoriamente a la situación del submarino británico que tuvo una avería el pasado 12 de mayo en Sicilia y que desde el 19 está en Gibraltar, la única colonia británica en el Mediterráneo. 
La situación está causando una gran alarma social entre la población, porque según la propia norma de la Royal Navy, en un radio de 10 kilómetros hay peligro, en 100 kilómetros aún se mantiene un peligro potencial, y sólo se puede reparar el submarino en muelles catalogados "X". 
El muelle de Gibraltar es del tipo "Z". 
Es curiosa la conducta neocolonial del Reino Unido, que ha resuelto el problema sustituyendo la "Z" por la "X" en un papel, con un corrector o una goma de borrar. 
Creo que es importante que la Comisión y el Consejo exijan que ese submarino se vaya al Reino Unido y que velen también por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
Señor Presidente, el desastre del Kursk nos ha mostrado la terrible herencia de 70 años de política soviética, especialmente por la forma incorrecta en que ha actuado la Administración rusa. 
El siglo de oro de la nomenclatura comunista dio lugar a que se despreciara tanto a las personas en la antigua Unión Soviética que ahora, en la actual Rusia, no se las ha podido salvar, y ha provocado que nos enfrentemos a este horrible desastre. 
Ése es el punto central de nuestra resolución. 
Considero de un mal gusto extraordinario por parte del GUE presentar enmiendas que se esfuerzan por apartar la atención de este desastre y centrarla en un problema regional de naturaleza totalmente diferente. 
Lo encuentro vergonzoso. 
La Unión Europea y este Parlamento deben adoptar, en cambio, una postura clara respecto del rescate del Kursk. También debemos estar implicados en ello por razones humanitarias. 
Además, el rescate del Kursk pone de relieve otros problemas, es decir, el gran número de viejos submarinos rusos y los residuos nucleares existentes en esa misma región del norte de Rusia. 
La Unión Europea y el Parlamento deben dejar claro que para Europa se trata del interés general y, por tanto, también para Rusia; y que este asunto debe solucionarse con prontitud. 
En primer lugar, en cuanto a los parientes de los fallecidos del Kursk, con los que compartimos su dolor. En segundo lugar, respecto de la situación nuclear de Europa. 
De eso trata nuestra resolución. 
Señor Presidente, estamos hablando de la tragedia del submarino ruso Kursk y, ciertamente, compartimos todas las consideraciones de la resolución común en relación con este tema. 
Pero, hemos de añadir inmediatamente, que para adquirir credibilidad, este Parlamento Europeo y la Unión en general no pueden ignorar que dentro de su propio territorio existe una situación de grave riesgo nuclear derivado de un accidente en un submarino, aunque naturalmente este último no alcance el carácter dramático del caso del Kursk. 
Me refiero al caso mencionado anteriormente por el colega Marset, al submarino británico Tireless, anclado desde el mes de mayo en el puerto de Gibraltar, donde se pretende proceder a su reparación. 
Es un puerto que, como se ha indicado, no reúne las condiciones técnicas ni de situación para reparar este tipo de barcos. 
Es un puerto preparado únicamente para reparar mercantes, no buques de guerra y mucho menos submarinos nucleares. 
No se puede solucionar el problema con una simple recalificación, porque esa recalificación podría afectar a las condiciones técnicas. 
Pero el problema es que las normas de seguridad incluyen planes de emergencia y actuaciones especiales para la población en un radio de diez kilómetros, en este caso se trata de unas 200.000 personas. 
Algo que no se puede improvisar de la noche a la mañana, entre otras cosas, porque no se puede desplazar a la población. 
Tenemos que denunciar la actitud lamentable del Gobierno británico, pero más aún la actitud del Gobierno español, que ha mantenido un lamentable y vergonzoso silencio sobre esta cuestión, hasta que le han hecho reaccionar tímidamente las protestas de los habitantes de la zona. 
Quiero concluir, Señor Presidente, diciendo que no es mi costumbre plantear en esta Asamblea asuntos de política interior. 
Pero éste no es un asunto de política interior, es un asunto de seguridad europea, es un asunto de decencia europea y lo planteo aquí para provocar la reacción de esta Asamblea y de las autoridades de la Unión en general a fin de remediar esta situación intolerable. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y junto a mi colega Plooij-van Gorsel, nos sumamos a las muestras de condolencia por las víctimas del submarino nuclear ruso, a la petición de mayor cooperación entre la Unión Europea y las autoridades rusas para evitar un nuevo desastre. 
Evidentemente creemos que la Unión Europea tiene suficientes argumentos como para asegurar esta cooperación. 
También expresamos nuestra preocupación- como lo han hecho otros oradores- porque, desgraciadamente, el asunto que se había de debatir, el del accidente gravísimo, lamentable y mortal del submarino Kursk nos ha llevado a tratar el problema de un submarino nuclear en aguas del Mediterráneo, en el área de la Unión Europea, en una colonia británica. 
Este hecho provoca una gravísima y justificada alarma debido a una grave avería en el reactor nuclear y porque no se cumplen, entre otras cosas, las directivas de la Unión Europea. 
Creemos que hay que actuar de manera urgente. 
La Unión Europea ha de intervenir, y con la mayor urgencia posible este submarino nuclear se ha de trasladar a una base británica para ser reparado en las debidas condiciones. 
Señor Presidente, señorías, como bien se ha dicho, un submarino nuclear británico se encuentra amarrado en su base de Gibraltar desde el pasado 19 de mayo. 
Una avería mínima en el sistema de refrigeración de un reactor nuclear nunca se puede considerar insignificante, ya que contiene agua pesada con isótopos radiactivos. 
Más aún, el Reino Unido ha incumplido a sabiendas la normativa comunitaria en materia de radioprotección, exponiendo a sus ciudadanos de Gibraltar y a los de la bahía de Algeciras a una probabilidad muy alta de contaminación, ya que es ahora y no el pasado mes de mayo cuando reconoció el alcance de la avería. 
En este caso, se ha producido una violación del Derecho comunitario. 
Nos quejamos de que Rusia tardó cuatro días en avisar a la Comunidad Europea de su accidente. 
Nosotros hemos tardado dos meses. 
Supongo que los abucheos que nos dirigieron algunos parlamentarios británicos cuando, en el mes de julio, denunciamos aquí esta situación, también se los dirigían a los ciudadanos de Gibraltar. 
Desde aquí denunciamos la falta de información a la población de la zona y de noticias fiables y oficiales por parte del Reino Unido. 
Asimismo, denunciamos lo que es una realidad: el Reino Unido ha decidido, ante importantes presiones sociales en el país, trasladar a la bahía de Algeciras sus bases de operaciones y reparaciones de submarinos atómicos, sin respetar su propia normativa que le exige no mantener este tipo de bases en zonas altamente pobladas. 
Igualmente, denunciamos la actitud contemplativa del Gobierno español, que sólo ha reaccionado cuando la presión y la alarma social han sido unánimes. 
Por todo ello, los andaluces pedimos a esta Asamblea, a su Presidencia, más allá de los intereses diplomáticos bilaterales de dos Estados miembros, que se realicen las oportunas consultas y negociaciones que hagan posible el traslado inmediato de este submarino a bases que reúnan las suficientes condiciones de seguridad para repararlo y, de esta forma, se ponga fin a la alarma social creada. 
. (EN) La Comisión comparte las muestras de pesar expresadas en las resoluciones sobre el accidente en el que se vio involucrado el submarino ruso Kursk en el mar ártico de Bering el pasado 12 de agosto que costó la vida a 118 marinos. 
Sentimos especial preocupación por la política adoptada por las autoridades rusas durante los días siguientes al accidente respecto a la ayuda exterior y la información que se proporcionó a la población rusa y al público en general. 
Rusia es en última instancia responsable de concebir y aplicar un plan de gestión de sus residuos nucleares y del combustible nuclear agotado y, por consiguiente, las resoluciones hacen un llamamiento, muy acertado, a Rusia para que haga uso de todos los recursos disponibles, incluidos sus propios especialistas. 
La Comisión considera que la comunidad internacional debería ofrecer la ayuda necesaria a Rusia. Ya ha lanzado varios proyectos de asistencia en el marco de varios programas comunitarios. 
La mejora de la gestión de los residuos radiactivos en el noroeste de Rusia es una de las prioridades explícitas incluidas en el nuevo reglamento de TACIS que abarca los próximos siete años. 
La Comisión saluda cualquier acción que incremente los fondos presupuestarios para reducir la amenaza ideológica en el noroeste de Rusia y, en particular, que haga posible el desmantelamiento de los submarinos nucleares retirados de la circulación con mayor rapidez que en el caso del desmantelamiento realizado hasta ahora de 10 submarinos en desuso de un total de 100 que componen la Flota del Norte y que están amarrados en distintas bases del noroeste de Rusia. 
Además de los submarinos, el combustible nuclear agotado procedente de varios rompehielos nucleares viene a sumarse al peligro ecológico. 
La falta de capacidad de almacenamiento de combustible nuclear agotado sigue siendo uno de los principales escollos de las operaciones de desmantelamiento en su conjunto. 
Las actividades respaldadas por la Comunidad son estudios para diseñar y calcular el coste de unas instalaciones de almacenamiento en el noroeste de Rusia o en el sur de los Urales. 
A la luz de estos estudios, la comunidad internacional, incluida quizá la Comunidad Europea, podría financiar posteriormente la construcción de dichas instalaciones de almacenamiento. 
Para acelerar el desmantelamiento, la Comunidad está apoyando el diseño, la construcción y la concesión de licencias de una cisterna para el transporte y almacenamiento del combustible nuclear agotado defectuoso que se produzca durante el funcionamiento de submarinos y rompehielos nucleares que actualmente se encuentran almacenados en condiciones primitivas. 
La Comisión también participa en varios estudios encaminados a mejorar la gestión de residuos radiactivos en el noroeste de Rusia. 
Antes de concluir, quisiera hacer hincapié en la importancia de la coordinación internacional en esta inmensa tarea. 
Por citar dos ejemplos, la Comisión participa en el grupo de expertos de contacto patrocinado por la OIEA. 
El trabajo del grupo podría desembocar en la elaboración de una estrategia amplia y en proyectos de inversión clave que deberán ser apoyados por la comunidad internacional y, en colaboración con varios países donantes, la Comisión está negociando actualmente un acuerdo con los rusos. 
Este acuerdo, conocido como el Programa multilateral de medio ambiente en el ámbito nuclear, tiene el objetivo de superar los obstáculos relacionados con la ayuda internacional procedente, por ejemplo, de la exención fiscal y las responsabilidades en materia nuclear. 
La Comisión espera que el accidente del Kursk permita un avance real de las negociaciones y, en particular, refuerce la determinación de las autoridades rusas de celebrar el acuerdo. 
Señor Presidente, quisiera saber si el Sr. Comisario tiene algo que decir sobre la cuestión, también relativa a submarinos nucleares, que afecta al Tireless en Gibraltar. 
Ha sido planteada por cinco diputados en esta Asamblea y él no ha dicho nada. 
¿Es que no sabe qué hacer? 
Señor Presidente, estamos hablando de seguridad nuclear y repito lo que ha dicho el compañero Marset Campos: esperamos que el Sr. Comisario diga algo de nuestro problema, un problema en la Unión Europea que afecta a ciudadanos de dos Estados miembros. 
. (EN) Me he tomado la libertad de responder, en nombre de la Comisión, al tema que figura en el orden del día. 
Me parece muy natural. 
El debate de otros temas deberá ser cubierto por otros medios y bajo un punto diferente del orden del día. 
Sugeriré a mis colegas que respondamos a sus preguntas por escrito. 
Señor Presidente, el tema del día es "Accidentes de submarinos nucleares". 
La Conferencia de Presidentes decidió traer al orden del día de hoy también el tema del submarino en Gibraltar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Burundi 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0660/2000 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Burundi; 
B5-0711/2000 del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el acuerdo de paz en Burundi firmado en Arusha (Tanzania); 
B5-0718/2000 del Sr. Johan Van Hecke, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación en Burundi; 
B5-0726/2000 de la Sra. Maes y del Sr. Rod, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación en Burundi; 
B5-0734/2000 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre Burundi; 
B5-0739/2000 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el acuerdo de Arusha y la transición democrática en Burundi. 
Señor Presidente, ¿por qué tantos africanos no saben compartir el poder? 
El hecho de que los más fuertes puedan llevarse todo y los más débiles se queden con las manos vacías significa que hay un error de base. 
Si los más poderosos constituyen, además, una minoría, los conflictos no pueden impedirse. 
En tanto los grupos étnicos se excluyan entre sí y se nieguen a colaborar, hay muy pocas esperanzas. 
Solamente una reconciliación nacional ofrece una posibilidad y eso, ciertamente, se aplica a Burundi. 
Tras los esfuerzos particulares de Mandela parece que finalmente se aproxima la paz. 
Desgraciadamente, las luchas no han concluido y algunas partes se han negado a firmar el acuerdo de paz. 
Debe hacerse todo lo posible para que las negociaciones de paz tengan éxito. 
Debe presionarse al máximo a los rebeldes hutus con el objeto de que participen en el proceso de paz y dejen de seguir las destructivas instrucciones de los Sres. Kabila y Mugabe. 
A fin de asegurar la implicación de todos los partidos, es importante que los dirigentes políticos también cuenten con protección personal. 
Es especialmente necesario que se ponga fin a la violencia que ejerce tanto el Gobierno como la oposición sobre ciudadanos inocentes. 
No puede plantearse el completo restablecimiento de la ayuda europea ante una situación de lucha continua, las reiteradas violaciones de derechos humanos y la pasividad de los partidos. 
Una mayor disposición por su parte a fin de construir la paz daría lugar a una mayor disposición por la nuestra a fin de ayudar. 
Los mediadores deben fomentar las iniciativas que conduzcan a la desmovilización de las partes y a reunirlas finalmente en un ejército. 
En tanto se alcanza un alto el fuego, los refugiados burundianos deben ser ayudados por la sociedad internacional y deben poder encontrar un refugio seguro en Burundi. 
Por último, para lograr una paz duradera en este país, es también absolutamente necesario que se logre la paz en la región del Congo. 
Solamente cuando los africanos quieran compartir el poder, habrá un futuro para este continente. 
Señor Presidente, si partimos del principio "mejor un acuerdo incompleto que nada", efectivamente, se ha dado un paso adelante en Arusha en el proceso de paz burundiano. 
Todo el reconocimiento recae en Mandela, quien desde hace meses va y viene a fin de no sólo poner a las partes en speaking terms, sino también de sentarlas en una mesa redonda. 
No obstante, el acuerdo es insuficiente. 
Al fin y al cabo, todavía no existe un alto el fuego y continúan las luchas en torno a la capital, Bujumbura. 
Las dos facciones hutus más importantes del ejército, responsables en su mayor parte de la violencia, no han estado implicadas en las negociaciones. 
De ahí que la próxima fase que se celebrará en Nairobi, la reunión del 20 de septiembre entre los grupos armados, tal vez resulte todavía más crucial que Arusha. 
Es lamentable que el acuerdo no mencione un contexto regional más amplio. 
También hay que concienciar de su responsabilidad a los países vecinos, Congo y Tanzania, desde los que operan los grupos armados. 
Además, surge el interrogante de si Mandela no ha analizado el conflicto burundiano desde una perspectiva demasiado sudafricana. 
Es correcto que algunas de las facciones tutsis utilicen el peligro de exterminación de la minoría como justificación para mantener una supremacía. 
No obstante, eso no significa que éste no sea un peligro real en Burundi. 
Y por ello, debemos, creo yo, exigir garantías suficientes para la minoría, y velar por que el odio étnico no se avive ante unas eventuales elecciones. 
Por último, considero, señor Presidente, que Europa debe dar luz verde al restablecimiento de una ayuda semiestructural, sobre todo, respecto de la enseñanza y de la asistencia sanitaria. 
En caso contrario, corremos el riesgo de ser corresponsables de la muerte de miles de ciudadanos inocentes y, en tanto democristiano, no puedo resignarme a ello. 
Señor Presidente, me sumo completamente a la petición del Sr. Van den Bos y a la del Sr. Van Hecke; 200.000 muertos en Burundi. 
Por supuesto, es necesario, señor Comisario, que se firme la paz, un acuerdo de paz. 
Únicamente me temo que ese acuerdo de paz se haya logrado porque los jefes de Estado necesitaran semejante acuerdo en ese momento. 
Tal vez debiera haberse negociado durante un poco más de tiempo a fin de que todas las partes se sentaran en la mesa redonda, ya que estoy convencida de que mientras, tanto por parte de los hutus como de los tutsis, no se sienten a la mesa los principales antagonistas, no se puede hablar verdaderamente de paz. 
Me satisface mucho que algunas facciones de las más enemigas hayan accedido a ello. 
De ahí que no quiera calificar este acuerdo de paz de inútil. 
Me formulo ahora la pregunta de cómo nosotros, en tanto Unión Europea, podemos satisfacer los deseos de paz que expresan tantas voces en Burundi. 
Creo que para empezar, deberemos presionar más a fin de lograr una paz global en la zona de los Grandes Lagos. 
No me puedo librar de la impresión de que todavía distintos dirigentes africanos tienen demasiados intereses particulares como para poder esforzarse por lograr la paz en el Congo y en la zona de los Grandes Lagos. 
Una segunda cuestión es el famoso restablecimiento de la ayuda. 
Siempre he lamentado ese famoso boicot realizado contra Burundi, sobre todo, porque era muy selectivo. 
Espero ahora que los proyectos de paz y la construcción concreta de la democracia mediante ayuda estructural nos permitan avanzar. 
(Señor Presidente, como militante de Lucha Obrera de un país que ha desempeñado y desempeña aún un papel abyecto en Burundi, como también en Rwanda y en toda esa región del centro de África, no puedo guardar silencio ante una resolución que alinea frases supuestamente favorables a los pueblos de esa región, pero que encubren el papel de las grandes potencias en las matanzas resultantes de los enfrentamientos entre las bandas armadas correspondientes a dos etnias- tutsi y hutu- de esa región. 
Sin remontarnos siquiera a la responsabilidad de la antigua potencia colonial belga en la hostilidad voluntariamente alimentada y aguzada entre las dos principales etnias de los dos países, el papel en la guerra civil de los intereses franceses, por un lado, y anglosajones, por otro, es hoy público y notorio, como también lo es la responsabilidad directa del ejército francés en la movilización y el armamento de la extrema derecha hutu, culpable de un auténtico genocidio. 
Y los sucesivos Gobiernos franceses, ya fueran de derechas o de izquierdas, no han querido siquiera hacer lo que el Gobierno belga ha hecho, a saber, reconocer su responsabilidad en esa situación, lo que no quita, evidentemente, para que el peso de dicha responsabilidad sea abrumador. 
Así, pues, deseo expresar mi hostilidad a la hipocresía de las grandes potencias y expresar mi solidaridad con los pueblos de Burundi y Rwanda, que, más allá de las separaciones étnicas, más allá de la responsabilidad de sus propios dirigentes, han pagado un oneroso tributo a la dominación de las grandes potencias imperialistas sobre África. 
Señor Presidente, hace más de cien años, las potencias coloniales europeas dividieron las territorios tribales de África para establecer fronteras nacionales. 
Los países africanos han heredado el legado del conflicto étnico, habida cuenta de que las principales etnias han intentado dominar la política nacional. 
Algunos ejemplos son las etnias afar e issa en Yibuti, kikuyu y luhya en Kenia y hutu y tutsi en Ruanda y Burundi. 
Creo que la UE debe centrarse en cómo persuadir a los tutsis, la elite dominante en Burundi, para que se reconcilien y cooperen con la mayoría hutu para alcanzar la paz. 
La UE debe insistir en que los países vecinos no interfieran en Burundi y supeditar la ayuda que les concede la UE a dicha cooperación. 
Este Parlamento y la Comisión Europea pueden ayudar a Burundi, y la presente resolución es un excelente paso en esa dirección. 
Señor Presidente, es para mí una satisfacción intervenir en nombre y a petición de la Sra. Sauquillo, en primer lugar para dar las gracias al Sr. Nelson Mandela que una vez más ha merecido realmente el Premio Nobel de la Paz que se le ha otorgado. 
Quiero reiterar que el Acuerdo de Arusha no supone todavía el final de la guerra ni la paz, sin embargo, el acuerdo existe y precisa una iniciativa inmediata de la Unión Europea. 
La iniciativa debe tener las siguientes características: enviar un mensaje a todos los que han firmado el acuerdo para instarles a que insistan y sigan el camino emprendido; enviar un mensaje a los que no lo han firmado para recordarles que no existe otra alternativa que la paz, que la única alternativa a la paz es perpetuar los sufrimientos de la herencia colonial, la muerte y la opresión; enviar asimismo un mensaje a los países limítrofes para invitarles a que no interfieran en los asuntos internos de los demás, así como a que contribuyan y respalden este proceso de paz. 
En la iniciativa de la Unión Europea debe contemplarse asimismo y naturalmente la consiguiente ayuda y contribución económica, porque los verdaderos procesos de paz, los que son estables, precisan contribuciones para convertirse en democracias consolidadas. 
. (EN) Tras algunas enmiendas de última hora y con un retraso de nueve horas, la mayoría de los partidos que han participado en las negociaciones que han durado dos años, firmó el 28 de agosto un acuerdo de paz recortado en Arusha. 
La Comisión saluda la firma del acuerdo de paz como un paso preliminar importante en el largo y difícil proceso de negociación para poner fin al conflicto entre la mayoría hutu y la población minoritaria tutsi en Burundi. 
No obstante, como se ha dicho en el debate, aún quedan pendientes algunas cuestiones muy importantes, como la del alto el fuego, que es la principal laguna de este acuerdo, la amnistía, la composición de la asamblea nacional, la duración del acuerdo y el liderazgo del gobierno de transición; problemas que no son precisamente secundarios. 
A pesar del número y de la importancia de estas cuestiones, la firma representa un acontecimiento importante y pone fin al proceso de Arusha, aunque no a las negociaciones propiamente dichas. 
Éstas continuarán, principalmente en Bujumbura, y esperamos que los propios burundeses asuman una mayor autoría del proceso. 
Éste ha sido, en muchas ocasiones, un problema durante el largo proceso. 
La negativa de los partidos extremistas a suscribir el acuerdo es motivo de preocupación para la Comisión, y no debemos escatimar esfuerzos para persuadirles de que lo hagan. 
Dos partidos tutsis añadieron su firma al acuerdo un día más tarde. 
Las conversaciones sobre el alto el fuego están previstas para el 20 de septiembre en Nairobi. 
Los presidentes regionales Moi y Thabo Mbeki hacen hincapié en su importancia. 
El éxito de estas conversaciones se considera un requisito imprescindible para iniciar la aplicación del acuerdo de paz, el despliegue de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y la plena restauración de la cooperación al desarrollo. 
En estos momentos, la Comunidad Europea está dispuesta, a nivel técnico, a reanudar gradualmente un programa de cooperación de envergadura en coordinación con otros donantes. 
Además del programa de rehabilitación por valor de 48 millones de euros, cuya aplicación ya está en marcha, la CE está ultimando los procedimientos para la liberación de 50 millones de euros con cargo a los fondos Stabex para el relanzamiento de la economía rural. 
La Comisión está elaborando un documento de estrategia para apoyar la aplicación del acuerdo de paz que se centra en la desmovilización, la reconstrucción social y económica de Burundi y en la reforma del Estado. 
Por último, la Comisión celebrará una reunión informal de donantes a nivel técnico el próximo 15 de septiembre en Bruselas. 
Su finalidad es informar sobre la aplicación del programa, mejorar la coordinación entre los donantes, preparar una estrategia común para contribuir a la aplicación del acuerdo de paz y preparar la celebración de una mesa redonda de alto nivel con la participación de partidos y donantes y que debería celebrarse el próximo otoño en París. 
Estamos organizados para incrementar la cooperación actual. 
Puedo decir al Parlamento que consideramos que éste es un buen ejemplo para intentar demostrar cómo gestionar mejor la transición desde la fase de la ayuda humanitaria hasta la mejora y la introducción gradual de una cooperación al desarrollo progresista a largo plazo. 
Estamos enviando todas las señales que podemos a organizaciones como el ACNUR para intentar organizar bien, como ya les he dicho, a otros donantes que se encuentran también en esta situación. 
La coordinación es de la máxima importancia porque nos encontramos aún en una situación en la que el equilibrio adecuado y el envío de señales adecuadas a los partidos que participan en el proceso en Burundi son tan importantes como los euros que movilizamos. 
Se trata de un esfuerzo muy centrado en el que intentamos hacer las cosas bien. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, la resolución que hoy tenemos ante nosotros no pretende en absoluto criticar a los interlocutores principales, a saber, los Gobiernos butanés ni nepalés, en el proceso de hallar una solución para los 96.000 butaneses de habla nepalesa que viven en los campos de refugiados. 
En estos campos han nacido 17.000 niños durante los últimos diez años. 
Esta resolución intenta promover iniciativas y acciones y pedir a la Comisión que apoye, quizá con mecanismos financieros, el regreso de estas personas a su país de origen. 
Acogemos con satisfacción que Japón haya donado 1,3 millones de dólares para los refugiados y que el Programa Mundial de Alimentos haya aportado otro millón de dólares. 
Pero las personas que viven en dichos campos preferirían poder volver a su país de origen antes que recibir ese dinero. 
Nos han enviado un memorándum pidiéndonos que apoyemos medidas para que se resuelva su problema y se haga justicia. 
En el memorándum dicen: les rogamos, distinguidos diputados europeos, que hagan lo posible por su parte para que la justicia prevalezca sobre nosotros. 
Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. 
Esperemos que nuestra resolución lleve algo de justicia a esas personas, les ayude a regresar a su país de origen y que obtengan algún resultado. 
Señor Presidente, este mismo año he tenido el honor de formar parte de una delegación del Parlamento Europeo a Nueva Delhi y Nepal. 
A raíz de nuestra visita y, en particular, nuestra visita a los campos de refugiados en Nepal Oriental, la delegación se comprometió a no escatimar esfuerzos para plantear el tema de la difícil situación que continúan soportando los refugiados butaneses en Nepal. 
Quisiera asegurar a los diputados que los refugiados son plenamente conscientes y que valoran y aprecian enormemente los primeros esfuerzos del Parlamento Europeo para llamar la atención sobre su situación. 
Durante nuestra visita a la región nos demostraron claramente esta actitud, y nuestra determinación de seguir promoviendo un acuerdo entre Bután y Nepal es ahora tan firme como siempre. 
La llegada de refugiados butaneses a Nepal comenzó a finales de 1991 y, por consiguiente, el temor de que decaiga la atención internacional siempre está presente. 
Los refugiados han estado esperando durante los últimos diez años una solución amistosa y permanente del conflicto. 
Como ha dicho la Sra. McCarthy, muchos de ellos quieren volver a su país. 
Se han celebrado muchas conversaciones bilaterales, pero hasta ahora no se ha garantizado una solución política definitiva. 
En Nueva York se está celebrando en estos mismos momentos la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, que brinda a los primeros ministros de Bután y Nepal la oportunidad de reunirse y de demostrar su compromiso con las ideas de paz y tolerancia alcanzando un acuerdo para una pronta solución del problema de los refugiados butaneses en Nepal. 
Sería una buena manera de marcar la Cumbre del Milenio de la ONU. Espero que se les aliente al máximo para que lo hagan. 
Uno de los temas cruciales sobre los que deberá tomarse una decisión es la definición de la unidad familiar con fines de verificación. 
Nepal ha aceptado el compromiso presentado por el ACNUR, que ha venido desempeñando una importante labor en un intento de ayudar a resolver este punto muerto. 
Insto firmemente a las autoridades butanesas a que acepten el compromiso de manera que la verificación sobre el terreno pueda comenzar de inmediato. 
Aunque la Unión Europea sigue siendo uno de los principales donantes, el ACNUR, así como el Programa Mundial de Alimentos encuentran cada vez mayores dificultades para recaudar los fondos necesarios para abastecer los campos de refugiados. 
Quisiera instar a los donantes internacionales a que continúen aportando fondos suficientes que permita el funcionamiento de los campos durante las negociaciones y el proceso de verificación. 
Al mismo tiempo, desearía que los donantes insistan en que el Gobierno butanés facilite la rápida repatriación de los refugiados. 
Acojo con gran satisfacción la noticia que la Sra. McCarthy ha transmitido a la Asamblea sobre la generosidad del pueblo japonés en este caso en particular. 
Nos aseguraron que las negociaciones bilaterales se celebrarían rápidamente y que la verificación en los campos comenzaría el pasado julio. 
Lamentablemente, ese acuerdo sigue pendiente. 
Por consiguiente, reitero, una vez más, nuestro llamamiento a todas las partes interesadas para que adopten las iniciativas políticas necesarias para alcanzar una solución duradera al inadmisible padecimiento de los refugiados butaneses, de los cuales más de 17.000 han nacido en los campos. 
Señor Presidente, creo que en primer lugar debemos expresar nuestro agradecimiento al presidente de nuestra delegación en el Asia sudoriental, Sr. Gerard Collins, que acaba de hablar, gracias al cual hemos conseguido esta resolución y por las gestiones que ha hecho estos últimos meses para intentar resolver una cuestión que no es tan marginal, ya que afecta a decenas de miles de personas que se encuentran sin nada y con frecuencia desde hace años. 
Quisiera decir también que el Sr. Collins fue apoyado por toda la delegación- la Sra. McCarthy y el Sr. Thomas Mann y todos los demás miembros- y espero que la Comisión dé curso a esta petición unánime del Parlamento y que rápidamente se aprecien los resultados. 
No es la comunitarización, ni siquiera parcial, de nuestra política extranjera y de seguridad común. ¿Es concebible de verdad que en un país como Bután, donde no tenemos embajada alguna, tengamos una delegación de la Comisión que haga de embajada también para los quince Estados miembros? 
¿De verdad es imposible? ¿Es inconcebible? 
Ésa es la pregunta que quería formular a sus Señorías. 
Señor Presidente, los miembros de la Delegación del Parlamento para las relaciones con la SAARC tuvimos la oportunidad de constatar en el mes de abril las condiciones en que viven desde hace años decenas de miles de refugiados en los campamentos del este de Nepal. 
La ayuda de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales tiene efectos visibles, pero nadie puede garantizar a largo plazo los mismos niveles de ayuda financiera. 
Ya es hora de que se alcancen acuerdos con algún contenido. 
Bután y Nepal no son vecinos, pero afortunadamente se encuentran próximos. 
Ambos son monarquías parlamentarias con una corta tradición, uno budista y el otro hinduísta. 
Ambos son conscientes de que este prolongado conflicto está frenando sus progresos nacionales y económicos. 
Bután reprocha a Nepal su incapacidad de actuar debido a los continuos cambios de gobierno. 
Esta situación ahora ha cambiado. 
Nepal reprocha a Bután su falta de voluntad de alcanzar soluciones eficaces. 
Confiamos en que esto también cambiará. 
Las promesas del Ministro de Asuntos Exteriores de Bután, cuando nos visitó en Bruselas el 8 de junio, se han cumplido, puesto que a mediados de año se iniciaron las negociaciones decisivas. 
Existe un acuerdo sobre las cuatro categorías de habitantes de los campamentos de refugiados. 
Es preciso establecer, no obstante, una definición común del concepto de familia en la línea del compromiso del ACNUR, que ya ha citado el Sr. Collins. 
Nepal ya la ha aceptado. 
También instamos, no obstante, a la India a que no siga manteniéndose cómodamente al margen. 
La India mantiene acuerdos y una vinculación económica con ambos vecinos. 
Seis millones de nepaleses trabajan en India. 
Las fronteras están abiertas. 
No existen problemas de asilo. 
Conozco bien la Carta y sé que prevé que los conflictos bilaterales no se resuelvan en el marco de la SAARC. 
Sin embargo, la mayor democracia del mundo también ejerce la máxima influencia a escala regional y tiene una corresponsabilidad desde el punto de vista humanitario. 
El PPE-DE confía en las personas de buena voluntad y con visión futuro de Timbu, de Katmandú, pero también de Delhi. 
Esperamos que las conversaciones entre la Alta Comisionada para los Refugiados y los Primeros Ministros de Bután y Nepal en Nueva York tengan como resultado un avance decisivo. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no puede sino respaldar con fuerza esta resolución que, como decían los diputados que han tenido una experiencia directa de esta trágica situación, demuestra la atención que nuestra Institución presta a una región, sin duda, muy lejana, pero cuyas tragedias humanas afectan muy profundamente a nuestro espíritu. 
Como han recordado los diputados que me han precedido, se han dado muchos pasos y se darán otros más, y nuestro deseo es que los futuros contactos tengan un efecto positivo. 
Por mí parte, me sumo a los votos hechos por el Sr. Dupuis por que también la Comisión y, en general, la Unión Europea den pasos diplomáticos en favor de los países más afectados por esta situación. 
Considero que no hay nada más que añadir, salvo manifestar que seguiremos atentamente la evolución de la situación. 
Birmania 
Gracias, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos de nuevo ante un caso ejemplar. 
Este texto, el enésimo texto por desgracia, sobre Birmania es muy bueno. 
La situación en Birmania está perfectamente clara, se caracteriza por una dictadura perfecta, por un lado, y, por otro, por una oposición ejemplar; ahora bien, no se registra progreso alguno desde hace diez años en ese país. 
Ésa es la situación. 
Creo que eso debe incitarnos a formularnos preguntas también. 
Nuestra política para con Asia es criminal, literalmente criminal. 
Colocamos en el mismo plano regímenes que, aun con dificultades, siguen consolidando y fortaleciendo la democracia, como la India, por ejemplo, y otros países- como China, Birmania, Corea del Norte- que hacen todo lo posible, si podemos decirlo así, por fortalecer la dictadura. 
Así, pues, en mi opinión, deberíamos considerar la posibilidad de confeccionar listas, establecer categorías y tener relaciones de clases diferentes según el tipo de país. 
Por desgracia, no es así. 
El Parlamento Europeo lo pide desde hace mucho, por lo que debemos insistir a ese respecto. 
No se puede proseguir el diálogo con organizaciones como la ASEAN, aparentando considerarlas un todo homogéneo. 
La ASEAN es simplemente una reunión de países totalmente diferentes, que tienen intereses muy divergentes, y ninguna perspectiva de integración. 
Debemos suscitar las integraciones basadas en la democracia- en absoluto es así en esa clase de país- y, por tanto, facilitar y fomentar nuestras relaciones bilaterales con los países que se basan en la democracia y quieren fortalecer el Estado de derecho y la democracia y aplicar, en cambio, una política extraordinariamente dura para con países como Birmania. 
Por último, quisiera decir que Birmania es un país que hoy está ocupado por la República Popular de China. 
Numerosas fuentes de información indican la existencia de decenas de bases militares chinas en Birmania. 
La República Popular de China cerca actualmente a la India: es un hecho real, un hecho concreto. 
Sus Señorías conocen la situación en el Pakistán. 
La ayuda estratégica de la República Popular de China en pro del rearme y del fortalecimiento del armamento nuclear del Pakistán constituye una forma de cerco y, si bien a lo largo del siglo XX el gran problema mundial fue el problema alemán, el problema franco-alemán, hoy y mañana será un problema indo-chino. 
Si no apoyamos desde ahora a los países que apuestan por la democracia, por el fortalecimiento de la democracia, como la India, y seguimos extendiendo alfombras rojas ante las autoridades de Pekín, no haremos otra cosa que fortalecer un tinglado que acabará siendo explosivo. 
La explosión que se producirá no afectará sólo a Asia, sino que acabará afectando también a Europa y a la Unión Europea. 
Señor Presidente, señorías, lamento tener que volver a intervenir para defender la causa de la Sra. Aung San Suu Kyi. 
No es únicamente la defensa de una persona que ha sufrido y sufre por luchar por la democracia y la libertad, sino también de lo que representa en la lucha de todo un pueblo por conseguirlas. 
La Sra. Aung San Suu Kyi ha merecido el reconocimiento de la comunidad internacional al recibir el Premio Nobel, el Premio Sajarov de este Parlamento, el Premio de la Libertad de la Internacional Liberal. 
Y ahora le niegan sus libertades más elementales y las de aquellos que la siguen en este dificultoso proceso frente a la dictadura, a la que se ha referido ya el Sr. Dupuis. 
Todas estas personas se encuentran en una situación inadmisible. 
Por ello, el Grupo Liberal apoya las propuestas de la correspondiente resolución y, en especial, llamo la atención sobre el apartado 8, donde se pide que tanto los Estados Unidos como la Comisión y el Consejo impongan las sanciones políticas y económicas correspondientes mientras no haya en Birmania un proceso de democratización. 
Señor Presidente, nos enfrentamos de nuevo a la difícil situación en que se encuentra la Presidenta electa de Birmania y a la agresión del Gobierno militar de ese país. 
Creo que ya hemos presentado cinco o seis resoluciones sobre Birmania en el transcurso de dos años. 
No se puede tolerar que una Presidenta elegida con el 80% de los votos hace unos diez años; que ofrece resistencia pacífica frente al régimen militar de su país; que cuenta con respaldo verbal, estos días por parte del Sr. Clinton; que ha recibido tanto el premio Nobel como el Sajarov por su resistencia pacífica; cuente de hecho con apoyo insuficiente para realmente poder ocupar en su país el lugar que merece y, además, gobierne un régimen militar que viola groseramente los derechos humanos y los derechos de las minorías. 
La economía se apoya en las drogas. 
Se trata del segundo país del mundo, tras Colombia, en cuestión de drogas; el parlamento ha sido disuelto; numerosos parlamentarios han sido asesinados y encarcelados; se aplica el trabajo forzado a las minorías, especialmente en el campo de las infraestructuras; y, no obstante, este país puede beneficiarse de las inversiones, también las realizadas desde los países europeos, tal como sucede con la petrolera francesa Total y la industria neerlandesa de obras hidráulicas. 
En realidad, no soy partidaria de las sanciones económicas, pero a veces, pienso en Sudáfrica y Chile en los años ochenta, son necesarias a fin de poner fin a la maldad. 
Creo que la Unión Europea y los Estados Unidos deben acordar mutuamente qué hacer con Birmania. 
Considero que Birmania debe ser aislada política y económicamente, y que debe presionarse de forma verdaderamente eficaz, en caso contrario legitimaremos a una oposición violenta. 
La gente de otros lugares dice: mira a Aung San Suu Kyi. A pesar de llevar ya doce años de resistencia pacífica, continúa marginada, ha sido de nuevo arrestada en casa y su gente ha sido encarcelada ¿Y qué sucede? 
La comunidad internacional no interviene. 
Pido a la Unión Europea que consulte con los Estados Unido con el objeto de hacer algo efectivo por ayudarla, y ocuparse de que ella y el parlamento birmano puedan convertir de nuevo ese país en una democracia. 
Señor Presidente, quisiera apoyar lo que han dicho los demás oradores. 
Han pasado diez años desde que la LND ganó una inmensa mayoría de los escaños en unas elecciones libres y justas, pero a pesar de eso, la democracia ha sido reprimida desde todos los ángulos y en cada ocasión. 
Creo que la reciente readmisión de Birmania en la ANASE y en las reuniones entre la UE y la ANASE ha sido un craso error desde el comienzo. 
Birmania no ha hecho nada desde su readmisión en la ANASE para demostrar que se la merecía. 
Deberíamos replantearnos seriamente esta decisión. 
Birmania debería ser excluida. 
También creo que la Unión Europea podría hacer mucho más. 
Aung San Suu Kyi ha pedido sanciones, pero no hemos hecho absolutamente nada al respecto. 
Incluso los Estados Unidos han frenado, al menos, las nuevas inversiones. 
¿Por qué la Unión Europea no garantiza la imposición de sanciones? 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner fin a los trabajos forzados y a los abusos contra los derechos humanos. 
Como dice la resolución, deberíamos desaconsejar todo tipo de turismo en Birmania. 
Deberíamos apoyar esta iniciativa. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que han hecho hasta ahora la Sra. McKenna y la Sra. Maij-Weggen sobre la situación en Birmania. 
No obstante, quisiera también hacer referencia al caso específico de uno de mis electores que representa un buen ejemplo de la brutalidad de las actuales autoridades birmanas. 
En septiembre de 1999, James Mawdsley, del noreste de Inglaterra, fue condenado a 17 años de aislamiento penal en una cárcel birmana. 
Su madre se dispone ahora a viajar a Birmania con la esperanza de poder verle. 
Su delito, según las autoridades birmanas, fue entrar en el país e intentar llamar la atención sobre los abusos contra los derechos humanos que se producen en aquel país. 
Los cargos contra él son falsos. 
Por ejemplo, se le acusó de haber entrado en el país de manera ilegal, pero el personal de la Embajada británica ha visto su pasaporte en el que hay un sello de entrada en Birmania que demuestra que llegó al país de manera completamente legal. 
Ministros y el personal del Gobierno británico vienen realizando continuos esfuerzos para llamar la atención de las autoridades birmanas sobre esta difícil situación, pero sin ningún éxito. 
Pido al Parlamento y a la Comisión que hagan todo lo posible para garantizar su puesta en libertad. 
Señor Presidente, para empezar, permítanme que aclare que la sustitución del tema de Irán por el de Birmania en el debate sobre los derechos humanos no significa que la situación de los derechos humanos en Irán no preocupe seriamente mi Grupo político. 
Vamos a seguir ocupándonos de esa cuestión. 
Sin embargo, los acontecimientos actuales, las decisiones escandalosas y el escandaloso comportamiento del Gobierno militar sencillamente exigen que el Parlamento Europeo adopte una posición. 
No podemos dejar de manifestar nuestra admiración y respeto ante la acción no violenta, ante la admirable y perseverante actuación de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, así como de los militantes y políticos de la Liga Nacional por la Democracia, y asegurarles que estamos a su lado y que la Unión Europea va a hacer todo lo posible, junto con la comunidad internacional, para contribuir al restablecimiento de los derechos humanos o, más bien dicho, a la instauración de los derechos humanos, la democracia y también el Estado de Derecho en Birmania. 
San Suu Kyi sigue siendo sin duda portadora de esperanzas. 
Sus acciones continuadas demuestran que es imposible acallar su voz y esto obliga también a Europa a hacer todo lo posible para que esa voz se escuche aquí, en Europa, y también en América, pero sobre todo también en Asia. 
Ella es portadora de esperanzas para los perseguidos, los oprimidos y también para los numerosos trabajadores y trabajadoras forzados, pero también para las ciudadanas y ciudadanos que optaron por la democracia, el parlamentarismo y el Estado de Derecho antes de 1990. 
Tenemos que instar a nuestros socios, los Estados de la ASEAN, pero también a los demás Estados de Asia, a que hagan todo lo posible para imponer la retirada del llamado gobierno de transición, como todavía se denomina cínicamente. 
Por esto me parece acertado que se refuercen las sanciones económicas. 
La UE ha actuado correctamente en este caso. 
Ahora es preciso encararse con Birmania en el contexto del diálogo institucionalizado e incluir esta cuestión como uno de los primeros puntos del orden del día de la Cumbre de Laos, con objeto de que quede claro que la ASEAN y también la UE tienen una responsabilidad en relación con lo que ocurra en Birmania. 
Violaciones de los derechos humanos en Colombia, en particular el caso del padre Brendan Forde 
Señor Presidente, este Parlamento se ha ocupado en muchas ocasiones de la situación en Colombia. 
La situación en Colombia es la de una guerra civil larvada en la que, desde hace varias décadas, la violencia ha adquirido carácter estructural. 
Esta guerra civil larvada se ha complicado mucho a consecuencia del desarrollo del narcotráfico, al convertirse Colombia en un país de fabricación y tránsito de narcóticos hacia el resto del mundo. 
En esta situación, hay diferentes grupos que recurren a la violencia. 
Me refiero no sólo a las organizaciones paramilitares y a las guerrillas sino también a las organizaciones de narcotraficantes. 
En ocasiones, incluso las unidades militares recurren a la violencia y violan los derechos humanos. 
En una situación de este tipo, el intento de establecer zonas de paz, como por ejemplo a través de las comunidades de paz establecidas en la región campesina del Urabá, ha tenido enormes dificultades. 
De hecho, recientemente ha habido matanzas en esas comunidades del Urabá, concretamente en la región de la Unión. Sus dirigentes han sido amenazados de muerte, y la amenaza de muerte en Colombia es algo que hay que tomarse muy en serio, porque suele cumplirse. 
Desde este Parlamento no es mucho, realmente, lo que podemos hacer. 
Nosotros, desde luego, apoyamos los esfuerzos del Gobierno colombiano y de otras organizaciones por conseguir la paz, y reiteramos el deseo y el interés de que las instituciones europeas colaboren con el Gobierno colombiano en el mantenimiento de la paz. 
Señor Presidente, Señorías, como ha comentado mi colega Medina Ortega, también hemos de reiterar la situación a que, lamentablemente, llega el conflicto en Colombia, y recordar que en esta Comunidad por la Paz de La Unión, en la región de Urabá, se han producido tres matanzas desde 1997. 
Afortunadamente, el Gobierno colombiano ha decidido buscar a los responsables y responder con la pertinente penalización. 
Pero el hecho es que desde 1997 ha habido tres matanzas, la última de ellas el 8 de julio de este año, y la Comunidad por la Paz de La Unión y la Comisión Intercongregaciones de Justicia y Paz, incluido el franciscano irlandés Brendan Forde, han sido reiteradamente amenazados de muerte, a pesar de su posición neutral y de contribuir a la pacificación de la zona. 
Creemos que esta situación exige de nuevo una actuación lo más enérgica posible por parte de las instituciones europeas. 
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo tienen una serie de posibilidades para llevarla a cabo en colaboración con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también a través de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia. 
Instamos a que la Comisión, obviamente en colaboración con el Parlamento, ponga a disposición del Gobierno colombiano toda nuestra fuerza política y nuestra capacidad de presión para que, por fin, la deseada paz llegue a Colombia y estas situaciones dramáticas, de asesinatos, muertes y matanzas, no se vuelvan a producir. 
El año pasado tuve el honor de visitar ese bello y atormentado país, y es un privilegio, que se nos concede aquí, en el Parlamento Europeo, poder elevar nuestras voces para defender los derechos de personas que viven a una enorme distancia de aquí. 
También tuve el honor de reunirme con muchos de los activistas que defienden los derechos humanos en Colombia el pasado año. 
Este año hemos oído en Irlanda, como resulta evidente de la preocupación que hoy han expresado aquí los colegas irlandeses, del peligro que corre el padre Brendan Forde, un franciscano que trabaja en un pequeño pueblo llamado La Unión, que ha optado por permanecer al lado de sus feligreses poniendo en considerable peligro su propia vida. 
Vive tan aislado que probablemente nunca se enterará de este debate que hoy celebramos aquí. 
Debe recorrer ocho millas hasta el teléfono más próximo para poder comunicarse con el exterior. 
Por este motivo, es un privilegio para nosotros elevar nuestras voces para pedir que su vida y las vidas de los que viven en su comunidad sean respetadas y para asegurarnos de que el Gobierno colombiano tiene conocimiento de nuestras preocupaciones. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera manifestar mi gran decepción por la resolución que tenemos ante nosotros. 
Mi grupo, el Grupo Verts/ALE, ha firmado la enmienda, pero estamos consternados porque la enmienda y la resolución no van todo lo lejos que deberían ir. 
No cubren varios asuntos serios como el Plan Colombia o los graves abusos contra los derechos humanos que se producen en el país. 
Muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos han declarado que los abusos contra los derechos humanos por parte de los paramilitares cuentan con el apoyo de las fuerzas armadas y que el asesinato de las pobres gentes en las zonas rurales es consecuencia de ello. 
La mayor parte del ejército colombiano sigue implicado en los graves abusos contra los derechos humanos y, fundamentalmente, las autoridades colombianas pasan por alto las atrocidades que cometen los paramilitares con ayuda y previa instigación de los militares. 
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado sistemáticamente de que las fuerzas armadas de Colombia han adoptado medidas para castigar los abusos contra los derechos humanos en sus filas. 
El Plan Colombia culminará en la asignación de 1.300 millones de dólares por parte de los Estados Unidos para objetivos, en su mayoría, militares. 
Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos creen que el plan agravará la situación de la población rural empobrecida y ciertamente incrementará la violencia política. 
Perjudicará de manera irreversible a la población y el medio ambiente y no resolverá el problema de las drogas. 
No ha habido ninguna consulta al pueblo colombiano sobre el Plan Colombia, lo cual resulta inaceptable. 
Estuve en Colombia el año pasado con algunas ONG y puedo decirles que la situación en aquel país es realmente grave. 
Los soldados colombianos siguen alentando activamente a los paramilitares responsables de las violaciones contra los derechos humanos y es evidente que los Estados Unidos y Colombia han actuado en contra de los intereses de la población. 
Creo que esto debería haber formado parte de la resolución. 
El único grupo que quería tratar sobre el Plan Colombia y la situación de los derechos humanos en Colombia ha sido el nuestro. 
Es realmente lamentable y una flagrante renuncia de nuestro deber respecto a las personas de todo el mundo. 
Señor Presidente, cuando el Presidente Pastrana compareció ante esta Asamblea, se comprometió a trabajar por la paz en su país pero olvidó mencionar tres cuestiones bastante graves. 
Primero, la máxima responsabilidad del propio Gobierno, que ampara la violación de los derechos humanos, las torturas, secuestros y asesinatos cometidos por los grupos paramilitares en connivencia con el ejército. 
Segundo, que la solución de problemas tan graves, como son el cultivo de cocaína y la violencia, sólo puede venir de las conversaciones de paz con las FAR y con el ELN. 
Y tercero, que estaba preparando con los Estados Unidos el Plan Colombia de intervención militar en la zona, a espaldas del Parlamento colombiano, a espaldas de la opinión europea y de la opinión mundial. 
Por estas razones, visto el peligro de vietnamización de América Latina que supone el Plan Colombia, hay que actuar con tres propuestas concretas. 
Primero, que toda ayuda a Colombia procedente de la Unión Europea se concederá una vez firmada la paz entre el Gobierno, las FAR y el ELN. 
Segundo, que la Unión Europea ha de condenar el Plan Colombia y exigir que la solución al conflicto sea negociada y pacífica, para evitar esa escalada militar. 
Y en tercer lugar, la Unión Europea ha de exigir al Presidente Pastrana el fin de toda violación de derechos humanos por parte de las bandas paramilitares en su país, y que cesen los tristes récords mundiales de miles de víctimas que se alcanzan todos los años. 
Por ello, me permito incluso añadir- como ya se ha dicho, pero creo que convendría hacerlo concretamente- que la Unión Europea debe instalar en América Latina un observatorio de los derechos humanos, en relación con el que ya existe de las Naciones Unidas. Porque hay tantos países, pero sobre todo Colombia, que incumplen esa garantía de respeto de la democracia y de los derechos humanos, que es nuestra responsabilidad ayudar adecuadamente a esa región, tan importante para nosotros y para el mundo. 
Señor Presidente, permítame dirigirme directamente al Comisario Nielson para decirle que el 18 de agosto le remití un escrito para manifestarle mi preocupación por la vida y la difícil situación del padre Brendan Forde, el sacerdote irlandés cuya vida corre peligro en estos momentos por las complejas circunstancias políticas que reinan en Colombia. 
Quisiera añadir a esto el nombre de un joven nacido y criado en Irlanda, Tristan James Murray, cuya madre es de la misma región de Irlanda que yo, Wexford, y el de su colega colombiano Javier Nova, dos jóvenes defensores del medio ambiente que están desaparecidos desde julio. 
A todos nos preocupa que el Plan Colombia represente una escalada del conflicto e incremente la influencia de las guerrillas en aquel país. 
Queremos pedir garantías de que la ayuda de la UE, y también de los Estados Unidos, no se utilizará, como debería ser, para endurecer los ataques de las milicias contra las comunidades pacíficas en aras de un intento de terminar con las guerrillas. 
El padre Forde permanece donde está porque intenta proteger a su comunidad. 
Su vida ha sido amenazada; le han dado veinte días para que se marche y la Cruz Roja Internacional respaldará todo lo que estamos diciendo al respecto. 
Debemos dar más relieve internacional a todas las personas, incluidas las comunidades, cuyas vidas están amenazadas, y confiamos, señor Comisario Nielson, en que hará todo lo posible en nuestro nombre. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, apenas son suficientes dos minutos para recoger y enumerar las terribles cifras que hoy llegan de Colombia. 
Sólo voy a mencionar algunas de las que aparecen en el último correo electrónico recibido de Amnistía Internacional: 50 civiles asesinados el mes pasado por los paramilitares; 400 matanzas de civiles perpetradas durante el año 1999; 3.500 víctimas de delitos políticos; 1.000 secuestros; 250.000 civiles colombianos sin hogar por motivos políticos. 
A todo esto ahora se añade una matanza en la comunidad rural de La Unión, la tercera en tres años. 
Nosotros tenemos la obligación moral de afirmar que esta matanza estaba anunciada perfectamente, que hoy en Colombia nada ocurre por casualidad. 
En consecuencia ¿qué nos queda por hacer? 
¿Esperar la próxima matanza en La Unión o en otro pueblo para celebrar la enésima resolución con un crespón negro o- como justamente han sugerido algunos diputados- debemos hacer oír con fuerza nuestra voz? 
Considero que hoy este Parlamento debe encontrar el valor de alzar su voz haciendo suyas las palabras de Amnistía Internacional: todas las partes implicadas son responsables de las violaciones de los derechos humanos en Colombia, no obstante, una de ellas- los paramilitares- tiene una responsabilidad preponderante. 
De hecho, los grupos paramilitares están aprisionando a la población civil con una trampa mortal. 
Como se ha recordado, el Presidente Pastrana compareció ante este Pleno ofreciendo su apreciable esfuerzo para reconducir a todas las partes al diálogo. 
A este Parlamento le corresponde el cometido de pedir que se restablezca un código de normas y de derechos ante todo en el interior del Estado colombiano, así como de denunciar lo que acontece en Colombia. 
Los paramilitares actúan de acuerdo, en connivencia, con el ejército que, con frecuencia- como en este caso- redactan las listas de las personas que han de morir. 
Hasta la fecha, no se ha hecho ningún intento de entregar a la justicia a los jefes de este presunto ejército paramilitar como, por ejemplo, Carlos Castaño que continúa concediendo impunemente entrevistas a las emisoras de radio colombianas. 
En consecuencia, reiteramos nuestro apoyo a una solución pacífica y, sin ningún tipo de hipocresía, pedimos al Gobierno colombiano que considere el trágico papel desempeñado por los paramilitares. Por último, invitamos a la Comisión y a los Estados miembros a que pongan a punto todos los medios políticos aptos para velar por la seguridad de las organizaciones civiles implicadas en la defensa de los derechos humanos. 
Señor Presidente, efectivamente, como decía Manolo Medina, volvemos a hablar de Colombia. 
En este caso, para pedir protección para el franciscano irlandés Brendan Forde y sus compañeros. 
Pero, el último defensor de los derechos humanos asesinado en Colombia lo fue en mayo. 
Se llamaba Ramiro Zapata. 
Los defensores de derechos humanos asesinados en el último año y medio han sido 25. En los últimos años, han muerto 3.000 militantes de la Unión Patriótica. 
Luis Guillermo Pérez, también defensor de los derechos humanos, insiste en que hay un plan, llamado el plan de los Cien, para asesinar hasta cien defensores de los derechos humanos. 
Yo creo que esto es una catástrofe para Colombia. 
Esperemos que este último defensor de los derechos humanos exagera. 
Pero, si lo que dice es cierto, es una catástrofe para Colombia. 
Creo que la Unión Europea debe tener iniciativa propia, estrategia propia, ajena a cualquier aventura militarista, como parece ser la aventura de los Estados Unidos, para hacer más soportable la vida de los colombianos. 
Señor Presidente, desgraciadamente los secuestros en Sierra Leona vuelven a ser noticia. 
Esta vez se trata del secuestro de once soldados británicos por parte de la milicia de los West Side Boys. 
A esto hay que añadir los ataques perpetrados por este grupo de rebeldes con el propósito de extender su zona de influencia y que han costado la vida a tres miembros de las fuerzas progubernamentales. 
Son acciones que el Grupo del Partido Popular Europeo condena con toda contundencia y que el Parlamento Europeo debe condenar también, al tiempo que debe exigir la inmediata liberación sin condiciones de los soldados que permanecen secuestrados y manifestar su apoyo al Gobierno de Sierra Leona, así como a las fuerzas de UNAMSIL y del ejército británico que trabajan para consolidar la paz en este país. Una paz que sigue siendo un bien todavía precario, como lo demuestra este secuestro. 
De ahí que no podamos limitarnos a estas meras palabras de condena sino que debemos pasar a la acción y exigir también que se dé cumplimiento a los Acuerdos de Paz de Lomé y se proceda al desarme de todas las milicias. 
Sin embargo, mientras la pobreza siga siendo la dueña y señora de Sierra Leona, mientras no se ponga fin de una vez por todas al tráfico de diamantes y se acabe con el comercio de armas, no habrá paz posible para este castigado país. 
Es necesario, por tanto, que la Unión Europea ponga todos los medios a su alcance no sólo para contribuir a afianzar el proceso de paz sino, sobre todo, para hacer posible el establecimiento de unas condiciones de vida que permitan hacer irreversible la paz. 
Se impone, por tanto, una generosa y coordinada política de cooperación al desarrollo, sobre todo en el campo de la educación. 
De ahí también el esfuerzo presupuestario que se pide para esta política. Una política que contribuya a acabar con la lacra de la pobreza. 
Pero, sobre todo, se impone una acción decidida por parte de la Unión Europea, de los Estados miembros y de toda la comunidad internacional para poner fin, de una vez por todas, al tráfico de diamantes en la zona. 
Porque mientras la riqueza natural de un país sólo beneficie a los señores de la guerra, es decir, mientras los diamantes permitan a los paramilitares disponer de capital suficiente para hacerse con armas y seguir manteniendo su actividad, la paz no será sino sueño inalcanzable. 
Y sin paz, el desarrollo sólo será una utopía. 
Señor Presidente, señor Comisario, quien se enfrenta a esta serie de desgracias en cada periodo de sesiones de Estrasburgo, se pregunta qué podemos hacer. 
No sólo han sido secuestrado soldados de la ONU en Sierra Leona, soldados británicos; todo un pueblo lleva años secuestrado y nosotros hemos contribuido a ello, aunque sólo sea a través del comercio de diamantes. 
El Consejo de Seguridad adoptó el 5 de julio el embargo de los diamantes de Sierra Leona. 
Deberíamos hacer todo lo posible por lograr que este embargo sea real. Por parte de la UE, debemos hacer todo lo necesario para terminar con todo el comercio de unos diamantes ensangrentados. 
Creo que, por tanto, no basta con limitar el comercio de diamantes de Sierra Leona. 
Así mismo, debemos ampliar nuestro apoyo al Gobierno, pero creo que también es absolutamente necesario respaldar al tribunal de los crímenes de guerra. 
Tenemos que poner fin a la impunidad con que la gente utiliza las armas para terminar con la vida de sus conciudadanos. 
Señor Presidente, me compadezco, naturalmente, de los once soldados británicos, secuestrado en Sierra Leona, por una de las bandas armadas que hacen estragos en ese país. 
También ellos son víctimas de una política cuya víctima principal es la población de Sierra Leona. 
Pero esa política es en primer lugar obra de un gobierno, el Gobierno británico, apoyado por todas las potencias occidentales, en particular Francia, y por las Naciones Unidas. 
Es repugnante que la resolución no diga una palabra sobre el papel desempeñado en el pasado y en el presente por Gran Bretaña en ese país. 
La antigua potencia colonial, después de haber saqueado, explotado, esa región del mundo, impuso, mediante fraude electoral, un gobierno que representa sobre todo sus propios intereses. 
Sus maniobras constituyen uno de los factores más importantes de una bárbara guerra civil en la que es parte interesada, directamente, por su diplomacia, por la presión de su flota e, indirectamente, por mediación de las tropas de sus ex colonias africanas cuyo comportamiento en el terreno es tan atroz como el de las bandas armadas. 
Dichas bandas armadas, entre ellas el RUF, no representan, desde luego, los intereses de la población de Sierra Leona, ni por sus métodos, ni por sus objetivos. 
Pero su responsabilidad en las desgracias de su país, con ser grande, no alcanza el grado de cinismo de los ministros o de los altos dignatarios británicos. 
En conclusión, vamos a votar en contra de esta resolución que comprende una política colonialista apenas adaptada al gusto actual. 
Señor Presidente, me opongo a los esfuerzos realizados anteriormente por la izquierda española para sacar provecho político de Gibraltar a costa de la tragedia del Kursk. 
El buque Tireless se encuentra seguro en territorio británico y las reparaciones se llevarán a cabo con los más altos niveles de seguridad. 
Sobre el tema de Sierra Leona, me opongo a la declaración de la oradora anterior, pero hay una cuestión más amplia que quisiera plantear respecto al papel del Gobierno británico. 
Avisamos al Gobierno Laborista británico hace meses de los peligros de un compromiso incondicional del ejército británico en Sierra Leona. 
A nuestras tropas debería habérseles asignado, desde un comienzo, una misión clara y limitada con una estrategia de salida realista. 
La inaceptable situación actual es una consecuencia clara de una misión que avanza tímidamente y de la falta de decisión política, y representa una clara lección para el futuro. 
Señor Presidente, la situación en Sierra Leona ha sido objeto de nuestros debates de urgencia en varias ocasiones, y siempre hemos tratado este tema alentando las conversaciones de paz, la reconciliación nacional, la ayuda a la población desplazada y clamando por una justicia penal internacional capaz de juzgar a los responsables del genocidio que se viene cometiendo en aquel país. 
Hoy ya no nos encontramos ante una cuestión meramente política, sino ante un acto criminal que cae en el ámbito de cualquier código penal. 
Se trata de un secuestro perpetrado por delincuentes que no tienen ninguna vinculación política, ni con los miembros de la antigua junta militar ni con ninguno de los grupos firmantes del acuerdo de paz de julio de 1999. 
Sus reivindicaciones se limitan a la petición de liberación de un grupo de presos y a la revisión de un acuerdo de paz con el que se pretende poner en orden un país descuartizado. 
Las víctimas del secuestro tienen, sin embargo, una gran significación política. 
La presencia internacional en Sierra Leona es un buen ejemplo de la perseverancia de la comunidad internacional en la búsqueda de la paz global. 
Por eso, asumiendo esa responsabilidad, apoyamos que se dirija hoy el Parlamento Europeo al Gobierno de Sierra Leona y haga un llamamiento para la liberación sin condiciones e inmediata de los soldados británicos secuestrados. 
Bombardeos turcos en el norte del Iraq 
Señor Presidente, Turquía es miembro de la OTAN. 
Turquía se postula como candidato para la entrada en la Unión Europa. 
Turquía ha firmado todo tipo de tratados internacionales, entre ellos, los relativos a la protección de los derechos humanos, la prohibición de la tortura, etc. Y, sin embargo, Turquía continúa bombardeando, fuera de sus fronteras, en el norte de Iraq, a los kurdos que se encuentran en esa zona. 
Señor Comisario, creo que debemos ser claros. 
Sin una solución política clara y pacífica del problema kurdo, no se conseguirá nada y Turquía debe aceptarlo. 
Creo que la estabilidad, y esperemos al menos que la paz en Oriente Medio esté cada día un poco más cerca, la estabilidad de esta región nunca tendrá lugar si no se soluciona el problema kurdo. 
Por supuesto, queremos manifestar nuestras condolencias a las familias afectadas de nuevo por los bombardeos, la última vez en agosto, y pedimos el máximo respeto de las fronteras internacionales. 
El hecho de no respetarlas constituirá una fuente continua de desgracias. 
La guerra nunca trae la paz. 
Señor Presidente, "¿ qué culpa tiene mi hijo ?", preguntó en una entrevista televisada la madre de una víctima de los bombardeos. 
¿Por qué los niños, las mujeres y los civiles indefensos han de ser siempre víctimas de las acciones militares? 
Los bombardeos de aldeas kurdas por los militares turcos destacados en Kendakor del 15 de agosto mataron a más de 32 personas e hirieron a 40. 
Esto es una carnicería y un crimen contra la humanidad. 
También es una muestra de la actitud del Gobierno turco con respecto a la paz y a los kurdos, en un momento en que éstos han tendido la mano en busca de la paz. 
Tal como ha confirmado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, Turquía desarrolla operaciones periódicas contra el PKK, que por tercera vez ha declarado unilateralmente una tregua. 
Yo me pregunto: ¿por qué se entregan armas a Turquía y se construyen fábricas de municiones justamente ahora, durante el proceso de aproximación a la UE? 
¿Cómo se explica que el 1 de septiembre se prohibiesen las organizaciones de derechos humanos y la celebración del Día Mundial de la Paz? 
¿Se puede acelerar acaso el proceso de democratización con armas y municiones? 
¡No! 
Una solución pacífica del problema kurdo y el respeto de los derechos humanos son el mejor camino para alcanzar la paz. 
¿Tendrán que sufrir siempre las madres? 
¿No podemos contribuir a plantar un jardín donde florezcan la fraternidad y la paz entre la población kurda y la turca? 
Yo acojo con satisfacción el programa MEDA, donde se dice que el Gobierno turco debe poner fin a todo tipo de discriminación oficial, jurídica, política, cultural y social contra la población kurda. 
La concesión de recursos financieros de la UE a Turquía se debería vincular a la solución del problema kurdo y éstos se deberían dedicar a superar el subdesarrollo económico y social de la región kurda. 
¡En el siglo actual ya no se pueden seguir tolerando esa clase de bombardeos contra la población civil! 
Yo condeno esa inhumanidad y pido, además, que se investigue ese crimen y se condene a los culpables. 
Pido al Consejo y a los Estados miembros que condenen de manera consecuente el bombardeo de aldeas kurdas y que intervengan ante el Gobierno turco, con el fin de que también se inicien unas negociaciones amplias sobre una solución con los representantes democráticos de los kurdos. 
¡Esta es la vía más rápida para ingresar en la Unión Europea! 
Señor Presidente, ésta va a ser mi tercera intervención en este recinto durante este período parcial de sesiones sobre diferentes puntos relativos a Turquía y sus relaciones con la Unión Europea. 
Esto me brinda la oportunidad de pronunciarme sobre algunos puntos que se recogerán en el informe que nuestra Asamblea me pidió preparar sobre la ampliación de Turquía y su adhesión a la Unión. 
No volveré a referirme a ella, pero quiero dar aquí mi opinión. 
Si resultara que la iniciativa del bombardeo del pasado 15 de agosto, en Kendakor, corresponde al ejército turco, no podríamos por menos de alentar al Gobierno turco a reducir, progresivamente, el papel que sus fuerzas armadas siguen desempeñando, con el pretexto de combatir el terrorismo, en esferas que pueden atentar gravemente contra el crédito de la voluntad de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
La lucha contra el terrorismo parece camino de ganarse y creo sinceramente que ha llegado el momento de adoptar esa clase de decisión. 
Por ser el encargado de utilizar la fuerza, el militar no puede ni debe, salvo en período de excepción, ser quien decida su empleo. 
Estos 40 años de carrera militar me han persuadido suficientemente de que "Cedant arma togae": las armas deben ceder ante la toga. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución común sobre los bombardeos turcos en el norte del Iraq está presentada por cinco Grupos políticos del Parlamento Europeo, lo que constituye una prueba del interés que siente nuestro Parlamento por el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos en esa parte del mundo, así como de su vigilancia extrema cuando un país candidato a la Unión, en este caso Turquía, se ve afectado. 
En efecto, no hay que tolerar que el norte del Iraq, que es una zona de soberanía limitada, en virtud de decisiones internacionales se convierta también en una zona sin derecho, una zona en la que todo esté permitido y en la que, encima, esté prohibida cualquier presencia de observadores. 
La lucha legítima contra el terrorismo no justifica castigos colectivos cuyas víctimas son las poblaciones kurdas de aldeas enteras. 
Esa clase de represalias desproporcionadas deberían quedar proscritas para siempre del arsenal militar de un país civilizado. 
Señor Presidente, como decía mi compañera Uca, es inaceptable que un país que aspira a ser miembro de la Unión Europea bombardee una población indefensa, mate a más de 30 civiles y provoque más de 40 heridos. 
Nosotros creemos que lo menos que se puede pedir a un país, en esas circunstancias, es que respete el Derecho internacional. 
Y desde luego, también tenemos que condenar la hipocresía de algunos Estados miembros que, rompiendo el código de conducta de la exportación de armas a países que pueden hacer con ellas lo que hizo Turquía en este caso concreto, exportan armas a ese país. 
Nos parece una hipocresía condenar el hecho y después enviar armas para que vuelva a ocurrir. 
Nos parece también que la Unión Europea ha de velar por que cada uno de los países candidatos respete, en primer lugar, los derechos humanos. 
De otro modo, no es aceptable que pretenda entrar a formar parte de esta Unión. 
. (EN) En primer lugar, respecto de los refugiados del Nepal, la Comisión comparte la preocupación de sus distinguidas Señorías por la situación de los refugiados que viven en los campos situados en Nepal oriental e, igualmente, demanda una pronta y permanente resolución de la cuestión. 
Se necesita un nuevo ímpetu y decisión política por ambas partes para encontrar una solución adecuada. 
Por encima de todo se debe acordar un plan para aquellos que deseen regresar voluntariamente a Bután. 
No se puede llegar a soluciones técnicas en tanto los negociadores no tengan la firme intención de alcanzar un acuerdo. 
La Comisión reconoce el resultado obtenido por la Sra. Ogata, Presidenta del ACNUR, por ejemplo, cuando visitó el pasado mayo Bután y Nepal, y el compromiso de ambas partes para encontrar pronto una solución viable. 
También he conversado con representantes gubernamentales de ambas partes. Parece que ellos también están decididos a encontrar una solución. 
La visita de la Sra. Ogata y la visita en abril de este año de una delegación del Parlamento Europeo han sido decisivas para que tuviese lugar un verdadero progreso. 
No obstante, la Comisión lamenta que la fórmula de verificación en los campos no haya sido aun acordada, a pesar de las recientes expectativas de que se alcanzase tal acuerdo. 
En sus contactos habituales con las autoridades de Nepal y Bután la Comisión, constantemente, ha insistido en que este problema debe ser tratado como una cuestión urgente. 
La Comunidad Europea es uno de los más importantes donantes de ayuda humanitaria para los refugiados y hasta la fecha ha gastado más de 11 millones de euros. 
La Comisión ha aprovechado toda oportunidad para urgir a ambas partes a que alcancen resultados tangibles. Repetidamente ha expresado su compromiso de proveer los recursos necesarios para facilitar la reintegración y el reasentamiento de los refugiados una vez que se hayan realizado verdaderos avances. 
Algunos Estados miembros han expresado el mismo compromiso. 
Durante el actual año financiero la Comisión va proveer 1,5 millones de euros para la ayuda en los campos a través del ACNUR. 
Se debe evitar que se agoten los recursos. 
Esto es completamente asumible teniendo en cuenta las cantidades involucradas. 
Es responsabilidad nuestra evitar esto. 
La Comisión aguarda con expectación la evaluación del resultado del próximo encuentro entre el Primer Ministro de Nepal, el Sr. Koirala, y el Presidente del Consejo de Ministros de Bután, el Sr. Zimba, que tendrá lugar el 11 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Paso a tratar los recientes sucesos acaecidos en Birmania. El 18 de mayo la Comisión condenó en esta Asamblea la permanente violación de los derechos humanos por parte de la máquina militar birmana. 
En aquella ocasión mencionamos las ejecuciones extrajudiciales, la imposición de trabajos forzados, el desplazamiento forzoso de las poblaciones locales, la represión de opositores políticos y las acciones para impedir el pleno funcionamiento de los partidos políticos legítimos. 
También condenamos la restricción de la libertad de movimientos de Aung San Suu Kyi y otros miembros de la Liga Nacional para la Democracia y la práctica habitual de detenciones arbitrarias. 
Al mismo tiempo, la Comisión expresó su apoyo a la posición común de la UE respecto de Birmania y a la decisión del Consejo de Asuntos Generales de abril de 2000 de fortalecer esa posición común. 
Aprovechamos todas las oportunidades posibles para presionar a nuestros socios asiáticos y que éstos urjan al Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo a que emprenda un diálogo sustancial con los representantes elegidos democráticamente y las minorías étnicas. 
El objetivo ha de ser alcanzar una solución de mutuo acuerdo para la situación actual y restablecer en Birmania el respeto por las normas internacionales relativas a los derechos humanos. 
Varios oradores han mencionado esta tarde el turismo. 
La UE ya ha expresado claramente su apoyo al llamamiento realizado por Aung San Suu Kyi para que los ciudadanos de los países civilizados se abstengan de hacer turismo en Birmania. 
Instamos a nuestros ciudadanos a que actúen en consecuencia. 
Los últimos acontecimientos acaecidos en Rangún constituyen la prueba perfecta, si es que ésta era necesaria, de la legitimidad de nuestra condena a las inaceptables prácticas del régimen militar. 
El gratuito arresto y posterior detención, el pasado sábado, de Aung San Suu Kyi y de veteranos miembros de su partido, junto con la de jóvenes líderes locales no puede ser justificado, en ningún caso, aduciendo que necesitaban "protección". 
Este tratamiento tampoco puede ser justificado con débiles alegaciones relativas a una conspiración. 
Esto no ha sido más que un simple ejercicio criminal por parte de una administración presa del pánico. 
Por ello, la Comisión une su voz al llamamiento del mundo entero por el fin inmediato del arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi y sus colegas, por el restablecimiento inmediato de los canales normales para posibilitar el acceso diplomático a la dirección de la Liga Nacional para la Democracia, por la liberación inmediata de los jóvenes líderes locales, actualmente detenidos sin cargos, y por el cese inmediato de la vigilancia ilegal de las conversaciones telefónicas privadas de representantes políticos elegidos democráticamente en Birmania. 
Respecto de la situación de los Derechos humanos en Colombia nuestra atención ha sido atraída en numerosas ocasiones por el asesinato en ese país de civiles inocentes. 
La impunidad de los autores de esas atrocidades ha sido prácticamente sistemática. 
También hemos asistido a un aumento creciente de las amenazas de muerte a personas que asisten in situ a los grupos más vulnerables. 
Por ejemplo, hemos sido informados de las serias amenazas hechas al sacerdote irlandés Brendan Forde, que trabaja en una de las regiones más afectadas por la violencia. 
La Comisión deplora y condena firmemente esta situación e insta a las partes del conflicto a que respeten los principios y las normas del derecho humanitario. 
La Comisión también apoya los esfuerzos por la paz impulsados por el Presidente Pastrana. 
Ésta hará todo lo que esté en su mano por promover el apoyo a una paz duradera en el país. 
En cuanto a lo que se ha dicho esta tarde, en mi opinión, más armas no van a constituir un atajo hacia una solución para Colombia sino que simplemente van a agravar el problema. 
La Comisión comparte completamente la preocupación del Parlamento por el reciente secuestro de once soldados británicos en Sierra Leona. 
Confiamos en que los esfuerzos que se están realizando por asegurar la liberación de los seís restantes soldados tengan éxito. 
Queremos expresar nuestra solidaridad con los soldados y sus familias. 
La Comisión teme que incidentes como este y el secuestro de miembros del personal de NU puedan dificultar los intentos por reconducir el proceso de paz. 
Saludaríamos cualquier decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de las fuerzas de NU en Sierra Leona. 
La resolución del Consejo de Seguridad de 5 de julio de este año que prohibe el comercio ilícito de diamantes de Sierra Leona ha sido ahora incorporada al Derecho Comunitaria. 
Esta prohibición, al igual que la prohibición de la venta de armas a otros grupos, debe ser estrictamente ejecutada. 
La Comisión insta a todas las partes- y, desde luego, esto incluye a la industria europea del diamante- a apoyar a los comités sancionadores de NU en la consecución de este objetivo. 
La Comisión continúa apoyando los intentos del gobierno por restablecer la paz en el país y llevar a cabo programas de recuperación económica. 
Con recursos del Fondo Europeo para el Desarrollo se está prestando apoyo para desmovilizar y reintegrar a excombatientes en el marco de un programa de reconstrucción y rehabilitación más amplio. 
Se está apoyando la recuperación económica a través de un programa de apoyo presupuestario de 8,2 millones de euros y un programa de asistencia técnica que contribuye a mejorar la gestión financiera pública. 
En las próximas semanas la Comisión va a solicitar la aprobación de un programa de rehabilitación y reintegración de 30 millones de euros, de un programa de apoyo al sector sanitario de 28 millones de euros, de un programa de apoyo presupuestario postconflicto de 34.75 millones de euros y de un programa de apoyo al Ministerio de Hacienda de 4,5 millones de euros. 
En lo que respecta a la ayuda humanitaria, la Comisión, a través de ECHO, va a seguir financiando programas para asistir a comunidades de desplazados y de refugiados con la ayuda de ONGs internacionales y las Naciones Unidas. 
Desde comienzos de 1999 ECHO ha aportado ayuda por valor de 26 millones de euros, cubriendo el suministro de asistencia médica, alimentos terapéuticos, agua e instalaciones de saneamiento y apoyo psicosocial para los niños afectados por la guerra. 
Esto es especialmente importante teniendo en cuenta la terrible situación de los soldados infantiles, y los niños en general, en Sierra Leona. 
Además, los fondos han cubierto especialmente la ayuda a los amputados y los refugiados y las poblaciones desplazadas en el interior del país. 
En lo que atañe al norte de Irak la Comisión comparte la preocupación expresada en varias propuestas de resolución sobre las últimas operaciones de las fuerzas aéreas turcas y las resultantes víctimas civiles. 
A la Comisión le consta que el Ministro de Asuntos Exteriores turco está investigando el incidente y posibles compensaciones. 
Los levantamientos causados por las incursiones del ejército turco en Irak socavan los esfuerzos por estabilizar la zona e infligen un sufrimiento innecesario a la población kurda. 
Ya han sufrido bastante. 
Lo que se necesita para volver a la vida normal de la zona es estabilidad, paz y apoyo al desarrollo económico. 
En los últimos años la Unión ha resaltado repetidas veces la necesidad de respetar la integridad de Irak y su frontera con Turquía. 
Estas últimas violaciones de la frontera no contribuyen a resolver los problemas existentes en Turquía o en cualquier otro sitio. 
En nuestra opinión, el diálogo pacífico entre las partes es el único camino viable hacia la estabilidad de la zona. 
He tomado cuidadosamente nota sobre lo que los distinguidos miembros de esta Asamblea han dicho esta tarde acerca de sus expectativas respecto de Turquía, no sin tener en cuenta su futura posición en la cooperación europea, y ciertamente comparto sus puntos de vista. 
Señor Presidente, quisiera decir que, en lo que se refiere a la situación en Colombia, le hemos formulado una pregunta al Sr. Comisario, quien ha respondido que la Comisión apoya los esfuerzos de paz del Presidente Pastrana. 
Le he preguntado si la Comisión complementará ese apoyo retórico con algún tipo de apoyo que no consista simplemente en palabras. 
Comprendo que quizá no sea el momento para debatirlo, pero me gustaría que la Comisión nos respondiera, aunque sea por escrito. 
Estaré encantado de ampliar lo que estoy diciendo ahora en unos comentarios escritos más extensos. 
Mi respuesta inmediata es que debemos ser cuidadosos, hablando claro, de no ser compelidos a un papel de meros financiadores de actividades con las que no estamos de acuerdo al 100%. 
También debemos procurar concentrarnos suficientemente en la pobreza y hacer algo que realmente beneficie a los grupos más desfavorecidos. 
De modo que lo que estamos haciendo ahora y lo que haremos en el futuro, en términos financieros, será diseñado muy cuidadosamente dentro de ese contexto. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate común queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate común de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0708/2000 de la Sra. McNally y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la central nuclear checa de Temelin; 
B5-0723/2000 de la Sra. Flemming y del Sr. Chichester, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el reactor de Temelin; 
B5-0732/2000 del Sr. Echerer y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la central nuclear de Tamelin; 
B5-0745/2000 de los Sres. Papayannakis y Sjöstedt, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la central nuclear de Tamelin. 
Señor Presidente, sustituyo a la Sra. McNally, que ha tenido que regresar esta tarde al Reino Unido. 
La Unión Europea, con el apoyo de este Parlamento, ha contribuido ya de forma importante a mejorar la seguridad técnica y operativa de los reactores nucleares de fabricación soviética y al establecimiento de reguladores independientes. 
Según tengo entendido lo que se está llevando a cabo en Temelín ya se ha hecho en Finlandia y una mejora similar está a punto de realizarse en Kozloduy, en Bulgaria, con la ayuda de un crédito de Euratom 
Lo que quisiera que me confirmase la Comisión, si es posible, es que los trabajos que se llevan a cabo en Tamelín siguen las recomendaciones de las doce inspecciones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica y que, efectivamente, van a conseguir unos estándares de seguridad equiparables a los de los Estados miembros. 
Esta es la certeza o la confirmación que exige la opinión pública de la Unión Europea. 
Durante esta semana hemos recibido muchos mensajes de las autoridades checas. 
Afirman que la mayoría de las acciones que exigimos en esta resolución ya se han realizado y que, de hecho, las restantes ya se están llevando a cabo. 
¿Está la Comisión en disposición de confirmar esto esta tarde, y en caso contrario, se va a comprometer a trasladar urgentemente su opinión sobre este asunto a la Comisión de Industria del Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, muchos Estados de la Unión Europea mantienen relaciones muy amistosas y hasta de parentesco con la República Checa. 
Sin embargo, yo pienso que justamente en una familia bien avenida ha de ser posible decir también lo que nos disgusta. 
Las centrales nucleares de la Unión Europea cuentan con los niveles de seguridad más altos del mundo y un país candidato a la adhesión que desee poner en funcionamiento una nueva central nuclear tiene que cumplir, obviamente, esas normas. 
Es cierto que la evaluación del nivel de seguridad de Temelin es competencia de la autoridad nuclear checa. 
No obstante, también es cierto que en el Acuerdo de Asociación para la Adhesión con la República Checa la Comisión señaló como una de las prioridades la transposición de las disposiciones de la legislación comunitaria sobre evaluación del impacto ambiental, debido entre otras cosas a la existencia de la central de Temelin. 
Aun así, la República Checa todavía no ha ratificado el Convenio sobre evaluación del impacto ambiental de proyectos transfronterizos, el llamado Convenio de Espoo, si bien lo firmó en 1993. 
Ahora de repente se decide iniciar precipitadamente los ensayos de puesta en servicio de la central de Temelin en un plazo de pocos días, sin que los países vecinos, Alemania y Austria, hayan recibido la información solicitada y sin que la población de los Estados vecinos, que está seriamente preocupada, haya tenido la oportunidad de pronunciarse y exponer sus objeciones ante las autoridades checas. 
Esto es, en efecto, lo que establece el Convenio de Espoo. 
¡Esta es la legislación vigente en la UE! 
Yo pido al Gobierno checo, le suplico incluso, que se tome en serio los temores de la población de los Estados vecinos, pero también los de la de su propio país. 
Los reactores de Temelin son, en efecto, de construcción soviética del tipo VVER1000 y ni siquiera Westinghouse lo puede remediar. 
Yo quiero dirigir un nuevo llamamiento al Gobierno checo: si hubiesen empezado a actuar ya de manera voluntaria tal como deberían actuar, en este momento ya serían un miembro de la Unión Europea, ¡ya formarían parte de nuestra gran familia europea! 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quisiera agradecer la colaboración técnica constructiva entre los colegas que ha hecho posible la presente propuesta de resolución común. 
En 13 casos se ha prescindido simplemente de la evaluación del impacto ambiental en el procedimiento de revisión del proyecto. 
Como ya ha señalado la Sra. Flemming, hace tiempo que se firmó el Convenio de Espoo. 
Estaba previsto que a principios de este año tuviese lugar su ratificación por el Parlamento checo, así como su transposición. Éstas quedaron aplazadas indefinidamente sin ninguna explicación. 
Las preocupaciones en relación con la seguridad que se expresan continuamente de manera pública, en la prensa y también en el ámbito privado no han recibido, no obstante, una seria consideración. 
En la última reunión bilateral entre expertos checos, austríacos y alemanes que se celebró los días 2 y 5 de septiembre de este año, se volvió a constatar que la central de Temelin no cumple las normas de seguridad alemanas y, por lo tanto, no podría aspirar a obtener autorización en Alemania. 
Como cuarto punto, la energía generada en Temelin no está destinada a cubrir la propia demanda, sino a la exportación y, además, a precios de dumping. 
En quinto lugar, la seguridad de los ciudadanos europeos y la responsabilidad ante ellos ya tendrían que ser motivos suficientes para actuar en este caso. 
La Comisión dice que no tenemos posibilidades jurídicas de actuar. 
No obstante, esto es algo que ya sabía desde hace tiempo. 
¿O acaso esperaba que alguien se sacase de la manga una medida jurídica por arte de magia? 
¡No! 
Por mi parte, yo espero lo siguiente... Como ustedes saben, los Verdes sostenemos que la seguridad y las centrales nucleares son dos conceptos incompatibles. 
En Europa tenemos una realidad que se caracteriza por la presencia de centrales nucleares orientales y occidentales. 
También en este contexto se aplica un doble rasero y esto se tiene que acabar. 
Distinguida Comisión, no se pueden resolver todos y cada uno de los problemas únicamente con medidas jurídicas. 
Por consiguiente, yo espero que la Comisión y el Consejo demuestren una voluntad política común tan firme como la que demuestra el Parlamento Europeo en la presente propuesta de resolución. 
Permítanme un último comentario sobre una enmienda presentada por el Grupo técnico de los diputados no inscritos, que no contiene ninguna nueva propuesta significativa, salvo un condicionamiento encubierto. 
¡Yo no puedo aceptar esta clase de política! 
Intentar disimular con un gesto populista los años de fracaso o desinterés de la política en relación con este problema con una amenaza de veto no puede ayudarnos a alcanzar el objetivo y no aporta ningún fundamento constructivo para la negociación. 
La seguridad de los ciudadanos europeos y su consiguiente confianza en la Comunidad deberían ser prioritarias para todos nosotros. 
Nuestra propuesta de resolución es de la máxima importancia para la población europea y sobre todo también para la opinión pública checa. 
Yo espero que no las defraudemos. 
Señor Presidente, esta cuestión ni siquiera debiera ser objeto de un debate de urgencia. 
Condeno la explotación y la distorsión de la realidad efectuada por los Verdes. 
Interferir en los asuntos internos de un país candidato ejerciendo un chantaje político, con la amenaza de vetar la adhesión a la UE, es absolutamente inaceptable. 
Lamento que el pueblo austríaco se haya dejado llevar por las emociones y no por argumentos científicos racionales. 
Los checos dan toda la impresión de estar actuando adecuada y responsablemente de acuerdo con los estándares internacionales y deberíamos dejar que continuaran así. 
A pesar de que he firmado la propuesta conjunta siguiendo las instrucciones de mi Grupo político, voy a votar en contra de esta resolución. 
Señor Presidente, yo temía que al ser la tercera oradora austríaca ya no me quedase nada que decir. 
Después de escuchar la intervención del Sr. Chichester, me parece que vale la pena volver a recordar que es necesario prestar una seria atención a las exigencias y las inquietudes de la población europea, incluida también la población austríaca, en relación con el tema de la energía nuclear y de la central nuclear de Temelin en particular. 
Mi Grupo político apoya la presente resolución sobre Temelin por razones de principio, porque nos tomamos en serio la preocupación de la población y porque muchos de nosotros participamos desde hace tiempo en la lucha contra la energía nuclear, tanto en el Este como en el Oeste. 
Por lo que a mí personalmente respecta, la lucha política contra la central nuclear de Zwentendorf en Austria me marcó de manera duradera y, por consiguiente, en mi caso no ha sido necesaria ninguna campaña de conservadora para persuadirme, como he oído comentar, entre divertida y asombrada, estos últimos días en los medios de comunicación austríacos. 
Al igual que la oradora que me ha precedido, también yo rechazo la única enmienda presentada, con un redactado muy impreciso, porque considero que la expresión "un alto nivel" no significa nada, puesto que la República Checa ya es consciente de la necesidad de mantener un alto nivel de seguridad. 
Por consiguiente, apoyo decididamente la propuesta de resolución y rechazo la enmienda. 
Señor Presidente, quisiera reconocer ante los diputados del Parlamento que me siento doble frente a este asunto. 
Por una parte, soy un viejo opositor a las centrales nucleares y, durante muchos años, miembro del directorio del órgano de supervisión de la energía nuclear de Suecia y, por otra, presido la delegación del comité parlamentario UE- República Checa. 
Por eso quiero decir tres cosas de forma rápida. 
La primera: el temor a la energía nuclear hace que la seguridad no sólo debe ser buena, sino que debe ser, en cada caso, la mejor posible. 
La segunda: evidentemente rigen para la República Checa las mismas normas que para los demás países candidatos y, en el futuro, las mismas normas que para los Estados miembros. 
La tercera: hay que entender esta resolución como un diálogo abierto con la República Checa, un diálogo que se realiza en el marco del comité parlamentario, pero que también debería tener lugar en nuestros respectivos parlamentos. 
Sin embargo, no debe llevarnos a que se creen resentimientos entre la República Checa y los países miembros de la UE. 
Espero que los checos respondan positivamente a todas las preguntas y que, de ese modo, este asunto tenga un final feliz. 
Señor Presidente, Señorías, después de la catástrofe del reactor de Chérnobil, cabría esperar que todos hubiesen aprendido alguna lección. 
Las emisiones radioactivas no quedaron circunscritas entonces a Ucrania y el hecho tampoco se redujo a un problema bilateral. 
Ya sé que partidarios y enemigos de la energía nuclear están enfrentados en la Unión y no existe una posición unitaria al respecto. 
Sin embargo, además, sobre todo no existe una norma unitaria en lo que se refiere a la seguridad de las centrales nucleares. 
Es urgente una actuación en este ámbito, también en aras de la credibilidad. 
Después de la experiencia de Chérnobil, yo me pregunto, no obstante, si es admisible que en Temelin se ponga en servicio en el corazón de Europa una central nuclear que todavía presenta considerables deficiencias en materia de seguridad. 
Chequia intenta crear un hecho consumado con la puesta en marcha de Temelin. 
Permítanme que les diga que este proceder se aparta mucho del trato que cabe esperar en una relación entre socios. 
Edmund Stoiber lo ha expresado muy bien hoy: tenemos que atenernos al Reglamento. 
El martes pasado, el Parlamento austríaco adoptó, con el apoyo de todos- y lo subrayo, todos- los partidos, una decisión que expresa claramente que la conclusión de las negociaciones para la adhesión no se podrá aprobar hasta que no se hayan mejorado las condiciones de Temelin. 
Nosotros apoyamos la adhesión a la Unión de la República Checa, permítanme que se lo asegure. 
Pero para ello deben cumplirse las condiciones adecuadas. 
Yo les pido que apoyen nuestra enmienda, cuyo contenido es idéntico al de la decisión adoptada por los cuatro partidos del Parlamento austríaco. 
Al fin y al cabo, nuestro objetivo común ha de ser que las centrales nucleares cumplan unas normas de seguridad lo más estrictas posible. 
Señor Presidente, yo también voy a votar afirmativamente la resolución, que me parece razonable. 
Si puede contribuir a que ambas partes atemperen un poco su guerra verbal, ya habrá cumplido plenamente su razón de ser. 
Yo lamento que la parte checa no pueda defenderse aquí y exponer su posición, pues ante una cuestión tan compleja como esta sería bueno escuchar siempre a ambas partes. 
Con la misma sinceridad quiero añadir, no obstante, que no me parece bien que el Gobierno y también el Parlamento austríacos planteen aquí una suerte de ultimátum. 
Este no es el proceder que hemos seguido hasta ahora en la Unión Europea. 
Todos tenemos claro que existe un problema. 
Pero si empezamos a imponer ultimátums, mañana surgirá una agrupación de compatriotas que exigirá que los checos no puedan adherirse hasta que se hayan derogado los Decretos Benesch. 
Y luego saldrá otro grupo con cualquier otra exigencia. 
Existen otras alternativas para resolver este tipo de problemas. 
También quiero instar, no obstante, a la parte checa a que se tome en serio las preocupaciones en relación con la seguridad de los reactores, expresadas sobre todo por la sociedad alemana. 
Quiero manifestarlo asimismo desde aquí. 
Mi última observación importante va dirigida a la Comisión. 
Continuamente se habla del impacto ambiental y eso está muy bien. 
Pero también tenemos un Tratado EURATOM y éste incluye el artículo 37. 
En éste se establece acertadamente que la Comisión deberá ser informada de todo plan de evacuación de los residuos radiactivos, cualquiera que sea su forma. 
La Comisión debe dictaminar, además, si el proyecto puede dar lugar a una contaminación de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro. 
Ya sé que la República Checa todavía no es miembro de la Unión Europea. 
No obstante, me interesaría conocer la posición de la Comisión en relación con dicho artículo y saber si considera que la República Checa lo ha cumplido. 
Sería interesante conocer, tal como ya ha preguntado también Gordon Adam, su evaluación del impacto ambiental. 
Señor Presidente, las manifestaciones del Sr. Linkohr exigen una aclaración. 
Con mucho gusto, le remitiré el texto de la decisión adoptada por el Parlamento austríaco. 
Ésta no contiene un ultimátum ni tampoco ningún tipo de presión, y yo misma también acabo de expresar claramente que no podemos ni queremos imponer nada. 
Sólo rogamos, sólo instamos al Gobierno checo a que actúe de conformidad con la legislación europea vigente y que cumpla simple y sencillamente el Convenio de Espoo, aunque todavía no lo haya ratificado. 
. (EN) La Comisión ha seguido con mucha atención el debate político en torno a la central nuclear de Temelín. 
En repetidas ocasiones ha manifestado la importancia que tiene que los países candidatos incorporen un alto nivel de seguridad nuclear en la línea de las pertinentes resoluciones del Consejo. 
La Comisión está participando activamente en las deliberaciones del Consejo que tienen por objetivo evaluar y asegurar un alto nivel de seguridad nuclear en los países candidatos como uno de los requisitos esenciales para la incorporación en la Unión Europea. 
La responsabilidad de otorgar las licencias para las instalaciones nucleares corresponde a las autoridades nucleares checas. 
La Comisión ha cooperado con los checos para reforzar la capacidad de sus autoridades. 
Las autoridades checas han asegurado que la licencia operativa para la Unidad 1 de la central nuclear de Temelín no será otorgada hasta que todos los problemas pendientes hayan sido resueltos a la satisfacción de la autoridad reguladora de la energía nuclear. 
De acuerdo con la actual legislación checa antes de que se otorgue la licencia para operar es necesario un estudio de impacto medioambiental. 
La Comisión espera que las autoridades checas hagan cumplir esta disposición. 
El Sr. Adams pregunta si los checos han tenido en cuenta las inspecciones y revisiones de la OIEA. 
La respuesta es "sí". 
La OIEA ha revisado las modificaciones introducidas por los checos en los sistemas de seguridad, siguiendo los programas de la OIEA. La OIEA ha llegado a la conclusión de que todos los problemas han sido atendidos adecuadamente por los checos. 
Esta es la información que puedo darles acerca de este asunto. 
El debate común queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de unos minutos, a las 17,30 horas. 
Incendios en Europa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0703/2000 de la Sra. Malliori y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los incendios forestales en Europa; 
B5-0724/2000 del Sr. Hatzidakis y otros, en nombre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre los incendios en el sur de la Unión Europea; 
B5-0723/2000 de las Sras. Isler Béguin y Frassoni, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre los incendios forestales en Europa; 
B5-0737/2000 de la Sra. Muscardini y otros, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre los incendios en Europa; 
B5-0746/2000, de la Sra. Ainardi y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europa/Izquierda Verde Europea, sobre los incendios en las regiones mediterráneas; 
B5-0747/2000 del Sr. Korakas y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europa/Izquierda Verde Nórdica, sobre los incendios en Grecia. 
Señor Presidente, los incendios que también este verano han asolado grandes extensiones de bosques en la región mediterránea son, principalmente, consecuencia del aumento de la temperatura y de la prolongada sequía, sin ignorar, por supuesto, los casos de incendios provocados. 
Los cambios climáticos que tienen lugar a ritmos muy rápidos, tienen consecuencias en todo el ecosistema. 
Los científicos señalan el peligro de nuestra ilógica intervención en la naturaleza cuyo resultado son, entre otros, los fenómenos atmosféricos extremos. 
En los últimos años Europa del sur arde cada vez con más frecuencia. 
La región del Mediterráneo se ha convertido en una región de alto peligro y necesita una solución especial. 
En mi país, en Grecia, este año se han declarado más de 500 incendios y la mayoría de ellos fueron extinguidos con las menores consecuencias posibles. 
Sin embargo, hubo también casos en los que los incendios se escapaban de cualquier control, y hubo que lamentar víctimas y fortunas destrozadas. 
Quisiera expresar mi condolencia a las familias de las víctimas y a cuantos han sufrido problemas semejantes en todos los países. 
Señor Presidente, considero que es responsabilidad política y prioridad absoluta una estrategia europea en el sector de la protección de los bosques. 
Igualmente creo que se debe volver a crear, en el marco del presupuesto, la línea sobre los desastres naturales. 
Creo que la Comisión debe ejercer su influencia en los Estados miembros, para que la legislación sobre los cambios de utilización del suelo sea más estricta, la reforestación tras un incendio debe ser obligatoria, debe darse una educación adecuada a los responsables locales y regionales de la lucha contra los incendios y realizar una campaña de información al ciudadano sobre el efecto benéfico del bosque y sobre las formas de protegerlo y también animar al voluntariado en caso de incendio. 
Señor Presidente, cada mes de septiembre venimos aquí y hacemos un trágico balance de las víctimas y de los desastres en los bosques que causan los incendios. 
Los incendios, claro, se deben a los cambios climáticos, a los cambios climáticos predominantes en verano en los países del Mediterráneo; pero también se deben a acciones criminales, aún puede deberse a otras razones, como por ejemplo, pueden originarse en vertederos y, por supuesto, la inexistencia de distintas estructuras administrativas, y principalmente, la inexistencia de una lucha coordinada contra los incendios en conjunto intensifican su acción destructora. 
¿Qué propuestas podemos hacer? 
Ante todo deberán, tanto los Estados miembros como la Comisión, readaptar los programas de desarrollo regional y aplicar medidas de prevención, de indemnizaciones y de reforestación. 
Por ejemplo, podrían hacer uso de la iniciativa comunitaria Interreg. 
Igualmente, la introducción de registros de los bosques será importantísima y contribuirá a la protección, a la reconquista de la riqueza ecológica y a combatir la especulación sobre las tierras. 
Pero, señor Presidente, hay que coordinar y colaborar a nivel europeo, y solicito a la Comisión que proponga la creación de un centro europeo de prevención de incendios para investigar constantemente, para introducir nuevos métodos técnicos para prevenir los incendios y para combatirlos. 
Y avanzo un poco más: Ya es hora de que la Comisión elabore una estrategia integrada de defensa para coordinar acciones nacionales y medidas contra los desastres naturales y los originados por el hombre. 
Por supuesto, todo esto se hará siempre respetando el principio de subsidiariedad. 
Con estas propuestas, señor Presidente, espero tener una respuesta positiva de la Comisión para que podamos proteger nuestros bosques con más eficacia. 
Señor Presidente, en efecto, como si se tratara de una enfermedad crónica y estacional, el verano de 2000 ha resultado aún más asesino por los estragos del fuego, cuyas llagas en nuestro país y en nuestro continente se extienden por millares de hectáreas hasta ciertos cementerios para los soldados del fuego y los residentes víctimas de muerte trágica. 
Esa enfermedad tiene orígenes criminales: imputable a pirómanos irresponsables, a los que conviene infligir penas disuasorias, o a promotores sin escrúpulos, dispuestos a todo para apoderarse de zonas prohibidas a la construcción, para los cuales la panoplia de instrumentos jurídicos represivos debe ser un espantajo. 
Pero esa enfermedad tiene también orígenes responsables: por una parte, la ausencia de inventario de actividades económicas, tales como el agropastoreo en Córcega, por ejemplo, o también la ausencia de planteamientos reales a partir de bases de datos geográficos, de una ordenación del espacio rural, valorizando los recursos naturales y reduciendo la propagación de incendios. Por último, y sobre todo, la inexistencia de una verdadera educación en materia de medio ambiente que supere las necesarias campañas de prevención y sensibilización. 
Así, esa pandemia estival es curable, señor Presidente. 
Resulta imperativo reequilibrar las orientaciones de ciertas políticas de ocupación del territorio, tal como la de la ganadería en Córcega, y repartir las primas en función de los marcos económicos y preventivos. 
Esas disposiciones en una primera etapa no substituyen las necesarias inversiones- en la etapa final- en equipos contra incendios adecuados y en número suficiente para desplegarse por todos los países de la Unión, situados en los perímetros en riesgo. 
Los ciudadanos afectados cuentan con medidas concretas por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, este año los incendios en el Mediterráneo, y especialmente en Grecia, han batido un récord histórico. 
Creo que se ha quemado una extensión del doble que cualquier otra vez y las víctimas humanas han sido muchas, a pesar de que el Gobierno griego, por supuesto, se había preparado bastante y a pesar de que Grecia cuenta, en la actualidad, con un equipamiento de los más eficaces en maquinaria, aviones y potencial humano para la lucha contra incendios en el mundo. 
Así pues, ha quedado demostrado que la intervención para la extinción no ha sido suficiente. 
Debemos pasar a la prevención. 
Lo decimos todos; pero no lo hace nadie. 
Es un tema complicado, que concierne, claro, a las autoridades locales, al Gobierno nacional. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea? 
Señor Presidente, puede hacer una política básica más activa, con mayor coordinación y mayor intervención, puede ver las faltas de la Política Agrícola Común, que básicamente empuja a la gente que está viviendo en los bosques y que vive económicamente de los bosques, a no tener motivaciones y a marcharse. 
La PAC subvenciona el pastoreo en las extensiones quemadas, subvenciona animales que pastan en extensiones quemadas, cuando el bosque intenta reproducirse de forma natural. 
Claro, la Unión Europea también debe reexaminar la orientación y las prioridades de las inversiones. 
Nosotros ya llevamos gritando sobre el catastro muchísimo tiempo, y especialmente sobre el catastro forestal y sobre los mapas forestales, que deben reforzarse con prioridad sobre lo todo demás y, por supuesto, debe tomarse cualquier medida de desarrollo y de inversión que sitúe en el camino hacia el desarrollo al bosque como bosque y no como objeto de consumo, y que así permita a la población que vive del bosque, vivir allí. 
Es la mejor prevención y la mejor protección. 
Naturalmente, tendremos incendios en general y, desgraciadamente, con los cambios climáticos que venimos observando, vamos a tener cada vez peores fenómenos. 
Pero está en nuestra mano intentar hacer lo posible para poder evitar, por lo menos, las causas conocidas de los incendios. 
Señor Presidente, Portugal también se ha visto afectado por esta tragedia de los incendios forestales, ya se deban a causas naturales o de carácter criminal, en particular los motivados por intereses económicos condenables. 
Sabemos que este asunto es competencia en primera instancia de los Estados miembros, que se deben organizar y fortalecer los medios de lucha y prevención. 
Y que deben conceder prioridad a esas acciones, así como a las de forestación nacional en el ámbito de sus programas nacionales de desarrollo regional. 
Pero también es necesario fortalecer una estrategia forestal europea con medios técnicos y financieros aptos para fortalecer y complementar los recursos nacionales. 
En ese sentido, me permito subrayar la propuesta que el Parlamento va a hacer en el punto 12 de nuestra resolución de que se cree un centro europeo de prevención de incendios y me tomo la libertad de proponer que se establezca en Portugal. 
. (EN) La Comisión lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas así como el daño ecológico y económico que han causado los recientes incendios ocurridos en Europa. 
En este debate se ha mencionado el principio de subsidiariedad. 
Debemos evitar crear demasiadas expectativas y sobrecargar de tareas a la Comisión. 
Debemos cuidarnos de no hacer promesas que no podemos cumplir. 
Sinceramente, eso ha ocurrido con demasiada frecuencia en el pasado. 
Debemos ser cautos a la hora de entrar en debates como éste y no asumir automáticamente que la Comisión va a solucionar el problema. 
Podemos y debemos hacer algo pero no quería dejar de mencionar esta precaución. 
Entrando en lo sustancial del debate, la posibilidad de una línea presupuestaria para ayudas de emergencia, actualmente la Comisión está considerando proponer una base jurídica para tal línea. 
No obstante, la Comisión puede considerar otorgar apoyo financiero para la resuperación de la producción forestal potencial sobre la base del Reglamento de desarrollo rural 1257/1999. 
Según las autoridades griegas las contribuciones financieras de los fondos agrícolas no constituirían una ayuda suficiente para las labores de recuperación. 
Por ello, la Comisión invita a las autoridades griegas a presentar propuestas de enmienda del programa de desarrollo de suerte que se puedan considerar las necesarias modificaciones. 
Quisiera llamar su atención sobre el Reglamento CE 2158/1992 bajo el cual se pueden financiar acciones de prevención de incendios forestales. 
Todos los Estados miembros deberían comprobar que se han tomado todos los pasos necesarios para reducir el riesgo de incendio al mínimo. 
Nuevas iniciativas de la Comisión ya están en vigor o lo estarán en breve. 
En un futuro próximo el Colegio va a considerar la presentación de una propuesta de decisión del Consejo que establezca un mecanismo para la coordinación de la protección civil en casos de emergencia. El objetivo de ésta sería mejorar la ayuda recíproca entre los Estados miembros. 
También tendría un importante efecto secundario ya que ayudaría a terceros estados a gestionar emergencias o desastres inesperados que no podrían tratar por sí solos. 
Mediante este mecanismo de coordinación se invitaría a los Estados miembros a designar los grupos que podrían intervenir in situ en un breve espacio de tiempo. 
Recientemente la Comisión ha iniciado un proyecto, basado en tecnología de satélites, para mejorar la información relativa a los centros operativos de lucha contra el fuego en la región mediterránea, con el fin de determinar diariamente los niveles de riesgo. 
Debemos considerar la posibilidad de que esto nos lleve a un sistema de detección temprana de incendios forestales. 
La Comisión también insta a los Estados miembros a reforzar su capacidad de intervención. 
El Fondo Regional y el Fondo de Cohesión ya ha realizado importantes contribuciones en el periodo 1994-99. 
Las autoridades nacionales deberían aportar los recursos financieros necesarios para consolidar esta acción en el periodo 2000-06. 
Generalmente, la decisión sobre la adquisición de tales equipamientos para la lucha contra el fuego seguirá correspondiendo a los Estados miembros. 
También se están proyectando seminarios de autoformación en la lucha contra los incendios forestales. 
Sin embargo, la Comisión no dispone de los recursos necesarios para extender más allá sus actividades. 
Se puede recurrir a los Fondos Estructurales para la recuperación tras desastres naturales, y en los últimos años ya se ha sacado provecho de ello. 
Señor Presidente, como a varios de nuestros colegas, acaban de alertarme sobre la evolución de la situación en el norte del Afganistán, donde, después de dos meses de ofensiva sin descanso, los talibanes parecen haberse apoderado esta noche de la ciudad de Toligan al precio de un importante saldo de víctimas combatientes y civiles. 
Evidentemente, es demasiado tarde para introducir una resolución a ese respecto por el procedimiento de urgencia.? Puedo pedirle, señor Presidente, que transmita a la Conferencia de Presidentes la petición de que nuestra Asamblea reciba, durante nuestro próximo miniperíodo parcial de sesiones de Bruselas, una declaración del Consejo y de la Comisión sobre la acción que la Unión Europa podría concebir para contribuir a la consecución de una solución política en el Afganistán y poner fin a la prosecución de esos baños de sangre inútiles? 
Muchas gracias, señor Morillon, su petición será atendida. 
Señor Presidente, yo apoyo la petición del colega Morillon. 
También quisiera resaltar, además, en nombre de mi Grupo, que consideramos muy importante una declaración del Consejo sobre esta cuestión y le ruego que así lo comunique a la Conferencia de Presidentes. 
Así lo haré con mucho gusto, Señoría. 
Señor Presidente, a raíz de la votación yo quisiera preguntarle al presidente de la Comisión de Presupuestos si los créditos que se han de comprometer, de conformidad con los apartados 12 y 14 de la propuesta de resolución sobre los incendios en Europa que acabamos de aprobar, están disponibles. 
Señor Presidente, esto es una prueba del desatino que causa hacer política de puntillas. 
Esto no ha pasado por ninguna comisión. 
Se pide dinero que no existe y nadie ha dicho de dónde va a salir. 
Se trata de una urgencia que ha sido aprobada por este Parlamento- así que, así sea, pero resulta ciertamente absurdo. 
He captado perfectamente el mensaje, señor Wynn. 
Situación en las islas Fidji tras el golpe de Estado 
De Conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la situación en las islas Fiji tras el golpe de Estado. 
Tiene la palabra el señor Comisario Nielson. 
. (EN) La liberación de los rehenes el 13 de julio, la detención del líder de los rebeldes y sus socios más importantes y los esfuerzos del gobierno por reinstaurar la ley y el orden constituyen motivos de cierta satisfacción. 
No obstante, la preocupación por le futuro de las Islas Fidji persiste. 
En primer lugar, el recurso a la violencia por determinados grupos étnicos para imponer su supremacía sobre otras comunidades resulta inaceptable. 
En segundo lugar, se debe restablecer un gobierno democrático. 
El actual gobierno provisional carece de una base democrática. 
Debería haber un claro anteproyecto para reinstaurar completamente los principios y las prácticas democráticas. 
La Constitución de 1997, que recoge el principio de igualdad de derechos para todos los ciudadanos de Fidji, debe ser reinstaurada. 
Este proceso debería completarse rápidamente. 
El espacio temporal que se está proponiendo, dos o tres años, es demasiado largo. 
El antagonismo fundamentalista étnico en Fidji debe ser resuelto. 
La cooperación y armonía multirracial debe convertirse en una realidad. Es posible que ello requiera la mediación internacional. 
Si queremos ser realistas debemos apoyar todos los pasos que conduzcan a la estabilidad, sin perder de vista el escenario que acabo de escribir. 
La comunidad internacional y los donantes de ayuda a Fidji están de acuerdo con estos principios. 
En lo que concierne a la UE, el Consejo ha trasladado a Fidji su petición de abrir una serie de consultas bajo el artículo 366 de la Convención de Lomé, que contempla un examen en profundidad de la situación sobre la base de información que ha de ser aportada por Fidji. 
El informe de una misión ministerial ACP de información, que tuvo lugar a mediados de agosto y que fue dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores de Papua Nueva Guinea, nos proporcionará más datos. 
Además, el 31 de agosto la Comisión ha recibido información de primera mano del legítimo Primer Ministro, el Sr. Chaudhry. 
Actualmente nos encontramos al principio de las consultas. 
En el caso de que las consultas no produzcan una solución aceptable para ambas partes se tomarán las medidas contempladas en el artículo 366. 
Todo lo que se puede adelantar en este momento es que las medidas, si se da el caso, no deben perjudicar a los más pobres ni a aquellos que ya están padeciendo la severa crisis económica desatada por estos sucesos. 
Por consiguiente, los proyectos relacionados con la pobreza seguirán vigentes. 
En conclusión, confío en que el esfuerzo coordinado de la comunidad internacional de donantes tenga el deseado efecto sobre el actual gobierno de Fidji. 
Incluso si alcanzamos antes de dos años nuestra meta de restablecer los principios democráticos y un gobierno surgido de unas elecciones justas e igualitarias, esto sólo constituirá un primer paso hacia la solución del problema de Fidji. 
La realización de un esfuerzo a largo plazo de todas las partes, principalmente del gobierno de Fidji y de las diferentes comunidades, es necesaria para enfrentarse a los enraizados perjuicios y la angustia, con el fin de que la cooperación y la armonía racial puedan ser restauradas y que en Fidji se conviertan en una realidad. 
Esto es absolutamente prioritario y no existen alternativas a esta realidad. 
Señor Presidente, lo que ha ocurrido en los últimos meses en las Fiji parece sacado de un culebrón. Bastante lamentablemente, se trataba de la amarga realidad de un país ACP que disfruta de ventajas considerables en el marco del protocolo del azúcar de la Unión Europea. 
Resulta casi irónico que la firma del nuevo acuerdo de asociación en las Fiji, que propugna ampliamente la estructuración de la democracia, se planté en el momento en que tiene lugar un golpe de estado en ese país. 
Ello muestra una vez más la fragilidad de la democracia en esta región en la que se consideraba un valor ya establecido. 
No obstante, ¡la historia de las Fiji es más compleja! 
Existe una relación delicada entre los poderes de la población autóctona y los habitantes de origen indio, que suponen el 44% de la población. 
El ejército tiene un papel dudoso. 
Los ataques a las propiedades indias han tenido lugar aparentemente sin obstáculos, sin que actuaran los servicios del orden y, además, algunas facciones del ejército se pronunciaron abiertamente a favor del golpe militar. 
Las revelaciones actuales sobre el papel de Speight en la lucrativa industria maderera arrojan una nueva luz a todo el asunto. 
Según una información reciente, aparentemente, fue destituido como presidente de la empresa estatal que gestiona las plantaciones de caoba. 
Este año corrió el riesgo de perder un contrato para la explotación de madera dura. 
Todo ello hace presumir que los intereses económicos personales y no tanto políticos estaban involucrados en el golpe. 
Sea como sea, Speight ha llevado a todo un país a una profunda crisis política y económica debido a su comportamiento antidemocrático. 
El turismo, que representa un quinto del producto interior bruto, ha descendido a menos de un tercio. 
Las tensiones étnicas han vuelto a aumentar. Miles de habitantes de origen indio siguen huyendo y, además, los sucesos de las Fiji hipotecan la esperanzadora dinámica de la región, cuyo punto culminante debería ser el Pacific Regional Trade Agreement. 
En tanto Parlamento que impone criterios estrictos en materia de democracia y derechos humanos en sus acuerdos con los socios ACP, ni podemos ni debemos aceptar una evolución semejante de los acontecimientos. 
Debemos continuar exigiendo que se garantice la seguridad de todos los ciudadanos y que se combata toda forma de subdivisión y exaltación étnicas. 
Speight no puede continuar actuando impunemente. 
Sobre todo, debemos lograr el restablecimiento de una verdadera democracia en el marco de la constitución de 1997, que garantiza los mismos derechos a todos los habitantes de las Fiji y, desde luego, deben celebrarse elecciones cuanto antes. 
Un período transitorio de tres años resulta inaceptable. 
Si el Gobierno interino no logra asegurar el restablecimiento del orden democrático en un plazo razonable, debe pensarse en posibles sanciones, preferiblemente las smart sanctions y la ayuda estructural debe suspenderse. 
Las consultas al respecto comienzan en septiembre. 
En cualquier caso, espero que la Comisión se aferre a sus principios y no sucumba ante las presiones políticas o económicas. 
Ahora que se inicia un nuevo acuerdo importante de asociación entre Europa y sus socios ACP, es vital que no se siente ningún precedente. 
Señor Presidente, en general saludo los comentarios tanto del anterior orador como los del Comisario Nielson, que ha intervenido en nombre de la Comisión. 
No estoy tan convencido como él de que la violencia haya cesado en Fidji. 
La semana pasada tuve la oportunidad, junto con varios colegas de otros partidos y grupos, de reunirme con el Primer Ministro Mahendra Chaudhry quién nos relató que en Fidji la violencia contra los indofidjianos no cesa. 
En segundo lugar, no estoy de acuerdo con la apreciación de que en Fidji existe un antagonismo étnico fundamental. 
En mi opinión si se investiga el origen del golpe de estado nos toparemos antes con el dinero que con las relaciones étnicas. 
Saludo el hecho de que se haya invocado el artículo 366 de la Convención de Lomé. 
Si contemplamos la historia de lo que ha ocurrido en Fidji vemos una victoria electoral inapelable del Partido Laborista de Fidji en las elecciones de mayo de 1999, en las que obtuvieron, junto con los partidos que les dieron su apoyo, 58 de los 71 escaños, desahuciando al gobierno de derechas en el poder. 
Acto seguido, no ha dejado de haber intentos para desestabilizar al nuevo gobierno, liderados por elementos del anterior gobierno en el poder y grupos de extremistas nacionalistas bajo el endeble pretexto de proteger los intereses de los indígenas. 
Resulta interesante que, a pesar de que Mahendra Chaudhry sea indofidjiano, 12 de los 18 miembros que integraban su gabinete fuesen fidjianos indígenas, además de que la mayoría de diputados indígenas, de hecho, apoyase al gobierno. 
Las actividades de desestabilización fueron financiadas por elementos del sector privado que temían el radical programa gubernamental de reforma social y alivio de la pobreza y por su estrecha asociación con el movimiento sindicalista. 
La financiación fue liderada por grupos corporativos que aspiraban al derecho de explotación de la madera de caoba y la industria nativa de maderas nobles. 
La policía y, especialmente el ejército, fallaron a la hora de proteger y defender al gobierno. 
Cuando el 19 de mayo el gobierno de la coalición popular fue hecho rehén, del lado de George Speight y sus seguidores había miembros de la unidad de intervención contrarrevolucionaria del ejército. 
Lo que ha ocurrido en Fidji no es otra cosa que un golpe de estado perpetrado por el complejo industrial militar. 
De hecho, se trata de un Chile de menor dimensión. 
A resultas de ello la Constitución de 1997 ha sido hecha pedazos. 
Los militares han impuesto un gobierno que, de hecho, está siendo controlado por los que apoyaron el golpe y el ejército está intentando evitar las acusaciones persiguiendo a un pequeño sector de los involucrados, fundamentalmente al grupo que rodea a George Speight. 
En mi opinión el Parlamento, la Comisión y el Consejo de Ministros deberían apoyar las propuestas de la coalición popular, liderada por el partido laborista, para reinstaurar la Constitución de 1997 y para formar, con el espíritu de la coalición nacional, una gran coalición para el gobierno de Fidji. 
Si no alcanzamos esta meta, si no detenemos este giro hacia una suerte de apartheid fidjiano, en el que los indofidjianos, que constituyen prácticamente la mitad de la población, se están convirtiendo rápidamente en ciudadanos de segunda clase, expulsados de sus hogares y empleos, entonces deberíamos solicitar apoyo para imponer sanciones contra el actual gobierno. 
Deberíamos apoyar las iniciativas de la Primera Ministra neozelandesa, Helen Clark; para emprender acciones concertadas en el plano bilateral, regional y global que incluyesen, como ha dicho el Sr. Van Hecke, sanciones inteligentes dirigidas a aquellos involucrados en el golpe, negándoles la libertad de circulación, congelando sus activos en el extranjero y amenazándoles cuando sean detenidos con las consecuencias que se derivan de la Convención de Naciones Unidas contra la toma de rehenes. 
En segundo lugar, Fidji debería ser expulsado de todos los eventos deportivos y culturales internacionales. 
En tercer lugar, se debería negar toda ayuda económica y militar que haya de recibir o gestionar el actual gobierno. 
La cuestión de Fidji no sólo es importante por derecho propio sino también porque sentará precedente respecto de la viabilidad de los golpes de estado semiclandestinos y respecto de la cuestión de si Europa y el resto del mundo desarrollado está preparado para cortar el asunto de los derechos indígenas- la variante tercermundista del racismo cuya amenaza se cierne sobre todos nosotros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el golpe estado de las Fiji de mayo de este año no ha sido el primero, también en 1987 hubo ya un golpe de estado, que tuvo como consecuencia la expulsión de la Commonwealth, y eso me hace pensar que las tensiones, las tensiones aparentemente étnicas, deben ser mucho más profundas de lo que nos imaginamos. 
También entonces, las tensiones entre los habitantes autóctonos de las Fiji y los habitantes de origen indio constituyeron el problema y, por supuesto, un 44% frente a los autóctonos y un 64% de éstos, convierte a estos dos grupos de población en cuantitativamente semejantes. 
Puedo imaginarme que lo que usted ha dicho, Comisario, la eliminación de prejuicios, no es obvia en semejantes situaciones. 
Además, el desempleo aviva las tensiones y el Gobierno legítimamente elegido fue expulsado por el golpe militar. 
Lo que me preocupa especialmente es que este conflicto pueda extenderse a otras islas en las que existen problemas y tensiones semejantes. 
Realmente, algo contrario a lo que tenemos en mente y a lo que ya se ha aludido: el logro de un gran Pacific Regional Trade Agreement entre 14 naciones. 
Si no tenemos cuidado, éste se convertirá en el primer gran conflicto en el Pacífico y puede influir en la situación en la región durante decenas de años. 
Todo ello me lleva a preguntar: ¿no presagia este golpe de estado algo más grave? Y ello me hace formular la pregunta de ¿dónde está realmente la política preventiva de la Unión Europea? 
¿Qué se hace para encarrilar semejante país hacia un Estado democrático de Derecho, excluyendo el recurso al estado de emergencia; para enjuiciar a los culpables, tal como muy bien se ha pedido; para dar seguridad a todos los ciudadanos? Eso me parece elemental, especialmente en un país en el que miles de personas emprenden la fuga; en el que el parlamento debería ser nuevamente convocado este otoño, en el que debería haber un Gobierno basado en los principios democráticos. 
En algunos de nuestros proyectos de resolución se ha dicho: un Gobierno en el que participe la oposición, pero eso supone por supuesto un acuerdo, acuerdo que no existe desde que la constitución multirracial de 1997, que en su momento fue adoptada aparentemente por todos, no puede, sin embargo, ser aplicada. 
Señor Comisario, la Unión Europea es el socio comercial más importante de las Fiji y es también el donante más importante ¿Cómo podemos traducir ahora ese papel en una mediación pacífica efectiva? 
¿No podríamos designar un verdadero mediador o una instancia de mediación de acuerdo con la ONU y la Commonwealth? 
Los acuerdos de Kotonu prevén una asociación para el desarrollo y la paz, y también lo prevén los procedimientos que figuran en los acuerdos de Lomé, especialmente en el artículo 366, al que ya se ha hecho referencia. 
Estos procedimientos deberían aplicarse con todo cuidado, de forma comprensible, pero no ingenua. 
Sería positivo que la Comisión presente antes de final de año un nuevo informe al Parlamento sobre la evolución de las Fiji y en toda la región, y sobre los esfuerzos realizados por la Unión Europea. 
Señor Presidente, los sucesos acontecidos durante los últimos meses en las Fiji no constituyen un incidente aislado. 
Se trata de algo más que un hombre de negocios racista que se ha vuelto loco, de algo más que un ejército desleal, de algo más que los intereses de los empresarios que explotan la madera y de algo más que políticos que aceptan que la constitución democráticamente aprobada deje de aplicarse. 
Todo tiene que ver con la relación entre pueblo y estado, en general, y con la historia de la composición de la población de las Fiji, en particular. 
El colonialismo europeo ha dado lugar a la inmigración de la fuerza de trabajo de una parte del entonces imperio colonial británico, por lo que ahora las personas de origen indio, con su 44%, se han convertido en casi la mayoría de la población. 
La población originaria de las Fiji nunca dijo nada al respecto, pero mientras tanto, la realidad es que la composición de la población ha cambiado mucho. 
Los descendientes de los nuevos habitantes se sienten, con razón, una parte de los habitantes permanentes de las islas y con los mismos derechos que el resto, mientras que esta situación no es todavía aceptada por una gran parte de la población originaria. 
Esta situación es comparable en una serie de aspectos a la de Surinam, Guyana, Trinidad y Sudáfrica. 
También allí se han reunido grupos de población de procedencia muy diferente como consecuencia del colonialismo europeo. 
Se trata de grupos que cuentan con lenguas, culturas y creencias que no tenían nada en común y que exteriormente se diferencian fácilmente entre sí. 
Generalmente, viven como grupos cerrados, al lado del otro, en el mismo territorio; pero en su mayoría, en asentamientos y barrios separados. 
En estos países, los grupos de población a menudo han adoptado entre sí una actitud crispada. 
A veces, una parte de uno de estos grupos considera que vale más que los otros, pero frecuentemente se trata de una dura defensa de los intereses y de dosificar la escasez frente al grupo competidor. 
Estos competidores necesitan el mismo suelo, los mismos trabajos y las mismas casas, mientras que todo escasea. 
En Sudáfrica esta situación condujo incluso a un terrible sistema de desigualdad y represión, de segregación racial. 
Mientras tanto, los habitantes de tales países cada vez se convencen más de que una persona nunca tiene más valor que otra y que no tienen más elección que la de avanzar juntos. 
Ello no impide que los grupos de población continúen cerrados a los demás, sin que se produzca una verdadera integración en un pueblo. 
Los políticos y aventureros que pretendan enfrentarlos encuentran un terreno fértil. Ésa es la gran diferencia respecto de los actuales estados de Europa. 
Éstos están compuestos en su mayoría por un pueblo, cuentan con una historia que se siente como común, una lengua y, más o menos, una cultura. 
Eso es aplicable a antiguos estados como los Países Bajos, Dinamarca, Portugal, pero también se aplica a estados relativamente nuevos como Polonia, Italia, Alemania y Rumania, o a los muy nuevos como Chequia, Eslovenia o Lituania. 
Precisamente, como estos estados tienen un nexo indiscutible con la gran mayoría del pueblo que habita en ellos, pueden abrirse a las minorías a los recién llegados, y mantener su democracia. 
No obstante, también en los países europeos se guarda todavía un recuerdo negativo de las personas que llegaron en el pasado como soldados, ladrones y grupo de empresarios privilegiado. 
Eran grupos que perjudicaban al pueblo y se prefiere que los descendientes se vayan o se integren plenamente. 
Desde Europa, reconocemos el derecho de los estados israelí y palestino a coexistir uno al lado del otro, tal como esta semana ha puesto claramente de relieve la impactante visita de los presidentes de ambos parlamentos. 
No pueden vivir pacíficamente en un estado, pero sí como buenos vecinos. 
Bien, señor Presidente, Europa es culpable y debería contribuir a la solución de los problemas. 
Ello no quiere decir que la situación creada ahora en las Fiji no sea inaceptable. 
La igualdad de derechos de la gran minoría india, la constitución y la democracia parlamentaria deben restablecerse. 
Los que explotan el racismo deben ser castigados y, al menos, excluidos del poder político; los refugiados deben poder volver a casa; y debe cesar la violencia. 
La constitución multirracial de 1997, sobre la que se negoció mucho tras un golpe de estado anterior, debe ser restablecida rápidamente. 
Señor Presidente, intervengo en calidad de amigo de Fidji, como alguien que ha seguido su desarrollo durante muchos años. 
Allí tengo amigos y conocidos y también he visitado el país. 
La última vez que estuve allí, hace tres o cuatro años, al entrevistarme con los políticos locales constaté que lo único de lo que todos se sentían satisfechos era la nueva constitución, que requirió cuatro años para su redacción final, y cuando vi los últimos sucesos mi corazón se ensombreció porque sabía las consecuencias que se derivarían para ese país. 
Quisiera, Comisario, que me hiciese algunas aclaraciones. 
De su intervención asumo que lo que quiere decir es que no va a haber sanciones, que se trata de esperar y ver y darles tiempo para que se administren antes de que emprendamos cualquier acción. 
Quisiera que me aclarase este punto. 
No quisiera irme de aquí pensando que hubiera sido útil que usted fuera más explícito. 
El Sr. Ford ha solicitado que Fidji sea expulsado de todos los eventos deportivos. 
Mi deporte es un deporte minoritario- el rugby- y en octubre o noviembre tendrá lugar la copa del mundo en el Reino Unido y en Francia. 
Fidji contará con la representación de un equipo como miembro de la copa del mundo. 
El Gobierno australiano quiere que sean expulsados. 
El Gobierno australiano piensa que Fidji no debería participar en esta competición. 
Si se habla con los jugadores, ya sean asiáticos, polinesios o melanesios, dirán que quieren jugar, desde luego. 
Mi pregunta específica para usted, Comisario, es la siguiente: ¿va la Comisión, en el momento presente, a apoyar la expulsión de Fidji de los eventos deportivos o no? 
. 
(EN) Es posible que para nosotros, como políticos, resulte muy útil enfrentarnos a la cuestión de si el deporte y la política tienen algo que ver el uno con la otra. 
Se trata de un ejercicio muy útil para analizar el alcance de nuestros principios y si existen actividades humanas que debieran o no ser independientes. 
Actualmente el deporte no es sólo deporte, también es negocio. 
Por esa razón el mundo del deporte se ha creado más dificultades de las que solía tener en tiempos más inocentes. 
Según me consta, al contrario de la línea que usted dice están llevando en el mundo del rugby, los australianos cuando ha llegado la cuestión de la participación en los juegos olímpicos han mantenido una clara distinción entre política y deporte. 
En la Comisión no tenemos una opinión especial respecto de uno u otro evento. 
En este momento estamos abriendo el diálogo de la Convención de Lomé con lo que, en este punto, aun no podemos sacar conclusiones. 
En respuesta a su pregunta más general es muy probable que haya sanciones, pero ello depende del resultado del diálogo. 
El diálogo está bien organizado y es sistemático, basado en nuestras buenas relaciones con los países ACP. 
No es sólo una relación donante-receptor. 
Contamos con el contexto de un sistema desde el cual poder trabajar. 
Este sistema ha sido puesto en marcha para el presente caso. 
Las opciones están abiertas. 
Tenemos tanto del palo como la zanahoria. 
Estamos involucrando activamente en este debate a nuestros socios regionales ACP y les estamos dando a las autoridades del país en cuestión la posibilidad de intervenir en la discusión. 
Pero se trata de una situación extremadamente delicada. 
Todos los dilemas que suelen surgir en situaciones como esta están presentes. 
No resulta fácil discernir cuál es la mejor vía de actuación pero estamos haciendo todo lo posible por ejercer presión para propiciar una vuelta rápida e irreversible a la democracia. 
Valga también esto para responder a la Sra. Maes. 
Nosotros tenemos un importante papel que desempeñar en tanto socio comercial y donante de Fidji y esto otorga un marco serio para el debate con las personas que ostentan el poder en Fidji. 
En lo que respecta a volver a acudir al Parlamento, quisiera decir que siempre estoy dispuesto a asistir a la Comisión de Desarrollo y debatir cualquier asunto. 
Ciertamente, antes de que finalice el año, me gustaría tener la oportunidad de entrar más en detalle, si la comisión lo considerase positivo. 
Coincido plenamente con todo lo que ha dicho el Sr. Ford. 
Lo que está ocurriendo es realmente trágico. 
Así mismo, tal y como otros han dicho, el riesgo de contagio en la región también debe ser tomado en cuenta a la hora de decidir cuáles deben ser nuestras acciones. 
Una medida importante que se tomó- y este comentario va dirigido al Sr. Van Hecke- fue la cancelación de la ceremonia de firma que se había planeado tuviese lugar en Fidji. 
Por lo tanto, el Acuerdo de Suva no va a regir nuestras futuras relaciones con los países ACP. 
En verano en lugar de ir a Fidji fuimos a Benín y, de hecho, ello supuso una medida contundente, tanto por parte de la UE como parte de los ACP, y fue tomado como algo natural que no fuera posible firmar el nuevo acuerdo en Fidji. 
Así que en términos políticos ya hemos emitido un claro mensaje. 
Señor Presidente, en la resolución conjunta de compromiso se hace referencia a la fijación de finales de noviembre como fecha tope para la restauración de la democracia. 
¿Estaría dispuesto el Comisario a aceptar que se trata de un objetivo y una fecha límite adecuada? 
En caso contrario el peligro consiste en que el actual gobierno de Fidji continúe negociando sine die, sin llegar nunca a alcanzar un acuerdo. 
. (EN) Si reflexionamos sobre la ética de fijar una fecha, ésta siempre parecerá tardía, pero la idea práctica, operativa de fijar una fecha supone ejercer una significativa presión sobre la contraparte. 
No estoy seguro de que esa fecha en particular sea significativa. 
Tenemos socios en el grupo de países ACP que están involucrados en el proceso de convencer y ejercer presión sobre Fidji para que tomen las decisiones correctas. 
No quisiera imponer una fecha a la ligera. 
Prefiero que nuestros socios del sur participen activamente en el proceso, teniendo también en cuenta el riesgo de contagio en la región. 
En este momento no quisiera aceptar una fecha concreta. 
Hay una necesidad estratégica para que no añadamos este problema. 
El debate queda cerrado. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación de las propuestas de resolución tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 18.40 horas) 
Elogio póstumo 
Para empezar tengo el triste deber de comunicarles que nuestro colega, el Sr. Günter Lütgge, falleció ayer como consecuencia de una grave enfermedad. 
El Sr. Lüttge entró a formar parte del Parlamento Europeo en 1989 y se dedicó principalmente a la política de transportes. 
Estimados colegas, les propongo que guardemos un minuto de silencio en su memoria. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, refiriéndome al texto aprobado ayer y al tema de la clonación humana, el punto 8 de la versión inglesa, párrafo 11, dice: "considera que cualquier comisión temporal de investigación que establezca el Parlamento Europeo... ". 
En realidad no dice que dicha comisión temporal deba establecerse. 
¿Podemos tener alguna idea sobre lo que hará la Presidencia con respecto a este apartado concreto de la resolución? 
Someteré el asunto a la Conferencia de Presidentes, señor Adam. 
Le mantendremos informado. 
Señor Presidente, mi nombre no parece figurar en la lista de asistencia de ayer, pese a que sí puse mi firma. 
Señor Bowis, el error será corregido y rectificado. 
Señor Presidente, en la línea de lo que ha dicho antes el Sr. Adam, supongo que usted nos informará del resultado al comienzo del mini-período parcial de sesiones y, por supuesto, si hay una propuesta sobre la constitución de una comisión temporal, esta Asamblea tendrá que votarla. 
Así se hará, señor Ford. 
(El Acta queda aprobada) 
Resultados del Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes (1996) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0200/2000) del Sr. Gutiérrez Cortines, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación, los resultados y la evaluación global del Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes (1996) , presentado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión nº 2493/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1999) 447- C5-0205/1999- 1999/2163 (COS) ). 
Señor Presidente, el informe sobre el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes aparentemente es un documento sin importancia y, sin embargo, ha revelado profundas lagunas y profundos puntos negros en el sistema europeo. 
Se trataba de un año de difusión, de promoción, en respuesta a la Cumbre de Luxemburgo y a otras cumbres en las que se ha dado una enorme importancia a la formación como medio de inserción de los europeos en el mundo del trabajo, con independencia de la edad. 
Pues bien, el informe ha demostrado, en primer lugar, que cuando se da dinero a la educación, el dinero se multiplica. 
Los países ávidos de participar han cuadruplicado su presupuesto. 
Es decir, el dinero invertido en educación es el que da mejores resultados porque se multiplica y no produce casos de fraude ni nada parecido. 
En segundo lugar, el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes ha puesto de manifiesto las dificultades de la Comisión para informar, dar respuestas y ser transparente. 
Ha sido prácticamente imposible reunir toda la documentación requerida, en parte porque, al parecer, los países no la proporcionan y, en parte, porque no existen procedimientos para recogerla con la facilidad y agilidad requeridas. 
Por tanto, hemos convertido el informe en una respuesta y en una serie de recomendaciones sobre los criterios a que, en nuestra opinión, debe responder la formación permanente. 
Nos hemos encontrado con una gran confusión de criterios, en parte introducida por el Consejo, porque el documento publicado por la Comisión, la propuesta del año de la formación permanente, era de mucha más calidad. 
Es evidente que tiene que haber mucha más claridad para la formación. 
Sin embargo, se mezclan la formación para la integración, la enseñanza de idiomas y la formación para entretenimiento de la tercera edad con la formación para el empleo, de manera que el resultado es un magma confuso en el que resulta imposible hacer una evaluación, conocer la calidad y saber cuáles son los criterios para las buenas prácticas. 
Pues bien, pedimos que se regulen y se distingan con claridad los objetivos educativos. 
No es lo mismo, evidentemente, la educación para la integración de emigrantes que la formación para nuevas cualificaciones, la formación para presentarse a un primer empleo o la formación para el reciclaje profesional, además de otros muchos aspectos. 
Por tanto, hemos pedido claridad y mejor organización de todo el sistema. 
Hemos pedido también mayor formación y reciclaje permanente para los formadores. 
Está claro que si consideramos que la formación permanente sólo se destina al personal no cualificado, no se tomará en cuenta el reciclaje del personal de las universidades y de los centros de formación, que tienen que ser el buque nodriza del conocimiento y transmitir la información a la sociedad. 
Por último, hemos pedido que quede bien claro dónde va el dinero de los Fondos estructurales destinado a la formación, dinero que está sin control. 
Desde nuestro punto de vista, este tema es capital. 
Lo que no puede ser es que Europa dedique tan poca atención a la educación y los fondos educativos se utilicen para otros fines. 
Uno de los grandes problemas de la historia europea estriba en que cuando las clases han ascendido, después de gran lucha, y han conseguido integrarse en las clases dirigentes, han copiado los defectos de la aristocracia, se han ensimismado y han perdido el valor de la propia formación y de la lucha por su permanencia en el conocimiento. 
Pues bien, estamos en una Europa aristocrática, que no quiere preocuparse de la educación, que está ensimismada en cierto orgullo por el hecho de ser europeo. 
Consideramos que basta con ser ciudadano europeo y no nos damos cuenta de que, si queremos tener investigadores, si queremos tener realmente una Europa competitiva, tenemos que atender nuestros recursos humanos. 
Europa tiene que darse cuenta de que, a pesar del principio de subsidiariedad, formar a las personas y ayudarlas a gestionar su propio yo y su propio futuro es uno de los objetivos esenciales de su propia existencia. 
Por tanto, una Europa que sólo cuida sus intereses, una Europa del subsidio, una Europa con un profesorado que sólo quiere reducir las horas de clase, una Europa que contempla y confunde la política sindical con la política educativa es una Europa preocupante. 
Quiero llamar la atención sobre esta situación, y creo que hay que revisar nuestro interés hacia la educación, porque estamos hablando de las personas y de nuestro futuro. 
Señor Presidente, estimados señoras y señores, queridos colegas, ya tenemos ante nosotros el informe, y, con toda seguridad- como ha dicho la Ponente, la Sra. Gutiérrez Cortines -, con el objeto de introducir mejoras. 
Pero también creo que debemos emplear el debate de esta mañana para fortalecer nuestra conciencia y recordar de nuevo la importancia de la formación y la educación. 
Todos disfrutamos de las nuevas conquistas de nuestro tiempo: viajar, Internet, el teléfono móvil, las retransmisiones de televisión en directo desde la otra esquina del mundo, como ahora estamos viviendo con la celebración de los Juegos Olímpicos en Australia. 
Son todas ellas conquistas, pero también son el signo de los tiempos y de la sociedad en que vivimos: la era de la información, la sociedad de la información, la era del conocimiento y de las tecnologías, por sólo nombrar algunos. 
Todos estos fenómenos se caracterizan por la enorme velocidad con que se suceden y la formidable cantidad de cambios, de revoluciones, que se han desencadenado y siguen desencadenándose gracias al acceso a las nuevas fuentes de conocimiento. 
La difusión de la información, del conocimiento, se produce hoy de una forma incomparablemente más rápida que hace tan sólo unos pocos años. 
Los individuos deben estar preparados para este vertiginoso y fascinante carrusel de cambios. 
En la primera juventud, en la escuela, se repite el adagio de "aprender para la vida". 
Pero hoy este aserto no es más que una media verdad, y ya no puede mantenerse: los procesos de cambio y transformación que experimenta la sociedad, el mundo laboral, el medio ambiente, ya no se acaban con la escuela o tras finalizar la formación, sino que se prolongan y ganan intensidad. 
El hombre debe aprender a afrontar por sí solo estos desafíos y prepararse para una educación y formación permanentes. 
Sólo así todos podremos participar de las conquistas de nuestro tiempo y del futuro, es decir, mantenernos firmes ante los continuos y rápidos cambios que experimentan las situaciones competitivas de la vida- tanto privada como profesional -, aprovechar las oportunidades y ser partícipes de su generación. 
Con el fin de extender estas nuevas ideas por toda Europa, se proclamó en 1996 el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes. 
A los medios financieros relativamente escasos, que ascendían a 8,4 millones de euros, prestados por la Unión Europa, se sumaron los 34 millones de euros aportados al proyecto por Estados miembros del Espacio Económico Europeo, a saber, Liechtenstein, Suiza y Noruega, cuya participación fue acogida con entusiasmo. 
En muchos congresos, seminarios y actos públicos se ha debatido constructivamente sobre la necesidad y las posibilidades de un nuevo planteamiento de la educación y la formación permanentes en todos los ámbitos sociales. 
Son oportunidades- para Europa y la integración europea- que podemos disfrutar en esta Casa: el conocimiento de otros idiomas, de otras culturas, de otras formas de vida, aspectos todos fundamentales para la cohesión europea. 
El Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes ha supuesto un considerable impulso a estas nuevas ideas, un impulso que debe prolongarse y fortalecerse. 
Señor Presidente, Señorías, en la concepción tradicional de la educación, el estudiante concluía su aprendizaje al final de la escolaridad. 
Desde luego, una pequeña minoría seguía creando, transmitiendo o adquiriendo nuevos saberes y conocimientos. 
Pero para la gran mayoría la despedida de la escuela significaba el fin del aprendizaje oficial. 
La situación ha cambiado radicalmente. 
Se amplió y se prolongó la escolaridad. 
Surgieron nuevas fuentes y modalidades de adquisición del saber y de la formación. 
Quien no siga ese movimiento, esas nuevas exigencias, corre el riesgo de marginación, de desvalorización profesional, de pérdida del estatuto social y de empobrecimiento intelectual. 
Se dice- y con razón -: estamos en la sociedad del conocimiento y del saber. 
Pero el gran filósofo Nietzsche nos dejó la advertencia: "Es imposible basar una civilización en el saber", decía. 
Esa advertencia debe ser motivo de meditación. 
Aunque hoy no haya opción substitutiva del desarrollo de la ciencia, del aumento del saber y la información, la verdad es que la educación a lo largo de la vida no puede reducirse a simple adquisición de competencias útiles, sino que debe insertarse en una cultura, en un conjunto de valores que den sentido a la vida del hombre en sociedad. 
La educación y la formación a lo largo de la vida se han vuelto, pues, un imperativo que en adelante los Estados, las entidades educativas y los ciudadanos no pueden subestimar. 
Por estas razones, la consagración del Año Europeo de la Educación y la Formación a lo Largo de la Vida constituye un marco importante y un momento simbólico en la toma de conciencia, por parte de los europeos, de esa nueva realidad. 
La teorización que precedió y acompañó esa realización del Año Europeo y el movimiento de interés que suscitó en escuelas y asociaciones de ciudadanos hicieron una importante contribución al respecto. 
La educación y la formación a lo largo de la vida entró definitivamente en el lenguaje de políticos, pedagogos y empresarios. 
Y- lo que es más importante- en el lenguaje común. 
La educación y la formación a lo largo de la vida pasó a ser un instrumento de lucha contra el fracaso escolar, el abandono y el analfabetismo. 
Así, pues, hoy es una buena causa. 
Por todo eso, la iniciativa valió la pena, fue oportuna y fecunda. 
Se lograron sus objetivos, lo que faltó en dinero se compensó con la movilización de buenas voluntades y la adhesión recibida. 
La frontera entre la educación inicial y otros momentos educativos está hoy superada. 
Educación... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar el apoyo del Grupo Liberal al informe de nuestra colega la Sra. Cristina Gutiérrez-Cortines, que, como ella misma ha mencionado en la introducción de su informe, no es y no debe ser considerado puramente como un informe de trámite, un balance de la aplicación del Año Europeo de la Educación en 1996, sino como un análisis que nos sirve para hacer una serie de propuestas sobre lo que tendría que ser la dimensión de la educación en sus diversos ámbitos, incluidos el de la formación permanente a lo largo de la vida y el de la formación profesional y enseñanzas técnicas, a los que se debe prestar especial atención. 
Coincide esto con las ideas expresadas hace unos meses en las reuniones de los Consejos Europeos de Lisboa y de Feira, cuando todos los Estados miembros se comprometieron a desarrollar a nivel de la Unión una serie de actuaciones para que en esta década la Unión Europea pueda convertirse en una sociedad líder a nivel internacional y alcanzar los niveles de competencia, especialmente en los ámbitos tecnológicos, que en la actualidad tiene la sociedad norteamericana. 
Precisamente, el elemento clave de este proceso para conseguir este nivel de competencia reside en la formación, en la educación y en una sociedad con niveles de excelencia que permitan ofrecer la base necesaria para progresar en los ámbitos tecnológicamente más desarrollados y más avanzados de la innovación científica y tecnológica. 
El informe de la Sra. Cristina Gutiérrez Cortines, y también ella lo ha mencionado hoy, muestra los desequilibrios que aún existen en el campo de la educación entre el nivel de la Unión Europea y el nivel nacional, es decir, por una parte se quiere una acción a nivel educativo de la Unión Europea, pero, por otra, los Estados miembros se resisten a ceder sus competencias y a establecer un auténtica cooperación a nivel educativo. 
Es cierto que hay algunos programas que siempre nos sirven de referencia, como el Sócrates o el Leonardo, pero precisamente en estos programas tenemos que constatar la falta de recursos suficientes para que tengan la amplitud y la proyección que desearíamos. 
Por ello, Señorías, para acabar, les recomiendo que miren con atención especialmente los puntos 16, 17, 18, 19, 23 y 24, que constituyen una buena guía para la consecución de estos mejores niveles de enseñanza a nivel de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a nuestra ponente por su excelente trabajo y por la provechosa colaboración en el seno de la Comisión de Cultura, Juventud y Educación. 
Los textos filosóficos, literarios, e incluso el saber popular nos dicen que "nunca se deja de aprender". 
La iniciativa "formación y educación permanentes" fue una sabia decisión y una iniciativa acertada para responder a las exigencias del siglo XXI, para poder afrontar estas exigencias. 
Hasta nuestra época, la educación y formación ocupaban, y ocupan, las primeras etapas de la vida. 
El alcance de la formación permanente no puede limitarse únicamente a los ámbitos de la educación y de la política educativa. 
Su éxito depende también, en una amplia medida, de la política del mercado de trabajo y de la adecuada difusión de la ciencia y la tecnología. 
La formación permanente comienza donde la educación escolar, la educación básica, acaba. 
Y aquí se pone de manifiesto, en mi opinión, el principal punto débil de esta fantástica iniciativa; la educación y la formación permanentes sólo podrán hacerse efectivas si se modifica la adaptación a las nuevas circunstancias- y sobre todo el ritmo de la adaptación- de la educación básica en el marco del sistema educativo que recibimos. 
En una sociedad del conocimiento, una de las principales funciones de la educación escolar debe consistir en ofrecer al alumno los métodos necesarios para procurarse el acceso a la información, para comprender esta información y transformarla en conocimiento. 
Los planes de estudios, el modo en que se han enseñado las materias hasta ahora, deben cambiar radicalmente. 
No quiero inmiscuirme en las competencias de los Estados nacionales, pero es sin duda una cuestión que todos deberíamos discutir a fondo en esta Comunidad Europea. 
La dirección que debe adoptarse ha de tener una impronta individual, con componentes sociales. 
Debemos aprender a argumentar razonadamente, a fortalecer la confianza de los alumnos en sí mismos, a fomentar las capacidades de expresión oral. 
Estos puntos, estas habilidades, serán cada vez más importantes, y ocuparán su lugar junto a las habilidades instrumentales: las capacidades de escritura, de aprendizaje de otros idiomas y de cálculo. 
Debe constituirse en objetivo capacitar al alumno para poner constantemente al día sus conocimientos y sus capacidades- que el alumno pueda y quiera hacerlo -, así como ver el título o el diploma no como el final del proceso de formación, sino como el certificado de una prestación definitiva. 
¡Nuestra sociedad debe desprenderse del sistema escuela-trabajo-jubilación, está completamente superado! 
La educación y la formación permanentes comienzan, entonces, con la reforma de la educación escolar. 
El individuo debe aprender para sí mismo. 
Conseguirlo no está a nuestro alcance, pero sí podemos contribuir a ello en una gran medida. La población europea no compone solamente los recursos humanos del mercado de trabajo europeo, es también un enorme grupo de gente maravillosa. 
Permítanme que, por último, les ponga un ejemplo particular: conozco un carpintero de un pueblo cercano a Viena; allí está extendido el prejuicio de que el trabajador manual no cuenta con un alto grado de formación. 
Este carpintero tiene entre 40 y 50 años, habla cuatro idiomas y es conocido por su inclinación a la filosofía. 
Eso es lo que yo desearía para Europa. 
Señor Presidente, el pueblo llano suele decir en Finlandia que las prisas de los señores son bastante pausadas. 
Lo mismo podemos decir en esta ocasión, pues sólo ahora estamos haciendo el balance político de los resultados del Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes, celebrado en 1996. 
A pesar del tiempo ya desperdiciado, el ponente de este informe se ve obligado a lamentar que la evaluación cualitativa ha revelado que la realización del programa del año temático ha sido deficiente. 
Y es que la cantidad de actos celebrados puede calcularse en mucho menos tiempo del empleado. 
En el seminario de la industria papelera europea, celebrado el pasado miércoles aquí en Estrasburgo, el representante de los trabajadores del sector llamó la atención sobre un importante hecho. 
Comprar un hardware es siempre una inversión, pero adquirir un software que se llame formación de los trabajadores de la empresa no es considerado como inversión. 
El ponente de este informe ha destacado con razón este aspecto de forma particular. 
La formación debe ser considerada como una inversión, no como un gasto ordinario. 
Hay que subrayar que la cultura general también es parte integrante de la educación y formación permanentes, y no sólo la formación profesional. 
Con demasiada frecuencia la formación es excesivamente unilateral, cosa que, hoy en día, es patente particularmente en el sector del desarrollo de la sociedad de la información. 
Los programas informáticos son complicados y se vuelven cada vez más complejos. 
Aquéllos que dominan los lenguajes de programación no suelen comprender el lenguaje de los contenidos. 
Tal y como es costumbre en Finlandia, podemos preguntar: Este individuo habla seis lenguas, pero ¿tiene algo que decir? 
En la sociedad de la información alguien puede saber el lenguaje de los ordenadores, pero ese alguien no tiene nada que decir. 
Sólo existen ceros y unos. 
Y aquí topamos con la estragia eEuropa, elaborada por la Comisón para la Cumbre de Lisboa. 
En esta iniciativa se ha prestado mucha atención a los hardware, pero muy poca al software denominado formación. 
Hay que capacitar a los ciudadanos tanto para que aprendan el funcionamiento de los ordenadores, como para que sepan sacar provecho de los mismos. 
Se trata de aprender a servirse de los ordenadores para fines útiles y necesarios que mejoren la capacidad de acción de las personas y les permitan un mejor dominio sobre sus propias vidas. 
Actualmente, toda persona debe estar alfabetizada para hacer uso de las diferentes modalidades de la información electrónica. 
Muchos adultos deben acceder a esta nueva alfabetización empezando por las primeras letras de su particular abecedario. 
El grado de democracia se verá incrementado si fijamos como objetivo del programa eEuropa la difusión de los ordenadores a todos y cada uno de los hogares europeos. 
Hoy por hoy, la democracia se concreta a través del derecho de igualdad para acceder a todo tipo de información. 
Para que esta información pueda ser aprovechada, cabe recordar que el aprendizaje es también un fenómeno social. 
La formación no debe depender únicamente del programa eEuropa, sino que también se necesitan colectivos sociales para llevar a cabo esta tarea. 
Puesto que nadie puede saberlo todo, la persona debe estar capacitada para decidir qué es lo que le conviene aprender. 
Si esto es decidido por el poder público, caeremos fácilmente en la propaganda y el adoctrinamiento. 
Examinando los programas de la UE, los cuales suelen ser iguales para todos o implican la exigencia de uniformidad, se colige que se está convirtiendo a la UE en un Estado Federal totalitario. 
Necesitamos la formación permanente y la educación en cultura general para estar en condiciones de oponer resistencia al intento de crear un estado europeo totalitario, cuyo buró político seríamos nosotros. 
Señor Presidente, estimados señoras y señores, hace justamente una hora estaba con mi profesora de francés, haciendo esfuerzos por aprender algo del idioma. 
Debo decirles que aprender un idioma es realmente divertido. 
Es estupendo saber que uno no tiene que hacer después ningún examen, sino que aprende para sí mismo, que aprende a comunicarse y a tratar con los demás. 
¡Debo decirles que estudiar francés me divierte de verdad! 
(El Presidente pregunta al orador si no quiere continuar su discurso en francés) 
Creo que eso es lo que necesitamos para el futuro: ¡Aprender debe ser divertido! 
En la vida, de hecho, se invierte la pirámide de la formación. 
Al hablar de educación y formación, antes pensábamos más bien en jóvenes estudiantes a tiempo completo, mientras que hoy constatamos que la población trabajadora debe estudiar cada vez más. 
Creo que aquí, en el Parlamento Europeo, podemos constatar que en el día a día aprendemos, valoramos y enjuiciamos más que lo que era nuestra obligación en la universidad o en la escuela. 
Asimismo, a medida que uno se hace mayor, uno sabe a ciencia qué quiere aprender. 
Uno se vuelve mucho más selectivo, y el placer de aprender nos trae la satisfacción y el gusto por lo nuevo. 
Es decir, estamos asistiendo a un cambio de paradigma, y no sólo en la economía, sino en todas las capas sociales; no sólo en virtud del e-learning, sino también como consecuencia de las nuevas posibilidades tecnológicas. 
Creo que este cambio de ideas pone de manifiesto que los adultos consideran que la educación y formación permanentes son cada vez más importantes en todos los ámbitos de la vida. 
Por ello, creo que es muy positivo que en el Parlamento Europeo debatamos sobre estas estrategias a largo plazo. 
Justamente, en un viernes como hoy, es, a mi juicio, importante que tengamos el valor de pensar, estratégicamente y a largo plazo, cómo prestar este apoyo a los ciudadanos europeos en las mejores condiciones. 
Para las personas mayores, la cuestión de la salud cobra más importancia a medida que se va envejeciendo. 
Tenemos aún mucho que aprender acerca de cómo alimentarnos correctamente, de cómo tratar nuestro cuerpo. 
¿Qué necesitamos ahora al nivel de la Comunidad Europea? 
Necesitamos un sistema de homologación general de las ofertas educativas y formativas privadas, públicas y empresariales, un carnet de formación europeo, una suerte de carnet de conducir europeo, con el que poder comparar y disfrutar de las ofertas educativas de toda Europa. 
Necesitamos comparar los gastos e ingresos por educación y formación, así como los niveles de cualificación en toda Europa. 
Debemos intentar, ya a escala mundial, introducir las buenas prácticas, un estímulo para una competencia positiva. 
Debemos buscar por todo el mundo el mejor sistema, la mejor formación para los individuos y ciudadanos europeos. (Aplausos) 
Señor Presidente, espero no poner una nota demasiado discordante, pero me parece que hasta ahora este debate ha tenido demasiadas autofelicitaciones. 
Cuando consulté el orden del día y leí "año de la educación y de la formación permanentes", me pareció que este enunciado era un contrasentido semejante al de "inteligencia militar". 
Un año parece muy poco tiempo para el proyecto. 
La cuestión es: ¿qué valor tienen estas actividades tipo "año de... " cuando las solicitudes de financiación deben presentarse en un plazo de tres meses y todo se tendrá que llevar a cabo en el plazo de un año? 
He estado en el lado de los destinatarios de dichos sistemas, tanto como profesor universitario como cuando estaba comprometido con una organización benéfica de carácter educativo y social. 
Desde el punto de vista de los que intentan realizar el trabajo, estos retos con tan poco plazo y con tan pocas explicaciones sobre cómo hay que hacer las solicitudes y qué criterios se van a aplicar pueden, como poco, causar tanto daño como beneficio. 
Después, uno siempre puede decir que el dinero se gastó, que se obtuvo más dinero y que se han conseguido cosas buenas; pero ¿se podría haber hecho mejor? 
Los dos informes de las comisiones- el informe de la comisión competente y la opinión de la comisión subsidiaria- llaman la atención sobre el hecho de que la metodología de evaluación empleada por la Comisión no fue muy precisa y de que los criterios fijados no eran especialmente claros. 
Con esto no quiero decir que no debamos hacer cosas de este estilo, pero tendríamos que hacerlas mejor y reflexionar muy detenidamente sobre lo que es mejor hacer en el nivel comunitario y lo que es mejor hacer en niveles inferiores, no sólo en el de los Estados miembros o las regiones autónomas de los Estados miembros, sino en el nivel más inferior de los colegios, escuelas y universidades. 
Mi circunscripción acaba de pasar por una grave crisis en lo que se refiere a su evaluación educativa, debido en parte a la falta de una consulta como es debido a los docentes que trabajan en el aula. 
Las ideas grandiosas provenientes de las altas esferas y que no se ponen a prueba de forma suficiente y rigurosa en el otro extremo fracasarán siempre, a veces con pésimas consecuencias para los individuos y para la sociedad. 
La subsidiariedad importa, especialmente en un campo como el de la educación y la formación permanentes, y es algo que olvidamos en nuestro perjuicio. 
La constitución de redes puede ser útil para difundir ideas de mejores prácticas, pero no debemos engañarnos pensando que un año de formación permanente marcará una verdadera diferencia. 
Ésta sólo puede venir del compromiso de los que están en la base. 
Son éstas las personas a las que debemos respetar, animar y apoyar. 
Todos estamos a favor de la formación permanente, pero no nos felicitemos demasiado cuando los motivos son tan débiles. 
Señor Presidente, la formación permanente es algo a lo que todos concedemos gran importancia. 
Se ha dado prueba de ello en este debate. 
Sin embargo, a la hora de actuar, es, a menudo, al revés. 
Estoy de acuerdo con la ponente cuando critica los esfuerzos de la Comisión para la formación permanente en la campaña del año 1996 y la descuidada evaluación posterior. 
La formación permanente es un fenómeno que demanda muchos recursos. 
Requiere una nueva forma de entender la política educacional y de señalar preferencias para el uso de los recursos económicos. 
Permítanme comenzar comentando la nueva forma de pensar. 
En nuestro sistema educacional, somos expertos en lo contrario, es decir, en procesos educacionales limitados en el tiempo y cerrados, con especial énfasis en el examen final. 
La formación permanente requiere lo contrario, es decir, continuidad y procesos largos. 
Ya no basta con formar para las necesidades "just in time" de los centros laborales. 
Ahora hay que calificar a las personas para un proceso que dura toda la vida. 
Necesitamos, por tanto, nuevas formas de organización de la enseñanza. 
Necesitamos nuevas ideas e instrumentos pedagógicos. 
Posiblemente el problema más grave sea lo que han señalado muchos oradores, esto es, la disponibilidad de dinero. 
Hay que invertir muchos más recursos en educación, tanto en los centros de trabajo como en los sistemas de educación pública y en otros sitios. 
El dinero tiene que alcanzar para pagar los costos de la educación y para compensar la pérdida de ingresos al menos a quienes deban realizar estudios de tiempo completo. 
Es especialmente importante poder financiar los estudios bastante largos que pueden necesitarse para capacitar a las personas para pasar de los sectores tradicionales del mercado laboral a otros nuevos. 
Puesto que la disponibilidad de dinero siempre es un problema, creo que se necesitan objetivos cuantitativos para los gastos en el sector de la educación de adultos. 
Podríamos imaginarnos dedicar una parte de los costos de producción de las empresas, un cierto porcentaje de los presupuestos estatales, una cierta proporción de la jornada normal de trabajo, eventualmente, una cierta proporción de la jornada individual de trabajo u otras medidas cuantitativas. 
La Presidencia sueca que se inicia el 1 de enero de 2001 ha dicho que la formación permanente será uno de sus temas preferentes. 
Opino que habría que exigir al gobierno sueco que proponga estos objetivos cuantitativos en relación con la formación permanente. 
Muchos oradores han estado de acuerdo en la importancia de los recursos económicos. 
Tal vez podríamos presentar una declaración conjunta a la Presidencia sueca en esta materia. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Gutiérrez Cortines pone de manifiesto que el defecto característico de la Administración de la Unión- la lentitud de la puesta en marcha de todo tipo de medidas- afectó al Año Europeo de la Educación y la Formación Permanentes. 
Las instancias nacionales de coordinación acusaron, entre otras cosas, el retraso y la insuficiencia del material. 
La introducción de Internet tampoco funcionó como es debido. 
Todo ello dificultó, naturalmente, la ejecución del año temático. 
Lamentablemente, la situación parece ser la misma en lo que se refiere al programa SOCRATES 2, que acaba de ponerse en marcha. 
Nos llegan mensajes de las oficinas nacionales llenos de preocupación por el hecho de que sus contratos con la Comisión no están todavía cerrados y no existe seguridad sobre si se les abonarán las ayudas. 
Esto también se reflejará con toda seguridad en la ejecución del apartado Grundvik del programa SOCRATES relativo a la formación de adultos. 
Es una pena. 
Hay que solucionar rápidamente los problemas administrativos del programa SOCRATES para que la contribución de la Unión a la educación y formación permanentes sea puesta a disposición de los ciudadanos. 
La formación y el aprendizaje son considerados de forma cada vez más clara como recursos de Europa. 
Ya no significan únicamente gastos indispensables. 
Es de esperar que el cambio ocurrido en las actitudes también se refleje dentro de poco en los presupuestos de la Unión. 
El año temático de las lenguas, que será organizado el próximo año, tendrá que salir adelante disponiendo de asignaciones tan escasas como lo hizo el año temático de la formación. 
No obstante, el Parlamento hizo todo lo que pudo para conseguir a tiempo una base jurídica para todas la medidas. 
Aunque la educación está integrada en el ámbito del principio de subsidiariedad, su dimensión europea se consolida sin cesar. 
El éxito de Europa en el marco de la competencia global se basa en personas cualificadas que aporten su pericia. 
La educación y la formación permanentes ocupan un lugar clave en la lucha contra el desempleo y la marginación. 
Está bien justificado que en el informe aprobado por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte se reclame que la Comisión aplique las medidas de formación complementaria ya no sólo en el ámbito de la educación de alto nivel y de las Escuelas Superiores, sino también en los sectores de las profesiones tradicionales, especialmente en los oficios de trabajo manual. 
La educación y la formación permanentes suelen considerarse solamente como un medio imprescinble de renovación de la mano de obra. 
Sin embargo, debería de tratarse de un derecho fundamental de todo ciudadano, que además de mejorar la capacitación profesional, también contribuya al crecimiento humano, a la alegría y a la comprensión. 
Sirviéndonos de la tecnología moderna, la educación puede estar al alcance de todos. 
Debemos aprovechar esta oportunidad. 
Señor Presidente, en el párrafo 16 del excelente informe de la Sra. Gutiérrez-Cortines se pide formación para corregir el fracaso escolar. 
Sería mucho mejor que pudiéramos evitar ese tipo de fracaso. 
El caso más triste que puede darse es el de un alumno que acaba los estudios sin ninguna titulación en su haber y que cae en la desesperación. 
La situación se hace cada vez más grave puesto que los puestos de trabajo disponibles para los que no disponen de titulación son cada vez más escasos. 
La razón es, con frecuencia, que el adolescente pierde el incentivo de aprender ante la rigidez de un sistema educativo que sigue inflexiblemente las líneas marcadas e intenta meter a todos en el mismo saco. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que contemple favorablemente un programa de investigación sobre el uso y desarrollo de pruebas de aptitud para determinar a una edad temprana- a los doce o trece años como muy tarde- para qué puede ser válido un joven, sin importar de qué profesión, ocupación o trabajo se trate. 
Los centros educativos deben responder ofreciendo cursos en los que los jóvenes puedan tener éxito. 
El éxito estimula nuevas ambiciones. 
Quiere decir adolescentes satisfechos, entusiastas, en vez de desanimados y problemáticos. 
Quiere decir jóvenes que acaban los estudios con ojos alegres, ilusionados por el futuro, capaces de hacer contribuciones a la sociedad. 
Quiere decir adolescentes que acaban los estudios con un pasaporte para una vida mejor y más plena. 
No hay nada más vital para el futuro de Europa que los jóvenes que van a construir esa Europa. 
Y no hay ni un solo joven que no pueda desempeñar su papel. 
Tenemos que hacer posible que este potencial tristemente perdido se movilice y tenga éxito. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Explicaciones de voto 
Señor Presidente, he votado a favor de este importante documento, cuya importancia, valga la redundancia, ha sido destacada por todos los oradores, y en particular por la Sra. Echerer quien ha dicho que "el individuo debe aprender por sí mismo", por el Sr. Posselt, a quien podría darle el carné del Partido de los Pensionistas por su decidido apoyo a las personas mayores, y por el propio Comisario Sr. Barnier que ha asegurado un compromiso específico al respecto. 
Sin embargo, señor Presidente, como representante del Partido de los Pensionistas en el Parlamento Europeo, hago votos por que las palabras se traduzcan en hechos. 
Las personas mayores no pueden aprender en los Estados miembros, no reciben ayuda por parte de los Estados nacionales y tampoco se les permite utilizar los locales de las escuelas que, por la mañana, acogen a los niños y que, por la noche, podrían acoger a las personas mayores. 
Señor Presidente, parece que mi mención a las dictaduras comunistas ha irritado considerablemente a un colega de la extrema izquierda. 
Por ello, quiero decir que la votación de hoy era muy importante. 
Los miembros de su partido, el PDS, están claramente decididos a no aprender nada de ello en toda su vida. 
Por tanto, me alegra que hayamos aprobado este informe por una gran mayoría. 
Señor Presidente, la educación y la formación permanentes no pueden incumbir únicamente a la Comisión y a las Instituciones Europeas, sino fundamentalmente a los Estados miembros. 
He votado SÍ porque creo que la concesión de ventajas fiscales a la formación profesional y privada debe ocupar una posición fundamental en el tratamiento de esta cuestión, para que así pueda hacerse posible el patrocinio y mecenazgo en la formación. 
Deben ofrecerse incentivos para que las fundaciones constituyan instituciones educativas y formativas y estas formas de ayuda cuenten con una amplia base, con el objeto de aliviar de cargas al sistema. 
Pero también creo que debemos servir de ejemplo para toda Europa. 
Debemos elaborar y evaluar planes anuales de educación y formación continuada para nuestros funcionarios y políticos, de modo que podamos analizar nuestros propios progresos. 
Señor Presidente, el Partido Comunista de Grecia está a favor de un sistema público de educación y formación permanentes que dé a los trabajadores la posibilidad de mejorar sus conocimientos, sus aptitudes y, posteriormente, su oferta al conjunto social y así mejorar su nivel de vida. 
Por el contrario, el modelo que la Unión Europea propone, simplemente intenta subsanar las insuficiencias del sistema educativo, que lo único que consigue, es crear trabajadores de usar y tirar que no pueden seguir los cambios del proceso de producción. 
El trabajador está obligado a pasar toda su vida por un ciclo de trabajo, paro, formación y así sucesivamente. 
El informe de la Sra. Gutiérrez-Cortines, a pesar de que localiza algunas insuficiencias del sistema, no profundiza lo necesario en analizar las causas y proponer soluciones. 
Por esta razón, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia nos hemos abstenido de votar. 
. - (FR) Me gustaría empezar recordando e insistiendo en el hecho de que el acceso a un buen nivel de educación y de formación constituye un derecho del individuo para el desarrollo de sus potencialidades y su inserción en el contexto económico, social y cultural. 
Este dato fundamental ha alimentado los debates en los Consejos Europeos de Lisboa y de Feira. 
También hemos aceptado que ese derecho debía estar adaptado al advenimiento de la sociedad de la información. 
Efectivamente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación tienen repercusiones muy importantes sobre los métodos de enseñanza. 
Actualmente se ha admitido que la educación y la formación deben hacerse a lo largo de toda la vida. 
Por ello a lo largo de estas Cumbres, la Comisión y los Estados miembros han sido invitados a definir estrategias coherentes y medidas prácticas para convertir la educación y la formación a lo largo de toda la vida accesible a todos. 
La reflexión acerca de este tema empezó sin embargo mucho antes puesto que desde 1996 la Comisión ha propuesto al Consejo y al Parlamento europeo proclamar 1996 "Año europeo de la educación y de la formación a lo largo de toda la vida". 
La finalidad del Año era sensibilizar los ciudadanos a ciertos conceptos en materia de enseñanza académica y profesional y proceder, con todos los actores implicados, a una reflexión de conjunto sobre el papel y las implicaciones de la educación y la formación en los albores del siglo XXI. 
A la vista de la importancia de lo que esta en juego, no puedo sino lamentar que, de acuerdo con la ponente, el presupuesto del año europeo haya sido limitado a 8,4 millones de euros para los quince Estados miembros y sus tres socios del EEE. 
En el mismo sentido debemos deplorar la ausencia flagrante de datos cualitativos en el informe de la Comisión. Esta última debe por lo tanto mejorar en el futuro la calidad de sus informes de evaluación. 
Su acción deberá concentrarse en la definición, de manera más precisa en los próximos programas, de los diferentes conceptos y aspectos de la formación profesional y de la formación a lo largo de toda la vida. 
Esta deberá también poner en marcha rápidamente programas de acciones y de medidas específicas, en el marco de una estrategia de educación y de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Estas medidas deben ser tomadas en coordinación con los programas Sócrates II y Leonardo. 
Nos corresponde procurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de esta formación en las nuevas tecnologías porque hay un gran peligro de que veamos producirse una "fractura numérica" entre aquellos y aquellas que disponen de los medios para tener acceso a ellas y los demás. 
Es también el auténtico debate sobre el lugar del servicio universal en las nuevas redes de telecomunicaciones. 
Muchas gracias, señor Alyssandrakis. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 10.10 horas) 
Señora Presidenta, desgraciadamente, ayer en Italia se registró otro acto de violencia: un profesor de religión cristiana, pero de origen judío, fue agredido y maltratado por un grupo nazi de cabezas rapadas en Verona. 
Considero que este Parlamento ha de condenar de inmediato este tipo de hechos, ya que es inconcebible que puedan haber todavía brotes de antisemitismo y de racismo xenófobo dentro de nuestra Unión. 
Por lo tanto, más allá de las formaciones políticas, creo que este Pleno debe dar una señal, una prueba de solidaridad a este profesor que fue agredido sólo por ser su origen judío. 
Agradezco a usted, señora Presidenta y a todo el Parlamento la prueba de solidaridad que tendrán a bien manifestar. 
Gracias, Señor Tajani. 
Pensaremos cuál es la mejor manera de transmitir esta protesta totalmente justificada. 
Señora Presidenta, he pedido intervenir para plantear la misma cuestión. 
Le agradecería que quisiera erigirse en portavoz de las preocupaciones de este Parlamento, de la firme condena de este acto y de la solidaridad con el joven profesor católico que, por su origen judío, fue agredido tan duramente. 
Señora Paciotti, lo haré con mucho gusto. 
Señora Presidenta, yo también quiero asociarme a las manifestaciones del Sr. Tajani y de todos los demás diputados para deplorar la agresión racista de que fue víctima un profesor de religión cristiana pero de origen judío que tuvo lugar en mi país, más concretamente en Verona. 
Se trata de unos hechos inconcebibles que no solo se deben deplorar, sino castigar duramente. 
Señora Presidenta, también yo quiero asociarme a las manifestaciones del Sr. Tajani, de las que se han hecho eco distintas partes y varios partidos. 
Por lo tanto, en nombre del grupo que represento, Alianza Nacional, me sumo con la mayor solidaridad a la firme condena de unos hechos que nos hacen sentir vergüenza de ser europeos. 
Creo que la sensibilidad de este Parlamento, unánime de la derecha a la izquierda, puede ayudar a luchar y a eliminar para siempre unos hechos tan deleznables. 
Quisiera plantear, como cuestión de orden, el hecho de que los Cuestores hayan realizado la recomendación de que los diputados que el año próximo permanezcan en Bruselas durante las "semanas blancas" reciban dietas. 
Quisiera instarle, a usted, señora Presidenta, y a los miembros de la Mesa- tengo entendido que este punto será incluido en breve en su orden del día- que lo piensen muy detenidamente antes de tomar esta decisión, porque las "semanas blancas" son una excelente idea. 
Existe la necesidad urgente de que los diputados nos comuniquemos con el electorado de una manera mucho más eficaz. 
La baja participación que obtuvimos en las elecciones europeas así lo demuestra, y si permitimos que los diputados asistan al Parlamento durante las "semanas blancas", debilitaremos la finalidad de dichas semanas. 
Estamos dando alas a los euroescépticos, que creen que inflamos nuestros gastos, y aparecemos como hipócritas precisamente cuando estamos pidiendo la reforma de la Comisión. 
Señora Presidenta, le insto a usted y a los miembros de la Mesa a que consideren este asunto muy detenidamente y a que rechacen la solicitud de los Cuestores. 
Señora Morgan, todavía no me ha llegado esta propuesta de los cuestores. Es el motivo por el cual aún no se encuentra incluida en el orden del día de nuestra Mesa. 
Por supuesto que, en cuanto la reciba, la Mesa la examinará con la mayor atención. 
Señora Presidenta, desearía llamar la atención de nuestros colegas e invitarles a que sigan muy de cerca una manifestación que parte hoy de Bruselas con destino a París. 
Está organizada por la cienciología y pretende llevar a cabo un maratón contra la intolerancia religiosa que existe en Francia. 
Creo que se trata de una manifestación extremadamente peligrosa, ya que mi país es la nación dónde la lucha contra las sectas ha marcado hitos muy significativos, y en la que, en mi opinión, Europa sigue necesitando inspirarse, a saber, los valores de laicismo, de tolerancia, pero de verdadera tolerancia, y no de aquella que practican las sectas. 
Gracias, Señora Berès, por esta información y por esta puntualización. 
Habida cuenta de que el asunto ha pasado a ser del dominio público, permítame que haga constar el motivo de la recomendación de los Cuestores. 
Creemos que el término "semanas blancas" no es muy afortunado. 
Son semanas en las que no se celebran sesiones, pero en las que la Comisión, el Consejo y todos los demás agentes de este Parlamento, incluidos los Grupos políticos, trabajan a pleno rendimiento. 
Si pensamos ir a Niza a pedir más poderes para este Parlamento, no puede decirse que siente un buen precedente el hecho de que enviemos a casa a todo el Parlamento durante cuatro semanas, lejos del lugar en el que debe realizar las funciones para las que ha sido elegido. 
Por consiguiente, creemos que aquellos diputados- y son muchos- que estén redactando informes, presidiendo comisiones, dirigiendo grupos o que tengan una razón legítima para estar aquí, deberían, previa declaración de dichos objetivos, poder acudir aquí y realizar su trabajo en el lugar que les corresponde. 
Señor Balfe, no creo que proceda iniciar aquí un debate sobre esta cuestión. 
Como le he dicho a la Sra. Morgan, tan pronto como reciba oficialmente la propuesta de los cuestores, la Mesa la examinará con la máxima atención, y en todas sus implicaciones. 
Señora Presidenta, a continuación vamos a escuchar la comunicación de la Comisión sobre la crisis del petróleo; me satisface que la Comisaria esté presente. 
Todos sabemos que no puede quedarse mucho tiempo y que esta tarde debe estar presente en el Consejo de TransporteS que se celebrará en Luxemburgo. 
Sin embargo, eso no nos debe impedir consagrar un debate serio y profundo a este problema; su discusión, por tanto, debe superar la hora escasa que contempla el orden del día. 
Señora Presidenta, lamento, al igual que muchos colegas, que tengamos que hacerlo en un santiamén. 
Se trata de un problema que en los últimos días y, quizá también durante los próximos, trastorne a toda Europa. 
Realmente, se ha destinado muy poco tiempo a este asunto y creo que debo manifestar públicamente mi descontento, en nombre de muchísimos colegas. 
Por supuesto, Señora Thyssen, que lo lamento tanto como usted. 
Señora Presidenta, quisiera volver al asunto de las "semanas blancas". 
No se trata de los pagos, pero considero que resulta verdaderamente disparatado colocar una semana blanca justamente antes de las vacaciones escolares que tienen algunos Estados miembros durante la semana de carnaval, es decir, en esa semana en la que el lunes y el martes es fiesta en algunos Estados miembros. 
Si hubiera que decidir esto ahora, la semana blanca debería colocarse en la semana en que se celebra el carnaval y no en la anterior. 
Señora Presidenta, solicito que la Mesa revise esta cuestión. 
Señora Presidenta, un colega acaba de llamar la atención sobre un incidente antisemita. 
Yo quisiera informarles ahora sobre los graves incidentes ocurridos desde nuestra última sesión parlamentaria en Alemania- donde este verano se desarrolló un gran debate sobre el racismo -, con el fin de que se preste mayor atención a estos hechos. 
A título de ejemplo, voy a citarles tres casos: el 2 de septiembre, en Munich, un camarero de origen chino de 50 años fue agredido e insultado con el calificativo de cerdo extranjero. 
El 13 de septiembre, un indigente "sin techo" fue hallado muerto. 
Dos "cabezas rapadas" reconocieron haberle agredido. Sus golpes y patadas le causaron luego la muerte. 
Un tercer caso: el 4 de septiembre, un grupo de radicales de derechas agredieron a un hombre hijo de padres de origen tunecino. 
Este último incidente ocurrió en Kassel. 
Yo quisiera recordar que en otras ocasiones hemos lamentado desde aquí otras muertes y quisiera pedirles que lo hagamos también en el caso de las personas anónimas, concretamente en el caso de las personas asesinadas por motivos políticos y sobre todo por motivos racistas. 
Quiero pedir a la Asamblea que preste mayor atención a estos hechos, justamente porque en Alemania hemos estado desarrollando un debate al respecto. 
Le doy las gracias, señora Schröder. 
Estos hechos son absolutamente deplorables, y sólo pueden conducirnos a la mayor de las vigilancias. 
Orden del día 
Señora Presidenta, ha dicho usted que mañana empezaremos a las once y media. 
Es una sorpresa francamente desagradable: muchos de nosotros tenemos vuelos que apenas alcanzamos con la anterior hora de votaciones, que es la hora fijada para el turno de votaciones. 
Es un verdadero problema, es muy difícil que podamos encontrar plazas en otros vuelos, ni esta noche ni, siquiera, mañana. 
En este sentido, quisiera rogarle que mantengamos invariable la hora de las votaciones, o que, en caso contrario, seamos avisados con mayor antelación. 
Quisiera pedir que las votaciones se mantengan a la misma hora, es decir a las once. 
Una propuesta alternativa es que comencemos media hora antes, a las 8.30, y de esa manera podremos celebrar la votación a las 11.00 horas. 
Quizás no sea necesario votar si todo el mundo está de acuerdo con esta propuesta, que consistiría en empezar mañana a las 8.30 horas y en mantener la votación a las 11 horas. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Señora Presidenta, ha invitado Usted a los parlamentarios que lo deseen a hacer observaciones sobre el orden del día. 
Quisiera precisamente, en este orden de cosas, decirle que no tengo inconveniente alguno en que los crímenes y los delitos racistas cometidos por Europeos de origen contra extranjeros sean tratados en nuestro Parlamento. 
Según la comisión competente en mi propio país, ascienden a una treintena por año de un total de cerca de cuatro millones de crímenes y delitos, de los cuales un millón son cometidos por personas extranjeras contra nativos. 
Sugiero que los dos asuntos sean examinados conjuntamente. 
Creo que sería una cuestión de equidad. 
Dado que, por desgracia, el racismo es un fenómeno universalmente difundido, conviene examinar también los actos criminales y la delincuencia racista de origen extranjero dirigida contra los Europeos. 
Sí, creo que será lo mejor. 
Señora Presidenta, no sólo creo que es importante que mantengamos el debate sobre la lucha contra el racismo tal y como está planteado para mañana, sino que, más aún, muchos de nuestros colegas son hoy en día conscientes del hecho de que ningún país de Europa está a salvo frente al auge del voto xenófobo y populista. 
Desearía, queridos colegas, que a lo largo del debate de mañana, pudiéramos, sobre la base de lo que han dicho hoy muchos de nuestros colegas, ponernos de acuerdo al menos sobre una enmienda, a saber que, en el marco de este Parlamento, ningún parlamentario pueda hacer declaraciones racistas. 
Si conseguimos que, al menos en este Parlamento, nadie pueda mantener discursos racistas, nuestras palabras y nuestros actos tendrán mucho más peso en el exterior. 
Creo que esta es la mejor respuesta al Sr. Gollnisch. 
Medidas que deben adoptarse a raíz de la crisis del petróleo y el aumento del precio del petróleo 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las medidas a adoptar tras la crisis del petróleo y el incremento del precio del petróleo. 
. Señora Presidenta, Señorías, agradezco la oportunidad que me brindan de intervenir ante el Pleno de esta Asamblea después de que ayer lo hiciera durante dos horas ante la Comisión de Energía. 
El momento actual está marcado por el alza a lo largo de los últimos 18 meses de los precios del petróleo, cuestión que afecta de lleno a los ciudadanos europeos. 
Evidentemente, quienes más padecerán esta subida serán las categorías sociales más desfavorecidas y, también, algunos sectores concretos especialmente afectados. 
Si a principios del año 1999 el barril de petróleo crudo se cotizaba en torno a los 10 dólares, la realidad es que en este momento estamos en torno a los 33 ó 35 dólares. 
Es un nivel récord desde la guerra del Golfo, nivel que la mayoría de los expertos pensaba que no se alcanzaría salvo en casos de crisis geopolíticas. 
La causa de esta subida es muy clara: restricción de la producción por parte de los países de la OPEP que coincide con una recuperación económica mundial y, por lo tanto, con un incremento de la demanda. 
El impacto de esta subida tiene una particular incidencia en la Unión Europea y muy especialmente en la zona euro debido a la paridad del euro frente al dólar. 
No se pueden pasar por alto las consecuencias que esta subida tiene sobre el desarrollo económico europeo. 
Concretamente, estimamos que, en este momento, supone un 1 % de la inflación que estamos soportando y una reducción en torno al 0,3 % en cuanto a nuestro crecimiento; algunos sectores profesionales concretos- agricultores, pescadores y transportistas- se encuentran en situaciones a veces francamente difíciles. 
Tanto los países productores como los países consumidores compartimos, sin embargo, un mismo interés, el de la estabilidad, la previsibilidad de los precios. 
Lo que nos interesaría a todos es que se establecieran los precios en un mercado de libre competencia y no, como está sucediendo ahora, según un esquema de renta de monopolio en un mercado francamente poco transparente. 
Por otro lado, la dependencia de la Unión Europea en este momento está en torno al 50 %. 
Pero es que, a falta de nuevas medidas, alcanzaremos el 70 % más o menos hacia el 2020. 
En el caso concreto del petróleo, la dependencia del exterior se sitúa entre el 85 % y el 90 %. 
Eso nos tiene que llevar evidentemente a un debate sobre el incremento de nuestra dependencia energética del exterior y, por lo tanto, sobre nuestra vulnerabilidad en este este sentido. 
Es preciso tomar las riendas de nuestra responsabilidad y de nuestro destino. 
Aunque la competencia de la Unión Europea es limitada en el ámbito de la energía, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una situación semejante y dejar que se degrade, sino que hay que dar respuestas. 
De ahí que garantizar un nivel suficiente de independencia y, sobre todo, de seguridad en los abastecimientos energéticos de la Unión Europea debe ser una política prioritaria y además una política de ámbito comunitario. 
Hace poco más de un año, cuando tomé contacto por primera vez con esta Asamblea como futura responsable de la energía, señalé muy claramente que había, desde el punto de vista de la Comisión, dos elementos cruciales que había que contemplar en los próximos años. 
Por un lado, favorecer estratégicamente el diálogo sobre la política energética en los foros internacionales, y muy especialmente, con los grandes países productores y consumidores y, por otro, adaptar nuestras prioridades para poder encarar mejor los cambios ante coyunturas energéticas adversas como la actual. 
La Comisión tiene la intención de cumplir con estos objetivos fundamentales y está trabajando desde hace ya varios meses sobre ellos. 
La Comisión tiene ya prácticamente ultimada la preparación de un Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento y sobre los compromisos de Kyoto, es decir, las condiciones de emisiones en el sector de la energía, Libro Verde que se adoptará antes de finales de año. 
Constituirá, espero, el punto de partida de un amplio diálogo, de un amplio debate con los interesados para examinar el papel y el lugar de cada una de las fuentes de energía en los próximos veinte o treinta años. 
Además, debemos fomentar el diálogo a nivel internacional a corto plazo, intensificarlo con los países productores para convencerles del interés común de la estabilidad de precios- cuestión que han señalado ellos mismos- planteando el objetivo de una banda de precios. 
Por otro lado hay que tener en cuenta el contexto geopolítico en el que nos movemos, muy especialmente el proceso de paz en Oriente Medio y la situación política complicada de toda la zona. 
La Unión Europea debe transmitir un mensaje claro y enérgico a todos los países de la OPEP y subrayar la necesidad de que se tomen las medidas oportunas para cumplir lo que han marcado ellos mismos como objetivo propio, es decir, el retorno de los precios del petróleo a la banda adecuada. 
Tenemos que decir que somos el primer importador neto de petróleo y el segundo consumidor a nivel mundial. 
La Unión Europea, por lo tanto, tiene medios y razones para ser escuchada, pero a lo mejor los medios políticos no son los suficientes. 
Pero, además de este diálogo con la OPEP, no hay que olvidar que debemos mantener y reforzar nuestras relaciones estratégicas con Rusia y convendría reflexionar sobre los medios necesarios para modernizar las condiciones de producción y de distribución en ese país que es, tengámoslo presente, el tercer productor mundial en el ámbito del petróleo y, si hablamos del gas, su posición resulta absolutamente determinante. 
La Unión Europea debe mantener un frente unido y aunar sus voces. 
Las iniciativas dispersas de los Estados miembros no dejarán de ser incompletas y, además, menos productivas que si somos capaces de hablar con una sola voz. 
En el aspecto fiscal, cuestión muy discutida en los últimos tiempos, la Comisión comprende las inquietudes de los sectores profesionales más afectados por el alza repentina de los precios del petróleo. 
En ese sentido animamos a los Estados miembros a entablar y mantener el diálogo social con todos los interesados para encontrar soluciones que sean adecuadas y conforme al Derecho comunitario. 
Una de las enseñanzas que podemos sacar de los bloqueos que han paralizado la actividad económica en diversos Estados es la necesidad de aumentar el nivel de coordinación entre Estados miembros y, desde luego, con el apoyo de la Comisión. 
En ese sentido, como ya ha sido annunciado, señora Presidenta, Señorías, dentro de unos minutos dejaré esta reunión para dirigirme a Luxemburgo, donde se celebra un Consejo extraordinario de Ministros de Transportes. 
Por motivos tanto económicos como ambientales, los Estados miembros no deben ceder a las presiones y modificar su política global a medio plazo sobre el petróleo. 
Una disminución de la fiscalidad, o con ayudas, que se planteara de manera prolongada en el tiempo equivaldría simplemente a una transferencia de los ingresos fiscales hacia los países de la OPEP y serviría sencillamente para enviar un mensaje inadecuado a estos. 
No obstante, es probable que la situación dificilísima que se atraviesa en este momento exija a corto plazo la adopción de medidas de ayuda por parte de las autoridades públicas competentes. 
De hecho ya hay algunos acuerdos sobre la mesa. 
Quiero señalar, sin embargo, que esas medidas deben ser únicamente transitorias y, en cualquier caso, deben ser conformes a las reglas de la competencia y no romper las reglas internas del mercado interior. 
Hay que buscar una convergencia en el enfoque sobre la fiscalidad de los carburantes y evitar cacofonías como la que se desprende de las actuaciones y de las declaraciones en los distintos Estados de la Unión. 
¿De qué sirve, por ejemplo, hablar de impuestos ecológicos a escala europea si no podemos aproximar rápidamente los tipos de los impuestos especiales y el IVA dentro de la Unión? 
Señorías, en este contexto tengo que decir que una disminución de los impuestos especiales a favor del transporte por carretera sólo puede contemplarse como una medida a muy corto plazo, unos meses tan sólo, y en ningún caso se puede prolongar, ya que ello iría directamente en contra de los objetivos de fomento de otros tipos de transporte alternativo, por ejemplo, el ferrocarril, iría en contra de nuestros objetivos de Kyoto y supondría indudablemente contradecir lo que han sido las líneas maestras de la política de transportes de la Unión Europea hasta el momento. 
La Comisión está sumamente preocupada por los graves atentados a la libertad de circulación que se han producido a lo largo de estos tiempos en varias ocasiones. 
Entendemos, y quiero manifestarlo una vez más, que ninguna categoría social puede tomar como rehén al conjunto de la sociedad. 
Pero hablaba de las ayudas y quiero decir que hay que romper y terminar con prácticas anticompetitivas y que estas prácticas claramente se están produciendo en el sector de los combustibles. 
¿Qué sentido tiene que en la Unión Europea haya una diferencia de precios tan notable- antes de impuestos- de los derivados del petróleo como la que existe en este momento, en algunos casos sólo con cruzar la línea de una frontera? 
La Comisión tiene la intención de proseguir los contactos establecidos con los Estados miembros a fin de detectar eventuales prácticas contrarias a las normas de competencia. 
Todo acuerdo entre empresas, o abuso de posición dominante, deberá ser sancionado con severidad. 
Asimismo habrá que examinar la cuestión de la competencia entre sectores intermodales para encontrar soluciones a escala europea. 
Pero no debemos engañarnos, Señorías, estamos hablando de acciones a corto plazo que pueden paliar la crisis actual, pero que, en ningún caso, suprimen el hecho incontestable de que nuestra economía es vulnerable frente a las fluctuaciones energéticas. 
Es cierto que menos vulnerable que hace 25 años, pero es vulnerable al fin y al cabo. 
El consumo de petróleo en la Unión Europea representa 12 millones de barriles diarios y deberá ser ligeramente superior a los 13 en el año 2020. 
Es probable que el precio del barril, en condiciones económicas normales, no vuelva a largo plazo a estar por debajo de los 20 dólares- y, desde luego, en ningún caso a lo que era hace 18 meses, es decir, 10 dólares. 
Tenemos que enfrentarnos a esa dependencia y a esa situación con dos ejes fundamentales de acción: la diversificación de nuestras fuentes y el ahorro energético. 
Cuando hablamos de diversificación de nuestras fuentes, se impone un debate a largo plazo. 
El futuro Libro Verde sobre abastecimiento contribuirá a él. 
Quiero decir muy claramente que, a la hora de hablar de diversificación de fuentes, las energías renovables tienen una contribución clara y decisiva de cara al futuro, pero no podemos renunciar en este momento a ningún tipo de energía. 
La gestión de la demanda y el ahorro energético es el otro eje sobre el que hay que centrarse a largo plazo. 
En lo que respecta al petróleo hoy somos un 50 % más eficientes que hace 25 años, pero quiero decir que soy consciente de que el sector del transporte en este terreno tiene todavía que hacer un esfuerzo especial. 
Más del 90% del aumento de consumo de petróleo de la Unión de aquí al 2020 será absorbido en principio por el sector del transporte. 
De ahí la necesidad de un Libro Blanco sobre política de transportes que busque el reajuste de los modos de transportes, la potenciación de las redes transeuropeas, la eliminación de los puntos de congestión, el impulso al ferrocarril, al transporte fluvial y al transporte marítimo a corta distancia, el fomento de transportes urbanos eficaces y menos contaminantes, con la racionalización del uso del automóvil clásico y la potenciación de proyectos innovadores de investigación de combustibles limpios, y la sensibilización y educación del conductor. 
Es preciso que se tomen también medidas en la construcción y de ahorro en este sector, que es uno de los ámbitos donde se consume más energía, por no hablar del impulso de la competencia en el sector del gas y la aparición del gas como competencia y alternativa al petróleo. 
En conclusión, señora Presidenta, Señorías, es evidente que sólo superaremos la actual crisis mediante estrategias coherentes bien coordinadas y polivalentes. 
Desgraciadamente no tenemos a nuestro alcance la panacea para resolver esta situación a corto plazo, pero afortunadamente la actual crisis nos ha mostrado el único camino capaz para superarlo: fomentar la competencia en nuestros mercados, afirmar nuestra presencia común a nivel internacional, coordinar nuestras actuaciones, adaptar nuestras prioridades a los nuevos objetivos energéticos y actuar juntos en el ámbito fiscal. 
En la difícil coyuntura que atravesamos, los ciudadanos esperan de nosotros que convirtamos estos objetivos en una realidad tangible, pensando no sólo en lo inmediato sino en el medio y en el largo plazo. 
Señora Presidenta, distinguida Comisaria, señora de Palacio, doy las gracias a la Sra. Comisaria por esta toma de postura llena de realismo. 
Sólo que debemos preguntarnos a nosotros mismos si siempre hemos de vernos obligados a caer en una crisis antes de empezar a hablar de nuevas estrategias óptimas. 
Nada más fácil ahora que exigir que todos los Estados miembros bajen de forma considerable los impuestos sobre los carburantes hasta que el precio del barril de petróleo crudo vuelva a estar, como es de desear, en torno a los 22 ó 25 dólares estadounidenses. 
Los Estados miembros y sus ministros de Hacienda podrían declarar con la misma facilidad que ahora no hay ninguna razón para retocar los impuestos. 
El argumento sería la dificultad de compensar la recaudación a corto plazo y el efecto moderador de los impuestos sobre el consumo a largo plazo, mediante el cual intentamos influir en el estado futuro del medio ambiente. 
Sin embargo, hay que hacer algo. 
La gente está ya harta y los ingresos directos de algunos sectores profesionales en particular, como ha indicado la Sra. Comisaria, se ven gravemente afectados; menciono como ejemplo a los pescadores, agricultores y transportistas. 
A largo plazo, los altos precios de las energías provenientes del petróleo aceleran aún más la inflación y amenazan con un revés económico a toda la zona de la UE. 
Los Estados miembros de la Unión deben encontrar ahora una estrategia común, tanto a corto como a largo plazo. 
La adopción de medidas particulares por parte de algunos Estados miembros bajo la presión de las protestas no logrará sino hacer más difícil la situación y distorsionar el marco de la competencia. 
La responsabilidad de las medidas recae claramente sobre los Gobiernos nacionales. 
Las medidas a corto plazo son las más difíciles. 
Obviamente, es clave intensificar las negociaciones con los países de la OPEP para seguir incrementando la producción de petróleo, siempre que haya posibilidades reales para ello, de modo que la situación se equilibre a través de la oferta. 
En tal caso, cabría adoptar medidas muy específicas, por ejemplo acciones fiscales, en la medida de lo posible, relativas al gasoil para motores diesel y al fueloil para calefacción, siempre que éstas sean adoptadas a escala general. 
Las causas de la crisis se encuentran posiblemente, además de en el ámbito de la oferta, también en la estructura de las refinerías, en la naturaleza de los mercados del petróleo, en el método de abastecimiento para el futuro y en la política de almacenamiento de algunos países o de ciertas regiones. 
Se ha afirmado que las refinerías ya están en tan pocas manos que ha surgido una situación de cártel en el mercado. 
Personalmente, no afirmo que esto sea verdad, pero es un asunto al que hay que prestar atención. 
Otra cuestión es si existen posibilidades de que la Unión concierte una estrategia sobre las reservas necesarias, tanto en su propio territorio como en colaboración con EEUU, dado que la disminución de las reservas de EEUU y la consecuente necesidad de reabastecimiento inciden, probablemente, en el alza continua de los precios de cotización diaria del petróleo. 
El ruinoso estado del engranaje de producción de Rusia, gran productora de petróleo, ha sido ya aludido en la intervención de la Sra. Comisaria. 
¿No sería ya hora de emprender medidas- naturalmente, esta pregunta debe formulársele a Rusia en primer lugar, pero también a nosotros mismos- que atraigan las inversiones al sector de producción de petróleo en Rusia? 
Tal y como estimó en su día el ex-ministro de Petróleo de Arabia Saudí, el Jeque Yamani, el mantenimiento de altos precios para el petróleo provocará, a la larga, la adopción de otras fuentes de energía. 
Él dijo en tono de broma que la Edad de Piedra no finalizó por falta de piedras. 
En cualquier caso, lo importante ahora es que los países de la Unión tengan capacidad de respuesta inmediata. 
¿Es realmente cierto que, a instancias de los Gobiernos nacionales, no es posible rebajar los impuestos de los carburantes de forma relativamente uniforme en toda la zona de la Unión hasta mediados del próximo año? 
Señora Presidenta, Señorías, señora Vicepresidenta de la Comisión, en este capítulo hay un problema europeo: no tenemos política europea en la materia y lo ha reconocido la señora Vicepresidenta. 
Y es más, es ésta una política que exige mucha perserverancia y también inversiones y medios, porque el problema, en relación con la energía, es que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, que cuando las condiciones son normales, como ha señalado la Sra. de Palacio, se tiende a incrementar el consumo, y en una sociedad en la que el automóvil es rey, eso supone una tendencia a una mayor dependencia. 
A medio y largo plazo creo que el catálogo que ha expuesto la Sra. Comisaria, en línea con lo que ya la Comisión había planteado, hay que mantenerlo, hay que seguirlo y hay que reforzarlo, aprovechando el desarrollo de las energías renovables, reduciendo la dependencia del petróleo, consiguiendo, por ejemplo, que se rompa la compartimentación de ciertos mercados nacionales y pienso, por ejemplo, en el desarrollo del ferrocarril como un complemento y una alternativa al desarrollo del transporte por carretera. 
Pero todo eso no nos va a sacar de la situación actual. 
Es decir, tenemos necesidad de hacer una política virtuosa, pero al mismo tiempo estamos en este momento enfrentándonos a una situación especialmente compleja en la medida en que hay una serie de categorías profesionales que se encuentran en situación muy desfavorecida y que, como en Europa se están desarrollando formas de protesta a nivel comunitario, ha llevado a una situación de bloqueo y de desorden y de reacciones en orden disperso por parte de nuestros Gobiernos. 
Yo querría señalar muy brevemente que, en los últimos tiempos, gracias a una gestión presupuestaria más rigurosa, se ha hablado de aligerar la carga impositiva. 
Entonces, la gente no acaba de entender que eso no se pueda extender a los productos petrolíferos. 
Es una reacción que tenemos que comprender y, a la vez, tenemos que explicar a nuestros ciudadanos las razones de nuestras opciones. 
Es cierto que hay que tomar medidas compensatorias. 
Tiene una gran importancia el que consigamos mejorar la situación de la transparencia y las medidas antimonopolio, que sí corresponden a la Comisión, porque alguien está ganando: la OPEP ha aumentado el precio, pero no se lleva más de 5 ó 6 dólares por barril. 
Y sobre todo debemos tratar de conseguir que nuestros Gobiernos reaccionen conjuntamente y que, por fin, elaboremos una política europea de energía que responda al espacio económico y social común. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, usted ha dicho muy claramente que seguimos siendo vulnerables. 
La energía no es barata. 
Es un bien escaso. 
Al parecer, hemos olvidado que un barril de petróleo llegó a costar diez dólares. 
Entonces, probablemente con total injusticia, no nos hacíamos la pregunta que nos hacemos ahora. 
También ha dicho usted, señora Comisaria, que vemos cómo suben los precios desde hace dieciocho meses. De ahí que me pregunte por qué todos esos eruditos y poderosos dirigentes europeos no se han unido antes para ver ya al principio, cuando los precios comenzaron a subir, qué se podía y no se podía hacer, y cómo evitar llegar a la situación en la que nos encontramos ahora. 
También ha dicho usted, señora Comisaria, que debemos reaccionar con un frente común, pero vemos ahora que cada país sufre "la gripe francesa". 
Vemos que no existe ninguna cohesión interna, ni en cuanto a las reacciones ante las protestas, protestas que a menudo puedo entender muy bien, ni en cuanto a la defensa de la moneda, y tampoco externamente en lo que a nuestra postura respecto de la OPEC se refiere. 
Debemos decir, sin embargo, que un precio de diez dólares por barril de petróleo es tan anormal como uno de 35, y que usted sabe bien que un precio de diez dólares por barril de petróleo tal vez a nosotros nos resulte favorable, pero no es defendible a nivel mundial. 
Todas éstas son cosas que parecemos olvidar en este momento. Creo que no podemos seguir haciéndolo. 
Usted señala en su comunicación que en la primera semana de septiembre ha adoptado las grandes líneas de su gestión. 
Espero que consiga que nos pongamos más o menos de acuerdo esta tarde en Luxemburgo, puesto que debemos salir de la crisis, debemos lograr que la próxima crisis sea menos profunda y se produzca con menor celeridad de la que eventualmente pudiéramos esperar. 
En cualquier caso, deben adoptarse iniciativas europeas, al menos colaboración para, como usted ya ha dicho, ayudar a los más afectados. 
Por ello, creo que la disminución de la presión fiscal general, tal como propone mi partido en Bélgica, es mejor que una rebaja del impuesto específico sobre el carburante. 
Ciertamente, no debemos decir a la gente que la energía puede ser barata, ya que sería un mensaje completamente erróneo. 
Señora Presidenta, no debería extrañarnos nada que nos encontremos ahora en medio de una nueva crisis del petróleo. 
Ésta es la tercera crisis del petróleo, y a partir de 1979 prácticamente se ha hecho caso omiso de las cuestiones de política energética. 
Se ha hablado mucho de la adopción de una política energética sostenible, pero se ha hecho bastante poco en pro de este objetivo. 
Saludo con alegría las ideas que ha expuesto aquí hoy la Sra. Comisaria. 
Los Ministros de Transporte tienen ahora una verdadera oportunidad de dar un giro radical a la política energética, orientándola hacia la economía sostenible. 
Los transportes terrestres han pasado de una proporción del cincuenta por ciento en el año 1980 a representar el ochenta y cinco por ciento del total de los transportes en el año 2000. 
Si ahora rebajamos de forma general los impuestos de los carburantes, sería algo así como si abaratásemos el precio de la heroína en los mercados de estupefacientes. 
El resultado final sería, sin duda, que cada vez habría más adictos a las drogas y la crisis se agudizaría. 
No deberíamos cometer ahora este tipo de errores. 
La energía nuclear tampoco tampoco es una alternativa en estas circunstancias, ya que sólo el quince por ciento de la electricidad proviene del petróleo y, además, todo el proceso de desarrollo de productos, por ejemplo en cuanto al diseño de los nuevos vehículos, parte de la base de que el coche del futuro consumirá presumiblemente hidrógeno, y de ninguna manera energía nuclear. 
Nuestro Grupo ha presentado hoy un programa global que pueda servir como nuevo programa de la política energética de la Unión Europea. 
Nosotros queremos empezar ya la puesta en marcha de este programa en el marco de los presupuestos proponiendo una nueva línea presupuestaria cuyo nombre es "Las Nuevas Fuentes de Energía". 
Entre otras cosas, queremos fomentar el ahorro de energía y la utilización de mejores técnicas en la construcción de viviendas. 
También queremos que la Unión Europea tenga competencias para gestionar la nueva política energética. 
Nosotros exigimos que se incluya un capítulo sobre la energía en los Tratados constitutivos y destacamos la gran importancia de abandonar la exigencia de unanimidad en lo que respecta a los impuestos. 
Hace ya cerca de diez años que se intenta conseguir un impuesto energético común para la Unión Europea. 
Los Comisarios han ido entrando y saliendo, pero este problema sigue sin solucionarse. 
A corto plazo, debemos ayudar a las víctimas directas de esta crisis del petróleo, si bien ello ha de hacerse de forma concienzuda y controlada. 
Señor Presidente, Señora Vicepresidenta de la Comisión, tengo la impresión de que esta crisis llamada del petróleo revela varios problemas estructurales sobre los que la Unión y los Quince deberían reflexionar con amplitud de miras y sin tapujos. 
El primero de estos problemas se refiere a nuestra relación con el Sur, en este caso, con los países productores. 
¿Se preocupó Europa, a principios del año pasado, de las consecuencias catastróficas que para la economía y las poblaciones de algunos de estos países tenía un barril a menos de 10 dólares? 
Entonces se hablaba de una buena noticia, cuando era tan preocupante como la de un barril a 34 dólares. 
Necesitamos establecer entre ellos y nosotros una relación real de partenariado a largo plazo. 
Y además, hay que analizar todas las demás causas de la situación actual, las especulaciones, la insuficiencia de los stocks en Estados Unidos, y la caída del euro. 
El segundo problema que pone de relieve esta crisis, desde mi punto de vista, es una insuficiente coherencia en nuestras opciones de política interior en la Unión. 
Hablamos hoy de conceder prioridad al ferrocarril sobre la carretera, y de lanzarnos al transporte combinado. 
Es fundamental. 
Es una verdadera elección social, un acto de responsabilidad ecológica en el sentido más profundo del término. 
¿Pero desde cuándo hacemos exactamente lo contrario, fomentando a tope el transporte por carretera, en detrimento del ferrocarril? 
Europa está tan poco preparada para esta opción, que hoy todavía es necesario cambiar de locomotora entre Francia e Italia, porque la corriente eléctrica de ambos países no es compatible. 
El tercer problema de fondo que ilustra espectacularmente esta crisis, es la extrema dificultad que embarga a los dirigentes europeos a la hora de valorar las exigencias que emanan de nuestras sociedades. 
No han visto o no han querido ver los graves problemas que plantea este incremento de los carburantes para la gente que tiene que utilizar el coche o recurrir al fuel-oil doméstico. 
Nuestros conciudadanos no aceptan tener que soportar el peso de esta crisis coyuntural, y se rebelan contra la mansedumbre de los Estados frente a las compañías petroleras, cuando éstas hacen alarde de unos beneficios insolentes. 
La mayor parte de mi Grupo estima que los Quince deberían tomar medidas radicales en el ámbito ecológico, fomentando con efectividad el ferrocarril, y respondiendo al mismo tiempo, en el contexto actual, a este legítimo deseo social. 
En ese caso, Señor Presidente, le harían también un favor a Europa, quien, en mi opinión, lo necesita mucho actualmente. 
Señor Presidente, el incremento excesivo del precio del petróleo tiene sus motivos, pero es de temer que Europa no los tenga en cuenta, ya que es en gran medida responsable de ellos. 
El primero de los motivos es el alza de los precios de producción, debido al oligopolio cuidadosamente organizado por los países productores. 
La escasez de oferta se ha visto agravada por el bloqueo iraquí, cuyo mantenimiento inmoral e injusto obedece quizás a los intereses de los petroleros americanos, pero va en contra de los de Europa. 
El segundo motivo es la depreciación del euro, y por tanto del conjunto de las monedas europeas que lo integran. 
Estaba a 1,18 dólares en el momento de su creación. 
Ya no vale más que 0,85 dólares. 
Habíamos prometido que tendríamos una moneda fuerte. 
Hemos mentido, y en consecuencia, la factura se ha encarecido. 
El tercer motivo es la fiscalidad excesiva, incluso demencial, aplicada por los Estados, y esta política socializante se ha visto prolongada, cuando no iniciada, por los gobiernos conservadores. 
Alineamiento de nuestra política exterior con la de Estados Unidos, depreciación monetaria del euro, fiscalidad agravada por las presiones de los movimientos ecologistas: estas son las tres causas del encarecimiento, que deploramos, pero en el cual nuestras instituciones tienen una responsabilidad muy grande. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, durante estos últimos quince días, hemos asistido a un verdadero "eurocaos" de los transportes: escasez de gasolina, bloqueos de carreteras, protestas sociales, gobiernos paralizados. 
Verdaderamente, parecía que estábamos en 1973, después de la primera crisis del petróleo. 
Esto sin contar con el súbito incremento del barril de crudo y la caída libre del euro, a pesar de las pasadas predicciones de los supuestos expertos europeos. 
De esta crisis, que, con todo, era ampliamente previsible, son igualmente responsables los productores de petróleo y el gobierno. 
Se han avanzado numerosas y diversas soluciones, ya que las situaciones y sus causas difieren de un Estado a otro. 
Estas soluciones son con frecuencia evidentes o racionales, a veces ideológicas, como la limitación de los vehículos o la ecotasa, pero ninguna de ellas es la panacea, -lo ha recordado Usted -, ni resolverá la situación por sí sola. 
Recordemos que la pertinencia de la cuestión de los carburantes se basa principalmente en la moneda y la fiscalidad, sin dejar de repercutir sobre la ordenación territorial. 
Porque si esta crisis penaliza a los profesionales, afecta también a los particulares, especialmente a los de las zonas rurales, dónde el coche sigue siendo con demasiada frecuencia el principal y último medio de comunicación y de transporte. 
Esta situación se deriva del progresivo desentendimiento por parte de los servicios públicos, no compensado por las empresas de servicios privadas, demasiado preocupadas por la búsqueda de la máxima rentabilidad. 
En lo relativo a la fiscalidad, la moneda y la ordenación territorial, estas políticas deben surgir de cada Estado miembro y sólo de él, y ello en virtud del sacrosanto principio de subsidiariedad. 
Para concluir, deseamos que la tributación de los carburantes no sea tan elevada, ya que penaliza en exceso a nuestros conciudadanos, particulares o profesionales. 
Se abren para nuestros Estados vías complementarias. 
La Unión debe concederles libertad para elegir soberanamente la política que consideren más adecuada, tal y como ha sucedido con el ahorro energético, con las energías renovables complementarias, con la reorientación de los fletes hacia el transporte ferroviario y fluvial, o también con el desarrollo del transporte colectivo o con la integración territorial de las zonas rurales. 
Señor Presidente, esta es, de hecho, la tercera crisis del petróleo que vivimos. 
Sin embargo, en este caso existe una diferencia agravante con respecto a las dos crisis anteriores. 
Aquéllas fueron crisis políticas, generadas artificialmente en 1973 y 1979 tras la caída del régimen del sha. 
Hace ya 15 años que se dispone de informes y estudios- como, por ejemplo, el Informe Global 2000, elaborado para Jimmy Carter- que indican claramente que en el nuevo siglo nos aguarda una auténtica escasez de materia primas. Lo cual significaría, por consiguiente, que la actual tercera crisis del petróleo va a ser una crisis permanente. 
No importa que el precio quizá pueda volver a reducirse a corto plazo; aun así, se irá incrementando de manera permanente a largo plazo. 
El estudio de Colin J. Campbell- puedo proporcionárselo a quien le interese- también indica que las materias primas- el petróleo- van a empezar a escasear en los primeros años del siglo XXI, debido a que la curva de producción ya ha superado su cota máxima. 
Por esto yo creo que ni siquiera con manifestaciones se podrá conseguir nada, pues por mucho que se exprima, no es posible extraer más zumo del que contiene el limón. 
Dispondremos de petróleo, pero no a precios baratos. 
Es decir, que el precio del crudo se incrementará en el futuro hasta 40 e incluso 60 dólares. 
Existen estudios suficientes que así lo indican y, aun suponiendo que estuviesen equivocados, deberíamos prestarles atención y analizarlos. 
Una reducción de los impuestos tampoco podría evitar que los precios del petróleo continúen subiendo. 
Tampoco se trata de una crisis inducida por la OPEP, puesto que sólo un 40% de la producción de petróleo procede de la OPEP y el 60% restante corresponde a Estados no integrados en la misma. 
Si sólo se tratase de una crisis inducida artificialmente, los demás productores de petróleo podrían restablecer el equilibrio. 
Señor Presidente, enfoquemos este asunto como es debido. 
No es una crisis comparable a la de los años setenta. 
Se trata de una crisis que afecta tanto a los contribuyentes como al sector de la energía. 
No es aceptable que los gobiernos culpen a la OPEP, a las petroleras, a los pacíficos manifestantes, a otros partidos políticos o, incluso, a la Unión Europea de las protestas por unos niveles de impuestos tan elevados. 
En el Reino Unido, los impuestos representan el 75% o tres cuartas partes del precio de un litro de gasolina o diesel, y eso es responsabilidad del Gobierno y de nadie más. 
El suministro de energía es más flexible que la demanda. 
Lo aprendimos en los años setenta, cuando la subida de precios provocó un incremento del número de yacimientos petrolíferos en explotación, pero no redujo el consumo en el sector de transportes. 
Los altos impuestos incrementan los ingresos del Estado, pero no reducen el consumo. 
No obstante, las protestas por las subidas de los precios y de los impuestos son oportunas porque nos recuerdan nuestra dependencia, en Europa, de energía importada y las dificultades a las que nos enfrentamos para alcanzar los objetivos en materia de medio ambiente, como en el caso de la reducción de emisiones de CO2. 
Si lo que pretendemos es destinar los impuestos sobre la energía a ayudas en materia de medio ambiente, la política deberá ser transparente y coherente, de manera que podamos ganarnos a la opinión pública. 
Allí donde las políticas son consideradas injustas e incoherentes, como en el Reino Unido, las protestas obtendrán un amplio apoyo popular. 
Subir los impuestos sobre los carburantes hasta el punto de que las empresas dejen de ser competitivas, al tiempo que se reducen los impuestos sobre el consumo de energía para uso doméstico es una política disparatada y una mala economía. 
No nos dejemos engatusar por los argumentos sobre la armonización de los regímenes fiscales, porque la armonización de impuestos bajo los Socialistas sigue una única tendencia, y ésa es al alza. 
No es eso lo que quieren los contribuyentes y los consumidores de Europa. 
Señor Presidente, el fuerte incremento del precio de los productos petrolíferos ilustra la necesidad de hacer del euro una moneda verdaderamente internacional. 
Los Americanos sufren, como nosotros, la explosión de los precios de producción. 
Como el barril de crudo se paga en dólares, el impacto del alza es más fuerte para los países dónde la moneda ha perdido terreno frente al dólar. 
Es el caso del euro, de la corona danesa, de la libra británica y de muchas otras monedas. 
La Sra. de Palacio acaba de señalar que Europa es el primer importador mundial de petróleo. 
No es normal que el primer importador siga pagando sus importaciones en dólares. 
Los socialistas solicitan a la Comisión que invite a los importadores de petróleo europeos a firmar contratos nominados en euros. 
Una iniciativa como esta tiene posibilidades de cuajar. 
Los productores saben que, tarde o temprano, el dólar bajará con respecto al euro. 
Para ellos, un contrato en euros podría convertirse en un seguro contra un inevitable cambio de coyuntura en Estados Unidos. 
Unas palabras acerca de la política monetaria. 
El BCE acaba de justificar el endurecimiento de sus tipos de interés básicos por la presión inflacionista derivada de la evolución del precio del petróleo y de los tipos de cambio. 
Según el BCE, cito: "la política monetaria no puede resolver esta situación a corto plazo". 
La política económica tampoco puede resolver el encarecimiento del petróleo, y tiene que sufrir además la subida del precio del dinero. 
El BCE dice que la inflación importada es también una inflación a combatir. 
Termino, Señor Presidente, diciendo que ni el incremento en el coste de las inversiones, ni la disminución de la capacidad adquisitiva de nuestros conciudadanos conseguirán que baje el precio del petróleo. 
En lugar de calmar la fiebre inflacionista, ¿no corre la terapia del BCE el riesgo de poner enferma a la economía europea? 
Señor Presidente, los actuales precios de la gasolina y del gasóleo ponen en peligro la subsistencia de las empresas de transporte en un aspecto fundamental y son inadmisibles. 
Yo creo que es preciso reducir temporalmente las diferentes cargas fiscales hasta un nivel que sea económica y socialmente soportable. 
No olvidemos que no somos nosotros quienes fijamos los impuestos. 
La Unión Europea estableció unos tipos mínimos de gravamen para los impuestos sobre los vehículos de motor y los derivados del petróleo. 
Los Estados miembros disponen de un margen de maniobra, que hasta ahora han utilizado a la alza. 
En este momento, ante esta crisis originada por los altos precios del petróleo, los Estados miembros deben reducir y coordinar sus impuestos. 
No es admisible que un Gobierno ceda, justificadamente o no, y otro en cambio no lo haga, con lo cual se crean distorsiones de la competencia a favor de los empresarios del país A con respecto a los del país B. Todos obtienen los mismos precios en el mercado único, pero sus costes son distintos. 
Esta situación resulta intolerable para el sector del transporte. 
Señora Vicepresidenta, vaya a Luxemburgo y dígales a los Ministros de Transportes, primero, que es preciso que actúen de manera coordinada; segundo, que es necesario reducir los costes del transporte; y, tercero, que no queremos que los Ministros de Transportes hagan promesas vacías, que los Ministros de Hacienda volverán a cobrarse luego al cabo de 14 días. 
La decisión que adopten los 15 Estados miembros esta tarde o en los próximos días, se tiene que cumplir. 
Es preciso que se aplique. 
El doble lenguaje de los Ministros cuando, por un lado, se lamentan por la suerte de los transportes, mientras por el otro lado se niegan a reducir o modificar los impuestos, es inadmisible. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, hemos sido sonámbulos durante décadas. 
Los Conservadores británicos aún lo son, pero ha llegado el momento de despertar. 
Tenemos dos opciones. 
Una es de ellas es mala, a saber, la de adoptar una solución a corto plazo y reducir los impuestos y abdicar de nuestras responsabilidades gubernamentales. 
No podemos eludir la otra opción, y la cuestión que se plantea realmente es: ¿cómo utilizar unos recursos limitados, mientras aumenta la demanda, y cómo podemos atender a nuestros compromisos en materia de medio ambiente? 
La elección racional es poner fin al derroche de gasolina y diesel y modificar el comportamiento de la sociedad y de las personas que trabajan en el sector del transporte. 
Reduzcamos los límites de velocidad y velemos por su cumplimiento. 
Debemos reducir nuestra dependencia de los derivados del petróleo importados. 
Debemos adoptar carburantes alternativos- automóviles que funcionan con biocarburante, células de combustible, gas y electricidad. 
Demos una nueva orientación al Quinto programa marco de trabajo, cuando se encuentra a mitad de su andadura, hacia una intensificación de la investigación y el desarrollo de dichas fuentes alternativas. 
Destinemos más fondos en el presupuesto, modifiquemos la decisión sobre programas como SAVE y Altener. 
No necesitamos una nueva partida presupuestaria. 
Las partidas ya existen. 
Incrementemos los fondos. 
Negociemos- pero como Unión Europea- porque la estabilidad beneficia a todos, no sólo a los países importadores de petróleo, sino también a los países exportadores. 
Le deseo suerte, señora Comisaria, cuando acuda a Luxemburgo. 
. Señor Presidente, quiero agradecer la intervención de todas las Señorías que han participado en el debate y señalar que, en buena medida, hay una gran coincidencia en el enfoque de la cuestión. 
El barril de petróleo a 10 dólares era un precio excesivamente bajo y, además, con efectos negativos también para nuestras economías, aunque parezca esto más complicado de explicar. 
Por otro lado, a 35 dólares el barril es un precio que no podemos soportar. 
De ahí que haya que intentar de manera inmediata que la OPEP incremente la producción para rebajar la tensión sobre los precios, para que se cumpla de verdad esa "banda objetivo" y dar estabilidad a los mercados. 
No deberíamos, una vez más, -como decía hace un momento el portavoz del Grupo Socialista- olvidarnos del problema y sólo acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, sino que hay que mantener una acción prolongada en el tiempo. 
En la Dirección General de Energía estamos trabajando desde el mes de noviembre sobre la estrategia a medio plazo en el ámbito de la energía, y por eso vamos a poder presentar un documento de calidad, espero, en las próximas semanas. 
Buscamos una visión a medio plazo que vaya combinada con un reexamen de la política de transportes de la Unión porque, indudablemente, el componente energético tiene mucho que ver con el transporte. 
En gran medida, gran parte de nuestra energía se destina, precisamente, a este sector concreto. 
Eso requiere coordinar la política energética. 
A mí me gustaría que tratáramos de comunitarizarla, pero, cuando menos, debemos coordinar la política energética de los Estados de la Unión. 
También es preciso seguir avanzando en las políticas de transportes y debemos evitar, al hilo de una crisis como la actual, cambiar de una manera brusca nuestra política de transportes y nuestra política sobre energía establecida a largo de los últimos años. 
Hay que tener un mínimo de coherencia. 
Por eso no podemos utilizar el método de bajar los impuestos como solución a esta subida circunstancial de los precios del petróleo. 
Quizá, de una manera muy limitada, algún país puede recurrir a dicho método, sobre todo porque puede existir una excepción en la Directiva de Hidrocarburos. 
A lo mejor, se puede pensar en algunas propuestas como, por ejemplo, aplazar la ecotasa, pero lo que no podríamos hacer es plantear una cosa y lo contrario. 
Hay que tener un mínimo de coherencia interna, insisto, en nuestras políticas. 
Las políticas de energía o de transportes son políticas a medio y largo plazo, que no se pueden modificar bajo la presión de unas circunstancias muy concretas, que yo estoy segura que van a cambiar dentro de un año y medio o dos años aunque, indudablemente, no volveremos a recuperar los precios de los 10 dólares por barril de petróleo. 
Pero van a cambiar por razones sencillamente de funcionamiento del propio mercado, aunque no se hiciera nada por parte de la OPEP que, además, están dispuestos a hacer cosas y espero que las hagan y que las hagan bien. 
Sin embargo, esas medidas a largo plazo no pueden exonerarnos de nuestras responsabilidades actuales, responsabilidades de todos, que van de la garantía de la libertad de circulación hasta el cumplimiento de las reglas comunitarias. 
Pero también es responsabilidad de los Gobiernos el tomar medidas que permitan paliar las dificultades, aportar soluciones a los sectores más afectados. 
Estamos hablando, concretamente, del sector del transporte y ahora, en el Consejo de ministros de Transporte, espero que se llegue a algunos acuerdos. 
También en el sector de la pesca y de la agricultura hay problemas, sin olvidar que hay otra serie de sectores que se ven afectados por estas dificultades. 
Hay que trabajar sobre cuestiones como el ahorro energético, las energías renovables, la investigación sobre los biocarburantes o la utilización de la biomasa. 
Y aportaremos antes de fin de año una normativa sobre edificios para que esta Asamblea pueda ocuparse de ella. 
Señor Presidente, Señorías, sin más, tengo que dejarles porque llego ya un poco tarde al Consejo de ministros en Luxemburgo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Hay cosas más graves en la vida, que hacer esperar a un grupo de ministros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Creación de una Secretaría para las autoridades comunes de control de protección de datos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0225/2000) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Iniciativa de la República Portuguesa para la adopción de una decisión del Consejo (7381/2000- C5-0230/2000- 2000/0804 (CNS) ) por la que se crea una Secretaría para las Autoridades Comunes de Control de Protección de Datos establecidas por el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) , el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros y el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (Convenio de Schengen). 
. Señor Presidente, a mí no me cabe duda de que en la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, en la era de Internet en la que ya estamos inmersos desde la entrada en este nuevo siglo, los legisladores tenemos entre manos un reto muy apasionante: proteger a las personas de la intromisión y de los ataques contra su vida privada, su dignidad o su reputación. 
La protección de estos derechos está reconocida en numerosos textos legislativos de carácter universal, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, de carácter transnacional, como es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o nacionales, como son las Constituciones de los Estados, pero la dispersión legislativa en esta materia requiere un esfuerzo de armonización y de unificación de criterios. 
La mayoría de los países está iniciando un proceso legislativo para prevenir las violaciones de los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida privada, y también la Carta de Derechos Fundamentales, en su proyecto, recoge expresamente este derecho en su artículo octavo. 
Estamos, pues, ante un reto legislativo de indudable importancia que debe regular el respeto de ese derecho y las excepciones que en una sociedad democrática sea necesario establecer para, como dice el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, garantizar la seguridad pública, la defensa del orden público o la prevención de delitos. 
El informe que someto a la consideración de esta Asamblea tiene por objeto analizar uno de los múltiples aspectos que presenta esta tarea legislativa. La creación de una Secretaría única para las tres autoridades de control sobre la protección de datos de Europol, Schengen y de información aduanera, encuadradas en el marco del tercer pilar y en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal del Título VI del Tratado. 
La propuesta de decisión del Consejo es una propuesta acertada pero, desde mi punto de vista, tímida y que se queda corta en su formulación. 
En este delicado ámbito de protección de datos debemos alcanzar dos objetivos fundamentales: la transparencia de la función que tiene que desempeñar el futuro Secretario y la independencia de su cometido. 
Creo que ni una cosa ni otra se garantizan plenamente con la propuesta del Consejo, de ahí el contenido de las enmiendas que propongo y que han sido aceptadas prácticamente por unanimidad en la Comisión de Libertades. 
Yo me pregunto: ¿es positivo para esta transparencia la existencia de tres autoridades comunes para la protección de datos en el tercer pilar? 
Pienso que no. 
Por eso creo que el objetivo final debe ser la creación de una autoridad única que responda a un marco jurídico único en el seno de la Unión Europea y que a esta autoridad única se le dote de presupuesto y personal propio, incluso superando el reparto de pilares, aprovechando la posibilidad que ofrece el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. 
Este Parlamento, Señorías, examina y debate actualmente las consecuencias que para las relaciones personales y económicas de la Unión Europea ha tenido el descubrimiento de una posible red de espionaje llamado sistema Echelon, y estudia también un reglamento sobre la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos por las instituciones de la Comunidad. 
Además examinamos ahora esta propuesta para el tercer pilar. 
Como se verá, son diferentes aspectos de un mismo problema. 
Por eso considero que este Parlamento debe ir más allá de la decisión del Consejo, que se queda corta, como he dicho, en aspectos como son la elección y nombramiento del Secretario, su destitución o la garantía del secreto profesional en su función. 
La independencia es el otro elemento básico que no garantiza suficientemente la propuesta del Consejo. 
La institución que debe garantizar su independencia es el Parlamento a través del control democrático que legítimamente le corresponde. 
De aquí que en un futuro la autoridad única debería ser nombrada por el Parlamento y la Secretaría de las tres autoridades gozaría de mayor independencia si los gastos de personal y los necesarios para su financiación figuraran en la sección octava B del presupuesto general de la Unión Europea, como propongo, y no en el presupuesto del Consejo. 
No nos engañemos, la independencia financiera es básica para garantizar la independencia funcional. 
Señorías, estamos legislando sobre una materia básica para el futuro de nuestras relaciones interpersonales, económicas y comerciales. 
Nuestro reto es equilibrar y hacer compatible el derecho a la privacidad con el derecho a la libre información. 
La introducción de las nuevas tecnologías, de los ordenadores y de las telecomunicaciones ha roto barreras y ha superado las fronteras. 
Se puede hablar ya de una auténtica revolución en las relaciones comerciales, sociales o personales que inciden de hecho en la vida diaria del ciudadano: la sanidad, la publicidad, las operaciones bancarias, o incluso aspectos que se refieren a la seguridad y a la defensa de los ciudadanos, y de los propios Estados, pueden verse perturbados si no existen normas que garanticen el uso correcto de la transmisión, depósito y almacenamiento de los datos que hoy circulan con total libertad y que no están exentos del grave peligro que supone el uso indiscriminado de los mismos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar felicitando a mi colega el Sr. Hernández Mollar por el excelente informe que nos presenta, que el PPE apoya y que contó con el apoyo casi unánime de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Se trata de un pequeño paso adelante, pero que refleja el inicio de una estrategia de armonización que estará- esperamos- en curso en el marco del tercer pilar. 
Iniciamos así el camino hacia una armonización con la creación de una secretaría común a los diferentes organismos supervisores. 
Esperamos que a medio plazo se pueda aprobar una reglamentación común y un único órgano de supervisión. 
Eso es muy importante para que se garantice el respeto del derecho fundamental de los ciudadanos, con una aplicación e interpretación de las normas conforme a los mismos criterios, con lo que se conseguirá el mismo nivel de protección de datos. 
De hecho, no existe razón alguna que justifique la existencia de tres distintos órganos comunes de supervisión. 
Hoy, además de los organismos nacionales de supervisión, existen esos tres organismos comunes, cada uno con su propia secretaría. 
Y la pregunta que formulamos es la siguiente: ¿garantizará de verdad ese sistema una protección eficaz? 
Creo que no. 
Por consiguiente, es necesario que con la mayor brevedad se fusionen dichos órganos en uno, dotado de personalidad jurídica y de un presupuesto propio, lo que garantizará su imparcialidad e independencia respecto de otras instituciones, como acaba de decir atinadamente el Sr. Hernández Mollar. 
Se trata de la defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos. 
También es imperativo que se cree un marco jurídico único en la Unión que ofrezca a los ciudadanos garantías suficientes para evitar que se divulguen y utilicen abusivamente datos personales y colmar las lagunas que se advierten. 
Las constituciones en vigor en los diferentes Estados miembros reconocen el derecho a la intimidad y, por otro lado, la Unión, en su proyecto de Carta de Derechos Fundamentales, también consagra expresamente, en su artículo 8, el derecho del ciudadano a la protección de los datos personales. 
Pero la existencia de legislaciones diferentes plantea diversas dificultades que se podrían superar con la aprobación de normas mínimas que permitan realizar su armonización y con ello garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en particular, del derecho a la intimidad y del derecho de expresión e información. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la complejidad cada vez mayor de la sociedad y de la vida económica, respaldada por medios tecnológicos cada vez más potentes, crea nuevas situaciones de desprotección y representa una amenaza para los derechos individuales de los ciudadanos que obligan a crear mecanismos adecuados de prevención de posibles violaciones de dichos derechos. 
El sistema actualmente en vigor destinado a proteger la intimidad de las personas garantizando el derecho inalienable a la vida privada de todos los ciudadanos respecto del tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal está considerado en gran medida ineficaz, porque aún existen, además de los organismos de supervisión de la protección de datos en el nivel nacional, tres organismos comunes de supervisión en la Unión Europea, cada cual con su propia secretaría. 
A esa multiplicidad de órganos en el nivel de la supervisión que propicia la ineficiencia, la propuesta de decisión del Consejo, de iniciativa portuguesa, contrapone la creación de una secretaría única para los tres organismos comunes de supervisión de la protección de datos. 
En las circunstancias presentes se trata- hay que reconocerlo- de una solución viable que reduciría los inconvenientes que entraña la existencia de tres organismos comunes de supervisión de la protección de datos en el espacio de la Unión. 
También conviene acoger con beneplácito la propuesta del ponente de que se cree un organismo único de supervisión de la protección de datos, con una sola secretaría, dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio. 
De ese modo se crearían las condiciones ideales para perseguir los objetivos de protección de la vida privada y de las libertades individuales de los ciudadanos, sin perjuicio, por otro lado, de la libre circulación de información, rasgo definidor de las sociedades modernas. 
El ponente reconoce la inviabilidad de la creación de dicho organismo único en la Unión Europea a corto plazo y se refiere en su informe a su materialización a medio plazo en el marco del tercer pilar. 
Tras felicitar al ponente por su trabajo, me permito señalar a la atención de sus Señorías el riesgo de que se retrase la creación de ese organismo único durante muchos años. 
Tal vez habría sido más prudente indicar en el informe un plazo determinado y razonable para la creación de ese organismo, lo que daría más fuerza a la propuesta del ponente y del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Ponente, yo acojo con satisfacción cualquier iniciativa que permita mejorar la protección de datos en interés de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea. 
Los Convenios Europol y de Schengen y la cooperación en el ámbito aduanero plantean, no obstante, serios problemas. 
Uno de ellos es la insuficiente protección de los datos que reúnen y procesan las instituciones. 
En este contexto, yo creo que es evidente que la autoridad propuesta debe ser independiente de las instituciones que ha de controlar y también debe disponer de un presupuesto propio. 
No obstante, aun así yo no puedo votar afirmativamente el informe del Sr. Hernández Mollar. 
Yo me pregunto, ¿qué permite suponer que la agrupación de las autoridades encargadas de la protección de datos existentes hasta ahora en una única autoridad con un secretario general común va a mejorar la protección de los datos, simplemente porque con ello seguro que se conseguirá un ahorro en este ámbito? 
Su agrupación no garantiza por sí sola una mejor protección de los datos. 
Desde un punto de vista político general, yo interpreto la iniciativa de Portugal y también el informe como un nuevo paso con vistas a mejorar la coordinación en el marco de los Convenios de Schengen y Europol. 
Sin embargo, los problemas que plantean los citados convenios van mucho más allá de la insuficiente protección de los datos. 
Tanto el Convenio Europol como el Convenio de Schengen contribuyen decisivamente a reforzar las murallas en torno a la fortaleza Europa. 
Con el apoyo y el control de estas instituciones, se están lesionando derechos humanos fundamentales como el derecho a la libre circulación de las personas, el derecho de asilo o en muchos casos incluso el simple derecho a la dignidad de las personas. 
Por esto yo no puedo votar afirmativamente una posible ligera mejora, que en la práctica contribuirá a legitimar dichas instituciones. 
Yo me abstendré en la votación desde una posición crítica con respecto a los Convenios Europol y de Schengen en general y porque pienso que contar con una secretaría general única en lugar de tres no equivale a una mayor protección de los datos. 
Señor Presidente, este informe se ocupa de asuntos de gran importancia para la integridad personal y la protección de datos. 
En el seno de la UE se está construyendo un amplio registro de datos personales en el que se archivan datos muy delicados. 
Al mismo tiempo, es evidente que el control y la seguridad de esos datos es demasiado débil. 
Los miembros del Grupo GUE/NGL estamos de acuerdo en que se mejoren la seguridad y el control. 
Por eso respaldamos la idea de instaurar una sola autoridad independiente de control, con facultades y recursos suficientes. 
Por este motivo apoyamos la idea esencial de este informe, destacando, sin embargo, la importancia de que esa autoridad de control se base en las competencias de los estados en la materia. 
La nueva autoridad de control tiene que abarcar a todos los registros impportantes, incluido el registro Eurodac, de gran relevancia para la política de asilo de la UE. 
Los refugiados son un grupo especialmente delicado, pudiendo estos registros ser una causa directa de expulsión, con enormes consecuencias para los solicitantes de asilo. 
Por esta razón resulta extraordinariamente importante que los datos registrados sean correctos, que los solicitantes de asilo sean informados de sus derechos y que se les den posibilidades de interponer recursos. 
Además, la estructura Sirene del Tratado de Schengen debe contar con una nueva autoridad de control. 
Dentro de esta estructura bastante desconocida los Estados miembros pueden intercambiar toda clase de datos personales en muy corto tiempo. 
Aquí se mezclan también materias policiales normales con aquellas que se relacionan con la seguridad de los estados y con la política de asilo. 
Toda la estructura Sirene adolece de una evidente falta de transparencia y de control parlamentario. 
Ya tenemos experiencia en relación con el manejo del gran registro personal SIS, en el marco del Tratado de Schengen. Estas experiencias son, desgraciadamente, bastante malas. 
Los recursos de la autoridad de control JSA, joint supervisory authority, han sido totalmente insuficientes. 
Además, se le ha negado el acceso a importantes datos registrados en SIS. 
Esto se señala en el primer informe anual de la JSA. 
A pesar de las difíciles condiciones de trabajo, la JSA ha encontrado graves deficiencias en SIS, por ejemplo, datos erróneos, países miembros que copian datos ilegalmente y procedimientos inadecuados para acceder a los registros. 
Esto es absolutamente inaceptable. 
Para proteger adecuadamente los datos se requiere algo más que controles eficientes. 
Es necesario reformar sustancialmente las normas que rigen estos registros. 
Hay que separar los registros de delincuentes de aquellos destinados a los solicitantes de asilo y a los asuntos de seguridad nacional. 
Esos campos diferentes no deben tener estructuras ni registros comunes. 
Hay que fortalecer la transparencia y el control parlamentario, especialmente en lo que concierne a Sirene y a Schengen. 
Además, debe estar claramente delimitado quiénes pueden ser registrados en el registro de investigaciones de Europol, basado en el artículo 10.1 de la Convención de Europol. 
Actualmente se archivan muchas cosas innecesarias. 
Es posible registrar a personas que no se sospecha que hayan cometido delitos y también archivar datos personales delicados, tales como las ideas políticas, las creencias religiosas y las preferencias sexuales. 
¡Esto es inadmisible! 
Hay que dar máxima importancia a la integridad personal ya la seguridad jurídica. 
Señor Presidente, doy las gracias a nuestro colega, Sr. Hernández Mollar, por el valioso trabajo que ha realizado en la elaboración de este informe. 
En el marco de la protección de datos es necesario hacer un difícil compromiso entre la protección de la privacidad, la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento equilibrado del mercado interior. 
La condición básica para el funcionamiento idóneo de los mercados en una Europa sin fronteras internas es la libre y rápida transmisión de la información. 
Puesto que ha desaparecido el control visible en cuanto a la regulación de la circulación de mercancías y servicios, la importancia del llamado control invisible ha ido incrementándose de año en año. 
El rápido intercambio de datos entre las autoridades se ha convertido en la única posiblidad para impedir que los delincuentes se aprovechen de la libre circulación. 
La protección de datos en el actual flujo informático no está aún en el nivel adecuado dentro de la Unión Europea. 
El derecho a la privacidad del correo, incluido en los Derechos Humanos Universales, se ve en peligro, por ejemplo, a causa del espionaje y de las actividades delictivas de que son objeto los sistemas de correo electrónico. 
Precisamente, el rápido crecimiento del comercio electrónico engendra nuevas amenazas para la protección de los datos de los ciudadanos. 
Por ejemplo, el número de casos de apropiación indebida de datos de las tarjetas de crédito o de uso fraudulento de los códigos de identidad personal está experimentando un gran aumento en las redes de información. 
Asimismo, las bases de datos creadas para la comercialización de productos, que contienen datos específicos sobre el modo de vida de las personas y sobre sus hábitos de consumo, suelen estar en contradicción con los derechos fundamentales de protección de la privacidad. 
Es razonable suponer que la concentración de funciones incrementrará la eficacia del trabajo de las diferentes autoridades de control de protección de datos que actúan ahora en la Unión Europea 
Tanto desde el punto de vista del funcionamiento de Europol, como del control fronterizo y de los derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie de la UE, la creación de una autoridad única es un hecho extraordinario. 
Sin embargo, al mismo tiempo hay que asegurarse de que exista una financiación suficiente para su funcionamiento. 
El volumen de trabajo aumenta a gran velocidad. 
También hay que aclarar de qué forma podrá estrecharse la colaboración en materia de protección de datos entre la Secretaría en vías de creación y las autoridades nacionales. 
La independencia de las autoridades de control de protección de datos es un elemento clave para el éxito de su actuación. 
En el ámbito del control, siempre aparecen difíciles interpretaciones de criterio, en las cuales hay muchos agentes dispuestos a intervenir, aunque sólo sea por la mera existencia de intereses económicos. 
Por ello, las autoridades deberían actuar en estrecha colaboración con la UE y con los Tribunales de Justicia nacionales. 
El Parlamento Europeo debe ejercer un estricto control sobre la actuación y las responsabilidades de la futura Secretaría de las autoridades comunes, especialmente desde el punto de vista de su independencia. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar la Comisión quisiera agradecer al ponente, Sr. Hernández Mollar, el excelente informe que ha presentado y confesar la circunstancia de que nuestra participación en este debate resulta simplificada, porque compartimos y subscribimos de forma general el planteamiento subscrito por el Sr. Hernández Mollar. 
La Comisión se congratula de la iniciativa que adoptó el Gobierno de la República Portuguesa, en la medida en que consideramos que constituye una contribución para que podamos racionalizar de forma sensible el apoyo administrativo prestado a los organismos encargados de supervisar y garantizar la protección de datos, establecidos por el Convenio Europol, por el sistema de información aduanera y por el Convenio de Schengen. 
La Comisión comparte el punto de vista del ponente en el sentido de que será necesario crear un único organismo de supervisión para esos tres instrumentos de intervención, porque garantizaría una mayor coherencia en la aplicación de los principios en materia de protección de datos, tanto en el ámbito del Convenio de Schengen como en el del Convenio sobre asuntos aduaneros, como en el del Convenio Europol, y prevendría una indeseable duplicación de medidas. 
Del mismo modo, la Comisión subscribe la idea de que es necesario examinar un conjunto de principios esenciales en materia de protección de datos que se deberán aplicar de la forma más uniforme posible en el ámbito de todo el tercer pilar. 
En realidad, en este momento existe una laguna en el ordenamiento jurídico comunitario a ese respecto. 
Nos congratulamos de que un grupo especializado en el Consejo haya iniciado el debate sobre esos principios generales comunes que aplicar y también de que la Presidencia francesa haya dicho ya claramente que ese asunto constituye una de sus prioridades. 
Hay que reconocer que no se trata de una tarea fácil, no sólo en virtud de la complejidad de la tecnología, sino también porque resulta particularmente importante encontrar una solución equilibrada entre la garantía y la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos, por un lado, y, por otro, los instrumentos necesarios para garantizar el respeto de la legalidad democrática y la eficacia en la lucha contra la delincuencia transnacional y la delincuencia organizada. 
Estoy convencido de que será necesario comenzar con la formulación de esos principios comunes, que después se deberán verter en varios instrumentos legislativos cuya aprobación en los próximos años corresponderá al ámbito del tercer pilar. 
Esa vía requiere también- como ya han subrayado varios diputados- la introducción en el Convenio Europol y en la reconstrucción del derecho basada en el Convenio de Schengen principios claros y transparentes de control democrático y judicial que garanticen los valores fundamentales en los que debe basarse una Unión de derecho. 
Por lo que se refiere a este informe, tal vez la cuestión más difícil que plantea sea la de si se debe establecer una rúbrica presupuestaria aparte para la secretaría común. 
La Comisión concuerda con el ponente cuando afirma que es muy importante garantizar la independencia de dicha secretaría respecto del propio Consejo. 
Y, por consiguiente, aun cuando sólo se pueda tratar debidamente esta cuestión a largo plazo, defendemos la idea de la creación de una rúbrica presupuestaria aparte. 
Pero comprendemos que de momento el Consejo esté preocupado, por encima de todo, por que la creación de una nueva rúbrica presupuestaria provoque retrasos en la creación de una secretaría común. 
Por eso, en términos prácticos, la Comisión comprende el deseo del Consejo de recurrir a estructuras financieras ya existentes, pero sólo como medida provisional. 
Y, si el Consejo decide mantener esa posición, la Comisión subscribe la propuesta del Sr. Hernández Mollar, es decir, la de que recoja los considerandos propuestos por el ponente para que quede claro que se trata de meras disposiciones financieras provisionales en espera de la creación de un único organismo de supervisión encargado de la protección de datos respecto de los tres convenios. 
Y, por último, me congratulo de que este informe y los principios a él subyacentes hayan obtenido un apoyo tan amplio del Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Sistema Eurodac 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0219/2000) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (8417/2000- C5-0256/2000- 1999/0116 (CNS) ) relativo a la creación del sistema "Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (nueva consulta). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy podemos celebrar casi exactamente el décimo aniversario. 
Hace casi exactamente diez años que se empezó a debatir sobre qué país debía recaer en la práctica la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo. 
Luego se adoptó el Convenio de Dublín. 
Sin embargo, hasta la fecha todavía no hemos conseguido que éste sea efectivamente aplicable, o sea, establecer un instrumento adecuado de control. 
En efecto, llevamos años diciendo que necesitamos dicho instrumento, pero hasta ahora no hemos conseguido establecerlo y mañana vamos a tener una oportunidad única de impulsar la instauración efectiva del sistema Eurodac. 
Sería una satisfacción para mí y también para los numerosos Presidentes del Consejo que han comparecido aquí durante este tiempo y en cada ocasión han prometido conceder absoluta prioridad a la instauración de Eurodac. 
El tema que nos ocupa tiene una larga historia y afecta a una cuestión importante. 
¿Qué se puede conseguir con Eurodac? 
Eurodac es un sistema para la comparación de las impresiones dactilares y que permitiría determinar cuál fue el primer país de entrada del refugiado y, por lo tanto, sobre qué país debe recaer la responsabilidad de examinar la solicitud de asilo, lo cual se traduciría, además, en un reparto de las cargas entre los Estados europeos. 
También es, obviamente, un instrumento que permitirá comprobar si un solicitante de asilo ya ha presentado otras solicitudes con anterioridad. 
Es decir, que también es un instrumento para combatir los abusos y la ilegalidad, un instrumento del cual deseamos y necesitamos disponer urgentemente. 
Como ya he señalado, el tema tiene una larga historia y se debatió por última vez en el Parlamento en diciembre de 1999. 
Entonces coincidimos ampliamente, en primer lugar, en cuanto a la necesidad de instaurar el sistema Eurodac en la práctica y, en segundo lugar, en lo que respecta a las condiciones bajo las cuales se debe instaurar. 
Sobre todo coincidimos plenamente también con el señor Comisario Vitorino, a quien yo quiero manifestar asimismo mi agradecimiento, pues ha hecho todo lo posible para que Eurodac sea por fin una realidad. 
Nosotros dictaminamos que, de conformidad con el Tratado, las competencias de ejecución le correspondían a la Comisión. 
No obstante, el Consejo se reunió en diciembre, inmediatamente después de que adoptásemos nuestra decisión, y rechazó de manera totalmente incomprensible las propuestas presentadas por la Comisión y por el Parlamento, a la vez que se arrogaba las competencias en los ámbitos más importantes. 
Como resultado, se ha realizado una nueva consulta al Parlamento- puesto que se trata de una modificación substancial -, es decir, que tenemos que volver a considerar la propuesta, si bien sólo en los puntos relacionados con esta cuestión. 
Éstos son los artículos 22 y 23, y nada más. 
En nuestra comisión nos limitamos a examinar estos aspectos, con la sola excepción de la Sra. Boumediene-Thiery, que ha abierto un nuevo debate. 
Yo creo que éste escapa a nuestro cometido, que era únicamente examinar los artículos 22 y 23. 
Según el nuevo planteamiento, dichos artículos recogen el deseo del Consejo de reservarse plenas competencias en los ámbitos más importantes de las normas de aplicación, a saber, en lo relativo a la toma, transmisión y comparación de impresiones dactilares, al bloqueo de los datos de los solicitantes de asilo, y a la elaboración de estadísticas sobre los solicitantes de asilo. 
En nuestra comisión decidimos por unanimidad mantener nuestra anterior propuesta y rechazar las propuestas del Consejo. 
¿Por qué motivo? 
Por dos razones sumamente importantes. 
La primera es que ese modo de proceder es contrario al artículo 202 del Tratado CE, donde se establece el principio de que el Consejo atribuirá a la Comisión la ejecución de las normas relativas que adopte el Consejo. 
Esto es importante justamente en el caso que nos ocupa. 
La Comisión puede responder y aplicar las citadas normas con mucho mayor independencia- esto es, con independencia de los diversos intereses nacionales- y objetividad. 
Por esto, desde el Parlamento apoyamos que se proceda de este modo. 
También nos oponemos a la propuesta del Consejo por un segundo motivo. 
En efecto, ésta va en detrimento del Parlamento, puesto que lo excluye al haberse suprimido el procedimiento de comitología, de modo que ya no recibiríamos la información necesaria ni participaríamos en el procedimiento. 
Dicha propuesta recortaría y menoscabaría los derechos del Parlamento. 
Por estas dos razones bien fundadas nosotros nos pronunciamos a favor de apoyar la propuesta de la Comisión y del señor Comisario Vitorino, a saber, que se atribuyan a la Comisión las competencias de ejecución, y yo les ruego que mañana asistan todos a la votación. 
De este modo daremos un paso a favor de una mayor seguridad en Europa y contra los abusos. 
Aprovechen esta ocasión y también la oportunidad de lograr que el sistema Eurodac se instaure por fin en la práctica. 
Deseo apoyar lo que el Sr. Pirker acaba de decir. 
En mi calidad de ex ministro de Inmigración y Asilo del Reino Unido, sé perfectamente que la confusión relativa a la decisión de qué país debería ocuparse de una solicitud en particular, ha sido un inmenso problema y ha provocado no pocos roces entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
A menos que lo atajemos con carácter de urgencia, este asunto seguirá ocasionando roces cuando nos dispongamos a abordar el proceso de ampliación. 
El Convenio de Dublín en sí siempre ha sido importante, pero los flecos del Convenio de Dublín y nuestra incapacidad de gestionarlo debidamente han ocasionado problemas que han llegado incluso a representar una amenaza para los derechos humanos de algunos de los solicitantes y de las personas afectadas. 
Todos los países signatarios del Convenio de 1951 de las Naciones Unidas conocen perfectamente los criterios para determinar si a alguien se le debe conceder o no la sumamente valiosa y significativa categoría de refugiado, y espero que nada de lo que podamos hacer aquí afecte el derecho a solicitar asilo dentro de dichos criterios. 
No obstante- con las nuevas tecnologías, con las nuevas facilidades para desplazarse e, incluso, con personas dispuestas a aprovecharse de dicha tecnología para abusar del sistema- las autoridades encuentran cada vez mayores dificultades para dar un trato adecuado y justo a las personas a la hora de estudiar sus casos. 
El sistema Eurodac debe ir de la mano de una reforma del Convenio de Dublín, y siento cierta preocupación por la actitud que el Consejo ha adoptado en el pasado. 
El Sr. Pirker se ha referido a los retrasos que se han producido y a las numerosas veces que hemos recapacitado sobre este asunto de vital importancia. 
Mis sentimientos son claros: si el Consejo desea reservarse el derecho de decidir cuándo este organismo democrático, el Parlamento, podrá acceder a la información procedente del sistema Eurodac, eso es inadmisible. 
Ésta es una razón añadida por la que debemos tratar sobre este asunto con carácter de urgencia, por la que debemos resolverlo y por la que el Parlamento debería continuar desempeñando un papel importante en el futuro de la superintendencia y vigilancia de los asuntos fundamentales relativos a la concesión de la categoría de refugiado a aquellos que la soliciten. 
Apoyo plenamente al Sr. Pirker y espero que ahora avancemos con decisión para concluir este asunto en beneficio de todos. 
Señor Presidente, como decía el ponente, Sr. Pirker, este Parlamento se ha pronunciado ya más de una y de dos veces sobre la propuesta de Convenio Eurodac. 
La última vez se pronunció sobre el conjunto de la propuesta y yo creo que la posición que tomó este Parlamento era una posición muy cercana a lo que quería el Grupo socialista. 
Yo quiero defender como posición del Parlamento, en relación al Convenio Eurodac, la que fue ya votada en esta Asamblea hace unos meses. 
Entiendo, por tanto, que nos consultan ahora sobre una modificación que el Consejo introduce en esta comunicación, y que afecta a la asignación, a la atribución de competencias de este acto hecho por el Consejo. 
El Tratado establece que la Comisión debe asumir las competencias de ejecución- entendemos que también sobre Eurodac- y establece también cómo el Parlamento puede ejercer control sobre lo que la Comisión hace. 
A nosotros nos parece todavía poco y esperamos que, por lo menos en el terreno legislativo y de control, podamos tener alguna competencia más. 
Por ese motivo, mi Grupo mañana en la votación va a abstenerse en todas las enmiendas que no afectan a este cambio en la comunicación que nos hace el Consejo. 
Vamos a abstenernos en aquellas enmiendas que nos parece que ya están aprobadas por este Parlamento y que ya están recogidas en el informe anterior de este Parlamento. 
Nos vamos a abstener por razones, supongo que muy distintas a las del Sr. Pirker para votar en contra, pero nos vamos a abstener para mantenernos en la posición que el Parlamento ya expresó. 
En cambio, quiero, en nombre de mi Grupo, expresar mi apoyo a las enmiendas propuestas por el Sr. Pirker, por lo que ya decía, porque pienso que la propuesta anterior era mejor, porque pienso que la Comisión debe llevar adelante este proyecto. 
Espero que lo haga teniendo en cuenta lo que el Parlamento ya había decidido y me parece importante que del voto de mañana salga un apoyo fuerte de este Parlamento a la propuesta anterior. 
Señor Presidente, estamos desarrollando el tercer pilar a partir de políticas que han sido intergubernamentales y que tienen que pasar a ser comunitarias. 
Creo muy importante que el Parlamento apoye estos primeros actos que tomamos y que apoye a la Comisión para que pueda ejercer aquellas funciones que el Tratado le otorga. 
El Grupo ELDR apoya plenamente al Sr. Pirker en su insistencia en que debe cumplirse el artículo 202 del Tratado en su disposición general de que el Consejo atribuirá a la Comisión las competencias de ejecución de esta norma. 
El Sr. Pirker está absolutamente en lo cierto cuando afirma que la Comisión se encuentra en mejor situación para adoptar una opinión imparcial, sin ceder para tener en cuenta intereses nacionales específicos y, por consiguiente, su capacidad es posiblemente mayor para elaborar las medidas necesarias para la protección de datos. 
En segundo lugar, a pesar de que, de vez en cuando, el Parlamento tiene sus diferencias con la Comisión, nuestras oportunidades de ejercer la supervisión democrática serán mayores si las competencias de ejecución recaen sobre la Comisión, en vez de sobre el Consejo. 
Ello se debe a que el procedimiento del Comité de Reglamentación, así como el acuerdo interinstitucional, reconocen el derecho del Parlamento a recibir proyectos de medidas de ejecución. 
Y cuando- en vez de si- alcanzamos la codecisión en este ámbito, el Parlamento podrá exigir a la Comisión, en caso de sobrepasarse, que vuelva a examinar las medidas de aplicación. 
Sería estúpido que, como Parlamento, dependiéramos de la buena voluntad del Consejo, en vez de depender de los derechos que nos han sido otorgados si la responsabilidad de ejecución recae sobre la Comisión. 
Por este motivo, mi Grupo se abstendrá en el caso de algunas de las enmiendas fundamentales que alterarían detalles sustanciales del reglamento de Eurodac. 
Mi Grupo apoyó estas enmiendas cuando lo importante era la esencia, pero a estas alturas es mejor centrarse en el tema de si la competencia de ejecución debe recaer sobre la Comisión o el Consejo, de manera que nosotros, en el Parlamento, declaremos en voz alta y al unísono que estamos interesados en respaldar a la Comisión. 
Es el único tema en el que deberíamos centrarnos y pensamos, quizá con un ligero pesar, que la posición del Parlamento debería reducirse a las puntos del Sr. Pirker sobre comitología. 
Queridos colegas, nos encontramos hoy ante un procedimiento bastante infrecuente, que merece ser explicado con detalle, para que cada cual pueda votar con pleno conocimiento de las implicaciones explícitas e implícitas de este expediente. 
El pasado mes de noviembre, la mayoría del Parlamento Europeo aprobó un informe relativo a la creación del sistema Eurodac. 
Tras esta aprobación, el Consejo modificó su propuesta de reglamento, afirmando que, en el ámbito de la comparación de las huellas digitales, el sistema Eurodac debía ser creado y gestionado por el Consejo, y no por la Comisión. 
Este importante cambio explica el hecho de que este informe sea examinado de nuevo por nuestra Asamblea. 
Nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha considerado que, efectivamente, corresponde a la Comisión, y no al Consejo, la tarea de gestionar esta nueva estructura que es Eurodac. 
En efecto, la Comisión ha argumentado, con razón, que la gestión de un programa comunitario como Eurodac debía corresponderle en calidad de única institución comunitaria de la Unión, y en ningún caso al Consejo, entidad intergubernamental. 
En este punto, apoyamos totalmente a la Comisión. 
Sin embargo, la nueva propuesta que examinamos hoy no ha tenido en cuenta para nada las modificaciones aprobadas por nuestro Parlamento. 
Ni sobre la edad mínima requerida para poder ser incluido en la base Eurodac, 18 años, ni sobre la supresión de los datos tras haber adquirido un estatuto reconocido legalmente, ni sobre la expresión "residente de un país tercero" en lugar de "extranjero", ha tenido a bien el Consejo considerar la opinión de nuestro Parlamento, y además ha sido secundado por la Comisión, que tampoco ha retomado nuestro punto de vista. 
Ante esta situación, les pido que renueven hoy la opción que nuestra Asamblea tuvo el acierto de realizar el año pasado. 
Para ello, tenemos que votar el texto adoptado por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, que incluye las enmiendas relativas a la edad límite de 18 años, a la supresión de los datos de todo solicitante que haya obtenido un estatuto legal, y al empleo de la expresión "residente de un país tercero" en lugar de "extranjero". 
En consecuencia, debemos rechazar las modificaciones al informe propuestas por el PPE, al que pertenece el Sr. ponente. 
Creo que es difícilmente comprensible que nos abstengamos silenciosamente, y que consideremos legítimo tomarle las huellas a adolescentes de 14 años, lo cual va en contra de todos los tratados internacionales, especialmente de los relativos a los derechos de la infancia. 
En cuanto a la supresión de los datos, se trata de una medida de sentido común. 
Efectivamente, una vez obtenido el estatuto legal por parte del solicitante, nada justifica la conservación de los datos de naturaleza personal ni las huellas de una persona cuya situación ha sido legalizada. 
Supone considerarla como un criminal en potencia. 
La protección de los derechos fundamentales, que tanto nos preocupa, no se refleja únicamente en la futura carta, sino en cada texto europeo, dónde debemos estar atentos a su defensa. 
De ello depende la credibilidad de nuestra Asamblea ante aquellos a los que ya resulta difícil otorgarnos su confianza. 
Para nuestros conciudadanos, es incomprensible, y cuando menos sorprendente, que el Parlamento Europeo se pronuncie un día a favor de un texto, y que algunos meses más tarde, se desdiga y vote a favor de un informe muy diferente. 
¿Cómo pueden nuestros electores confiar en una Asamblea cambiante, incapaz de hacer frente a la Comisión y al Consejo, que sin embargo no cuentan con la legitimidad popular que nosotros poseemos? 
Por todo ello, queridos colegas, hoy les pido que reafirmemos, con nuestro voto, la elección del pasado noviembre, y que adoptemos el informe tal y como nos es presentado por la comisión. 
En este caso, nuestra Asamblea saldrá reforzada en la coherencia y en la constancia de sus opiniones. 
Señor Presidente, el debate de hoy tiene trampa, porque se nos pide que modifiquemos, o que nos neguemos a modificar un sistema, el sistema Eurodac, que nuestro Grupo rechaza de plano. 
El sistema Eurodac forma parte de una iniciativa global de criminalización y de represión de los inmigrantes y de los perseguidos del planeta. 
Muestra el verdadero rostro de la Europa liberal, que se construye como si fuera una fortaleza sitiada. 
¿Cómo podemos pensar que a través de leyes represivas impediremos que los hambrientos del mundo vengan a Europa, arriesgando incluso su vida, tal y como lo hemos visto recientemente en Douvres o en Gibraltar? 
Por el contrario, como todos sabemos, este arsenal represivo es lo que empuja a la ilegalidad y la clandestinidad a millares de extranjeros, que pasan así a ser víctimas de pasadores, de mercaderes de esclavos, o de patrones sin escrúpulos que los sobreexplotan. 
Regularizando masivamente a los sin-papeles, podremos asestar un duro golpe a estos traficantes de desgracias. 
Este arsenal represivo va a afectar a nuestras propias libertades, tal y como se deduce del proyecto de la Presidencia francesa sobre el que tendremos que pronunciarnos, y que pretende castigar a todo ciudadano que ayude a un inmigrante indocumentado. 
Sobre la base de este arsenal y de esta iniciativa, hoy en día, en Francia, un pequeño de 4 años, un niño de origen tamil, está encerrado con su madre en el Centro de Detención de Aranc, aguardando una decisión del Ministro del Interior, y esperando probablemente su expulsión. 
El registro informatizado de las huellas digitales es un atentado contra la libertad individual. 
Pone en entredicho la inviolabilidad de los documentos en poder de los organismos responsables del examen de su solicitud. 
Al aplicarse incluso a los jóvenes de 14 años, viola la protección jurídica que debe darse a los refugiados. 
Viola la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, y en especial su artículo 10. 
¿Quién de los aquí presentes se atrevería a tomarle las huellas a un chaval de 14 años? 
El proyecto Eurodac criminaliza a los inmigrantes que no tienen papeles, ni estatuto, a menudo por culpa de las diferentes legislaciones de los países europeos. 
En el fondo, viola todos los convenios internacionales que protegen los derechos humanos. 
Con este proyecto, la Europa-fortaleza pasa a ser culpable de falta de asistencia a los refugiados en peligro. 
No me sorprende, en una Europa liberal que provee de helicópteros de combate a la dictadura de Ankara mientras rechaza a los refugiados kurdos. 
Mis queridos colegas, en un momento en el que se desarrolla en nuestro continente una oleada de racismo y de xenofobia, y mientras se discute la elaboración de una carta de derechos fundamentales, deben ustedes rechazar Eurodac, con o sin enmiendas. 
Nuestras libertades están en juego. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de los diputados radicales de la Lista Bonino, intervengo para expresar toda nuestra preocupación y nuestra firme oposición ante una Europa que, sobre todo en la progresiva creación del así llamado espacio de libertad, justicia y seguridad, sigue la vía intergubernamental integrando únicamente los aspectos represivos y liberticidas y conculcando de manera peligrosa los derechos de los ciudadanos de la Unión y de los terceros países. 
Desde este punto de vista, el caso de EURODAC es ejemplar: sin haber siquiera puesto a punto una política de asilo político europeo, los Estados miembros, a través del Consejo, han creado el Convenio de Dublín que legaliza el pasarse la pelota de los solicitantes de asilo y del examen de sus peticiones de asilo político en nuestros Estados miembros. 
Así las cosas, para convertir en operativo el Convenio, el Consejo promovió la creación del sistema EURODAC confiándolo inicialmente a la Comisión. 
Posteriormente, sin embargo, pensó en mover ficha y ampliar el ámbito de la toma de las huellas dactilares también a los inmigrantes ilegales quitando las competencias de ejecución a la Comisión y atribuyéndoselas directamente. 
A la vista de todo esto, la Comisión de Libertades Públicas, con el informe del Sr. Pirker, ha hecho bien en volver a atribuir a la Comisión dichas competencias y en llevar a cabo otros cambios fundamentales que apoyamos por completo. 
Dicho esto, y a pesar de que no compartimos el enfoque burocrático y represivo de fondo, respaldado por el Consejo y por la connivencia de la Comisión, que pasa por el Convenio de Dublín y el sistema EURODAC, votaremos a favor de los cambios fundamentales introducidos por la Comisión de Libertades Públicas y en contra de la resolución legislativa que en sustancia da vía libre a este absurdo jurídico que impone a escala europea tener fichados sistemáticamente a los refugiados y a los inmigrados ilegales: una monstruosidad jurídica, política y humanitaria. 
Señor Presidente, Señorías, no voy a pronunciarme sobre las cuestiones de fondo de la propuesta de reglamento tan profundamente analizadas y debatidas en comisión y en Pleno, proceso que culminó con la votación del dictamen del Parlamento en noviembre del año pasado. 
Pero vale la pena- eso sí- manifestar, en consonancia con el ponente, Sr. Pirker, y con la propia Comisión que no comprendemos que en el nuevo texto el Consejo proponga reservarse la competencia de ejecución del reglamento Eurodac, con lo que abandona el régimen antes previsto en que esa competencia incumbía a la Comisión. 
Por un lado, porque el Parlamento sufre, como ya se ha dicho aquí, una reducción de sus derechos, en particular el de ser informado. 
De hecho, la Comisión está obligada, en términos generales, a dar cuenta al Parlamento de los trabajos de los comités o sobre la presentación de propuestas o medidas relevantes dirigidas al Consejo, conforme al artículo 7 de la decisión sobre comitología. 
Con este nuevo texto, esa prerrogativa se desmorona, como resulta evidente. 
Además, porque en esas transferencias hay falta de coherencia jurídica y, encima, falta de sustentación jurídica. 
No se ha respetado el artículo 1 de la decisión sobre comitología, con lo que se viola el artículo 202 del Tratado, pues nada dice sobre las razones que justificarían que se adoptase ese proceso en este caso concreto. 
A nosotros sigue sirviéndonos la teoría general sobre la naturaleza de la Comisión: custodia de los Tratados, equidistante de los Estados miembros, autónoma, independiente y defensora del interés común, a ella, más que a los Estados miembros, compete elaborar, superando barreras y particularismos nacionales, las normas de protección suficientes para el tratamiento de asuntos que entran en conflicto con libertades fundamentales. 
El Consejo le manifestó su desconfianza. 
Sin pretender ser perverso, tal vez se busque un litigio sobre este asunto, lo que abriría la puerta al recurso casi seguro al Tribunal de las Comunidades para retrasar la aplicación global de las nuevas normas comunitarias que están en marcha sobre el derecho de asilo. 
¡A veces en política lo que parece es! 
Por desgracia, señor Comisario- y no por su culpa -, es un asunto en el que no puede apaciguarnos. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario Vitorino la labor que ha realizado. 
Hablo en nombre de algunos diputados a este lado de la Asamblea cuando digo que el presente informe despierta cierta preocupación. 
No estamos del todo satisfechos. 
Desearíamos que hoy no nos encontráramos en esta fase, pero lo miro desde la perspectiva- que comparto con varios colegas- de que no queremos que los solicitantes de asilo sean vistos como delincuentes. 
A los delincuentes se les toma las huellas dactilares, y no debemos asumir, automáticamente ni de ninguna manera, que los solicitantes de asilo deban entrar en esa categoría. 
Muchos de ellos huyen del terror, de la tortura y de otras experiencias. 
Queremos garantizar que en nuestras fronteras no son sometidos, una vez más, a experiencias y prácticas similares. 
Acepto lo ha dicho el Sr. Kirkhope hace unos minutos, de que existen roces y dificultades en el sistema que exigen una solución. 
Otros colegas han hecho referencia al hecho de que se tomen huellas dactilares a niños de 14 años, que ha estado cargado de sensibilidad y emotividad. 
A este lado de la Asamblea somos realistas. 
Por eso defendemos las garantías que se han incluido en el presente informe. 
Y es por lo que preferiríamos que exista un escrutinio parlamentario en la cuestión de la Comisión contra el Consejo. 
Creemos que el Parlamento está para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y garantizar que la política de asilo se aplica de la manera más justa posible. 
Con estas reservas, y sé que hablo en nombre de varios colegas, seguiré la línea de la Sra. Terrón. 
Deseamos suerte a la Comisión en este cometido. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar la Comisión quisiera agradecer a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y, en particular, al Sr. Hubert Pirker la rapidez con que se ha pronunciado en segunda consulta sobre el proyecto Eurodac, así como la calidad de las propuestas formuladas. 
Quisiera comenzar recordando que el Consejo Europeo de Tampere pidió que se concluyera el sistema Eurodac lo antes posible. 
Y de este episodio lo que se puede concluir es que la Comisión y el Parlamento Europeo han actuado con rapidez y celeridad para hacer su parte del trabajo. 
Lo que hoy está aquí sobre la mesa es tan sólo una nueva consulta sobre la cuestión concreta de la comitología. 
No voy a pronunciarme de nuevo sobre las cuestiones de fondo del sistema Eurodac, pero quisiera recordar, en particular a la Sra. Boumediene-Thiery, que, a raíz del debate celebrado en el Parlamento Europeo, la Comisión presentó una propuesta modificada. 
Y, si bien es verdad que dicha propuesta modificada no incluía todas las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, al menos hay que reconocer que la Comisión recogió en ella varias de las propuestas presentadas por el Parlamento Europeo. 
Por eso, sobre la única cuestión que aún está sobre la mesa ahora, que es la de la comitología, la Comisión reitera ante el Parlamento la posición que adoptó ante el Consejo: discordamos de la decisión del Consejo de reservarse para sí el poder de establecer la mayor parte de las normas de ejecución a ese respecto. 
Y ese elemento era esencial en lo relativo a los compromisos que la Comisión asumió ante sus Señorías, ante el Parlamento Europeo, en lo relativo a las razones por las que estábamos dispuestos a participar en un sistema Eurodac. 
Porque uno de los elementos esenciales es el de que, si lo gestiona y ejecuta la Comisión, existe la garantía de una supervisión efectiva por parte del Parlamento Europeo. 
Y algunas de las dudas que existen sobre la legitimidad del sistema Eurodac quedarían despejadas con la combinación de esos dos elementos: gestión y ejecución a cargo de la Comisión, control democrático por parte del Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, consideramos que la decisión del Consejo no está debidamente fundamentada a la luz de los propios principios y criterios que fundamentan las normas de la comitología. 
Por eso, persistiremos en explicar al Consejo nuestra posición, en el sentido de que consideramos que, si se adoptara la solución por la que siempre se ha batido la Comisión, saldrían ganando. 
Por último, quisiera aclarar una vez más al Parlamento que no hemos estado inactivos por esa duda o esa discusión interpretativa en materia de Eurodac: la Comisión ya ha presentado un documento de trabajo, que, por lo demás, ha enviado al Parlamento Europeo, de revisión del Convenio de Dublín. 
Y creemos que la reflexión sobre las insuficiencias y los errores en el funcionamiento del Convenio de Dublín demuestran exactamente la necesidad de que haya una política de asilo en el nivel europeo. 
Y me complace en particular comunicar a sus Señorías que hoy mismo la Comisión ha concretado una parte muy importante del mandato de Tampere en materia de asilo al aprobar una propuesta de directiva sobre las normas mínimas de proceso común en materia de solicitudes de asilo. 
Eso significa que no estamos trabajando de forma fragmentaria, sino que estamos construyendo un puzzle. 
Y ese puzzle requiere la revisión del Convenio de Dublín, la decisión que hoy mismo hemos adoptado de proponer una directiva sobre normas mínimas de proceso común de asilo y también la labor de preparación técnica del sistema Eurodac, que no se han detenido, que prosiguen y que, naturalmente, sólo se podrá ponerlas en práctica cuando haya un fundamento jurídico legal claro e inatacable para desarrollar el sistema Eurodac. 
Una vez más, quisiera agradecer- incluso a los diputados que se han mostrado críticos con la Comisión- el apoyo expresado por diversos escaños para que sea la Comisión la que gestione y ejecute el sistema Eurodac. 
Estamos dispuestos a afrontar ese imperativo, en cuanto el Consejo nos oiga. 
Señor Comisario, antes de abandonar la Asamblea, le invito a que se pase por aquí para que pueda tomarle sus huellas dactilares, y podría acompañarle también el Sr. Pirker. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0222/2000) del Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1998) 678- C4-0707/1998- 1998/0327 (COD) ) por la que se modifica por segunda vez la Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª Directiva específica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (texto pertinente a los fines del EEE). 
. (EN) Señor Presidente, lo primero que debemos preguntarnos acerca del presente informe es: ¿Por qué necesitamos esta directiva? 
Resulta muy interesante examinar las cifras, porque al hacerlo las razones exactas resultan evidentes. 
Las caídas desde una altura representan casi el 10% del total de los accidentes laborales y una de cada diez tiene como consecuencia la invalidez permanente o la muerte de la víctima. 
En la Unión Europea en un año se registran aproximadamente medio millón de caídas desde una altura en los lugares de trabajo, de las que unas 300.000 tienen como resultado ausencias de más de tres días y 40.000 resultan en lesiones graves. 
Lamentablemente, mil de ellas son mortales. 
Muchos de estos accidentes- que en muchos casos pueden evitarse- se deben a que los andamios y las escaleras no se utilizan adecuadamente. 
Según los cálculos de las autoridades de sanidad y seguridad del Reino Unido, el organismo que estudia los accidentes en el lugar de trabajo, cerca del 30% de las notificaciones sobre prohibiciones se refieren a andamios peligrosos. 
De hecho, el 90% de los accidentes que se producen desde las escaleras de mano se deben a su mala utilización. 
Son estadísticas recogidas por grupos del sector, entre otros, y no se deben a fallos de los equipos. 
Las cifras publicadas recientemente por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, indican variaciones muy importantes en las tasas de incidencia de las caídas desde una altura en los distintos Estados miembros. 
Algunas variaciones sugieren que los niveles de salud y seguridad de los trabajadores no son los mismos en toda la Unión Europea. 
Por ello necesitamos establecer unos requisitos mínimos con vistas a proteger a los trabajadores de las caídas desde una altura. 
Los costes reales, tanto en términos personales, para los trabajadores y las familias afectadas, como en términos económicos, para el sector y los sistemas de seguridad social y protección de la salud, justifican la legislación en este sector. 
Miles de millones de libras se destinan al cuidado de los trabajadores que resultan heridos o enferman. 
Esto puede evitarse en buena medida. 
El trasfondo de la presente propuesta apunta a razones adicionales para la introducción de esta legislación. 
Se trata de la modificación de una directiva en vigor relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. 
El Parlamento rechazó, gracias a muchos de mis colegas del otro lado de la Asamblea, una propuesta para incluir los andamios en una enmienda a la anterior directiva. 
La directiva que se adoptó finalmente cubría únicamente dos tipos específicos de equipos de trabajo: los equipos móviles y los equipos para levantar cargas, que son en sí ámbitos muy importantes. 
Si no incluimos las caídas desde una altura, lo único seguro es que se producirán más caídas y la incidencia irá en aumento. 
Si el Parlamento rechaza este añadido, deberá hacerse responsable de las consecuencias. 
En un primer momento, la intención de la Comisión era proponer una directiva relativa a los andamios. 
No obstante, debido a que las caídas graves no se producen únicamente desde andamios, se ha ampliado el ámbito de la propuesta para cubrir la protección de los trabajadores contra todo tipo de caídas desde una altura. 
A pesar de que algunas caídas se producen en ausencia de andamios y escaleras, la propuesta se centra principalmente en los andamios, las escaleras y las técnicas de acceso mediante cuerdas, como podrán comprobar cuando la lean. 
Las normativas en vigor en muchos Estados miembros cubren únicamente el sector de la construcción, por lo que otro de los factores importantes es ampliar el ámbito a otros sectores. 
Asimismo, es importante subrayar, porque algunos parecen estar ligeramente confundidos al respecto, que la presente propuesta se basa en el artículo 138, antiguo artículo 118 A, por el que se establecen las disposiciones mínimas para garantizar un nivel de protección más adecuado de la salud y de la seguridad de los trabajadores. 
No nos referimos a la construcción, al concepto o al diseño de los equipos de trabajo, sino a los riesgos que corren la salud y la seguridad de los trabajadores que utilizan estos equipos. 
Tengo la sensación de que algunas personas en esta Asamblea tienen cierta dificultad para entender esto. 
Asimismo, es evidente la importancia de esta directiva para las personas que trabajan en las alturas. 
Hay quien ha cuestionado la validez de esta legislación, y son libres de hacerlo. 
No obstante, en contra de lo que se ha dicho, esta propuesta no se limita a sugerir que los trabajadores deben recibir formación sobre el uso de las escaleras, ni tampoco prohibe el uso de las mismas. 
Lo que hace es prever la utilización segura de escaleras y de otros equipos. 
Me pregunto si los que critican este informe han trabajado alguna vez en la construcción, como hemos hecho muchos de nosotros. 
Me pregunto si estarían dispuestos a reconocer que son muchas las personas que saben perfectamente lo que puede aportar esta legislación. 
Por último, en lo relativo a las enmiendas presentadas, que no había visto hasta hoy mismo, acojo con satisfacción las enmiendas 22 y 25: la enmienda 22, como segunda opción si la enmienda 5 decae, y la enmienda 25, como considerando, porque se adapta perfectamente al tono de mi informe. 
No obstante, en honor de la coherencia y en consideración de la Directiva marco, que es la base de todo este planteamiento legislativo, no puedo aceptar las enmiendas restantes en estos momentos. 
Señor Presidente, me parece obligado, y quiero hacerlo cortésmente, comenzar felicitando al ponente, Sr. Skinner, por su sensibilidad, por su excelente informe y por la disponibilidad para aceptar las propuestas- creo que bien trabajadas- del Grupo en cuyo nombre tengo el honor de intervenir. 
Ello hace que estemos ante un texto de amplio consenso, y no sólo entre los dos Grupos mayoritarios, pues se trata de un consenso fraguado en la constante comunicación que ha habido con los agentes sociales, empresarios y trabajadores, a través de los sindicatos. 
Consenso que me parece necesario en una materia en la que está en juego la seguridad, la salud, la integridad y la propia vida de los trabajadores. 
Hace unos días, muy pocos, yo daba un paseo por mi ciudad, Vigo, en Galicia, en el noroeste de España, y tuve ocasión de contemplar un amplio cartel de una obra. 
Era una obra de recuperación de una vieja plaza de la ciudad en su casco histórico, y el cartel decía lo siguiente: " Esta empresa respeta la ley. 
Usa equipos y dispositivos de seguridad. 
Si no los conoce, no entre en la obra. 
Infórmenos de cualquier situación de riesgo. 
Ayúdenos, por favor, a cumplir las obligaciones legales de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores ". 
Traigo a colación el contenido de este cartel indicador de obra y de los consejos, prescripciones normativas para los ajenos y los interesados en la obra, porque me parece que viene a representar un resumen de preceptos de una buena política de salud laboral. 
Una buena política de salud laboral debe comenzar siendo de carácter preventivo y en la idea de prevención hay, y tiene que haber, mucho de concienciación, no sólo de trabajadores y empresarios, sino de la sociedad en su conjunto. 
Desgraciadamente, cada día tenemos noticias de accidentes en el trabajo. 
Sabemos bien que el riesgo cero no existe, pero también tenemos conciencia de que la sociedad no debe renunciar a su empeño de dificultar e impedir la conversión del riesgo en siniestro. 
Si ocurre algún siniestro, la responsabilidad puede ser, quizás, del empresario, porque no se ha convencido todavía de que los gastos en seguridad son una inversión. 
O quizás del trabajador, por desprecio del riesgo, por falta de previsión o por la no adopción de medidas y precauciones adecuadas, principalmente en sectores de actividad como la construcción, en los que el carácter temporal de los trabajos o la temporalidad misma del sector- un sector puente, de tránsito desde la actividad primaria, agrícola preferentemente, a los sectores industriales o de servicios -, más aconsejan las medidas de precaución. 
O también quizás de la propia Administración por la insuficiencia, traducida en términos de ineficacia, de los servicios inspectores, asesores o controladores encargados de informar, asesorar o, en su caso, sancionar los incumplimientos de la legislación laboral. 
La salud y la seguridad en el trabajo, y muy especialmente allí donde el riesgo es muy alto, es responsabilidad de toda la sociedad y de todos los sectores implicados, y toda la sociedad tiene que asumir su cuota de responsabilidad y su propio compromiso. 
El empresario debería considerar el gasto en salud laboral como inversión. 
El trabajador debería extremar sus precauciones, reivindicando y defendiendo la utilización de mecanismos de prevención y protección, así como las buenas prácticas en las empresas. 
Los Estados y los Gobiernos deberían adaptar las medidas de promoción de los medios preventivos, de fiscalización de las medidas obstaculizadores del siniestro, también de la sustitución de los métodos administrativos y políticos de lucha contra la siniestralidad laboral. 
Sería conveniente la sustitución del viejo modelo de sanción, que se ha revelado insuficiente e ineficaz, por el método de estímulo, del incentivo, mediante la intensificación de la acción en el conjunto de las empresas o actividades con más alto índice de siniestralidad y de accidentes, y también mediante beneficios y ventajas a la empresas con menor índice de accidentes y con un mayor gasto en prevención y en concienciación. 
También la Comisión y el Consejo deberían fijar condiciones mínimas que pueden parecer a algunos estrictas, pero que permiten mejorar las condiciones de trabajo y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, armonizando la legislación en un mercado de libre circulación de trabajadores. 
De este modo, los ciudadanos europeos percibirán una Europa más próxima que se ocupa de sus problemas, de lo que a ellos les preocupa y les interesa. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al ponente, Sr. Peter Skinner, por su esfuerzo de moderación y conciliación de los diversos intereses con vistas a que el Parlamento haga una contribución positiva y consensuada para mejorar esta excelente propuesta de la Comisión. 
La negligencia en la organización del trabajo, la falta de equipo adecuado de seguridad personal y colectiva, la escasa formación y el elevado número de trabajadores independientes son las principales causas de las elevadas siniestralidad y muerte en el sector. 
Si se comparan con otros sectores similares, los riesgos que la actividad de construcción civil entraña son aún mayores. 
En esta segunda mitad del siglo, la actividad ha aumentado frenéticamente y es constante el recurso a trabajadores inmigrantes, a subcontratistas. 
Además de los aspectos ya mencionados, se agravan los problemas de comunicación y organización y se suele desatender la seguridad colectiva de las obras de construcción y diluir la responsabilidad. 
Nunca está de más reafirmar que todas las directivas relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores y, en particular, la formulación de la responsabilidad, que figura en la Directiva 89655/CEE están en vigor y compete al empleador, al dueño de la obra, la responsabilidad por los accidentes que ocurran, pero también su prevención. 
En la persona del encargado de la seguridad de la obra recae la obligación de evaluar el riesgo y certificar que se ha hecho la supervisión del equipo de prevención utilizado por todos cuantos tengan acceso a la obra, independientemente de su función, vínculo o tiempo de trabajo. 
En la Unión Europea la evaluación de los riesgos se ha hecho a "paso de caracol" y esta segunda revisión es una señal positiva que queremos apoyar e incentivar intensamente. 
Aun en un análisis economicista, es preocupante comprobar que en 1996 de cada 100.000 trabajadores de la Unión Europea 4.229 estuvieron de baja más de tres días por accidentes laborales. 
En ese año hubo cuatro millones setecientos mil accidentes. 
Los accidentes mortales, aunque han experimentado una reducción de 13%, a la que no es ajena la acción de la Comunidad entre 1994 y 1996, representaron aún 5.549 muertes en 1996. 
Se calcula que el perjuicio en dicho año para la economía europea fue de 146 millones de días de trabajo perdidos. 
Resulta particularmente pertinente para el debate de la directiva ya citada que el sector de la construcción, aun no siendo el que registra mayor número de accidentes, tenga el mayor número de accidentes mortales, sólo comparable con el de los transportes terrestres. 
Europa no puede ser el modelo social más avanzado del mundo y permitir que las personas cuenten poco y el valor de su vida se reduzca a un número. 
Los hombres y sobre todo los jóvenes hasta los 25 años son las principales víctimas de accidentes laborales, pero la probabilidad de muerte aumenta con la edad, pues es mayor para los que tienen entre 55 y 64 años, más alta en las empresas más pequeñas (hasta 50 trabajadores) y en los trabajadores independientes, en los que se da una tasa de incidencia que representa el 73,1 del total de los casos. 
Lo que nos obliga a afrontar la necesidad de medidas relacionadas con profesiones de desgaste rápido, teniendo en cuenta la preparación de los jóvenes, de soluciones multidisciplinarias relacionadas con la formación y la preparación, así como la calidad de las PYME que existen en ciertos sectores. 
Desde la famosa investigación realizada en 1907 en los Estados Unidos, se estudian la identificación, el registro obligatorio, la causa de muerte, la edad del empleador, la edad del trabajador, el empleador, el nombre, la circunstancia, el accidente, para determinar los gastos y las obligaciones que permitan proteger mejor a los trabajadores... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, como ya han mencionado varios oradores, las caídas desde las alturas constituyen de los grupos más graves de accidentes laborales que tenemos y con este informe, que forma parte de una ampliación de la directiva sobre seguridad y salud con respecto al uso de equipos de trabajo, nos disponemos a tomar cartas en este problema. 
En nombre del Grupo ELDR me gustaría decir que en conjunto consideramos el resultado como un avance. 
Las normas cuya introducción proponemos tienen a grandes rasgos un funcionamiento claro y al mismo tiempo parecen respetar y tener en consideración la necesidad de que las empresas puedan poner en funcionamiento las normas en la práctica y en el día a día. 
Pues debemos recordar que aunque el propósito de lo que aprobamos sea tan positivo y loable, no es tan seguro que las consecuencias sean siempre como esperamos y por ello uno de nuestros objetivos ha de ser siempre la formulación de normas tan sencillas y precisas como sea posible y garantizar que haya lugar para la flexibilidad que es necesaria en el mercado laboral. 
Este equilibrio entre el deseo de normas claras y la necesidad de flexibilidad y diversidad me parece que es algo que se ha esforzado por hallar nuestro ponente, Peter Skinner, y debemos agradecérselo como debemos agradecerle en suma su forma conciliadora de trabajar. 
Por otro lado, creo que también será importante en el futuro que trabajemos por reducir el riesgo de accidentes aumentando nuestros conocimientos sobre cómo se producen estos accidentes. 
¿De cuántos accidentes se habla? 
¿Cuándo se producen? 
¿Qué podemos hacer para impedirlos? 
Creo que el trabajo puesto en marcha con la Agencia Europea del Medio Laboral radicada en Bilbao podrá contribuir positivamente a reducir las cifras de accidentes hallando respuesta a estas preguntas y empleando éstas constructivamente. 
Es un camino acertado para recorrerlo: las autoridades en colaboración con los interlocutores sociales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, nos ocupamos de un informe del que todos ya han dicho cuán útil y necesario es. 
Se trata, por supuesto, de la seguridad al utilizar escaleras, andamios y cuerdas, al efectuar trabajos en altura, y también de vez en cuando cerca de una oquedad peligrosa. 
Los muchos accidentes y también la hasta ahora inadecuación de las directivas constituyen, naturalmente, el trasfondo de este informe. 
De ahí que resulte útil y necesario que se presente semejante informe; ha tardado mucho, pero todo el mérito corresponde al Sr. Skinner, quien finalmente ha logrado su realización. 
No obstante, es un informe problemático en cierto sentido, no porque sea innovador, sino porque el sector del que hablamos es muy diverso. 
Tiene que ver con personas que trabajan en el sector servicios, en el sector de mantenimiento, pintores, limpiacristales. 
Los trabajos en altura no siempre ocupan mucho tiempo, sino que a menudo duran poco. 
Eso significa que las definiciones que manejemos no deben ser vagas, sino concretas. Los compromisos que adoptemos deben mantenerse y muchas veces no es ése el caso. 
Ya he señalado que algunas definiciones son vagas. 
Me refiero a las definiciones de "corta duración" y "riesgos limitados". 
Existe un exceso de regulación en el caso de, por ejemplo, las risk assessments, aun cuando se trate de dos personas. 
Hemos discutido una parte en la comisión, y se ha eliminado del informe, produciéndose una mejora. 
Esto me satisface y deberíamos avanzar en ese sentido. 
Echemos un vistazo a algunos aspectos tales como, por ejemplo, el suelo de un andamio; aunque, por supuesto, debe fijarse, no siempre puede ser inmóvil, sí que no debe resbalar. 
Hay que evitar el desplazamiento de los andamios móviles, pero no siempre puede indicarse de forma completa. 
No pueden ponerse señales de advertencia por todas partes. 
Las escaleras de mano deben fijarse y resultar seguras, pero sí deben continuar siendo manejables. 
De ahí que hayamos propuesto que algunas enmiendas se voten por separado, de manera que todos podamos mejorar estas partes vulnerables de la directiva. 
Señor Presidente, estoy indignada al ver que el problema de los accidentes originados por caídas en el trabajo es capaz de levantar tanta oposición y no puede ser resuelto más rápidamente. 
Con todo, el propio ponente recuerda hasta qué punto es urgente, ya que contabiliza 500.000 accidentes anuales sólo en este campo, que provocan al menos 40.000 heridos graves y un millar de muertos. 
Sin embargo, el ponente no deja de señalar que las empresas constructoras se oponen a cualquier tipo de condicionante y, de resultas, el informe evita cuidadosamente poner en evidencia la responsabilidad de las empresas. 
A pesar de todo, los fallos técnicos de los andamios y demás sistemas, pero sobre todo las malas condiciones laborales, los turnos de trabajo y los horarios, son sin duda el origen de los accidentes laborales. 
El informe pide que los empleadores tomen medidas si no para poner fin a esta hecatombe, al menos para limitarla. 
Si se decidiera tomar medidas urgentes obligatorias para los empleadores, las apoyaría de inmediato, pero dudo que esto sea posible, considerando lo respetuoso que se muestra este Parlamento con los intereses de la patronal. 
Y mientras tanto, decenas de miles de asalariados siguen pagando un pesado tributo a la explotación capitalista con su salud, y a veces con su vida. 
Señor Presidente, suscribimos y valoramos el trabajo realizado por el Sr. Skinner, aunque creemos que, dadas las premisas y en particular las repercusiones de la materia, el mismo podía haber sido algo más incisivo a la vista, entre otras cosas, de los once años transcurridos desde la primera directiva sobre este asunto y de las carencias existentes en la directiva de hace cinco años que la modificó. 
Nos damos cuenta de las posiciones de mayor o menor sensibilidad respecto a estos temas, también dentro de este mismo Parlamento, y de las perplejidades suscitadas en orden a una normativa más rigurosa o a los mayores costes a cargo de las empresas. 
Sin embargo, y para decirlo del mismo modo que el ponente, debemos preguntarnos cuánto vale la vida de un trabajador o su invalidez. 
En efecto, los accidentes laborales siguen siendo un azote para el mundo del trabajo en todos los Estados de la Unión, aunque con porcentajes diferentes en los distintos sectores. 
Ciertamente esto puede atribuirse a una pluralidad de factores que juegan en distintos sentidos de cara al aumento o la disminución del fenómeno, sin embargo, ahora nos encontramos ante un daño irrefutable, válido para el conjunto de los Estados miembros que tristemente da fe de que las caídas desde una altura representan el 10% del total de los accidentes laborales. 
Hay que decir que el Comité Económico y Social en su dictamen sobre el asunto no solo ha puesto de manifiesto con claridad y propiedad la envergadura del problema, sino también y ante todo las vías de solución: un planteamiento, ese, ciertamente valorizado por el Sr. Skinner, a partir de la necesidad de reforzar la terminología en la materia, di incidir en la organización del trabajo, de ofrecer una formación y una información específica a los trabajadores implicados. 
No obstante, también cabe decir que la solución pasa también por la elaboración y la publicación por parte de la Comisión de orientaciones más detalladas y más vinculantes en materia de prevención que permitan, entre otras cosas, superar la fragmentación de las competencias sobre la materia y que, al propio tiempo, prevean junto con controles más obligatorios, un sistema de medidas premiales en favor de las pequeñas y medianas empresas, al objeto de convertir en efectiva y eficaz la aplicación de las normas de seguridad en el trabajo. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quiero agradecer al Sr. Skinner su buen informe sobre el complejo tema de la seguridad y la protección de la salud en lo que respecta a los equipos de trabajo, así como su buena disposición a tomar en consideración algunos planteamientos importantes del Grupo del PPE. 
El Sr. Pérez Álvarez ya los ha expuesto. 
El informe no me satisface en todos sus puntos. 
En la segunda lectura va a ser necesario introducir algunas rectificaciones, pero el Grupo del PPE está dispuesto a aceptarlo de manera general. 
En su forma actual, el informe ya toma en consideración algunas objeciones que también plantearon las PYME y pide una capacitación específica, evidentemente sólo en lo que respecta a la instalación de escaleras y andamios utilizados como espacios de trabajo. 
Sin duda, igual que ocurre con todos los textos legislativos, existen redactados de ámbito nacional- y también regional- que pueden provocar alguna sonrisa, si es que es posible seguir tomándose a broma esta cuestión. 
A mí se me heló la sonrisa cuando leí las estadísticas europeas sobre accidentes laborales y al volver a escucharlas aquí de nuevo. 
No voy a entrar en más detalles, que ya se han expuesto repetidas veces. 
Sin embargo, quisiera añadir una observación fundamental. 
No sólo las medidas de protección tienen un coste. 
La continuidad del pago del salario, los subsidios de enfermedad, y las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad, suponen un importante desembolso para las empresas y para el erario público. 
En este contexto queda patente la productividad de una política social moderada. En este caso, la prevención es mejor, más barata y más humana que una política social a posteriori. 
No debemos actuar sólo cuando el daño ya está hecho, sino evitar que éste ocurra. 
Pero ¿y la subsidiariedad? , se preguntan muchos. 
Este principio no significa que Europa no esté autorizada a intervenir nunca. 
La definición de Quadragesimo anno es la que más me gusta: subsidiariedad- en caso de duda, dar prioridad a la unidad más reducida y al acuerdo entre los interlocutores sociales frente a la normativa estatal o de la UE, esto último lo añado yo. 
Sin embargo, cuando la unidad más reducida no puede cumplir la tarea en beneficio del bien común, entonces debe intervenir la unidad superior. 
Por esto se enraizaron unas normas europeas mínimas en los Tratados de la UE, sobre todo en los años ochenta, cuando en Europa predominaban los Gobiernos demócratacristianos y conservadores; es decir, que este también es un objetivo demócratacristiano. 
Además, la seguridad en el trabajo ya se empezó a definir a escala internacional desde la revolución industrial del siglo XIX. 
El gran estadista conservador británico Benjamin Disraeli fue uno de los padres de la protección de la seguridad en el trabajo. 
La Europa continental adoptó las leyes inglesas y las enraizó asimismo en convenios internacionales, y una dimensión social europea resulta ciertamente necesaria en el siglo XXI, a la vista de los procesos de globalización y europeización. 
Deseamos la europeización de la economía. 
Ya tenemos la Unión Monetaria. 
Una mera regionalización o incluso una provincialización de la política social no puede ser la respuesta en este contexto. 
Unas normas mínimas implican la subsidiariedad. 
Cada país puede organizar a su manera la protección de la seguridad en el trabajo, siempre que se respeten las normas mínimas europeas. 
Nosotros, en el PPE, nos oponemos a unas normas europeas máximas. 
En Alemania, el marco se completa con los actos normativos de los interlocutores sociales. 
Hay normas alemanas, un andamiaje de disposiciones laborales y protectoras. 
Hay reglamentos que de las mutualidades de trabajo, en ejercicio de sus competencias normativas, y sólo a continuación interviene la ley de prevención de accidentes. 
Todo ello puede ser objeto, por otra parte, de tantas criticas como se quiera, desde el punto de vista estilístico y en otros aspectos, por lo que respecta a muchas disposiciones prácticas detalladas. 
Pero yo les aseguro que un milímetro de esas disposiciones prácticas es más valioso para los ciudadanos y los asalariados de los Estados miembros que mil kilómetros de grandes declaraciones y grandes ideologías. 
Señor Presidente, como señala el buen informe del ponente, las cifras publicadas recientemente por la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, con sede en Bilbao, recogen resultados muy dispares en cuanto a accidentes laborales entre los diferentes Estados miembros debido a que estos últimos no están aplicando criterios estadísticos homogéneos. 
Urge, pues, el establecimiento de normas armonizadoras a nivel comunitario para poder contar con datos comparables y evaluar los resultados de las políticas de prevención en cada Estado, comunidad o región europea a fin de que no haya trabajadores de primera, segunda o más clases, sino que todos ellos estén protegidos por normativas y exigencias de seguridad de la misma calidad. 
Es también cierto que se necesitan más inspectores de trabajo para que las empresas respeten suficientemente la normativa, pero no es menos verdad que las instituciones y empresas públicas deben comenzar dando ejemplo de todo ello y sin embargo, todavía hoy, muchas actividades y centros de trabajo de los entes públicos no cuentan con los debidos planes de prevención de riesgos laborales señalados en las directivas comunitarias. 
Por ello quiero hacer un llamamiento a todos los gestores públicos europeos para que se esfuercen en ser los primeros en cuanto al cumplimiento de la normativa, de modo que los gestores privados no puedan excusarse con la desidia institucional. 
La Comisión propone una modificación de la directiva sobre la salud y la seguridad en el trabajo. 
El presente informe sugiere que la directiva debería ser más larga y minuciosa. 
Los Conservadores del Reino Unido creemos que deberíamos votar en contra por esa misma razón. 
No se trata de si la salud y la seguridad en el trabajo es un asunto importante o no. 
No se trata de si las recomendaciones del informe son sensatas o no. 
Muchas de ellas lo son y Peter Skinner ha reflexionado mucho en la elaboración de su informe. 
Se trata de cómo el Parlamento Europeo debería utilizar su tiempo y de dar la impresión de que lo aprovecha. 
Se trata de en qué prioridades debería centrarse el Parlamento. 
Si trata de saber si la Comisión y el Parlamento Europeo deberían prescribir los pormenores del trabajo y de las vidas de las personas. 
En el Reino Unido existe un problema, aunque no es exclusivo del Reino Unido. 
Existe la sensación de que la UE está interfiriendo. 
A menudo se considera que el Parlamento Europeo interfiere aún más. 
Se considera que no se centra en los grandes temas. 
Nuestros electores nos preguntan por qué deberían votar a alguien en las elecciones europeas. 
Preguntan: ¿qué están haciendo por nosotros? 
¿Qué debemos responder? 
Tenemos la oportunidad de decirles que nos ocupamos de los grandes temas que a ellos preocupan, que podemos contribuir a mejorar la paz, la seguridad, la prosperidad, el medio ambiente y la calidad de vida- asuntos que realmente son más fáciles de mejorar a nivel europeo. 
O podemos responder que la UE, a través de la Comisión y el Parlamento, se propone decidir si es legal o no que alguien permanezca al pie de una escalera de mano sujetándola, mientras otra persona sube por ella. 
De eso es de lo que hoy estamos tratando. 
Rechacemos este último ejemplo de burocracia impuesta desde arriba. 
En un momento u otro, el Parlamento deberá emitir una señal inequívoca respecto a los fines reales que persigue, sus prioridades. 
Yo digo: hagámoslo ahora. 
Estoy muy agradecida por la oportunidad de intervenir a continuación de mi colega Philip Bushill-Matthews, porque comparto muchas de las inquietudes que él ha manifestado. 
Creo que la presente propuesta no supone ningún mérito para la Unión Europea ni para esta Asamblea. 
Creo que si la Unión Europea- e incluso, el Parlamento Europeo- desean que la población de Europa los tome en serio, éste es precisamente el tipo de legislación que deberían evitar, porque todos sabemos que la salud y la seguridad y la seguridad de los trabajadores es una prioridad para todos los Estados miembros, como debe ser. 
Pero una norma a nivel europeo en este caso no tiene ninguna justificación. 
No existe ninguna razón para creer que los Estados miembros, actuando de manera uniforme, puedan realmente atajar este problema de manera más eficaz que si los Estados miembros actúan a nivel individual y, sobre todo, nada justifica tanto interés en los aspectos ordinarios de las vidas laborales de las personas. 
No tiene ningún sentido legislar sobre cómo deben subirse a una escalera los europeos. 
Eso no debería ser prioritario para esta Asamblea. 
El número de pormenores es demasiado elevado para que esta Asamblea se ocupe de ellos y sólo se conseguirá ridiculizar a la Unión Europea, porque éste es precisamente el tipo de injerencia que tanto molesta a muchos ciudadanos de la Unión Europea. 
En vez de ocuparnos de este tipo de injerencias, deberíamos abordar temas en los que es constructivo que los Estados miembros trabajen unidos y desarrollen normas comunes. 
Una norma común, uniforme y centralizada sobre cómo hay que subirse a una escalera de mano no es necesaria y es una intromisión indeseable en el modo en que las personas gestionan su entorno laboral. 
Podemos confiar en las personas de Europa para decidir por sí mismas cómo subirse a las escaleras de mano. 
Creo que no es necesario realizar una evaluación de los riesgos cada vez que alguien se propone utilizar una escalera. 
Como afirmará cualquiera que trabaje en el hogar, el uso de escaleras de mano es muy común y muy frecuente y, sí, ocurren accidentes, pero no creo que este tipo de directiva elimine jamás dichos accidentes. 
Lo único que conseguirá es añadir una capa más de burocracia europea y de trámites que deberá cumplir el colectivo de empresas, que ya se siente asfixiado por el peso de los tramites burocráticos. 
Como ha dicho mi colega, es hora de un cambio. 
Es hora de que este Parlamento comience a ocuparse de los asuntos que preocupan a los ciudadanos de Europa y deje de abocarse a los pormenores que de nada sirven para garantizar realmente la protección de los trabajadores. 
De hecho, lo único que está consiguiendo es desacreditarse a sí mismo y a la Unión Europea y cargar a las empresas europeas con una capa de costes y de burocracia que apenas pueden soportar. 
Debo expresar mi asombro por las dos intervenciones que acabamos de escuchar, una del Sr. Bushill-Matthews y la otra de la Sra. Villiers. 
Parecen entregarse a una profecía de acarrea su propio cumplimiento. 
Lamentan que el Parlamento Europeo sea visto como un organismo que se dedica a trivialidades y a generar burocracia y, sin embargo, dedican su tiempo a emitir comunicados de prensa en los que califican los importantes aspectos de la legislación sobre la salud y la seguridad de nada más que trivialidades y burocracia. 
No es sorprendente que los medios de comunicación británicos proyecten el tipo de imagen que ellos describen. 
Ésta es una legislación muy importante sobre la salud y la seguridad, que mejora el corpus de la legislación que hemos adoptado a nivel europeo durante los últimos veinte años. 
No es trivial para las familias de las 500.000 personas que cada año caen desde una altura en el trabajo. 
300.000 de estos accidentes son lo suficientemente graves como para ocasionar ausencias de más de tres días. 
40.000 de estas caídas son muy graves y 1.000 provocan la muerte. 
Intenten explicar a las familias afectadas que éste es un tema trivial. 
No lo es. 
Es un asunto muy importante y todos los estudios, incluidos los del Eurobarómetro y los de las PYME, incluidos los realizados por el anterior Gobierno británico, demuestran que las propias PYME reconocen la importancia de una buena legislación en materia de salud y seguridad. 
Lamento que una pequeña minoría del PPE haya roto de este modo el consenso que conseguimos en este importante ámbito político. 
Realmente es absolutamente deplorable, y todos- a lo largo y ancho del espectro político- deberíamos dejar claro que no toleraremos este tipo de comportamiento de esa minoría. 
Se ha descrito la directiva como burocrática. 
Pero léanla, lean la propuesta. 
¿Es onerosa? 
¿Es pesada? 
¿Exige voluminosas y minuciosas evaluaciones de riesgos antes de realizar un trabajo en altura? 
La respuesta es no, y es una directiva muy fácil de entender, de leer y de aplicar, y así debería ser descrita. 
Debería ser descrita como una directiva que hace una valiosa contribución a la prevención de accidentes y muertes en la Unión Europea. 
Por favor, no se dediquen a trivializar para luego venir aquí y, de una manera hipócrita, mostrarse sorprendidos de que esta institución se ponga en ridículo. 
Ustedes son los responsables de eso. 
Paren de una vez, por favor. 
Señor Presidente, yo quiero anunciar ya de entrada que mi delegación no va a denegar su voto al informe Skinner sobre la segunda modificación de la Directiva relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud laborales. 
La protección de la salud de los trabajadores- que es la finalidad de fondo- es un objetivo que todos compartimos. 
Nadie quiere exponerse a que le acusen de antisocial y la adopción de unas normas mínimas de ámbito europeo sin duda también está justificada. 
Además, la propuesta se ajusta al Tratado UE y el ponente merece por ello nuestro agradecimiento. 
No obstante, resulta incomprensible que los europarlamentarios se dejan acorralar siempre en el dilema entre exponerse al reproche de que mantienen actitudes antisociales o convertirse en un hazmerreír. 
Desde luego, resulta incomprensible que haya que prescribirle al ciudadano mayor de edad cómo debe subir o bajar por una escalera, que antes de utilizar una escalera debe realizar una evaluación de los riesgos, que debe evitarse en la medida de lo posible que dos personas utilicen simultáneamente la misma escalera, o que la permanencia en la misma no debe superar los treinta minutos ni- todo un detalle- un 25% de la jornada laboral total. 
El informe Skinner pasará a la historia de esta Asamblea como el informe sobre las escaleras, y los ciudadanos de la Unión Europea se preguntarán con razón si no tenemos nada mejor que hacer que dedicarnos a concretar cosas evidentes que en realidad son una cuestión de sentido común y están fuera de lugar en una directiva europea y también en el correspondiente informe del Parlamento como parte del procedimiento de codecisión. 
De hecho, no es la primera vez que informes con un componente social exhiben tales absurdos. 
Si los diputados se ven obligados a romperse la cabeza para determinar la constitución física de los europeos, con objeto de establecer unas normas para los asientos de los tractores que se adecuen a sus dimensiones medias, o para decidir en qué condiciones se comercializan los tomates en rama, la imagen profesional de un eurodiputado, pero también el sentido de las instituciones europeas, quedan muy menoscabados, aparte de que estas disposiciones detalladas y este afán regulador también pueden llegar a ser contraproducentes. 
Otro tanto cabe decir sobre las normas nacionales sobre protección laboral, dicho sea de paso. 
En el caso de la contratación de aprendices, dichas disposiciones protectoras a menudo tienden a actuar como un disuasivo, a pesar de todos los incentivos financieros, y a contribuir, por tanto, al paro juvenil, en vez de mitigarlo. 
Por otra parte, el informe Skinner pone sobre la mesa el interrogante fundamental sobre qué debe y qué no debe hacer Europa. Es decir que plantea el tema de las competencias y de una subsidiariedad razonable. 
No podemos ni debemos seguir eludiendo este debate. 
Éste no afecta sólo a la Conferencia Intergubernamental y a la forma de organización de la Unión Europea, para la cual es preciso encontrar una solución satisfactoria con vistas a la próxima ampliación. 
Es un tema que también guarda relación con la tantas veces invocada aceptación de la Unión por parte de los ciudadanos. 
Necesitamos más Europa en el ámbito de la seguridad interior y exterior, en la defensa de nuestros intereses en el contexto de la competencia mundial, en el ámbito de la política monetaria y en la realización del mercado interior. 
Pero no necesitamos ninguna intervención de Europa que menoscabe la responsabilidad de los Gobiernos, de las corporaciones locales y en último término también del individuo, y le ponga bajo tutela. Por consiguiente, quiero aprovechar el debate del presente informe para insistir en la petición de un debate sobre las competencias una vez finalizada la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, seamos claros y digamos que en este Parlamento todos queremos sólo lo mejor. 
Dejemos en claro que nadie en este Parlamento desea otra cosa que la disminución del número de accidentes, especialmente de los accidentes mortales, en todos los centros de trabajo de esta hermosa Europa y en nuestros países miembros. 
No obstante, aclaremos también entre nosotros- me dirijo a algunos oradores que me han precedido- que hay diferentes opiniones acerca del nivel adecuado para adoptar esta importante decisión. 
Después de haber escuchado a Hughes, tengo enorme confianza en que el gobierno laborista inglés y otros estén profundamente interesados en este tema. 
Después de escuchar al Sr. Menrad creo firmemente que el Partido Demócrata Cristiano alemán está profundamente interesado en este tema. 
Puedo garantizar que los siete partidos suecos con representación parlamentaria, especialmente el Partido Demócrata Cristiano, se preocupan de este asunto. 
También puedo garantizar en este contexto que las organizaciones sindicales y la opinión pública están muy interesadas y quieren dictar leyes para disminuir drásticamente los accidentes mortales. 
¿Qué es entonces, señor Presidente, lo que nos hace pensar que habiendo más de 15 parlamentos nacionales sea precisamente el Parlamento Europeo el foro adecuado para adoptar decisiones en esta materia? 
A la luz del principio de subsidiariedad, o de cercanía, permítame expresar mis dudas acerca de la conveniencia de tratar este tema en el Parlamento Europeo. 
Por ejemplo, en la enmienda 14 punto 4.2.2 se expresa textualmente: " El deslizamiento del pie de las escaleras de mano se impedirá antes de su utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, o bien mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
De forma prioritaria, la escalera deberá fijarse establemente adoptando todas las medidas posibles para el anclaje. 
La escalera de mano para fines de acceso tendrá la longitud necesaria para sobresalir suficientemente del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de varios planos se utilizarán de forma que estén seguras. 
No se permitirá la sujeción por otra persona como medida de seguridad ". 
Señor Presidente, este texto es muy optimista y bienintencionado. 
Puedo garantizarle que donde vivo, en la ciudad de Mora, en la región de Dalarna, y en el parlamento sueco y en otros parlamentos nacionales, existe preocupación por este tipo de cosas. 
¿Es apropiado, en virtud del principio de subsidiariedad de Maastricht y del Tratado de Amsterdam, que el Parlamento Europeo legisle con este alto grado de detalle? 
Hay que intentar, en cambio, que las directivas fijen metas. 
De este modo podremos dejar que los Estados miembros, los pueblos y sus representantes elegidos en los parlamentos nacionales y gobiernos, se encarguen de que existan reglas para impedir que se corran riesgos innecesarios en la vida laboral. 
Dejemos que ellos elijan las normas más adecuadas para alcanzar las metas de las directivas. 
Ya existen leyes nacionales en esta materia y se sigue legislando. 
Las partes del mercado laboral también son muy activas. 
Fundamentándonos en el principio de subsidiariedad, los cristianodemócratas suecos votaremos en contra de este informe. 
. (EN) Quisiera felicitar al Sr. Skinner por haber sabido formular con tanta habilidad una serie de compromisos que encuentra el justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego. 
El resultado es un documento que ciertamente se ha ganado una aprobación considerable, lo cual es todo un logro para esta política tan importante. 
Este texto es una buena respuesta a los votantes del Sr. Bushill-Matthews y a lo que Europa hace por ellos. 
Es algo concreto y afecta a la vida diaria de las personas. 
Utilizando un lenguaje empresarial, quisiera decir que esta directiva está basada no sólo en la solidaridad social y en la justicia social, sino también en aspectos de la competencia. 
Es por lo que intentamos ayudar a los países candidatos a desarrollar y aplicar políticas en materia de salud y seguridad. 
Estas políticas en materia de salud y seguridad son la principal prioridad de la agenda social de la Comisión. 
Aparte de atender los compromisos específicos recogidos en dicha agenda, hemos comenzado a preparar una comunicación sobre la salud y la seguridad y futuras estrategias en este ámbito. 
El Parlamento Europeo tiene muchas ideas nuevas y esperamos su contribución a dicha comunicación. 
Pasando al texto que nos ocupa, es la segunda modificación de la Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. 
Su objetivo es evitar caídas desde una altura a través del establecimiento de unas disposiciones mínimas sobre la utilización de los equipos de trabajo, como escaleras de mano y andamios. 
Las caídas desde una altura son la causa de más del 10% de los accidentes laborales y una de cada diez de estas caídas tiene como resultado la invalidez permanente o la muerte de la víctima. 
Es un problema especialmente grave, oneroso para las empresas y para la sociedad y, lo que es más importante, ocasiona sufrimiento y tragedias humanas a las personas directamente afectadas y a sus familias. 
La propuesta actual es un paso muy importante hacia la realización de algo concreto al respecto. 
Acojo con satisfacción el amplio apoyo del Parlamento. 
Es evidente que se trata de algo más que de burocracia. 
Debido a que mi respuesta debe tratar sobre los pormenores técnicos, porque las normas de este procedimiento así lo exigen, debo ceñirme al texto escrito. 
Respecto a las enmiendas presentadas por el Parlamento y a las ideas que las sustentan, nos complace aceptar las enmiendas 2, 3, 4, 9, 11, 15, 20 y 22 en su estado actual. 
En cuanto al texto de las enmiendas 10, 13, 14 y 18, la Comisión está de acuerdo con los principios que impulsan las modificaciones propuestas y puedo aceptar la mayor parte de los textos presentados. 
No obstante, proponemos algunas modificaciones o añadidos, principalmente para estar seguros de que tenemos en cuenta todas las situaciones posibles y no creamos lagunas involuntarias en la red de seguridad que nos proponemos tejer con la presente iniciativa. 
Respecto a la enmienda 10, estamos de acuerdo con la inclusión de una referencia a la evaluación previa de los riesgos, pero preferiríamos una formulación diferente que especifique las circunstancias para la utilización de escaleras de mano. 
Asimismo, respecto a la enmienda 13, compartimos el deseo de garantizar que no exista la obligación implícita de utilizar plataformas móviles, pero creemos que la mejor forma de lograrlo es con el texto original, con el posible añadido de la frase "de dimensiones adecuadas". 
Asimismo, la enmienda 14 mejorará la directiva, pero para evitar el riesgo de una posible interpretación diferente en el futuro, preferiríamos una ligera modificación del texto, que incluya el mantenimiento del requisito de impedir que los tramos de una escalera telescópica se muevan unos respecto a otros. 
La causa es que incluso los movimientos repentinos más ligeros, que no representan una amenaza para la seguridad de la escalera, pueden ocasionar la pérdida de equilibrio y la caída del trabajador. 
Estamos de acuerdo con la idea principal de la enmienda 18 y las referencias a la fijación de las plataformas y la prevención de desplazamientos involuntarios. 
No obstante, debemos rechazar la referencia a las "superficies portantes", porque pueden dar lugar a confusión sobre lo que se entiende por "plataforma". 
También debemos rechazar la referencia a las tablas que forman la plataforma del andamio, ya que ello implica que los sistemas de andamios que utilizan tablas prefabricadas no están cubiertos. 
Asimismo, las enmiendas 16 y 19 sólo necesitan una ligera modificación para evitar posibles malentendidos más adelante. 
Por último, no podemos aceptar las enmiendas 1, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 24, 25 y 26. 
No es una cuestión de desacuerdo político, sino sencillamente que las enmiendas 6 y 7 alteran los textos estándar ya aceptados, y las otras enmiendas repiten lo que ya se ha dicho en otra parte. 
Debemos intentar por todos los medios mantener la legislación comunitaria lo más sencilla posible y evitar cualquier incoherencia en el marco general. 
Esto es especialmente importante en el ámbito de la salud y la seguridad, en el que a veces surgen dificultades a la hora de aplicar las normativas debido a su complejidad. 
Respecto a la enmienda 1, el tema ya está cubierto por el texto. 
Del mismo modo, la definición de "dispositivos de protección colectiva contra caídas" que se da en la enmienda 8 no es necesaria. 
Estos dispositivos ya han sido mencionados en la directiva básica y no existe ningún riesgo de que se produzca confusión. 
Asimismo, la enmienda 21 es innecesaria, ya que este ámbito ya está cubierto por la Directiva 92/57/CEE y hace referencia a un apartado específico. 
Una vez más, si repetimos algo que ya se ha definido, existe la posibilidad de interpretaciones encontradas. 
La enmienda 5 está cubierta por la enmienda 22, que ha sido aceptada tal como está. 
La enmienda 6 cubre la formación, que ya está incluida en el considerando 7, y la investigación, que no entra en el ámbito de la presente directiva. 
Asimismo, el considerando 7 utiliza una formulación estándar. 
Existen, pues, varias razones para no aceptar la enmienda 6. 
La enmienda 7 propone una modificación del apartado 3 del artículo 2. 
Se trata de una formulación estándar y, por consiguiente, la Comisión no acepta que se cambie eso. 
La Comisión no puede respaldar la enmienda 23 porque el tema de los comités de empresas que se encargan de la salud y la seguridad ya ha sido abordado debidamente en la directiva marco y según la cual, las especificaciones reglamentarias es una cuestión subsidiaria de los Estados miembros. 
Las enmiendas 24 y 25 deben ser rechazadas porque la formación ya está cubierta adecuadamente, en especial, a raíz de las enmiendas 16, 19 y 22. 
A pesar de su simplicidad, la Comisión no puede respaldar la enmienda 26, porque preferimos especificar las circunstancias para la utilización de las escaleras de mano. 
Resumiendo, me complace que estemos de acuerdo en todos los temas principales, y nuestras diferencias radican en un puñado de aspectos técnicos. 
Repito mi agradecimiento por su amplio trabajo que mejorará la protección de los trabajadores del ramo. 
Con la presente iniciativa mejoraremos la protección que nos proponemos proporcionar. 
. (EN) Señor Presidente, me complace comprobar que la tradición de hablar con la Sra. Comisaria sigue viva y goza de buena salud. 
Me han complacido mucho los comentarios que ha hecho. 
Espero que mañana se aprueben las enmiendas del Parlamento y estoy seguro de que se aprobarán, a pesar de que en este Parlamento hay elementos que no parecen querer unirse a los demás y de que celebraremos unas conversaciones interesantes con el Consejo. 
Me pregunto si la Sra. Comisaria estaría dispuesta a unirse e mí cuando lamento el trato que ha recibido el presente informe, aislando algunas de sus partes- en particular las escaleras de mano- y las sugerencias- entre otros, del Sr. Bushill-Matthews- de que esto es algo inútil cuando no infantil. 
Señora Comisaria, espero que reconocerá conmigo que se trata de un deber establecido por el Tratado y que todos debemos atender. 
La base es el artículo 138, que es el antiguo artículo 118 A- y si no me equivoco, debemos analizar los costes, administrativos y de otro tipo para las pequeñas y medianas empresas, como establece el Tratado. 
Es una legislación que respeta los intereses de las pequeñas y medianas empresas, y lo que es más importante, protege a los trabajadores que deben utilizar estos equipos. 
Por eso existe la legislación y debe aplicarse en toda la Unión Europea. 
Si el Sr. Bushill-Matthews hubiera estado aquí cuando hice mi primera intervención, habría oído algunos de los argumentos que deseo presentar a esta Asamblea, como por qué es importante que exista legislación comunitaria. 
Es un gran problema que no oigamos los argumentos, sino que nos limitemos a venir con las ideas ya preconcebidas. 
De hecho, es una verdadera pena, y espero que la Sra. Villiers vuelva alguna vez y haga una visita a nuestra comisión para oír también algunos de los debates sobre este informe, porque he observado que se marchó poco después de hacer su intervención. 
Es posible que también leamos sobre ello en la prensa. 
Por último, quisiera decir al Sr. Bushill-Matthews, que sí está presente, que el periodista del Daily Mail, al que usted envió sus comunicados de prensa sobre este informe, me llamó para preguntarme acerca de una enmienda concreta que contenía su fraseología y sus palabras, que según dijo el periodista era la parte absurda de toda esta directiva. 
Quiza deba usted corregirle a él en vez de corregirnos a nosotros. 
Queda cerrado el debate. 
Se procederá a la votación mañana, jueves, a las 11.00 horas. 
Normas de competencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0217/2000) del Sr. Evans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, relativo la comunicación de la Comisión sobre las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontales (C5-0304/2000- 2000/2154 (COS) ). 
(EN) Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que, sin duda, la presentación del título de nuestro debate habrá hecho la boca agua a muchos periodistas de Daily Mail, pero los asuntos que estamos examinando son asuntos fundamentales que van directamente al corazón de lo que se pretende alcanzar con la Unión Europea. Es el desarrollo de un auténtico mercado único; porque si conseguimos realizar el auténtico mercado único, no sólo encontraríamos mayor unanimidad en esta Asamblea, sino que además daríamos un gran paso en nuestro deber de servir a nuestros electores garantizando el progreso económico real en Europa. 
Por consiguiente, esta legislación en particular entra dentro de ese contexto. 
Existen varias razones por las que la política de competencia es importante para impulsar esta agenda. 
El Sr. Comisario, y le felicito por ello, ha aprovechado la iniciativa en términos de la aplicación de la política de subvenciones estatales; debatiremos sobre ello en la segunda sesión en Estrasburgo cuando analicemos otro informe que ahora me dispongo a presentar a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El otro ámbito importante del que se ha venido ocupando el Sr. Comisario es la modernización de la política de competencia. 
Estamos a la espera de los resultados de la revisión del Comisario de más de 100 respuestas a su Libro Blanco sobre la reforma de prácticas comerciales restrictivas y el abuso del poder de mercado. 
Hoy mismo he oído que posiblemente recibiremos el resultado antes de que finalice este mes; quizá el Sr. Comisario pueda decirnos algo más al respecto en su momento. 
La reforma que estamos analizando, en palabras de la propia Comisión, forma parte de la agenda general de reforma. 
En ese contexto, quiero decir al Sr. Comisario que las empresas desean una serie de cosas. 
Ciertamente desean que la Comisión realice consultas sobre si los reglamentos en vigor se han convertido en demasiado legalistas, demasiado burocráticos y si podrían simplificarse. 
No tengo ninguna duda de que las propuestas del Sr. Comisario lograrán dicha simplificación. 
Las empresas desean una mayor confianza en toda la serie de mecanismos nuevos que el Sr. Comisario se propone presentar como parte del paquete general de reformas. 
Por consiguiente, quisiera preguntar a la Comisión cómo ve esta reforma concreta, que no es polémica, en el contexto de su reforma más amplia de la política de competencia que, como bien sabe el Sr. Comisario, por ponerlo en términos suaves, es ligeramente más polémica. 
Permítame pasar a continuación a algunos de los pormenores de las propuestas en particular sobre las que la Comisión ha pedido la opinión del Parlamento. 
En primer lugar, acojo con satisfacción este proceso. 
El Sr. Comisario invita al Parlamento a expresar su parecer sobre el documento elaborado en abril del presente año. 
Básicamente, hay una serie de ámbitos en los que, a pesar de estar de acuerdo con el impulso que se está dando a la reforma, pienso que la Comisión podría considerar este asunto con mayor detenimiento. 
En primer lugar, quisiera que el Sr. Comisario explicara por qué existe un contraste entre el tratamiento de las limitaciones horizontales y las verticales. 
Me gustaría que el Sr. Comisario nos indicara si, en su momento, tiene intención de especificar nuevas categorías de exención en la legislación. 
Ya he indicado que las empresas están convencidas de que la duración de la exención en los casos de investigación y desarrollo debe ampliarse a un plazo de diez años. 
Habida cuenta de que los propios documentos de la Comisión dejan claro que los acuerdos de cooperación horizontal generalmente no se celebran para trabajar en contra de los intereses de los consumidores, le agradecería al Sr. Comisario que nos indicara cuál es su respuesta en este ámbito en particular. 
También le agradecería que nos aclarara cuál es la situación respecto a los "suministros entre colegas", entre otros motivos, porque es un tema que preocupa al Sr. Berenguer Fuster. 
Sé que él ha presentado enmiendas relativas a este punto. 
Tengo especial interés en obtener garantías de que se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar una vuelta a la nacionalización del Derecho de la competencia, y agradecería al Sr. Comisario que nos dijera qué garantías puede darnos en este sentido. 
Por último, las empresas preferirían un período de transición más largo; también preferirían que la Comisión no se limitara a analizar la cuota de mercado a la hora de hacer una evaluación del poder de mercado. 
Para los objetivos que propone la Comisión, puede que sea adecuado, pero decidir sobre el poder de mercado únicamente en base a una evaluación de la cuota de mercado es una ciencia demasiado inexacta. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ponente, Señorías, ante todo yo quiero agradecer muy sinceramente al ponente, Sr. Evans, su informe y también su presente intervención, en la que ya ha situado el informe y la Comunicación de la Comisión dentro del contexto más amplio de la reforma necesaria de la política de la competencia. 
Somos conscientes de la rapidez con que se está transformando la economía mundial y, por lo tanto, también de la importancia creciente de la investigación y el desarrollo tecnológicos y de la cooperación entre las empresas, así como de la necesidad de una especialización de las mismas y, por consiguiente, también de los acuerdos de especialización. 
La competencia no constituye para nosotros un fin en sí mismo, sino un medio para fomentar el crecimiento y el empleo, y quienes, como el Comisario y nosotros mismos, abogamos por un mercado interior operativo, inspirado en el modelo de la economía social de mercado, no propugnamos una competencia sin restricciones, sino en el marco de los necesarios principios políticos de responsabilidad, también con respecto al futuro y a las demás personas. 
Como ya se ha dicho, la reforma es muy bienvenida y la cooperación entre empresas, necesaria; la comunicación concede una mayor libertad a las empresas para establecer acuerdos de cooperación y va a impulsar una simplificación, flexibilización y liberalización. 
Estos son los aspectos favorables. 
Sin embargo, también tenemos algunas críticas y peticiones. 
El ponente ya ha esbozado algunas; yo quisiera volver a insistir sobre ellas. 
En primer lugar, señor Comisario, nosotros pensamos que cuando las personas asumen una mayor responsabilidad personal, también anhelan una mayor seguridad jurídica. 
En consecuencia, yo me pregunto si el tratamiento diferenciado de las restricciones horizontales y verticales contribuye realmente a aumentar la seguridad jurídica o si no sería tal vez preferible englobarlas en un único reglamento de exención por categorías. 
En segundo lugar, nosotros pedimos que la explotación conjunta de los resultados no se limite a cinco años, sino que se amplíe a diez años. 
También le pedimos que aclare de manera inequívoca, mediante su inclusión en las directrices, que los acuerdos mutuos o también sólo unilaterales de suministro- los llamados "suministros entre colegas" -no resultan afectados por la prohibición del apartado 1 del artículo 81. En el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios manifestamos asimismo que a nuestro parecer sería conveniente reconsiderar la definición de la cuota de mercado. 
¿Al mercado de compra, al de venta, al mercado nacional, al regional? 
Todos sabemos que el mercado de las empresas se modifica continuamente. También expresamos nuestra preocupación por el hecho de que las directrices 122 y 141 establecen un umbral arbitrario de poder de mercado del 15%. 
A nuestro parecer, es necesario elevar dicha umbral, como también sería preciso ampliar a dos años como mínimo el período de transición para la introducción de estos reglamentos, con el fin de conseguir todos los objetivos previstos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero, en primer lugar, felicitar al Sr. Evans por su magnífico informe y señalar una vez más el alto índice de coincidencia que hemos tenido ambos a la hora de analizar el conjunto de las reformas del Derecho comunitario de la competencia, así como las consecuencias sociales de la competencia. 
Es verdad que, como resultado de una adecuada política de la competencia, los grandes beneficiarios son los consumidores, el conjunto de los ciudadanos. 
No miremos a esta norma como algo que preocupa exclusivamente a las empresas; nos interesa a todos los ciudadanos. 
Coincidimos también en valorar positivamente los intentos de la Comisión de modernización y reforma del Derecho comunitario de la competencia. 
Debemos felicitar al Sr. Monti y al conjunto de la Comisión por su coraje y valentía para llevar a cabo una reforma, en la que está empeñada la Comisión, que fue iniciada hace años. 
Ya he tenido ocasión de comentar en otras intervenciones que, en mi opinión, no solamente es necesaria sino que además va en la buena dirección. 
El camino elegido por la Comisión es un buen camino. 
A los casi 40 años de su aplicación, el Derecho comunitario de la competencia había empezado a dar signos de agotamiento. 
No cabe ninguna duda de que las normas de la competencia incluidas en el Tratado y en el Derecho derivado han contribuido decisivamente a que se extendiera la cultura de la competencia, al tiempo que han sido fundamentales para la realización del mercado único. 
Por otra parte, las decisiones de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia han gozado de un bien ganado prestigio para lograr ese fin. 
Pero no hay que olvidar que esas normas eran, en un momento inicial, normas extrañas en el Derecho europeo. 
La tradición jurídica europea, sobre todo la continental, estaba centrada más en los aspectos de la competencia desleal; los aspectos de la libre competencia fueron importados de los Estados Unidos. 
Un maestro mercantilista español- el profesor Garrigues- decía de forma muy gráfica que los soldados americanos que vinieron a luchar en Europa en la Segunda Guerra Mundial trajeron en sus mochilas la legislación "antitrust". 
Ahora bien, esos aspectos positivos no podían ocultar algunas deficiencias que tradicionalmente habían sido puestas de manifiesto por los expertos. 
Quizás la crítica más fundada se refería a la rigidez de las normas. 
Es cierto que tal vez en un principio fuera necesario aplicar las normas con esa rigidez, porque había que aplicar normas nuevas, importadas de los Estados Unidos, de acuerdo con la tradición jurídica continental. 
Hago un inciso para señalar que no resulta extraño que la valoración y la preocupación del Sr. Evans no coincidan exactamente con las de su compañero de Grupo parlamentario, el Sr. Karas. 
El Sr. Evans actúa más como un jurista anglosajón, mientras que el Sr. Karas ha demostrado tener las preocupaciones normales de los juristas continentales. 
Creo que esta reforma va orientada más bien en la línea del Derecho anglosajón y yo, a pesar de ser un jurista continental, me muestro de acuerdo con ella. 
No tengo tanta preocupación por la seguridad jurídica como otros. 
Es verdad, de todas formas, que aquello que era aceptable hace veinte o treinta años no tiene por qué ser aceptable hoy. 
Hoy en día, el mercado interior ya es una realidad y la cultura de la competencia ya está suficientemente extendida. 
El cambio, pues, era necesario. 
Ya no es posible aplicar unas normas de la competencia que no tengan en cuenta el análisis económico y la consideración del poder del mercado. 
En materia de restricciones verticales ya se han aprobado los nuevos reglamentos de exención por categoría y las directrices de su aplicación. 
Ahora ha llegado el momento de introducir la reforma en materia de restricciones horizontales. 
En este campo, la Comisión nos trae ahora dos propuestas de reglamento, uno dedicado a los acuerdos de investigación y desarrollo, y otro dedicado a regular los acuerdos de especialización, acompañados de unas directrices. 
Es de señalar, como hace el informe, que se observa ahora una diferencia en cuanto al tratamiento de las restricciones verticales y las horizontales ya que, en el caso de las restricciones verticales, había un reglamento único y unas directrices que cubrían la totalidad de posibilidades reguladas en dicho reglamento. 
En las restricciones horizontales, sin embargo, hay unas directrices que, en buena medida, son más amplias que los dos aspectos concretos regulados por las dos propuestas de reglamento. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha presentado ante este Pleno cinco enmiendas que expresan algunas de nuestras preocupaciones. 
Entre ellas, llamo la atención sobre nuestra preocupación por la falta de tratamiento de los cárteles de crisis que estaban incluidos en la anterior reglamentación y que aquí han desaparecido sin la suficiente justificación. 
Pido, por lo tanto, el voto favorable para estas enmiendas. 
En definitiva, Señorías, como consecuencia de la reforma, la Comisión va a poder centrarse en la persecución de las conductas de quienes tienen poder de mercado, porque esas conductas son las realmente anticompetitivas y dañinas para el mercado. 
En esa orientación, insisto, estamos de acuerdo. 
Parece que por fin podremos decir adiós al rigorismo, al formalismo y dar la bienvenida al análisis económico en el Derecho europeo de la competencia. 
Señor Presidente, con las propuestas que formula en el informe que debatimos, nuestro ponente, el Sr. Evans, le pide a la Comisión que flexibilice las normas de competencia que promueve para los acuerdos de cooperación horizontales entre empresas que funcionan en el mismo nivel de mercado. 
Se muestra así la Comisión inspirada por convicciones antimonopolistas más serias que las del Parlamento Europeo, cuando debería, lógicamente, ocurrir lo contrario. 
El Parlamento Europeo deberá ser más sensible a las repercusiones sociales de la política de competencia. 
Mucho más cuando, aun si dispusiéramos de la legislación antimonopolio más severa, lo que caracteriza a la realidad que vivimos es la abusiva posición prominente en el mercado de grandes empresas monopolistas, el impulso diario de fusiones, absorciones y compras de empresas gigantescas, y la creación de grupos monopolistas a escala planetaria, proceso que, por lo general, conlleva miles de despidos e importantísimas repercusiones en el empleo y en la explotación monopolística de recursos, mercados y consumidores. 
Esta realidad debería hacernos más cuidadosos y más rigurosos, a fin de que no asistamos al fenómeno de que los acuerdos de cooperación horizontales tengan la suerte y los resultados del control de las fusiones y de las restricciones verticales. 
A la luz de estas consideraciones, no podemos apoyar las propuestas que postulan flexibilizar las restricciones de la política que propone la Comisión. 
. (IT) Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar al Sr. Evans por la calidad y la importancia de su informe. 
Asimismo quiero expresar el reconocimiento de la Comisión a la constructiva atención que el Parlamento presta en todo momento a los temas de la competencia que consideramos un instrumento importante en el marco de la economía social de mercado, a la que se ha referido el Sr. Karas, y cuya finalidad, como ha subrayado el Sr. Berenguer Fuster, al fin y al cabo es la defensa de los consumidores. 
El mismo Sr. Berenguer ha comprendido perfectamente el enfoque que la Comisión Europea pretende dar, es decir, una mayor atención al análisis económico en el desarrollo de la política de competencia, aunque tratamos de conciliar este aspecto, como han pedido los Sres. Karas, Evans y otros, con el máximo grado posible de seguridad jurídica para las empresas. 
Ahora bien, el debate de hoy versa sobre un importante aspecto de nuestros intentos de modernizar la política de competencia. 
La Comisión ha elaborado, por un lado, una modificación de los reglamentos de exención por categorías sobre los acuerdos en materia de investigación y desarrollo y sobre los acuerdos de especialización y, por otro, un proyecto de directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 a los acuerdos de cooperación horizontal. 
De esta forma, la Comisión se ha propuesto codificar la jurisprudencia y la práctica en la materia tal como han ido evolucionando en la evaluación de los casos individuales a lo largo de todos estos años, sin por esto cambiar radicalmente los criterios de evaluación de los acuerdos de cooperación horizontal según el Derecho comunitario. 
En consecuencia, la finalidad de estos textos es aclarar los criterios seguidos para la aplicación de la política de competencia en este terreno y no modificarlos. 
Quiero destacar este aspecto debido a algunas críticas formuladas a la propuesta de la Comisión que escondería una profunda revisión del enfoque en relación con los acuerdos de cooperación horizontal. 
Pues bien, se trata de argumentaciones que carecen de todo fundamento. 
Según un planteamiento generalmente compartido, los acuerdos celebrados entre competidores son susceptibles de limitar la competencia mucho más que otras formas de acuerdos. 
Éste es concretamente el caso de los acuerdos entre competidores tendentes a fijar los precios, repartir el mercado o limitar la producción. 
Ciertamente no es nuestra intención obligar a nadie a considerar que los acuerdos horizontales que producen serios efectos negativos en la competencia, se tratarán de una manera menos rigurosa en el futuro. 
No obstante, a falta de restricciones fundamentales, es necesario que los acuerdos sean examinados en su contexto económico, al objeto de comprobar si producen efectos perjudiciales en el mercado. 
Más bien, de lo que se siente la necesidad es de actualizar y aclarar la regulación de los acuerdos horizontales y ello por dos razones fundamentales: primera, dado que esta regulación representa una respuesta a la realidad económica actual, las empresas deben reaccionar ante la creciente presión de la competencia y adaptarse a un mercado en continua evolución. 
Con frecuencia la cooperación puede constituir una forma de compartir los riesgos, realizar economías, poner en común el know-how y lanzar al mercado las innovaciones más rápidamente. 
La cooperación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, es un instrumento importante. 
Los consumidores podrán beneficiarse de estas ventajas económicas con la condición de que se mantenga una competencia efectiva en el mercado. 
La segunda razón que nos ha inducido a revisar la normativa en esta materia se debe a que una aclaración de las normas es fundamental de cara a nuestro empeño en modernizar la política de competencia, un empeño cuya envergadura el ponente, Sr. Evans, ha captado en todo su calado. Se lo agradezco, así como le agradezco la referencia a las ayudas de Estado, otro elemento no menos importante de la política de competencia. 
El planteamiento seguido es similar al adoptado recientemente en relación con los acuerdos verticales y responde sustancialmente a dos objetivos: evitar a la Dirección General de Competencia examinar casos que no revisten interés para la política de competencia y permitir a las propias empresas evaluar si un acuerdo es o no restrictivo de la competencia y si puede beneficiarse de una exención. 
La propuesta de resolución demuestra que el Parlamento comparte los objetivos de esta reforma. 
Las cuestiones planteadas- por ustedes y por otras instancias- son sugerencias extraordinariamente valiosas. 
Ya desde ahora, puedo informarles que es mi intención aceptar la mayor parte de estas sugerencias. 
En particular, en lo referente a los reglamentos de exención por categoría, voy a recomendar al Colegio de la Comisión que se ajuste a su opinión en relación con tres puntos importantes: primero, la duración máxima de la exención para los acuerdos de investigación y de desarrollo debería abarcar un período más largo de los actuales cinco años. 
Sin embargo, es preciso alcanzar un compromiso entre los intereses de las empresas de explotar los resultados de su investigación y el interés público de garantizar la competencia en los nuevos mercados. 
En consecuencia, voy a proponer ampliar la duración de la exención no a diez, sino a siete años. 
Segundo: las restricciones relativas a la posibilidad de que las partes exploten los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo en común deberían ser lo más limitadas posibles, al objeto de incentivar la divulgación del conocimiento que a su vez sirve al progreso técnico y económico. 
En virtud de sus observaciones, propondré que, en todo caso, dichas restricciones intervengan normalmente sólo hasta que las mismas afecten a empresas no directamente competidoras. 
Tercero: el período transitorio debería ampliarse. 
A este propósito, se puede seguir el ejemplo del reglamento de exención por categorías sobre los acuerdos verticales y pensar en un período de 18 meses. 
Por lo que se refiere a las directrices, no cabe duda de que estaremos en disposición de responder a su solicitud de hacer una distinción más concreta entre las directrices relativas a los acuerdos horizontales y a los verticales, así como de arrojar más luz sobre el tratamiento de los acuerdos de suministro industrial. 
La Comisión tiene el propósito de aprobar la versión definitiva de los reglamentos de exención por categoría y de las directrices antes de finales de este año. 
De esta manera, en realidad, no solo se evitará un vacío legal después de la expiración de los reglamentos actuales, sino que se contribuirá de forma sustancial a mantener la política comunitaria al compás de los tiempos. 
Señor Presidente, se han abordado otros muchos puntos importantes e interesantes. 
No tengo tiempo de referirme a todos ellos, sin embargo, quiero hacer unas observaciones. 
Señor Theonas, usted se ha referido a las concentraciones. 
Seguramente no se le escapa la atención con la que la Comisión ejerce sus competencias en materia de control de las concentraciones. 
Nos atenemos rigurosamente, como el reglamento nos indica, al criterio de prohibir concentraciones si éstas determinan la creación o el reforzamiento de una posición dominante. 
Con frecuencia esto no ocurre, este peligro no existe, también porque las empresas, al darse cuenta de esta necesidad, proponen remedios a veces muy, muy eficaces. 
El Sr. Evans ha planteado la cuestión de los "suministros entre colegas". 
Reconozco la necesidad de que en las directrices se elabore el tratamiento que debe darse a los acuerdos de suministro unilaterales. 
Se hará en el capítulo sobre los acuerdos de producción. 
Los cárteles de crisis, señor Berenguer, persiguen el objetivo concreto de reducir la producción y elevar los precios; por consiguiente, siempre tienen un efecto restrictivo sobre la competencia. 
Eso no excluye la posibilidad de que dichos cárteles queden exentos en virtud del apartado 3 del artículo 81. 
Esto sólo sería posible, sin embargo, tras un examen individual del caso y de las ventajas del acuerdo. 
Por este motivo no sería adecuado incluir dichos acuerdos en las directrices. 
Por último, ¿cómo encaja todo esto en el esfuerzo más amplio de modernización? 
En primer lugar, puedo confirmar al Sr. Evans que espero que la Comisión adopte una propuesta de reglamento para reformar el Reglamento 17 de 1962 antes de que finalice este mes. 
Dicha reforma incluye la eliminación del sistema de notificación. 
No obstante, señor Karas, eso no debería reducir la seguridad jurídica de las empresas. 
Para garantizar este extremo, la Comisión está clarificando sus actuales normas sustantivas. 
Ya lo hemos hecho en el caso de la distribución- acuerdos verticales- y ahora lo estamos haciendo para los acuerdos horizontales. 
Nuestras directrices relativas a las exenciones por categoría y nuestros avisos reforzarán la seguridad de las empresas sobre el contenido de nuestras normativas y para evaluar sus acuerdos en el espíritu de un esfuerzo general de modernización. 
Esto no puede ser considerado una vuelta a la nacionalización de la política de competencia, aunque sí se beneficiará, más que en el pasado, de la cooperación de las autoridades nacionales en materia de competencia y de los tribunales nacionales en el esfuerzo general de aplicar las reglas de competencia comunitarias. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 11.00 horas. 
Dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0215/2000) del Sr. Wijkman, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el dictamen de la Comisión relativo a las enmiendas del Parlamento Europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas destinadas a favorecer la plena integración de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los países en desarrollo (por el que se modifica la propuesta de la Comisión) (C5-0283/2000- 1999/0020 (COD) ). 
. 
(SV) Señor Presidente, el reglamento que vamos a discutir alude a las condiciones para intentar mejorar, dentro de la política de ayudas al desarrollo de la Unión, la preocupación por el ambiente físico y la base de recursos naturales, en relación con diversos proyectos de desarrollo. 
Esta materia es importante. 
Sabemos que el crecimiento económico a menudo tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, ya sea durante la explotación de los recursos naturales, durante la propia producción industrial o al momento de usar los productos. 
Los daños medioambientales tienen efectos negativos en la salud. 
Amenazan la diversidad biológica y también pueden implicar daños a largo plazo para la capacidad de producción de los sistemas naturales. 
Cuando esto sucede, si sucede, también se ve afectada la salud de las economías. 
Mediante la adopción de medidas preventivas y la elección de métodos y tecnologías que perjudiquen tan poco como sea posible al medio ambiente, será posible alcanzar crecimiento económico y simultáneamente velar por el medio ambiente. 
Esto es importante en nuestros propios países, pero en la Unión Europea aún nos queda mucho camino por recorrer. 
También tiene importancia en los países en desarrollo, especialmente en relación con el incremento de la colaboración con la Unión Europea. 
Para integrar los criterios relacionados con el respeto al medio ambiente, hay que desarrollar tanto los métodos y los proyectos de demostración como el entrenamiento y la formación del personal de la Comisión y de los países receptores. 
El reglamento que discutimos se ocupa de esto en detalle y asigna recursos suficientementes para su ejecución. 
Señor Presidente, este tema ha sido tratado dos veces por el Parlamento. 
La última vez hubo muchas más discrepancias entre nuestras opiniones y las de la propuesta aprobada por el Consejo. 
Se inició la conciliación, cuyo resultado vemos hoy. 
En primer lugar, el presupuesto es casi el doble comparado con el original. 
Hemos pasado de 50 a 93 millones de euros. 
En segundo lugar, un aspecto esencial era el grado de injerencia de los países miembros en las propias actividades. 
En cuanto a esto, la posición del Parlamento ha sido elegir la mínima injerencia posible, es decir, otorgar a la Comisión la responsabilidad principal y después hacer una evaluación. 
El acuerdo alcanzado implica que la codecisión solamente tendrá lugar en actividades cuyos montos excedan 2,5 millones de euros, es decir, se exige la participación activa de los Estados miembros. 
En mi opinión, esto es provechoso. 
Si nuestro objetivo es, y debiera ser, simplificar y desburocratizar las ayudas al desarrollo para acortar así la distancia entre las promesas y los compromisos y las actividades realizadas, un requisito indispensable para alcanzarlo es la disminución de la injerencia de los Estados miembros en esas actividades. 
En tercer lugar, en la segunda lectura exigimos que el reglamento no fuese limitado en el tiempo, es decir, que este tipo de actividades se debería planificar a largo plazo. 
Considerando que esta actividad se evaluará después de cuatro años y a continuación se adoptarán decisiones sobre el futuro, opino que, con todo, deberíamos estar satisfechos. 
Después de la evaluación podremos fijar líneas directrices, aún más detalladamente que hoy, para esta importante actividad. 
Por tanto, señor Presidente, mi recomendación es que el Parlamento apruebe el resultado de la conciliación. 
Señor Presidente, la presente propuesta de reglamento es una de las primeras a las que se aplica el procedimiento de codecisión en el ámbito de la política de desarrollo. 
El Parlamento Europeo ha hecho honor a la mayor responsabilidad que implica su mayor poder de decisión. 
Muchos opinaban que este reglamento se debía aprobar lo más pronto posible y el Parlamento Europeo debía renunciar, por consiguiente, a muchas de las enmiendas propuestas. 
El camino elegido fue sin duda acertado y conseguimos introducir algunas mejoras en la propuesta de reglamento. 
Una de las mejoras más importantes, que ya ha citado el ponente, es una financiación adecuada de las posibles actuaciones previstas en el reglamento. 
El incremento de los créditos de 50,4 millones de euros a 93 millones de euro, o sea, prácticamente el doble, es un éxito satisfactorio, aun cuando sabemos que se requeriría un montante muy superior, dada la importancia de esta cuestión para nuestro futuro común. 
Esto nos conduciría, sin embargo, a un debate político más general, que obviamente rebasa el marco del presente reglamento. 
Gracias a nuestras enmiendas, conseguimos introducir algunas modificaciones en el artículo 3, que establece el tipo de medidas que se deberán desarrollar. 
Yo lamento que no se aceptase la enmienda del Parlamento Europeo en la que se pedía que, en caso necesario, se renunciase a la exigencia de avales bancarios o garantías, con objeto de ampliar al máximo el abanico de solicitantes y el grupo destinatario. 
Aun así, yo creo que el Parlamento y el ponente han conseguido un éxito satisfactorio. 
Señor Presidente, ocho años después de la Conferencia de Río, dónde los Estados de las Naciones Unidas reconocieron que medio ambiente y desarrollo iban definitivamente unidos, la Unión Europea adopta por fin una reglamentación para que el medio ambiente se integre en los proyectos de desarrollo de los países en desarrollo. 
Así, aunque podemos felicitarnos por el esfuerzo financiero realizado con la conciliación- y deseo, en nombre de mi Grupo, darle las gracias al ponente -, este presupuesto se queda corto frente a las considerables necesidades y a las aún mayores expectativas de las poblaciones afectadas. 
Conceder un poco más de 15 millones de euros durante seis años a los países en desarrollo: Africa, Caribe, América del Sur, ¿no es quedarse con la conciencia tranquila, cuando es conocida la situación económica, ecológica y social de estos países desheredados? 
Esta línea presupuestaria que pretende promover la plena integración del medio ambiente en los proyectos de desarrollo no debe en modo alguno significar que, para los demás proyectos, se deje de lado la dimensión medioambiental. 
Quiero recordarles que el desarrollo duradero, que integra plenamente al medio ambiente, es más que nunca el único modelo de desarrollo que puede responder a las exigencias tanto de los países desheredados del Sur, como de los degradados del Norte. 
. (EN) En nombre de la Comisión, deseo felicitar al ponente, Sr. Wijkman, y a los miembros de la delegación de conciliación por haber elaborado un paquete de compromiso que el Consejo ya ha adoptado formalmente. 
La Comisión apoya la propuesta de reglamento que hoy nos ocupa. 
La considera un instrumento valioso para llevar a cabo actividades estratégicas y piloto en materia de medio ambiente. 
Naturalmente, es un instrumento complementario de aquellos otros de que dispone la Comisión. 
Afortunadamente, nuestras actividades en el ámbito de medio ambiente y desarrollo no se limitan a las acciones financiadas en virtud de esta normativa. 
Estamos integrando la mejora del medio ambiente en todo aquello que hacemos. 
Por tanto, nos proponemos utilizarla de una manera estratégica, centrándonos, en particular, en el apoyo a los distintos convenios internacionales en materia de medio ambiente. 
Los planes para financiar los proyectos que cumplan los objetivos de la normativa se encuentran en una fase muy avanzada. 
Una vez que haya sido aprobada formalmente y se hayan destinado fondos, procederemos a ultimar los acuerdos para poder aplicarlos. 
Se trata, no obstante, de una carrera contra el tiempo porque nos acercamos al final del ejercicio financiero. 
Una vez más, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento por sus esfuerzos para garantizar la aprobación de este reglamento y por el interés que han demostrado muchas de sus Señorías. 
Estoy seguro de que el reglamento nos proporcionará una herramienta muy útil para garantizar que en nuestra cooperación al desarrollo se tiene plenamente en cuenta la dimensión ambiental. 
Conservación y gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0216/2000) del Sr. Fernández Martín, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0284/2000- 1999/0015 (COD) ) por el que se establecen medidas destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo. 
. Señor Presidente, con este informe sobre el Reglamento para la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo de bosques en los países en vías de desarrollo, así como con en el precedente informe presentado por el Sr. Wijkman, el Parlamento culmina hoy, y mañana con la votación correspondiente, el ejercicio, por primera vez, de sus nuevas competencias de codecisión en materia de cooperación y desarrollo. 
El procedimiento concluye después de un largo período de tiempo, pues hemos dedicado casi tres años a la primera y segunda lecturas y al debate en conciliación. 
Como ponente quiero expresar mi satisfacción, porque estimo que tan largo período ha sido fructífero, permitiendo alcanzar un acuerdo sobre el texto del Reglamento para el que hoy pido al Pleno del Parlamento su voto favorable. 
Partíamos de posiciones muy distantes. 
Básicamente, las diferencias entre el Parlamento y el Consejo se referían a la financiación presupuestaria del programa, al calendario y a la comitología. 
El Parlamento había propuesto, ya en los trámites precedentes, numerosas enmiendas que el Consejo y la Comisión habían hecho suyas y debo decir- es justo reconocerlo- que la gestión que la Comisión había realizado del programa precedente, su alto nivel de ejecución y sus buenos resultados han servido para que el ponente, con el respaldo de la Comisión de Desarrollo, haya podido persuadir al Consejo de la necesidad del mantenimiento del programa con un grado de financiación suficiente para garantizar su éxito. 
Los bosques tropicales y sus diversas funciones y utilidad para la humanidad pueden contribuir en buena medida al logro de los objetivos de la Unión, no sólo en materia de desarrollo y medio ambiente, sino en sus objetivos de lucha contra la pobreza y el desarrollo económico y social sostenible. 
Con este Reglamento, la Unión Europea proporciona ayuda financiera y técnica apropiada a fin de promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en vías de desarrollo, de modo que los bosques puedan cumplir sus funciones como generadores de riqueza y de desarrollo social con los criterios medioambientales sostenibles que se espera de ellos a escala local, nacional y mundial. 
Se dice en el Reglamento que la gestión sostenible de los bosques debe buscar la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las poblaciones dentro del límite de la capacidad de los ecosistemas, manteniendo el patrimonio natural y su diversidad biológica. Ello debe hacerse fomentando la participación activa de las poblaciones que dependen de los bosques y de las comunidades locales en la elaboración de las políticas nacionales y en la planificación en materia de desarrollo. 
Para ello es preciso mejorar la coordinación y el flujo de información entre los proyectos de la Comisión- los que la Comisión presente a lo largo de los próximos años- y los de los Estados miembros, a fin de lograr actuaciones más coherentes y un mejor aprovechamiento, por tanto, de los recursos. 
En materia presupuestaria debemos alegrarnos de que, después de las restricciones que, con carácter general, han impuesto los planes para la reconstrucción de Kosovo, podamos hoy contar con una dotación de 249 millones de euros partiendo, como se partía, de una propuesta inicial del Consejo de 9 millones de euros para un período de 6 años, de aquí hasta el 2006. 
Ello permitirá una financiación suficiente para cumplir los objetivos al menos con la misma eficacia con que se han cumplido en el período que termina ahora. 
Sin embargo, en materia de comitología es conocida la posición diferente que el Parlamento, especialmente la Comisión de Desarrollo, mantiene respecto a la del Consejo. 
Nosotros tenemos una posición más proclive a dar mayores competencias a la Comisión en este campo. 
No hemos podido lograr un acuerdo, pues este acuerdo está a la espera de una aproximación global al problema. 
Pero, al menos, la Comisión de Desarrollo puede sentirse satisfecha porque, en esta cuestión de comitología, se ha alcanzado un acuerdo que permite establecer las previsiones presupuestarias necesarias y un calendario preciso para mantener una información puntual sobre las directrices estratégicas y las prioridades de ejecución de las actuaciones para los próximos años. 
Es, en definitiva, señor Presidente, un buen acuerdo para un buen programa para la conservación de los bosques tropicales. 
Señor Presidente, la presente propuesta de reglamento por el que se establecen medidas destinadas a promover la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo está estrechamente relacionada con la anterior, no sólo en lo que respecta a su contenido. 
Las presiones y los argumentos políticos a favor de agilizar al máximo su aprobación fueron también bastante parecidos a los que intervinieron en el caso de la propuesta de reglamento que acabamos de debatir. 
También en este caso optamos por una conciliación a pesar de todas las advertencias agoreras y logramos, a mi parecer, mejoras substanciales en el contenido del reglamento. 
La participación activa de las comunidades locales y de la población directamente afectada en el desarrollo de la política silvícola nacional y la planificación del desarrollo figura ahora entre los objetivos del reglamento, lo cual constituye, a mi parece, un considerable paso adelante desde el punto de vista del contenido. 
El Parlamento Europeo ha conseguido asegurar una financiación adecuada. 
En su propuesta, el Consejo preveía un marco financiero ridículo, de 63 millones de euros para un período comprendido entre 2000 y 2006. 
El Parlamento pidió y también consiguió 249 millones de euros para el mismo período, con lo cual también dejó bien patente que no estamos dispuestos a aceptar que la reconstrucción de los Balcanes, aun siendo muy necesaria, se contraponga a la política de desarrollo y la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Es importante que la Comisión informe anualmente al Parlamento sobre las directrices y prioridades que ha establecido. 
Dicho requisito, junto con la obligación de informar anualmente sobre los proyectos y medidas financiados, que prevé el artículo 11 del reglamento, constituye a nuestro modo de ver la base para detectar a tiempo cualquier error de orientación. 
Señor Presidente, pienso que la conservación de los bosques tropicales debe depender de la concesión de fondos, contribuciones, etcétera, pero sobre todo- y esto es lo que me ha gustado en este reglamento- de la participación activa de las poblaciones locales facilitándoles algunas ideas de cara al futuro, así como a una gestión realmente sostenible de los bosques. 
Quiero recordar que, hace muchos años, en la revista Nature se publicó un reportaje sobre un bosque peruano y sobre la manera de explotarlo lo mejor posible. 
En dicho bosque existía una biodiversidad espectacular, como existe siempre en estos bosques: más de 270 especies vegetales en una sola hectárea, mientras que aquí sólo hay 6 o 7 en una hectárea de bosque. 
Ahora bien, esta rica biodiversidad- que no es sólo vegetal- tiene un rendimiento económico ya de por sí realmente impresionante. 
Existen, sin embargo, distintas maneras de obtenerlo: por ejemplo, se pueden talar todos los árboles y vender la madera obteniendo 5.000 francos franceses, más otros 15.000 por conversión en terreno de pasto- el caso más frecuente- o también en terreno de cultivo. 
Este terreno, muy pronto, dado que es pobre en humus, acaba por desertificarse. 
Una práctica que, por el contrario, puede durar muchos años, sería explotar los bienes que ofrece este terreno como los frutos y los productos del sotobosque, así como llevar a cabo talas controladas obteniendo una renta anual de 2.000 francos que, sin embargo, tiene una duración continua, prácticamente perenne. 
Éste es sólo un ejemplo para decir que creo mucho en el principio de prestar servicios, informaciones técnicas, sugerencias sobre el modus operandi a estas poblaciones para que sean ellas las que sostengan sus bosques, con el convencimiento de que les conviene hacerlo de esta manera en lugar de llevar a cabo esas talas que están devastando muchísimas de estas zonas valiosas para la atmósfera de nuestro planeta. 
Y termino recordando un aforismo del Libro Rojo de Mao- que ya no se lee, pero que algunas veces resulta todavía útil- que reza: "No regales al pescador peces; enséñale a pescar mejor". 
. (EN) En nombre de la Comisión, deseo felicitar al ponente por su labor en la realización de este reglamento. 
Felicito al Sr. Fernández Martín y a los demás miembros de la delegación de conciliación por sus esfuerzos para poder concluir con éxito el Reglamento sobre los bosques tropicales. 
La Comisión apoya la propuesta de documento que tenemos ante nosotros. 
Al igual que en el caso de la partida presupuestaria para medio ambiente, nos proponemos utilizar la partida presupuestaria para los bosques tropicales de una manera estratégica y en coordinación con las acciones financiadas en el marco de otros instrumentos de que dispone la Comisión. 
A nivel internacional, preveo que este reglamento será una herramienta importante para el fomento, por parte de la Comunidad, de las conclusiones del Foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los bosques. 
Este ámbito, como se ha expresado claramente en dichas intervenciones, es crucial para la biodiversidad, el clima y para nuestra conciencia respecto a entregar a las generaciones futuras una Tierra que tenga estas cualidades. 
Aquel que haya experimentado la emoción de encontrarse en un bosque tropical jamás olvidará la experiencia y ciertamente no querrá negarle eso a sus hijos. 
Una vez más, doy mi enhorabuena al Parlamento por haber culminado con éxito el Reglamento y le expreso asimismo mi agradecimiento por su aportación durante la primera y la segunda lecturas del reglamento. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Cooperación al desarrollo: complementariedad de las políticas de la Comunidad y de los Estados miembros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0227/2000) de la Sra. Ferrer, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión (COM (1999) 218- C5-0179/1999- 1999/2156 (COS) ) sobre la complementariedad de las políticas de la Comunidad y de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el aumento de la pobreza, a pesar del crecimiento paulatino del producto interior bruto mundial durante los últimos decenios, la actual tendencia de los Estados miembros a disminuir los fondos destinados a la ayuda oficial al desarrollo en beneficio de la inversión directa, de la cual tan solo un 1 % se destina a los países menos desarrollados- lo que acrecienta la brecha que separa a estos países de los países ricos o en vías de desarrollo -, y la convicción de que el proceso de globalización puede aumentar las dificultades de los países pobres, son todos ellos factores que ponen en evidencia la imperiosa necesidad de mejorar la eficacia de las políticas de cooperación al desarrollo. 
También en materia de democracia y respeto de los derechos humanos estamos muy lejos de los parámetros deseables: golpes de Estado, violencia, guerras y violaciones de los derechos humanos siguen formando parte de la realidad de los países menos desarrollados que conviene, por tanto, contribuir a corregir. 
En este contexto, resulta indispensable reforzar la complementariedad de las políticas de cooperación al desarrollo que llevan a cabo la Comunidad y los Estados miembros. 
En primer lugar, porque la complementariedad permite aprovechar la sinergia que resulta de un enfoque coordinado de las acciones a llevar a cabo, no sólo por la Unión Europea sino por todos los donantes internacionales, lo cual mejorará el impacto de dichas acciones. 
En segundo lugar, porque permite aportar un elemento de valor añadido a las intervenciones de los Estados miembros, lo cual ayudará a optimizar los recursos destinados a la ayuda al desarrollo y obtener mejores resultados. 
En tercer lugar, porque permite mejorar la visibilidad de la Unión Europea y hacer más creíble su política de desarrollo, lo cual le servirá para poder ejercer la influencia política que le corresponde como primer donante de fondos- recordemos que entre la mitad y los dos tercios de la ayuda al desarrollo proviene de la Unión Europea -, influencia que tanto las organizaciones no gubernamentales como los países beneficiarios quisieran que fuera más acusada dada la mayor sensibilidad de la Unión Europea en materia de justicia social y de desarrollo humano. 
Por último, el reforzamiento de la complementariedad es importante porque el Tratado de la Unión establece claramente que los Estados miembros y la Comunidad deben coordinar sus políticas en materia de cooperación al desarrollo y concertar sus programas de ayuda. 
De ahí que deba valorarse de manera positiva la presentación, por parte de la Comisión, de la comunicación sobre la complementariedad de la políticas de la Comunidad y de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ya que las medidas que en ella se proponen pueden contribuir a eliminar los obstáculos que impiden avances significativos en esta materia. 
En términos generales puede decirse que la Comisión de Desarrollo, y yo misma, estamos de acuerdo con las grandes líneas del documento y con las medidas que en él se proponen. 
Sin embargo, quisiera hacer algunas precisiones: la primera es que considero que la Comisión hubiera debido tener en cuenta que la complementariedad no constituye un elemento aislado, sino que debe contemplarse en el contexto de una estrategia global que abarca también el tema de la coordinación y el de la coherencia, ya que la coherencia es indisociable de la coordinación y de la complementariedad, y sin coordinación no hay complementariedad posible. 
Por ello, entiendo que para mejorar realmente el impacto de las políticas europeas de desarrollo y asegurar la credibilidad de la Unión, hubiera resultado mucho más conveniente y clarificador que estos aspectos se hubieran tratado conjuntamente en el marco de la comunicación sobre la política de desarrollo, ya que ello hubiera permitido poner más de relieve el carácter indisociable y esencial de estos elementos de cara a la formulación de una política de desarrollo acorde con los objetivos de la Unión. 
La segunda precisión se refiere al concepto mismo de complementariedad, que no debe entenderse como un principio cautelar para preservar las competencias de los Estados miembros en este ámbito, sino como la manifestación de una voluntad política de aunar los esfuerzos para mejorar y contribuir mejor a la realización de los objetivos de la política de cooperación al desarrollo. 
Por otro lado, la necesidad de velar por la unidad, la coherencia y la eficacia de la acción de la Unión en el ámbito de la política exterior- que también establece el Tratado- debe hacerse extensiva a las políticas de desarrollo, en la medida en que éstas son parte integrante de la acción exterior de la Unión. 
Por ello, la Comisión debería tomar la iniciativa y dar un salto cualitativo en esta dirección a fin de permitir a la Unión Europea diseñar las prioridades estratégicas de la Unión Europea en materia de ayuda al desarrollo. 
En tercer lugar, debo decir que las medidas para reforzar la complementariedad, por sí solas, difícilmente producirán los resultados esperados. 
Para ello se requiere, como condición previa, la voluntad política del Consejo de avanzar por el camino de una mayor integración en materia de cooperación, porque lo que ha impedido progresar en materia de complementariedad ha sido sobre todo el hecho de que los Estados miembros definen sus políticas de cooperación al desarrollo más en función de sus intereses geoestratégicos y económicos y de su pasado colonial que teniendo en cuenta los objetivos de la Unión en materia de desarrollo. 
Por último, hay que insistir en que más allá de las medidas operativas para mejorar la gestión de los programas, con las que- como ya he dicho- la Comisión de Desarrollo está en princio de acuerdo, entendemos que la Comisión debería asumir la responsabilidad de reflexión y propuesta, requisito indispensable para permitir a la Unión orientar la ayuda no sólo para promover el crecimiento económico de los países beneficiarios sino para que este crecimiento alcance a todas las capas de la población, asumiendo así su compromiso a favor del desarrollo de los pueblos y, en consecuencia, su compromiso con la paz, ya que sin desarrollo la paz siempre será un bien precario. 
En todo caso, y como resumen, quisiera insistir en la oportunidad de esta comunicación- si bien hubiéramos deseado que formara parte de un paquete global -, e indicar lo ajustado de las medidas que, junto con las medidas que propone también la Comisión de Desarrollo en mi informe, esperamos que ayuden a orientar la acción, en el sentido de una mejor gestión operativa. 
En todo caso, conviene insistir una vez más en que el Consejo debe dar muestras de voluntad política, sin la cual difícilmente podremos hacer realidad el principio de la complementariedad. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Ferrer por este equilibrado informe. 
Es importante que reconozcamos la gran importancia del papel de la UE y sus grandes posibilidades de influencia. Reclamamos coherencia y coordinación. 
También quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que se haya reconocido la importancia del trabajo de las Organizaciones no-gubernamentales y de que éstas sean tomadas en cuenta en la cooperación al desarrollo, sobre todo porque la sociedad de los ciudadanos se vería reforzada a través de esta colaboración. 
También considero sano el hecho de que se parta de la base de recomendar que la coordinación se lleve a cabo dentro de las pautas estratégicas elegidas por los propios países beneficiarios. 
Al hablar de cooperación al desarrollo, conviene y no está de más recordar que la cooperación al desarrollo no es ningún objetivo en sí misma. 
El objetivo es que los países en vías de desarrollo sean capaces de solucionar sus propios asuntos, así como de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo y de actuar de forma justa en cuanto sociedadades; y en la medida en que nosotros mismos dificultamos estas posibilidades, también aspiramos a subsanar la situación. 
A nivel de la UE, esta aspiración es muy importante, entre otras cosas, porque nuestra política no estimula la dependencia económica de un solo producto. 
La globalización podrá ser aprovechada únicamente por aquellos países cuya economía esté en buenas condiciones. 
Los países en vías de desarrollo que insistan en seguir dependiendo de un solo producto se verán ante una difícil situación. 
A nivel de la UE, debemos asimismo velar por que nuestros valores se vean reflejados en nuestra política en materia de cooperación al desarrollo. 
El condicionamiento de las ayudas debe ocupar su propio lugar. 
Por consiguiente, no debemos apoyar a los países que no expresen ningún interés por la democracia ni por los derechos humanos de sus ciudadanos. 
En semejantes casos, debemos limitarnos a prestar ayuda humanitaria. 
Considero que sería muy necesario que la UE tuviera también un defensor de los derechos humanos, a la manera del Defensor del Pueblo, entre cuyas funciones se incluyese también el seguimiento de la situación de los derechos humanos en los países en vías de desarrollo. 
A nivel de la UE, debemos tener conocimiento pleno de las consecuencias políticas de las ayudas, ya que sabemos por experiencia que la ayuda también puede ser perjudicial. 
En realidad, este riesgo es bastante alto. 
Hay que desarrollar ayudas cuyo carácter contribuya a prevenir conflictos, y no a acicatearlos. 
Las ayudas deben ser dirigidas de tal modo que repercutan en beneficio de los sectores de población más desfavorecidos. 
Debemos saber prevenir las crisis provocadas por problemas medioambientales, y hay que evitar la concesión de ayudas que estimulen la lucha por los recursos naturales. 
Debemos aprender a identificar aquellas sociedades en las que el riesgo de aparición de la violencia está relacionado con el terror practicado a nivel de estado. 
A la hora de canalizar las ayudas, debemos tener presente que éstas no deben servir para apuntalar estructuras de poder antidemocráticas. 
Mediante el condicionamiento de las ayudas podremos evitar la opresión por parte de ciertos grupos y la corrupción en el seno de los mismos. 
Sé que no se trata de un asunto fácil y que el condicionamiento es laborioso y complicado, pero también sé que se pueden conseguir muchas cosas a través del llamado condicionamiento positivo de las ayudas. 
La experiencia lo ha demostrado. Por ello, la UE no debe ignorar esta fórmula. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nos hubiese gustado hacer antes de este debate- y así lo intentamos, pero no lo hemos conseguido- una pregunta al Consejo sobre la política de complementariedad. 
No ha sido posible, pero lo lamentamos, porque es verdad, señor Comisario, que en este asunto no está usted solo, están los Estados miembros, está el Consejo. 
De todas formas, yo creo que el informe que nos ha presentado esta tarde la Sra. Ferrer es un buen informe y, como ella también ha dicho, nos hubiera gustado tener un documento de conjunto. 
Estamos tratando de la política de desarrollo parceladamente y esto nos impide a veces tener una visión conjunta. 
Pero su informe, de todas formas, puede considerarse una contribución importante. 
Este informe tiene una importancia que transciende el ámbito material al que se refiere la política de ayuda al desarrollo. 
La complementariedad entre la política comunitaria de ayuda y la de los Estados miembros es, además de una exigencia del Tratado, un instrumento inestimable para que la Unión y sus Estados miembros avancen por un sendero común en este terreno de la ayuda. 
Los socialistas creemos que la política de ayuda al desarrollo en general debe ser la bandera de la acción exterior comunitaria y, sin embargo, no existe tal complementariedad más allá de algunos proyectos piloto. 
No se está utilizando un mecanismo que permitiría maximizar tanto los recursos, cada vez más escasos, dedicados a la ayuda como los resultados políticos de un esfuerzo común, y ello a pesar de las reiteradas peticiones de este Parlamento y de las reiteradas resoluciones del mismo Consejo que, en el fondo, es el último responsable en esta materia. 
La complementariedad se expresa de momento en la coordinación operativa sobre el terreno y en el procedimiento de comitología en Bruselas. 
Respecto a lo primero, ya he señalado que sólo se aplica en algunos proyectos pilotos; en lo que respecta a la comitología, pondré un ejemplo para mostrar que tampoco funciona: el comité de América Latina sólo se ha reunido dos veces durante este año, en lugar de la periodicidad mensual que era habitual y que sería necesaria para que funcionara. 
Algunos de los programas aprobados por el mismo, como el programa regional de reconstrucción de América Central con motivo del huracán Mitch, aún no se han puesto en marcha. 
Hay una manifiesta falta de voluntad política para ejecutar las medidas que decidimos en el Parlamento, y eso se traduce en ineficacia en la consecución de nuestros objetivos políticos, en una progresiva esclerosis del funcionamiento de las instituciones europeas y en una mala imagen que, como ha dicho la oradora anterior, a veces sale a la luz pública. 
La complementariedad con los Estados miembros, la coherencia entre las políticas comunitarias y la coordinación entre los servicios deben constituir la base de la política de ayuda al desarrollo para que esta política alcance los mínimos de eficacia que exigimos desde el Parlamento. 
Hay problemas de heterogeneidad de instrumentos y de multiplicidad de procedimientos, pero el fondo del asunto es la falta de voluntad política. 
Los Estados tienen que superar, como se ha dicho antes, sus querencias particulares- que reflejan en muchas ocasiones sus preocupaciones por antiguos esquemas colonialistas o por otras razones -, y comprometerse con un proyecto común europeo. 
Si no seguimos esta política, no vamos a ser eficaces en la cooperación al desarrollo. 
La Comisión tiene ahora la oportunidad de incluir estos elementos en su reforma y el Consejo tiene la responsabilidad histórica de implicarse en la definición y ejecución de las políticas comunitarias. 
Ambas instituciones pueden contar con el apoyo firme del Grupo Socialista del Parlamento en lo que respecta a la política de ayuda al desarrollo. 
La política de complementariedad entre las políticas nacionales y la comunitaria tiene, en total, 16 actores (15+1). 
La coherencia entre las políticas comunitarias y la coordinación entre los servicios de la Comisión pretenden configurar lo que queremos que sea la política de cooperación al desarrollo de la Unión, con el objetivo de mejorar la eficacia de la ayuda europea al contribuir a optimizar la utilización de los recursos, tanto humanos como financieros, y de dar también una visibilidad a la Unión Europea, contribuyendo así a una mayor eficacia y a que tenga una mayor presencia en la comunidad internacional. 
Esperemos que con la reforma se introduzca todo esto y que podamos hablar de políticas coherentes, complementarias y coordinadas para conseguir una mayor eficacia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de la Sra. Ferrer trata la comunicación de la Comisión sobre la complementariedad de la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad y las de los Estados miembros. 
Al igual que ella, lamento que tratemos esta cuestión por separado. 
De hecho, deberíamos celebrar un debate en profundidad sobre una estrategia global respecto de nuestra cooperación con los países del Sur con el tríptico: la complementariedad, la coordinación y la cohesión: las tres ces en las que, lamentablemente, continúa fallando Europa, tanto nosotros como los Estados miembros, porque los Estados miembros de Europa, simplemente, no quieren esto y prefieren manejar sus propias relaciones neocoloniales. 
La inexistencia de una cooperación al desarrollo eficaz por parte de la Comunidad constituye una justificación espléndida de la que los Estados miembros hacen un uso complaciente a fin de impedir la complementariedad y, más aún, la coordinación y la cohesión. 
Algunos Estados miembros creen sinceramente que la Comisión no debería contar con una política de desarrollo y que ésta debe quedar totalmente en manos de los Estados miembros. No compartimos esa opinión en absoluto. 
Quien se preocupa sinceramente por que exista una relación mundial justa respecto del desarrollo debería admitir que la importancia del desarrollo no resulta decisiva para la política de los Estados miembros, sino muy a menudo sus propios intereses estratégicos y comerciales. 
En el mejor de los casos, los países en desarrollo intentan suavizar las consecuencias o reponerse de la política económica que se preconiza desde los países ricos en cuanto a la globalización, nuestras necesidades de materias de primas, minerales, petróleo, etcétera. 
Ciertamente, queremos que los países pobres entren en la evolución económica y cultural general del mundo, en interés de las poblaciones afectadas y no sólo en interés del mundo industrializado. 
De ahí que tengamos que terminar con las relaciones coloniales y las implicaciones que consagran la dependencia, y destruir ese entorno. 
Debemos terminar con la pobreza que existe en el mundo. 
Para ello, es necesaria una estrategia global y multilateral. 
Eso exige, en primer lugar y sobre todo, la coordinación de la política de desarrollo de los Estados miembros y de la Comunidad, en cualquier país, en cualquier país receptor y a nivel internacional. 
En nuestra opinión, esto es más importante que la complementariedad. 
Indudablemente, una política mejor coordinada tendrá un impacto mucho mayor. 
La discrepancia entre la elevada contribución de la ayuda europea, más de la mitad de toda la ayuda mundial, y el escaso impacto político, por ejemplo para terminar con graves violaciones de derechos humanos, para poner fin a los conflictos armados, es realmente dolorosa. 
Si la coordinación y la complementariedad tienen lugar en los países receptores, los países donantes prefieren defender sus intereses nacionales ¿Está el Consejo realmente dispuesto a modificar el sistema de comitología? 
Para mí constituye una condición sine qua non. 
La delegación de responsabilidades de la UE a nuestras representaciones in situ supone un serio desafío para la Comisión. 
Si no tiene éxito, puede apostarse que los enemigos de la política comunitaria de desarrollo insistirán firmemente en que se suspenda. 
En cuanto a la coordinación en el ámbito internacional, deseamos que el planteamiento europeo pueda diferenciarse del enfoque del FMI y del Banco Mundial. 
No queremos ser seguidores de las instituciones de Bretton Woods. 
Queremos codirigir el mundo. 
De ahí que los Estados miembros deban contar a sus electores una historia diferente de la de "en Europa todo va mal". 
Deben reconocer urgentemente su propia parte de culpa en estos fracasos, algo que también debemos hacer nosotros. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo con la ponente cuando señala que conforme al artículo 177 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea, la Unión Europea tiene un papel complementario en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
En este artículo no se dice nada respecto de la modificación de las políticas de cooperación al desarrollo de los Estados miembros. 
La política de desarrollo de la Unión Europea es definida y financiada por sus quince Estados miembros según las cantidades acordadas por los Estados miembros conforme al Tratado de la UE. 
En teoría, podría desarrollarse una política de cooperación al desarrollo dinámica y clara conforme a esa base- lo mismo en cuanto a la ejecución-. 
En la práctica, sin embargo, ambos aspectos dejan mucho que desear. 
Así, por ejemplo, los pagos constituyen un problema. 
Hay que diferenciar dos concepciones en el Consejo de Cooperación al Desarrollo: la de los Estados miembros del norte, que contemplan la política de cooperación al desarrollo como un ámbito político pleno y opinan, grosso modo, que esta política sufre un retraso cualitativo respecto de otros ámbitos; y la de los Estados miembros del sur que, a lo sumo, la consideran un instrumento de las relaciones exteriores y económicas. 
Estas diferencias desaparecen muy fácilmente mediante la complementariedad y la coordinación propuestas por la ponente y la Comisión. 
El origen de la "falta de voluntad" del Consejo y de los Estados miembros, señalada por la ponente y la Comisión, también radica en esta diferencia fundamental en el planteamiento de la cooperación al desarrollo. De ahí que resulte imposible desarrollar una política coherente en este ámbito. 
Por último, el Tratado define la cooperación al desarrollo europea como complementaria de las políticas llevadas a cabo por los Estados miembros. 
En nuestra opinión, esto significa que la Comisión debe intervenir donde su actuación suponga una plusvalía respecto de la acción de los Estados miembros, tal como sucede con el envío de ayuda de urgencia en situaciones de emergencia, pensemos en los desastres naturales y las guerras. 
Los programas a largo plazo, por el contrario, se desarrollan mejor dentro de las relaciones bilaterales, a menudo históricas, entre los países en desarrollo y los Estados miembros. 
En cualquier caso, la Comisión no debe comportarse como el decimosexto donante, algo que sí sucede en la práctica. 
La Unión Europea sí puede resultar muy útil en la coordinación de la ayuda de los Estados miembros e intervenir cuando los Estados miembros no actúen. 
Suscribimos en ese sentido, por tanto, la importancia de la coordinación y de la complementariedad europea, pero no nos sumamos a la conclusión de que la cooperación al desarrollo de la UE añade algo a lo que realmente deberían ser los objetivos: coordinación que incluye a todos los donantes relevantes, preferiblemente bajo la dirección del país receptor, o, si eso no es posible, bajo la dirección de la ONU o el Banco Mundial. 
Así concebimos el debate sobre la coordinación y la complementariedad. 
Señor Presidente, el buen informe que hoy nos presenta mi compatriota la Sra. Ferrer responde a un problema contrastado en numerosas ocasiones y, a la vez, a la necesidad urgente de resolverlo y de abrir nuevas perspectivas en las relaciones de la Europa unida con el tercer mundo. 
El problema al que me refiero es el que representa la notable falta de sintonía y de coordinación en la política y en la acción que, en materia de cooperación para el desarrollo, se ha venido dando entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y entre unos y otros de esos mismos Estados por otra. 
Lo que se ha descrito y se ha denunciado por muchas voces autorizadas y, en particular, por organizaciones que desarrollan su labor en ese ámbito- pero también por nuestro propio Parlamento -, es que a lo largo de los años los distintos Estados miembros han venido actuando, en el terreno de la cooperación, cada uno por su lado, respondiendo a menudo a visiones e intereses nacionales propios, unas veces más confesables y otras menos, pero en todo caso sin que haya existido un esfuerzo significativo, ni siquiera una información mutua y menos aún de coordinación, de coherencia, de distribución de papeles. 
Ha faltado, en suma, un esfuerzo de racionalización y de eficacia para que los recursos disponibles, siempre limitados, no se desperdicien sino que produzcan el mejor resultado posible. 
Tampoco, por lo demás, se ha producido hasta muy recientemente el esfuerzo que se requería para que la política comunitaria en este ámbito estuviera razonablemente coordinada con la que, a su vez, venía realizando cada uno de los 15 Estados miembros, aunque ciertamente la cosa no fuera exclusiva del terreno que nos ocupa. 
Era bastante lamentable el ver cómo aquí se ponían en marcha actuaciones comunitarias que no tenían en cuenta a veces ni siquiera el conocimiento de lo que en cada uno de los Estados de la Unión estaban realizándose para cada uno de los países o sectores correspondientes. 
El resultado era y en gran medida es hasta la fecha la dispersión de actuaciones, el solapamiento de muchas de ellas, cuando no la duplicación e incluso la contradicción de lo que hacíamos unos y otros. 
Un disparate, pues, y un desastre. 
Esta situación era naturalmente insostenible y un problema más a resolver, pero la necesidad de que así sea se ha hecho aún más patente y más urgente cuando el propio proceso de construcción europea, las reformas y el progreso de la Unión van marcando como imprescindible el actuar en la escena internacional con una sola voz, como un solo país, cuando aparece como prioridad insoslayable para la viabilidad de nuestro proyecto mismo la puesta en marcha de una política exterior y de seguridad común. 
En nuestra opinión, lo que podamos hacer desde Europa en materia de cooperación al desarrollo no es sino una parte sustancial de esa política exterior y de seguridad común. 
Así lo pone de manifiesto la Sra. Ferrer, en la cabecera de cuyo informe se destaca ya el concepto clave de complementariedad. 
Naturalmente que esta no es la primera ocasión en que hablamos de esta cuestión en el Parlamento. 
Las disfunciones que habíamos venido apreciando eran demasiado flagrantes como para no haber sido puestas en evidencia ya en debates anteriores. 
Ahora, sin embargo, ajustándonos a una realidad que a mí me parece particularmente apremiante, pero también particularmente favorable, damos un paso importante hacia delante y lo hacemos precisamente en momentos en que tanto la Comisión como el Consejo parecen convencidos de que hay que adoptar medidas concretas para dejar atrás la situación anterior y hacer realidad la coherencia que permitirá que los recursos que Europa destina a la cooperación del desarrollo sean más importantes, cualitativa y cuantitativamente hablando. 
Además, con ello conseguiremos que Europa juegue un papel bastante más decisivo en el reto, que tanto nos concierne, de ir articulando un mundo más justo, más equilibrado y por ello más estable. 
Señor Presidente, Señorías, yo voy a insistir en lo que ya han señalado los oradores y oradoras que me han precedido, y que lamentablemente no es posible ocultar: la percepción pública de la cooperación al desarrollo europea no guarda la menor relación con el enorme montante que la propia UE y sus Estados miembros destinan al apoyo a los países del Sur. 
Si bien la Unión Europea es, con mucha diferencia, el mayor donante, su visibilidad es injustamente muy inferior a la de las grandes organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. 
Complementariedad, coherencia y coordinación son, por lo tanto, las famosas tres "C" en torno a las cuales se centra el debate sobre la cooperación europea al desarrollo. 
El debate sobre su reforma se reanudó, entre otras cosas y no en último término, a la vista del balance de la Unión Europea, que revela un montante considerable de créditos no desembolsados. 
No obstante, las disertaciones teóricas poco nos ayudarán a avanzar. 
Al mismo tiempo, tampoco podemos ignorar que se han conseguido algunos éxitos, que no debemos menospreciar. 
Sobre todo es preciso modificar la actuación práctica, lo cual exige una dosis adecuada de voluntad política por parte de todos los implicados. 
Veamos, a modo de ejemplo, el caso de Mozambique y la intervención de ECHO. 
Desde el primer momento de la catástrofe provocada por las inundaciones a principios de febrero, ECHO ya acudió en ayuda de la mayoría de los heridos con una aportación de 750.000 euros. 
Posteriormente se pusieron a disposición otros 9,65 millones de euros de ayuda de emergencia y se van a destinar, además, 21 millones de euros a la financiación de medidas a medio plazo para paliar las consecuencias. 
Los Estados miembros también respondieron rápidamente. 
En conjunto, la ayuda de la Unión Europea y de sus Estados miembros suma 85 millones de euros, mientras según las estimaciones de las Naciones Unidas, la aportación mundial se eleva sólo a 115 millones de euros, incluidos los fondos europeos. 
Lo que faltan son las tres "C" antes citadas. 
La coherencia sólo se puede conseguir si existe una sintonía entre las estrategias y las medidas. 
La complementariedad y la coordinación son requisitos indispensables para lograr efectos de sinergia. 
El desarrollo paralelo de actividades de cooperación multilateral y bilateral, que se puede observar no sólo en Mozambique, se traduce en cambio en pérdidas totalmente superfluas por efecto de fricción, como pude constatar hace pocas semanas durante mi visita allí. 
El informe de la Sra. Ferrer contiene toda una serie de propuestas y peticiones que merecen nuestro pleno apoyo. 
Yo quisiera destacar en particular tres puntos: la complementariedad, la coherencia y la coordinación deben aunarse en una estrategia única, puesto que cada una es condición de las demás. 
Es preciso reforzar los poderes de decisión de los responsables políticos y la sociedad civil de los países socios, así como de las delegaciones de la UE sobre el terreno, tal como ya sucede en la elaboración de los programas indicativos nacionales en el marco de la cooperación con los países ACP. 
Un requisito para ello es también una mejor cooperación entre las delegaciones de la Unión Europea y los servicios exteriores de los Estados miembros, que el Consejo se deberá encargar de garantizar. 
Ya se ha anunciado una intensificación de los esfuerzos para promover la coordinación no sólo entre los organismos europeos y los Estados miembros, sino también entre los organismos nacionales. 
Quien aporta la parte más importante de los fondos para la cooperación al desarrollo también tiene derecho a exigir una presencia visible en la práctica operativa y a los ojos de la opinión pública. 
Se han empezado a plantear enfoques positivos en relación con todo estos aspectos, pero es preciso seguir desarrollándolos y aunarlos en un proyecto global concluyente. 
Para ello es preciso superar los antiguos lastres heredados de la historia colonial y los intereses geoestratégicos particulares de los Estados miembros. 
El mayor obstáculo para una práctica satisfactoria de las tres "C" reside en la insuficiente voluntad política de los Estados miembros, que no demuestran un sincero interés por promover una cooperación al desarrollo más eficaz y coordinada, lo cual debilita la imagen europea e impide optimizar las posibilidades de actuación en materia de política del desarrollo, un hecho que repercute no en último lugar sobre ellos mismos. 
En las capitales europeas deberían empezar a comprender que fortalecer la imagen de Europa les permitirá mejorar también la suya propia. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 19.55, se reanuda a las 21.00 horas) 
Régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0228/2000) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento nº 3448/93 por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas (COM (1999) 717- C5-0095/2000- 1999/0284 (CNS) ). 
. (FR) Señor Presidente, la propuesta de reglamento que nos ha sido presentada se refiere al régimen específico de intercambios con los países terceros en lo relativo a los productos excluidos del Anexo 1, cuya principal disposición prevé la concesión de restituciones a la exportación para los productos agrícolas incorporados. 
El Anexo 1 del tratado define la lista de productos que pueden ser objeto de una OCM a título de la PAC. 
Son los productos agrícolas de base y los productos obtenidos de una primera transformación. 
Los productos excluidos del Anexo 1 son los de segunda transformación. 
El problema que a partir de ahora surge a plena luz, y que la Comunidad debe afrontar desde este año, es el de la insuficiencia del importe de las restituciones frente a las necesidades, debido a las consolidaciones consentidas por la Comunidad en el marco de los Acuerdos de Marrakech. 
No se puede decir que la Comisión haya mostrado una imaginación desbordante en la búsqueda de soluciones a este difícil problema, de gran trascendencia para nuestros productores y nuestros transformadores de productos agrícolas. 
Además de la retirada pura y simple de algunos productos de la lista de elegibilidad para las restituciones, que genera complejos problemas de gestión para los sectores afectados, se nos propone, como siempre, una única solución: la de la ampliación del régimen de perfeccionamiento activo, que permite la importación de materias primas agrícolas al denominado precio mundial, siempre que los productos transformados, en los que se encuentran incorporadas, sean reexportados. 
No se ha estudiado seriamente ninguna solución alternativa al RPA. 
Las perspectivas avanzadas por algunos Estados miembros, como Alemania o Austria, se han rechazado de inmediato, y toda propuesta alternativa ha sido declarada a priori incompatible con los condicionantes a los que nos hemos sometido dentro del GATT. 
En estas condiciones, nos vemos obligados, evidentemente, a tomar en consideración de forma prioritaria la importancia del sector afectado y el peso de las exportaciones. 
Ahora bien, las exportaciones de productos transformados excluidos del Anexo 1, en rápido crecimiento, representan por sí solas el 25% del total de las exportaciones de los productos del sector agrícola y alimentario, y sólo de este sector dependen 2,5 millones de puestos de trabajo muy repartidos entre nuestros distintos territorios. 
Para estas producciones, un acceso adicional al RPA supone al menos una solución parcial, rápidamente utilizable, que permite garantizar de inmediato la competitividad de los productos excluidos del Anexo 1, a falta de propuestas alternativas. 
Nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha considerado que las modalidades adicionales de aplicación del RPA deberían determinarse de forma que las empresas pudieran efectivamente recurrir a ellas en los límites de las posibilidades contempladas por los planes de previsión, con el fin de poder mantener una cantidad suficiente de restituciones para las empresas que no puedan utilizarlas, ya sea para evitar los productos modificados genéticamente, ya sea por la falta de materias primas disponibles en el mercado mundial, o bien incluso por la falta de personal o de infraestructuras adecuadas. 
Dicho esto, el RPA presenta a pesar de todo una serie de riesgos y de inconvenientes. 
En primer lugar, un inconveniente de partida: el RPA constituye por sí mismo una quiebra de la preferencia comunitaria. 
Sin embargo, debe fomentarse en la industria agroalimentaria europea la prioridad a las materias primas comunitarias. 
Esto implica que, a pesar de la ampliación que se nos propone, el RPA debe seguir siendo a cualquier precio un régimen residual, no convertirse en un instrumento estructural, ser una solución de última instancia a aplicar únicamente cuando haya un déficit real de restituciones. 
Por ello, proponemos una serie de enmiendas que deben considerarse globalmente, y que tienden a reforzar este carácter residual del RPA. 
Pensamos que cualquier ampliación del RPA debe ser objeto de un marco y de un seguimiento muy estrictos. 
Por ello, somos partidarios de una restricción del régimen. 
Por ello también proponemos que la Comisión presente ante el Parlamento Europeo un informe provisional detallado, tras el primer año de aplicación del nuevo régimen, haciendo un balance concreto de cada OCM afectada. 
De este modo, dispondremos de un instrumento de seguimiento y de control que nos permitirá asegurarnos que la ampliación del RPA está limitada, que se refiere únicamente a las cantidades realmente necesarias, que no tiene efectos negativos para nuestros productores de materias primas y que no se concentra en ninguna OCM en concreto, con el consiguiente riesgo de desequilibrarla. 
Un segundo inconveniente del RPA es su particular complejidad y lo gravoso de los procedimientos que recaen especialmente sobre las PYME. 
Habrá por tanto que fomentar el acceso de estas últimas a las restituciones, que son menos pesadas de gestionar, y, en este marco, eximirlas de la presentación de certificados hasta un techo modulable de 50 000 euros anuales. 
Recordemos que las restituciones están lejos de quedar reservadas únicamente para las grandes compañías, especialmente en cuanto a los productos alimentarios transformados. 
Estos son los elementos constitutivos de un verdadero mecanismo de vigilancia, cuya puesta en práctica consideramos indispensable para asegurarnos que la ampliación del RPA funciona efectivamente en consonancia con los objetivos para los cuales la aceptamos. 
Sin embargo, a largo plazo, la cuestión que hoy debemos tratar con urgencia sólo tendrá una solución duradera si los negociadores comunitarios, con ocasión de los próximos vencimientos de la OMC, reciben una clara instrucción para que los intereses de nuestras producciones excluidas del Anexo 1 sean adecuadamente consideradas, y para que los estrechos vínculos tejidos por nuestras industrias transformadoras con nuestros productores de materias primas agrícolas y sus territorios, puedan ser conservados y desarrollados. 
Señor Presidente, el terreno en el que se mueve esta propuesta es sumamente delicado. 
Baste observar que, en el fondo, el régimen de perfeccionamiento activo supone una quiebra del principio de la preferencia europea o, si se quiere, del régimen de preferencias comunitarias. 
Se trata de un terrreno delicadísimo y, además, el régimen de perfeccionamiento activo, en su aplicación, es extremadamente complejo, lento y, por lo tanto, penaliza a numerosas pequeñas y medianas empresas. 
En este delicado terreno nuestras decisiones, como políticos, deben ir orientadas hacia el mantenimiento de la competitividad de la industria alimentaria europea en el mundo y hacia un fortalecimiento de los estrechos lazos existentes entre los industriales transformadores y los productores de materias primas. 
La mayor responsabilidad en este terreno recae sobre la Comisión. 
Se precisaría una Comisión creativa, flexible, capaz de tomar el pulso a la evolución de los mercados, mesurada y, a la vez, imaginativa. 
Una Comisión que sepa dar prioridad al modelo agrícola europeo y a la defensa de los pequeños, pero a decir verdad hasta el momento lo único que ha demostrado la Comisión en este terreno son sus dotes de opacidad, su discrecionalidad normativa y muy poco más. 
En cuanto al Parlamento Europeo, señor Presidente, tanto la Comisión de Agricultura como su presidente, el Sr. Graefe zu Baringdorf, han trabajado con gran seriedad y prudencia en este difícil informe. 
El Sr. Souchet ha hecho un magnífico informe, una ponencia por la que le felicito. 
Son aciertos de él, específicamente sus propuestas para limitar y racionalizar el uso del régimen de perfeccionamiento activo acomodándolo a la situación de los mercados, al marco reglamentario y al marco presupuestario. 
Todo ello es un acierto, así como sus demandas de exención para favorecer a los pequeños exportadores. 
Muchas gracias, por tanto, al ponente y al Parlamento Europeo, y espero que la Comisión mejore sus trabajos en este ámbito. 
Señor Presidente, la Comisión propone modificaciones en el régimen de intercambios de mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas. 
El propósito es terminar las subvenciones y limitarlas a restituciones a la exportación tras la presentación de certificados. 
Detrás de ello se encuentran dos procesos de desarrollo fundamentales: por un lado, las presiones creadas por el sistema de liberalización del comercio mundial y, por el otro, las presiones presupuestarias internas de la UE en relación con el ejercicio de las relaciones exteriores principalmente. 
La cadena de transformación de alimentos y los agricultores, en última instancia, deberán pagar esta factura. 
La situación actual de los mercados ya está agobiando a los productores europeos. 
Además, los costes de producción aumentan debido, entre otras causas, a la subida de los precios de los carburantes y a las crecientes obligaciones, por ejemplo, para con el medio ambiente. 
La rentabilidad de la producción se tambalea y, exagerando un poco, surge la siguiente pregunta: ¿tiene algún sentido ya la producción agrícola europea? 
El punto de partida de nuestra comisión y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Demócratas es que la UE debe garantizar la rentabilidad de la cadena de producción. 
La Comisión propone reducciones discrecionales. 
Nos encontramos, sin duda, en una situación imperiosa. 
Puede ser que tengamos actuar así, pero deben existir ciertos principios también en este asunto. 
Las modificaciones deben tomar en cuenta a las pequeñas empresas del sector. 
Por ejemplo, en el país que yo represento es realmente imposible que existan grandes empresas de exportación debido a la baja tasa de población. 
Habría que aplicar la flexibilidad a la hora de establecer el límite máximo para la dispensa de certificados en el régimen de las restituciones a la exportación. 
Por ello, la redacción de la enmienda 8 está justificada. 
También quiero observar que si compensamos los recortes de las subvenciones a la exportación mediante el régimen de perfeccionamiento activo y sus modalidades adicionales de aplicación, los efectos de ello se repartirán de forma tan desigual que los países más periféricos de la UE sufrirán desmedidamente el lastre de los costes de transporte. 
Así pues, comparto la idea de la ponente de este informe en cuanto a que este tipo de procedimientos no pueden funcionar por mucho tiempo. 
Nuestro Grupo apoya las enmiendas presentadas por la comisión parlamentaria. 
Señor Presidente, cuando recibimos la propuesta de la Comisión, nos tuvimos que restregar los ojos con incredulidad. 
¿Qué podía ser el régimen de perfeccionamiento activo? 
Luego, cuando profundicé un poco más en el asunto, me quedé muy asombrado al descubrir de qué se trataba. 
Hasta ahora la situación estaba clara: la industria compra productos producidos en la UE y las restituciones a la exportación le permiten competir luego en el llamado mercado mundial. 
De pronto, la Comisión declara que el dinero ya no alcanza, debido al compromiso contraído en Marrakesh, y que habrá que idear alguna solución. 
Entonces se les ocurre una idea: muy bien, en adelante la industria ya no comprará las materias primas agrarias en el mercado de la UE, sino que las adquirirá en el mercado mundial, al que la UE exportará, por su parte, productos básicos y materias primas, a la vez que contribuirá a determinar los precios en el mercado mundial con su actividad de dumping. 
Esto permitirá a la industria adquirir sus productos allí; los productos autóctonos no se moverán de sitio, y la industria los convertirá en productos transformados y los comercializará en el mercado mundial. 
Al principio no nos parecía posible. 
Luego, examinamos atentamente el tema en nuestra comisión, pero resultó que este planteamiento que acabo de exponerles responde a las intenciones de la Comisión. 
A continuación intentamos discutir si no sería posible comprar los productos al precio del mercado mundial en la UE, como ya pueden hacerlo la industria química y la industria farmacéutica, lo cual permitiría reducir al menos los excedentes que actualmente existen para una parte aquellos productos, pues aun cuando en general no producimos excedentes, éstos existen empero en determinados sectores. 
La Comisión no deseaba incluir, no obstante, esta posibilidad en las negociaciones en el marco de la OMC. 
Se propuso una solución, en apariencia elegante, que escapa un poco a dichas negociaciones. 
La exposición de motivos del reglamento incluye un pasaje en el que se establece que la preferencia comunitaria no se debe ver menoscabada ni tampoco se deben generar perturbaciones en el mercado europeo. 
Sin embargo, no es posible dar por sentado que no se van a generar perturbaciones en el mercado cuando se compran en otro sitio productos de los que aquí existe un excedente. 
A mí me parece una solución de emergencia, que mi Grupo político no puede aceptar en su presente forma. 
Yo quiero manifestar que el ponente merece mi confianza. 
El Sr. Souchet siempre atiende las demandas de la agricultura, a veces de manera algo tradicional, en mi opinión, pero aun así yo quiero expresarle mis respetos. 
Usted ha prestado un servicio a la agricultura campesina europea y, en este sentido, también suscribimos las enmiendas introducidas en el debate en comisión. 
Estamos de acuerdo con su informe, pero vamos a votar en contra de la resolución legislativa. 
En este momento tenemos que expresar nuestro rechazo al menos esta vez, puesto que la propuesta en su conjunto no nos parece una solución equitativa y razonable, y en general también pensamos y tememos que a través de este mecanismo se ejerza una nueva presión deliberada sobre los precios en la UE. 
El siguiente debate se va a centrar en los precios y en si los precios de nuestros productos en el interior de la UE no son quizá demasiado altos. 
No obstante, en realidad deberíamos considerar si los precios de exportación en el mercado mundial no requieren tal vez un debate, puesto que bajo esas condiciones, nadie en el mundo puede producir de manera ecológica y con unas condiciones sociales razonables. 
Señor Presidente, el ponente, Sr. Souchet, hace algunas observaciones acertadas sobre las consecuencias que acarrearán las enmiendas propuestas al reglamento 3448/93, que regula el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas. 
Y ello porque si las enmiendas propuestas son aceptadas, y se amplía aún más el régimen de perfeccionamiento en la reexportación, se renunciará definitivamente en la práctica al ya degradado principio de la preferencia comunitaria, se dificultará la presencia de los productos agrícolas comunitarios transformados en los mercados internacionales y se penalizará a las pequeñas y medianas unidades de producción, que se basan en la producción agrícola comunitaria y en las subvenciones comunitarias a la exportación; mientras que, por el contrario, se verán favorecidas las grandes industrias transformadoras, que se asegurarán así materia prima barata procedente de terceros países. 
Las consecuencias serán especialmente negativas en los países mediterráneos, Grecia entre ellos, puesto que son los países productores por excelencia de estos productos, y la mayoría de las empresas transformadoras en estos países son pequeñas o medianas. 
Sería una provocación, cuando se ha creado una situación tan delicada, aceptar las enmiendas al reglamento propuestas, aun con la lógica de la provisionalidad, es decir, hasta que se complete el acuerdo de la OMC, con el pretexto de asegurar el empleo y el valor añadido. 
Por ello, aunque coincidimos con el ponente en muchas consideraciones, no coincidimos con sus conclusiones en lo que respecta a la ampliación del régimen de perfeccionamiento activo, aun cuando esta ampliación tenga carácter provisional, precisamente porque creemos que, en las condiciones actuales, lo provisional será permanente y la situación empeorará. 
Señor Presidente, según este reglamento, la Comisión se encuentra atrapada con un presupuesto limitado en un marco complejo por tres motivos: primero, los precios de intervención para los productos agrícolas de origen europeo; segundo, las restituciones a la exportación otorgadas a aquellas empresas que ponen en el mercado internacional esas materias primas agrícolas transformadas; tercero, los acuerdos en el marco de la OMC. 
Como muy bien señala el ponente, el Sr. Souchet, el presupuesto limitado no molesta tanto a la Comisión como las reglas de la OMC. 
El déficit de materias primas en el mercado interior europeo da lugar a que la industria de la alimentación pueda importar sin aranceles productos del mercado mundial y, así, tener acceso al régimen de perfeccionamiento activo, tal como viene sucediendo. 
No obstante, el reglamento modifica la esencia del régimen de perfeccionamiento activo. 
Deja de legitimar un déficit de materias primas y pasa a introducir motivos de índole económica, es decir, el hecho de alcanzar el límite máximo de la OMC, el empleo del perfeccionamiento activo. 
Introduce ahora excedentes para el sector de los cereales en el mercado interior, cuando se alcance el límite máximo fijado para las restituciones. 
El régimen de perfeccionamiento activo abre la puerta a la importación de cereales del mercado mundial. 
El peligro de que la relación entre la industria de la alimentación y el agricultor transforme a los socios en competidores resulta real. 
Los agricultores europeos no son sólo productores de productos agrícolas, sino que en muchos casos son también quienes mantienen el cuidado del paisaje. 
Y ello tiene su precio. 
Debemos ser bien conscientes de este precio que repercute en la industria de la alimentación. 
Es necesaria la imaginación para encontrar buenas soluciones dentro de los estrictos márgenes establecidos en la Organización Mundial de Comercio para la agricultura y la industria. 
Es inevitable que algunas industrias pierdan por ello sus restituciones a la exportación. 
Algunas industrias sólo transforman una pequeña parte de productos agrícolas en el producto final. 
Considero injustificado que se atrevan a protestar, tanto más por las altas cifras de ganancias que presentan cada trimestre. 
No obstante, los pequeños importadores merecen, por el contrario, una mayor protección. 
Respaldamos las enmiendas que protegen sus intereses. 
Al igual que el ponente, pedimos a la Comisión que mantenga de forma adecuada el equilibrio entre la agricultura y la industria de la alimentación en Europa durante las próximas negociaciones en el marco de la OMC. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión de reducir las restituciones de los productos agrícolas transformados y facilitar el régimen de perfeccionamiento activo entraña riesgos considerables. 
Subrayaré sólo tres: el primero es el de que esta propuesta no está motivada tanto por las restricciones impuestas por la OMC cuanto en particular por las conocidas restricciones presupuestarias que padece actualmente la Unión Europea, en particular con la necesidad de reasignar medios y recursos a compromisos externos que subscribió, como en el caso, en particular, de Kosovo. 
No están en entredicho semejantes objetivos. 
Pero sí que habrá que adoptarlos de forma transparente cuando se celebren los grandes debates sobre las opciones de la Unión Europea. 
Lo que no es procedente es que se aprobaran hace poco más de un año las perspectivas financieras hasta 2007 y ahora, pasados pocos meses, se estén retirando recursos previstos para la agricultura. 
El segundo riesgo es el de que el recurso cada vez más frecuente al tráfico de perfeccionamiento activo puede degenerar en la situación, extraordinariamente peligrosa, de que dejemos de producir internamente muchos productos agrícolas, pues sería más ventajoso importarlos en bruto, transformarlos y reexportarlos. 
Sólo habría ventajas para algunos grupos de la sociedad, pues para el mundo rural sería una catástrofe. 
Y, a largo plazo, la propia Unión Europea, en su conjunto, se vería en una situación extraordinariamente vulnerable, pues dependería del abastecimiento exterior en un sector tan estratégico como el de la alimentación. 
Por tanto, me engañaría, si pensara que el tráfico de perfeccionamiento activo es una solución duradera. 
El tercer riesgo tiene que ver con la estrategia de negociación de la Ronda del Milenio. 
La Comisión ha aprobado esta semana un documento sobre la competitividad en las exportaciones que expresa su posición de principio respecto de los diversos tipos de apoyo a las exportaciones. 
Y su posición es muy clara: en el futuro, la Unión Europea no podrá aceptar que se reduzcan, en el marco de la OMC, sólo los apoyos a restituciones a la exportación, sino que se deberán reducir todos los tipos de apoyos utilizados por nuestros principales competidores en los mercados internacionales, desde los créditos a la exportación hasta la ayuda alimentaria y a las empresas comerciales del Estado. 
Hay que poner todo eso "sobre la mesa" y reducido al ámbito de las normas del GATT. 
Y la posición de la Unión Europea a este respecto es correctísima: todos los tipos de apoyos que tienen efectos semejantes deben caer bajo la competencia de la OMC y no sólo el sistema de restituciones utilizado por la Unión Europea. 
Y en ese ámbito de presión externa que la Unión Europea está ejerciendo en el marco de las negociaciones del GATT, de la OMC, me parece equivocado haber presentado en este momento esta propuesta. 
Para terminar, quisiera tan sólo agradecer al Sr. Dominique Souchet el enorme trabajo que ha llevado a cabo y que apreciamos mucho. 
Señor Presidente, al felicitar al Sr. Souchet por su trabajo, quiero expresar mi decepción y preocupación por la propuesta de la Comisión de reducir las ayudas al sector de la alimentación por valor de 145 millones de euros al año. 
Esta propuesta tiene repercusiones graves para el sector lácteo de Irlanda y ocasionará una grave pérdida del comercio, en particular, en el ámbito de los productos lácteos transformados. 
Apoyo plenamente al ponente en sus propuestas de que la medida debería introducirse únicamente con carácter provisional y que debería introducirse algún tipo de ayuda para amortiguar los efectos sobre los sectores más afectados. 
He puesto el ejemplo del sector lácteo de Irlanda y quisiera pedir al Sr. Comisario que examine las repercusiones para este sector en particular. 
También apoyo las disposiciones del informe del Sr. Souchet que dicen que debemos garantizar el respeto a la agricultura europea y al modelo de producción alimentaria. 
No es más que justo y acertado que negociemos un nuevo marco regulador para las exportaciones o para los productos que no están cubiertos por el Anexo I, como parte de la Ronda del Milenio de la OMC. 
El Sr. Souchet tiene razón cuando afirma que la decisión de recortar las restituciones a la exportación para determinados productos es inaceptable, porque dichas disposiciones contribuyeron inicialmente a la gestión del mercado interior. 
De hecho, esta situación obtuvo el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. 
Creo que la propuesta de introducir un instrumento adicional para que la materia prima pueda acogerse al régimen de perfeccionamiento activo no será suficiente para cubrir el suministro y las necesidades en materia de exportación del sector de la alimentación. 
A largo plazo, Europa necesita ejercer mayor vigilancia en lo relativo al comercio mundial- que ahora es objeto de examen- y cómo las decisiones que allí se adoptan repercuten sobre nuestras empresas de alimentación y nuestros agricultores. 
Existen pruebas suficientes de que nuestros competidores en el mercado mundial, en particular los Estados Unidos y Nueva Zelanda, no siempre se sienten obligados a respetar las reglas, como lo hacen los Estados miembros de la UE. 
Con la ampliación prevista de la Unión Europea hacia Europa Central y Oriental, debemos adoptar medidas firmes para salvaguardar nuestro objetivo europeo que, naturalmente, es el desarrollo de la agricultura como uno de los sectores más importantes y competitivos del comercio mundial. 
Nuestros competidores ya han demostrado sus dotes negociadoras en este ámbito de crucial importancia de la política internacional. 
Señor Presidente, desde luego es preciso restregarse más de una vez con incredulidad los ojos al leer la solución que propone la Comisión a los problemas que ya se han comentado y descrito. Cuanto han manifestado los Sres. 
Souchet, en su calidad de ponente, y Graefe zu Baringdorf, en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, es absolutamente cierto y yo lo apoyo rotundamente. 
Sin embargo, por el otro lado, es indudable que las restricciones presupuestarias y también los acuerdos particulares en el marco de la OMC plantean un problema absolutamente nuevo en lo que respecta a las restituciones a la exportación. 
Quién hubiese dicho hace sólo un año- y quiero recalcarlo especialmente-que tendríamos que enfrentarnos a este dilema, que nos veríamos obligados a buscar un equilibrio entre los intereses de la transformación de los productos agrarios y los de los productos de los agricultores. 
La Comisión Europea intenta responder a esta necesidad buscando una solución que permita superar ese cuello de botella que restringe la exportación en el caso de los productos que no figuran en el Anexo I. Sin embargo, en la propuesta de la Comisión no se aprecia, ni siquiera en su planteamiento inicial, una conciencia de los problemas que afectan a los productores de materias primas, o sea, a los agricultores. 
Yo estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Souchet y le agradezco el gran esfuerzo que ha dedicado a la elaboración del informe. 
Él lamenta con razón que la Comisión no ofrezca ninguna alternativa con vistas a una negociación. 
En este contexto, es indudable que no se puede restringir la posibilidad de disponer de materias primas a precios competitivos y que, a la larga, la política agraria tampoco puede estar indisolublemente vinculada a la sola protección de los productores de materias primas. 
No obstante, tampoco es admisible que se hagan recaer unilateralmente las cargas sobre la agricultura y, menos aún, sobre ciertos productos concretos. 
Algunos productos agrarios acaban cubriendo prácticamente la financiación de sus restituciones a la exportación, concretamente a través de las cotizaciones de los productores, o sea, de los agricultores. 
Así sucede, por ejemplo, en el caso del azúcar. 
Las cotizaciones de los agricultores se consignan de manera general en la parte de los ingresos del presupuesto de la Unión y su montante también se reducirá si se reducen las restituciones a la exportación. 
Así sucede sobre todo, como ya he señalado, en el caso del azúcar. 
Yo creo que esta circunstancia merece una consideración especial. 
Señor Presidente, antes de nada quiero felicitar al ponente, el Sr. Souchet por su informe, ya que sólo es posible dar una respuesta a la propuesta de la Comisión, que no era buena; se trata de una respuesta parlamentaria enérgica. 
Ahí está. Estoy particularmente satisfecho con ella. 
La situación en que nos encontramos nos obliga, de hecho, a modificar las regulaciones en dos puntos. Algunas veces hay que trabajar en la forma que no se desea. 
El primer motivo radica en los acuerdos alcanzados en el marco de la OMC, y el segundo, podría ser el presupuesto. 
Quiero referirme brevemente a los dos, empezando por las reglas de la OMC. 
Resulta verdaderamente doloroso dado el nivel de precios de la Unión Europea y, también, fuera de la misma, que todavía necesitemos las restituciones, e indican que aún existe una gran diferencia en cuanto al poder de los productores y agricultores a lo largo del mundo, y los que venden los productos de los anteriores. 
En tanto esto siga así, de hecho, no podemos abandonar las restituciones. 
Esto también ha de dejarse muy claro durante las próximas negociaciones en el marco de la OMC. 
El segundo punto es el presupuesto. 
No me parece adecuado utilizar ese argumento en relación con la regulación de las restituciones y con los productos agrícolas transformados ¿Por qué no? 
La Unión Europea lleva ya algunos años devolviendo dinero a los Estados miembros porque, simplemente, no puede emplearlo todo. 
Ése no puede ser un argumento. 
En segundo lugar, el Parlamento ha dejado claro, también mediante el informe sobre el presupuesto para 2001 adoptado en la Comisión de Agricultura, que hay posibilidades dentro del marco de los acuerdos financieros de Berlín. 
A fin de solucionar este problema se han propuesto, para empezar, cinco millones extraordinarios para algunos certificados de exportación para los cereales en la forma de bebidas alcohólicas, diez millones extraordinarios para los cereales y el arroz, once millones para el azúcar y la isoglucosa, y once millones para los productos lácteos transformados. 
Entonces, hay dinero y, por tanto, puede solucionarse el problema. 
Queda la cuestión de que la política agrícola está dirigida, en principio, a los agricultores. 
Se ha creado para el campo europeo. 
El hecho de que este reglamento sea necesario muestra también el vínculo estrecho que existe entre las industrias de transformación europeas y los agricultores. 
En este sentido, un reglamento temporal resulta absolutamente necesario. 
No obstante, sí he de decir que debe transmitirse un mensaje muy claro a la industria de transformación en el sentido de que depende, en primer lugar, de los productos que se cultivan en la Unión Europea. 
Además, quisiera pedir a la Comisión que tenga muy en cuenta a las pequeñas y medianas empresas. 
En bastantes de las regiones en las que hay mucha agricultura, no hay tanto empleo y estas empresas, precisamente, deben poder sentirse bien con este tipo de regulaciones y, simplemente, se les debe prestar en este sentido más atención. 
. (EN) En nombre de la Comisión y, en particular, de mi colega el Sr. Liikanen, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Souchet, y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por la elaboración de su informe. 
Espero que sus deliberaciones conduzcan a un consenso que despeje el camino para una rápida ejecución en el nuevo ejercicio presupuestario. 
Todos estamos de acuerdo en que es necesario fomentar la posición competitiva del sector de la alimentación de la Unión. 
Las restituciones a la exportación son un instrumento importante para sostener la competitividad del sector, compensándole por los elevados precios de productos agrícolas básicos en la Unión. 
No obstante, las restricciones presupuestarias, así como los compromisos asumidos en el marco de la OMC limitan enormemente las restituciones disponibles, que dejarán de ser suficientes para cubrir todas las oportunidades de exportación de las empresas. 
Por este motivo, la Comisión ha propuesto, dentro de un paquete equilibrado de medidas específicas, un instrumento adicional de ayuda, el régimen de perfeccionamiento activo, que contribuirá a compensar al sector por la pérdida de competitividad internacional. 
De las enmiendas presentadas por el Parlamento, la Comisión puede aceptar las enmiedas 2, 6, 10, 13 y 15. 
La Comisión está ampliamente de acuerdo con el objetivo de las enmiendas 1, 3, 7, 8, 9, 11, 14, pero no las considera del todo adecuadas por varias razones. 
Las negociaciones en el marco de la OMC exigen un mandato específico del Consejo, por consiguiente, el actual reglamento no parece ser el medio adecuado para determinar la posición de la Unión. 
Esto es relativo a la primera enmienda. 
Asimismo, algunas enmiendas podrían suponer una carga administrativa relativa a la aplicación y el control que parece desproporcionada. 
Esto en cuanto a las enmiendas 3, 11 y 14. 
El umbral para eximir a los pequeños exportadores del régimen de certificados ya ha sido incrementado a 50.000 euros, aspecto que afecta a las enmiendas 7 y 8. 
La flexibilidad que quedaba con cargo al presupuesto 2000 ya ha sido utilizada, que es lo que se pretende con la enmienda 9. 
Por último, la Comisión no está dispuesta a aceptar las enmiendas 4, 5, 12, 16 y parte de la enmienda 1. 
Como norma general, la Comisión no apoya la discriminación entre distintos productos respecto a la posibilidad de acogerse al régimen de perfeccionamiento activo. 
Esto es relativo a parte de la enmiendas 1, 4, 12 y 16. 
Asimismo, la utilización de azúcar C en los productos transformados para la exportación no es posible bajo la actual organización del mercado: esto es relativo a la enmienda 12. 
Los operadores que importan productos bajo el régimen de perfeccionamiento activo no reciben ninguna restitución a la exportación de productos transformados, por lo que la hipótesis en la enmienda 5 no es correcta. 
Señor Presidente, permítame que exponga dos observaciones dirigidas a la Comisión. 
El Comisario ha dicho: "debido a los altos precios de los productos agrarios en la Unión". 
Quizá la Comisión debería acostumbrarse a usar la fórmula: "debido a los bajos precios de dumping en el mercado mundial", pues de lo contrario estamos creando la impresión de que el sistema de precios agrarios en la UE presenta unos niveles excesivamente altos. 
No es así, sino que éstos son demasiado bajos en el mercado mundial, puesto que es imposible producir a esos precios. 
Lo digo sólo como una sugerencia; las y los colegas tendrán luego la oportunidad de exponer su parecer cuando tratemos esta cuestión. 
Sólo deseaba anunciar nuestros propósitos. 
Señor Presidente, le agradezco que me haya concedido la oportunidad de hacerlo. 
Queda cerrado el debate. 
Se procederá a la votación mañana, jueves, a las 11.00 horas. 
Competencia judicial en materia civil y mercantil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0253/2000) de la Sra. Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (COM (1999) 348- C5-0169/1999- 1999/0154 (CNS) ). 
Señor Presidente, permítame comenzar con unas palabras en mi condición de Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Pocas veces me he sentido tan orgullosa de este cargo como lo estoy hoy respecto de este informe por el trabajo llevado a cabo en comisión durante un año. 
Un año que no significa falta de interés del Parlamento, sino, por el contrario, intenso y fructífero debate entablado entre los miembros de la comisión, así como con los medios académicos y con todas las partes interesadas. 
Mis sinceras felicitaciones a la Sra. Wallis por haber hecho posible, como ponente, esta labor y por supuesto mi agradecimiento al trabajo realizado por la secretaría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y, en particular, como ella también ha mencionado, por el trabajo del Sr. Bray. 
Hemos discrepado, señor Presidente, pero estoy segura de que cualquiera que sea el resultado que se alcance en el Pleno mañana, la reflexión de la Comisión de Asuntos Jurídicos habrá hecho avanzar de forma significativa este expediente. 
Continúo ahora, señor Presidente, en nombre del PPE. 
Como bien saben ustedes y lo ha recordado la ponente, la cuestión principal debatida se refiere a la determinación del tribunal competente para los contratos concertados con los consumidores en Internet. 
Pues bien, de nuevo estoy orgullosa porque el informe es equilibrado y matizado, propone soluciones pragmáticas, susceptibles de mejorar la protección del consumidor y de permitir al mismo tiempo que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, que son las que constituyen el tejido social europeo, ofrezcan sus servicios y productos a consumidores domiciliados en el mercado interior. 
Conviene que el mercado interior sea un auténtico mercado doméstico, tanto para las empresas como para los consumidores. 
En cuanto al consumidor, se propone hacer extensivo el ámbito de aplicación del régimen especial a aquéllos que firmen contratos a distancia en el mercado interior sin hacer distinción alguna entre actividades dirigidas o no dirigidas y, como ha resaltado la ponente, se incorpora dentro del Reglamento la resolución extrajudicial de conflictos. 
Por lo que respecta a la promoción del comercio electrónico transfronterizo, se propone permitir a las empresas insertar, en determinadas condiciones muy específicas y muy restrictivas, unas cláusulas de jurisdicción que el consumidor podría aceptar. 
Estoy convencida, señor Presidente, de que el dictamen del Parlamento tendrá un impacto real en el Consejo de Justicia. 
En efecto, y la Sra. Wallis lo ha dicho, el Parlamento ha hecho lo que ni la Comisión ni el Consejo se han atrevido a hacer: abordar un debate realista sobre el fondo, sobre la protección de los consumidores en el siglo XXI, no la protección de los consumidores en el siglo XIX, ni en el siglo XX, con todas las partes interesadas y que tiene en cuenta todos los intereses implicados. 
Cuando se examina la historia de este expediente, nos damos cuenta de que la Comisión, al hacer su propuesta, se ha limitado a recoger un proyecto de revisión de la Convención de Bruselas elaborado- antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, es decir, cuando esto era materia intergubernamental, muy cerca del Derecho internacional público -, por un comité de expertos. 
Además, señor Presidente, este comité ha trabajado solo, sin transparencia alguna, sin consultas interministeriales y sin consultar a los medios interesados. 
Está claro que el Consejo de Justicia esperaba que, habida cuenta de los débiles poderes institucionales de que dispone este Parlamento en este ámbito, incluso después de Amsterdam, la adopción final del reglamento por parte del Consejo fuera puro trámite. 
Pues bien, la negativa manifiesta del Consejo de Justicia a abrir un debate acerca de esta cuestión explica que, en estos últimos tiempos, el Parlamento se encuentre sometido a todo tipo de presiones. 
Después de más de un año de discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos puedo decir simplemente que los argumentos esgrimidos contra su informe carecen de fundamento y son fruto más de la intimidación o de la demagogia que de razonamientos de fondo. 
Algunos intentan politizar el debate, esperando con ello que aparezca la división derecha-izquierda, intentando tomar como rehén al consumidor, diciendo que el informe iría contra la protección de éste. 
Es un argumento tan demagógico como injustificado que descansa al final en una protección anticuada, poco eficaz, basada además en una perspectiva nacionalista y contraria a la construcción europea. 
Las soluciones adoptadas son mucho más protectoras que las propuestas por la Comisión o- ahí discrepo de la Sra. Wallis- que las presentadas al Pleno, que en realidad limitan la protección únicamente a los consumidores apuntados u objetivados por un sitio Internet, por una empresa. 
También se han esgrimido argumentos pseudojurídicos, como una supuesta incompatibilidad con la Directiva de cláusulas abusivas o con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Pues bien, no existe incompatibilidad ni con una ni con otras y permítanme citar el informe, que la Dirección General SANCO repartió el 20 de septiembre de 1999, donde se afirma y cito en francés porque es el único original existente: "Les clauses attributives sont donc possibles et licites, au titre de cette proposition, pour autant que certaines conditions soient garanties." 
Y sigue: "Il importe dès lors que le consommateur soit clairement informé avant de conclure le contrat." 
Precisamente por eso, señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos prevé exigencias estrictas de transparencia. 
Por lo tanto, no es cierto que este informe vaya contra un pretendido logro comunitario. 
Por último, y tal vez éste es el más cínico de los argumentos, se dice: "Bueno, esto pone en dificultades a las pequeñas y medianas empresas, pero que se aseguren". 
Es como si dijéramos: " Que no haya bomberos en los pueblos o en las ciudades. 
Si se quema una casa, que tengan los propietarios seguros ". 
Hay que hacer una buena legislación equilibrada para todos. 
Para terminar, discrepo de la Sra. Wallis, a pesar de haber compartido con ella esta aventura, en su solución, porque creo que al final su solución no es más protectora del consumidor, puesto que se limita a proteger al consumidor al que se haya dirigido una empresa. 
Entre un sitio activo o pasivo, entre una actividad dirigida y no dirigida, un abogado podría estar "mareando la perdiz" durante años y años con la jurisdicción que pudiera ser aplicable. 
Para concluir, señor Presidente, me parece que en este ámbito de la cooperación judicial el Parlamento ha de enviar una clara señal al Consejo y a la Comisión de que no aceptará verse descartado o manipulado por argumentos dogmáticos que representen intereses puramente nacionalistas. 
Por el contrario, el Parlamento, gracias a su trabajo en profundidad, tiene aquí una gran ocasión para demostrar que pueden encontrarse soluciones pragmáticas y razonables para reequilibrar esta propuesta y, eso, cualquiera que sea mañana el resultado en el Pleno. 
. (EN) La opinión sobre el presente informe gira en torno a los artículos 15 y 17. 
A continuación intervengo, en nombre de mi Grupo, respecto a las enmiendas que han presentado éste y otros Grupos políticos. 
El objetivo que todos compartimos es intentar encontrar un modo equilibrado de proteger a los consumidores y las PYME de las diferentes jurisdicciones de los Estados miembros. 
Este problema se ha exagerado y se ha sacado de contexto. 
Las pruebas disponibles demuestran que los litigios transfronterizos entre las partes son escasos y apartados entre sí, y cabe esperar que la mayoría de ellos desaparezca ahora con el sistema ADR. 
Pero cuando las cosas salen mal, el más desfavorecido es el consumidor. 
Las grandes empresas pueden permitirse asistencia jurídica. 
La PYME sagaz y sensata puede asegurarse por una pequeña prima. 
Sólo nos quedan las empresas desprevenidas que participen en transacciones transfronterizas. 
En estas circunstancias es razonable ampliar el contenido anterior del artículo 15, utilizar el concepto de "dirigido a", reconocer que es un concepto que encontramos también en la jurisprudencia estadounidense y que es utilizada por la OMPI. 
No es sencilla, pero ya ha sido utilizada y aquí no existe ninguna solución sencilla. 
Esto, en combinación con una modificación del artículo 17, que garantiza la libertad de contratar la opción del sistema ADR, pero respeta los derechos actuales de los consumidores en la forma de la directiva sobre condiciones contractuales injustas, presenta un paquete mucho más viable y jurídicamente seguro que fomentará la confianza. 
Una prueba del equilibrio que hemos conseguido con estas enmiendas es el respaldo que hemos obtenido de la CBI de mi país, así como el apoyo más que parcial de las organizaciones de consumidores, que sin duda prefieren este paquete al de la comisión. 
Un aspecto al que no hice referencia en mi anterior intervención es el papel del Parlamento en este proceso legislativo. 
Somos la parte consultada. 
Por sus declaraciones sobre este tema, sabemos que el Comisario Byrne no aceptará la formulación propuesta por la comisión en el artículo 17 bis y creo que el Comisario Vitorino comparte su opinión. 
Desde la perspectiva del Consejo, el Gobierno del Reino Unido ha expresado una opinión similar. 
Parece poco probable que la Presidencia francesa, que está haciendo hincapié en el tema de los consumidores, adopte una opinión diferente. 
Habida cuenta de que no somos más que la parte consultada, deberíamos poder decir lo que queramos. 
Nos limitamos a apuntar a una dirección política, pero es importante que apuntemos a una solución jurídicamente segura y viable, no a una que cree tantos problemas como intenta resolver. 
El Parlamento debería comportarse de manera responsable, como un legislador adulto y no como un niño caprichoso. 
Tenemos la oportunidad de ampliar los logros, ya sustanciales, en el informe final de la comisión. 
Espero que sigamos avanzando. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Wallis, por su perseverancia. 
Ha sido un camino largo y difícil. 
La Comisión Europea ha presentado una propuesta que garantizaría a los consumidores el derecho a interponer recurso en sus tribunales en caso de litigios derivados de transacciones transfronterizas a través del comercio electrónico. 
Las enmiendas que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha presentado al Parlamento eliminarían dicho derecho y lo someterían a condiciones poco razonables, por lo que no puedo apoyar dichas enmiendas. 
Las enmiendas desplazan el equilibrio del informe hacia los comerciantes en detrimento de los consumidores. 
Los consumidores podrán acordar- con anterioridad a la conclusión del contrato- que no interpondrán ninguna acción judicial contra la otra parte en los tribunales del Estado miembro en que tengan su residencia. 
El principal problema de este enfoque es que asume que los consumidores, primero, leerán la letra pequeña de estos contratos y, aunque lo hicieran, que entenderán perfectamente las consecuencias de su renuncia al derecho de interponer un recurso en los tribunales de su país y las diferencias que existen con respecto a los costes incurridos, los sistemas jurídicos, la elección del idioma que se utilizará, etcétera. 
Es poco probable que el consumidor medio entienda o sea consciente de ello, y no podemos estar de acuerdo con que se les despoje de sus plenos derechos legales de esta manera. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Wallis en que el Comisario Byrne tenía razón cuando dijo que no aceptaría esto, y espero que el Comisario Vitorino piense del mismo modo, porque las consecuencias serían desastrosas. 
No obstante, la comisión sí dio su aprobación a la adopción de un enfoque coherente de la legislación relativa a Internet. 
Según la propuesta, la información clave contenida en los archivos de los Estados miembros sería copiada, utilizando un formulario estándar, en una base de datos centralizada a la que podrían acceder en línea las partes interesadas. 
Un sistema así fomentará además la convergencia y la coordinación de las jurisprudencias nacionales y permitirá a las partes comprobar la situación de los interlocutores comerciales y los proveedores, especialmente en la era del comercio en línea. 
Este repertorio europeo merece ser acogido con gran satisfacción y espero que podamos apoyar el presente informe. 
Quiero felicitar a la Sra. Wallis por la elaboración y presentación de su informe. 
Saludo la mayor parte de este informe y quiero centrarme, en particular, en la enmienda 20, considerando 26 (nuevo) , en la que se dice que la Comisión examinará propuestas para el establecimiento de una base de datos electrónica centralizada que recoja el repertorio y la jurisprudencia de la Unión Europea. 
Esta enmienda ha sido claramente justificada en el informe. 
Favorece al ciudadano y al consumidor, y quisiera instar firmemente al Comisario a que estudie esta propuesta con un talante favorable, en particular, habida cuenta del hecho de que favorece al consumidor y al ciudadano. 
Quisiera instar firmemente a la Comisión a que la considere favorablemente porque ahora vivimos en una red global con una economía global y empresas globales. 
Pero aún debemos crear una infraestructura para que el Convenio de Bruselas, según enmienda y ampliación, beneficie a nuestros ciudadanos consumidores de la UE y atraiga la inversión del exterior. 
Es necesario establecer el repertorio, que ha sido inspirado por una propuesta de un abogado irlandés, Twinkle Egan, que ha trabajado diligentemente en esta iniciativa durante varios años. 
Aún a expensas de repetirme, este repertorio es una garantía que beneficia a los ciudadanos. 
Este sistema tiene la ventaja de que ya ha sido probado en muchas instituciones acreditadas, entre las que se incluye la Asociación Internacional de Abogados. 
El sistema tiene el atractivo de que puede hacerse extensivo a la sincronización del sistema jurídico internacional del mundo de la globalización en el que ahora se desarrollan nuestra vida y nuestros negocios. 
El sistema permitirá a los ciudadanos de la Comunidad, entre otros, acceder rápida y fácilmente a información fidedigna y actualizada sobre la existencia y el avance de litigios transfronterizos en los que pueden tener un interés legítimo. 
Este sistema garantizaría además la eficacia en la obtención y ejecución de las resoluciones judiciales en el territorio de la UE. 
Señor Presidente, señor Comisario, al contrario de muchos colegas, no tengo la costumbre de agradecer automáticamente a los ponentes. 
Lo hago solamente cuando hay motivos. 
Hoy existen motivos para dar las gracias a Diana Wallis por haber demostrado la paciencia de un ángel y la resistencia de un buey en la redacción de este informe, realmente la paciencia de un ángel y la resistencia de un buey. 
Quisiera hacer hincapié en que la mayoría del Grupo ELDR respalda tanto a su persona como las enmiendas que ha presentado en nombre del Grupo. 
También quiero señalar que el debate, hasta cierto punto, me ha causado frustración. 
Si se hubiese empleado tanta energía para desarrollar sistemas que creen confianza como para fomentar la política de pasillos, como en parte se ha hecho, creo que se hubiese avanzado mucho y que los consumidores se atreverían a empezar a comprar. 
Un enorme mérito de este trabajo es el peso y la presión que la ponente y el Parlamento otorgan a los mecanismos que facilitan a los consumidores la solución de divergencias. 
Esto es trascendental y creo que no se le habría dado la misma importancia sin la existencia de este trabajo. 
Sabemos, es algo que se ha repetido muchas veces, que la principal desavenencia ha sido sobre el tribunal competente para conocer los asuntos relativos al comercio electrónico. 
Este asunto sienta precedentes y por esa razón ha habido tanta actividad en los pasillos. 
Nos enfrentaremos muchas veces a este problema; pienso en los asuntos fiscales y en el cyber crime. 
Tenemos que dar una solución a este problema de la competencia judicial. 
Creo que hay muchos indicadores que recomiendan la adopción de normas más claras en torno al concepto de domicilio. 
No podemos guiarnos tanto por el lugar en el que ocurren las cosas. 
Esto es algo que se dijo también ayer en el seminario sobre cyber crime. 
¿Qué es el domicilio? 
Por eso es tan importante que dejemos en claro que lo que valdrá en último término es el domicilio del consumidor. 
Finalmente quiero preguntar a quienes piensan apoyar con su voto a la mayoría en la comisión. ¿Cómo harán para reunirse con los consumidores en sus países sin volver la cara, cuando éstos se den cuenta de que la mayoría de la comisión en la práctica les niega el acceso a los tribunales nacionales? 
Para terminar, quisiera ser un poco espiritual. 
Una vez me encontré con un anciano que dijo: "Estoy convencido de que cuando hablo con mi Dios puedo hacerlo en mi lengua materna, pero tengo la esperanza de que también pueda hacerlo en los tribunales a los que tenga que comparecer". 
Quisiera unirme a mis colegas en el agradecimiento a la Sra. Wallis por su tremendo esfuerzo y trabajo en este resumen tan difícil, y quiero también apoyar el llamamiento de mi colega, Pat the Cope Gallagher, y de mi otra colega irlandesa, Nuala Ahern, con respecto a la creación de una base de datos electrónica centralizada sobre la jurisprudencia de la Unión Europea, presentada por Twinkle Egan, un abogado de Irlanda. 
No obstante, cuando examinamos las dificultades que han surgido respecto al presente informe, cuando analizamos las opiniones tan distintas- de los denominados puristas en nombre de los consumidores o los otros denominados puristas en nombre de las empresas y del comercio electrónico -, a veces olvidamos que muchas pequeñas y medianas empresas son también consumidores, que deberán comerciar con empresas mayores o proveedores mayores y que merecen la misma protección que yo "como individuo" o que cualquier otro, como la que tendría un consumidor individual. 
Por consiguiente, lo más necesario de todo dentro de este nuevo marco es la seguridad con respecto a la protección disponible y las responsabilidades de las personas que se dedican al comercio en línea. 
He estudiado otras legislaciones para descubrir qué analogías o qué ventajas podemos sacar de ellas. 
Según las distintas directivas sobre seguros, por ejemplo, las compañías de seguros no nacionales están obligadas a tener un agente en cada uno de los Estados miembros en que operen para que se ocupe de las reclamaciones de seguros que tengan lugar en dicho Estado miembro. 
¿Por qué no establecemos un requisito similar para las empresas que realizan negocios en línea? 
Asimismo, según la directiva relativa a la concesión de créditos al consumidor, el proveedor del servicio está obligado a informar al consumidor sobre determinados derechos y también sobre determinadas cláusulas para rescindir el contrato. 
No es difícil trasponer este tipo de ideología también a las relaciones directas entre consumidores y proveedores de un servicio. 
Por ello hoy debemos, antes que ninguna otra cosa, poner en vigor este reglamento. 
No debemos aplazarlo por más tiempo. 
No hace falta que echemos más lodo al agua. 
Debemos dejar que Europa, que sigue a la zaga en el ámbito mundial del comercio electrónico y los negocios en Internet, ponga en vigor nuevas disposiciones con respecto a la creación de empresas en línea y la protección de los derechos de los consumidores, para garantizar que Europa ocupa el lugar que le corresponde a la cabeza del sistema de comercio mundial por Internet y de las empresas en línea. 
Por ello es importante que apoyemos la opinión general, aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que propone la Sra. Wallis, relativa a los ámbitos que han suscitado alguna polémica, y tomo nota de lo que el Comisario Byrne dijo recientemente en su intervención sobre otras oportunidades. 
No se le puede negar a ningún consumidor, "como individuo" o como empresa, el derecho elemental de interponer un recurso, pero eso no significa que ésa deba ser la primera medida que tome. 
Debería existir un mecanismo para la solución de litigios que esté disponible a nivel local y que reduzca el coste que representa para el consumidor la interposición de recursos, porque como han señalado muchos oradores esta noche, está la cuestión de los costes añadidos con respecto a la solución de conflictos. 
Por último, quisiera expresar, una vez más, mi agradecimiento a la ponente y a los representantes de la Comisión por su trabajo, y recordar a todos los diputados que existe una vía distinta en virtud del Convenio de Bruselas y que podemos poner en marcha otros mecanismos. 
Lleguemos a un acuerdo sobre el presente informe y luego introduzcamos modificaciones en otros ámbitos a medida que se vayan presentando al Parlamento. 
Como bien sabe la Sra. Wallis, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho durante el tiempo que ha sido ponente de este importante informe, pero quisiera hacer constar mi agradecimiento por el considerable trabajo y por los esfuerzos que ha dedicado a su labor en nombre de este Parlamento. 
En mi calidad de portavoz de los Conservadores británicos y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quiero comenzar respaldando las observaciones que ha hecho la Sra. Palacio, presidenta de la comisión. 
El proceso del que forma parte el presente debate es, como ya se ha explicado, un componente de la denominada 'amsterdamización' del Convenio de Bruselas. 
Es un proceso inusual, pero en el que el Parlamento debe emitir el mensaje de su consulta en el sentido de que el Convenio de Bruselas no sólo debe ser convertido en reglamento, sino que además debe de ser actualizado para satisfacer las necesidades del mundo contemporáneo. 
El Convenio en sí es viejo: es anterior a la adhesión de mi país a la Comunidad Económica Europea. 
Se remonta a una época que es anterior no sólo a Internet, sino incluso a la comercialización de los ordenadores personales. 
Por consiguiente, es trágico que la Comisión y el Consejo se hayan mostrado tan tímidos a la hora de enfrentarse a la realidad del mundo moderno, porque vivimos en un mundo que se aleja de las jurisdicciones nacionales y avanza hacia las redes mundiales. 
En el mundo de las redes, los procedimientos tradicionales para la solución de conflictos en base a la jurisdicción no son de ninguna ayuda real para los consumidores y los comerciantes cuando las cosas salen mal. 
Por este motivo es necesario eliminar los aspectos y los argumentos jurisdiccionales de los litigios. 
Los sistemas ADR, que son un especie de Derecho privatizado de buena fe aprobados por las partes y los legisladores, deben ser el primer y principal medio de resolver los litigios. 
No pueden ser solamente el paso preliminar a la interposición judicial de un recurso, antes de que un cliente decepcionado se ampare en su sistema judicial, porque de ser así, miles de PYME boicotearán la Red para los negocios, reduciendo con ello su propia rentabilidad y su contribución a la sociedad y a los erarios públicos. 
Supondrá una seria reducción de las opciones que tienen los ciudadanos de Europa, empeorando así su calidad de vida y su nivel de vida. 
Oigo decir a mis adversarios: ahí está Lord Inglewood representando a las fuerzas reaccionarias, haciendo caso omiso de la honrosa tradición comunitaria de proteger al consumidor y discrepando de las condiciones de la legislación comunitaria en vigor en materia de protección de los consumidores. 
Retomando este último punto, en primer lugar, defiendo estos argumentos porque la legislación en vigor ya no satisface las necesidades de los consumidores. 
Al fin y al cabo, los nuevos estatutos suceden a sus antecesores y, si el tipo de protección que recibe el consumidor necesita una revisión, los antiguos legisladores no pueden frenar, ni lo hacen, a los ponentes ni a los legisladores que le siguen. 
Cuando llega la hora del cambio es el momento de cambiar y ese momento es ahora. 
El mundo ha avanzado. 
Tenemos que avanzar con él y en ninguna otra parte resulta más evidente que en el debate que hemos celebrado sobre el denominado sitio de Internet dirigido. Este tipo de cosas es un contrasentido desde que la Red se ha convertido en escaparate disponible en cualquier terminal conectado a la red, y sostener, de manera artificiosa, que un sitio puede estar dirigido a unos sí y a otros no es un argumento simplista, comercialmente carente de sentido y tecnológicamente ignorante. 
Mañana tenemos la oportunidad de votar a favor del siglo XXI, de sus consumidores, comerciantes y ciudadanos si votamos a favor del informe de la comisión o podemos mirar al futuro y darle la espalda y buscar consuelo superficial en el siglo pasado votando a favor de las enmiendas. 
En mi delegación y en este grupo votaremos a favor de las soluciones del siglo XXI para los problemas del siglo XXI y apoyaremos el informe de la comisión. 
Señor Presidente, respeto el modo con que desempeña su Presidencia y no hago diferencias al respecto, pero me pregunto cómo puede justificar el hecho de que usted indique un tiempo de intervención para que luego varios oradores lo ignoren por completo. 
No estoy emitiendo ningún juicio de valor sobre los oradores anteriores ni sobre el contenido de sus observaciones, pero si se conceden tres minutos de uso de la palabra, permitirles un 50% más de tiempo resulta insultante para aquellos que han intervenido anteriormente y han respetado rigurosamente su tiempo. 
Me pregunto si podría justificar por qué ha decidido ignorar del reloj. 
Yo no ignoro el reloj, y me preocupa mucho que se utilice mi tolerancia de forma excesiva. 
En general, los diputados han respetado su tiempo de uso de la palabra y, en todo caso, han expresado sus puntos de vista. 
Yo me hago responsable de esta anomalía, que va a resultar positiva porque vamos a ganar tiempo- si no lo perdemos con mociones de orden- y no va a sentar precedente. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada debo subrayar que mi colega, la Sra. Wallis, no ha escatimado esfuerzos a fin de poder presentar oralmente este informe. 
El informe, tal como ha sido aprobado por la comisión es, en mi opinión, una muestra de equilibrio por tener en cuenta los intereses de todos los implicados, tanto por parte de las pequeñas y medianas empresas como por parte de los consumidores. 
Sería lamentable que este equilibrio fuera alterado por la votación de mañana, y por otra parte, apenas puedo creer que el Consejo pueda adoptarlo con las enmiendas presentadas. 
Permítanme explicar por qué. 
Una terminología como la que figura en él resulta clara. 
Hablamos de contracts concluded at a distance, una terminología que incluso para un lego resulta mucho más clara que hablar de directed activities, tal como aparece ahora en la enmienda. 
Permítanme ilustrarlo con un ejemplo. 
Un viticultor francés etiqueta su crémant en francés. 
Un consumidor francés disfrutará entonces de la protección bajo la Brussels convention, ya que las activities del viticultor son purposely directed in a substantial way; no obstante, los consumidores ingleses, belgas e italianos no contarán con ninguna protección, puesto que las actividades no estaban directa y deliberadamente dirigidas a estos consumidores. 
Las consecuencias que ello conlleva serán la existencia de una gran inseguridad jurídica y el hecho de que los tribunales se vean enfrentados a diferentes procesos en los que deban determinar caso por caso si las actividades no estaban deliberadamente dirigidas. 
En segundo lugar, creo que es muy importante que el informe ofrezca la posibilidad de que las propias partes puedan incluir una cláusula de competencia en su contrato. 
La libertad contractual es un concepto básico y fundamental. 
Si se prohíbe la libertad contractual y, consecuentemente, el derecho constitucional a una parte a fin de dirigirse a un juez, creo que se iniciaran distintos procesos por impedir el acceso a la justicia. 
Considero que la Brussels Convention resulta muy importante estratégicamente para el desarrollo del comercio electrónico en el mercado interior y que también tendrá importantes implicaciones en el éxito de las pequeñas y medianas empresas. 
Espero que este informe sea aprobado mañana por el Pleno sin modificaciones, tal como fue adoptado por la comisión. 
Señor Presidente, como ya he dicho ante esta Asamblea en anteriores ocasiones, tengo el privilegio de trabajar en una Comisión de Asuntos Jurídicos muy interesante y de ser uno de los pocos miembros que no son abogados. 
Diana Wallis, una abogada internacional de prestigio, ha sido la persona ideal para trabajar en este dossier tan complejo. 
Quisiera expresarle mi agradecimiento por el modo en que ha realizado dicho trabajo y por la libertad con la que ha compartido sus conocimientos con nosotros. 
Ciertamente he aprendido mucho de todo esto. 
Quiero referirme a un punto que es central para mí: como ha dicho mi colega Lord Inglewood, estamos intentando reflejar un mundo nuevo en el que queremos que las pequeñas empresas saquen provecho de la herramienta comercial internacional más poderosa que jamás le han ofrecido. 
Queremos que sean muchas las empresas que utilizan la red, Internet, para vender a consumidores de toda Europa. 
Muchas de estas pequeñas empresas no tendrán ninguna experiencia en exportación, no dispondrán de una red de abogados, se sentirán inseguras sobre cómo deberán atender a las quejas de los consumidores. 
El modo en que la comisión ha estructurado por fin su enfoque logra el equilibrio exacto. 
Seamos claros, lo que proponemos en estas cláusulas alternativas a la jurisdicción no va destinado a las grandes empresas. 
Las grandes empresas, incluso las de tamaño mediano, tienen oficinas repartidas por toda Europa, tienen abogados, pueden ocuparse de los consumidores en este sentido. 
El principio de que los consumidores puedan recurrir al tribunal de su lugar de residencia para solicitar justicia en el caso de litigios sigue intacto. 
Al escuchar algunas de las intervenciones que hemos oído esta noche, cabría pensar que esa opción está amenazada. 
Hemos oído decir a la Sra. Ahern- lamento que no esté presente- que la aprobación del informe de la comisión sería un resultado desastroso. 
Lo que hemos hecho ha sido ofrecer a las pequeñas empresas la alternativa de hacer algo distinto. 
Pueden ofrecer a los consumidores una alternativa a la jurisdicción, pero únicamente en unas condiciones muy concretas. 
Hemos incluido aquí una doble medida de seguridad, porque deberán acordar la inclusión de un mecanismo para la solución de litigios antes de poder hacer uso de la cláusula alternativa, y además las empresas deberán explicar con toda claridad las condiciones al consumidor en cuestión, antes de que éste las acepte. 
Pensemos en este mundo en línea, señoras y señores. Aquellos de ustedes que han realizado compras en línea sabrán que se les ofrece unas condiciones y que ustedes deben aceptarlas de forma concluyente. 
Pulsamos la tecla, movemos el ratón, realizamos una decisión consciente. 
¿Cuántos de ustedes le dieron la vuelta al último recibo del gas o de la electricidad para leer la letra pequeña; las condiciones? 
¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que han aceptado dichas condiciones? 
En el mundo en línea, debemos pensar de modo diferente. 
Estamos pensando aquí en el mundo antiguo; algunos de nuestros colegas están pensando en el mundo antiguo. 
Lo que debemos hacer mañana es aprobar el informe de la comisión y seguir avanzando. 
Ésa es nuestra función como legislador adulto: pensar en nuevas ideas, fomentar el cambio y, como ha dicho Lord Inglewood, no aferrarnos necesariamente a una sabiduría asumida que ha estado con nosotros durante muchos años. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, señor Vitorino, es importante para el conjunto del mercado del comercio electrónico que sea posible practicar el comercio en este ámbito a escala europea. 
No se debe crear ninguna limitación para los mercados, sea por regulación legislativa o por medios tecnológicos. 
La Europa sin fronteras redunda en provecho de los consumidores. 
Si las enmiendas presentadas por la comisión parlamentaria en el informe que estamos debatiendo fueran rechazadas mañana, se pondría en peligro el futuro del comercio electrónico en Europa. 
Estimados amigos, a pesar de lo positivo que sería para el empleo del sector profesional de nuestros juristas, para las pequeñas y medianas empresas de Europa supondría una enorme carga si, a la hora de practicar el comercio electrónico, tuvieran que tomar en cuenta las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE y de los países que han firmado el Convenio de Lugano. 
Probablemente, esto también daría lugar a que las empresas honestas que quieren asumir sus responsabilidades y que se preocupan por sus consumidores no se dediquen en absoluto al comercio electrónico. 
En consecuencia, la oferta dirigida a los consumidores se verá reducida en su conjunto, como ya indicó anteriormente Lord Inglewood. 
Por otra parte, permanecerían en los mercados aquellos irresponsables sin escrúpulos que tan solo se preocupan por el consumidor hasta el momento en que tintinea el pago de la factura en la cuenta bancaria del vendedor. 
Según la propuesta de la Organización de los Consumidores, la comercialización puede sólo abarcar a un país o a determinados mercados, cosa que en el mundo de Internet no es posible ni siquiera a nivel técnico. 
El mundo electrónico no conoce las fronteras estatales. 
Además, ello marginaría al consumidor, puesto que los consumidores deben disfrutar del derecho de encargar productos a cualquier parte del mundo desde cualquier lugar. 
Probablemente, esta interpretación iría también en contra del artículo 49 del Tratado de Roma relativo a la libre circulación de mercancías y servicios. 
Por lo general, las empresas dedicadas al comercio electrónico ni siquiera pueden saber cuál es el país de origen del consumidor. 
Sería, pues, imposible requerir que estas empresas se informaran de antemano sobre la legislación en materia de protección del consumidor en el país de origen del cliente, dado que puede tratarse de cualquier país del mundo. 
En cambio, sería sensato desarrollar procedimientos de sustitución extrajudiciales. 
No obstante, las partes implicadas en el comercio electrónico deberían tener derecho a elegir entre presentar recurso ante los tribunales ordinarios, o acudir al procedimiento de sustitución extrajudicial. 
También pediría que el Consejo y la Comisión reflexionaran aún en su trabajo si sería razonable reconsiderar el mecanismo llamado charge back o sistema de cargo al usuario, que la Sra. Palacio ha vuelto a introducir en este informe a través de su enmienda. 
Ello podría aumentar la burocracia desde el punto de vista del consumidor. 
En este sentido, la posición de la comisión parlamentaria no llega a ser perfecta, pero, sin embargo, parece ser que la mayoría de esta Asamblea la respalda y que mañana se ratificará como posición del Parlamento, lo cual es positivo. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión quisiera comenzar congratulándose de que esta propuesta suya haya merecido no sólo la atención que todas las propuestas merecen por parte del Parlamento Europeo, sino también porque representa un trabajo de gran calidad y gran empeño por parte de la ponente, la Sra. Diana Wallis, que quisiera acoger con particular beneplácito, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por la Sra. Ana de Palacio. 
La amsterdamización del Convenio de Bruselas-I es, como se sabe, una prioridad de la Presidencia francesa. 
Vistas las cosas en la perspectiva de la Comisión, de lo que se trata, para nosotros, es de adoptar un instrumento jurídico que permita formular normas claras, transparentes, aceptadas por todos, que son necesarias para que se pueda hacer una aplicación armoniosa del principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, lo que requiere, naturalmente, un debate sobre la determinación de los principios y las normas aplicables a la competencia de los tribunales de los Estados miembros cuando se produzcan conflictos transfronterizos. 
Por eso, este reglamento tiene un amplio espectro de redacción. 
En primer lugar, contiene un principio que me parece universalmente aceptado hoy: el de la competencia de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado. 
Para mayor flexibilidad y para adaptar mejor las especificidades de las partes en un litigio concreto, el proyecto de reglamento dispone otras normas de competencia, esencialmente la de los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución del contrato o del lugar en que se produzca el daño en el caso de hechos ilícitos. 
Como también dispone competencias relativas a la protección de las partes más débiles en los contratos de consumo, es decir, los consumidores, pero a ese aspecto volveré a referirme más adelante con más detalle, y también, por ejemplo, la protección de los trabajadores o de los asegurados, considerados las partes más débiles en dichos contratos. 
A dichas partes se les reconoce- por lo demás, mediante ciertas condiciones- el derecho a actuar ante los tribunales del Estado de su domicilio. 
Y éste es el marco jurídico global. 
Veo que el reglamento propuesto es- y me parece que sería importante aclararlo ante esta Asamblea- un instrumento horizontal, que se aplica a los asuntos civiles y comerciales de forma general y que abarca tanto asuntos contractuales como no contractuales. 
Por eso, conviene no olvidar que en materia contractual estamos tratando de normas jurídicas sobre la generalidad de los contratos entre empresas, entre empresas y consumidores e incluso entre particulares entre sí. 
Por eso, diversos tipos de contratos especiales, como los contratos de trabajo o los de seguros, reciben un tratamiento específico. 
Ahora bien, me interesa señalar que, si bien reconozco como natural que se haya polarizado el debate en torno a una parte de la aplicación del reglamento relativa a las nuevas normas sobre el comercio electrónico, la verdad es que este reglamento supera ese estrecho ámbito. 
Y hay, desde luego, una enorme ventaja en que se apruebe un reglamento sobre esa materia en una sede de cooperación judicial civil. 
Pero pasemos entonces a la cuestión que provocó más pasiones en el debate y que se refiere a los contratos de consumo celebrados por vía electrónica. 
Es decir, las enmiendas de los artículos 15 a 17. 
En primer lugar, quisiera decir en nombre de la Comisión que la propuesta que presentamos, al formular normas de competencia judicial, no pretende tomar partido a favor de los procesos judiciales en detrimento del otro sistema de resolución de litigios, no es una propuesta dogmática a favor de la consagración de la vía judicial y del repudio de la elección de vías extrajudiciales de resolución de conflictos. 
Al contrario, la Comisión comparte la preocupación expresada por sus Señorías en cuanto a que, tal vez de forma cada vez más general, pero sobre todo en materia de comercio electrónico en concreto, la resolución extrajudicial de litigios constituye, sin la menor duda y en la mayor parte de los casos, una solución mucho mejor que el contencioso judicial. 
No sólo porque la mayor parte de las veces, ese tipo de contratos, tal como los conocemos, afecta hoy en día a importes pequeños, sino también y sobre todo porque la rapidez con que se celebran dichos contratos por vía electrónica contrasta con un exceso de formalismo y con la lentitud con que normalmente han de actuar los tribunales en la resolución de esos litigios. 
Por tanto, la Comisión no se reconoce en el retrato que tal vez quisieran hacer de ella como un dinosaurio del siglo XIX- o, si se quiere, más antiguo, ya que, como saben sus Señorías, antropológicamente hablando, en el siglo XIX ya no había dinosaurios -, un dinosaurio que opone una resistencia encarnizada a la adopción de medios diferentes de resolución de conflictos y que pretende perseguir uan obsesión: los tribunales siempre y para todo. 
No es ésa la posición de la Comisión. 
Y creo incluso que el intensísimo trabajo que hemos venido haciendo- y que más adelante expondré con más detalle- para promover medios diferentes de resolución de conflictos en el nivel europeo es la demostración práctica de que, más que declaraciones retóricas, estamos trabajando en el terreno para poner en práctica mecanismos diferentes de resolución de litigios. 
Y más aún: estamos convencidos de que es posible utilizar las nuevas tecnologías de comunicación, la red Internet, la nueva concepción de network y de corrientes relacionadas y puestas al servicio de la resolución extrajudicial de conflictos. 
Por eso, podríamos decir que la apuesta al afrontar los imperativos aquí expuestos no requiere tanto una elección dogmática de soluciones jurídicas cuanto la capacidad que tengamos para inspirar crédito en los mecanismos diferentes de resolución de conflictos y para suscitar la confianza de los consumidores y los empresarios del business en dichos mecanismos diferentes de resolución de conflictos. 
El mejor homenaje que probablemente se podría hacer a este debate sería el de que de aquí a unos años se dijera que perdimos mucho tiempo con un debate judicializado que- según se acabó concluyendo en la práctica- carecía de la menor importancia. 
Es decir, que el mejor homenaje es que lleguemos a saber si es posible construir de hecho un sistema de resolución de litigios que vuelva casi obsoleto el debate sobre el acceso a la vía judicial. 
Pero, ¿por qué no podemos dejar de debatir la cuestión de la vía judicial? 
Porque, efectivamente, la Comisión comparte la concepción de que la norma debe ser la resolución extrajudicial, pero, para contribuir a incentivar el recurso a esa vía extrajudicial, debe haber principios claros para la otra solución de recurso, que es la judicial. 
Y, por eso, es necesario que haya normas sobre la competencia de los tribunales en los casos- y la Comisión espera que sean pocos- en que la otra resolución no sea posible o no dé resultados satisfactorios. 
Por tanto, por lo que se refiere a los contratos de consumo, a la Comisión le resultó muy provechoso el debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos y considera que en la segunda parte de la enmienda nº 23 figura un principio bastante más claro y seguro que el que figura en su propuesta inicial. 
El de "actividad dirigida a" es un concepto ambiguo que puede provocar dificultades de interpretación y nos proyectaría a una interminable discusión sobre lo que son web sites positivos, activos y pasivos y, por consiguiente, consideramos que se debe substituir- ventajosamente- ese concepto por el de "contratos celebrados a distancia". 
Estamos dispuestos a incluir ese concepto en la propuesta modificada. 
Con todo, eso tiene dos consecuencias en cuanto al destino del artículo 15. 
En primer lugar, se exige que se adapte a su redacción a fin de no limitar el ámbito de aplicación de ese artículo 15 sólo a los contratos celebrados a partir del domicilio del consumidor, condición imposible de establecer, por lo demás, en el caso de los contratos celebrados por vía electrónica. 
Y, por eso, no nos parece que debamos aceptar la primera parte de la enmienda nº 23. 
En segundo lugar, conviene precisar que, en virtud de la enmienda a que me he referido, en este artículo 15 quedan también comprendidos los contratos presenciales, es decir, los contratos face to face. 
En este caso me refiero a la situación en que el vendedor, aun contactado por el consumidor- por ejemplo, por la vía de Internet -, se trasladara al domicilio del consumidor para celebrar el contrato, así como a los contratos en que el consumidor fuera incentivado, por iniciativa de la otra parte, del cocontratante, a dejar incluso el Estado de su domicilio con vistas a la conclusión del contrato, como, por ejemplo, en las situaciones contractuales de viajes organizados por sus propios proveedores. 
Salvaguardando esas dos precisiones, creemos que el concepto de "contrato concluido a distancia" es mucho más adecuado para la realidad a que estamos refiriéndonos. 
En cambio, nos plantea problemas la enmienda nº 24, relativa al artículo 16. 
A nuestro entender, esta propuesta equivaldría a aplicar la norma general de competencia del Estado miembro del domicilio del demandado y a suprimir en sede judicial todas las normas que hoy son comunes en el derecho de la Unión Europea y de los Estados miembros en provecho del consumidor. 
A mi juicio, esas enmienda volvería, por lo demás, inútil cualquier disposición en materia de contratos de consumo, en particular el propio artículo 15 y, además, mientras no se demuestre lo contrario, me parece que colocaría a los consumidores en peor situación que una empresa vinculada por un contrato business to business, que disfruta de la opción entre los tribunales del domicilio del demandado y los del lugar de ejecución del contrato. 
Lo mismo he de decir en relación con la enmienda encaminada a liberalizar el régimen establecido en el Convenio de Bruselas en cuanto a las cláusulas atributivas de jurisdicción en los contratos de consumo. 
Me refiero ahora al artículo 17. 
A juicio de la Comisión, no se puede aceptar la enmienda nº 26, ya que las cláusulas propuestas serían, en nuestra opinión, sistemáticamente incluidas por el proveedor sin que, evidentemente, se basaran en una negociación libre e individual por parte del consumidor. 
El nuevo artículo 17-A propuesto va encaminado a substituir las garantías proporcionadas por los tribunales por un sistema extrajudicial de resolución de litigios con efectos vinculantes. 
La cuestión del efecto vinculante es muy importante. 
En mi interpretación, lo que esta propuesta hace es crear un sistema obligatorio de arbitraje para la resolución de esos conflictos de consumo. 
Ahora bien, el arbitraje, a mi entender, obedece por regla general a normas procesales que son más complejas que las aplicadas por los Tribunales. 
Y la solución que se desprende de esta propuesta suscitaría- creo yo- dificultades jurídicas en lo relativo a la ley aplicable y a la ejecución de las sentencias arbitrales. 
Ese tipo de preocupaciones de la Comisión resulta extensible a la propuesta de enmienda nº 39 subscrita por varios diputados. 
Comprendemos el sentido de esta enmienda, que establece la libertad de las partes para acordar una cláusula de remisión a un mecanismo extrajudicial de resolución de litigios y dispone que dicho mecanismo puede ser vinculante para ambas partes, es aprobado por la Comisión, permite al proveedor recusar la transacción, si el consumidor no acepta la cláusula y es de suponer- no sé si juris tantum o juris ed de dure- que sería siempre conforme a la Directiva 93/13/CEE relativa a las cláusulas abusivas. 
Esta enmienda plantea- me parece a mí- dificultades jurídicas análogas. 
No voy a extenderme sobre la presunción que entraña de que nunca se trataría de una cláusula abusiva. 
Pero la verdad es que, al recurrir a la fuerza vinculante de la decisión del organismo de ADR para ambas partes y, por consiguiente, para el consumidor, optaría por regla general por la substitución obligatoria de los tribunales por los mecanismos extrajudiciales de litigio. 
Semejante solución suscitaría, por lo demás, cuestiones de constitucionalidad en algunos Estados miembros en los que no es posible vedar el acceso a los tribunales, ni siquiera como último recurso, y daría pie para una interpretación entre una cuestión de derecho y una cuestión de hecho en ese tipo de contratos, que, en mi opinión, menoscabaría la eficiencia y la celeridad del sistema. 
La Comisión cree que este reglamento no debe depender de la aprobación de un conjunto de medidas legislativas y no legislativas relativas al comercio electrónico entre empresas y consumidores. 
Estamos convencidos de que los trabajos que ya iniciamos y que están en marcha permitirán que en un corto lapso los otros mecanismos de resolución de litigios estén en el terreno y también permitirán responder rápidamente a los imperativos de resolución de litigios que se desprenden del comercio electrónico. 
He de recordar la revisión de la recomendación de la Comisión de 1998 sobre los principios aplicables a los otros órganos de resolución de conflictos, en que se basa, por lo demás, el lanzamiento ya hecho de la llamada "IIJ-Net", la red europea extrajudicial. 
Del mismo modo, en este momento la Comisión está- en el marco de la iniciativa e-Europe, adoptada por el Consejo Europeo de Feira- trabajando activamente en la formulación de propuestas de códigos de conducta, trust marks y procedimientos extrajudiciales en materia de resolución extrajudicial de conflictos del comercio electrónico, como también tiene encomendado el mandato de preparar un Libro Verde exclusivamente dedicado a los otros métodos de resolución de conflictos, conforme a lo decidido por el Consejo de Ministros de Justicia el pasado mes de mayo. 
Se está haciendo todo eso, que está en nuestro horizonte de trabajo a corto plazo; también en la esfera del tratamiento de pequeños litigios por los tribunales, las llamadas small claims, ya hemos iniciado nuestros trabajos conforme al mandato de Tampere para simplificar y acelerar el tratamiento de los contenciosos transfronterizos que entrañen pequeños importes o importes no impugnados. 
Así, estamos convencidos de que esas iniciativas en curso, que se deberán debatir ampliamente con la sociedad civil, los interesados, las asociaciones representativas de la industria y del comercio y los consumidores y con el Parlamento Europeo, permitirán a corto plazo tener en el terreno, evidentemente, un marco jurídico de referencia para estabilizar los otros mecanismos de resolución de litigios. 
Por eso, pensamos que, para dar tiempo a ese desarrollo del proceso, sería conveniente que la entrada en vigor del reglamento fuese aplazada por unos meses. 
Proponemos seis meses después de la publicación. 
No sólo para que las empresas conozcan en detalle este reglamento, sino también para permitir que se puedan realizar los trabajos en curso en materia de medios diferentes de resolución de litigios. 
3, 27 y 30 relativas a la introducción de las disposiciones relativas al trust, a reserva de que se hagan algunos retoques en materia terminológica, la enmienda nº 22, relativa al contrato de seguro de grupo, las enmiendas núms. 28, 29, 33 y 34, que permiten incluir a los notarios entre las autoridades encargadas de intervenir en el procedimiento de exequatur, así como las enmiendas núms. 
Señor Presidente, me excuso por haber sido más aburrido de lo habitual, pero el respeto de los argumentos válidos y sobre todo la pasión de las críticas merecían una respuesta franca por parte de la Comisión. 
La Comisión declara humildemente que ha aprendido con este proceso legislativo y que sin lugar a dudas esta labor no va a terminar aquí. 
Muchas gracias, Sr. Vitorino, por su extensa intervención. 
Queda cerrado el debate. 
Se procederá a la votación mañana, jueves, a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.15 horas) 
Señor Presidente, yo quiero rechazar y denunciar públicamente la chapuza de procedimiento, que no sé si ha sido decidida por la Conferencia de Presidentes, las Presidencias del Consejo y de la Comisión o la Presidencia del Parlamento, para tratar de un tema tan trascendente e importante como el del terrorismo en el Estado español. 
Podrá ser muy reglamentario, pero desde luego no es ni ética ni democráticamente aceptable que esta relevante cuestión no se trate mediante un procedimiento que permita un debate político sobre una propuesta de resolución concreta a la que todos los Grupos parlamentarios interesados puedan presentar enmiendas. 
El procedimiento adoptado pretende- creo yo- que una declaración por escrito presentada por cinco eurodiputados españoles- y tienen mucho derecho a hacerlo -, se convierta en posición oficial de este Parlamento, pero será una posición adoptada interesadamente por la puerta de atrás, casi con nocturnidad y alevosía, evitando el riesgo de que otros grupos y parlamentarios puedan plantear enmiendas o matices con objeto de lograr un amplio consenso sobre el texto. 
Créanme, señor Presidente, representantes del Consejo y de la Comisión, si me atrevo a decirles que esto de hoy es una gran torpeza política, que algo importante como es una posición del Parlamento sobre el terrorismo no va a contar con un amplio respaldo de todos, ya que habrá algunos que, aunque rechazando y condenando tajantemente el terrorismo... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Lo lamento mucho, señor Ortuondo. 
Hemos escuchado que no está de acuerdo. 
Sin embargo, así ha sido decidido por los órganos competentes de este Parlamento. 
Tomamos nota de ello. 
Realmente, ahora se trata del Acta y el orador anterior no se ha referido a esta cuestión ¿Hay alguna observación sobre el Acta de ayer? 
Señor Presidente, quisiera referirme a una situación irregular que reina en la Escuela Europea I de Bruselas. 
Miles de niños y de jóvenes- mayoritariamente hijos de nuestros funcionarios- están sin enseñanza desde finales de junio. 
Hasta ahora no se ha producido el comienzo del nuevo curso escolar. 
Al principio se había anunciado el 7 de septiembre. 
Pocos días antes de esta fecha el inicio del curso se aplazó al día de hoy y ahora los padres han sido notificados de que el inicio del curso no puede tener lugar porque no se han terminado unos importantes obras en el edificio. 
Desde hace años se vienen realizando trabajos de reforma en esta escuela. También son conocidos los problemas con el asbesto. 
A pesar de esto no se ha ofrecido ninguna posibilidad de traslado de los niños. 
Ruego a la Presidenta de este Parlamento que vele junto con la Comisión por que estas malas situaciones no se solucionen a costa de los niños. 
Esto es increíble. 
Tenemos enseñanza obligatoria y los niños carecen de la posibilidad de cumplir con su deber de asistir a la escuela. 
Señora Schleicher, resultaría particularmente trágico que los niños sean víctima de la imposibilidad de recibir enseñanza. 
Tomo nota de ello y se lo transmitiré, tal como usted pide, a la Mesa y a los restantes órganos competentes del Parlamento. 
Veremos qué podemos hacer al respecto. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo y de la Comisión sobre el terrorismo en España. 
Este debate se inicia en nombre del Consejo y en nombre de la Comisión. 
Me ha sido comunicado que el Ministro Paul, miembro del Consejo, todavía no ha llegado, pero espera estar aquí dentro de un momento. 
Viene en tren desde París, y como la sesión ha empezado con adelanto, no está todavía presente. 
No obstante, supongo que el Comisario Vitorino estará preparado para proceder con su declaración; después veremos si el Ministro ya ha llegado. 
En ese caso, cedo la palabra al Comisario Vitorino, en nombre de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión ha verificado, consternada, la reanudación de los actos de violencia en el País Vasco y se adhiere a las declaraciones sucesiva y vehementemente formuladas, en el sentido de condenar los hediondos actos de terrorismo cometidos en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, en todos los Estados miembros de la Unión Europea y, en particular, en España. 
El terrorismo constituye uno de los desafíos más importantes que se plantean a nuestras sociedades, pues resulta intolerable la violencia ciega que lo caracteriza y que afecta en particular a las poblaciones. 
Los atentados terroristas escandalizan y entristecen a todos los ciudadanos europeos y merecen su repudio, porque los ciudadanos europeos siguen expresando una voluntad inquebrantable de compartir un futuro pacífico. 
La Comisión considera que la solidaridad de los otros Estados miembros puede y debe apoyar la lucha de las autoridades españolas contra el terrorismo. 
Por eso, la Comisión se congratula del paso adelante que significa la consagración del principio de solidaridad en la lucha contra el terrorismo que se adoptó en el Tratado de Amsterdam. 
El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea menciona expresamente el terrorismo como una de las formas de delincuencia que prevenir y combatir en el nivel de la Unión Europea, uno de los sectores en los que la Unión Europea puede representar un valor añadido a esa lucha. 
Con todo, la dimensión europea de la lucha contra el terrorismo no es un concepto reciente. 
Algunas acciones decididas de cooperación de los servicios judiciales y de los de policía de dos o más Estados, sobre todo de los dos lados de la frontera franco-española, han registrado recientemente buenos resultados contra el terrorismo. 
Por su parte, la Comisión coopera con los Estados miembros y con Europol con vistas a la consecución de los mismos objetivos. 
Del mismo modo, en el ámbito de la acción del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, existen contra el terrorismo- no sólo firmados, sino también en negociación- diversos y pertinentes convenios internacionales. 
Sin embargo, la reanudación de los atentados muestra, por desgracia, que esas medidas son aún insuficientes para eliminar el terrorismo. 
Es necesario ir aún más lejos en cuanto a cooperación europea. 
Y sobre todo cabe decir aquí, en nombre de la Comisión, unas sentidas palabras de respeto y homenaje a las víctimas de los atentados terroristas- en tantos casos representantes legitimados por el voto del pueblo en elecciones democráticas -, que lo son por desempeñar su misión profesional, por respetar su conciencia de servidores del Estado y del pueblo, pero también y sobre todo a las víctimas indiscriminadas del terrorismo, a los ciudadanos anónimos, a quienes se niegan a vivir bajo el chantaje del miedo. 
Y el mejor homenaje que se puede rendir consiste precisamente en probar que también nosotros, en las instituciones europeas, somos capaces de contribuir a ese esfuerzo colectivo de los ciudadanos de Europa. 
El Tratado de Amsterdam permite, como ya he dicho, que la Unión Europea haga su contribución. 
Y, por eso, inmediatamente después de su entrada en vigor, los Jefes de Estado o de Gobierno, reunidos en el Consejo Europeo de Tampere, incluyeron el terrorismo en el planteamiento global de la lucha contra todas las formas de delincuencia. 
Hubo compromisos políticos claros, el compromiso de crear equipos de investigación comunes que, a mi entender, constituyen el instrumento más eficaz para luchar contra el terrorismo desde su propia base de gestación. 
Europol, cuyo mandato comprende expresamente el terrorismo, debe dar su apoyo de igual forma a esa acción común, participando en los propios equipos de investigación conjunta. 
La eficacia de ese apoyo de Europol será tanto mayor cuanto mayor sea el fortalecimiento de su capacidad operativa. 
Y, si bien es verdad que en muchos casos la cooperación bilateral entre fuerzas de policía es un instrumento esencial en la lucha contra el terrorismo, no lo es menos que la necesidad de vincular ciertas expresiones terroristas a otras formas de delincuencia organizada, en sus métodos, en sus redes de acción, incluso en sus propias fuentes de financiación, exige una visión multilateral y no sólo meramente bilateral del fenómeno del terrorismo. 
Por otro lado, los instrumentos de cooperación judicial, en particular los destinados a evitar que los delincuentes se beneficien y aprovechen la diversidad de las legislaciones nacionales, permitirán también, señor Presidente, reducir o incluso eliminar algún día todos los obstáculos que surgen a la presentación a juicio de los terroristas de un país en otro país de la Unión. 
El camino que se debe seguir está claramente trazado, dado que en Tampere se decidió que en el futuro se deberían suprimir los procesos formales de extradición entre Estados miembros relativos a personas condenadas definitivamente y se debería aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones penales no sólo a las decisiones finales, sino también a las anteriores a la propia fase de juicio. 
Así, un primer objetivo sería el de garantizar la ejecución de los mandatos de busca y captura con vistas al sometimiento a juicio, teniendo en cuenta la gravedad de las infracciones de que se trate, en caso de que en el mismo individuo incidan una pluralidad de mandatos. 
Ahora corresponde a todos los socios institucionales la responsabilidad de velar por que esas orientaciones ya adoptadas en el plano político se plasmen más rápidamente en normas de derecho y en hechos. 
Varias acciones esenciales para la intensificación de la lucha contra el terrorismo están ya incluidas en el scoreboard de la creación de un Espacio de libertad, seguridad y justicia y tengo la convicción de que serán concretadas rápidamente, en particular el compromiso subscrito por los Jefes de Estado o de Gobierno de que el terrorismo es una de las formas de delincuencia sobre las que las instituciones europeas deberán adoptar definiciones, tipificaciones penales y sanciones comunes, para enviar un mensaje claro de que los fenómenos terroristas no están protegidos por la legislación de ningún Estado miembro. 
Por eso, quisiera reiterar el compromiso de la Comisión de favorecer, por todos los medios que confieran los Tratados, el fortalecimiento de una acción europea contra el terrorismo, ya ocurra en España o en cualquier otro Estado miembro (como aún recientemente- acaban de informarme al respecto -, esta noche, en el Reino Unido). 
En sociedades democráticas como la nuestra el terrorismo no puede abrigarse tras justificación pretendidamente política alguna. 
El terrorismo es- hemos de decirlo- una vía sin salida y su desaparición, por fortuna, en otros países europeos nos infunde la esperanza de que tarde o temprano también en España será eliminado. 
Corresponde a los Gobiernos demostrar ante las opiniones públicas el absurdo del terrorismo y atacar mediante una estrategia de intervención diversificada sus propios fundamentos y raíces. 
Estoy convencido de que las sociedades democráticas a las que nos enorgullecemos de pertenecer vencerán en esa lucha, con la condición de que nunca abdiquemos de nuestros valores democráticos, de demostrar que la democracia es un régimen fuerte en la lucha contra el terrorismo y para ello volver más eficaces tanto las políticas de prevención como las de represión de los actos terroristas. 
Evidentemente, eso es lo que hace España, es también lo que la Comisión está empeñada en hacer en las esferas de su competencia. 
Señor Presidente, Señorías, Europa es un espacio de libertad que todos deseamos consolidar. 
Por esa razón los atentados terroristas no sólo constituyen ataques a la democracia y al Estado de derecho, sino que, además, impiden que los ciudadanos vivan la libertad por todos deseada. 
Por eso, nuestro empeño, nuestros esfuerzos colectivos, deben ir encaminados a garantizar el pleno usufructo de dicha libertad. 
La libertad no cede al chantaje, la libertad no cede al miedo, porque no hay dignidad humana que no se viva en libertad. 
Señor Presidente, ¿no considera usted tal vez mejor- se lo digo como cuestión de orden, no como intervención, naturalmente- esperar unos minutos a que llegue el ministro? 
Comprenderá que me resulta un poco complicado contestar al representante del Consejo si él no ha tenido oportunidad de pronunciarse. 
Someto a su consideración una interrupción del Pleno durante apenas diez minutos, hasta las nueve, que es la hora en que el ministro tenía previsto llegar a esta Asamblea. 
Señor Galeote, comprendo cómo se siente. 
En defensa del Ministro, el Sr. Paul, quisiera señalar que el tren procedente de París ha llegado a las 8.20. 
Esperamos que llegue de un momento a otro. 
Doy preferencia a esta cuestión por el orden del día tan repleto que tenemos. La Asamblea decidió ayer que votaríamos a las 11.00; que si empezábamos, no interrumpiríamos la votación. 
En realidad, quisiera pedirle que inicie su exposición. 
Hemos escuchado la declaración del Comisario. 
Ayer decidimos empezar a las 8.30 y sería absurdo interrumpir ahora la sesión. 
Señor Presidente, yo estoy seguro de que la inmensa mayoría del pueblo vasco, si pudiera, agradecería a la Presidencia francesa del Consejo y al Parlamento Europeo que se hagan eco de sus anhelos más profundos en favor de la paz y de la convivencia democrática. 
Señorías, desde las primeras elecciones democráticas en España, en 1977, el País Vasco se ha configurado como la región europea con mayores cuotas de autogobierno. 
Desde entonces, en seis ocasiones, los ciudadanos vascos han tenido oportunidad de elegir a sus representantes en su Parlamento autónomo y nunca el nacionalismo violento y radical ha conseguido en las urnas el apoyo democrático de los vascos. 
Sin embargo, desde la aprobación de nuestra Constitución, que consagra el régimen de libertades en España, ETA ha asesinado en mi país a 804 personas y ha dejado a más de 2000 viudas y huérfanos por toda España y, principalmente en el País Vasco. 
Mujeres y hombres de toda condición, incluyendo por supuesto, a quienes dedicaron parte de sus vidas a la lucha contra la dictadura. 
Venciendo el miedo, hoy existe en el País Vasco y en el resto de España una reacción popular, cívica y pacífica contra el acoso del terrorismo asesino. 
Con este debate, Señorías, yo creo que tenemos el deber de recoger y amplificar ese clamor popular y de contribuir entre todos a movilizar a la ciudadanía europea en un gran pacto por la libertad. 
Tenemos que ser capaces de hacer sentir a los ciudadanos de nuestros países de origen que los principios más básicos en los que se funda nuestra convivencia en común están amenazados cuando alguien, en cualquier rincón de Europa, es asesinado por sus ideas. 
Sólo la unidad de los demócratas garantiza el aislamiento de los violentos y de los que, desde la permisibilidad propiciada en nuestras democracias, amparan, inducen, justifican o toleran actos terroristas de cualquier naturaleza. 
Quiero que se me entienda bien. 
Todos, sin duda, coincidimos en que el diálogo es un elemento determinante del procedimiento democrático. 
Sólo hay una excepción a esta regla de oro y esa excepción es también un componente irrenunciable de los sistemas democráticos. 
En democracia, queridos y queridas colegas, la voz de aquéllos cuyo objetivo es destruirla y que utilizan para ello métodos criminales ha de ser silenciada por la ley, por el Estado de Derecho. 
La democracia jamás ha de mostrarse débil con los que al mismo tiempo- y lo subrayo -, al mismo tiempo, de manera recalcitrante, persisten en doblegarla con la pistola en la mano. 
Yo estoy seguro del compromiso personal y político del Comisario Vitorino y de todo el Colegio de Comisarios en este empeño. 
Nos han dado muestras de ello en diversas ocasiones. 
Por lo tanto, yo quisiera pedirle al señor Comisario que, desde su capacidad exclusiva de iniciativa legislativa, proponga nuevas medidas que nos permitan avanzar en la cooperación europea, que, como usted mismo ha dicho, es todavía insuficiente. 
Una de las medidas más eficaces en la lucha antiterrorista es, en efecto, la orden europea de busca y captura que permitiría que los terroristas cumplieran sus penas en el país en el que hayan cometido el delito más grave. 
Termino, señor Presidente, mencionando a los europeos más afectados por el terror. A las víctimas del terrorismo y a sus familias. 
Hoy, con este debate, se encuentran un poco menos solos. 
Señor Presidente, el pasado jueves, mientras presentábamos en el registro del Parlamento una declaración escrita con la que buscábamos del Parlamento Europeo un compromiso directo y activo en la lucha contra el terrorismo de ETA, esa organización criminal trataba de asesinar a José Ramón Recalde. 
Recalde, un socialista de setenta años, ha dedicado toda su vida a defender la democracia y la libertad. 
Lo hizo como profesor en San Sebastián, en los difíciles años 60, convirtiéndose para todos los alumnos en un referente de rigor intelectual y decencia humana. 
Fue también, durante el franquismo, fundador de las primeras ikastolas- escuelas en las que se enseña la lengua vasca -, y después simultaneó la enseñanza con su presencia en dos Gobiernos autonómicos de coalición con nacionalistas, siendo Consejero de educación y de justicia. 
Ese currículum, Señorías, de luchador por las libertades, de defensor del entendimiento y de la tolerancia, es el que le ha convertido en candidato a ser asesinado por ETA. 
Una muestra más de la catadura de la banda terrorista. 
Señorías, el daño que nos ha hecho ETA va más allá del daño a nuestra convivencia, a los ataques a nuestra libertad, a los ataques a nuestra vida. 
Los terroristas y sus cómplices han proyectado una imagen de mi país, de sus gentes, de nuestra historia completamente distorsionada. 
Por eso, -parafraseando al filósofo vasco Savater- les pido que perdonen las molestias si aprovecho esta solemne oportunidad para hablarles de la realidad del País Vasco, para ayudarles a comprender. 
Yo nací hace 48 años en Euskadi, allí he vivido toda mi vida. 
Euskadi es un país hermoso, moderno, abierto, lleno de gente amable, tolerante. 
Es un país mestizo y plural. Esta es nuestra mayor riqueza. 
Nuestros jóvenes no se diferencian mucho de los de Alemania, Bélgica o Italia. 
Navegan por la Red. 
Militan en organizaciones pacifistas, de cooperación al desarrollo, por la igualdad sexual, por la ecología, por el medio ambiente. 
Sólo unos pocos jóvenes vascos se ponen capuchas negras. 
La mayoría de los jóvenes vascos se pintan las manos de blanco para defender, pacíficamente en la calle, la libertad. 
Ellos, a diferencia de la gente de mi generación, han nacido en democracia pero, a diferencia de los jóvenes de su generación del resto de la Unión, tienen aún que defender ante los terroristas su libertad y la de todos. 
Sí, ETA lleva más de veinte años asesinando contra la democracia. 
Sí, hace más de veinte años que España recuperó la democracia y, con ella, los vascos recuperamos nuestro autogobierno. 
Pero antes, en el año 1977, hubo en España una amnistía general y todos los presos políticos, entre ellos todos los miembros de ETA encarcelados durante el franquismo, fueron puestos en libertad. 
Pero ETA siguió asesinando desde el año 1977, con centenares de muertos- diecinueve de ellos niños de entre 2 y 16 años. 
Las víctimas son policías, militares, políticos, concejales, empresarios, periodistas, profesores, pacifistas, taxistas, tenderos, vendedores de bicicletas. 
Estas, Señorías, son las víctimas de ETA. 
En algunas poblaciones y ámbitos del País Vasco, ETA y sus redes de apoyo impulsan una auténtica limpieza étnica contra quienes sostenemos opiniones políticas no nacionalistas, negándonos la condición de vascos, tratando de expulsarnos de nuestros pueblos y obligándonos a callar. 
Siempre estaremos dispuestos a dialogar con cualquiera que acepte las reglas del juego democrático. 
Todas las ideas pueden ser defendidas a través de la palabra. 
Nada es inamovible. 
Todo puede ser cambiado, pero nunca aceptaremos el terror como instrumento para cambiar nuestra voluntad. 
Quienes asesinan con esa pretensión han de perder toda esperanza. 
La democracia y los derechos humanos son la razón de ser y de existir de la Unión Europea. 
Por eso, cuando en una parte de ella las actuaciones fascistas y totalitarias de ETA nos quitan la libertad, los demás europeos debemos sentir que nuestra libertad, la de todos- cualquiera que sea nuestra nacionalidad, idioma, cultura o religión- está amenazada. 
(El Presidente ruega a la oradora que concluya) 
Señorías, les quería decir que los ciudadanos del País Vasco somos gente normal, somos gente corriente que aspiramos a salir a la calle sin escolta, a pasear por nuestra ciudad sin mirar de reojo hacia atrás. 
A nuestros jóvenes les gustaría no tener que manifestarse en la calle y pintarse las manos de blanco. 
Sólo queremos vivir en paz y defender nuestra libertad. 
Señorías, de todos ustedes espero solidaridad activa para que de verdad podamos ser igual que el resto de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la condena del terrorismo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea es total, cualquiera que sea la motivación de los grupos criminales que perpetran los atentados. 
Igualmente, el Consejo de la Unión condena con la misma firmeza todas aquellas formas de terrorismo practicadas en el territorio de los Quince. 
Debo recordar que en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar los días 19 y 20 del pasado mes de junio en Santa María da Feira, en Portugal, el Consejo manifestó el horror que le inspiran los trágicos acontecimientos provocados por el terrorismo en Europa y reafirmó con vigor su compromiso de proseguir la lucha contra esta lacra a nivel europeo, y reforzar e intensificar la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito. 
En este momento, cuando Francia está ejerciendo la Presidencia del Consejo, debo manifestar aquí de forma especial nuestra solidaridad frente a la amenaza que representa el terrorismo en España, actualmente el más criminal de Europa. 
Está claro que la Unión no podría aceptar que la construcción europea se viera utilizada por los terroristas españoles como coartada para justificar sus reivindicaciones. 
En ningún caso el nacionalismo violento puede ser compatible con los ideales de la Unión Europea. 
La lucha contra todas las formas de terrorismo es una prioridad de la Unión Europea para realizar el espacio de libertad, de seguridad y de justicia buscado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Tampere, en octubre de 1999. 
Naturalmente, junto a la cooperación multilateral que realizan las instancias de la Unión, se incluyen cooperaciones bilaterales especialmente eficaces, y la cooperación operativa franco-española ha dado en los últimos tiempos el resultado que ustedes ya conocen. 
Es precisamente sobre la actividad y la responsabilidad de la Unión Europea para luchar contra el terrorismo en general, y por consiguiente, también en España, sobre lo que quisiera, en mi calidad de copresidente, con mi colega francesa de Justicia, del Consejo "Justicia y Asuntos Interiores", hablarles esta mañana. 
El origen de la cooperación entre Estados miembros de la Unión Europea en materia de seguridad interior, si me permiten este breve recordatorio histórico, se remonta al año 1976, en la época de los grupos Trevi. 
Esos grupos informales, que se reunían todos los semestres, eran ya desde su origen la expresión de una voluntad de cooperación policial en una serie de ámbitos entre los que estaba el terrorismo, que ocupaba muy especialmente a los miembros del subgrupo Trevi I. 
La cooperación policial, desarrollada en el seno de la conferencia de Trevi, condujo a la puesta en marcha de una red de oficiales de enlace. 
La puesta en práctica de esta red, sin duda la más avanzada de esta cooperación, es el resultado del programa de acción aprobado en junio de 1990 en Dublín por los ministros de Interior y Justicia de los Doce, en aquellos momentos. 
Se trata, de hecho, de intercambios de expertos que se sitúan así cerca de los servicios especializados de los diferentes Estados miembros, y la misión de estos oficiales de enlace es por tanto la de intercambiar información, pero también asistir a los servicios competentes asegurando una función de asesoramiento. 
Creo que se puede decir hoy que esta red de oficiales de enlace ha dado ampliamente muestra de su eficacia favoreciendo en tiempo real el desarrollo de las investigaciones policiales. 
En el marco de la cooperación en materia de Justicia y Asuntos Interiores se constituyó también, tras el Tratado de Maastricht, un grupo de trabajo específico para la lucha contra el terrorismo. 
Dicho grupo de expertos en terrorismo fue confirmado por el Tratado de Amsterdam, lo que muestra con toda evidencia hasta qué punto es necesaria la existencia de un espacio dentro del cual los representantes de los Quince tengan la posibilidad de reunirse para realizar intercambios y cooperar. 
Fueron los trabajos de este grupo los que llevaron al Consejo a adoptar dos decisiones importantes que yo quisiera recordar aquí. 
En 1996, el Consejo aprobó una acción común por medio de la cual se creaba, y se preveía su mantenimiento, un Repertorio europeo de competencias, conocimientos y dictámenes periciales especializados en materia de lucha antiterrorista. 
Por otra parte, a finales del año 1999, el Consejo adoptó una recomendación sobre la cooperación en materia de lucha contra la financiación de los grupos terroristas. 
Conviene también mencionar aquí el papel que ha desempeñado la oficina europea de policía, Europol, en la lucha contra el terrorismo. 
El convenio de 26 de julio de 1995, por el que se creaba una oficina europea de policía, preveía ya en el origen la competencia de este órgano de cooperación policial para "aquellas infracciones cometidas o susceptibles de ser cometidas en el marco de actividades terroristas que atenten contra la vida, la integridad física, la libertad de las personas o sus bienes". 
Este convenio preveía la extensión del mandato de Europol al terrorismo, como muy tarde- era la mención inicial- dos años después de su entrada en vigor, que tuvo lugar el 1 de octubre de 1998. 
Saben ustedes que un departamento de Europol está dedicado a la lucha contra el terrorismo. 
Se trataba de una demanda de España y es bastante natural que se haya confiado la dirección de este departamento a un alto funcionario español. 
Frente a la actividad criminal desarrollada en aquel momento por algunos grupos terroristas, el Consejo "justicia y asuntos interiores", reunido los días 28 y 29 de mayo de 1998, adoptó la decisión de autorizar a Europol a anticipar de alguna manera su actividad de lucha contra el terrorismo iniciándola a partir del 1 de enero de 1999. 
Finalmente, no podría, por supuesto, obviar las prioridades actuales de la Presidencia francesa de la Unión Europea en el ámbito que nos ocupa, y que les preocupa esta mañana. 
La Presidencia francesa desea muy especialmente mejorar e intensificar la cooperación entre los Estados miembros, pero también ampliar aún más esta última a los países candidatos a la adhesión. 
Esta cooperación es al mismo tiempo judicial y policial. 
Conducirá sin duda un día a armonizar o a unificar las incriminaciones penales. 
El Gobierno español, por su parte, desea la institución de un mandamiento de detención europeo. 
Entre las prioridades de la Presidencia francesa, quisiera citar muy especialmente la iniciativa orientada a poner en marcha un programa de información y algunas medidas a adoptar con el fin de preparar la entrada de los países candidatos en la Unión Europea. 
Este planteamiento pretende aumentar nuestro conocimiento de sus estructuras de lucha antiterrorista e intensificar la sensibilidad de países que a priori no tienen experiencia especial en este ámbito. 
Con el fin de dibujar un cuadro exacto de la situación del terrorismo en el seno de la Unión Europea, y ésta es por tanto la segunda prioridad de nuestra Presidencia, hemos querido mantener la práctica orientada, en cada reunión del grupo de trabajo, a proporcionarse información mutua sobre la evolución reciente del terrorismo en cada uno de los Estados. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, ha sido este sistema, que combina cooperación bilateral y cooperación multilateral, el que ha permitido de nuevo muy recientemente, estos días pasados, obtener éxitos importantes en la lucha contra el terrorismo en España. 
Señor Presidente, mientras estamos aquí, hablando de todas estas cosas, José Luis Ruiz, concejal del PP en un pueblo de Cataluña, ha sido asesinado por ETA. 
Algunos nos intentan confundir y van a intentar crear la confusión entre las personas de buena voluntad de esta Asamblea. 
Pero hay una frontera clara que nos separa. 
En un lado están los que mueren por la democracia y en el otro lado están los que matan intentando acabar con nuestra libertad. 
Le agradezco esta comunicación, señor Galeote. 
Resulta extraordinariamente trágico y difícil de aceptar que algo así suceda. 
Señor Presidente, con toda probabilidad he sido el primero en conocer el atentado de esta mañana a las 7,40. 
Hace ya rato que lo sé. 
Se ha producido en Cataluña, a tres o cuatro kilómetros de mi casa. 
Y, evidentemente, esto se agrava aún más, porque siendo ya más de 800 los asesinados por ETA, esta mañana, mientras estamos aquí discutiendo, han atentado una vez más. 
Ningún objetivo político justifica la violencia. 
Sólo cabe la condena total del terrorismo, y más en este momento, porque los terroristas nos quieren hundir. 
Por tanto, debemos repetir una vez más, y con toda la fuerza, nuestra posición de firmeza, de cooperación, como decía el Comisario, en pro de una democracia fuerte, porque el terrorismo atenta directamente contra el núcleo de nuestros valores. 
Expresemos solidaridad con todos los afectados, y expresemos, eso sí, nuestra esperanza de paz. 
Este debate, tras este último atentado, resulta especialmente duro para este diputado, y lo he comentado con cuatro de los cinco firmantes de la declaración contra el terrorismo en España. 
A dos de ellos he indicado que un apartado, el segundo, puede hacer difícil la firma de la declaración por algunos. 
El segundo apartado rechaza todo diálogo con el ámbito que tolere el terrorismo, que le sea cercano. 
Si he hablado con los autores del texto es porque creo que deberían encontrar alguna fórmula para que todos pudiéramos firmar. 
¿Por qué es difícil firmar el segundo apartado redactado en estos términos? Porque pone en entredicho la cultura de la paz. 
La cultura del diálogo. Porque si renunciamos al diálogo no es posible el proceso de Irlanda del Norte. 
No es posible el proceso de Oriente Medio. 
No sería premio Nobel de la Paz el eurodiputado Sr. John Hume y creo que es importante que lo sea. 
Si ETA no renuncia a sus armas, no renunciemos nosotros a las nuestras. 
Si ETA no renuncia a la violencia, no renunciemos nosotros a la ley y al diálogo, que son nuestras armas. 
No tenemos otras. 
Por tanto, ruego encarecidamente- lo he hecho en privado y lo hago ahora públicamente- a quienes han presentado la declaración que nos faciliten la firma, porque cualquier posición respecto al terrorismo exige que esté plenamente justificada. 
Por otra parte, si esta declaración pretende ampararse en la de 1997 de esta misma Asamblea, que hablaba del diálogo en términos positivos ¿por qué no recurrimos a ella, concretamente a su octavo apartado, en que esta Asamblea trató del diálogo en términos positivos? 
Señor Presidente, todos deberíamos poder firmar. 
Nada justifica el terrorismo. 
Nada justifica la falta de unidad de las fuerzas democráticas. 
Señor Presidente, he pedido la palabra para una cuestión de orden a raíz de la intervención que acabamos de escuchar de nuestro distinguido colega el Sr. Pere Esteve. 
Este Parlamento, con fecha 14 de diciembre de 1995, aprobó una resolución que contenía lo siguiente: "Reitera su rechazo a cualquier tipo de diálogo con quienes colaboran, amparan, inducen o ejecutan actos terroristas de cualquier naturaleza", y este Parlamento también aprobó con fecha 15 de octubre de 1998 una resolución que contenía lo siguiente: "Insiste en su rechazo a dialogar con todos aquellos que colaboren, permitan, susciten, apoyen y ejecuten actos criminales". 
Dos resoluciones de este Parlamento, Sr. Esteve. 
Usted dice que se le facilite la firma: es difícil facilitarle a alguien que esté en paz auténtica con su conciencia. 
Señor Presidente, además de expresar mi acuerdo con las palabras del Sr. Esteve, quiero en primer lugar manifestar en nombre de nuestro Grupo y también en nombre de mi partido Eusko Alkartasuna- partido en el Gobierno del País Vasco junto con los compañeros del Partido Nacionalista Vasco- nuestro rechazo más frontal y absoluto al terrorismo y sobre todo hoy, después de este acto criminal cometido en Cataluña. 
Lamentamos que rechazos contundentes y propuestas constructivas no vayan, sin embargo, de la mano al haber presentado algunos grupos, excluyendo a otros y sin abrir el debate, la declaración que ya ha sido comentada. 
Respetamos, como no puede ser de otra manera, la libertad de todo el mundo y la de los distintos Grupos políticos para presentar declaraciones, pero no podemos compartir que se nos pretenda imponer el rechazo del diálogo y ello por múltiples razones. 
En primer lugar, porque creemos profundamente, como Mo Mouwlan, que el diálogo es la vía genuina para la resolución de los conflictos violentos en cualquier parte del mundo pero, en segundo lugar, porque no podemos ser incoherentes con declaraciones precedentes de este Parlamento. 
Voy a leer algunas. La propia Presidenta Nicole Fontaine decía hace unos días en Estrasburgo: "A todos los hombres y mujeres demócratas de España y especialmente del País Vasco español que todavía continúan creyendo, a pesar de este clima de terror, en el diálogo político". 
Con propuestas que condenan el diálogo ¿dónde quedarían Lionel Jospin, François Bayrou o nuestro colega europarlamentario y premio Nobel John Hume y todos aquellos que apostaron por el proceso de paz irlandés? 
¿Dónde situaríamos a la Comisaria Reding? 
No voy a citarlo textualmente, pero puede consultarse al respecto su informe presentado en 1997 a este Parlamento sobre el terrorismo. 
Cuando hablamos de un conflicto serio y europeo no podemos obrar con ligereza y quedarnos en declaraciones retóricas y recurrentes sin acudir a las causas y tratar, entre todos, de encontrar una solución. 
Este Parlamento debería constituirse en elemento singular de promoción de iniciativas que nos conduzcan al cese de la cruel violencia que sufre el País Vasco y en la búsqueda de caminos de diálogo, muy especialmente entre las fuerzas democráticas vascas. 
Señor Presidente, Señorías, desde la necesaria autocrítica de todos los Grupos y también del nuestro, creemos que es hora de ponernos a trabajar y, sobre todo, de tratar de afrontar un problema serio como es el del terrorismo sobre bases sólidas, con el máximo consenso posible y, por supuesto, teniendo claro que el diálogo ha sido, es y será el activo más preciado para alcanzar la paz y la reconciliación. 
Nosotros podríamos haber presentado aquí un texto alternativo, pero eso sería un grave error porque creemos que, en un asunto tan serio y tan grave como éste, se debe hacer todo excepto propuestas que supongan la división de este Parlamento. 
Permítanme un pequeño desahogo personal. 
En el año 1970, hace 30 años y en plena dictadura franquista, yo estaba en la cárcel por defender las libertades y ya entonces estaba en contra de ETA. 
Como todo ser humano que se precie y que pretende ser inteligente, estoy dispuesto a aprender, pero déjenme que les diga que no admito lecciones en materia de firmeza contra el terrorismo. 
Termino, señor Presidente, citando a Jorge Luis Borges: " Unos 500 años antes de la era cristiana, se dio en Grecia la mejor cosa que registra la historia universal, el descubrimiento del diálogo. 
La fe, la certidumbre, los dogmas, los anatemas, las plegarias, las prohibiciones, las órdenes, los tabúes, las tiranías, las guerras y las glorias abrumaban al orden. 
Algunos griegos contrajeron- nunca sabremos cómo- la singular costumbre de conversar. " 
Sin esos pocos griegos, la cultura occidental sería inconcebible. 
¡Ojalá que hoy, con un nuevo asesinato de por medio, doloroso, triste, inmundo, incluso en los momentos más difíciles y teniendo enfrente a nuestros adversarios más intransigentes y asesinos, no renunciemos a ese gran valor de la cultura global que es el diálogo, sin perjuicio de la mayor firmeza en nuestras convicciones democráticas y en el rechazo frontal al terrorismo! 
Señor Presidente, una cuestión de orden: en diversas ocasiones a lo largo de este debate se ha mencionado a Irlanda del Norte y se ha sugerido que la noción de diálogo incondicional con los terroristas constituye la base del Proceso de Paz Irlandés. 
Esto no es verdad. 
El Proceso de Paz Irlandés se basó en el alto el fuego incondicional del IRA Provisional. 
Señor Presidente, compruebo que hay varios debates paralelos y que probablemente es más fácil hablar cuando uno no está inscrito en representación de un Grupo político, pero todo sea en favor del diálogo político y de la clarificación de lo que estamos discutiendo aquí y de los objetivos de la declaración escrita que se ha presentado. 
Hoy es ocioso ya, después de lo que hemos escuchado, hablar del significado del terrorismo de ETA, de los efectos crueles que causa a la población, de su ataque frontal a los valores democráticos recogidos en la Constitución española de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Guernica, que tantos esfuerzos y sacrificios ha costado al pueblo vasco y al pueblo español en su conjunto. 
Ya hemos escuchado que luchadores contra la dictadura franquista están sentados en el hemiciclo y tienen mérito, pero otros están bajo tierra, ya no pueden hablar, ya no pueden tener diálogo político. 
Por eso hay que esclarecer la cuestión hoy aquí, y yo reacciono frente a estas interpretaciones a cerca de qué es el diálogo político. 
Naturalmente, por encima de naturales diferencias políticas tenemos que tener un diálogo político, un diálogo político entre personas y organizaciones que respetan y defienden los valores de la democracia y de la libertad. 
Es imposible el diálogo político cuando con una mano, o en un momento, se apela a ese diálogo y con la otra se activa la pistola o la bomba para acabar con el supuesto dialogante. 
(Aplausos) A ese diálogo no se puede invitar a nadie. 
El diálogo político debe mantenerse entre los partidos democráticos, sean nacionalistas o no, con Convergència Democràtica de Catalunya, con Convergència i Unió, con el PNV, con Eusko Alkartasuna, desde Izquierda Unida, desde el Partido Socialista Obrero Español, desde el Partido Popular, en las instituciones, con transparencia, con claridad, en representación del pueblo, respondiendo ante los ciudadanos. 
Pero no debe mantenerse ese diálogo que piden los inductores de la violencia. 
Ese diálogo no es posible en una sociedad democrática y abierta. 
Sabemos que los problemas y las contradicciones políticas, económicas y sociales se resuelven con diálogo y con decisiones en las instituciones democráticas, pero no utilicemos el diálogo como un recurso retórico universal que también pueden utilizar los ejecutores, los inductores de esta violencia y los que lamentan las muertes como si fueran accidentes de tráfico cuando son en realidad verdaderos y crueles asesinatos contra niños y contra personas sin defensa. 
Esto es intolerable en nombre de la democracia. 
Yo les diría: están mucho mejor callados, espero que escuchen mi mensaje, que hablen con actitudes morales, no desde la violencia. 
(Aplausos) El diálogo no puede ser el maquillaje de la violencia y el terror, el diálogo no puede ser la rendición ante el crimen, el diálogo político sólo es posible cuando callan las bombas y las pistolas y se aceptan los valores democráticos. 
Rechazamos totalmente la apelación al diálogo y a la mansedumbre que llevan a la dictadura y a los campos de concentración. 
Apostamos, sin embargo, firmemente, por el diálogo responsable y democrático para alcanzar la convivencia y fortalecer la democracia que tanta falta nos hace. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, más de 15.000 personas han sido detenidas, más de 5.000 torturadas. 
Cientos de personas han sido asesinadas. 
Periodistas y diputados han sido asesinados por terroristas del estado, concejales han sido asesinados por terroristas del estado, hombres y mujeres, mis colegas han sido asesinados por los terroristas del estado en el Reino de España. 
¿Puede el Parlamento Europeo colaborar con el terrorismo de estado? 
(Protestas ruidosas y e interrupciones) 
Hoy, más que nunca, la gran mayoría del pueblo vasco está comprometida con la no-violencia. 
Éste es un momento particularmente oportuno para que recordemos que el Pacto de Lizarra, que hace dos años abrió el camino para una sociedad vasca pacífica y democrática, fue rechazado sistemáticamente por el gobierno de Madrid después de una tregua incondicional. 
(Protestas prolongadas) 
Las conmovedoras palabras de las víctimas de ETA y de la represión española constituyen la mejor prueba de la tragedia que supone desperdiciar esta excelente oportunidad. 
Estamos dispuestos a contribuir del modo que sea al proceso de paz. 
Nunca haremos nada que pueda entorpecer la solución, de una vez por todas, del actual conflicto mediante el reconocimiento de la identidad vasca. 
(Protestas, golpes en las mesas) 
Aquí ven ustedes la idea española de libertad de expresión y de democracia. 
No son tolerantes, han hablado durante más de tres cuartos de hora y no pueden soportar que yo hable un solo minuto, ésa es su democracia. 
(Protestas prolongadas) 
El día en que la Unión Europea apoye una solución política, les aseguro que para el 100% de los habitantes vascos, incluyendo los del PP y los socialistas, será el día más feliz de nuestras vidas. 
Señor Presidente, que de este Parlamento salga hoy un mensaje claro e inequívoco de que la violencia no puede desempeñar papel alguno para solucionar los problemas de un pueblo dividido. 
Lo único que consigue la violencia es ahondar en las divisiones y hacer que el problema sea mucho más difícil de resolver. 
A las organizaciones que utilizan la violencia debería decírseles muy claramente que su argumento de que actúan para conseguir derechos humanos y civiles para la gente es completamente falso, porque su método destruye el derecho humano más fundamental de todos, el derecho a la vida. 
El mensaje que deberíamos enviar es que ha de ponerse fin total y absolutamente a la violencia. 
Después del final total y absoluto de la violencia, puede haber diálogo y en este diálogo deberían participar representantes democráticamente elegidos de todos los sectores de la población. 
El objetivo de ese diálogo sería un acuerdo que contara con la lealtad de todos los sectores de la población. 
Ésta es una forma clara y lógica de tratar el terrorismo y aquéllos que verdaderamente deseen resolver el problema no deberían tener dificultad alguna en seguir ese camino. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, por supuesto, me adhiero a la condena sin reservas y a la emoción de todos los que compartimos en este hemiciclo, al saber que el terrorismo más bajo y ciego ha golpeado de nuevo en España esta mañana, a las 7,40 horas, en la persona de José Ruiz, concejal del Ayuntamiento de Sant Adrià del Besos, en Cataluña. 
He recordado, en nombre del Consejo europeo, el edificio de cooperación bilateral y multilateral que permite a las policías y a la justicia señalar constantemente puntos contra el terrorismo. 
Esta cooperación acaba de lograr un éxito importante con la detención, en Francia, hace unos días, de algunos de los principales dirigentes de ETA. 
Pero el éxito, señoras y señores diputados, no debe conducirnos sin embargo a cualquier forma de autosatisfacción colectiva. 
Se trata de un combate justo de la democracia contra la violencia, que hemos de llevar paso a paso. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en nombre de la Comisión quisiera únicamente manifestar mi pesar por la víctima del atentado que se ha producido esta mañana en Cataluña, y manifestar también mi preocupación a propósito de lo que ha ocurrido en Londres. 
Deseo decirles ante todo que por encima de este debate, que trata sobre instrumentos jurídicos- cooperación policial y judicial, cómo lograr un sistema de extradición más eficaz, cómo garantizar un mandato de investigación europeo, estamos ocupándonos de ello- hay en este caso un valor añadido de Europa en la lucha por la libertad y la democracia. 
Creo que el gran mensaje es un mensaje claro de solidaridad. Solidaridad con el pueblo español en su conjunto, y solidaridad con el pueblo vasco. 
Permítanme una nota personal. 
Al igual que los españoles he vivido en un país que durante más de cuarenta años estuvo sometido a una dictadura, mientras todos los demás países europeos vivían en democracia. 
Creo que el valor añadido más importante que esta institución puede dar a la lucha por la libertad y la democracia en Europa es tener este gesto de solidaridad con las víctimas. 
Nunca se debe perder la esperanza. 
Es necesario mantener la confianza en que la libertad y la democracia son valores eternos. 
Señor Presidente, sólo quiero decir dos cosas: una, que aprendamos del fondo de las cosas que hemos dicho todos; y dos, que sepamos cuándo hacemos el juego a ésos que tanto criticamos, haciendo ruido cuando otros hablan. 
Señor Presidente, todos debemos aprender, efectivamente, quién hace el juego a quién, porque en esta Asamblea democrática la palabra es la que manda. 
Los demócratas no podemos evitar que nos asesinen, pero podemos y debemos evitar que nos insulten, y aquí se ha insultado a los demócratas y a los luchadores por la libertad. 
Señor Presidente, más allá del diálogo con los violentos, más allá del rechazo a todo terrorismo, rechazo que compartimos absolutamente, yo creo que en España falta algo fundamental: el diálogo entre el Gobierno vasco y el Gobierno español, el diálogo entre el Partido Popular, el PSOE, el PNV y Eusko Alkartasuna, partidos, estos dos últimos, que gobiernan en el País Vasco. 
Si nosotros no firmamos esta declaración no es porque no se dialogue con los terroristas, postura que comprendemos, sino porque no se dialoga entre los demócratas y ése es el auténtico problema más allá de la crueldad de las muertes. 
Este Parlamento debería propiciar un diálogo entre los demócratas. 
El Presidente de mi país, Galicia, dijo una vez que Europa ya no era un asunto internacional. 
El Sr. Mayor Oreja dijo que no quería mediadores internacionales. 
Yo me atengo a estas dos declaraciones del Partido Popular para decir que Europa ya no es para nosotros algo internacional y este Parlamento debería mediar políticamente, no entre los terroristas y el gobierno, sino entre el Gobierno vasco y el Gobierno español, entre el PP y el PSOE y el PVN-EA, y de eso es de lo que carecemos en España en este momento más allá de la violencia terrorista. 
Señorías, es una materia extraordinariamente complicada. 
De conformidad con el orden del día, es el turno del Sr. Gorostiaga. 
Quisiera cerrar ahora el debate, pero dada la materia, seré paciente. 
Debo ser neutral. 
Ruego a los próximos oradores que si se trata de una cuestión de orden, sean extraordinariamente breves. 
Ruego a sus Señorías que mantengan toda la calma posible. 
Tiene la palabra el Sr. Gorostiaga para una cuestión de orden. 
Usted es un verdadero demócrata porque acepta la libertad de expresión. 
Ése no es en realidad el problema; esta gente no acepta que haya otra posibilidad: es decir, que el País Vasco tenga derecho a su propia identidad en Europa. 
Eso es lo que para los demócratas españoles es imposible de aceptar. 
Señor Presidente, ya estoy en condiciones ahora de dar algún detalle más a la Asamblea. 
El concejal del Partido Popular José Luis Ruiz Casado recibió un primer tiro detrás del oído y, al caer al suelo, este concejal fue rematado por los autores del atentado. 
Ya he dicho antes, Sr. Nogueira, que uno puede elegir un lado u otro de la frontera, pero después no busque excusas inútiles para justificar su decisión. 
Sr. Gorostiaga, en nombre de esa libertad de expresión que usted alega, míreme a los ojos, ¿puede usted asegurarme que yo o mi familia no estamos amenazados por ETA por utilizar en esta Asamblea esa libertad de expresión? 
¿Puede usted asegurármelo, Sr. Gorostiaga? 
El debate queda cerrado. 
Agradezco sus aportaciones al Consejo y a la Comisión. 
Racismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
(B5-0534/00) de la Sra. Ludford, en nombre de la Comisión de Libertades y Derecho de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, dirigida al Consejo sobre la posición de la Unión Europea en la Conferencia Mundial de 2001 contra el racismo. 
(B5-0536/00) de la Sra. Schroedter, en nombre del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, dirigida a la Comisión sobre el racismo en Alemania del Este. 
(B5-0537/00) de la Sra. Kaufmann y el Sr. Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL, dirigida a la Comisión sobre la violencia de extrema derecha en Alemania. 
Señor Presidente, la UE debe contribuir de manera común y eficaz al éxito de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo del próximo año y a la conferencia preparatoria europea del mes que viene. 
La UE tiene el deber y la capacidad, en cuanto a los derechos humanos, de hacer del "todos iguales, todos diferentes", una realidad. 
La UE puede y debe forzosamente luchar contra la discriminación racial y la xenofobia y convertirse en un líder mundial de la celebración de la diversidad étnica y multicultural. 
Hagámoslo con una convicción política absoluta y no meramente como un ejercicio diplomático. 
Ésta pregunta y moción recoge formas para impedir y documentar el racismo y para aplicar sanciones. 
El contar con unas sanciones eficaces supone, en primer lugar, aprovechar los poderes de la UE en materia de leyes contra la discriminación y la aprobación de la Directiva sobre Racismo en relación con el Artículo 13 en un tiempo récord transmitió la apropiada señal de determinación. 
La eficacia implica también reforzar la cooperación judicial y policial entre los gobiernos prevista en el Artículo 29 del Tratado de la UE y aquí se examinan modos de hacerlo. 
Queremos oír que los Estados miembros van a firmar el Protocolo Nº 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual la discriminación constituye una infracción directa del convenio, con ocasión del quincuagésimo aniversario de este convenio en noviembre. 
Otros parlamentarios y Grupos han presentado enmiendas muy útiles que contarán con mi aprobación, pero hay algunas que no puedo aceptar. 
En primer lugar, lamento que se haya aprovechado la oportunidad para destacar como especialmente malos a países y partidos específicos, por ejemplo, en las Enmiendas Nº 1, 3, 5 y 6. 
El problema de señalar a algunos países y a otros no es que no se hace una valoración completa. 
Por ello, ruego a los que han presentado estas enmiendas que consideren su retirada. 
En particular, le rogaría al Sr. Ford que retirara su Enmienda Nº 1, a pesar de que yo la comparta, porque sería una pena que una moción sobre estas importantísimas conferencias europea y mundial fracasara por Austria. 
Señor Presidente, apenas transcurre un día en el que los medios de prensa no den cuenta de delitos de radicales de extrema derecha en Alemania. 
Grupos de iniciativas ciudadanas, comunidades religiosas y otros grupos sociales vienen llamando la atención desde hace años acerca del radicalismo de extrema derecha. 
Existe en oriente y occidente aunque proceda de una minoría. 
En la parte oriental los grupos de derechas no se consideran ya como minoría, sino como el centro de la sociedad y se han convertido en un culto juvenil. 
El silencio y la aquiescencia callada de los grandes estratos de la población permite que haya zonas en ciudades de la UE en las que gobierna la derecha y no el estado. 
Aunque existen explicaciones de esto- la educación en un estado totalitario, la ausencia de autoestima en muchas personas de la parte oriental, el alto índice de desempleo y la falta de perspectivas para los jóvenes- no podemos quedarnos pasivos en estas explicaciones, sino que debemos actuar de una vez por todas. 
Una Europa que se basa en la intocabilidad de la dignidad humana y que garantiza la libre circulación, debe reaccionar con total intolerancia ante la violencia de la derecha. 
Por consiguiente, pongamos fin al silencio ante la violencia cotidiana de derechas en partes de la Unión Europea, aunque se granjee uno la acusación de denigrante de los suyos. 
Necesitamos una Administración tolerante y la ofensiva del apoyo financiero a los grupos locales, a aquellos que muestren coraje civil. 
Europa debe alzar aquí la bandera. 
Debe prestar apoyo desde fuera a estos grupos locales para alentarlos a seguir mostrando coraje civil ante la derecha. 
Señor Presidente, en su respuesta a la pregunta del Grupo PDS del Parlamento Federal el Gobierno Federal ha documentado, respecto del año 1999, 2.031 delitos de extremistas de derechas y de antisemitas en toda Alemania. 
El renombrado periódico alemán "Der Tagesspiegel" presenta una lista de 93 asesinatos en los últimos diez años, los cueles tienen como origen un trasfondo ideológico de extrema derecha. 
Naturalmente, a mí, que procedo de la RDA, la evolución en la Alemania oriental me resulta especialmente amarga. 
Sin duda, hay elementos explicativos, basados en la sociedad de la RDA, en especial, las secuelas de las estructuras autoritarias y la debilidad de la sociedad civil en la Alemania oriental. 
Pero, igualmente, existen muchas razones que tienen que ver con el desarrollo de los últimos diez años: la ruptura de la dependencia de la evolución económica y social de la Alemania oriental respecto de la de los antiguos estados federados, el desprecio de los modos de vida y de las experiencias de la antigua Alemania oriental, la falta de consecuencia en la confrontación con el pasado y con el presente del extremismo de derechas. 
Infraestructura, organización y dinero son introducidos en los nuevos estados federados por parte de los partidos y organizaciones de extrema derecha que existen desde hace tiempo en los antiguos estados federados. 
La polarización social de la sociedad, la retirada del estado de las instituciones sociales y educativas y el progresivo endurecimiento de la lucha competitiva en el mercado de trabajo constituyen un terreno abonado para el racismo y la xenofobia. 
El sentimiento de desamparo que embarga a muchas personas frente a la carrera, social y culturalmente devastadora, de la globalización, frente a la retirada de la política y de la democracia ante los intereses de lucro de las empresas, ofrece buenos puntos de apoyo a los extremistas de derechas. 
Una política retórica que se apoya en el nacionalismo que hace del desplazamiento y de la inmigración el punto de partida de las campañas electorales, allana el camino al racismo y a la xenofobia. 
La política restrictiva de asilo y de extranjería de la Unión Europea, la falta de transparencia y la introducción de los ciudadanos en la toma de decisiones hacen el resto. Sin embargo, necesitamos, en primer lugar, una estigmatización consecuente de la ideología racista y de extrema derecha. 
Necesitamos, en segundo lugar, un cambio de la política de asilo y de extranjería de la UE que se oriente hacia la aceptación e integración de los inmigrantes y de los demandantes de asilo. Necesitamos, en tercer lugar, una activa política social y de empleo, en especial para los jóvenes y, en cuanto lugar, una política educativa humanista que eduque en la tolerancia y que considere como un enriquecimiento la diversidad cultural y étnica. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quisiera responder punto por punto a la pregunta de la señora Ludford. 
El Consejo y la Presidencia conceden una enorme importancia a la Conferencia regional europea "Todos diferentes, todos iguales", que tendrá lugar en Estrasburgo entre los días 11 y 13 de octubre de 2000, para preparar la Conferencia mundial contra el racismo de 2001. 
En este marco, la Presidencia no ahorra refuerzos para asegurar la mayor cooperación, la mayor coordinación, entre los Estados miembros de la Unión, con vistas a la Conferencia de Estrasburgo. 
Existe ya una coordinación muy activa entre los Estados miembros, al margen de las numerosas reuniones preparatorias que se han producido. 
En este estadio, el Consejo no desea presentar durante la Conferencia regional de Estrasburgo una posición común a los quince Estados miembros, de conformidad con el párrafo 2º del artículo 34. 
Sin embargo, proseguirá la coordinación- y creo que es importante- entre los Estados miembros de la Unión Europea para evitar que éstos no expresen puntos de vista divergentes sobre las diferentes cuestiones que se aborden. 
Por el contrario, el Consejo tiene la intención- e insisto en este punto- de presentar una posición común en la Conferencia mundial que tendrá lugar el próximo año en Sudáfrica, y los trabajos para poner a punto esta posición común ya se han iniciado. 
Para coordinar sus posiciones con respecto a la Conferencia regional, los Estados miembros tendrán en cuenta, por supuesto, recomendaciones muy útiles que figuran en el documento de los servicios de la Comisión del 17 de abril. 
Por lo que respecta a los medios que han de ponerse en práctica para asegurar una mayor sinergia, los trabajos efectuados en este ámbito por el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los derechos humanos, por un lado, y la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa por otro, pero también el Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos. Quisiera recordar a la Sra. Ludford que el Consejo adoptó, el 21 de diciembre de 1998, una decisión relativa a la conclusión de un acuerdo con vistas a instaurar una cooperación más estrecha entre este Observatorio europeo y el Consejo de Europa, y que la colaboración entre ambas instituciones ha sido, en la práctica, enteramente fructífera. 
Por otra parte, se prosigue con el trabajo para examinar la forma de instaurar vínculos más estrechos entre el Alto Comisariado y el Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos. 
Quisiera, por otra parte, recordar que, el 21 de junio de 2000, se adoptó la directiva del Consejo relativa a la puesta en práctica del principio de la igualdad de trato entre las personas, sin distinción de raza o de origen étnico. 
En razón del doble empleo que se ha creado así entre esta directiva y la propuesta de directiva por la que se crea un marco general en favor de la igualdad de trato en materia de empleo y trabajo- directiva sobre la discriminación- la discriminación racial se ha suprimido del campo de aplicación de esta última, pero debo recordar que el campo de aplicación de esta propuesta de directiva es claramente más restringido que el de la directiva aprobada anteriormente que afecta no solamente a los sectores del empleo y del trabajo, sino también a la protección social, a las prestaciones sociales, a la educación, así como al acceso a los bienes y servicios y a la provisión de bienes y servicios. 
Con respecto al programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación, los trabajos están comprometidos en el seno del Consejo- doy fe de ello en el día de hoy -, si el Parlamento Europeo da su dictamen en su primer periodo parcial de sesiones de octubre, el Consejo estará en condiciones de adoptar un acuerdo político sobre este texto el 17 de octubre, texto que podría adoptarse antes del final de la Presidencia francesa, de forma que el programa pudiera iniciarse, tal como está previsto, el 1 de enero de 2001. 
Finalmente, en lo que respecta a la acción común de 1996, relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia, el Consejo examinó, en mayo de 1998, un informe sobre el respeto por parte de los Estados miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de la acción común y decidió que la ejecución de esta acción común debería ser objeto de un nuevo examen en 2000. 
Les indico que la Presidencia está adoptando disposiciones actualmente para permitir este nuevo examen que ayudará al Consejo a evaluar la eficacia global de la acción común y a ver si conviene reforzar algún elemento. 
Espero, señora diputada, haber respondido lo más completamente posible a su pregunta. 
. (EL) Señor Presidente, en la mitología de la antigua Grecia había dos monstruos, Escila y Caribdis, que mataban y se tragaban personas. 
Los dos monstruos en la Europa actual son el terrorismo y el racismo. 
Y desgraciadamente son los asuntos que debatimos hoy. 
Fue Odiseo quien consiguió vencer a los dos monstruos, y, para ello, necesitó ingenio, tesón y atrevimiento. 
Este papel está llamado a desempeñarlo hoy el liderazgo político democrático de Europa. 
Hace sesenta años vivimos una de las guerras más crueles de la historia de la humanidad. 
La idea de la Unión Europea se basó en la creación de instituciones que asegurarían la paz. 
Durante los años transcurridos se han dado importantes pasos. 
Desgraciadamente, las nubes del racismo se ciernen aún hoy sobre Europa. 
El tratamiento del racismo a escala europea presenta muchas facetas. 
Una de ellas la constituyen las políticas fundamentales de la Unión Europea relativas a la profundización de sus políticas, es decir, el reforzamiento de la Europa social y la reducción de las diferencias, y su política para la ampliación, es decir, el apoyo a los países donde hay problemas. 
Por lo que respecta específicamente a las políticas contra el racismo, quisiera mencionar políticas y medidas muy concretas. 
Ya en 1996 el Consejo aprobó una acción común relativa a la colaboración judicial entre los países en asuntos relacionados con el racismo. 
En breve avanzaremos en una segunda fase de esta acción común 
El Tratado de Amsterdam constituye realmente un arma importante dentro del arsenal institucional europeo. 
Los artículos 29 y 13 brindan la posibilidad de aplicar políticas muy concretas. 
El artículo 29 brinda la posibilidad de combatir el racismo y la xenofobia a través de la cooperación en el ámbito de la justicia y la seguridad, a fin de crear ese espacio único de libertad y justicia. 
En Tampere se evaluó y se decidió la política que contempla medidas en este ámbito, y, paralelamente, estamos avanzando más también en medidas relativas a delitos de este tipo a través de Internet. 
Segundo, se han propuesto dos directivas basadas en el artículo 13; la directiva relativa a la discriminación racial fue aprobada en un tiempo récord, seis meses, por el Parlamento Europeo y por el Consejo, y hoy ya forma parte de la legislación europea. 
La segunda directiva permite afrontar todo tipo de discriminación en el ámbito laboral, y está siendo objeto de debate durante la Presidencia francesa. 
Las leyes, por supuesto, no son nunca suficientes por sí solas. 
Por esta razón, la Comisión ha propuesto un programa contra la discriminación que brinda a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a la administración local la posibilidad de colaborar, a fin de avanzar en políticas innovadoras, y de intercambiar experiencias eficaces en la lucha contra el racismo. 
El Observatorio Europeo de Viena es una importante institución, cuyo objetivo es presentar datos sobre los fenómenos de racismo, xenofobia y antisemitismo, de manera objetiva, fiable y comparativa, y constituir así un instrumento fundamental de programación a escala tanto europea como nacional. 
El Observatorio ya ha llevado a cabo estudios sobre el alcance del fenómeno del racismo, sobre las manifestaciones de racismo, xenofobia y antisemitismo en diferentes estados miembros, sobre el análisis de sus causas, sobre sus efectos y consecuencias, y ha examinado ejemplos de prácticas adecuadas que obtienen resultados en determinados países miembros. 
El Observatorio está avanzando, también en la creación de una red coordinada de organizaciones no gubernamentales y organismos que pueden colaborar a escala europea para afrontar los asuntos relacionados con la xenofobia. 
Por otra parte, puede también dirigir recomendaciones a la Comunidad y a los estados miembros en relación con políticas cuya adopción parece indicada; de hecho, ya ha habido una colaboración en este sentido con el gobierno alemán. 
Finalmente, la Conferencia de Estrasburgo es un acontecimiento de la máxima importancia. 
La Comisión participa desde el ángulo de las propuestas teóricas y políticas. 
Hemos ya presentado dos escritos en los que incorporamos toda la experiencia y las propuestas relacionadas con la lucha contra el racismo a escala comunitaria, así como nuestra experiencia en asuntos de educación, formación, investigación, y política dirigida a los jóvenes para el tratamiento de estos problemas. 
Hemos ofrecido apoyo económico a la Conferencia, por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, porque pensamos que éstas pueden desempeñar un papel muy importante, más allá del papel de los gobiernos, y, por supuesto, estamos negociando el apoyo a la participación de las organizaciones no gubernamentales también en las conferencias regionales- Chile, Senegal e Irán- que se están programando. 
Señorías, no debemos olvidar nunca que la Unión Europea se construyó para impedir la repetición de los horrores racistas que vivimos hace sesenta años. 
La política se basa, a escala europea, en un entramado institucional, reforzado con el Tratado de Amsterdam, pero con margen todavía para redoblar los esfuerzos: en la creación de entidades de estudio y análisis del fenómeno y asesoramiento de los gobiernos; en el apoyo a una red, a escala europea, de diferentes organismos al objeto de alertar a la opinión pública; y, por supuesto, en el intercambio y apoyo de políticas nacionales relativas a la educación, a los medios de comunicación, a las políticas dirigidas a los jóvenes, a los sistemas de información a escala nacional. 
En todo caso, sin embargo, es importante afirmar rotundamente que todas las políticas, toda la filosofía, se fundamentan en un principio: en Europa no se tolera manifestación alguna de racismo; en Europa no se acepta justificación alguna de comportamientos basados en el racismo. 
Señor Presidente, el racismo es efectivamente una lacra de nuestra sociedad. 
Es incluso uno de los defectos humanos más terribles, del que nadie tiene el monopolio. 
Con frecuencia es hijo del miedo, de la ignorancia, de la estupidez del egoísmo, pero también de la cobardía de las instituciones. 
Cualquier sociedad civilizada que desee merecer este adjetivo debe acorralarlo, desterrarlo, castigarlo y erradicarlo mediante la educación y la represión. 
Europa quiere ser una sociedad civilizada y tiene ocasión de mostrarlo diariamente. 
Este Parlamento debe manifestarse sobre la posición de la Unión Europea en la Conferencia mundial sobre el racismo. 
Nuestra posición ha de ser clara, inteligible y específica. 
Debe ser clara, sin rodeos inútiles. 
Personalmente, soy partidario de los textos cortos. 
Debe ser moderna, es decir, ha de tomar en consideración los nuevos medios de comunicación que sirven también de correa de transmisión para las expresiones racistas. 
Ha de ser inteligible, es decir articulada en torno a grandes ideas motrices que pongan en práctica un método: La identificación, con la ayuda de nuestros socios de las ONGs o de nuestros propios observatorios; la sanción, con la idea de la tolerancia cero y la prevención, por supuesto. 
Debe ser específica, es decir, por encima del valor universal de la lucha contra el racismo ha de haber un mensaje específicamente europeo. 
Porque, seamos lúcidos, Europa ha sido con frecuencia el crisol del racismo. 
Incluso estamos viendo cómo resurge en algunos países de la Unión Europea. 
Tenemos, pues, un deber de memoria y un deber de vigilancia. 
Hemos de tener un mensaje ambicioso. 
Debemos ser un ejemplo. 
Los medios no faltan, y la señora Comisaria lo ha recordado, ya sea la lucha contra la discriminación, o todo el abanico del racismo. 
Tenemos en fase de elaboración una carta de los derechos fundamentales, en la que el artículo 1º antepone la dignidad humana. 
Ésta es la razón por la cual creo que el PPE se ha comprometido en la redacción de este texto. 
Deseamos que esté liberado de todas las escorias coyunturales, inútilmente polémicas, y exento de cualquier añadido que no aportará nada a la expresión del texto. 
La Comisión, el Consejo de ministros y el Parlamento tenemos en este caso una responsabilidad común y estamos muy atentos a este planteamiento común, ya que la credibilidad de Europa, en esta Conferencia mundial sobre el racismo, mostrará ante todo nuestro análisis y nuestra forma de ser creíbles en nuestro propio territorio. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, creo que este debate es una excelente continuación del debate que hemos tenido en esta Asamblea a primera hora de la mañana sobre el terrorismo en España. 
Hoy hemos sabido que muy cerca de mi casa ha muerto otra persona que trabaja voluntariamente en el mundo de la política. 
Digo que este es un debate que me parece oportuno para continuar el de esta mañana, porque, como nos ha recordado tantas veces en esta Asamblea John Hume, todos los conflictos tienen que ver con la diferencia, todos los conflictos se centran en lo que no aceptamos del otro. 
También John Hume nos ha recordado muchas veces en esta Asamblea que la Unión Europea, es y debe seguir siendo un ejemplo de resolución de conflictos. 
Podríamos decir que la Unión Europea es hoy la expresión práctica de lo contrario de lo que significa el terrorismo o de lo que significa el racismo. 
Por eso creo que Europa debe ir con una posición común y fuerte a la Conferencia Mundial contra el Racismo y debe ir con una posición avalada por unas prácticas, la primera de ellas la aplicación en la Unión de la Convención de Naciones Unidas de 1965. 
Pero, señor Presidente, yo creo que hay una cosa más importante que debemos hacer inmediatamente. 
No podemos dejar que sean los radicales, en España- en el El Ejido -, en Italia, en Alemania, en Austria, quienes lleven la iniciativa en este terreno. 
Debemos hablar con la población europea y debemos- como se ha hecho con la Directiva contra la discriminación- avanzar en todos los demás mandatos del Consejo de Tampere. 
Quiero, por último, felicitar a la baronesa Ludford por este informe y decirle que vamos a reflexionar seriamente sobre las propuestas que nos hace. 
Debemos asumir que hoy Europa es más plural de lo que era antes y debemos explicarle al mundo que estamos contentos de que así sea. 
Señor Presidente, el título de una documentación de un diario sobre la violencia de extrema derecha en Alemania rezaba así: "Murieron porque tenían otro aspecto, porque pensaban de otra manera y porque vivían de otra manera". 
No quisiera exponer aquí el número de incendios y de profanaciones de cementerios judíos, ni tampoco los diferentes ataques racistas. 
El racismo en Alemania y en Europa representa uno de los mayores retos que tienen que superar nuestras sociedades. 
El racismo no sólo representa un peligro para las minorías que viven entre nosotros, también amenaza los valores sobre los que nuestras sociedades han sido edificadas tras las amargas experiencias vividas. 
La Unión Europea es un resultado de esta evolución. 
No podemos menos que saludar que las Naciones Unidas hayan emprendido la iniciativa de organizar el próximo año una conferencia mundial sobre el racismo. 
Deberíamos aprovechar esta oportunidad. 
Deberíamos hacer una clara aportación europea a esta conferencia. 
Lamento mucho que mis colegas alemanes no se encuentren ahora en esta Sala para mostrar que el racismo no tiene posibilidad alguna en Alemania ni en Europa. 
Señor Presidente, desde la caza del extranjero en El Ejido, en España, pasando por el asesinato de mozambiqueños en Alemania oriental, la violencia racista está incendiando el corazón de Europa por todas partes. 
Denunciamos con frecuencia a aquellos que la cometen. 
Creo que ya es hora de señalar a quien los arma ideológicamente, a golpe de pequeñas frases. 
Sabemos que los partidos de extrema derecha se estructuran utilizando los problemas sociales, la precariedad y el desempleo, y es contra eso contra lo que tenemos que luchar. 
A veces también contra el consentimiento vago de los partidos políticos tradicionales, tanto de izquierdas como de derechas, que les ayuda a incrementar su audiencia. 
La extrema derecha sólo llega al poder, y hemos de ser conscientes de ello, apoyándose en nuestras debilidades, en nuestra dejación. 
Por tanto, aquellos que recogen sus discursos y sus temas les dan credibilidad, y aquellos que piensan en domesticarlos asociándolos a los asuntos públicos, los trivializan. 
No se puede comprender la estrategia de los partidos de extrema derecha únicamente observando su odio al extranjero, sino observando su proyecto general en la sociedad, sus discursos homófobos, su actitud en contra de la cultura. 
Nos damos cuenta entonces de que se produce un discurso homófobo, ataques a la cultura, a los derechos de los trabajadores, al derecho de huelga, a su voluntad. 
Es necesario también evitar que las mujeres se vean devueltas a casa instituyendo un salario maternal, como se ha visto recientemente. 
La única respuesta es una actitud inflexible. 
En Francia, si hemos logrado luchar de forma eficaz contra el Frente Nacional, es porque nunca se ha producido ninguna alianza gubernamental. 
En Europa, hemos de invertir de forma masiva en la educación, en la prevención, en la lucha contra la precariedad, y en reafirmar la igualdad de derechos entre los residentes extranjeros y los europeos. 
Concluiré agradeciendo a la señora Comisaria Diamantopoulou el paralelismo que ha hecho entre terrorismo y racismo, porque creo que se trata de un ataque a la integridad física de los individuos, y eso es algo insoportable. 
La Europa de la tolerancia contra el odio, contra la Europa de la violencia y la indiferencia: éste es el desafío de la Conferencia. 
Señor Presidente, el informe es estimable, sin embargo, habrá que ver si efectivamente será seguido adecuadamente. Es estimable, a pesar de que adolece de algunas lagunas: por ejemplo, se silencia la que es una forma institucional de racismo, es decir, la negación del derecho de autodeterminación de los pueblos. 
Lamentablemente, la Unión Europea no es maestra en esto ya que, por ejemplo, ha otorgado el estatuto de candidato a Turquía que niega este derecho, del mismo modo que lo hace China con respecto al Tíbet, y en este caso comprobamos que el mundo entero está a favor de mejorar las relaciones con China por razones económicas. 
A propósito de este informe, quiero intervenir en concreto sobre la enmienda 6- que espero que sea rechazada- en la que se menciona, entre los partidos racistas, el movimiento político al que pertenezco. 
Ahora bien, en Italia existen leyes muy severas contra el racismo. 
La magistratura no es indulgente con mi movimiento político: en muchas ocasiones, su secretario ha sido condenado y sometido a numerosos procedimientos penales, pero no ciertamente por racismo; la cúpula del movimiento y yo mismo tenemos abierto un expediente por separatismo, cuya pena prevé la cadena perpetua, pero ningún miembro de mi movimiento ha sido condenado ni tampoco procesado por racismo o por actos de violencia. 
Por lo tanto, no se alcanza a comprender el por qué de esta acusación de racismo. 
Pertenezco a la Liga del Norte y no al movimiento de Haider, en consecuencia, no veo por qué se han de hacer estas confusiones. 
Repito: en Italia no se está tramitando ni se ha tramitado ningún procedimiento por racismo contra mi movimiento y, por lo tanto, rechazo enérgicamente esta acusación. 
Si algún bromista o juerguista continúa apoyándola desde hace años, es que actúa con mala fe. 
Señor Presidente, el viernes de la semana pasada el Parlamento alemán debatió la adopción de medidas más estrictas en la lucha contra los actos de la extrema derecha acontecidos en su propio país. 
Una discusión oportuna en el nivel adecuado. 
El portavoz de los Verdes, por otra parte, compañero de partido de la Sra. Schroedter quien formula la pregunta, manifestó en esa oportunidad que en la lucha contra la extrema derecha no se dispone de soluciones simples. 
Las numerosas iniciativas ciudadanas adoptadas en los nuevos Länder contra la extrema derecha constituyen un rayo de esperanza para él. 
Esa delegación de los Verdes parece, con todo y con eso, menos sombría, menos alarmada que su compañera de partido en las filas del PE. 
Con ello, sin embargo, no pretendo en modo alguno relativizar la justificada preocupación de la colega Schroedter respecto de la aversión social actual hacia los extranjeros, incluso la clara xenofobia que existe en el este de Alemania. 
Muchos más alemanes del Este que alemanes del Oeste opinan que hay demasiados extranjeros en su propio suelo y, además, se sienten explotados por ese grupo. 
Un dato llamativo, dado el hecho probado de que apenas viven extranjeros en Alemania del Este. 
Su presencia en la población oscila entre el 1 y 2,5 %, según una señala una reciente fuente periodística alemana. 
Lógicamente, esta paradoja preocupa seriamente a los alemanes. 
Precisamente, echo de menos este crucial elemento interno en la introducción por escrito de la pregunta de la Sra. Schroedter. 
Señala el "dramático alto porcentaje" en cuanto a las actitudes racistas que existen entre la población, incluyendo la conversión del racismo en "una especie de cultura juvenil", como trasfondo de la violencia racista en los nuevos Länder. 
Estos motivos llevan a formular una pregunta ulterior: ¿por qué prospera el racismo y la extrema derecha justamente en el territorio del antiguo Estado de los trabajadores y agricultores socialistas alemanes, la RDA? Nuestro estimado colega André Brie parte de una clara y plausible respuesta. 
El comentarista del Frankfurter Allgemeine estaba de acuerdo con él y citaba ayer su frase: "Una de las causas de la violencia de la derecha reside, ciertamente, en la RDA". 
El publicista alemán Lutz Rathenov agrava llamativamente esta afirmación: "La RDA trataba a los extranjeros de forma que deleitaría a los actuales radicales de derechas". 
Esta postura deja hasta hoy sus huellas en el este de la Alemania unificada. 
Resulta imposible desecar un pantano del que emane el vapor de la extrema derecha, como dice Rathenov; tiene que haber una "normalidad" social para la que la República Federal está mal preparada y de la que, en parte, tiene culpa ¿Qué socio negociador de Alemania Occidental se preocupó en su momento de la suerte de los trabajadores vietnamitas en Alemania del Este? 
¿Les incomodaba en tanto negociador democristiano, cito a Rathenov, que se obligara a esas mujeres vietnamitas a abortar en caso de embarazo? 
Señor Presidente, el triunfo del complejo de la RDA en la República Federal; especialmente la idea que tienen muchos de sus habitantes de ser ciudadanos de segunda clase, requerirá todavía tiempo para desaparecer. 
Como antídoto para los radicales de derechas, neonazis y skinheads, el experto Lutz Rathenov lanza una interesante propuesta: "Hay lugares en el extranjero a los que toda la juventud debería ser enviada durante un par de años". 
De forma no obligatoria, sí que soy partidario de un respaldo financiero europeo que lo posibilite. 
Señor Presidente, lamentablemente este debate tan importante acerca del racismo está siendo utilizado por algunos colegas aquí, en la Asamblea, para posicionarse a sí mismos en una lista imaginaria del bien y del mal. 
Mientras los representantes de la izquierda, muy evidentemente, se definen en un cómodo distanciamiento respecto del estalinismo, del comunismo y del extremismo izquierdista, parece que no se sienten capaces de reconocer la diferencia entre derechista, extremista de derechas y fascistoide. 
Sin embargo, quien ante crímenes contra la humanidad hace siempre automáticamente responsables sólo a los adversarios políticos, comete el error decisivo de utilizar precisamente tales delitos unicamente para exonerarse de cualquier culpabilidad. 
En esta Asamblea nadie se convierte en antifascista denunciando como fascistas a sus adversarios políticos. 
No se puede sustraer uno tan fácilmente a la historia propia y a la propia responsabilidad. 
Por último quiero referirme todavía a nuestro colega, el Sr. Ford, que en su enmienda profiere las usuales invectivas de odio contra Austria. 
Quizá en la próxima ocasión se deje asesorar mejor políticamente, la reacción no fue del Consejo Europeo,. 
Austria sigue perteneciendo aún al Consejo Europeo. Y entonces nadie habló con nosotros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, ¿de qué se trata realmente en este debate? 
Se trata, sin más, de la difícil tarea de encontrar una posición, lo más unitaria posible, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, para una estrategia contra el racismo y de defender luego esta posición en la conferencia mundial. 
Se han realizado propuestas constructivas por parte de la Sra. Comisaria, así como por la ponente de la propuesta de resolución, la Sra. Ludford, en un ámbito muy delicado, y se producirá también nuestro apoyo. 
Pero este debate no debería ser objeto de una mala utilización para otros objetivos. Así sucede una y otra vez, lamentablemente, por parte de algunos colegas, por ejemplo, por parte de una colega que sólo introduce a una región en esta lucha contra el racismo, con lo cual expone de manera desorbitada los problemas que se dan en Europa y en todo el mundo. 
El Sr. Ford ha difamado a mi país en su solicitud. 
Me ha dicho que no había leído el informe de los sabios. 
Sin embargo, en su solicitud escribe, remitiéndose al informe de los tres sabios, que los problemas de racismo y de xenofobia perduran. 
Si hubiera leído el informe, habría podido constatar que esto está lejos de la verdad. 
En el mismo no se dan estos problemas en la forma que él menciona. 
Al contrario, se dicen al Gobierno cosas muy positivas, porque existen contraestrategias exitosas que, en parte, están por encima de los estándares de los demás países de la Unión Europea. 
Tengo aquí solicitudes de resolución en las que, por ejemplo, de manera general se pide el aumento de líneas presupuestarias sin indicar para qué y cuáles actividades se van a financiar. 
Existen peticiones desmedidas como, por ejemplo, la ampliación de la inmigración, la equiparación jurídica de los ciudadanos ilegales de la Unión. 
Todas éstas son cosas que en un ámbito sensible pueden conducir también a generar situaciones de angustia. 
Lo que necesitamos es más bien una concepción para combatir las causas, estrategias sobre política de migración que tomen en cuenta la capacidad de integración, la capacidad de acogida de cada uno de los Estados miembros, que creen una política común de asilo, que ayuden a los refugiados, pero que combatan el abuso, y necesitamos medidas encaminadas a la integración. 
No deberíamos tratar este tema de manera tan superficial y condescendiente. 
El asunto es demasiado serio. 
En mi opinión, hay mucho que hacer y quien desee colaborar de manera constructiva en este tema está invitado, en verdad, a seguir las propuestas de la Sra. Comisaria Diamantopoulou y de la Sra. Ludford y a posponer o suprimir en interés de una evolución positiva los debates abusivos en el Pleno. 
Señor Presidente, como radical y federalista europeo, como antifascista y anticomunista que soy, les pregunto: ¿Qué es peor para el racismo: los programas de los partidos extremistas de derecha o las políticas concretas de los Gobiernos europeos, prohibicionistas y represivas sobre la inmigración, las drogas, las nuevas formas de trabajo y frente a todo? 
¿Qué es peor? 
Respecto a este tema, el Parlamento tranquiliza su conciencia a bajo precio con solemnes declaraciones y financiando iniciativas y observatorios que considero absolutamente inútiles. 
Pero el racismo se vence sentando las bases de nuestras sociedades en el derecho y en la libertad, mientras Europa crece como institución antidemocrática, prohibicionista y represiva frente a todo, con el resultado de que tiene miedo y quiere prohibir incluso las opiniones y los partidos. 
Es un camino que lleva al fracaso. 
En Estados Unidos, donde los blancos serán minoría en 2050, existe un partido nazi americano, hay un candidato a las elecciones presidenciales americanas del partido nazi, sin embargo, nadie tiene miedo porque se lucha contra él con las armas de la democracia y de la libertad. 
Es así como se vence el racismo y es así como hay que vencer el racismo en Europa. 
Señor Presidente, nuestro colega, el Sr. Schulz me ha llamado racista. 
Muchas gracias, señor Presidente, por concederme la posibilidad de reaccionar. 
Él mismo se ha calificado de representante del país de los perpetradores. 
Jamás proferiría yo tales palabras, a pesar de que una gran parte de mi familia fue asesinada en el holocausto. 
Quisiera rogar al Sr. Schulz, como representante del país de los perpetradores- son sus propias palabras- que me demuestre, por favor, un solo comentario racista, uno solo, que yo haya hecho en el curso de mi carrera política. 
Si no encuentra nada, que se disculpe, no por la crítica, sino por la criminalización de mi persona. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, creo que la mañana de hoy ha puesto de manifiesto una vez más que el extremismo y el racismo pertenecen con toda seguridad a los problemas importantes de los que hemos de ocuparnos. 
Precisamente en los últimos meses se han producido repetidas veces en Alemania hechos delictivos de trasfondo xenófobo. 
Dessau, Munich, Ludwigshafen, Düsseldorf y muchos otros lugares, los cuales suscitan nuestra preocupación, sobre todo, porque en ellos se ha ejercido la violencia con gran indiferencia e impavidez contra personas indefensas. 
Estos escenarios nos muestran que el racismo y el extremismo de derechas, que no son específicos de la Alemania oriental, sino de toda Alemania, constituyen también un tema europeo. 
Señora Schroedter, señor Schulz, querer dominar y desactivar este problema, sobre todo en los nuevos estados federados alemanes, no nos hace avanzar nada, si se concentra la acción en tales regiones. 
Es verdad que la propaganda de estos grupos, que tienen actividad desde hace tiempo en los viejos estados federados, ha caído lamentablemente en terreno abonado en los últimos años en los nuevos estados federados, y es verdad que, pertinentemente, tenemos necesidad de actuar, sin duda alguna. 
Pero la histeria es mala consejera. 
Lo que necesitamos es una actitud decidida general de combatir la violencia, pero también necesitamos la confianza y la certidumbre de que el estado y la sociedad son capaces de acabar con este espectro. 
No sirve de nada calificar de personas con actitudes racistas, a las personas de los nuevos estados federados que tienen más del 10% de ciudadanos racistas y denigrarlas por ello. 
Dieciséis millones de ciudadanas y ciudadanos no pueden, ni permitirán, ser marcados con este sello por una minoría extremista. 
Esto no lo han merecido nuestros ciudadanos y ciudadanas, tampoco se lo merece, en especial, nuestra juventud, que en su gran mayoría es tolerante y abierta. 
Quisiera mencionar expresamente las diversas acciones de la población de los nuevos estados federados en las últimas semanas y meses, las cuales ponen de manifiesto una y otra vez que existe una gran solidaridad con las víctimas de estos delitos y que en nuestro país no toleramos maquinaciones y acciones violentas de carácter xenófobo. 
Señor Presidente, ha habido cierto interés sobre mi compromiso con Austria. 
Tengo que decirle al Sr. Picker que hace tiempo que me intereso por lo que viene ocurriendo en Austria. 
Estuve allí en 1986 protestando por la discriminación del Sr. Haider contra la minoría de habla eslovena de Corintia. 
Aunque acepto, desde luego, que miembros individuales del Partido Liberal puedan ser personas impecables e íntegras, hay una frase que dice que quien se tumba con perros coge pulgas. 
Por tanto, puede ser desafortunado que a algunas personas que han elegido determinados partidos políticos se les etiquete de ese modo pero, en último caso, son ellos los responsables. 
Quisiera felicitar a la baronesa Ludford por su informe. Le ha dedicado mucho trabajo. 
Tengo que decir, sin embargo, y no es culpa suya, que existen pecados por omisión en lo que a mí respecta. 
La Comisaria Diamantopoulou ha dejado muy claro que en Europa nos enfrentamos a dos monstruos: el terrorismo y el racismo. 
Tenemos que reconocer que esos monstruos existen y no estoy seguro de que en esta resolución lo hagamos. 
Sigue pensándose que en Europa no hay realmente racismo. 
Que si hay algún racismo, es bastante pequeño, y que cuando existe, es culpa de las víctimas. 
Hemos asistido al asesinato de un mozambiqueño en Alemania oriental, a ataques a trabajadores inmigrantes en España, a un ataque a un profesor judío en Italia, y al continuo aumento del racismo en el fútbol que nos expusieron ayer las personas que están haciendo campaña con el eslogan "Sácale tarjeta roja al racismo". 
Hemos asistido recientemente a la condena en el Reino Unido de un terrorista, David Copeland, que en una atentado con bomba causó la muerte de homosexuales y no homosexuales en un bar gay, y, por supuesto, hemos asistido al despido del Observatorio por el gobierno austríaco del Profesor Pelinka. 
Si Europa quiere desempeñar un papel central en la Conferencia Mundial contra el Racismo, tiene que empezar a verse a sí misma como la ven otros y no como nos gustaría ser. 
Con suficiente frecuencia he tenido que vivir situaciones en que extremistas de derechas han maltratado a extranjeros o también a personas que pensaban de manera diferente, o lo han intentado. 
Es falso imaginar que, ante todo, Alemania oriental está impregnada del radicalismo de derechas. 
Una enorme mayoría de la población es abierta y tolerante y cada vez son más las personas que se manifiestan partidarias de esa actitud. 
Creo que también es un error decir que los jóvenes son extremistas de derechas. 
Este tema se ha tratado con demasiado simplismo, pues precisamente estos jóvenes son los que quizá se notan más, señora Schroedter, pero ellos viven en casa de sus padres, tienen un ambiente social. 
Esto significa que si queremos solucionar esta problemática debemos trabajar más en pro de la formación política, en pro de la transmisión de valores y aún más en pro del coraje civil. 
En las últimas semanas el Gobierno Federal ha destinado con carácter adicional 70 millones de marcos precisamente para tales proyectos. 
Igualmente, en mi opinión personal, la voluntad de establecer una prohibición del NPD constituye una señal muy importante desde el punto de vista social. 
En Alemania tampoco nos dejamos aterrorizar por una minoría. 
En este punto nuestra democracia está acreditada. 
Como europea quisiera pedirles a ustedes que no estigmaticen la Alemania oriental como región. 
Yo misma y muchos otros en toda Alemania condenamos el radicalismo de derechas y la xenofobia, luchamos contra ellos y necesitamos el apoyo europeo de ustedes. 
Señor Presidente, en un debate de tanta actualidad como el que ahora mantenemos, quisiera, ante todo, expresar mi apoyo a lo que ayer, antes del orden del día, manifestó el Sr. Sylla, es decir, que tendríamos que ocuparnos en primer lugar de combatir los fenómenos de racismo observables en esta sala y erradicar el lenguaje racista que con tanta frecuencia es empleado por la extrema derecha de este Parlamento. 
No obstante, guste o nos guste a algunos, Europa es ya un abigarrado continente multiétnico, y ningún racista puede ya impedir la gran hibridación y el mestizaje entre los pueblos. 
Desgraciadamente, hoy vuelven a estar en primer plano ideologías en cuyo altar fueron sacrificadas millones de vidas humanas. 
Y, por si fuera poco, hoy se presentan enriquecidas, pues además de la idea básica del racismo, incorporan la religión y la cultura, y predican la pureza racial, lingüística y religiosa, así como la genuina identidad cultural. 
Es triste que los agentes de la violencia racial sean principalmente los jóvenes de hasta veinte años, jóvenes que por lo general no han terminado sus estudios y no tienen profesión alguna. 
Considero que el paquete de medidas presentado por la Comisaria Diamantopoulou constituye una propuesta acabada y puede dar una respuesta convincente a los fenómenos de racismo y xenofobia que se observan hoy en la Unión Europea. 
La responsabilidad de la sociedad y del liderazgo político es evidente. 
Pero muy importante sigue siendo también el papel de los medios de comunicación, que podrían poner de relieve la pluralidad y la riqueza multirracial y multicultural de las sociedades contemporáneas, y, en lugar de dramatizar y diferenciar la criminalidad de los inmigrantes de la criminalidad general, podrían presentar los aspectos positivos de la inmigración. 
Además, es urgente tomar medidas para que se introduzcan en los programas escolares, así como en los de formación y reciclaje de profesores, las consecuencias del racismo y la lucha contra esta lacra. 
Es necesaria también la movilización de la sociedad civil en el sentido expuesto por la Sra. Comisaria y otros colegas. 
. (EL) Señor Presidente, he pedido excepcionalmente la palabra porque considero necesaria una aclaración. 
Europa se basa en los principios de la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, y no tiene derecho a hacer rebajas en estos principios, ni en su interior ni con sus interlocutores; mucho menos aún por razones de comercio o economía. 
Quisiera, por tanto, dejar muy claro que, por lo que respecta a la candidatura de Turquía, los requisitos están formulados con gran precisión. 
Las negociaciones sobre la candidatura de Turquía comenzarán tan sólo en la medida en que se considere que cumple los criterios de Copenhague. 
Criminalidad organizada 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas señoras y señores, se trata de la lucha contra la criminalidad, en concreto de la lucha contra la criminalidad organizada, que, entretanto, ha se ha desarrollado hasta constituir la cuarta parte del conjunto de todos los delitos y que obtiene ganancias gigantescas de la criminalidad con drogas, del tráfico de seres humanos, del fraude con seguros y con tarjetas de crédito y de otros ámbitos. 
Estas ganancias obtenidas de manera ilegal son lavadas e introducidas en la circulación económica legal. 
Con ello minan nuestro sistema económico global y mediante la corrupción minan también nuestro sistema social y nuestro estado. 
Por consiguiente, es preciso utilizar todo lo imaginable, movilizar todas las estrategias, para emplear los medios adecuados contra esta criminalidad organizada. 
Así, pues, necesitamos estas medidas, y este catálogo de acciones que se ha presentado reviste una importancia especial pues para los ciudadanos de Europa constituye una señal de que Europa no es una mera unión económica y monetaria, sino que debe ser desarrollada hacia una unión de seguridad en interés de los ciudadanos y de los Estados miembros. 
Sin duda, un plan de acción como éste puede contribuir a ello. 
Sin embargo, a la hora de poner en práctica semejantes planes es preciso tener en cuenta las necesarias reglas de juego europeas. 
Esto ha ocurrido en este plan de acción y, por ello, presenté una pregunta parlamentaria, ya en primavera, por cierto, durante la Presidencia portuguesa, la cual trató con mucho empeño el tema pero no se atuvo a las reglas. 
Ciertamente, prometió que el Parlamento se ocuparía del plan de acción, se aguardaría la opinión, se elaboraría el plan de plan de acción y sólo más tarde se pondría en práctica. 
La Presidencia, entonces portuguesa, no ha cumplido esta promesa y esto ha conducido a la pregunta que tenemos hoy ante nosotros. 
Constituye una crítica justificada por varias razones. 
Por un lado, porque mediante el no tratamiento por parte del Parlamento Europeo se ha dado un paso atrás, no sólo más atrás del Tratado de Ámsterdam, sino mucho más atrás del Tratado de Maastricht, pues según el K6 el Parlamento tendría que haberlo tratado en todo caso. 
Pero incluso el Tratado de Ámsterdam exige publicidad, exige transparencia, y en consecuencia el Parlamento, como representante de los intereses de los ciudadanos debería haber sido implicado de lleno tal como al principio le fue prometido también aquí al Parlamento por la Presidencia. 
Mi pregunta va dirigida a la Presidencia francesa acerca de cómo va a manejar esto, si va a implicar al Parlamento en las estrategias a largo plazo, tal como prevé el Tratado, si va a esperar su opinión y luego, de conformidad con las ideas del Parlamento, va a desarrollar estrategias. 
Pero hay también una crítica sustantiva al plan de acción y se refiere a que, por ejemplo, se han elaborado aquí recomendaciones a las que se les ha asignado una prioridad del 1 al 5. 
No obstante, estas listas de prioridades no están orientadas exclusivamente por la urgencia ni por la necesidad absoluta, sino lamentablemente, con mucha frecuencia, por su realizabilidad y les voy a poner un ejemplo. 
Al enfriamiento, al decomiso de las cantidades procedentes de ámbitos explotados ilegalmente por esta criminalidad organizada, se le ha asignado únicamente una prioridad 3, aunque todos sabemos que el dinero es el motor de esta criminalidad organizada y que, por consiguiente, este enfriamiento, la apropiación de recursos, debería ser provista de la prioridad 1. 
Podría aducir otros ejemplos. 
Por consiguiente, se trata de la exigencia y de la petición a la Presidencia francesa del Consejo de que reflexiones sobres estos catálogos de prioridades y que alinee los asuntos de acuerdo con auténticas prioridades en lugar de establecer la precedencia según la dificultad de realización. 
Nos corresponde, pues, desarrollar la prevención; en este punto hemos hecho propuestas concretas. 
Éstas abarcan desde la revisión de las materias de la ley en relación con sus efectos, pasando por la evitación de la criminalidad organizada, hasta las medidas preventivas que estén encaminadas a emplear también instrumentarios técnicos para impedir desde el principio la criminalidad organizada. 
Éstos incluyen unos estándares de seguridad más elevados en las tarjetas de crédito o mecanismos electrónicos impedidores de la circulación en los automóviles. 
Por consiguiente, se trata de una serie de propuestas concretas y nosotros, como Parlamento, solicitamos, en primer lugar, participar y, en segundo lugar, que nuestras ideas sean incluidas también después en los planes de acción, en las estrategias a largo plazo. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el Consejo comparte claramente la opinión según la cual es importante asegurar un amplio intercambio de puntos de vista y de información, así como el mantenimiento de consultas, entre las instituciones de la Unión Europea. 
La Presidencia se ha comprometido igualmente a asociar con más intensidad al Parlamento a los trabajos iniciados en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores, principalmente mediante una participación regular en las reuniones de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, de esta Asamblea. 
El Consejo está sin embargo obligado a respetar el Tratado. 
En efecto, el marco jurídico no le da la posibilidad de consultar al Parlamento sobre los documentos de orientación que están siendo examinados en el seno del Consejo. 
Por el contrario, saben ustedes y lo recuerdo, que el Consejo remitió al Parlamento, el 21 de diciembre de 1999, el documento de estrategia sobre la criminalidad organizada, elaborado bajo la Presidencia finlandesa, aclarando expresamente que deseaba tener informado al Parlamento desde el inicio de los debates sobre este documento. 
Por otra parte, durante las reuniones de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, la Presidencia portuguesa informó al Parlamento sobre los trabajos en curso y las razones por las cuales el Consejo consideraba urgente continuar el procedimiento de aprobación del documento de estrategia. 
Ésta le explicó que el programa de acción precedente, de 1997, había concluido y que el Consejo europeo había pedido que se continuara. 
Señoras y señores diputados, el Consejo no ignora que el Parlamento trabaja en la actualidad, como respuesta al documento de estrategia, en un nuevo documento relativo a la criminalidad organizada. Se felicita por los trabajos realizados por el Parlamento. 
Tiene intención, como ocurrió por otra parte con la reacción del Parlamento al programa de acción de 1997 relativo a la criminalidad organizada, de estudiarlos atentamente en el transcurso de la aplicación de su propia estrategia y de tomar en consideración los puntos de vista formulados por el Parlamento. 
En este sentido, el Consejo invita al Parlamento a emitir su dictamen sobre el grado de prioridad que debería concederse a las diferentes recomendaciones que figuran en su documento. 
De acuerdo con los compromisos asumidos durante la Presidencia portuguesa, el Consejo mantendrá al Parlamento informado con regularidad sobre los debates en curso en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, y ha sido bajo la Presidencia portuguesa cuando ha mostrado a iniciativa propia la intención de conceder un interés particular en el seno de la Unión Europea a los aspectos preventivos de la lucha contra el crimen organizado. 
En este sentido, el Consejo confirma que aplicará escrupulosamente el Tratado cuando consulte al Parlamento Europeo acerca de cualquier acción que resulte de una iniciativa de los Estados miembros o de la Comisión. 
Señor Presidente, agradezco la intervención clara y contundente de la Presidencia francesa y me congratulo- creo que lo puedo decir en nombre de toda la Asamblea -, de la preocupación que la Presidencia francesa está mostrando por esta cuestión. 
Hoy mismo ha dado la Presidencia en ejercicio otra prueba de ello en el debate sobre el terrorismo. 
Efectivamente, señor Presidente, hay una cosa que a los ciudadanos europeos no les entra en la cabeza. 
¿Cómo en Europa los criminales tienen todas las ventajas de la libre circulación y, sin embargo, los represores del crimen, los legítimos represores del crimen se encuentran con las dificultades de las fronteras? 
Eso preocupa también a esta Asamblea, que representa a los ciudadanos, y por ello, desde el principio, esta Asamblea ha sido siempre muy consciente de la necesidad de avanzar en este ámbito. 
Señor Presidente, a partir del Tratado de Amsterdam se han "comunitarizado" muchas políticas, pero no así las que tienen que ver con lo penal, tanto en el ámbito procesal como en el ámbito material. 
Eso tiene una lógica que, a veces, a los ciudadanos les es difícil entender. 
Tiene una lógica, arraigada en nuestras culturas jurídicas y en las diferencias de nuestras culturas jurídicas. 
Pero, señor Presidente, por encima de esas arraigadas diferencias están los más arraigados principios comunes que, al final, se reducen a algo tan sencillo como que entre los Estados miembros tiene que haber confianza. 
Esta construcción que estamos haciendo de Europa se basa en la confianza mutua de Estados miembros que se reconocen unos niveles equivalentes de protección de los derechos fundamentales y de legislación y principios básicos. 
Por ello, y yo aquí recuerdo las palabras del Comisario Vitorino- como siempre iluminadas y espléndidas- pidiendo que se establezcan unas definiciones comunes en materia de crimen organizado, que se establezcan unos principios semejantes en materia de penas impuestas y de cumplimiento de las mismas. 
Eso, a largo plazo, hay que estudiarlo, porque no puede ser verdad aquello de "vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà". 
En este ámbito es un lujo que no nos podemos permitir. 
Mientras tanto, señor Presidente, avancemos en base a la confianza y al reconocimiento mutuo y aquí está sobre la mesa del Consejo una propuesta que apoyan distintos Estados miembros. 
Mientras llegamos a esa etapa ulterior de desarrollo, debemos apostar firmemente por que cualquier orden, cualquier resolución de un juez válidamente emitida en un Estado miembro sea automáticamente reconocida y ejecutada por otro Estado miembro. 
Dicho en otras palabras, una orden de busca y captura contra un terrorista debe tener eficacia inmediata y, sin pasar por el complicadísimo trámite de la extradición- pues todavía es complicado en estos momentos entre Estados europeos -, se pueda llevar inmediatamente a ese terrorista, a ese delincuente, al Estado que lo reclama y donde ha cometido sus crímines. 
Eso, señor Presidente, es lo que pedimos y lo que esperamos sea próxima realidad. 
Señor Presidente, agradezco a la Presidencia francesa su declaración, que ha sido muy clara. 
En materia penal, la lucha contra la criminalidad es prioritaria y especialmente la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Por ello, la solicitud de Francia de un Consejo conjunto de ministros de Justicia e Interior, de Economía y Finanzas dedicado a la lucha contra el blanqueo de dinero ha sido enormemente interesante. 
Señalemos aquí el convenio de ayuda mutua penal para luchar contra la criminalidad organizada, presentado por la Presidencia francesa, con el fin de superar los obstáculos con los que se encuentran los jueces. 
Efectivamente, hay estudios que muestran que los beneficios del crimen acumulados por la criminalidad organizada y su reinversión en la economía mundial son impresionantes. 
Las organizaciones criminales se introducen en el tejido económico de los Estados y pueden, si lo desean, desestabilizar nuestras economías asumiendo el control de las sociedades comerciales. 
En el blanqueo de dinero, la cooperación judicial y policial es absolutamente vital en materia de lucha contra el crimen organizado, principalmente contra el tráfico de seres humanos, contra la explotación sexual de niños. 
Los Estados miembros han de definir sanciones comunes y disponer de una política global coherente. 
Ahora bien, no podemos hablar de sanciones sin hablar de prevención, y resulta evidente que hemos de poner en práctica programas con planteamientos educativos e informativos, destinados principalmente a los ciudadanos de nuestros Estados, pero también a la población de países terceros. 
Las organizaciones criminales pueden encontrarse en posición de fuerza mediante las operaciones financieras que realizan para reciclar el dinero procedente del crimen. 
La lucha contra la criminalidad organizada es una batalla importante y no debemos perderla. 
Las víctimas esperan mucho de nosotros y este desafío lo ganaremos. 
La Europa que nosotros queremos construir es una Europa de los derechos. 
El derecho a la seguridad para todos forma parte de ellos. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal considera que el Consejo de Ministros queda, con perdón, señor Ministro, en ridículo una vez más. 
El Parlamento debería estar implicado en cada medida política proyectada, tal vez, no conforme a la letra del Tratado, pero, en cualquier caso, sí según su espíritu. 
Ése es, simplemente el espíritu del Tratado de Amsterdam, y nuestro ponente, el Sr. Pirker, tenía toda la razón al señalarlo. 
La respuesta del Ministro puedo, tal vez, explicármela como una promesa en cuanto a que este tipo de procedimientos, es decir, la adopción de un documento político por el Consejo de Ministros sin que este Parlamento haya sido oído previamente, este tipo de procedimientos, ya no tendrán lugar. 
Comprendo bien por qué sucede eso. 
La Presidencia solamente dura medio año, y a cada Presidencia le gusta sacar pecho. 
Así funciona. 
Este Parlamento no puede aceptar eso como excusa ante el hecho de no estar implicado en el procedimiento. 
En cuanto a la lucha europea contra la criminalidad. El Grupo Liberal considera que, además de todas las medidas prácticas que figuran en el documento político, ya es hora de que se mejore la persecución penal mediante la cooperación europea. 
No parece que se haga. 
Aprovecho esta oportunidad para abogar una vez más por la creación de un Ministerio Público Europeo. 
Urge. 
No figura en este plan. 
No figuró en Tampere. 
Tampoco aparece en el cuadro de objetivos, y es una oportunidad perdida. 
Por otra parte, en ese cuadro de objetivos marco se remitía, también en materia de lucha contra la criminalidad, a documentos políticos que el Comisario Vitorino hará públicos, a la realización de estudios, documentos orientativos y cosas similares. 
Gobernar mediante documentos políticos no es lo que necesitamos. Realmente, debemos abordar ahora el problema de la criminalidad. 
Señor Presidente, armonizar los sistemas penales requerirá tiempo. 
En consecuencia, es necesario que los Estados miembros armonicen enseguida la definición de crimen organizado internacional y lo penalicen de la misma forma. 
El crimen organizado internacional no es sólo terrorismo, tráfico de drogas peligrosas, secuestro de personas, tráfico de armas, blanqueo de dinero, etcétera. Hoy, más que nunca, es el trafico de seres humanos vendidos y explotados como esclavos, y la pedofilia. 
En el marco de la búsqueda de una normativa que persiga sanciones contra el crimen organizado internacional en todos los Estados de la Unión, hay que volver a proponer con especial urgencia la necesidad de encontrar una regulación para Internet, al objeto de que un medio de información, creado para acercar seres humanos y culturas, no se convierta cada vez más en un medio utilizado por la criminalidad organizada para contactar entre sí y proliferar. 
Los miles de sitios Internet que, con un volumen de negocio de millones de euro, venden niños y les utilizan sexualmente deben hacer reflexionar al Parlamento, a la Comisión y al Consejo. 
La libertad, para ser tal, tiene que tener normas, de lo contrario, es el abuso de algunos contra los demás, y en este terreno la delincuencia organizada es mucho más poderosa que los Gobiernos y que nuestras palabras que fluyen a mares en defensa de los más débiles, pero que hasta ahora han sido incapaces de contrarrestar el mal. 
Por esto, reiteramos la necesidad de que los Estados miembros tipifiquen el crimen organizado internacional y, en este ámbito específico, armonicen sin demora los sistemas penales. 
También esto debe figurar en el programa de Niza, ya que es una temática que afecta de cerca al ciudadano y además es urgente tanto por la dramática situación actual en los Estados miembros- hemos visto lo que ha ocurrido esta mañana y cuantos lutos han ensangrentado el territorio europeo en estas semanas- como porque la proximidad de la ampliación vuelve a proponer con urgencia la solución al problema del crimen organizado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera agradecer a mi colega el Sr. Hubert Pirker esta excelente iniciativa y manifestar mi apoyo a las posiciones que ha adoptado, como también deseo felicitar a la Presidencia francesa por la declaración que antes ha formulado. 
Creo que la mayoría de nosotros reconoce la necesidad de una mayor coordinación y una colaboración más estrecha entre los Estados miembros en lo relativo al problema de la lucha contra el mundo de la delincuencia. 
Esa acción es un cometido común, dada su dimensión internacional, pues ese tipo de organizaciones delictivas tienen generalmente una acción transnacional gracias al elevado grado de movilidad de que disponen y acaban aprovechando las limitaciones de competencias, las lagunas jurídicas existentes y las diferencias entre los sistemas administrativos y penales nacionales, explorando las anomalías de los diversos sistemas. 
La delincuencia organizada en la Unión Europea fue el blanco de un desarrollo significativo en el último decenio, al imponerse una actuación esencialmente en las esferas de delincuencia informática, tráfico de seres humanos, droga y armas, terrorismo, pornografía infantil y blanqueo de capitales, así como en materia de corrupción y fraude. 
Es fundamental que la Unión Europea adopte una definición armonizada del concepto de delincuencia organizada que comprenda esas esferas. 
Así, pues, la lucha contra esta última obliga a realizar acciones urgentes. 
Se trata de una lucha que debe comprometernos a todos y debe contar, en particular, con la participación del Parlamento Europeo en la formulación de las estrategias adoptadas y las prioridades establecidas. 
Ruego a sus Señorías que se sienten, porque el debate aún no ha terminado, o que, si quieren conversar, salgan afuera. 
Porque la verdad es que resulta difícil oír a los oradores y el respeto que les debemos impone que haya un mínimo de condiciones para que se pueda hablar y ser escuchado. 
Señor Presidente, creo que es del todo desconcertante que, por enésima vez, el Parlamento Europeo no haya sido consultado acerca de los programas de acción que el Consejo se propone poner en práctica para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. 
Los ciudadanos europeos que viven día a día el drama de la macro y de la minidelincuencia, en todas sus formas- de los tráficos internacionales de droga a la pedofilia, del comercio y la explotación de seres humanos a la inmigración ilegal- que viven en ciudades inseguras o incluso peligrosas, querrían poder expresar su opinión y reivindicar democráticamente, a través de sus representantes en el Parlamento Europeo, los que son sus derechos y sus prioridades de seguridad y de lucha contra la delincuencia. 
Concretamente, este Parlamento debería poder dar voz a quien no se puede defender: me refiero a los muchos niños, objeto de violencia y de abusos sexuales, y a esos muchos jóvenes que viven el drama de la droga. 
Cierto que la lucha contra la pedofilia y la lucha contra la droga- sólo para mencionar algunos ejemplos- son objetivos realmente muy difíciles, pero prioritarios, y no es posible, como querría el Consejo, que las prioridades las dicte la factibilidad y no la urgencia. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el artículo 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, quisiera pedirles que guarden silencio ante la carta que hemos recibido del Sr. Balfe, en nombre del Colegio de Cuestores, en la que, con motivo del día sin coches mañana en Bruselas, ha pedido a las autoridades de esta ciudad que hagan una excepción para la zona que rodea al Parlamento Europeo; y en la que se ocupa de que algunos coches puedan ir de aquí, por ejemplo, a Zaventem y al tren. 
Resulta extraordinariamente fácil ir de aquí en tren a Zaventem, hace poco lo hemos hecho con la delegación sueca, y lo mismo sucede en cuanto a la estación de tren. 
No hay ningún problema. Quisiera pedirles que se tratara ahora esta cuestión y sondear si alguien más está de acuerdo con esta propuesta. 
En todo caso, nosotros no estamos de acuerdo. 
Estoy seguro de que los Cuestores han tomado nota de su comentario. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, quisiera decir en primer lugar que me sorprende el voto de la enmienda 16 porque, que yo sepa, había sido retirada, pero sobre todo, quisiera, en aplicación del párrafo 2º del artículo 69, solicitar la devolución a comisión de mi informe. 
Efectivamente, al término del debate de ayer, la posición de la Comisión parecía poco clara en numerosos puntos, muy restrictivos, de nuestras enmiendas. 
Ahora bien, se trata de enmiendas importantes. 
Deseamos por tanto que la Comisión mejore su propuesta, que tome en consideración más enmiendas, sin por ello pretender bloquear la situación, ya que deseamos una votación en el próximo periodo parcial de sesiones, en el Pleno de Estrasburgo. 
Solicito por tanto, señor Presidente, una votación para mi solicitud de devolución a comisión. 
Señor Presidente, quisiera apoyar la solicitud del ponente. 
En la comisión hemos tratado con toda intensidad este informe y somos de la opinión de que las enmiendas que hemos hecho mejoran de manera sustancial este reglamento. 
La Comisión no se ha visto hasta ahora en condiciones de asumir estas mejoras. 
Espero que en las negociaciones transaccionales podamos encontrar una línea que votemos luego, en octubre, pues ningún Grupo desea bloqueo alguno. 
Queremos este reglamento, pero lo queremos con nuestras mejoras. 
Es la vieja cuestión: el fundamento es el artículo 37, no tenemos ninguna codecisión, y por consiguiente, nos abstenemos de ejercer nuestro influjo a través de este procedimiento. 
Espero que las colegas y los colegas entiendan esto y nos den su conformidad. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Durante el debate de anoche hubo al menos diez oradores que plantearon, todos ellos, posturas muy críticas con la Comisión. 
Lo sentí mucho por el Comisario Nielson que tuvo que responder en tanto que Comisario de servicio y que leyó media página redactada por el Comisario Liikanen. 
Es evidente que se trata de un asunto muy complejo y que el Sr. Nielson no parecía conocer realmente cuál era la postura de la Comisión. 
Por eso nos encontramos ahora en esta situación de devolver esto a comisión. 
Ésta es una forma muy poco satisfactoria de hacer las cosas. 
Lo de anoche fue como un diálogo de sordos. 
No es un modo de proceder muy adecuado que los parlamentarios estén aquí por la noche hasta tarde, planteando cuestiones muy críticas y recibiendo una falta de respuesta de esta naturaleza. 
(El Parlamento aprueba la petición) 
Informe (A5-0253/2000) de la Sra. Wallis en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la propuesta de reglamento del Consejo (CE) relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (COM (1999) 348- C5-0169/1999- 1999/0154 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0220/2000) de la Sra. Glase en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado (COM (1998) 219- C4-0566/1998- 1998/2082 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0217/2000) del Sr. J. Evans en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre las reglas de competencia en el ámbito de los acuerdos de cooperación de naturaleza horizontal (C5-0304/2000- 2000/2154 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0227/2000) de la Sra. Ferrer en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la complementariedad de las políticas de la Comunidad y de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo (COM (1999) 218- C5-0179/1999- 1999/2156 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Moción de Resolución (B5-0766/2000) de la baronesa Ludford en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores sobre la posición de la Unión Europea en la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 
Respecto a la Enmienda Nº 12 
Señor Presidente, propongo añadir tras los términos "los Estados miembros" los términos "que no lo hayan hecho aún", dado que Italia, por ejemplo, ya tiene una legislación muy dura contra el racismo y pienso que unánimemente en mi país nadie considera que debe cambiarla. 
Pienso que la invitación dirigida de manera genérica a todos los Estados no es correcta. Hay que dirigirse a aquellos que no tienen una legislación adecuada. 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) Respecto a la Enmienda Nº 15 
Señor Presidente, para seguir con la lógica que ha regido los trabajos en torno a esta propuesta de resolución en comisión, quisiera proponer una enmienda oral para insertar, a elección del Pleno, tras los términos "de extrema derecha" los términos "y de extrema izquierda", o bien eliminar los términos "de extrema derecha" y detenernos en el "extremismo", y punto. 
(Más de doce diputados se oponen a la enmienda oral; el Presidente, por tanto, la declara inadmisible) 
Señor Presidente, le había pedido antes la palabra solamente para decir que la Sra. Ludford, ponente de este informe, ha hecho un muy buen trabajo, que ha sido discutido en la Comisión de Libertades Públicas en más de una reunión. 
Yo le pediría, por favor, que nos atuviéramos a lo que ya ha sido debatido y a la lista de votación. 
Acabamos de descubrir que la izquierda está a favor del extremismo de izquierdas y ha votado en contra de una enmienda oral que está en contra del terrorismo de izquierdas, en contra del extremismo de izquierdas. 
En Italia existen las Brigadas Rojas, en España existe ETA. 
Hemos descubierto que en Europa la izquierda apoya el racismo de izquierdas y está a favor del antisemitismo de izquierdas. 
(Protestas) 
Todos estos juegos políticos son muy interesantes, pero el procedimiento establece que celebremos el debate y que votemos a continuación. 
No mantenemos debates durante la votación. 
Señor Presidente, en relación con la enmienda 16, vuelvo a formular la misma propuesta hecha para la enmienda 15, o sea, mencionar las dos alas del extremismo o eliminarlo. 
Asimismo, dado que me parece que no soy de lo que no participa en los trabajos de la comisión, quiero recordar a sus Señorías que nosotros hemos presentado las enmiendas y, en comisión, mantuvimos una línea muy equilibrada. 
Podría haber planteado usted esa enmienda oral, pero ya hemos votado esa enmienda. 
Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de observancia del Reglamento, ya que hace media hora que pido intervenir y, como de costumbre, usted sólo mira hacia un sector del Parlamento y no hacia el otro, en detrimento de la democracia. 
Mi petición se basa en el siguiente motivo: usted dice que hemos votado, sin embargo, consta por escrito que hay una enmienda oral del Sr. Fiori. 
Si usted no lee o si sus funcionarios no leen, usted es un extremista, de derecha o de izquierda, en todo caso, un pobre extremista. 
Y la democracia aquí no existe. 
¡Son ustedes unos payasos! 
Ése es un punto de vista muy interesante. 
Señor Presidente, quisiera justamente un poco de calma en lo que respecta a este debate sobre el racismo. 
Sé que esto reaviva enormemente las pasiones, pero no se trata de un debate sobre el extremismo, se trata de un debate sobre el racismo. 
En la actualidad, los que perpetran crímenes y actos racistas son personas de extrema derecha. 
Si el debate tuviera relación con el extremismo sería otra cosa. 
Por tanto, hemos de tranquilizarnos durante cinco minutos. 
Todos sabemos de qué hablamos. 
No nos pongamos nerviosos y avancemos. 
(Vivos aplausos) 
Gracias, siempre es agradable escuchar la voz de la razón. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Moción de resolución (B5-0506/2000) de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores sobre criminalidad organizada 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe Wijkman (A5-0215/2000) 
Si bien doy mi apoyo total al informe del Sr. Wijkman, y principalmente al esfuerzo presupuestario realizado durante la conciliación, me preocupa en primer lugar constatar que no se ha entendido lo que significaba desarrollo duradero, pero también ver que el medio ambiente pueda no ser tomado obligatoriamente en consideración en todos los proyectos de desarrollo para los países desheredados. 
Los que apoyan un liberalismo sin freno no dejarán de querer ver, en esos escudos medioambientales, obligaciones u obstáculos suplementarios a la difícil emergencia económica de esos países desheredados. 
Pero, ¿de qué valdría un despegue económico que destruyera el marco ambiental de un país, que sacrificara su potencial ecológico? 
Al haber sacrificado en sus tentativas de despegue económico su potencial ecológico, y una vez apagados los fuegos de las primeras cifras brutas, esos países volverían a ser aún más pobres, y su nuevo horizonte de desarrollo aún más estrecho. 
La antinomia es, sin embargo, flagrante, y sus lecciones e ilustraciones las vemos todos los días: un desarrollo exclusivamente económico no podría ser duradero. 
El propio concepto de desarrollo remite al de duración, de largo plazo. 
Y este concepto de tiempo contiene en sí mismo el de marco natural, el de marco de vida preservado. 
Respetado por un modo así de pensamiento y civilización, hoy, garantizará el de las generaciones futuras en el mañana. 
Cito como ejemplo a un amigo mío pensionista que fue carpintero que me decía: "¿ Por qué, en lugar de dar tanto dinero a estos países para conservar sus bosques tropicales, no se hace que se compren menos dormitorios, menos muebles construidos con esas maderas que provienen de la tala de los bosques tropicales ?" 
Este ejemplo terrible, y sin embargo cotidiano y continuo, de las explotaciones auríferas en la Guayana francesa, que destrozan zonas enteras de terrenos forestales, y mortíferos para la flora, la fauna, y los pueblos indígenas: El mercurio corre por su suelo, por su savia y por su sangre. 
El argumento del "todo económico" como último y desesperado trampolín de desarrollo de los países del tercer mundo, al no poder ofrecerse el lujo de escudos medioambientales, no es más que una argucia. 
Al igual que es preciso denunciar como falaz la fantasía mercantil de talas forestales en nombre de la lucha contra el efecto invernadero. 
Bajo un mismo y noble pretexto de preservación ecológica, esas teorías no buscan otra cosa que la preservación de los intereses de esos pocos grandes grupos industriales. 
En La Haya, la Unión Europea deberá negarse a caer en esa trampa que permitiría una explotación descarada de las selvas tropicales consideradas como pozos de carbono, y a algunos Estados pagar sus derechos arancelarios en materia de lucha contra el efecto de invernadero. 
Mi amigo y compañero de partido, Sr. Bushill-Matthews, confiaba en que este informe fuera rechazado. 
Aunque no se encuentra aquí, le contesto que yo habría estado de acuerdo con él si los Estados nacionales hubiesen logrado eliminar las muertes y las graves invalideces por accidente laboral. 
Lamentablemente, sin embargo, los accidentes laborales mortales han aumentado en los últimos años y, por desgracia, tenemos más viudas y más huérfanos de víctimas de accidentes, especialmente en el sector de la construcción en que, por el contrario, se quieren limitar los accidentes con esta directiva. 
Por lo tanto, encuentro justo y correcto que la Unión Europea intervenga cuando los Estados nacionales no alcanzan resultados tan importantes como el de reducir los accidentes en el trabajo. 
. (EN) Los Conservadores británicos han votado hoy en contra del Informe Skinner por los motivos que expuse ante esta Cámara en mi intervención de ayer. 
Sin embargo, a pesar de lo que dije en esa intervención, mis comentarios han sido tergiversados por posteriores oradores del Partido Laborista del Reino Unido, presumiblemente por las mismas razones políticas de índole partidista nacional que dictan tantos comentarios suyos en esta Cámara. 
Yo nunca he dicho tal cosa ni la he pensado. 
Esta explicación de voto es necesaria para poner las cosas en su lugar. 
Nuestra actitud respecto a la Unión Europea es, en general, positiva. 
Las democracias europeas tienen la posibilidad de demostrar al mundo que la colaboración conduce a la paz y a mejores condiciones de vida. 
También creemos en el principio de subsidiariedad, es decir, que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Por este motivo, impulsamos enérgicamente la redacción de una Constitución de la Unión Europea, que implicaría una más clara distribución de las responsabilidades. 
Los ciudadanos europeos tienen que tener muy claro que la Unión Europea solamente se ocupará de los asuntos que conoce bien, es decir, los de carácter internacional. 
Todos los demás asuntos deben ser tratados en el plano local, regional o nacional. 
Para nosotros es importante que la UE se concentre, en cambio, en algunas materias en las que realmente su injerencia puede ser provechosa. 
. 
Por eso los cristianodemócratas respaldamos los principios en los que se fundamenta el informe Skinner, pero no podemos aceptar el resultado, esto es, la regulación detallada que se hace en el ámbito comunitario. 
Fundamentalmente la directiva debe ocuparse de fijar objetivos, no de regular detalles ni de describir los caminos a seguir para alcanzar esas metas. 
Es razonable que en el ámbito europeo se exija que los empleadores tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
Por el contrario, es absurdo que en este ámbito se detalle la forma de alcanzar esa seguridad. 
Ha llegado la hora de tomar en serio el principio de subsidiariedad y dejar que las normas que regulan los detalles se dicten en el nivel más bajo posible. 
Dejemos que los propios Estados miembros redacten las normas que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la directiva de la mejor manera posible. 
En algunos países se necesitarán leyes nacionales, otros, tal vez, necesiten acuerdos entre las partes del mercado laboral. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, los cristianodemócratas suecos hemos optado por votar en contra del informe. 
El éxito o no de una ley depende de la naturaleza de su aplicación y de la habilidad o experiencia de los funcionarios encargados de hacerla cumplir, y eso no puede abordarlo esta directiva. 
La respuesta del gobierno de entonces fue la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974, un modelo legislativo altamente eficaz que reducía la legislación a unos pocos principios y deberes simples, y cuya punta de lanza era una nueva agencia para velar por su cumplimiento. 
A pesar de que estos hechos fueron acogidos como una importante contribución a la salud y seguridad en el trabajo, la Comisión ha socavado sistemáticamente esta Ley. 
Desde que empezó a legislar sobre esta materia, ha creado confusión y ha hecho cada vez más difícil la aplicación. 
Informe Hernández Mollar (A5-0225/2000) 
Las personas mayores están acostumbradas a escribir a mano con una letra bella cuando pueden, están acostumbradas a los viejos sistemas de archivo y temen que, al estar recogidos todos sus datos en las mutualidades públicas, un día u otro se adopte alguna iniciativa electrónica en su contra que podría conllevar una menor protección de sus derechos civiles. 
- (DE) Precisamente el ámbito de la protección de datos es un típico ejemplo de cómo la creación de oficinas de control centrales tiene realmente sentido. 
La coexistencia ya existente de innumerables reglamentos comunitarios de protección de datos que además tienen los nombres más diversos ni es útil de cara a una garantía de protección jurídica ni configura la situación jurídica de forma transparente. 
La justicia debe proteger a los ciudadanos con la mayor cercanía posible. 
La coordinación de las oficinas de control comunes no sólo tendrá repercusiones positivas en lo relativo a la transparencia y a la claridad jurídica sino supondrá adicionalmente un ahorro de costes. 
Informe Pirker (A5-0219/2000) 
Así, el Consejo ha propuesto retirar a la Comisión la ejecución del sistema Eurodac de recogida y comparación de las huellas digitales de los solicitantes de asilo (el banco de datos Eurodac sirve para determinar el país que ha sido punto de entrada de un solicitante de asilo y al que corresponde por tanto examinar la solicitud de asilo) para confiarla al Consejo y recuperar esta competencia. 
El ponente ha señalado con toda razón que, en virtud del Tratado CE, el Consejo confiere, en principio, las competencias de ejecución a la Comisión. 
Sólo en "casos específicos" el Consejo puede reservarse el derecho de ejercer estas competencias por sí mismo y, con toda evidencia, no es el caso que nos ocupa. 
Por otra parte, el Parlamento perdería su derecho a ser informado y debería remitirse totalmente a los buenos deseos del Consejo. 
En cualquier caso el control democrático es fundamental en un sistema semejante. De ahí que no se comprendan las razones por las que el Consejo desea modificar el procedimiento de tal manera que se prive al Parlamento Europeo de todo derecho de información. 
No obstante, no me gustaría dejar de resaltar que las libertades no se comprenden con la elevación del límite de edad que ha propuesto la comisión. 
. (DA) La delegación socialdemócrata danesa manifiesta su total apoyo a la creación de Eurodac para la comparación de las huellas digitales de solicitantes de asilos y ciertos extranjeros. 
Con la base jurídica elegida para el Reglamento- y por respeto a la reserva danesa en el campo judicial- nos hemos abstenido en la votación definitiva. 
Hemos observado con gran satisfacción que el gobierno danés ha comunicado en la reunión del Consejo (Asuntos Jurídicos e Interiores) del 29 de octubre de 1999 su voluntad de participar plenamente en la colaboración Eurodac sobre una base interestatal. 
El motivo por el cual el Parlamento se ha vuelto a pronunciar hoy es que el Consejo ha modificado la propuesta original en lo que respecta a la atribución de competencias para la ejecución de Eurodac, intentando que estas no sean, tal como prevén los Tratados, de la Comisión, sino que pasen al propio Consejo. 
Nos felicitamos por el resultado de la votación sobre la atribución de competencias que, a nuestro entender y al de la gran mayoría de la Asamblea, debe asignarse a la Comisión. 
Reiteramos que esperamos del Consejo y de la Comisión que tengan en cuenta las dos posiciones emitidas por el Parlamento Europeo a la hora de tomar una decisión final sobre el reglamento Eurodac. 
. 
Sin embargo, opinamos que en el futuro ésta deberá mantener su condición de instrumento jurídico de carácter internacional. 
En caso de que se produzcan divergencias en relación con el comercio electrónico, opinamos que los consumidores deben tener derecho a interponer demandas en el lugar de su domicilio. 
- (DE) Un compromiso razonable entre los legítimos deseos de los consumidores y de todas las empresas que quieren emplear Internet para el tráfico comercial electrónico es indispensable para el crecimiento y el funcionamiento del tráfico comercial electrónico dentro de la Unión Europea. 
El tráfico comercial electrónico ofrece a los Estados miembros de la Unión Europea posibilidades insospechadas hasta la fecha para la creación de puestos de trabajo cualificados. 
Con esta reforma se presta sin duda una contribución que no debe menospreciarse. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo se han abstenido por respeto a la reserva danesa en el ámbito judicial en la votación definitiva de la propuesta. 
Cuando a mis amigos pensionistas les dije que debatiríamos este tema me recomendaron que hiciese todo lo posible para no dejarles demasiado tiempo bajo el agua- ya que respiran con dificultad- y para hacerles flotar. 
Si queremos luchar contra el trabajo no declarado, debemos permitir a los pensionistas que tienen una pensión baja, miserable, que les hace pasar hambre, añadir esta pensión a su sueldo normal, de lo contrario, se les empujará al río del trabajo negro donde incluso podrían ahogarse. 
Es la economía de ustedes, el desempleo y la pobreza lo que lleva a cada vez más trabajadores a aceptar cualquier trabajo. 
Una forma de sugerir que, si las condiciones legales de trabajo fueran tan abyectas como las del trabajo en negro, los empresarios se verían menos incitados a recurrir a ello. 
Si el Parlamento quisiera realmente combatir el trabajo no declarado, debería comenzar por proponer que cualquier patrono culpable de emplear a un trabajador no declarado fuera obligado a ofrecerle un contrato indefinido. 
Evidentemente, no hemos votado este informe que, pretendiendo que protege a las víctimas, absuelve de hecho a los empresarios negreros, y entre ellos a algunas grandes empresas que sólo tienen que hacer vagas amenazas de sanción económica. 
Todo el mundo está de acuerdo en condenar el trabajo no declarado, el trabajo en negro, como se suele decir. 
Al mismo tiempo, muchas personas recurren a esta mano de obra barata. 
Evidentemente, es intolerable en nuestros Estados miembros que hacen frente a tasas de desempleo que siguen siendo elevadas a pesar de un claro retroceso en estos últimos años. 
Y me sumo al ponente cuando insiste en el hecho de que la lucha contra el trabajo negro contribuye en gran medida y de manera directa a la lucha contra el paro. 
Se pide, en un primer momento, la redacción de un inventario de los sectores más afectados y de las principales categorías incluidas en cada Estado miembro. 
Será necesario dar conclusiones concretas a este estudio poniendo en práctica medidas que correspondan a cada situación, medidas que se incluyan en un programa de acciones. 
Estos programas deberán integrarse en los planes de acción nacionales vinculados a las líneas directrices para el empleo con el fin de instaurar una transparencia recíproca y evaluar la eficacia de las acciones emprendidas. 
Existe, por otro lado, un vínculo evidente entre el nivel de los impuestos y de las deducciones y la amplitud, así como la progresión, del trabajo en negro. 
Por ello, los Estados miembros deben realizar esfuerzos con vistas a reducir las tasas y deducciones que gravan el trabajo. 
Por ello he votado este informe que constituye una etapa suplementaria en la realización de una Europa social. 
La extensión del trabajo no declarado no es una decisión de los trabajadores que les permita aumentar de este modo sus ingresos. 
Es una voluntad de las empresas que no tratan directamente más que los sectores más rentables. 
Los otros, aquellos en los que el beneficio se considera menos importante y menos rápido, son subcontratados. 
Esta subcontratación desarrolla de hecho la externalización del trabajo. 
No es a los trabajadores a quienes hay que culpabilizar, es la lógica económica capitalista lo que hay que combatir, ya que pretende en todo momento reducir los costes del trabajo mediante la supresión de las contribuciones financieras patronales a la protección social. 
El informe de la Sra. Glase no está a la altura de su exposición de motivos, que me ha parecido, una vez no hace hábito en este recinto, de una lucidez poco común. 
Pero, lamentamos que ni siquiera una vez, en su informe, figure el vínculo evidente entre la inmigración ilegal masiva que padece nuestro continente y la explosión del trabajo no declarado. 
No más por otra parte de lo que se menciona la gran responsabilidad de la Europa de Bruselas en la puesta en marcha y agravamiento de las causas del trabajo en negro. 
. (DE) Actividad profesional no declarada es una bonita perífrasis de trabajo sumergido. 
Éste es un problema. Existe en todos los Estados miembros, en unos más, en otros menos. 
Se produce por las razones más diversas. 
No obstante, el trabajo sumergido no puede combatirse con nuevas disposiciones europeas. 
¿Por qué emplean los patronos trabajadores ilegales si así no pueden deducir fiscalmente los costes salariales? 
Nuestra ponente, la Sra. Glase, ha escrito con razón en su informe que la lucha contra el trabajo sumergido es una tarea que toca transversalmente muchos ámbitos políticos, Hacienda, Economía, Asuntos Sociales, Mercado Laboral, Justicia. 
La inmigración ilegal debe ser atajada y en este punto algunos Estados miembros son demasiado laxos. 
En el informe se señala que muchas mujeres, en especial, trabajan ilegalmente, y particularmente en el sector de servicios. 
La tributación colectiva de los cónyuges en todo caso es en mi país una razón fundamental para que sencillamente no se quiera declarar el personal de servicio. 
Y el trajín administrativo supone especialmente para las personas mayores un obstáculo a la hora de emplear legalmente al personal de servicio. 
Seguramente no hemos solucionado el problema en Luxemburgo, pero en el marco del Plan de Empleo hemos eximido del trabajo administrativo a los patronos de personal de servicio y creo que el pago de un salario neto a tal personal es un alivio sustancial. 
Naturalmente, he votado a favor del informe, no obstante, quería señalar ante todo, en lo que atañe a las mujeres, que las medidas positivas, fiscales y de otro tipo, son un medio más eficaz para la lucha contra el trabajo sumergido que nuevas medidas prohibitivas europeas. 
El segundo aspecto es la referencia que se ha convertido en una constante, a la flexibilidad y al sentido de la responsabilidad de los interlocutores sociales. 
El tercer aspecto concierne a un tipo de relación que la ponente ni siquiera menciona en la exposición de motivos y que, sin embargo, por lo menos en Italia, corre el riesgo de adquirir unas dimensiones iguales, por no decir mayores, al trabajo no declarado. Es ese tipo de relación que, aún reuniendo en apariencia los requisitos de legalidad y total publicidad, de hecho, presenta unas características normativas, protecciones y retribuciones mínimas, ya que derivan de contratos de trabajo definidos "piratas", celebrados por organizaciones sindicales complacientes. 
. (EL) La lacra del empleo negro se extiende a velocidad de vértigo por todos los estados de la Unión, con especial virulencia en sus regiones menos desarrolladas. 
Esta odiosa forma de explotación azota a cada vez más grupos sociales, como resultado de la pobreza que se extiende a un ritmo trepidante, de la creciente insensibilidad de las leyes del mercado y de la inviolabilidad del beneficio, que la provocan y la alimentan. 
La política económica y social antiobrera que aplica la UE constituye un factor decisivo para el crecimiento del fenómeno del empleo negro, que se desarrolla a ritmos superiores a los de la economía oficial. 
La economía sumergida desempeña un papel cada vez más relevante en los países miembros y asegura enormes beneficios a las empresas que eluden sus obligaciones fiscales y sus deberes contributivos para con la seguridad social. 
El trabajo no declarado sólo tiene resultados positivos para los patronos, que aumentan sus beneficios, mientras que tiene múltiples consecuencias negativas tanto para el propio trabajador como para el conjunto de la sociedad. 
Reducción del empleo, reducción de los recursos de la seguridad social, reducción de los recursos fiscales, y, al mismo tiempo aumento, de los gastos públicos y sociales. 
Desgraciadamente, el informe del Parlamento Europeo debatido se mueve en una dirección totalmente negativa, viene en lo fundamental a justificar a los patronos y postula medidas aún más neoliberales en el mercado de trabajo, en nombre de la erradicación del empleo negro. 
Sustancialmente, propone la legitimación- con el consiguiente quebrantamiento del marco de relaciones laborales- del empleo negro y su generalización en perjuicio de todos los trabajadores. 
Ayer el portavoz del PPE se acercó al Grupo Socialista para pedirnos que retiráramos mi enmienda 1 porque, si se aceptaba, no podrían apoyar el Informe. 
Después de mucho meditarlo en el Grupo Socialista, decidimos retirar esa enmienda con el fin de conseguir la mayoría parlamentaria más amplia posible contra las fuerzas del racismo, la extrema derecha y el antisemitismo. 
Tengo que decir que no sé qué conclusión sacar porque está claro por las votaciones que, en realidad, después de hacer esa promesa, la gran mayoría del PPE ha votado, de hecho, en contra de la resolución. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, yo también quiero expresar nuestro desconcierto por el hecho de que no se haya llegado a buen puerto, a pesar de todos los esfuerzos que desde nuestras filas se han realizado, para que la Unión Europea tenga una posición fuerte, respaldada por este Parlamento, en algo tan importante como la Conferencia Mundial contra el Racismo. 
Como representante del Partido de los Pensionistas, me he abstenido en la votación sobre este informe. 
El Partido de los Pensionistas está en contra de todos los racismos, sea cual sea su procedencia- de la derecha o de la izquierda, no hay diferencias- sin embargo, insto tanto a la derecha como a la izquierda a dar un paso atrás- porque alguien debe decidirse a darlo- a controlar que en nuestra vida haya unos logros sociales concretos, útiles para todos, y que se dejen a un lado las ideologías por fin y de una vez por todas. 
Querer unir el tema del racismo con la situación en Austria representa un intento de difamación de Austria. 
No obstante, buscan la paja en el ojo de Austria y no quieren ver la viga en su propio país. 
En vez de disculparse ante los austríacos por la injusticia cometida mediante las sanciones, siguen atizando el fuego. 
Que ésa sea su idea de una Europa unida, es lo que verdaderamente me preocupa. 
Por ello, aparte de las hermosas palabras, no hay que esperar de la resolución antirracista ningún otro cambio en la política del estado policial y de la criminalización. 
Hoy por hoy, dichos derechos están sometidos a una erosión progresiva que mina las bases de la democracia y del propio Estado de Derecho, a consecuencia de las distintas luchas que los Estados y la Unión deben emprender para hacer frente a la emergencia de turno, sea el racismo, sea el terrorismo o la criminalidad organizada o el uso de Internet con fines delictivos. 
Nosotros, los radicales, consideramos que también este Parlamento y esta Europa deben aprender de su pasado que hoy subsiste a través de los prohibicionismos de derecha y de izquierda, de los socialistas y de la extrema derecha. 
Con el convenio de asistencia jurídica recientemente aprobado se dió un primer paso para reducir esta ventaja de la injusticia. 
Saludamos por principio el plan de acción del Consejo, no obstante, también nos sumamos a la crítica de la comisión respecto de la obligación de consulta del Consejo. 
Interrupción del periodo de sesiones 
(La sesión se levanta a las 12.30 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 21 de septiembre de 2000. 
El Acta de la sesión del jueves 21 de septiembre ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, me referiré al acta. 
Por alguna extraña razón no aparece mi nombre en la lista de asistencia. 
Pido que se corrija y, al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para decir que he podido llegar a Estrasburgo desde Finlandia en sólo nueve horas. 
Es la mejor marca que he alcanzado este otoño. 
Absolutamente, Señora Thors, vamos a corregir el Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
Comunicación de la Presidencia sobre la situación en Oriente Medio 
Queridos colegas, durante estos últimos días, como ustedes saben, se produjeron disturbios en Jerusalén, en otras ciudades y en los territorios palestinos, por desgracia, y ya son muchas las víctimas. 
Hoy mismo, unos helicópteros bombardearon blancos en Gaza, agravando así la situación. 
Quiero, en nombre del Parlamento Europeo, expresar mi más profunda emoción frente a esa nueva ola de violencia y decir a las familias de las victimas cuanto compartimos su dolor y su sufrimiento. 
En un momento en que el proceso de paz se encuentra en una fase crucial, con avances reales pero frágiles, la visita del Sr. Ariel Sharon en la explanada de las mezquitas no puede ser percibida sino como una provocación. 
El estatuto de Jerusalén, y esta triste actualidad lo demuestra, constituye una de las claves de la paz en el Oriente Medio. 
Esa ciudad está cargada de poderosos símbolos para las tres religiones monoteístas. 
Atentar contra ellos, es negar la voluntad de paz y obstaculizar la búsqueda de una solución aceptable para todos. 
Sabemos, sin embargo, que existen hombres amantes de la paz, deseosos de una parte y de otra de progresar. 
La presencia conjunta, aquí mismo, del Sr. Ahmed Qurie y del Sr. Avraham Burg, Presidente del Consejo legislativo palestino y Presidente de la Knesset respectivamente, durante nuestro período de sesiones de septiembre, nos lo demostró una vez más. 
Sobre la cuestión de Jerusalén, han dado pruebas de un espíritu de apertura y de una capacidad de escucha esperanzadores. 
En este momento en que se abre el período de sesiones del Parlamento Europeo, apelo a la comunidad internacional a que se haga todo lo posible para reanudar lo antes posible los hilos del diálogo. 
La Unión Europea ya reaccionó. 
Espero que multiplique sus esfuerzos, a los que se asociará plenamente nuestro Parlamento Europeo. 
Les invito a guardar un minuto de silencio 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señora Presidenta, quiero ante todo, en nombre del Grupo Socialista, apoyar sus palabras y expresar nuestro más completo acuerdo con ellas. 
Ahora bien, me permitirá que proponga, en nombre de mi Grupo, que este tema tan importante, que afecta a las responsabilidades de la Unión Europea como usted bien ha señalado, se incluya en el debate que vamos a celebrar mañana de cara a la cumbre de Biarritz. 
Evidentemente, la situación en Oriente Medio será uno de los temas que deberán tratarse en esta cumbre, aunque sea oficiosa. 
Además, querría subrayar, señora Presidenta, que usted ha señalado con acierto que ha habido una provocación inaceptable por un líder de la extrema derecha israelí conocido por sus actuaciones extremistas en el pasado. 
Ahora bien, también creo que debemos dirigirnos a nuestros amigos israelíes fundamentalmente y decirles que un Gobierno democrático y legítimamente constituido, como es el caso del Gobierno israelí, no puede luchar a cañonazos y con tanques contra niños y jóvenes que tiran piedras. 
Eso es absolutamente desproporcionado y no ayuda en absoluto al proceso de paz. 
Yo creo, señora Presidenta, que después de la visita- por invitación suya- que nos hicieron los presidentes de las Asambleas israelí y palestina el mes pasado, tenemos la legitimidad moral suficiente para dirigirnos a nuestros interlocutores en Oriente Medio en los términos más enérgicos, proponiendo también nuestros buenos oficios. 
Señora Presidenta, le he dirigido una carta en nombre de mi Grupo pidiendo una modificación del orden del día sobre la cuestión que, con mucha dignidad, usted acaba de abordar. 
Ya que el Sr. Barón tomó la palabra, propongo que se evoque inmediatamente esa cuestión. 
Pienso que efectivamente, cuando nuestro Parlamento, muy oportunamente, invitó conjuntamente, hace un mes, a los Presidentes de la Knesset y del Consejo Legislativo palestino, precisamente para marcar su voluntad de intervenir como actor a favor del proceso de paz, no podemos, como Parlamento, callarnos hoy. 
Usted describió, con palabras a las cuales me adhiero plenamente, la situación dramática que se desarrolla en este momento en Palestina y en Israel. 
Comprendo muy bien que el Sr. Prodi, el Consejo, nosotros mismos, algunos de nosotros, intervengan mañana en el debate general. 
En cambio, no podemos contentarnos con incluir ese dramático asunto entre otros temas muy importantes y dar así a uno la posibilidad de hablar de la Carta, al siguiente de hablar de la Presidencia francesa y de la cumbre de Biarritz, al tercero del no de Dinamarca al referendo sobre la UEM, y por fin al cuarto del Próximo Oriente. 
No está a la altura. 
Sugiero por lo tanto con mi Grupo que se busque, mañana si fuese posible, u otro día si fuese necesario, de qué manera se podría dedicar una hora a ese asunto, tan importante, y adoptar una resolución. 
Si no fuese posible, sugiero que por lo menos se formule una pregunta referida a ese tema en nuestro debate de urgencia. 
Pero en todo caso, pido expresamente que nadie pueda, al final de esta sesión, pretender que el Parlamento como tal, dentro del espíritu y a consecuencia de la magnífica declaración que usted nos acaba de dar, no se haya pronunciado a favor del regreso de la paz en Israel y en el Próximo Oriente. 
Queridos colegas, si ustedes están de acuerdo, suscitaré una especie de cuestión de orden. 
Aún no hemos llegado al examen del orden del día. 
Recibí la solicitud que me enviaron. 
Les propongo que se debata entonces la oportunidad o no de incluir esa cuestión el martes. 
En cambio, tengo una serie de cuestiones de orden, que vamos a llevar a cabo. 
Tengo que hacerles algunas declaraciones, y luego abordaremos el orden del día. 
Señora Presidenta, estimados colegas, lo que está sucediendo en Oriente Medio es una tragedia. 
Le doy las gracias por haber convocado el tema. 
Nuestro Grupo se adhiere plenamente a esto. 
En lo que respecta a la cuestión del tratamiento de este difícil tema aquí, en el Pleno, consideraría adecuado que mañana los oradores del Parlamento, los presidentes de Grupo o quienquiera que hable en nombre de los Grupos, discutieran el problema de Oriente Medio en el debate con el Presidente del Consejo y con el Presidente de la Comisión. 
No creo que sea posible modificar el orden del día en su totalidad, pues tenemos una gran cantidad de temas a tratar en esta semana. 
Quiero recordar también los acontecimientos que han tenido lugar en Belgrado el pasado jueves y me gustaría sugerir que mañana, en el debate sobre Biarritz, incluyamos también la cuestión del proceso de paz en Oriente Medio. 
De este modo responderíamos de manera muy adecuada a esta problemática. 
Señora Presidenta, como es natural, también en mi Grupo estamos profundamente estremecidos por los acontecimientos del fin de semana pasado en Oriente Medio. 
Entre todas las propuestas que se han hecho, quisiera apoyar especialmente la propuesta de nuestro colega, el Sr. Wurtz, de encontrar una fecha adecuada para pedirle al Consejo- y posiblemente también a la Comisión- que emita una comunicación al respecto. 
Mi Grupo también está de acuerdo en que el Parlamento emita su propia declaración sobre este tema. 
Todo el mundo ha intentado, sin duda, poner de relieve esta cuestión por todos los medios, pero, sin embargo, creo que la propuesta de nuestro colega es ahora la más valiosa y la más apropiada para la situación. 
Gracias, Señora Hautala, pero como ya le dijé al Sr. Wurtz, usted se anticipa un poco a la fijación de nuestro orden del día. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Sus palabras reflejan el sentir de toda la Cámara y, desde luego, de todo mi Grupo. 
Es importante que tratemos el asunto y que lo tratemos como un asunto en sí mismo y no como parte de una lista de asuntos más larga en la que estamos intentando abordar tantas cuestiones antes de Biarritz. 
Si pudiéramos, de algún modo, encontrar una forma de estudiar este punto por separado, mi Grupo lo agradecería enormemente. 
Gracias, Señor Sterckx, tomamos nota de esa declaración. 
Gracias, Señora Presidenta, mi intervención se referirá a un asunto totalmente distinto. 
Pero como nuestro Parlamento sabe, la Convención encargada de elaborar la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea acaba de concluir sus trabajos. 
Podemos felicitarnos por ello. 
Sin embargo, cuando nuestra institución ha hecho tanto para que los trabajos de esa Convención tuvieran éxito, en particular poniendo en varias oportunidades sus locales a su disposición, cuando se abre hoy nuestro período de sesiones plenarias aquí en Estrasburgo, lamento que no haya sido posible organizar la entrega de esa Carta en condiciones dignas aquí en Estrasburgo una vez completados sus trabajos de redacción. 
Hubiera visto en ello un fuerte símbolo para nuestra institución, y creo que es una lástima. 
Señora Presidenta, como presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, y también como parlamentario griego, quisiera referirme al naufragio del ferry «Exprés Samina» , que tuvo lugar el pasado martes. 
Tenemos hasta el momento 79 muertos y dos desaparecidos. 
Se trata de un naufragio realmente horroroso e indignante. 
El factor humano- la negligencia de los miembros de la tripulación- parece haber desempeñado un papel decisivo. 
En todo caso, hay serios indicios de violación del derecho comunitario, especialmente en lo que respecta al registro de pasajeros y a la observancia de las normas de seguridad fijadas por las directivas comunitarias. 
Entiendo, por ello, que ante todo debemos felicitarnos por la reacción de la Comisión Europea, que ya está investigando si se ha cumplido el derecho comunitario. 
Debemos comprometernos de nuevo como Parlamento Europeo a examinar lo antes posible las propuestas de la Comisión relativas a las normas de seguridad en el transporte marítimo, especialmente el llamado paquete Erika, que se refiere a las propuestas de la Comisión sobre seguridad marítima, tal y como quedaron configuradas tras el accidente del petrolero de ese nombre. 
Y, por supuesto, considero que deberíamos examinar especialmente, junto con la Comisión, la posibilidad de acortar el calendario de la directiva 98/18 sobre el régimen de seguridad de los buques de pasajeros, desde el momento en que las disposiciones de esta directiva llegan, en ciertos casos, hasta el año 2009. 
En este marco, no deben hacerse excepciones con ningún Estado miembro, como las que en la actualidad están en vigor para Grecia para los buques de más de 27 años. 
Igualmente, considero que no es correcta la excepción en vigor para Grecia por lo que respecta a la liberalización de los transportes hasta el 2004, porque de este modo, creo, se degradan todavía más las normas de seguridad de ese país, que da la casualidad de que es mi país. 
Creo que la competencia puede contribuir a una aplicación más apropiada de las normas. el Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado una resolución, que se mueve en esta línea, y creo que todos los Grupos políticos estarán de acuerdo en que lo debatamos, puesto que se trata de un asunto de la mayor seriedad. 
Se trata de la muerte de ochenta seres humanos. 
Antes de dar la palabra al Sr. Watts sobre el mismo asunto, quisiera simplemente informarles que inmediatamente después de esa terrible catástrofe, por supuesto escribí al Presidente del Parlamento griego, Sr. Kaklamanis, para expresarle, en nombre de ustedes, mi profunda tristeza y nuestra solidaridad con las familias de las victimas. 
Señora Presidenta, después de los trágicos hechos de la pasada semana en el Egeo, la suspensión ayer de más de 60 barcos de pasajeros griegos que no cumplen con la legislación de la UE es, estoy seguro, bien recibida por toda la Cámara. 
Además de expresar nuestro pésame- como me consta y complace que usted ya ha hecho- y nuestra gratitud a todos los que participaron en el rescate en esos trágicos hechos, ¿podría la Presidenta preguntar a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo de la próxima semana por qué tuvieron que morir 79 personas antes de que estos barcos fueran prohibidos? 
Esa comisión ha de preguntar urgentemente por qué los Estados miembros están haciendo caso omiso de la legislación sobre seguridad marítima de la UE- no sólo Grecia. 
Es necesario que le pidamos a esa comisión que estudie por qué a algunos Estados miembros se les están concediendo amplias posibilidades de sustraerse a esas normas de seguridad marítima. 
Señora Presidenta, le agradezco mucho las condolencias expresadas al Presidente del Parlamento Griego tras esta insólita tragedia sucedida en aguas griegas. 
Las deficiencias en la aplicación de los reglamentos- tanto de los nacionales como de los europeos- son un hecho, y el gobierno griego ha abordado este asunto con la máxima atención. 
Por lo que respecta a los 65 buques a los que se les ha prohibido la navegación, creo que conviene aclarar que, independientemente de que hayan fallecido 79 personas, la navegación de estos buques habría quedado prohibida, en cualquier caso, a partir del primero de octubre. 
No hay relación alguna entre ambos hechos; sencillamente se ha cumplido el plazo previsto por la reglamentación de la OMI- que ha coincidido con el primero de octubre -, y todos estos buques han quedado incluidos en la categoría de inadecuados para la navegación. 
Esta es la razón por las que se prohibe la navegación de estos buques y no la desgraciada pérdida de esas personas. 
Creo, señora Presidenta, que el asunto es demasiado serio como para que la oposición intente obtener de él dividendos políticos, y es demasiado serio como para afrontarlo con una resolución urgente, con una resolución tan simple. 
Por ello, el grupo socialista votará en contra de la inscripción del asunto en asuntos urgentes, sin que esto en absoluto signifique que la tragedia no nos haya conmovido y que tanto como gobierno cuanto como grupo socialista no vayamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para aumentar la seguridad de la navegación en el Egeo. El egeo, por cierto, tiene tres mil quinientas islas y un elevado número de ferries, y este accidente, por muy grande que sea, si se piensa en el número de travesías que tienen lugar todos los veranos en el Egeo, no deja de ser un accidente entre un altísimo número de singladuras coronadas por el éxito. 
A pesar de esto, se trata, por supuesto, de una tragedia, y las circunstancias obligan a examinar una vez más, y más a fondo, las condiciones de la navegación en nuestro país y en toda Europa, pero esto no significa que los mares griegos sean en modo alguno menos seguros que los mares de cualquier otro país miembro. 
Señora Presidenta, al dar su opinión sobre el no danés al euro, usted, señora Fontaine, ha manifestado que el lado partidario del no ha apelado al miedo irracional. 
De haber estado mejor informada, sabría que su descripción sólo- y sólo aproximadamente- encaja con cerca del 20% de los votantes daneses del no. 
Para la gran mayoría de los votantes del no, la votación ha versado sobre la legitimidad democrática para adoptar decisiones sobre nuestra política económica. 
Precisamente se ha querido evitar la adopción de decisiones importantes sobre una base tan desinformada como aquélla desde la que usted desgraciadamente se expresa. 
La población danesa desea delimitar mucho más claramente de qué debe ocuparse la UE y qué deben seguir decidiendo los parlamentos nacionales. 
No obstante, ya en diciembre se quieren implantar en Niza las decisiones por mayoría en los ámbitos social y de mercado laboral en los artículos 42 y 137. 
Si tomando como base el artículo 42 se aprueba una ampliación del círculo personal recogido en el Reglamento 1408 y si sobre la base del artículo 137 se implantan las decisiones por mayoría sobre, por ejemplo, los criterios para la asignación del subsidio de desempleo, tales decisiones tendrán graves consecuencias tanto para la política social como para la política de mercado laboral que se llevan a cabo en Dinamarca. 
Somos el único país comunitario que mantiene una financiación fiscal de sus sevicios sociales y regulamos nuestro mercado laboral mediante convenios. 
Ésta es sencillamente la base de nuestro modelo de organización. 
Y el no al euro muestra, entre otras cosas, nuestro deseo de mantener la capacidad de decisión sobre estos ámbitos en el Parlamento danés y también de hacerlo después de Niza. 
Queridos colegas, quisiera apelar a toda su comprensión. 
Cada uno es consciente de que no se trataba de una cuestión de orden. 
Perdónenme, pero las cuestiones de orden no pueden servir para retomar las campañas con posterioridad. 
Señora Presidenta, gracias por las condolencias enviadas en nombre del Parlamento Europeo, y que expresan el sentir de todos nosotros. 
Desgraciadamente, las 79 u 80 víctimas han expirado en el altar del beneficio del capital naviero. 
Por mucho que algunos intenten que la responsabilidad recaiga sobre la tripulación, nadie puede cuestionar que la edad del buque rebasaba los 35 años, que normalmente no debería estar en funcionamiento, y que se hundió muy rápidamente, sin que pudieran salvarse más personas. 
Los armadores, que disfrutan de total inmunidad, han tenido y siguen teniendo a su lado a los gobiernos griegos. 
No es la primera vez; es la enésima vez que tenemos que lamentar víctimas, y ningún gobierno griego ha tomado medida alguna que pueda prevenir nuevos accidentes. 
Finalmente, quisiera decir que me sorprende la negativa del grupo socialista a que el asunto sea debatido por el procedimiento de urgencia. 
Independientemente de que un debate urgente no pueda llegar al fondo de la cuestión, el accidente ha sido muy grave, ochenta personas han perdido la vida, y creo que se impone una inmediata toma de posición por parte del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, quisiera volver un instante al drama, evocado por nuestro colega belga, que viven los refugiados, hoy, en Europa, en algunas de nuestras fronteras, para participarle que, hace unos ocho días, acudí al centro de Sangatte, abierto por el gobierno francés y administrado por la Cruz Roja. 
Ese centro recibe refugiados que intentan pasar a Gran Bretaña, aparentemente atraídos por condiciones de acogida más favorables y también porque las dificultades para entrar son mayores en otras fronteras. 
Le informo que ese centro ve pasar un promedio de 800 a 1.000 refugiados al día, procedentes del mundo entero y, en particular, de Irán e Irak y de una parte de Turquía, o sea la parte kurda, y que 16.000 refugiados pasaron por ese centro desde su apertura hace once meses. 
Es la consecuencia directa de una ausencia de armonización de las condiciones de acogida y de los estatutos de los refugiados en Europa. 
El asunto franco-belga evocado hace poco es sin duda alguna importante. 
Sin embargo, no debe ocultar, sino al contrario reforzar nuestra voluntad. 
He escrito al Comisario Vitorino en ese sentido, para comunicarle nuestra voluntad, nuestra exigencia de desarrollar una política europea común en ese ámbito, antes de que otros dramas se produzcan. 
Señora Presidenta, muchas gracias por darme el último la palabra a pesar de haber sido el primer diputado en pedirla. 
Quiero, en primer lugar, felicitarle a usted por la declaración que nos ha hecho en relación con los tristes sucesos que están acaeciendo en Jerusalén. 
No puedo decir lo mismo de las manifestaciones que usted ha hecho a la prensa española con ocasión de su reciente visita a Madrid, en las que ha manifestado que los nacionalismos son la guerra. 
Por mucho que esta opinión suya haya sido compartida por el difunto Sr. Mitterrand, yo creo que es más cerrada e intolerante que abierta y democrática. 
Utilizando la expresión del propio diccionario de la lengua de la Real Academia Española: "nación es el conjunto de personas de un mismo origen que hablan un mismo idioma, tienen una tradición común, un mismo territorio y la conciencia de un mismo destino", y define este mismo diccionario el nacionalismo como "el apego de los naturales de una nación a ella", y no hay cosa más natural, más humana, más próxima a los ciudadanos que el apego a su propia nación. 
Señora Presidenta, yo tengo que reconocer que hay nacionalismos exacerbados, hay nacionalismos extremistas y hay nacionalismos violentos. 
Pero no se puede meter a todos los nacionalismos en la misma cesta. 
Hay más de cien pueblos históricos en Europa que cumplen la condición de ser una nación, y hay millones de personas en Europa que son nacionalistas y que tienen apego a su nación. 
Y nacionalismo también es el apego y la defensa del Estado nación. 
Señora Presidenta, yo le pido respeto para los nacionalistas que estamos en esta Asamblea, que somos moderados, pacíficos y democráticos. 
Le pido respeto para los pueblos históricos de Europa y le pido respeto para los cientos de millones de europeos que se consideran nacionalistas democrática y pacíficamente. 
Señora Presidenta, me complace informar a la Asamblea de que, junto con los otros dos Vicepresidentes españoles de este Parlamento, tuve el honor y el privilegio de acompañar a la Sra. Fontaine en su visita a España y ser testigo emocionado de su compromiso valiente, firme, ejemplar con la democracia y con los valores que esta Asamblea defiende. 
La Sra. Fontaine, cuando pronunció la frase a la que ha aludido el Sr. Ortuondo, hablaba de los nacionalismos excluyentes, reduccionistas y xenófobos, de aquellos nacionalismos que ponen, por encima del principio democrático, la raza, el territorio o la sangre. 
A eso se refería la Sra. Fontaine porque, como les digo, fui testigo en todo momento de esa visita. 
Si el Sr. Ortuondo, como nacionalista, no forma parte de este tipo de nacionalismos no tiene por qué preocuparse. 
Señora Presidenta, realmente me ha sorprendido la postura de los socialistas de no querer propiciar una resolución sobre la tragedia marítima sucedida y que ha costado la vida a ochenta personas. Yo pienso que el Parlamento está obligado a adoptar esa resolución. 
¿Y qué es lo que viene a decir esa sencilla resolución? Pues precisamente pedir a la Comisión que aborde una cuestión de la mayor transcendencia, la cuestión de la seguridad de la navegación en la Unión Europea. 
¿Quién puede mantener una opinión contraria a esto? 
Esto es lo que pedimos; esto es lo que pide la resolución. 
¿Acaso es algo malo? 
En fin, yo creo que debemos votarla todos para avanzar en el control de la seguridad de la navegación en la Unión Europea. 
Esa es la cuestión, señora Presidenta. 
Señor Trakatellis, nuestra Asamblea decidirá sobre ello dentro de unos instantes, en el marco de la fijación del orden del día. 
Señora Presidenta, acabo de llegar de la última reunión en Bruselas sobre la Carta de Derechos Fundamentales. 
Esos derechos son muy importantes, pero uno de los derechos básicos de los ciudadanos de la UE es su libre circulación y la de los bienes que deseen transportar. 
En las últimas semanas muchos no han podido disfrutar de estos derechos debido a diversos problemas en una serie de puntos fronterizos, entre ellos los puertos del Canal, aunque también puntos del interior. 
La DG II nos ha avisado de que hoy podría haber dificultades. 
Por ello, muchos de nosotros hemos cambiado nuestros viajes. 
Este verano estuve con miembros de la Comisión para preguntarles sobre la compensación que se paga, cuando corresponde y se solicita, a quienes transportan mercancías que se ven bloqueadas. 
Pero en nuestros reglamentos no existe disposición alguna para que los ciudadanos- en viajes de turismo o de negocios- reclamen tal compensación. 
Esta semana he solicitado un tratamiento urgente. 
Comprendo que existen muchas otras cuestiones urgentes que han de tratarse. 
La Conferencia de Presidentes denegó mi solicitud de tratamiento urgente, pero el problema continúa un día tras otro, una semana tras otra. 
Por ello, les pido que insten a la Comisión a presentar lo antes posible normas que concedan a los ciudadanos los mismos derechos que a los que transportan mercancías, en los supuestos en que se les impida disfrutar de la libre circulación a la que tienen derecho. 
Gracias, Señor Kirkhope. Tomo por supuesto nota de su deseo. 
Señora Presidenta, tras haber escuchado usted a mi compañera danesa, puede usted ver en qué estúpido nivel se mantuvo el debate en Dinamarca, un debate que llevó al no. 
No obstante, se ha adoptado una decisión y hemos de respetarla. 
Por ello, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Sra. Ulla Sandbæk por la victoria, pues no sólo son necios conservadores ingleses y Jürgen Haider quienes han visto este no como un buen resultado. 
Lo haré, naturalmente, Señor Davies. 
Señora Presidenta, lamentablemente, los acontecimientos racistas que han tenido lugar en Alemania desde la última sesión del Parlamento hacen necesario una vez más que solicite el uso de la palabra. 
Desde entonces un suboficial del ejército ha sido expulsado y tres funcionarios de la policía de Colonia han sido suspendidos en el servicio a causa de sus expresiones de carácter racista. Habían insultado, arrojado al suelo y pateado a un conductor de taxi de nacionalidad tunecina. 
En un incendio intencionado, producido en un albergue de transeúntes de Wuppertal, resultaron levemente heridos tres niños. Se había arrojado a la casa un cóctel Molotov. 
Se sospecha que el motivo fue de índole racista y se sigue investigando en esta dirección. 
Ya se ha detenido a personas a quienes se les atribuye haber perpetrado esta ataque. 
En Düsseldorf unas 20 personas atacaron a un negro y lo hirieron. Había protestado contra expresiones racistas y por esta razón fue golpeado. 
En este sentido, no puedo menos que llamar la atención acerca de que estos incidentes han de ser relacionados directamente con una política racista. 
Por consiguiente, no cabe seguir criminalizando a las personas que tienen una apariencia diferente o a los emigrantes, sino que hay que criminalizar precisamente estos acontecimientos racistas. 
Gracias, Señora Schröder. 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, no voy a repetir lo que hemos dicho hace poco. 
Me refiero a su declaración, por las razones que usted misma expuso muy bien. 
Pienso que sería muy oportuno que nuestro Parlamento se exprese frente a esa situación, que se caracteriza por lo que usted misma llamó con toda razón "la provocación inicial" y también por esa represión militar, de una violencia inaudita, que ya produjo unos cuarenta muertos, entre los cuales hay niños, en unas condiciones que cada uno de nosotros pudo comprobar por televisión. 
Por lo tanto, podemos decir, hoy, que todo puede ocurrir, que las posibilidades de paz duradera corren el riesgo de quebrarse y que por consiguiente se hace necesaria una iniciativa del Parlamento 
Propuse efectivamente al principio- y mantengo esa posición a priori- una interrupción de nuestro debate sobre la ampliación, mañana de las 17 a las 18 horas, para aprovechar la presencia, en representación del Consejo, del Sr. Moscovici quien podría hacer una declaración seguida por un debate y una votación. 
Después de esa consulta, si esta opción, presenta inconvenientes mayores, en opinión de los diferentes grupos, a pesar del interés que, por mi parte, le veo, existen entonces otras dos posibilidades. 
El jueves por la mañana, en presencia de la Sra. Péry, o incluso el jueves por la tarde en presencia del Sr. Solana. 
Lo que personalmente me importa ante todo es que el Parlamento pueda expresarse, que escuchemos al Consejo y que podamos seguir siendo actores del proceso de paz en el Próximo Oriente. 
Todo lo demás es segundario. 
Señor Wurtz, estamos hablando efectivamente del martes. 
Le señalo que el Sr. Moscovici estará todavía aquí el martes de las 17 a las 18 horas. 
¿Desea retirar esa solicitud para diferirla al jueves? 
Me gustaría entender. 
Señor Barón Crespo, no vamos a rehacer un debate, muchos colegas se han expresado bajo forma de cuestiones de orden. 
Pero si el Sr.Wurtz mantiene esa solicitud acerca del martes, voy a preguntar si un orador se declara en contra, y usted está libre de intervenir como tal. 
Si el Sr. Wurtz propone una solución de compromiso que consistiría en aplazar su solicitud hasta el jueves, entonces el asunto del martes quedaría resuelto. 
Y creo que éste es el caso. 
Propongo postergar mi propuesta hasta el jueves por la tarde en presencia del Sr. Solana. 
Si, es una aclaración importante para que los colegas tomen una decisión. 
Ahora bien, someto a votación la solicitud tendente a sustituir el punto "Macedonia" por el punto "Impedimento al vuelo de solidaridad Paris / Bagdad". 
Señora Presidenta, ya que se ha aludido en reiteradas ocasiones a la postura de mi Grupo en relación con este doloroso tema, quiero manifestar que entiendo que se ha tratado simplemente de una votación sobre la oportunidad del debate, porque el Parlamento está unido en la solidaridad y la condolencia con los familiares de las víctimas. 
Y señalo que mi Grupo es partidario, y supongo que los demás también, de que este tema- que está incluido ya en relación con la seguridad marítima en la comisión correspondiente del Parlamento- sea examinado con la mayor urgencia posible. 
También en lo que se refiere al jueves, el Grupo de los Socialistas Europeos y el Grupo de los Verdes piden que el informe de la Sra. Klass sobre los materiales de reproducción vegetativa de la vid sea aplazado hasta una sesión posterior. 
Tengo una solicitud de votación nominal sobre esa cuestión. 
Señora Presidenta, quiero únicamente explicar en algunos segundos porqué pedimos ese informe. 
Es un informe controvertido que añade la cuestión de los OGM a un asunto que la Comisión no abordaba. 
Además, se propone que ese informe sea objeto de debate el jueves por la noche y sometido a votación el viernes por la mañana. 
Ahora bien, pensábamos que los informes controvertidos no se debían de votar el viernes por la mañana. 
Señora Auroi, usted explicó el motivo de esa solicitud, lo cual es absolutamente correcto, y supongo que el Sr. Poettering quiere intervenir en contra. 
Señora Presidenta, evidentemente, quiero intervenir en contra. 
Este informe ha sido aplazado ya varias veces y no suele ser frecuente el hecho de que el Consejo de Ministros y nuestro Grupo estén de acuerdo, pero la Presidencia francesa ha pedido expresamente que este informe se debata esta semana y que sea sometido a votación. 
Si la Presidencia pide algo que es razonable, como en este caso, lo apoyamos y, por esta razón, solicito que siga figurando en el orden del día. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) En lo que se refiere al viernes: 
Señor MacCormickcon relación al orden del día del viernes, su solicitud llegó fuera de plazo. 
Por lo tanto puedo contestarle ahora mismo que no podía ser tomada en consideración. 
Es la razón por la cual no hay modificación para la jornada del viernes. 
Sin embargo, con mucho gusto le doy la palabra dentro de las cuestiones de orden, si realmente lo desea. 
Señora Presidenta, me percate el viernes de que la pregunta oral que entró muy tarde en el orden del día no lleva aparejada una moción de resolución. 
Observo que la solicitud que presenté para que se añadiera llegó demasiado tarde en las circunstancias bastante caóticas de este lunes. 
Se trata de una cuestión importante y quisiera preguntar si, una vez que se cierre el debate, se puede fijar un plazo para que se registren mociones de resolución sobre ese asunto. 
Desgraciadamente, Señor MacCormick, no es posible. 
Lo siento, pero sería contrario al Reglamento. 
Señora Presidenta, en el orden del día del jueves quisiera pedir que se haga la siguiente corrección: en griego, en los asuntos urgentes, aparece correctamente mencionada la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que es, al menos hasta ahora, la denominación oficial de ese estado. 
En cuatro lenguas que tengo, italiano, inglés, alemán y francés, y posiblemente también en otras, el nombre mencionado es «Macedonia». 
Creo que lo adecuado es que en nuestros documentos oficiales no vuelvan a cometerse semejantes errores y nos atengamos a las denominaciones oficiales, en vigor al menos hasta hoy. 
Así pues, ruego que se corrija el nombre en el orden del día del jueves, y que se tome esto en consideración a partir de ahora en todos los documentos que circulen oficialmente aquí en nuestro propio ámbito. 
Señor Souladakis, tiene usted toda la razón, vamos a modificar el título. 
Pienso en efecto que no corresponde a la realidad. 
Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (Impuestos y cotizaciones sociales) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A5-0230/2000) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los principios comunes del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales en la Comunidad (SEC 95) , en lo que se refiere a los impuestos y a las cotizaciones sociales y del Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo (8276/2/2000- C5-0328/2000- 1999/0200 (COD) ) (ponente: M. Knörr Borràs). 
Señora Presidenta, queridos colegas, señor Comisario, yo debo expresar en primer lugar mi satisfacción por la propuesta de reglamento sobre los principios de registros de impuestos y cotizaciones sociales de acuerdo con los criterios del sistema europeo de cuentas 95 nacionales y regionales. 
Hablo de satisfacción porque la aprobación de este reglamento nos lleva hacia un sistema de comparabilidad y de transparencia entre los diferentes Estados miembros en lo que concierne al cálculo del déficit público. 
Debo decir que, en general, la posición común del Consejo recoge en gran parte los criterios de la posición del Parlamento Europeo. 
Digo en general porque, si bien gracias a la clamorosa ausencia de algunos diputados de izquierda, desde los bancos de la derecha se logró introducir una enmienda para que se considerara la posibilidad de acordar un período de adaptación, por parte del Consejo, para la aplicación de este reglamento, el propio Consejo interpreta que los Estados miembros tendrán el derecho de pedir este aplazamiento para la aplicación de este período de transición pero que, en todo caso, la Comisión podrá rechazar dicho aplazamiento si esta petición no está suficientemente fundamentada. 
Si se habla de una Europa unificada en lo que concierne a las materias económicas y financieras, esta unificación debe hacerse evidentemente sobre las bases de la lealtad y la transparencia, porque no puede aceptarse que sea de otra manera, y el reglamento- que espero que se apruebe- tiene la virtud, precisamente, de eliminar aquellas prácticas, desgraciadamente muy extendidas en ciertos Estados miembros, que tienden a disimular- valga la expresión- posiciones de déficit utilizando diversos métodos de contabilización. 
Por lo tanto, nos encaminaremos, muy al contrario, por la senda de la seriedad contable para evitar comportamientos- como he dicho- poco transparentes, cuando no fraudulentos. 
Vuelvo a decir, entonces, que la posición común del Consejo debe ser apoyada, en mi opinión, porque con este reglamento se introduce el mecanismo de adaptación al sistema europeo de cuentas 95 que asegura, efectivamente, la comparabilidad y la transparencia en la contabilidad pública de los Estados miembros en materias tan sensibles e importantes como las relativas al cálculo del déficit público. 
Con esta aprobación se asegura también la facultad de que la petición de períodos de adaptación esté, efectivamente, contrarrestada por la facultad de poderla rechazar si ésta no estuviera bien fundamentada. 
Para terminar, debo pedir al Comisario aquí presente, porque así lo expresé repetidamente, que exprese en esta sesión plenaria un compromiso efectivo con este Parlamento para la presentación de una separata al reglamento en lo que concierne al registro y al cálculo del recurso propio del impuesto sobre el valor añadido, porque- debo recordar- la aprobación de la posición común estaba, desde mi punto de vista, ligada a este compromiso. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, hay un aspecto dentro del informe del Sr. Knörr que interesa particularmente a mi Grupo. 
Como usted sabe, señor Comisario, en su sesión de abril de este mismo año, el Parlamento aprobó en primera lectura una enmienda relativa al derecho transitorio en su aplicación en la que se decía que los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión un período transitorio no superior a dos años para adaptar sus sistemas contables a lo dispuesto en este reglamento. 
En su comunicación ulterior al Parlamento, la Comisión decía que aceptaba esta enmienda con tal de que se interpretase que dispone de la posibilidad de rechazar, "cuando proceda", una solicitud presentada por un Estado miembro. 
Aunque es dudoso que una exposición de motivos de una comunicación de la Comisión pueda derogar el texto articulado, precisamente esta expresión de "cuando proceda", señor Comisario, pudiera interpretarse como una facultad discrecional por parte de la Comisión de rechazar una solicitud fundada por parte de un Estado miembro sin necesidad de que la Comisión tenga que justificar su decisión. 
Precisamente para obviar esta situación, mi Grupo político ha presentado una enmienda que dice que la Comisión concederá dicho período siempre que se justifique, por el Estado miembro solicitante, la existencia de criterios objetivos que dificulten la aplicación inmediata de lo dispuesto en este reglamento. 
Huelga que le diga, señor Comisario, que esta enmienda tiene el único propósito de objetivizar y someter a un procedimiento reglado y no discrecional por parte de la Comisión este tipo de situaciones. 
Dado que esta enmienda, señor Presidente, es la única que se ha presentado, y para simplificar el trámite y acelerar la aprobación de esta recomendación, mi Grupo estaría dispuesto a retirar esta enmienda si la Comisión, señor Solbes, hace una declaración que asuma el contenido de la enmienda, que no es otro, repito, que el de objetivizar y someter a un procedimiento reglado, obviando cualquier posibilidad de discrecionalidad por parte de la Comisión, este tipo de solicitudes. 
Señor Presidente, no sólo como diputado del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos y Demócratas Europeos) , sino también como representante del Partido de los Pensionistas, considero que esta propuesta es importante, urgente y necesaria. 
No se trata sólo de obvios motivos de contabilidad y de permitir al Parlamento conocer la situación contable de los Estados miembros- lo cual, como sabemos, es muy importante- sino que esta propuesta reconoce una típica costumbre de numerosos Estados de la Unión, en particular del Estado que represento en este Parlamento, es decir, Italia, cuya contabilidad, sobre todo en lo que respecta a los impuestos y cotizaciones sociales- cotizaciones sociales que son sumamente importantes para los pensionistas- a veces es como el juego del trile. 
Hay malabaristas y el dinero aparece y desaparece fácil y rápidamente. 
Por ejemplo, se dice que las cotizaciones pagadas por los trabajadores ya no son suficientes para poderles asignar después una pensión justa y correcta. 
Con frecuencia, esto no es verdad porque existen realmente juegos contables que luego justifican el hecho de decir a los trabajadores que han trabajado durante toda su vida y llegan al momento de cobrar la anhelada y suspirada pensión: ya no hay dinero. 
En realidad, no es verdad porque se han hecho juegos contables. 
Por lo tanto, bienvenida sea la aprobación del informe Knörr Borràs. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero darles las gracias a todos los oradores por sus comentarios. 
Es evidente que el objetivo de este acto, como ha dicho el Sr. Fatuzzo, es intentar que las cifras correspondan al máximo con la realidad y que no se produzcan infravaloraciones de los déficits públicos nacionales. 
El trabajo realizado por el Parlamento y por el Consejo ha sido enormemente útil. 
La Comisión aprueba plenamente la posición común del Consejo, que ya incluye las distintas enmiendas que fueron planteadas por el Parlamento en su primera lectura. 
Sin embargo, se suscitan dos puntos que, en cierta medida, han quedado pendientes de clarificación. 
Primero, el que se refiere al apartado 2 del artículo 7, esto es, a la posibilidad de que la Comisión tenga un cierto margen de discrecionalidad en cuanto a la concesión de períodos transitorios. 
En este caso, lo único que requiere la Comisión es que esos períodos estén realmente justificados. 
Por eso podemos aceptar perfectamente que la Comisión se comprometa a acceder a esas demandas a condición de que los Estados miembros afectados justifiquen de forma objetiva la dificultad con la que pueden encontrarse para aplicar de forma inmediata las disposiciones del reglamento. 
Creemos que el juego de la claridad debe funcionar en ambos sentidos. 
La Comisión no debe, evidentemente, negar esos períodos cuando existan justificaciones objetivas, pero es imprescindible que las justificaciones objetivas existan para que pueda concederse el período transitorio. 
En otro caso, estaríamos prestando un flaco servicio al objetivo de la norma. 
El segundo punto se refiere a la valoración del IVA y del cálculo del recurso propio IVA. 
En relación a las enmiendas que en su día se plantearon sobre este tema, el compromiso de la Comisión es, evidentemente, avanzar por un camino distinto, dado que no tenemos dificultades en cuanto al fondo. 
Sobre este punto concreto, querría señalar que la Comisión se había comprometido en primera lectura a presentar otra propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para tratar de esta cuestión específica, y hoy ya puedo decirles que la Comisión aprobó su propuesta el día 20 de septiembre y se ha transmitido ya al Parlamento y al Consejo. 
Por tanto, daremos ese tema, espero, por resuelto, tan pronto como esta nueva norma esté aprobada. 
Por lo demás, únicamente querría expresar mi satisfacción por el apoyo que hemos recibido por parte del Parlamento a los trabajos realizados por la Comisión, y agradecer la colaboración del ponente, Sr. Knörr, y su excelente trabajo realizado en lo que se refiere a este texto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0235/2000) del Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Capital-riesgo: Propuestas para proseguir el desarrollo del Plan de Acción (COM (1999) 493- C5-0320/1999- 1999/2208 (COS)) 
. (EN) Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo al ponente, el Sr. Skinner, el excelente trabajo que ha realizado en la elaboración de este informe. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y ponente en la sombra del Grupo PPE-DE sobre esta cuestión en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Skinner, que ha sabido muy bien reunir los puntos de vista de las comisiones parlamentarias y de los Grupos políticos y trasladarlos al papel de un modo armonioso y equilibrado. 
En la comunicación sobre capital-riesgo, el principal mensaje político era que el capital-riesgo es esencial para crear empleo, aumentar la productividad y apoyar el crecimiento en Europa. 
Me gustaría afirmar esto todavía con mayor fuerza de lo que lo hizo la Comisión. 
Si de verdad queremos que la Unión Europea logre los ambiciosos objetivos de la Cumbre de Lisboa, es absolutamente esencial mejorar el funcionamiento del mercado único europeo de capital-riesgo. 
Las empresas de la Unión Europea, sobre todo en sectores en crecimiento como las industrias de alta tecnología o de biotecnología, no pueden desarrollar todo su potencial sin un mejor acceso al capital-riesgo. 
Unos mercados eficientes de capital-riesgo constituyen también una condición previa para el desarrollo del espíritu de empresa en Europa. 
En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Skinner cuando afirma que es de crucial importancia permitir que las PYMEs tengan un acceso abierto y justo a los nuevos mercados de capital-riesgo. 
Según un estudio reciente que se menciona en la comunicación de la Comisión, también es una herramienta muy eficaz para mejorar el empleo, puesto que entre el 80 y el 90% de la financiación obtenida del capital-riesgo se destina normalmente a contratar a más personal; en otras palabras, un mayor capital-riesgo nos permite utilizar de modo más eficaz nuestro capital humano. 
En la lucha contra el desempleo, también se necesitan urgentemente medidas concretas para aligerar la presión fiscal sobre el trabajo. 
Quisiera, igualmente, destacar la importancia de reducir los costes y los procedimientos administrativos para el establecimiento de una empresa y para la vuelta a los negocios después de una quiebra. 
En este momento, hay demasiados posibles emprendedores fuera de la economía tan sólo a causa de unas normas inadecuadas en materia de insolvencia. 
La presente comunicación muestra que, a pesar de que se han hecho algunos avances, Europa sigue presentando importantes debilidades, en particular, cuando se la compara con sus principales competidores. 
El Sr. Skinner afirmaba que tanto la cantidad de capital-riesgo como la asignación del mismo sigue estando por debajo del óptimo en comparación con Estados Unidos, y, desgraciadamente, esta distancia general se hace cada vez mayor. 
Eso debería hacer que nos preocupáramos un poco por el calendario propuesto por los Jefes de Estado y de Gobierno en Lisboa. 
Deberíamos preguntarnos si la fecha límite de 2003 no es demasiado tardía para Europa. 
Comparto la opinión manifestada por Gordon Brown y por otras personas de que deberíamos pensar en acelerar el calendario, tanto en el plan de acción de capital-riesgo como en el plan de acción de servicios financieros. 
Deberíamos, al menos, asegurarnos de que se hace algún progreso durante este año. 
Por consiguiente, apoyo totalmente la postura del Parlamento sobre el punto 23 pidiendo a la Comisión que nos mantenga informados periódicamente de lo que vaya ocurriendo. 
La propuesta de directiva sobre fondos de pensiones suplementarios es esencial para el crecimiento del capital-riesgo en Europa. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quería hacer una referencia a las conclusiones del reciente informe sobre pensiones suplementarias, en particular, sobre las reglas de prudencia. 
Los inversores institucionales, como las compañías de seguros, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, desempeñan un papel cada vez más predominante en la provisión de capital-riesgo. 
Los fondos de pensiones, en concreto, han ido creciendo en importancia a lo largo de la última década a medida que los cambios demográficos han aumentado la necesidad de productos de jubilación. 
El paso hacia unos instrumentos más orientados al rendimiento también ha incrementado la necesidad de reformar el sistema. 
Lo que ha pasado en los últimos días con la moneda única ha sido lamentable. 
El euro nunca será fuerte ni atractivo si la economía europea no es fuerte y atractiva. 
El plan de acción de capital-riesgo es una de las opciones políticas que ya hemos decidido tomar. 
Ahora sólo nos queda asegurarnos de que lo hacemos con la suficiente rapidez como para aprovechar la oportunidad actual. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señoras, el informe es muy bueno, como ya hemos oído. 
Abarca todos los puntos que son relevantes a la hora de fomentar el desarrollo de la cultura de capital de riesgo en Europa. 
Esto es especialmente necesario porque los eficaces mercados de capital de riesgo juegan un gran papel en la creación de puestos de trabajo, por un lado, y por otro, en el aumento de la productividad así como en la financiación de las empresas de crecimiento rápido y en la fundación de empresas. 
Del informe podemos extraer también que el 66% del empleo total en la Comunidad hay que atribuirlo a las pequeñas y medianas empresas y que entre el 80% y el 90% de los recursos habilitados a partir del capital de riesgo van destinados al empleo de trabajadores. 
Por esta razón, necesitamos más capital para inversiones en las pequeñas y medianas empresas de crecimiento fuerte que generan puestos de trabajo, para investigación y desarrollo y para la creación de empresas, por destacar los puntos esenciales. 
Precisamente porque en este ámbito vamos renqueando por detrás de los Estados Unidos instamos también a que los Estados miembros y la Comisión presten su apoyo a que haya más dinero, más capital de riesgo, para capital de despegue y capital de primeras fases. 
Pedimos una simplificación administrativa, el modelo de one-stop-shop debe ser cosa corriente en todos los países y con este propósito hay que aprovechar los nuevos medios. 
Pedimos también un sistema fiscal que, por un lado, fomente las innovaciones y, por otro, fomente también la existencia de personas privadas que inviertan capital en las empresas. 
Por consiguiente, celebro también lo que se acordó en Lisboa, introducir un benchmarking para poner sobre la mesa en toda su diversidad los mejores modelos de fomento de capital de riesgo a fin de avanzar en esta dirección. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero felicitar, en primer lugar, al ponente, Sr. Skinner, por su prudente informe, justamente en un tiempo en el que necesitamos nuevos impulsos en el sector del capital-riesgo en el seno de la Unión Europea. 
Empresas con un crecimiento cada vez más acelerado, nuevas creaciones de empresas con un enorme potencial de innovación y el cambio vertiginoso en la industria demandan unos mercados más eficaces de capital-riesgo. 
Es preciso apoyar mejor el crecimiento. 
Aunque en los últimos cinco años el capital-riesgo ha crecido también rápidamente entre nosotros, Europa en lo que a esto respecta se sitúa todavía muy por detrás de los Estados Unidos de América, sobre todo en los ámbito de las tecnologías de la información y de la biología, que aún están experimentando un fuerte crecimiento, y también en las cuestiones de la prevención o asistencia sanitarias, un ámbito totalmente nuevo que crece cada vez con más pujanza. 
Por lo demás, puede emplearse también capital-riesgo para el surgimiento de modernos servicios sociales- tampoco hay que descuidar esto -, servicios que se van a necesitar precisamente en el futuro a causa del número creciente de personas ancianas. 
La Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales se ha ocupado en especial de las modalidades de la asistencia suplementaria a la tercera edad y de las normas necesarias relativas a las mismas. 
En el momento presente se están desarrollando en número creciente a causa de incremento de la esperanza de vida nuevos productos financieros para los sistemas de asistencia a la tercera edad. 
Por consiguiente, los fondos de pensiones juegan un papel cada vez más fuerte en la provisión de capital-riesgo. 
Pero los sistemas de la seguridad social, con independencia de cómo estén configurados, necesitan precisamente a la hora del procedimiento de provisión de capital nuevos reglamentos, órganos de control y de cogestión, que refuercen la confianza en estos nuevos sistemas, en estos productos. 
Por esta razón es también necesario que todas las partes interesadas estén en diálogo permanente, incluidos el Parlamento Europeo, el Consejo, los interlocutores sociales, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. 
En la Unión Europea no se podrá insistir con suficiente frecuencia en que es necesario aunar las fuerzas. 
Es preciso utilizar todos los instrumentos financieros disponibles para un rápido desarrollo ulterior del mercado a fin de incrementar el ámbito de las inversiones de capital-riesgo en la UE de suerte el beneficio de creación de puestos de trabajo, procedente del capital-riesgo, pueda redundar en provecho de todos los actores. 
Mediante las inversiones en la constitución de empresas se crean también puestos de trabajo. 
Para poder desarrollarlas con éxito desempeñan un papel decisivo, y son la fuerza impulsora, los trabajadores. 
Por esta razón es preciso que existan también sistemas de participación de los trabajadores, que estén vinculados a mecanismos de cogestión. 
Esto es también de la mayor importancia por una variedad de razones. 
En síntesis, quiero señalar de nuevo que la comunicación que va unida a este informe puede ser una vez más un fuerte elemento impulsor para aunar las fuerzas en el sector del capital-riesgo. 
Señor Presidente, es sabido que desde hace bastantes años el Parlamento Europeo, viene expresando, mediante sucesivos informes y resoluciones, su interés y su sensibilidad hacia las pequeñas y medianas empresas y sus problemas. 
Se ha señalado hasta la saciedad el importante papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la creación de empleo y en la introducción de innovaciones tecnológicas. 
Sin embargo, el tan cacareado interés de los gobiernos de los Estados miembros y de los órganos comunitarios resultan ser mera hipocresía, desde el momento en que las pequeñas y medianas empresas tienen serias dificultades en la práctica para participar en programas de financiación, para aprovechar las nuevas propuestas tecnológicas y los programas de modernización tecnológica, para beneficiarse de programas de educación y formación del personal, para enfrentarse al injusto tratamiento fiscal de que son objeto. 
Estos problemas podrían abordarse mediante la revisión de los abusivos criterios bancarios de financiación, con el impulso de sus asociaciones y de las cámaras para la promoción de los programas de desarrollo tecnológico y los programas de formación integral. 
Y mientras que los planes de acción de la Comisión han aportado tan poco en esta dirección, la comunicación de la Comisión y el informe del Parlamento nos llaman hoy a promover opciones que interesan principalmente al gran capital financiero, en nombre, precisamente, de las pequeñas y medianas empresas. 
Es una verdadera provocación al sentido de lo público proponer el impulso del mercado único europeo de capital para servir supuestamente a los intereses de las pequeñas y medianas empresas. 
Lo mismo cabe decir de las propuestas de fondos europeos de pensiones, la desviación de las reservas de las cajas de pensiones hacia la financiación de inversiones de alto riesgo y un tratamiento fiscal más favorable de los beneficios. 
Sin duda, la solución de los problemas relacionados con el injusto tratamiento fiscal de las pequeñas y medianas empresas, la simplificación y modernización de las patentes, la reducción de los desproporcionados gastos administrativos y de los trámites de apertura de las pequeñas y medianas empresas, se sitúan en la dirección adecuada. 
La satisfacción, sin embargo de las demandas del gran capital financiero en nombre de las pequeñas y medianas empresas, nos parece una provocación y merece nuestra condena. 
Señor Presidente, el desempleo en la Unión Europea sigue siendo bastante elevado: más del 9 por ciento de la población activa. 
La evolución del sector del capital-riesgo en Europa supondrá un estímulo sobre todo para la pequeña y mediana empresa a la hora de atraer medios económicos. Constituye un elemento positivo ya que detrás de esto se esconde un enorme potencial de creación de empleo. 
Insto a la Comisión Europea para que acelere la directiva sobre pensiones complementarias. 
Teniendo en cuenta las normas de prudencia, las instituciones deben tener libertad total para invertir. 
Además, los Estados Miembros deben eximir las primas de pensiones pagadas de cargas impositivas. De este modo, se podrá acceder a una fuente de capital privado. 
Sin embargo, la disponibilidad de capital no representa el único obstáculo. 
A menudo, suele ser la conocida jungla de normas, formularios y ventanillas lo que impide que un pequeño empresario contrate personal. 
He aquí por lo tanto una tarea de gran importancia para que numerosos Estados Miembros lleven a cabo reformas estructurales y eliminen los obstáculos innecesarios. 
Con vista a la planteada reforma del sistema europeo de patentes, solicito la atención del Comisario para el régimen de tres idiomas de la Oficina Europea de Patentes. Este mecanismo permite plantar cara a la falsificación de la competencia. 
Por este motivo, se deben poder presentar las solicitudes en todos los idiomas oficiales de la Unión. 
Un tratamiento igualitario conforme a derecho de los idiomas, me parece que favorece sin duda a las pequeñas empresas innovadoras, lo que además se corresponde con lo dispuesto en el Tratado de la UE. 
Otro punto de atención se refiere a la posible concesión de patentes para materiales naturales, como genes y plantas, lo que desde mi punto de vista se expresa correctamente en el apartado 22 de la propuesta de resolución. 
El principio de que la vida es un don de Dios y no una posesión adquirida por los hombres merece ser respetado en todo momento. 
Distinguido señor Presidente, hay que celebrar el informe Skinner. 
El que arriesga, gana. 
Sin embargo, lamentablemente, este aserto no es aplicable a demasiadas empresas europeas. 
Ciertamente, somos ricos en invenciones, pero pobres en realizaciones comerciales exitosas. 
Con demasiada frecuencia los derechos de explotación se van a las corporaciones norteamericanas o asiáticas antes de que empresas pequeñas y medianas de Europa se atrevan a acometer por sí mismas la explotación. 
Frecuentemente son justamente los jóvenes empresarios quienes no están informados de cómo pueden conseguir capital de participación. 
Hay dificultades, sobre todo, en nuestros sistemas fiscal y administrativo. 
Estos sistemas son demasiado complicados, con mucha frecuencia son ininteligibles, de manera que precisamente este grupo de empresarios están decepcionados a causa de estas barreras. 
Por consiguiente, es preciso apoyar todas las demandas de reforma del sistema fiscal y administrativo. 
Por esta razón, es preciso modificar esta situación desfavorable. 
El Gobierno austríaco ha emprendido ya iniciativas a este respecto. 
De esta suerte se va a suprimir de inmediato el impuesto sobre el volumen de negocios bursátil y se elevará al doble la exención fiscal por participación de los trabajadores. 
Sería conveniente que estas medidas sean imitadas por otros gobiernos y no se aguarde a que la Unión les inste a hacerlo. 
Señor Presidente, con razón el ponente y los demás oradores y oradoras de este Parlamento han subrayado que los mercados de capital-riesgo, más eficientes, juegan un importante papel en el apoyo del crecimiento económico, en la creación de puestos de trabajo nuevos y duraderos y en el fomento de una sociedad del saber europea, y esto vale igualmente respecto del fomento de las PYME y del fomento del empresariado. 
Éstos son objetivos que subrayamos una y otra vez como piedras angulares no sólo en nuestras directrices de política económica, sino también en las de política de empleo. 
La puesta en práctica del plan de acción es un camino acertado y una parte de las reformas estructurales, las cuales se necesitan todavía en Europa a pesar de todos los avances logrados en la realización de las reformas fiscales en los mercados de bienes, de capitales y de servicios. 
En este punto es preciso hacer aún más cosas. 
Con razón esto se ha puesto de manifiesto en Lisboa, con razón se ha puesto de manifiesto en el foro para el empleo y, en especial, en este punto se ha puesto de manifiesto también que el Banco Europeo de Inversiones va a desempeñar un papel complementario positivo. 
Esto lo ha mostrado ya con razón el Sr. Skinner. 
Sin embargo, la comunicación de la Comisión muestra además- y esto se ha recogido con toda razón en el informe- que en la constitución de un mercado integrado de capital-riesgo en toda Europa no se han hecho todavía suficientes progresos y que la Unión Europea sufre aquí una debilidad. 
Las cifras hablan por sí mismas. 
Las inversiones de capital-riesgo en Europa en los últimos cuatro años han aumentado más del doble, pero en Europa se han invertido solamente 7 millardos de euros frente a los 12 millardos de euros invertidos en los EE.UU. 
En comparación con las inversiones realizadas en la primera fase de las empresas esto se hace aún más patente: 1,6 millardos de euros en Europa frente a 4,5 millardos de euros en los EE.UU. Los mercados europeos de acciones para empresas con fuerte crecimiento se han extendido mucho al tiempo que comparados con el Nasdaq americanos no somos más que enanos. 
Todos somos conscientes de la problemática, pero, naturalmente, tenemos obstáculos que dificultan seriamente el ajuste de riesgos y empresariado. 
Es preciso mencionar aquí por igual tanto las barreras culturales, como los procesos burocráticos, las problemáticas de autorización, las dificultades a la hora de solicitar una patente, de conceder una patente para las pequeñas y medianas empresas, los costes de mantenimiento de la patente y también la falta de coordinación entre los sistemas fiscales. 
Una Europa de las empresas necesita incentivos y oportunidades que redunden en provecho de todos. 
Por esta razón hay que apoyar plenamente las exigencias que se han formulado. 
Quizá se pueda conseguir también un mayor compromiso. 
Quiero indicar también que las redes de expertos pueden jugar también un papel relevante y positivo. 
Si bien hay que prestar atención a la provisión de capital-riesgo, a la hora de la creación como también de la ampliación de una empresa no sólo hay que prestar atención a esto sino también a la cuestión de cuánto capital de explotación hay disponible. 
Quisiera reconocer y destacar que en este ámbito una ayuda especial debería favorecer a las mujeres como empresarias y quisiera subrayar también que nosotros, como Parlamento, deberíamos instar a la Comisión que acompañe este proceso de avances en este ámbito con un benchmarking y un proceso de score board. 
Señor Presidente, celebro el presente informe sobre el capital-riego y, ciertamente, comparto su posición de que con ello se produce la posibilidad de adquirir recursos que son absolutamente necesarios para la investigación, el desarrollo, la producción y la apertura de mercado de nuevos productos, los cuales luego, naturalmente, podrán originar también más puestos de trabajo. 
Existe coincidencia en muchos puntos como, por ejemplo, en la habilitación de capital-riesgo público y privado, en la suavización de las condiciones de acceso, en la prioridad de la utilización de capital-riesgo para las PYME, en la incentivación fiscal en los casos de reinversiones del beneficio en fondos de capital-riesgo, en la simplificación y minimización de costes a la hora de registrar las patentes. 
Sin embargo la concepción global también nos da ocasión de ejercer la crítica. 
En primer lugar: si se trata, en concreto, de la clase media en las regiones subdesarrolladas ¿por qué concentrarse absolutamente en los servicios innovadores? 
Yo soy partidario de invertir de igual modo en nuevos productos del ámbito de la producción innovativa, para fomentar el desarrollo regional. 
En segundo lugar: de que sirve realmente la buena voluntad de invertir en la creación de nuevas empresas, en investigación y desarrollo, y de inyectar capital-riesgo, si no se integra simultáneamente la apertura de mercados que exige de las PYME tantos costes? 
Efectivamente las pequeñas y medianas empresas, una vez fabricado el producto, tienen sus mayores problemas en tener que introducirlo también en el mercado. 
En tercer lugar: ¿por qué sólo se puede invertir el capital-riesgo público allí donde el capital privado no quiera? 
Esto no significa a priori otra cosa que se socializa el alto riesgo de sufrir pérdidas y se privativa la obtención de ganancias. 
Esto constituye una distorsión de la competencia en detrimento del capital-riesgo público. 
En cuarto lugar: ¿cómo pretenden garantizar ustedes que una mayor participación, tandeseada en el informe, de los fondos de pensiones en el capital-riesgo no conducirá a posibles pérdidas de las cotizaciones pagadas, yendo así en contra del objetivo de los cotizantes de lograr para sí una vejez más segura? 
En quinto lugar: sigue estando oscuro por qué las fusiones en el mercado de capitales producirán efectos positivos en para la generación de capital-riesgo. 
La experiencia muestra lo contrario. 
En la medida que existan menos ofertantes, será menor la competencia y los costes serán más elevados. 
. (PT) Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a mi colega Peter William Skinner por su excelente informe, que versa sobre un tema que considero realmente de la mayor importancia. 
Porque, si la Unión Europea quiere llegar a ser la región con la economía más dinámica del mundo, como se decidió en la Cumbre de Lisboa, necesita que las inversiones, sobre todo en las PYME, que crean puestos de trabajo y apuestan por sectores con futuro, encuentren financiación para apoyarlas. 
Se quiere dinamizar en Europa el espíritu empresarial, pero aún son innumerables las dificultades que se plantean a quien quiera ser empresario para realizar proyectos rentables. 
Las dificultades que es preciso superar rápidamente en los diversos países de la Unión Europea comienzan con los aspectos administrativos, como la burocracia, en muchos casos inútiles, que consume tiempo, energía y dinero, y terminan con su financiación. 
Ahora bien, a las empresas de capital de riesgo corresponde desempeñar un papel de la mayor importancia en esa esfera y, si quiere recuperar el retraso actualmente existente en relación, sobre todo, con los Estados Unidos, la Unión Europea debe avanzar mucho más deprisa. 
Nos parece que la propuesta de la Comisión va bien orientada, si bien yo también considero que se debe avanzar más rápidamente, por lo que concuerdo con la propuesta hecha de solicitar a la Comisión que presente un plan de acción hasta 2000 en la esfera del capital de riesgo y que se adopte un planteamiento integrado reuniendo de forma coherente todos los instrumentos comunitarios. 
Sobre todo es necesario que Europa apueste cada vez más por el mérito de los proyectos y no por el patrimonio personal de los empresarios, como aún sucede actualmente. 
Si bien la exigencia bancaria de los avales personales es muy discutible, resulta inadmisible en el caso de las sociedades de capital de riesgo. 
También es necesario que resulte fácil a los empresarios recurrir al capital de riesgo, lo que presupone una información mucho más activa y eficaz sobre el modo de su utilización. 
(principio inaudible )... de los que sólo se beneficiará una minoría de la población que tiene capitales para colocar y mover. 
El conjunto de las propuestas muestra una vez más que la Unión Europea fue construida con la preocupación exclusiva de favorecer los movimientos y la inversión de los grandes capitales y, accesoriamente, de los pequeños. 
Sin embargo la mayoría de la población está afectada puesto que es con su dinero que las instituciones europeas piensan financiar las medidas para facilitar inversiones privadas. 
Los que no disponen de capitales pero pagan la mayor parte de los impuestos, entre otras cosas mediante los impuestos indirectos, entre los cuales el IVA, tendrán por lo tanto que financiar las subvenciones y las deducciones fiscales previstas para los inversores así como las ventajas fiscales otorgadas a las stock-options. 
Está previsto favorecer los fondos de pensiones, pero eso implica inevitablemente favorecer el sistema de las pensiones otorgadas en el reparto. 
El dinero que debería de servir para garantizar a todos una pensión decente será por lo tanto movilizado para que una minoría pueda sacar más provecho privado de ello. 
Por consiguiente rechazamos en conjunto un proceso que tiende a vaciar cada vez más los bolsillos de la mayoría trabajadora de la población para drenar hacia los detentadores de capitales el dinero así obtenido. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría señalar que la Comisión ha recibido con satisfacción el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Muchas gracias al Sr. Skinner y a la Sra. Kauppi por sus comentarios. 
En ambos casos, se apoya de forma clara la estrategia comunitaria para el desarrollo del capital-riesgo en la Unión Europea. 
He creído percibir un claro consenso respecto al importante papel que el capital-riesgo puede jugar como motor del crecimiento económico y, lógicamente, como motor del empleo. 
Como sus Señorías conocen- se ha hecho referencia a ello en algunas intervenciones -, el Consejo Europeo de Lisboa prestó especial atención a impulsar nuestros esfuerzos para poner en marcha el capital-riesgo de manera que el plan de acción esté terminado en el 2003. algunas de sus Señorías han hecho referencia a la posibilidad de acelerarlo. 
No cabe duda de que esta aceleración dependerá de la capacidad de los Estados miembros para poner en marcha algunas de sus medidas. 
Recuerden, sin embargo, que el plan de acción sobre capital-riesgo es anterior a Lisboa, pues procede del año 1998. 
Sin embargo, no interesan tanto las circunstancias del pasado como qué vamos a hacer de cara al futuro. 
Y, en ese sentido, me gustaría señalarles que la Comisión enviará una comunicación al Consejo y al Parlamento sobre los avances realizados en el campo del capital-riesgo en coherencia con el objetivo de Lisboa. 
La comunicación va a incluir un mecanismo de supervisión y evaluación comparativa para conocer exactamente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los Estados miembros, y que nos permita sacar las conclusiones pertinentes e introducir en aquellos países que lo consideren oportuno, las mejores prácticas que se han introducido en otros. 
Un elemento importante al que se ha hecho referencia es el crecimiento, sin duda alguna fundamental, que se ha producido en el capital-riesgo a lo largo del año 1999. 
Si analizamos las cifras en términos absolutos, deberíamos estar muy satisfechos de este resultado. 
Sin embargo, y algunos de ustedes también lo han destacado, cuando lo comparamos con el de Estados Unidos, hay que reconocer que la diferencia es importante, y nuestro objetivo fundamental debe ser reducir esas diferencias que todavía tenemos con Estados Unidos. 
Para ello, es imprescindible llevar a cabo una serie de actuaciones concretas, y la primera y fundamental es la integración del mercado de capital-riesgo en la Unión Europea. 
Algunos de ustedes han hecho referencia a dos ejemplos concretos que me gustaría destacar: el que se refiere a los fondos de pensiones, y a la posibilidad de disponer de una patente comunitaria más eficiente que permita una mejor utilización del capital-riesgo. 
En cuanto a los fondos de pensiones, les diré que, en principio esta semana, la Comisión debería aprobar la propuesta de directiva que ofrece a los fondos de pensiones mayores oportunidades de inversión en valores en toda la Unión. 
Estamos hablando, evidentemente, de fondos de pensiones complementarios y no estamos hablando de una obligación de hacerlo. 
Estamos hablando de una supresión de los obstáculos actuales y, por lo tanto, no deberían plantearse ninguno de los problemas que algunos de ustedes han mencionado en cuanto a riesgos futuros. 
Evidentemente, la apertura al capital-riesgo exigirá un comportamiento correcto por parte de los gestores con el fin de minimizar los posibles riesgos que se pudieran plantear. 
Sobre la patente comunitaria, únicamente me gustaría señalar a ustedes que, ya en el mes de julio, la Comisión aprobó su propuesta sobre la patente comuniaria. 
Pensamos que es un instrumento fundamental para reducir costes y asegurar y aumentar la seguridad jurídica en aquellas empresas innovadoras que están actuando en el ámbito de la Unión. 
Indudablemente, la patente comunitaria planteará problemas prácticos- algunos de ustedes han mencionado ya temas tan complejos como el del régimen lingüístico -, pero no es ese, desgraciadamente, un problema en el que podamos entrar en este momento. 
Sin embargo, estos dos temas concretos no deben hacernos olvidar otros aspectos que sus Señorías han destacado como la mejora del entorno económico, reglamentario y normativo, que es fundamental para que el capital-riesgo tenga el mismo dinamismo que tiene en Estados Unidos. 
Las trabas reguladoras, administrativas y fiscales de las inversiones en capital-riesgo son uno de nuestros obstáculos en Europa y, en ese sentido, como en el ámbito de las barreras culturales- que sin duda alguna existen -, la existencia de esa información, con una situación comparativa en los diferentes Estados miembros, nos debería permitir conocer con más detalle las buenas prácticas de cada uno de los diferentes Estados miembros para tener un mejor resultado práctico que, al final, dé como resultado una aceleración en la utilización del capital-riesgo en los países de la Unión. 
Se ha suscitado también por alguno de ustedes el problema de la financiación pública en el caso del capital-riesgo y, sin duda alguna, habrá que clarificar la compatibilidad de esa financiación pública con toda la normativa referente a la competencia. 
Algunos de ustedes se preguntaban por qué la financiación pública debía estar sólo como supletoria de la financiación privada. 
No es ningún deseo de exclusión, sino simplemente el deseo de utilizar de la mejor forma los recursos disponibles. 
No parece razonable que la financiación pública compita con la financiación privada a la hora de financiar proyectos de capital-riesgo, y deberíamos utilizar esa financiación pública para aquel tipo de proyectos que tienen mayor dificultad para ser financiados por el sector privado. 
Desde el punto de vista de la propia Unión, nosotros estamos reflexionando sobre la mejor utilización de los instrumentos disponibles, especialmente el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. 
La Comisión publicará también, a mediados de octubre, una segunda comunicación que enviaremos al Consejo y al Parlamento en la que analizaremos los distintos instrumentos financieros gestionados por la Comisión y las perspectivas de futuro en este aspecto tan fundamental del capital-riesgo. 
Como conclusión, les señalaría que considero el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios como una excelente e importante aportación, enormemente constructiva, para los esfuerzos de desarrollo del mercado de capital-riesgo. 
Resulta satisfactorio comprobar que las recomendaciones de esa comisión son, en gran medida, coincidentes con nuestras propuestas de plan de acción de capital-riesgo, y querría dar las gracias tanto al responsable del informe como a todos los miembros de la comisión por su participación en este debate. 
Presidente, es costumbre poder responder a la Comisión si, al final, una pregunta no se ha tenido en cuenta o no se ha contestado completamente. 
Creemos que la Unión Europea es prácticamente un desierto en lo que respecta al capital-riesgo y esto hay que resolverlo con urgencia. 
Hay quizás sólo uno o dos países de los 15 en los que realmente funcione. 
El resto, me temo, están virtualmente dormidos. 
E incluso en aquellos países en los que realmente funciona, lo hace de un modo diferente al del sistema del otro lado del Atlántico. 
Como mínimo, cuestiones como el fondo de pensiones pueden introducirse con bastante rapidez. 
Estas cuestiones no deben dejarse aparcadas. 
Señor Skinner, esto no es una cuestión de orden sino una reflexión final que usted ha hecho fuera del orden del día. 
De todas maneras, si el Sr. Comisario quiere hacer alguna reflexión en este momento, tiene la palabra. 
. Señor Presidente, una respuesta muy rápida. 
Creo haber comentado los dos temas que el Sr. Skinner plantea. 
Por lo que respecta a la aceleración de los calendarios, corresponde a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para poner en marcha el plan de acción. 
Por nuestra parte, vamos a presentar ya el primer informe sobre lo realizado que, sin duda alguna, va a servir como incentivo para que los Estados miembros actúen comparando las actuaciones de los demás. 
Hacer más que eso, desde el punto de vista de la responsabilidad de la Comisión, es difícil. 
En cuanto a los fondos de pensiones, y lo repito para que quede constancia de ello, la Comisión tiene previsto aprobar el próximo miércoles la norma sobre fondos de pensiones. 
Por lo tanto, la aceleración, por nuestra parte, del proceso subsiste. 
Muchas gracias, señor Solbes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Tercer encuentro Asia-Europa en Seúl de los días 20 y 21 de octubre (ASEM III) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el tercer encuentro Asia-Europa en Seúl de los días 20 y 21 de octubre (ASEM III). 
Señor Presidente, la tercera cumbre del proceso ASEM se celebrará en Seúl dentro de tres semanas. 
Pienso que ha sido una coincidencia afortunada que la cumbre se celebre en Corea poco después de la histórica cumbre coreana que abrió las puertas para la reconciliación y la futura reunificación. 
Evidentemente, este hecho tendrá importantes efectos positivos para la seguridad, no sólo regional sino también global. 
La cumbre marcará la madurez de un proceso que empezó hace cuatro años en Bangkok. 
Este proceso complementa nuestras relaciones bilaterales con nuestros diez socios asiáticos, así como nuestra relación con la ASEAN, y contribuye al proceso integrador en Asia y Europa. 
El proceso ASEM se estructura en torno a tres pilares: política, economía y cultura. 
El proceso ASEM ha facilitado el proceso de la ASEAN + 3, acercando más aún el Norte y el Sudeste asiáticos. 
Su estructura de reuniones entre los ministros de Hacienda, Economía y Asuntos Exteriores, así como las cumbres, siguen el modelo de ASEM. 
En la Unión también teníamos y tenemos que aprender cómo gestionar eficazmente un proceso que aspira a fomentar el diálogo político para profundizar la relación económica entre ambas regiones y aumentar los contactos personales y culturales. 
El proceso está basado en una relación de igualdad. 
Al subrayar la idea original de desarrollar este proceso de diálogo como un proceso entre socios iguales y al mantenerlo lo más informal posible, sin una secretaría institucionalizada, hemos conseguido, a pesar de algunas dificultades, convencer a nuestros socios asiáticos de que queremos relacionarnos con ellos en condiciones de igualdad, huyendo de una relación donante-beneficiario y de cualquier actitud poscolonial. 
Este planteamiento es de particular importancia para nuestros esfuerzos por consolidar, profundizar y ampliar el diálogo político. 
Mientras que nuestros socios asiáticos prefieren dedicarse a las cuestiones que nos unen, excluyendo las demás, nosotros hemos abogado por un orden del día amplio, sin excluir tema alguno. 
Nuestros socios han aceptado este principio a cambio de la garantía de que la sabiduría y el sentido común prevalecerán al seleccionar los temas de discusión. 
La cuestión de los derechos humanos es, por supuesto, la que plantea más problemas, junto con el rechazo a la intervención en los asuntos internos y otros argumentos que nos resultan familiares. 
Sin embargo, la declaración de la presidencia de la cumbre así como el marco de la cooperación entre Asia y Europa mencionarán claramente este problema. 
También quisiera añadir que en el marco más amplio del proceso ASEM celebramos una serie positiva de seminarios sobre derechos humanos organizada conjuntamente con la fundación Asia-Europa. 
Los problemas de seguridad, de particular importancia en la región, desempeñarán un papel considerable en el proceso, y cabe citar la publicación de una declaración separada sobre la península de Corea como ejemplo de esta situación. 
Los líderes se ocuparán también de la lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente a la luz de la reciente tragedia de Dover. 
La explotación de los inmigrantes ilegales, las mujeres y los niños, especialmente en la pujante industria del sexo, no sólo será objeto de debate, sino que también se tomarán iniciativas para luchar contra esta plaga de nuestro tiempo que está ligada a la pobreza y a la inseguridad. 
En el campo de la economía, el año 1993 es una fecha notable, pues marca el momento crítico en que nuestras exportaciones hacia Asia superaron las dirigidas a los Estados Unidos. 
La segunda cumbre ASEM, celebrada en Londres en 1998, superó con éxito la crisis. 
Apoyamos a nuestros socios asiáticos y tomamos medidas concretas, como el importante compromiso sobre comercio e inversiones que invirtió la tendencia anterior y dio paso a un considerable déficit comercial con nuestros socios. 
La creación de un fondo fiduciario, el establecimiento de la red financiera europea de expertos y la adopción de dos planes de acción sobre facilitación del comercio y promoción de las inversiones son otras tantas medidas concretas que demuestran que Europa se preocupa por Asia, no sólo en los buenos tiempos sino también en épocas de crisis. 
La próxima cumbre permitirá contabilizar el fruto de nuestros esfuerzos y confirmar los pasos dados en pos de una mayor operatividad y eficacia. 
Además, los líderes discutirán la implicación de la nueva economía, la globalización, las experiencias sacadas de la crisis, la creación de una superautopista transeuropea-asiática para facilitar los contactos entre institutos de investigación, y discutir la influencia de las nuevas tecnologías en la vida económica, incluidas las medidas para hacer frente a la cada vez mayor fractura digital. 
Fruto de la actual situación global, se ha añadido al orden del día la seguridad del suministro energético, incluido el petróleo. 
La necesidad de un marco jurídico multilateral general para el sistema comercial, tal como la Organización Mundial del Comercio, y la necesidad de mantener su funcionamiento en la era de la globalización constituirán también un eje de la discusión de los líderes. 
Esto forma parte de nuestra estrategia para hacer avanzar el consenso en pro de un inmediato comienzo de una nueva ronda global. 
Es importante llenar el vacío cultural entre nuestras dos regiones. 
La necesidad de aumentar la concienciación, divulgar los conocimientos con objeto de estimular la comprensión y eliminar ideas falsas han sido objetivos importantes del proceso ASEM desde su comienzo. 
La fundación Asia-Europa ha contribuido considerablemente a este objetivo. 
Así pues, los líderes decidirán sobre otras iniciativas para aumentar el intercambio de estudiantes entre las regiones, modernizar las estructuras docentes, intensificar la cooperación para el desarrollo de los recursos humanos e intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos sociopolíticos. 
A este respecto, lamentamos que nuestros socios asiáticos no estuvieran todavía dispuestos a estudiar la creación de un foro social, dentro del proceso ASEM, que representase a la sociedad civil del mismo modo en que el foro empresarial Asia-Europa representa a la comunidad empresarial. 
Esta propuesta procede de los organizadores del foro de los pueblos. 
Desde el punto de vista organizativo y logístico, la presidencia coreana publicará una declaración de la presidencia que abarcará- además de los problemas discutidos por los líderes- puntos como la reforma de las Naciones Unidas, el desarme, el control de armamento, la lucha contra el sida y otros. 
El texto final reflejará la discusión entre los líderes, pero ya se ha llevado a cabo un buen trabajo hasta el momento actual. 
Por lo tanto, la presidencia lo pondrá al día bajo su responsabilidad durante la cumbre. 
La ya mencionada declaración de Seúl sobre la península de Corea, reconoce la importancia de los recientes progresos y aprueba la política de introducir a Corea del Norte en la comunidad internacional con el objetivo de unificar de forma pacífica las dos Coreas. 
Finalmente, el marco 2000 de la cooperación entre Asia y Europa, versión actualizada del primero, adoptada en la última cumbre de Londres, detalla los objetivos y procedimientos que regirán el proceso ASEM en la próxima década. 
En contraste con la última versión se han añadido la importancia de los derechos humanos y la cooperación para salvaguardar el medio ambiente, por poner sólo dos ejemplos. 
El único problema pendiente es la cuestión de la calidad de miembro, respecto de la cual los socios europeos se han opuesto hasta ahora a los intentos de introducir ciertos límites que podrían dar lugar a interpretar que se excluye a algunos socios de la participación futura. 
En resumen, déjenme subrayar que la característica más importante del proceso ASEM- en mi opinión- es el establecimiento de un diálogo regular al más alto nivel a través de las cumbres semestrales preparadas en las reuniones periódicas de los ministros de Asuntos Exteriores, de Economía y Hacienda, para no mencionar las numerosas reuniones de altos funcionarios y expertos que también las acompañan. 
El diálogo con nuestros socios asiáticos se ha convertido en un acontecimiento normal, que no depende de la euforia económica ni del pesimismo resultante de la crisis. 
El proceso ASEM es una expresión clara del absoluto compromiso de la Unión con nuestros socios del Este asiático, en igualdad de condiciones y abarca no sólo el campo económico, sino también la importante dimensión política y personal. 
Dada la importancia de Asia para Europa y viceversa, las enseñanzas recíprocas y la divulgación de los conocimientos, el establecimiento de una red entre los líderes y los pueblos contribuirá a hacer realidad el tema elegido para ASEM III, es decir, la colaboración para la prosperidad y la estabilidad en el nuevo milenio. 
Señor Presidente, señoras y señores, Asia es una de las regiones de la Tierra donde la Unión Europea va muy por detrás de las posibilidades de su influjo político. 
Esto no es una acusación. Es más bien una constatación. 
Cuando uno se presenta allí como representante de la Unión Europea se siente esto en el hecho, entre otros hechos, de que nadie se contenta con la respuesta de que uno representa a la Unión Europea, sino que cada cual pregunta cuál es el país del que uno procede. 
Aquí se ve la importancia que tenemos. 
Allí donde la Unión Europea se queda por detrás de sus posibilidades, posiblemente está también por detrás de sus responsabilidades. 
Por esta razón este proceso ASEM tiene una enorme importancia. 
Me atrevo a decir que la Comisión cuenta con la aprobación del Parlamento a la hora de fomentar este proceso. 
Para su manera de proceder, para la agenda, que está preparada, para todo esto la Comisión puede apoyarse en gran medida en el Parlamento. 
En definitiva, hay que hacer consciente de este proceso ASEM a la opinión pública. 
Lo que nuestros socios de Asia entienden poco es el hecho de que nosotros nos ocupemos casi exclusivamente de nosotros mismos, de la conferencia intergubernamental, llegado el caso, de los importantes y acuciantes problemas que existen delante de nuestra puerta en el Oriente Medio. 
Pero no entienden que en todas las cuestiones que son relevantes para la prosperidad y la paz, permanezcamos por detrás de nuestras posibilidades. 
La expectativas respecto de la Unión Europea son inmensas. 
Se piensa en una presencia estratégica de los europeos en Asia. 
Sin duda alguna, tampoco tendremos capacidad para ello en un tiempo previsible. 
Está claro qué se esconde detrás de esto: la conciencia de la presencia permanente de los Estados Unidos de América, la conciencia del resurgimiento de China. 
Aquí tendrían gustosos a los europeos como contrapeso. 
Hemos de aprovechar esta posibilidad y precisamente tendremos también la ocasión y la posibilidad de lograr que presten oídos allí a nuestros principios. 
El proceso ASEM puede servir también de vehículo para esto. 
Señor Presidente, creo hoy no sólo se trata de si este siglo o este milenio serán europeos o asiáticos, sino también de que ambas regiones han de unirse en un nuevo partenariado. 
Desde esta perspectiva es acertado que los Jefes de Gobierno europeos y asiáticos continúen reuniéndose en su diálogo informal y multitemático, y es de una relevancia especial el hecho de que lo hagan este año en Seúl sobre el nuevo trasfondo histórico de la posibilidad de una nueva reunificación. 
El interés el entendimiento mutuo entre ambas regiones mundiales no está aún muy desarrollado, aunque existen la política económica y comercial y también el interés común en un partenariado en materia de seguridad. 
Sin embargo, ambas regiones mundiales han de entenderse y coordinarse para que se puedan configurar mejor acentos comunes en la reforma de las Naciones Unidas, de la OMC en lo que respecta a las cuestiones de estabilidad monetaria y financiera, y también otras importantes cuestiones que figuran en el orden del día de la Organización Internacional del Trabajo, de suerte que puedan realizarse avances. 
Los éxitos que se han registrado en las dos últimas cumbres en Bangkok y en Londres no deben ocultar que el proceso ASEM carece de dinámica. 
Bangkok fue innovación y risas, Londres fue la primera respuesta a la crisis asiática. 
Es necesaria la normalidad en las relaciones euro-asiáticas para que, de una vez, se pueda ver una cooperación concreta y cercana al ciudadano. 
Una cooperación que abarque la lucha contra el blanqueo de dinero, pasando por el compromiso con el medio ambiente y por medidas que generen confianza en la política de defensa, hasta el compromiso en la seguridad alimentaria y en el abastecimiento de agua, pero que incluya también éxitos contra la delincuencia organizada y- señor Comisario, usted tiene toda la razón- contra el tráfico de seres humanos, contra la explotación sexual de la mujer y el abuso de los niños. 
El intercambio entre colegios, universidades y gente de negocios es muy prometedor y la Fundación Europa-Asia está desempeñando un buen trabajo. 
Pero, ahora, en el año 2000 se trata de qué puede y debería poder proporcionar ASEM, qué es lo que mejor se puede organizar a nivel de ASEM. 
El Vision Group tiene ha producido un documento muy bueno y éste debería ser concretado también. 
Sin duda ha sido acertado que ASEM se haya dedicado a los tres pilares de la copoperación política, económica y cultural. 
Pero tenemos que complementar también esto para lograr avances en la política de seguridad en el proceso de la OSCE en Europa, pero también en cuestiones territoriales de Asia o en las cuestiones, estabilizadoras de la región, relativas a los derechos humanos y a la democracia en Burma o en otras partes. 
También sería importante tratar los temas, cada vez más relevantes, de la deslocalización de empresas y de los criterios sobre el empleo o los problemas sociales, en un foro social que esté a un nivel equivalente a un foro de economía y haga posible el diálogo entre el plano político y el plano de los interlocutores sociales en lo que respecta a las relaciones laborales y a los estándares sociales. 
Hay que crear realmente este foro. 
Pero nosotros, como diputados europeos, estamos interesados también en que el diálogo parlamentario euro-asiático se revitalice de nuevo. 
Aquí, en Estrasburgo, hemos organizado el primer encuentro entre diputados de Europa y de Asia. 
Una vez que Europa ha emprendido la primera iniciativa, le corresponde el turno a nuestros colegas asiáticos. 
¿Por qué no recogen Japón o China esta pelota? 
Es de lamentar que en Europa el interés por una estrecha cooperación con Asia esté menos desarrollado que el interés por la cooperación con otras regiones del mundo. 
De ahí que un diálogo parlamentario signifique también una entrada a la cooperación de la sociedad civil de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Todos deben considerar esto como su tarea de futuro, pues ambas regiones tienen mucho que decir y mucho que hacer. 
Señor Presidente. El Encuentro Asia-Europa se diferencia de otras formas de diálogo. 
ASEM tiene un carácter informal que valoramos para este diálogo de carácter eminentemente estratégico. 
Asimismo, se trata de un diálogo multidimensional que trata aspectos políticos, económicos y culturales. 
¿Cómo podemos encontrar el hilo conductor entre todos estos aspectos? 
No resulta sencillo y el magnífico discurso del Comisario Patten del pasado julio en Korea constituye, a nuestro entender, un buen punto de partida en este sentido. 
Quisiera destacar tres puntos a este respecto: En primer lugar, como liberales, otorgamos gran importancia a la cooperación económica, que suele subestimarse no sólo allí sino también aquí. 
Si algo hemos aprendido de la crisis económica en Asia, es que la liberalización, junto con una mayor transparencia de la economía y una adecuada protección que incluya las inversiones extranjeras tiene efectos positivos. 
Lo ideal sería llegar a iniciativas conjuntas en el marco de la OMC. 
Este Parlamento debe desempeñar un papel en este sentido. Asimismo, quisiera destacar el papel de la Fundación Asia-Europa en Singapur. 
La renovación de su mandato es positiva y debe ir acompañada de los correspondientes medios económicos. 
En tercer lugar, el diálogo político: ASEM es, por definición, el mejor foro para tratar también asuntos dolorosos. 
Nos sentamos en la mesa con la República Popular china y con su prohibición sobre Falun Gong, su sistema de detención administrativa arbitraria que aún perdura y los presos políticos. 
Todas estas cuestiones deben ponerse de manifiesto de forma irrevocable. 
Señor Presidente, se está hablando de la ampliación de la ASEM, abarcando, entre otros países, a la India. 
En cualquier caso, dicha ampliación no debe incluir a Birmania. 
El trato dispensado a Aung San Suu Kyi, después de haber hablado del activista británico para los derechos humanos James Maudsley, indica, sin duda alguna, que no podemos dialogar con este régimen en la actualidad. 
Se debe dar preferencia a Taiwán y sería hermoso que la República Popular China y la República de China siguieran el ejemplo del acercamiento entre Korea del Norte y Korea del Sur. 
Señor Presidente, la próxima Cumbre Europa-Asia de Seúl ofrece un marco valioso para el diálogo y el fortalecimiento de la cooperación política, económica y cultural entre las dos regiones que participan en la misma. 
A varios países del este de Asia les gustaría ver un aumento de la presencia europea en la región. 
Esto, en sí mismo, constituye una base muy favorable para el desarrollo gradual de la cooperación entre las dos regiones. 
Me gustaría, sin embargo, instar a todos los participantes a que alcancen un consenso para incorporar a los documentos principales de Seúl compromisos claros de respeto de los derechos humanos en la región. 
Debe prestarse, también, mucha mayor atención al trabajo infantil para garantizar que esta práctica pueda ser eliminada lo antes posible tanto en Asia como en otros lugares. 
Europa y Asia deben trabajar juntos para intensificar la batalla contra el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el crimen internacional, el terrorismo y la explotación sexual de menores. 
Es muy importante que se logre un acuerdo en la próxima ronda de conversaciones de la Organización Mundial de Comercio entre nuestras dos regiones colectivas. 
Sobre este último punto, me gustaría decir que la frágil recuperación económica de Asia se ve complicada por la delicada situación política de la región. 
Se olvida a veces que el período de crecimiento económico sin precedentes durante un cuarto de siglo en Asia se basó en un período sostenido de estabilidad política y estratégica. 
Mucha de esa estabilidad no existe en la región en este momento. 
La península de Corea es una fuente continua de inestabilidad estratégica. 
La reconstrucción de Timor Oriental es un proceso que sigue aún en curso. 
Más países asiáticos podrían participar proporcionando, de modo urgente, ayuda adicional para la rehabilitación y la reconstrucción de Timor Oriental. 
Es evidente también que van a hacer falta mucho diálogo para estabilizar las relaciones entre el nuevo gobierno de Taiwán y la República Popular de China. 
Todas las partes interesadas deberían darse cuenta de que es precisa la estabilidad política para que puedan producirse desarrollos económicos fundamentales, y deseo a todos los participantes en la conferencia de Seúl de este mes el mayor de los éxitos. 
La Sra. Randzio-Plath sugería que debería darse una mayor importancia y énfasis al diálogo parlamentario euro-asiático. 
Como Presidente de la delegación de este Parlamento para las relaciones con los países del Sur de Asia, eso me satisfaría mucho. 
No es suficiente con que nos reunamos una vez cada cinco o seis años para un diálogo parlamentario entre representantes de este Parlamento y representantes de India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh y Bután- éstos son sólo los países que cubre la delegación concreta que presido. 
Yo apelaría a la Sra. Randzio-Plath, que tiene un peso importante en la Comisión de Presupuestos, para que ayude a conseguir los fondos que permitan a esta delegación- y a otras en las que tal medida tenga sentido- aumentar la frecuencia de estas reuniones. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir al Sr. Nassauer que si bien debemos lamentar la ausencia de imagen de la Unión Europea en los países asiáticos, también debemos entonar un poco nuestro mea culpa y admitir que perdemos oportunidades. 
Así, hace un mes, votamos el informe del Sr. Galeote, un informe sobre la diplomacia y la política extranjera. 
Ahora bien, ese informe no trata de la diplomacia y de la política extranjera, sino que se limita a abordar la cuestión de la formación post- universitaria, para decirlo así, de los diplomáticos o futuros diplomáticos europeos. 
Otra oportunidad perdida. 
En lo que se refiere a la cuestión de la ASEAN, deberíamos interrogarnos sobre la naturaleza de las relaciones que unen o deberían de unir la Unión Europea con la ASEAN. 
En primer lugar, no se puede pasar por alto el concepto, muy diferente, de integración en la Unión Europea y en la ASEAN. 
No hay integración política, ni siquiera una perspectiva de integración política, entre los países de la ASEAN, y tampoco hay que olvidar, como lo han hecho los oradores que me precedieron, que los regímenes en el poder dentro de la ASEAN son muy diferentes unos de otros: existen regímenes totalitarios o dictatoriales, e incluso dictaduras duras como China, y existen países democráticos. 
No es nada sorprendente, entonces, que en ese contexto, no haya ni verdadera integración ni verdadero diálogo político. 
La Unión Europea debería quizás examinar ese problema y retornar a unas buenas y sanas relaciones bilaterales cuya naturaleza podría ser sensiblemente diferente según se trata de una democracia o de un Estado dictatorial o totalitario. 
Pienso también que el optimismo manifestado en lo que se refiere al proceso de reunificación de Corea es un poco exagerado. 
Quizás la cumbre entre el Presidente de la República de Corea y el líder del régimen dictatorial norcoreano pueda ser considerada como una golondrina, pero la primavera aún está lejos para los ciudadanos de Corea del Norte. 
Les recuerdo, queridos colegas, que en los últimos cinco años, entre dos y cuatro millones de personas murieron de hambre bajo ese régimen paradisíaco. 
Asimismo, me parece inadmisible que en su diálogo con Asia, la Unión deje al margen de la cuestión de la India, que tiene la misma importancia numérica que su vecino del otro lado de China, pero no el mismo régimen ni las mismas relaciones privilegiadas con la Unión Europea. 
Pienso como el Sr. Maten que no se puede olvidar más la cuestión de Taiwán, no solamente dentro del proceso iniciado entre Taiwán y la República popular de China, sino también dentro de los mecanismos de cooperación internacional, aunque yo no soy de los que opinan que son muy eficaces. 
Me parece por lo tanto que no podemos seguir ignorando ese monstruo chino que se está transformando lentamente en una dictadura comunista, en una nueva dictadura nacional comunista. 
Hubo una guerra fría entre la Unión Soviética y el mundo democrático que duró cuarenta años y pienso que es importante que no se utilicen oportunidades como esas cumbres para ocultar ese gran problema. 
Por último, señora Randzio-Plath, quisiera decirle que si queremos reforzar la cooperación parlamentaria, sólo será posible con los países democráticos de la región, o sea los que tienen parlamentos. 
Si debe de haber una cooperación parlamentaria, será con esos países y de ninguna manera con los funcionarios del partido comunista chino o de otros de la región. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario su aportación a este debate y sus planes positivos. 
Creo que el estrechamiento de los lazos económicos, culturales y políticos con la ASEAN y con la ASEM es un elemento muy positivo. 
También creo que conviene implicar a las ONG, al grueso de la sociedad y a los ciudadanos de estos países. 
Sin embargo, quisiera centrarme en los contactos políticos y expresar una observación en relación con dos países de la zona; Birmania e Indonesia. 
Birmania es, sin duda alguna, una de las peores dictaduras del mundo. 
Un gobierno militar derrocó hace diez años a la presidenta electa, la señora Aung San Suu Kyi, disolvió el parlamento, expulsó, encarceló e incluso asesinó a numerosos parlamentarios y, a continuación, sometió a la población y a las minorías a un régimen tremendo de terror. 
La Unión Europea ha adoptado en el pasado una serie de medidas con respecto a Birmania pero sin que estas hayan tenido efecto alguno. 
Recientemente, se ha vuelto a ver coartada la libertad de la señora San Suu Kyi, se ha detenido a una serie de destacados miembros de su partido y se han planteado grandes dificultades a los representantes occidentales para la defensa de los derechos humanos. 
Por este motivo y, de acuerdo con anteriores resoluciones del Parlamento Europeo, quisiera abogar de nuevo por una estrategia más dura que debería aplicarse en colaboración con los países de la ASEAN- y de la ASEM. 
Y en segundo lugar, se encuentra Indonesia. 
Indonesia retorna lentamente al estado de derecho democrático. 
El gobierno de Wahid muestra buena voluntad y tiene la sana intención de corregir con rapidez los modos de actuar de los anteriores regímenes. 
Sin embargo, existen duros opositores. 
Se trata de miembros corruptos de la antigua camarilla de Suharto. Se trata de las partes desleales del ejército. 
Se trata de las milicias paramilitares. Se trata de violentos fundamentalistas islámicos. 
Mientras tanto, en Indonesia existe un millón de refugiados internos, de los que 130.000 corresponden a Timor y 300.000 a las Molucas. 
La situación es manifiestamente catastrófica, especialmente en las Molucas, donde violentos grupos musulmanes a sembrar la muerte y el terror. 
La gran comunidad moluqueña existente en los Países Bajos- compuesto por 50.000 ciudadanos de la UE- se encuentra muy preocupada por los más de 5.000 muertos, decenas de miles de heridos y por los más de 300.000 refugiados. 
La Unión Europea debe apoyar a las fuerzas democráticas en Indonesia. 
Asimismo, la Unión Europea debería estudiar simultáneamente el modo en el que puede ayudar a Indonesia a hacer frente a estas influencias negativas- especialmente en lo que respecta a las Molucas, atendiendo al gran número de ciudadanos europeos de origen moluqueño tan preocupados por este asunto. 
Señor Presidente, Señorías, diré unas breves palabras tan sólo para subrayar nuestra profunda preocupación por Timor y para instar a que se incluya la cuestión de Timor de forma muy especial en el orden del día de esta próxima reunión. 
Todos tenemos presente, desde luego, el homenaje rendido aquí hace un año a Xanana Gusmão, que recibió el Premio Sajarov en este Parlamento. 
Tenemos una obligación permanente para con Xanana Gusmão, para con lo que representa y para con el pueblo de Timor. 
Últimamente, se ha deteriorado la situación, por lo que el mensaje muy riguroso que quisiera transmitir a la Comisión- y pido que se transmita con vehemencia a las autoridades indonesias- es el de que cualquier evolución positiva de las relaciones con Indonesia depende de las garantías que ese país pueda darnos efectivamente en cuanto a la paz y a la libertad en Timor. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, tres breves sugerencias sobre el diálogo abierto. 
Una sugerencia sobre el diálogo político. 
Sobre Indonesia, sobre Timor, sobre Burma ya hemos hablado. 
Quisiera referirme a la situación que existe entre la República Popular China y Taiwan. 
Creo que deberíamos dejar claro que la elección del nuevo presidente taiwanés es una oportunidad histórica para superar las contradicciones a ambos lados de la Taiwan Strait, y deberíamos hacerlo. 
Como europeos deberíamos tener, de una vez por todas, el coraje de abrir en Taipeh la oficina de enlace de la Unión Europea, pues Taiwan es un país con una gran economía con el cual tenemos estrechísimas relaciones. 
Pero se trata del diálogo político. 
Segundo punto: en economía deberíamos ser abiertos, incluso deberíamos decir cosas duras. 
Precisamente cuando estemos en Seúl debemos indicar que las subvenciones que Corea concede a sus astilleros son insoportables. 
Amenazan puestos de trabajo en toda la Unión Europea. 
No resulta procedente que hayamos ayudado a Corea en la crisis de la ASEAN a través de préstamos del FMI, etc. y que Corea siga subvencionando sus astilleros, algo que pone indebidamente en dificultades a nuestros astilleros. 
En tercer lugar: éste es un punto que nos atañe y atañe también a los estados de Asia. 
Como ya se ha dicho, necesitamos un diálogo entre los parlamentos, entre el Parlamento Europeo y los parlamentos de los diez estados asiáticos. 
Usted ha calificado, con razón, como uno de los grandes puntos de la reunión con Asia un amplio diálogo, es decir, la formulación de diferentes intereses. 
No puede ser que los intereses entre Asia y Europa sigan siendo sólo objeto de intercambio entre gobierno y funcionarios, y a ese respecto se incluyen también generosamente el plano de los científicos y el de los periodistas. 
Los diputados deben ser incluidos también en el proceso, pues esto ha dejado de ser ya política exterior en el sentido estricto del término. 
Todas éstas son cuestiones políticas que afectan sobremanera a la situación de cada uno de los países: por esta razón es preciso que se dé participación a los diputados. 
Señor Presidente, cuando los diputados japoneses nos visiten en Estrasburgo en el mes de noviembre les vamos a pedir que el próximo encuentro entre los diputados del Parlamento Europeo y los diputados de los estados asiáticos se celebre, a ser posible, en Japón. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los oradores por sus aportaciones al debate y hacer algunos rápidos comentarios. 
En el ámbito económico, debo recordar que tenemos en marcha dos "action plans", uno para facilitar el comercio y otro para la promoción de inversiones y ambos están muy activos. 
Por lo que se refiere a los aspectos sociales, propusimos en su día un nuevo órgano- el foro social- que representara a la sociedad civil. 
Como he señalado antes en mi presentación, los países de Asia desgraciadamente no han sido favorables a dicha propuesta y lamentamos esta situación. 
En cuanto a la cooperación parlamentaria, querría recordarles que ha habido ya dos encuentros: uno en Filipinas y otro en Portugal sobre cooperación entre jóvenes parlamentarios en los que han participado incluso parlamentarios europeos. 
Cualquier acción adicional de relación interparlamentaria la consideraremos enormemente positiva. 
Respecto a los comentarios sobre algunos países concretos, me gustaría señalar lo siguiente: primero, en cuanto a Birmania, está claro que no es una nación participante en el proceso ASEM y tampoco existe ninguna intención de admitirla en el mismo. 
Es una situación que se discute en cada ocasión en que hay diálogo político, y es evidente que las circunstancias no permiten objetivamente avanzar en esta dirección. 
Respecto a la India, querría recordar que, fuera del marco del ASEM, ha habido una primera cumbre entre la India y la Unión Europea en el pasado mes de julio. 
Respecto a Indonesia, que también ha sido un tema de interés especial, existe un diálogo regular, dentro del ASEM, en el que siempre insistimos en la necesidad de promocionar el proceso democrático y, en este sentido, el Presidente Prodi mandó ya un mensaje al Presidente indonesio para que se pueda avanzar en este punto. 
Respecto a Timor existe, evidentemente, un claro apoyo político por nuestra parte y una asistencia humanitaria que consideramos relevante. 
Por último, respecto del problema, muy puntual, planteado por las relaciones con Corea y, en especial, en lo que se refiere a los astilleros y a la subvención a la construcción naval, quiero recordar que este es un tema fuera del ámbito de ASEM pero que, sin embargo, no es un tema olvidado en nuestras relaciones con Corea. 
Es objeto de una discusión permanente y dura. 
La pasada semana continuaron estos debates, y yo estoy de acuerdo en que los subsidios que actualmente se están otorgando son absolutamente inaceptables. 
Señor Presidente, no he recibido respuesta alguna a mis observaciones acerca de las Molucas en Indonesia. 
Los problemas son en la actualidad más graves que en Timor. 
Existen 300.000 refugiados. 
Probablemente, hay 10.000 muertes y decenas de miles de heridos. 
No puede ser que no se trate el tema de las Molucas en las negociaciones de la ASEM. 
Por este motivo, pregunto de nuevo al comisario que explique la atención que se va a prestar a este problema. 
. Señor Presidente, únicamente quiero comentar que, cuando he hecho referencia al fomento del proceso democrático en Indonesia, evidentemente incluía todos los problemas relacionados con los derechos humanos y, muy especialmente, la cuestión de las Molucas, que sí es un objeto de especial y permanente preocupación. 
Gracias por aclarar esa cuestión. 
El debate queda cerrado. 
He recibido seis mociones de resolución con arreglo a la Regla 37 (2) del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el miércoles. 
Puertos marítimos y puertos de navegación interior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0232/2000) de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, respecto de la posición común adoptada por el Consejo relativa a la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1692/96/CE en lo que respecta a los puertos marítimos y puertos de navegación interior, así como el proyecto nº 8 del Anexo III (6658/1/2000- C5-0271/2000- 1997/0358 (COD) ) (Ponente: Sr. Piecyk). 
Señor Presidente, tenemos aquí un proceso sobre el que me gustaría realizar un comentario de tipo general, pues creo que es un ejemplo clásico de cómo no debe discurrir precisamente un procedimiento de codecisión. 
El Parlamento realiza su primera lectura, un año más tarde recibimos la posición común del Consejo que de la posición del Parlamento asume tanto como nada, y a causa de los plazos- por ejemplo, la pausa del verano- sucede que al Parlamento no le queda otra solución que activar de nuevo la primera lectura y su posición de la primera lectura con el resultado de que volvemos a encontrarnos todos felices en el procedimiento de conciliación. 
Ciertamente, ésta no es la manera en que deberían discurrir los procedimientos de conciliación, al menos, en mi opinión. 
Quiero decir al Consejo lo siguiente: desde Amsterdam aumenta cada vez más el trabajo legislativo, precisamente, en el ámbito del transporte. 
Ahorraríamos tiempo, costes y energía en el procedimiento, si el Consejo se convenciera y asumiera que una posición común no significa el final del procedimiento de decisión. 
Constituye un paso importante en el procedimiento de toma de decisión pero el proceso sigue adelante y el Consejo debe llegar a una coincidencia con el Parlamento. 
¿De qué se trata? 
En la primera ronda de las redes transeuropeas la cuestión de los puertos quedó abierta. 
La Comisión prometió entonces presentar una propuesta específica sobre los puertos. 
Lo ha hecho e incluso ha ampliado la propuesta, no sólo a los puertos, sino también a los puertos interiores y a los terminales intermodales, incluyendo el proyecto nº 8 de los 14 grandes proyectos de Essen que va a ser modificado. 
El Parlamento ha celebrado esta propuesta de la Comisión por su planteamiento de que los puertos marítimos, los puertos interiores y los terminales han de ser agrupados, pues constituyen puntos nodales en la red de transporte que están mutuamente referidos. 
El Consejo ha adoptado sólo de manera limitada la posición del Parlamento y no se ha sumado en modo alguno al Parlamento en los criterios sobre los puntos nodales. 
Quiero concentrarme en las cosas más importantes: Puertos maritimos. 
El Parlamento quisiera como criterios 1,5 millones de toneladas de flete anual y 200.000 pasajeros, pero sobre todo, como criterio muy importante, una conexión con otra red de transporte transeuropea. 
El Consejo quiere, como máximo, 1 millón de toneladas, ninguna conexión con otro operador europeo de transporte. 
Pero esto conduce luego a que, por ejemplo, en mi querido Schleswig-Holstein- ésta es la región de la que procedo- una localidad como Langballigau, que como mucho tiene un embarcadero y dos puntos de amarre al que se puede amarrar un barco, se vea certificado de pronto como un puerto europeo. Esto es lisa y claramente un absurdo. 
Esto no lo puede dejar pasar el Parlamento. 
En el caso de los puertos interiores, el Parlamento quisiera como criterio 500.000 toneladas de flete anual, el Consejo quiere solamente 300.000 toneladas. 
Resultado: otros 200 pequeños puertos serán incluidos en las cartas, lo que en la práctica se va a traducir en una imagen, semejante a un hormiguero, donde habrá que mirar con lupa. 
Esto no puede ser. 
Creo que si hablamos de una red transeuropea, los puertos marítimos y los puertos interiores han de satisfacer también las exigencias mínimas de la función de transporte europea. 
Terminales intermodales: esto lo hemos visto correcto, pues los terminales son un elemento inherente, en cambio el Consejo no lo ha visto así, aunque, naturalmente, en una futura política de transportes europea quizá los terminales jugarán un papel esencialmente más importante que en la actualidad. 
Los puertos están en mutua competencia. Es bueno que sea así. 
Pero para establecer una igualdad en la competencia el Parlamento ha pedido que no financiemos el ámbito de la superestructura, sino que como máximo se fomente la infraestructura. 
Hasta ahora el Consejo no se ha sumado, en absoluto, a esta concepción de principio y la Comisión, por cierto, tampoco. 
En consecuencia, hemos de encontrar vías de solución para establecer esta igualdad competitiva en el plano de la infraestructura. 
Un punto satisfactorio de este dossier es que la modificación del proyecto nº 8 ha sido aceptada por el Consejo. 
El Parlamento está de acuerdo. 
Por lo demás, el Consejo ha aceptado definitivamente que en los 14 proyectos importantes de Essen también es necesaria la codecisión. 
Lo que aprobemos mañana es, en definitiva, material para el procedimiento de conciliación. 
Quisiera reconocer expresamente el esfuerzo de la Presidencia francesa por llegar, incluso ahora ya, en este momento, a procedimientos conjuntos. 
El Consejo es en esto un tanto remolón. 
Quiero dar las gracias a los servicios de la Comisión que son ya una gran ayuda en este caso. 
Sin embargo, podríamos haber tenido todo con un poco más de rapidez que la que ha habido. 
Doy también las gracias, y no en último lugar, a los colegas de la comisión que en este punto han tirado conjuntamente de la misma soga. 
Desearía hacer una puntualización sobre la enmienda 15. 
En la traducción inglesa han desaparecido de nuevo los territorios periféricos. La versión original alemana es la que vale. 
Por consiguiente, espero que los servicios corrijan también esto de manera que en todas partes volvamos a tener los territorios periféricos. 
Una vez más, muchas gracias por la colaboración en la comisión. 
Creo que después de la votación de mañana pasaremos sin estorbos a un procedimiento de conciliación y no tendremos que padecer hasta las últimas seis semanas. 
Señor Piecyk, tomo nota de sus palabras iniciales acerca de la concertación. 
Espero que pueda acompañarnos en el seminario del 6 y 7 de noviembre, donde tal vez desee exponer estas cuestiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar mi Grupo quisiera felicitar al ponente, el Sr. Piecyk. 
Ha formulado de nuevo de manera consecuente lo que nosotros habíamos aprobado colectivamente. 
Lo ha vuelto a trasladar a un informe claro y comprensible. 
La gran línea de este informe es, justamente, que cuando hablamos de puertos europeos en una red de transporte transeuropea, lo que interesa es practicar una política por medio de la cual se incluyan en la red puertos que tengan relevancia a nivel europeo. 
Estos sólo pueden tener esta relevancia a nivel europeo si tienen una conexión con otro operador de transporte en una red transeuropea. 
En segundo lugar: la pequeña financiación que sólo tenemos para redes transeuropeas debe concentrarse, naturalmente, en la infraestructura de los puertos y no en la superestructura de los mismos. 
En este sentido este informe es muy claro. 
En la comisión las enmiendas han sido aprobadas también por unanimidad. 
Quisiera aclarar dos cosas solamente. 
Si no nos concentramos en los puertos realmente relevantes para la exportación y para el comercio intracomunitario, tendremos de nuevo una situación en la que todos los puertos, incluso los puertos deportivos, serán puertos europeos y entonces el mayor peligro será el principio de la regadera y no el de la concentración de los recursos. 
Esto se ha visto también en la política regional, el Sr. Comisario Barnier ha aludido a ello. 
Hemos de sentar señales, pero esto sólo se puede hacer si de una manera consecuente se fomentan realmente proyectos importantes y no todo lo que sea posible con arreglo al principio de la regadera. 
Segundo: se trata de una situación competitiva entre los puertos, pero también dentro del mismo puerto. 
Efectivamente, si se puede cofinanciar estatalmente todo, edificios, van carrier, entonces se tiene una competencia indebida entre empresas privadas y empresas publicas en un puerto, pero también entre diferentes puertos. 
Por esta razón necesitamos una clara política portuaria transeuropea que tenga también realmente en cuenta la competencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, el informe del Sr. Piecyk que debatimos sobre la posición común del Consejo, es un trabajo realmente muy serio- tal y como quedó finalmente perfilado y adoptado por nuestra comisión parlamentaria -, que hace propuestas sustantivas en la dirección de incluir en la red las terminales intermodales, definir términos idénticos para todos los puertos en cuanto a la condiciones para acceder a la financiación de las inversiones, aplicar criterios y requisitos más severos para la inclusión de puertos marítimos en la red transeuropea, así como brindar apoyo a los puertos interiores. 
De este modo, se proponen aumentos que parecen razonables por lo que respecta al volumen mínimo de tráfico, así como al número de pasajeros. 
Claro está que no puede sino suscitar siempre preocupación la plena equiparación en cuanto a todos los tipos de medidas propuestas cuando no se parte de una igualdad similar también en los presupuestos objetivos. 
Por ejemplo, en el asunto debatido, un amplio territorio que cuenta hoy con, digamos, muchos puertos, puede optar por primar sólo algunos de ellos, a fin de otorgarles el tráfico exigido para cubrir los requisitos más severos y hacerse acreedores a la financiación de las inversiones. 
Si, por ejemplo, los puertos son dos, puede promover más el uso de uno de ellos. 
Sin embargo, una isla relativamente pequeña o mediana, que cuenta hoy con un solo puerto, ¿qué puede hacer para aumentar su tráfico?; 
Y si objetivamente no puede hacer nada, entonces un país insular que necesariamente tiene que tener muchos puertos de ese tipo, ¿es justo que no pueda beneficiarse de las mismas ventajas que los demás en cuanto a su infraestructura portuaria? 
¿Qué pasa entonces con la cohesión por la que todos luchamos? 
¿Qué pasa con las previsiones de Amsterdam sobre el especial tratamiento que sin duda requieren las regiones insulares? 
El tiempo, señor Presidente, me impone concluir mi intervención, no sin antes, por supuesto, ya que hablamos de navegación, expresar mi gran pesar por los seres humanos recientemente perdidos cuando viajaban en uno de los muchos barcos que se precisan para cubrir las necesidades de las islas griegas; islas, en definitiva, que tienen probada necesidad de un verdadero interés por nuestra parte. 
Interés que debe manifestarse siempre, puesto que siempre habrá muchas islas, con su peculiar e ineludible geografía. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, quiero dar las gracias al ponente, en nombre de mi Grupo, por este detallado trabajo sobre esta cuestión tan importante. 
El propósito de las redes transeuropeas es precisamente integrar entre sí las diferentes regiones de la UE, con el fin de que los mercados puedan funcionar eficazmente. 
Sin embargo, el ponente de este informe ha planteado la cuestión más bien desde el punto de vista de los grandes puertos. 
El tonelaje de los transportes es un indicador importante, pero no siempre refleja toda la verdad. 
La calidad de la mercancía también influye decisivamente en el número de toneladas transportadas. 
Los puertos son de una importancia fundamental para las regiones periféricas, aunque las cantidades transportadas y el número de pasajeros sean inferiores a los de las regiones centrales. 
La propuesta de incrementar la cantidad de toneladas a 1,5 millones para los puertos marítimos y la modificación de las categorías de los puertos no contribuyen, en opinión de mi Grupo, a desarrollar las redes transeuropeas. 
Esto daría lugar a que los puertos integrados en la red transeuropea se concentren en las regiones centrales con gran densidad de población y a que muchas regiones periféricas de escasa población queden excluidas, a su vez, de la red transeuropea. 
Otro empeoramiento reside en el hecho de registrar únicamente las cantidades de pasajeros del tráfico internacional en los puertos pertenecientes a la red transeuropea. 
Por ejemplo, los transbordadores trasportan anualmente a 1,8 millones de pasajeros entre Escocia e Irlanda del Norte, pero estos puertos quedarían excluidos de la red transeuropea si solamente se tomara en cuenta el tráfico internacional. 
Este enlace no es sólo importante para el tráfico entre Escocia e Irlanda del Norte, sino que también tiene importancia para la República de Irlanda. 
Debemos tomar más en cuenta los también importantes puertos más pequeños, así como el tráfico interior de la Unión; por todo ello, nuestro Grupo rechaza, entre otras, las enmiendas 3, 4, 5, 9 y 10. 
En estos aspectos, la posición del Consejo presta mejor servicio al desarrollo de las redes transeuropeas. 
Señor Presidente, quisiera decir algunas palabras y expresar, en primer lugar, mi agradecimiento al Sr. Piecyk, que ha tenido que preparar este informe en un corto espacio de tiempo debiendo dedicarle largas sesiones nocturnas de trabajo. 
El Grupo de los Verdes mantiene una relación de amor-odio con el transporte. 
El transporte no deja de ser una modalidad contaminante que presenta modalidades aún más contaminantes; esto significa que no suscribimos de buen grado todos los elementos de las RTE pero que sí lo hacemos cuando se trata del desarrollo de los elementos menos contaminantes de las mismas, consistentes en el desarrollo de puertos, el desarrollo y fomento de la navegación interior y el curso de terminales intermodales. 
En lo que respecta al elemento de los puertos, si se tiene en cuenta el punto de vista del Consejo- lo que ya se ha reflejado en varias intervenciones- en relación con los puertos, creo que se aplica un criterio cuantitativo poco elaborado y excesivamente simple, lo que lleva a que determinados puertos de los Wadden alemanes y determinados puertos de los Países Bajos como el puerto de Scheveningen, un pequeño puerto de pescadores, están viendo aumentada su categoría convirtiéndose en puertos que deberían desempeñar un papel en la Red Transeuropea. 
Es algo que a mí me parece simple y llanamente excesivo. 
En este sentido, apoyo de todo corazón lo manifestado por el ponente aunque debo añadir que, en realidad, el Consejo- si nos fijamos en algo que tampoco se recoge en el punto de vista del Consejo- descuida el interés de los terminales intermodales y, concretamente, el de los terminales multimodales, a los que nosotros nos referimos con frecuencia. 
Esto también implica que no disponemos de argumentos cualitativos adecuados para incorporar puertos situados frecuentemente en la periferia- tal y como se ha citado con anterioridad- en la estructura global. 
Además de los criterios cuantitativos, se deberán desarrollar una serie de criterios cualitativos. 
No obstante, en breve, se iniciará el proceso de conciliación, donde deberemos prestar atención a este asunto. 
Me siento bastante satisfecho acerca del hecho de que, en cualquier caso, el ponente incorpora el transporte intermodal plenamente al orden del día- además de que el señor Jarzembowski lo ha manifestado con los términos adecuados. 
Creo que éste va a ser uno de los puntos conflictivos que esperamos llevar a buen puerto con o sin necesidad de conferencia. 
Me siento muy satisfecho del hecho de que además se hayan incluido en el conjunto los informes estratégicos de efectos. 
Espero que este aspecto no se convierta en víctima del procedimiento de conciliación. 
En lo que respecta a la superestructura y a su financiación, puedo imaginar que no daremos el paso de incluir la superestructura, cuya definición aún no está exenta de polémica, en un modo de financiación de los puertos que no sea claro y conciso. 
La superestructura sólo es la mitad. 
Opino que debemos averiguar si mientras tanto podemos cumplir este aspecto de una forma más adecuada. 
Señor Presidente, dentro de la Unión Europea existe una amplia diversidad, aunque tenemos tendencia a uniformarlo y centralizarlo todo. 
Esta tendencia se refleja de nuevo en el informe del señor Piecyk sobre puertos marítimos e interiores. 
En realidad, el informe y sus enmiendas tratan una serie de situaciones muy diversas. 
Al igual que con anterioridad en el debate de los informes sobre residuos marítimos y sobre tráfico aéreo, debemos distinguir entre norte y sur, entre grande y pequeño, entre política centrada en el beneficio y política centrada en el medio ambiente. 
Por este motivo, no resulta sencillo evaluar todos los puertos del territorio de la Unión Europea a partir de los mismos criterios. 
Unos ven en el informe y en sus enmiendas la posibilidad de reforzar las posiciones de los puertos pequeños, puertos que resultan imprescindibles para la accesibilidad y la supervivencia de islas y de zonas costeras apartadas. 
Aplicando este criterio, todos los puertos pequeños y todos los puertos con tráfico de transbordadores y gran afluencia de turistas deben constar en la lista europea. 
Por este motivo, la política de puertos se centra, sobre todo, en el apoyo a las regiones periféricas. 
En la región con mayor densidad de población de Europa, situada alrededor del Mar del Norte y del Canal de la Mancha, existen, por el contrario, puertos de un tamaño excepcionalmente grande entre los que se incluye el de mi lugar de residencia, Rótterdam. 
Aquí se está produciendo una dura competencia, ofreciendo entre otras medidas, tarifas mínimas y el mayor número posible de instalaciones a las empresas de transporte. 
Rótterdam quiere seguir siendo el mayor puerto del mundo y compite por los mismos flujos de mercancía con Le Havre, Dunquerque, Zeebrugge, Amberes, Ámsterdam, Bremen y Hamburgo. 
Hay quien incluso opina que Rótterdam se debe convertir en un "puerto principal" donde se trasladen todas las mercancías que llegan a la costa occidental europea desde otros continentes a barcos que las distribuyan a los puertos circundantes. 
Asimismo, otros grandes puertos desean crecer y adquirir una posición dominante. 
Esta lucha competitiva se produce a costa del medio ambiente y a costa del margen financiero de las grandes ciudades. 
La política europea en materia de puertos debería combatir esta circunstancia y posibilitar la distribución de los flujos de mercancías a lo largo de una zona más amplia. 
Lamentablemente, hasta el momento no se recoge esto en las propuestas. 
Señor Presidente, las Redes Transeuropeas tienen por objeto servir de enlace entre las distintas regiones de la Unión Europea, no sólo como enlace de transporte, sino también como medio para incrementar la capacidad de competencia y el empleo en determinadas regiones. 
El énfasis se pone en los trayectos entre los distintos Estados Miembros. 
Lógicamente, esto significa que toda la atención se dedica a proyectos de carácter transfronterizo. 
Las situaciones de transporte dentro de los distintos Estados Miembros son muy diferentes. 
Mientras que en los Estados Miembros meridionales el transporte continental se realiza mayoritariamente por carretera y ferrocarril, en los países septentrionales se concede un papel destacado al transporte fluvial. 
Partiendo de este escenario, resulta obvio que en las RTE deben también aparecer estos modos de transporte y la interacción entre los mismos. 
Asimismo, las RTE deben incluir, sin duda, las modalidades que ocupen el menor espacio posible y cuyos efectos sobre el medio ambiente sean inferiores. 
Este es mi marco de referencia para el informe de mi colega Piecyk, referido a la posición de los puertos en las RTE. 
Los puertos marítimos suelen ser puntos de partida y de destino de los flujos de mercancías en Europa. 
La conexión con el interior puede producirse de diversas formas. 
Esto implica que la práctica totalidad de las mercancías que pasan a través de los puertos marítimos deben cambiar una o varias veces de medio de transporte. El trasbordo se hace necesario y con ello la existencia de terminales de trasbordo. 
La exclusión de estos terminales de las RTE no constituye, desde luego, estímulo alguno para la posición de ningún medio de transporte. 
Por este motivo, suscribo por completo las observaciones del ponente a este respecto. 
Si se quiere que las RTE se centren en su objetivo con claridad, resulta imposible incluir todos los puertos de la UE en la red. Resulta imprescindible establecer un alcance mínimo. 
Los criterios formulados en este sentido por el ponente me parecen los más adecuados en virtud del marco deseado por el PE. 
Resumiendo, el ponente ha planteado propuestas que espero que el Consejo tenga en cuenta. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena al ponente por su elaborado informe. 
No voy aquí a destacar las partes en que coincidimos con el informe, pero quiero destacar un par de temas que me preocupan y que nos preocupan a una serie de diputados. 
En primer lugar, debo decir que vengo- como muy bien sabe el ponente- de unas islas del Mediterráneo y nos da la impresión de que se está potenciando a los grandes puertos, fundamentalmente a los puertos del norte frente a los puertos del sur. 
Los pequeños puertos, y fundamentalmente los puertos de las regiones periféricas y de las islas, quedan un poco al margen de la potenciación del transporte marítimo 
Yo lo que quisiera, en este caso, es que se reconociese que, por ejemplo, también sería bueno aplicar a los puertos la división que se hace de aeropuertos de distintas categorías de tal manera que nos fijemos, no en las categorías de los puertos, sino en los proyectos en concreto. 
El proyecto que se presente y los objetivos que tiene, las finalidades que tiene y el conjunto de acciones que se desarrollan en ese proyecto. 
Yo creo que ese sería el buen camino. 
En nuestro caso, en las islas Baleares- yo provengo de Palma de Mallorca- el puerto de Palma quedaría amparado en lo que el Sr. Piecyk propone en su informe, pero otros puertos de las mismas islas quedarían fuera de este contexto y eso acabará potenciando el transporte aéreo. 
Porque a ciertas islas y regiones periféricas, la forma de llegar las mercancíasy los pasajeros será el transporte aéreo. 
Nosotros, en estos momentos, estamos intentando potenciar el transporte marítimo como una alternativa al transporte aéreo, pues es un asunto que hay que tener en cuenta. 
Manifestados estos puntos, no de discrepancia pero sí de cierta divergencia, sólo me queda manifestar nuestro apoyo al informe y dar la enhorabuena al ponente. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, Sr. Piecyk, por su rápido y magnífico trabajo y quisiera resaltar aquí que acabo de recibir un informe de la asociación Amigos de la Tierra que hace un estudio comparativo que considero interesante. 
Desde el puerto de Pasajes, en el País Vasco, hasta Vlissingen, en Holanda, aproximadamente existe la misma distancia por mar, por carretera o por ferrocarril. 
Para transportar una determinada carga de coches y caravanas, la podría transportar felizmente un pequeño barco de dos mil toneladas frente a 204 camiones trailer o 7 trenes con 102 vagones que se precisarían para hacer el mismo transporte. 
Los resultados de los tres sistemas, en cuanto a costes externos totales en lo que se refiere a congestión del tráfico, accidentes, ruidos, contaminación atmosférica y cambios climáticos, tienen notables diferencias: 74.000 euros para el barco, 130.000 para el camión y 99.000 para el ferrocarril. 
La conclusión que debemos apoyar- entiendo yo- es que el transporte marítimo es la solución más adecuada y a esto debemos de destinar prioritariamente nuestros recursos públicos y debemos seleccionar aquellos puertos más importantes- tal como señala el Sr. Piecyk, en este sentido estoy de acuerdo- y aquellos que cumplan con la intermodalidad y, sobre todo, los puertos que nos permitan ahorrar mayoritariamente en costes medioambientales. 
En el resto de las conclusiones del informe, estoy de acuerdo con el Sr. Piecyk en frente de la postura que mantiene el Consejo, más restrictiva. 
Algunos la considerarán más amplia, pero yo creo que es más restrictiva en lo que se refiere a la eficacia de los fondos europeos que destinamos a esta finalidad. 
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a las felicitaciones que ha recibido el ponente que ha realizado un trabajo muy importante, dado el poco tiempo de que disponía. 
Casi todos los compañeros ya han dicho que la situación del transporte, en particular del marítimo, y de los puertos marítimos es realmente distinta y diversificada en nuestra Unión: la situación no es la misma en los Estados del sur y en los del norte, las dimensiones no son las mismas, los valores importantes no son los mismos en lo respecta al transporte de mercancías o de pasajeros. 
Sin embargo, si queremos- y lo queremos porque consideramos que es absolutamente necesario- que también los puertos marítimos y fluviales entren en el sistema de las redes transeuropeas de transporte y que, por lo tanto, puedan llegar a ser un sistema, debemos imponernos necesariamente una jerarquía y una clasificación. 
Ahora bien, provengo de un Estado que, con sus 8.000 km de costas, tiene mucho interés en tener el mayor número posible de puertos incluidos en la categoría de "puerto europeo". No obstante, debemos tener el valor de hacer elecciones que incluso podrían ser difíciles porque si no son elecciones estratégicas las que identifican realmente esos lugares y esos puertos que tienen estas características, corremos el riesgo, habida cuenta, entre otras cosas, de la escasez de recursos financieros- quizás deberíamos debatir este tema, ya que sólo disponemos de 400 millones de euros- de frustrar las intervenciones, es decir, corremos el riesgo de no ser eficaces. 
Cierto que sigue pendiente un tema- que suscribo y que han planteado otros diputados y en que, en consecuencia, deberá centrarse la conciliación- esto es, el tema de las islas y de las regiones ultraperiféricas. En otras palabras, el tema de aquellas situaciones en que, incluso dimensiones distintas de las que describimos, no pueden penalizar la realidad portuaria de estos numerosos Estados y de estas regiones. 
Señor Presidente, desde el surgimiento de las redes transeuropeas he sido partidaria de las vías fluviales y de las comunicaciones por barco, y por ello, no le va a sorprender a usted si yo manifiesto ahora un punto de vista algo diferente. 
En lo que respecta a la competencia, el mercado es decisivo para el desarrollo de los puertos marítimos. 
En esto estamos todos de acuerdo. 
No deberíamos tocar esta base de partida. 
Por consiguiente, aunque Georg está sentado a mi lado, pido insistentemente que el Parlamento reflexione de nuevo sobre su decisión de marzo del año pasado. 
El Parlamento quiere un flete anual de 1,5 millones de toneladas, sin embargo es absurdo no utilizar el potencial de puertos que tengan como mínimo 1 millón de toneladas de flete, sobre todo, si se dan las condiciones estratégicas del marco de las redes transeuropeas. 
Confiemos realmente en las fuerzas del mercado y demos a los pequeños puertos una oportunidad. 
Queremos fomentar la navegación de cabotaje. 
Para ello decesitamos también los puertos pequeños. Éstos podrían prestar servicios muy valiosos a este respecto. 
Constituyen puntos nodales, quizá pequeños, pero importantes puntos nodales, y ¿se pretende discutir por medio millón de toneladas y excluir a los pequeños puertos? 
Tendría por resultado- así lo dice mi documentación- la exclusión de 30 puertos en Europa y afectaría, sobre todo, a las zonas marginales o, precisamente, a los territorios costeros de estructura débil. 
Éste no puede ser nuestro interés. 
Las inversiones en la red de transporte transeuropea sólo tienen sentido si creamos auténticas redes de amplia cobertura que aporten ventajas a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de la Unión. 
Una estrategia marítima enfocada hacia el futuro no debería ser excluyente, sino inclusiva. 
Solicito al ponente y a los oradores su sabio apoyo. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Piecyk por su trabajo realizado. 
El tema de los puertos de navegación marítima interior y de las terminales intermodales es muy complejo y me gustaría subrayar el amplio consenso alcanzado. 
Todos estamos de acuerdo en que la red transeuropea de transportes debe ser una red multimodal. 
Todos creemos estar de acuerdo también en que debe incluir los principales puntos de conexión, y creo que también consideramos que las disposiciones actuales de las redes transeuropeas sobre puertos no son satisfactorias y que el refuerzo del papel de los puertos en la red servirá también para consolidar las redes transeuropeas. 
El Parlamento y la Comisión compartimos- yo creo- un amplio acuerdo en la mayor parte de las áreas de debate. 
Estamos de acuerdo en que la inclusión de demasiados puertos en la red puede afectar a ese concepto de transeuropeo y que, por lo tanto, deberían incluirse puertos de navegación marítima interior de mayor importancia estratégica. 
Creo también que el Parlamento y la Comisión estamos de acuerdo en que los terminales interiores son una parte importante de la red y juegan un papel fundamental en todo este proceso. 
Hoy no estamos hablando de ayudas económicas pero me gustaría mencionar en este punto que creemos que este apoyo económico debería emplearse correctamente y no destinarse a proyectos de superestructuras que pueden, al final, acabar teniendo una incidencia negativa sobre la competencia. 
Sin embargo, hay algunos puntos en los que habrá dificultad para avanzar, pues aunque podamos avanzar más entre el Parlamento y la Comisión, no hay que olvidar el papel fundamental del Consejo en este proceso de decisión. 
Haré algunos comentarios sobre las enmiendas fundamentales. 
La enmienda 4: Aumentar el umbral para puertos interiores de 300 a 500 mil toneladas. 
Es una propuesta aceptable perfectamente para la Comisión. 
El informe del Sr. Piecyk introduce la justificación precisamente a esta idea para que no sea un número excesivo de instalaciones el que, al final, tenga el tratamiento de redes transeuropeas. 
Para la Comisión, lo ideal sería incluir sólo los puertos que, además de tener estos límites, tengan una capacidad de instalaciones de transbordo. 
Pensamos que este no es un punto de vista aceptado por el Consejo, pero consideramos que la cantidad en sí misma no es suficiente. 
Creemos que hay que introducir un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo. 
Puertos marítimos: las enmiendas 5, 9 y 10. 
También nosotros podríamos aceptar la idea de aumentar el umbral a un millón y medio de toneladas o doscientos mil pasajeros y también podríamos estar de acuerdo en la supresión de las clasificaciones por categorías llevada a cabo por el Consejo. 
Este es un punto que, sin duda alguna, será objeto de debate posterior por el Consejo. 
Las enmiendas 6 y 7 reintroducen el mapa de terminales interiores y son aceptables para la Comisión. 
Aunque consideramos que el problema más importante es subrayar que los terminales interiores son parte integral de la red, y no nos parece relevante el problema de si aparecen en un mapa o no. 
Ese es un problema- en nuestra opinión- de importancia secundaria. 
Lo importante es que, sin duda alguna, formen parte de la red. 
Pensamos que, tal vez, la solución intermedia podría ser abandonar el mapa de terminales intermodales y redactar de una forma más precisa, más contundente si quieren ustedes, las directrices subrayando que las terminales intermodales forman parte de la red, y no entrar en un debate sobre el mapa que haría las cosas más difíciles. 
El problema de las superestructuras que se excluyen de la financiación comunitaria en las enmiendas 8 y 10. 
La Comisión también puede apoyar estas enmiendas y es verdad que, sin embargo, pensamos que es un debate que plantea algunas dificultades. 
Apoyamos el objetivo de las enmiendas pero, sin embargo, no podemos apoyar su formulación. 
Por una parte, porque pensamos que es inoportuno hablar sobre financiación en estas directrices y, en segundo lugar, porque consideramos que no es necesario hacer esta referencia. 
Lo cierto es que los tipos de proyecto a los que el Parlamento se refiere cuando habla de superestructuras, no están incluidos en los proyectos de interés común y, por lo tanto, no tienen financiación. 
En consecuencia, es un debate en cierta medida innecesario. 
Un comentario sobre la enmienda 15. 
La enmienda 15, como objetivo, es aceptable para la Comisión. 
Creemos que la idea es correcta, aunque pensamos que también aquí, en cuanto a la redacción, tendríamos que analizarla con algo más de cuidado para evitar problemas. 
Por último, en cuanto a los gastos comunitarios y a las ayudas públicas y el tema que afecta a las competencias, pensamos que es también importante, que convendría debatirlo en el futuro y, en este sentido, creemos que habría que trabajar para llegar a una solución en este y en los restantes problemas, tomando en consideración los intereses de unas y otras partes, y creemos que el acuerdo es posible sobre la base del excelente trabajo llevado a cabo por el Parlamento. 
Muchas gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Hatzidakis (A5-0231/2000) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo sobre la propuesta para una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifique la Directiva 96/53/CE del Consejo en la que se recogen las dimensiones máximas permitidas en el tráfico nacional e internacional para determinados vehículos que tomen parte en el tráfico dentro de la Comunidad y los pesos máximos permitidos en el tráfico internacional (COM (2000) 137- C5-0164/2000- 2000/0060 (COD) ). 
. (EL) Señor Presidente, señor Comisario, se trata de un asunto de gran complejidad técnica, pero con aspectos que afectan a la vida diaria del ciudadano europeo y al propio mercado único. 
En la actualidad, la longitud máxima de los vehículos de transporte de pasajeros permitida en la Unión Europea varía considerablemente de un país miembro a otro. 
En siete países la longitud máxima es de doce metros; en un país es de 13,7 metros; en dos el límite es de 14,5 metros y en cinco, de quince. 
Este límite legal, excluido de la directiva 96/53, no había sido objeto hasta ahora de armonización explícita a escala europea. 
En el marco actual, sólo los autobuses de doce metros pueden circular libremente por todo el territorio de la Unión Europea. 
A petición del Consejo de Ministros, la Comisión ha elaborado una propuesta para que los autobuses queden incluidos en la directiva 96/53, al objeto no sólo de armonizar la longitud de los autobuses rígidos, sino también de aclarar más la situación por lo que respecta a los accesorios desmontables en autobuses y remolques. 
Estos trabajos han conducido a la propuesta actual. 
Hay que tener presente que, incluso en los países en los que son permitidos oficialmente los autobuses de quince metros de longitud, en la práctica no se les permite la entrada o son devueltos a la frontera. 
En este sentido, podemos afirmar que la presente propuesta intenta dar solución al problema y establecer normas de mercado único para toda la Unión Europea. 
Es evidente que hay razones comerciales que dictan la longitud de los autobuses. 
Un autobús de quince metros puede acoger a unos sesenta y siete pasajeros, es decir, dieciséis más que un autobús de doce metros. 
Razones vinculadas a la competencia, sin duda, hacen que algunos operadores prefieran los autobuses de mayor capacidad. 
Siempre y cuando circulen llenos, es preferible, también por razones medioambientales, el uso de autobuses de mayor tamaño. 
Finalmente, con la presente propuesta se aclara la situación por lo que respecta a los accesorios desmontables en los autobuses, principalmente los portaesquís, que deben incluirse en la longitud máxima permitida. 
Por mi parte, estoy de acuerdo con la obligatoriedad de los tres ejes obligatorios para los autobuses de más de doce metros de longitud, autobuses que con no poca probabilidad sobrepasan el peso máximo permitido por eje. 
Con los tres ejes aseguramos mejores condiciones de circulación y menos efectos negativos en las infraestructuras viarias. 
Igualmente satisfactorias son las demás medidas propuestas, como que la longitud máxima de los autobuses con remolque sea igual a la longitud máxima de los camiones con remolque. 
La longitud máxima prevista en estos casos es de 18,75 metros. 
Téngase en cuenta que desde el primero de enero de 2000 la anchura máxima de los autobuses ha aumentado de 2,50 a 2,55 metros. 
El ajuste de la longitud máxima de los autobuses rígidos conducirá muy probablemente a la demanda de una modificación similar de la legislación relativa a los camiones rígidos diseñados para el transporte de mercancías, aunque es igualmente probable que no se produzca un debate excesivamente importante sobre ese tipo de vehículos. 
Criterios básicos para garantizar la maniobrabilidad de los autobuses son el radio de giro y el rebasamiento. 
Estos criterios, en relación con la masa y las dimensiones de determinadas categorías de vehículos de motor y sus remolques, están recogidos en la directiva 92/27. 
Aunque esta directiva permite excepciones a los Estados miembros, es importante respetar los criterios a escala europea y que, tal y como propone la presente directiva, rijan también para los autobuses rígidos de mayor longitud. 
La razón es que los autobuses, tanto los autobuses urbanos como los autocares, circulan frecuentemente por calles estrechas en los centros de las ciudades y durante las horas punta, cuando por las mismas calles circulan también muchos otros automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones. 
En casos en que resulte problemática la circulación de autobuses de quince metros de longitud en determinados lugares- centros históricos, calles estrechas, etcétera -, las autoridades locales o nacionales deberán señalizar las restricciones impuestas; creo que se trata de una regulación adecuada. 
Quiero referirme a las tres enmiendas aprobadas por nuestra comisión. 
La primera prevé un período transitorio durante el cual se permitirá para los transportes internos el uso de autobuses actualmente ya autorizados, pero que no satisfacen, sin embargo, los nuevos requisitos exigidos por la directiva. 
Si este período expirara el 31 de diciembre de 2009, el plazo sería excesivamente breve, puesto que se limitaría así considerablemente el período de circulación de los autobuses de longitud superior a los doce metros ya autorizados. 
Esto crearía perjuicios económicos inaceptables a empresas que de buena fe han programado o puesto en circulación vehículos antes de la entrada en vigor de la directiva en cuestión. 
La segunda enmienda considera que debe mencionarse con toda precisión que se trata de autobuses rígidos y no de autobuses articulados. 
Si aumenta la longitud máxima permitida de los autobuses de dos ejes, debe procurarse la posibilidad de incorporar los accesorios desmontables, como los portaesquís, en autobuses de doce metros de longitud. 
Este aumento de la longitud supone además para los fabricantes de autobuses el reto de reducir el peso de los vehículos, y buscar soluciones alternativas en lo que respecta a los materiales empleados y al equipamiento de los autobuses, de manera que los autobuses de longitud superior a los doce metros, pero considerablemente inferior a los quince, puedan fabricarse y clasificarse como vehículos de dos ejes. 
Está también la tercera enmienda, que se refiere a los accesorios desmontables, como los portaesquís, y a la maniobrabilidad de los autobuses. 
Define criterios diferentes a los de la directiva, pues considera que, si se aplicara la propuesta presentada por el grupo de trabajo sobre transportes en la enmienda de la directiva 96/53, por lo que respecta a los métodos de medición y a los valores máximos del rebasamiento, la longitud máxima de los autobuses quedaría fijada en 14,6 metros. 
Esto entra en contradicción con la longitud máxima de los autobuses- al menos los de tres ejes- fijada en el artículo 1 de la directiva. 
Los autobuses serían cuarenta centímetros más cortos. 
Por lo que se refiere, ahora, a las enmiendas presentadas, no puedo estar de acuerdo con la enmienda 4, de los liberales, porque, tal y como dije también a la Comisión, no se ajusta al espíritu de la directiva. 
En cuanto a la enmienda 6, presentada por los socialistas, puedo expresar desde este momento mi conformidad. 
Respecto a las otras dos enmiendas de los socialistas, la 5 y la 7, que piden disposiciones transitorias que llegan hasta los dos años, me parece un período transitorio exagerado. 
Para poder definirme, necesitaría aclaraciones por parte de los socialistas y de la Comisión, pero los dos años de período transitorio me parecen mucho. 
Podría considerar, tal vez, un espacio de tiempo más corto, si la Comisión estuviera también de acuerdo, claro está. 
Señor Presidente, señor Comisario, la directiva que tenemos ante nosotros prevé que los autocares de pasajeros puedan circular a partir de ahora sin impedimentos por los distintos países de la Unión Europea; es una iniciativa positiva y mi Grupo la apoya en consecuencia. 
El principio de que en todos los Estados Miembros puedan circular autocares más largos, con una longitud máxima de quince metros, y que se ajusten a las mismas normas de seguridad y peso es positivo para el Grupo ELDR. 
La libre circulación de mercancías y servicios requiere que también se armonicen estas cuestiones en el sector del transporte y que el mundo empresarial pueda contar con un terreno de juego nivelado. 
La posibilidad que ofrece esta directiva para utilizar autocares más largos en los trayectos internacionales supone una medida eficiente desde nuestro punto de vista. Además, supone un beneficio. 
La gran capacidad hace que el transporte sea más eficiente desde el punto de vista operativo, lo que redunda en beneficios tanto para el transportista como para el consumidor. 
Los autobuses más largos hacen asimismo un uso más eficiente de las carreteras, lo que beneficia al medio ambiente. 
Sin embargo, mi Grupo plantea algunas objeciones a la propuesta y, concretamente al artículo 1, apartado 3a). 
Puede existir un exceso de reglamentación, lo que en nuestra opinión se reduce en la obligación de que todos los autocares con una longitud superior a doce metros deben disponer de tres ejes, con independencia del uso que se dé a los autocares. 
Consideramos que, de esta forma, se coarta la libertad del fabricante. Éste deberá poder negociar con el cliente el número de ejes que resultan necesarios para cumplir las normas de seguridad y de peso, ya que no todos los autobuses y autocares están sometidos a las mismas cargas, piénsese por ejemplo en los autocares VIP. 
Esto significa en la práctica que los gastos de explotación no se deben ver afectados de forma negativa e innecesaria como consecuencia del montaje del tercer eje siempre que éste no sea estrictamente necesario. 
Muchas personas se mostraron de acuerdo con lo anterior durante la reunión de la Comisión y, por este motivo, he presentado de nuevo una enmienda a dicha disposición en nombre de mi Grupo. 
Señor Presidente, el ponente ha limado de nuevo la directiva, adaptándola a la práctica, por lo que le felicito. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos tratando los autocares y el hecho de que existían diversos criterios en una serie de países europeos con diferencias desde una longitud permitida de 12 metros hasta llegar a los 15 metros. 
En cualquier caso, resulta positivo que se armonice en todo lo posible. 
Se acaban de apuntar algunas ideas positivas acerca de los efectos que se podrían derivar en términos de eficiencia, en términos de seguridad y en términos de medio ambiente. 
Y es aquí donde surgen algunos problemas. 
Se trata obviamente de determinadas formas de transporte y, en este caso, del transporte por carretera que también está sujeto a normas medioambientales. 
Estoy hablando de las normas europeas que entrarán en vigor para los camiones y que pueden provocar que las proporciones de rendimiento medioambiental, por ejemplo, con respecto al ferrocarril se vean alteradas. Sin embargo, éste no es siempre el caso. 
Centrémonos por el momento en un autocar, en un autocar de mayor tamaño y en el medio ambiente. 
Por una parte, puede producirse una situación como la apuntada por la señora Sanders-Ten Holte en la que el transporte sea más económico y eficiente, por lo que las pequeñas empresas de este sector podrían ganar más, obtener beneficios, etc. Por otra parte, los precios bajarán, lo que conllevará sin duda, tal y como se observa claramente en este momento, que se hará un uso masivo del transporte en autocar que resulta excepcionalmente económico. 
En otras palabras, el alargamiento de los autocares es algo que puedo aprobar desde el punto de vista medioambiental y considerando otros criterios, aunque existen una serie de efectos colaterales que esta directiva no regula en absoluto y que tampoco podemos regular desde aquí sobre los que quisiéramos llamar la atención. 
Me parece justificado que se conceda cierto margen al sector para su adaptación. 
Tal y como ha apuntado la señora Sanders-Ten Holte, no siempre son necesarios tres ejes pero es mejor establecer una directiva adecuada. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, mi reconocimiento al activo ponente, Sr. Hatzidakis, por su informe. 
La dimensión de los autobuses europeos puede parecer un tema trivial, pero éste no es el caso. 
Nuestro objetivo de conseguir un mercado interior dinámico sólo puede ser alcanzado si todas las partes cumplen las mismas reglas del juego. 
La competencia, que es el motor real del desarrollo, surgirá cuando las empresas de transporte puedan ofrecer sus servicios por encima de las fronteras. 
Todavía no tenemos contratistas de transporte griegos en Finlandia, pero los escoceses ya se han instalado sólidamente. 
Conviene ser tacaño. 
Debemos armonizar las regulaciones sobre los autobuses para seguir extendiendo el marco de la competencia. 
La existencia de dimensiones uniformes supone también un ahorro en los costes para los fabricantes, cosa que se dejará notar en el precio de los billetes y en el bolsillo de los ciudadanos de la UE. 
La Directiva actual es deficiente porque permite una gran disparidad entre los autobuses de diferentes Estados miembros, y ello dificulta la elaboración de normas de seguridad. 
Las trágicas noticias que nos han llegado desde Grecia en los últimos días nos obligan a adoptar una actitud incondicional en lo que se refiere a la creación y acatamiento de las normas de seguridad. 
La Comisión tiene razón al proponer que se autoricen los autobuses de 15 metros de longitud. 
Cuanta más gente quepa en el autobús, más económico resultará viajar. 
Sin hablar del ambiente, que resulta muchísimo más agrable a medida que aumenta el número de pasajeros. 
También es recomendable la utilización autobuses largos por razones medioambientales. 
El fomento del transporte público reduce la congestión del tráfico en las zonas urbanas, ya que unos cuantos utilitarios medio vacíos ocupan el mismo espacio que un autobús de 60 plazas. 
El ponente, Sr. Harzidakis, tiene razón en que sería desproporcionado exigir que el período de transición para los autobuses que están en servicio doméstico finalice ya en el año 2009. 
No ganaremos amigos para la UE desguazando antes de tiempo autobuses en buen estado. 
De paso, derrumbaríamos fácilmente también la confianza de los empresarios y de los ciudadanos de a pie en el sentido común de los responsables de la toma de decisiones de la UE. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30. 
(La sesión se levanta a las 20.50) 
Señorías, en el día de hoy Alemania celebra el décimo aniversario de su reunificación. 
Algo que parecía impensable hace algunos años se ha convertido en realidad. 
Esta reunificación, que ha sido posible gracias a la caída del muro el año que la precedió, no sólo era portadora de significado para los alemanes, sino que simbolizaba para toda Europa la reconciliación del Este y el Oeste después de 40 años de guerra fría. 
Quisiera manifestar en el día de hoy, en nombre de este Parlamento, toda la alegría que compartimos con nuestros amigos alemanes que celebran este aniversario. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, ayer acordamos- y así consta en el Acta- que el próximo jueves queremos celebrar un debate sobre los acontecimientos en Oriente Próximo. 
Sin embargo, no hemos fijado un plazo para la presentación de propuestas de resolución. 
Propongo que fijemos tal plazo, tanto con respecto a las propuestas efectivas-que podría ser hoy a las 18.00 horas- como a las enmiendas; debemos intentar fijar el plazo en una hora lo más tardía posible de mañana, con el fin de poder tener en cuenta el eventual resultado del encuentro mañana en París entre Ehud Barak y Yassir Arafat. 
Pido, por tanto, que fijemos el plazo y que éste sea lo más largo posible. 
El Grupo de los Socialistas Europeos ha formulado una solicitud para que el debate sobre la situación del proceso de paz en Oriente Medio, previsto para el jueves por la tarde, sea clausurado con una propuesta de resolución. 
Someto a votación esta solicitud. 
(El Parlamento da su acuerdo) 
Preparación del Consejo Europeo informal de los días 13/14 de octubre de 2000 en Biarritz (CIG) /Carta de los derechos fundamentales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la preparación del Consejo europeo informal de los días 13/14 de octubre de 2000 en Biarritz (CIG) y las preguntas orales siguientes: 
B5-0538/2000, del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al Consejo, y 
B5-0539/2000, del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la Comisión, 
sobre la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores diputados, han querido ustedes que dedicáramos nuestros trabajos de hoy al próximo Consejo europeo de Biarritz y ésa será, en efecto, una etapa importante de este semestre de presidencia del Consejo. 
Saben todos que el Consejo europeo ha adoptado la costumbre de reunirse, casi siempre, dos veces por semestre, y creo que este ritmo responde a una verdadera necesidad aunque esta reunión suplementaria, debería decir quizá si esta reunión suplementaria, reviste, como así será, un carácter informal. 
Efectivamente, lejos de disminuir el alcance, el carácter informal de una cumbre así permite que se debatan libremente al más alto nivel los temas sensibles. 
Así, estarán en el orden del día de Biarritz principalmente dos cuestiones de máxima importancia, que sé que interesan al Parlamento Europeo: la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma de las instituciones y la Carta de los derechos fundamentales. 
En cuanto a la fecha, la hemos elegido también para garantizar la mayor utilidad a esta cumbre. 
Nos encontraremos en Biarritz los próximos días 13 y 14 de octubre, más o menos a mitad de nuestra Presidencia; los trabajos ya estarán bastante avanzados sin estar comprometidos y será el momento para analizar la situación que nos permita culminar una etapa con vistas al Consejo europeo de Niza. 
No se tratará por tanto, como ven ustedes, de hablar de todos los temas, algo que no hubiera tenido mucho sentido. 
Sin embargo, diría que la Presidencia francesa ha entrado ya en velocidad de crucero, que los expedientes progresan, creo estar en condiciones de decir que de manera satisfactoria; sé que algunos observadores han podido mostrarse críticos, pero sin duda han colocado en esta Presidencia, algo que nos halaga pero al mismo tiempo apenas nos ayuda, como siempre demasiado corta- recuerdo que son cuatro meses útiles- grandes esperanzas y han olvidado que debíamos, como cualquier otra presidencia, tomar en consideración muchas e importantes obligaciones. 
Algunos acontecimientos ampliamente difundidos por la prensa han podido así ocultar los trabajos de estas últimas semanas. 
Estoy pensando sobre todo en la subida de los precios del petróleo- debo aclarar por cierto que los miembros del Consejo europeo también hablarán sobre este tema -, y estoy pensando también en las fluctuaciones del curso del euro o en el referéndum danés. 
Lo que puedo asegurarles sin embargo es que continuamos con nuestros esfuerzos de acuerdo con el calendario previsto y creo que los resultados están al mismo nivel. 
Tomo por ejemplo el caso del último Consejo "Asuntos Generales", con un principio de acuerdo sobre MEDA II, la continuación del debate sobre la mejora de la ayuda exterior de la Unión, la declaración al pueblo serbio en la que se ha visto que ejercía un peso en la situación actual y el primer análisis del proceso de ampliación, algo sobre lo que volveremos a hablar esta tarde, aquí mismo. 
Progreso también en el último Consejo "Justicia y Asuntos Interiores", en el que se produjo la adopción del reglamento sobre el Fondo europeo para los refugiados, la extensión de las competencias de Europol al ámbito del blanqueo y finalmente un acuerdo político con vistas a crear Eurojust, decisión que adoptamos en la última cumbre de Tampere. 
Igualmente, el Consejo informal de ministros de defensa, que tuvo lugar el 22 de septiembre, permite augurar unos resultados enteramente satisfactorios de aquí al final del semestre en materia de compromiso de capacidad. 
Sin hablar de las prioridades que hemos calificado de ciudadanas porque están en el centro de las preocupaciones de nuestros conciudadanos europeos: el empleo y el crecimiento, la educación de los niños- este fin de semana ha tenido lugar un Consejo "Educación" sobre este tema -, el futuro de la protección social o también la seguridad de los transportes en un contexto renovado marcado por el incremento de los precios del petróleo. 
Pero también, en ese caso, las cosas están comprometidas y la Presidencia, en perfecta sincronía con la Comisión y el Parlamento, esta a pie de obra. 
Retomo ahora el orden del día propiamente dicho del Consejo europeo de Biarritz, es decir, en primer lugar la Conferencia intergubernamental. 
Como ya señalé en el debate organizado el pasado 11 de julio a invitación del Presidente Napolitano, a quien saludo, nuestra preocupación desde el inicio ha sido la de retomar los debates sobre una base más abierta con el fin de darnos todas las posibilidades para llegar a un acuerdo satisfactorio en Niza. 
Así, hemos tenido interés en señalar el vínculo entre las tres cuestiones no solucionadas en Amsterdam, que forman para nosotros un todo, un paquete y, por otra parte, en comprometer una reflexión profunda sobre la cuestión de máxima importancia, en el contexto de una Europa ampliada, de las cooperaciones reforzadas. 
Estas cuestiones son muy difíciles y por ello confieso que hemos tenido la impresión de no poder avanzar tan rápido como deseábamos. 
Creo que lo han percibido correctamente, ustedes también. En este hemiciclo, la Presidenta no ha dejado de recordarlo en cada ocasión al inicio de las sesiones ministeriales mensuales de la CIG. 
Su participación sigue siendo muy importante. 
No han dejado de recordar hasta qué punto era importante movilizarse para que esta negociación progresara y llegara a buen término de acuerdo con el calendario previsto. 
Tanto la Presidencia como la Comisión señalaron con fuerza desde el Gymnich de Evian, la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores, a principios de septiembre, que había un riesgo real de fracaso en Niza y que Francia, en tanto que Presidencia en ejercicio, prefería asumir un fracaso así a un mal acuerdo. 
Y vuelvo a repetirlo con insistencia: nadie debe pensar que se trata por nuestra parte de una posición táctica, nosotros preferimos que no se llegue a un tratado en Niza a que se llegue a un mal tratado. 
Este mensaje parece que se ha comprendido pero he podido percibir, en el Consejo de "Asuntos Generales" de 18 de septiembre y de la reunión restringida que presidí la misma tarde en Bruselas, señales de un inicio de toma de conciencia. 
Con respecto a la Comisión, creemos que la dificultad procede del hecho de que una mayoría de Estados miembros se muestra reticente tanto a la limitación del número de comisarios como a una verdadera reestructuración a plazo del Colegio, mientras que todos estamos de acuerdo sobre la necesidad de que exista una Comisión fuerte y eficaz. 
Me parece que en este caso se produce una paradoja de la que hemos de salir. 
Para el futuro de la Unión es esencial, ya que la Comisión es bien, y hago hincapié en ello, el soporte del sistema comunitario. 
Cada cual ha podido exponer sus argumentos de manera precisa pero creo que hay un momento en el que es necesario saber superar algunas contradicciones. 
Me parece imposible en cualquier caso que podamos, con veinte, veinticinco o treinta Estados miembros, continuar con el sistema actual sin reformarlo. 
Con respecto a la cuestión de la reponderación, creo que se están produciendo evoluciones y que un gran número de Estados miembros perciben la ventaja de esta fórmula, la reponderación estricta de los votos con respecto a la de una doble mayoría cualquiera que sea la forma. 
Pero esta cuestión de la reponderación está estrechamente vinculada con la precedente y es evidente que no podrá verse solucionada más que al final de la negociación. 
Tranquilícense, no esperamos a Biarritz, y menos aún a Niza, para tratarla. 
Se han comprometido trabajos preparatorios indispensables. 
No obstante, creo- y se trata de una impresión personal- que no se producirá un avance más sustancial hasta un poco más tarde. 
Pero es importante que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo europeo de Biarritz hablen de ello. 
Con respecto a la mayoría cualificada, por el contrario, el importante trabajo que se ha realizado comienza a rendir frutos. 
La Comisión, y debo agradecerlo, ha formulado propuestas muy constructivas para permitirnos avanzar teniendo en cuenta las principales dificultades de cada delegación. 
Así, la lista de artículos susceptibles de pasar por la mayoría cualificada comienza a ser sustancial y creo que, en total, los resultados estarán a la altura ya que este tema es primordial, y lo sabemos todos. 
Quizá incluso sea el principal en esta CIG al igual que lo es, para el Parlamento, la cuestión de la extensión concomitante de nuestros procedimientos de codecisión. 
En ese caso también, creo que el debate progresa adecuadamente en el seno de la CIG y creo igualmente que el principio de concordancia entre la codecisión y el acto legislativo está ganando terreno, incluso todo el terreno. 
Finalmente, sobre las cooperaciones reforzadas, como saben, la dificultad era y sigue siendo en cierta medida que muchos Estados miembros veían en ello a priori el riesgo de que se creara una Europa de dos velocidades, incluso que con este medio se intentara escatimar verdaderos avances a quince en el campo de la mayoría cualificada. 
Pero debo decir que las cooperaciones reforzadas no son ni el medio para llegar a un núcleo duro estable y cerrado ni un sustituto por adelantado de la mayoría cualificada. 
Hemos mantenido varios intercambios en profundidad en el ámbito ministerial sobre esta cuestión y creo que han permitido clarificar el concepto de cooperación reforzada y vencer las reticencias de los más escépticos. 
El debate paralelo sobre el futuro de una Europa ampliada ha contribuido a su manera, diría al mismo tiempo positivamente y quizá a veces algo negativamente. 
En efecto, desde el momento en que una mayoría de Estados miembros no parece considerar ninguna reforma radical hacia un modelo institucional de otro tipo, digamos mucho más federal, es obligado admitir que las cooperaciones reforzadas son un buen instrumento que responde a la observación realista de que en la Europa ampliada todos los Estados miembros no podrán o no querrán avanzar siempre al mismo ritmo. 
Aparece como indispensable un elemento de flexibilidad, de agilidad, con el fin de que aquellos que desean ir más deprisa puedan hacerlo ahorrando a los demás la posibilidad de unirse a los que van más avanzados, ya que es evidente que las cooperaciones reforzadas sólo tienen sentido si son abiertas. 
Por supuesto, aún queda trabajo por hacer, sobre todo para determinar las condiciones en las cuáles se podrían simplificar los principios y flexibilizar las condiciones para el inicio de este mecanismo manteniendo, claro está, una serie de garantías. 
Será preciso examinar también las disposiciones particulares que habrá que adoptar en el ámbito de la PESC. 
Finalmente, la Presidencia examinará, de acuerdo con los Estados miembros, la posibilidad de completar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, principalmente sobre la base de las propuestas ya presentadas por los Estados miembros y por la Comisión: está claro que para garantizar mejor en el futuro el respeto por los valores de la Unión y los derechos fundamentales, será necesario un dispositivo de prevención, de vigilancia y de alerta. 
Abordaré precisamente ahora el segundo tema fundamental en el orden del día de Biarritz, la Carta de los derechos fundamentales. 
Saben ustedes que el proyecto de Carta fue aprobado solemnemente por la Convención ayer, 2 de octubre, con el apoyo muy valioso y eficaz de los representantes de esta Asamblea. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales, por medio de su presidente, Giorgio Napolitano, se pregunta no obstante sobre el porvenir de este proyecto de Carta y sobre las posibilidades de incluirla en los tratados en el Consejo europeo de Niza. 
Deduzco por tanto de esta cuestión que el Parlamento, o al menos su Comisión de Asuntos Constitucionales, aprueba el texto procedente de la Convención, por supuesto a beneficio de inventario, algo de lo que me alegro. 
Sin duda, tendremos ocasión de debatir de nuevo y de manera más profunda sobre este tema en el debate previsto aquí mismo en noviembre sobre la proclamación del texto por las tres instituciones. 
Pero antes de contestar con precisión a la pregunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, permítanme decir por qué creo que el trabajo de la Convención constituye un doble éxito. 
En primer lugar, se trata de un logro que hemos de meditar en cuanto al procedimiento aprobado, el de una instancia, la Convención, compuesta por diputados del Parlamento Europeo, diputados nacionales, Comisión y representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Hemos roto en ese caso con el método tradicional de las conferencias diplomáticas o de las conferencias intergubernamentales, que muestra en la actualidad, y hay que decirlo, cierta complejidad. 
Debo añadir que la calidad y la diversidad de los miembros designados por su formación, por su origen y por sus convicciones políticas han constituido incuestionablemente un factor de riqueza. 
Al mismo tiempo, me parece muy destacable la doble preocupación que ha tenido la Convención de trabajar con total transparencia y perfecta interactividad con los ciudadanos a través de Internet. 
Así, en una preocupación por la apertura, ha escuchado en el curso de esos trabajos a las grandes organizaciones no gubernamentales, a los interlocutores sociales, a los países candidatos a la adhesión. 
Esta transparencia, esta apertura, han contribuido activamente a la mejora progresiva de las diferentes versiones del proyecto de Carta. 
Saben ustedes que ha habido, ya no sé bien, 48 ó 49. 
(FR) Estoy convencido de que la experiencia de la Convención nos indica con toda claridad, si no el camino, al menos uno de los caminos que Europa podrá seguir para ser más transparente y estar más a la escucha de sus ciudadanos. 
El segundo gran éxito sin el cual el primero no tendría sentido apenas es, por supuesto, el resultado al que ha llegado la Convención. 
La Carta- desde este punto de vista- se sitúa en primer lugar, y es lo suficientemente poco frecuente en nuestros textos para que lo señalemos, un documento claro y bien ordenado. 
Con una cincuentena de artículos- lo que no es mucho- repartidos en seis capítulos de los llamados fuertes- dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia- responde indudablemente a las preocupaciones de concisión y claridad que habíamos manifestado y por tanto también creo que a las expectativas de nuestros conciudadanos. 
La Carta es también un texto coherente. 
Sus redactores han sabido respetar la doble exigencia- algo que no era fácil- de no crear derecho ex nihilo, de hacer la fotografía exacta, al mismo tiempo que evolutiva, de la amplitud de los derechos fundamentales en vigor y en evolución en la Unión. 
Pero sobre todo será por la fuerza de su contenido como la Carta dejará huella. 
Reafirma en primer lugar y con nitidez los derechos cívicos fundamentales tal como están recogidos en el Convenio europeo de los derechos humanos y, en este sentido, los redactores de la Carta han tenido la preocupación constante de evitar cualquier riesgo molesto de divergencia de jurisprudencia entre el Tribunal europeo de los derechos humanos, responsable del respeto del Convenio, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, principalmente recogiendo la redacción procedente del Convenio del Consejo de Europa, en cada ocasión en que éste aparecía como el más logrado y el más actual. 
Evidentemente, sabemos que la Carta no se conforma con reafirmar los derechos existentes. 
Consagra muchos derechos nuevos que responden a las evoluciones necesarias de nuestras sociedades, ya se trate del desarrollo de las tecnologías, de la aparición de nuevas dependencias o también de la complejidad de nuestros sistemas administrativos. 
Me alegro finalmente, y se comprenderá, por la importancia que este texto concede a los derechos económicos y sociales. 
Retomando un segundo una responsabilidad nacional, diré que Francia ha luchado intensamente para que este apartado sea sustancial, pero he señalado que también era la voluntad de muchos otros Estados miembros, algo por lo que la Presidencia no puede sino alegrarse. 
En ello iba la fuerza innovadora y motriz de la Carta y de la consolidación del modelo social europeo, con el que todos en este hemiciclo nos sentimos profundamente identificados. 
Así, la Carta garantiza el derecho a una educación gratuita, el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados así como el derecho de negociación y de acción colectiva, incluido el derecho de huelga, el derecho de protección contra cualquier despido injustificado, el derecho a la protección social, o también la prohibición del trabajo de los niños. 
En definitiva, tengo el convencimiento de que la Carta representa el mayor avance colectivo en materia de afirmación de los derechos sociales desde el inicio de la construcción europea y merece por tanto que la saludemos. 
Entonces, me preguntarán ustedes y sé que me lo van a preguntar, ¿por qué un logro así no se vería coronado de entrada con la inclusión de la Carta en los Tratados? 
En primer lugar, y para responder con mucha precisión a la cuestión planteada por el Presidente Napolitano, debo recordar el propio texto de las conclusiones del Consejo europeo de Colonia que inició el proceso: "El Consejo europeo propondrá al Parlamento Europeo y a la Comisión la proclamación, solemne y conjunta con el Consejo, de una Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea". 
También, el Consejo debe ponerse de acuerdo consigo mismo desde el punto de vista político sobre el proyecto de Carta- algo que hará creo y espero, de manera informal en el Consejo europeo de Biarritz- y dejar después a las demás instituciones, a la Comisión, a este Parlamento, pero también, por qué no, a algunos parlamentos nacionales, tiempo para pronunciarse sobre el fondo, es decir sobre el contenido de este documento. 
Por tanto, en cuanto al calendario, está claro que la proclamación, primera etapa hacia otras posibilidades, no podrá tener lugar más que con ocasión del Consejo europeo de Niza. 
Por otra parte, las conclusiones de Colonia han precisado en todo momento que la cuestión de la integración en los Tratados no podría ser examinada más que con posterioridad a la proclamación de la Carta, es decir en Niza. 
Y además, hasta el día de hoy, el Consejo no ha abordado este punto. 
Debo sin embargo confirmar- en cualquier caso es mi impresión- que una amplia mayoría, por no decir una muy amplia mayoría de Estados, parece seguir oponiéndose a esta integración inmediata, algo que es por supuesto un elemento que la Presidencia debe tener en cuenta. 
Me veo tentado a responder a su pregunta con otra: ¿es necesario asumir el riesgo de un rechazo en Biarritz de este texto- del cual he dicho que dejará huella- o es necesario tener confianza en la fuerza de esta Carta que, estoy seguro, se impondrá por sí misma al mismo tiempo como referente de los valores de la Unión y como fuente de inspiración para el Tribunal de Justicia de Luxemburgo? 
Como se dice en Francia, demos un poco de tiempo al tiempo. 
La reflexión sobre el futuro de la Carta implica a mi juicio la reflexión sobre el futuro de Europa. 
Algunos han mencionado así la necesidad de dotar a la Unión Europea, algún día, de una constitución. 
A título personal, me parece una buena, incluso una excelente idea, a condición de que nos hayamos puesto de acuerdo con anterioridad sobre su contenido, es decir, sobre una posible clarificación de competencias, sobre el papel de cada institución en el seno de la Unión, sobre el equilibrio entre ellas. 
Podríamos pensar entonces, y estoy dispuesto a hacerlo, que la Carta encuentra su lugar en un "tratado constitucional", en forma de preámbulo. 
Pero queda mucho trabajo por hacer antes de comprometerse en esta nueva etapa. 
Me parece prematuro pretender esbozar el calendario a partir de hoy, algo que podría tener además efectos nefastos en las negociaciones de la CIG. 
En Niza, y en función de los resultados de la CIG, habremos de precisar lo que es razonable considerar con posterioridad. 
Así, la reflexión sobre el "después de Niza" recupera varios temas, en ocasiones presentados de manera simplificadora. 
En primer lugar está la temática de la mejora del funcionamiento institucional de la Unión con 30 miembros. 
Estamos trabajando ya en el marco de la Conferencia intergubernamental en curso, pero también sabemos, está claro, que será necesario ir más lejos, mucho más lejos, en la adaptación del método comunitario si queremos preservar lo esencial. 
He hablado de ello a propósito de las cooperaciones reforzadas. Creemos que éstas constituyen el instrumento máximo para favorecer la evolución pragmática de una Europa comunitaria- insisto- en el futuro mucho más amplia y heterogénea. 
No volveré ya sobre ello. 
Está también la cuestión de la constitucionalización de los Tratados, para responder a una doble exigencia: la de una clarificación de los textos, que debemos hacer más coherentes y más accesibles a nuestros conciudadanos, y la de una mejor articulación de las competencias. 
Estas cuestiones no son nuevas y, sobre todo, sabemos bien hasta qué punto son difíciles. 
Después, hay un tercer eje de reflexión que no debemos perder de vista y que se refiere a la mejora del gobierno de la Unión. 
Deseo mencionar en este caso la reforma del funcionamiento de las instituciones, independientemente de la reforma de los tratados, que responde a la necesidad reflejada de forma importante por las opiniones públicas, de que las orientaciones de Europa sean más claras, de que los instrumentos estén mejor controlados, de que el timón, en definitiva, este mejor llevado. 
Ello supone que seamos capaces de elevar políticamente cada una de las instituciones, de reformar políticamente cada una de las instituciones y, por consiguiente, de realzar el equilibrio entre ellas. 
En este sentido, las propuestas que el Presidente Prodi prepara para el próximo año serán de lo más útil, y creo que ya es hora de que le ceda la palabra. 
Estoy seguro de que nos informará de las primeras reflexiones sobre el tema de la institución medular que preside. 
Pero repito, y concluyo inmediatamente, es la Presidencia en ejercicio la que habla, hemos de concentrarnos en nuestras tareas, esforzarnos por llevarlas a buen término todos juntos y si, en Biarritz, avanzan correctamente al mismo tiempo el expediente de la Conferencia intergubernamental y el de la Carta, podremos preparar un buen Consejo europeo de Niza y por supuesto un mejor "después de Niza". 
(Aplausos) 
Los aplausos de los colegas le demuestran, señor Presidente de la Comisión, hasta qué punto hemos apreciado esta intervención. 
Se lo agradezco enormemente. 
Señora Presidenta, una vez no hace hábito, comenzaré mi intervención dando las gracias a los dos oradores, tanto al presidente del Consejo como al Presidente de la Comisión, por la calidad de sus intervenciones. 
Doy las gracias en especial al Sr. Moscovici, por la claridad y precisión de sus palabras y, en un plano más político, por su toma de posición en favor de un proceso constitucional. 
En lo que respecta al Sr. Prodi, creo que hemos de agradecerle que haya puesto valientemente el dedo en una serie de fallos de funcionamiento de nuestras instituciones y, sobre todo, que haya cuestionado claramente el método intergubernamental. 
Dicho esto, no deberíamos caer en la euforia. 
Algunos oradores lo han dicho antes que yo: hemos de ser conscientes de que, en toda la Unión Europea, existe una crisis de confianza con respecto a las instituciones europeas. 
Esta crisis de confianza se manifiesta principalmente en Dinamarca y, aunque puede haber interpretaciones diferentes de la votación que se ha producido, nadie duda de que una parte de los electores daneses ha querido señalar una cierta desconfianza con respecto a la Unión, principalmente de su incapacidad o de su falta de voluntad política en materia social, de protección del medio ambiente o en materia de transparencia democrática. 
Nos encontramos ahora a tres meses de la Cumbre de Niza y creo que el desafío que se nos presenta es el de recuperar esta confianza. 
Es preciso aportar una respuesta con una gran visión- y, en este sentido, comienzo a tener alguna esperanza- una respuesta importante; es necesario abandonar algo que desafortunadamente ha dominado durante demasiado tiempo los debates: una especie de realismo pusilánime que generalmente está cerca del inmovilismo. 
(Aplausos) 
Unas palabras sobre la Carta de los derechos fundamentales sobre la cual me permitiré manifestar mi opinión divergente con respecto a la de los oradores que me han precedido. 
Se trata claramente de un proyecto ilusionante. 
La puesta en marcha de la Convención ha supuesto un paso importante hacia una Europa más democrática, en la medida en que el proceso rompe con el planteamiento intergubernamental. 
En este aspecto estoy de acuerdo. 
En cuanto al resultado, por el contrario, me permito ser más critico. 
Efectivamente, un análisis detallado del texto final demuestra que hay un cierto desequilibrio entre, por una parte, los derechos económicos y los derechos de propiedad y, por otra, los derechos sociales y los medioambientales. 
Por tanto, nos encontramos ante una paradoja, una Carta relativamente débil en el plano político por un lado, y por otro, una voluntad de no concederle el indispensable carácter vinculante que haría de ella un instrumento ciudadano, que permitiría a cada uno de los ciudadanos europeos promover acciones ante el Tribunal de Justicia para defender sus derechos. 
Con respecto a la CIG, puedo entrever una luz de esperanza tras el estancamiento de los últimos meses, pero es cierto que si en el próximo mes de diciembre- y el Sr. Moscovici lo ha dicho claramente- la CIG no desbloqueara la situación, sobre todo en lo que respecta a la extensión de la mayoría cualificada, lo que implica el abandono del derecho de veto y la generalización de la codecisión, supondrá un fracaso y será necesario continuar. 
Creo que el aplazamiento sería la peor decisión, tanto para los ciudadanos europeos como para los ciudadanos de los países candidatos. 
Con respecto a la ampliación, no tengo tiempo para entrar en los detalles, pero quisiera terminar, señora Presidenta, insistiendo en otro aspecto de esta ampliación: exigimos de los países candidatos que adapten sus instituciones, sus economías y sus legislaciones, pero también nosotros hemos de adaptar nuestras políticas. 
Evitar que la Unión Europea sea solamente un gran mercado de 500 millones de consumidores, con grandes desequilibrios estructurales, es sin duda el principal desafío que se nos plantea y, para afrontarlo, creo que sería necesario impulsar en Niza el proceso constitucional que permitiría esta reforma profunda de las instituciones, esta reforma en la jerarquía de valores y que pondría por fin al librecambio fuera del primer lugar. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, le sigo con agrado, señor Prodi, cuando señala los límites del actual modelo intergubernamental. 
Seré incluso más severo que usted. 
En muchos sentidos, se trata de un sistema fatigado si no esclerotizado, y que es preciso superar. 
Pero la vía a seguir no se encuentra sin duda en una centralización de poderes en las manos de la Comisión. 
Es, a mi juicio, el sistema institucional en su conjunto, incluida la Comisión, el que debe ser transformado, y el elemento nuevo que debe estar en el centro de esos cambios son los actores y las actrices del movimiento social, los ciudadanos, los grandes ausentes de su discurso. 
Le pido que escuche bien lo siguiente. 
Los ciudadanos han comprendido el agotamiento de una cierta forma de organizar la acción pública. 
Esta crisis en la forma de gobernar afecta frontalmente a la Unión. 
La Unión nació y se construye en un círculo cerrado en lugar de construirse a la luz. 
Ahora bien, los europeos aceptan cada vez peor que los sitúen ante los hechos consumados. 
Es todo el proceso, desde la definición de los problemas para la aplicación y para la evaluación de las soluciones lo que debe ser democrático. 
Se trata de permitir una participación más amplia de los actores y de aquellos que tienen algo que aportar. 
Este es el desafío político que tiene Europa en la actualidad. 
Estas frases no son mías y están extraídas de un documento que su predecesor encargó hace cerca de dos años a la célula de prospectiva de la propia Comisión antes de darle carpetazo. 
Sin embargo lo encuentro de una gran lucidez. 
Nuestra ambición ha de ser convencer a los ciudadanos para que se asocien en su diversidad con el fin de controlar su destino común. 
No lo conseguiremos mediante conflictos de poder en recipiente cerrado entre Comisión y gobiernos, aunque sea halagando a este Parlamento. 
Estoy convencido de que lo necesitamos para conseguir una democracia participativa, avances sociales, vínculos de solidaridad, proyectos de civilización, de impulso ético. 
No he oído nada de eso esta mañana. 
En una palabra, necesitamos política en el sentido noble del término ya que creo que el futuro de Europa pasa por ahí. 
Señora Presidenta, la decisión adoptada por el pueblo danés el 28 de septiembre acerca de la participación en el régimen monetario europeo figurará sin duda alguna en el orden del día de la reunión del Consejo Europeo de Biarritz. 
Los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea tienen que recapacitar seriamente sobre lo que ha sucedido en Dinamarca. 
La decisión de Dinamarca precede de dos meses solamente la reunión de los dirigentes de la Unión Europea en Niza para reformar los actuales tratados y las actuales políticas de la Unión Europea. 
Soy partidario de la ampliación de la Unión Europea. 
La ampliación ayudará a consolidar las estructuras democráticas civiles en Europa central y oriental, ampliará las economías de mercado y ayudará a erigir un continente europeo en paz consigo mismo. 
Ahora bien, los gobiernos de los Estados miembros de la UE se enfrentan con decisiones difíciles de adoptar. 
No podemos negar que el pueblo danés se ha servido del reciente referéndum como prueba de confianza en las estructuras de la Unión Europea. 
El referéndum de Dinamarca tenía más que ver con la dirección de la Unión Europea y con la futura integración política que con el hecho de participar en el régimen monetario del euro. 
Entre los electores daneses se ha dejado sentir una grave preocupación por la posibilidad de que la eliminación del veto fiscal en el seno de la Unión Europea disipe los futuros beneficios en materia de seguridad social. 
No estoy de acuerdo en que eso tenga que ser así. 
Ahora bien, la cuestión sigue siendo la misma: la Comisión Europea y el Parlamento Europeo tienen que librar una seria batalla para convencer a los 370 millones de ciudadanos de la Unión Europea de que el progreso de la Unión Europea requiere una mayor integración política y económica. 
Ésta es la verdadera cuestión. 
Si los gobiernos de los Estados miembros insisten demasiado en la cuestión de la integración política en Niza, tropezaremos con verdaderas dificultades para conseguir un voto de aprobación en los referendums que va a haber en varios países de la Unión Europea. 
Toda reforma que se haga de los tratados de la Unión Europea ha de ser equitativa y ha de estar equilibrada. 
Tiene que proteger los intereses de los Estados miembros más pequeños, y tenemos que esforzarnos por que no haya una Europa de dos categorías en la que los Estados miembros mayores dirijan la Unión Europea a expensas de los Estados miembros más pequeños. 
Tenemos que proteger también la diversidad cultural y lingüística de nuestros países. 
Señor Presidente, señor Presidente Prodi, señor Presidente Moscovici, en Biarritz, es precisamente la Carta de los derechos fundamentales la que da las soluciones a los problemas institucionales. 
Sin duda, este texto es trivial en apariencia, pero toma mucha fuerza a la luz de los acontecimientos de hoy. 
Por ejemplo, en el preámbulo, proteger la dignidad humana y la libertad, eso es Palestina. 
Y en el artículo 21, sobre todo en nuestros quince países, preocuparse por la discriminación en función de la religión o del origen étnico, mientras se dispara a pequeños de doce o trece años como a conejos precisamente a causa de su religión, es entre nosotros un exceso de lenguaje, si no un insulto a esos adolescentes que encuentran verdaderamente la discriminación y la muerte. 
Es preciso por tanto tener sentido de la medida, el sentido de la proporcionalidad del artículo 48 de la Carta, antes de hablar aquí y allá como privilegiados de los derechos humanos. 
Es además ese sentido de la medida el que, en Niza, da soluciones, ya que, finalmente, puede ampliarse la Unión, por ejemplo a la Polonia de Copérnico o de Juan Pablo II, incluso más tarde a la Rusia ortodoxa, centinela oriental del mundo cristiano; se puede hacer sin alterar demasiado las reglas de funcionamiento. 
Basta con aplicar los principios filosóficos de la Carta. 
Así, en nombre del respeto por la identidad nacional considerado en el preámbulo, es necesario un Consejo de Ministros que decida por unanimidad sobre la libertad esencial de las naciones. 
En nombre del respeto por la igualdad de los hombres, agrupados en Estados, es preciso al menos un comisario por Estado en el seno de la Comisión. 
Y, finalmente, en nombre de la prohibición de las discriminaciones que contempla el artículo 21 de la Carta, no puede haber una Unión a dos o tres velocidades porque los miembros de una misma familia, en la casa europea, avanzan juntos hacia el futuro sin dejar a nadie atrás. 
Esto es lo que exige la Carta. 
No comencemos a violarla antes incluso de haberla aplicado. 
Señor Presidente, oyendo los comentarios de estos últimos días, podría creerse que no sucedió nada importante el pasado 28 de septiembre. 
Sin embargo, me parece que Dinamarca acaba de darnos una lección de democracia. 
El pueblo danés ha aprovechado la ocasión que se le ha brindado para enviarnos una señal importante, y debemos agradecérselo. 
Al decir no, los daneses han mostrado que no se puede construir Europa sin, ni contra, aquellos que la viven en lo cotidiano. 
Han mostrado que la Europa actual lleva un camino equivocado. 
En efecto, en lugar de ser la Europa de todos, tiende a ser la Europa de unos pocos. 
Sin embargo, no caigamos en la caricatura. 
No se es antieuropeo porque se haya dicho no a un modelo europeo. 
Es preciso que los dirigentes europeos, en vísperas de Biarritz, comprendan bien el mensaje que se les ha enviado. 
Por encima del no danés, se trata de una llamada para una verdadera Europa de las diferencias, basada en el respeto por los pueblos y por su diversidad, ésa es la verdadera riqueza de Europa. 
Es ese derecho a la diferencia y al respeto el que debe sustentar cualquier debate institucional, sobre todo en Biarritz. 
Esto es vital para evitar la deriva actual de la Europa que se busca entre la armonización y la uniformización, tan mal percibida con toda razón por los europeos. 
Desafortunadamente, ésa es la vía que la Conferencia Intergubernamental parece querer seguir, focalizándose en la extensión de la mayoría cualificada. 
El medio ambiente, por ejemplo, no estará mejor protegido porque se haya querido imponer una política que ignore las realidades económicas y las necesidades de la población. 
Por tanto, aprovechemos los debates actuales de la CIG para redefinir por fin un sistema que alcance sus límites. 
La voluntad actual de ampliar las votaciones por mayoría cualificada no acercará Europa a los ciudadanos. 
Dejará de lado, al contrario, a aquellos que no se acomoden al pensamiento único. 
Esta tensión interna no reforzará a Europa en las negociaciones internacionales. 
¿Hacia una Europa de cuántas velocidades pretenden llevarnos? 
Hay muchas pistas que explorar. 
He aquí algunas. 
Sería necesario por ejemplo aceptar y promover la subsidiariedad. 
Europa ha de limitar sus competencias a aquellas que los Estados no puedan asumir de forma eficaz ellos solos. 
El principio de libertad de circulación de bienes y personas debe favorecer los intercambios y el descubrimiento de otras culturas, de otros modos de vida, y no uniformizarlo todo. 
Sería necesario dar de nuevo la palabra a la política. 
Sería necesario dar de nuevo la palabra al pueblo. 
Como conclusión, necesitamos escuchar y respetar más a los pueblos, intentar comprender por qué los ciudadanos se alejan de esta Europa. 
Señor Presidente, "nel decimo anniversario dell ' unificazione tedesca", como ha dicho el Sr. Prodi, la Cumbre de la Unión Europea tendrá lugar en el país vasco, un país hecho pedazos. 
La parte meridional, regida por el Gobierno español, está dividida en dos regiones autónomas: Navarra y la denominada Euzkadi. 
La parte septentrional, regida por el Gobierno francés, no tiene ninguna identidad oficial a pesar de la clara voluntad de dos terceras partes de los ciudadanos y representantes electos, que quieren que haya un département vasco para ellos. 
No entiendo cómo la Unión Europea puede reunirse en Biarritz para anunciar una nueva declaración de derechos fundamentales para ciudadanos europeos cuando los derechos más elementales del pueblo vasco, que son el idioma y la libre administración, se niegan abiertamente. 
Sr. Prodi, nosotros, los vascos, ¿podemos vivir en Europa sin nuestro telón de acero interno?. 
Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras, como las de otros oradores que me han precedido, sean para felicitar al Presidente Prodi por su intervención. 
Los aplausos que la han rubricado muestran bien a las claras que cuando se tiene un objetivo político preciso se puede contar con el apoyo de este Parlamento. 
También quiero felicitar al Sr. Moscovici. 
El Sr. Moscovici ha hecho una espléndida presentación del tema en el que me voy a centrar, y a nadie le extrañará que me centre en la cuestión de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Ha hecho una espléndida intervención hasta el minuto final. 
En el minuto final ya no he entendido al Sr. Moscovici. 
¿Por qué he dicho que ha hecho una extraordinaria intervención? 
Porque ha reconocido algo de lo que todos estamos satisfechos. 
El método de la convención ha funcionado y la verdad es que ha sido casi milagroso. 
A mí me ha sorprendido menos, pero algunos de ustedes dirán que un buen democristiano que no cree en milagros no es un buen democristiano. 
Por lo tanto, yo creo en milagros, y la convención ha sido un milagro. 
El hecho de que, en diez meses, representantes personales de los gobiernos, diputados europeos y diputados nacionales, junto con la Comisión, nos hayamos puesto de acuerdo sobre una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, parecía un objetivo inalcanzable. 
Sin embargo, lo hemos conseguido, y creo que esa es una espléndida noticia para la Unión Europea. 
Espléndida hoy que celebramos el décimo aniversario de la unificación alemana, espléndida hoy que estamos a pocos años vista de una gran ampliación de la Unión. 
Por tanto, el método ha funcionado, y también el contenido de la Carta. 
El Sr. Moscovici lo ha dicho con palabras muy expresivas. 
El contenido de la Carta es bueno. 
El Presidente Guterres nos dijo en el Consejo Europeo de Feira: "No se preocupen ustedes por el valor jurídico, concéntrense en el contenido de la Carta, hagan una buena Carta". 
La hemos hecho. 
No he leído críticas al contenido de la Carta. 
Los oradores que me han precedido han hablado bien de la Carta porque es una buena Carta que concilia los derechos clásicos del siglo XIX con los derechos modernos del siglo XXI. 
Es una Carta para los ciudadanos, que han intervenido muy activamente en su elaboración. 
Aquí se ha dicho, ésta ha sido una Carta de realidad virtual. 
Ahora nos encontramos con que, de una Carta que ha sido elaborada con un método original y cuyo contenido es bueno- y llego a la última parte de la intervención del Sr. Moscovici -, ahora se dice: vamos a proclamarla y vamos a esperar a ver qué pasa en el futuro. 
El argumento que nos da el Presidente en ejercicio del Consejo es que existe el riesgo de que la Carta no sea aceptada por todos los Estados miembros como jurídicamente vinculante. 
Es verdad, es un riesgo. 
Pero creo que las cosas están cambiando, señor Moscovici. 
Creo que al principio había muchos gobiernos que tenían serias dudas, pero ahora han cambiado. 
Y hay algunos- el Gobierno español ha sido muy claro estos días- que están a favor de la inserción de la Carta en los Tratados. 
Pero aun admitiendo que lo que usted dice sea cierto, que hay Gobiernos que no quieren dicha inserción, yo le digo con toda claridad que los ciudadanos de Europa y los miembros de este Parlamento tenemos derecho a saber qué gobiernos no quieren insertar la Carta en los Tratados. 
Tenemos derecho a saberlo, a que se nos diga quiénes son los que no quieren la Carta en los Tratados. 
Por eso, señor Presidente del Consejo, le animo a que siga los propósitos de un antecesor suyo en otra convención y que la Presidencia francesa tenga de l 'audace, encore de l' audace et toujours de l ' audace. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señorías, el Presidente de la Comisión acaba de decirnos que no puede haber subsidiariedad de la democracia. 
Quisiera responderle que tampoco puede haber subsidiariedad de los derechos humanos. 
Ahora bien, desde este punto de vista, nuestra Unión era un poco huérfana hasta ayer. 
Porque, para que el valor de los derechos humanos, que es el de la Unión Europea, sea nuestro, aún era necesario que dispusiéramos de un texto, de una Carta, para verificar su contenido. 
Esta Carta es en primer lugar la de los que viven en la Unión Europea, y creo que también lo es de todos aquellos que se nos quieren unir. 
Se trata de una señal política extraordinariamente fuerte y deseo señalar su importancia. 
Porque, mientras mencionamos los criterios de Copenhague, en ocasiones son un poco limitados cuando se trata de los derechos de la persona. 
Creo que ahora se trata de una dificultad superada. 
Se nos dice que Europa va mal. 
Sin embargo, ¿cómo responder a la pregunta de "qué queremos hacer juntos" si no tenemos al menos una Carta de esta condición? 
Creo que se trata de una etapa importante. 
Cuando 62 personas, llegadas de diferentes horizontes, a veces rivales, elaboran en nueve meses un texto único, mediante consenso, ante la mirada omnipresente de la sociedad civil, veo en ello sobre todo un signo de salud política de nuestra Unión, algo por lo que hemos de felicitarnos. 
Se ha dicho que el mandato de Colonia era limitado. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno no nos facilitaron la tarea: un mandato en el marco del cual no teníamos derecho a inventar nuevos derechos, en el marco del cual no debíamos desarrollar ninguna competencia de la Unión, y que algunos han querido interpretar como la única autorización para volver a copiar algunos artículos del Convenio europeo de derechos humanos. 
Creo que, como fieles servidores de este Parlamento, hemos utilizado el mandato, todo el mandato, pero no sólo el mandato, y sólo puedo alegrarme por ello. 
La Carta está ahora a disposición de todos, es legible y clara. 
Pero creo que comporta también avances importantes, incluso en relación con los textos actuales. 
Sólo podemos alegrarnos por ello, sentirnos orgullosos y defenderlo hoy. 
Con respecto al contenido, aunque sé que tendremos ocasión de volver sobre él en nuestro debate de noviembre, quisiera insistir ahora en algunos puntos. 
Por primera vez se reconoce en un documento internacional la indivisibilidad de derechos; hoy tenemos la prueba de que esto es posible, y sucede en el ámbito de la Unión Europea; creo que podemos una vez más sentirnos orgullosos. 
Por otra parte, por primera vez tenemos un texto que reconoce la neutralidad de los géneros. 
Para una francófona, en cualquier caso, es un gran motivo de satisfacción, pero creo que no es únicamente el caso de los francófonos. 
Hace unos momentos dije que esta Carta reconoce derechos nuevos. 
Desde este punto de vista, se trata de un texto moderno, que reconoce derechos en ámbitos como la biotecnología, la protección de datos, el medio ambiente, la buena administración. 
Por otra parte, creo que la estructura misma de este texto, y usted lo ha señalado, señor Ministro, es original, nueva. 
Ya no se hablará más de los derechos de la persona de la misma manera, porque ahora el primer derecho, el derecho fundador, es el derecho a la dignidad. 
Siguen otros en una hermosa articulación de la que de nuevo me siento orgullosa: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia. 
Los derechos económicos y sociales encuentran plenamente su lugar, pero no únicamente en el capítulo de la solidaridad. 
Se los encuentra en todo el texto. 
Están en el capítulo de la libertad, en el de la igualdad, y es bueno que esto sea así, porque es una verdadera promoción de estos derechos económicos y sociales. 
Y además, está el derecho a la buena administración. 
Creo, señor Presidente de la Comisión, que debe ser especialmente sensible con éste. 
Se trata de un derecho que hemos incluido en el capítulo ciudadanía. 
No es sólo para los ciudadanos, sino para cualquier persona. 
En cierto modo hemos ampliado, desarrollado, la noción de ciudadanía que incluían nuestros Tratados y que hasta el momento no tenía ninguna expresión concreta. 
Me parece que la redacción de esta Carta constituye un progreso importante que habremos de apoyar y explotar. 
Unas palabras sobre el método. 
Muchos lo han dicho antes que yo, supone que el proyecto de Carta actualmente sobre la mesa sigue como tal, o que se pida a la Convención que lo vuelva a trabajar. 
Pero antes de su proclamación, me parece que sólo la Convención debería poder modificar tal o cual punto si por cualquier razón se considerase indispensable. 
Recuerden, no habíamos intentado lanzar un proceso tan original desde los cimientos de Roma. 
Pero la diferencia es que en esta ocasión, a mi juicio, el método ha funcionado plenamente. 
No prohíbe a los Jefes de Estado y de Gobierno enviar sus consignas, hacer trabajar entre sí a sus representantes, pero lo hacen con transparencia, ante la mirada vigilante de todos los socios que, comenzando por el Parlamento, han demostrado hasta qué punto, en un proceso de este tipo, ejercen sus responsabilidades con una voluntad de llegar a buen término y lograr un resultado interesante para todos. 
Finalmente, una palabra sobre la integración. 
Se ha dicho mucho sobre este tema y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, acaba de decirnos hasta qué punto la Conferencia Intergubernamental está comprometida en la modificación del artículo 7. 
Me parece que no se puede no abrir el debate y no preguntarse sobre el estatuto de esta Carta. 
Se produciría una paradoja si se hiciera un objeto jurídico no identificado, en el momento en el que constatamos diariamente la necesidad de validar un proceso fundador en torno a nuestros valores. 
Se produciría una paradoja si en Niza convocara usted una nueva Conferencia Intergubernamental que tuviera por objeto la simplificación de nuestros Tratados, la puesta en marcha eventual de un proceso constituyente y la integración de esta Carta en un momento o en otro en nuestros Tratados pero que, esperando el resultado de esta hipotética CIG, siguiéramos en estas condiciones con nuestro Tratado. 
¿Qué dice hoy nuestro Tratado? 
Su artículo 6 basa los principios en los que está fijada la Unión Europea: remite a nuestras tradiciones constitucionales y al Convenio europeo de los derechos humanos. 
Podemos aceptar, esperando la integración de la Carta en el Tratado, un Tratado que no remita más que al Convenio europeo de los derechos humanos, mientras todas las instituciones de esta Unión se han puesto de acuerdo para trabajar en la elaboración de esta Carta, que es una hermosa Carta que ningún jurista podrá ignorar. 
Señor Presidente, ¿qué va a hacer Biarritz con la Carta? 
Va a aclarar su significado por medio de una proclamación. 
¿Qué es una proclamación? 
Quizás es una copa de champán y la música de un cuarteto de cuerda, quizás sea el primer cimiento de la Constitución europea, pero todo eso hay que aclararlo. 
No se usa a los Parlamentos para proclamar cosas. 
En segundo lugar, Biarritz debe reconsiderar la cuestión de la firma del actual Convenio Europeo por la Unión Europea. 
En tercer lugar, debe considerar la futura revisión y un procedimiento para revisar en el futuro las cláusulas de la Carta. 
Por último, debe pedir a la Comisión que lance una amplia campaña para informar al público acerca de este gran proyecto. 
Señor Presidente, quiero dirigir unas palabras al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi. 
Sobre su discurso sólo puedo decir ¡por fin!. 
Al igual que otros muchos aquí, he esperado mucho tiempo oír estas claras palabras. 
Señor Ministro Moscovici, el Parlamento Europeo ha subrayado desde un principio la exigencia de incorporar la Carta de Derechos Fundamentales a los Tratados, convertirla en jurídicamente vinculante y abrir la vía del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en caso de violación de la misma. 
Esta exigencia no supone una exigencia política cualquiera. 
Se deduce necesariamente de la naturaleza del asunto, de la esencia de los derechos fundamentales, y responde a las expectativas, a las exigencias de los individuos. 
¿Podemos proclamar seriamente derechos sin consagrarlos como tales? 
¿Podemos proclamar seriamente derechos y a la vez negarnos a reconocer su valor jurídico? 
¿Pueden reconocerse derechos fundamentales y no conceder al individuo los instrumentos y medios para defenderlos? 
Cada uno de los artículos de esta Carta ya aparece consagrado en diversos convenios internacionales, o en las constituciones de los Estados miembros, o en el Derecho Internacional Público, o en los Tratados y protocolos de la UE. 
No son nada nuevo. 
Representan la suma de 200 años de tradición de derechos fundamentales en Europa. 
La única cuestión que debe elucidarse consiste en saber si la Unión Europea y sus Instituciones se sujetan a esta tradición de derechos fundamentales del mismo modo que los Estados miembros. 
¿Es posible, señor Ministro Moscovici, que los Gobiernos teman convertir en Derecho interno de la Unión Europea, aplicable y accionable, derechos hace ya largo tiempo consagrados? 
¿No reconocerían el Consejo Europeo y los Gobiernos de los Estados miembros ante todo el mundo que consideran que todos estos convenios internacionales celebrados hace ya décadas no son más que declaraciones de buenas intenciones sin relevancia jurídica? 
¿No se despertaría así en los individuos la sospecha de que el Consejo Europeo y los Gobiernos de los Estados miembros han intentado excluir el ámbito de la cooperación intergubernamental de la Carta de Derechos Fundamentales y proteger su propio poder y su plenitud de poderes de los principios del Estado de Derecho, de los controles jurisdiccionales y de la regulación de derechos fundamentales? 
¡Esa es la sospecha que así se aviva! 
Señor Ministro Moscovici, es un tanto grotesco que los Jefes de Estado y de Gobierno quieran proclamar derechos de defensa ante el Estado. 
Corresponde al Parlamento promulgar derechos fundamentales y consagrarlos como tales derechos. 
Pero creo que los Gobiernos y el Consejo Europeo harán bien en considerar que el voto del Parlamento a favor del carácter vinculante y de la incorporación a los Tratados constituye el argumento más poderoso y en atenerse a esta exigencia. 
Señor Presidente, debo decir que la aprobación ayer en Bruselas del proyecto de Carta de Derechos Fundamentales fue una ocasión conmovedora. 
En mi condición de miembro del Convenio debo reconocer que en los últimos diez meses albergué muy duras de que este proyecto acabase por cuajar. 
Pero el trabajo ya ha llegado a su fin y quiero- si usted lo permite- agradecer sinceramente en este lugar al presidente de nuestra delegación, el Sr. Méndez de Vigo, por su labor personal. 
La Carta de Derechos Fundamentales constituye, efectivamente, un importante proyecto político para el futuro de la Unión Europea. 
Da transparencia a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas frente a los órganos e Instituciones de la Unión Europea, y colma así una laguna en la protección de los derechos fundamentales del hombre. 
El texto que tenemos ante nosotros supone, sin duda alguna, un delicado compromiso político entre los diferentes intereses de los quince Estados miembros, entre los diferentes partidos políticos y fuerzas de la Unión que defienden conceptos sociopolíticos y valores diferentes, y por ello el texto de la Carta tiene tanto aciertos como fallos. 
A mi juicio, se produce un desplazamiento del equilibrio en detrimento de los derechos fundamentales de carácter social. 
Se ha pretendido en vano reconocer un derecho a un salario justo, si bien así se había estipulado por todos los Estados miembros en la Carta Social Europea de 1961. 
Medio ambiente y protección de los consumidores: no se reconocen derechos individuales de los ciudadanos y ciudadanas; también es de lamentar que no se haya consagrado el derecho de asilo como un derecho individual para los nacionales de terceros Estados. 
Por otro lado, también aprecio las virtudes de la Carta. 
La protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas se ajustará a la que brinda la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, e incluso garantizará una protección más amplia. 
Se recoge el derecho de huelga, de objeción de conciencia, y me alegra en particular que la plena equiparación de hombres y mujeres haya encontrado también acogida en la Carta. 
Me adhiero a lo manifestado por los anteriores oradores y oradoras. 
Desde mi punto de vista, el acuerdo de Colonia debe ser corregido. 
Es necesario que en Biarritz se dé una señal política en un doble sentido: en primer lugar, en la Unión debe abrirse un amplio debate público sobre la Carta, en el que deben participar los ciudadanos y ciudadanas. 
En segundo lugar, es necesario que se adopte un acuerdo para que la Carta pase a formar parte de los Tratados. 
No obstante, en mi opinión, esta cuestión debe ser decidida por los ciudadanos y ciudadanas. 
Por ejemplo, podría celebrarse un referéndum en todos los Estados miembros con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, para preguntar a los ciudadanos y ciudadanas si la Carta debe integrar o no los Tratados. 
Señor Presidente, con su referéndum de la pasada semana sobre el euro, los daneses han dicho no a la Europa de la integración, no a la Europa del superestado, pero sí a una Europa diferenciada, sí a una Europa respetuosa con las democracias nacionales. 
El Consejo de Biarritz, y dentro de tres meses el de Niza, que van a reflexionar sobre las instituciones europeas, ha de extraer una conclusión de máxima importancia. La respuesta a la ampliación ya no es más supranacionalidad, más poderes vinculantes a Bruselas para todos los miembros de la Unión o incluso solamente para algunos agrupados en un núcleo duro. 
Segunda lección, para los franceses en este caso, y sin duda para otros pueblos. 
Mis compatriotas adoptaron la moneda única en 1992 porque se les dijo que era posible en un superestado. 
Ahora bien, esto es falso. Se ve bien en la actualidad con la caída del euro. 
Los franceses deliberaron en 1992 sobre la base de informaciones falsas. 
A la vista de la experiencia, es preciso que deliberen de nuevo, pero en esta ocasión con un expediente honesto y completo. 
Señor Presidente, Señorías, como el Presidente Prodi recordará, los radicales italianos votaron en contra de su investidura el año pasado. 
No sé si habríamos hecho lo mismo si usted hubiera pronunciado entonces el discurso que hoy ha pronunciado ante el Parlamento Europeo. 
Usted ha sacado a la luz- y se lo agradezco- todas las disfunciones que se han ido acumulando en el proceso de construcción europea y las que pueden producirse en Niza si prevalecerá el método y el espíritu que, lamentablemente, han caracterizado las últimas Conferencias Intergubernamentales. 
El Sr. Enrique Barón tenía razón en recordarle que usted fue uno de los primeros firmantes del Tratado de Amsterdam que instituyó la figura de Mister PESC, y yo añado que fue precisamente su Gobierno uno de los más tenaces defensores de la nueva y anómala figura jurídica, sin perjuicio de los méritos personales del Sr. Solana. 
Por esto, es aún más apreciable su denuncia de hoy del método intergubernamental que el Parlamento no ha dejado nunca de considerar como una de las causas principales de la debilidad de Europa no solo a nivel interno, sino también en el ámbito internacional. 
De este paso, señor Moscovici, no conseguiremos la ampliación y en Niza ustedes podrán a lo sumo reabrir el ejercicio convocando a lo mejor una nueva Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente Prodi, como ya han dicho los demás oradores, es necesario que la Comisión vuelva a desempeñar con fuerza su papel de motor de la integración europea y usted, hoy, ha trazado sus grandes líneas. 
Continúe con este espíritu, haga oír con fuerza su voz tanto en Biarritz como en Niza, inspírese en las razonables y sensatas posiciones del Parlamento Europeo con respecto a este punto, y estoy seguro de que este Pleno no le hará faltar su respaldo y su apoyo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, las preguntas que el colega Napolitano ha formulado al Consejo y a la Comisión, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, revelan una idea de la Carta que, desgraciadamente, nuestro Grupo no comparte. 
La adopción de esta Carta no resulta en absoluto necesaria para lograr una mayor protección de los derechos humanos en Europa. Así lo reconocen también expertos en el ámbito del derecho constitucional europeo. 
Si la Carta formara parte de los Tratados, sería a costa de la autoridad del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Esto daría lugar, a largo plazo y con bastante seguridad, a una lucha competencial y a un conflicto de intereses entre la Unión Europea y el Consejo de Europa. 
Una Carta jurídicamente vinculante no sólo no es necesaria, sino que incluso resultaría perjudicial para el mantenimiento de los derechos fundamentales. 
Basta, ahora y después, con que la Unión Europea suscriba el Convenio Europeo de Derechos Humanos para que se protejan de forma efectiva estos derechos fundamentales en Europa. Con ello, creamos realmente, además, un control externo sobre las instituciones de la Unión Europea. 
En lo que a nosotros respecta, la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos podría ser una de las materias que negociaran los Estados miembros en el marco de la CIG. 
En nuestra opinión, las negociaciones sobre la Carta no son necesarias. 
Esto se aplica tanto más, al examinar el texto de la Carta. Éste deja claro que la Carta solamente es adecuada para funcionar en un estado europeo único. 
En tanto Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, realmente esperamos que ese estado federal nunca se alcance. 
Es para mí un motivo de alegría que tras el levantamiento de las sanciones haya vuelto la normalidad a la Unión, abstracción hecha de algunas excepciones que no se preocupan por ello. 
Por tanto, puedo abordar con una mejor disposición el tema de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Pueden sostenerse opiniones distintas de las reflejadas en el texto elaborado; pueden tenerse por más o menos satisfactorias; puede considerarse que su contenido es insuficiente, habida cuenta del enorme esfuerzo realizado, pero sí se puede constatar una cosa de manera objetiva: no se alcanzará el auténtico objetivo de esta Carta en tanto no se le atribuya carácter vinculante. 
En tanto no ocurra esto, la Carta no será más que una declaración de buenas intenciones. 
Está aun por ver si una nueva Convención sería el instrumento necesario para la tarea, mucho más compleja, de elaborar una constitución europea. 
Naturalmente, debe acogerse con satisfacción la inclusión de los parlamentos nacionales en estos trabajos. 
Personalmente, me parece dudoso que con una participación tan amplia puedan obtenerse resultados razonables en esta cuestión tan difícil. 
En lo que respecta a Biarritz, me permito señalar que no hay mucha distancia desde allí hasta Niza, y sobre todo ya no queda mucho tiempo. 
Sobre todo, está por ver si en Niza los Estados miembros serán capaces de convenir en un nuevo tratado. 
Me parece juiciosa la posición de la presidencia francesa de renunciar a un nuevo tratado antes de acordar un mal tratado. 
No obstante, las opiniones acerca de que sea un buen o un mal tratado son complemente divergentes. 
Además, la presidencia francesa no se libra de las críticas de los principales diplomáticos europeos por su forma de dirigir las negociaciones. 
Sin embargo, precisamente de la actitud de la presidencia francesa dependerá si, sobre todo, los pequeños Estados miembros se llevarán la impresión de que en las negociaciones en el seno Conferencia Intergubernamental se atribuye a sus planteamientos y consideraciones una menor importancia que a los de los grandes. 
Señor Presidente, esta Carta es una buena operación para todo el mundo y, principalmente, creo que para este Parlamento. 
Veo en ella tres ventajas. La primera ha sido el método elegido, el método de la Convención, por esa juiciosa mezcla con las legitimidades nacionales y europeas, aunque haya habido un cuarto ladrón como señalaba el Comisario Vitorino. 
Los tres mosqueteros eran cuatro, pero permitieron efectivamente poner en marcha un método que debería servir de nuevo para hacer avanzar los asuntos en el seno de la Unión Europea. 
La segunda ventaja es el trabajo en el seno de la Comisión. Hay que rendir homenaje al Sr. Méndez de Vigo por el trabajo que ha realizado. 
Se ha podido ver principalmente el peso principal que ha tomado en todo caso la delegación europea, sobre el tema de las enmiendas que han sido aceptadas. 
Tercera ventaja, un Parlamento ha de alegrarse por este buen trabajo parlamentario. 
La calidad de quienes han intervenido antes que yo me lleva a pasar rápidamente por el tema, pero es cierto que existe un verdadero valor añadido. 
Ha existido un campo de aplicación respetuoso con la subsidiariedad y no era tan fácil hacer una Carta que fuera jurídicamente estable manteniéndose un poco atractiva y comprensible para los ciudadanos. 
A esta triple ventaja se opone una triple responsabilidad. 
La primera se refiere a los comentarios. 
Creo que será necesario que pasemos por encima de nuestras frustraciones inherentes a cualquier consenso de forma que hagamos, los diputados, comentarios elogiosos sobre esta Carta en lugar de apesadumbrarnos por lo que hubiéramos deseado que figurase. 
La segunda responsabilidad es la de la adopción de la Carta. 
Deseo que este Parlamento pueda aprobar en noviembre, con toda la solemnidad necesaria, la Carta de los derechos fundamentales, porque es tradicional que los guardianes de las libertades públicas sean los parlamentos, y el Parlamento Europeo ha de aprovechar la ocasión para demostrarlo. 
Finalmente, tercera responsabilidad: está en el seguimiento de esta Carta y hemos de dar prueba de tenacidad. 
Hemos votado por una amplia mayoría una resolución que solicita la integración de esta Carta en los Tratados. 
Sé perfectamente que la barca está cargada en Niza, y no estoy convencido de que sea buena política pedirlo desde Niza. 
Lo que podemos pedir en Niza es un calendario muy preciso para la integración a plazo de esta Carta, aunque, los juristas lo confirman, creo que producirá, en el momento en que la aprobemos y la proclamen los Jefes de Estado y de Gobierno, efectos jurídicos, ya que nada impide al Tribunal de Justicia remitirse a ella. 
Tenemos por tanto un texto, después de todo, que tendrá un gran valor en el interior de Europa, muchos han tenido que señalarlo. 
Para el ciudadano supone un "plus". 
Personalmente, me alegra pensar que podría tratarse del preámbulo futuro de una constitución que falta. 
Finalmente, con respecto al exterior, creo que los derechos humanos son el verdadero mensaje de Europa. 
Tenemos ahí un vademécum europeo que transmitir a nuestros socios en círculos concéntricos. 
En primer lugar a aquellas y aquellos que desean unirse a nosotros y después a aquellas y aquellos con los que mantenemos negociaciones. 
Señor Presidente, agradezco al Presidente Prodi su fuerte discurso que refleja una gran visión que muchos de nosotros compartimos. 
Comparto asimismo lo que se ha dicho acerca del valor innovador de la Carta de los Derechos que consagra la indivisibilidad de los derechos fundamentales y supera las tradicionales divisiones entre derechos civiles, derechos económicos y sociales, y derechos de nueva generación, una Carta que consagra la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la actividad humana. 
Hoy, sin embargo, la Carta es esencialmente un símbolo, el símbolo de la transición de la Europa de mercado a la Europa política, de la Europa de los Estados a la Europa de los ciudadanos. 
La Unión Europea formada por pueblos y naciones diferentes que quieren seguir siéndolo por tradiciones, lenguas y religiones, no basa su identidad en la pertenencia a la misma etnia, a la misma tierra y a la misma sangre, sino en el hecho de compartir los mismos principios y los mismos derechos fundamentales de las personas. 
Éste es el modelo de civilización europea que, después de siglos de sanguinarios conflictos, nos ha garantizado una paz duradera entre nuestros pueblos, y son esta paz y este modelo social que ofrecemos a los países candidatos, a los que no les pedimos que compartan tradiciones y creencias, sino que acepten las mismas reglas que salvaguardan la libertad y la dignidad de cada uno de nosotros. 
La originalidad del método seguido a la hora de elaborar la Carta, como se ha dicho justamente, ha producido sus frutos rápidamente, gracias a la participación de los representantes de los pueblos y de los Gobiernos, a la concertación entre todos los interlocutores de la sociedad civil que han querido que se oyera su voz, a la transparencia y a la colegialidad de su labor, a la disponibilidad a escuchar posiciones distintas y la aceptación de compromisos dignos. 
Las agotadoras negociaciones semisecretas o reservadas, propias del método intergubernamental, no producen los mismo frutos. 
Ahora bien, este texto simbólico es una piedra angular del proceso de constitucionalización de la Unión Europea- porque, en mi opinión, la Constitución de la Unión no surgirá de un solo acto en un momento determinado, sino de la progresiva consolidación de las Instituciones comunes y de la definición de reglas fundamentales compartidas- y debe convertirse en un Derecho concretamente aplicable. 
Los Tratados han convertido a la Unión en un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Esto no puede quedar desprovisto de la obligación de respetar los derechos fundamentales enunciados claramente. 
Los Estados, titulares de los Tratados, tienen la obligación de establecer este vínculo atribuyendo adecuadamente a la Carta un valor jurídico. 
La Carta que constituye el alma de la Unión no puede permanecer en el limbo durante mucho tiempo, sino que debe descender al cuerpo de las normas vigentes. 
Los Gobierno deben tomar en serio los derechos de las personas, conferirles eficacia y vigor, y dar un contenido real a la ciudadanía europea. 
Sólo así los ciudadanos tomarán en serio a Europa y la considerarán su Casa común. 
Señor Presidente, la Cumbre de Biarritz indica que pasamos al segundo tiempo en el empeño por conseguir un nuevo Tratado. 
Desgraciadamente, el partido hasta ahora no ha sido muy interesante y no ha habido goles. 
Los ciudadanos europeos esperan impacientemente los resultados. 
En los países candidatos se esperan señales que indiquen que el camino que lleva a la Unión será, a pesar de todo, más corto. 
En los países miembros esperamos que el Consejo de Ministros demuestre coraje político y voluntad para reformar realmente la actual cooperación. 
Hoy resulta difícil comprobar la existencia de tal voluntad. 
Las negociaciones sobre el nuevo Tratado se desarrollan en ámbitos demasiado cerrados. 
Por eso la Presidencia francesa tiene una gran responsabilidad en que se alcancen verdaderos resultados en Niza; el nuevo Tratado deberá realmente sentar las bases de una Unión con nuevos miembros. 
Hay que solucionar los asuntos institucionales y otorgar un claro mandato para la continuación del trabajo en torno a la creación de una Constitución clara y a favor de los ciudadanos. 
La Carta deberá formar parte de esta Constitución; espero que en Biarritz se den señales en este sentido. 
A los liberales nos resulta evidente, cosa que debe quedar totalmente clara, que la actual Conferencia Intergubernamental tiene que ser la última antes de la incorporación de nuevos miembros. 
No se debe aludir a la existencia de materias no resueltas respecto al futuro del proyecto europeo para prolongar aún más nuestra tarea histórica de unir Europa. 
La UE nunca estará lista, pero en las futuras discusiones tienen que participar activamente los países candidatos. 
El método de realizar congresos quizá sea más adecuado que el de las conferencias intergubernamentales organizadas hasta hoy. 
Hay muchas esperanzas cifradas en la Cumbre de Biarritz. 
Es hora de hacer algunos goles para mantener la esperanza y el interés durante todo el partido. 
Señor Presidente, considero que a veces el lenguaje del cuerpo es más fuerte que las palabras, pero espero que la actitud distraída y condescendiente con la que el ministro Sr. Moscovici ha seguido nuestro debate no represente la actitud del Consejo que hoy preside. 
Sé bien que no es así y espero que aquellos Estados que hoy habrían recibido con alivio y entusiasmo la declaración del Presidente Prodi sepan actuar, desde ahora hasta la Cumbre de Niza, de tal manera que sea posible convertirla en un verdadero éxito. 
Quisiera emplear unas palabras acerca de la valoración del método de la convención. 
Es verdad, es mejor que una Conferencia Intergubernamental, pero- atención, Señorías- también la convención se ha visto obligada a alcanzar un consenso sobre cada palabra y al final, especialmente en su parte conclusiva, hemos asistido a una especie de Conferencia Intergubernamental II, con nuestro praesidium que debía negociar con los Estados y no con los diputados, o no sólo con los diputados. 
Por lo tanto, creo que una vez más el problema de la unanimidad no sólo con respecto al resultado final, sino con respecto a cada una de las partes de la Carta, es una gran limitación en lo que a la valoración del contenido de la misma Carta se refiere. 
Señor Presidente, el Presidente Prodi se ha referido al referéndum de Dinamarca. 
Muchos europeos se preguntan sobre la situación de la Unión, sobre sus objetivos e incluso el sentido de su construcción. 
Decimos crisis de confianza con respecto a las instituciones, creo que es una crisis de confianza que se debe principalmente al desfase entre las expectativas sociales y la incapacidad para responder a ellas. 
Cuando el crecimiento se ha desarrollado, las desigualdades se han hecho cada vez más insoportables. 
La exigencia de un reparto equitativo ha aumentado aún más. 
También existe una expectativa fuerte de concertación, de transparencia, de debate público. 
Es preciso escuchar más. 
A pesar del método, que saludo, la Carta de los derechos fundamentales que debía servir de pedestal social de la Unión Europea no me parece que esté a la altura de las expectativas ni de las ambiciones. 
A pesar de las modificaciones positivas aportadas en la última versión producida por la Convención, el desfase sigue siendo grande entre la inversión de las asociaciones de ciudadanos, sus esperanzas y los resultados actuales. 
Debo añadir también que hay muchas ambigüedades en esta Carta. 
Aún hay tiempo para hacerla evolucionar, y para tomar mucho más en consideración las propuestas formuladas por muchas asociaciones, sindicatos y fuerzas progresistas. 
Igualmente, la prioridad en el empleo, la lucha contra la exclusión, la formación a lo largo de la vida, objetivos declarados muy importantes, pero cuya concreción tropieza con la lógica del pacto de estabilidad, con los dogmas de la liberalización. 
Después de mi colega Wurtz, deseo decir hasta qué punto la reforma indispensable de las instituciones debe enfrentarse a la cuestión de la democratización de la Unión. 
En todas las reflexiones adelantadas se produce una falta escandalosa: ¿Cómo crear unas instituciones que permitan la participación ciudadana? 
Ésa es la condición para construir de forma duradera la Europa de los pueblos. 
Señor Presidente, mi comentario sobre la intervención del Presidente de la Comisión se resume en una sola palabra: bravo. 
Sin embargo, sabemos que las cosas van mal y, entretanto, es mejor decirlo claramente. 
Hasta ahora la negociación ha tenido un resultado decepcionante y negativo. Por lo que sabemos no ha habido ningún punto de los 75 sometidos a votación por unanimidad sobre el cual se haya alcanzado un acuerdo total y, por primera vez, en Italia, una encuesta del otro día indica que en una de las regiones más importantes, el Noreste, el consenso en el tema de Europa disminuye. 
La verdad es que Europa es como un avión que despega: o sube acelerando o cae. 
Por esto, señor Presidente Prodi, usted es el principal responsable, siga adelante hasta el fondo. 
Está obligado, como nosotros, a una coherencia absoluta, pero hay que hacer dos cosas: la primera es decir enseguida que si Niza va mal, se abre una crisis interna, incluso a costa de dimisiones de la Comisión, si fuera necesario; la segunda es decir con la misma claridad que la ampliación no se puede hacer si antes no hay una reforma seria. 
Europa corre el riesgo de caer por los compromisos y no por las crisis. 
Las crisis son saludables cuando son contrastes de ideas. 
Señor Presidente, como todos los grandes ciclistas, el Presidente Prodi esprinta en el momento oportuno. 
Éste es el sentido de la intervención de esta mañana que ha dado nuevas esperanzas. 
Fijo mi atención en dos hechos que suscitan dos estados de ánimo encontrados: la satisfacción por la convención y la tristeza por el resultado en Dinamarca. 
Dos resultados divergentes pero, en mi opinión, profundamente ligados y precursores de nuevos tiempos. 
El referendo en Dinamarca ha tenido una participación de casi un 90% de la población, un porcentaje que demuestra sin ninguna clase de duda el interés de los ciudadanos en participar en las decisiones europeas. 
El resultado que respetamos plenamente demuestra, por el contrario, que quizás los ciudadanos se sienten todavía lejos del ideal europeo. 
El problema probablemente es general. 
Debemos decir que, después de cincuenta años de vida comunitaria, falta un sentido de pertenencia a una Europa que no sea una mera expresión geográfica. 
Lo cierto es que hoy las fronteras interiores y mañana una moneda única circulante serán los emblemas útiles y necesarios que, al incidir concretamente en la vida cotidiana, contribuirán a reforzar el ideal europeo, pero no satisfarán la petición de los ciudadanos de ser escuchados y de estar mejor representados en sus intereses y, sobre todo, en sus esperanzas. 
Sabemos que los objetivos que nos hemos fijado con la Conferencia Intergubernamental actual no responden exactamente a esta exigencia, aunque la reforma de la ponderación del voto y la ampliación del ámbito de aplicación de la mayoría cualificada van en esa dirección. 
Desde hace tiempo se viene hablando de un después de Niza, de un período durante el cual las instituciones y las reglas de funcionamiento deberán reformarse más eficazmente también y sobre todo con vistas a la ampliación. 
Como muchos diputados, creo que la experiencia de la convención no debe quedar aislada y que la fórmula elegida se debe repetir con los oportunos ajustes, al objeto de que los procesos de reforma, como recientemente ha augurado el Presidente Chirac, respondan cada vez más a la exigencia de convertir en más próximas a los ciudadanos nuestras Instituciones. 
La convención ha sido un éxito para toda Europa por la fórmula elegida, por el importante resultado alcanzado y por el sentido de la responsabilidad de todos los participantes. 
Tratemos de exportar el modelo para un futuro que vea concretarse una esperanza europea. 
Señor Presidente, también yo me siento orgullosa del texto de la Carta que se presenta al Consejo de Biarritz. 
Es la primera vez que se interpreta la indivisibilidad de los derechos fundamentales, por la que se aboga en el debate internacional, desde la Conferencia sobre Derechos Humanos que se celebró en Viena en 1993. 
He defendido la inclusión de derechos sociales, económicos y culturales junto a los derechos fundamentales clásicos. 
Eso se ha logrado; no obstante, hay dos pequeños puntos negativos. 
La Presidencia no ha tenido en cuenta los deseos de la gran mayoría de la convención a fin de adoptar una remisión clara a la Carta Social modificada del Consejo de Europa. 
Creo que resulta incomprensible, pero supongo que el Tribunal de Justicia lo hará al interpretar los derechos sociales. 
En el último momento, se las han apañado con el texto del artículo relativo a las acciones colectivas y al derecho de huelga. 
No daré aquí los detalles. 
El Comisario Vitorino sabe precisamente de qué se trata. 
Espero que introduzca una corrección y una clarificación en la exposición de motivos. 
En tanto antigua negociadora sindical, estoy acostumbrada a defender los resultados de las negociaciones. 
En lo que a mí respecta, no tendrán que escuchar toda una letanía sobre los puntos que faltan o que no están lo suficientemente bien formulados. 
Opino que estamos ante una buena Carta. Debe someter todo el espectro de la política europea a las normas y principios del Estado de Derecho y del Estado del bienestar social. 
Ése era el mandato de Colonia y eso es también lo que la Carta debe hacer, sea vinculante o no. 
Por supuesto, la Carta debe introducirse en los Tratados y debe constituir la base de una futura Constitución europea. 
No obstante, algunos Estados miembros necesitan más tiempo para hacerse a la idea. 
Los más lentos amenazan con definir el ritmo, pero no hay motivo para tirar la Carta a la papelera si ahora no se logra que sea vinculante. 
Al contrario, creo que debemos encaminarnos plenamente hacia el siguiente paso. 
Por tanto, no hay que quedarse cruzado de brazos, señor Moscovici. 
La Carta debe ser un instrumento vivo, jurídico y político. 
Jurídicamente, pueden idearse otros medios que aseguren el respeto de los derechos humanos, a pesar de no estar sometidos directa e individualmente al control del Tribunal Europeo. 
Por ejemplo, el Consejo de Europa y la OIT tienen mucha experiencia en los procedimientos relativos a los informes, los comités de expertos y el acceso colectivo de los sindicatos a la justicia, y las ONGs; también de esta manera la Carta puede controlarse jurídicamente. 
Al menos igual de importante que lo anterior es que la propia Carta pueda desarrollarse como medio para implicar a la gente en Europa. 
La discusión que se ha originado tras las palabras del Comisario Verheugen respecto de un referéndum, ha mostrado dolorosamente cuán grave es la falta de comunicación entre Bruselas y los ciudadanos. 
Así mismo, el referéndum danés puede considerarse un voto de desconfianza. 
Quisiera promocionar la Carta como Carta para un amplio debate social sobre qué queremos para Europa. 
La Sra. Pintassilgo y su Comité de Sabios ya lo propusieron en 1996. 
Las ONGs y los sindicatos están dispuestos. 
Hasta el momento, han mostrado una enorme implicación en el proceso. 
Aferrémonos a ella y desarrollémosla. 
La semana pasada, los Gobiernos del Benelux propusieron en un memorándum sobre la CIG que se realice un plan orientativo sobre el futuro de Europa el año que viene, durante la Presidencia belga, en el que ese tipo de cuestiones, tales como la ubicación de la Carta, figuren en la agenda, y también la discusión sobre la reforma de las instituciones y las competencias a las que se ha referido el Sr. Prodi. 
Creo que proponer ese proyecto para el futuro de Europa bajo esa Presidencia es un calendario realista, y la Carta debe encontrar un lugar en ese plan. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, estamos atravesando un período muy importante de la historia de Europa, del planeta y no sólo de la Unión. 
La elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales, contemporáneamente a una Conferencia Intergubernamental que promoverá un gran cambio de rumbo, así como la ampliación son acontecimientos históricos que podrán marcar el comienzo de este siglo. 
Sin embargo, este nudo importante de la historia no podrá expresar todas sus potencialidades si la Carta no tendrá eficacia jurídica, si la Conferencia Intergubernamental no realizará reformas y, en consecuencia, si la ampliación correrá el riesgo de convertirse en un freno para la integración política. 
El dilema que en este momento se plantea a muchos ciudadanos que quieren una Europa política y no sólo una gran realidad comercial, es éste: ¿Si la Conferencia Intergubernamental no finalizará con las reformas deseadas, será conveniente proceder a la ampliación en cualquier caso? 
En efecto, si vamos a proceder en cualquier caso a la ampliación- lo cual es deseable- la única esperanza será la de la cooperación reforzada. 
Por lo tanto, esta última perspectiva no debe colocarse en absoluto dentro de unos estrechos límites preestablecidos sino que, aun permaneciendo en el ámbito de un marco jurídico e institucional aceptado, debe permitir a los Estados miembros que están preparados emprender el camino de una integración política más intensa dejando a los demás la posibilidad de recorrerlo cuando lo consideren más oportuno. 
Se trata de permitir que cada uno culmine su proyecto político en la Unión, en una armonía de las diversidades que, en el fondo, ya se ha experimentado como solución ganadora en la historia de la Unión Europea. 
Señor Presidente, como muchos otros diputados agradezco muy sinceramente lo que el Sr. Prodi nos ha dicho esta mañana, tanto acerca de la arquitectura de la Unión y de sus instituciones como acerca de la Carta de Derechos. 
Soy uno de los que estiman que la adopción de la Carta, aunque no sea más que una declaración, será un paso adelante positivo porque sin duda alguna culminará más adelante en una carta que sea total y jurídicamente vinculante. 
Me gustaría señalar a la atención del Parlamento y de la Comisión la cuestión que se planteará este viernes cuando tratemos de los derechos de los lettori, que son los lectores de lenguas extranjeras en las universidades italianas. 
Nos encontramos en este caso con una situación en la que los derechos que poseen los ciudadanos de la Unión han sido denegados durante por lo menos doce años. 
No vale la pena de convenir a nivel supremo en una Carta de Derechos si una persona a la que un Estado le deniega un derecho no tiene a su disposición ningún recurso eficaz. 
Por eso insistimos en que, de la misma forma que hoy hemos oído a la Comisión decir que es partidaria de la Carta, se comprometa también a proteger los derechos de ciudadanos individuales. 
Señor Presidente, la Carta de Derechos Fundamentales que se ha propuesto no implica un fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. 
Ella no agrega nada nuevo a lo que ya se contiene en la política de la UE, de los Estados miembros y del Consejo Europeo. 
Esto se deduce claramente del artículo 50 de la Carta. 
Además, desde una perspectiva de izquierdas, el texto de la Carta adolece de grandes deficiencias. 
Por este motivo debe entendérsele solamente como un intento de traspasar la responsabilidad de los derechos ciudadanos desde las instituciones actuales a la Unión Europea. 
Nos oponemos a esto. 
El único objetivo es llevar a la UE hacia la constitución de un estado federal. 
Opinamos que hay alternativas mejores, esto es, que la UE firme y se someta a la convención del Consejo Europeo en esta materia. 
Además, así se fortalecería la colaboración paneuropea en este campo; la Carta de la UE, por el contrario, podría debilitarla. 
Señor Presidente, el resultado del referéndum danés debe ser interpretado sin recurrir a falsas interpretaciones. 
El no danés no es un no aislacionista o nacionalista. 
No refleja la negativa de una mayoría de los daneses a la cooperación europea ni refleja tampoco que los daneses no hayan sido informados cuidadosamente de las circunstancias y planes de desarrollo de la Unión Europea. 
Una mayoría de los daneses, tal como hiciera en 1992 y en 1993, ha dicho no a más integración en Europa, no a una cesión de más soberanía y no a las herramientas que sirven a estos objetivos- es decir, no al euro, no a las decisiones por mayoría y no a una constitución europea. 
Permítaseme subrayar que los noes han sido emitidos por electores de todo el espectro político, también la mitad de los electores de la socialdemocracia gobernante ha dicho no. 
Nadie debe pensar que el proyecto europeo, del que hemos oído tan clara descripción al señor Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, podía convencer a los daneses y conseguir que éstos votaran a favor. 
El gobierno danés y los partidarios del sí han tratado con todas sus fuerzas cohonestar la integración y la cesión de soberanía en marcha. " 
La Unión está muerta y bien muerta " se ha dicho para tranquilizar a una población que ha sido independiente durante 1000 años. 
De haber hablado el gobierno danés con tanta claridad como lo han hecho hoy aquí el Sr. Prodi y el Sr. Poettering, los votantes del no habrían sido muchos más. 
Permítanme por ello decirles a todos ustedes: los que buscan más unión, han de seguir adelante solos, Dinamarca y todos los europeos libres que puedan celebrar referéndums, dirán no, gracias. 
Señor Presidente, la cumbre informal de Biarritz no dará lugar, ciertamente, a ningún avance. Al fin y al cabo, eso debe suceder en Niza. 
Lo que, sin embargo, sí puede hacer la cumbre es sentar las bases para Niza y, por ello, este debate tiene verdadero sentido, ya que nos permite transmitir nuestro mensaje parlamentario. 
En lo que a Biarritz se refiere, espero sinceramente que las cuestiones pendientes de Amsterdam se solucionen rápidamente. 
Respecto del número de Comisarios, nos parece suficiente un Comisario por Estado miembro. 
El Parlamento puede limitarse a un máximo de 700 diputados. 
Y, además, y éste es el punto más importante, toda la legislación de la Unión Europea debe adoptarse por mayoría cualificada y, ésta es una cuestión seria, con la codecisión del Parlamento, ya que oigo decir aquí y allá que esos dos asuntos no van unidos. 
Sin embargo, señor Presidente, también es realmente necesario que en Biarritz se vaya un poco más lejos. 
Sabemos muy bien que los Tratados actuales no bastan y que, en el futuro, será necesario desarrollar una estructura mejor y diferente para la Unión Europea, una estructura más constitucional que también deje bien claras cuáles son las competencias de los Estados miembros y cuáles pertenecen a la Unión. 
Creo que el Presidente Prodi ha dado un buen adelanto en ese ámbito. 
Señor Presidente, algo más sobre la Carta. 
He tenido el honor de poder trabajar en la misma. 
Quiero, en primer lugar, agradecer a Roman Herzog y a Íñigo Méndez de Vigo el magnífico trabajo que se ha realizado, también la forma en que siempre se han alcanzado los compromisos. 
Así mismo, el papel del Comisario Vitorino ha sido muy positivo, y el resultado es bueno. 
La dignidad de los ciudadanos, la prohibición de la pena de muerte, las libertades de los ciudadanos, la enseñanza, el trabajo y la iniciativa empresarial en todos los Estados miembros, el artículo muy ampliado relativo a la no discriminación, más amplio todavía que en el Tratado de Amsterdam, y la igualdad de trato entre hombre y mujer, no sólo en los terrenos tradicionales del trabajo, la retribución y la seguridad social, sino en todos los ámbitos de la Unión, se recogen en ella y eso constituye un avance. 
Espero con convencimiento, y pongo mucho énfasis, que alguna vez se vea una posibilidad seria de incorporar esto a los Tratados. 
Señor Presidente, para terminar, una observación final sobre la vehemencia del profesor Prodi. 
Debo decir que sus advertencias, una advertencia sincera, a fin de dejar de reforzar las eternas tendencias intergubernamentales y evitar que avancen, me han conmovido. Agravan cada vez más el carácter antidemocrático de la Unión Europea. 
El Sr. Prodi ha erigido hoy un verdadero muro contra esas acciones, espero que el Sr. Moscovici lo haya comprendido bien, y realmente también espero que esta tendencia se rompa en los Consejos de Biarritz y de Niza, y se rectifique. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi confianza en que los Jefes de Estado y de Gobierno en Niza hagan de la Carta de Derechos Fundamentales, es decir, del paquete en su totalidad, una verdadera protección de los ciudadanos. 
Nuestra declaración de derechos es la primera de este milenio. 
Es la más moderna y está concebida en el mayor territorio jurídico del mundo. 
En ella se contiene un importante mensaje a los ciudadanos y al mundo sobre los principios jurídicos en los que se fundamentan nuestros países. 
Por primera vez los representantes de los ciudadanos han participado activamente en el perfeccionamiento de la Unión Europea. 
Un modelo anticuado, lento y estrecho, ha sido reemplazado por uno democrático y eficaz. 
Nuestra identidad europea y nuestra comunidad de valores se verán fortalecidas. 
Sin embargo, la Carta tendrá efectos liberalizadores en la economía europea. 
Aumentarán las posibilidades de los individuos para crear empresas y para vivir de su trabajo. 
Se fortalecerá la protección del derecho de propiedad y de la propiedad intelectual. 
Esta protección individual es un fundamento importante de la ampliación, asunto preferente de la UE en los próximos años. 
Hoy y aquí se sientan las bases de la ciudadanía europea, que dará a los ciudadanos de los países pequeños las ventajas de los países grandes. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señorías, en pocas ocasiones la Presidencia de la Unión Europea habrá estado tan cargada de desafíos y jalonada de acontecimientos. 
Los desafíos son esencialmente la Conferencia intergubernamental y la preparación de la ampliación, evidentemente ambas vinculadas entre sí. 
En cuanto a los acontecimientos, son las dificultades que está viviendo el euro, el incremento de los precios del petróleo y, en otro plano, la esperanza por la transición hacia la democracia en Yugoslavia. 
Eso supone decir que la Presidencia francesa no tiene una tarea fácil. 
Nosotros, los representantes, tenemos al mismo tiempo el deber de estimular el progreso, a pesar de la adversidad, y de transmitir los mensajes que recibimos de la opinión pública en cada uno de nuestros países. 
Mensajes de preocupación en primer lugar ante las dificultades económicas y sociales por las que atravesamos, y ello a pesar de un crecimiento sostenido, fruto de años de esfuerzo por parte de todos nuestros conciudadanos. 
Esperamos de la Presidencia francesa de la Unión que, sobre estos temas que interesan al primer jefe de nuestros conciudadanos, se deje oír una reacción firme y unida de los Quince y permita invertir con rapidez las tendencias. 
Sin ello no podemos sorprendernos por el escepticismo, e incluso el rechazo de Europa en la opinión pública. 
Mensajes de estímulo también en lo que respecta a las negociaciones de la CIG previas a las ampliaciones de la Unión. 
Esas negociaciones sabemos que son muy difíciles y hacen temer un fracaso o un acuerdo de mínimos en Niza, lo que sería aún más grave y usted ya lo ha dicho, señor Ministro. 
El Parlamento Europeo y, a través de él, los pueblos de Europa, esperan del Consejo europeo extraordinario de Biarritz que sea la ocasión para un sobresalto, para un despertar político de los dirigentes de nuestros países. 
La política de pequeños pasos ya no se adapta a la dimensión de los desafíos a los que hemos de enfrentarnos, pero he sentido la determinación, tanto de uno como de otro, en sus declaraciones. 
Hemos de volver a dar a Europa su dimensión humana y, en este sentido, la inclusión de la Carta de derechos fundamentales en los Tratados será una etapa de máxima importancia. 
Hemos de saber organizarnos como Quince con el fin de poder recibir en buenas condiciones a aquellos países que están llamando a nuestras puertas. 
Hemos de tener, en fin, la lucidez para definir las fronteras de Europa. 
Al comenzar mencionaba los acontecimientos en Yugoslavia. 
Si solamente pudiéramos inspirarnos en el coraje y la tenacidad en la adversidad de nuestros amigos serbios, Europa progresaría más y sería más comprendida y apoyada por nuestros pueblos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, la aprobación de la Carta de los derechos fundamentales por el Parlamento Europeo es una ocasión histórica. 
La finalización de este trabajo representa, sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas, todo un hito en la historia de la Unión Europea. 
Acogemos con satisfacción el trabajo del convenio, bajo la dirección del anterior Presidente Federal, Roman Herzog. Quiero aprovecha la ocasión para dar las gracias al Dr. Ingo Friedrich, que ha dirigido los trabajos de nuestro Grupo en el Convenio. 
Una vez más, quiero preguntar con toda claridad lo siguiente: ¿Queremos crear una Carta de todos los derechos humanos inalterables e inalienables? 
¿O queremos elaborar una lista de nuestros deseos a este respecto? 
¿La formación gratuita y el acceso gratuito a una oficina de empleo es un derecho fundamental análogo al derecho a la vida o a la dignidad del hombre? 
En Alemania, la constitución de Weimar ya contenía un amplio catálogo de derechos fundamentales, que justamente por razón de su amplitud no llegó a ser más que un objetivo no plasmado legalmente en la práctica. 
Esto no puede pasar aquí. 
Queremos crear una protección efectiva de los derechos fundamentales para nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Habida cuenta de lo acontecido últimamente, creo que la cuestión del precio de la gasolina merece toda nuestra atención. 
La situación actual, insostenible sobre todo para muchos transportistas autónomos y para el sector de la agricultura, debe mejorar sin duda alguna. 
No basta con que en Versalles el Ecofin se comprometa a no reducir la carga fiscal para que poco después se desmarquen los países en los que las protestas han sido más airadas. 
La Conferencia Intergubernamental- y con ello paso al tercer asunto- sobre la reforma de las Instituciones europeas tiene un enorme importancia para el Parlamento Europeo. 
El Consejo sólo podrá adoptar una decisión por mayoría si al mismo tiempo se amplían las facultades de codecisión del Parlamento. 
Cualquier otro procedimiento entrañaría un grave déficit democrático. 
Las competencias deben delimitarse con toda claridad. 
En el artículo 87 debe incluirse el ámbito de la asistencia existencial con fines sociales culturales y caritativos, para que estas importantes instituciones puedan disfrutar de una protección duradera. 
Señor Presidente, distinguido Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, como ya se ha indicado repetidas veces en esta Asamblea, la Carta de los Derechos Fundamentales es el resultado final de una aunténtica colaboración democrática. 
Esta Carta ha sido elaborada tanto por representantes de nuestro propio Parlamento, como por representantes de los Parlamentos y de los Gobiernos nacionales. 
Esta cooperación ha dado un espléndido resultado, a pesar de las dudas suscitadas. 
Se podría muy bien preguntar: ¿deberíamos seguir usando este exitoso método de convención también en el futuro? 
Un gran número de ciudadanos encuentra a la Unión Europea lejana y burocrática. 
Debemos tomar en serio los recelos de los ciudadanos para con la Unión. 
Debemos prestar especial atención a las relaciones entre los ciudadanos y los órganos de la Unión. 
Me produce una gran alegría que la Carta de los Derechos Fundamentales subraye el principio de transparencia, si bien éste podría haber tenido una presencia más contundente. 
Pese a las exigencias que se han expuesto hoy también en esta Asamblea, parece ser que la Carta de los Derechos Fundamentales no será jurídicamente vinculante, sino que será únicamente una proclamación política. 
Sin embargo, esta expresión que uso, "únicamente", puede ser puesta en tela de juicio, puesto que yo creo que, a pesar de su carácter de proclamación, el Tribunal de Justicia de la CE tendrá que aplicar en sus procedimientos judiciales los artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales como principios vinculantes para el propio Tribunal, principios con los cuales deben concordar, obviamente, las interpretaciones jurídicas del mismo. 
Por esta vía, estos principios se irán convirtiendo poco a poco en normas de derecho que sean jurídicamente vinculantes también de facto. 
La Carta de los Derechos Fundamentales es una prueba de que la Unión asume la responsabilidad y la preocupación por los derechos humanos. 
Sin embargo, y con el fin de poder ejercer el control sobre el cumplimiento de los derechos humanos también en la práctica, la Unión debe contar con normas claras sobre los mecanismos de las posibles sanciones dirigidas a los Estados miembros. 
En estos momentos, el Consejo está considerando la inclusión de este tipo de macanismos en el artículo 7. 
En sí, es positivo llegar a un acuerdo sobre los procedimientos, pero debemos encargarnos de que este sistema no sea susceptible de ser usado como arma política. 
Según un antiguo proverbio finlandés, primero hay que considerar el asunto, y sólo después echar mano a las riendas. 
Hoy por hoy, en caso de llevarse a cabo la propuesta del Gobierno belga relativa a estos mecanismos de sanción, creo que existe el peligro de que primero tomemos las riendas, y sólo luego examinemos el asunto. 
Espero que se reflexione aún sobre los mecanismos de sanción antes de celebrarse las Cumbres de Biarritz y Niza. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, doy las gracias a la delegación del Parlamento Europeo en el Convenio y al presidente del mismo, D. Roman Herzog, por su esforzada labor. 
La elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales europea es un importante y necesario paso hacia una Europa cercana al ciudadano. 
Algunos sostienen que se puede crear un mercado interior en Europa sin convenir en valores y principios básicos. 
La mayoría de Parlamento Europeo nunca ha apoyado esta opinión. 
Por ejemplo, en la Directiva sobre patentes de descubrimientos biotecnológicos, que sobre todo debería ser una directiva sobre el mercado interior, no permitimos que se adoptase dicha directiva sin que se consagrasen en ella principios éticos fundamentales; de igual modo, se ha excluido la patentabilidad de determinadas técnicas que atentan contra la dignidad humana. 
Esto ha supuesto, justamente en el ámbito de la moderna técnica genética, un importante paso hacia valores comunes en Europa. 
La Carta es un paso nuevo y seguramente mucho más importante. 
El presente proyecto es excelente en muchas de sus partes. 
Pero con respecto a la protección de la dignidad del hombre y la protección contra el abuso a través de las modernas tecnologías, el proyecto es susceptible de ser mejorado. 
En algunos puntos contiene formulaciones imprecisas, y en particular me preocupa que el artículo 3 del proyecto de Carta sólo excluya la reproducción de clones humanos. 
Ello puede interpretarse como un paso atrás en relación con la normativa europea anterior. 
En la Directiva sobre patentes de descubrimientos biotecnológicos, la clonación humana queda totalmente excluida, señor Presidente de la Comisión, dado que es contraria al orden público y a las buenas costumbres (es decir, no sólo la patente, sino también la técnica). 
El Sr. Comisario Busquin así me lo ha asegurado una vez más- cosa que yo le agradezco- en una carta que he recibido esta semana, y por ello es peligroso que no mostremos más débiles en la Carta que con respecto a la normativa adoptada hasta ahora. 
Ello no incumbe a nuestra delegación, ni a Roman Herzog, sino a los Gobiernos de los Estados miembros. 
Por ello, debemos ejercer nuestra presión sobre ellos para introducir mejoras en este punto. 
Señor Presidente, estimados colegas, con la aprobación de los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo el Convenio ha elaborado una Carta de derechos fundamentales formulada de forma particularmente notable equilibrada y la ha entregado al Consejo. 
¿En dónde reside el valor añadido de esta Carta? 
En primer lugar, en que el acervo de derechos fundamentales procede de una depuración de más de treinta fuentes jurídicas en vigor. 
En segundo lugar, en la transparencia para los ciudadanos, que ahora saben qué derechos les asisten frente a quienes crean y aplican el Derecho comunitario, y en la transparencia para aquéllos que justamente se dedican a ello, crear o aplicar el Derecho comunitario. 
Ahora ellos tienen también claro los derechos que deben respetar. 
En tercer lugar, el Convenio no se ha limitado a copiar viejas normas jurídicas- así lo ha reconocido incluso el Consejo Europeo- sino que ha abordado y formulado los peligros que acechan a los antiguos derechos: en la criminalidad, en la biotecnología, en la protección de datos y en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. 
La Carta garantiza por tanto un nivel de protección más alto que el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, y así debe decirse a todos los que han manifestado lo contrario ante este Pleno; además, formula derechos políticos y sociales de forma equilibrada. 
Es la primera declaración de derechos humanos del nuevo milenio y, a nivel mundial, la más moderna carta de derechos humanos de que se dispone. 
Pone de manifiesto a los individuos que la Unión Europea siempre ha sido una comunidad de valores. 
Con todo, la UE debe hacer mucho para seguir ostentando tal categoría. 
Señor Moscovici, Presidente del Consejo, le pregunto con toda seriedad, y reflexione usted sobre la siguiente: ¿qué beneficio obtendrían de nuestro retraso quienes desprecian los derechos humanos? 
Me parece acertado lo que ha manifestado el Sr. Barón Crespo: ¿para qué perder más tiempo? 
Aquí se trata de perfilar con mayor claridad los contornos del Derecho vigente. 
Señor Presidente, acabamos de mantener un debate al mismo tiempo rico e interesante. 
Deseo saludar la intervención importante y sustancial del Presidente Prodi. 
Observo por supuesto- y éste es un punto muy satisfactorio- que el Parlamento Europeo de forma casi unánime está satisfecho con la Carta. 
No es sorprendente porque él mismo ha contribuido a que salga adelante, ya que ésta responde también a algunos de sus valores. 
Ello proporciona una gran fuerza a este texto, y al Consejo europeo para promocionarlo. 
He anotado las recomendaciones y estímulos para ir más lejos y, para aprovechar el impulso creado para llevarlo hasta Niza y más allá de Niza. 
En este contexto voy a intentar responder con brevedad a sus intervenciones. 
El Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, ha realizado un alegato en favor de la preservación del modelo comunitario, que ha conseguido un gran apoyo en todos estos escaños y deseo, por mi parte, saludar este discurso que quedará, sin ningún género de dudas, como un discurso importante. 
Estoy de acuerdo con él en la necesidad de preservar el equilibrio institucional dando más valor políticamente tanto a la Comisión como al Consejo. 
Estoy de acuerdo con él en cuanto al papel central que debe conservar en el futuro la Comisión como garante del interés general comunitario. 
Estoy de acuerdo con su señal de alerta contra el regreso, al que algunos se ven tentados, a los métodos intergubernamentales. 
Pero, sin querer abrir aquí un diálogo con él sobre un tema que merecerá que volvamos sobre él, deseo también informarles de algunas reacciones del Consejo. 
Hemos de fijarnos en el todo comunitario. 
La originalidad del sistema institucional europeo está precisamente en el reparto de competencias, sobre modalidades a veces sutiles pero que creo que han dado sus frutos. 
¿No es mejor clarificar las competencias de cada nivel de decisión en lugar de intentar comprometerse en un reparto jurídico de acuerdo con un modelo federal clásico? 
¿No estaríamos en ese caso más cercanos del modelo que buscaban los padres fundadores? 
Segunda observación. Hay ámbitos en los cuales la soberanía de los Estados miembros no podría cuestionarse sin cercenar el espíritu de la construcción europea. 
Pero sobre ello quisiera señalar si no un desacuerdo, al menos algunos matices sobre dos puntos. 
El primero se refiere a la política exterior y de seguridad común, la sugerencia que se ha hecho de integrar al representante para la PESC en la Comisión. 
Saben ustedes que se trata en este caso de una decisión deliberada que se produjo en Amsterdam, de distinguir perfectamente las dos funciones, el Alto Representante, al contrario que la Comisión, no se manifiesta con total independencia, sino que tiene como misión coordinar las políticas exteriores y de seguridad común que son competencia de los Estados miembros y en ese caso hemos de dejar quizá un amplio espacio al aspecto intergubernamental. 
La PESC, por razones tanto históricas como derivadas de su propia naturaleza, deberá sin duda depender todavía durante mucho tiempo de la coordinación entre Estados miembros. 
Quizás algún día tendremos que suprimir esta función, pero creo que ese día aún no ha llegado. 
Al contrario, ahora es momento para la consolidación de esta función. 
Mi segundo matiz tiene relación con el euro. 
Las recientes fluctuaciones de esta moneda han hecho sentir la necesidad de una gobernación, de una gestión, más política. 
Sin embargo, creo que las soluciones no deben evitar la fuerte coordinación intergubernamental, la cooperación de las políticas económicas. 
A mi juicio es preciso, razonando en términos de gobernación, que el timón se mantenga firme tanto por parte del Consejo como de la Comisión y no dar un golpe de timón hacia el todo comunitario. 
Por ello, creo que es muy importante que el presidente del eurogrupo- que nosotros hemos querido crear- conserve toda su función en esta materia. 
Somos muchos los que queremos una federación de Estados-nación. 
Eso quiere decir también que cada cual debe encontrar su justo lugar, al servir esos pocos elementos para enriquecer el debate, ya que creo que efectivamente hemos asistido a un discurso muy importante. 
Señor Presidente Napolitano, me ha alegrado oír que estamos de acuerdo en el hecho de que no debemos ir demasiado rápido, no debemos arriesgarnos a poner la Carta en peligro. 
Sugiere que la Carta sea el punto de partida de una futura constitución, por qué no. 
Pero será necesario estar de acuerdo sobre lo que ponemos en esa constitución. 
Debo tranquilizar al señor Poettering sobre mi capacidad para mascar chicle al mismo tiempo que escucho con atención. 
Tiene razón al señalar el camino recorrido desde la caída del muro y la reunificación alemana, hace diez años. 
Ahora espero que la democracia esté en marcha en Serbia. 
Ha pedido que la Presidencia trace en Niza el camino para el futuro. 
Por supuesto, la Presidencia sabe que las cosas no se detendrán en Niza, que es necesario pensar en el futuro y pasar el testigo. 
Una vez más, no debemos tomar como pretexto futuros debates para no asumir- no es su idea- las decisiones que se imponen en la actualidad desde la CIG, y ése es por supuesto el objetivo de Biarritz, contribuir a ello, prepararlas. 
El Sr. Enrique Barón Crespo ha señalado con respecto a la Carta que se trataba de un hermoso texto del que podemos sentirnos orgullosos. 
Entonces, por qué desea ponerla en un cuadro. 
Creo que no debemos olvidar simplemente que algunos Estados miembros- y no estoy aquí para denunciarlos- han tenido que superar fuertes resistencias y reticencias para aceptar este texto, de dónde sino mi prudencia, al menos mi paciencia que creo necesaria. 
Con respecto a la CIG, no comparto exactamente su punto de vista, no creo que estemos en un momento de bloqueo, sino al contrario, en un momento en el que están apareciendo agitaciones. 
Espero, por otra parte, que en Biarritz sean más fuertes que éstas. 
En cuanto al futuro, será necesario quizás revisar el método, acaso el de un convenio en lugar de una CIG, aunque ello no deba convertirse en un sistema. 
El Sr. Lannoye se ha felicitado por la posición que he adoptado sobre una eventual constitucionalización. 
No sé si, como le ha dicho una oradora, soy representativo de mi institución, pero quisiera decir que se trata de un punto de vista personal. 
No existe en la actualidad un deseo mayoritario, a mi juicio, entre los Estados miembros para trabajar en ello en lo inmediato. 
Al contrario, hemos observado en Evian importantes resistencias. 
El señor Wurtz lamenta que no se tome más en consideración a los ciudadanos. Que no se busquen los medios para consultarlos de forma más amplia. 
Creo por este motivo que el método del convenio es bueno y que en el futuro deberá utilizarse mucho más. 
Los ponentes han señalado la calidad del debate y también la necesidad de ir más lejos. 
Por supuesto, sólo puedo estar de acuerdo con ellos. 
Responderé ahora al Sr. Méndez de Vigo. 
No soy demócrata-cristiano, por tanto no creo en los milagros. 
Pero deseo saludar al Parlamento Europeo tal como es, porque ha contribuido de forma muy importante a este trabajo. 
¿Es necesario proclamar y esperar, a riesgo de que este texto no sea aceptado por todos como jurídicamente vinculante? 
Me pregunta quién se opone. 
Una vez más, no estoy aquí para denunciar a nadie. 
El presidente del Consejo no está aquí para buscar chivos expiatorios sino al contrario para lograr consensos y compromisos. 
Por tanto, deseo decirle: esperemos a que el Consejo haya discutido sobre ello y veremos si podemos llegar más lejos, y más deprisa, con esta Carta. 
En ese mismo espíritu contesto a Pervenche Berès. 
Ha propuesto que no se pueda tocar ni una coma del texto de la Carta, y que sea la convención quien resuelva en última instancia. 
Le formularía un matiz, porque la convención no es una institución que esté por encima de las demás. 
Pero, efectivamente, deseo que en Biarritz se conserve el paquete con su vínculo, ya que de otro modo temo que se abran debates peligrosos. 
Ha hecho también una sugerencia enormemente interesante relativa al vínculo entre la Carta y el debate sobre un eventual artículo 7. 
Estoy a favor y propondré que examinemos esta idea de una referencia a la Carta, por ejemplo en el artículo 6, lo que, creo, sería una sugerencia que nos permitiría avanzar sin llegar hasta la integración, y tener una referencia importante. 
Aún será necesario, y se lo digo a los diputados miembros de la convención, convencer a los miembros del Consejo europeo y eso no está claro. 
No deseo responder en detalle a las intervenciones de los oradores. 
Por otro lado, no tengo tiempo. 
Deseo simplemente señalar que tenemos la preocupación de tomar más en consideración las expectativas de las asociaciones. 
Efectivamente, podemos desear más y mejor, pero creo con toda honradez que eso es un buen principio. 
La satisfacción que se ha manifestado en estos escaños con respecto al proyecto de Carta muestra con intensidad que ha habido transparencia, apertura, que el método es portador y que nosotros también hemos ido al encuentro de las aspiraciones de los ciudadanos que se manifiestan a través de ello. 
La Sra. Margie Sudre se ha hecho eco de la preocupación de nuestros conciudadanos ante las dificultades económicas y sociales, que provocan el nacimiento de un escepticismo europeo. 
No es el tema de hoy, pero deseo recordarle que es cierto, la Presidencia francesa tiene misiones institucionales importantes, pero que al mismo tiempo tiene también prioridades ciudadanas importantes. 
No quisiera que esas prioridades ciudadanas desaparecieran detrás de las prioridades institucionales. 
Mencionaré por ejemplo la agenda social que es para nosotros una prioridad, o también la puesta en marcha de lo que yo no llamaría un gobierno económico, sino una gobernación económica, para hacer frente a esas dificultades. 
Concluyo diciendo que la Presidencia francesa- que nadie lo dude- desea conceder al Parlamento Europeo toda la atención que merece, que volveré a dar cuenta de Biarritz el 24 de octubre, aquí mismo. 
Debo añadir que queremos trabajar con total transparencia, como desean ustedes, y proseguir con los intercambios regulares que mantenemos con ustedes desde el mes de julio. 
Esto es algo que considero indispensable si queremos que Biarritz sea un Consejo europeo con éxito, es decir, que prepare en buenas condiciones el logro de Niza, ya que de éste dependerá el giro y también el éxito del "después de Niza". 
Por ello les invito a pesar de todo a que no se proyecten demasiado pronto en este futuro, ya que éste se construye paso a paso y piedra a piedra. 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
He recibido, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, una propuesta de resolución para cerrar el presente debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 12.15, se reanuda a las 12.30 horas) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, el debate sobre el presente informe fue aplazado por este Parlamento con el argumento de que en Chechenia se están violando los derechos humanos, que las normas internacionales no son respetadas, en la certeza de que se está perpetrando una guerra contra este pueblo. 
Ahora, este informe ha pasado al orden del día sin un debate sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia. 
Esto produce extrañeza, ya que en septiembre el tema de Chechenia figuró en el orden del día y el debate no concluyó satisfactoriamente. 
La semana pasada se sostuvo en el Consejo de Europa un intenso debate con la delegación rusa, no pudo celebrarse la votación con base en un informe de Lord Hewitt y el asunto se aplazó. 
¿Por qué el Parlamento Europeo incluye de repente el tema en el orden del día y hace como si en Chechenia todo fuera bien? 
Solicito que se aplace el debate sobre el presente informe. 
. (EN) Ayer por la tarde mi colega el Sr. Solbes comunicó al Parlamento que la Comisión podía aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13 y 14. 
La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 5, 8 y 9. 
Las enmiendas 10, 11 y 15 son aceptables en principio. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 12. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0231/2000) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (COM (2000) 137- C5-0164/2000- 2000/0060 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0235/2000) del Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión "Capital-riesgo: propuestas para proseguir el desarrollo del plan de acción" (COM (1999) 493- C5-0320/1999- 1999/2208 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0767/00) del Sr. Napolitano en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
. (EN) El proyecto de reglamento de la CEPE de las Naciones Unidas para la aprobación de proyectores para vehículos automotores y otros equipos especiales sólo es importante porque significa que el Parlamento participa en la redacción de normas legislativas de la Comunidad destinadas a armonizar las normas relativas a los vehículos automotores en toda Europa. 
Esas normas se basan en el Acuerdo Revisado de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/Naciones Unidas) , de la cual la Comunidad es parte contratante desde marzo de 1988. 
Ésta es la razón de que se presenten propuestas al Parlamento en el marco del procedimiento de asentimiento, lo que significa que el Parlamento no puede presentar ya enmiendas porque las directivas aprobadas en esta esfera se adoptaron como normas legislativas del mercado único con arreglo al procedimiento de codecisión y sobre la base del artículo 100a del Tratado de la Comunidad Europea. 
Ahora bien, esta disminución de la influencia del Parlamento se puede aceptar en vista del carácter sumamente técnico de las cuestiones involucradas y de los esfuerzos de la Comisión por informar oportunamente al Parlamento Europeo acerca de los planes tendentes a establecer nuevos reglamentos por conducto de las comisiones permanentes competentes. 
Votaré en favor de la aprobación del proyecto de reglamento. 
Informe Quisthoudt-Rowohl (A5-0048/1999/REV 1) 
. (EN) La cooperación técnica con Rusia mientras el pueblo checheno es víctima de un genocidio en gran escala constituye una vergüenza para la Unión Europea en momentos en que este Parlamento ha acogido con satisfacción la versión final de la Carta de Derechos Fundamentales. 
¿Cómo podemos pasar por alto lo que está sucediendo en Chechenia después de la reacción unánime provocada por la matanza de palestinos? 
¿No puede verse con toda claridad que estamos utilizando un doble rasero? 
- (DE) He votado en contra de este informe, y no porque me oponga a la cooperación en el ámbito científico, sino por su fundamentación. 
El Sr. Putin debe su victoria electoral a la sangrienta guerra de exterminio del pueblo checheno. 
Sigue perpetrando este genocidio y además intenta eliminar por completo la libertad de prensa y el Estado de Derecho, cuya existencia es ya precaria. 
. (IT) Me he abstenido en la votación sobre la propuesta de decisión relativa al acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación rusa, ya que se ha omitido un ámbito extraordinariamente importante como es el de la cooperación para la limpieza de minas antipersonal y la reconversión de las empresas fabricantes. 
Se trata de una cuestión especialmente importante por las pasadas interconexiones entre empresas rusas y empresas italianas como, por ejemplo, la administrada por el antiguo senador Claudio Regis, conocido fabricante de estas armas criminales. 
Un acuerdo serio y global tenía que haber incluido una referencia a dicho ámbito. De ahí, mi abstención. 
La contabilidad nacional es mágica. 
En algunas magnitudes, PIB, PNB, consumo, ingresos, formación de capital, etc., da un modelo reducido de la vida económica de un país. 
Gracias a ella, se pueden calcular así las presiones fiscales, los porcentajes de déficits públicos o de endeudamiento. 
Es lo mismo que decir que es un instrumento máximo de dirección de la política económica, presupuestaria y fiscal. 
Es a través de ella como los criterios de Maastricht encuentran su aplicación y es sobre todo mediante ella como la Comunidad Europea encuentra sus recursos de IVA y principalmente su cuarto recurso, asentado en el PNB. 
Aún es preciso sin embargo que los procedimientos de fijación de estas cuentas nacionales, tanto en las operaciones descritas como en los sectores institucionales resumidos, sean idénticos de país a país. 
De otro modo, evidentemente, no hay comparación posible. 
De ahí la necesidad de principios comunes para registrar los impuestos y las cotizaciones sociales en el seno de los Quince. 
Ése es precisamente el objetivo del reglamento que nos concierne. 
Hace homogéneos los mecanismos de cuentas económicos integrados en el seno del sistema europeo de cuentas. 
Este sistema europeo de cuentas, que se remonta a 1970, fue modificado en 1995. 
Por ejemplo, para valorar los ingresos es necesario partir del hecho generador del impuesto o del cobro. 
Se sabe por ejemplo que en Francia la cifra de ingresos fiscales varía en función de que se tomen las estadísticas de la Dirección General de Contabilidad Pública o las de la Contabilidad nacional. 
Se pueden imaginar entonces con facilidad las variaciones de país a país. 
Sobre todo porque los Estados tienen interés en "hacer trampas" para subestimar su base impositiva al IVA o a la deducción PNB. 
Los informes del Tribunal de cuentas europeo no dejan además de señalar éstas subestimaciones, desde Grecia a Portugal. 
En el caso que nos ocupa, la modificación del reglamento de 1996 que nos interesa, la Comisión propone registrar los impuestos y las cotizaciones tomando en consideración en primer lugar los ingresos efectivamente percibidos, en lugar de los derechos a ingresos reconocidos a partir del hecho generador. 
La Comisión propone también aplicar un coeficiente al porcentaje de "no recuperable" para no subestimar la realidad del déficit, con respecto a las exigencias de Maastricht. 
Todo parece de pura técnica, pero las consecuencias políticas son importantes. 
Señor Presidente, antes de viajar a Estrasburgo para este período parcial de sesiones, un pensionista de Cremona que es una ciudad del valle del Po, me pidió que le informara acerca de la fecha en que se podrá por fin navegar en el río Po. 
Precisamente para responder a las expectativas de este pensionistas que se llama Giuseppe Italia y vive en Cremona y al que le gustaría navegar en el Po, he votado a favor del informe Piecyk sobre la potenciación y el desarrollo de los puertos marítimos, de los puertos de navegación interior y de las terminales intermodales. 
Considero que es muy importante que tomemos la decisión de culminar la navegación interior que convertirá en menos, mucho menos intenso y pernicioso el tráfico de vehículos pesados por carretera y autopista. 
Informe Hatzidakis (A5-0231/2000) 
Señor Presidente, con relación a este informe, he votado a favor no solo por el gran talento del Sr. Hatzidakis como presidente de comisión y conocedor de la legislación de la Unión Europea en materia de transportes, sino también porque, como diputado electo del Partido de los Pensionistas en Italia, me complace comprobar que, al permitir la circulación en Europa de autobuses de 15 metros que pueden transportar 67 pasajeros, en lugar de 50, no solo se reduciría y se reducirá el coste de los viajes para las personas mayores que utilizan los autocares para viajar a Estrasburgo, sino también para circular por toda la Unión Europea haciendo ese turismo de la tercera edad que promovemos y que debemos promover aún más, si cabe. 
. 
(FR) Nosotros no nos oponíamos, sino todo lo contrario, a la intención explícita del informe en el sentido de homogeneizar legislaciones nacionales discordantes relativas a los límites legales para la longitud máxima de los vehículos de pasajeros. 
Sin embargo, debe subrayarse que lo que justifica las medidas propuestas no es la seguridad de los viajeros ni la organización racional de los transportes, sino "razones comerciales", es decir, los intereses de las empresas de transporte por carretera. 
La homogeneización se efectuaría, pues, adaptando la longitud legal europea a la mayor cantidad posible de legislaciones particulares. 
Las instituciones europeas contribuyen con los Estados nacionales a favorecer los transportes por carretera con respecto al ferrocarril. 
Sin embargo, esta preferencia es perjudicial en el plano ecológico y representa un trastorno social. 
Una política orientada hacia una organización racional, eficaz y segura debería dar prioridad a las inversiones en un servicio público de ferrocarriles europeo en lugar de limitarse a uniformizar las condiciones de competencia entre las empresas de transporte por carretera, que se preocupan sobre todo por aumentar sus beneficios privados. 
Por consiguiente, no hemos votado a favor de este informe. 
. 
(FR) En este informe tratamos una propuesta de modificación de la Directiva 96/53/CE tendente a permitir la circulación, en la Unión Europea, de autobuses de 15 metros de longitud. 
Me felicito por dicha propuesta. 
En efecto, actualmente los límites legales para la longitud máxima de los vehículos de pasajeros varían mucho entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea: en siete países (Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Italia, Portugal y Grecia) el límite es de 12 metros. En un país (Dinamarca) es de 13,7 metros. 
Este límite legal no se ha armonizado de forma explícita a escala europea, pues no está incluido en la Directiva 96/53/CE. 
Hasta ahora, sólo los autobuses de 12 metros pueden circular libremente en todo el territorio comunitario. 
A petición del Consejo de Ministros, la Comisión preparó una propuesta para incluir los vehículos de pasajeros en la Directiva 96/53/CE, con el fin de armonizar no sólo la longitud de los autobuses rígidos, sino de establecer, además, una situación más clara en lo referente a los accesorios desmontables de autobuses y remolques. 
Incluso en los países en que oficialmente no están permitidos los autobuses de 15 metros, en la práctica no se les detiene ni se les devuelve en la frontera. 
En este sentido, sólo cabe decir que la presente propuesta formaliza una situación de hecho. 
Existen razones comerciales para aumentar la longitud de los autobuses. 
Un autobús de 15 metros puede transportar aproximadamente 67 pasajeros, es decir, 16 más que un autobús de 12 metros. 
Está claro que consideraciones relativas a la competitividad empujan a algunos operadores a utilizar autobuses más largos. 
Sin embargo, hay que señalar que otro medio para aumentar el número de asientos es el uso de autobuses y autocares de dos pisos. 
Al mismo tiempo, un autobús de mayores dimensiones permitirá reducir el número de autobuses que circulan, lo que sería menos perjudicial para el medio ambiente. 
Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras, habida cuenta de su vulnerabilidad, y de evitar dentro de lo posible los problemas relacionados con la infraestructura de carreteras existente, la propuesta establece límites aplicables a todos los autobuses en cuanto a los requisitos de rebasamientos con respecto al giro circular. 
Es evidente que se necesitará tiempo para efectuar estas adaptaciones. 
Por eso creo prudente establecer períodos transitorios razonables para permitir que los aparatos productivos de los 15 Estados miembros se adapten a los nuevos criterios, y evitar así las distorsiones de competencia. 
He votado, pues, tratando de conciliar el respeto del medio ambiente, la necesaria realización del mercado interior y las nuevas exigencias impuestas a los fabricantes. 
Dos autobuses o un autobús articulado resultan más caros que un autobús rígido. 
He visto circular semejantes autobuses en la ciudad finlandesa de Tampere. Allí, las calles son anchas y muy rectas. 
En las zonas de la ciudad con pocos coches y en las curvas sinuosas fuera del núcleo urbano, pueden suponer un peligro para las bicicletas y los peatones que estén cerca. 
Sin un eje trasero obligatorio pueden, además, destrozar las calles cuando el suelo está resbaladizo, tal como sucede en las zonas de turba de los Países Bajos. 
Por tanto, es defendible en todos los sentidos que algunos Estados miembros solamente permitan autobuses que no sobrepasen los 12 metros. 
Si se obliga a estos países a autorizar autobuses de 15 metros, deberán colocar placas de prohibición extraordinarias en todo su territorio. 
Entonces, si bien es cierto que tales autobuses podrán entrar en el país, no podrán acceder a muchos lugares en la práctica. 
Según sus defensores, estos autobuses no sólo son más baratos y versátiles internacionalmente, sino también más respetuosos con el medio ambiente porque utilizan menos combustible por pasajero. 
Éste constituyó un motivo en sí mismo para que mi Grupo no se opusiera inicialmente en la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo. 
Finalmente, resulta, sin embargo, que se trata sobre todo de ahorrar en los costes a expensas de la seguridad. 
Ésta supone para mí una razón para rechazar en esencia la propuesta. 
Informe Skinner (A5-0235/2000) 
Señor Presidente, creo que se trata fundamentalmente- como se ha puesto claramente de manifiesto en el comportamiento de voto- que el reconocimiento de pérdidas a efectos tributarios es una condición básica para las pequeñas empresas, pues éstas arriesgan mucho capital privado. 
Arriesgar los fondos propios es una aventura peligrosa. 
Por ello, un paso a cuenta nueva o una compensación de pérdidas sería particularmente importante. 
Señor presidente, he votado a favor del informe Skinner, tal como manifesté a lo largo del debate anterior a la votación, porque creo que el capital riesgo es importante. 
Sin embargo, yo quisiera llamarlo capital esperanza: no me parece una buena idea llamar capital riesgo a una iniciativa financiera que debería mejorar las condiciones de las personas mayores y de los pensionistas ofreciéndoles una pensión más segura. 
Llamémoslo, en cambio, capital esperanza, como propuso la Sra. Kauppi que se había mostrado de acuerdo. 
Confío en que en el futuro se pueda cambiar también la denominación de esta iniciativa financiera para la inversión de fondos de pensiones que beneficiaría tanto a las personas mayores como a las pequeñas y medianas empresas. 
. (EN) Me satisface el excelente informe de mi colega el Sr. Skinner. 
En Lisboa el Consejo Europeo Especial declaró que los mercados eficaces de capital-riesgo desempeñan un papel fundamental en la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles y en el funcionamiento de PYME innovadoras y con un elevado índice de crecimiento. 
En consecuencia, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron una serie de medidas encaminadas a promover el desarrollo de capital-riesgo en la Unión Europea, con una fecha límite para la ejecución del Plan de Acción de 2003 sobre capital-riesgo. 
La Comunicación de la Comisión es un reconocimiento de que es necesario adoptar medidas concretas para crear en la UE un mercado de capital-riesgo de gran liquidez y legítimamente europeo. 
El informe respalda el enfoque preconizado por el Consejo y la Comisión, y destaca que hay que introducir una serie de medidas reguladoras, especialmente en materia de pensiones, informaciones transfronterizas y una patente comunitaria. 
También pide que se establezcan valores de referencia para difundir las mejores prácticas en toda la UE. 
Esta propuesta parte de que el crecimiento económico es más importante que la igualdad entre todas las personas. 
Se toma América como ejemplo, con una oda al capital riesgo y a las ganancias. Pone muchas esperanzas en el ejemplo de las empresas multinacionales en el ámbito de la biotecnología y la atención sanitaria. 
La elección de ayudas estatales directas en el suministro de capital inicial de riesgo para las empresas innovadoras da lugar a que esta ayuda deba ser repercutida en los contribuyentes y en las contribuciones de las pensiones de jubilación. 
Esta propuesta considera que los empresarios son, en primer lugar, benefactores que tienen en cuenta el bienestar de la sociedad en su conjunto y deben ser recompensados por ello. 
En realidad, a menudo tienen más aspecto de jugadores a la espera de descubrir un flujo de dinero. 
Resulta lógico, entonces, que ellos mismos soporten también el riesgo empresarial, en lugar de transferirlo parcialmente a la sociedad. 
Mi compañera de grupo Armonie Bordes señaló ayer de forma incisiva que solamente una minoría tiene interés en la cesión de dinero comunitario y de las contribuciones de las pensiones de jubilación a los riesgos de los empresarios. 
Los que tienen desventajas son, sobre todo, las personas con ingresos más bajos. 
Para mí éste constituye un motivo para no votar a favor. 
Resolución sobre la "Carta de los Derechos Fundamentales" (B5-0767/2000) 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo he de indicar que la aplicación de una nueva Carta de los Derechos Fundamentales de la UE dará sin duda alguna más valor y visibilidad a los derechos humanos en la Unión Europea. 
En el artículo 6 del Tratado de Amsterdam se dice que en la Unión existen derechos fundamentales y que hay que respetarlos. 
Los ciudadanos de los países candidatos de Europa central y oriental pueden inspirarse también en esa Carta. 
Sin embargo, conviene recordar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que todos los Estados miembros han firmado y adoptado en sus legislaciones nacionales, lleva ahora casi 50 años funcionando y lo hace de consuno con la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decide sobre las posibles infracciones de derechos humanos en los países signatarios. 
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos ha sido un éxito indiscutible. 
Los ciudadanos de Estados miembros de los países que han aceptado el Convenio tienen confianza en él y ya se ha creado una jurisprudencia en torno a sus decisiones. 
Nuestra preocupación principal por lo que se refiere a la Carta de los Derechos Fundamentales es que no tiene que estar en conflicto con el Convenio Europeo. 
Un conflicto de ese tipo provocaría una mayor incertidumbre jurídica, cosa que nadie desea que suceda. 
Hay que trazar líneas divisorias entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
El problema más difícil con el que se enfrenta la nueva Carta no es su contenido sino el saber si tiene o no tiene valor jurídico. 
Una Carta vinculante que abarque todos los casos posibles y que enuncie derechos cuya imposición fuera absolutamente legal podría plantear dificultades más adelante. 
Por lo menos en Irlanda habría que introducir enmiendas constitucionales si los elementos del proyecto de Carta hubieran de ser legalmente obligatorios. 
Es posible que en otros Estados miembros haya que organizar también referendums. 
Todo esto podría ocasionar una mayor incertidumbre y podría ser causa de que algunos Estados miembros no ratificasen la Carta. 
Nosotros no hemos votado en contra de esta resolución para no mezclar nuestros votos con los de la extrema derecha, que se opone a que algunos derechos fundamentales puedan ser incluso simplemente formulados u oponibles a la soberanía de los Estados. 
Pero en modo alguno tenemos la intención de respaldar la propia Carta, que es imprecisa respecto a derechos humanos tan elementales como el derecho al trabajo, a un salario justo o a una vivienda, derechos que atañen a la mayoría de la población, y que también es imprecisa en cuanto a la protección social, la libertad de circulación y de residencia de los nacionales de los terceros países. 
Por el contrario, la Carta es clara en cuanto a algunos derechos, como el derecho de propiedad, la libertad de empresa, que atañen sobre todo a la minoría que posee capitales, al derecho de usar y abusar de éstos. 
El reconocimiento de las libertades y de los derechos humanos es sólo una recomendación de principio que no llega a ser jurídicamente vinculante, es decir, que no se impone a los Estados miembros. 
Sin embargo, las instituciones europeas saben tomar decisiones vinculantes, como, por ejemplo, sobre la autorización del trabajo nocturno para las mujeres, a pesar de que dichas decisiones son perniciosas o de que plantean dificultades inútiles. 
Pero eso no ocurre con derechos fundamentales como el derecho de todos los asalariados de hacer huelga o de sindicarse. 
Por consiguiente, la Carta servirá sobre todo para confirmar las prácticas actuales, incluso retrógradas, de los Estados nacionales, en lugar de representar un avance. 
Señor Presidente, yo también soy partidario de la Carta y en particular de las mejoras que se han introducido al final del texto al mencionar en ella lo "social" y los "derechos de los mayores de edad". 
Es importante que la Carta tenga en cuenta a tres audiencias. 
En primer lugar, se dirige a nuestros ciudadanos y les dice que la nuestra no es una Europa que se limita a obligarles a hacer cosas, sino que también hace cosas en su favor y respeta sus derechos a desempeñar sus actividades. 
En segundo lugar, envía un mensaje a los Estados candidatos y les dice que están ingresando en una comunidad de valores. 
Éste es un mensaje importante, si tenemos en cuenta la historia de algunos de los países que desean entrar en nuestra Unión. 
En tercer lugar, envía también un mensaje a las instituciones de la Unión Europea y les dice que al desempeñar sus funciones actuales, que no cambiarán como resultado de la existencia de esta Carta, tienen que tener en cuenta una gama más extensa de obligaciones. 
Deja bien sentado cuáles son las obligaciones que tienen que respetar en el ejercicio de las facultades de que disponen actualmente. 
Confío en que la reunión de Jefes de Gobierno y de Jefes de Estado en Biarritz tenga en cuenta seriamente esta cuestión y estudie la posibilidad de dar carácter vinculante a la Carta, y que si no lo hacen, por lo menos consigan en Niza que la Carta vaya anexa como declaración al Tratado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, he votado a favor de esta Carta en buena parte por la influencia que nuestro colega Ingo Friedrich y el profesor Herzog han ejercido en su contenido. 
Agradezco a ambos su magnífico trabajo. 
Naturalmente, se echan algunas cosas de menos. 
Falta la referencia a Dios en el preámbulo, una clara definición del honor y de la familia, el rechazo a toda forma de clonación humana, el derecho a la patria y de los grupos étnicos. 
Pero también hay que decir que esta Carta constituye un paso en la dirección adecuada. 
Los colegas que acabo de nombrar y otros más han realizado un trabajo sobresaliente. 
De ahí nuestro sí con la esperanza en que esto sólo sea un primer paso y de que en los próximos años se introduzcan mejoras. 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre la resolución relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea porque considero que dicha Carta es aún muy insatisfactoria, a pesar de algunos avances. 
Lamento concretamente que los derechos sociales estén expresados con menor vigor que los derechos económicos. 
Como considero que esta Carta es insatisfactoria en conjunto, me opongo a que sea integrada en los Tratados, ya que una carta insatisfactoria no puede ser elevada a un rango superior. 
Señor Presidente, finalmente tenemos una Carta de los Derechos del ciudadano europeo que contiene un artículo, el artículo 25, enteramente dedicado a las personas mayores. 
Si esta Carta, como espero, se insertará en el Tratado de Niza, por fin las personas mayores estarán tuteladas por una Carta constitucional de derechos fundamentales. 
Sé que a este resultado han contribuido muchos de los representantes de la convención que ha elaborado la Carta. 
Quiero dar las gracias en particular a la Sra. Van den Burg, holandesa, socialdemócrata, que junto con otros diputados se ha empleado a fondo con respecto al artículo 25. 
El apoyo a las personas mayores y a los pensionistas, sea cual sea su procedencia, conseguirá siempre mi aplauso y mi aprobación. 
. (DA) Los socialdemócratas suecos y daneses hemos votado hoy en contra de la petición al Consejo Europeo para que en su reunión de Niza en diciembre se haga que la Carta de Derechos Fundamentales entre a formar parte del Tratado. 
En anteriores votaciones hemos manifestado que éste no es nuestro deseo. 
Ante todo porque no queremos más temas en el orden del día de la Cumbre de Niza de los que sea posible cerrar de cara a dejar lista la Unión para la ampliación. 
Observamos con satisfacción que la convención ha conseguido presentar un borrador de Carta. 
Los derechos fundamentales son uno de los pilares sobre los que descansa la UE. 
De ahí que resulte absolutamente fundamental que se mantenga un diálogo con la población de Europa sobre estas cuestiones fundamentales. 
Creemos que la Carta como documento político es un buen punto de partida para este diálogo absolutamente necesario que debe iniciarse ahora. 
No obstante, pensamos que éste no puede darse por concluido ya en Niza dentro de menos de tres meses, por lo que ya por esta razón no podemos votar a favor de que la Carta quede incluida en el Tratado en la Cumbre de Niza. 
. 
(FR) Tan pronto como el grupo al que el Consejo había encargado la redacción de un proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales finalizó sus trabajos, todos los federalistas, concretamente en nuestra Asamblea, se maravillan en coro de sus resultados. 
En cuanto al fondo, dicho documento representaría, en su opinión, un avance fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos en Europa, hasta tal punto que habría que someterlo a la Conferencia Intergubernamental y que el Consejo de Niza tendría que decidir incorporarlo a los Tratados. 
En cuanto a la forma, los federalistas descubren virtudes extraordinarias en el método de trabajo del grupo, formado por representantes del Parlamento Europeo, de los gobiernos nacionales, de los Parlamentos nacionales y de la Comisión. 
Tanto es así que piden que esta fórmula siga vigente, después de Niza, para la redacción de una futura Constitución europea. 
Como miembro de la delegación del Parlamento Europeo en el seno de dicho grupo, y tras haber trabajado con mis colegas durante ocho meses sobre la cuestión, debo decir que la Carta de los Derechos Fundamentales habría podido representar, en efecto, un valor añadido para Europa; pero tal como están las cosas, no podemos estar satisfechos ni de su contenido ni de los métodos de trabajo utilizados para su elaboración. 
Como yo lo había declarado en mi propuesta transmitida al presidium del grupo al iniciarse los trabajos, los derechos de las personas ya están bien protegidos en Europa a la vez por los sistemas jurídicos nacionales y por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es una extensión de los mismos. 
No necesitamos un instrumento adicional, cuyo efecto sería sobre todo fortalecer el poder supranacional de las instituciones comunitarias. 
En cambio, necesitaríamos una Carta de los derechos de las naciones para recordar la adhesión primordial de los ciudadanos a la voluntad democrática expresada en el marco nacional, y que reafirmaría el hecho de que la Unión es una asociación de naciones. 
Dicho texto sería muy útil no sólo para restablecer el verdadero sentido de la democracia, sino también para preparar las instituciones de la futura Europa ampliada. 
Ahora bien, este no es el camino seguido por los redactores. 
Desde el comienzo de los trabajos, el proyecto entraña una contradicción fundamental que nunca pudo ser suprimida: por una parte, éste afirma que sus disposiciones "van dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión", pero, por otra parte, existen muchos artículos que se refieren a competencias meramente nacionales, que no guardan relación alguna con las de la Unión. 
El campo de aplicación real no corresponde a las intenciones pregonadas, lo que supone una ambigüedad peligrosa sobre la naturaleza de la Carta. 
En principio este texto puede parecer anodino, pues recoge básicamente derechos existentes. 
Pero si se incorporara al Tratado con fuerza vinculante, como lo pide el Parlamento Europeo, con el tiempo tendería automáticamente a la uniformización de los derechos nacionales en Europa; otorgaría un poder desproporcionado al Tribunal de Justicia; favorecería una mayor centralización en torno a las instituciones europeas; limitaría el margen de decisión autónoma de cada pueblo. 
Dicho texto impulsaría, pues, una Europa uniformizada, que la mayoría de los responsables políticos dicen rechazar. 
Aun cuando nos situemos en la hipótesis de que este proyecto sólo diese lugar a una simple declaración política, no podríamos aceptarlo en el estado actual. 
No imaginamos una declaración política en el plano europeo que no hiciera referencia alguna al papel principal de las democracias nacionales, así como a los derechos que de ello se desprenden y a las consecuencias para las instituciones europeas. 
Este proyecto cuestionable, tergiversado adrede en el sentido federalista, es el resultado de un mal método de trabajo, que ha favorecido la confusión a todos los niveles. 
La composición del grupo encargado de la redacción era sin duda original, pero no representaba, desde el punto de vista jurídico, un simple grupo de trabajo del Consejo. 
Ahora bien, desde el principio el grupo se autodenominó "Convención", a pesar de mis protestas, y luego actuó como si fuese una asamblea soberana, de rango superior a las instituciones que la habían nombrado, e incluso a las naciones. 
A continuación, trabajó según el denominado método de "consenso", es decir, sin celebrar nunca votaciones, ni siquiera a título indicativo, sin que en ningún momento se pueda saber quién estaba realmente a favor o en contra de una u otra disposición y sin que tampoco se pueda saber quién había decidido finalmente adoptarla, suprimirla o enmendarla. 
Por fin, las audiciones que se realizaron fueron determinadas arbitrariamente, en función de los candidatos que se presentaban (¿o que se les pedía se presentaran? ), y sería imposible afirmar que hayan dado una imagen justa y verdadera de las sociedades de los países miembros. 
La Convención era, pues, un sistema confuso, generador de irresponsabilidad y poco favorable a una democracia ordenada. 
La adopción final del proyecto de Carta para ser transmitido al Consejo supuso, el pasado 2 de octubre, un monumento de ambigüedad, puesto que aparentemente algunos miembros dijeron "sí" con la condición de que constituya una declaración política, otros dijeron "sí" con la condición de que se trate de un texto vinculante, escamoteándose, pues, esta divergencia capital, así como, por otra parte, la existencia de una oposición de la que yo mismo formaba parte. 
Hasta tal punto los federalistas aprovecharon esta confusión que no sorprende que hoy el Parlamento Europeo pida que se cree, después de Niza, un grupo idéntico para redactar una Constitución europea. 
Mi Grupo es contrario a la idea de una Constitución europea, cuyo objetivo sería suprimir la soberanía de las naciones; pero también es contrario a que, en relación con esta u otra cuestión, se reproduzca un sistema de negociaciones, tan poco ordenado, como el de la Convención. 
- (FR) La Convención encargada de la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea finalizó ayer sus trabajos en Bruselas, después de una sesión solemne que permitió a todas las delegaciones (Parlamento Europeo, Comisión, Parlamentos nacionales y representantes de los gobiernos) expresar su aprobación. 
El presidente Roman Herzog pudo así transmitir oficialmente el proyecto definitivo a la Presidencia francesa, con miras a la cumbre de Biarritz. 
Nuestro Parlamento Europeo se pronunciará más tarde sobre dicho texto a través de un dictamen conforme. 
Las dos preguntas orales formuladas por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Sr. Napolitano, a la Comisión Europea y al Consejo nos brindan hoy la oportunidad de discutir sobre el estatuto jurídico de dicha Carta y en particular de reafirmar nuestra voluntad de que se le confiera un valor vinculante y de que se incorpore en un Tratado. 
Nosotros ya habíamos expresado este deseo en el momento de la aprobación de la última resolución sobre dicha cuestión, el 16 de marzo de 2000. 
¡Somos conscientes de que existen numerosas dudas y de que se corre un gran riesgo adoptando una carta con valor declarativo! 
Para evitar llegar a este extremo y decepcionar las legítimas expectativas de los ciudadanos europeos necesitábamos pensar en una solución alternativa. 
Por eso he votado a favor de esta resolución y he apoyado la enmienda presentada por nuestra presidenta de la delegación socialista francesa, Pervenche Berès, para que la cumbre de Biarritz acceda a solicitar a la CIG que estudie todas las vías de integración de la Carta al Tratado: preámbulo, protocolo o referencia a la Carta, inscrita en el artículo 6, que dispone que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, de democracia y de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como en la noción de Estado de Derecho. 
Esta última fórmula permite dotar al texto de una fuerza vinculante, evitando de momento el debate sobre el carácter constituyente de la fórmula del preámbulo. 
Se trataría de una solución transitoria que permitirá desembocar, a la larga, en una Carta con valor vinculante. 
En cuanto al fondo, es evidente que dicha Carta no va todo lo lejos que yo había deseado. 
Después de todo, los socialistas europeos tienen en su activo victorias importantes. 
Pienso en la inclusión de derechos tales como el derecho de huelga, el derecho al trabajo, la referencia implícita a los sindicatos europeos, el derecho a las ayudas para vivienda. 
Naturalmente, el contenido de esta Carta debe enriquecerse. 
Por eso debemos acompañar el debate hasta la cumbre de Niza. 
Otra enmienda aclara, a este respecto, que sólo la Convención es competente para la redacción de la Carta hasta su adopción definitiva (para parar en seco posibles veleidades de enmienda por una u otra institución). 
Finalizaré insistiendo en el hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales debe concebirse como un elemento central del proceso necesario para dotar a la Unión Europea de una verdadera constitución, lo que para mí es un objetivo prioritario para los próximos tres y cuatro años. 
- (DE) El Grupo parlamentario europeo de la CSU acoge con satisfacción que en el presente proyecto de Carta de Derechos Fundamentales se recojan y hagan visibles los derechos fundamentales que los ciudadanos ostentan frente a los órganos e Instituciones de la UE. 
Sin embargo, sólo podrá aprobarse la incorporación de la Carta al Derecho de la UE o comunitario si con carácter previo se procede a describir y delimitar con claridad las competencias de la UE. 
La Carta tiene por objetivo una amplia protección de los derechos fundamentales y excede, en todo o en parte, el marco de competencias de la UE. 
Rechazamos los derechos fundamentales recogidos en la Carta susceptibles de generar obligaciones de protección o de actuación a cargo de la UE sin la correspondiente atribución de competencias. 
El Grupo parlamentario europeo de la CSU apoyará la disposición horizontal en la que se establezca con claridad que no se atribuirán nuevas competencias a la Comunidad y a la Unión. 
En algunos ámbitos de la Carta se detectan otras deficiencias considerables que deben subsanarse antes de la proclamación de la misma: 
· Debe evitarse una sobrecarga de la Carga con normativa de detalle, la cual debe reservarse a las disposiciones de rango inferior. 
· En el ámbito de los derechos sociales no se delimita con claridad cuándo estamos en presencia de derechos de defensa o de participación y protección. 
· La declaración de asistencia existencial debe quedar comprendida en el ámbito de competencias de los Estados miembros. 
Exigimos la incorporación de un derecho a la patria y a la protección ante la expulsión de los pueblos de la misma. 
. 
(SV) Opinamos que la UE debería suscribir la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Es provechoso que los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la UE formulen en Niza una declaración sobre los derechos humanos. 
Nos hemos abstenido en la votación de la resolución puesto que en el punto 1 se supone que la Carta será vinculante. 
- (FR) Una Convención, compuesta por 62 delegaciones de los gobiernos de los quince Estados y por diputados europeos y nacionales, redacta una Carta de los Derechos Fundamentales para más de 380 millones de europeos. 
Dicha Carta está muy por debajo de la Convención Europea de los Derechos Humanos, muy por debajo de las convenciones o de los tratados nacionales. 
Refleja la Europa liberal que se construye. 
Esta Carta es, en general, insuficiente y a veces regresiva con respecto a cuestiones tan fundamentales como los derechos de las mujeres, los derechos de los inmigrantes, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, el derecho al trabajo o a un salario decente. 
Puesto que los derechos sociales constituyen derechos fundamentales para una Europa respetuosa de los derechos democráticos y sociales y de las libertades, nosotros defendemos la idea de otra carta que proteja a los asalariados, a las mujeres, a los extranjeros, a los excluidos, a las minorías nacionales. 
Esta carta debe ser elaborada por el movimiento social y no por un cenáculo de elegidos. 
Puesto que pensamos que el proceso constituyente de Europa merece un verdadero debate público y democrático, no puede existir una construcción política de Europa sin derechos sociales y sin democracia. 
Por eso no he votado a favor de dicho proyecto de Carta. 
Iré a votar por otra carta, participando en las manifestaciones de Biarritz, los días 13 y 14 de octubre, y de Niza, el 7 de diciembre de 2000. 
. (IT) Somos conscientes de que el proceso de institucionalización de la Unión requiere perfilar el concepto de ciudadanía europea, así como establecer valores comunes como la libertad, junto con los de gobernabilidad y de estabilidad. 
Quisiéramos creer que el valor de la Carta de los Derechos Fundamentales está dirigido realmente a reforzar las competencias de la Unión y no las de los Estados miembros, como estableció la convención al principio de sus trabajos. 
Sin embargo, las perplejidades las produce el efecto combinado que tendría su poder vinculante con respecto a los Estados miembros, según la petición del Parlamento Europeo del pasado 26 de marzo, y sus contenidos todavía lagunosos que, a pesar de los estimables esfuerzos, sigue presentando su última redacción. 
Un ejemplo sorprendente: lo que se refiere al derecho al trabajo. 
Por último, una perplejidad más la causa la posible yuxtaposición de sistemas de derechos que se produciría en la actuación de los Tribunales supranacionales, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Derechos Humanos, aunque esté último deriva de una convención carente de derechos sociales y económicos. 
Es decir, no se quiere que un intento, aunque imprevisto pero, en todo caso, importante como el que nos ocupa, sirva para fortalecer y ampliar a medio y largo plazo esos derechos que las cartas constitucionales nacionales, junto con las prácticas, hoy garantizan plenamente, sino como medio para una reconsideración menos satisfactoria. 
A la espera de mayor claridad, nos abstenemos en la votación. 
- (FR) He votado en contra de la posible inserción en los Tratados de la versión de la Carta de los Derechos Fundamentales que se nos presenta. 
En efecto, habría deseado que esta Carta se retirara para poder seguir trabajando en ella, como lo proponen muchas organizaciones no gubernamentales de diferentes países de la Unión. 
En muchos aspectos, dicha Carta constituye un retroceso con respecto a los avances de los derechos y de las libertades, tanto en Francia como en otros países de la Unión, y a muchos textos internacionales. 
La misma no puede servir de base para la aplicación de una constitución europea. 
No sólo la Carta no integra nuevos derechos, y en particular los derechos sociales, sino que, además, constituye un retroceso en cuanto al estatuto y a la importancia de los inmigrantes y de los asalariados y, globalmente, en cuanto a las libertades públicas y privadas. 
Hemos acabado las votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre los progresos de los 12 países candidatos hacia la adhesión; éstos son en particular: 
(A5-0250/22) del Sr. Brok, sobre la ampliación de la Unión Europea (COM (1999) 500- C5-0341/2000- 2000/2171 (COS) ); 
(A5-0238/2000) del Sr. Carlsson, sobre Estonia (COM (1999) 504- C5-0027/2000- 1997/2177 (COS) ); 
(A5-0239/2000) -de la Sra. Schroedter, sobre Letonia (COM (1999) 506- C5-0029/2000- 1997/2176 (COS) ); 
(A5-0240/2000) de la Sra. Hoff, sobre Lituania (COM (1999) 507- C5-0030/2000- 1997/2178 (COS) ); 
(A5-0246/2000) del Sr. Gawronski, sobre Polonia (COM (1999) 509- C5-0032/2000- 1997/2184 (COS) ); 
(A5-0245/2000) del Sr. Schröder, sobre la República Checa (COM (1999) 503- C5-0026/2000- 1997/2180 (COS) ); 
(A5-0244/2000) del Sr. Wiersma, sobre Eslovaquia (COM (1999) 511- C5-0034/2000- 1997/2173 (COS) ); 
(A5-0248/2000) del Sr. Queiró, sobre Hungría (COM (1999) 505- C5-0028/2000- 1997/2175 (COS) ); 
(A5-0241/2000) del Sr. Van Orden, sobre Bulgaria (COM (1999) 501- C5-0024/2000- 1997/2179 (COS) ); 
(A5-0247/2000) de la Sra. Nicholson of Winterbourne, sobre Rumanía (COM (1999) 510- C5-0033/2000- 1997/2172 (COS) ); 
(A5-0242/2000) del Sr. Martelli, sobre Eslovenia (COM (1999) 512- C5-0035/2000- 1997/2181 (COS) ); 
(A5-0249/2000) del Sr. Poos sobre Chipre (COM (1999) 502- C5-0025/2000- 1997/2171 (COS) ); 
(A5-0243/2000) de la Sra. Stenzel sobre Malta (COM (1999) 508- C5-0031/2000- 1999/2029 (COS) ). 
- (FR) Señor Presidente, señores Presidentes, señor Comisario, señoras y señores ponentes, señoras y señores diputados, permítanme ante todo darles las gracias por haber organizado este debate sobre la ampliación, de cuya oportunidad me felicito por dos conceptos. 
Primero porque- aunque no es necesario recordarlo aquí- la ampliación de la Unión Europea, como acaba de decirlo el Sr. Brok, no es una prioridad más. 
Es el telón de foro, la perspectiva de toda la actividad de la Unión Europea actual, una perspectiva política que condiciona el conjunto de nuestros trabajos, empezando, naturalmente, por los de la reforma de las instituciones. 
Yo tampoco quiero separar el debate que hemos celebrado esta mañana del debate de esta tarde. 
En este sentido, deseo felicitarme ante todo del trabajo realizado por el Parlamento Europeo en forma de informe por separado, dedicado a cada uno de los doce países candidatos que han iniciado negociaciones, y de un informe de conjunto del Presidente Brok, sobre el cual tendré oportunidad de volver a referirme más detalladamente durante mi intervención. 
Considero, en segundo lugar, que sobre la base de los trabajos iniciados por las anteriores Presidencias y por la Comisión, la Presidencia francesa estará en condiciones- al menos, así lo espero- de presentar un balance preciso del proceso de adhesión. 
Me propongo, pues, para contribuir útilmente a este debate, referirles en concreto la forma en que actúa la Presidencia francesa durante este semestre, a fin de lograr los resultados que acabo de indicar. 
Primera orientación. Debemos ir, naturalmente, lo más lejos posible en las negociaciones de adhesión, para efectuar, en Niza, un balance lo más preciso posible de las mismas, país por país y capítulo por capítulo. 
En esta perspectiva, les recuerdo ante todo que pensamos organizar para cada país candidato dos sesiones de negociaciones a nivel de suplentes y una sesión a nivel ministerial, repartidas en dos etapas, los días 21 de noviembre y 5 de diciembre, en el marco de las sesiones del Consejo "Asuntos Generales". 
La Presidencia francesa informará de inmediato a la comisión que usted preside, señor Brok, del resultado de dichas negociaciones el martes por la tarde, como acostumbramos hacerlo actualmente. 
Como ustedes saben, el Consejo Europeo de Helsinki hizo hincapié en el principio de diferenciación entre los países candidatos, y creo que, en este asunto, tanto la Presidencia como la Comisión trabajan realmente en perfecto acuerdo respecto a la forma de llevar a cabo las negociaciones. 
Asimismo, deseo subrayar ante ustedes la perfecta convergencia de puntos de vista que existe con el Comisario Verheugen, y me felicito por la gran calidad de su trabajo. 
Así pues, esto significa, concretamente, que cada candidatura debe ser valorada in fine según sus propios méritos. 
Se trata de la fórmula consagrada. 
Naturalmente, no entraré en los pormenores de cada una de estas negociaciones, y dejaré quizá dicha presentación para el debate que se realizará a continuación sobre los doce informes. 
Pero desearía, no obstante, recordar en pocas palabras las proporciones del trabajo iniciado con aquellos que, por comodidad de lenguaje- estoy de acuerdo con ustedes en que hay que abandonar esta fórmula, pero aún existen cronologías que se denominan los Seis de Luxemburgo y los Seis de Helsinki -, denominaré los "Seis de Luxemburgo", lo digo con comillas. 
Con los Seis, se han abierto todos los capítulos del acervo, salvo uno, el capítulo relativo a las instituciones; algunos de ellos están provisionalmente cerrados- de 12 a 16, según los países- y otros siguen aún negociándose- de 13 a 18, según los países-. 
Creo, pues, que empezamos a disponer de un balance preciso de las dificultades que persisten en cada una de estas negociaciones, tanto desde el punto de vista de los países candidatos como desde el punto de vista de la propia Unión, y que pienso se pueden repartir en tres categorías. 
En primer término: la adopción del acervo. 
¿En qué punto están los países candidatos? 
¿Cómo pueden evaluarse concretamente los compromisos que asumen en el marco de las negociaciones y sus capacidades para transponer dicho acervo? 
Por eso, al igual que el Parlamento Europeo, la Presidencia francesa desea disponer de cuadros de seguimiento sobre la adopción del acervo, puestos al día regularmente, en el entendimiento de que el principio de base de las negociaciones debe seguir siendo una adopción integral de dicho acervo. 
En segundo término, existe el problema de los períodos transitorios, que guarda relación, ciertamente, con el anterior. 
Como ustedes saben, los candidatos han expresado algunas peticiones en tal sentido. 
Es una señal, por otra parte, de que las negociaciones de adhesión han entrado claramente en una nueva fase y de que a partir de ahora- como lo desea la Presidencia francesa- es necesario abordar las discusiones de fondo. 
Señalo, en este sentido, que el Consejo ha iniciado, sobre la base de un documento previo de la Comisión, un trabajo de reflexión para permitir que la Unión avance en las negociaciones. 
Finalmente, existen las posiciones negociadoras con respecto a los capítulos más difíciles del acervo, habida cuenta en particular de sus implicaciones presupuestarias para la Unión. 
Pienso concretamente en la política agrícola común y en las políticas de desarrollo regional. 
He dicho, y no tengo ningún inconveniente en repetirlo aquí, que la Presidencia francesa no eludirá ninguna de las dificultades que se presenten, lo que no significa que dispondremos del tiempo y de los medios necesarios para tratar cada una de ellas. 
Pero, en nuestra opinión, el hecho de infundir una nueva dinámica a estas negociaciones significa, tratándose sobre todo de la cuestión de los períodos transitorios, que haremos todo lo posible para avanzar de manera pragmática. 
Dos palabras, en último término, sobre los "Seis de Helsinki", siempre con comillas, que han iniciado las negociaciones a principios de este año. 
La mitad de los capítulos del acervo se abrirá a la negociación al final de nuestra Presidencia. 
Prevemos, en efecto, en perfecto acuerdo con el Comisario Verheugen, iniciar las negociaciones sobre 42 nuevos capítulos, lo que representa entre 4 y 9 capítulos, según los países, al igual que, antes que nosotros, lo hiciera la Presidencia portuguesa. 
Ello permitiría a los mejores candidatos alcanzar con bastante rapidez, y quizá a partir del próximo año, a los del grupo de Luxemburgo, y sabemos que este es un deseo que algunos han expresado explícitamente en estos escaños. 
Es evidente que el trabajo realizado por cada uno de los ponentes y por las comisiones parlamentarias será útil para alimentar nuestras propias reflexiones. 
Permítanme mencionar ahora la segunda orientación según la cual la Presidencia desea hacer progresar durante este semestre el proceso de ampliación. 
Acabo de señalar la gran importancia del trabajo técnico iniciado hace tres años, y también he dicho que, al menos con respecto a algunos países candidatos, dispondremos muy pronto de un balance preciso sobre las dificultades que subsisten. 
Nos parece, pues, que ha llegado el momento de que este trabajo se conduzca a un nivel más político, reuniendo todas las informaciones de que disponemos. 
Por eso preparamos un debate ministerial de fondo, que tendrá lugar con ocasión del Consejo "Asuntos Generales" del 20 de noviembre, sobre la base de documentos precisos que proporcionará la Comisión, referentes a la adopción del acervo por los países candidatos y a los progresos efectuados por cada uno de ellos. 
Basándose en este debate, la Presidencia dispondrá de los elementos necesarios para que los jefes de Estado y de gobierno lleven a cabo, en Niza, una discusión seria sobre la continuación del proceso de ampliación. 
Dentro de este espíritu, la Presidencia francesa ha decidido asimismo organizar dos reuniones de la Conferencia Europea, que comprende los 15 Estados miembros y los 12 + 1 países candidatos- doce que forman parte de las negociaciones y un candidato-. 
Una de estas reuniones tendrá lugar a nivel ministerial, el próximo 23 de noviembre, en Sochaux, y la otra a nivel de jefes de Estado y de gobierno, el 7 de diciembre, en Niza. 
Estas reuniones permitirán, en primer lugar, informar a los países candidatos sobre el estado de los trabajos en relación con la reforma de las instituciones, reforma que les interesa en el más alto grado puesto que se trata de la Unión de la que serán miembros, así como también, en segundo lugar, iniciar con estos países una reflexión política sobre el funcionamiento de la Unión ampliada. 
Ciertamente, no se excluye que los países candidatos aprovechen estas oportunidades para volver a mencionar- usted se ha referido a ello, señor Presidente- el problema de la fecha de las ampliaciones. 
Esta cuestión es perfectamente legítima, pero es necesario zanjarla de manera correcta y precisa. 
En tal sentido, deseo recordar que, en cierto modo, esta cuestión ya está solucionada, puesto que el Consejo Europeo de Helsinki fijó la fecha del 1 de enero de 2003 para que la Unión se disponga a acoger a los nuevos adherentes, es decir, a aquellos que estarán mejor preparados, con la condición de que, naturalmente, antes se haya concluido un buen tratado en Niza y de que éste haya sido ratificado por los Parlamentos nacionales. 
El hecho de que hayamos fijado esta fecha del 1 de enero de 2003 no es fortuito, y no veo por qué habríamos de cambiarla. 
Sigo personalmente convencido de que en el debate sobre la fecha de las primeras adhesiones, la Unión debe- y se lo digo también con mucho respeto al Parlamento Europeo- ir más allá de las palabras. 
Todos entienden el interés de fijar una fecha para los países candidatos, porque para éstos se trata a la vez de un objetivo y de un factor de movilización. 
Pero la fecha del 1 de enero de 2003, que es la única decidida por la Unión, constituye, tanto para los candidatos como para nosotros, un objetivo extremadamente ambicioso, y en esta perspectiva la Presidencia movilizará todos sus esfuerzos. 
Pienso que no debemos interpretar que las negociaciones habrán concluido en el año 2001 y que los resultados se ratificarán en 2002. 
No se trata de eso, y hay países candidatos, como todos sabemos, con los que se estará negociando bastantes años más. 
Pero también es verdad que el trabajo emprendido, y al cual deseamos dar un fuerte impulso, permitiría a partir de finales de este año 2000, por una parte, comprender mejor el equilibrio general de cada una de las negociaciones y, por otra parte, en todo caso respecto de los países más avanzados, identificar claramente las dificultades que deben resolverse prioritariamente para llevar a término estas negociaciones. 
Lo que les propongo, pues, es trabajar en esta dirección con la idea de que debemos examinar, en la perspectiva del año 2003, cuáles son los candidatos que podrían adherirse en dicha fecha. 
Dos palabras, finalmente, sobre Turquía, país que, para la Unión, forma parte claramente del proceso de ampliación y que constituye el decimotercer candidato a la adhesión. 
Sé, por otro lado, que el Sr. Morillon prepara actualmente un informe sobre dicho país, que esperamos con interés. 
No podemos menos que congratularnos de que se hayan superado algunos obstáculos en relación con el reconocimiento, en Helsinki, de la candidatura de este país. 
Al mismo tiempo, somos perfectamente conscientes de las dificultades que siguen pesando en esta adhesión, empezando por las cuestiones vinculadas al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Turquía. 
Naturalmente, se han realizado progresos, pero aún distan mucho de cumplir con los criterios de Copenhague. 
Asimismo, con respecto a este punto, la Presidencia francesa, de acuerdo con la Comisión, se esforzará por lograr un doble resultado: primero, la adopción de una asociación para la adhesión, necesaria a la vez para Turquía y para la Unión; en segundo lugar, la aplicación de un reglamento financiero que permitirá a la Unión respetar los compromisos que ha contraído frente a estos países, y que desearíamos adoptar de aquí a finales de año. 
Comparto su impresión, señor Presidente: la Unión Europea no debe tener una actitud mezquina o una mentalidad mercantilista con respecto a la ampliación. 
La ampliación es un proyecto histórico. 
La ampliación es una amplia perspectiva que debemos enfocar con visión y con mucha generosidad. 
Pero, al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que se deben fijar las condiciones para que las negociaciones sean un éxito, a la vez con respecto a los países candidatos, a nuestras opiniones y a lo que todos deseamos, es decir, el mantenimiento de políticas comunes sólidas. 
La ampliación constituye nuestro futuro, con la condición de que no diluyan ni debiliten el acervo comunitario y las políticas comunes por las que todos trabajamos. 
Por eso debemos avanzar decididamente optando por la ampliación y fijando las condiciones para lograrla. 
Estoy dispuesto, naturalmente, a continuar el importante debate que hoy nos congrega. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, discutimos hoy el informe del colega Brok relativo al avance del proceso de ampliación de la Unión Europea, y eso constituye un fenómeno anual recurrente. 
Medimos, basándonos en los buenos análisis de la Comisión Europea, los avances de los países candidatos respecto de la preparación del proceso de adhesión. 
En todo país de la adhesión se espera con muchísima preocupación el dictamen que emite la Comisión anualmente sobre sus avances, éste va emitirse de nuevo dentro de poco, el 8 de noviembre. 
Tiene también las características de un proceso tecnocrático, por el que se pierden muy fácilmente de vista los aspectos políticos debido a la profusión de detalles y criterios que figuran en el informe de la Comisión Europea. 
No obstante, como se ha dicho, el debate de hoy con la Comisión es business as usual. 
Hoy es un día especial porque, al mismo tiempo, celebramos que la reunificación alemana tuvo lugar hace diez años. 
Es un momento importante para revisar un período muy particular de nuestra historia. 
En tanto neerlandés que procede de una familia que sufrió muy seriamente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, estoy sinceramente satisfecho de poder expresar hoy aquí mi alegría por el hecho de que esta reunificación haya tenido lugar. 
Helmut Kohl, el Parlamento alemán y los políticos de ese país han hecho todo los posible por anclar Alemania en la Unión Europea, de forma que los antiguos temores de los países vecinos en cuanto a una influencia demasiado grande de la Alemania reunificada, afortunadamente, no se han convertido en realidad. 
No olvidemos que los movimientos civiles en los países de Europa Central y Oriental- quisiera mencionar en particular la unión de sindicatos polaca Solidarnosc- condujeron a la caída del Muro de Berlín. 
El deseo de la población de acabar con una división artificial de Europa debe constituir para todos nosotros la fuente de inspiración en el proceso de ampliación. 
Démonos también cuenta de los enormes pasos que hemos dado. 
Pensemos ahora cómo hubiéramos solucionado el problema de Kosovo, Bosnia y Herzegovina o la relación con Serbia durante la Guerra Fría. 
Examinemos de nuevo los flujos comerciales que existen actualmente entre la Unión Europea y los países de Europa Central y Oriental. 
En la mayoría de esos países, el 70% de las exportaciones tienen como destino la Unión Europea ¡Hace diez años era bien distinto! 
Un gran numero de países de Europa Central y Oriental tienen ahora tasas de crecimiento más elevadas que las de la propia Unión Europea, si bien estos países han atravesado una profunda crisis y sus ciudadanos han pagado el precio de todo ello. 
Como muy bien señala el informe de la Comisión, se han llevado a cabo grandes reformas en todos los países de la ampliación y todavía deben efectuarse más. 
Reconozcamos también los enormes esfuerzos que han realizados estos países de Europa Central y Oriental. 
En ninguna parte podía hallarse un libro que indicara cómo debía realizarse semejante proceso de cambio. Hemos podido aprender mucho de ese proceso. 
Se han cometido errores y las reformas no se han efectuado tan rápidamente ¿Acaso podríamos nosotros haberlo hecho mejor? 
Quisiera felicitar sinceramente al colega Brok y a los ponentes que han participado en la elaboración de este informe. 
El párrafo 25 y la enmienda presentada por mi Grupo resultan esenciales para nosotros. 
Mi Grupo ya ha comunicado esta mañana que queremos que el párrafo 25 sea más estricto ¿Cuál es su fundamento? 
Constatamos los enormes esfuerzos efectuados por los países de Europa Central y Oriental. 
Constatamos, así mismo, que una y otra vez representantes de la Unión Europea han levantado esperanzas, incluso, hasta en los Parlamentos de los países de la ampliación en cuanto al momento en que podrían ingresar en la Unión Europea. 
Hemos elegido con acierto el principio de la diferenciación, conforme al cual cada país candidato será juzgado por sus propios méritos. 
No obstante, hemos dado paso, a la vez, a un proceso en el que no intercambiamos más palabras respecto del calendario y, con ello, la obligación de realizar esfuerzos ha desaparecido. 
Esto desmotiva a la opinión pública de esos países. 
Apuntamos constantemente que todavía queda mucho por hacer en la CIG de Niza; que hay temor entre nuestros propios pueblos; que todavía hacen falta largas negociaciones. 
Señor Presidente, imagínese que vive en un país de los mencionados, del que usted es ciudadano y que usted conoce los esfuerzos que se han realizado ¿Se siente cómodo? 
¿No espera que también nosotros nos esforcemos por que estos países se conviertan cuanto antes en miembros de la Unión Europea? 
Ésa es la señal que quiere dar el Grupo del PPE/DE. 
Una obligación de realizar esfuerzos que diga categóricamente: la Unión Europea estará lista en 2003. 
Esperamos que los primeros países candidatos puedan ingresar antes de 2004, de forma que puedan participar en las elecciones europeas de ese año y, en tanto miembros plenos, también puedan participar en una nueva CIG sobre, por ejemplo, la constitución europea. 
Queremos que en el próximo período de sesiones puedan tener lugar nuevas adhesiones y que se concluyan más rápidamente las negociaciones con los países implicados. 
A continuación, hacemos un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea a fin de que aceleren los procesos de ratificación, de manera que no sean tan largos. 
Y, por último, el debate en torno a los períodos transitorios de la Unión Europea. 
Me alegró que el Comisario Verheugen se refiriera a ello, ya que pueden considerarse un nuevo obstáculo. 
Comencemos el debate con nuestros propios pueblos. 
Me ha alegrado que el Comisario haya empezado, por fin, a informar a la población de que los temores de los que se habla no tienen por qué ser ciertos. 
No obstante, tenemos que realizar esfuerzos en ese sentido. 
La reunificación alemana se caracterizó por que hubo políticos que comprendieron el espíritu de la época, que se atrevieron a negociar. 
Hagamos un ejemplo de ello de cara a los próximos dos a tres años. 
Señor Presidente, Presidente en ejercicio, Comisario, estoy sumamente satisfecho por el tono de este debate y por el grado de consenso que se está perfilando entre los grupos principales del Parlamento, un consenso que mi Grupo suscribe. 
La cuestión de la reunificación, quizá más aún que la cuestión de la ampliación, tiene tanta importancia que recubre y rodea todos los debates de este Parlamento: por eso hay tanta intensidad en todos nuestros debates, incluido el de esta mañana sobre la necesidad de prepararnos para abordar tan importantísima cuestión. 
Crear un espacio común de libertad, seguridad y valores por libre decisión es algo que no tiene equivalente entre las democracias de toda nuestra historia. 
Es una cuestión de la máxima importancia y, a pesar de ello, cosa curiosa, apenas ha suscitado la atención pública. 
Si nos fijamos en las estadísticas de Eurobarómetro, veremos que el 60% de los que han expresado una opinión dicen que la ampliación no es una cuestión prioritaria, y que solamente el 27% dicen que es una prioridad. 
Además, las estadísticas no sólo no están mejorando sino que están empeorando. 
En el país más grande de la Unión, que es la República Federal de Alemania, solamente el 20% dicen que la ampliación es una cuestión prioritaria. 
Somos políticos y por lo tanto tenemos que asumir los resultados de este debate, en vez de dejárselos sencillamente a las burocracias, porque aunque sea indispensable discutir acerca de los detalles del acquis, eso no es suficiente para interesar a la opinión pública. 
Necesitamos un diálogo de políticos y, por lo tanto, necesitamos aprovechar todas las posibilidades de información de que habló el Comisario Verheugen en su discurso elegante y brillante de hoy. 
Necesitamos, como ha dicho el Sr. Hänsch, procurarnos información acerca del costo de la no ampliación, y no sencillamente en términos de finanzas y presupuesto, sino también en términos de seguridad y, naturalmente, en términos de medidas socioeconómicas. 
Fue Franklin Delano Roosevelt, el Presidente de los Estados Unidos de América, quien dijo una vez que no teníamos que tener miedo de nada, de no ser del propio miedo. 
Gran parte de nuestros debates acerca del temor que suscita la ampliación se basan en una sencilla exageración, pero para enfrentarnos con las personas que exageran, es preciso que establezcamos contacto con los políticos populares mediante la reflexión. 
Para ello necesitamos la ayuda de la Comisión, pues aunque tengamos la voluntad necesaria, a veces carecemos de las municiones indispensables. 
En cuanto a los principios involucrados, es evidente que somos partidarios de la diferenciación; es evidente que somos partidarios del principio de igualdad, en el sentido de que no debe haber una Europa con categorías diferentes de ciudadanos. 
Mi Grupo tiene 23 parlamentarios en visita, nuestro diputado virtual del Parlamento Europeo, sentados ahora en la galería: quisiera darles a todos la bienvenida a este debate de nuestro Parlamento. 
Por último, la cuestión decisiva consiste ahora en pasar a la negociación sustantiva, y ese importante paso es el que estamos preparando ahora. 
La cuestión decisiva consiste en no permitir que crezca la frustración entre los candidatos, que estén siempre en la antesala pero nunca del todo en la sala. 
Eso es lo que queremos conseguir con este debate, ése es el resultado que tenemos que procurar conseguir. 
La gente gasta chistes diciendo que después del colapso del Muro de Berlín, la ampliación sigue estando a cinco años vista. 
Tenemos que demostrarles que lo que dicen está equivocado. 
Esforcémonos por dar el primer paso en esa direción durante este mandato. 
Señor Presidente, el propósito de los debates de hoy tendría que ser, a juicio de mi Grupo, devolver la confianza en nuestra seriedad de cara al proceso de ampliación. 
Es verdad que, durante dos años, las negociaciones con los países de la primera fase no han llegado aún a tratar los capítulos más difíciles y que tampoco se ha empezado a hablar en serio sobre las cuestiones de la Política Agrícola, los Fondos Estructurales y la libre circulación. 
Nuestra misión aquí hoy es dar un impulso para que se empiece a negociar también sobre estos temas. 
El proceso ha perdido en cierta medida su credibilidad debido a la aparición de este tipo de inseguridades y vacilaciones. 
Si miramos lo que pasa en cada uno de nuestros Estados miembros, podemos constatar que bastante frecuentemente se reitera que, en realidad, la adhesión de los países candidatos depende solamente de sus propios esfuerzos. 
Esto no puede ser así, sino que debemos realmente requerir, tanto de nosotros mismos como de la Unión Europea, que también la Unión cambie de forma considerable. 
Si miramos lo que pasa en los países aspirantes, nos damos cuenta de que la adhesión no es esperada allí únicamente con entusiasmo. 
Pongo el ejemplo de Estonia. 
Estonia es un país pequeño que ha estado integrado en cierto tipo de unión. 
Allí existe una actitud muy escrupulosa en el sentido de no querer integrarse de nuevo en ningún tipo de unión burocrática. 
También debemos tomarnos en serio esta crítica. 
Nuestro Grupo exige que en la Cumbre de Niza, o inmediatamente después de la misma, se establezca un calendario de referencia para concluir las negociaciones sobre la adhesión. 
Esto es algo imprescindible para poder, como Unión Europea, fijarnos los objetivos encaminados a la ejecución de nuestras propias reformas internas. 
El Comisario Verheugen ha mencionado la corrupción, pero yo menciono el hecho real de que tampoco podemos propagar una mala administración a los futuros Estados miembros. 
Nosotros también debemos tomarnos muy en serio la reforma de nuestra propia administración si queremos también erradicar la corrupción en los futuros Estados miembros, puesto que la transparencia y la buena administración son la mejor garantía para eludir la corrupción. 
En segundo lugar, este calendario de referencia es necesario por la razón de que tenemos que impulsar los esfuerzos de los países aspirantes de cara a la adhesión. 
Nuestro Grupo considera que si actuamos con decisión, es perfectamente posible acoger como miembros al primer grupo de países candidatos ya en la celebración de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, siempre que ambas partes actúen con firmeza. 
Obviamente, cada país será evaluado por separado en función de sus propios logros. 
La siguiente ocasión natural será en conexión con las siguientes elecciones al Parlamento Europeo del año 2009, pero queremos esforzarnos por que el mayor número posible de países pueda adherirse ya en el año 2004. 
Nosotros apoyamos a la Comisión en todos aquellos intentos que persigan entablar un debate formal, serio y honesto en torno a las cuestiones políticas de la ampliación. 
Señor Comisario Verheugen, usted puede contar con el apoyo de nuestro Grupo cuando dice que usted quiere dar verdaderas respuestas políticas a las preguntas políticas verdaderas. 
Su línea en este asunto es admirable. 
Por último, hablaré de la financiación. 
Nuestro Grupo no llega a creer que baste con la financiación acordada en el actual marco financiero, de modo que estamos dispuestos a debatir la revisión de las perspectivas financieras. 
Un modo muy simple de hacerlo- habida cuenta de que ya se han reservado fondos para cinco nuevos Estados miembros a partir del año 2002, en el supuesto caso de que, para entonces, se adhieran a la Unión- sería utilizar estos fondos más adelante en ayudas previas a la adhesión. 
Ante todo, es necesario comprometerse, y eso es lo que tiene que demostrar por su parte el Parlamento Europeo mediante este debate y la subsiguiente toma de decisiones. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica, comparte bastantes de las consideraciones y afirmaciones que sobre la ampliación contiene el informe del Sr. Brok y apreciamos el enorme esfuerzo realizado por éste en su valioso informe. 
Sin embargo, hay aspectos y cuestiones de envergadura de los que disentimos. 
Vaya por delante nuestra opinión favorable a la ampliación. 
También somos partidarios de una Unión Europea que albergue en su seno a Rusia, como conjunto de países que ha construido- es verdad que de forma contradictoria -, esa realidad histórica, cultural, económica, social y política que se llama Europa. 
La única condición sería- a nuestro juicio- compartir los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. 
Las divergencias con respecto a parte de lo afirmado en el informe Brok se extienden desde aspectos de detalle hasta otros de más envergadura. 
No compartimos el considerando A cuando dice que Europa fue dividida por la ocupación soviética dado que, como todo el mundo sabe y está en cualquier manual de historia, la división fue consecuencia de la Conferencia de Yalta y de la intransigencia de Truman empeñándose en su política de confrontación. 
Por lo demás, son seis los aspectos de fondo que nos preocupan por el método seguido. 
En primer lugar, estamos en contra del "principio de regata", que se parece más a un examen previo que cada profesor hace a su alumno cuando hubiera sido mejor hacerlo por tandas y con un calendario establecido previamente y, de esta forma, se hubiera facilitado el acercamiento entre ambas sociedades evitando las consecuencias adversas que ahora existen. 
En segundo lugar, dada la realidad de que el modelo económico neoliberal establecido en Maastricht produce la paradoja de crecimiento con mayores desigualdades, lo más seguro es que, como ya está ocurriendo, la incorporación de estos países redunde en mayor desempleo y desigualdad. 
Habría que modificar previamente nuestro modelo económico para que la ampliación no se salde con desequilibrios sociales aún más graves. 
En tercer lugar, la existencia de grandes diferencias entre la agricultura europea y la de la mayoría de los países candidatos hubiera requerido una mejora de la actual política agraria común para asegurar tanto la viabilidad de nuestra agricultura como la culminación con éxito de las reformas agrarias en estos países. 
Sin embargo, va todo en sentido contrario debido, entre otras razones, a la Organización Mundial de Comercio, con lo que todo se complica. 
En cuarto lugar, y en relación con el uso de los fondos FEDER, pensamos que habría que hacer más esfuerzos de solidaridad, y no se va en esa dirección precisamente, con lo que las previsiones nos parecen insuficientes. 
En quinto lugar, también nos parece que no son adecuadas las previsiones presupuestarias, puesto que es la primera vez que se produce una ampliación de envergadura con reducción presupuestaria y no hay más que mirar lo que ha ocurrido con la reunificación de Alemania para ver que, efectivamente, hace falta más esfuerzo económico para culminar con éxito este proceso. 
En sexto lugar, pensamos que ha sido un error ligar en la práctica la ampliación a la integración previa en la OTAN de estos países. 
Ello perjudica a la propia Unión Europea, a su futuro independiente en relación con Norteamérica y también a una política de defensa y seguridad común europea, puesto que también introduce riesgos con Rusia y con otros países. 
Por ello, nuestra posición es favorable en unos aspectos y diverge en otros. 
Nosotros no votaremos a favor del informe Brok. No es que nos opongamos a la ampliación, la cual está, evidentemente, inscrita en la Historia, como lo está en la geografía y también en el propio nombre de Europa, que incluye, por definición, el conjunto de naciones que se extienden desde el Atlántico al Ural; extremo que, por otra parte, parece olvidar una pequeña parte del continente, la más próspera y, en muchos aspectos, la más arrogante, que después de medio siglo acapara la palabra. 
Si bien nos hemos opuesto al informe Brok, ello no debe interpretarse como un signo de ostracismo en contra de nuestros socios de Europa Central o del Este, de Europa Meridional, sino todo lo contrario. 
Lo que ocurre es que este informe plantea algunas condiciones que son realmente inadmisibles tratándose de países que son europeos desde hace siglos y a los cuales, con excepción quizá de una condición de respeto del pluralismo político, no tenemos por qué imponer ningún tipo de exigencia adicional. 
Las condiciones políticas son comprensibles por tratarse de una empresa política como lo es la cooperación europea. 
En cambio, no podemos aceptar las condiciones económicas y sociales, ya que son muy rigurosas, retrasan indefinidamente los plazos o condenan a los Estados a soportar perturbaciones ruinosas para su estructura económica y social, para beneficio quizá del protector alemán, que es el único que puede sacar provecho de la desorganización actual de Europa Central. 
Por citar un ejemplo, el de Polonia, país que todos apreciamos, es evidente, desgraciadamente, que la apertura brusca de las fronteras puede provocar una rápida caída de sus estructuras agrícolas. 
La cuarta parte de los empleos polacos los proporciona dicho sector; el año pasado la población rural aumentó un 5% con respecto al año anterior, y si queremos que se adapte a nuestro modelo vamos a sacrificar una de las mejores bazas que posee este país, por no hablar de los problemas sociales que generaremos a una gran parte de su población. 
Con respecto a todos estas cuestiones, el informe Brok se limita a hablar de adaptación, de reformas. 
Una de dos: o las imponemos a marcha forzada y desorganizamos la mayoría de los países candidatos, o esperamos que las condiciones se cumplan a través de un proceso natural, lo que significa, entonces, dejar la adhesión para las calendas griegas. 
En realidad, estamos sumidos en el propio modelo de construcción europea, es decir: la integración simultánea de todos los sectores de actividad, más allá de las tradiciones o de las especificidades de unos y otros, se transforma nuevamente en una trampa. 
Puesto que hemos querido abolir las fronteras en pocos años, puesto que no hemos querido hacer caso de las diferencias entre las naciones y sus respectivas estructuras, una vez más desembocamos en una especie de todo o nada, en una opción entre dos males igualmente terribles. 
Es evidente que fue necesario optar por la Europa política, concebida como una instancia de diálogo permanente acompañado de algunas cooperaciones a la carta, como no hace mucho lo habían intentado los programas Eureka. 
Se trataba de la elección de una Europa confederal, respetuosa de las fronteras de todos, de los ritmos y de los modos de desarrollo de cada nación y, finalmente, de toda Europa. 
Ello nos hubiera permitido, en relación con el punto que nos ocupa, acoger nuevos países a medida que se declarasen candidatos, como lo hizo la OTAN. No nos engañemos, señoras y señores, para nosotros la batalla política está perdida en beneficio de los Estados Unidos, que, mediante el método flexible de la alianza política y militar, han garantizado desde hace tiempo la ampliación de Europa, pero en su beneficio. 
Se necesitará mucho tiempo para solucionar la ampliación, ya que ésta supone que sepamos dar marcha atrás respecto de la concepción ideológica y, además, pueril de una integración uniforme, por no decir de la fusión de todas nuestras naciones en un conjunto compacto contrario a las realidades de la geografía y de la Historia. 
Es decir, si somos, por nuestra parte, pesimistas, también es grande la ceguera de las instituciones europeas, que se han lanzado a toda marcha por las vías más nefastas, así como la ceguera de este Parlamento, que es incapaz de pronunciarse sobre cuestiones de candente actualidad, como por ejemplo la que plantean hoy los disturbios de Palestina, donde un Estado supuestamente democrático asesina cada día a niños en las calles, y que, en cambio, se hunde en agotadores quimeras a costa de su continua división. 
Señor Presidente, Señorías, este Parlamento ha hecho bien en incluir el excelente informe del Sr. Brok enseguida después del debate que se ha desarrollado esta mañana sobre las Cumbres de Biarritz y de Niza. 
Es inútil hacerse ilusiones: todo este contexto descrito tan puntualmente y analizado desde todos sus ángulos por los informes particulares que luego vamos a escuchar, choca con lo que está sucediendo en el frente de las negociaciones dirigidas a lograr que la actual Unión Europea adapte sus estructuras y sus Instituciones al reto de la ampliación. 
Como muchos otros colegas, esta mañana he valorado las declaraciones del Presidente Prodi y he tomado nota de lo que ha dicho el ministro Sr. Moscovici que, con prudencia diplomática, sin embargo, también nos ha puesto en guardia ante el hecho de que, por el momento, la coyuntura no es optimista en lo que respecta a los resultados en los próximos dos o tres meses. 
Esperamos que haya resultados y que no se tenga que aplazar para otra Conferencia Intergubernamental lo que debe hacerse para que la ampliación pueda tener lugar. 
Con todo, es indudable que este elemento persiste y condiciona todo el resto de la arquitectura, del contexto, de este derecho ya adquirido de los pueblos y de los países de Europa del este y del sur de adherirse a la Unión Europea: para los países del Este se trata, en mi opinión, de una especie de indemnización por todos los años en que han padecido una dictadura que, aun habiendo sido diseñada en Yalta, ha sido una dictadura que ha durado muchísimos años. 
Quisiera subrayar otro punto: tal como, se ha recordado, el de los recursos me parece un aspecto importante. 
El informe Brok lo apunta, aunque de un modo algo tímido. No obstante, también señala el hecho de que tenemos un límite máximo del 1,27 % del que estamos muy lejos y al que los Gobiernos de nuestros Estados están muy lejos de querer llegar. 
Ahora bien, en las anteriores ampliaciones, especialmente en lo que hace referencia a España y Portugal, disponíamos de un instrumento muy fuerte en términos presupuestarios, ya que los paquetes Delors I y Delors II permitieron ese impulso que también en esa situación hizo posible que economías en dificultades recuperasen el tiempo perdido. 
Hoy, falta esta voluntad política y se me antoja el elemento central que hay que subrayar en el debate sobre la ampliación. 
Estimadas de estimados colegas, el Consejo y la Comisión han pedido de nuevo la palabra. 
Antes he permitido hablar durante más tiempo de lo que estaba previsto sobre el papel a los oradores de los Grupos políticos sin fijarme demasiado en el tiempo de intervención en vista de la importancia del debate. 
Por ello, ruego al señor Ministro y al señor Comisario que lo tengan en cuenta del modo correspondiente en sus intervenciones. 
- (FR) Seré breve, como lo he sido hace un momento, puesto que en mi primera intervención he acabado tres minutos antes. 
Desearía hacer hincapié, por mi parte, en la concomitancia que existe entre nuestro debate en esta Asamblea, que es, en efecto, un debate de fondo, y el décimo aniversario de la reunificación alemana, ya que es evidente que ambas cuestiones están relacionadas. 
Es la caída del muro de Berlín, ese formidable acontecimiento histórico, el que crea las condiciones de la ampliación, las condiciones de la reunificación europea y que aún da toda su perspectiva, todo su sentido, a esta tarea que quedará grabada en la Historia de nuestro continente. 
Desearía saludar la excelente presentación de Günther Verheugen, que como siempre es clara y precisa y que pone de relieve los puntos importantes, así como las dificultades que deben superarse. 
La ampliación, como acabo de decir, constituye un proceso histórico, un deber. 
A partir de ahora es ineludible, y no podemos dejar que aparezcan nuevas fracturas en la Europa de hoy, diez años después de la caída del muro de Berlín. 
Pero las cosas deben quedar claras: no puede haber un ingreso con rebajas. 
Con el pretexto de que estamos haciendo la Historia, no debemos dejar de preparar con seriedad la ampliación, lo que significa que los países candidatos deben cumplir con las condiciones planteadas: adoptar el acervo y estar en condiciones de aplicarlo. 
Ciertamente, habrá períodos transitorios como ya los hubo cuando llevamos a cabo la ampliación a otros países que hoy son miembros de la Unión Europea. 
Pero debemos seguir siendo razonables. No caigamos en la demagogia con respecto a la duración de dichos períodos. 
Sabemos que unos períodos definitivamente transitorios, si se me permite la expresión, no crean condiciones favorables para una ampliación, repito, llevada a cabo con éxito. 
Otro punto esencial: es necesario informar a la opinión pública en favor de dicha ampliación. 
Cuando hablo de informar a la opinión pública, pienso, naturalmente, en los países de Europa Central y Oriental, ya que tienen la necesidad de promover esta causa que para ellos es fundamental. Necesitamos una adhesión muy fuerte en estos países. 
Pero pienso también en la opinión pública en el seno de la Unión Europea. 
No debemos engañarnos: en la Unión Europea existen dudas, y quizá esta sea una de las razones por las cuales, como usted ha dicho, señor Cox, no se habla lo suficiente de la ampliación. 
Quizá, de resultas, algunos no se atreven a hablar de ello. 
Quizá también existen dudas porque no hablamos lo suficiente de la ampliación. 
Mi conclusión es que hace falta hablar más y mejor. 
Es muy importante, y desde este punto de vista me congratulo de que la Comisión trabaje en una campaña de información, que el Comisario Verheugen desea que sea a la vez amplia y descentralizada. 
Sin pretender hacerle una sugerencia, creo que para ser eficaz, ésta debe adaptarse a las expectativas de la opinión y recoger las cuestiones concretas que las mismas se plantean: la seguridad, puesto que debemos vivir en una Europa que constituya un espacio de libertad, de libertad de circulación, pero también de seguridad para sus habitantes; el empleo y el temor al dumping social, en el que no creo, pero debemos combatir este temor con argumentos racionales; el medio ambiente, ya que es evidente que todo lo que afecta al medio ambiente, y concretamente a la seguridad nuclear, constituye una verdadera exigencia para los ciudadanos europeos; la financiación y, finalmente, la corrupción. 
Es preciso luchar, en el marco de esta campaña de información, contra los miedos exagerados, pero también hay que solucionar los problemas a medida que se plantean. 
Esta cuestión de la adhesión de la opinión pública al proceso de ampliación también ha sido subrayada por el presidente Hänsch, y creo que es realmente el centro del debate. 
Está en juego la credibilidad de la Unión. 
Desde este punto de vista, comprendo la impaciencia de algunos de ustedes- el presidente Hänsch, el presidente Brok, el presidente Poettering -, que desearían que los países de Europa Central y Oriental pudieran participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en 2004. 
Se trata de una idea fuerza que es también una gran idea: no realizamos las ampliaciones en contra de la opinión, y la mejor manera de realizar las ampliaciones con la opinión supone su participación en unas elecciones, puesto que las elecciones son la expresión de la democracia y el método de adhesión de los ciudadanos al sistema político. 
A esta exigencia yo respondo: ¿Por qué no? 
¿Por qué no, si es posible? 
Y en este sentido, recuerdo nuevamente- aclarando que esta reflexión no pretende ser, como he oído decir, ni técnica, ni pesimista ni restrictiva- que la Unión Europea se ha fijado una fecha: el 1 de enero de 2003. 
A los países candidatos corresponde realizar los esfuerzos necesarios para lograrlo; a nosotros nos corresponde ayudarlos y también prepararnos para acogerlos. 
Pero tampoco en este caso seamos demagogos, aun cuando podamos entender esta impaciencia, seamos conscientes de que es poco probable que muchos países que hoy son candidatos participen en las elecciones de 2004, a pesar de que lo deseemos. 
Ajustémonos a una línea positiva, voluntarista, pero también realista. 
El Sr. Cox ha deseado que entráramos en el meollo de los temas difíciles. 
Puedo garantizarle que es lo que desea la Presidencia francesa. 
La Sra. Hautala ha puesto de manifiesto una cuestión muy sensible: ha sugerido que las perspectivas financieras sean revisadas, a fin de permitir ampliaciones rápidas. 
No tengo necesidad de subrayar, en esta Asamblea, el carácter clave de esta propuesta, pero quizá sea algo arriesgada, ya que podría toparse, aquí y allí, con dificultades. 
Dicho esto, pienso que no estaba mal plantear la cuestión. 
Pero- y serán mis últimas palabras, ya que quiero decirlo claramente: no soy pesimista en la materia, no me ando con chiquitas, deseo una opción enérgica con respecto a la ampliación- para tener credibilidad, también hay que ser serios, se nos debe entender, es necesario asimismo poder recoger la adhesión de los pueblos, de los pueblos de los países candidatos y de nuestros pueblos. 
Y, por lo tanto, no hay que precipitar las cosas. 
Hace ya algunos años, en Copenhague, definimos unos criterios. 
Estamos llevando a cabo negociaciones de común acuerdo con la Comisión, las llevamos a cabo de una manera seria y voluntarista. 
Creemos las condiciones de la consecución, ya que es importante que esta ampliación no sea un arrebato, que esta ampliación no sea sólo una decisión simbólica que luego creará problemas. 
Es necesario que dicha ampliación sea una verdadera reunificación que mañana permita a Europa funcionar satisfactoriamente, con 15 ó 30 miembros, y diré, incluso pensando en el debate de esta mañana, quizás mejor de lo que funciona con 15. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, quiero decir muy brevemente algo sobre las condiciones previas del escenario deseado aquí por varias partes. 
La primera condición previa es, naturalmente, que nosotros mismos hagamos nuestros deberes. 
Esto se ha determinado así en varias ocasiones en los Consejos de Berlín, Colonia y Helsinki. 
Y esto se va a confirmar de nuevo expresamente en Niza. 
Habremos terminado en el momento en que se hayan acordado las reformas institucionales y entren en vigor. 
Para ello tenemos una fecha final. 
Y esta fecha final es el 2002. 
De ello se deduce implícitamente que no vamos a plantear otras condiciones adicionales. 
Así pues, si ahora prosigue el proceso de reformas, lo que saludo en gran medida, si se tiene ya ahora en cuenta una agenda posterior a Niza, quizás otra Conferencia Intergubernamental, entonces no es posible colocar esta Conferencia Intergubernamental en una relación directa con la ampliación de tal modo que se diga que sus resultados tienen que estar terminados también antes de que puedan tener lugar las primeras ampliaciones. 
Esto no debe ocurrir. 
Tendría todas las consecuencias negativas que han descrito ya varios oradores como resultado de un fracaso en Niza. 
Pero esto es también aplicable a nosotros. 
Las Previsiones Financieras existen ya desde Berlín. 
Dicho al margen, son 80 mil millones de euros los que existen para la totalidad del proyecto en el presupuesto. Yo no exijo por ejemplo más dinero para las ayudas a la preadhesión porque estoy contento de que los créditos de que disponemos los podemos gastar correcta y adecuadamente. 
No quiero que surjan restos como ha ocurrido en otros sectores de la ayuda al extranjero durante muchos años. 
Por el momento, no veo ninguna necesidad de hablar sobre las Previsiones Financieras en relación con la ampliación. 
Creemos que en el marco de las Previsiones Financieras podremos impulsar el proyecto hasta el año 2006. 
En lo que se refiere a las otras condiciones previas, no dependen de nosotros y no podemos disponer de ellas. 
La velocidad del proceso la determinan los candidatos ellos solos. 
Nadie de ustedes debe sorprenderse si los negociadores, los Jefes de Gobierno, los Presidentes den los Parlamentos o sus colegas en los Parlamentos nacionales se quejan de que no todo va suficientemente rápido- independientemente de que esto es un deporte muy querido en Europa- y que la Comisión trabaja siempre con demasiada lentitud, lo que sé entretanto. 
No deben olvidar que esta gente defiende intereses. 
Me quedaría muy sorprendido si no ejerciesen esa presión. 
Están ahí para ejercer presión. 
Pero merece la pena preguntar siempre cuando alguien se queja en sus países de que algo no se lleva a cabo con suficiente rapidez si su país ha aprobado realmente ya todas las leyes que son necesarias para recoger el acquis, si su país ha creado también realmente todas las estructuras que son necesarias para aplicar el acquis. 
Si plantean estas preguntas entonces comprobarán con frecuencia que el interlocutor se queda en parte sin palabras pues deberá reconocer en honor a la verdad de que por su parte todavía hay algo que hacer. 
En este contexto aconsejo actuar con una mayor tranquilidad respecto a la presión sobre las fechas que ejercen los candidatos. 
Insistimos: a partir del uno de enero del 2003 estamos dispuestos a las adhesiones. 
Esto es aplicable a cualquiera que lo logre hasta entonces. 
También ayudamos a todos a lograrlo. 
Pero el hecho es que a la fecha de hoy, el 3 de octubre del 2000, no puedo decir de ni un solo país inmerso en el proceso de adhesión cuándo va a alcanzar la madurez para lograrla. 
No puedo decirlo hoy de ni un solo país. 
Naturalmente, se puede extraer la conclusión de que a pesar de ello debemos determinar una fecha. 
El problema sería que si determinamos una fecha de este tipo existiría el riesgo de que se adormeciese la disposición a las reformas en estos países. 
¿Por qué piensan sino que determinados políticos en estos países insisten tanto en una fecha de adhesión determinada políticamente? 
Insisten tanto porque no quieren atacar determinadas reformas muy difíciles que aún deben realizar. 
Siempre tenemos que encontrar el equilibrio adecuado. 
Si no determinamos una fecha, puede generarse decepción, si determinamos una fecha demasiado temprana, puede surgir una determinada autosatisfacción. 
Es decir, que tenemos que acercarnos a la cuestión de la fecha cuando haya llegado el momento oportuno, a saber, cuando podamos decir con suficiente seguridad cuándo un país está listo para la adhesión y cuándo no lo está. 
Lamentablemente, por el momento éste no es el caso. 
Pero ya he indicado que todos los países se acercan con relativa rapidez a la madurez para la adhesión. 
Me gustaría referirme muy brevemente a dos o tres observaciones que se han realizado en el debate. 
El señor Hänsch ha dicho- junto a otras muchas cosas que apruebo, que la seguridad de las centrales nucleares son un tema importante. De acuerdo. 
Pero para que no surja ningún malentendido entre nosotros: usted ha dicho que estas centrales nucleares tienen que desconectarse antes de que tengan lugar las adhesiones. 
Esto es algo totalmente nuevo. 
La política ha consistido en acordar con estos países las fechas de hasta cuándo deben cerrarse las centrales nucleares. 
Esta era una condición previa para el inicio de las negociaciones. 
Así ha ocurrido. 
No espero que estos países solamente puedan adherirse cuando se hayan alcanzado las fechas de cierre acordadas pues, en parte, sería bastante tarde. 
Pero supongo que solamente se ha tratado de un malentendido lingüístico. 
Quiero llamar la atención aún sobre otra cuestión: no ha sido cierto- ha sido el Sr. Marset Campos quien lo ha dicho- que hemos impelido a los candidatos a adherirse al mismo tiempo a la OTAN. 
Me refiero a este punto porque es muy interesante. 
En realidad, lo que ha ocurrido, tal como podrán recordar ustedes fácilmente, es que tanto OTAN como los EE.UU han mostrado unas grandes reservas a atender el deseo de los países de la Europa Central y Oriental de integrarse en la OTAN. 
Ha durado años antes del lograrlo. 
La presión para ingresar en la OTAN no ha surgido en Washington, Londres o en cualquier otro lugar similar sino que esta idea proviene claramente de Varsovia, Praga y Budapest. 
También les puedo decir la causa: porque estos pueblos quieren estar de una vez por todas en el lado correcto, es decir, asentados firmemente en la familia de las naciones democráticas. 
Por el mismo motivo han expresado, por lo demás, también el deseo de adherirse a la Unión Europea. 
El último punto al que quiero aún referirme afecta a la agricultura. 
Se ha dicho que la apertura de las fronteras ocasionará inmediatamente la quiebra de la agricultura en algunos países como, por ejemplo, Polonia. 
Tengo que indicarles que la apertura de las fronteras en lo tocante a los productos agrícolas y demás productos es algo que ya está acordado en gran medida en los Acuerdos Europeos. 
Está ya acordado gran medida. 
En lo referente a los productos agrícolas, hemos llegado precisamente con Polonia a un acuerdo que significa que ya antes de la adhesión la mayor parte- casi el 100 % de los productos agrícolas polacos- podrá acceder libremente al mercado europeo y, a la inversa, lo mismo es aplicable a nuestros productos que podrán acceder libremente al mercado polaco. 
Esto significa que la liberalización del comercio en el sector de los productos agrícolas ya está acordada sin que los polacos tengan la preocupación de que por ello se hunda su agricultura. 
El problema de la agricultura polaca es de política estructural y también de política social, aspectos de los que nos ocuparemos muy intensamente en el momento oportuno. 
Quiero expresarles mi agradecimiento por el curso del debate que demuestra que podemos contar con el gran apoyo del Parlamento en lo que se refiere a los principios del modo de llevar las negociaciones y a la decisión de atacar ya ahora de un modo rápido y decidido los problemas aún por resolver. 
. (DE) Señor Presidente, solamente quiero plantear una breve pregunta aclaratoria al señor Comisario, con cuya exposición estoy muy de acuerdo. 
Solamente podemos determinar del escenario de adhesiones imponiéndonos a nosotros mismos la obligación de terminar nuestras tareas hasta finales del 2002. 
Según la enmienda que se ha presentado aquí, las distintas instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y los candidatos a la adhesión deben trabajar conjuntamente para que terminemos antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 2004. 
Este es el tenor de la enmienda. 
No se trata de ninguna determinación sino de un esfuerzo para llegar a ello. 
Quizás se pueda llegar con esta formulación a una posición común para que podamos esforzarnos del modo correspondiente. 
Estimado colega Brock, no veo ningún problema en absoluto con esta enmienda pues expresa de modo preciso lo que es nuestra política común. 
Estamos dispuestos a partir de un determinado momento. Deseamos que los demás también estén listos en ese momento. 
Les ayudaremos a estar dispuestos en dicho momento. 
Pero desde la perspectiva actual solamente no puedo darle ninguna garantía de que estén dispuestos. 
Muchas gracias por esta aclaración, señor Comisario. 
Ahora vamos a dar la palabra a los diferentes ponentes. 
Tiene primero la palabra la Sra. Carlsson. 
. 
(SV) Señor Presidente, hoy cuando en mi viaje desde Estocolmo volaba sobre Alemania y después continuaba en coche hacia la histórica Alsacia, no podía sino sentirme agradecida de mi Europa. 
He nacido en un país y en una época en la que no hay motivos para pensar en penurias ni en guerras. 
Antes de mi nacimiento, la libertad y la democracia habían vencido a la opresión y a la locura de la guerra y se había formado una Unión Europea. 
Para los jóvenes de hoy, la paz es algo obvio y la desconfianza ha dado lugar a la colaboración. 
Se han necesitado esfuerzos, pero, en general, la paz y el comercio han establecido lazos más fuertes entre los ciudadanos, ahora aún más sólidos con la unión monetaria. 
Hoy, cuando celebramos la unificación alemana y discutimos la postura del Parlamento en el proceso de ampliación, es importante tener una perspectiva histórica para poder mirar hacia el futuro y para entender que la actual generación de políticos quizás también tiene que adoptar decisiones difíciles en favor de la libertad, de la paz y de la democracia. 
Eran pocos los que creían en la posibilidad de reunificar Alemania. 
Todos nos sorprendimos por la dinámica del proceso, tan hábilmente conducido por el Canciller Kohl. 
Sin su compromiso por la paz, Europa tendría hoy otro aspecto. 
Lo que empezó con el coraje y el ansia de libertad de algunas personas llevó a la caída, piedra a piedra, del odiado muro. 
Por eso hoy, diez años más tarde, tenemos la responsabilidad histórica de concluir la reunificación de Europa y de fortalecer el proceso de integración. 
Éste va a cambiar totalmente a la UE. 
Sin embargo, en mi opinión, no hay otras alternativas ni nada más deseable. 
Si la actual Unión Europea no es capaz de soportar una nueva ampliación, no estará entonces siendo fiel a sus ideales. 
En ese caso, a mi juicio, habría traicionado su misión y habría perdido su razón de ser. 
Se me ha encomendado la misión de ser ponente en relación con Estonia. 
Lunes tras lunes estuvimos en Suecia, en las plazas de muchas ciudades, para demostrar nuestro apoyo a los pueblos hermanos de los Países Bálticos durante el proceso de liberación. 
Nuestro respaldo y nuestro compromiso continúan, en buena medida en nuestro propio beneficio. 
Se necesita una colaboración más eficaz en torno a nuestro mar común, el Mar Báltico. 
Sería provechoso que hubiese más comercio y más intercambio. 
Los Países Bálticos son pequeños estados ribereños que tienen fronteras con un poderoso vecino. 
Tienen ricas fuentes de cultura, diversidad y posibilidades de las que la Europa unida no puede prescindir. 
Cada uno de esos países es apreciado de acuerdo a sus propios méritos, no en grupo ni en consideración a una situación geopolítica especial. 
Lo que cuenta debe ser el resultado de las negociaciones. 
Las agendas no pueden ser motivo para aplazar la ampliación. 
Como se deduce del informe, me sorprende lo que un país ha podido conseguir en diez años de reformas. 
Estoy asombrada por la unidad de criterios políticos existente y por el liderato del Primer Ministro, señor Mart Laar. 
La UE tiene mucho que aprender de la libertad de comercio estona; el país avanza hacia una nueva economía y hacia la integración de la población de habla rusa. 
Es obvio que los fundamentos de la UE no deben desvirtuarse y que los países candidatos tienen que cumplir con la legislación comunitaria. 
Sin embargo, en la UE muchos políticos parecen más ocupados en la consolidación de la Unión y en mejorar el nivel de vida. 
La voluntad de legislar en torno a detalles no cesa. 
Esto crea problemas para los países candidatos. 
En mi opinión, el proceso de ampliación no puede demorarse demasiado. 
Es ahora cuando podemos afianzar los valores comunes y las ventajas. 
Podemos obtener grandes beneficios mediante la colaboración para combatir la delincuencia internacional y los daños medioambientales. 
El medio ambiente será una de las piedras angulares de las negociaciones. 
Mi opinión es que decenios de mala administración originados por la economía planificada y por la irresponsabilidad propia del comunismo, no son culpa de Estonia y no pueden ser motivo para retardar su incorporación a la Unión. 
Si Estonia completa las negociaciones eficaz y resueltamente, tiene buenas posibilidades de ser uno de los nuevos Estados miembros de la Unión. 
La única enmienda que se ha presentado ya está cubierta en mi informe, pero celebro que el Grupo de los Verdes quiera subrayar la importancia de un tratamiento igualitario para los ciudadanos. 
Finalmente, es importante que se avance sustancialmente para demostrar voluntad y energía en las negociaciones. 
Me preocupa la manera en que el Parlamento ha tratado este informe sobre la ampliación. 
Muchas de las enmiendas de la comisión al informe Brok sobrepasan el ámbito comunitario y pueden entenderse como nuevas barreras. 
Ha sido encomiable el intento del ponente Sr. Brok, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, para concentrar el informe, aunque no lo haya logrado. 
Ahora la tarea del Parlamento es, sobre todas las limitaciones, disminuir, no aumentar, los escollos para una exitosa ampliación. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, consideramos los progresos que ha obtenido Letonia desde su independencia realmente como una secuencia de éxitos. 
Letonia, en 1991 aún una provincia de la Unión Soviética, ha construido entre tanto un orden democrático y una estructura estatal propia, ha introducido la economía de mercado y ha creado unas relaciones de propiedad nuevas, por mencionar sólo algunos puntos. 
Imagínense que en su país hubiese tenido lugar un proceso de transformaciones económicas y sociales tan básicas en un tiempo tan breve. 
Creo que sólo entonces tendrían una idea aproximada de lo que las personas han logrado en Letonia en los últimos años. 
Desde esta perspectiva sería sencillamente vergonzoso si la Unión Europea no lograrse poner en marcha en Niza las necesarias reformas para poder acoger a los países de la Europa Central y Oriental, a Malta y Chipre. 
Quien aquí aplica el freno muestra que está mucho menos dispuesto a las reformas que cualquier país candidato a la adhesión, en especial la pequeña Letonia. 
Y no tiene sencillamente el derecho a criticar a este país báltico como si se tratase de un escolar de cortas entendederas. 
Sería asimismo una desconsideración de los logros realizados por los letones si después de Niza se aplazase la adhesión a una fecha indeterminada. 
Con Letonia se han iniciado negociaciones solamente desde la cumbre des Helsinki. 
Sin embargo, en mi opinión está en situación de avanzar en el proceso de ampliación incluyéndose entre los Estados más avanzados. 
Las observaciones críticas y las propuestas del informe respecto a los progresos urgentemente necesarios en la administración y sociedad solamente están dirigidos al objetivo de llevar a Letonia con rapidez y éxito a la Unión Europea. 
En la situación actual, una cosa está clara: la clave para ello es encontrar una administración transparente en todos los niveles. 
Aquí no se incluye sólo una ley sobre el servicio público sino también que existan oportunidades para los jóvenes empleados de la administración y un pago adecuado. 
La base tiene que consistir en un código claro que excluya la corrupción ganándose de este modo la confianza de los ciudadanos y que la administración decida realmente de un modo independiente en el sentido del bien común. 
Una administración de este tipo tiene que estar en situación de recoger con rapidez el acquis y también de impulsar la participación de las ciudadanas y ciudadanos así como de ejercer un control eficaz de las cuentas. 
De este modo, Letonia lograría obtener más créditos de ayuda europeos. 
Como se sabe, estoy a favor desde hace mucho tiempo de que las ayudas al proceso de acercamiento se adapten más intensamente a los mecanismos de los Fondos Estructurales europeos. 
Sigue siendo para mí incomprensible como se sigue midiendo aquí con dos varas de medir. 
Mientras que entre nosotros es algo evidente una asignación descentralizada para los territorios objetivo de las ayudas, los proyectos ISPA se deciden en Bruselas. 
Mientras que entre nosotros se debe aportar entretanto la prueba de la participación de los interlocutores sociales y de que las corporaciones territoriales regionales participan asimismo en la concesión de los créditos, entre los candidatos a la adhesión no se aplica todavía esta forma. 
¿Cómo pueden experimentar entonces las personas que allí viven la Europa y de las ciudadanas y ciudadanos? 
Una estrategia de comunicados, con todo lo buena que pueda ser, no es suficiente para ello. 
Hasta ahora, señor Verheugen, solamente son palabras huecas y los titulares concretos de los proyectos no han obtenido nada de ello. 
Esto no es suficiente, una estrategia global tiene que dirigirse más intensamente hacia las ciudadanas y ciudadanos. 
Es enormemente importante que se incluya por fin más intensamente en el sector de la política de empleo a los candidatos a la adhesión. 
En el proceso de transformaciones económicas y en la rápida transición no solamente ha habido éxitos sino que se han producido también diferencias sociales, un crecimiento de las disparidades regionales y un elevado desempleo oculto. 
Por ello, estas cuestiones tienen que obtener una prioridad en la estrategia de acercamiento. 
Me parece urgentemente necesario que en este punto se dé más importancia a la acción de política estructural y que como respuesta al desempleo en este país no se suspenda la libertad de circulación de personas. 
Es nuestra tarea seguir apoyando a Letonia en la cuestión de la integración de la población rusa. 
También debemos pensar que la carga que hemos impuesto a Letonia, consistente en construir muros de contención para la Unión Europea, que esté obstáculo no se puede basar violando los principios de la dignidad humana, inclusive el derecho humano al asilo. 
Esto es aplicable tanto a Letonia como a la Unión Europea. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, mi informe sobre la solicitud de Lituania para adherirse a la Unión Europea finaliza con la siguiente frase: es aún demasiado pronto para decir cuándo y con quién debe adherirse Lituania, pero los esfuerzos deben encaminarse a hacer posible una primera oleada de adhesiones en la que Lituania participe. 
Lituania presentó el 8 de diciembre de 1995 su solicitud de adhesión a la Unión. 
En febrero del 2000 comenzaron las negociaciones para la adhesión. 
La fecha objetivo de Lituania para la adhesión es el 1 de enero de 2004. 
Espero que nadie contradiga que el enjuiciamiento de los criterios políticos sobre el cumplimiento de las condiciones previas para la adhesión es sin duda positivo en todos los sentidos. 
Este mes, el 8 de octubre van a tener lugar elecciones al Parlamento en Lituania. 
Independientemente del resultado de estas elecciones, se puede estar seguro de que los grandes partidos van a apoyar sin limitaciones la adhesión de Lituania a la Unión Europea. 
Lituania está en camino hacia una integración en la Organización Mundial de Comercio. 
Les quiero dar a este respecto una noticia muy reciente: las negociaciones entre Lituania y la OMC han concluido ayer con éxito, lo que significa que, tras la ratificación, Lituania espera un rápido ingreso. 
La tendencia general de desarrollo de la economía en Lituania en actualmente positiva. 
Han existido repercusiones negativas debido a la crisis económica rusa de 1998 ya que existe un intenso comercio con Rusia. 
En 1998 y 1999 el producto interior bruto estaba aún retrocediendo. 
Hoy se está estabilizando la situación macroeconómica. 
Lituania dispone de un considerable potencial para un crecimiento económico a largo plazo. 
Para este año, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un crecimiento del producto interior bruto del 2,1 %. 
Las oportunidades para ello son buenas pero va seguir siendo necesario realizar esfuerzos especiales. 
También es importante que la política se centre en crear las necesarias condiciones previas para la innovación y modernización de los sectores clave de la economía. 
En este contexto, la vinculación aún existente de la moneda lituana al dólar sigue siendo importante, pues con el valor del dólar se eleva también el valor del lita frente al euro. 
Como consecuencia de ello, las exportaciones de Lituania a la zona monetaria del euro han descendido y de un modo análogo se agudiza para los productores de su mercado interno la competencia debido a la presión ejercida por los exportadores la zona monetaria del euro. 
Se ha proyectado la vinculación del lita al euro en la segunda mitad del año 2001. 
Como he dicho, a pesar de algunos fallos y puntos débiles, Lituania ha realizado buenos progresos en el sector de la economía y no está lejos de llegar a una economía de mercado que funcione. 
Respecto a la central nuclear de Ignalina hay que decir que no existe ninguna duda sobre la necesidad de cerrar los dos bloques del tipo de los existentes en Chernobil. 
A finales de 1999, el Parlamento lituano acordó una estrategia energética y en mayo de este año, la Seima aprobó una ley sobre el cierre del bloque 1 en el año 2004. 
Sobre el cierre del bloque 2 se decidirá en el 2004. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario Verheugen por la observación aclaratoria que ha realizado sobre el cierre de las centrales nucleares. 
Se trata realmente de un punto importante. 
Me voy a referir ahora a Kaliningrado. 
Este tema precisa de unos esfuerzos especiales y, en mi opinión, no puede tratarse solamente como un problema marginal de la adhesión de Lituania y Polonia. 
En el sentido más amplio se trata de la cooperación de la Unión Europea con la Federación Rusa. 
Se trata de la cuestión de si Kaliningrado va a quedar rodeada y cerrada o si se debe incluir en las perspectivas de desarrollo de la región. 
Los múltiples problemas y peligros que se derivan de la crisis social y económica en la región no pueden evitarse ni menos solucionarse con el aislamiento. 
En este caso, el lema debe ser el siguiente: estabilización mediante la cooperación. 
Sólo así existirá una oportunidad también para que Kaliningrado mejore sus posibilidades de desarrollo. 
Lituania desempeña en este contexto un papel positivo. 
Lituania y Rusia han presentado hace poco en la iniciativa NIDA unas propuestas para proyectos comunes en diversos campos. 
Se ha expresado el deseo dirigido a la UE para que los recoja en el plan de acción "Dimensión Nórdica". 
En interés de toda la región se deberían encontrar soluciones que fomenten una positiva cooperación de vecindad. 
Esto radicaría también en interés de la cooperación entre la Unión Europea y la Federación Rusa. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Polonia, el país para el que soy ponente, es el mayor y el más importante, pero, como sabemos, también es el más problemático de los países que se preparan para entrar en la Unión Europea, tan problemático que se oyen voces acerca de su posible exclusión del primer grupo, el de los países que entrarán en primer lugar. 
Son voces sin fundamento y me parece que puedo decir tanto a sus Señorías como sobre todo a nuestros amigos polacos que ayer celebramos una reunión con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Lamberto Dini, que nos ha desmentido categóricamente el hecho de haber escuchado una hipótesis de este tipo en las reuniones internacionales. 
Polonia entrará cuando esté preparada, cuando la Unión Europea esté lista para recibirla, pero ciertamente formará parte del primer grupo. 
Dicho esto, no hay que soslayar las dificultades, y el informe que les presento es precisamente una síntesis de los progresos realizados y de las dificultades encontradas a lo largo del camino de la adhesión. 
El Gobierno y el parlamento de Varsovia se han empleado a fondo en los últimos meses para adelantar la transposición legislativa. 
Recientemente, las autoridades polacas han aprobado importantes reformas y si, el año pasado, el informe anual de la Comisión sobre los progresos hacia la adhesión de Polonia fue bastante negativo, creo y espero que- y, en este sentido, las palabras que acaba de pronunciar el Comisario Verheugen me reconfortan- el informe que se hará público dentro de unas semanas será más alentador. 
Sin embargo, como decía, en Polonia queda mucho por hacer. Pienso en la reforma administrativa, en la reestructuración industrial y, naturalmente, en el sector agrícola que necesita profundos cambios estructurales. 
Pues bien, para superar estas dificultades, para resolver estos problemas, los polacos- como los ciudadanos de los demás países candidatos- precisan acicates. 
Si, por ejemplo, cuestionamos la posibilidad de los ciudadanos, de los obreros de los países candidatos de moverse libremente en la Unión Europea desde el principio, si queremos retrasar el reconocimiento a los ciudadanos del Este de este derecho que representa uno de los principios fundamentales de la Unión, nosotros mermamos más todavía, si cabe, el respaldo a las reformas impuestas de cara a su adhesión. 
Y he aquí otro punto delicado: el apoyo de la opinión pública, dentro y fuera de la Unión Europea. 
Este apoyo es débil y disminuye con el paso del tiempo, como han recordado Pat Cox y muchos oradores después de él: bienvenida sea entonces la campaña de información de la que ha hablado el Comisario, a pesar de que las financiaciones para esta campaña parecen más bien escasas. 
Por parte de Bruselas- y esto, a pesar de las palabras del Comisario que ha mostrado su apasionado apoyo a la ampliación- a veces se tiene la impresión de que se quiere retrasarla y esto se refleja en la actitud de los países candidatos en los que va haciendo mella la decepción y la perplejidad. 
Por el contrario, debemos convencer a los ciudadanos de la Europa actual y de la que será la Europa futura, de la Europa ampliada que los costes- graves, difíciles- son inferiores a los beneficios que se obtendrán en el futuro inmediato. 
Muchos de nosotros piensan que, para estimular y mantener vivo este apoyo, habría sido útil establecer unas fechas para la adhesión. 
En el pasado, establecer fechas sirvió para acelerar el proceso de integración, no obstante, en este punto el acuerdo ha parecido difícil y hemos decidido de común acuerdo renunciar a hablar de ellas en cada uno de nuestros informes, para mencionarlas, a decir verdad, vagamente en el informe del Sr. Elmar Brok. 
En Polonia, al menos a nivel oficial, se habla todavía del año 2003; quizás no será el año 2003, pero debe ser lo antes posible y nosotros no debemos escatimar esfuerzos en este sentido porque estamos en deuda con estos países- los países del Este- que son europeos como los nuestros y cuya única culpa fue estar, no por su voluntad, en la parte equivocada de una línea trazada artificialmente en el corazón de nuestro continente, como ha recordado el señor Comisario. 
A Polonia, a los países del Este, a los países que fueron comunistas hemos hecho demasiadas promesas no cumplidas. 
Líbrense del comunismo, decíamos, y nosotros les ayudaremos. 
Ellos se han librado de él y nosotros no les hemos ayudado. 
Ahora, por lo tanto, no tiene que sorprendernos si en estos países, ante el creciente abismo entre ricos y pobres, la propagación de la delincuencia, de la prostitución y de la droga, aumenta el número de los preferirían volver incluso a vivir bajo el viejo régimen, bajo la dictadura comunista. 
Si esta tendencia se intensificase sería la más patente confirmación del fracaso de nuestra política con respecto al Este. 
Señorías, tratemos de evitarlo con todas nuestras fuerzas. 
Señor Presidente, a veces se dice de los ponentes que se ocupan de los países candidatos que se convierten en embajadores inestimables del país que examinan, que se dejan cegar por su amor. 
Ese riesgo existe y voy a intentar demostrar aquí lo contrario sobre Eslovaquia. 
Un ponente que se toma en serio su trabajo, desarrolla contactos intensos. De ahí surge el entendimiento y también la compasión. 
Eslovaquia no es un objeto, es un país en el que vive la gente, llena de ambiciones y, desgraciadamente, todavía con muchas frustraciones y con, en jerga de reunión, una larga y pesada agenda. No quiero dificultar las cosas, pero tampoco facilitarlas. 
Una Eslovaquia mal preparada no puede ser miembro de la Unión Europea. 
Eslovaquia pertenece al llamado Grupo de Helsinki y quiere, por supuesto, estar en primera división. 
A decir verdad, el país debía haber formado parte de la misma, pero las relaciones con la Unión Europea fueron difíciles con el Gobierno anterior. 
Apoyamos la ambición del Gobierno actual. 
Eslovaquia no está condenada al segundo grupo, y es lógico que quiera ingresar cuando lo haga Chequia. 
El Gobierno eslovaco intenta dar un golpe de mano. Lo juzgaremos de acuerdo con nuestros criterios. 
Eslovaquia tampoco se beneficia de las excepciones políticas. 
La reformas que se solicitan son necesarias. 
Eslovaquia debe dar ese golpe el año que viene. 
Entonces será cuando se negocien los capítulos realmente importantes. 
Mi informe, que examinamos hoy, señala una serie de puntos críticos que casi todos pueden agruparse bajo el común denominador de ejecución. 
Sobre el papel, muchas cosas se organizan bien, pero su traducción en resultados prácticos suscita problemas. 
Por otra parte, ése no es sólo el caso de Eslovaquia. 
Hay que reforzar la policía, también en colaboración con la Unión Europea, y debe invertirse más para tener mejores controles fronterizos. El Gobierno ha elaborado un programa de lucha contra la corrupción por el que merece mi admiración y mi estima. 
Un asunto positivo, pero estamos a la espera de los resultados concretos que arrojarán las evaluaciones. 
Tal como el Comisario Verheugen ya ha dicho, la lucha contra la corrupción constituye una prioridad importante, ya que la corrupción socava la democracia y, además, espanta a los inversores extranjeros. 
La situación del pueblo romaní deja que desear, también sobre esto se ha dicho hoy mucho. 
Se necesita más dinero para poder poner en práctica las actuales propuestas del Gobierno. 
También aquí existe el plan, pero su ejecución todavía no acaba de despegar. 
Además, resulta necesario celebrar en Eslovaquia un debate público sobre qué piensa la gente acerca del pueblo romaní. 
Opinión y prejuicio deben distinguirse, de lo contrario, continuamos ante un muro infranqueable de falta de entendimiento entre ellos y nosotros. 
La ley sobre la utilización de las lenguas minoritarias supone un gran paso adelante, pero su realización técnica deja, así mismo, que desear. 
Mi crítica se dirige, además, y eso también ha sido ya confirmado en el caso de otros países, a la capacidad administrativa de Eslovaquia y a la organización del control financiero. 
Además, pido a Eslovaquia una política regional activa, ya que las diferencias socioeconómicas del país y dentro del mismo son todavía demasiado grandes. 
Y ahora las buenas noticias, ya que realmente eclipsan mis puntos de crítica. 
La democracia eslovaca evoluciona de forma estable y anteriormente habíamos visto lo contrario. 
Se ha producido una considerable mejora macroeconómica. 
Los informes de la Comisión son positivos hasta ahora. 
Esta mejora es tan notable que incluso se ha permitido la entrada de Eslovaquia en el exclusivo club de la OCDE, y quiero felicitar sinceramente al país por ese hecho. 
La privatización de las empresas estatales, incluidos los bancos, cumple el calendario. 
La reforma del sistema judicial en la forma que se ha solicitado, está totalmente en marcha y también se han ejecutado los acuerdos sobre el cierre de los reactores nucleares. 
Me sumo gratamente a las palabras pronunciadas al respecto por el Comisario Verheugen. 
Así mismo, la adopción del acervo comunitario tiene lugar a un ritmo satisfactorio. 
El Gobierno, además, trabaja de forma constante en el mantenimiento del consenso social, éste constituye en sí mismo una cuestión aparte, una cuestión importante en la mayoría de los países de la ampliación, ya que sin ese consenso social no será posible realizar el apretado programa de reformas y, como demuestra Eslovaquia, puede hacerse con éxito ya que el respaldo al ingreso en la Unión Europea continúa siendo elevado. 
Es el momento de que Eslovaquia siga esforzándose. 
El golpe de efecto al que me acabo de referir puede tener lugar. 
Los problemas planteados por mí no son insalvables. 
En los últimos años se ha desarrollado en Eslovaquia una nueva dinámica que acercará rápida y efectivamente este país a la Unión Europea, y que hará un éxito de la adhesión a la UE. 
Al mismo tiempo, me permito, para terminar, hacer una observación sobre la política interior. 
No es nuestra costumbre inmiscuirnos en asuntos internos, pero hay propuestas para que se celebren elecciones anticipadas en Eslovaquia, incluso ha tenido lugar un referéndum en el que se ha pedido a la gente que decida sobre ello. 
Por supuesto, corresponde a los eslovacos decidir al respecto. 
Creo, sin embargo, que resultaría negativo para Eslovaquia que se organizaran elecciones en este momento. 
Retrasaría de nuevo el proceso de adhesión, ya ha sucedido una vez con el Gobierno de Meciar. 
Por tanto, creo que es comprensible que el Gobierno actual intente concluir esa tarea. 
Señor Presidente, Señorías, me parece oportuno y justo iniciar esta intervención con una referencia a que hoy, 3 de octubre, se conmemoran los diez primeros años de la reunificación alemana. 
Ese extraordinario acontecimiento, simbolizado en la caída del muro de Berlín, que separaba dos bloques, pero también a un pueblo, representó, en cierto sentido, un paso pionero en el proceso de ampliación europeo hacia la Europa central y oriental. 
Pese a las dificultades, las contradicciones y las disparidades sociales y económicas que- como es público- subsisten aún hoy entre la Alemania oriental y la occidental, la verdad es que un proyecto de destino colectivo de paz, libertad y desarrollo dio resultado, cosa que probablemente no habría sido posible, si no se hubieran relegado a segundo plano las voces de los prudentes y las de los adeptos a cierta racionalidad técnico-burocrática. 
A raíz de esa reunificación el Consejo Europeo, reunido en Copenhague, decidió integrar en la Unión Europea los Estados asociados de la Europa central y oriental que desearan adherirse. 
El Consejo de Copenhague de 1993 dejó claro que la adhesión de los países de la Europa central y oriental a la Unión Europea dependería del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su participación en la Unión. 
Dicho de otro modo, esos Estados deberían satisfacer un conjunto de condiciones económicas y políticas consideradas necesarias y previas a una integración. 
El 30 de marzo de 1998 fue posible iniciar por fin un proceso de negociaciones con el primer grupo de países, entre los cuales se encontraba Hungría, país que es objeto del informe sobre la marcha de los trabajos que el Parlamento Europeo está debatiendo en este momento. 
Señor Presidente, Señorías, creo poder decir que este informe, después de haberse debatido y enriquecido debidamente en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que fue aprobado por unanimidad, describe y analiza con suficiente rigor la fase actual del proceso de adhesión de Hungría, en la doble perspectiva en que aborda la cuestión. 
Por un lado, se reconoce como instrumento de examen parlamentario del informe periódico elaborado por la Comisión en 1999 y relativo a los avances logrados por ese país y, por otro, como expresión y resultado de la visión que el ponente fue cimentando sobre la situación actual de Hungría. 
En esta intervención me propongo destacar y sistematizar los seis aspectos de la evolución de la situación húngara con vistas a la adhesión a la Unión Europea, dignos de mención particular. 
En primer lugar, en lo relativo al cumplimiento de los criterios políticos formulados en Copenhague, la situación en Hungría sigue siendo, en general, satisfactoria, pues se da una consolidación de la democracia que fortalece las tendencias positivas ya señaladas. 
Por consiguiente, los problemas existentes no se plantean en materia de aplicación o defensa de los derechos civiles y políticos, sino con vistas a la lucha más eficaz contra algunos aspectos menos positivos. 
En este marco, la cuestión de la integración en la sociedad húngara de la etnia gitana revistió gran importancia en el debate celebrado en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
A nuestro juicio, las medidas encaminadas a abolir toda y cualquier discriminación contra la comunidad zíngara deben centrarse en una serie de medidas positivas, lanzadas ya en parte por el Gobierno húngaro mediante un plan de acción a medio plazo que cuenta con el apoyo del programa PHARE, sobre todo en la esfera de la educación y en programas concretos de apoyo al empleo y la vivienda. 
Esas políticas deben propiciar una asimilación libre, no forzada, de las personas pertenecientes a dicha comunidad. 
Ésa fue la orientación que quisimos dar en esa parte al informe, por lo que no podemos concordar totalmente con el texto del considerando c) , resultado de una enmienda aprobada en comisión, que subraya la persistencia de una situación de segregación en la educación de los niños y de grave discriminación en los diversos sectores de la sociedad, de la economía y del sector público que no corresponde a la percepción de la realidad actual, según tuve oportunidad de observar. 
En segundo lugar, conviene destacar la situación económica, en la que se ha fortalecido el crecimiento y ha transformado a Hungría en la vanguardia económica de la región. 
Se ha saneado la hacienda pública, se ha registrado una mejora notable de la balanza de pagos y se ha observado una evolución del consumo, resultado de los aumentos salariales, la disminución del desempleo y la tasa de inflación. 
En tercer lugar, y por lo que se refiere a la agricultura, cuyo nivel de productividad es aún inferior al de la Unión Europea, conviene garantizar la apertura total del mercado agrícola a los capitales necesarios para la privatización de las tierras, la modernización de las explotaciones y las estructuras de comercialización, así como para la mejora de las rentas. 
Con todo, la prohibición de adquisición de tierras agrícolas por parte de ciudadanos no húngaros constituye un obstáculo para la fijación de un precio justo a dichas tierras. 
En cuarto lugar, hemos de destacar la relevante cuestión de la lucha contra la delincuencia organizada, sobre todo de origen ruso. 
La elevada tasa de delincuencia y las grandes repercusiones de ese tipo de delitos tal vez sean el asunto interno más grave en Hungría, pese a que el parlamento húngaro ha votado ya un conjunto de textos relativos al blanqueo de capitales, a la agravación de las penas por tráfico de drogas y a la prostitución, a la confiscación de fondos y a un programa de protección de los testimonios en el caso de los informadores. 
En quinto lugar, y en lo que se refiere a la adopción del acervo comunitario, hay que reconocer que Hungría sigue procediendo de forma equilibrada. 
Por último, debemos destacar el medio ambiente y los problemas de la contaminación transfronteriza derivados de la situación geográfica de Hungría. 
La contaminación verificada en los ríos Danubio y Tisza y provocada por los vertidos de cianato procedentes de Rumania constituye un ejemplo clásico de esa situación. 
Quisiera decir aquí unas palabras finales sobre las preocupaciones manifestadas por algunos miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre las centrales nucleares de origen soviético. 
Es una cuestión que se debe tratar con seriedad, pero en un marco general que abarca no sólo a Hungría, sino también a los demás países candidatos que disponen de esa tecnología anticuada y poco segura. 
Por eso, me satisface ver que se ha examinado ese asunto en el informe general sobre la ampliación del Sr. Brok. 
Llegado aquí, sólo me queda solicitar a sus Señorías un debate esclarecedor y una votación que, por su expresión y sentido, contribuya al encuentro entre las viejas democracias de Occidente y las nuevas democracias del Este, objetivo en última instancia del proceso de ampliación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el pueblo rumano acoge de todo corazón la decisión de la Unión Europea en Helsinki, de incorporar a Rumania a la primera ola de países que esperan el ingreso. 
De hecho, el 80% del pueblo rumano estima que Rumania debe formar parte de la Unión Europea. 
Quizá no sea coincidencia que las mismas encuestas públicas indiquen que el Embajador de la Unión Europea ocupa el segundo lugar en la escala actual de popularidad en Rumania. 
Desde diciembre pasado, por lo tanto, ha habido muchas señales alentadoras. 
La pobreza aguda ha sido un problema fundamental de Rumania desde 1990 y con el actual gobierno la economía, por fin, está dando verdaderas señales de mejora. 
Los considerables préstamos concedidos por el Banco Mundial y el FMI y la Unión Europea corroboran ese éxito. 
El actual Primer Ministro, Mugur Isarescu, ha sido cedido en régimen de adscripción por el Banco Central y, por consiguiente, mantiene excelentes relaciones con las instituciones financieras internacionales. 
Una economía mejor debería aumentar una confianza pública todavía frágil en las instituciones democráticas y hay que conceder alta prioridad a la despolitización de la administración pública. 
Rumania disfruta de una prensa libre. Éste es un aspecto que hay que alentar y respaldar. 
La lucha contra la corrupción a todos los niveles ayudará a erigir una sociedad civil libre y abierta. 
Rumania alcanza difícilmente los criterios de Copenhague acerca de los niños. 
No hay que olvidar que el colapso de la Unión Soviética dejó a miles de niños en situación desesperada en todos los países que formaban parte de ella; niños cuyas familias habían acabado por ceder en contra de su voluntad a presiones exteriores, niños que erróneamente habían sido acogido en instituciones, niños que recibían tratos crueles, niños que sucumbían sin necesidad, niños adoptados ilegalmente por otros países, niños cuyo único futuro consiste en ser objeto de un trueque por monedas fuertes o por productos domésticos. 
Europa Central y Oriental y los Balcanes Occidentales son una fuente primordial de la trata internacional de niños esclavos. 
En Rumania el Gobierno, con el apoyo activo del Comisario Verheugen, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, nos ha dado una oportunidad para establecer en la región buenas doctrinas y mejores prácticas. 
La creación de un grupo de alto nivel es algo que recomiendo a mis colegas. 
El Parlamento recordará que nuestra ayuda a Kosovo fue oportuna y de gran importancia. 
Esto se reflejará en el próximo reto de la OSCE, que Rumania abordará en enero de 2001, y quizá en el año 2002, cuando se vuelva a examinar el probable ingreso de Rumania en la OTAN. 
Todos aplaudimos a Rumania por las medallas olímpicas de oro, plata y bronce que ganó la quincena pasada. 
Ahora hemos de esperar que Rumania sea un Estado miembro de la Unión, activo y con plenitud de derechos, sin retrasos excesivos. 
Por consiguiente recomiendo mi informe y las propuestas que contiene al Parlamento e insto a Rumania a que se apresure a poner en práctica el acquis communautaire y los criterios de Copenhague y se haga miembro de la Unión Europea. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, este ponente comparte los contenidos del informe de la Comisión sobre Eslovenia y constata que las críticas vertidas en 1998 han servido de saludable acicate para las autoridades eslovenas que desde entonces han reaccionado acelerando la adopción de las medidas necesarias para la adhesión. 
El cambio de velocidad registrado convierte Eslovenia en uno de los países que mejor se están preparando de cara a su ingreso en la Unión, motivo por el cual considero altamente probable que este país sea uno de los primeros en adherirse. 
Evidentemente, siguen pendientes algunas cuestiones que, por otra parte, han sido objeto de debate en diversas sedes tanto entre las delegaciones parlamentarias como en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, y que son objeto de las enmiendas que vamos a debatir mañana: por ejemplo, el cierre dentro de este año de las tiendas libres de impuestos, la reestructuración de las empresas públicas, la adaptación de la legislación bancaria y del sector de los seguros y, más en general, la modernización de todo el ámbito judicial que debe ofrecer garantías de independencia y de imparcialidad, así como del conjunto de las administraciones públicas. 
Confío en que dichos asuntos se conviertan en las prioridades del nuevo parlamento que tomará posesión dentro de quince días, y del nuevo Gobierno. 
También en el caso esloveno, hay que insistir en una oportuna y adecuada campaña de información para que todos los ciudadanos se conciencen de las implicaciones de la adhesión a la Unión Europea. 
El Parlamento puede contribuir activamente a estas iniciativas abriendo sus oficinas de documentación, implicando al gran público a través de las escuelas, los centros sociales y de trabajo, culturales y profesionales. 
En su resolución de abril de 1999, el Parlamento subrayó la convergencia de las posiciones de la Unión Europea y de Eslovenia en materia de política económica y de seguridad y efectivamente, en este último año Eslovenia ha dado una importante contribución al Pacto de Estabilidad para Europa suroriental. 
Eslovenia ha respaldado la acción de la OTAN y de los Estados miembros con ocasión de la guerra en Kosovo y, considerando la dificultad de una elección de este tipo, podemos decir que esto no solo prueba la importancia del papel de este país en la región, sino también la convergencia de intereses con la Unión Europea. 
Aprovecho esta ocasión para dirigir al Comisario Verheugen una invitación para que haga de intermediario ante la Comisión y el propio Consejo de Europa, al objeto de que la Unión reexamine su posición e invite a la oposición serbia que ha ganado las elecciones a no desertar del ballotage regalando así a Milosevic una victoria virtual sin un enfrentamiento político que podría ser un peligroso pretexto para seguir en el poder. 
La estabilidad de toda la región europea suroriental depende de la solución de las controversias que tienen planteadas varios países, países fronterizos. He aquí porque, también en el caso esloveno, parece importante que las autoridades alcancen rápidamente un acuerdo con Croacia para cerrar todas las controversias bilaterales y sobre todo el contencioso fronterizo. 
Esto garantizará una mayor estabilidad, un clima mejor para las relaciones bilaterales y mayores oportunidades de desarrollo económico para todas las poblaciones afectadas. 
- (FR) Señor Presidente, el informe sobre la adhesión de Chipre, que tengo el honor de presentarles, implica un aspecto político particular con respecto a la serie de informes que han escuchado esta tarde. 
Se trata de un país candidato cuya tercera parte del territorio está ocupada, desde 1974, por el Ejército turco y donde, debido a una línea de demarcación particularmente impermeable, los principios fundamentales de la Unión Europea no son aplicables en la totalidad del territorio. 
El informe que tengo el honor de someterles y que también ha sido aprobado por unanimidad en comisión constata que la parte del territorio controlada por la autoridad legal cumple con los criterios políticos de Copenhague. 
Chipre posee una economía de mercado viable y próspera y no debería enfrentarse con problemas particulares respecto de la adopción del acervo. 
Sin embargo, debo señalar que la transposición del mismo es demasiado lenta y que Chipre- como otros países candidatos, por otra parte- debería fortalecer sus estructuras administrativas, fiscales y jurisdiccionales. 
Estoy convencido de que la adhesión de Chipre podría desempeñar el papel de catalizador y de motor respecto de la solución del problema político de la división de la isla. 
La continuidad del statu quo, resultado de la invasión turca de julio-agosto de 1974, no es aceptable para la Unión Europea. 
Por eso fomentamos las negociaciones de proximidad, que actualmente se llevan a cabo bajo la égida de las Naciones Unidas. 
Pero señalamos asimismo que la solución definitiva, justa y permanente debe respetar plenamente a la vez las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no es ni más ni menos que el Derecho internacional vigente, y los principios por los que se rige la Unión Europea. 
Me refiero, naturalmente, a los principios políticos, pero también a la libertad de circulación y a la libertad de establecimiento. 
Puesto que Chipre y Turquía son países candidatos, el conflicto chipriota ha dejado de ser un conflicto periférico. Éste se convierte en un conflicto intracomunitario. 
Por consiguiente, debemos recurrir a todo el arsenal de medios y de oportunidades de que disponemos. 
Es indispensable adoptar medidas inmediatas para superar el estancamiento actual. 
La presencia, en la zona ocupada en el norte de Chipre, de un militar cada seis civiles, incluyendo a los colonos turcos, constituye una situación única en Europa y en el mundo. 
Por eso el ponente propone iniciar la serie de medidas de confianza y de abolición del statu quo a través de la desmilitarización de la isla, lo que, por otro lado, reclaman varias resoluciones del Consejo de Seguridad desde 1983. 
Con la adhesión, la comunidad chipriota turca no tiene nada que perder, sino todo para ganar. 
Tanto su seguridad como su identidad serán plenamente respetadas. 
La propia pertenencia a la Unión Europea es una garantía de los derechos. 
Europa debe convertirse en un actor responsable en la solución del problema chipriota. 
Con este fin, y sin perjuicio, evidentemente, del propio papel de la Comisión, nuestro Alto Representante de la PESC, el Sr. Solana, desempeñará un papel clave. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, hablo aquí en mi doble función de ponente para Malta y como presidenta de la comisión mixta parlamentaria con Polonia. 
Por ello, expreso mi agradecimiento por poder disponer también de un tiempo de intervención más largo. 
Debido a su situación geopolítica como puesto más avanzado de Europa en el punto de intersección con el Próximo Oriente y el norte de Africa, la importancia de Malta va mucho más allá de su tamaño geográfico y de su pequeña cifra de habitantes. 
El Parlamento europeo así como el Consejo Europeo de Viena con el a la sazón ministro de Asuntos Exteriores de Austria Wolfgang Schüssel en la Presidencia del Consejo saludaron por ello la resolución de Malta de reactivar su solicitud de adhesión que estaba congelada desde 1996. 
Era solamente algo lógico que el Consejo Europeo de Helsinki del año pasado haya dado luz verde con la ampliación de las negociaciones de adhesión también al reinicio de las negociaciones de adhesión con Malta. 
Queda fuera de toda duda que Malta cumple los criterios políticos de Copenhague y que como economía de mercado que funciona debería estar en situación de soportar la presión de la competencia dentro de la Unión cuando prosiga las medidas actualmente en curso de reestructuración de su industria y de reducción de su déficit presupuestario. 
Malta dispone además de unas instituciones estables democráticas que funcionan. 
El plan de acción nacional para la aplicación del acervo crea las necesarias condiciones previas para las transformaciones estructurales y la modernización de la economía de este Estado isla. 
Como ponente soy naturalmente consciente de que Malta tiene problemas similares de adaptación a la UE al igual que los demás candidatos a la adhesión, sólo que en unas dimensiones cuantitativas sensiblemente menores, por lo que para la Unión son más fáciles de superar. 
Esta pequeña isla estaba naturalmente acostumbrada a proteger su economía frente a la competencia mediante medidas y tarifas proteccionistas. 
Por ello, la transformación de estas estructuras genera naturalmente preocupaciones entre los pequeños comerciantes y las empresas familiares. 
Pero también provoca miedo en el sector de los astilleros y de los diques de reparaciones que han sido subvencionados intensamente durante mucho tiempo contribuyendo, en consecuencia, al endeudamiento del Estado. 
Pero aquí se encuentran en marcha unas medidas de reforma que pueden contribuir a la rentabilidad y capacidad de supervivencia de este sector. 
Malta está además en el buen camino para abrir al mercado libre la posición de monopolio de sus medios electrónicos. 
Sin duda, un problema es la necesidad de recuperar terreno en el campo de la política medioambiental y de la eliminación de residuos. 
Estos son problemas que, sin embargo, se podrán solucionar en un marco temporal adecuado. 
Esencial para la Malta es la ayuda financiera en el marco de la estrategia de preadhesión y la consciencia de que la ayuda financiera para Malta debe corresponder a las reglas en vigor que se aplican a los demás países candidatos. 
El problema principal de Malta sigue sin embargo consistiendo en que el proceso de adhesión es enjuiciado de modo diferente por el Gobierno y la oposición y la Unión Europea da importancia a que este proceso de adhesión transcurra de modo continuado. 
Por ello, es necesaria una amplia información a la opinión pública sobre los aspectos políticos, económicos y sociales de la adhesión de Malta a la Unión Europea así como un amplio diálogo con todas las capas de la población y los grupos y partidos relevantes políticamente para que la adhesión de Malta se convierta en un asunto de importancia nacional y el camino de este país a la Unión Europea transcurra de modo continuado. 
Voy a dar un gran salto geográfico a Polonia que, sin duda, es un país clave para el proceso de ampliación no sólo porque su economía es la que está experimentando la mayor expansión entre todos los países centroeuropeos sino también a causa de su tamaño y su situación geopolítica. 
Polonia ha sido siempre la primera víctima de los conflictos europeos que se han dirimido hasta los tiempos más recientes en su suelo. 
No es su culpa que haya encontrado tan tardíamente el camino hacia la Unión Europea. 
Con todos los problemas de la adaptación de Polonia a la Unión Europea no debemos olvidar precisamente en el caso de este país la dimensión histórica. 
No se puede medir con meras cifras así como con cálculos de costes/beneficios. 
Especialmente en el día de hoy de la unidad alemana es oportuno recordar que fue el movimiento polaco Solidarnosc quién hace veinte años inició el proceso de caída del bloque soviético haciendo posible a la postre la reunificación alemana. 
Es absolutamente necesario tener en cuenta dos elementos: por un lado, la UE tiene que finalizar sus reformas internas para poder acoger a nuevos miembros a partir del 2003. 
Pero también es absolutamente necesario que la opinión pública polaca sea informada de modo exhaustivo sobre las ventajas de oportunidades de la adhesión. 
A pesar de todas las dificultades que puedan surgir en las negociaciones entre Polonia y la UE, como representantes del Parlamento Europeo debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para proporcionar credibilidad al proceso de integración de Polonia. 
No se trata de determinar en este contexto un año exacto. 
Pero debe quedar fuera de toda duda la voluntad de la Unión Europea de ampliar su zona de paz y estabilidad hacia la Europa central y hacia Polonia. 
La tendencia del informe sobre Polonia de animar a sus políticos, de acelerar la adaptación de sus leyes a las de la Unión Europea y de aplicar el acervo comunitario así como la exitosa conclusión del acuerdo sobre liberalización del comercio agrícola polaco de hace algunos pocos días, son unas señales positivas a este respecto. 
A pesar de todas las dificultades, no debemos olvidar una cosa: la adhesión de Polonia debe realizarse con todos los cuidados pero también lo más rápidamente posible en interés de la reunificación de Europa. 
- (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, deseamos aportar nuestra contribución a este debate. 
Existe una controversia- que a menudo se alimenta aquí y allí- para saber si debemos examinar el proceso de adhesión de los países candidatos a la Unión con respecto a los criterios de una convergencia real o de una convergencia nominal. 
Nosotros queremos a la vez contemplar la convergencia real y la convergencia nominal. Cuando se consideran sucesivamente los criterios de Copenhague y los criterios de Maastricht, pensamos que éstos contienen lo esencial de lo que necesitamos para que la adhesión de los países candidatos se realice en buenas condiciones, es decir, en nombre del respeto del interés recíproco, del interés de los países candidatos, del interés de los países actualmente miembros de la Unión. 
Pero si queremos que las cosas vayan por buen camino, antes es preciso privilegiar la convergencia real. 
Y para ello, creemos que la Unión Europea debe contribuir asimismo a adaptar progresivamente la herramienta productiva de los países candidatos. 
Las cifras son impresionantes. 
Se necesitarán probablemente, según las últimas evaluaciones dadas a conocer, 200 millardos de euros para que las infraestructuras y el medio ambiente de los países candidatos estén en condiciones de conocer una convergencia real, es decir, de favorecer un nivel de inversión superior, a fin de permitir que la economía de estos países respete los criterios de Copenhague. 
Creemos asimismo que sería oportuno aplicar cierta flexibilidad cuando se examinen los criterios de la reducción de la tasa de inflación o de la fijación de los tipos de cambio. 
Se trata de elementos de la convergencia nominal, y como hemos visto- ya que lo hemos experimentado en el seno de la Unión Europea -, dicha convergencia puede también contribuir a favorecer la convergencia real. 
Se piensa, evidentemente, en las experiencias italiana o portuguesa, y observamos el mismo fenómeno en el caso de los países candidatos, pero para ello se necesita cierta flexibilidad a fin de permitir los ajustes necesarios en el proceso de recuperación. Naturalmente, esto es válido en particular tratándose de la cuestión de los precios. 
En esta perspectiva, antes de la adhesión creemos esencial la aplicación de un verdadero diálogo macroeconómico entre iguales, entre colegas, a nivel de los Ministerios de Finanzas y de los Bancos Centrales. Y, sin duda, no ya únicamente respecto de los desafíos monetarios, sino también respecto de lo que denominamos, dentro de la Unión, la coordinación de las políticas económicas. 
Detrás de dicha coordinación existen cuestiones de interés común: el desempleo, la innovación, la utilización de las recaudaciones públicas. 
Según la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, se deberá prestar una atención particular a la nivelación de los dispositivos de vigilancia cautelar y bancaria, que hoy es aún embrionaria, lo que representa un riesgo potencial para acceder a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. 
Finalmente, en el informe del Sr. Brok el Parlamento pide que la liberalización de los capitales, en particular a corto plazo, pueda ser progresiva a fin de impedir cualquier fenómeno especulativo en los mercados de cambios. 
Un último punto, señor Presidente, sobre las consecuencias de la adhesión al euro. 
Creemos que dicha adhesión es a la vez un derecho y un deber. 
Una vez que se cumplan con las condiciones, no existe ninguna razón, ni para los países candidatos ni para los países actualmente miembros del euro, para oponerse a la entrada en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria de los países candidatos. 
Es más, dicha adhesión confirmará un compromiso en un proyecto político y en una coordinación estrecha de las políticas económicas y sociales. 
La unión monetaria no es una zona monetaria; es también una unión económica y monetaria. 
El interés recíproco consiste en una ausencia de excepciones para estos países, pero para nosotros tampoco existe una exclusión respecto a la pertenencia al euro, siempre que se respeten los criterios que hemos definido entre nosotros. 
Estos países están calificados para unirse a la Unión en función de los criterios que hemos definido colectivamente. 
, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. (DE) Señor Presidente, Señorías, como diputado de Brandenburgo, un Estado federado del Este de Alemania, me permito subrayar en este lugar que estoy muy orgulloso de poder hablar en este debate en nombre de mi comisión. 
Si así lo desean, soy un representante de una región que hace diez años representaba ya un trozo de ampliación hacia el Este- yo también vivía al otro lado del telón de acero. 
Pero me permito decir también en este lugar que tengo respeto ante las ciudadanas y ciudadanos de los países de la Europa Central y Oriental, quienes hace diez años tuvieron el valor de salir a la calle y de poner en marcha este proceso. 
A ellos les expreso mi agradecimiento así como también a los antiguos Estados miembros de la Unión Europea y a las instituciones como la Comisión y el Parlamento que han demostrado hasta hoy solidaridad con nuestras regiones. 
Hablo en nombre de la Comisión- abreviadamente- de Industria sobre los campos de la industria, el comercio exterior, la investigación y la energía. 
Se trata de un amplio campo político con mucha carga explosiva en las cuestiones de detalle y es un gran desafío cubrir este amplio espectro para los doce diferentes países candidatos a la adhesión de la Europa Central así como Malta y Chipre. 
Permítanme que me refiera a algunos puntos esenciales. 
La transformación en el sector industrial se está ya realizando, sigue en el orden del día y debe intensificarse. 
Esta transformación plantea unas duras exigencias a las personas en los países candidatos pero asegura al mismo tiempo su futuro y el futuro de sus hijos. 
La transformación de la economía no tiene lugar por amor a la UE. Creo que se debe subrayar esto. 
Se trata de la competitividad de su propio país, con pertenencia o sin pertenencia a la UE. 
Hay que destacar especialmente tres puntos en el sector industrial. 
Primero: la adaptación de las estructuras industriales debe proseguir al menos con la misma rapidez que hasta ahora. 
Segundo: se tiene que garantizar la mejora y simplificación del marco jurídico para el acceso al mercado y la financiación. 
La estabilidad impulsa el éxito económico. 
Tercero: medidas complementarias como, por ejemplo, la formación de las personas, la protección social y, de este modo, la estabilidad social y una política activa del mercado de trabajo son asimismo muy importantes. 
En el sector comercial hay que subrayar que ya no es posible practicar una política comercial nacional tras la entrada en la UE. 
Es absolutamente necesaria la coordinación de la política comercial entre la UE y los países candidatos hasta la adhesión, lo que ocurre de modo creciente. 
Algunas observaciones sobre las nuevas tecnologías: la transformación de la sociedad industrial a la sociedad de la información está teniendo lugar también en estos países. 
Este proceso marcha paralelamente a la ampliación. 
En el sentido de un área de información común tenemos que realizar grandes esfuerzos conjuntamente en este campo. 
La sociedad de la información es importante tanto para la antigua como para la nueva industria. 
El sector público debería marchar a la cabeza de modo ejemplar también en los países de la Europa Central y Oriental así como en los demás países candidatos. 
Hay que fortalecer a la investigación en general, en especial en los nuevos sectores tecnológicos y la inclusión de estos países en las redes europeas es de importancia central. 
Permítanme que haga aún una observación sobre el sector de la energía del que se ha hablado hoy aquí. 
En la producción y distribución de la energía hay que proseguir el aumento de la eficiencia y en este contexto hay que respetar los estándares de medio ambiente. 
La totalidad del mercado europeo de la energía va a cambiar con la adhesión. 
El sector energético no va ser siendo el antiguo. 
Hoy se ha hablado también aquí de un sector muy sensible: la energía nuclear. 
En primer lugar se encuentra el respeto de los estándares de seguridad existentes y el cierre acordado de instalaciones no susceptibles de modernizarse. 
En nombre de mi comisión, yo también quiero subrayar que no estoy a favor de establecer una relación entre la fecha de adhesión y el cierre de dichas centrales. 
Se trata de asuntos diferentes. 
Aunque algunas personas lo deseen mucho: el abandono de la energía nuclear no se incluye entre el acervo comunitario. 
Por ello, para seguir siendo sinceros, no debemos levantar siempre continuamente nuevos obstáculos en este campo. 
El proceso de transformaciones y la dinámica de dicho proceso van a ocasionar dificultades estructurales de adaptación en ambos lados. 
Hay que dedicar una atención especial- en lo que me adhiero con el orador anterior- a las regiones fronterizas. 
Por un lado, se pueden percibir unas excelentes perspectivas a medio plazo para las regiones fronterizas dentro de la Unión Europea pero, por otro, habrá que superar también a corto plazo unas grandes dificultades de adaptación. 
Ambas cosas han quedado demostradas con las experiencias tenidas con la ampliación de España y Portugal. 
Nosotros- en primer lugar los Estados miembros pero también la Unión Europea- tenemos la obligación de apoyar de modo adecuado a las regiones fronterizas. 
Resumiendo: los países candidatos ya han recorrido una parte del camino. 
La UE les tiene que seguir apoyando y tampoco debe abandonar sus propias tareas en la transformación estructural ni tampoco en el sector de las instituciones. 
Señor Presidente, Comisario, la política social es la piedra angular del modelo social europeo. 
También es un factor productivo que contribuye al desarrollo económico y, aunque los países candidatos ya han realizado grandes esfuerzos al respecto, tienen que hacer todavía más a fin de reducir a proporciones aceptables las diferencias de desarrollo entre la Unión Europea y los países candidatos. 
Les pongo algunos ejemplos: sus salarios son cuatro veces más bajos que los nuestros, su poder adquisitivo dos veces y media más bajo que el nuestro; solamente Praga y Bratislava alcanzan la media del bienestar de la Unión Europea. 
La participación en el mercado de trabajo se sitúa en los países de Europa Central y Oriental un 5 por ciento por debajo de la de la Unión Europea, un 20% en el caso de las mujeres. 
La mortalidad infantil en Europa del Este representa el doble de la de Europa Occidental. 
En Rumania, la mortalidad infantil cuadriplica incluso la mortalidad infantil de la Unión Europea. 
Así mismo, existen diferencias en materia tecnológica entre el Este y el Oeste: frente a sus cuatro conexiones a internet por cada mil habitantes, nosotros contamos con dieciséis. 
Si se habla de una adhesión rápida- se menciona la fecha de 2003, aunque el Comisario no quiere comprometerse, pero sin embargo, también algunos dirigentes de Europa Occidental proponen esa fecha- ello supone la aplicación, quizá, de medidas o períodos transitorios y continua existiendo incertidumbre al respecto ¿Mediante qué procedimiento, por ejemplo, se decidirán esos períodos transitorios? 
Si el acervo comunitario no se ha adoptado o no se ha podido adoptar completamente, o en la práctica no se aplica, ¿cómo se va a decidir qué parte del acervo comunitario debe ser aplicado en cada caso y para qué se puede aceptar, si hace falta, un período transitorio parte, a condición de que se estudie e interprete? 
Debería aclararse algo este punto. 
No nos podemos dejar cegar por los porcentajes de derecho comunitario recogidos en la legislación nacional. 
Quiero decir con ello, por tanto, que, a pesar de se hayan transpuesto algunas directivas, éstas no siempre se aplican en la práctica. 
Por último, ampliar no es sólo un juego de palabras, ya que el hecho de traducir al tibetano la Declaración de Derechos Humanos, no implica que éstos se respeten en el Tíbet. 
Señor Presidente, Señorías, señora Smet, no solamente es necesaria la claridad en la fase transitoria para la adhesión sino además flexibilidad y fantasía. 
Pero una cosa es sin duda cierta: los considerables esfuerzos y la voluntad absoluta de los países candidatos para adherirse a la Unión Europea tienen que ser para nosotros un acicate suficiente para que nosotros mismos seamos capaces de ampliarnos y estemos también listos para la ampliación. 
Por ello, ahora, en la fase de preadhesión, se deben intensificar mucho más y coordinar mejor todas las medidas que pueden ayudar a mejorar el proceso de acercamiento. 
En este contexto, no se debe dejar sola a la Comisión. 
Esto va dirigido a la dirección del Consejo y también a nosotros mismos, los países miembros, entre otras cosas porque las tasas de crecimiento de los Estados solicitantes se han quedado de facto mayoritariamente por detrás de las esperanzas de los pronósticos realizados en el año 1997 cuando nos ocupamos por primera vez de esta cuestión en el Parlamento Europeo. 
Por ello, en los futuros pronósticos, señor Comisario, deberíamos ser algo más precavidos. 
Es mejor más profilaxis y más cuidados previos que quedarse cortos. 
Pero todos debemos tener claro que un desarrollo económico continuado es la base para el desarrollo social. 
Y esto es precisamente a su vez la condición previa para la estabilización del modelo social europeo y también para que este modelo no corra peligro. 
Pero la realidad política nos obliga a prever regulaciones transitorias en diferentes campos políticos para evitar en este proceso de adhesiones unas negativas pérdidas por fricciones. 
Esto es tanto una ayuda para los países candidatos como también para los mismos Estados miembros. 
Para la política del mercado laboral y de empleo esto significa que precisamente los países miembros que tienen fronteras con países candidatos necesitan en la primera fase unas regulaciones transitorias flexibles e inteligentes para el tráfico libre de trabajadores transfronterizos pero esto solamente hasta que las diferencias en el nivel de vida en los países objeto de la ampliación haya mejorado de tal modo que no se puedan esperar ya grandes movimientos migratorios o desestabilizaciones. 
Las regiones fronterizas necesitan estabilidad. 
Pero esto significa que hay que aprovechar la primera fase tras la adhesión para compensar conjuntamente las diferencias sociales y también para poder construir conjuntamente en las áreas fronterizas unas relaciones generadoras de confianza. 
La oportunidad radica en que con un proceso adecuado de socialización se pueden evitar proteccionismos y nacionalismos. 
Y esto es precisamente de especial importancia en las áreas fronterizas donde se encuentran varias culturas. 
Señor Presidente, tal vez estamos inclinados a pensar que el ingreso de los nuevos Estados miembros conduce automáticamente a que allí tenga que existir una protección más estricta del medio ambiente y de la naturaleza. 
En lo que a la protección del medio ambiente respecta, quizá, en parte, sea cierto; pero en cuanto a la protección de la naturaleza, sucede algo diferente. 
Los estados candidatos quieren lograr un crecimiento económico rápido, también si éste tiene lugar a costa de una política de protección de la naturaleza previamente establecida. 
Entre los estados candidatos, los países de Europa del Este, sobre todo, cuentan con una amplia tradición en cuanto a la designación y protección de los espacios naturales. 
Así mismo, privilegiaban el transporte por ferrocarril, que ocupa menos espacio y emite menos sustancias contaminantes que el tráfico por carretera. 
Esta ventaja se ha visto amenazada en los últimos diez años, especialmente, por el empobrecimiento de gran parte de la población y por el empeño en crear nuevas infraestructuras para los vehículos. 
Algunos estados candidatos pretenden lograr contribuciones financieras de la Unión Europea para proyectos que ya no deberían realizar en tanto miembros de esta organización. 
Un ejemplo de esto es la autopista búlgara que une Sofía y Tesalónica a través del frágil desfiladero de Kresjna. 
La situación de la naturaleza y del medio ambiente se considera más o menos un secreto de estado en algunos países. De ahí que resulte importante lograr una implicación activa en esos estados por parte de la población. 
La existencia y multiplicación de organizaciones no gubernamentales para la protección de la naturaleza, el medio ambiente y los animales merece, por tanto, un respaldo activo. 
La fijación de eventuales períodos transitorios que retrasen el cumplimiento de las exigencias en materia de naturaleza y medio ambiente, también podría congelar y dificultar esa política dentro de los actuales Estados miembros. 
Europa del Este se enfrenta en los próximos años a la amenaza de la despoblación de las zonas rurales y de la venta a gran escala del suelo agrario para la instalación de empresas mecanizadas de producción intensiva. 
Además, se seleccionan nuevos terrenos para la actividad industrial. Existirán, entonces, grandes corrientes de transporte de productos agrícolas y de la ganadería en grandes distancias. 
Eso también es aplicable al transporte de animales vivos para su sacrificio, que es algo degradante. 
Las corrientes de agua, los matorrales y los muros de piedra, es decir, la tradicional parcelación del campo ya han sido aniquiladas, en parte, por la colectivización a gran escala, pero las que quedan también corren peligro. 
La directiva sobre hábitats y la directiva sobre las aves silvestres sólo son aplicables en los nuevos Estados miembros si los espacios y animales protegidos se recogen en un anexo. Esto urge a fin de que puedan ser aplicables desde el primer día. 
Debemos intentar proteger el campo y los espacios naturales frente a las intervenciones negativas. 
Me satisface el amplio apoyo recibido en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, y espero lo mismo del Parlamento en su conjunto. 
Señor Presidente, todos los males de la humanidad quedaron en libertad cuando Pandora abrió su caja. 
A veces eso es seguramente lo que sentimos desde el punto de vista de la salud cuando pensamos en la apertura de las fronteras tras el derrumbamiento del Telón de Acero. 
Nos encontramos con un tráfico de ida y vuelta de malas costumbres, muchas de ellas vinculadas con la salud. 
Todos sabemos que las malas costumbres se desplazan con rapidez y que las buenas prácticas se desplazan después, pero más lentamente. 
Muchas de esas malas costumbres estaban vinculadas con la salud: enfermedades infecciosas, algunas de ellas resistentes a los medicamentos y otras que creíamos que habían desaparecido para siempre. 
Y no hablo del uso indebido de drogas, del horror del SIDA y la sífilis, y de los problemas del tabaco y el alcoholismo. 
Eso hubiera sucedido con ampliación o sin ella. 
No podemos erigir un nuevo telón, una nueva barrera sanitaria, para proteger al oeste del este y al este del oeste. 
Con o sin ampliación, nuestros intereses mutuos y colectivos requieren que nos ocupemos de esos problemas. 
Tengo la convicción de que la ampliación será de utilidad para ese proceso. 
Desde el decenio de 1950 en Europa hemos introducido normas de salud y seguridad y con los años hemos ampliado competencias y normas desde la salud pública hasta la promoción de la salud, desde el tabaco hasta la seguridad hematológica, derechos desde la movilidad de los doctores y pacientes hasta los derechos humanos, y leyes como las que tratan de la salud mental. 
Hemos regulado la actividad de las compañías farmacéuticas, hemos concedido licencias para fabricar medicinas para personas y para animales, y hemos tomado toda una serie de medidas en materia de investigaciones, difusión de buenas prácticas, enseñanza y capacitación. 
Estamos elaborando un compendio de directivas y reglamentos sobre cuestiones de gran afinidad con la salud, como la contaminación, las emisiones de sustancias radiactivas y otras sustancias peligrosas, la evacuación de desechos, la calidad del agua, del aire y del suelo, la seguridad alimentaria y los alimentos nuevos, así como la responsabilidad por los productos fabricados. 
Estamos esforzándonos ahora por imponer la obligación de efectuar evaluaciones de las consecuencias para la salud en el caso de todas las normas legislativas de importancia. 
Se trata de una lista larga, una lista que a menudo brilla más por su inobservancia que por la observancia de los Estados miembros. 
Hay un mensaje para los gobiernos de la Unión Europea y para la Comisión: El mensaje para los gobiernos es que respeten las normas, el mensaje para la Comisión es que obligue a cumplirlas. 
Más importante es un mensaje para todos los que estamos interesados en la ampliación: tenemos que utilizar todos los medios de que disponemos para promover el progreso entre los países candidatos. 
Por eso mi informe consagra buena parte de sus recomendaciones a la necesidad de animar al programa PHARE a que haga más en la esfera de la salud, y de conseguir que los países se asocien en los programas de atención médica y en otras esferas. 
Esto incluye la necesidad de que el Banco Europeo de Inversiones se sume a la acción de esos países. 
Señor Presidente, con la ampliación en el futuro, el debate de hoy constituye una buena oportunidad para indicar lo que nosotros, en tanto representantes europeos, consideramos prioritario. Me centraré en el ámbito de la protección de los consumidores, materia de la que también soy responsable en el informe y en la resolución. 
Si la Unión Europea se enriquece dentro de algunos años con muchos millones de ciudadanos del Europa Central y Oriental, hablamos también del mismo número de consumidores. 
Aunque el acervo comunitario en materia de protección de los consumidores es relativamente pequeño, los intereses de éstos tienen puntos de contacto con otros muchos ámbitos políticos. 
Creo que la lucha más importante debe centrarse en que también en estos países, en los nuevos países candidatos, el consumidor sea un socio adulto en la economía de mercado, ello contribuye a la existencia de un buen sector privado. 
A fin de lograr lo anterior, es necesario que existan organizaciones de consumidores estructuradas, organizaciones de consumidores que sean independientes de las Administraciones nacionales y, en realidad, también de la UE, pero, en mi opinión, también deberían ser fomentadas por los Estados miembros y otras ONGs. 
Hay otros tres ámbitos en los que les pido centren su atención y son, en primer lugar, el terreno de las telecomunicaciones. 
Telecomunicaciones, es decir, avances tecnológicos veloces ante los que nos encontramos, a los que no pueden escapar ni los países de la ampliación ni los consumidores. 
No pueden quedarse atrás. 
Hay, por tanto, que redoblar los esfuerzos en ese terreno. 
Lo mismo es aplicable al sector financiero. 
Creo que, juntamente con la empresa privada, deberíamos realizar esfuerzos complementarios para poner en marcha una buena organización. 
El colega Bowis acaba de decirlo: ayuda alimentaria, la seguridad de los alimentos tiene alta prioridad. 
Alta prioridad no sólo para el ciudadano de allí, sino también porque ese mercado interior tendrá que tener en cuenta esos productos. 
La unidad europea tiene oportunidades, oportunidades que ofrecen muchas posibilidades y que debemos aferrar con ambas manos. 
- (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, sabemos que el sector agrícola es uno de los más complicados en lo referente a la ampliación. 
Pero tener miedo no sirve de nada y la Comisión de Agricultura es de la opinión de que lo solucionaremos si aplicamos correctamente las ayudas para la preadhesión. 
Sin embargo, debemos tener las cosas claras sobre algunas cuestiones: la estructura en los países candidatos a la adhesión es tan diferente que no puede serlo aún más. 
Y por ello, todas las actividades tienen que orientarse a las estructuras correspondientes que existen ya en los diversos Estados miembros. 
En el campo de las importaciones y exportaciones, la situación actual es tal que sólo Hungría arroja un balance positivo en el intercambio de bienes agrícolas con la Unión de los quince. 
Todos los demás importan más productos agrícolas a sus países de los que exportan a la Unión. 
Esto debería hacernos recapacitar ya que muchos de nuestros agricultores temen que cuando se produzca la adhesión se vayan a hundir porque todos son fundamentalmente países agrícolas. 
Pero esto no es así. 
Los peligros son muy diferentes. 
En la Comisión de Agricultura estamos firmemente convencidos de que con los créditos SAPARD estamos dando mucho a estos países en la fase de la preadhesión y además en los lugares correctos. 
Es necesario realizar una auténtica reforestación en el sentido de las estructuras, desde los mataderos, pasando por las centrales lecheras hasta el procesamiento. 
No tiene sentido que importaremos mitades de canales de cerdos a la Unión, generemos aquí el aumento de valor y devolvamos de nuevo a las tiendas de aquellos países los productos terminados. 
De este modo no podrán levantar cabeza. 
Todo lo que hagamos ahora para iniciar este proceso ahorrará dinero más adelante. 
Igualmente debe estar claro- lo que se debería hablar también abierta y sinceramente con los países- que la política agrícola común no puede entenderse de tal modo que desde el primer día de pertenencia a la Unión tengan que obtener los mismos pagos sin ningún tipo de comprobación sobre si hay pérdidas de precios en los diferentes segmentos de los productos. 
Esto sería injusto frente a otras estructuras en la Unión de los quince. 
Esto se puede regular razonablemente con un phasing-in asimismo razonable. 
Naturalmente, nos encontramos también con la problemática derivada de las regulaciones transitorias. 
En el sector veterinario, en el sector fitosanitario, estos países exigen períodos transitorios de 10,12 e incluso de 15 años. 
Naturalmente, esto no es posible. 
Y como no es posible, es importante hacer ahora mucho para que allí donde sea inevitable introducir regulaciones transitorias, sean lo más cortas posibles. 
Es mejor iniciar ahora las medidas que comenzar una disputa cinco minutos antes de la adhesión. 
Todas estas meras cuestiones agrícolas no deben distorsionar la imagen de que precisamente en el sector agrícola es válido lo siguiente: si antes de la adhesión de los primeros países candidatos no se regulan adecuadamente entre nosotros en la Unión Europea las reformas constitucionales, muchas cosas no se podrán regular del modo como queremos. 
Naturalmente, nadie se sorprenderá de que la Comisión de Agricultura sea de la opinión de que el importante sector de la economía agrícola- que sigue requiriendo casi la mitad del presupuesto, lo que en lo esencial va a seguir siendo así- se incluya en la codecisión del Parlamento. 
Lo digo con toda determinación por encargo de la totalidad de nuestra comisión y me dirijo a los ministros de agricultura de los Estados miembros, con independencia del color político que tengan, pues es allí donde se encuentran las personas que ponen el freno y que no lo quieren. 
Los futuros Estados miembros, nuestros países candidatos, entran en un proceso de modificación de la totalidad de la política agraria común de la Unión Europea. 
Sería un mal ejemplo de práctica parlamentaria democrática si en un sector que para ellos es mucho más importante que para la mayoría de nuestros quince países miembros, siguiesen quedando excluidos democráticamente de la configuración de la futura política agraria común. 
Este es un punto muy importante. 
Quiero decir aún algo más: en esta fase de la Conferencia Intergubernamental es necesario decírselo con toda claridad a nuestros Gobiernos y sobre todo a los ministros de agricultura. 
En algunos campos tendremos discusiones, ya las tenemos. 
Se sospecha que no queríamos concederles las mismas bendiciones de la política agrícola común en euros. 
Esto es falso. 
Pero justicia no significa tampoco que todo se tenga que medir con el mismo patrón. 
Significa que todos, en función de la situación concreta en los Estados candidatos, reciban la ayuda que les equipare con la de los quince países. 
Y no significa que en todos los sitios se tengan que pagar las mismas sumas numéricas por hectárea, por tonelada o por cabeza de ganado. 
Esto no es necesario e incluso generaríamos injusticia. 
Resumiendo: no debemos tener miedo pero sí tenemos que realizar las reformas entre nosotros pues, de lo contrario, tampoco funcionará la aceptación en el sector agrícola. 
. Señor Presidente, la ampliación es imprescindible para la construcción de un continente europeo fuerte y unido. 
La cohesión económica y social que propugna el Tratado, base de la política de solidaridad europea, tiene que ser uno de los elementos básicos de esa construcción. 
Pero no es posible olvidar que, tras la ampliación y como consecuencia del bajo nivel de vida de los Estados candidatos, el PIB medio comunitario va a experimentar un descenso que va a ser como mínimo del 18%. 
La consecuencia inmediata será que más de una veintena de las actuales regiones Objetivo 1 superarán el tope requerido para recibir ayudas- el 75% de la media comunitaria- sin haber visto incrementada su renta en términos reales. 
No siempre, Señorías, somos capaces de explicar claramente a nuestros ciudadanos estas disfunciones ni de proponer soluciones claras y aceptables. 
Alguien ha dicho ya hoy aquí que la ampliación no es una prioridad para el 60% de las personas consultadas por el último Eurobarómetro. 
Por eso, el informe de opinión- del que soy ponente- de la Comisión de Política Regional ha tenido necesariamente que jugar un doble papel. 
La política regional, la política de solidaridad europea es, de las políticas comunes, la mejor percibida por los ciudadanos y una de las más apreciadas. 
Por ello, en mi informe de opinión se habla no sólo de lo que los países de la ampliación tienen que hacer, sino también de lo que tiene que hacer la Unión Europea. 
Los países candidatos tienen que iniciar ya su propia política regional, desarrollar estructuras administrativas adecuadas, avanzar en el proceso de descentralización y de regionalización, abrir cauces de participación a las autoridades locales y regionales y a los agentes sociales, diseñar programas de cooperación transnacional y transfronteriza eficaces entre sí y con los Estados miembros, porque después de la ampliación no sólo tendremos que luchar contra las desigualdades que estos países han heredado del pasado, sino también contra las que se están produciendo en este mismo momento. No sólo por sus políticas internas, sino sobre todo por nuestras propias inversiones, las inversiones europeas o, si lo prefieren sus Señorías, las inversiones de los Estados miembros, que están acentuado al máximo las diferencias internas entre las regiones de esos países. 
Es por ello que en mi informe de opinión se les anima a iniciar su propia política regional y a avanzar en este proceso. 
Mi informe de opinión tiene que hablar también de la Unión Europea y tiene que poner de manifiesto que los fondos europeos para el desarrollo regional no pueden seguir otorgándose en base a un mero reparto contable entre regiones o comarcas. 
Si no establecemos prioridades desde un enfoque continental y desde ahora mismo, perderemos un tiempo precioso, unos años muy importantes para la tarea de construcción de un continente fuerte y unido. 
Resulta imprescindible, Señorías, crear una verdadera política europea de ordenación del territorio de la que los Fondos estructurales sean un componente, un elemento, pero de la que se desprendan acciones ambiciosas en favor de un desarrollo equilibrado e integrado del espacio europeo en sus diferentes dimensiones. 
Es necesario desarrollar este plan europeo, vincularlo claramente a la política regional y a la reforma que se va a llevar a cabo en el año 2006. 
Hay que empezar a hablar de ese desarrollo europeo integrado y policéntrico. 
El momento para avanzar llegará quizás después de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
El Parlamento Europeo y su Comisión de Política Regional, que es competente también en el dominio de los transportes y de las redes transeuropeas, es consciente de que resulta necesario coordinar las diferentes políticas comunitarias sectoriales en favor de una política global de ordenación del territorio. 
Con esta misma hipótesis, Señorías, trabaja la Comisión Europea, que avanzará algunas de sus propuestas en el segundo informe trienal sobre la cohesión que presentará en el mes de diciembre al Parlamento. 
Sabemos que quizás no sea éste el momento político ideal, pero es necesario hablar también de las actuales perspectivas financieras negociadas en el Consejo Europeo de Berlín y que no nos parecen suficientes para afrontar los retos de la política regional y de la cohesión económica y social de una Unión Europea ampliada. 
Porque cohesión, Señorías, es también ciudadanía europea. 
Helmut Schmidt y Valéry Giscard d ' Estaing lo han dicho de otra manera: la única forma realista y viable de integración depende de que haya voluntad política y condiciones socioeconómicas casi idénticas. 
Señor Presidente, permítanme que comience con una observación previa no sobre el tema de Austria sino sobre otro tema político. 
Antes de la ponencia sobre los dos países candidatos, Chipre y Malta, la Presidencia francesa del Consejo ha modificado su presencia política aquí en esta Asamblea. 
Espero que esto no sea ningún indicio de cómo quiere tratar la grande nation a los pequeños interlocutores pues sería una señal errónea. 
Pero me voy a referir ahora a las señales correctas. 
Elmar Brok ha comenzado con razón su intervención con la observación de que todos vamos a ser los beneficiarios de la ampliación, en especial también los que nos encontramos en este lado de la actual frontera exterior. 
Señor Comisario Verheugen, usted ha destacado con razón que ya no se trata del si sino del cómo y del cuándo de la ampliación. 
Pero precisamente en este cómo y en este cuándo tenemos todos que lograr que se prepare cuidadosamente la ampliación y que se lleve a cabo con seriedad para que tenga éxito. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha intentado tener en cuenta en su ámbito de competencias dos campos parciales a los que se ha referido el colega Brok y que debemos tener presentes para que la ampliación sea un éxito. 
Acabamos de oír precisamente del sector de la política regional y de fomento algo sobre el tema del palo y la zanahoria. 
El transporte y el turismo cae visto de este modo en la categoría del palo pues en este campo tenemos una gran cantidad de acervo comunitario y de lo que se trata es precisamente de aplicar dicho acervo, si bien me referiré más adelante al tema. 
Pero antes quiero realizar la observación de que la infraestructura de transportes va a ser de importancia central para el éxito de la ampliación. 
Un gran mercado interior con 500 millones de consumidores europeos necesita vías de transporte para que este mercado pueda funcionar. 
La infraestructura para ello existe en parte, al menos en la mitad de la futura Unión. 
Con TEN hemos desarrollado las correspondientes medidas esenciales de infraestructura o estamos poniendo manos a la obra para mejorarlas. 
Tenemos que organizar algo similar y en especial también el nexo de unión para la Europa Central y Oriental. 
El informe TINA proporciona las correspondientes perspectivas. 
Las previsiones financieras prevén algunos de los créditos para ello. 
Si esto va a ser suficiente es una cuestión abierta pero en cualquier caso para los países candidatos se ha establecido una sana base con PHARE, ISPA y otros programas financieros. 
Tiene que existir una base sana y es de una importancia especial que en los países candidatos se cree la infraestructura para que se garantice que la aceptación del acervo comunitario no sea solamente algo sobre el papel. 
La comisión ha intentado en lo esencial entre los diversos titulares de los transportes establecer una referencia aclaratoria sobre los aspectos más importantes. 
Respecto al tema del transporte por carretera y ferrocarril se deben destacar dos aspectos muy importantes: en el transporte por carretera que está ya en gran medida liberalizado y abierto, se debe garantizar que al entrar en el correspondiente país miembro las normas comunitarias de derecho laboral, social, fiscal o tributario se apliquen realmente para que en caso de una eventual ausencia de aplicación no surjan obstáculos en el mercado de la Unión Europea y en los países de la adhesión y que, posiblemente, tendríamos que subsanar de nuevo con grandes costes. 
Una acción similar a tiempo es y va a ser necesaria para coordinar y unir la red de ferrocarriles occidental con la oriental. 
Tenemos que ocuparnos de que las infraestructuras de ferrocarriles existentes en la Europa Central y Oriental no se vean sustituidas ahora por el transporte por carretera y se intente después con muchos esfuerzos arreglar de nuevo las cosas. 
La navegación interior va a ser importante por motivos medioambientales pues tenemos que sacar de la carretera mercancías y si no las podemos transportarlas al ferrocarril entonces tenemos que usar las vías marítimas y fluviales. 
Con la adhesión de Malta y Chipre, la Unión tendrá la mayor flota mercante del mundo. 
Es muy importante que no se trate de una flag of convenience, sino que se apliquen aquí realmente todas las medidas que prescribe el acquis, para que se tenga muy en cuenta la seguridad. 
No debe ocurrir de nuevo un caso como el Erika. 
Hay aún una serie de puntos que ha anotado en su informe la Comisión de Política Regional. 
Espero que los países candidatos y nosotros mismos nos ocupemos intensamente de los mismos. 
. (DA) Señor Presidente, me sumo al coro de los que dicen que la próxima ampliación es ahora la mayor tarea a la que se enfrenta la UE. 
Si ésta no se logra, fracasamos. 
Si así ocurre, podremos acomodarnos en nuestro pequeño club, pero se desaprovechará el objeto de todo este proceso, no podremos garantizar las grandes perspectivas, paz, libertad y estabilidad. 
No obstante, también fracasaremos si no entendemos que la ampliación ante todo debe redundar en beneficio no sólo de algunos ciudadanos sino de todos los ciudadanos de los países solicitantes- o en cualquier caso de la mayoría de ellos. 
Y con todo el respeto hacia lo que se dice y escribe en el Parlamento, no somos populares. 
Por ello, también escuché muy atentamente las palabras del señor Comisario Verheugen sobre la "mediación de la UE" ante los países solicitantes, pues la mayoría de países de Europa central y oriental- si no todos ellos- han manifestado su voluntad de celebrar referéndums o en cualquier caso no han dicho lo contrario, y personalmente me parece una buena idea, no obstante, hay que ser consciente de que se corre innegablemente el riesgo de un no. 
¿Qué problemas creía el Sr. Verheugen que preocupaban a los ciudadanos? 
Verheugen mencionó la inmigración, la competencia, el dúmping social, los precios, etc. Todo, por supuesto, es cierto, sin embargo, creo que hay una cosa que eclipsa a todas las demás: ¿Cómo podemos sobrevivir como país, nación, estado? 
Ahora naturalmente hablo teniendo en cuenta que vengo de un pequeño país que acaba de decir no en un referéndum. 
El no ahora será analizado cuidadosamente en los próximos tiempos. 
No cabe ninguna duda de que las fuerzas de la derecha han hecho alguna de las suyas, hemos visto quién ha pagado los anuncios. 
También ha sido una cuestión de egoísmo y sobre todo de populismo, y el cambio a la baja del euro tampoco ha ayudado ciertamente en la dirección correcta. 
Aunque seamos muchos quienes conocemos los supuestos históricos del euro y el sentido general del proceso, esto no ha bastado para convencer a la población. 
No obstante, una vez dicho todo esto, están las consideraciones sobre cómo podemos sobrevivir como estado que han preocupado a la gente. 
¿Cómo evitar que sean realmente los políticos de los grandes países como Francia y Alemania quienes decidan? 
Me parece sumamente importante no perder de vista este elemento cuando se negocie con los países solicitantes. 
Les aseguro y garantizo que el fantasma de la unión es muy fácil de evocar en los países. 
De hecho lo han probado en sus propias carne durante mucho tiempo. 
Otra experiencia de Dinamarca, directamente relacionada con el trabajo de la comisión en cuyo nombre hablo, es que todo indica que son muchas más mujeres que hombres quienes han dicho no. 
Si no queremos arriesgarnos a una repetición en los países solicitantes, es fundamental que nos demos cuenta de que la ampliación no sólo debe redundar en beneficio de los hombres, sino tammbién de las mujeres. 
Creo que todos los estudios serios muestran por ahora cómo las mujeres sufren más que los hombres el tránsito a una economía de mercado. 
Se ha ejercido una gran presión sobre los valores sociales tradicionales en Europa Central y Oriental. 
La rápida reestructuración de las antiguas industrias gestionadas por el estado que tiene lugar actualmente se ha traducido en un grave desempleo tanto entre hombres como mujeres, mientras que el sector privado todavía no ha logrado llenar el espacio vacío y las cifras indican, como ya se ha dicho, cómo muchas mujeres han quedado en paro. 
Incluso en países como Lituania donde hay un boom económico, no son las mujeres a quienes se les permite ocupar los puestos de trabajo en el sector privado, son los hombres. 
Por alguna razón, existe la creencia aparente de que los hombres son quienes realmente poseen el gen del emprendedor. 
Y así estamos obligados a tener en cuenta que las mujeres son mucho más vulnerables en este proceso de reestructuración y con ello mucho más vulnerables con respecto a todo el proyecto de unión de lo que hemos manifestado hasta ahora. 
Quiero exhortar a la Comisión a que tenga en cuenta este punto en todas las negociaciones que se mantengan con los países solicitantes. 
Si no garantizamos puestos de trabajo a las mujeres, si no garantizamos que las ONG se pongan manos a la obra para explicar el proyecto de unión, podemos olvidarnos de obtener un sí popular, no se logrará. 
Por eso naturalmente es importante también que a raíz de la ampliación garanticemos la puesta en práctica de forma racional de las leyes sobre igualdad de modo que la ampliación que todos esperamos- en esto punto quiero advertir del hecho de que uno de los países donde es mayor el respaldo a la ampliación sea Dinamarca- pueda producirse realmente. 
No obstante, no saldrá por sí misma y pido que se preste atención a la situación de las mujeres. 
Señor Presidente, el informe Brok y todos los informes correspondientes quieren transmitir el mensaje de que los candidatos son bienvenidos, aunque no ocultamos que su preparación es una tarea gigantesca. 
De ahí que el Partido Popular Europeo opine que todas las enmiendas y tomas de posición que implícitamente hace más estrictos los criterios y suponen un aumento de los obstáculos para que se produzca el ingreso, deben ser descartadas o debe votarse en contra. 
Así, hemos estudiado el texto y hemos intentado acortar algo una serie de puntos. 
Nuestro mensaje para los países de la adhesión es el siguiente: no se dejen confundir por la extensión de los presentes informes, de los expedientes. 
Se ha hecho solamente un esfuerzo bienintencionado y, a menudo, con éxito a fin de asesorarles lo mejor posible. 
Dentro de las instituciones europeas existe la idea de que la ampliación es constantemente positiva y debemos contradecir a cada embajador de esos países que opine lo contrario. 
La Comisión ha escogido sus mejores funcionarios para esta labor, y el Parlamento mantiene su entusiasmo ante este proyecto que es el que mejor puede subrayar que no vivíamos un clima político tan favorable desde hace un siglo. 
El hecho de que el discurso se haga más sensato, sólo prueba- así se lo he advertido ya a los colegas de Europa Central- que el período de luna de miel ha terminado y hemos vuelto a la realidad doméstica de cada día en Europa. 
Ahora el tema se ha convertido en un asunto muy real, y eso exige negociaciones sobre asuntos concretos y prácticos, y para ello hay que ser sensatos. 
EL PPE no quiere usurpar las responsabilidades de los candidatos en cuanto al ritmo de la adhesión, ya que no podemos dar una fecha para ésta. 
A menudo se pide una fecha para la adhesión, ciertamente desde los países implicados, porque les gustaría compartir un poco la responsabilidad de esa fecha. 
No debemos hacerlo, está fuera de nuestras posibilidades. 
Como mucho, podemos prometer el escenario del ingreso, y eso debemos hacerlo para marcar claramente el camino hacia la Unión. 
Así mismo, podemos efectuar promesas a fin de hacer todo lo posible para que la adhesión tenga lugar en 2004, para que la ratificación resulte posible en ese año, de manera que se pueda ver que también participan algunos candidatos en esas elecciones parlamentarias. 
Por supuesto, para poder hacer todo esto, es también necesario, desde luego, proceder a una reforma profunda de las instituciones antes de 2003. 
Tenemos que fijarnos esa fecha. 
El Presidente del Consejo ha dicho que esta reforma, naturalmente, no puede llevarse a cabo sin los ciudadanos. 
Constitucionalmente hablando, creo que, entonces, está reconociendo el derecho del Parlamento a controlar democráticamente estas reformas. 
Al fin y al cabo, tenemos el mandato de los ciudadanos para hacer eso. 
No obstante, no sé si el Ministro tenía tal pensamiento constitucional. 
Estas reformas no serán, por supuesto, las únicas. 
Deseamos que se lleve a cabo una política de comunicación eficaz, que ofrezca a los ciudadanos de la Unión Europea y la los países de la adhesión la posibilidad de participar de forma responsable en las deliberaciones políticas. 
La política está todavía poco de acuerdo en este punto con los criterios democráticos. 
Además, tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros existen fuerzas que pretenden explotar la inseguridad existente. 
Todos lo sabemos: jugar con los temores resulta electoralmente interesante y a los partidos que no tienen otros objetivos políticos que hacerse con escaños les gusta manipular los temores. No hay motivo para ello. 
Gracias a mi antiguo colega Burenstam Linder, que era un experto en este ámbito, un sueco me ha explicado que cada ampliación de la Unión Europea, da lugar a un gustoso análisis costes-beneficios para los nuevos participantes y para los que ya están en la Unión. 
Uno no debe empezar a dudar en público del valor, tampoco del valor inmediato en el aspecto material, de esta ampliación. 
Desgraciadamente, en este momento hay muchos partidos que se han quitado su máscara ideológica y muestran, por ello, muy pocos ideales y demasiado materialismo. 
El Presidente de Chequia, Havel, se ha referido recientemente en su discurso ante el FMI a la falta de espiritualidad de nuestra cultura, a las pocas normas y metas que conceden una ventaja inmediatamente observable. 
Tratar la ampliación es la piedra de toque de la profundidad y el compromiso espiritual de nuestro Parlamento. 
Las cuestiones que están en juego en este debate son de tal magnitud que permiten ver la importancia de los planteamientos políticos ¿Reaccionamos como egoístas occidentales que sólo se preocupan del rápido aumento de su propia riqueza y seguridades, o tenemos miras más amplias? 
Miras más amplias que también tuvieron en el origen de la integración europea aquéllos que la iniciaron. 
Ahora bien, señor Presidente, digamos todos que son precisamente las nuevas posibilidades respecto de la ampliación a países gobernados anteriormente de forma dictatorial y totalitaria lo que puede hacer que nos superemos. 
Espero que nuestro debate anime a los estados candidatos. 
Señor Presidente, señor Comisario, sólo dispongo de dos minutos y tengo que dejar de lado aquí la referencia a los viajes de bodas. Sin embargo, quiero felicitar al ponente general Elmar Brok, quien es al mismo tiempo presidente de la comisión, por la perspicacia y la sorprendente sensibilidad con que ha dirigido el debate, sobre todo en la comisión, con el resultado de que hoy podemos aprobar en el Parlamento Europeo una posición coherente y, sobre todo, apoyada por todas las fuerzas políticas. 
Tras este debate tan extenso solamente quiero referirme y destacar dos cuestiones que no han tenido en la opinión pública ningún significado o bien sólo erróneo. 
La primera es la cuestión de las necesarias reformas en la misma Unión Europea. 
Los resultados de la Conferencia Intergubernamental van a crear las condiciones irrenunciables para que la Unión Europea pueda ampliarse. 
Con demasiada frecuencia levantamos el índice acusador hacia los candidatos y les aleccionamos sobre las obligaciones que aún deben cumplir. 
Deberíamos más bien dirigir el dedo hacia nosotros mismos y comprender por fin que somos nosotros los que debemos realizar nuestros deberes mucho antes que los candidatos. 
El segundo punto es la mención de fechas. 
Estoy totalmente a favor de que mencionemos la fecha de a partir de cuándo la Unión Europea habrá concluido sus reformas estando de este modo dispuesta a la admisión de nuevos miembros. 
Mencionar otras doce fechas sería irresponsable por motivos que se han mencionado ya hoy aquí en repetidas ocasiones y conduciría más bien a aumentar la frustración que a motivar a los candidatos. 
Señor Presidente, en el grupo Liberal hemos recibido estos días y estas horas la visita de los próximos parlamentarios procedentes de los países candidatos y puedo anunciarles que están impacientes. 
Ven desaparecer el respaldo a este gigantesco proyecto de paz tanto en los actuales países miembros como en sus propios países. 
Debemos recordar que la ampliación no es sólo por su bien, es en gran medida también por el nuestro. 
Estamos muy ocupados con lo que debemos exigirles y con lo que podemos enseñarles. 
Quizá debiéramos ocuparnos un poco más de lo que nos pueden exigir con razón y de lo que pueden enseñarnos. 
Están orgullosos de su recién ganadas libertad y democracia y de su impresionante crecimiento económico y recordad, no fuimos nosotros quienes les conseguimos la libertad, lo hicieron ellos mismos hace 11 años cuando dejaron estupefactos a todos los diplomáticos y observadores aprovechando su oportunidad y rompiendo el yugo comunista y con ello allanando el camino a la reunificación alemana. 
Creemos que debemos enseñarles democracia, pero ¿acaso países que han probado la dictadura no saben mejor que nosotros lo que es importante en democracia? 
Necesitamos que los nuevos miembros del este nos ayuden a insistir en el objeto de todo este proceso, es decir, una Unión de países miembros libres y soberanos, donde la libertad de los ciudadanos y los países se antepone a todo lo demás. 
Quizá puedan enseñarnos a emplear algo mejor el principio de subsidiariedad. 
Si hay normas que no se ajustan a los nuevos países, quizá sean las normas las que deban adaptarse y no los nuevos países. 
Si hacen falta regímenes transitorios largos en ciertos puntos, tengamos entonces regímenes transitorios largos. 
Si hace falta aplazar el libre derecho a la adquisición de tierra y vivienda para uso familiar, hagámoslo. 
Lo más importante es conseguir que los nuevos países nos acompañen a bordo en esta travesía para que puedan contribuir a conformar el futuro de Europa. 
Es importante para nosotros y no sólo para ellos. 
Señor Presidente, para la ampliación tiene que haber después de Niza un calendario claro. 
El Grupo de los Verdes y de los Regionalistas está a favor de que las negociaciones con el primer grupo de países concluya a finales del 2002 para que las primeras adhesiones puedan tener lugar antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 2004. 
Señor Verheugen, debo decir muy sinceramente que estoy algo sorprendido. 
¿No era su propuesta mencionar después de Niza, en base a los informes sobre los trabajos en curso, unos claros calendarios con fechas intermedias y finales para que las reformas en esos países no se retrasen sino que se alienten? 
Sabemos muy bien de la Unión Monetaria lo importante que era esto. 
Hay además otro motivo. 
Solamente se alcanzarán los estándares medioambientales y las normas sociales comunes si existe una situación de miembros de pleno derecho de estos países. 
Lo sabemos de Temelin. 
Para mí queda fuera de toda duda que se tendrían que emplear a este respecto créditos adicionales del 2002 provenientes de la Categoría 8 en el marco de la estrategia de acercamiento. 
Señor Verheugen, en mi opinión es una ilusión que sólo mediante la liberalización del comercio se pueda modernizar la producción agrícola y fortalecer el desarrollo rural. 
Para ello hacen falta realmente otras medidas que deberían enfocarse y mejorarse financieramente en el marco de SAPARD. 
Señor Presidente, todos sabemos lo profundamente y, por emplear un concepto del informe del Sr. Brock, también la sacudida que va a significar la adhesión para la evolución económica, social, política y cultural de los correspondientes países. 
Me habría gustado ocuparme concretamente de la política de ampliación del Consejo. 
Pero esto habría presupuesto que esta política se hubiese definido realmente de un modo abierto y concreto y cuando hoy se ha llamado la atención con razón sobre la gran importancia de la "Glasnost" de Gorbachov para la posterior unificación alemana, se debería también exigir que en la UE se practique también la "Glasnost" en el Consejo y en lo tocante a la ampliación hacia el Este. 
En las circunstancias actuales, para mí no es sorprendente que la ampliación apenas haya penetrado en la consciencia de las ciudadanas y ciudadanos o que incluso vaya acompañada cada vez más intensamente de preocupaciones y sospechas. 
Sin embargo, el debate de hoy y los trece informes se caracterizan por el compromiso conjunto de gran parte del Parlamento a favor de la ampliación hacia el Este y por su configuración responsable y orientada hacia el futuro. 
Para mí, a pesar de todos los problemas, tres criterios son más importantes que la no pequeña crítica que tengo que alegar en concreto. 
En primer lugar, hay que respetar el deseo democrático de los correspondientes Estados y pueblos de adherirse a la UE. 
Existe hasta ahora pero puede correr peligro debido a la ausencia de transparencia y la resistencia evidente, si bien no pública, de algunos Gobiernos. 
Por ello, es urgentemente necesario no permitir ningún aplazamiento de la reforma institucional de la UE así como de la ampliación. 
Estoy también a favor de mencionar a los diversos países unas posibles fechas objetivo. 
Segundo: me incluyo entre aquellos que ven con intranquilidad la actual evolución de la UE a causa de su tendencia neoliberal. 
Los diversos informes reflejan este mainstream. 
Sin embargo, hay que defender la auténtica oportunidad histórica que la ampliación significa para la estabilidad y la seguridad, para el desarrollo de la diversidad cultural y para la configuración de una gran área económica en Europa. 
Tercero: la aceptación de la ampliación y sus positivas perspectivas para los diversos países y para la UE en su totalidad dependen- esto lo ha demostrado Dinamarca- en gran medida de que se reduzcan los déficits sociales y democráticos de la política europea. 
Por ello, no sólo se pueden plantear exigencias a los países candidatos. 
La ampliación es en lo esencial un desafío a la reforma de la misma UE y una posibilidad abierta de garantizar la orientación social, de política de empleo y democrática de la totalidad de la integración europea. 
Si los informes, en especial el informe general del colega Brock, no empeoran en la votación de mañana precisamente en estas cuestiones, votaré a favor de todos ellos. 
Señor Presidente, Señorías, estamos hoy reunidos para discutir la solicitud de adhesión de doce países europeos a la Unión: diez del Este europeo, dos del Mediterráneo, Malta y Chipre. 
Estos países ven en la Unión actual una garantía de prosperidad futura. 
Algunos de ellos- hasta hace poco oprimidos por el comunismo y dominados por el imperio soviético, o divididos siempre por una ocupación militar, como en Chipre- ven también una garantía de independencia y de seguridad. 
Digámoslo claramente: se equivocan. 
Se equivocan porque no es la Unión Europea y sus 80.000 páginas de directivas y de reglamentos lo que crea la prosperidad. 
Además, ¿dónde están los millones de empleos prometidos por el Tratado de Maastricht? 
Lo que crea la prosperidad es la restauración de las libertades económicas, y nada más. 
Tampoco es la Unión Europea la que crea la libertad y la seguridad- Austria, por una parte, y los Balcanes, por otra, lo saben muy bien -, puesto que, desgraciadamente, la sumisión de la Unión al Gobierno de Washington es total, y las naciones que acaban de recobrar su soberanía pronto se darán cuenta de que, mañana, se les pedirá que abdiquen en nombre de la sumisión al supuesto orden mundial. 
A estas naciones europeas, cuyas derechas nacionales no han cesado de defender las libertades cuando casi todas las demás sensibilidades políticas soportaban las opresiones, hoy nos vemos tentados a decirles: " No entren en esta casa donde ya empezamos a asfixiarnos. 
Si acaban de salir de una antigua prisión, no entren en una nueva. 
No cometan un acto irreparable; el Sr. Veuheugen se los ha dicho en nombre de la Comisión: el proceso es irreversible. 
También les ha dicho que expresar un punto de vista distinto del suyo, es una acción populista. 
El populismo es el epíteto infamante que los tecnócratas atribuyen a la voluntad popular cuando ésta se expresa en un sentido que no les conviene. 
Sepan, pues, proteger la expresión de la voluntad de sus pueblos por fin liberados, y que quizá mañana, como los daneses, querrán quitarse esta sujeción ". 
Pero si los Estados candidatos persistieran en sus intenciones, limitaríamos nuestras reservas a esta advertencia fraterna. 
No querríamos, en efecto, dar la impresión, falsa, de no se sabe qué tipo de hostilidad con respecto a estas naciones hermanas, a estas naciones europeas a través de la población, la lengua y la geografía, cristianas a través de la espiritualidad, occidentales a través de la civilización y, así lo esperamos, vacunadas contra todos los totalitarismos modernos, incluyendo aquellos que se prevén a través de décadas de terribles sufrimientos. 
Pero si de todos modos quieren venir, ¡entren! 
Pero entren con la cabeza alta, no se dejen impresionar por los discursos sobre la corrupción como el que acaba de darnos el representante de la Comisión, cuando ningún país de la Unión está en condiciones de darles lecciones. 
No acepten un examen sobre los derechos humanos, cuando la Presidencia del Consejo pretende despojar de su mandato, al término de un procedimiento inicuo, al diputado Jean-Marie Le Pen. 
Niéguense a entrar, o entren con la cabeza alta, sin arrepentimiento, y conviértanse así en nuestros compañeros de infortunio. 
- (FR) Señor Presidente, ayer seis Estados, hoy quince y mañana veintiocho; pero, ¿para qué Europa? 
¿Hemos logrado crear esa Europa de las diferencias que nuestras poblaciones desean? 
Más que una pregunta, se trata del verdadero desafío que debemos aceptar. 
Limitar la ampliación a la adopción de un acervo, como lo estamos haciendo, es librarnos a un ejercicio de alta tecnocracia pretendiendo hacer asimilar a los Estados candidatos miles de reglamentaciones comunitarias, cuando hoy somos incapaces de aplicarlas. 
Las reservas cada vez más importantes expresadas por nuestras poblaciones, así como el reciente rechazo del euro por Dinamarca, sirven para recordárnoslo. 
En el momento en que estamos revisando los Tratados, algunos Estados piden ya una nueva reforma. 
También en este caso, estos continuos titubeos demuestran o bien que no sabemos adónde vamos, o bien que no lo sabemos demasiado bien, pero que es vergonzoso. 
El hecho de querer ir más lejos sería igualmente irresponsable. 
La Comisión ha subrayado con razón el riesgo de incompatibilidad entre calidad y rapidez. 
Creo, precisamente, que al ir demasiado rápido con seis, luego con quince, hemos demostrado nuestra incapacidad para construir una Europa que respete las diferencias de sus primeros miembros. 
No lo creo, y hoy rechazamos seguirles por esta vía que, a la larga, no haría sino matar la esperanza de una pacificación duradera del continente europeo. 
Veremos mañana. 
Señorías, disponen de una pausa para comer y descansar. 
Proseguiremos a las 21.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, sereanuda a las 21.00 horas). 
A continuación proseguimos el debate conjunto sobre los progresos hacia la adhesión de los 12 países candidatos. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay mucha gente que se imagina que la ampliación de la UE es un proyecto que costará mucho dinero. 
Ésta no es una descripción totalmente correcta de la realidad. 
Lo pudimos comprobar ya durante la Cumbre de Berlín en marzo de 1999, cuando se fijaron las directrices de los presupuestos. 
Entonces se vio claramente que esto es realizable en el marco de los presupuestos comunitarios. 
La opinión sobre el informe Brok, de la que he sido responsable y que la Comisión de Presupuestos ha respaldado, llega a la misma conclusión. 
La mayoría de los estudios internacionales demuestran que la ampliación implica beneficios macroeconómicos. 
Esto vale para los países candidatos, pero también es algo que toca a todos los actuales países miembros. 
A esto hay que añadir todas las demás ventajas que no se pueden expresar en cifras ni apreciar en términos económicos. 
Mediante la ampliación, vamos a participar en el mayor mercado común del mundo, con 500 millones de personas y un 25 por ciento del comercio mundial. 
En la Europa del Este aumentará la competencia y se acelerará el proceso de reformas. 
Se crearán en toda Europa mejores condiciones para el crecimiento económico. 
En una perspectiva a más largo plazo, habrá una moneda única en todo el continente. 
Juntos podremos resolver los problemas medioambientales europeos. 
La democracia se hará amplia y estable y, consecuentemente, aumentarán las posibilidades de conseguir una paz duradera en un continente continuamente azotado por las guerras. 
Por estas razones, el conjunto de la ampliación no implica costos desorbitados, sino beneficios, independientemente de la forma como se hagan las cuentas. 
El provecho es de tal magnitud que la ampliación debe realizarse tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, Eslovenia ha conseguido alcanzar la mayor parte de los objetivos prioritarios a corto plazo de la asociación de preadhesión y este juicio positivo contribuye a dar un nuevo impulso a las negociaciones. 
Hablo de Eslovenia porque me he ocupado de ella y porque es un claro ejemplo de cómo la proximidad de la meta puede acelerar varios procesos. 
Faltan pocos días para las elecciones generales en Eslovenia. 
El momento no es uno de los mejores para dedicarse a la política exterior y las acusaciones entre los distintos partidos pueden adquirir tonos encendidos y de instrumentalización. 
Sin embargo, salvo minorías insignificantes, ningún Grupo político cuestiona el objetivo principal de la política eslovena que es el de ingresar cuanto antes en la Unión Europea. 
La postura política, por lo tanto, continúa siendo firme. 
De las intervenciones de todos los oradores que hoy han participado en el debate sobre la ampliación aflora un contexto no muy distinto. 
En el informe sobre Eslovenia se nos plantea un problema que también forma parte de la cuestión checa, de la cuestión croata y de otras naciones. 
En distintas etapas, en todo caso, siempre durante o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se adoptaron disposiciones que, obviamente, no responden a los criterios de Copenhague, dado el espíritu que reinaba en aquel entonces y, sin embargo, sobre la base de esas leyes se elaboró la arquitectura político-ideológica de la época, incluidos los tratados de paz. 
La tercera enmienda al documento esloveno, por ejemplo, "se felicita con el Gobierno esloveno que se propone comprobar si las leyes y los decretos vigentes que se remontan a los años 1943, 1944 y 1945, están o no están en contraposición con los criterios de Copenhague". 
En estos temas se centran batallas internas en cada uno de los países. 
Mientras que una enmienda, como hemos dicho, se congratula con el Gobierno esloveno que se propone comprobar si las leyes están o no en contraposición con los criterios de Copenhague, la comisión de política exterior del Parlamento esloveno, que tiene poder decisorio, reitera que son fundamentales las bases elaboradas entre los años 1934 y 1945, sobre las cuales se ha creado Yugoslavia, y pide que el Gobierno esloveno aplique esta posición decidida y totalmente, que una parte del país... 
(El presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en el debate sobre la ampliación se ha hablado de un calendario muy rápido. 
Por un lado, se ha exigido que los futuros Estados miembros acepten y apliquen todo el acervo de la Comunidad antes de su adhesión y, por otro lado, los períodos de transición deben ser escasos y de corta duración. 
Existe una contradicción irreconciliable entre estas dos posiciones. 
Algunos han propuesto que esta contradicción sea resuelta ofrenciéndoles a los países candidatos una integración previa en el EEE. 
Esta idea no es realista. 
El EEE no les conviene a los países candidatos y, además, éstos sólo se conforman con la plena adhesión a la Unión Europea. 
La rápida ampliación de la UE es una necesidad política. 
Por consiguiente, ya he preguntado y vuelvo a preguntar que por qué no cambiamos las condiciones para la adhesión. 
Podríamos estipular un conjunto básico de regulaciones en el que se insertaran las partes centrales del Acuerdo sobre el EEE, así como la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Además de la aceptación y aplicación de estas regulaciones básicas, los futuros Estados miembros tendrían que cumplir, como es natural, los requisitos de Copenhague, asumir como objetivo a medio plazo la aceptación de todo el acervo y comprometerse con los objetivos políticos de la Unión. 
De esta forma, podríamos crear las condiciones necesarias para la adhesión de varios, o incluso de todos los países candidatos, ya en los próximos años. 
Al dividir en dos la normativa de la UE, podríamos, por una parte, garantizar el nivel de integración logrado por los actuales Estados miembros y, por la otra, impulsar el estrechamiento de su cooperación mutua. 
Una vez que la Unión se hubiese ampliado con rapidez, habría que diferenciarla de forma notable, tal y como se expone en la posición sobre la ampliación adoptada por el Grupo ELDR. 
Así pues, habría que suprimir funciones y competencias de la Unión, la cual tendría que concentrarse en aquellos asuntos fundamentales que sólo pueden gestionarse a nivel de la UE. 
En tal caso, es obvio que la Unión se diferenciaría internamente de tal modo que algunos de los actuales Estados miembros avanzarían más que el resto en el proceso de integración. 
La Unión en vías de ampliación se dispersaría y se diferenciaría internamente. 
Los discursos en favor de una rápida adhesión a la Unión de los países candidatos son mera palabrería, a no ser que se modifiquen las condiciones para la adhesión. 
Señor Presidente, los diputados del Partido Comunista de Grecia no vamos a votar a favor del informe del Sr. Brok ni del resto de los informes, porque consideran que la adhesión de los países de la ampliación es especialmente positiva para sus pueblos y apoyan las medidas preparatorias con la asimilación del acervo comunitario y especialmente fomentan todas las privatizaciones, la abolición de las conquistas sociales etc. 
Sin embargo, esta preparación, tal y como la viven los pueblos, tiene precisamente los resultados contrarios. 
La abolición de la soberanía y la independencia nacional, el saqueo de estos países del capital multinacional, la intensificación del desempleo, de la pobreza, del empobrecimiento, de la corrupción, de la prostitución y de la trata de blancas. 
Los gobiernos de estos países ofrecen generosamente la salud, la educación, la cultura, la industria, la economía agrícola a cambio del apoyo a la clase dominante de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN, que normalmente es como una mafia. 
Por todas estas razones, pero también comenzando por nuestra experiencia griega, nuestra negativa a la ampliación de la Unión Europea es una expresión de solidaridad fraternal con los trabajadores de los pueblos y en general con los pueblos de los países candidatos a la adhesión. 
Llamamos a estos pueblos a que luchen unidos a los pueblos de la Unión Europea en contra de la Unión Europea de la explotación, de las intervenciones, incluso de las intervenciones militares, del robo de la riqueza y del sudor de los pueblos, de la abolición de los derechos sociales, ganados con largas y difíciles luchas y sacrificios. 
Les invitamos a luchar por una Europa distinta, de todos los pueblos, que se haya librado de todas estas características inhumanas, en la que los pueblos sean dueños de su suerte, desarrollen relaciones de paz, de libertad, de hermandad, de colaboración benéfica recíproca. 
Y sobre Chipre en especial, aparte de lo referido anteriormente, y a pesar de que el informe Poos dice muchas verdades, el proceso de adhesión a la Unión Europea y las decisiones de Helsinki no sólo no resuelven el problema de la ocupación de conformidad con las decisiones de las Naciones Unidas, sino que fomentan la legalización de la ocupación y de la partición definitiva de la isla. 
Para respaldar cuanto he dicho señalamos la proclamación del ocupante en miembro candidato sin plantearse el tema de la retirada de las tropas de ocupación. 
Finalmente, como se está hablando mucho hoy sobre los diez años de la unificación de Alemania, quisiera preguntar al Consejo y al Sr. Verheugen si alguna vez han aspirado a que la ya unida Alemania pague el emprésito forzoso por ocupación y las rectificaciones a causa de la guerra a Grecia. 
Señor Presidente, quisiera centrar mis observaciones en los orfanatos de Rumania. 
Me parece que el Gobierno rumano tropieza con problemas para calcular el número de huérfanos que se hallan actualmente en el sistema de orfanatos del país. 
En la correspondencia envíada por el Gobierno rumano a la oficina de la delegación de la Comisión Europea en Bucarest, se estima que actualmente hay en Rumania entre 100.000 y 140.000 huérfanos. 
La brutalidad del régimen de Ceausescu fue la causa de que tantos niños quedaran huérfanos en Rumania desde los últimos años del decenio de 1960. 
Ahora hay unas 100.000 personas empleadas en el propio sistema de orfanatos de Rumania. Éste es un factor que complica las cosas cuando trata uno de esta cuestión. 
Fui a Rumania al final de julio para ver directamente cómo se trabajaba en uno de los mayores orfanatos, que se halla en Rumania septentrional. 
Para mí no hay duda de que el régimen obligatorio e institucional que opera en ese país da como resultado muchas consecuencias a largo plazo para la salud de los niños huérfanos. 
También estoy convencido de que el personal que trabaja en los orfanatos rumanos necesita nuevos medios para llevar a cabo sus actividades. 
Muchos de los orfanatos rumanos están instalados en edificios antiguos y anticuados. 
Se necesitarán instalaciones nuevas y modernas como las que construye Romanian Challenge Appeal si queremos mejorar la calidad de la vida de los niños huérfanos. 
He visitado dos de esas instalaciones y puedo recomendarlas sin reservas. 
Pude percatarme rápidamente de las ventajas que esas instalaciones- y se trata de asilos- suponen para los niños huérfanos que residen en ellas. 
Es indispensable que las negociaciones de adhesión entre Rumania y la Unión detallen exactamente lo que el Gobierno rumano necesita para mejorar las condiciones y la calidad de los orfanatos de ese país. 
No basta con hacer promesas, tienen que pasar a la acción. 
He tenido la oportunidad de reunirme con organizaciones no gubernamentales de Rumania que se ocupan de los orfanatos. 
He elogiado públicamente la labor de esas organizaciones y, en particular, la de Romanian Challenge Appeal que está radicada en Birmingham y de otras organizaciones irlandesas apoyadas por muchas personas, entre ellas Daniel O ' Donnell, artista de variedades irlandés, que prometió un millón de libras esterlinas y recaudó esa cantidad en Irlanda y otras partes del mundo. 
Son personas como él las que tanto han hecho por esa causa. 
Tenemos que velar por que Rumania no ingrese en la Unión Europea mientras no se ocupe de esta cuestión. 
. (DE) Señor Presidente, me quito el sombrero ante el ponente general y su equipo. 
Creo que el informe es un trabajo grandioso. 
La ampliación no incluye sólo a las personas sino también al mundo animal y vegetal. 
Esta visión general refleja la enorme complejidad de la ampliación. 
Se deben tener en cuenta numerosos aspectos particulares. 
La Comisión de Pesca quiere también participar pero no se entiende a si misma en absoluto como un freno. 
Tenemos unas ideas muy concretas. 
No comenzamos desde cero sino que nos basamos en el acervo comunitario, es decir el llamado acquis communautaire. 
Esto lo hace también la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. 
En el informe Brock hay al fin y al cabo diez puntos que se ocupan de aspectos de política agrícola pero no se tiene en cuenta el campo de la política de pesca común europea aunque ésta es realmente una política comunitaria, además que abarca todo. 
Abarca todos los campos de nuestra vida cotidiana y tiene repercusiones directas sobre el mercado laboral europeo. 
Las consecuencias de no tener en cuenta a la política de pesca podrían ser devastadoras y no se debe despachar el asunto con la mera referencia a la solidaridad de los pueblos. 
Lamentablemente, estos aspectos no han sido tenidos en cuenta hasta ahora en el informe, con la excepción de que se puede encontrar como anexo la opinión unánime de la Comisión de Pesca. 
Esto no es suficiente. 
Rogamos al ponente, a la Comisión y al Consejo que complementen la parte de la política agrícola con la de política de pesca, por ejemplo, convirtiendo el título "Aspectos políticos agrícolas de la ampliación" en "Aspectos políticos agrícolas y de pesca de la ampliación". 
La redacción no debería suponer ningún problema. 
La Comisión de Pesca considera, por ejemplo, también las normas jurídicas y la obligación de información de importancia elemental. 
Ruego que apoyen las correspondientes enmiendas. 
Señor Presidente, permítame que realice una observación sobre Polonia. 
Allí se es de la opinión de que el país está listo para la adhesión a partir del 31 de diciembre del 2002 y de hecho en Polonia se han logrado unos grandes progresos desde el inicio de las negociaciones de adhesión en marzo de 1998. 
Se han presentado varios informes sobre trabajos en curso y también el Parlamento, que desempeña un importante papel en este proceso, se ha expresado siempre al respecto. 
El Parlamento apoya la estrategia de la Comisión según la cual cada país candidato debe ser tratado y enjuiciado según sus propios progresos y méritos. 
Pero hay cuestiones que se deben solucionar transfronterizamente. 
En el informe del Sr. Gawronski, el ponente exige, por ejemplo, a la Comisión que examine medidas para el fomento del desarrollo y fortalecimiento de las sinergias entre Polonia, Lituania y el territorio ruso de Kaliningrado. 
Creo que este es un ruego totalmente ponderado y al que la Comisión debería responder con una propuesta. 
Esta tarde ya me he referido a esto en otro lugar. 
Respecto al tema de la actitud positiva de la población sobre el proceso de ampliación, hay que decir que diversos sondeos en varios países candidatos muestran que está disminuyendo el entusiasmo por la adhesión a la UE. 
No en todos los países pero sí en algunos. 
Esto no es sorprendente pues desde el cambio histórico de 1989/1990 ha pasado ya todo un decenio y sigue faltando una estrategia global de información y comunicación para la población. 
El Sr. Verheugen se ha referido esta tarde al respecto. 
Ahora, todas las esperanzas se dirigen a Francia. 
La cumbre de Niza debe aportar sobre todo claridad sobre si y cómo va a actuar la UE por su parte para estar en situación ella misma de ampliarse en profundidad y a tiempo. 
Con la conclusión de la Conferencia Intergubernamental en curso se deberían crear las condiciones para una UE ampliada mediante la reforma institucional. Es decir, para una Unión de 25 o más Estados miembros. 
La capacidad de actuación y de funcionamiento de una Unión Europea ampliada es un punto esencial. 
De ello depende no sólo el éxito de la Presidencia francesa sino que además está en juego para los afectados y también para Polonia la prosecución de la totalidad del proceso de ampliación. 
Señor Presidente, no hablemos más de la ampliación, hablemos del ingreso, o mejor todavía, de la reunificación de Europa. 
Los estados candidatos han realizados enormes esfuerzos por cumplir los criterios. 
Sin embargo, está claro que algún país ha llegado mucho más lejos que otro. 
De ahí que resulte imposible fijar una fecha de ingreso general, cada país será bienvenido en tanto cumpla lo que establecen los criterios de Copenhague, antes o después de las elecciones europeas. 
Resulta llamativo que los documentos de los países sean a menudo mucho más positivos que el informe Brok. 
No se ayudará a los países candidatos suavizando los criterios o presentando una situación mejor que la real. 
Al fin y al cabo, queda todavía mucho por hacer. 
Pienso en la democracia, el Estado de Derecho, la descentralización, la lucha contra la corrupción, la legislación de la UE, la reconversión industrial, la protección de los consumidores, las medidas medioambientales y la reforma agrícola.